Pago impuestos al igual que todos los agentes comunitarios. 
Por lo que puedo ver, he respondido ampliamente a todas las preguntas. 
¿Es una decisión acertada que los billetes de banco se impriman en diez países? 
Creo que la decisión de que se haga de esa forma fue acertada. 
Tiene en cuenta factores como el empleo en los diferentes países que, por otra parte, disponen todos ellos de los medios necesarios. 
Si me preguntaran si esta decisión es la más efectiva que podía tomarse, la respuesta sería " no». 
Centralizar la emisión habría sido más efectivo, pero no habría sido una decisión tan acertada. 
Por ello, se decidió que los billetes de banco se impriman de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
Cada banco central nacional puede decidir cuándo, dónde y cuánta será la producción. 
Como he indicado en mi declaración de presentación, algunos bancos centrales podrían, de forma voluntaria, celebrar acuerdos de puesta en común, según los cuales, cada banco realizaría parte del trabajo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Comercialización de abonos que contienen cadmio 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0254/98) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/116/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los abonos, en cuanto a la comercialización en Austria, Finlandia y en Suecia de abonos que contienen cadmio (COM (98) 0044- C4-0109/98-98/0026 (COD)) 
Señor Presidente, ahora es el momento de recordar las promesas que hizo la Unión Europea a los nuevos Estados miembros, Austria, Suecia y Finlandia, con motivo de su adhesión hace ya casi cuatro años. 
Se les permitió mantener sus normas más estrictas en materia medioambiental durante el período de transición, que debía durar cuatro años. 
Este período expirará a finales del presente año. 
Durante este tiempo, la Unión Europea debía hacer todo lo posible para elevar su propia normativa al nivel en el que se encontraban las normas medioambientales de los nuevos Estados miembros. 
El resultado final debía ser la aplicación en toda la Unión Europea de un elevado nivel de protección. 
Este informe sobre el cadmio puede resultar demasiado trivial, pero tiene una significación política de enorme trascendencia. 
De hecho, estoy convencida de que los ciudadanos austríacos, suecos y finlandeses están siguiendo con gran atención si la Unión Europea va a poder realmente mantener sus promesas, es decir, si se podrá lograr un elevado nivel de protección medioambiental y sanitario. 
Aquí se acaba de aprobar, en la sesión plenaria de hoy, una posición que respalda el derecho de los ciudadanos de Austria, Suecia y Finlandia a mantener sus normativas más rigurosas. 
¿Cuál es la situación hoy por hoy, cuando sólo quedan algunos meses para que expire el período de transición? 
Una de las excepciones más importantes era, sin lugar a dudas, la relativa a los valores límite para la concentración de cadmio en los abonos. 
El cadmio es un metal pesado de reconocida toxicidad que perturba la vida microbiológica en la tierra, dificultando así el crecimiento de los vegetales. 
Esta sustancia se acumula no sólo en los animales, sino también en el organismo humano. 
En las materias primas de los abonos fosfatados se registran con frecuencia grandes cantidades de cadmio, especialmente si esta materia prima procede de determinados países africanos. 
De hecho. la Comisión Europea ha venido apoyando económicamente a los países africanos productores de fosfatos para que desarrollaran una tecnología que permitiera eliminar por medios industriales el cadmio contenido en la materia prima de los abonos. 
Ahora es importante que se agilice esta labor de investigación y desarrollo por ambas partes. 
Por otro lado, la materia prima de los abonos fosfatados de otras regiones no contiene tanto cadmio. 
Entre estas regiones figuran, por ejemplo, Finlandia y la península de Kola, en Rusia. 
He llegado a la conclusión de que tanto la Comisión como los Estados miembros han derrochado este período transitorio de cuatro años aplazando la elaboración de un análisis de riesgos que es necesario para saber si se deben establecer o no disposiciones a nivel europeo sobre la concentración de cadmio en los abonos. 
De hecho, en los tres nuevos Estados miembros existen datos fiables que muestran que la limitación de los niveles de cadmio está sólidamente justificada por motivos de salud y medioambientales, aun si en los otros países miembros no se ha obtenido información suficiente al respecto. 
Como ponente de la propuesta de la Comisión, creo que ésta ha dado un paso en la dirección adecuada. 
Así pues, la Comisión propone que se conceda a Austria, Suecia y Finlandia un nuevo período transitorio de tres años de duración, durante el cual se continuaría llevando a cabo este análisis de riesgos a nivel comunitario. 
Sin embargo, considero, y la Comisión de Asuntos Económicos ha respaldado también este punto de vista, que la Comisión y los Estados miembros deberían mostrarse algo más enérgicos. 
Está fuera de toda cuestión una excepción por un tiempo ilimitado, ya que, por un lado, las circunstancias de orden medioambiental y sanitario y, por el otro, el correcto funcionamiento del mercado interior exigen que se llegue a un acuerdo durante este nuevo período de tres años para aprobar las modificaciones legislativas que sean posibles y necesarias. 
Señor Presidente, señorías, tal como ha señalado la ponente, es cierto que en Austria, Suecia y Finlandia se ha descubierto que la concentración en los abonos fosfatados de una sustancia tóxica que destruye los microorganismos como es el cadmio resulta peligrosa para las personas y para el medio ambiente. 
La directiva de la UE relativa a los abonos no establece, sin embargo, valores límite a la concentración de cadmio, lo cual representa un problema. 
Se sabe de manera generalizada que la concentración de cadmio en los abonos con fósforo es perjudicial. 
En el futuro, se debe clasificar el cadmio como una sustancia perjudicial, y se deben establecer en la nueva directiva unos valores límite detallados. 
Los países productores, en especial Marruecos, han de sustituir la indiferencia por un compromiso para desarrollar métodos que permitan la eliminación del cadmio de los abonos con fósforo. 
Esta medida redundará en interés de los países productores. 
Se debe continuar ayudando financieramente en especial a los productores africanos, que son productores de materias primas vitales para el mercado interior de la UE, y para los cuales la UE representa su mayor mercado. 
Aquí, en la UE, debemos llevar a cabo a la mayor brevedad un análisis de riesgos acerca de la concentración de cadmio en los abonos. 
Nuestro objetivo es lograr la mayor pureza de los productos alimenticios en una Unión Europea acosada por las alergias, por lo que nuestro principio debería ser naturalmente acabar con todos los productos tóxicos existentes en nuestros campos y árboles, para eliminarlos también de nuestro organismo. 
Señor Presidente, estimados colegas, con la adhesión de Austria, Suecia y Finlandia, la Unión Europea se comprometió en 1995 a tener más en cuenta que hasta entonces los aspectos ecológicos. 
Esto es de enorme importancia para las condiciones marco económicas pues la competencia sólo puede ser igual para todos en un mismo marco. 
En aquella ocasión, acordamos de modo general que los superiores estándares medioambientales austríacos iban a seguir siendo aplicables por el momento de modo general durante cuatro años. 
Al mismo tiempo, a nivel de la Unión se puso en marcha un proceso de revisión. 
El objetivo era el de adaptar las normas de medio ambiente, en caso necesario, a los estándares nacionales superiores. 
Estos acuerdos fueron y siguen siendo considerados como un gran éxito de política medioambiental tanto para los nuevos países miembros como para la situación del medio ambiente en la Unión Europea. 
Entretanto, se ha logrado un primer éxito con el contenido de benceno en la gasolina. 
El valor límite se ha reducido drásticamente. 
En lo tocante al contenido de azufre en el fuel-oil, se conservan asimismo los valores límite austríacos. La evolución de los valores límite del cadmio en los fertilizantes es también muy positiva pues tanto los valores de Austria como los de Suecia y Finlandia se van a prorrogar hasta el año 2002. 
Un estudio objetivo debe constatar si realmente se produce un paso del cadmio del suelo al cuerpo humano. 
Si se demostrase esto, la situación de los valores límite en la Unión Europea estaría clara. Actualmente no tenemos aún informaciones suficientes sobre los riesgos ocasionados por el cadmio pero queremos que se realice una valoración objetiva de las repercusiones en este campo. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Hautala por su buen informe. 
La propuesta de la Comisión para prorrogar la excepción que se concedió a Austria, Suecia y Finlandia, de conformidad con los acuerdos de adhesión, por lo que respecta a las exigencias de la directiva sobre el cadmio. 
La Comisión ha prometido ampliar el análisis de riesgos relativo al cadmio a todo el territorio de la UE. 
Además, la Comisión debe realizar esfuerzos para desarrollar procedimientos que permitan eliminar el cadmio de las materias primas de los abonos que importe la UE. 
Con arreglo a la información de que dispongo, en los laboratorios ya es posible eliminar el cadmio de la materia prima de los abonos fosfatados. 
Se ha descubierto el proceso, y ahora lo que se necesita es su puesta en práctica. 
El cadmio se acumula en el suelo y es peligroso para los seres humanos. 
Según los estudios que se han realizado, la concentración de cadmio en el suelo en algunos Estados miembros ya es muy elevada. 
Por ello, es de especial importancia eliminar el cadmio de los abonos. 
En Finlandia se ha podido añadir selenio a los abonos desde el año 1984, en un principio seis gramos por kilo de abono y, a partir de abril de este año, diez gramos por kilo. 
En nuestro país se ha realizado un seguimiento del uso del selenio que ha mostrado una disminución de los índices de este elemento en los animales domésticos y en los seres humanos. 
Éste es el motivo por el cual ahora se ha aumentado el contenido de selenio de seis a diez gramos por kilo. 
De acuerdo con el estudio, el aumento de selenio ha tenido unas repercusiones excelentes en la salud tanto de los animales domésticos como de las personas. 
Este modelo puede servir de ejemplo a toda la UE. 
Invito a la Comisión a llevar a cabo en sus investigaciones también una evaluación del impacto del aumento del selenio en los abonos de mezcla, de manera que podamos mejorar la salud de la población humana y de los animales domésticos en toda la UE. 
Finalmente, desearía señalar que unas normas más estrictas encaminadas a fomentar la salud de los animales y las personas no deberían representar ningún obstáculo para el comercio, por lo que la UE debería permitir su aplicación. 
Señor Presidente, durante las negociaciones para la adhesión, Austria, Finlandia y Suecia han conseguido conservar normas medioambientales más exigentes que la legislación comunitaria, lo que es especialmente el caso para el contenido en cadmio de los abonos fosfatados. 
En efecto, finalmente nos hemos comprometido, a través de la Comisión, a efectuar una armonización de las normas por arriba. 
Ahora bien, hasta el día de hoy no se ha realizado nada, cuando el carácter nocivo de las sustancias en cuestión parece científicamente probado. 
La Comisión se conforma con conceder un supuesto de excepción a los Estados con mayor adelanto. 
Sin embargo, la salud pública y la protección del medio ambiente no son cuestiones subsidiarias, creo que la actualidad se encarga todos los días de recordárnoslo. 
Por una vez, corresponde a la legislación comunitaria alinearse con los más exigentes para resultar creíble. 
Este expediente, en apariencia esencialmente técnico, reviste de hecho una dimensión política máxima, sobre todo en el contexto de la ampliación a los PECO. 
No se trata de lanzar señales políticas engañosas a los Estados candidatos, y si los supuestos de excepción deben, sin duda, servir para recuperar las políticas más exigentes, no deben impedir que las más ambiciosas continúen progresando. 
El supuesto de excepción, el principio del supuesto de excepción, no debe eternizarse. 
Es preciso mantener nuestros compromisos, y es en este espíritu como apoyamos el informe y la enmienda de la Sra. Hautala, a quien felicitamos sinceramente por su trabajo enormemente clarificador. 
Señor Presidente, los participantes en el debate ya han descrito suficientemente la situación de partida. 
Nos encontramos ante una situación especial ya que los tres países tenían unas normas especiales que hemos seguido manteniendo con el compromiso de comprobar si puede haber una regulación común que recoja esas normas o bien otras. 
Desde un principio estaba claro que la regulación comunitaria debería basarse en datos fundamentados científicamente. 
No es cierto que la Comisión, tal como acaba de decir la última oradora, no haya hecho nada. 
Hemos realizado un estudio sobre este problema y no ha arrojado datos suficientes que justifiquen una agudización a nivel europeo de las normas. 
Es decir, por el momento estamos en la situación de que las preocupaciones que compartimos con el Parlamento- aquí el señor Rübig tiene toda la razón- no pueden conducir a un paso legislativo porque no disponemos de los suficientes datos científicos. 
Este es todo el problema en lo que a la actividad de la Comisión se refiere. 
Puede que en muchos otros casos sea correcto criticar a la Comisión, pero en el presente es totalmente falso. 
¿Qué se puede hacer? 
En cooperación con los países miembros hemos encargado un nuevo estudio para obtener más datos que nos permitan dar los correspondientes pasos legislativos. 
Sin embargo, si queremos que estos datos sean fiables no se dispondrá de ellos antes del año 2000 pues algunas de las posibles consecuencias requieren un cierto tiempo de observación. 
Como esto es así, tenemos que esperar hasta el año 2000 y esto nos obliga a proponer una prórroga de las normas de excepción. Si no se hiciese, los tres nuevos países miembros estarían en un espacio sin regulación jurídica, lo que no puede ser el sentido de todo esto. 
Al mismo tiempo, no podemos recoger lo que la señora Hautala propone, pues si ahora nosotros, antes del dictamen científico, quisiéramos introducir normas comunes, entonces ridiculizaríamos por completo este procedimiento científico. 
No tiene ningún sentido encargar un estudio científico para disponer de unos puntos de referencia para aprobar unas normas y, al mismo tiempo decir que en cualquier caso vamos a aprobar esas normas. 
Señora Hautala, esto no es defendible. Ruego, por ello, al Parlamento que apruebe nuestra propuesta que, por lo demás, tampoco rechaza la ponente. 
Si no quiere una prórroga de la regulación de excepción, si no podemos aprobarla ahora, nos encontraremos en una situación jurídica muy insegura en los tres países y esto no puede ser en el sentido de los afectados. 
Me refiero sólo a esta parte. 
Ya he dicho que la otra no podemos aceptarla pues no podemos encargar un estudio científico y decir ya que, con independencia de los resultados que vayan a salir, vamos a hacer lo que nos parece ahora correcto. 
Esta es la situación, por lo que ruego al Parlamento que contribuya a que prorroguemos estas normas de excepción para que al menos tengamos la situación jurídica actual. 
Señor Presidente, desearía únicamente aclarar que en el informe se acepta plenamente la nueva prórroga de tres años. 
Espero que el Comisario Bangemann esté escuchando esto, ya que tiene los auriculares. 
Así pues, se acepta esta línea básica de actuación, pero se considera que una excepción no puede nunca dejarse abierta para que no finalice nunca. 
Tal como ha dicho el propio Comisario, tendrán los resultados de este análisis de riesgo antes del año 2000, lo cual es positivo. 
Cabe aclarar que si la Comisión ha cumplido su parte, los Estados que ya eran miembros antes de la última adhesión han mostrado una gran lentitud, por lo que la propuesta del Parlamento Europeo es plenamente realista y factible para todas las partes. 
Muchas gracias, señora Hautala. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Vehículos de motor empleados para el transporte de determinados animales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0253/98) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0336- C4-0339/97-97/0190 (COD) ) relativa a los vehículos de motor y sus remolques empleados para el transporte de determinados animales y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE relativa a la homologación de los vehículos de motor y sus remolques. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva que ahora examinamos es un sistema de homologación para los vehículos que se emplean en el transporte de animales. 
Estas normas se ajustan a los transporte de animales con una duración inferior a ocho horas. 
Esta directiva ofrece a los fabricantes de los vehículos la posibilidad de optar en el mercado interior por un sistema de homologación para toda la Unión Europea que reúna determinados requisitos técnicos. 
Estamos ante una cuestión propia del procedimiento de codecisión, ya que aspiramos a lograr una mejora del mercado interior para este tipo de vehículos. 
De hecho, la mayor parte de las decisiones relacionadas con el bienestar de los animales que se adoptan en esta Asamblea quedan al margen del ámbito decisorio propiamente dicho del Parlamento, ya que en la mayoría de las ocasiones se trata de la aplicación de la Política Agrícola Común. 
En estos casos, el Parlamento se limita a emitir una comunicación y, después, el Consejo hace lo que quiere, y a menudo hasta pidiendo favores a cambio cuando se necesita unanimidad. 
Pero en esta ocasión, creo incluso que por primera vez, el Parlamento tiene la posibilidad de influir en esta cuestión que afecta al bienestar de los animales, de manera que el Parlamento es el órgano legislador. 
Por este motivo, es muy importante que el Parlamento aproveche ahora la oportunidad que se le brinda. 
Numerosos diputados reciben constantemente quejas por parte de ciudadanos conmocionados y enfurecidos por el trato que se depara a los animales durante su transporte. 
Ahora tenemos la oportunidad de introducir mejoras en este punto. 
Naturalmente, no se trata de solucionar los problemas relacionados con el bienestar de los animales mediante especificaciones técnicas, pero éstas pueden resultar enormemente trascendentes. 
¿Por qué, al fabricar nuevos vehículos, no utilizamos la tecnología moderna y aprovechamos las posibilidades que ésta nos ofrece? 
Efectivamente, es más que probable que en el futuro se endurezcan las exigencias relacionadas con el bienestar de los animales y, desde luego, en ningún caso se harán más laxas. 
Precisamente por este motivo es extremadamente importante prestar toda la atención a las características técnicas respetuosas con la protección de los animales en la fabricación de nuevos vehículos. 
Además, es lo más razonable también desde el punto de vista económico. 
Todas las propuestas que recoge el informe son plenamente factibles con los materiales y la tecnología de hoy en día, incluso por lo que respecta a las rampas de mayor inclinación. 
Estas rampas han suscitado bastantes comentarios en este Parlamento. 
Los fabricantes han afirmado que la posibilidad existe y que los costes económicos son razonables. 
Además, desearía señalar que el bienestar de los animales es también una cuestión de carácter económico, puesto que si los animales no se sienten bien durante el transporte, también su carne será de mala calidad; por todo ello, las características técnicas de los vehículos permiten también mejorar la calidad de la carne y obtener, de esta manera, un beneficio económico. 
La cuestión de las rampas es completamente esencial. 
La Comisión propone que el ángulo de inclinación sea de 25 grados, a pesar de que los estudios en materia de bienestar de los animales señalan que este ángulo no debería sobrepasar los 20 grados. 
Se trata, naturalmente, de la carga y descarga al comienzo y al final del transporte. 
Hay que especificar todavía que los cerdos, que recuerdan en muchos aspectos a los seres humanos y son animales delicados e inteligentes, son extremadamente sensibles a la carga y a la descarga. 
Por este motivo, el informe recoge la enmienda presentada por la ponente de la Comisión de Agricultura, la Sra. Anttila, para que los vehículos empleados para el transporte de cerdos vayan provisto de un mecanismo de montacargas. 
Es verdaderamente importante que el Parlamento no desperdicie esta oportunidad para mejorar los futuros vehículos destinados al transporte de animales y preste atención al bienestar de los propios animales. 
También es importante aplicar un mejor diseño y un control de estos transportes, por lo que se propone que la revisión de estos vehículos tenga lugar cada tres años. 
Está claro que la actitud del conductor también influye en el bienestar de los animales, pero no se pueden subestimar bajo ningún concepto estas características técnicas. 
Señor Presidente, deseo hacer llegar a la Sra. Hautala mi felicitación por un informe tan competente. 
Estoy muy satisfecha por las enmiendas del informe, cuya aplicación permitirá reducir el estrés de los animales durante su carga y descarga. 
El estrés que se produce durante el transporte influye directamente, como ha afirmado la Sra. Hautala, en la calidad de la carne. 
Las condiciones de transporte en la UE difieren mucho entre sí, dependiendo, entre otros factores, de las distintas condiciones climatológicas: mientras que en el norte se registran temperaturas bajo cero, en el sur hace demasiado calor. 
Es necesario prestar atención a los dos extremos cuando se equipan los vehículos de transporte. 
Me alegra especialmente el que se haya recogido en el informe la propuesta que ya presenté ante la Comisión de Agricultura para incorporar obligatoriamente un ascensor para la carga de ganado ovino y porcino. 
Al elaborar directivas para el siglo XXI, hay que mostrarse ambiciosos en los objetivos. 
En la directiva existe una clara laguna entre los requisitos técnicos y materiales de los vehículos para el transporte de animales y el uso propiamente dicho de estos vehículos y los requisitos relacionados con dicho uso. 
No pueden tratarse por separado las exigencias establecidas a los vehículos y el uso que se hace de estos mismos vehículos. 
La mera exigencia de un comportamiento correcto no garantiza el bienestar de los animales, del mismo modo que tampoco lo garantiza durante el transporte el vehículo más sofisticado dotado de los mejores aparatos si el uso que se hace del vehículo o la actitud del conductor no son las adecuadas. 
Por este motivo, considero extremadamente importante que se otorgue a las autoridades de los Estados miembros las competencias suficientes para controlar los transportes. 
El siguiente objetivo deberá consistir en ampliar estas exigencias que ahora se someten a debate, tras un determinado período transitorio, a los vehículos que se encuentran ya en funcionamiento. 
Una vez finalizado este período de transición, los vehículos deberían reunir los requisitos recogidos en la directiva, cuando menos, por lo que respecta a los puntos principales en materia de bienestar de los animales. 
En la propuesta de la Comisión se menciona que en la placa de matriculación del usuario debe figurar la fecha de la próxima revisión. 
Sin embargo, no se dice absolutamente nada del tiempo que debe transcurrir entre dos revisiones. 
Es necesario corregir esta carencia, efectuándose preferentemente las revisiones cada tres años. 
El transporte de animales en la UE se ha ganado una pésima reputación, lo cual no beneficia a nadie. Una vez que se hayan reformado las disposiciones relativas a este transporte y que se haya establecido el nivel de equipamiento de los vehículos, se habrán sentado las bases para introducir mejoras en el transporte de animales. 
Presidente, el transporte de ganado es una espina clavada en el corazón de muchos y el motivo más importante de esto es la irritación que producen las horribles imágenes, que por cierto todos conocemos, del transporte de animales en largas distancias. 
Hoy estamos tratando la homologación de los vehículos de motor, que están destinados a ese transporte de animales, y todos recordamos esas imágenes. 
Es evidente que el Parlamento Europeo exige mucho a la homologación, ya que no deseamos las anomalías que se producen durante el transporte de animales, como las de que los animales sufran altas temperaturas, o de que carezcan de bebida y alimento. 
Ya que estamos convencidos de que una sociedad civilizada se perjudica cuando no trata de forma civilizada a los animales, aunque se trate de reses destinadas a ser sacrificadas. 
La Comisión de Transportes y Turismo está de acuerdo con la Comisión Europea en que, dependiendo del tipo de ganado, se debe tener a bordo diferente material, pero esto se ha elaborado poco en la propuesta. 
De ahí que mi comisión haya hecho propuestas detalladas para procurar que los animales no puedan caerse de los vehículos o de las plataformas de carga, y de que no se hagan heridas cuando tengan que ir de un nivel a otro. 
Pero el problema más grave es que la Comisión deja tras de sí ciertos asuntos, porque le parece que deben incluirse en una directriz sobre el uso de los vehículos y no en la licencia tipo. 
Pero le puedo decir que al ganado le da igual en qué directiva se halle. 
Es extraño hacer diferencia entre el material de los vehículos y el empleo de éstos, ya que el material determina siempre en gran medida cómo puede ser utilizado un vehículo. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha incluido muchas de las propuestas de la Comisión de Transportes y Turismo, y me gustaría agradecer a la Sra. Hautala los esfuerzos realizados. 
Espero, por consiguiente, que sigan en vigor no sólo en la primera lectura sino también en la segunda, y que podamos convencer con ello a la Comisión. Si fuera necesario en la última vuelta. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la ponente por el buen informe que ha elaborado. 
Europa se ha visto conmocionada en los últimos tiempos por el brutal trato que se depara a los animales de matadero. 
En la Unión Europea, y sobre todo en terceros países, el transporte de animales tiene lugar, hoy por hoy, en condiciones que podrían describirse a veces como terribles y completamente inhumanas, y siguen sin producirse grandes cambios. 
He sacrificado animales y he trabajado también en el sector del transporte de animales, por lo conozco algo esta cuestión. 
El transporte de largo recorrido de animales destinados al sacrificio a terceros países- aunque éste sea motivo de sonrisas para algunos de ustedes, no es óbice para que escuchen con atención- es completamente insostenible desde un punto de vista humano y económico. 
Debemos prestar atención a las condiciones inhumanas que viven los animales destinados a ser sacrificados, ya que este transporte se beneficia de ayudas comunitarias. 
De este modo se ha instaurado un permiso permanente para torturar animales. 
Esta directiva en proceso de elaboración sobre los vehículos destinados al transporte de animales es únicamente un paso intermedio, pero un paso en la dirección adecuada. 
Como ya se ha señalado, hay que tener en cuenta la carga y la descarga. La carga es el momento que ocasiona mayor estrés. 
¿Quién no se moriría de los nervios cuando es víctima de una carga defectuosa? 
Como ya se ha dicho aquí, en los requisitos sobre la calidad de esta directiva se debe prestar también atención a las diferencias que se registran dentro de la UE, como las existentes entre el norte y el sur. 
En mi país se ha avanzado mucho en este aspecto, pero se debe lograr que funcione un control a nivel de la UE. 
Me gustaría decirles a los señores y a la señora que ocupan los primeros escaños que lo más importante sería terminar con el transporte por Europa de animales vivos destinados al matadero. 
La carne no sufriría con el viaje. 
Señor Presidente, Señorías, mi grupo acoge positivamente los objetivos y las disposiciones de este proyecto de directiva que implica mejoras considerables con respecto a las disposiciones existentes. 
Quien dice mejora dice también aumento de costes. 
Nada es gratis. 
Por ello, aun aceptando el fortalecimiento de algunas obligaciones que propone el ponente, estamos lejos de seguirle a todas partes y principalmente en virtud de un principio importante en materia legislativa, que es el de la proporcionalidad. 
Las imágenes que han suscitado la compasión y la cólera o la indignación de muchos de nuestros conciudadanos corresponden a realidades que es preciso suprimir, pero que no tienen nada que ver con ciertas disposiciones propuestas, principalmente en lo que respecta al problema de las rampas. 
Si el Sr. Ilaskivi es un experto en este terreno, personalmente puedo argüir que yo soy experto en la cuestión de carga y descarga de animales. 
En mi juventud, cargué y descargué cientos y cientos de cerdos y cabezas de ganado. 
Por tanto sé lo que es una rampa. 
Las rampas utilizadas hasta el momento tenían entre 30 y 40º de inclinación. 
Quisiera poder hacer una demostración ante ustedes para mostrar la diferencia que hay entre una rampa de 25º y una de 20º. 
Le sorprendería, y no subestime la habilidad de los animales para superar un obstáculo de este tipo. 
He realizado esos experimentos y puedo decirle que en este caso, el coste es excesivo. 
La Sra. Hautala afirma que es técnicamente factible. 
Sin duda, se podría transportar a todos los animales en autobuses equipados con aire acondicionado y literas- es técnicamente factible. 
La cuestión es saber si hay una proporción entre el bienestar y el coste, y en este sentido, el ponente va demasiado lejos. 
Una rampa de 20º plantea problemas considerables y debería ser plegable para ser abatible, lo que evidentemente cuesta muy caro. 
Ésta es la razón por la que nuestro grupo no seguirá al ponente en sus propuestas excesivas, pero somos los primeros en apoyar, con entusiasmo, las que son razonables. 
Señor Presidente, mi primera reacción al leer el informe de la Sra. Hautala ha sido preguntarme por qué se ha encargado a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial la elaboración de un informe sobre un tema que, a mi entender, corresponde más adecuadamente a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Transportes y Turismo. 
No logro entender por qué la protección de animales durante el transporte se considera más relevante para la política económica y monetaria, que para la política agrícola o la política de transportes. 
Supongo que el hecho de que se hayan solicitado las opiniones de dichas comisiones es, en cierta medida, un consuelo, pero en términos generales, esta decisión exige una explicación. 
Aunque lo " inexplicable» se está convirtiendo cada vez más en la norma de esta Asamblea. 
En lo relativo al tema del informe- la seguridad y la protección de los animales durante el transporte- todos reconocemos, sin dudarlo, que es un requisito fundamental. 
Pero una vez más, nos entusiasmamos demasiado con este asunto, que ha sido abordado debidamente en las propuestas de la Comisión. 
En los Estados miembros ya existen los sistemas más estrictos de control en el transporte de animales, especialmente, en el transporte de larga duración, como debe ser. 
Asimismo, en mi opinión, los medios de transporte cumplen las normas más estrictas de calidad. 
Debe ser así, si queremos que los animales lleguen a su destino en buenas condiciones y sean aceptados por su destinatario. 
En el sector agrícola, al igual que en cualquier otro, los agricultores y los ganaderos tienen mucho interés en presentar su producto en las mejores condiciones de cara a poder exigir el mejor precio posible. 
Si lo que queremos es amentar los trámites de este procedimiento, si nos empeñamos en introducir toda una serie de modificaciones del transporte de animales, forzaremos el sistema hasta romperlo, en términos de incremento de los costes y reducción de la eficacia. 
El coste de estos procedimientos, naturalmente, sólo lo soportan dos colectivos: los agricultores y los consumidores. 
Nos encontramos una vez más, señor Presidente, ante un típico programa de los Verdes, siempre la misma historia: por muchas concesiones que les hagamos, siempre querrán más. 
Pero los representantes de los Verdes que residen en bloques de pisos saben muy poco de la realidad de la agricultura de hoy y han aprendido muy poco. 
Señor Presidente, los recientes maltratos sufridos por los animales durante el transporte, especialmente desde los países del Este, han provocado una fuerte reacción emotiva en la opinión pública. 
En consecuencia, es a dicha opinión pública, y no a los Verdes, que debe darse una respuesta a través de la propuesta que hoy debatimos. 
En líneas generales, el 2 de octubre de 1997 el Parlamento Europeo definió los requisitos que deberá reunir el transporte de animales vivos haciendo especial hincapié en que no se deberán superar las 8 horas de viaje y, más en general, afirmando que el transporte deberá limitarse al lugar más cercano posible, al objeto de garantizar su sacrificio. 
Está claro que es desde esta perspectiva que debería abordarse la cuestión del transporte en su conjunto. 
A través de esta propuesta de directiva nos ocupamos tan sólo de las características de los vehículos, sin embargo, también desde este punto de vista, hemos de decir que la propuesta de directiva presenta unos límites, en particular la discrecionalidad y el hecho de que únicamente se habla de vehículos nuevos, esto es, de los que se matricularán, según lo previsto, a partir del 1 de mayo de 1999. 
Existen asimismo varios aspectos, ya recalcados en las anteriores intervenciones, que requieren ser mejorados: desde la cuestión del grado de inclinación de las rampas a la necesidad de elevadores hidráulicos para el transporte de cerdos, pasando por la altura apta para los animales, la reacción de los mismos y el problema de las temperaturas. 
Es evidente, por tanto, que se trata de una propuesta con respecto a la cual pedimos que se aprueben no solo el texto del informe, sino también todas las enmiendas y destacamos que en este tipo de propuesta no se hace en absoluto referencia a las aves y, en concreto, a las gallinas. 
Señor Presidente, a diferencia del Sr. Herman, no soy una experta en la carga de animales en vehículos, pero soy una experta en observar cómo se hace, porque vivo en una zona en la que millones de animales recorren contantemente distancias muy grandes. 
Mi zona tiene 90 islas, y podemos imaginarnos en parte el esfuerzo que supone transportar a los animales desde las islas hasta tierra firme, y desde allí hacia viajes más largos. 
Tanto el Parlamento como la Comisión han demostrado su interés. 
Existe la norma de las ocho horas y la recomendación a la que se ha referido el último orador de que se sacrifique a los animales lo más cerca posible de su lugar de origen. 
Deseo aprovechar esta oportunidad para preguntar al Comisario si en su opinión existe demasiada laxitud en la vigilancia. 
Muchas críticas de la opinión pública apuntan al ganado que entra en la Unión Europea procedente de terceros países. 
Querría saber qué podemos responder a las críticas de la opinión pública, porque- lamentablemente, quizás -, el archivo más grueso de un diputado al Parlamento que representa una circunscripción suele ser el de casos sobre protección de animales. 
Deseo apoyar todas las enmiendas sobre la rampa y los cerdos, porque he observado el horror de intentar subir cerdos a un camión. 
El pobre conductor sabe que sólo dispone de ocho horas, pero una hora la dedica a cargar a los cerdos, por lo que deberíamos plantearnos el tema de la plataforma elevadora de carga. 
Señor Presidente, tener en cuenta el bienestar de los animales vivos para su transporte es un objetivo loable, y no tiene nada de meritorio. 
No es más que pagar con la misma moneda. 
La totalidad del sector de la producción animal tiene todo el interés en respetar a los animales durante su transporte y todo el mundo sabe que el valor comercial de un animal disminuye notablemente si las condiciones de transporte son malas. 
Por tanto estamos a favor del respeto por las condiciones de transporte, a condición sin embargo de que se apliquen en todas partes, incluso a los intercambios con países terceros, tanto en la importación a partir de la salida como a la exportación, y que todo esto sea aplicable y útil. 
Como ejemplo, ¿de qué sirve tener unas normas estrictas para la fabricación de nuevos vehículos si su utilización no respeta los principios del respeto por el bienestar de los animales? 
Sabemos igualmente que las condiciones climatológicas entre las regiones mediterráneas y las regiones nórdicas son muy diferentes. 
Entonces, ¿por qué tener las mismas normas de fabricación? 
Finalmente, también los agricultores utilizan vehículos específicos para transportar a sus animales, ya sea para la comercialización en una sección muy limitada, ya sea simplemente para el cambio de pastos. 
En este caso también, es preciso tener cuidado para no provocar costes adicionales inútiles a los agricultores. 
En consecuencia, nos opondremos a todas las enmiendas que pretenden aumentar la carga para los agricultores y para las empresas del sector, y por el contrario pedimos que en los acuerdos de la OMC todos los intercambios internacionales tengan en cuenta las normas de transporte internacional. 
El informe de la Sra. Heidi Hautala es bastante técnico, sin embargo, como en todas las homologaciones es necesario tener en cuenta su finalidad, en este caso, el transporte de animales. 
Me parece que el informe la cumple bien. 
Desde 1994, la Presidencia del Parlamento ha recibido peticiones acompañadas de millones de firmas relativas al bienestar de los animales y, precisamente, al transporte. 
Reglamentos y directivas no han contribuido de modo esencial a la mejora del bienestar de los animales durante el transporte. 
Tanto la directiva de 1995 como el reglamento de 1998 muestran la necesidad de fijar requisitos en lo que se refiere a los medios de transporte empleados para los animales. 
Hoy lo hacemos. 
La toma de decisión común constituye, por tanto, la iniciativa técnica más importante habida en cuanto a garantizar que realmente se produzca un avance. 
Es difícil. 
Existen grandes diferencias entre los países miembros. 
Sin embargo, seguro que se conseguirá. 
Muchas decisiones y dictámenes han visto la luz del día, sin embargo, estamos en camino de lograr algo concreto. 
Con esta directiva, dispondremos de una base para mejorar el bienestar de los animales durante el transporte, no obstante, la agricultura y los mataderos de los países miembros están obligados a cuidar y vigilar que los futuros transportes- incluidos también medios de transporte- estén controlados. 
Otras comisiones, otros comisarios y por supuesto también el Consejo deben ocuparse de esto. 
De qué sirve que creemos óptimas condiciones en los mataderos cuando estresamos a los animales mientras los transportamos. 
El transporte de animales vivos, ya sea para su sacrificio o para su cría, aunque no es deseable, es un hecho. 
Esto me lleva a mencionar que aunque mejoremos el bienestar de los animales, la transmisión de enfermedades aumenta de todas formas. 
No tiene nada que ver con el tema del día, sin embargo, tiene que ver con el modo en que deben limpiarse los vehículos. 
Hay buenas razones para considerar qué vamos a hacer en el futuro. 
Existen buenas razones para moderar el transporte de animales a lo largo y ancho de Europa, sin embargo, apoyo por lo demás el informe de la Sra. Hautala y espero que la Comisión y el Consejo alcancen un resultado razonable. 
Señor Presidente, señor Comisario, en el informe Hautala se trata del equipamiento técnico de los vehículos destinados al transporte de animales. 
Hemos escuchado de muchos oradores que el transporte de animales destinados al matadero- caballos, cerdos, vacas y ovejas- es un tema muy sensible pues, naturalmente, las películas que se filman solamente muestran cosas que están mal. 
Pero no se muestran las cosas que se hacen bien. 
No podemos echar a todos en el mismo saco. 
Hay también transportistas decentes. 
No se deben repetir tales hechos. 
Queda fuera de toda discusión. 
Hace poco, hemos aprobado el informe van Dijk, por lo que nos sorprende que la protección de los animales se plantee continuamente, cada vez en una comisión diferente. 
Esto no es muy positivo. 
Debemos dejar la protección de los animales al campo con el que están relacionados, es decir, al sector agrícola y de transportes. 
Ante los esfuerzos que realizamos deberíamos saber donde radica el problema. 
La ponente se ha esforzado mucho. También las comisiones competentes para emitir una opinión han realizado un buen trabajo. 
Sin embargo, quiero aclarar- y entiendo algo de ello, pues soy agricultor- que el empleo de plataformas elevadoras en el transporte de cerdos no es el último grito del progreso. 
Hace poco tiempo, la señora van Dijk ha exigido en su informe que los cerdos de hasta 30 kg. se carguen con la plataforma elevadora. 
La señora Hautala dice ahora: todos los animales se deben cargar con la plataforma. 
Les digo lo siguiente: en mi explotación hay una rampa de carga que es tan alta como el camión. 
Esto es lo decisivo, pues los animales entran en el camión al mismo nivel que el suelo. 
Y si compramos animales salen también del camión al mismo nivel del suelo. 
Pueden olvidar sus plataformas elevadoras. 
Este es el mejor sistema pues es al que están acostumbrados los animales. 
Se trata de las personas y no de los vehículos. 
La persona tiene que tratar a los animales de un modo digno. 
Cuando las explotaciones tienen un gran número de animales, tenemos que exigir esta rampa de carga que corresponda exactamente a la altura de los camiones. 
Estos están estandarizados, por lo que es posible hacerlo. 
No podemos exigir la plataforma de los pequeños agricultores, pues si tienen que montarlas en sus vehículos y llevar ellos mismos sus animales al mercado, preferirán dejar la actividad antes que realizar una inversión de este tipo. 
Por ello, esto no tiene ningún sentido. 
Quiero subrayar de nuevo lo siguiente: tenemos que intensificar la aplicación y los controles de las normas de protección de los animales en los Estados miembros. 
No critico a la Comisión pues ella no puede hacerlo. 
No tiene personal en absoluto. 
En varias ocasiones, hemos destinado a ello fondos del presupuesto que nunca se han llegado a pagar porque el Consejo ha impedido que se contratase personal para llevar a cabo estos controles. 
Lo decisivo son las personas encargadas de los animales y si los tratan dignamente, funcionará. 
Señor Presidente, la protección de los animales es para mí un asunto importante. 
En Austria es muy grande la conciencia de la importancia del trato que se da a los animales, ya sean animales útiles, de cría o destinados al sacrificio. 
La Presidencia austríaca va a ocuparse intensamente de este tema para que a nivel europeo se produzca una mejora de las condiciones de transporte. 
En lo que se refiere al transporte de los animales, quiero subrayar que las regulaciones son necesarias a nivel europeo. 
El Parlamento Europeo debería indicar la dirección política y crear las condiciones marco pero no aprobar unas normas técnicas demasiado detalladas. 
Se nos ha elegido como políticos para hacer política y no para sustituir a expertos de otros campos, como por ejemplo, veterinarios, técnicos, etc. 
Un transporte de animales útiles o de cría, adaptado a la especie es muy importante para su bienestar, pero también el transporte de animales destinados al sacrificio tiene que realizarse bajo unas buenas condiciones ya que la calidad de la carne depende de ello. 
Como productores queremos que se les dé un buen trato. 
Sólo que tras la venta, el animal ya no pertenece al ganadero sino que el comprador es el responsable. 
Utilizar una tecnología moderna es sin duda bueno y positivo, pero también ruego que se tenga en cuenta que las especies de animales útiles tienen diferentes comportamientos. 
Por ejemplo, cargar cerdos con plataformas elevadoras es, en mi opinión, imposible pues no se quedan tranquilos. 
Cuando se habla de la inclinación de las rampas de carga, debo decir que en Austria hay rampas fijas adecuadas. 
Lo esencial es que el conductor y el personal encargado de la carga actúen tranquilamente con los animales. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, llevo ya casi diez años aquí y cuando recapacito sobre todo lo que hemos debatido sobre la protección de los animales y sobre todo lo que hemos reflejado en el papel, a veces tengo realmente la sensación de que aquí hay mucha teoría pero muy poca práctica. 
Digo sí a la protección de los animales pero no a esta propuesta de la señora Hautala en lo que a la plataforma elevadora se refiere. 
Estamos dando la sensación de que sólo existe producción en masa. 
Se han plateado ya muchas cuestiones prácticas. 
¿Qué pasa con el pequeño agricultor que sólo quiere llevar su animal de X a Y? 
¿Qué pasa con el carnicero del pueblo, cuando siempre decimos sí a la producción regional- me dirijo en especial a los Verdes- y que deben ser animales que vengan de explotaciones unifamiliares, que hayan dormido en la paja y transportados en bandeja de plata por la zona? 
Esto no encaja con lo que la señora Hautala ha propuesto aquí. 
Señor Comisario Bangemann, tampoco veo claro cómo se quieren realizar los controles. 
¡Cuántas cosas hemos aprobado ya! 
Transporte de ocho horas, carga y descarga, abrevado, algunas cosas están realmente algo alejadas de la realidad, por lo que propondría que nos pongamos de acuerdo sobre soluciones practicables y que se tengan en cuenta las experiencias prácticas de los agricultores. 
Señor Presidente, señora Keppelhoff-Wiechert, voy a referirme en primer lugar a sus observaciones. La totalidad del debate o, digamos, las dos terceras partes del mismo no afectan en absoluto al informe ni tampoco al problema. 
Aquí no se trata de los controles de los transportes de animales o sobre cómo se deben realizar los transportes de animales sino sencillamente de la autorización de tipos de vehículos que se van a emplear en el transporte de animales. 
Esto es algo muy diferente a lo que han dicho aquí muchos. 
Cuando la señora Ewing y otras personas, tras ver esas crueles imágenes, dicen que hay que acabar con ello, debo indicar que esto no es el objeto de este informe. 
En este informe se trata de la autorización de vehículos que son adecuados de un modo determinado para determinados transportes de animales. 
¡Esto es todo! 
Todas las observaciones realizadas sobre el control no tienen sentido pues, naturalmente, los vehículos son controlados en lo que se refiere al tipo y si no lo cumplen, no son autorizados. 
Para ello no necesitamos más funcionarios pues disponemos de las inspecciones técnicas, etc. Así pues, no me lo tomen a mal, pero habríamos terminado hace ya media hora si hubiésemos debatido sobre lo que hemos presentado y no sobre un problema totalmente diferente, el de cómo se debe realizar y controlar los transportes de animales. 
No debatimos sobre ello. 
Permítanme que realice otra observación. Me parece algo extraño que las personas que se interesan por los animales concentren su interés en el transporte, pero en el momento en que un animal es sacrificado su interés desaparece. 
Me parece algo extraño: un animal tiene que ser tratado extraordinariamente, pero después va a ser sacrificado. 
Me puedo imaginar que un cerdo sometido a estrés, podría superar mucho mejor éste si no fuese sacrificado. 
Me voy a referir ahora al informe. 
La ponente ha presentado 24 enmiendas. 
Podemos aceptar nueve de ellas, las núms. 3, 4, 6, 14, 17, 18, 19, 20 y 21. 
Todas estas enmiendas afectan a mejoras de redacción, lo que me parece muy deseable. 
En parte, conceden también a los fabricantes una mayor flexibilidad, por lo que podemos aceptar estas enmiendas. 
Las demás no podemos aceptarlas. 
No puedo explicar ahora en detalle porqué no, pero quiero referirme a algunas. 
En primer lugar, la homologación. 
Quiero decir de nuevo que la homologación no afecta al uso de vehículos o a la protección de los animales en si. 
Por ello, todas las enmiendas que pretenden mejorar el uso o la protección de los animales equivocan su objetivo en este contexto. 
Por supuesto, se podría regular en un tipo la altura del área de carga de otro modo a como proponemos aquí, pero nos hemos atenido a la decisión adoptada ya por el Consejo de Ministros de Agricultura. 
Pues no tiene ningún sentido que en las directivas que ya tenemos figuren otras alturas diferentes a las indicadas en la Directiva sobre la homologación de tipos. 
Todos dirían que algo no funciona en nuestras cabezas si determinamos dos alturas diferentes. 
Por ello, tenemos que atenernos a lo que se ha acordado hasta ahora. 
Otra cuestión es el ángulo de inclinación. 
No soy un experto como Fernand Herman y admiro todo lo que ha hecho en su vida. 
En todos los informes habla de su vida y de sus experiencias. 
Ha debido tener, pues, una cantidad increíble de experiencias. 
Hemos calculado: si se reduce el ángulo de inclinación a 20º, significa que la rampa de carga sería tan grande que no se podría mantener la altura total de 4 metros. 
Señora Hautala, se puede discutir sobre muchas cosas, pero sobre matemáticas es muy difícil por que aquí sencillamente hay que calcular. 
Aquí no caben opiniones diferentes. 
Por ello, si no queremos superar el límite prescrito de 4 metros, no podemos aceptar esta enmienda. 
Como he dicho, ahora no puedo referirme en detalle a todas estas enmiendas. 
Espero- tengo algo de confianza tras las intervenciones de los miembros del Grupo Demócrata-Cristiano- que lleguemos a una posición común con la que se pueda aprobar una de las últimas normas sobre autorizaciones de tipos. 
Esta no es la última, pero sí una de las últimas. 
Señor Presidente, desearía únicamente puntualizar al Comisario Bangemann que tengo ciertos conocimientos de geometría y que, además, he cursado estudios de agronomía en la universidad, pero, ¿ha oído usted hablar alguna vez de los goznes? 
Estos goznes son un invento muy interesante pero, a fin de cuentas, muy sencillo que permitiría resolver el problema que plantea la longitud de las rampas. 
De hecho, se trata de una técnica muy simple. 
Estamos hablando, como ha dicho la Sra. Anttila, de vehículos del futuro, de los vehículos del siglo XXI. 
Si nos mostramos ahora poco ambiciosos, dentro de dos años las asociaciones de protección de los animales nos dirán que estos vehículos no satisfacen a nadie. 
¿Cree usted que esto beneficiará a los fabricantes de estos vehículos? 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se suspende la sesión durante cinco minutos mientras se espera al comienzo del turno de preguntas) 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0481/98). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
En primer lugar, deben permitirme ustedes que dé la bienvenida a la Sra. Ferrero-Waldner, Presidenta en ejercicio del Consejo, que va a acompañarnos durante el próximo semestre. 
Le auguramos que vamos a tener, como siempre, en este hemiciclo un clima de entendimiento, que nuestras preguntas, seguro, van a ser respondidas con precisión y con la capacidad que le reconocemos a la Sra. Ferrero-Waldner y que, por lo tanto, con el hábito, la tranquilidad y el bien hacer que caracteriza a este hemiciclo vamos a iniciar este turno de preguntas. 
Asunto: Estatuto del personal y discriminación de los homosexuales 
En su versión actual, el Estatuto de los funcionarios y agentes de las Comunidades discrimina a los homosexuales y a sus compañeros oficiales. 
Pese a que los funcionarios y agentes homosexuales cumplen exactamente las mismas funciones y tienen las mismas obligaciones que sus colegas heterosexuales, no gozan de los mismos derechos. 
El Consejo de Ministros tiene la posibilidad de acabar con esta discriminación evidente cuando adopte una modificación del Estatuto. 
El Consejo de Ministros debería escuchar al Parlamento que, por gran mayoría, ha solicitado una modificación del Estatuto, de manera que los homosexuales y sus compañeros gocen de los mismos derechos que sus colegas. 
Por este motivo, me entero con desilusión de que la Presidencia ha pedido al Consejo que modifique el Estatuto sin tener en cuenta el deseo del Parlamento Europeo de eliminar el trato discriminatorio contra los funcionarios y agentes homosexuales y sus compañeros. 
¿Es cierto que la Presidencia desea mantener esta discriminación? 
Señora Ferrero-Waldner, la invito a que conteste a la pregunta del Sr. Blak. 
Señor Presidente, señor diputado, voy a exponer mi opinión sobre su pregunta relativa al Estatuto del personal y a la discriminación de los homosexuales. 
La igualdad de trato de los homosexuales en lo referente al Estatuto de los funcionarios europeos fue tratada hace poco en los órganos competentes del Consejo. 
En el examen de la propuesta realizada por la Comisión para modificar el estatuto en lo tocante a la igualdad de trato, el Consejo se ha expresado sobre los siguientes aspectos: 
Por un lado, el Consejo, al aprobar el Reglamento 781/98 del 7 de abril de 1998 para la modificación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y las condiciones de trabajo de los demás empleados de estas Comunidades en lo tocante a la igualdad de trato, ha confirmado el principio de no discriminación en lo referente a la orientación sexual. 
El artículo 1a del Estatuto dispone desde ahora que- cito- " independientemente de las disposiciones pertinentes del Estatuto que presuponen un determinado nivel del personal, los funcionarios, en los casos en los que se aplica el Estatuto, tienen derecho a igualdad de trato sin discriminación directa o indirecta debido a la raza, el convencimiento político, filosófico o religioso, su sexo o su orientación sexual». 
Por otro lado, el Consejo, en especial, debido a la evolución en la legislación de algunos Estados miembros, al aprobar este reglamento ha pedido a la Comisión que lleve a cabo los necesarios estudios en lo tocante al reconocimiento de las comunidades de vida no matrimoniales registradas y que le presente las correspondientes propuestas sobre este campo en base a dichas investigaciones. 
La Presidencia adoptará las medidas necesarias para que se examine esta nueva propuesta tan pronto como se la presente la Comisión. 
Quiero comenzar dando una cálida bienvenida a la señora representante del Consejo. 
Debo decir que han pasado muchos años desde que tuvimos en este Parlamento en representación del Consejo a una persona tan encantadora. 
Sin embargo, la respuesta dada no me ha satisfecho plenamente. 
Estamos ocupados con la modificación del reglamento, sin embargo, aún seguimos olvidando tomar en cuenta que hay personas del mismo sexo que desean vivir juntas y que esto debe ser respetado. 
No se ha hecho. 
Me gustaría plantearle la siguiente pregunta: El gobierno sueco apoya oficialmente a un funcionario sueco en el Consejo que mantiene un pleito en el Tribunal de Justicia referente a la discriminación sufrida por él y su compañero registrado. 
¿Cuál es la posición de la Presidencia ante los argumentos de este funcionario sueco? 
Señor Presidente, señor diputado, muchas gracias por su saludo. 
Respecto a su pregunta adicional, quiero decir que en lo referente a las propuestas y sugerencias suecas, queremos naturalmente esperar a lo que nos vaya a presentar la Comisión pues, de lo contrario, el Consejo no podrá actuar en esta cuestión. 
Quiero añadir que en marzo de 1993 la Comisión presentó ya al Consejo una propuesta de reglamento sobre la modificación del Estatuto del funcionario de las Comunidades europeas y las condiciones de trabajo para los demás empleados de las Comunidades en lo tocante a la igualdad de trato de hombres y mujeres. 
El objetivo de esta modificación era, por un lado, el de determinar en los textos en cuestión el principio básico general de la igualdad de trato entre hombres y mujeres y, por otro, añadir disposiciones que permitiesen a los órganos eliminar las desigualdades de hecho que reducen las oportunidades de las mujeres en los campos contemplados por el Estatuto. 
De las modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo en noviembre de 1993, la Comisión recogió parcialmente la primera, por la que se debe ampliar el principio de la no discriminación en la orientación sexual. 
Tras una serie de consultas, la Comisión presentó el 3 de marzo de 1996 una propuesta modificada sobre la que se escuchó de nuevo al Parlamento. 
El nuevo dictamen consultivo del Parlamento parte de la idea de que la Comunidad Europea debe tener en cuenta el hecho de que- como usted ha dicho- cada vez más jóvenes viven juntos sin contraer matrimonio, por lo que se debería realizar la correspondiente modificación en el derecho del servicio público siguiendo en ello el ejemplo del Instituto Monetario Europeo. 
Al examinarse la propuesta de la Comisión en los órganos competentes del Consejo, la Comisión indicó que no iba a presentar ninguna propuesta modificada que incluyese las modificaciones del Parlamento. 
Para la modificación de la propuesta de la Comisión era en este caso necesaria la unanimidad del Consejo, es decir, el Consejo espera que la Comisión presente nuevas propuestas que éste tratará posteriormente. 
Agradezco al Consejo por esta respuesta, pero no me satisface. 
Si he entendido la respuesta correctamente, se ha hecho una excepción y se ha dicho que se presentará una nueva propuesta más adelante sobre parejas de hecho o relaciones de hecho registradas que existen en algunos países miembros. 
Entonces el asunto consiste en saber cuándo se va a presentar esta propuesta y qué tratamiento se dará a esta materia en el futuro. 
Las normas sobre empleos no se modifican muy frecuentemente sino, por el contrario, muy pocas veces. 
Aunque en realidad se sabe que las relaciones de hecho registradas existen en muchos países miembros de la UE, esto significa que el Consejo piensa seguir discriminando a funcionarios que vienen de esos países. 
Es simplemente continuar la discriminación de los homosexuales, a pesar de que relaciones de este tipo están permitidas en los países de donde ellos provienen. 
Quisiera que se me diera una respuesta a esto. 
Señor Presidente, me permito indicar de nuevo- quizás no me he expresado con suficiente claridadque el Consejo ha pedido a la Comisión que realice un estudio sobre este tema y que tan pronto como la Comisión presente las correspondientes propuestas, el Consejo podrá actuar de nuevo. 
Señor Presidente, señora representante del Consejo, desearía comenzar felicitándola a usted, como representante austríaca, al ser su país el primero de los nuevos Estados miembros que ocupa la Presidencia. 
Les deseo el mayor de los éxitos para esta etapa. 
Por lo que respecta a la discriminación contra homosexuales y lesbianas, el artículo 13 del Tratado de Amsterdam prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual, por lo que, en este orden de cosas, es importante reformar también el Estatuto de los funcionarios con arreglo a dicho artículo. 
Por supuesto, sería importantísimo que tampoco se produjeran discriminaciones en los Estados miembros y, a este respecto, volvemos nuestra mirada hacia la legislación austríaca, ya que es su país el que ocupa ahora la Presidencia de la UE. 
Y la legislación de su propio país presenta claras lagunas en relación con los homosexuales. 
Desearía preguntarle cómo tienen previsto avanzar de manera concreta, con arreglo a lo establecido en el artículo 13, en la reforma del Estatuto. 
Señora Ojala, me permito subrayar de nuevo lo que he expuesto al responder por primera vez a la pregunta, que el Consejo al aprobar el Reglamento 781/98 del 7 de abril para la modificación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y las condiciones de trabajo de los demás empleados de estas Comunidades en lo tocante a la igualdad de trato, ha confirmado el principio de no discriminación en lo referente a la orientación sexual. 
Lo cito de nuevo pues es exactamente lo que figura en la pregunta. 
El artículo 1a del Estatuto dispone que " independientemente de las disposiciones pertinentes del Estatuto que presuponen un determinado nivel del personal, los funcionarios, en los casos en los que se aplica el Estatuto, tienen derecho a igualdad de trato sin discriminación directa o indirecta debido a su orientación sexual». 
Esto corresponde exactamente a la formulación del Tratado de Amsterdam, como consecuencia del cual se pidió a la Comisión que realizase estudios sobre el reconocimiento de las comunidades de vida registradas no matrimoniales y que, a continuación, presentase propuestas al Consejo. 
Asunto: » Overbooking» en el transporte aéreo de pasajeros 
¿Se propone el Consejo llevar a cabo alguna iniciativa nueva para hacer frente al problema del creciente número de pasajeros que están siendo víctimas de la práctica de «overbooking» en los aeropuertos de la Unión Europea? 
Señora Ferrero-Waldner, la invito a que responda a la pregunta del Sr. Camisón. 
Señor Presidente, señor Camisón Asensio, el 30 de enero de 1998 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de reglamento (CE) del Consejo para modificar el Reglamento (CEE) 295/91 sobre una regulación común del sistema de compensaciones en caso de no realización del transporte en el tráfico aéreo regular. 
Este reglamento entró en vigor en abril y desde entonces la Comisión ha acumulado informaciones sobre su aplicación. 
Teniendo en cuenta la reciente evolución en el sector del tráfico aéreo, las modificaciones propuestas por la Comisión apuntan a reducir la práctica del overbooking a un nivel más razonable especialmente mediante una ampliación de las situaciones en las que un pasajero tiene derecho a una indemnización y la adaptación del nivel mínimo de dicha indemnización. 
Las modificaciones propuestas se están estudiando actualmente en los gremios el Consejo. 
Entretanto, el 18 de junio de este año el Consejo ha llegado a conclusiones por las que se reconoce la necesidad de revisar el reglamento actual con el objetivo de elevar los importes mínimos y pide a la Comisión que estudie cómo se puede informar mejor a los pasajeros sobre sus derechos. 
Los órganos del Consejo proseguirán el estudio de la propuesta de la Comisión en lo tocante a un pronto acuerdo. 
Quiero de entrada también felicitar con toda la cortesía parlamentaria a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo. 
No ha sido sorpresa para mí en absoluto comprobar que el creciente problema del overbooking preocupa mucho a las instituciones europeas, lo que ha llevado a actualizar, como ha dicho la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo, el correspondiente reglamento en un reciente Consejo. 
Pero la gran paradoja de esta cuestión es que, en la mayoría de los casos, los pasajeros que no pueden embarcar desconocen sus derechos en la materia. 
Ante la situación, tenemos una pregunta complementaria doble: 
¿Cuándo se obligará a las compañías aéreas a exponer un cartel, situado en su mostrador, con los derechos por daños en caso de exceso de reservas? 
¿Se va a procurar en la normativa pendiente que los perjuicios derivados por pérdidas de conexiones con otros vuelos sean justamente compensados? 
Porque, hoy por hoy, esta cuestión está en el aire, y nunca mejor dicho tratándose de transporte aéreo. 
Señor Presidente, señor Camisón Asensio, me voy a permitir exponer primero lo siguiente para contestar a continuación exactamente a su pregunta. 
Las modificaciones propuestas del Reglamento 295/91 incluyen, en primer lugar, una ampliación del campo de aplicación a todos los vuelos; en segundo lugar, el registro en los billetes de vuelo, llamado "documento de transporte» , por parte de la compañía de navegación aérea con la indicación de" o.k» ; en tercer lugar, el importe de las indemnizaciones y, en cuarto lugar, las indemnizaciones en todos los casos de overbooking. 
En lo que se refiere exactamente a su pregunta sobre la información a los pasajeros, me permito decir que yo misma vi casualmente ayer en la revista de a bordo una excelente información que acerca a los pasajeros a esta cuestión, pero de modo general naturalmente no podemos mencionar ninguna fecha pues primero hay que pedir a la Comisión que estudie las posibilidades y esto probablemente durará aún algún tiempo. 
El 18 de junio e 1998, el Consejo, en base a la propuesta que he descrito someramente hace poco, llegó a conclusiones en las que reconoce en especial que, en primer lugar, las experiencias tenidas con la aplicación hacen necesaria una revisión del reglamento. 
En segundo lugar, celebra la propuesta de la Comisión sobre la modificación del reglamento y solicita al comité de representantes permanentes que prosiga el estudio de las propuestas de la Comisión, lo que apunta a una terminación relativamente temprana, e insta a la Comisión para que se ocupe de esta cuestión de la información. 
Es decir, no va a durar mucho tiempo y la competencia va a hacer también que mejore el servicio y que se incluyan más pasajeros, pues esta cuestión cobra cada vez más importancia para todos ellos. 
La práctica de overbooking es reconocida abiertamente- a pasajeros como a mí nos dicen que todas las compañías aéreas la practican- y, como se ha dicho, las personas desconocen sus derechos. 
Querría preguntar a la Presidenta en ejercicio, a quien doy una calurosa bienvenida- ha puesto una nota de color en esta Asamblea bastante sombría -, si cree que dichas propuestas entrarán en vigor durante la Presidencia austríaca. 
Señor Presidente, señora diputada, muchas gracias por el amable saludo. 
Es difícil decirlo ya ahora. 
Saben que la Comisión tiene que actuar, pero todavía no hemos visto ninguna propuesta. 
Por ello, es para mí difícil prometerles ahora que esto vaya a ser posible bajo nuestra Presidencia pero es, sin duda, un tema al que vamos a prestar atención. 
Pregunta nº 3 formulada por Alexandros Alavanos (H-0609/98): 
Asunto: Observancia estricta del Tratado de Amsterdam 
Durante su visita a Ankara, el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Robin Cook, Ministro de Asuntos Exteriores británico, cometió una vulneración acumulativa del Tratado de Amsterdam, al intentar lograr una posición común de los «14» -es decir, con la excepción de Grecia- en lo que concierne a las relaciones políticas entre la Unión Europea y Turquía, tratando de desviar las decisiones del Consejo Europeo de Luxemburgo sobre Turquía, algo que sólo puede acordarse en una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Teniendo en cuenta que dicha actuación vulnera el apartado 3 del artículo J.3, el apartado 2 del artículo J.8 así como los apartados 1 y 2 del artículo J.13 del Tratado de Amsterdam, ¿qué medidas adopta el Consejo para que la Presidencia en funciones del Consejo de la Unión Europea observe de modo estricto la aplicación del Tratado de la Unión Europea? 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, tiene usted la palabra para responder al Sr. Alavanos, que se encuentra a su espalda. 
Señor Presidente, voy a responder brevemente a la pregunta del señor Alavanos. Ruego al señor diputado que tenga en cuenta que el Tratado de Amsterdam no ha entrado aún en vigor, por lo que no se puede aún reclamar ninguna vulneración de las normas allí contenidas. 
En cualquier caso, el Consejo está convencido de que la actitud mantenida por el señor Cook en Ankara está en consonancia con las disposiciones del Tratado. Por ello, no ve ningún motivo para actuar tal como propone el señor diputado. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Señora Presidenta en ejercicio del Consejo: Mi pregunta se dirigía- y quería anticiparse- al Sr. Cook. 
No se ha anticipado porque ha cambiado la Presidencia. 
No espero que la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo critique a su colega; es muy difícil. 
Quisiera simplemente hacer una pregunta complementaria a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo. 
¿Buscará la Presidencia austriaca el consenso de los 15 en los temas de política exterior, basándose no sólo en el Tratado de Amsterdam, que estará en vigor dentro de poco, sino también los artículos del Tratado anterior, y no el acuerdo de los 13 ó los 14? 
Austria, como país democrático y sensible que es, ¿buscará el consenso de los 15 en los temas de política exterior, y especialmente en el difícil tema de Turquía? 
Señor Presidente, señor diputado, puedo decirle que Austria y la Presidencia austríaca se van a esforzar realmente mucho por lograr un consenso entre los 15. 
Me permito también decirle que en las difíciles cuestiones entre Grecia y Turquía o entre Chipre, Grecia y Turquía, se han realizado unos primeros sondeos tanto con Grecia como con Turquía que apuntan en esa dirección. 
Sabemos que estas cuestiones son unas cuestiones políticas muy difíciles y que, probablemente, sólo podremos dar unos pasos pequeños. 
Pero es para nosotros un tema muy importante. 
Quizás una Presidencia más pequeña, un Estado más pequeño, pueda lograr algo más ya que todos los intereses están dirigidos a trabajar por la Unión Europea. 
En cualquier caso, esperamos lograr unos pequeños progresos en estas cuestiones políticas tan difíciles con Grecia, Turquía y Chipre. 
Señor Presidente, señor Marset Campos, respecto a su pregunta quiero decir lo siguiente. 
Quiero remitirle a las respuestas dadas a las preguntas H-0135/98 y E-1115 relativas a la situación en la isla Bioko. 
El Consejo ha seguido con gran preocupación el juicio contra algunos miembros pertenecientes a la etnia de los bubi originaria de la isla Bioko, a quienes se acusa de pertenecer al Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB) o de apoyarlo. 
El 24 de febrero de 1998, la Comisión Europea expresó al embajador de Guinea Ecuatorial su gran preocupación por las violaciones de los derechos humanos que se han cometido desde el atentado cometido el 21 de enero en la ciudad de Luba, supuestamente por el MAIB. 
Por lo visto, se detuvo a cientos de personas y al menos tres murieron en la cárcel tras los interrogatorios. 
La Comisión exigió a las autoridades que identificasen y castigasen a los responsables de tales violaciones de los derechos humanos. 
El embajador declaró que en el Ministerio del Interior se ha creado una comisión especial destinada a recoger y seguir las acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos y que incluso el Presidente ha intervenido personalmente para que no queden sin castigo los actos violentos de este tipo. 
El embajador aseguró además que se ha identificado a los responsables del atentado del 21 de enero y que se les ha llevado ante los Tribunales y que todos los demás detenidos han sido puestos en libertad. 
En un encuentro del Jefe de la misión de la UE acreditado en Guinea Ecuatorial con el Presidente Obiang celebrado en mayo de 1998 en Camerún, el Jefe de la misión expuso al Presidente la preocupación de la Unión Europea por la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. 
A pesar de ello, el 1 de junio un tribunal militar condenó a muerte a 15 de los aproximadamente 100 acusados. 
Hace poco, la Presidencia ha apelado en nombre de la Unión al Presidente de Guinea Ecuatorial para que no confirme las penas de muerte. 
Si estamos bien informados, aún no se han ejecutado las penas de muerte. 
El Consejo va seguir los acontecimientos en Guinea Ecuatorial con gran atención y va a aprovechar cualquier ocasión para indicar la importancia que otorga al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos en ese país. 
En lo que se refiere a la ayuda al desarrollo que proporciona la UE, en agosto de 1996 el Presidente Obiang solicitó consultas con la Comisión, de conformidad con el artículo 336a del Cuarto Convenio de Lomé, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre el reinicio de la cooperación para el desarrollo. 
Con motivo de una visita a la Comisión el 31 de octubre de 1997, fue recibido por el Presidente de la Comisión Santer, ante quien expuso y defendió su programa de democratización. 
La Comisión le hizo saber que una reanudación paulatina de la ayuda dependería de los progresos en los derechos humanos, en los principios democráticos y en el Estado de derecho. 
Quiero agradecer la amabilidad y cortesía de la Presidencia en ejercicio del Consejo para esta cuestión, pero imagino que, como es conocido por la prensa de hoy, hemos recibido la triste noticia de la muerte en el hospital de uno de los condenados que precisamente no estaba condenado a muerte, pero este hecho revela las condiciones infrahumanas que sufren los condenados y la violación sistemática de los derechos humanos que Obiang impone a todo un país. 
Yo creo que esto hace temer consecuencias aún más dramáticas en un futuro inmediato y dificulta que la oposición democrática en Guinea Ecuatorial pueda llevar a cabo la necesaria transición. 
Para ello, la Unión Europea debe actuar firmemente con todos los medios disponibles para que en esta parte del mundo se puedan recuperar los derechos humanos y, por otra parte, no se permita la intervención de fuerzas ajenas a África. 
Señor Presidente, señor diputado, yo también he recibido las últimas noticias que indican que el dirigente del Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko ha muerto en la cárcel, probablemente tras torturas que ha padecido. 
Repito de nuevo que el Consejo va a seguir muy de cerca la evolución en Guinea Ecuatorial y va a aprovechar cualquier ocasión para indicar la importancia que deben tener los derechos humanos y los principios democráticos en este país. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, yo también le agradezco su amabilidad, pero tengo que decir que, lamentablemente, usted no ha respondido ni mucho menos a las expectativas que podemos tener en esta Asamblea o en la oposición democrática ecuatoguineana ante la situación que está sobre la mesa. 
Yo entiendo que, efectivamente, su país, Austria, seguramente ve con lejanía la situación gravísima en materia de derechos humanos por la que está atravesando Guinea Ecuatorial; pero le sugiero que, por ejemplo, pida información al Gobierno español, porque también fue él quien instó- el año pasado en otoño- al Presidente Santer a recibir al dictador Teodoro Obiang, quien después puso en marcha un consejo de guerra al que siguieron ciertamente condenas a muerte y el fallecimiento- seguramente a causa de torturas- del líder ecuatoguineano Martín Puye. 
Por lo tanto, a mí me gustaría que, más que seguir de cerca la situación, me dijera usted claramente si no cree necesario que en el Consejo se adopte una posición común para aplicar a Guinea Ecuatorial el artículo 5 del Convenio de Lomé y suspender su participación en ese acuerdo hasta tanto, lógicamente, no se respeten los principios democráticos mínimos y los derechos humanos. 
Señor Presidente, señor diputado, le puedo asegurar de nuevo que, naturalmente, seguimos con la mayor atención estos graves acontecimientos. 
Hasta ahora no hemos dispuesto de estas informaciones detalladas. 
Supongo que el Consejo se va a ocupar próximamente del tema, pero necesitamos informaciones aún más precisas y le puedo asegurar que para nosotros es, sin duda, una de las preocupaciones que seguimos con gran atención y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. 
Por el momento, no puedo decirle más pues no puedo adelantarme al Consejo y a sus decisiones. 
Pregunta nº 5 formulada por Allan Macartney (H-0616/98): 
Asunto: Documento de la Comisión sobre medidas compensatorias por la supresión de las ventas libres de impuestos 
La Comisión ha elaborado un documento que esboza las posibilidades para la aplicación de medidas compensatorias en favor de las regiones más afectadas por la supresión de las ventas con exenciones arancelarias y fiscales dentro de la UE que, de acuerdo con lo decidido en el Consejo ECOFIN de mayo, se producirá a partir de 1999. ¿Garantiza el Consejo que la presentación y el debate de este documento tendrán lugar durante el Consejo ECOFIN del próximo otoño? 
Señora Ferrero-Waldner, la invito a que responda a la pregunta del Sr. Macartney. 
Señor Presidente, señor diputado, como resultado de los debates de la reunión del Consejo ECOFIN celebrado el 19 de mayo de 1998, se vio claramente que no existe ningún consenso para exigir un estudio a nivel de la Comunidad sobre las repercusiones de la supresión de las ventas intracomunitarias con exenciones arancelarias el 30 de junio de 1999. 
Sin embargo, a la luz de los diferentes estudios nacionales y de las observaciones realizadas durante esa reunión, la Comisión expondrá en un documento de trabajo qué instrumentos disponen los Estados miembros para amortiguar esa medida. 
Yo también doy la bienvenida a la Presidenta en ejercicio del Consejo. 
La Presidencia austríaca ha iniciado muy bien su andadura. 
Apreciamos la franqueza con que responde a nuestras preguntas. 
Lo misterioso en este caso es que, en la sesión del Consejo de mayo, el Comisario Monti prometió que se adoptarían medidas para paliar las repercusiones negativas de la desaparición de la venta libre de impuestos dentro de la UE. 
Desde entonces parece que ha habido una intervención en la retaguardia de algunos Comisarios, que parecen estar en contra de lo que se había prometido. 
Lo que desearía es un compromiso del Consejo de que hará todo lo posible para garantizar el cumplimiento de dichas medidas. 
De lo que ha dicho la Presidenta en ejercicio ahora, deduzco que el Consejo ya se ha ocupado de ello y, en cierto sentido, ha asumido la responsabilidad, en cuyo caso, estoy encantado. 
Debemos conocer qué repercusiones sufrirán algunas zonas, incluida la mía. 
Señor Presidente, señor diputado Macartney, yo no he dicho- quizás me haya expresado mal- que el Consejo tenga ya en las manos un documento. 
Esperamos el correspondiente documento de la Comisión y hemos solicitado a la Comisión que aclare de qué instrumentos disponen los Estados miembros para amortiguar esa medida. 
Este documento aún no existe y en él se tratará asimismo de la cuestión del contenido de las medidas pero que no puedo exponer aún en la fase actual. 
Señora Ferrero-Waldner, esta cuestión de las medidas compensatorias por la supresión de las ventas libres de impuesto despierta mucho interés en la Asamblea, de forma que he recibido la petición de cuatro preguntas complementarias. 
El Reglamento sólo me autoriza a conceder dos; por lo tanto, voy a dar la palabra sucesivamente al Sr. Morris y al Sr. Lindqvist, que la han pedido por este orden, y, sintiéndolo mucho, no se la podré dar ni a la Sra. McIntosh ni al Sr. Cushnahan que la han pedido posteriormente. 
Tiene en primer lugar la palabra el Sr. Morris para una pregunta complementaria. 
Acojo con satisfacción la perspectiva de la compensación, si ésta está disponible. 
No obstante, en una Comunidad en la que hay aproximadamente 20 millones de parados- y habida cuenta de la perspectiva de que otros 42.000 trabajadores del sector de la venta libre de impuestos pasen a engrosar las listas del paro -, preferiría que la Comisión, a través del Consejo, encargara una investigación seria que nos exponga cuál es la situación actual. 
Mi preocupación ahora es que debemos conocer la situación antes de que la Comisión y el Consejo emprendan cualquier posible acción a raíz de la desaparición de la venta libre de impuestos. 
Señor Presidente, señor diputado, me permito decirle que sin duda sabrá que la supresión de la venta libre de aranceles en los puertos y aeropuertos así como en los barcos y aviones en el tráfico intracomunitario es una de las consecuencias de la realización del mercado interior. 
En este contexto, hay que subrayar que la supresión de las ventas exentas de aranceles no representa ninguna medida totalmente nueva. 
Se ha concedido a los participantes en el mercado del sector afectado un plazo de transición de más de cinco años, que expira en 1999, precisamente para que puedan adaptarse e introducir las medidas necesarias para compensar las consecuencias sociales de la supresión de la venta libre de aranceles. 
Por otro lado, el Consejo es naturalmente consciente del hecho de que como consecuencia de la supresión de las ventas exentas de aranceles en el tráfico marítimo y aéreo intracomunitario surge un problema de puestos de trabajo. 
Por ello, contempla con interés los resultados de este estudio que la Comisión- como he dicho antes- quiere presentar en un documento de trabajo sobre los instrumentos de que disponen los Estados miembros para superar esta situación. 
Sólo puedo subrayar de nuevo que la Comisión está ocupándose del tema y que nos presentará ese documento que, naturalmente, contendrá también ciertos datos y cifras. 
Quiero felicitar a Austria por haber asumido la Presidencia del Consejo. 
Espero que el asunto de las ventas libres de impuestos se resuelva favorablemente. 
Yo vengo de Suecia, donde estamos muy interesados en que la Comisión, y quizás también el Consejo, hagan algo, algo más de lo que se ha hecho hasta ahora. 
Cuando se adoptó la decisión sobre las ventas libres de impuestos se prometió realizar un estudio sobre las consecuencias para los países que tienen esas ventas y que se verán afectados, entre otras cosas, en aspectos de empleo. 
Esto no se ha hecho. 
Ahora escucho que viene un documento de trabajo de este tipo, lo cual me parece muy bien. 
No obstante, sería aún mejor si el Consejo pudiera prometer que se compensará a los países afectados. 
No necesitamos estudios si se nos da una respuesta favorable en este punto. 
Entonces estoy conforme. 
Por eso formulo esta pregunta una vez más para poder dar una respuesta a las preguntas de mis curiosos representados en Escandinavia. 
Señor Presidente, señor diputado, gracias por las amables palabras. 
Respecto al asunto, me permito repetir que en lo tocante a las medidas compensatorias usted sabe que en su día el Consejo aprobó unánimemente esta resolución- tal como he expuesto -, por lo que no puede actuar de nuevo en este asunto. 
Pero he indicado que la Comisión ha sido encargada por el Consejo para que elabore el correspondiente estudio, un documento de trabajo, y sólo puedo indicar que esto permitirá proporcionar o aconsejar a los Estados miembros instrumentos para amortiguar y compensar esta medida. 
Señor Presidente, ¿podría aclararnos cómo debemos solicitar las preguntas complementarias? 
Tengo entendido que ya no se hace intentando captar su atención o alzando la mano, sino que debemos pulsar un botón, y que las preguntas se formularán en el orden riguroso en que se soliciten. 
¿Podría aclararnos esta cuestión? 
Señora McIntosh, las preguntas complementarias se hacen en el momento preciso en que se anuncia la pregunta principal. Se puede solicitar la intervención alzando la mano o apretando el botón. 
La Presidencia, por orden cronológico, da la palabra en el orden en que ha sido pedida, ya sea elevando el brazo o accionando el botón. 
No hace ninguna diferencia. 
Es cierto que la Presidencia tiene una cierta discrecionalidad para dar la palabra en caso de que haya muchas preguntas de una parte del hemiciclo o de la otra. 
Pero, hasta ahora, no he tenido necesidad de utilizar mi discrecionalidad, y si llegara el caso, lo haría- puede usted estar segura- con la más absoluta- y yo diría, incluso, enfermiza- neutralidad institucional. 
Ustedes saben que pueden pedir la palabra; me asesoran en la Mesa, o sea que no sólo son dos ojos sino seis los que están trabajando; y yo procuro ajustarme estrictamente al orden cronológico. 
Puede ser que en algún momento cometa un error pero, en ese caso, créame que es absolutamente involuntario. 
Señor Watts, ¿desea formular una cuestión de orden? 
Sólo intentaba captar su atención para la próxima pregunta. 
Señorías, no vamos a convertir esto en una competición. 
Sé que, efectivamente, el momento de salida es cuando se anuncia la pregunta siguiente, y entiendo que haya un cierto nerviosismo, pero, por favor, no se adelanten. 
Ahora voy a anunciar la pregunta siguiente. 
De todas formas, Señorías, me van a permitir que yo utilice un poco las atribuciones que me da el Reglamento y, en este caso, como esta pregunta está muy relacionada con la anterior voy a considerar que el Sr. Cushnahan y la Sra. McIntosh tienen prioridad. 
Por lo tanto, voy a utilizar en este sentido las atribuciones que me da el Reglamento y espero que ustedes lo comprendan. 
Por lo tanto, sin más discusión, pasamos a la pregunta nº 6 formulada por Brian Crowley (H-0714/98): 
Asunto: Debates en el Consejo sobre la venta libre de impuestos 
¿Puede la Presidencia austriaca comunicar si tiene la intención de que se someta a debate en el Consejo de Ministros sobre la propuesta de suprimir la venta libre de impuestos en 1999 y sus repercusiones en el empleo? 
Señora Ferrero-Waldner, nos encontramos en el mismo ámbito. 
Yo no entiendo cómo esas dos preguntas no han sido agrupadas. 
Yo mismo me he asombrado y he preguntado a los servicios de la Asamblea que por qué no se han agrupado esas dos preguntas. 
Pero no me ha llegado ninguna respuesta y, por lo tanto, señora Ferrero-Waldner, si usted la da por contestada, entonces yo le daría la palabra al Sr. Crowley para que hiciera una pregunta complementaria sobre la base del debate que ha habido ya y, luego, al Sr. Cushnahan y a la Sra. McIntosh. 
¿Le parece bien, o quiere usted intervenir primero? 
Tiene usted la palabra, señor Crowley. 
Quiero obtener una respuesta de la Presidenta en ejercicio antes de formular mi pregunta complementaria. 
Me refiero específicamente al aspecto del empleo en toda esta cuestión, en contraposición a la ayuda compensatoria. 
Señor Presidente, me permito repetir de nuevo al señor diputado lo que ya he dicho antes. 
Creía que las preguntas se iban a unificar con lo que respondería a ambas. 
Me permito decir de nuevo que vamos a intentar proporcionar instrumentos a los Estados miembros para amortiguar las medidas derivadas de la desaparición de ciertos puestos de trabajo. 
Pero ya he dicho antes y usted también lo sabe, señor diputado, que se previó una fase de transición de cinco años que expira en 1999, para permitir ciertas adaptaciones que son necesarias para compensar las repercusiones sociales de la supresión de las ventas libres de aranceles. 
No puedo añadir más al respecto. 
Quisiera felicitar a la Presidenta en ejercicio en su primera sesión aquí en el Parlamento y agradecerle su sinceridad. 
Es la primera vez que oigo decir a un Presidente en ejercicio que, inevitablemente, se destruirán puestos de trabajo a raíz de esta decisión. 
Deseo remitirle a los comentarios que su colega, el ministro de Asuntos Exteriores austríaco, hizo esta mañana en el Parlamento, de que la creación de empleo sería la principal prioridad de la Presidencia, y que, en virtud del Tratado de Amsterdam, la UE ya dispone de los instrumentos necesarios para intervenir en ámbitos específicos y vinculantes a través de los planes nacionales de empleo. 
Sin duda ahora es el momento, bajo esta Presidencia, de dar marcha atrás a la decisión. 
La Presidenta en ejercicio ha reconocido que se perderán puestos de trabajo y también que podemos aplazar esta decisión hasta que exista una armonización fiscal- en particular, de los impuestos sobre el consumo. 
Agradecería una respuesta sobre este asunto. 
Señor Presidente, señor diputado Crowley, muchas gracias también por su saludo. 
Puedo decirle que sí. 
Nuestro Ministro de Asuntos Exteriores ha hablado hoy aquí sobre el programa de empleo, que se incluye, sin duda, entre las prioridades de la Presidencia austríaca. 
Me parece enormemente importante que iniciemos el proceso de revisión en el marco del Consejo Europeo de Viena y que aprendamos allí unos de otros. 
Usted sabe que las best practices son algo muy importante. 
Así como Austria va a poder aprender, por ejemplo, de la movilidad, flexibilidad y muchos otros programas específicos de otros Estados miembros, sin duda otros podrán también aprender de nosotros, por ejemplo, si pienso en el excelente sistema de formación de aprendices, un sistema que permite que los jóvenes comiencen a los 14 ó 15 años una formación con una empresa o artesano y, al mismo tiempo, reciban una formación escolar. 
Esto son, por ejemplo, medidas. 
Naturalmente, no voy a limitarme ahora a este tema pero quiero decir que son medidas necesarias. 
También los reciclajes profesionales en el marco de la formación son naturalmente medidas esenciales. 
Pero volviendo a la pregunta originaria, un período de cinco años ha permitido hacer todo esto con las personas que trabajan en las tiendas duty free. 
En lo que se refiere de modo general a la cuestión de la armonización fiscal que, si he entendido correctamente, ha sido planteada también por usted, me permito decirle que nuestro Ministro de Hacienda se esfuerza mucho por disponer de propuestas de la Comisión para impulsar estas iniciativas. 
Pero también digo al respecto que por el momento no va a ser muy sencillo en el Consejo, pero al menos va a ser el deseo austríaco. 
Aplicación del mercado interior significa naturalmente una orientación más intensa hacia el empleo y hacia la competencia, lo que repercute en una ampliación del comercio, que necesitamos para no perder de vista la globalización. 
Señora Presidenta en ejercicio, permítame unirme a mis colegas en desearle a usted y a sus colegas una Presidencia llena de éxitos, teniendo en cuenta que es un momento histórico: es la primera Presidencia de su país desde su adhesión a la Unión Europea. 
Tengo intención de seguir luchando por el mantenimiento de la venta libre de impuestos, pero me intriga una parte de la respuesta que ha dado a mis colegas y desearía una aclaración. 
En primer lugar, usted habla de un documento de trabajo. 
¿Se presentará dicho documento de trabajo ante este Parlamento antes del 1 de julio de 1999? 
En segundo lugar, cuando habla de instrumentos y medidas de compensación, puede garantizarme la Presidencia austríaca que se proporcionarán las medidas de compensación en caso de que, lamentablemente, esta decisión siga adelante; que dichas medidas de compensación serán complementarias a los fondos de los actuales o futuros marcos de ayuda comunitaria; y que los países no se verán obligados a arañar fondos de otras partes de su marco de ayudas comunitarias. 
Señor Presidente, señor diputado, muchas gracias también a usted por las palabras de aliento y de saludo. 
En este contexto, solamente puedo repetir que se ha pedido a la Comisión que presente el documento de trabajo pero que hoy no puedo decir cuándo lo va a hacer. 
Creo que esta es una pregunta que se debería plantear directamente a la Comisión. 
No puedo responder tampoco a si va a ser créditos adicionales o no. 
Creo que deberían preguntar a la Comisión al respecto. 
Señor Presidente, le estoy doblemente agradecida esta tarde por el modo en que ejerce su discreción. 
Permítame dar una cordial bienvenida a la Presidenta en ejercicio austríaca, estoy encantada de verla aquí esta tarde. 
Me gustaría que me aclarara dos cosas. 
La opinión general era que los transbordadores que naveguen a través de aguas internacionales fuera de la zona de las 12 millas y que los vuelos que surquen el espacio aéreo internacional podrán continuar beneficiándose de la venta libre de impuestos después del 1 de julio de 1999. 
Tengo entendido que, bajo Presidencia británica, en una reunión de agentes de las aduanas nacionales se decidió en contra de esta medida y que ello anulará el efecto de cambiar de ruta de un transbordador que opera desde mi circunscripción. 
Dicha medida tendrá graves repercusiones comerciales y sobre el empleo. 
Ésta es mi primera observación. 
La segunda observación es relativa a las medidas compensatorias a las que se ha referido la Presidenta en ejercicio en sus respuestas a varias preguntas de esta tarde. 
Quisiera ser muy concreta: ¿de qué partida del presupuesto de la Unión Europea se sacarán dichos fondos? 
Señor Presidente, señora diputada, quiero expresarle mi agradecimiento por el saludo y decirle que la pregunta que usted ha planteado es muy técnica. 
Le ruego que le pueda responder por escrito y en lo tocante a los créditos presupuestarios tampoco puedo proporcionar datos tal como he dicho en la pregunta anterior. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Muy brevemente, si la Presidencia desea responder por escrito a su Señoría, lo que es perfectamente comprensible, ¿se podría garantizar que otros diputados interesados conozcan la respuesta? 
Evidentemente, todos habríamos oído la respuesta oral, y no es más que justo y adecuado poner la respuesta a disposición de toda la Asamblea. 
Señor Watts, esto no es una cuestión de orden, es casi una pregunta complementaria. 
Pero estoy seguro de que, si la Sra. McIntosh recibe su respuesta, tendrá la amabilidad de transmitírsela inmediatamente. 
La transparencia y la amabilidad reconocidas de la Sra. McIntosh garantizan que le responderá a usted con toda celeridad. 
Pero esta no es una cuestión de orden. 
Por lo tanto, Señorías, si ustedes me lo permiten, por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 7 y 8 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 7 formulada por Ioannis Theonas (H-0618/98): 
Asunto: Devolución de los mármoles del Partenón 
El descubrimiento de que, durante el período 1939-1940, los mármoles del Partenón sufrieron numerosos e irreparables daños en el Museo Británico en el que se guardan ilegalmente, ha provocado indignación. 
Sobre todo, la utilización de herramientas cortantes y fuertes sustancias químicas que privó a los mármoles de su pátina protectora dejándoles expuestos así a las condiciones medioambientales. 
Además, este hecho fue cuidadosamente ocultado por las autoridades inglesas violando de este modo todas las normas de deontología científica y ética. 
¿Qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo para que se devuelvan los mármoles del Partenón a su país de origen, para salvar una de las cumbres creativas de la cultura mundial y para respetar la legitimidad histórica? 
¿No considera que el mantenimiento de la negativa a devolver los monumentos legitima el saqueo de los tesoros culturales, y es contrario a toda idea de colaboración sincera entre países y al principio del respeto del patrimonio cultural de los Estados miembros? 
Pregunta nº 8 formulada por Angela Kokkola (H-0651/98): 
Asunto: Devolución de los frisos del Partenón 
Vistas las publicaciones científicas recientemente aparecidas según las cuales el Museo Británico provocó daños irreparables en los frisos del Partenón al intentar limpiarlos utilizando sustancias y herramientas que destruyeron su capa exterior y modificaron su naturaleza histórica y artística, y considerando que se ha finalizado el Museo de la Acrópolis cuya construcción se ha realizado empleando los medios más modernos y de acuerdo con los requisitos internacionales, ¿puede indicar el Consejo qué gestiones va a realizar ante el Gobierno británico para que cumpla su compromiso de devolver los frisos del Partenón a su país de origen, habida cuenta de las circunstancias especiales del caso ya que estos frisos constituyen una parte inseparable del templo y no obras de arte aisladas, y de qué modo va a contribuir a la constitución de una comisión de expertos de prestigio internacional para la evaluación de los daños sufridos por los frisos durante su limpieza? Señora Ferrero-Waldner, tiene usted la palabra para hablar de mármoles y de frisos. 
Señor Presidente, señor diputado, sin duda el señor diputado sabrá que en la recomendación de la UNESCO de 1982 se dice al principio que se deben devolver las esculturas a Grecia pero posteriormente se precisa que se deben devolver para que se puedan colocar de nuevo en el templo del Partenón. 
Las esculturas del Partenón no son un asunto que deba tratar el Consejo ya que la Comunidad Europea no posee para ello ninguna competencia. 
Esta cuestión se debe regular exclusivamente entre el Reino Unido y Grecia. 
Señor Presidente, yo también quisiera, por supuesto, dar la bienvenida a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo en su primera aparición en el Parlamento Europeo. 
Pero, al mismo tiempo, quiero expresar mi decepción ante la respuesta del Consejo. 
Los mármoles del Partenón, constituyen un bien cultural de valor inestimable, que no incumben sólo a Grecia y a Gran Bretaña, sino a toda la humanidad. 
Considero que también el Consejo deberá interesarse por la suerte que corran al igual que todos los demás interesados que se preocupan tras ver los datos científicos fundados, según los cuales los mármoles han sufrido un daño irreparable por la forma en que los ha tratado el Museo Británico. 
Creo que, justamente por esta razón, el Consejo debería tener la sensibilidad que tienen organizaciones no gubernamentales, movimientos masivos por la suerte de los mármoles del Partenón y dar una respuesta más sustancial a este problema. 
Señor Presidente, señor diputado, desgraciadamente sólo puedo repetir lo que ya he dicho. 
El Consejo no posee competencias en este campo. 
La cuestión es puramente bilateral. 
Por ello se debería regular entre el Reino Unido y Grecia. 
Señor Presidente, doy las gracias a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo porque está hoy aquí para respondernos. 
Mi pregunta no es complementaria: Es totalmente distinta porque, tras los últimos descubrimientos y declaraciones del gran científico Saint Clair sobre los daños que han sufrido los mármoles del Partenón, pregunto si se podría formar una comisión de especialistas que ayudase, en general, en la investigación del tema y en la comunicación de sus resultados. 
Así pues, la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo tiene la posibilidad de mostrar también su sensibilidad femenina. 
También procede de un pequeño país, democrático y muy sensible, y todos sabemos que los países pequeños en muchos temas confluyen. 
En concreto, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, ¿va a mostrar esta sensibilidad? ¿Va a componer esta comisión? 
Señor Presidente, señora diputada, muchas gracias también por sus amables palabras. 
Quiero indicarle- lo que he indicado al comienzo de mi primera respuesta a la pregunta pero que quizás no se haya entendido bienque no es tanto el Consejo de la Unión Europea sino más bien la UNESCO la institución adecuada para tratar sobre estas cuestiones. 
Por ello, sugeriría que esta comisión de expertos que usted propone actúe quizás en el marco de la UNESCO para plantear este asunto. 
Pero, subrayo de nuevo que el Consejo no es la institución adecuada porque carece de competencias. 
Asunto: Crisis en el Sudán 
Tras la sesión del Consejo de Desarrollo, ¿ha abordado el Consejo el tema de la guerra y del hambre en el Sudán y pueden los ministros hacer una declaración sobre la situación actual en dicho país? 
Señora Ferrero-Waldner, la invito a que responda usted a la pregunta del Sr. McCartin. 
Señor Presidente, a la pregunta de la crisis en el Sudán puedo responder lo siguiente. El Consejo sigue los acontecimientos del Sudán con gran preocupación. 
Tras el debate celebrado el 18 de mayo en la reunión del Consejo de Desarrollo a que se refiere el señor diputado, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea trataron el 25 de mayo y el 29 de junio sobre la situación en ese país. 
El Consejo se remite a la declaración de la Presidencia del 1 de mayo y subraya que sólo una solución política permanente permitirá a los sudaneses el retorno a unas condiciones de vida normales. 
El Consejo subraya además que apoya los esfuerzos de la autoridad interestatal de desarrollo, IGAD, para lograr una paz duradera por la vía de la negociación. 
En este contexto, el Consejo saluda la propuesta por la que el Foro de Interlocutores del IGAD (IPF) envía una misión a nivel de Ministros a Jartún y Nairobi para sondear la posibilidad de un armisticio en las regiones más amenazadas por la hambruna, para poder proporcionar ayuda humanitaria. 
La Unión Europea va a hacer uso de todos los medios de que dispone para lograr que las partes negocien y respeten los derechos humanos en el Sudán. 
Agradezco su respuesta, señora Presidenta en ejercicio. 
He leído en la prensa que el ministro irlandés ha solicitado esta misión ministerial, y me alegra que se haya organizado. 
Existe una inmensa frustración- estoy seguro de que no sólo en Irlanda, sino en toda la Unión Europea- ante la magnitud del sufrimiento. 
Creo que en la Unión Europea existe la voluntad política de destinar los recursos necesarios para, al menos, paliar el hambre y el sufrimiento que existen actualmente. 
¿Cree la Presidenta en ejercicio que la Unión Europea podría canalizar ayuda para paliar la hambruna con mayor eficacia de lo que se viene haciendo? 
¿Podría mejorarse la posición con carácter de urgencia? 
Señor Presidente, señor diputado, al menos puedo transmitirle una nueva comunicación que acabo de recibir y que sin duda le va a alegrar. 
El Viceministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Derek Fatchett, ha estado en Nairobi y se ha encontrado el martes con representantes del SPLA para hablar exactamente sobre la cuestión de los corredores de seguridad para las organizaciones de ayuda. 
Fatchett voló a continuación a Jartún para negociar también allí con representantes del Gobierno sudanés. 
El movimiento rebelde sudanés SPLA ha decretado un armisticio unilateral para determinadas zonas del país, para se pueda atender a más de un millón de personas hambrientas. 
El armisticio en el Estado federal de Baralgasal y en partes del Nilo superior ha entrado en vigor el martes por la tarde, dijo el portavoz del SPLA el miércoles en Nairobi. 
Según los datos del programa de alimentación mundial de la ONU, WFP, en el sur del país africano 1, 2 millones de sudaneses están realmente amenazados de morir de hambre. 
Las personas sufren sobre todo la sequía y, naturalmente, las consecuencias de una guerra civil que dura desde hace 15 años. 
Me permito añadir que yo misma, ya que soy también competente de la cooperación para el desarrollo, he tratado sobre este tema con la Secretaria de Estado irlandesa de cooperación para el desarrollo, quien- como sé- se esfuerza muy intensamente por ofrecer soluciones al Sudán que han conducido en su país a la conclusión del Tratado de paz. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, sólo quiero preguntar si el Consejo, aparte de sobre la cuestión del sur del Sudán y de las cuestiones humanitarias, se ocupa también de la libertad de religión. 
Usted sabe que, por ejemplo, se ha ejercido presión sobre el Obispo de Jartún y si se niega a ceder a esa presión se le ha amenazado con bloquear proyectos de ayuda al desarrollo de la Iglesia. 
He obtenido esta información de la Obra Missio del Obispado de Munich y deseo preguntarle si el Consejo tiene también noticia de estas cosas y si está relacionado con la libertad de religión en la totalidad del Sudán y con intentos de tomar como rehén la ayuda al desarrollo. 
Señor Presidente, señor diputado, le puedo decir de modo general que todos los aspectos de la cuestión de la crisis en el Sudán son analizados muy exactamente por nosotros. 
Sobre todo, en el Consejo de Ministros de Cooperación para el Desarrollo y en los diversos gremios de trabajo tratamos muy a fondo también las cuestiones relacionadas con la libertad de religión o del fundamentalismo. 
En consecuencia, vamos a tratar también la cuestión planteada por usted y puede estar seguro de que nos lo vamos a tomar muy en serio. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que dé una respuesta conjunta a las preguntas sobre el fomento de las lenguas minoritarias, de las minorías y de las culturas de minorías. 
En relación con estas preguntas, se debe destacar, sobre todo, que la protección de las libertades fundamentales personales y la los principios democráticos son dos pilares en los que descansa la actuación de la Comunidad Europea. 
Puedo asegurar al señor diputado que el Consejo es consciente de la importancia que tiene el respeto a las características especiales étnicas, regionales y locales, en base a las cuales nuestra Comunidad se presenta como una unidad caleidoscópica con una gran variedad de facetas cuya diversidad representa precisamente su riqueza. 
Además, es evidente que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen que gozar de los mismos derechos y libertades. 
Con otras palabras: no puede existir ninguna discriminación frente a ciudadanos de la Unión debido a su pertenencia a una minoría nacional. 
En opinión del Consejo, los Gobiernos de los diversos Estados miembros deben ocuparse de que no se produzcan discriminaciones dentro de las Comunidades nacionales debido a corrientes xenófobas que no son compatibles con los fundamentos de la Unión, es decir, con la libertad y la democracia. 
Los señores diputados sabrán seguramente que no se ha encargado al Consejo que elabore una propuesta pertinente, en especial, en lo referente a la protección de las minorías, los idiomas minoritarios o similares. 
Sin embargo, puede asegurar a los señores diputados que dedicará su plena atención a las propuestas que, en su caso, se le presenten sobre este campo y que puedan aportar más utilidad a nivel comunitario que las correspondientes medidas a nivel nacional. 
Señor Presidente, señora Secretaria de Estado, permítanme que exprese mi satisfacción por poder hablar aquí como representante de una minoría austríaca. 
Al cabo de 80 años, creo que es la primera vez que un representante elegido de una parte de un antiguo principado, el condado del Tirol, se encuentra hoy frente a un representante del Gobierno de Austria y en un intercambio parlamentario, puede plantear preguntas y practicar el parlamentarismo. 
Creo que este es un gran paso que nos muestra a Europa también en forma práctica. 
Respecto al tema en sí, creo que la discriminación es demasiado poco. 
Necesitamos una discriminación positiva de las minorías, es decir, una protección activa y espero que el Consejo no se ocupe sólo extensamente del tema sino que presente también a la Comisión las correspondientes propuestas. 
Señor Presidente, señor diputado, yo también me alegro de que un representante de una minoría de Austria se encuentre hoy frente a mi, como representante de la Presidencia. 
Me permito decir de nuevo que el Consejo sólo puede actuar a iniciativa de la Comisión. 
Tengo que citar al respecto el artículo 128. 
Este artículo del Tratado prevé también lo siguiente: la Comunidad realiza una aportación al desarrollo de las culturas de los Estados miembros respetando su diversidad nacional y regional y destacando al mismo tiempo la herencia cultural común. 
Mediante su actividad, la Comunidad fomenta la cooperación entre los Estados miembros y apoya y complementa en caso necesario su actividad en los siguientes campos: mejora del conocimiento y difusión de la cultura e historia de los pueblos europeos, conservación y protección de la herencia cultural de importancia europea, intercambio cultural no comercial y creación artística y literaria, inclusive en el ámbito audiovisual. 
Señor diputado, pero si usted fuese de la opinión de que la Comisión tiene que presentar al Consejo un programa de acción para el fomento de los idiomas minoritarios, quiero indicarle que usted, caso de que se cumpla la condición de que su proyecto encuentre una mayoría entre sus colegas, dispone de unos argumentos mucho más convincentes frente a la Comisión de los que ésta podría plantear ante el Consejo. 
Me permito llamarle la atención sobre programas especiales que hay sobre todo en el campo lingüístico. 
Estoy pensando, por ejemplo, en el programa LINGUA de la Unión Europea. 
Señor Presidente, soy un catalán pero sabe que no puedo plantear mi pregunta adicional en catalán. 
En esta ocasión voy a hacerlo en alemán. 
Señora Presidenta, usted sabe lo importante que es que la UE esté cerca de los ciudadanos. 
En este caso, quiero plantear la pregunta de si el Consejo va a pedir a la Comisión durante los próximos meses, durante la Presidencia austríaca, que elabore nuevos programas para minorías y también para idiomas no oficiales en el marco de la UE. 
Usted ha hablado del programa LINGUA. 
Ya sabe que hemos logrado algunas ventajas en el marco del programa SOCRATES. Sin embargo, en el futuro tenemos que lograr aún más ventajas para estos idiomas oficiales pero que en el marco de la Unión Europea no lo son. 
Mis mejores deseos a la Presidencia austríaca. 
Señor Presidente, señor diputado, en primer lugar muchas gracias por haber empleado el alemán, mi idioma materno. 
Lo agradezco mucho. 
Yo misma entiendo el catalán valenciano, no todo, pero bastante, aunque lo hablo mal. 
A la pregunta que ha planteado, quiero decir que es la Comisión quien debe adoptar la iniciativa. 
El Consejo no puede encargar a la Comisión que adopte una iniciativa. 
En cualquier caso, quiero decir aquí que en los últimos diez años se han producido considerables cambios en una serie de campos relacionados con los idiomas minoritarios en la Unión Europea. 
A nivel nacional, medidas descentralizadoras, en especial, en los campos de la docencia y de la cultura, han hecho que aumenten también las actividades en favor de una serie de minorías. 
En cualquier caso, a nivel europeo existe la voluntad de compartir las ventajas del mercado interior con las regiones menos favorecidas. 
Esto se realiza en forma de ayudas regionales, como el apoyo a proyectos de infraestructura con créditos financieros de los Fondos estructurales y estas ayudas benefician en especial a ciertas zonas periféricas y a comunidades de regiones prioritarias que con frecuencia son también regiones de minorías. 
Señora Presidenta del Consejo, muchas gracias por su referencia a la Comisión. 
Sin embargo, quiero decirle abiertamente que la Comisión nos ha enviado a usted. 
Este es un motivo de estas preguntas. 
Hemos hablado con el señor Santer y, por nuestra parte, vamos a buscar gustosamente el diálogo con la Comisión. 
En concreto sólo quiero decir que en la antesala de la ampliación hacia el Este, planteamos a los países candidatos unos criterios sobre minorías que, con frecuencia, no se cumplen ni siquiera entre nosotros. 
Por ello, somos de la opinión de que también en la misma UE debe ocurrir algo. Lamento que se haya producido incluso un retroceso, pues la línea presupuestaria para el fomento de los idiomas minoritarios ha caído bajo la famosa sentencia judicial. 
Tenemos ahora una lista de medidas para las que se van a crear nuevos fundamentos jurídicos. 
Por desgracia, la línea presupuestaria sobre idiomas minoritarios no está incluida. 
Le ruego encarecidamente que se haga cargo de este tema como Presidencia del Consejo, pues desde 1982 tenemos algo ejemplar al respecto y sería una lástima si desapareciese. 
Señor Presidente, señor diputado Posselt, me permito repetirlo. Creo que está muy claro que aquí la Comisión tiene que elaborar primero propuestas. 
Estas son las reglas de la Unión. 
En el Consejo solamente podemos actuar en base a las propuestas de la Comisión. 
Pero, de modo general, puedo decir que en lo que se refiere a los derechos de las minorías, sobre todo en los países de la Europa central y oriental, los Convenios del Consejo de Europa desempeñan un gran papel al respecto y creo que es también importante decir que no se debe duplicar el trabajo del Consejo de Europa. 
A mí, que soy también una representante del Consejo de Europa, me parece muy importante que se deje al Consejo de Europa realizar su actividad y que aquí en el Consejo hagamos lo que nos proponga la Comisión por su propia iniciativa. 
Han ocurrido muchísimas cosas y nos alegramos de que precisamente en muchos países de la Europa central y oriental, en los que existían los problemas más graves con las minorías, se hayan tratado y, en parte, solucionado. 
Muchas gracias, señora Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Como ya se lo había advertido, no se encuentra entre nosotros el Sr. Imaz San Miguel, lo que nos priva de escuchar también la opinión de una nacionalidad con una identidad tan marcada y tan compleja como es Euskadi, el País Vasco. 
Pero sí está con nosotros el Sr. Habsburg-Lothringen que, si lo desea, puede hacer una pregunta complementaria por el tiempo de un minuto. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, en primer lugar quiero manifestar el increíble placer que significa para mí poder dirigirme por fin a usted con este título y lo mucho que me alegra. 
Señora Presidenta del Consejo, una cuestión que en este contexto me interesaría mucho es la de cómo ve usted la situación de un derecho europeo de minorías. 
En el Parlamento Europeo se ha tratado en diversas ocasiones, si bien nunca se ha planteado ante el Pleno pues se ha quedado estancado más o menos siempre en la zona de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
¿No cree que, en un momento en que estamos hablando sobre una ampliación de la Unión Europea y en que todos los Estados candidatos a la adhesión aportan también problemas de minorías, habría llegado el momento de que la Unión Europea saliese a la luz pública e intentase definir un derecho europeo de minorías y de protección activa de las mismas? 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, tengo todavía tres preguntas complementarias más sobre esta cuestión que nos llevarán al final del turno de preguntas. 
Pero, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, como usted podrá observar, cuando en este Pleno damos la palabra a los Habsburg lo hacemos por orden cronológico, es decir, primero la damos al de más edad y, en segundo lugar, al más joven. 
Por lo tanto, tiene ahora la palabra para una pregunta complementaria el Sr. von Habsburg. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero decirle qué gran alegría supone para mí verla en este lugar. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿no opina usted también que sería más correcto si en las cuestiones de las nacionalidades y de los idiomas, considerásemos introducir la representación política? Pues, sin ésta, una regulación jamás será eficaz totalmente. 
¿No cree que precisamente en este derecho de minorías deberíamos ocuparnos de la representación política de esos grupos? Si miro a mi alrededor, donde mejor se ha solucionado la cuestión es en Bélgica. 
Si vemos los cantones alemanes de nuestro colega Grosch, quien ha sido elegido con 16.000 votos y yo- tal como se me ha dicho- necesito 980.000 para ser elegido, me parece justo y positivo que se reconozca por fin que no solamente se deben contar cabezas... 
Terminaré enseguida. 
Solamente unas palabras más, señor Presidente. Es que, de verdad, los grupos son tan importantes como los individuos en los derechos de la Comunidad. 
Señor Presidente, señor diputado, a mí también me alegra muy especialmente poder estar frente a usted con esta nueva función. 
Quizás pueda responder personalmente de modo excepcional y decirle que me parece que usted tiene razón. 
Creo que se trata de un asunto que deberíamos seguir. 
Existe un enfoque, el artículo 128, que he citado antes, cuyo primer párrafo dice que la Comunidad realiza una aportación al desarrollo de las culturas de los Estados miembros respetando la diversidad nacional y regional y destacando la herencia cultural común. 
Pero tal como he indicado antes, primero hay que presentar una propuesta a la Comisión. 
Sólo entonces puede actuar el Consejo. 
La Presidenta en ejercicio nos ha ofrecido una respuesta exhaustiva y simpática a esta pregunta. 
Provengo de una zona de la Comunidad en la que tenemos una antigua lengua viva y muy rica, pero está en cierto peligro. 
Los esfuerzos de la Unión Europea por apoyar esta lengua minoritaria merece nuestro enorme agradecimiento. 
En el pasado se ha criticado a la Unión Europea, porque se convertirá en un gran crisol en el que se perderán las pequeñas comunidades y las minorías. 
Quisiera señalar que en el pasado, los distintos Estados y reinos que actualmente componen la Unión Europea se propusieron e intentaron destruir dichas minorías, pero actualmente, la Unión Europea las apoya y les ofrece ayuda práctica en la forma de un presupuesto y, en el caso de Irlanda, una oficina de lenguas minoritarias en Dublín. 
¿Coincide conmigo la Presidenta en ejercicio en que es muy adecuado que la Unión Europea emprenda esta actividad política de cara a dejar constancia de que no queremos destruir, sino apoyar y mantener las culturas y las lenguas minoritarias? 
Señor Presidente, señor diputado McCartin, quiero repetir que la Unión Europea protege por supuesto todos los intereses particulares y de las minorías y que se interesa por todos los diferentes idiomas. 
No es cierto que se apoye a grupos que quieren lograr cosas negativas. 
El enfoque es el que he mencionado antes, es decir, el artículo 128 del Tratado, en el que se dice con toda claridad que la Comunidad realiza una aportación al desarrollo de las culturas de los Estados miembros respetando la diversidad nacional y regional y destacando la herencia cultural común. 
Creo que este es el sentido correcto y así vamos a proseguir también en el futuro. 
Señor Presidente, estoy escuchando la argumentación de la Sra. representante del Consejo. El Consejo, para avanzar, solicita la iniciativa de la Comisión. 
¿De qué se trata? 
De la protección de los derechos de las minorías, junto con el derecho a mantener su herencia lingüística etc. Esto lo prevén los Tratados. 
La Comisión es el guardiana de los Tratados. 
Por consiguiente tiene la obligación primera de respetarlos. 
¿Estamos yendo de Anás a Caifás? 
Con este juego crucificaron a Jesucristo. 
Si ustedes nos dicen que la Comisión y la Comisión nos dice que el Consejo, están crucificando los derechos de las minorías. 
¿Por qué? 
Si la Comisión tiene la obligación de respetar los Tratados, que el Consejo no ordene, que no solicite hacer una propuesta en base al artículo tal de los Tratados para avanzar en la protección de estos derechos. 
Señor Presidente, señor diputado Ephremidis, usted conoce los Tratados sin duda igual que yo. 
Menciono aquí el apartado 5 del artículo 128, en el que se establece con toda claridad el derecho de iniciativa de la Comisión. 
Creo que todo lo demás es informal. 
Por supuesto, se puede uno acercar a la Comisión de modo informal, pero el auténtico derecho formal de iniciativa radica en la Comisión. 
No puedo cambiarlo. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, como vicepresidente de la delegación para las relaciones parlamentarias con Eslovaquia, siempre mantengo unos debates muy intensos sobre cómo se tratan los derechos de las minorías dentro de la Unión Europea de los 15 y cómo se tratan en los Estados que buscan la adhesión. 
La cuestión es siempre la siguiente: ¿se realiza una evaluación? 
¿Cuál es la situación de los derechos de las minorías en los diversos Estados? 
¿Como funciona el modelo de la best practice? 
¿Podemos presentar proyectos ejemplares, de los que se pueda decir que funcionan y que así deben ser y se pueden comparar entre si dichos modelos? 
Señor Presidente, señor diputado Rübig, quiero decirle al respecto lo siguiente: todos los Estados miembros de la Unión Europea son, naturalmente, Estados que funcionan sobre una base democrática, que respetan plenamente los derechos humanos y que cumplen todos los criterios que tenemos que exigir en parte a los países candidatos. 
Usted sabe que existen los criterios de Copenhague. 
Aquí se incluye la plena realización de la democratización, de la democracia. 
Esto incluye naturalmente también la protección real de los derechos de las minorías. 
Este es el motivo. 
Este es también el enfoque para dialogar políticamente, por ejemplo, con Eslovaquia, diálogo que yo mantengo también personalmente con este país. 
Señorías, con la intervención de la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo, doy por cerrado el turno de preguntas, y les informo que las preguntas núms. 15 a 43 se contestarán por escrito. 
Al iniciar el turno de preguntas, le dábamos la bienvenida a la Sra. Ferrero-Waldner, bienvenida que se ha repetido con cortesía y amabilidad a lo largo de esta tarde. 
Al terminar el turno de preguntas, me reafirmo en la bienvenida, pero, al mismo tiempo, he de expresarle nuestra gratitud, porque pueden satisfacer o no las respuestas, pero en todo caso, Señorías, lo que hemos de reconocer es que en todas ellas ha habido sentido de la responsabilidad, esfuerzo y voluntad de responder a lo que esta Asamblea se merece. 
Muchas gracias, señora Ferrero-Waldner, y le auguro que vamos a tener seis meses de intenso pero grato y fructífero trabajo. 
(La sesión, interrumpida a las 19.10 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Nuevo procedimiento de codecisión después de Amsterdam 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0271/98) del Sr. Manzella, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el nuevo procedimiento de codecisión después de Amsterdam. 
Señor Presidente, en opinión de muchos, el Tratado de Amsterdam, pese a ser decepcionante en lo que a muchos aspectos se refiere, ha alcanzado, gracias al nuevo procedimiento de codecisión, un resultado institucional muy relevante. 
En efecto, la posición del Parlamento frente al Consejo resulta mucho más equilibrada y en particular el Parlamento, como legislador de pleno derecho respecto a una propuesta de la Comisión, puede ofrecer al Consejo un producto legislativo inmediatamente adoptable. 
La llamada primera lectura puede convertirse en la única fase del procedimiento parlamentario en beneficio de la economía del proceso legislativo de la Unión, así como a través de la posibilidad de «parlamentarizar» , más que en el pasado, la producción normativa comunitaria. 
La resolución sometida a la atención del Pleno es un documento orientativo que se mueve en dos direcciones. 
La primera afecta a nuestros procedimientos internos que deberán adaptarse, también a través de la labor que realizará la Comisión de Reglamento, a la nueva dimensión política que adquiere la fase parlamentaria tras la propuesta de la Comisión Europea. 
De hecho, la posibilidad de que el procedimiento termine en una única fase parlamentaria, exige estructurar dicha fase mediante una serie de medidas que garanticen la economía en el procedimiento, en el diálogo realmente eficaz con el Consejo y la Comisión, la responsabilidad en las propuestas y las decisiones, así como la transparencia. 
Todo esto, como subrayaron justamente algunas comisiones legislativas, tiene que hacerse respetando la necesidad de no perder flexibilidad en el juego parlamentario y en el diálogo con las demás Instituciones. 
Evidentemente, el cambio de la naturaleza jurídica de la primera fase se proyecta también en la segunda, la conciliación propiamente dicha. 
Esta fase resulta, en efecto, enriquecida por la maduración del diálogo interinstitucional llevado a cabo en la primera lectura. 
En consecuencia, la segunda dirección del documento que nos ocupa, tiene por objetivo establecer un nuevo acuerdo interinstitucional, en cuya negociación es imprescindible que se tengan en cuenta también las opiniones de las comisiones legislativas que han acumulado las mayores experiencias en este procedimiento. 
Señor Presidente, Señor Comisario, como se puede comprobar, el fundamento de esta resolución es el cambio radical que el Tratado de Amsterdam ha operado en la naturaleza jurídica de la fase parlamentaria inicial. 
Por ello, todos nuestros esfuerzos deben encaminarse a la tramitación de esta fase inicial, aunque con la máxima elasticidad posible. 
Por el contrario, considero francamente absurdo- pese al respeto debido a los colegas que han presentado dos enmiendas en este sentido- que el Parlamento Europeo rechace el procedimiento establecido en el Tratado y se someta, siempre y en todo caso, a una segunda lectura. 
Si fuera así, esta resolución se convertiría realmente en una contrarreforma inaceptable, no solo políticamente, sino sobre todo en términos de legitimación constitucional. 
Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre de la comisión nombrada por ustedes quiero expresar mi gratitud y consideración hacia el Sr. Manzella por el modo constructivo y equilibrado como ha tratado este tema tan importante para el Parlamento Europeo, a saber: un nuevo procedimiento de codecisión en el Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, en lo relativo a la primera lectura del nuevo estilo de codecisión, me gustaría tocar algunos asuntos. 
Es importante que se tenga conciencia de que- como también ha dicho el ponente- la conclusión del procedimiento de codecisión, posible gracias al Tratado de Amsterdam, sólo se puede llevar a la práctica tras la primera lectura si el intercambio de información y los contactos informales entre Consejo y Parlamento durante la primera lectura ya se han reforzado. 
Además, el ponente y el Presidente de la comisión del Parlamento Europeo competente para el asunto deben poder empezar, en principio después de un primer intercambio de opiniones en la Comisión, las discusiones informales con el Consejo o al menos con el presidente del grupo de trabajo respectivo. 
Además es de importancia que el representante del Consejo participe, en efecto, en la reunión de la comisión y también esté presente en la votación, y tenga la posibilidad de dar a conocer su postura antes de la votación. 
En relación con la segunda lectura y la conciliación también tengo un par de observaciones. 
Es importante que el representante del grupo de trabajo competente del Consejo pueda explicar a título principal la postura que el Consejo ha tomado en primera tramitación en la comisión respectiva del Parlamento. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía aclamaría que se reforzara el papel del ponente en el procedimiento de conciliación. 
El Consejo debería dar la oportunidad al ponente del Parlamento de explicar su postura ante el Consejo. 
De esa manera creo que tiene lugar un proceso recíproco de información e influencia y espero que se adopten estas sugerencias. 
Señor Presidente, la mayoría de los diputados pertenecientes a las comisiones competentes para este informe, el ponente y los autores de las opiniones han podido comprobar en el transcurso de la última semana que las modificaciones que entraña el Tratado de Amsterdam para el funcionamiento de esta Cámara tienen muchas más consecuencias de lo que a primera o segunda vista cabría imaginar. 
Consecuencias que, desde luego, son más positivas, en parte más problemáticas, y, en todo caso, de naturaleza compleja. 
Agradezco sinceramente al ponente la difícil labor que ha realizado en el tejido finamente hilado de interacciones, de acciones y reacciones en la red de relaciones entre las instituciones de la Unión Europea. 
En la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos no voy a referirme a todos los aspectos del dictamen escrito, que fue aprobado por unanimidad. 
Voy a limitarme al apartado 3 de la presente resolución, a la cuestión de qué forma, con qué alcance y en qué momento se entablan contactos con el Consejo y con qué calidad jurídica. 
En nuestra opinión, el ponente ha respondido a esta cuestión de un modo discutible. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha aprobado que se entablen tales contactos, si bien son sólo contactos informales. 
Esta es una cuestión delicada, en la medida en el informe pretende dar al ponente plenos poderes para negociar en primera lectura. 
Otorgar plenos poderes significa que se compromete al Parlamento de cara al exterior, y que se establece una situación de confianza con el exterior, con respecto a terceros, sin que se lleve a cabo la votación correspondiente. 
Consideramos que eso va demasiado lejos, tanto más cuanto que ahora se presentan enmiendas que por una parte no conceden ese mismo derecho al «ponente en la sombra» y que además prevén suprimir la obligación de informar a la comisión correspondiente. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos considera necesarios los contactos informales. 
Éstos deben integrarse, pero deben llevarse a cabo competencias de negociación de amplio alcance como partida y contrapartida. 
Si el ponente ha de disfrutar de tales derechos, también el Consejo debe estar obligado a trabajar de manera independiente de cara al exterior y sin poder comprometer desde un principio a su institución. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al Sr. Wieland por su primer discurso en el Parlamento Europeo, así como al Sr. Manzella por su informe, y señalar que para la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores la importancia de las modificaciones procedimentales debe residir en la preparación de la primera lectura. 
Es preciso aprovechar plenamente las posibilidades que otorga el Tratado de Amsterdam al Parlamento. 
Ha de ser posible concluir un procedimiento legislativo en primera lectura, sin que el Consejo elabore una posición común, lo que, como es sabido, lleva un tiempo inmenso. 
Los procedimientos legislativos del Parlamento pueden racionalizarse notablemente si se aprovechan al máximo las posibilidades del Tratado de Amsterdam. La Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores insta encarecidamente a ello. 
Asimismo, llamo su atención sobre el hecho de que, con respecto a nuestras competencias para los cinco primeros años desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, muchas materias dejan de ser competencia de los poderes legislativos nacionales, pasan a ser competencia comunitaria, quedan sometidas a la decisión unánime del Consejo y sólo se presentan al Parlamento para consulta. 
Es difícilmente admisible que el Parlamento Europeo sólo tenga función consultiva en estas materias. 
Por ello, nuestra reivindicación debe ir encaminada a que el Consejo nos trate como si tuviéramos derecho de codecisión. 
En tercer lugar, el procedimiento de codecisión, el procedimiento de consulta, adquiere un nuevo peso. 
Proponemos que exista un comité conciliación permanente en el Parlamento Europeo compuesto principalmente por miembros permanentes que se ocupen constantemente de las materias objeto de conciliación y se sitúen frente al Consejo en esta función. 
No es cuestión de que reduzcamos nuestro peso en relación con el Consejo, participando en el comité sólo de vez en cuando. En tal caso estaríamos en desventaja con respecto al Consejo. 
Así pues, por lo menos desde el punto de vista de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, deberíamos valorar la posibilidad de crear un comité permanente para asuntos de conciliación, con el fin de mostrar claramente que el Parlamento también adquiere nuevo peso en el procedimiento de conciliación y que estamos dispuestos a desempeñar con decisión nuestra función parlamentaria frente al Consejo. 
En suma, el Parlamento se ve ante una nueva exigencia. 
Debemos dar más calidad al trabajo legislativo. Eso debe reflejarse en la organización del procedimiento. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el informe de mi estimado amigo Andrea Manzella sobre la aplicación del Tratado de Amsterdam aborda la tarea más importante que debe efectuar el Parlamento Europeo, además de las competencias presupuestarias y la investidura de la Comisión: la adopción de la legislación común a nivel europeo. 
Debemos ser conscientes de la dimensión que supone haber conseguido poder de codecisión. Antes de Maastricht no había nada; después de Amsterdam, las tres cuartas partes de todos los actos jurídicos son objeto de decisión del Consejo y el Parlamento en pie de igualdad. 
No obstante, este gran éxito no debe hacernos olvidar los ámbitos que aún están pendientes: agricultura, competencia, fiscalidad, unión económica y monetaria, comercio exterior y diálogo social. 
Sin la inclusión de estos seis ámbitos, el déficit democrático europeo se agravará aún más. 
Así como nosotros nos hallamos en esta nueva situación, el Consejo debe empezar a acostumbrarse a no tener ya la última palabra. 
Pero el Parlamento Europeo también debe modificar sustancialmente su trabajo y concentrarse claramente en la legislación. Para ello también es necesaria una buena dosis de autocrítica. 
No podemos ni debemos pronunciarnos sobre todos los temas por medio de resoluciones y procedimientos de urgencia. 
Menos soflamas ardientes y más elaboración concreta de la labor de integración: eso será lo que defina a partir de ahora el trabajo diario del Parlamento Europeo y lo que, me parece también, le dará nuevo impulso. 
Las propuestas del Sr. Manzella van en la dirección correcta. 
Presidente, Comisario, Señorías, la ampliación y la simplificación de la codecisión es, en efecto, la modificación institucional más importante en el Tratado de Amsterdam. 
Esto ofrece la oportunidad a nuestro Parlamento de convertirse en un colegislador más completo. 
En su excelente informe, el colega Manzella hace propuestas para utilizar al máximo las nuevas disposiciones. 
Mi Grupo está de acuerdo con él en que deberá firmarse un nuevo Acuerdo interinstitucional y convoca al Consejo y a la Comisión para que se ocupen de esto tan rápido como sea posible. 
Compartimos también su triple preocupación por: primero, una mejor información entre las instituciones y una mejor planificación de las actividades; segundo, mejora de la calidad lingüística y jurídica de los textos; y tercero, la transparencia del procedimiento en todas sus fases. 
Atendiendo a la nueva posibilidad de cerrar la totalidad del procedimiento tras la primera lectura, el ponente analiza cómo pueden responder a esto el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Las discusiones en nuestra comisión han llevado a un equilibrio entre la preocupación por la eficiencia de un lado y la preocupación por la transparencia y la amplia toma de decisiones por otro. 
Estoy muy satisfecha de que hayan sido aceptadas mis enmiendas, que atienden a que el presidente de la comisión y el ponente deben informar también de sus contactos informales. 
Después de todo, sería altamente objetable que la codecisión simplificada reservara el trabajo legislativo a un pequeño grupo selecto de sólo algunos miembros del Parlamento Europeo. 
Por tanto, no estamos de acuerdo con la propuesta del colega Nassauer, ya que si la siguiéramos también tendría razón George Orwell dentro de este Parlamento; pero sobre todo, la Unión se escindiría aún más de la opinión pública europea y de los parlamentos nacionales. 
La resolución no hace eso, ha tomado la buena dirección. Mi Grupo la apoyará. 
Presidente, una corrección muy pequeña, colega Schäfer, a sus palabras, con las que estaba totalmente de acuerdo: afortunadamente desde Maastricht ya no es «el Consejo y el Parlamento» sino «el Parlamento Europeo y el Consejo». 
Eso me lleva a estar totalmente de acuerdo con sus palabras, porque a lo que me quiero limitar, colega Manzella, es al papel del Parlamento Europeo, ya que no cumplimos con nuestra obligación. 
Si participamos en el comité de intermediación, siempre está el presidente, que es un ministro de la Presidencia, siempre hay cuatro representantes del Consejo y nosotros afortunadamente siempre tenemos uno de los vicepresidentes que siempre participa en la mediación, el ponente y el presidente de la comisión, pero desgraciadamente he de constatar, señora Neyts, y ese punto va dirigido a usted, que falta una parte de nosotros. 
La comprendo bien y comprendo al Sr. Nassauer también, pero ¿quién de los dos tiene razón? , deberemos procurar que siempre estén presentes quince personas del Parlamento. 
Si lo hacemos mediante una mezcla, colega Manzella, de un grupo de miembros fijos y un grupo de miembros cambiantes, estoy dispuesto a cualquier compromiso, porque comprendo bien lo que usted quiere decir: si nombramos un consejo fijo de quince representantes fijos, ya no podemos obligar a que estén presentes en la conciliación a aquellos que no estaban de acuerdo en la sesión plenaria. 
Lo que a mí me parece más importante, colega Manzella, y apoyaremos su excelente informe, es que siempre debemos estar presentes con quince miembros del Parlamento Europeo, igual que el Consejo. 
Si debemos tener algunos miembros fijos más con cierto intercambio entre ellos, me parecería lo mejor. 
Lleguemos a un compromiso. 
Señor Presidente, creo que nuestro ponente tiene razón: gracias a Amsterdam, la codecisión ha dado un paso adelante al reconocer aún más, si cabe, el papel del Parlamento Europeo y, sobre todo, al facilitar nuevos instrumentos a los ciudadanos. 
Se ha subrayado con frecuencia este aspecto que afecta a la democracia representativa, ya que conforme se amplía la codecisión más crece la ciudadanía. Se trata de una relación entre cosas extremadamente importantes. 
Considero que el informe del Sr. Manzella valora este aspecto y nos es por amistad que reconozco que es una suerte poder contar con un ponente jurista, pero dotado también de una gran sensibilidad política. 
El Parlamento demuestra que se ha dado cuenta de algo fundamental, esto es, de haber alcanzado un nivel de igualdad en el ámbito legislativo: colegislador con efectos en la legislación y con efectos en el control, o sea, con efectos en la comitología, a través de una mayor simplificación de los procedimientos que se han convertido en más simples y, por tanto, en más eficaces. 
Permítanme, haciendo un breve paréntesis, suscribir y apoyar lo que tanta fuerza ha dicho el Sr. Andrea Manzella en contra de una enmienda que trastocaría el sentido del informe. En efecto, no veo por qué el Parlamento Europeo debe subestimar la importancia de que sea posible poner fin a un acto legislativo en primera lectura. 
Señor Presidente, una última observación. La codecisión está ligada profundamente al debate sobre la subsidiariedad que, como todos sabemos, es un debate que está en curso todavía: desde el acta con Chirac, luego en la Cumbre de Cardiff y próximamente en la Cumbre informal que se celebrará en Innsbruck. 
Es muy importante porque debemos tener en cuenta que la capacidad legislativa del Parlamento Europeo debe respetar las autonomías y, ante todo, debe imprimir a su legislación un carácter general, es decir, un carácter que afecta a las normas de alcance general. 
Una sobrecarga excesiva de la legislación europea no produce nada bueno, mientras que sí lo produce un desarrollo de la legislación europea vinculado a la capacidad de adaptar dicha legislación a actos de alcance general. 
Sé perfectamente que hoy no se debate la cuestión de la jerarquía normativa, sin embargo, un criterio- criterio que, por otra parte, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de afirmar en varios textos relacionados con la codecisión- que atañe a la cuestión del alcance general, debe afirmarse ciertamente. 
Esto beneficia a la democracia europea y a la correcta interpretación de la subsidiariedad que, como es obvio, no debe servir de excusa para una renacionalización de la política, sino para una articulación democrática de los distintos niveles que contribuyen a la construcción de Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, tengo que empezar diciendo que es para mí un honor y una suerte que me corresponda tomar la palabra, en nombre del PPE, para felicitar al profesor Manzella por su informe. 
Y lo hago desde el fondo de una admiración nacida cuando aprendí en su libro los fundamentos de lo que sé de Derecho parlamentario. 
Creo que el colega De Giovanni ha expuesto ya las dos grandes y sobresalientes cualidades sustanciales de este informe. Se aúnan en él las excelencias de un hábil político y un gran jurista. 
Del político querría subrayar la sensibilidad para esa idea de aproximar de verdad Europa a los ciudadanos. 
Nada hay que aleje más la idea europea de los ciudadanos que el estar debatiendo una directiva de la que no se vuelve a saber durante años- a veces son 10 o más -, y que luego reaparece sin que haya conexión ya entre una y otra fase. 
Del gran jurista, indudablemente, primero destaca el rigor, la importancia que da a aspectos que para otros, en este hemiciclo, serían subsidiarios o ancilares, como pueden ser la calidad legislativa, la calidad de la norma, la calidad de la redacción, las traducciones. 
Todas las reflexiones del Sr. Manzella en ese sentido son absolutamente relevantes. 
Pero también hay aspectos prácticos, como puede ser la buena gestión de los tiempos, la buena gestión de los plazos, el establecer acuerdos interinstitucionales en este ámbito. 
Me gustaría destacar, por último, algunos aspectos que, si bien los comparto y los entiendo como objetivos para autodisciplinar al Parlamento, quizá vayan un poco lejos. 
Y esta es la explicación de las dos enmiendas y del malentendido que sobre ellas se puede haber producido. 
El Sr. Manzella, por ejemplo, plantea la institucionalización de unos diálogos oficiosos, y él sabe mejor que nadie que, por su esencia misma, lo que es oficioso huye de la institucionalización, huye de ser fijado en un código. 
Ese sería un ejemplo. 
Otro ejemplo es la necesidad de motivar por escrito. 
Yo comparto su objetivo, pero quizá no sea totalmente adaptado a la realidad. 
¿Por qué? 
Pues porque, en definitiva, todos sabemos que lo que figura en un reglamento puede utilizarse contra el Parlamento como institución, no contra terceros. 
Tenemos que ser cautelosos y no incluir en un reglamento obligaciones de terceros- que son votos piadosos en última instancia; y tampoco debemos incluir en un reglamento cuestiones que sólo a nosotros nos vincularían y que podrían, incluso, plantearnos problemas ante los tribunales de justicia. 
Señor Presidente, termino resaltando que, en mi opinión, hay un malentendido en esas dos enmiendas y que en cualquier caso, todos somos conscientes de la importancia de este informe y de la necesidad de que este Parlamento- que ya es mayor de edad, que ya tiene unos auténticos poderes de codecisión, que es colegislador en pie de igualdad con el Consejo- plasme todo esto en normas internas y acuerdos interinstitucionales. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, yo creo que una de las aportaciones positivas del Tratado de Amsterdam ha sido fortalecer el papel del Parlamento como colegislador, frente a la otra rama del poder legislativo que es el Consejo. 
Y, como es bien sabido, este fortalecimiento del papel del Parlamento ha sido respaldado durante toda la Conferencia Intergubernamental por la Comisión. 
El aumento de materias legislativas sometidas a codecisión representa, sin embargo, un reto para todas las instituciones y nos exige a todos que mejoremos nuestro trabajo, que coordinemos nuestra acción de una forma constructiva para garantizar que el nuevo procedimiento pueda llegar felizmente a su resultado. 
En ese sentido, el excelente informe del Sr. Manzella que hoy debatimos es un informe especialmente oportuno y, a mi juicio, contiene muchas sugerencias, bien presentadas, que son especialmente útiles para poder afrontar precisamente este nuevo procedimiento ampliado de la codecisión. 
Por eso, yo quiero felicitar muy sinceramente al ponente por su trabajo. 
El buen resultado que ha tenido hasta ahora el procedimiento de codecisión se debe, en gran medida, a la forma coherente en que ha trabajado el Parlamento, y lo ha hecho desde la primera lectura hasta la conclusión. 
Hay unas circunstancias que, además, lo favorecen especialmente, como es el que haya una continuidad de ponente y de presidente de la comisión parlamentaria para cada tema. 
También existe continuidad en la conciliación, con la participación por parte del Parlamento, incluso de los tres vicepresidentes que pertenecen a la delegación parlamentaria, lo cual ofrece, sin duda, una indudable ventaja. 
Yo creo que este nuevo procedimiento de codecisión tendrá éxito si somos capaces de trabajar juntos y aprovechamos la experiencia acumulada ya de manera pragmática y flexible para afrontar el gran trabajo que a partir de ahora debemos realizar. 
Evidentemente, se va a acumular mucho trabajo como consecuencia de este aumento de competencias que tiene el Parlamento. Y en ese sentido, tengo que decir que apoyo de manera especial las distintas medidas contenidas en el informe y que van dirigidas a aumentar la transparencia, la democracia y la propia calidad jurídica de las enmiendas del Parlamento. 
A mi juicio, el Sr. Manzella tiene razón cuando insiste en su informe en la importancia de la primera lectura. 
El Tratado ofrece la posibilidad de concluir el procedimiento legislativo en primera lectura, lo cual significa una evolución importante, especialmente si se tiene en cuenta, justamente, ese aumento del número de materias que van a ser sometidas a codecisión. 
Pero hay también otras razones que quiero subrayar aquí. 
Esa primera lectura es un momento especialmente importante en el procedimiento porque es el momento en que cada una de las instituciones hace un análisis especialmente detallado de las propuestas de la Comisión y ofrece, por consiguiente, una posibilidad para que todos manifiesten plenamente cuáles son sus preocupaciones, para que se pongan de relieve cuáles son sus intereses- minoritarios, sectoriales o mayoritarios -, y para que todos hagan oír su voz en ese momento. 
Y por eso resulta especialmente importante, tanto para el Parlamento como también luego para el Consejo. 
Además, un debate político en profundidad durante la primera lectura, aunque no supone el fin del proceso legislativo, puede permitir más fácilmente llegar a una conclusión en la segunda lectura, en la cual entran en juego unos requisitos más estrictos, de mayorías, y se evita, de esa forma, la fase de conciliación, que indudablemente debe evitarse en la medida de lo posible porque ya sabemos lo larga y lo compleja que suele resultar. 
Por otra parte, el que el Parlamento cuide más sus enmiendas en esa fase contribuiría evidentemente de manera positiva al debate. 
Hasta ahora hemos observado algunas veces cómo, por falta de tiempo, las enmiendas del Parlamento en segunda lectura han sido una simple reiteración de las enmiendas que no han sido aceptadas en primera lectura. 
Y a veces no se ha hecho quizá un análisis cuidadoso de la posición común del Consejo. 
Por su parte, el Consejo debería también adoptar una actitud más abierta para encontrar soluciones comunes que tengan en cuenta las enmiendas del Parlamento. 
Yo observo que, a veces, hay una especie de anquilosamiento, es decir, que hay una segunda lectura del Parlamento en la que se reiteran las enmiendas de la primera y el Consejo, por su parte, no quiere apartarse de su primera posición y, prácticamente, no tiene en cuenta las enmiendas del Parlamento. 
Con la ampliación de la codecisión, creo que tiene que haber mayor fluidez, flexibilidad; que si el Parlamento ha presentado unas enmiendas el Consejo debe tenerlas en cuenta, examinarlas, ver en qué medida puede llegar a algunas fórmulas para lograr un acuerdo, evitando la conciliación que suele ser una fórmula especialmente rara. 
Si no se llega a un acuerdo en la segunda lectura, evidentemente, queda la posibilidad de la conciliación, pero hay que intentar resolver previamente los problemas. 
Quiero, por fin, expresar ante esta Asamblea la disposición de la Comisión a desempeñar un papel activo en todas las fases del procedimiento legislativo, y en particular en la primera lectura, como propone el informe del Sr. Manzella. 
Creo que podemos colaborar y aportarnos ideas mutuamente. 
Por una parte, debemos hacerlo con el propio grupo de trabajo del Consejo; por otra, con el ponente y con la comisión parlamentaria respectiva, para intentar hacer avanzar el proceso y para facilitar la elaboración de una propuesta modificada dirigida a reconciliar lo más posible las posiciones de ambas partes. 
Yo sé que el Parlamento muchas veces nos ha pedido que desempeñemos el papel que corresponde a la Comisión y nos ha echado en cara el que no lo hayamos hecho suficientemente. 
Vamos a hacer todo lo posible para seguir esas indicaciones que hemos recibido del Parlamento. 
También estoy convencido de que, si llegamos a resultados positivos en el debate sobre una nueva decisión sobre comitología, a partir de la propuesta de la Comisión recientemente presentada, estoy convencido de que esto facilitaría una rápida conclusión de un importante número de expedientes que están sometidos a codecisión. 
Según nuestros cálculos, al menos el 70 % de los expedientes sometidos a conciliación han llevado consigo algún problema de comitología, y sería un gran alivio para todos que este asunto pudiera ser resuelto de una vez por todas, prestando el debido reconocimiento a los derechos del Parlamento sin disminuir la eficacia del sistema en el ejercicio de las medidas de ejecución. 
Y finalmente quiero manifestar mi apoyo a la propuesta de revisión del Acuerdo interinstitucional vigente sobre el procedimiento de codecisión. 
Este debería modificarse de acuerdo con los términos del nuevo Tratado y con la práctica existente. 
No tengo ninguna duda de que eso será una tarea relativamente fácil para que incluso nuestros colaboradores, que han contribuido hasta ahora de una manera tan eficaz al éxito del diálogo interinstitucional, puedan lograrlo. 
Hay algunos procedimientos interinstitucionales formales previstos en el dictamen en primera lectura que quizá pueden hacer que el procedimiento resulte un poco complicado. 
Por ello, yo recomendaría al Parlamento que intentase avanzar de una forma lo más pragmática y lo más flexible posible. 
El informe del Sr. Manzella representa el marco adecuado para alcanzar este objetivo y la Comisión quiere mostrar su disposición a participar de manera activa y constructiva en las negociaciones, en un espíritu de colaboración, para asegurar el éxito del papel reforzado del Parlamento en el procedimiento legislativo. 
Nunca he tenido la necesidad de dar lecciones a mi viejo amigo Oreja, que en realidad sabe de todo más que yo, pero es importante para los nuevos miembros del Parlamento que sepan que, a modo de autolimitación, sólo aceptamos enmiendas en segunda lectura cuando no han sido aceptadas en primera lectura porque tenemos el derecho formal, en virtud de los Tratados, de presentar todas las nuevas enmiendas en segunda lectura. 
Pero entonces decidimos no hacerlo para evitar una nueva discusión desmedida. 
Por tanto, el hecho de que nos cebemos en enmiendas que no han sido aceptadas en primera lectura, da muestras del control del Parlamento que pretende un buen resultado del procedimiento legislativo, amigo Oreja. 
Gracias, Sr. Janssen. 
No es preciso que conteste, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Aplicación de Tratado de Amsterdam: consecuencias de las cooperaciones reforzadas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0257/98) del Sr. Frischenschlager, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre la aplicación del Tratado de Amsterdam: consecuencias de las cooperaciones reforzadas. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, este informe de la Comisión de Asuntos Institucionales forma parte también de los trabajos de seguimiento de la decisión sobre el Tratado de Amsterdam. 
En el caso que nos ocupa, nuestra intención es aportar conclusiones sobre la evaluación y aplicación de la cooperación reforzada, en particular porque el Parlamento Europeo recibirá de la Comisión en un futuro próximo nuevas propuestas relativas a la reforma de las instituciones, motivo por el cual se elaboran estos informes. 
El grado de presión en favor de la reforma institucional como consecuencia del Tratado de Amsterdam se puede comprobar en este caso concreto por el trabajo de la Comisión de Asuntos Institucionales sobre la cooperación. 
¿Qué pretendía el Tratado de Amsterdam? 
Obviamente, posibilitar la cooperación reforzada, haciendo la siguiente reflexión: hay una heterogeneidad política, hay distintos niveles de desarrollo político en los distintos países y, obviamente, diferentes deseos de integración y, por tanto, debería haber ritmos de integración diferenciados- algo completamente nuevo en el Tratado de Amsterdamdentro del marco institucional de la Unión Europea. 
El segundo objetivo era que los sucesivos avances y perspectivas en la integración de una gran mayoría de países miembros no se vieran imposibilitados por el veto práctico de una minoría de estados o incluso de un solo Estado- excluidos los asuntos de carácter constitucional, tales como la modificación del Tratado con vistas a la ampliación, etc.-. Este era el propósito de la Conferencia Intergubernamental, y la actitud del Parlamento Europeo a este respecto había sido siempre muy reservada, porque se tenía miedo de crear una «Europa a la carta» -objeción, por cierto, muy justificada. 
Por ello, el Parlamento Europeo, con motivo del informe Tsatsos/Méndez de Vigo estableció condiciones muy claras y sumamente restrictivas para posibilitar la cooperación reforzada y se mantuvo en esta postura. 
A este respecto, como resultado de la cumbre de Amsterdam, en principio se permite la cooperación reforzada, pero con unas condiciones y términos tan restrictivos que en definitiva se deja un escasísimo margen de maniobra en el futuro, prácticamente nulo en el primer pilar, aunque en el tercero se deja un margen de maniobra muy restringido para las medidas legislativas destinadas a la ejecución de los programas de acción. 
Pero incluso este margen de maniobra tan escaso ha quedado aun más limitado por el Tratado de Amsterdam al disponerse que, por razones importantes de política nacional, cada uno de los Estados miembros de la UE puede vetar la voluntad de integración de otros Estados miembros o de la gran mayoría de ellos al imponer el requisito de la unanimidad. 
Así pues, se ha vuelto a introducir un veto nacional dictado por intereses nacionales, y el resultado es que, en la realidad, se contradice de nuevo uno de los objetivos esenciales de esta disposición del Tratado, en el sentido de que se ha vuelto a impedir de hecho que una decisión de la mayoría posibilite una integración amplia y profunda. 
En principio, esta siempre había sido la orientación del Parlamento Europeo: con respecto a las reservas sobre la cooperación reforzada, utilizarla como último recurso y poder impedir en la práctica, por medio de un veto, que se lleve a cabo en la práctica tal integración diferenciada. 
Y paso ya a las conclusiones, que en lo esencial son las siguientes: el ámbito de aplicación de esta cooperación reforzada es sumamente restringido; la reintroducción de este veto nacional no se justifica en ningún caso, y de ahí viene el llamamiento a la Comisión para que presente propuestas de modificación del veto y se suprima del Tratado esta situación de bloqueo. 
En general, hemos llegado a la conclusión de que esta cooperación reforzada en el futuro no satisfará en absoluto las exigencias políticas de la Unión Europea. 
Por lo tanto, nos atenemos a la vieja aspiración del Parlamento Europeo de que para el futuro de la Unión Europea es fundamental sustituir el principio de unanimidad en determinadas condiciones por un procedimiento general de decisión por mayoría. 
Es el contenido político esencial de mi informe, y espero que la mayoría de esta Cámara se adhiera a mi opinión. 
Señor Presidente, las cooperaciones reforzadas entre los Estados miembros son un medio de integración europea que debe permitir la superación de bloqueos debidos, por una parte, a las expectativas con frecuencia divergentes de los Estados miembros y, por otra, al mantenimiento de la norma de la unanimidad según lo establecido por el Tratado de Amsterdam, en el que se prevé que las cooperaciones reforzadas se apliquen en última instancia, impliquen condiciones estrictas y abarquen a una mayoría de Estados miembros. 
Sin embargo, aun a pesar de las condiciones estrictas, todos preferirían no tener que aplicar los mecanismos de estas cooperaciones reforzadas. 
Los ciudadanos siempre las verán como la prueba de un fracaso, y con razón, si recordamos que la construcción europea siempre tuvo como principal objetivo la aplicación de proyectos comunes que se inscribieran en una estructura única. 
Además, se advertirá que existe una especie de competencia entre las reformas institucionales destinadas a asegurar la ampliación y la profundización de Europa y las cooperaciones reforzadas, que son un medio de presión para forzar la construcción de Europa y para evitar así la parálisis en los casos en que el procedimiento intergubernamental podía fracasar. 
Sin embargo, este procedimiento no es adecuado para responder a los principales retos futuros de la construcción europea pues contiene la semilla de los riesgos de su deterioro. 
Citaré las palabras usadas en el Tratado de Roma para diseñar el proyecto europeo: " una unión constante y más estrecha entre los pueblos europeos». 
¿Quién podría no advertir que las cooperaciones reforzadas van en otra dirección, en la que se llama Europa a la carta o Europa de dos velocidades? 
Por lo tanto, cada vez que sea posible, las reformas institucionales deben prevalecer sobre las cooperaciones reforzadas, que jamás configurarán el marco adecuado, la solución ideal de los desafíos futuros de la Unión Europea. 
Son una rueda de auxilio y debe seguir siéndolo, incluso en el caso de que el Parlamento las considere inevitables para avanzar en ciertos asuntos. 
El ponente hace bien en recurrir en primer término a la búsqueda de soluciones políticamente constructivas. 
Asimismo, se puede lamentar que el Tratado de Amsterdam exija tan sólo que el Consejo y la Comisión informen con regularidad al Parlamento Europeo acerca de la evolución de las cooperaciones reforzadas. 
Con el fin de respetar el equilibrio institucional, el compromiso del Parlamento tendría que convertirse en la norma: esto es, además, lo que desea la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
Como lo pide el ponente, el proceso de puesta en marcha de cualquier cooperación reforzada se debe someter al control democrático del Parlamento Europeo. 
Las cooperaciones reforzadas no se adoptaron en Amsterdam sino para navegar entre dos escollos: la parálisis y el deterioro. 
En la situación actual, no se puede pasar sin ellas, pero es necesario limitarlas, moderarlas y controlarlas democráticamente. 
Felicito al ponente por su dedicación a la difícil tarea de la elaboración de este informe tan delicado. 
Señor Presidente, las cooperaciones reforzadas fueron durante un cierto tiempo- antes de la Conferencia Intergubernamental- el tema estrella. 
Parecía que las cooperaciones reforzadas resolvían todas las cuestiones que importaban y preocupaban respecto de la construcción europea. 
Después del Tratado de Amsterdam, forzoso es reconocer- y así lo hace el Sr. Frischenschlager en su excelente informe- que las cooperaciones reforzadas han quedado en bastante menos de lo que parecía que iban a ser. 
¿Por qué ha sido así? 
Pues seguramente porque los problemas que, un tanto hipócritamente, pretendían resolver las cooperaciones reforzadas se han resuelto por otra vía. 
Así, aquel Gobierno que solía bloquear parte de los acuerdos en el Consejo ha sido sustituido por otro, que parece que tiene otra actitud. 
Así también, los temas de seguridad y defensa, por ejemplo, que también suscitan dificultades en algunos Estados miembros, han sido de alguna manera resueltos a través de las misiones Petersberg. 
Finalmente, la cuestión de la ampliación, para la que algunos fijaban la fecha del año 2000, ya sabemos, después de leer la Agenda 2000, que va para más largo y que, además, seguramente los problemas de la ampliación se resolverán a través de períodos transitorios, como se ha hecho en todas las ampliaciones precedentes. 
Por tanto, al final, las cooperaciones reforzadas no han servido para resolver aquellos problemas que tenían una solución política difícil. 
Y yo me alegro de ello, señor Presidente, porque había algo hipócrita en las cooperaciones reforzadas. 
El verdadero problema que tiene la Unión Europea es que existen todavía determinadas materias que están sometidas a la unanimidad. 
Esa es la realidad y no otra, y así lo dice muy claramente el Sr. Frischenschlager en su informe. 
Y si- como sabemos- es sumamente difícil de adoptar la unanimidad a 15, no digamos ya cómo será a 25. 
Enormemente complicada. 
Por tanto, las cooperaciones reforzadas, que han sido extraordinariamente encorsetadas en los temas del primer pilar, servirán de poco. 
He tenido dificultad en encontrar aquellas materias a las que se podrá aplicar la cooperación reforzada del primer pilar. 
Sí se podrá aplicar en el tercero, en aquello que queda en el ámbito de la cooperación, después de esos cinco años de período transitorio; y seguramente, bajo la forma de abstención constructiva, se podrá aplicar en el segundo. 
Pero yo vuelvo al punto principal, al punto que nos debe preocupar en este Parlamento: lo esencial, lo realmente esencial- y así lo destaca el Sr. Frischenschlager en el punto 16 de su informe- es que tenemos que intentar, en las futuras revisiones de los Tratados, sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada. 
Sólo así podremos cumplir con nuestra función, sólo así Europa podrá ser, no solamente democrática, sino sobre todo eficaz. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Frischenschlager por su excelente informe, como lo atestigua el hecho de que sólo haya tres enmiendas, dos de ellas del Grupo Liberal. 
La cooperación reforzada es una de las innovaciones más importantes del Tratado de Amsterdam. 
Al menos ésa fue la intención original. 
Lo que figura en el Tratado esta vez no es el derecho a mantenerse al margen, sino el derecho de los Estados miembros a perseguir la integración en el marco institucional único sin quedar bloqueados por un veto. 
La necesidad de superar la parálisis impuesta por el veto resultaba tanto más urgente con la perspectiva de la ampliación. 
Así, pues, un planteamiento positivo, constructivo, de la integración europea subyacía a la idea original y en ello estriba su valor añadido. 
Naturalmente, había que incorporarle garantías. 
Una cooperación reforzada no podía perjudicar lo que se había logrado en cooperación hasta entonces- el llamado acervo comunitario- y no podía propiciar una ruptura permanente entre los Estados miembros. 
El Tratado establece en concreto diversas salvaguardas respecto de esas y otras condiciones. 
Sin embargo, durante la negociación se introdujo, por desgracia, un cambio importante para satisfacer la insistencia británica en el veto. 
Ahora las disposiciones del Tratado permiten a cualquier Estado miembro bloquear el voto por mayoría necesario para desencadenar una cooperación reforzada por «razones importantes y declaradas de política nacional». 
Por primera vez se consagra en el Tratado la lamentable Transacción de Luxemburgo de 1966. 
El ponente lo reconoce al repudiar ese aspecto. 
Al introducir el veto en el procedimiento, la cooperación reforzada pierde gran parte de su potencial y queda convertida en una operación en gran medida teórica. 
Eso es lo esencial de la enmienda presentada por el Grupo Liberal y que la Sra. Spaak habría defendido, si hubiera estado aquí hoy. 
El mérito de una cooperación reforzada era el de que brindaba tiempo para convencer a los demás de la ventajas de la cooperación en una esfera determinada. 
Ahora bien, el Tratado ni siquiera brinda esa solución temporal para un atolladero. 
Eso quiere decir que seguimos teniendo el problema fundamental de una preocupante falta de consenso sobre la dirección de la integración europea. 
Ése es el problema que plantea lo que se decidió al final sobre la cooperación más estrecha. 
Espero que el Comisario pueda hacer observaciones sobre ese aspecto. 
Señor Presidente, las cooperaciones reforzadas entre los Estados, y además también entre los agentes sociales, son legítimas si traducen los valores compartidos de la Comunidad, si persiguen los objetivos de progreso social y de desarrollo y si toman en cuenta la solidaridad necesaria entre los europeos. 
Añado que también es una necesidad actual para avanzar en toda una serie de dossiers. 
Por ejemplo, en el de las políticas económicas comunes, el Gobierno francés intenta, a su manera, promover posibilidades de cooperaciones reforzadas en el seno del grupo de los once países de la zona euro. 
De igual modo, habría que citar ciertas cuestiones sociales, como la estructuración de redes europeas de servicios de interés general. 
Además, también es importante tener posibilidades de experimentación, de cooperación, por ejemplo de carácter interregional. 
Queda por ver que las cooperaciones reforzadas se sitúen en un marco jurídico que exprese con claridad todo esto. 
Una minoría de parlamentarios piensa que las cooperaciones reforzadas pueden prescindir del marco jurídico. 
Evidentemente es imposible, porque pueden lesionar derechos fundamentales. 
En ciertos puntos, y por buenas razones, el Tratado de Amsterdam se muestra vacilante acerca de la inquietud de unidad de la Comunidad, pero a veces también por malos motivos que, creo, implican que muchos de nosotros estamos infortunadamente marcados por la idea de que Europa sigue siendo, ante todo, un espacio de competencia. 
El ponente demuestra con propiedad que existe un cerrojo muy importante para este procedimiento de cooperaciones reforzadas: el veto del Estado nacional. 
Apoyo este informe y, en especial, la cláusula que pide la supresión de ese veto. 
Existen otras restricciones, como la necesidad de no provocar distorsiones de competencia o la iniciativa obligatoria de la Comisión en el primer pilar, sobre lo cual también podríamos discutir. 
Sólo debo dar a conocer al ponente una reserva de fondo, que nos impide estar de acuerdo en los resultados. 
Se refiere a la idea de que basta el voto de la mayoría calificada, pero insisto en que será necesario, junto a lo jurídico, junto a las coordinaciones, junto a los programas comunitarios, prever herramientas de cooperación diferenciada, para que sea positiva y constructiva. 
Por lo tanto, pienso que el dossier no está cerrado. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, a diferencia del ponente, observo muy claramente un inequívoco cambio de actitud del Parlamento Europeo ante esta cuestión. 
Es más, este cambio de actitud en parte se ha producido incluso en la gestación del informe. 
Me alegra mucho, lo apruebo y felicito al ponente por su informe. 
Desde luego, la aparición de esta idea estuvo unida claramente a la expectativa del Parlamento Europeo de haber encontrado un instrumento que permita romper los bloqueos al proceso de integración. 
Creo que, entre tanto, este optimismo cedió paso a la comprensión de que la medida empeoraba más que solucionaba el problema, es especial en la cuestión de la mayoría de dos tercios, la cuestión de la decisión por mayoría sobre la futura integración. 
Creo, no obstante, que existía un error de base: la idea de que sólo se trataba de tomar decisiones relativas a una mayor velocidad de la integración. 
En realidad, lógicamente se trata de la dirección que se confiere a la integración, de las decisiones sobre la orientación política. 
Lo que demostraría más que el primer experimento «salvaje» de la cooperación, el Acuerdo de Schengen, que en ningún momento fue intención del derecho comunitario elaborar el Acuerdo de Schengen de modo que finalmente fuera adoptado por un número reducido de países. 
Así pues, me alegro de que destaquemos el carácter de excepción y las estrictas condiciones generales de unidad institucional y que nos concentremos... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Hay muy poco que decir pues este informe descansa sobre una percepción de la realidad que está muy desfasada con respecto a lo que sucede entre las poblaciones de los países europeos. 
Alguien debería preguntar a las poblaciones de estos países, sin embargo, nadie lo hace por que, si se les presentase a las poblaciones de estos países este proyecto que ahora tenemos encima de la mesa, éstas bien se reirían a carcajada limpia bien se marcharían llorando. 
Se trata en todos los aspectos de un proyecto absolutamente nada realista, que en cualquier caso y por lo que se refiere al pueblo danés se aproxima mucho a la farsa. 
Es un proyecto que se realiza gracias a un mantra, " la Unión cada vez más reforzada» , como punto de partida y el reconocimiento realmente hermoso de que la moneda única y la política económica obligarán por supuesto a las poblaciones a entrar en la unión política. 
A continuación, se sigue precisando que sólo el sistema comunitario puede brindar las garantías necesarias en cuanto a control democrático, control jurídico y solidaridad. 
Con ello se ha suprimido lo que representa toda la base de las democracias nacionales y el paso se da en el punto 10 diciendo que ahora la norma debe ser una mayoría cualificada antes que la unanimidad. 
Quiero decir que si esta propuesta fuera presentada a los pueblos europeos, sería recibida con risas burlonas y el pulgar apuntando al suelo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su informe, que abarca un sector muy difícil. 
Tal vez simbolicen esta dificultad los diversos eufemismos que se han acuñado para describir la cooperación reforzada, la cooperación más estrecha o incluso la palabra prohibida: flexibilidad. 
El objetivo de una cooperación reforzada es el de permitir a algunos Estados avanzar más rápido o llegar más lejos que otros, siempre y cuando con ello no se cree, aparte, un sector de Europa más compacto ni se pasen por alto los intereses nacionales de otros Estados miembros. 
El supuesto compartido por muchos en esta Asamblea de que la UE es un viaje de un solo sentido en el que la integración más estrecha es un fin en sí mismo es muy peligroso e impopular para la mayoría de nuestros ciudadanos. 
El peligro se agrava con la Unión Económica y Monetaria. 
Espero que la política económica común plena a que se refiere el considerando F abarque a los países que optaron por permanecer fuera de la Unión Económica y Monetaria o no pudieron entrar en ella. 
También acojo con beneplácito el reconocimiento, que figura en el párrafo 5, de que una cooperación reforzada debe ser un último recurso. 
Sin embargo, los párrafos 10 a 12 plantean algunos problemas. 
El acuerdo de Amsterdam de que cualquier Estado miembro pueda poner fin a la cooperación reforzada por importantes razones de política nacional fue- creo yo- un reconocimiento necesario de las preocupaciones que abrigan los Estados miembros sobre esa opción. 
Me parece extraño que el Sr. Frischenschlager pida una reforma de este Tratado antes de que se haya experimentado. 
Estoy seguro de que ese «veto virtual» , como se lo ha llamado, sólo se utilizará como opción excepcional y como último recurso. 
Así, pues, no lo considero un mero ejercicio teórico, como lo ha llamado el Sr. Brinkhorst. 
El Reino Unido, por ejemplo, ya ha demostrado que está dispuesto a permitir una cooperación más estrecha en el tercer pilar. 
No veo razón para pensar que el Reino Unido ni cualquier otro Gobierno vaya a utilizar ese veto virtual de la frívola forma que parecen imaginar la ponente y otros que han hablado. 
Con esa importante reserva, mi delegación nacional y yo tenemos mucho gusto en apoyar este informe. 
Señor Presidente, las armas fantásticas no han cumplido nunca lo que prometían. 
Ya ocurrió así en la Antigüedad, y también en la mitología alemana. 
Uno o dos ejemplos de los muchos existentes lo demuestran con toda claridad. 
Así como el talón de Aquiles no demostró ser muy resistente ante una verdadera prueba de fuerza, también las armas milagrosas de nuestro siglo han resultado una quimera, afortunadamente para Europa y para la democracia en la Unión Europea. 
Así pues, ocurre exactamente que la supuesta fórmula mágica de la cooperación reforzada en la que algunos pusieron tantas ilusiones antes del inicio de la última Conferencia Intergubernamental de Turín, no resplandeció realmente en Amsterdam. 
Vistas así las cosas, es bueno que el informe del Sr. Frischenschlager- tan sobrio y, precisamente por eso, tan bueno- exponga con toda claridad la limitada eficacia y conveniencia de esta nueva forma de geometría variable. 
Es indispensable una cooperación reforzada a nivel europeo, con un ámbito de tareas indispensable para la Comisión, con la participación democrática del Parlamento Europeo, con el control legal del Tribunal de Justicia. 
Cualquier otra cosa hubiera sido, en última instancia, perjudicial. 
Así pues, del informe Frischenslager cabe resaltar lo siguiente: el laborioso proceso de toma de decisiones europeo, en lo que respecta al primer pilar o al menos a su modelo, no puede sustituirse por nada. 
No hay ni habrá atajos para este diálogo laborioso, ni soluciones rápidas y simples para los grandes y nuevos retos europeos. 
Por ello, repetimos: la pócima mágica sólo funciona con los galos, con Asterix y Obelix. 
Por el contrario, los europeos son llamados a trabajar con dedicación cada nuevo día para construir nuestra Europa común. 
No quedarse atrás es la única receta que nos conducirá a nuestros objetivos, y esta mañana, en el debate sobre la Presidencia austríaca, hemos sido testigos de cómo vuelve a recurrirse a ella. 
Debemos construir conjuntamente nuestra Europa común. 
Señor Presidente, las cooperaciones reforzadas son, en mi opinión y en la de muchos otros, una solución de emergencia, un último camino. 
No obstante, son una solución de emergencia que puede abrir posibilidades. 
Bien usadas, las cooperaciones reforzadas pueden fortalecer la integración dentro de la Unión. 
Si se usan mal, se transforman en una fuerza disgregante. 
Mediante la integración flexible se pueden sortear escollos temporales. 
La historia de la UE muestra muchos ejemplos de esto, por ejemplo, la posición de Gran Bretaña en relación con las normativas sociales y el Tratado de Schengen. 
Una flexibilidad que en la práctica esté limitada en el tiempo, o una integración reforzada, puede, en ciertos casos, fortalecer a la Unión porque debilita la exigencia de unanimidad. 
La posibilidad de flexibilidad hace que las discusiones no se tengan que desarrollar siempre con vistas a un pequeño grupo de contrarios a la integración. 
La integración comunitaria no siempre se debe adecuar al eslabón más débil de la cadena. 
Aunque las cooperaciones reforzadas no cubren el segundo pilar, existe una idea interesante de que aquí se podrían cumplir objetivos del Tratado de Maastricht. 
Entre otras cosas, allí se contempla a la UEO que, de acuerdo con el Tratado, es una parte integrante del desarrollo de la Unión y que tiene como misión preparar resoluciones comunitarias en materia de defensa. 
La existencia de países neutrales dificulta la integración dentro del segundo pilar. 
Aquí se podría iniciar una discusión que quizás podría llegar más lejos que las actuales soluciones del Tratado de Amsterdam. 
Obviamente que el objetivo es que los países miembros que por diferentes motivos eligen ponerse al margen, sean incorporados tan pronto como sea posible. 
Sin embargo, el camino hacia una mayor integración no ha sido ni va a ser siempre recto. 
La historia demuestra que es más fácil adherirse a una cooperación en funcionamiento. 
Bien usadas y en determinados casos muy especiales, las cooperaciones reforzadas pueden ser interesantes para la integración europea. 
Sólo entonces se deben someter a aprobación por mayoría calificada, obviamente dentro del método ordinario de toma de decisiones. 
Señor Presidente, debo decir que estoy de acuerdo con el Sr. Méndez de Vigo cuando ha dicho que había muchas ilusiones en relación con la cooperación reforzada, que realmente fue un tema que parecía estelar en la Conferencia Intergubernamental, al que se dedicó mucho tiempo, muchos comentarios y muchas intervenciones. 
Incluso hubo alguna sesión en la que, de forma monográfica, durante muchísimas horas, se discutió sobre lo que podía ser el alcance de una cooperación reforzada. 
Incluso se le dieron otros nombres; se comentó si se debía hablar de geometría variable o de ritmos diferenciados de integración. 
Por fin, se acuñó esta denominación de cooperación reforzada. 
La realidad es que, por una parte, era indispensable que se dijera algo sobre la cooperación reforzada y, por otra, que, efectivamente- como algunos oradores han manifestado aquí- es difícil ver como encaja en los distintos pilares. 
En el segundo pilar no cabe aplicar la cooperación reforzada, porque ya hay otros instrumentos dentro del segundo pilar para su aplicación. 
No resulta fácil saber dentro de qué límites puede aplicarse la cooperación reforzada dentro del primero y, quizá sea en el tercer pilar donde las posibilidades son mayores. 
Creo que hace un estudio muy claro y sistemático, hace un compendio de lo que son las distintas disposiciones a aplicar, da algunas pistas que merece la pena destacar especialmente, y también hace una cosa que es interesante para nosotros como miembros de la Comisión, y es que nos hace una serie de preguntas que nos obligan a pronunciarnos respecto de las mismas. 
Yo quiero simplemente- puesto que ya está muy avanzado el debate- intentar dar algunas respuestas a las preguntas que el Sr. Frischenschlager nos plantea a los miembros de la Comisión. 
En primer lugar, en lo que se refiere al campo de aplicación material de la cooperación reforzada, tomo nota de su petición de que preparemos un estudio sobre los ámbitos posibles de la aplicación de esta cooperación reforzada. 
Vamos a hacerlo. 
Yo quiero comprometerme aquí- ante el Pleno- a hacer ese estudio porque me parece además una petición muy acertada a la que debemos responder positivamente. 
En cuanto a sus comentarios sobre la puesta en marcha de una operación de cooperación reforzada, me parece obvio que proceder a un diálogo político con un Estado que se opone a dicha puesta en marcha forma parte, evidentemente, de las obligaciones de la Comisión. 
La Comisión debe intentar hablar con ese Estado y preguntarle cuáles son las razones de su oposición, exponer los motivos de la Comisión en el caso de que ésta considere que debe llevarse adelante esa cooperación y, por consiguiente, me parece muy bien la observación que hace de que una de las tareas que corresponden a la Comisión es intentar convencer a ese Estado de las razones que la asisten. 
Por otra parte, en cuanto al freno de emergencia previsto en los nuevos artículos 40 del Tratado de la Unión Europea y el 11 del Tratado de la Comunidad Europea, hay que recordar que su inclusión forma parte de un equilibrio que fue especialmente delicado y que se discutió al final de la última Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, yo tomo nota de las observaciones que hace el Sr. Frischenschlager y creo que debemos examinar cómo se puede lograr que en la práctica se pueda suprimir ese cuasi veto. 
No es el único caso que se plantea en el Tratado. 
Recuerde que hay otros en los que también aparecen esas figuras de cuasi veto; piense usted, por ejemplo, en todo lo que figura en el segundo pilar. 
No digamos ya cuando se habla de las estrategias en materia de política exterior, por ejemplo, cuando sabemos que la estrategia se define por unanimidad, y luego nos quedamos muy satisfechos pensando que el Consejo puede adoptar las decisiones por mayoría, aunque sabemos que un Estado puede invocar un interés nacional, quebrándose entonces ese principio de la mayoría que nos había dado tan gran alivio. 
Bien, pues aquí se plantea también una situación parecida. 
Estos son, por así decir, trucos insertos en el Tratado. 
Esperemos que algún día, con alguna nueva reforma- puesto que habrá nuevas reformas del Tratado- podamos liberarnos de estas hipotecas que en este momento arrastramos. 
En materia de control democrático, el informe pide a la Comisión que nos comprometamos a retirar una propuesta de cooperación reforzada cuando el Parlamento haya emitido un dictamen negativo. 
Yo, naturalmente- estoy seguro de que el Sr. Frischenschlager me va a comprender- no puedo comprometer la voluntad de la Comisión en esta materia, especialmente porque nuestro derecho de iniciativa se limita al ámbito del primer pilar. 
Pero aparte de eso, desde un punto de vista político, es evidente que la Comisión, en un tema tan sensible como éste, estará siempre muy atenta a tener en cuenta la posición de los diferentes actores implicados en una operación de cooperación reforzada y, en particular, naturalmente, del Parlamento Europeo. 
Esto es absolutamente lógico. 
Por consiguiente, le doy a usted una respuesta jurídica, pero le doy también al mismo tiempo una respuesta política de que se tendrán muy en cuenta las consideraciones que un momento dado haga el Parlamento. 
Voy a terminar reiterando mi felicitación al ponente de esta iniciativa, que, junto a los otros informes institucionales depositados esta semana, constituye una prueba de que el diálogo interinstitucional ha empezado bien. 
A este seguirán otros informes que está preparando en este momento la Comisión de Asuntos Institucionales y que llegarán a esta Asamblea en el mes de octubre o noviembre. 
En definitiva, creo que a todos nos corresponde hacer lo posible para seguir por este camino, esperar una rápida entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y proceder entonces- una vez que se haya aprobado el Tratadoa los cambios institucionales necesarios. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Plan de acción para la libre circulación de los trabajadores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0269/98) de la Sra. Weiler, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión " Plan de acción para la libre circulación de los trabajadores» (COM (97) 0586- C4-0650/97). 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la libre circulación de los trabajadores es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. 
El derecho a la libertad de circulación consagrado en el artículo 48 del Tratado garantiza a todos los ciudadanos europeos la posibilidad de desplazarse al territorio del Estado miembro de su elección para trabajar o buscar trabajo. 
A pesar de ello, tan sólo un 0, 2 % de los ciudadanos hace uso de esta posibilidad. 
Sin duda, las barreas culturales y, en particular, las lingüísticas constituyen razones importantes de esta actitud de reserva. 
Pero hay también muchos otros obstáculos en el terreno político, por ejemplo: el hecho de que las reformas de los reglamentos, ya con retrasos, queden bloqueadas en el Consejo; el enorme déficit de información a todos los niveles; la vacilante incorporación de la legislación en los Estados miembros; la burocracia del sistema administrativo- por ejemplo, la multitud de peticiones que recibimos- y también las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. 
El plan de acción de la Comisión contiene una estrategia válida para solucionar estos problemas. 
En el ulterior desarrollo de la libre circulación deben participar todos los implicados. 
Los ciudadanos, las autoridades nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales y, por supuesto, también las instituciones europeas. 
Apruebo, pues, el plan de acción de la Comisión y, sobre todo, las propuestas legislativas anunciadas. 
Por otro lado, agradezco también al Grupo Veil las propuestas de amplio alcance que ha formulado, que en gran parte ya quedan recogidas en las propuestas de la Comisión, al igual que en mi informe. 
Considero que son audaces y, a la vez, pragmáticas. 
Asimismo querría expresar mi agradecimiento a las comisiones para opinión, que añadieron elementos importantes a mi informe. 
En mi informe, en las 31 peticiones formuladas a la Comisión y al Consejo, menciono seis aspectos en concreto: 
Primero: La coordinación en el ámbito de la seguridad social. 
Naturalmente no es admisible que los derechos adquiridos en el país de origen se pierdan al ir a otro Estado miembro. 
Entre otras cosas, he pedido a la Comisión que extraiga las consecuencias pertinentes de las sentencias más recientes del Tribunal de Justicia- Kohl y Decker, por ejemplo- y las presente al Parlamento. 
Segundo: El trato en materia fiscal. 
Obviamente, las ciudadanas y ciudadanos que se desplacen no pueden ser castigados con una doble imposición discriminatoria. 
Tercero: El acceso al empleo. 
Por supuesto, no quiero sobrestimar la importancia de la movilidad para la situación del mercado de trabajo, pero sí creo oportuno señalar que este aspecto tuvo gran importancia en la Cumbre sobre el empleo celebrada en Luxemburgo. 
Con toda seguridad será aún más importante en el futuro que en la actualidad. 
Cuarto: La información y la cooperación. A este respecto me imagino ante todo que las oficinas de empleo en el futuro estarán mejor equipadas para ofrecer una mayor transparencia a los solicitantes de empleo. 
Quinto: Libertad de desplazamiento y residencia, incluidos los ciudadanos de terceros países. 
Sexto: El reconocimiento de los títulos de formación, que debe mejorarse considerablemente más que hasta ahora. 
Para concluir, quisiera referirme a un aspecto poco agradable. 
Tengo entendido que el PPE no quiere aprobar el informe debido a las reivindicaciones políticas que contiene con respecto a los ciudadanos de terceros países. 
Considero que es un comportamiento extraño, sobre todo porque aquí en el Parlamento Europeo por lo general cooperamos de manera constructiva, especialmente en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y porque yo también he hecho un esfuerzo por integrar y aceptar en gran medida las cuarenta enmiendas presentadas, entre otras cosas, porque considero que las enmiendas que ha presentado el Sr. Pirker son declaradamente destructivas y populistas. 
Pienso que nosotros, las fuerzas de izquierda de esta Cámara, también velamos cuidadosamente por las preocupaciones y necesidades de nuestros ciudadanos. 
Nosotros también queremos mejorar de manera lenta y progresiva algunas condiciones y restricciones para la libre circulación de los ciudadanos de los terceros países. 
Sin embargo, no puedo apoyar las propuestas del Sr. Pirker. 
No podemos esperar, para acabar con la discriminación de los ciudadanos de terceros países, a tener una política comunitaria en materia de emigración. 
Desgraciadamente, en sus solicitudes reivindican ustedes una política de exclusión y segregación total. 
Es preciso impedir toda restricción a la libre elección del puesto de trabajo, incluidas las barreras por motivos de nacionalidad. 
Por esta razón, exigimos una política válida para llevar a cabo la necesaria integración que dará impulso a Europa. 
La contradicción entre la teoría y la práctica del Derecho que desgraciadamente existe desde hace 40 años debe solucionarse de una vez por todas. 
Señor Presidente, la libre circulación de trabajadores es una de las cuatro libertades conferidas por el Tratado de Roma. 
En mi opinión, es la menos desarrollada de esas cuatro libertades fundamentales. 
Está claro que hay obstáculos a la libre circulación de los trabajadores, por lo que felicito a la Comisión por haber preparado el plan de acción con vistas a intentar resolver ese problema. 
Sin embargo, la Comisión debe investigar las barreras indirectas a la libre circulación de la fuerza de trabajo, como la transferibilidad de las pensiones, los costos de la vivienda, los sistemas de atención sanitaria y los sistemas educativos, para ver cómo se los puede superar. 
Agradezco a mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos su apoyo y propuestas razonables, pero insto a la Comisión a que se tome en serio este asunto, pues ha de contribuir por fuerza a la rentabilidad de la Unión Europea, si los ciudadanos están más dispuestos a trasladarse a otros lugares para trabajar. 
Presidente, quisiera felicitar de corazón a Barbara Weiler en nombre de mi Grupo por todo lo que ha trabajado sobre un tema al que todos, desde luego, tenemos cariño. 
El Parlamento siempre ha tomado partido por defender esta cuarta libertad fundamental, que es el símbolo de la ciudadanía europea y de nuestra integración. 
Confiamos en que el Parlamento y la Comisión, señor Comisario, seguirán reaccionando contra la tendencia que existe en algunos Estados miembros de recurrir a sí mismos para erigir barreras institucionales y efectivas contra la libre circulación de personas. 
Contrariamente a lo que algunos Estados miembros piensan, la libre circulación no significará ninguna sangría para los presupuestos o la seguridad social y ya es hora de que comprendamos que Europa necesita movilidad, que reporta algo a la sociedad y no cuesta nada. 
Nosotros, el Grupo socialista, agradecemos por tanto a la Comisión Europea este plan de acción y esperamos que la Comisión, señor Comisario, venga ahora también rápidamente con propuestas legislativas concretas, porque todavía queda mucho trabajo por hacer. 
El derecho de residencia, por ejemplo, que afortunadamente ya no sirve sólo para quien trabaja sino también para pensionistas, estudiantes, personas que buscan trabajo, miembros de la familia a su cargo, naturalmente, siempre que puedan demostrar que tienen suficientes ingresos y un seguro médico. 
Pero tanto en el derecho comunitario como en el derecho nacional hay todavía muchos impedimentos, montones inmensos de obstáculos que conducen a la miseria sobre todo a jubilados, a las personas con contratos temporales, a los desplazados. 
El informe tiene razón cuando dice que debemos abordar esto. 
Sinceramente no comprendo por qué el PPE no quiere apoyar algunas de esas muy legítimas exigencias que, por lo demás, también apoya la Comisión. 
Mi Grupo se aferra también muy fuertemente al derecho a la vida familiar que es un derecho humano fundamental, sin importar la nacionalidad de los familiares. 
He visto que la Comisión Europea piensa, en efecto, llevar a cabo este derecho a la vida familiar y queremos apoyarlo al 100 %. 
Por último, mi Grupo también está convencido de que se tienen que ir aboliendo progresivamente todas las formas de discriminación. Por supuesto entre ciudadanos de los Estados miembros y ciudadanos de la Unión Europea, pero gradualmente también entre ciudadanos de la Unión y ciudadanos de terceros países que llevan establecidos aquí mucho tiempo. 
Sé que este último es un punto muy difícil en el debate del Parlamento y, por lo demás, también noto que la Comisión Europea quiere ocuparse de esto dentro de poco. 
También he notado que el Grupo PPE apoya en principio esta postura, pero el derecho a la libre circulación de súbditos de terceros países va vinculado con una política común de la migración en el plano europeo. 
Con esa estricta vinculación, mi Grupo no puede estar de acuerdo. 
No nos parece razonable dejar esperando a emigrantes que llevan años viviendo en la Unión hasta que el Consejo haya terminado del todo con el tercer pilar, y sólo entonces conceder a las personas el derecho a viajar, buscar trabajo fuera de sus fronteras o transferir sus derechos a la seguridad social más allá de sus fronteras. 
Una política de integración europea debe apoyarse, en efecto, en responsabilidades y deberes de ciudadanos de terceros países, pero por favor, tampoco nos olvidemos de que éstos no tienen todavía un lote de derechos que nosotros como europeos sí tenemos. 
Apoyamos incondicionalmente este plan de acción de la Comisión, señor Comisario, y le deseamos el mayor éxito en su realización concreta. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores diputados, la libre circulación- y en esto somos unánimes- es un aspecto esencial del Tratado de la Unión Europea. 
En esta Cámara hemos establecido muchos presupuestos jurídicos para que pueda tener lugar. 
Pero, no obstante, tanto antes como ahora, tenemos muchos problemas con respecto a la aplicación de la libre circulación de trabajadores. 
Por ello, acojo con satisfacción el plan de acción que ha presentado la Comisión, al menos en lo que respecta a la mejora de la libre circulación de los trabajadores. 
El plan me parece muy satisfactorio porque la Comisión ha presentado propuestas muy concretas. 
En la misma línea acojo también favorablemente las propuestas adicionales de la Sra. Weiler, dada su intención positiva al afirmar, por ejemplo, que es necesario suprimir la burocracia, que los derechos sociales no pueden caer en saco roto, que es necesario informar al ciudadano, que es necesario el reconocimiento mutuo de la formación, que debe implantarse una cartilla de seguridad social, también contra el abuso de una directiva sobre los trabajadores desplazados. 
Una gran cantidad de aspectos positivos, en los que coincidimos. 
No obstante, Sra. Weiler, ha sido usted demasiada ambiciosa. 
En concreto, en relación con la inmigración y con el establecimiento de ciudadanos de terceros países, exige los mismos derechos para los ciudadanos de los terceros países que para los ciudadanos de la Unión. 
En esto, no podemos estar de acuerdo, ateniéndonos a la lógica de la sistemática, si antes no se adopta un reglamento a escala de la Unión para los desplazamientos internos, para la acogida y el establecimiento de trabajadores en la Unión Europea que tenga validez para todos los Estados. 
Quiere usted dar el segundo paso antes que el primero. 
El segundo paso que propone usted es la supresión inmediata del visado obligatorio. 
La Comisión ya señala que es un objetivo muy ambicioso plantear esta medida. 
Usted quiere regular ese tema ya mismo, sin que se den las condiciones adecuadas. 
Otros ven este problema de una manera totalmente realista y opinan que debería introducirse un periodo transitorio y esperar cinco años antes de que el Consejo adopte una decisión. 
No debemos olvidar que también los terceros países deben poner en orden su propia seguridad fronteriza de modo que no se produzcan problemas en el paso de la frontera hacia la Unión y en los desplazamientos subsiguientes dentro de la Unión. 
Tercer punto: exige usted la ampliación del derecho de residencia a todos los miembros de la familia, independientemente de la nacionalidad, incluidas todas las parejas. 
En esto sigue usted a pies juntillas el mismo camino que el Sr. Lehne. 
Con ello abren de par en par la puerta al abuso. 
A mi juicio, ha querido usted abarcar demasiado. 
Ha perdido la noción de lo que es factible. 
Estoy a favor del informe en determinados pasajes y lo apoyaría si la Sra. Weiler acepta lo que nosotros exigimos, a saber, que primero adoptemos normas comunitarias en materia de inmigración interna, de establecimiento y asilo, para después poder aplicar plenamente el principio de la libre circulación para los miembros de los terceros países. 
Estoy de acuerdo en parte con sus propuestas, pero no en los puntos esenciales. 
Muchas gracias. 
Presidenta, creo que aquí hay buenas propuestas por parte de la Comisión y también un buen informe de la Sra. Weiler. 
Ayer tuvimos al Sr. Bangemann en el Grupo liberal que nos indicó que la importancia de los Estados nacionales disminuye y la universalización del mundo aumenta cada vez más. 
Si observamos el informe de la Sra. Weiler en ese marco, creo que debemos atrevernos a constatar entre nosotros que no debemos discriminar cuando se trata de trabajadores de otros países que trabajan aquí con autorización, porque en realidad se trata de eso. 
He de decir que casi se me cayeron las orejas de la cabeza cuando oí la aportación del Sr. Pirker. 
No puede ser de ninguna otra forma, si se hace aquí una aseveración en el marco de las elecciones alemanas. 
Todavía creía que el Parlamento Europeo estaba aquí para colocarse a un nivel superior al de los partidos políticos y para elevarse por encima de eso. Lamento extraordinariamente que el partido democristiano no se sienta esta vez capaz de hacerlo. 
Quiero todavía hacer un llamamiento a ese partido para que apoye este informe. 
Señorías, no puede ser que por estas pequeñas diferencias se prive del apoyo al informe de la Sra. Weiler por parte de los democristianos. 
Si todavía no se me hubieran caído las orejas de la cabeza, se me saldrían los ojos de las órbitas si eso es lo que ocurre mañana. 
Habiendo dicho esto, Presidenta, sólo quiero añadir que en realidad estaba decepcionada por la respuesta de la Comisión a las preguntas por escrito que he planteado en el marco del asunto Kohl y Decker. 
También se sigue con mucha precaución al respecto y creo que ése también es un asunto de las elecciones alemanas y que debe terminarse de una vez por todas. 
Nos debemos colocar, como Europa, por encima de esos intereses nacionales y de Estado. Hago un llamamiento a la Comisión para que haga también esto. 
Señora Presidenta, desearía comenzar mi intervención felicitando a la Sra. Weiler por su excelente informe. 
En su informe, la Sra. Weiler defiende consecuentemente el principio de que la libre circulación en la Unión Europea debe afectar a todos los que residan en la Unión, y no sólo a los trabajadores y a los miembros de sus familias. 
La circulación en la Unión Europea ha de ser libre también para los estudiantes o para los pensionistas, así como para los ciudadanos de terceros países residentes en la Unión. 
Las cuatro libertades fundamentales de la UE se han referido hasta el momento a la libre circulación de los trabajadores. 
Se considera que la mano de obra es una mercancía que debe poder circular libremente por el mercado interior junto con el resto de las mercancías. 
Sin embargo, estamos hablando de personas que tienen necesidades y sentimientos humanos. 
En su movilidad influyen otros muchos aspectos aparte de la variable demanda de trabajo. 
Estoy muy sorprendida y decepcionada por las enmiendas que ha presentado el PPE en un intento por menoscabar este principio en lo relativo a los ciudadanos de terceros países que residen de manera legal en la UE. 
Respaldo plenamente a la Sra. Weiler en su propuesta para suprimir el visado obligatorio a los familiares de emigrantes que ya residen en la Unión. 
Cuando hablamos de familiares, independientemente de que sean ciudadanos de la Unión o de terceros países, se debería también prestar atención a los cambios que ha sufrido el concepto de familia. 
En la actualidad, es posible para dos personas que habitan juntos, ya sean del mismo o de distinto sexo, formar una familia sin necesidad de haber contraído antes matrimonio. 
A la hora de definir sus ventajas, estas personas han de estar en pie de igualdad con los miembros de una familia tradicional. 
Señora Presidenta, espero verdaderamente que el PPE no eche abajo ahora este informe. 
En mi opinión, se trata de un informe tan valioso que debería ser aprobado sin tapujos por el Parlamento. 
Sería bastante engorroso que no llegáramos a un entendimiento sobre esta cuestión. 
Señora Presidenta, permítame una pequeña divagación y una declaración más de principio. 
Mi tesis es la siguiente: Nadie que sea cristiano occidental, ilustrado, europeo, puede querer dividir a las personas en ciudadanos de primera y de segunda clase y encerrarlos detrás de las fronteras nacionales. 
Me remito al obispo de Hipona (en el Túnez actual) , padre espiritual de la Iglesia latina, que en su doctrina teológica sale en defensa de la radical igualdad de todos los seres humanos, aunque no se participe de la máxima luterana de no ser merecedores ni deudores (» Ohn ' all Verdienst und Schuldigkeit» ). 
Me remito a la Ilustración europea, que desde Antifonte e Hipias de Elis arguye con la idea directriz de una libertad igual. 
Me remito al movimiento europeísta de la posguerra con sus manifestaciones en contra de los puestos fronterizos. 
Sr. Pirker, Sr. Pronk, nos hallamos en el año del Señor de 1998 y ustedes, yendo a contracorriente, exigen para el derecho comunitario una especie de postulado «hasta que no... » al cual quieren supeditar la libre circulación, porque saben que las condiciones previas no se darán inmediatamente. 
Exigen la supresión de todas las referencias a grupos de personas especialmente discriminados hoy en día: ciudadanos de terceros países, familiares sin perjuicio de la nacionalidad, parejas de hecho, trabajadores en busca de empleo con contratos precarios, trabajadores migrantes, estudiantes, jubilados, parados. 
Eso, estimado Sr. Pirker, no lo exige ninguna «lógica de la sistemática» , lo cual, además, sólo es una cuestión del nombre que se le quiera dar. 
Puestos a utilizar términos ampulosos, deberíamos decir que estas enmiendas deben rechazarse por no cristianas, por contrarias a la Ilustración y, desde luego, por totalmente contrarias a Europa. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, felicito antes que nada a la ponente por su excelente y abierto informe sobre el tema. 
Permítanme en primer lugar hacer una observación: esta mañana, cuando el vicecanciller austríaco presentaba el programa de la Presidencia austríaca de la Unión Europea, me sentía orgulloso de ser austríaco. 
¡Ahora, sin embargo, me siento un tanto irritado, Contrariamente a las declaraciones de mi colega Pirker- que hoy ha levantado una fortaleza austríaca, una fortaleza europea -, esta mañana hemos hablado de la ampliación de la Unión Europea, con todo el espíritu que ella requiere y con toda la perspectiva política que le subyace. 
Pero en la fase inicial adoptamos medidas puramente discriminatorias y ni siquiera somos capaces de integrar a los trabajadores de terceros países y a sus familias. 
Estamos creando dos raseros, y aparte de esto, la propuesta incluye una aplicación progresiva de estas medidas. 
¡Me parece muy lógico! 
Por una parte hablamos de la libre circulación de mercancías en la Unión Europea, queremos profundizarla y ponerla en practica. 
Pero tratándose de la libre circulación de personas, de la legislación social y de las medidas que entraña, nos quedamos bloqueados. 
Si se trata efectivamente de normas discriminatorias, nos avergonzamos. 
¡Esto no puede ser! 
Confío en que en el día de mañana triunfe la razón y que desde ahora podemos dar los primeros pasos en este sentido, de otro modo en muchos casos el proceso de profundización se hará de modo insuficiente, y en verdad no debería ser así, no puede ser así. 
Disculpen esta intervención un tanto emocional, pero es que es así como me siento hoy. 
Señora Presidenta, está claro que la libre circulación de la mano de obra representa uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Éste es uno de los cuatro derechos fundamentales que constituyen las piedras angulares de la integración europea. 
Estas libertades afectan a los ciudadanos de la Unión Europea, y así debe ser de manera primordial. 
Los obstáculos que dificultan la libre circulación, como el procedimiento burocrático del permiso de residencia, los problemas de la homologación de títulos y las cuestiones relacionadas con la seguridad social, no harían sino agravarse si se intentara modificar la situación de los ciudadanos de terceros países antes de que se actualizara la legislación comunitaria en materia laboral. 
En estos momentos, la legislación comunitaria no permite equiparar la mano de obra procedente de terceros países con la de los ciudadanos de la UE. 
Como objetivo político, la plena equiparación tampoco es muy realista. 
Habida cuenta de que las radicales medidas que exige la Sra. Weiler para modificar la situación de la mano de obra procedente de terceros países carece de fundamento jurídico, el contenido central del informe se presenta forzosamente muy confuso. 
El sistema de pasaportes educativos en el que hace hincapié la Sra. Weiler para mejorar la reciprocidad de las titulaciones es de por sí una medida merecedora de apoyo, pero para lograr su aplicación se debe confiar en gran medida en una estrecha colaboración entre las autoridades nacionales, con arreglo al espíritu de subsidiariedad. 
Yo, y creo que asimismo nuestro Grupo, tenemos la idea de una Europa en la que todo el mundo pueda viajar libremente y pueda establecerse libremente. Lo único que ocurre es que no tenemos una política de visados común. 
En los Estados Unidos sí hay una política de visados común y eso es también posible allí. No sólo para los ciudadanos de los Estados Unidos, sino también para los ciudadanos de terceros países. 
Hay muchos gobiernos socialistas que impiden llegar a esa situación, quiero nombrar por ejemplo, al Gobierno de Gran Bretaña, que se niega a participar en una política de visados común. Naturalmente, es muy extraño que se oiga de ese lado de la Casa que somos nosotros los que paran el asunto. 
Comisión, en este momento están sucediendo muchísimas cosas. 
Se pueden arreglar muchas cosas. 
Siempre me parece muy llamativo que la otra parte de la Cámara hable sólo de política familiar en relación con esto. Todo debe producirse de repente. 
Lo que propone la Sra. Weiler, con todas las buenas intenciones y con todo el respeto para lo que ha dicho, no conduce a nada, eso sólo significa que nos quedamos parados en la situación del momento, mientras que realmente queremos ir hacia delante. 
Señora Presidenta, tengo que formular una propuesta al Comisario. 
Ha dado una buena respuesta, pero no veo claro cuál es la opinión de la Comisión sobre el principal punto de divergencia entre los dos lados de la Asamblea. 
Deberíamos saber hasta qué punto quiere la Comisión hacer suyos los deseos de la Sra. Weiler- los deseos, no voy a decir de toda la Asamblea, pero tal vez de la mayoría de ella- sobre los ciudadanos de terceros países? 
Los ciudadanos de terceros países no quedan incluidos en nuestro plan de acción, excepto como miembros de una familia. 
Conviene recordar que estamos hablando de reglamentación de la reunificación. 
Se aplican a los miembros de una familia independientemente de su nacionalidad. Se han aplicado así durante 30 años. 
Uno de los grandes problemas que he descubierto recientemente es el de que un gran número de personas en puestos de muy alto nivel no han entendido que la reunificación existe desde hace 30 años por ley. 
No dispongo de tiempo esta noche para entrar en detalles al respecto, pero una operación muy interesante es la de volver la vista atrás simplemente sobre lo que ha estado establecido durante 30 años respecto de los ascendientes, los descendientes y otros miembros de la familia: algunas son disposiciones legales y otras requieren que se facilite la reunificación. 
Estoy intentando abordarlo en una propuesta que en este momento tiene ante sí la Comisión. 
Es importante recordarlo. 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Seguro de responsabilidad civil (Cuarta directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0267/98) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0510- C4-0528/97-97/0264 (COD) ) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 72/239/CEE y 92/49/CEE. 
Señora Presidenta, este título, que suena muy técnico, gira sin embargo en torno a un problema relativamente práctico. 
Se trata de mejorar la protección de las víctimas de accidentes de carretera acaecidos fuera de su país. 
La propuesta de directiva que debatimos es producto de la primera iniciativa parlamentaria del Parlamento conforme al Tratado de Maastricht. 
Querría animar a las señoras y señores diputados a que en el futuro hagan uso con más frecuencia de este instrumento. 
Siempre estamos hablando del derecho de iniciativa del Parlamento. 
¡Pues bien, tienen la posibilidad de ejercerlo! 
El objetivo es mejorar la protección de las víctimas de accidentes ocurridos en otro país. 
Anualmente se producen aproximadamente unos 500.000 accidentes en la Unión Europea. 
¿Por qué en otro país? 
Si se produce un accidente en el propio país con un vehículo matriculado en otro país no hay problema. 
Las oficinas encargadas de la carta verde se encargan de la liquidación de los daños. 
Por ejemplo, si un francés sufre un accidente en Francia con un danés no tiene problema. 
Ahora bien, si el accidente ocurre en Dinamarca, entonces sí se plantean problemas, porque las empresas de seguros no se han puesto de acuerdo para que en estos casos se encarguen de la liquidación del siniestro las oficinas de la carta verde. 
Por este motivo es necesaria esta directiva. 
La solución que proponemos no se basa en una armonización del derecho en materia de responsabilidad, tal como se ha propuesto en alguna ocasión. 
No, nos limitamos a simplificar la tramitación. 
No modificamos el derecho material. 
No alteramos la competencia de los tribunales. 
No nos proponemos nivelar el derecho, sino superar las fronteras. 
Yo sugeriría a la Comisión que haga suya esta máxima en su política jurídica: no a la nivelación del derecho, sí a la superación de las fronteras. 
En primer lugar, la persona damnificada ya no tiene que dirigirse a la compañía de seguros radicada en el otro país, sino que puede ponerse en contacto con un representante de dicha compañía en su propio país. Esto quiere decir que todas las empresas de seguros de la Unión Europea tienen la obligación de tener un representante en cada país de la Unión Europea facultado para liquidar los siniestros. 
El segundo aspecto tiene una importancia fundamental. 
Fijamos un plazo, válido tanto para el representante de la empresa de seguros en el país de la víctima como para la propia aseguradora. 
Por norma general, los daños deben liquidarse en el plazo de seis meses. 
De no ser así, se generan intereses de demora, por un importe que acelerará probablemente la liquidación. 
Si la Comisión y el Consejo aceptan la propuesta, los intereses de demora ascenderán al 11 % o 12 %. 
La Comisión ha añadido a este mecanismo la propuesta de incluir un organismo indemnizatorio, sugerencia que les agradezco. 
Este organismo indemnizatorio, que también actúa en el país de la víctima, debería limitar su intervención a unos pocos supuestos: en caso de que la empresa de seguros en el otro país no haya nombrado a un delegado facultado para la liquidación o a un representante, o en caso de que el representante o la empresa de seguros no se pronuncien en este plazo de seis meses o lo hagan sin fundamento. 
En tales casos, la víctima podrá recurrir al organismo indemnizatorio desde su propio país. 
Esta idea de la Comisión es notable, si bien debería quedar limitada a los citados supuestos. 
Quisiera expresar mi cordial agradecimiento a las empresas de seguros. 
Han participado activamente en la elaboración de esta directiva, al igual que las organizaciones de víctimas de accidentes de tráfico. 
En este momento puedo señalar que la propuesta, tal como está planteada- al margen quizá de algunos cambios de redacción -, recibirá el apoyo de todas las empresas de seguros europeas y de todas las organizaciones europeas de víctimas de accidentes. 
Supongo que la Comisión aceptará también a grandes rasgos las propuestas del Parlamento. 
Me alegro de que ya haya sido posible realizar un primer intercambio de opiniones a nivel de trabajo durante la Presidencia británica. 
Quizá sea esto un modelo para la cooperación futura entre el Parlamento y el Consejo desde la primera lectura. 
Estoy convencido de que la Presidencia austríaca aceptará la posición común. 
El Sr. Wijsenbeek ha presentado una enmienda y, por lo demás, todo fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
El Sr. Wijsenbeek sabe que, en principio, estoy a favor de su enmienda. 
Lo que ocurre es que no creo que encaje en el contexto de este texto. 
En conclusión, quisiera animar a la Comisión a seguir impulsando la política legislativa en esta dirección, para conseguir que los ciudadanos de la Unión Europea se sientan como en casa, no solamente en su región y en su país, sino en toda Europa. 
Señora Presidenta, en primer lugar querría dar la gracias al ponente por su propuesta, y también felicitarlo. 
La Comisión de Transportes y Turismo ha optado por una opinión con conclusiones, sin enmiendas, para poder garantizar así la coherencia de la propuesta en su totalidad. 
Con esta Directiva, en la práctica mejora sustancialmente la protección de las víctimas de accidentes de carretera ocurridos fuera de su país. 
No sólo por la época actual en que empiezan las vacaciones, sino también por el casi millón de trabajadores fronterizos, es evidente que esta propuesta afecta a muchísimos ciudadanos. 
Las estimaciones calculan, como acaba de decir el ponente, que al año se producen cerca de 500.000 accidentes fuera del país de residencia de las víctimas. 
Son accidentes que dan lugar a formalidades cuya tramitación puede resultar muy engorrosa, en las que a veces es muy difícil localizar a los interlocutores y en las que- lo que es aún peor- la indemnización de los daños y perjuicios en algunos casos tarda mucho tiempo. 
Se habla de plazos de hasta ocho años. 
Con la presente directiva se introduce un derecho de acción directa de la víctima, que no sólo le permite actuar contra el causante, sino también contra su empresa de seguros. 
El organismo de información deberá proporcionar a las víctimas todas las informaciones necesarias y el organismo encargado de la liquidación de los siniestros- o, en su caso, el organismo indemnizatorio, según esté previsto- acelerarán indefectiblemente los trámites. 
Además, la directiva se refiere también a los accidentes ocurridos en terceros países entre ciudadanos de la UE- gracias a Dios que se ha añadido esto -, lo cual indujo a la Comisión de Transportes y Turismo a formular la recomendación de que se conceda gran importancia a esta Directiva en las negociaciones entre la UE y terceros países. 
No obstante, a nuestro juicio, la directiva no tendrá en cuenta plenamente las legítimas exigencias de las víctimas hasta que no se adapten los importes mínimos propuestos en la segunda Directiva sobre el seguro de responsabilidad civil de los vehículos automóviles. 
La Directiva nº 84/5 invocada tiene cerca de 15 años. 
Por consiguiente, en ciertos casos los porcentajes mínimos no cubren los gastos potenciales, especialmente en caso de accidentes graves. 
Además estos porcentajes mínimos varían hasta un 90 % de un país a otro. 
En estos casos, por desgracia, la única garantía de una indemnización adecuada sigue siendo contar con un seguro complementario. 
En consecuencia, la propuesta de la Comisión de Transportes y Turismo sigue en pie. 
Está muy bien acortar los plazos y preparar correctamente la información, pero si los tipos mínimos no son suficientes, a la víctima no le sirve de gran ayuda. 
Una vez más, muchas gracias al ponente por su trabajo y a ustedes por su atención. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al ponente de este importante informe. 
También es una importante primicia para el Parlamento. 
Es la primera vez que se ha utilizado una resolución del Parlamento como telón de fondo para una propuesta legislativa de la Comisión. 
Es la primera vez que se ha utilizado el artículo 138 B del Tratado CE para pedir una formulación legislativa. 
Ésta es una directiva importante. Es a un tiempo una propuesta adaptada a las necesidades de los usuarios y un importante puntal del Mercado Único. 
Ayudará a las víctimas de accidentes automovilísticos que ocurren fuera del país de la víctima, en otro Estado miembro. 
Todas las compañías aseguradoras tendrán que nombrar a un representante o agente designado en cada uno de los Estados miembros y la víctima tramitará la reclamación directamente con dicho representante designado. 
La ventaja que representa es la de que acelerará considerablemente las reclamaciones y mitigará los problemas lingüísticos. 
En la actualidad las reclamaciones tramitadas en el extranjero pueden demorarse, por término medio, ocho años y costar al menos el 15 % más que una reclamación tramitada en el Estado miembro propio. 
Esta directiva propuesta facilitará también la situación- como ha explicado el ponente- relativa a los requisitos en materia de plazos y las penas por incumplimiento del plazo. 
En nombre del Grupo Socialista, recomiendo este informe a la Comisión y al Parlamento como una nueva e importante medida para los consumidores. 
Tener un accidente automovilístico provoca ya suficiente tensión sin las molestias y la tensión suplementarias de tener que esperar años mientras las compañías aseguradoras de países diferentes zanjan las reclamaciones. 
La propuesta es imaginativa, creativa, por lo que quisiera agradecer al ponente la formulación de la resolución original y del informe y ahora la información sobre la propuesta de la Comisión. 
Señora Presidenta, Señorías, es difícil añadir algo original tras las intervenciones de mis colegas. Ello se debe al consenso unánime que mereció todo el informe del Sr. Rothley en el seno de mi comisión, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
En definitiva, todos decimos la misma cosa y, en consecuencia, sólo hay que resaltar algunos puntos. 
En primer lugar, y a pesar de que ya se ha apuntado, quiero añadir lo mucho que se ha ganado en términos de transparencia. 
En efecto, es preciso señalar que con esta directiva se da el primer caso en que la Comisión Europea responde a una solicitud presentada por el Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 138 B. Esto supone ganar trasparencia, porque otras veces el Parlamento, al sentirse privado de la potestad de iniciativa, interviene en las propuestas presentadas por la Comisión con una serie de enmiendas que sobrepasan el contenido originario de la propia propuesta; una actuación poco correcta. 
En esta ocasión, disponemos de un instrumento totalmente apto para adoptar actos que reflejan la voluntad del Parlamento de forma más orgánica y racional. 
En segundo lugar, yo también recalco que el consenso unánime, manifestado por los juristas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, es plenamente compartido por todas las compañías de seguros europeas y por las organizaciones de consumidores. Éste es un hecho muy importante que, evidentemente, merece ser destacado. 
No considero oportuno detenerme en el contenido de la directiva, pues ya ha sido ilustrado ampliamente por mis colegas. 
Creo realmente que el informe del Sr. Rothley debe ser aprobado en su conjunto, ya que representa un compromiso de alto nivel. 
Se trata de un compromiso en el sentido más noble de la palabra, o sea, es la síntesis de una serie de impulsos y conceptos innovadores que antes han partido de la Comisión Europea y luego de los diputados, especialmente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en cooperación con las entidades aseguradoras y organizaciones de consumidores que acabo de mencionar. 
En este sentido, considero útil destacar este aspecto. 
En mi opinión, tienen que aprobarse todas las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
La única enmienda ajena a la labor unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos es la del Sr. Wijsenbeek, a quien he de manifestarle mi disconformidad, no por estar en desacuerdo con el espíritu de la misma, sino porque ya existe la traducción a todas las lenguas de los formularios por medio de los cuales hacen constar las circunstancias del accidente y se tramita la denuncia del siniestro. 
Yo mismo pude comprobarlo hace diez años con ocasión de un accidente acaecido en Francia. 
Los formularios están redactados en diferentes idiomas, pero tienen el mismo color y prevén la misma representación gráfica de las solicitudes, por eso estimo que la enmienda es superflua y, por ende, debe ser rechazada. 
Deseo asimismo señalar que la novedad del organismo indemnizatorio debe situarse en un marco de subsidiariedad y de libertad que va a permitir que los Estados miembros puedan escoger libremente, en el ámbito de las estructuras tanto públicas como privadas, el organismo indemnizatorio que consideren más adecuado. 
Por último, quiero sumar a estas observaciones mi agradecimiento al Sr. Rothley. 
Señora Presidenta, antes de nada, mis felicitaciones al ponente. 
También expreso mi consideración por el modo en que a alcanzado compromisos en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, y a fin de cuentas es el indicador de esta legislación inicial. 
Por tanto, en lo que a eso respecta, un muy buen trabajo que añade realmente algo para los ciudadanos de la Unión. 
El ciudadano tiene cada vez mayor movilidad y eso significa que cruza muchas más veces las fronteras y que, al ser todavía por desgracia tan diferente la situación del tráfico, de vez en cuando puede tener un accidente. 
Ahora la situación puede ser más complicada aún de lo que realmente el informe del Sr. Rothley señala como la media: pongamos- tomo un caso cualquiera- que un español y un griego tienen un accidente en Italia. 
En ese caso sigue habiendo un problema; si casualmente debieran litigar, ¿dónde deberían litigar? 
Con esto se plantea abiertamente el problema de la igualdad ante la ley en la Unión, que todavía no se ha llegado a que todo ciudadano en posición de igualdad y con los mismos derechos pueda litigar en todas las partes de la Unión. 
A menudo los extranjeros están en una posición desfavorable. 
Por último, Presidenta, quiero decir algo más sobre mi enmienda. Ha sido rechazada aquí por el ponente que dice: debe ser en otra parte y el Sr. Casini que dice: ya existe. 
Es correcto, señor Casini. 
Estoy a favor de la integración, pero cuando los ciudadanos se dan un golpe tienen una especie de recelo básico y creen que alguien les está tomando el pelo. 
Si hay un documento que está redactado en su propia lengua además de en otras lenguas, para que puedan comprobar conjuntamente que, en efecto, es el mismo formulario con la misma formulación, entonces estamos trabajando en la integración del ciudadano. 
¿Qué es más bonito y qué otra cosa hacemos realmente aquí sino fomentar esa integración? 
Por eso he presentado esta enmienda a instancias de los aseguradores y apelo a usted para que todavía la acepte. 
Señora Presidenta, en el caso Denise Matthews contra el Reino Unido, que lo lleva nuestra vecina, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, una instancia jurídica- aparte del Tribunal de Justicia de Luxemburgo- ha declarado por primera vez que el Parlamento Europeo tiene plena competencia legislativa. 
¿Y por qué? 
Uno de los argumentos más sólidos para la Comisión de Derechos Humanos era el derecho de iniciativa del artículo 138 B. Entre otras cosas se acepta que el Parlamento Europeo tiene plena competencia legislativa según la Comisión de Derechos Humanos. 
Nos encontramos ante un momento histórico, señora Presidenta y señor Comisario. 
Por primera vez hemos utilizado el derecho de iniciativa y apoyo completamente la apelación del Sr. Rothley tanto personalmente a usted, señora Presidenta, como también al Comisario Monti, para continuar por ese camino. 
Debemos utilizar cada vez más este derecho de iniciativa en interés de los ciudadanos. 
No entro en el contenido, apoyo entre paréntesis la enmienda del Sr. Wijsenbeek, porque tiene razón, ése es otro asunto. 
Pero el punto más importante sobre el que quiero llamar la atención aquí es que agradecemos extraordinariamente al Sr. Rothley la iniciativa con la que ha apoyado el papel legislativo del Parlamento Europeo y merece nuestra gratitud y apoyo. 
Señora Presidenta, los problemas crecientes que se suscitan en la liquidación de siniestros en perjuicio de las víctimas transeúntes están desde hace mucho tiempo exigiendo una regulación para solucionarlo. 
Por un lado, cada vez más son los ciudadanos afectados y, por otro, los procedimientos hoy existentes son insuficientes para dar justa solución a todos los casos. 
Los aspectos de más urgente solución- a saber: garantizar a la víctima el derecho de acción directa y asegurar el cobro de las indemnizaciones- han sido una de las cuestiones a resolver y entiendo que las enmiendas presentadas han contribuido en grado sumo a hacerlo. 
No puedo menos que reconocer el excelente trabajo del Sr. Rothley. 
Pero, aunque compartimos en términos generales el propósito de estas enmiendas, tenemos algunas reservas respecto de la enmienda 33 al artículo 5, cuya redacción nos parece que puede llegar a ser más beneficiosa para las compañías de seguros que para las propias víctimas. 
Señora Presidenta, Señorías, la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que examinamos esta tarde era muy esperada tanto por los propietarios de automóviles como por los profesionales del seguro y las asociaciones internacionales de turismo automovilístico. 
Debe señalarse que este texto ha nacido de la iniciativa parlamentaria. 
Respondía a una expectativa evidente y el Parlamento ha demostrado que sabe asumir sus responsabilidades legislativas seriamente, y que es capaz de realizar un trabajo de calidad. 
Todos tenemos que felicitarnos por ello. 
Se espera así que las personas afectadas vean simplificado el procedimiento de reglamentación de los siniestros, de modo que se les facilite el acceso a la empresa de seguros que deba responder por el siniestro. 
Para conseguirlo, la propuesta de directiva implica cuatro medidas: la instauración de un derecho de acción directa; la designación, por parte de todas las empresas aseguradoras y en todos los Estados miembros, de un representante habilitado para entender en los siniestros; la creación de organismos de información y, por último, la creación de un organismo indemnizador. 
Es verdad que este aparato jurídico puede parecer un tanto pesado, un tanto complejo, como los que los franceses llaman familiarmente " fábrica a gas». 
Las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos procuran completar el texto, introducir en él una mayor coherencia y un mayor rigor. 
Nosotros vamos a apoyar esta directiva. 
En conclusión, quiero felicitar al ponente, Sr. Rothley, por su notable trabajo, en el que ha conseguido expresar con claridad un texto complejo, donde se advierte su gran talento de jurista. 
Debo extender esta enhorabuena a todos mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, y sobre todo a dos, en quienes se suman el encanto y la competencia: me refiero a las Señoras Palacio y Mosiek-Urbahn. 
Señora Presidenta, verdaderamente quizás sea la hora la que invita casi a la confidencia, al hablar entre amigos. 
Para mí también han sido ya lo suficientemente explícitas las intervenciones anteriores sobre los aspectos técnicos como para que me permitan hablar de lo que ha sido la historia de esta directiva, de cómo todavía hoy la Unión Europea es un territorio de frontera donde una persona, un diputado con una buena idea, el Tratado detrás y mucha firmeza y mucha capacidad de negociación es capaz de poner en pie algo que es importante para todos nosotros desde cuando nos sentimos, no voy a decir consumidores, pero sí ciudadanos de a pie. 
Señora Presidenta, esta no ha sido una directiva fácil. 
Hubo 36 enmiendas del Sr. Rothley, pero hubo otras 36 enmiendas de los distintos diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos- de ellas 20 mías -; y después, el Sr. Rothley- con firmeza, he dicho, pero con una enorme capacidad de negociación, con una enorme capacidad de entender las cuitas sobre la cuestión de la subsidiariedad -, aceptó 10 enmiendas de transacción. 
Y eso ha hecho posible que esas 36 enmiendas finales se adoptaran por unanimidad en comisión, y yo espero que mañana, si no por unanimidad, aprobemos el informe por abrumadora mayoría. 
Señor Rothley, yo he encuadernado la historia, la pequeña historia, desde la primitiva resolución del Parlamento en donde se hacía uso de ese artículo 138 B; la he encuadernado, y cuando a mí me digan que en las instituciones europeas hacemos cosas muy abstractas, que están muy lejos, que no nos ocupamos de los problemas concretos, les enseñaré ese trabajo. 
Y lo único que siento es que ahí no constará el enorme placer y el enorme honor que ha resultado para todos nosotros trabajar con usted. 
Señora Presidenta, mis predecesores han expuesto ya con todo detalle el contenido y las ventajas de este informe. 
Así pues, sólo querría referirme a dos puntos que me parecen especialmente dignos de mención. 
Y digo dignos de mención porque nos acercan en buena medida a la Europa de los ciudadanos. 
El primer punto se refiere a que la directiva tiene un marcado contenido de proximidad al ciudadano. 
Ya era hora de que se adoptara una normativa para esta cuestión tan importante. 
A consecuencia del turismo de masas, de la libre circulación de servicios y mercancías, así como de personas, el tráfico de automóviles transfronterizos está hoy más extendido que nunca. 
E igualmente extendido está el riesgo de que los ciudadanos sean víctimas de un accidente fuera de su país que dé lugar a reclamaciones contra otros ciudadanos de la UE o sus seguros. 
Ello hace tanto más encomiable que la directiva garantice a los usuarios del transporte de la Unión una protección extensa, rápida y efectiva, y que, más allá de la simple reclamación directa a la compañía de seguros, garantice que haya un interlocutor de la empresa de seguros en el país de la víctima, con mecanismos para localizarlo si es necesario, y que haya un organismo en cada Estado miembro que en caso de dificultades pueda encargarse de liquidar los daños y perjuicios. 
No obstante, si el propio Parlamento Europeo no hubiera tomado la iniciativa, no se habría llegado a esta protección múltiple para el ciudadano, al menos en el momento actual. 
Esto me lleva al segundo punto que quería abordar. 
Esta es la primera vez que se aplica el procedimiento del derecho de iniciativa indirecto que atribuye al Parlamento Europeo el Tratado de Maastricht. 
La iniciativa legislativa corresponde al Parlamento, en tanto que representante por elección de los ciudadanos europeos. 
Si el Parlamento Europeo hace uso activo de su nueva iniciativa, a largo plazo contribuirá a reforzar su influencia en el sistema legislativo de la Unión Europea. 
De ese modo, al mismo tiempo aumenta la influencia indirecta de los electores sobre la política europea. 
La consecuencia no puede ser otra que la mejora de la imagen del Parlamento Europeo entre la población y, consiguientemente, un refuerzo adicional de su autoridad política. 
Por esta razón, es preciso agradecer expresamente al ponente que haya planteado por primera vez esta iniciativa del Parlamento. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, quiero felicitar al Parlamento Europeo y al ponente, Sr. Rothley, por tres motivos: por el contenido de esta directiva, por el motivo institucional y por las modalidades. 
Por el contenido porque, como decía el Sr. Rothley, esta directiva está dirigida a los ciudadanos, al objeto de que se sientan en su casa no solo en su país, sino también en Europa. 
En realidad, esta propuesta de directiva afecta a un gran número de ciudadanos, así como un momento difícil de sus vidas y experiencias, cuando son víctimas, en un Estado distinto del que residen, de un accidente de tráfico provocado por un vehículo matriculado y asegurado en otro Estado miembro. 
El segundo motivo es el institucional. 
A pesar de que ya ha sido destacado, en nombre de la Comisión, quiero subrayar con especial énfasis el hecho de que por primera vez se haya hecho uso del artículo 138 B. He de decir que, como miembro de la Comisión, me es grato que este «debut» de carácter institucional tenga lugar en un ámbito tan relevante para la vida de los ciudadanos. 
El tercer motivo de satisfacción y de alegría es la forma en que, gracias a la aportación positiva de los ciudadanos consumidores, por una parte, y de la industria del seguro, por otra, se ha facilitado el nacimiento de esta propuesta de directiva. 
Ninguna de las directivas sobre el seguro de vehículos automóviles ya en vigor tiene especialmente en cuenta la cuestión específica de la indemnización de las víctimas que aquí se aborda. 
Desde el punto de vista jurídico, dichas víctimas están cubiertas por el sistema de la carta verde; sin embargo, en la práctica, encuentran dificultades a la hora de cobrar una indemnización del asegurador de la parte responsable. 
La presente propuesta de directiva trata de ofrecer a dichas víctimas un instrumento jurídico más para compensar las dificultades que encuentran en la práctica. 
Quiero subrayar que la propuesta no conlleva excesivos costes- otro valor de la propuesta es el pragmatismo, si me permite decirlo el señor ponente que creo que aprecia el pragmatismo en las propuestas legislativas- para la industria del seguro y las administraciones nacionales. 
El nuevo sistema no comporta ningún incremento de los costes, puesto que los Estados miembros o las compañías de seguros pueden valerse en gran medida de las estructuras existentes que pueden emplearse simultáneamente para distintas finalidades. 
Asimismo, a pesar de que la medida que nos ocupa conlleva algunos costes a cargo de las compañías aseguradoras, las ventajas para la sociedad son muy significativas, ya que los nuevos mecanismos reducirán los pagos que acostumbran a sufragar las víctimas en el país en que ocurre el siniestro. 
Dichos pagos incluyen, por ejemplo, la traducción de los atestados policiales, los honorarios pagados a los letrados porque las víctimas no están familiarizadas con los procedimientos aplicables en el Estado miembro en que ha ocurrido el siniestro o porque no pueden dirigirse a la entidad aseguradora sin la asistencia de un abogado. 
Voy a pasar ahora a examinar cada una de las enmiendas. 
A la Comisión le es grato acoger las enmiendas 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 25 y 31. 
Estas enmiendas mejoran la formulación lingüística o ofrecen aclaraciones útiles del texto. 
La Comisión está también de acuerdo en aceptar parcialmente las enmiendas 15, 17, 19, 28, 29, 30 y 33. 
El punto a) de la enmienda 15, relativo a la ampliación del derecho también en los casos de accidentes ocurridos en un tercer país, no puede aceptarse. 
Esta cuestión merece ser abordada más atentamente a la vista de otros acuerdos internacionales. 
La enmienda 17 representa una versión excesivamente simplificada de la propuesta originaria de la Comisión. 
En cuanto a la enmienda 19, en una directiva no pueden aceptarse sugerencias en relación con las personas que podrían desempeñar el papel de mandatarios a efectos de liquidación de los siniestros. 
En la enmienda 28 no puede omitirse la descripción de las tareas encomendadas a los centros de información. 
En la enmienda 29, la referencia al Estado miembro que ha concedido la autorización al asegurador no es apropiada. 
En la enmienda 30, los plazos de vencimiento podrían retrasar el pago de la indemnización a la víctima; asimismo existe una referencia errónea a la Directiva 84/5/CEE que no contiene disposición alguna que se refiera al organismo indemnizatorio. 
En la enmienda 33 no hay motivo para facilitar información sobre las entidades que podrían actuar como organismos indemnizatorios. 
En el mismo punto, y con relación a los casos en que no se pueda averiguar el nombre del asegurador, la Comisión aceptaría la intervención de un organismo indemnizatorio sólo si la responsabilidad subsidiaria recae en el Fondo de garantía, de conformidad con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5. 
En lo que se refiere a otro grupo de enmiendas, la Comisión puede acogerlas en su espíritu o con algunas modificaciones. Me refiero a las enmiendas 5, 10, 13, 26 y 27. 
Con respecto a éstas, quisiera detenerme muy brevemente en la 26 y la 27. 
No vamos a aceptar las partes que implicarían una armonización excesiva y perjudicial y un procedimiento para resarcir a las víctimas con demasiados plazos y mucho más complejo debido a detalles procedimentales. 
Finalmente, voy a abordar las enmiendas que la Comisión no puede aceptar porque no mejoran en absoluto el texto propuesto y podrían generar confusión en cuanto al significado de algunas disposiciones. 
Se trata de las enmiendas 4, 8, 11, 22, 24, 35, 36 y 37. 
La Comisión tampoco está en disposición de aceptar la enmienda 14 ni la 34 y ello para garantizar la coherencia global con la tres directivas en materia de seguro de vehículos automóviles que ya están en vigor. 
La Comisión tampoco puede acoger la enmienda 23 y podría aceptar una versión reforzada del apartado 6 del artículo 3, pero no la formulación propuesta en la enmienda 26. 
La solución mejor estaría en un compromiso entre la propuesta de la Comisión y lo sugerido en la enmienda 26. 
Por último, la Comisión rechaza también la enmienda 32, habida cuenta de que en algunos Estados miembros los servicios de información se ofrecen gratuitamente por parte de la administración pública. 
No hay motivo para nuevas cargas. 
Por lo que respecta a la enmienda 37, señor Wijsenbeek, el uso de formularios plurilingües en el caso de colisiones, a nuestro juicio, podría conseguirse a través de un acuerdo libremente adoptado por las organizaciones de aseguradores y no necesariamente en una directiva. 
Siento haber sobrecargado con una lista de enmiendas algo que, en cambio, desde el principio hasta el final, debe destacarse porque constituye una gran novedad institucional, sirve para acercar a los ciudadanos y prueba que, gracias a la iniciativa del Parlamento, así como de la Comisión, el mercado único puede conseguirse conciliando los intereses de los consumidores con la disponibilidad de la industria. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
«Hacia una Europa sostenible» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0233/98) de la Sra. Hulthén, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión sobre el medio ambiente y el empleo (Hacia una Europa sostenible) (COM (97) 0592- C4-0655/97). 
Señora Presidenta, la comunicación de la Comisión trata del empleo y el medio ambiente, dos esferas que durante largo tiempo y en muchas ocasiones han estado en conflicto entre sí. 
Pero desde que se ha progresado en materia medioambiental, ha quedado demostrado que esto es algo erróneo y anticuado. 
Los aspectos medioambientales y la conciencia medioambiental han llegado a ser una parte más integrada de la sociedad. 
Sin embargo, a pesar de estos progresos, queda mucho por hacer. 
En el informe que he intentado preparar, con buenas aportaciones de otros, incluidas la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Política Regional, he procurado presentar propuestas sobre cómo proseguir en la construcción de una Europa sostenible. 
También quiero decir que durante el tiempo que he trabajado en este informe he descubierto que hay una gran capacidad creadora y un enorme desarrollo local y regional dentro de la Unión. 
Para que podamos ver avances en el sector de los " empleos verdes» , hemos de tener una definición razonable de los mismos. 
La definición de la Comisión es bonita, casi filosófica, pero tal vez no muy práctica para medir correctamente aquello que queremos. 
Ésta es quizás la primera averiguación que se debería hacer al continuar con este trabajo. 
Esto es, para poder realizar estadísticas comparables y tomar medidas serias se necesita una definición clara y precisa de la materia. 
Creo que los empleos futuros se podrán encontrar en cuatro sectores básicos los cuales, justamente para hacerlos sostenibles, necesitan una total modificación de su situación actual,. 
Se trata del sector de la energía, la construcción, las basuras y desechos y la agricultura. 
Éste es quizás uno de los sectores más importantes que la Unión puede reformar y en el que es necesario que ocurra algo que cambie su curso actual. 
Sabemos que durante los últimos quince años se han creado muchos cultivos ecológicos en Europa. 
Por el contrario, la Unión hasta ahora no ha demostrado interés por seguir esta tendencia y complacer las exigencias de los consumidores. 
Si vamos a emprender una reforma y estimular los " empleos verdes» , entonces tendremos que trabajar también con el sector agrícola donde, de hecho, la Unión tiene posibilidades y recursos para hacer algo. 
Es un trago amargo. 
Pueden ser muy diferentes los métodos para estimular estos avances y conseguir que el empleo y el medio ambiente vayan de la mano. 
Quizás los consumidores constituyan uno de los elementos más importantes en esto; es preciso hacerlos conscientes. 
Son ellos quienes ponen las exigencias. 
Desgraciadamente la conciencia no está determinada por los genes sino que es algo que tiene que aparecer con la experiencia. 
Por eso los consumidores han de tener posibilidad de elegir, de recibir información, de saber qué productos existen y qué condiciones se pueden exigir. 
Igualmente importantes son las empresas conscientes, empresas conscientes y con responsabilidad de producir. 
Tampoco es algo que nace espontáneamente sino que precisa estímulos o apremios por parte de los órganos políticos para que se logren avances. 
También debe haber autoridades conscientes, que asuman sus responsabilidades y vean las posibilidades, por ejemplo, tratándose de contrataciones públicas, de estimular el desarrollo de empresas más respetuosas del medio ambiente y de promover avances en la dirección correcta. 
Además, tenemos que ofrecer cursos y estimular el desarrollo tecnológico y la cooperación entre investigadores de ONG, movimientos sindicales y autoridades. 
Hay mucho que hacer en este campo. 
Para lograr este desarrollo sostenible tenemos que estudiar todos los sectores y a veces, quizás, también remover alguna vaca sagrada rezagada desde otros tiempos. 
Tenemos una responsabilidad clara y una misión precisa de los ciudadanos de Europa. 
Necesitamos un medio ambiente mejor, pero tenemos también 20 millones de personas desempleadas que necesitan una ocupación. 
En esto consiste el reto. 
Se han presentado doce propuestas de enmiendas al informe. 
De esas doce, estimo que puedo apoyar dos. 
Se trata de las propuestas de enmiendas 3 y 11 de Virgin. 
No tengo objeciones de principios respecto de las demás, pero opino que no hacen el informe o la propuesta de la Comisión más claras, sino que al revés. 
Señora Presidenta, señora Hulthén, su informe, realmente, es muy interesante, y le agradezco que haya aceptado las conclusiones de la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Le felicito por sus aportaciones. 
Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el deterioro medioambiental ha llegado a ser uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos actualmente debido al carácter del desarrollo de la sociedad industrial. 
Los ríos sucios y malolientes, las basuras y desperdicios a nuestro alrededor, los humos irritantes de las ciudades, son quizá las manifestaciones más visibles de un planeta- nuestra Tierra- cada vez más contaminado, y existe también una contaminación menos evidente, más cercana: las enfermedades favorecidas por los contaminantes físicos y químicos. 
La Comunicación de la Comisión sobre el medio ambiente y el empleo tiene como objeto establecer los principios generales de una estrategia que permita crear sinergias entre la política de medio ambiente y el empleo. 
Se trata de crear empleos que descontaminen el aire y el agua que contaminamos, que reciclen y reutilicen los residuos que producimos, que reforesten nuestros bosques talados y, además, que, mientras tanto, la investigación y la tecnología mejoren esa degradación ambiental que, supuestamente, mejorará también nuestra sociedad. 
Como creo que nos dedicamos más a hablar del medio ambiente y del empleo que a poner medios verdaderos y cuantificables para remediar estos dos graves problemas, le pediría modestamente a la Comisión que en el marco de lanzamiento de esta estrategia europea se criticara nuestra actual «sociedad de usar y tirar». 
Sólo con esto creo que ya cumpliríamos. 
Señora Presidenta, el medio ambiente genera empleo. 
Este lema es de sobra conocido aquí, ya desde 1993, cuando, a iniciativa del Presidente de la Comisión Jacques Delors, en la Unión Europea se tomó la decisión de adoptar un nuevo modelo de desarrollo. 
La ineficacia del consumo desproporcionado de recursos naturales y la escasez de puestos de trabajo tenían que ser sustituidos por un desarrollo sostenible. 
Además de variar el rumbo, Delors pedía que el medio ambiente se convirtiera inmediatamente en nueva cantera de empleo. 
La mejora del hábitat y de la calidad de la vida- terrenos hasta ahora aún inexplorados- tenía que aprovecharse para crear nuevos puestos de trabajo y poder contribuir así a reducir el desempleo. 
Por razones totalmente incomprensibles, la Comisión ha descuidado este interesante enfoque de una política económica que vincula los ámbitos de medio ambiente y empleo de modo que se refuercen mutuamente. 
Esta comunicación de la Comisión llega con mucho retraso. 
Ahora, naturalmente, esperamos que el texto no caiga de nuevo en el olvido, sino que sea activamente defendido por los representantes de la Comisión en los comités de seguimiento y que se propugne el empleo de los recursos estructurales para los programas de fomento del empleo en el sector del medio ambiente en aquellos casos en que no haya fondos asignados, y que la Comisión apruebe con rapidez estas modificaciones, para que esto, que es muy bonito en teoría, y verdaderamente constituye un enfoque adecuado, se ponga en práctica. 
Naturalmente, en tal caso es lógico que la Comisión abogue por un nuevo reglamento de los Fondos estructurales que defina claramente la asignación de recursos a estos sectores innovadores en la medida en que les corresponde y que haga partícipes a los organismos de medio ambiente y a las asociaciones de defensa del medio ambiente de la planificación, evaluación y ejecución de los programas. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, he solicitado el uso de la palabra para defender y apoyar el marco general del informe de nuestra colega la Sra. Hulthén, que me parece bastante correcto, sobre todo cuando en la Unión Europea el «medio ambiente» emplea actualmente a más de 3, 5 millones de personas y cuando la perspectiva de crecimiento anual, por todos reconocida, en particular por estudios de la propia OCDE, ronda el 5, 5 %. 
Y así, en una Europa marcada por el imperativo del empleo, pero también por la progresiva e ineludible integración del medio ambiente en las políticas aplicadas por la Unión Europea, empleo y medio ambiente son, en la actualidad, las dos caras de una misma moneda, un contrapunto a un modelo de desarrollo hoy agotado, basado en relaciones de precios e inversiones que explotan excesivamente los recursos naturales. 
También quisiera aprovechar esta oportunidad para subrayar que, en el fondo, la próxima reforma de la Política Agraria Común exige e intensifica la necesidad de una ponderación adecuada de las cuestiones medioambientales, a la luz, por lo demás, de esta estrategia de desarrollo sostenido que hemos defendido. 
Y también subrayar el papel de los Fondos estructurales y de Cohesión en el desarrollo de la política de medio ambiente y, en particular, en esa vinculación entre medio ambiente y empleo. 
Resulta inequívoco, por ejemplo, que la obligatoriedad de aplicación del 50 % del Fondo de Cohesión en el medio ambiente ha contribuido muy positivamente a mejorar la calidad de vida de los Estados de la cohesión, pero ha aumentado también la importancia de la inversión medioambiental en dichos Estados de la cohesión, al volver más evidente la vinculación entre el papel del medio ambiente y la creación de empleo. 
Por otro lado, hoy se da por sentado que los sectores y las empresas que están invirtiendo en procesos, sistemas de producción y productos ecológicos estarán cada vez en peores condiciones de competencia dentro de la Unión Europea y en el comercio de la Unión con el exterior. 
A eso se debe nuestra declaración de apoyo en relación con el informe de la Sra. Hulthén y también la exigencia formulada a la Comisión para que, después de esta comunicación, nos presente propuestas concretas dentro de la línea de lo que es el informe de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, estamos tratando un buen informe que contiene muchas buenas ideas para ser estudiadas por la Comisión. 
Quiero felicitar por esto a Hulthén. 
El informe resalta importantes asuntos acerca de cómo la política medioambiental puede influir en la creación de nuevos empleos útiles dentro de la UE. 
Como se deduce de los datos de la comunicación de la Comisión, el sector medioambiental se encuentra de hecho en una fuerte expansión con un crecimiento estimado de un 5, 5 por ciento durante los próximos años. 
Esto es muy favorable. 
En parte, la explicación está en el creciente interés de la gente en los asuntos medioambientales que, en consecuencia, orientan su demanda hacia productos ecológicos y, de esta manera, aumenta el empleo dentro del sector medioambiental. 
También, decisiones de carácter político sobre limitación de emisiones tóxicas y otras semejantes, han dado como resultado mayores inversiones y, consecuentemente, mayor empleo. 
Ayer debatimos acerca de los medios económicos de gestión. 
Si se usan de manera adecuada, pueden, sin lugar a dudas, contribuir a mejorar el medio ambiente y a aumentar el empleo. 
Su uso exagerado o la implantación de derechos medioambientales erróneos, puede llegar a producir los efectos contrarios. 
También creo que es importante subrayar que el crecimiento tiene una importante función en este contexto. 
Con un mayor crecimiento, aumentan nuestras posibilidades de invertir en mejoras medioambientales. 
Esto es justamente lo que ocurre, el crecimiento en nuestras sociedades modernas se produce justamente a través de nuevos sectores. 
El medio ambiente está, indudablemente, en la vanguardia. 
Las recomendaciones del Consejo Europeo sobre cómo aumentar el empleo en Europa tienen una fuerte conexión con la materia que hoy estamos discutiendo. 
Algunas de estas ideas están expresadas en las propuestas de enmiendas del Grupo PPE. 
Espero que la ponente, si se toma un tiempo para pensarlas, dé su apoyo a todas estas propuestas. 
Señora Presidenta, nosotros estamos de acuerdo con el informe de la Sra. Hulthén y con las opiniones de la Comisión de Política Regional y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Precisamente, en la opinión de la Comisión de Política Regional se afirma algo que es claro: » los modelos de producción y de consumo actuales están muy lejos de ser sostenibles» , como dice claramente el Quinto Programa de acción medioambiental. 
Y naturalmente, los países industrializados son hoy responsables, fundamentalmente, de la situación medioambiental en el mundo. 
En el Tratado de Amsterdam se vincula el empleo al medio ambiente, y estos dos sectores al resto de las políticas, pero todos sabemos que se adoptan decisiones sobre cuestiones económicas y agrícolas que nada tienen que ver con la defensa del medio ambiente. 
Por eso nosotros estamos completamente de acuerdo en que participen las autoridades locales y regionales cuando haya proyectos que tengan que ver con los Fondos estructurales y el medio ambiente. 
También estamos de acuerdo en utilizar esa cantidad de personas que, en algunas regiones de la Unión Europea, proceden de la industria y pueden recibir una formación que les permita acceder precisamente al tratamiento de aguas, al tratamiento de residuos, al tratamiento de tierras contaminadas y al cuidado de las zonas naturales. 
Como muy bien dice la OCDE, el sector del medio ambiente es un sector que puede tener un crecimiento del 5, 5 % en los próximos años en lo que se refiere a la generación de empleo. 
Y no estamos acostumbrados a ver que otros sectores tengan un crecimiento tal, sino que más bien observamos un retroceso. 
Por tanto es fundamental vincular empleo y medio ambiente. 
Señora Presidenta, quiero empezar felicitando a Hulthén por este excelente informe sobre dos materias muy importantes e interesantes, es decir, el medio ambiente y el empleo. 
Datos de Eurostat demuestran que actualmente existen en la UE aproximadamente 3, 5 millones de empleos relacionados con el medio ambiente. 
También tenemos la modesta estimación de la OCDE que calcula el crecimiento anual de los empleos relacionados con el medio ambiente en un 5, 5 por ciento. 
Esto demuestra con gran claridad que la combinación de inversiones medioambientales necesarias y " empleos verdes» no sólo es económicamente favorable sino que también es una manera de poner fin a la subutilización de recursos humanos y a la sobreutilización de recursos naturales. 
Puesto que la Comisaria Bjerregaard está aquí presenta a estas altas horas, cosa que yo realmente aprecio, quiero desafiar a la Comisión para que apruebe, tan pronto como sea posible, el plan de acción sueco para el empleo y " empleos verdes» que desde noviembre está en su poder esperando la aprobación. 
De otro modo, las señales provenientes de la Comisión serían muy contradictorias. 
Es obvio que mi Grupo va a apoyar este informe, pero también nos gustaría recibir apoyo para nuestras enmiendas que yo creo que son un importante complemento del punto 45, es decir, que los países que quieran establecer impuestos sobre la energía y el dióxido de carbono se pongan a la vanguardia y muestren a los demás cómo hay que hacer para cumplir con los compromisos contraídos en Kioto. 
Señora Presidenta, Señora Comisaria, después de tantos años de predicar y de emplear grandes energías para hacer ver a los países en vías de desarrollo que debían renunciar a un crecimiento tan engañoso como el de los países del Norte y comprometerse en la ascética vía del crecimiento sostenible, la Unión Europea se da cuenta de que también tiene que barrer en su propia casa y admitir que el paro pertinaz y la exclusión masiva no son formas de vida duraderas. 
¿Es decir que dejamos de maravillarnos ante las tecnologías productivistas, tan voraces de recursos naturales y tan misantrópicas? 
¿Reconocemos que la finalidad del desarrollo es el mejoramiento de las condiciones de vida, el retroceso de las desigualdades, la difusión masiva del conocimiento? 
¿Nos situaremos los ciudadanos en el corazón de la dinámica de desarrollo? 
El medio ambiente es transversal. 
Hacia arriba, se alimenta de las políticas de crecimiento, de educación, de formación, de empleo; de las políticas de salud pública, de fiscalidad, de promoción y de rotulación de los servicios públicos. 
Hacia abajo, traduce la irrupción estable de las condiciones ambientales en los campos de la energía, los transportes, la agricultura, la industria y el turismo. 
La política de cooperación debería generar políticas de codesarrollo. 
Sin embargo, no debemos caer en la ingenuidad. 
Sabemos todos que, en términos inmediatos, la creación neta de puestos de trabajo no será espectacular a gran escala. 
Además, la integración del medio ambiente en las políticas económicas a menudo implica la integración de nuevos costos. 
Aplicar castigos económicos a la contaminación equivale, con frecuencia, a crear discriminaciones de competitividad y, por consiguiente, de destrucción de puestos de trabajo. 
No obstante, tenemos que seguir avanzando. 
Para ello, para reducir estos riesgos, para controlar estos efectos negativos, debemos planear una política pública global del medio ambiente y del empleo. 
Es la única manera de establecer un nivel de equiparación que haga eficaces todos los esfuerzos en favor del medio ambiente y del empleo. 
Para esto, hay que tener objetivos claros y, sin duda, medios más concisos que la mera evocación de los fondos estructurales. 
Señora Presidenta, me hubiera gustado decir: érase una vez una época en que la humanidad creía que la protección del medio ambiente destruía los puestos de trabajo. 
No hace tanto tiempo esta opinión era la que predominaba. 
En la actualidad, todo el mundo reconoce que sólo si las empresas cuidan los recursos los recursos naturales y gestionan con ahorro y previsión las materias primas y la energía es posible garantizar a largo plazo los puestos de trabajo y mantener un desarrollo sostenible. 
Pienso que es muy importante que la Comisión, tras una cuidadosa preparación mediante la organización de una audiencia, haya transmitido al Parlamento su comunicación sobre medio ambiente y empleo precisamente este año, y que la podamos debatir ahora, al comienzo de la Presidencia austríaca, en la que se examina cómo poner en práctica los planes de empleo nacionales. 
Quiero agradecer a la Sra. Hulthén, ponente de este informe, que haya abordado y preparado este tema con tanta competencia. 
Desde luego, aún nos queda mucha tarea por delante para concretar qué puestos de trabajo pueden crearse y dónde, para evitar que se creen demasiados puestos de trabajo relacionados con la reparación de los daños ambientales, aunque alguno aún sea necesario, sino intentar crear sobre todo puestos de trabajo en donde haya nuevas industrias que se dediquen a organizar métodos de trabajos respetuosos del medio ambiente y a crear las infraestructuras necesarias. 
También el proceso iniciado en Kioto, en lo que respecta a la reducción de las emisiones contaminantes, aborda la cuestión del empleo en este ámbito, porque tan sólo mediante un aislamiento térmico en los edificios ya existentes, muchos Estados pueden lograr la mitad de los objetivos de reducción de las emisiones. 
Espero, señora Comisaria, que en el debate que se celebrará a lo largo de este semestre sobre cómo poner en práctica los planes de empleo desempeñen un papel muy importante los ámbitos del medio ambiente y el empleo. 
Señora Presidenta, señoras y señores, comparto plenamente la opinión manifestada por la señora ponente y los participantes durante el debate hoy celebrado, es decir, que hablamos de un tema muy importante, y que, por tanto, nos enfada un poco el hecho de que se haya hecho tan tarde, sin embargo, esto no nos impedirá subrayar la importancia de la relación entre protección medioambiental y empleo. 
Permítaseme hablar primero un poco sobre el empleo, pues ahora éste entra claramente a formar parte de los puntos del orden del día de la Unión Europea. 
Sabemos que el empleo aparece incorporado al Tratado de Amsterdam como objetivo de la Unión. 
Mantuvimos una cumbre específica sobre el empleo el pasado año en Luxemburgo y este año todos los Estados miembros han presentado por primera vez a la Comisión sus planes de acción para el empleo. 
La Comisión presentó una primera evaluación de estos planes en la cumbre de Cardiff, permitiéndonos esto examinar más de cerca estas políticas desde un punto de vista medioambiental y debatir junto a nuestros colegas de qué manera puedan fomentarse las sinergias existentes entre estas dos políticas. 
Una manera de llevar esto a cabo es integrando el objetivo sobre protección medioambiental y desarrollo sostenible en las nuevas directrices sobre el empleo para 1999. 
Por lo que se refiere a la protección medioambiental, el compromiso europeo queda algo más atrás y hay también varios oradores que lo han mencionado, sin embargo, éste recibió un nuevo impulso en la cumbre de Cardiff, en la que se aprobó una estrategia fortalecida para la integración del medio ambiente en todas las demás políticas comunitarias. 
Hoy no unimos sólo economía y medio ambiente. 
Añadimos también una dimensión social al desarrollo sostenible. 
Un peso económico equilibrado, la protección medioambiental y la creación de empleo no sólo son compatibles entre sí, sino que también son elementos esenciales en una estrategia de desarrollo a largo plazo. 
Para poner en práctica este modelo de desarrollo, hay- tal y como aparece descrito en la Comunicación- ciertos principios que deben respetarse y mencionaré brevemente algunos de ellos. 
Debemos tener inversiones con fines medioambientales. 
Debemos tener tasas más altas de empleo y pienso que debemos conseguir la modificación de la legislación tributaria, que debatimos- como mencionó el Sr. Virgin- también ayer por la tarde- y casi a una hora igual de tardía- para trasladar la tributación de la mano de obra. 
Y finalmente, debemos disponer de la participación de todas las partes interesadas. 
Con relación a la problemática del clima, veo muchas posibilidades de crear empleo, especialmente dentro del campo de las nuevas industrias y servicios, ya se trate de la ampliación en el uso de las fuentes de energía renovable, mejoras en la efectividad energética unida a procesos, productos y edificios o una mayor exportación a mercados situados fuera de la Unión. 
Todas estas actividades ahorrarán dinero. 
Mejorarán el medio ambiente y crearán empleo. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Graenitz en que representa un motivo de alegría ver que la presidencia austriaca quiera tramitar la Comunicación sobre medio ambiente y empleo en la sesión del Consejo de Medio Ambiente en octubre. 
Espero que el Consejo apruebe en esta ocasión una resolución que fortalezca el compromiso de la Comisión y los Estados miembros a la hora de adoptar medidas adicionales en materia de empleo y medio ambiente. 
Señora Presidenta, me detendré aquí, sin embargo, antes me gustaría reconocer y elogiar la labor de las tres comisiones del Parlamento Europeo en la elaboración del informe y las opiniones sobre la Comunicación de la Comisión sobre medio ambiente y empleo. 
Especialmente querría hacer llegar mi agradecimiento a la Sra. Hulthén por su importante actuación como ponente y también al señor presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ken Collins, por su activa participación en la conferencia sobre medio ambiente y empleo que prepararon juntos el pasado año el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Y por último, me gustaría manifestar también mi satisfacción con la fructífera colaboración habida con mi colega, el Sr. Padraig Flynn. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.05 horas) 
Aprobación del Acta 
Señora Presidenta, me gustaría decir algo sobre el Acta con motivo de la carta que ayer anuncié al Presidente. 
Quiero agradecer inmensamente a todos los Cuestores que hayan aceptado mi petición de plantear al asesor jurídico, en quien tengo mucha confianza, la legalidad, no la oportunidad, sino la legalidad del sistema de voto obligatorio, la disciplina financiera y las consecuencias fiscales. 
Muchísimas gracias, señores Cuestores, y también una palabra de agradecimiento a nuestro colega, el Sr. Falconer, que ha puesto todo en movimiento en nombre de los backbenchers de esta Casa. 
Señor Falconer y señores Cuestores, gracias de todo corazón. 
Señora Presidenta, en el turno de preguntas a la Comisión, yo retiré la pregunta que había presentado, pero esto no consta en el Acta. 
¿Hay alguna otra observación sobre el Acta? 
Señora Presidenta, observo en el Acta que mi voto no ha sido incluido en las dos primeras votaciones, en las que estuve presente y que creía que mi aparato electrónico había registrado. 
Voté "no» en la primera votación y" no» en la segunda votación. 
Se realizará la correspondiente rectificación. 
(El Acta queda aprobada) 
Tiene la palabra la señora González Álvarez para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, quiero hacer un ruego a la Presidencia. 
En la sesión pasada aprobamos una resolución condenando la situación de los presos y condenados a muerte en Guinea Ecuatorial. 
Anteayer murió el líder bubi Martín Puye. 
Encarcelado en unas condiciones terribles en las prisiones ecuatoguineanas, no se le permitía hablar con nadie, se le tenía racionada el agua y la comida, y estaba en una celda de 1, 50 por 1, 50. 
Nosotros rogamos a la Presidencia- ya que no da tiempo a presentar una resolución de urgencia- que pida a las autoridades de Malabo una investigación y que nuestra institución tome las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir nada parecido porque, en esa situación en la que estaba este líder bubi, hay varios presos más. 
Nosotros debemos impedir desde aquí que vuelva a ocurrir una cosa como ésta. 
Este hombre tenía 58 años. 
Es terrible que haya muerto así; a los demás presos no se les ha condenado a muerte pero van a morir de forma igual por sus condiciones en prisión. 
Señoría, desde luego resulta difícil intervenir desde aquí. 
Tenemos que reflexionar sobre el procedimiento más adecuado para que nuestras propuestas puedan servir de ayuda en el futuro. 
Yo creo que lo más conveniente será, tal vez, que transmita su petición a la comisión competente o quizá primero a la Mesa. 
Tiene la palabra el señor Morris. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Ayer por la tarde, durante el turno de preguntas, no fue posible llegar a la pregunta que pensaba dirigir al Consejo. Es una pregunta importante. 
Actualmente hay cinco encarcelados en una prisión saudí, acusados de apostasía, que se enfrentan a la pena capital por decapitación. 
Dos son europeos y es muy probable que, a raíz de las peticiones de siete Estados miembros, se les conmute la pena de muerte, posiblemente por penas de cárcel. 
Los otros tres son filipinos, y es muy probable, como ya sucediera en el pasado, que los filipinos- en otras palabras, los no europeos acusados de apostasía en Arabia Saudí- sean realmente ejecutados por la espada. 
Quisiera hacer un llamamiento al Presidente y al Parlamento, y ciertamente al Consejo, para que presentemos una petición urgente a las autoridades de Arabia Saudí para que concedan clemencia a los cinco acusados. 
En realidad, estaríamos haciendo un llamamiento en favor de la libertad fundamental de libertad religiosa en Arabia Saudí. 
Quisiera hacer un llamamiento urgente, en nombre de estas cinco personas, para que se emprenda dicha acción con carácter de urgencia. 
Señor Morris, la Presidencia del Consejo se encuentra presente. No sé si habrán tomado nota de su petición; de lo contrario, yo le recomendaría que vuelva a presentarla por escrito, con objeto de que la Presidencia pueda darle curso. 
Tiene la palabra la señora Ferrer. 
Señora Presidenta, quiero suscribir plenamente las palabras de la Sra. González porque no se trata sólo de que hoy haya ya desgraciadamente un muerto- el líder de los bubis- sino de que hay diez u once personas más en peligro. 
Yo creo que este Parlamento, que se ha pronunciado con rotundidad contra la pena de muerte en general y, concretamente, también contra las condenas a muerte de ciertos presos en Guinea Ecuatorial, debería actuar a través, al menos, de la Presidencia del Consejo. 
Podríamos dirigir al Consejo este mensaje para que intervenga ante las autoridades de Guinea Ecuatorial y, en todo caso, para que éstas permitan la visita por parte de autoridades de la Unión Europea para controlar la situación de estos presos y garantizar así la justicia para este pueblo. 
Muchas gracias, señora Ferrer. 
Tomamos nota de su petición y se procederá como usted pide. 
Tiene la palabra el señor Smith. 
Señora Presidenta, quiero hacer unos comentarios breves que espero sean tenidos en cuenta por la Presidencia. 
Tengo entendido que el Gobierno de Corea del Sur, a raíz de los disturbios de los trabajadores de aquel país, ha pedido la detención de 55 sindicalistas. 
Quisiera pedir a la Presidencia que intervenga ante dicho Gobierno para hacerle partícipe de la oposición del Parlamento Europeo a dicha conducta. 
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones- Modificación del apartado 3 del artículo 156 del Reglamento del Parlamento- Modificación del artículo 156 del Reglamento del Parlamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0250/98 del Sr. Fontana, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 1997-1998; -A4-0209/98 del Sr. Evans, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación deCredenciales e Inmunidades, sobre la modificación del apartado 3 del artículo 156 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo al derecho de petición; -A4-0158/98 del Sr. Wibe, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre la modificación del artículo 156 del Reglamento (derecho de petición). 
Señora Presidenta, pido disculpas en nombre del Sr. Evans que no se encuentra presente por razones inaplazables, aunque espera estar de vuelta antes de la hora del almuerzo, cuando votemos sobre esta cuestión. 
El informe Evans trata sobre la posibilidad de presentar peticiones al Parlamento Europeo en lenguas distintas de las 11 lenguas oficiales. 
Existen dos grupos de las que podríamos denominar lenguas no oficiales. 
En primer lugar, están las lenguas de algunas regiones de la Unión Europea. 
Por ejemplo, en mi circunscripción tenemos el galés o gaélico. 
En segundo lugar, están las lenguas de inmigrantes en la Unión Europea que, una vez más, en el caso de mi país, serían lenguas como el gujrati, el urdu, el bengalí, etc. 
La propuesta del Sr. Evans está encaminada a permitir a la población presentar peticiones al Parlamento Europeo en cualquiera de estos dos grupos de lenguas, a condición de que vayan acompañadas de la correspondiente traducción oficial. 
Esta medida beneficiaría a muchos millones de personas residentes en la Unión Europea, que son ciudadanos de la Unión, pero cuya primera lengua no es una de las 11 lenguas oficiales. 
Espero que la Asamblea apoye el informe. 
La enmienda presentada por el Sr. Evans es acerca de esta cuestión. 
Hay varias otras enmiendas a las que, lamentablemente, nos oponemos, ya que mayormente trazan una distinción entre las lenguas reconocidas oficialmente y aquellas que no lo están. 
Creemos que cualquiera de las lenguas de uso común en la Unión Europea deberían ser admitidas, a condición de que vayan acompañadas de la traducción oficial. 
Ciertamente, algunas de las enmiendas son bastante disparatadas, una de ellas da a entender que deberemos contratar a personal que, por ejemplo, pueda ocuparse de las peticiones en galés. 
Estamos perfectamente de acuerdo con que las peticiones se presenten en galés, pero no estamos de acuerdo con la enmienda que declara que debe ser posible presentarlas sin una traducción. 
Insto a la Asamblea a apoyar la enmienda Evans, pero a que no apoye las demás enmiendas. 
Espero que podamos introducir esta pequeña, pero significativa modificación, en nombre de los pueblos de Europa, cuando votemos a las 12.00 horas. 
Señora Presidenta, mi informe tiene su origen en una propuesta de Dell ' Alba para hacer una pequeña enmienda al artículo 156 que posibilitaría el envío de peticiones a través del correo electrónico. 
La esencia de mi propuesta es que aprobemos esta enmienda de Dell ' Alba y, consecuentemente, que permitamos el envío de peticiones por medio electrónicos. 
Además, mi informe contiene otra propuesta, a saber, que esas peticiones formen parte de un registro público y, por tanto, estén a disposición del público. 
Se puede discutir mucho en torno a mi informe. 
Sin embargo, permítanme decir que el punto de vista más importante es, con todo, que las peticiones sean independientes de la forma cómo se envíen. 
No debe tener importancia si se envían por medio de telefax, correo ordinario o correo electrónico. 
También debe señalarse que en muchos órganos similares en los parlamentos nacionales y donde nuestro propio Defensor del Pueblo, se permite que se envíen peticiones por medios electrónicos. 
Fundamentalmente se han hecho tres objeciones. 
La primera es que, de algún modo, es injusto ya que no toda la gente tiene un ordenador. 
Los ordenadores están en primer lugar, principalmente, en manos de hombres y, en segundo lugar, en poder de personas con altos ingresos. 
Es una objeción evidentemente correcta que esto aumenta las posibilidades para aquellos que poseen un ordenador y no para los demás. 
Al mismo tiempo, debe destacarse que cuando se inventó la máquina de escribir hace cincuenta o cien años, tampoco estaba en poder de cualquier persona, sino que tal vez en manos de los grupos mejor situados en la sociedad. 
No obstante, no sería razonable prohibir el envío de peticiones a través del correo electrónico solamente porque un grupo especial de personas podría utilizar esta posibilidad. 
La segunda objeción se refiere a la posibilidad de falsificación, es decir, si se envía una petición a través del correo electrónico, se le puede firmar con un nombre falso. 
Es totalmente correcto, esto puede ocurrir. 
Sin embargo, quiero señalar que no existe nada en el sistema actual que diga que hay que controlar las firmas de las cartas que llegan. 
Por mi parte, se trata de un asunto para la administración. 
Si la administración quiere controlar las firmas, no hay problemas para hacerlo, independientemente de si se ha enviado electrónicamente o como una carta ordinaria. 
El tercer punto de críticas se refiere a que esto producirá un aumento de la cantidad de peticiones y, por tanto, se requerirá más personal, lo cual de por sí también es correcto. 
Sin embargo, creo que cuando se usa el correo electrónico hay posibilidades de hacer el trabajo más eficientemente. 
Con todo, el punto de vista más importante es que la democracia tiene sus costes. 
Es posible que esto nos lleve a que necesitemos más personal para las peticiones en la Comisión, pero la democracia cuesta y tenemos que estar dispuestos a pagar este pequeño precio. 
Además del asunto fundamental nombrado anteriormente, el informe contiene también una propuesta de registro público de peticiones, en tanto quien la hace no desee que ésta sea tratada confidencialmente. 
En nombre de la transparencia, también es ésta una demanda razonable. 
Quiero terminar diciendo que felizmente este informe ha alcanzado unanimidad en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Estos son, ciertamente, pequeños pasos que se dan aquí, son casi insignificancias, pero son, aún así, pasos encaminados hacia una mejor transparencia. 
Todos los grandes viajes comienzan con un pequeño paso. 
Señora Presidenta, yo quisiera felicitar a los tres ponentes, ya que, según he podido saber a través de la otra comisión, los tres informes fueron aprobados por unanimidad. 
Nuestra tarea como diputados elegidos directamente por los ciudadanos y ciudadanas es representar las aspiraciones de los mismos y hacer nuestras sus preocupaciones. 
Ninguna institución o administración es infalible. 
Las disposiciones europeas pueden presentar insuficiencias en la práctica y en la transposición del Derecho europeo al Derecho nacional, por bien intencionada que sea, siempre se puede incurrir en algún error. 
Las administraciones, todos lo sabemos, tienden a actuar de manera burocrática y esto se traduce en un distanciamiento de los ciudadanos. 
La proximidad al ciudadano es una de nuestras palabras favoritas en nuestros discursos parlamentarios. 
La Comisión de Peticiones garantiza con su trabajo práctico que la proximidad al ciudadano se cumpla en la práctica. 
El trabajo de la comisión consiste en prestar asistencia frente a las deficiencias o los incumplimientos del Derecho comunitario y velar por la defensa de los derechos ciudadanos. 
Afortunadamente, los ciudadanos y ciudadanas ejercen cada vez más sus derechos y, en consecuencia, el número de reclamaciones y peticiones ha vuelto a aumentar en los últimos años. 
Lamentablemente, la dotación del personal de secretaría de la comisión no se ha ampliado automáticamente a la par con el incremento del trabajo y estamos procurando acelerar el examen de las peticiones mediante una modificación y una mayor concisión en nuestro método de trabajo y su organización. 
Por otro lado, confiamos que la decisión sobre la modificación del Reglamento que propone el Informe Wibe abra nuevas posibilidades, ya que permitiría también el envío de peticiones a través de Internet, lo cual agilizaría todo el procedimiento de tramitación y de examen. 
El hecho de que puedan transcurrir incluso varios años antes de que sea posible completar la tramitación de algunas peticiones no sólo resulta molesto, sino que también transmite una imagen nada positiva de Europa. 
El período de tramitación se alarga con frecuencia por muy diversos motivos. 
Por un lado, la traducción de los documentos y la presentación de un resumen en las once lenguas lleva tiempo. 
Por el otro lado, en la mayoría de los casos se solicita información a la Comisión y su respuesta también tiene que traducirse a las once lenguas antes de que las peticiones puedan ser examinadas en comisión. 
El mayor problema lo plantean, sin embargo, nuestros Estados miembros, que responden con lentitud y evasivas a las quejas, sobre todo cuando son manifiestamente justificadas, y a veces incluso no reaccionan y sólo la amenaza de una actuación ante el Tribunal de Justicia Europeo les incita a actuar. 
Los 17 procedimientos por incumplimiento de los Tratados, iniciados a instancias del Parlamento, que se enumeran en el informe de la Comisión Europea sobre el ejercicio de este derecho en el ámbito de la Unión son un resultado del trabajo que realizamos en la Comisión de Peticiones. 
A pesar de todas las dificultades, resulta satisfactorio constatar que muchas peticiones se han podido resolver de manera positiva. 
En el Informe anual se describen, a modo de ejemplo, algunos casos que yo quisiera recordar ahora. 
Por ejemplo, un trabajador alemán que había desarrollado parte de su actividad laboral en Bélgica y Francia, solicitó con pleno derecho su pensión en los tres Estados miembros. 
La caja de pensiones francesa le reconoció este derecho, pero recortó su pensión a sólo la mitad, aduciendo como argumento que no se podría abonar el importe total hasta que no presentase la notificación de las cajas de pensiones alemana y belga. 
Sin embargo, dado que al mismo tiempo también tenía dificultades con la caja de pensiones alemana, con la cual tiene pendiente un litigio, corría el riesgo de tener que esperar un buen tiempo antes de poder percibir la pensión francesa. 
La decisión relativa a la pensión francesa fue modificada gracias a una iniciativa y a la intervención de la Comisión y se le abonó la pensión completa, pues las autoridades francesas habían aplicado una disposición antigua. 
En este caso, las autoridades nacionales habían cometido, por lo tanto, un error, pero la intervención de la Comisión de Peticiones consiguió que a un ciudadano le fuese reconocido su derecho. 
No todas las peticiones se pueden resolver con resultados tan favorables. 
Además, continuamente topamos con las limitaciones de las competencias que nos concede el Tratado. 
Sin embargo, es importante que los ciudadanos y ciudadanas estén informados y sepan que pueden acudir a la Comisión de Peticiones para hacer valer sus derechos y que haremos cuando esté en nuestro poder para conseguir que éstos les sean reconocidos. 
Señora Presidenta, durante el debate sobre el informe Anastassopoulos de esta misma semana, muchos diputados dijeron que no debemos escatimar esfuerzos para acercar este Parlamento a la sociedad europea. 
Es una meta importante. 
Así, la posibilidad de presentar peticiones al Parlamento y la labor de la Comisión de Peticiones son unos de los medios más eficaces de que disponemos para que ciudadanos individuales puedan recurrir al Parlamento de una forma clara y directa en busca de soluciones a sus preocupaciones. 
Felicito al Sr. Fontana por la claridad de su informe y también por el compromiso que, en su calidad de presidente de la Comisión de Peticiones, ha demostrado con las necesidades de ciudadanos europeos. 
El Sr. Fontana cuenta con la útil asistencia de una plantilla competente y responsable y, de forma similar, los informes que nos proporciona la Comisión son siempre minuciosos y bien presentados. 
En ocasiones, cabe desear que sus informes lleguen con algo más de celeridad a la Comisión de Peticiones. 
El obstinado boicot a la comisión de algún representante del Consejo, lamentablemente, sigue siendo una gran omisión. 
No veo a ningún representante del Consejo asistiendo a este debate. 
No logramos que la Presidencia británica se tomara en serio las necesidades de ciudadanos individuales. Espero que la Presidencia austríaca se ocupe de este asunto y garantice que, de manera natural, un representante del Consejo asista a todas las reuniones de la Comisión de Peticiones. 
En ellas el Consejo aprendería mucho más sobre cómo marcha realmente Europa, que en toda una serie de reuniones a puerta cerrada del Consejo. 
También quiero respaldar las observaciones que han hecho otros diputados sobre la necesidad de utilizar métodos modernos- correo electrónico e Internet- para presentar las peticiones. 
Al tiempo que no dudo en respaldar el informe del Sr. Evans, la principal preocupación es la rapidez en las consideraciones. 
Es realmente lo que los diputados desean. 
Muchas gracias, señor Perry. 
Sólo quiero indicarle que la Presidencia del Consejo se encuentra presente y sus representantes están tomando notas diligentemente aquí delante. 
Señora Presidenta, creo que la modificación del derecho de petición al Parlamento Europeo en el sentido de que sean reconocidas las lenguas que son oficiales en una parte del territorio de los Estados miembros es un paso positivo. 
Debemos recordar que este Parlamento aprobó, en el mes de diciembre de 1990, el informe presentado por la diputada de Luxemburgo, Sra. Reding, en el cual destacaba la importancia de las lenguas minoritarias en el marco de la Unión Europea y la necesidad de que los ciudadanos de todos los pueblos de Europa no viesen la Unión Europea como un cuerpo extraño a su propia identidad. 
No estamos hablando de un reconocimiento de más lenguas de trabajo ni de más lenguas oficiales. Únicamente de que estos ciudadanos puedan dirigir sus peticiones al Parlamento Europeo, que es la institución que representa a la totalidad de los ciudadanos de Europa, en su propia lengua, cuando tenga reconocido un estatuto de oficialidad en el Estado correspondiente. 
Yo quiero recordar que muchas de estas lenguas fueron prohibidas en algunos Estados durante épocas de dictadura todavía recientes, pero que la democracia las ha reconocido y les ha otorgado también un estatuto propio de oficialidad. 
Tenemos que tener en cuenta también que estos ciudadanos tienen el derecho de utilizar su lengua materna en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y otros órganos judiciales. 
Por lo tanto, el reconocimiento del uso de la lengua propia por parte del Parlamento Europeo sería un hecho de justicia en lo que concierne al derecho de petición, y sería un buen ejemplo de cara a esta futura ampliación a los Estados del centro y del este de Europa, donde se encuentran también grupos minoritarios con lenguas propias en el marco de los Estados, para que dichos grupos vean que esta institución europea está abierta a la pluralidad de todos los pueblos de Europa. 
Señora Presidenta, cada vez resulta más evidente que una de las innovaciones más significativas del Tratado de Maastricht fue la de instaurar el derecho de presentar peticiones. 
Es un derecho fundamental del que gozan todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
En el período que abarca el informe, la Comisión de Peticiones ha recibido 1.300 peticiones. 
La mayoría de las cuales se centran en cuatro ámbitos principales, a saber, el no reconocimiento de las titulaciones, problemas relativos a la libre circulación en los Estados miembros, el medio ambiente y la salud pública. 
Se trata de problemas reales planteados por los propios ciudadanos de la UE, e ignorarlos supondría un peligro para nosotros. 
El derecho a presentar una petición ayuda a romper barreras y crea un nexo vital entre el funcionamiento de las instituciones de la UE y nuestros ciudadanos. 
A raíz de las peticiones presentadas por ciudadanos de la UE, los Estados miembros pueden ser declarados culpables de infringir el Derecho comunitario. 
Deseo referirme brevemente a Sellafield. 
La instalación nuclear situada en la costa occidental británica, lejos de la cómoda sede del poder en Londres, ha sido y sigue siendo causa de seria preocupación para ciudadanos irlandeses. 
La única Sellafield segura es una Sellafield cerrada. 
La Comisión no puede seguir haciendo caso omiso a lo que dicen los ciudadanos. 
No es una cuestión de subsidiaridad: la contaminación transfronteriza es un asunto que nos preocupa a todos y ha dado lugar a numerosas peticiones. 
Sellafield tiene un historial estremecedor: es propensa a los accidentes, contamina el aire y nuestro mar. 
Existe una larga letanía de incidentes y disputas. 
¿Por qué British Nuclear Fuels se negó a facilitar información suficiente al Radiological Protection Institute de Irlanda para que éste pudiera evaluar la seguridad del almacenamiento nuclear de Sellafield? 
Un informe del Consejo General de Consejos de Condados irlandeses, publicado en junio, advertía que un accidente nuclear en Sellafield podía originar un desastre de diez a cien veces mayor que el de Chernóbil. 
Incluso un pequeño seísmo en la región de Cumbria podría romper los depósitos de almacenamiento. 
Dicho informe, elaborado por el director del Institute for Research and Security Studies con base en los Estados Unidos, acusa a los inspectores de la instalación nuclear del Reino Unido de no tomar con la suficiente seriedad la posibilidad de un accidente grave en Sellafield y de no tener un plan de emergencia. 
Va siendo hora de que la Comisión corte las alas a la ambición nuclear del Britrish Nuclear Fuels cuando se dispone a extender su imperio hasta los Estados Unidos. 
Para terminar, en lo relativo a la petición del Sr. Peter Downs de Irlanda sobre la seguridad de los cascos de equitación, insto a la Comisión a presentar ya un informe de actividades sobre los asuntos planteados. 
La norma EN 1384 propuesta es un compromiso que no garantiza la mejor protección posible, como exige la directiva sobre equipos de protección del personal. 
Sólo se consultó a una de las 17 federaciones de equitación que existen en Europa. 
¿Por qué se nos niegan normas de seguridad más seguras a pesar de que existen, habida cuenta, por ejemplo, de que las normas estadounidenses proporcionan mejor protección? 
Por lo tanto, le rogamos que presente un informe de actividades, porque la vida está en juego. 
Señora Presidenta, la modificación del apartado 3 del artículo 136, que se propone en el informe del Sr. Evans, no es una modificación del régimen lingüístico, cuya responsabilidad corresponde al Consejo, sino la voluntad de que los ciudadanos puedan utilizar, en las quejas o peticiones que dirigen al Parlamento Europeo, la lengua que les es propia. 
Ciertamente, el Sr. Evans ha hecho un esfuerzo, y ha introducido esa modalidad de presentar el escrito en la lengua propia con una traducción. 
Pero esto no es satisfactorio: es una solución formal pero no una solución real. 
Y no lo es, sobre todo, en algunos casos, señora Presidenta, como son los de aquellas lenguas que son oficiales en uno de los Estados miembros de la Unión. 
En este caso, señora Presidenta, nosotros entendemos que deberían aceptarse las peticiones y las quejas de los ciudadanos con su lengua propia. 
Señora Presidenta, creo que a nadie se le pasa por alto que las peticiones, junto con la posibilidad de recurrir al Defensor del Pueblo, representan para los ciudadanos europeos un aspecto importante del derecho de ciudadanía y, en consecuencia, considero que debemos fomentar al máximo esta actividad democrática y este derecho de información de los ciudadanos. 
Las peticiones son, al mismo tiempo, para los ciudadanos un instrumento para conocer las Instituciones europeas, y para nosotros los diputados y para las Instituciones europeas una importante ocasión para conocer cuáles son los problemas más relevantes para los ciudadanos y, por ende, cuáles son los aspectos más destacables en que ha de centrarse nuestra actividad. 
Hay que considerar asimismo que las peticiones siguen aumentando- el año pasado fueron más de 1.300- y que son cada vez más los ciudadanos que firman las peticiones- hay peticiones con más de 30.000 firmas- lo que demuestra que son cientos de miles los ciudadanos que cada año utilizan este importante instrumento de democracia. 
Evidentemente, esto exige mejorar la organización de los trabajos de la Comisión de Peticiones, así como facilitar a los ciudadanos la posibilidad de hacer uso de este instrumento. 
Estamos, por lo tanto, a favor de la utilización de nuevos medios como Internet y de las lenguas que no son oficiales, siempre y cuando exista una síntesis y una traducción a una de las lenguas oficiales. 
Tampoco hay que olvidar que casi la mitad de las peticiones es inaceptable. Esto significa que no existe una información adecuada de los ciudadanos europeos sobre qué pueden pedir y cómo deben dirigirse las peticiones. 
Otro aspecto significativo es la colaboración con las Instituciones de la Unión Europea, en particular, con el Defensor del Pueblo europeo en lo que se refiere a las peticiones límite, así como con la Comisión, con la cual la colaboración, que hasta ahora ha sido buena, podría mejorarse en cuanto a los plazos y la calidad de las respuestas. 
También es de esperar una mejora de la colaboración entre la Comisión de Peticiones y las demás comisiones del Parlamento Europeo. Asimismo, como ya se ha dicho, han de mejorar las relaciones con los Estados miembros, puesto que las respuestas que hemos obtenido hasta el momento son insatisfactorias y tardías. 
Como representante del Grupo de los Verdes, permítanme manifestar que estamos muy satisfechos porque los ciudadanos europeos estiman que el instrumento de las peticiones es muy importante para que se conozcan los problemas medioambientales de su territorio. 
Señora Presidenta, comienzo felicitando a los tres ponentes, aunque voy a centrar mi intervención en el informe del Sr. Evans por la gran importancia e interés que tiene para las lenguas y culturas de la Unión Europea. 
Efectivamente, las lenguas que gozan de un estatuto de oficialidad en un Estado miembro podrán gozar, a partir de este momento, de los mismos derechos que actualmente tienen cada una de las 11 lenguas de trabajo oficiales de la Unión Europea en lo que se refiere al derecho de petición al Parlamento Europeo, favoreciendo así el desarrollo de las diferentes culturas de los pueblos de Europa. 
Y, señora Presidenta, este es el sentido de nuestra enmienda: promover y desarrollar el uso de y la comunicación, en su lengua propia, de los ciudadanos europeos, respetando su propia cultura e idiosincrasia, con las instituciones comunitarias, en este caso con el Parlamento Europeo. 
Con todo esto, no estamos haciendo otra cosa que reforzar y desarrollar el sentimiento de ciudadanía europea en todos los pueblos de la Unión, ya que lo que pretendemos conseguir es que, llegado el caso, un ciudadano, por ejemplo de la Comunidad Valenciana, tenga la oportunidad de dirigirse al Parlamento Europeo tanto en español como en valenciano, al estar esta última lengua oficialmente reconocida en nuestro estatuto de autonomía. 
Esta es una buena oportunidad para dar sentido al gran esfuerzo que la propia Unión Europea, a través de la Comisión, está realizando, desde hace ya varios años, en favor de la promoción y desarrollo de las lenguas minoritarias de la Unión, sobre todo por medio del programa ARIANE cuya dotación financiera superó en 1997 los 3.700.000 ecus, y gracias también a los trabajos desarrollados por la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias. 
Finalizo ya, señora Presidenta, con la esperanza de que esta Asamblea apruebe un informe cuyas enmiendas tratan de ampliar y consolidar el espíritu de integración de los pueblos y sus culturas. 
Señora Presidenta, los informes de nuestros colegas Evans y Wibe aspiran a ampliar aún más el derecho de petición establecido por el artículo 156 de nuestro Reglamento. 
Pero en estos mismos textos encontramos disposiciones que, en previsión de las dificultades que pueden derivarse de dichas reformas, convierten a estas últimas en un modelo de statu quo. 
En el momento en que los servicios de traducción de la Comisión Europea piden que se introduzca una jerarquía entre los documentos, con el fin de determinar cuáles requieren una traducción integral- habida cuenta de la ampliación, que aumentará a dieciséis el número de lenguas oficiales -, el Sr. Evans propone reformar el Reglamento para que se puedan presentar peticiones en una lengua distinta de las once lenguas oficiales de la Unión. 
Feliz idea para quienes hablan una lengua minoritaria. 
Pero, ¿dónde está el ahorro de tiempo si el peticionario debe adjuntar una traducción o un resumen redactado en una lengua oficial de la Unión Europea? 
¡Esta propuesta es un engaño, una hipocresía, ya que la única simplificación consiste, de hecho, en proponer al Parlamento Europeo que admita unos documentos que, como muy bien sabemos, serán completamente inútiles! 
Por su parte, el Sr. Wibe sugiere simplificar el procedimiento para la presentación de las peticiones gracias a los medios electrónicos, pero aclara que sería necesario, tras la recepción de la petición a través de la Web, enviar al peticionario una carta solicitándole que confirme su propuesta presentada por correo electrónico. 
¡Aquí tampoco hay ninguna simplificación, como se promete! 
El presidente Fontana constata en su informe el aumento del número y de la complejidad de las peticiones, lo que supone cada vez más retrasos y dificultades para tratarlas. 
En estas condiciones, ¿cuál será la eficacia y la credibilidad de la Comisión de Peticiones si se multiplican las vías de consulta del Parlamento, como sugieren los diferentes informes que debatimos esta mañana? 
Para concluir, señora Presidenta, nosotros votaremos en contra de dichos informes no porque sean malos, sino porque no responden a los problemas planteados, ya que tras comprobarse una gran acumulación de solicitudes en la Comisión de Peticiones, los ponentes proponen como solución un aumento de la burocracia. 
Señora Presidenta, no cabe duda que uno de los resultados más importantes conseguidos por el Tratado de Maastricht fue la creación de esa ciudadanía europea que ha equiparado todo ciudadano de un Estado miembro a un ciudadano de la Unión y que, implícitamente, ha dado lugar a una mayor incidencia de la tutela de sus derechos en el ámbito de la construcción comunitaria. 
Junto con la figura del Defensor del Pueblo, instituida por el Tratado, también el derecho de petición, reconocido por el mismo Tratado, tiene como fundamento superar ese déficit democrático que sigue perjudicando al ciudadano comunitario. 
En realidad, el derecho de petición es fundamental, no solo para los ciudadanos, sino también para las Instituciones de la Unión, habida cuenta de que las peticiones permiten a las Instituciones conocer las verdaderas expectativas de los ciudadanos. 
Queremos subrayar, sin embargo, que un examen eficaz de las peticiones depende siempre de la existencia de los recursos humanos y de los servicios responsables adecuados, e insistimos para que, a través de los medios más apropiados, sean publicitados con frecuencia entre los ciudadanos europeos el derecho de petición y, aún más, si cabe, las vías de acceso al Parlamento Europeo que es el que canaliza las peticiones. 
Finalmente, debe atribuirse gran importancia a la aceptabilidad de las mismas. 
El señor Presidente de la Comisión y nosotros con él confiamos en que mejoren las actuaciones de los Estados miembros en los casos en que se señalan infracciones, y subrayamos la necesidad de que los propios Estados miembros respondan de forma exhaustiva e inmediata a las solicitudes de información y de actuación que reciben de la Comisión Europea, y cumplan la obligación de facilitar a la Comunidad el cumplimiento de su misión, a tenor de lo establecido en el artículo 5 del Tratado. 
El presidente Sr. Fontana, a quien agradezco la excelente labor que realiza como presidente de la Comisión de Peticiones, llama justamente la atención sobre los poderes reales del Parlamento Europeo que, actualmente, tan sólo dispone del poder de codecisión y carece de una verdadera potestad legislativa que permita realmente al elector ejercer, a través de los electos, el control democrático de las medidas que se adoptan. 
En consecuencia, la importancia que reviste poder acudir a la figura de las peticiones que registran las aspiraciones y expectativas del ciudadano y que reciben sus quejas de la normativa europea que consideran inicua, es un vector de nuestro sistema democrático. 
Gracias a las distintas peticiones dirigidas al Parlamento Europeo se han conseguido ajustar las disposiciones vigentes a través de las necesarias medidas correctoras de tutela, al objeto de promover la integración europea que ya es inaplazable. 
Una última observación a los tiempos de trabajo demasiado largos: no sé cómo, pero tenemos que estudiar la manera de ser más ágiles y rápidos. 
Señora Presidenta, ser un miembro activo de la Comisión de Peticiones es, en buena medida, una formación. 
La Comisión de Peticiones es una fuente inagotable de información, de conocimientos- y a veces, de algo de desconcierto- cuando nos adentramos en los entresijos de la legislación que dan lugar a las quejas de los ciudadanos. 
Pero es aquí, en contacto directo con los ciudadanos de la Unión Europea, donde encontramos los fallos y las limitaciones de la legislación comunitaria. 
Por ejemplo, en el caso del medio ambiente, descubrimos que los proyectos que fueron planeados antes de la entrada en vigor de la legislación no necesitan una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente. 
Lo que significa que se puede sacar del cajón un plan de hace 20 años, desempolvarlo y no será necesario presentar ninguna evaluación sobre las repercusiones sobre el medio ambiente para su aprobación. 
Sobre el reconocimiento mutuo de las titulaciones, la Unión Europea tiene aún un largo camino por recorrer. 
En el caso del acceso a las prestaciones de la seguridad social, los gobiernos se confabulan entre sí para negar a los ciudadanos sus derechos. 
Todas estas cosas juntas actúan como impedimento a la libre circulación de ciudadanos y la Comisión de Peticiones ha llamado continuamente la atención al respecto. 
Quisiera rendir homenaje a la Comisión y expresarle mi agradecimiento por su cooperación durante el tiempo que he estado en la comisión. No obstante, esta alabanza es limitada. 
A veces podría mostrarse más colaboradora. 
Los asuntos que se presentan a la Comisión de Peticiones podrían haber sido llevados un poco más lejos por la Comisión antes de llegar a la comisión. 
Por tanto, me complace apoyar dichos informes, con algunas reservas. 
Doy las gracias a los ponentes por sus esfuerzos. 
El Sr. Wibe me ha pedido que señale que su informe es un trabajo de significado histórico. Me complace mencionarlo a modo de recordatorio- aunque les dejaré que juzguen por ustedes mismos. 
Hasta el momento, en el presente debate, ninguno de los oradores y oradoras ha respetado su tiempo de uso de la palabra. 
Si continuamos procediendo así, este mediodía también iniciaremos las votaciones con media hora de retraso. 
Señora Presidenta, intervengo en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo sobre los informes Evans y Wibe. 
El informe Wibe es un pequeño paso para el hombre, pero un salto gigantesco para el Parlamento Europeo. 
Sabemos que el Sr. Wibe, proviniendo como proviene de Escandinavia, está especialmente interesado en la tecnología de la información. 
Es un nuevo enfoque, un nuevo aspecto de nuestro trabajo que ha sido especialmente enfatizado y subrayado por su trabajo y el de sus colegas escandinavos. 
Lo acogemos con satisfacción y es acertado que nos conduzca suavemente hacia el siglo XXI en este sentido. 
En lo que respecta al informe Evans, también intervengo en nombre del Grupo del PPE. 
Quisiera señalar que la enmienda 3 ha sido retirada. 
La enmienda no ha sido presentada por el Grupo del PPE. 
La Sra. Ferrer y 28 diputados más han presentado una enmienda idéntica que será sometida a votación. 
Hecha esta observación preliminar, quisiera decir que el Grupo del PPE apoya el informe Evans. 
Creemos que es un compromiso muy viable y valioso entre dos objetivos, uno de los cuales es respetar los Tratados y las normativas en vigor. El otro es reconocer el derecho y el deseo de las personas de poder dirigir sus peticiones al Parlamento Europeo en la medida de lo posible en su lengua materna. 
El informe del Sr. Evans parece contemplar ambos objetivos. Se ajusta a los requisitos jurídicos del Tratado y de las directivas. 
Es un importante paso para permitir a los que hablan lenguas minoritarias o las lenguas de Cataluña, Gales, Irlanda, Cerdeña, etc. que se dirijan al Parlamento Europeo en su propia lengua. Los colectivos de inmigrantes también se verán favorecidos. 
Sería una pena que el Parlamento Europeo se viera involucrado en exceso en cuestiones de acuerdos lingüísticos que pueden ser resueltos mejor a nivel nacional. 
Tenemos nuestras lenguas oficiales. Debemos respetar su situación en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Recomiendo los informes Evans y Wibe a la Asamblea. 
Señora Presidenta, el contacto más puro, directo y vivo del Parlamento Europeo con el ciudadano, tanto de forma individual como colectiva, es esta institución de la Comisión de Peticiones. 
Eso es algo que remarcan los tres informes, especialmente el del Sr. Fontana, y eso es algo con lo que estoy de acuerdo. 
Pero vengo observando que hay un tipo de reseña que se refiere al número de peticiones llevadas a cabo pero que no nos habla de su resultado. 
También nos interesa saber qué es lo que ocurre después. 
Posiblemente, después se desarrolle un debate, un proceso que consume tiempo sin que dé por ello resultados. 
Señora Presidenta, quisiera añadir, en primer lugar, que dicho informe debería hacer referencia a si quien ha presentado la petición ha quedado satisfecho al término del procedimiento y, en segundo lugar, quién ha sido el responsable y por qué razones. 
También quisiera proponer el refuerzo institucional y jurídico de esa Comisión y sus procedimientos para que cuando no sea satisfecha una justa petición haya algún tipo de sanción. 
Por último, quisiera pedir que no se desarrolle el debate una vez al año, que se realice, si es posible, cada vez que haya una Asamblea- si es que valoramos la importancia que tiene la institución- o al menos una vez al semestre para que el Parlamento esté informado, supervise y apoye a dicha Comisión en el desarrollo de su labor. 
Señora Presidenta, yo podría repetir hoy casi al pie de la letra mis intervenciones de los últimos años. 
Cada año recibimos más peticiones, a pesar de que la mayor parte de los ciudadanos de la Unión Europea desconocen su derecho a presentar peticiones ante el Parlamento Europeo en relación con temas comunitarios. 
La utilización de los medios de comunicación más modernos, además de los folletos informativos, podría contribuir también a dar a conocer sus derechos democráticos a los ciudadanos y ciudadanas. 
Lamentablemente para los peticionarios, la tramitación de las peticiones hasta su resolución definitiva se alarga demasiado. 
La Comisión de Peticiones ha optimizado su método de trabajo. 
La cooperación con los funcionarios de la Comisión ha mejorado considerablemente, a mi parecer. 
En la mayoría de los casos- como ya se ha señalado -, el problema se encuentra en el Consejo, o sea, en el Estado miembro al cual se dirige en cada caso la petición. 
Se requiere verdadera paciencia para obtener una respuesta. 
Con frecuencia se requieren varios meses, a menudo no hay respuesta y a veces sólo las presiones de la Comisión consiguen que se inicie un procedimiento e inducen al Estado miembro a responder. 
Es inevitable tener la impresión de que algunos Estados miembros no se toman en serio el derecho de los peticionarios, incumpliendo el compromiso enraizado en el Tratado de Maastricht. 
Personalmente, yo considero satisfactorio que durante el período que abarca el Informe se haya reducido apreciablemente el número de peticiones relativas a la falta de transposición o de aplicación de la legislación europea en materia de protección del medio ambiente. 
Lo cual parece indicar que los Estados miembros han empezado a tomarse más en serio las disposiciones relativas al medio ambiente. 
Gran parte de las peticiones se refieren al ámbito social y en particular a los derechos de los trabajadores migrantes. 
La Directiva 1408 relativa a la coordinación es, ciertamente, positiva, pero con frecuencia no permite evitar las injusticias. 
Sería particularmente de desear que el Consejo manifieste sensibilidad en relación con este tema, a fin de evitar que la libre circulación acarree desventajas. 
En este sentido, yo me remito al informe de la señora Weiler que se someterá a votación esta tarde. 
Señora Presidenta, la Unión Europea, que se define y actúa como una comunidad fundamentada en el respeto de los derechos humanos y que siempre ha defendido y se ha comprometido a promover la diversidad cultural de Europa, no puede ignorar el derecho de un pueblo a ver reconocidos y respetados sus signos de identidad. 
Por ello, este Parlamento, en tanto que representante de los pueblos que integran la Unión Europea, se ha manifestado en reiteradas ocasiones en favor de medidas que contribuyan a preservar esta identidad, uno de cuyos signos más evidentes es su lengua. 
Baste recordar el informe Reding sobre la situación de la lengua catalana, o el informe Killilea sobre las lenguas minoritarias. 
Pues bien, hoy el Parlamento tiene la oportunidad de dar cumplimiento a uno de los acuerdos adoptados en el informe Killilea y de reiterar así su compromiso con la defensa de aquellas lenguas que son parte del rico patrimonio cultural europeo. 
Por ello, solicito el voto favorable de esta Asamblea a la enmienda que diversos grupos y varios diputados hemos presentado al informe Evans, pidiendo que las peticiones redactadas en la lengua oficial de una parte del territorio de un Estado miembro sean también admitidas a trámite. 
Lo pido por coherencia con nuestros propios planteamientos y decisiones y en prueba del empeño de este Parlamento en la construcción de una Europa respetuosa de la diversidad de los pueblos y culturas que la integran y que constituyen una de sus mayores riquezas. 
No se trata de aumentar el número de lenguas oficiales ni de lenguas de trabajo, sino de permitir a los ciudadanos que tienen una lengua propia y reconocida como tal por el ordenamiento jurídico de su Estado miembro, formular sus peticiones en su lengua, porque esta lengua es uno de los exponentes de la riqueza cultural de Europa, porque utilizarla constituye uno de sus derechos, y porque, haciéndolo así, ganaremos muchos ciudadanos para la causa europea. 
Señora Presidenta, los derechos colectivos de las minorías históricas y la diversidad cultural son bienes que todos tenemos que proteger y las instituciones europeas no han escatimado nunca esfuerzos para hacerlo. 
Pero el derecho de petición no es un derecho de los pueblos; es, precisamente, todo lo contrario: es un derecho individual anclado en la defensa de los derechos humanos, que el Tratado reconoce no sólo a los ciudadanos de la Unión sino a cualquier persona, a cualquier ser humano, que esté en la Unión Europea. 
Por lo tanto, nada hay más contrario a ese espíritu que discriminar entre aquellos que tienen una lengua minoritaria reconocida por una cuestión territorial y aquellos otros ciudadanos, que normalmente son los más necesitados, cuya lengua, también minoritaria, no tiene, sin embargo, reconocimiento oficial. 
Señora Presidenta, la enmienda de la Sra. Ferrer no es concorde con los Tratados y, además, atenta gravísimamente contra algo esencial de la Unión Europea: la real protección de los derechos humanos. 
Quien más necesita la posibilidad de dirigir una petición en su propia lengua no es el ciudadano europeo perteneciente a una minoría histórica cuya lengua tiene un reconocimiento. 
Si reconocemos esa posibilidad, reconozcámosla sin ninguna limitación. 
Y me parece, por ello, que la enmienda del Sr. Evans representa una solución razonable a este complicadísimo problema. 
Señor Presidente, dedicaré mi minuto y medio a ofrecer al Parlamento un informe muy breve sobre mi trabajo como mediadora del Presidente para casos de rapto internacional de niños. 
Fue para mí un honor aceptar este papel que me propuso la Comisión de Peticiones. 
Tan pronto como se nos notifica una petición relacionada con el rapto de un niño, generalmente por parte de uno de los padres, llamamos por teléfono a los interesados para que sepan inmediatamente que alguien del Parlamento se está ocupando directamente de su caso. 
Así se eliminan las dificultades a las que se han referido muchos oradores en lo relativo a los retrasos de las peticiones, aunque reconozco que la situación ha mejorado considerablemente desde la reciente reorganización de la comisión. 
Creo que la rapidez es un factor decisivo cuando nos ocupamos de muchas de las peticiones, especialmente las relacionadas con el rapto de niños. 
Nos ponemos en contacto con los padres afectados, con los jueces que han llevado el caso y con las autoridades nacionales, y todos ellos nos muestran su reconocimiento. 
No obstante, seguimos estando en seria desventaja, ya que muchos países de la Unión Europea parecen obstinarse en incumplir el Convenio de La Haya. 
Señor Presidente, Señorías, quiero expresar mi acuerdo con el excelente informe Fontana en sus comentarios sobre la importancia del derecho de petición. 
Las peticiones permiten a las instituciones conocer las verdaderas dificultades y problemas que tienen los ciudadanos. 
Y el derecho de petición se sitúa así en lo que podríamos llamar el corazón de la relación de confianza entre el ciudadano y las instituciones que debe presidir el buen funcionamiento de la Unión. 
Al dirigir una petición al Parlamento, el ciudadano no denuncia únicamente lo que parece que es un mala aplicación de la legislación comunitaria, sino que manifiesta al mismo tiempo su confianza en el Parlamento y en el conjunto de las instituciones con la esperanza de que el error sea reparado. 
Por eso celebro que la colaboración entre el Parlamento y la Comisión haya permitido que también este año- como señala justamente el informe Fontana- puedan extraerse soluciones y mejoras concretas en gran número de casos. 
Debo decirles también que la Comisión, que hace todo lo posible para acercar Europa a los ciudadanos, comparte la posición adoptada por la Comisión de Peticiones sobre los procedimientos de infracción y aprecia en todo su valor la acción que desarrolla el Parlamento en la materia. 
Estamos convencidos de que una tarea esencial que nos incumbe es garantizar el pleno respeto a la legislación comunitaria y detectar las debilidades de esta legislación para mejorarla y para ponerla más adecuadamente al servicio de los ciudadanos. 
Precisamente por esa preocupación de examinar rápidamente y en detalle las peticiones que nos han sido sometidas, haré únicamente una brevísima observación al informe Evans. 
Es cierto que la cuestión de las lenguas en las que se formulan las peticiones es esencialmente un problema de la responsabilidad del Parlamento. 
Pero es cierto también que, gracias a una cooperación- que yo me atrevería a llamar creativa- entre la Comisión de Peticiones y los servicios de la Comisión, se podría resolver el examen de un gran número de peticiones. 
Eso es lo que quería simplemente decirles. Reitero mi felicitación al ponente y al conjunto de los miembros de la Comisión de Peticiones por el excelente trabajo que han realizado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Informe de actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 1997- Acceso del público a los documentos (Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo) -Modificación del artículo 161 del Reglamento del Parlamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
A4-0258/98 del Sr. Newman, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual sobre el ejercicio de las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 1997 (C4-0270/98) ; -A4-0265/98 de la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo elaborado tras la investigación de oficio sobre el acceso del público a los documentos (C40157/98) ; -A4-0416/98 del Sr. Crowley, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre la modificación del artículo 161 del Reglamento del Parlamento. 
Señor Presidente, siguiendo las mejores tradiciones de los Estados miembros, se ha convertido en una práctica establecida que el Parlamento Europeo invite al Defensor del Pueblo Europeo a presentar personalmente su informe anual. 
Se han distribuido copias del Informe anual 1997 a todos los diputados al Parlamento Europeo. 
El informe también está disponible en el sitio de Internet del Defensor del Pueblo Europeo. 
Recientemente se ha modificado la presentación de dicho sitio, de cara a aprovechar todas las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para comunicarnos con los ciudadanos. 
Desde comienzos de mes hemos iniciado la publicación regular en la red de todas las decisiones que siguen a una consulta. 
El sitio de Internet incluye asimismo el nuevo modelo estándar para presentar una reclamación. Podrá ser utilizado por el creciente número de ciudadanos que eligen enviar sus reclamaciones por correo electrónico. 
El prólogo del Informe anual 1997 contiene una amplia introducción a los temas sustantivos del informe. Me limitaré aquí a tratar sobre tres cuestiones relativas al futuro. 
La primera es: ¿qué queda por hacer para que la oficina del Defensor del Pueblo Europeo sea plenamente operativa y pueda ocuparse eficazmente de las reclamaciones de los ciudadanos? 
La segunda es: ¿cómo podemos contribuir a mejorar la calidad de la Administración europea desde el punto de vista del ciudadano? 
Y la tercera cuestión es: ¿qué se puede hacer para ayudar a las numerosas personas que se quejan de algún agravio relativo a la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros, en particular, cuando intentan ejercer su derecho a la libre circulación? 
En cuanto a la primera cuestión, conviene recordar que 1996 fue el primer año de trabajo completo del Defensor del Pueblo Europeo. 
Entre 1996 y 1997 se produjo un incremento del número de reclamaciones del 40 %. 
Durante la primera mitad de 1998, se ha producido un nuevo aumento del 15 %. 
Según he podido comprobar, también a nivel nacional, el aumento del número de reclamaciones admitidas a trámite parece ser constante, si bien el aumento de las reclamaciones no admitidas a trámite es aún mayor. 
No obstante, el ciudadano que tiene una reclamación con un buen fundamento, pero que no es admisible, no suele marcharse con las manos vacías. 
Especialmente en lo que respecta a los derechos recogidos en el Derecho comunitario, el Defensor del Pueblo Europeo siempre intenta comunicar al interesado qué organismo competente y eficaz puede ocuparse de su reclamación. 
Actualmente podemos solucionar de este modo el 70 % de las quejas no admitidas a trámite. 
Durante 1997, la oficina del Defensor del Pueblo Europeo se ha ocupado de un total de 1.412 casos. 
De los cuales, 1.181 eran nuevas reclamaciones recibidas en 1997. Durante el año se lanzaron cuatro consultas por iniciativa propia, y 101 se cerraron con una decisión razonada. 
En el 40 % de estos casos, las instituciones solucionaron el asunto, se encontró una solución amistosa o se cerró el caso con una observación crítica. 
En el 59 % de los casos no se detectó ninguna mala administración. 
El dictamen de que no hay mala administración no siempre es negativo para el ciudadano. 
El proceso de reclamación e investigación permite a la institución explicar al público qué ha hecho y por qué. En algunos casos, consigue incluso convencer al autor de la reclamación de que ha actuado debidamente. 
Nuestra meta es decidir sobre la admisibilidad a trámite de una queja en el plazo de un mes, y que los casos en los que se ha abierto una investigación queden cerrados en el plazo de un año. 
La primera meta la hemos alcanzado en buena medida: son pocos los casos que siguen pendiente después de un mes. 
En cuanto a la segunda meta, hemos conseguido incrementar progresivamente el número de casos solucionados, aunque la acumulación de casos sigue creciendo. 
He tardado bastante tiempo en solicitar los recursos necesarios para el establecimiento de la oficina. 
Montar una oficina, seleccionar y formar al personal y establecer los procedimientos de trabajo adecuados lleva su tiempo, y he insistido en dar prioridad a la tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos. 
No obstante, es obvio que ahora necesitamos urgentemente más recursos para poder ocuparnos eficaz y debidamente de las reclamaciones actuales, y prepararnos para el nuevo trabajo que creará el Tratado de Amsterdam, cuando traiga al tercer pilar (que incluye a Europol) plenamente al ámbito de competencia del Defensor del Pueblo. 
En sus observaciones sobre el informe anual de 1996, la Comisión de Peticiones pidió una definición más precisa del término " mala administración». 
Me encargué de ello y he incluido una definición en el Informe anual de 1997, que el Sr. Newman acoge con satisfacción en su informe. 
El informe Thors sobre la investigación de oficio sobre el acceso del público a los documentos demuestra asimismo que la labor del Defensor del Pueblo Europeo y la del Parlamento Europeo, especialmente la de su Comisión de Peticiones, pueden compaginarse en beneficio de los ciudadanos europeos. 
En este contexto, deseo hacer hincapié en que la mejor manera de mejorar la calidad de las actividades administrativas de las instituciones y los organismos comunitarios pasa por la adopción de un código de buena conducta administrativa, al igual que las instituciones y los organismos comunitarios adoptaron las normas de acceso del público a los documentos. 
En mi informe anual menciono dos iniciativas importantes en este sentido. 
La primera es el informe Perry, relativo a las actividades de la Comisión de Peticiones entre 1996 y 1997. La segunda fue adoptada por el Secretario General de la Comisión, Sr. Carlo Trojan, que en octubre de 1997, me comunicó que se habían iniciado los trabajos sobre la redacción de un código de buena conducta administrativa para los agentes de la Comisión. 
Espero realmente que adoptemos el primer código a nivel comunitario este mismo año. 
La aprobación y publicación de un código de estas características es una señal importante del compromiso de crear una cultura administrativa más enfocada al servicio de los ciudadanos. Significa asimismo que tanto los funcionarios, como los ciudadanos conocerán las normas en este ámbito y sabrán qué cabe esperar de una administración. 
La última cuestión que me gustaría plantear aquí es el elevado número de reclamaciones que siguen llegando de ciudadanos europeos relativas a la aplicación del Derecho comunitario por parte de las autoridades públicas de los Estados miembros. 
También ha ido en aumento el número de reclamaciones que hemos ido pasando o que hemos sugerido que sean tramitadas como peticiones al Parlamento Europeo, cuando incluyen una cuestión de principio que exige experiencia política o el ejercicio de presión para poder resolverla, o bien por los defensores del pueblo nacionales u organismos similares. 
La Comisión y, especialmente, sus asesores jurídicos " Euro-Jus» que asisten a los ciudadanos en las representaciones de la Comisión en los Estados miembros, también desempeñan una función en este ámbito. 
En mi opinión, es importante reconocer que muchas de estas reclamaciones pueden resolverse fácil y rápidamente a nivel nacional. 
Nuestro objetivo es crear una red eficaz de reparación de estos agravios, en cooperación con los defensores del pueblo nacionales y organismos afines (en la mayoría de los casos, las comisiones de peticiones de los parlamentos nacionales). 
En el informe anual he presentado una relación de las actividades realizadas hasta ahora en este ámbito. 
Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a todas las instituciones y organismos comunitarios por un año más de cooperación constructiva. Quisiera dirigirme especialmente a la Comisión y a la Comisaria responsable, Anita Gradin, y agradecerle su firme y continuo compromiso con una administración abierta y democrática. 
También quiero expresar mi agradecimiento al Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Gil-Robles, y a sus colegas por su actitud positiva y comprensiva ante la labor del Defensor del Pueblo. 
También debo agradecer al presidente de la Comisión de Peticiones, Sr. Fontana, y a todos los miembros de la comisión su claro interés y su actitud colaboradora en sus contactos con la oficina del Defensor del Pueblo Europeo. 
Un agradecimiento especial al Sr. Newman y a la Sra. Thors por sus informes exhaustivos y minuciosos que ahora tienen ante ustedes. 
Gracias por su atención. 
Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo. Como puede oír, estamos muy satisfechos con el modo en que ha iniciado su importante labor como Defensor del Pueblo del Parlamento Europeo. 
Iniciamos ahora el debate y le concedo la palabra al Sr. Newman, ponente de uno de los informes. 
Señor Presidente, durante 1997, el Defensor del Pueblo Europeo ha continuado investigando la posible mala administración en las instituciones y los organismos de la Comunidad Europea. 
Lo ha hecho de una manera exhaustiva y minuciosa, y en mi informe pido al Parlamento que así lo reconozca. 
Los diputados al Parlamento Europeo democráticamente elegidos que sirven en la Comisión de Peticiones tienen la misión de vigilar el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo. 
En nuestra opinión, Jacob Söderman es un auténtico campeón de los derechos de los ciudadanos. 
Su trabajo actúa como un amparo vital, porque sin un Defensor del Pueblo eficiente, el ciudadano individual podría fácilmente ser una víctima indefensa de la mala administración por parte de la burocracia europea poderosa y, a veces, inalcanzable. 
En el informe anual del año pasado sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo, el Parlamento le pidió que presentara una definición clara del término " mala administración». 
Ha respondido al reto con un fórmula satisfactoria, a saber, se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a que ha de atenerse obligatoriamente. 
Y lo que es quizá más significativo, también nos recuerda en su informe de los casos de mala administración que incluía en su primer informe anual. Dichos casos incluyen irregularidades administrativas u omisiones, abuso de poder, negligencia, procedimientos contrarios a la ley, injusticias, mal funcionamiento o incompetencia, discriminación, retraso evitable y falta o negación de información. 
El Defensor del Pueblo observa acertadamente que dichos ejemplos no son exhaustivos y que no puede incluir quejas relativas a decisiones políticas o judiciales o que incluyan juicios de valores sobre iniciativas legislativas. 
La Comisión de Peticiones ya apoyó con anterioridad un código común de buena conducta administrativa para las instituciones y los organismos de la Unión Europea, y nos complace que el Defensor del Pueblo haya propuesto un código de estas características. 
Como declara en su informe, esta medida ciertamente mejoraría la calidad de las prácticas administrativas de las instituciones y potenciaría sus relaciones con los ciudadanos europeos. 
La actuación administrativa de la oficina del Defensor del Pueblo quizá nos proporcione un ejemplo muy útil del tipo de prácticas que deben incluirse en un código. 
Cuando el Defensor del Pueblo recibe una reclamación, su autor recibe un acuse de recibo en el que se explica el trámite que seguirá la reclamación y, lo que es muy importante, se facilitan nombre y número de teléfono del funcionario que se encargará de su reclamación. 
Esta práctica administrativa convierte al burócrata comunitario sin rostro en una persona real, a la que puede dirigirse el autor de la reclamación, y espero que la Comisión incluya esta modalidad. 
El Defensor del Pueblo ha examinado las prácticas administrativas de la Comisión Europea, cuando, en virtud del artículo 169, ha iniciado un procedimiento de infracción del Tratado de la Unión Europea ante el Tribunal de Justicia. 
Es algo que preocupa a muchos de nuestros ciudadanos que, con razón o sin ella, opinan que la Comisión cede con demasiada facilidad a la presión de los Estados miembros, por ejemplo, en posibles infracciones de las directivas sobre la protección del medio ambiente. 
La Comisión también ha sido acusada de mantener a los autores de las quejas en el total desconocimiento de la marcha de las gestiones. 
Es cierto que el Defensor del Pueblo pudo cerrar sus investigaciones sobre las prácticas de la Comisión en el procedimiento de infracción sin hacer observaciones críticas. 
No obstante, en base a nuestros estudios de muchas peticiones relevantes, la Comisión de Peticiones cree que hay muchos problemas sin resolver relativos a la aplicación del procedimiento de infracción y continuamente estamos pidiendo al Defensor del Pueblo Europeo que analice la actuación administrativa de la Comisión cuando utiliza el procedimiento. 
Puede que el código de buena conducta administrativa también ayude en este asunto. 
Acojo con satisfacción el compromiso del Defensor del Pueblo Europeo de concluir sus investigaciones e informar al autor de la queja, normalmente, en el plazo de un año a partir de la llegada de la reclamación. 
Para ayudar al Defensor del Pueblo a cumplir este compromiso, el Parlamento necesitará garantizar en el procedimiento presupuestario que su oficina recibe el personal adicional necesario. 
En conclusión, coincido con la decisión del Defensor del Pueblo de dirigir su publicidad más reciente a los ciudadanos y organizaciones que trabajan con las instituciones y los organismos de la Comunidad Europea, habida cuenta de que sus poderes son limitados para investigar la mala administración por parte de dichos instituciones y organismos comunitarios. 
Otras quejas que tengan un carácter comunitario pueden ser estudiadas mediante una petición al Parlamento Europeo. 
La Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo desempeñan funciones complementarias, pero distintas. 
Una de las funciones de la Comisión de Peticiones es informar sobre el trabajo en general del Defensor del Pueblo, y nuestro informe, que hoy presentamos al Parlamento, es que nos sentimos completamente satisfechos con el modo en que el Defensor del Pueblo ha desempeñado sus funciones. 
Señor Presidente, el trabajo para aumentar la transparencia en la UE ha comenzado en serio. 
La resolución concerniente a los tribunales de primera instancia que conocen de documentos del Consejo de Ministros, las reglas del Tratado de Amsterdam y los nuevos métodos de trabajo del Consejo de Ministros son, todos ellos, ejemplos de esto. 
El informe especial del Defensor del Pueblo Europeo que vamos a discutir, y muchas otras iniciativas, son contribuciones de especial importancia para aumentar la transparencia. 
En primer lugar, permítanme constatar que éste es un informe especial de carácter histórico. 
Es la primera vez que el Pleno del Parlamento ha votado un informe semejante. 
La manera en que tratamos este informe especial puede, de algún modo, constituir un modelo para el futuro. 
Lo jurídicamente importante de este informe es que la Comisión de Peticiones propone y encuentra que queda dentro de la competencia del Defensor del Pueblo Europeo realizar la investigación por propia iniciativa. 
Por otro lado, compartimos el criterio del Defensor de que no hay motivos para recomendaciones formales, con el significado jurídico que tienen las recomendaciones de acuerdo al estatuto del Defensor del Pueblo. 
Por el contrario, el informe especial, tal como lo propone también el Defensor del Pueblo, da motivos para iniciativas políticas de parte del Parlamento. 
Por eso es importante, en estas circunstancias, que demos indicaciones políticas de lo que esperamos de la Comisión en la propuesta sobre transparencia que ella debe presentar, según el artículo 191a del Tratado de Amsterdam, acerca del derecho al acceso a los documentos. 
Como decimos en el informe, lo que esperamos de la Comisión es, entre otras cosas, lo siguiente: 
Lamentamos que la nueva norma del Tratado de Amsterdam sobre transparencia que se va a aprobar rija sólo para la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
Muchos de nosotros nos sentimos desilusionados al ver que es tan limitada. 
Sin embargo, permítaseme decir que el nuevo artículo A del Tratado también obliga a los otros órganos, es decir, que las decisiones tienen que tomarse tan abiertamente y tan cerca de los ciudadanos como sea posible. 
Hoy hemos discutido mucho el asunto del code of good administrative praxis, un código de conducta para la buena administración y que resalta el significado de ésta, basándonos en el discurso de Söderman- Defensor del Pueblo Europeo- y del informe de Newman. 
Mediante un código de este tipo, aprobamos normas mínimas para una buena administración. 
Buena administración significa servicio rápido, pero también buena administración es que se tenga acceso a los documentos. 
Esto significa que puede ser importante para las demás instituciones a las que quizás el artículo 191a no obliga formalmente. 
En nuestro informe también hacemos hincapié en que el acceso a los documentos no tiene gran valor si no se puede saber qué documentos existen y posteriormente se puede solicitar una parte de ellos. 
Si no se tiene un registro o diario que contenga los documentos existentes, tendremos una transparencia para iniciados. 
El informe presupone por eso que los preceptos sobre registro se integrarán en la propuesta de enmienda legal que la Comisión debe presentar tan pronto como sea posible. 
En la discusión habida después de la Conferencia Gubernamental se ha afirmado que las reglas sobre transparencia que se aprobarán solamente se podrán referir a documentos recibidos dentro de las instituciones. 
Aquí nos remitimos a la explicación que sobre este asunto acompañaba al Tratado. 
Con buenos motivos se puede sostener lo contrario. 
La declaración que acompañaba al Tratado se refiere expresamente a la correspondencia de los Estados miembros. 
Se puede interpretar, y es lo que nosotros hacemos, como que otro tipo de correspondencia recibida es pública. 
Solamente será secreto lo que los Estados miembros hayan solicitado. 
Además, deseo hacer una petición a todos los Estados miembros que dicen estar a favor de la transparencia para que limiten al máximo sus demandas para que un documento sea confidencial. 
También debemos preocuparnos de que estas exigencias se cumplan en la práctica. 
Quiero agradecer al Defensor del Pueblo Europeo por esta iniciativa. 
Podemos comprobar que ha conducido a que prácticamente todos los órganos e instituciones tengan reglas sobre transparencia, siendo el Tribunal una lamentable excepción. 
También podemos comprobar que después de la aparición del informe y durante el tiempo de tratamiento aquí en el Parlamento, también ha mejorado la transparencia de las normas. 
La gran mayoría de las instituciones tienen normas sobre acceso a documentos en todos los idiomas. 
Ellas han publicado las normas sobre acceso a documentación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas o en sus páginas web. 
También el Comité de las Regiones lo ha hecho, ha llegado como un suplemento después de que el informe estuvo listo en nuestra comisión. 
Permítanme decir una cosa en cuanto a nuestro procedimiento de votación. 
Creo que el Presidente va a proponer que el punto D es un punto innecesario en el informe. 
Allí había un error. 
Espero que el Presidente decida esto en la votación. 
Para continuar con nuestro trabajo por la transparencia, es importante que en el futuro tengamos normas más exactas para todas las instituciones, en que las excepciones al principio de la transparencia sean tan precisas y escasas como sea posible. 
También doy la bienvenida a la Comisaria. Ella ha sido una fuerza muy activa para sacar adelante algunas de las propuestas que hoy debatimos aquí. 
Para comenzar, quisiera indicar a los diputados que mi informe trata acerca de modificaciones del Reglamento del Parlamento Europeo para acomodar la operación del Defensor del Pueblo, etcétera. 
En este sentido, quiero agradecer a la secretaría de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades su colaboración en la elaboración del presente informe, que estuvo rodeado de polémica cuando apareció por primera vez ante el anterior Parlamento. 
Es necesario que, como Parlamento, garanticemos la independencia de la oficina del Defensor del Pueblo Europeo. 
En cierto sentido, si los que constituimos el Parlamento somos los representantes de los ciudadanos europeos, y la Comisión y el Consejo tienen sus funciones bien definidas, el Defensor del Pueblo es la persona que puede hacer de intermediario entre todas estas diferentes instituciones de una manera neutral y objetiva; es la persona que puede hacer comentarios y tomar decisiones favorables o no favorables, en base a los derechos de los ciudadanos y en apoyo de dichos derechos. 
Por consiguiente es fundamental que, como Parlamento, modifiquemos nuestro Reglamento de cara a garantizar dicha independencia, así como poner de relieve el nexo que existe entre el Parlamento- a través de sus comisiones- y el Defensor del Pueblo. 
Desde esa óptica, el Defensor del Pueblo y el Parlamento con los dos puntos de acceso más importantes para los ciudadanos europeos: porque nosotros somos elegidos por votación y el Defensor del Pueblo está ahí para proteger sus derechos en caso de mala administración o de incumplimiento en el funcionamiento de las instituciones europeas. 
La versión original del artículo 161 de nuestro Reglamento se prestaba a interpretaciones en el sentido de que no garantizaba la independencia del Defensor del Pueblo, especialmente en asuntos como: cuándo debía el Defensor del Pueblo comparecer ante el Parlamento, si podía ser convocado o no para pedir información, y si una comisión del Parlamento podía solicitar su presencia para recabar información. 
En virtud de los Tratados, el Defensor del Pueblo tiene derecho a establecer sus propias disposiciones y normas de actuación. 
Eso se hacía de manera provisional, cuando la oficina quedó equipada y entró en pleno funcionamiento en enero del presente año. 
Lamentablemente, el Parlamento no ha decido hasta ahora enmendar nuestro Reglamento para tener en cuenta dichas normas que afectan al Defensor del Pueblo. 
Con este fin, hemos introducido algunas modificaciones al artículo 161. 
Es importante que los diputados comprendan que nuestro Reglamento es la luz que guía el funcionamiento de este Parlamento. 
Sé que muchos diputados lo encuentran demasiado técnico, muy aburrido y a veces, incluso, pedante. 
Pero tenemos un Reglamento que garantiza el buen funcionamiento del Parlamento y que es además la estructura adecuada de las relaciones entre el Parlamento y las demás instituciones. 
Éste es el motivo por el que se ha modificado el artículo 161. 
La mayor modificación del Reglamento obedece al deseo de garantizar que el Defensor del Pueblo tenga la iniciativa con respecto a informar al Parlamento y a sus comisiones. 
La única obligación que se le exige a la oficina del Defensor del Pueblo es la presentación de un informe anual. Dicho informe anual permite la celebración de un debate en este Parlamento, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. 
Por lo demás, el Parlamento Europeo garantiza al Defensor del Pueblo su colaboración, ya sea a través del acceso a documentos, facilitando información o a través de la Comisión de Peticiones, garantizando que las peticiones de información serán atendidas. 
Lo que estamos haciendo hoy aquí al enmendar el Reglamento es, en primer lugar y sobre todo, garantizar la independencia del Defensor del Pueblo. 
Es un mensaje muy claro que hoy podemos transmitir desde el Parlamento a los ciudadanos europeos para demostrar que, a pesar de que las personas que constituyen el Parlamento cambian, a pesar de los cambios que se producen en la Comisión y a pesar del cambio de Presidencia del Consejo cada seis meses, la única constante que permanece en todo momento es la oficina del Defensor del Pueblo: el puerto de destino para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales y para la garantía de la buena administración de todas las instituciones europeas. 
Recomiendo el presente informe a la Asamblea. 
Quisiera asimismo agradecer a la Comisión de Peticiones su opinión, presentada por el Sr. Gutiérrez Díaz, que es favorable a mi posición. 
Señor Presidente, el Sr. Brian Crowley nos presenta una propuesta de modificación del artículo 161 del Reglamento del Parlamento Europeo, después de un intercambio fecundo de opiniones y de observaciones en el que ha participado plena y activamente la Comisión de Peticiones. 
Fruto del buen trabajo realizado por el Sr. Brian Crowley, contamos hoy con una propuesta de modificación plenamente satisfactoria que, por otra parte, viene a coincidir con el dictamen emitido ya, con anterioridad, por el Parlamento Europeo. 
La propuesta del ponente deja constancia explícita de la plena independencia del Defensor del Pueblo Europeo, así como del hecho de que la vía normal de relación entre el Defensor y el Parlamento Europeo es la Comisión de Peticiones- relación que queda claramente ratificada en la propuesta de modificación que tenemos que votar. 
Por ello, señor Presidente, al tiempo que expreso mi felicitación al Sr. Brian Crowley, invito también sus Señorías a emitir un voto positivo sobre la propuesta de modificación del Reglamento. 
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, señora Comisaria, ¿qué expresa el Tratado de Maastricht cuando establece que las políticas y las decisiones de la Unión serán tomadas de la forma más próxima a los ciudadanos que sea posible? 
Dicha exigencia expresa muchas cosas, pero sin duda también se refiere al tema que aborda el Informe Especial del señor Defensor del Pueblo, a saber, el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los documentos de la Unión. 
En consecuencia, señor Defensor del Pueblo, yo tengo el honor y la satisfacción de agradecerle en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, no sólo que haya tomado esta iniciativa de conformidad con el fundamento jurídico de su actividad, sino también el servicio fundamental que con ello presta a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión en el ejercicio de sus derechos. 
Desde luego, a la vez también plantea a los órganos e instituciones de la Unión Europea la exigencia de que revisen sus prácticas. 
Por ejemplo, el Consejo debe preguntarse si está autorizado a determinar por sí mismo el alcance de la legislación. 
También el Parlamento debe preguntarse si sus normas de acceso se han establecido de conformidad con el Reglamento. 
El presente Informe Especial representa un paso importante para el cumplimiento del nuevo artículo 191 A, que no sólo prevé unas normas de acceso en lo que respecta al Consejo, el Parlamento y la Comisión, sino que también debe interpretarse, a la vista del nuevo redactado del párrafo 2 del artículo A, como un criterio aplicable a todos los órganos e instituciones de la Unión Europea. 
Yo quisiera acabar expresando mi especial agradecimiento a la señora Ponente que, además de dejar patente la importancia del Informe Especial Söderman, también ha sentado un ejemplo de colaboración con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, que desde luego no siempre se da en esta Cámara. 
Señora Ponente, ¡muchas gracias! 
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo Europeo, honorables diputados, en primer lugar deseo felicitar tanto al Defensor del Pueblo como a los honorables diputados Newman, Thors y Crowley por sus excelentes informes. 
Ellos tratan del informe anual del Defensor del Pueblo Europeo del año 1997, de su informe especial sobre acceso público a los documentos y de una modificación del reglamento de trabajo interno del Parlamento que justamente concierne al Defensor del Pueblo. 
He leído todos los informes con gran interés. 
Con todo, es a través del Defensor del Pueblo como los ciudadanos europeos han tenido oportunidad de saber cómo funciona la administración. 
En el informe anual del año 1997 del Defensor del Pueblo, igual que en el del año 1996, la mayoría de las investigaciones se referían a la Comisión. 
Esto es normal pensando que es la Comisión la institución que adopta la mayoría de las decisiones que afectan directamente a los ciudadanos. 
En el informe Newman sobre el informe anual del Defensor del Pueblo hay cuatro asuntos que quiero comentar especialmente. 
En primer lugar, doy la bienvenida, igual que Newman, al hecho de que se haya definido claramente el alcance del término " mala administración «. 
Esto hace más nítida la misión del Defensor del Pueblo. 
También facilita nuestro trabajo y el del Defensor del Pueblo para definir cómo vamos a combatir esas anomalías. 
El segundo asunto trata de la importancia de que los ciudadanos obtengan información sobre su derecho a presentar peticiones al Defensor del Pueblo. 
Comparto el criterio de que debemos continuar con esta labor informativa dentro de la UE. 
La información también tiene que mejorar respecto al derecho a presentar peticiones a la Comisión de Peticiones del Parlamento. 
El tercer punto se refiere a los esfuerzos del defensor del Pueblo para mejorar el procedimiento del artículo 169 sobre violaciones de la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros. 
De lo que se trata es justamente de ampliar la confianza de los ciudadanos en este procedimiento. 
Por su parte, la Comisión se ha comprometido a comunicar al peticionario cuando tengamos la intención de desestimar una queja. 
También vamos a comunicar los motivos que haya tenido la Comisión para juzgar que no se ha cometido violación de la legislación comunitaria. 
Finalmente, el diputado Newman destaca la instauración de un código de conducta para la administración dentro de las instituciones y órganos de la Unión. 
El Parlamento trató esta materia en relación con el informe Perry sobre las demandas de la Comisión de Peticiones del año 1996-1997. 
También el propio Defensor del Pueblo ha tocado este asunto. 
La Comisión apoya esta propuesta y ha elaborado un primer borrador de este código de conducta. 
Se le ha enviado al Defensor del Pueblo quien nos ha dado muchas opiniones constructivas. 
Ahora precisamente estamos trabajando en una nueva propuesta que preparamos dentro de un marco de amplio acuerdo interno. 
Estoy convencida de que un código de conducta de esta naturaleza nos permitirá crear mejores hábitos administrativos y que podremos mejorar las relaciones entre la Comisión, la rama de los servicios y los ciudadanos. 
También el año 1997 el Defensor del Pueblo presentó un informe especial sobre las posibilidades del público de acceder a los documentos. 
Este informe también es mencionado en el informe de Thors. 
La Comisión apoya el criterio del informe de que el acceso a los documentos constituye un paso importante si queremos mejorar la transparencia en la Unión. 
También es una condición básica para que los ciudadanos puedan participar en los debates públicos. 
Mediante un aumento de la transparencia contribuimos a mejorar el procedimiento de toma de decisiones y por esa vía también vamos a acrecentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión. 
La transparencia es una buena herramienta si se quieren evitar abusos de poder y corrupción. 
Al igual que el Defensor del Pueblo, doy la bienvenida a que los órganos e instituciones de la UE estén aplicando reglas para el acceso del público a los documentos. 
También estoy de acuerdo con la demanda de Thors de que cada negación de acceso a los documentos se deba motivar, señalándose por qué se hace una excepción. 
El asunto del acceso a los documentos también está directamente relacionado con la existencia de registros de documentos en las instituciones. 
Opino que éste es un instrumento importante, tanto para el trabajo diario como para alcanzar mayor transparencia. 
Thors propone también en su informe que haya personas especiales a las cuales el público se pueda dirigir con sus preguntas. 
A modo de información, puedo comunicar que la Comisión ha nombrado a estas personas de contacto en todas las Direcciones Generales. 
Además, hay una unidad dentro de la Secretaría General que se hará cargo de manera centralizada de los asuntos de transparencia y de responder acerca de la accesibilidad a los documentos. 
Finalmente, quiero dar la bienvenida al informe del diputado Crowley sobre una modificación al artículo 161 del reglamento de trabajo del Parlamento. 
Esas enmiendas van a mejorar aún más las ya buenas relaciones de la Comisión de Peticiones con el Defensor del Pueblo Europeo. 
Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam ha establecido que la transparencia en la toma de decisiones deberá ser uno de los principios básicos de la Unión. 
La Comisión ya ha empezado a preparar una propuesta, que tratarán el Consejo y el Parlamento Europeo, sobre el derecho del público a tener acceso a los documentos en las tres instituciones. 
Esperamos que ya exista un primer documento de trabajo en el curso del otoño. 
Para terminar, deseo agradecer a Söderman, Defensor del pueblo Europeo, por la buena cooperación que tenemos con él en la Comisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Defensor del Pueblo, me congratulo de que podamos discutir los excelentes informes del Defensor del Pueblo Europeo, del Sr. Newman y de la Sra. Thors en una hora de gran audiencia, como se dice, ya que la cuestión de sobra lo merece. 
Se trata de los derechos de los ciudadanos frente a la administración y de la transparencia de esta última. 
Señor Presidente, la dificultad de la labor del Defensor del Pueblo estriba en que tenía y en que aún tiene que crear, ahora y en los próximos años, todo un conjunto de normas y de procedimientos. 
Éste debe aplicar un dispositivo teórico y práctico para tramitar las reclamaciones. 
Puedo decir, ya que he seguido de cerca sus trabajos, que el Sr. Söderman se ha aplicado a ello con mucha energía y dentro de un espíritu de continuidad, y por esta razón lo felicito en nombre del Grupo Socialista. 
El Sr. Söderman ha aclarado en particular la noción de mala administración, que está contenida, aunque no definida, en el Tratado. 
Los esfuerzos del Defensor del Pueblo por clarificar el concepto van bien encaminados y deberían definir las tareas respectivas de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo. 
No se trata de dos rivales, sino que se complementan. 
Ambos son instrumentos de la democracia parlamentaria para controlar a la administración. 
Es necesario en este sentido que el propio Parlamento establezca procedimientos claros para tratar los informes del Defensor del Pueblo. 
La publicidad es un arma eficaz de lucha contra los excesos de la burocracia. 
Por lo tanto, resulta útil proporcionar al Defensor del Pueblo normas parlamentarias, en el Pleno, para utilizar dicha arma; y puedo decir que la Comisión de Reglamento se esfuerza en ello. 
Sin embargo, los casos concretos expuestos en el informe del Defensor del Pueblo, cuya lectura es apasionante, demuestran claramente que el trabajo con respecto a las reclamaciones también permite objetivar el debate. 
Ocurre muy a menudo que los ciudadanos a quienes se les rechaza una petición acusan a la administración nacional o europea de llevar a cabo prácticas discriminatorias, y pienso en este sentido que las investigaciones del Defensor del Pueblo tienen una virtud pedagógica, ya que enseñan a los ciudadanos a conocer mejor el funcionamiento de nuestra Comunidad. 
No obstante, si se considera que en 1997, sobre la base de una población de 370 millones, se recibieron 1.181 reclamaciones, descubrimos que todavía queda camino por recorrer, sobre todo teniendo en cuenta que sólo el 27 % de las reclamaciones recibidas incidían en las competencias del Defensor del Pueblo. 
Permítanme decir otras dos palabras sobre el informe especial relativo al acceso a los documentos. 
Se trata de un principio esencial de la transparencia, reforzado por el Tratado de Amsterdam, y, a petición del Defensor del Pueblo, todas las instituciones deben dotarse de una normativa en la materia. 
El Parlamento Europeo lo hizo en 1997, pero esta normativa, señor Presidente, es en mi opinión muy restrictiva, muy formalista, y sobre todo no ha sido objeto de un debate democrático en el seno de esta institución. 
Estoy de acuerdo con todos aquellos que, como la Sra. Thors, deploran que una decisión del Parlamento en este sentido sea, en realidad, una decisión de la Mesa, que no está habilitada para ello; y, para comprobar si esta normativa es verdaderamente sólida, estoy esperando que se someta el primer caso al Tribunal de Justicia, por ejemplo, cuando se le deniegue a un ciudadano el acceso a los documentos referentes a la política inmobiliaria del Parlamento. 
Para finalizar, señor Presidente, desearía lamentar algo. Los diputados al Parlamento Europeo han transmitido diecisiete reclamaciones de ciudadanos. 
Es una cifra ínfima, y eso demuestra que los diputados, nosotros, debemos realizar un esfuerzo personal in situ frente a los ciudadanos para informarles de su derecho a recurrir al Defensor del Pueblo. 
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, señora Comisaria, estimados colegas, quiero, en nombre del Grupo del PPE, detenerme en el informe Newman y me gustaría, antes que nada, felicitar al ponente, el Sr. Newman, por su informe. 
En segundo lugar, y especialmente en lo que respecta al trabajo del Defensor del Pueblo, quiero expresar la consideración excepcional que el Grupo del PPE otorga al trabajo realizado por el Defensor del Pueblo y su equipo, y al informe anual de 1997. 
Éste, contiene una estructura particularmente clara y, además, tiene especialmente en cuenta elementos que efectivamente son muy importantes. 
Por otra parte, nuestro colega, el Sr. Fayot, se ha referido a la gran preocupación por el contexto jurídico en que debe actuar el Defensor del Pueblo Europeo ¿Cuáles son los poderes que el Tratado otorga al Defensor del Pueblo? 
¿Cómo se delimita el concepto de mala gestión administrativa? 
Al revés, ¿cómo se intentan determinar las reglas para lograr una administración adecuada? 
Creo que se trata de elementos que, ya desde 1996, nuestro grupo también ha solicitado y nos alegra el trabajo que concretamente figura en el informe anual que está sobre la mesa. 
Queremos felicitar también al Defensor del Pueblos y a sus servicios por la transparencia y rapidez con que han rendido cuentas sobre sus actividades, no sólo a la Unión sino también directamente a los ciudadanos y asociaciones de los Estados miembros. 
Creo que es un buen ejemplo para otras instituciones europeas, también por lo que respecta a la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación. 
En el informe anual, aparecen muchas cifras interesantes, no obstante, quiero detenerme en dos de ellas. 
En primer lugar, solamente el 27 % de las quejas inciden en las competencias del Defensor del Pueblo, el 27 % de las quejas presentadas, de las que alrededor de dos tercios fueron admitidas a trámite. Se han producido 1.000 nuevas quejas. 
Finalmente, una cantidad muy limitada incide en los poderes del Defensor del Pueblo. 
Únicamente el tres por ciento de los casos tramitados tuvo como resultado una observación crítica por parte del Defensor del Pueblo o un arreglo por parte de la institución concernida. 
Como grupo, extraemos tres conclusiones de todo esto. Primera, el ciudadano no conoce demasiado la tarea del Defensor del Pueblo ni el papel de la Comisión de Peticiones del Parlamento. 
Segunda, tanto la Comisión como el Parlamento y el Defensor del Pueblo tienen una responsabilidad conjunta en cuanto a la comunicación y también, por lo que respecta al Parlamento, la responsabilidad de poner a disposición más medios financieros. 
Tercera, es necesario que los ciudadanos, los cuales, sabemos, tienen muchas preguntas en relación con las instituciones, puedan dirigirse desde el Parlamento de una manera más positiva. 
Señor Presidente, quiero hacerle una pregunta. 
Todas las semanas tenemos miles de visitantes, ¿por qué no les proporcionamos un librillo, un folleto sobre la tarea del Defensor del Pueblo y las actividades concretas del Parlamento en este ámbito? 
Señor Presidente, hay dos motivos por los que el cargo de Defensor del Pueblo es importante. 
En primer lugar, el derecho mismo de dirigirse al Defensor del Pueblo es uno de los derechos del ciudadano europeo que puede ser ejercido por todas las personas físicas y jurídicas que tengan residencia legal en la Unión Europea. 
Ello significa que este derecho es un derecho y un proyecto político. 
En segundo lugar, el gran número de quejas muestra cuán necesario es este cargo y que, seguramente, no todo marcha sobre ruedas en las instituciones europeas. 
Permítanme que me refiera a las conclusiones de mi informe «Ciudadanía de la Unión» en relación con la actividad del Defensor del Pueblo Europeo. 
Primero, es esencial que el ciudadano esté mejor informado del papel del Defensor del Pueblo. 
Es, sobre todo, el Parlamento quien debe ocuparse de que el ciudadano conozca sus derechos europeos, sepa cómo, cuándo y dónde puede ejercerlos. 
Segundo, las instituciones deben aprender de los expedientes relacionados con ellas que llegan al Defensor del Pueblo. 
Las quejas presentadas dan una buena imagen de lo que piensa el ciudadano y de lo que considera erróneo en la administración europea. 
Cada institución debe rectificar su manera de actuar para estar lo más cercanamente posible del ciudadano. 
Tercero, las actividades del Defensor del Pueblo pueden mejorarse mediante el establecimiento de instancias nacionales en los Estados miembros. 
Esto reforzará el papel del Defensor del Pueblo y estas instancias pueden servir para enviar aquellos asuntos en los que los Estados miembros sean competentes a sus propios servicios del Defensor del Pueblo y viceversa. 
En resumidas cuentas, como Parlamento Europeo debemos preocuparnos por que también el Defensor del Pueblo contribuya a acercar Europa al ciudadano. 
Confiamos plenamente en el actual Defensor del Pueblo, el Sr. Söderman. 
Señor Presidente, en primer lugar desearía felicitar a los tres ponentes por su excelente trabajo. 
Ante todo, quiero expresar también mi agradecimiento al Defensor del Pueblo, el Sr. Söderman, por su extraordinaria y enérgica labor para lograr una mayor transparencia, publicidad y credibilidad en la Unión Europea. 
Su contribución ha sido fundamental y es posible decir ya que, durante su breve mandato, la institución del Defensor del Pueblo ha consolidado su posición en la Unión Europea. 
También es importante que haya elaborado el primer informe especial sobre el acceso del público a los documentos. 
Me muestro totalmente de acuerdo con las conclusiones que ha extraído la Sra. Thors en su informe. 
Desgraciadamente, parece que la labor por la transparencia sigue siendo en numerosas ocasiones un mal trago para algunas instituciones, pero creo que estamos avanzando también en este sentido. 
Otro punto importante es la presentación por parte del Defensor del Pueblo de una definición de mala administración. 
Sin embargo, no basta en absoluto con saber qué es una mala administración. 
Tal como ha expuesto el Defensor del Pueblo, debemos dotarnos de unas normas de procedimiento relativas a un sistema administrativo apropiado. 
Espero también que este Parlamento gestione el aumento de su personal de manera que sea posible ofrecer más recursos al Defensor del Pueblo, lo cual resulta imprescindible. 
Señor Presidente, cuando se somete a examen cuáles son las instancias que dotan de credibilidad a la Unión Europea, cabe hacer una agradecida mención del trabajo fundamental que desempeña el Defensor del Pueblo. 
El Grupo de los Verdes desea expresarle por todo ello su más sincero agradecimiento. 
Como consecuencia de esta labor, casi todas las instituciones de la Unión disponen de normas que deben respetar cuando los ciudadanos les solicitan algún documento. 
Ahora corresponde, por lo tanto, a los ciudadanos examinar y poner a prueba el buen funcionamiento de estas normas a su servicio y, si fuera necesario, recurrir a la posibilidad de llevar ante la justicia aquellos casos en que se les niega el acceso a algún documento. 
Por medio de sus soluciones y de su labor, el Defensor del Pueblo ha obligado también al Consejo y a la Comisión a ofrecer explicaciones más detalladas de las razones por las cuales las instituciones no han facilitado en todo momento documentos a los ciudadanos. 
Y el Consejo tampoco puede esconderse detrás de pilares y estructuras, ya que los ciudadanos han de tener un amplio derecho a obtener documentos de las instituciones de la Unión Europea. 
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hasta llegar a una situación en la que la denegación de documentos constituya una rara excepción extremadamente justificada. 
A este respecto, es importante que el Parlamento Europeo asuma sus responsabilidades en la elaboración de un reglamento sobre la transparencia. 
Ha resultado gratificante escuchar a la Comisaria decir que este documento de trabajo podría estar ya listo para el otoño. 
Como se señala en el informe de la Sra. Thors, este reglamento deberá afectar a la totalidad de las instituciones, puesto que se debe respetar un procedimiento administrativo adecuado. 
Es muy importante que se restrinjan detalladamente las excepciones al carácter público de los documentos. 
En demasiadas ocasiones se recurre a conceptos como seguridad general o relaciones internacionales para justificar la denegación de documentos. 
Nuestro Grupo espera que el Defensor del Pueblo contribuya a definir estos conceptos con mayor detalle. 
Señor Presidente, desearía felicitar al señor Defensor del Pueblo por este segundo informe sobre el ejercicio de las actividades, el cual aporta un nuevo enfoque sobre las acciones que éste lleva a cabo al servicio de los ciudadanos europeos, hoy en que sus diferentes servicios e infraestructuras son operativos y en que se han establecido los contactos con los Estados miembros y sus Defensores del Pueblo nacionales. 
Los servicios del Defensor del Pueblo han podido hacer frente a 1.200 reclamaciones recibidas; eso demuestra que dicha institución empieza a ser conocida, aunque todavía no lo suficiente. 
Comparto, por tanto, el punto de vista expresado por el Sr. Newman en su excelente informe. 
Independientemente de la tramitación de las reclamaciones, las iniciativas tomadas por el Defensor del Pueblo son bienvenidas, concretamente por lo que se refiere a la definición de esta noción de mala administración, que no siempre es fácil de entender. 
De este modo, se debería poder distinguir mejor entre lo que es competencia de la Comisión de Peticiones y lo que es competencia del Defensor del Pueblo. 
Es evidente que eso supone una mayor cooperación entre estas dos instituciones, así como también que ambas estructuras cuenten con los medios, incluyendo los medios presupuestarios, para cumplir sus respectivos cometidos. 
En este sentido, como usted sabe, señor Defensor del Pueblo, mi Grupo apoyará sus peticiones en la materia. 
Finalmente, también es importante dar a los ciudadanos una información de calidad, gracias sobre todo a las nuevas formas de comunicación como Internet, y ello en nombre de la transparencia a la que todos los ciudadanos europeos tienen derecho. 
Señor Presidente, los tres informes que se nos someten están llenos de buenas intenciones. 
Es preciso reconocer que el informe del Sr. Crowley responde a una evidente preocupación de clarificación jurídica del texto del Reglamento de nuestra Asamblea y del texto del estatuto del Defensor del Pueblo. 
Lo hace en beneficio de este último, situando a cada uno frente a sus propias prerrogativas y obligaciones, lo que constituye una garantía, entre otras, de buen funcionamiento. 
Por el contrario, el Informe Newman sobre el informe del Defensor del Pueblo, vuelve a plantear la necesaria cooperación entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo. 
¿Cuántas veces no se ha expresado esta reivindicación? 
Y, sin embargo, al leer el informe nos inclinamos a decir que: o bien nada se hace en este terreno, o bien el ponente se contenta con presentarnos, por principio, unas declaraciones de intención que él mismo sabe que carecen de fuerza. 
También en este caso, para lograr una colaboración fructífera, se requiere un funcionamiento satisfactorio de la cooperación. 
En efecto, el retraso acumulado por ambas partes es considerable: 959 peticiones pendientes en el Parlamento y 227 recursos presentados al Defensor del Pueblo, que se aplazan de un año a otro. 
El propio Tribunal de Justicia observa que las instituciones comunitarias deben, cito: " garantizar su funcionamiento interno en beneficio de una buena administración». 
En cuanto al informe de la Sra. Thors, señor Presidente, el mismo se hace eco del informe especial del Defensor del Pueblo, y pide un mayor acceso del público a los documentos de las instituciones comunitarias. 
No podemos menos que adherirnos a esta demanda. 
En efecto, la construcción europea siempre ha estado demasiado alejada de las poblaciones, incluso voluntariamente oculta, como para no congratularnos de esta propuesta. 
Pero la Sra. Thors también subraya en su exposición de motivos que la transparencia no es la única reforma necesaria y que conviene realizar otras reformas estructurales en todas las instituciones comunitarias, con miras a mejorar su eficacia y transparencia. 
Señor Presidente, en primer lugar, yo quisiera felicitar al señor Söderman por su excelente informe y también a los ponentes que han expuesto su opinión sobre el Informe anual del Defensor del Pueblo y sobre la transparencia del mismo. 
Yo me alegro de que se nos ofrezca la posibilidad de debatir esta mañana estos informes juntamente con los informes sobre las modificaciones del Reglamento y el informe anual sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones. 
Son temas que van unidos, ya que, aparte de que la colaboración con el Defensor del Pueblo es de la competencia de la Comisión de Peticiones, sus trabajos se complementan- como podemos constatar continuamente- y en los últimos años se ha establecido una base sólida de confianza entre los miembros de la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo, señor Söderman, que podemos utilizar en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas europeos. 
Los informes del señor Söderman demuestran que las quejas contra las instituciones son justificadas y que es posible dar solución a los problemas. 
Por lo que respecta a la iniciativa en relación con la transparencia de las instituciones, yo sólo puedo decir que merece todo mi respeto. 
El señor Söderman abordó con plena soberanía un tema candente y tuvo éxito. 
Precisamente porque las instituciones llevan asociada una imagen de burocratismo, es favorable y útil que los ciudadanos y ciudadanas sepan que existe una instancia que ilumina las sombras de la burocracia y les abre con ello un camino para exponer con éxito sus quejas. 
No obstante, el Tratado también impone unas limitaciones a la labor del Defensor del Pueblo y muchas quejas se refieren a acciones administrativas indebidas no por parte de las instituciones europeas, sino más bien de las instituciones nacionales. 
La segunda limitación es la dotación de personal de su oficina y, a la vista del número creciente de quejas y dado nuestro deseo de poner en práctica la proximidad a los ciudadanos, nosotros apoyamos la petición de una ampliación de su personal a fin de que sea posible resolver todos los casos. 
Señor Presidente, en líneas generales, estamos de acuerdo con la ponente, Sra. Thors, en apoyar la iniciativa del Defensor del Pueblo que procura una mayor transparencia de todas las actividades comunitarias y en instar a todas las instituciones a que faciliten, a los ciudadanos y a las personas jurídicas que residan o tengan su domicilio en cualquier Estado miembro que así lo soliciten, información relacionada con el ámbito de actividad del órgano concernido. 
Todo ello porque es de destacar que refuerza el carácter democrático de estas instituciones, por lo que es procedente instar, sobre todo, a la Comisión y al Consejo a avanzar en esta dirección. 
Quizá sea el momento de recordar que ya se están dando destellos positivos en esa dirección. 
Por ejemplo: el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas acaba de dictaminar que una decisión del Consejo de denegar el acceso a ciertos documentos ha de anularse, ya que no se justificaron de forma clara los motivos del rechazo. 
Los documentos habían sido solicitados por la asociación sueca de periodistas, que recibió del Consejo sólo 4 de los 20 requeridos y, sin embargo, a través de las autoridades de Suecia, había logrado 18 de los 20. 
Otro destello es que el Tribunal de Justicia de las Comunidades acaba de pronunciarse por primera vez sobre la directiva relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. 
Por todo ello, estamos de acuerdo con este informe y, naturalmente, en que pueda accederse a los documentos dentro de las reglas del juego pertinentes. 
Por todo ello, Señorías, apoyamos este informe y felicitamos tanto a la ponente como al Defensor del Pueblo. 
Señor Presidente, me alegré mucho al escuchar al Presidente de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades compartir el criterio expresado en el informe sobre acceso a los documentos, es decir, que es erróneo que la Mesa haya aprobado normas relativas a nuestra propia transparencia que son defectuosas. 
Espero que conjuntamente, entre varias comisiones, podamos conseguir una rápida rectificación, ya que esto es una vergüenza para el Parlamento. 
Me alegra también que la Comisaria anuncie que la Comisión está dispuesta a aprobar sistemas para registrar documentos. 
Lo que falta, sin embargo, es una respuesta sobre si los documentos que ingresen también deberán registrarse allí. 
Además, deseo comunicar que nuestro Grupo no puede dar su apoyo al punto G del informe. 
Este punto hace hincapié en el secreto, lo que se contradice con el resto del informe. 
El Grupo ELDR también va a votar en contra del punto 22, que es simplemente erróneo. 
Señor Presidente, es evidente que el Defensor del Pueblo ya ha representado un papel importante en la mejora de la transparencia en la UE. 
Quisiera aprovechar la ocasión para expresar mi aprecio por el trabajo de Söderman, Defensor del Pueblo. 
Las demandas en el informe de Thors acerca de las futuras reglas de transparencia son beneficiosas, pero quisiera señalar dos puntos que considero que faltan. 
El primero está en relación con el hecho de que hay muchos juicios importantes en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por ejemplo el caso Guardian y el caso de la asociación sueca de periodistas, que han hecho avanzar las posiciones de la transparencia. 
El procedimiento judicial también adolece de muchas deficiencias. 
Cuesta mucho dinero recurrir al Tribunal y el procedimiento es muy demoroso. 
En las nuevas reglas se tienen que incluir posibilidades, rápidas y gratuitas, de recurrir al Tribunal. 
En segundo lugar, hay que fortalecer el derecho de los funcionarios de la UE a hacer declaraciones a los medios de comunicación, concediéndoles exención de responsabilidades por ellas. 
En consecuencia con lo anterior, también votaré en contra del punto G del informe. 
Señor Presidente, creo que no es casualidad que hoy estemos debatiendo el asunto de las peticiones y entremos ahora en el tema del Defensor del Pueblo. 
Me parece muy acertada esta correlación porque creo que el derecho de petición del ciudadano al Parlamento Europeo y el derecho de denuncia del ciudadano ante el Defensor del Pueblo Europeo son dos derechos fundamentales en la Unión Europea. 
Naturalmente, se trata de dos funciones paralelas y complementarias. Son funciones destacadas que resaltan la independencia del Defensor del Pueblo Europeo. 
Pero, tanto el derecho de denuncia como el derecho de petición, constituyen una capacidad a desarrollar, suponen una prueba práctica y una encuesta continua, por decirlo de alguna manera, del funcionamiento de la Unión Europea y que cuenta para ello con la participación activa del ciudadano. 
Por consiguiente, constituyen un instrumento político valioso, un elemento importante para la marcha de la Unión Europea. 
Hace justamente un año tuve el honor de ser ponente del informe anual del Defensor del Pueblo y de presentar las opiniones de la Comisión de Peticiones. 
Lo que quiero decir hoy es que tengo la gran satisfacción de saludar personalmente el importante progreso que se ha logrado hasta la fecha. 
El informe del presente año del Defensor del Pueblo fomenta, refuerza y desarrolla la institución del Defensor del Pueblo Europeo. 
El Sr. Newman, nuestro experto ponente de la Comisión de Peticiones ha analizado el informe y también la labor del Defensor del Pueblo. 
Resumiendo, quisiera decir que considero que el Parlamento Europeo ha hecho una buena elección y la Unión Europea está representada de forma meritoria por el Defensor del Pueblo Europeo, porque realmente, el Sr. Söderman, está construyendo con incansable esfuerzo dicha institución. 
Le doy las gracias y le felicito por su labor como Defensor del Pueblo Europeo. 
Como ya se ha dicho, señor Presidente, cada año nos repetimos a nosotros mismos este debate sobre las peticiones y las denuncias. 
Pero el presente año no es un año corriente. 
Nos encontramos próximos a las elecciones, es decir, es necesario difundir hoy desde aquí un importante mensaje a los ciudadanos para que participen en la evolución de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, la posibilidad de que disponen los ciudadanos de la Unión Europea para recurrir ante el Defensor del Pueblo constituye uno de los derechos más importantes del ciudadano comunitario. 
La eficacia de las actividades del Defensor del Pueblo depende en gran medida de los recursos de los que éste disponga. 
La oficina del Defensor del Pueblo Europeo se enfrenta continuamente a un número cada vez mayor de reclamaciones. 
Esta circunstancia muestra que los ciudadanos consideran necesaria la actividad del Defensor del Pueblo para corregir las irregularidades que se producen en la administración de la Unión Europea. 
La tarea del Parlamento Europeo y del Defensor del Pueblo Europeo consiste en garantizar de manera conjunta los derechos de los ciudadanos y la labor democrática de la Unión. 
Los ciudadanos de la Unión tienen derecho a exigir que la oficina del Defensor del Pueblo Europeo que examina sus reclamaciones tenga a su disposición un personal jurídico suficiente con una experiencia en este campo, cuando menos, equivalente a la del equipo jurídico de las instituciones que son objeto de las reclamaciones. 
El problema del Defensor del Pueblo, que se enfrenta con presiones laborales cada vez mayores, reside en la cantidad y en el nivel de los puestos de personal. 
Se debe acabar con esta deficiencia, puesto que, si no fuera así, estaríamos dando pie a una situación en la que el Defensor del Pueblo, que defiende al ciudadano de la Unión, tendría a su disposición una maquinaria pequeña y de poca potencia. 
Espero que apoyemos todos en esta importante tarea al Sr. Söderman, logrando una oficina del Defensor del Pueblo dotada de recursos flexibles, eficaces y suficientes, ya que ésta es la única manera de garantizar a los ciudadanos de la Unión que sus reclamaciones son objeto de un examen diligente por parte de esta institución. 
Señora Presidenta, quiero unirme al coro de alabanzas al Defensor del Pueblo. 
Ha realizado una labor magnífica que, acertadamente, ha obtenido el reconocimiento del Parlamento. 
Su trabajo ha acercado, en muchos sentidos, a los ciudadanos de Europa a nosotros, una aspiración de la que hablamos continuamente aquí en el Parlamento. 
Además, para muchos países que no tienen la tradición del Defensor del Pueblo, ha acercado su misión y la ha explicado a la sociedad- lo que es muy importante. 
En su primer informe nos indica cuántas peticiones se han recibido y cuáles no han sido admitidas a trámite. 
Como ya señalé en mi anterior intervención en este debate, el Defensor del Pueblo ha respondido con celeridad a aquellos que han presentado peticiones al Parlamento. 
Es muy importante, porque muchas personas, cuando escriben, piensan que sus cartas desaparecen en algún pozo sin fondo y nadie vuelve a encontrarlas jamás. 
Por tanto, es sumamente importante. 
Quiero aprovechar esta oportunidad, al tiempo que manifiesto mi apreciación por la labor de nuestro Defensor del Pueblo, para plantear también el tema de la necesidad de que en Europa exista un Defensor del Pueblo especial para niños. 
Mi trabajo en el ámbito de los niños y de los derechos de los niños me lleva a pensar sin ninguna duda que se trata de una ampliación importante y muy necesaria de la función que el Sr. Söderman ha venido desempeñando tan espléndidamente. 
Espero que el próximo Parlamento se ocupe de este tema y decida nombrar a un Defensor del Pueblo especial para niños. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar durante el turno de votaciones, que se realizará a continuación. 
Señora Presidenta, el ministro del Interior de su país ha declarado que los asesinatos, en el País Vasco, de representantes democráticamente elegidos- y leo- «son insoportables para toda la Unión Europea porque atentan contra la esencia misma de la democracia». 
Y como ésta es la casa de la democracia de Europa y además la expresión más visible de la paz y la libertad de que la que disfrutamos la inmensa mayoría de los europeos, yo le pediría, señora Presidenta, que diera la bienvenida a un grupo de concejales del País Vasco cuya vida está amenazada en razón de sus ideas y que nos acompañan hoy durante nuestros debates. 
Señor Galeote Quecedo, tengo el gusto de saludar a nuestros visitantes y me adhiero sinceramente a los deseos de bienvenida que acaba de expresar. 
Votaciones 
Solamente quiero que quede constancia en el protocolo que hay un pequeño problema con las traducciones alemana, española y francesa, en las que no queda claro que las peticiones tendrán que seguir presentándose por escrito y que, por tanto, no podrán ser presentadas por teléfono. 
Evidentemente esto no influye en mi informe. Solamente deseo que quede constancia en el protocolo antes de la votación. 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Señor Presidente, quiero simplemente llamar la atención del Pleno sobre la importancia negativa de esta enmienda, con la que se pretende introducir siempre y en todo caso la doble lectura. 
La finalidad de esta enmienda es rechazar lo que hemos conseguido con gran dificultad con el Tratado de Amsterdam. 
Si se aceptara, trastocaría el informe y no se trataría de un reforma, sino de una contrarreforma. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, yo he votado en contra del informe Evans porque pienso que el Parlamento adoptó una decisión muy equivocada en este caso. 
En efecto, siempre pedimos el reconocimiento de los derechos de las minorías y de las lenguas regionales. 
Lo pedimos al Consejo, como hicimos en el Informe Maij Weggen/Dury. Lo pedimos a los Estados asociados, pero no nos imponemos la misma exigencia. 
En nuestro Reglamento no somos consecuentes con lo que pedimos a los demás. 
El Informe Evans es inadecuado, por un lado, porque no distingue entre nuestras lenguas regionales reconocidas y cualquier otra lengua x y, por el otro, porque yo no acabo de entender cuál es la finalidad de la traducción resumida, ya que esto sólo puede significar que no se leerá la petición en la lengua original. 
Pero si ésta no se lee, tampoco tiene ningún sentido que se ofrezca la posibilidad de presentarla. 
Yo tengo la impresión de que esto induce a error y, por consiguiente, tengo que manifestar con toda claridad que, en mi opinión, debemos atenernos a las lenguas oficiales, si bien a mitad de camino entre dichas lenguas oficiales y las demás lenguas x se sitúan nuestras lenguas regionales, que debemos salvaguardar y proteger. 
He votado a favor de la enmienda al Reglamento propuesta por la Comisión, de acuerdo con la cual, las peticiones se admitirán aunque estén redactadas en una lengua no oficial de la Unión Europea; para su tramitación se incorporará una traducción o resumen en alguna de las lenguas oficiales, lengua en la que discurrirán los trámites subsiguientes, incluida la correspondencia de la institución dirigida al peticionario. 
Como he tenido ocasión de destacar en mi intervención en el debate, esta enmienda respeta escrupulosamente la esencia misma del derecho de petición, que es, por su misma naturaleza, un derecho individual que el Tratado otorga a todo hombre o mujer que se encuentre entre nosotros, sin admitir discriminación alguna y, en particular, sin hacer distinciones entre ciudadanos y no ciudadanos. 
La norma complementaria- y por lo tanto ancilar- es una norma de procedimiento que, independientemente de otras consideraciones, es respetuosa con los Tratados: con carácter general, el procedimiento en una institución europea debe llevarse a cabo en una de las lenguas oficiales. 
Las enmiendas presentadas y rechazadas que discriminan, en nombre del derecho de los pueblos, a unos individuos frente a otros a la hora de formular una petición- porque su lengua de expresión no tiene reconocimiento territorial- son, en última instancia, contrarias a la esencia misma del derecho de petición. 
Me complace respaldar este informe encaminado a hacer el sistema de peticiones del Parlamento Europeo más accesible a nuestros ciudadanos. 
El informe de mi colega Laborista Sr. Evans presenta una grata reforma para permitir que las personas que se sienten más cómodas utilizando una lengua no oficial, puedan presentarnos sus peticiones en su lengua materna. 
Naturalmente, por motivos administrativos, también será necesario un resumen en una lengua oficial para que la petición sea tramitada. 
Habida cuenta de que reconocemos las lenguas minoritarias de la UE como válidas cuando provienen de los Estados miembros, no existe ninguna razón por la que el urdu o el hindi, por ejemplo, no deban también ser reconocidas. 
Los ciudadanos de la UE pertenecientes a las minorías étnicas deben enfrentarse a menudo a problemas de racismo que la mayoría de nosotros debemos tener presente de cara a encontrar soluciones. 
Cualquier cosa que facilite la exposición de ese tipo de problemas merece nuestro apoyo- motivo por el que las lenguas no oficiales deben ser tan válidas como cualquier otra para su utilización en las peticiones de los ciudadanos. 
Informe Hautala (A4-0253/98) 
Señora Presidenta, lamentamos comprobar que ni en la versión inicial del Informe Hautala ni en el texto de las enmiendas se aclara que los mencionados vehículos sólo conciernen al transporte de animales a partir de una determinada distancia. 
Al igual que el ponente, nos preocupa evitar el estrés, el frío, el calor, las sacudidas, etcétera, que sufren los animales, y habríamos votado a favor de la mayoría de las enmiendas, así como del texto en su conjunto, si los autores hubiesen pensado en los pequeños productores que transportan sus dos o tres animales al mercado de la población vecina, pequeños productores que naturalmente no utilizan camiones climatizados ni poseen el suficiente poder adquisitivo como para realizar ese tipo de inversión. 
A falta de estas aclaraciones, se penaliza una vez más a los pequeños productores, o incluso se les elimina, y de ningún modo podemos tolerarlo. 
Hemos optado por votar en contra de algunas propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial porque constituyen una reglamentación en detalle que es innecesaria y, hasta cierto punto, contradice el principio de subsidiariedad. 
No obstante, damos por descontado que los expertos técnicos de la Comisión han analizado correctamente las exigencias que demanda el transporte de animales. 
Con todo, esperamos que los Estados miembros dicten normas complementarias que tomen en consideración las condiciones locales con el objeto de obtener el mayor bienestar posible de los animales. 
El transporte de animales dentro de la UE comprende una gran cantidad de animales. 
Cada año se transportan entre los Estados miembros alrededor de 14 millones de reses, cerdos, caballos, ovejas, etcétera. 
La mayoría de ellos van a mataderos, algunos se exportan, al mismo tiempo que, sin embargo, la UE también importa muchos animales, alrededor de 2, 3 millones. 
Los últimos años hemos visto en reiteradas oportunidades imágenes que muestran la forma cruel e indigna en que se llevan a cabo estos transportes. 
La propuesta de la Comisión para mejorar las directivas vigentes en cuanto a cómo deben ser los vehículos y remolques que se usan, es un buen punto de partida, pero no es suficiente. 
Por eso apoyamos a la ponente Hautala, que en su informe mejora la propuesta de la Comisión imponiendo exigencias más severas. 
Entre otras cosas, se trata de cómo se van a diseñar las rampas de carga y cómo se podría mejorar la ventilación en los vehículos. 
Enorme importancia tiene la enmienda sobre controles regulares de los vehículos para que así cumplan con las exigencias. En caso contrario, la directiva no tiene sentido. 
Éste es un paso en la dirección adecuada para terminar con los repugnantes transportes de animales que existen actualmente en la UE. 
La propuesta de la Comisión sobre normas comunes para los vehículos y remolques que se usan en el transporte de animales por carretera ha sido mejorada sensiblemente mediante el excelente informe de Hautala, que propone rampas de descenso con menor inclinación, elevadores eléctricos, mejor ventilación y temperatura además de controles continuos. 
Esto es beneficioso. 
Por estas razones he votado favorablemente este informe. 
Sin embargo, lo básico tiene que ser que disminuya la cantidad de transportes de animales. 
Lo mejor para conseguir esto es suprimir las subvenciones a los transportes de animales dentro de la UE. 
En varias votaciones he apoyado esta idea, entre otras, en relación con los presupuestos. 
La preocupación por la seguridad de los animales de granja en los procedimientos de transporte es respaldada, aunque con reservas, como un éxito de las propuestas de la Comisión. 
Habida cuenta de que los planes afectarán a 14 millones de animales, debemos también tener presente los intereses de sus propietarios, que deberán correr con los gastos de las modificaciones de las especificaciones del transporte. 
Existen tres temas principales de preocupación que deben ser analizados más detenidamente, antes de poder dar nuestro apoyo. 
Primero, la inclinación de las rampas de carga no deberá sobrepasar los 20º de conformidad con el Comité Científico Veterinario (1992). 
Este informe permite un incremento de la inclinación de 5º. 
En segundo lugar, los compartimentos a base de metal " ligero» presentan dos problemas en potencia. Podrían conducir a niveles más altos de bacterias en caso de punturas, e incrementaría los costes para los transportistas. 
Parece ser una medida menos eficaz que otras alternativas, si la desinfección del área de transporte se convierte en un problema añadido (opinión de ECOSOC, Dic. 1997, ref: CES 1378/97). 
En tercer lugar, las modificaciones de los techos de cara a la protección contra los cambios de temperatura y las condiciones climatológicas se viene solucionando con sistemas de control por ventilación. 
Con estos problemas obvios de modificar las sugerencias de los veterinarios para la seguridad e incrementar los costes para el transportista, no podemos dar nuestro apoyo incondicional al informe. 
Debe estudiarse si dichas modificaciones aumentarían de manera significativa la seguridad de las reses o sólo los costes de transporte. 
Debemos estudiar la conveniencia de una aplicación diferente de los planes de seguridad. 
Ya sabemos que el tema del transporte de animales es muy importante y que es imprescindible que procuremos adoptar orientaciones y soluciones políticas en este ámbito. 
Los ciudadanos de Europa conceden gran importancia a la protección de los animales. 
Por lo tanto, también es necesario prestar seria atención a los estudios que indican que los animales de abasto están sujetos a condiciones particulares de estrés durante el transporte y en las operaciones de carga y descarga, y que dichos estudios se debatan en el plano político. 
Las orientaciones políticas son una cosa y la ejecución parcial y la traducción técnica de dichos principios, algo distinto. 
Justamente en los últimos tiempos hemos debatido muy a menudo, tanto en la Comisión de Asuntos Económicos como en el Pleno, en el contexto de la propuesta de directiva relativa a las características técnicas de los autobuses, sobre posibles nuevas vías para la adopción de la legislación de carácter técnico. 
El presente informe nos ofrece otra ocasión para reflexionar sobre las ventajas del " nuevo enfoque». 
Dicho procedimiento nos permite poner en práctica el reparto de papeles propuesto y decidir de conformidad con el mismo. 
La misión del Parlamento Europeo, como representante de los ciudadanos de Europa, es responder a sus preocupaciones y temores con medidas preventivas y formular propuestas políticas básicas que permitan garantizar adecuadamente la seguridad y la salud de las personas y los animales. 
Los expertos técnicos, los profesionales, que trabajan habitualmente en dicho ámbito son, en cambio, los encargados de concretar dichas propuestas sobre la base de las orientaciones políticas. 
Todos los grupos de interés- los fabricantes, los consumidores y otros grupos afectados- deben ser escuchados y deben participar en el procedimiento. 
Esto nos permitirá evitar adoptar normas legislativas abstractas, alejadas de la práctica y excesivas, y promover, en cambio, regulaciones escuetas, eficientes y modernas, que en definitiva también contribuyen a la plena realización del mercado interior. 
Nuestro Grupo, en conjunto, apoya por principio las medidas que favorecen el bienestar de los animales. 
Sin embargo, es lícito interrogarse sobre la conveniencia de imponer normas uniformes en materia de fabricación de vehículos destinados al transporte de animales, independientemente de sus condiciones de " empleo» y de su carácter operativo. 
En efecto, ¿por qué ha de imponerse la instalación de un sistema de aire acondicionado para el transporte de animales en Finlandia o en Suecia? 
¿Por qué ha de establecerse para el transporte de animales normas idénticas tanto para viajes cortos como para viajes largos? 
Estas son algunas de las preguntas reales que necesariamente deben tomarse en consideración. 
¿Cuál es la preocupación primordial? 
¿La voluntad uniformizadora o la utilidad y el carácter operativo de las reglamentaciones? 
Existe otra pregunta: ¿cómo hacer que la reglamentación europea se aplique en materia de importación de animales vivos procedentes de terceros países? 
Salvo que deseemos autopenalizarnos, es indispensable aplicar nuestras propias disposiciones a todos los productos importados, y ello desde el primer eslabón de la cadena de producción, y no sólo a partir del momento en que estos productos pasan las fronteras del espacio económico europeo. 
Más que legislar sólo en el plano europeo, deberíamos esforzarnos por definir este tipo de reglamentación en el ámbito internacional, en el marco de las negociaciones internacionales de la OMC. 
Estaremos particularmente vigilantes en este punto, como en muchos más, con respecto a la manera en que la Comisión sabrá o no defender los intereses europeos, en particular en materia de reciprocidad de los dispositivos reglamentarios. 
Finalmente, hay que evitar imponer cargas insoportables a nuestros agricultores y en este caso concreto a nuestros ganaderos, con la loable intención de garantizar el mayor bienestar posible a nuestros animales. 
Estamos en vísperas de una reforma de varias OCM y las propuestas de reglamento de la Comisión nos preocupan mucho. 
En efecto, si se aceptan, las mismas supondrán una fuerte reducción de los ingresos de los agricultores. 
Si, además de estas propuestas, otros servicios de la Comisión imponen normas draconianas en todos los sectores, la Comisión penalizará y desanimará tanto al conjunto del sector agrícola como al conjunto del medio rural. 
Señor Presidente, a pesar de que acojo con satisfacción el hecho de que la normativa británica se ajusta a las normas de diseño de los vehículos para el transporte de animales, según se recoge en el presente informe, éste es uno de los casos en que desearía que a toda Europa se exigiera el cumplimiento de las normativas unificadas de la UE, por el bien de los 14 millones de animales que cada año se transportan por las carreteras europeas. 
Si pudieran votar, estoy seguro de que dichos animales viajarían en camiones o remolques con buena ventilación, un espacio adecuado para cada animal, un alumbrado decente y una buena instalación para la carga y descarga. 
En particular, el último aspecto necesita cumplir unos requisitos mínimos, ya que los expertos- y el sentido común- sugieren que la carga y descarga es un momento especialmente estresante para los animales. 
También comparto la opinión del ponente de que debemos esforzarnos más para garantizar la supervisión de la ventilación y la debida inspección de los vehículos para comprobar que se ajustan a la letra y al espíritu de la normativa comunitaria. 
Espero que muchos países elijan, como hemos hecho en Gran Bretaña, ir más allá de lo que exige la normativa comunitaria, pero necesitamos unas normas mínimas para el transporte de animales en toda la UE. 
Suele decirse que se puede juzgar a una sociedad por cómo trata a sus miembros más débiles. 
Los seres más débiles de Europa son sus animales, de los que dependemos para alimentarnos, y lo menos que podemos hacer por ellos es transportarlos en condiciones civilizadas. 
Me felicito por la adopción en primera lectura del informe del Sr. Rothley. 
La directiva propuesta instituye el principio de una acción directa de la víctima contra la empresa aseguradora del responsable del accidente. 
La misma obliga a la empresa aseguradora a proponer una reparación dentro de un plazo determinado y acompaña dicha obligación con una sanción financiera. 
Estas diferentes y necesarias medidas mejoran la situación de las víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea. 
La ampliación de la directiva a Estados que no son miembros de la Unión plantea problemas complejos. 
No creo que la directiva sea el instrumento adecuado en esta materia. 
Habrá que volver a plantear la cuestión en segunda lectura. 
Esta directiva beneficiará enormemente a las personas que se ven involucradas en accidentes de tráfico durante sus vacaciones en otros países europeos. 
Cada año, decenas de miles de irlandeses viajan en coche a Gran Bretaña y al continente. 
Si un irlandés se ve involucrado en un accidente en Francia con un turista neerlandés, puede ser muy difícil obtener compensación. 
Aparte de las lesiones personales que puedan sufrir, pueden surgir problemas terribles con los trámites, los diferentes procedimientos y un sinfín de retrasos. 
Regularmente recibo cartas de personas que han visto arruinadas sus vacaciones como resultado de todo esto. 
A pesar de que esta directiva no resolverá todos sus problemas, supondrá que la presentación de una reclamación contra alguien en otro país por un accidente ocurrido en un tercer país no será tan difícil como hasta ahora. 
También acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión haya dado curso a la iniciativa de 1995 del Parlamento Europeo, en la que se pone de relieve este problema. 
La Comisión debe conservar el derecho exclusivo de iniciar actos legislativos con el fin de garantizar que la legislación de la UE recoge los intereses de todos los Estados miembros. 
Pero es acertado que el Parlamento pueda presentar propuestas legislativas sobre problemas que la Comisión haya podido pasar por alto y en aquellos casos en que un enfoque a nivel europeo sea la mejor solución. 
Me complace respaldar hoy este informe, por haber tenido que ocuparme de varios casos en los que miembros de mi circunscripción han debido hacer frente a problemas con el seguro tras sufrir el estrés de un accidente mientras viajaban por otro país de la UE. 
Para facilitar y acelerar en la medida de lo posible las reclamaciones en unas condiciones tan estresantes, respaldo las prácticas medidas que propone el presente informe- a favor de un sistema de reclamaciones directas a la compañía de seguros del motorista culpable, de que cada compañía de seguros nombre a un representante especial en los países de la UE para que acelere los trámites y a favor de que nuevos organismos de compensación puedan solucionar más disputas fuera de los tribunales, permitiendo ahorrar tiempo a los solicitantes. 
La imagen de recorrer la UE en automóvil puede evocar unas gratas vacaciones de verano, según nos anuncian los programas televisivos sobre vacaciones. 
No obstante, cuando ocurre un accidente de tráfico en el extranjero, en el mundo real necesitamos un sistema de seguros que funcione con rapidez a nivel internacional. 
Espero que nuestras sugerencias sean tomadas en consideración por el sector y por la Comisión para ayudar a los desafortunados que sufren un accidente de tráfico en un país de la UE que no es el suyo. 
Independientemente de que el accidente en el extranjero sea un simple arañazo del coche o una tragedia en la que resulten heridos o mueran seres queridos, el estrés que origina no debe verse agravado ni prolongado más de lo necesario como consecuencia del papeleo en las reclamaciones transfronterizas a la compañía de seguros. 
Señora Presidenta, es una gran satisfacción para mí que hayamos conseguido adoptar por una gran mayoría una posición clara sobre el tema de Kosovo. 
Aun así, debo decir que, lamentablemente, tendríamos que haberla adoptado hace dos o tres años, pues entonces hubiese sido posible alcanzar efectivamente la solución de una autonomía amplia, internacionalmente garantizada, como la que ahora se pide. 
Con nuestros largos años de inactividad, desautorizamos la vía pacífica del señor Rugova y ahora es lógico que los albaneses de Kosovo intenten defender pura y simplemente su vida. 
Nada menos que esto es lo que está ocurriendo allí. 
Se ha actuado sencillamente demasiado tarde. 
No obstante, yo me alegro de que con la Presidencia austriaca parezca haberse iniciado un cambio en relación con este tema. 
El señor Schlüssel ha sido el primer Presidente del Consejo que se ha expresado sobre Kosovo con palabras claras y con miras al futuro. 
Presionamos durante años para que se abriese una oficina de la UE en Pristina. 
Siempre se nos respondió que no era posible. 
El señor Schlüssel ha establecido ahora, en un plazo de pocos días, una oficina de la Presidencia del Consejo y yo me congratulo de que la Europa del señor Schlüssel pueda estar representada ahora en Kosovo. 
Hemos votado a favor de la primera propuesta de enmienda de los Verdes que implica que la ONU tiene que autorizar una acción militar para evitar un genocidio de los habitantes albanos de Kosovo. 
El texto de la resolución propuesta no es claro en este punto y es posible interpretarlo como que la OTAN y la UEO pueden actuar sin mandato de la ONU. 
Para nosotros, el mandato de la ONU es imprescindible para que se pueda llevar a cabo una eventual acción militar. 
Con todo, la línea directriz en el asunto de Kosovo tiene que ser la mediación y la presión internacional para alcanzar una solución política del conflicto. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de una decisión que condena las violaciones de derechos humanos fundamentales en Kosovo y las acciones violentas cometidas por las fuerzas de seguridad serbias, unidades del ejército yugoslavo y fuerzas paramilitares contra la población de Kosovo. 
Apoyamos, sin embargo, una enmienda que subraya la necesidad de que exista una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas antes de que se lleve a cabo una acción militar. 
Apenas un mes después de la última resolución sobre Kosovo, nuestra Asamblea acaba de votar una nueva resolución sobre el mismo asunto. 
Ciertamente, el deterioro de la situación es preocupante, ¿pero qué utilidad real puede tener un texto redundante, que se limita fundamentalmente a condenar una vez más los crímenes cometidos, así como a sus autores? 
No debe confundirse la manifestación de trivialidades moralizadoras con tomas de posición o acciones de política exterior que tengan un verdadero alcance. 
Por otro lado, hay que evitar todo tipo de excesos. 
En este recinto se han escuchado palabras irresponsables que vinculaban cualquier progreso que condujera a la paz al reconocimiento de la independencia a una supuesta nación kosovar. 
Comprometerse en esta dirección, siguiendo la vía abierta para el reconocimiento de un Kosovo independiente por las autoridades de Tirana, sería la mejor manera de que los actuales enfrentamientos llegaran a ser absolutamente despiadados. 
No olvidemos que Kosovo, a pesar de que hoy el 90 % del territorio esté habitado por poblaciones de origen albanés, constituye el origen histórico y espiritual de la nación serbia y que los primeros colonos albaneses fueron instalados por iniciativa del poder otomano. 
A la opresión de las naciones llevada a cabo por el sistema comunista no debe sucederle un afán de desmembramiento y de desmantelamiento capaz de desembocar en la creación de naciones artificiales, que a la larga plantearía problemas peligrosos. 
El primer elemento de desestabilización de la unidad de Yugoslavia fue la puesta en entredicho del estatuto de autonomía de Kosovo en 1989. 
El grupo de contacto trabaja activamente en favor del restablecimiento de un estatuto, en medio de grandes dificultades, ya sea por la violencia de las acciones del gobierno de Milosevic o por el estado de anarquía en que se encuentra el Ejército de Liberación de Kosovo, conjunto de guerrilleros que carece de una representación susceptible de ser considerada como un interlocutor válido. 
El grupo de contacto, que reúne la parte activa de la Unión Europea, se esfuerza por encontrar la correcta dosificación de advertencias y de incitaciones positivas para evitar una radicalización y una extensión del conflicto. 
Junto con el grupo de contacto, y apoyando su acción, las diplomacias nacionales tienen un importante papel que desempeñar. 
La OSCE, actualmente presidida por Polonia, puede también contribuir positivamente, y los proyectos anunciados por la Presidencia austríaca, que van en el mismo sentido, pueden ser útiles. 
Informe Fourçans 
Señora Presidenta, el Informe anual del Instituto Monetario Europeo, último informe de dicho organismo antes de su transformación en Banco Central Europeo, el pasado 1 de julio, demuestra, como lo dice perfectamente el ponente de nuestra Asamblea, cierta voluntad de quedarse en generalidades. 
Sin embargo, en la primera página del mismo aparece una fotografía del Consejo del IME, en la que no falta nadie, que dice mucho más que el resto. 
Allí están los gobernadores de los Bancos centrales nacionales, bien alineados, de pie, en la segunda fila, mientras que en la primera, hay cinco personajes confortablemente sentados en sillones: el Presidente del IME, que se ha convertido en Presidente del BCE, el Sr. Duisenberg, así como su Vicepresidente, lo cual es normal, rodeados por las dos gobernadoras de Bancos centrales, lo que también es explicable. 
El quinto personaje es el Sr. Hans Tietmeyer, gobernador del Bundesbank, el cual, que yo sepa, no pertenece a ninguna de las dos categorías anteriores. 
Sin duda su presencia pretende ilustrar la célebre afirmación del Sr. Duisenberg, cito: " El euro habla alemán, y eso nos agrada mucho». 
Nosotros esperábamos que este informe del IME nos explicara, a seis meses de la entrada en vigor de la moneda única, qué hay que hacer para realizar una política monetaria unificada en una zona económica, social y políticamente heterogénea. 
¿Según qué criterios, por ejemplo, se determina el nivel único de los tipos de interés? 
¿Qué hay que hacer para no disgustar a todos a la vez, y sobre todo para evitar un resultado económico globalmente inferior al que habrían producido unas políticas hábilmente adaptadas a cada caso nacional? 
Pero el informe es totalmente oscuro sobre todos estos puntos que son vitales y muy urgentes en la etapa a la que hemos llegado, lo que no le impide, por otra parte, proclamar una vez más que, cito: " reconoce la necesidad de que el SEBC garantice la transparencia de sus objetivos y de las políticas que realizará, de tal modo que la comunidad financiera y el público comprendan y apoyen su acción». 
En cambio, el informe del IME, tanto en el texto como en la exposición de motivos firmada por su Presidente, no escatima precisiones sobre la política que debe realizarse en el ámbito- claro está- presupuestario. 
El Sr. Duisenberg explica en el mismo, para simplificar, que hay que acelerar la reducción de los déficits públicos si no se quiere obligar al BCE a aplicar una política monetaria restrictiva. 
Repite lo que dijo al margen del último Consejo sobre el euro. 
Naturalmente, todo está íntimamente relacionado, pero hay que respetar ciertos límites, sobre todo por una persona que está fuera, de una forma tan excepcional, de todo control democrático. 
Este informe nos brinda la ocasión de hacer una reflexión necesaria sobre el sistema monetario internacional. 
Como lo indica el ponente, el informe del IME es vago. 
De todas maneras, nuestro sistema monetario internacional está viciado en su origen, puesto que se basa en un patrón dólar: eso otorga a los Estados Unidos el desmesurado privilegio de emitir la moneda internacional y, por lo tanto, de escapar, en parte, a la disciplina monetaria que se impone a los demás países. 
La introducción del euro no cambiará en nada este sistema criticable. 
Además, la voluntad de ajustar el euro al marco alemán puede provocar una deflación en Europa y poner en peligro el nivel de empleo en los Estados europeos menos competitivos. 
Para restituir a cada Estado el control sobre su moneda en el marco de una disciplina que obligue a todos, habría que restablecer un patrón oro. 
Así, los excesos inflacionarios podrían combatirse sin otorgar un poder abusivo a los Estados Unidos y a un futuro Banco Central Europeo. 
Este último, como reconoce claramente el ponente en el punto 13 de su informe, será indiferente a las condiciones particulares de uno u otro Estado miembro. 
Se corre un riesgo considerable al querer centralizar la emisión monetaria en una Europa plural y diversa en cuanto a sus características económicas. 
En materia monetaria, a menudo es peligroso confiar en los gobiernos. 
Pero también lo es confiar excesivamente en un Banco central. 
Un sistema automático centrado en el oro, como ocurrió en Europa antes de 1914, permitiría un fuerte crecimiento dentro de la estabilidad con un mínimo de arbitrariedad. 
Es lamentable que no se haya examinado seriamente esta posibilidad, debido a la idea preconcebida en favor de un instituto de emisión supranacional. 
Este ejercicio ritual marca nuevamente sus límites, y deseo dar mi apoyo a nuestro colega André Fourçans y a las reservas manifestadas sobre algunos aspectos de las relaciones que existen entre el Instituto Monetario y el Parlamento Europeo. 
Es pernicioso, en efecto, que las herramientas y los análisis facilitados no sean más precisos. 
Un cuadro de mando más pormenorizado de la economía europea permitiría que cada uno tuviese una visión real de ésta, y apoyaría de manera más constructiva nuestra propia reflexión. 
En este sentido, sería efectivamente pernicioso que las futuras relaciones entre nuestra Asamblea y el Banco Central Europeo tomaran dicha dirección. 
Tenemos derecho a esperar algo más de una institución de esta naturaleza. 
Añado que, incluso recientemente, algunos colegas se han manifestado en este sentido durante las discusiones sobre el BCE, y parecía que se habían asumido compromisos. 
Espero que se respeten. 
Además, si tenemos derecho a expresar reservas en cuanto al fondo, también tenemos derecho a examinar la orientación político-económica en la que se basa la redacción de un informe. 
Si bien no ha lugar a poner en entredicho la independencia del Banco Central, debo recordar que los intercambios de puntos de vista entre el Parlamento Europeo y dicha institución implican una actitud receptiva por ambas partes. 
En estos tiempos difíciles y complejos, nadie puede pretender ser dueño de la verdad... ; ¡baste con recordar el episodio de la crisis asiática y las " predicciones» de nuestros doctos economistas de aquel momento! 
Sí, los políticos deben tomar en consideración los análisis de los economistas, pero también creo necesario que éstos integren en sus reflexiones nuestras observaciones. 
¡En cualquier caso, son los diputados los únicos que tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos! 
El informe sobre la memoria Anual del año 1997 del IME trata, en realidad, de la implantación del euro. 
Desde este punto de vista, el informe es bastante " revelador» , visto desde la perspectiva del debate sueco sobre la UEM, sobre lo que la UEM va a significar. 
Entre otras cosas, se escribe: 
que la política monetaria común va a servir de base para el cambio de la política económica en los Estados miembros que han introducido el euro (considerando A) , -que, sin embargo, es necesario desarrollar una política económica real en el ámbito de la Unión, mediante una coordinación más eficiente y control de la política económica de los Estados miembros (considerando G) , -que son necesarias paulatinas reformas del mercado laboral (punto 5) , -que es lamentable que el IME no haya querido manifestarse acerca del problema general relacionado con la coordinación de la política presupuestaria y fiscal en la UE, que va a ser una de las grandes consecuencias previsibles del proceso económico y monetario de la Unión (punto 7).Esos ejemplos del informe demuestran claramente que el Parlamento Europeo considera obvio que la UE, en relación con la puesta en marcha de la UEM en 1999, intervendrá y empezará a hacerse cargo de la política económica de los Estados miembros en mayor medida que hasta ahora. 
" Paulatinas reformas del mercado de trabajo» suena bien, pero suele significar peores reglas para las contrataciones y mayores diferencias salariales, lo cual no podemos aceptar. 
Suecia va a estar fuera del sector del euro desde el comienzo en 1999. 
Consideramos que ésta es una buena decisión porque creemos que la política económica debe ser aplicada desde los Estados miembros y no desde la UE. 
Sin embargo, hay algunas cosas que, evidentemente, están bien en el informe. 
Por ejemplo, lo relativo a las demandas de transparencia en el actual IME y en su sucesor, el BCE. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Fourçans. 
Estamos de acuerdo con el señor ponente en que el IME ha avanzado mucho en su mejora de los instrumentos y procedimientos necesarios para la puesta en práctica de la política monetaria común en la tercera fase. 
Estamos de acuerdo en que es necesario disponer de más inversiones públicas y privadas para estimular la demanda interna, en que la explicación dada por el IME del SME II es insuficiente y en que hacen falta perspectivas para los Estados de Europa Central y Oriental y un ingreso asociado en el SME II vinculado a la estrategia de adhesión. 
Mostramos, sin embargo, nuestra reserva ante el punto de vista del señor ponente sobre la necesidad de diseñar una política auténticamente económica en el plano comunitario, sin embargo, estamos a favor de una coordinación de la política económica entre los países miembros, sobre todo con vistas a fomentar el empleo. 
No compartimos plenamente el punto de vista relativo a que sea lamentable que el informe anual de actividades no haga referencia a la cuestión de la coordinación de la política tributaria y presupuestaria en la Unión. 
No le corresponde al IME pedir la coordinación de esta política en su informe anual de actividades. 
El Informe anual del Instituto Monetario Europeo, el último antes de su liquidación y de la constitución del Banco Central Europeo, no es muy voluminoso debido a la supresión de un largo capítulo que hasta hoy ha constituido su parte principal: el examen de la evolución de la convergencia de cada uno de los Estados miembros. 
Dicho Informe, sin embargo, redactado en un momento muy peculiar del histórico camino que ha llevado hasta el euro, adolece de un examen detallado de los siguientes puntos: 
un estudio en profundidad de la evolución del proceso de armonización de cada una de las políticas fiscales europeas: las actuales distorsiones y disparidades de cada uno de los sistemas fiscales nacionales, si no son objeto de examen y de análisis por parte de un Grupo de expertos independientes podrían convertir en inútiles los esfuerzos realizados con vistas a la realización de la Unión Económica y Monetaria, y eliminar las ventajas y las oportunidades potenciales que ofrece el mercado único en términos de desarrollo económico y de reducción progresiva del desempleo estructural existente; -no existe en absoluto una reflexión sobre los países candidatos a la ampliación, al objeto de conocer sus esfuerzos en materia de política económica, monetaria y financiera y de constatar su evolución real.Por último, considero necesario poner el acento en la debilidad estructural de la economía italiana que, junto con la de Francia y Alemania, ha sido objeto de examen en el informe: éste es un timbre de alarma que debe encontrar remedios adecuados tanto en las acciones horizontales comunitarias como en las estrategias de cada uno de los Gobiernos nacionales. 
El problema del desempleo estructural precisa soluciones rápidas y específicas. El Banco Central Europeo, aunque tiene un importante papel que desempeñar en este ámbito, no podrá sustituir las acciones internas de modernización de los distintos mercados de trabajo. 
En consecuencia, es imprescindible una estrategia para el empleo que, haciendo frente al desarrollo demográfico europeo, abandone las políticas rígidas que crean- quizás de buena fe- una seguridad social sólo momentánea e ilusoria, para adoptar nuevas formas más flexibles y en línea con las exigencias del mercado en lo que se refiere a las relaciones laborales. 
Por eso, a pesar de apreciar el esfuerzo del señor ponente, en nombre de Alianza Nacional, me abstengo de votar el informe objeto de examen. 
Informe Manzella 
Señora Presidenta, el Sr. Manzella se ha convertido en mensajero de una buena noticia: acelerar y simplificar los procedimientos legislativos en el seno de nuestro Parlamento. 
¿Se logrará con ello colmar el déficit democrático que afecta de manera patente a nuestras instituciones europeas? 
Evidentemente, la respuesta es negativa. 
No es abreviando y haciendo las cosas más rápidamente como abordaremos lo esencial del problema. 
No disminuiremos el peso aplastante de los dos grandes grupos que dominan nuestro Parlamento. 
En el Parlamento Europeo siempre se correrá el riesgo de volver a pasar por la experiencia de una Presidencia socialista aparentemente aquejada por una hemianopsia del lado derecho, que excluya de modo casi sistemático a los diputados no inscritos, como si estuvieran permanentemente fuera de juego. 
El deseo de intensificar los contactos con los Parlamentos nacionales es muy noble; pero, además, en algunos casos, como en Bélgica, será inútil, puesto que sabemos que en dicho país tanto las elecciones legislativas como las europeas están claramente amañadas bien por los medios de comunicación subvencionados, bien por el dinero de los contribuyentes o por el dinero sucio de los chanchullos político-financieros. 
Esto con respecto a la fase previa de nuestro trabajo parlamentario; y, en cuanto a la fase posterior, ¿de qué sirve legislar cuando Bélgica se niega nuevamente a someterse a las directivas que le resultan incómodas, como ocurre con el derecho de voto en las elecciones municipales para los naturales de la Unión Europea? 
Maastricht ha ampliado nuestras competencias y nuestras responsabilidades. 
El post Amsterdam reformará los procedimientos actuales, demasiado complejos, para orientarnos hacia una mayor simplicidad. 
A diario reflexionamos y actuamos para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos. 
Hoy el Informe Manzella nos brinda una nueva oportunidad para poner de manifiesto nuestros esfuerzos y sobre todo para concretizarlos. 
Teniendo en cuenta la gran cantidad de textos que examinamos en las reuniones de las comisiones parlamentarias y en el Pleno, debemos aceptar un doble desafío: simplificar definitivamente el proceso legislativo y equilibrar los papeles que desempeñan el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo. 
Simplificar, racionalizar y acelerar la elaboración de nuestro trabajo legislativo es ahora jurídicamente posible. 
En el seno de nuestras respectivas comisiones deberemos incentivar en este sentido a los Presidentes. 
Puede instaurarse un nuevo diálogo estructurado. 
La mayoría de nuestros países de origen se rigen por el sistema bicameral. 
Su eficacia está probada. 
Su transposición en el plano europeo es realizable. 
Basta simplemente, en una primera etapa, con definir nuevas normas para regir el funcionamiento del Parlamento Europeo y las relaciones entre nuestras diferentes instituciones. 
La realización de debates informales, un trabajo coherente y conjunto de nuestra Asamblea, de la Comisión Europea y del Consejo permitirán, de esta forma, lograr muchos acuerdos en la primera lectura, sin perjudicar la transparencia del mecanismo y haciendo posible un mayor intercambio de información. 
Por lo tanto, apruebo el Informe Manzella por sus esfuerzos con miras a mejorar cualitativamente nuestra labor jurídica en primera lectura, en segunda lectura y en el procedimiento de conciliación, así como por su voluntad de realizar una planificación más completa del programa legislativo anual, en beneficio de una mayor concentración en nuestros objetivos prioritarios. 
El Informe Manzella, que el Parlamento Europeo acaba de aprobar propone algunas reformas técnicas destinadas a extraer las consecuencias del nuevo procedimiento de codecisión que establece el artículo 251 del TCE modificado por el Tratado de Amsterdam. 
Ciertamente, nuestra Asamblea tiene derecho a comenzar a reflexionar sobre las consecuencias de Amsterdam, pero va un poco lejos cuando, en la resolución aprobada, menciona dicho Tratado como si éste estuviera definitivamente reconocido y como si la etapa de la ratificación perteneciera ya al pasado. 
Esto no es así, concretamente en Francia. 
No habría que llegar al extremo, en esta nueva Europa, de considerar la aprobación de los pueblos como una formalidad reconocida automáticamente. 
En esta cuestión nos mostramos menos inclinados a fiarnos del Parlamento Europeo en la medida en que tanto el principio de codecisión, introducido por Maastricht, como las ampliaciones establecidas por Amsterdam nos parecen poco satisfactorias. 
Señalo, por otra parte, que el Consejo Constitucional francés, en su decisión del 31 de diciembre de 1997, consideró por primera vez que la codecisión, aplicada a ciertos ámbitos, podía menoscabar las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional. 
En efecto, este procedimiento permite que el Parlamento Europeo, donde los diputados franceses sólo alcanzan el 13 % de los votos, tenga la última palabra sobre cuestiones vitales para nuestro país, sobre todo en el ámbito de la circulación internacional de las personas. 
¡Se puede incluso imaginar el caso en que la codecisión podría permitir que el Parlamento Europeo se opusiera a una decisión deseada por la totalidad de los gobiernos, apoyados por la totalidad de los Parlamentos nacionales! 
Nos encontramos frente a un caso de supranacionalidad tanto más peligroso por cuanto la Asamblea europea se basa en la autoridad de un pueblo europeo que no existe y se apoya en eurócratas que, desgraciadamente, sí existen y son demasiados. 
Ahora bien, el Tratado de Amsterdam agrava aún más esta situación: con el pretexto de simplificar el procedimiento, refuerza la posición del Parlamento Europeo, convirtiéndolo en colegislador en igualdad de condiciones que el Consejo, y establece así una situación de equilibrio en la cual el Informe Manzella descubre con satisfacción " características bicamerales». 
Al mismo tiempo, multiplica los casos de aplicación de dicho procedimiento reforzado, aplicándolo a veinticinco nuevos ámbitos. 
Todos estos cambios dan mayor peso al Parlamento Europeo, que representa una de las grandes vanguardias federalistas del Tratado de Amsterdam. 
Por lo tanto, antes de pasar precipitadamente a las medidas de aplicación del nuevo procedimiento, y a la vista del debate de ratificación de Amsterdam que se realizará en Francia, nosotros deseamos ante todo formular la pregunta fundamental: ¿el refuerzo de la codecisión, así como la propia codecisión, son oportunos? 
Nosotros respondemos " no» , ya que la codecisión otorga al Parlamento Europeo un papel esencial de autoridad decisoria, cuando no debería desempeñar más que un papel secundario. 
La misma les quita a los pueblos el control de su destino, sin que los mecanismos europeos ofrezcan un carácter democrático y una proximidad similares a la de los Parlamentos nacionales. 
En el futuro habrá que hacer retroceder la codecisión- por ejemplo, para empezar, rechazando el proyecto de Amsterdam -, o bien introducir un nuevo equilibrio instituyendo un derecho de veto de los Parlamentos nacionales. 
Este informe presentado por nuestro colega Andrea Manzella reviste una gran importancia ya que se trata de traducir en los hechos los progresos realizados por el Tratado de Amsterdam. 
Soy partidario de un poder real y reconocido para el Parlamento Europeo, y apoyo las medidas que hoy se nos proponen. 
Esta revisión del procedimiento de codecisión constituye verdaderamente un paso importante para nuestra institución, como todos estamos de acuerdo. 
Por lo demás, es importante recordar nuestro acuerdo unánime cuando se trata de que nuestro trabajo tenga un mayor peso. 
Esta situación no sólo se traduce en nuestras relaciones con la Comisión, sino, además- y también es importante -, en nuestra voluntad de iniciar un diálogo fructífero con el Banco Central Europeo. 
En ambos casos, parece ser que en nuestra Asamblea existe una toma de conciencia para que se reconozca nuestro papel legislativo. 
Esta aspiración es legítima, sobre todo teniendo en cuenta que va acompañada de una voluntad de la gran mayoría de nuestros colegas en el sentido de acercar la construcción europea al ciudadano. 
Hay quienes desde una óptica pesimista, aunque son cada vez menos, arguyen que determinadas medidas no van lo suficientemente lejos en uno u otro ámbito. 
Sin embargo, para hacer un balance del camino recorrido, debe tomarse en consideración el conjunto de estas disposiciones. 
Sí, estoy íntimamente persuadido de que debemos seguir avanzando por esta vía; parece que ha llegado de nuevo la hora de tomar una decisión política, y es primordial otorgarle todo su sentido y alcance al poder legislativo del Parlamento Europeo. 
Espero que los próximos meses sean fecundos en el plano del debate político, dejando las diatribas y la demagogia para los xenófobos y los racistas. 
Esto fortalecerá nuestro papel y acrecentará nuestra credibilidad. 
Suelo pensar que el euroescepticismo que deploramos en muchos de nuestros conciudadanos está alimentado y sustentado por nuestras propias decepciones. 
Así pues, ¿cuántos diputados europeos han consagrado más tiempo y palabras en deplorar los puntos débiles del Tratado de Amsterdam que en poner de relieve los progresos- a veces esenciales- que éste supone? 
Por eso agradezco ante todo a nuestro ponente, el Sr. Manzella, por el carácter positivo y fundado de un informe sobre los cambios introducidos por el Tratado de Amsterdam en el procedimiento de codecisión. 
Deseo congratularme, al igual que el ponente, por el hecho de que este Tratado no sólo ampliará los mecanismos del procedimiento de codecisión, sino que también los reformará haciéndolos menos complejos, de tal manera que mañana el Parlamento Europeo se convierta en un verdadero colegislador. 
Creo asimismo que tiene toda la razón en insistir en los cambios más importantes que permite el Tratado de Amsterdam a partir de la denominada fase de " primera lectura». 
En efecto, el Tratado establece que esta primera fase pueda ser, en realidad, la última- y, por lo tanto, dar origen a una " ley» de la Unión- si el Consejo aprueba una propuesta de la Comisión que el Parlamento no haya modificado, o si el Consejo aprueba todas las enmiendas aprobadas por el Parlamento. 
Comparto plenamente la opinión del ponente, que ve en esta posibilidad ventajas sustanciales desde el punto de vista de la aceleración, de la racionalización y de la simplificación de la labor legislativa. 
Pienso, finalmente, que tiene razón en insistir en el hecho de que el Parlamento debe aprovechar esta oportunidad para introducir cambios importantes con respecto a su actitud en la primera lectura: mejora de la calidad jurídica de los textos, concentración en las prioridades más importantes, instauración de nuevas relaciones interinstitucionales. 
Buen trabajo, señor Manzella. 
Le apoyo, casi, sin reservas. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Manzella. 
Se ha hecho considerando que el informe brinda un buen análisis del nuevo procedimiento de codecisión, aprobado con el Tratado de Amsterdam. 
Apoyamos claramente la influencia ganada por el Parlamento Europeo, en muchos campos políticos hemos alcanzado la misma influencia que el Consejo. 
Los socialdemócratas daneses votamos, sin embargo, en contra del punto relativo a que deba proporcionarse una explicación de motivos por escrito en todas las enmiendas del Parlamento Europeo en un contexto legislativo. 
El motivo para que nos opongamos a este punto del informe es que hará el procedimiento más burocrático y lento, y ésta sí que no puede ser la intención de una simplificación del procedimiento de codecisión. 
Me abstengo en la votación de este informe porque mi posición es que el Parlamento Europeo no debe tener un procedimiento de codecisión junto con el Consejo. 
Estimo que la cooperación en la UE se debe basar en la colaboración entre los parlamentos de los Estados miembros. 
El debate político en los Estados miembros se basa actualmente en las elecciones a los parlamentos nacionales. 
Por el bien de la democracia, debe disminuirse el poder del Parlamento Europeo. 
Informe Frischenschlager 
Durante largo tiempo se ha discutido sobre cooperación y diferentes velocidades en el ámbito comunitario. 
El ponente ha hecho un vehemente intento de dilucidar este asunto. 
No obstante, hay especialmente tres puntos en la resolución por los que no podemos votar a favor, son los puntos 10, 12 y 21. 
También estamos dudosos respecto al punto 11. 
La cooperación es una condición para toda forma de trabajo internacional, especialmente para la UE. 
Sin embargo, nunca se podrá alcanzar el objetivo buscado obligando a otros Estados miembros a hacer algo que no desean. 
Para que tenga sentido, la cooperación tiene que ser voluntaria. 
Por este motivo, no podemos votar a favor de los puntos 10, 11, 12 y 21. 
Por razones democráticas, opinamos que lo que se aprobó en el Tratado de Amsterdam debe ser lo que rija hasta que una nueva eventual Conferencia Gubernamental modifique este Tratado. 
Esto también fomenta la claridad y la posibilidad de los países miembros de controlar la legislación comunitaria. 
El Grupo Europa de las Naciones ha votado en contra del Informe Frischenschlager sobre la aplicación de las cooperaciones reforzadas establecidas por el Tratado de Amsterdam. 
Nuestro Grupo ha explicado su posición en una opinión minoritaria que la Comisión de Asuntos Institucionales ha incluido en el anexo del informe. 
En efecto, mientras que hoy en Europa las cooperaciones entre los Estados son totalmente libres (con excepción, evidentemente, de lo que está legislado en los textos comunitarios) , el Tratado de Amsterdam desearía integrarlo todo en el dispositivo comunitario, y atribuir a las cooperaciones específicas un estatuto particular dentro de los Tratados. 
Su objetivo final consiste, por lo tanto, en reducir la diversidad de las cooperaciones en Europa, incluyéndolas en un marco institucional único, orientado hacia la construcción de un super-Estado. 
Esta orientación nos parece inoportuna: tras el desmantelamiento del régimen soviético, los europeos pueden vislumbrar la posibilidad de un continente libre de totalitarismos, capaz de realizar por fin sus ideales de respeto de las personas y de los pueblos. 
El super-Estado y las diferentes unificaciones que lo acompañan, no tienen utilidad alguna. 
Más aún, al contradecir la naturaleza diversificada de Europa, la debilitarían en lugar de fortalecerla. 
Además, las cooperaciones específicas, pero integradas al mismo tiempo en el dispositivo comunitario, establecidas en el Tratado de Amsterdam nos parecen criticables desde el punto de vista técnico, puesto que son complejas y poco eficaces. 
Contrariamente a las intenciones declaradas, las mismas llevarían a una gran complejidad desde el punto de vista de la gestión, como lo demuestra la nueva cooperación " Schengen». 
De igual modo, las múltiples condiciones previas y el derecho de la Unión Europea de intervenir en los acuerdos particulares, desalentarán a algunos candidatos y frenarán cooperaciones que hubiesen podido ser beneficiosas. 
Los debates realizados ayer por la noche en este hemiciclo han demostrado que incluso para los federalistas esto no estaba claro y que dudaban del fundamento de las nuevas disposiciones. 
Nuestro colega Ole Krarup subrayó, con razón, que si los ciudadanos conocieran estas disposiciones tan complejas, no sabrían si reír o espantarse. 
El Grupo Europa de las Naciones piensa que las cooperaciones en Europa deben ser muy libres y estar bajo el control de los Parlamentos nacionales. 
Este método será mucho más simple y ventajoso. 
Las diferentes cooperaciones sólo deben alcanzar el marco de la Unión Europea cuando éste demuestre ser más eficaz en cada caso. 
Debe crearse, de este modo, una dinámica de cooperación en libertad. 
El excelente informe de nuestro colega Friedhelm Frischenschlager es un texto intelectualmente efectista. 
En efecto, el mismo aborda con sensibilidad y matización uno de los dispositivos más controvertidos que ha introducido el Tratado de Amsterdam, es decir: la cooperación reforzada. 
Desde el punto de vista de quienes la han inventado, se puede pensar que el objetivo de la cooperación reforzada- es decir, en líneas generales, la posibilidad de que una mayoría de Estados miembros avancen más rápido por la vía de la integración, sin que se vean retrasados por los demás, que no desean o no pueden seguir el ritmo propuesto- consiste en permitir superar los bloqueos en el seno del Consejo. 
Si esta es la intención, ¿era necesario establecer un derecho de "casi veto» para cada Estado miembro, siempre que invoque" importantes razones de política nacional» , lo que obligaría entonces al Consejo Europeo a decidir por unanimidad? 
Si esta es la intención, ¿era necesario establecer el respeto de un número tan elevado de garantías no sólo en cuanto al fondo- las cuales están totalmente justificadas -, sino también en cuanto al procedimiento, las cuales son a la vez complicadas y ambiguas (concretamente la noción de " último recurso» )? 
En realidad, al igual que el ponente, no puedo dejar de pensar que la cooperación reforzada tendrá sobre todo una eficacia virtual: casi no se utilizará, pero se espera que el riesgo de su utilización haga superar uno u otro bloqueo. 
Si sólo debiera servir para eso, la cooperación reforzada sería muy útil. 
Dentro de este espíritu, he aprobado el informe del Sr. Frischenschlager. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Frischenschlager. 
Se ha hecho considerando que el informe supone un buen seguimiento de las intenciones que trajo consigo el Tratado de Amsterdam. 
Hemos votado, con todo, en contra de los puntos 10 y 12 del informe, puesto que no estamos de acuerdo con la posición del señor ponente en relación con la posibilidad específica de empleo del veto. 
Pensamos, al contrario que el señor ponente, que es razonable disponer de un freno de emergencia en la cooperación. 
Debe existir la posibilidad de invocar el derecho de veto en caso de que existan razones nacionales de peso. 
Con esto no queremos decir que esta posibilidad deba emplearse en todos los asuntos en los que no exista unanimidad. Sin embargo, estamos convencidos de que el espíritu del compromiso de Luxemburgo de 1966 debe mantenerse. 
Esto significa que nos sumamos a que los miembros del Consejo, cuando estén en juego intereses muy importantes para uno o varios Estados miembros vinculados a decisiones que puedan adoptarse por mayoría a propuesta de la Comisión, dentro de un plazo de tiempo razonable traten de llegar a soluciones a las que puedan sumarse todos los miembros del Consejo considerando tanto sus intereses respectivos como los intereses de la Comunidad en virtud del artículo 2 del tratado. 
Una " colaboración reforzada» entre determinados países dentro de campos específicos crea una división entre equipos A y B dentro de la UE. 
El Tratado de Amsterdam da ahora semejante posibilidad bajo condiciones estrictas y con el resguardo de que en último término los países pueden usar el veto para detener estas propuestas. 
El Parlamento no puede y no debe modificar los textos propuestos en el Tratado aunque éste aún no haya sido ratificado por todos los países miembros. 
Reemplazar el sistema de unanimidad por el de mayorías calificadas tiene, en la práctica, el mismo efecto que si se suprimiese el veto, es decir, que un país que quiera detener una " colaboración reforzada» ya no lo podría hacer. 
Unanimidad y veto deberían ser obvios en la colaboración entre estados soberanos. 
Por eso he votado en contra del informe. 
Antes incluso de que nuestros pueblos o sus representantes ratifiquen el Tratado de Amsterdam, el Parlamento Europeo se somete a sí mismo una disposición del Tratado que abre la posibilidad a los Estados miembros que lo deseen de profundizar la cooperación en algunos ámbitos. 
La reacción del Parlamento Europeo se ajusta a la ideología dominante en el mismo: en esta nueva disposición éste no quiere ver más que una amenaza para la construcción federal que desea privilegiar, y querría restringir al máximo su alcance. 
La cooperación voluntaria entre Estados constituye, sin embargo, la modalidad europea que hasta ahora ha producido mayores resultados positivos, de Ariane a Airbus. 
Lo mismo ocurre en el ámbito de las relaciones internacionales. 
El Parlamento Europeo se lamenta invariablemente de la ineficacia de la PESC, sin querer reconocer que este estancamiento es estructural. 
Pero si Europa, en lugar de desear inscribir a todo trance el conjunto de las acciones exteriores de la Unión en el marco rígido de una política comunitaria única, supiera fomentar y apoyar las iniciativas de algunos de sus Estados miembros que poseen mayor competencia, y reconocerles una dimensión europea cuando considera que estas últimas convienen a los intereses de toda Europa, la acción exterior de la Unión sería mucho más real, comprensible y respetada. 
Al ignorar deliberadamente la pertinencia y la eficacia de las diplomacias nacionales, la Unión se priva a sí misma de bazas importantes. 
Al privilegiar una visión ideológica de la PESC, se condena a la impotencia. 
Sustentando la visión arcaica y monolítica de una Europa con un marco institucional único y con una política uniforme, nuestro Parlamento acaba nuevamente de dar la espalda a la vía fecunda de una Europa de la cooperación voluntaria entre naciones soberanas. 
Como es costumbre cuando se tratan asuntos institucionales, el Parlamento Europeo va más lejos que la Cumbre Gubernamental. En este informe se nota esto muy claramente en los puntos 10, 12 y 21. 
No creo en la creación de una Europa federal y por eso voto en contra de los puntos 10, 12 y 21. 
Informe Weiler 
No tengo nada contra nuestra colega Barbara Weiler, su texto es bueno y suscribo sin ningún género de duda sus recomendaciones. 
Sin embargo, desde hace algunos años se suceden los informes más o menos relacionados con esta cuestión. 
Lamentablemente, debemos constatar que en este ámbito avanzamos por pequeñas etapas. 
Las personas que desean o deben trabajar en un Estado miembro distinto del suyo son víctimas de dificultades administrativas que están completamente desfasadas respecto al discurso dominante, que preconiza la flexibilidad, la movilidad y demás. 
Deben reconocer que resulta extraño comprobar, por un lado, la desconcertante facilidad con la que pueden circular por el planeta varios millones de ecus y, por otro, las dificultades de todo género que existen para que una persona pueda trabajar a 50 kilómetros de su domicilio, cuando se pasa una frontera. 
¡Sorprendente paradoja en estos tiempos de mundialización! 
Sí, me exacerban las cartas de ciudadanos europeos que me explican sus problemas con respecto a los impuestos, al derecho de residencia y demás, así como conocer el verdadero maratón administrativo que hay que efectuar para obtener un resultado a menudo incierto. 
Sí, realmente, queda por realizar la Europa del ciudadano, la Europa de cada día. 
Así pues, me sorprende que algunos colegas se opongan a simples soluciones de sentido común, en nombre de no sé qué espejismo. 
Son los mismos que rechazan cualquier forma de construcción europea... 
Debemos necesariamente avanzar en estas cuestiones, ya que más allá de los problemas individuales que éstas plantean, lo que está en juego frente a nuestros ciudadanos es la construcción europea. 
¡No podemos decepcionarlos respecto a las grandes opciones políticas, no podemos permitirnos olvidar la vida de cada día de los europeos! 
El informe Weiler debe ser elogiado por que no distingue entre aquellas personas procedentes de un país comunitario y aquellas otras cuyo país de origen no es un país comunitario. 
A pesar de la simpática toma de posición del informe, no puedo apoyarlo. 
Querer armonizar sistemas educativos, regímenes de seguridad social, normas fiscales, etc. con vistas a la libre circulación de los trabajadores es matar moscas a cañonazos. 
El problema es mínimo. 
La norma fundamental para aquellos que deseen trabajar en el extranjero debe ser que no trabajen en peores condiciones que los trabajadores del propio país desde el mismo día que comiencen a trabajar. 
Es deber de las autoridades nacionales vigilar que éste sea el caso. 
Como se ha dicho, la cuestión sobre la libre circulación de los trabajadores a través de las fronteras nacionales es un asunto de poca importancia. 
Sólo el 0, 2 % del total de trabajadores comunitarios hace uso de esta posibilidad. 
Aunque la UE fuera a alcanzar, por ejemplo, el nivel de los Estados Unidos, situado en el 0, 5 %, en contra de lo cual hablan una serie de reservas lingüísticas y culturales, apenas disminuiría el importantísimo desempleo, de lo cual la misma Sra. Weiler también es consciente. 
No puedo apoyar de ningún modo el deseo de una " suavización» del Reglamento 1408/71. 
Apoyo totalmente el bloqueo del Consejo en este sentido. 
De ahí que pida a los negociadores daneses en el Consejo que " permanezcan firmes». 
El movimiento sindical danés se opone firmemente a la idea de un estatuto comunitario para los " aprendices europeos». 
La UE no debe influir en el contenido de las formaciones profesionales o, si vamos al caso, en cualquier otra forma de formación. 
El campo educativo es cuestión que sólo compete a los Estados nacionales. 
Por estas razones, entre otras cosas, no puedo apoyar el informe Weiler. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de la mejora de la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea. 
Una de las ideas fundamentales detrás de la cooperación europea es crear la posibilidad de la libre circulación de personas- no sólo de bienes, capitales o servicios. 
Europa no debe ser sólo una comunidad de empresas. 
Debe ser la Europa de los ciudadanos. 
Podemos, por tanto, sumarnos a la petición para que desaparezcan los numerosos obstáculos a la libre circulación. 
Sólo un 0, 2 % de los ciudadanos comunitarios trabajan en un Estado miembro distinto al suyo. 
Una de las razones son las dificultades que supone mudarse a otro país. 
De ahí que debamos tratar de disponer de normas claras y de fácil comprensión en lo relativo a, por ejemplo, regímenes de pensiones, asistencia sanitaria y seguridad social. 
Probar suerte en otro país miembro debe volverse para las personas menos burocrático. 
La señora ponente del informe se lamenta de la reserva danesa en el ámbito jurídico. 
Aquí queremos llamar la atención sobre el hecho de que la reserva danesa en el ámbito jurídico es una cuestión danesa y que sólo puede ser modificada en Dinamarca a través de un referéndum. 
Nos oponemos en el informe, entre otros, al capítulo sobre Schengen y a los puntos sobre supresión de la exigencia de unanimidad. 
Aún así, hemos votado a favor del informe para fortalecer los derechos de los ciudadanos de terceros países. 
El informe de la Comisión de Asuntos Sociales sobre el fomento de la libre circulación de los trabajadores fue aprovechado indebidamente una vez más por una minoría de dicha Comisión escorada a la izquierda, con el propósito de cargarlo con su lastre ideológico en lo tocante a la política de inmigración y los derechos de los nacionales de terceros Estados. 
Esta semana no hemos votamos afirmativamente el informe sobre la propuesta de la Comisión Europea relativa a las normas de admisión de nacionales de terceros Estados en el territorio de los Estados miembros porque una mayoría política con inclinaciones análogas lo ha llenado de peticiones que habrían anegado nuestro mercado de trabajo- que ya cuenta con más de 18 millones de parados- con otros varios centenares de miles de demandantes de trabajo, predominantemente bajo la forma de fuerza de trabajo barata. 
Las manifestaciones del informe con respecto a la reagrupación familiar de las personas procedentes de terceros países van mucho más allá de lo admisible o, en cualquier caso, de lo que hemos concedido hasta ahora a los países candidatos a la adhesión durante el período de transición y de lo que podemos conceder en un plazo inmediato a los nuevos Estados miembros. 
La ampliación de la reagrupación familiar a las parejas del mismo sexo, a los miembros de la familia con independencia de su nacionalidad, a familiares que no conviven con el trabajador migrante, a quienes tienen más de un cónyuge o una pareja, daría lugar a una oleada inmigratoria cuya carga mi pequeño país- donde ya viven más de un 37 % de no luxemburgueses -, por lo menos, no podría soportar. 
El informe también contiene peticiones poco meditadas en relación con la fiscalidad de los trabajadores migrantes, al igual que la afirmación totalmente injustificada de que los trabajadores transfronterizos corren el riesgo de sufrir una considerable merma de sus ingresos debido a las diferentes disposiciones en materia fiscal y de seguridad social. 
Esto desde luego no es así en el caso de los casi 70.000 trabajadores transfronterizos empleados en Luxemburgo. 
Yo tampoco puedo votar favorablemente la petición de que se suprima la obligatoriedad del visado para los desplazamientos interiores de los nacionales de terceros países. 
Talleyrand dijo que lo exagerado resulta intrascendente. 
Las exageraciones del presente informe, si se toman en serio, no resultarían, sin embargo, de ningún modo intrascendentes, además de que son agua que alimentaría los molinos de los extremistas contrarios a Europa. 
Por estos motivos no me ha sido posible votar afirmativamente el informe. 
En principio hay que destacar la importante demora que sufre la regulación de la libre circulación de las personas en contraposición con la completa liberalización de la circulación de mercancías, servicios y capitales. 
También hay que subrayar los graves problemas a los que se enfrentan los trabajadores migrantes en cuanto a sus derechos laborales y de seguridad social. 
El problema de circulación dentro del territorio de la Unión Europea al que se enfrentan los ciudadanos de terceros países que viven de forma estable dentro de un Estado miembro es especialmente grave. 
Pero estamos en contra de cualquier intento de asociar los asuntos que conciernen a la libre circulación con el Acuerdo de Schengen, cuyo elemento principal no es facilitar la libre circulación de las personas en el interior de la Unión Europea sino el fichaje electrónico de millones de ciudadanos y su seguimiento a través de centros unificados y la escalonada transformación de la Unión Europea en un castillo inexpugnable para los ciudadanos de terceros países tal y como resulta también de las recientes propuestas relativas al derecho de entrada y de permanencia en la Unión. 
Partiendo del hecho de que los trabajadores migrantes no son trabajadores de segunda categoría, pedimos igualdad de trato para ellos a nivel económico, social y fiscal. 
Además, deberán regularse los vacíos existentes en cuanto al ejercicio del derecho de permanencia de los solicitantes de empleo y de los jubilados que viven de forma permanente en otro Estado miembro. 
Consideramos que el Consejo deberá proceder a la aprobación de las propuestas relativas a la modificación del reglamento para la coordinación de los sistemas de seguridad social de los trabajadores migrantes y la ampliación de su ámbito de aplicación a los sistemas de seguridad social de los funcionarios y de los ciudadanos naturales de terceros países que ya estén asegurados por un sistema de seguridad social de un Estado miembro. 
También deberá haber una regulación que consiga la igualdad de trato de los trabajadores migrantes y la preservación de sus derechos complementarios de jubilación en caso de que se tengan que desplazar a otro Estado miembro a prestar sus servicios. 
También señalamos los problemas que surgen de las distintas definiciones de incapacidad laboral, de la distinta valoración del grado de incapacidad y de los distintos sistemas de cálculo de los períodos de cotización a la seguridad social. 
Informe Hulthén 
Hoy son pocos, en nuestros países, los que no están de acuerdo en que el desarrollo económico debe inscribirse imperativamente en un respeto del medio ambiente que evite hipotecar las condiciones de vida de las generaciones futuras. 
Generalmente, todos están de acuerdo en decir que la creación de empleos debe ser una preocupación constante para todos los que tienen que tomar decisiones políticas. 
Esto es tan cierto que el Tratado de Amsterdam ha incluido el "progreso económico y social» , un" alto nivel de empleo» y un " desarrollo equilibrado y sostenible» entre los objetivos fundamentales de la Unión. 
Una de las preocupaciones primordiales de las instituciones europeas debe ser integrar transversalmente el medio ambiente en todas las políticas de la Unión y de los Estados miembros. 
Lo mismo debe ocurrir con respecto a la política de empleo. 
Lejos de ser un freno para las inversiones y el crecimiento, una política transversal bien pensada de protección del medio ambiente permitirá un aumento de la competitividad de nuestras empresas, la producción de nuevas plusvalías y la creación de muchos empleos suplementarios, en todos los niveles de cualificación. 
Este es el interés de la comunicación de la Comisión que hoy nos ocupa. 
No puedo menos que suscribir la estrategia y los principios generales enunciados por la Comisión, y desear que algunos expedientes- como el relativo a la propuesta de directiva de la Comisión por el que se crea un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono y la energía- lleguen a buen término lo antes posible. 
Dentro de este espíritu, doy mi apoyo a la resolución que se nos propone. 
La exigencia de protección del medio ambiente introduce en nuestras sociedades importantes obligaciones, pero no se hace suficiente hincapié en las nuevas perspectivas que ofrece en materia de empleo. 
En el plano europeo, la cifra de empleos relacionados con el medio ambiente se eleva actualmente a algo más de 3, 5 millones (fuente: Eurostat). 
Según la OCDE, el crecimiento anual del empleo en el sector medioambiental debería alcanzar el 5, 5 % en los próximos años. 
La creación y, ahora, la generalización de los ecoimpuestos demuestra que los sectores y las empresas que no invierten en procesos que integren la perspectiva medioambiental en su producción pueden sufrir inevitablemente un debilitamiento de su competitividad, o incluso corren el peligro de desaparecer. 
Con el fin de garantizar un crecimiento que tome en cuenta la problemática del medio ambiente, hay que enfrentar a la vez el problema de la escasez de los recursos y el de la relación que existe entre el empleo y el medio ambiente. 
Eso supone que nuestras economías ya no deben caracterizarse por una excesiva utilización de los recursos naturales y por una infrautilización de los recursos humanos. 
Habrá de buscarse la mejor adaptación posible entre utilización de los recursos naturales y empleo. 
Una reducción de la fiscalidad para aliviar las exacciones obligatorias sobre el empleo y el hecho de transferirlas, al menos parcialmente, a los ecoimpuestos, podría favorecer esta evolución. 
Por lo tanto, debe acelerarse la transición de nuestras economías con miras a la utilización de tecnologías nuevas y limpias, destinadas a sustituir las tecnologías antiguas y contaminantes, y a la adopción de medidas de reducción de los residuos al final del ciclo de producción. 
No obstante, debido a la internacionalización de nuestras economías, el factor determinante es la toma en consideración de los parámetros medioambientales en las normas del comercio internacional. 
Este combate debe llevarse a cabo y ganarse en el plano de la OMC. 
Este es el sentido de las enmiendas que ha presentado el Grupo Europa de las Naciones, algunas de las cuales han sido aprobadas por nuestra Asamblea. 
Las lagunas de los actuales dispositivos son, en efecto, particularmente importantes. 
Es relativamente simple imponer a los productos importados de terceros países ecoimpuestos relativos a los residuos de envases, pero en el marco de los acuerdos internacionales actuales, es imposible gravar (y, por tanto, compensar el dumping medioambiental) las consecuencias de los procesos de producción en la contaminación del agua y del aire. 
Finalmente, si bien es indispensable desarrollar cualificaciones profesionales que correspondan a unos criterios de nuevos empleos específicos de los sectores medioambientales, no olvidemos que será necesario integrar el planteamiento medioambiental en el conjunto de las formaciones técnicas, económicas y jurídicas. 
(La sesión, interrumpida a las 13.30 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Señor Presidente, le agradezco que me dé la palabra con motivo del orden. 
Entramos ahora en el debate de actualidad y debo presentar alguna queja, quizá, también en nombre de algunos de mis colegas. 
El orden del día establece que de las 15.00 a las 18.00 horas nos dediquemos a las cuestiones de actualidad y vemos que figura: Nigeria, Bielorrusia, derechos humanos, etc. y después algunos números, una especie de código escrito, a partir del cual absolutamente nadie puede deducir de quién son las resoluciones y por qué son tratadas estas cuestiones. 
El debate de actualidad ha dado un bajón. 
Lo sabemos. 
Sin embargo, no encuentro justo lo que sucede ahora, es decir, que no se indique quién, qué grupo, qué personas defienden la cuestión de Bielorrusia o Nigeria, etc., además, desde hace mucho tiempo, los resúmenes de prensa apenas dedican atención al debate de actualidad, simplemente porque, por lo visto, el personal debe coger el tren de las 15.00 para regresar a casa. 
Señor Presidente, estoy muy defraudado. 
Usted sabe, o tal vez no lo sepa, que desde hace nueve años intento hacer algo con el debate de actualidad, no de forma irreflexiva, sino con total dedicación. 
Señor Bertens, tomo buena nota de su observación y la transmitiré a quien corresponda. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
Señor Presidente, Señorías, la repentina y, en cierto modo, misteriosa muerte del General Abacha ha abierto un nuevo capítulo en la historia de ese atormentado país que es Nigeria. 
La Unión Europea no puede dejar de tomar nota de que el sucesor provisional del General Abacha, el General Abubakar ha dispuesto la puesta en libertad de algunos presos políticos, pero, al mismo tiempo, debe constatar que no todos han sido liberados y que no existen garantías concretas respecto a la puesta en marcha de un proceso de democratización en Nigeria. 
En consecuencia, el Parlamento Europeo debe pedir al Consejo y a la Comisión que sigan atentamente la situación política en ese país y que, en este período transitorio tan inestable, exhorten enérgicamente al Presidente a comprometerse seriamente a restablecer el orden democrático en Nigeria. 
Señor Presidente, la situación política en Nigeria se ha vuelto dramática en cuestión de semanas. 
Primero, la inesperada muerte del general Abacha, después, el nombramiento de un nuevo dirigente, el general Abubakar, y a continuación, la también inesperada muerte del líder de la oposición encarcelado, el presidente electo Abiola. 
De todos estos acontecimientos, la muerte de Moshood Abiola ha sido el que más ha conmocionado al mundo. 
Si bien es cierto que se ha debido a un ataque al corazón, todos sabemos lo mal que se trata a los presos políticos en Nigeria. 
Era por todos conocido que Abiola, quien desde hace tiempo padecía del corazón, no recibía el tratamiento médico adecuado en la cárcel. 
Realmente puede hablarse de muerte por negligencia. 
Entre tanto, y de forma comprensible, han estallado las revueltas en Nigeria y esto ha dado lugar a violentos incidentes entre la policía, el ejército y los manifestantes, que representaban a la oposición, y que han ocasionado decenas de muertos. 
Estamos ante una escalada de los acontecimientos y un aumento de la desestabilización en Nigeria. 
Señor Presidente, ¿qué hace la Unión Europea, en la que residen muchísimos refugiados nigerianos, para ayudar a la oposición democrática? 
Ya en febrero, pedimos en este Parlamento, mediante preguntas orales con debate, que se prestara atención al empeoramiento de la situación en Nigeria. 
La presidencia británica mostró comprensión por nuestras preguntas, pero no se ha hecho mucho. 
Ahora la situación se ha recrudecido más, teniendo consecuencias dramáticas. 
Pensamos, como grupo del PPE, que la Unión debe presionar más a Nigeria y al nuevo presidente Abubakar para lograr inmediatamente el fin de las violaciones de derechos humanos, la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de la democracia mediante la celebración de elecciones democráticas. 
No obstante, la Unión tampoco debe dudar a la hora de aplicar rigurosamente las acciones necesarias contra Nigeria para, así, presionar a las autoridades. 
Ya he solicitado cuatro veces, mediante resolución, la adopción de sanciones económicas. 
Sin embargo, el llamamiento más importante es para definir conjuntamente, como Unión Europea, una línea de acción, enfrentar al nuevo régimen nigeriano con firmeza y exigir el restablecimiento de la democracia y de los derechos humanos. 
La posibilidad de lograr algo positivo en Nigeria es, en este momento, más grande que nunca. 
Por tanto, Comisión y Consejo: ¡hagan algo! 
Señor Presidente, quisiera comenzar rindiendo homenaje a la vida del Jefe Moshood Abiola. 
Es una antigua tradición africana esperar hasta después del entierro y la celebración de los funerales para reanudar las actividades normales. 
Lamentablemente, Nigeria no nos ha permitido el lujo de hacerlo, pero no debemos dejar pasar este momento sin rendir homenaje a ese hombre, un hombre que ganó las elecciones hace cuatro años, en contra de todos los pronósticos, que unió al norte y al sur, yorubas y musulmanes. 
Su hazaña le fue arrebatada por las brutales acciones del finado General Sani Abacha. 
Nigeria- el gigante de África- está pagando ahora por ello. 
Lo que me preocupa de este gigante de África es la población; no han sido los gobiernos de Nigeria los que han hecho del país un gigante, sino su población. 
Es acertado que en los apartados 1 y 2 de la presente resolución pidamos la rápida restauración del poder al pueblo de Nigeria, con el fin de que pueda ocupar el lugar que le corresponde como líder de África. 
Señor Presidente, es normal que uno no se alegre nunca de la muerte de alguien. En el caso de determinados dictadores debo decir sinceramente, estimados colegas, que hago una excepción. 
La muerte del dictador Abacha ha permitido que la evolución política de Nigeria se haya desbloqueado en cierta medida. 
El motivo de esto es que el sucesor Abubakar ha dado pequeñas muestras de caminar en la dirección correcta, pero queda muchísimo por hacer. Resulta especialmente lamentable que, precisamente en este momento, haya fallecido el jefe de la oposición, Moshood Abiola, y como otros ya han señalado, debido a un descuido, por no haber tenido derecho a unos cuidados médicos adecuados, etcétera. 
Creo, por tanto, que, efectivamente, debe presionarse precisamente ahora a las autoridades nigerianas a fin de que supriman todas las medidas represivas, restablezcan el respeto del estado de derecho y liberen a los treinta presos políticos que todavía quedan. 
Sólo entonces puede pensarse eventualmente en la posible reanudación de la ayuda de Lomé tan pronto como se forme un gobierno civil. 
Señor Presidente, realmente ya no hay excusas que puedan justificar la persistente situación que, por desgracia, caracteriza hace años a Nigeria. 
Desde que, en 1993, el proceso de democratización entonces en curso quedó brutalmente interrumpido por un golpe de Estado militar en Nigeria, se ha cometido todo tipo de abusos y violaciones de los derechos humanos más fundamentales y se ha consolidado un régimen, vinculado a la camarilla de militares y especuladores en el poder, que ha hecho prevalecer la corrupción generalizada y la violencia más ciega. 
Nuestro Parlamento se ha expresado en repetidas ocasiones sobre la situación en Nigeria, al igual que lo ha hecho de forma muy significativa la Asamblea Paritaria ACP-UE. 
El fallecimiento del dictador, General Abacha, ocurrido el mes pasado, ha avivado la esperanza de un posible cambio. 
La repentina muerte del ex presidente y líder de la oposición, Albiola, que se produjo en vísperas de su puesta en libertad, por contra, ha sido un duro golpe para el posible proceso de democratización, porque ha hecho desaparecer de la escena a una figura clave que gozaba de un amplio consenso y apoyo popular con vistas a la puesta en marcha de una transición democrática. 
El nuevo Presidente proclamado, General Abubakar, ha puesto en libertad a algunos presos políticos, sin embargo, no se conocen todavía sus verdaderas intenciones en cuanto a abrir una nueva página de la historia de Nigeria. 
Por eso pedimos a las autoridades de Lagos que emprendan lo antes posible un verdadero proceso de democratización, basado en el comienzo de un diálogo político con todos los partidos de la oposición y la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos, así como en el final de la represión política y étnica y la implementación de un proceso que desemboque en unas elecciones libres. 
Consideramos que para las comunidad internacional y, en particular, para las Instituciones comunitarias y los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión, ha llegado el momento de coordinar la acción y la presión política sobre el régimen nigeriano empezando por el pleno respeto de las sanciones en curso, a fin de exigir ese cambio que esperamos desde hace ya muchos años, sin haber logrado ningún resultado hasta la fecha. 
Señor Presidente, en efecto el dictador Abacha ha muerto, pero la dictadura todavía sigue en pie; eso sí, con una nueva cabeza visible en otro militar: Abubakar. 
Se ha puesto en libertad a algunos presos políticos, pero las estructuras autoritarias siguen ahí. 
Muchos otros presos políticos y de conciencia siguen en las cárceles y, de momento, las promesas de democratización son solamente eso: promesas y palabras, que puede llevarse el viento. 
Por eso, a mí me parece muy importante que, en estos momentos, la Unión Europea mantenga una posición de firmeza y de exigencia con respecto a las autoridades de Lagos, y que de ninguna manera se dé credibilidad absoluta a las promesas realizadas, ni siquiera en una medida mínima. 
En este sentido, a mí me parece más que preocupante alguna que otra insinuación de Jefes de Estado de países miembros de la Unión Europea, como por ejemplo del Presidente Chirac, que parece empeñado en convencer a los europeos de la bondad de las promesas del nuevo dictador Abubakar. 
En esta situación, es evidente que hay que mantener las sanciones, que hay que reforzarlas, que hay que tratar de que la Unión Europea, y no sólo ella, lleve a cabo una política de esas características, con el objetivo de que se instaure un gobierno civil, un gobierno fundado en la participación de la oposición política, de las fuerzas democráticas de Nigeria, que pueda preparar unas elecciones libres. 
Y, antes de eso, hay que lograr que se ponga en libertad a todos los presos políticos y se restablezcan las libertades fundamentales mínimas. 
Ciertamente, hay que lamentar que el Presidente electo, Abiola, haya fallecido- seguramente por falta de cuidados médicosy haya fallecido en la cárcel, días después de Abacha. 
Señor Presidente, el fallecimiento de Abacha, como ya se ha dicho, es lamentable, pero, gracias a Dios, abre nuevas posibilidades. 
A pesar de todos los mensajes contradictorios, el nuevo dirigente, Abubakar, está más dispuesto a proceder a la democratización. 
Además, tras el fallecimiento de Abiola, la situación se ha hecho extremadamente tensa. 
La Unión debe ahora proyectar claridad y consenso- debo decir honestamente que esto es pedir peras a un olmo- pero bueno, el Consejo y la Comisión deben sumarse al deseo de que se produzca un rápido traspaso de poderes a un gobierno civil de transición. 
Ésta es la única manera de que puedan celebrarse elecciones democráticas. 
Las sanciones, por simples que sean, sólo pueden levantarse cuando se restablezca verdaderamente la democracia. 
La Unión debe ofrecer su apoyo al diálogo para que la transición se desarrolle de la forma más exitosa posible. 
Las tentativas de explotar las diferencias étnicas deben abordarse. 
Sin embargo, este riesgo no puede constituir un motivo para bloquear la democratización. 
La democracia, señor Presidente, el respeto de los derechos humanos, la construcción del estado de derecho son todavía las mejores garantías para la estabilidad y el desarrollo. 
Sin embargo, hagamos ver a los nigerianos que la Unión no sólo trata de hacer declaraciones sino de colaborar, de cooperar. 
Señor Presidente, Nigeria ha sido escenario de una larga saga de disturbios y brutalidad, y las expectativas de democracia y derechos humanos siguen siendo altamente inciertas. 
La repentina muerte del General Abacha puede que deje vía libre a un futuro más prometedor, pero que en ningún caso está garantizado. 
Nuestra resolución pide al Consejo y a la Comisión para que reanuden las presiones sobre las autoridades nigerianas, pero lamentablemente no todos los Estados miembros han sido sinceros en su apoyo a previas sanciones. 
Es de desear que algunos se resistan a la tentación de desentenderse del asunto por intereses personales. 
Me interesaría saber si la Comisión está intentando supervisar la situación de las sanciones. 
Señor Presidente, tras un largo período de deterioro de las condiciones políticas y económicas y de graves violaciones de los derechos humanos en Nigeria, ahora parece encenderse una luz de esperanza- aunque tenue- de un cambio más positivo de la situación. 
El nuevo Jefe de Estado, General Abubakar, ha puesto en libertad a varios presos políticos y ha declarado abiertamente su intención de dirigir el país hacia un gobierno civil. Este cambio merece ser acogido con satisfacción. 
El impulso político que se ha generado ahora debe ser alentado y también aprovechado para presionar en favor de medidas complementarias en pos de la democracia y del pleno respeto de los derechos humanos. 
Acojo con satisfacción las declaraciones realizadas en este debate que nos instan a hacer precisamente eso. 
Recuerdo que el 13 de julio, el Consejo instó al General Abubakar a poner en libertad a todos los presos políticos restantes y a exponer sus planes respecto a futuras elecciones. 
Estamos a favor de mantener un diálogo más estrecho con las autoridades nigerianas para promover y, en lo posible, ayudar en la transición hacia la democracia. 
La Unión Europea ya ha dado los primeros pasos en lo que al diálogo se refiere, con ocasión de la reciente visita del ministro Lloyd en representación de la Presidencia de la UE. 
Dichos esfuerzos deberían continuar y es importante que otros organismos internacionales, como la ONU y la OUA trabajen con ahínco en la misma dirección. 
Naturalmente, la Comisión lamenta profundamente la repentina y trágica muerte del Jefe Abiola el 7 de julio. 
La Unión Europea ha pedido reiteradamente su liberación. 
Su muerte arroja más incertidumbre sobre el panorama político nigeriano y ha provocado un clima de creciente desconfianza, disturbios y violencia, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de que los que ahora ocupan el poder adopten medidas que infundan más confianza a la población nigeriana en su conjunto. 
Puedo asegurar al Sr. Moorhouse que la Comisión se mantendrá muy atenta a la evolución de la situación en Nigeria, yen los próximos meses, la Unión Europea mantendrá bajo revisión su política para Nigeria, incluida la cuestión de las sanciones. 
El objetivo de nuestra política será apoyar y exigir la plena restauración de la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos. 
Ello exige un proceso de reconciliación nacional basado en un plan creíble para la transición hacia un gobierno civil y la liberación de todos los presos políticos. 
Puedo asegurar a la Asamblea que nuestros esfuerzos irán en ese sentido. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0728/98 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Belarús; -B4-0732/98 del Sr. Saint-Pierre, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Belarús; -B4-0756/98 de la Sra. Schroedter, en nombre del Grupo V, sobre la situación en Belarús; -B4-0758/98 de los diputados Mann, Hoff y Botz, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Belarús; -B4-0770/98 del Sr. Carnero González, entre otros, sobre la situación en Belarús; -B4-0784/98 de los diputados Habsburg-Lothringen, Ferri y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Belarús. 
Señor Presidente, los liberales se alegran del consenso alcanzado en este caso por el Consejo, la Comisión y el Parlamento, además de un importante número de terceros países, respecto del régimen de Minsk, Bielorrusia. 
El llamado incidente de la embajada demuestra a la vez la megalomanía y lo apartado de la realidad que está el presidente Loekasjenko. 
La tranquilidad con que viola los convenios internacionales da pocas esperanzas para establecer una buena cooperación. 
La reacción de Loekasjenko, quien espera que el common sense y el realismo, y no las emociones definan la política europea, constituye una bofetada para nosotros. 
Sin embargo, su política internacional no es ni la sombra de su autoritaria política interior. Los tiempos del estalinismo, quizá deba decirlo, parecen haber vuelto. 
Ante esto, un frente internacional debe adoptar una postura firme. 
Se valora la dedicación de la OSCE a promover la democracia; lo mismo sucede, si no es bloqueado por el gobierno bielorruso, con el programa de promoción de la democracia TACIS. 
La Unión debe estar dispuesta a dialogar. 
Antes que nada, Loekasjenko debe cumplir las condiciones para ello. 
Conoce las cláusulas sobre derechos humanos y democracia que figuran en la política de acuerdos exteriores de la Unión Europea. 
Es culpa suya que Bielorrusia sea el paria de Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que nos enfrentamos a un doble problema, un problema psiquiátrico- y en ese caso, evidentemente, podemos hacer muy poco- y un problema político. 
Creo que, por una vez, podemos felicitar al Consejo por la posición firme que ha adoptado frente a Belarús. 
Sin embargo, habría que ir más lejos. 
Dado que Rusia, gracias en parte a la Unión Europea, acaba de recibir un préstamo de alrededor de 20 millardos de dólares, tendríamos buenas razones para esperar que este país se esforzase más para poner punto final no ya a un restablecimiento, como ha dicho el Sr. Mertens, sino a la persistencia, en medio de Europa, de una zona sometida a la influencia comunista, estalinista. 
Es conveniente ejercer presiones sobre Rusia. 
Y también se impone la necesidad de tomar medidas en el ámbito del Consejo de Europa. 
Creo que los quince Estados miembros deberían esforzarse para conseguir que se suspenda la participación de Belarús en el Consejo de Europa. 
Esto es válido para la OSCE y otros organismos. 
Pienso que debemos ser muy enérgicos y continuar por la vía del Consejo. 
Señor Presidente, el Presidente Lukashenko lleva hasta límites extremos el aislamiento autoimpuesto de Belarús. 
Después de los parlamentarios del Parlamento disuelto, de los medios de comunicación independientes y de los jóvenes, Lukashenko ha escogidos ahora como enemigo personal y objetivo de sus escarnios a los embajadores extranjeros. 
La comunidad internacional sólo ha reaccionado cuando se ha visto directamente afectada. 
Ha tardado mucho en comprender que Lukashenko no está dispuesto a acatar las normas internacionales en Europa y que la única esperanza de que dicho país recupere la democracia es apoyar a la oposición, ya que en ella reside la esperanza. 
La denegación de los visados ha sido la única medida consecuente del Consejo. 
Sin embargo, también esta medida se tendría que haber adoptado mucho antes. 
El efecto ha sido asombroso. 
Tengan en cuenta que la población ha comprendido ahora quién es el causante de su situación. No son ellos mismos, ni tampoco Occidente, sino los responsables del Gobierno. 
Lo importante ahora es dar continuidad a este resultado de manera consecuente, o sea, que es preciso exigir que Lukashenko colabore con el grupo de supervisión de la OSCE. 
Debe exigírsele que dé luz verde al programa TACIS y que la población civil deje por fin de verse afectada por esta situación. 
Debe exigírsele que acepte que su mandato concluirá el año próximo y que se tienen que iniciar los preparativos para la celebración de elección libres y justas. 
En este contexto, señor Leon Brittan, yo quisiera preguntarle cuál es la posición de la Comisión y qué condiciones tiene previsto proponer al Consejo para el levantamiento de la suspensión de los visados. 
Señor Presidente, Señorías, Sir Leon Brittan, me congratulo de que se encuentre usted aquí. 
Nuestras relaciones con Belarús han alcanzado un punto crítico y yo desearía muchísimo que ésta fuese la última resolución que adoptamos y que por fin pudiésemos empezar a avanzar en una dirección positiva. 
Las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno de Belarús constituyen una grave violación del Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas y las decisiones del Consejo merecen nuestro pleno apoyo. 
No obstante, al parecer se han iniciado entre tanto nuevas negociaciones y la superación del conflicto parece previsible. 
El Gobierno de Belarús ha indicado su serio interés por alcanzar una solución positiva, lo cual acogemos, naturalmente, con manifiesta satisfacción. 
Sin embargo, tendríamos que aprovechar el conflicto para tomar nota de la fragilidad del terreno sobre el cual nos movemos. 
Se requiere urgentemente un cambio de rumbo en las relaciones. 
Belarús forma parte de la familia europea. 
No deseamos su aislamiento. 
Belarús será muy pronto nuestra vecina directa. 
Por consiguiente, yo quiero apoyar explícitamente la formulación de la posición común del Consejo y quisiera proponer que se añada al punto 1 la frase siguiente- yo propondría que nos basemos en el texto inglés, pero ahora no dispongo de la versión original, sino sólo de la versión alemana, que corresponde indirectamente a aquélla -, a saber: " y apoya plenamente el deseo del Consejo de desarrollar unas relaciones más constructivas con Belarús, tal como se expresa en la posición común del 13 de julio». 
Esto exige, no obstante, también unas señales positivas claras por parte de Belarús. 
El Parlamento Europeo ha manifestado, con el apoyo de todos los Grupos políticos, nuestro serio interés por que mejoren las relaciones. 
Sin embargo, para ello también es preciso, obviamente, que se respeten las reglas del juego democrático. 
No podemos pasar por alto este aspecto y naturalmente tampoco lo haremos. 
La Delegación ha celebrado una reunión absolutamente positiva con Belarús en Bruselas. 
El embajador Wick expuso con claridad y de manera muy pragmática cuál es el camino que se propone seguir para iniciar una mejora en las relaciones. 
Tenemos previsto celebrar una nueva reunión en noviembre en Belarús y yo desearía que todos los colegas aquí presentes tuviesen la oportunidad de acompañarnos para seguir trabajando en favor de unas mejores relaciones. 
Señor Presidente, ante todo yo también quisiera expresar mi satisfacción porque hoy se han vuelto a recibir señales de Belarús que indican que la situación, que se había agravado mucho en los últimos días, parece haberse normalizado tal vez un poco. 
Representantes de Belarús nos han reprochado muchas veces que con frecuencia medimos con dos raseros, justamente también en relación con los temas que afectan a los derechos humanos. 
Ante este reproche, a mí siempre se me ocurre sólo una respuesta, a saber, que es natural que observemos con ojos particularmente críticos a los países que son nuestros vecinos directos, que damos por supuesto que desean integrarse algún día en nuestra Comunidad y que nos son culturalmente muy próximos, como ocurre en efecto en el caso de Belarús. 
No medimos con dos raseros, sino que sólo examinamos quizá con mayor atención a unos países que a otros, sencillamente porque deberíamos y queremos mantener una relación estrecha con dichos países. 
La semiclausura de las embajadas era evidentemente del todo inaceptable para nosotros y nuestra reacción ha sido, por lo tanto, muy mesurada a mi parecer. 
Desde luego, tampoco podemos aceptar que se prohíba la entrada en el país y el trabajo de diversas ONG. 
También en este aspecto ha habido algún cambio y se observan alguna tendencia a que mejore la situación, pero ciertamente todavía no en un grado que podamos considerar aceptable. 
Para nosotros también es sumamente importante, obviamente, la exigencia de que la OSCE pueda actuar libremente y cumplir su misión, su mandato, allí. 
Desde luego, evaluaremos también a este país por sus actos y no por las palabras que nos llegan continuamente desde allí. 
Consideramos que esto es muy importante para que este país europeo cumpla unos criterios que también respondan realmente en la práctica a nuestras aspiraciones y a las de la población de Belarús, de manera que sea posible una negociación razonable sobre una base adecuada. 
Señor Presidente, la resolución del Parlamento no tendrá ninguna de las peligrosas consecuencias a las que se han referido hace un momento, sino todo lo contrario. 
La Comisión acoge con satisfacción las propuestas de resolución del Parlamento sobre Belarús. 
En su mayor parte, el debate ha sido sumamente equilibrado, se han expresado críticas acertadas a lo que ha venido sucediendo en Belarús, así como el deseo de no aislar a dicho país, sino de ayudarle a seguir por el buen camino. 
En respuesta al último orador, el hecho de que un gobierno haya sido elegido democráticamente no le exime de la obligación de cumplir las normas internacionales y de respetar los derechos humanos. 
Lamentablemente, es perfectamente posible que un gobierno democrático no lo haga, y cuando eso ocurre, es acertado e incluso necesario que la comunidad internacional así lo diga y tome las medidas adecuadas. 
Por consiguiente, la Comisión acoge con satisfacción las propuestas de resolución del Parlamento, porque demuestran la profunda preocupación de todas las instituciones de la Unión Europea por hechos como las reiteradas violaciones del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares. 
Asimismo, demuestran solidaridad institucional con la posición común de la Unión Europea sobre Belarús, que ha sido considerada bastante severa. 
No obstante, la Comisión espera también que las recientes promesas de Belarús de buscar una solución a la crisis diplomática se materialice en breve en medidas constructivas. 
En ese caso no habría necesidad de adoptar medidas adicionales que Belarús no desea y, evidentemente, la Unión Europea tampoco. 
Uno de los oradores se ha referido a Rusia. 
El 24 de junio, el ministro de Exteriores Primakov dijo a la Troica ministerial de la Unión Europea que Rusia comparte la preocupación de la Unión por Belarús y que intentaría utilizar sus buenos servicios. 
Siempre que hay una reunión bilateral oficial, la Comisión insta reiteradamente a Rusia a intervenir para devolver a Belarús al camino acertado. 
La Comisión ya ha tomado importantes medidas, aparte de suspender el grueso del programa TACIS. 
Hasta el momento no ha reanudado las conversaciones sobre el programa para el desarrollo de la sociedad civil TACIS con el coordinador, pero esperamos que las actuales dificultades en nuestras relaciones con Belarús no impidan la reanudación de un diálogo constructivo con Belarús y homólogos sobre este programa. 
El programa cuenta con el apoyo de la misión de la OSCE en Minsk, habida cuenta de que viene a complementar los objetivos de la OSCE. 
Espero, por tanto, que la política que sigamos- con el apoyo del Parlamento, lo que valoramos profundamente- continúe siendo una política equilibrada, que intente ser muy firme y adopte las medidas severas necesarias ante cualquier violación de las normas internacionales por parte del Gobierno de Belarús. 
Al mismo tiempo, la política debe intentar también extender una mano amiga y demostrar disposición a cooperar con dicho gobierno, si éste cumple su promesa de buscar una solución a la crisis y proceder de una manera aceptable para aquellos que han manifestado su preocupación en esta Asamblea y en otros foros acerca de lo que ha ocurrido en el pasado. 
Señor Presidente, el Comisario no ha respondido a la pregunta que le he dirigido. 
Yo le ruego que también la responda. 
Señor Presidente, creo entender que la pregunta era qué medidas adicionales tomaremos. 
La respuesta es que estamos observando la situación, y no considero que sea de utilidad lanzar una serie de amenazas específicas. 
No obstante, en respuesta al debate, he dicho que queremos evitar tener que imponer sanciones adicionales contra Belarús, lo que implica que nos reservamos el derecho a hacerlo, si no mejora la situación. 
Señor Presidente, mi pregunta era la siguiente: ¿qué condiciones se impondrán para el levantamiento de la suspensión de los visados? 
No estoy en la situación de anunciar condiciones específicas. 
La posición común habla por sí sola y no considero adecuado intentar añadir nada hoy. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Togo- B4-0725 de la Sra. André-Léonard, entre otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre las elecciones presidenciales en Togo; -B4-0744/98 de la Sra. Günther, entre otros, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Togo; -B4-0754/98 de los diputados Aelvoet, Telkämper y Schroedter, en nombre del Grupo V, sobre las elecciones presidenciales en Togo; -B4-0761/98 del Sr. Vecchi, en nombre del Grupo del PSE, sobre las elecciones presidenciales en Togo; -B4-0773/98 del Sr. Wurtz, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las elecciones presidenciales en Togo; 
Guinea-Bissau- B4-0740/98 de los Sres. Pasty, Girão Pereira y Andrews, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en Guinea-Bissau; -B4-0743/98 del Sr. De Melo, entre otros, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Guinea-Bissau; -B4-0748/98 del Sr. Hory, entre otros, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Guinea-Bissau; -B4-0753/98 de los diputados Aelvoet y Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre la situación humanitaria en GuineaBissau; -B4-0759/98 del Sr. Barros Moura, entre otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Guinea-Bissau; -B4-0772/98 del Sr. Miranda, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Guinea-Bissau; 
Birmania- B4-0731/98 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Myanmar; -B4-0733/98 de los Sres. Dupuis, Dell´Alba y Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación de las poblaciones karen y su persecución por parte de Birmania; -B4-0742/98 de la Sra. Maij-Weggen, entre otros, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Myanmar; -B4-0760/98 de los diputados Harrison, Kinnock y Junker, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en la Unión de Myanmar; -B4-0778/98 del Sr. Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre la situación en Myanmar; 
Sudán- B4-0724/98 de los Sres. Bertens y Fassa, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en el Sudán; -B4-0745/98 de la Sra. Maij-Weggen, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en el Sudán; 
Situación en Georgia y en Abjasia- B4-0729/98 del Sr. La Malfa, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Georgia; -B4-0735/98 de los Sres. Dupuis y Hory, en nombre del Grupo ARE, y de la Sra. Carrère d´Encausse, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en Georgia y en Abjasia; -B4-0762/98 de los diputados Jöns, Hoff y Needle, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Georgia; -B4-0774/98 de los Sres. 
Dupuis, Dell´Alba y Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Vietnam y sobre los casos de los Sres. Doàn Viêt Hoat, Nguyen Dan Que y Thick Khonh Tanh. 
Togo 
Señor Presidente, en el pasado mes de octubre denuncié en la Asamblea ACP-UE, en Togo, las violaciones de los derechos humanos, las sanciones arbitrarias, el no respeto de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. 
Denuncié el poder dictatorial del Presidente Eyadema, que está en el poder desde hace más de treinta años. 
Esto no me valió precisamente las felicitaciones de las autoridades, que se esforzaron en demostrarme hasta qué punto yo estaba equivocado. 
Señalo que la cooperación de la Unión con Togo está interrumpida desde 1992 y que la reanudación de la misma estaba condicionada al respeto de los principios democráticos y a la organización, en un marco de transparencia, de las elecciones de junio de 1998. 
Constatamos que las autoridades togolesas no han respetado los principios democráticos esenciales a fin de que las elecciones fuesen declaradas válidas. 
La Comisión Electoral Nacional acabó incluso por dimitir el 23 de junio pasado. 
La oposición no ha podido expresarse libremente, la prensa ha sido amordazada y la victoria del Presidente Eyadema fue proclamada sin que ni siquiera se finalizara el recuento de votos. 
En estas condiciones, es evidente que la Unión debe mantener sus sanciones con respecto a Togo, y no reanudar la cooperación mientras no se esclarezca el proceso electoral. 
Togo debe saber que la democracia tiene un precio y que no se aceptará la impunidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, Togo constituye, de hecho, un símbolo de la cooperación entre Europa y África. 
El Convenio de Lomé ha sido en todo momento y sigue siendo un referente fundamental de dicha cooperación. 
Por esto, lamentamos particularmente que sólo nos fuese posible mantener con grandes dificultades la celebración de la antepenúltima Asamblea ACP en Togo y aceptar la invitación de dicho país. 
Una serie de colegas tuvieron especiales dificultades para decidirse a viajar allí. 
Lo que ahora está ocurriendo en Togo puede enseñarnos una lección, a saber, que no siempre debemos dar crédito a las promesas vacías. En efecto, el lamentable culto a la personalidad que se exhibió con motivo de la citada Asamblea ACP ya indicaba sin duda cuál era el curso de los acontecimientos. 
Por un lado, existía la voluntad de celebrar elecciones, pero por el otro ya se había buscado ciertamente la manera de atrincherarse y activar un freno de urgencia si el resultado apuntaba en una dirección que no fuese del agrado de quienes detentan el poder. 
En nuestra resolución también señalamos- y la colega André-Léonard acaba de mencionarlo- que hubo asimismo una fuerte manipulación de los medios de comunicación. 
Sin embargo, yo debo recordar que ésta tampoco nos es totalmente ajena en Europa; basta recordar el grado de la manipulación de los electores a través de los medios de comunicación que tuvo lugar en las supuestas contiendas electorales en Serbia y en otros lugares. 
Yo me alegro de que no se haya reanudado aún la cooperación con Togo y creo que los recientes acontecimientos también demuestran que fue acertado no acelerar su reanudación. 
Se han presentado algunas enmiendas al texto de la propuesta. 
En lo que a éstas se refiere, yo sólo quiero añadir que puedo aceptar las enmiendas 4 y 5; la primera, porque recuerda el artículo 366 A, o sea, la decisión de Mauricio. La enmienda 5 es, en realidad, superflua, puesto que yo doy por sentado que recibiremos el correspondiente informe. 
Señor Presidente, es realmente trágico para la evolución democrática de Togo que la elección presidencial, al parecer, se haya desfigurado totalmente. 
No es porque el pueblo haya demostrado desinterés; al contrario, la participación en la elección fue muy alta y también se realizó en un marco muy pacífico. 
No, al contrario, es porque el gobierno y las autoridades han socavado totalmente la credibilidad del proceso electoral, de modo que ya no puede garantizar el control democrático ni la transparencia ni todo lo demás que es propio de una elección democrática. 
A pesar de las promesas que se hicieron en relación con la reunión de países ACP en Lomé, a pesar de que Togo ha recibido toda la ayuda que ha pedido a la UE, a pesar también de que organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de derechos humanos se han interesado muchísimo en la elección y a pesar de la responsabilidad del pueblo de Togo, se engaña a todos y se da vuelta la espalda a todas las promesas de que se respetarían los principios democráticos. 
Tengo que decir que tanto la Comisión como la UE y el Consejo de ACP realmente deben estar atentos y observar el desarrollo de los acontecimientos políticos en Togo. 
Señor Presidente, Togo es un país que pudimos conocer quizás más que los demás países de África, porque, como han recordado los demás colegas, durante la Asamblea ACP-UE del pasado mes de octubre, estuvimos casi a punto de negociar o, de alguna manera, conseguir promesas formales por parte de las autoridades togolesas, así como de los líderes de la oposición, en lo que respectaba a sus poderes, en cuanto al proceso electoral que se estaba organizando y a la posibilidad de garantizar unas elecciones realmente limpias y libres. 
Como es obvio, fue sobre las base de estas garantías y promesas formales que la Comisión Europea se comprometió justamente a apoyar el proceso electoral, también desde el punto de vista financiero. 
Hemos constatado que la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el pasado 24 de junio, no ha respondido en absoluto a estas expectativas y promesas. Hay que resaltar positivamente la amplia y correcta participación en las votaciones de los ciudadanos que, en consecuencia, han demostrado que están preparados para la participación democrática. 
Sin embargo, se registraron muchas irregularidades en la organización de las elecciones y en el recuento de los votos. Las mesas electorales, especialmente en la capital, Lomé, se abrieron con retraso, se bloqueó el escrutinio de los votos, aunque esta circunstancia no impidió que se anunciaran los resultados, y se produjo la dimisión de la comisión electoral. 
Evidentemente, esto significa que, al menos por ahora, el General Eyadema no está en absoluto dispuesto a renunciar al poder, sea cual sea la opinión de los ciudadanos de su país. 
Por lo tanto, los resultados de esta primera vuelta de las elecciones no son creíbles y así los ha considerado toda la comunidad internacional demostrando que hay que seguir ejerciendo fuertes presiones sobre las autoridades togolesas. 
También en este caso es de esperar que- aunque en el pasado no siempre fue así- haya una coherencia de posiciones entre los distintos Estados miembros, al objeto de que se reanude sin límites el proceso de democratización en ese país. Personalmente, considero que se dan todas las condiciones para que esto ocurra. 
Señor Presidente, si Nigeria- de la que se acaba de debatir- podría, con las trágicas muertes inesperadas del General Abacha y del Jefe Abiola, haber suscitado quizá una tragedia escrita por un Sófocles moderno, el caso de Togo más bien podría dar pie a un vodevil. 
Y ello se podría decir así si no fuera ofensivo para el pueblo de Togo, que ha participado realmente con entusiasmo y con vocación democrática en esta primera ronda de las elecciones presidenciales. 
Señor Presidente, la resolución que algunos grupos hemos preparado es, a mi modo de ver, extremadamente moderada y razonable y, naturalmente, mantiene el criterio de quienes, ya antes de acudir a la penúltima reunión de la Asamblea Paritaria, teníamos serias dudas sobre la conveniencia de celebrar tal acontecimiento en aquel país. 
Ahora sólo cabe esperar que el General Eyadema, satisfecho por más de 30 años de poder, reconozca que no puede seguir siendo una especie de «Mobutu bis» y dé entrada a una solución democrática en la que el pueblo togolés pueda pronunciarse con la libertad de la que hasta ahora ha carecido. 
Hasta ese momento no cabe duda de que el mantenimiento de los criterios restrictivos de la ayuda europea ha de seguir recibiendo un apoyo firme y decidido. 
Esta posición no ha recabado la unanimidad del Grupo Liberal, señor Presidente. 
Considero- y ayer voté en ese sentido- que hubiese sido mejor aplazar la resolución hasta tanto no se dispusiera del informe de la comisión, de tal modo que pudiésemos pronunciarnos con mayor conocimiento de causa y con mayor serenidad. 
No creo, señor Presidente, para recoger la fórmula audaz de un orador anterior, que ocurra a menudo que un dirigente sea elegido democráticamente sin el entusiasmo de las poblaciones, sobre todo en África. 
Pienso que habría sido útil ponderar más el texto de las resoluciones, en particular teniendo en cuenta que las controversias parecen concentrarse en el problema de la transmisión de sólo algunos resultados. 
En cualquier caso, la imposibilidad en la que nos encontramos para realizar, por ejemplo, un debate sobre Angola, donde el Presidente Dos Santos se niega a proceder a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que podrían legitimarlo, demuestra que para Togo utilizamos una doctrina distinta de la que utilizamos para Angola. 
Nuestro Parlamento aplica a África la ley del embudo, y eso no me parece muy sano. 
Naturalmente, no acudió ninguno de los preconizadores y signatarios de la resolución. 
Yo estaba presente, ya que fui enviado como observador por mi Grupo, y puedo dar fe que en Lomé las actuaciones se desarrollaron satisfactoriamente en la mayoría de los 617 colegios electorales, en los que pude efectuar un amplio muestreo, incluso en el barrio de Be. 
Tengo aquí la Decisión nº E 05/98 de 8 de julio del Tribunal Constitucional de Togo, que confirma lo que yo mismo pude comprobar y explicar el mismo lunes 22 de junio en un comunicado. 
Esta decisión expresa, cito: " Algunas irregularidades se debieron al hecho de que no se respetó la hora legal de apertura o de cierre». 
En un colegio electoral que cerró a las 23 horas, yo mismo solicité que no se iniciara el escrutinio antes de que la última persona presente hubiese votado. 
Pero oficialmente los colegios cerraban a las 18 horas. 
El Tribunal Constitucional señala igualmente que en tres distritos de Lomé el recuento de los votos no se pudo efectuar en el colegio electoral y que tuvo que realizarse en el organismo centralizador del escrutinio. 
Pero en estos colegios, el presidente electo había obtenido menos del 10 % de los sufragios. 
Por lo tanto, si hubo fraude, no fue naturalmente en provecho de éste. 
Finalmente, el Tribunal Constitucional ha adjuntado a su decisión todos los documentos, empezando por el resultado del escrutinio de los votos. 
Por eso me interrogo sinceramente sobre el papel desempeñado por ERIS y Reporteros sin Fronteras, y pregunto quién los ha elegido. 
¿Cómo se han podido gastar 2 millones de ecus, cuando el informe final aún no está listo debido a un desacuerdo no resuelto entre estos observadores que pretendían expresarse en nuestro nombre? 
Doy mucho más crédito al Tribunal Constitucional togolés, a los observadores africanos de la OUA, a los delegados de las poblaciones francófonas, a los norteamericanos del Center for Contemporary Diplomacy y al Presidente de la Asamblea Nacional de Malí, el Sr. Diello, que al pequeño equipo designado por la DG VIII, y espero que el Tribunal de Cuentas estudie el destino de los fondos, que mucho me temo se hayan malgastado por razones ideológicas y partidistas. 
Señor Presidente, yo estaba en Togo en calidad de representante del Partido Radical de Izquierda y formaba parte de un grupo de diputados que se encontraban en aquel país. 
Yo era observador en cincuenta colegios electorales, junto con juristas norteamericanos e ingleses. 
Puede comprobar que las elecciones se desarrollaron sin violencia alguna, con algunas imperfecciones con respecto a las tarjetas y a las listas electorales, pero que, en conjunto, cuando se comparan estas elecciones con otras en el mismo continente, el desarrollo del escrutinio fue ejemplar. 
Por el contrario, en la fase de la centralización de la contabilización de los resultados surgieron algunas disfunciones, desajustes, siendo el más importante, naturalmente, la dimisión de la Comisión Electoral y el traslado de dicha contabilización de los resultados al Ministerio del Interior. 
Permítanme decir que, a pesar de basarnos en la norma que rige en nuestra Asamblea- y, por tanto, haber llevado a cabo en este continente a través de la DG VIII una asistencia técnica bastante excepcional ante unas elecciones presidenciales -, no es normal que para un escrutinio de esta naturaleza nuestro Parlamento no haya enviado una misión parlamentaria de observadores a fin de asistir a estas elecciones. 
Quizá tendríamos aquí un debate muy diferente del que hemos iniciado con motivo de esta resolución. 
Tampoco es normal que las empresas encargadas por la Unión Europea y por la Comisión para organizar la ayuda técnica confíen la tarea a estudiantes, más allá de las cualidades de éstos. 
Señor Presidente, desearía aclarar que mi enmienda 6 no pretende sustituir el artículo 4, sino simplemente completarlo. 
¿Por qué? 
Porque nos parece normal recordar que la Comisión ha sometido este asunto a las autoridades togolesas y que, por lo tanto, debemos esperar también estos resultados. 
Para concluir, señor Presidente, en este asunto es el pueblo togolés el que resulta penalizado y sancionado, y no el Sr. Eyadema. 
Señor Presidente, qué duda cabe de que, cuando se habla de elecciones en un país africano, un país donde las consultas electorales no tienen lugar desde hace tiempo, no podemos pretender la misma regularidad y la misma precisión de las elecciones que se celebran en Occidente, en Europa o en países acostumbrados hace tiempo a la democracia. 
Por otra parte, lo cierto es que las modalidades conforme a las cuales se han celebrado las elecciones presidenciales en Togo dan lugar, desde muchos puntos de vista, a las peores sospechas. 
Es difícil establecer cómo se han desarrollado realmente los acontecimientos, pero no podemos olvidar que, cuando decidimos celebrar la Asamblea Paritaria en Lomé, nuestra decisión se basó en el restablecimiento de las condiciones de democracia plena y no sólo de democracia formal, y éste es el aspecto en que debe centrarse la reflexión de todas las Instituciones comunitarias. 
Guinea-Bissau 
Señor Presidente, señor Comisario, la reciente crisis en Guinea-Bissau ha causado ya, según los últimos cálculos, varios centenares de muertes y casi 400.000 desplazados. 
Tan sólo en la capital, en Bissau, la población ha pasado de 300.000 habitantes a casi 25.000. 
La situación alimentaria y sobre todo la asistencia médica empiezan a ser dramáticas. 
Hay que elogiar la actitud de la Comisión de prestar ayuda humanitaria rápida y cuantiosa. 
También hay que decir que Portugal ha hecho un esfuerzo notable en esa esfera. 
Pero es incomprensible que hasta este momento no se haya podido convencer a Senegal para que autorice corredores humanitarios, a partir de Dakar, que permitan el apoyo a las poblaciones desplazadas. 
Propugnamos el restablecimiento del orden constitucional, pero sabemos que la crisis tiene su causa en razones de degradación política, social, de tipo interno, y debemos ser conscientes de que la presencia de tropas extranjeras, en particular senegalesas, tiene un significado especial en el ámbito regional y en nada contribuye al restablecimiento del orden institucional, sino que, al contrario, puede llevar al país a una nueva fase de lucha de guerrilla de consecuencias y duración imprevisibles. 
También en esa esfera la Unión Europea puede y debe desempeñar un papel importante. 
A propósito del conflicto en Guinea-Bissau, tal vez fuera oportuno reflexionar sobre lo que ocurre en la costa occidental africana en constantes convulsiones, particularmente en los nuevos corredores del petróleo y de las materias primas. 
Es fundamental que los países industrializados de Europa o de otras partes del mundo no transporten a África la bandera de la diplomacia de los intereses, que muchas veces provoca tensiones, sino que ayuden a África a encontrar su camino de desarrollo, democracia y respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, Señorías, en este momento no puedo por menos de hablar de Angola. 
En ese país hay cada vez más petróleo, pero cada vez más síntomas también de degradación del proceso de paz, reclutamiento de jóvenes para el ejército, traslados de tropas y material militar, creaciones artificiales de escenarios de guerra, ejecuciones sumarias: todo ello mientras las Naciones Unidas, incomprensiblemente, no designan un mediador para que substituya al fallecido Maître Beye. 
Creo que la Comisión y la comunidad internacional pueden desempeñar un papel importante para detener esa degradación del proceso de paz. 
Señor Presidente, Señorías, la situación que se vive en la República de Guinea-Bissau hace casi mes y medio está alcanzando proporciones preocupantes y trágicas para el futuro del país, con sacrificios de vidas humanas y de los derechos humanos fundamentales de las poblaciones y la destrucción de importantes infraestructuras físicas y económicas. 
A ese respecto, quisiera subrayar tres aspectos fundamentales en la línea, por lo demás, de la propuesta de resolución presentada por mi Grupo. 
En primer lugar, resulta de todo punto lamentable que, por falta de voluntad de las partes, las gestiones llevadas a cabo hasta ahora por diversas organizaciones internacionales, incluida una misión lusoangolana, no hayan propiciado un cese el fuego definitivo y una solución pacífica y política para el problema. 
Como también son lamentables las dificultades creadas por países vecinos a la llegada de ayuda de emergencia a las poblaciones afectadas por la guerra. 
En segundo lugar, quisiera decir que resulta de todo punto lamentable la intromisión, directa o indirecta, de tropas extranjeras en un conflicto interno de un país soberano, por lo que resulta urgente e inevitable para cualquier solución de paz que dichas tropas se retiren de Guinea-Bissau. 
En tercer lugar, quisiera subrayar que es fundamental encontrar por vía política una solución pacífica para el conflicto a fin de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, preservar su futuro colectivo y respetar las instituciones democráticamente elegidas. 
Y con esta esperanza apoyo el llamamiento hecho al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la OUA y a la Unión Europea para que se comprometan activamente con una solución política que termine con ese lamentable conflicto fraticida. 
Señor Presidente, es obvio que la comunidad internacional no debe ahorrar energías para hacer que las partes en conflicto se sienten en la mesa de negociaciones y traten de alcanzar una solución política sostenible que lleve la paz a la región y que pueda garantizar que se respeten las fronteras de Guinea-Bissau y los derechos humanos. 
Desgraciadamente, las informaciones que hemos recibido son inquietantes. 
Entre otras cosas, hay problemas para conseguir ayuda humanitaria, por ejemplo, medicinas, agua potable y alimentos. 
También es inquietante que se mantenga a personas encarceladas o como rehenes. 
Se les trata muy mal, según informes de Amnistía Internacional. 
Además, hay mucho miedo entre los periodistas y las personas que trabajan a favor de los derechos humanos. 
Por eso doy realmente mi apoyo al punto 11 de esta resolución en la que se propone que se envíe al país a una delegación de los países de ACP y de la UE para averiguar cómo se pueden conseguir ayudas de forma rápida y cómo se puede ayudar a resolver el conflicto. 
Señor Presidente, para recuperar el retraso acumulado hace un momento, seré muy breve. 
Nuestro Grupo no desea que en la resolución figure el punto 9, donde se solicita la no intervención y la retirada de todas las tropas extranjeras, ya que pensamos que la presencia de las tropas senegalesas es aún necesaria para luchar contra los rebeldes y estabilizar la situación en el país. 
Por lo tanto, deseamos simplemente que el punto 9 no figure en esta resolución. 
Ese es el deseo del Grupo ARE. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en un principio estaba previsto que hablara mi colega el Sr. Barros Moura, que, por razones de última hora, no puede estar presente. 
Pero, al ser yo uno de los firmantes de la resolución, quisiera subrayar aquí, en mi nombre y en el del Sr. Barros Moura, tres o cuatro aspectos. 
En primer lugar, sólo hay paz o mediación para la paz, si las fuerzas en conflicto, los beligerantes, lo quieren. 
En segundo lugar, consideramos fundamental subrayar la necesidad de retirar las tropas extranjeras y detener una progresiva internacionalización de ese conflicto. 
En tercer lugar, es importante, en ese marco, admitir la posibilidad de la posible instalación de fuerzas de interposición bajo la égida de las Naciones Unidas y de la OUA y con la condición de que los beligerantes den su conformidad. 
Por otro lado, nos preocupa la situación humanitaria de la población de Guinea Bissau. 
Los obstáculos al encaminamiento de la ayuda humanitaria, en particular por las propias fuerzas militares de Senegal, van a agravar la situación. 
Si no actuamos rápida y eficazmente, la situación se deteriorará desde el punto de vista humanitario de día en día. 
Por otro lado, como ya hicimos anteriormente, este Parlamento condenó el golpe militar y defendió el restablecimiento del orden constitucional e institucional, restablecimiento que requiere el respeto de las instituciones, en particular del parlamento elegido, pero también de los derechos humanos (véanse en particular las peticiones a ese respecto de las ONG y de la propia Amnistía Internacional). 
Por último, es necesario un cese el fuego inmediato, que salve vidas humanas y permita que el país empiece de nuevo a funcionar mientras se busca una solución política y pacífica que garantice la independencia y la integridad territorial de Guinea-Bissau. 
Señora Presidenta, señor Comisario, hemos seguido con gran preocupación la evolución de la situación en Guinea-Bissau. 
Como conocemos el país (que visitamos recientemente) , desde que estalló el conflicto, que se prolonga desde el 7 de junio, estamos con los que han propugnado sin ambigüedades una solución política negociada para acabar con la guerra y sobre todo con el sufrimiento de un pueblo. 
Pese a haber habido varios intentos de mediación, se ha prolongado el conflicto, se ha mantenido una intervención directa de fuerzas militares exteriores que en nada han contribuido a esa situación política negociada que propugnamos y han aumentado las gravísimas consecuencias humanas, con pérdida de vidas y bienes materiales y centenares de millares de refugiados. 
Esa dramática situación se prolonga y urge ponerle fin en un país que ya se encontraba entre los más pobres del mundo, lo que angustia más porque compromete el futuro y la independencia real de un país, la República de Guinea-Bissau, después de una lucha heroica encabezada por el PAIGC y por un hombre con la dimensión política y humana de Amílcar Cabral. 
Así, insistimos en la búsqueda de una solución política que propicie y garantice la paz con respeto de la integridad del espacio territorial y cultural de Guinea-Bissau y ponga fin a una internacionalización militar del conflicto y promueva el regreso a sus países de las fuerzas militares extranjeras. 
Entretanto, urge que se haga realidad la ayuda humanitaria a las poblaciones y se abran corredores que permitan la llegada de dicha ayuda a quien la necesita e impidan todo lo que pueda constituir un obstáculo. 
Nuestra posición, como diputados y como portugueses, sólo puede ser la de la afirmación y materialización de una solidaridad práctica y desinteresada en el plano político y de la ayuda humanitaria. 
Señora Presidenta, 350.000 desalojados, 100.000 de ellos en riesgo de morir de hambre, centenares de muertos civiles y militares, atrocidades contra mujeres y niños, miedo entre los sectores intelectuales de la oposición política interna, falta de alimentos, de medicamentos y de agua potable: ésos son los ingredientes de la catástrofe. 
Las fuerzas militares no pueden seguir impidiendo la llegada de la ayuda humanitaria a las poblaciones en peligro. 
Las gestiones de mediación se suceden sin demasiado éxito. 
Ahora se habla de sumar a la mediación lusoangolana a Mozambique o a la CPLP en conjunto o de utilizar una fuerza de interposición de la OUA o de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental. 
La consigna para resolver un conflicto con peligrosa tendencia a eternizarse y generalizarse es la de cese el fuego inmediato. 
Es necesario el restablecimiento del orden constitucional. 
El 4 de julio concluyó el mandato del Gobierno. 
Por eso, Nino Vieira tiene, como presidente electo, legitimidad- pero una responsabilidad mayor- para promover el cese el fuego, el diálogo y la negociación. 
Sólo después de todo eso se estará en condiciones de plantear un proceso político con un gobierno de reconstrucción nacional y la fijación de elecciones legislativas y presidenciales que permitan a GuineaBissau iniciar en 1999 una nueva fase de su historia. 
Señora Presidenta, el Grupo liberal se alegra de que sobre la mesa esté un severo texto sobre Birmania. 
Espero que esta resolución abra los ojos a la empresa neerlandesa IHC Caland ante la dura e inaceptable realidad de Birmania. 
Aunque todavía no existe un boicoteo económico oficial porque Francia protege de nuevo los intereses comerciales de Total, es una vergüenza que esta empresa neerlandesa se oponga al consenso, que casi es completo, a fin de desmantelar las inversiones existentes y no realizar nuevas inversiones. 
Creo que es especialmente lamentable tener que echar la reprimenda al Comisario Sir Leon Brittan, pero manifiesto mi sorpresa por su condena de la política de boicoteo realizada por el estado de Massachusetts. 
La Unión Europea debe apoyar- según nosotros, los liberales- el llamamiento realizado por el presidente Clinton en mayo de este año. 
Su llamamiento a fin de prohibir nuevas inversiones debería constituir un ejemplo para nosotros, señor Comisario. 
La Unión debe estar dispuesta a anticiparse a las sanciones de la ONU. 
Por último, señora Presidenta, debe presionarse con dureza a las autoridades birmanas y debe ponerse fin a la aniquilación sistemática de las minorías de ese país. 
Señora Presidenta, la situación en Birmania empeora rápidamente en estos momentos. Esto afecta tanto a la situación económica como a la política. 
La economía está en Birmania al borde del abismo, el régimen militar que se sostenía con el tráfico de drogas y, en parte también, con el trabajo estatal obligatorio, lleva ya meses sin poder contener el retroceso económico y la población parece sufrir cada vez más. 
La represión política también ha aumentado durante los últimos meses; puede decirse que tanto respecto de la oposición como de los grupos minoritarios. La sufre la población karen, los shan, así como los naga, los mon, los karenni y la gente de Kachin. 
Las matanzas sistemáticas y las limpiezas étnicas provocan un sinfín de refugiados en los países vecinos, especialmente en Tailandia, India y Malasia. 
Éstos han aumentado de forma dramática en los últimos tiempos; tanto el ataque de los campos de refugiados como los asesinatos y los secuestros están a la orden del día. 
Así mismo, la oposición padece esta situación. 
La Sra. Suu Kyi fue detenida porque quería viajar al norte y vuelve a estar bajo arresto domiciliario reforzado con la amenaza de ser enviada a prisión. 
Los diferentes miembros de la oposición son amenazados o ya están encarcelados en un país en el que existen ya numerosos presos políticos. 
Es sabido que el gobierno militar teme que la situación empeore hacia el 8 de agosto, puesto que entonces se conmemora el levantamiento de los estudiante que tuvo lugar hace algunos años y que costó tantas vidas. 
Además, el régimen teme las repercusiones de la situación indonesia en Birmania. 
Entre tanto, Birmania también recibe críticas por parte de los otros países de la ASEAN, ya que ese país fue aceptado en esta organización con la promesa de hacer algo positivo respecto a los derechos humanos y la democracia. Algo que, de momento, no ha sucedido. 
Señora Presidenta, hemos solicitado ya más veces en este Parlamento que se paralicen las inversiones europeas. 
Es necesario un boicoteo económico. 
Ante este historial, es incomprensible- me dirijo a Sir Leon Brittan- que haya reprendido al estado de Massachusetts por sencillamente haberlo iniciado. 
Quizá jurídicamente tenga usted razón, pero moralmente no. 
Lo que exigimos a la Comisión y al Consejo es precisamente con el fin de seguir el ejemplo de los Estados Unidos y paralizar las inversiones y, así, presionar más al régimen. 
Esto debe suceder, señora Presidenta y es algo que la Comisión puede hacer. 
Señora Presidenta, ante todo desearía señalar nuevamente la ausencia de un colega que apreciamos mucho, el Sr. Avgerinos, que se encarga, como todos sabemos, de reflexionar sobre la reforma de los debates de urgencia. 
Como no le hemos visto durante estos últimos meses, me parecía importante hacer notar que hoy tampoco está presente. 
Quizá piensa que es más interesante recabar los consejos de unos y otros en los pasillos del Parlamento, lo que explicaría, por otra parte, las primeras propuestas que nos ha presentado. 
Considero que, sobre Birmania, no hay mucho que añadir a lo que el Sr. Bertens y la Sra. Maij-Weggen han manifestado: la Unión Europea no debe quedarse rezagada con respecto a los Estados Unidos. 
Ya se han ejercido presiones. Éstas no han tenido los resultados que podíamos esperar. 
La supresión de las tarifas preferenciales no ha supuesto ningún cambio por parte de las autoridades birmanas. 
Pienso que hay que ir más allá y optar decididamente por el boicot. 
Como los norteamericanos, por una vez, tienen una posición muy clara en la materia, la Unión Europea podría asociarse a los Estados Unidos y tratar de poner un punto final a este régimen absurdo. 
Señora Presidenta, Birmania está sumida en la confusión, y ahora se está convirtiendo en una confusión detestable. 
Cincuenta representantes elegidos han sido encarcelados, mientras que otros diputados sufren el oprobio de tener que presentarse dos veces al día en las comisarías de policía locales por orden del gobierno. 
Trescientos mil karen desplazados en el interior del país huyen del ejército birmano. 
La destrucción sistemática de poblados karen va unida a la violación de mujeres pertenecientes a las minorías birmanas. 
La destrucción de los almacenes de alimentos precede a las masacres y a la limpieza étnica de las poblaciones naga, shan, mon, karen y kachin. 
Y ahora, el aumento de refugiados karen y shan en Tailandia presenta nuevos problemas para los países de la ASEAN. 
La Unión Europea debe oponer resistencia. 
Acertadamente, la Comisión Mixta UE-ASEAN no se ha reunido, ya que de hacerlo, habría significado permitir la plena representación de Birmania. 
Podemos hacer más. 
Debemos alentar a la Comisaria para los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, a destinar a observadores permanentes en Birmania para vigilar los derechos humanos. 
Hacemos un llamamiento a la Comisión para que imponga sanciones económicas contra Birmania y prohíba la inversión en Rangún hasta que se respeten como es debido los derechos humanos. 
El Consejo de Seguridad de la ONU también debe promover sanciones económicas a nivel mundial contra los crueles dictadores birmanos. 
El Gobierno tailandés también podría ayudar. 
Una mejor protección de la frontera entre ambos países infundiría confianza a los refugiados que huyen del régimen antidemocrático y despótico birmano. 
Hacemos un llamamiento al Gobierno birmano para que autorice al enviado especial de la ONU en Birmania viajar libremente por el país, y permitirle que desempeñe su mandato garantizándole pleno acceso a las regiones habitadas por la población karen. 
Asimismo exigimos que las empresas extranjeras que invierten en Birmania, como Total y Premier Oil, congelen sus inversiones con carácter inmediato. 
Reconocemos y apoyamos el derecho de la ASEAN a decidir qué países pueden ser miembros, pero a medida que pasan los días y los meses, resulta cada vez más evidente que la ASEAN ha invitado a su nido de naciones a un cucú intruso, arruinando con ello sus posibilidades de desarrollar democracias modernas y que respeten los derechos humanos, al tiempo que fomentan el desarrollo económico para abastecer a sus pueblos. 
Ha llegado el momento de que la UE se ponga firme y se haga escuchar. 
El enviado especial de la ONU para observar la situación de los derechos humanos en Birmania ha manifestado su seria preocupación ante las noticias aparecidas recientemente de que miembros de la LND continúan siendo víctima de arrestos arbitrarios y de varias formas de represión. 
La LND ha pedido que se convoque el Parlamento antes del 21 de agosto y ha hecho reiterados llamamientos a los gobernantes militares para que inicien el diálogo. 
No obstante, como acaba de señalar el Sr. Harrison, el gobierno ha respondido ordenando a todos los diputados elegidos que no están en prisión o exiliados, que se presenten dos veces al día ante las autoridades locales, básicamente para impedirles que se reúnan por su cuenta. 
Va siendo hora de que la UE adopte una posición moral sobre la situación en Birmania. 
La Comisión y el Consejo deben imponer sanciones económicas contra Birmania y prohibir toda inversión hasta que se haya resuelto la situación de las violaciones de los derechos humanos. 
Como decía el Sr. Harrison, la Alta Comisaria de la ONU, Mary Robinson, debe enviar a un observador permanente para investigar la situación de los derechos humanos y las atrocidades cometidas por las autoridades birmanas en las regiones habitadas por las minorías oprimidas. 
Esta situación dura ya demasiado y debemos hacer algo al respecto. 
Sudán 
Señora Presidenta, los periódicos publican hoy la feliz noticia de que se ha alcanzado el alto el fuego en Sudán del Sur y Sudán del Norte. 
Espero que esos cientos de miles de personas de Sudán del Sur puedan ahora sobrevivir a la hambruna. 
No obstante, hemos aprendido una lección en Sudán. 
Esa evolución constituye, efectivamente, un primer paso en el marco de una política europea activa y, ojalá que, basándose en ésta, pueda ahora comenzarse a preparar la celebración de un referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur. 
Ambas partes se habían comprometido a esto, pero ahora debe confirmarse. 
El control internacional será muy necesario para que este referéndum cuente con garantías suficientes. 
Ambas partes deben, además, ocuparse de la organización del mismo. 
Entre tanto, el gobierno de Jartún debe demostrar su credibilidad como socio, comprometiéndose con la democracia, el respeto de los derechos humanos, la liberación de presos políticos y el desarrollo del estado de derecho. 
Señora Presidenta, yo puedo suscribir en muchos puntos las palabras del colega Bertens, ya que lo que está ocurriendo en Sudán es, en efecto, una historia triste e interminable. 
Así me consta en mi calidad de ponente en la Asamblea ACP. 
Desde hace muchos años nos enfrentamos siempre con el mismo problema, que sencillamente no logramos superar. 
En efecto, las partes enfrentadas no están dispuestas a alcanzar un acuerdo de paz. 
Existe el riesgo de que la guerra llegue a cumplir treinta años. 
A mi parecer, es acertado que el Consejo dé su apoyo a la IGAD en relación con este tema y que intente orientar la situación de manera que podamos enviar una misión ministerial a Jartún y Nairobi y conseguir que se suspendan los combates. 
Como ha señalado correctamente el colega Bertens, el SPLA ha manifestado a través de un comunicado de prensa que está dispuesto a declarar un alto el fuego de tres meses. 
Yo espero que así sea, pues es lo único que permitiría empezar a ayudar a la población. 
En cualquier caso, ya es muy tarde para actuar debido a la fuerte sequía. 
A continuación, tendremos que procurar que se establezca cuanto antes la paz. 
Si conseguimos que se alcance la paz, luego sería posible desarrollar con tranquilidad todas las medidas necesarias para ayudar a la población. 
En mi opinión, incluso entonces, una vez alcanzada la paz, no será nada fácil resolver los problemas que existen allí, ya que los daños causados, las estructuras destruidas, no se podrán reparar de un día para otro. 
Yo me temo que, una vez se cumplan los requisitos fundamentales, todavía habrá que trabajar mucho antes de que se consiga la reagrupación de las familias desmembradas y se haya hecho todo lo necesario para ello. 
¡Tenemos que hacer todo lo posible para que al fin se cumplan dichos requisitos fundamentales! 
Luego ya podremos comenzar la tarea de reconstrucción. 
Ése debería ser el primer paso. 
Señora Presidenta, desgraciadamente en la región del Cuerno de África y en las zonas limítrofes, la situación sigue deteriorándose y agravándose y no hay duda de que lo que ocurre en Sudán desde hace ya muchos años representa, hoy por hoy, uno de los elementos de desestabilización más preocupantes. 
Las dramáticas imágenes que nos han llegado en estas semanas, al igual que en otras ocasiones, reflejan las consecuencias de la hambruna y del conflicto, especialmente en las regiones del sur de Sudán, y han vuelto a llamar nuestra atención sobre la situación de ese país. 
Sabemos que siempre han existido enormes dificultades, también en los casos de hambruna más dramáticos, para hacer llegar las ayudas de la comunidad internacional a las poblaciones afectadas, sobre todo porque las partes enfrentadas y, en particular, las autoridades de Jartum, lo han impedido en todo momento. 
Ahora, es necesario tratar de actuar políticamente con mucha firmeza y, al mismo tiempo, con mucha inteligencia, al objeto de aprovechar todas las ocasiones para contribuir a cambiar esta situación de una vez por todas. 
La posibilidad de que se acuerde el alto el fuego es algo que siempre hemos pedido y deseado y, según las noticias que estamos recibiendo, parece que quizás podría darse una situación de este tipo, una situación que, evidentemente, esperamos que se produzca. 
Al mismo tiempo, sin embargo, hace falta, por un lado, la voluntad política de comprometerse concreta y urgentemente, a fin de que hacer llegar la ayuda humanitaria, que deberá ser ingente, a las poblaciones que padecen hambruna y, por otro, una acción política coherente que implique ante todo a los actores regionales y al IGAD, así como a la Unión Europea, con vistas a encontrar una solución pacífica y, a ser posible, definitiva a los conflictos en Sudán. 
Señora Presidenta, a fin de mejorar la situación humanitaria en Sudán, este Parlamento ha adoptado en los últimos diez meses cinco resoluciones con el mismo contenido. 
Ayer, el presidente austriaco contestó a las preguntas de algunos colegas, en mi opinión, de manera concluyente. 
No puedo agregar más sobre esto. 
Por ello, estimo conveniente requerir la atención del Parlamento sobre un país en el que el conflicto está a punto de estallar. 
Un país que en el año 2000 puede suministrar un millón de barriles de petróleo y en el que el 60 % de la población vive por debajo de los ingresos mínimos. 
Un país en el que el gobierno, en este momento, recluta jóvenes en las ciudades y los moviliza para la lucha, en el que la elite es corrupta, en el que los generales se han convertido en negociantes, en el que el destino del activista de derechos humanos Sahandu Neto es confuso. 
Un país en el que los presidentes Kabila, Dos Santos y Nujoma han pactado para que el ejército angoleño, porque hablamos de Angola, realice una operación en su propio territorio. 
La amenaza parece seria puesto que las autoridades portuguesas han creado un grupo militar para evacuar a sus ciudadanos de Angola. 
Pido al Comisario que, a través de nuestra misión en Luanda, advierta que este conflicto no puede estallar, que haga un llamamiento para que se celebre la segunda vuelta de las elecciones y, sobre todo, que diga que los beneficios obtenidos por el petróleo no pueden destinarse a la compra de armas, sino a los angoleños. 
Señora Presidenta, cuando el resultado de una guerra civil se une a la represión, a la vulneración de los derechos humanos y a la sequía, se produce lo que hemos estado viendo en la prensa estos días: la amenaza de una hambruna terrible sobre cientos de miles de personas. 
Por eso las Naciones Unidas han solicitado a la Comisión y a los Estados miembros que aporten toda la ayuda humanitaria posible. 
Y hay que exigir a las autoridades sudanesas que permitan pasar esa ayuda a la población civil desplazada porque, si no, se repetirá lo que tantas veces se repite por las causas que todos conocemos. 
En todo caso, hay que apoyar el proceso de paz. 
Y no estaría de más echar un vistazo al Informe sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas, que dice claramente que este y otros países no saldrán de su absoluta pobreza si no se logra una distribución más justa de la riqueza y un mayor respeto de los derechos humanos básicos: el derecho a comer, a vivir, a educarse y a gozar de salud. 
Señora Presidenta, Señorías, una vez más nuestro Parlamento debe pronunciarse sobre la situación en el Sudán, aunque tenga algunas dudas no sólo de la eficacia de sus anteriores intervenciones, sino también del carácter actual y exhaustivo de sus informaciones. 
De este modo, la propuesta de resolución común que se nos somete ignora claramente las mejoras- autorizadas por el Gobierno sudanés- del acceso a las zonas afectadas por la carencia alimentaria, así como el alto el fuego decretado por el movimiento sureño, dirigido por John Garang. 
La misma tampoco menciona los relativos progresos realizados por la vía de la institución de un sistema democrático, como la aprobación de la Constitución sudanesa, ni la evolución del proceso de negociación entre las principales partes en conflicto. 
En general, la propuesta no parece apoyarse ni en un análisis a fondo de las razones del conflicto civil en el Sudán, ni en un suficiente conocimiento de la situación in situ, ni en la toma en consideración de las intervenciones exteriores, en una región donde la inestabilidad política es casi general. 
Si bien es evidente que hay que acoger favorablemente el interés manifestado por Europa a favor del restablecimiento de la paz y de la democracia en el Sudán, creemos que los esfuerzos tendentes a la realización de estos objetivos requieren un nuevo planteamiento, un nuevo método basado ante todo en una mejor información, mediante el envío de una misión in situ o la organización de audiciones de representantes de las partes en conflicto. 
Un método que luego sustituya una condena sistemática y no siempre equilibrada por el aliento sistemático a las partes en conflicto a fin de progresar en el sentido del diálogo, de la búsqueda de la paz y de la institución de la democracia. 
Situación en Georgia y Abjasia 
Señora Presidenta, el conflicto en Abjasia, el Cáucaso, ha vuelto a estallar. 
Muchos cientos de personas ya han muerto, decenas han emprendido la fuga. 
El alto el fuego del 25 de mayo no ha podido durar mucho tiempo. 
A pesar de todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y de la OSCE, la situación es todavía tensa, por utilizar otro término. 
Todos los esfuerzos deben destinarse a limitar la fuerza destructiva de este conflicto. 
Las partes en conflicto deben convencerse de que la violencia no es la solución. 
Precisamente ahora, la democratización de Georgia va por buen camino y justamente ahora, que con la ayuda de la propia Unión, se ha avanzado algo en la reconstrucción del país, debe evitarse en todo momento que este proceso se desvíe. 
Debemos redoblar nuestros esfuerzos para fomentar una paz duradera y el desarrollo de la región. 
Por ello, me alegro también, señor Comisario, de que su colega, el Sr. van den Broek realizara una visita el mes pasado a la región y que con la ayuda extraordinaria que ha prometido, la civil society realice algún avance. 
Señora Presidenta, se trata nuevamente de una mala pasada. 
Dentro del apartado de los derechos humanos se inscribe una cuestión eminentemente política puesto que Georgia ha tenido que soportar las catástrofes naturales cuando éstas ya no forman parte de las prioridades de nuestro Parlamento. 
La cuestión de Georgia es política- y también en este caso, en cierto modo, cerramos los ojos, ya que nos disponemos a votar una resolución muy razonable que no añade nada al problema-. 
Lo que se debe hacer es permitir que Georgia se adhiera rápidamente a la Unión Europea, evitar lo que ocurrió con Yugoslavia, donde durante años la Comisión y el Consejo veían como se deterioraba la situación. 
Es necesario proponer sin más dilación a las autoridades de Georgia, que no esperan otra cosa, la adhesión inmediata a la Unión Europea. 
Georgia es una región estratégica para la Unión Europea. 
Representa el acceso a Asia Central, la famosa ruta de la seda de Marco Polo, las reservas de petróleo de Azerbaiján, donde los ingleses, los franceses, los italianos y otros países de la Unión tienen ya una importante presencia. 
La única forma de garantizar la estabilidad en la región es permitir que Georgia entre rápidamente en la Unión Europea. 
Como dijo ayer el profesor Gerenek: no se nace europeo, sino que uno se hace europeo. 
Los georgianos lo han demostrado. 
De forma unilateral, ellos se han propuesto adaptar su legislación a la de la Unión. 
Por lo tanto, es necesario alentarlos, ya que no esperan otra cosa. 
La entrada de Georgia en la Unión también permitiría hacer frente de manera constructiva al problema de Abjasia, que, como sabemos, mientras no haya una perspectiva clara de adhesión, estará siempre sometida a la buena voluntad de los rusos, quienes están muy interesados en mantener cierto tipo de influencia en la región. 
Señora Presidenta, en la resolución común condenamos explícitamente los recientes actos de violencia contra la población georgiana. 
También expresamos con la misma nuestro pleno apoyo al Presidente de Georgia, que ha iniciado el proceso de reformas políticas y económicas. 
Dicho proceso incluye también el fortalecimiento de la estabilidad interna, que había mejorado en el pasado, y sólo falta una solución pacífica de la crisis de Abjasia, que es un requisito importante para el ulterior proceso de consolidación y una condición fundamental para la estabilización de dicho país. 
Es de lamentar la reanudación de los combates en la región en mayo, con un saldo de muertos y de decenas de miles de refugiados. 
Para que prosiga la política de reformas en Georgia es preciso que se encuentren nuevas soluciones políticas y pacíficas para el conflicto de Abjasia. 
Nosotros recomendamos, por lo tanto, encarecidamente a los partidos políticos que participen en el proceso de paz impulsado por la ONU y volvemos a reiterarlo en el punto 2 de la resolución, donde pedimos que se respete el Acuerdo de Moscú de 1994 sobre un alto el fuego y la separación de fuerzas, y el protocolo de alto el fuego firmado en 1998, así como su obligación de abstenerse de recurrir en ningún caso a la fuerza. 
Dirigimos esta petición a ambos bandos y yo realmente espero que la presente resolución sea aprobada por unanimidad bajo esta forma. 
Señora Presidenta, después de leer la presente resolución y de contrastarla con los hechos ocurridos en las últimas 48 horas, yo debo decir que observo una considerable discrepancia. 
En efecto, lo cierto es que una colaboradora polaca de la ONU, Maria Magdalena Wewiorska, de 31 años, fue muerta a tiros anteayer mismo en Georgia, probablemente por obra de criminales georgianos. 
Yo sólo quiero dejar constancia de ello porque este hecho demuestra una vez más que, en ciertos casos, las bellas declaraciones sobre países de los que se sabe muy poco no conducen a nada y que es preciso que reconozcamos al fin que las circunstancias son muy graves allí. 
No debemos quitar importancia a este hecho y, sobre todo, tenemos que preguntarnos seriamente si tiene en verdad sentido que se envíen ahora europeos a Georgia en apoyo del ejército ruso porque así se ha declarado oficialmente. 
Señora Presidenta, el conflicto de Abjasia forma parte de aquellos que son motivo de reiterada preocupación porque, después del enfrentamiento militar, el odio entre la población es tan profundo que ha creado una fisura y los esfuerzos en favor de la paz apenas avanzan. 
El retorno de las familias a Gali ofrecía una gran esperanza de que por fin se conseguiría impulsar algún progreso en la resolución del conflicto. 
Los combates han vuelto a destruir esta esperanza. 
¿Qué hace, sin embargo, la UE para reforzar las posibilidades de restablecimiento de la paz? 
A veces se requieren pequeños pasos. 
En este sentido, el Consejo de Europa se ha esforzado por impulsar medidas para reinstaurar la confianza, como el programa de apoyo a la «Compañía de Radiodifusión Ertoba». 
Hasta el momento, ningún Estado miembro ha manifestado su disposición de apoyar dicha medida de ayuda. 
El restablecimiento de la comunicación entre la población depende de un pequeño número de proyectos modestos. 
En consecuencia, nosotros pedimos al Consejo que financie medidas en este ámbito que permitan que vuelva a resurgir la confianza entre la población y que les preste mucha más atención. 
Vietnam 
Señora Presidenta, sobre Vietnam no hay mucho que decir, salvo que es la primera vez que nuestro Parlamento se dispone a pronunciarse sobre una cuestión que, desgraciadamente, aún es tabú para muchos diputados del Parlamento Europeo. 
Doy las gracias a los colegas del PPE y del Grupo Liberal por haber apoyado esta resolución. 
Lamentablemente, el Grupo Socialista y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea no la apoyan. 
Quizá podría recordarles que su posición fue idéntica con respecto a Corea del Norte y a China, con respecto a Mongolia, al Turkestán oriental, y no les será difícil comprender que existe un común denominador a esta actitud del Grupo Socialista y del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria. 
Tratándose de antiguos camaradas se admite todo, aun cuando, como en Vietnam, se sabe que la situación no ha variado. 
Evidentemente, no hay un Pinochet, pero la situación de los derechos humanos no mejora. 
Existe una dictadura, una dictadura roja, y, por lo tanto, mucho más tolerable, pero se trata de una dictadura, y pienso que es importante que nuestro Parlamento lo señale. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la resolución lo dice, de hecho, todo en lo que se refiere a los derechos humanos y el Parlamento Europeo se ha manifestado siempre con una gran claridad sobre este tema. 
Yo pienso que el problema de los derechos humanos se tiene que considerar siempre en cierta medida dentro del contexto histórico del país en cuestión. 
Si consideramos la totalidad de la historia de Vietnam, veremos que hay una parte del país en la que ya estamos habituados a que los derechos humanos sean vulnerados y violados por principio, y otra zona en la que esto no ha ocurrido de la misma forma- por decirlo así- hasta los años 70 por lo menos. 
Desde entonces y desde el gran conflicto de Vietnam, hemos borrado en mayor o menor medida a este país de nuestros pensamientos, lo hemos expulsado de nuestra conciencia, y ya va siendo hora de que la conciencia se despierte y volvamos a tener presente lo que en realidad está pasando allí, y de que manifestemos también en el Parlamento Europeo que no podemos permanecer callados cuando allí están ocurriendo, de hecho, esas cosas, esos crímenes. 
La presente resolución es muy importante por este motivo y es bueno que ésta se debata en el Parlamento, que sencillamente se proponga denunciar por una vez la situación, a fin de hacer posible una futura relación entre la Unión Europea y Vietnam. 
Señora Presidenta, en lo relativo a Togo, las condiciones en las que se celebraron los comicios el 21 de junio llevaron a la UE a adoptar una declaración el 26 de junio manifestando nuestra profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones y nuestras dudas acerca de la credibilidad del resultado anunciado por el ministro de Interior, a saber, una victoria en la primera ronda del Presidente Eyadema. 
A raíz de una propuesta de la Comisión, la Unión Europea ha invitado al Gobierno togolés a celebrar consultas de conformidad con el procedimiento recogido en el artículo 366 A del Convenio de Lomé. 
La primera fase de las consultas dará al Gobierno togolés la oportunidad de explicar las irregularidades observadas durante el proceso y comunicar qué medidas han sido adoptadas o se piensan adoptar para remediarlas. 
Si esta fase preliminar no da resultados satisfactorios para ambas partes, nuestro compromiso de cooperación podría peligrar. 
El inicio de este procedimiento demuestra la importancia que atribuimos a este proceso electoral. 
Su finalidad es iniciar un diálogo con vistas a encontrar el modo de restablecer el Estado de derecho y respetar los principios democráticos de cara a la normalización de las relaciones, incluida la provisión de los proyectos de cooperación financiados por la UE. 
En lo que respecta a Guinea-Bissau, la Comisión coincide con los comentarios contenidos en la propuesta de resolución presentada al Parlamento para su aprobación. 
Hemos mantenido la vigilancia sobre los acontecimientos en Guinea-Bissau, y deploramos que el conflicto militar interno haya continuado durante el mes pasado e incluso, durante los últimos días, se haya recrudecido en violencia e intensidad. 
Hacemos un llamamiento en favor de una resolución pacífica que garantice la paz. 
Tenemos conocimiento de las dificultades a las que se enfrenta la población civil, en particular, la falta de alimentos, medicinas y agua. 
Por ello, a través de ECHO, la Comisión ha liberado 1 millón de ecus en ayuda humanitaria para la distribución de alimentos, agua y medicinas a las personas que han sido desplazadas hacia el interior del país. 
La Comisión apoya los esfuerzos de mediación de varios líderes de la región y de los Estados miembros, entre los que se incluyen aquéllos de Angola y Portugal, y hace un llamamiento a todas las partes del conflicto para que negocien un alto el fuego definitivo. 
Con respecto a Birmania, la Comisión lamenta los abusos generalizados contra los derechos humanos en aquel país, incluidas las ejecuciones, la detención arbitraria de presos políticos y refugiados, el desplazamiento forzoso de los aldeanos shan, combinadas con la destrucción sistemática de aldeas karen, shan y karenni, así como la de sus provisiones, a manos de los militares birmanos. 
Aprovechamos todas las oportunidades para instar al Gobierno a iniciar conversaciones de paz y a participar en un diálogo sustantivo con la oposición encabezada por Aung San Suu Kyi y las minorías étnicas. 
Habida cuenta de que Birmania es actualmente miembro de la ASEAN, instamos especialmente a nuestros socios de la ASEAN a utilizar su influencia sobre el más reciente de sus miembros. 
La Comisión ha explicado a esta Asamblea en numerosas ocasiones que no tiene competencia para imponer sanciones ni para hacer un llamamiento al sector privado para que se abstenga de invertir. 
Este asunto debe ser decidido por los distintos organismos del Consejo, que hasta ahora, no han optado por esta vía. 
Con respecto a los Estados Unidos, independientemente de la posición de la Administración estadounidense, no es adecuado que un Estado aislado- Massachusetts- intente coaccionar a las empresas de la Unión Europea a emprender medidas determinadas. 
Eso no es compatible con el Derecho internacional y, acertadamente, hemos presentado una firme protesta. 
Eso no implica en absoluto que apoyemos nada de lo que sucede en Birmania, que hemos criticado reiterada y frecuentemente. 
Pero es un gran error, por expresarlo en términos suaves, que un Estado individual de un país amigo intente imponer una política exterior ejerciendo presiones inadmisibles sobre empresas de la Unión Europea. 
Apoyamos activamente el movimiento democrático birmano a través de nuestra línea presupuestaria para los derechos humanos y la democracia. 
Estamos cofinanciando un proyecto de la Friedrich Ebert Stiftung, que ha abierto una oficina euro-birmana en Bruselas, destinada a concienciar y difundir información precisa sobre la situación real en Birmania. 
La iniciativa ofrece además formación sobre la buena forma de gobernar y la democracia a miembros de la oposición birmana y futuros líderes. 
En cuanto a Sudán, la Comisión Europea comparte la opinión general de que el único medio de llegar a una solución pacífica del conflicto es a través de un acuerdo duradero negociado, basado en un proceso político que incluya a todas las partes. 
Toda expresión de preocupación de la UE debe, por tanto, ir dirigida a ambas partes del conflicto. 
Seguimos apoyando todos los intentos de mediación y esfuerzos por alcanzar la paz, y en particular, los esfuerzos de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). 
Hemos promovido y manifestado nuestro apoyo incondicional a sus esfuerzos diplomáticos. 
Hemos mantenido frecuentes contactos con los que dirigen las conversaciones y hemos intervenido en varias ocasiones para dar a conocer nuestra opinión. 
Asimismo, la Unión Europea ha instado reiteradamente a las partes del conflicto a alcanzar una solución negociada en las conversaciones de paz de la IGAD. 
Reafirmamos nuestro compromiso de apoyo en la última reunión del Partners's Forum Committee celebrada el mes pasado en La Haya. 
A raíz de la actual grave crisis humanitaria, los interlocutores de la IGAD decidieron enviar una misión ministerial a Jartum y Nairobi para estudiar las posibilidades de garantizar un cese de las hostilidades. 
Espero realmente que sean ciertas las recientes noticias de un alto el fuego. 
Estamos estudiando qué forma de tregua o corredores de paz serían los más idóneos para la ayuda humanitaria, a la vez que gratos para todos los afectados. 
A la luz de sus contactos con los representantes del Gobierno sudanés y los representantes del SPLA, los interlocutores de la IGAD han observado asimismo que las partes del conflicto se han comprometido a celebrar la tercera ronda de conversaciones de paz en agosto de 1998. 
En colaboración con otros interlocutores e instituciones involucrados, estamos cofinanciando varias iniciativas preparatorias sobre el buen gobierno y el ejercicio constitucional y técnicas de negociación. 
Mientras tanto, no modificaremos nuestra posición declarada sobre la interrupción de la cooperación formal para el desarrollo, aunque seguimos proporcionando ayuda humanitaria a la población necesitada del sur, al igual que a la del norte del país. 
Con respecto a Georgia y Abjasia, la Comisión respalda plenamente la declaración de la Presidencia de 2 de junio, y saluda el comedimiento propio de un estadista que ha demostrado el Presidente Shevardnadze, evitando así una escalada de la violencia. 
La Comisión hace un llamamiento a todas las partes para que cumplan sus compromisos, incluido el protocolo de alto el fuego firmado el 25 de mayo. 
Compartimos el pesar y lamentamos profundamente la trágica muerte hace pocos días de un trabajador mientras ayudaba a la población. 
Como, acertadamente, ha dicho el Sr. von Habsburg, resulta muy difícil pedir a personas que vayan a una zona peligrosa cuando ocurren acontecimientos como éste. 
No obstante, hemos puesto a disposición 200.000 ecus a través de ECHO. 
La Comisión decidió la semana pasada hacer una contribución complementaria de 1, 5 millones de ecus para el suministro de agua potable limpia, medidas sanitarias y asistencia médica. 
Además, aún queda algo de los fondos para las contrapartidas establecidas por la Comisión en 1995-1996 para el suministro del equipamiento necesario y de agua potable. 
ECHO está dispuesta a redoblar sus esfuerzos en caso de que se produzcan brotes de epidemias o si la situación no mejora antes del invierno. 
Por último, con respecto a Vietnam, el Gobierno vietnamita ha anunciado una amnistía general para el 2 de septiembre de este año. 
Sería la amnistía más importante en Vietnam de los últimos años. 
Debemos mantener la presión sobre el régimen vietnamita para que mejore el respeto de los derechos humanos, en particular, la libertad religiosa. 
También debemos alentar y apoyar los iniciativas en la dirección acertada, como la promesa de conceder una amnistía general en septiembre. 
Es importante no desalentar al régimen vietnamita acerca de la liberación de un importante número de presos con motivo de la amnistía, y tenemos la esperanza de que lo haga. 
También es fundamental que nuestros esfuerzos y los de otros donantes para promover el diálogo con Vietnam sobre el buen gobierno continúen y no sean puestos en cuestión por cambios políticos de mayor alcance. 
Con motivo de la revisión provisional del grupo de concertación de los días 15 y 16 de junio, el jefe de la Delegación en Hanoi transmitió al Gobierno vietnamita un claro mensaje, al declarar que la UE considera el ejercicio de buen gobierno con Vietnam como un elemento importante para dar una dimensión política a las relaciones entre ambas partes. 
La Comisión espera que el Parlamento Europeo aproveche la actual resolución para enviar un llamamiento positivo al actual régimen vietnamita para que utilice la amnistía de septiembre como una oportunidad única para responder a las expectativas de la comunidad internacional, haciendo especial hincapié en los casos individuales, por los que la Unión Europea ya ha expresado su seria preocupación. 
La futura Comisión Mixta CE-Vietnam de octubre nos proporcionará la ocasión de juzgar el alcance de la amnistía de septiembre y, en particular, de ver qué consideración se ha dado a las personas que aparecen en la lista de detenidos políticos de la UE. 
Señora Presidenta, quisiera retomar la cuestión de Birmania, ya que el Comisario no ha comentado uno de los puntos a los que me he referido. 
Ha señalado que el Consejo no ha acordado todavía la paralización de las inversiones para, así, seguir la decisión adoptada por los Estados Unidos. 
No obstante, mi pregunta es la siguiente: ¿ha presentado tal propuesta la Comisión al Consejo? 
El Parlamento la ha solicitado en numerosas ocasiones, pero para que el Consejo adopte una decisión, la Comisión debe primero presentarle la propuesta de decisión. 
Creo que usted no puede reprender al estado de Massachusetts cuando nosotros mismos somos demasiado débiles para secundar las acciones del Congreso americano, sobre todo porque el Parlamento entero opina del mismo modo. 
Señor Presidente, podemos echar la culpa a Massachusetts. 
No es competencia de Massachusetts, y es totalmente contrario al Derecho internacional que un Estado aislado de los Estados Unidos decida dirigir una política exterior encaminada a coaccionar a empresas de la Unión Europea. 
No podemos oponernos a la Ley Helms-Burton o a la Ley Ilster, y luego decir que Massachusetts actúa correctamente. 
Eso es contrario al Estado de derecho y debo hacer hincapié en que no es admisible. 
En lo relativo a las sanciones, no cuentan con ningún apoyo y, por consiguiente, no existe ningún motivo para dirigir esta pregunta al Consejo, como sabe perfectamente la Sra. Maij-Weggen, dada su experiencia. 
No es una cuestión de limitarse a presentar una resolución. 
Debe hacerse un sondeo para establecer si existe apoyo o no. 
Señora Presidenta, he preguntado al Comisario si la misión de la UE en Luanda va a hacer algo por evitar una nueva guerra en ese país. 
Es importante. 
Es urgente. 
Deme, por favor, alguna indicación. 
Tal vez ahora no pueda dar una respuesta positiva, pero ¿va a tratar este asunto con sus colegas? 
Ésta es mi pregunta. 
Me encargaré de que reciba una respuesta a esa pregunta. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Seísmo en las Azores- B4-0727/98 del Sr. Miranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el seísmo en la isla de Fayal (Azores) ; -B4-0746/98 del Sr. Costa Neves y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las Azores; -B4-0747/98 del Sr. Rosado Fernandes y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el seísmo en las Azores; -B4-0768/98 del Sr. Marinho y otros, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre el seísmo en las Azores; 
Terremoto en Turquía- B4-0764 del Sr. Papakyriazis y otros, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre el terremoto de Adana (Turquía) ; -B4-0777/98 del Sr. Alavanos y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el terremoto de Adana, en Turquía; -B4-0782/98 del Sr. McMillan-Scott y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el reciente terremoto en Turquía; 
Incendios en Grecia- B4-0776/98 del Sr. Ephremidis y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre los incendios en Grecia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, más muertos, heridos y desalojados. 
De nuevo la destrucción de edificios y de infraestructuras: daños superiores a 12.000 millones de escudos. 
Ahora ha sido un seísmo que ha afectado a las islas de Faila, Pico y São Jorge. 
De nuevo, la catástrofe se abate sobre una población sacrificada, pocos meses después de otros temporales, de otras muertes y heridos, de más daños. 
Las condolencias, así como nuestro profundo pesar y dolor, vuelven a juntarse al drama de la población azoreana, que cobra una dimensión tal vez mayor ante la repetición de tragedias. 
Mayor dolor, señor Comisario, señor Presidente, Señorías, y más destrucción exigen más y mayor solidaridad: del Parlamento Europeo, pero también de la Comisión y del Consejo. 
Resulta fundamental reprogramar y reforzar iniciativas comunitarias- como REGIS II- y el programa operativo. 
Decidir, además, ayuda especial de emergencia es una exigencia que se plantea a la Comisión y al Consejo. 
El apoyo del Parlamento Europeo a esas decisiones es total, la necesidad de que se adopten de inmediato resulta, más que una necesidad, una exigencia de toda la población comunitaria. 
Señora Presidenta, seré muy breve, en vista de que mi colega el Sr. Novo ha planteado claramente el problema. 
Quisiera tan sólo decir que pocos meses después de una catástrofe natural en las Azores que causó varias muertes, constituida por inundaciones y corrimientos de tierras, ahora hay, dramáticamente, una nueva catástrofe. 
Quisiera manifestar, en nombre de mi Grupo, todo el apoyo a esta propuesta de resolución, afirmando, además, mi convicción de que la Comisión ayudará también al Gobierno portugués y al gobierno regional de las Azores a encontrar medidas como las que aquí se han mencionado, en particular el fortalecimiento del programa REGIS, el programa operativo de las Azores, en el sentido de manifestar la solidaridad para con esa población tan sacrificada, porque creo que, sin esa manifestación y sin solidaridad, no habrá un verdadero espíritu de construcción europea. 
Señora Presidenta, como soy uno de los firmantes, quisiera abordar tres aspectos. 
En primer lugar, sabemos que en el presupuesto comunitario no existe una dotación financiera para catástrofes y, por eso, pedimos un fortalecimiento de la reasignación de los fondos comunitarios para el programa operativo de las Azores y de la iniciativa REGIS II a fin de que la solidaridad nacional del Gobierno portugués para con las Azores no resulte comprometida en las redes de la burocracia de Bruselas. 
En segundo lugar, la repetición de esos fenómenos demuestra perfectamente la especificidad de las regiones ultraperiféricas y exige las necesarias iniciativas por parte de la Comisión para dar cuerpo a lo que quedó consagrado en el Tratado de Amsterdam. 
En tercero y último lugar, la renovación urbana y el realojamiento de las poblaciones- en el caso de catástrofes naturales- justifican que esas medidas puedan acogerse al FEDER, con lo que se brindarán apoyos a la inversión en el sector de la vivienda. 
La reforma actual de los reglamentos de los Fondos es una buena oportunidad para abrir esa puerta. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, el seísmo del 9 de julio, que se sintió principalmente en las islas de Faial, Pico y São Jorge, tuvo efectos devastadores: el número de desalojados que están viviendo en tiendas sobrepasa los 2.000, los estragos en estructuras públicas son enormes. 
Dada la dimensión del desastre, las familias víctimas del seísmo no pueden por sí mismas restablecer la normalidad en su vida. 
Por otro lado, las Azores carecen de medios para apoyarlas como exigen las circunstancias. 
Así, pues, tenemos que contar con la solidaridad del exterior. 
Nadie puede permanecer indiferente ante la situación de quien, al perderlo todo en veinte segundos, se queda sin el fruto del trabajo de toda una vida. 
Yo estuve con las familias desalojadas. 
Nos miran con una mezcla de fragilidad y fuerza, de impotencia y esperanza, esperando un apoyo, pero dudando si creer que llegará. 
No podemos dejarlas abandonadas a sí mismas. 
Sobre todo en un momento como éste, la solidaridad no puede ser tan sólo un concepto. 
Ahora veremos con quién podemos contar. 
En las Azores cumpliremos con nuestra parte, pero es esencial el apoyo extraordinario del país y de la Unión Europea en las tareas de reconstrucción. 
Hay que garantizar que, sin perjuicio del esfuerzo que hemos venido haciendo para aproximarnos a los parámetros medios de desarrollo de la Unión Europea, tendremos los medios necesarios para garantizar en tiempo útil condiciones de vida a los centenares de víctimas del siniestro. 
El tiempo apremia. 
La Unión Europea dispone de medios para ello. 
Falta la decisión que, dadas las circunstancias, estoy seguro de que se adoptará. 
No obstante, es necesario precisar los conceptos. 
No hablo sólo de la ayuda humanitaria de emergencia; ésta también es necesaria, pero normalmente es tan exigua y tan grande o incomprensible es el contencioso entre el Parlamento Europeo y la Comisión en cuanto a la utilización de esas cantidades, que no es en eso en lo que pongo lo esencial de mis esperanzas. 
Lo que espero y creo que es razonable esperar es el fortalecimiento de los fondos destinados a las Azores en el marco comunitario de apoyo, así como los procedentes de la iniciativa comunitaria REGIS, teniendo en cuenta que el total de los estragos comprobados hasta ahora es al menos de 90 millones de ecus (18.000 millones de escudos). 
Sólo así será posible garantizar la prosecución de las inversiones programadas, que son indispensables y urgentes, y garantizar simultáneamente los trabajos de reconstrucción, aún más indispensables y urgentes. 
No hacerlo así sería retrasar irremediablemente nuestra aproximación a los parámetros medios de desarrollo de nuestro país y de la Unión Europea o no llevar a cabo los trabajos de reconstrucción, dos hipótesis inconcebibles: cuando más necesitamos es cuando menos perdonamos las omisiones de aquellos con quienes contamos; cuando más necesitamos es cuando más apreciamos la solidaridad de quienes quieren estar con nosotros. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el día 9 de julio de 1998 será otra fecha trágica que sumar a muchas otras que, por desgracia, deberá recordar el pueblo azoreano. 
En efecto, en la madrugada del 9 de julio la población de las islas de Faial, Pico y São Jorge fue despertada por una violenta sacudida sísmica de la que resultaron ocho muertos, un centenar de heridos y más de un millar y medio de desalojados. 
Los daños materiales se calculan en cerca de 20.000 millones de escudos. 
Una vez más- y aquí- reafirmamos la importancia de la introducción en el Tratado de Amsterdam de un artículo que consagre un trato diferenciado y específico para las regiones ultraperiféricas. 
También dijimos ya aquí que, en virtud de la repetición de esas situaciones, en el futuro la iniciativa REGIS debería contar con un componente que permitiera afrontar situaciones de catástrofes naturales. 
En estas situaciones, además de lamentos, exclamaciones de pesar y manifestaciones de solidaridad verbal, siempre dignas de beneplácito, son necesarias acciones concretas que se materialicen en un apoyo directo e inmediato al Gobierno y a los ciudadanos a fin de que no sólo se reconstruyan las infraestructuras de utilidad pública, sino que, además, se garantice también la reconstrucción de viviendas para familias ancianas y sin recursos económicos. 
Somos conscientes de que en el presupuesto comunitario no hay fondos para atender a situaciones de catástrofe. 
Por eso, después de que se manifestara la solidaridad nacional ya expresada, propusimos a la Comisión el fortalecimiento del programa concreto de desarrollo de la Región Autónoma de las Azores, cuya actuación va encaminada a fortalecer la iniciativa comunitaria REGIS con fondos de otras iniciativas comunitarias no utilizados en el horizonte de 1999. 
Esa solidaridad europea permitirá que esos ciudadanos, también ellos europeos, pese a todo aquello por lo que han pasado, sientan que vale la pena seguir viviendo y creyendo en el ideal europeo. 
Terremoto en Turquía 
Señora Presidenta, el domingo 28 de junio todo el mundo se quedó helado ante la tragedia de dimensiones bíblicas que provocó el terremoto de Adana. 
Era natural que todos los países de la Unión Europea, y entre ellos mi país como vecino, acudieran en ayuda de las poblaciones afectadas en esa región turca. 
Creo que el Parlamento Europeo debería ocuparse de esas catástrofes que ocasionan cientos de víctimas, miles de afectados y heridos de diversa consideración y que producen unas consecuencias económicas y sociales incalculables. 
Quisiera, como se refiere en la resolución común, que el Parlamento Europeo expresase- y eso creo que es lo que estamos haciendo en estos momentos- su condolencia, simpatía y apoyo a los familiares de todas las víctimas. 
Creo que nosotros debemos pedir a la Unión Europea y a la Comisión que se ocupen de encontrar medios de apoyo económico y humano para afrontar esa situación y contribuir a paliar los daños ocasionados por la enorme tragedia sufrida en dicho país. 
Por último, quisiera referirme, con la oportunidad que me brinda este debate sobre diversas catástrofes naturales, a que la Unión Europea debería apoyar, de una vez por todas y de forma sustancial, una cooperación internacional encaminada a la investigación de sistemas, medios de previsión y de señal de alarma en casos de terremoto. 
Finalmente, quiero creer que en un asunto así, Turquía, a pesar de los problemas que pudiera tener con la Unión Europea, debería contar hoy con su más completo apoyo. 
Señora Presidenta, comparto el sentimiento y la solidaridad con las víctimas que ha ocasionado el reciente terremoto de Adana y apoyo cualquier ayuda económica y técnica que pueda ofrecer la Unión Europea. 
Pero incluso la desgracia puede ofrecer oportunidades para una actuación positiva. 
En la zona que comienza en Italia, sigue por Grecia y pasa por Turquía y el resto de Oriente Medio se observan terremotos con características bastante parecidas y desgraciadamente con consecuencias similares. 
También se sabe, y así se ha podido verificar en Adana, que la prevención, la política antisísmica de las construcciones y una adecuada intervención tras la catástrofe han sido insuficientes y que se precisa una modernización radical. 
Naturalmente, una coordinación general en todas esas fases podría ayudar a paliar las consecuencias de la catástrofe. 
En este punto creo que la Unión Europea puede jugar un papel decisivo. 
Me pregunto si puede la Comisión exponernos algunas primeras consideraciones sobre este asunto. 
Señora Presidenta, Señorías, el terremoto de Turquía ha sido efectivamente una catástrofe natural de gran magnitud- con 150 muertos, 1.500 heridos graves y millares de edificios dañados- y es una buen costumbre y una necesidad apremiante que nuestra solidaridad se manifieste no sólo con palabras, sino también con hechos, concretamente en forma de ayuda. 
El terremoto ha tenido lugar, en efecto, en el sur de Turquía, en una región que depende mucho del turismo. 
Las primeras noticias, sólo unas pocas semanas después de este terrible seísmo, indican que las reservas turísticas se han reducido drásticamente. 
Turquía anuncia un descenso de más del 40 % en dicha región central del turismo europeo, que recibe casi 5 millones de turistas europeos al año. 
Se trata, por lo tanto, de una catástrofe que va más allá de los daños personales y del sufrimiento de las familias. 
Una catástrofe que trasciende los daños concretos sobre el terreno. 
Una catástrofe que afecta directamente a los medios de vida de unos cuantos millones de turcos y, en consecuencia, es necesario que también aportemos ayudas concretas y rápidas. 
Sobre todo es necesario que la Unión Europea no se limite a comunicar su solidaridad como hacemos ahora desde el Parlamento- y yo me alegro de que los colegas griegos también lo hayan hecho ahora mismo -, sino que cumplamos por fin nuestros compromisos, tal como se desprenden del Acuerdo de Unión Aduanera con Turquía. 
Nosotros- no el Parlamento Europeo, sino la Unión Europea- hemos mantenido bloqueados hasta ahora los pagos a Turquía, por un montante considerable. 
No hemos cumplido fielmente nuestros compromisos en este sentido y yo quisiera aprovechar la ocasión para pedir a la Comisión, además de la solidaridad con los afectados, que también levante por fin, junto con la Presidencia austriaca del Consejo, el bloqueo de los recursos financieros destinados a Turquía, con objeto de que sea posible ofrecer una ayuda concreta real. 
En este sentido también es necesario, obviamente, adoptar precauciones y yo puedo suscribir sin reservas las palabras de los dos colegas que han manifestado que se trata de una obligación. 
Señora Presidenta, Turquía está sobre una fisura sísmica que va de Este a Oeste y por eso allí son muy frecuentes los terremotos. 
No podemos evitar que se produzcan seísmos, pero evidentemente podemos paliar sus efectos construyendo casas técnicamente más estables y buscando medios para predecirlos. 
Este terremoto fue de gran intensidad, 6, 3 en la escala Richter. 
Además de las muertes enormemente lamentables, también se produjeron cuantiosos daños materiales, entre otras cosas, en la red eléctrica y en las cisternas de petróleo de la ciudad de Adana. 
En Turquía se producen seísmos. 
Por eso es incomprensible que el gobierno turco, a sólo 100 kilómetros de esta región, esté planificando la construcción de una planta de energía atómica, la primera en Turquía. 
Quiero preguntar al Comisario qué piensa hacer la Comisión para pedir a Turquía y decirle que el país no debe construir una central atómica en una región tan afectada por seísmos. 
Ya es suficientemente deplorable que se construyan centrales de energía nuclear, pero tenemos que impedir la catástrofe que puede ocurrir si se construye una precisamente en esta región. 
Incendios en Grecia 
Señora Presidenta, rogaría al señor Comisario que no se quedase en las palabras de solidaridad y apoyo ante las enormes catástrofes ocasionadas por los fuegos durante los dos últimos meses en Grecia y que manifieste el compromiso de que va a haber una ayuda directa para la reparación de los daños. 
El fuego ha arrasado decenas de miles de hectáreas de tierras de cultivo y un considerable número de instalaciones agrícolas y ganaderas; tanto viviendas como infraestructuras se han visto gravemente afectadas y también ha habido muertos y heridos. 
Le rogaría que declare que va a haber esa ayuda directa. 
También le rogaría que ejerciese de su influencia, hasta donde sea posible, para que el gobierno griego elabore de una vez el catastro forestal y que establezca una legislación más severa para la compraventa de terrenos y para la construcción, pues la actual es tan débil que las mafias de incendiarios, de acuerdo con los intereses comerciales de algunas empresas de construcción, se aprovechan para provocar fuegos en Grecia de forma casi impune. 
Con esta oportunidad, quisiera señalar también que hace falta una política preventiva y eficaz para la protección de los bosques por parte de la Comunidad. 
Falta una institución que coordine y faltan los recursos correspondientes para aprovechar los modernos medios de que dispone la ciencia y la tecnología para que Europa no se convierta en un desierto, porque hay que decir que no sólo se producen fuegos en Grecia. 
Señora Presidenta, Grecia tiene el triste privilegio en Europa de ser el país donde, cada año, el fuego arrasa mayor superficie de terreno. 
Pero Grecia no tiene el monopolio de esos catastróficos incendios. 
La mayoría de las regiones de los países del sur de Europa, dadas sus condiciones geofísicas y climáticas, sufren también esa clase de fuegos. 
En estos momentos, mientras estamos hablando, en el Peloponeso, en el sur de Grecia, se están produciendo nuevos incendios. 
Creo que el Parlamento Europeo quiere expresar su apoyo y su solidaridad a mis compatriotas. 
Se han producido víctimas, pues se han perdido vidas humanas en todos los fuegos ocurridos en Grecia en los últimos días. 
Creo que la Comisión Europea deberá conceder una ayuda económica y técnica a esas regiones devastadas. 
Por mi parte desearía subrayar que la Unión Europea deberá ocuparse de este asunto de forma sistemática y en cooperación con todas las autoridades nacionales para que se tomen las iniciativas correspondientes para poder desarrollar un sistema de prevención y para poder afrontar los daños. 
Para terminar, quisiera subrayar que se debería solicitar de manera firme la prohibición total de urbanizar las zonas afectadas por el fuego, es decir, que se debería animar a la recuperación y la reforestación de esas zonas. 
Señora Presidenta, de parte de mis colegas del PASOK del Grupo Socialista Europeo, quiero manifestar que estamos totalmente de acuerdo con la resolución presentada. 
Señora Presidenta, cada año, tanto en Grecia como en otros países mediterráneos de la Comunidad, se queman enormes extensiones de bosque. 
No cabe la menor duda de que algunos de esos fuegos se deben a actuaciones criminales que tienen como objetivo obtener algún beneficio económico, pero la mayor parte de ellos son debidos a las particulares condiciones climatológicas. 
También es un hecho que la inexistencia de estructuras administrativas adecuadas y la débil coordinación para la lucha contra dichos fuegos agravan su poder destructivo. 
Además, el frágil sistema de prevención y de correcto control es debido a la demora en confeccionar un catastro forestal nacional y también a la inexistencia de planes de acción nacionales dentro del marco del Reglamento 308/97 de la Comunidad relativo a la protección contra el fuego en los bosques comunitarios. 
Señor Comisario, quisiera pedirle que nos informe, primero, si el gobierno griego le ha presentado algún plan de acción a lo largo de 1997 y qué cantidades han sido destinadas a ese fin en el presupuesto comunitario y, en segundo lugar, qué es lo que ha ocurrido con la confección del catastro nacional financiado por el segundo marco comunitario de apoyo para el que el gobierno griego había solicitado recortes y la transferencia de dinero a otras obras. 
Ya desde el año pasado, debido al gran incendio que se produjo en Salónica, yo había solicitado que se adoptase una estrategia de prevención global y que se constituyera el Centro Europeo de Protección Contra el Fuego para el estudio riguroso y la prevención de catástrofes en regiones de gran biodiversidad y para el que la Unión Europea había firmado un convenio especial. 
Por consiguiente, es preciso que protejamos de manera eficaz esos bosques y esas valiosas regiones. 
Señora Presidenta, no voy a describir las catástrofes que hoy nos ocupan pues los colegas que me han precedido ya lo han hecho muy bien, sólo quisiera añadir dos palabras. 
Primero, que hay una cuestión sin resolver en el Parlamento acerca de las catástrofes. 
Nosotros mismos habíamos suprimido la línea correspondiente en el presupuesto, entonces ¿qué es lo que podemos hacer? 
En cuanto al tema de los fuegos en Grecia estoy de acuerdo con mis colegas en preguntar a la Comisión si tiene la intención de ejercer las presiones que está obligada a realizar sobre el gobierno griego acerca del asunto del famoso catastro que sin que exista todavía ya permite que Grecia se queme todos los años y que los trasgresores se aprovechen de las extensiones afectadas por el fuego. 
También quisiera señalar que nos encontramos ante un problema y que es necesario encontrar un modo para la concesión de una ayuda, dado que el considerable alcance de estas catástrofes. Nosotros tenemos la obligación de encontrar ese modo y de no suprimir las líneas del presupuesto cuando las vamos a necesitar. 
Señora Presidenta, quizás no haya muchas posibilidades de disponer de una ayuda material. 
A pesar de ello, la Comisión, en el marco de sus competencias y responsabilidades, tiene que jugar un papel muy importante en la prevención de los fuegos a largo plazo. 
Más allá de los caprichos de la naturaleza, señora Presidenta, los fuegos se ven provocados o favorecidos por la falta del catastro, porque, mientras no exista, siempre hay la esperanza de apropiarse de las extensiones quemadas, y también por aquellas construcciones y urbanizaciones ilegales que, al carecer de infraestructuras o accesos adecuados, se convierten en obstáculos para la extinción. Finalmente, quisiera indicar a la Comisión que los vertederos ilegales e incontrolados que carecen de vigilancia y de infraestructuras fundamentales son otro importante foco de fuegos. 
La Comisión puede ayudar y mucho: en primer lugar, puede presionar para que se acelere el proceso de la elaboración del catastro que ella misma financia. 
También puede negarse a conceder aquellas financiaciones que de forma directa o indirecta sirvan de sostén a las construcciones ilegales. 
Y, por supuesto, puede presionar mucho más a las autoridades, particularmente a las locales y regionales, para que construyan vertederos adecuados y protegidos. 
Puede utilizar para ello la amenaza de recurrir al Tribunal o la interrupción de otras financiaciones. 
Así es como la Comisión contribuiría a reducir los riesgos de incendio en Grecia. 
Señora Presidenta, comenzando por la situación en las Azores y en Grecia, permítame decir que, evidentemente, la Comisión se solidariza con las víctimas de los incendios en Grecia y del terremoto en las Azores. 
En primer lugar, quiero dar nuestro más sincero pésame a los familiares de las personas que han perdido la vida. 
No podré responder a todas las preguntas que se han formulado. No obstante, les ofreceré la información de que dispongo. 
En lo relativo a la ayuda a las víctimas de estas catástrofes, el presupuesto comunitario para 1998 no contiene asignaciones para ayuda de emergencia dentro de la Comunidad Europea, pero las zonas afectadas por estas calamidades son beneficiarias de las ayudas de los Fondos estructurales de Objetivo 1. 
Dentro del marco de las asignaciones disponibles, las autoridades públicas pueden reorientar sus gastos para tener en cuenta las nuevas necesidades. 
En lo que respecta más especialmente al terremoto en las Azores, la Comisión ha iniciado contactos con las autoridades regionales y nacionales para examinar las posibilidades, dentro del marco de ayuda comunitaria a Portugal, de financiar los trabajos de reconstrucción que deberán realizarse a raíz del terremoto. 
La Comisión ha sido informada de que posiblemente las autoridades regionales afectadas presenten una petición oficial al Comité Supervisor del marco de ayuda comunitaria, que se reúne hoy en Lisboa. 
Si es así, la Comisión, naturalmente, estudiará dicha petición con un talante abierto. 
Con respecto a Grecia, existen programas operativos que podrían cofinanciar la restauración del medio ambiente y el patrimonio forestal con cargo a los Fondos estructurales. 
Asimismo, el programa específico para la prevención de incendios forestales también puede contribuir a mejorar los sistemas de prevención, y cabe observar que las asignaciones en virtud de dicho programa han sido reducidas de los 23 millones de ecus en 1997 a 17 millones de ecus en 1998. 
Permitánme destacar, para terminar, que la Comisión está dispuesta a examinar con carácter de urgencia cualquier solicitud concreta que presenten las autoridades competentes de ambos países. No dispongo de más información de la que he dado respecto a si dichas solicitudes se presentarán o no. 
Puedo confirmar también que la Comisión adoptará todas las decisiones formales necesarias relativas a posibles enmiendas de los actuales programas para permitirnos hacer lo que he descrito. 
Con respecto a Turquía, como se ha dicho, el 27 de junio se produjo un grave terremoto que causó la muerte y heridas a muchas personas. 
Una vez más, quisiera expresar nuestra simpatía y dar nuestro sincero pésame a las familias y a las personas afectadas en este trágico suceso. 
Las últimas noticias de la Federación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja dicen que hay aproximadamente 300.000 personas viviendo en tiendas de campaña, pero la evaluación de los daños continúa. 
La Media Luna Roja turca, Kizie Ay, proporcionó inmediatamente ayuda de urgencia en la forma de tiendas, mantas, alimentos y cocinas portátiles, y también se suministraron más de 1000 unidades de sangre. 
La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja emitieron una petición de fondos para poder comprar artículos de ayuda de emergencia. 
Una misión de evaluación de la ONU realizada los días 1 y 2 de julio informó que el gobierno y las autoridades locales tenían la situación bajo control y no necesitaban ni solicitaban ayuda internacional. 
La situación no ha cambiando desde entonces. 
OCHA, la oficina de las Naciones Unidas para la coordinación de los asuntos humanitarios, emitió informes regulares sobre la situación y ha actuado como canal de distribución. 
Todas las contribuciones recibidas estaban destinadas a ser utilizadas en coordinación con las organizaciones competentes de la ONU. 
ECHO ha tomado la decisión de liberar 500.000 ecus en respuesta a la petición de la Federación Internacional de la Cruz Roja para la adquisición de artículos de primera necesidad, como mantas, tiendas, cocinas portátiles y generadores eléctricos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0763/98 de los Sres. Colajanni y Augias, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre la restitución de bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto; -B4-0775/98 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la restitución de bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto; -B4-0780/98 de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la restitución de bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto; -B4-0781/98 de la Sra. Muscardini y otros, en nombre de los diputados no inscritos, sobre la restitución de bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto; -B4-0783/98 del Sr. Dimitrakopoulos y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la restitución de bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto. 
Señora Presidenta, estamos absoluta y explícitamente a favor de la resolución y de la aceptación de todas las peticiones que hay en ella y pedimos que la Comisión cumpla con su deber de forma responsable pues sería inaceptable que haga el papel de Poncio Pilatos en esos temas. 
Con esta ocasión quisiera decir que también hubo holocaustos en otros países, incluido el mío, aunque no han tenido la extensión y las consecuencias del holocausto del que estamos ahora debatiendo. 
Hasta hoy, las autoridades alemanas se niegan a pagar la indemnización- y se trata de daños de miles de millones de dólares- e incluso se niegan a devolver el crédito contractual que firmaron para devolver cuando terminase la guerra, cualquiera que fuese su desenlace. 
Encuentran diversas excusas y ninguna es válida, especialmente después de la reunificación de los dos estados alemanes. 
Rogaría al señor Comisario que hablase acerca de las consecuencias del holocausto de la población europea y también sobre la inaceptable postura de un país, miembro de la Comunidad, que aparenta ser el gigante de la riqueza y del poder. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, a la vista de la sensibilidad del tema que estamos tratando sería una decisión prudente, a mi parecer, que el texto de la resolución deje abierta a la decisión del Consejo y de la Comisión la elección de las vías para presionar a las instituciones y los Gobiernos implicados para que los bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto sean devueltos a sus derechohabientes. 
Sin embargo, precisamente por este hecho, porque en este caso era necesario dejar abierta esta decisión, yo quisiera resaltar explícitamente lo que ya ha manifestado el colega De Giovanni. 
Nos encontramos ante una necesidad moral y jurídica de actuar. 
La necesidad moral procede del hecho de que el holocausto constituye el paradigma de la abolición de la dignidad humana y de los derechos humanos. 
¡Debe mantenerse la condena contra dicha abolición! Y es preciso actuar en consecuencia. 
La obligación legal procede del hecho de que en todos los ordenamientos jurídicos están previstas normas que establecen cómo puede hacerse efectiva una indemnización a los damnificados o la devolución de lo robado. 
Yo quiero acabar, no obstante, recordando la necesidad histórica de una acción por parte de la Unión Europea. 
Yo confío en que Auschwitz pase a formar parte del territorio de la Unión en la próxima legislatura como resultado de la ampliación. 
Por esto es necesario que la Unión Europea deje claro ya desde ahora lo que ese lugar significa para ella. 
Señora Presidenta, transcurridos 50 años desde la tragedia más grave de este siglo, no se ha tratado con justicia a las víctimas, y sus pertenencias y bienes no han sido devueltos a sus herederos. 
Ahora se conoce el papel real que desempeñaron los bancos suizos en todo esto y, es, por tanto, el momento adecuado para que con razón este Parlamento haga un llamamiento a Suiza a fin de que se trate con justicia a las víctimas del holocausto. 
Mi grupo no tiene nada más que añadir sobre esta cuestión y respalda todo lo anterior. 
Señor Presidente, creo que en esta sala estamos todos de acuerdo en que tan condenable es el holocausto como las actuaciones e inhibiciones que han provocado sus consecuencias. 
Está claro que se debe afrontar de la manera más justa posible el asunto de los bienes de las víctimas del holocausto. 
Es algo que debe añadirse al esfuerzo por impartir justicia a favor de las víctimas de ese hecho terrible del pasado. 
Suiza, que es el primer país implicado en el asunto de los bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto ha procedido, tras la presión de la comunidad internacional, a iniciar algunas regulaciones. 
No hay duda de que son necesarias más actuaciones para que al menos, en lo que concierne a ese país, se tenga un resultado sustancial. 
Pero las mismas actuaciones deben hacerse también con otros países que están implicados en ese asunto. 
Quiero creer que la presente resolución del Parlamento Europeo supone un gran impulso en esa dirección. 
Señor Presidente, hoy, cuando han transcurrido 53 años de la derrota militar del régimen nazi, es vergonzoso que aún deban hacerse llamamientos a los gobiernos y a los bancos para que los bienes robados a la población judía durante el Holocausto sean devueltos a los supervivientes y a sus herederos. 
Evidentemente, los supervivientes vivos son en su mayoría personas de edad avanzada, y muchos tienen una salud delicada o viven el resto de sus días en la pobreza. 
A los parientes herederos de las víctimas asesinadas se les ha negado la compensación por la absurda razón de que los bárbaros nazi no emitieron certificados de defunción ni los enviaron a los judíos que consiguieron librarse de las cámaras de gas y los fosos de la muerte que los nazis habían previsto como destino de toda la población judía. 
En los casos en que existe la certeza de que no quedan herederos vivos, los bienes robados a las víctimas del Holocausto deben destinarse a financiar la ayuda material para los numerosos supervivientes que ahora son ancianos y viven en la pobreza, y que originalmente provenían de un medio pobre. 
Apoyo plenamente la resolución del Parlamento Europeo que exige la restitución de los bienes robados, y confío en que la Comisión y el Consejo no escatimen esfuerzos en este sentido. 
No obstante, nunca podrá compensarse el Holocausto, el asesinato de 6 millones de niños, mujeres y hombres judíos en Europa. 
Debemos preservar la memoria de los 6 millones de mártires judíos, de sus vidas y emociones, de su cultura y su potencial. 
Y es muy importante que las viles ideas, los medios de comunicación y las acciones racistas y antisemitas de los fascistas y neonazis de nuevo cuño que existen en Europa sean combatidos y eliminados por los medios que sean necesarios. 
Señor Presidente, tras la intervención de otros oradores, el Sr. Newman ha dicho todo lo que había que decir, y el Grupo Liberal, en cuanto al fondo, comparte evidentemente, el sentir y las posiciones que acaban de expresarse. 
Sin embargo, nosotros no somos signatarios del texto común porque pensamos que la redacción del punto 1 es muy desacertada y podría alterar el objetivo esencial de este texto y convertirlo en una mediocre cuestión de lobbing. 
Por eso, utilizando las propias palabras del Sr. Newman, desearía presentar ahora, y lo reiteraré dentro de un momento, una enmienda oral para sustituir "ejerzan todas las presiones posibles sobre los gobiernos interesados» por los términos" hagan todo lo posible según sus competencias respectivas». 
El alcance del texto no resultará alterado, y ya no podría ser utilizado de manera mezquina y nauseabunda. 
Deseo que esta enmienda oral, que reiteraré si es necesario, pueda ser aceptada por todos nuestros colegas. 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, me muestro totalmente de acuerdo con los planteamientos que ha expuesto el Sr. Newman. 
Desde mi punto de vista, nos ha recordado que, hoy por hoy, debemos seguir luchando contra el fascismo. 
Esta resolución trata precisamente sobre los judíos, el colectivo que más sufrió las atrocidades del poder nazi. 
Desearía recordar que, además de los judíos, otros muchos grupos fueron víctimas de esta barbarie y opresión. 
Desearía hacer mención en especial de los gitanos y de los homosexuales. 
También es necesario devolver el honor a estos colectivos. 
En los últimos tiempos se han venido creando fundaciones en Suiza y Alemania para permitir a los judíos, los gitanos y las minorías sexuales obtener compensaciones. 
Desgraciadamente, estas compensaciones son prácticamente simbólicas, pero son una muestra de que también en nuestros días se respeta el derecho al honor. 
Espero que, además de a los judíos, la Comisión y el Consejo tengan en cuenta también a los gitanos y a los homosexuales a la hora de restituir sus bienes. 
Señor Presidente, Señorías, Alianza Nacional apoya la resolución común del Parlamento Europeo sobre la restitución de los bienes de las víctimas del holocausto y muestra su satisfacción por la inclusión en el debate en el Pleno de su propuesta de resolución originaria, cuyos primeros firmantes son los Sres. Muscardini y Patsy, así como el presidente de Alianza Nacional, Sr. Gianfranco Fini. 
La delegación de Alianza Nacional está especialmente satisfecha por este pronunciamiento de nuestra Asamblea, ya que representa la culminación del proceso parlamentario incoado precisamente a través de sus dos iniciativas políticas relativas a este asunto: la declaración escrita de 14 de enero de 1998 y la siguiente propuesta de resolución de 20 de mayo de 1998. 
En ambas iniciativas se pedía las restitución de los bienes pertenecientes a las víctimas del holocausto. 
Es evidente, por lo tanto, que los contenidos y las solicitudes de la resolución común que estamos a punto de votar, merecen nuestro acuerdo. 
El terrible crimen perpetrado por los criminales nazis contra los que profesaban la religión judía, la infamia con la que se mancharon los aliados de los nazis en los distintos países europeos colaborando en la persecución, la delación y el rastreo y, por último y no por ser menos importante, en la trágica legislación racial promulgada por el régimen fascista en el poder en Italia, no pueden sino convertir en más injustificable la innoble burla de la requisa de los bienes y de la ocultación de los capitales pertenecientes a las víctimas de esta horrenda persecución. 
Una ocultación que nosotros consideramos una apropiación indebida propiamente dicha y un robo, porque es evidente que las entidades de crédito y financieras afectadas no podían y no pueden desconocer la identidad de los titulares de las cuentas. 
En consecuencia, Alianza Nacional propone que los bienes y los capitales pertenecientes a las víctimas del holocausto, también por la imposibilidad de hallar a los titulares y a los herederos de los titulares de dichos bienes, sean depositados en un fondo único gestionado por el Congreso judío mundial o por cualesquiera otras asociaciones o organizaciones que éste último indique y oficialice para los fines que se consideren más oportunos. 
Señor Presidente, no creo que sea necesario decir lo mucho que respeto los sentimientos y las opiniones que han manifestado en este debate tantos diputados representantes de todas las tendencias de esta Asamblea. 
A título personal, no sólo respeto esos sentimiento y opiniones, sino que además no tengo el menor inconveniente en afirmar que comparto la mayoría de los sentimientos expresados. 
Por otro lado, debo declarar la posición de la Comisión y, a pesar de que no creo que ninguno de mis colegas pudiera no estar de acuerdo con la opinión que acabo de exponer, es un hecho que el asunto del oro nazi no se incluye entre las competencias de la Comisión. 
Lo único que puede hacer la Comisión en sus contactos con los suizos es manifestar la opinión de que, a mi modo de ver, a los suizos les conviene hacer todo lo posible por solucionar este asunto de una manera satisfactoria e, incluso, de una manera que satisfaga a los que han intervenido en esta Asamblea. 
A pesar de que la Comisión no tiene competencia en este asunto, a título personal, puedo afirmar que acojo con satisfacción la celebración de este debate en la Asamblea y que se hayan manifestado las opiniones que se han manifestado. 
No dudo de que entre el sinfín de actividades por parte de individuos y organizaciones, representativas y no representativas, las opiniones firmes y universales manifestadas por los miembros de esta Asamblea no caerán en saco roto, y espero que surtan el efecto que desearían aquellos que las han manifestado. 
Se procede a continuación al turno de votaciones. 
Señor Nordmann, ya he apuntado su solicitud de enmienda oral. 
Lo comunicaré yo mismo durante su intervención. 
Antes de pasar a la votación, les comunico que he recibido dos enmiendas orales. 
Una de ellas ha sido presentada por el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y su objeto es sustituir los primeros términos del apartado 1 «Pide al Consejo y a la Comisión de la Unión Europea, en el respeto de la memoria» , por los siguientes términos «invita a los Estados miembros a que hagan todo lo posible para respetar la memoria... ». 
Lo que sigue permanece inalterado. 
Señor Presidente, no pedimos que se suprima la petición al Consejo y a la Comisión, sino que nosotros añadimos "y a los Estados miembros» y pedimos que se sustituyan los términos" ejerzan todas las presiones posibles sobre los gobiernos interesados» por " hagan todo lo posible según sus competencias respectivas» , términos que la intervención del Sr. Bittan ha justificado- si era necesario- y que yo recojo de la propia intervención del Sr. Newman. 
Señor Nordmann, seguramente, ha habido una confusión entre la solicitud del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y el texto que se me ha presentado, ya que durante su intervención esta formulación quedó muy clara. 
De todos modos, ahora sus Señorías podrán juzgar. 
Por mi parte, sin embargo, tengo que dirigirme al Pleno para comprobar si hay alguna objeción a la solicitud de enmienda oral. 
Señor Presidente, creemos que el texto actual es mejor que la enmienda oral propuesta y, por tanto, ponemos objeciones a la votación de la enmienda oral. 
Señoría, como usted sabe, el Reglamento prevé que las enmiendas orales no podrán someterse a votación si se opusieren al menos 12 diputados. 
Señoría, desgraciadamente, su declaración no me basta. 
Ruego a sus Señorías que se levanten. 
(Se levantan 12 diputados) El Sr. Dimitrakopoulos solicita que en el apartado 2 se sustituyan los términos «Congreso judío mundial» por los términos «Gobierno de Israel, a la Knesset, así como a las organizaciones que representan al pueblo judío en el mundo». 
(El Parlamento aprueba la resolución) El turno de votaciones sobre los problemas de actualidad y urgencia queda cerrado. 
Votaciones 
Señor Presidente, desearía hacer una observación sobre la votación anterior. 
Debo decir que me ha impresionado la forma en que la enmienda oral ha sido descartada de la votación, debido a que la razón esgrimida no era satisfactoria. 
El objeto legítimo del procedimiento de rechazo de la enmienda oral es proteger a los diputados contra los peligros de una mala comprensión de una enmienda. 
Ahora bien, lo que aquí se nos ha dicho es que se rechazaba someterla a votación porque, entre dos versiones, se prefería la otra. 
Era la Asamblea la que debía decidirlo. 
Usted no tenía otra elección posible, señor Presidente. 
Ha actuado muy bien, pero creo que se ha conculcado el procedimiento por parte de nuestros colegas, ya que de este modo doce personas han impuesto el texto de la minoría a una Asamblea que mayoritariamente era partidaria de otro texto. 
Señor Bourlanges, el tema es muy delicado y afecta a la sensibilidad de todos nosotros y por eso le he permitido hacer este comentario. 
Podríamos considerarlo como una especie de explicación de voto. 
Por supuesto que se puede comentar el motivo de la Sra. Aelvoet, sin embargo, he tenido que ceñirme al Reglamento y, en consecuencia, obviamente, no he puesto en evidencia el motivo de la Sra. Aelvoet, lo único que he visto es que los diputados que se han levantado han sido 12. 
El derecho de petición es uno de los más antiguos de que disponen los simples particulares. 
Por lo tanto, es absolutamente normal que los ciudadanos de la Unión Europea dispongan igualmente de la posibilidad de utilizar este recurso, legislado a partir de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. 
No obstante, es indispensable que los peticionarios- generalmente motivados por el hecho de considerar que la autoridad pública les ha perjudicado actuando en contra de sus legítimos derechos- no tengan, además, la impresión de que el Parlamento Europeo, institución a la que se han dirigido, no se preocupa por examinar con esmero y celeridad su solicitud. 
Es importante, por lo tanto, que la Comisión de Peticiones disponga de los medios necesarios, tanto materiales como en personal, para tratar con eficacia y diligencia las numerosas solicitudes que desde ahora se le someten cada año. 
Por otro lado, es lamentable que, contrariamente a la actitud de la Comisión, que parece colaborar de buen grado con los trabajos de la Comisión de Peticiones, el Consejo demuestre una voluntad aparentemente mucho menos firme. 
El Parlamento tiene el derecho de contar con que también los funcionarios del Consejo participen en los trabajos de la Comisión de Peticiones. 
La actitud del Consejo y la escasez de medios son lamentables en la medida en que el examen detenido de las peticiones constituye, además, un excelente medio para que las instituciones evalúen el nivel de aplicación y de respeto efectivos del Derecho comunitario en los diferentes Estados miembros. 
Al votar a favor de la resolución que se nos somete, insisto, por lo tanto, muy particularmente en la necesidad que tienen todos los ciudadanos europeos de que las instituciones colaboren estrechamente, incluso en el marco de la Comisión de Peticiones. 
Informe Newman 
Junto con la Comisión de Peticiones, el Defensor del Pueblo Europeo es el otro pilar del derecho de petición, gracias al cual los ciudadanos y los residentes europeos tienen la posibilidad de participar personal y directamente en la construcción de una Unión respetuosa de sus propios principios y de sus propias leyes. 
Al igual que el ponente, podemos ciertamente congratularnos de que el Defensor del Pueblo, siguiendo la recomendación del Parlamento Europeo, haya definido lo que debe entenderse por " mala administración». 
También hay que señalar con idéntica satisfacción la acogida favorable por parte del Defensor del Pueblo de nuestra propuesta de redactar un conjunto común de normas administrativas generales, aplicables a todas las instituciones y a todos los órganos de la Unión Europea, en forma de código de buena conducta administrativa. 
El mismo deberá establecer, evidentemente, las sanciones aplicables en caso de que se demuestre la existencia de una transgresión. 
En resumidas cuentas, este balance muy positivo no puede, sin embargo, ocultar el hecho de que sólo el 3 % de las 1.412 reclamaciones por mala administración tramitadas durante el año pasado tuvo como resultado una observación crítica, un arreglo o una solución amistosa. 
En este punto, no puedo dejar de compartir el escepticismo que demuestra el ponente en cuanto a la imagen de la realidad que resulta de estas cifras. 
La finalidad del estudio cuidadoso de las reclamaciones dirigidas al Defensor del Pueblo es también la de contribuir a una mejora del funcionamiento de las instituciones y de los órganos comunitarios y a su credibilidad. 
Dentro de este espíritu, resulta necesario ampliar y reforzar la cooperación entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones. 
También es deseable que la Comisión disponga de medios de control suficientes para verificar la correcta aplicación de la legislación comunitaria en cada Estado miembro. 
En un Estado de derecho que se respete, el hecho de recurrir al Defensor del Pueblo no puede ser un medio complementario para asegurarse de la correcta actuación de las instituciones. 
En ningún caso puede ser el medio principal. 
Con este espíritu doy mi apoyo a la resolución que se nos propone. 
Señor Presidente, me complace apoyar este informe que trata sobre un nuevo e importante componente de las instituciones de la UE, la oficina del Defensor del Pueblo. 
El Defensor del Pueblo viene a llenar el vacío que existía en nuestro funcionamiento, al permitir a los miembros de la sociedad presentar una reclamación cuando son víctima de una mala administración por parte de las instituciones comunitarias. 
Es una buena noticia que, en más de la mitad de los casos concluidos el pasado año, se haya determinado que no hubo mala administración. 
No obstante, el Defensor del Pueblo ha desempeñado un papel de gran utilidad para la sociedad con su petición a la Comisión de que mejore los derechos de las personas en la preparación de los casos judiciales resultantes de reclamaciones, lo que la Comisión ha hecho ahora. 
Había que perdonar a las personas por pensar que eran el David que se enfrentaba al Goliat de Bruselas cuando se quejaban sobre la Comisión Europea- pero ahora todos deben saber que, si su queja tiene fundamento, David contará con un fuerte aliado en el Defensor del Pueblo, que se enfrentará junto con ellos a Goliat. 
Informe Thors 
Los firmantes de esta explicación de voto se suman totalmente a las iniciativas adoptadas por el Defensor del Pueblo Europeo relativas al acceso del público a los documentos y con ello, también al informe de la Sra. Thors. 
Es hora de que la Unión Europea comience a actuar dejando a un lado las bellas palabras y las numerosas declaraciones de intenciones sobre apertura, las cuales sirven también de apoyo al tratado. 
La apertura y transparencia son requisitos decisivos para un sistema democrático, así quienes toman decisiones pueden ser obligados a responder de las decisiones que adopten. 
Puede hacerse mucho por aumentar la apertura en la UE, y esto es también la base de la investigación del Defensor del Pueblo Europeo. 
Para hacer más sencilla a los ciudadanos la labor de solicitar acceder a los documentos y facilitar la tramitación de causas relativas al acceso del público a los documentos, las instituciones y organismos comunitarios deben disponer en este campo de similares disposiciones administrativas generales, claras y asequibles. 
La investigación y las recomendaciones del Defensor del Pueblo a las instituciones y organismos comunitarios sobre una mayor apertura son pasos en la dirección correcta. 
Esperamos que las instituciones comunitarias quieran seguir el camino marcado por la investigación y las recomendaciones y trabajar en favor de la introducción de mejores normas sobre el acceso del público a los documentos. 
El derecho al acceso del público a los documentos debe, en nuestra opinión, ser la norma en la Unión Europea y no la excepción. 
El primer informe especial del Defensor del Pueblo al Parlamento es ya de por sí una prueba consistente de la gran importancia que reviste la institución del Defensor del Pueblo Europeo. 
En la construcción de la sociedad de los ciudadanos europeos y en el desarrollo de una Unión cercana a sus ciudadanos se necesita un elemento jurídico que defienda al ciudadano normal, al ciudadano de a pie, ante las acometidas de la maquinaria burocrática. 
El Defensor del Pueblo es una institución y una figura absolutamente fundamental para lograr los objetivos del Parlamento. 
El tema del primer informe especial del Defensor del Pueblo, la aplicación práctica del principio del acceso público, reviste una importancia inconmensurable para lograr un acercamiento hacia los ciudadanos. 
Este estudio, elaborado por propia iniciativa del Defensor del Pueblo, ha promovido ya de por sí el acceso del público a los documentos. Así pues, ya se ha comenzado a aplicar las disposiciones anteriores de un modo completamente distinto. 
Los ciudadanos tienen derecho a obtener información, consejos e instrucciones en todas las cuestiones relacionadas con las actividades de los órganos y las instituciones de la Unión. 
Por lo que respecta específicamente al acceso del público a los documentos, hay que ir más lejos que las disposiciones internas de las instituciones. 
Se deben recoger en la legislación comunitaria unas disposiciones comunes en materia de publicidad y transparencia que refuercen, también en el plano práctico, el compromiso con unas actividades acordes con estos principios. 
Compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0240/98) del Sr. González Triviño, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (98) 0041- C4-0106/98-98/0022 (SYN) ) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 295/91, por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo regular. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el asunto que vamos a debatir es de gran importancia para los ciudadanos europeos. 
Gracias a la política de liberalización del transporte aéreo en los últimos años, hemos experimentado, al mismo tiempo, una considerable reducción de los costes de muchos vuelos y un notable aumento del número de pasajeros. 
Pero, al mismo tiempo, se han producido consecuencias menos deseables, como es el crecimiento de las ocasiones en que algunos pasajeros, con billete válido, no pueden embarcar por haberse producido una venta de billetes superior a la de los asientos disponibles. 
Este fenómeno, conocido ya por su nombre en inglés de overbooking, supone un serio trastorno para aquellos que lo sufren. 
La Comisión Europea ha tomado la decisión de revisar la legislación actualmente en vigor, que data del año 1991, con el doble propósito de garantizar que los ciudadanos conozcan con precisión sus derechos y adecuar la compensación al daño material y al trastorno que supone ser víctima del overbooking. 
El proyecto que se trae a la consideración de este Pleno es el resultado de amplias consultas evacuadas con todas las partes interesadas del sector: usuarios, consumidores, sindicatos, empresas de aerolíneas, etc. 
La presente propuesta tiene como finalidades principales las siguientes: poner fin a la distinción entre vuelos regulares y no regulares, que ha quedado obsoleta por la liberalización del transporte aéreo y el nacimiento de nuevas compañías; garantizar que los pasajeros reciban la información adecuada respecto a sus derechos en el caso de que se les deniegue el embarque aun estando en posesión de un billete válido; ajustar las compensaciones monetarias con arreglo a la situación económica actual; y evitar que los pasajeros cuyos vuelos son anulados por razones comerciales queden indefensos y no reciban compensación alguna. 
Proponemos, de acuerdo con la Comisión, que las normas sobre el derecho de compensación por overbooking se redacten en lenguaje claro e inteligible y se distribuyan por la Comisión a las principales organizaciones de consumidores de la Unión Europea. 
Igualmente, es nuestro deseo que los derechos de los pasajeros sean expuestos al público en los mostradores de embarque en inglés y en la lengua o lenguas locales con letras de un tamaño mínimo de 1 centímetro. 
Otro aspecto a destacar es que los billetes recibidos por los pasajeros como compensación a su fidelidad a las compañías estén igualmente protegidos por este reglamento, aunque fueran emitidos de forma gratuita. 
Y como conclusión, quiero expresar mi opinión de que el conjunto de las enmiendas presentadas mejoran el texto de la Comisión. 
Todas las enmiendas son aceptables, pero me gustaría hacer una matización respecto de la enmienda nº 10, donde se pide que se introduzca el texto en cuestión en el billete. 
Eso tiene un inconveniente, en primer lugar debido a que la literatura de los billetes es consecuencia de una normativa universal y sería inviable o sería una excusa para las compañías y, en segundo lugar, porque ya hay muchas compañías que no emiten billetes, sino que notifican por fax el acuerdo del mismo. 
Y por lo tanto, yo sustituiría «el billete» por «con el billete». 
Ese sería un matiz que creo haría más factible poder llevar adelante esta actuación. 
Y en cuanto a la enmienda nº 23 de la Sra. Van Dijk, a la que quiero felicitar, diré que la acepto plenamente. 
Lo que hace ella, con su añadido, es clarificar y hacer que, en ese estudio anual que hará la Comisión, aparezcan las empresas de aerolíneas que más fallos tengan. 
Por lo tanto, le reitero mi felicitación. 
Quiero decir también que se mejora la información a los usuarios y se les garantizan sus derechos, y que el reglamento es de obligado cumplimiento por las empresas. 
Y me van a permitir que aproveche esta intervención para agradecer de verdad, como ciudadano europeo y como diputado, a la Sra. Van Dijk su dedicación y su trabajo en este Parlamento, y desearle que en las nuevas funciones que va a desempeñar tenga los mismos éxitos, porque tesón y esfuerzo va a seguir teniéndolos. 
Perdemos a una gran compañera, una gran trabajadora, y también a una gran mujer. 
Mucha suerte y muchas gracias por su contribución a la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Grupo Socialista va a apoyar el completo y buen informe del Sr. González Triviño que, después de debatirse en la Comisión de Transportes y Turismo, presenta unas enmiendas prudentes y enriquecedoras que mejoran los intereses de los consumidores. 
Quiero felicitar a la Comisión, porque su propuesta para modificar este Reglamento supone un nuevo avance en su política- lenta a veces pero firme- de protección del consumidor y, en este caso, de un sector muy importante y específico de los consumidores, como es el de los pasajeros de la aviación comercial. 
Todo se basa en una premisa en la que se cree o no se cree. 
Nosotros sí creemos en ella. 
Quien posea o gestione una compañía de aviación debe saber que no posee una empresa cualquiera- sea del sector público o privado -, un medio de producción con fines lucrativos exclusivamente, sino que se trata de una empresa suministradora de servicios de interés general, y que por ello tiene dos características que no tienen las demás. 
Por un lado, la protección de quien compra estos servicios de interés general es más importante, si cabe, que la de cualquier otro comprador de otros servicios menos necesarios. 
Y, en segundo lugar, el afán de lucro, la cuenta de resultados de la empresa, por legítimos que sean estos conceptos, no son el valor supremo sino que deben coexistir con un extraordinario grado de transparencia, de equidad y de seguridad comercial para el comprador. 
Pero debo mencionar un reparo de fondo, señor Presidente: en la propuesta de la Comisión y en el informe se proponen mejoras importantes a favor del comprador, pero no se cuestiona el overbooking. 
Han pasado suficientes años para reflexionar si es justo que continúe la cifra autorizada de sobrereserva de plazas. 
No cuestiono ahora el overbooking- que también habrá que revisarlo alguna vez- pero sí la cifra autorizada. 
Hay suficientes datos para hacer un trabajo estadístico con el objetivo de poder rebajar la cifra autorizada e incluso aproximarla a cero. 
Cuando fue autorizada esta cifra, la totalidad de los billetes tenía derecho de anulación, por lo tanto esta compensación era justa. 
Pero hoy una gran cantidad- más de la mitad de los pasajeros- viaja con billete que no tiene derecho a anulación, por lo cual el asunto se aproxima a cualquier otra transacción comercial. 
Pero en fin, bienvenida sea la reforma de este Reglamento, porque el overbooking aéreo constituye hoy, por su frecuencia y por los perjuicios que ocasiona, el principal incumplimiento del que es víctima el viajero, y este Parlamento, al aprobar un informe de propia iniciativa hace muy pocos meses, del que tuve el honor de encargarme, consideraba necesario mejorar la información a los pasajeros, la información sobre sus derechos, aumentar la cuantía de las compensaciones, extender el sistema a los vuelos chárter, regular el caso inverso al overbooking, es decir, el de las compañías que suprimen un vuelo a causa del escaso número de pasajeros, camuflando esa anulación con explicaciones ambiguas- cuando no falsas. 
En fin, casi todo ello se plantea en el Reglamento propuesto por la Comisión, y se mejora en el informe de González Triviño y de la Comisión de Transportes y Turismo, que mañana aprobaremos, y a ello contribuirán, desde luego, los votos del Grupo Socialista de esta Asamblea. 
Señor Presidente, apreciado señor Comisario, estimadas y estimados colegas, una vez más nos encontramos reunidos a una hora avanzada, tal como lamentablemente es de rigor. 
Yo creo que podemos estar muy satisfechos con las propuestas de la Comisión para la compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo. 
El Grupo del PPE apoya la mayor parte de las mejoras propuestas por la Comisión de Transportes y Turismo. 
Sobre todo, nos parece acertado que los pasajeros que no puedan embarcar a pesar de disponer de un billete válido y confirmado reciban una compensación más elevada a partir del año próximo- doy por sentado que la norma entrará en vigor el próximo año -, concretamente de 185 ecus en el caso de los vuelos de hasta 3.500 km y de 379 ecus en los vuelos de más de 3.500 km. 
También me parece acertado que se suprima la distinción entre los vuelos " chárter» y de línea, si bien ésta no desaparece del todo. 
En los vuelos " chárter» la norma sólo será aplicable cuando se trate de plazas reservadas, pero no cuando se haya contratado un paquete turístico. 
Para los viajeros que hayan contratado un paquete turístico se mantendrá, por lo tanto, la antigua norma y no se introducirá ninguna modificación. 
Sin embargo, es adecuado que cuando se venda un billete sencillo, por decirlo así, para un vuelo " chárter» , las consecuencias sean las mismas y se tenga que pagar una compensación. 
También me parece importante que informemos a los ciudadanos de sus derechos. 
Hay compañías aéreas muy buenas- que son la mayoría- que ofrecen motu proprio una compensación cuando han realizado un exceso de reservas. 
Sin embargo, al parecer también hay otras que en el caso de un exceso de reservas no comunican al pasajero que tiene derecho a una compensación. 
Por esto son adecuadas las nuevas normas que proponemos junto con la Comisión, o sea, que en los mostradores de embarque se exhiban los correspondientes carteles informativos. 
En este aspecto, los democratacristianos no coincidimos, sin embargo, con la propuesta aprobada en la comisión. 
En nuestra opinión, no debe determinarse mediante una norma comunitaria el tamaño de la letra de dichos carteles informativos. 
En primer lugar, existe el principio de subsidiariedad y, en segundo lugar, también existen algunas diferencias. 
Algunos países tienen una lengua, otros tienen varias, y establecer en una norma común para todos los países, desde Finlandia hasta Portugal, qué tamaño tienen que tener los carteles- con la indicación de los centímetros- me parece que es llevar las cosas demasiado lejos. 
El Parlamento debería abstenerse de regular este aspecto; en cualquier caso, mi Grupo anunciará mañana que no votaremos a favor de esta propuesta. 
También queremos añadir- y en este aspecto yo discrepo ligeramente de la opinión del Ponente- que es acertado que dicha información se imprima también en los billetes de vuelo. 
Sin duda, será necesario mantener negociaciones internacionales para aclarar algunos aspectos. 
El pasajero que haga una reserva por intermedio de su secretaria a través de una agencia de viajes y obtenga la confirmación de su reserva no precisará tampoco que se le informe sobre el sistema de compensación. 
Sin embargo, el ciudadano de a pie que reserva su billete tendría que tener la posibilidad de leer sus derechos en el mismo. 
También rechazamos la petición mayoritaria de la comisión de que la compensación se haga extensiva también a los vuelos con salida en terceros países. 
No podemos crear una normativa doble. 
Las compañías comunitarias tendrían que pagar compensaciones y sus competidoras americanas u otras no. 
Es preciso que esto se establezca a escala mundial, ya que sin duda no es posible que situemos a nuestras compañías aéreas europeas en una posición de desventaja frente a las americanas u otras. 
Yo creo que se ha alcanzado un compromiso justo entre los intereses de los pasajeros y los de las compañías aéreas y, en este sentido, todos deberíamos votar afirmativamente el informe en sus aspectos esenciales. 
Señor Presidente, numerosas asociaciones de usuarios y de consumidores se han hecho eco del descontento de algunos pasajeros, que han sido víctimas de las prácticas de exceso de reservas. 
A la vista del número total de pasajeros transportados en Europa, es evidente que este problema sólo afecta a un porcentaje reducido, pero eso no quita que estas prácticas tienden a convertirse en un hecho anodino y a ir más allá de lo razonable. 
Algunas compañías aéreas no dudan, por otra parte, en hacer de las mismas el eje esencial de su gestión comercial. 
En estas condiciones, es urgente revisar el reglamento comunitario sobre el sistema de compensación por denegación de embarque, con el fin de aumentar la protección y los derechos de los usuarios y de disuadir a las compañías de que utilicen tales métodos, evitando legalizar una práctica comercial condenable e inaceptable para los usuarios. 
Comparto las propuestas de enmiendas contenidas en el informe de nuestro colega González Triviño, que obligan a las compañías a atenerse a unas normas más estrictas mediante la mejora del sistema de compensación en beneficio de los usuarios y una información más completa y accesible. 
Los fenómenos de exceso de reserva se han acentuado por la desregulación aérea y la competencia encarnizada que practican las compañías. 
La multiplicación del número de vuelos y la carrera para llenar los aviones han conducido a un abuso de estas prácticas. 
Ello refuerza la necesidad de realizar un balance de todas las consecuencias sociales y económicas de la liberalización del transporte aéreo y de sacar conclusiones, sobre todo para introducir nuevos criterios y cometidos en las prestaciones del servicio público en el ámbito del transporte aéreo, basados en una mayor participación de los usuarios gracias al establecimiento de nuevos derechos de control y de intervención. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando al Sr. González Triviño por su informe. 
Es un buen informe y quiero agradecerle de todo corazón las palabras amistosas que me ha dedicado, puesto que éste es, efectivamente, el último debate en que participo en este Parlamento. 
Es verdad que he presentado una enmienda en nombre de mi grupo a fin de aclarar el contenido, especialmente en lo relativo a las organizaciones de consumidores, ¿qué compañías aéreas son las que más deniegan el embarque de los pasajeros en el caso de un vuelo con exceso de reserva y, por tanto, son culpables por dejar pasajeros en tierra? 
Si se revelan esos datos, entonces, aunque una compañía aérea no lo considere apropiado, quizá sea extraordinariamente efectivo mostrar al público que sería mejor utilizar otra compañía en la que la denegación de embarque de los pasajeros en el caso de un vuelo con exceso de reserva no sea el pan nuestro de cada día. 
No puede ser, por supuesto, que los pasajeros que tienen hecha una reserva terminen quedándose en tierra 
Quiero hacer otra observación. 
Creo que es positivo que esta propuesta de la Comisión se haya presentado y estoy de acuerdo con las enmiendas del Sr. González Triviño. 
No obstante, me gustaría que también se contemplara la protección de los consumidores en las otras modalidades de transporte. 
Si uno viaja en tren por Europa, resulta que existen condiciones de viaje que realmente son del siglo pasado y están totalmente anticuadas. 
Nunca he visto una propuesta de la Comisión con el objeto de proteger a los consumidores que viajan en tren. 
Creo que ésta realmente sería muy positiva porque se trata de proteger no sólo a las personas que viajan en avión, también debemos mimar a los viajeros que eligen un medio de transporte más ecológico. 
Me parece una idea extraordinariamente buena y quisiera pedir al Comisario que reflexionara sobre ella. 
Le doy las gracias, señora van Dijk, y lo hago de forma muy especial, puesto que ésta es la última vez que va a intervenir en este Pleno. 
Le agradezco la contribución que nos ha prestado y, en particular, la manera en que ha presidido la Comisión de Derechos de la Mujer que ha sido apreciada por todos. 
Señor Presidente, por cada diez mil pasajeros que se presentan con un billete válido en los aeropuertos de la Unión Europea, según el ponente, de tres a doce personas no son aceptadas en el avión. 
Esta negativa es, por tanto, porcentualmente baja. 
No obstante, vista la enorme cantidad de vuelos, afecta a unas diez mil personas cada año. 
La Comisión y la mayoría de la Comisión de Transportes desean justificadamente establecer una indemnización razonable. 
Esto puede lograrse con la modificación del Reglamento 295/91. 
Es muy importante que se mejore la comunicación dada al viajero. 
Como ahora no conoce suficientemente su situación jurídica, pierde las indemnizaciones. 
La propuesta de la Comisión, endurecida con las enmiendas del ponente, mejora este aspecto. 
Sobre lo detallado de la propuesta se ha dicho mucho, ¿debe adoptarse a nivel comunitario la decisión relativa al tamaño de las letras del texto que debe figurar en los mostradores de facturación? 
Somos partidarios de la estricta aplicación del principio de subsidiariedad. 
Lo que los Estados miembros puedan regular por sí mismos, deben regularlo. 
Sin embargo, no hay en este caso ningún reparo contra lo detallado de la propuesta. 
Se trata de un reglamento que tiene aplicabilidad directa en los Estados miembros. 
La aparición de detalles no sólo es inevitable sino que garantiza a las compañías aéreas de la Unión un level-playing field. 
La propuesta mejorará sustancialmente con la introducción de la enmienda 20. Ésta elimina el comité propuesto por la Comisión cuya tarea sería adaptar la compensación al desarrollo económico. 
Coincido con el ponente en que la creación de otro comité conllevaría una burocracia innecesaria. 
Por último, quiero felicitar al ponente por su claro informe. 
Señor Presidente, todo cuanto decíamos ayer, en el turno de preguntas al Consejo, sobre esta misma materia podríamos reiterarlo hoy, fundamentalmente en lo que afecta a la obligación de las compañías aéreas de publicitar los derechos por daños en caso de exceso de reservas- rompiendo el desconocimiento actual- y a la conveniencia de promover una normativa encaminada a cubrir los perjuicios derivados por las pérdidas de conexiones con otros vuelos. 
El informe del Sr. González Triviño es, en líneas generales, suscribible. 
Y le felicitamos por ello, sobre todo en cuanto que debe modificarse el Reglamento existente- que data del año 1991- y también en lo que se refiere a la adaptación de la normativa a la evolución experimentada por la industria del transporte, atendiendo a las exigencias de información a los pasajeros e incrementando la cuantía de las compensaciones. 
Máximo interés tiene asimismo el propósito de que el pasajero, para tener derecho a la compensación, debe haberse presentado al menos treinta minutos antes a la salida, pero a la cola de la facturación. 
No se olvide que la última experiencia americana evidencia que la no presentación al check-in ha caído del 10 % al 8 % como consecuencia de la mejor información. 
Sin embargo, menos transcendente es la exigencia de la lengua local en la información o el tamaño de las letras en los anuncios, como ha explicado muy bien el Sr. Jarzembowski. 
Pero, en fin, resumiendo: vamos a apoyar este informe. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al ponente. 
Ha sido muy interesante todo lo que nos ha dicho. 
Estamos en una época, señor Presidente, en la que, gracias a internacionalización y la tecnología, subir a un avión es casi como subirse a un autocar. 
Esto quiere decir que el consumidor relativamente está menos protegido aunque los precios sean más bajos. 
Tiene menos posibilidades de demostrar que tenía y tendrá derecho a su plaza y probablemente tendrá menores posibilidades de reclamar y exigir, especialmente si se encontrase en otro país y estuviese obligado a hacerlo en otra lengua. 
Creo que todo lo que propone el ponente es muy positivo pero tenemos que reforzarlo en algunos puntos, por ejemplo, en el caso de aquellos terceros transportistas, que cada vez establecen comunicaciones aéreas más fácilmente con Europa, debe ser mucho más rigurosa la intervención de la Unión y si, con la nueva estructuración, no incluyesen la obligación de indemnizar su licencia podría verse anulada. 
Además, las compañías comunitarias que operan en terceros países deben ser incluidas. 
Ahí es donde están ocurriendo los mayores escándalos que conocemos y de los que yo tengo constancia. 
Por descontado que las indemnizaciones, señor Presidente, deberán ser abonadas in situ, y además en metálico, como ya se ha referido, aunque las compañías puedan tener dificultades para liquidarlas en el momento. 
La lista negra de las compañías que de forma sistemática tengan overbooking me parece también una idea excelente y la Comisión debería estudiar cómo promoverla. 
Señor Presidente, mediante la propuesta que hoy nos ocupa se pretende modificar la legislación actualmente en vigor en materia de compensación por denegación de embarque, mejorar la gestión de los problemas que ocasiona la sobrereserva de plazas y proteger, en última instancia, al ciudadano de cualquier abuso cometido, en su caso, por las compañías aéreas. 
De hecho, la denegación de embarque puede ocasionar enormes trastornos al viajero. 
Las estadísticas, pese a que recogen cifras que a primera vista parecen irrisorias, al final, si se comparan con los elevados volúmenes de tráfico que se registran en los más grandes aeropuertos europeos- cada uno de los cuales ve transitar más de 5.000.000 de pasajeros cada año- revelan numerosos casos de denegación de embarque y, de hecho, las estadísticas registran unos 5-10.000 casos al año. 
Ciertamente, esto puede ser debido a varios motivos. 
Uno de los más frecuentes es que se agotan las plazas disponibles. 
El llamado overbooking está vinculado al hecho de que, con frecuencia, los pasajeros, pese a tener una reserva confirmada, no se presentan en el mostrador de embarque, seguros de la flexibilidad que les ofrece la tarifa normal. 
Se trata de una tarifa que en la práctica les consiente la anulación o el cambio de reserva, sin obligarles a ninguna penalización, en perjuicio, sin embargo, de los titulares de billetes sujetos a extensión. 
Asimismo, el crecimiento del sector de los transportes aéreos, debido a la liberalización del mismo y a la admisión de nuevos operadores en el mercado, hace prever que el fenómeno empeore. 
La comisión parlamentaria, por lo tanto, se ha alineado con las nuevas propuestas presentadas por la Comisión, al objeto de proteger lo mejor posible a los miles de pasajeros a quienes cada año se les deniega una plaza a bordo, incluso después de haberla reservado a tiempo, así como para tutelar a todo el mundo ante la confusión que genera la falta de transparencia existente en las normas aplicables a los casos de compensación por anulación del vuelo. 
Por último, nos alegramos de la normativa porque prevé, por fin, la protección de los derechos de los ciudadanos consumidores en el ámbito del transporte aéreo. 
Señor Presidente, antes que nada, permítame decir que creo que lo que estamos tratando no es algo de lo que la UE y el Parlamento Europeo deban ocuparse. 
Cuando estamos trabajando para alcanzar un mercado interior, creo que tenemos que ser muy cuidadosos para no reglamentarlo en extremo. 
Con esto manifiesto mi posición de principios, es decir, que esto es algo que las compañías aéreas realmente pueden y deben arreglar por sí mismas. 
Tiene que ser posible para una compañía aérea demostrar que es mejor que otra. 
Pagar una indemnización en casos de sobrecontratación es básicamente un medio de competencia como todos los demás. 
Siempre hay algo que dice que la competencia no funciona tratándose de los transportes aéreos. 
Estoy consciente de que hay muchas deficiencias en este sentido. 
Sin embargo, la mejor manera de hacer que las compañías aéreas traten a sus pasajeros de manera adecuada es consiguiendo que se mejore la competencia en más rutas que en las actuales. 
En ese caso, si no se está satisfecho, se elige otra compañía. 
Así funciona el sistema en todos los otros campos. 
Esto requiere que la Comisión, en cambio, dedique tiempo y energía a cosas importantes. Por ejemplo, a presentar propuestas para la distribución de slots. 
Sería interesante que el Comisario responsable nos diese hoy una respuesta acerca de esto. 
Tengo que reconocer que es muy bochornoso que, como Parlamento Europeo, tengamos que decidir sobre una propuesta de la Comisión que dice que la información en los aeropuertos deberá hacerse en letreros " en los cuales las letras deberán tener al menos dos centímetros de altura». 
Desgraciadamente, no se percibe mucho mejor cuando el ponente dice que basta con un centímetro. 
Es evidente que tanto la Comisión como el ponente consideran que quienes están fuera de este edificio no pueden pensar por sí mismos sobre cómo informar a sus pasajeros. 
Si no es ésta una broma que el Comisario nos ha querido gastar, entonces la mejor manera de tratar este artículo es tirándolo a la papelera más cercana. 
Tenemos grandes y trascendentales asuntos que tratar en materia de aviación y dentro del sector de los transportes que requieren nuestro tiempo y energía. 
¡Dénnos posibilidades de concentrarnos en ellos! 
Kinnock, Neil, miembro de la Comisión. 
(EN) Señor Presidente, afortunadamente no existe ninguna norma en este Parlamento ni en ningún otro que obligue a pagar compensaciones por sobrepasar el tiempo de intervención. Si fuera así, todos seríamos más pobres. 
Antes de responder al debate sobre el informe del Sr. González Triviño, quiero decir, al igual que han hecho otros, lo mucho que lamento que la Sra. Van Dijk abandone esta Asamblea. 
Sé que es por decisión propia y, naturalmente, todos los políticos prefieren abandonar por propia decisión, antes que por deseo del electorado. 
Espero que sea muy feliz en su nueva actividad. 
Debo decir que en los tres años y medio que hemos trabajado juntos, he llegado a admirarla como una excelente diputada y una colega de talante abierto y con la que se podía contar. 
Le deseo que sea feliz y se sienta realizada en el futuro. 
Quisiera asimismo agradecer a la Comisión de Transportes y Turismo y, especialmente a su ponente, Sr. González Triviño, el excelente informe sobre la compensación por denegación de embarque. 
Oigo decir al Sr. Stenmarck que se siente avergonzado por ello. 
Probablemente se sentiría mucho más avergonzado si no obtuviera información puntual sobre sus derechos como consumidor e, incluso, se sentiría abrumado si fuera rechazado de un vuelo y no tuviera ningún sistema de regulación lo suficientemente fiable que, en semejantes circunstancias, le garantizase el ejercicio de sus derechos como consumidor. 
También es cierto que por minúsculo que parezca el detalle, en relación con la magnitud real de una notificación, si existieran grandes diferencias en el mercado único, estoy convencido de que habría consumidores que se sentirían afligidos por el trato y decidirían poner un pleito que sería prolongado, caro y que ni siquiera garantizaría la defensa adecuada de sus derechos. 
Por tanto, aunque pueda parecer trivial para un intelecto instruido y refinado como el del Sr. Stenmarck, al resto de nosotros nos alegra tener derechos fiables con los que poder contar. 
La viabilidad del funcionamiento de las compañías aéreas implica que algo de overbooking es lamentablemente inevitable. 
Pero tenemos el deber de garantizar que los pasajeros a los que se les niega un asiento, aunque tengan un billete válido y confirmado, o equivalente, reciban una compensación por los inconvenientes que deben soportar y que pueden ser muy graves. 
Las normas establecidas en el Reglamento de 1991 sobre compensación por denegación de embarque han sido de utilidad para proteger los intereses de los pasajeros, pero los cambios que se han producido en el sector y el cumplimiento insuficiente del reglamento por parte de muchas compañías aéreas ciertamente justifican una serie de mejoras. 
Esta propuesta, por lo tanto, mejora y actualiza el reglamento actual, ya que proporciona mejor información a los pasajeros, incrementa los niveles de compensación en base a las tendencias económicas desde 1991 y tiene en cuenta las modificaciones, relativamente recientes, que se ha producido en la aviación civil, como unificación de códigos, viajes sin billete y una distinción cada vez menor entre los vuelos regulares y los no regulares. 
Todo ello es importante de cara a demostrar a los pasajeros que el marco comunitario para la aviación civil aporta ventajas tangibles, no sólo a través de tarifas más bajas y mayor elección en muchas rutas, sino también gracias a la calidad del servicio y la protección del usuario. 
El Sr. Stenmarck y el resto de esta Asamblea pueden tener la completa seguridad de que no permitiremos que las cosas sigan así, y que no nos limitaremos únicamente a las tarifas. 
Los demás asuntos a los que se ha hecho referencia en el transcurso del debate- como las franjas horarias y el cumplimiento del reglamento- son constantemente motivos de preocupación que, al igual que en el caso de muchos diputados, reciben la atención de la Comisión. Esperamos poder seguir avanzando también en estos ámbitos. 
En la propuesta de legislación que hoy se presenta ante esta Asamblea no hemos descuidado en absoluto estas importantes actividades. 
Me complace comprobar que la Comisión de Transportes y Turismo comparte la opinión que ha presentado la Comisión, habida cuenta de que muchas de sus enmiendas apoyan, en buena medida, nuestro planteamiento. 
Por ello, me alegra afirmar que la Comisión puede aceptar las enmiendas 4, 7, 11, 12, 18, 21, 22 y 23. 
La Comisión puede asimismo aceptar, en principio y a condición de una modificación de la redacción, las enmiendas 3 y 8, primer apartado, ya que aclaran el hecho de que por motivos de seguridad perfectamente legítimos, podrían imponerse restricciones a la capacidad. 
Las enmiendas 5 y 19, que hacen extensiva la aplicación del reglamento a los vuelos de las compañías aéreas comunitarias procedentes de terceros países, también son aceptables, en principio, al igual que la enmienda 6, porque define de manera precisa la responsabilidad de la compañía aérea de identificar a los pasajeros que aún permanezcan en la cola al cierre de la facturación. 
La enmienda 13 es aceptable, ya que subraya el hecho de que incluso el agente emisor será considerado como la compañía aérea para estos fines. 
Las enmiendas 15 y 20 simplifican los procedimientos al sustituir una nueva comisión por otra ya existente. 
Lo que también consideramos aceptable, al igual que la enmienda 17, que contempla la posibilidad de utilizar otros medios de pago. 
La Comisión puede aceptar también, en parte, la enmienda 9 que establece un mejor fundamento para mejorar la información al cliente. 
No obstante, hay algunas enmiendas que no podemos aceptar. 
Las enumeraré rápidamente al tiempo que expongo nuestros motivos fundamentales. 
No podemos aceptar la enmienda 1. Creemos que hay mayor claridad y transparencia si en el reglamento se estipula un tiempo mínimo de 30 minutos para la facturación. 
La enmienda 2 relativa a entregar el reglamento a los pasajeros no es aceptable, porque esta obligación ya existe en el reglamento actual. 
El tercer apartado de la enmienda 8 no es aceptable porque, a pesar de que un pasajero acepte ocupar un asiento en una clase inferior, se le sigue denegando el embarque en la clase que le corresponde de acuerdo con su billete. 
El pasajero merece, por consiguiente, la compensación correspondiente, incluso en dichas circunstancias. 
La enmienda 10, segundo y tercer apartados, añade una burocracia innecesaria y dificultaría la lectura de las notificaciones, especialmente para alguien como yo, que necesita recurrir a las gafas en todo momento. 
Además, sugiere que se haga una notificación en el billete, lo que la Comisión considera poco viable. 
Por último, no puedo aceptar las enmiendas 14 y 16, puesto que, en algunos casos, obligarían a las compañías aéreas a pagar compensaciones por encima del precio que el pasajero ha abonado por su billete- el denominado arreglo " bingo». 
Tal vez sea mejor que no legislemos eso. 
Para terminar, me complace poder anunciar mi aprobación de la mayoría de las enmiendas, que permitirán a la Comisión fortalecer el reglamento propuesto, y quisiera, una vez más, agradecer al Sr. González Triviño y a la Comisión de Transportes y Turismo su constructivo y esclarecedor trabajo. No hay duda de que será una aportación positiva a las negociaciones que se avecinan en el Consejo de Transportes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Programas de los Fondos estructurales hasta el final de 1999 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0214/98) del Sr. Howitt, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre las orientaciones de la Comisión sobre las prioridades para el ajuste de los programas de los Fondos estructurales hasta el final de 1999 (C4-0640/97). 
Señor Presidente, mi informe sobre las orientaciones para el ajuste de los programas de los Fondos estructurales, en un primer momento, puede parecer que trate de un tema aburrido y técnico. 
Pero en realidad, esta noche, debatimos sobre cómo podemos hacer los programas de financiación comunitaria, encaminados a crear puestos de trabajo y prosperidad, más eficaces para la consecución de dichos objetivos; en qué y por qué se diferencian, como programas comunitarios, de las ayudas a las regiones ya adoptadas en los Estados miembros; cómo puede establecerse un diálogo auténtico entre la población local de las regiones de toda Europa, que permita un intercambio real de mejores prácticas y eleve la calidad para todos nosotros; y quizá más que ninguna otra cosa, cómo pueden lubricarse los engranajes del proceso de toma de decisiones para hacer todo el sistema lo más fácil posible a todos los niveles. 
Como explica el informe, este primer intento de poner en práctica las orientaciones sobre los Fondos estructurales, en principio, es acertado, es bien intencionado, pero debemos sacar las lecciones pertinentes: fue publicado con cuatro años de retraso en Merseyside y otros lugares, cuando las modificaciones que debían ser influenciadas por estas orientaciones ya habían sido llevadas a cabo; estaban redactadas en un lenguaje denso y abstruso; identificaban 27 ámbitos prioritarios- demasiados para una consideración seria; y su difusión se hizo únicamente a través de los gobiernos de los Estados miembros, algo que, discutiblemente, ni siquiera se hizo. 
Como resultado, la consulta que dirigí junto con 11 asociaciones a nivel europeo de autoridades regionales y locales reveló que el 40 % ni siquiera había oído hablar de las orientaciones y ninguna conocía ninguna modificación positiva que se hubiera introducido. 
Con toda seriedad, debo decir que este es el tipo de cosas que alimenta el euroescepticismo y es el ámbito en el que Europa debe mejorar. 
Esta noche presentamos una serie de propuestas prácticas para hacer precisamente eso y espero, señor Comisario, que reciban su apoyo. 
Permítanme, a continuación, centrarme en tres cuestiones que representarán el mayor reto. 
Primero, el estado legal de lo que propone la Comisión. 
Las autoridades locales y regionales sostienen que éste ha sido un ámbito en el que la propia Comisión ha intentado explotar la ambigüedad. 
Hemos encargado esta opinión jurídica al Servicio Jurídico del Parlamento, según el cual, en el apartado 4 del artículo 9 del proyecto de reglamento sobre los Fondos estructurales, la Comisión busca la aprobación de orientaciones que constituyan un instrumento jurídico vinculante, basado en la sentencia del Tribunal de Justicia de mayo de 1970 sobre reglamentos necesarios y demás jurisprudencia. 
Sencillamente, la Comisión busca el modo oculto de determinar el reglamento comunitario sobre los Fondos estructurales, sin obtener la debida aprobación de los gobiernos de los Estados miembros a través del Consejo de Ministros y sin el pleno escrutinio del Parlamento Europeo. 
Esta noche pedimos al Comisario que nos confirme su disposición a replanteárselo, así como su reconocimiento de que opinión significa opinión, y no normas adicionales innecesarias y que sólo ocasionan dificultades en la práctica. 
En segundo lugar, este debate nos brinda la oportunidad de combatir la cultura de los retrasos, que se ha hecho endémica en el funcionamiento de dichos programas: retrasos en el acuerdo del programa, retrasos en los acuerdos sobre los distintos documentos de programación país por país; retraso en las solicitudes de participación; plazos excesivamente cortos; retraso en la notificación de las aprobaciones; e incluso retraso en el pago de los fondos- con demasiada frecuencia, los pagos se hacen demasiado tarde para las personas que necesitan el dinero, pero nunca con demasiada antelación para que el Parlamento pueda intervenir al respecto. 
Por consiguiente, esta noche hacemos un llamamiento a la Comisión para que publique sus nuevas propuestas de orientaciones nueve meses- y, a ser posible, seis meses como mínimo- antes de la fecha de presentación de los programas. Esto significa, a más tardar, antes del 31 de diciembre de 1998, en el caso del próximo programa de los Fondos estructurales. 
Si no lo hace, dicho programa no podrá iniciarse a tiempo. 
Y debe iniciarse puntualmente. 
Espero que oigamos un claro compromiso de la Comisión al respecto. 
Tercero, ¿cómo podemos debatir los ajustes hasta el momento del cierre de los programas sin reconocer las deficiencias existentes? 
Cuando negociamos el próximo régimen de los Fondos estructurales a partir de 1999, quedan 51 programas en el Reino Unido y 58 en Francia, del anterior período de los Fondos estructurales que finalizó en 1993, que siguen pendientes de cierre. 
En el Reino Unido existen en la actualidad pagos pendientes a regiones por valor de 120 millones de libras (150 millones de ecus) por proyectos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional que se completaron durante los años 1994-1996: los fondos para hacer frente a las reclamaciones se están agotando esta misma semana en mi región, en el este; proyectos del nordeste están recibiendo únicamente el 45 % de los costes; los proyectos del sector público están recibiendo apenas una tercera parte de sus costes en el sudoeste; e historias similares se repiten en todos los países de la Unión Europea. 
Esta noche, el Parlamento reafirmará nuestro compromiso de poner fin a este enfoque de " interrupción-inicio» de la ayuda comunitaria a las regiones, de garantizar la continuidad siempre que sea posible y de agilizar la transición allí donde haga falta. 
Esto sólo puede conseguirse a través de la planificación previa. 
Hacemos un llamamiento a la Comisión para que garantice que las nuevas orientaciones harán precisamente eso. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera mostrar mi acuerdo con el informe del ponente de la Comisión de Política Regional, el Sr. Howitt. 
Pero sobre todo quiero hacer hincapié en que las orientaciones de la Comisión para las prioridades respecto de los Fondos estructurales han de ser claras, concisas y de fácil lectura. 
También deben figurar en un solo documento, si es posible, y ha de dárseles también suficiente difusión, porque el Sr. Howitt ha puesto de manifiesto en su informe, basándose en una consulta que ha hecho en diferentes regiones de la Unión Europea, que las orientaciones llegan a las propias regiones de modo confuso, tarde y a veces no influyen en los proyectos que se ponen en marcha. 
Por tanto, yo creo que se trata de una cuestión prioritaria. 
También comparto con él que haga hincapié en tres cuestiones de carácter horizontal: el empleo, el medio ambiente y la igualdad de oportunidades. 
En el Tratado de Amsterdam, esos tres temas quedaron clarísimamente vinculados a las otras políticas de la Unión Europea. 
La Comisión de Empleo presenta una serie de propuestas y se lamenta, en primer lugar, de no disponer de los resultados de la revisión de los Fondos a medio plazo, saber poco de la aplicación real del objetivo 4, que no haya datos estadísticos sobre la incidencia de los Fondos en la igualdad de oportunidades o en la integración de personas con minusvalías y tampoco la incidencia en los nuevos «yacimientos» de empleo. 
Ayer mismo discutíamos el informe de la Sra. Hulthén y veíamos que el medio ambiente, en el tema del empleo, es fundamental. 
De hecho, la OCDE considera que, probablemente en los próximos años, los empleos en medio ambiente crezcan un 5, 5 %. 
Si se tiene en cuenta lo poco que crecen en otros sectores o que a veces disminuyen, esa cuestión es fundamental. 
También solicitamos transparencia, participación y tener en cuenta siempre la igualdad de oportunidades y aquellos proyectos que tengan que ver con el medio ambiente; deseamos un equilibrio entre las políticas de creación de empleo y también políticas económicas que tiendan a reducirlo. 
No es la primera vez que regiones como la mía, en la que yo vivo- Asturias -, reciben fondos del objetivo 1, a veces de otros objetivos y a veces de algunas iniciativas comunitarias y, sin embargo, es una región en declive donde se toman decisiones sobre políticas económicas que producen reducciones en el empleo. 
También debe encontrarse un equilibrio entre los presupuestos para infraestructuras- que suelen crear empleo temporal -, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, los nuevos «yacimientos» de empleo, y las ILDE (Iniciativas Locales de Empleo) , etc., que crean empleo más estable. 
Los Fondos deben facilitar servicios para niños y personas mayores, es decir, que deben tenerse en cuenta proyectos que puedan facilitar después la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo de las mujeres en relación con los hombres. 
Y ya acabo, señor Presidente: necesitamos un mayor presupuesto en el ámbito medioambiental- el objetivo 2 sólo dedica el 5, 2 %- y la participación de las autoridades locales y regionales en aquellos proyectos que tengan carácter medioambiental, porque es fundamental que aquellas controlen que no se vulneren los principios medioambientales. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Ponente ha ofrecido también- aunque naturalmente esto no formaba parte de su cometido formal- una importante aportación al debate sobre la reforma de los Fondos estructurales. 
Si el objetivo es realmente que las presentes orientaciones reflejen los objetivos y la dimensión europea de la política en relación con los Fondos estructurales, o sea, si en verdad también establecen las prioridades para la programación, obviamente dichas orientaciones no deben ser excesivas. 
¡Las orientaciones no deben acabar generando desorientación! 
El punto 7 puede dar la impresión de que se conciben estas orientaciones como unos indicadores cuantitativos muy específicos, o sea, unas cifras y cuotas concretas. 
Yo quisiera hacer una firme advertencia contra ello, ya que pienso que es posible cumplir las orientaciones europeas aunque en algún caso se incumplan ligeramente los indicadores cuantitativos concretos. 
Detrás de este hecho- como todos naturalmente sabemos- subyace también el problema de la presente propuesta de la Comisión: la reserva del 10 %. 
En efecto, en este contexto se plantea de manera muy concreta el tema del fundamento de la Comisión- cuando adoptemos la decisión sobre esta línea el año próximo, por ejemplo -, o sea, del fundamento sobre el cual decidirá en el futuro la Comisión si debe aplicarse esta deducción a un Estado miembro y repartir luego dichos recursos entre otras regiones. 
Esto sólo debería suceder, si llega a darse el caso, cuando se hayan incumplido realmente las orientaciones y no sólo unas indicaciones cuantitativas puntuales. 
Deberá tratarse de un verdadero incumplimiento de algunas de las pocas orientaciones europeas importantes. 
Para que los Estados miembros tengan realmente en el futuro la posibilidad de disponer de un mayor margen de acción en la transposición nacional de los programas europeos- tal como está previsto y como es también el deseo de la Asamblea -, las orientaciones no deben ser excesivamente detalladas ni demasiado numerosas. 
De lo contrario, concederíamos un mayor margen de acción a los Estados miembros y las regiones en el aspecto formal, pero no en los detalles. 
Antes de acabar- aunque seamos muy pocos -, permítanme que exprese mi felicitación a nuestro colega Howitt por el trabajo que ha realizado. 
En efecto, quien lea detenidamente el informe- y yo recomiendo su lectura a nuestros colegas -, podrá constatar que el ponente no se ha limitado a hacer unas reflexiones formales, sino que ha hablado realmente con todo el mundo, desde los funcionarios responsables en el ámbito de la Comisión hasta los titulares de proyectos en diversos Estados miembros y que ha incorporado muchas sugerencias, cuya detenida lectura yo recomiendo a los colegas en el contexto del futuro debate. 
Señor Presidente, señor Comisario, los Fondos estructurales han representado un capítulo especialmente importante de la política comunitaria y, sin duda, han alcanzado resultados muy satisfactorios de cara al relanzamiento de algunas regiones que padecen históricas y tradicionales depresiones. 
Actualmente, nos encontramos ante un año de transición y el riesgo es que superponiendo líneas demasiado rígidas, puede producirse una especie de bloqueo, en lugar de un ulterior relanzamiento. 
Yo también estoy convencido de que el informe del Sr. Howitt contiene una indicaciones especialmente importantes y, sin duda, marca un camino a seguir muy acertado. 
Me planteo, sin embargo, de qué modo se pueden conciliar los planteamientos y las orientaciones que deberán seguirse con vistas a la conclusión del programa hasta 1999, y las líneas directrices de enlace con el nuevo programa que abarcará los años 20002006. 
Hay unos criterios que deben establecerse desde el principio con absoluta claridad. 
Creo que no se puede prescindir, precisamente por el papel que han desempeñado las regiones, así como los Estados, de un diálogo que parta desde abajo. La idea de facilitar unas directivas es, sin duda, útil para establecer orientaciones comunes dentro de la Unión Europea, al objeto de alcanzar determinados objetivos comunes, pero no hay que subestimar la vitalidad de las regiones, una vitalidad que procede de la capacidad que cada Estado tiene de conocer los problemas que deben afrontarse y los programas que han de elaborarse. 
El criterio fundamental del Tratado que se centra en la cuestión social, asigna este papel protagonista a los Estados y a las regiones que, por otra parte, están demostrando que tienen mucha vitalidad. 
Es un aspecto que no puede olvidarse en absoluto y que deberá ser tenido muy en cuenta. 
En el informe hay asimismo indicaciones que, en mi opinión, revisten mucha importancia: la transparencia, la rapidez, la información que debe facilitarse, la agilidad y, al mismo tiempo, la capacidad de incorporar las numerosas indicaciones en aspectos extremadamente mesurados. 
Sin ninguna duda, las directivas son positivas, pero deben adaptarse a estas exigencias. 
Señor Presidente, el objetivo de la Comisión de fomentar una política regional a escala europea por medio de orientaciones comunes es, naturalmente, merecedor de todo nuestro apoyo. 
Sin embargo, como ya lo hace el Sr. Howitt en su excelente informe, cabe preguntarse qué uso se hace en realidad de las orientaciones y si se lleva a cabo una aplicación de estos objetivos según las modalidades propuestas. 
De alguna manera, se trata de un marco de referencia común de cara al control de los programas. 
Creo que es muy importante utilizar las orientaciones precisamente para fomentar la calidad de la política regional. 
En el mejor de los casos, constituyen un instrumento consultivo que permite intercambiar experiencias acerca de las prácticas más adecuadas, aumentando así la eficacia de los programas. 
Esta circunstancia exige, sin embargo, que se introduzcan mejoras en la práctica, especialmente atendiendo a los planteamientos de los actores regionales. 
Sin duda alguna, la situación actual y la gran cantidad de directrices distintas son motivo de una gran confusión. 
La Comisión ha de presentar claramente los objetivos prioritarios en un único documento. 
Además, debemos hacer caso omiso de las exigencias de control formuladas por la Comisión cuya presentación tiene lugar en una fase tan tardía que no ocasionan más que retrasos y frustraciones. 
Si se desea que influyan verdaderamente en la planificación de los programas, las directrices se deben publicar a tiempo. 
Como ya ha señalado el ponente, entre los objetivos prioritarios debería figurar también una estrategia sobre la prórroga de las ayudas, las medidas del período transitorio y la finalización de un programa en una determinada región. 
Una estrategia adecuada para el período transitorio podría evitar numerosos problemas, como los retrasos, la falta de responsabilidades en los resultados o el despilfarro de recursos, que constituyen actualmente una lamentable realidad. 
Habida cuenta de que las condiciones son muy distintas en los diversos Estados miembros y regiones, es necesario mantener en estas directrices y estos objetivos comunes una cierta flexibilidad. 
Sin embargo, los ámbitos prioritarios más importantes, como el desempleo, el medio ambiente y la igualdad de oportunidades, se beneficiarían sin lugar a dudas de la existencia de unos claros indicadores comunes. 
Señor Presidente, yo quiero expresar mi agradecimiento al señor Howitt por el presente informe. 
No podría haberle sacado mayor partido, dada la tardanza con que ha sido consultado el Parlamento. Sinceramente, debo decir que lamento mucho que la señora Wulf-Mathies no se encuentre ahora aquí. 
¿Intenta eludir acaso esta discusión? 
El punto conflictivo es la obligatoriedad de las orientaciones. 
Este conflicto vuelve a plantearse en el nuevo reglamento. 
Lo más concluyente en este sentido es la pregunta que plantea el ponente en la exposición de motivos del informe. 
Las orientaciones son en la práctica un tigre de papel. Los Estados miembros las ignoran. 
La Comisión tampoco presiona para que se apliquen como orientaciones con vistas al cumplimiento de los objetivos europeos, de la política de cohesión europea. 
Esto merece una valoración sumamente crítica, si se considera que las orientaciones deben situarse en el centro de la política estructural europea en el futuro y que entonces también tendrán que ser prácticamente el eje central de un reglamento sobre los Fondos estructurales para que todavía sea posible hablar de una política de cohesión europea. 
La Comisión ha modificado, en efecto, el reparto de las tareas en el nuevo Reglamento. 
Esto es muy razonable, pero si se limita a establecer los marcos y a aplicar los controles, necesita las orientaciones como apoyo. 
Si éstas no adquieren una importancia central, no habrá una política de cohesión europea. 
Ésta es una manera sumamente peligrosa de serrar el puente más importante tenemos. 
El desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades y el empleo sólo podrán conseguirse si son un objetivo común. 
Este objetivo común también requiere unas vías comunes para alcanzarlo, aunque éstas se tengan que recorrer de manera diferenciada sobre el terreno, en las distintas regiones. 
Por esto es sumamente importante que prosigamos intensamente el presente debate. 
Sabemos que muchos Estados miembros no desean ningún tipo de orientaciones. 
Esto sólo ya nos impone la responsabilidad de desarrollarlas desde aquí como un instrumento central. 
Señor Presidente, señor Comisario, desearía centrar mi intervención en uno de los aspectos del excelente informe del Sr. Howitt, y sobre todo en las orientaciones de la Comisión, que- según se ha dicho- podrían revestir un carácter obligatorio a pesar de que el fundamento jurídico sobre el que, en principio, se apoya este derechoobligación no parece muy claro. 
Previamente, desearía recordar que este dispositivo de los Fondos estructurales es un dispositivo original y muy eficaz, y ello por diversos aspectos: por su clasificación en zonas de objetivos, tomando en consideración las disparidades regionales; por la manera a veces ejemplar en que los Fondos han beneficiado a las políticas regionales- porque estos Fondos estructurales han estructurado realmente -; por las infraestructuras que han servido para desarrollar las comunicaciones en diferentes regiones; por la ayuda y el apoyo a las actividades económicas, concretamente en el medio rural y en particular en el sector de la diversificación agrícola; por la ayuda a la formación y a la reconversión, que han ayudado mucho a mantener el empleo. 
La manera en que dicho dispositivo ha sido concebido es interesante: el procedimiento de concertación se basa en los planes de desarrollo regionales y los " docup» , los documentos únicos de programación, cuya duración y periodicidad hoy ya se han definido y puesto a punto. 
Los principios que han estado presentes en su elaboración son también interesantes: mencionaremos en particular el principio de la adicionalidad, que provoca una sinergia entre las intervenciones de los Estados miembros, las intervenciones de las autoridades regionales y las intervenciones de la Unión Europea; el principio de la compatibilidad con los textos, es decir, los Tratados, los reglamentos, pero también con los grandes principios de la Unión- por ejemplo, las prioridades en el plano del medio ambiente, del empleo y de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres -; y, finalmente, el principio de la subsidiariedad en el ámbito de la política regional, que ilustra admirablemente su necesidad y eficacia. 
Pasemos a los instrumentos; pienso en este sentido en el marco comunitario de apoyo, que garantiza una síntesis y una coherencia al programa, así como en los programas operativos, que definen sus modalidades de ejecución. 
Es evidente que quedan por realizar muchos progresos en materia de evaluación no sólo en el plano de la elaboración, sino también en el de los plazos de publicación de dichas evaluaciones, de tal modo que éstas puedan ser útiles. 
Es absolutamente lógico e incluso tranquilizador que la Comisión se preocupe, a este nivel de intervención, por no permitir que la Unión Europea se deje desposeer de su capacidad de inflexión respecto a las orientaciones sobre las políticas regionales y a la utilización de los Fondos estructurales. 
Esto plantea evidentemente la cuestión de la legitimidad, que yo mencionaba hace un momento a propósito del fundamento jurídico, pero también plantea la cuestión de la participación y de la contribución activa del Parlamento Europeo- el cual, al fin de cuentas, es un órgano político- y, por lo tanto, de su contribución a la elaboración de estas orientaciones. 
En cualquier caso, se trata sobre todo de encontrar un equilibrio, sin duda delicado, entre un principio, a saber: la subsidiariedad, que no puede ponerse en tela de juicio, y un objetivo, el de la cohesión, que requiere necesariamente intervenciones coordinadas o incluso reajustes. 
El reto es importante porque se trata de lograr una articulación y una compatibilidad entre la necesaria coordinación y la voluntad de las economías de evitar la dependencia. 
Señor Presidente, al tiempo que muestro mi satisfacción por el informe, permítame felicitar al ponente por su trabajo y por sus esfuerzos de ampliar todo lo posible sus consultas de cara a determinar, en términos generales, cómo deben funcionar las orientaciones sobre los Fondos estructurales. 
Confío en que la Comisión tome buena nota esta noche del informe del Parlamento elaborado por el Sr. Howitt, habida cuenta de que no sólo identifica los ámbitos problemáticos, sino que además hace una crítica constructiva sobre cómo pueden resolverse los problemas para dotar de más eficaz la aplicación de las orientaciones, contribuyendo así a una mayor transparencia y eficacia. 
Simpatizo con la opinión de que, debido a las diferentes circunstancias existentes en los Estados miembros, debe permitirse una cierta flexibilidad. 
Si hay demasiadas orientaciones, debe solucionarse el problema sin obligar a los Estados miembros a aceptar lo que podría ser una uniformidad contraproducente. 
Simplificación debe significar algo más que un sistema claro y ordenado de Bruselas que no sea viable a nivel del Estado miembro. 
El ponente nos asegura que los programas actuales deben completarse eficazmente y que deben aclararse más detalladamente los futuros programas. 
Es inadmisible que se hayan establecido normas sin un fundamento jurídico adecuado y que, en buena medida, hayan permanecido sin ser leídas. 
Naturalmente, la Comisión podría argumentar que se estaba adentrando en un terreno inexplorado y que debería mostrarse cierta comprensión con la naturaleza experimental de las orientaciones. 
Pero ésa es una respuesta inadecuada para los ciudadanos europeos, a los que, en última instancia, debemos dar cuenta. 
La Comisión tiene mucha experiencia y vastos conocimientos en ámbitos similares, por lo que no deberíamos permitir que acuda ante el Parlamento con lamentos acerca de que hay un trabajo que hacer y que debemos seguir adelante con él. 
Quisiera pedir a la Comisión que tome en consideración esta observación. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Parlamento y, en particular, al Sr. Howitt por este importante informe y propuesta de resolución. 
A pesar de algunos comentarios críticos del informe, principalmente por los retrasos y el formato de las orientaciones de la Comisión, la propuesta de resolución contiene muchas cosas con las que estoy completamente de acuerdo. 
Por ejemplo, recuerda el objetivo global de las orientaciones, que es el de proporcionar una política general y un marco de prioridades en el que se realicen los ajustes de los programas actuales. 
En ningún momento fue intención de la Comisión tocar los proyectos que ya están en marcha y se están ejecutando de manera satisfactoria. 
La resolución reconoce que, a pesar de que las orientaciones proporcionan un medio para el establecimiento de las prioridades para toda la Unión, también deben tenerse en cuenta las circunstancias locales a la hora de tomar decisiones sobre los ajustes de los programas, y las orientaciones confirman esta opinión. 
De forma similar, quisiéramos respaldar plenamente la sugerencia de la resolución de que las orientaciones deben considerarse como un mecanismo de intercambio de mejores prácticas entre todos los interlocutores a nivel regional, nacional y europeo, y éste es un aspecto que podría ser reforzado para mayor utilidad en las futuras orientaciones de la Comisión para el próximo período de programación. 
En lo que respecta a la naturaleza de asesoramiento de las orientaciones, quiero reiterar que la Comisión siempre tuvo la intención de que las Orientaciones solamente constituyan un marco general. 
En lo relativo a su estado legal, la Comisión siempre ha hecho hincapié en su opinión de la naturaleza consultiva de las orientaciones y del papel de los comités de seguimiento y de las demás autoridades relevantes en el ajuste de los programas. 
De hecho, las orientaciones fueron la respuesta a la solicitud de los propios Estados miembros a la Comisión para que, de conformidad con el principio de subsidiaridad, formule orientaciones políticas para facilitar el ejercicio de ajuste en la evaluación intermedia de los programas. 
Por lo que las orientaciones no tienen la siniestra intención ni el siniestro efecto que algunos temen o que quieren ver. 
De hecho, se ha puesto especial énfasis en que toda modificación de los actuales programas de Objetivo 1 y 6 vaya encaminada a incrementar la creación de empleo. Es evidente que eso es precisamente lo que persiguen las orientaciones. 
Por eso, la Comisión no puede compartir la opinión de que en las orientaciones no se hace suficiente hincapié en la economía social ni en las nuevas fuentes de empleo. 
Una parte considerable del documento está dedicada a la promoción del potencial local, a través de iniciativas que fomenten el desarrollo local y el empleo. 
Las orientaciones, por ejemplo, destacan el objetivo de que las empresas obtengan beneficios económicos de la comercialización puntual de productos y servicios locales de calidad, y hacen hincapié asimismo en el potencial de las cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones. 
A pesar de que las acciones en el ámbito de la igualdad de oportunidades puede que hayan sido financiadas en la mayoría de los casos con cargo al Fondo Social Europeo, la Comisión coincide con el ponente en que estos aspectos horizontales deben ser objeto de consideración en todos los ámbitos financiados con cargo a los fondos. 
Lo mismo es válido, por ejemplo, para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
Pero éste es más un tema del que deben ocuparse los Estados miembros, a la hora de elaborar sus programas, ya que las orientaciones fueron pensadas para que pudieran aplicarse a todos los fondos. 
Muchos de los puntos restantes de la resolución hacen referencia no a las orientaciones para ajustar los programas actuales, sino a las propuestas de la Comisión para futuras orientaciones en virtud del apartado 4 del artículo 9 de su proyecto de reglamento general para los fondos a partir de 1999. 
Como declara el ponente en su informe, no tiene intención en el presente ejercicio de dar prioridad a las negociaciones de la reforma que se está produciendo en otros ámbitos. 
Pero estoy convencido de que la Comisión tendrá muy en cuenta las observaciones realizadas sobre la necesidad de que en el futuro, las orientaciones sean más puntuales y que su lectura resulte más fácil, aunque no puedo estar de acuerdo con que la revisión intermedia ya se había casi completado cuando se difundieron las orientaciones en el caso que nos ocupa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Seguridad en la comunicación electrónica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0189/98) del Sr. Ullmann, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa al fomento de la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica- Hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado (COM (97) 0503- C4-0648/97) 
Señor Presidente, la equiparación jurídica de las firmas digitales con las firmas escritas tradicionales constituye el núcleo central del presente informe, el objetivo del cual es formular la respuesta del Parlamento a la Comunicación de la Comisión sobre la comunicación electrónica y un marco europeo para la firma digital y el cifrado. 
Si no se pierde de vista este enfoque central, enseguida se advierte cuáles son las consecuencias que deben tomarse en consideración. 
Se trata de establecer unas normas en lo que respecta a la fiabilidad jurídica de la identificación, con vistas a la validez de los contratos o a la integridad de los textos intercambiados en el marco de la comunicación electrónica, por ejemplo. 
Es necesario conseguir el reconocimiento de su fuerza probatoria en las acciones legales, con objeto de que también en este contexto se acepte su equivalencia con el documento escrito tradicional. 
En la presentación del informe no voy a entrar en detalles como, por ejemplo, las posibilidades de garantizar por medio de técnicas digitales la autenticidad de la firma, la integridad del texto y la fiabilidad de la comunicación. 
Mi objetivo es resaltar sobre todo que la Comunicación prepara y forma parte de todo un conjunto de iniciativas legislativas que está elaborando o ya ha elaborado la Comisión, todas las cuales tienen por objeto la aplicación de las nuevas tecnologías para el ulterior desarrollo del mercado común, particularmente en el ámbito de la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. 
El informe propone que el Parlamento fomente y apoye firmemente dichas iniciativas. 
En lo que respecta al tema de la firma digital y el cifrado, deberíamos respaldar a la Comisión para que mantenga al menos dos de las orientaciones que propone en su Comunicación. 
En relación con los certificados, cuyo uso ya se ha extendido en las transacciones electrónicas, debería prevalecer el principio del reconocimiento mutuo a escala europea frente a cualquier intento de establecer una certificación única. 
También es importante que el Parlamento siga el criterio de la Comisión en el sentido de que la protección de la intimidad debe tener prioridad frente a las tendencias que se observan en algunos Estados miembros a establecer como norma el acceso estatal a las comunicaciones digitales por razones de seguridad. 
También en el correo digital debe prevalecer un principio análogo al del secreto de la correspondencia en el sentido tradicional. 
Es una satisfacción para mí que las comisiones que han participado en el procedimiento de consulta orienten su voto en el mismo sentido. 
Si bien no puedo aceptar una de las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos, esto se debe únicamente a razones formales, pero no de contenido. 
Dicha enmienda se refiere al tema de la responsabilidad, que, como ya he señalado, rebasa el marco del presente informe. 
La Comisión se ocupará de este tema en la directiva marco sobre las transacciones electrónicas. 
Finalmente, quisiera acabar expresando el deseo de que el proyecto de directiva sobre la firma electrónica que ha anunciado la Comisión pueda ser examinado y adoptado cuanto antes con el mismo espíritu de cooperación, a fin de que las nuevas regulaciones sobre las transacciones electrónicas contribuyan junto con la moneda única a dar un impulso adicional al mercado común. 
¡Desde la rúbrica ejecutiva de los documentos imperiales medievales a la equiparación de la firma digital! 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la comunicación de la Comisión que tenemos ante nosotros constituye un paso importante en el refuerzo de la confianza de los ciudadanos y de las empresas en la conclusión de las transacciones electrónicas. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Ullmann por su informe y a la Comisión por su muy constructiva colaboración. 
En vista del tiempo que tengo, me limitaré a algunos puntos. 
Primero, el Grupo del PPE celebra la decisión de la Comisión de distinguir claramente entre, por una parte, la firma electrónica y, por otra, el cifrado y desvincular claramente ambas cuestiones. 
El Grupo del PPE se alegra de esto; vistas las acaloradas discusiones sobre las normas en materia de acceso a las claves de cifrado, la legislación relativa al comercio electrónico indudablemente se retrasaría, mientras que, precisamente, debemos actuar con rapidez en Europa para mantenernos a la altura de los Estados Unidos. 
No obstante, el punto de partida del Grupo del PPE respecto de la introducción de normas legales en materia de acceso al cifrado es muy clara. 
La pregunta de si por razones de seguridad debe pasarse a crear un depósito central de claves es contestada de forma negativa por el Grupo del PPE. 
El argumento más importante contra el depósito de claves es su falta de efectividad. 
Además de los elevados costes que conllevan las normas de acceso y el daño de la privacidad para los usuarios, la disposición relativa a los servicios de investigación y seguridad es ingenua. 
Después de todo un ciudadano correcto podría entregar una copia de su clave, pero, por supuesto, un criminal, nunca. 
Resumiendo, el depósito de claves no es efectivo y puede, además, dañar seriamente la confianza en la comunicación electrónica. 
Me alegra que también el gobierno de los Estados Unidos se haya convencido de esto. 
Sin embargo, los servicios de investigación deben tener derecho a pedir la clave a las personas sospechosas tras la autorización de las autoridades judiciales. 
Con esto llego a mi segundo punto. 
Es indispensable una reglamentación estricta de la responsabilidad para ganar la confianza de los ciudadanos y de las empresas a la hora de concluir transacciones electrónicas. 
La norma debe ser jurídicamente reconocida, si no los ciudadanos y las empresas no perciben nada en caso de daños. 
Naturalmente el desarrollo de una norma semejante corresponde en primer lugar a los Estados miembros. Sin embargo, también es importante que la Comisión, a causa de las transacciones transfronterizas y las reglas del mercado interno, vigile cuidadosamente y proponga, cuando sea necesario, medidas armonizadoras. 
Así mismo me alegro de que la directiva recién publicada por la Comisión también confirme esto. 
He mencionado estos dos puntos porque desgraciadamente la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aceptó por abrumadora mayoría los puntos que acabo de señalar, mientras que la Comisión Jurídica los rechazó y, por tanto, espero sinceramente que esta Casa corrija el error de la Comisión Jurídica. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, también yo quisiera expresar ante todo mi más sincero agradecimiento al señor Ponente por su informe. 
Todos coincidimos, creo, en que el desarrollo de los medios electrónicos de comunicación es tan veloz que también exige que nos apresuremos a establecer rápidamente el marco jurídico para esta nueva forma de comunicación. 
También es de agradecer el propósito de la Comisión de elaborar una política europea encaminada a establecer un marco común para la firma digital y el cifrado, no en último término porque el comercio electrónico, al igual que todas las demás aplicaciones de las nuevas tecnologías, ya no permanece restringido dentro de los límites de las fronteras nacionales. 
En la Unión Europea tenemos la posibilidad de desarrollar un marco jurídico común en este sentido. 
A la vista de la urgencia perentoria, también es de agradecer que ya se haya presentado la propuesta concreta de directiva, mientras todavía estamos debatiendo el documento preparatorio. 
El comercio electrónico también se extiende, no obstante, mucho más allá de la Unión y en la actualidad prácticamente no conoce fronteras. 
Por esto instamos asimismo a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan con ahínco acuerdos a escala internacional. 
En relación con el tema de la seguridad y la fiabilidad de las comunicaciones electrónicas deben contemplarse, como ya se ha señalado, dos ámbitos centrales, el aspecto de la seguridad y el aspecto más bien criptográfico. 
En lo que respecta a la seguridad de la información transmitida, por un lado tiene que poder verificarse la procedencia de la comunicación y, por el otro lado, es preciso garantizar que ésta llegue a su destinatario sin sufrir alteraciones durante la transmisión. 
Estos temas son de vital importancia desde el punto de vista del consumidor y para promover la confianza de los usuarios en estos medios de comunicación. 
Esta tendencia representa un enorme cambio y un reto para los usuarios y también para la economía. 
Todas las partes implicadas sólo harán uso de estas posibilidades si está garantizada la fiabilidad de los datos intercambiados y, sobre todo, una seguridad jurídica suficiente de los contratos que se establezcan y los medios de pago electrónicos utilizados en los servicios de pago electrónico. 
Yo quisiera solicitar asimismo desde aquí que los órganos de la Unión Europea y la Comisión sienten también un precedente en el uso de la firma electrónica, tanto en sus relaciones mutuas como en las relaciones con terceras partes. 
Yo creo que sería un paso importante para reforzar la confianza de la gente en la firma digital y en la comunicación electrónica en general. 
Precisamente de esta última consideración se desprende también la exigencia de que en todos los Estados miembros se disponga de una norma explícita que equipare la firma electrónica con la firma tradicional. 
Sin embargo, aunque yo apoyo plenamente que se establezca una política común y el desarrollo del comercio electrónico en general, será preciso examinar algunos problemas que todavía quedan por resolver y para los que se han propuesto diversas alternativas. 
Así sucede, en particular, en el caso de la responsabilidad. 
Aun así, yo creo que pronto podremos resolver este problema, con la consiguiente generación de un enorme potencial para la creación de nuevos puestos de trabajo en Europa y de apoyo a la economía. 
Señor Presidente, señor Comisario, el texto presentado por la Comisión Europea es un buen texto, pero sigue siendo un documento de debate y de reflexión. 
Como primera observación, deseo manifestar que existe una urgencia, una necesidad, un impulso por parte de la Comisión Europea, al objeto de implementar el trabajo legislativo en este sector, dado que se están preparando importantes iniciativas legislativas en materia de firma digital en el mundo, así como en los propios Estados miembros de la Unión. 
Me parece, como ha señalado el Sr. van Velzen, que es importante subrayar la diferencia que existe entre servicios relacionados con la autentificación y los servicios relativos a la confidencialidad. 
Existe una urgencia para los primeros, para la firma digital. 
Se plantea la necesidad de establecer unos sistemas o un conjunto de sistemas que tengan valor jurídico para la firma digital, que es la base fundamental de la consolidación de la confianza del consumidor y el fundamento del contrato del comercio electrónico. 
El reto, sobre todo desde el punto de vista cultural, no es insignificante; hace falta una reeducación del sector público y privado y un replanteamiento de algunos aspectos del Derecho administrativo y de la figura del contrato, al objeto de dar contenido al principio de equivalencia entre firma escrita y firma digital. 
El premio del éxito será la obtención de un beneficio cuantitativo y cualitativo en lo que se refiere a la productividad, sobre todo en los procesos desde fuera de las empresas. 
Se trata de un camino necesario para hacer frente a la creciente complejidad de los procesos creadores de riqueza en nuestra sociedad y, permítanme decirlo, para librarnos de cierta dosis de ineficacia burocrática. 
Este proceso de puesta al día de las normas del comercio electrónico, debe ser impulsado por la industria, aunque debe implicar las administraciones y recibir impulso y legitimación de los órganos legislativos y políticos. 
En mi opinión, la transformación producida por el comercio electrónico contiene un germen revolucionario y me pregunto si no sería incluso necesario superar la tradición de la ley integrada por normas y prohibiciones, en favor de una legislación constituida por principios y modalidades y, en consecuencia, más flexible, evolutiva y aceptable a nivel global. 
Considero que la iniciativa del señor Comisario Bangemann dirigida a la globalización de la sociedad de la información y a la cooperación internacional, a veces es apuntada como una iniciativa para una tarjeta de Internet, es conforme a esta orientación. 
Quisiera añadir que sería oportuno que también nosotros los diputados del Parlamento Europeo constituyéramos en el seno del Parlamento una unidad de trabajo, transversal respecto a los partidos y a las comisiones, aprovechando las competencias existentes y reforzando la coordinación interparlamentaria interna con los Estados miembros, y externa con los Parlamentos americano y japonés. 
Indudablemente, el debate de hoy no es más que un capítulo, una fase de este proceso. 
Señor Presidente, Señorías, el profesor Pompidou, quien se halla retenido en una reunión, me ha pedido que interviniera en su lugar, y les ruega que acepten sus excusas por no poder estar presente. 
El Informe Ullmann nos introduce en el meollo de la sociedad de la información y de sus dificultades, que nosotros, diputados europeos, tenemos el deber de controlar. 
Se trata de fomentar la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica, concretamente con miras al comercio electrónico y a la información económica. 
En ambos casos, se recurre a las llamadas " redes abiertas» , cuya autenticidad, integridad y confidencialidad es necesario fomentar. 
Un informe elaborado por el grupo de trabajo STOA a petición de la Comisión de Libertades Públicas trata sobre la evaluación de las técnicas de control político. 
En materia de control electrónico, conviene garantizar la validez de los contratos y la seguridad jurídica de los ciudadanos. 
En el momento en que la firma digital recurre a la biometría, es conveniente impedir cualquier menoscabo de las libertades individuales y en particular evitar relacionar el comportamiento del consumidor con estos caracteres físicos e incluso psicológicos. 
La biometría permite, en efecto, identificar al usuario basándose en las características del iris de su ojo o simplemente mediante el registro electrónico de su firma, cuyo interés para los grafólogos es bien conocido. 
Nuestro objetivo es proteger las libertades públicas y evitar la mercadotecnia feroz fundada en el estudio del comportamiento de individuos " marcados» electrónicamente. 
La criptografía, es decir, la codificación electrónica de datos, presenta ventajas en todo lo relacionado con la confidencialidad de la información, pero ofrece al mismo tiempo un refugio para la delincuencia organizada. 
Los desafíos globales que representa para la sociedad conducen a descartar la utilización, demasiado fácil, de la ocultación de información mediante la criptología. 
Con respecto a la utilización de la información abierta se debe hacer todo lo posible por evitar el empleo de cualquier forma de coacción física o mental frente a un ciudadano indefenso y en situación de desventaja debido a su ignorancia de los sistemas complejos de gestión de la información electrónica. 
Lo mismo puede decirse de los peligros de que se produzcan distorsiones de competencia vinculadas a la comunicación electrónica entre empresas que deben hacer frente a la competencia internacional. 
Sus comunicaciones electrónicas pueden ser fácilmente tratadas, es decir, analizadas, y luego sintetizadas por observadores exteriores. 
Eso nos lleva a formular tres preguntas a la Comisión. 
Primera pregunta: ¿qué lugar asigna la Comisión, en el marco de la competencia internacional actual, a la información electrónica abierta? 
Segunda pregunta: ¿considera que la industria europea está en desventaja por el hecho de que existen sistemas de observación exteriores a la Unión Europea, y que, por lo tanto, están al servicio de terceros países? 
Tercera pregunta: ¿qué medidas piensa recomendar la Comisión, sobre todo frente a los proveedores de servicios identificadores, con el fin de hacer más seguras las comunicaciones de las empresas europeas, así como el comercio electrónico para uso particular? 
Señor Presidente, cada vez resulta más evidente para todos los ciudadanos que el comercio electrónico es el futuro. 
La solución de los problemas asociados en el ámbito de la seguridad jurídica será determinante para la aceptación de la comunicación electrónica entre los ciudadanos, pero también es un requisito para la equiparación jurídica de la firma digital con la firma tradicional. 
El ponente ha expuesto exhaustivamente estos problemas y los ha encauzado por el camino adecuado. 
El problema de la autenticidad parece tan resoluble como el de la integridad. 
En cambio, me parece difícil resolver el tema de la fiabilidad. 
El rápido progreso técnico en el campo de la electrónica permite esperar, no obstante, que pronto se podrá disponer también de métodos satisfactorios en este aspecto. 
Éstos tendrán que satisfacer, por un lado, las exigencias del uso cotidiano y de la protección de los datos, pero, por el otro lado, no deben dificultar la lucha contra el delito. 
No obstante, no debería contemplarse, a mi parecer, la regulación jurídica del acceso. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame expresar mi agradecimiento al ponente por su admirable informe, y afirmar que lo encontramos muy alentador y positivo. 
El objetivo de la comunicación era destacar la importancia del libre acceso a productos y servicios criptográficos para los consumidores y para el sector europeo. 
La respuesta general al Sr. Giansily es que la consideramos una contribución importante- sólo una contribución, pero importante- para que el sector europeo pueda beneficiarse a nivel internacional de todos los avances que se están produciendo actualmente. 
En estos momentos, Europa no está en desventaja, pero la situación avanza rápidamente. 
Por consiguiente, estará en desventaja a menos que tomemos las medidas necesarias, además de otras medidas que van más allá en lo que a la sociedad de la información se refiere, ya sea en foros internacionales o a través de nuestra propia legislación. 
Si lo hacemos, no estaremos en desventaja. 
En realidad, existe la necesidad de actuar. Otras organizaciones internacionales trabajan activamente en este sentido. 
Paso, a continuación, al ámbito específico que abarca el presente debate en lo relativo a la criptografía. 
Estoy de acuerdo con el informe en que debido al carácter global de Internet, el diálogo internacional es de la máxima importancia. 
En el seno de la UE, hay varios Estados miembros que han emprendido actividades en este ámbito y no cabe ninguna duda de que si tuviéramos enfoques jurídicos y técnicos divergentes, ello constituiría un serio obstáculo a la libre circulación de bienes y servicios en el mercado interior. Es por lo que necesitamos con urgencia un marco político comunitario para el cifrado. 
El informe coincide con la opinión que hemos declarado firmemente, a saber, la importancia de hacer una distinción entre los servicios de autenticidad e integridad, por un lado, y los servicios de confidencialidad, por otro. 
Así se recoge explícitamente en nuestro informe. 
Con respecto a los servicios de autenticidad e integridad, el primer paso importante es la directiva sobre las firmas electrónicas. 
La propuesta fue enviada al Parlamento el 1 de julio. Naturalmente también está en manos del Consejo. 
El objetivo es crear un marco jurídico armonizado y adecuado que facilite la utilización de firmas electrónicas en la Comunidad. 
La propuesta se ajusta a los requisitos establecidos en el informe del Parlamento Europeo. Es un enfoque que hace hincapié en la neutralidad tecnológica. 
Se espera que se desarrolle toda una variedad de mecanismos de autenticidad, y la directiva debe tener un alcance suficientemente amplio para que abarque todo el espectro de las firmas electrónicas, incluida la firma digital. 
Asimismo se hace hincapié en la importancia del reconocimiento jurídico. 
La directiva debe favorecer el establecimiento de un marco jurídico armonizado a nivel comunitario, que garantice el reconocimiento jurídico de las firmas digitales como si se trataran de firmas estampadas de puño y letra. 
También se considera importante el establecimiento de unas condiciones comunes para los suministradores de servicios de autenticidad y de certificados, así como el reconocimiento mutuo, la introducción de un reglamento sobre responsabilidad y disposiciones transfronterizas. 
En todos estos aspectos, la propuesta se ajusta a lo que se propone en el informe del Parlamento Europeo. 
Volviendo a la cuestión de los servicios de confidencialidad, estamos hablando aquí sobre la enmienda al reglamento relativo al doble uso, y esa propuesta de reglamento del Consejo fue aprobada por la Comisión el 15 de mayo. 
La principal modificación fue la propuesta a favor de la notificación, en vez de procedimientos para la concesión de licencias para el comercio intracomunitario. 
Por el momento no está prevista ninguna actividad reguladora, pero la Comisión seguirá examinando la proporcionalidad de las restricciones nacionales con vistas a descubrir si alguna de ellas pudieran convertirse en un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior. 
Quiero expresar, una vez más, mi agradecimiento al Parlamento por este informe tan positivo. 
Espero que obtengamos el mismo apoyo para la propuesta de directiva y, dada la importancia de la iniciativa en términos de su impacto sobre el crecimiento y el empleo, espero que el Parlamento dé su dictamen conforme a la propuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, acabo de comprobar gracias al acta que el Sr. Janssen van Raay me ha dedicado un amable cumplido por mis actividades a favor de los diputados de este Parlamento. 
Me gustaría agradecerle estas atentas palabras, si bien querría recalcar que mis divergencias con la Mesa no se deben a una cuestión jurídica, sino a una cuestión democrática. 
Creo que la disciplina es asunto de los partidos políticos, y no responsabilidad del Parlamento como institución. 
También considero que es responsabilidad de este Parlamento cualquier modificación en el pago de las indemnizaciones a los diputados desde el momento en que resultaron elegidos, en julio de 1994, en vez de que esta modificación sea impuesta por una Mesa de 15 ó 16 diputados. 
Así pues, mi cuestión es distinta. 
No creo que estos asuntos se deban resolver por canales jurídicos. 
Yo estoy decidido a acogerme al procedimiento democrático. 
Pero desearía agradecer al Sr. Janssen van Raay las amables observaciones que realizó ayer. 
Señora Presidenta, simplemente quiero señalar que mi nombre no figura en la lista de presentes de ayer, aunque he participado en todas las votaciones. 
Le pido que se rectifique esto. 
Señora Presidenta, mi nombre no figura en el Acta de ayer, aunque he estado presente y he participado en todas las votaciones nominales de ayer. 
Pido que se rectifique esto. 
Señora Presidenta, de acuerdo con el punto n- 1 del acta de ayer, yo dejé claro que iba a pronunciarme en contra en la mayor parte de las votaciones. 
Me gustaría aclarar que, en realidad, sí que participé en ambas votaciones y lo hice votando en contra. 
Sin embargo, esta circunstancia no ha quedado reflejada en el acta. 
Señora Presidenta, también sobre el Acta, con respecto a lo que mi colega, el Sr. Janssen van Raay ha dicho acerca del voto obligatorio y de las medidas penales. Es muy desagradable que el lunes uno llegue a la caja y sea testigo de la sanción de algunos colegas, que, sonrojados, tienen que escuchar como los funcionarios afirman que deben ser sancionados por no haber intervenido en la votación de la sesión de hace unos días. 
Creo que esto daña la individualidad y nuestra integridad como parlamentarios ¿Puede pensar una forma, en tanto existan estas disposiciones, en la que la sanción- puesto que eso es lo que es- no sea impuesta por los funcionarios de la caja en plein public? 
Ésa es mi pregunta. 
Señora Presidenta, sobre el tema de las sanciones a funcionarios quisiera decir tan sólo que la pobre gente que se ocupa de la caja no puede hacer nada. 
Quienes deberían ser sancionados son las personas importantes, los de arriba, que nunca aparecen. 
Esto es lo que deberíamos exigir de una vez por todas. 
También deberían ser sancionados ciertos cargos selectivos, y no me estoy refiriendo a usted, sino a otros. 
Señora Presidenta, quisiera comunicarle que ayer nuevamente fue atracado un funcionario de la Comisión en el parque Leopold, probablemente por el mismo grupo que ya había atracado al Sr. Macartney. 
He tomado nota de ello. 
Hoy es el último día de la sesión plenaria. 
Espero que las emociones disminuyan de intensidad, los rostros acalorados vuelvan a su estado natural y podamos pasar ahora a la votación. 
(El Parlamento aprueba el Acta.) 
Votaciones 
Señora Presidenta, Señorías, se trata brevemente de corregir una palabra. 
El texto y el formato de los billetes es un acuerdo negociado mediante acuerdos internacionales y, por lo tanto, el Parlamento Europeo no puede cambiar el texto ni el formato sin acuerdo internacional. 
La tercera parte de la enmienda 10 dice que los derechos de los usuarios se inscribirán en el billete. Eso significaría modificar texto y formato. 
Yo propongo que, en vez de la palabra «en el billete» se ponga la palabra «se entregará al usuario con el billete» ; así nadie podrá argumentar que es inviable legalmente llevar adelante la aplicación de esta enmienda. 
Por lo tanto, lo único que pretendo es que sea posible la aplicación de este Reglamento y que, en vez de la expresión «en el billete» -pues nos van a argumentar que el formato y el texto son consecuencia de acuerdos internacionales -, pongamos «con el billete». 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, usted ha comunicado hace unos minutos que se habían introducido correcciones en todas las lenguas. 
Estoy un poco confundido por esta circunstancia, ya que si se ha modificado la lengua original, ¿en qué fase del procedimiento ha tenido esto lugar? 
Lo haremos revisar y después recibirá usted una respuesta por escrito. 
Respaldo con entusiasmo el presente informe. 
Como pasajero habitual de Sabena durante estos últimos años, tanto yo como el resto de mis compañeros de viaje hemos tenido que sufrir pérdidas de equipaje, retrasos en los vuelos, aviones con enormes excesos en las reservas de los vuelos, un personal maleducado- especialmente en Bruselas, incompatibilidad entre los sistemas informáticos (incluso dentro de una misma compañía) y una cantidad de molestias que, si se hubiera tratado de un comerciante de cierta importancia, habría dado lugar a quejas por parte de los consumidores y ocasionado su quiebra hace ya mucho tiempo. 
Por todo ello, ya va siendo hora de que los consumidores puedan ejercer algún tipo de control sobre las actividades de compañías tan desaprensivas como ésta. 
Aunque no es perfecto, este informe apunta hacia este objetivo, y este es el motivo por el que cuenta con mi apoyo. 
Las compensaciones en los casos de sobrecontratación en el transporte aéreo no son un asunto del que deba ocuparse la UE o el Parlamento Europeo. 
Ésta es una cuestión que las compañías aéreas y sus organizaciones deben resolver. 
Por eso he votado en contra del informe. 
A pesar de que yo acojo con satisfacción este informe, dudo que la compañía aérea con la que vuelo habitualmente, SABENA, también lo haga. 
Si el exceso de reservas en los vuelos fuera el único problema, supongo que la compañía aérea podría mejorar. 
Pero si a esto añadimos la pérdida de equipaje, los vuelos con retraso y un servicio insuficiente, entonces nos enfrentamos con un serio problema. 
Si bien este informe da algún paso para rectificar un problema, es necesario actuar para atajar todos los demás. 
Informe Howitt 
Ante la infrautilización crónica de los fondos estructurales, el informe del Sr. Howitt esboza una reflexión sobre las prioridades que deberían incluirse en la adaptación de los programas de esos fondos hasta fines de 1999. 
Pero una vez más, en lugar de dirigir la reflexión hacia las causas de esta subutilización, y en especial hacia la increíble pesadez administrativa de su gestión, a los engaños y los fraudes, tan sólo se propone dar una nueva orientación al uso de los fondos estructurales. 
Los fondos estructurales desempeñan un papel paradójico, ya que pretenden favorecer una cohesión económica y social afectada, en particular, por los efectos de ciertas decisiones comunitarias, como la reforma de la PAC, la bajada de los precios agrícolas, o la prohibición del uso de las redes de enmalle a la deriva aplicada a nuestros pescadores del Mediterráneo y del Atlántico. 
Las ayudas estructurales al mundo rural, desarrolladas en 1992-1993, también estaban destinadas a compensar el sacrificio de los intereses agrícolas concretado en el marco de las negociaciones del GATT. 
Entre las prioridades establecidas, habría sido necesario incluir, en primer término, la valoración de las consecuencias de la Unión Económica y Monetaria sobre las disparidades regionales. 
Sin duda, el euro entraña el peligro de agravar notablemente los desequilibrios entre las regiones con menor densidad de población, las menos ricas, las más rurales y las más periféricas, por una parte y, por otra, las regiones situadas sobre los grandes ejes de comunicación, donde se concentran las actividades económicas, sobre todo las de la dorsal europea. 
Para mantener el equilibrio de nuestros territorios, es indispensable proteger la vitalidad de las regiones rurales y de las dependientes de la pesca, que representan- recordémoslo- el 80 % del espacio de la Unión Europea. 
Si queremos llegar a un ordenamiento equilibrado del territorio, por el que se evite el éxodo rural y se conserve un patrimonio natural y cultural a menudo rico y delicado, principal fuente de la actividad turística, es esencial prestar una atención privilegiada a ciertas regiones más desfavorecidas, más frágiles, más difícilmente accesibles, como las zonas de montaña y las zonas húmedas, particularmente abundantes en Europa. 
A nuestro parecer, el esfuerzo comunitario, antes que dispersarse en el afán de cubrir innumerables campos, en una perspectiva de clientelismo más que de desarrollo, tendría que ceñirse a potenciar la PAC y la PPC, las dos únicas políticas comunes verdaderas, y debería dotarlas de los medios e instrumentos necesarios para garantizar su eficacia. 
Informe Orlando 
Quiero expresar mi apoyo sin reservas a un informe que exige un aumento de la lucha contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones. 
Europa debería tener unas normas comunes, una mejor cooperación en el campo judicial y policial y, sobre todo, una voluntad común. 
Es cierto, hay que tomar en cuenta las libertades individuales y velar por la protección jurídica de las personas, pero sobre todo hay que poner atención en que los criminales no estén mejor protegidos que sus víctimas. 
La concienciación está presente hoy en Europa, pero dentro del Consejo aún hay que recorrer bastante camino. 
Es preciso adoptar medidas legislativas y técnicas concretas y, para hacerlo, también en esto se necesita una mayor dosis de una Europa política, de una Europa ciudadana, para perseguir el crimen a menudo oculto tras las empresas y los circuitos económicos y financieros. 
El informe Orlando va por el buen camino y lo apoyo. 
Pero aún es necesario ir más lejos, con mayor fuerza y más rapidez. 
El Consejo ha propuesto una acción común relativa a las modalidades de cooperación entre los Estados miembros sobre las cuestiones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado. 
No podemos sino felicitarnos por el hecho de que se instaure esta cooperación en el nivel intergubernamental, pues de ello podemos esperar sólo efectos positivos en la guerra contra el crimen internacional y en el refuerzo de la eficacia de la policía y de la justicia de los Estados miembros comprometidos. 
En cambio, el tratamiento que la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores de este Parlamento ha dado a las propuestas del Consejo nos llena de preocupación. 
En efecto, la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores ha deformado la propuesta del Consejo, con sus enmiendas sistemáticas a las disposiciones que garantizan el respeto de las legislaciones nacionales y, por tanto, la soberanía de los Estados miembros. 
No corresponde a este Parlamento- es evidente- pronunciarse sobre este tipo de cuestión, como tampoco le corresponde imponer, por la enmienda 13 al artículo 4, la competencia del Tribunal de justicia europeo. 
Este Tribunal de ningún modo puede ser declarado competente en este tipo de asunto, pues el principio que implica la propuesta del Consejo es el del procedimiento intergubernamental, por el que son competentes los propios Estados miembros, a través de sus respectivos sistemas judiciales, en cuanto a la interpretación de la acción común y los litigios derivados de su aplicación. 
No se puede pensar siquiera que los Estados vean que los acusados les oponen, ante el Tribunal de justicia europeo, unas argumentaciones que, sin duda, no resultarían para nada aceptables. 
Por lo tanto, por coherencia con nuestros principios y también por razones de eficacia, nos oponemos totalmente a las propuestas del informe Orlando. 
Informe Elchlepp 
En períodos de difíciles ajustes económicos crece la necesidad añadida de intercambios y proyectos comunes en la formación profesional. 
Como se ha dicho, el carácter equilibrado en los programas de cooperación debe ser garantizado en las dos direcciones. 
Para el intercambio en la formación profesional con la República Checa, esto significa no sólo fomentar la movilidad en ese país, sino también apoyar a profesores, alumnos y estudiantes que quieran acumular experiencia en la República Checa. 
Vale como principio básico que la participación de los estados del Centro y Este de Europa sea asegurada mediante su propia contribución financiera. 
Sin embargo, al igual que en la participación en los programas plurianuales PYME, se ha previsto que la Comunidad asuma una parte añadida detraída de los recursos del programa PHARE. 
E incluso teniendo en cuenta de modo general que los países cooperantes aporten su propia contribución, debemos reaccionar eficazmente ante las situaciones excepcionales. 
Todavía tengo frescas en la memoria las imágenes de las inundaciones en la República Checa del año pasado. 
Las repercusiones económicas fueron enormes. 
Por ello celebro plenamente la propuesta presente de utilizar más recursos de PHARE para garantizar la cooperación. 
Con ello contribuimos activamente a la europeización de la UE. 
Informe Macartney 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones aprueba el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y la República Federal e Islámica de las Comoras. 
Francia está directamente comprometida por este acuerdo, porque afecta a 21 atuneros arrastreros franceses. 
No obstante, debemos señalar que nos oponemos a la enmienda 5, porque pide que la Comisión presente un informe exhaustivo sobre el inventario de los recursos pesqueros, sobre la aplicación y las condiciones de ejecución del acuerdo, así como sobre sus repercusiones en cuanto a la formación profesional, aunque en la realidad el acuerdo pesquero corresponde a un derecho de pesca para un tonelaje de capturas determinado y para un número específico de barcos. 
Las medidas anexas al acuerdo pesquero no son más que orientaciones técnicas y políticas, y las instituciones europeas no deben arrogarse, unilateralmente, el derecho de controlar las medidas que sólo son de la competencia de la República Federal e Islámica de las Comoras. 
En resumen, un acuerdo pesquero no debe atentar contra la soberanía nacional del socio de la Unión Europea. 
En la enmienda 6, se explicita que el Consejo encarga a la Comisión que negocie los protocolos de aplicación del acuerdo en cuestión. 
Sin duda estamos a favor de que la Comisión tenga la competencia negociadora en este acuerdo, pero estamos en contra de que esa competencia se extienda a los protocolos de aplicación. 
El Consejo tiene que mantener su poder. 
Una vez más, la mayoría federalista del Parlamento Europeo desea despojar al Consejo de sus poderes propios en provecho de la Comisión, una estructura tecnocrática a la que no se aplica un control democrático. 
Por último, este acuerdo pesquero pone en evidencia el problema del aprovisionamiento de atún en la Unión Europea, porque tiene como referencia 45.000 toneladas anuales, absorbidas íntegramente por nuestro mercado interior. 
Por consiguiente, una vez más, tengo que recordar mi oposición total a la decisión de prohibir el uso de las redes de enmalle a la deriva, porque se usan sobre todo en la pesca del atún en el Atlántico, donde los recursos son abundantes, y porque los argumentos empleados invocando la protección de los mamíferos marinos son falsos, pues la red de enmalle a la deriva es un arte de pesca selectivo, como lo demuestran los estudios científicos que se consideran fiables por su metodología. 
Lucha contra la criminalidad 
De conformidad con el Orden del Día, viene ahora el informe (A4-0222/98) del Sr. Orlando en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores sobre el proyecto de Acción Común adoptada por el Consejo (6490/98- C4-0184/98-98/0909 (CNS) ) sobre la base del Artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativa a los acuerdos para la cooperación entre los Estados miembros por lo que se refiere a la identificación, detección, embargo preventivo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito. 
Señora Presidenta, esta propuesta de acción común está orientada a reforzar la cooperación en materia de identificación, detección, embargo preventivo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito. 
Es otro significativo paso adelante en el camino que comenzó en Dublín en el año 1996 y siguió con el Consejo de Amsterdam en el año 1997. 
La sensibilidad de las Instituciones europeas ante la delincuencia organizada va creciendo y empieza a tener un carácter orgánico en la actuación contra el propio delito. 
Considero imprescindible referirme a la contribución prestada por el informe general de la Sra. Cederschiöld y por el informe de los Sres. 
Schulz y Bontempi, así como mencionar los anteriores programas de acción común de los que tuve ocasión de ser ponente. 
En primer lugar, el mecanismo de evaluación de la aplicación y ejecución a escala nacional de los compromisos internacionales en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, un programa de acción común que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 1997. 
Este programa fue aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de marzo de 1998. Se trata de un programa de acción común que establece la primera definición, reconocida a escala internacional, de delincuencia organizada y de participación en la misma, que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de mayo de 1998. 
La lucha contra la delincuencia organizada debe abarcar los aspectos armados y las complicidades institucionales, así como y sobre todo los aspectos financieros. 
La mafia, al igual que cualquier otra forma de delincuencia organizada, penetra en la vida legal a través de los canales financieros. 
Se trata de perseguir la delincuencia organizada a través de su patrimonio, porque atacarla desde el flanco patrimonial implica, sin duda, poner en práctica una estrategia eficaz para luchar contra la delincuencia organizada. 
Ha quedado ampliamente demostrado que un padrino o un capo mafioso que, mientras permanece en la cárcel, puede disponer de su patrimonio es más peligroso que un fugitivo de la justicia que, en cambio, no puede basar su actividad ilegal en un sólido patrimonio económico y financiero. 
En otros términos, es posible debilitar el brazo armado de la delincuencia organizada sólo si se vence el brazo financiero que, precisamente porque suele ser el que más se esconde, presenta una peligrosidad que con frecuencia se subestima y que, de todos modos, los investigadores desconocen. 
Como sucede en todo cambio de rumbo importante, también éste está expuesto a peligros y, en este caso, el riesgo está en que Europa se convierta en una gran lavadora para blanquear dinero. Un supuesto que se puede evitar gracias a una seria cooperación internacional y que, sin duda, puede anularse a través de la cooperación y el establecimiento de un marco judicial y jurídico común. 
La ilusión de que el dinero no huele se desvanece ante el origen delictivo y violento que caracteriza el capital ilegal y ante el evidente desequilibrio que produce el dinero ilegal en una economía de mercado y en el desarrollo ordenado del mercado financiero y bancario. 
Y termino diciendo que aprecio la contribución constructiva prestada a la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores con respecto al texto originariamente propuesto. 
Señora Presidenta, señoras y señores, el Sr. Orlando ha realizado un destacado informe que se añade a una serie de trabajos que la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores de este Parlamento había emprendido siguiendo el curso de las medidas que el Consejo había adoptado. 
Las propuestas que el grupo de expertos, el llamado high level group, ha presentado- un catálogo de medidas comunes -, han sido acompañadas desde la perspectiva del Parlamento por un informe- el Sr. Orlando ya se ha referido a ello- de la Sra. Cederschiöld. 
Una serie de medidas particulares están siendo discutidas ahora, sesión tras sesión, en el Parlamento, y el informe del Sr. Orlando pertenece a esta serie. 
En esencia, se trata de hacer tres precisiones a lo que el Sr. Orlando ha explicado sobre su propio informe. 
Primera: la intensificación de las oportunidades de actividad económica en la Unión Europea- el Sr. Orlando se ha referido a la unión monetaria y las posibilidades que se deriven de ahí- genera una situación fácilmente imaginable, en la que es factible una actividad económica ilimitada y una ilimitada extensión de las oportunidades de actividad económica. 
Entre ellas, la posibilidad de actividades económicas ilegales. 
Por tanto, necesitamos también instrumentos para combatir la economía ilegal que sean transfronterizos. 
Europol ha sido puesta en marcha y esperemos que pronto pueda desempeñar su trabajo de un modo realmente eficiente. 
¡Pero esto sólo no basta! 
No sólo necesitamos trabajo policial conjunto. 
Necesitamos además instrumentos para el trabajo judicial común, uno de los cuales consiste en que se les ofrezca la posibilidad de trabajar juntas, con plazos lo más cortos posibles y de la manera menos burocrática posible, a las autoridades penales, sean la Policía, la Fiscalía del Estado o los Tribunales. 
¿Qué fin persiguen los criminales? 
Los criminales quieren conseguir la mayor cantidad de dinero en el tiempo más corto posible, dejando a un lado toda limitación moral, trabajando minimamente y, si es posible, sin pagar impuestos. 
Pero no quieren dejar su dinero eternamente en la ilegalidad, sino inyectarlo clandestinamente en la circulación económica legal, para poder así vivir sin ser molestado. 
Precisamente ahí hay que poner una barrera y crear instrumentos para que en caso de que alguien haya amasado su patrimonio ilegalmente, pueda verse privado de él o de sus recursos. 
Evitar que algunos se enriquezcan por medios ilegales y que el dinero sea blanqueado es un objetivo de la medida sobre la cual el Sr. Orlando ha hecho sus observaciones en nombre del Parlamento y que nosotros, como socialdemócratas, apoyamos totalmente. 
El Parlamento Europeo emprende su trabajo en completo acuerdo más allá de las divisiones de casi todos los grupos respecto del modo de entender las necesidades europeas. 
Hay muy pocas diferencias, sólo en cuestiones de detalle. 
Respecto del principio básico estamos todos de acuerdo. 
Desearía que esa unidad y ese consenso reinasen también a escala nacional entre los partidos a veces enzarzados en la disputa política- esto haría todo más sencillo -, en vez de que la lucha contra la criminalidad y las medidas empleadas en ella fueran sacrificadas en aras de cualquier estrategia electoral. 
Sobre nuestra lista de votos, sólo una observación al Grupo Popular. 
Nos abstendremos en las enmiendas de la Sra. Palacio, no porque consideremos que sean malas en su contenido, sino porque creemos que ya están recogidas en el documento del Sr. Orlando. 
Señora Presidenta, en el plan de acción sobre la delincuencia organizada se resolvió que se fortalecería la búsqueda e incautación de bienes provenientes de delitos. 
El Parlamento Europeo apoyó esta propuesta y en otros lugares del mundo existe una orientación similar. 
La red empieza ahora a cercar a los traficantes de drogas y a la delincuencia internacional organizada. 
A esto contribuirán una serie de documentos jurídicos. 
En este caso, el documento jurídico no es especialmente detallado pero la comisión ha intentado aclararlo y fortalecerlo con la buena ayuda del ponente y no en menor medida con la ayuda de la afamada experta jurídica Palacio Vallelersundi. 
Aún así, puede haber motivos para que el Consejo vuelva a este tema, es decir, al asunto de qué se va a hacer con los dineros incautados. 
El Consejo propone medidas que se refieren a la tramitación, al procedimiento y a la posibilidad de adoptar medias urgentes y también propone una red de puntos de contacto para impedir que desaparezcan los bienes pertenecientes a la delincuencia seriamente organizada, por ejemplo, el comercio con drogas. 
Además, se proponen medidas educacionales. 
No obstante, se tiene que entender que el Consejo avance con cautela en esta materia, ya que hay aspectos de integridad esenciales que tienen que ser respetados así como también hay que tomar en consideración los derechos humanos. 
Se tiene que encontrar un equilibrio entre la protección a la integridad y la eficacia en el combate a la delincuencia. 
También es importante que los ciudadanos en cada país sientan seguridad ante la ley, es decir, que sepan que su legislación es respetada. 
Esto exige proteger al individuo. 
Independientemente de los objetivos políticos, nunca se puede defender con ellos una falta de orden en los principios jurídicos. 
Cuando se trató mi informe sobre la delincuencia organizada en lo referente al plan de acción, el Parlamento votó casi unánimemente a favor de la creación de fondos para las víctimas de delitos con los bienes que no se pueden devolver a sus dueños legítimos o que no es posible repartir de manera adecuada porque han sido muchos los países que han colaborado en la captura e incautación de ellos. 
El Consejo aún no se ha pronunciado sobre esta propuesta. 
Hay motivos para volver sobre el punto y en este contexto no hay que olvidar a las víctimas de delitos. 
En la Unión hay buenos ejemplos que se pueden usar como modelos en esta materia. 
En todo caso, se tiene que comenzar a especificar lo que se va a hacer con esos bienes. 
El Consejo cuenta ahora con una base más amplia para su decisión, puesto que el Parlamento ha ido desarrollando sus ideas y el Consejo ha esperado el tratamiento en el Parlamento antes de adoptar una resolución en esta materia. 
Del mismo modo, se podría aprovechar para enviar un pequeño documento jurídico, que hiciese las veces de globo sonda para captar ideas importantes, dignas de usarse en materia de protección a las víctimas de delitos. 
Señora Presidenta, señoras y señores, este informe tiene relevancia política más allá de su contenido en sentido estricto. 
¿Por qué? 
Porque el ponente ha sabido destacar las dificultades. 
Muestra de un modo muy preciso lo extraordinariamente difícil que resulta para los Estados miembros y el Consejo actuar políticamente en temas relativos al trabajo judicial conjunto, especialmente en el ámbito penal. 
Este es un punto central que la exposición ha clarificado, por lo que hay que felicitar al ponente. 
Es increíble que debamos leer que el proyecto no contenga, cito, " propuestas concretas para la mejora de las disposiciones legales de los Estados miembros» , o que con este proyecto no se satisfaga ninguno de los objetivos del Plan de Acción. 
Esto es una declaración de bancarrota política del Consejo y de los Estados miembros en un ámbito político extraordinariamente sensible, porque todos nosotros sabemos exactamente que la cooperación y la integración no sólo son necesarias en el mercado interior, e igualmente fácil de reconocer es que la capacidad política e institucional de resolver problemas y de tomar decisiones va muy por detrás del desarrollo social de la criminalidad. 
En esta situación, el Consejo nos presenta un documento tan irrisorio. 
Esto debería ser dicho muy claramente, porque él es el legislador, no nosotros. 
Justamente los temas judiciales, el derecho penal, son normalmente los ámbitos nucleares del parlamentarismo. 
Nuestra colaboración tiene justamente un carácter modestamente consultivo. 
Quisiera felicitar al ponente por esos puntos críticos respecto de la colaboración del Parlamento de su informe, sobre todo en la parte de la exposición de motivos. 
Pero según mi opinión, en este contexto es muy importante que la comisión, el ponente y, como espero, también el Pleno realicen el trabajo de contenido legal propiamente frente al contenido extraordinariamente raquítico de este documento del Consejo. 
Creo que es importante que en este punto el Parlamento Europeo lleve las cosas adelante de manera efectiva. 
Es muy, pero que muy satisfactorio que el ponente y la comisión hayan podido decidirse a hacerlo. 
Pienso que esta es también la ocasión para poner de nuevo de manifiesto lo insuficientemente claras que están las competencias del Parlamento Europeo justamente en el ámbito del tercer pilar, y de que deben ser fortalecidas. Esto puede verse en este ejemplo, porque debemos preocuparnos de que en ese ámbito, acorde con el desarrollo social, también se tomen decisiones políticas y se saquen consecuencias institucionales. 
El informe es prueba de ello, y por ello quiero felicitar al ponente. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero sumarme también a la felicitación al ponente, Sr. Leoluca Orlando, porque ha hecho un trabajo muy bueno- reconocido por todo el mundo- y ha puesto de manifiesto- lo que también se ha indicado anteriormente- la necesidad de avanzar en una construcción europea que abarque todas las dimensiones necesarias, es decir, que no solamente ponga énfasis en la parte económica sino que, sobre todo, ponga énfasis en la parte social, jurídica y en los aspectos financieros, que son también importantes. 
El Sr. Orlando ha intentado rectificar este desequilibrio y, por ello, nuestro Grupo va a votar positivamente todas sus enmiendas a esta propuesta. 
Nosotros estamos preocupados porque, precisamente, percibimos una especie de diferencia en el trato que se da a algunas actuaciones que tienen entidad menor y el que se da a cosas tan importantes como la criminalidad organizada y sus consecuencias dramáticas para la sociedad, la cultura, la juventud, etc., diferencia de trato que demuestra que el Consejo no está a la altura de las circunstancias. 
Y es importante actuar contra grupos como éstos de criminalidad organizada, que se caracterizan, entre otras cosas, por su potencia económica y también porque disponen de gabinetes de asesores jurídicos que saben deambular de forma muy hábil por los vericuetos, resquicios y fisuras de la legislación nacional e internacional. 
Por ello, hace falta mayor contundencia y precisión, por parte de la Unión Europea, respecto de tales grupos. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con las enmiendas 20, 21 y 22, pues parece que el texto del Sr. Orlando es más preciso. 
Por ello- repetimos- nuestro acuerdo total y nuestra felicitación al Sr. ponente. 
Señora Presidenta, telegráficamente: nosotros los Verdes hemos criticado siempre el concepto de la criminalidad organizada porque la consideramos una amalgama donde se mezclan estructuras mafiosas y terrorismo y todo lo que sea, y los servicios estatales proyectan también ahí su propia forma estatal, y donde, en realidad, nos enfrentamos a formas capitalistas irregulares de enriquecimiento. 
El tema de las libertades personales debe ser ponderado por encima del tema de los derechos de propiedad. 
Abordamos el tema al revés que el ordenamiento legal actual. 
Por ello no hemos votado en el pasado a favor de un informe Orlando, que desde nuestro punto de vista fue demasiado lejos en este tema. 
En este tema, en el que se trata de tantear realmente los derechos de propiedad en relación con formas de enriquecimiento capitalista irregulares, somos completamente de la opinión, que el Sr. Orlando, sencillamente, se ha dejado llevar sólo por el sentido común, y podemos apoyar el informe en todos sus puntos. 
También las enmiendas del Grupo del Partido Popular Europeo nos parecen sensatas y dignas de apoyo. 
Se trata sencillamente, de que esté claro que un jefe mafioso en la cárcel, mientras pueda gestionar su capital ilegal, es más peligroso que si circulara libremente pero no tuviera capital. 
¡Esta es la cuestión decisiva! 
Por ello, aquí se halla el planteamiento correcto. 
Asombra ver el modo tan titubeante con que la Comisión procede en todo este terreno. 
Con ello topamos de nuevo con la equivocada ponderación que existe en el ordenamiento legal. 
Necesitamos regular un intercambio limpio en un mercado interior más unificado, pues sólo así podemos, en definitiva, evitar efectivamente la metástasis criminal que produce el proceso normal de enriquecimiento capitalista. 
Señora Presidenta, el informe Orlando analiza la Acción Común del Consejo en el marco del Plan de Acción para luchar contra la delincuencia organizada, tal como se acordó en junio de 1997 en el Consejo Europeo. 
El informe Orlando es bastante negativo sobre esta propuesta en relación con la cooperación de los Estados miembros por lo que se refiere a la identificación, detección, embargo preventivo, incautación y decomiso de los productos del delito. 
Conforme a este informe, el Consejo no ha cumplido ni un solo requisito del Plan de Acción. Lo dispuesto en la orientación 11 (entre otras cosas, la mejora de las disposiciones legales de los Estados miembros y la introducción de procedimientos especiales) y en la recomendación 26 c) (confiscación independientemente de la presencia del autor del delito) no se incorpora en esta Acción. 
La Acción se basa en el artículo K.3 del TUE, que se aplica a la ejecución del Plan de Acción y específicamente a la recomendación 26 b). 
De forma resumida, en ella figura que debe emprenderse un estudio con vistas a perfeccionar la localización e incautación de los bienes ilegales y la aplicación de las resoluciones sobre la confiscación. 
Esta Acción Común da, sin embargo, un buen impulso para lograrlo. 
Esperar que con ello se establezca un sistema europeo es ir demasiado lejos e, incluso, no se correspondería con los objetivos políticos del Plan de Acción. 
Quizá sí con los del Parlamento, pero entonces uno no puede basarse en el Plan de Acción para mostrar el error del Consejo. 
La cooperación en el ámbito de la justicia no es tan fácil en el plano europeo, es cierto. 
No obstante, se trata del núcleo de las competencias nacionales de los Estados miembros. Aquí, uno se acerca mucho a la soberanía de los estados. 
La Acción se basa en el K.3 del TUE. 
El Parlamento tiene, por tanto, que ser consultado. 
Me parece confuso por qué se trata la propuesta como si el Parlamento tuviera que emitir un dictamen conforme. 
En cuanto al contenido, estoy de acuerdo con muchas de las enmiendas, pero visto el objetivo de esta Acción del Consejo, las enmiendas al artículo 4, de hecho, van demasiado lejos y son demasiado detalladas. 
Realmente tengo dificultades con la enmienda 13, según la cual el Tribunal de Justicia va a tener competencia, entre otras cosas, para interpretar la Acción y solucionar las diferencias sobre su aplicación. 
Se trata de una acción en el marco del tercer pilar. 
El Tribunal no tiene aquí ninguna jurisdicción, a menos que los Estados miembros se pongan de acuerdo y decidan limitar su libertad política. 
Aunque no creo que el contenido de muchas de las enmiendas sea negativo, no puedo apoyar este informe porque pienso que las enmiendas no son adecuadas. 
Por otra parte, suscribo totalmente la propuesta de Acción Común del Consejo. 
Señora Presidenta, Señorías, este informe, indiscutiblemente, persigue un progreso de la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la criminalidad y, felizmente, existe cierto consenso respecto a este tema. 
Recordemos que en Europa, en el lapso de cincuenta años, el crimen ha progresado de una manera considerable. 
Por ejemplo, en Francia se ha pasado de 500.000 crímenes y delitos en 1950 a más de 4, 5 millones en la actualidad. 
Este aumento, es evidente, no guarda relación alguna con la evolución demográfica del país. 
Cito este ejemplo porque es el más cercano a mí, pero sé que en la mayoría de los países europeos la evolución es igual y extremadamente preocupante. 
Una gran parte de los crímenes tiene el objetivo obvio de la apropiación ilegal de bienes, por lo que destaca la necesidad de golpear al crimen en su vida económica, en sus ingresos y también en su patrimonio. 
Y ésta es la meta del presente informe. 
La cooperación europea contra el crimen alcanza un carácter claramente prioritario, en este campo particular. 
Uno de los defectos de los mecanismos de la lucha es la lentitud de los procedimientos y varios artículos y enmiendas relacionados con este informe persiguen, precisamente, el fin de acelerar esos procedimientos en lo relativo a la identificación, la detección, el embargo, secuestro o confiscación de los productos del crimen. 
Todas estas medidas merecen nuestra total aprobación. 
De otra parte, en cambio, nos parece que la redacción inicial del artículo 4 debe mantenerse, pues la cooperación tiene que sostener un respeto evidente por las legislaciones nacionales en la materia, como además está establecido en el principio de subsidiariedad presente en el Tratado de la Unión Europea. 
Algunas enmiendas, como la 4, aportan precisiones de gran utilidad en el marco de una propuesta legislativa cuyo alcance, no obstante, es extremadamente general. 
Este informe, pues, va por el buen camino y votaremos a favor de él, pero la acción de cada Estado sigue siendo muy insuficiente ante la dimensión considerable de las actividades económicas relacionadas con la criminalidad. 
La política europea no es más que el reflejo de la de los Estados, o de la mayoría de ellos, y de momento es absolutamente insuficiente en este campo. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Orlando por la valentía de un informe muy oportuno. 
Los delincuentes europeos, como la industria europea, se han dado cuenta de las ventajas que entraña la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas. 
Todos se benefician del mercado único, ya sea en el campo de las drogas, la prostitución, el dinero negro o la introducción clandestina de inmigrantes ilegales. 
Las fuerzas del orden y la ley han de cooperar, tal como ya hacen los delincuentes europeos, y armonizar sus procedimientos. 
El informe del Sr. Orlando nos ayuda a emprender este proceso. 
No podemos más que esperar que el Consejo de Ministros le preste alguna atención. 
Desearía también proponer un par de medidas prácticas, por lo demás muy sencillas, que se podrían adoptar en relación con la delincuencia organizada. 
El Sr. Oostlander y yo asistimos recientemente a una conferencia internacional de la policía en Amsterdam. 
La cuestión que ambos nos planteamos era la posibilidad de utilizar la transición al euro como una oportunidad para detectar el dinero negro procedente de la delincuencia organizada. 
Aquellos que guarden francos, marcos alemanes o pesetas de dudosa procedencia en cajas de seguridad, o incluso debajo de la cama, dispondrán de algún tiempo durante el período de transición al euro para cambiar su dinero en esta divisa, y en ese momento contaremos con una oportunidad para identificarlo. 
En esta conferencia, la policía sugirió la creación de una unidad especial de ámbito europeo para detectar este tipo de transacciones. Esta unidad podría basarse en Europol, la cual ya se hace cargo en la actualidad de las cuestiones supranacionales de narcotráfico y terrorismo en Europa. 
Además, es preciso que se unifique la exigencia de informar a las autoridades sobre el cambio de grandes sumas de dinero de una divisa a otra. 
En numerosos países, se deben comunicar por el momento únicamente las transacciones que son motivo de sospechas, por lo que resultaría muy sensato armonizar y endurecer este procedimiento. 
El pueblo europeo acogería con satisfacción una medida de este tipo, y nosotros debemos aprovechar esta oportunidad, ya que no hacerlo sería un error. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, considero fundamental respaldar enérgicamente la lucha contra las organizaciones delictivas y comparto plenamente la propuesta de acción común aprobada por el Consejo, pero estoy en contra del planteamiento de la propuesta legislativa Orlando, habida cuenta de que la misma perjudica seriamente a la libertad y a las garantías institucionales de todo ciudadano sospechoso y supone un paso atrás en el tiempo y en la historia. 
Esto es algo que me preocupa realmente. 
Fomentar esa posición conllevaría un único e inmediato efecto: sería suficiente acusar a cualquier ciudadano de prácticas delictivas para decomisarle los bienes y el patrimonio y arruinarle económicamente, antes de que se pronuncie una sentencia condenatoria. 
Les recuerdo que, en este momento, se está hablando de medidas cautelares. 
A esto hay que añadir que Italia ha sido condenada varias veces por el Tribunal de Justicia por la larguísima duración de sus procesos. 
La definición de algunos principios fundamentales dirigidos a mejorar la cooperación internacional- que comporta, al mismo tiempo, importantes consecuencias en el plano judicial- no puede prescindir de la opinión previa de la Comisión de Asuntos Jurídicos de nuestro Parlamento, a pesar de que las enmiendas presentadas por la Sra. Palacio tratan de paliar esta carencia. 
Señorías, aprobar esta propuesta significa volver a la inquisición medieval borrando de un plumazo las conquistas sociales como la libertad y el derecho a la defensa de los ciudadanos acusados que son considerados presuntos inocentes por todos los Tribunales de los Estados civilizados hasta que no exista una sentencia condenatoria firme. 
En consecuencia, confiando en la sabiduría de sus Señorías propongo devolver el texto a la Comisión de Asuntos Jurídicos a la que no le fue posible expresar su opinión, al objeto de que integre la propuesta con normas de garantía en favor del ciudadano europeo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en la mayoría de las encuestas de opinión sobre las materias de que debe encargarse la UE, una de las principales es siempre la lucha contra la delincuencia y, a veces, la principal. 
Éste es un informe que trata acerca de cómo evitar la delincuencia y los actos delictivos mediante una eficiente colaboración entre los Estados miembros. 
En primer lugar, quiero decir que se trata de una colaboración entre estados. 
Se trata de encontrar e incautarse de los bienes provenientes de este tipo de delincuencia. 
También se trata de conseguir que los Estados miembros ratifiquen las convenciones y resoluciones sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico, etcétera. 
Yo veo que en esto hay algunas palabras claves, entre otras, libre acceso a la información entre los Estados miembros, alta prioridad, o sea rápida tramitación, para las solicitudes de incautación, acción rápida, contactos personales entre los investigadores, jueces, etcétera y procedimientos sencillos sin menoscabo de la seguridad jurídica. 
Éste es un asunto que es muy delicado para muchos Estados miembros. 
Los delitos, las penas, la policía y los asuntos de los fiscales son el origen de muchas legislaciones nacionales. 
Por eso es importante que no se haga nada que pueda interpretarse como una violación de la soberanía nacional. 
En mi opinión, esto es lo que hace la propuesta de enmienda 13 que sostiene que los Estados miembros deberán reconocer al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas derecho a interpretar el artículo 4. 
El artículo 4 trata de recursos, indemnizaciones y asuntos semejantes que, a menudo, son de carácter civil, en todo caso las indemnizaciones. 
No hay ningún motivo para mezclar a la UE en esta colaboración. 
Es, por tanto, algo a lo que yo me opongo, independientemente de que se trata de un buen informe. 
El Grupo ELDR le da su apoyo, y en mi caso, lo hago con excepción de la propuesta de enmienda 13. 
Señor Presidente, según nuestra opinión, el crimen organizado es una criatura surgida del incontrolable mercado libre de la ahora denominada economía libre o internacionalizada. 
Este crimen actúa, se organiza, se extiende y se agiganta y cobra más fuerza cuanto más incontrolable se hace el mercado libre. 
Se trata de dos fenómenos paralelos que se influyen mutuamente. 
Pero no estamos radicalmente en contra de las medidas que presenta el Consejo y el informe del Sr. Orlando. 
Creemos que constituyen un paso y que es necesario que haya esa coordinación y los Estados miembros cooperen para hacer frente a un crimen organizado que actúa unido, tanto objetiva como subjetivamente, que cuenta con muchos medios y que se sustenta con las enormes cifras de dinero sucio del que dispone. 
Adelante con esas medidas. 
Las mejoran sustancialmente las enmiendas del Sr. Orlando y las de los demás colegas. 
Pero creemos que se precisa mucha atención. 
Una colega ha comentado antes- y estoy de acuerdo con ella- que es posible que esa clase de medidas de tipo procesal, penal y administrativo puedan tener el resultado opuesto al que se pretende obtener, que estrangulen las libertades públicas y los derechos del ciudadano. 
Hay que tener cuidado con las exageraciones. 
Nosotros votaríamos a favor si en la resolución, en la decisión del Consejo, se diesen garantías absolutas y explícitas de que no se van a menoscabar las libertades públicas. 
Finalmente, quisiera decir, señor Presidente, que afrontar ese crimen, que actúa como he dicho, dentro del marco del libre mercado, está en relación con el sistema bancario, con el judicial y con el policial. 
Si queremos hacerle frente, dejemos de hacer frente a los síntomas, vayamos a las causas fundamentales. 
Así llegaríamos a los focos donde se alimenta y se mueve el dinero sucio. 
No podríamos hacerle frente si las fuentes de la corrupción, que se encuentran en la cima de la dirección de los partidos, e incluso en las del poder judicial, policial y administrativo, estuviesen implicadas con el crimen organizado. 
Señor Presidente, considero excelente el informe del Sr. Orlando y estimo que el enfoque que le ha dado constituye una base muy positiva para poder seguir luchando con eficacia contra la delincuencia organizada. 
Yo no veo ninguna amenaza para las libertades individuales, veo solamente la solicitud de una colaboración eficaz que hay que tratar de conseguir con medios adecuados. 
Estas indicaciones constan en las enmiendas y en el planteamiento del Sr. Orlando. 
No quisiera que detrás de la interesada atención deparada a los problemas de la libertad personal, se escondiera una especie de protección de determinadas posiciones que, por el contrario, deben ser perseguidas muy enérgicamente. 
Para terminar, expreso mi pleno apoyo al informe y a las enmiendas del Sr. Orlando. 
Señor Presidente, es evidente que esta propuesta de medida común es provechosa. 
Se ha presentado un buen informe. 
Creo, sin embargo, que la hora de la verdad llegará pronto, cuando veamos la puesta en práctica del plan de acción contra la delincuencia organizada, etcétera. 
El Consejo de Asuntos Interiores aprueba una medida común tras otra, sin que ello signifique casi nada. 
Si estudiamos la situación relativa a la aplicación de las convenciones en esta materia, nos encontramos ante una situación lamentable. 
Se han aprobado convenciones, pero muy pocas han entrado en vigor. 
Creo que nos acercamos a una situación en la que habrá una gran diferencia entre las palabras que se dicen y la colaboración que realmente se lleva a cabo. 
Es a esto a lo que me refiero con la hora de la verdad en estas importantes materias: colaboración judicial y lucha contra la delincuencia organizada. 
Repetimos situaciones en las que Estados miembros de hecho no cumplen con lo que se ha dicho dentro de los términos de las convenciones existentes. 
Sin embargo, creo en el poder de los ejemplos y espero que se consiga colaborar. 
Además, quiero manifestar que, en contraposición con mi colega Lindqvist, apoyo la propuesta de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tenga competencias en esta materia. 
Sin querer devolver el asunto a la comisión, lamento que no se haya consultado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, que no hayamos tenido oportunidad de manifestarnos. 
No obstante, es demasiado tarde y no pido que se remita de vuelta. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente por su consecuente manera de combatir el crimen. 
El enemigo sigue llamándose " crimen organizado» y no debe ser subestimado, un enemigo que por falta de limitaciones jurídicas cuenta a priori con ventaja y contra el que la Unión debe precaverse con las mejores armas jurídicas. 
Por ello hay que lamentar la falta de propuestas concretas para la mejora de las disposiciones legales en los Estados miembros en las medidas propuestas por el ponente. 
En vista de la creciente criminalidad no puedo entender estas reservas. 
Incluso en Austria, donde la materia en sí está regulada en el sentido de las exigencias del ponente, he criticado por ello las disposiciones sobre la abstención respecto de la retirada de la circulación de la riqueza ilegal y de la quiebra, como llamamos en Austria a estas actuaciones jurídicas, por ser contraproducentes y benévolas con la mafia, porque precisamente la intervención sobre los frutos de las actividades económicas de las organizaciones criminales tiene consecuencias. 
Por ello celebramos las mejoras propuestas. 
Señor Presidente, la formación continua de los funcionarios es importante. 
Una formación continua y progresiva es la base de un funcionamiento eficiente. 
La mejora de la infraestructura, es urgentemente necesaria especialmente en las autoridades encargadas de la investigación. 
Pero la investigación sobre los medios disponibles para la obtención de información y sobre los conocimientos sobre grupos de personas y organizaciones, son igualmente importantes. 
¿Somos nosotros, sin embargo, un modelo en nuestro propio ámbito? 
¿Qué pasa con la lucha contra la criminalidad en y alrededor de nuestro Parlamento? 
Constantemente somos atropellados y robados, entran en nuestras oficinas y roban en nuestras mesas de trabajo. 
Creo que es necesario que revisemos también los gastos por valor de 16, 7 millones de Ecus que esta Asamblea destina a la seguridad. 
¿Qué pasa con el trabajo conjunto de las autoridades competentes de Francia, Bélgica y Luxemburgo en el ámbito de nuestra seguridad? 
Señor Presidente, la Comisión acoge favorablemente el debate de hoy sobre los medios para incautar y confiscar los beneficios que obtiene la delincuencia. 
Estamos agradecidos al Sr. Orlando por la labor que ha realizado y, de manera especial, por introducir mejoras en el plan de acción conjunta que aún está siendo sometido a examen por parte del Consejo. 
Cuando el Consejo aborde esta cuestión, sería oportuno tener claramente presente que, de acuerdo con los sondeos, una enorme mayoría de los ciudadanos de los Estados miembros apoya la máxima coordinación, acción en el plano legal y cooperación contra la delincuencia internacional. 
A este respecto, la opinión pública demuestra, cuando menos, que tiene un planteamiento bastante más avanzado que los políticos, si bien cabe lamentar que no tanto como los propios delincuentes. 
La Comisión comparte en gran medida el impulso del informe del Sr. Orlando, que tiene por objetivo reforzar los compromisos para luchar contra el blanqueo de dinero y confiscar los ingresos de los delincuentes. 
Para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada, resulta clara la importancia de contar con unos instrumentos internacionales que no se basen únicamente en un compromiso de " buenos propósitos» , sino que deberán constituir obligaciones jurídicas bien definidas que permitan proteger la sociedad y disuadir o, llegado el caso, castigar a los malhechores. 
Me muestro especialmente de acuerdo con el Sr. Orlando cuando hace hincapié en que los Estados miembros que aún no han ratificado el Convenio de 1990 del Consejo de Europa sobre blanqueo, seguimiento, incautación y confiscación de los beneficios ilegales, deberían hacerlo. 
De hecho, los Estados miembros deben realizar esfuerzos para ratificar en el plazo convenido todos los convenios que han aceptado. 
Por ejemplo, se lleva esperando más de dos años la ratificación de los convenios y protocolos sobre la lucha contra el fraude y la corrupción. 
Tanto mis colegas de la Comisión como yo esperamos que los gobiernos estén ahora a la altura de sus compromisos y que los parlamentos nacionales presionen a favor de la ratificación. 
Por su propio interés, los Estados miembros deberían cumplir plenamente los requisitos de la directiva comunitaria sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y aplicar las recomendaciones presentadas en 1996 por el grupo de trabajo sobre el blanqueo de dinero. 
La Comisión respalda igualmente las enmiendas que mejoran la oferta de cooperación directa en materia de asistencia jurídica. 
También apoyamos el establecimiento de fechas límite en los procedimientos, así como una mejor definición de los requisitos que se deben reunir para la prestación de asistencia jurídica entre los Estados miembros. 
La Comisión es consciente de la necesidad de lograr un equilibrio entre unas medidas eficaces en la lucha contra el blanqueo de dinero y la protección de los legítimos derechos individuales. 
Por consiguiente, acogemos con satisfacción las propuestas del Sr. Orlando para garantizar que todo aquél que sea injustamente víctima de pérdidas como consecuencia de estas medidas deberá tener derecho a solicitar una compensación. 
Los delincuentes no respetarán tan escrupulosamente los derechos civiles de los individuos, pero nosotros, como demócratas que somos, debemos mostrar naturalmente una superioridad a este respecto. 
Asimismo, somos receptivos a la idea de incluir una cláusula de revisión, con fecha, para comprobar si es posible reforzar aún más esta acción conjunta. 
Yo propongo que sea a finales de 1999 o, quizás, a finales del año 2000, de manera que exista una fecha específica en vez de un compromiso relativamente vago sin un plazo definido. 
Como ya sabrán sus señorías, la cuestión sobre la lucha contra la delincuencia organizada fue sometida a minucioso examen durante el debate inicial del Consejo de Ministros de Justicia e Interior del pasado mayo, y la Cumbre de Cardiff emitió una clara declaración a este respecto. 
Conscientes de estas actividades y de nuestras propias opiniones acerca de la cuestión, la Comisión hará todo lo posible para hacer una referencia enérgica a este tema con motivo del plan de acción sobre libertad, seguridad y justicia que deberá presentarse al Consejo Europeo de Viena el próximo diciembre. 
Naturalmente, continuamos contando con el apoyo del Parlamento para progresar aún mas en este importante campo, que entra ahora dentro del ámbito de actuación del Tratado de Amsterdam. 
Muchas gracias, señor Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Antes de iniciar la votación de la enmienda nº 13 
Señor Presidente, ¿es posible hacerle al ponente una pregunta a propósito de esto? 
El Sr. Blokland ha afirmado que esto sobrepasa las posibilidades contractuales. 
Si se lee uno la enmienda con detenimiento, vemos que contiene la propuesta de que los Estados miembros mismos acuerden vincularse de esa manera. 
Quizás pueda el ponente pronunciarse al respecto. 
Señor Wolf, si el ponente me hubiera pedido la palabra como ponente, yo se la hubiera concedido inmediatamente. 
No tengo en esto ninguna duda. 
Pero entiendo que, a solicitud de otro diputado o diputada, el Sr. Orlando no tiene por qué dar opinión si no lo desea. 
Y como no lo desea continuamos con la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, estoy muy contento de que nos hayamos ocupado en los últimos meses de modo cada vez más intenso del blanqueo de dinero, pero creo que también debemos llevar esta preocupación a la estrategia preparatoria para la entrada, al diálogo estructurado y también a las negociaciones para la incorporación de nuevos socios. 
En los estados de la Europa central y oriental se ha dado, después de décadas de enriquecimiento socialista, la vuelta a una situación justa y al estado de Derecho, pero este proceso está siendo utilizado impropiamente por grupos europeos y también por viejas y nuevas estructuras para blanquear dinero. 
También debemos abordar este tema. 
Por ello estoy contento de que la próxima semana la Presidencia austríaca del Consejo venga a Bruselas con el Ministro de Justicia Michalek y el Ministro de Interior Schlögl. 
Esperamos que no vayan al parque Léopold, pero por lo demás nos alegramos de poder introducir aquí un nuevo punto importante. 
Participación de la República Checa en los programas comunitarios (formación, juventud y educación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0227/98) del Sr. Elchlepp, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación sobre la participación de la República Checa en los programas comunitarios en los ámbitos de la formación, la juventud y la educación (COM (98) 0093- C40161/98-98/0067 (CNS) ). 
Señor Presidente, estimados colegas, es una gran cosa que a partir de ahora los jóvenes de los Estados de la Europa central y oriental puedan participar antes de la plena integración de sus países en programas de formación y de intercambio europeos. 
Mediante conversaciones con parlamentarios y con el Gobierno realizadas en Praga he tenido la oportunidad de saber con qué grandes expectativas y con qué grado de compromiso son recibidos allí esos programas. 
Es muy importante para mí resaltar aquí que el intercambio con los países de la Europa central y oriental no debe terminar siendo una carretera de sentido único. 
Se trata de la reciprocidad de los encuentros. 
No sólo los jóvenes de Praga, Budapest o Varsovia han visto obstaculizadas sus posibilidades de intercambio con Londres, París, Bolonia o cualquier otra ciudad debido a la división de nuestro continente, sino que también jóvenes de la UE se han visto desanimados de pasar un año en Polonia, Rumanía o Chequia. 
Esto debería ser evidente. 
Deberíamos motivar a muchos jóvenes para hacer esto. 
Espero que todavía se creen más planes de estudios que ofrezcan esto como una parte integrada en el plan mismo. 
Más allá de ello quisiera resaltar que la incorporación de esos países en los programas de formación es, antes de nada, un pilar importante para el sostenimiento del proceso de ampliación. 
La ampliación al Este no es sólo un proceso económico, sino un gigantesco proceso de aprendizaje para todos nosotros. 
Por un lado, se trata de la generación de confianza, la eliminación de prejuicios que no han desaparecido absolutamente con la apertura de las fronteras, sino que son avivados en nuestros países y en los suyos por fuerzas que, fundamentalmente, no desean la integración. 
Por otro lado, la importancia de la transferencia de saberes no debe ser subestimada. 
El intercambio de experiencias personales en la enseñanza, la ciencia, la formación profesional, la formación de docentes, es un motor muy importante en procesos difíciles de adaptación a la plena integración, la mayoría de las veces más importante que las inversiones en bienes. 
Por lo demás, se trata se trata de preparar a los jóvenes para la movilidad en un mercado europeo más grande. 
Sobre todo, debemos vigilar que la participación en estos programas crezca constantemente en los próximos años. 
Quisiera destacar aún una cosa: en las conversaciones que tuve en Praga, se pidió que se facilitase la participación de representantes de los estados de la Europa central y oriental en las comisiones de seguimiento de los programas de formación de la UE. 
Quisiera dar mi apoyo expreso a ese deseo y pedirle a la Comisión que lo apoye también, porque el trabajo personal en equipos es un paso importante para la integración y ofrece buenas oportunidades a nuestros colaboradores de esos países para familiarizarse con las complejas estructuras de los programas y la administración de la UE a nivel de trabajo cotidiano. 
Las posibilidades financieras de los Estados candidatos son limitadas. 
Ya he dicho que debemos procurar que en los próximos años crezcan más las cuotas de participación. 
Peor aún es que el consejo del Ministro de Economía haya extendido la propuesta de recortar el próximo año los recursos de LEONARDO en dos tercios, de 140 mill. a 40 mill. de Ecus. 
¡Esto es un escándalo enorme! 
Y ello contra todos los anuncios generosos de la Cumbre de Cardiff de querer practicar una política de empleo activa, de querer hacer de las medidas europeas dirigidas a la cualificación un punto central, de facilitar la movilidad en el mercado de trabajo y de impulsar la integración de los países del Centro y del Este de Europa. 
Como escuchamos tan sólo anteayer de labios del Presidente del Consejo en funciones en esta Asamblea, todo eso debe ser incluso realizado. 
Este recorte se da de nuevo precisamente en la política de formación, precisamente en la formación profesional, justamente afectando a los más débiles del mercado de trabajo han de hacerse recortes, mientras que no se hacen en los programas relacionados con la industria. 
En la opinión pública se suscitará la impresión de que ésta es una política poco honesta. 
Estoy indignado y avergonzado por los muchos y buenos proyectos transfronterizos de empresas, centros de formación y escuelas profesionales que ahora no pueden tener lugar, por las muchas expectativas frustradas de jóvenes que quizás por primera vez en su vida habrían podido cursar una parte de su formación profesional en otro país. 
En vista de la ampliación al Este de la UE u de la extensión vinculada a ella del círculo de candidatos, se plantea el tema de la financiación de los programas de la UE de una forma más peliaguda. 
Pero existe el peligro que de facto deban competir proyectos de formación y candidatos de países del Centro y Este de Europa con proyectos y candidatos de la UE por unos recursos cada vez más escasos. 
Con ello se da una mala impresión. 
Por ello me urge apelar al Consejo para que desista de esa política miope y antisocial y no recorte los recursos, sino que los aumente. 
Esto también es parte de la credibilidad europea. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, estimados colegas, todos nosotros conservamos aún las imágenes de la catástrofe producida por las inundaciones que se produjeron en Chequia hace exactamente un año. 
La pena por los seres humanos, por los animales y por el paisaje fue grande, y aún más fuerte el horror de las personas de la Europa central que habitan en una región que apenas ha conocido catástrofes naturales. 
También mi propio país y Polonia fueron afectados por la desgracia, pero aunque la situación fue entonces tan penosa, la solidaridad con los afectados en forma de ayuda activa y financiera no fue menos generosa. 
Las estimaciones sobre los daños totales producidos por las inundaciones en el este de Chequia llegan a una cifra del 3, 5 % del P.I.B. Si nosotros aprobamos la propuesta de descargar a Chequia de la ejecución de los programas para jóvenes mediante recursos de la UE, esto no sería más, según mi parecer, que una continuación de la solidaridad que constituyó la cara positiva de los terribles acontecimientos del año pasado. 
Ciertamente, no lo quiero ocultar, esa solidaridad no sería practicada sin un beneficio propio. 
Al fin y al cabo, a la Comunidad de Estados de la Unión Europea le urge continuar con los programas de juventud y de formación con la participación de nuestros conciudadanos checos, que juegan un papel tan importante en el proceso de la ampliación al Este. 
La participación de Chequia en los programas de formación fomenta la colaboración, la movilidad, el intercambio y la generación de información, temas en los que los Estados miembros de la UE y los Estados asociados tienen todos el mismo interés. 
Precisamente esta inseparable ligazón de los intereses de la Unión Europea en este caso con los de Chequia es lo que, por otro lado, nos prueba que el proceso del crecimiento común también ha empezado ya con los países del Centro y Este de Europa. 
No damos solamente, también recibimos. 
Deberíamos acordarnos de ello. 
Por ello felicito al Sr. Elchlepp por su excelente informe y comparto totalmente su convicción que debemos pronunciarnos a favor del mantenimiento y el aumento de los recursos, porque de otro modo no podremos ayudar a estos jóvenes y tendremos todos que sentirlo. 
Yo también desearía felicitar al Sr. Elchlepp por su informe. 
Como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, conozco su labor en esta comisión, y sé que es uno de los diputados más entendidos sobre el tema, ya que ha trabajado en este campo antes de resultar elegido al Parlamento Europeo. 
Es bastante inusitado encontrar ponentes que sepan más de los programas en cuestión que los propios funcionarios. 
Por lo que respecta al informe, se trata de una medida de orden técnico para llevar a cabo un reajuste de la financiación. 
Sin embargo, plantea una cuestión financiera muy simbólica e importante, abordada muy bien por el Sr. Elchlepp, en el sentido de que si estamos seriamente dispuestos a abrir la Unión Europea a los países de la Europa Central y Oriental, y el Grupo de los Verdes sin lugar a dudas lo está, tendremos que someter la financiación de este proceso a un serio debate. 
Hemos librado una larga batalla en la Comisión de Cultura, y también en el Parlamento, en torno a la financiación del programa SÓCRATES, y hemos dejado bien claro que no votaremos a favor de la adhesión de nuevos miembros con carácter de asociados hasta que el Consejo no proporcione la financiación. 
Me satisface informarles que, tras esta batalla, hemos obtenido un incremento de la financiación. 
Aprovechando la presencia del Sr. Kinnock, me gustaría señalar que el Gobierno británico se opuso en un primer momento a este aumento de la financiación. 
Pero lo conseguimos. 
El mensaje que cabe poner de manifiesto en el día de hoy es que se precisan fondos para lograr que funcionen estos programas y, como ha afirmado el Sr. Elchlepp, revisten una vital importancia en términos de formación y de intercambios educativos y juveniles para vincular los pueblos de la Europa Central y Oriental a los pueblos de la Unión. 
Por este motivo debemos hacer énfasis en esta cuestión. 
Los programas de intercambio que ya se encuentran en marcha han empezado a sentar las bases de este proceso en la Comunidad. 
Ninguna Unión Europea digna de tal nombre puede estar completa sin estos países, y estos programas representan un excelente medio para avanzar en este sentido. 
Para finalizar, y ya que contamos con la presencia del Sr. Kinnock, me gustaría hacerle saber el espléndido trabajo que está llevando a cabo en la mañana de hoy. 
He podido albergar algunas críticas acerca de él en el pasado, en su calidad de dirigente laborista, pero tras la visita que recientemente ha realizado su actual líder, no me queda más que hacer tabla rasa y rogarle que vuelva de nuevo, si no como líder del Partido Laborista, sí como- así lo espero- Presidente de la Comisión. 
Claro, que después de haber dicho esto, seguro que acabo con él si llega a oídos de Tony. 
Muchas gracias, señor Kerr. 
Debo advertirle que aún no hemos modificado el Reglamento de acuerdo con el Tratado de Amsterdam y que, por lo tanto, este Parlamento no tiene la posibilidad de hacer propuestas al Consejo sobre Presidentes de la Comisión. 
Señor Presidente, yo también deseo sumarme a los colegas y felicitarme del excelente trabajo realizado por el ponente, Sr. Elchlepp. 
Indudablemente, la ampliación de la Comunidad europea hacia Europa central y oriental debe tener en cuenta el intercambio de experiencias y los proyectos culturales, especialmente dirigidos a los jóvenes. 
Sólo a través de un diálogo constructivo entre estudiantes y profesores se puede obtener un resultado significativo en lo relativo a los proyectos innovadores en los sectores de la educación y de la formación. Por eso se convierte en prioritario acelerar el proceso de adaptación estructural en esos países que se adherirán a la Unión Europea. 
Es importante garantizar que los programas estén abiertos a todos los jóvenes, incluso los que pertenecen a familias socialmente desfavorecidas, que, por lo tanto, consiguen trabajar en un proyecto común que les permite conocer su historia, sus valores y su identidad. 
La República Checa necesita nuestro apoyo, especialmente en lo que se refiere a los tres programas en los ámbitos de la educación, de la formación y de la juventud y es preciso completar la acción de integración completando con acuerdos específicos. 
Hay que recordar que, tras las catastróficas inundaciones del mes de julio de 1997- como ha puesto de manifiesto el Sr. Elchlepp- el país se encuentra en condiciones muy difíciles en lo que respecta al sector financiero. En consecuencia, a fin de permitir a la República Checa participar cuanto antes en los programas SOCRATES, LEONARDO y «Juventud para Europa» , es preciso solucionar este problema técnico de la financiación, puesto que, en esta región del mundo, la cooperación duradera entre los jóvenes es fundamental, habida cuenta de las difíciles relaciones históricas. 
La movilidad de los educadores, los alumnos y los estudiantes universitarios desde la Unión Europea hacia la República Checa ha de ser fomentada, así como garantizada con equilibrio y a través de un auténtico intercambio cultural y lingüístico. 
La integración cultural europea que está en la base del Tratado de la Unión es posible sólo si se depara una atención especial a esos países que nos son cercanos social y culturalmente. 
Señor Presidente, como miembro del Consejo Checo-alemán de Coordinación constituido en Pilsen hace 14 días, y como ponente del Acta adicional del Acuerdo de Asociación, que están en la base del informe Elchlepp, quisiera felicitar encarecidamente al Sr. Elchlepp por su informe y apoyarlo completamente. 
De hecho creo que sólo se puede ser eficaz políticamente si se cambia la manera de pensar de los hombres, y ésta sólo se puede cambiar si los hombres de ambos lados se mueven en las dos direcciones, y no los de arriba, los políticos y funcionarios, sino verdaderamente los de abajo. 
Precisamente ahí es la juventud, de manera particular, un factor importante, y por hecho creo en efecto que debemos desarrollar proyectos como los Centros de Encuentro de Jóvenes de Ronsperg, en Bohemia Occidental o, por ejemplo, el programa de intercambio de estudiantes entre Baviera y la República Checa iniciado por el periodista de Praga Milan Kubes y otros muchos, porque sólo mediante estos pasos concretos podemos hacernos mutuamente capaces para la ampliación. 
Creo que de eso se trata, de hacernos mutuamente capaces para la ampliación. 
Por ello estoy muy contento de que el Sr. Elchlepp haya destacado que nosotros debemos posibilitar que también muchos de nosotros vayamos a la República Checa, que también nosotros aprendamos esa lengua y esa cultura. 
Creo verdaderamente que el intercambio en este tema no debe ser una carretera en una sola dirección y que nosotros tenemos al menos tanto que aprender como los hombres de los países candidatos del Centro y Este de Europa. 
Por ello hay que congratularse tan extraordinariamente por el informe Elchlepp, porque supera la política paternalista existente que tan a menudo es la que se impone, y nos conduce a una verdadera colaboración de unos con otros. 
El Papa estuvo hace no mucho en Viena y ha dicho que no debemos hablar sólo de una ampliación hacia al Este, sino especialmente de una europeización. 
Creo que justamente los encuentros transfronterizos en el ámbito de la formación pueden ser ejemplares. 
Las cooperaciones en materia de formación son extremadamente importantes porque con ellas la gente ocupada en algo- profesores, alumnos, estudiantes- tiene la oportunidad de conocerse mutuamente y de aprender unos de otros. 
He pedido también en el marco del debate de la Presidencia de este miércoles al Consejo un aumento financiero de los recursos de LEONARDO. 
No admitimos de modo alguno un recorte, como muy bien ha sabido dejar claro el Sr. Elchlepp, porque los recursos de la Unión Europea son ya bastante escasos. 
Necesitamos un aumento de esos recursos del 100 %, para poder, sencillamente, cumplir con nuestras obligaciones. 
Este debate me ha sido de gran interés, y no sólo por la contribución de un diputado verde que me ha cursado una amable invitación para regresar. 
Se trata de una invitación que, con toda sinceridad, declino. 
A pesar de que me ha invitado a regresar después de haberme perdonado todo, lamento no poder corresponder a dicha invitación. 
Quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Elchlepp por su informe sobre una propuesta de decisión relativa a un Consejo de Asociación Unión Europea-República Checa que permita a este país hacer uso de los fondos del programa PHARE para financiar parcialmente su contribución financiera en tres programas comunitarios en materia de educación como son LEONARDO, SÓCRATES y La Juventud con Europa. 
Como recordarán sus señorías, la participación de países candidatos en los programas comunitarios cumple un objetivo reconocido por el Consejo de Copenhague de 1993 y corroborado por sucesivos Consejos Europeos. 
Yo también espero, como ya se ha dicho en el transcurso de este debate, que los Ministros de Economía retomen diligentemente esas declaraciones de intenciones y de buenos propósitos en sus planteamientos acerca de los diversos programas comunitarios. 
Estos planteamientos son en sí un elemento significativo de la estrategia de preadhesión, ya que la participación en estos programas contribuye a la aplicación de las disposiciones en materia de cooperación económica y cultural del Acuerdo Europeo. 
Dicha participación permite igualmente a los países candidatos familiarizarse con una parte importante de las prácticas de cooperación de la Unión Europea y con los procedimientos y métodos utilizados en los programas comunitarios. 
También ayuda, claramente, a estos países a responder a sus necesidades en materia de política interior y a encontrar soluciones a problemas comunes. 
No es ninguna coincidencia que los primeros programas que se han abierto a la participación de los países candidatos hayan sido LEONARDO, SÓCRATES y La Juventud con Europa. 
La educación y la formación son elementos obviamente esenciales para lograr el acercamiento entre los pueblos. 
La creación de una sociedad cognitiva es, cuando menos, tan importante como los esfuerzos para fomentar el crecimiento, la competitividad y el empleo, tanto en los países candidatos como en los Estados miembros. 
La República Checa, Hungría y Rumanía fueron los primeros países que participaron en programas comunitarios en octubre de 1997. 
En los pocos meses transcurridos desde entonces, ha resultado obvio el gran entusiasmo que han demostrado estas naciones por estos programas, tras los largos y exhaustivos preparativos que tuvieron lugar con la ayuda técnica y financiera de la Comunidad. 
La buena campaña de información y las expectativas que se suscitaron durante el período anterior a la entrada en vigor de la decisión han hecho posible la presentación de un gran número de solicitudes, siendo los participantes checos quienes se han mostrado especialmente activos y han logrado obtener un mayor numero de puestos. 
La República Checa anunció a principios del presente año que prefería correr con todos los gastos de los programas educativos con cargo a sus presupuestos correspondientes a 1997, 1998 y 1999, en lugar de hacerlo con el apoyo del programa PHARE. 
Sin embargo, tal como ya se ha recordado durante este debate, los checos nos hicieron saber que, como consecuencia de la enorme carga financiera que supusieron las devastadoras inundaciones de julio de 1997, les resultaba imposible cumplir su propósito inicial. 
Esta república desea ahora hacer pleno uso de la posible ayuda comunitaria por medio del programa PHARE. 
Como ya sabrán sus señorías, este apoyo fue confirmado por los Estados miembros durante el Consejo de Luxemburgo del pasado diciembre. 
Espero que el Parlamento siga las recomendaciones que se recogen en el excelente informe del Sr. Elchlepp y responda de una manera positiva a la solicitud checa para hacer uso de los fondos del programa PHARE con este fin, como es el caso de otros países candidatos como Hungría, Rumanía, Polonia y la República Eslovaca. 
Muchas gracias, señor Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Pesca frente a las costas de las Comoras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0249/98) del Sr. Macartney, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Federal Islámica de las Comoras relativo a la pesca frente a las costas de las Comoras en el periodo comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 27 de febrero de 2001 (COM (98) 0264- C4-0344/98-98/0144 (CNS) ). 
Tiene en primer lugar la palabra como ponente y por el tiempo de cinco minutos el Sr. Macartney. 
Señor Presidente, éste no es un informe controvertido, pero estamos ante un acuerdo extremadamente importante para uno de los países más pobres del mundo, las República de las Comoras. 
Este país no solamente se enfrenta con numerosos problemas económicos, sino que también ha tenido problemas de rebeliones y ha sido, durante mucho tiempo, una región devastada por la guerra. 
Sin embargo, todas las necesidades de los pescadores y del Gobierno de las Comoras siguen estando presentes, por lo que es muy importante que la UE firme este acuerdo con la República de las Comoras. 
Una pregunta que cabrá hacerse en el futuro, y a la cual el Comisario no quiera quizás responder de manera inmediata, es cómo se ajustará el acuerdo pesquero con las Comoras en el marco global del Océano Índico. 
A través de las Seychelles, sé que estas islas están mucho más interesadas en una serie de acuerdos para todo el Océano Índico que en acuerdos individuales. 
Tal vez, se nos debería informar si está previsto que el presente acuerdo con las Comoras continúe de esta manera o si, por el contrario, se piensa subsumirlo en una serie de negociaciones más amplia. 
En cualquier caso, esta cuestión reviste una gran importancia para el pueblo de las Comoras. 
Éste es quizás un acuerdo característico del modo en que se desarrollan los acuerdos entre la UE y los terceros países, en el sentido de que ha venido aumentando progresivamente el componente de desarrollo. 
En lugar de enviar de una vez una suma al gobierno del país en cuestión, existe una inquietud cada vez mayor en torno a las medidas científicas y técnicas. 
En la página 9 de mi informe vemos un grupo de seis rúbricas, entre las que figuran la ayuda al Ministerio de Pesca, becas de estudio, cursos de formación práctica, financiación de programas científicos y técnicos e, incluso, participación en reuniones internacionales. 
Uno de los problemas de las Comoras es que no pueden permitirse los gastos para asistir a algunas de las reuniones en las que debería estar representado este país. 
Éste es un buen ejemplo para demostrar cómo se están desarrollando estos acuerdos. 
Sin embargo, por lo que respecta a uno de sus puntos, determinadas versiones lingüísticas dan la impresión de que el informe es ligeramente más generoso de lo que ya es en realidad. 
He de señalar un ligero error, y agradezco al Sr. McCartin que, gracias a su vista de lince, me lo ha hecho saber: en un momento dado, cuando se habla de 45 000 toneladas, en realidad se quiere decir 4 500, ¡así que no vamos a conseguir la ganga que habíamos pensado para el precio del atún! 
Por consiguiente, lamento informar a los servicios lingüísticos que este error afecta a ocho versiones lingüísticas, a todas con las excepciones del neerlandés, el francés y el sueco. Si los holandeses, los franceses y los suecos no tienen motivo de preocupación, los demás quizás sí. 
Hago esta apreciación simplemente para que quede constancia. 
El último punto que me gustaría tratar es que el Parlamento Europeo y su Comisión de Pesca vienen solicitando en una medida cada vez mayor la presentación de informes, por parte de la Comisión, cuando lleguen a su fin los acuerdos con los países interesados, para poder hacer un juicio con conocimiento de causa sobre el futuro de dichos acuerdos. 
Me gustaría resaltar la importancia de este hecho, que constituye el motivo de las enmiendas que se han presentado en la Comisión de Pesca. 
Me permito solicitar el respaldo de todos ustedes a dichas enmiendas. 
Señor Presidente, desearía agradecer y felicitar al Sr. Macartney en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos por su provechoso informe sobre el acuerdo de pesca con las Comoras. 
Las enmiendas que se han acordado por unanimidad en comisión refuerzan el compromiso de este Parlamento de garantizar que los acuerdos pesqueros europeos, como éste que hoy sometemos a debate, tienen un fuerte contenido en materia de ayuda para la cooperación, y que esta circunstancia será sometida a revisión con carácter regular. 
Es importante que estos acuerdos no sean solamente un medio para los países ricos de explotar uno de los pocos recursos naturales con que cuentan los países extremadamente pobres como las Comoras. 
Por consiguiente, el PSE acoge favorablemente el hecho de que, además del pago de 540.000 ecus al Gobierno de las Comoras por los derechos de pesca, exista un compromiso por un valor adicional de otros 540.000 ecus en concepto de ayuda directa a la propia industria pesquera de este país, con el fin de apoyar los programas que ha mencionado el Sr. Macartney. 
Esperemos que cuando se vuelva a revisar el presente acuerdo, la Comisión prevea una ayuda aún mayor para contribuir al desarrollo de proyectos de valor añadido, como de procesamiento y envasado, que serán de verdadera ayuda para la economía y el nivel de vida locales. 
Desearía expresar mi agradecimiento al Sr. Macartney por su buen informe, que representa los puntos de vista y las inquietudes de la Comisión de Pesca. 
Me preocupan una o dos cuestiones que, quizás, representen más bien mis propios puntos de vista, y no los de mi grupo político. 
En primer lugar, debemos recordar todos que estamos hablando de una parte del mundo extremadamente pobre: medio millón de habitantes con un PIB que ronda los 600 ecus, lo que equivale al 3 % del promedio de la Unión Europea. 
Es un pueblo muy pobre que, además, se enfrenta con una situación política inestable. 
Esta circunstancia me hace plantearme cómo podemos esperar que estas gentes sepan lo que está ocurriendo en sus regiones costeras o en sus aguas. 
No podemos esperar que un pueblo como el de las Comoras sepa cuáles han sido las capturas. 
Yo no me fiaría de ninguna información acerca de lo que ocurre en las aguas de una región con unos recursos tan escasos. 
Por lo que parece, solamente hemos capturado una media de 3.000 toneladas, y estamos enviando a la zona un número mayor de embarcaciones todavía. 
Los datos revisados que nos proporciona el Sr. Macartney elevan esta cifra a las 4.500 toneladas. 
Pero hay 44 embarcaciones de arrastre y 16 de palangre. 
Tengo que preguntar por qué razón recorren todos estos barcos una distancia tan grande para capturar 3.000 toneladas de atún. 
Me gustaría que se nos presentara algún tipo de balance a este respecto. 
¿Cuántos días pescaron todas estas embarcaciones de tanto tonelaje en estas aguas, qué pescaron y dónde desembarcaron sus capturas? ¿y quién nos da la cantidad de capturas? 
Es necesario algún tipo de balance para esclarecer razonablemente esta cuestión. 
No envidio los subsidios que estamos concediendo a los pescadores españoles o franceses, pero creo que debemos dárselos de una manera distinta. 
No debemos mezclar la ayuda al desarrollo con la política económica que practique la Comunidad con respecto a la pesca. 
Señor Presidente, la República Federal Islámica de las Comoras registra una de las economías más pobres de todo el mundo. 
Por este motivo, sería muy positivo que la financiación global en los acuerdos de pesca entre la UE y esta región se destinara en el futuro principalmente al desarrollo del sector pesquero de las Comoras y a su control de la pesca. 
De esta manera, se fomentaría de la mejor manera posible el desarrollo sostenible en dicha región, tanto desde un planteamiento medioambiental como social. 
Sin embargo, al renovar este acuerdo pesquero, los procedimientos de actuación de la Comisión y el Consejo han dejado mucho que desear. 
¿Cómo es posible, por ejemplo, que se haya vuelto a adoptar una decisión relacionada con la aplicación provisional de un protocolo pesquero, con repercusiones financieras y presupuestarias, sin haberse escuchado antes la opinión de la otra autoridad presupuestaria, es decir, el Parlamento Europeo? 
Además, la Comisión se ha comprometido a abonar una parte de las compensaciones financieras sin contar con el dictamen previo del Parlamento. 
Creo que en este caso no se puede ya hablar de falta de tiempo. 
¿Acaso no se pueden emprender con tiempo suficiente las negociaciones sobre nuevos acuerdos pesqueros antes de que expire el anterior acuerdo, para permitir que se respeten las ya de por sí bastante trabajosas disposiciones existentes en materia de procedimientos de la Unión? 
Así pues, me muestro totalmente de acuerdo con el ponente del informe en que se debe mejorar la comunicación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
A este respecto, también se deben facilitar al Parlamento los informes de evaluación que éste haya solicitado sobre la aplicación hasta la fecha del acuerdo en cuestión con anterioridad al inicio de las negociaciones relativas a un nuevo acuerdo. 
Gracias, señor Presidente, y paso al alemán. 
Se está a favor de ocuparse el viernes de esos denominados pequeños informes. Pues así se le dicen a uno muchas cosas que normalmente no escucha en los informes grandes. 
Especialmente, quisiera referirme a una cosa. 
Si ustedes leen el informe, especialmente la explicación del informe, verán la escandalosa manera en la que las más altas autoridades del Parlamento y especialmente de la Unión Europea tratan los derechos del Parlamento. 
Se juega siempre contra nosotros al manipular los tiempos, y precisamente este informe sobre las Comoras se utiliza, naturalmente, para este tipo de cosas. 
Se está haciendo sistemáticamente todo lo posible para saltarse los derechos del Parlamento, porque como se dice siempre, al final de la sesión la gente no lo lee. 
¿Quien no se está dando cuenta de lo que aquí se está haciendo por parte de la alta burocracia y de los conjurados con ella? 
Señor Presidente, si este informe sobre las Comoras es importante, no lo es sólo porque nos permite ver los desórdenes de allá arriba, sino también porque nos enseña hasta qué punto es importante la pesca para nosotros. 
Hace pocos días me preguntaron por qué siempre intervengo en los debates sobre pesca aunque tenga, después de todo, una circunscripción electoral que no tiene nada que ver con el mar. 
Tenemos, es verdad, muchas truchas, y, dicho sea de paso, las mejores del mundo. 
Son esencialmente mejores que las truchas de criadero de otros. 
¡El agua viene de todos modos de Austria, señor Frischenschlager! 
Este tema tiene una importancia decisiva para la humanidad. 
Comparen ustedes, sencillamente, los menús de los restaurantes de hace 20 años con los de ahora. 
Hace 20 años, el pescado era lo más barato que había. 
Ahora es lo más caro. 
Estamos empezando incluso a utilizar para los peces lo que antes generalmente se usaba exclusivamente como cebo, porque ya no hay bastante. 
Por ello deberíamos siempre insistir en este punto. 
Nuestros mares están siendo destruidos, por todas partes. 
Estamos arruinando con ello a los más pobres, a los que todavía hoy deben vivir de la pesca, como sucede, por ejemplo, con los habitantes de las comoras. 
Porque esas grandes empresas pesqueras de América, Rusia y Japón son las que están destruyendo lo que debería ser preservado para las generaciones venideras. 
Deberíamos ocuparnos de ello con más seriedad de la que a veces es habitual. 
(Aplausos) 
Danke schön, Herr von Habsburg, y paso al español... 
Señorías, con la intervención del Sr. von Habsburg, hemos finalizado el turno de intervenciones de la Asamblea. Por lo tanto, invito al Comisario, Sr. Kinnock, a que tome la palabra. 
Señor Kinnock, tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, he disfrutado de este debate, de la misma manera que he disfrutado con la lectura del informe del Sr. Macartney, si bien también ha valido la pena estar presente para escuchar la petición del Sr. Von Habsburg y la respuesta por parte de la Presidencia. 
Ello demuestra que verdaderamente merece la pena asistir al Parlamento Europeo los viernes por la mañana. 
En fin, ¡la verdad es que los viernes por la mañana tienen ustedes aquí la crema y la nata! 
Desearía felicitar al Sr. Macartney por su excelente informe sobre los nuevos términos y condiciones para la práctica pesquera por parte de la flota comunitaria frente a las costas de las Comoras. 
Me gustaría responder a su pregunta diciendo que, obviamente, estamos negociando acuerdos bilaterales, pero que estos acuerdos podrían pasar a ser, con el transcurso de los años, acuerdos regionales si así lo desearan expresamente los terceros países. 
Esta iniciativa depende en gran medida de ellos, pero estoy convencido de que el Sr. Macartney seguirá atentamente esta cuestión para comprobar si tiene lugar una evolución de estas características. 
Por lo que respecta a la pregunta del Sr. McCartin, proporcionamos referencias anuales en forma de un informe sobre el resultado presupuestario, y de un informe sobre las perspectivas del acuerdo. 
Pero comprendo que él quiera algo más exhaustivo que estos informes. 
Por lo tanto, le invito a formular una pregunta escrita enumerando las cuestiones que ha planteado en buena lid, y estoy seguro de que será un placer para mis colegas de la Comisión responderle con todo detalle. 
Como ya sabrá la Asamblea, la Comisión estima que estos nuevos términos garantizarán, con toda probabilidad, una aplicación más eficaz del acuerdo de un modo respetuoso con los principios básicos de la conservación de los recursos, cuya importancia nos ha sido recordada nuevamente en el transcurso de este debate. 
Creemos igualmente que este nuevo protocolo con las Comoras recoge importantes innovaciones para fomentar una pesca sostenible que sea compatible con la política de desarrollo. 
Resulta obvio que esta Asamblea está muy familiarizada con los detalles del acuerdo y el protocolo, por lo que, en vez de repetirlos, abordaré directamente nuestra respuesta a las enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda n- 1, al considerar que el gasto relativo al acuerdo es obligatorio. 
Aceptamos el espíritu de las enmiendas n- 2, 3, 4 y 5, pero queremos resaltar que, como he mencionado anteriormente, estamos ya proporcionando una información con regularidad al Parlamento sobre el uso de los acuerdos pesqueros en las declaraciones e informes que se elaboran para la Comisión de Pesca. 
La Comisión no se muestra completamente de acuerdo con la enmienda n- 6 y, en especial, con la referencia que se hace a las pequeñas empresas pesqueras de carácter local, ya que estos acuerdos pesqueros- que son, por naturaleza, comerciales- pretenden proporcionar oportunidades para la pesca a los armadores comunitarios, teniendo presente la compatibilidad con otras políticas comunitarias y, particularmente, con la política de desarrollo. 
Habida cuenta de que los acuerdos pesqueros se concluyen a nivel comunitario y de que, por lo tanto, la Comisión paga las compensaciones financieras y las embarcaciones que pescan en esas aguas pagan las licencias correspondientes, la Comisión no puede aceptar la enmienda n- 7. 
Espero que, tras someterlos a reflexión, sus señorías acepten los puntos de vista de la Comisión. 
Agradezco al Sr. Macartney los cuidadosos e innegables esfuerzos que, como en el es habitual, ha llevado a cabo en la elaboración de este informe. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Antes de proceder a la votación, permítame, señor Comisario, que le agradezca las palabras que ha dirigido a la Asamblea. 
Yo coincido también con usted en que los viernes por la mañana tenemos aquí la flor y nata del Parlamento, pero permítame que añada que algunos viernes por la mañana- y hoy, por ejemplo- también tenemos la flor y nata de la Comisión. 
(Aplausos y risas) Se procede a la votación del informe del Sr. Macartney. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, el Sr. von Habsburg tiene toda la razón. 
El tema de la pesca, así como todos los temas de la producción del sector primario, son temas centrales del orden mundial injusto y destructor del medio ambiente en el que desgraciadamente vivimos. 
Aunque quisiera añadir que para superar ese orden mundial injusto debemos también preguntarnos siempre: ¿somos parte del problema? 
Precisamente la Unión Europea con su política pesquera- a pesar de las migajas que de ella caen para los países pobres- es una parte del problema. 
Habría significado un paso adelante para superar la situación si hubiese sido admitida la enmienda 7 del Grupo de los Liberales Demócratas y Reformistas, porque sin control no funciona ni el mejor de los acuerdos sobre pesca. 
Por eso lamento que esa enmienda no fuese admitida, y aclaro con ello por qué nuestra fracción ha votado en contra. 
Señor Presidente, me gustaría realizar una observación que ya he hecho con anterioridad algún otro viernes. 
Aquí tenemos lo mejor del Parlamento, lo mejor de la Comisión y lo mejor del público los viernes, por lo que me parece verdaderamente lamentable que no se televisen nuestras actividades en esta Asamblea. 
Ya he preguntado en otra ocasión por qué motivo no se televisan las reuniones de los viernes. 
¿Podría usted decirme cuándo vamos a mostrar que nos tomamos este Parlamento en serio y cuándo se van a grabar las sesiones, de modo que queden en los archivos a disposición de los canales de televisión que deseen retransmitirlas? 
Señor Hallam, una vez más me interesaré por esta cuestión. 
Pero diría que la presencia aquí es tan valiosa que incluso no nos importa no salir en la televisión, porque venimos aquí a trabajar. 
Señor Presidente, en nombre de los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer de mi Grupo, quiero desear a la Sra. Van Dijk, que nos deja para entregarse a otras actividades, mucho éxito y muchas satisfacciones en su nueva profesión. 
Lamento que hayamos tenido que devolver su último informe a la Comisión, pero fue para hacerle un servicio ya que, infortunadamente, la Comisión de Derechos de la Mujer, en su mayoría, había sobrecargado ese informe con reivindicaciones un tanto contradictorias y nada digeribles, si se me permite la expresión. 
Por esta razón lo devolvimos, pero en el fondo se hizo así para demostrar nuestro interés, para hacer un servicio. 
Personalmente, no habría querido que el último informe presentado por la Sra. Van Dijk fuera tan indigesto. 
Hago esta aclaración para que no piense ella que se le ha hecho un regalo de despedida envenenado. 
De ningún modo se ha tratado de eso. 
Señor Presidente, también yo quisiera desearle a la Sra. van Dijk lo mejor para el futuro, tanto en su vida profesional como en su vida privada; así mismo, quiero decir en nombre de mi grupo que lamentamos que, por la naturaleza de su informe, mi grupo no haya podido discutirlo ni votarlo esta semana. 
Mi grupo, por tanto, efectivamente solicitó su remisión el martes por la tarde, ya que creemos que el tema es tan importante que merece una segunda oportunidad. 
Tal como ya he dicho en la sesión plenaria, procuraremos que un buen informe sobre la importante cuestión mujer y salud vuelva cuanto antes a la sesión plenaria, y supongo que la Sra. van Dijk lo seguirá muy de cerca. 
De nuevo, le deseamos lo mejor y lamento que en la prensa y en la radio no haya podido separar la vida privada de la pública. 
Señor Presidente, muchas gracias a mis colegas y a usted por todos los elogios que me han dirigido esta mañana. 
Me siento extraordinariamente halagada por las alabanzas recibidas al final de este Pleno del viernes por la mañana. 
No diré más sobre el informe que aparece en el orden del día. 
La política implica saber encajar y consiste, por tanto, en saber encajar las cosas positivas, pero también las negativas. 
Quiero recalcar que junto con mis colegas de la Comisión de Derechos de la Mujer y, antes, en la Comisión de Transportes y en las restantes comisiones en las que he participado, he trabajado duramente con mis colegas a fin de lograr resultados. 
Por ello, a veces uno encuentra aliados y otras veces, no. Eso forma parte de la política y pertenece a esta Asamblea. 
Así que sobre ello no tengo absolutamente ningún hard feeling. 
Quisiera agradecer inmensamente a mis colegas toda la colaboración y el apoyo que han prestado a mi presidencia en dos comisiones distintas. 
Siempre la he desempeñado con muchísimo placer. 
Viniendo de un grupo pequeño, esto no ha sido siempre fácil, pero nuevamente se lo agradezco de todo corazón a mis colegas. 
También a usted, señor Presidente, muchas gracias por haber podido trabajar tanto tiempo y de una forma tan agradable en este Parlamento. 
Señorías, el Parlamento ha agotado el orden del día. 
El Acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al principio de la próxima sesión. 
Señorías, ha llegado el momento de agradecer una vez más la colaboración de todos los miembros de esta Asamblea, empezando en primer lugar por nuestros colaboradores, los servicios de interpretación, los servicios de traducción, los que elaboran el Acta literal, nuestros ujieres y los servicios de secretaría. 
Claro está, hago esto todos los viernes antes de apagar la luz, pero este viernes tiene una significación especial: es el último Pleno del mes de julio de esta legislatura. 
La próxima reunión del mes de julio será una reunión de bienvenidas y de adioses, pero, al mismo tiempo, estamos ante un fin de semana muy largo, están las vacaciones aquí y, por lo tanto, permítanme que a todas y todos ustedes les desee unas buenas vacaciones; que disfruten ustedes del mar, de la montaña, de la ciudad, aquellos que prefieran la ciudad. 
Y Señorías en este clima de intimidad que tenemos los viernes permítanme que les confiese que cuando llegue, en el mes de agosto, el viernes que correspondería al Pleno puede ser que tenga un síndrome de abstinencia, eso que llamamos el «mono» , pero, Señorías, les prometo que lo superaré y que estaré aquí con ustedes el mes de septiembre. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.15 h.) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 17 de julio de 1998. 
Espero que todas sus Señorías hayan tenido unas excelentes vacaciones y les deseo un curso fructífero de trabajos en este último año de nuestra legislatura. 
Elogio póstumo 
Quisiera rendir homenaje al Dr. Allan Macartney, que murió repentinamente en su casa, en Aberdeen, el 25 de agosto. 
Hemos perdido a un colega respetado en todo el espectro político, tanto en su país, en Escocia, como aquí, en el Parlamento Europeo. 
Allan Macartney, elegido al Parlamento Europeo por la circunscripción de Escocia Nordoriental en 1994, fue un diputado al Parlamento muy activo. 
Como vicepresidente de la Comisión de Pesca, luchó incansablemente por los intereses del sector pesquero. 
A la Comisión de Desarrollo y Cooperación, de la que también fue miembro, pudo aportar su gran experiencia y compromiso para con África. 
Allan Macartney fue miembro del Partido Nacional Escocés durante unos 40 años, pues fue fundador y presidente de la sección juvenil de dicho partido. 
Fue el portavoz del partido en relación con Europa y los asuntos exteriores. Participó intensamente en la preparación de su partido para el nuevo Parlamento Escocés. 
Su última intervención pública se produjo el día anterior al de su muerte, cuando expuso en detalle sus propuestas para el desarrollo de vínculos entre el nuevo Parlamento Escocés y Europa. 
La esposa de Allan, Anne, y otros miembros de su familia están con nosotros en la tribuna hoy. 
Quisiera pedir a Sus Señorías que se pongan en pie y guarden junto con ellos un minuto de silencio en memoria de nuestro colega. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes. 
Tiene la palabra la Sra. Theato. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Bosco sobre la independencia de la UCLAF ha sido suprimido del orden del día. 
Lo he sabido de manera más o menos oficiosa. 
Me han dicho que se halla en camino una carta de usted, dirigida a mí en calidad de Presidente de la comisión. 
Encuentro un tanto chocante que me haya enterado tan tarde de que se ha eliminado el informe. 
Tras la votación mayoritariamente positiva de este informe el día 4 de septiembre en la Comisión de Control Presupuestario la DG I había señalado que este informe iría al orden del día. 
Sin embargo, no se le dio circulación y hasta hoy no está disponible todavía, de suerte que no ha habido posibilidad alguna de presentar enmiendas. 
Las razones por las que ha sido retirado el informe me son conocidas por escritos de la administración, pero hasta hoy nuestra comisión no ha recibido aún una fundamentación política. 
Quisiera afirmar aquí que este informe se basa en el artículo 206 del Tratado CE, pues se trata aquí de un informe motivado por el Informe especial nº 8/98 del Tribunal de Cuentas; este fundamento jurídico es suficiente y, por ello, no procede, en mi opinión, la aplicación del artículo 50 del Reglamento. 
Por lo demás, aquí se trata de una cuestión política. 
Efectivamente, en este punto circula entre los medios de prensa circula un caso actual de sospecha sobre el tema de la ayuda humanitaria y las pertinentes irregularidades en este terreno. 
Desde el punto de vista política habría sido muy bueno que hubiéramos podido aprobar en esta semana el informe del Sr. Bosco, para mostrar claramente de qué manera reacciona este Parlamento para poder impedir, e incluso castigar, mejor los fraudes. 
Por consiguiente, le ruego que acepte esta reclamación que presento aquí en mi calidad de Presidente de la comisión: este informe, aunque fue aprobado completamente en comisión, no figura, lamentablemente, en el orden del día, como estaba previsto. 
Protesto contra ello y le pido que me diga cuándo va a hacerse accesible este informe. 
(Aplausos de la derecha) 
Señora Theato, efectivamente, yo le contesté mediante carta del día 11 diciéndole que había leído su carta y que tenía la obligación de velar por que los informes sean conformes a los Tratados y al Reglamento. 
Lamento muchísimo que no haya tenido usted una información más detallada y tomaré las medidas oportunas para que eso se haga de la manera más rápida posible. 
Como usted bien ha expresado, el problema es que el informe no indica el fundamento jurídico, cosa que es necesaria para que podamos votarlo con la mayoría necesaria para que sea efectivo, y tampoco presenta la ficha financiera. 
Creo que su comisión podrá tener resueltas estas dos exigencias del artículo 50 del Reglamento para el primer periodo parcial de sesiones de octubre. Por eso, la Conferencia de presidentes ha previsto que se debata ese informe en el primer periodo parcial de sesiones de octubre en atención a las razones políticas que usted acaba de explicar. 
Se trata simplemente de que en el informe se exprese el fundamento jurídico, puesto que usted sabe mejor que yo que, para que la Comisión se vea obligada a tomar en cuenta la propuesta legislativa que ustedes le piden, es necesario que se invoque el artículo 138 b y que se vote por mayoría absoluta. 
Si ustedes no invocan dicho artículo saben que la propuesta no tiene la misma fuerza obligatoria para la Comisión. 
Es su comisión la que tiene que decidir un camino u otro, pero tiene que indicarlo. 
Y el artículo 50 de nuestro Reglamento exige también una ficha financiera. 
Supongo que en la Comisión de Control Presupuestario debe ser relativamente fácil saber lo que cuesta una organización con 300 puestos de trabajo. 
No creo que tener esto para el primer periodo parcial de sesiones de octubre plantee problema ninguno. 
Señor Presidente, quisiera intervenir, con arreglo al artículo 96, sobre el mismo asunto. 
Por lo demás, he de indicarle que la petición de la Sra. Theato, presentada en su calidad de presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, debe propiciar una votación sobre esa petición de reinscripción del informe Bösch en el orden del día. 
En nombre de mi Grupo y de conformidad con el artículo 96, le presento una petición de reinscripción de dicho informe. 
Lo que acaba usted de decirnos carece de fundamento jurídico. 
No estamos en el marco del artículo 50 de nuestro Reglamento ni en el del artículo 138 B del Tratado y pongo a todos los diputados por testigos de lo que afirmo. 
No ha habido un informe de iniciativa; no ha habido una autorización de la Conferencia de Presidentes para establecer este informe. 
Este informe se inscribe en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión. 
Sigue a un informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la forma como funciona la UCLAF, un informe abrumador sobre los fraudes que se producen en detrimento del presupuesto comunitario. 
Así, pues, no estamos en el marco del artículo 50 y no necesitamos un fundamento jurídico ni fichas financieras. 
Por lo demás, no es la primera vez que la Comisión de Control Presupuestario propone disposiciones semejantes en sus informes y lo digo con conocimiento de causa, ya que, como tal vez haya advertido usted, algunos no los he votado. 
La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión que adopte una iniciativa. 
En modo alguno es una propuesta legislativa, como le han dicho a usted equivocadamente. 
Así, pues, se debe inscribir en el orden del día el informe en cuestión, porque, si esperamos al primer período parcial de sesiones de octubre, ya se habrá reunido- el 28 de septiembre- la Comisión de Presupuestos. 
Ahora bien, las disposiciones que hay que adoptar son urgentes, son de carácter presupuestario y corresponde a la Comisión de Presupuestos asumir sus responsabilidades a partir del 28 de septiembre. 
Ésa es la razón por la que, de conformidad con el artículo 96, pido la reinscripción de este informe en el orden del día. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Fabre-Aubrespy, Su Señoría es jurista, miembro de la Comisión de Reglamento y sabe que el artículo 138 B del Tratado no limita las propuestas legislativas de este estilo a las que se hacen en el marco del informe de iniciativa. 
Sabe también que, cuando se hace una petición de propuesta legislativa a la Comisión- ése es el objeto de los párrafos 2 y 3 de la resolución -, hay que aplicar el artículo 138 B del Tratado, salvo si la comisión de que se trate precisa que no quiere dar a su petición el alcance del artículo 138 B. 
Por eso, es lamentable que la Comisión de Control Presupuestario no haya precisado su fundamento jurídico, porque eso se refleja en la mayoría exigida. 
Si es la mayoría del artículo 138 B, es la mayoría absoluta. 
Si no es esa mayoría, la comisión competente no está obligada por el artículo 138 B y en ese caso se trata de la mayoría simple. 
Por eso nuestro Reglamento exige, en el artículo 50, que el texto de la resolución correspondiente precise el fundamento jurídico. 
Por mi parte, no puedo hacer otra cosa, por desgracia, que imponer la observancia del Reglamento. 
Resulta bastante fácil remediar el problema. 
Resulta también bastante fácil- me parece a mí- brindar al Parlamento la posibilidad de pronunciarse sobre una propuesta de creación de 300 nuevos puestos a partir de la ficha financiera. 
Eso es lo que dispone el artículo 50 y es así de simple. 
A mí no se me puede considerar responsable de que la Comisión de Control Presupuestario, que debería disponer de datos expresados en cifras, no los haya indicado. 
Los servicios me han señalado ese problema y no me ha quedado otra solución que la de pedir la preparación del informe lo antes posible. 
Si Su Señoría tiene alguna duda, tendré mucho gusto en hacer llegar esta interpretación a la Comisión de Reglamento. 
Señor Presidente, antes de manifestar mi opinión sobre el Reglamento, quisiera dar las gracias por algo en cuyo favor ha trabajado activamente mi Grupo desde que estoy en esta Asamblea. 
Por fin, por fin, me he encontrado con la separación de desperdicios al llegar a mi despacho. 
Hay nuevos cubos para desperdicios y quiero dar vivamente las gracias porque este paso haya podido ser llevado, finalmente, a la práctica. 
Quiero referirme al primer punto. 
En relación con las investigaciones en ECHO he solicitado personalmente que la Comisión realice esta semana una declaración. 
Mi Grupo le ha manifestado también a usted por escrito este deseo una vez más. 
Ahora bien, hace aproximadamente una hora yo- y también algunos miembros de la Comisión de Control Presupuestario- hemos recibido del Sr. Troyan un dossier detallado con opiniones sobre las cuestiones pertinentes que nosotros hemos planteado en la Comisión de Control Presupuestario. 
Por esta razón supongo que si la oferta de diálogo de los comisarios va en serio nos podremos poner de acuerdo sobre esto con los comisarios en esta semana o en la próxima y, por consiguiente, no quisiera seguir apoyando aquí y ahora la solicitud de hablar sobre este asunto en el Pleno. 
Sin embargo quisiera decirles una cosa: la coincidencia directa de nuestras investigaciones sobre los asuntos de ECHO con el Informe Bösch habría conducido a que hoy a las 17.00 horas pudiera haber tenido lugar en esta Asamblea un debate exacto, detallado y sólido acerca de la cuestión de cómo actuar con las irregularidades y con los momentos de sospecha en relación con el fraude entre nuestras propias filas. 
Lamento tener que decirle, señor Presidente, que en toda su argumentación jurídica me aparece demasiado clara aquí o allá esta maniobra política y, entrando en materia, quisiera decirle que, en mi opinión, la referencia al artículo 50 del Reglamento es totalmente insostenible. 
Desde el principio estuvo claro que en el Informe Bösch se trata de un informe que tiene que ver con el artículo 206. 
Si la Mesa creía no saberlo, entonces lo mínimo habría sido llamar por teléfono a la Sra. Theato o al ponente. 
En vez de esto, algunas direcciones generales se están esforzando en aclarar arriba y abajo mediante referencias, anotaciones y eventualidades jurídicas cosas sobre las cuales existe en lo sustancial un acuerdo pleno entre aquellos que votamos por mayoría este informe en la Comisión de Control Presupuestario. 
No es procedente, señor Presidente, que usted socave con argumentaciones jurídicas el debate político y, por lo demás, solicito como complemento a lo que ha solicitado el Sr. Fábregas, que el informe, que ha sido aprobado por la comisión parlamentaria competente, se ponga a disposición de todos los miembros de esta Asamblea mañana a las 12.00 horas en todas las lenguas. 
Señora Müller, yo no voy a comentar las insinuaciones que ha hecho usted. 
Mi obligación es simplemente aplicar el Reglamento. 
Y cuando un Parlamento como éste tiene cada vez más competencias, tiene también más obligación de saber las normas a las cuales tiene que sujetar el ejercicio de sus poderes y, por tanto, de respetarlas. 
Sencillamente eso, señora Müller. 
No se trata de saber lo que cada comisión quisiera hacer sino de lo que puede hacer conforme a las normas. 
Mi responsabilidad es esa y el que tenga otra interpretación distinta que la someta a la Comisión de Reglamento, dicho esto con todos los respetos que tengo para cualquier opinión. 
Tiene la palabra el Sr. Crowley. 
Señor Presidente, en relación con el orden de los trabajos quisiera hacer constar mi felicitación a mi colega de circunscripción y buen amigo, el Sr. Cox, por su elección a la presidencia del Grupo ELDR. 
Constituye un gran honor para él y su familia y, en particular, un gran honor para Irlanda tener un presidente de Grupo irlandés. 
Muchas gracias, señor Crowley. 
Personalmente, ya he tenido la ocasión de cursar mi felicitación personal al Sr. Cox, pero así ha sido rubricada por la Asamblea. 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos) 
Seguridad de las aeronaves de terceros países 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40295/98) del Sr. González Triviño, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento de evaluación de la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad [C4-0338/98-97/0039 (SYN) ]. 
Tiene la palabra el Sr. Dary como ponente suplente. 
Señor Presidente, la presente propuesta debe su origen a una directiva por la que se creó un procedimiento de evaluación de la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilicen los aeropuertos comunitarios. 
Constituye la primera de una serie de medidas recomendadas por un grupo de trabajo de alto nivel, encargado de formular una estrategia comunitaria encaminada a mejorar la seguridad aérea. 
Desde el 1 de enero de 1992, la Comunidad Europea dispone, para sus concesionarios, de un conjunto armonizado de exigencias en materia de seguridad, gracias al cual los transportes europeos figuran entre los más seguros del mundo. 
En cambio, las prestaciones en materia de seguridad de ciertas aeronaves de terceros países son menos tranquilizadoras. 
Esta situación afecta manifiestamente a los ciudadanos europeos y a los transportistas aéreos, cuando éstos utilizan los aeropuertos comunitarios. 
El accidente ocurrido en febrero de 1996 de un avión turco utilizado para un vuelo fletado, que causó la muerte de 176 pasajeros, puso particularmente de relieve ese problema. 
Por desgracia, no se ha tratado de un accidente aislado. 
Recientemente, se ha puesto en entredicho la seguridad de antiguos Boeing 737 y 747, por lo que en los Estados Unidos se ha requerido la inspección de 152 de los aparatos incriminados. 
Conviene que todos los transportistas europeos lleven a cabo inspecciones análogas, como los demás explotadores de ese tipo de aviones. 
Además, desde el final de agosto, un aparato que entró en servicio hace veinte años se estrelló en Quito, en Ecuador, y otro más reciente, perteneciente a la compañía Swissair, cayó en el mar cerca de Halifax por razones aún desconocidas hasta ahora. 
La propuesta que nos ocupa va encaminada a recoger informaciones de los pilotos, los pasajeros, los técnicos de mantenimiento y demás y, si hay razones para temer una inobservancia de las normas internacionales, someter los aparatos de que se trate a verificaciones y, llegado el caso, obligarlos a observarlas. 
En última instancia, si no se respetaran las normas, dicha propuesta permitiría inmovilizar los aparatos o excluir a las líneas aéreas de los aeropuertos comunitarios. 
Los principales elementos de la propuesta de directiva presentada por la Comisión son los siguientes, En primer lugar, las autoridades aeronáuticas cotejan y comparten todas las informaciones relativas al control en tierra; en segundo lugar, se establecen las condiciones que pueden dar lugar a controles en tierra y, en última instancia, a la inmovilización; en tercer lugar, se está considerando la posibilidad de adoptar medidas colectivas comunitarias, que vayan desde la formulación del contenido y de los procedimientos de los controles en tierra hasta las prohibiciones aplicadas a ciertos explotadores. 
Este último aspecto, auténtico elemento decisivo de la directiva, es el que ha suscitado dificultades con el Consejo. 
La Comisión proponía, substancialmente, propugnar, en caso necesario, la aplicación de una vigilancia específica para un explotador de un tercer país o prohibir al transportista aéreo de tal o cual país utilizar los aeropuertos comunitarios. 
El ejemplo dado recientemente por explotadores de terceros países al eludir una prohibición decretada en un Estado miembro, aterrizando al otro lado de la frontera en un Estado miembro vecino y en un aeropuerto de conveniencia parece justificar esa acción colectiva comunitaria. 
El Parlamento apoyó plenamente en primera lectura la propuesta de la Comisión encaminada a mejorar la seguridad de los transportistas extranjeros, al considerar que no se podía ni se debía poner en entredicho la seguridad. 
Sin embargo, se han aprobado 14 enmiendas encaminadas a reforzar la acción colectiva, ampliar las fuentes de información e instaurar cierta transparencia estableciendo la publicidad de la inmovilización en caso de riesgo inmediato para la seguridad. 
Este último aspecto parecía esencial, pues el Parlamento ha considerado siempre que la difusión de informaciones relativas a la seguridad aérea formaba parte integrante de la política comunitaria en materia de seguridad. 
La Comisión aceptó casi todas las enmiendas y presentó una propuesta modificada. 
Sin embargo, en su posición común, el Consejo no aceptó sino la mitad de dichas enmiendas y rechazó todos los elementos particularmente importantes e innovadores, en particular los que establecen la publicación de las prohibiciones de vuelo. 
El ponente parlamentario, al que represento aquí hoy, denuncia con energía el texto de la posición común del Consejo. 
Respecto de las declaraciones hechas por la Presidencia británica sobre la necesidad de conceder prioridad a la seguridad en el marco de la Política Común de Transportes, el texto presentado no aporta ningún elemento nuevo a ese respecto y se limita a reconocer los derechos ya ejercidos por los Estados miembros, sin conferir a la Comisión el poder de decidir una sanción general que sea aplicable a todo el territorio de la Unión Europea respecto de los países de las aeronaves o de los explotadores que no se ajusten a las normas internacionales de seguridad. 
La enmienda confirma simplemente la opinión del Parlamento, según la cual toda aeronave de un tercer país que aterrice en un aeropuerto comunitario y de la que se sospeche que no se ajusta a las normas de internacionales de seguridad debería ser sometida a inspecciones en tierra. 
Se trata de una disposición mínima en materia de seguridad. 
Además, el ponente considera que se debe aplicar dicha norma a todos los aeropuertos abiertos al tráfico internacional de pasajeros y de flete y no sólo a los principales, dado que un gran número de los accidentes ocurridos han afectado a compañías de flete o compañías de vuelos fletados extranjeros que utilizan aeropuertos regionales para economizar en el pago de las tasas de aterrizaje. 
Las enmiendas 3 y 4 se refieren al poder de la Comisión para decidir la adopción de sanciones. 
Señor Presidente, como sucedió ya en la primera lectura, el informe del Sr. González Triviño sobre las evaluaciones de seguridad de las aeronaves de terceros países ha sido aprobado también en la comisión en segunda lectura y, además, por unanimidad. 
El informe reviste una importancia especial, pues se trata de la seguridad y de la vida de las tripulaciones y de los pasajeros. 
Si la Unión Europea garantiza la libertad de circulación de las personas, debe asumir también la responsabilidad sobre la seguridad de la circulación de las personas. 
Justamente la mayoría de los pasajeros que hacen uso de las ofertas baratas de vuelo no son conscientes de la peligrosidad del viaje que realizan, puesto que no se les proporciona ninguna información fiable acerca de si se han detectado, dónde y en qué compañías, fallos de seguridad. 
Con el proyecto de directiva hemos avanzado un buen trecho en el camino hacia un aseguramiento global de todos los viajeros en el transporte aéreo europeo. 
En la discusión de la directiva el Parlamento y la Comisión se han puesto rápidamente de acuerdo en que sólo estará garantizada una protección eficaz de los pasajeros cuando se lleven a cabo en todas partes y en todas las aeronaves inspecciones previas ajustadas a una lista común de inspección. 
A este respecto los Estados miembros deben informarse mutuamente de manera completa, y también la Comisión, acerca de los resultados del control y acerca de las medidas que se hayan adoptado frente a las aeronaves de terceros estados. 
Finalmente, los Estados miembros deben adoptar medidas contra las aeronaves y mostrar las deficiencias en la seguridad. 
Sólo alcanzaremos la seguridad máxima posible en los aeropuertos si el sistema de control es único y si las aeronaves de terceros países no pueden desviarse más de un Estado miembro a otro o de un aeropuerto a otro. 
La red de seguridad, que estamos tendiendo, no debe ser tan poco tupida como para que existan posibilidades de infracciones inadvertidas. 
Sobre este trasfondo me resulta incomprensible, y seguramente también a casi todos mis colegas de este Parlamento por qué en su posición común el Consejo restringe de manera tan notable las propuestas originarias de la Comisión y del Parlamento. 
Tampoco se comprende por qué la Comisión no debería dictar prohibiciones de vuelo que abarcasen todo el territorio de la UE. 
Respetamos, naturalmente, la libertad de decisión de los Estados miembros. 
Pero en qué ámbito sería esto adecuado, si no es en el de la seguridad en Europa, si la Comisión adoptase decisiones centrales de índole sancionadora? 
Si en este caso dejamos demasiado margen de maniobra para las decisiones individuales de los Estados miembros, corremos el peligro de errar de nuevo el objetivo de la presente directiva, la seguridad. 
La libertad de decisión de los Estados miembros y la idea de subsidiariedad no deben confundirse con los egoísmos nacionales. 
Por consiguiente, quiero dar encarecidamente las gracias al ponente por el compromiso sólido y leal que ha formulado en sus enmiendas y que hemos aprobado por unanimidad. 
Mi Grupo respalda sin reservas este compromiso. 
Creo que de esta suerte se ha logrado tender el puente entre el objetivo del Parlamento y de la Comisión y las reservas de los Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, voy a ser breve y espero recuperar de esta manera el tiempo en que se han excedido hasta ahora los colegas. 
Ante todo, quisiera felicitar de todo corazón al ponente, que lamentablemente no se encuentra hoy aquí, por su excelente informe. 
Ha realizado realmente un trabajo muy bueno. 
Quisiera sumarme, sin más, a la crítica que ha hecho del Consejo. 
No deseamos algo imposible, sino que deseamos aeronaves seguras, aunque procedan de estados que no forman parte de la UE. 
Para los estados de la Unión Europea esto está regulado ya desde 1992. 
No queremos una burocracia desmedida, sino un intercambio de información y posibilidades de información para la opinión pública. 
Esto no es exagerado, sino que nuestro objetivo es algo significativo para los ciudadanos y las ciudadanas de Europa, en concreto, lograr el máximo nivel posible de seguridad. 
Por consiguiente, el Grupo del Partido Popular Europeo apoya todas las enmiendas de la Comisión de Transportes, como lo hemos hecho ya en la comisión. 
Creemos que aquí se ha llegado a un compromiso razonable. 
Al mismo tiempo, esperamos de la Comisión que en sus negociaciones con el Consejo en la segunda lectura apoye con todo ahínco estas enmiendas que ponen de manifiesto persistentemente la voluntad de esta Asamblea. 
El Consejo estaría también acertado, si aceptase nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, aunque no esté entre nosotros, por su insistencia en algunos puntos de vista muy acertados. 
Quisiera declarar el completo apoyo de mi grupo político a este informe y a los esfuerzos del Comisario, el Sr. Kinnock, y, a su vez, quisiera denunciar la política del Consejo. 
El Consejo debería comprender que las conveniencias o los compromisos políticos pueden tener lugar cuando se someten a debate otros asuntos. 
Cuando se trata de asuntos que ponen en juego la vida, la nuestra propia, la de nuestras familias o las de nuestros hijos, el Consejo no tiene ningún derecho, ningún derecho en absoluto, a tomar decisiones de compromiso político. 
Según las informaciones que tenemos, el Consejo no parece que esté dispuesto a aceptar ni el texto ni las enmiendas comprometidas de la segunda lectura y eso es algo que tenemos que lamentar. 
Señor Presidente, estimados colegas, creo que en este asunto deberíamos autorizar y apoyar al Comisario, el Sr. Kinnock, y en caso de que se obtuviera una negativa definitiva por parte del Consejo denunciar este caso públicamente: el ciudadano europeo debería conocer quiénes son los responsables morales si se produjese alguna tragedia aérea ocasionada por falta de información o por insuficientes normas de seguridad. 
En asuntos que afectan a la vida del ciudadano europeo ni los ministros ni el Consejo tienen derecho a tomar decisiones arbitrarias. 
Señor Presidente, esta directiva tiene su origen en el accidente aéreo ocurrido en febrero de 1996 en la República Dominicana, en el que fallecieron 176 personas. 
Ahora, dos años y medio después, y tras la todavía más grave catástrofe aérea de Canadá, la práctica no ha mejorado mucho. 
Desgraciadamente, no podemos evitar todos los accidentes, pero sí debemos poner todos los medios a nuestro alcance para evitar aquéllos que se pueden prevenir. 
Al fin y al cabo, la vida humana es irremplazable y los Estados miembros deben protegerla con todo lo que esté en sus manos. 
Un importante instrumento de ayuda es la legislación comunitaria. 
Justificadamente, las compañías aéreas de la Comunidad deben cumplir estrictas reglas técnicas. 
Éstas derivan, en gran medida, del Convenio de Chicago que ha sido firmado por todos los Estados miembros. 
La Comunidad no puede, sin embargo, imponer estas reglas a otros estados. 
No obstante, el establecimiento de condiciones para aterrizar en los aeropuertos comunitarios puede propiciar el cumplimiento de estas reglas por parte de terceros países. 
La seguridad de los viajeros puede mejorar si la legislación se aplica tanto a las compañías comunitarias como a las de terceros países que aterricen en los aeropuertos de la UE. 
Estoy de acuerdo con el Sr. González Triviño en que debe mejorarse tanto la seguridad activa como la pasiva del pasajero. 
La seguridad activa puede aumentar con el control de la aeronavegabilidad de los aviones mediante la realización de inspecciones en pista en los aeropuertos. 
Estas inspecciones, y las consecuencias que de ellas deriven para las compañías, deben tener una amplia base. 
Tales controles deben realizarse de forma eficaz, cuando exista una duda fundada sobre la aeronavegabilidad de determinados aparatos. 
A fin de evitar que estos aviones aterricen en otros Estados miembros, los resultados negativos de estos controles deben transmitirse a los restantes países de la UE. 
La seguridad pasiva puede verse influida por la existencia de una información correcta y completa sobre las compañías. 
Así, el consumidor, antes de reservar su vuelo, puede decidir, basándose en una información tan completa como sea posible, el riesgo que desea correr cuando vuela con una compañía determinada. 
Para ello, es necesario que, tal como el ponente propone, se hagan públicos los datos pertinentes. 
Para terminar, espero que el Consejo no rechace de nuevo la opinión del Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, se encuentra ya próximo el final de nuestro trabajo con esta propuesta de directiva y espero que nos pongamos de acuerdo en una propuesta razonable. 
La seguridad en el transporte es un tema que nos preocupa a todos. 
Desgraciadamente, sólo recordamos de vez en cuando la necesidad de pensar en la seguridad dentro del transporte. 
Los errores tanto humanos como técnicos deben evitarse mediante unos procedimientos y una formación racionales. 
Y me inquieta un poco saber ahora si logramos aquello que perseguimos con esta propuesta. 
Puede trazarse un paralelismo con la navegación marítima, en la que disponemos del control estatal del puerto, que implica la revisión de los barcos, pudiendo decir con un cierto éxito que se ha logrado echar el lazo a los barcos que se encontraban en pésimas condiciones. 
Una redacción como la de la enmienda 1, en la que se dice: " Cada Estado miembro dispondrá los procedimientos necesarios cuando se sospeche que las aeronaves de terceros países infringen... ». 
"Procedimientos necesarios» y" se sospeche» son términos muy vagos. 
La sospecha no es suficiente en mi opinión. 
Sería preferible que para mantener retenida una aeronave existiera una certeza mayor que la mera sospecha. 
Sin embargo, ni aspectos comerciales ni el deseo de ser amables deben intervenir en estas valoraciones en los aeropuertos. 
Confío en que el Sr. Kinnock junto con la comisión y con Consejo puedan hallar fórmulas de control que hagan posible que la directiva llegue a cumplir estas intenciones. 
No tiene sentido elaborar una directiva si ésta no funciona. 
El punto siguiente que quiero mencionar es el proceso de renovación de gran parte de sus flotas que algunas compañías europeas están emprendiendo estos años. 
Se incorporan nuevos recursos y aviones de menor consumo energético, y esto es algo positivo. 
Desgraciadamente, muchos de los aviones reemplazados- a menudo tras veinte años de actividad- son vistos con un nuevo aspecto y operando en el ámbito europeo bajo otras banderas. 
Esto acentúa la necesidad de esta directiva. Acentúa la imposibilidad de tomar únicamente en cuenta aspectos comerciales o el deseo de ser amables, y la obligación de disponer realmente de un sistema que funcione. 
Confío en que podamos llegar todos a un acuerdo sobre una propuesta que funcione. 
Debemos aprobar un documento que no sólo sea bonito sino que pueda ser puesto en práctica realmente en los países miembros y que los países miembros estén en condiciones de cumplir. 
Ésta es verdaderamente mi mayor preocupación. 
Señor Presidente, me parece que es muy triste que estemos examinando la cuestión de la seguridad de la aviación tan poco tiempo después del trágico desastre de un avión de Swissair ocurrido hace diez días ante las costas de Nueva Escocia. 
Me uno a mis colegas parlamentarios aquí, colectivamente, al enviar nuestro pésame a los amigos y familias de las víctimas de ese accidente. 
Creo que, la Unión Europea y de los Estados miembros no han hecho bastante en el nivel político para abordar la cuestión de la congestión en nuestros cielos. 
La Asociación de Compañías Aéreas Europeas ha llegado hasta el extremo de dar a entender que en algunos gobiernos adoptan una actitud de cierta pasividad, en particular el Gobierno británico, a la hora de abordar en serio el problema de la congestión de la aviación. 
Las estadísticas son bastante alarmantes. 
Los retrasos de los vuelos en Europa han alcanzado el peor nivel en nueve años. 
El 30 % de todos los vuelos programados en Europa despegan con retraso el 45 % de las veces. 
Los vuelos fletados sufren grandes retrasos. El espacio aéreo más congestionado de Europa es el de la Inglaterra Sudoriental, en el que, tan sólo en este año, los controladores del tráfico aéreo están presentando más notificaciones que nunca de sobrecarga de trabajo. 
Se están notificando percances con mayor frecuencia. 
Hace cuatro años que se debería haber inaugurado un nuevo centro de control aéreo en Inglaterra. 
Las dos terceras partes de los retrasos se deben a la congestión de los cielos. 
Creo que ha llegado el momento de que la Comisión y los gobiernos de los Estados miembros de la UE se reúnan y hagan algo al respecto colectivamente y con urgencia. 
En los tres últimos años ni uno solo de los vuelos en que he viajado ha salido ni llegado a tiempo. 
Algo no funciona en alguna parte, señor Presidente. 
Señor Presidente, voy a comenzar haciéndome eco de las opiniones expresadas antes por el Presidente del Parlamento, al lamentar la repentina y trágica muerte del Dr. Allan Macartney. 
Como todos Sus Señorías han de saber, era una persona considerada con un respeto y un afecto que superaban la división de los grupos políticos. 
Y, al enviar nuestro pésame a sus seres queridos, hacemos constar que será añorado con tristeza por todos, incluidos, naturalmente, los ciudadanos de su circunscripción. 
También nos unimos al Sr. Andrews al enviar nuestro pésame a quienes están afligidos y sufren a consecuencia del atroz y trágico desastre de un avión de Swissair hace tan sólo diez días ante las costas de Nueva Escocia. 
Quisiera felicitar al ponente, Sr. González Triviño, por su excelente labor para la segunda lectura de esta propuesta de la Comisión que la Asamblea tiene hoy ante sí y también agradecer al Sr. David que ocupe su lugar hoy a causa de la ausencia inevitable del Sr. González Triviño. 
Como en la primera lectura, el ponente ha adoptado una posición de gran apoyo en su recomendación y tengo el gusto de decir que las cuatro enmiendas que ha propuesto constituyen la base para una transacción aceptable entre la posición común del Consejo y la propuesta de la Comisión. 
Como recordará la Asamblea, la propuesta inicial era la de que se inspeccionarán en los aeropuertos de la Comunidad las aeronaves de terceros países sospechosos de no respetar las normas de seguridad internacionalmente aceptadas. 
Como dice el Sr. Sindal, se trata de una propuesta relativamente modesta- y hemos de esperar que sea el comienzo de un proceso con vistas a la consecución de avances mayores -, pero, desde luego, necesaria. 
Naturalmente, las autoridades nacionales tienen ya libertad para ejercer ese derecho a inspeccionar, supervisar e inmovilizar, pero el valor añadido de la propuesta de la Comisión es el de que introduce la facilidad para adoptar medidas comunes contra las aeronaves inseguras o las empresas a las que pertenezcan dichas aeronaves o a sus países de origen que toleren el incumplimiento de las normas. 
Lamentablemente, no se reconoció ese aspecto en la posición común ni se tuvieron en cuenta los intereses legítimos del público a ser informado. 
Eso es, como mínimo, algo incoherente, en particular en los Estados miembros en los que la ley obliga a las organizaciones gubernamentales a hacer pública toda la información que reciban. 
La Asamblea sabe que en materia de seguridad en la Comisión siempre intentamos lograr el equilibrio entre facilitar la información legítima al público en general e impedir la publicación de información que pudiera ser perjudicial para personas o empresas y cuyo efecto fuera silenciar las fuentes de información que consideramos decisivas para la mejora de la seguridad y las normas de seguridad. 
Ninguna de nuestras propuestas habría estado reñida con esa convención de equilibrio sensato y responsable. 
Así, pues, me complace que la enmienda propuesta por el ponente vaya a permitir a la Comisión proponer medidas comunes contra las empresas peligrosas y vaya a lograr también el equilibrio correcto entre la difusión y la protección de la información relacionada con la seguridad. 
Por esa razón, la Comisión apoya las cuatro enmiendas que figuran en la recomendación del Sr. González Triviño, con los ligeros retoques de redacción de la enmienda nº 2, relativa a la notificación de información a las organizaciones de pasajeros. 
Quisiéramos hacer ese cambio simplemente porque creemos que en una parte anterior de la misma enmienda se aborda satisfactoriamente esa cuestión. 
En conclusión, me complace en particular que ya esté expedito el camino para la aprobación y la aplicación rápidas de una legislación europea que ha de contribuir a mejorar la seguridad de las personas que viajan por el aire y también de otras, en particular, naturalmente, las que viven cerca de aeropuertos. 
Naturalmente, agradezco al Sr. González Triviño y a sus colegas su eficaz labor y su continua cooperación para intentar mejorar los niveles de seguridad para el público que viaja. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección jurídica de los dibujos y modelos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para segunda lectura (A40315/98) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la delegación del Parlamento al Comité de Conciliación (C4-0467/98-00/0464 (COD) ) sobre el texto común, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los dibujos y modelos. 
Señor Presidente, la propuesta que hoy traemos- el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación- es el producto de un trabajo bastante prolongado en el Parlamento, en el Consejo y, desde luego, también en la Comisión. 
Hace cinco años, en 1993, la Comisión presentó la primera propuesta de directiva en esta materia juntamente con una propuesta de directiva sobre un reglamento. 
La directiva trata de armonizar el Derecho de los Estados miembros en la materia, pero, evidentemente, la etapa final será un reglamento y en ese reglamento se precisará un Derecho comunitario con el propio registro comunitario y con la propia normativa comunitaria. 
Sin embargo, nos encontramos desde el principio con una dificultad, una especie de «chinita» en el camino, una dificultad resultante de una cláusula, que era la llamada «cláusula de reparación» , en virtud de la cual el derecho del titular de un modelo o diseño de un automóvil se encontraba en contradicción con una práctica e incluso con normas legales, existentes en diferentes Estados miembros, en virtud de las cuales cuando se reemplaza una parte que sustituye a una parte de un vehículo, visible, externa, hay fabricantes que tienen la posibilidad de reproducirla sin necesidad de tener autorización del fabricante del automóvil. 
Se trata de un tema con consecuencias económicas importantes ya que, como sabemos, cada día hay miles de accidentes de automóvil. 
El Comisario Kinnock hablaba hace poco de los accidentes de avión, pero sabemos que muere mucha más gente en carretera y en accidentes de automóviles y, desde luego, los daños materiales que se producen cada día en nuestra Comunidad se elevan a cifras verdaderamente astronómicas. 
Estamos hablando de miles de millones de ecus, de trabajo, etc., y de un asunto que afecta a la propiedad intelectual. 
Por lo tanto, no es un tema baladí. 
Es un tema importante porque además tiene consecuencias desde el punto de vista del empleo en determinadas regiones y determinados países comunitarios donde ese sector es importante, mientras que, por otro lado, los fabricantes de automóviles tienen interés en afirmar una especie de derecho teniendo en cuenta la diversidad legislativa. 
Después de cinco años a lo único que pudimos llegar fue a una especie de armisticio. 
El Parlamento se pronunciaba por la fórmula de un derecho de fabricación de piezas de recambio con una indemnización a los fabricantes de automóviles pero el Consejo fue incapaz de llegar a un acuerdo. 
En definitiva, el texto final deja la cuestión en una especie de armisticio- como he dicho antes -, ya que el artículo 14, que era el artículo que iba a regular la cláusula de reparación, se ha convertido en una disposición transitoria y el artículo 18 prevé que en el plazo de tres años la Comisión empiece a analizar la situación y presente propuestas para completar la directiva. 
Así pues, en este momento hay una situación de stand-still en virtud de la cual cada Estado mantiene su legislación vigente y se tratará, en la medida de lo posible, de que no se interfiera con el mercado interior, con una obligación por parte de los Estados de que, en caso de modificar la legislación, no lo harían para dificultar todavía más el mercado interior de estos productos, sino que lo harían para facilitar la liberalización del mercado interior. 
No estamos quizá muy orgullosos de la labor realizada, pero hemos evitado la guerra a través del armisticio. 
Pero la directiva no es sólo la cláusula de reparación, hay toda una serie de sectores que estaban esperando esta directiva para poder consolidar sus derechos, y en ese texto de la directiva nos encontramos con disposiciones que yo considero que son útiles porque aparece una definición de lo que es un dibujo o un modelo. 
Se hace referencia, por ejemplo, a la característica fundamental que tiene que tener un dibujo o un modelo de utilidad para que sea reconocido como tal, que es la característica de la novedad, y, sobre todo, esa novedad se define desde el punto de vista de una cierta visibilidad, de modo que un usuario informado sepa distinguir esa novedad de otro producto anterior. 
Es una materia que, sin duda, con esta directiva no hace sino iniciar su camino. 
La directiva deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los diferentes Estados miembros. 
Vamos a tener, sin duda, legislación comunitaria, legislación del Tribunal de Justicia, que nos va a ayudar a ir desenmarañando la cuestión. 
Espero que la directiva llegue a una fórmula definitiva y, además, que, entre tanto, el Parlamento y el Consejo continúen adelante con la aprobación del reglamento sobre el dibujo y modelo de utilidad, con lo cual acabaríamos teniendo un ordenamiento comunitario que permitiría la libre circulación de todos estos productos. 
Distinguido señor Presidente, estimados colegas, la directiva de protección del diseño, sobre la cual estamos hablando hoy, tiene tras sí un largo y pedregoso camino, pero todavía no ha superado la cuesta. 
El resultado de la mediación que se ha logrado entre el Parlamento y el Consejo ha dejado abiertas cuestiones importantes. 
Sobre este trasfondo quisiera dar las gracias, también en nombre de mi Grupo, a mi colega Manuel Medina por la tenacidad con que ha defendido ante el Consejo y la Comisión los deseos del Parlamento. 
Su tenacidad se ha mostrado de manera especial en la lucha en torno a la llamada cláusula de reparación. 
Si consideramos solamente el ámbito del automóvil, reconocemos la importancia de este detalle. 
El Parlamento Europeo ha encontrado una compensación entre los intereses de la industria automovilística, los fabricantes de piezas de recambio y los consumidores. 
Para los ciudadanos habría constituido una prueba de la utilidad de la Unión Europea que el Consejo hubiera dado su conformidad a nuestra propuesta. Fracasó por el egoísmo particularista de los Estados miembros, lo cual no constituye una buena prueba de la competencia de Europa para solucionar los problemas. 
El resultado de la mediación, al que damos nuestra conformidad con un rechinar de dientes, no es ninguna solución. 
No hace más que aplazar la solución. Daremos nuestra conformidad a esta parada en la legislación sólo porque de esta manera nada empeora y porque suponemos que, ciertamente, va a ser posible todavía alcanzar una regulación satisfactoria en las piezas de recambio. 
Esta debe impedir una monopolización obstaculizadora de la competencia y al mismo tiempo debe asegurar a los consumidores reparaciones baratas con repuestos de su elección. 
La Comisión Europea tiene el encargo de hacer alcanzable este objetivo en el plazo de los próximos siete años. 
Señor Comisario, nosotros, como Parlamento- y, en especial, mi Grupo- vamos a comprobar con toda exactitud si esto sucede y cómo sucede. 
Señor Presidente, Señorías, tal vez se trate de una de las conciliaciones más difíciles que hayamos tenido que hacer hasta ahora. 
Esta vez el litigio no se refería a una cuestión de orden institucional o presupuestario. 
Teníamos una divergencia de fondo con el Consejo sobre un aspecto importante de la directiva. 
Nuestro Parlamento Europeo defendía, naturalmente, la llamada cláusula de reparación, que habíamos votado en segunda lectura por gran mayoría. 
El Consejo, por su parte, la rechazó por unanimidad. 
Después de muchas semanas de negociaciones oficiosas, que, por desgracia, fueron infructuosas- el Sr. Medina ha recordado antes que este expediente está en suspenso desde 1993 -, nos encontrábamos, señor Presidente, ante una alternativa muy incómoda: o bien debíamos buscar, junto con el Consejo, una transacción sobre la controvertida cuestión de las piezas de recambio o bien debíamos concluir con la falta de conciliación, con lo que corríamos el riesgo de castigar gravemente a numerosos sectores de actividad que tenían puestas grandes esperanzas en esta directiva. 
Estoy agradecida a nuestra delegación y, más en particular, a su ponente, Manuel Medina Ortega, que ha hecho un trabajo extraordinario con una paciencia de arcángel, si me permite esta expresión, por haber dado muestras de clarividencia. 
Después de maduras reflexiones y un debate que no siempre fue fácil, ha considerado que la armonización de la protección jurídica de los dibujos y modelos en todos los sectores de la industria europea, era en verdad esencial y que no podíamos asumir la responsabilidad de aplazarla aún más. 
Entonces teníamos que encontrar la transacción, la mejor posible o la menos mala posible, sobre la protección y la utilización de las piezas de recambio para vehículos automóviles y para fines de reparación. 
A lo largo de esa laboriosa búsqueda, dos hechos me sorprendieron. 
Me gustaría mencionarlos, porque indican, a mi parecer, una evolución positiva del procedimiento de conciliación. 
En la primera reunión del Comité, celebramos un debate muy largo de fondo durante el cual tanto los miembros de la delegación como los miembros del Consejo pudieron expresar ampliamente sus puntos de vista divergentes. 
Es algo que parece natural. 
Sin embargo, era en cierto modo una primicia. 
Lo debemos a la voluntad de Lord Simon de obtener resultados respecto de este expediente y a su sentido político muy experimentado- deseo rendirle homenaje al respecto -, pero también al espíritu de diálogo que, poco a poco, avanza entre las dos ramas de la autoridad legislativa. 
El segundo hecho que quisiera poner de relieve se refiere la asistencia activa que el Comisario Monti nos ha prestado personalmente sobre este asunto. 
Se ha dicho a veces que la Comisión se sentiría incómoda en este procedimiento de conciliación porque su papel en él quedaría desdibujado, cosa a la que- conviene reconocerlo- no está acostumbrada. 
Pues bien, creo que corresponde exclusivamente a la Comisión atribuir su alcance al último párrafo del artículo 189 B4 del Tratado de la Unión Europea. 
El Comisario Monti lo ha comprendido perfectamente. 
Como también el Comisario Kinnock en otras circunstancias: me refiero a las redes transeuropeas de transporte. Le agradezco muy sinceramente su eficaz contribución para sacar el expediente del carril en el que estaba empantanado. 
Nuestro ponente y otros colegas se han expresado ya sobre el fondo de la transacción; yo voy a decir simplemente que, en mi opinión, la cláusula de «standstill plus» , junto con el importante compromiso de la Comisión, ha de facilitar el acuerdo deseado entre las partes interesadas. 
Creo que nuestro Pleno debería votar el proyecto común de conciliación que le hemos presentado insistiendo en la imperiosa necesidad de que se respete su letra y su espíritu. 
Seguro que el Comisario Kinnock se comprometerá a ello de nuevo en nombre de la Comisión en su intervención. 
Nuestro Parlamento Europeo, por su parte, velará por que así sea. 
Señor Presidente, deseo realmente dar las gracias a Fontaine, que presidió nuestra delegación. 
Otros diputados ya han descrito el trabajo. 
Creo que son importantes para el futuro los comentarios que hoy ha hecho Fontaine sobre la forma cómo se produjo la conciliación. 
Su papel ha sido primordial. 
Para ella, mis calurosos agradecimientos. 
Como dijo mi antecesor, han girado muchas cosas en torno a la cláusula de reparación. 
No debemos olvidar que esta directiva va a alargar la duración de la protección de modelos en muchos países miembros y va a fomentar el interés por la justa protección de los contenidos y las exigencias de los propietarios de los diseños. 
En cuanto al futuro, me pregunto una cosa de la que ya he visto ejemplos en mi país: ¿qué haremos con los productos que entren en la Unión y que no tienen esta protección? 
Posiblemente éste será un asunto que nuestras autoridades aduaneras deberán determinar más adelante. 
En nuestro Grupo tampoco consideramos perfecto el resultado final respecto de la cláusula de reparación, pero tenemos que aceptarlo. 
La Comisión ha prometido por escrito que hará consultas para proponer modificaciones; esto es algo que se ha publicado y es una promesa que tiene que cumplirse. 
Todavía estamos preocupados porque el mercado interior aún no funciona perfectamente, a pesar de que introdujimos una cláusula sobre esto en el texto. 
Esperamos que la Comisión se preocupe también realmente de este asunto, es decir, que no se pongan trabas innecesarias al libre mercado y que la Comisión, junto con nosotros, vele por que la legislación y la práctica no se modifiquen de modo que se contrapongan a esta cláusula. 
Señor Presidente, la directiva soporte de este proyecto de informe pretendía garantizar una justa competencia en beneficio particularmente de los consumidores. 
¿Se ha conseguido esto? 
En estos momentos, tras casi un año de conciliación, nos encontramos no sólo con que no se han recogido las propuestas iniciales del Parlamento sino que el acuerdo no contempla la cláusula de reparación, una cláusula cuya inclusión era básica para poder establecer un marco de justa competencia entre fabricantes de piezas de recambio y fabricantes de vehículos de motor. 
El acuerdo mediante el cual se manifiesta el deseo de que la situación jurídica de los fabricantes de piezas de recambio no empeore no resuelve el problema de fondo. 
Como no lo resuelve el dejar la solución de ese conflicto de intereses a la voluntad autorreguladora de fabricantes de piezas de recambio y de fabricantes de vehículos, porque no están en igualdad de condiciones ni tienen la misma capacidad de influir. 
Esta actitud va en perjuicio de los intereses de los consumidores y poco ayuda a esto la aprobación del artículo 10 de la directiva, según el cual se recoge un plazo de protección del dibujo o modelo de hasta 25 años. 
Sólo puedo desde aquí manifestar nuestra discrepancia con una postura que beneficia a la gran industria automotriz pero no tiene en cuenta los intereses del ciudadano común, para defender los cuales hemos sido elegidos. 
Señor Presidente, quisiera agradecer en particular al ponente y a la Sra. Fontaine su intenso trabajo para concluir esta difícil negociación y también a mis colegas del Comité de Conciliación, que adoptaron un planteamiento muy pragmático. 
Me complace en particular que se lograra el acuerdo durante la primera presidencia laborista del Reino Unido. 
Un miembro de la Cámara de los Lores, Lord Simon, pudo ver con sus propios ojos con qué intensidad y diligencia trabajamos en el Parlamento Europeo. 
Este acuerdo es una victoria para el sentido común. 
Represento a una zona muy amplia de fabricación de automóviles de mi circunscripción. Participan en ella empresas como Peugeot, Rover y Jaguar, por citar sólo algunas. 
Hay incluso más empresas de fabricación de piezas. Conque estaba particularmente deseoso de que se lograra una transacción que salvara puestos de trabajo y eso es exactamente lo que hace esta transacción. 
Señor Presidente, todos los colegas que me han precedido han subrayado el suplicio que ha acompañado esta directiva. Un suplicio causado sobre todo por la dificultad de tomar una decisión equilibrada en cuanto a la llamada cláusula de reparación de las partes separadas de conjuntos más amplios como, por ejemplo, los vehículos. 
La prueba de este suplicio no es solo el largo período de tiempo transcurrido desde la propuesta de la Comisión que data del año 1993 hasta la primera posición común del año 1997, ni el período de espera transcurrido antes de llegar al Comité de Conciliación, ni tampoco la contradicción existente entre las enmiendas aprobadas por el Parlamento y la posición del Consejo, sino también el hecho objetivo de que junto con la directiva se presentara una propuesta de reglamento. Esta última debe ser examinada todavía, sin embargo, por decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se ha acordado esperar a que se formule definitivamente esta directiva referente a la armonización para examinar el reglamento con el fin de establecer un modelo y un dibujo comunitarios. 
No hay que extrañarse de estas dificultades, porque los problemas económicos y jurídicos no eran sencillos. 
Los problemas jurídicos no solo consistían en establecer los criterios y las condiciones de apreciación de la novedad u originalidad del dibujo o modelo, ni en definir la visibilidad, sino también y ante todo en entender si, jurídicamente, es correcto valorar el aspecto estético en relación con una parte o solamente con respecto a un conjunto. 
Ésta es una cuestión jurídica que ha empleado a fondo a los Tribunales de Casación de los Estados y al propio Tribunal de Justicia con una resolución del año 1995. 
A esto hay que añadir la gravedad que revestían las cuestiones económicas por el riesgo de cierre de algunas empresas, por la relación existente entre la prevención de la siniestralidad y la elección de las partes que merecen o no merecen protección jurídica, etcétera. 
En conclusión, hemos llegado a un compromiso que considero aceptable porque se mueve precisamente en el sentido de una mayor competencia y, por lo tanto, de una mayor libertad comercial, a pesar de que, actualmente, las cosas pueden seguir tal como están, sin armonización alguna y, por tanto, cada Estado hace lo que le parece. 
Por eso creo que hay que emitir un voto favorable y confiar en que la Comisión presente propuestas válidas en lo que al reglamento se refiere. 
En consecuencia, también podemos optar por este camino y es por esto que, como ponente del informe sobre dicho reglamento, tengo un interés muy especial. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero expresar- como lo ha hecho mi colega, la Sra. Thors- nuestro apoyo a este informe y nuestro acuerdo con las posiciones adoptadas en el Comité de Conciliación, tanto por el Sr. Medina Ortega como por la Sra. Fontaine. 
Tuve la oportunidad de analizar a fondo este tema como ponente de opinión en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y quisiera recordar que la directiva, desde una dimensión económica, perseguía responder a dos objetivos: por una parte, la realización del mercado interior y facilitar la libre circulación de mercancías con una protección igual para los productos del ámbito que se contemplaba en esta directiva; por otra parte, tener una protección frente a copias o productos que podían venir de países terceros y que perjudicaban a nuestra industria. 
Han pasado cinco años. 
Ello quiere decir que no nos podemos sentir especialmente satisfechos si no hemos sido capaces de resolver en este tiempo dos temas que afectan a la industria europea de una manera muy sensible, tanto en su mercado interior como desde el punto de vista de la competencia internacional. 
Además, el resultado, como se ha dicho aquí, tampoco es del todo satisfactorio. 
Se ha conseguido que no hubiese una regresión, se ha conseguido un acuerdo de mínimos pero, evidentemente, no se ha conseguido cumplir los objetivos iniciales de la directiva. 
Me satisface que se haya podido recoger uno de los aspectos que propuso la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial en mi propio informe: llevar a cabo un análisis de la cuestión y el compromiso de que se pueda revisar en un determinado período de tiempo. 
Esperemos que, aunque con una lentitud impropia de lo que debería ser la protección de nuestra industria en un nivel de competencia adecuada a nivel internacional, se pueda cumplir finalmente. 
Señor Presidente, quiero felicitar también al Sr. Medina y a la Sra. Fontaine por el resultado alcanzado. 
Como escribe el Sr. Medina en el informe, seguramente no sea el mejor resultado imaginable, sin embargo, quizá sea el resultado del arte de lo posible. 
La decisión de inmovilización me parece buena. 
El conflicto fabricantes de piezas de recambio contra fabricantes de automóviles con toda seguridad perdurará aún durante mucho tiempo. 
La consulta y los acuerdos voluntarios quizá pueden llevarnos a una nueva y definitiva directiva y poner fin a las discrepancias. 
Mi opinión es que no debemos lamentar tanto el resultado, tal y como hizo el orador anterior. 
Especialmente no cuando pensamos en el calado de la directiva y en la multitud de gremios que debe cubrir. 
Creo que puede resultar ser un modo de proceder razonable, que cubre el mercado interior y las numerosas opiniones diferentes que los países miembros pudieran tener. 
Señor Presidente, quisiera sumar mi voz al coro de elogios que ha habido a las gestiones del ponente, Sr. Medina Ortega, y a la presidenta de nuestro Comité de Conciliación, la Sra. Fontaine. 
Felicito a los dos por su paciencia durante mucho tiempo al abordar este asunto; al fin y al cabo, no es una propuesta nueva. Figura en nuestro orden del día desde fecha tan lejana como 1993. 
Muchas personas de fuera de esta Asamblea han estado esperando que llegáramos a una decisión mucho antes, en particular los representantes de los grupos de consumidores, de los fabricantes de piezas de recambio e incluso de personas como los entusiastas del motociclismo. 
Naturalmente, ninguna transacción- y esto es una transacción- logra nunca satisfacer a todas las partes interesadas en un ciento por ciento. Pero es que la transacción es consubstancial al Parlamento Europeo y la Comunidad Europea funciona mediante transacciones. 
No tengo ningún problema para apoyar esta transacción, porque permite el desarrollo del Mercado Único en relación con cuestiones como la de las piezas de recambio de los vehículos, pero al mismo tiempo no inhibe el desarrollo de la protección de los dibujos en los sectores que lo requieren. 
Una de las cosas que me ha preocupado bastante en relación con el gran retraso en la entrada en vigor de esta directiva han sido los efectos perjudiciales que podría haber tenido en otras industrias que dependen del dibujo: la industria de la moda, la industria textil y demás, cuyos intereses quedaron subordinados en determinado momento a los de la industria automovilística. 
Espero que satisfaga a todas las partes de fuera de este Parlamento la intensa labor llevada a cabo. 
Espero que podamos confiar en que la Asamblea apruebe mañana por abrumadora mayoría las recomendaciones del Comité de Conciliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, no he entendido el comentario negativo en voz baja que procedía del extremo del ala izquierda. 
Hemos logrado aquí un avance y hemos alcanzado algo positivo. 
Es un hecho que 180 millones de automovilistas y de motoristas pueden respirar. 
Efectivamente, el Comité de Conciliación del Parlamento Europeo ha podido conjurar los malos tiempos en el futuro próximo. 
Hay que dar las gracias, sobre todo, a los negociadores de este Comité de Conciliación. 
Pero también pueden respirar todos los talleres libres y el sector comercial de piezas de recambio con todos sus empleados, las numerosas pequeñas y medianas empresas. 
Mediante su clara actitud- incluso aquí, en el Pleno, durante la discusión- el Parlamento Europeo ha evitado el dictado de los precios por parte de los trusts automovilísticos. 
Ésta habría sido, en efecto, la consecuencia si hubiéramos aprobado esta propuesta. 
Por consiguiente, no se va a producir el monopolio al que se habría llegado de manera indirecta, es decir, no se producirán los precios altos que también se habrían dado, como consecuencia, en el seguro. 
No tendrá lugar ningún cierre de talleres ni se producirá ninguna destrucción de puestos de trabajo. 
Yo comprendo a los productores, pues el diseño cuesta dinero. 
Por esta razón, hemos de encontrar una regulación que tenga en cuenta la protección de los modelos y una pertinente compensación para los diseñadores. 
Pero en el futuro debe haber un mercado libre y debe haber una imitación bajo determinadas condiciones, y en este punto se dispone de un período de tres años para encontrar una regulación adecuada. 
Creo que lo que hemos logrado significa un éxito para los ciudadanos, para los consumidores, para las numerosas pequeñas y medianas empresas, pues en el futuro coexistirán piezas de recambio originales y piezas de imitación, talleres libres y talleres de marca en interés de los consumidores, de los empleados y de mucha gente sencilla. 
Es, por consiguiente, un éxito de la pertinacia de los parlamentarios en esta Asamblea. 
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo cordialmente al ponente, el Sr. Medina, pero, sobre todo, a la presidenta del Comité de Conciliación, la Sra. Fontaine, y a todos nuestros colegas su dedicación, su devoción en la elaboración de este difícil y tedioso expediente. 
Señor Presidente, la segunda observación que quisiera hacer es la siguiente: si uno escucha la discusión y lee lo que se ha escrito sobre ella, parece, a veces, que la directiva sobre modelos sólo tiene que ver con la cláusula de reparación. 
Así mismo, aunque ésta era la parte más llamativa de la directiva por estar tantos intereses importantes implicados: la industria del automóvil, todo el mercado de reparaciones y los consumidores, la directiva contiene más cuestiones y ése es también el motivo por el cual la consideración final de la conciliación se ha hecho como se ha hecho. 
Señor Presidente, sobre la parte más llamativa, la cláusula de reparación, el Parlamento Europeo tenía una opinión muy sopesada, es decir, a favor de la liberalización pero, al mismo tiempo, a favor de conceder una compensación al titular del modelo. 
Esa solución, nuestra solución equilibrada en tanto Parlamento, desgraciadamente no se ha logrado. 
Creo que es sabio buscar una solución de compromiso bajo el lema «más vale pan y ensalada que no comer nada». 
Señor Presidente, confío plenamente en que cuando la Comisión Europea obligue a las partes implicadas a dialogar e intente alcanzar con ellas una especie de pacto de llegar a la autorregulación, podremos definir más el compromiso buscado. 
Creo que somos nosotros, los miembros del Parlamento, quienes debemos aclarar en los Estados miembros donde pueda haber eventuales críticas que no ha sido el Parlamento, sino de hecho el Consejo, quien ha bloqueado nuestra solución. 
Señor Presidente, creo que si presionamos conjuntamente con las organizaciones interesadas, se alcanzará un buen acuerdo. 
Ahora debemos dar tanta publicidad como sea posible a este asunto. 
Le doy las gracias y reitero mi agradecimiento a aquéllos que han estado implicados en la elaboración de este difícil expediente. 
Señor Presidente, complace mucho a la Comisión que, al cabo de cinco años de debates intensos y complejos, se haya alcanzado un acuerdo sobre la directiva relativa a los dibujos en el marco del procedimiento de conciliación. 
Estoy seguro de que Sus Señorías se sentirán igualmente complacidos, en particular la Sra. Fontaine y el Sr. Medina Ortega, que, con funciones diferentes, se han ocupado intensamente de esa cuestión. 
De hecho, he oído a la Sra. Fontaine calificar de angélica la paciencia del Sr. Medina y, mientras escuchaba el debate, no he podido por menos de reflexionar en que entre Lord Simon y el ángel Medina el procedimiento de conciliación debe de haber sido una experiencia particularmente etérea en esta ocasión. 
Casi siento envidia de no haber estado presente. 
Pero después reflexiono sobre mi propia experiencia de la conciliación y prefiero cedérsela a los demás. 
El acuerdo sobre la directiva relativa a los dibujos constituye, evidentemente, un importante paso hacia la realización del Mercado Interior del dibujo industrial y podemos confiar en que probablemente fomente la inversión en las industrias manufactureras y, en consecuencia, contribuya a fortalecer la competitividad y- espero- el empleo. 
Como han de saber Sus Señorías, durante los cinco años de debates sobre la propuesta de directiva, la cláusula de reparación ha sido, como han dicho varios diputados en el debate, objeto de amplio examen entre todas las instituciones interesadas y durante el procedimiento de conciliación resultó claro que, pese a todas las gestiones, el acuerdo sobre esa cláusula sigue siendo de momento inalcanzable. 
Sin embargo, todas las partes interesadas reconocieron que la importancia de la directiva en conjunto para el dibujo industrial europeo exigía que no se impidiera su aprobación por los problemas relativos a esa única cláusula de reparación. 
Así, pues, la Comisión, acoge con beneplácito que se haya llegado a un acuerdo para congelar las disposiciones jurídicas existentes relativas a la protección del dibujo y a la utilización de las piezas de recambio y, entretanto, examinar las consecuencias de la directiva en el futuro inmediato. 
La llamada cláusula de «standstill plus» garantiza que todos los Estados miembros mantengan en vigor las disposiciones de su legislación relativa a los dibujos en relación con los criterios para la protección del dibujo de piezas de recambio y su libre utilización para fines de reparación. 
Además, los Estados miembros sólo podrán introducir nuevas disposiciones sobre la utilización de las piezas de recambio en la medida en que su objetivo sea el de liberalizar el mercado de las piezas de recambio. 
Además, la Comisión cumplirá su promesa de lanzar una consulta, en particular a los fabricantes de automóviles y a los productores de piezas de recambio para examinar las posibilidades de llegar a un acuerdo voluntario sobre la cuestión de las piezas de recambio. 
Por último, de conformidad con el acuerdo, tres años después de la aplicación de la directiva, la Comisión presentará un análisis de las consecuencias de la directiva para el sector de los vehículos motorizados en particular. 
Cumpliremos esas promesas y los diputados que han pedido garantías al respecto aceptarán- estoy seguro- lo que digo en nombre de mi colega Mario Monti y mis demás colegas de la Comisión. 
Se trata de un planteamiento necesariamente pragmático que permite importantes avances. 
Así, pues, concluyo expresando mi agradecimiento al ponente sobre la directiva relativa a los dibujos, Sr. Medina Ortega, que se ha hecho mayor con la experiencia o al menos con los años, aunque su aspecto no deja traslucir el paso de dichos años, y a la presidenta del Comité de Conciliación, a la que se pueden aplicar las palabras de Shakespeare: «La edad no puede marchitarla ni la costumbre agosta su infinita variedad» -al modo de Cleopatra, claro está -, por el decisivo papel que han desempeñado los dos, junto con sus colegas, en el logro de un acuerdo viable sobre esta importante directiva. 
Gracias, señor Comisario. 
Permitan Sus Señorías, por una vez, al Presidente de la sesión felicitar a todos los que han contribuido efectivamente a sacar del atolladero este difícil informe y, en particular, a Lord Simon, al Comisario Monti y a nuestro ponente, Sr. Medina Ortega, así como a la Sra. Fontaine, que ha presidido nuestra delegación. 
Hacían falta, en efecto, muchos angelotes y arcángeles para que ocurriera este pequeño milagro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Extractos de café y de achicoria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A40278/98) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0306/98-96/0117 (COD) ) relativa a los extractos de café y a los extractos de achicoria. 
Señor Presidente, se trata, en efecto, de un producto para el desayuno y no conviene hablar demasiado al respecto ahora, dado que lo que está en juego políticamente no es en verdad importante. 
Seguramente yo no debería utilizar mis cinco minutos de uso de la palabra. 
Quisiera recordar que se trata de una de las siete directivas verticales relativas a los productos alimentarios y que se ha abordado el problema de los extractos de café y de achicoria en las mismas condiciones que la problemática del chocolate, mucho más controvertida que ésta. 
El objetivo general de la propuesta es una simplificación para facilitar la libre circulación de los productos. 
El problema que ha preocupado a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha sido el de que dicha simplificación no puede hacerse a expensas del consumidor, a expensas de la calidad de los productos, en particular. 
A eso se debió que en primera lectura presentáramos tres enmiendas, que fueron rechazadas por la Comisión y el Consejo. 
Una es bastante técnica y creo que no vale la pena hablar de ella aquí. 
Las otras dos, en cambio, se refieren a un problema que puede ser importante para el consumidor, ya que son enmiendas relativas a la limitación de la gama de pesos ofrecida por el distribuidor al consumidor. 
Cuando la gama lo permite todo, cuando existen, en particular, pesos relativamente próximos unos de otros, el riesgo de confusión para el consumidor no es desdeñable. 
Ésa es la razón por la que queríamos mantener lo que figuraba en la directiva inicial, a saber, la determinación de una gama de pesos en la que éstos sean lo suficientemente diferentes unos de otros para que no haya confusión. 
Así, pues, después del debate para la segunda lectura, creemos que es pertinente reintroducir esas tres enmiendas, incluida la enmienda técnica. 
Es lo que ha hecho la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, por mayoría abrumadora. 
Creo incluso recordar que fue por unanimidad, cosa que no ocurre con frecuencia, pero así fue en este caso. 
Quisiera añadir una pequeña observación a propósito de las dos enmiendas que he introducido, en nombre del Grupo de los Verdes, a consecuencia de la falta de debate, que no pudo celebrarse en la Comisión de Medio Ambiente, porque nos apremiaban toda una serie de otros imperativos y éste nos pareció relativamente poco importante. 
He reintroducido dos enmiendas a propósito de la comitología para devolver a la Comisión su competencia en materia de adaptación del progreso técnico y no, como, por desgracia, figura en el texto de las enmiendas, para atribuir a la Comisión la competencia en materia de adaptación a la legislación comunitaria y a las disposiciones comunitarias generales aplicables a los productos alimentarios, ya que el Parlamento lo rechazó en primera lectura. 
Así, pues, pido que se especifique en el momento de la votación con vistas a corregir, mediante el voto, un error que me incumbe totalmente y por el que me disculpo ante Sus Señorías. 
Señor Presidente, la posición común sobre la adopción de una directiva relativa al café y la achicoria parece ser una cuestión puramente técnica, pero quien lea este expediente con atención y quien proceda de la misma forma con otros expedientes alimentarios, constatará que con frecuencia entran también en juego aspectos políticos. 
El ponente se ha referido ya a algunas cuestiones que todavía pretendemos regular mediante enmiendas. 
Nuestro grupo era del mismo parecer en la Comisión de Medio Ambiente y continuamos siéndolo, por tanto, respaldamos plenamente en este punto la postura del ponente, tal como éste la ha manifestado. 
Quisiera detenerme un momento en la utilización del procedimiento de comitología. 
En primera lectura, el Parlamento ha optado por iniciar este procedimiento con el objeto de adaptar la directiva al progreso técnico, pero no sucede así en el caso de la adaptación de las directivas horizontales generales sobre productos alimentarios. 
Creemos que, en lo que a esto respecta, también debemos mantener el mismo parecer. 
De ahí que presentáramos una enmienda que fue aceptada en su momento. 
Sin embargo, en la posición común se adopta el sistema contrario. 
En ella se ha establecido lo siguiente: utilización de la comitología no para el avance técnico, pero sí para la adaptación de la legislación alimentaria horizontal. 
No obstante, consideramos que debemos mantener nuestro criterio. 
Hemos visto en algunos expedientes, entre otros el expediente sobre el chocolate, que, en esa adaptación de las reglas generales, con frecuencia entran en juego aspectos políticos, asuntos que a veces ocasionan fuertes discusiones. 
Creemos que es importante que, en la medida en que se regulen cuestiones políticas, este Parlamento pueda estar implicado, de ahí que el procedimiento de codecisión también pueda aplicarse íntegramente en este caso. 
Acabo de tener una pequeña conversación sobre ello con el ponente. Me alegra que efectivamente quiera que se voten en el último momento las enmiendas presentadas en este sentido. 
Parto, por tanto, de que quizá logremos una votación por separado de las enmiendas. 
Quisiera también hacer un llamamiento a los restantes grupos para que sigan este criterio, para que lean de nuevo con atención las enmiendas y para que se ocupen de que podamos mantener una actitud unánime sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, también nosotros queremos dar las gracias al Sr. Lannoye. 
La Comisión, como Balzac, toma café desde la mañana temprano hasta bien entrada la noche para poder cumplir con sus obligaciones. 
Por esta razón, no nos resulta inusual discutir sobre café a esta hora. 
Ya en la primera lectura tres de las cinco enmiendas no fueron aceptadas por la Comisión. 
Éstas han vuelto a ser presentadas ahora bajo los números 1, 2 y 3, y adicional mente se han presentado dos nuevas, la 4 y la 5, que podemos aceptar pues responden a nuestra idea originaria. 
Sólo quisiera explicar aquí con toda brevedad por qué las enmiendas 1 y 2 no son aceptables para nosotros. 
Según las enmiendas, es preciso reintroducir las disposiciones acerca de las gamas admisibles de envases previos, tal como figuran en la actual directiva. 
No podemos aceptarla, porque la propuesta de directiva se refiere solamente, en cualquier caso sustancialmente, a cuestiones relativas a las mezclas y al etiquetado, pero las gamas no se incluyen aquí, porque no caen bajo el ámbito de esta propuesta de directiva. 
Estas gamas deberían ser tratadas en el marco de las directivas sobre las gamas de envases previos. 
A la hora de determinar la posición común hemos añadido una declaración en la que nos declaramos dispuestos a analizar, de acuerdo con los afectados, si en relación con los extractos de café y de achicoria habría que incluir gamas de envases previos en las disposiciones legales pertinentes. 
Por consiguiente, ésta es nuestra intención. 
Espero que el Parlamento entienda que por razones sistemáticas no podamos hacer esto aquí hoy al tratar esta propuesta de directiva. 
La enmienda nº 3 intenta prescribir con carácter vinculante la norma ISO 11292 para determinar el contenido total de hidratos de carbono en el café soluble. 
Esto no casa con nuestra política ni con el significado de las normas ISO las cuales, per definitionem, son normas voluntarias que, naturalmente, pueden ser mencionadas pertinentemente en los prospectos, en la publicidad, etc. Pero, en todo caso, son voluntarias y no obligatorias. 
Por lo que se refiere a la adaptación de los procedimientos comunitarios de análisis, nos hemos comprometido ya a adaptar los actuales procedimientos de análisis del café. 
Ya nos hemos referido también a este compromiso en nuestra declaración a propósito de la determinación de la posición común.. 
Por lo que respecta a las enmiendas 4 y 5, quisiéramos darles las gracias. Responden a nuestra posiciones. 
Por esta razón, evidentemente, podemos aceptarlas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Relaciones transatlánticas/Sistema ECHELON 
De conformidad con el orden del día, la Comisión procede a hacer una declaración sobre las relaciones transatlánticas a raíz de la cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América celebrada el 18 de mayo de 1998 y sobre la utilización de las técnicas de control en el sector de las comunicaciones (Sistema ECHELON). 
Señor Presidente, con su permiso quisiera realizar dos declaraciones por separado. 
Por un lado, la declaración que habría emitido de buen grado mi colega, Sir Leon. 
Lamentablemente, este punto del orden del día no fue incluido sino hasta el viernes en el orden del día de hoy y, por ello, pido que se comprenda que me haya pedido que defienda este punto. 
Pero, puesto que colaboramos estrechamente, al menos en las cuestiones de política económica que surgen entre los EE.UU. y nosotros, espero poder satisfacer también las preguntas de ustedes. 
Luego, -supuesta la conformidad de ustedes-quisiera hacer la segunda declaración después de la discusión sobre el estado de las relaciones con los EE.UU. Pues creo que sería oportuno hacerlo. 
Por consiguiente, paso en primer lugar a la declaración sobre las relaciones UE / EE.UU. 
Nos ha alegrado mucho haber podido llegar en esta ocasión a un intercambio de opiniones con el Parlamento acerca de esta importante cuestión, tanto más cuanto que existe toda una serie de desarrollos positivos desde que Sir Leon hablara sobre esto ante el Pleno en noviembre del año pasado. 
Hay que mencionar especialmente la cumbre entre la UE y los EE.UU. que se celebró en Londres el día 18 de mayo que condujo a un acuerdo sobre la creación de una cooperación económica transatlántica y en la que se adoptaron acuerdos sobre la Ley Helms-Burton y otras cuestiones relacionadas con la misma. 
Es conocida la gran importancia de las relaciones económicas entre los EE.UU. y la UE. 
Uno de cada doce trabajadores fabriles norteamericanos trabaja para una empresa europea y las empresas norteamericanas emplean a tres millones de trabajadores en Europa. 
Esta estrecha imbricación de nuestros dos sistema sistemas económicos se manifiesta también, naturalmente, en las relaciones económicas clásicas y la imbricación se hace más fuerte cada año. 
Evidentemente, esto es una expresión de que nuestros valores básicos coinciden. 
Nos esforzamos en fomentar con aunadas fuerzas estos intereses y valores comunes en el mundo defendiendo la estabilidad política, la democracia, el libre comercio y la garantía y defensa de los derechos humanos. 
Se dice una y otra vez que éste es una cooperación en la que los EE.UU, como potencia mundial, consideran a la Unión Europea como un aliado menor en esta relación. 
Esto no es cierto. 
Estamos configurando nuestras relaciones exteriores cada vez con mayor coherencia. 
En la escena internacional aparecemos cada vez más como un actor e incluso cuando se producen diferencias entre nosotros y los EE.UU. -y éstas se producen, sin ser graves- ello no deja de ser, a pesar de todo, una relación sólida de dos socios con igualdad de derechos. 
Quizá ésta sea una de las razones por las que cuando tenemos diferencias de opinión hablamos abiertamente de ello. 
Podemos hacer esto porque nuestras relaciones descansan sobre un fundamento sólido. 
Naturalmente, esto implica deberes para ambos socios. 
Sin duda, en la comunidad internacional tenemos una gran responsabilidad, quizá los EE.UU. tienen ahora una responsabilidad aún mayor. 
Pero cada vez más nos repartimos esta responsabilidad. 
Así, desde el comienzo de la crisis asiática y rusa la Unión Europea y los EE.UU. Ocupan el punto central del interés. 
Nuestras reacciones son observadas con mucha atención y los afectados buscan y reciben nuestro apoyo y nuestro consejo. 
Por consiguiente, tenemos junto con los EE.UU. una clara responsabilidad por un liderazgo fuerte y coherente. 
Esto es lo que se espera de nosotros y tenemos la obligación de responder a ello. 
En este sentido la nueva agenda transatlántica tiene una gran importancia. 
Disponemos de un marco para el desarrollo de nuestro papel común. 
Cuando no hace siquiera tres años acordamos la nueva agenda transatlántica, ambas partes éramos ya de la opinión de que se necesitaría un marco global para el fomento de nuestra cooperación en una pluralidad de ejemplos. 
En la nueva agenda transatlántica se establecieron cuatro grandes ámbitos prioritarios de la cooperación: fomento de la paz, de la estabilidad, de la democracia y del desarrollo, respuesta a los desafíos globales, ampliación del comercio mundial e intensificación de las relaciones económicas, establecimiento de puentes entre los pueblos. 
En los últimos tres años quizá no hayamos realizado en todos estos ámbitos los avances esperados pero éstos han sido muy considerables. 
Seguimos ampliando nuestra cooperación. Estamos avanzando en la lucha contra problemas globales como las drogas, el crimen organizado y la trata de mujeres. 
A través de nuestra cooperación en organizaciones internacionales como la OCM y también en el marco de nuestros acuerdos bilaterales hemos podido conseguir ventajas concretas para nuestras empresas y para nuestros ciudadanos. 
El año pasado estuve ya, ciertamente, en este lugar para discutir el informe que la Sra. Mann había presentado sobre la nueva agenda transatlántica así como también el informe del Sr. Souchet sobre las relaciones entre los EE.UU. y la UE, y estábamos de acuerdo en que el potencial futuro de esta cooperación era enorme. 
Evidentemente, la cooperación económica transatlántica jugará también un papel decisivo en este contexto. 
También aquí hemos logrado ya unos primeros resultados concretos y satisfactorios, incluso a veces inesperados. 
El propio Parlamento Europeo pidió en enero del presente año una concepción global, un marco, un itinerario, un calendario y un plazo para la culminación del nuevo mercado transatlántico. 
Acto seguido elaboramos una propuesta que fue intensamente debatida en el Consejo y con el gobierno de los EE.UU., y el primer resultado fue que en la cumbre de Londres se pudo emitir una orgullosa declaración común sobre la cooperación económica transatlántica. 
En segundo lugar, queríamos fomentar la liberalización multilateral mejorando nuestra cooperación con los EE.UU. en los foros comerciales multilaterales, especialmente en la OCM, pues sé que también en el Parlamento se han discutido con frecuencia estas dos posibilidades de la cooperación como dos posibilidades mutuamente excluyentes. 
Somos de la opinión de que se puede hacer ambas cosas conjuntamente. 
Se puede avanzar de manera bilateral y al mismo tiempo se puede fomentar también de manera bilateral la cooperación. 
Por esta razón, en la declaración de la cumbre sobre la cooperación económica transatlántica hemos puesto en claro que la persecución de los objetivos de política comercial de la UE y de los EE.UU. en el marco de la OCM y conjuntamente con otros miembros de la OCM goza de una alta prioridad. 
A este respecto los elementos centrales de la cooperación multilateral son: en primer lugar, el compromiso común de la UE y de los EE.UU. de unas negociaciones encaminadas a una liberalización ampliamente concebida; en segundo lugar, una estrecha cooperación a fin de que en las próximas negociaciones GATT-2000 se puedan conseguir objetivos ambiciosos y, en tercer lugar, el reforzamiento de los acuerdos a través de las futuras negociaciones OCM sobre la reforma en el ámbito agrícola. 
El elemento esencial en la cooperación bilateral es la eliminación consecuente de los obstáculos en la regulación y, por ende, una mayor apertura de nuestros mercados tanto para las mercancías como para los servicios. 
Esto incluye también ámbitos como los concursos públicos y la propiedad intelectual. 
Evidentemente, en estos trabajos estamos fuertemente decididos a escuchar a los participantes y a integrarlos en el diálogo. 
El éxito del business dialogue transatlántico es patente. Éste se ha preocupado por una transparencia esencialmente mayor de los procesos de toma de decisiones. 
Incluso se puede trata mejor los problemas inmediatos y tal diálogo está conduciendo ya ahora a una serie de esfuerzos ulteriores, por ejemplo, hacia el global business dialogue. 
Esto significa que, naturalmente, vamos a proseguir esta posibilidad transatlántica del diálogo, para garantizar que podemos alcanzar nuestros objetivos con la aquiescencia de los participantes. 
La Comisión aprobará, probablemente aún en esta semana, una recomendación al Consejo sobre la cooperación económica transatlántica junto con el pertinente proyecto de directivas sobre negociación y un plan de acción. 
Esperamos que de aquí a la cumbre UE-EE.UU. de diciembre logremos definitivamente unanimidad sobre el plan y podamos comenzar con su puesta en práctica. 
Esta cooperación económica es importante para el mundo entero y es irrenunciable de cara al fortalecimiento del sistema multilateral. 
Pero en la conferencia de Londres se logró también otro éxito esencial respecto de las diferencias de opinión sobre la Ley Helms-Burton y la Ley d ' Amato. 
Ustedes conocen el enfrentamiento. 
Los acuerdos que se lograron en Londres son ventajosos para Europa y para las empresas europeas pues abren auténticas perspectivas para una neutralización de los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton y de la ley sobre sanciones contra Irán y Libia. 
Permítanme ser totalmente claro en este punto: La UE no ha regalado nada aquí. 
Los acuerdos son una solución-paquete; cumpliremos nuestra parte cuando los EE.UU. hayan cumplido la suya. 
Sólo cuando sean posibles las excepciones con arreglo al título 4 de la Ley Helms-Burton, pondrá en práctica la Unión Europea el acuerdo sobre medidas disciplinarias encaminadas al mejoramiento de la protección de la inversión. 
Con este acuerdo no se eleva el problema Helms-Burton al nivel multilateral. 
Como ustedes saben, con esta ley los EE.UU. querían limitar notablemente el comercio con Cuba y las inversiones en este país, pero en realidad mediante el acuerdo se facilitan inversiones legales a las empresas de la UE. 
Sólo una pequeña parte de las futuras inversiones en Cuba se ve afectada y esto sólo en la medida que dependan de la financiación estatal. 
Las medidas disciplinarias acordadas no contienen prohibición alguna de invertir en propiedades expropiadas, y las inversiones ya realizadas quedan totalmente intactas. 
Por lo demás, el acuerdo significa un paso importante en la política de protección de las inversiones que va mucho más allá de la cuestión de las posibles apropiaciones ilegales en Cuba. 
Las medidas disciplinarias encaminadas al mejoramiento de la protección de la inversión garantizan la soberanía ilimitada de los Estados miembros, pues estos mismos pueden determinar qué apropiaciones fueron ilegales y ellos mismos aplican la mayor parte de las medidas disciplinarias acordadas. 
En la declaración sobre la cooperación económica transatlántica en el ámbito de la cooperación política el gobierno de los EE.UU. se compromete a no intentar ni proponer, sino a neutralizar, sanciones económicas condicionadas por la política exterior que empujen a las empresas europeas a comportarse de la misma manera que su propia economía. 
Estas frases son citas. 
Esto debería impedir en buena medida en el futuro la aprobación de disposiciones legales que tengan efectos extraterritoriales como la Ley Helms-Burton y la ley sobre sanciones contra Irán y Libia. 
Por lo que respecta a la Ley d ' Amato o la ley sobre sanciones contra Irán y Libia, el levantamiento de las sanciones contra la empresa Total de acuerdo con el parágrafo 9 letra c) y la probabilidad de decisiones similares para empresas de la UE en casos semejantes proporcionan seguridad jurídica a nuestros inversores. 
De esta manera la ley sobre sanciones contra Irán y Libia pierde, en todo caso, algo de su carácter terrorífico. 
El acuerdo de Londres abre a las empresas de la UE grandes posibilidades e incluso grandes ventajas competitivas en estos países. 
Por lo que respecta a la traslación de estos acuerdos, la Sra. Albright se está esforzando actualmente por convencer al Congreso de la necesidad de modificar el Titulo 4 de tal manera que sean posibles las excepciones. 
Es asunto del gobierno norteamericano lograr la aceptación por el Congreso. 
Naturalmente, le apoyaremos en ello en la medida de nuestras fuerzas. 
En relación con esto Sir Leon Brittan volará a Washington el 24/25 de septiembre. 
Con independencia de todos los demás ámbitos de la cooperación transatlántica a los que no me es posible referirme aquí con más detalle por razones de tiempo, los acuerdos sobre la cooperación económica transatlántica y sobre la Ley Helms-Burton muestran que nuestra cooperación es intensa y constructiva. 
Los lazos y los valores comunes que unen a los ciudadanos y a los gobiernos a este lado y al otro lado del Atlántico, son incomparablemente más fuertes que las transitorias diferencias de opinión. 
A los diputados de esta Asamblea y también, evidentemente, a los del Congreso corresponde un papel central en la intensificación de estas relaciones. 
Con ocasión del último encuentro de ministros de la UE y de los EE.UU. el día 3 de septiembre en Viena tanto el Sr. Presidente Schüssel como también Sir Leon Brittan aseguraron ante la Sra. Albright la gran importancia que reviste una ulterior ampliación de las relaciones interparlamentarias entre la UE y los EE.UU. Nosotros celebramos todos los esfuerzos que se han realizado ya por parte de ustedes en este ámbito. 
Muchos diputados al Parlamento Europeo han sido especialmente activos en este asunto: Alan Donnelly, James Elles, la Sra. Mann y Elmar Brok, por citar solamente a unos pocos. 
Permitanme terminar con una última observación sobre la cooperación económica transatlántica. 
Precisamente han transcurrido cuatro meses desde la cumbre de Londres en la cual se dio vida a esta a iniciativa. 
Durante este tiempo la parte europea ha trabajado intensa y comprometidamente en poner en marcha la cooperación económica transatlántica. 
Estoy seguro de que la parte norteamericana se está esforzando igualmente por aportar su contribución. 
Los esfuerzos comunes fundamentan nuestra expectativa de que la próxima cumbre UE/EE.UU. producirá todavía antes de que transcurra el presente año éxitos concretos importantes tanto en interés de la UE como también de los EE.UU., sirviendo así de utilidad, ante todo, a aquellos en torno a los cuales debería girar en primer lugar nuestro trabajo diario, es decir, los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Bangemann, celebro mucho que usted haya abordado los puntos esenciales en una breve declaración. 
No obstante, he de decirle con toda sinceridad que habría deseado que celebrásemos este debate en noviembre o diciembre, es decir, cuando hayamos de discutir de nuevo el informe sobre la cooperación económica transatlántica. 
Hasta entonces se habría adoptado también la decisión en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. Pero a veces los dados caen de otra manera a cómo se había planeado. 
Sabemos cuán difícil es conducir una relación transatlántica equilibrada. 
Nuestra base es buena, fiable y estable, y apreciamos cuán importante es esto a la vista de las turbulencias que existen alrededor de nosotros, en todo el mundo. 
De las relaciones transatlánticas los ciudadanos europeos esperan, sobre todo, estabilidad y fiabilidad. 
En materia de derechos humanos y de democracia, de inclusión de los criterios laborales y sociales en el paquete multilateral de negociación podemos avanzar conjuntamente con los norteamericanos. 
En este punto el modelo europeo concuerda muy bien con el modelo norteamericano. 
Sin embargo, en los temas delicados, en especial, en el ámbito comercial, estamos percibiendo notables diferencias y pérdidas por fricción. 
Un punto importante, al que usted ya se ha referido, es, naturalmente, la Ley Helms-Burton. 
Las sanciones unilaterales, que los casos Helms-Burton, d ' Amato e ILSA han puesto de manifiesto, no han mostrado precisamente el mejor lado de la política económica norteamericana y han planteado constantemente la cuestión de si aquí no se está confundiendo la política económica con la política exterior. 
No obstante, los causantes de estos conflictos han sido nuestros colegas del Congreso y del Senado. 
Estoy segura de que sólo podremos evitar este absurdo enfrentamiento cuando logremos formalizar las relaciones parlamentarias. 
El euro hará el resto. 
La delegación para los EE.UU., encabezada por Allen Donnelly, ha hecho a este respecto unas propuestas excelentes que luego, en noviembre y diciembre, deberíamos discutir en el marco del informe sobre la transatlantic economic partnership. 
Celebro mucho las propuestas y los éxitos que ustedes han mostrado en este ámbito, y espero que podamos alinearnos en una sola fila tanto con la Comisión como también con los Estados miembros. 
Muchas diferencias se explican por el campo de tensión entre los intereses y valores comunes existentes y la competencia económica global entre la UE y los EE.UU. Esto se ha hecho especialmente patente en el marco de las negociaciones del GATT y se volverá a poner de manifiesto también con la apertura de la nueva ronda. 
A esto se suma la preferencia de los norteamericanos por las negociaciones unilaterales. 
Pero muchas diferencias se siguen también de la emotividad con que se percibe la competencia por aspirar al liderazgo en la gestión de los conflictos internacionales. 
No obstante, en este punto se hace también especialmente patente la debilidad europea. 
Desearía que en las deliberaciones que siguen lográsemos introducir el control parlamentario y dotar de base a las relaciones democráticas entre el Congreso y el Parlamento Europeo. 
Entonces podremos eliminar una gran parte de las dificultades. 
De lo contrario, creo que iremos a parar una y otra vez al mismo callejón sin salida. 
Señor Presidente, quiero agradecer muy especialmente la presencia del Comisario Bangemann en este debate y también el hecho de que haya podido tener lugar. 
Quisiera decir, como complemento a la intervención que ha hecho mi colega, la Sra. Mann, que sería seguramente deseable y conveniente que el comisario responsable, el Sr. Brittan, a su vuelta de los Estados Unidos, pudiese comparecer delante de las comisiones competentes- la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores- para comentarnos un poco cuáles son las impresiones de su viaje. 
Creo, señor Presidente, que, desde nuestro punto de vista, podemos coincidir en los términos generales que nos ha presentado el Comisario Bangemann sobre los objetivos de las relaciones transatlánticas, particularmente en estos momentos de crisis mundial. 
Sin embargo, señor Presidente, hay un extremo sobre el que la Comisión no ha sido suficientemente explícita y sobre el que me gustaría profundizar. 
Me refiero a las leyes de efecto extraterritorial y en concreto a la interpretación unilateral que sobre el acuerdo sobre la Ley Helms-Burton ha hecho la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Sra. Albright, en una carta que el día 7 de agosto envió al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Sr. Helms. 
A la luz de la carta de la Sra. Albright, podría parecer que los mencionados acuerdos- que se hicieron en el ámbito de la cumbre transatlántica- suponen un reconocimiento, por parte europea, de la ley Helms-Burton. 
Cierto es que los acuerdos del 18 de mayo son, por su propia naturaleza, de complicada lectura y de más difícil interpretación. 
Pero no es menos cierto que la Unión Europea, tanto en el marco de estos acuerdos del mes de mayo como en varias y repetidas intervenciones del Presidente Santer y el propio Comisario Brittan ante la Comisión de Asuntos Exteriores, ha dejado claro el carácter ilegítimo de esta ley, muy especialmente por sus efectos de extraterritorialidad. 
Y yo me pregunto, señor Presidente- y quisiera preguntar también al Comisario Sr. Bangemann -, si esta interpretación que hace la Secretaria de Estado en su carta es la respuesta lógica a la buena voluntad de la Unión Europea, que ha dejado caducar su reclamación ante las instancias de la Organización Mundial de Comercio, mientras que en otras controversias, como en el caso del plátano o en el de las hormonas, nuestros colegas, amigos y socios norteamericanos han actuado de forma implacable. 
El Sr. Bangemann lo ha recordado hace un momento. 
La Unión Europea ha sancionado este acuerdo por medio del Consejo de ministros de Asuntos Generales mientras que la Administración Clinton todavía no ha cumplido pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que modifique el Título IV. 
Por eso, me satisface enormemente el hecho de que el Comisario Bangemann haya dicho que, mientras no se cumplan estos requisitos, la Unión Europea tampoco cumplirá los suyos. 
Yo me pregunto, señor Presidente- y quisiera preguntar a la Comisión -, si la Unión Europea va a seguir, como hasta ahora, dando unilateralmente pruebas de generosidad sin que los Estados Unidos cumplan también los compromisos adquiridos. 
Yo sé que este es un tema políticamente sensible y económicamente importante y creo que la Comisión Europea debería tomar posición sobre la interpretación que de estos acuerdos hace la mencionada carta de la Secretaria de Estado al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, para dejar cualquier duda al respecto completamente de lado. 
Yo creo, señor Presidente, que debemos ser muy amigos y socios leales de los Estados Unidos para los grandes desafíos políticos que tiene planteados el mundo en esta hora, pero, como suelo decir, la Unión Europea tiene que pasar, en los temas económicos y comerciales, de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad. 
Celebro que usted le sustituya, ya que me da la oportunidad de hacerle un par de preguntas. 
Señorías, el Grupo Liberal concede gran importancia a la liberalización del comercio multilateral, y la supresión de las barreras comerciales entre la UE y los Estados Unidos desempeña un importante papel en este sentido. 
El mercado transatlántico representa, después de todo, la relación comercial más importante del mundo, no sólo en términos de volumen comercial y de inversiones, sino también, y especialmente, en términos de puestos de trabajo. 
Mi grupo está satisfecho, por tanto, con las propuestas encaminadas a establecer una nueva cooperación económica transatlántica y, así mismo, está muy entusiasmado con la promesa de desmantelar en muchos ámbitos las barreras al comercio y a las inversiones. 
Además, durante los últimos años se ha realizado un buen trabajo mediante el Transatlantic Business Dialog. 
No obstante, el Grupo Liberal señala insistentemente la importancia de la participación democrática en el desarrollo del mercado transatlántico y también espera que, tanto el Parlamento Europeo como el Congreso americano, sean plenamente informados e implicados en las próximas negociaciones sobre la cooperación económica transatlántica. 
Mi pregunta a la Comisión es la siguiente: cómo piensa esta institución implicar al Parlamento en las próximas negociaciones para garantizar un control democrático adecuado. 
Dentro de la relación transatlántica, es muy importante la idea de contar con el respaldo de los ciudadanos de ambos lados del océano. 
Por ello, el pilar people to people desempeña un papel nada desdeñable. 
El Grupo Liberal apoya plenamente las propuestas presupuestarias de la Comisión sobre esta cuestión a fin de que los proyectos que se iniciaron el año pasado, tales como el Transatlantic Information Exchange Service, TIES, los diez institutos europeos en las universidades americanas, la cooperación en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y otras iniciativas sociales puedan continuar y ser ampliados. 
Esto en cuanto a la relación transatlántica en el terreno económico. 
Mi segundo punto, y por ello estoy tan contenta de que el Comisario Bangemann esté aquí hoy, se refiere a la información acerca de la red ECHELON y a la investigación efectuada en este terreno por el servicio de STOA. 
Sobre la existencia y consecuencias de este sistema americano de escucha, formulé, ya en febrero de este año, varias preguntas al Consejo en nombre del Grupo Liberal. Esta institución ha declarado no saber nada sobre esta cuestión. 
Quizá el Sr. Comisario pueda hacer también una declaración ante el Consejo. 
Quisiera preguntarle hoy al Sr. Bangemann lo siguiente: ¿está el Sr. Bangemann al corriente de que los Estados Unidos intervienen sistemáticamente todo uso del teléfono, fax, correo electrónico y télex en los Estados miembros de la Unión Europea? 
Si esto es así, ¿sucede a sabiendas y con la aprobación de otros Estados miembros de la Unión Europea? 
¿Se realizó una escucha a gran escala de los canales de comunicación durante la ronda de negociaciones en el marco del GATT? 
Señor Comisario, le he preguntado si la Comisión está al tanto de la existencia de prácticas de escucha a gran escala dentro de la Unión Europea efectuadas recíprocamente por los Estados miembros y, por eso, mi pregunta está específicamente dirigida a usted: ¿qué va a hacer la Comisión para garantizar la confidencialidad de las telecomunicaciones europeas y para ocuparse de que se cierre el agujero ECHELON? 
El nivel de seguridad en el sector de las telecomunicaciones es, en mi opinión, un requisito esencial para la aceptación social de nuevos sistemas. 
Señor Presidente, Señorías, el Comisario Bangemann ha abordado de forma notable las relaciones transatlánticas, pero no ha hablado en realidad del sistema ECHELON, que figura en el orden del día. 
Creo que va a hacerlo. 
La declaración aprobada por unanimidad por los Estados miembros en la cumbre de Londres, celebrada el 18 de mayo, fortalece la asociación económica transatlántica y hace de ella un elemento decisivo. 
Se trata de desarrollar una auténtica asociación transatlántica, basada en una reciprocidad real en las relaciones de cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Así alcanzaremos nuestros objetivos comunes al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo económico. 
En ese marco, el rápido progreso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones da acceso a nuevos instrumentos de vigilancia e información económicas, expuestos en un informe del grupo STOA pedido por la Comisión de Libertades Públicas que versa sobre la protección de los ciudadanos ante las nuevas tecnologías de control y que, por lo demás, me ha movido a formular, en varias ocasiones, una pregunta a la Comisión que podremos abordar esta noche. 
Dicho informe ha confirmado más precisamente la aplicación y el fortalecimiento reciente de un sistema mundial de división en zonas para las telecomunicaciones. 
Se trata de una red de interceptaciones y análisis de las comunicaciones por satélite que funciona, por lo demás, con toda legalidad. 
La red ECHELON se inscribe en el marco de un acuerdo bilateral entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, fortalecido después de la guerra fría y dedicado en adelante a la información económica. 
No se trata de poner en entredicho los acuerdos bilaterales entre un Estado miembro y los Estados Unidos de América, sino de alertar a los agentes económicos de la Unión Europea y dotar a la Unión de un sistema eficiente de información económica. 
¿Qué piensa hacer la Comisión ante los riesgos de abuso relacionados con la utilización de los nuevos instrumentos de control de la información? 
¿Adopta la Comisión las medidas necesarias para la aplicación de una política de información económica propia de la Unión Europea utilizando los medios legales de que dispone? 
En vista de las desventajas que padece la industria europea con el sistema ECHELON, ¿piensa la Comisión dotarse de medios de protección de su política económica? 
¿Piensa garantizar una mejor protección de las informaciones confidenciales en la esfera civil favoreciendo el acceso de las empresas europeas a un cifrado electrónico fiable? 
Para concluir, creo que con ello la Comisión evitará todo riesgo de distorsión de la competencia. Eso corresponde a su competencia. 
Hay que elaborar un código de conducta para la información económica, en el marco de la asociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Señor Presidente, el pasado mes de marzo, nuestro Grupo se alzó contra el proyecto de acuerdo transatlántico por el que se desreglamentan los intercambios entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Se desplegó una fuerte movilización de los sindicatos y de asociaciones. 
El Gobierno francés pidió al Consejo y obtuvo el rechazo de ese proyecto. 
No obstante, podemos preguntarnos, tras leer las conclusiones de la cumbre transatlántica celebrada el 18 de mayo, si las orientaciones rechazadas entonces no vuelven de nuevo al debate. 
Tomo nota de que en su programa la Presidencia austríaca prepara la aplicación de la asociación económica transatlántica, en particular en lo relativo a la liberalización de los servicios, la agricultura y el desmantelamiento arancelario. 
Sería adelantarse peligrosamente a la firma del acuerdo AMI, rechazado- he de recordarlo- por nuestro Parlamento, sobre el que dentro de unas semanas se reanudarán los debates. 
En cuanto a las leyes extraterritoriales, como la ley Helms-Burton, el Consejo, después de la Comisión, impugnó enérgicamente sus modalidades de aplicación para Europa. 
No obstante, se ha ratificado el propio principio de esas leyes, lo que resulta grave. 
Pensamos que la Unión Europea debe rechazar toda aplicación extraterritorial de las leyes americanas y volver a presentar su recurso ante la OMC. 
El Gobierno francés, preguntado en la Asamblea Nacional, ha indicado que las decisiones de la cumbre de Londres no son vinculantes para los Estados miembros. 
Resulta como mínimo curioso y me gustaría recibir aclaraciones al respecto. 
¿Cuáles son los compromisos subscritos por la Presidencia del Consejo? 
¿Qué consecuencias tienen en los niveles nacional y comunitario? 
Creo que hay que aplicar las enseñanzas que se desprenden de la experiencia, dar pruebas de una mayor firmeza frente a la voluntad hegemónica de los Estados Unidos, a fin de defender eficazmente y promover los intereses y las bazas de los países de Europa. 
Señor Presidente, mis colegas de partido van a encargarse de otros aspectos de las relaciones transatlánticas y de partes del documento de STOA. 
Yo me voy a concentrar únicamente en el sistema ECHELON. 
Noté que el Comisario Bangemann no dijo una sola palabra al respecto, a pesar de que aparece en el orden del día que se va a tratar este tema aquí esta tarde. 
Mi grupo, los Verdes, opina que un sistema de vigilancia electrónico y global para el control de todas las conferencias telefónicas, fax y correo electrónico, es totalmente inaceptable. 
También es totalmente inaceptable que la UE, en secreto y sin mediar una reunión del Consejo, mediante fax entre los quince países miembros, haya decidido adoptar, al parecer, un sistema de este tipo en colaboración con el FBI. 
Tanto los parlamentos nacionales como el Parlamento Europeo han sido dejados al margen de esta discusión que, según parece, ha tenido lugar durante muchos años. 
Algunas de las propuestas de resolución que se han escrito en el Parlamento Europeo- leo las de los otros Grupos- manifiestan una preocupación bastante tibia respecto a este tipo de sistemas de escuchas. 
¿Dónde está el deber de discusión con los ciudadanos? 
¿Dónde están las exigencias de que los diputados deberán tener acceso a las resoluciones? 
¿Dónde están las exigencias de decisiones democráticas legítimas y de protección de los derechos de los ciudadanos? 
¿Y dónde están las exigencias de control democrático y judicial? 
Opino que en un estado de derecho debería ser obvio que se discutieran abiertamente las tecnologías de vigilancia de este tipo tan amplio. 
Un sistema como ECHELON, que se funda en la escucha de todas las comunicaciones telefónicas, no puede ser compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos que exige una sospecha de delito para permitir las escuchas. 
Me pregunto realmente qué pasará con las leyes de los parlamentos nacionales, por ejemplo, las suecas. 
Esto es imposible de realizar en Suecia ya que para llevar a efecto escuchas se necesita autorización especial de un fiscal. 
¿Quién y cómo se van a poner los límites en ECHELON? ¿No estamos acercándonos a una sociedad como la descrita por Orwell? 
¡Quiero una respuesta del Comisario Bangemann! 
Señora Schörling, ya que tanto usted como el Sr. Pompidou han hecho referencia al discurso introductorio del señor Comisario, quisiera aclarar que el señor Comisario ha dicho que al final dará un comunicado especial. 
Señor Presidente, en este período de crisis monetaria tanto en Asia como en Rusia, vemos hasta qué punto los Estados Unidos y Europa constituyen polos de estabilidad económica y comercial. 
Podemos imaginarnos por un instante cuál podría haber sido la situación de Europa frente a un Presidente americano en dificultades, si dispusiéramos de una auténtica política exterior común que se apoyara en una moneda única potente. 
Pero volvamos al aspecto comercial y a la asociación transatlántica. 
Mi Grupo quiere dar pruebas de la mayor prudencia por lo que se refiere a estas negociaciones, que escapan- me parece- a todo control parlamentario verdadero y se desarrollan con frecuencia en el marco de reuniones oficiosas. 
Es necesario un cambio de política no sólo en el nivel de esa asociación económica, sino también en el nivel de la OCDE, la OMC y el FMI. 
Cada una de esas organizaciones debe estar sometida a un control de las asambleas elegidas democráticamente. 
Vamos a velar muy en particular por que no se pueda hacer extensiva esa asociación a la agricultura o a los servicios audiovisuales y culturales. 
No permitiremos que se pongan en entredicho ciertos logros sociales o medioambientales a partir de una estrategia común relativa a las inversiones. 
Por lo que se refiere a la libertad de los individuos, todos sabemos que las evoluciones tecnológicas en materia de comunicaciones permiten eliminar numerosos obstáculos a la información y al conocimiento. 
Esas fantásticas evoluciones infunden la estupenda esperanza de acercar a los seres humanos del planeta y fortalecer las relaciones amistosas y de solidaridad, más allá de las diferencias culturales, religiosas o étnicas. 
En todo caso, así es como yo lo veo y milito efectivamente por que se ponga al servicio de la humanidad todo progreso científico y técnico. 
Pero, ¿cómo podríamos sentirnos tranquilos cuando sabemos que aves de mal agüero intentan utilizar las tecnologías más avanzadas para ponerlas al servicio de causas contrarias a la emancipación de nuestras sociedades? 
La investigación hecha pública sobre una red de espionaje dependiente de la CIA y, por tanto, de los Estados Unidos, del Reino Unido, del Canadá, de Australia y de Nueva Zelanda nos obliga a todos a abordar las amenazas que se ciernen sobre la vida privada de varios millones de nuestros conciudadanos, sobre nuestras grandes industrias y sobre nuestra propia seguridad. 
No podemos tolerar ese método de fichaje de los individuos, esa violación clara de la libertad individual, cuya trivialización, si lo permitimos, conducirá ineluctablemente a una forma de dictadura moderna. 
¿Cómo es que no se habían hecho públicos hasta ahora esos métodos, cuando resulta que el pacto Ukusa, bautizado ECHELON, funciona desde hace años sin suscitar reacciones por parte de los gobiernos, en ninguno de los países miembros? 
Personalmente me parece lastimoso que entre esos países figure un Estado miembro de la Unión, auténtico caballo de Troya. 
Tal vez se trate, a mi entender, del mayor escándalo de este fin de siglo, razón por la cual no se puede pasar por alto esa cuestión. 
También en eso la política debe recuperar sus derechos en la escena internacional. 
Por último, se plantean dos problemas. En primer lugar, esa asociación nos coloca en una situación delicada ante la OMC. 
El propio Sr. Ruggieri, director general de esa organización, lo ha reconocido: no puede haber diversos tipos de solución de las diferencias que se superponen. 
En segundo lugar, el acuerdo recientemente concluido entre la Unión y los EE.UU. para resolver sus diferencias respecto de la ley Helms-Burton legitima, digan lo que digan, sus efectos extraterritoriales, que son totalmente ilegales con arreglo al Derecho internacional. 
No podemos aceptarla, aunque algunas empresas europeas hayan salido beneficiadas. 
En el momento en que la Europa monetaria va a imponerse, señor Presidente, en el mundo del siglo XXI, preparemos el terreno para la construcción de una Europa política fuerte que no retroceda ante las maniobras jurídicas de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, el Sr. Bangemann ha trazado un panorama muy positivo del estado de las relaciones transatlánticas, pero los progresos del diálogo transatlántico que apreciamos resultan frenados considerablemente- todos lo sabemos- por la importante discrepancia que provocan las legislaciones de alcance extraterritorial, Helms-Burton e ILSA. 
La actitud de la Comisión a ese respecto aparece marcada por el sello de la ambigüedad. 
En efecto, ¿es pertinente, en nombre del pragmatismo, intentar negociar exenciones a las consecuencias extraterritoriales de legislaciones unilaterales cuyo principio mismo nos negamos a impugnar ante las instancias internacionales apropiadas? 
¿Valen las concesiones obtenidas, al parecer, al precio de una renuncia a utilizar las vías contenciosas de que disponen los europeos para hacer valer su derecho? 
¿Acaso no equivale esa forma de negociar a un reconocimiento de facto de la legitimidad de las legislaciones extraterritoriales? 
¿Consiste el verdadero factor de desarrollo de los intercambios comerciales en exenciones reservadas a algunos, siempre frágiles y susceptibles de impugnación, o en una norma clara y universal cuya determinación corresponde, en principio, a la OMC? 
Por otra parte, ¿es eficaz ese proceso de negociación? 
Respecto de Cuba, los avances logrados, tal como se nos han expuesto, parecen muy frágiles. 
Por otra parte, ¿se ha avanzado en relación con el incumplimiento de las disposiciones extraterritoriales no sólo por las autoridades federales, sino también por los Estados federados y las colectividades locales? 
El Sr. Bangemann no ha hablado de eso. 
El Japón, por su parte, acaba de presentar una reclamación contra el Estado de Massachussets a propósito de su legislación extraterritorial relativa a Birmania. 
¿Va a seguir la Comisión Europea el ejemplo del Japón? 
Éstas son, señor Comisario, ciertas preguntas que nos hacemos y que nos mueven a preguntarnos por las condiciones en las que la Comisión aborda esta cuestión de las legislaciones extraterritoriales, que es absolutamente fundamental para el futuro de las relaciones transatlánticas. 
Señor Presidente, Señorías, cuando escuchaba antes la declaración del Sr. Bangemann, recordaba lo que decía antiguamente Gorgias, el hombre que dialogaba con Platón, al definir la retórica. 
La retórica, decía, es un arte oratoria excepcional que permite agrandar lo pequeño y empequeñecer lo grande. 
En este caso hemos escuchado un discurso que, con un arte consumado, tenía por objeto agrandar las ventajas que la Unión Europea podría obtener de la asociación transatlántica entre Europa y los Estados Unidos y empequeñecer los inconvenientes de esa misma asociación, debidos a que se trata de una asociación entre socios fundamentalmente desiguales. 
Hay un fenómeno histórico que no se puede pasar por alto, cuando se quiere hablar de las relaciones transatlánticas: un país del mundo ha ganado tres grandes guerras mundiales: la primera, la segunda y la guerra fría. 
Por consiguiente, ese país ocupa, evidentemente, una posición dominante absolutamente indiscutible. 
Todos los índices, ya sean de tipo económico, cultural o político, lo muestran. 
Resulta más que evidente que, a consecuencia de esas tres grandes victorias militares, al ser la espada el eje del mundo, los Estados Unidos son la única potencia, superpotencia mundial, con todos los riesgos de abusos que ello puede entrañar hoy. 
Es cierto que antes había- y vimos los inconvenientes- otra superpotencia: la Unión Soviética. 
Nosotros siempre luchamos contra ella en nombre de las ideas de libertad y dignidad del hombre que siguen siéndonos caras. 
Pero no por ello deja de ser cierto que había un equilibrio. 
Hoy, al haberse hundido esa potencia, nos vemos entregados, a decir verdad, con los pies y las manos atados, a nuestros amigos americanos, como se suele decir. 
Nos ha dicho usted que se puede hacer ese acuerdo transatlántico porque descansa sobre un acuerdo fundamental entre valores comunes. 
Ha descrito usted cuatro de dichos valores: el libre cambio, la democracia, la libertad, los derechos humanos. 
Pero, ¡cuántas cosas no podríamos decir precisamente sobre esos cuatro asuntos! 
¿Consiste el libre cambio en aplicar leyes como la ley D ' Amato o la ley Helms-Burton y toda clase de medidas de embargo que los Estados Unidos utilizan contra tal o cual país que no les gusta? 
Ya sé que ha dicho usted que no se aplicarían íntegramente esas leyes, que los acuerdos de Londres habían permitido fortalecer la posición de Europa a ese respecto, pero no veo dónde está el espíritu del libre cambio en esa esfera. 
De todos modos, la iniciativa de esas leyes de excepción ha procedido sin duda de los Estados Unidos. 
Ahora, la democracia. 
La democracia es muy relativa. 
Incluso en los Estados Unidos podemos preguntarnos por las condiciones de su funcionamiento, habida cuenta de la influencia que cierto número de grupos de interés importantes ejercen sobre el Gobierno americano, a la vista de todo el mundo, por lo demás. 
Por lo que se refiere a los países de Europa, los regímenes que conocemos hoy se parecen más, en nuestra opinión, a oligarquías que a democracias. 
Así, pues, habría mucho que hablar a ese respecto. 
Las libertades. 
Hablemos de la libertad. 
Resulta extraordinario evocar ese valor, cuando, según el orden del día, debíamos abordar inicialmente el problema del sistema ECHELON. 
El sistema ECHELON es- y algunos colegas lo han dicho muy bien, en particular el Sr. Sainjon- un sistema de interceptación de las comunicaciones informáticas y telefónicas que se extiende al mundo entero y permite a los americanos ejercer una auténtica vigilancia sobre todo el mundo. 
Libertad, sin duda, para quienes nos escuchan por mediación del sistema ECHELON. 
Pero, por lo que a nosotros respecta, nuestras libertades resultan en la misma medida reducidas. 
A eso se podría añadir la cartelización de los mercados por los Estados Unidos. 
Por no hablar de otros fenómenos importados de ese país, como la delincuencia galopante, que se ha quintuplicado en unos treinta años. 
Poca cosa, ¿verdad? 
Para las personas que viven en los barrios más desfavorecidos de nuestros países, eso significa que la libertad resulta amputada respecto de lo que era algunas decenas de años antes. 
En cuanto a los derechos humanos, creo que es bastante inconsciente apelar a ese valor, cuando resulta que la comunidad internacional, bajo la dirección de los Estados Unidos, impone un bloqueo absurdo e inhumano a un país como el Irak, en el que millares de niños mueren sin medicamentos, y nadie se atreve a denunciar de verdad ese escándalo, porque sería políticamente incorrecto. 
Hasta el punto de que en Francia, por ejemplo, sólo Jean-Marie Le Pen ha tenido el valor de atacar ese tabú. 
Democracia, libertad, derechos humanos, libre cambio... 
Cierto es que no todo es malo en el sistema occidental. 
Pero hay también muchos elementos negativos. 
Y a ese respecto he de decir, señor Comisario, que ha practicado usted perfectamente la retórica, al aumentar lo que era pequeño y empequeñecer lo que era grande. 
Se podrían estudiar por extenso largos expedientes más técnicos. 
Ha mencionado usted por un momento, muy brevemente, la verdad, el sector agrario. 
Pues bien, creo que nuestros agricultores saben a qué atenerse ante los diktats sucesivos de los americanos, cuyo objeto es hacer desaparecer, o casi, ese sector en Europa. 
Se habla de asociación. 
¿Por qué no un poco de franqueza, por una vez? 
Hablemos de un sistema neocolonial. Lo que no quiere decir que un sistema neocolonial no beneficie a las dos partes. 
Los sistemas coloniales que se crearon en el siglo XIX beneficiaban a las colonias. 
Beneficiaban a las metrópolis, claro está, pero también a las colonias. 
No cabe la menor duda, aunque hoy no se quiera reconocerlo. 
Por tanto, podemos pensar que Europa se beneficia de un sistema neocolonial y que sus cuotas de mercado son, en cierto modo, las migajas del gran festín americano. 
¿Por qué no? 
Pero, aun así, hay que reconocerlo con todo conocimiento de causa y denunciar, por otra parte, la desigualdad política de este sistema que estamos consagrando aquí. 
Pues lo que hacen ustedes es consagrar esa desigualdad política entre los Estados Unidos y Europa. 
Por lo demás, es lógico, ya que, después de la segunda guerra mundial, las dos grandes potencias políticas que se edificaron en Europa se edificaron con dinero americano y para defender los intereses americanos. 
Me refiero a los cristianodemócratas y a los socialistas. 
No faltan ejemplos. 
Pues bien, es normal que la Comisión, adicta a esas das corrientes principales, sea adicta a los intereses americanos. 
En lo que a nosotros respecta, queremos recuperar nuestra soberanía y reavivar la llama de la resistencia europea. 
Señor Presidente, cabe agradecer al Sr. Pompidou, Presidente de la unidad STOA, que haya hecho mención de las investigaciones que se han emprendido, particularmente por lo que respecta al sistema de escuchas ECHELON. 
Me sorprende que el Sr. Bangemann no haya hecho durante su intervención inicial la mínima referencia al asunto que ahora se somete a debate. 
Creo que al Comisario le convendría escuchar las intervenciones que están teniendo lugar en este foro para poder- luego- presentar sus observaciones acerca del sistema ECHELON, algo para lo que todavía no ha tenido tiempo. 
No logro comprender, señor Comisario, cómo es posible que sea usted quien haga observaciones acerca de nosotros, cuando somos nosotros los que teníamos que hacer los comentarios acerca de su intervención. 
Está usted ocultando algunas cosas. 
Presenté hace muchos meses una pregunta escrita a este respecto, y aún estoy a la espera de una respuesta. 
Se trataba de una pregunta prioritaria, pero la Comisión Europea no quiere hablar ni del sistema ECHELON ni de sus irregularidades. 
Debería usted preocuparse de ofrecer a tiempo una respuesta a las preguntas escritas que se le formulan. 
Por lo que respecta a la cuestión que nos atañe, estamos ante una cooperación de carácter secreto con los Estados Unidos de América. 
La publicación francesa " Marianne» sostiene que también Francia y Alemania están desarrollando una cooperación equivalente en Europa. 
Éste también es un tema que se debería someter a investigación. 
Según informaciones actuales, en 1995 se llegó a un acuerdo en la Unión Europea para que los servicios secretos de sus países miembros pudieran hacer uso del sistema de escuchas ECHELON a través de los servicios de información estadounidenses del FBI y la NSA. 
Ahora le corresponde a usted, señor Comisario, aclararnos a los diputados del Parlamento Europeo si se llegó a tal acuerdo en el año 1995 y, en casi afirmativo, qué fue lo acordado. 
Un sistema internacional de este tipo exige una respuesta. 
Debemos saber si se interceptan también a través de los sistemas digitales ISDN las conversaciones telefónicas aquí mismo, en el seno del Parlamento Europeo y de la Unión Europea. 
Resulta razonable esperar de la Comisión una respuesta a estas cuestiones. 
No se trata de un asunto en el que pueda usted ofrecer el silencio por respuesta, tal como ha venido haciendo hasta la fecha la Comisión. 
Señor Presidente, no voy a volver a referirme al problema de ECHELON, ya que espero con impaciencia las declaraciones del Sr. Bangemann al respecto, pero quisiera interesarme más por el acuerdo bilateral encaminado a fortalecer la protección de las inversiones, que se aceptó el pasado 18 de mayo. 
Me preocupa mucho el contenido de ese acuerdo, que tiene consecuencias enormes para Europa. 
En efecto, resulta extraordinario que, cuando nos internamos por una vía que muchos de nosotros consideramos peligrosa y perjudicial para los intereses europeos, se haya aceptado este acuerdo sin debate, sin que los parlamentos nacionales hayan sido informados, sin que el Parlamento Europeo haya recibido la menor información previa. 
¿Qué decir del contenido? 
Pues bien, se trata, manifiestamente, de prefigurar el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, que- deseo subrayarlo- varios Estados miembros rechazan en su forma actual, como también nuestro Parlamento. 
En efecto, en ese texto se observa muy bien que la visión americana, muy discutible, del Derecho internacional y del derecho de propiedad domina el pensamiento que ha propiciado la redacción del texto. 
Por lo que se refiere, en particular, a las leyes Helms-Burton y d ' Amato-Kennedy, Europa repite que está en contra, pero en los hechos las acepta, manifiestamente, ya que, a cambio de una derogación relativa a los inversores europeos, consideramos que podemos retirar nuestra reclamación ante la OMC. 
En mi opinión, es una actitud inaceptable y espero que nuestro Parlamento se pronuncie en contra de semejante acuerdo. 
Señor Presidente, señor Comisario Bangemann, estoy muy sorprendido de que usted utilice este debate específico para colocar al final del debate la declaración sobre el sistema ECHELON, eludiendo así propiamente este debate. 
Estamos celebrando un debate específico dual y me gustaría oír de usted dos declaraciones. 
Estoy asustado de que usted no esté asustado. 
Evidentemente, usted no se encuentra tan asustado de la existencia de un sistema electrónico de vigilancia, con el que las conversaciones telefónicas, toda la telecomunicación de las ciudadanas y de los ciudadanos de Europa, pueden ser escuchadas, sin salvaguardia de los derechos fundamentales, sin tribunales, sin control parlamentario y sin protección de datos. 
Ésta es una intromisión inaudita en la esfera privada que muestra ya rasgos totalitarios. 
Estoy asustado de su moderación, pues usted procede de un país en parte del cual se acaba de superar un sistema injusto en el que el espionaje general de los ciudadanos constituía el elemento esencial. 
Entretanto este sistema que procede de los EE.UU. está siendo propugnado y utilizado por cinco países anglófonos, entre ellos un miembro de la UE. 
Es sabido que en secreto y fuera de la reunión del Consejo se ha decidido instalar en la UE un sistema similar en colaboración con el FBI. 
La UE se entiende a sí misma como un sistema de valores que descansa sobre los derechos fundamentales y sobre los derechos humanos. 
Nuestra convicción es que espiar a los propios ciudadanos y someterlos a vigilancia es absolutamente incompatible con semejante manera de autoentenderse. 
Es posible que a tenor de los recientes acontecimientos el sistema jurídico norteamericano ni siquiera esté dispuesto o no sea capaz de proteger a su propio Presidente en su dignidad humana y en sus derechos fundamentales. 
Sin embargo, un atentado semejante a la esfera privada de nuestros ciudadanos debería conducir a una resistencia decidida de este Parlamento. 
Señor Presidente, lo último que ha dicho el Sr. Voggenhuber, me da una vez más ocasión para explicar lo que he dicho ya al comienzo del debate, y quiero dar las gracias al Sr. Lannoye por ser claramente uno de los pocos que lo ha entendido también así. 
Desde el principio he dicho que realizaría dos declaraciones, en concreto, una sobre las relaciones generales con los EE.UU. y sobre esto puede discutirse. 
Luego realizaré una segunda sobre ECHELON y se podrá discutir sobre ella. 
Efectivamente, no soy de la opinión, señor Voggenhuber, de que este asunto ECHELON, si es que lo es, deba ocupar todo nuestro debate sobre las relaciones con los EE.UU. Ello sería algo así como lo que usted acaba de criticar en relación con el Presidente norteamericano, es decir, que la principal potencia mundial se está ocupando actualmente de problemas que probablemente no son los mayores problemas de la comunidad mundial. 
Esta es mi respuesta sobre el particular. 
Ojalá lo hayan entendido también ustedes ahora. 
Lo dije al principio, pero quizá no estaban todos aquí al principio. 
(Interrupción del Sr. Voggenhuber) Lo he dicho, de forma muy clara y comprensible. 
Ustedes pueden leerlo después. 
Ahora quisiera responder algunas preguntas que han sido planteadas sobre las relaciones generales con los EE.UU. La carta que la ministra norteamericana de Asuntos Exteriores ha escrito al presidente de la comisión, el Sr. Helms, no es, naturalmente, una interpretación oficial de lo que hemos acordado con los EE.UU. Es una carta que ha enviado al presidente de la comisión Helms expresando la manera en que ella lo ve. 
Yo he dicho cómo entendemos nosotros lo que hemos acordado con los norteamericanos. 
Por lo demás, también he dicho cómo es el curso de las cosas, de suerte que nosotros, antes de hacer algo, esperaremos a que los norteamericanos puedan pasar sus compromisos a través del Congreso. 
Evidentemente, si nosotros hacemos algo con significado jurídico, debe ser a través de decisiones legales, es decir, a través del Parlamento. 
Por lo demás, nosotros no hemos renunciado a las posiciones jurídicas o derechos de los ciudadanos europeos o de las empresas europeas. 
Tampoco hemos renunciado ni vulnerado el principio de que no existe la extraterritorialidad. 
Éste ha sido desde el principio nuestro afán. 
En el futuro incluiremos también, evidentemente, al Parlamento. 
Transmitiremos a Sir Leon Brittan esta petición de que informe sobre su visita, y él, seguramente, informará sobre la misma. 
En cualquier caso, a causa de estos dos problemas, es decir, de la Foreing Sales Corporations Act y de la BurmaMassachusetts Act, hemos solicitado-como los japoneses- el panel en la OCM. 
Es decir, hemos hecho exactamente lo mismo que ha hecho también Japón. 
No quiero entrar en detalles, también a causa del tiempo, pero posiblemente tengan ustedes todavía preguntas después de mi declaración sobre ECHELON. 
Sólo quisiera responder negativamente a nuestro colega, el Sr. Souchet, a usted que ha citado el diálogo de Georgia: no quiero valorar esto, puede ser que usted opine que yo he destacado un poco más los aspectos positivos que los negativos. 
Pero al menos he tenido una base para mi valoración, mientras que usted, cuando habla de libre comercio, tiene que hacer muchos esfuerzos para encontrar en la ideología de su grupo y de su partido un par de fragmentos que ustedes hayan dicho alguna vez en favor del libre comercio. 
En cualquier caso, yo no me puedo acordar de ellos. 
Por lo demás, tienen ante ustedes a un representante de la Comisión, que no pertenece a los demócratas cristianos ni a los socialistas. 
Por tanto, usted ha tenido mala suerte si ha atacado aquí estas dos grandes corrientes. 
Usted no me ha acertado. 
Paso ahora a ECHELON. 
Debo pedirles que mantengan separadas dos cosas: lo que nosotros, como Comisión, sabemos oficialmente o hemos oído a los Estados miembros y lo que figura en su informe provisional o en un libro de un antiguo colaborador neozelandés y en las noticias de prensa. 
Ustedes comprenderán que la Comisión no puede actuar basándose en suposiciones, sospechas o en cualesquiera libros y manifestaciones escritas, sino que tenemos la responsabilidad de actuar cuando sepamos con seguridad que hay que hacer algo. 
Señor Lannoye, no tenemos ninguna observación procedente de los países miembros, ni de cualquiera que haya podido ser ofendido en sus derechos, de un ciudadano o de alguna empresa, acerca de que este sistema sea tal como ha sido descrito aquí. 
Esto no significa que probablemente exista semejante sistema, pues ha existido en tiempos pasados cuando se instaló un sistema así, quizá por razones muy distintas. 
No sabemos nada al respecto. 
Por consiguiente, ahora no puedo decirles ni positiva ni negativamente que exista este sistema. 
Lo que sabemos es que los países miembros no nos han hecho ninguna observación en esta cuestión. 
Una pregunta de un diputado- no sé de quien se trata- al Consejo recibió como respuesta la siguiente: " Al Consejo no le consta nada al respecto». 
Y si existiera, entonces debería conocerse en el Consejo, pues si un país se viera afectado por esto, tal como se afirma aquí, ello tendría que conducir en el seno del Consejo a las informaciones pertinentes. 
Esto es lo primero. 
Lo segundo es: que sabemos, y lo fomentamos- por lo demás, en interés del Parlamento y a instancias del mismo -, que existe una cooperación en la lucha contra la criminalidad, es decir, contra la criminalidad organizada de las bandas y contra otras formas internacionales de criminalidad. 
Esta cooperación se acuerda entre los países miembros y con nuestra aquiescencia. 
Pero no tiene que ver con este sistema tal como se lo ha descrito, sino que se trata de una cooperación oficial y no de la violación de cualesquiera derechos. 
Efectivamente, si el sistema fuera así, constituiría, naturalmente, una flagrante violación de derechos, de los derechos individuales de los ciudadanos y también, evidentemente, un ataque a la seguridad de los países miembros. 
Esto es totalmente claro. 
En el momento en que algo así constatara oficialmente, tendría que reaccionar ante ello el Consejo y, naturalmente, también la Comisión y el Parlamento. 
En tercer lugar: lo que estamos haciendo ahora es abordar el problema en su generalidad pues, ciertamente, el problema ha surgido por el desarrollo de la tecnología. En efecto, hoy tenemos muchas más posibilidades avanzadas que hace cinco, diez e incluso vente años. 
Por esta razón tenemos una directiva sobre la protección de la esfera privada de los ciudadanos. 
Por esta razón hemos insistido, también en relación con los norteamericanos, en que se autoricen encryption-Systeme (sistemas de encriptado) , que sólo podrán ser descifrados cuando existan razones legales para ello. 
Seguimos siendo de la opinión, por lo demás, con el resto del mundo, en que semejante encryption eliminará en parte algunos problemas a los que nos enfrentamos hoy ya en el tráfico normal que fluye a través de modernos sistemas de comunicación. 
Esto quiere decir, y lo repito una vez más para que quede claro, que: en primer lugar, no tenemos conocimiento oficial del sistema, tal como es descrito en el informe provisional. 
En segundo lugar, hay una cooperación legal internacional para la lucha contra la criminalidad en la que participan también, evidentemente, la UE y sus países miembros. 
En tercer lugar, hacemos todo lo posible para velar por que en el ámbito de estas nuevas infraestructuras no se pueda cometer abuso alguno con tales informaciones o con otros mensajes. 
No puedo decirles más al respecto. 
Una vez que el informe haya sido entregado de manera definitiva, la Comisión emitirá con seguridad su opinión detallada sobre el asunto. 
Ustedes pueden dirigir también más preguntas al Consejo. 
Si yo supiera que existe el sistema, entonces la Comisión procedería contra el mismo con todas sus posibilidades, para mover a los países miembros a que no se apropien de informaciones a través de esta vía ilegal. 
Pero no puedo asegurarles esto. 
Creo que existe una diferencia entre alguien que escribe un libro o- permítanme este comentario- un diputado que puede manifestar también una sospecha, y un representante de una institución, que en un sistema democrático sólo puede actuar cuando sabe algo con seguridad. 
Nosotros no disponemos de este conocimiento. 
Conforme al apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, he recibido ocho propuestas de resolución sobre dicha cuestión. 
Señor Presidente, creo, señor Bangemann, que deberíamos abordar una vez más este tema con toda tranquilidad. 
No tiene sentido, en absoluto, discutir aquí sobre esto de manera atropellada. 
Pediré también a mis colegas que procedan con la debida precaución y que en este punto no reaccionen con nerviosismo excesivo a las afirmaciones de los medios de prensa, por muy relevantes que éstos sean. 
No obstante, señor Bangemann, quizá podríamos adoptar como mera propuesta un punto, en concreto, que nosotros- ustedes, naturalmente, más aún que nosotros en el Parlamento- pensemos conjuntamente con el Consejo si no se podría firmar una suerte de code of conduct y, por cierto, tanto entre cada uno de los Estados miembros como también entre los Estados miembros y los Estados Unidos, para que cuando se reciban informaciones, sea cual sea el canal, -aquí se trata sobre todo de informaciones económicas, de espionaje económico- se proceda con la pertinente prudencia que es necesaria. 
Ya se muy bien que semejante formulación o afirmación es un tanto ingenua. 
No obstante, tales códigos, una vez que han sido firmados, poseen también un efecto de sugestión y quizá ésta fuera ya una propuesta de proceder razonablemente con esto. 
Señor Presidente, como me consta el extraordinario respeto, rigor y consideración con que el Comisario Bangemann encara sus relaciones con el Parlamento Europeo, a mí me gustaría que dejase perfectamente clarificada la cuestión de saber: primero, si ha tenido conocimiento la Comisión de la carta de la Sra. Albright por la que hace una interpretación unilateral de los acuerdos entre la Unión Europea y la Administración Clinton; segundo, si la Comisión comparte la interpretación que la Sra. Albright hace en esa carta de los acuerdos, y muy especialmente cuando dice que esos acuerdos constituyen- y cito textualmente- una «extraordinary vindication of the principles underlying the Libertad Act» ; en tercer lugar, si la Comisión Europea tiene el propósito de hacer una manifestación pública en relación a su conformidad o disconformidad con los términos de esa carta. 
Estimados colegas, les ruego que sean comprensivos porque no tenemos tiempo, nos quedan sólo 5 minutos. 
Tiene la palabra el señor Comisario. 
(Intervención fuera de micrófono) 
Señor diputado, permítame que le remita a su Reglamento. 
En el mismo figura que la Comisión puede emitir en cualquier momento una declaración, y yo tengo este privilegio de la Comisión- se trata de un privilegio- del que hago uso hoy por el motivo que les he indicado. 
Yo no me escondo. 
Creo que no habría estado a la altura de los progresos y de nuestras buenas relaciones con los EE.UU. si hubiéramos celebrado el debate conjuntamente con el debate sobre estos otros problemas. 
Hay también, ciertamente, una segunda parte. 
Pero esto se debe a ustedes. 
Desde el principio he indicado al Presidente que yo- con su aquiescencia- haría primero la declaración sobre los EE.UU. y después- ustedes me tienen que escuchar- la otra declaración y, evidentemente, se puede discutir igualmente sobre la otra declaración. 
Por consiguiente, paso a las preguntas: señora Mann, en la cuestión del global bussiness dialog nos esforzamos en ponernos de acuerdo sobre todos estos temas, también sobre encryption y privacity, de tal manera que no sólo los EE.UU., sino también todos los demás miembros de esta sociedad global de la información, se puedan poner de acuerdo acerca de lo que haya que hacer políticamente. 
De esta manera, señor Colino Salamanca, he respondido a su pregunta, pero puedo repetir de nuevo. 
En primer lugar: tengo la carta, incluso aquí en mi poder. 
En segundo lugar: no compartimos la posición que se ha expuesto en esta carta. 
Es un interpretación a la que no nos sumamos y hace un instante he explicado aquí nuestra interpretación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.00 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el acta incluye un claro error en relación con la intervención del Comisario Bangemann. 
El Sr. Bangemann debía hablar de la posición de la Comisión acerca de dos declaraciones relativas a las relaciones transatlánticas y al sistema ECHELON. 
El Comisario Bangemann ni habló sobre el sistema ECHELON durante su intervención propiamente dicha, ni mencionó siquiera que tuviera intenciones de hacerlo con posterioridad. 
Este hecho se puede comprobar por medio de las actas literales de la sesión. 
En este contexto, cabe señalar que el Sr. Bangemann ha violado el procedimiento parlamentario, ya que no ha hablado del sistema ECHELON, refiriéndose únicamente a la otra declaración de la Comisión. 
El Comisario Bangemann no ha estado en ningún momento preparado para hablar de ECHELON. 
No tenía nada que decir al respecto, no sabía nada de este cuestión. 
Por este motivo, creo que el Parlamento Europeo no debería dar su aprobación a una supuesta declaración por parte del Comisario Bangemann acerca de este asunto. 
Propongo que se obligue a la Comisión a ofrecer una nueva declaración sobre ECHELON para poder someter debidamente esta cuestión a debate, de modo que también los miembros del Parlamento Europeo puedan intervenir acerca de este asunto. 
Desearía que se modificara el acta en lo que concierne a esta intervención del Comisario Bangemann, así como que se devolviera este punto a la Comisión para que presente una nueva declaración al respecto. 
Muchas gracias, señor Seppänen, por su intervención. 
En realidad, no creo que se ha violado nuestro Reglamento, sin embargo, ha habido un problema de comunicación entre nuestros servicios y los de la Comisión, por lo que el debate de ayer por la tarde no se desarrolló según el procedimiento convenido. 
Desde este punto de vista, es comprensible su decepción y la de las Señorías que asistieron al debate al que usted se ha referido. 
Señor Presidente, lamento tener que decir que lo que acaba de manifestar el señor Seppänen es cierto: el problema no ha sido el resultado de un malentendido. 
Se expuso en tres ocasiones la necesidad de celebrar un debate conjunto y luego se decidió dividirlo en dos partes, a pesar de que era evidente para todos que no era adecuado abordarlo en dos partes. 
Finalmente, a última hora se anunció que se podrían formular preguntas y luego sólo los dos grandes grupos tuvieron la oportunidad de intervenir. 
Esta no es manera de proceder. 
Nosotros protestamos decididamente contra el procedimiento que se ha seguido. 
No es aceptable que este tema se trate tal como lo hizo el señor Bangemann ayer. 
Muchas gracias. 
¿Hay alguna observación más? 
(El Parlamento aprueba el Acta de la sesión anterior) 
Modificación del Reglamento financiero 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0308/98) del Sr. Dell ' Alba, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de reglamento (CE, CECA y Euratom) del Consejo (COM (98) 0206- C4-0290/98-98/0130 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977, aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas. 
Señor Presidente, Señorías, comprendo que el interés que despierta este informe no es de los más vivos, sin embargo, es un acto debido e importante para nuestro Parlamento, así como para la vida de la Unión Europea y la plena integración de los instrumentos de la Unión Económica y Monetaria en las normas de la Unión. 
El Reglamento financiero forma parte de las disposiciones fundamentales y sirve para regular las relaciones entre las Instituciones y la manera en que éstas, empezando por la Comisión, ejecutan el presupuesto de la Unión Europea. 
La introducción del euro en el contexto de la Unión Europea motiva y justifica una serie de medidas periódicas que, en esta ocasión, están dirigidas a modificar el Reglamento financiero. 
A través del presente informe, nuestro Parlamento expresa su dictamen sobre las modificaciones propuestas por la Comisión que, al fin y al cabo, aprobamos con una serie de enmiendas que trataré de ilustrar brevemente. 
El ámbito de este informe es limitado, por lo que la Comisión de Presupuestos ha decidido seguir el camino indicado por la Comisión, es decir, limitar las modificaciones específicas del Reglamento financiero a los aspectos más urgentes, o sea, los que nos van a permitir poner en vigor dichas medidas el 1 de enero de 1999- precisamente para adaptar el Reglamento financiero al euro- y aplazar hasta la próxima e inminente nueva propuesta de modificación las demás enmiendas que incluso podrían ser aceptadas plenamente, pero que, en nombre de la Comisión, he de manifestar que no voy a apoyar, al menos como ponente, por una cuestión de principio. 
Digo esto también por lo que respecta a las enmiendas presentadas por algunas Señorías que han propuesto ampliar el ámbito de estas modificaciones. 
Vamos a ver de qué se trata en detalle. 
En primer lugar, se trata de la introducción del euro en el Reglamento financiero y de la adaptación de los mecanismos del debe y del haber respecto al presupuesto de la Unión de los Estados que forman parte de la zona euro. 
En segundo lugar, se trata de adaptar el Reglamento financiero a una disposición muy importante de la Unión Económica y Monetaria: el sistema de multas. 
Sabemos que los Estados que, de ahora en adelante, no respeten las normas y las reglas de aplicación de la política económica común estarán sujetos al pago de unas multas. 
A través de las enmiendas del Parlamento, pretendemos consignar dichas multas en el presupuesto, sin perjuicio de transferirlas después conforme al Tratado de Maastricht- a través de una artificio que deroga las disposiciones generales- a los Estados que forman parte de la zona euro. 
Por último, muchas de estas enmiendas se refieren a las competencias en materia de ejecución de las demás Instituciones. 
El Tratado de Amsterdam suprime la estructura organizativa común del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social. 
La enmienda presentada tiene por finalidad adaptar el texto a tal disposición. 
Entre las Instituciones a las cuales se les reconocen competencias en materia de ejecución- incluidos el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social- pedimos que se incluya también al Defensor del Pueblo. 
Consideramos que ello es posible y proponemos esta modificación en mi informe. 
Señor Presidente, quisiera subrayar que la Comisión de Control Presupuestario ha aprobado por unanimidad las cuatro enmiendas que había presentado el grupo Popular Europeo, que es al que pertenezco, tras la votación del informe del Sr. Dell ' Alba en la Comisión de Presupuestos, y de esa forma podrá materializarse la opinión de la Comisión de Control Presupuestario. 
Quisiera centrar la atención de la Asamblea y de la Comisión en una enmienda que habíamos presentado relativa a la ampliación de las competencias de la UCLAF para el control de otras instituciones de la Comunidad. 
Se trata de un anexo al apartado 2 del artículo 22, con el fin de que la UCLAF pueda ejercer una labor de control sobre la ejecución de partes del presupuesto que tengan que ver con otras instituciones y le rogaría que dicha enmienda fuese sometida a votación. 
Las restantes tres enmiendas tienen relación con temas de gestión de algunos programas dirigidos a países terceros, y especialmente a los países aspirantes, y que tienen que ver con la posibilidad de autogestión de las partidas comunitarias por parte de los propios programas. 
Finalmente, señor Presidente, repito que es importante poder someter a votación esas enmiendas, especialmente la relativa a la ampliación de las competencias de la UCLAF como he referido antes, para que ella pueda efectuar el control de otros órganos institucionales y de otros servicios de la Unión Europea. 
En este punto rogaría que contásemos con la opinión del señor Comisario, es decir, que nos haga saber si la Comisión va a aceptar esas cuatro enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario. 
Señor Presidente, ¿qué añadir a las palabras de nuestros ponentes? Poca cosa y, por tanto, espero ser breve. 
Pero, en primer lugar, quisiera felicitarles y muy especialmente al Sr. Dell ' Alba, que ha realizado un excelente trabajo en una materia árida y sin embargo básica. 
Los trabajos legislativos suelen ser quizás menos divertidos que los informes de propia iniciativa pero tanto o más importantes. 
No quisiera polemizar con el Sr. Sarlis, que ha utilizado una parte de su tiempo como ponente para reivindicar para su Grupo político unas enmiendas. 
Quisiera recordar a la Asamblea que, precisamente, aquella que ha subrayado es una enmienda de transacción entre el Grupo del Partido Popular Europeo y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Entrando en materia y aunque, si queda tiempo, mencionaré más tarde otras cuestiones, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quisiera hacer hincapié en dos puntos: actualización del Reglamento y el Defensor del Pueblo. 
Como bien ha dicho Gianfranco Dell ' Alba, estamos ante una nueva puesta al día del Reglamento financiero de 1977. En él se recogen las novedades del Tratado de la Unión y del Tratado de Amsterdam, o al menos se establecen las previsiones reglamentarias para cuando éste entre en vigor. 
Nada que objetar, al contrario. 
Pero es la enésima actualización. 
Ya nadie sabe si es la séptima, octava, novena. 
Nadie lo sabe. 
Y si bien el nuevo Reglamento financiero resultará formalmente correcto, quizás, lo que realmente se necesita es un nuevo Reglamento financiero, de nueva planta. 
La Unión Europea que se prepara para ampliarse al Este es muy distinta de la Comunidad Económica Europea de los años setenta, que es cuando se sentaron las bases de este Reglamento financiero que estamos estudiando. 
Era una Comunidad que aún no disponía, ni tan siquiera, de un Parlamento Europeo elegido mediante sufragio universal, y que estaba iniciando las negociaciones para la adhesión de los países del Sur, Grecia, España y Portugal. 
Estamos muy lejos de ese panorama. 
Por lo tanto, creo que la Comisión, que nos ha dicho tantas veces que está por la labor de hacer un nuevo reglamento financiero, debería activarlo. 
Tenemos entendido que hay incluso documentos de trabajo que, por cierto, no nos han enviado pero que algunos hemos obtenido, por supuesto. 
Pero estos documentos de trabajo deberían llegar al Parlamento y discutirse, establecer un diálogo sobre esta refundición del nuevo Reglamento financiero y tenerlo cuanto antes. 
El otro gran punto político es la correcta consideración de la figura del Defensor del Pueblo. 
El Parlamento Europeo podría ciertamente atribuirse su creación, puesto que fue una iniciativa parlamentaria recogida en Maastricht, pero creemos que la entidad político-institucional de la Oficina del Defensor del Pueblo requiere el tratamiento específico que le conceden las enmiendas que presenta el proyecto de resolución. 
La propia independencia del Defensor exige que no se le incluya dentro del presupuesto del Parlamento Europeo. 
Si el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social son órganos consultivos del Consejo y figuran en una sección propia ¿cómo el Ombudsman iba a aparecer integrado en la sección presupuestaria del Parlamento? 
No tiene lógica política. 
Por lo tanto, defendemos su separación en una sección específica. 
Quizás la mitad de las enmiendas del proyecto de resolución se refieren a esta materia. 
En cuanto a las demás, Señorías, cubren otros aspectos de la actualización en los que estamos totalmente conformes: el euro, las multas del Pacto de estabilidad y crecimiento, los organismos descentralizados, la disolución necesaria, lógica, de la estructura organizativa común de los dos comités- realmente se ha comprobado que el «invento» de Maastricht no era eficiente-. 
En todo ello estamos de acuerdo y las enmiendas plasman lo que podríamos llamar la doctrina de esta Asamblea en la materia. 
Por tanto, no voy a insistir en ello. 
Pero sí decir una vez más que esperamos que muy pronto la Comisión Europea nos presente un Reglamento financiero que ya esté concebido para una Europa que abarque mucho más que sus ámbitos actuales. 
También el Grupo Liberal considera importantes las enmiendas propuestas y me gustaría dar las gracias especialmente al Sr. Sarlis del Grupo PPE por haberse encargado de presentar las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario. 
Ocupada como estoy con el ámbito PHARE, naturalmente me preocupa mucho subrayar las enmiendas presentadas relativas a una descentralización que pueda posibilitar una mejor administración de los fondos PHARE y al mismo tiempo, contribuir a dar un empujón a la labor de promover la ampliación a los países de Europa central y oriental. 
He de decir que me extraña mucho que la Comisión no haya incluido voluntariamente nada sobre descentralización. 
Iniciamos este debate el pasado otoño cuando la Comisión manifestó positivamente su deseo e interés en poner en marcha una descentralización. 
La cuestión figuraba también en las páginas de la Agenda 2000 y, aún así, la Comisión no ha aprovechado esta oportunidad para presentar propuestas concretas en este terreno. 
Es algo extraño que se diga una cosa y se haga la otra. 
De ahí que desde el Parlamento debamos ocuparnos de que la Comisión cumpla las promesas hechas y precise sus manifestaciones. 
La importancia de la descentralización radica en que en ella puede expresarse una clara voluntad política de promover las oportunidades de los países de Europa central y oriental de ingresar en la UE. 
Es, como quien dice, una precursora de los Fondos Estructurales y al mismo tiempo una manera de que los nuevos países miembros puedan poner en orden sus estructuras administrativas, adquirir experiencia y estar bien preparados para convertirse en miembros de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo hay también recomendaciones, defendidas por el Tribunal de Cuentas, porque implican modificaciones que pueden hacer que acabemos con algunos de los problemas existentes hoy en día en la administración del programa PHARE. 
Me gustaría defender estas enmiendas ante mis colegas y espero un respaldo benévolo. 
Ayudan a mostrar claramente nuestro deseo de promover la ampliación. 
Pueden allanar el camino al ingreso y hacer que alcancemos un programa PHARE más efectivo. 
Señor Presidente, la Comisión se felicita por el dictamen globalmente favorable que la Comisión de Presupuestos les sugiere aprobar en base a la propuesta de la octava tanda de modificaciones del Reglamento financiero. 
Ésta es la última propuesta puntual de modificación antes de la remodelación del Reglamento financiero, una remodelación sobre la que la Comisión presentó, el pasado 22 de julio, un documento de trabajo destinado a abrir una amplia consulta interinstitucional. 
El Sr. Colom i Naval ha manifestado su deseo de que la Comisión la presente formalmente, con carácter oficial, al Parlamento Europeo. 
No hay ningún inconveniente y me ocuparé de ello personalmente. 
La octava tanda no aspira a modificar el Reglamento financiero en el fondo. 
Esta propuesta sólo se propone aportar las modificaciones urgentes y limitadas que exigen la introducción del euro y el Pacto de Estabilidad, así como la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, cuyo único efecto sobre el Reglamento financiero, habida cuenta de la supresión del protocolo nº 16 sobre la estructura administrativa común al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, es la introducción de una sección específica para cada uno de estos dos órganos. 
La Comisión puede comprometerse a aceptar varias de las enmiendas presentadas por la Comisión de Presupuestos. 
Se trata de las enmiendas 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 19 y 20, encaminadas a introducir en el presupuesto una sección específica para el Defensor del Pueblo Europeo, y la enmienda 22, relativa a una fecha de entrada en vigor diferente para los elementos de la propuesta relativos al euro y al Pacto de Estabilidad, a saber, el 1 de enero de 1999, y para los elementos relativos al Tratado de Amsterdam, después de su ratificación. 
No obstante, la Comisión no está en condiciones de aceptar otras enmiendas, cuya aprobación desaconsejo, no sólo por razones técnicas, que detallaré a continuación, sino también por el motivo fundamental de que son enmiendas de fondo que harían imposible el cumplimiento del apretado calendario impuesto por la entrada en vigor del euro el próximo 1 de enero. 
Respecto a la enmienda 21, contrariamente a lo que ésta da a entender, los importes de las multas por déficits excesivos, como sucede actualmente con los importes de las multas por violación de los derechos de competencia, no son muy previsibles en el momento de elaborar el presupuesto. 
No es posible prever en el presupuesto un dispositivo más preciso que el mecanismo de inserción presupuestaria. 
Respecto a las enmiendas 1, 8, 9, 12, 13 y 15, relativas a las agencias, estas últimas tienen su presupuesto y su Reglamento financiero propios. 
No deben estar contempladas en el Reglamento financiero, que sólo concierne al presupuesto general, sino más bien en el Reglamento específico aplicable a dichas agencias. 
En cuanto a las enmiendas 5 y 17 sobre la cooperación interinstitucional, la Comisión considera que dicha cooperación puede regularse, como se viene haciendo actualmente con los concursos generales y las compras, mediante acuerdos administrativos entre las instituciones. 
Respecto a la enmienda 18 sobre los poderes de investigación de la Comisión, es un asunto que no depende del Reglamento financiero, sino de los acuerdos entre las instituciones. 
La Comisión, en principio, no se opone a la ampliación de los poderes de la UCLAF, pero dicha ampliación puede hacerse a través de un acuerdo entre las instituciones. 
En cuanto a la remodelación del Reglamento financiero, las enmiendas correspondientes podrían, en caso necesario, ser incluidas en su momento. 
La Sra. Kjer Hansen ha planteado la cuestión de las enmiendas 1, 3 y 4 de la Comisión de Control Presupuestario sobre la gestión descentralizada del programa PHARE. 
En el transcurso de este mes de septiembre, la Comisión aprobará una propuesta modificada de reglamento sobre la coordinación de la ayuda a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión, que permita la gestión descentralizada de PHARE. 
Este punto será tratado asimismo cuando se aborde la remodelación del Reglamento financiero. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Proyecto de presupuesto general- Presupuesto 1999 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por el Consejo del proyecto de presupuesto general- Presupuesto 1999. 
Señor Presidente, Señorías, es un honor para mí informar hoy al Parlamento sobre los resultados de la reunión del Consejo dedicada al proyecto de presupuesto, que se celebró en Bruselas el 17 de julio de 1998. 
Sin embargo, antes de pasar a exponer el buen resultado de nuestras deliberaciones del pasado 17 de julio, yo quisiera resaltar también la cada vez mejor colaboración entre nuestros órganos, el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Ésta ya fue evidente el año pasado y constato, con gran satisfacción, que también parece mantenerse este año. 
En las dos reuniones a tres bandas del 31 de marzo y el 23 de junio prevaleció en el fondo, a pesar de algunas diferencias, el espíritu de la mutua comprensión de los puntos de vista, deseos y prioridades de cada parte. 
Otro tanto puede decirse, sin duda, de las conversaciones mantenidas con motivo de la reunión del Consejo del 17 de junio, en las que ocupó un lugar central el tema de las bases jurídicas. 
Tendremos ocasión de volver sobre ello en el punto siguiente del orden del día. 
Paso a referirme ahora al proyecto de presupuesto para 1999 y, en primer lugar, voy a exponer los principios por los que se ha guiado el Consejo para su elaboración. 
En relación con los gastos agrarios acordamos examinar en otoño una nota rectificativa, a fin de tomar en consideración las decisiones del Consejo de Ministros de Agricultura de junio de 1998 y la estimación actualizada de las necesidades. 
Decidimos mantener los compromisos adoptados en Edimburgo en lo que se refiere a las medidas estructurales, o sea, seguir manteniendo su financiación. 
En relación con los restantes ámbitos de las políticas comunitarias, establecimos unas prioridades claras en el marco del volumen financiero disponible e incluimos en el proyecto de presupuesto unas dotaciones realistas a la vista de dichas prioridades, que no supondrán, sin embargo, un obstáculo para el desarrollo de las principales políticas comunitarias. 
Tomamos en consideración los criterios establecidos en el Acuerdo interinstitucional del 29 de octubre de 1993 y también la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 12 de mayo de 1998 relativa a las bases jurídicas existentes. 
Además, también contemplamos gastos de poca monta y unos márgenes de discrecionalidad significativos dentro del límite máximo de las rúbricas fijado en las Perspectivas Financieras. 
En el ámbito de los gastos administrativos, aprobamos un incremento limitado de su montante total, que no excluye de antemano los gastos inevitables. 
Rechazamos la creación de nuevas plazas, con la sola excepción de los puestos destinados a cubrir las necesidades derivadas de la última ampliación de la Unión o de la promoción en el contexto de la política de planes de carrera. 
En este sentido, partimos de la idea de que las necesidades funcionales deben cubrirse por regla general mediante una mejora de los conocimientos técnicos, la modernización de las instalaciones y los métodos de trabajo y una reorganización de las plantillas existentes, sin que sea admisible una desviación de este principio, salvo en casos particulares en los que resulte probadamente ineludible. 
La aplicación de estos principios autodefinidos a la aprobación de un presupuesto adecuado se tradujo en los siguientes resultados concretos: en lo que se refiere a los gastos agrarios- la rúbrica 1 de las Perspectivas Financieras -, el Consejo mantuvo el montante global previsto por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto. 
Por lo que respecta a los fondos estructurales, el Consejo mantiene asimismo los montantes previstos por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto, a fin de respetar las decisiones de Edimburgo. 
En relación con las políticas internas, el Consejo decidió reducir los créditos para compromisos y también los créditos de pago. 
En los ámbitos de las políticas externas, el Consejo decidió incrementar los créditos para compromisos y reducir los créditos de pago, con objeto de respetar las decisiones de Cannes. 
Por último, en lo que se refiere a los gastos administrativos, el Consejo aceptó un incremento limitado de un 1 % en su montante total. 
Como ya he señalado, las nuevas tareas derivadas de la transposición del Tratado de Amsterdam, en particular la incorporación de la secretaría del Acuerdo de Schengen y de la Unidad de Planificación y Alerta Estratégica en el marco del Segundo Pilar, obligan a contemplar algunas excepciones a esta norma. 
En cuanto a los órganos menores de la Unión, el Consejo ha seguido también en esta ocasión el procedimiento que se estableció el año pasado, con la aprobación de un montante global para los gastos normales de administración. 
Las repercusiones de las decisiones del Consejo sobre los recursos previstos en el proyecto de presupuesto se pueden resumir como sigue: los créditos para compromisos se elevan a un total de 96, 5 millardos de euros, lo que representa un incremento de 5, 5 millardos de euros, o sea, de un 6, 05 %, en relación con el Presupuesto de 1998. 
Los créditos de pago se elevan a un total de 85, 9 millardos de euros, lo que representa un incremento de 2, 3 millardos de euros, o de un 2, 81 %, con respecto al Presupuesto de 1998. 
El volumen total de los créditos supone, por consiguiente, el 1, 10 % del PNB comunitario. 
Restan unos márgenes de 937 millones de euros y 878 millones de euros, respectivamente, con respecto al límite máximo establecido en las Perspectivas Financieras para las rúbricas correspondientes a los ámbitos de las políticas internas y de las políticas externas. 
Antes de acabar, yo quisiera manifestar mi agradecimiento a todos los miembros de la delegación del Parlamento Europeo que participaron activamente en nuestras deliberaciones con ocasión de la reunión del Consejo del 17 de julio dedicado a la elaboración del proyecto de presupuesto. 
Será una satisfacción para mí seguir manteniendo la colaboración con esta Cámara y, en particular, con el presidente de su Comisión de Presupuestos, señor Samland, al igual que con los dos ponentes para el Presupuesto para 1999, la señora Dührkop Dührkop y el señor Viola. 
Espero que lograremos completar con éxito el procedimiento presupuestario 1999, tal como ya lo consiguieron nuestros dos órganos en relación con el Presupuesto para 1998. 
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias. 
Señor Presidente, el proyecto de presupuesto para 1999 se parece mucho al anteproyecto de presupuesto. 
Una diferencia de sólo 0, 5 % confirma que existe una amplia convergencia de opiniones respecto del presupuesto de la Comunidad para 1999. 
La Comisión y el Consejo han tenido que conciliar el rigor con las obligaciones de la Unión, en particular respecto de las decisiones de los Consejos Europeos de Edimburgo y Cannes. 
Por lo que se refiere al gasto obligatorio, la Comisión presentará una carta rectificativa al final de octubre para tener en cuenta la última información disponible con vistas a la ultimación del presupuesto para 1999. 
Ésta será la segunda aplicación del procedimiento establecido con éxito en 1997. 
Sin embargo, a diferencia de lo sucedido el año pasado, si se confirma la evolución actual de los acontecimientos en algunos mercados, muy bien puede ser que haya necesidades en materia de gasto. 
Respecto de las acciones estructurales, en el proyecto de presupuesto se establecen los créditos para pagos en el nivel propuesto por la Comisión, lo que ha de garantizar la financiación correcta de las necesidades para 1999 a la luz de las decisiones de Edimburgo. 
La categoría 3, relativa a políticas internas, es la única en la que se han reducido de verdad las propuestas de la Comisión, por debajo incluso del nivel correspondiente a 1998. 
Es algo que a veces resulta difícil de entender, pues algunas de esas reducciones se refieren a prioridades del Consejo, en particular Leonardo y las pequeñas y medianas empresas. 
La explicación que se da para dichas reducciones está relacionada con las cantidades de referencia de los reglamentos, pero no es acorde con el espíritu de la declaración común de 1995 considerar dichas cantidades de referencia como si fueran cantidades máximas. 
Por último, respecto de las políticas externas, es la primera vez, que yo recuerde, que el proyecto de presupuesto excede al anteproyecto de presupuesto. 
Resulta lógico en el supuesto de que el fortalecimiento solicitado de PHARE en 1998 no vaya a producirse y el Consejo deba completar la financiación de los programas de cooperación exterior decididos por el Consejo Europeo de Cannes. 
Resulta encomiable que el Consejo aporte esa financiación principalmente mediante gasto suplementario y limite, así, las reducciones en otros importantes sectores de la cooperación exterior. 
Sobre todo, el proyecto de presupuesto de la Comunidad para 1999 es un paso constructivo en el procedimiento presupuestario para 1999. 
Resulta de buen augurio no sólo para el presupuesto del año próximo, sino también para las decisiones de mayor alcance que pronto se habrán de adoptar en el próximo marco financiero. 
Señor Presidente, Señorías, antes de referirme al proyecto de presupuesto presentado por el Consejo para la primera lectura, yo quisiera señalar que la cooperación entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión en el marco de la concertación sobre el tema de las bases jurídicas, que vamos a examinar a continuación, se ha desarrollado de manera ejemplar. 
En primer lugar, en los nueve años que llevo realizando esta tarea yo no había participado nunca en una concertación con el Consejo en la que la colaboración con el Parlamento comenzase a las 11.00 horas y acabase a las 19.00 o las 19.30. 
Luego, a continuación, procedieron a definir el presupuesto bajo su propia responsabilidad. 
En segundo lugar, es de destacar no sólo la duración de la sesión, sino también el resultado. 
La Presidencia austriaca también ha contribuido a ello y yo espero que tengan el mismo acierto y el mismo éxito en las posteriores consultas en relación con el presupuesto y también en el contexto de la Agenda 2000. 
Después de estos elogios- yo rara vez los hago y, por lo tanto, les invito a disfrutarlos unos instantes más -, ha llegado, no obstante, el momento de las críticas. 
¿Qué orientación ofrece este presupuesto? 
Nosotros señalamos desde el primer momento- como expondrá enseguida la señora Dührkop en su informe- que éste tenía que ser un presupuesto puente entre las actuales perspectivas financieras y las nuevas perspectivas financieras con el horizonte del año 2000, y así lo concebimos nosotros. 
Por consiguiente, yo quiero manifestar, en nombre de la Comisión de Presupuestos en general, que haremos todo lo posible para vincular el procedimiento de aprobación del presupuesto para 1999 con las deliberaciones sobre la Agenda 2000 y con los elementos que se reseñan en el informe del señor Colom i Naval cuando define nuestra posición, o sea, los elementos básicos de la flexibilidad. 
Si hemos de atenernos a un procedimiento presupuestario que responda al principio de la máxima contención de los gastos, o sea, que mantenga aproximadamente también a escala comunitaria el nivel medio de gasto de los Estados miembros, queremos ver progresos en estos ámbitos en el contexto de la Agenda 2000. 
Sólo lo anuncio ya desde ahora porque esta consideración tendrá consecuencias para el examen del presupuesto en primera y segunda lectura en esta Cámara. 
Quisiera hacer algunas observaciones sobre los resultados de las deliberaciones del Consejo. 
Voy a empezar por el ámbito de la agricultura. 
Nos ha decepcionado un poco que el Consejo no haya sido capaz de ofrecer ya en la primera lectura una indicación clara en el ámbito de la política agrícola. 
No obstante confiamos en que todos nos tomaremos en serio el procedimiento ad hoc acordado y que en noviembre podremos alcanzar resultados en el marco de la concertación sobre la base de una nota rectificativa de la Comisión. 
A nuestro modo de ver, dichos resultados deben concretarse en una contención de los gastos en este sector y en la definición de procedimientos que permitan optimizar la utilización de dichos recursos. 
Así lo hicimos ya el año pasado con la propuesta relativa a la reserva, que retomaremos este año. 
Además, también hemos presentado propuestas técnicas en relación con los métodos de trabajo. 
Me permito recordar una vez más que en estos momentos tenemos un exceso de 1, 3 millardos de ecus en los gastos agrarios. 
Si el año pasado no los hubiésemos recortado en un millardo, frente a la encarnizada resistencia de sus quince colegas del Consejo de Ministros de Agricultura, ahora tendríamos un descubierto de 2, 3 millardos de ecus en el sector agrario. 
Las experiencias de este año y de los quince años anteriores demuestran, por lo tanto, que podemos dar este paso sin que ello ponga en entredicho el cumplimiento de los compromisos legales contraídos en el marco de las directivas o reglamentos relativos al sector agrario. 
En segundo lugar, y me dirijo también a la Comisión, he vuelto a tener noticia de que algunos Estados miembros piden que se incrementen las restituciones por las exportaciones de carne de porcino, mantequilla y leche, con objeto de que el mercado ruso, que en estos momentos se está hundiendo para las exportaciones, pueda resultar nuevamente atractivo. 
No puede ser un objetivo de la política comunitaria aprovechar las oscilaciones monetarias fuera del ámbito de la Comunidad mediante un incremento de las restituciones por las exportaciones. 
No se deje ablandar, por lo tanto, señor Liikanen, y manténgase firme en su posición, en la de 1998, opóngase a esos seis y mantenga la línea establecida si el objetivo es conseguir también una reducción del gasto en el sector agrario en el Presupuesto para 1999. 
Existe una interrelación interna entre las categorías 2, 3 y 4. 
Ya hemos discutido repetidamente con usted en esta Cámara sobre el aumento en la categoría 2. 
Éste no responde a una necesidad, sino al hecho de que este es el último año de las actuales Perspectivas Financieras y el 31.12.1999 se modificarán los Fondos estructurales, y todos los recursos no desembolsados deben trasladarse a este último año. 
Las tasas de incremento son francamente imponentes. Entre un 17 % y un 18 % en el caso de los créditos de compromiso y de alrededor de un 10 % en los créditos de pago. 
El volumen de dinero que habrá que mover resulta casi inconcebible. 
El resultado de este incremento es que, ya que no han tenido el valor de hacer algo al respecto- a pesar de que algunos Estados miembros, como por ejemplo el Gobierno francés, presentaron propuestas en este sentido en el Consejo -, se han visto obligados a recortar en las categorías 3 y 4 lo que han aumentado en la categoría 2. 
Basta observar que en la categoría 3 se ha reducido el programa Leonardo, por ejemplo, para constatar la flagrante incoherencia con lo que declararon en el propio programa de trabajo, a saber, que se proponen reforzar los programas educativos para favorecer la localización de empresas en Europa. 
Los 100 millones que han recortado, no los han recortado porque se haya demostrado que son excesivos para dicho programa, pues en tal caso el montante habría resultado ser quizá de 86, 45 millones. 
No, han recortado 100 millones para que les cuadren los números, para reducir la tasa de incremento de la categoría 3 y compensar así los mayores incrementos en la categoría 2. 
El segundo tema es el de la política exterior. 
La situación en este caso es todavía más grave. 
Usted no ha conseguido que el Consejo se avenga a aprobar ya en 1998 un presupuesto rectificativo complementario, que incluya una dotación adicional de 150 millones para el programa PHARE. 
Si somos sinceros, tendremos que reconocer que esos 150 millones no son necesarios en 1998, ni lo serán en 1999, porque de las cifras de ejecución correspondientes al ejercicio de 1998 que presentó la Comisión el 30.6.1998 se desprende que en esa fecha todavía no se habían adjudicado más de un millardo de ecus de los recursos disponibles para el programa PHARE y, lo que es todavía más grave, que más de 2, 5 millardos no están vinculados a un contrato, o sea, no se han plasmado en contratos. 
Es decir, que tenemos 2, 5 millardos de ecus encima de la mesa, de los cuales un millardo todavía no se han adjudicado y 1, 5 millardos podrían financiar contratos, cuando éstos se establezcan. 
Y ahora se pretende añadir otros 150 millones a esa suma y recortar a la vez los recursos destinados a las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. 
Esto ya no tiene nada que ver con una política financiera como es debido, sino que en ello interviene la ideología. 
En Cannes se adoptó una decisión y ahora es preciso llevarla adelante de grado o por fuerza. 
El Parlamento no adoptó las decisiones de Cannes y, por lo tanto, no aceptaremos la propuesta que se incluye en el proyecto de presupuesto del Consejo, ni tampoco la propuesta de la Comisión para que se aplique un procedimiento retroactivo. 
Ambas propuestas no son razonables y tenemos que decirles a los países aspirantes a la adhesión a la Comunidad que si unos y otros no somos capaces de adjudicar los recursos en el plazo previsto para ello- y me permito recordarles de nuevo el vencimiento anual de los recursos presupuestarios -, entonces tampoco se podrán utilizar dichos recursos. 
De este modo sabrán que esta Cámara no contribuirá a que se destinen 100 millones de ecus adicionales a la categoría 4, a expensas de las organizaciones no gubernamentales del mundo entero. 
Finalmente queda el tema de la actuación en relación con el ámbito importantísimo de la investigación. 
Señor Presidente del Consejo, usted sabe que, paralelamente a nuestras negociaciones sobre el presupuesto para 1999, se está debatiendo el tema de la dotación presupuestaria del Quinto programa marco sobre investigación, que es un pilar fundamental de los gastos en la categoría 3 del presupuesto. 
Usted también sabe que existe una discrepancia entre los 16, 3 millardos de ecus para un período de cinco años que propone el Parlamento y la posición que ha mantenido hasta ahora el Consejo. 
Alcanzo a escuchar perfectamente la voz de su colega que anuncia que el 29 de septiembre ya habremos alcanzado un compromiso. 
Yo me alegraría de que así fuese. 
Desde luego, no dependerá del Parlamento, sino más bien del Consejo, que se consiga un planteamiento que haga posible el compromiso; si se desea llegar a un compromiso, éste no podrá ser de 14 millardos, sino que tendrá que situarse entre los 14 y los 16, 3 millardos. 
Ustedes saben que se trata de una decisión importante, dado su importante carácter vinculante para el presupuesto para 1999; en efecto, más del 60 % de los recursos de la categoría 3 están destinados a la investigación. 
En lo que se refiere al tema de la dotación de recursos para las redes, por ejemplo, una vez que conozcamos cómo queda finalmente el Quinto programa marco sobre investigación y el resultado del compromiso, podremos definir una estructura de gasto equilibrada entre las redes, por un lado, y la investigación, por el otro lado. 
Por consiguiente, yo sólo puedo expresarle una vez más un ruego, que dirijo también a sus colegas, los Ministros de Finanzas: por favor, movilicen suficiente presión por su parte para que podamos llegar a un acuerdo sobre la dotación de recursos para el Quinto programa marco sobre investigación para los próximos cinco años antes del examen en primera lectura del presupuesto para 1999 o no más tarde de su examen en segunda lectura. 
En este sentido, sólo me queda expresar mis deseos de que las deliberaciones sobre el presupuesto para 1999 sigan siendo agradables, interesantes y estimulantes. 
Señor Presidente, quiero sumarme también a las alabanzas a la Presidencia en ejercicio del Consejo por la colaboración que, hasta ahora, pensamos que ha sido ejemplar. 
Mi intervención va a ser en realidad breve dado que el presidente de la Comisión de Presupuestos ha hecho una exposición muy amplia de las diferencias que, a pesar de las alabanzas a la Presidencia, pueden todavía constatarse en el procedimiento del proyecto de presupuesto de 1999. 
Pero quisiera señalar algunos puntos. 
Reiterar primeramente, como ya se ha hecho, que el presupuesto 1999 debe constituir un puente, y que ese puente no ha de entenderse simplemente como un asunto de contabilidad, sino como un paso decidido hacia delante, hacia un acuerdo para la Agenda 2000 y las nuevas perspectivas financieras. 
Creo que como parte de ese puente hemos construido conjuntamente una pieza: el acuerdo al que hemos llegado sobre los fundamentos jurídicos. 
Pero quiero subrayar que sólo es una pieza y creo que deberíamos felicitarnos por haber solventado un contencioso que ya llevaba muchos años en la cartera. 
Durante la conciliación, el Parlamento Europeo tuvo oportunidad de expresar sus prioridades políticas. 
Voy a referirme aquí, sobre todo, a una categoría. 
El presidente de la Comisión de Presupuestos ya ha dicho exactamente lo que el Parlamento opina sobre la categoría 1 y la categoría 2. 
Pensamos que no se ha procedido por parte de la Presidencia a un análisis correcto de los recursos financieros en aras de un sano presupuesto de la Comunidad. 
Respecto a la categoría 3, quisiera decir como ponente que el Parlamento no puede estar de acuerdo con su lectura. 
La categoría 3 es una verdadera «cabeza de turco» , por utilizar una expresión popular. 
En esta categoría, el Consejo ha recortado, para que le cuadre su contabilidad dentro del presupuesto 1999, políticas esenciales para el Parlamento Europeo. 
Emplazo al Consejo- el Sr. Samland lo ha mencionado también- a reconocer su propia incoherencia. 
Porque es curioso que sus prioridades, expresadas en Cardiff, coinciden con las prioridades del Parlamento Europeo, pero el mismo Consejo dice en cuanto al programa Leonardo- y cito textualmente en inglés -: while bearing in mind the considerable success achieved by these programmes, recortamos 100 millones. 
Otra perla también es que, en el paquete global acordado al principio de este año en cuanto a las políticas de empleo, un acuerdo sobre cuya importancia el propio Consejo hizo hincapié en Luxemburgo en la primera lectura, recorta 14 millones en el apoyo a las PYME, a pesar de tratarse de una prioridad según expresión del propio Consejo. 
Otro párrafo del Consejo Europeo de Cardiff, el párrafo 12, dice que vamos a prestar atención especial a los grupos desfavorecidos, a las minorías étnicas, a las personas con discapacidades. 
Pero al mismo tiempo, el Consejo, y además la Presidencia, que había presentado estas políticas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, eliminan estos programas del presupuesto por falta de fundamento jurídico. 
Por último, quisiera decir respecto de la categoría 4 que comparto totalmente el planteamiento del presidente de la Comisión de Presupuestos que, además, el Parlamento ha explicado en sus líneas directrices. 
No vamos a admitir que el programa PHARE se ejecute a costa de otras obligaciones que tiene la Unión Europea hacia terceros países. 
Respecto a la categoría 5, señor Ruttenstorfer, le quiero recordar que, aparte del Quinto programa marco sobre investigación, antes de la primera lectura del Parlamento tenemos otro asunto pendiente de resolver: la cuestión de las pensiones. 
El trabajador ha cumplido con su parte, ahora el empresario tiene que cumplir con la suya. 
Reitero mi disposición, la disposición del Parlamento, a colaborar en el futuro para llevar a buen puerto este presupuesto puente, teniendo presente las prioridades del Parlamento y las suyas en la medida de lo posible. 
Señor Presidente, Señorías, me sumo a lo manifestado por el presidente de nuestra Comisión acerca de la excelente cooperación con el Consejo y la Comisión con ocasión del diálogo tripartito y de la primera lectura del presupuesto para 1999, que este año el Consejo adelantó al 17 de julio con el fin de permitirnos trabajar de forma adecuada a la vista de los compromisos y de las sedes de trabajo que nos imponen los Tratados. 
En este documento financiero, el importe destinado a los gastos administrativos asciende a 4, 4 millardos de euros, con un margen global de 300 millones de euros respecto al año 1998. 
Al igual que el año pasado, el Consejo ha considerado oportuno establecer un montante global a tanto alzado, al objeto de asignarlo a las demás Instituciones para los gastos de funcionamiento ordinarios, con un aumento igual al 1 % respecto a 1998, pese a permitir un notable margen de maniobra en casos excepcionales y a menudo justificables. 
Dicho margen ha sido interpretado por el Consejo de forma bastante amplia para sí mismo, con un incremento del 5, 14 %, mientras que el incremento correspondiente a la Comisión ha sido del 1, 63 % y para el conjunto de las demás Instituciones, incluido el Parlamento, del orden del 1, 52 %. 
Al respecto, vale la pena subrayar que nuestra Institución fue la única que se mantuvo por debajo del umbral del 1 % de incremento, con un índice igual al 0, 88 %. 
En lo que se refiere al cuadro del personal, el Consejo ha autorizado la creación de nuevos puestos de trabajo sólo si están vinculados con la ampliación y la aplicación del Tratado de Amsterdam, mientras que ha rechazado las transformaciones o reasignaciones pedidas por las demás Instituciones. 
En particular, la primera lectura previó la creación de 109 puestos y sólo 10 transformaciones, la modificación de los organigramas de las Instituciones mediante la transformación de determinados puestos permanentes en temporales y el traspaso a la Comisión de 5 puestos procedentes de otras Instituciones para el servicio destinado al seguro de enfermedad. 
En realidad, la política en materia de personal aprobada en primera lectura por el Consejo, me deja perplejo por dos razones que voy a apuntar, aunque me guardaré de entrar en el fondo de las decisiones tomadas de forma unilateral por el Consejo. 
La primera es que si el Consejo, yo diría incluso muy acertadamente, ha tomado la opción de aumentar su organigrama en 71 nuevos puestos con el fin de hacer frente a la aplicación del Tratado de Amsterdam y a la ampliación, sería oportuno establecer previamente un sistema común al respecto, ya que se trata de un problema común que afecta a muchas otras Instituciones como, por ejemplo, al propio Parlamento, la Comisión y el Comité de las Regiones. 
La segunda razón es que, francamente, me es difícil comprender por qué, si el Consejo ha considerado oportuno autorizar 71 nuevos puestos para sí ha rechazado, en cambio, las mucho más modestas exigencias de las demás Instituciones como, por ejemplo, el Comité de las Regiones que, precisamente en virtud del Tratado de Amsterdam, ha visto aumentar sus cometidos de forma significativa. 
Cuando se hace referencia a estos dos Comités- el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social- y a las consecuencias del Tratado de Amsterdam, también se ha de hablar del Protocolo 16, es decir, de la estructura organizativa común que unía a los dos Comités. 
Estimo que la cooperación interinstitucional y el objetivo de evitar, en lo posible, duplicar los costes- objetivo en el que he hecho hincapié con frecuencia- deben ser los criterios a seguir para hacer frente a todos los capítulos de la división impuesta por Amsterdam, al objeto de no convertir la transición a la plena autonomía de ambos Comités en una causa de disfunción que comprometa la propia cooperación y que incremente en exceso los gastos. 
Pasando a los Tribunales, el rebasamiento del índice del 1 % por parte del Tribunal de Justicia es el resultado de la creación de 10 nuevos puestos, mientras que el Consejo no ha acogido la solicitud de financiación presentada por el Tribunal de Cuentas para sus proyectos inmobiliarios, ya que la Comisión ha previsto dicho gastos en las perspectivas financieras. 
Ahora bien, y a este propósito, el Parlamento deberá expresarse con el fin de marcar el camino a seguir para gestionar de la manera más coherente posible el intento de limitar los gastos presupuestarios correspondientes a los nuevos edificios en Luxemburgo. 
Finalmente, en lo que respecta al Parlamento Europeo, el Consejo ha aceptado nuestro estado de previsiones en virtud del acuerdo entre caballeros. 
Asimismo, con arreglo al mismo criterio, se ha aceptado el estado de previsiones del Defensor del Pueblo, sobre la base de una interpretación amplia del acuerdo que, al fin y al cabo, ha creado una distorsión entre los criterios de análisis del estado de previsiones del Defensor del Pueblo y los criterios aplicables a las demás Instituciones y a los organismos asimilados. 
Al respecto, deseo reiterar que el Defensor del Pueblo es una institución independiente: nuestro anterior debate sobre las modificaciones del Reglamento financiero lo reconoció de forma inequívoca. 
Esto significa que ha de figurar en una sección específica del presupuesto, esto significa que rebasa el porcentaje del 20 % de los gastos administrativos que sólo afecta al Parlamento Europeo, esto significa que tiene que tener una doble lectura del presupuesto. 
Asimismo, la línea seguida por el Consejo tampoco tiene en cuenta lo acordado por este Pleno con relación al aumento del organigrama del Defensor del Pueblo. 
Para nosotros esta decisión sigue siendo el punto de partida para evaluar si es necesario reconocer un aumento ulterior del número de puestos- siempre en el respeto de los procedimientos adoptados por la autoridad presupuestaria- que, en todo caso, no coincide con el aumento propuesto por el Consejo en la primera lectura. 
Excelentísimo señor Presidente, Señorías, he escuchado con gran atención las opiniones de los oradores que me han precedido y tomo nota de ellas en mi calidad de Presidente del Consejo encargado de elaborar el proyecto de presupuesto. 
Pueden tener la seguridad de que procuraré comunicar sus propuestas en las siguientes reuniones del Consejo. 
En particular, he tomado nota de que ustedes coinciden conmigo en la necesidad de esperar a haber recibido la nota rectificativa en el caso de los gastos agrarios. 
También he tomado nota de que consideran conveniente que se prevea una reserva en el presupuesto agrario para 1999. 
Evidentemente, también he tomado nota de sus reticencias en relación con la reducción del programa Leonardo. 
En este sentido, debo recordar que, con la dotación fijada para 1999, el Consejo agota el presupuesto global previsto para toda la duración del programa. 
No obstante, reconozco que la reducción es muy grande con respecto al presupuesto del año pasado y que el programa Leonardo ha obtenido muy buenos resultados. 
En este contexto, puedo anunciarles que el Consejo está examinando en estos momentos una propuesta de decisión, por la que se establecería una segunda fase del programa Leonardo para el período 2000-2004, con una dotación considerable de fondos. 
Por lo que respecta al programa PHARE, el Consejo reconoce las dificultades con que ha topado su ejecución y está tan interesado como el Parlamento en conseguir que su gestión sea eficaz. 
Por consiguiente, el Consejo desearía que se complete pronto la séptima ronda de modificaciones del Reglamento financiero, toda vez que éstas incluyen, en particular, nuevas normas para la aplicación de los créditos de compromiso, es decir, que se fija un plazo para la utilización de dichos recursos. 
Es de esperar que esto se traduzca en algunas mejoras en el marco del programa PHARE. 
También he tomado nota de la importancia que conceden a la solución del tema de los fondos para la investigación. 
Yo sólo puedo asegurarles que la Presidencia austriaca está haciendo esfuerzos para resolver el tema del Quinto programa marco en un plazo adecuado; adecuado sobre todo para los intereses de la investigación, pero naturalmente también para la elaboración del presupuesto para 1999. 
Finalmente, he tomado nota de que el Consejo no es el único que desea que se establezca un proyecto de personal, sino que esta es una aspiración general, y procuraré incorporar también estas consideraciones en las próximas deliberaciones del Consejo. 
Para acabar, yo quisiera resaltar una vez más la excelente colaboración mantenida con el Parlamento Europeo en el curso del presente procedimiento presupuestario y expresar a la vez mi deseo de que ésta continúe en el futuro. 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Bases jurídicas y ejecución del presupuesto 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0296/98) del Sr. Christodoulou, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre a las bases jurídicas y ejecución del presupuesto. 
Señor Presidente, no es la primera vez que la cuestión de las bases jurídicas ocupa al Parlamento y a las instituciones de la Unión Europea en general. 
Creo recordar que desde 1981 nos encontrábamos en una situación de desacuerdo y ahora, por fin, después de tantos años, hemos llegado a una conclusión por la que merecen felicitaciones aquellos que la han hecho posible. 
Recuerdo que mediante nuestra resolución de 12 de diciembre de 1995 habíamos pedido que se encontrase una solución provisional para la cuestión de las bases jurídicas y se acabase con la imagen que daban el Parlamento y el Consejo, y frecuentemente la Comisión, de que nos encontrábamos en una discusión permanente sobre cuestiones que muchas veces resultaban incomprensibles para los ciudadanos europeos que pensaban que debatíamos de forma continua en una situación de enfrentamiento. 
Por fortuna, ya se ha zanjado esta cuestión y podemos afirmar que vamos a seguir adelante con un procedimiento muy serio e importante que supone la posibilidad de que la Unión Europea pueda adoptar nuevas acciones que la van a acercar a los pueblos de Europa. 
No debemos olvidar que los programas ERASMUS, KONVER y el Fondo para la pacificación de Irlanda, habían comenzado dentro de un marco que en este momento estamos intentando regular mediante el procedimiento de las bases jurídicas para las acciones piloto, las acciones preparatorias y otras similares que se adoptan en el marco de la Unión Europea. 
No debemos infravalorar la importancia de dichas acciones. 
Frecuentemente se daba la impresión de que esas acciones, que carecían de base jurídica y que se iniciaban como si fuesen experimentos, tenían un carácter algo exótico, es decir, que tenían un aspecto despilfarrador, que eran innecesarias, etc. Estoy de acuerdo en que algunas de ellas podían entrar en esa categoría, pero, en su mayoría, resultaban esenciales y muy importantes para el fomento de los objetivos de la Unión Europea. 
Resulta una bendición que ahora nos encontremos en una situación que nos permite institucionalizar el modo de afrontar esta cuestión y llegar a unas conclusiones, métodos y procedimientos que nos liberarán de esa situación de enfrentamiento en la que nos hemos encontrado durante tantos años. 
El acuerdo hace depender, en su mayor parte, la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto destinados a cualquier acción comunitaria de la aprobación previa de un acto de base, es decir de una base jurídica, salvo las acciones correspondientes a proyectos piloto, acciones preparatorias, acciones autónomas de la Comisión y créditos destinados al funcionamiento de cada institución en virtud de su autonomía administrativa. 
Esa posibilidad no es ilimitada. 
Por descontado que para ser fiable y poder sostenerse y ejecutarse de manera correcta ha de tener limitaciones temporales y cuantitativas. 
Ello depende en gran medida, estimados colegas, de nuestra posibilidad, es decir, de las posibilidades que tienen las comisiones del Parlamento Europeo de fomentar a través de la Comisión, y seguidamente del Consejo, el establecimiento, lo antes posible, de una base jurídica para programas de ese tipo que permita conseguir dos elementos: primero, la rápida aplicación de programas y acciones que resulten especialmente valiosos y, segundo, liberar de los límites temporales y cuantitativos, a los que estamos sometidos hasta ahora, las partidas destinadas a diversas acciones, acciones piloto, acciones preparatorias, para que puedan incorporarse nuevas acciones de igual índole y esas cantidades no estén de manera permanente constreñidas, como ocurría durante tanto tiempo en el pasado. 
Este nuevo acuerdo establece también un concepto de responsabilidad absoluta y esto es muy importante para nosotros y debemos responder a ello de la mejor manera posible. 
Señor Presidente, quisiera hacer la siguiente observación: lejos de lo que he dicho antes acerca del valor fundamental de todas esas iniciativas emprendidas para alcanzar los objetivos de la Unión Europea y que, repito, se convierten en programas dignos de mención y acercan más a la Unión Europea a sus objetivos reales y al ciudadano europeo. Creo recordar que posiblemente, en el futuro, cuando este acuerdo se haga definitivamente permanente, es decir, cuando la práctica demuestre su necesidad y su correcto funcionamiento- y eso depende de nosotros- entonces, debemos pensar también en su adaptación. 
O sea, si se demuestra en el futuro que las necesidades son tales que exigen una adaptación de dicho acuerdo, es decir, de las cantidades y de los límites temporales, para que la Unión Europea pueda desarrollar su labor de una forma mejor en aquellos importantes sectores a los que dichas iniciativas se dirigen, estoy seguro que todos, si el sistema funcionase bien, estarían de acuerdo en que procediéramos a tomar las decisiones que harían más eficaces aún dichas acciones. 
Señor Presidente, Señorías, durante muchos años hemos mantenido opiniones divergentes en relación con el tema de las bases jurídicas. 
Como resultado de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 12 de mayo de este año pasó a ser, sin embargo, apremiante encontrar una solución. Sobre todo cuando la Comisión suspendió la ejecución de un gran número de líneas presupuestarias que carecían de base jurídica. 
En el curso del diálogo a tres bandas del 23 de junio se concretaron nuevos impulsos encaminados a facilitar una aproximación. 
Se desarrollaron intensos contactos entre los órganos de la Unión previos a la reunión del Consejo para la elaboración del proyecto de presupuesto, que dedicó la mayor parte de sus deliberaciones a este importante tema. 
Todos estos esfuerzos- y no en último término la obstinación de la delegación del Parlamento- desembocaron el 17 de junio en un borrador de acuerdo interinstitucional, que debería firmarse en breve. 
Este acuerdo, sin plazo señalado, permitirá la utilización de los recursos de las líneas presupuestarias que carecen de base jurídica de manera satisfactoria para los tres órganos implicados. 
El acuerdo establece el marco para la cooperación leal entre nuestros órganos, que siempre ha recomendado el Tribunal de Justicia Europeo en tales casos y que, a mi parecer, podemos contemplar cada vez más como nuestra práctica habitual. 
El 17 de julio, el Consejo también tomó nota de los trabajos realizados por la Comisión como resultado de la sentencia ya citada del Tribunal de Justicia Europeo con objeto de verificar la situación de las líneas presupuestarias ya incluidas en el presupuesto de 1998, pero que carecían ostensiblemente de base jurídica. 
El Consejo se manifestó asimismo de acuerdo con que la Comisión lleve a cabo, en el marco de las competencias que le otorga el artículo 205 del Tratado, una serie de medidas, entre ellas algunas reconocidamente sensibles desde el punto de vista político, como por ejemplo las destinadas a combatir la violencia contra los niños, jóvenes y mujeres, las medidas contra los contenidos ilegales y nocivos en Internet, el apoyo a la supervisión de los procesos electorales y también medidas en el ámbito de los derechos humanos y la democracia. 
Por lo que respecta a las líneas presupuestarias para las que se ha propuesto una base jurídica pero ésta todavía no se ha adoptado, el Parlamento Europeo y el Consejo se han comprometido a agilizar los procesos de adecuación con objeto de que sea posible decidir pronto la adopción de un acto jurídico que les sirva de base. 
Yo puedo asegurarles que esta Presidencia ya ha dado los pasos necesarios para completar en breve los procedimientos pendientes con un resultado tan positivo como sea posible. 
Por lo que respecta a las líneas presupuestarias para las que no se ha adoptado ni tampoco se ha propuesto siquiera una base jurídica, el Consejo ha tomado nota de la voluntad de la Comisión de cumplir los compromisos anteriores al 10 de junio de 1998 y de examinar las solicitudes que en este momento todavía no han culminado con el establecimiento formal de un contrato, procurando evitar cualquier posible discriminación derivada de los plazos concretos de tramitación de los expedientes. 
Este planteamiento debería permitirnos partir de la base de que es preciso garantizar la financiación, puesto que los procedimientos de selección ya se habían cerrado y las ayudas se habían concretado formalmente antes del 10 del junio de 1998. 
Finalmente, por lo que respecta a la lucha contra la exclusión social, el Consejo opina que el Tratado de Amsterdam, una vez ratificado, permitirá adoptar las bases jurídicas necesarias. 
Yo quiero agradecer al Parlamento y también a la Comisión su colaboración en relación con este tema. 
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias. 
Señor Presidente, en el informe del Sr. Christodoulou- en su exposición de motivos- figura esta afirmación maravillosa: esto «constituye una solución a largo plazo, ya que ninguna de las tres instituciones interesadas lo ha denunciado unilateralmente »... aún. 
Lo de «aún» lo digo yo, porque el Parlamento aún no ha votado sobre este informe. 
Voy a hablar desde dos posiciones en este debate: una- como diputado que ha intervenido en el debate y en las negociacionesy otra- como es mi deber hacerlo- como coordinador del Grupo Socialista. 
En un nivel personal, acojo con beneplácito el informe. 
Creo que es lo mejor que podíamos lograr y una culminación de muchos años de trabajo e intentos por parte del Parlamento de lograr la resolución del problema. 
Así, pues, en vista de lo que hemos tenido que afrontar en el pasado, me complace extraordinariamente lo que hemos conseguido para el futuro. 
También he de decir que, cuando estábamos llegando a esta conclusión el 17 de julio, había cooperación entre nosotros, la Comisión y- me atrevo a decir- la mayoría del Consejo. 
La Presidencia anterior se había comprometido a resolver este asunto. 
Como dijo el Primer Ministro británico desde el lugar en que ahora se encuentra el Presidente en ejercicio, la Presidencia austríaca se ha comprometido con ello, pero he de decir que el mucho tiempo que ha sido necesario, al que se ha referido el presidente, el Sr. Samland, se ha debido a la indecisión por parte al menos de un Estado miembro nórdico. 
Dicho con total franqueza, ha sido un espectáculo patético en ese diálogo tripartito llegar a una conclusión sobre esta decisión que entrañaba, en realidad, una cantidad pequeña de dinero. 
Espero no tener que pasar nunca por eso de nuevo, porque fue un desperdicio de tiempo, si no algo más. 
Ésa es mi opinión personal. 
Cuando estábamos llegando a estas conclusiones, las tres instituciones coincidían en que el acuerdo sobre el fundamento jurídico sería excelente para el futuro, pero seguimos teniendo el problema de este año 1998. 
Por eso, aconsejé cautela al comienzo de mi intervención. 
El Sr. Samland, el Sr. Colom i Naval, la Sra. Dührkop, el Sr. Tomlinson y yo- los participantes en las negociaciones- debemos convencer a nuestro Grupo esta noche, cuando examinemos esa cuestión, de que ese informe es digno de un voto afirmativo. 
Necesitamos alguna aclaración, desde luego, de la Comisión, sobre las líneas que se consideraron problemáticas. 
Anoche recibí un gráfico en el que figuran las líneas en las que existían los problemas y es de esperar que la Comisión haya presentado soluciones. 
Esta noche lo presentaremos a nuestro Grupo y haremos lo posible para mostrarnos convincentes. 
Pero necesito la ayuda de la Comisión ahora para aclarar los sectores dudosos que surgirán cuando los diputados lo examinen, en particular sobre la línea B5-321- acción para los sectores económico y social, como cooperativas, mutuas, etc.-, en la que aún no se ha utilizado una gran proporción de los fondos y no parece haber una forma de utilizarlos. 
Sobre las líneas B7-611, 851 y 852, en las que siguen sin utilizarse unos 11, 5 millones de ecus, ¿qué va a pasar con esa cantidad de dinero? 
En los sectores en los que tuvimos problemas efectivamente, como, por ejemplo, los del deporte y las lenguas minoritarias, se han utilizado la mayor parte de los fondos. 
Quedarán cantidades pequeñas y es justo decir que, incluso sin los problemas que hemos tenido, igualmente nos habrían quedado esas pequeñas cantidades de dinero. 
Así, pues, estoy totalmente dispuesto a defenderlas. 
Pero hay unas pocas líneas que siguen preocupándonos y quisiera que la Comisión nos ayudara dándonos garantías de que no se dejarán intactas esas líneas, que se utilizarán esos fondos. 
Espero que con esa información podamos presentarnos ante nuestro Grupo esta noche y votar favorablemente. 
Una observación final: tuvimos muchos problemas para preparar este informe y hubo consenso sobre su contenido. 
Se han presentado algunas enmiendas- tres o cuatro por parte de los Verdes -, que, pese a ser atractivas, no son necesarias. 
Mi recomendación a nuestro Grupo sería la de que no las apoyemos, sino que nos atengamos al informe sin modificación. 
No quiero que nadie suponga que no compartimos el contenido de dichas enmiendas de los Verdes, pero, en realidad, queremos que el informe sea conciso. 
Señor Presidente, yo quisiera expresar la esperanza de que hayamos resuelto definitivamente un problema permanente y que ninguna de las tres instituciones caiga en el hábito de incumplir el acuerdo que ahora hemos alcanzado. 
Yo creo que el Parlamento ha demostrado en los últimos años una mayor coherencia en relación con la solución del problema de las bases jurídicas en el contexto del Presupuesto, no sólo en la concreción de sus políticas, sino también en lo que respecta a la dotación financiera para dichos objetivos políticos. 
Por consiguiente, si bien no quiero dejar de felicitar a la Presidencia austriaca del Consejo por la destreza negociadora que demostró el 17 de julio, yo debo decir, sin embargo, que también participé en las deliberaciones, al igual que Terry Wynn, y hubo momentos en los que tuve la impresión que lo que se estaba dirimiendo no era un objetivo político, sino un regateo conservador estrecho de miras por si tenían que ser uno, dos o tres millones o si el plazo debía ser de medio año o de dos años. 
La situación fue a ratos bastante penosa y era inevitable sacar la impresión de que a algunos al menos no estaban interesados en alcanzar una solución política, sino más bien administrativa, técnica. 
Yo más bien pienso que no fue mérito suyo, señor Presidente, sino que el momento sencillamente estaba maduro. 
El Parlamento incrementó continuamente la presión y al final el Consejo tuvo que transigir y se mostró dispuesto a hacerlo. 
En cualquier caso, tanto usted como nosotros, en el Parlamento Europeo, podemos estar satisfechos con el resultado. 
De eso no cabe, desde luego, la menor duda. 
Las tres partes contamos ahora con unas condiciones claras para el futuro y, como ha señalado el señor Wynn, todavía tenemos que explicárselo a nuestros colegas del Parlamento. 
Lo cual, sin embargo, no debería resultar demasiado difícil dadas las presentes condiciones. 
En mi calidad de ponente para el Presupuesto de 1998, yo considero especialmente importante que la Comisión presentara el 17 de julio, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, una propuesta para dicho Presupuesto con la que podemos trabajar. 
Desde el Parlamento también manifestamos- y esto también representa un acuerdo significativo en la práctica- nuestra voluntad de acatar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y señalamos que no podemos intensificar la presión política en relación con este tema. 
No obstante, algunos servicios parecen estar intentando sacar partido de la situación poco clara que existe en estos momentos. 
Señor Comisario Liikanen, yo quisiera rogarle que aclare una vez más a todos los servicios que, una vez encontrada y acordada la solución, deben proceder a aplicarla también para el ejercicio de 1998. En efecto, es preciso que se transfieran cuanto antes los fondos previstos para 1998, a fin de que las ONG, o sea, las organizaciones afectadas, puedan disponer del dinero prometido. 
Yo quisiera felicitar de nuevo muy sinceramente al señor Christodoulou, que es un gato viejo y lleva ya varios años trabajando sobre este tema. 
En Alemania decimos que hay personas que se sientan y saben esperar hasta que se resuelvan los problemas. Tenemos al frente del Gobierno a un hombre lo sabe hacer. 
El señor Christodoulou también ha sabido permanecer sentado y esperar, ¡y ha logrado resolver con éxito este problema! 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en cierto modo podríamos decir que esta cuestión representa mucho ruido y pocas nueces. 
En términos financieros, son 60 millones para proyectos experimentales y 30 millones para acciones preparatorias: menos del 1 %. 
Naturalmente, la cuestión política es mucho más importante: es una señal de que la relación entre el Parlamento y el Consejo ha madurado por fin y un reconocimiento de que el Parlamento y la Comisión, como ha dicho acertadamente el Sr. Christodoulou, están presentando iniciativas. 
Por desgracia- dicho sea con el debido respeto -, el Consejo se ha vuelto un órgano impotente. 
Si no recibe presiones externas, nada puede hacer. 
Fue la presión externa- mediante su decisión, señor Presidente, de bloquear varios centenares de líneas presupuestarias- lo que al final hizo tomar conciencia al Consejo de que no podía aplazar más esa cuestión. 
Esto forma parte del debate presupuestario en general y estamos hablando sólo de unos centenares de millones aquí y allá. 
Pero el significado político es el de que el Consejo y el Parlamento se están considerando por fin como iguales. 
Ése es el elemento final de este acuerdo institucional y confirma que tanto el Consejo como la Comisión reconocen que el Parlamento ha adoptado iniciativas útiles que, como ha dicho acertadamente el Sr. Christodoulou, acercarán más a Europa a sus ciudadanos. 
He de hacer una pregunta concreta a la Comisión, una pregunta que formulé hace dos meses en el debate en el Pleno. 
Para que este acuerdo institucional funcione en el futuro, mucho dependerá de la imaginación política de la Comisión. 
Ahora que estamos cerca de conseguir un resultado, ¿puede confirmar el Comisario que la Comisión intentará siempre en el futuro proponer un fundamento jurídico que sea lo más útil posible para velar por que la codecisión del Parlamento esté garantizada? 
¿Puede decir que sólo se utilizará el artículo 235 en casos excepcionales, porque dicho artículo es una negación de la democracia parlamentaria? 
No puedo creer que la Comisión- y, en particular, este Comisario, que es un gran demócrata de corazón- vuelva a utilizar nunca el artículo 235 para emascular los poderes del Parlamento respecto del Consejo. 
Señor Presidente, el dogmatismo jurídico del Tribunal de Justicia ha dado lugar al bloqueo, por parte de la Comisión, de cien líneas presupuestarias por un importe superior a los 900 millones de ecus. 
Como consecuencia de ello, han debido ser interrumpidos numerosos proyectos de asociaciones y ONG en ámbitos tan delicados como la lucha contra la pobreza y la exclusión, la ayuda al desarrollo, la lucha contra el racismo, la democracia, los derechos humanos. 
La gran movilización de las asociaciones y ONG, de la que nuestro Grupo se ha hecho eco en el seno de nuestra Asamblea, ha contribuido en buena medida al acuerdo interinstitucional del 17 de julio, que regula la cuestión de los fundamentos jurídicos. 
Me congratulo de dicho acuerdo, tanto más, porque su aplicación es inmediata. 
Lamento, no obstante, que proyectos en favor de las personas de edad avanzada y acciones contra la pobreza sigan estando bloqueados, y quisiera renovar la solicitud al Consejo, tantas veces manifestada, de que adopte un nuevo programa de lucha contra la pobreza, de común acuerdo con las organizaciones humanitarias. 
Mi solicitud ha sido rebatida con el argumento de que, puesto que la lucha contra la pobreza no consigue su erradicación, no es de utilidad prever créditos en este ámbito. 
Encuentro que es un argumento inaceptable e inadmisible, porque hay numerosas asociaciones que luchan con ahínco contra esta lacra. 
Pienso que es realmente necesario revisar esta posición y prever un nuevo plan de lucha contra la pobreza. 
Para terminar, constataré que la intervención de los ciudadanos en los mecanismos europeos permite eliminar los obstáculos y encontrar soluciones, y quisiera que nuestro Parlamento desempeñe realmente su papel cuando el tema salga del debate de los especialistas, y que se haga eco de la intervención y de las expectativas de los ciudadanos. 
Señor Presidente, yo también quiero sumarme a las expresiones de agradecimiento. 
Yo creo que se trata de un buen acuerdo, tanto para el señor Christodoulou y el Parlamento, como también para la Comisión y el Consejo. 
Sobre todo me satisface que el Parlamento se haya mantenido firme en sus esfuerzos por hacer valer la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
Lo cierto es que en algunos momentos fuimos objeto de una fuerte presión de las organizaciones no gubernamentales para que actuásemos como si dicha sentencia no existiese. 
Yo pienso que las negociaciones con las ONG, o sea, con el mundo exterior en el caso que nos ocupa, con objeto de garantizar el cumplimiento de la sentencia han contribuido mucho a aumentar el sentido de responsabilidad por el uso de nuestros fondos y a la comprensión de que esto requiere unas bases jurídicas. 
Sólo cuando se llegue a un acuerdo sobre las bases jurídicas, podrá conocerse su alcance. 
La necesidad obliga ahora al Parlamento Europeo a crear junto con el Consejo unas bases jurídicas, para bien o para mal- puesto que así lo prevén los Tratados de Maastricht y de Amsterdam- por iniciativa de la Comisión Europea. 
Por esto, señor Comisario y señor Ponente, yo he intentado destacar en mis enmiendas que la Comisión, en su calidad de iniciadora de los actos jurídicos, adquiere una mayor responsabilidad en virtud del presente acuerdo interinstitucional. Esto nos obliga a proceder en el futuro de manera que se garanticen las máximas oportunidades de codecisión del Consejo y también del Parlamento. 
Yo espero que en el futuro mantengamos una buena colaboración con la Comisión en este sentido. 
Volviendo ahora a la preocupación por el ejercicio de 1998- que, si bien es cierto que no es objeto del acuerdo alcanzado para el futuro, sin embargo forma parte del compromiso global -, yo recibí antes de las vacaciones de verano, pero sobre todo después, una serie de llamadas motivadas por el hecho de que el dinero no ha llegado a pesar de que ya se han liberado los recursos. 
Por otra parte, todavía subsisten incertidumbres; por ejemplo, en mi caso, en relación con la línea B3-1000 y el Parlamento de los jóvenes. 
Yo le estaría muy agradecida, señor Comisario, si hoy pudiera darnos nuevamente garantías de que hará cuanto esté en su poder y nos comunicará exactamente antes de las consultas que van a celebrar nuestros Grupos políticos esta noche, tal como ha pedido Terence Wynn, qué partes del Presupuesto considera usted que no podrán ejecutarse este año, porque sencillamente no es posible a la vista de la sentencia. 
Yo creo que esta claridad sería necesaria para que podamos votar afirmativamente la declaración. 
Señor Presidente, como diputada más antigua de este Parlamento, recuerdo una época en que incluso antes de las elecciones directas los Comisarios nos aseguraban- y, por mediación de nosotros, a los ciudadanos de Europaque las instituciones de la Comunidad tenían un rostro humano. 
Si se bloquean estas líneas presupuestarias, no será así: es así de simple. 
Piénsese: la Fundación para los Derechos Humanos, cerrada; la financiación para las ONG, los malos tratos a los niños, la supervisión de los procedimientos electorales y la protección de las lenguas minoritarias, asunto que me es caro a mí y a John Hume, que fundó esa línea presupuestaria. 
Me siento violenta por pertenecer a un Estado que presentó esto ante el Tribunal y provocó lo que ha sucedido. 
Me asombra que el Sr. Wynn diga que habla desde dos posiciones. 
En efecto, eso es lo que ha hecho, porque yo esperaba que un nuevo Gobierno en Gran Bretaña cambiara eso, ¡y no lo ha hecho! 
Parece ser un gobierno del mismo color en gran medida y que habla desde dos posiciones. 
Existen más de treinta lenguas minoritarias que son una parte preciosa de nuestro patrimonio común con sus propias literaturas. 
En Escocia tenemos dos. 
Bloquearlo no va a dar esta Comunidad un rostro humano. 
Señor Presidente, la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea depende en gran medida de la capacidad de la Unión para responder a los verdaderos problemas cotidianos con que se enfrentan los propios ciudadanos. 
Desgraciadamente, este grado de confianza no ha sido nunca muy elevado. 
La sentencia del Tribunal de Justicia de la pasada primavera, y la consiguiente decisión de bloqueo por parte de la Comisión, echaron definitivamente por tierra esta confianza. 
Al mismo tiempo que el fundamento jurídico permite inyectar decenas de millones de ecus en la campaña a favor de la UEM, se congelan los recursos de las ONG. 
Los ciudadanos no pueden comprender que el fundamento jurídico haga posible el uso de fondos para este tipo de campañas, y no haga lo propio con el dinero destinado a las ONG, la prevención de la pobreza, las actividades de las organizaciones de descapacitados o, por ejemplo, la promoción del uso de las lenguas minoritarias, que representa una cuestión de extrema importancia. 
Creo que es importantísimo lograr un acuerdo entre las instituciones. 
Espero igualmente que, en esta ocasión, el Consejo escuche más al Parlamento que como lo ha venido haciendo hasta el momento. 
Lamentablemente, hemos comprobado con frecuencia que el Parlamento llega con mayor facilidad a un consenso con la Comisión que con el Consejo. 
Esperemos que la presidencia austríaca consiga resolver este difícil problema. 
Señor Presidente, yo también quiero sumarme a las felicitaciones al señor Christodoulou por el presente informe, en el que ha abordado una de las cuestiones más difíciles que, a mi parecer, hemos tenido que debatir en mucho tiempo y que resulta muy difícil de explicar al mundo exterior. 
Esto también ha quedado patente en los debates en comisión. 
Yo sólo quiero decir unas breves palabras sobre las repercusiones, que el Consejo y la Comisión no deberían pasar por alto y que podrían tener consecuencias para la labor de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre todo en el ámbito de la democracia y los derechos humanos, pero también en lo que respecta a nuestras relaciones con América Latina y Asia. 
Los temas relativos a la democracia y los derechos humanos son de una importancia central, tal como ya se ha señalado, en lo que respecta a la futura política de la Comisión- y me dirijo ahora directamente a ésta -, ya que se trata precisamente de un ámbito en el que la Unión Europea entra en verdad en contacto directo con las personas. 
Por un lado, contribuye a movilizar en cierto modo, a través de la actividad de las ONG, a ciudadanos de los más diversos sectores en favor de la UE, pero a la vez también, por el otro lado, en favor de las personas necesitadas o- lo que es cuando menos igualmente importante- en favor del fortalecimiento de la conciencia democrática y del Estado de Derecho en el mundo. 
Nosotros esperamos que las bases jurídicas se definan con la suficiente claridad para que estos programas también puedan continuar su labor, pero- este es el deseo que yo quiero expresar a la Comisión, señor Comisario- con menos burocracia, con menos costes administrativos asociados a la misma, a veces con mayores conocimiento de los expertos sobre los temas concretos, en algún caso quizá también con menores costes para la UE, en resumen, con mayor transparencia. 
Nosotros apoyamos que la propuesta de la Comisión de Presupuestos no sea selectiva, pero queremos rogarles que no se olviden de estos problemas. 
Señor Presidente, Señorías, yo me congratulo de que acojan con satisfacción el acuerdo. 
Sin embargo, quisiera añadir algunas observaciones en relación con algunas de las opiniones que han manifestado. Yo no comparto su opinión de que el Consejo sólo puede adoptar decisiones- y las ha adoptado en este caso, en particular- cuando existe una presión. 
Yo tengo que rechazar rotundamente esta afirmación y puedo replicar que el Consejo se encontraba en una posición muy favorable después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y que ésta no fue el motivo que lo impulsó a hacer particulares esfuerzos para alcanzar muy rápidamente una solución común, junto con el Parlamento y la Comisión. 
Nos movieron más bien otras dos razones. 
La primera ya la han mencionado muchos de ustedes, a saber, que esta decisión era importante para muchas personas en Europa, ya que estaba en entredicho la ejecución de algunas líneas presupuestarias. 
Por esto, el Consejo tenía interés en encontrar una solución para esta cuestión. 
El segundo motivo es que se trataba de un problema pendiente desde hace ya unos quince años entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión y que obstaculizaba la cooperación entre los órganos de la Unión. 
Yo creo que, por estas razones, ya era hora de que encontrásemos una solución. 
Por esto estoy muy satisfecho y espero que ésta obtenga su aprobación definitiva. 
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo sobre los fundamentos jurídicos que las instituciones alcanzaron el 17 de julio de 1998 es un logro notable y no sólo porque sea el primero desde la Declaración Común de 1982, que resultó inviable. 
No es porque entrañe grandes sumas de dinero: los diputados que se han referido a ello tienen toda la razón. 
Las cantidades de que se trata han sido siempre una pequeña proporción del presupuesto de la Comunidad. 
Es notable porque por una vez se han logrado avances por el campo de minas de las competencias institucionales. 
El acuerdo fortalece la confianza interinstitucional al comienzo de las negociaciones para el próximo acuerdo interinstitucional. 
Debo felicitar también a la Presidencia austríaca por sus intensas gestiones sobre este asunto. 
Al mismo tiempo, en este marco, resulta digno de gran beneplácito que el Gobierno británico haya decidido retirar todos los casos pendientes ante los tribunales contra la aplicación del presupuesto de la Comunidad. 
Los vencedores del acuerdo son no sólo las instituciones, sino, sobre todo, los programas y los centenares de organizaciones interesadas. 
Ha habido un período particularmente activo de presión no gubernamental en torno a la Comisión y a las instituciones. 
Ha sido una clara demostración de la importancia de las acciones de que se trata. 
En el futuro esas organizaciones pueden estar seguras de que, una vez que una cantidad entre en el presupuesto, no se pondrá en tela de juicio la aplicación de la línea presupuestaria. 
Hay que reformular algunas de las acciones y no todas podrán continuar permanentemente. 
En el futuro se adoptarán esas decisiones con arreglo a procedimientos legislativos y presupuestarios claros. 
Nuestros socios podrán confiar en el resultado. 
La Comisión está dispuesta a firmar el acuerdo. 
La lista de poderes específicos de la Comisión aneja al acuerdo es correcta. 
Siempre se puede aumentar en futuros anteproyectos de presupuesto. 
Quiero subrayarlo. 
La autonomía de la Comisión no resulta afectada por el acuerdo. 
Por lo que se refiere al presupuesto para 1999, el anteproyecto de presupuesto es compatible con los límites máximos acordados. 
Respecto del presupuesto de 1998, las restantes líneas presupuestarias han sido desbloqueadas en las últimas semanas. 
Hemos dado información a Sus Señorías sobre esas líneas presupuestarias determinadas. 
Un acuerdo ad hoc del 17 de julio permitió, además, una reapertura inmediata de varias líneas presupuestarias particularmente delicadas: por ejemplo, la lucha contra la violencia que padecen las mujeres y los niños, las acciones contra los contenidos ilegales en Internet y las acciones en pro de los derechos humanos y la democracia. 
La conclusión de los procedimientos legislativos para un servicio de jóvenes voluntarios y para las ONG de terceros países ha dejado expedita la vía para la aplicación de esos programas. 
La adopción de otros fundamentos jurídicos parece inminente. 
Respecto de las líneas presupuestarias encaminadas a luchar contra la exclusión social, que constituían el núcleo del conflicto, la Comisión va a abordar esa cuestión en la reunión que celebrará mañana. 
Decidirá sobre una comunicación que propone la reorientación de las líneas hacia acciones preparatorias para programas basados en el Tratado de Amsterdam. 
Con esa reorientación, que será decidida- espero- mañana, se podrá reactivarlas inmediatamente. 
Evidentemente, siguen existiendo algunos problemas en la transición al nuevo régimen. Algunos son inevitables, pues el fallo del Tribunal impide a la Comisión hacer como si hubiera ocurrido. 
Pero las gestiones comunes han logrado limitar los problemas al mínimo, a partir del año próximo la ejecución del presupuesto descansará sobre una base más sólida. 
Si, después de todo esto, permanece bloqueada o parcialmente bloqueada una acción, la Comisión respetará plenamente las esperanzas legítimas y también protegerá las inversiones existentes. 
Las indicaciones procedentes de sus servicios son las de que de los 870 millones de ecus originalmente bloqueados por falta de un fundamento jurídico, sólo unos 30 millones de ecus pueden no estar aplicados al final del año por esa razón. 
Ahora voy a responder a las preguntas formuladas por el Sr. Wynn y el Sr. Müller sobre la línea B-5321, relativa a la economía social. 
No hay actualmente un fundamento jurídico, pero ahora estamos considerando la posibilidad de una transferencia de esos fondos a la línea B-5512 (iniciativas en materia de empleo) , que posibilita un tipo de acción similar. 
Las otras dos preguntas del Sr. Wynn se refieren a las líneas presupuestarias B-7851 y B-7852. 
No resulta demasiado fácil de entender para alguien que no esté al corriente de la elaboración del presupuesto. 
En cualquier caso, esas propuestas de fundamentos jurídicos están ante el Consejo y espero que la Presidencia haga un gran esfuerzo para acelerar el procedimiento, en particular para la línea presupuestaria relativa al fomento de la exportación y al Japón, que ha resultado ser muy útil. 
En tercer lugar, en respuesta al Sr. Tillich, he de decir que nuestros servicios deben trabajar ahora a partir de las decisiones adoptadas. 
Quisiera decir a los diputados con los que se han puesto en contacto organizaciones, etc., que, por favor, se pongan en contacto directamente con los servicios pertinentes. 
Ésa es la forma mejor de garantizar una acción rápida. 
Ya se ha resuelto el marco básico relativo a la Comisión. 
Tengo buenas noticias para la Sra. Ewing en relación con la cuestión de las lenguas minoritarias, por lo que puede expresar palabras afectuosas para con la Comisión. 
Hoy hemos podido aplicar la línea presupuestaria para las lenguas minoritarias casi totalmente. 
Sigue en la reserva, gracias al Parlamento Europeo, una suma de 400.000 ecus. 
Estoy totalmente dispuesto a proponer que la Comisión la transfiera muy pronto y, si la Sra. Ewing puede convencer a sus colegas del Parlamento para que acepten dicha transferencia, dejará de existir ese problema. 
Quisiera concluir agradeciendo al ponente, Sr. Christodoulou, al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, y al Presidente en ejercicio, Sr. Ruttenstorfer, las extraordinarias gestiones que han hecho para lograr este acuerdo histórico. 
Gracias, señor Comisario. 
Si he entendido bien, ha acabado por arreglarse. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Emisiones de los vehículos de motor- Calidad de la gasolina y el gasóleo 
Señor Presidente, puedo confirmar todo lo que ya ha señalado el otro ponente, el Sr. Bernd Lange. 
La conciliación ha sido muy constructiva, y por momentos hemos llegado, incluso, a pasar un buen rato. 
A mí personalmente, al menos, se me hacía en ocasiones difícil no mostrarme de acuerdo con la otra parte, es decir, con el Consejo. 
Por todo ello, puedo asegurar que hemos entablado una amplia cooperación, presentando cada una de las partes argumentos en defensa de sus propias propuestas, con lo que el debate ha alcanzado por momentos unas cotas muy elevadas desde un punto de vista intelectual. 
Deseo verdaderamente expresar mi agradecimiento a todas sus señorías por el espíritu de cooperación tan favorable que ha permitido llevar adelante esta propuesta en el Parlamento. 
El punto de partida fue la propuesta lanzada por Comisión hace dos años para establecer en el ámbito de los combustibles unos requisitos de calidad vinculantes únicamente para el año 2000. 
No cabe lugar a dudas de que el Parlamento, en colaboración con el Consejo, ha mejorado considerablemente las propuestas iniciales de la Comisión. 
Nosotros queríamos que se fijaran unos requisitos de calidad también de cara al año 2005, para que los consumidores pudieran tener la certeza de que se va a lograr verdaderamente un aire más puro, y para que la industria pudiera tener una cierta seguridad acerca de los aspectos en los que deberá realizar sus inversiones. 
Finalmente, hemos conseguido sacar adelante esta propuesta. 
El Comité de Conciliación ha conseguido introducir la exigencia de que también los requisitos de calidad para el año 2005 sean de carácter vinculante. 
Consideramos que se trata de un logro muy importante, ya que, en realidad, implica que la industria podrá orientarse a la producción de tecnologías menos contaminantes. 
Si bien esta circunstancia es especialmente significativa para la industria del automóvil, que necesita combustibles más limpios para hacer frente a los requisitos cada vez más estrictos en materia de gases de escape, no lo es menos para la industria petrolífera. 
La autoridad legislativa hace saber ahora lo que espera de la industria del petróleo de aquí al año 2005. 
Durante este proceso, hemos tenido a veces la sensación de que lo que quería la industria del petróleo era cargar sobre las espaldas del Parlamento toda las responsabilidades derivadas de las dificultades estructurales con que se enfrenta este sector. 
Sin embargo, hemos conseguido demostrar que, de hecho, ya iba siendo hora de exigir también a la industria del petróleo que realizara inversiones en tecnologías menos contaminantes. 
Si este sector sufre una excesiva capacidad de producción, no puede echar la culpa, por lo menos de todos sus males, a la existencia de unos requisitos cada vez más estrictos en materia medioambiental. 
Con motivo de la conciliación, hemos logrado también modificar los planteamientos de la Comisión en el programa Auto-Oil. 
En un principio, creíamos que el punto de partida era un análisis de la relación eficacia/coste muy poco ambicioso, pero tanto el Parlamento como distintos agentes sociales lograron introducir otros argumentos económicos en este debate. 
Hemos señalado que los gastos derivados de las enfermedades que contraen las personas también se deben tener en cuenta a la hora de calcular los costes. 
Se podría decir que de esta manera hemos ampliado globalmente dicho planteamiento. 
Creemos que cuando se reanuden en la Comisión los trabajos correspondientes al programa Auto-Oil, su planteamiento será decisivamente distinto al que esta institución mostraba en un principio. 
Las repercusiones de esta solución se harán patentes en muy poco tiempo, puesto que ya a partir del año 2000 se introducirán en el mercado combustibles menos contaminantes. 
Ésta será una señal muy clara para el mercado acerca de las grandes expectativas que crean los productos más respetuosos con el medio ambiente. 
Durante la conciliación hemos logrado igualmente que la Comisión vea en el futuro con mejores ojos la posible aplicación por parte de los Estados miembros de desgravaciones fiscales para incentivar la adopción de combustibles menos contaminantes. 
De esta manera, esperamos que sea posible mejorar la calidad del aire apenas haya transcurrido algún tiempo desde la entrada en vigor de esta decisión. 
Su aplicación afectará naturalmente también a los vehículos más antiguos. 
Sin lugar a dudas, recomiendo al Parlamento Europeo la aprobación de este paquete de medidas sobre los combustibles. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a los dos ponentes y a otras personas que han participado en la conciliación. 
Han presentado un informe excelente que tendrá- espero- el apoyo total del Parlamento hoy. 
La propuesta contribuirá a que este programa haga de las ciudades europeas lugares mejores para vivir y más saludables para el crecimiento de nuestros hijos y el desarrollo de nuestra vida diaria. 
Las ciudades- desde Aberdeen hasta Atenas- serán lugares más limpios y saludables para vivir. 
Dentro de diez años habrá menos personas- niños y ancianos- que padezcan asma causada por el humo de los coches, si se alcanzan las metas de este programa Auto-Oil. 
Al mismo tiempo, se va a hacer una importante contribución a la reducción de los daños causados a las cosechas por la contaminación. 
Se trata en verdad de un conjunto de propuestas muy útiles para proteger el medio ambiente y la salud pública. 
Hemos sido muy ambiciosos desde el comienzo, al querer velar por que las empresas fabriquen coches menos contaminantes, motores más eficientes y obligar a las compañías petroleras a fabricar una gasolina y un diesel menos contaminantes y al mismo tiempo librarnos del combustible con plomo. 
Esta propuesta presenta muchos efectos benéficos y, aunque se ha expresado preocupación al respecto, el costo no es elevado. 
Hemos visto diversos estudios. 
Pero la mejor forma de explicarlo es decir que al conductor medio que conduzca el coche medio en Europa le costará sólo de cinco a ocho ecus más al año obtener los beneficios plenos de este conjunto de propuestas. 
No cabe duda de que es un precio que, para todos los conductores- y todos somos conductores -, valdrá la pena pagar. 
Desde el comienzo mismo, hemos estado decididos a velar por que la carga sea compartida equitativamente entre la industria petrolera y la industria automovilística. 
A veces ha resultado difícil de determinar, con todos los diferentes grupos de intereses y las informaciones opuestas. 
Pero ahora estoy convencido de que hemos logrado un equilibrio equitativo. 
La industria automovilística tendrá que cambiar, tendrá que aportar nuevos modelos más eficientes y menos contaminantes y que quemen menos combustible. 
Al mismo tiempo, la industria petrolera producirá combustibles menos contaminantes; de hecho, algunas de las empresas están esperando a conocer los plazos. 
Tengo entendido que algunas de ellas están comercializando ya combustibles menos contaminantes con la especificación que hemos pedido. 
No cabe duda de que pueden hacerlo. 
En los próximos años puede haber una reestructuración de la industria petrolera, pero no será consecuencia del programa Auto-Oil, sino de cambios más generales en la economía europea. 
Por último, éste es un ejemplo excelente de cómo, cuando el Consejo, la Comisión y el Parlamento trabajan en cooperación y alcanzan consensos mediante la conciliación, podemos lograr repercusiones legislativas importantes que afecten a la vida de todos los ciudadanos de Europa. 
Debemos estar orgullosos de haberlo logrado con este conjunto de propuestas. 
Insto a todos mis colegas a que lo apoyen. 
Señor Presidente, estimados ponentes, señor Lange, señora Hautala, yo quiero felicitarles muy sinceramente por sus informes. 
Lo cierto es que no me sorprende en absoluto que un gran número de diputados entonen hoy el himno de la alegría, pero no quisiera sumarme de manera tan incondicional al coro, ya que considero que el procedimiento no abre un rayo de esperanza desde el punto de vista institucional. 
El señor David Bowe acaba de lanzar una consigna y esto me obliga a modificar por completo mi intervención. 
Usted acaba de decir que la industria petrolera ya ha anunciado que hace tiempo que dispone de los carburantes que nosotros exigimos a partir del año 2000 y del 2005. 
Precisamente de esto se trata. 
Muchos olvidan siempre, por desgracia, una cosa: que para que las emisiones de un automóvil sean limpias, es preciso que éste utilice un carburante de alto valor cualitativo y justamente esto es lo que no conseguimos en el Comité de Conciliación, ya que éste estaba sometido a la presión de la premura de tiempo. 
Todo el procedimiento tenía que completarse antes del 28 de junio, en lo cual intervenían consideraciones relacionadas con la Presidencia del Consejo y nosotros deseábamos contribuir, desde luego, a arroparla un poco. 
Fue una lástima, pues tendríamos que habernos mostrado dispuestos a presentar batalla frente a quienes son competentes en materia de carburantes dentro de la Comisión. 
También hubiésemos tenido que demostrar a los grupos de presión que lo que ellos consideraban absolutamente imposible entonces- yo ya lo documenté aquí en la primera lectura- es posible. 
De hecho, así lo reconocieron inmediatamente después de que se cerrasen las deliberaciones del Comité de Conciliación. 
En este aspecto, todos nos mostramos débiles en nuestra calidad de parlamentarios. 
Esto no debe volver a repetirse. 
La industria petrolera tiene dificultades, pero no a causa de las normas europeas, sino debido a sus problemas estructurales y a muchas otras causas. 
En Europa hay 200 millones de vehículos y mi Grupo político está decididamente a favor de la movilidad, al contrario que los colegas de los Verdes. Éstos preferirían suprimir la movilidad. 
Ésta es un requisito del mercado interior: movilidad de las personas, bienes, mercancías y servicios. 
Y porque deseamos esta movilidad necesitamos contar con carburantes de alto valor cualitativo, que permitan que los motores y las emisiones sean más limpios. 
Ha habido mejoras en algunos aspectos. 
El sistema de diagnóstico a bordo no se ha traducido, como se temía, en un bloqueo electrónico del capó, que impediría que nuestras empresas de tamaño medio pudiesen realizar reparaciones. 
Yo me congratulo de que se hayan mejorado los procedimientos de prueba. 
También me congratulo de que las empresas de tamaño medio tengan acceso a muchos ámbitos. 
En conjunto, se ha ganado la batalla, pero en el futuro tenemos que mostrarnos todavía más combativos frente a quienes actúan conjuntamente en este consorcio europeo, con objeto de cosechar mayores éxitos en favor de nuestros hijos, que necesitan un medio ambiente saludable. 
Señor Presidente, también yo quiero empezar felicitando a mis colegas, la Sra. Hautala y el Sr. Lange, por este resultado. 
Especialmente, hay que agradecerles que hayamos conseguido estos logros en relación con la mejora de la calidad del aire en Europa. 
Considero que éste es el éxito más importante del Parlamento Europeo en este ámbito en los últimos cuatro años. 
Lo que hemos obtenido en estos últimos años no es baladí. 
Naturalmente, hemos tenido que contraer compromisos, pero éstos han ido más en nuestra dirección que en la de la industria del automóvil y del petróleo. 
En otras palabras: hemos ganado. 
El Sr. Lange ya ha mencionado los resultados obtenidos. 
No los voy a repetir. 
Sin embargo, si comparo la posición de la industria del automóvil y, especialmente, la de la industria petrolífera, ante los resultados que el Consejo, la Comisión y el Parlamento conjuntamente han alcanzado, con la posición de hace un año, hay que señalar una gran diferencia. 
La reivindicación más importante que se nos planteaba hace un año ha desaparecido ahora, cuando nos hemos mantenido firmes a fin de lograr la mejora del aire. 
Eso se debe especialmente a un Parlamento Europeo unido. Hemos aprobado las enmiendas por una amplia mayoría. 
No voy a entrar en los resultados logrados, pero sí quiero mencionar una cosa: creo que lo mejor de todo es que los valores límites, tanto para la composición de combustibles como para las emisiones de los vehículos de motor serán obligatorios a partir del año 2005. Ésos sí que son buenos compromisos. 
Por lo tanto, estaremos completamente de acuerdo con el resultado. 
Termino, señor Presidente, con una única observación: estoy menos satisfecho con la Comisión, pero esta cuestión seguramente será tratada cuando hablemos del acuerdo alcanzado con la industria del automóvil sobre las emisiones de CO2. 
Eso también forma parte del programa Auto/Oil, sobre el que como parlamentario, como grupo, estoy menos conforme, pero ya he dicho que sobre esto hablaremos más tarde. 
Por último, hago un llamamiento a mis colegas. 
He comprobado que durante la conciliación, el absentismo de los europarlamentarios fue más bien elevado. 
Me pareció vergonzoso reunirme con un Consejo formado por quince embajadores, mientras que por parte del Parlamento solamente estaban presentes cuatro, cinco o seis personas. 
Éste es un llamamiento que tiene una importancia interna para el Parlamento. 
Si contamos con este poder de decisión, estemos presentes. 
Señor Presidente, el dossier Hautala contiene tres directivas relativas a la calidad de los combustibles y la reducción de las emisiones de los vehículos de motor y de los vehículos industriales ligeros. 
El compromiso propuesto en este texto común es el fruto de un procedimiento de conciliación elaborado tras dos meses de negociación. 
El acuerdo está basado en los valores fijados por el Consejo para los años 2000 y 2005, pero el Parlamento Europeo ha logrado hacerlos obligatorios para el 2005, en vez de indicativos. 
En lo que respecta al informe Hautala, el principal reto ha sido la reducción obligatoria del contenido en azufre. 
Los valores para el año 2000 del gasóleo y de la gasolina sin plomo se mantienen inalterados con respecto a la posición común del Consejo, aunque incluye una enmienda del Parlamento Europeo encaminada a incrementar el índice máximo de oxígeno de la gasolina sin plomo. 
Las especificaciones para el año 2005 consideran como obligatorios los valores del Consejo. 
En el caso del gasóleo, el contenido en azufre se reducirá a 5 ppm, reducción que será obligatoria a partir del 2005. 
En cuanto a la gasolina sin plomo, el Parlamento Europeo ha aceptado los valores propuestos por el Consejo, pero los convierte en obligatorios. 
Asimismo, en el caso de los dos combustibles citados anteriormente, el Consejo ha aceptado el principio propuesto por el Parlamento Europeo de autorizar la introducción anticipada, a partir del año 2000, de la gasolina y el gasóleo, que respondan al menos a las especificaciones que serán obligatorias en el 2005. 
Además, en una declaración anexa al texto, la Comisión comunica su intención de acelerar los procedimientos encaminados a autorizar los incentivos fiscales para los combustibles limpios. 
Esta vez, sólo se autorizarán las excepciones sobre el contenido en azufre hasta el 2003, para eximirse de las especificaciones previstas para el año 2000, y hasta el 2007 para eximirse de las especificaciones previstas para el 2005 y, por tanto, en el cumplimiento mínimo de los valores previstos para el año 2000. 
Por último, la Comisión ha indicado, asimismo, en una declaración, que tendrá en cuenta la disponibilidad de combustible limpio en cantidad suficiente, antes de conceder las excepciones. 
El texto conjunto, por consiguiente, puede considerarse aceptable en la medida en que garantiza la existencia de combustible de calidad superior a partir del año 2005, o incluso del año 2000. 
Respecto a los informes Lange, el texto afecta a vehículos de motor y a vehículos industriales ligeros. 
Los valores límite son aquéllos propuestos por el Consejo, obligatorios a partir del 2005. 
Los instrumentos para controlar los equipos anticontaminación, obligatorios para todos los vehículos diesel y gasolina, estarán disponibles, en caso de avería, en todos los talleres, mientras que la industria automovilística desea reservarlos únicamente a los concesionarios. 
Lo mismo ocurre con las pruebas de arranque en frío; sabemos que cuando el arranque se hace en frío, la contaminación es mayor. 
Es conveniente, por tanto, que nos mantengamos especialmente firmes en este punto. 
Para terminar, este texto común es aceptable para nuestro Grupo. 
Además, ha sido ratificado por todos los Estados miembros y por la industria automovilística. 
Señor Presidente, naturalmente acojo con satisfacción el texto de compromiso obtenido a raíz de múltiples reuniones de conciliación, y felicito a los dos ponentes por su excelente trabajo. 
En este delicado dossier, el Parlamento Europeo ha demostrado toda su determinación impulsando lo más lejos posible sus reivindicaciones en materia de medio ambiente, pero sabiendo siempre situarse en el ámbito de lo posible y del realismo. 
Las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo y los diferentes agentes que son partes interesadas en este dossier han sido ejemplares. 
Para mí, que no soy precisamente un diputado novel, han sido un auténtico modo de empleo en lo que respecta al procedimiento de conciliación. 
Desearía que las negociaciones que se emprendan ahora en lo relativo al CO2 se desarrollen igual de bien. 
Propongo, por consiguiente, que nuestra Asamblea respalde plenamente este texto, que constituye en sí mismo un avance considerable. 
Avance en lo que respecta a la reducción del contenido en azufre de los combustibles, avance en lo que respecta a la prohibición de la gasolina con plomo, avance en lo que respecta a la creación de tecnologías que permitan a los motores funcionar con combustibles con bajo contenido en azufre. 
Todo esto cambiará concretamente el día a día de los ciudadanos de la Unión. 
Ahora queda dar a conocer estas decisiones, que marcan el comienzo de la respuesta a la contaminación atmosférica, que se ha convertido en el gran desafío de finales de este siglo. 
Será necesario que en nuestros países y en nuestras circunscripciones acabemos con algunos prejuicios. 
Me refiero especialmente a la mala imagen que tiene el gasóleo. 
Aunque dicha imagen estaba justificada ayer, debemos reconocer los enormes avances realizados por los fabricantes de automóviles para aproximarse a las normas europeas. 
Será necesario que reflexionemos para hacer comprender a los ciudadanos y a los medios de comunicación que, a partir de ahora, el gasóleo limpio será menos contaminante que la gasolina sin plomo, y para ello debemos contar con la ayuda de las compañías petroleras y de los fabricantes de automóviles. 
Este desafío tecnológico honra a nuestros ingenieros. 
Para terminar, señor Presidente, no habremos aportado auténticas soluciones al problema de la contaminación de los automóviles hasta que no abordemos la cuestión de la renovación del parque. 
Todos sabemos que se trata aquí de un reto importante, ya que el 20 % del parque es responsable de aproximadamente el 80 % de la contaminación causada por los automóviles. 
Se trata, por consiguiente, de estudiar medidas originales y nuevas, que no se inscriban en la línea de los errores cometidos en Francia. 
No se trata de condicionar una ayuda a la compra de un nuevo coche, sino al hecho de deshacerse del viejo, todo ello financiado principalmente a nivel europeo. 
Me refiero, por ejemplo, al programa LIFE. 
Esta medida dará popularidad a Europa. 
Naturalmente soy consciente de su coste; pero en lugar de espolvorear ayudas y de dispersar nuestras fuerzas indefinidamente, estoy convencido de que, políticamente, es importante saber dar un golpe de efecto de vez en cuando. 
Señor Presidente, mi sincera felicitación a la Sra. Hautala y al Sr. Lange quienes, como ponentes, junto con el Sr. Kenneth Collins, han logrado un resultado destacado. 
La contaminación atmosférica es un problema extraordinariamente persistente que debe abordarse de forma integral, sistemática y pluridisciplinar. 
La salud de las personas, plantas y animales está directamente vinculada a ella. 
A largo plazo, las amenazas para el entorno vital por la acidificación y el cambio climático son universales. 
Por ello, la importancia de contar con una legislación sobre combustibles y vehículos de motor más limpios no puede ser infravalorada. 
El resultado de la negociación, que en este momento se presenta, constituye un éxito trascendental para un Parlamento Europeo unido, que ha establecido con éxito rigurosos valores límite para las emisiones de los vehículos y la calidad de la gasolina y el gasóleo, que se aplicarán a partir del año 2005. 
Así mismo, el Consejo y, especialmente, la presidencia británica deben ser felicitados por estos logros. 
Se ha negociado empleando argumentos y se ha avanzado rápidamente. 
Lo satisfechos que estamos con este resultado no es sino una parte del problema, es decir, de la contaminación del aire como consecuencia del tráfico y del transporte. 
El rápido aumento de la movilidad anulará el efecto en poco tiempo. 
Esto pide una política de movilidad orientada al desarrollo sostenible. 
Reflexionar más, conjuntamente con las organizaciones medioambientales y de consumidores, sobre una tecnología sostenible que, de forma responsable, satisfaga las necesidades de movilidad constituye un gran reto para las industrias del automóvil y petrolífera. 
Confío y espero que el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento estén preparados para fomentar el debate de esta cuestión y respaldar los estudios financieros necesarios. 
Señor Presidente, la introducción de valores límite obligatorios para los carburantes y las emisiones de los vehículos de motor en toda Europa constituye sin duda un paso fundamental para la conservación de la pureza del aire. 
Los ponentes merecen nuestra congratulación por este resultado y sobre todo por su empecinamiento para conseguirlo. 
Evidentemente, nos duele la posibilidad de que se establezcan excepciones. 
En el futuro habrá que presionar en este aspecto para que dichas excepciones sean lo más limitadas posibles. 
Todos los diputados de la Asamblea que fueron objeto de la actividad de los grupos de presión durante la preparación de esta directiva saben que dicha cautela es necesaria. 
También es motivo de satisfacción el acuerdo sobre la aplicación del sistema de diagnóstico a bordo, que representa un compromiso aceptable entre los intereses de los consumidores y la necesidad de sistemas de control. 
La posibilidad de que los Estados miembros introduzcan individualmente ventajas fiscales para las mejoras anticipadas debería elevarse a la categoría de principio fundamental de la política europea en materia de medio ambiente, hasta que llegue el día en que sea una obviedad que no haga falta negociar en cada caso concreto. 
Señor Presidente, yo también quiero sumarme a las felicitaciones a los ponentes y dar las gracias a cuantos han trabajado en el Comité de Conciliación. 
Ha sido sin duda un trabajo difícil, que se ha completado rápidamente y con éxito. 
Yo desearía incorporar, no obstante, un nuevo aspecto al debate. 
Yo creo que con el paquete del programa Auto-Oil hemos demostrado por primera vez con toda claridad que la política industrial moderna es en realidad una política medioambiental y que sólo será posible definir una política industrial no únicamente a uno o dos años vista, sino con diez, veinte o cincuenta años de futuro, si se toma en consideración el medio ambiente y la necesidad de conservar las bases naturales de nuestra existencia y de proteger de manera preventiva la salud de las personas. 
Yo creo que debemos tomarlo como un ejemplo y examinar la posibilidad de concretar paquetes análogos en otros ámbitos. 
A mi parecer, la industria química sería un ámbito muy idóneo para empezar a definir una normativa general que permita planificar e impulsar un desarrollo a largo plazo- una vez más no para los próximos años, sino para un plazo de diez, veinte o treinta años -, que permita hacer realidad en último término el principio de la sostenibilidad, que ya hemos invocado tantas veces y hemos enraizado en todos los Tratados. 
Se trata precisamente de un paquete que permite equilibrar diversos intereses, que permite reflejar adecuadamente y de manera equilibrada la interacción entre las diferentes industrias que intervienen en la producción e iniciar procesos que, como en el caso del programa Auto-Oil, deben ser desarrollados conjuntamente por la industria del automóvil y la industria de los carburantes. 
Deberíamos hacer nuestro precisamente este método y aplicarlo en un mayor número de sectores, ya que, a mi parecer, esta es la verdadera política con perspectivas de futuro, a saber, una política industrial que vaya unida a la política medioambiental o, más bien dicho, una política medioambiental que defina el camino que debe seguir la industria. 
Como es natural, no quisiera dejar de constatar en este contexto que este paquete ha ampliado una de las cláusulas de excepción concedidas a Austria en las negociaciones, lo cual significa que en Austria tampoco incumpliremos el próximo año la legislación de la Unión, puesto que podremos seguir utilizando carburantes con un contenido más bajo de benzol. 
Finalmente yo quisiera añadir también que este ha sido un primer paso y que le seguirán, y tendrán que seguirle, otros- también en el ámbito del desarrollo y de la movilidad- en aras del futuro de nuestra industria y sobre todo del futuro de las personas. 
Señor Presidente, la Unión Europea y los Estados miembros deben trabajar en todo momento en estrecha cooperación y conexión con las industrias automovilística y petrolera de Europa para velar por la derrota de la contaminación de una vez por todas en el futuro inmediato. 
Para lograr los beneficios globales- sociales, humanos y medioambientales- de una atmósfera menos contaminada, las normas estrictas para reducir la contaminación de la atmósfera deben ser imperativas. 
Resulta más que oportuno y apropiado que se introduzcan cambios de forma estructurada y coherente. 
Las industrias automovilística y petrolera de Europa deben poder cumplir objetivos claramente formulados en una nueva legislación para velar por que puedan planificar con confianza la próxima generación de vehículos de motor e invertir en refinerías mejores. 
Sobre la reducción de las emisiones de los tubos de escape de los coches de pasajeros, apoyo la propuesta de que a partir del año 2000 se instalen sistemas en los coches nuevos para vigilar la durabilidad del equipo anticontaminación en los vehículos de pasajeros. 
Los dispositivos anticontaminación deben permanecer en funcionamiento durante al menos 80.000 km o cinco años a partir del año 2000 y durante al menos 100.000 km a partir del 2005. 
Se deben utilizar los incentivos fiscales para fomentar la introducción temprana de vehículos con equipo avanzado anticontaminación. 
También apoyo la directiva propuesta para mejorar la calidad de la gasolina y el diesel en Europa. 
Mediante esa directiva no se venderá gasolina con plomo en ningún punto de Europa a partir de enero del año 2000, excepto en los casos en que se planteen graves problemas socioeconómicos. 
Además, la gasolina y el diesel sin plomo que se vendan a partir del 1 de enero del año 2000 tendrán que cumplir también las nuevas especificaciones medioambientales. 
A consecuencia de esta nueva directiva, se reducirá tres veces el contenido de azufre de la gasolina en los coches y siete veces el contenido de azufre del diesel en el año 2005. 
Quisiera felicitar a la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles por la decisión de aceptar un calendario para reducir las emisiones de CO2 en los coches nuevos en un 25 % en el año 2000. 
El hecho de que la Comisión no tenga que promulgar una legislación para impulsar estas medidas indica que la forma de avanzar es mediante las consultas entre todas las partes interesadas. 
Señor Presidente, Señorías, yo quiero expresar mi extraordinario agradecimiento a los ponentes. 
Ya había trabajado en algunos informes, pero jamás había tenido ocasión de experimentar una colaboración tan buena, técnicamente fundamentada y con tanto espíritu de camaradería. 
Hace más de dos años que se debate sobre la introducción de carburantes más limpios en Europa, desde que la Comisión presentó su propuesta de directiva. 
El Parlamento Europeo se ha manifestado en dos ocasiones al respecto y ha expresado clara y rotundamente el objetivo que se persigue. 
Unos carburantes más limpios contribuyen directamente a reducir la contaminación atmosférica. 
Unos carburantes más limpios permiten utilizar motores con la tecnología más moderna, que también contribuirá a una clara reducción del consumo de combustible. 
Recordamos que algunos no estaban demasiado dispuestos a aceptarlo y afirmaron con empecinamiento a lo largo de las negociaciones que las propuestas del Parlamento Europeo no eran aplicables en la práctica y que su coste era excesivo. 
Hoy escuchamos con satisfacción que algunas compañías petroleras se proponen introducir en el mercado ya a partir del año 2000 nuevos carburantes que cumplen los requisitos que se exigirán como norma a partir del 2005, de conformidad con el resultado de la conciliación. 
El buen resultado de la conciliación entre el Consejo y el Parlamento parece estar surtiendo efecto incluso antes de su entrada en vigor. 
El resultado de la conciliación es bueno. 
La delegación del Parlamento Europeo ha conseguido, en particular, la aceptación de dos aspectos importantes. 
Los requisitos acordados para el año 2005 no son sólo valores orientativos, sino obligatorios. 
Además, será posible introducir requisitos más rigurosos incluso antes de esa fecha y ya existen planes en este sentido, como acabamos de escuchar. 
Si bien el hecho de que las Presidencias del Consejo hayan competido entre sí para anunciar el resultado de esta conciliación también merece, desde luego, una valoración positiva, no debe volver a repetirse que nos veamos obligados a trabajar con tanto apremio y a dejar de lado algunas cuestiones sólo para poder ofrecer un resultado. 
En efecto, un contenido de 30 ppm de lubricantes en el combustible sigue siendo un objetivo que debemos procurar alcanzar, si bien el hecho de que ahora lo hayamos fijado en 10 ppm. sin duda no obstaculizará el desarrollo de tecnologías más modernas. 
A fin de cuentas, este es el valor máximo y nada impide que se puedan ofrecer carburantes mejores. 
La industria automovilística debe abrir ahora el camino hacia la reducción de las emisiones de CO2 en Europa. 
El Parlamento ya ha acogido con actitud crítica en varias ocasiones el anuncio de que para ello se prevé seguir la vía de los acuerdos voluntarios. 
No se trata tanto de debatir si los 120g de CO2 /km de la oferta actual son suficientes- yo creo, que es una cifra aceptable -, sino de que todo el procedimiento adolece, a mi parecer, de una cierta falta de transparencia. 
Debería quedar claro que un acuerdo de esas características ocupará el lugar de un procedimiento legislativo como es debido, o sea, la adopción de una directiva por el procedimiento de codecisión. 
Yo soy escéptico en cuanto a las posibilidades de éxito de este ensayo a escala europea de los acuerdos voluntarios en relación con la reducción de las emisiones de CO2. 
Todas las partes implicadas deberían tener claro lo que está en juego. 
Esta vía habrá fracasado, a mi parecer, si se hace necesario adoptar medidas fiscales para alcanzar los objetivos acordados. 
Si bien ahora contamos con la posibilidad de una cooperación legislativa en el marco de la supervisión, tenemos que dejar claro que los acuerdos voluntarios de este tipo sólo pueden ser la excepción en el ámbito del medio ambiente. 
Señor Presidente, estamos ahora en la fase final de un asunto que ha tomado mucho tiempo pero que va a tener gran importancia para la salud de las personas y para nuestro medio ambiente. 
Las nuevas exigencias respecto a las cualidades técnicas de los vehículos y la calidad de los carburantes en el periodo 2000-2005, que ha sido el resultado del tratamiento en el Parlamento de la propuesta Auto/Oil de la Comisión, serán, con toda seguridad, sensatas y ajustadas a la luz del desarrollo futuro. 
También es importante la facultad de los Estados miembros de usar medios de gestión para acelerar la marcha hacia un medio ambiente mejor. 
A los carburantes de alta calidad les sigue automáticamente una disminución de la cantidad de emisiones tóxicas. 
También hacen posible un desarrollo técnico conducente a la utilización de catalizadores en motores diesel de gran tamaño. 
Así, las emisiones de nitrógeno pueden disminuir sensiblemente. 
Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los ponentes por sus excelentes trabajos. 
Hautala tal vez ha tenido la misión más difícil. 
Ella ha demostrado realmente que la colaboración en materia medioambiental en la UE, con interacción entre las instituciones, es fructífera y representa más para los países que lo que ellos podrían conseguir por separado. 
A pesar de estos éxitos- o tal vez justamente a causa de ellos- debemos seguir adelante con un automovilismo seguro y que respete el medio ambiente. 
Estoy convencido de que la polémica acerca de los consumos de combustible de los coches puede desarrollarse de manera más ofensiva. 
Debería ser posible una disminución de un 25 por ciento para el año 2005. 
En la perspectiva a largo plazo, seguramente veremos el éxito de los coches eléctricos o de los híbridos, en los que se puede combinar un motor eléctrico con uno de combustión interna. 
Sin embargo, esto significará nuevos requerimientos para la producción de electricidad, sin emisiones de gases que incrementen el efecto invernadero. 
La energía hidráulica, la eólica y la nuclear nos dan esa posibilidad. 
Señor Presidente, dentro de diez años, la contaminación proveniente del parque automovilístico comunitario se habrá visto reducida en total un 70 % con respecto a los valores de 1990. 
Éste será el resultado cuando se apruebe el paquete del Comité de Conciliación que atañe a automóviles, vehículos ligeros para usos comerciales y combustibles. 
Es una gran victoria, sobre todo para el medio ambiente y para los ciudadanos europeos. 
Es un paquete legislativo que mediante una mejora de la calidad del aire en Europa contribuirá decisivamente a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. 
El paquete es un ejemplo magnífico de cómo la Comunidad puede brindar resultados trascendentales que redunden en beneficio de la población europea. 
Y como conviene destacar, son resultados que los Estados miembros nunca habrían podido poner en práctica por separado. 
El paquete es también un ejemplo único de cómo puede lograrse- cuando existe la voluntad- combinar una legislación medioambiental ambiciosa con el mantenimiento al mismo tiempo de la competitividad de la industria europea. 
El paquete garantizará que la industria podrá defenderse no sólo en el mercado nacional europeo, sino que también podrá equipararse a las mejores del mundo. 
Me parece, por tanto, que hoy corresponde felicitar a los negociadores del Parlamento y especialmente a los dos ponentes, el Sr. Lange y la Sra. Hautala, quienes han realizado un trabajo magnífico, sin embargo, también hay motivos para dar las gracias a la Sra. Fontaine y al Sr. Collins por sus esfuerzos durante las negociaciones. 
Un resultado semejante- como todos saben- sólo ha sido posible gracias al gran esfuerzo, competente y orientado hacia fines específicos, realizado por todas las partes, entre ellas, por supuesto, también el Consejo bajo la Presidencia británica. 
El Parlamento ha alcanzado bastantes concesiones importantes del Consejo de Ministros en una serie de importantes campos como la comitología, las normas vinculantes para el año 2005 para los parámetros más importantes, acelerar la introducción de la exigencia sobre sistemas de autoevaluación en vehículos diesel y ligeros para usos comerciales, una introducción pronta y gradual de combustibles respetuosos con el medio ambiente y muchas otras cosas. 
Además de estas cosas, es un paquete garantizado para el futuro, como muchos han mencionado también durante el debate. 
Contiene disposiciones que garantizarán que los requisitos de emisión y combustibles más allá del año 2005 sean reexaminados a la luz del desarrollo en las normas para la calidad del aire y las posibilidades tecnológicas que nuevos combustibles y sistemas de locomoción brindarán en el futuro. 
He de reconocer que cuando hace dos años presenté el paquete de aceite para automoción en nombre de la Comisión, no hubiera creído que pudiéramos llegar tan lejos en tan poco tiempo y por ello he de dar las gracias al Parlamento. 
El paquete es por supuesto un compromiso y resulta natural que no todos hayan alcanzado en todos los detalles lo que querían. 
Partiendo de una valoración de conjunto, no me cabe, sin embargo, ninguna duda de que el paquete contiene avances tan decisivos que no cabe más que aprobarlo. 
Representa, por tanto, para mí un placer especial recomendar en nombre de la Comisión la aprobación de este ambicioso paquete. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Interrumpimos la sesión hasta la hora de las votaciones, porque no tendría mucho sentido iniciar el próximo debate e interrumpirlo al cabo de un cuarto de hora. 
(La sesión, interrumpida a las 11.40 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Votaciones 
Les recuerdo que la votación sobre la recomendación para la segunda lectura (A4-0278/98) sobre los extractos de café y de achicoria elaborada por el Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Salud Pública y de Protección de los Consumidores, ha sido aplazada al turno de votaciones de mañana miércoles con objeto de permitir que el ponente consiga un acuerdo de compromiso con los grupos políticos. 
El informe del Sr. Christodoulou (A4-0296/98) también será sometido a votación mañana, ya que el plazo de presentación de enmiendas venció ayer noche. 
Informe (A4-0293/98) del Sr. Monfils, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo bilateral entre la Comunidad y la República de Chipre sobre la participación de la República de Chipre en un programa comunitario en el marco de la política audiovisual común (COM (98) 0242- C4-0428/98-98/0138 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Las tentativas de legislar sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos no es nada nuevo, puesto que la primera propuesta de legislación comunitaria data de 1993. 
Debido a que las tradiciones jurídicas en este ámbito son muy diferentes, e incluso divergentes, ha sido muy difícil alcanzar una posición común con el Consejo. 
El principal problema concreto ha sido la protección de los dibujos de piezas sueltas que se utilizan en las reparaciones, aspecto que planteó dificultades para varios sectores industriales. 
Las cuestiones planteadas eran tan delicadas, que el Consejo finalmente renunció a la armonización de las normativas. 
No ha faltado quien ha visto en ello la antítesis del mercado único. 
Personalmente, pienso que es más razonable ver aquí los límites de la armonización. 
Es imposible uniformar todas las legislaciones de quince naciones con tradiciones jurídicas diferentes, y lo será aún más cuando la Unión Europea se amplíe a los países de Europa del Este que se han liberado del totalitarismo comunista. 
Eso no debe asustarnos. 
La competencia puede soportar las diferencias legislativas y es una quimera pretender una uniformidad total, lo que se asemeja mucho a una fosilización del Derecho. 
Después de todo, los Estados Unidos tienen muchas legislaciones diferentes entre los Estados y no parece que ello cause especial debilidad económica. 
No obstante, el Parlamento deseaba incluir en la directiva una cláusula denominada " cláusula de reparación» , que preveía un sistema que mi Grupo y yo personalmente considerábamos complejo y, sobre todo, sumamente difícil de aplicar. 
Seguimos manteniendo la misma posición y, entonces, consideramos que le Consejo tenía razón al oponerse a esta cláusula. 
Como no se ha llegado a ningún acuerdo, se ha abierto un procedimiento de conciliación. 
A fin de cuentas, no se ha mantenido la cláusula de reparación, lo que nos parece razonable, porque ésta creaba una gran inseguridad jurídica para los diseñadores. 
La resolución adoptada ha sido " congelar» la situación jurídica de los Estados miembros, dejándoles la posibilidad de evolucionar hacia un sistema de protección más flexible. 
Una vez que se apruebe la directiva, los fabricantes de piezas sueltas y los constructores serán invitados a celebrar un acuerdo voluntario sobre la protección de los dibujos y piezas sueltas, lo que nos parece una vía mucho mejor que la uniformación obligatoria. 
En definitiva, no hemos votado a favor de este informe únicamente porque, al estar en contra de la cláusula de reparación, tal y como fue concebida, no nos sentimos decepcionados en absoluto por el resultado del procedimiento de conciliación. 
Como quiera que sea, y aunque estoy en desacuerdo con el ponente sobre esta cuestión, quiero rendir homenaje a su trabajo y a la convicción que ha demostrado, a pesar de que no nos ha convencido de la legitimidad de la cláusula de reparación. 
He votado, igual que mis colegas, a favor del informe del Comité de Conciliación sobre el proyecto de directiva relativo a la protección jurídica de los dibujos y modelos. 
Sin embargo, quisiera aclarar que lamento que la discusión del Parlamento Europeo se haya reducido a los intereses económicos y financieros de la industria de piezas de recambio y haya dejado fuera de consideración algunos problemas jurídicos existentes. 
Una introducción de la cláusula de reparación, que deseaba el Parlamento, cuyo resultado material celebro en interés de los consumidores, habría arrojado por la borda todos los principios de la protección de la propiedad intelectual. 
Apoyo totalmente una protección efectiva de los diseños en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es positivo que ahora se haya logrado retirar los obstáculos legales al libre intercambio de modelos. 
Esta iniciativa es absolutamente necesaria para garantizar el mantenimiento de una libre competencia en el mercado interior. 
El que, aún así, hayan existido importantes discrepancias sobre la directiva se debe al desacuerdo existente en torno a la posibilidad de protección de los diseños de los repuestos. 
Yo mismo he apoyado en todo momento el punto de vista de que los fabricantes de repuestos deben tener oportunidad, libremente y sin obstáculos, de producir y emplear gratuitamente y sin demora repuestos no originales. 
El compromiso, del cual el texto del Comité de Conciliación supone un testimonio, no satisface completamente los puntos de vista antes mencionados, sin embargo, espero que será posible a largo plazo alcanzar normas mejoradas en el campo de los repuestos a fin de incluirlas en la directiva. 
Me siento aliviado de que se haya logrado por fin un acuerdo sobre esta importante legislación entre nuestros negociadores del Parlamento Europeo y de los gobiernos de los Estados miembros. 
Naturalmente, la cuestión de la «cláusula de reparación» ha resultado ser el aspecto más espinoso de la nueva directiva sobre los diseños. 
Me complace que no se vaya a permitir que obstáculo alguno impida la libre circulación de las piezas de recambio para vehículos que en Gran Bretaña muchas empresas de reparación utilizan todos los días. 
Aunque reconozco que la fórmula «standstill plus» de este acuerdo transaccional significa que otros países podrían atenerse a sus usos establecidos de obligar a los propietarios de vehículos a recurrir al fabricante cuando necesitan piezas de recambio, quisiera recomendar que consideren la posibilidad de abrir el mercado de las piezas de recambio a los talleres y demás. 
El usuario en Gran Bretaña se beneficia de la competencia entre fabricantes y empresas de reparación a la hora de comprar piezas de recambio. 
Creo que todos los conductores europeos deben poder elegir su proveedor de piezas de recambio en pro de la competencia leal. 
Desde la perspectiva del Parlamento no puede juzgarse satisfactorio el desarrollo del procedimiento de conciliación, ni tampoco su resultado. 
El Consejo examinó inicialmente con dilaciones esta importante propuesta legislativa, toda vez que la Presidencia luxemburguesa la traspasó a la Presidencia británica. 
En el curso de las negociaciones quedó patente que no sería posible alcanzar un acuerdo sobre la controvertida cláusula de reparación. 
A la vista de la visible ausencia de una voluntad política de alcanzar una solución conjunta en relación con un tema tan importante para el mercado común, es preciso convenir con el ponente en que la presente propuesta permite ofrecer, por un lado, a todos los sectores afectados un fundamento jurídico común europeo para la protección de los diseños, a la vez que, por otro lado, queda excluida la posibilidad de un deterioro de la situación jurídica de la industria de reparaciones. 
Mi Grupo político ha votado favorablemente la propuesta de decisión del Comité de Conciliación por estas consideraciones. 
Informe Lange 
Acojo con beneplácito este informe y convengo con el ponente en que no se puede subestimar la importancia de esta legislación. 
Las reducciones en las emisiones de los vehículos son una absoluta necesidad y el informe refleja propuestas sensatas que lo lograrán. 
Estoy totalmente de acuerdo con la introducción de sistemas de diagnóstico a bordo para todos los vehículos, incluidos los vehículos diesel y los vehículos comerciales ligeros. 
Ése es exactamente el tipo de medidas preventivas que necesitamos adoptar para reducir al mínimo la contaminación atmosférica. 
También es razonable introducir progresivamente la aplicación de diagnósticos a bordo. 
El ponente ha demostrado la debida consideración para con la preocupación pública al argumentar en pro de vehículos medioambientalmente más inocuos. 
Si bien debemos abordar el problema de cómo reducir la contaminación de los vehículos que circulan actualmente, la mayoría de nosotros convendría en que la mejor forma de avanzar es el desarrollo de una concepción medioambientalmente inocua de los vehículos. 
A ese respecto apoyo la propuesta de que se introduzcan incentivos fiscales para la pronta producción de vehículos equipados con avanzados mecanismos anticontaminación. 
Informe Hautala 
Hoy el Comité de Conciliación presenta un paquete de medidas contra la contaminación que trae aparejada una serie de importantes consecuencias económicas. 
Gracias al trabajo de nuestro Pleno, se han aprobado tres textos. 
De ello se deriva, por lo tanto, una directiva que arranca directamente del programa Auto-oil de hace algún tiempo, una operación que implicó, junto con nuestro Pleno, también a la Comisión y a las industrias del automóvil y petroleras. 
Actualmente, el objetivo prioritario es mejorar la calidad del aire que respiramos y ello supone la fijación de una estrategia europea que permita reducir las emisiones de los vehículos a través de la promulgación de una legislación comunitaria que, por fin, sea lo más transparente posible y que permita a la industria, en particular a la del automóvil, planificar las inversiones de su sector para hacer frente a las reconversiones necesarias con vistas a la fabricación de las futuras generaciones de vehículos. 
A pesar de que, por una especie de autoprotección, la industria petrolera parece que exagera los costes de las inversiones que considera necesarias para poner a punto la construcción de nuevas refinerías, costes que repercutirán directamente en los conductores, en nuestra opinión, el establecimientos de normas que prevean beneficios fiscales precisamente en favor de los conductores, principales consumidores del sector, permitirá realizar, al fin, las inversiones necesarias. 
El acuerdo entre el Consejo y el Parlamento permitirá mejorar técnicamente la calidad del aire gracias a la prevista obligación de añadir oxígeno al gasóleo, de disminuir el contenido de azufre, benceno y sustancias aromáticas en el carburante normal y de reducir las emisiones de anhídrido carbónico. 
Conforme a los preceptos de la directiva, el carburante con plomo dejará de comercializarse después del año 2000, excepto en los casos en que las condiciones climáticas sean favorables a su empleo o cuando ello causare perjuicios económicos más graves. 
A partir del mes de enero del 2000, también la gasolina sin plomo y el gasóleo ecológico deberán cumplir requisitos más estrictos. 
Los términos previstos son bastante comprometidos, sobre todo porque la Comisión, a quien se le deberá presentar la solicitud, será muy parca en autorizar las excepciones que se concederán sólo previa solicitud debidamente motivada y por un plazo muy limitado. 
Las directivas sobre los automóviles y las gasolinas han sido objeto de numerosos debates y han despertado emociones en el mundo de la industria. 
A pesar de que nadie discute la necesidad de proteger el medio ambiente, debemos admitir que dicha protección tiene un coste que no deberíamos olvidar. 
Después de dos lecturas en el Parlamento, la posición común ha sido enviada al Comité de Conciliación. 
El proyecto que nos ha sido presentado, ha sido aprobado unánimemente por la delegación del Parlamento. 
El compromiso alcanzado se sitúa entre la posición del Consejo de Ministros y la del Parlamento Europeo. 
De este modo se ha evitado una posición ecologista maximalista y, por tanto, poco razonable en el plano económico. 
Hay que señalar, no obstante, que las especificaciones elegidas son considerablemente más estrictas que aquéllas elegidas inicialmente por la Comisión Europea. 
Las normas que había mantenido el Consejo de Ministros, aplicables a partir del 2005, sólo tenían un carácter indicativo, pero ahora serán obligatorias. 
Las especificaciones más polémicas han sido aquéllas relativas al azufre y a las sustancias aromáticas. 
No debemos ocultar el enorme esfuerzo que se exige a las compañías petroleras, así como al sector automovilístico. Ello debe llevar al legislador europeo a garantizar a las empresas la estabilidad de las normas establecidas, y a no lanzarse en una carrera de normas cada vez más estrictas, sobre todo teniendo en cuenta que las innovaciones tecnológicas no facilitan las cosas sin entrañar costes industriales desproporcionados en relación con los beneficios obtenidos para la mejora del medio ambiente. 
Mi Grupo ha aprobado, sin demasiado entusiasmo, esta posición común que representa un compromiso aceptable, tanto en lo que respecta a las obligaciones industriales, como a la protección del medio ambiente. 
Como ya manifesté en el debate del Pleno del 17 de febrero de este año, mi postura a favor del informe Hautala, postura tomada prácticamente en solitario dentro del grupo de diputados de mi Estado miembro, hoy reitero de nuevo mi apoyo al acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento en el Comité de Conciliación sobre la calidad de los combustibles a partir del año 2000 y del año 2005, porque, como ya dije en este Hemiciclo y hoy vuelvo a repetir, los combustibles más limpios, o sea, menos contaminantes, son un paso decisivo en la defensa de la salud del ciudadano europeo. 
Hoy como ayer, mi voto va en el mismo sentido: primar la salud y la calidad del aire que respiramos y no los intereses privados de algunas petroleras. 
Elegimos apoyar la posición común, puesto que aumentar la exigencia de reducción de las emisiones de los vehículos conducirá a una disminución de las sustancias contaminantes del aire y con ello redundará en beneficio de la salud de las personas y del medio ambiente. 
Señalar la necesidad de una estrategia encaminada a reducir las emisiones contaminantes del aire, con la vista especialmente puesta en las áreas urbanas, nos parece que refleja una política medioambiental responsable, porque es especialmente en las áreas urbanizadas en las que estos problemas ambientales se dejan sentir. 
De la misma manera pensamos que se trata de un paso en la dirección correcta permitir que en casos específicos cada Estado miembro pueda exigir que la comercialización de combustibles sólo se lleve a cabo si éstos cumplen especificaciones medioambientales más estrictas que las que se establezcan en la directiva. 
Con ello se respeta el derecho de los Estados miembros a aprobar medidas que vayan más lejos que las aprobadas por la Comunidad. 
Animar a que cada país miembro emplee de manera más activa incentivos fiscales en forma de impuestos sobre consumos específicos diferenciados, nos parece que encierra, además, perspectivas positivas junto a la posibilidad de una tributación más ajustada de las sustancias especialmente contaminantes para el medio ambiente. 
Queremos subrayar, sin embargo, lo problemático de que cada Estado miembro no pueda decidir independientemente de las decisiones del Consejo una diferenciación de los impuestos sobre consumos específicos. 
La atención a un mejor medio ambiente no debe ser utilizada como excusa para una mayor armonización de los impuestos sobre consumos específicos. 
El informe es muy provechoso por contener normas obligatorias más rigurosas sobre emisiones de gases, en dos etapas, desde el año 2000 hasta el 2005. 
En los diferentes países se pueden usar incentivos fiscales para estimular la renovación y desguace de vehículos viejos. 
Se intensifican las exigencias de control de los niveles de emisión de gases. 
Mediante las propuestas contenidas en el informe Hautala se mejora la calidad de la gasolina y el gasóleo prohibiéndose la gasolina con plomo desde el 1 de enero del año 2000. 
Los países miembros pueden introducir normas más estrictas e impuestos puntuales diferenciados. 
Todo esto está muy bien. 
He votado favorablemente este informe. 
Sin embargo, es necesario que diseñemos una estrategia para eliminar de nuestras carreteras los vehículos propulsados por gasolina y gasóleo. 
Esos combustibles deben ser reemplazados por otros más ecológicos como etanol y metanol y por coches eléctricos y vehículos híbridos que se puedan propulsar por energía eléctrica, por ejemplo en ciudades y lugares poblados. 
Informe González Triviño 
El informe de nuestro colega Antonio Triviño llega en un momento especialmente doloroso, y no podemos por menos que dar el pésame a las familias que se han visto afectadas por la tragedia de Swissair. 
Ante esta dolorosa actualidad, este texto adquiere mayor sentido y debemos tomar conciencia de que los riesgos relativos al transporte aéreo afectan a todas las compañías sin excepción. 
Asimismo, aunque el riesgo cero no existe, nuestro único objetivo debe ser aspirar a ese resultado, y me congratulo de las enmiendas que el ponente desea incluir en el texto del Consejo. 
En este sentido, comparto el afán de transparencia de la Comisión respecto a dejar la elección al usuario con pleno conocimiento de causa. 
Hay que luchar también contra las desregulaciones y la ley de la selva en materia de tarifas, lo que conduce a una reducción de los umbrales de seguridad. 
Por último, quiero recordar una vez más que este medio de transporte es uno de los más seguros, si no el más seguro de todos, y creo que el Parlamento Europeo no debe perder de vista la necesidad de legislar en otros sectores, en particular, el del transporte por carretera, con el fin de reducir considerablemente las hecatombes que presenciamos cada año en nuestra red de carreteras. 
Recordemos que en todo el planeta se producen menos de 2.000 muertes por accidentes de aviación y 8.000 en las carreteras francesas. 
Nadie mejor que los diputados europeos podría apreciar la necesidad de no aceptar compromisos en materia de seguridad en los transportes, en particular en los transportes aéreos. 
Estamos en el primer puesto de los «frequent flyers» mundiales, viajamos con múltiples compañías, en múltiples países y en múltiples aeropuertos. 
La tendencia a la facilidad conduce fatal e inevitablemente a la tragedia. 
Nuestra vida cotidiana ha pasado a contar con un número impresionante de catástrofes aéreas y de víctimas, lo que es consecuencia no sólo del aumento del tráfico, sino también de la relajación de las normas de seguridad por parte de empresas menos escrupulosas y legislaciones permisivas. 
La posición del Consejo, sobre todo en su respuesta a las observaciones de la Comisión y del Parlamento Europeo en primera lectura sobre la propuesta de directiva que instituye una evaluación de los índices de seguridad de las aeronaves de terceros países que surcan el espacio comunitario, es simplemente inaceptable. 
Ha vaciado completamente de contenido las propuestas más innovadoras y que permiten una eficacia real en el control de dichas aeronaves. 
En nombre del miedo a las represalias de terceros países, el Consejo abdica de una intervención a escala comunitaria, del derecho a la información sobre los riesgos que corren los usuarios de los transportes aéreos y del restablecimiento de normas de competencia leal, imponiendo a las aeronaves de terceros países normas de seguridad iguales a las que ya están en vigor para las aeronaves comunitarias. 
Al proceder así, el Consejo ha regresado al punto de partida, lo que equivale a decir que todo seguirá igual. 
Si, después de la aprobación de las enmiendas propuestas por el ponente, que apoyo en su totalidad, el Consejo persiste en su actitud inmovilista, resultará, en el futuro, moralmente responsable de todos los accidentes que se podrían haber evitado con la aprobación de una directiva que no sitúe la seguridad en el nivel de un simple negocio. 
Tengo mucho gusto en prestar apoyo a las gestiones de nuestros gobiernos nacionales y del autor de este informe para lograr que nuestros cielos sean más seguros para el público viajero, el personal de las líneas aéreas y todos los que vivimos bajo las trayectorias de vuelo de los congestionados aeropuertos de Europa. 
Resulta más que razonable pedir que las aeronaves no europeas que utilicen nuestro espacio aéreo cumplan las normas más estrictas de seguridad. 
Este informe está acertado al pedir inspecciones rápidas de dichas aeronaves en los casos en que preocupe a las autoridades el incumplimiento de las normas internacionales de seguridad. 
Sin embargo, igualmente importante es la petición que figura en este informe de que se informe al público sobre las empresas cuyas aeronaves sean obligadas a permanecer en tierra y que se le diga qué medidas correctoras se han adoptado para solucionar los problemas de esas aeronaves. 
Tal vez todos los diputados al Parlamento Europeo que hablen sobre este asunto deberían declarar un interés, ya que debemos utilizar los viajes aéreos para desempeñar nuestras funciones parlamentarias en nuestros países y aquí, en Estrasburgo, pero, en realidad, todos nosotros, tanto si viajamos como si no, tenemos un interés vital en la seguridad de las aeronaves que vemos volar por encima de nuestras casas. 
Sé que los ciudadanos a los que represento de la zona de los alrededores del congestionado aeropuerto de Manchester desearán que se aprueben estas propuestas sobre la seguridad lo antes posible. 
(La sesión, interrumpida a las 12.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Cambios climáticos 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre su estrategia tras la Conferencia de Kyoto sobre los cambios climáticos. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, la Sra. Bjerregaard. 
Señor Presidente, distinguidos miembros, celebro poder dirigirme hoy a ustedes para hablarles de los cambios climáticos a colación de los preparativos previos a la cumbre de ministros a celebrar en Buenos Aires. 
Por supuesto que espero que seamos algunos más en este viaje. 
La Unión Europea demostró tanto en Río como en Kioto que podíamos, ejerciendo el liderazgo, llegar a un acuerdo sobre un problema medioambiental global tan complicado como los cambios climáticos, aunque las posiciones de los actores principales estuvieran enfrentadas desde el comienzo. 
La Unión Europea puede también mostrar resultados en lo que se refiere a sus compromisos internos. 
Los últimos datos muestran que la Comunidad está cerca de estabilizar las emisiones de CO2 el año 2000 en los niveles de 1990. 
Desde Kioto, la UE ha tratado este asunto al más alto nivel político. 
Hemos mantenido el liderazgo y nos hemos ocupado de asegurar la entrada en vigor del protocolo de Kioto. 
Permítaseme mencionar meramente cuatro hitos en este camino. 
En primer lugar, la UE y sus Estados miembros firmaron el protocolo en abril de este año. 
Ahora todos los esfuerzos van encaminados a convencer a las otras partes para que también lo firmen. 
En particular, resulta importantísimo que el gobierno norteamericano y la Federación Rusa muestren la voluntad política de cumplir con sus obligaciones y firmen el protocolo. 
Esta firma debe producirse, en la medida de lo posible, antes de la cumbre de Buenos Aires. 
Presionaré a tal efecto cuando dentro de unos días me encuentre tanto con el ministro americano como, es de esperar, con el ministro ruso para celebrar en Tokio una reunión informal de ministros. 
A este respecto, me alegra el esfuerzo realizado por parte del Parlamento para convencer a los señores miembros del Congreso norteamericano para que ratifiquen el protocolo. 
Es un punto importante y todos nosotros debemos trabajar a fin de obtener resultados. 
En segundo lugar, en la sesión del Consejo de Medio Ambiente de junio logramos llegar a un acuerdo sobre el reparto de las cargas de la media comunitaria dentro de los Estados miembros. 
Supone también una noticia importante para el mundo circundante. 
En tercer lugar, en junio dí a conocer una comunicación sobre los cambios climáticos que fija los primeros pasos de una estrategia general del cambio climático para la UE. 
Y finalmente, en cuarto lugar, celebré ayer una reunión con los diez países solicitantes, en la que precisamente el clima y la cumbre de Buenos Aires fueron uno de los temas principales. 
Celebro poder comunicar al Parlamento la existencia de un total respaldo a la postura comunitaria y también de la voluntad política de apoyarla. 
Muchos de los países tratarán igualmente de firmar el protocolo antes de la cumbre de Buenos Aires. 
Estas cuatro actuaciones concretas han aumentado por supuesto la credibilidad de la UE y nos permiten mantener nuestro liderazgo. 
Nuestra intención es lograr poner en práctica los resultados de Kioto y por ello ahora podemos concentrarnos en las cuestiones a las que se deberá hallar soluciones en Buenos Aires. 
¿Qué queremos de Buenos Aires? 
La cumbre, en mi opinión, es sumamente importante para dejar fijado un plan de actuación común que delimite los principios fundamentales para la ejecución del protocolo. 
La UE debe volver a tomar el timón del barco para garantizar avances esenciales en Buenos Aires, también dentro de algunos de los ámbitos problemáticos. 
Mi deseo es regresar de Buenos Aires con un amplio y ambicioso plan de actuación y un plazo de tiempo para solucionar los últimos problemas de Kioto. 
En un plan de actuación semejante hemos de estar abiertos a las ideas que puedan ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos ambientales en un plazo mayor de tiempo, incluidos los mecanismos de flexibilidad. 
En este sentido, aparece también un conjunto de principios, incluido en la decisión, especialmente interesante y que merece una mayor atención. 
Con todo, uno no debe hacerse ilusiones sobre la facilidad de hallar soluciones cuando tiene por un lado al llamado grupo paraguas con los Estados Unidos a la cabeza, exigiendo un uso ilimitado de los mecanismos de flexibilidad, y por otro lado al G77 y China, quienes han votado a favor de un uso más cuidadoso y controlado. 
No hemos de olvidar tampoco la otra controversia que afecta a las negociaciones, relativa a una participación significativa de los países en vías de desarrollo como condición para la ratificación de los Estados Unidos. 
Aquí como en Kioto el liderazgo de la UE puede ser el que garantice la obtención de un resultado positivo. 
En esto estoy de acuerdo con el Parlamento en que ha de utilizarse cualquier oportunidad dada para establecer un diálogo. 
Permítaseme, sin embargo, emplear esta ocasión para subrayar que un temprano esfuerzo en el plano nacional continúa siendo uno de los pilares fundamentales del protocolo de Kioto y una de las contribuciones más importantes a la hora de cumplir los compromisos de las partes. 
Un elemento importante de los esfuerzos nacionales, sobre todo, en la UE, lo constituirán, por tanto, la existencia de medidas comunes y coordinadas. 
Por esta razón estoy muy contenta de que el Parlamento haga referencia en la decisión a la necesidad de instrumentos económicos y fiscales. 
La UE se mantiene en cabeza en varios ámbitos, en lo relativo a impuestos sobre el carbón y la energía, acuerdos ambientales con la industria y promoción de fuentes de energías renovables. 
En este camino ya hemos hecho avances combatiendo las emisiones y recomendando a otros países que sigan nuestro ejemplo. 
Mi objetivo es asegurar futuros avances en lo que se refiere a estas cuestiones en Buenos Aires y también a los principios elaborados por nosotros y conseguir que aparezcan reflejados en el plan de actuación que pudiera ser aprobado. 
La Comisión ha definido en su comunicación sobre los cambios climáticos una serie de principios clave en cuanto a los mecanismos de flexibilidad. 
Estoy convencida de que pueden desempeñar un importante papel a la hora de aceptar nuestros compromisos con los menores costes. 
Me sumo, por tanto, al llamamiento del informe sobre la conveniencia de emplear esta flexibilidad. 
Con todo, me gustaría subrayar que la flexibilidad que incluye el comercio y otras actividades presupone que los participantes puedan vigilar y controlar sus propias emisiones o empleando una expresión inglesa: No trade without tracking. 
Es fundamental que en Buenos Aires hagamos avances a la hora de fijar las normas que han de servir para determinar el empleo de los mecanismos de flexibilidad. 
Además, permítaseme mencionar que un control riguroso y con ello la posibilidad de imponer multas deben ir unidos a la puesta en marcha del protocolo. 
Si se abre la mano en lo que se refiere al cumplimiento de las normas del protocolo y de esta forma algunos se aprovechan de los esfuerzos de otros países, nunca podremos combatir los cambios climáticos. 
De ahí que ruegue encarecidamente a los participantes en la cumbre de Buenos Aires que lleguen a un acuerdo sobre las normas para la puesta en marcha del acuerdo. 
Finalmente, estoy firmemente convencida de que son fundamentalmente los países industrializados los que están obligados a presentar propuestas sobre el modo de solucionar el problema climático en la práctica. 
A pesar de todo, nosotros lo hemos creado. 
Cuando hayamos elaborado normas claras y asegurado un riguroso cumplimiento de los mecanismos de flexibilidad, será mucho más lógico hablar con los países en vías de desarrollo de sus compromisos. 
Hasta entonces, hemos de seguir trabajando junto a ellos sobre las cuestiones que más les preocupan, tales como los mecanismos para un desarrollo sostenible y la transferencia de tecnología. 
Para hacer un seguimiento de la cumbre de Buenos Aires y teniendo en cuenta las estrategias nacionales aprobadas por los países miembros, la Comisión tiene la intención de presentar una estrategia de ejecución más amplia para los cambios climáticos en la primera mitad del año 1999. 
Un paso importante hasta entonces será que el Consejo apruebe lo más rápidamente posible las propuestas que ya hay sobre la mesa, por ejemplo, la propuesta de la Comisión sobre impuestos ambientales o las propuestas relativas a una política de transportes más efectiva. 
Espero también que la cuestión del cambio climático se integre paulatinamente en otras políticas sectoriales, tal y como solicitó el Consejo de Europa en su reunión de Viena. 
Señor Presidente, quiero concluir agradeciendo una vez más los constructivos esfuerzos del Parlamento para difundir el conocimiento de la problemática del clima y el apoyo brindado por el Parlamento a la Comisión en cuanto a la puesta en marcha. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo agradezco sus declaraciones y, antes de entrar en el debate, desearía recordar los cinco principios en los que se basan las disposiciones reales para la protección del clima que ya se adoptaron en Río. A saber: una responsabilidad común pero diferenciada; la contemplación de las necesidades especiales de los países en desarrollo; el principio de prevención; el principio del desarrollo sostenible; y, además, que las medidas para combatir el cambio climático estén en consonancia con el precepto de la OMC que obliga a evitar discriminaciones injustificadas. 
Yo quisiera recordar en particular precisamente este último punto, ya que si hablamos de solidaridad y equidad en el marco de este debate, si decimos que es necesario que los países industriales- que a fin de cuentas han sido y siguen siendo los que originan las elevadas emisiones de gases nocivos para el clima- se comprometan más firmemente a reducirlas- y en este sentido yo sólo puedo apoyar sus palabras, señor Comisaria- y que nos adelantamos a sentar un buen ejemplo, como intentamos hacer en la Unión Europea con la creación de la " burbuja» , en relación con la cual también asumiremos una responsabilidad común pero diferenciada, entonces es necesario que también se proceda de manera equitativa en las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos al amparo de los mecanismos de flexibilidad. 
Tenemos que establecer claramente, tal como ya se estableció en el Protocolo de Kioto, que las medidas que se adopten deben ser de carácter adicional y no excluyentes, y también debería quedar muy claro cómo se podrá verificar este intercambio de emisiones, cómo se podrán medir éstas. 
Es preciso aplicar los mismos procedimientos de medición en todo el mundo, a fin de evitar que los países en desarrollo sospechen que los países industriales desean evitarse por segunda vez el esfuerzo, en cierto modo a sus expensas. 
La transferencia de tecnología es un tema de suma importancia y yo aguardo con gran expectación el plan de acción, ya que pienso que la Unión sólo podrá conservar su liderazgo en relación con este tema si nos adelantamos a adoptar nosotros mismos medidas encaminadas en última instancia no sólo a proteger el clima, sino en realidad también a modernizar nuestra economía. 
La voluntad política es posiblemente el elemento más decisivo y yo pienso que, si bien- como declaró hace muchos años la señora Brundtland- los políticos que hoy adoptan las decisiones ya no estarán vivos cuando se experimenten las consecuencias de las mismas, los políticos de hoy estamos obligados a cambiar nuestro proceder, a fin de que el clima no se modifique tanto como es de temer que ocurra si seguimos actuando de la manera acostumbrada. 
Señora Comisaria, muchas gracia por su declaración. 
Ayer el presidente de la British Petroleum, BP, declaró que las compañías petroleras sufrirían si siguieran oponiéndose a la evidencia del cambio climático. 
Es hora de que Exxon y otras compañías petroleras de la climate coalition adviertan que, si no cambian de actitud, van a tener que afrontar medidas de represalia de los consumidores europeos. 
Hasta ahora no lo hemos hecho, pero tal vez tengamos que pasar a hacerlo, porque ese grupo de compañías es el mayor obstáculo para la aplicación de las decisiones de Kyoto. 
Al ojear ahora el texto de la resolución que el Parlamento va a aprobar, comprobamos que es de naturaleza diferente de las anteriores resoluciones. 
En este caso se trata de una línea estratégica para Buenos Aires, sobre todo por lo que se refiere al respeto de los mecanismos de flexibilidad, y no sólo a la reafirmación de nuestra posición, que se mantiene totalmente inalterada, sobre el cambio climático. 
Nosotros aceptamos la aplicación íntegra de las conclusiones de Kyoto, incluidos los mecanismos de flexibilidad o de emission trading. 
Ahora bien, dichos mecanismos deben obedecer a algunos principios. 
En primer lugar, tienen que ser complementarios y no absolutos, es decir, que no substituyen en modo alguno las medidas internas nacionales de reducción de las emisiones. 
En segundo lugar, el objetivo global de todo el esfuerzo de Kyoto y de Buenos Aires consiste en obtener, en determinado plazo, la convergencia progresiva de los derechos de emisión con una base por habitante entre todos los países del mundo. 
Y está bien que se diga esto, porque los Estados Unidos y Europa tienen una cuota de emisiones por habitante muy superior a la de las emisiones por habitante de gran parte de los países del mundo. 
En tercer lugar- y esto es lo importante en Buenos Aires -, es indispensable la aclaración de los mecanismos de emission trading, de joint implementation y de clean development. 
¿Qué se puede negociar? 
No está claro, hoy en día. 
¿Quién negocia? 
¿Cuál es el valor de la depreciación, de la desvalorización, de cada título emitido a lo largo de los años? 
¿Quién controla los derechos de emisión y la forma como las empresas cumplen aquello a lo que se obligan en el mecanismo de trading? 
Nada de eso está claro hoy, para mí, y hasta ahora no he visto aún posiciones de la Unión Europea que me aclaren sobre la actitud que se debe adoptar en Buenos Aires. 
También debe quedar claro que no va a ser posible la utilización del hot air en los mecanismos de emission trading. 
Señora Comisaria, estamos con usted, la apoyamos en su lucha por conseguir que, en el nivel del Colegio de Comisarios, se adopte una política contra el cambio climático. 
Hasta ahora no ha sido así. 
Las ecotasas están paralizadas en el Consejo, pero la Comisión ya podría haber hecho más. 
La política de apoyo a las energías renovables y la eficiencia energética sigue consistiendo sólo en declaraciones y comunicaciones, pero aún no se ha transformado en un mecanismo, en una política operacional, de la Unión Europea. 
Estamos con usted, pero estamos vigilantes, señora Comisaria. 
Señor Presidente, Kioto también supuso un gran éxito por la firme actuación de la Comisaria Bjerregaard. 
No obstante, todavía deben decidirse una serie de cuestiones en Buenos Aires. 
Esos mecanismos flexibles deben detallarse. 
Se trata de la joint implementation, del clean development mechanism, del emission trading y de todos esos mecanismos flexibles; su correcta configuración empujará a los Estados Unidos a aceptar Kioto y, de hecho, a hacer algo en cuanto a la problemática del CO2. 
Aquí se ha pasado revista a todo tipo de asuntos importantes: los sinks, el trading y el hot air, todo debe solucionarse en Buenos Aires. 
Pero, sobre todo, estoy completamente de acuerdo con Carlos Pimenta, debe hacerse algo sobre los caps. 
Debemos procurar que, como consecuencia del comercio de emisiones, no se adopten disposiciones nacionales. 
Por ello, debe limitarse este comercio. 
Quisiera preguntar a la Sra. Comisaria si allí va a manifestar claramente su postura respecto de este asunto. 
Por último, observo que el sector del transporte es responsable de casi el 25 % de las emisiones de efecto invernadero y esta cifra sólo aumentará. 
Así, en el año 2010 alcanzará el 40 %. 
Cuando ahora veo cómo es el acuerdo voluntario con la industria del automóvil, el resultado me parece insuficiente. 
Quisiera que la Sra. Comisaria expresara su opinión sobre ese acuerdo alcanzado con la industria del automóvil en relación con el CO2. 
Por último, ruego a la Sra. Comisaria que coseche en Buenos Aires el mismo éxito que en Kioto. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas. Señora Comisaria, yo no espero de usted que contribuya a calentar más el aire con sus palabras, sino una explicación. 
Al igual que algunos otros colegas, yo habría deseado conocer el contenido de las directrices. 
Ustedes han hablado, por un lado, de "marcar un hito» y de" actuar en casa» , mientras por el otro lado resaltaban repetidamente los mecanismos de flexibilidad. 
¿Qué alcance tendrán las medidas directas y cuál, los mecanismos de flexibilidad? 
En Kioto se habló de una proporción del 50 %, a partes iguales. 
Los Verdes presentamos una enmienda en este sentido, que se someterá a votación el jueves. 
Yo desearía que me respondiese claramente cuáles son los porcentajes y cuál es su posición en relación con dicha enmienda de los Verdes. 
En efecto, yo considero que la propuesta de resolución de la Comisión de Medio Ambiente es insuficiente. 
A nuestro parecer, constituye un juramento declarativo, ya que supone plegarse a los intereses de la industria y de Estados Unidos. 
Se habla efectivamente de un alto grado de flexibilidad pero, sin embargo, estimado colega Pimenta, lamento tener que decir que en la propuesta de resolución ni siquiera se menciona el impuesto energético sobre las emisiones de CO2. 
Nosotros propusimos medidas concretas y un modelo de liderazgo. 
Lamentablemente nuestra propuesta no obtuvo un apoyo mayoritario en la comisión. 
En el proyecto de resolución, el punto relativo al intercambio de emisiones parece dictado por Estados Unidos. 
Se admite el intercambio de emisiones sin limitación alguna. Esto representa un giro total con respecto a la política de protección del clima de esta Cámara. 
Me parece vergonzoso que se admita el intercambio de emisiones sin limitación alguna, ya que esto equivale a vaciar de contenido el Protocolo de Kioto. 
Todos sabemos que a los países industriales les resulta más barato hacer acopio de aire recalentado que aplicar en su propio país ni siquiera las medidas más sencillas para promover el ahorro energético. 
Nosotros nos oponemos a este giro total en la política de protección del clima, pues sabemos que el abandono de una política consecuente en este ámbito con la adopción determinadas medidas, también supondrá la pérdida de nuestro liderazgo en este ámbito. 
Si no se adoptan medidas de política climática de ámbito nacional y europeo, las emisiones se incrementarán un 8 % como mínimo hasta el año 2010, en vez de reducirlas en un 8 %, como se prometió en Kyoto. 
Yo quisiera sumarme a la petición del señor Eisma y rogarle a la señora Comisaria que nos diga algunas palabras sobre el compromiso voluntario de la industria automovilística. 
Tal como usted lo ha propuesto, éste me parece ridículo. 
Yo creo que no se puede hablar de éxito cuando se concede a la industria un plazo de 22 años para reducir sólo en un litro el consumo de energía. 
Yo creo que se trata de un fracaso para la política de protección del clima. 
¡Tenemos que empezar por fin a adoptar medidas! 
Señor Presidente, permítaseme recordar que fuimos a Kyoto con la meta de reducir las emisiones contaminantes en un 15 %. 
Permítaseme recordar también que, según el IPCC, necesitamos una reducción del 60 % de las emisiones en el año 2100. 
Permítaseme recordar también que todos convinimos en que a largo plazo los derechos de emisiones en todo este planeta se deben determinar con una base por habitante. 
Según el apartado 3 del artículo 3, se podrían tener en cuenta las medidas de forestación y reforestación para no reducir nuestra cuota de emisiones. 
Por otra parte, tenemos el claro mecanismo de desarrollo que permite a los países que no son partes en el Anexo I pasar a serlo y nos permite financiar proyectos encaminados a reducir las emisiones en los países que no son parte en el Anexo I: países en desarrollo, etc. 
Existe un gran riesgo: la amenaza para la biodiversidad. 
Los países industrializados podrían financiar las plantaciones en los países que no son parte en el Anexo I. Ya hemos visto a lo que ha conducido eso en Indonesia. 
Quisiera referirme al excelente documento de la Presidencia austríaca relativo a la silvicultura: el documento presentado al órgano subsidiario consultivo científico y técnico. 
La Presidencia austríaca dice que siempre debemos considerar la cuestión de la biodiversidad. 
También dice que no se debe tener en cuenta la gestión de los bosques para cumplir los compromisos de conformidad con el apartado 3 del artículo 3. 
Constituye una garantía de que ningún país podrá seguir convirtiendo los bosques en plantaciones de crecimiento rápido. 
Debemos atenernos a esa orientación y felicitar a los austríacos por haber hecho esa propuesta. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, quince mil científicos norteamericanos han firmado recientemente una petición que desmiente categóricamente la tesis de los medios de comunicación sobre el efecto invernadero. 
Basándose en pruebas, afirman que el aumento de gas carbónico durante el siglo XX no ha tenido ningún efecto negativo sobre la meteorología global, el clima ni la temperatura, y que las predicciones catastróficas no se ajustan a la experiencia. 
En cambio, el crecimiento de las plantas y, por consiguiente, de la producción agrícola, se ha visto claramente acelerado. 
No obstante, nadie ha podido escapar hasta ahora de la propaganda mundialista sobre el efecto invernadero. 
Según la tesis oficial, las emisiones de gas carbónico calientan el planeta. 
Toda una serie de males se abatirá inexorablemente sobre nosotros, si no cerramos enseguida la caja de Pandora industrial. 
Los casquetes polares y los glaciares se fundirán, el nivel del mar subirá, las tierras bajas y un gran número de islas quedarán sumergidas, los tornados aumentarán en número y en potencia, las enfermedades tropicales avanzarán hasta nosotros, las lluvias se verán perturbadas, las sequías se multiplicarán y esterilizarán países enteros, etc. etc. 
En realidad, señor Presidente, en esta visión catastrófica queda por ver cuáles son los intereses del lobby mundialista que ha creado esta amenaza global. 
No el efecto invernadero, sino la socialización mundial de la economía, a través de normas ecológicas que se aplicarán a unos países y a otros no. 
Los países en vías de desarrollo, que pronto emitirán la mitad de los gases de efecto invernadero, han quedado exentos de toda reducción de sus emanaciones, lo que es concebible. 
Cabe plantearse seriamente si no se tratará de una amenaza de nuevo cuño. 
Los científicos norteamericanos se han organizado y han reaccionado, bajo la autoridad de Frederick Seitz, antiguo presidente de la Academia Norteamericana de las Ciencias. 
Señor Presidente. Señor Gollnisch, aunque su crítica fuese justificada, el ahorro energético seguiría teniendo sentido. 
Nos permitiría proteger nuestros recursos y reducir nuestra dependencia de las importaciones. 
En definitiva, determinar si los climatólogos están en lo cierto o no es un problema científico que no se puede dirimir en un Parlamento. 
El tema que nos ocupa es sobre todo la prevención. 
En nuestra calidad de políticos, nos encontramos por primera vez ante una hipótesis que parece muy plausible y frente a la cual tenemos que responder, y si no lo hacemos podemos cometer el error más grave que jamás haya cometido la humanidad. 
Por esto, yo pienso que es bueno que en Europa exista a pesar de todo un consenso relativo en torno a la necesidad de reducir las emisiones de gases de invernadero. 
A continuación, yo quisiera dirigir algunas palabras a la Comisión. 
Ha hablado usted bien, señora Comisaria. La felicito y también creo que dice la verdad cuando afirma que sus intenciones son serias. 
Sin embargo, al final lo que contará no serán nuestras palabras, sino los resultados que indiquen los instrumentos de medida. 
Mediremos si efectivamente hemos emitido menos gases de invernadero o no. 
Y yo tengo mis dudas al respecto. 
En efecto, lo que se está llevando a cabo en Europa es una estabilización con algunas incertidumbres, por ejemplo en el sector del transporte: los automóviles son mejores, pero ha aumentado su número y dentro de unos años las emisiones de CO2 procedentes de los mismos seguramente serán mucho más elevadas que ahora, aunque se haya reducido un poco su consumo. 
En los hogares no ha habido absolutamente ningún cambio. 
Es cierto que los electrodomésticos han mejorado, pero las casas son de mayor tamaño y también aumenta el número de hogares, porque las familias son más reducidas. 
Todo esto puede encontrarse escrito. 
La Comisión misma lo ha investigado y lo ha expuesto. Yo me baso, de hecho, exclusivamente en sus propios datos. 
Esto significa que tenemos que hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora a partir de nuestros documentos. 
Tenemos que transponerlos en forma de políticas prácticas. Esto nos lleva enseguida al tema, no de las profesiones de fe- en esto estamos de acuerdo -, sino de la financiación. 
¿Cómo se debe financiar la tecnología, que a menudo ya existe, para conseguir que ésta se aplique para reducir la emisión de gases de invernadero? 
El verdadero interrogante que se plantea, al menos según se desprende de mi propia experiencia, es el siguiente: ¿cómo podemos financiar programas a largo y medio plazo? 
Podemos financiar el túnel bajo el canal de la Mancha con unas condiciones que suponen que quienes aportan los fondos sólo empezarán a percibir sus réditos dentro de muchos años. 
¿Por qué no podemos mejorar y financiar por adelantado los edificios que construimos en Europa de manera que nos permitan ahorrar una gran cantidad de energía? 
¡Sería un buen negocio! 
Sin embargo, a pesar de la reducción de los precios de la energía, al parecer no estamos en condiciones de hacerlo. 
También hemos hecho a menudo grandes declaraciones en favor de las energías renovables, pero hasta la fecha yo todavía ignoro cómo nos proponemos abordar esta cuestión. 
Cuentan con mi respaldo para ello, pero cómo se llevará a la práctica con la actual reducción de los precios de la energía y en la ausencia- criticada con razón- de un impuesto sobre la energía. 
Una reforma fiscal de signo ecológico es una condición sine qua non para un cambio de rumbo en la política energética. 
Finalmente, una sugerencia con vistas a la Conferencia de Buenos Aires. En Kioto, la posición común de los delegados americanos se reveló muy ventajosa para ellos. 
¿No sería posible que los europeos, tanto los delegados nacionales como los de ámbito europeo, formasen un equipo común junto con la Comisión y actuasen conjuntamente en Buenos Aires? 
Nuestros puntos de vista son, de hecho, coincidentes en gran parte. 
Sin embargo, podríamos tener un papel mucho más importante si actuásemos de manera organizada. 
Es una petición que dirijo al Parlamento, pero también a la Comisión. 
Señor Presidente, si el protocolo de Kioto no es ratificado y no entra en vigor en los próximos años, con toda probabilidad nunca veremos puestos en práctica los objetivos de reducción aprobados. 
Esto se debe a que en el protocolo aparece incluida una lucha contra el tiempo. 
Pues cada año que pasa y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, el trabajo necesario aumenta disminuyendo el tiempo disponible para llevarlo a cabo. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, un aplazamiento de tres años en la ratificación implicará que el trabajo de reducción anual casi se vea doblado. 
De ahí que sea muy preocupante que se diga que la administración Clinton considera postergar la ratificación hasta después de las próximas elecciones presidenciales. 
Una decisión semejante sólo redundará en beneficio de aquéllos que desean ver zozobrar el protocolo de Kioto. 
No pasarán muchos años antes de que sea de temer que las propuestas de renegociación de los compromisos ganen adhesiones. 
Este Parlamento no sólo debe otorgar su respaldo formal al trabajo climático, sino que debe ayudar también a que los resultados alcanzados se traduzcan en avances en el mundo real. 
Por ello he presentado una enmienda con el tenor característico del protocolo de Kioto a la propuesta de codecisión y espero que el Parlamento vote a favor de mi enmienda. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la UE tuvo un papel sin duda decisivo en la reunión de Kyoto. 
Sin esas aportaciones constructivas, quizás la Conferencia habría terminado en un gran fracaso. 
Ahora se trata de cuidar esta frágil planta en la reunión de Buenos Aires en diciembre. 
En la comunicación de la Comisión " Cambios climáticos- una estrategia después de Kyoto» se señalan una serie de medidas que deben tomarse para poder alcanzar la ambiciosa meta de la UE de disminuir los gases de efecto invernadero en un ocho por ciento entre los años 2008 y 2012. 
Creo que va a ser difícil alcanzar esta meta sin usar medios de gestión tales como impuestos o derechos sobre, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono. 
Mi país, Suecia, ya tiene derechos de este tipo que son bastante altos. 
A pesar de esto, dentro del marco de la disminución se nos ha permitido aumentar las emisiones en un cuatro por ciento, lo que demuestra claramente que nuestra decisión de desmantelar dos reactores atómicos produce este efecto muy negativo. 
Deben usarse todas las contribuciones destinadas a alcanzar las metas de Kyoto, pero también hay que tener claras las relaciones entre ellas. Por ejemplo, todas las plantas de energía eólica del mundo producen aproximadamente la misma energía que los reactores que Suecia quiere desmantelar. 
También, con justa razón, ponemos exigencias a los consumos de combustibles de los automóviles. 
No obstante, se debe saber también que si los reactores suprimidos en el sur de Suecia son reemplazados por energía producida por carbón, esas emisiones de dióxido de carbono equivaldrían a las de la mitad del parque automovilístico sueco, además de que la OMS calcula que las emisiones de azufre solamente en Europa causan cerca de diez mil muertes prematuras cada año. 
En el último tiempo se ha presentado la idea de enviar los gases de combustión que contienen dióxido de carbono a depósitos subterráneos con capacidad para fijar éste de forma permanente. 
¿Piensa la Comisión, ante las negociaciones que se avecinan, estudiar este método y evaluar sus costos? 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, quisiera hacer tres observaciones sobre esta cuestión. 
En primer lugar, es importante subrayar que los Estados miembros tienen la principal responsabilidad en el logro de los objetivos acordados en Kioto. 
Deben explicar cómo y con qué disposiciones cumplirán esos objetivos. 
La Unión, por su parte, debe crear un marco adecuado para su ejecución y tiene, sobre todo, una función de coordinación y apoyo. 
En segundo lugar, los mecanismos flexibles, entre otros el comercio de los derechos de emisiones, que fueron incluidos en el protocolo por los Estados Unidos, deben considerarse un medio adicional para cumplir las obligaciones a fin de disminuir los gases de efecto invernadero. 
Éste es, además, uno de los objetivos más importantes de la futura reunión de noviembre en Buenos Aires; especialmente, alcanzar un acuerdo sobre la relación entre las disposiciones que deben adoptar los propios países y el comercio de derechos de emisión, por ejemplo, un reparto de tres cuartos o un cuarto. 
Los mecanismos flexibles pueden desempeñar un papel importante en el cumplimiento de las obligaciones, permitiendo proteger la competitividad de la industria europea ante costes más bajos. 
Desde esta perspectiva, debemos abogar por la utilización con ciertas restricciones de estos mecanismos y, tal como la Comisión propone, mediante un planteamiento por etapas. 
En tercer lugar, es necesaria una mejor integración del cambio climático en las políticas sectoriales. 
La política de prevención del cambio climático exige una nueva definición de toda una serie de acciones políticas comunitarias que tienen que ver con el consumo de energía, incluyendo la fijación de eventuales objetivos sectoriales. 
Por último, señora Comisaria, usted ya lo ha mencionado, debemos insistir en que Estados Unidos ratifique cuanto antes el protocolo. 
Según algunas fuentes, el Congreso americano no quiere ahora ratificar el protocolo por no aceptar que se reduzcan las emisiones de los EE.UU. Debemos insistir en que esto se haga cuanto antes, sin consentir que este protocolo se convierta finalmente en un instrumento que continúe permitiendo las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Señor Presidente, señora Comisaria, este debate nos brinda la ocasión de recordar que, a menudo, las cumbres sirven para declarar grandes principios y celebrar grandes acuerdos, pero que lo más arduo del trabajo queda por hacer. 
A menudo, por otra parte, el escalonamiento del calendario resulta sumamente frustrante. 
Sabemos que Nueva York 1997 no ha cumplido la promesa de Río 1992, no solamente porque nos encontramos ante voluntades políticas a menudo veleidosas, sino también porque existen dificultades objetivas, especialmente en lo que se refiere a percepciones diferentes, e incluso antagónicas, entre los países pertenecientes al norte industrializado y aquéllos pertenecientes al sur, en vías de industrialización, y también porque dentro de los mismos grandes bloques, pueden existir entre los distintos países diferencias significativas de productividad, o sea, de competitividad. 
Estas dificultades alimentan la tendencia al pragmatismo, y si nos paramos a pensar hasta dónde puede llegar el negocio internacional de los permisos de emisiones de CO2, es justo preguntarse si nos encontramos ante un fracaso de los grandes principios y de las grandes ambiciones, o si, por el contrario, estamos avanzando hacia un progreso en el pragmatismo y la eficacia. 
Personalmente, no estoy segura de que sea indispensable decidir. 
Lo que importa es que el debate avance y se enriquezca. 
Actualmente sabemos que, desde luego, es necesario estipular normas y niveles, pero con eso no basta. 
Hay que promulgar también leyes y normativas a escala nacional y velar por su cumplimiento; pero con eso tampoco basta. 
Hay que promulgarlas a escala de la Unión Europea, velar por su aplicación; y aún nos queda un largo camino que recorrer. 
Cada vez se hace más necesaria una diplomacia internacional, ofensiva e inventiva, que permita, al mismo tiempo, normalizar e incitar, es decir, que se dote de los medios necesarios para penalizar y motivar. 
En realidad, lo que importa es comprender que toda actividad económica repercute sobre el medio ambiente y que cuanto antes incluyamos el medio ambiente en las políticas económicas internacionales, mayores posibilidades tendremos de reducir su coste y de preservar su capacidad de empleo. 
En otras palabras, debemos, por una parte, continuar estipulando nuestros grandes principios, porque no tenemos ningún motivo para renunciar a nuestro nivel de exigencia, pero debemos también tomar conciencia de los retos en términos de calidad de vida, plan de vida, alimentos, calidad del agua y del aire; en términos de salud pública, en términos también, simplemente, del bienestar psicológico de vivir en climas de nuevo estabilizados. 
Debemos asimismo tener en cuenta las obligaciones, sabiendo que los costes de producción pueden contener dumping social, así como dumping medioambiental, pero sobre todo, tener en cuenta la presión que ejerce el consumismo del Norte sobre el nivel del coste de producción. 
En realidad, valorizar los logros haciendo valer que el medio ambiente puede ser proveedor de nuevas profesiones. 
Debemos, por consiguiente, incluirlo como componente orgánico del desarrollo sostenible, es decir, incluirlo en las negociaciones de la OMC. 
Señor Presidente, en relación con el tema de las conferencias de Kioto y Buenos Aires, yo quisiera señalar tres aspectos, obviamente sin la pretensión de ser exhaustivo. 
En lo que se refiere al volumen de reducción ya ha habido retrocesos con respecto a los anteriores objetivos de Toronto, los objetivos de la Alianza en favor del clima, y también con respecto a los objetivos de Río. 
Por lo tanto, todo se reduce a un consenso mínimo. 
En segundo lugar, tendríamos que tener claro que emitimos a diario una cantidad de CO2 equivalente a la acumulada con anterioridad a lo largo de 3.000 años. 
Yo no necesito un millar científicos americanos, ni tampoco ningún experto, para saber que esto no puede ser razonable, que no puede ser bueno. Me basta con el sano juicio humano. 
Si así lo reconocemos, entonces también tenemos que reconocer que el " problema invernadero» no es un problema cualquiera, sino posiblemente uno de los mayores problemas con los que se ha enfrentado jamás la humanidad. 
La política energética tradicional avanza hacia un despeñadero. 
Yo creo que la mayoría parece haber obtenido su título de capitán a bordo del Titanic. 
Los icebergs se divisan claramente y todos exclaman: " adelante a plena marcha». 
En cuanto al tema de los costes: cuando hablamos de la política energética y de los problemas climáticos, hablamos casi exclusivamente de financiación. 
Yo les pregunto, Señorías, qué posibilidades puede tener una sociedad que está dispuesta a invertir en todo lo imaginable excepto, al parecer, en sus propias perspectivas de futuro y con ello también en la conservación de su propia especie. 
Yo creo que debería ser una evidencia ética que la inversión tiene que empezar por nuestra propia casa. 
Señor Presidente, en la cumbre de Buenos Aires se va a abordar la formulación de normas y la aplicación de lo acordado en Kyoto. 
El mayor problema político que aún afrontamos es la falta de voluntad política por parte de los Estados Unidos de América, como mayor emisor de gases que provocan el efecto de invernadero, con vistas a la ratificación. 
Si los Estados Unidos no ratifican, todo se irá al traste. 
De modo que una vez más- me parece a mí- recae sobre la Unión Europea la carga de intentar solucionar ese problema político y tomar la iniciativa en las negociaciones. 
Debemos recordar que ninguno de los mecanismos comunes de aplicación puede empezar a funcionar hasta que la mayoría de las partes hayan ratificado el Protocolo de Kyoto. 
Todavía quedan muchos detalles por concretar sobre los mecanismos de aplicación conjunta y de desarrollo no contaminante. 
Tenemos montones de cuestiones por resolver aún: ¿habrá responsabilidad bilateral en la negociación de las emisiones? 
¿Cómo funcionará en realidad el mecanismo de transferencia de tecnología no contaminante? 
¿Qué precio se pagará al Sur por sus unidades de emisiones? 
¿Cómo se medirán los sumideros de carbono? 
¿Y cómo podemos evitar que se negocien emisiones en una atmósfera supercalentada? 
Podríamos seguir enumerando esas cuestiones no resueltas durante media hora. 
Existe el temor de que Occidente utilice los permisos negociables de emisiones para eludir las reducciones reales en sus países. 
Eso no resolverá, sencillamente, el problema de la desestabilización del clima. 
Si nos limitamos a recorrer el mundo negociando lo que ya tenemos, no llegaremos a nada. 
Me gustaría preguntar a cualquier habitante de Bangladesh si está interesado en el problema del cambio climático en el preciso momento en que las dos terceras partes de su país están sumergidas bajo el agua. 
Es muy importante que, pese al riesgo de aburrir a los negociadores de los EE.UU., pidamos algún tipo de límite cuantitativo máximo sobre la utilización de los mecanismos de flexibilidad para velar por que la mayoría de las reducciones se hagan en el nivel nacional. 
La posición actual de los EE.UU. sobre los precios de los permisos negociables de emisiones es demasiado restrictiva y da por descontado que sólo procurarán reducir sus emisiones nacionales en un 3 % de la línea de tendencia. 
La negociación de las emisiones debe basarse en el principio de derechos iguales por habitante; es muy importante tener eso presente cuando acudamos a Kyoto. 
Volviendo brevemente a lo que ha dicho Rolf Linkohr, me parece que la Unión Europea no se presenta como un equipo. 
No me refiero sólo a la disparidad existente entre el Parlamento y la Comisión, lo que hizo que la última vez los diputados al Parlamento Europeo tuvieran la sensación de verse totalmente relegados y al margen. 
La Comisión tiene también el deber de vincular a los Estados miembros para que hablemos con una voz mucho más coherente. 
En conclusión, las negociaciones sobre los permisos de emisiones deben organizarse de modo que alienten a los países en desarrollo, además de a los nuestros, a ir abandonando la utilización de combustibles fósiles. 
Debemos avanzar con el principio de contracción y convergencia durante un período más largo que el fijado en Kyoto. 
Es evidente que Buenos Aires no va a ser el fin de esta historia. 
El cambio climático debe seguir ocupando un puesto destacado en nuestro orden del día de la Unión Europea y debemos volver a abordarlo diariamente, ya que no cabe duda de que con los mecanismos que tenemos aquí, en nuestros países, en este momento no vamos a poder cumplir nuestras propias promesas. 
Señor Presidente, Señorías, en Kioto, tras diez largos días de negociaciones, se ratificó un protocolo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que fue firmado por 38 de los 160 países que participaron en la Cumbre mundial. 
Para casi todos los países se intentan recortar las emisiones en un porcentaje del orden del 20 al 40 % de la evolución tendencial. 
Teniendo en cuenta las premisas, se trata de un pequeño paso adelante que, aunque modesto, es positivo; se trata de un primer compromiso concreto que tiene trascendentales repercusiones a muchos niveles. 
Así y todo, para que el acuerdo sea operativo siguen pendientes algunas cuestiones: el cumplimiento de estos objetivos, la definición de permisos de emisiones negociables, la aplicación del acuerdo de participación entre los países industrializados y los países en desarrollo y, por último y no por ser menos importante, como han dicho mis colegas, la ratificación por parte de los países firmantes. 
Las causas principales de las emisiones de gases en la atmósfera son muchas y no hay que buscarlas solo en el tráfico de vehículos y las industrias, sino también en las fermentaciones entéricas de los animales, los diferentes sistemas de cultivos agrícolas, el uso de disolventes y la destrucción de los bosques. 
Según las previsiones, de seguir así, la temperatura media global, así como el nivel del mar del planeta subirán mucho más rápidamente que a lo largo de toda la historia de la civilización. 
Las zonas que corren más riesgos son las que se encuentran en una posición crítica respecto al nivel del mar; por ejemplo, muchas islas del Pacífico y todos los pequeños Estados insulares del Caribe y de África, como pusimos en evidencia en el informe de base del Grupo de trabajo que presido en la Asamblea Paritaria ACP-Unión Europea, que se reunirá la próxima semana en Bruselas y que cuenta con el gran apoyo de todos los Estados que son especialmente vulnerables y que, en consecuencia, tienen graves dificultades. 
Por eso, considero que es importante poner en marcha un serio programa de acción que cuente con la aportación fundamental de los agricultores y de la industria, y estimo que es preciso elaborar un Libro Verde sobre las medidas económicas y fiscales- incluidos los incentivos fiscales- aptas para invertir la tendencia de este cambio climático que ocasiona graves daños en el ecosistema terrestre y acuático, desequilibrios estacionales, erosiones de las costas y, por ende, grandes problemas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en el marco del debate sobre las conferencias de Kioto y de Buenos Aires, es preciso considerar, naturalmente, también qué medidas vamos a adoptar. 
Las emisiones de CO2 están aumentando de manera desproporcionada en un sector concreto dentro de la Unión Europea y éste es el del transporte. 
Desde 1990, se ha registrado un incremento del 11 % en este ámbito. 
En el primer trimestre de 1998, se emitieron en la Unión Europea 179 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera sólo como resultado del transporte, lo cual significa que cada uno de nosotros- sea comisario, diputado, un bebé o un pensionista- consume alrededor de 150 kilos de gasolina cada trimestre. 
Este es un aspecto en el que tenemos que intervenir, ¡tenemos que hacer algo! 
Yo me quedé incluso algo asombrado ante el salto que ha dado dicha industria. 
En este sentido, mi valoración difiere un poco de la de la colega Breyer. 
La industria automovilística ofrece una reducción del 25 % en el consumo medio únicamente con la introducción de medidas técnicas. 
Si a ello le añadimos algunas medidas políticas, ya sea a través de incentivos fiscales o de la identificación de los automóviles, el efecto podría ser aún mayor. 
Sin embargo, como ocurre tan a menudo, el problema está en los detalles. 
El acuerdo y su transposición me plantean algunos interrogantes. 
Éste no podrá revisarse hasta el año 2003. 
Entonces se verificará si dichas medidas técnicas son eficaces. 
Lamentablemente, no queda claro qué procedimiento se seguirá para ello. 
El acuerdo señala que los detalles se concretarán mediante un intercambio de cartas entre la industria automovilística y la Comisión. 
Señora Comisaria, a pesar de toda nuestra confianza en la Comisión, ¡un mero intercambio de cartas en el futuro no nos parece satisfactorio! 
En segundo lugar, la industria automovilística parte de algunos supuestos que deben cumplirse, en relación con los carburantes y en otros aspectos. 
La Comisión dice que dichos supuestos se cumplirán. 
Pero ¿qué ocurrirá si éstos no se cumplen? 
¡Esto no se aclara en absoluto! 
Es preciso que esto se regule claramente. 
Tampoco queda claro qué ocurrirá si algunas empresas aisladas o el conjunto de la industria automovilística no cumplen lo estipulado. 
Esto plantea el tema de las sanciones, o sea, ¿por qué procedimiento se impondrá el cumplimiento a una empresa si sus medidas técnicas resultan insuficientes? 
Este es un aspecto que tenemos que mejorar y regular. 
Finalmente, en tercer lugar, ¿qué ocurrirá con los fabricantes no europeos que también venden sus vehículos aquí? 
Sin duda estaríamos ante una distorsión de la competencia si los fabricantes alemanes, franceses o italianos reducen el consumo y el resto no lo hacen. 
Por consiguiente, es preciso incluirlos también en el acuerdo. 
El Parlamento sólo podrá votarlo afirmativamente una vez que se hayan aclarado estas tres condiciones. 
Señor Presidente, como ya hemos oído, hay muchos participantes en lo que debemos hacer para cumplir con nuestras obligaciones. 
Estoy completamente convencida de que algunos de dichos participantes creen que no decimos en serio lo que decimos. 
Así, pues, hemos de decir con toda claridad que, si debe haber cambios en los comportamientos y la tecnología, se tienen que hacer o, si no, habrá sanciones. 
Sabemos que al menos una tercera parte de las emisiones se debe al sector del transporte. 
Convengo con lo que ha dicho mi colega Bernd Lange. 
No se trata de una simple cuestión relativa a los fabricantes de coches y a la tecnología que emplean; los gobiernos han estado particularmente tímidos a la hora de presentar incentivos, digámoslo así, para que los ciudadanos utilicen otros vehículos distintos de sus coches, por lo que no los están convenciendo para que lo hagan. 
Por lo que se refiere a la energía, no hemos visto mejora alguna en el tipo de medidas que se deben adoptar: la utilización racional de la energía, por ejemplo, y la orientación hacia la utilización de fuentes energéticas menos contaminantes. 
Me gustaría saber qué ha sido de la concepción subyacente a la planificación racional en la directiva sobre los sectores de distribución del gas y la electricidad. 
La Comisión declara en su comunicación sobre la eficiencia energética que esa directiva sigue siendo necesaria. 
Eso demuestra que debe haber coordinación. 
Incluso en este Parlamento, si somos sinceros, hemos de reconocer que no coordinamos nuestras gestiones: la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y la Comisión de Transportes y Turismo no están adoptando una iniciativa normativa cohesionada que nos ayudaría a cumplir con las obligaciones que subscribimos en Kyoto. 
Si ni siquiera podemos hacerlo en nuestro Parlamento, no deberíamos predicar a los demás. 
Quisiera pedir a la Comisaria que procure, en su trabajo como Comisaria principal sobre este asunto, formar un equipo con los Comisarios Papoutsis, Kinnock y Fishler, los más estrechamente relacionados. 
Pido una acción cohesionada y que se explique con mayor claridad a los ciudadanos cómo se alcanzarán esas metas... aunque sea por el camino difícil. 
Podríamos seguir el camino fácil. 
Se nos han criticado algunas partes de nuestra resolución que parecen indicar que propugnamos el camino fácil, en otras palabras, sobornar a otros para que adopten las medidas. 
Debemos adoptar algunas de ellas nosotros mismos. 
No disponemos de mucho tiempo. 
Este verano hemos visto incidentes climáticos atroces que han costado vidas y han causado devastación en todo el mundo. 
Existe una vinculación entre esa inestabilidad y nuestra incapacidad para adoptar las medidas necesarias. 
Señor Presidente, gracias por este debate, que muestra con claridad meridiana la existencia en el Parlamento de un importante compromiso con estos problemas. 
Voy a hacer algunas observaciones sobre varias de las preguntas más importantes planteadas. 
En primer lugar, voy a contestar a aquéllos que expresaron- la Sra. Graetniz y otros- su deseo de ver aprobado un plan de actuación, de modo de que fuera posible obtener avances de la cumbre de Buenos Aires. 
Hacemos lo que podemos en nuestros preparativos, y también comparto absolutamente la opinión de que el resultado debe ser un plan de actuación que trace claramente algunas directrices para los problemas que quedan. 
En este contexto, no acabo de comprender los comentarios de la Sra. Pollack sobre los Estados miembros y la Comisión. 
Una de las razones de que la Unión Europea haya logrado conseguir resultados en Kioto fue en gran medida la existencia de una colaboración muy estrecha entre los Estados miembros y la Comisión. 
Esta estrecha colaboración se mantiene. 
En mis comentarios iniciales llamé la atención sobre el hecho de que en la cumbre del mes de junio se lograra obtener un resultado sobre el reparto de las cargas a partir de los nuevos objetivos establecidos en Kioto, tal y como hice referencia en la comunicación presentada por la Comisión y que será tramitada en la sesión del Consejo en octubre. 
También destaqué el respaldo recibido de los países solicitantes de Europa central y oriental, que considero esencial y que también puede contribuir a darnos la fuerza necesaria en las negociaciones que vamos a entablar, pues comparto la opinión manifestada por muchos de que por supuesto debemos hacer lo que podamos para lograr que los americanos se nos unan. 
Esto es importante para obtener en principio resultados en este terreno. 
Sin embargo, esto no debe implicar que nos desviemos de lo que ha sido un punto importante, y que mencionó también el Sr. Pimenta en su intervención, es decir, que estos mecanismos flexibles son complementarios. 
Esto aparece subrayado muy claramente en Kioto y ha sido nuestro punto de partida en todo el trabajo preparatorio. 
Esto quiere decir que también creemos preciso un control. 
Son necesarias algunas normas sobre cómo llevar a cabo una actuación semejante y fue por ello por lo que utilicé la expresión: No trading without tracking. 
Son muchos los que han mencionado que el transporte es uno de los mayores problemas y que a él se debe una parte bastante considerable de las emisiones de CO2. 
Creo que el primero en abordar esta cuestión fue el Sr. Eisma, sin embargo, los Sres. Linkohr y Lange y varios más siguieron su ejemplo haciendo varias observaciones en torno al transporte. 
Ésta fue una de las razones de que presentáramos la comunicación sobre el CO2 y los automóviles, la cual estaba basada en tres acciones. 
La primera era un intento de alcanzar un acuerdo voluntario con la industria automovilística. 
Tenemos un acuerdo semejante con la industria automovilística, que implica una reducción del 15 %. 
No del 35 %, pero aun así es una contribución esencial. 
Además, la comunicación incluía una propuesta relativa a la necesidad de disponer de un mecanismo de vigilancia, un monitoring mechanism, sobre el que también hemos presentado una propuesta, y de una directiva que exigiera directamente una marca del consumo de combustible en los automóviles. 
Una directiva semejante ha sido aprobada en la Comisión y pronto se hallará a disposición del Parlamento. 
Así, compartimos la opinión del Parlamento de que el tráfico es uno de los ámbitos que estamos obligados a tomar muy en serio y en el que hay también mucho que ganar, aunque por supuesto también grandes dificultades. 
Varios oradores- especialmente el Sr. Linkohr- abordaron la cuestión de la financiación. 
También sobre esta cuestión tenemos varias propuestas sobre la mesa. 
Me gustaría hacer un llamamiento al Parlamento para que nos ayude a obtener algunas decisiones en el Consejo. 
Todos nosotros conocemos la triste historia del impuesto sobre el CO2 y las numerosas y diferentes propuestas habidas en el camino y he de decir que creo que la Comisión ha mostrado una creatividad considerable en este terreno depositando continuamente nuevas propuestas sobre la mesa. 
Lo que nos falta son en gran medida decisiones en este campo. 
Puedo decirle a la Sra. Kestelijn-Sierens que en lo que concierne a la responsabilidad de los Estados miembros sobre la puesta en marcha de este campo estamos absolutamente de acuerdo. 
Por las mismas razones, escribí a los Estados miembros a finales de julio solicitando información sobre las medidas que éstos querrían adoptar, pues esto nos resultará útil cuando debamos realizar el seguimiento de nuestra comunicación sobre los cambios climáticos. 
Dije en mis comentarios iniciales que planeábamos una ampliación adicional a principios de 1999 y con la vista puesta en ésta necesitamos por supuesto conocer qué pasa en los Estados miembros. 
Comparto la opinión manifestada por la Sra. Taubira-Delannon sobre la necesidad de multas en este terreno. 
Por último, quiero decir que también comparto la opinión de la Sra. McNally, es decir, que es necesario involucrar a otros comisarios en las deliberaciones sobre cómo resolver los problemas climáticos. 
Ésta es una de las razones de que el problema climático forme parte de la estrategia de integración acordada en Cardiff y que ahora prosigue en los preparativos de la cumbre de Viena. 
Aquí hay que incluir precisamente la participación de los señores Comisarios Kinnock, Papoutsis y Fischler. 
Puedo decir que la Comisión trabaja a todo ritmo en este campo y creo que mantenemos una colaboración estupenda y todos coincidimos en que la política medioambiental no puede resolver estos problemas sola. 
Estamos obligados a colaborar con otros comisarios. 
Permítaseme concluir diciendo que estoy contenta por el debate celebrado hoy aquí. 
Creo que no es una tarea fácil la que nos espera. 
Creo que tratamos de prepararnos de la mejor manera posible y espero que en Buenos Aires podamos mantener el liderazgo que ejercimos en Kioto, también considerando que me resulta difícil ver quién sacaría entonces adelante esta tarea. 
Señor Presidente, yo he formulado antes una pregunta que considero muy importante. 
Señora Comisaria, yo creo que no es necesario que nos diga lo que todos ya sabemos. 
Ya conocemos su declaración. 
Yo también la he leído, pero en ella no se aclara nada. 
Mi pregunta- que no he planteado sólo yo, sino también el señor Pimenta, el señor Eisma y otros- era concreta. ¿Qué propondrá usted al Consejo de Ministros de Medio Ambiente? 
¿Cómo se plantea en el Consejo de Medio Ambiente el tema de la relación entre los mecanismos flexibles y las medidas de propia iniciativa? 
Ustedes propusieron en Kioto un reparto a partes iguales entre unos y otras. 
A mí me interesaría saber si se mantendrá esta relación. 
¿Considera usted razonables las enmiendas que apuntan en este sentido? 
¿Cuál será la posición del Consejo de Ministros de Medio Ambiente en relación con este tema? 
¿Es cierta la información de que doce Ministros de Medio Ambiente ya han modificado su posición y sólo tres continúan apoyando dicha relación? 
¡Yo le ruego que responda de manera muy concreta! 
La segunda pregunta, planteada por el señor Lange, el señor Eisma y otros, se refería a los acuerdos voluntarios. 
El etiquetado está muy bien, pero lo que a todos nos preocupa es saber si no sería razonable proponer también normas legislativas que no se limiten a obligar a la industria automovilística a reducir el consumo sólo en un litro en un plazo de 22 años, sino también a demostrar que efectivamente se ha conseguido un resultado al final del período de vigencia de los acuerdos voluntarios. 
¡Son preguntas muy concretas y yo le pido una respuesta que en verdad sea también muy concreta! 
Señor Presidente, ya contesté algunas de las preguntas que volvió a plantear la Sra. Breyer acerca de las propuestas existentes. 
Sobre los acuerdos voluntarios mencioné específicamente que existía una propuesta sobre un mecanismo de vigilancia en este terreno y mencioné que había conseguido aprobar una directiva en la Comisión que tenía por objeto implantar una marca en los automóviles por medio de la cual los consumidores estuvieran en condiciones de conocer las consecuencias que tendría comprar un coche u otro. 
Durante los preparativos de tanto la sesión del Consejo como de la reunión de Kioto, hacia donde parto mañana, se mantienen debates en el Consejo de cómo debemos utilizar la expresión supplementary. 
No cabe ninguna duda de que en la UE mantenemos la opinión de que los mecanismos flexibles no pueden emplearse sin actuar también en casa. 
En la actualidad se debate si lo más inteligente será proponer lo que pudiera denominarse un techo cuantitativo o un objetivo cuantitativo o si será más inteligente ir encaminados hacia lo que aparece descrito como un objetivo cualitativo o techo cualitativo, con lo que uno debería concentrarse en mayor medida en fijar límites a la utilización de los mecanismos flexibles. 
Por supuesto que me propongo participar activamente en las negociaciones que se produzcan, las cuales serán una extensión de las negociaciones que tuvieron lugar en Bonn, donde la Comisión presentó una larga serie de documentos, que precisaban el empleo de los mecanismos flexibles. 
Luego puede decirse que nuestra línea en este campo es insistir por un lado en tratar sobre todo acerca de lo que puede hacerse internamente y manifestar por otro lado que no tenemos intención de confiar los mecanismos flexibles a los demás países, y que nosotros mismos también queremos embarcarnos en este debate y que también queremos emplearlos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
He recibido una propuesta de resolución para cerrar el debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0245/98) del Sr. Gahrton, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente [COM (96) 0511- C4-0191/97-96/0304 (SYN) ]. 
Tiene la palabra el Sr. Lannoye como ponente suplente. 
Señor Presidente, Señorías, hace muchos años que todos los países estamos haciendo estudios de impacto ambiental, incluso antes de que se aprobara la directiva del año 1985. 
La modificación del año 1997 ha ampliado a otros muchos proyectos la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental. 
Pero quizás habría que dar un paso más, evaluando no proyectos, sino planes y programas. 
Es un tema muy difícil. 
Yo sé, señora Comisaria, que usted lo tiene muy difícil porque todos los países, sin excepción, se oponen. 
Y quizás, Señorías, tendríamos que preguntarnos por qué se oponen. 
Pues se oponen porque temen que el principio de subsidiariedad sea conculcado, que las competencias de los ayuntamientos y de las regiones, de las autonomías, sean asumidas por otras instituciones. 
Y por las demoras en los procedimientos de consulta. 
Señor Lannoye, usted sabe perfectamente que en muchísimos países el procedimiento de consulta y de evacuación del informe final para el impacto ambiental- lo que se llama la declaración de impacto ambiental- lleva dos años, 18 meses, 16 meses, 12 meses. 
Yo me pregunto si se puede tener paralizada una obra, un proyecto o un plan urbanístico, energético, hidráulico, de residuos o de lo que sea, 12 meses, 18 meses, 2 años. 
Y por eso, entendemos que los países tengan tanto miedo a que se regule cada vez más en el área de medio ambiente. 
A mí me parece que un procedimiento de consulta de tres meses es más que suficiente. 
En cualquier caso, se han aprobado en la Comisión de Medio Ambiente una serie de propuestas de la Comisión de Investigación que yo agradezco profundamente. 
Una de ellas me parece muy importante. 
Durante años se ha estado construyendo en zonas cercanas a los ríos, en zonas inundables. Y eso ha producido, señor Presidente, verdaderas catástrofes. 
La Comisión de Investigación propone que antes de autorizar unas construcciones en los planes urbanísticos se analice si son zonas inundables, porque evitaríamos muchas muertes, muchos accidentes, muchas pérdidas económicas, pero, sobre todo, pérdidas humanas. 
Por otro lado, tampoco hay que tener mucho miedo a que la elaboración de estas declaraciones de impacto ambiental suponga paralizar obras si los trabajos están bien hechos. 
A mí me parece que este tímido paso que da la Comisión de que los gobiernos- sean nacionales, regionales o municipales- tengan en cuenta las consideraciones ambientales en sus problemas es ya muy importante. 
Señora Comisaria, la directiva que nos han presentado es muy ligera. 
Aún así, usted tiene dificultades con los gobiernos. 
No vamos a apoyar la mayor parte de las enmiendas del Sr. Gahrton, porque hacen más confusa una directiva ya de por sí confusa. 
Pero sí creemos que es muy interesante ir adelante. 
Por ello, nuestra posición será abstenernos. 
Señor Presidente, el Grupo PSE se opondrá a la enmienda 35, presentada por mis amigos el Sr. Lannoye y el Sr. Papayannakis. 
Emocionalmente, soy muy partidario de ella, pero en términos reales y tal como yo veo las repercusiones medioambientales, tenemos que adoptar esta posición, porque presenta un panorama demasiado amplio. 
Puede que sea útil que explique a quienes han presentado la enmienda nº 35 la razón detallada por la que me plantea problemas. 
El Sr. Gahrton, en su por lo demás excelente informe, se refiere a la definición de la SEA como la evaluación medioambiental de una acción estratégica: un plan o programa normativo, un proceso formalizado, sistemático y amplio de evaluación de los efectos medioambientales de ese programa normativo o sus opciones substitutivas. 
Eso lo entiendo. 
El problema es la cuestión normativa. 
Siempre he considerado las repercusiones medioambientales como algo que utilizarían como un instrumento preciso mediante el cual quienes deseen apoyar una nueva iniciativa pueden decir que es positiva y quienes deseen oponerse a ella pueden decir que es negativa y recurrir a la evaluación de las repercusiones medioambientales que formaba parte de la investigación de esa propuesta para dilucidarlo. 
Sabemos, porque lo dice acertadamente el Sr. Gahrton en su exposición de motivos, que las evaluaciones de las repercusiones medioambientales tradicionales orientadas a los proyectos no han dado resultados totalmente satisfactorios. 
En esa misma exposición de motivos cita las dificultades para evaluar la suma de muchas actividades pequeñas y los efectos indirectos de las repercusiones de las rutas de tráfico en el funcionamiento de los transportes, etc. 
De modo que todos reconocemos- desde luego en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y en el Grupo PSE lo reconocemos- que se debe prestar atención a las evaluaciones de las repercusiones medioambientales, como tales. 
La cuestión es si la propuesta normativa no sería demasiado amplia. 
Yo sostengo que lo es. 
El lugar idóneo para el debate normativo no es tanto una investigación en materia de ordenación territorial sobre la construcción de un centro comercial o de un aeropuerto o cualquiera de los demás casos enumerados en el informe sobre las evaluaciones de las repercusiones medioambientales preparado por el Sr. Lannoye. 
El lugar idóneo para el debate normativo, en mi opinión, es en un foro como la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, en el Parlamento o en una sala de reunión de la Comisión. 
Ahí es donde se formulan las políticas sobre la base de que se ha elegido a determinadas personas para que las debatan. 
Así, pues, lo que, a mi juicio, necesitan, cuando hacen una investigación en materia de ordenación, es recurrir a una evaluación de las repercusiones medioambientales como instrumento de ordenación. 
Así, pues, sostengo que se debe rechazar la enmienda nº 35. 
Debemos examinar las políticas en el foro idóneo. 
Señor Presidente, el Partido Popular Europeo es partidario del proceso para la directiva relativa a las evaluaciones de las repercusiones medioambientales, establecido de conformidad con la directiva de 1985. 
La directiva que ahora estamos examinando nos plantea problemas. 
No estoy del todo segura de cuáles han sido las conclusiones del Sr. White. 
Me imagino, por lo que ha dicho, que los socialistas votarán en contra de esta directiva. 
Tal vez hayan cambiado de opinión después del debate en comisión. 
Pero el punto de partida de la directiva, como figura en la exposición de motivos, es el siguiente: según la Comisión, resulta claro que la evaluación de las repercusiones medioambientales de ciertos proyectos se hace en una fase demasiado avanzada del proceso de desarrollo, planificación y adopción de decisiones. 
En efecto, el resultado de ello es que no se puede considerar la posible adopción de opciones substitutivas tanto para el proyecto concreto en examen como para su emplazamiento o su ruta. 
Su conclusión es la de que la presente propuesta va encaminada a abordar esa limitación inherente complementando la directiva de 1985 con esta directiva que exige la evaluación de los planes y programas de ordenación del territorio urbano y rural. 
¿Por qué, entonces, ha basado la Comisión esta directiva en un artículo no pertinente del Tratado? 
De conformidad con el Tratado (apartado 2 del artículo 130 S) , pese a lo dispuesto en el apartado 1 (votación por mayoría cualificada) , el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, adoptará, entre otras cosas, «medidas de ordenación territorial». 
A eso se debe la enmienda que hemos presentado el Sr. Florenz y yo. 
Se trata de algo que debe estar sujeto a la regla de la unanimidad. 
¿Y qué decir de la subsidiariedad? 
Estamos muy insatisfechos con esta directiva, porque reconocemos que todos los Estados miembros tienen sus métodos de ordenación territorial. 
En algunos casos, la consideración de las repercusiones medioambientales es ya muy compleja. 
En otras puede no figurar, pero no cabe duda de que la respuesta es la de hacer que la directiva de 1985 sea universalmente aplicable. 
El Sr. Gahrton nos lleva demasiado lejos. 
Dice, entre otras cosas, que la evaluación estratégica de las repercusiones medioambientales debe ser aplicable a los programas de desarrollo agrícola y ganadero. 
Eso va a ser música celestial para los oídos de muchos agricultores de la Unión Europea. 
Consideramos que el texto es confuso y está mal redactado y, en consecuencia, parece como si una directiva de la Unión Europea pudiera de repente aplicarse desde arriba a planes y programas muy menores. 
El Partido Popular Europeo ha propuesto una enmienda fundamental en virtud de la cual ahora se debe remitir esta cuestión a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En conclusión, quisiera hacer extensiva mi felicitación al Sr. Gahrton, que está ausente. 
El Sr. Gahrton es conocido por su oposición a la Unión Europea. 
Me imagino que ahora estará de vuelta en Suecia recibiendo algún tipo de medalla de algún movimiento europeo por proponer la aceptación de esta directiva tan intervencionista. 
Tal vez no se atreva a dar la cara aquí, pero no cabe duda de que ha dado la impresión- por mediación del Sr. Lannoye- de que es partidario de una directiva que, en nuestra opinión, contraviene la subsidiariedad y no obtendrá los objetivos a cuya consecución va encaminada. 
Señor Presidente, puedo decir con toda tranquilidad que en general estoy en completo desacuerdo con lo que la Sra. Jackson acaba de decir. 
Me parece una directiva que va en la dirección correcta y que por lo demás también toca en la dirección correcta el plan general. 
Personalmente no puedo entender que la Sra. Jackson diga que debemos utilizar el artículo sobre unanimidad cuando se trate de esta directiva. 
Con relación a esta directiva, ésta trata de cosas que deben realizarse en cada país y no trata de otras cosas que deban realizarse en la Comunidad. 
Los planes mencionados en el artículo en cuestión pueden ser algo que afecte a la Comunidad de otra manera de la que aquí se trata. 
Me parece que se trata de un paso positivo. 
Me parece absolutamente natural que tengamos esta directiva como un seguimiento de la directiva de 1985, la cual presenta claras limitaciones con relación a la vida cotidiana, cuando se trata de la planificación de diferentes instalaciones. 
Es importante incorporar las consideraciones medioambientales con tiempo y esto de hecho no se produce por el momento. 
También creo que las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente son correctas y las apoyo y me parece que las diferentes políticas también deben ser involucradas en las consideraciones, lo que es algo que va más allá de lo que la Comisión dice. 
Cuando debatimos la política medioambiental, me parece siempre increíble lo poco que pedimos- esto es válido algunas veces para el grupo PPE- de los estudios a realizar cuando están en juego los efectos de los planes sobre el medio ambiente comparado con lo que pedimos cuando están en juego los efectos de los planes sobre la economía. 
Señor Florenz, no dije que éste siempre sea el caso, sin embargo, en cualquier caso lo es de vez en cuando. 
En este caso he de decir que estoy en desacuerdo con lo que la Sra. Jackson dijo. 
Me parece que el nivel de exigencia planteado debería ser igual de estricto tanto en los estudios sobre el efecto en el medio ambiente como cuando se estudian las consecuencias económicas. 
De hecho se trata de dos caras de la misma moneda si vamos producir un desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, la evaluación de los impactos medio ambientales producidos en parte por ciertas obras presentaba defectos importantes que creo que el Sr. Gahrton ha señalado muy acertadamente y con cuyas propuestas estamos de acuerdo. 
Quisiera añadir, a modo de ejemplo, que en múltiples ocasiones, en Grecia, se hace tal evaluación una vez comenzada la obra y no antes. 
Otras veces, la llevan a cabo los propios contratistas y, en otras más frecuentes, no se aplica lo previsto en los propios proyectos sobre la reparación de daños al medio ambiente. 
En cualquier caso y hasta el momento se ignoran las repercusiones reales que tienen las obras, los grandes conjuntos de obras y las intervenciones que suponen la mayoría de las obras. 
En ese caso, señor Presidente, se produce un impacto sobre el medio ambiente que se ve multiplicado más allá de las propias repercusiones de cada obra. 
Esto es lo que nos obliga a establecer otro tipo de acercamiento y en lugar del que hasta ahora se caracterizaba como "ordinario» , realizar el que se conoce como" estratégico». 
Señor Presidente, permítame poner como ejemplo los Juegos Olímpicos del 2004 que tendrán lugar en Atenas. 
Dichos Juegos requieren unas instalaciones deportivas independientes y diversas obras en relación con ellas y cada una supone una amenaza independiente para lugares como el humedal de Schiniá, el cinturón verde de Atenas y para muchas costas del Ática, por citar sólo algunos ejemplos. 
Sin embargo, no se ha realizado una evaluación global de los impactos sobre el medio ambiente ni sobre la ordenación del territorio por parte del nuevo conjunto urbanístico. 
El resultado es que, tras el primer contacto con la realidad, ya se está hablando del cambio de ubicación de muchas de las instalaciones, de modificaciones y revisiones de un proyecto inicial cuyo coste económico es elevado, mientras, el impacto medio ambiental real sigue siendo una incógnita y la información al público es inexistente. 
La responsabilidad del gobierno griego y la de la administración local es notable, especialmente la del ayuntamiento de Atenas. 
Pero, señora Comisaria, hasta ahora tampoco la Comisión ha cumplido su papel de forma satisfactoria. 
No nos ha dado garantías de que se están cumpliendo realmente las especificaciones comunitarias sobre legislación medio ambiental en relación con las obras de los Juegos Olímpicos. 
¿Acaso la Comisión podría realizar, con la nueva directiva, aunque sea de forma retroactiva, una evaluación estratégica del impacto medio ambiental de las obras de la Olimpiada en estos momentos, cuando todavía no han comenzado las obras? 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la evaluación estratégica de los efectos en el medio ambiente que hoy se debate constituye, a nuestro parecer, un hito en el camino hacia una mayor sostenibilidad. 
La propuesta de directiva tiene por objeto mejorar la protección del medio ambiente y a la vez también es un instrumento que permitiría tomar en consideración a tiempo y de manera exhaustiva las exigencias medioambientales más allá del plano de los proyectos. 
Nosotros- y yo discrepo firmemente de la señora Estevan Bolea en este aspecto- consideramos del todo esencial que muchos criterios queden plasmados también aquí. 
Y uno de éstos es, sin duda, el de la participación de las autoridades competentes en materia de medio ambiente y de la opinión pública afectada. 
No se pueden hacer públicos unos proyectos, sin incluir la participación de la opinión pública en los mismos. 
Yo creo, señora Estevan Bolea, que, como española, este debería ser precisamente un hecho bien conocido para usted. 
En efecto, si en el caso del vertedero de residuos de La Coruña se hubiese escuchado a la opinión pública, a los científicos y a las asociaciones ecologistas preocupados por el tema, se habría podido evitar un desastre. 
Yo pienso que es muy lamentable que justamente el Gobierno de la República Federal de Alemania, que por lo demás siempre se presenta como un líder, haya mantenido una actitud tan destructiva a lo largo de este procedimiento, sin presentar ninguna propuesta constructiva y situándose en cierto modo al margen de la cuestión en el ámbito europeo. 
Otro aspecto muy esencial, que también ha señalado ya el señor Paul Lannoye, es que lamentablemente no hemos podido incluir los ámbitos de actuación en los que se conceden subvenciones, como por ejemplo la agricultura, la minería del carbón y los astilleros, donde desembolsamos fondos públicos sin haber evaluado en absoluto los efectos sobre el medio ambiente de la actividad en cuestión. 
Nosotros esperamos que la evaluación ambiental estratégica no vaya a parar a la papelera y yo quisiera dirigir de nuevo un llamamiento desde aquí precisamente a los Estados miembros, como la República Federal de Alemania... 
(El presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, Señorías, la política medioambiental europea tiene dos defectos que la caracterizan. El primero es un exceso de grandes declaraciones teóricas de intenciones, acompañado simultáneamente de una falta de disposiciones de aplicación práctica. 
El segundo es que la política medioambiental europea se caracteriza por una prioridad de las actuaciones paliativas frente a la intervención activa para evitar los daños en el medio ambiente. 
Como es lógico, una política de este tipo por fuerza ha de ir siempre a remolque de los acontecimientos. 
La política medioambiental sólo podrá tener éxito si supera esta fase. 
El ponente ha identificado con extraordinario acierto este aspecto y al menos ha mitigado estas carencias estructurales en las enmiendas. 
Si se lograse efectivamente la creación de unas estructuras que realicen evaluaciones medioambientales estratégicas previas, se habría conseguido un salto cuántico en toda la política medioambiental. 
Señor Presidente, Señorías, el debate sobre la evaluación de la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un asombroso autoensalzamiento de esta Cámara. 
El año pasado aprobamos la evaluación de la sostenibilidad ambiental de las instalaciones industriales y en dicha Directiva definimos un gran número de futuros ámbitos de aplicación. 
Sin embargo, cuando llegó el momento de definir a escala europea en qué ha de consistir la evaluación de la sostenibilidad ambiental todos escurrimos el bulto. 
Entonces apelamos a la " subsidiariedad» , con el resultado de que ahora nos enfrentamos con problemas enormes, y no sólo en Alemania, pues nosotros estamos aplicando este sistema desde hace ya cinco años, señora Breyer. 
Lo cual sólo demuestra que ustedes viven al margen del bien y del mal. 
Las normas se establecen de manera totalmente diferenciada. 
En Alemania es preciso someterse a una evaluación y si ésta no se supera, no se consigue la aprobación y el proyecto de construcción no se lleva a cabo. 
En todos los demás países, se procede con mayor flexibilidad, de manera más o menos adecuada. 
No es mi intención juzgar este aspecto. 
Yo sólo quiero decirle que hemos desarrollado un mercado interior y que un objetivo de este mercado es que dentro del mismo rijan normas equiparables. 
No es preciso que sean idénticas, puesto que también existen diferencias geográficas. 
Lo que se propone no es que se suprima la evaluación de la sostenibilidad ambiental. 
De lo que se trata es de definirla de manera razonable y equiparable, con unas reglas del juego iguales para todos. 
Esto nos permitirá alcanzar finalmente un acuerdo, que estamos dispuestos a asumir. En muchas, muchísimas intervenciones se ha hecho referencia a este aspecto. 
Yo creo que la presente directiva se basa en un fundamento jurídico equivocado. 
Lo que está en juego no es si el Parlamento puede rechazar o no la propuesta por unanimidad, sino si vamos a ocuparnos o no de la ordenación del territorio. 
El tema de la sostenibilidad ambiental de los planes de uso del suelo es una cuestión que afecta a la ordenación del territorio. 
Para ello basta con que nos basemos en los artículos apropiados. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos está mucho mejor preparada para asumir esta tarea y todos tendríamos que tener paciencia y esperar a que la complete. 
Yo creo que el informe se basa en el fondo en buenas ideas. 
Pero no está suficientemente madurado. 
Helmut Kohl y el Presidente francés tienen razón cuando dicen que la injerencia de la Comisión es excesiva. 
Los Estados miembros tienen la suficiente prudencia y acierto para realizar estas evaluaciones según sus propios criterios. 
Tendríamos que volver a considerar el informe en el momento oportuno. 
A mi parecer, por ahora sería preferible abstenernos. 
De hecho, incluso deberíamos votar negativamente el informe. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión por la que se establece un sistema de evaluación de la sostenibilidad ambiental- también para los planes y programas- es una propuesta vertical característica de la " mesa verde» de Bruselas sin tomar en consideración su aplicación práctica en los Estados miembros. 
El señor Florenz acaba de recordar la suerte que ha corrido la anterior evaluación de la sostenibilidad ambiental en los Estados miembros y la nueva propuesta persigue, además, objetivos mucho más detallados. 
Plantea muchísimas más dificultades que el sistema que teníamos hasta ahora y la transposición de este último ya fue insuficiente. 
De nuevo se propone armonizar exclusivamente la regulación del procedimiento, lo cual supone una profunda injerencia en las competencias legislativas y administrativas de los Estados miembros. 
Además, la Comisión Europea no extrae ningún tipo de conclusiones de los problemas que ya se han planteado en la aplicación del proyecto de evaluación de la sostenibilidad ambiental. 
Mi propuesta es la siguiente: antes de seguir adelante con la propuesta, la Comisión Europea debería aplicar a los planes y programas en los ámbitos de su competencia el sistema de evaluación de la sostenibilidad ambiental de conformidad con la presente propuesta de directiva, con objeto de hacer acopio de experiencias sobre la aplicación de este instrumento y de documentar su idoneidad práctica. 
A mi parecer, el fundamento jurídico no es adecuado. 
Necesitamos otro fundamento jurídico, dado que, de conformidad con los artículos 3 y 3 A del Tratado CE, la Unión Europea no tiene competencias legislativas en relación con las ordenanzas urbanísticas, los planes de uso del suelo y los planes urbanísticos. 
Habida cuenta de que la presente propuesta de directiva constituye claramente una regulación en el ámbito de la ordenación del territorio en muchos aspectos, convendría escoger como fundamento de la misma- si se lleva adelante- el apartado 2 del artículo 130 S del Tratado CE. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y en especial al señor ponente, Sr. Per Gahrton, y ahora también al Sr. Lannoye como suplente del ponente, por sus esfuerzos y la concienzuda tramitación que han llevado a cabo de esta propuesta. 
La evaluación ambiental es un instrumento fundamental en la protección del medio ambiente al integrar de manera temprana en la toma de decisión consideraciones medioambientales. 
El objetivo de la Comisión en lo que a esta propuesta se refiere es suplir el sistema de evaluación ambiental actualmente en vigor en el nivel de proyecto introduciendo acuerdos en los niveles de programación y planificación de la toma de decisión. 
Con la propuesta, se introduce en mi opinión un procedimiento mínimo y en realidad bastante sencillo, formado por principios internacionalmente reconocidos de la evaluación ambiental estratégica, SEA (strategic environment assessment). 
No obstante, del debate celebrado hoy aquí sí que se desprende claramente que realmente existen varias opiniones sobre esta propuesta, como fue también el caso en relación con los preparativos de ésta. 
De ahí que se hayan presentado también numerosas enmiendas y la Comisión se alegra de poder aceptar casi la mitad, porque creemos que clarifican o mejoran el tenor de la propuesta, añadiendo también algunas definiciones. 
Por supuesto que nos alegra poder aceptar las mejoras que hacen más clara la propuesta. 
Que no podamos aceptar algunas de las enmiendas puede deberse a razones técnicas, sin embargo, también puede ser debido a que en la propuesta hayamos aplicado otro approach. 
Ahora indicaré qué tipos de enmiendas son las que podemos aceptar y cuáles no podemos aceptar. 
De las 39 enmiendas, la Comisión puede aceptar 18 ya total, parcialmente o en principio. 
Las que podemos aceptar totalmente son las enmiendas 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16 y 31. 
Podemos aceptar la enmienda 25 en principio y podemos aceptar parcialmente las enmiendas 14, 17, 19, 22, 27, 32, 33, 34 y 37. 
También queda claro que hay bastantes propuestas que no podemos aceptar. 
Quizá deba hacer un par de comentarios- varios oradores han mencionado esta cuestión- sobre la enmienda 39, la cual versa sobre la base jurídica de la directiva. 
Lo que hoy se ha destacado en esta sala es que sería mejor que ésta fuera el apartado 2 del artículo 130 S, que exige unanimidad, antes que el apartado 1 del artículo 130 S, que exige mayoría cualificada. 
Por supuesto que hemos consultado a los servicios jurídicos de la Comisión antes de elegir nuestra base. 
El que hayamos elegido el apartado 1 del artículo 130 S es debido a que se trata de procedimientos y a que como objetivo fundamental tiene la protección ambiental. 
Además, nuestra opinión es que todos los instrumentos comunitarios que afecten a la evaluación ambiental deben tener la misma base jurídica. 
Puesto que la directiva de EIA, la directiva 97/11/CE sobre proyectos, se basa en el apartado 1 del artículo 130 S, se ha elegido la misma base jurídica para la propuesta actual. 
Durante el debate se ha mencionado aquí que los planes y programas de los que hablamos abarcan en realidad una planificación física y el apartado 2 del artículo 130 S trata de: " medidas relativas a una planificación física». 
De ahí que algunos hayan defendido que ésta debiera ser la base jurídica correcta. 
Ésta no es nuestra opinión. 
Consideramos al apartado 2 del artículo 130 S como una excepción a la norma general del apartado 1 del artículo 130 S que debe ser interpretada de manera restrictiva. 
Según el Tribunal de Justicia, el objetivo primordial de la directiva es el que determina la elección de la base jurídica. 
Como ya se ha mencionado, el objetivo primordial de la directiva es la protección del medio ambiente. 
El objeto de la directiva no es intervenir en la planificación física sino proporcionar a las autoridades responsables de la planificación una herramienta que puedan integrar en su proceso de decisión con la vista puesta en mejorarlo, en tanto que será posible señalar, evaluar y tomar en cuenta los efectos ambientales. 
Quería emplear un poco de tiempo en esta cuestión, pues tengo la impresión de que ha desempeñado un papel bastante importante en el debate de hoy. 
Hay otras enmiendas que quiero comentar y son las enmiendas que no podemos aceptar. 
Se trata de la enmienda 8 y la 17 parcialmente, las cuales proponen una ampliación del campo de aplicación de la directiva. 
Son las enmiendas que proponen los sectores específicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y las actividades de tiempo libre. 
Creemos que el primer paso en la implantación de un sistema de evaluación ambiental en el plano de la planificación y programación de la toma de decisión es la planificación paisajista y urbana y los sectores vinculados a éstas. 
Esto viene motivado por la realización de diversos estudios y la concienzuda labor de clasificación emprendida en los Estados miembros, de las que recibimos la impresión de que lo mejor será integrar primero estos ámbitos. 
Añadir exclusivamente los sectores agrícola, silvícola, pesquero y de actividades de tiempo libre no puede ser aceptado porque estos estudios han demostrado que, a grandes rasgos, en todos estos sectores no existen planes de utilización del terreno independientes o programas del tipo del que la propuesta debe ocuparse. 
Luego ha habido una pequeña discusión- y no voy a profundizar en ella- sobre involucrar o no el plano político. 
El Sr. White se opuso a la enmienda presentada y la Sra. Jackson también intervino en esta cuestión. 
Creo que la Sra. Dybkjær manifestó su opinión sobre lo natural de esta participación. 
Quizá puedo aventurarme lo suficiente como para decir que mi opinión personal- lo cual quizá no sea tan sorprendente- se halla más cerca de la opinión de la Sra. Dybkjær, sin embargo, no aparece recogida en la propuesta en su estado actual. 
Luego están algunas enmiendas, en particular las 22 y 25, en las que se propone establecer modos de garantizar la calidad de los datos que se proporcionen en la declaración ambiental. El objeto ha sido evitar retrasos innecesarios en el procedimiento o costes adicionales a causa de una mala calidad o de la falta de datos de la declaración ambiental. 
Podemos aceptar estas modificaciones bien en principio bien parcialmente. 
Finalmente aparece la cuestión de las enmiendas 3, 30 y 33, que tratan de un requisito sobre la vigilancia. 
Aquí hemos observado las decisiones que aparecen en la directiva de EIA y seguido sus directrices. 
Para acabar, quiero decir que contemplamos las enmiendas aceptadas como una mejora de la propuesta actual. 
Creo que podemos esperar que esta directiva aumente la protección tanto de las personas como del medio ambiente y que suponga en realidad también una ayuda para la vida industrial, porque le dará a ésta marcos más consecuentes dentro de los que operar. 
De ahí que espere por supuesto que el Parlamento quiera aprobar la propuesta y que también quiera ayudarnos a hacer que ésta entre también en el orden del día de una sesión del Consejo. 
Señor Presidente, estoy seguro de que la Sra. Jackson no tenía intenciones maliciosas- no sería propio de ella -, pero ha dado a entender que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos podría votar en contra en el Pleno, mientras que lo habíamos apoyado en comisión. 
No es así. 
Vamos a apoyarlo en el Pleno, con la excepción de la referencia a la cuestión normativa exactamente como hicimos en comisión. 
Señor Presidente, estoy incluso más confusa, porque, por lo que veo, todo el asunto se refiere a la cuestión normativa. 
Mi pregunta es para la Sra. Bjerregaard. 
Ha dicho que, según la Comisión, todos los instrumentos de la Unión Europea que se refieren al medio ambiente deben tener un fundamento jurídico. 
¿Convendrá conmigo en que se trata de algo imposible, porque, según lo dispuesto en el Tratado, en los casos en que las medidas se refieren a la ordenación del territorio urbano y rural y la utilización de la tierra, deben estar sujetas a la aprobación por el Consejo de Ministros por unanimidad? 
¿Convendrá conmigo, además, en que esta directiva, que es la que estamos debatiendo, dice: «Considerando que los planes y programas que se deben evaluar con arreglo a esta directiva son los que se aprueben como parte del proceso de adopción de decisiones en materia de ordenación del territorio urbano y rural»? 
¿No ve una contradicción entre lo que ella dice y lo que dice el Tratado? 
Señor Presidente, le agradezco que me dé la palabra por alusiones personales. 
Quería decirle a la Sra. Breyer que ella lee el discurso que tiene preparado y no escucha. 
Señora Breyer, yo no he dicho que no hagamos consultas, en España son muy extensas. 
Lo que he dicho es que debería limitarse el periodo a tres meses; lo que no podemos hacer es estar dos años con consultas. 
Pero tenga la seguridad de que hacemos esas consultas. 
Señor Presidente, el señor Florenz me ha dirigido una alusión personal. 
De no ser porque en este momento no se encuentra aquí, le habría explicado con mucho gusto cómo funciona la evaluación de la sostenibilidad ambiental. 
Lo cierto es que no se espera a conocer los resultados para decidir a continuación. 
Todos sabemos cómo deben redactarse las citadas evaluaciones. 
Su contenido será luego irrelevante. 
En último término, tal como ya ha señalado Paul Lannoye, no se toma en consideración la variante cero, o sea, que alguna vez nos planteemos qué ocurriría si el proyecto no se llevase a cabo. 
También por alusiones, quiero responderle a la señora Estevan Bolea que yo no creo que se pueda completar con seriedad una información pública en tres meses. 
Me veo obligado a interrumpirla, Sra. Breyer, pues ahora no vamos a entrar en un nuevo debate. 
Lo lamento mucho. 
Voy a preguntar a la señora Comisaria si quiere contestar. 
Señor Presidente, ha habido varios comentarios que han tratado más sobre el debate como tal. 
No voy a entrar en ellos. 
De hecho contesté tanto al Sr. Florenz como a la Sra. Jackson de manera bastante clara en mi primera intervención, en la que subrayé que en nuestra opinión la base jurídica la constituía claramente el apartado 1 del artículo 130 S, que había sido objeto de deliberaciones en los servicios jurídicos de la Comisión, y que la opinión era que se trataba de la base jurídica correcta y que esto también tenía que ver con que el apartado 2 del artículo 130 S constituyera una excepción a la norma general y con que el objeto de la propuesta no fuera intervenir en la planificación física sino proporcionar a las autoridades responsables de la planificación una herramienta que puedan integrar en su proceso de decisión. 
Con esto pienso haber dejado claro que la base jurídica debe ser el apartado 1 del artículo 130 S. 
El debate queda cerrado. 
La votación queda aplazada hasta que medie un dictamen de la Comisión Jurídica sobre la base jurídica que acaba de ser debatida. 
Aeronaves de reacción subsónicas civiles 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0279/98) del Sr. Valverde López, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la matriculación y utilización dentro de la Comunidad de determinados tipos de aeronaves de reacción subsónicas civiles modificadas y con certificado renovado para ajustarse a las normas del Anexo 16 al Convenio sobre aviación civil internacional, Volumen I, Parte II, Capítulo 3, tercera edición (julio de 1993) (COM (98) 0098- C4-0212/98-98/0070 (SYN) ). 
Señor Presidente, en el programa comunitario de actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible se reivindica expresamente una mayor reducción de las emisiones sonoras de las aeronaves antes del año 2000. 
Por lo tanto, esta medida que nos ocupa hoy entra dentro de este objetivo general. 
Por otro lado, en el contexto de la reglamentación de las emisiones sonoras de las aeronaves, el Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional es un documento fundamental. 
En el Convenio se clasifica el parque de aeronaves en tres categorías o capítulos. 
El capítulo primero comprende las aeronaves que en su día se encontraban entre las más ruidosas y que ya no pueden emplearse en la actualidad. 
Respecto de las aeronaves del capítulo segundo, la Directiva de 1992 de la Unión Europea, establece que a partir del 1 de abril de 2002 no podrán emplearse en la Unión Europea aeronaves correspondientes a este capítulo. 
Las aeronaves del capítulo 2, sin embargo, podrán equiparse con los llamados «lotes de insonorización» con objeto de que produzcan menos ruido y puedan incluirse en la categoría 3. 
Las aeronaves conformes al capítulo segundo equipadas con estos lotes de insonorización no constituyen todavía un gran problema en la Comunidad Europea. 
Sin embargo, la situación es muy distinta en los Estados Unidos. En este país, para el año 2000, su número ascenderá a unas 1.500. 
La Ley sobre el ruido de 1990 de los Estados Unidos prevé la retirada completa de las grandes aeronaves del capítulo segundo antes del 31 de diciembre de 1999. 
Pudiera ser que, a partir de esa fecha, las aeronaves de ese capítulo equipadas con lotes de insonorización se transfieran de los Estados Unidos a registros de matrícula de la Comunidad Europea, lo cual se debería evitar con el presente Reglamento. 
El objetivo de este Reglamento es evitar que en el futuro se incremente la contaminación acústica en la Comunidad mediante aeronaves de reacción subsónicas con certificados renovados- como acabo de decir-. 
Otro objetivo simultáneo es limitar los daños ambientales originados por las aeronaves en sus emisiones gaseosas. Se han previsto exenciones para el empleo de estas aeronaves en situaciones de emergencia o que tengan como finalidad facilitar la ayuda humanitaria. 
En cuanto a las enmiendas, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor presentó 6 enmiendas aprobadas prácticamente por unanimidad y se ha presentado una nueva enmienda a este Pleno. 
Esta enmienda, tras un estudio profundo y una reflexión también sincera por mi parte, no puedo llegar a aceptarla porque rompería el acuerdo político a que llegamos en la Comisión de Medio Ambiente entre los distintos Grupos y porque, además, no es coherente con las medidas del mercado interior ni con la urgencia que necesita esta medida legislativa. 
Por tanto, señor Presidente, yo creo que debemos acoger con satisfacción esta propuesta de la Comisión, que en líneas generales apoyamos, y creemos sinceramente que las enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente van en la misma dirección, por lo que tanto la propuesta como las enmiendas tienen todo nuestro apoyo. 
Por otra parte, conviene recordar, en todo caso, que en los próximos años será preciso aplicar más medidas destinadas a reducir el ruido en el sector del transporte aéreo, como estaba previsto en el programa comunitario. 
Señor Presidente, me alegra tener la oportunidad de continuar en tan poco tiempo el trabajo de mi antecesora, la Sra. van Dijk, y de poder actuar como ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre la propuesta de la Comisión. 
Así mismo, me satisface poder anunciar que la propuesta de la Comisión, tal como el Sr. Valverde López ha explicado, es decir, la disminución de la contaminación acústica causada por los aviones, ha sido también totalmente suscrita por la Comisión de Transportes y Turismo. 
Quiero añadir que éste es un paso pequeño que formará parte, espero, de un plan más omnímodo para reducir la contaminación acústica causada por los aviones mediante una prohibición europea. 
Quiero hacer otros tres comentarios. 
El primero es subrayar de nuevo que, a pesar de la buena apariencia de esta propuesta, en la práctica parece que el aumento del tráfico aéreo anula desgraciadamente este tipo de tendencias positivas. 
En otras palabras, se necesita algo más a largo plazo, también cuando se trata de reducir el tráfico aéreo, para reducir estructuralmente la contaminación acústica de los aviones. 
Mi segundo comentario se refiere al carácter urgente del asunto. 
El Sr. Valverde López ya lo ha subrayado y ello me conduce a señalar de nuevo la importancia de las enmiendas 1 y 2. No una directiva, sino un reglamento y, con el paso del tiempo, normas nuevas más severas cuando se trate de la contaminación acústica de los aviones. 
Así mismo, mi tercer comentario, concedemos un gran valor a la enmienda 6 del ponente, es decir, a la incorporación de la prohibición de vuelos nocturnos. 
De una manera u otra, esto debe recogerse en el informe. Por lo que a nosotros respecta, cuanto antes y de forma imperativa, tal vez para el año 2000, pero sí debe figurar. 
Por último, señor Presidente, en mi opinión y en opinión de la comisión, el futuro de la aviación en Europa es uno de los más graves problemas a largo plazo y me satisface que se pueda dar este pequeño paso. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a nuestro colega, el Sr. Valverde López, su buen informe. 
En segundo lugar, quiero felicitar al Sr. Lagendijk por su primer discurso. No ha estado nada mal y confío en que sea un muy buen colaborador. 
Señor Presidente, la contaminación acústica en las proximidades de los aeropuertos es un asunto extraordinariamente importante, sobre el que existen un sinfín de problemas, especialmente, en un territorio densamente poblado. 
Para analizar la situación neerlandesa basta con que me refiera a la problemática en torno al main airport, Schiphol, y a la aviación civil más modesta. 
Con razón, también en el Parlamento Europeo, nuestro cometido es examinar la contaminación acústica y otros tipos de contaminación medioambiental causada por los aviones. 
Hay dos estrategias. 
Una, que los aviones sean silenciosos. 
Hoy damos un paso en ese sentido. 
Dos, la limitación del tráfico aéreo, pero también de la zona. 
Señor Presidente, en los Países Bajos pensamos, a menudo indebidamente, que con la limitación de la zona podemos regular nosotros mismos el medio ambiente y la contaminación acústica producida por los aviones. 
Nada es menos cierto. Pondré un ejemplo. 
Yo vivo en Limburgo. Tenemos un aeropuerto en Maastricht y, allí, se ha intentado: primero, sanearlo; segundo, limitar el número de vuelos nocturnos; y tercero, negar el acceso a los aviones ruidosos ¿Qué ha sucedido después? 
A apenas veinte kilómetros de distancia, en Bierset, e incluso con apoyo financiero de la Unión Europea, se construye un nuevo aeropuerto y en él no existen limitaciones en cuanto a los vuelos nocturnos y pueden también volar los aparatos ruidosos. 
La población de esa zona sigue enfrentándose al problema ¿Qué se puede hacer? 
Deben adoptarse soluciones en el ámbito europeo. 
Señor Presidente, por ello, celebro esta propuesta de hoy cuyo objetivo es prohibir el acceso de los aviones ruidosos y creo que el endurecimiento de la legislación es un buen paso. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que el hush kitting de los llamados aviones del capítulo 2, que ahora se ha establecido, debe ser tan restringido como sea posible. 
Por consiguiente, apoyo gustosamente sus enmiendas. 
Sin embargo, me pregunto qué vamos a hacer cuando aquí, al igual que en los Estados Unidos, pueden registrarse hasta el 1 de abril y, por tanto, explotarse una gran cantidad de aviones. 
Me pregunto si la solución que el ponente ha propuesto en su enmienda al artículo 6 resuelve suficientemente el problema. 
Señor Presidente, para terminar, no apoyaré en ningún caso las enmiendas que debiliten la propuesta del ponente. 
Creo que debemos intentar con todas nuestras fuerzas lograr una armonización en el mercado europeo para contar con un nivel de protección del medio ambiente tan elevado como sea posible. 
Es un sin sentido que uno pueda competir con el medio ambiente. 
Señor Presidente, la Comisión comparte la alegría manifestada por los oradores hoy aquí ante el informe del Sr. Valverde López. 
Nosotros también estamos contentos de que la presentación del informe haya sido tan rápida pues esto posibilita la aprobación de la propuesta dentro de los plazos establecidos y por ello nos gustaría dar las gracias al Sr. Valverde López y a sus colegas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Al considerar las enmiendas de la comisión, la Comisión considera importante mantener el equilibrio entre las mejoras ambientales deseadas y las cargas económicas que pudieran ser impuestas a ciertos países en vías de desarrollo. 
También es importante enviar las señales correctas a la OACI, la cual está examinando en la actualidad la posibilidad de introducir requisitos más estrictos en los umbrales de ruido para aeronaves, que serán válidos en todo el mundo. 
De ahí que me alegre poder decir que la Comisión puede aceptar la enmienda 1 y parcialmente, las enmiendas 2, 3 y 4. 
No podemos aceptar la enmienda 5, porque el empleo de aeronaves equipadas con dispositivos para amortiguar el ruido fuera del ámbito comunitario queda incluido satisfactoriamente en el apartado 2 del artículo 4. 
Y tampoco podemos aceptar las enmiendas 6 y 7 porque la introducción de normas armonizadas para la prohibición nocturna de vuelos para ciertos aviones ni está en conformidad con el principio de subsidiariedad ni con los compromisos internacionales de los Estados miembros. 
Y a esto hay que añadir que los Estados miembros disponen ya de un procedimiento bajo el régimen 2408/92 para la introducción de restricciones en operaciones aéreas con la vista puesta en mejorar los niveles de ruido en las zonas situadas en torno a los aeropuertos. 
Queda claro que existe un gran acuerdo en lo relativo a esta propuesta y los esfuerzos del Sr. Valverde López y de sus colegas hacen que este acuerdo pueda convertirse lo más rápidamente posible en una legislación acertada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Política de residuos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0235/98) del Sr. Campoy Zueco, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las Directivas 75/439/CEE, 75/442/CEE, 78/319/CEE y 86/278/CEE sobre la política de gestión de residuos (COM (97) 0023- C4-0368/97). 
Señor Presidente, el informe que presentamos a la consideración de este Parlamento se enmarca en la política comunitaria de gestión de residuos. 
La propuesta de la Comisión es el primer intento por su parte de presentar una evaluación de la aplicación por los Estados miembros del marco legislativo sobre la gestión de residuos, que abarca la primera generación de legislación europea en esta materia, es decir, hasta el año 1995. 
En virtud de esta normativa, los Estados vienen obligados a presentar informes con regularidad sobre su aplicación. 
Sorprende que la Comisión haya tardado tanto en el empeño. Hace una evaluación del estado de la cuestión después de 20 años. 
El panorama que presenta esa evaluación es francamente deplorable por el poco celo demostrado por los Estados miembros en la aplicación de la normativa vigente. 
Ningún Estado ha traspuesto hasta la fecha el catálogo europeo de residuos. 
Existen grandes diferencias en cuanto a interpretación de la normativa, falta de univocidad en conceptos como residuos industriales, residuos peligrosos. 
Se debería llegar a una terminología unificada. 
Se constatan graves omisiones, por parte de los Estados, en cuanto a su obligación de informar regularmente a la Comisión. 
Hay algún caso en que, después de 22 años, todavía no se ha presentado informe alguno. 
La aplicación deja mucho que desear, lo que perjudica de forma notable la salud pública, el funcionamiento del mercado interior, el desarrollo sostenible y- lo que es peor- la credibilidad de la Unión, en particular ante los países candidatos. 
La Comisión presentó con fecha de diciembre de 1991 una nueva directiva que normaliza y racionaliza los informes, con el fin de facilitar la obligación de los Estados para el periodo 1995-1997. 
La Comisión presentará resultados a mediados de 1999. 
A partir de octubre de 1997 ha iniciado- con timidez, es cierto- procedimientos de infracción. 
Sería necesario que los procedimientos de infracción se incoaran de forma más sistemática. 
Asimismo, es necesario que se codifique el Derecho comunitario en materia de medio ambiente. 
La legislación se encuentra muy dispersa; se cuentan hasta 20 actos jurídicos que habría que unificar con el fin de mejorar su coherencia y transparencia. 
Se pide al Consejo que en su próxima revisión del Reglamento 1210/90 de la Comunidad Económica Europea haga suyas las enmiendas del Parlamento Europeo, permitiendo a la Agencia de Medio Ambiente informes sobre la aplicación de la legislación en materia de residuos por parte de los Estados miembros e intensifique, asimismo, su colaboración con los parlamentos nacionales. 
Doy las gracias a la Sra. Jackson y a los Sres. Bowe y Eisma por aportar acertados puntos de vista que, sin duda, mejoran el informe. 
Con respecto a las tres enmiendas presentadas, estoy de acuerdo con la primera del Sr. Eisma al apartado 7 añadiendo un nuevo punto. 
En cuanto a las enmiendas 2 y 3 de los Sres des Places y Souchet, aun sintiéndolo y agradeciendo su interés, no me es posible asumirlas por considerarlas fuera de lugar en este informe de aspecto más generalista. 
Señor Presidente, el tema que nos ocupa es lo suficientemente importante como para requerir una amplia gama de cambios: en primer lugar, la actitud de los Estados miembros y, en términos más generales, cambios desde procesos industriales a hábitos de vida y desde el diseño de productos a nuevas visiones del mundo. 
Espero que el informe sea aprobado por este Parlamento y que la Comisión admita las sugerencias. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito este informe que debería haber llegado ante nosotros hace mucho. 
El Sr. Campoy Zueco le ha dedicado mucho trabajo y ha sido muy sincero, muy equitativo y muy justo. 
Desde luego, convengo con todo lo que ha dicho hasta ahora. 
Sin embargo, debemos seguir subrayando los problemas que plantea el incumplimiento de la legislación relativa a los residuos en la Unión. 
Existe, desde luego, confusión sobre las definiciones que figuran en las directivas y existe necesidad de aclaración de los textos para hacerlos más coherentes. 
Igualmente, está claro que los Estados miembros no aplican toda una serie de directivas, ya versen sobre los residuos del petróleo, sobre cieno de alcantarillado o sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
Hay muchos sectores en los que los Estados miembros deben, en realidad, adoptar medidas. 
También necesitamos medidas más firmes de la Comisión, que, al fin y al cabo, es la garante del Tratado y protectora de las directivas. 
Así, pues, acojo con beneplácito los expedientes por infracción incoados a algunos de los Estados miembros que no han aplicado adecuadamente la directiva sobre los residuos del petróleo. 
Pero se necesitan más medidas y deben ser más sistemáticas y automáticas al cabo de un período de tiempo razonable, no decenios. 
También hemos de reconocer que a la Agencia de Medio Ambiente, que tiene su sede en Copenhague, le corresponde un papel en la determinación de los problemas y la información a la Comisión para que pueda adoptar medidas rápidas. 
Pero creo que la responsabilidad principal corresponde a la Comisión. 
El proceso de ampliación va a hacernos afrontar toda una serie de problemas nuevos relativos a la aplicación y la imposición del cumplimiento de la legislación. 
Me parece que debemos convencernos de la necesidad de adoptar medidas firmes a ese respecto. 
Vamos a tener que llamar la atención a los pecadores que no apliquen la legislación europea y adoptar medidas fiscales contra quienes no apliquen. 
El Parlamento Europeo está dispuesto a pedir cuentas a otros representantes elegidos- ministros de los Estados miembros- y solicitar su comparecencia aquí para explicar el incumplimiento de la legislación. 
Estamos dispuestos a adoptar medidas y pedimos a otros que también lo hagan. 
La Unión Europea debe ser coherente y respetar la legislación que aprobamos en esta Asamblea. 
Señor Presidente, aunque en el ámbito del medio ambiente se ha logrado mucho en los últimos años, del excelente informe de nuestro colega, el Sr. Campoy Zueco, se deduce, al mismo tiempo, cuán limitada realmente está la política medioambiental europea. 
Una buena política medioambiental solamente funciona si los Estados miembros están preparados para colaborar al cien por cien. 
Desgraciadamente, de la comunicación de la Comisión se infiere que la transposición, la utilización y la ejecución de nuestras directivas sobre residuos dejan mucho que desear. 
Esta escasa dedicación de los Estados miembros no es solamente lamentable sino también preocupante, especialmente en relación con la ampliación. 
Confiamos, después de todo, en que los nuevos Estados miembros adopten nuestro acervo. 
He presentado antes una enmienda que establece que el apoyo financiero a los países candidatos en la gestión de los residuos debe estar vinculado a las actuales exigencias de la Unión Europea. 
Espero que la Comisaria Bjerregaard acepte la enmienda 1 del Grupo Liberal. 
No obstante, el principio que establecemos para los países candidatos resulta muy difícil de creer si los actuales quince Estados miembros no son capaces de cumplirlo. 
Quiero por ello solicitar insistentemente que los Estados miembros acepten su u responsabilidad y espero una vigilancia más estricta por parte de la Comisión. 
Señor Presidente, apoyo la resolución que tenemos ante nosotros hoy. 
Pide a la Comisión que facilite al Parlamento Europeo una lista trimestral de casos por los que se haya denunciado a Estados miembros ante el Tribunal de Justicia en la esfera de la gestión de los residuos. 
Además, expresa la intención, en casos de violación flagrante de la legislación de la Unión Europea relativa a los residuos, de pedir a los ministros competentes de los Estados miembros de que se trate que asistan a una reunión de la comisión del Parlamento Europeo para que expliquen sus políticas. 
Desde una perspectiva irlandesa, el futuro de la eliminación de residuos no estriba en la continua búsqueda de más emplazamientos para vertederos de basuras a escala nacional, lo que tiene sin falta el conflictivo efecto de provocar considerables objeciones locales. 
Las autoridades locales en toda Irlanda siguen dedicadas a la tarea de buscar nuevos emplazamientos para vertederos de basuras con vistas a los programas futuros de eliminación de residuos. 
Existe una preocupación pública cada vez mayor sobre las repercusiones medioambientales en general y a largo plazo de los vertederos de basuras. 
Actualmente Irlanda está experimentando un fuerte crecimiento económico y se deben invertir parte de nuestros recursos en otros planes de gestión de los residuos. 
La inversión en un medio ambiente menos contaminado en Irlanda justificaría, a medio y largo plazo, el gasto suplementario. 
Apoyo encarecidamente la iniciativa adoptada por mi Gobierno, que ha encargado un estudio sobre la posible utilización de nuevas formas substitutivas de producción y eliminación de residuos. 
La aplicación de la Ley de Gestión de Residuos (1995) es, desde luego, un paso en la dirección correcta. 
De conformidad con esa legislación, las autoridades locales deben preparar planes de gestión de residuos individual o conjuntamente y se pide también a la Agencia de Protección del Medio Ambiente que prepare un plan nacional de gestión de los residuos peligrosos. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta que en 1995 hubo en Irlanda más de 42 millones de toneladas de residuos, confío en que las propuestas innovadoras para abordar la gestión de los residuos en Irlanda reciban una respuesta muy favorable de la Comisión durante la nueva ronda de financiación estructural de la Unión Europea para el período 2000-2006. 
Felicito al ponente por su excelente informe. 
Señor Presidente, no hay duda ninguna de la oportunidad de esta comunicación de la Comisión, y también del acierto del informe de mi compatriota Campoy Zueco, porque la comunicación se refiere al cumplimiento de la aplicación de cuatro directivas. 
Podía referirse a muchas más y creo que llegaríamos igualmente a la conclusión de que la mayoría de los Estados incumplen flagrantemente estas y otras directivas. 
Hay que saludar, yo creo, el procedimiento de infracción abierto contra 13 Estados miembros por no haber adoptado un plan de gestión de residuos. 
Creo que es un acierto. 
Lo que ocurre es que quizás estos procedimientos de infracción habrían de ser más rápidos y automáticos, porque se alargan en el tiempo y eso produce el aumento de los residuos, algo que resulta alarmante sobre todo cuando son peligrosos. 
Los datos que dio el Sr. Campoy están muy claros: más de 20 actos jurídicos, a veces intrincados, dificultan que los gobiernos apliquen las directivas de forma más clara, transparente y rápida. 
Creo que sería muy interesante codificar el Derecho comunitario en materia de gestión de residuos, como propone el ponente, apoyar el trabajo de IMPEL y, desde luego, apoyar con medios suficientes a la Agencia de Medio Ambiente para que pueda hacer un trabajo de seguimiento y control de la aplicación del Derecho comunitario al respecto. 
Cuando hablamos aquí de gestión de residuos parece que hablamos de algo inconcreto, etéreo. 
Pero la Comisaria, Sra. Bjerregaard, conoce muy bien, porque a veces le enviamos información, que el aumento de los residuos supone un desastre para la salud y para el medio ambiente. 
Residuos que son tóxicos y peligrosos, como los 5 millones de toneladas de fosfoyesos en Huelva, o como lo que pasó en Doñana; o como hemos comprobado esta misma semana en León al visitar escombreras que tienen que ver con la explotación de la pizarra y que amenazan hasta la vida de un pueblo de 700 vecinos. 
Es decir, la salud y el medio ambiente se ven peligrar por no cumplir el Derecho comunitario. 
Señor Presidente, como ha señalado el ponente, una de las cosas más evidentes en esta comunicación de la Comisión ha sido la falta de información por parte de los Estados miembros. 
Sólo se ha recibido información escasa. 
Está claro que los gobiernos de la UE no están cumpliendo con su obligación de facilitar información a la Comisión. 
En casi todos los casos, Irlanda, mi país, ha dejado de presentar los informes sobre la transposición, la aplicación y la ejecución de las directivas de la UE relativo a la gestión de los residuos que debe presentar. 
Resulta imposible determinar si han cumplido los Estados miembros sus obligaciones con arreglo a la legislación, dado que no han presentado los informes. 
Esta situación no puede continuar. 
La Comisión debe adoptar medidas legales inmediatas contra los Estados miembros que no cumplan con sus obligaciones. 
La Comisión parece tener una actitud extraordinariamente débil a la hora de imponer el cumplimiento de la legislación sobre la gestión de residuos y, a consecuencia de ello, se permite a los países irresponsables como el mío seguir con planteamientos peligrosos de la gestión de los residuos, al seguir aplicando la opción insostenible de los vertederos. 
Irlanda tiene una de las tasas más bajas de recuperación de residuos de la UE y una de las tasas más altas de eliminación mediante vertederos. 
En Irlanda muchos vertederos están en la periferia de grandes zonas residenciales y, según un estudio reciente, representan una grave amenaza para las mujeres embarazadas. 
Miles de mujeres que viven cerca de vertederos corren un riesgo mayor de tener hijos con anomalías de nacimiento. 
Según un estudio publicado recientemente en la revista médica The Lancet, la espina bífida, los soplos cardíacos, las malformaciones de vasos sanguíneos importantes y gran número de otras anomalías son 33 % más probables en los hijos de madres que viven a menos de tres kilómetros de un vertedero. 
Muchos de ellos contienen substancias químicas muy peligrosas. 
El incumplimiento por parte del Gobierno irlandés de la legislación de la UE y el incumplimiento por parte de los Estados miembros de toda la Unión Europea de los reglamentos relativos a la gestión de los residuos es inaceptable. 
No se debe permitir que sigan sin imponer su cumplimiento y sin aplicarla. 
Está claro que el de los residuos es uno de los problemas más evidentes que afronta la UE en el futuro. 
Ya es hora de que los Estados miembros estén a la altura de su obligación de proteger al público de los vertederos tóxicos y peligrosos y de la eliminación irresponsable de los residuos. 
Es necesario un inventario de lo que se ha vertido en los basureros de toda la UE. 
Los ciudadanos tienen derecho a saber y los responsables deben ser sancionados. 
Se deben imponer sanciones a la industria para velar por que se dejen de producir residuos tóxicos. 
Debe haber un planteamiento racional del problema de los residuos. 
El tiempo escasea, así que ruego que no superemos el tiempo de intervención. 
En este momento me veo obligado a interrumpir la sesión en beneficio del turno de preguntas. 
Quedan cuatro oradores. 
Si toda la asamblea me solicita unánimemente proseguir la sesión, entonces podemos acabar con los oradores y concluir este asunto, así que quizá pueda ser convencido. 
Espero que sea una mayoría muy grande la que quiera continuar. 
Señor Presidente, si autoriza la prolongación del debate, tenga al menos la bondad de velar por que cada intervención se limite a un minuto aproximadamente. 
Los tres últimos oradores han sobrepasado su tiempo de uso de la palabra en 45 segundos. 
Con un Presidente enérgico, dotado de los poderes necesarios, deberíamos poder cumplir nuestro horario. 
Tiene usted toda la razón en lo que dice, señor Herman. 
He sido demasiado complaciente y es por ello que se ha hecho tarde. 
Ruego ahora a los últimos oradores que sean muy breves. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión es el primer paso para hacerse una idea de la deficiente política de gestión de residuos. 
Constituye un primer intento de registrar y evaluar la hasta ahora lamentable situación. 
Es la primera vez que se intenta proyectar la imagen que domina en los Estados miembros en cuanto a la aplicación de la legislación comunitaria. 
El informe muestra también la aplicación ineficaz de los marcos legislativos y de las normas comunitarias que se elaboran a escala de la Unión Europea. 
Hay un gran abismo entre lo que votan las instituciones de la Unión y lo que se aplica y está vigente en los Estados miembros. 
Es de destacar que ningún Estado miembro ha traspuesto de modo correcto la Directiva 75/442/CEE y que cada uno la aplica de un modo diferente, que ningún Estado miembro haya incorporado el catálogo europeo de residuos de acuerdo a la Directiva 94/4. 
De una manera se determinan el umbrales de peligrosidad de las sustancias y de otra el umbral permitido de las concentraciones en cada Estado miembro. 
Además, los procedimientos de control son diferentes. 
También hay problemas importantes con las directivas relacionadas con aceites minerales y la limpieza de residuos. 
Sin embargo, quisiera insistir en el caso de las directivas relativas a residuos sólidos pues es ahí donde nos encontramos con una dramática situación. 
La Comisión ha intentado corregir a los Estados miembros a través del Tribunal Europeo y de las sanciones que tiene derecho a proponer de acuerdo con el artículo 171. 
Desgraciadamente, entre los países infractores se encuentra también mi país por asuntos como el del golfo Pagassitikós, la contaminación del lago de Vegoritis, la del río Soulos y el caso de Kouroupitó en Canea. 
A pesar de las pomposas declaraciones de los Estados miembros acerca de una Europa próxima a los ciudadanos, son las instituciones de la Unión las que en definitiva intentan proteger sus derechos y se muestran solidarias con sus inquietudes. 
Consideramos que la Comisión debe seguir registrando de forma global la situación en todos los ámbitos de la gestión de residuos con el fin de formular una política comunitaria común. 
Paralelamente, los Estados miembros deberán comprender que la gestión correcta de residuos de cualquier tipo se encuentra en el corazón mismo de los Tratados y de la calidad de vida. 
También quisiera agradecer al ponente la excelente labor que ha realizado. 
Señor Presidente, comparto las preocupaciones y las críticas del ponente, Luis Campoy Zueco, respecto a los considerables retrasos en la aplicación de las directivas relativas a los residuos. 
Nuestro compromiso en favor del desarrollo sostenible y de la protección del medio ambiente nos obliga a llevar una gestión de residuos muy distinta. 
Debemos reducir su producción en origen, desarrollar técnicas de valorización y reciclaje, neutralizar los residuos finales. 
Sólo seguiré en parte a nuestro ponente cuando insiste en que se inicien procedimientos de infracción. 
Debemos, en efecto, hacer una evaluación plena de los obstáculos reales para la aplicación de la legislación relativa a los residuos, no para justificar las actuales carencias, sino para que la legislación sea eficaz y aplicable. 
Ahora bien, esta legislación tiene implicaciones financieras considerables. 
Naturalmente, se podría reducir sus costes, y la Comisión debe presentar propuestas en este sentido, especialmente, a través de incentivos fiscales, como propone el ponente para los aceites usados. 
Pero, en términos generales, ¿no sería conveniente reducir hasta su índice más bajo el IVA sobre el tratamiento de residuos, o bien crear las condiciones necesarias para una revalorización suficiente de los productos reciclados, que deben competir con productos nuevos que, a menudo, son más baratos? 
Dicho esto, ante los costes financieros que siguen siendo importantes, ¿cómo pueden movilizarse los recursos necesarios cuando los colectivos públicos están obligados a reducir sus presupuestos, cuando las empresas se enfrentan a competencias de ámbito planetario y cuando la población adolece de un poder adquisitivo insuficiente? 
Creo que existe una contradicción entre las políticas monetarias y económicas de la Unión, enmarcadas por obligaciones y criterios estrictos, y las políticas de medio ambiente, en las que, a veces, predominan la no intervención y el laxismo, como demuestra el informe que debatimos. 
Creo, para terminar, que para salir de la actual situación es necesario combinar los procedimientos de infracción y medidas financieras que permitan eliminar los obstáculos de fondo y, sobre todo, actuar de una manera más democrática. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, en primer lugar, quisiera unirme a las felicitaciones dirigidas al ponente y manifestar también mi descontento ante el retraso de los Estados en la aplicación de políticas coherentes en materia de gestión de residuos. 
Para defender un medio ambiente, a menudo maltratado, para reducir la contaminación del suelo, del aire y del agua, para economizar las materias primas, todo el mundo sabe que es necesario gestionar mejor, o simplemente gestionar, los residuos, limitarlos y reciclarlos. 
Ciertamente, de entrada hay gastos complementarios, a veces importantes, porque derrochar y contaminar resulta más barato a corto plazo; pero a medio plazo, una gestión rigurosa y más económica es absolutamente vital, sobre todo para la salud humana. 
Debemos, por tanto, dar muestras de firmeza ante aquellos, quienesquiera que sean, que no aplican las legislaciones; ciertamente hay que sancionarlos fiscalmente, pero también ayudar a aquellos otros que se esfuerzan al máximo para aplicarlas, en particular, los colectivos locales. 
Por último, al igual que otros colegas, observo también que a través de nuestro debate vuelven a plantearse la cuestión y el problema de la aplicación de las decisiones adoptadas. 
Dedicamos demasiado tiempo a definir normativas y a decidir medidas, especialmente en materia de medio ambiente, pero a continuación nos olvidamos a menudo de ver qué sucede, y cuando lo hacemos, como hoy, el balance es completamente desolador. 
En este caso se plantea más que nunca la cuestión de la autoridad política de Europa y de sus instituciones, autoridad que debería verse reforzada. 
Señor Presidente, no voy a prolongar el debate mucho más. 
Estoy muy contenta con el informe presentado hoy por el Sr. Campoy Zueco. 
En el debate he visto que existe un acuerdo general en que la puesta en práctica de la legislación no funciona del todo bien y que hay enfados y quejas ante el hecho de que los Estados no puedan o tengan en mayor medida la voluntad política de poner en práctica la legislación. 
Espero que la decisión, cuya aprobación doy por sentada, contribuirá a estimular el debate y también agradezco los diversos consejos oídos en el debate de hoy. 
Algunos de ellos, en mi opinión, han ido encaminados a mejorar la situación y me gustaría asegurar al Parlamento que de ninguna manera tenemos la intención de permitir a los países miembros esquivar la puesta en práctica de la legislación que nosotros- así puede decirse- hemos puesto en marcha con muchísimos esfuerzos en la Unión. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0482/98). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Pregunta nº 44 formulada por Charlotte Cederschiöld (H-0763/98): 
Asunto: Protección de la seguridad social a residentes en el extranjero 
Los tribunales suecos ya han fallado en diversos casos que la legislación sueca en materia de protección social es incompatible con el derecho comunitario, al exigir que una persona resida en Suecia para poder percibir las correspondientes prestaciones. 
A pesar de estas sentencias, continúan denegándose los beneficios de la protección de la seguridad social a conciudadanos que tienen derecho a estas prestaciones, por haber establecido su residencia en el extranjero. 
¿Considera la Comisión esta circunstancia compatible con los principios de la libre circulación de personas? 
Doy la bienvenida al Sr. Monti y le pido disculpas por haber iniciado el turno de preguntas con 10 minutos de retraso. 
Le invito que responda a la pregunta formulada por la Sra. Charlotte Cederschiöld. 
La señora Cederschiöld plantea la cuestión de la transposición de la normativa comunitaria en materia de seguridad social en Suecia. 
El Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo establece normas específicas para armonizar los regímenes de seguridad social de los Estados miembros aplicables a los trabajadores de la Unión Europea y a sus familiares que circulan por la Comunidad. 
La pregunta sugiere que Suecia no está aplicando correctamente dicho reglamento. 
Sin embargo, la propia pregunta carece de la información suficiente para que la Comisión pueda esclarecer si no se ha respetado la normativa comunitaria en un caso específico. 
La Comisión, por lo tanto, invita a su Señoría a que explique más detalladamente el caso a los servicios de mi colega, el Comisario Sr. Flynn, encargado de esta materia, al objeto de que estos puedan estudiar la cuestión a la luz del Derecho comunitario. 
Gracias por la respuesta Comisario Monti. 
Se trata de un caso de seguridad social en que una mujer no pudo obtener su subsidio por maternidad puesto que ella trabajaba en Inglaterra. 
Está bien que la Comisión solicite más detalles sobre este caso, información que yo puedo proporcionar con mucho agrado. 
Quisiera establecer un paralelismo con algo de gran actualidad; el Tribunal se remite al Tratado de Roma cuando se trata del derecho a asistencia médica. 
En mi opinión, la libre circulación de pacientes está muy cerca de la libre circulación de beneficiarios de la seguridad social. 
Tratándose de pacientes, es un derecho individual, es decir, no debe haber apreciaciones arbitrarias, no se pueden negar las compensaciones e indemnizaciones y no se puede pedir autorización anticipada. 
¿Está dispuesta la Comisión a apoyar a los ciudadanos tomando medidas contra los países miembros en los casos en que no se cumpla la libre circulación de pacientes y beneficiarios de la seguridad social? 
También en este caso, ruego a la Sra. Cederschiöld que nos proporcione más datos. 
Lo único que puedo decir, aunque en líneas generales, es que la Comisión intenta facilitar a los ciudadanos de la Unión Europea el ejercicio de sus derechos, sobre todo a través de una acción de información acerca de la exacta naturaleza de dichos derechos. 
En este marco, como su Señoría sabe, se sitúa la acción «Ciudadanos de Europa» que la Comisión ha desplegado gracias al decisivo apoyo del Parlamento Europeo. 
Con respecto al caso específico señalado por su Señoría y que guarda relación con la asistencia sanitaria, le ruego nuevamente que tenga a bien proporcionar a la Comisión más datos, al objeto de que nuestra acción pueda ser más específicamente útil. 
Asunto: Derecho al voto para los ciudadanos de la Unión Europea 
¿Está la Comisión al corriente de que algunos ciudadanos europeos que viven fuera de su Estado miembro de origen se ven privados del derecho al voto, puesto que no pueden votar en elecciones locales o europeas, como tendrían derecho a hacerlo en su calidad de ciudadanos de la Unión? 
El Gobierno belga ha demostrado una vez más que, pese a encontrarse «en el corazón de Europa» , es incapaz de conceder a los ciudadanos no belgas plenos derechos de voto, aunque no es el único Estado que actúa de esta manera. 
He sido informado de que hay ciudadanos europeos, que trabajan desde hace muchos años en el Consejo de Europa, a los que tanto su país de origen como el Gobierno francés les niegan ahora el derecho a votar debido a su estatus «cuasi diplomático». 
¿Qué medidas adopta la Comisión para suprimir estas anomalías en la Unión Europea y garantizar que todos los ciudadanos de la UE puedan votar, al menos en las elecciones locales y europeas? 
Señor Monti, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Evans. 
Todos los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales, pueden ejercer su derecho de sufragio y son elegibles en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, de conformidad con las disposiciones establecidas por las directivas y transpuestas al Derecho nacional por todos los Estados miembros, excepto uno. 
Sólo Bélgica no ha aplicado todavía la Directiva 94/80/CE que establece las modalidades del ejercicio del derecho de ser elector y elegible en las elecciones municipales. 
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia europeo de 9 de julio de 1998, que condena a Bélgica por no haber transpuesto dicha directiva, la Comisión no dejará de instar el procedimiento previsto en el artículo 171 del Tratado de la Unión Europea si, dentro de un plazo razonable, el Estado miembro que ha incumplido las obligaciones que le incumben, no adoptará las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal. 
En lo que se refiere a los funcionarios del Consejo de Europa, la Comisión no está al corriente de los hechos apuntados por su Señoría. 
Por lo que la Comisión sabe, todos los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Francia pueden participar en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo si así lo desean, independientemente de su estatus personal. 
La ley francesa de adaptación a la Directiva 94/80/CE, que establece las modalidades del ejercicio del derecho de sufragio y de elegibilidad en las elecciones municipales, precisa que los ciudadanos de la Unión Europea se consideran residentes en Francia si tienen fijado allí su domicilio y si su residencia en dicho país es de carácter permanente. 
En esta legislación hay un número de anomalías. 
El Comisario tiene toda la razón en lo que dice sobre las autoridades belgas. 
Bélgica parece estar haciendo sus propias excepciones o sus propios reglamentos a este respecto. 
En ciertas comunas, si el 20 % de los residentes no son belgas, sino europeos de otros países, parece saltarse a la torera la ley y la legislación. 
Espero encarecidamente que el Comisario haga lo que ha dicho en su respuesta a la pregunta anterior: imponer el disfrute de sus derechos por los ciudadanos de la UE. 
Esto plantea una cuestión: si el Comisario viviera en Londres, podría votar en las próximas elecciones europeas. 
Me parece que los Comisarios que viven en Bruselas no van a poder votar en las elecciones europeas del próximo verano, pese a que trabajan para Europa. 
También he de señalar a la atención del Comisario la observación que formulé sobre las personas que trabajan en el Consejo de Europa, que- según tengo entendido- no tienen derecho al voto porque no pagan todos sus impuestos en Francia en virtud de su condición de funcionarios del Consejo de Europa. 
Me gustaría saber si podría darme más información al respecto. 
Respecto de los funcionarios del Consejo de Europa, lo único que puedo hacer es remitir a mis observaciones iniciales. 
La ley francesa por la que se transpone la Directiva 94/80, que establece las modalidades para el ejercicio del voto y la presentación como candidato a las elecciones municipales, dispone que los ciudadanos de la Unión que tengan su domicilio real o cuya residencia en ese país sea de carácter permanente son considerados residentes en Francia. 
Quisiera añadir unas palabras sobre Bélgica, cuestión planteada por el Sr. Evans en su pregunta complementaria. 
La Comisión sabe que en los últimos días ha habido ciertos avances a ese respecto en Bélgica. 
En su primera reunión de septiembre, el Consejo de Ministros belga aprobó un anteproyecto encaminado a modificar la legislación en vigor con vistas a la transposición de la directiva. 
Ya se ha presentado ese proyecto a la Cámara de Representantes para que lo examine y las comisiones parlamentarias competentes han reanudado sus debates sobre la reforma del artículo 8 de la Constitución, que también es necesaria para ampliar los derechos políticos de los ciudadanos de la UE no nacionales. 
Aunque se trata en verdad de asuntos complejos, la Comisión espera que, a partir de la labor que ya está en marcha, se adoptarán las medidas necesarias con suficiente antelación para permitir a los ciudadanos de la Unión votar y presentarse como candidatos en las próximas elecciones municipales de Bélgica, previstas para el año 2000. 
Los servicios de la Comisión están siguiendo la evolución de la situación con vistas a ello y manteniendo contactos a ese respecto con las autoridades belgas. 
En espera de la adopción de un procedimiento electoral uniforme, las elecciones al Parlamento Europeo están reguladas por las disposiciones del acto relativo a la elección de los representantes en el Parlamento por sufragio universal directo de 20 de septiembre de 1976, anexo a la decisión del Consejo 76/787/CECA, CE, Euratom, así como por las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y las legislaciones nacionales. 
Dicho acto incluye un anexo que forma parte integrante del mismo, por el cual el Reino Unido se compromete a aplicar dichas disposiciones tan sólo al Reino Unido. 
Esto supone en concreto la exclusión de Gibraltar del derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento Europeo. 
El anexo mencionado fue refrendado formalmente por los representantes de los Estados miembros y remitido a los Estados miembros para su aprobación y ratificación, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. 
El Tratado de la Unión Europea y, en particular, el artículo 8 B, no modifica esta situación jurídica, habida cuenta de que se limita a conceder el derecho de sufragio a los ciudadanos de la Unión Europea que residen en un Estado miembro del que no son nacionales, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. 
La fijación del ámbito de aplicación contemplada en la Directiva 93/109/CE sobre las modalidades del ejercicio de dicho derecho se enlaza con el acto de 1976, en virtud del cual no se celebran elecciones al Parlamento Europeo en Gibraltar. 
Es significativo que el apartado 2 del artículo 8 B, establezca expresamente que los derechos políticos mencionados en el mismo se mantienen sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 138 y en las normas de aplicación pertinentes. 
Así y todo, el apartado 3 del artículo 138 del Tratado de la Unión Europea dispone que el acto del año 1976 puede ser modificado sólo en virtud de acuerdo unánime del Consejo, previo dictamen conforme del Parlamento, subordinado a su ratificación por los Estados miembros. 
Señor De Clercq, como usted sabe, el Tratado exhorta expresamente al Parlamento Europeo a elaborar proyectos encaminados a hacer posible su elección por sufragio directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme. 
A la vista de la actual situación jurídica, la Comisión no puede formular ninguna iniciativa dirigida a conceder a los ciudadanos europeos residentes en Gibraltar el derecho de sufragio, como augura el Sr. De Clercq. 
Mi pregunta es muy sencilla. 
De la respuesta del honorable Comisario deduzco que no está tan satisfecho con la posición adoptada por Gran Bretaña. 
Aunque hago hincapié en que el Gobierno británico en su momento reconoció por súbditos británicos a los ciudadanos de Gibraltar y como la resolución del Parlamento Europeo señala que todos los ciudadanos de la Unión Europea deben poder participar en las elecciones europeas, me parece que la actitud de este Estado miembro es claramente contraria a esta resolución. 
Usted afirma que la Comisión no puede adoptar ninguna iniciativa. 
Estoy de acuerdo, pero quería escuchar su opinión. 
Mi pregunta es la siguiente: a pesar de que usted no puede adoptar ninguna iniciativa, ¿no puede instar al Gobierno del Estado miembro en cuestión a fin de que todos los ciudadanos se encuentren en una situación comparable dondequiera que estén? 
Señor De Clercq, las últimas palabras de mi breve respuesta pueden efectivamente analizarse en el contexto que usted ha apuntado, ya que he recordado que el Tratado exhorta expresamente al Parlamento Europeo a elaborar proyectos encaminados a hacer posible su elección por sufragio directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme. Por eso, la función de estímulo que este Parlamento, y no sólo la Comisión, desarrolla ante los Estados miembros es muy importante también en esta materia. 
No cabe duda de que si nos preguntamos si existe alguna posibilidad de que los ciudadanos de Gibraltar consigan el derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo, el primer paso obligado sería la modificación de la declaración del Reino Unido, aneja al acto de 1976, así como la modificación de la decisión del Consejo 76/787/CECA, CE, Euratom que precisa el voto unánime del Consejo. 
A continuación le correspondería al Gobierno británico establecer las modalidades del ejercicio del derecho de sufragio de los ciudadanos de Gibraltar y dicha materia queda fuera de la competencia de la Comisión. 
Para mayor abundamiento, diré que las elecciones al Parlamento Europeo, además que en Gibraltar, no se celebran en las islas del Canal de la Mancha ni en la isla de Man. 
El Tratado de la Unión Europea no se aplica a las zonas que están sometidas a la soberanía del Reino Unido en Chipre, respecto a las cuales no se plantea la cuestión de la participación en las elecciones al Parlamento Europeo. 
En cuanto a Dinamarca, se excluyen de las elecciones la región autónoma de las islas Feroe, a las que no se aplica el Tratado de la Unión Europea, y Groenlandia que ya no forma parte del territorio de la Unión Europea. 
Finalmente, para completar el cuadro diré que la Directiva 93/109/CEE del Consejo se aplica a los países y territorios de ultramar de Francia, a Ceuta y Melilla, a Aruba y a las Antillas Holandesas. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 47 decae. 
Pregunta nº 48 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0746/98): 
Asunto: Ejecución de las políticas euromediterráneas en Argelia 
¿Qué perspectivas inmediatas contempla la Comisión en lo que se refiere a programas y proyectos de cooperación con Argelia? 
¿Qué resultados puede contabilizar en lo relativo a los últimos tres años? 
Doy la bienvenida al Sr. Marín y le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Izquierdo Rojo. 
Señora Izquierdo Rojo, como usted sabe, la Comisión ha acordado con el Gobierno argelino, al igual que con los demás países socios mediterráneos, una programación plurianual de cooperación financiera bilateral en el cuadro del programa MEDA. 
Debido a la difícil situación social- pues el paro, según cifras oficiales, y seguramente en la realidad será más, se sitúa en torno al 30 % de la población activa -, los esfuerzos de esta programación plurianual se han dirigido esencialmente a este problema de apoyo a las políticas que tienen que ver con la reducción del desempleo. 
Y lo que pretendemos, a través del programa sobre microempresas, es poder ayudar a crear y a consolidar empleos de duración indeterminada, y utilizar aquellos proyectos que se dirigen a la realización de infraestructuras y obras públicas para desarrollar una red de empleos temporales. 
Ése es el objetivo. 
La Comisión está fomentando también, y apoyando en circunstancias nada fáciles, el desarrollo comunitario a través de las llamadas «iniciativas locales». 
Ésta es una cuestión donde inciden elementos de seguridad, y por el momento no hemos recibido respuesta del Gobierno argelino, por razones que se pueden fácilmente entender, respecto a la forma de poner en práctica estas iniciativas de desarrollo municipal. 
Los restantes elementos del actual programa los constituyen la ayuda al mecanismo de ajuste estructural, a la privatización y a la modernización del sector financiero. 
Tenemos dificultades para desarrollar estos proyectos por la dificultad de poder contratar a expertos cualificados que estén dispuestos a trasladarse a Argelia, pero, no obstante, por el momento y con la debida protección, hemos conseguido mantener tres equipos de expertos que están preparando los programas de privatización de pequeñas y medianas empresas y la modernización del sector financiero. 
El objetivo, en negociación, es poder comprometer en estos tres programas en torno a 100 millones de ecus. 
Esto por lo que se refiere a la realización de la programación plurianual. 
En lo que concierne a las negociaciones sobre el acuerdo de asociación, como usted sin duda conoce, el Gobierno argelino tomó la decisión de tomarse un tiempo para analizar la propuesta de la Comisión, fundamentalmente en la parte relativa al período de desarme industrial y, en principio, el Gobierno argelino no nos ha comunicado todavía cuándo desearía reiniciar las negociaciones formales. 
A cambio, se nos ha pedido la realización de un conjunto de seminarios de explicación sobre la zona euromediterránea de libre cambio, los problemas que tienen que ver con el establecimiento de un mercado interior euromediterráneo, con sus desarmes industriales, los impactos eventuales en el tejido industrial de Argelia- ya que piensan que ésta es una cuestión muy sensible- y, antes de reanudar las negociaciones, les gustaría tener la mayor información posible de nuestra parte. 
Estamos dispuestos, naturalmente, a dar este tipo de información y, cuando el Gobierno argelino nos comunique su deseo de continuar las negociaciones formales, así lo haremos. 
Muchas gracias, señor vicepresidente Marín, por esta respuesta que satisface mi inquietud ante el momento en que vive Argelia. 
No obstante, quisiera preguntarle más específicamente si ya ha sido posible la apertura de la delegación de la Comisión en Argelia. 
He entendido que hay tres equipos de expertos, pero no sé si ese extremo queda para mí suficientemente claro. 
Es cierto que la situación de Argelia exige un proyecto específico para este país en este momento. 
Yo creo que la Comisión debería tener esta previsión dentro del proceso euromediterráneo: el que pudiéramos poner en marcha en este momento, y mucho más ahora que se han convocado elecciones anticipadas, un programa específico para Argelia con una cierta flexibilidad en la ejecución. 
Para terminar, quisiera saber si la Comisión va a apoyar políticas que aseguren garantías democráticas para el próximo proceso electoral, anunciado para febrero por el Presidente Zerual, y de qué forma podremos luchar contra la corrupción y dar posibilidades y opciones de progreso a los jóvenes. 
En lo que concierne a la delegación, el delegado está nombrado, el delegado adjunto también. Se ha identificado un edificio que reúne las garantías de seguridad. 
Se ha negociado con las autoridades argelinas el sistema de seguridad. 
El único problema que tenemos es que hemos rechazado, por razones estrictamente jurídicas, el tipo de contrato que nos ofrecía el propietario. 
Y ese es el problema que en este momento, en el plano jurídico, estamos intentando resolver. 
Pero la parte central de la decisión ha sido ya tomada, y sobre la observación internacional de las elecciones, usted sabe que en las últimas elecciones Argelia no aceptó la participación de la observación electoral europea y ésta se hizo a través de una observación electoral organizada en el marco de Naciones Unidas. 
Y fue a través de Naciones Unidas como se pudo participar, no como observadores europeos sino como observadores de esta organización internacional. 
¿Cuál va a ser la decisión del Gobierno respecto a las próximas elecciones presidenciales? 
¿Van o no a aceptar esta observación? 
Lo desconozco por el momento. 
Y en cuanto al programa, lo que le he dicho demuestra ya claramente el esfuerzo de flexibilidad que estamos haciendo, naturalmente dentro de unos límites, porque ya le he dicho que hemos contratado a tres grupos de expertos que están trabajando en situaciones muy complicadas. 
Porque, esencialmente, para nosotros el problema es, simplemente, como usted sabe muy bien, que no hay personal- desgraciadamente tengo que decirlo- que esté dispuesto a trabajar, sobre todo en algunos programas que comportan riesgos para la seguridad. 
Asunto: Birmania 
Durante muchos años el pueblo de Birmania ha vivido en condiciones extremadamente difíciles. 
El régimen militar somete a la población a la violencia y a trabajos forzados y las mujeres son objeto de violaciones sistemáticas. 
Se maltrata especialmente a la población karen, pero también a otros grupos de población y esta situación se ha mantenido durante años. 
Desde 1990, el régimen militar SLORC ha explotado brutal y cruelmente al país. 
El Parlamento Europeo ha aprobado diversas resoluciones en las que se condenan las violaciones de los derechos humanos y también ha aprobado un informe en el que se recomienda la supresión de los aranceles preferenciales para lo productos industriales y agrícolas procedentes de Birmania. 
Por desgracia, la situación no parece mejorar para la oposición y el pueblo de Birmania. 
Por el contrario, se siguen recibiendo noticias sobre nuevos casos de abusos y violaciones de los derechos humanos. 
El Tribunal penal internacional permanente, en cuya creación la UE desempeñó un papel activo en Roma, proporciona a la sociedad internacional un nuevo instrumento contra los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión cometidos en conflictos internacionales y en guerras civiles. 
¿Se propone la Comisión utilizar este nuevo instrumento para adoptar medidas contra el régimen militar de Birmania? 
Señor Marín, le propongo que responda usted a la pregunta de la Sra. Maj Theorin. 
Gracias, señora Theorin, por su presencia sistemática en la cuestión relativa a Birmania, porque creo que hay que estar presente políticamente en esta difícil situación por la que atraviesa este país. 
Las relaciones con Birmania conocieron una situación extraordinariamente difícil en la última reunión que tuvimos con el grupo ASEAN en Manila, en Filipinas. 
En aquel momento, como usted sabe muy bien, se había producido un incidente grave en lo que concierne a la líder de la oposición Daw Aung San Sun Kyi y ciertas minorías étnicas, y yo fui testigo del diálogo político con el Gobierno birmano y- créanme- la situación no fue nada fácil. 
Estamos atentos al desarrollo de la situación y en negociaciones con el grupo ASEAN, al objeto de dejar muy claro y patente el punto de vista de la Comisión Europea en lo que concierne a la situación de Birmania. 
Por lo que respecta a la situación que se ha creado posteriormente a la aprobación del Tribunal Penal Internacional, tengo que señalarle que todavía no es posible utilizarlo como instrumento adicional. 
Sabe que la Comisión estuvo presente en su calidad de observador y apoyamos activamente la posición de la Unión Europea para la creación de este Tribunal. 
Las cláusulas para su entrada en vigor, como saben, exigen la ratificación de un mínimo de 60 países para que el Tribunal Penal Internacional pueda ser efectivo. 
Esto todavía no se ha producido. 
Por otro lado, el modus operandi que fue definido en la reunión de Roma es que el derecho a remitir asuntos a este tribunal le corresponde a los Estados miembros, al Consejo de Seguridad y a la Fiscalía. 
Pero el sistema jurisdicional en relación con los Estados no signatarios, como presumiblemente va a ser el caso de Birmania- pues no creo que Birmania firme el protocolo de entrada en vigor del Tribunal Penal Internacional -, normalmente es un mecanismo que, como dice la Convención, deberá ser puesto en marcha por el Consejo de Seguridad. 
He formulado mi pregunta en relación con la instauración del nuevo tribunal. 
Evidentemente que quiero, igual que Maij-Weggen, saber qué ha hecho y qué piensa hacer la Comisión. 
Obviamente que tiene que ser ratificado por algunos países. 
El asunto es, sin embargo, saber si se piensa usar este nuevo instrumento para iniciar medidas en contra del gobierno militar de Birmania. 
Sin lugar a dudas esto cabe dentro de las atribuciones del tribunal puesto que los genocidios, los delitos contra la humanidad y los delitos de guerra y agresiones cometidas durante los conflictos internacionales y guerras civiles son de su competencia. 
Evidentemente que se trata de un nuevo instrumento en nuestras manos. 
Creo que es importante que nos encarguemos de que se mantenga con mucha fuerza la presión sobre el gobierno militar de Birmania. 
También es importante que la Unión Europea utilice sus instrumentos y, consecuentemente, limite las inversiones en Birmania. 
Como ya señalé, para utilizar el Tribunal Penal Internacional es necesario que el protocolo sobre su entrada en vigor sea ratificado por 60 países. 
Cuando esos 60 países lo ratifiquen se podrá incluir el caso birmano. 
Pero, como le he dicho en mi respuesta, el derecho de iniciativa para solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional, tal y como dice el protocolo, corresponde solo a los Estados, al Consejo de Seguridad y a la Fiscalía que ha sido parte integrante del protocolo. 
Como tal, la Comisión Europea no tendrá nunca competencias para iniciar en el Tribunal Penal Internacional ninguna causa. 
Quienes sí podrán hacerlo- y esa es la cuestión- cuando entre en vigor serán los Estados miembros reunidos en Consejo de ministros. 
Entonces, esta será una cuestión que nos tendremos que plantear el Parlamento y la Comisión, primero, cuando haya entrado en vigor el protocolo y, segundo, cuando se haya tomado una decisión por los Estados porque- insisto- la Comisión no tiene competencias al respecto. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 50 decae. 
Pregunta nº 51 formulada por Bernd Posselt (H-0772/98): 
Asunto: Cristianos en Timor Oriental 
¿Qué medidas prevé adoptar la Comisión para apoyar a la oprimida población cristiana de Timor Oriental tras los cambios políticos en Indonesia? 
Señor Marín, le invito a que responda al Sr. Posselt. 
La Comisión ha expresado con frecuencia su preocupación por la situación del Timor Oriental en las reuniones mantenidas con el Gobierno indonesio y estamos urgiendo a este Gobierno a que llegue a una solución pacífica y duradera para el territorio. 
Además, en la última reunión en el seno del Grupo ASEAN, se produjeron declaraciones que puedo calificar como novedosas- ya veremos el resultado que dan- por la parte indonesia respecto a una oferta que se hizo al otro país europeo que se siente directamente afectado- Portugal- respecto a una vía que está siendo explorada en este momento en las Naciones Unidas bajo la responsabilidad del Sr. Kofi Annan, el Gobierno portugués y el Gobierno indonesio para alcanzar una decisión que pueda ser aceptada a nivel internacional, aunque teniendo en cuenta naturalmente de una manera clara los intereses de los habitantes de Timor. 
Por otro lado, hubo una visita de la troika. Los jefes de misión de la Unión Europea en Yakarta estuvieron visitando el Timor Oriental. 
Y el Consejo de Ministros de Asuntos Generales, el pasado día 13, adoptó unas conclusiones respecto al futuro del Timor Oriental. 
En cuanto a la ayuda, la Comisión Europea, como ustedes saben, está ofreciendo un programa específico para Timor Oriental. 
En mayo de este año se ha realizado una misión de evaluación y en este momento las organizaciones correspondientes están discutiendo cuál es el mejor método para llevar a cabo este programa específico de ayuda humanitaria, de ayuda alimentaria y de ayuda al desarrollo que se ha presentado por parte de la Comisión al Consejo de Ministros. 
Señor Comisario, yo sólo quisiera preguntarle en qué consiste exactamente dicho programa de la Unión Europea y hacer hincapié sobre todo en dos puntos. 
El primero es la propuesta del obispo Belo relativa a una desmilitarización de Timor Oriental, ¿se está debatiendo este punto? 
El segundo punto hace referencia a nuestro programa en favor de la democracia. 
Allí se están constituyendo partidos totalmente nuevos y existe el riesgo de que puedan surgir también tendencias fanáticas. 
¿Estamos supervisando realmente también, en el marco de nuestro programa en favor de la democracia, este nuevo espectro político que se está configurando? 
Efectivamente, este es un debate que está abierto. 
En la reunión de Filipinas, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia de una manera- en mi opinión- sorprendente presentó al Grupo ASEAN una oferta respecto al problema del Timor Oriental. 
Uno de los elementos que se contenía en esta oferta consistía, precisamente, en retirar la presencia militar indonesia del Timor Oriental y una oferta para negociar un estatuto de autonomía. 
Esta oferta ha sido objeto de discusiones entre el Secretario General, Sr. Annan, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Sr. Jaime Gama, y el propio ministro de Asuntos Exteriores, Ali Alatas. 
Fue una reunión que se celebró a finales de agosto, creo recordar, en Nueva York. 
Desconozco- no tengo información de ninguna de las dos partes- el tipo de conclusiones que se produjeron en esta reunión. Lo cual, hasta cierto punto es lógico porque imagino que serán negociaciones bilaterales muy delicadas y difíciles. 
De todas maneras, el hecho de que por primera vez el Gobierno indonesio haya manifestado en público que está dispuesto a proceder a la retirada de la presencia militar y a negociar un estatuto de autonomía, hay que considerarlo como un paso hacia delante en la posible solución del conflicto. 
Pero la Comisión- yo mismo- no tiene información de estas negociaciones bilaterales. 
Pregunta nº 52 formulada por Glenys Kinnock (H-0781/98): 
Asunto: Camboya 
¿Cuál es, a juicio de la Comisión, la reacción adecuada ante las elecciones que se celebraron en Camboya el 26 de julio pasado? 
¿Cuáles son los criterios a los que tendrían que ajustarse las autoridades camboyanas para que pudieran examinarse futuros acuerdos de cooperación? 
Señor Comisario, le invito a usted a que responda a la pregunta de la Sra. Kinnock. 
Gracias, sobre todo porque yo pude comprobar que fue un trabajo que no fue precisamente fácil y que fue desarrollado- en mi opinión y en la opinión de los observadores internacionales- de una manera eficaz y brillante, porque esto nos permitió asentar la credibilidad de la Unión Europea y su participación en el proceso electoral, a pesar de trabajar en un marco político de desconfianza de los políticos camboyanos, y afirmar la presencia europea en el grupo conjunto de observación electoral. 
La valoración efectuada por la Comisión- usted lo sabe- sigue estando en consonancia con la declaración emitida el 27 de julio por el grupo conjunto de observadores internacionales para las elecciones, según la cual se consideró que había sido un proceso libre y justo que permitía reflejar de una manera creíble la voluntad del pueblo camboyano. 
Pensamos que el proceso global ha sido aceptable, aunque es verdad que- como usted pudo constatar- se produjeron en la campaña electoral algunos problemas que fueron identificados tanto en la votación como en el recuento. 
Y estos problemas, en principio, están investigados y solucionados. 
A mí no me preocupa, señora Kinnock, el problema estrictamente de las elecciones, que creo que se puede defender. 
Lo que me preocupa, y a usted también- estoy convencido -, es la situación que ha sido creada después de las elecciones cuando se ha producido algo que todo el mundo- usted incluida- estimaba que era el gran riesgo, y es que los perdedores no aceptaran el resultado de las elecciones porque se supone que los ganadores siempre aceptan el resultado de las elecciones porque ellos han ganado. 
Y, desgraciadamente, esta situación se ha producido y ello está creando una situación difícil que no permite un arbitraje político. 
Tengo que darles- aunque a lo mejor usted ya la conoce- la solicitud que nos ha sido enviada por el jefe del grupo de observación para que, si habíamos tomado la decisión de mantener la presencia de la Unión Europea durante un tiempo de modo y manera que se asegurara la presencia internacional, retiremos de Camboya a los representantes de la Unión Europea en el territorio por razones de seguridad y de estabilidad. 
Vamos a evaluar esta semana si la situación en el terreno efectivamente aconseja que retiremos a nuestros observadores porque las condiciones de seguridad no están reunidas. 
En segundo lugar, tengo que decirle que el Presidente del Consejo de Ministros ha confirmado que la Unión Europea está de acuerdo con la decisión tomada por la ASEAN de despachar a Phnom Penh, para entrevistarse con el Rey, al viceministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, que se encuentra en este momento trabajando allá, para ver si es posible la vuelta al país de una mediación internacional con objeto de intentar recuperar la gobernabilidad. 
En consecuencia y por resumir: primero, agradecerle su trabajo, que fue excelente y muy difícil. 
Segundo, las elecciones y el resultado electoral, fuera de las imperfecciones que tienen que ser corregidas, se pueden defender internacionalmente. 
Tercero, en este momento debemos ver qué hacemos para que se pueda formar rápidamente un gobierno y no volvamos a una situación bien conocida en este país que ya ha sufrido suficientemente porque determinados líderes políticos no son capaces de ponerse de acuerdo nunca. 
Y este tema es muy importante porque, señora Kinnock, no debemos olvidar algo fundamental: esta es la segunda vez que la comunidad internacional se ocupa de organizar elecciones libres. 
Se organizaron unas, dio lugar a un gobierno y a un golpe de Estado. 
Para corregir esta situación, la comunidad internacional ha vuelto a organizar otras elecciones. 
El riesgo de Camboya es que la comunidad internacional considere que es un caso perdido y que, como caso perdido, no merezca la pena hacer más esfuerzos. 
Por eso yo he insistido al Consejo de Ministros que hay que evitar esta situación de fatiga internacional que se produce cuando las cosas no funcionan. 
Porque Camboya no puede ser considerada un caso perdido. 
Eso sería terrible. 
Esta es nuestra opinión. 
Agradezco al Comisario sus amables palabras y el apoyo personal que me dio para una- como él mismo reconoció- tarea difícil llevada a cabo en Camboya. 
Como ha dicho, las protestas continúan y ayer, sin ir más lejos, el príncipe Ranariddh dijo que temía que en breve acabara todo descontrolado. 
Me preocupa mucho oírle decir a usted que es probable que nuestros observadores se retiren, porque eso sería enviar un mensaje muy grave al pueblo de Camboya, que está pasando claramente por una época muy difícil. 
Es probable que se celebre una cumbre entre el Sr. Hun Sen y el Príncipe Ranariddh y Sam Rainsy. 
Me gustaría saber hasta qué punto cree usted que se trata de una posibilidad real. 
También me gustaría saber qué probabilidades hay de que los partidarios de la línea dura en el Gobierno pidan una represión severa de la disidencia para acabar con ella de una vez por todas. 
En tercer lugar, es interesante que Tailandia participe en los intentos de mediación con vistas a lograr la paz. 
Quisiera preguntar dónde está la Unión Europea. 
Ha invertido recursos e intereses en Camboya. 
¿Es probable que el Consejo invierta un poco más en este momento en cuanto a presencia en el terreno en Camboya? 
Señora Kinnock, yo he recibido formalmente la petición del jefe de observación para que, debido a las condiciones de seguridad, dé la orden de retirar a los observadores. 
Por supuesto, previamente, voy a consultar a todos los Estados miembros y esto es algo que queremos hacer el viernes. 
El viernes por la mañana queremos tomar la decisión final. 
En esta situación nos encontramos con algo que ocurre a menudo: se tiene que valorar la seguridad de los observadores, la situación sobre el terreno y el daño político que se puede crear por retirar los observadores. 
Pero usted, que ha trabajado con ellos, entenderá que yo tampoco les puedo pedir a nuestros observadores que sean héroes. 
Y si su jefe constata que en cualquier momento puede haber una situación grave para los observadores, es muy difícil pedirle a la gente, sobre todo en las provincias del norte que usted visitó conmigo, que se queden en una zona donde les pueden matar o secuestrar y puede pasar cualquier cosa. 
En cualquier caso, he dicho a mis servicios que para el viernes preparen un proyecto de decisión que vamos a someter a los Estados miembros. 
Y sí le puedo decir que la Unión Europea ha aceptado el leadership de la troika ASEAN para intentar, precisamente, provocar esta reunión de cooperación política entre ellos mismos al objeto de ver si finalmente el Rey toma la iniciativa, porque es la única posibilidad que queda, y se puede encontrar una fórmula. 
Porque lo que yo temo de verdad es que, después de haber hecho el esfuerzo que ha hecho la Unión Europea en representantes, observadores y trabajo y haber gastado 12 millones de dólares, la situación se vuelva a repetir. 
Y yo ya he conocido otras situaciones que han acabado en la fatiga, el fatalismo, el «no podemos hacer nada». 
Y cuando eso ocurre en pueblos como el de Camboya se puede temer lo peor. 
En consecuencia, el viernes, voy a asumir mi responsabilidad para tomar una decisión en un sentido u otro y vamos a ver si el Consejo de Ministros nos da una solución. 
Señor Presidente, señor Comisario, los esfuerzos sinceros en favor de la paz han fracasado en Camboya. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿la observación fue efectivamente tan adecuada como se ha afirmado hoy? 
Según parece, el problema fue que ésta se inició con demasiado retraso y que las condiciones durante el período preelectoral no fueron equitativas, sobre todo en lo que respecta a los medios de comunicación locales y al proceso político anterior a las elecciones. 
Creo que eso se lo podría responder mucho mejor que yo su colega, la Sra. Kinnock. 
Creo que las circunstancias eran de gran riesgo. 
Era muy difícil trabajar y el trabajo que se hizo fue- en mi opinión- realmente extraordinario. 
Evidentemente, hubo defectos en cuanto al acceso a los medios de comunicación y hubo en este contexto de dificultades algunas circunstancias que, analizadas con la visión europea de lo que son unas elecciones en Alemania, en Inglaterra, en España o en Francia, son rechazables. 
¿Estos elementos han sido suficientemente intensos como para considerar que las elecciones no se pueden defender? 
Creo que no. 
Dentro de las dificultades, se puede considerar que estas elecciones tuvieron unos resultados razonables. 
Y lo que está ocurriendo ahora es algo que discutimos muchas veces con la Sra. Kinnock, con los embajadores y con todos los observadores. 
El problema de estas elecciones no es organizarlas, que es difícil. 
El problema de estas elecciones es que quien gane sea generoso para encontrar una solución de consenso nacional. Y que el que pierda acepte que ha perdido las elecciones. 
Y el problema es que quien ha ganado no ha sido generoso para hacer una operación de consenso nacional y los que han perdido dicen, agarrándose a esos argumentos, que las elecciones no son válidas. 
Es decir, es una situación que, desgraciadamente, repite situaciones anteriores en Camboya. 
Señorías, hemos agotado el tiempo asignado al bloque de preguntas correspondientes al Comisario Sr. Marín, al que agradezco su presencia y sus respuestas. 
Por lo tanto, las preguntas 53 y 54 se contestarán por escrito. 
Pregunta nº 55 formulada por Astrid Thors (H-0739/98): 
Asunto: Comunicación de la Comisión sobre Información Geográfica paneuropea 
Los Ministros de la UE pidieron a la Comisión que investigara el estatus y el papel de la Información geográfica paneuropea (GI) en 1994. 
La DG XIII de la Comisión inició un amplio proceso de consulta que debía dar lugar a una Comunicación al Consejo y al Parlamento denominada GI 2000: Hacia un Marco de Política Europea para la Información Geográfica. 
Primero, la Comisión prometió presentar esta importante comunicación en noviembre de 1996 y a dicha fecha han seguido posteriores promesas en lo que respecta a la fecha de presentación, pero la Comunicación todavía no ha sido presentada hasta hoy. 
¿Qué tiene intención de hacer la Comisión para garantizar que la Comunicación se presente lo antes posible? 
Señor Bangemann, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Thors. 
Señor Presidente, la Comisión tiene previsto adoptar dicha Comunicación y remitirla al Consejo, al Parlamento Europeo y también al Comité Económico y Social en otoño de 1998. 
En los últimos años hemos recibido varias comunicaciones escritas de los Estados miembros en las que manifiestan su apoyo a la citada GI 2000 e instan a la Comisión a adoptar una iniciativa de ámbito europeo. 
En respuesta a las mismas mantuvimos conversaciones con los actores implicados y finalmente se ha perfilado un consenso con vistas a la adopción de un acto de ámbito europeo. 
En consecuencia, hemos iniciado la elaboración de las medidas preparatorias y proyectos en el marco del programa INFO 2000. 
Hace algunos años ya invitamos a la industria a que se agrupara para constituir una organización central europea. 
Finalmente así lo ha hecho, pero en el pasado nos encontramos con que, a pesar de la importancia del tema y de nuestros esfuerzos para apoyar este paso a través del programa de investigación, no nos fuese posible despertar el interés suficiente entre la industria europea. 
Esta situación parece haber cambiado, no obstante, ahora y, por consiguiente, nos proponemos presentar en breve la citada Comunicación. 
Gracias señor Comisario por esta información. 
Realmente espero que haya sido un error en la traducción cuando se me dijo que la Comisión creyó que la comunicación se presentaría en el otoño. 
Espero que la Comisión todavía crea que se va a presentar. 
Comparto la opinión de la Comisión en cuanto a que éste es un sector importante. 
Creo que la presentación de esta comunicación sería una continuación lógica del trabajo de estandarización para crear empleo en Europa, algo en lo que usted ha trabajado. 
Sin embargo, estoy preocupada porque ha pasado tanto tiempo desde los primeros planes de 1994. 
¿Necesitamos los planes o podría formarse directamente un high-level workning group para poder seguir adelante en concreto? 
¿Hay planes para incluir en el presupuesto de la Comisión las partidas necesarias para alcanzar esta uniformidad que fortalecería la competitividad europea en esta materia? 
Creo que también el propio trabajo de la Comisión ganaría mucho con la uniformidad. 
Vamos a presentar dicha Comunicación, que yo considero necesaria, pues ente todo es preciso establecer cuál es la situación. 
Evidentemente, no descuidaremos las demás actividades, sino que vamos a continuarlas. 
Ya he señalado que se han dado una serie de pasos en el marco del programa INFO 2000 para la creación de bancos de datos y registros europeos. 
Se trata, si ustedes quieren, de las primeras piedras para la creación de una infraestructura para el intercambio de información geográfica. 
Disponemos de un sitio en la red en el que ya participan más de 300 actores. 
Hemos presentado repetidamente el proyecto GI 2000 en diversas conferencias: estos programas tendrán continuidad en los nuevos programas para la creación de una sociedad de la información sensible a las necesidades de los usuarios en el contexto del Quinto programa marco sobre investigación. 
Por lo tanto, hemos iniciado una serie de actividades que, naturalmente, proseguirán. 
Sin embargo, en último término, todo ello sólo son estímulos y la industria misma debe hacerse cargo de este tema y manifestar un mayor interés del que ha mostrado hasta ahora. 
Por esto yo pienso que una comunicación de estas características puede cumplir, sin duda, un papel. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 56 decae. 
Pregunta nº 57 formulada por Mark Watts (H-0791/98): 
Asunto: Frontales de los coches más seguros 
¿Cuándo tiene intención la Comisión de presentar la propuesta de directiva por la que se exija que la parte frontal de los coches sea más segura para peatones y ciclistas, propuesta cuya presentación estaba prevista en 1998 según el Segundo Programa de Acción de la Comisión sobre Promoción de la Seguridad Vial? 
Señor Bangemann, le propongo que responda usted a la pregunta del Sr. Watts. 
Señor Presidente, la Comisión ya señaló con mucha antelación, junto con el Parlamento Europeo, la necesidad de adoptar precauciones más adecuadas en relación con los choques frontales, sobre todo de peatones, pero también de otros participantes en la circulación contra un automóvil, y de unas normas técnicas que reduzcan los riesgos que conlleva el choque con la parte frontal de un vehículo en caso de accidente. 
En 1996 presentamos un primer borrador de directiva a los expertos de los Estados miembros, a la industria, a las asociaciones de consumidores y a los organismos competentes en materia de seguridad viaria, para lo cual nos basamos en las especificaciones de prueba y los requisitos de prestaciones establecidos por el Comité para la mejora de los vehículos europeos (European Enhanced Vehicle Committee). 
Las consultas revelaron una gran discrepancia de pareceres entre las partes implicadas. 
Muchos Estados miembros también opinan que los costes resultan desproporcionados en relación con los beneficios potenciales. 
Otros consideran que a pesar de todo debería hacerse algo en este sentido. 
Por consiguiente, encargamos a un experto independiente un examen de la propuesta, sobre todo en lo que se refiere al controvertido tema de la relación costes-beneficios. 
En cuanto dispongamos de estos resultados- y, por otra parte, también del informe final, que esperamos recibir en diciembre -, los servicios de la Comisión procederán a elaborar el redactado final de la propuesta de directiva, con objeto de que pueda ser debatida en el Consejo y en el Parlamento Europeo a principios del año próximo. 
Gracias, Comisario, por esa respuesta muy completa y útil. 
Evidentemente, quisiera instarlo a acelerar esa investigación, pero también señalo a su atención tres estudios independientes ya realizados por los Laboratorios de Investigación del Transporte del Reino Unido, la Agencia Federal de Investigación de la Circulación de Alemania y el Instituto de Investigación sobre la Seguridad en la Carretera de Holanda. 
Todos ellos concluyen que, si entra en vigor esta nueva directiva encaminada a hacer que los automóviles sean más seguros cuando sufran colisiones con peatones y ciclistas, se podrían salvar hasta 2.000 vidas y se podrían prevenir también 20.000 accidentes con heridos graves. 
Creo que existe en realidad la carga de la prueba, que esta medida es necesaria y en todos los meses, semanas y días que la retrasamos hay personas que están resultando innecesariamente heridas en nuestras carreteras. 
Espero que el Comisario pueda confirmar que se presentará esta directiva en este Parlamento para que podamos despacharla a principios del próximo año. 
Puedo confirmar lo que he dicho respecto de las fechas: vamos a hacer todo lo posible- siempre que dispongamos del estudio en diciembre- para proponer a Sus Señorías a principios del próximo año las necesarias enmiendas a nuestro borrador original. 
Pero los dos o tres estudios que ha mencionado Su Señoría fueron precisamente la razón por la que hemos pedido al EEVC que los incorpore a sus estudios para que estemos en el nivel de los descubrimientos científicos más recientes. 
Ésa es la razón por la que queremos esperar hasta diciembre, para que se nos exponga la situación y podamos después actuar en consecuencia. 
Pregunta nº 58 formulada por Niall Andrews (H-0830/98): 
Asunto: Llamadas telefónicas maliciosas 
De conformidad con los datos de que se dispone, las llamadas telefónicas maliciosas están aumentado en Europa. 
Telecom Eireann tramitó el pasado año unas 30.000 quejas formales de consumidores. 
En Irlanda este tipo de llamadas se consideran un delito susceptible de ser castigado con multas y/o penas de prisión. 
¿Puede indicar la Comisión hasta qué punto se ha considerado este asunto a nivel de la UE y, en su caso, cómo estima la Comisión que puede tratarse este tipo de delito de manera eficaz? 
Señor Bangemann, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Andrews. 
Señor Presidente, disponemos de una base jurídica para impedir, dentro de lo posible, ese tipo de llamadas. 
Se trata de la Directiva 97/66, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. 
Dicha directiva prevé que los usuarios que sean importunados por llamadas maliciosas o molestas tienen derecho a solicitar y recibir ayuda de su compañía telefónica para localizar el origen de dichas llamadas. 
En la citada Directiva también se insta a los Estados miembros a que prevean vías de recurso judicial y sanciones para los casos en que no se respeten los derechos de los abonados y usuarios de los servicios telefónicos. 
Por otro lado, en la Directiva sobre el servicio de telefonía vocal recientemente adoptada también solicitamos a los Estados miembros los datos para la introducción de la identificación del número de la línea llamante (calling line identification) , con objeto de que los usuarios puedan comprobar antes de descolgar el teléfono, sobre la base del número indicado, si conocen al interlocutor que realiza la llamada y si desean responder a la misma. 
Las experiencias realizadas con este sistema en Estados Unidos demostraron que permitía reducir en un 25 % las llamadas maliciosas o molestas. 
Evidentemente se podría ir más allá, pues la citada identificación podría permitir que el usuario de un teléfono se niegue por principio a aceptar ninguna llamada de procedencia desconocida. 
De conformidad con la citada Directiva, si el autor de la llamada suprimiera la presentación de la identificación de la línea que la origina, el interlocutor que la reciba debe tener la posibilidad de rechazarla automáticamente. 
Es decir, que existe la posibilidad de rechazar automáticamente una llamada entrante- si así se desea- cuando no vaya acompañada de la identificación del número de teléfono desde el cual se realiza. 
Yo creo que esto puede ofrecer, en principio, una buena protección frente a este tipo de llamadas. 
Muchas gracias, señor Bangemann. 
El Sr. Andrews me indica que se siente ya informado con la respuesta que usted le ha dado. 
Con esto cerramos el bloque de preguntas correspondientes al Comisario Sr. Bangemann, le agradecemos su presencia aquí y sus respuestas. 
Pregunta nº 59 formulada por Jonas Sjöstedt a quien sustituye el Sr. Bonde (H-0734/98): 
Asunto: Adhesión a la UE y UEM 
En una entrevista concedida recientemente a los medios de comunicación suecos, el Director del Banco Central sueco, Urban Bäckström, expresó su opinión sobre la eventual incorporación de Suecia a la tercera fase de la UEM. 
Según Bäckströom, Suecia se verá obligada a elegir entre la plena adhesión a la UEM o el abandono de la UE. 
¿Considera la Comisión que este juicio es correcto? 
¿Puede la UE excluir a un país que no desee participar en la moneda común? 
Si Suecia decide seguir al margen de la cooperación de la UE en materia de tipos de cambio, ¿existiría la posibilidad de que a pesar de ello Suecia pudiera participar en la moneda común? 
Señor de Silguy, le doy la bienvenida y le propongo que responda usted a la pregunta del Sr. Sjöstedt. 
Suecia, como cualquier Estado miembro, se ha comprometido a cumplir las condiciones necesarias para su adhesión a la Unión Económica y Monetaria. 
El Tratado prevé que los Estados miembros que no cumplan las condiciones necesarias para su incorporación a la Unión Económica y Monetaria, en su tercera fase, disfrutarán de una excepción. 
Ésa es la situación de Suecia. 
No por ello es menos miembro de la Unión Europea; no existe la menor duda al respecto. 
Asimismo, la Comisión ha concluido, con razón, que Suecia no cumple los criterios de convergencia previstos en el tercer guión del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado. 
El Consejo Europeo aprobó esta recomendación de la Comisión el pasado 2 de mayo. 
Esta conclusión sigue siendo pertinente, no obstante, la Comisión quiere recordar que las condiciones para acceder a la Unión Económica y Monetaria serán estrictamente las mismas para los países de la segunda fase, que aquéllas impuestas para los países que adoptaron el euro para el 1 de enero de 1999. 
Me he hecho cargo de la pregunta del Sr. Jonas Sjöstedt, a quien me gustaría desearle un buen resultado en las elecciones suecas junto al resto de los opositores a la unión en Suecia. 
Quiero preguntar si no es cierto que Suecia puede gozar de la misma posición a pesar de las disposiciones del tratado que obtuvo Alemania de la sentencia de Karlsruhe, en la que Alemania, mediante una decisión de los tiempos de la RFA, consiguió el derecho a determinar ella misma su postura sobre si sumarse a la tercera fase de la unión monetaria o no. 
Este derecho que existe en Alemania puede quizá también, considerando el principio de igualdad, ser aplicable para Suecia. 
No, puntualizo de una manera muy clara que el Tratado es sumamente explícito. 
En el caso de dos países, a saber, Dinamarca y el Reino Unido, existe la opción de exclusión denominada opting out, es decir, que aunque cumplan los requisitos para entrar en el euro, estos países pueden y deben manifestar si desean participar en la Unión Económica y Monetaria. 
Respecto al resto de los países de la Unión Europea, los criterios se aplican y se entienden a partir del momento en que se cumplen los requisitos. La participación en la Unión Económica y Monetaria es de derecho y no existe ninguna discriminación entre los Estados miembros. 
En este sentido, el Tratado es perfectamente claro, y fue aplicado con rigor y unanimidad por todos los Jefes de Estado y de Gobierno, el pasado 2 de mayo. 
Asunto: Coordinación de la política económica de los países de la UE 
La política monetaria de los países que participan en la UEM corre a cargo del Banco Central Europeo (BCE) , que no tiene ningún control ni responsabilidad política. 
Tiene el monopolio de la política monetaria. 
El Consejo, que tiene el monopolio de la coordinación de la política financiera de los países de la UE, defiende una vez más el Pacto de estabilidad aprobado en Dublín y ratificado en Bruselas. 
Así pues, la política económica de la UE parece quedar al margen del ámbito de competencias de la Comisión. 
¿Cuál es el papel de la Comisión en el proceso de toma de decisiones de la política económica de la UE y qué se podría hacer, en su opinión, para corregir el déficit democrático de la política monetaria? 
Señor Comisario, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Seppänen. 
Agradezco al Sr. Seppänen su pregunta, que me permite precisar que, al igual que en el caso de la entrada en el euro, la Comisión ocupa un lugar determinante en el dispositivo de gestión de la Unión Económica y Monetaria. 
Las responsabilidades particulares de cada institución, al igual que la misión de la Comisión en este ámbito, están definidas en el Tratado. 
En primer lugar, la Comisión desempeña un papel importante en la coordinación de las políticas económicas, y seguirá haciéndolo después del próximo 1 de enero. 
En efecto, la Comisión asume plenamente su capacidad de propuesta en la elaboración de las grandes orientaciones para las políticas económicas de los Estados miembros, y ello de conformidad con el artículo 103 del Tratado. 
Le recuerdo que dicho documento constituye el instrumento marco de la coordinación de las políticas económicas de la Unión. 
A continuación, la Comisión garantiza el seguimiento de la vigilancia multilateral, ya se trate de la evolución de la situación presupuestaria o del endeudamiento de los Estados miembros. 
En este sentido, el procedimiento de los déficits excesivos, previsto en el artículo 104 C del Tratado, no puede ponerse en marcha sin la recomendación específica de la Comisión. 
Asimismo, le recuerdo que el pacto de estabilidad y crecimiento confirma claramente esta disposición fundamental del Tratado. 
Por último, la Comisión tiene capacidad de recomendación en materia de política de tipos de cambio, de conformidad con el artículo 109 del Tratado. 
Y puedo asegurarle que en todos estos puntos, la Comisión continuará asumiendo plenamente la responsabilidad de su misión como le exige el Tratado. 
Paralelamente, el Tratado confía la responsabilidad de determinar y conducir la política monetaria al Banco Central Europeo y garantiza su total independencia. 
Pero, independencia no significa aislamiento. 
Le recuerdo que para garantizar la perfecta coordinación entre la política económica y la política monetaria, el miembro competente de la Comisión, en este caso, el Comisario responsable de los asuntos económicos y monetarios, puede participar en el Consejo de gobernadores, a pesar de no tener voz y voto. Puedo asegurarle que en lo que a mí respecta, participo en todos los Consejos de gobernadores. 
Asimismo, el Presidente del Consejo de Ministros de Finanzas, Ecofin, puede también participar, en las mismas condiciones, en el Consejo de gobernadores y, al igual que sucede con la Comisión, en el Consejo General del Banco Central Europeo. 
En lo que se trata más específicamente del control democrático de la Unión Económica y Monetaria, que, acertadamente, ha sido debatido en varias ocasiones en este Hemiciclo, la Comisión siempre ha considerado que independencia y diálogo no solamente pueden, sino que deben ir de la mano, y que sólo un diálogo permanente entre las instituciones, en el respeto de sus competencias y de sus misiones, podrá implantar en Europa el desarrollo, la expansión de una amalgama de políticas equilibradas y favorables al crecimiento y el empleo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Comisario por una respuesta teórica, en mi opinión, muy completa. 
Para retomar la pregunta inicial, me gustaría plantearle un problema de carácter práctico: ¿cómo se fijará en este sistema de toma de decisiones el tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense, y cual será el papel de la Comisión en esta cuestión? 
No sé si la Comisión es muy competente en la materia, pero si existe un ámbito en el que ni la Comisión ni el Consejo ni los gobiernos pueden dictar su voluntad o sus deseos, es, sin duda, el de los tipos de cambio, ya que por definición, son los mercados los que constatan el valor relativo de unas monedas en relación con otras. 
Por consiguiente y en definitiva, no podemos afirmar a priori que el euro será fuerte o débil en relación con el dólar, porque nadie en el mundo puede actualmente garantizar la estabilidad de los tipos de cambio. 
Son sencillamente los mercados los que deciden una evaluación en vista de una situación económica. 
¿Cuál es la política presupuestaria de un país? 
¿Cuál es la política monetaria? 
¿Cuál es la evolución salarial? 
Una vez establecidos estos datos, son comparados con los de los demás países, se comparan las monedas y se forma una idea relativa. 
Así funcionan los mercados. 
Para la Comisión, lo importante es hacer todo lo posible para que el euro sea una moneda estable que pueda ser utilizada para la mayor parte de nuestros intercambios comerciales, y que, por tanto, nos proteja de las fluctuaciones de los tipos de cambio y nos haga menos dependientes de la evolución del dólar. 
Por lo demás, en el marco del artículo 109 del Tratado, la Comisión asumirá todas sus responsabilidades, en particular, en lo que respecta a la definición de las posiciones comunes de Europa y su representación en los escenarios internacionales; de conformidad con el Tratado, presentará las propuestas necesarias para que el Consejo legisle y para que, en las grandes negociaciones internacionales, monetarias o de otro tipo, la Unión Europea esté representada y pueda por lo tanto defender con la eficacia y la representatividad necesarias sus intereses. 
Pregunta nº 61 formulada por Paul Rübig (H-0737/98): 
Asunto: Fraccionamiento de los billetes en euros 
Una vez que se han adoptado con éxito todas las decisiones básicas para la introducción de la moneda común, se trata ahora más que nunca de la aplicación de estas decisiones en la práctica. 
La cuestión del fraccionamiento de las monedas en euros se examinó en detalle en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo de noviembre y diciembre. 
Sin embargo, para muchos usuarios se plantea también la cuestión del valor nominal de los nuevos billetes. 
Casi la mitad de todos los billetes austriacos que se encuentran en circulación son de 20 y 50 chelines. 
El billete más pequeño en euros (5 euros) corresponde, por el contrario, a alrededor de 70 chelines. 
Por otra parte, la inscripción «euro-cent» en las monedas menores puede llevar a confusiones con las monedas en euros. 
Si como consecuencia de ello se llegara realmente- como lo temen los expertos- a una multiplicación del volumen de monedas actualmente en circulación, se plantearía la cuestión de saber si no debería reflexionarse sobre la introducción posterior de billetes de 1 ó 2 euros y sobre la manera en la que habría que preparar a los ciudadanos a esta situación. 
¿Qué piensa la Comisión sobre estas cuestiones? 
Señor de Silguy, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rübig. 
He aquí una pregunta muy práctica que concierne directamente a los ciudadanos. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Rübig, quisiera recordar, en primer lugar, que las denominaciones de las monedas y los billetes en euros se fijaron de común acuerdo en 1995 entre el Consejo de Ministros y los bancos centrales. 
Entonces, es decir, hace ahora tres años, dicho acuerdo tuvo en cuenta la evolución previsible hasta la fecha de la introducción efectiva de las monedas y los signos monetarios. 
El acuerdo fue avalado oficialmente por el Consejo del Instituto Monetario Europeo y por el Consejo de Ministros, y desde entonces jamás ha sido cuestionado. 
En cuanto al fondo de la pregunta, en algunos países existen billetes cuyo valor nominal es netamente inferior a cinco euros. 
Mientras que en otros países hay monedas en circulación que tienen un valor claramente superior a dos euros. 
Dicho esto, tras un estudio exhaustivo, la Comisión señala que estas monedas y estos billetes a los que acabo de referirme tienen una circulación relativamente limitada. 
Los billetes de poco valor no tienen demasiada difusión y las monedas grandes, en general, sólo las aceptan los distribuidores automáticos, y su utilidad se ve claramente disminuida en la práctica. 
Por otra parte, se ha decidido que no existan monedas y billetes del mismo valor nominal para no sobrecargar la gestión de la masa fiduciaria. 
Como ustedes saben, la Comisión no tiene vocación de sustituir al Banco Central Europeo y al Consejo en su apreciación de la situación. 
No obstante, considera que, en vista de los elementos que acabo de mencionar rápidamente, el acuerdo de 1995 es equilibrado. 
Según las primeras estimaciones proporcionadas por los Estados miembros, que les he pedido que sintetizaran para responder a su pregunta, todo indica que no se producirá un incremento del número de monedas en circulación en la zona euro, respecto a la situación actual. 
Diría incluso que, por el contrario, el avance de los medios de pago alternativos modernos- me refiero, por ejemplo, al monedero electrónico -, especialmente para cantidades pequeñas, debería contribuir a una reducción del número de monedas en circulación en Europa. 
De una manera general y para terminar, la formación de los ciudadanos europeos en la utilización de monedas y billetes en euros es competencia de los Estados miembros, aunque la Comisión haya hecho recomendaciones y, con ayuda del Parlamento Europeo, hayamos lanzado campañas de información para sensibilizar a la sociedad. 
Pero, habida cuenta de la competencia nacional en este ámbito, la Comisión ha preconizado la creación de observatorios locales que permitan responder sobre el terreno a las preocupaciones de los consumidores y seguir la implantación de dichos billetes y monedas durante el período de transición. 
Señor Presidente, yo estoy dando en estos momentos muchas conferencias sobre el euro y he podido constatar que existe un temor, sobre todo entre las pequeñas empresas, a que se incremente drásticamente el volumen de monedas en circulación. 
En efecto, no sólo vamos a pasar de seis monedas a ocho, sino que sólo dos países de la Unión Europea cuentan en estos momentos con billetes de un valor nominal superior. 
Todos los demás países están acostumbrados a operar con billetes y no tienen tantas monedas en circulación. 
Esto plantea el tema de la conveniencia de contemplar la futura introducción de un billete de un euro, habida cuenta que Estados Unidos, por ejemplo, también tiene un billete de un dólar, cuya supresión sería inconcebible. 
Quisiera responder con toda franqueza a sus Señorías. 
Nuestra misión no es ocultar la realidad. 
Creo que hoy nos encontramos en un proceso en el que se han tomado unas decisiones y en el que debemos poner en marcha un mecanismo tecnológico e industrial considerable. 
A título de ejemplo, en la Unión Europea deberemos acuñar aproximadamente 75.000 millones de monedas e imprimir unos 10.000 millones de billetes. 
Eso representa unas 300.000 toneladas de metal. 
Es una tarea considerable. 
Ya se han tomado las decisiones y ahora nos encontramos en la fase de realización. 
Algunos países ya han comenzado a acuñar monedas, y la impresión de billetes debería iniciarse a comienzos del año próximo. 
Creo que no es realista ni razonable cuestionar hoy las decisiones tomadas de común acuerdo por los gobiernos hace tres años y que, en el plano técnico, exigen superar un auténtico reto industrial. 
Es necesario que todas las monedas, ya sean acuñadas en Austria, Francia o Alemania, sean iguales, sean aceptadas en todas partes, sean igual de seguras y sean aceptadas por todas las máquinas automáticas. 
Es por lo tanto una gran empresa técnica y, actualmente, la prioridad es culminarla y llevarla a buen puerto. 
En cambio, su Señoría tiene razón, debemos estar dispuestos a realizar un esfuerzo en lo relativo a facilitar información y explicaciones. 
Lo que se ha obtenido es un compromiso entre las diferentes posiciones de los Estados miembros. 
Ahora nos corresponde, en cada uno de los Estados miembros, explicar lo que va a cambiar. 
Creo que los ciudadanos europeos son lo bastante inteligentes y cultos y están lo bastante desarrollados para comprender y adaptarse. 
Creo que, efectivamente, para superar las resistencias a las que se ha referido su Señoría y para resolver los problemas reales que ello pueda plantear, se impone realizar un enorme esfuerzo de información. 
Disponemos de tres años para ello y, en mi opinión, todos estamos implicados. 
Asunto: UEM -» Un nuevo muro de Berlín» 
Se corre el peligro de que la moneda común, el euro, cause numerosos problemas a Europa debido al hecho de que los países no constituyen un ámbito monetario óptimo. 
La orientación unilateral de la UEM hacia la estabilidad de los precios puede hacer que aumente el desempleo y los desequilibrios regionales en los países de la UEM. 
La UEM crea una unión política y económica al mismo tiempo que se cierra la puerta a muchos países candidatos de la Europa Central y Oriental para que en un futuro previsible puedan llegar a ser miembros de la UE/UEM. 
¿No constituye esto un riesgo de que el proyecto de la UEM tenga como consecuencia la creación de nuevos muros en Europa? 
¿Cuál es la estrategia de la Comisión para evitar una evolución tan desafortunada? 
Señor Comisario, le invito a usted a que responda al interrogante del Sr. Lindqvist sobre la construcción de muros en Europa. 
Debo decir que me ha sorprendido la pregunta. 
Cuando han transcurrido casi diez años desde la caída del muro de Berlín, encuentro la pregunta del Sr. Lindqvist algo sorprendente. 
¿Por qué? 
En primer lugar, porque el euro ya ha tenido efectos positivos. 
Los esfuerzos de saneamiento de nuestras economías y de nuestras finanzas que se han emprendido para pasar al euro comienzan a dar sus frutos. 
Le recuerdo que los déficit públicos han descendido en una media europea del 6, 1 % del PIB en 1993 al 2, 4 % en 1997, y que el crecimiento, que fue negativo en 1993, menos 1 %, se elevó hasta el 2, 6 % el año pasado, y se espera que ascienda hasta el 2, 8 % este año. 
Asimismo, mejora la situación del empleo. 
Se espera que de aquí a 1999 se creen dos millones y medio de puestos de trabajo en Europa, y todo ello es el resultado de las políticas económicas que se han seguido. 
Otro efecto positivo: el euro, antes incluso de su creación efectiva, su nacimiento real, jurídico, antes incluso de este acontecimiento, desempeña plenamente su papel protector de Europa ante la crisis financiera asiática y rusa. 
Por último, constato que los países de la zona euro son los que mejor se portan actualmente en Europa. 
La confianza de las empresas y de los consumidores es, en estos momentos, más fuerte en la zona euro que en el resto de Europa y el crecimiento en la zona euro es superior en un 0, 2 %. 
Así, creo que en lugar de construir un nuevo muro, el euro, por el contrario, va a facilitar la integración de los países candidatos. 
Todos ellos tienen vocación de participar en el euro, y el Consejo Europeo de Copenhague estableció el principio de la recuperación del acervo comunitario, en concepto de la UEM, por parte de los países candidatos, a pesar de que no participen en el euro desde su integración en la Unión Europea. 
Por otra parte, en el momento de su adhesión, los países candidatos entrarán en la fase dos de la UEM, y por consiguiente, al recuperar el acervo comunitario, estos países afiliados tendrán así los medios de alcanzar progresivamente las condiciones necesarias par su participación en el euro. 
Creo que lejos de edificar un muro, la Unión Económica y Monetaria, por el contrario, participa en este proceso inclusivo y acercamiento de los países y de los pueblos de Europa. 
Muchas gracias Comisario de Silguy por la respuesta a mi pregunta. 
Estoy de acuerdo en que su formulación era algo provocadora, pero tal vez ése era también el objetivo. 
Lo que quiero manifestar con mi pregunta es que quienes estamos a favor de la ampliación de la colaboración europea- parto de la base que el Comisario de Silguy también lo está- vemos que se puede tardar muchísimo tiempo antes de que muchos países de Europa Central y del Este lleguen a ser miembros de una colaboración más amplia, es decir, miembros de la UEM. 
Por una parte, debido a las altas exigencias impuestas por la UEM a los nuevos países miembros y, por otra, porque sus economías están muy atrasadas después de un largo periodo de comunismo. 
Por eso existe el riesgo de que tardemos mucho en incorporar a esos países en una colaboración europea ampliada y de que estén fuera de ella durante largo tiempo. 
Quisiera que viésemos este problema desde la perspectiva de la esperanza de crear una colaboración europea más amplia. 
Muy brevemente, porque no quisiera prolongar su sesión, diré que lo que ha formulado el Sr. Lindqvist es más una observación que una pregunta. 
Es una manera de ver las cosas, es una manera, quizá, efectivamente, de llamar la atención sobre los riesgos de una situación. 
Pero es algo así como cualquier medalla que tiene su reverso. 
Eso no impide que la otra cara incluya un proceso de dinamismo. 
El Tratado de Maastricht prevé unos principios de política económica, cuya aplicación ha demostrado ser positiva para la Unión Europea, y creo que los países candidatos de la Unión Europea, en particular, los países de la Europa central y oriental y Malta, a fin de cuentas sacarán ventajas de la aplicación de las recetas que han dado buenos resultados en nuestros países. 
Por lo demás, creo que no se deben mezclar los ejercicios: la adhesión a la Unión Europea y el paso al euro. 
Creo que lo sensato ha sido, precisamente, no exigir a dichos países que cumplan las condiciones para incorporarse al euro en el momento de ingresar en la Unión Europea. 
La distinción entre ambos ejercicios es un factor de progreso y tendrá un efecto impulsor sobre la prosecución del proceso de construcción europea. 
Pregunta nº 63 formulada por Wayne David (H-0757/98): 
El Gobierno británico ha anunciado recientemente la introducción de una nueva asociación pública/privada en la «Royal Mint» , con sede en Llantrisant, en el sur de Gales. 
Dada la importancia de la «Royal Mint» para los clientes y posibles clientes de toda la Unión Europea, ¿desearía manifestar la Comisión alguna opinión a este respecto? 
Señor Comisario, le invito a que entremos en la recta final y que responda usted a la última pregunta. 
Tiene usted la palabra para tranquilizar al Sr. David sobre el futuro de la fábrica de moneda británica. 
No sé si podré disipar los temores del Sr. David. 
Lo que puedo decir es que su pregunta me lleva a hacer las observaciones siguientes. 
En primer lugar, incluso con la introducción del euro, la acuñación y la emisión de las monedas seguirán siendo en buena medida de la incumbencia nacional, es decir, competencia de los Estados. 
Sólo es competencia comunitaria la definición, y también la modificación, de las características técnicas y la cara europea de las monedas. 
Ya hemos celebrado un debate sobre estos dos temas, en el que usted presentó una opinión. 
Con respecto a la acuñación inicial de las monedas en euros, se decidió mantener el principio actual: cada Estado miembro acuña las monedas que emite, y salvo la decisión soberana de un Estado miembro de la zona euro de confiar la fabricación de las monedas que emita a la Royal Mint, ésta no se verá directamente afectada por la llegada del euro. 
Por tanto, la Comisión no tiene competencia para pronunciarse sobre la posible evolución del estatuto de la Royal Mint, ni de cualquier otro instituto monetario nacional. 
Cabe observar, no obstante, que aunque la emisión de monedas es una prerrogativa de los poderes públicos, la fabricación es una actividad industrial clásica, al igual que la fabricación de billetes. 
Ahora bien, en algunos países, dicha fabricación es confiada al sector público, mientras que en otros, es confiada al sector privado; una decisión que corresponde tomar a cada Estado miembro. 
Yo también tenía bastantes esperanzas de que el Comisario disipara mis temores, pero no ha sido así, la verdad. 
Existe una preocupación muy real a este respecto, no sólo desde el punto de vista de la economía local en el Gales meridional, sino también- me parece a mí- desde el punto de vista de la Unión Europea en conjunto. 
En este momento parece ser que cinco de los once Estados miembros que van a formar parte de la primera ola de UEM van a encargar la acuñación de al menos algunas de sus monedas metálicas en Llantrisant, en el Gales meridional. 
Una de las razones por las que han decidido recurrir al Gales meridional es la seguridad de la producción y el precio muy competitivo que allí se les ofrece. 
Si hay un cambio de la propiedad, ya sea la privatización o algún tipo de sociedad publica/privada, se planteará- me parece a mí- un interrogante sobre las decisiones relativas a los costos y la seguridad del suministro que ahora existe. 
Así, pues, sostengo que no se trata de una simple cuestión interior, sino que tiene también una dimensión europea. 
Quizá pueda intentar calmar los temores de su Señoría. 
Está en lo cierto al afirmar que pueden surgir problemas de comparación de costes entre los diferentes institutos de emisión o entre las diferentes empresas que fabrican las monedas y los billetes. 
Dicho esto, la decisión adoptada es que cada Estado miembro fabrique las provisiones de monedas y billetes que necesitará para su territorio. 
Por ejemplo, si hay, digamos una cifra al azar, tres mil millones de monedas y 200.000 billetes en circulación en un Estado, éste fabricará los tres mil millones de monedas y los 200.000 billetes en euros. 
Acto seguido, dicho Estado decide soberanamente cómo hay que acuñar dichas monedas e imprimir dichos billetes. 
Por consiguiente, al menos para el lanzamiento del euro y la fabricación de la primera provisión de monedas y billetes, cada uno es libre de proceder como desee, y es cierto que en el plano estrictamente económico, no se han tenido en cuenta las ventajas comparativas ni la competitividad de unos y otros. 
Desde un punto de vista estrictamente económico, quizá quepa lamentarlo, pero en el plano político, en la situación actual, creo personalmente que sus temores deberían disiparse. 
Muchas gracias, señor de Silguy, por su presencia y por sus respuestas. 
Señorías, hemos llegado al final del turno de preguntas con 13 minutos de retraso sobre el horario previsto, lo que nos ha llevado a prolongar el trabajo de nuestros colaboradores y de una forma especial de las cabinas de interpretación. 
A todos ellos les doy las gracias y les pido disculpas por esta falta de sincronía en nuestro trabajos. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 69 a 107 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.15 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Comitología 
De conformidad con el orden del día procede a continuación la explicación por parte de la Comisión de sus propuestas relativas a la comitología. 
Si en el sistema comunitario hay un tema que es objeto de controversia y de debate en las relaciones interinstitucionales, sin duda, éste es el de la comitología, aun cuando el sistema ha funcionado bien desde un punto de vista estrictamente técnico. 
Los casos de dificultad para adoptar una decisión, y, por consiguiente, de reenvío de la misma al Consejo, han sido poco frecuentes. En el procedimiento de reglamentación, sólo 32 de 3.000 actos a lo largo de los últimos cinco años; y los casos de decisiones finalmente aprobadas por el Consejo y no por la Comisión están claramente por debajo del 0, 5 %. 
Al dar estas cifras, no quiero decir que estoy satisfecho con el resultado. 
No quiero que se deduzca eso, simplemente me limito a constatar unos datos. 
Pero hay, sin duda, dos aspectos que no se han tenido siempre suficientemente en cuenta. 
Primero, la transparencia. 
Por razones fundamentalmente de la complejidad del sistema, de las variantes de cada tipo de comité, de la incertidumbre en la determinación del comité que debe aplicarse en los distintos ámbitos, ha habido una falta de transparencia. 
Y por otra parte, el control democrático. 
En particular, el control por este Parlamento de las decisiones adoptadas, problema que ha pasado a ser mucho más grave después del establecimiento del procedimiento de codecisión. 
Ahora bien, los posibles fallos del procedimiento- que, evidentemente, los hay- no deben hacernos olvidar la función de la comitología, esencial para el funcionamiento de la Unión. 
Se trata de lograr una mejor preparación de las numerosas e importantes decisiones de ejecución encomendadas a la Comisión, mediante la consulta de representantes de las administraciones nacionales. 
Históricamente la comitología se concibió para que las decisiones de ejecución adoptadas por la Comisión pudieran integrarse eficazmente en los sistemas nacionales. 
Al fin y al cabo, en la mayoría de los casos, la aplicación material de estas decisiones se lleva in fine a cabo sobre el terreno por las administraciones nacionales. 
Y este eslabón de colaboración entre administraciones ha adquirido una importancia todavía mayor como consecuencia de las ampliaciones y la atribución de nuevas competencias. 
De este modo, las reuniones de los comités se han convertido en foros de intercambio, sin duda de gran utilidad tanto para los servicios de la Comisión como para los de los Estados miembros. 
En segundo lugar, de conformidad con el Tratado, el Consejo- y les recuerdo que hasta el año 1993 era prácticamente el único verdadero legislador- delegaba competencias en la Comisión, por lo que debía poder ejercer una actividad de control de la acción de ésta. 
La única cuestión importante que se planteaba era en qué medida ello cuestionaba el control político ejercido por el Parlamento Europeo, de conformidad con el Tratado. 
La primera función de integración en los sistemas nacionales me sigue pareciendo indispensable, pues, en la actualidad, la aceptabilidad de las normas de la Unión exige una transparencia todavía mayor y una consulta mucho más amplia. 
La Comisión trata de responder a esta necesidad de la mejor manera posible, dentro de los límites del procedimiento que- insistopresenta una gran complejidad. 
Por otro lado, el logro de una mayor transparencia ha sido el tema central del intercambio de notas que se ha hecho entre la Comisión y el Parlamento desde el año 1988, así como el modus vivendi de 20 de diciembre del año 1994. 
En cuanto a la segunda función, ha variado en parte debido al incremento de las competencias de la Unión y de los poderes del Parlamento Europeo, y, actualmente, junto a la relación con los Estados miembros se plantea el problema crucial del control democrático de las decisiones de ejecución al nivel europeo. 
Ése es el problema fundamental que se plantea, especialmente en el ámbito de la codecisión porque es evidente que resultaría inadmisible cualquier procedimiento que excluyera dicho control democrático. 
Y ése es precisamente uno de los problemas fundamentales que están planteados por este Parlamento. 
Les recuerdo también que hoy en día numerosos casos, en los que así lo impone la adaptación a los progresos técnicos y a las rápidas transformaciones de los mercados, la Comisión tiene atribuida la función, en el marco de los procedimientos de comitología, de actualizar o aplicar algunos aspectos importantes de la legislación comunitaria. 
Y soy consciente de la perplejidad que a veces suscita en el Parlamento el alcance de tales decisiones, pero considero que esta flexibilidad normativa constituye una baza importante en un mundo que cambia a gran velocidad, gracias a la cual se puede evitar la esclerosis normativa, tan rápida en nuestra época. 
Y paso ahora a exponer la propuesta de la Comisión. 
De conformidad con las decisiones del Consejo Europeo de Amsterdam y los compromisos adquiridos con el Parlamento Europeo y el Consejo con ocasión de la redacción del modus vivendi, la Comisión acaba de presentar una propuesta de reforma de la decisión del Consejo de 1987. 
Hemos tratado de resolver fundamentalmente tres problemas: primero, simplificar el esquema de los procedimientos de comitología reduciéndolos a tres, frente a las cinco variantes actuales; segundo: racionalizar la utilización de los procedimientos mediante la determinación en la decisión sobre comitología de qué tipo de comités se aplica a qué tipo de decisiones; y, por fin, garantizar la información y el control democrático de las decisiones adoptadas teniendo en cuenta las nuevas competencias del Parlamento aunque sin olvidar la distinción entre poder ejecutivo y legislativo. 
El primer punto es el de la simplificación. 
Una simplificación no puede llevarse a cabo sin problemas para la Comisión, que ha aceptado cuestionar unas prácticas a las que estaba muy acostumbrada, pero que han alcanzado tal grado de complejidad y resultan tan difíciles de comprender que es preciso cambiarlas radicalmente. 
Se reducen los procedimientos, por tanto, a tres fórmulas principales sin las variantes actuales. 
Y lo mismo puede decirse del procedimiento de salvaguardia que- como es sabido- es actualmente único. 
Quisiera resaltar la profunda reforma a que se somete el procedimiento de reglamentación. 
Si no se alcanza un acuerdo entre el comité y la Comisión, la medida en cuestión sólo podrá aprobarse por el legislador, es decir, en el ámbito de la codecisión por el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Quiero comentar también brevemente el aspecto de la racionalización. 
La racionalización entendemos que se logra porque se propone por primera vez asociar la selección del procedimiento al tipo de decisiones que debe adoptarse. 
El procedimiento del comité de gestión, aunque otorga al comité un importante derecho de inspección, garantiza una decisión rápida para las cuestiones de gestión agrícolas y financieras. 
El comité de reglamentación, mucho más estricto para la Comisión, está previsto para las materias de alcance general referidas a aspectos esenciales de una legislación. 
Y ese es precisamente el caso de las adaptaciones al progreso técnico. 
Es lógico que el procedimiento sea mucho más estricto para la Comisión y deje al legislador un importante margen de intervención. 
Por fin, el comité consultivo se prevé para todas las restantes materias que se consideren no problemáticas por el legislador. 
Consideramos que las disposiciones propuestas facilitan una mayor transparencia y confirman y refuerzan la información del Parlamento Europeo, en particular en el ámbito de la codecisión. 
Y, en ese sentido, me parece que habrá que redefinir cómo transmitir y cómo recibir las informaciones en la materia, muy numerosas y- es cierto que con frecuencia- poco útiles para el Parlamento Europeo. 
Y dejo para el final una consideración que considero esencial. 
La propuesta impone a la Comisión y a las restantes instituciones la adecuación de los procedimientos existentes a los previstos en la nueva decisión a partir de la entrada en vigor de ésta. 
Para terminar, señora Presidenta, la pregunta que evidentemente nos hacemos- yo me hago- es ¿cómo queda el papel del Parlamento? , dejando aparte, evidentemente, el papel consultivo que desempeña en la aprobación de la propuesta de decisión. 
La Comisión, en su propuesta, ha querido confirmar y reforzar los procedimientos de información previstos en el modus vivendi. 
La Comisión espera las propuestas del Parlamento para poder llegar a un acuerdo que forme parte de la propia decisión o constituya una parte del acuerdo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo o, en su caso, de un acuerdo entre Parlamento Europeo y Comisión. 
El proyecto de declaración que la Comisión ha distribuido, y que reconoce un papel relevante al Parlamento Europeo, intenta lanzar la negociación para llegar a ese acuerdo. 
Nos parece evidente que el papel del Parlamento Europeo debe ser más importante en aquellos ámbitos en los que el acto de base se haya adoptado en codecisión. 
En ninguna fase del procedimiento debe excluirse el control del Parlamento Europeo. 
Lo que nos parece evidente es que el Parlamento no debe desempeñar un papel de naturaleza ejecutiva. 
Y estoy seguro de que no tiene intención de convertirse en una especie de poder de sustitución o de participación en una actividad que, para ser útil y eficaz, debe ser sólo competencia de la Comisión. 
A ella le corresponde ejercer su iniciativa y sus responsabilidades mediante la apreciación, caso a caso, de la legitimidad y la oportunidad de adoptar una decisión de ejecución. 
Y, en función de esos principios, a ella le compete apreciar si, por el contrario, resulta necesario iniciar un nuevo procedimiento legislativo. 
En cuanto a las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, puesto que no es previsible un conflicto permanente entre el Parlamento y la Comisión, excepto en el supuesto de una moción de censura, me parece que la discrepancia con las propuestas de la Comisión debe llevarse a cabo únicamente mediante procedimientos estrictos que garanticen la implicación de todo el Parlamento. 
A mi juicio, el ideal sería buscar procedimientos cuya finalidad fuera reforzar la relación de confianza entre Parlamento y Comisión en vez de ejercer ese control a veces minucioso y, en último término, burocrático de la acción de la Comisión. 
Una práctica de estas características, escrita y pública, sirve a la transparencia, ya que de este modo la opinión pública, o en su caso la opinión especializada, tendrá la posibilidad de hacer oír su punto de vista. 
La Comisión desea que el debate y las negociaciones que se lleven a cabo hasta la aprobación de la nueva decisión sobre comitología, que se propuso en el mes de julio, faciliten, en el contexto de las medidas para aplicar el Tratado de Amsterdam, la consecución de tres fines: intensificar y mejorar las relaciones interinstitucionales; incrementar la transparencia de nuestro sistema de adopción de decisiones ante nuestros ciudadanos y las instituciones nacionales- y la aceptabilidad del mismo por parte de éstos -; y mantener, y adaptar a la situación actual, un sistema de ejecución de normas más democrático y eficaz. 
Espero que sus decisiones y sus propuestas, así como las discusiones que tendrán lugar para alcanzar un acuerdo, vayan en esa dirección y pongan término a la dificultad permanente, que hemos tenido hasta ahora, para llegar a una relación bien definida de las instituciones en un ámbito tan complejo como es el de la ejecución de las normas comunitarias. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, me parece que en la introducción hecha por el Comisario Sr. Oreja, existe quizás un exceso de optimismo con respecto a la propuesta presentada por la Comisión. 
Estimo que también nosotros queremos mejorar el sistema legislativo y el sistema de propuesta ejecutiva; sin embargo, me parece que, aunque se han dado algunos pasos adelante en esta propuesta, se han eludido un tanto las principales preocupaciones y demandas del Parlamento Europeo. 
La iniciativa del Parlamento Europeo sobre comitología se debe a los problemas de transparencia y de respeto del procedimiento legislativo que plantea el sistema en vigor, hoy por hoy, totalmente inaceptables con un Tratado de Amsterdam que ha redefinido el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento de codecisión equiparándolo con el del Consejo. 
Es evidente, por tanto, que, incluso sin una modificación del artículo 202, antiguo artículo 145, que se refiere a los actos adoptados por el Consejo y no a los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, la comitología es una zona gris que carece prácticamente de reglas. 
A la hora de establecer nuevas reglas, hay que tener en cuenta la mayor responsabilidad del Parlamento Europeo que, por otra parte, también reconoce el señor Comisario. 
En particular, pienso que la competencia en materia de atribución de poderes de ejecución a la Comisión y el control de la actividad ejecutiva deben ser compartidos en igual medida por la autoridad legislativa, o sea, por el Parlamento Europeo y el Consejo en el ámbito de la codecisión. 
Cuando el señor Comisario dice que todo lo que mejora para el control del Parlamento es la información, creo que quizás limita un tanto la función de control. 
El Parlamento Europeo ha decidido actuar por etapas, a saber, poniendo en marcha cuanto antes la negociación con el Consejo y con la Comisión sobre la base de la resolución que hoy nos ocupa y- tras la puesta en marcha de la negociación o, mejor aún, concluida ésta lo más rápidamente posible- emitiendo el dictamen definitivo sobre la propuesta de la Comisión. 
El éxito de la negociación dependerá también de la voluntad de la Comisión y, ante todo, del Consejo de debatir abiertamente y sin prevenciones las solicitudes del Parlamento, así como de la voluntad del Parlamento de atender las razones de la Comisión y del Consejo. 
Ahora bien, existen unos principios fundamentales que, a mi modo de ver, no figuran en la propuesta de la Comisión y que la Comisión de Asuntos Institucionales pretende hacer valer en la negociación. 
El primer principio es garantizar el pleno respeto del procedimiento legislativo, al objeto de evitar que un acto de naturaleza legislativa se adopte sin seguir el procedimiento de codecisión normal. 
Esto es algo prioritario para todos aquellos que quieren que el proceso sea transparente y democrático. 
Desde este punto de vista, la definición de decisión de ejecución que figura en la propuesta de la Comisión suscita preocupación, porque va en contra de la necesidad de una delimitación más precisa de las respectivas funciones: la función ejecutiva, por una parte, y la función legislativa del Consejo y del Parlamento Europeo, por otra. 
Esto significa que, a diferencia de la Comisión, consideramos que una decisión de ejecución no puede modificar, adaptándolos y actualizándolos, los requisitos esenciales de los actos legislativos de base, incluidos los anexos y, cuando hablamos de «adaptaciones técnicas» sabemos perfectamente que, con frecuencia y empezando por los anexos, se modifican elementos esenciales de la legislación. 
Creo que, si en el ámbito de la Comisión permanece la confusión que se codifica en la nueva decisión, será inevitable que los actos de base se conviertan en normas cada vez más generales- es un riesgo para todos y no sólo para el Parlamento Europeo- y que los Comités vean reforzado cada vez más su papel en la determinación de los elementos esenciales de la legislación, que es lo que queremos evitar. 
Otro principio fundamental para alcanzar un equilibrio justo y democrático entre las distintas Instituciones es que el Parlamento Europeo pueda ejercer un control real de las decisiones de ejecución, es decir, pueda intervenir en un plazo determinado para oponerse, en su caso, a la ilegitimidad o al contenido del procedimiento de adopción de la decisión. 
Evidentemente, esto quizás implicará que la Comisión tenga que retirar o modificar dicha norma, aunque se podrá debatir la manera más apropiada de control por el Parlamento, sin que ello suponga una ingerencia en la función ejecutiva de la Comisión ni una ralentización del procedimiento ejecutivo en detrimento de los derechos de los ciudadanos. 
Somos muy conscientes de que estos dos aspectos son esenciales de cara a la aprobación de la nueva decisión y del procedimiento relativo a las decisiones de ejecución. 
Finalmente, en lo que se refiere al principio de control real del Parlamento Europeo, creo que es muy firme y debe seguir siendo muy firme. 
Confiamos en que la Comisión y el Consejo estén dispuestos al diálogo y que no subestimen el papel y la responsabilidad adquiridos por el Parlamento Europeo que basa su legitimidad en el sufragio directo de los pueblos europeos. 
Espero que el diálogo resulte positivo y creo que el Parlamento Europeo tiene la firme intención de hacer valer sus razones. 
Señora Presidenta, detrás de los aspectos técnicos se esconde en realidad un problema de poder. 
Cuando el constituyente- que es como yo llamo a las personas que redactan el Tratado- decidió introducir la codecisión en el Tratado de Maastricht, habrían debido modificar inmediatamente, técnicamente, los artículos 145 y 155. 
Algo que no se hizo. 
El Parlamento no tuvo nada que decir. 
El asunto fue tratado entre la Comisión y el Consejo. 
Cuando expresé mi inquietud, me dijeron que era demasiado tarde, que el tema era demasiado técnico y que no era necesario emitir un dictamen al respecto. 
Acudimos al Tribunal de Justicia y allí ocurrió algo bastante sorprendente. 
Desdeñando treinta años de tradición, según la cual, el Tribunal de Justicia siempre se propuso interpretar los textos en función de la intención del constituyente o del legislador, por primera vez- no fue realmente la primera vez, pero casi- el Tribunal de Justicia se basó en una interpretación puramente formalista. 
Es además una de las consecuencias de la ampliación, pero pasaré esto por alto. 
O sea, que se cometió aquí un grave error, porque en todos lados, en todos los regímenes constitucionales, el que decide la norma, el que hace la ley es también el que determina las condiciones de su ejecución. 
En este caso no es así. 
En este caso, el Parlamento y el Consejo hacen la ley, pero el Consejo decide por su cuenta sobre las condiciones de ejecución. 
Cuando, con el Tratado de Maastricht, se avanzó en el plano de las intenciones, se hizo creer a todos los ciudadanos que, en lo sucesivo, se otorgarían más poderes al Parlamento Europeo y, por tanto, se le pondría realmente en pie de igualdad con el Consejo. Algo que en absoluto se ajusta a la verdad. 
No estamos, ni mucho menos, en pie de igualdad con el Consejo, porque en lo que respecta a la ejecución, el Parlamento no interviene, y el Consejo es el único que decide. 
La Comisión, por su parte, se acomoda perfectamente a esta situación. 
En todo su texto no hay una sola palabra sobre este asunto, salvo para decir que, puesto que el Consejo no ha deseado modificar el artículo 147, ella se da por satisfecha. 
O sea, la Comisión acepta esta negación de un derecho que, por otra parte, se proclama por doquier. 
Nos dicen, ustedes son iguales en principio, pero en realidad, no lo son y no queremos modificar el artículo 147. 
Éste es el fondo del problema. 
No es tanto por la cuestión de la igualdad de derechos, pura y llanamente. 
Si nos contentáramos simplemente con la consulta o incluso con la gestión, tal y como ustedes proponen, no habría ningún problema. 
Pero ustedes mantienen la reglamentación. 
Y ¿qué se dice en la reglamentación? 
Se dice que si las propuestas de la Comisión no se ajustan a la opinión del comité, no pueden ser aceptadas. 
¿Quién toma la decisión de no aceptarlas? 
¿Qué son? 
Son funcionarios de las administraciones nacionales, totalmente irresponsables. 
No deben responder de nada, ni ante sus parlamentos nacionales, ni ante el Parlamento Europeo. 
Y ahí radica el horror. 
Es el motivo de nuestra indignación. 
A primera vista, ustedes no han sido sensibles a este argumento y es por lo que nos resulta tan difícil aceptar la situación, aunque, objetivamente, reconocemos que se trata efectivamente de un progreso con respecto a la situación actual. 
Pero ustedes se han contentado con quedarse en el marco fijado por la decisión del Tribunal de Justicia y la negativa de los negociadores del Tratado de Amsterdam de modificar el artículo 145. 
Entonces ustedes dijeron: " nos contentaremos con esto». 
Es cierto que ustedes han hecho lo máximo dentro de dicho marco. 
Pero lamento que si ustedes esperan con ello poner fin a las dificultades, no será así, porque el Parlamento exigirá, con razón, disponer de la totalidad de los derechos que formalmente le fueron conferidos, pero que, en realidad, le han sido negados. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales, muy bien redactado por la Sra. Aglietta, recuerda que el Tratado de Amsterdam, al ampliar el ámbito de la codecisión del Parlamento Europeo y suprimir la tercera lectura, puso de manifiesto, sin ambigüedad posible, la paridad existente entre el Parlamento Europeo y el Consejo en lo que respecta a la aprobación de actos comunitarios. 
El Tratado de Amsterdam podría haber llegado hasta el final de su lógica reforzando el control de las normas de ejecución, con el fin de respetar íntegramente el procedimiento legislativo. 
No lo hizo, y confió a la Comisión la responsabilidad de presentar propuestas en materia de comitología. 
La Comisión respondió a esta solicitud dentro del plazo- por lo que debemos darle las gracias. 
Su principal objetivo es realizar un importante esfuerzo de simplificación, un esfuerzo de transparencia, e introducir un sistema más democrático, que otorgue al Parlamento el derecho de inspección sobre el poder de ejecución de los actos aprobados en codecisión. 
No obstante, y es lamentable, el mantenimiento de los comités de reglamentación en la propuesta de la Comisión- como acaba de subrayar el Sr. Herman- es más que preocupante, en la medida en que dicho mantenimiento elimina la posibilidad de que el Parlamento Europeo impugne un acto ejecutivo, lo que va en contra del Tratado de Amsterdam, que estipula que el control de la actividad ejecutiva de la Comisión debe ser asumido, a partes iguales, por la autoridad legislativa, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Existe pues el riesgo de vaciar el procedimiento de codecisión, que estaría limitado a actos de contenido muy general, y es perfectamente lógico que el texto de la Comisión de Asuntos Institucionales se fije entre sus prioridades la garantía de que se respeta íntegramente el procedimiento legislativo, con el fin de evitar que un acto de naturaleza legislativa, incluida la actualización de actos aprobados según el procedimiento de codecisión y la modificación de anexos, no pueda adoptarse como medida ejecutiva, y por consiguiente, escape del marco de la codecisión. 
Todas las intervenciones, señor Comisario, van en la misma dirección. 
Usted ha intentado mejorar las cosas y, en cierta medida, lo ha hecho, pero creemos que no ha ido todo lo lejos que nosotros esperábamos que fuera. 
Señora Presidenta, desearía agradecer al Sr. Comisario y a la ponente su participación en este asunto. 
En toda democracia se da el concepto de la separación de poderes con el fin de impedir que una institución pueda ejercer un poder absoluto sobre otra. 
Existe un sistema de control y de equilibrio. 
Por consiguiente, el Parlamento se ha mostrado siempre algo temeroso de la ideología de la comitología. 
Me ha hecho cierta gracia escuchar durante su intervención inicial la importancia que el señor Comisario otorga al papel del Parlamento cuando afirma que su poder en el ámbito de la codecisión, como colegislador, será respetado y garantizado. 
Parafraseando un refrán: me conocerás por mis hechos, no por mis palabras. 
En cierta medida, las acciones de la Comisión no son sinceras. 
Mañana se someterá a debate en este Parlamento el informe Miller sobre los impuestos especiales. 
Habida cuenta de que todo el mundo sabe que el Tratado de Amsterdam va a entrar en vigor, y habida cuenta de que todo el mundo conoce la oposición que existe dentro del Parlamento a determinadas medidas y decisiones que se han adoptado en el ámbito del Consejo, se ha suscitado una polémica en torno a las ventas libres de impuestos y a las leyes que se deberían aplicar en materia de impuestos especiales. 
¿Cómo decidió actuar la Comisión cuando surgió este problema? 
La Comisión decidió remitir esta cuestión al Comité de impuestos especiales, excluyendo de esta manera cualquier participación del Parlamento en el proceso de toma de decisiones. 
Por todo ello, tenemos que ser muy cautelosos en este Parlamento ante cualquier gesto reconciliador por parte de la Comisión. 
Debemos estar seguros en nuestro fuero más interno de que, al ser el único órgano responsable de la Unión Europea que ha sido elegido de manera directa y democrática, debemos alzarnos y luchar por nuestro derecho a ser árbitro y poder decisorio final. 
Debemos alejarnos de esta idea de los comités de regulación y los comités ejecutivos, que no son más que entes semiautónomos con muchas pretensiones, pero que no han sido elegidos, no son representativos ni asumen responsabilidad alguna. 
Devolvamos el poder al pueblo, al Parlamento, que es donde debe estar, para censurar comisiones y criticar decisiones. 
Dennos el poder ahora para modificar y mejorar la legislación. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar, permítanme felicitar a la Sra. Aglietta por el trabajo que ha realizado sobre un tema de gran complejidad, muy técnico y poco comprensible para los ciudadanos. 
Pero detrás de esta apariencia técnica, la comitología tiene implicaciones eminentemente políticas. 
En el preciso instante en que todos reconocen la necesidad de que exista transparencia en las instituciones europeas, constatamos que el sistema de comitología es todo menos un sistema transparente. 
El sistema de control que ejerce el Consejo sobre la Comisión en sus funciones ejecutivas es, en efecto, opaco, complejo, y entraña riesgos de parálisis, sobre todo en los comités de reglamentación. 
No se trata de que se nos reconozcan poderes idénticos a los que hoy ostenta el Consejo. 
Se trata de reservarnos el poder de evocación, en el que dos instituciones comparten el poder legislativo. 
La hostilidad del Consejo a cualquier revisión de la cuestión llega a ser irritante, pero lo preocupante es que la Comisión, en su propuesta del mes de julio, parece deslizarse hacia posiciones alejadas de la posición del Parlamento Europeo, lo cual es grave. 
La Comisión prevé el mantenimiento de los comités de reglamentación y no contempla la posibilidad de que el Parlamento impugne un acto legislativo. 
Por ello es urgente que iniciemos negociaciones serias de cara a la celebración de un acuerdo interinstitucional en este ámbito, un acuerdo que vaya mucho más allá del actual modus vivendi que, hay que reconocer, deja inalterados todos los procedimientos de comitología. 
No puedo terminar sin decir que el dossier de la comitología está estrechamente ligado a una de las grandes cuestiones pendientes de la Unión Europea, la jerarquía de las normas. 
Sigo estando convencido de que será muy difícil encontrar soluciones duraderas a este problema ante la ausencia de una clasificación real de los actos jurídicos europeos. 
Este tema figuraba en el orden del día de la Conferencia Intergubernamental, pero no se llegó a ningún resultado. 
Es el objetivo de la enmienda presentada en nombre de mi Grupo. 
Espero que reciba el apoyo de la Asamblea. 
Señora Presidenta, el número de comités roza el millar. 
Conocemos la lista gracias a los datos del presupuesto, sin embargo, no conocemos todos los comités. 
Mi grupo exige que sea imposible desembolsar ni una corona en concepto de gastos de desplazamiento a los comités que no conozcamos o no podamos conocer. 
Exhortamos a que todos los fondos para reuniones sean depositados en las reservas del presupuesto, pudiendo ser retirados de allí cuando seamos informados debidamente. 
Los comités debieran existir para servir a los electores y de ahí la conveniencia de que sus órdenes del día, documentos de trabajo y actas se hallen a disposición de los electores. 
Si intereses justificados exigen confidencialidad, entonces estos intereses pueden ser mencionados y limitar a continuación el acceso, por ejemplo, al Presidente de la comisión, a los ponentes y a un portavoz por cada grupo. 
Sin embargo, la norma debe ser que todo documento se encuentre también a disposición de los representantes elegidos por el pueblo cuando el documento salga de la Comisión y me gustaría lograr que el Sr. Oreja confirme también su apoyo a la norma de que cuando un documento haya abandonado la Comisión, se encuentre a disposición de los representantes elegidos por el pueblo en este casa. 
Debe haber una norma relativa a la posibilidad de incorporar los asuntos de un comité al orden del día del Consejo de Ministros y a que un comité no podrá impedir la labor legislativa de los representantes elegidos por el pueblo. 
La esencia de la democracia radica en la posibilidad de celebrar elecciones y de promulgar nuevas leyes y esto no es posible si se transfiere el poder ya sea a la Comisión ya sea a un comité. 
En tal caso, sólo la Comisión puede volver a introducir el asunto en el orden del día del Consejo. 
De ahí que sea fundamental que el Consejo de Ministros y el Parlamento obtengan el derecho general a incorporar siempre que quieran un asunto al orden del día. 
Señora Presidenta, estimados colegas, la comitología no es ni una ciencia oculta ni tampoco una nueva religión. 
En esencia tiene mucho más que ver con la legitimación democrática y con el carácter supranacional de la integración. 
Quiero dejar esto claro con dos puntualizaciones: en primer lugar el Parlamento Europeo es colegislador y autoridad presupuestaria con igualdad de derechos. 
En el procedimiento de comitología, que fue diseñado antes del Tratado de Maastricht, los representantes de los Estados miembros se enfrentan en sus comités de expertos con una serie de decisiones que afectan a las competencias legislativas y presupuestarias del Parlamento Europeo. 
Esto debe ser modificado. Porque en el año 1987 no se ejerció la codecisión y con el Tratado de Amsterdam el procedimiento de codecisión ha sido establecido como regla general. 
Por ello se prevé en la explicación del protocolo que antes del fin de 1998 el Consejo introduzca una modificación según la cual el Parlamento, de hecho, sólo participe con una toma de posición. 
Consideramos que esto es insuficiente. 
Por esta razón queremos entablar negociaciones con el Consejo y presionar para hacer valer nuestra posición. 
Este también es el objetivo de la resolución que tendrá lugar al final del debate de hoy. 
En segundo lugar, el proceso de integración supranacional se encuentra siempre inmerso en la tensión que se produce entre los intereses individuales de los Estados miembros y la percepción supranacional de los intereses comunitarios. 
Hasta ahora el procedimiento legislativo y presupuestario ha respondido ampliamente a esta relación de tensión. 
Sin embargo en el plano de las decisiones de ejecución aun no se ha alcanzado ese equilibrio. 
Desde luego que los intereses de los Estados miembros también merecen ser defendidos en este punto, ya que en la mayoría de los casos la ejecución de los actos comunitarios compete a los Estados. 
Pero si las decisiones ejecutivas de índole general no representan el plano supranacional se produce una renacionalización por la vía subrepticia. 
Todo el debate en torno a la subsidiariedad evidencia esta problemática. 
Para conjurar este peligro el Parlamento Europeo exige un derecho de control político paralelo al del Consejo de Ministros. 
Cierto es que la percepción de los intereses comunes en el plano supranacional, señor Comisario, es en primera instancia un asunto que le incumbe a usted, es decir, una competencia de la Comisión. 
Debido a que los procedimientos del comité de gestión a menudo posibilitan que el Consejo de Ministros se imponga a la posición de la Comisión, la consecución de un contrapeso político en el plano parlamentario adquiere todo su sentido. 
Es precisamente sobre esta base sobre la que debemos alcanzar un acuerdo interinstitucional. 
Señora Presidenta, señor Comisario, usted es competente, entre otras cosas, para dar información. 
Por ello no se sorprenderá cuando digo que a pesar de las esforzadas explicaciones no sólo no he podido encontrar el hilo rojo de Ariadna a través del laberinto de la comitología sino que, en mi opinión, para el ciudadano aquellas no pueden ser percibidas como otra cosa que no sea el abc de la brujería. 
No puede vislumbrar de qué se trata. 
Si se habla de cifras, entonces no podemos dejar de decir que la praxis vigente en aquel tiempo de establecer cientos de comités de administración y reglamentación, compuestos por representantes de los Estados miembros y la Comisión, para la ejecución de actos jurídicos ha conducido a una indefendible confusión de las funciones legislativas y ejecutivas, y ha neutralizado de manera más profunda la clásica separación de poderes en el sistema de la UE. 
No se trata ya de la codecisión, sino que se trata, por ejemplo en el campo de las relaciones exteriores, de programas que también son controlados bajo la égida de estos comités de gestión. 
No es nuestra preocupación que el Parlamento se inmiscuya en la esfera ejecutiva, sino que nos inquieta mucho más que el Consejo se inmiscuya por esta vía y de esta forma tan improcedente en la potestad ejecutiva de la Comisión. 
Creo que en este asunto el Parlamento y la Comisión deberían esforzarse de verdad por establecer una forma de control para la que, a pesar de que ya ha sido reclamada, aun no se han encontrado suficientes elementos. 
En los próximos meses, antes de las elecciones europeas, el ciudadano nos va exigir transparencia, claras responsabilidades y democratización. 
Entonces tenemos que ser nosotros los que estemos ahí, y no tanto sus funcionarios como tampoco los funcionarios del Consejo. 
Este es el punto donde está clavada la cruz. 
Por ello estamos muy interesados en que se alcance un acuerdo interinstitucional razonable que incluya todos estos elementos de una manera mucho más evidente. 
En este sentido apoyamos la linea del informe de la Sra. Aglietta en toda su complejidad. 
Señora Presidenta, todos los sistemas legislativos disponen de un procedimiento para conferir poderes de aplicación al Ejecutivo. Esto implica a menudo otorgar al Ejecutivo poderes para promulgar legislación específica de carácter técnico, llegándose en ocasiones más lejos, modificando- con arreglo a estrictas condiciones y dentro de ciertos límites- el texto legislativo fundamental. 
No es algo inusual. 
Lo que sí es inusual en el sistema europeo es que la Comisión, al ser nuestro poder ejecutivo, esté obligada a trabajar junto a comités de funcionarios nacionales. 
Se podría pensar que es algo lógico. Después de todo, corresponde a los Estados miembros aplicar la legislación europea después de su aprobación. 
Quizás sea una medida sensata hacerles partícipes de la aprobación de medidas de aplicación específicas. 
Entonces, ¿por qué presenta el Parlamento objeciones al sistema de la comitología? 
Existen tres o cuatro razones principales. 
La primera de ellas es porque estos comités de funcionarios nacionales- y solamente estos comités- tienen derecho a bloquear la aplicación de las medidas por parte de la Comisión, y remitirlas de nuevo al poder legislador, o a una parte de éste. 
El Parlamento no goza de un derecho equivalente. 
No tenemos poder para someter a examen al Ejecutivo y tomar medidas al respecto. 
En segundo lugar, si alguna cuestión se remite de este modo, se hará únicamente a una de las partes de la autoridad legislativa, el Consejo, en lugar de remitirse a ambas partes, esto es, el Consejo y el Parlamento, tal como debería ser en el sistema equitativo de codecisión con que contamos en la actualidad en la Unión Europea. 
En tercer lugar, con tantos comités, órdenes del día y procedimientos que hacen difícil su control, todo el sistema es tan complejo que no es transparente y resulta opaco a la opinión pública. 
Finalmente, no nos agradan ni el procedimiento n- 3, ni- especialmente- el n- 3b, que puede dar lugar a bloqueos. 
Todos los procedimientos del n- 3 pueden conducirnos a un sistema prácticamente igual que el procedimiento legislativo. 
La Comisión presenta una propuesta para cuya aprobación necesita una mayoría cualificada de los representantes nacionales que integren estos comités, apartando completamente al Parlamento de este sistema. 
Es un modo de excluir al Parlamento de la toma de decisiones, a menudo, de gran importancia. 
Por este motivo no podemos aceptar dicho sistema. 
La propuesta de la Comisión contribuye en cierta medida a rectificar esta situación, si bien no nos satisface en todos y cada uno de estos cuatros puntos. 
No es una propuesta suficientemente favorable. 
Ahora vamos a entablar negociaciones interinstitucionales, por lo que la resolución que adoptemos hará las veces de instrucciones para nuestros negociadores. 
Dejemos que se entere el resto de las instituciones de que el Parlamento actuará con seriedad y mucha firmeza durante estas negociaciones. 
Ya hemos visto anteriormente cómo han caído procedimientos de codecisión en torno a la cuestión de la comitología y a medidas de ejecución. Éste podría perfectamente ser el caso de nuevo. 
Hemos comprobado cómo se han echado a perder horas y horas en comités de conciliación discutiendo sobre este mismo tema, cuando se podría haber establecido mucho antes y más fácilmente una legislación esencial al respecto. 
Esto volverá a ocurrir una y otra vez hasta que no se llegue a un acuerdo sobre la cuestión. Ello significa que todas las instituciones- Consejo, Comisión y Parlamento- deberán trabajar para alcanzar un compromiso. 
Pero aprovecharemos esta oportunidad para poner en orden el sistema, de una vez por todas. 
Señora Presidenta, también a mí me gustaría agradecer a la Comisión su declaración y sus sugerencias acerca de este punto. 
Como ya sabe el Sr. Comisario, el Parlamento Europeo se enfrenta a un incesante ataque. 
Se nos acusa de introducir numerosos niveles burocráticos y nuevos reglamentos que suponen una carga para los ciudadanos de la Unión Europea. 
El hecho es que, como ya sabe el Sr. Comisario, en 1996 operaban en la Unión Europea 330 comités de comitología. 
Tal como ya han dicho el Sr. Corbett y otros diputados, ninguno de estos comités es debidamente responsable ante las instituciones de la Unión Europea. 
De hecho, una sola cuestión como los impuestos de aduanas e indirectos es objeto de nada menos que 43 comités de comitología. 
Por lo tanto, cuando se celebre a finales de octubre la cumbre especial para examinar cómo será el funcionamiento de la Unión Europea del futuro, lo que deberemos señalar tanto nosotros- en cuanto Parlamento -, como ustedes- en cuanto Comisión- es que, si el Consejo pretende en serio introducir transparencia en el funcionamiento de la Unión Europea, y nosotros librar a los ciudadanos de la Unión de las cargas que suponen la regulación y los trámites burocráticos, tendremos que dejar de ver el papel del Parlamento Europeo de un modo negativo. 
Consideremos el coste y la magnitud de los comités de comitología que están introduciendo, en una medida cada vez mayor, minuciosos detalles en las normas y los reglamentos. 
A menudo hablamos de la capa dorada con que los parlamentos nacionales recubren normas y reglamentos. 
Deberíamos observar que esta situación se produce también con motivo de las reuniones periódicas entre funcionarios nacionales y supuestos expertos, porque he de decir que en numerosas ocasiones estos expertos representan a grupos de interés ocultos que introducen sus propias normas y reglamentos. 
Si perseguimos en serio una Europa para el pueblo, si pretendemos en serio lograr transparencia en nuestros sistemas, se deberán apoyar, naturalmente, sus propuestas. 
Pero estas propuestas deberán ser únicamente una fase más de una evolución posterior que nos lleve a una transparencia mayor en el proceso legislativo. 
Señora Presidenta, desearía mostrar mi comprensión a la Comisión. 
Lamento honestamente que se haya visto en la situación de tener que presentar una propuesta acerca de esta cuestión. 
Con ocasión del modus vivendi, pensábamos de hecho que se había dejado de lado este punto, y, cuando se produjo la siguiente revisión del Tratado, aquellos que verdaderamente deberían cargar con la culpa fracasaron a la hora de presentar una propuesta que zanjara esta cuestión; en su lugar, cuando se llegó al modus vivendi, deberían haber afirmado que éste era el único modo posible- desde un punto de vista técnico- de tender un puente hasta que se pudiera solucionar el asunto. 
En la siguiente revisión del Tratado se podría haber resuelto completamente este tema mediante la aceptación por parte del Consejo del principio de que los colegisladores podrían colegislar no solamente en materia de legislación primaria, sino también en otros ámbitos. 
El informe de nuestra colega ofrece una situación muy negativa sobre este punto, si bien saca el máximo provecho de la misma. 
Espero que dejemos de echar la culpa a la Comisión y se la echemos a quien de verdad le corresponde. 
El Consejo no asumió sus responsabilidades con motivo de la última revisión del Tratado, pero deberá hacerlo, bien a través de un acuerdo institucional, bien con ocasión de la próxima revisión del Tratado. 
Muchas gracias, señor Barton. 
Les comunico que de conformidad con el artículo 37 párrafo 2 del Reglamento he recibido una enmienda a la resolución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Supervisión de las empresas de seguros 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura de la Sra. Mosiek-Urbahn (A4-0286/98) en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, hasta el momento el procedimiento legislativo ha mostrado que las pretensiones esenciales de la propuesta de directiva gozan de la aprobación mayoritaria de todos los interesados. 
En el futuro las autoridades de supervisión de la Unión Europea tienen que poder averiguar de una forma más efectiva cuál es la solvencia de hecho de una compañía aseguradora que forme parte de un grupo asegurador. 
Se trata de garantizar el nivel más alto de protección posible en favor del usuario, en favor del asegurado. 
Este debe ser protegido ante una eventual incapacidad de pago de su aseguradora. 
Se discute qué precauciones son exigibles y razonables para conseguir este objetivo. 
La posición común del Consejo y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano del Parlamento Europeo encierra algunas posiciones divergentes en algunos puntos que tienen por objetivo la limitación de la carga financiera hasta un margen razonable. 
En detalle: el Parlamento Europeo celebra que el Consejo haya adoptado la mayoría de las modificaciones, cuyo objetivo era clarificar la situación. 
El Parlamento Europeo celebra expresamente que el Consejo, en su posición común, se haya aproximado al menos a la petición del Parlamento de que todos los elementos de solvencia permisibles para la supervisión individual de empresas aseguradoras también se reconozcan para la supervisión adicional de grupos. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano se ha declarado en desacuerdo con la posición común en cuanto estima que, ahora, en el caso de los holdings de compañías aseguradoras la financiación de los seguros compartidos puede reconocerse también en otros elementos pertinentes aparte de las prescripciones de solvencia previstas para las compañías aseguradoras. 
En la práctica se trata esencialmente de préstamos subordinados y capital de acciones de disfrute, pero no otros instrumentos financieros como préstamos, empréstitos convertibles y otros recursos foráneos. 
Esta limitación de las posibilidades de financiación no parece, en cualquier caso, adecuada para los holdings. 
Sus accionistas no son compañías de seguros. 
El grupo al que va dirigida la protección cualificada de esta directiva son los asegurados y no los accionistas, que tampoco están sujetos a ninguna supervisión individual. 
La enmienda 5 adoptada por la Comisión para Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano tiene como objetivo reducir esta protección sobredimensionada a una medida apropiada. 
El punto fundamental de la discusión sigue siendo la extensión del ámbito de aplicación de la supervisión de grupos prevista en directiva. 
La posición común comprende ahora cualquier participación de una compañía aseguradora en otra compañía aseguradora o de reaseguro mientras que en la primera lectura el Parlamento había previsto la aplicación a partir de un umbral del 20 % o en el caso de una influencia dominante. 
Esto supone una agravación en comparación con la primera lectura y frente a la propuesta de la Comisión. 
Si se aprobase la directiva en su forma actual ejercería unos claros efectos negativos sobre la estructura del capital en Europa y sobre el sector asegurador europeo. 
Las compañías aseguradoras afectadas deberán adquirir considerables recursos en el mercado de capitales para financiar la acrecentada demanda de recursos propios. 
El capital propio es caro y las compañías aseguradoras intentarían o serían obligadas a compensar los costes generados bien en la forma de un aumento de las primas bien a través de medidas de racionalización. 
El aumento de las primas derivaría en una carga para los propios asegurados y las medidas de racionalización harían peligrar puestos de trabajo. 
La directiva generaría otros problemas en la adquisición de capital por parte de las compañías aseguradoras pues debido a su forma jurídica tienen cerrado el acceso a los mercados de capitales, por ejemplo las sociedades aseguradoras de seguros mutuos. 
Estos problemas pueden, con toda seguridad, adquirir una gran relevancia en materia competitiva. 
Existiría el peligro de que en determinados Estados miembros se privase permanentemente de su base a sectores del seguro con una tradición en su desarrollo. 
Un posible compromiso con relación al ámbito de aplicación podría consistir en la diferenciación de los umbrales según el ámbito de regulación. 
De este modo quedaría perfectamente garantizada la exigencia de la supervisión de la transparencia y el control de las transacciones. 
Al mismo tiempo se observarían las peticiones del Parlamento contenidas en la primera lectura, que prevén limitar las exigencias adicionales de solvencia, surgidas por la pertenencia a un grupo, a aquellos casos en los que, de hecho, también puedan existir influencias entre empresas que aumenten el riesgo, en concreto en todo caso en el que se ejerza una influencia dominante. 
Por este motivo fueron presentadas las enmiendas 3 y 4. 
En contra de la inclusión de las participaciones minoritarias aparece, sobre todo, que de la pertenencia de estas participaciones minoritarias carentes de una influencia dominante no surge ninguna posibilidad de que se produzcan transacciones intragrupo perjudiciales. 
No constituyen un supuesto de hecho peligroso. 
El peligro puede perfectamente surgir si, sobre la base de la regulación existente, la supervisión es realizada de forma insuficiente. 
En este contexto procede otra observación: tanto la directiva como la posición común, separándose de las prescripciones europeas sobre solvencia de compañías individuales de seguros, únicamente armonizan los criterios jurídicos de intervención para la supervisión pero no las propias medidas jurídicas de la supervisión, por no mencionar que los diferentes métodos de cálculo aprobados para una situación de solvencia aclarada sólo son declarados equivalentes. 
Esto puede tener como consecuencia que en la determinación de un déficit, según el cálculo de la situación de solvencia previsto en la directiva, la autoridad supervisora de un Estado miembro exija un mayor capital propio mientras que la autoridad supervisora de otro Estado miembro exija, como mucho, la realización de un informe. 
Esto conduce obligatoriamente a distorsiones de la competencia que precisamente deberían ser evitados con la directiva. 
Finalmente sólo queda poner una objeción a que la competencia para la determinación de la existencia de una influencia dominante deba incumbir a las autoridades competentes. 
Señora Presidenta, intervengo en nombre del Grupo Socialista. 
En primer lugar, querría agradecer a la ponente su ardua labor en esta cuestión. 
En segundo lugar, desearía hacer constar las disculpas de nuestro ponente alternativo, el Sr. Rothley, quien se ha visto lamentablemente ocupado por otro asunto de importancia. 
Como en él es habitual, ha desarrollado su trabajo con aplicación y diligencia. 
La supervisión de los seguros constituye un asunto de importancia. 
La solvencia y el carácter sostenible de las empresas de seguros representan una cuestión crucial para la tranquilidad de los consumidores en un gran número de ámbitos. 
Mi grupo acoge favorablemente este informe. 
En el primer proyecto de informe se registraron problemas considerables. Creemos que la posición común representa una notable mejora en relación con la propuesta inicial. 
A pesar de que mi grupo no se ha mostrado unánime en sus puntos de vista, consideramos que, dada la mejora que se ha registrado en la posición común respecto al proyecto original, se debe aprobar esta posición común sin resistencia en contra. 
Por todo ello, en opinión de la mayoría del Grupo Socialista, se debe aprobar la posición común sin modificaciones. 
Desgraciadamente, no podemos por lo tanto aceptar las enmiendas que se han presentado para la presente lectura. 
Sin embargo, no dejamos de agradecer a la ponente la ardua labor que ha desempeñado, reconociendo la importancia de este asunto y confiando en que la Comisión agilizará la conclusión satisfactoria de este informe. 
Señora Presidenta, la ponente está completamente en lo cierto cuando señala las diferencias entre compañías aseguradoras y bancos o entidades de crédito en relación con los riesgos que deben soportar. 
Por otro lado, todo el mundo sabe qué es lo que ocurre en los mercados financieros y en este sentido no es necesario argumentar ahora la importancia que tiene una directiva de este tipo y un acuerdo en esta materia, por lo que naturalmente le doy las gracias a la señora Ponente. 
Pero quiero dedicar el resto de mi tiempo de intervención a explicar, señora Mosiek-Urban, por qué, lamentablemente, no puedo adherirme a sus enmiendas. 
Esto tiene una fácil explicación, en concreto mi experiencia desarrollada en la antigua DDR con la mala administración de los holdings. 
Por ello en esta cuestión estoy a favor de más controles y no de menos. 
Esta mala administración de los holdings no ha acabado en absoluto y lamentablemente no sólo en la antigua DDR. 
Esto me lo muestra lo que usted ha escrito en su enmienda 5 y ha vuelto a repetir ahora, que en este punto existe una gran demanda de control. 
Por tanto muchas gracias de nuevo por el trabajo desarrollado. 
Es una pena que no pueda adherirme a sus propuestas y por ello en nombre de mi grupo propongo la misma decisión que nuestra colega la Sra. Oddy. 
Señora Presidenta, señor Comisario, mis queridos colegas, mis profesores de la facultad de Derecho que se nutrían del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, decían que para apreciar un texto, siempre había que determinar primero su finalidad y, a continuación, examinar los medios empleados para alcanzar dicha finalidad. 
¿Cuál es la finalidad de este texto? 
Proteger mejor a los asegurados y eliminar las distorsiones de competencia. 
¿Cuáles son los medios empleados? 
Prevenir la doble utilización de los fondos propios, someter las operaciones intragrupo importantes a la obligación de declaración a las autoridades de control y, por último, organizar el acceso de las autoridades de control a las informaciones necesarias. 
Si consideramos estos objetivos, la posición común, tal y como nos ha sido presentada, me parece satisfactoria. 
Como ha subrayado la ponente, incluye un buen número de enmiendas del Parlamento y constituye por tanto un texto bastante equilibrado. 
Éste es el motivo por el que, lamentablemente, señora Mosiek-Urbahn, no podremos votar a favor de sus enmiendas. 
En particular, la enmienda 4 me parece que reduce excesivamente el campo de control. 
En cuanto a la enmienda 1, en su espíritu hubiera sido aceptable, porque, efectivamente, cabía pensar que la apreciación de la influencia dominante no debía dejarse en manos de la autoridad competente, sino ser definida de una manera más objetiva. 
No obstante, en su actual redacción, no creemos posible emitir nuestro voto favorable, porque es demasiado restrictiva, limita el control únicamente a la empresa central. 
Para terminar, votaremos a favor de la posición común en su estado actual. 
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, también yo deseo comenzar mi intervención expresando mi agradecimiento a nuestra colega, la Sra. Mosiek-Urbahn, por su importante labor. 
La ponente ha realizado grandes esfuerzos para alcanzar un acuerdo amplio y gracias a ello, la posición común del Consejo, aprobada por una amplia mayoría de los Estados- recordemos que fueron 14 de los 15 -, incluye en su totalidad o en parte, literalmente o en su espíritu, 18 de las 24 enmiendas aprobadas por nuestro Parlamento en primera lectura. 
Consideramos por tanto que los Socialistas franceses apoyamos un buen compromiso. 
Nuestra ponente nos propone esta noche enmiendas en segunda lectura, y debo decirle que no creo que debamos seguirla en este punto. 
Si se aprobaran dichas enmiendas, el equilibrio de la posición común se vería seriamente cuestionado, en detrimento de la protección de los asegurados y del sector de las mutualidades de seguros, un sector que para nosotros tiene especial importancia. 
Quiero añadir que actualmente, en Francia, los mutualistas están ya traumatizados a causa de un recurso presentado por la Comisión Europea contra Francia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
En consecuencia, los Socialistas franceses, al igual que la mayoría del Grupo Socialista, aprobaremos la posición común sin enmiendas. 
Me han pedido que así lo comunique esta noche. 
Señora Presidenta, como ha recalcado la Sra. Mosiek-Urbahn en su importante informe, la directiva relativa a los grupos de seguros es un elemento muy relevante de cara a la culminación del mercado único de los seguros. 
Como es sabido, las empresas de seguros deben disponer de una determinada cantidad de recursos propios para garantizar su solvencia: ese margen de solvencia, que es una garantía de seguridad para los titulares de las pólizas. 
La finalidad de la directiva consiste en impedir que se incumplan dichas obligaciones por los grupos de seguros en el ámbito de los cuales, de lo contrario, sería posible utilizar más de una vez los mismos fondos a los efectos del cálculo de la solvencia. 
La posición común del Consejo sobre la directiva confirma los elementos fundamentales de la propuesta de la Comisión y recoge, con o sin modificaciones, 19 de las 24 enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en la primera lectura. 
Se trata de un texto equilibrado y coherente, que fue aprobado en el seno del Consejo por todos los Estados miembros, excepto uno. 
Me temo que las eventuales modificaciones a la posición común debilitarían el texto, reducirían notablemente la protección de los consumidores y pondrían en tela de juicio el compromiso alcanzado en el seno del Consejo con respecto a este texto tan complejo. 
Por lo tanto, recomiendo encarecidamente que el Parlamento acepte la actual redacción de la posición común. 
Pasemos ahora a las enmiendas. 
Qué duda cabe de que todas las enmiendas propuestas, excepto la enmienda 5, persiguen el mismo objetivo, esto es, reducir el ámbito de aplicación de la directiva o convertir su aplicación en más discrecional. 
La posición común prevé que la directiva se aplique en el caso de posesión de una participación igual a al menos el 20 %. 
La enmienda 4 limita expresamente el ámbito de aplicación a las empresas matrices y a las empresas filiales (participación de al menos el 50 %) , por lo tanto cualquier compañía de seguros que posea una participación del 20 al 50 %, podrá disponer de los fondos propios que precisa y que todos consideran necesarios para toda empresa no perteneciente a un grupo. 
Las enmiendas 1 y 2 tienen un efecto similar, ya que convertirían en opcional y en no obligatoria la inclusión por los Estados miembros de las empresas que ejercen de manera efectiva una influencia dominante en otras compañías aseguradoras. 
El carácter opcional que es aceptable en el contexto de una normativa contable como la 7ª Directiva sobre Derecho de sociedades, resulta inapropiado en una normativa de carácter preventivo como ésta, cuya finalidad consiste en garantizar que se cumplan los requisitos de solvencia a nivel de grupo. 
Las enmiendas 1 y 2 facilitarían el incumplimiento de la directiva y convertirían su aplicación en más discrecional. 
Por último, la enmienda 3 está orientada a convertir la aplicación automática, a partir del umbral del 20 %, en una simple presunción. 
Las empresas de seguros y las autoridades de supervisión tendrían así la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de la directiva las participaciones superiores al 20 %. 
En consecuencia, tengo obligación de informar al Parlamento que la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1 a 4. 
Por lo que se refiere a la enmienda 5, la Comisión la considera superflua, ya que el objetivo que persigue ya se alcanza en la posición común. 
La posición común aclara en los considerandos que toda referencia a las primeras directivas sobre seguros debe entenderse como referencia a la versión modificada de las terceras directivas y a cualesquiera otras directivas posteriores. 
En el marco del debate sobre las enmiendas, quizás es fácil olvidar cuáles son las razones por que esta directiva es indispensable y que convierten en inaceptables las propias enmiendas. 
En resumen, la directiva colma el vacío existente en las normas de supervisión relativas a las empresas de seguros; los grupos bancarios y las empresas de inversión ya están cubiertos por la legislación comunitaria. 
La directiva protege a los consumidores y aquí, sintiéndolo mucho, discrepo de la Sra. Mosiek-Urbahn porque la directiva no contiene requisitos patrimoniales adicionales. 
Su fin es eliminar el doble cómputo y, en consecuencia, no supone costes adicionales para los consumidores porque no implica obligaciones patrimoniales adicionales, mientras que reportará ventajas a los consumidores en términos de mayores garantías. 
La directiva equipara las empresas que forman parte de los grupos de seguros con las compañías de seguros individuales, sin imponer a los grupos cargas adicionales y crea condiciones de igualdad respecto a las mutualidades de seguros que, por definición, no pueden poseer participaciones cruzadas. 
Finalmente, un punto al que con frecuencia no se atribuye la importancia que merece: si la directiva fuera adoptada de forma debilitada, los trabajos comunitarios sobre los grupos financieros, en línea con las recomendaciones del joint forum del G-7, se verían gravemente afectados. 
Como es sabido, el crecimiento a escala internacional de dichos grupos financieros constituye uno de los principales retos al que debemos hacer frente si queremos garantizar la estabilidad financiera en una economía global. 
Por otra parte, señor Presidente, hoy no he de recordarle la importancia de la estabilidad financiera y de los operadores financieros a la vista de los últimos acontecimientos internacionales. 
Debilitar el contenido de esta directiva sería, sin duda, una señal equivocada, especialmente en este momento. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El Islam y la Jornada Europea Averroes 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0167/98) del Sr. Mohamed Ali en nombre de la Comisión de cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación sobre el Islam y la Jornada Europea Averroes. 
Señora Presidenta, Señorías, sin lugar a dudas la celebración de la Jornada Europea Averroes es la ocasión apropiada para reflexionar sobre el sentido actual de la vida y obra de este gran filósofo y comentador de Aristóteles. 
Decía Averroes que la búsqueda de la Verdad es una obligación en el devenir de todo ser humano. 
Esto nos parece tanto más necesario cuanto que, en el espíritu de nuestro informe, Averroes es el pretexto y la ocasión de tratar sobre el Islam de hoy y su sitio en Europa; empresa ésta que se torna difícil y complicada, sobre todo porque se suele asimilar- lamentablemente, con demasiada frecuencia- el Islam al islamismo y a su inclinación fundamentalista y violenta. 
Y, para explicar dicha asimilación, qué mejor ejemplo que la propia coyuntura política acaparada por la abominable gesta de los talibanes o por las horrendas noticias que nos llegan de una Argelia que se desangra ininterrumpidamente. 
Actualidad política que, a su vez, eclipsa las otras barbaries que se suceden ahora en Kosovo como ya sucediera anteriormente en Bosnia. 
De este modo es como ejercemos la economía de la reflexión, de la búsqueda de la verdad, condicionados en gran medida también por las tensiones permanentes que genera la crisis social que padece Europa, ya sea por el irresoluble drama humano que origina el paro laboral o por la exclusión y la violencia urbanas. 
De ahí, entre otros motivos, que sea francamente difícil el debate sobre la presencia musulmana en Europa, así como que, de modo expeditivo, se asocie cómodamente Islam con inmigración. 
No es el momento ni hay tiempo para comentar los interesantes contenidos y conclusiones del informe elaborado por la Comisión Runnymede, encargado en Gran Bretaña para estudiar el fenómeno de la islamofobia, que origina actitudes que demonizan a los musulmanes, lo que viene a dificultar un análisis sereno y realista. 
Inclinaciones reflexivas como la de Huntington, obsesionado por tener un contrario a quien combatir a modo de sustitución del ya extinto enemigo comunista, se empeñan en hacernos ver que es inevitable el choque de civilizaciones. 
Pero la acertada pretensión de hacer un homenaje a la memoria de Averroes es precisamente para destacar el significado de sus ideales de tolerancia, de progreso y de desarrollo humano. 
Nos puede servir también para profundizar en la reflexión sobre las causas sociales, políticas y económicas que contribuyen a alimentar la ignorancia, los prejuicios y el oscurantismo, convirtiéndoles en aliados de la exclusión y de la fractura social. 
Solo la cultura y la educación pueden ayudarnos a ser conscientes de estos riesgos y a tratar de encontrar soluciones. 
De vez en cuando encontramos personas de diversos orígenes y culturas cuyo mundo está estructurado de manera diferente al nuestro, con otros valores, con otros signos que les sirven para asomarse y descifrar el mundo que les rodea. 
Nosotros debemos dar muestras, por una parte, de amplitud de miras y, por otra, de modestia, porque estamos ante personas que, aunque provenientes de otras culturas, forman parte de una cultura distinta que nosotros tendríamos oportunidad de conocer y de apreciar con un mínimo esfuerzo por escuchar y dialogar de modo respetuoso y honesto. 
Nadie puede ser ajeno al otro cuando éste aspira al reconocimiento de su dignidad humana porque, como sostiene Javier de Lucas, es preciso relativizar la propia forma de vida para legitimar las exigencias de otras formas de existencia, no proyectar como universal la propia identidad, no marginalizar lo que se desvía de esta última. 
En definitiva, se trata de procurar un aumento incesante de la tolerancia; de efectuar un razonamiento sincero, riguroso y consecuente, de considerar al Islam como cultura, civilización y religión, no sólo como un elemento más de nuestra sociedad multicultural, sino también como elemento convergente con los valores que dan forma y cuerpo a la Europa democrática y tolerante. 
Decía el teólogo suizo Hans Kung que tres son las funciones esenciales que cumple fenomenológicamente toda religión, a saber: conferir sentido, fundamentar normas y formar comunidad. 
De ahí que este teólogo reivindique para el Islam la posibilidad de incorporarse a la modernidad conservando esa triple funcionalidad en igualdad de condiciones que el cristianismo u otra creencia. 
Probablemente no me corresponde a mí confirmar o invalidar la previsión que ya hiciera Malraux cuando sentenció que el próximo siglo sería religioso o no sería. 
Y tanto más cuanto que, como musulmán, debo recordar que apenas acaba de empezar el siglo XV de la Hégira. 
Solamente preconizo, y la resolución del informe guarda de ello una lejana huella- obviamente, mayoría obliga -, que las autoridades de nuestros Estados, así como los hombres y mujeres de buena voluntad, sepan bien las consecuencias que se derivan del hecho evidente de que el Islam es la segunda religión en nuestras sociedades. 
Si por una parte Chevènement- a quien, dicho sea de paso, deseamos una sincera y rápida recuperación- asevera que el couscous es un plato francés, por otro lado, observamos que en Bruselas los musulmanes, para romper el ayuno en Ramadán, cocinan en ocasiones tomates rellenos de gambas con patatas fritas. 
¿Es todo esto un síntoma de desculturación, síntoma de conversión o gestación de nuevas identidades? 
Indudablemente, desde mi modesto criterio, son vivencias musulmanas inéditas, y los tiempos y circunstancias irán imponiendo otras más. 
Es más que probable que estemos ante un proyecto de integración que no quiere, lógicamente, descuidar en exceso la propia idiosincrasia. 
Por ello, es factible pensar que estamos ante los primeros rasgos de un Islam europeo y quizás no anden mal encaminados algunos expertos, como es el caso de Olivier Carré, cuando dice que podemos afirmar que los musulmanes y no musulmanes de Europa convergen hacia las mismas prácticas. 
Por ello, Señorías, desearía que Mohamed, Fátima, o cualquier otro musulmán que nos sirve cada día el café ensimismado en sus trabajos tanto en Bruselas como aquí en Estrasburgo, sean de nuevo para nuestros ojos, para todos nosotros, en Europa, los hombres y mujeres con los que se puede dialogar, el otro al que se respeta y se acepta porque hemos aprendido a conocer al otro frente a nosotros mismos. 
En definitiva, ver en ellos a nuestros compañeros en lo cotidiano con quienes, enlazados de la mano, podamos encauzar responsablemente el porvenir. 
Los musulmanes europeos, o los que vivimos en Europa, estamos empeñados en aportar lo mejor de nosotros mismos a la construcción de esa Europa de la que Jacques Delors decía que todos han de contribuir a proporcionarle un alma. 
Estoy convencido, señora Presidenta, de que la presencia musulmana en el paisaje de la sociedad europea es un enriquecimiento importante en muchos órdenes, pero sobre todo porque contribuye a la reflexión sobre el lugar que debe ocupar la espiritualidad en las sociedades secularizadas de un mundo cada vez más abocado al consumo más desenfrenado y destructor. 
Ya ve, señora Presidenta, sin ánimo de ser pretencioso, que yo también soy portador de un sueño. 
Señora Presidenta, quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Mohamed Alí por un informe tan profundo, cuya exposición de motivos- particularmente- representa una lectura de gran interés. 
Creo que el Sr. Mohamed Alí debería participar como uno de los ponentes fundamentales en el simposio que tanto él como, probablemente, también el Parlamento desean organizar para conmemorar el Día de Averroes. 
Sin lugar a dudas, cabe agradecerle que haya elaborado un informe tan poco habitual como es éste. 
La Comisión de Derechos de la Mujer se ha pronunciado en torno a esta cuestión, puesto que con frecuencia las mujeres emigrantes son de religión musulmana. 
Hemos hecho hincapié en que estas mujeres se enfrentan con un número inusual de dificultades para participar de manera estable en la vida de nuestra sociedad. 
Exhortamos a la Comisión y al Consejo a mejorar las condiciones de las mujeres de fe musulmana. 
Es motivo de satisfacción comprobar cómo ha incorporado el ponente las observaciones presentadas por la Comisión de Derechos de la Mujer. 
En el informe se hace hincapié en que, por ejemplo, se debe prestar atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las relaciones entre la Unión Europea y los Estados musulmanes. 
En el informe se hace un llamamiento para acabar con la discriminación en contra de las mujeres y se condena el sometimiento del que éstas son víctimas en el seno de la familia, del que es una muestra, por ejemplo, el hecho de que aún se siga llevando a cabo la ablación de sus órganos sexuales a pesar de que esta práctica es ilegal en la mayor parte de los países. 
Señora Presidenta, también a mi me gustaría agradecer al Sr. Mohamed Alí la labor y la paciencia que ha dedicado a este informe. 
No hablo solamente en nombre del Grupo Socialista, sino también en el de los numerosos musulmanes a los que represento y que enriquecen mi circunscripción electoral, East London. 
Este informe es muy oportuno, habida cuenta de los desafortunados acontecimientos que hacen temer un conflicto aún mayor entre las culturas islámica y occidental. 
Dada la naturaleza multicultural de nuestras sociedades, debemos perseguir y fomentar la coexistencia pacífica de estas dos culturas. 
Esto es lo que podemos aprender del gran filósofo Averroes. 
En primer lugar, si aún no lo han hecho, les recomendaría que vieran la película " Le destin». Se trata de un brillante recorrido por la vida y la obra de Averroes. 
Simplemente mostrando esta película en todas las escuelas y comunidades de la Unión, ya se haría mucho por fomentar el entendimiento. 
Resulta increíble que tenga que haber llegado al Parlamento Europeo para poder oír por primera vez el nombre de Averroes. 
Se debería presentar su figura como un modelo para nuestros niños. 
Fue un filósofo valeroso y radical, con un amplio conocimiento científico, de discurso sincero, argumentos coherentes y promotor de la coexistencia entre las distintas fes religiosas. 
No es sorprendente que sufriera persecuciones. Su obra fue a menudo prohibida. 
Y nada ha cambiado con el paso de los siglos: los libros de Salman Rushdie continúan siendo pasto de las llamas. 
Hemos de hacer uso del legado de Averroes para fomentar el pluralismo en el pensamiento, la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos. 
Éstos son los pilares fundamentales en los que reposa la democracia. 
Deberíamos insistir en que la mejor manera de alcanzar este objetivo pasa por la separación de iglesia y estado, lo cual no se ha conseguido plenamente en todos los Estados miembros de nuestra Unión, el establecimiento de leyes que proscriban la discriminación religiosa- algo que abordaremos en el Reino Unido -, y una censura mínima, haciendo hincapié en todo momento en la libertad de expresión. 
Me muestro especialmente satisfecho por el apartado n- 10 que aboga por el principio de secularización en el ámbito educativo. 
No obstante, debemos trabajar para lograr algo más que tolerancia hacia las demás culturas; debemos apreciar y celebrar la diversidad en nuestra propia sociedad. 
Debemos condenar la violación de los derechos de las mujeres en relación con movimientos islámicos extremistas, y asegurarnos de que las mujeres conocen tanto sus derechos como nuestra política, aquí en Europa. 
Hemos de facilitar el estudio del árabe como lengua viva y promover el estudio de la cultura, la historia y la política del Islam. 
El Centro de Estudios Islámicos de Oxford es un buen ejemplo de todo ello. 
Solicito a la Comisión y a los Estados miembros que estudien las recomendaciones y que propongan medidas con arreglo a este informe. 
Expreso mi agradecimiento, una vez más, al ponente. 
Esperamos que podamos celebrar muchos años este Día de Averroes. 
Señora Presidenta, este informe de propia iniciativa, centrado inicialmente en el estudio de los lazos culturales entre el Islam y Europa con motivo del 800 aniversario de la muerte de Averroes, ha encontrado numerosas vicisitudes y ha tenido un parto difícil, casi dos años después de su concepción. 
El problema es que, tal y como se presenta hoy, el informe titubea entre varios objetivos. 
Varios puntos condenan cualquier discriminación- y repite aquí el contenido de resoluciones que el Parlamento Europeo aprueba los jueves de cada mes, relativas al problema de los derechos humanos. 
Otros pasajes tratan del problema de las religiones, que no es competencia de la Unión Europea. 
Motivo por el que recientemente fue rechazado el informe de nuestro colega, Sr. Oostlander, que trataba de problemas análogos. 
Por otra parte, varias propuestas no respetan el principio de subsidiaridad, en particular, la que subraya la necesidad de permitir a las comunidades islámicas expresarse en condiciones idénticas a las demás confesiones. 
Sabemos que estas cuestiones son muy delicadas y que reciben soluciones específicas según los distintos países, sobre todo, en función del nivel de representación de las comunidades islámicas y del lugar que cada Estado asigna a las diversas confesiones, según sus derechos constitucionales. 
Por último, el presente informe que, como he dicho, ya no se ajusta a su objetivo original, que era tratar las cuestiones culturales, tampoco aborda los problemas políticos fundamentales, como la integración de los inmigrantes, el derecho de voto, los problemas sociales, la noción de ciudadanía, elementos todos ellos que en los diferentes Estados son objeto de reflexiones exhaustivas. 
Europa tiene responsabilidades en la cuenca mediterránea. 
Debe asumirlas en el respeto del otro, en el respeto del prójimo. 
Debe asimismo prever medidas adecuadas para la integración de los inmigrantes procedentes de terceros países. 
Nos parece que el presente informe no establece líneas de acción precisas en lo que respecta a la problemática de la inmigración, y que se contenta con examinar superficialmente varias vías. 
Por todos estos motivos de fondo, como de competencia, el grupo ELDR se abstendrá. 
Señora Presidenta, este informe de propia iniciativa se ha visto desviado de sus objetivos culturales, como acaba de decir mi colega, Sr. Monfils. 
Preconizar un día europeo dedicado a Averroes lo encontramos perfectamente correcto, pero tratar problemas religiosos no es competencia del Parlamento. 
Lamento tanto más tener que decir estas palabras, teniendo en cuenta que la exposición de motivos del ponente contiene un interesante análisis de la influencia que Averroes ha podido tener a través de su obra. 
Cito " una lección de inteligencia que muestra por dónde surge la intolerancia». 
Lamentablemente, la lección de inteligencia no ha tardado en convertirse en la lección del Islam, dictándonos así lo que debemos hacer para ser tolerantes. 
Personalmente, no tengo la menor intención de condenar el presente informe, sino solamente decir a su autor que, aunque soy una ferviente adepta de la inserción y la integración total de una población numerosa en el seno de la sociedad europea, lamentablemente no tengo ni la intención de promover activamente la creación de una universidad euro-islámica en territorio europeo, favorecer la formación profesional de imams, ni la de llevar a cabo otras muchas acciones apropiadas para los ritos religiosos. 
Lamento este giro excesivo que da el presente informe, a pesar de que comparto la idea de que el diálogo intercultural es enriquecedor y debe desarrollarse, y que nosotros debemos ser los agentes para ello. 
Por último, a pesar de algunas recomendaciones que comparto, tampoco tengo la impresión de que esta resolución pueda cambiar la suerte de las mujeres, al igual que la aplicación del laicismo en los colegios, a pesar de que apoyo la aspiración. 
Creo que nuestro Grupo se abstendrá de votar sobre este texto. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, el nombre de Averroes representa la parte del Islam en las tradiciones de la ilustración y la emancipación de Europa. 
Cuando santo Tomás de Aquino quería citar al que consideraba más importante comentarista de Aristóteles sólo necesitaba dos palabras: comentator dicit. 
Sus coetáneos sabían que se refería a Averroes. 
En la escuela aprendí que la cultura europea se fundaba en la Antigüedad, el Cristianismo y en el Germanismo. 
El importante informe que se nos presenta y por el que le doy las gracias al ponente viene a recordar que existe una pérdida de memoria y una incompleta concepción de la historia. 
Considero por ello muy importante- al contrario que la oradora que me ha precedido- que se impulse la idea de una universidad europea-islámica. 
Desde luego también es un recuerdo de que el programa propuesto solo podrá desplegar todos sus efectos cuando también la posición constitucional del Islam y sus creyentes en la Unión Europea sea desarrollad por encima de una existencia marginal en la dirección de un estatus públicamente reconocido y protegido. 
Señora Presidenta, el informe, tal y como nos lo ha presentado hoy nuestro colega, Mohamed Ali, es el fruto de numerosos intercambios y debates que han tenido lugar desde la primera presentación que nos hizo del mismo el año pasado. 
Se han aportado aclaraciones y precisiones importantes. 
No obstante, queridos colegas, me siento obligada a decirles- al igual que varios oradores que me han precedido- que subsisten las ambigüedades, en particular, cuando usted habla de democracia. 
No sospecho en absoluto de sus intenciones de respetar las libertades, tal y como las concebimos en nuestras democracias, pero me siento obligada a hacerle la siguiente pregunta. ¿Puede el Corán, tal cual- es decir, en el sentido literal, ya que precisamente lo propio del Corán, al cabo de tantos siglos, es no prestarse a la exégesis ni al debate teológico- implicar algo que no sea una teocracia? 
Estamos obligados a hacernos esta pregunta fundamental. 
No sospecho de sus intenciones, pero constato que hay que dar muestra de coherencia. 
Si la celebración de la memoria de Averroes nos obliga a plantear todas estas preguntas, hagámoslo con toda franqueza. 
En cuanto a una universidad, preferiría en mucho a la propuesta que usted hace, una universidad europea en la que, al más alto nivel y con toda sinceridad, en la búsqueda de la verdad y en la estima mutua, planteemos los problemas de las relaciones entre la religión y la política, entre la fe y la razón, en el Islam, el Judaísmo y el Cristianismo, bajo sus diferentes formas. 
Como podrá ver, la tarea es inmensa. 
Rindo homenaje al trabajo que hemos realizado juntos en el seno de esta comisión, pero no puedo asociarme, sin reservas, a las propuestas que usted hace, hasta que no se esclarezcan algunas ambigüedades. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, qué duda cabe de que este informe ha tenido un difícil alumbramiento porque han transcurrido varios meses desde que lo debatimos en la comisión y porque las dificultades han sido innumerables. 
Considero que la celebración del 8º centenario de la muerte de Averroes es una ocasión importante para presentar programas culturales de gran calado a fin de fortalecer el diálogo y valorizar el conocimiento de la civilización y de la cultura de la cuenca del Mediterráneo. 
El conocimiento mutuo de los pueblos es la base de toda convivencia humana y qué mejor conocimiento que el de nuestras literaturas. 
En Europa se ha traducido mucho del árabe y de las demás lenguas del Islam con resultados, por lo general, excelentes. 
Es necesario seguir ofreciendo al lector europeo los clásicos árabes e islámicos. 
De todos modos, hay que tener cuidado con las traducciones. 
Aquí tengo la traducción al italiano de Averroes -» Concordancia entre ley divina y filosofía» -que puede ser objeto de diferentes interpretaciones, ya que en ella se expresan unas frases que, si se extrapolan, pueden tener otro significado literal. 
Desde el punto de vista simbólico, por lo tanto, este homenaje es la ocasión apropiada para poner de relieve, en los coloquios y demás actos, la modernidad del pensamiento de Averroes y el reto que representa la víspera del tercer milenio, la lucha contra la exclusión y la xenofobia que nacen del oscurantismo, de la ignorancia y de los prejuicios, también dentro de nuestra Comunidad que no ceja en reiterar el respeto de la democracia, del pluralismo y de los derechos humanos. 
Por eso es necesario reforzar el diálogo con el mundo islámico, o sea, las relaciones con los países euromediterráneos, también a través del programa MEDA, no solo en lo referente a los aspectos socioeconómicos, sino ante todo en lo que atañe a los aspectos culturales y de formación en los que se basa toda civilización y democracia. 
Únicamente a través del conocimiento de nuestros orígenes, de nuestra historia y de nuestras tradiciones alcanzamos a comprender los valores de paz, solidaridad y tolerancia que constituyen los pilares de la construcción europea. 
Los derechos fundamentales y la dignidad individual tanto del hombre como de la mujer, en igualdad de condiciones, deben ser respetados y apreciados a través de una comparación serena con el universo islámico, sin ninguna condena y discriminación, en particular con respecto a las mujeres. 
Por último, estimo que es realmente necesario un diálogo sereno en torno a todo este factor-ámbito, del mismo modo que es preciso que no existan imposiciones, puesto que nuestra cultura, nuestra formación y nuestra experiencia se pueden enriquecer sólo si se logra lo que nosotros consideramos prioritario, lo que nosotros siempre hemos afirmado, es decir, una oportunidad clara y tranquila de información, de diálogo y de encuentro. 
Señora Presidenta, cuarenta años después de la muerte del profeta Mahoma, en el 632, el Islam se lanzó en cinco ocasiones al asalto de Constantinopla, marcando el inicio de una guerra más que milenaria contra Europa, ya que en vísperas del siglo XXI, el conflicto no ha cesado. 
Con el pretexto del 800 aniversario de la muerte de Averroes, el filósofo español de la Edad Media que, defendiendo una teoría equivocada, resultó muy controvertido entonces y ahora, nuestro colega Mohamed Ali quisiera inaugurar una era de paz entre el Islam y las naciones europeas. 
Respeto la religión musulmana, que es asunto de sus fieles. 
Pero ¿puede hablarse de paz, cuando nuestro distinguido colega invitó a la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo al antiguo director del Centro de Filosofías Árabes de la Universidad Católica de Lovaina que, por aquel entonces, publicó en Beirut un opúsculo en el que aplaudía la masacre de siete monjes cristianos en Tibéhirine? 
¿Puede hablarse de paz cuando en 1995 se inauguró en Roma, en el corazón de la ciudad de los papas y los césares, la mayor mezquita de Europa, como para mofarse mejor de nuestro Dios, mientras que sus sacerdotes son salvajemente asesinados al otro lado del Mediterráneo? 
¿Puede hablarse de paz cuando la isla de Chipre, tierra de Europa, y Constantinopla, villa imperial de Europa, están aún por liberar? 
Señora Presidenta, este informe de nuestro colega Mohamed Ali me recuerda las clases de filosofía más interesantes que pude seguir en la universidad protestante a la que asistí. Clases que indicaban la cantidad de paralelismos que hay entre las teologías y las filosofías europeas y árabes. 
¿Cómo es eso posible? 
Eso es posible porque ha habido personas como Averroes que han interpretado y explicado a Aristóteles y lo han traducido a Europa, porque a través de ese rodeo es como llegamos a él. 
Pienso que es especialmente importante que en un informe como éste también se ofrezca una muestra de respeto por todo lo que el mundo musulmán y el mundo árabe han contribuido a la cultura europea, pero el mundo musulmán en particular. 
Creo que ese respeto debe darse, porque tanto en la ciencia como en la filosofía, como en la cultura y, naturalmente, de manera más reciente también en la vida social y económica, la contribución de los musulmanes a la sociedad europea es especialmente grande. 
Naturalmente, al islam se le ha colgado también el sambenito de todo tipo de defectos basándose en los comportamientos de algunos musulmanes. 
Eso, desde luego, también vale para las acciones de los cristianos, socialistas y liberales, los cuales tampoco quieren hacerse responsables del cristianismo, el socialismo y el liberalismo. 
Me parece muy bien que el Sr. Ali tome la iniciativa para defender aquí el asunto. 
Hay dos puntos serios en el informe que se encuentran con nuestra oposición, y los dos tienen que ver con la diferencia entre las competencias de la comunidad religiosa y la comunidad estatal. 
Uno es claro, el párrafo 11 f) , allí se trata del centro científico para el estudio del islam. 
Llevo siendo desde hace años un gran partidario del mismo y, afortunadamente, en los Países Bajos se está creando algo por el estilo en este momento. También encaja de manera excelente dentro de la constitución neerlandesa, porque allí las religiones tienen los mismos derechos. 
Ésa es una causa muy buena, porque las comunidades musulmanas pueden establecer allí a sus imanes, que social y culturalmente desempeñan un papel en nuestra propia sociedad. 
Pero nosotros, desde la política, no podemos decir el tipo de teología que se debe impartir allí. 
El que deba ser moderna, liberal o europea, es algo en lo que podemos confiar, pero no podemos decir nada en absoluto en un documento así. 
Ésa es una transgresión grave de la separación entre competencias. 
El segundo es el párrafo 10, en el que se introduce un elemento contra las personas que tampoco encaja con la situación de los musulmanes en estos días. 
Incluso el Gobierno neerlandés, en el que no hay democristianos, ha reconocido que, para la emancipación de los musulmanes, la enseñanza en neerlandés, tomando como base el islamismo, es a menudo una fórmula excelente, llegando hasta en la enseñanza media. 
Con eso está también de acuerdo la universidad que acaba de mencionarse. 
Me parece de todo punto injusto y va en claro perjuicio de los musulmanes el que se entorpezca su libertad de elección por medio de este informe. 
No debemos hacerlo y no debemos despertar desconfianzas poniendo reparos en el tipo de pensamiento que se debe concebir en sus instituciones, porque no lo conseguiremos. 
Por tanto, apelo al Sr. Ali para que procure que desaparezcan estos dos puntos conforme a nuestras propuestas, en caso contrario no podrá obtener nuestro voto. Eso sería muy lamentable. 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, me temo que esta noche estamos dejando demasiado malparado a Averroes. 
Me temo que, en realidad, Averroes está muy lejos de las preocupaciones que parecen animar a los oradores que se han sucedido en el uso de la palabra. 
La trayectoria de Averroes en el seno del Islam es, cuando menos, misteriosa y, en todo caso, no encaja en la religión ortodoxa del Islam. 
Averroes es al Islam algo así como lo opuesto de lo que Maimónides es a la religión judía. 
Por mi parte, quiero decir al Sr. Mohamed Ali que no se preocupe. 
No me convertiré aquí, mal que les pese, en defensor de la exclusión y la xenofobia, y he estudiado a fondo a Averroes. 
Pero, sabe el Sr. Mohamed Ali, por ejemplo, que de " De Anima» , que es la obra fundamental de Averroes, no tenemos el texto original en árabe, sino una traducción al latín muy mediocre, realizada por Michel Scot en la Corte de Palermo, por encargo de Federico II? 
Además, gran parte de la obra de Averroes se ha perdido irremediablemente en su texto original griego. 
Quisiera decir también que Averroes es el hombre de una época, pero de una época que habría que estudiar no con cortapisas ideológicas, sino con toda la objetividad necesaria. 
El gran historiador Jean Dumont, director de las ediciones Amiot-Dumont, trató el tema en su magnífico libro L ' Église au risque de la histoire y también lo hizo la gran historiadora judía israelí, Bat-YeOr. 
Es la historia de la colonización de España por el Islam. 
No es idílica, como quieren hacernos creer los que nos cuentan cuentos de hadas sobre el tema. 
El estatuto de los judíos así lo demuestra. 
Es algo irrefutable, al igual que las masacres de cristianos. 
Fue la historia de una colonización y la Reconquista española fue la historia de una descolonización. 
¿Nos opondríamos aquí a las descolonizaciones? 
En lo que respecta a las mezquitas, que el Sr. Mohamed Ali lamenta que no se construyan en mayor número en Europa, quisiera preguntarle si le interesaría la reciprocidad. 
¿Dónde están las iglesias en Arabia Saudí? 
¿Hay 100, hay 10, hay aunque sólo sea una en Arabia Saudí? 
El Islam wahabita persigue a los cristianos, no les tolera ningún lugar de culto. 
¿Y qué ocurre en Argelia, que ocurre en las tierras de San Agustín? 
¿Qué ocurre actualmente con el Cristianismo en el mundo islámico? 
Es cierto que en el Islam hay hombres de inteligencia que quisieran que se pusiera fin a la ley islámica que, como ha dicho mi excelente colega, Sra. Seillier, representa hoy una teocracia, cuando menos, inadaptada al mundo moderno. 
O sea, el pensamiento de Averroes sí, pero en ese caso, Averroes en todos los aspectos. 
Y si queremos organizar un día dedicado a Averroes en Europa, ¿a que no nos atrevemos a ir a organizarla también en la Universidad Al Azhar de El Cairo? 
Vayamos a organizar un día de Averroes en Túnez. 
Vayamos a organizar un día de Averroes en Arabia Saudí. 
Pues bien, se lo diré: no lo permitirán, porque Averroes es un maldito del Islam, de un Islam que no nos concede, a nosotros cristianos, ninguna libertad en los países en que el Islam está en el poder, salvo cuando se trata de un hombre tan abierto como Sadam Husein, que permite que en Iraq se construyan catedrales que, lamentablemente, son bombardeadas por la aviación de los Estados Unidos. 
Señora Presidenta, Señorías, yo no puedo negarle, señor Mohamed Ali, que he sentido una verdadera emoción al escuchar el nombre de Averroes en este hemiciclo- una personalidad cuya vida y pensamiento aprendimos en la escuela- y quiero felicitarle muy sinceramente por su iniciativa. 
Ha tenido usted una feliz iniciativa. 
Y no voy a entrar aquí en debates sobre temas históricos, pero me atrevería a decir- y no tengo más remedio- que la presencia del Islam en España no fue simplemente una colonización. 
Fue mucho más. 
Fue un enriquecimiento mutuo del cual hoy nos beneficiamos, y precisamente un español se siente hoy- me siento yo- sin duda acreedor de lo que significa el Islam, de lo que significa el mundo judío y de lo que significa el mundo cristiano. 
Yo creo que esas tres culturas se entrecruzan en lo que significa la realidad cultural de cualquier español que se sienta como tal. 
Quiero felicitarle por su informe, señor Mohamed Ali. 
Quiero felicitarle por proponer la celebración de un día europeo dedicado a Averroes que pretende promover no sólo el homenaje a un gran pensador, a un defensor de la tolerancia, del conocimiento y del racionalismo sino también, y entiendo que ese es el sentido de su informe, un diálogo intercultural para impedir la exclusión, para hacer posible que se superen situaciones de intolerancia y de xenofobia. 
Eso lo he entendido así y es la lectura que he hecho de su informe. 
La Comisión es consciente de la contribución de la civilización islámica a la cultura europea así como de los problemas de integración social y cultural de las poblaciones pertenecientes a un Islam europeo que debemos acoger en nuestra sociedad respetando su propia identidad. 
Y en ese sentido, la Comisión está convencida de la validez e importancia de promover un diálogo libre y abierto dirigido particularmente a las nuevas generaciones. 
Yo quiero recordar que ha habido muchas iniciativas que se han llevado a cabo para activar este diálogo: en los programas Euromed se está desarrollando una colaboración entre los programas «Jóvenes por Europa» y los programas mediterráneos; en el campo de la formación profesional está la Fundación de Turín, que prevé ampliar los programas y abrirlos a los países de Europa Central y Oriental; con ocasión de la Conferencia de Estocolmo, que se ha celebrado el pasado mes de abril, se ha llevado a cabo un diálogo sobre las culturas y las civilizaciones en el marco del seguimiento de la Declaración de Barcelona; dentro de unos días- y yo siento mucho no poder asistir -, tendrá lugar una conferencia euromediterránea de los ministros de Cultura y Audiovisual en Rodas, los días 25 y 26 de septiembre; y en relación al sector cultural, la Comisión ha presentado al Parlamento y al Consejo un nuevo programa marco, actualmente en discusión en nuestras instituciones, que subraya, precisamente, la importancia del diálogo intercultural como factor de paz y como un factor de cohesión social. 
Quiero decirle que la Comisión constata que tal vez este informe nos llega un poco tarde para permitir la realización antes de final de año de la manifestación que usted propone. 
Hay que tomar unas medidas determinadas, tanto de organización como de acompañamiento financiero, y no quedan apenas tiempo y recursos disponibles. 
Pero la Comisión- como ha dicho muy brillantemente la Sra. Baldi- considera que la referencia a la obra y a los valores de los grandes pensadores del Islam, como Averroes, puede constituir una base privilegiada para favorecer el conocimiento mutuo y el espíritu de tolerancia y de comprensión que deben constituir la base de un verdadero diálogo entre civilizaciones tan ricas y variadas como las nuestras. 
Por eso quiero decirle que lo tendremos en cuenta y que haremos lo posible para que, en un próximo futuro, veamos la manera de rendir un homenaje a la persona y al pensamiento de Averroes y a la actualidad de sus reflexiones. 
Muchas gracias, señor Comisario Oreja. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.00 horas.) 
Bienvenida 
Antes de comenzar con el orden del día, quisiera dar la bienvenida a la delegación de la Duma y del Consejo Federal que está en la tribuna. 
Es especialmente indicado, habida cuenta del importantísimo papel desempeñado por la Duma en los recientes acontecimientos en Rusia, que se celebre precisamente hoy y mañana aquí en Estrasburgo una reunión de la comisión parlamentaria mixta Unión Europea/Rusia. 
Exhorto a todos los diputados miembros de esa delegación a poner el máximo interés en esta sesión de trabajo que, en estos momentos, reviste una importancia particular. 
Crisis financiera internacional y evolución política en Rusia 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la crisis financiera internacional y la evolución política en Rusia. 
Tiene la palabra la Sra. Ferrero-Waldner en nombre del Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, actualmente nos enfrentamos a unos acontecimientos globales que suponen un enorme desafío político y económico también para la Unión Europea. 
Estos acontecimientos requieren que se haga un análisis exacto y que se adopten unas medidas directas para combatir la crisis y que se marquen unas líneas directrices para una política que garantice a largo plazo la estabilidad política y económica. 
Todos los actores en Europa deben participar: los gobiernos y parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, las demás instituciones europeas y el Consejo. 
Subrayo la necesidad de coordinar nuestros esfuerzos, pues los desafíos son de una magnitud política y financiera tal que solamente se pueden superar conjuntamente. 
Europa tiene intereses concretos. Estos intereses tienen que reflejarse tanto en la política bilateral como la multilateral. 
Para llevar esto con éxito a la práctica, los intereses tienen que definirse con claridad y gozar de un amplio apoyo. 
Por ello, considero que el debate de hoy con el Parlamento Europeo es especialmente importante. 
En primer lugar, voy a decir algunas palabras sobre los acontecimientos que han contribuido de modo esencial a la situación actual. 
Hoy, un año después de la irrupción de la crisis financiera asiática se revela que era y es mucho más profunda de lo que supusimos. 
Una vuelta al crecimiento y " boom» en la forma anterior va a ser difícil o casi imposible. 
Hay que encontrar una nueva vía que aporte más estabilidad. 
Ya antes de la crisis actual, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y otros observadores llamaron la atención sobre los diversos problemas, como la debilidad del sector bancario, la corrupción, el excesivo volumen de créditos y proyectos de inversión demasiado arriesgados. 
La terrible conjunción de los diversos factores fue detectada por todos los afectados demasiado tarde. 
Esta es la primera lección. 
La ayuda de la comunidad internacional se realizó en dos fases. 
La Unión Europea y cada uno de sus Estados miembros participaron muy activamente y con frecuencia de modo desproporcionado. 
El Fondo Monetario Internacional puso a su disposición como ayuda inmediata un considerable paquete financiero que se complementó con créditos bilaterales. 
Para la recuperación a medio hasta largo plazo de la región, el Banco Mundial, el banco Asiático de Desarrollo así como la Unión Europea han desarrollado en un tiempo brevísimo programas y han puesto a disposición considerables créditos. 
En una primera reacción ante la crisis, el FMI exigió a los gobiernos afectados que elevasen sus tasas de interés, que aplicasen una estricta disciplina presupuestaria y que saneasen el sector financiero sobrecargado de deudas. 
La política recomendada por el FMI no quedó, sin embargo, sin consecuencias: aumento del paro, debilitamiento del consumo y crecimiento negativo. 
Esta es la segunda lección. 
El FMI se pronuncia ahora en una segunda fase a favor de una reducción lenta de los intereses así como de una política fiscal orientada a la demanda. 
Por un lado, esto podría conducir a un aumento de los déficits presupuestarios y, por otro, a reestructurar las economías nacionales afectadas y la red de seguridad social. 
En este contexto, se debe destacar una iniciativa de la Unión Europea que pretende contribuir a solucionar la problemática social. 
El Fondo fiduciario ASEM creado en el Banco Mundial con créditos de la CE y varios Estados miembros de la UE, ponen a disposición fondos para proyectos sociales y para combatir la pobreza. 
¿Cómo puede llevarse a cabo la urgentemente necesaria reestructuración de la economía? 
Esto puede ocurrir en parte mediante capital privado y por otro lado los gobiernos tendrán que contribuir masivamente con fondos financieros. 
Para impedir una recaída se deberían crear autoridades de control fuertes e independientes. 
Para crear unas condiciones marco para un nuevo crecimiento son absolutamente necesarias unas profundas correcciones del sistema político. 
Esta es la tercera lección. 
La UE va a apoyar a los Estados afectados con una red europea de dictámenes periciales " Efex» que pretende facilitar el poder recurrir a expertos en el área de la UE para ayudar a superar con rapidez los problemas estructurales. 
Aún no se puede prever cuáles van a ser las repercusiones de la crisis asiática sobre Europa. 
Sin embargo, no se puede excluir que el crecimiento de la UE en este año vaya a ser menor que lo que se suponía originariamente. 
Un segundo problema es Latinoamérica. 
Los favorables datos básicos nos hacían esperar que Latinoamérica no se iba a contagiar por las crisis financieras en Asia y Rusia. 
Pero tal como muestran los acontecimientos de las últimas semanas y días, esta esperanza no se ha cumplido plenamente. 
Por ello, en 1998 hay que contar con un déficit récord de la balanza de pagos en esta región. 
Pero tal como se ha revelado en conversaciones que mantuve hace unos pocos días con expertos latinoamericanos en Viena, se espera del euro un efecto estabilizador también para otras regiones mundiales si se amplía la cooperación con Europa. 
En la opinión pública impera la preocupación por la posterior evolución de la situación económica. 
A pesar de ello, soy optimista. 
Van a surtir efectos las medidas de la comunidad internacional, con la activa participación de la Unión Europea, para el restablecimiento de la confianza. 
No obstante, las repercusiones en las economías nacionales asiáticas solamente se podrán superar mediante profundas reformas. 
Para estas reformas no ofrecemos una receta pero sí nuestro apoyo político y técnico. 
Las reformas se deben realizar también en ese país que actualmente se encuentra en el punto de mira de los acontecimientos políticos, a saber, Rusia. 
La Unión Europea ha concedido siempre una especial importancia a sus relaciones con la Federación Rusa. 
En sus declaraciones del 21 de agosto y del 6 de septiembre sobre la situación en Rusia, la Unión Europea ha subrayado de nuevo la gran importancia que concede a la estabilidad política y a la salud económica de Rusia. 
Estamos convencidos de que la mejor vía para restablecer la confianza en la economía rusa y para una superación efectiva y ordenada de las actuales dificultades financieras consiste en aplicar plenamente y con rapidez los programas de reforma proyectados y acordados con las instituciones financieras internacionales. 
La Unión tiene un especial interés en ello pues Europa se ve afectada más que otras regiones por las repercusiones de la crisis. 
Rusia sigue siendo un interlocutor muy importante a la hora de tratar sobre temas globales y de garantizar la estabilidad regional. 
Por este motivo, es de gran importancia mantener un intenso diálogo político entre la Unión y Rusia a todos los niveles. 
Me alegra por ello que hoy se encuentre en el Parlamento Europeo una delegación de la Duma. 
También la Presidencia austríaca del Consejo se ha esforzado los últimos días por lograr lo antes posible un encuentro a alto nivel con el nuevo gobierno ruso. 
Estos esfuerzos han tenido éxito. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, Wolfgang Shüssel, va a encabezar mañana una misión de tres Ministros de Asuntos Exteriores a Rusia. 
Esta misión se va a encontrar con el Presidente del Consejo de Ministros Primakov y otros miembros de alto rango en Moscú menos de una semana después de la confirmación del nuevo Jefe de gobierno. 
La misión viaja con unas ideas y propuestas concretas para la futura cooperación con Rusia. 
Saludamos el nombramiento de Primakov como Jefe de gobierno. 
Posee una amplia experiencia y ha adquirido un gran prestigio. 
Sus objetivos de política exterior nos hacen ver en él un factor previsible y estable. 
Bajo su gobierno contamos en gran medida con una continuidad de la política rusa. 
La Unión Europea confía sobre todo en que se siga concediendo una gran importancia a la política de seguridad paneuropea y que se preste una atención especial a la cuestión de la ratificación de SALT 2 y la no proliferación de armas atómicas y material nuclear. 
En su declaración sobre Rusia del 6 de septiembre, la Unión Europea llamó la atención de un modo inequívoco sobre la importancia de la cohesión social en Rusia. 
Un gobierno estable que esté en situación de impulsar las necesarias reformas puede contribuir de modo decisivo al restablecimiento de la confianza en el pueblo ruso y en el mundo financiero internacional. 
Estamos convencidos de que la estabilidad política y económica son interdependientes y que son una condición previa para el crecimiento económico en Rusia. 
También tenemos claro que Rusia se ha enfrentado a unos desafíos únicos y va a seguir estándolo. 
Con la prosecución del proceso de reformas, Rusia nos muestra que está comprometida con la democracia y la economía de mercado así como con su inclusión en la economía mundial. 
La responsabilidad de estas reformas radica en Rusia. 
Confiamos en que Rusia prosiga por la vía de las reformas estructurales con el objetivo de establecer una economía social de mercado. 
La Unión y sus Estados miembros han contribuido ya de modo considerable al proceso económico y político de transición en Rusia a través del FMI, el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo y otras instituciones financieras internacionales, el Consejo de Europa así como otros instrumentos propios, como TACIS y los programas de ayuda técnica bilaterales de los Estados miembros. 
Estamos dispuestos a seguir cooperando con las autoridades rusas para apoyar los esfuerzos en la vía hacia la estabilidad y las reformas. 
Quiero subrayar aquí de nuevo la importancia de nuestro diálogo en el campo de la política exterior y de seguridad. 
La troika de nuestros directores políticos se reunió el 10 de septiembre en Moscú con representantes del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores con los que mantuvo un diálogo que incluyó entre otros asuntos la crisis de Kosovo, Chipre y la OSCE. 
La troika fue recibida también por Yevgueni Primakov, quien acababa de recibir su nombramiento como Jefe de Gobierno. 
Funcionarios de alto rango del G-7 y de la Presidencia austríaca del Consejo han hablado también anteayer con representantes rusos en Londres. 
En esta fase de desarrollo, las conversaciones de la troika de Ministros de Asuntos Exteriores en Moscú va a tener una importancia muy especial. 
Estos diálogos muestran la existencia de confianza por ambas partes: en la parte rusa, porque ya en los primeros días de la nueva Administración se inicia el diálogo con la Unión Europea. 
Por parte de la Unión Europea porque creemos que los dirigentes rusos van a renunciar a adoptar medidas que se mostraron ya en el pasado como dañinas. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señoras y señores Diputados, querría darles las gracias por ofrecerme la posibilidad de expresarme, hoy, aquí, en Estrasburgo, respondiendo al deseo de ustedes de que yo participara en sus debates sobre la situación en Rusia. 
Esta mañana, como ustedes saben, la Comisión celebra su reunión ordinaria. 
Por lo tanto, me será imposible prolongar mi presencia entre ustedes, como habría deseado, pero mis colegas Hans van den Broeck e Yves de Silguy estarán a su disposición hasta el final de este debate. 
Señor Presidente, permítame ante todo llamar su atención sobre la necesaria prudencia que debe inspirar nuestros análisis y nuestros comentarios. 
Toda la comunidad internacional trata de entender la situación actual y ayudar a Rusia. 
La Unión Europea quiere desarrollar un papel especialmente activo, como lo ha hecho desde el final del sistema soviético; pero en una situación en que los factores políticos y económicos están tan estrechamente vinculados, creo que es imprescindible estar a la escucha de Rusia, de sus dirigentes, de su población. 
Desde este punto de vista, ustedes sacarán, ciertamente, el mayor provecho posible de las discusiones con los diputados rusos, con ocasión de la tercera reunión del comité parlamentario mixto " Unión Europea-Rusia» , que tiene lugar estos días. 
Señor Presidente, recordaré ante todo un hecho indiscutible: la estabilidad de Rusia es esencial para nuestro continente. 
Tanto es así que, para la opinión europea, la crisis asiática- a pesar de que para Europa es más preocupante desde un punto de vista estrictamente financiero- sigue siendo menos importante que la situación de Rusia. 
Hoy las fronteras de Rusia ya son, y lo serán aún más tras la ampliación, las fronteras de Europa, y si bien nuestros intercambios continúan siendo limitados, la Unión Europea es el principal socio económico y comercial de Rusia. 
El aumento de nuestras exportaciones hacia Rusia ha sido espectacular en los últimos años, y esta tendencia debería proseguirse conforme se apliquen las disposiciones del acuerdo de colaboración y cooperación celebrado con Rusia en 1994. 
Este acuerdo, que entró en vigor el año pasado, permitirá organizar de modo coherente nuestras relaciones con Rusia en torno a los dos principios siguientes: democracia y economía de mercado. 
Europa no ha impuesto estos principios a Rusia. 
Es la propia Rusia la que ha hecho esta elección, y toda nuestra acción se ha iniciado a través de la asistencia técnica europea, que, desde el principio, ha sido concebida para ayudar a Rusia a afrontar esta transición. 
La Unión Europea representa un polo de estabilidad incontestable en el continente. 
Esto es verdad de manera general y sobre todo en materia financiera. 
Todos han podido comprobar que la perspectiva del euro aporta elementos aún más fuertes de estabilidad. 
Basta, por otro lado, con establecer un paralelismo con la crisis mejicana de 1995 y sus repercusiones en los sistemas monetarios europeos, para evaluar este efecto protector. 
Creo sinceramente que el euro contribuye de forma determinante a frenar la amenaza de una inestabilidad financiera generalizada. 
Europa puede y debe exportar su estabilidad y su prosperidad. 
Para eso necesita un socio fiable tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. 
Deseo fervientemente, y lo deseamos todos, que el nombramiento de Evgueni Primakov como Primer Ministro y su confirmación por la Duma, el viernes pasado, marque un punto de inflexión y permita a Rusia restaurar la confianza tanto a escala interna como externa. 
Deseo, también, que el nuevo equipo gubernamental sea capaz de llevar a cabo reformas estructurales, durante demasiado tiempo aplazadas, y de realizar en el Parlamento, en torno a un programa de superación de la crisis, el consenso político indispensable, y al que la población rusa aspira. 
Ahora bien, Señor Presidente, ¿cuál es nuestro análisis de la crisis rusa? 
Empezaré por lamentar, a título anecdótico, que los numerosos comentaristas que hoy se muestran tan perspicaces no hayan sabido hacer oír sus voces antes que se declarase la crisis. 
Europa bien podría asumir una parte de esta crítica, ya que, finalmente, los fallos del sistema ruso no pasaban desapercibidos ni para nuestras empresas, ni para nuestros bancos, ni para todos los expertos europeos presentes en Rusia. 
El temor de provocar una crisis de confianza, la legítima esperanza de que por fin se iniciaría un proceso de reforma o incluso las relaciones personales que mantenemos con los dirigentes rusos han incitado a la comunidad internacional a guardar silencio. 
Por lo tanto, creo que hoy, y con miras al futuro, se impone a todos un deber de vigilancia. 
A pesar de que este lenguaje es difícil de mantener, Rusia deberá ser juzgada por sus opciones, por lo que es, por lo que quiere ser, sin excesiva alarma, pero sin indulgencia. 
Es en la ausencia de ciertas reformas estructurales cruciales donde hay que buscar las causas principales de la crisis. 
Estas lagunas son las que han contribuido ampliamente a la emergencia de la crisis presupuestaria que se ha declarado a partir de la primavera. 
Citaré algunas de ellas: debilidad estructural en cuanto a la recaudación de los impuestos, en una economía basada parcialmente en el trueque; ausencia de reformas fiscales; evasión fiscal; ausencia de un control eficaz de los gastos del Estado... 
Todo ello ha conducido a una multiplicación de los préstamos a corto plazo para equilibrar el presupuesto ruso. 
Si a esto se añade la ineficacia del sector financiero y la ausencia de una reglamentación adecuada que enmarque su funcionamiento, la ausencia de una reestructuración de la industria rusa, así como un proceso de privatización poco transparente, se puede apreciar la amplitud de las dificultades económicas y financieras actuales. 
En suma, se ha reformado muy poco y muy mal. 
Sería dramático para el futuro de Rusia que la situación actual desacreditara el principio mismo de las reformas. 
Si hoy las reformas son tan necesarias para la economía y para las instituciones, ello obedece a que el abandono de la economía planificada se ha hecho, en ocasiones, de forma poco adecuada, a través de reformas insuficientes o que no han tenido lo suficientemente en cuenta las necesidades del pueblo ruso. 
Es ahora, para recuperar la economía rusa, cuando la cohesión social es más necesaria que nunca. 
Es ahora cuando parece que esta cohesión falta. 
Ello significa que las próximas semanas serán cruciales. 
El nombramiento del nuevo Primer Ministro, hombre de experiencia y creador de consensos, es de por sí un factor muy positivo. 
Es indudable que el Sr. Primakov cuenta con el respeto y la estima de la comunidad internacional. 
Por lo tanto, espero que pronto se presente un plan de superación de la crisis y un programa económico y social coherente. 
Según nuestro análisis, es necesario adoptar a la vez medidas urgentes para restablecer la situación presupuestaria y, a más largo plazo, medidas relativas concretamente a la reforma fiscal, al funcionamiento de los mercados financieros y al refuerzo de las instituciones que regulan la marcha de la economía. 
En materia de supervisión de los organismos financieros, de funcionamiento del Banco central y de las aduanas, es evidente que las lagunas actuales no pueden perdurar. 
Último punto, y quizá el más importante: debe garantizarse el funcionamiento del Estado de derecho y del aparato judicial. 
El nuevo gobierno deberá ser valiente e imaginativo. 
El riesgo de adoptar las medidas equivocadas sigue siendo real. 
Pienso concretamente en ciertas propuestas que circulan en Moscú relativas a la emisión monetaria y a la adopción de medidas comerciales proteccionistas. 
¿Acaso no es más urgente contener una inflación que empobrece a los más pobres? 
¿No sería necesario, por el contrario, fomentar interiormente la reestructuración de la industria rusa, y no protegiéndose de las importaciones, que, además, resultan tan útiles para el equilibrio de las finanzas públicas? 
Menciono estos dos ejemplos porque las viejas recetas, más allá de los peligros que entrañan, cuentan, en ocasiones, con el beneplácito de cierto populismo. 
Señor Presidente, ¿cómo pueden valorarse hoy los efectos de la crisis rusa con respecto a la Unión Europea y a los países candidatos? 
Diré, en primer término, que los efectos directos en el comercio son todavía limitados, puesto que nuestros intercambios bilaterales, si bien su importancia va en aumento, aún sólo representan el 3, 5 % de nuestras exportaciones y el 4 % de nuestras importaciones. 
La misma situación predomina globalmente con respecto a los países candidatos de Europa Central, debido a la reorientación de la mayor parte de su comercio hacia la Unión Europea. 
Eso no quita que algunos Estados miembros, algunos países candidatos, así como algunos sectores, podrían acusar más que otros los efectos de la crisis. 
Mencionaré, a este respecto, el sector agrícola. 
Las exportaciones agrícolas y alimentarias de la Unión Europea hacia Rusia representaban en 1997 un 20 % del total de nuestras exportaciones, más de 5 millardos de ecus de un total de 25 millardos. 
El sector de la carne, en particular de la carne de bovino, podría mostrarse sensible a una disminución de las exportaciones hacia Rusia. 
En cuanto a los efectos financieros directos, a pesar de que los bancos europeos corren mayor peligro que los bancos norteamericanos y asiáticos, sus activos con respecto a Rusia no representan más que el 8 % de sus activos internacionales. 
Los efectos indirectos de la crisis financiera son mayores, pero, en cierto modo, se compensan. 
La baja de los precios de las materias primas y la baja de los tipos de interés a largo plazo no son desfavorables para Europa. 
Asistimos incluso a un fenómeno de repliegue de los capitales hacia los mercados de obligaciones de la zona " euro». 
Se trata de uno de los efectos del euro, que yo mencionaba antes. 
Sin embargo, los efectos de contagio han provocado una corrección de las bolsas a la baja, lo que ha anulado una parte de las ganancias registradas desde principios de año. 
Con respecto a los países candidatos, no prevemos, en la actualidad, consecuencias negativas duraderas, ya que sus situaciones macroeconómicas de base siguen estando fundamentalmente sanas. 
Desde principios del mes de septiembre, la Comisión se ha planteado la ayuda que la Unión podría aportar a Rusia para superar la crisis. 
Los ministros de Asuntos Exteriores, en su reunión informal de Salzburgo, también han trazado algunas orientaciones, que están contenidas en la declaración que adoptaron el 6 de septiembre. 
Altos funcionarios de los Estados que participan en el grupo de los países más industrializados se reunieron anteayer en Londres. 
La Comisión Europea y la Presidencia en ejercicio de la Unión participaban en esta concertación. 
La Unión Europea no podrá hacer nada sin Rusia. 
Se trata de un país muy importante y demasiado complejo. 
Sus dificultades son demasiado profundas como para que puedan solucionarse con prescripciones exteriores, que no contarían con el apoyo del pueblo ruso. 
A todos preocupan las consecuencias sociales que podría tener esta crisis. 
Sin embargo, deseo subrayar que sería un contrasentido oponer reforma económica y medidas sociales. 
La primera medida social es evitar una inflación y una disminución de la actividad económica, ya que, de lo contrario, aumentaría de manera dramática la pobreza de la población rusa. 
Las malas decisiones económicas son también malas decisiones sociales. 
Así pues, no queda otro camino que el de las reformas económicas. 
No bastaría con inyectar dinero fresco en la economía rusa. 
Ello sólo tiene sentido si se abordan de frente los problemas estructurales que Rusia tiene planteados: las reformas fiscales, la recaudación de los impuestos, el funcionamiento de los mercados financieros, la reestructuración de las empresas. 
Rusia debe fortalecer sus instituciones y funcionar como un Estado de derecho. 
Se trata de una obra inmensa, que no podrá realizarse en sólo algunos meses. 
La transición iniciada en Rusia desde hace casi diez años constituye un proceso complejo, que debe valorarse en el tiempo. 
Eso significa, para la Comisión, que jamás debe perderse de vista la viabilidad política y social de las reformas. 
En esta situación expuesta a riesgos, el diálogo con Rusia debe ser permanente. 
Esto es lo que expresa nuestra declaración del domingo pasado de Salzburgo. 
Los directores políticos de la troika regresan de Moscú. 
La troika de ministros de Asuntos Exteriores se trasladará a Moscú este jueves, 17 de septiembre, para continuar el diálogo y confirmar nuestra voluntad de cooperación. 
Tengo la intención de responder en breve a la invitación que me ha dirigido el Sr. Primakov, y espero que Hans van den Broek y yo podamos reunirnos pronto con el Primer Ministro. 
A finales del mes de octubre, la Unión Europea celebrará en Viena la Cumbre prevista con el Presidente ruso. 
En el plano financiero, la Comisión se esforzará para que las posibles discusiones posteriores del G7 vayan precedidas de una coordinación comunitaria apropiada. 
Como ven, las ocasiones de diálogo no faltan. 
Sin embargo, la adopción de un programa económico y social coherente es, de hecho, una condición previa para la reorientación de nuestra asistencia a Rusia. 
Podremos actuar junto a las autoridades rusas una vez que sepamos lo que desean. 
Mientras tanto, les expongo algunas orientaciones. 
Primeramente, como ustedes saben, el programa TACIS ha destinado, desde 1991, casi dos millardos de ecus a Rusia. 
Hoy lo que queremos es dar prioridad a los proyectos que acompañan las reformas. 
Eso supone una adaptación de nuestros métodos de trabajo. 
Hoy el programa TACIS sigue dependiendo, relativamente, de los sistemas burocráticos de los países beneficiarios. 
Dicho de otra manera, por la propia voluntad del legislador europeo, el programa TACIS no está perfectamente adaptado a las situaciones de urgencia. 
Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para acortar los plazos de aplicación y movilizar rápidamente la asistencia europea. 
Para ello, las autoridades rusas deben comprometerse del mismo modo en que nosotros lo hacemos. 
Por nuestra parte, estamos preparando un conjunto de acciones para tratar las causas estructurales de la crisis. 
Mencionaré, así, la movilización en breve plazo de expertos europeos en materia de finanzas públicas, de reforma fiscal, de gestión de la deuda y de control de los gastos públicos. 
Creo asimismo que debemos ocuparnos de llevar a cabo una asistencia destinada a la supervisión y a la reforma del sector financiero. 
Tanto a corto plazo como a largo plazo, el fortalecimiento de las capacidades y de la eficacia de la administración rusa seguirá centrando nuestra acción. 
En segundo lugar, más allá de la asistencia técnica, algunas acciones de cooperación pueden tener resultados muy significativos. 
Pienso, en particular, en la cooperación aduanera. 
Ya hemos iniciado este programa, pero hay que reconocer que debemos hacer frente a una gran inercia de la administración rusa. 
Espero que podamos progresar en este sector, ya que se calcula que el fraude aduanero supone, según se dice, que el fisco ruso deja de ingresar la exorbitante suma de seis millardos de dólares al año. 
La lucha contra el blanqueo de dinero ha formado parte, igualmente, de las prioridades de nuestra cooperación, y estamos elaborando un proyecto que podría ser financiado por TACIS. 
El programa de trabajo conjunto que aprobamos en el mes de enero con Evgueni Primakov, entonces ministro de Asuntos Exteriores, contiene otras iniciativas comunes que abarcan ámbitos de cooperación como el espacial, el científico, el del transporte y el energético. 
Como pueden apreciar, señoras y señores, los proyectos no faltan. 
Lo que a veces falta desde Rusia es una coordinación enérgica, capaz de dar el impulso político necesario para la elaboración y la aplicación de estos proyectos. 
Es imprescindible que en el Gobierno ruso se nombre un miembro del mismo encargado de la coordinación. 
Este es un punto que la Comisión ha subrayado en varias ocasiones, y la implicación política de las autoridades rusas es más que nunca necesaria. 
En cualquier caso, la Comisión procurará asimismo sacar partido de todas las posibilidades de nuestros programas, para trabajar de manera más descentralizada, manteniendo una relación más estrecha con las autoridades locales. 
En tercer término, es evidente que la recuperación del crecimiento supone ante todo el regreso de los inversores privados a Rusia. 
Para ello, es imprescindible que se reforme el sistema jurídico, legislativo y reglamentario que enmarca la actividad económica. 
Por lo tanto, seguimos fomentando los contactos entre industriales europeos y rusos para facilitar el diálogo directo entre los empresarios. 
Además, el programa TACIS de formación de jóvenes dirigentes rusos en las empresas europeas permitiría a alrededor de dos mil jóvenes empresarios rusos, el año próximo, conocer mejor las prácticas de las empresas europeas. 
Señor Presidente, señoras y señores, estas son algunas observaciones específicas para iniciar este debate. 
No cabe ninguna duda que la evolución de Rusia suscitará nuevamente la atención de ustedes en los próximos meses. 
La Comisión mantendrá al Parlamento Europeo regularmente informado del desarrollo de la situación y de las acciones que la Comisión podría proponer tan pronto como se conozca el programa del nuevo gobierno ruso. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, cuando hace algún tiempo debatimos aquí sobre los incendios forestales en Indonesia e indiqué que existen para ello otras causas, también sociales, recibí la respuesta por escrito de la Comisión en el sentido de que la Unión Europea ya se estaba esforzando por obtener más dinero para apoyar a los servicios de bomberos en Indonesia. 
El Presidente de la Comisión está a punto de irse pero quiero indicar que esta fue la posición de la Comisión Europea respecto a una grave crisis económica, política y financiera. 
El Presidente del Consejo ha dicho hoy que la crisis es mucho más profunda de lo que se creía. 
Hay que subrayar plenamente muchas de las cosas que la Secretaria de Estado, la señora Ferrero-Waldner, ha dicho. 
Pero sin desempeñar aquí el papel del sabelotodo quiero constatar aquí que al menos algunas cosas se podrían haber evitado, señores Comisarios, si se hubiese realizado un análisis más detallado y si no se estuviese tan cegado por posiciones ultraliberales respecto a cuestiones económicas. 
No era y no es aceptable que durante mucho tiempo nos hallamos escondido detrás de una posición americana que habla mucho de derechos humanos y de democracia pero que cuando se trata de los llamados aliados esté ciega de un ojo y, a veces, incluso de los dos ojos. 
¿Cuáles son las causas? 
Solamente puedo adherirme a lo que la señora Ferrero-Waldner ha dicho. 
En primer lugar, los movimientos especulativos de capitales como causa a corto plazo y la renuncia o la carencia en la construcción de instituciones y de condiciones marco. 
El futuro Presidente del Banco Europeo en Londres ha dicho hace poco que en occidente estábamos contentos de algunas privatizaciones especulativas en Rusia y que no hemos visto que no se habían construido las necesarias instituciones para la economía y la política. 
Hay que criticar también muy abiertamente a algunos gobiernos corruptos o elementos de la administración, en los que están unidos el poder económico, político y militar así como una falta de respeto ante las necesidades sociales de las personas en algunos países. 
Muchos de estos modelos han sido iguales desde Indonesia hasta Rusia sin que lo hayamos reconocido realmente. 
Las respuestas que he recibido, sobre todo por parte de la Comisión no son totalmente satisfactorias. 
¿Qué debemos hacer con los movimientos especulativos de capitales? 
Soy partidario de la libertad de comercio y del principio de la libertad también en los movimientos de capitales. 
Pero en Europa hemos necesitado decenios para llegar a esa libertad. 
Sobre todo, en los países en vías de desarrollo no podemos imponérselo de hoy a mañana. 
¿Estamos dispuestos a hacer algo en contra de los movimientos especulativos y a corto plazo de capitales y a crear para ello a nivel mundial las adecuadas condiciones marco? 
No he escuchado ninguna respuesta al respecto. 
Segundo punto: las instituciones. 
Subrayo lo que se ha dicho aquí, a saber, que hay que crear las correspondientes instituciones nacionales- Banco central, bancos, supervisión de bancos, etc. Pero también a nivel internacional tiene que ocurrir algo. 
No podemos permitir en nuestro grupo político que tengamos una economía libre y libertad de movimientos de capitales pero ni siquiera elementos para una regulación internacional. 
Tendríamos que fortalecer el FMI y el Banco Mundial pero al mismo tiempo reformarlos. 
No es admisible que cualquier especulador, ya se trate de un banco o de un particular, en caso de pérdida de dinero obtenga inmediatamente ayuda del sistema bancario internacional y, por así decirlo, se le anime a seguir especulando. 
¿Qué hace falta que le ocurra? 
Muchos desempleados en este mundo y en Europa no obtienen esa ayuda que reciben los especuladores en todo el mundo cuando especulan contra monedas más débiles. 
¿Qué dice la Unión Europea al respecto? 
¿No va a actuar en favor de un fortalecimiento de estas instituciones en este sentido si bien unido a una reforma ante el hecho de que debido a una alianza de regímenes corruptos y especuladores se producen quiebras de monedas? 
No se puede admitir esto. 
Tercer punto: la desconcentración de la política, economía y ejército. 
He oído algunas cosas. 
Quiero subrayar que es absolutamente necesario introducir reformas. 
Cuarto punto: las medidas político-sociales. 
No podemos admitir todo lo que queda en la superficie de administración y economía pero que no apunta a reducir el distanciamiento que ha surgido entre el Gobierno y la población en estos Estados y a apoyar a los socialmente débiles. 
Aquí se encuentra una delegación de la Duma a la que quiero saludar en nombre de mi grupo político. 
Tienen una gran responsabilidad no sólo para su país y para Europa sino para todo el mundo. 
Ruego a los representantes de la Duma que apoyen constructivamente al Gobierno que ahora ha surgido y que lleven a cabo esos objetivos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, si contemplo las numerosas crisis políticas y financieras en el mundo, tengo que constatar que Europa es una zona de estabilidad. 
Me alegra que no hayamos hecho caso a aquellas personas que aún en la primavera de este año hablaban del euro como de un parto precipitado. 
Actualmente, no se puede encontrar a algunas de ellas que nos pusieron como ejemplo el modelo asiático, pues están ocupadas en quemar sus intervenciones. 
En mi intervención voy a concentrarme en la situación en Rusia. 
La unidad de una Rusia democrática y estable es para nosotros, los europeos, de enorme interés. 
Una Rusia de este tipo que sea una interlocutora con igualdad de derechos de la Unión Europea y de la OTAN, puede contribuir esencialmente a la estabilidad y desarrollo positivo en Europa. 
Por ello, es necesario que en Rusia se lleven a cabo las correspondientes reformas, reformas de las que es única y exclusivamente responsable la misma Rusia. 
Podemos proporcionar apoyo y ayuda para que se autoayuden y contribuir de este modo a superar las cargas del régimen soviético y de la economía planificada. 
En este contexto, tenemos que hablar también sobre los fundamentos. Estos fundamentos son, por ejemplo, una administración que funcione, lo que es una condición decisiva para que se puedan lograr los objetivos sociales, medioambientales y, sobre todo, económicos y para que exista una relación equilibrada y razonable entre el poder central y el regional. 
Sólo así se podrá garantizar el estado de derecho y lograr una economía social de mercado que aporte el tan urgentemente necesario progreso, una economía social de mercado que esté también dotada de unas condiciones marco en el sector social y de medio ambiente. 
Coincido con el señor Swoboda: sin duda ha sido un gran error que en el pasado los europeos hayamos dado dinero pero que hayamos dejado el asesoramiento en manos de demasiados profesores de Harvard, que han predicado allí la pura economía de mercado. 
Creo que una economía social de mercado debe tener en cuenta todas estas estructuras y debe fortalecer a las pequeñas y medianas empresas en especial en Rusia, pues son la base para el desarrollo económico. 
Estas estructuras son absolutamente necesarias para aportar orden a las finanzas públicas, lograr la recaudación de impuestos y combatir la corrupción y el crimen organizado. 
También tenemos que encontrar medios de recuperar para el desarrollo económico en Rusia los 150.000 millones de dólares que han ido a parar a manos privadas en el país y también fuera de él. 
Es esencial para nosotros que se desarrollen estructuras democráticas y partidos a nivel nacional. 
Señor van den Broek, espero que las ayudas de la Unión Europea- por ejemplo, del programa TACIS- se adapten a estas exigencias, si bien vamos a poder hablar aún detalladamente al respecto. 
Para que nuestra posición se imponga en los preparativos de un encuentro del G7, es urgentemente necesaria una coordinación de los participantes europeos en dicho G7. 
Señor Presidente, la crisis rusa no se resuelve como si se tratase de curar un resfriado. 
Son muchos los que han subestimado la magnitud del desafío político, económico y social lanzado a los rusos por el hundimiento del régimen comunista y la desaparición de la Unión Soviética. 
Sin embargo, sería tan ilusorio contar con una vuelta de este gran país al comunismo, como sería estúpido callar el fracaso vergonzoso de la aplicación de las reformas, lo que reduce notablemente las alternativas a la situación actual. 
Por eso, no es contentándonos con señalar con el dedo a los responsables, o a los supuestos responsables, de la crisis actual en Rusia, ya se trate del FMI o de otros acuerdos, como ayudaremos a Rusia a salir del atolladero. 
No puedo menos que aplaudir con entusiasmo el análisis que hace algunos instantes ha presentado el Presidente de la Comisión sobre la situación actual en Rusia. 
Desearía añadir, no obstante, que más allá de cuáles puedan ser las reformas iniciadas en Rusia, reformas dirigidas ante todo a mejorar el funcionamiento de las instituciones y al restablecimiento de los grandes equilibrios presupuestarios y macroeconómicos, los rusos, con la mejor voluntad del mundo, no pueden salir solos de la crisis. 
En todo caso, a corto plazo, son ante todo tributarios de la ayuda de sus socios europeos, con los cuales tienen en lo sucesivo un destino común, aunque sólo fuese en el plano de la seguridad. 
Esta ayuda no debe limitarse a inyectar nuevamente algunos millardos de ecus en el circuito financiero. 
En suma, ya que es necesario asignar créditos, asignémoslos mejor, ya que la despreocupación, la ligereza, con que se otorgaron en la década de 1970 a los países de renta media constituye el ejemplo, por excelencia, de lo que hay que evitar imitar. 
Por eso, creo indispensable, a largo plazo, multiplicar las cooperaciones en todos los ámbitos, político, económico, administrativo, y, me gustaría añadir, la cooperación entre los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos de la Federación Rusa, para también avanzar en el plano local, microeconómico, humanitario. 
En resumen, es necesario implicarse personalmente en todos los ámbitos. 
Señor Presidente, un huracán ha azotado este verano a Rusia, y se ha llegado de inmediato a la conclusión de que la transición democrática había fracasado y de que volvía el comunismo. 
Antes de proponer remedios, hay que entender lo que ha pasado. 
El telón de fondo de la crisis es un indudable desastre económico. 
El rublo se ha desplomado. 
El gobierno lo ha devaluado, ha congelado su deuda externa e interna. 
Los precios se han disparado, los ahorros de las personas modestas se han desvanecido y la población ha pensado que el invierno próximo, que será terrible, será un invierno en el que no habrá abastecimiento ni calefacción. 
Una población asustada puede buscar en los desórdenes una salida a sus desgracias. 
¿Esta crisis se debe a la política de reforma? 
No. 
Sus causas son ante todo políticas. 
La crisis de este verano, en su totalidad, a pesar de que sus manifestaciones han sido económicas, es en primer lugar una crisis política. 
Rusia no sufre un exceso de reformas, sino que las reformas no se han hecho porque el sistema político se ha opuesto. 
En efecto, el poder ruso pone frente a frente, desde 1992, la legitimidad del Presidente y la de la Duma, resultantes ambas del sufragio universal. 
Para remediarlo, la Constitución de 1993 dotó al Presidente de un poder considerable y dejó en manos de la Duma el poder de bloquear todas las decisiones y todas las reformas. 
Este bloqueo sistemático de las reformas, y especialmente de la reforma fiscal y de la reforma de la propiedad de la tierra, ha tenido efectos desastrosos. 
Al rechazar la reforma fiscal, la Duma ha privado al Estado de los medios para aumentar los impuestos, o sea: de funcionar, y un Estado sin medios financieros no existe. 
Rusia tiene un Presidente poderoso al frente de un Estado fantasma. 
¿Qué es la democracia sin Estado? 
Segunda reforma, que sigue rechazándose: la de la propiedad de la tierra. 
Esto ha bloqueado el desarrollo de la agricultura privada en Rusia, y por eso el gobierno ha tenido que importar para poder alimentar a su población, lo que resulta absurdo en un Estado que cuenta con posibilidades agrícolas considerables. 
Hoy se ha declarado en suspensión de pagos, ya no puede hacerlo. 
Si en Rusia hay una hambruna, no será por las reformas, sino porque éstas no se han realizado. 
La crisis política, generada por la parálisis del Poder ejecutivo, no se ha originado el último verano. 
Nada se ha hecho para impedirla. 
Simplemente, la crisis asiática la ha precipitado, así como la caída de los precios de las materias primas, cuya venta procuraba a Rusia lo esencial de sus recursos. 
Pero las crisis políticas, si bien resultan peligrosas, cuando no desembocan en una catástrofe pueden ser beneficiosas. 
Esto es quizá lo que hoy ocurre en Rusia. 
A pesar de que existe una situación doblemente peligrosa, una población que ya no confía en quienes la gobiernan ni en la política, a pesar de ser un país que se está fragmentando, en que las regiones se encierran en sí mismas porque no hay Estado y porque existe la amenaza de un estallido, a pesar de ello, Rusia no ha sucumbido a los desórdenes callejeros, a la anarquía o a una aventura política guiada por un aprendiz de dictador. 
El acuerdo realizado entre Yeltsin y la Duma sobre el nombramiento de Primakov ha frenado la crisis, al menos por el momento. 
Está naciendo un nuevo equilibrio de los poderes. 
Por primera vez, el Jefe del gobierno posee una legitimidad propia, y la Duma, que se la ha otorgado, no puede dejar de apoyarlo, aun cuando los comunistas no tienen prisa por participar. 
El Presidente ha debido ceder implícitamente una parte de su poder. 
Por lo tanto, se perfila un sistema político más equilibrado, más democrático. 
Es imprescindible que éste entre en el marco de la Constitución, lo que acabará con las luchas estériles que enfrentan a cada centro de poder contra el otro, paralizándolo. 
Los comunistas participarán en el gobierno, lo cual no significa que cojan las riendas del mismo. 
Significa solamente que ya no podrán limitarse a criticar y a bloquear. 
Y, ayer, el nombramiento de un Vice-Primer Ministro reformador, Alexander Shokhin, demuestra que Primakov no es simplemente, como se ha dicho, un jefe de la KGB, sino un hombre con autoridad que no es rehén de la Duma. 
En Rusia nadie puede volverse atrás, ni siquiera Yuzhanov, pero todos los rusos saben que en la crisis actual todo el mundo debe participar en el cambio democrático, todo el mundo, incluso los comunistas. 
Esto es lo que hay que entender para ayudar a Rusia en el momento oportuno, y no repartir ayudas de forma totalmente incontrolada. 
Señor Presidente, dos componentes de la misma economía mundial, la economía real y la economía de papel, transcurren por dos caminos distintos. 
La economía de papel es una economía de burbuja, etérea, lo que John Maynard denominó capitalismo de casino. 
El mundo es un casino electrónico donde las fichas de las apuestas son los activos bursátiles. 
En el mundo se mueven cada día fondos por un valor sesenta veces superior al que se necesita para realizar los pagos del comercio mundial. 
Por este motivo es inestable la economía mundial. 
Con el objetivo de obtener cuantiosas ganancias, los bancos y el resto de los apostantes de este casino mundial invirtieron por vía electrónica dinero en el Lejano Oriente, en Rusia y en América Latina. 
Estos fondos fueron objeto de un uso inapropiado, y los mercados de capitales fueron víctimas de la inflación. 
El estallido de esta economía de burbuja puede terminar en una deflación a escala mundial. 
El desplome asiático se ha pagado con fondos del FMI. 
Estos fondos no son ya suficientes para más destinatarios. 
A través del FMI, nos hemos convertido todos obligatoriamente en contribuyentes. 
El FMI pide ahora a sus Estados miembros un aumento de sus cotizaciones y un acuerdo especial a la NAB. 
Me pregunto a quién estamos salvando con el dinero del FMI. 
Y me respondo que a los especuladores, a los apostantes de casinos y a los bandidos. 
Los bancos occidentales, con los alemanes a la cabeza, han podido llegar a invertir en Rusia cien mil millones de ecus, dinero éste que los mafiosos de la economía rusa han reciclado e ingresado a su nombre de nuevo en Occidente. 
La deuda permanece en Rusia, y el dinero ha vuelto a Occidente. 
Socializando internacionalmente la deuda rusa, ¿deben los países occidentales mantener en el poder a aquellas personas que esclavizan a su pueblo con dinero y televisión? 
¿Debe Occidente salvar al Presidente en nombre de una política de reformas que ha recibido ya la condena por parte del pueblo ruso? 
La pobreza, la desesperación y el hambre son los jueces de la historia. 
Lo que ahora es necesario en Europa es un renacer de los planteamientos izquierdistas. 
La derecha ya ha quemado sus opciones y sus puntos de vista para salir de esta crisis. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora representante del Consejo, Rusia en un ejemplo clásico de que un proceso de transformaciones económicas tiene que estar íntimamente unido a los éxitos de un desarrollo democrático. 
Con el tiroteo del Parlamento que tuvo lugar en Moscú en 1993, se hirió en tal medida a la democracia que hasta hoy no ha recuperado la necesaria credibilidad en la población. 
Occidente ha ignorado este hecho y ha seguido apostando por Yeltsin como garante de la democracia. 
Pero la realidad en Rusia es otra. 
La realidad es un 80 % de economía sumergida y que los conceptos neoliberales de occidente han fracasado ante la realidad rusa. 
Es un error creer que Rusia solamente tiene que aplicar con rapidez las reformas deseadas desde hace siete años por el FMI y el Banco Mundial y que entonces todo se solucionará. 
Pero ¿cómo, si el orden estatal está hundido? 
La parte de la población que vive bajo el mínimo existencial ha alcanzado ya hace tiempo a las capas medias. Ante el invierno que se avecina, las personas solamente se fían de si mismas y no de las grandes palabras de políticos del interior y del extranjero. 
Esta profunda crisis de confianza impide actualmente que tenga lugar una construcción democrática. 
Tengo la sensación de que hay políticos occidentales que están menos interesados en estos hechos que en los proveedores de yogur y queso occidentales que han perdido un mercado y que en Rotterdam se apilen los contenedores. 
Pero las relaciones económicas occidentales deberían configurarse de tal modo que apoyen un sistema económico estable con condiciones ecológicas y sociales y que no socaven los esfuerzos de transformación en Rusia. 
El apoyo occidental tiene por ello la gran tarea de contribuir a superar esta profunda crisis de confianza y de considerar a la reconstrucción del sistema de seguridad social y al fortalecimiento de la democracia como aspectos centrales del mismo valor. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, hablaré, a mi vez, de Rusia, ya que mi colega Henri de Lassus intervendrá sobre la crisis financiera asiática. 
Rusia atraviesa un período extremadamente difícil; nadie puede negarlo. 
La crisis económica, financiera y social es de proporciones tales que puede hablarse de bancarrota. 
También existe una crisis política: pérdida de autoridad del Presidente Yeltsin, dificultad para encontrar un Primer Ministro, oposición paralizadora entre la Duma y el Ejecutivo, etcétera. 
No obstante, hay que señalar que la crisis política, por más grave que ésta sea, hasta ahora se ha desarrollado en el marco institucional y que las reglas constitucionales siguen respetándose. 
En este país de tradiciones democráticas todavía débiles, se trata de un punto nada despreciable, que nosotros debemos subrayar y alentar. 
Frente a esta crisis de múltiples facetas, es necesario recordar, o reexaminar, nuestra política para con Rusia. 
Cualquier vacilación por parte de la Unión podría tener consecuencias nefastas en la Federación de Rusia, a pesar de que es evidente que el futuro de Rusia está esencialmente en manos de los propios rusos, y saludo, en la tribuna de invitados, a los miembros de una delegación de diputados de la Duma. 
En primer lugar, expreso mi agrado porque nadie prevé un abandono hacia este gran vecino e importante socio. 
En efecto, creo profundamente en la necesidad de continuar, por todos los medios posibles e imaginables, nuestra cooperación y nuestra ayuda. 
El pueblo ruso necesita sentir que la familia europea le comprende y le ayuda. 
Sería muy fácil para los extremistas nacionalistas rusos presentar a la Unión Europea como una organización de ricos egoístas, que se avienen muy bien con las desgracias de Rusia, ¡y sería muy peligroso! 
Procuremos que nuestra actitud jamás pueda prestarse a esta interpretación, que podría desencadenar en Rusia las peores reacciones xenófobas. 
Por eso, nuestra cooperación y nuestra ayuda deben mejorarse. 
El Presidente Santer acaba, por otra parte, de reconocerlo, así como muchos colegas. 
No es la primera vez que los diputados europeos manifiestan sus reservas, incluso sus críticas, no sólo frente a la política que aplica el FMI, el Banco Mundial y los occidentales, en general, sino también ante la política que aplica la Unión Europea, por ejemplo, con el programa TACIS. 
Para ser breve, por falta de tiempo, diré que a menudo hemos alentado la aplicación de una economía de mercado- lo cual está bien -, pero suponiendo que las bases de la sociedad rusa eran suficientes para aplicar y hacer funcionar dicha economía de libre mercado. 
Rusia no es ni Polonia, ni Hungría, ni Checoslovaquia, etcétera. 
Por razones históricas, que nunca habría que olvidar, Rusia no disponía, en 1991, de los fundamentos de un verdadero Estado de derecho, ni de las mentalidades ni del civismo necesarios para evitar que el libre mercado se convirtiera en una jungla donde todo está permitido, sin ningún freno, incluyendo, y en gran medida, los métodos mafiosos. 
Reformas básicas, como el funcionamiento correcto de un verdadero sistema fiscal, como el reparto de las tierras, como el respeto de los compromisos y de los contratos, como un Derecho social y una protección social mínimos, no constituyen logros sobre los cuales pueden construirse las sutiles reformas que pide occidente; estas reformas básicas aún están pendientes, así como una transformación de las mentalidades. 
Hacia eso, señor Presidente, debemos esencialmente movilizar nuestros consejos y nuestras ayudas, esperando que el Gobierno Primakov pueda salir adelante frente al enorme reto que pesa sobre sus espaldas. 
Señor Presidente, el Sr. de Silguy nos anunciaba aquí, en enero, que el efecto de la crisis asiática en nuestras economías sería totalmente marginal. 
El " pararrayos» de un euro en potencia bastaría para alejarnos, como por arte de magia, de cualquier turbulencia. 
Hemos tenido que desengañarnos, y aún tenemos pendientes, sin duda, los plazos más temibles. 
El Sr. Santer ha sacado hoy a colación el mismo escudo, sin duda alguna inoxidable, a propósito de la crisis rusa. 
Siempre gracias al euro en constante devenir, seríamos, en cierto modo, ignífugos. 
¿Acaso no es muy presuntuoso profetizar de este modo que el " crac» ruso, que no hemos sabido prevenir, no tendrá incidencias profundas en nuestro desarrollo económico y monetario? 
No, no hay que disimular la amplitud de la crisis; sus causas inmediatas deben, por otro lado, identificarse correctamente, y sobre todo la singular responsabilidad de un Parlamento que, dominado por los comunistas, ha bloqueado la elaboración del marco legislativo indispensable para la instauración de un Estado de derecho. 
Sí, los bancos rusos, débiles y atomizados, han sido imprudentes. 
Al haberse endeudado en dólares, con depósitos en rublos, hoy ya no pueden satisfacer sus obligaciones internas y externas. 
Han perdido la confianza de los ahorradores y de los inversores. 
Víctimas de una rigidez monetaria excesiva, los bancos han sido el medio para una evasión monetaria colosal y han alimentado redes internacionales de corrupción, que, al parecer, han absorbido buena parte de la ayuda occidental. 
¿Pero de quién es la culpa sino ante todo de una Duma que no ha facilitado al sistema bancario la implementación de un marco legislativo necesario para su funcionamiento? 
¿Y quién puede pretender que la implosión del sistema bancario ruso no tendrá incidencias graves en el nuestro? 
Si hoy el Estado es impotente, incapaz de pagar regularmente a sus funcionarios, ¿ello no se debe en primer lugar porque la Duma se ha negado a aprobar el código fiscal y ha paralizado con una montaña de enmiendas el proyecto de sistema fiscal? 
Privado de los recursos impositivos y, por tanto, de los medios para actuar, el Estado asiste, impotente, a la fragmentación del país, dejando que las feudalidades regionales y las redes mafiosas capten el poder real. 
El Sr. Primakov debe enfrentarse a dos retos considerables: restaurar la autoridad del Estado y la unidad del país. 
Si un pueblo europeo, el pueblo ruso, sufre la amenaza de conocer el próximo invierno una verdadera hambruna, en vísperas del año 2000, ¿acaso ello no obedece ante todo a que su agricultura no ha podido desarrollarse debido al bloqueo total por la Duma de la legislación sobre la propiedad de la tierra? 
Para alimentar a una población que vive en las mejores tierras del mundo, Rusia tiene entonces que importar masivamente productos alimenticios, que nosotros producimos, pero que hoy es prácticamente incapaz de pagar. 
¿Eso no tendrá incidencias graves, en particular en nuestra industria agroalimentaria? 
Por lo tanto, ya es hora de revisar de arriba abajo el esquema erróneo que hemos aplicado hasta ahora. 
Dejemos de vociferar " la reforma, la reforma» , dejemos de despilfarrar el dinero de nuestros contribuyentes en programas de ayuda, de los que no se nos proporciona ninguna evaluación; ayudemos, en cambio, seria y masivamente a Rusia a formar al nuevo personal dirigente, competente y honesto, que Rusia necesita urgentemente para restaurar la autoridad del Estado, para hacer que la administración funcione y para reactivar la economía. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, señor diputado de la Duma rusa, en mi condición de presidente de la delegación para Rusia le puedo asegurar que este Parlamento sigue continuamente muy de cerca la evolución en Rusia. 
Lamentablemente, en las últimas semanas y meses se ha demostrado como errónea la impresión y defraudado la esperanza de que las reformas habían comenzado a surtir efectos. 
Un suspiro de tranquilidad pasó por Rusia y por el mundo occidental cuando nuestros colegas de la Duma, con la elección unánime de Jevgeni Primakov como Jefe de Gobierno dieron el primer paso para salir de la crisis política. 
Pero esta crisis política no es más que un reflejo y un síntoma de la crisis estructural que impera en todo el país. 
El auténtico problema consiste en que no se ha marcado el rumbo a seguir para un nuevo comienzo de la economía rusa. 
A la economía rusa le falta el esqueleto. 
Con las medidas actuales no se ha logrado crear un nuevo marco jurídico para la actividad económica. 
No existen unas condiciones fiables en las que las empresas puedan fiarse. 
Queda fuera de toda duda que unas regulaciones insuficientes en el campo fiscal y bancario, así como también en el de la adquisición de inmuebles, han contribuido a la desolada situación actual. 
Además, como faltan las condiciones para el desarrollo de una coyuntura, sólo algunos grupos de la sociedad rusa han podido participar en el actual proceso de reformas. 
Las medidas actuales han aportado una mejora palpable de las condiciones de vida solamente a unas pocas personas. 
Demasiadas personas viven en Rusia en la más amarga pobreza. 
Para el futuro desarrollo de Rusia es de importancia esencial que bajo el nuevo Presidente de Consejo de Ministros se forme un Gobierno estable que tenga el respaldo del Parlamento. 
Sólo bajo estas condiciones, el nuevo Gobierno ruso logrará superar la parálisis del sistema político y emprender las necesarias reformas que hoy son más necesarias que nunca. 
Como saben, actualmente está reuniéndose aquí en Estrasburgo la Comisión parlamentaria de Cooperación que dirigimos mi colega Vladimir Rischkov y yo desde la entrada en vigor del Acuerdo de Colaboración y Cooperación. 
En este marco quiero asegurar a nuestros interlocutores rusos el apoyo de la Unión Europea. 
Precisamente nosotros, como Parlamento Europeo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para apoyar las posteriores reformas prosiguiendo nuestro ya acostumbrado diálogo constructivo con nuestros colegas de la Duma. 
Sin embargo, también tenemos que recapacitar si el programa TACIS es suficiente en su forma actual para atender las exigencias de la situación en Rusia. 
Estimados colegas de la Duma, quiero también instarles a que en las próximas semanas y meses coloquen en el punto más alto de sus esfuerzos la responsabilidad por su país y que realicen su aportación para solucionar los problemas. 
Aquí se incluye en especial que aprueben con rapidez los más que necesarios proyectos legislativos. 
En ustedes radica ahora crear el marco jurídico para la economía que necesita tan urgentemente su país. 
En este sentido, deseo al pueblo ruso que sus políticos les dirijan a un nuevo y mejor milenio. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señores comisarios, recién iniciado el verano, seguíamos todavía gozando de una excelente salud económica y en poco tiempo un viento procedente del Océano Pacífico nos traslada la gripe asiática, contagia a Norteamérica, rebota en Sudamérica y nos deja temblando a todo el planeta. 
Pongo de momento a un lado Rusia, que ya con anterioridad daba signos de debilidad. 
Pero, ¿cuál es la causa de este colapso mundial? 
Ya hemos empezado a escuchar profundas explicaciones de las causas- diagnósticos que normalmente se conocen a posteriori-. 
Pero el problema resulta ser repetitivo. 
A pesar de los importantes avances en todos los ámbitos de las tecnologías, todavía los pronósticos en este campo no funcionan y nos enteramos normalmente cuando ya han llegado y los tenemos presentes. 
Parece que por el momento las perspectivas económicas en Europa continúan bastante bien, a excepción de los negocios muy ligados con países tales como Hispanoamérica, Japón y Rusia. 
Ayer, precisamente, en el marco de la Delegación para las Relaciones con Rusia, escuchamos a los representantes de la Duma- a los que saludo desde aquí deseándoles los mayores éxitos en la difícil tarea que tienen por delante- acerca del estado actual de la situación, que no es precisamente un problema de crisis financiera sino que la crisis es consecuencia de la ausencia total de orden, estructura, marco fiscal y un largo etcétera de carencias. 
Un país con la riqueza de Rusia es incomprensible que esté en la más profunda de las bancarrotas. 
Es obligado prestarles todos nuestros métodos y sistemas para ayudarles a salir adelante. 
Pero no capitales que nadie sabe a qué bolsillos pueden ir a parar. 
Hago una llamada de atención a la ayuda humanitaria que pueda aportar un alivio contra el hambre ya que, como ayer decía un colega finlandés en la reunión a la que antes he hecho referencia, no es descartable que la frontera con Finlandia pueda verse ocupada por rusos empujados por el hambre. 
En cualquier caso, en tiempos de turbación, la mejor receta es no acomplejarse. 
Sigamos utilizando los mejores caminos que tiene la economía y que consiste en un comercio liberalizado y un marco mundial de inversiones bajo instituciones internacionales tales como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
Este marco es en el que debemos profundizar y perseverar. 
Señor Presidente, doy la bienvenida a la delegación de la Duma. 
He escuchado muchos buenos consejos a la intención del Parlamento y del nuevo Gobierno de Rusia. 
¿Y acaso la propia Europa no tiene que sacar enseñanzas de la crisis financiera que no ha cesado de agudizarse desde mayo de 1997? 
No nos tranquilicemos tan fácilmente. 
La situación económica y social de nuestros propios países no saldrá indemne de una disminución sostenida del crecimiento mundial. 
Por lo tanto, hay que reaccionar. 
Ahí es donde les aprieta el zapato a los defensores de la ortodoxia monetarista. 
Recuperar el crecimiento significa liberarse, en parte, de la obsesión del supuesto peligro inflacionista y de las políticas monetarias y presupuestarias ultrarestrictivas. 
El orden internacional ha cambiado. 
Sería irresponsable no tenerlo en cuenta. 
Incluso el G7 acaba de tomar en consideración, por primera vez, anteayer, esta evidencia. 
Su comunicado afirma que la naturaleza de los riesgos en la economía mundial se ha modificado. 
La inflación es débil- subraya- y da un toque de atención sobre la disminución de la demanda. 
La prensa económica ha visto en estas declaraciones un comunicado sorpresa, una iniciativa espectacular que refuerza, según ésta, la hipótesis de una distensión monetaria concertada. 
Ahora bien, entre los siete, hay cuatro países de la Unión, tres de los cuales- y no de los menos importantes- pertenecen a la futura zona " euro». 
Sería lógico que Europa tomara, a su vez, una de estas iniciativas espectaculares y reorientara sus prioridades en beneficio de una recuperación del crecimiento real. 
Pero hoy no es esta la actitud del Banco Central Europeo. 
Su Presidente, el Sr. Duisenberg, también acaba de reconocer " que el entorno económico y financiero global de la futura zona ʼeuro´ se ha degradado claramente y que la crisis actual frenará, sin ninguna duda, el crecimiento». 
Pero lo hace para reiterar a continuación su único credo: la disciplina presupuestaria. 
Frente a una contradicción de esta naturaleza y en razón de la gravedad excepcional de los retos, propongo, señor Presidente, que el Parlamento pida al Presidente del BCE que acuda a explicarse ante nosotros. 
El Parlamento Europeo desempeñaría su papel ejerciendo un control democrático de dicha institución y poniendo de relieve durante un debate su propia visión de las cosas, en nombre de las ciudadanas y de los ciudadanos que nos han elegido. 
Señor Presidente, el señor Santer tiene sin duda razón en un punto. No hay marcha atrás. 
Se buscan nuevas formas de regulación global del "global governance» , de renovación de una economía de mercado regulada en la que los adjetivos" social» y " ecológica» no sean un mero deseo, pues sólo de este modo se puede evitar que precisamente las economías nacionales más débiles se conviertan continuamente en la válvula de escape de una crisis estructural global de la economía mundial. 
Clinton, que sigue haciendo política, busca los puntos fuertes del sistema financiero internacional. 
Incluso altos representantes del FMI hablan de la necesidad de introducir controles en el tráfico de capitales como elemento central de una nueva arquitectura financiera internacional. 
El G7 habla de nuevo, tal como el colega Wurtz acaba de decir, de la reactivación de la demanda efectiva. 
En resumen, hoy se trata de una regulación social-ecológica de la economía mundial como denominador común de un bien entendido interés propio de una Europa fortalecida por un euro correctamente implementado y de los intereses actualmente repetidamente violados de los pueblos que no se dejan utilizar a corto plazo precisamente como acumulación de capital. 
Para ello necesitamos programas de transición hechos a medida, asentados en el necesario amplio consenso social y político en base a un compromiso histórico, en lugar de una política de adaptación estructural destructiva económica y socialmente. 
Hoy tenemos la oportunidad de que para la gran mayoría de la Humanidad termine el triste capítulo de capitalismo neoliberal de casino sin una quiebra generalizada y de reducir controladamente esta excrecencia sin dejar que explote. 
Señor Presidente, el Grupo de Coalición Radical Europea no ha deseado asociarse al proyecto de resolución común sobre la crisis económica y financiera mundial, que se votará mañana por la mañana. 
Considera, en efecto, que esta resolución es poco significativa en relación con las capacidades y las responsabilidades actuales de la Unión Europea. 
Frente a una crisis que azota al conjunto de Asia, Rusia y América Latina, tenemos derecho a esperar que nuestro Parlamento apruebe propuestas más amplias y concretas. 
Nos felicitamos por la solidez del euro, un euro creado para dar coherencia y estabilidad al entorno monetario de los países europeos. 
El euro se apoya en economías potentes, organizadas y controladas. 
Las administraciones de los Estados miembros, a pesar a veces de nuestras críticas, son administraciones capaces, que asumen la casi totalidad de las operaciones. 
Nuestras instituciones se han constituido lentamente y son apoyadas de manera clara y democrática por el conjunto de los pueblos de la Unión. 
Por eso el euro es fundamentalmente estable y sólido. 
Rusia y la mayoría de las economías emergentes poseen, por su parte, instituciones que, por desgracia, son frágiles, recientes, y sin una base democrática demasiado sólida. 
Sus administraciones parecen estar muy afectadas por la corrupción. 
Éstas no gobiernan sino una parte de la actividad económica, ya que el resto queda librado a las economías paralelas o mafiosas, que se aprovechan de los impulsos financieros que la comunidad internacional da a estos países. 
Sin embargo, las instituciones como el Fondo Monetario Internacional continúan concediendo créditos a estos Estados, exigiéndoles que pongan orden en sus economías o en sus instituciones, sin tener los medios para realmente hacerse oír y dejando que se las relegue a una posición defensiva, en que conviene seguir concediendo préstamos sin tener esperanzas de que sean devueltos, por temor de que se produzcan desórdenes aún más irreparables. 
Frente a estos problemas, en la resolución propuesta nos limitamos a exigir una reforma de las instituciones financieras internacionales, sin decir de donde deben extraer su fuerza y dando a entender que pueden seguir teniendo un carácter simplemente tecnocrático. 
Hubiésemos querido que se señalara claramente que la prosecución de la mundialización de los intercambios suponía la creación de una organización financiera mundial de regulación y de control, apoyada en un soporte democrático real. 
Hubiésemos querido- y esta es la finalidad de nuestra enmienda- que se hiciera constar el relativo fracaso del Fondo Monetario Internacional cada vez que éste se dirige a gobiernos y administraciones que están mal preparados respecto a los mecanismos de la economía de mercado, debido a que éste no toma en consideración la incidencia devastadora de las economías paralelas y no evalúa las consecuencias sociales de las medidas que propone. 
Hubiésemos querido- esta es la finalidad de nuestra enmienda- que se estableciera un procedimiento plausible de regulación de los movimientos de capitales, concretamente mediante la creación de un impuesto internacional sobre dichos intercambios. 
El vigor de las observaciones efectuadas esta misma mañana por el Presidente Santer sobre la cuestión concreta de la situación de las instituciones y de la economía rusa demuestra la gravedad de los problemas que planteamos. 
Sólo una posición política muy enérgica de la Unión Europea es capaz de transformar la crisis actual en una etapa útil hacia el progreso mundial. 
Nosotros deseamos que en cada país afectado se evalúe el margen existente con miras a una economía social de mercado, en función de la capacidad institucional de dichos países para enmarcarla y reglamentarla. 
El papel de la Unión es ayudar a acelerar la ascensión de los Estados de derecho y de las instituciones democráticas necesarias para la vitalidad de las nuevas economías de mercado. 
Este es para nosotros el papel que los pueblos del mundo esperan que desempeñemos. 
Señor Presidente, saludo en primer lugar a la delegación de la Duma de Rusia, aquí presente, en Estrasburgo, y para empezar deseo denunciar la hipocresía de occidente con respecto a sus relaciones con Rusia. 
Oficialmente, claro está, se trata de amistad, como hemos oído esta mañana. 
En realidad, me temo que sea otra cosa. 
El gran historiador de la antigüedad griega, Tucídides, decía que el poder político tenía generalmente tres motivaciones: el interés, el miedo y la vanidad. 
La vanidad occidental resulta evidente. 
Para nosotros, en occidente se trata muy a menudo de riqueza y de derechos humanos, e incitamos a nuestros amigos rusos a imitarnos, como si nosotros perteneciéramos a una esencia superior. 
El temor occidental frente a Rusia, a pesar de que a menudo se oculta, es perfectamente real. 
La esperanza consiste, naturalmente, en acabar con su fuerza militar y desmembrar progresivamente este inmenso territorio. 
El interés sigue siendo la motivación esencial. 
Se trata de colonizar económicamente a Rusia mediante la aplicación de recetas occidentales. 
En occidente existen poderosos intereses que incitan, evidentemente, a orientarse en este sentido. 
Estos intereses son los mismos que aquellos que incitan a la integración transatlántica, que lleva a Europa a aceptar una situación eternamente subordinada a la superpotencia norteamericana. 
Esta es la verdadera realidad de las cosas. 
Sin embargo, la cooperación y la amistad entre Europa y Rusia son más que nunca necesarias. 
Pero esta cooperación no podrá revestir la forma de intervenciones financieras costosas e ineficaces, como se ha podido comprobar en el pasado. 
Es en la propia Rusia donde la economía rusa deberá encontrar soluciones, y la crisis económica en ningún caso podrá resolverse sin tener en cuenta la condición política previa, como es el fin de la anarquía. 
Esta anarquía es la que impide la creación de un verdadero Estado de derecho basado en el respeto del derecho de propiedad. 
Rusia conoce ante todo una crisis de autoridad, sobre todo porque el poder ha ignorado demasiado al pueblo. 
El Kremlin no debe seguir ignorando a la mayoría patriótica en la Duma, ya que el Estado sólo tendrá autoridad si respeta los intereses del pueblo ruso representado por su Asamblea parlamentaria. 
La reforma en Rusia no es un problema técnico, sino un problema político. 
Rusia necesita un Estado fuerte- repito, un Estado fuerte- porque está arraigada en las tradiciones de su pueblo, que son, evidentemente, tradiciones nacionales, pero también tradiciones espirituales, como son las de la Iglesia ortodoxa. 
La emergencia de esta Rusia fuerte también nos interesa, aunque nada más fuese para equilibrar la dominación de la superpotencia norteamericana, que ganó- no nos olvidemos de ello- tres guerras mundiales: la primera, la segunda y también la " guerra fría». 
Todo lo demás, en realidad, no es más que palabrería desconectada de la realidad rusa, y refleja los intereses egoístas de las multinacionales occidentales. 
Por eso, deseo que Rusia encuentre por sí misma su vía. 
Presidente, es muy tentador responsabilizar de los problemas en Rusia a la crisis financiera internacional. 
Podría ser una justificación para el nuevo Gobierno ruso, que contiene elementos de un pasado por lo visto sin superar. 
Pero las soluciones antiguas no son una respuesta a los nuevos problemas económicos. 
La crisis rusa, ya que todavía no se ha solucionado, es ante todo política y es la consecuencia de una farsa política en la que las auténticas reformas necesarias se han quedado sin hacer. 
La población rusa paga ahora por ello un alto precio. 
Nuestra ayuda en los años pasados lamentablemente no ha contribuido a un auténtico progreso. 
Las previsiones y la discusión sobre lo que pasa ahora en Rusia me producen también cierta tristeza. 
Eso sirve también para la advertencia del Gobierno ruso que estima acaso la necesidad de hacer rodar las prensas de dinero para proveer a las personas de los medios financieros necesarios. 
Eso conduce, como sabemos, a una situación en la que los problemas económicos sólo conseguirán hacerse más grandes, por ejemplo en la forma de la hiperinflación. 
Nuestra influencia en el desarrollo de los acontecimientos es más bien limitada, pero nuestros intereses son grandes. 
No tanto económicos- eso ya lo han constatado muchos -, como políticos. 
Sin embargo, no debemos volver a apostar al caballo erróneo, sino aferrarnos a nuestra postura de contenido con respecto a las reformas económicas en Rusia. 
En ese sentido deberá ser juzgado el nuevo Gobierno y además se trata de la estabilidad, de la creación de mayor confianza y de la elaboración de una economía de mercado social que funcione dentro de una estructura estatal que sea sólida. 
Rusia todavía debe poner en orden su casa. 
A eso estaba dirigido nuestro apoyo y así seguirá siendo. 
Rusia, de hecho, todavía debe encontrar su lugar en el mundo económico internacional. 
Creo que es importante constatar que queremos seguir ayudando con los instrumentos que tiene a su disposición la Unión Europea, pero la respuesta a la pregunta de si podemos ayudar está en manos rusas. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, hace diez años y medio se produjo la catástrofe nuclear de Chernobil. Esto marcó el fin del comunismo y el comienzo de la perestroika. 
Hoy somos testigos en parte también desde un punto de vista político-personal de un retorno de la perestroika en Moscú. 
Rusia reaccionó entonces ante la catástrofe recubriendo y aislando a Chernobil. 
Hoy somos testigos de un Chernobil económico y también político en Rusia, pero no podemos reaccionar con recubrimiento y aislamiento. 
Lo que hace falta es una Rusia abierta, estable, democrática y orientada a una economía social de mercado. 
No se puede dar marcha atrás a la rueda de la Historia y corregir los nuevos errores recurriendo a antiguos errores. 
La buena voluntad de la Unión Europea está presente pero las posibilidades de influir deben valorarse con realismo. 
Hoy están presentes representantes de la Duma y ayer el Vicepresidente de la Duma nos dijo que siguen existiendo fuerzas reformistas que quieren seguir en el rumbo iniciado. Esto es tranquilizador, pero puede ocurrir lo que hasta ahora no ha ocurrido, a saber, imprimir dinero. 
La cuestión no es tanto cuál va a ser la composición de este Gobierno sino qué influencia van a tener y conservar los miembros de este Gobierno sobre la reforma en Rusia. 
Lo que nos preocupa está claro. 
El Partido Comunista de Rusia sigue siendo fuerte. 
Al contrario que los partidos comunistas en la Europa central y oriental no ha iniciado un proceso de socialdemocratización. 
Lo que no queremos es una descomposición ni dispersión del Estado central ruso en un sinnúmero de fuerzas regionales. 
Pero lo que tampoco queremos es un retorno eventual o la asunción del poder por parte de militares déspotas. 
Tampoco se puede excluir este peligro. 
Por ello, necesitamos un fortalecimiento de las instituciones democráticas, sobre todo de las instituciones de Estado de derecho en Rusia. 
Enviar solamente dinero sería erróneo pues llegaría a los destinatarios erróneos. 
Pero lo que es especialmente importante ante esta situación y sobre lo que aún no se ha hablado es que, ante la evolución en Rusia, se debe impulsar sin demora la ampliación de la Unión Europea para estabilizar el núcleo de la Europa central y que esta estabilización influya también sobre la situación en Rusia. 
Señor Presidente, como dijo Santer, el elemento más importante del debate de hoy es que Rusia y la UE dependen la una de la otra y que la colaboración entre ambas estabiliza al continente. 
Lejos de renunciar a esta colaboración, tenemos que darle primacía y apoyar una administración legal, una administración local, la sociedad civil y las aduanas. 
Estos también son elementos importantes de la futura política de la Unión en favor de una dimensión nórdica. 
Aunque el debate se refiere a Rusia, no podemos olvidar a Ucrania que ha sufrido lo mismo por la caída de los mercados internacionales. 
Queridos amigos, una persona que sufre es un ser humano, viva donde viva. 
Debemos estar preparados para ayudar en caso de hambruna. 
Sin embargo, tenemos que poder confiar en que la ayuda llegue a su destino y en que no tendremos que pagar derechos de aduana por ella. 
Se ha hablado mucho de FMI. 
No obstante, voy a citar a Grigorij Javlinskij, que hace tiempo previó la crisis que estamos viviendo, que ha dicho " hemos confiado demasiado en Yeltsin». 
Al mismo tiempo también quiero dejar constancia que hoy también aquí se ha nombrado mucho al euro, pero no su significado, especialmente para Finlandia. 
Sin el euro, el marco y la economía finlandesa no estarían tan bien como hoy. 
Señor Presidente, agradezco la intervención que ha tenido la Presidenta en funciones del Consejo, así como la del Presidente de la Comisión. 
Hay datos realmente preocupantes que debían haber sido tomados en consideración anteriormente. 
Vivo en una región, en Murcia y Alicante, en España, que desde hace años se caracteriza por el desembarco de mafias rusas llenas de dólares traídos clandestinamente para blanquearlos en nuestra región, lo que es una prueba del fracaso de la reforma de las instituciones rusas emprendida por Yeltsin. 
Sin embargo, Occidente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, el G7, han apoyado continuamente la eufemísticamente llamada «reforma» , que año tras año demostraba una ineficacia que Occidente no percibía, cegado por el fundamentalismo neoliberal. 
Hay otros datos sanitarios que también son preocupantes: aumento de la tasa de mortalidad, aumento de la tasa de mortalidad infantil, de morbilidad, de epidemias, penuria de hospitales, que indican un retroceso peligroso, social, en Rusia. 
En la región de Murcia también sufrimos las consecuencias de la crisis debido al hundimiento del sector porcino, que- por cierto- debería recibir ayudas de la Unión Europea. 
Sin embargo, cuando los representantes democráticos del pueblo, la Duma, se enfrentan a Yeltsin, Occidente- la Unión Europea- apoya a éste en contra de esa voz democrática. 
Es increíble esa dicotomía, esa esquizofrenia de Occidente, que apoya el autoritarismo y no favorece la democracia. 
En concreto, el Partido Comunista ruso ha hecho, con otras fuerzas en Rusia, esfuerzos importantes para garantizar las reformas y la democracia. 
Por ello pienso que es importante que la Unión Europea apoye esta vía democrática rusa y que, al mismo tiempo, facilite la necesaria ayuda humanitaria que tan importante va a ser en los próximos meses. 
Señor Presidente, desearía llamar la atención acerca del modo en que se ha producido el acercamiento de la Unión Europea y de la comunidad internacional a la situación rusa. 
Se ha afirmado que Rusia debe continuar con la liberalización del mercado y proseguir la vía de la privatización. 
Parece como si se previniera que no es posible elegir otro camino que el que ya se ha emprendido. 
Entonces, ¿cómo deben actuar de aquí en adelante? 
¿Deben continuar la línea de actuación que ha originado la catástrofe y la caótica situación actuales? 
El problema de la liberalización de los mercados es que, si se tienen en cuenta las proporciones desde una perspectiva práctica, en Rusia no existe la suficiente actividad productiva en la que se podría fundamentar el crecimiento de la economía. 
Únicamente hay movimientos de fondos y de capitales de carácter especulativo, basados en la obtención muy rápida de beneficios, lo cual no permite alcanzar los objetivos que considera importantes, entre otros, la Unión Europea. 
Igualmente, la privatización no puede ser tampoco, por sí misma, un remedio en una situación donde el sector privado no funciona de una manera racional desde un punto de vista global, sino que funciona de un modo que imposibilita, por ejemplo, la incorporación de la dimensión social en la economía de mercado. 
Así pues, se extrae la conclusión de que se debe permitir y aprobar un cierto intervencionismo estatal en la economía ante una situación en la que está en juego mucho más que el desplome de la economía; asistimos a un momento que esta sometiendo duramente a prueba todas las estructuras del Estado, las cuales corren un riesgo de desintegración que, desde nuestra perspectiva, sería aún mucho más destructiva que la situación actual. 
La Unión Europea no ha de imponer sus condiciones, eso es inaceptable, sino mantener la cooperación. 
Señor Presidente, se ha dicho casi todo. 
¡Casi! señora Lalumière, si bien hay que ayudar a los rusos- y nadie se opone a ello -, nosotros también necesitamos a los rusos. 
Kosovo y los Balcanes son un peso que tenemos encima. 
Nos amenazan graves peligros. 
¿Y qué hacen los rusos para ayudarnos en este ámbito? 
¿Qué hacen? 
¿Creen ustedes por un instante que el Sr. Milosevic podría continuar provocando a todo occidente, a la Unión, a la UEO e incluso a la OTAN, si no estuviera seguro del apoyo tácito, más o menos disimulado, de Rusia? 
Ayer quedamos sorprendidos cuando el Sr. van den Broek nos dijo que no era de esperar que los Rusos cambiaran en este punto. 
No sé cómo debe calificarse esta actitud. 
Quizá, sea masoquismo. 
¿Vamos a ayudar a Rusia, vamos a seguir pidiendo a nuestros contribuyentes esfuerzos considerables para ayudar a Rusia, y ésta continuaría abandonándonos en una cuestión en la que estamos implicados? 
No es serio. 
Discúlpenme, pero Milosevic debe reírse para sus adentros cuando escucha nuestros discursos. 
Y hago un llamamiento a la Duma: ¡si no cambian, no crean que vamos a continuar! 
Este es el mensaje que hoy aún no he oído en los discursos, que, por otro lado, apoyo totalmente. 
En cuanto a la crisis financiera internacional, ya es hora de olvidarse de Rusia. 
Ahora hay que ocuparse de América Latina. 
Ahí radica el problema. 
Es demasiado tarde para Rusia. 
Rusia ha cometido actos irreparables. 
Ha acabado con su crédito internacional. 
Ha renunciado literalmente a pagar sus deudas. 
En el futuro debemos interesarnos por aquellos países que aún pueden utilizar nuestro dinero, y es una lástima que sea el Sr. Clinton, a pesar de las dificultades que atraviesa, quien haya tomado la iniciativa que nosotros tendríamos que haber tomado. 
Señor Presidente, la gravedad de la crisis financiera, con incidencias particulares en Asia y en Rusia, pero también en América Latina, justifica que nos ocupemos de ella atentamente. 
Y justifica en particular que Europa afirme una posición propia sobre ella y no sólo determinada por los ecos de las reuniones del G7 y de las reuniones de los Presidentes Clinton y Yeltsin. 
Se trata de una crisis no coyuntural que tiene fundamentos profundos en las orientaciones ultraliberales dominantes a escala planetaria y cuyas consecuencias se dejarán- y se dejan ya- sentir en las economías de nuestros países, con particulares incidencias negativas en el crecimiento, la demanda y el empleo. 
De modo que la inversión de la situación, inseparable de una inversión de las orientaciones ultraliberales favorables a los movimientos especulativos, requiere inevitablemente una mayor atención a los problemas sociales y una reactivación de la demanda interna a fin de garantizar el crecimiento en la base de la reactivación de las inversiones productivas. 
Como también exige una reglamentación eficaz de los movimientos de capitales, con la debida fiscalidad en el ámbito de una adecuada cooperación financiera internacional. 
La crisis en Rusia, a un tiempo política, financiera y social, es inseparable de la crisis mundial. 
Pero tiene, naturalmente, sus particularidades y cobra importancia especial. Tiene claros responsables internos, muy en particular Yeltsin. 
Pero no podemos olvidar las presiones e imposiciones exteriores, sobre todo del FMI y de la propia Unión Europea, de las que se han descartado sistemáticamente las preocupaciones de índole social. 
Seguimos con la mayor atención las evoluciones políticas recientes y los propósitos que se anuncian. 
Y consideramos que la Unión Europea puede y debe llevar a cabo una acción positiva a partir de la consideración de Rusia como un interlocutor privilegiado, abandonando las presiones con vistas a la aplicación de medidas económicas que han resultado inadecuadas, y orientarlas, en cambio, hacia la propia estabilidad en el país y en Europa. 
Hay lecciones que sacar y otros caminos que recorrer. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, tengo que manifestar que estoy mucho más de acuerdo con el análisis global que ha hecho su Señoría que con la intervención del Presidente de la Comisión, que se ha ceñido estrictamente a Rusia. 
Porque en este momento estamos ante una crisis global del capitalismo, y eso no lo ha dicho nadie en la Duma, lo dijo ayer un especulador filántropo, el Sr. Soros, en el Comité de banca de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 
Dado que estamos ante una crisis global, los europeos no debemos preguntarnos cuántos consejos damos a nuestros amigos rusos porque están hoy aquí- y yo les saludo- sino cuál es nuestra responsabilidad y nuestro protagonismo, para lo que disponemos de dos activos: uno, que hemos sido capaces de construir un espacio civilizado de mercado común en 50 años de historia; otro, que el euro es un activo importante incluso antes de nacer. 
Yo creo que, en primer lugar, tenemos que tener protagonismo con los Estados Unidos y con Japón, de quien nadie ha hablado y de quien depende todo en este momento. 
En segundo lugar, creo que también debemos actuar conjuntamente. 
A mí me preocupa que, en estos momentos, Europa esté hablando más a través del G7- no ya el G8- que a través del Ecofin y a través de la Comisión. 
Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que plantear una cumbre sobre la globalización, teniendo en cuenta, como ha dicho acertadamente el Sr. Herman, que, más que ser profetas del pasado, nos tenemos que ocupar de los problemas actuales, y en estos momentos el problema es Brasil, no es Rusia. 
El problema es que las economías latinoamericanas, que habían ido avanzando sus fundamentos en los últimos años, están recibiendo un nuevo impacto negativo. 
Lo que hay que hacer es saber cómo vamos a actuar. 
Y en ese sentido, me gustaría conocer cuáles son los criterios de la Comisión y del Consejo en lo que respecta a nuestra política en relación con el Fondo Monetario Internacional. 
¿Somos partidarios de una acción urgente? 
¿Creemos que hay que reformarlo? 
¿Hay que aportar más fondos? 
Yo creo que son cuestiones muy importantes, porque, si no, lo que hacemos es pagar lo que se llevan los especuladores, tanto aquellos que han creado el capitalismo de rapiña en Rusia como los especuladores internacionales. 
Señor Presidente, Señorías, comparto la opinión del Presidente de la Comisión de que a la hora de enjuiciar la situación en Rusia se tiene que considerar también que, al aportar su ayuda, la Unión Europea quizás no ha hecho todo tan perfectamente como se podría haber hecho, pero somos personas no exentas de error. 
Por otro lado, en base a mi experiencia como miembro de la delegación conjunta del Parlamento Europeo y de la Duma rusa y del Consejo de la Federación, tengo que constatar que desde 1994 mantenemos las mismas conversaciones con los colegas rusos sobre muchas cuestiones de la política de reformas rusa. 
Las mismas conversaciones exactamente sobre los campos en los que en Rusia no ha dado pasos de reforma para que ese país sea atractivo para la economía y las inversiones. 
Comienza con el sistema fiscal, prosigue con el hecho de que no existe un derecho inmobiliario, que hay un sistema bancario y financiero que no funciona y otras muchas cuestiones de importancia. 
Tengo la sensación de que este debate se mantiene desde hace cuatro años y que no se ha llegado a ningún resultado. 
Desde hace mucho tiempo, en Rusia el poder ejecutivo y el legislativo se están bloqueando recíprocamente y sólo me queda desear y esperar que el nuevo Gobierno ruso no tenga que trabajar en el vacío político sino que exista una oportunidad realista de que encuentre también en el Parlamento apoyo por su trabajo. 
Es y sigue siendo una de las tareas esenciales de la delegación del Parlamento Europeo llamar la atención de modo muy concreto en las conversaciones con los colegas de la Duma, sobre dónde existe necesidad de reformas y también criticar la evolución y los acontecimientos políticos en Rusia, no en sentido negativo sino positivo, para que la política de reformas prosiga y se lleve a efecto. 
Creo que esta es la tarea esencial a la que los miembros de este Parlamento nos vamos a ver confrontados durante los próximos días cuando nos reunamos con la delegación rusa. 
Señor Presidente, en mi opinión, es necesario que hagamos un análisis en profundidad de Rusia y que busquemos remedios definitivos para esta situación. 
Tenemos que hacerlo, no aislándonos, sino a través de un diálogo más estrecho con los interlocutores rusos. No debemos repetir los errores que hicimos, es decir, exportar unas recetas. 
Quiero plantear dos cuestiones que me parecen básicas. La primera: ¿en qué medida también nosotros, como Parlamento, como Comisión Europea, como Fondo Monetario Internacional, como organismos internacionales, somos responsables de haber subestimado los factores de la crisis y de haber aceptado o incluso fomentado procesos que fácilmente podían llevar a esta situación? 
Y la segunda: hemos depositado una confianza ilimitada en el liderazgo político y en los procesos económicos que justamente los Sres. Swoboda y Barón acaban de definir como librecambio salvaje y especulación, fingiendo no darnos cuenta de ello en pos de la construcción de una economía de mercado. 
De este modo no se ha creado- aunque era un objetivo justo- una verdadera economía de mercado en ese país, sino que se ha desmantelado el Estado que antes lo era todo, demasiado. Evidentemente, tenía que cambiarse y reformarse, sin embargo, ahora parece aniquilado. 
Sabemos que con frecuencia el empobrecimiento público guarda relación con el enriquecimiento de unos pocos. 
Esto es lo que me parece que está ocurriendo en ese país: el empobrecimiento público es claro, al igual que lo es el enriquecimiento privado de unos pocos. 
En nuestros países lo constatamos a menudo, ya que en estos años ha aumentado el flujo- que por otra parte nos alegra- de turistas rusos que gastan más que lo que los americanos gastaban en los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, existe una pequeña diferencia: los americanos tenían detrás a los Estados Unidos, es decir, una economía sólida, un país fuerte, los rusos en cambio no. 
No sé si es cierto que el 8 % de los ciudadanos rusos pagan impuestos, no obstante, es una prueba significativa del desmantelamiento de un sistema político global y, obviamente, de que no hay vuelta atrás. 
Debemos volver a encontrar, por lo tanto, una salida económica y política seria y duradera y nuestro esfuerzo con los interlocutores rusos deberá centrarse en ofrecer una aportación concreta de cara a mejorar la situación actual. 
Señor Presidente, comparto naturalmente los planteamientos de todos lo que han afirmado durante el debate de hoy que está en peligro el sistema económico mundial. 
Tanto en este Parlamento como en cualquier otra parte del mundo occidental, tenemos el máximo interés en garantizar el mantenimiento y la potenciación de este sistema. 
Pero aquí estamos tratando sobre lo que debemos hacer con Rusia. 
Hemos podido comprobar esta mañana que, con excepción de algunos grupos marginales, la mayoría de esta Cámara opina que Occidente debe contar con un planteamiento coordinado para permitir a Rusia aplicar sus propias reformas económicas, en combinación con una asistencia específica bien orientada. 
En segundo lugar, hemos de mostrar nuestra voluntad para garantizar a Rusia que continuará siendo en el futuro un elemento activo del sistema económico mundial, pero evitando que el importe cuantioso de ningún programa de ayuda vaya a parar a bolsillos desconocidos. 
Reconociendo que se trata de una estrategia a largo plazo, me muestro de acuerdo con el Presidente Santer en que debemos coordinar nuestra posición ante la próxima reunión del G7. 
No obstante, existen tres puntos importantes que deberían ser sometidos a consideración. 
En primer lugar, debemos garantizar que, en caso de que resultara necesario, la totalidad de nuestros programas- tanto TACIS como el resto- se adapte debidamente a un sistema de emergencia, incluida la ayuda alimentaria. 
Me gustaría que se ofrecieran garantías en este sentido. 
En segundo lugar, nuestra ayuda debe destinarse a entidades locales y regionales de toda Rusia, de manera que podamos saber si el dinero llega efectivamente a los programas de carácter específico. 
Y en último lugar, pero no por ello menos importante, está el tema de la democracia. 
El Presidente Santer ha afirmado que la democracia es muy importante. 
Cuando visité una escuela de estudios políticos de Moscú donde se formaban jóvenes funcionarios de toda la antigua Unión Soviética con el fin de aprender acerca del sistema democrático, me enteré de que está previsto suprimir la financiación de la misma a finales del presente año. 
Parece que, de acuerdo con nuestras normas, no podemos financiar a nadie durante más de tres años, independientemente de la importancia que revista dicha financiación. 
Me gustaría obtener garantías por parte de la Comisión de que esta financiación va a continuar con carácter regular y plurianual. 
Señor Presidente, en nombre de los diputados socialistas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, me gustaría dar la bienvenida a los miembros de la Duma. 
Hoy no debatimos únicamente el desplome de unos mercados emergentes. 
Como ya ha señalado en su excelente intervención mi colega Hannes Swoboda, algunas partes de Asia, además de Rusia, se enfrentan también a una crisis financiera y económica. 
Además, en diversos países de América Latina se registra una situación de precariedad. 
Los países desarrollados han de contribuir a una recuperación rápida y duradera de estos países, y la UE desempeña un papel clave a este respecto. 
Sin embargo, el debate de hoy ha de ir más allá de las consecuencias de la crisis y los remedios más inmediatos, y considerar el fenómeno de la mundialización. 
En el ejemplar de esta semana de " The Economist» , Jeffrey Sachs, catedrático de comercio internacional en Harvard, habla del fin de una era (y me ha sorprendido escuchar al Sr Brok echar la culpa de lo ocurrido a los profesores de Harvard). 
Efectivamente, debemos comprender plenamente las consecuencias de los acontecimientos actuales y reconocer el fracaso de conceptos de desarrollo basados puramente en el libre mercado, con una mano invisible que introduce las economías emergentes en el capitalismo mundial con un coste extremadamente reducido para los países ricos. 
Consiguientemente, necesitamos dotar a la mundialización de una base más estable. 
Si pudiéramos superar nuestras ideologías y mostrarnos todos de acuerdo sobre este objetivo, la crisis actual habría sido, por lo menos en un aspecto, beneficiosa. 
Creo que la resolución del Parlamento que se aprobará mañana contribuirá a este objetivo. 
Solicitamos una reforma de las instituciones financieras internacionales, una mayor transparencia de los mercados con una mayor información económica, una mayor supervisión y reglamentación del sector financiero y la adopción de controles sobre los préstamos a corto plazo y la especulación. Europa debe desempeñar el papel dirigente en este proceso de reformas. 
Es necesario someter a revisión el denominado consenso de Washington. 
Especialmente con la entrada en vigor del euro, Europa puede introducir un enfoque internacional más favorable de cara a la mundialización. 
Existe la necesidad de entablar un mejor diálogo entre los países ricos y los pobres. 
Los paquetes de reformas no deben ser impuestos por los funcionarios del FMI con arreglo a criterios meramente tecnócratas. 
Es necesario que se reconozcan en mayor medida los objetivos sociales en el proceso de desarrollo y de reforma, ya sea en Rusia, en Indonesia o en cualquier otro lugar. 
Los costes sociales y humanos han sido, y siguen siendo, enormes e inaceptables. 
Es justo ayudar a estos países en su lucha por lograr el desarrollo económico, pero no de acuerdo con criterios y objetivos puramente económicos. En caso contrario, corremos el riesgo de que la opinión pública de estos países obligue a sus gobiernos a recurrir de nuevo al proteccionismo y al nacionalismo. 
Por todo ello, insto al Consejo y a la Comisión a entablar un estrecho diálogo, tanto con el Parlamento Europeo como con nuestros socios internacionales, a fin de dotar a la mundialización de una base más estable. 
En caso contrario, la prosperidad mundial se verá a la larga seriamente amenazada. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, estimados representantes de la Comisión, queridos colegas, como coordinador del Grupo del PPE para Asia voy a limitarme a la crisis financiera en Asia. 
Quiero subrayar que la crisis financiera en Asia tiene causas muy diversas, por lo que los enfoques de soluciones tienen que realizarse también de modo diferente según los países. 
En el Japón se trata fundamentalmente de la cuestión de si van a lograr superar la crisis bancaria. 
Sólo si lo logran habrá una auténtica oportunidad de superar también la recesión. 
Todos los partidos del Japón deben emprender realmente la necesaria legislación y no bloquearse recíprocamente creando en consecuencia dificultades al Japón y a todos nosotros. 
En otros países, como Indonesia, no se rata solamente de sistemas bancarios sino de la totalidad del orden económico. 
Pero sin reformas sociales y políticas en países como Indonesia tampoco se podrá solucionar lo demás. 
Además, tenemos la urgente tarea de proteger a partes de la población frente a la hambruna. 
Saludamos que la República Popular de China no haya devaluado hasta ahora su moneda, pero debemos prestar también atención a que esta situación no ocasione distorsiones en las relaciones comerciales. 
También allí son necesarias reformas económicas y políticas. 
Por ello, tenemos que mirar país por país cómo pueden avanzar. 
Los europeos podemos y tenemos que realizar una aportación a la superación de la crisis, pero lo que algunos han dicho sobre Rusia quiero ampliarlo a muchos países de Asia: la clave para superar la crisis se encuentra en los correspondientes países. 
Los Gobiernos y los Parlamentos en estos países tienen que superar las crisis. 
Nosotros solamente podemos aportar ayuda. 
La presión decisiva para las reformas tiene que surgir en su propio seno. 
No deben recurrir al camino a corto plazo de aplicar medidas proteccionistas en el comercio y en el tráfico de capitales. 
Por el contrario. 
Los mismos países tienen que superar los sistemas bancarios incontrolados, los oscuros entrelazamientos económicos, la corrupción así como la deficiente economía social de mercado y de pluralismo democrático allí imperante. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores compañeros, la crisis rusa es parte de una amplia crisis económica y social y sobre esta última desearía formular mis observaciones. 
La crisis económica mundial ha adquirido un efecto dominó. 
Los préstamos irresponsables y las inversiones especulativas a corto plazo por parte de bancos occidentales, unido al endeudamiento irresponsable de los bancos locales y de las empresas en el Sureste Asiático han sido el detonante de todo este proceso. 
El riesgo de una crisis originada por movimientos a corto plazo de capitales es demasiado serio como para permitir que dichos movimientos a corto plazo sigan produciéndose de igual forma descontrolada y sin obstáculos que en el pasado. 
Los organismos supervisores internacionales deben readaptarse para responder a las exigencias de los tiempos, pero la mayor parte de nuestro esfuerzo en este momento deberá reorientarse desde aquellas fichas de dominó que ya han caído- y me temo que la economía rusa es una de esas fichas- hacia aquellas que amenazan con caer. 
En este instante, la amenaza se ha desplazado de Rusia a América Latina y, especialmente, a Brasil, y, detrás de América Latina y Brasil, está amenazado, por supuesto, el gran dominó de Wall Street con una recesión en la economía americana que tendría consecuencias catastróficas en todo el mundo. 
Por consiguiente, no podemos permitir que nuestros esfuerzos se queden estancados en la economía rusa, donde la batalla económica, como muy bien señaló el Sr. Herman, se ha perdido y llevará mucho tiempo la recuperación de la economía. 
Debemos dirigir nuestros esfuerzos hacia Brasil y proceder a un reajuste de la política económica en Europa desde esa locura de la deflación que nos ha llevado hacia una política urgente, porque deflación en Europa con una inflación que va del cero al 2 % en estas condiciones de la recesión, señor Comisario y señor ponente, ya no tiene sentido. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho el Sr. Katiforis. Sin embargo, quiero advertir que no podemos dejar que Rusia permanezca en una situación de permanente destrucción y «lavarnos las manos» diciendo que el asunto está zanjado. 
Es un gran país y un gran pueblo, una parte de Europa, y creo que nosotros también tenemos responsabilidades por lo sucedido. 
Para empezar, intentamos aplicar recetas que no guardaban mucha relación con el sistema allí vigente. 
Cometimos, por tanto, un error de imprenta al intentar copiar allí una situación económica de Europa occidental o americana que, finalmente y como era de esperar, no perduró. 
No debemos sorprendernos de que, por ejemplo, se desplomara el sistema bancario ruso. 
En cuanto a los cientos de bancos allí existentes, lo único en común que tenían la mayoría de ellos con el concepto de banco era tan solo el nombre. 
No eran bancos, eran organismos cuyo único objetivo era saquear la economía. 
Por tanto, no debemos eludir la responsabilidad. 
Seguimos siendo responsables y, en este ámbito, deberemos intervenir. 
Es muy difícil, señor Presidente, seguir creyendo que podemos imponer a una sociedad que no está preparada a recibirlos, sistemas económicos que son apropiados para nosotros, para democracias tradicionales y correctas, pero inapropiados para un país y una sociedad que, de algún modo, nunca ha tenido dichas experiencias. 
Por tanto, tenemos que pensar cuando decimos que debemos de dejar de ocuparnos de Rusia y dejar que ésta solucione sola sus problemas. 
Nuestras intervenciones, por supuesto, deben ser mejores. 
Deberán sopesarse para que se produzcan en la dirección adecuada, para que exista un control correcto y se dirijan hacia Rusia y no hacia organismos europeos como, desgraciadamente, se han dirigido gran parte de las intervenciones europeas. 
Sólo así podremos evitar lo que ahora se perfila como un gran peligro, es decir, señor Presidente, que el pueblo ruso crea que sus penurias son el resultado del intento de democratización. 
Y éste es un gran peligro para todos. 
Señor Presidente, nuestro debate de esta mañana es muy curioso. 
El mismo comprende dos partes estrechamente vinculadas: la crisis rusa, por una parte, y la crisis económica y financiera mundial, por otra. 
El Sr. Santer, con el pretexto de que la crisis rusa es la que más interesa a la opinión pública europea, sólo ha hablado de Rusia. 
Es una lástima que la Comisión no haya comentado la crisis mundial de las últimas semanas y no haya esbozado pistas para la acción. 
En efecto, frente a la mundialización y al riesgo de crisis generalizada que ésta supone, todos, los economistas, los banqueros, los políticos, se orientan hacia un mayor voluntarismo, hacia una mayor regulación. 
En fin, para los responsables políticos de todas las opiniones resulta evidente que no se puede hacer abstracción de las personas, de su miseria, del desempleo, y que no se puede dejar que el mercado se ocupe de ello. 
También es evidente que si bien la famosa globalización crea rápidamente riqueza, destruye otro tanto, e incluso con mayor rapidez si no se la enmarca y se la somete. 
El modelo europeo, en este sentido, es elocuente. 
Como dice, por ejemplo, un ministro francés: el euro constituye un polo de resistencia formidable en el desorden financiero mundial. 
Desearía aprovechar para rendir homenaje al gobierno de izquierda de Lionel Jospin, que ha desempeñado un papel precursor en favor del voluntarismo político. 
En tal sentido, podría citar al Primer Ministro francés en su análisis de la crisis económica: " Las crisis disipan una ilusión, la de la autonomía de la esfera económica liberada del sistema político y de la organización social». 
Señor Presidente, el modelo europeo debe constituir un compromiso entre la economía de mercado, la apertura, la liberalización y la voluntad política de enmarcar y de organizar el mercado. 
Se trata de un compromiso entre el beneficio y el interés por las personas. 
Por eso, la Unión Europea y, en particular, la zona del euro deberán asumir sus responsabilidades frente al desorden mundial. 
¡Cuánto más fácil, evidentemente, sería este proceso si toda la Unión Europea perteneciera a la zona " euro»! 
¡Cuánto mayor sería el peso de ésta en el mundo! 
Pero en la situación actual, lo menos que puede pedirse sería que tanto los grandes como los pequeños países de esta zona " euro» hablen con una sola voz frente a la crisis. 
Es necesario como mínimo una coordinación eficaz, efectiva, entre los cuatro grandes Estados europeos miembros del G7 y los demás Estados miembros de la zona " euro» , no sólo frente a Rusia, como el Sr. Santer ha dicho esta mañana, sino también frente a la crisis mundial. 
Y desearía que el Sr. Comisario de Silguy nos comunicara las propuestas de la Comisión en este sentido. 
Señor Presidente, la cohesión interna de la zona " euro» constituye un factor político importante frente al resto del mundo. 
Si queremos desempeñar juntos un papel y tratar de igual a igual a los Estados Unidos, es imprescindible que Europa se muestre realmente unida en este terreno. 
Señor Presidente, la actual crisis rusa tiene profundas implicaciones económicas y políticas no sólo para este país y para toda la región, sino también en un plano geopolítico más amplio. 
Sin embargo, hay que admitir de entrada que la UE no puede hacer gran cosa para solucionar esta situación. 
Corresponde a Rusia arreglar el desbarajuste político que ha conducido directamente al descalabro económico del país. 
Todo lo que puede hacer la UE en este momento es abordar las consecuencias de esta situación. 
Si bien algunos países de la UE están más expuestos que otros, y Alemania probablemente más que ningún otro, no se puede decir tampoco que mi país, Irlanda, no se haya visto afectado. 
Se ha esfumado el mercado de más de la mitad de la carne de vacuno que debíamos exportar este otoño, y la caída en Irlanda de los precios en el sector porcino se debe en parte a la reducción de la demanda procedente de Rusia. 
Hemos de hacer un seguimiento de las consecuencias económicas del problema y asegurarnos de que las repercusiones serán mínimas. 
Sin embargo, independientemente de las consecuencias para los países ya miembros de la UE, los países de la Europa Central y Oriental deben estar presenciando los acontecimientos con una creciente alarma. 
A pesar de los grandes cambios que han tenido lugar, la crisis rusa podría ocasionar un regreso al pasado. 
Todos los que han albergado dudas en el pasado acerca de la ampliación deberían darse cuenta ahora de que no solamente se han quedado sus inquietudes fuera de contexto, sino que, además, esta crisis representa, de hecho, un argumento para acelerar el calendario de la ampliación. 
Éste es el único medio de garantizar permanentemente la paz y la seguridad en la región. 
Por lo que respecta a la ayuda a Rusia, no puede haber más asistencia financiera sin un compromiso genuino para llevar a cabo reformas políticas y económicas. 
No tiene absolutamente ningún sentido tirar más dinero en el agujero sin fondo del desastre económico en Rusia, especialmente ante la presencia constante de una mala administración política y de la corrupción. 
No obstante, se debe tener en cuenta que no falta mucho para que llegue el duro invierno ruso, por lo que hemos de estar preparados. 
La Comisión dispone de una oportunidad para planificar un programa de ayuda alimentaria de base, y debe hacerlo de inmediato. 
Además, la Comisión puede ofrecer una asistencia y unos conocimientos técnicos muy necesitados para ayudar a Rusia a reestructurar su economía. 
Ofrecer conocimientos técnicos es una cosa, y aceptar consejos es otra muy distinta. 
Pero si el Sr. Primákov y su Administración lo hacen, podremos salir de esta crisis ayudándonos los unos a los otros. 
Señor Presidente, Señorías, un gran objetivo de la Unión es lograr más estabilidad europea. 
La estabilidad europea pretende hacer más seguro el sistema económico mundial en su totalidad. 
Precisamente por este motivo sería totalmente inadecuado provocar crisis adicionales y más desastres. 
No obstante, una cosa debe ocurrir: debe realizarse un cierto inventario. 
Hoy hablamos sobre Rusia pero el hecho es que una tercera parte de la economía mundial se encuentra en una profunda recesión, que los niveles de vida descienden con rapidez en esta tercera parte de la economía mundial y que las tasas de desempleo suben allí. 
En lo tocante a Rusia, aproximadamente una cuarta parte de todos los trabajadores no ha recibido allí prácticamente ningún salario durante seis meses. 
Este es el inventario social. 
El retroceso adicional del comercio derivado de esta sensible situación ha adoptado amenanzantes formas y creado inseguridades adicionales. 
Rusia necesita un cierto restablecimiento de los sistemas estatales de administración y ayuda estructural. 
La ayuda estructural debe atacarse de un modo sensible. 
Hay que ampliar el sistema TACIS y esto no solamente se logra con controles del tráfico de capitales. 
Sin créditos, en el mundo no funciona nada en absoluto. 
No debe producirse un " credit crash» que sería desastroso para estas regiones y muy en especial para Rusia. 
Una cosa es segura: hay que restablecer lo antes posible la capacidad de devolución de pagos de Rusia para restablecer la confianza. 
Tal como ha indicado hoy nuestra Secretaria de Estado, quizás deberíamos proceder de un modo más decidido. 
Deberíamos formar una comisión internacional, quizás según el modelo de la Comisión Brundtland. 
De lo que se trata es de restablecer el orden en las estructuras financieras y la confianza. 
Esto es todo. 
Lo vamos a hacer con la mayor sensibilidad. 
Señor Presidente, entre las muchas y posibles causas de un poder político que en Rusia ha estado a punto de descomponerse, y de un panorama socioeconómico que se caracteriza por la falta de desarrollo, minorías ricas y mayorías pobres, quiero recordar una de ellas, ya que afecta a la cultura política preponderante que fluye también por las venas de Europa y que, sin duda, no ha beneficiado a Rusia: la ideología abstracta que no se doblega a la realidad, sino que pretende que la realidad se doblegue a ella. 
Cuando cayó el comunismo se pensó realmente que existía una ideología que no sería rígida, sólo por el hecho de que no era de izquierdas. 
El pensamiento librecambista único, aplicado como si fuera un remedio milagroso a las realidades más dispares, es otra cárcel en la que ha acabado la política entendida como arte de Gobierno laica y como resultado de impulsos ideales. 
En Rusia, a través del librecambismo dogmático y con el culpable estímulo de Occidente, se ha pretendido hacer un salto sin red de los setenta años de economía centralizada a todo lo contrario, sin preguntarse qué sucedería, si habían suficientes capacidades empresariales y si, después de todo, no se corría el riesgo de volver a ver disfrazados de empresarios a los viejos oligarcas. 
El sistema productivo, en lugar de innovarse, ha permanecido mano sobre mano hundiéndose y el poder político se encuentra sumido en una crisis profunda. 
Es curioso, señor Presidente- y se ha dicho también en este Pleno- que hoy Japón y los tigres asiáticos, por cierto algo despeluchados, presten atención al hecho de que China sostiene su moneda y no la deprecia. 
Señor Presidente, es curioso y demuestra que los pensamientos únicos no sirven para comprender la realidad y menos aún para gobernarla. 
Señor Presidente, el mérito de la crisis que conocemos, que es la primera crisis de la mundialización, es hacernos ver las cosas como son: necesitamos enmarcar el mercado, necesitamos una regulación económica, si no la economía de mercado se vuelve en contra de su propia lógica. 
En esta tormenta, la crisis tiene otra virtud, la de demostrar la validez del razonamiento de los europeos cuando iniciaron la aventura del euro. 
Es evidente que ya no se trata de una aventura, sino de la prueba de una gran prudencia, lo cual nos hace asumir cierta responsabilidad en el análisis que hoy haremos de la crisis. 
Con respecto a los organismos de regulación internacionales, debemos plantearnos el funcionamiento del FMI. 
¿Cómo se puede hacer funcionar esta gran organización sin la participación financiera de uno de sus principales contribuyentes? 
¿Cómo es que no se puede pensar en transformar, en un futuro próximo, el Comité provisional del FMI en un verdadero organismo de decisión? 
¿Cómo es que no se vuelve a plantear la cuestión de crear un impuesto mundial sobre los movimientos de capitales, como nos lo propuso, hace ya varios años, el Sr. Tobin? 
¿Cómo es que no se puede pensar en tomar en consideración, dentro de nuestra idea de la aplicación de las reformas de la economía de mercado, las dimensiones social y medioambiental de dichas reformas? 
¿Cómo es que no se puede aceptar que, en ciertas condiciones, debe restablecerse el control de cambios? 
¿Cómo es que no se puede imaginar que la situación actual requerirá quizá, aquí o allí, nuevas nacionalizaciones en el sector bancario, porque sin un sector bancario estructurado y organizado no existe una economía de mercado? 
Todo eso supone un poder del Estado, un poder de regulación. 
Y, además, para nosotros, europeos, también supone solucionar rápidamente, de manera urgente, la cuestión de la representación externa del euro. 
Es necesario. 
En la tormenta que vivimos, lo nuevo, lo hecho, viene de Europa gracias a la herramienta de que nos hemos dotado: el euro. 
Debemos hacer del mismo una herramienta de crecimiento y estabilidad. 
Esto nos hace asumir una responsabilidad colectiva. 
No debemos eludirla. 
Señor Presidente, Señorías, después de todo lo que hemos hablado se plantea la siguiente pregunta: si Rusia hace todo lo que le aconsejamos ¿se salvará? 
¿O lo que decimos nace también de la desesperación, algo totalmente desconocido para nosotros? 
Antes se decía: " Rusia es grande y el Zar está lejos». 
Rusia es tan grande que también es interesante constatar qué es lo que ocurre en provincias. 
¿Qué medidas estructurales se van a ejecutar allí? 
¿Impera allí también la concentración? 
Tenemos que constatar que independientemente de que creamos que podamos iniciar ahora medidas más estrictas contra Rusia, lo que ocurre allí es también esencial para nosotros. 
Nuestras ayudas directas son solamente una gota de agua en el mar de necesidades que existen en Rusia y se está hablando de recortar o modificar TACIS y muchas otras cosas más. 
Tenemos que intentar restablecer la confianza del Gobierno ahora en funciones mediante contactos humanos y apoyo político. 
Creo que la merece pues el Jefe de Gobierno ha declarado que no va a haber ninguna modificación de las reformas y que los créditos se van a devolver. 
No hay que dudar de ello sino animarle a hacerlo realmente y por nuestra parte tenemos que encontrar medios para salirle al encuentro. 
He escuchado de la Presidencia del Consejo que también ella realiza un análisis totalmente frío y que acompaña con un pequeño encogimiento de hombros a lo que hay que hacer. 
La señora Ferrero-Waldner ha dicho que no tenemos ninguna receta pero esperamos que se haga lo mejor. 
Sea como sea, la política económica exterior es por el momento política exterior. 
Tenemos que confiar en Rusia y ayudarla en esta difícil situación. 
La vuelta al pasado significaría un desastre que nos arrastraría a todos. 
Presidente, me limitaré a tres preguntas acerca de la crisis financiera actual, a saber: ¿quién o qué es la causa? 
¿Quién carga con su solución? 
¿Cómo se puede abordar la discrepancia entre causante y pagador? 
Sobre la causa de la crisis financiera, que está tomando un carácter cada vez más mundial, se está llegando poco a poco a un consenso. 
El factor más importante ha sido el préstamo demasiado frívolo de dinero por parte de la banca privada. 
Los bancos han corrido grandes riesgos en los mercados emergentes, atraídos por los elevados beneficios. 
Estos beneficios eran tan elevados precisamente porque contenían una cuota de riesgo en el caso de que los acreedores faltaran a sus compromisos. 
Contra este trasfondo es desde luego sorprendente que los costes de la crisis hayan ido a parar sobre todo a las administraciones y a través de las administraciones al pagador de impuestos medio. 
Me parece inaceptable que los bancos obtengan grandes ganancias tomando muchos riesgos pero que cuando salga mal no corran con los gastos. 
Eso se parece sospechosamente mucho al adagio private profit and public risk. 
¿Qué se puede hacer ahora para evitar que la población cargue con los riesgos demasiado grandes en que han incurrido los bancos privados? 
En primer lugar es evidente que las reglas existentes para la banca acerca del propio capital y del propio riesgo son todavía fundamentalmente insuficientes. 
Los problemas son todavía los mismos que con la crisis mejicana del peso en 1994, la crisis bancaria del Norte de Europa de finales de 1980 y principios de los años 90 y la crisis de las cajas de ahorros norteamericanas de la década de los ochenta. 
Por consiguiente, las reglas se deben adaptar drásticamente y se debe intensificar el control. 
La cuestión es, sin embargo, si en el sistema actual en el que los bancos buscan ávidamente maximizar sus ganancias, se puede evitar totalmente una crisis de financiación. 
Si no es así, en efecto, se debe abordar en cualquier caso la discrepancia entre causante y pagador. 
También en la crisis financiera debe pagar al final el agente contaminante. 
A mi modo de ver eso sólo podrá darse cuando se cree un fondo de crisis mundial que debería ser financiado por imposiciones de la banca privada. 
Esto podría ocurrir de dos maneras: a través de una imposición específica en los préstamos de riesgo o a través de una imposición en todas las transacciones de capital, la llamada Tobin-tax. 
La cuestión es quién debería administrar un fondo así y cómo puede efectuarse un control democrático en el mismo. 
Veo dos candidatos: un reformado FMI con relaciones de voto más democráticas o el Banco de Pagos Internacionales, que entonces debería crear un consejo de supervisión democrático. 
Algunos hablan de un capitalismo de casino en el marco de la crisis actual. 
Yo creo que la situación es peor. 
El casino tiene reglas estrictas, los mercados financieros no tienen ni siquiera eso. 
Hagamos que ésta sea la última crisis en la que las administraciones públicas elegidas sólo puedan representar el papel de bomberos. 
Señor Presidente, si hay algo seguro en la Rusia de hoy en día, eso es la inseguridad. 
La crisis es tanto política como económica. 
Con el espíritu zarista o soviético de trasfondo, ha resultado difícil aprender lo que significa la democracia real. 
La mentalidad de asistencia y explotación ha permitido, por una parte, la acumulación de grandes riquezas por parte de unas pocas personas y, por la otra, una amplia generalización de la pobreza. 
La inyección de dinero occidental no ha servido de ayuda y ha ido a parar a donde no debía. 
Los políticos rusos han de reconocer los hechos y actuar en consecuencia. 
Hay que valorar el trabajo y el verdadero esfuerzo. 
El pueblo ruso ha de poder valerse por sí mismo, respetando las reglas democráticas. 
La UE debe concentrar ahora sus esfuerzos en enviar ayuda humanitaria a las regiones vecinas. 
Hay que velar por que no se acaben las existencias de alimentos. 
El hambre ha sido ya en el pasado el detonante de revoluciones, disturbios y oleadas de refugiados. 
Para Finlandia resulta esencial hacer hincapié en esta circunstancia, ya que es el único país de la UE con una larga frontera común con Rusia. 
Igualmente, es importante vigilar que la ayuda llega a su destino sin que las autoridades fronterizas o aduaneras dificulten el envío de las mercancías, o para evitar que éstas terminen en el mercado negro. 
La dirección política de la UE ha de ofrecer su apoyo al nuevo Gobierno, mejorando, en particular, las condiciones comerciales. 
De esta manera, Rusia podría obtener los ingresos de divisas que necesita para cumplir con sus obligaciones. 
Cabe resaltar asimismo que se debe abandonar el proyecto, propuesto por algunas instancias, de efectuar traslados de efectivos militares, ya que aumentarían la desconfianza de Occidente y socavarían la voluntad de los ciudadanos de contribuir voluntariamente al envío de ayuda humanitaria con destino a la población rusa. 
Señor Presidente, es un dato significativo que, cuando se ha dirigido ante esta Cámara hoy por la mañana, el Presidente de la Comisión ha hablado de la crisis rusa, pero no del problema global con el que se enfrenta la economía mundial. 
Se trata de una señal muy preocupante para la Unión Europea. 
Mientras hablamos de que la Unión pretende gestionar la economía mundial hombro con hombro con los Estados Unidos, la Comisión y el Consejo deben mostrar su confianza en que la adopción del euro nos permitirá ejercer efectivamente esa responsabilidad. 
Lo que me gustaría que hiciera la Comisión, si tiene previsto ofrecer su respuesta en el día de hoy, es que dijera lo que piensa proponer para intervenir en esta crisis mundial; no solamente acerca de la crisis rusa- que, en parte, es institucional y política y, en parte, se debe a la inmadurez de este país en el mundo de la economía de mercado -, sino acerca del funcionamiento global de la economía mundial. 
¿Qué papel desempeñaremos en la cumbre mundial que ha propuesto el Presidente Clinton? 
Ahora que está a punto de hacer su aparición nuestra moneda única, ¿hablaremos con una sola voz en las reuniones del futuro? 
¿Propondremos importantes reformas en lo referente al FMI y a la función que deberá desempeñar el futuro Banco de Pagos Internacionales ¿Intentaremos asegurar de nuevo la estabilidad y la confianza mediante un mayor grado de supervisión? 
Honestamente, no resulta aceptable que el Presidente de la Comisión venga aquí a hablar únicamente de la situación en Rusia. 
Si la UE no intenta intervenir como tal en la economía mundial, no se registrará ninguna mejora de la situación rusa. 
Desearía ver al Parlamento, la Comisión y el Consejo tomar la iniciativa a comienzos del año que viene y ejercer presiones para la reforma de las instituciones de Bretton Woods. 
Debemos utilizar instituciones como el Banco Internacional de Pagos para establecer un mayor control de los préstamos transfronterizos, lo que, a su vez, contribuiría también a potenciar la estabilidad y la transparencia del sistema. 
Comisario de Silguy, si tiene previsto ofrecer sus respuestas en la mañana de hoy, le agradeceríamos que, en lugar de un simple análisis de la crisis, ofreciera datos y compromisos firmes. 
Señor Presidente, es importante para la estabilidad europea que muchos de los países comunistas de Europa Central y del Este hayan hecho mucho mayores esfuerzos reformistas que Rusia para sacudirse la miseria comunista. 
Por eso no han sido afectados por el mismo colapso del sistema que Rusia, aunque ellos, igual que los países de la UE, por problemas de comercio e inversiones, también están expuestos indirectamente a perturbaciones. 
Una causa importante de que esos países hayan realizado mayores esfuerzos de reforma es que han solicitado su adhesión a la Unión Europea y están plenamente conscientes de lo que necesitan para ser aceptados como miembros. 
La situación rusa implica, de todas las maneras, una gran amenaza, pero sería mucho peor si Europa no hubiese disminuido los riesgos de un efecto dominó ruso mediante los preparativos para la ampliación hacia el Este. 
Del mismo modo, la colaboración dentro de la UEM ha hecho posible a Europa evitar muchas de las tensiones monetarias derivadas de las crisis en Rusia y el Este asiático. 
Es importante para la confianza en la colaboración europea y para la fuerza que se ponga en su posterior desarrollo, ver qué pasa con los dos grandes proyectos, la UEM y la ampliación hacia el Este. 
Es trascendental que se comprenda esto incluso en países con bastante escepticismo hacia la UE, como son Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia. 
Si los países de la UE ahora logran salvarse relativamente indemnes, estaremos en mejores condiciones económicas para ayudar a Rusia. 
Los recursos económicos nos permitirán nuevamente dedicarnos al comercio, invertir y dar a Rusia el tipo de ayuda al desarrollo adecuado, si este país ha puesto orden en su economía. 
Si Rusia se lanza ahora a experimentos comunistas desesperados, de economía centralizada, es importante que existan países ex comunistas en su cercanía a los que les vaya aceptablemente bien gracias a sus reformas económicas más sistemáticas. 
La nostalgia comunista en Rusia no será tan duradera si los países vecinos que han tenido éxito pueden servir como efecto demostración. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señores Comisarios, aún no arde el mundo pero sí fuegos aislados. 
No se ve venir a los bomberos ni mucho menos soluciones. 
Las crisis de Asia, la quiebra financiera en Rusia y las dificultades en muchos Estados de Latinoamérica muestran la fragilidad de los mercados financieros y de muchas economías nacionales con lo que el bienestar, el crecimiento y el empleo están a merced de estos mercados financieros. 
Hace falta más que nunca la reforma del sistema financiero mundial. 
La tranquilidad existente en Europa no nos debe engañar al respecto. 
Los mercados financieros están totalmente globalizados y son independientes de cualquier control político. 
Los flujos de capitales de 1 billón 300 mil millones de dólares USA se deben sólo en un 3-4 % al comercio de mercancías y servicios pero tienen unos considerables efectos negativos- o a veces positivos- sobre las economías nacionales, dificultan el crecimiento y las inversiones y destruyen puestos de trabajo. 
La liberalización y desregulación de los mercados financieros así como los progresos en las tecnologías de las comunicaciones y la retirada total del Estado de los procesos de financiación, han permitido crecer a los mercados financieros nacionales. 
El libre comercio mundial necesita también sin ninguna duda un sistema abierto de financiación mundial. 
Frente al efecto positivo de la globalización- mejor localización del capital, ahorros de costes, nuevas oportunidades para la limitación de riesgos- se encuentran potenciales de inestabilidad en los mercados financieros. 
Los crecientes patrimonios dinerarios y partidas de endeudamiento conducen a problemas de contingentes, de precios y de instrumentos financieros que se reflejan en especulaciones, volatilidades y quiebras. 
Esto no lo puede soportar la economía real. 
El crecimiento exclusivo del comercio de derivados- su volumen fue en 1994 de aproximadamente 40 billones de dólares- y la retirada de la política económica han contribuido a evoluciones erróneas en los mercados financieros. 
Como ya no es posible la política económica nacional, es necesaria por fin la cooperación y coordinación internacional de la política económica para contribuir a prevenir las crisis. 
Es necesario coordinar. 
Saludo por ello expresamente la iniciativa de Clinton e insto a la Presidencia del Consejo para que la apoye, participe y contribuya a su estructuración. 
Los Estados en crisis de este mundo tienen que sentarse a la mesa de negociaciones con los Estados G-7. 
Los encuentros G-7 no corresponden ya a la evolución económica mundial. 
Quizás necesitemos incluso un Consejo Mundial de Seguridad. 
Tales consideraciones tienen que ser discutidas globalmente por los que hoy adoptan las decisiones en la política monetaria, financiera y económica. 
Necesitamos salidas a la crisis y un nuevo orden financiero que aporte estabilidad a las relaciones monetarias y financieras mediante transparencia y sistemas de control, de alerta y de ayudas. 
Se deben rechazar en cualquier caso los sistemas de seguros de créditos a nivel internacional, tal como exigen algunos especuladores. 
Las especulaciones no deben ser premiadas además con fondos fiscales. 
No hay ninguna duda de que una política económica internacional común es difícil pero necesaria y que debe también analizar el papel desempeñado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales y la Organización Mundial de Comercio, sin cuestionar por ello a las instituciones como tales. 
Tenemos que reestructurar la regulación y supervisión internacionales para hacerlas más eficaces y reformar realmente las instituciones así como mejorar también su cooperación. 
En esta obra de regulación se incluyen sobre todo medidas para la publicidad de los datos financieros con un estándar equiparable, transparencia en todas las transacciones de mercados financieros, mercados financieros más eficientes, mejores medidas de supervisión por parte de los prestamistas y prestatarios, medidas para reducir la concesión de créditos a corto plazo y para la contención de las especulaciones así como estímulos para los acuerdos de créditos transfronterizos a largo plazo. 
Por lo demás, en las democracias todos los datos económicos tienen que ser publicados por los Gobiernos. 
Los mercados financieros no pueden esconder sus informaciones. 
Tienen además una importancia creciente para el bienestar, el crecimiento y los puestos de trabajo. 
La estabilidad de los tipos de cambio también va a ser importante para los mercados globalizados. 
El euro va a poder participar en un sistema multipolar de monedas mundiales si bien en mi opinión aún se encuentran muy lejos acuerdos sobre zonas objetivo. 
Pero sin duda una cosa se va a lograr: una estrecha cooperación entre el Banco Central Europeo y el Banco emisor norteamericano en interés de todos nosotros y de la estabilidad. 
Esto sería también provechoso para Rusia, país para el que, en mi opinión, las propuestas del G-7 son decepcionantes. 
Rusia no ha podido asimilar un capitalismo a lo Manchester. 
Hay que hacer todo lo posible para que en Rusia se configure por fin una economía social de mercado y se lleve a cabo una transformación que sea soportable socialmente. 
Yo misma considero aceptable y necesario desde nuestro punto de vista incluso unos controles limitados en el tiempo sobre los flujos de capitales en Rusia, para que el futuro se pueda configurar también positivamente para sus habitantes. 
Presidente, hoy se han dicho muchas palabras dignas de ser tomadas en cuenta acerca de la crisis mundial en la economía, pero sobre todo acerca de la situación en Rusia, de la que también han hablado detalladamente la Presidencia y el Presidente de la Comisión. 
Permítame realizar unas cuantas observaciones como cierre de este debate en el que mi colega de Silguy dirá algo más sobre los aspectos económicos y monetarios de la crisis mundial. 
Quisiera comenzar diciendo que de todas las aportaciones se desprende, en efecto, una gran preocupación, pero al mismo tiempo también una gran solidaridad con el destino de Rusia. 
La importancia inmensamente grande de este país en nuestro propio continente requiere estabilizar la situación lo antes posible. 
Ése no es sólo un interés ruso, sino que es ciertamente también nuestro interés. 
Al mismo tiempo añado- y eso lo han expresado diferentes estimados diputados de distintas manerasque el cambio real y la reforma real de la cuestión debe provenir, naturalmente, de la misma Rusia; no se puede imponer desde fuera. 
Lo único que la comunidad internacional puede hacer y lo que nosotros podemos hacer es dar apoyo en la medida en que Rusia también lleve efectivamente a cabo una política reformista mayor. 
Por eso, en este momento es de máxima prioridad que se supere la crisis política, que se cree y se desarrolle un consenso entre el Gobierno y los representantes del pueblo, sin los cuales tampoco se podrán poner nunca en práctica reformas de mayor envergadura. 
En ese proceso político se puede percibir en cualquier caso gran número de signos esperanzadores en este momento. 
Confiamos en que hacia el final de esta semana haya también más claridad al respecto. 
Quisiera subrayar una vez más que una reforma en Rusia no es una concesión a Occidente, sino que es en interés de la propia Rusia. 
El hecho de que algunos, entre los cuales se encuentra el Presidente Santer, hayan recalcado que una buena política económica como tal también posibilita una política social, también debe señalarse a los diputados de la Duma, y además no por primera vez. 
Podemos mantener entre nosotros debates ideológicos- y eso en sí mismo es muy interesante- y merece la pena discutir sobre qué tipo de economía de mercado encajaría ahora bien en Rusia, pero allí no se pueden descuidar bajo ninguna circunstancia una cantidad de datos fundamentales. 
Eso significa que en Rusia de por sí cualquier forma de economía y política económica está expuesta a excesos, una completa carencia de un sistema regulador, de un marco legal. 
Eso es, por tanto, exactamente lo que hemos visto. 
Si las ganancias de las empresas desaparecen en el extranjero, si no se pagan impuestos, si no se controla a los bancos- y se pueden nombrar muchos ejemplos diferentes -, todo el sistema se derrumba. 
La liberación en sí no es mala, pero la liberación completamente incontrolada o la liberación exclusivamente a favor de una pequeña oligarquía sí que es mala. 
Ése también es un fenómeno que se manifiesta muy claramente en Rusia. 
Se ha hablado mucho acerca de lo que la propia Unión Europea podría hacer ahora de forma concreta y activa en esta fase. 
Como preparación para este debate he vuelto a examinar todo lo que nuestros programas TACIS con Rusia, de los cuales el Presidente Santer le ha dicho que en el curso de los años pasados desde 1991 se han empleado aproximadamente dos mil millones de ecus, han incluido exactamente. 
Han sido sobre todo programas que servían para la reestructuración de la economía rusa. 
Planes de reforma no sólo en el aspecto económico, sino también en el aspecto político, que se apoyaron. 
Ejemplos muy concretos son los programas que servían para la revisión del sistema fiscal, control de la banca, protección de las inversiones que también podrían dar más confianza a los inversores extranjeros para invertir más dinero en Rusia. 
Así podrían mencionarse muchos ejemplos: programas de adiestramiento para jóvenes empresarios, etcétera, etcétera. 
Con un gran número de estos programas ya se ha empezado, pero el hecho es y sigue siendo que por parte rusa se han traducido sólo de manera deficiente en una nueva legislación o en un ensayo de auditoría o en programas efectivos que han convertido las reformas efectivas en hechos reales, en práctica real. 
Lo mejor que podemos hacer en este momento es ver en qué medida los programas en marcha necesitan mayor adaptación o mayor especialización en las necesidades más acuciantes de este momento. 
Ya hemos presentado ideas al respecto ante las autoridades rusas- ya antes de que irrumpiera esta crisis a mediados de agosto- y a continuación podremos ver en qué medida necesita más reajustes el programa cuyos preparativos ya habían empezado para 1999. 
Aquí se ha observado, y el Presidente Santer también lo ha reconocido caballerosamente, que muy a menudo tropezamos con nuestras propias limitaciones burocráticas para la ejecución de esos programas. 
En muchos de esos programas es así que cuando el comité de administración, la representación de los Estados miembros, da su aprobación a determinados programas, pasan aproximadamente diez meses antes de que se pueda firmar efectivamente un contrato de ese tipo. 
Estamos totalmente dispuestos- como por lo demás también hemos hecho de acuerdo con el Parlamento respecto a la reconstrucción en Bosnia, donde se oían las mismas quejas- a intentar conseguir una aceleración de esos procedimientos, aunque sea a través de la modificación del reglamento, ya que esto último es casi inevitable. 
Pero si podemos nosotros mismos acelerar internamente nuestros procedimientos, usted puede contar con que allí también sucederá. 
Quizá habrá que emplear aquí y allá a más personas para poder actuar en la crisis actual de forma más dinámica. 
Pero quisiera evitar la imagen que se da de que la causa real de la crisis son nuestros programas de ayuda o incluso los de otras organizaciones internacionales, incluido el FMI, o una actuación insuficientemente dinámica de la comunidad internacional. 
No, Presidente, las soluciones deben proponerse en primer lugar desde la misma Rusia. 
Eso se corresponde también con una observación relativizante. 
En sí, vistos los antecedentes, no puede calificarse ahora de tan sorprendente que, cuando el proceso de reforma en Rusia sólo lleva siete años, aún no se puedan señalar resultados realmente espectaculares. 
Ha ocurrido demasiado poco. 
Ha habido otros países que han tenido mucho más éxito con las reformas, pero son todos países con otra historia y otra cultura diferentes a Rusia. 
No lo digo en sentido comparativo. 
Quiero decirlo en sentido alentador para Rusia, que también ha de ser capaz de cambiar la situación actual como se encuentra ahora mismo, si realmente hay un esfuerzo común del mando político y del parlamento ruso para conseguir auténticas reformas. 
Entonces estoy plenamente convencido de que también la comunidad internacional estará dispuesta a tener en cuenta la situación actual, a tener en cuenta el conjunto de la difícil situación social, a adecuar su ayuda lo máximo posible, siempre y cuando haya perspectivas de progreso, y mientras se atenga a unas cuantas reglas fundamentales y no haga caso omiso de ellas, sobre todo la creación de todo tipo de marcos legales. Porque siempre será un dinero bien empleado y nunca esperado. 
Es con esa actitud con la que en este momento mantenemos el diálogo con los interlocutores rusos. 
Estoy extraordinariamente contento de que se realice con Rusia esta tarde el Comité Parlamentario Mixto. 
También presentaré gustoso una exposición del mismo por invitación de ambos presidentes. 
Está prevista una cumbre con el Presidente de Rusia en octubre. 
Entretanto, también está en marcha una invitación del actual primer ministro al Presidente Santer y a mí mismo para intercambiar ideas sobre la situación. 
El G7 está extraordinariamente activo y se prepara para posibles nuevas medidas. 
Una cosa es segura y la repito: es la propia Rusia la que quiere formar parte del G7/G8. Es la propia Rusia la que pide ser admitida en la Organización Mundial del Comercio. 
Por eso también la propia Rusia debe ser la que tome medidas para poder entrar en esos foros de manera realmente efectiva y con resultado. 
Entonces también se podrá contar plenamente con el apoyo de la comunidad internacional. 
Bienvenida 
Crisis financiera internacional y evolución política en Rusia (continuación) 
He recibido siete propuestas de voto, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, relativas a la crisis económica internacional. 
Asimismo, he recibido seis propuestas de voto, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, relativas a la evolución política en Rusia. 
Señor Presidente, Señorías, como la votación es inminente quiero pronunciar unas breves palabras finales que corresponden usualmente a la Presidencia. 
En primer lugar, muchas gracias por este interesante debate sobre elementos esenciales de la crisis asiática, rusa y la que está surgiendo en Latinoamérica. 
¿Qué es lo más importante para la Unión Europea? 
Permítanme que lo resuma de nuevo muy brevemente. 
Por un lado, el Consejo es por supuesto consciente del papel que debe desempeñar Europa en base a su fuerza económica y políticofinanciera en un marco global. 
Quiero subrayarlo muy especialmente, pues ha sido tocado en el debate. 
Por supuesto, el Consejo y la Comisión realizarán su aportación al respecto. 
Por otro lado, el Consejo y la Comisión deben trabajar estrechamente a la hora de determinar los contenidos de las propuestas que podemos presentar a los rusos en el próximo encuentro. 
Es, pues, absolutamente necesaria la mejor coordinación posible de la Unión Europea. 
Esto incluye en especial también la oferta de know-how europeo en el sector bancario y financiero, en la administración, en la construcción de unas estructuras de Estado de derecho y en la lucha contra el crimen organizado. 
Naturalmente, la Comisión elaborará también otras propuestas sobre cómo se puede ayudar a Rusia a superar estos difíciles problemas de transición, en especial, mediante TACIS y también otros programas. 
Sin embargo, quiero subrayar de nuevo lo que en el debate se ha dicho con frecuencia y a lo que se ha referido también la Comisión, a saber, que las reformas deben comenzar en Rusia y que nosotros solamente podemos prestar ayuda. 
Me parece muy importante utilizar el mecanismo de los Acuerdos de Cooperación para seguir profundizando nuestro diálogo con Rusia. 
Los Ministros de Hacienda de la UE deben tener plenamente en cuenta los aspectos humanos y sociales de la situación en Rusia a la hora de realizar sus consideraciones, aspecto éste que se ha sacado también a colación con frecuencia en el debate. 
Mediante el seguimiento conjunto de los acontecimientos en Rusia y su enjuiciamiento por parte de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Hacienda de la UE así como por la Comisión, se podrá garantizar la coherencia de las acciones de la UE. 
Esto me parece también enormemente importante. 
Permítanme que me refiera aún a algunos puntos esenciales que, por así decirlo, se han incluido en el debate. 
Ambas partes deberían proseguir las relaciones sobre la base de la cooperación y de un diálogo con igualdad de derechos. 
En el debate se ha producido también una enorme solidaridad al respecto. 
En segundo lugar, quiero subrayar lo que ya dijo el señor de Silguy, a saber, que no se debe dramatizar demasiado la situación. 
Se trata de una crisis pero no comenzamos de cero y ya se han logrado muchas cosas. 
De especial importancia es dar a tiempo señales en lo tocante a la dirección del rumbo a seguir y aplicar medidas rápidas. 
La situación actual no va a conducir a una retirada de nuestro interlocutor Rusia sino a un diálogo más intenso, lo que es muy esencial y subrayo de nuevo en el marco de la Presidencia. 
Como saben, mañana la troika de Ministros de Asuntos Exteriores se va a encontrar con el Presidente del Consejo de Ministros Primakov y el 27-10 tendrá lugar en Viena la cumbre UE-Rusia que se está preparando intensamente y en la que se tocarán todos los temas mencionados aquí en el debate. 
El debate queda cerrado. 
Procedemos a la votación. 
Votaciones 
Me gustaría comenzar informando a la Cámara que he recibido una carta formal de oposición al procedimiento simplificado aplicable a la venta de maíz modificado genéticamente en Austria, Doc. C4-0373/98. 
Esta propuesta ha sido presentada por la Sra Flemming y otros, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento. 
Por consiguiente, se devuelve la propuesta a la comisión competente de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 99. 
Desearía asimismo comunicar a la Cámara que he recibido una carta formal de oposición al procedimiento simplificado aplicable a la venta de maíz modificado genéticamente en Luxemburgo, Doc. C4-0374/98. 
Esta propuesta ha sido presentada por la Sra Roth-Behrendt y otros, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento. 
Por consiguiente, se devuelve la propuesta a la comisión competente de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 99. 
Señor Presidente, he firmado la solicitud para el aplazamiento de este punto, con el fin de que sea devuelto a la Comisión de Medio Ambiente; pero desearía que ésta nos asegurara que realmente lo examinará. 
En efecto, el 24 de junio, los coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente discutieron la decisión de la Comisión relativa a la venta de maíz modificado genéticamente, pero el punto no ha sido examinado en comisión. 
Por lo tanto, desearía que esta vez lo hiciera realmente. 
No tenemos más remedio que remitir esta cuestión a la comisión. 
El cómo se hagan cargo de esta cuestión es asunto de la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, nosotros también apoyamos la solicitud de devolución. 
Sin embargo, no puedo evitar realizar la observación de que el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo solicitó exactamente esto antes de las vacaciones de verano y en aquella ocasión exactamente los mismos diputados que han presentado ahora la solicitud, rechazaron debatir al respecto en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Pero para mí se trata de lo siguiente... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señorías, no estamos sometiendo esta cuestión a debate. 
El Reglamento es muy claro. 
Debe remitirse a la comisión. No hay lugar para explicaciones o justificaciones. 
Señor Presidente, éste es un informe muy complicado, por lo que creo que sería beneficioso para la Cámara si explicara en breve que el Parlamento Europeo debe votar ahora sobre dos propuestas de la Comisión para modificar el mismo reglamento sobre la cooperación financiera y técnica con la Franja de Gaza y Cisjordania. 
La primera propuesta se presentó a principios de este año, la segunda en julio. 
Sin embargo, la Comisión insiste en mantener ambas propuestas por separado. 
Por consiguiente, estas propuestas son abordadas de manera conjunta. 
Constituyen la base del compromiso entre el Parlamento y la Comisión, solicitado tras la votación del Parlamento de 18 de junio para devolver el primer informe a la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 60. 
En aquella ocasión, el Parlamento aprobó 12 enmiendas de la primera propuesta. 
La Comisión rechazó las 12 enmiendas. 
Algunas de estas enmiendas de la primera propuesta se incluyen ahora en la segunda propuesta de la Comisión. 
Tras una negociación con la Comisión para alcanzar un compromiso global sobre las dos propuestas, yo, como ponente, conseguí convencer a la Comisión para que aceptara casi todas las enmiendas, con excepción de las relativas a la comitología. 
El Parlamento somete ahora a examen la nueva propuesta de la Comisión sobre comitología, y solicita que se aplique aquí lo que se decida en este contexto. 
Por lo tanto, antes de proceder a la votación, la Comisión ha de confirmar en primer lugar ante el Pleno que se han incorporado en la segunda propuesta las enmiendas 1, 2, 7 y 8 al documento A4-0180/28 que sometió a votación el pasado junio el Grupo del Partido Popular Europeo con ocasión de la primera propuesta de la Comisión. 
Si la Comisión actúa en este sentido, se pueden considerar retiradas. 
En segundo lugar, la Comisión ha de comprometerse a modificar rápidamente su segunda propuesta de incorporar las enmiendas 5 y 12, que ya fueron sometidas a votación el pasado junio, la enmienda de compromiso n- 1 de la primera propuesta- que figura en el grupo de seis enmiendas que se han presentado hoy a votación -, y la enmienda n- 6 a la segunda propuesta. 
Si la Comisión confirma lo primero y se compromete a lo segundo, recomiendo al Parlamento Europeo que, entre las nuevas enmiendas del documento A4-0300/98, vote a favor de la enmienda de compromiso n-1 y de las enmiendas 4, 5 y 6, con lo que las enmiendas 2 y 3 se retirarían en favor de esta última. 
El éxito de este acuerdo depende de la rapidez con que la Comisión presente un texto modificado de su segunda propuesta que respete la posición política del Parlamento. 
Gracias, agradezco sus palabras. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, permítanme en primer lugar expresar mi gratitud al riguroso trabajo realizado por la Comisión de Presupuestos, y de una manera especial a su ponente Lord Tomlinson. 
El 25 de junio, la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo una segunda propuesta de modificación del Reglamento financiero, en la que, de acuerdo con mi promesa en la sesión plenaria del 17 de junio, se incluían diversas modificaciones que el Parlamento había sugerido a nuestra propuesta inicial, concretamente las enmiendas 1, 2, 7 y 8 a la primera propuesta. 
Así pues, le confirmo que la Comisión las acepta. 
Gracias a la voluntad del Parlamento de llegar a una solución pragmática, ustedes presentaron un informe único que abordaba- es verdad- las dos propuestas en dos partes separadas, y con ello nos ha sido posible aclarar un gran número de interrogantes planteados entre ambas instituciones; básicamente, el problema de la comitología que, como usted sabe, es un tema que a la Comisión le gustaría que cambiara. 
Sin embargo, todavía quedaban algunos temas que requerían más deliberaciones y hoy les presento nuestra posición sobre ellos. 
En primer lugar, la cuestión de la duración del Reglamento financiero. 
La Comisión propuso un programa de 8 años, del 1999 al 2006; pero aceptamos ahora un periodo de 5 años, del 1999 al 2003, en la segunda propuesta. 
En segundo lugar, la Comisión está también de acuerdo en aceptar otras tres modificaciones sugeridas por el Parlamento a su segunda propuesta. 
Me refiero a las enmiendas 5 y 12, a la enmienda de compromiso 1, que el Parlamento había sugerido para la primera propuesta, así como a la nº 6 para la segunda propuesta. 
Se lo confirmo. 
Y gracias a este compromiso, el 1 de enero de 1999, la Comisión dispondrá, gracias al auxilio del Parlamento Europeo, de un método más flexible y más pragmático para proseguir el apoyo de la Unión Europea al pueblo palestino y al proceso de paz. 
No obstante, quisiera decirle, señor Tomlinson, que, desgraciadamente, el éxito o el fracaso de este ambicioso programa para el proceso de paz dependerá de la evolución del proceso de paz, y no debemos nunca perder de vista que, en este momento, la situación es crítica. 
En consecuencia, la Comisión va a proponer inmediatamente estos instrumentos, pero quiero advertirle que la aplicación sobre el territorio palestino de estos instrumentos dependerá fundamentalmente del proceso de paz. 
Si el proceso de paz avanza, podremos hacer un gran programa de cooperación económica; si el proceso de paz sigue sin funcionar, conoceremos dificultades en las que no necesito insistir ante ustedes. 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba ambas resoluciones legislativas) 
Señor Presidente, no sé exactamente sobre qué votamos. 
Ruego a alguien del Grupo de los Socialistas Europeos que lo explique. 
En la enmienda nº 4 se dice que la Comisión deberá presentar propuestas para la ampliación del derecho a reunificación familiar a hijos que no están a cargo así como a parientes en línea ascendente que tampoco están a cargo. 
¿Está esto pensado para los ciudadanos de la Unión o para todos los pertenecientes a terceros Estados? 
La consecuencia sería que se desataría una oleada inmigratoria. 
Por ello, ruego que se aclare qué es lo que aquí se quiere decir. 
¿Sólo los ciudadanos de la Unión o también pertenecientes a terceros Estados? 
Mi voto depende naturalmente de ello. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, creo que el texto está claro en la versión presentada. 
Se trata de aquellos que viven en la Unión y aquí de la reunificación familiar. 
Se deduce claramente del texto. Se refiere a todas aquellas personas que tienen un domicilio legal en la Unión. 
Enmienda n- 8: 
Señor Presidente, deseo intervenir por una cuestión de orden. 
Solicito a esta Asamblea que autorice una votación por separado sobre un término. 
Admito que esta solicitud se plantea fuera de plazo; les ruego que me disculpen. 
Se trata del término "políticos» de la última frase, que cito :" exige que estos nacionales... » -aclaro que se refiere a nacionales de terceros Estados que residen legalmente en la Unión- " que estos nacionales reciban el mismo trato que los ciudadanos de la Unión por lo que respecta a sus derechos políticos, sociales y económicos». 
Solicito una votación por separado sobre el término " políticos» , en nombre de la delegación francesa, ya que, si bien está a favor del derecho de voto en las elecciones locales, nuestra delegación se opone a ello en lo que respecta a las elecciones nacionales. 
Ahora bien, la noción de igualdad de derechos políticos se refiere a la vez a las elecciones locales y a las elecciones nacionales. 
En resumen, si se acepta la votación por separado y se rechaza el término " políticos» , nosotros votaremos a favor. 
En caso contrario, votaremos en contra. 
Me gustaría serle de ayuda, pero disponemos de unos plazos estrictos para informar a los servicios acerca de la intención de solicitar votaciones por separado. 
Viendo el clima que reina en la Cámara, puedo asegurar que la aceptación de una votación separada suscitaría un largo debate al respecto. 
(El Parlamento rechaza la resolución) 
Señor Presidente, como ya sabe, tengo un gran interés en las votaciones nominales ¿Podría usted decirme si acabamos de tener una o cinco votaciones de este tipo? 
Le dejo a usted la tarea de averiguarlo. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Señor Presidente, tengo una cuestión de orden. 
Acerca del asunto de las votaciones nominales, desearía- en nombre propio y de algún que otro diputado más- hacerle saber lo siguiente, lo cual también me gustaría que se sometiera a comprobación. 
Durante casi todo el primer semestre de este año, aunque no dispongo en este momento de las fechas exactas, consto como si no hubiera votado, si bien sé que he estado presente y que he participado en las votaciones. 
Ya me he referido anteriormente a la fiabilidad de mi tarjeta de votación. 
De hecho, Sr. Presidente, usted mismo solicitó en una ocasión que se cambiara la máquina; y yo seguía planteándome dudas acerca de mi tarjeta. 
Hoy he venido sin la nueva tarjeta que recibí en junio, por lo que me he dirigido a las oficinas situadas en el ala trasera de este edificio para conseguir una tarjeta de repuesto. 
Me han dado mi tarjeta antigua. 
Acto seguido, he ido a las oficinas de los técnicos para probarla, donde me he enterado de que mi tarjeta antigua, de la que he dependido en este Parlamento durante cuatro o cinco meses, no funciona correctamente. 
Yo lo he sabido durante todo este tiempo. 
Lo he pagado, económicamente hablando, pero no se trata de esta cuestión. 
He constado como si no hubiera estado presente para acreditar mi presencia durante las votaciones en esta Cámara aun si, de hecho, yo sí que he estado aquí, pero con una tarjeta defectuosa. 
Quiero plantearle esta cuestión para reconfortar a los demás diputados de este Parlamento que se han visto en la misma situación. 
Muchas gracias 
Señor Presidente, desearía solicitar la devolución a comisión de este informe. 
El Presidente de nuestro Parlamento ha abierto este período parcial de sesiones manifestando su deseo de que se respetase el Tratado y de que no se sometiese a la Asamblea un texto que podría ir en contra del mismo. 
Se trataba, como recordarán del Informe Bösch. 
Considero que hoy debemos adoptar el mismo rigor jurídico con el Informe Christodoulou. 
En efecto, los artículos 4 y 209 del Tratado exigen para todo tipo de gasto una doble base legal, presupuestaria y jurídica. 
El Tribunal de Justicia, en su fallo del 12 de mayo lo confirmó en su apartado 26, excluyendo solamente las acciones comunitarias no significativas, que no requerían este tipo de acto de base. 
El proyecto de Acuerdo institucional que se nos somete es criticable por dos razones. 
Por una parte, porque establece la ejecución, para 1998, de los créditos de las líneas presupuestarias sin base jurídica, mientras que el Tribunal sólo había establecido este tipo de ejecución para los créditos ya comprometidos. 
Por otra parte, porque el mismo desarrolla, a la vez que establece un tope máximo para el importe global, las nociones de proyectos piloto, de acciones preparatorias y de acciones de carácter singular. 
Ahora bien, esta noción de acción limitada en el tiempo fue rechazada por el Tribunal, el cual precisó que nada se opone a que una acción significativa de la Comunidad suponga gastos limitados o sólo produzca efectos durante un período limitado. 
Por lo tanto, las acciones no significativas estaban excluidas por el Tribunal. 
Así pues, nos encontramos en una situación de irregularidad jurídica total. 
Para comprobarlo, les sugiero que se devuelva el texto a comisión, como lo hicimos con el Informe Bösch. 
Señor Presidente, la sentencia a la que se refiere esta intervención y que el Tribunal de Justicia ha fallado a instancias del Gobierno británico en lo tocante a los fundamentos jurídicos de los gastos de la Unión Europea, muestra claramente en su exposición de motivos que los gastos no significativos no necesitan ningún fundamento jurídico. 
En el texto de la exposición de motivos se indica expresamente que la insignificancia no se define por el importe y duración de los gastos sino que debe ser determinada por decisión de las dos partes de la autoridad presupuestaria. 
Hemos seguido exactamente este principio cuando adoptamos el Acuerdo Interinstitucional entre los 15 Estados miembros, la Comisión y el Parlamento Europeo y que ahora se presenta a votación. 
De este modo, este acuerdo cumple precisamente la tarea de interpretar la sentencia en el lugar en el que el Tribunal de Justicia ha devuelto esta tarea a ambas instituciones, el Consejo y el Parlamento. 
Por ello, no hay ninguna justificación para que no se trate el informe del señor Christodoulou. 
Ruego que se vote ahora al respecto. 
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el Sr. Samland. 
(El Parlamento decide no devolver el informe a comisión) 
Enmiendas 1-4. 
Señor Presidente, estas cuatro enmiendas contienen principios muy buenos. 
Sin embargo, me veré obligado a pedir el voto contrario porque no pertenecen al texto que nos referimos. 
Hemos acordado sobre un texto ligero y, a pesar de que los principios, repito, son buenos, son innecesarios. 
Lo mismo es aplicable a la enmienda 5 del Sr. Ewing. 
Después de la respuesta dada por el Comisario Sr. Liikanen sobre el tema de las lenguas minoritarias, dicha enmienda se hace innecesaria. 
Por consiguiente, estoy en contra de todas las enmiendas. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, cuyo informe coincide en su contenido con la posición de nuestro grupo político. 
Las enmiendas se refieren a lo que hemos intentado aclarar en el marco del acuerdo interinstitucional. 
Como el señor Liikanen señalizó ayer claramente en el debate que va a hacer todo lo que esté en su mano para establecer junto con el Parlamento estos fundamentos jurídicos y garantizar también para el año 1998 un máximo de ejecución del presupuesto, quiero retirar las enmiendas en nombre de mi grupo político. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, se nos plantea un verdadero problema porque este texto se denomina " las relaciones transatlánticas y el sistema ECHELON». 
Ahora bien, puesto que algunos colegas, y no sólo dos de ellos, se esforzaron mucho para procurar que la palabra "ECHELON» no figurara en este texto, propongo que, si el texto no se modifica, se suprima la referencia a" ECHELON» incluso en el título. 
De este modo, estos colegas se habrán salido con la suya en un 100 %. 
Señor Presidente, en las propuestas de resolución se mencionan problemas de información económica que entran en el marco del sistema ECHELON. 
En tal caso, debe mantenerse el término " ECHELON» en el título de la propuesta. 
Señor Presidente, le ruego que no mande votar en bloque sino en cualquier caso sobre las enmiendas nº 4, 12 y 13 por separado. 
Además, lamentablemente se ha deslizado un error en la votación sobre el informe Schaffner. 
Aquí se había solicitado que la votación final fuese nominal y me gustaría escuchar de usted porqué no ha permitido esta votación nominal. 
Los servicios acaban de comunicarme que ha sido un error suyo. 
Se trata de un problema administrativo, por el cual pedimos nuestras excusas. 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Señor Presidente, me permito volver de nuevo a lo dicho por usted a mi pregunta de antes. 
Usted ha dicho que ha sido un error de los servicios que no le haya llegado la solicitud de votación nominal sobre el informe de la señora Schaffner. 
Esto puede pasar, a cualquiera le puede pasar algo así. 
Pero usted, como Presidente de la sesión puede repetir perfectamente la votación como votación nominal. 
Se lo ruego. 
Si se trataba de un error no veo ningún motivo para no hacerlo. 
Le ruego pues que se lleve a cabo la votación nominal del informe Schaffner. 
Es una petición, en principio, perfectamente razonable. 
Sin embargo, el problema es que en la Cámara hay un movimiento continuo de gente que entra y sale, por lo que ahora no contaríamos con la misma presencia de diputados que cuando se celebró la votación. 
Ha sido un error por mi parte, y no puedo hacer otra cosa que pedir excusas. 
No creo que estemos en condiciones de repetir la votación. 
Señor Presidente, vuelvo de nuevo al informe de la señora Schaffner. 
Usted ha dicho que no es posible mandar votar de nuevo porque posiblemente ha cambiado la composición del Parlamento. 
Pero es posible que aplace esta votación a la de mañana y que los grupos políticos, conscientes de que va tener lugar esta votación, puedan realizar su propia ponderación. 
Entonces llegaríamos a una votación nominal. 
No hay ninguna diferencia si se vota nominalmente o en secreto, tampoco en el comportamiento de los diputados. 
De ahí esta solicitud. 
He admitido mi error y he pedido excusas al respecto. 
Sin embargo, resulta bastante claro que, una vez que se ha declarado oficial una votación en esta Cámara, no se puede dar marcha atrás. 
Ya se ha comunicado el resultado de la votación. Y aquí termina la cuestión. 
Señor Presidente, me gustaría únicamente responder a las observaciones que ha hecho el Sr. Killilea. 
Como cuestor de este Parlamento, me sorprende que haya tenido que plantear una cuestión de este orden ante la Cámara. 
Él debe saber mejor que nadie cuál es el mejor modo de tratar este asunto. 
Resulta obligado preguntarse los motivos que le han llevado a plantearlo en este foro. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe anual de actividades de la Unidad de Drogas de Europol. 
En vista del aumento de las actividades del crimen organizado internacional, entre otros campos, en el campo de las drogas, resulta importantísimo que la Unidad de Drogas de Europol llegue a funcionar de manera efectiva. 
La lucha contra el crimen organizado será mucho más efectiva si las fuerzas policiales europeas trabajan juntas. 
Europol debe facilitar la investigación policial en cada Estado miembro creando un marco que facilite un rápido intercambio de informaciones entre las autoridades policiales. 
En segundo lugar, Europol debe poder efectuar análisis generales del desarrollo de la criminalidad en provecho de la policía nacional. 
No podemos sumarnos a los que solicitan que se concedan verdaderas competencias investigadoras a Europol. 
Europol no debe tener carácter de autoridad policial europea y la investigación misma de actuaciones criminales debe seguir como hasta ahora en manos de la policía de los Estados miembros. 
En su lugar, Europol debe dar prioridad a las importantísimas tareas de las que ya se ocupa, por ejemplo, el intercambio de informaciones y exámenes periciales, la colaboración en investigaciones, el análisis y la formación. 
COM sobre el arroz (C4-0276/98) 
En el momento que debemos pronunciarnos sobre la propuesta de reglamento del Consejo por la que se establece un sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios, en particular para los productores de arroz, deseo alertar a mis colegas, a la Comisión y al Consejo de la situación dramática de los arroceros franceses, que se encuentran, en la mayoría de los casos, en Carmarga y en Guayana. 
En efecto, celebramos un largo debate, aquí mismo, para evidenciar las carencias de la Comisión en su gestión del mercado de los cereales. 
Al inicio de la campaña, el año pasado, cuando los precios mundiales habían alcanzado el tope máximo, la Comisión no dio ningún certificado de exportación y la Unión perdió, por esta causa, importantes mercados en los países árabes. 
Con respecto al arroz, ha ocurrido lo mismo, con la sola diferencia- y es preciso señalarlo- de que la producción europea es ampliamente deficitaria en relación con la importancia de nuestro mercado interior. 
La Comisión ha aceptado importar arroz procedente de los terceros países- presionada, es cierto, por la OMC- y se " ha olvidado» de gestionar nuestro mercado interior. 
Hoy los silos de los productores y de las cooperativas están llenos; no hay más capacidad de almacenamiento específico para el arroz (silos ventilados, etcétera). Y debemos cosechar nuestra producción de 1998. 
¿Qué nos propone la Comisión frente a este drama? 
Por lo tanto, solicito públicamente a la Comisión que adopte medidas urgentes para permitir que nuestros arroceros realicen la cosecha y que nuestras cooperativas almacenen nuestra producción. 
Después de haber reducido desde hace varios años las ayudas a la producción de arroz, después de haber provocado la acumulación de arroz en nuestros silos, ¿la Comisión desea que mantengamos en Europa una producción de arroz? 
¿O bien ha decidido, simplemente, que la Unión Europea debe ser dependiente, en la totalidad de su consumo, del arroz producido en los terceros países? 
Informe Schaffner (A4-0108/98) 
Señor Presidente, hemos rechazado el informe Schaffner a pesar de que aquí se trata de un tema muy importante debido a una serie de enmiendas inaceptables, como las de la colega Zimmermann, que explican porqué el SPD de Baviera se encuentra en caída libre hacia la marca del 20 %. 
La enmienda nº 4 ha incluido por ejemplo la inmigración incontrolada de abuelos, de parejas de hecho no casadas y del mismo sexo y cosas similares. 
Creo que si, bajo la presión de los socialistas y de los verdes, el Parlamento insiste en seguir tratando estos temas de un modo tan poco serio va a provocar protestas en amplios sectores de la población. 
Tenemos la tarea de encontrar de nuevo una cooperación objetiva en estas importantes competencias que ahora tenemos y dejar de jugar a espaldas de nuestros ciudadanos y contribuyentes estos juegos tan demagógicos. 
Ha sido muy significativo que un documento similar haya sido rechazado por los mismos socialistas cuando el señor Schröder estuvo aquí en Estrasburgo porque se avergonzaron del mismo. 
Pero apenas ha partido el señor Schröder, la cosa comienza de nuevo. 
(Exclamaciones del señor Schulz) 
El Informe Schaffner sobre la libre circulación de las personas acaba de ser rechazado en el seno de esta Asamblea por una coalición con motivaciones contradictorias. 
Pero hay que subrayar que antes acababa de aprobarse por amplia mayoría- 276 votos contra 250, incluido el mío- una enmienda 8 que no habrá que olvidar. 
Ésta afirmaba, en efecto, que "la libre circulación de las personas establecida en el artículo 7 A del Tratado CE (artículo 14 de la versión consolidada de Amsterdam) deberá aplicarse asimismo a los nacionales de terceros Estados que residan legalmente en la Unión» , luego pedía" que estos nacionales reciban el mismo trato que los ciudadanos de la Unión por lo que respecta a sus derechos políticos, sociales y económicos». 
La primera parte de la cita está sacada del proyecto de Amsterdam, que establece la eliminación de todos los controles sobre las personas en las fronteras internas de la Unión, tanto para los ciudadanos de los Estados miembros como para los nacionales de terceros países, en un plazo de cinco años. 
El Grupo Europa de las Naciones se opone a esta disposición que nos haría perder el control de nuestro territorio, una de las bases fundamentales de nuestra soberanía. 
¿Cómo podría protegerse la integridad del territorio, cuya defensa exige la Constitución francesa- hasta tal punto que establece la posibilidad de aplicar los poderes excepcionales del artículo 16 -, si ya no tenemos el derecho de controlar nuestras fronteras? 
Pero el resto de la enmienda 8 va aún más lejos: pide la igualdad entre los nacionales de la Unión y los nacionales de los terceros países por lo que respecta a los derechos económicos, sociales e incluso políticos- sin hacer distinción entre estos últimos e incluyendo, por ejemplo, el derecho de voto de las elecciones municipales a las presidenciales. 
Este texto no es casual. 
Se expresa aquí la filosofía constante de esta Asamblea: la voluntad de eliminar en todos los ámbitos la diferencia entre ciudadano y extranjero, que desembocaría, en nuestra opinión, no ya en la construcción, sino en la demolición de Europa. 
Los franceses deben tener cuidado: el Tratado de Amsterdam establece, en las cuestiones de circulación internacional de las personas, la posibilidad de tomar decisiones en el Consejo por mayoría cualificada, en codecisión con el Parlamento Europeo. 
Si otorgamos semejante poder a este último, lo utilizará en el sentido que el propio Parlamento expresa hoy, y que no cambiará mañana. 
Seguirá siendo, en efecto, una Asamblea demasiado alejada de los ciudadanos e influida por grupos de presión que desean dejar atrás las naciones, para destruir mejor Europa. 
¡Los franceses deben recordarlo en el momento de la ratificación de Amsterdam! 
Bajo ninguna circunstancia podemos apoyar el informe Schaffner. 
En nuestra opinión, el informe no refleja la realidad y es una muestra del federalismo comunitario en su peor expresión. 
El informe Schaffner muestra un desdén hacia las democracias nacionales que resulta inadmisible- por ejemplo, en el punto 1, en el que se propone que el Consejo ponga en ejecución el artículo 7 a, que trata de la supresión de las fronteras nacionales y del fortalecimiento de la vigilancia de las fronteras exteriores, sin ningún miramiento por el derecho nacional. 
Al mismo tiempo, sólo nos cabe pedir al gobierno danés que se mantenga firme en el Consejo y continúe bloqueando la propuesta de la Comisión por la que se amplía el reglamento 1208/71. 
No sólo combatiremos cualquier opinión elitista sobre el modo de poner en marcha decisiones políticas- también lucharemos siempre por el derecho exclusivo de los parlamentos nacionales a establecer las políticas nacionales de fronteras, de visados, de política social, etc. Al mismo tiempo y con el respaldo que nos da haber sido elegidos en unas elecciones, queremos destacar también el compromiso de los estados democráticos de acatar las convenciones internacionales, por ejemplo, aprobadas bajo los auspicios del Consejo de Europa y las Naciones Unidas, y defender activamente sus principios. 
En este contexto, queremos rechazar rotundamente la propuesta de la Presidencia austríaca sobre una política común de refugiados e inmigrantes, la cual choca claramente, entre otras, con la convención de refugiados de las Naciones Unidas, y con cualquier noción de humanidad. 
Desgraciadamente el borrador austríaco no es el único borrador comunitario en el ámbito de los refugiados que muestra " la postura de Fuerte Europa». 
El propio primer ministro danés manifestó a raíz del referéndum sobre el Tratado de Amsterdam que un sí al Tratado implicaría una menor presencia de refugiados en Dinamarca. 
No nos cabe ninguna duda de que el informe Schaffner debe verse como una piedra más no sólo en la construcción de los Estados Unidos de Europa sino también en la construcción de un " Fuerte Europa». 
Por ello votamos no al informe Schaffner. 
Con gran consternación hemos podido comprobar, mis colegas del Grupo liberal y yo, que el Parlamento Europeo no ha sido capaz de emitir un juicio acerca de los informes del llamado Grupo de Alto Nivel para la Libre Circulación, presidido por la ex diputada Simone Veil, una europea altamente respetada. 
Los conservadores del Parlamento demostraron en la votación que no quieren crear igualdad de posibilidades, por ejemplo, para personas de terceros países que viven legalmente dentro de la Unión. 
¿Qué clase de libre circulación es aquella que sólo vale para los ciudadanos de la Unión? 
¿Cómo podría funcionar semejante libertad? 
Los diputados que se abstuvieron en la votación, evidentemente laboristas de Gran Bretaña, tienen también una gran responsabilidad en que el Parlamento no pueda cumplir con uno de sus más importantes cometidos, esto es, crear una Europa de los ciudadanos. 
En el informe se intentó resolver problemas cotidianos que afectan a muchas personas en Europa. La eliminación de este tipo de problemas debería ser una de nuestras principales misiones. 
Deseo felicitar a nuestra ponente, la Sra. Mosiek-Urbahn, por su trabajo y sus esfuerzos con miras a lograr un acuerdo sobre esta importante directiva relativa a la supervisión adicional de empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros. 
La Sra. Mosiek-Urbahn ha conseguido un acercamiento casi total de los puntos de vista. 
El Consejo ha aceptado, en efecto, la mayoría de las enmiendas aprobadas en primera lectura. 
La posición común, aprobada por 14 votos contra 15, nos parece hoy un buen compromiso. 
La Sra. Mosiek-Urbahn propone, no obstante, algunas enmiendas en segunda lectura. 
Lamentamos no poder apoyarla en esta cuestión. 
Nosotros consideramos que el punto de equilibrio resultante de la posición común es correcto y tememos que las enmiendas propuestas desequilibren la directiva, en detrimento de la protección de los asegurados y del sector- importante, en nuestra opinión- de las mutualidades de seguros. 
Los socialistas franceses, como la mayoría del Grupo Socialista, aceptarán, por tanto, la posición común sin enmienda. 
Solicito personalmente a la Comisión Europea que remita su posición crítica sobre las mutualidades francesas y que vuelva a abrir la discusión con el Estado francés sobre este punto. 
Tanto para los ciudadanos como para las empresas del mercado interior es fundamental que exista una confianza total en el sector de los seguros. 
Por ello es muy positivo que la Unión Europea quiera ahora impedir de manera efectiva que las compañías aseguradoras realicen una acción tan grave como la evasión de los requisitos de solvencia recogidos en las directivas comunitarias de seguros, consistente en incluir el mismo capital dos veces para cubrir los riesgos que se han asegurado por diferentes compañías. 
Tras la primera lectura, el Consejo se ha mostrado muy colaborador, considerando que ha incluido en su posición común la gran mayoría de las enmiendas del Parlamento. 
Esta voluntad de colaboración me parece un motivo añadido para estar satisfecho. 
Informe Valverde López (A4-0279/98) 
Votamos a favor del informe, puesto que es preciso impedir que aeronaves más contaminantes y ruidosas del Capítulo 2 procedentes de los Estados Unidos acaben en los países comunitarios cuando éstas ya no estén permitidas más en los Estados Unidos. 
Aunque las aeronaves modificadas del Capítulo 2 contaminan más y son más ruidosas que las verdaderas aeronaves del Capítulo 3. 
Para aliviar la contaminación sonora nos sumamos a la prohibición de que las aeronaves recalificadas puedan despegar y aterrizar por las noches. 
En general, son necesarias medidas de insonorización adicionales más rigurosas dentro del sector del transporte aéreo en Europa y en el mundo entero. 
Sin embargo, hemos de rechazar la enmienda 1. 
La regulación debe seguir produciéndose vía directiva antes que vía reglamento. 
Con los reglamentos los parlamentos nacionales pierden más competencias y no podemos sumarnos a una transferencia semejante de competencias legislativas de órganos elegidos por el pueblo a la Comisión de la Unión Europea. 
Resulta lamentable que tras la aprobación por este Parlamento, casi por unanimidad, de mis enmiendas como ponente de la Comisión de Medio Ambiente del Libro Verde sobre la lucha contra el ruido, se nos propongan ahora estas modificaciones ampliamente insuficientes para la reducción del ruido en el sector aéreo. 
Parece mentira que aún se admitan en la Unión Europea aeronaves equipadas con lotes de «Hushkits» o el abuso en las exenciones concedidas en el apartado 1 del artículo 4. 
También parece razonable la enmienda nº 5 al texto de la Comisión que busca garantizar el sueño de los ciudadanos, impidiendo los vuelos nocturnos. 
Yo que vengo de las Islas Baleares puedo afirmar el tormento del aeropuerto de Menorca abierto de par en par a la contaminación acústica en la desbordada época turística. 
Parece que de poco sirvió la postura unánime del Parlamento en contra del ruido con ocasión del Libro Verde, debate en el que ni siquiera se dignó estar presente la Comisaria de Medio Ambiente, a pesar de lanzar espléndidos mensajes «insonorizados» en la reciente Conferencia de Copenhague sobre el ruido. 
Informe Christodoulou (A4-0396/98) 
Señor Presidente, en el mes de julio pasado, el Grupo Europa de las Naciones se había opuesto a la maniobra de la Comisión, que, desaprobada por el Tribunal de Justicia por haber comprometido gastos sin base jurídica, venía a pedir al Parlamento que la apoyase. 
La Comisión estaba respaldada por una multitud de cartas de asociaciones beneficiarias de estos créditos ilegales, en las cuales todas ellas declaraban, evidentemente, que la sociedad se hundiría y que los más desfavorecidos se verían gravemente afectados si la Unión Europea no continuaba abonándoles subvenciones. 
No entraremos en ese juego. 
Nosotros creemos que las ayudas con finalidad social se asignarán más atinada y eficazmente si se mantienen en el marco de los Estados y de las colectividades locales. 
Hoy no existe ninguna razón para violar este principio sino el deseo de la Comisión de intervenir en todo y de constituirse un clientelismo que se le someta. 
Además, puesto que el Tratado en vigor exige un fundamento jurídico, no creemos que la solución propuesta por la Comisión- un acuerdo entre las instituciones para interpretar el Tratado de manera extensiva, a fin de que le permita continuar estas prácticas- sea en absoluto aceptable. 
El Tratado fue aprobado por los pueblos de Europa, y las instituciones de Bruselas no tienen el derecho de cambiar el sentido de este punto, sin que se vuelva a someter a los pueblos. 
Esta posición de principio, que nosotros habíamos manifestado en julio, se ve reforzada cuando hoy leemos el texto del proyecto de acuerdo que se nos ha comunicado. 
El mismo avala, en efecto, todas las peticiones de la Comisión para comprometer por autoridad propia gastos relativos a supuestos proyectos piloto, a acciones preparatorias o también a otras acciones de carácter singular, o incluso permanentes, ligadas a estas prerrogativas propias, sin que ni siquiera la última categoría esté sujeta a un tope máximo. 
Este proyecto de acuerdo nos parece intolerable y pedimos al Consejo que lo rechace. 
Señor Presidente, he votado en contra de este informe por una razón de orden jurídico a la vez que por una cuestión de principio. 
He expuesto la razón jurídica antes de la votación final. 
En efecto, el Tratado establece, repito, la necesidad de una doble base jurídica antes de comprometer cualquier gasto comunitario: una base presupuestaria, es decir, la inscripción en los presupuestos de la Comunidad; un fundamento jurídico, es decir, la aprobación de un acto derivado. 
El Tribunal de Justicia lo señaló en su fallo del 12 de mayo. 
Sólo ha excluido este requisito para las denominadas acciones no significativas. 
El Tribunal consideró que algunas acciones limitadas en el tiempo, limitadas en cuanto a su importe, podían no ser acciones no significativas. 
El proyecto de Acuerdo institucional no está de acuerdo con esta decisión del Tribunal. 
Dicho proyecto establece proyectos piloto de naturaleza experimental, acciones preparatorias, acciones de carácter singular. 
Como ha subrayado mi colega, el Sr. Georges Berthu, se pueden concebir perfectamente acciones de carácter singular por un importe importante, que carecerían de base jurídica. 
Además, existe una cuestión de principio. 
Esta cuestión de principio es muy simple. 
No podemos seguir concibiendo una Unión Europea consagrada a una práctica de Acuerdos institucionales como ocurre hoy. 
Mientras que, por un lado, se exigen Tratados, se pide al Parlamento que los ratifique, por otro lado, se evita que el pueblo se pronuncie sobre los Tratados, por medio de Acuerdos interinstitucionales que, de hecho, no se someten ni al pueblo ni a los Parlamentos nacionales. 
Se añade, se modifica, se cambian los Tratados. 
-Sistema ECHELON 
No parece que el excelente documento de trabajo de STOA " Evaluación de las tecnologías de control político» haya sido objeto de la atención que merece. No ha sido así, por lo menos, en lo que respecta a la Comisión, que niega tener conocimiento de ningún acuerdo, aunque se sabe que en 1995 los Estados miembros de la UE suscribieron un memorándum de entendimiento que, no obstante, continúa siendo clasificado. 
Así pues, tengo la impresión de que el Grupo de los Verdes es el único que comprende verdaderamente este problema. 
En la Unión Europea, la principal fuente de recogida de datos para los Estados Unidos es la base de espionaje de Menwick Hill, en North Yorkshire, Inglaterra. 
Se trata de una base de espionaje establecida por común acuerdo en 1948 entre los Gobiernos británico y estadounidense, con el objetivo, entre otros, de realizar un seguimiento de las comunicaciones durante la guerra fría tanto en el Este, como entre el Este y el Oeste, 
Mientras que numerosas bases estadounidenses han venido desmantelándose desde el final de la guerra fría, la de Menwick Hill se ha ampliado considerablemente y está siendo dotada en la actualidad de nuevos sistemas de seguridad. 
Con sus poderosos sistemas de vigilancia, todo parece indicar que mientras continúe el espionaje de tipo militar, esta vigilancia se centrará en gran medida en las conversaciones privadas y de negocios. 
Se estima que las empresas estadounidenses han recibido y se han beneficiado de grandes ventajas comerciales a la hora de superar a las empresas europeas en el marco competitivo global. 
Las actividades de la base de Menwick Hill no se someten a responsabilidades democráticas, por lo que, a la luz de las evidencias, debería cerrarse de inmediato. 
Es urgentemente necesaria una aclaración por parte de la UCLAF. Base de la transparencia. 
Es evidente que las dos mayores fuerzas comerciales y económicas del mundo pueden y deben desarrollar un diálogo. 
El interrogante que se plantea es en qué condiciones, con qué objetivos y en beneficio de quién. 
No es posible que el plan de un acuerdo sea desestimado por el Consejo- algunos países han vetado la adopción del mismo por encontrarlo radicalmente opuesto a los intereses de los países europeos- y que, transcurridos tan solo unos meses y cambiando en esencia tan solo el título del acuerdo, dicho plan sea admitido como consecuencia de la presión ejercida por EE.UU.. y el gran capital. 
No es posible que organismos financiados por la misma Comunidad descubran un seguimiento y espionaje a gran escala en la vida económica y privada de los ciudadanos de la UE y en los sistemas electrónicos y de telecomunicaciones de sus órganos, a través del sistema ECHELON, que penetra en los sistemas mundiales de telecomunicaciones y las informaciones que recava se utilizan en beneficio de los EE.UU. como, por ejemplo, en el caso de las negociaciones del GATT, y que la Comisión alegue que no tenían conocimiento de una denuncia semejante. 
No es posible que la UE subscriba un acuerdo que se supone que garantiza los intereses de las empresas europeas ante la legislación transnacional de los EE.UU., como por ejemplo la ley Helms-Burton para sanciones a empresas que violan el embargo que EE.UU. ha impuesto a Cuba, y que la Sra. Albright declare justo lo contrario en el Congreso, es decir, que Europa está sometida a la legislación de EE.UU.. 
A esta presión continua de los EE.UU. y de los grandes intereses, la Unión Europea responde con cesiones continuas obedeciendo también ésta a los mismos intereses monopolísticos. 
Al inadmisible seguimiento de los sistemas electrónicos y de telecomunicaciones y, de manera más general, de los medios de la red digital de los servicios integrados por los EE.UU., Europa responde con su decisión, según informaciones, de crear un sistema similar en colaboración con el FBI completamente ajeno a cualquier control democrático y, evidentemente, violando la directiva sobre la defensa de las personas físicas en lo referente al procesamiento de datos personales. 
El objetivo de dicho diálogo debería ser el desarrollo en beneficio de los trabajadores, el afianzamiento y ampliación de sus derechos democráticos y laborales tanto en la Unión Europea como en EE.UU. teniendo en cuenta que ésta es el mayor socio del otro, tanto en el comercio como en las inversiones. 
Pero, desgraciadamente, eso no es posible porque ambas partes son, a su vez, los protagonistas del sistema capitalista mundial y del ataque que se ha desatado contra los trabajadores y, bajo este prisma, el acuerdo avanzado completa los mecanismos para el logro de sus objetivos y aspiraciones. 
Un ejemplo característico son las exigencias para aumentar la protección de las inversiones con la adopción de principios generales, como la expropiación e indemnización en el memorándum de acuerdo entre EE.UU. y la Unión Europea que intenta adelantarse incluso al Acuerdo Multilateral para las Inversiones en el marco de la OCDE que aún no ha sido admitido debido a las fuertes reacciones que ha provocado. 
Informe Campoy Zueco (A4-0235/98) 
Señor Presidente, la cuestión de los residuos es un asunto capital en materia de salud pública. 
Un país que no sabe o que no quiere gestionar ecológicamente sus residuos tendrá un agua contaminada, un aire cargado de elementos tóxicos generados por técnicas deficientes de incineración y, además, unas poblaciones que reciben directamente estos contaminantes a través de la alimentación. 
Ya que, además de la encefalopatía espongiforme, de las hormonas, de las modificaciones genéticas, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, las dioxinas y otros organoclorados que se acumulan en las cadenas alimentarias. 
A este respecto, la utilización de lodos de depuradora en la agricultura- aunque parezca caer de su propio peso- debe estar sometida a una normativa de salubridad muy estricta, ya que estos lodos contienen generalmente metales pesados u otras sustancias activas. 
Por lo tanto, el ponente tiene razón de preocuparse por un laxismo evidente de los Estados miembros. 
Sin embargo, ¿cómo puede prever procedimientos de infracción contra los Estados, cuando- y él mismo lo reconoce- el Derecho comunitario carece de transparencia y de coherencia? 
El papel de la Comisión debe consistir en aconsejar, en aportar herramientas para una convergencia entre los Estados miembros, y no practicar el intervencionismo policial o fiscal. 
¡Esta concepción empaña, en parte, el espíritu de este informe, y eso es muy lamentable! 
Señor Presidente, me gustaría únicamente señalar que no tiene mucho sentido dedicar tiempo a debatir y adoptar legislación en materia ambiental si, luego, no va a ser aplicada. 
Sabemos que existe un grado muy reducido de armonización en este ámbito, que reviste una importancia vital para el mercado único. 
¿No es absolutamente sorprendente comprobar su frenética determinación para lograr el pleno funcionamiento del mercado único en lo relativo a las ventas libres de impuestos, mientras que no se hace nada acerca de esta cuestión? 
He aquí un motivo de reflexión. 
Desearía ocupar el breve tiempo del que dispongo para corregir un comentario que hizo ayer ante el Pleno la Sra. McKenna, representante de mi misma circunscripción electoral, y que ha aparecido publicado en el " Irish Times» de hoy. 
De acuerdo con mi apreciación, el estudio de la revista " Lancet» relativo a los peligros a los que se ven expuestas las mujeres embarazadas que habitan en las proximidades de vertederos se refiere a vertederos de residuos peligrosos y tóxicos, no de residuos normales. 
En este caso no son culpables el Gobierno o las autoridades irlandesas. 
De hecho, muchas de las referencias que se hacen en el informe en relación con Irlanda son obsoletas. 
De las dos únicas causas pendientes contra el Gobierno irlandés, una está relacionada con la entrega de los planes de gestión de residuos (causas similares se han emprendido igualmente contra otros Estados miembros). 
Por lo que respecta a Irlanda, se han vuelto a elaborar estos planes, que están prácticamente listos para su presentación, por lo que resulta muy probable que se desestime esta causa. 
La segunda causa pendiente está relacionada con el incumplimiento por parte del Gobierno irlandés al no haber proporcionado a la Comisión información en torno a las instalaciones de residuos peligrosos. 
Igualmente, la Comisión me ha asegurado que este tema está siendo sometido actualmente a examen, y que es muy probable que se suspenda el procedimiento jurídico. 
Finalmente, desearía instar a las autoridades irlandesas a que afronten a la mayor brevedad posible las deficiencias que sufrimos en materia de instalaciones de reciclaje, así como el hecho de que en Irlanda no se consideran como residuos los desechos agrícolas, por lo que debemos presenciar el espectáculo de lagos de gran belleza- como los de Killarney- llenos de fosfatos, en los que se mueren los peces a causa de los vertidos agrícolas que van a parar a dichos lagos. 
Espero que las autoridades puedan tomar medidas acerca del vertedero que tenemos en el estuario de Rogerstown, en el Condado norte de Dublin, en una zona que constituye un hábitat natural de aves silvestres. 
Muestro mi más profunda preocupación por la enconada crisis de los residuos en Irlanda. 
La UE está emprendiendo en la actualidad medidas contra Irlanda por no haber aplicado un plan nacional apropiado en materia de gestión de residuos y, particularmente, por no haberse ocupado de la cuestión de los residuos peligrosos. 
Una vez más, Irlanda no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. 
Ahora, la UE exige con los planes específicos de las autoridades locales una revisión a fondo y un plan nacional en materia de residuos peligrosos. 
Se cree que Irlanda ha estado dando una vez más largas a este asunto. 
Los residuos tóxicos y peligrosos han sido objeto de estudios en el Reino Unido que demuestran que, si viven a una distancia inferior a dos millas de alguna instalación de gestión de residuos peligrosos, las mujeres embarazadas aún corren peligro. 
Los bebés nacidos en un radio de dos millas de los vertederos donde se depositan residuos peligrosos corren un serio riesgo de nacer con taras. 
Entre los niños de madres que vivían en las proximidades de vertederos se han registrado deformidades y enfermedades como espina bífida, agujeros en el corazón o sistemas sanguíneos deteriorados. 
Oficialmente, Irlanda ha exportado residuos peligrosos. 
Sin embargo, se han encontrado residuos vertidos ilegalmente en todo el país, por lo que la Comisión someterá a investigación las denuncias que se presenten al respecto. 
La cuestión clave reside en saber quién va a pagar el aumento de los costes derivados de la gestión de residuos cuando se restrinja la financiación de la UE. 
Si pagara el contaminante, ello implicaría una revolución en la que la reducción de los residuos y el reciclaje desempeñarían un papel primordial que rebajaría en un 20 % la necesidad de disponer de vertederos. 
Este asunto es una muestra de la actitud laxa que mantiene este país por lo que respecta a la aplicación de las leyes sobre residuos. 
Se está socavando la imagen de la Irlanda verde. 
La agricultura constituye la mayor causa de contaminación fluvial y lacustre en este país, a pesar de lo cual se han ignorado los residuos de origen agrícola en los planes de gestión de residuos que se han realizado anteriormente. 
La Comisión es particularmente consciente de esta circunstancia. 
Un reciente plan del condado de Waterford fracasó en la gestión de cerca de un millón de toneladas anuales de residuos agrícolas. 
Mientras el Gobierno irlandés sigue dándole vueltas al asunto, los residuos se acumulan y destruyen nuestro medio ambiente. 
La Comisión ha fijado el mes de septiembre de 1998 como plazo para la presentación de los informes. 
¿Cumplirá Irlanda este plazo o deberá enfrentarse a sanciones? 
Muy lamentablemente hemos de señalar que ninguno de los Estados miembros ha inscrito el Catálogo Europeo de Residuos en sus legislaciones nacionales y de ahí que la definición de residuos difiera de un país a otro dejando importantes lagunas en la puesta en marcha de una legislación medioambiental sostenible. 
De la misma manera, hay que lamentar muy especialmente que los Estados miembros no pongan en marcha de un modo más efectivo la política de residuos común aprobada con las cuatro directivas en cuestión y que ni mucho menos cumplan sus compromisos informativos para con la Comisión. 
De este modo, cada Estado miembro incumple principios medioambientales esenciales y deja en general de promover y cumplir una política de residuos que vela por el bienestar y la salud de las personas. 
Por ello nos gusta que la Agencia Europea del Medio Ambiente pueda reunir los datos necesarios sobre la implantación llevada a cabo por cada Estado miembro de la política común de gestión de residuos aprobada si estos análisis comparativos pueden fomentar la codificación de la política de residuos europea. 
No obstante, somos muy críticos con este informe. 
Por un lado, pensamos que los residuos no pueden ser considerados como una mercancía con la que pueda negociarse de un país a otro y que pueda por tanto estar regulada como parte del mercado interior. 
La política de residuos es en realidad una cuestión medioambiental y por ello debe ser tratada sólo como política medioambiental. 
Por otro lado, el informe recomienda en su punto 3 la regulación vía reglamento antes que, como es ahora el caso, vía directiva. 
Éste no es el camino hacia un mejor cumplimiento de la política medioambiental común ni que decir tiene hacia una política comunitaria en general más democrática, comprometida y efectiva. 
Con reglamentos que tienen un efecto legislativo directo sobre cada país miembro, los parlamentos nacionales ven desaparecer parte de sus competencias. 
Se les priva de influencia en decisiones que atañen a la implantación nacional concreta del acto conjunto. 
No podemos aceptar esta transferencia de competencias legislativas de los órganos elegidos por el pueblo a la Comisión de la Unión Europea. 
Una política medioambiental auténtica y responsable no puede ser forzada vía legislativa- así, bastantes más Estados miembros habrían cumplido sus compromisos- sino que exige un cambio fundamental de actitud. 
La política medioambiental común sí es necesaria, pero no basta. 
Deseo ante todo felicitar a nuestro colega por la claridad y franqueza del estilo adoptado para la redacción de su informe. 
Esta franqueza es relativamente rara como para no subrayarla. 
Por otro lado, deseo asociarme a las peticiones formuladas por Luis Campoy Zueco y recordar algunas verdades en materia de medio ambiente. 
En efecto, si bien se constata la mala voluntad de los Estados miembros para aplicar las directivas relativas a la gestión de residuos, ésta no se limita, desgraciadamente, sólo al capítulo del medio ambiente. 
Por lo tanto, deseo manifestar mi exasperación frente a las numerosas declaraciones de buenas intenciones de nuestros gobiernos, cuando sus acciones no están, ni mucho menos, a la altura de dichas declaraciones de intenciones. 
Por otro lado, de nada sirve elaborar una lista de estos incumplimientos. 
Es urgente que nuestros Ejecutivos evalúen los desafíos medioambientales de este final de siglo. 
Ya lo he dicho, y lo repito: no podemos traspasar indefinidamente los problemas a las generaciones futuras. 
Las amenazas que gravitan son muy reales y preocupantes. 
Por lo tanto, suscribo las exhortaciones del ponente tanto para definir una vez por todas la noción de residuos como para adoptar el conjunto de medidas necesarias contra los Estados reacios, y comparto lo esencial de los análisis y propuestas de nuestro colega. 
Finamente, si bien soy favorable a ciertas incentivaciones fiscales, existe el gran riesgo de encontrarnos en claras situaciones de bloqueo debido a márgenes presupuestarios más reducidos. 
Ahora bien, se puede razonablemente pensar que los próximos años serán particularmente ricos en materia de política medioambiental. 
Y en este ámbito, como en otros, deberemos ser valientes: ayudar, naturalmente, pero primero sancionar a aquellos que no respeten la ley. 
A pesar de las buenas intenciones del informe Zueco y a pesar de la situación crítica que éste trata, no podemos apoyarlo. 
Pensamos que el informe Zueco toca el problema fundamental de la Unión Europea, que es la falta de legitimidad legislativa de la Unión Europea. 
Esto conlleva que a menudo los Estados miembros opten por hacer caso omiso de la legislación comunitaria a pesar de ser ellos mismos quienes han participado en su aprobación. 
El informe Zueco toma posiciones frente a las infracciones de las normas comunitarias de gestión de residuos. 
No debe haber ninguna duda de que nosotros consideramos reprobable que los países de la UE- y por otro lado también otros países- jueguen con el tratamiento de sus residuos en perjuicio de sus propios ciudadanos, del medio ambiente nacional y del medio ambiente global. 
Por ello sólo podemos exhortar a todos los países, especialmente a los países industrializados, a que tomen en serio sus responsabilidades ambientales globales, también cuando se trata de la gestión de residuos. 
Nuestra posición es que las propuestas del informe Zueco relativas a una mayor participación de la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Comunidad con respecto a los países miembros apenas serán útiles. 
No son propuestas que vayan a ayudar a reforzar la legitimidad de la UE ante los ciudadanos de los países comunitarios. 
El mejor medio de potenciar la voluntad de los países de tomar en serio sus responsabilidades medioambientales es fortaleciendo las democracias nacionales y locales, de modo que los propios ciudadanos puedan cerciorarse de que los cargos electos sean conscientes de sus responsabilidades. 
Lo que necesitamos no son más decisiones y actuaciones en el ámbito de la UE, sino mayor democracia. 
La gestión de los residuos representa un desafío económico y medioambiental de una importancia tal que hace absolutamente necesario intensificar nuestros esfuerzos. 
Deseo ante todo, en nombre del Grupo Europa de las Naciones, protestar contra el hecho de que se haya omitido voluntariamente por la Comisión la definición de la noción de " residuo» en el seno de la Unión Europea, antes incluso de realizar el mercado único y, en consecuencia, antes de eliminar los controles aduaneros en los intercambios comerciales. 
En efecto, las interpretaciones divergentes del concepto de "residuo» en los Estados miembros han supuesto desvíos reales de" residuos» peligrosos hacia los Estados miembros más laxistas. 
Esta es la principal razón que ha permitido el desarrollo de cierto tráfico de " residuos» peligrosos. 
Nuestro Grupo ha presentado dos enmiendas sobre el ecoimpuesto. 
Desde hace varios años, hemos visto como se generalizaba el ecoimpuesto sobre los envases. 
Es imprescindible, en este ámbito concreto, que la Comisión coordine, en el plano comunitario, el conjunto de disposiciones adoptadas por los Estados miembros. 
Con demasiada frecuencia, el ecoimpuesto ha sido establecido para crear verdaderos obstáculos al mercado interior. 
No podemos menos que condenarlo. 
En Alemania y en Francia se ha creado un logotipo común (el punto verde) que obliga a todas las empresas de envasado, que comercializan productos acabados en el seno de cada uno de estos Estados, a contribuir económicamente y a ayudar a resolver los problemas medioambientales relacionados con los residuos. 
Es imprescindible generalizar este género de dispositivo ágil, claro y eficaz, y oponerse a aquellos que se han creado en otros Estados miembros, como Bélgica, que intentan favorecer su producción nacional, imponiendo procedimientos administrativos particularmente complejos y desalentadores. 
Finalmente, en general, el Grupo Europa de las Naciones no puede menos que lamentar la complejidad de la legislación europea existente en el ámbito de los residuos. 
En efecto, existen veinte actos jurídicos diferentes en la materia. 
Esto va en contra del principio de la transparencia, tanto más por cuanto el concepto de " residuo» no está definido de la misma forma en todos los Estados miembros. 
Por consiguiente, pedimos a la Comisión que desempeñe su papel, en lugar de atribuirse permanentemente y en todas las cuestiones una función de iniciativa política que no le atañe. 
Corresponde a la Comisión desempeñar, en un ámbito tan importante como el de la gestión de residuos y por lo que respecta a su competencia, su papel de coordinación y de simplificación de la legislación. 
Podría ser útil que nuestro Parlamento se lo recordara. 
Informe Mohamed Alí (A4-0167/98) 
Señor Presidente, estamos todos de acuerdo con nuestro colega Mohamed Alí: Averroes es un gigante, al igual que Ibn Khaldun, el Montesquieu árabe. 
Pero Averroes, si damos crédito a Maimónides y al filósofo catalán Ramon Llull, sería quizá la persona que habría escrito el panfleto Las tres imposturas: la impostura hebraica, la cristiana y la musulmana. 
El hecho de utilizar a este incrédulo, a esta mente libre al servicio del nuevo dogma de la sociedad pluriétnica o de las cursilerías sobre la defensa de los derechos humanos, es desvirtuar la memoria. 
Todos estamos de acuerdo en una universidad, que la apadrinaría el Mediterráneo, sí, para celebrar los 800 años de Averroes; pero el hecho de poner a este hombre al servicio de una inmigración arrogante, violenta, no deja de ser curioso para este espíritu sensible. 
¿Puede imaginarse a Averroes en un concierto de rap en Cordoue, trapicheando en un barrio del extrarradio o al volante de un BMW, maquillado, robando a los turistas en las carreteras? 
En verdad, ¿existen dos mundos musulmanes? 
El mundo de Al Mansur dominó occidente por su superioridad intelectual, pero el mundo musulmán de hoy nos domina por su añadido de barbarie. 
Entonces no convirtamos a Averroes en el padrino de los talibanes, del yihad, porque si hubiera vivido hoy habría sido objeto de una fatwà, y los musulmanes, en favor de los cuales hoy se invoca a Averroes, le habrían seccionado las carótidas. 
Señor Presidente, he votado en contra del informe de Mohamed Ali no porque no pueda comprender plenamente las intenciones del mismo. 
Sólo creo que un informe que es tan corto, que pasa sólo superficialmente por el tema, no puede hacer justicia a este tema tan complejo al que nos enfrentamos. 
Hay muchas cosas en el informe que puedo apoyar total y plenamente, por ejemplo, la exposición de la situación de las mujeres en el Islam, pero también hay partes que no puedo apoyar. 
Sólo creo que no tiene sentido querer solventar un tema tan grande e importante con un informe de este tipo. 
Este es el enfoque erróneo. 
El Parlamento Europeo acaba de adoptar el informe del Sr. Mohamed Alí, donde se pide que Europa celebre el octavo centenario de la muerte de Ibn Rushd (Averroes) , filósofo del siglo XII, que sostuvo una versión liberal del Islam. 
Este informe va acompañado de una exposición de motivos bastante inusual, que presenta a Averroes: "Nuestro personaje nació en el año 520/1126 y se llamó Abu-l Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd, lo que quizá explique por qué desde la Edad Media preferimos el nombre, mucho más breve, por otra parte, de Averroes, así como preferimos llamar Avicena, el otro gran filósofo islámico, Ibn Sina». (... )" El ponente (... ) en primer lugar tratará de familiarizar a ustedes con Averroes llevándoles con la imaginación al... cine, para ver ʼLe Destin´, de Youssef Chahine. 
Las hermosas imágenes, acompañadas de música y danza, les permitirán seguir la historia de Al Mansur, visir de Córdoba, del jeque Riad y de Averroes. 
Y es que antes de ver la película, pocos de entre nosotros conocían la vida del cadí de Córdoba, médico de los emires Yusuf y Al Mansur, y filósofo: atacado por los partidarios de la ortodoxia religiosa estricta, caído en desgracia, exilado, rehabilitado posteriormente, termina sus días el 10 de diciembre de 1198 siendo el primer médico de la corte de Marraquech y el español que ha dejado en la historia la huella más profunda en el pensamiento humano». 
El texto votado por el Parlamento Europeo no va a la zaga, en otro estilo, ya que en su primer considerando declara que: " la sociedad europea se fundamenta en bases pluriculturales, pluriétnicas y plurirreligiosas, elementos esenciales de su patrimonio y de su identidad plural». 
Lamento tener que decir que no estoy de acuerdo con estas afirmaciones. 
Las sociedades de los países de Europa hoy son seguramente distintas, pero poseen referencias comunes muy profundas procedentes de su identidad cristiana y, más lejos en el tiempo, de sus raíces célticas, galas, romanas, griegas o germánicas. 
Aun cuando varias religiones han podido contribuir al fondo común europeo, es evidente que sus contribuciones no se pueden situar en igualdad de condiciones. 
Y el Islam, en particular, ha contribuido a nuestra identidad tanto por oposición como por sus aportes positivos. 
En estas condiciones, lamento que el Informe Mohamed Alí desconozca hasta tal punto nuestra identidad. 
El mismo concluye con propuestas aberrantes, como ese llamamiento a los Estados miembros de la Unión para que " favorezcan la formación profesional y científica de los imames y de otros dirigentes religiosos en Europa». 
Se puede admirar el deseo de equilibrio que ha llevado al ponente a decir " de otros dirigentes religiosos» , después de haber citado a los imames. 
Pero, de todos modos, estamos en desacuerdo, ya que no nos parece que nuestros Estados deban financiar mediante impuestos obligatorios religiones que, en ciertos aspectos fundamentales, contradicen los principios de nuestras democracias. 
Averroes fue un brillante erudito. 
Al mismo tiempo, es el símbolo de un fracaso: el fracaso que consistió en unir la filosofía griega con el Islam. 
Se trata de una enseñanza para aquellos que sueñan con un Islam desnaturalizado, dándole un carácter laico, mezclado con la ideología de los derechos humanos. 
Yo creo que el Islam seguirá siendo fiel a sus rasgos distintivos. 
Pero también creo que los rasgos distintivos de Europa son otros. 
Son helenocristianos. 
Aristóteles tuvo más éxito en occidente, que Averroes en tierra islámica. 
Ahora bien, Aristóteles, en su Política, explica que no existe una ciudad democrática sin homogeneidad cultural y que una inmigración desmedida puede destruir la ciudad. 
Sigamos su ejemplo. 
En cuanto a los musulmanes que residen en Europa, deben tener la posibilidad de practicar su culto dignamente, a título privado. 
Pero públicamente, el Islam carece de sitio en Europa, en interés propio- de tal modo que conserve su pureza- y en el nuestro. 
Otros discursos pueden desear, demagógicamente, la mezcla de géneros. 
Con las mejores intenciones. 
La historia demuestra que es en vano. 
Es por eso por lo que Averroes tuvo más éxito en occidente que en tierra islámica. 
Saquemos, por lo tanto, las enseñanzas con valentía y lucidez. 
Nuestro colega Mohamed Alí ha hecho un bebé él solo. 
Su informe de iniciativa propia, concebido hace dos años, acaba de nacer. 
En mi localidad natal, en la frontera entre el Hainaut belga y el Hainaut francés, se dice, cuando el embarazo de una futura madre supera los nueve meses, que " dará a luz un borrico». 
A pesar de los 24 meses que ha durado su gestación, el recién nacido que se nos presenta me parece más bien astuto. 
Al presentarnos a Abu-l Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rushd como Averroes, nexo entre el Islam y la civilización grecolatina, el ponente plantea un postulado falso, para hacernos creer cualquier cosa. 
Desearía restablecer tres verdades. 
En primer lugar, las cuestiones religiosas no son competencia de nuestro Parlamento. 
Por lo tanto, este informe nunca tendría que haber salido a luz. 
En segundo lugar, Averroes fue rechazado por el Islam a la vez que severamente criticado por los teólogos cristianos. 
Finalmente, no se puede hablar de tolerancia, cuando en Europa las mezquitas crecen con mayor rapidez que los hongos, sin que exista una reciprocidad respecto a las iglesias cristianas en los países islámicos. 
El hecho de celebrar el octavo centenario de la muerte del filósofo visionario Averroes sería la ocasión para la Unión Europea de reconsiderar los vínculos de la Unión Europea con el Islam y los musulmanes, discusión que a menudo es objeto de desconfianza recíproca y de incomprensión. 
El pensamiento moderno y humanista de Averroes debe servir para interrogarnos, sin presupuestos ideológicos, sobre el lugar que ocupan los musulmanes en Europa. 
Las propuestas razonables presentadas por nuestra Comisión de Cultura deben convertirse en realidad en cada uno de nuestros Estados miembros. 
Éstas serán mucho más eficaces que la obsesión relativa a la seguridad pública para oponerse a la influencia de la minoría que rechaza conjugar religión y modernidad. 
Lamento, con todo, el poco sitio que ocupa en el informe el principio de laicidad que permite situarse más allá de las pasiones y constituye un verdadero ejercicio de tolerancia. 
Aspiro igualmente a acciones futuras más pertinentes que permitirán no sólo evitar que algunas esferas de influencia integristas se aprovechen de la desesperanza social, sino también para facilitar la integración de los musulmanes no practicantes y de todos aquellos que viven un Islam en la intimidad, la mitad de los cuales- señalo- posee la nacionalidad de uno de nuestros Estados miembros. 
Podría estar de acuerdo con muchas de las propuestas, pero éste no es un asunto de la competencia de la UE ni del Parlamento Europeo. 
Los problemas que se han descrito tienen que tratarse de otro modo, lo cual también vale para materias similares en otras religiones. 
Nosotros hemos votado en contra del informe de nuestro colega Mohamed Alí sobre el Islam y la Jornada Europea " Averroes». 
Y ello, ante todo, en nombre del respeto a la subsidiariedad: corresponde a cada uno de nuestros diferentes Estados examinar las cuestiones que plantea la presencia de musulmanes en su seno, debido, por otro lado, a una historia que varía mucho de un país a otro y a concepciones diferentes de la integración y de la laicidad. 
En segundo término, con respecto al punto c) del apartado 12, no corresponde a los Estados ocuparse de la formación de los imames, aun cuando el autor la califique de " formación profesional y científica» , expresión, cuanto menos, curiosa y simplificadora, incluso escandalosa desde la perspectiva de la fe coránica; esta formación de los imames es responsabilidad de la propia comunidad musulmana y corresponde a ésta guardar las distancias, y hasta rechazar a los imames enviados por Arabia Saudí y otros países islámicos. 
Nuestro colega declara- tras ásperas discusiones en el seno de la Comisión de Cultura para establecer una distinción entre laicismo y laicidad- respetar la laicidad. 
Laicidad, que, como hay que recordar, procede de la frase de Cristo en el Evangelio: " Hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César». 
Yo no niego en absoluto la sinceridad de esta toma de posición, pero lamento tener que precisar que sólo compromete a su autor, que de ningún modo pretende, además, ser el portavoz de sus correligionarios. 
Por otro lado, el ponente alimenta una ambigüedad en la exposición de motivos, donde unas veces expresa reivindicaciones para el Islam en su dimensión solamente cultural y otras veces para el Islam como religión; pero, ¿es posible hacer semejante distinción en la perspectiva del holismo, que es la del Corán, para el cual la fe islámica es a la vez una manera de vivir un culto, una cultura, pero también una legislación política, un código de familia, etcétera, que los creyentes tienen el deber de imponer a partir del momento en que poseen los medios para ello? 
Por lo tanto, no podemos acceder a muchas de las peticiones que formula el Sr. Mohamed Alí; en cambio, una de ellas parece interesante, siempre que se modifique, es el punto f) del apartado 11. 
En lugar de pedir la creación de una universidad " euroislámica» , ¿no sería conveniente, y la Jornada de Averroes sería la ocasión para ello, de lanzar la idea de crear en uno de nuestros países de Europa una universidad en cuyo seno podrían abordarse esas cuestiones tan importantes para nuestras sociedades, como, por ejemplo: el vínculo entre fe, religión y política desde el punto de vista del judaísmo, del Islam, del catolicismo y de las demás confesiones cristianas en comparación con el pensamiento laico y la francmasonería? 
¿Que relación existe entre razón filosófica y teología, siempre según los diferentes puntos de vista? 
Esta iniciativa podría honrar la memoria de Averroes, cuyo pensamiento ha tenido una innegable importancia para los filósofos europeos, pero que hasta ahora no la ha tenido- lo cual es poco tranquilizador- en el mundo musulmán propiamente dicho. 
El informe Mohamed Ali sobre el Islam es un símbolo emblemático de lo que significa poner en práctica la democracia. 
El texto que, después de un recorrido largo y difícil en las comisiones y Grupos políticos, acaba de llegar al Pleno puede obtener un consenso que, al principio, parecía inalcanzable. 
Constituye una prueba de que los principios democráticos en que se apoya Europa- de tolerancia y respeto de la libertad y la diversidad- dan buenos resultados. 
Son válidos en todas las circunstancias, incluso y sobre todo en aquellas en que es preciso dialogar con sistemas político-ideológicos que no ponen en práctica esos valores. 
El informe Ali sostiene que el Islam no se identifica con el fundamentalismo y que, al contrario, tiene en su origen principios de tolerancia. 
Y hace un llamamiento a la Unión Europea para que contribuya a la afirmación de la faz liberal del Islam, acogiendo a sus directivos políticos y religiosos para que reciban formación y brindando condiciones a los emigrados para que vivan su cultura. 
Concuerdo con ese llamamiento del Islam a Europa. 
Por eso, voto a favor del informe. 
Ya es hora de que Europa salga de su pasividad y alejamiento, como si el Islam no le inspirara respeto, como si no formara ya parte de sí misma. 
Pero hay un llamamiento que Europa tiene que hacer al Islam. 
Es el de que los musulmanes que la eligieron para vivir en ella optaron por vivir según sus principios y sus leyes. 
No pueden utilizar la democracia para negarla. 
Las libertades individuales y la práctica privada son una cosa y el espacio público y las prácticas sociales otra. 
Se exige a los musulmanes la renuncia al chador en las escuelas como se exige a los europeos que se descalcen y se cubran al entrar en una mezquita. 
Una convivencia intercultural sana impone a los Estados miembros de la Unión Europea 
que se respeten y conozcan las culturas de cada cual, -que se vivan en la esfera privada los valores propios de cada cual y en la esfera pública los principios comunes de la sociedad, -que se creen condiciones de apertura y dinamismo social para que cualquier individuo de cualquier raza o credo pueda unirse al grupo al que se sienta afín.La sociedad europea- y pienso en la portuguesa, que es la que conozco mejor- es hoy ya sumamente compleja y multicultural. 
Falta volverla intercultural con nuestra contribución consciente. 
La " cooperación euro-mediterránea» no es sólo un vehemente deseo. 
Se basa en una realidad histórica que, lamentablemente, aún es rechazada interiormente de un modo global. 
El Occidente europeo no sería hoy nada si durante largos siglos no se hubiese podido desarrollar como sucesor y " pariente pobre» del rico y civilizado Oriente. 
Esto es válido de modo muy específico también para el Islam, sin cuya cultura, literatura y filosofía no habría sido posible la moderna e "ilustrada» Europa ni aquella" Edad Media latina» en la que se formaron las condiciones previas sociales e intelectuales para ello. 
Sin la recepción judía y árabe- talmúdica e islámica -, de la antigua filosofía, sobre todo la aristotélica, cuyos conceptos claves, como la univocidad del ser (Avicena/Ibn Sina) y la diferenciación de la verdad (Averroes/Ibn Raschid) provenían de los principales filósofos arábigo-islámicos, no habría existido ni la alta escolástica, ni el Renacimiento, ni la modernas ciencias naturales con el concepto de evidencia formulado por Bacon y Descartes. 
El temprano rechazo histórico del moderno Occidente europeo a la decisiva aportación del Oriente islámico a la constitución tanto del Occidente cristiano como también del Occidente humanista, a más tardar hoy se ha convertido en un lastre ideológico para comprender la realidad y para un diálogo transcultural. 
Sólo podemos apoyar expresamente todo lo que contribuya a crear y mejorar las condiciones previas para un más que necesario dialogo con el mundo islámico: coloquios, Universidades, contenidos didácticos, los mismos derechos religiosos, días de conmemoración, etc. 
En vez de seguir persiguiendo el fantasma de una identidad cristiana, deberíamos abrirnos por fin a la realidad- la realidad multireligiosa y filosóficamente pluralista de nuestra historia común, la realidad multicultural de nuestras sociedades y la realidad pluricentrista de la gran región del Mediterráneo, cuyo desarrollo común pacífico exige también una comprensión transcultural sostenible. 
(Se suspende la sesión a las 13.35 horas y se reanuda a las 15.00 horas) 
Unión aduanera CE/Turquía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0251/98) del Sr. McMillan-Scott, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la evolución de las relaciones con Turquía desde la entrada en vigor de la unión aduanera. 
Señora Presidenta, durante el debate del Parlamento Europeo de otoño de 1996 sobre la aprobación por parte del Parlamento de la Unión aduanera con Turquía, la Comisión se comprometió a presentar un informe anual al Parlamento sobre la evolución de las relaciones con este país. Dicho informe debía incluir una evaluación de los aspectos económicos y políticos, entre los que figuraban el proceso democrático y la situación de los derechos humanos en Turquía. 
El 30 de octubre de 1996, la Comisión presentó al Parlamento su primer informe, al que siguieron un segundo informe el 3 de marzo de 1998 y, posteriormente, la estrategia europea para Turquía en julio de este año. 
Los informes de la Comisión se dividen en cinco apartados: el funcionamiento de la Unión aduanera, otros aspectos de la aplicación de los acuerdos, la situación económica en Turquía, la situación política y los derechos humanos. 
La Comisión ofrece en ambos informes una valoración favorable del funcionamiento de la Unión aduanera, destacando aspectos positivos como el establecimiento de una autoridad en materia de competencia, la firma de acuerdos de libre comercio con algunos países de la Europa Central y Oriental, los progresos registrados en el campo de la armonización de tarifas, etc. Naturalmente, se hace también referencia a las dificultades políticas existentes en el seno de la UE para lograr el funcionamiento de los instrumentos financieros acordados por el Consejo. 
Por lo que respecta a la situación económica de Turquía, la Comisión informa que se ha registrado un poderoso crecimiento, si bien, al mismo tiempo, señala las dificultades que revisten el mantenimiento de dicho crecimiento, la capacidad de Turquía para controlar la inflación- que se cifra actualmente en torno al 100 %-, su déficit público y otros problemas estructurales. 
Es posible que, para algunas personas, el informe de la Comisión resulte excesivamente pesimista. 
La Comisión considera que hay pocos motivos de satisfacción y que apenas se ha avanzado en los ámbitos de la política, la diplomacia y los derechos humanos. 
Por lo que respecta a los derechos humanos, se considera que es positivo el hecho de que las autoridades hayan reconocido al más alto nivel la necesidad de afrontar esta seria cuestión. 
El Parlamento Europeo votó a favor de la Unión aduanera en diciembre de 1995 a pesar de las considerables reservas que suscitaba la situación política turca. Al actuar de este modo, el Parlamento quería destacar la importancia de este socio en el contexto geopolítico (Turquía es miembro de la OTAN, país observador de la UEO y participante de la nueva asociación euromediterránea) y, al mismo tiempo, ofrecer un gesto de confianza al Gobierno turco para incentivarlo a anclar los valores democráticos de Europa en su país. 
El Parlamento ha llegado igualmente a un acuerdo con la Comisión para que un grupo de trabajo mixto de ambas instituciones examine si los programas MEDA con Turquía se ajustan a sus resoluciones, especialmente a la de 15 de septiembre de 1996. 
Yo mismo- junto con Piet Dankert, copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta CE-Turquía- formo parte de este grupo de trabajo. 
Hasta el momento, las repercusiones económicas de la Unión aduanera parecen haber sido sustancialmente favorables para la Unión Europea. 
Estoy muy agradecido a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, y a su ponente, el Sr. Schweiger, por el examen que ha hecho de este punto en particular. 
Debe recordarse asimismo que el Consejo Europeo de Luxemburgo de los días 12 y 13 de diciembre confirmó las posibilidades de Turquía para su adhesión a la UE, y estipuló que este país sería juzgado con los mismos criterios que el resto de los países candidatos. 
Asimismo se invitó a Turquía a participar en la Conferencia Europea del 12 de marzo, con lo que se confirmaba que, en el futuro, tomaría parte en el proceso de adhesión. 
Sin embargo, nos ha causado una gran decepción la ausencia de Turquía en esta reunión. 
La entrada en aplicación de la Unión aduanera constituye una fase esencial en el camino hacia la adhesión de Turquía. 
A pesar de que este país no reúne actualmente los criterios de adhesión, nunca se han puesto en duda sus posibilidades de incorporarse a la UE en un momento posterior. 
Al contrario, se han confirmado estas posibilidades en diversas ocasiones. 
El objetivo general de la Unión ha de ser ayudar a Turquía a superar sus problemas y proseguir su integración en la UE. 
El Acuerdo de asociación y el Acuerdo de la Unión aduanera establecen la base para estrechar más que nunca los vínculos políticos y económicos. 
Como parte de este proceso, la UE ha de hacer especial hincapié en los siguientes puntos: en primer lugar, el proceso de plena democratización de Turquía y la salvaguarda de los derechos humanos; en segundo lugar, el establecimiento de relaciones de buena vecindad entre Grecia y Turquía; en tercer lugar, el respeto de los principios del Derecho internacional; y, finalmente, la búsqueda de una solución a la cuestión de Chipre. 
Señora Presidenta, el excelente informe de nuestro colega McMillan-Scott sobre la evolución de las relaciones con Turquía ha suscitado un gran interés por parte de la Comisión de Presupuestos, que ha deseado mejorarlo aún más proponiendo seis enmiendas, respecto a las cuales esperamos un dictamen favorable de nuestra Asamblea en la votación final. 
Creo, en efecto, que la Unión Europea tiene el deber de tender la mano a Turquía. 
¿Acaso la palabra " Europa» no nació en las riberas del Bósforo, lugar de intercambio mágico entre occidente y oriente, pero que fue también cuna, hace más de veinte siglos, de la nueva Atenas y escenario de la guerra de Troya? 
Desearía poder decir hoy, como Jean Giraudoux, que " la guerra de Troya no sucederá» y que los esfuerzos realizados estos últimos años por las autoridades turcas son suficientes para abrirle completamente las puertas de la Unión. 
Sin embargo, quedan algunos problemas que se manifiestan a través de las enmiendas. 
La Comisión de Presupuestos solicita primeramente que se examine de forma más detallada el impacto presupuestario, a nivel de los ingresos de la Unión, de la realización y el desarrollo de la unión aduanera. 
En segundo término, pedimos que se tome en consideración, en el marco del programa MEDA, la labor del grupo de trabajo sobre la democracia y la protección de los derechos humanos, por los que este Parlamento manifiesta un interés particular. 
En tercer término, la Comisión de Presupuestos pide al Consejo que informe al Parlamento acerca de las iniciativas emprendidas en común con las autoridades turcas para desbloquear la aprobación del reglamento financiero y de la ayuda especial en favor de Turquía. 
La cuarta enmienda señala el interés de nuestra Asamblea por la participación de Turquía en los programas " Juventud con Europa» , Leonardo y Sócrates. 
Finalmente, las enmiendas 5 y 6 toman nota de la necesidad, señalada por la Comisión, de hacer intervenir decisivamente el presupuesto de la Unión Europea, para consolidar la unión aduanera. 
Pero la Comisión de Presupuestos desea recordar, en esta ocasión, el papel de la codecisión en el marco de los procedimientos presupuestarios anuales y, por consiguiente, el acuerdo indispensable de nuestra comisión para la asignación de los fondos. 
Señora Presidenta, señor Comisario van den Broek, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha adoptado hasta ahora en todos sus informes y opiniones sobre Turquía una actitud orientada a la práctica y al problema. 
Su lema es " no al todo o nada y sí a una intensificación progresiva de las relaciones». 
No se trata hoy de la pertenencia de Turquía como miembro sino de la consolidación de lo logrado con la unión aduanera y de la aplicación de las políticas de acompañamiento dentro de un espíritu de cooperación y de igualdad de derechos para ambas partes. 
Cada paso que den la Unión Europea y Turquía- conjuntamente o por separado- para solucionar los problemas derivados de la unión aduanera y para desarrollar las políticas de acompañamiento, aportan nuevos impulsos a la cooperación política y también a un acercamiento de Turquía como miembro de la Unión Europea. 
Por ello, es muy de saludar que Turquía, con su memorándum del 23 de julio de 1998, acceda a las propuestas de la Comisión y del Parlamento Europeo, se aleje del rumbo de confrontación con la Unión Europea y entre de nuevo en el método de paso a paso, tal como formuló en Cardiff el Consejo Europeo. 
En la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores apoyamos la mayoría de las ideas allí contenidas, como el fortalecimiento del diálogo sobre la liberalización del tráfico de capitales y la coordinación de políticas económicas en general, así como la estrecha cooperación en el campo de la agricultura. 
Constatamos también con satisfacción que la parte turca valora positivamente nuestras propuestas de abrir el mercado de servicios y que exige un grado de integración relativamente alto y firme en el marco del Acuerdo de Asociación. 
Un primer paso para ello es un estudio técnico y negociaciones sobre el reconocimiento recíproco de diplomas y certificados. 
También debe valorarse positivamente la flexibilidad de la parte turca respecto a la libertad de circulación para los trabajadores turcos en la Unión Europea. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores insta también a la Unión Europea y al Parlamento para que levante el bloqueo y las condiciones previas allí donde aún existan y que pongan por fin en vigor las medidas de acompañamiento a la unión aduanera. 
Deberíamos hacer lo antes posible que Turquía se beneficie de los programas LEONARDO, SOCRATES y YOUTH FOR EUROPE- lo que ya ha dicho el colega Giansily y se refleja también en el excelente informe del señor McMillan-Scott -, para que pueda participar allí pues estos programas de formación contribuyen a fortalecer la sociedad pluralista y a afianzar la democracia. 
El reglamento para la ayuda financiera a Turquía debería liberarse también lo antes posible del veto griego y entrar en vigor. 
La Comisión debería encontrar un camino para levantar por fin este bloqueo. 
Lo mismo es aplicable a la participación de Turquía en los programas INTERREG, LEADER y PHILOXENIA, relativos al turismo y cuyas condiciones se deben detallar aún en detalle. 
También sería necesario el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas mediante la ampliación del tercer programa plurianual a Turquía. 
Lo mismo es aplicable a Euro-Infocenter, a PC-Net, a Europartenariat y Enterprise. 
Señora Presidenta, Señorías, al contrario que el orador anterior, quien desde la perspectiva de su comisión debe ilustrar los aspectos económicos de la cooperación en el marco de la unión aduanera, la Comisión de Libertades Fundamentales y Asuntos Internos debe examinar la unión aduanera desde otra perspectiva, desde la situación de los derechos humanos y el desarrollo de la democracia en Turquía. 
El señor McMillan-Scott se ha referido en su interesantísimo informe a una serie de estos puntos sobre los que quiero repetir tres observaciones básicas que ya desempeñaron un papel esencial en el debate sobre la Unión aduanera en el año 1995. 
El Parlamento Europeo mantuvo con aquel motivo en dos ocasiones, en primavera y en invierno, dos debates con la finalidad de preparar la decisión. 
Esos debates se caracterizaron siempre por tres puntos. 
Primero: la profundización y desarrollo de la democracia en Turquía es una condición irrenunciable para el desarrollo de la unión aduanera y para una cooperación aún más intensa. 
Segundo: como potencia regional, Turquía está también obligada a partir del principio de una solución pacífica de los conflictos externos e internos del país y a perseguir una solución de este tipo. 
Tercero: como interlocutora de la Unión Europea, Turquía debe adoptar las medidas para que los derechos humanos sen respetados y protegidos integralmente por el Estado. 
¿Cuál es la realidad? 
La realidad es que en la democratización posiblemente se ha logrado algún que otro progreso. 
Los conflictos militares internos y externos siguen sin solucionarse. 
En la cuestión de los derechos humanos el Gobierno elegido libremente aunque se esfuerza, lo que no quiero negar, sin embargo no se puede hablar de una protección integral de los derechos humanos por los órganos estatales en Turquía. 
Por el contrario, los órganos estatales son con mucha frecuencia incluso el origen de las violaciones de derechos humanos. 
Por ello, desde el punto de vista de nuestra comisión hasta el día de hoy en Turquía ha cambiado poco en estos aspectos criticados entonces por nosotros. Me remito al conflicto del Kurdistán, a la problemática del Egeo y a las torturas que siguen produciéndose. 
No obstante, no quiero negar que Turquía ha realizado progresos y sólo podemos apelar a los políticos en Turquía para que se sigan esforzando en respetar aún mejor los criterios por mí mencionados. 
Señora Presidenta, Señorías, como ponente de opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores desearía expresar globalmente mi satisfacción, después del Sr. Schulz, por el excelente informe de nuestro colega McMillan-Scott. 
En el plano de los principios generales, encontramos en este informe los tres elementos que deben constituir, en nuestra opinión, la base de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Primer principio: la no discriminación. 
El Sr. McMillanScott recuerda, con razón, que Turquía no debe ser tratada de manera más intransigente que los demás países candidatos. 
Cualquier solicitud de adhesión debe examinarse sobre la base exclusiva del respeto previo a los criterios de Copenhague. 
Segundo principio: la no indulgencia. 
No es porque Turquía es un país aliado, no es porque ocupa una posición estratégica fundamental, no es porque la mayoría de los dirigentes turcos expresan constantemente su voluntad de adherirse a la Unión Europea por lo que debemos disimular las graves violaciones de los derechos humanos, el no respeto a las minorías y el uso o la tentación del uso de la fuerza para solucionar los problemas de vecindad. 
La solicitud de adhesión es una exigencia de aptitud. 
No puede considerarse como un salvoconducto para hacer lo que sea ni un pasaporte para la impunidad. 
Tercer principio: el rechazo del aislamiento. 
No es aislando a Turquía como la Unión Europea contribuirá mejor a ayudarla en la vía del desarrollo y de la democracia, de ahí el interés que revisten las medidas propuestas en el informe del Sr. McMillan-Scott, en el sentido de celebrar efectivamente las reuniones ministeriales previstas, de cumplir totalmente todas las partes del Acuerdo de unión aduanera y de desarrollar la asistencia a la sociedad civil turca. 
En nombre de la Comisión de Libertades Públicas en particular, desearía igualmente congratularme de encontrar en el informe dos peticiones que corresponden a nuestras prioridades y que ya han señalado otros oradores: la ampliación de los programas Sócrates, Leonardo y " Juventud con Europa» a la juventud turca y la necesidad, para el Estado turco, de cooperar intensa y activamente con la Unión Europea en el marco de la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la delincuencia organizada. 
Antes de concederle la palabra al Comisario van den Broek, les señalo que, desgraciadamente, deberá abandonarnos después de su intervención, por una razón imperiosa relacionada con la situación en Rusia. 
Les comunico que será sustituido de inmediato por el Comisario Monti. 
Doy las gracias al Sr. Mc Millan-Scott y a sus colegas Giansily, Schwaiger, Schulz y Deprez por lo que han planteado y sobre todo al Sr. Mc Millan-Scott por su informe, que he leído con gran interés. 
Quisiera darle las gracias también en general por no haber escatimado esfuerzos como ponente en el fomento de nuestras relaciones a menudo algo complicadas con Turquía, pero sobre todo también como miembro de lo que ha dado en llamarse, el Grupo de contacto del Parlamento Europeo o en inglés Joint working party. 
Las conclusiones del informe del Sr. Mc Millan-Scott que tenemos ante la mesa concuerdan en gran medida con las consideraciones de la Comisión. 
Opinamos como usted que en general, cuando hablamos de unión aduanera, ésta funciona a plena satisfacción, aunque pueda hablarse de un muy considerable superávit comercial del lado de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo constatamos un progreso insuficiente en el terreno de las reformas democráticas y la protección de los derechos humanos, aunque estoy muy de acuerdo con el Sr. Schultz en el sentido de que aquí y allá también se pueden vislumbrar rayos de esperanza. 
Ustedes han señalado con razón la importancia de no aislar a Turquía. 
Soy de la opinión de que tenemos la responsabilidad de seguir estando implicados en el desarrollo de los acontecimientos en Turquía. 
Con los medios que están a nuestra disposición y el programa MEDA y MEDA-democracy debemos ofrecer apoyo a las fuerzas positivas y democráticas de Turquía donde sea posible y en colaboración con organizaciones no gubernamentales. Esto con vistas a la consolidación de la sociedad civil como una base para futuros desarrollos estables y democráticos en este país. 
La participación de Turquía en el intercambio de docentes y estudiantes dentro de los programas SOCRATES y LEONARDO y " Juventud para Europa» puede suponer una contribución muy positiva. Repito gustoso lo que dijo el Sr. Schwaiger. 
Por tanto, confío en que el Parlamento apoyará rápidamente las propuestas a la Comisión encaminadas a llevarlo a cabo. 
El Parlamento Europeo ha seguido siempre con mucha atención la evolución de las relaciones con Turquía y ha desempeñado también en ellas un papel prominente. 
A través del Grupo de contacto están ustedes al corriente de las actividades de la Comisión en el marco del programa MEDA. 
La colaboración con este Grupo a nuestro modo de ver funciona en cualquier caso de manera satisfactoria. 
La Comisión ha aceptado hasta el día de hoy prácticamente todos los consejos del Parlamento Europeo acerca de las propuestas de proyecto. 
Por tanto, sinceramente no veo la utilidad de propuestas de modificación con respecto al funcionamiento de este Grupo que en esencia- no puedo por menos que decirlo- es una anomalía institucional. 
En su informe se apela a la Comisión para que entregue un informe anual al Parlamento Europeo acerca del funcionamiento de la unión aduanera para la presentación del presupuesto, a finales de octubre. 
Le prometo que la Comisión se esforzará para redactar el informe tan a tiempo como sea posible. 
Quisiera observar además que siempre puede haber razones para aplazar una publicación, como recordará del año pasado cuando las intensas discusiones con las autoridades turcas, previas al Consejo Europeo de Luxemburgo, justificaron el aplazamiento de la publicación del informe. 
Esta discusión, por lo demás, se reanudó también como usted recordará en Cardiff, donde en las conclusiones del Consejo Europeo se declara expresamente que Turquía forma parte de los aspirantes a Estados miembros. 
Como usted sabe, Turquía no participó- por lo demás muy a nuestro pesar- en la primera Conferencia Europea en marzo de 1998 y tampoco estuvo de acuerdo en el último momento con mantener el Consejo de Asociación programado para mayo. 
La decisión de Turquía, después del Consejo Europeo de Luxemburgo, de romper el diálogo político con la Unión Europea en terrenos que consideramos de gran importancia, tales como Chipre, las relaciones entre Grecia y Turquía y los problemas en el terreno de los derechos humanos y la democracia, naturalmente no fue precisamente beneficiosa para la evolución de las relaciones en general. 
Estoy convencido, señora Presidenta, de que la estrategia europea para Turquía, que ha aceptado la Comisión en marzo y que obtuvo en Cardiff la bendición política de los jefes de Estado y presidentes de Gobierno, muestra el camino hacia el ahondamiento de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
La propia Turquía ha reaccionado positivamente a este documento y ambas partes deliberarán a corto plazo sobre un programa de trabajo y una planificación para la fase de ejecución de esta estrategia. 
Confío en que Turquía paralelamente con el ahondamiento de nuestras relaciones, basadas en el acuerdo de Ankara de 1964, la unión aduanera y la estrategia europea, se dará cuenta de que es de vital importancia la reapertura del diálogo político. 
El futuro europeo de Turquía ha sido enfatizado de nuevo en Cardiff. 
Así se ha decidido entre otras cosas que para Turquía, igual que para los diez países de Europa Central y del Este y para Chipre, se redactará anualmente un informe de situación. 
En Cardiff se ha declarado que este informe debe basarse en el artículo 28 del Acuerdo de Ankara de 1963, asimismo como en las conclusiones del Consejo europeo de Luxemburgo. 
Este informe, por tanto, no se diferencia en cuanto a planteamiento de los informes para los otros países. 
Soy de la opinión de que es en interés de Turquía que este país participe en la segunda Conferencia Europea, prevista actualmente para el próximo 5 de octubre, en vista de que en esa ocasión se discutirán cuestiones de interés recíproco. 
Por lo demás, tengo entendido entre tanto, al menos si los rumores son ciertos, que Turquía actualmente tampoco tiene intención de tomar parte efectivamente el 5 de octubre en esta sesión. 
Como usted sabe, la Comisión ha dejado claro en su documento acerca de la estrategia europea para Turquía que determinadas propuestas no se pueden llevar a cabo sin el adecuado apoyo financiero. Los Estados miembros lo han reconocido también en Cardiff. 
La Comisión estudia, por consiguiente, también a petición de los presidentes de Gobierno, de momento los diversos modos y medios para hacer una propuesta adecuada al Consejo y es evidente que al Parlamento Europeo se le ha destinado también un papel importante en ese proceso. 
Concluyendo, Presidenta, considero por tanto que la Unión Europea ha realizado considerables esfuerzos para llevar de nuevo por buen camino las relaciones con Turquía. 
Señora Presidenta, nos causa una enorme satisfacción someter a debate en el Pleno, tras una larga espera, este informe del Sr. McMillan-Scott. 
Se trata de un informe muy importante que no solamente nos ofrece la oportunidad de examinar el funcionamiento de la Unión aduanera, sino que también nos permite exponer algunas reflexiones preliminares sobre la futura orientación de las relaciones con Turquía, a la espera del informe del Sr. Swoboda, con el que contaremos- así se espera- antes de finales de año. 
El informe nos ofrece además una oportunidad muy importante para dejar públicamente de manifiesto ante Turquía una vez más que, por lo que a nosotros se refiere, es un país estratégicamente importante; que reconocemos su vocación europea; y que, en lo relativo a la aplicación de los criterios de Copenhague, será tratado exactamente igual que el resto de los países que pretenden incorporarse a la Unión Europea. 
Resulta clara la importancia de hacer una y otra vez hincapié en esta circunstancia. 
Una vez dicho esto, debemos tener presente en todo momento que Turquía es esencialmente una sociedad agraria que se está transformando rápidamente en una sociedad industrial. 
Este simple hecho es la causa de muchos de los problemas económicos, políticos y sociales que se detectan. 
Claramente, parte de nuestro trabajo consiste en ayudar en este proceso de transformación hacia una sociedad industrial y una sociedad democrática moderna y pluralista. 
La Unión aduanera forma parte de una estrategia que la Comunidad Europea, como ha indicado el Comisario van den Broek, viene persiguiendo desde 1963. 
A pesar de lo que ha afirmado el Sr. McMillan-Scott acerca de la naturaleza asimétrica de la Unión aduanera que nos beneficia más a nosotros que a Turquía, no cabe duda de que esta situación está comenzando a variar de manera gradual. 
Una de las consecuencias de la Unión aduanera son los incentivos al sector comercial y a una mayor actividad empresarial. 
Es en este ámbito donde deberíamos centrarnos para el desarrollo de la Unión aduanera: incentivando una mayor actividad empresarial, una mayor actividad en el sector de los negocios, una mayor actividad con los sindicatos libres y democráticos. 
Además, necesitamos mejorar los criterios administrativos y profesionales turcos, que resultan- con frecuenciadeplorablemente inadecuados. 
Debemos centrarnos igualmente en potenciar el desarrollo de mejores criterios educativos y profesionales mediante intercambios y relaciones con centros académicos de la Unión Europea. 
Me han comentado que uno de los problemas que a menudo tenemos en Turquía reside en la poca calidad de las traducciones al turco de lenguas de la Unión Europea, que conduce a malentendidos en torno a los criterios; éste es, pues, un ámbito en el que podríamos también hacer hincapié. 
Con todo esto no quiero decir que se deban ignorar los ámbitos que han destacado el Comisario Van den Broek y el Sr. McMillan-Scott. 
Hemos de manifestar de manera constante y categórica nuestra preocupación por los derechos humanos y la democracia en Turquía. 
Debemos también dejar bien claro que, si se quiere progresar en nuestras relaciones, Turquía ha de reconocer el derecho de Chipre a negociar su adhesión a la Unión Europea. 
Finalmente, pido que trabajemos con los medios de comunicación y con los políticos que defienden una Turquía liberal, que trabajemos con abogados y jueces para mejorar los criterios en Turquía, como un medio para entablar un mayor diálogo político. 
Señora Presidenta, quiero agradecer a la Comisión sus informes sobre el funcionamiento de la unión aduanera y automáticamente también al Sr. Mc Millan-Scott por este interesante documento tan agradable de leer que nos ha entregado. 
No me esperaba menos de él. 
Los informes de la Comisión nos ofrecen todas las posibilidades para seguir bien la evolución de los acontecimientos en Turquía. 
También se incluyen todas las razones por las que la relación de la Unión con Turquía ha empeorado considerablemente tras todos esos años. 
La no-participación del Gobierno turco en la Conferencia Europea y la conclusión del diálogo político con la Unión por parte turca son acontecimientos malos y lamentables. 
El Comisario Van den Broek lo ha mencionado también justamente. 
La Unión juega limpio. 
A Turquía se la evalúa como a todos los demás candidatos, de manera muy simple, por criterios: los criterios de Copenhague. 
Turquía es y sigue siendo un candidato para la adhesión. 
No cumple, empero, los criterios establecidos y ella misma tiene que decir todo al respecto, puede realizar modificaciones en ese sentido y por eso podrá revisar la situación. 
Entre tanto, debemos trabajar con los instrumentos que tenemos para mantener a buen nivel la relación con Turquía. 
La unión aduanera está teniendo afortunadamente mucho éxito. 
La Comisión estudia de manera pertinente si es posible también una consolidación de la relación en otros terrenos. 
El impasse en torno a los fondos de la MEDA y los protocolos financieros es preocupante, pero confiamos en que la creatividad europea y la democratización turca nos sacarán de este impasse. 
La unión aduanera no trataba sólo de mercados libres, sino también de prestación de ayuda europea a Turquía. 
La buena voluntad europea está presente. 
El Gobierno turco ahora sólo tiene que pasar de la palabra al hecho, la palabra de marzo de 1995. 
Todavía estamos esperando mejoras en cuestión de protección de los derechos humanos. Todavía estamos esperando una modificación de la postura turca en la cuestión kurda. 
Todavía estamos esperando un desbloqueo en la cuestión de Chipre. En lugar de disposición al compromiso, Turquía muestra más bien lo contrario con la paulatina anexión, al menos verbal. 
Apelo al Gobierno turco para que retome el diálogo con la Unión. Sólo con el diálogo llegaremos a un acuerdo. 
Sólo entonces podremos sobrevivir juntos. 
Sólo entonces podemos solucionar los presentes problemas recíprocos. 
Sólo entonces podremos avanzar en el camino hacia el ingreso de Turquía en la Unión. 
Señora Presidenta, yo creo que tenemos que responder a dos preguntas básicas a estas alturas. 
Yo creo que las respuestas son bastante sencillas y, al mismo tiempo, desalentadoras. 
La evolución política turca no ha sido positiva. 
Ni se ha avanzado en los principios democráticos ni en el respeto de los derechos humanos. 
Turquía no respeta la legalidad internacional ni ha puesto freno a la guerra sucia contra el pueblo kurdo. 
El mensaje de haber aprobado la unión aduanera en diciembre de 1995 no fue, en ese sentido, acertado. 
No se alentó a las autoridades de Ankara a que fueran hacia adelante, a que renovaran y modernizaran el Estado, a que Turquía se asemejara a un país con pleno respeto al Derecho y plenamente democrático. 
Al contrario, el mensaje tuvo efectos claramente perniciosos. 
Hace meses en Luxemburgo, el Consejo Europeo, sin embargo, recuperó la línea de pedir a Turquía lo que se pide a otros países, lo que se pediría a cualquiera. 
Porque debemos estar a favor de una relación de igual a igual, clara, mutuamente beneficiosa entre la Unión Europea y Turquía, pero que ayude a la evolución de ese país. 
Lo contrario sería equivocarse. 
En el informe del Sr. McMillan-Scott se dicen cosas correctas, aunque desde mi punto de vista demasiado débiles. 
Quizás con motivo de la atribución del premio Sajarov de este año- tengo entendido que va a ser candidato el Sr. Birdal- este Parlamento pudiera mandar un mensaje correcto en esta ocasión. 
Señora Presidenta, saludo aquí, naturalmente, la presencia del Comisario Monti, aunque ningún parlamento nacional aceptaría que el ministro competente abandonara la sala durante la discusión. 
Pero, bueno, ahora a lo que nos ocupa. 
Produce cierta extrañeza que más de dos años después de la implantación de la unión aduanera entre la Unión Europea y Turquía oigamos aquí por parte de la Comisión o podamos leer en el dossier de la Comisión que la unión aduanera transcurre de manera satisfactoria. Precisamente en el último período la tensión entre la Unión y Turquía nunca ha sido tan grande. 
Me parece que nos debería preocupar, Señorías, que desde la implantación de la unión aduanera las ventajas económicas hayan ido de manera tan unilateral a la Unión y tan poco dirigidas a Turquía. 
Sé que hay una ligera mejora, pero si ese asunto no se restablece realmente a corto plazo, se sentirá desde luego en Turquía como algo muy negativo. 
Recuerdo muy bien que en la discusión aquí, en el Parlamento Europeo, había dicho una mayoría que esa unión debía ser beneficiosa para ambas partes. 
En este instante la constatación es que, económicamente al menos, éste no es el caso en absoluto. 
También para las esperadas mejoras de los derechos humanos, protección de las minorías, etcétera, hemos podido ver pocas incidencias por parte de esta Unión. 
Sin embargo, quiero abogar con toda claridad por que la perspectiva de adhesión debe seguir abierta, lo que no significa en absoluto que se puedan empezar a reducir las exigencias que deben plantearse en el plano de los criterios políticos. 
Pero sí que quisiera llamar la atención sobre este punto, que la postura de no-discriminación, que tan claramente es defendida aquí por todo el mundo, habría sonado más convincente si la Unión Europea hubiera trazado una línea más nítida hacia Eslovaquia, donde se planteaba claramente en el documento de la Comisión que ese país tampoco respondía a los criterios políticos. 
Por último, espero que en el interés de la Unión y de la población turca las relaciones en el marco de la unión aduanera puedan contribuir a la prosperidad y a la democracia en ambas zonas. 
Señora Presidenta, señoras y señores, queridos colegas, si la Unión Europea fuese lo que debería ser, no tendríamos que encontrarnos hoy, aquí, debatiendo sobre la unión aduanera con Turquía. 
Y la razón de ello es muy simple: Europa debería ser europea; ahora bien, Turquía no es europea. 
Más allá, en efecto, del interés, el respeto o la amistad que se puede tener por este gran país, hay que reconocer que no procede de nuestra civilización europea común. 
Turquía no está entroncada con Europa, ni por la geografía, ni por la historia, ni por la cultura, ni por la religión. 
Si bien puede parecer deseable, en efecto, por razones geopolíticas, fortalecer las relaciones que Europa puede entablar con Turquía, es absurdo situarlas en el marco de las estructuras de la Unión y en la perspectiva de una adhesión. 
Pero el hecho de hacerlo demuestra hasta qué punto la actual concepción de Europa es nefasta, ya que desprecia totalmente los imperativos de identidad, para preocuparse sólo por consideraciones mercantiles. 
Peor aún, en el plano puramente económico, todo indica que la integración del mercado turco al mercado europeo no podrá, a la larga, sino penalizar nuestro aparato de producción, debido a las grandes diferencias estructurales que existen entre Turquía y Europa, en particular el bajo coste de la mano de obra en Turquía. 
Sin contar con que la inmigración turca en Europa occidental contribuye a socavar los equilibrios sociales de nuestras naciones. 
Por consiguiente, no podemos dejar de sorprendernos de ver como la Unión Europea retrocede sistemáticamente ante las condiciones que trata de imponer para la concesión de su ayuda, así como de deplorar, en cierto modo, el hecho de estar mendigando, de esta manera, una mayor cooperación con Turquía. 
Por nuestra parte, en el Frente Nacional, no aprobamos esta unión aduanera y rechazamos la adhesión a la Unión de este país, que, a fin de cuentas, es amigo, puesto que semejante política es contraria a la esencia y a los intereses de Europa. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, hoy nos ocupamos del éxito o fracaso de la unión aduanera con Turquía. 
En este contexto, quiero felicitar al colega McMillan-Scott por su informe y expresarle mi agradecimiento por su cooperación. 
Como tengo que exponer el siguiente informe ante esta Asamblea, esta cooperación ha sido muy importante. 
En lo que se refiere al éxito económico, hoy se puede decir que tras una primera fase desequilibrada se está estableciendo de modo creciente un equilibrio en las relaciones económicas entre Turquía y Europa. 
Por tanto, se puede hablar de un éxito. 
Socialmente se puede hablar de un éxito pues se han fortalecido aquellas fuerzas de Turquía que están interesadas en una República democrática occidental. 
Son sobre todo los empresarios, las asociaciones de empresarios y los sindicatos los que tienen un mayor apoyo con esta unión aduanera en su exigencia de una Turquía moderna y organizada según el principio de un Estado de derecho. 
Pero desde un punto de vista político, lamentablemente, tengo que constatar que el camino hacia una democracia parlamentaria, el respeto de los derechos humanos y la disposición a solucionar pacíficamente los problemas y conflictos internos y externos, no se cumplen como nosotros desearíamos. 
Por ello, apelo expresamente a Turquía para que no persiga solamente unas buenas relaciones económicas con Europa, que no solamente amplíe la democracia interna sino que comprenda que tiene que vivir también en un entorno pacífico si quiere andar seriamente el camino hacia la Unión Europea. 
Subrayo de nuevo que Turquía es capaz y debe estar en situación de adherirse a la Unión Europea. 
Aplicaremos a Turquía los mismos criterios, los criterios de Copenhague, que a todos los demás países que quieren adherirse. 
Pero, por su parte, Turquía debe utilizar más intensamente la existente unión aduanera para ponerse en marcha hacia Europa. 
Señora Presidenta, Señorías, realmente es cierto que las relaciones entre la Unión Europea y Turquía han empeorado durante los últimos meses. 
Esto tiene muchos motivos que no tenemos que debatir hoy en profundidad. 
Pero está claro que Turquía ha contribuido también a ello con su actitud de obstinamiento tras la cumbre de Luxemburgo. 
Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar un nuevo comienzo y este es el deseo también del informe del colega McMillan-Scott que apoyo expresamente. 
Según los datos económicos de la Unión Europea que han expuesto los colegas, de lo que se trata es de avanzar políticamente y aquí hay cuestiones que afectan a la misma Unión Europea. 
Por ejemplo, el hecho de porqué hasta hoy no hemos hecho entrar en vigor la parte financiera del acuerdo de la unión aduanera. 
¿Porqué no hemos puesto a disposición los 30 millones de ecus para la formación del personal de aduanas y la dotación de las autoridades aduaneras a pesar de que Turquía es la frontera exterior de la Unión Europea? 
¿Es correcto todo esto? 
En el programa MEDA tenemos esta concertación entre la Comisión y el Parlamento. 
Esto está muy bien, pero si queremos establecer una base fiable en nuestras relaciones con Turquía, entonces tenemos que cumplir nuestras propias obligaciones. 
Por ello, nuestro grupo político quiere un nuevo comienzo. 
A pesar de los deficientes progresos en la cuestión de los derechos humanos y de la democracia, queremos que la unión aduanera se haga realidad de un modo equilibrado y que no se sigan bloqueando los créditos financieros de la misma. 
Hemos presentado las correspondientes solicitudes y espero que las enmiendas de la Comisión de Presupuestos persigan el mismo objetivo pues ¿cómo queremos señalar que en un futuro lejano es posible una adhesión de Turquía si no respetamos nuestras propias obligaciones derivadas de un tratado en vigor? 
Por ello, estoy a favor de que a pesar de todos los problemas que tenemos con Turquía- cuestiones de derechos humanos, la problemática kurda, la relación con Grecia -, cumplamos por fin nuestras obligaciones y creemos de este modo una nueva base en la relación de la Unión Europea con Turquía. 
Señora Presidente, el informe McMillan-Scott es una base, tiene algunas imprecisiones, pero creo que con las enmiendas saldrá una buena resolución. 
En lo referente a Turquía, debe aclararse el tema. 
El problema no es que Turquía sea un país islámico. 
El problema no es que gran parte de ella se extienda hacia Asia. 
El problema no es su elevada población. 
El problema es que tiene amplias zonas subdesarrolladas. 
Turquía tiene derecho, al igual que cualquier otro país europeo, de hasta llegar a ser miembro de la Unión Europea, pero no tiene las correspondientes obligaciones. 
Dichas obligaciones se han formulado claramente en vista de la Unión Aduanera: El problema chipriota, el kurdo, los derechos humanos, las relaciones con los países vecinos. 
Y en estas obligaciones no ha avanzado nada. 
Y por ello está expuesto el mismo gobierno turco, así como los organismos de la Unión Europea. 
Creo que debemos insistir en decir que las puertas están abiertas y que el tema depende más de la propia Turquía. 
Nosotros, especialmente hoy, debemos conceder prioridad a dos asuntos y hago un llamamiento a la Comisión y al Consejo para que se movilicen al respecto y acaben con su inactividad. 
Uno se refiere al hecho de que, con la presencia del Ministro de Asuntos exteriores turco, el régimen Denktash ha rechazado ya la base de la ONU para la solución del problema chipriota, es decir, una entidad federada de dos zonas, y habla de una confederación y de estados separados. 
El otro es que Turquía debe proceder a la retirada de sus efectivos militares de forma que se produzca una desmilitarización general en la isla. 
Señora Presidenta, en relación con la Unión Aduanera con Turquía, el 15 de diciembre de 1995 consideramos que el voto no podía sino ser más que un gesto de ductilidad política y de reconocimiento del difícil y geográficamente estratégico papel de conexión ante un extremismo religioso explosivo, inaceptable y sumamente peligroso, respaldado por una serie de Estados vecinos de Turquía. 
Al mismo tiempo, planteamos la necesidad de hacer un enérgico llamamiento al respeto de los derechos humanos y políticos, y en particular los de las minorías étnicas empezando por el pueblo kurdo. 
Desde entonces hemos seguido atentamente la delicada evolución de la situación política interior: la formación del 55º Gobierno y la decisión del Tribunal Constitucional de disolver el partido islámico; la situación constitucional, cuyo aspecto más novedoso es la nueva ley de detención policial, mientras que sigue siendo fuente de preocupación el papel anómalo del ejército en la sociedad; la situación de los derechos humanos- significativas e importantes son las ayudas de la Comisión a las ONG implicadas -, así como la cuestión kurda, cuyo empeoramiento ha causado la diáspora que ha llevado a miles de kurdos a buscar refugio y un futuro en los Estados de la Unión, especialmente en Italia. 
A este propósito, es obligado reafirmar la conveniencia de una única solución política, al igual que hay que alcanzar una solución análoga para Chipre, tal como señaló el Consejo de Edimburgo que, entre otras cosas, disoció la implementación de las negociaciones de adhesión y el proceso de paz. 
El 29 de abril de 1997 la Unión reiteró al Consejo de Asociación que Turquía podía entrar a formar parte de la Unión y que sería juzgada sobre la base de los mismos estándares y criterios objetivos aplicados a todos los demás países. 
El Consejo de Luxemburgo hizo una valoración análoga. 
Por lo tanto, a pesar de que el documento de la Comisión reconoce que no se ha producido una evolución significativa en la situación de los derechos humanos y en el proceso de democratización en Turquía, Europa sigue considerando útil y oportuno perseguir el objetivo de la adhesión de Turquía y a este respecto la Unión Aduanera ha supuesto una etapa significativa. 
Alianza Nacional, al anunciar que votará favorablemente el informe del Sr. McMillan-Scott, coincide muy especialmente en las valoraciones acerca de la importancia que ha de atribuirse al proceso de democratización y de salvaguardia de los derechos humanos- incluida la cuestión kurda- así como al objetivo de entablar nuevas relaciones de buena vecindad entre Turquía y Grecia, incluso a través de la solución de la cuestión chipriota. 
Alianza Nacional, por último, reitera su acuerdo con la propuesta de permitir que los jóvenes turcos accedan a los programas comunitarios, e invita a la Comisión a que haga un enérgico llamamiento a las autoridades turcas de cara a un decisivo cambio de rumbo en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. 
Señora Presidente, tomo la palabra en nombre del compañero Sr. Roubatis, que es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y no puede estar presente hoy. 
He leído el informe Mcmillan-Scott con gran atención y debo decir que lo encuentro muy correcto. 
Desearía felicitar al ponente, que también contará con mi apoyo. 
Asimismo, he estudiado las enmiendas que ha presentado la Comisión Presupuestaria. 
Espero que dichas enmiendas sean aprobadas porque expresan correctamente la petición de un mayor análisis sobre las repercusiones fiscales de la Unión Aduanera y de una mayor información del Parlamento sobre cualquier iniciativa política asumida por el Consejo junto con las autoridades turcas. 
Asimismo, desearía recordar, señora Presidente, que cuando el Parlamento dio el visto bueno a la Unión Aduanera el 13 de diciembre de 1995, planteó a su vez una serie de condiciones, como la observancia del derecho internacional, el funcionamiento democrático, la defensa de los derechos humanos. 
El no cumplimiento de dichas condiciones implica que el Parlamento no esté dispuesto a aprobar las sumas necesarias para el funcionamiento del protocolo de financiación paralelo, como correctamente señala en el apartado 8 de su resolución el Sr. McMillan-Scott. 
El Parlamento Europeo, en muchas de sus resoluciones desde el 13 de diciembre ha expresado su descontento por el no cumplimiento de estas condiciones. 
No es necesario repetirlo. 
Los datos son conocidos. 
Existe hostilidad ante mi país. 
Hay un recrudecimiento del problema chipriota. 
Se producen violaciones de la libertad religiosa en la misma Turquía y, por supuesto, se ha desestimado la decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para indemnizar a aquellos que han perdido sus bienes y para su instalación en el norte de Chipre. 
Esto es una bofetada para los organismos europeos y así es, por supuesto, imposible que exista un buen espíritu hacia Turquía. 
Termino, señora presidente, diciendole lo siguiente: Yo sé lo que debe hacer Turquía para ser miembro de la Unión Europea, como les aseguro que es mi deseo. 
Lo que debe hacer es lo que en su día hizo una provincia del estado turco, que entonces era Grecia. 
Efectuó un cambio democrático esencial que Turquía no ha hecho. 
Y hasta que no lo haga, me temo que no será posible que sea miembro de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, al abordar la cuestión de la unión aduanera con Turquía, estamos abordando una cuestión eminentemente delicada, pero cuya dimensión estratégica se tratará a través del informe de nuestro colega, el Sr. Swoboda, más adelante. 
Por lo tanto, no me referiré a ello. 
Primera observación: con respecto a las relaciones con Turquía- más allá de la cuestión de la ayuda que hoy proporcionamosdebemos plantearnos el seguimiento que podríamos aportar en materia de fortalecimiento de las estructuras democráticas en este país, concretamente a través de la ayuda al desarrollo de sectores como el energético, el medioambiental, la educación profesional, la reforma de la administración. 
Esto es lo que dice, con razón, nuestro ponente. 
Para eso debemos quizá reflexionar en la manera en que gestionamos el capítulo financiero de la ayuda a Turquía, y prever un desbloqueo de ciertos tramos. 
Segunda observación: con respecto al programa MEDA, creo que debemos aplicarlo plenamente, incluyendo MEDADemocracia, como sugiere el ponente. 
La tercera observación se refiere a nuestro grupo de trabajo. 
Se trata de una institución original que hemos creado para la concertación con la Comisión. 
Pero me planteo el balance que debemos efectuar de esta iniciativa; creo que debemos realizar un examen a mitad del trayecto sobre su funcionamiento y el peligro de que se institucionalice. 
Señora Presidenta, cuando el Parlamento Europeo votó a favor del acuerdo de unión aduanera con Turquía, hubo considerables dudas. 
El Parlamento votó aún así a favor a fin de mostrar a Turquía su confianza. 
¿Cómo ha administrado Turquía esta confianza? 
La respuesta cae por su propio peso. 
De manera muy pobre. 
Permítaseme dar un par de ejemplos: arrestos arbitrarios, disidentes que desaparecen de repente, presos que mueren bajo arresto político, leyes que anulan hasta tres años los derechos individuales de personas normales y corrientes, 6.000 kurdos asesinados sólo en 1997, presos de conciencia como la ex diputada Leyla Zana, condenada sin pruebas a quince años de cárcel. 
Mientras que disidentes como Leyla Zana o Celim Sadak no sean puestos en libertad, Turquía se hallará lejos de lo que la UE exige a un Estado de derecho. 
Si Turquía sigue considerando seriamente la adhesión, ésta exige muchos cambios radicales, y enseguida. 
Señora Presidenta, Señorías, estimadas y estimados colegas, hace apenas tres años este Parlamento dio su voto favorable a la unión aduanera con Turquía. 
En primer lugar, quiero felicitar a Edward McMillan-Scott por el excelente trabajo realizado en su informe. Puedo apoyarlo plenamente. 
Voy a retroceder algo en el tiempo en el que adoptamos esta difícil decisión. 
La adoptamos porque queríamos dar a Turquía un margen de confianza. 
Al mismo tiempo, al dar nuestro voto favorable reflejamos nuestras esperanzas en cuatro puntos. 
Los colegas ya los han mencionado y yo voy a enumerarlos aquí de nuevo: la cuestión de los derechos humanos, la de la democratización, la aportación constructiva a la solución del problema de Chipre y una solución pacífica del conflicto kurdo. 
Hoy puedo constatar que aquella decisión de 1995 se basó en un error doble, a saber, el error por nuestra parte de otorgar credibilidad a las promesas de la señora Ciller y el error del Gobierno y de la Gran Asamblea Nacional Turca de no creernos que lo decíamos en serio. 
Constato además que la situación en Turquía no ha mejorado en ninguno de estos cuatro puntos sino que en algunos campos- por ejemplo, el de Chipre y la cuestión kurda- incluso ha empeorado dramáticamente. 
Lamento expresamente que las relaciones entre la UE y Turquía hayan alcanzado hoy este nivel mínimo pues me incluyo entre aquellos que al dar en aquella ocasión su voto afirmativo a la unión aduanera creía y esperaba que Turquía se iba a aproximar a la UE y que se le ofrecía una oportunidad para una futura adhesión. 
Pero la política turca destruye cada día nuestras esperanzas y esfuerzos de acercamiento. 
No sirve de mucho que nosotros queramos acercarnos- quizás lenta, pero continuamente- a Turquía mientras que este país marcha mucho más rápidamente en dirección a un desconocido futuro aventurero. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Kosovo. 
Señora presidente, seré muy breve. 
Tenemos las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre Kosovo. Sin embargo, debido a que nos encontramos ante un golpe de estado en desarrollo- aún no han finalizado del todo los acontecimientos en Albania- y a que los asuntos de Albania están relacionados con los de Kosovo, creo que es una buena oportunidad- hoy y no mañana, que quizás sea demasiado tarde- para que el Consejo y la Comisión expresen su postura sobre los acontecimientos en Albania y su apoyo al Gobierno Democrático legal de Albania. 
Sí, señor Alavanos. 
Señora Presidenta, deseo decir que el golpe de Estado tuvo lugar hace un año y medio, con los escándalos que conocemos, y que, por tanto, no está relacionado con los sucesos de esta semana. 
Lo que ocurre esta semana es el resultado lógico de lo que ocurrió antes. 
Señorías, pueden referirse a ello en sus intervenciones. Creo que no se trataba de una cuestión de orden. 
Me congratulo de la presencia de la Sra. Ferrero-Waldner, en nombre del Consejo. 
Le concederé de inmediato la palabra. 
El Sr. van den Broek continúa ausente, pero señalo el carácter colegiado de la Comisión y que el Sr. Monti está presente. 
El Sr. Monti es totalmente competente para oírnos y el Sr. van den Broek se unirá a nosotros en cuanto le sea posible. 
Señora Presidenta, Señorías, el conflicto de Kosovo sigue siendo el conflicto que más amenaza los intereses europeos de seguridad y estabilidad. 
Este conflicto ha estado latente durante años. 
Siempre se dijo que se podía producir una explosión. 
Como se ha visto, lamentablemente los esfuerzos de la comunidad de Estados se han mostrado insuficientes. 
El Presidente Milosevic no reaccionó durante siete años a la política pacífica de los albaneses de Kosovo bajo Ibrahim Rugova y tras la supresión de la autonomía, la provincia se encontró en una situación similar al " apartheid» produciéndose una radicalización por parte de los kosovares. 
A los atentados del llamado ejército de liberación de Kosovo, el ELK, siguió una respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad serbias. 
La terrible situación actual es la siguiente: entre 250.000 y 300.000 refugiados y expulsados. 
Entre 50.000 y 70.000 de ellos duermen actualmente en los bosques y colinas y cada día vienen a sumarse más. 
El número de aquellas personas que en los últimos días y semanas han regresado temerosamente a sus pueblos y ciudades se ve más que compensado por el de personas que han tenido que abandonar sus casas y pueblos debido al proceder de la policía y fuerzas militares serbias. 
No necesito subrayar que si esta situación no mejora pronto se va a producir una catástrofe humanitaria ante el invierno que se avecina. 
Naturalmente, las partes más vulnerables de la población, los recién nacidos, niños, mujeres, ancianos y enfermos son los más intensamente afectados. 
La principal responsabilidad por este gran número de refugiados y expulsados radica sin ningún género de dudas en el Gobierno de Yugoslavia. 
Por parte de las autoridades serbias y yugoslavas se alega continuamente que solamente se defienden frente a terroristas y separatistas, que la ofensiva militar- que, por cierto, está en marcha ininterrumpidamente desde finales de julio- solamente es una respuesta a los atentados por parte del ELK. 
Puede que esto sea cierto, pero para cualquiera que haya visto Kosovo hace poco tiempo está claro que las acciones militares y policiales contra la población civil han alcanzado una magnitud que no se puede considerar en absoluto como proporcionada. 
Cuando se han visto las casas bombardeadas, los pueblos destruidos, las granjas y escuelas quemadas, cuando se han visto los campos de cereales quemados a propósito y el ganado muerto a balazos, está claro que la respuesta de la policía serbia y de los militares yugoslavos a los actos del ELK es excesiva y no excusable. 
Es cierto que el ELK tiene también una gran responsabilidad, pero no se pueden perder de vista las proporciones. 
Actualmente, se encuentran en Kosovo 35.000 soldados del ejército yugoslavo. 
A ellos vienen a sumarse 20.000 policías serbios así como las tristemente famosas tropas paramilitares de Seselj y Arkan. 
Estas tropas utilizan ametralladoras pesadas, carros de combate y artillería. 
Por su lado, el ELK parece constar de un núcleo central de entre 500 y 800 hombres. A ellos vienen a sumarse varios miles o quizás decenas de miles de voluntarios. 
No siempre realmente organizados pero en cualquier caso dispuestos a defender con el arma lo que les parece que deben defender, ya sea el deseo de independencia de Kosovo o solamente la integridad de su pueblo o su familia. 
De estas cifras se puede ver que el conflicto no puede ganarlo nadie militarmente. 
Este es un hecho que la Presidencia de la UE intenta siempre transmitir a ambas partes. 
Pero lamentablemente, parece que ambas están convencidas de poder lograr sus objetivos en el campo de batalla. 
El lado serbio, mediante la extinción militar del ELK y le lado kosovo-albanés mediante el mantenimiento de una guerra de guerrillas durante años. 
Hay que acabar cuanto antes con este derramamiento de sangre. 
Está claro que una solución política es el único camino factible. 
En primer lugar, tiene que finalizar la ofensiva serbio-yugoslava y respetarse al menos un armisticio informal. 
En segundo lugar, la situación humanitaria tiene que mejorar rápida y básicamente. 
Sólo cuando se den estas dos condiciones, se podrá contar con que se haga realidad la tercera prioridad, es decir, el inicio de unas negociaciones razonables. 
Para finalizar las acciones militares la Presidencia del Consejo de la UE ha dado numerosos pasos, desde la apelación a la moderación hasta diversas sanciones económicas. 
Pero como parece que ambas partes siguen apostando por la solución militar, estos esfuerzos no se han visto coronados hasta ahora por el éxito. 
Naturalmente, una intervención militar de la comunidad internacional podría provocar aquí un cambio. 
Pero esto no está dentro del ámbito de posibilidades de la Unión Europea. 
La mayoría de los Estados de la UE están convencidos de que una intervención militar necesita una autorización por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, autorización que actualmente no existe. 
Si se es realista, ante la correlación de fuerzas y de intereses existente en el Consejo de Seguridad no se puede contar en un futuro previsible con una resolución de este tipo. 
Respecto a la segunda prioridad, la situación humanitaria, ante la cada vez más insoportable situación la Unión Europea se está esforzando por intensificar sus actividades humanitarias. 
Remitiéndose a una iniciativa de los Ministros de Asuntos Exteriores Kinkel y Védrine, la Presidencia ha creado en Belgrado y en Ginebra unos grupos de trabajo compuestos por los Estados interesados, EE.UU., Rusia, el ACNUR, el IKRK y las misiones de observadores ECMM y KDOM. 
Su objetivo es identificar conjuntamente in situ pueblos y localidades a los que puedan retornar con seguridad y dignidad los refugiados que actualmente viven al aire libre. 
De este modo, se facilitaría considerablemente la atención humanitaria. 
Junto a la destrucción masiva de viviendas por las acciones militares serbias, el obstáculo principal para el retorno es el miedo ante nuevas persecuciones. 
Acontecimientos como el de Orahovac, donde la policía fue a buscar a los kosovares retornados- en primer lugar los hombres en edad militar- a unas llamadas " entrevistas» registrando sus casas recientemente ocupadas, no fomentan precisamente la voluntad de retornar de la población. 
Por ello, la condición más importante es la creación de una seguridad suficiente para los kosovares que retornan, lo que solamente puede ser garantizado por las fuerzas de seguridad serbias. 
Sin embargo, la Unión Europea y sus interlocutores pueden contribuir a ello si las llamadas misiones de observadores, mediante sus frecuentes patrullas en los lugares en cuestión transmiten la sensación de un " monitoring» internacional. 
Por ello, es objetivo de los grupos de trabajo de Ginebra y de Belgrado identificar localidades que sean adecuadas para tales proyectos de retorno. 
Por el momento, tenemos cuatro localidades, Klina, Urosevac, Orahvac y Djakovica. 
La iniciativa se ve dificultada porque en estas regiones se producen también acciones bélicas. 
Como he dicho, cuando finalicen estas acciones y, por otro lado, pueda regresar un considerable número de expulsados, entonces se podrán iniciar también negociaciones políticas entre las partes en litigio sobre el futuro status de Kosovo. 
La Unión Europea participa desde el principio en los esfuerzos de la comunidad internacional. 
La UE participa con un gran compromiso a través de varios Estados miembros y la correspondiente Presidencia en el grupo de contacto que ha elaborado un documento opcional sobre el futuro status de Kosovo que ha entregado a las partes contendientes. 
Este documento muestra las posibilidades para lograr una solución autonómica aceptable. 
Independientemente de ello, la Presidencia de la UE está en estrecho contacto con la llamada Comisión de Venecia del Consejo de Europa que se ocupa del problema a nivel jurídicoconstitucional y quiere presentar soluciones. 
Finalmente, la UE apoya los esfuerzos del enviado especial de los EE.UU., Chris Hill, quien actualmente está exponiendo la idea de un acuerdo interino para un período de tres a cinco años, tras los cuales se deberían iniciar negociaciones sobre el status definitivo de Kosovo. 
En el Consejo informal de Salzburgo del 5 y 6 de septiembre los Ministros de Asuntos Exteriores han saludado precavidamente el apoyo básico de Milosevic a un acuerdo interino de este tipo. 
Respecto al status, defendemos el siguiente enfoque: no apoyamos la independencia de Kosovo ni la prosecución del inaceptable status quo. 
Si somos realistas, una solución duradera solamente puede consistir en conceder una amplia autodeterminación a Kosovo. 
El si esta autodeterminación significa luego autonomía u otra cosa es secundario. 
Importante será que la población de Kosovo pueda decidir y solucionar ella misma sus asuntos propios, que se le conceda un derecho a coparticipar en los asuntos federales y que se garanticen los derechos de todos los grupos nacionales y minorías según estándares europeos. 
Si la autodeterminación debe realizarse en el marco de Serbia o del Estado Federal yugoslavo es asunto de las partes litigantes. 
La UE no tiene ninguna preferencia pero tampoco desea que se excluya ya de antemano una de esas posibilidades. 
En el documento del grupo de contacto se exponen diversos modelos europeos de autonomía que podrían tener una función modelo para Kosovo, desde el Tirol del Sur, pasando por la Islas Aland finlandesas hasta la Tartaria rusa. 
Está claro que no se podrá recoger un modelo determinado en su totalidad, pero quizás sí diversos elementos de diferentes modelos para adaptarlos a Kosovo. 
Ambas partes han nombrado un equipo negociador, el último el 13 de agosto de este año. 
A pesar de que a este equipo solamente pertenecen representantes del LDK del llamado Presidente Ibrahim Rugova y de sus socios de coalición, los partidos políticos que se encuentran en oposición a Rugova no se han opuesto al mismo. 
Esto es alentador y representa un no insignificante éxito de los esfuerzos realizados durante meses por la Presidencia de la UE para mover a los partidos de Kosovo a la creación de una plataforma política unitaria. 
En las negociaciones va a ser esencial una presencia internacional y se deberán poder mantener sin condiciones previas. 
Cada parte debe tener al menos al principio el derecho a exponer todas sus exigencias importantes. 
Pero ¿qué iniciativas persigue además la Presidencia de la UE? 
En relación con el mencionado proyecto de retorno, se está llevando a cabo actualmente también un aumento del número de observadores de la misión de la UE, la ECMM. 
La ECMM y los observadores diplomáticos de los Estados de la UE que trabajan junto con ella, constituyen el contingente europeo de la llamada KDOM, la Kosovo Diplomatic Observer Mission, que dispone de un contingente americano y otro ruso. 
Para poder llevar a cabo los mencionados proyectos de retorno se eleva la cifra actual de observadores europeos de 28 a 44. 
Sin embargo, no se debe olvidar que el aumento de controladores internacionales no es por si sólo suficiente para mejorar la situación de la población civil. 
Podría incluso ser negativo que el número de observadores ascendiese pero que al mismo tiempo empeorase la situación humanitaria y de seguridad de la población civil en Kosovo, pues entonces comprensiblemente se desatarían emociones en contra de la ineficacia de la comunidad internacional. 
Ante las continuas denuncias realizadas por ambas partes de crímenes de guerra, desde fusilamientos en masa hasta asesinatos de mujeres y niños, la Presidencia de la UE ha puesto en marcha una iniciativa para el envío a Kosovo de un equipo internacional compuesto por médicos expertos en medicina legal. 
En el pasado, Belgrado se ha expresado siempre positivamente respecto a controles forenses internacionales, por lo que esperamos que se autorice nuestra solicitud para abrir las tumbas que presentamos hace poco. 
Para ejercer presión sobre Belgrado, la Unión Europea ha adoptado diversas sanciones, a saber, una prohibición de visado para los responsables de la seguridad, un bloqueo de los haberes en el extranjero del Gobierno serbio y yugoslavo, una prohibición de nuevas inversiones en Serbia así como la prohibición de vuelo y de aterrizaje para líneas aéreas yugoslavas. 
La Presidencia es consciente de que las sanciones hasta ahora no han ocasionado una modificación sustancial en la actitud de Yugoslavia. 
Solamente se pueden adoptar medidas más incisivas si una mayoría cualificada de los Estados de la UE está a favor, circunstancia que actualmente no se da. 
Independientemente de ello, a nivel de la UE existe el consenso de que las sanciones no deben afectar a la población civil ni a los países vecinos que tienen unas estrechas relaciones comerciales con Yugoslavia y que en caso de un embargo contra Belgrado tendrían graves dificultades. 
En el Consejo informal de Ministros de Asuntos Exteriores celebrado en Salzburgo, la Comisión Europea ha prometido en cualquier caso analizar los posibles puntos flacos de las actuales sanciones y presentar propuestas de mejora hasta la cumbre del Consejo en octubre. 
Los Estados vecinos de la República Federal de Yugoslavia ya tienen que sufrir masivamente como consecuencia de la crisis de Kosovo, sobre todo Albania y la antigua República yugoslava de Macedonia. 
Ante este entorno tan inestable se debe valorar muy positivamente que Skopje, a pesar de las dificultades, haya podido mantener un elevado grado de estabilidad. 
Esperamos que las elecciones del 18 de octubre arrojen también un resultado positivo. 
Ante la situación actual, quiero decir también algunas palabras sobre Albania. 
Tras los tumultos a comienzos de la semana, la situación ha vuelto a tranquilizarse algo. 
Las manifestaciones de ayer en Tirana solamente han movilizado a algunos cientos de personas y no se han producido acciones violentas. 
Sin embargo, la situación sigue estando muy tensa no en último lugar porque el Gobierno de Fatos Nano, que ha vuelto a tomar el pulso a la situación, amenaza al ex Presidente Sali Berisha con su detención por alta traición, lo que podría acarrear la pena de muerte. 
Es ocioso discutir si los desórdenes del domingo y del lunes fueron realmente un intento de golpe de Estado por parte de Berisha, tal como afirma el Gobierno, o una erupción incontrolada de ira popular a causa del asesinato del querido político de la oposición Azem Hajdari, que es lo que afirma Berisha. 
El hecho es que Albania sigue sin estabilizarse realmente y que sigue existiendo un elevado potencial de violencia, por lo que en cualquier momento pueden estallar desórdenes y que tanto el Gobierno de Nano como la oposición bajo Berisha se han comportado de un modo muy poco transparente. 
En cualquier caso, Berisha ha sido en gran parte responsable del agudizamiento de la situación. 
Amenazas y ultimátums recíprocos no van a conducir a una estabilización del país. 
La Presidencia de la UE intenta mostrar esto claramente a los políticos albaneses. 
Además, apoyamos los esfuerzos del Jefe de Estado Mejdani para que se supere la crisis manteniendo conversaciones entre todas las partes. 
La Presidencia ha nombrado ayer un presidency special emissary que hoy ha viajado a Tirana. 
Además, la Presidencia de la UE participa en una misión conjunta de las Presidencias de la OSCE, el Consejo de Europa y de la UE que mañana viajará a Tirana. 
Precisamente ahora es importante que la comunidad internacional no abandone a su suerte a Albania sino todo lo contrario. 
La Conferencia sobre Tirana proyectada para finales de octubre será un foro adecuado para ello siempre que se den las circunstancias para ello. 
Nos vamos a seguir esforzando por la estabilidad regional, no sólo por consideraciones políticas abstractas sino sobre todo para proteger a las personas frente a la violencia, las expulsiones y la represión. 
Le doy las gracias, señora Ministra, por esta intervención extremadamente completa y muy esclarecedora y concederé de inmediato la palabra al Comisario van den Broek, en nombre de la Comisión. 
Señora Presidenta, tras la detallada exposición de la Presidencia puedo limitarme en primer término a algunas observaciones breves. 
En primer lugar, la Comisión colabora con la Presidencia muy estrechamente para coordinar tan bien como sea posible todo aquello que podamos hacer en el plano humanitario, no sólo con la Presidencia, sino desde luego también con una gran serie de organizaciones internacionales con las que estamos acostumbrados a trabajar en este terreno. 
Mi segunda observación es que la Comisión, naturalmente, también tiene una importante tarea en la elaboración de propuestas con respecto a los paquetes de sanciones y asuntos semejantes; como ya ha indicado la Presidencia, lo analizaremos más detalladamente en toda su solidez. 
Creo que también es justo y obvio mencionar que la Comisión en primera instancia ha presentado unas cuantas medidas más enérgicas y que de ellas ha salido finalmente un paquete que esperamos sea suficiente, pero que en lo que a nosotros respecta bien hubiera podido ser más duro. 
Confío en que se puedan solucionar los problemas que han tenido un par de Estados miembros con decisiones tomadas anteriormente respecto al boicot aéreo, porque naturalmente no es convincente que primero se tome una decisión conjunta para ese boicot y a continuación unos cuantos Estados miembros no vieran ninguna posibilidad de tomar parte en la ejecución de ese boicot. 
Pero, una vez más, basándome en las últimas noticias estoy muy esperanzado con que tal vez se puedan afrontar los problemas que parecían surgir al respecto. 
Esperamos por ahora la noticia de las capitales. 
Mi tercer punto es éste. Estamos ahora confrontados desde el mes de marzo de este año con los acontecimientos en Kosovo. 
Entre tanto, tenemos entre 250.000 y 300.000 refugiados y expatriados que se encuentran en una situación cada vez más precaria, precisamente con la vista puesta en el invierno que se acerca. 
Razón de más para no intensificar sólo y exclusivamente el esfuerzo humanitario y no limitarse a la terapéutica sintomática- porque eso es de hecho lo que estamos haciendo -, sino dirigirse también a las causas del conflicto de manera algo más directa. 
En ese sentido yo, y me imagino que también la Presidencia, estoy en cierto modo animado por la iniciativa que por lo visto ha tomado el Presidente francés tomando contacto con el Presidente ruso y anunciándole que la próxima semana quisiera asistir en Nueva York a una reunión del Grupo de contacto para discutir la posibilidad de una resolución del Consejo de Seguridad acerca de la situación en Kosovo, lo que ciertamente- creo- tiene la intención de examinar de nuevo si pueden tomarse medidas más severas con el fin de imponer un alto el fuego. 
Para la Comisión es también, y creo que para todos nosotros, extraordinariamente frustrante por un lado intentar iluminar con un sentimiento de gran implicación el destino humanitario en una parte de Kosovo, mientras en la otra parte la agresión y los combates continúan y surgen nuevas oleadas de refugiados y nuevos expatriados. 
De hecho estamos en este círculo vicioso. 
En lo que concierne a la Comisión, y en ese sentido también hemos hablado con el Consejo de Ministros, no se puede perder de vista un aumento de la presión, sobre todo hacia el Presidente Milosevic. 
Tenemos que aprovechar las lecciones de Bosnia, y en lo que concierne a eso vemos desarrollarse en este momento escenarios que nos llevan a pensar sospechosamente mucho en lo que vimos allí entonces con una reacción demasiado tardía de la comunidad internacional. 
A la Comisión le parece que eso no puede ser así. 
A la Comisión le parece que eso no debe ser así. 
A la Comisión le parece también que la Unión Europea debería propiciar en este sentido una toma de posición enérgica y unívoca a favor de una resolución enérgica del Consejo de Seguridad con capítulo y siete párrafos. 
Por último, puedo decir que los acontecimientos en Albania, de los que también ha hablado la Secretaria de Estado Ferrero, hacen de hecho más acuciante tratar ahora el asunto de Kosovo para poner fin a esos combates. 
La desestabilización en Albania es extraordinariamente grave. 
La propagación de conflictos en una u otra dirección todavía forma parte de los riesgos acuciantes. 
Así pues, la Unión Europea deberá esforzarse también allí. 
De por sí estamos extraordinariamente contentos de que se hayan tomado iniciativas- entre otros por la Presidencia, en diálogo con los italianos según he leído- para ver de qué modo podían tomarse medidas, acaso también pidiendo a la Unión Europea Occidental que reflexionara sobre un poder policial estabilizante o algo de esa naturaleza para intentar restablecer allí de nuevo el orden y la calma. 
Le recuerdo que esta discusión se llevó a cabo exactamente del mismo modo hace aproximadamente un año, cuando hubo revueltas tras el derrumbamiento de las pirámides financieras y también cuando nosotros en primera instancia tomamos las decisiones demasiado tarde. 
Tres meses después de las deliberaciones intensivas, en las que no se alcanzó ningún acuerdo, llegó la coalition of the willing bajo la dirección de los italianos y se envió una fuerza estabilizadora a Albania. 
Espero que aquí también puedan tomarse decisiones rápidamente. 
Lo decimos, una vez más, desde una responsabilidad profundamente sentida para seguir dirigiéndonos constantemente hacia las consecuencias de esos conflictos. 
Quisiéramos ayudar a iluminar el destino de perseguidos, expatriados y refugiados, pero no se le puede explicar al ciudadano europeo que sólo y exclusivamente nos ocupamos de las consecuencias y no de las causas de la miseria. 
Por eso confío en que tanto en Albania como en Kosovo se intervendrá con vigor. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, puedo apoyar perfectamente las líneas fundamentales de lo que ha expuesto. 
Sin embargo, de las palabras del señor Comisario extraigo una cierta insatisfacción por no haber recurrido a medidas más estrictas. 
Me gustaría saber qué medidas o propuestas eran y porqué el Consejo no las ha recogido. 
Yo estoy a favor de medidas más duras. 
Me quedé espantado ante las dificultades para imponer la prohibición de vuelos. 
¿Qué va a pensar Milosevic de una Europa que tiene unas dificultades tan grandes ante una medida tan pequeña? 
Me adhiero por ello a las palabras del señor Comisario. 
Quiero dejar clara una cosa: tenemos que decir un claro no a todas las fuerzas nacionalistas- repito lo de todas -, independientemente de lo grande, mediana o pequeña que sea su responsabilidad en la actual situación de crisis. 
Esto es aplicable sobre todo a las fuerzas yugoslavas. No hay duda de que son las primeras culpables. 
Pero también es aplicable al ELK. Debe tener claro la responsabilidad que tiene y también qué dificultades provoca su actitud para que intervenga Europa. 
Hay que apoyar a las fuerzas que apuestan por la paz, sobre todo en el entorno de Rugova. 
Desgraciadamente- ya lo he dicho en repetidas ocasiones- esto no ha ocurrido a tiempo. 
En segundo lugar, la situación en Macedonia es muy precaria. 
Sabemos muy bien que la independencia de Kosovo o una Gran Albania colocaría a aquel país ante graves dificultades internas. 
Al mismo tiempo, tenemos que adoptar medidas para que la línea que se aplica en principio en Macedonia, el respeto de la minoría albanesa, se prosiga con total consecuencia y se amplíe allí donde sea posible. 
En tercer lugar, señora Presidenta del Consejo, quiero aportar un pequeño matiz a su actitud respecto a Albania. 
Como usted ha indicado, Berisha utiliza al máximo la situación en Kosovo para desestabilizar también la situación en Albania. 
Yo también soy de la opinión de que Fatos Nano y su Gobierno a la hora de perseguir las críticas, crímenes, etc., solamente deben aplicar métodos de Estado de derecho y no echar aún más leña al fuego. 
Pero debe estar claro dónde se encuentra la responsabilidad principal por las circunstancias actuales. 
Intentar una independencia total ocasionaría dificultades y problemas como en Bosnia. 
El fortalecimiento de las fuerzas nacionalistas que ha apuntado ya en las elecciones, se intensificaría entonces sin trabas. 
Un último punto: la cuestión de los refugiados. 
Tenemos que prometer aquí nuestro pleno apoyo y oponernos en Europa a cualquier tendencia que diga que como ya hemos hecho mucho por Bosnia no podemos hacer tanto por Kosovo. 
Tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a los refugiados de Kosovo. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, desde hace meses estamos literalmente suplicando- y algunos de entre nosotros ya desde hace ocho años- que la Comunidad haga algo. 
Pero el Consejo habla y habla y apenas sale algo. 
Es incapaz de actuar realmente. 
Hoy acabamos de escuchar de nuevo que en Belgrado se han creado otra vez unos grupos de trabajo. 
Nadie sabe a ciencia cierta con qué objetivo y por quién están compuestos. 
Usted ha dicho que la situación de allí abajo tiene que mejorar. 
Esto suena muy bien, pero ¿cómo debe mejorar? 
¿Qué hacemos los europeos? 
Si sólo pienso en la prohibición de vuelos, sobre lo que han hablado dos colegas y también el señor Comisario, se acordó en julio en Cardiff y estamos ya en septiembre sin que se haya llevado a la práctica. 
Es ridículo. 
No se puede explicar a nadie. 
Señora Presidenta, nuestra política exterior- creo que ha sido su jefe quien lo ha dicho- se parece a un autobús con 15 conductores. 
Cada uno de ellos quiere ir a una velocidad diferente, algunos incluso quieren ir en otra dirección y Milosevic está sentado al borde ríendose malignamente de nosotros. 
El perjuicio no sólo lo sufre la población que padece en Kosovo sino que también se daña la imagen de la Unión ante nuestros ciudadanos. 
¿Cuánto tiempo puede negar a sus ciudadanos un Jefe de Estado criminal incluso la ayuda humanitaria sin ningún género de escrúpulos y sin que se le castigue? 
El 60 % de entre los 50.000 y 70.000 refugiados que vegetan al aire libre en los bosques que rodean a Kosovo son niños. 
Les faltan alimentos, agua potable y mantas. 
Los primeros han muerto ya de tifus y nosotros miramos y decimos que algo tiene que mejorar. 
¡Esto es sencillamente increíble! 
El Gobierno serbio y Occidente instan a los refugiados para que vuelvan a sus pueblos. 
Pero ¿qué significa esto? 
Regresan a pueblos que el señor Milosevic ha estampado contra el suelo. 
¿Es allí dónde tienen que regresar? 
¿Adónde deben ir en esos pueblos? 
¿Quién se ocupa de su seguridad? 
¡La situación tiene que mejorar! 
Señora Presidenta del Consejo, usted no tiene la culpa de ello, pero es nuestra interlocutora. 
Creo que debemos reconocer realmente que Milosevic ha proyectado este ataque contra civiles. 
El ELK es un producto accesorio que le alegra pues así puede decir que debe atacar a terroristas. 
Lo ha proyectado contra civiles, niños y mujeres y lo ha dirigido también contra ellos. 
No podemos devolver a esas personas a sus pueblos sin poder garantizar su seguridad. 
Actuemos por fin, las apelaciones no sirven de nada. 
Usted ha vuelto hoy a apelar y conoce también muy bien la situación, pero a Milosevic esto no le interesa nada. 
En Kosovo no ha cumplido aún ni una promesa. 
¿Cree usted que va a respetar las promesas actuales? 
El lenguaje del señor Milosevic es violencia. 
Hablemos por fin con él en su lenguaje. 
Sólo entonces existirá la posibilidad de encontrar una solución negociada. 
Respecto a Albania no me va a dar tiempo ahora de decir nada pero quizás lo haga un colega y quizás pueda usted decirme quién es ese simpático envoyé special que pretende lograr algo en Albania. 
Señor Presidente, como hemos oído hoy una vez más, la Cumbre de Cardiff ha reiterado las bases de la política exterior de la UE en Kosovo, haciendo un llamamiento al cese de la violencia, al regreso a la mesa de negociaciones y a un compromiso con un proceso político fuerte como única solución a esta crisis. 
Son ideas buenas, lúcidas y decorosas, pero, sencillamente, son ideas que no funcionan. 
El proceso político de Kosovo ha sufrido en los últimos meses serios reveses y no se ha registrado ningún progreso. 
La situación ha cambiado sustancialmente. 
Ha llegado el momento de aceptar una respuesta cualitativamente distinta de nuestra política. 
La triste realidad es que el Sr. Slobodan Milósevic es el único dirigente que tiene hoy por hoy una visión clara de Kosovo, así como los medios políticos y militares para hacerla realidad. 
Desde su punto de vista, el Sr. Milósevic ha aprendido las lecciones de Bosnia y las está aplicando. 
En el pasado, destacadas masacres genocidas como la de Srebrenica provocaron la ira suficiente para galvanizar las acciones de la comunidad internacional. 
Sin embargo, reduciendo la intensidad sin modificar el objetivo, Milósevic sabe que un pueblo por día mantiene al Occidente alejado. 
Ha aprendido a jugar con la comunidad internacional como si se tratara de un violín viejo, sabiendo por instinto la presión que puede ejercer en las cuerdas sin que éstas se rompan. 
En vista de la subyugación étnica que ha tenido lugar en los últimos meses, resulta claro que Milósevic no siente más que desprecio por nuestras palabras de diplomacia, tan estudiadas, matizadas e impotentes. 
Es un matón a escala regional, y lo seguirá siendo a no ser que alguien se lo impida. 
La OTAN lanzó hace unos meses la Operación Halcón, un inútil blandir de sables que podría haber radicalizado aún mas a los kosovares albaneses con falsas señales. 
Esta operación no demostró ser más que una costosa chapuza, y así se lo tomó desde un principio Milósevic. 
Los gestos no detendrán su agresión en mayor medida que nuestras palabras o resoluciones. 
También nosotros debemos aprender las lecciones de Bosnia y aplicarlas. 
El cese de la violencia fue la condición previa fundamental para la creación de un clima propicio para el diálogo político en Dayton. 
Fue necesaria una determinada acción internacional que abriera el camino a la política para poder asegurar su función primordial. 
Diez días de bombardeos limitados, premeditados y mesurados detuvieron la agresión entonces. 
Podrían haber sido diez días cualesquiera de aquellos cuatros años miserables. 
Si no logramos actuar rápidamente, podemos anticipar que en los Balcanes se producirá el próximo invierno un desastre humanitario. 
Tenemos el deber moral, ético y político de actuar. 
Para mi grupo, el propósito del proceso europeo es garantizar que horrores de este tipo no se vuelvan a repetir nunca jamás. 
La gente del Kosovo nos viene haciendo señas desde hace diez años. 
Si le fallamos a este pueblo indefenso, las aspiraciones de nuestra política exterior habrán sido un fracaso. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, he escuchado con interés su declaración, sin embargo, también he constatado que usted ha utilizado un eufemismo, puesto que ha dicho que se está produciendo un combate entre el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y las fuerzas regulares yugoslavas para solucionar por la vía de la fuerza la cuestión de Kosovo. 
Señora Presidenta, esto no es así. 
Hay que contar la verdad: primero, hay que hablar de una agresión por parte de un criminal, Slobodan Milosevic, contra la población de Kosovo, y decir que se está perpetrando una limpieza étnica por parte de un criminal, que responde al nombre de Milosevic, que pretende liberar Kosovo de la población albanesa que, como es sabido, ocupa el 90 % de la región. 
Y esto, para contar la verdad de lo que realmente está sucediendo. 
Segundo, he escuchado, también por boca de algunos eximios colegas, que no podemos abordar la cuestión de los refugiados porque ya nos ocupamos de los albaneses, y antes bien, los queremos devolver a los pueblos que han sido arrasados por Milosevic. 
Quisiera que usted, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, y el señor Comisario me dijeran cómo es posible pensar en devolver a los refugiados a esos pueblos que han sido arrasados y ocupados militarmente por las tropas de Milosevic. 
Tercero, he oído hablar de una Europa firme. Señor Comisario van den Broek, usted ha dicho que debemos dar una repuesta firme. 
Hasta ahora Europa ha permanecido pasiva, impotente e indiferente; hemos sido por enésima vez el hazmerreír de todo el mundo, como sucedió en Bosnia. Mediante la técnica del aplazamiento, Milosevic sigue adelante con sus operaciones de guerra ante la total impotencia de la comunidad internacional y de Europa. 
Ahora, el Parlamento ha dejado de tener escrúpulos: ha explicado varias veces cuál podía ser el peligro para Kosovo, sin embargo, no fuimos escuchados ni por la Comisión, ni por el Consejo ni tampoco por la Comunidad internacional. 
El drama se extiende. 
Ahora, oigo hablar de grupos de trabajo y de enviados especiales: espero que no se trate de la comitología de siempre que sólo servirá para contar los muertos y los refugiados. 
Señor Presidente, desde julio la situación en Kosovo se complica. 
Es evidente que los primeros perjudicados son los refugiados, la gente que muere. 
Se complica allí y se complica en el entorno de países que rodean esa región. 
Ahí tenemos- por poner un caso- la situación en Albania, cómo Berisha de nuevo trata de subvertir en este caso el orden democrático y poner contra las cuerdas a un gobierno que seguramente no ha sido muy eficaz pero que es el gobierno que han deseado mayoritariamente los albaneses. 
La cuestión es que la Unión Europea vuelve a estar sin pulso. 
Eso significa ausencia; eso significa debilidad; eso significa dispersión. 
Iniciativas por aquí, iniciativas por allá, diferentes nombramientos, boicots que no se aplican- ya no se trata del sempiterno país denunciado, es el Reino Unido el que aduce que hay compromisos internacionales contractuales que le impiden aplicar el boicot sobre la navegación aérea-. 
¿Qué hay que hacer? 
Aumentar la presión sobre el responsable. 
Y el responsable es Milosevic y su Gobierno, para el que las cosas no se complican porque va camino de conseguir sus objetivos a sangre y fuego. 
Cierto, Kosovo tiene que autodeterminarse en una Serbia democrática. 
Señor Presidente, he escuchado las declaraciones de los representantes del Consejo y de la Comisión; sin embargo, en mi opinión, lo que está sucediendo en Kosovo requiere una pequeña digresión histórica. 
Durante más de diez años en Kosovo se ha asistido al intento político y cultural de la comunidad albanesa de modificar una situación de opresión a través de los principios de la no violencia. 
En estos diez años, por otra parte, las solicitudes de ayuda a escala internacional de los líderes políticos albaneses de Kosovo no han sido atendidas, y la no violencia ha sido confundida con impotencia o sumisa aceptación de la opresión serbia. 
Lamentablemente, no hay que extrañarse de que hoy, ante una inercia culpable, también de las Instituciones de la Unión Europea, la situación haya degenerado y se haya pasado a la lógica de las armas. 
El resultado es un gran número de muertos, pueblos destruidos y 300.000 refugiados. Las posibilidades de una solución pacífica son cada vez más escasas. 
Todo esto se añade a la ya grave situación de Bosnia y a la anterior- semejante- lógica de la limpieza étnica impulsada por los dirigentes de Belgrado que, evidentemente, se sienten alentados por la pasividad mostrada por la Unión Europea que, por desgracia, carece de una verdadera política exterior y de seguridad común. 
Ante un estado tan grave y agudo de la crisis en curso en Albania, es necesaria una firme acción de policía internacional, al objeto de favorecer el cese inmediato de cualquier acción armada, en el ámbito de un mandato de las Naciones Unidas y bajo los auspicios de la OSCE, con una activa participación de los Estados miembros de la Unión Europea. 
El alto el fuego es fundamental tanto para evitar la propagación del conflicto a los países vecinos como para implementar un diálogo de cara a un verdadero proceso de pacificación que no puede ignorar las legítimas expectativas de la población de Kosovo con vistas a una verdadera autoadministración de su territorio. 
Sin embargo, la pacificación no podrá lograrse si no se garantizará el regreso de los refugiados a sus hogares, bajo la protección internacional- también con vistas a las graves dificultades con las que se encontrarán a lo largo del invierno- y sin ofrecer un hogar a esos refugiados cuyos pueblos fueron destruidos. 
A dicho fin, es necesario asimismo prestar apoyo a las organizaciones humanitarias que tienen que gozar de la máxima libertad de movimiento en el territorio de Kosovo. 
El primer gesto simbólico que podría hacer la Comisión es el proyecto de la Residencia de Estudiantes en Pristina, como respaldo visible de cara a la reconciliación de los estudiantes universitarios. 
En conclusión, señor Presidente, el Grupo de los Verdes confía en una acción del Consejo y de la Comisión más significativa, al objeto de favorecer una rápida solución negociada a la actual crisis. 
Señora Presidenta, señor Comisario, pienso que han oído y experimentado un sentimiento de indignación. 
Se está produciendo realmente algo increíble. 
Después de Croacia, después de Bosnia, tiene lugar el mismo escenario, exactamente el mismo: una política de agresión, distinta de una operación policial, provoca la existencia de 250.000 refugiados. 
Nos encontramos ante la tercera fase de una guerra que el Sr. Milosevic empezó en Croacia hace cerca de ocho años. 
Una guerra que ha planificado, que está organizando y llevando a cabo paso a paso, y que llevará a término, procurando que el 50 % o el 60 % de Kosovo se encuentre completamente liberado de la presencia albanesa, para, de este modo, presentarse frente a ustedes, frente al Consejo, diciendo: " Soy el hombre que ha conseguido la paz. 
Celebremos un acuerdo como en Bosnia, efectuemos un pequeño reparto, que no se llamará así al principio, pero que será un reparto de hecho, con una limpieza étnica de hecho de Kosovo». 
No se trata de un futuro proyecto, sino de un proyecto que se aplica día tras día. 
Señora Presidenta, señor van den Broek, 250.000 refugiados bastan para intervenir de otra manera y no a través de misiones de investigación, de operaciones de " cirugía plástica» , como las que se hacen desde hace años. 
Hay que ir al meollo de la cuestión. 
El meollo del problema es el Sr. Milosevic. 
El Sr. Milosevic deberá responder directamente ante La Haya por sus seis años de crímenes en Croacia, en Bosnia y hoy en Kosovo. 
No hay que perder un solo minuto. 
No necesitamos enviar carros de asalto. 
No necesitamos enviar aviones. 
Basta con enviar un mandato de comparecencia ante el Tribunal de La Haya, y eso puede hacerse mañana por la mañana, para acabar con este personaje. 
Es un personaje que ha causado la muerte de 200.000 personas, y sobre él recae la responsabilidad de que haya dos millones de refugiados. 
Hasta ahora ya ha conseguido 250.000 refugiados en Kosovo. 
Naturalmente, podemos seguir discutiendo sobre la PESC, sobre decisiones que deben tomarse por mayoría, sobre el envío de cuerpos militares europeos, pero se necesitan dos meses para realizar los primeros planes susceptibles de ser cumplidos. 
Hay que dejar de lado ese Tratado de Amsterdam, que resulta ser lo que es, el vacío total. 
Hay que actuar, hay que crear una Europa que no sea la Europa de la impotencia, como lo es desde hace diez años. 
No son sólo los diputados aquí presentes quienes están hartos, son los ciudadanos los que ya no creen en ello. 
¡Son los ciudadanos! 
Y luego nos sorprende que voten de un modo u otro. 
No votarán más, ya no confían en esta Europa. 
Presidenta, este debate es en realidad una especie de triste ejercicio de repetición. 
Es la enésima vez que discutimos sobre la situación en Kosovo sin que nada haya cambiado esencialmente para mejor. 
No hay perspectivas para una auténtica solución y la situación quizá se haya complicado más que simplificado. 
Todos vamos un poco por detrás de los acontecimientos, acontecimientos que sobre todo son creados por los serbios y su salvaje agresión. 
El Presidente del Consejo acaba de hacer un recuento otra vez de lo que son todos los acontecimientos. 
Igual que aquí, también en otras partes se habla continuamente de una acción internacional más dura. 
Pero hasta ahora no se han tomado más que medidas de medio pelo, véase por ejemplo el boicot aéreo y el trabajo que cuesta llevarlo a cabo. 
Me alegra que el Comisario haya dicho aquí que por lo que a él y a la Comisión respecta se podría ser algo más severo con las medidas contra el régimen de Belgrado. 
Hay también discusión en este Parlamento sobre el modo como debería pasar a la acción la comunidad internacional. 
En la resolución que se ha preparado para este debate se propone más o menos que la Unión Europea debería apuntar a una intervención militar por propia iniciativa. 
Mi Grupo está en contra, prefiero la idea de obligar al Consejo de Seguridad de la ONU a que se pronuncie y deje el camino libre para una posible intervención militar, y el Presidente y el Comisario han señalado esa vía. 
Emprendamos primero ese camino y nada impide a la Unión Europea tomar esta iniciativa y con ella dejar claro a Milosevic que hay límites. 
Con ella también se responde a la táctica furtiva de Milosevic, como ha sido descrita por el Comisario en la comparación que hacía con lo que ocurrió en Bosnia en el pasado. 
En lo que a nosotros respecta debe llegar una tregua, no sólo para posibilitar las deliberaciones, sino también para poder prestar la ayuda de urgencia necesaria. 
Lo que nos proponemos, y ése sigue siendo el punto de partida del Grupo PSE, es seguir buscando una solución política, porque no creemos que esa situación pueda solucionarse tan sólo militarmente y somos de la opinión de que una intervención militar siempre debería ser el signo de un enfoque político. 
Rechazamos, por tanto, la presente resolución porque ésta sugiere sin matizar que la UE debe imponer la independencia de Kosovo a través de una intervención militar. 
Estamos en contra de esta independencia porque pensamos que con ella se abriría la caja de Pandora y se someterían a discusión las fronteras en Europa, en ese mismo entorno pero también en otras partes. 
Eso nos parece, en lo que respecta a Kosovo, no sólo ir demasiado lejos, porque una solución política del conflicto se hace más difícil, sino que en nuestra opinión una solución así es también completamente irreal, véase también aquello que ha dicho el Presidente del Consejo al respecto. 
Señora Presidenta del Consejo, señor Presidente, creo que actualmente se está ensayando en Kosovo una nueva estrategia. 
La última semana tuve la ocasión de ver la situación allí abajo. 
La nueva estrategia es la de tierra quemada y de limpieza étnica. 
Este es un método que no podemos sencillamente aceptar. 
No podemos aceptar que las fuerzas militantes serbias despejen a la izquierda y derecha de las principales carreteras tres kilómetros para tener un campo de tiro, que derriben todas las casas y árboles y que dejen tierra quemada. 
Tampoco podemos saber qué flujos de refugiados se van a producir, pues no tenemos ninguna posibilidad de entrar allí. 
Por lo visto, actualmente hay 60.000 refugiados en los bosques o en alojamientos insuficientes. 
Pero no conocemos cifras exactas pues no tenemos acceso. 
Tenemos que exigirlo bajo cualquier circunstancia y con todos los medios. 
Tenemos que precisar nuestras declaraciones. 
Si hoy hablamos de autonomía, independientemente de cuándo se vaya a aplicar, entonces tenemos que hablar de ciertas condiciones básicas y mínimas, como por ejemplo, un control muy claro de la policía, de la administración y de la justicia a través de fuerzas democráticamente elegidas de Kosovo. 
Esta sería una condición previa mínima que se tendría que incluir en las formulaciones. 
Así pues, en lo tocante al señor Milosevic tenemos que hablar un lenguaje claro. 
Quiero decir una cosa sin ningún tapujo: la experiencia de los últimos ocho años ha mostrado que con el señor Milosevic no se puede negociar, a lo sumo se puede actuar sobre él y solamente en La Haya. 
Permítanme que haga algunas observaciones sobre Albania. 
No es la primera vez que se realiza un atentado contra el señor Hajdari. 
En el tercero ha sido asesinado. 
No hay que olvidar que la primera vez un representante del partido del Gobierno disparó contra él en el Parlamento. 
Me alegra mucho que el señor Swoboda venga de nuevo hacia delante, pues cuando dice aquí que el señor Fatos Nano actúa bajo principios de Estado de derecho, tengo auténticas dudas sobre su comprensión del derecho. 
Pues Fatos Nano no aplica ningún principio de Estado de derecho. 
Pienso por ejemplo en el bloqueo de ayer por la tarde del cuartel principal del Partido Democrático, lo que no corresponde precisamente a una comprensión del derecho. 
Tenemos que hablar un lenguaje claro y actuar. 
Señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, aquí solamente podemos hablar. 
Pero no debemos suavizar nada y hablar con los responsables un lenguaje claro. 
En primer lugar: ya no puedo realmente escucharlo más. 
Tenemos que extraer conclusiones. 
Ocho años dura ya la tragedia y cualquiera que haya seguido la situación en Bosnia con los ojos y oídos, sabía que Kosovo iba a ser la siguiente bomba, la siguiente catástrofe que iba a explotar. 
Desde hace años no ocurre nada. 
Segundo: por motivos étnicos se expulsa muy conscientemente con terror militar a la población civil y se acepta conscientemente que se diezme. 
Esto es con toda claridad un crimen de guerra. Debemos decirlo. 
Siguiente punto: ¿quién es responsable? 
Naturalmente, Milosevic. 
Pero de ello ya se ha hablado suficiente. 
Con la misma claridad deberíamos decir que corresponsables en gran medida son los Gobiernos nacionales de nuestros países miembros que se reúnen en el Consejo, quienes desde hace años no encuentran ninguna medida política adecuada para dominar la situación. 
Estos Gobiernos son corresponsables. 
Pero actualmente tienen una responsabilidad especial dos Gobiernos, el de Grecia y el de Gran Bretaña, quienes no están siquiera dispuestos a participar en las resoluciones de Cardiff relativas a las sanciones de vuelos. 
Estos son los principales responsables de la situación. 
Que nadie se disculpe: la vida de 300.000 personas está amenazada. 
Quien es corresponsable y no hace nada y no adopta ninguna sanción es también culpable. 
Hay que decir esto con total claridad. 
Señor Presidente, no tenía intención alguna de hablar sobre Grecia, pero creo que Grecia tiene muchos problemas que no siempre apreciamos claridad; y las crisis de este tipo son muy simples. 
Me refiero a Kosovo. 
Se ha dicho que los refugiados superan los 250.000 y, con la llegada del invierno, se calcula que parte de ellos se enfrentará a problemas más graves. 
Existen informaciones- ya lo ha dicho el Señor Comisario- que señalan que la agitación continua durante meses también tiene repercusiones serias en los cultivos, lo que puede originar la falta de trigo durante el invierno. 
Hasta ahora, la comunidad internacional se ha limitado al papel de observador, mientras que un nuevo peligro se atisba en el horizonte: los recientes e inquietantes acontecimientos en Albania, que afectarán en gran medida a Grecia- que tiene vecinos curiosos aunque lo olvidemos a menudo aquí dentro- que, de continuar, pueden tener reacciones en cadena. 
En dicho ámbito, el regreso seguro de los refugiados está supervisado, al igual que toda mediación para alcanzar la normalización. 
El problema de Kosovo dura siglos. 
Sin embargo, en el estado al que hoy han llegado las cosas debemos intervenir con todos los medios a nuestra disposición- ya se refirió a ellos la señora Ministra en nombre de la Presidencia del Consejo- para parar los extremismos y apoyar las fuerzas moderadas en la región. 
La violencia totalmente inaceptable y absurda ejercida desde Belgrado y las atrocidades del Ejército de Liberación deben finalizar a toda costa y pedir una solución satisfactoria para Kosovo, sin derecho de separación, como dijo la Presidencia del Consejo. 
Para dicha solución deberán llegar a un acuerdo las partes interesadas para evitar cualquier evolución negativa. 
Señor presidente, cada vez que hablamos en el Parlamento Europeo sobre la situación en la ex-Yugoslavia, en los Balcanes en general, una vez disuelta la ex-Yugoslavia, de la cual es responsable en gran medida la Unión Europea, huelgan las voces militaristas en el Parlamento Europeo, sobran las exigencias de soluciones militares a los problemas. 
Todos debemos admitir una cosa: Que no existe una solución pacífica para los problemas a los que se enfrentan los Balcanes y Kosovo, tan solo existen posibilidades de una solución política pacífica. 
El interrogante es: ¿La Unión Europea apoya dicha perspectiva?. 
Recientemente, ha habido una propuesta por parte de Milosevic. 
Radovan la admitió. 
Y la respuesta del Consejo fue: Disminución de los vuelos de la empresa yugoslava hacia la Unión Europea. 
¿A quién apoya la Unión Europea con esa postura?. 
¿No apoya a las fuerzas intransigentes del ejército de liberación?. 
¿Y dicho apoyo de las fuerzas intransigentes no ha conducido precisamente al fortalecimiento de las fuerzas intransigentes de Albania de forma que ésta peligre hoy con la desestabilización?. 
Preguntémonos por dichas responsabilidades, señora Presidente 
Señor presidente, debo decir que la mayor ayuda humanitaria que puede ofrecer la Unión Europea es el cese de las hostilidades en Kosovo. Porque, de continuar la incertidumbre en Kosovo, habrá repercusiones directas y muy desfavorables en Albania. 
La prolongación de la situación o de la incertidumbre, o como quieran llamarlo, en la región de Kosovo, activa los medios desestabilizadores en Albania, donde ha habido un equilibrio muy ligero porque, en Albania, los albaneses tienen distintas convicciones y creencias religiosas y, en consecuencia, se necesita muy poco para que la situación esté fuera de control. 
Ante estos datos, deseo presentar preguntas concretas al Consejo: Hay una iniciativa del Sr. Hill que, de acuerdo con lo publicado en la prensa, ha acercado considerablemente las posturas de Milosevic y de Radovan y al cual debemos apoyar. 
Y no he oído a nadie apoyar a este hombre aquí dentro, no he oído a nadie apoyar a este héroe para que pueda comenzar un diálogo. 
Pero no basta el diálogo. 
El diálogo o un acuerdo de principios debe combinarse con la presencia de fuerzas de la policía militar en Kosovo. 
Debe aplicarse lo que se acordó en el acuerdo de Dayton. 
Dayton tuvo éxito y, puesto que tuvo éxito, no veo razón alguna para que, dentro del marco de un acuerdo más general entre lo establecido por Belgrado y por Radovan, no se asegure la aplicación de dicho acuerdo con una fuerza militar de carácter policial. 
Señor Presidente, si los asesinos Arkan y Milosevic estuvieran en la galería escuchándonos, se frotarían satisfechos sus manos ensangrentadas. 
Nuestra vergonzante política de cobardes les ha otorgado victoria tras victoria en los últimos años. 
Se acerca el invierno para los desplazados refugiados en las montañas de Kosovo. 
Carecen de comida, medicinas y de protección contra el frío. 
Milosevic los convertirá en rehenes permitiendo sólo la ayuda en reservas especiales que él mismo controla. 
Como dijo la Sra. Emma Bonino: Es igual que hacer que el conde Drácula vigile un banco de sangre. 
No, señor Presidente, no hemos de permitir que vuelvan a repetirse las matanzas de Srebenica, donde 7.000 hombres fueron víctimas de nuestra política de cobardes. 
Ya es malo que nuestros propios gobiernos tengan miedo e ignoren nuestros ideales. 
Si nosotros tampoco nos atrevemos a ayudar a gente que lo necesita, entonces la política de cobardes llegará demasiado lejos. 
La ayuda humanitaria debe ser enviada en convoyes por tierra o por vía aérea, con o sin autorización de las Naciones Unidas, y debe ser protegida. 
Si hay disparos a los convoyes, éstos deben tener derecho a defenderse y estar armados para ello. 
Fue el temor de las democracias el que animó a Hitler. 
La OTAN y la Unión Europea fueron creadas para evitar que la historia se repitiera. 
Ahora debemos mostrar un mínimo de valor insistiendo al menos en ayudar a las víctimas sin convertirlos a ellos y a nosotros mismos en rehenes. 
Señor Presidente, no hacía falta una gran perspicacia política para darse cuenta que la gravísima situación en Kosovo tendría repercusiones negativas y desestabilizadoras, como así ha sucedido en toda la región y en Albania. 
Es una vieja regla histórica, ya que Kosovo representa el foco de un incendio que se propaga en toda la región balcánica. 
¿Qué hay que hacer? 
Las palabras no sirven, sin embargo, Milosevic ha sido tan astuto que ha elegido hasta los meses- julio y agosto- para ejercer su represión, cuando la política europea se va de vacaciones. 
Y nosotros nos fuimos de vacaciones. 
Las declaraciones que acaban de hacerse, las medidas disuasorias y las sanciones anunciadas por el Comisario van den Broek han fracasado y en este Pleno se ha recordado que ni siquiera se ha alcanzado el acuerdo de Cardiff. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, usted ha declarado que es imposible pensar en una intervención armada. 
Podemos estar de acuerdo con usted, pero ¿cómo se ejercen concretamente unas presiones? 
Paralelamente, el ministro alemán de Defensa ha declarado que, dentro de tres o cinco semanas, previa notificación a Milosevic, va intervenir la OTAN. 
¿Qué línea sigue Europa? 
Me pregunto si no es posible intervenir para potenciar una policía de estabilización, desplegar tropas a lo largo de la frontera de Kosovo, ejercer presiones y, ante todo, llegar a una estabilización de Albania, donde la razón no se puede discernir de la sinrazón tan fácilmente porque, si Berisha tiene sus sinrazones también las tiene el Gobierno de Nano. 
No debemos inclinarnos ni por una ni por otra parte. 
Tenemos que intervenir para que se respeten las reglas de la democracia; sin embargo, dichas reglas implican el respeto de la oposición. 
Si no conseguimos intervenir, querrá decir que, una vez más, hemos realizado una política decepcionante y no quisiera que la culpa fuera atribuida a la Presidencia austriaca. 
Señora Presidenta, temo asimismo que el precio para Europa será mucho más alto, como sucedió en Bosnia. 
Señorías, el debate muestra que no se trata sólo de una discusión sobre Kosovo sino sobre la totalidad de la política exterior y de seguridad común y sobre nuestras posibilidades en el marco institucional. 
Tengo que decir que lamento que en el campo institucional no hayamos avanzado más. 
Pero saben que en el Consejo rige el principio de la unanimidad y, lamentablemente, siempre hay Estados que no desean ciertas medidas. 
Lo mismo debo decir también del Consejo de Seguridad. 
También en el Consejo de Seguridad hay miembros permanentes y quizás también otros que no aceptan determinadas resoluciones que algunos de nosotros llevaríamos efecto gustosamente. 
Por ello, actualmente nos encontramos aún en una situación en la que una amenaza de intervención militar no ha dado frutos. 
Esto no significa que en el futuro no se pueda lograr. 
Pero antes he dicho en mi intervención que actualmente existen pocas perspectivas. 
Me alegro de que los franceses- no tenía esta información- al contrario de como habían reaccionado hasta ahora, tengan interés en una nueva formulación de una resolución de seguridad, pues esto podría al menos cambiar la situación. 
Me voy a referir brevemente a la pregunta de hasta qué punto se han planteado en el debate medidas más estrictas- diferentes a la de una intervención militar- que luego no se han aceptado. 
En el marco de la boicot de inversiones que hemos acordado y también en el de la congelación de los fondos bancarios, las medidas que hemos adoptado son relativamente débiles. 
Pero esto también se debe a que se trataba del mínimo denominador común en el que podíamos estar todos de acuerdo. 
Tengo que decir que como Presidenta de Consejo en estos momentos tengo que defender esta posición si bien no siempre estoy de acuerdo. 
Me voy a referir ahora a la pregunta de quién es concretamente el special emmissary que está actuando en Albania en nuestro nombre. 
Es el embajador Brobmeyer, quien ya el año pasado actuó en Albania como representante del antiguo Canciller Federal Vranitzky. 
Conoce muy bien la situación y puede comenzar inmediatamente in situ a trabajar para que todas las partes se reúnan para dialogar. Naturalmente va a trabajar en coordinación con la OSCE y las demás instituciones. 
Coincido con la Comisión en que hay que buscar otras posibilidades si bien en el pasado no hemos logrado enviar una misión de la UEO a Albania. 
A la postre, la OSCE ha realizado allí durante breves períodos de tiempo unos servicios muy buenos, pero tal como vemos, no pudo exponer nuevas instituciones en Albania. 
Se ha tocado la cuestión del safe havens. 
Por supuesto, sabemos que lo que condujo a Bosnia a una catástrofe, en esta ocasión no puede pasar de la misma forma en Kosovo. 
Yo misma he hablado durante mucho tiempo sobre el problema de los refugiados con Emma Bonino y créanme que nosotros también sabemos que lo que se ha propuesto hasta ahora es poco. 
Pero es muy difícil adoptar actualmente medidas de mayor alcance e intentar obtener el máximo. 
Ha habido un diálogo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
En este marco hemos recapacitado si no podríamos crear un cuerpo de policía multiétnico que supervisase in situ el retorno de los refugiados y les garantizase una cierta seguridad. 
Pero actualmente esto tampoco es posible. 
Por ello, lo mínimo que podemos hacer es mezclar la ECMM y la KDOM, es decir, fortalecer estas dos misiones a las que me he referido en mi intervención, pues hay una cosa que molesta a Milosevic: ser controlado y si se difunden informaciones. 
Me quiero referir aún a otro punto: se ha afirmado que no hay ninguna posibilidad de entrar en contacto con los refugiados. 
Esto no es totalmente cierto. 
El ACNUR y el Comité internacional de la Cruz Roja tienen perfectamente posibilidades de acceso. 
Es cierto que a veces se ponen obstáculos pero de modo general funciona relativamente bien. 
Esto me lo ha confirmado también Emma Bonino, quien estuvo personalmente allí hace poco. 
Señor Presidente, a pesar de ello creo que se ha producido un cierto consenso, que la prioridad absoluta tienen que ser alcanzar un armisticio en Kosovo y una mejora de la catastrófica situación humanitaria. 
Creo que hemos estado más o menos de acuerdo en que solamente cuando se den estas dos condiciones previas, será posible el inicio de unas negociaciones razonables sobre el futuro status de Kosovo. 
En cualquier caso, nosotros vamos a trabajar con decisión en este sentido. 
No podemos pretender que todo el Pleno escuche las declaraciones de la Presidencia austriaca y del señor Comisario; sin embargo, señor Presidente, le ruego que invite al menos a los oradores a que estén aquí, a fin de escuchar las réplicas de la Presidencia en ejercicio del Consejo y del señor Comisario. 
Me parece que es un gesto obligado de dignidad y de respeto de la dignidad del Parlamento. 
Apelo a su sensibilidad de la que tengo perfecto conocimiento. 
Señor Bianco, éste es un debate especialmente importante, es cierto; no obstante, esta regla debería valer para todos los debates. 
Señor Presidente, permítanme comunicarles que la Presidencia y la Comisión acaban de recibir una buena noticia con la nota del Sr. Robin Cook, en la que se informa que el Reino Unido ha ordenado con efecto inmediato la prohibición de vuelo en este país a todas las compañías de bandera yugoslava. 
Por lo tanto, nuestro optimismo por lograr avances a este respecto no andaba tan desencaminado. 
Quiero finalizar señalando que, con arreglo a la experiencia y la información de la que disponemos- la experiencia de Bosnia y la información de Kosovo -, resulta bastante claro que mientras no haya un alto el fuego, mientras no cese la violencia, no habrá ninguna negociación política de valor, y seguirá registrándose un continuo flujo de refugiados y personas desplazadas. 
Ésta es nuestra experiencia, y no parece haber ningún indicio de que vaya a ser diferente en esta ocasión. 
Para todos aquellos que tienen dificultades, como ocurrió en su momento con Bosnia, a la hora de hacer una distinción clara sobre quién debe ser considerado el agresor, quién debe ser considerado como el principal causante del sufrimiento, yo les diría que las 250 000 personas de las que estamos hablando no son serbias. 
Son albaneses de Kosovo. 
Ello no implica que el UCK no haga como tal uso de la violencia, pero se debe identificar primero a quien carga con la responsabilidad principal. 
Como conclusión, y en este aspecto la Presidencia ha descrito con gran franqueza la situación existente en la Unión, es en cualquier caso importantísimo que el Parlamento se exprese- en la medida de lo posible- con una sola voz y anime a la Unión a asumir sus responsabilidades. 
Por este motivo, repito, me complace enormemente escuchar, si la información de prensa es correcta, que el Presidente francés ha afirmado que la situación actual resulta intolerable, y que ha comunicado a su homólogo ruso que se necesita una reunión del Grupo de contacto y hablar en torno al Consejo de Seguridad. 
Sé que tanto Francia como la vasta mayoría de los Estados miembros creen que cualquier uso de la fuerza para poner fin a la violencia debe estar avalado por una resolución del Consejo de Seguridad. 
Es un punto de vista legítimo. 
Pero espero que no pase mucho tiempo antes de que se apruebe una resolución de este tipo y se pueda lograr la paz necesaria para que se emprendan negociaciones en torno a soluciones políticas definitivas, ya que no existe una solución militar ni para Milósevic ni para el UCK. 
No obstante, temo que sean necesarias presiones externas para detener la violencia y poner en marcha el proceso político. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Sociedades asociadas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0299/98) del Sr. Secchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (98) 0067- C4-0195/98-98/0087 (CNS) ) relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros. 
Dado que es preciso interrumpir nuestro debate a las 17.30 horas en razón del turno de preguntas al Consejo, ruego al Sr. Secchi que, en su calidad de ponente, comience su intervención; sin embargo, deseo hacerle presente que tendremos que reanudar el debate esta noche, después de las 21.00 horas. 
Señor Presidente, voy a comenzar protestando por lo que usted acaba de decir. 
En realidad, encuentro bastante extraño que empiece un debate sobre un tema tan importante, pese a que está destinado a reanudarse unas cuantas horas después, cuando los interesados, evidentemente, pueden no recordar los términos de la cuestión y las distintas opiniones expresadas. 
Creo que el retraso de unos pocos minutos sobre el horario previsto- hoy se ha llevado mucho- no afecta para nada a la eficacia de los trabajos de este Parlamento. 
Señor Secchi, su intervención se aplazaría a las 21.00 horas. 
De todos modos, no podemos retrasar en absoluto el turno de preguntas al Consejo. 
Por lo tanto, si lo desea, puede usted presentar su informe ahora o a las 21.00 horas. 
Señor Presidente, voy a ilustrar el informe sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros, aprobado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Se trata de una propuesta que la Comisión ha formulado como parte del llamado «paquete Monti» que, como sus Señorías recordarán, se refiere al desarrollo del planteamiento propuesto por la Comisión, con el pleno apoyo del Parlamento, en materia de coordinación fiscal, con el fin de tratar que los sistemas fiscales de los Estados miembros sean compatibles con el buen funcionamiento del mercado interior y consigan evitar los efectos negativos de la llamada competencia fiscal perniciosa. 
El 18 de junio el Parlamento aprobó un primer informe sobre el primer elemento de dicho paquete, esto es, el Código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas. Hoy examinamos el segundo elemento de dicho paquete al estar en trámites la labor de la Comisión de Asuntos Económicos acerca del tercer elemento que corresponde a la propuesta de directiva relativa a la fiscalidad de la renta procedente del ahorro de las personas no residentes. 
Esto me permite explicar la enmienda 3 que la Comisión de Asuntos Económicos aprobó y que requiere que el desfase temporal en cuanto a la aprobación de los distintos elementos del paquete no deberá utilizarse por los Estados miembros como instrumento para retrasar su aplicación. 
Se trata de medidas idealmente coexistentes y que, no obstante, se aplicarán necesariamente conforme vaya progresando el proceso legislativo. 
El objetivo de la propuesta que nos ocupa es evitar la doble imposición entre sociedades asociadas que operan en diferentes Estados del mercado único. 
La Comisión de Asuntos Económicos propone asimismo, a través de la enmienda 2, que éste régimen se extienda progresivamente a todas las sociedades que desarrollan sus actividades en el interior del mercado único, al objeto de evitar que se produzcan casos de doble imposición. 
En particular, en la enmienda 1, subrayamos la importancia que reviste esta propuesta para las pequeñas y medianas empresas que carecen de las estructuras necesarias para hacer frente a este tipo de problemas. 
Por consiguiente, consideramos que la rápida aprobación de esta directiva va a facilitar el proceso de europeización y permitirá aprovechar plenamente las ventajas del mercado único. 
A través de la enmienda 4, proponemos reducir los márgenes de discrecionalidad previstos en favor de los Estados miembros en orden a la aplicación de la directiva. 
Me doy cuenta de que se trata de una materia muy delicada, sin embargo, creo que por nuestra parte es obligado formular esta sugerencia. 
Con la enmienda 5, proponemos que la aprobación de esta directiva sirva de acicate a los Estados miembros para volver a examinar ampliamente sus regímenes fiscales aplicables a las sociedades, con arreglo al espíritu de esta directiva y de todo el paquete en su conjunto, y en particular del Código de conducta, con objeto de facilitar el proceso que origina toda esta serie de disposiciones. 
Finalmente, la enmienda 6 pide que, al final del trienio, fecha en la que la Comisión deberá informar sobre el funcionamiento de la directiva, se haga una valoración coherente con los progresos registrados entretanto por el nuevo enfoque en materia fiscal. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes ha presentado asimismo cuatro enmiendas, sobre las cuales, ya desde ahora, expreso mi opinión en contra, ya que la 7 es superflua y se presta a confusión, la 8 retoma los conceptos ya expresados en las enmiendas 1 y 3 de la Comisión de Asuntos Económicos, la 9 está mejor formulada en la enmienda 4 de la Comisión de Asuntos Económicos y, por último, la 10 me parece totalmente contradictoria al conceder a los Estados miembros dos años más respecto a los previstos para aplicar la directiva. 
Y con esto termino, señor Presidente, lamentando que el debate tenga que interrumpirse. 
Muchas gracias, señor Secchi. 
Comprendo que el hecho de que tengamos que interrumpir el debate le produzca malestar, pero sabe usted que nuestro Reglamento establece que el orden del día se aprueba al iniciar cada una de las sesiones y hemos aprobado que el turno de preguntas empezaría a las 17.30 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0482/98). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por John McCartin (H-0724/98): 
Asunto: Acuerdo de Schengen 
¿Podría el Presidente en ejercicio indicar si se ha iniciado algún tipo de negociación entre el Consejo y los Gobiernos irlandés y británico con vistas a incorporar estos dos Estados al Acuerdo de Schengen, ampliando así las posibilidades de viajar sin pasaporte para los ciudadanos de estos Estados? 
Señora Ferrero-Waldner, le doy la bienvenida y le invito a que responda a la pregunta formulada por el Sr. John McCartin. 
Señor Presidente, Señorías, el Reino Unido e Irlanda participan en el Consejo en todos los debates y en todos los grupos de trabajo del Consejo, en especial en lo que se refiere a la recepción del acervo de Schengen en el acquis de la Unión Europea y a las negociaciones con Islandia y Noruega. 
Irlanda y el Reino Unido actualmente no participan en el acervo de Schengen ni, de conformidad con el artículo 4 del protocolo de Schengen, tampoco lo van a hacer tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Ahora bien, pueden solicitar en cualquier momento que el acervo se aplique total o parcialmente. 
Una solicitud de tal tipo no se ha presentado sin embargo hasta el momento. 
Agradezco a la Presidenta en ejercicio su respuesta. 
La dificultad que se plantea con Irlanda es que ya existe libre circulación entre Irlanda, Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. 
Consiguientemente, si Irlanda debiera ratificar el Acuerdo de Schengen sin el Reino Unido, impondríamos nuevas restricciones a la circulación de los irlandeses, lo cual ocasionaría grandes dificultades. 
Mi preocupación estriba en que el Acta Única Europea, que ha sido ratificada por ambos países, obligaba a todos los países que la ratificaron a suprimir todas las fronteras para el 1 de enero de 1992. 
En el período de intervención, hemos comprobado que otros países de la Unión Europea, por caminos distintos, han logrado indirectamente la aplicación del Acta Única Europea. 
Pero el Reino Unido e Irlanda han permanecido al margen. 
¿Podemos obligar a estos países a cumplir sus obligaciones de conformidad con el Acta Única Europea? 
Señor diputado, fue el artículo 7 del Acta Única pero que nunca fue aceptado realmente, por lo que tengo que decirle de nuevo que mientras no se presente una solicitud de Irlanda y del Reino Unido para recoger una disposición o todas, tampoco puede haber negociaciones en este campo. 
Cuando exista una solicitud del Reino Unido o de Irlanda o de ambos países, el Consejo debatirá al respecto y adoptará una resolución. 
Según el artículo 4 del protocolo de Schengen, se produce la resolución unánime con los votos de los 13 Estados miembros de Schengen más el voto del o de los solicitantes. 
Es lo que puedo decir al respecto. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 2 decae. 
Pregunta nº 3 formulada por Alan Gillis (H-0727/98): 
Asunto: Argelia 
En vista de la situación atroz por la que atraviesa Argelia, donde cientos de hombres, mujeres y niños inocentes son masacrados por integristas radicales islámicos y vista la aparente falta de voluntad por parte del Gobierno argelino a la hora de actuar para proteger a sus propios ciudadanos, ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo para obligar al Gobierno argelino a adoptar medidas drásticas que pongan fin a estos asesinatos espeluznantes de ciudadanos inocentes? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Gillis. 
Me gustaría agradecer a la Presidenta en ejercicio su respuesta. 
Me reconforta saber que se ha progresado y que es posible registrar algún que otro avance. 
Obviamente, es necesario y obligatorio perseguir la introducción de serias reformas. 
Me pregunto si se pueden adoptar más medidas. 
Es preciso emprender el mayor número de acciones para poner un punto final a este derramamiento de sangre y a la violencia. 
Si lo podemos hacer, habremos dado un gran paso. 
Señor diputado, actualmente no hay más contactos. 
Sin embargo, esperamos que con la prevista visita de la troika sea posible proseguir el diálogo político y que podamos tocar todas las cuestiones que se plantearon entonces durante la troika. 
Naturalmente, se incluía también la pregunta de si la Unión Europea no podría prestar ayuda en el campo humanitario, lo que en aquella ocasión fue rechazado de plano por Argelia. 
Usted sabe que Argelia siempre ha planteado la cuestión de la ayuda en la lucha contra el terrorismo y que la respuesta de la Unión Europea al respecto fue que la Unión como tal no es competente para hacerlo pero que los diferentes Estados naturalmente sí pueden proporcionar ayuda a Argelia. 
En este aspecto, están en marcha contactos. 
Pregunta nº 4 formulada por Alexandros Alavanos (H-0728/98): 
Asunto: Controles de buques en los Dardanelos que infringen el Convenio de Montreux 
Las normas que regulan el tráfico de buques por los Estrechos del Bósforo y de los Dardanelos figuran en el Convenio internacional de Montreux. 
Una serie de importantes intereses económicos y políticos de la Comunidad y de sus Estados miembros, así como de los países que rodean el Mar Negro, dependen directamente de la correcta observancia de cuanto dispone dicho Convenio. 
Considerando que Turquía ha procedido, ya en el pasado, pero también recientemente, a realizar controles con la excusa de «la carga de los buques» , obstaculizando con ello el paso de los mismos por dichos Estrechos, ¿puede decir el Consejo si Turquía tiene derecho, en virtud del Convenio de Montreux, a efectuar controles cuando no hay un litigio pendiente respecto a un buque dado, y si tiene derecho a efectuar controles y a prohibir el tránsito cuando se presume que un buque transporta armas? 
Le propongo, señora Ferrero-Waldner, que responda a la pregunta del Sr. Alavanos. 
Señor Presidente, señor diputado, lamentablemente tengo que decirle que no es asunto del Consejo expresarse sobre la interpretación de un Tratado internacional y en especial sobre el alcance de los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 
Esta respuesta es breve pero no puedo decir mucho al respecto. 
Señor presidente, debo decir que la Sra. Presidente me ha desarmado con su respuesta, con la que no estoy en absoluto de acuerdo. 
Creo que los transportes realizados a través de los Estrechos conciernen a todos los países de la Unión Europea, especialmente a los del Sur y, en ese sentido, creo que debería comentarse el hecho de que existen controles, a pesar del Convenio de Montreux, por parte de Turquía. 
Por consiguiente, mi pregunta es: ¿Para el Consejo no tiene ninguna importancia el hecho de que Turquía contravenga el Convenio de Montreux realizando controles ilegales a los barcos que pasan por allí?. 
En segundo lugar, ¿Está estudiando la posibilidad de discutir con Turquía el tema del Convenio Internacional sobre el Derecho Marítimo firmado por la Unión Europea y al cual se niega Turquía? 
Señor Presidente, señor diputado, la libertad de navegación por los estrechos que se regula en el Tratado de Montreux es válida para todos los Estados y no sólo para el círculo más estricto de los Estados contratantes. 
El artículo 7 de la resolución nº 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía del 22 de diciembre de 1995 sobre la ejecución de la fase final de la unión aduanera dice que están permitidas las prohibiciones o limitaciones de importación, exportación y paso, entre otras por causas de orden público y de seguridad. 
Sin embargo, estas prohibiciones o limitaciones no pueden ser un medio de discriminación arbitraria ni de limitación encubierta del comercio entre las partes contratantes. 
En lo tocante a la posibilidad de solución del litigio, hay que indicar que Turquía no se ha sometido a la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia ni ha aceptado un procedimiento de solución de litigios según el Convenio sobre el Derecho del Mar, ya que no es parte contratante del mismo. 
Me permito pues repetir que, lamentablemente, el Consejo no está autorizado a expresarse sobre la cuestión de cómo deben interpretarse las disposiciones de un tratado internacional- subrayo lo de internacional -, en que no es ninguna de las partes contratantes. 
Pregunta nº 5 formulada por Friedhelm Frischenschlager (H-0731/98): 
Asunto: Imputación de los costes de los transportes por carretera 
En la UE, el volumen del tráfico ha aumentado mucho en los últimos años. 
La situación ha empeorado drásticamente sobre todo en el tránsito norte-sur a través de los Alpes. 
Francia y sobre todo Austria sufren las consecuencias no sólo del aumento general del tráfico, sino también de los transportes de tránsito que se desvían de las rutas habituales debido a las disposiciones especiales adoptadas por Suiza. 
¿Qué iniciativas piensa tomar la presidencia austriaca con miras a un sistema de imputación de los costes de infraestructura viaria que cubra todo el territorio de la UE y que permita, por una parte, internalizar los costes externos de los transportes por carretera y, por otra, financiar, con los ingresos obtenidos con cargo a estos transportes, más perjudiciales para el medio ambiente, la subvención de los transportes (de mercancías) por ferrocarril? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Frischenschlager. 
Señor Presidente, señor diputado, el tema planteado por el señor diputado cae en gran parte bajo la propuesta de directiva relativa al cobro de tasas por el uso de determinadas vías de transporte por parte de camiones pesados. 
Esta propuesta, conocida como la directiva de la " euro viñeta» , fue presentada por la Comisión en julio de 1996. 
El Consejo aún no ha finalizado sus debates y la Presidencia austríaca va a hacer todo lo que esté en su mano por concluirlas. 
Los debates sobre el dossier van a proseguir con rapidez en este semestre, por lo que el punto fue puesto en el orden del día de la reunión del Consejo de Ministros de Transporte. 
En el Consejo informal de Feldkirch no se ha producido ningún debate al respecto. 
El problema consiste en que debido al hecho de que las negociaciones con Suiza no han concluido, Austria y Francia padecen mucho las consecuencias del desvío del transporte de tránsito. 
Como siempre se dice que las negociaciones están casi finalizadas pero como en el fondo las cosas no avanzan, se plantea también el siguiente problema: ¿no podrían Francia, Suiza y Austria obtener de la Unión Europea la posibilidad de igualar sus peajes por el uso de carreteras para que al menos provisionalmente desaparezca el tránsito de desvío? 
Me ha animado a plantear esta pregunta adicional el Ministro francés de transportes, quien en la reunión de Feldkirch se pronunció con toda claridad en favor de una política de transportes ecológica en los Alpes, no sólo austríacos sino europeos. 
Señor Presidente, señor diputado, permítame que respecto a esta pregunta hable algo más extensamente. 
El transporte de tránsito solamente puede ser aligerado a nivel intracomunitario por determinas disposiciones nuevas de la directiva sobre peajes- la euro viñeta. 
Otra distensión adicional sería la desaparición del tránsito de desvío ocasionado por Suiza, pero esto sólo es posible en el marco de las negociaciones entre la UE y Suiza. 
Los objetivos de Austria son el mantenimiento del peaje actual en el paso del Brénero y la supresión del tránsito de desvío ocasionado por las limitaciones en vigor en Suiza. 
Como sabe, actualmente Suiza limita el tonelaje de los camiones a 28 toneladas. 
Para Austria lo decisivo es la equiparabilidad del montante y estructura de los gastos entre Austria y Suiza. 
Unos peajes superiores en Suiza deberían tener como consecuencia unos peajes superiores en el paso del Brénero. 
En el Consejo de Ministros de Transporte del 10 y 11 de diciembre de 1997 los Ministros instaron a la Comisión a que prosiguiese activamente las negociaciones con Suiza ateniéndose estrictamente al principio de que los peajes suizos y los de la Comunidad deben orientarse a los costes de infraestructura. 
Se produjo un avance en las negociaciones UE-Suiza con motivo del encuentro del Comisario Kinnock y el Consejero Federal Suizo Leuenberger el 23-1, con el llamado compromiso de Kloten. Supuso un acuerdo político sobre un valor medio de peaje de 200 ecus para el tramo de tránsito más largo por Suiza, es decir, el de Basilea-Chiasso. 
Otros puntos fueron: la cuota de 40 toneladas por Suiza, limitada al principio a 120.000 viajes anuales y a partir del 2003 a 300.000 viajes. 
A partir del 2005 no habría ninguna limitación más. 
La prohibición de circular por la noche en Suiza sigue existiendo. 
Esta fue asimismo una parte de la regulación. 
Para el caso de que descendiese el uso del ferrocarril, Suiza dispondría de una cláusula de protección. 
En marzo de ese año la Comisión Europea pensaba que apenas existía margen para negociar con Suiza y que los 200 ecus de peaje eran una magnitud fija. 
Los cálculos presentados por Suiza son en general plausibles. 
Además, la Comisión Europea llamó la atención sobre las ventajas que aportaría un acuerdo con Suiza. Sobre todo, en caso de un fracaso de las negociaciones, Suiza podría cobrar un peaje de modo autónomo, podría tener en cuenta los costes externos y se cuestionaría la posterior ampliación de túneles en ese país. 
Por otro lado, mediante la conclusión del acuerdo con Suiza, a partir del año 2005 se garantiza la plena libertad de circulación para los camiones de 40 toneladas y un sistema justo de determinación de peajes. 
La Comisión Europea consideró por ello las negociaciones con Suiza en el sector del transporte como concluidas si bien Austria y la mayoría de los demás Estados miembros no son de esta opinión. 
En el debate, algunos Estados miembros se pronunciaron a favor de una mejora del proyecto de Acuerdo y para el caso de que no fueran posibles más mejoras, también por su rechazo. 
En concreto estos países fueron los Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Grecia e Italia. 
Los demás se pronunciaron a favor de una aceptación. 
Creemos que existen pocas posibilidades de mejora. 
Esto significa que para nosotros una aceptación o rechazo depende de si en la cuestión de la euroviñeta se puede encontrar una solución satisfactoria para nosotros. 
Ahora bien, tengo que decir que lo que usted menciona de nuevo no es muy diferente a lo que ya habíamos discutido. 
Ahora es la Comisión la que debe ver si existe la oportunidad de llegar a un tarifa unitaria que pueda ser aceptada por todos. Como he dicho, se produjo a este respecto sólo un debate muy corto e informal. 
Como posterior modo de proceder se ha previsto que bajo la Presidencia austríaca, en el Consejo de Ministros de Transporte que se celebrará el 1-10 se trate el tema del tránsito por carretera, si bien sería solamente un debate orientativo. Pues probablemente antes de las elecciones en Alemania no se va a producir ningún debate oficial sobre la cuestión de los gastos. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 6 decae. 
Pregunta nº 7 formulada por Jonas Sjöstedt a quien sustituye la Sra. Eriksson (H-0738/98): 
Asunto: Retirada de la UE 
En Suecia existe un gran descontento por el hecho de pertenecer a la UE. 
Una serie de sondeos de opinión muestran que una mayoría de la población está en contra de la adhesión. 
Al mismo tiempo, se está debatiendo la cuestión de lo que podría ocurrir si, en un referéndum, los electores suecos se pronuncian en contra de la tercera fases de la UEM, y si esto puede obligar a Suecia a retirarse de la UE. 
Se debate, por ejemplo, la posibilidad de organizar un referéndum sobre la retirada de Suecia si la población se pronuncia en contra de la UEM. 
Esta cuestión se complica aún más por la ausencia en el Tratado de disposiciones claras relativas a la retirada de un Estado miembro de la Unión. 
¿Qué opina el Consejo sobre esta cuestión? 
¿Qué hace falta para que un país pueda retirarse de la UE? 
¿Cómo se lleva a cabo en la práctica una retirada? 
Señora Ferrero-Waldner, le proponga que responda a la Sra. Eriksson. 
Señor Presidente, señora diputada, según el artículo 240 del Tratado de la CE, este Tratado es válido por tiempo ilimitado. 
En él no se prevé el abandono unilateral de la Comunidad Europea por parte de un Estado miembro. 
Hasta ahora, no se ha encargado al Consejo que se ocupe de una cuestión de este tipo ni tampoco ha debatido al respecto. 
Sé que el Consejo no ha discutido este asunto, pero ¿no opina el Consejo que, puesto que la adhesión es fruto de un consentimiento voluntario, también tendría que discutirse la forma cómo se puede abandonar una asociación a la que tal vez ya no se quiere pertenecer? 
¿No ha llegado la hora de discutir esta materia, no sólo pensando en la actitud reacia de los ciudadanos suecos? 
Señor Presidente, señora diputada, sólo puedo decir teóricamente al respecto lo que se considera como principio en la doctrina, si bien esto no ha surgido nunca ni está siquiera previsto en el Tratado. 
Ni en el Tratado de la UE ni en los tres Tratados de fundación de la Comunidad se contempla un derecho de salida por parte de un Estado. 
De ello se deduce que un abandono o rescisión por parte de un Estado miembro no entra en consideración. 
Los Estados miembros son los señores del Tratado y han señalizado su vinculación a estos Tratados con la voluntad de ser miembros durante mucho tiempo, si bien pueden suspender naturalmente esta pertenencia- al menos según la doctrina- con un acto contrario, un actus contrarius. 
La salida de un Estado miembro necesitaría en cualquier caso la aprobación de los restantes Estados miembros y debería realizarse por la vía de la modificación del Tratado así como respetando todas las exigencias generales del Convenio de Viena sobre los Tratados. 
Gracias, señora Presidenta del Consejo, por su respuesta. 
¿Quiere ésta decir que el ingreso en la UE ha perdido cualquier vinculación que pudiera tener con el derecho internacional o la Convención de Viena? 
¿No se expulsará a un país miembro de acuerdo con la Convención de Viena si desaparecen los requisitos previos o por otros motivos? 
Por otro lado, ayer se hizo una pregunta al Sr. de Silguy a la que éste contestó que Suecia estaba obligada a participar en la Unión Económica y Monetaria y no era libre para decidir ella misma, como consiguiera Alemania gracias a la sentencia de Karlsruhe. 
¿Realmente mantiene también la Presidencia del Consejo la postura de que Suecia está obligada a participar en la Unión Económica y Monetaria y no goza de la libertad de la que goza Alemania? 
Señor Presidente, señor diputado, en mi primera respuesta ya he dicho con toda claridad que esta cuestión no está prevista en el Tratado y que nunca se ha planteado; también les he expuesto la doctrina dominante. 
Plantear aquí consideraciones hipotéticas y teóricas es una cosa pero otra cosa diferente es la situación real y de modo general existe como ya he indicado el Convenio de Viena sobre los Tratados. 
Es decir, solamente le puedo repetir lo que acabo de decir. 
Si lo desea, lo repito de nuevo. 
Muchas gracias, señora Ferrero-Waldner. 
Señor Krarup, ¿no considera usted que la explicación ha sido ya reiterada y que la Sra. Presidenta ha advertido que no tenía más explicaciones que dar? 
Si insiste, tiene la palabra por el tiempo de un minuto pero le recuerdo que los temas no pueden agotarse cuando ya no hay más discusión posible. 
Tiene usted la palabra por el tiempo de un minuto. 
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Presidente en que la señora Presidenta del Consejo ha dado una respuesta según la cual un Estado miembro podrá retirarse de la UE si los restantes Estados miembros lo aceptan y esto es una consecuencia jurídica natural, si así puede decirse. 
Al mismo tiempo, la señora Presidenta del Consejo se remitió al artículo 240, que establece que este tratado se suscribe por tiempo ilimitado. 
Debo entender entonces las manifestaciones de la señora Presidenta del Consejo como que el Consejo de Ministros de la UE mantiene la opinión de que un Estado miembro no puede retirarse de la Unión Europea a menos que todos los Estados miembros lo acepten, y a causa de la confusión reinante me gustaría pedirle a la señora Presidenta del Consejo que confirme esta opinión. 
Señor Presidente, señor diputado, no he dicho eso. 
Aquí hablo en nombre del Consejo y según el artículo 240 del Tratado de la CE este Tratado es válido por tiempo ilimitado y no se prevé la salida unilateral. 
También he dicho que existen debates teóricos al respecto y no puedo añadir más al asunto. 
Creo que si quiere ocuparse más de este tema debería dirigirse a un experto en derecho internacional y no al Consejo, a quien represento aquí. 
Pregunta nº 8 formulada por Maj Theorin a quien sustituye la Sra. Lööw (H-0742/98): 
Asunto: Tráfico de mujeres 
El tráfico de mujeres es un grave problema que no recibe la debida atención. 
Miles de jóvenes trabajan como prostitutas en los Estados miembros de la UE. 
A menudo se las atrae con engaños o se las rapta desde la pobreza y el desempleo en el Este para explotarlas como prostitutas en el Oeste. 
Viven presas de los proxenetas y completamente aisladas del mundo exterior. 
Se les quita el pasaporte y los documentos de identificación y, privadas completamente de derechos, se las obliga a trabajar por el dinero que les costó a los proxenetas comprarlas. 
Se trata de un moderno comercio de esclavos y es enormemente trágico que esto ocurra actualmente en Europa. 
¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para impedir esta explotación de seres humanos? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Lööw. 
Señor Presidente, señora diputada, el Consejo es muy consciente de que este cada vez más preocupante fenómeno al que se refiere la señora diputada plantea unos problemas muy serios y ha adoptado una serie de iniciativas para acabar con este problema tanto en el contexto general del tráfico de personas como también, en el particular del tráfico de mujeres con la finalidad de su explotación sexual. 
En lo que al tráfico general de personas se refiere, el Consejo, ante las diversas dimensiones de esta problemática, ha adoptado medidas a diferentes niveles que incluyen aspectos de política de inmigración así como de cooperación entre la justicia y la policía. 
El 29 de noviembre de 1996, el Consejo, en base al artículo K3 del Tratado de la Unión Europea, adoptó una medida común para la elaboración de un programa de apoyo y de intercambio para las personas encargadas de perseguir el tráfico de personas y la explotación sexual de niños, el llamado programa STOP. 
El 16 de diciembre de 1996, el Consejo, asimismo en base al artículo K3 del Tratado de la Unión Europea, adoptó otra medida común para la ampliación del mandato del departamento de lucha contra la droga de EUROPOL, para incluir entre otras cosas el intercambio de informaciones y datos sobre la introducción ilegal de inmigrantes y comercio de personas. 
El 24 de febrero de 1997, el Consejo, en base al artículo K3 del Tratado de la Unión Europea, adoptó una medida común para combatir el tráfico de personas y la explotación de niños. 
En base a estas medidas comunes, los Estados miembros tienen que adoptar a nivel nacional las correspondientes medidas para garantizar que el tráfico de personas sea considerado como hecho punible según el derecho nacional. 
Además, en el marco de esta medida, se introducen ciertas formas de cooperación entre los órganos de justicia en las investigaciones y procedimientos judiciales relacionados con el tráfico de personas. 
Desde el 4 al 26 de abril de 1997 se celebró en la Haya una Conferencia de Ministros que tenía como objetivo encargar un catálogo de medidas en consonancia con la resolución nº 5/66 de la Asamblea General de la ONU para combatir el tráfico de mujeres. 
Las medidas al respecto se resumen en la declaración final de la High Ministerial Declaration and European Guidelines for Effective Measures to prevent and combat Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation. 
Independientemente de ello, el Consejo sigue muy atentamente los acontecimientos al respecto en las Naciones Unidas, en especial las iniciativas relacionadas con la conclusión de acuerdos a nivel mundial contra el tráfico de niños y la criminalidad relacionada con la introducción ilegal de inmigrantes. 
El Consejo coordina las posiciones de los Estados miembros para que esas iniciativas se puedan concluir pronto con éxito. 
En lo que se refiere de modo especial al tráfico de mujeres con finalidades de explotación sexual, la Unión Europea dirigió en abril de 1998 junto con los Estados Unidos- por cierto, en el marco de la nueva Agenda trasatlántica- campañas de información en Polonia y Ucrania, para combatir esta clase de tráfico de personas. 
Solamente quiero agradecer al Consejo por esta respuesta tan completa. 
Theorin formuló esta pregunta porque quería asegurarse de que el Consejo, al igual que el Parlamento y la Comisión, también se preocupa de este asunto. 
Todos somos conscientes de las dificultades. 
Estamos ante un problema grande y que por estar oculto resulta de difícil acceso. 
Se requiere también una colaboración policial muy calificada. 
Doy la bienvenida al aumento de facultades de Europol para alcanzar estas metas. 
Además, creo que es muy importante que prestemos atención a este asunto en relación con la ampliación al Este. 
Tenemos una oportunidad única de alcanzar un verdadero diálogo con los estados del Este en relación con las discusiones de ampliación. 
Al menos en mi propio país, Suecia, las mujeres de los países del Este son posiblemente las más explotadas. 
Señor Presidente, señora diputada, precisamente en esta cuestión tengo que realizar aún algunas observaciones. 
El ministro federal presentó el otoño pasado un proyecto de convenio sobre tráfico ilegal de inmigrantes ante la Asamblea General de la ONU. 
En su intervención ante la 52ª Asamblea General, el ministro federal planteó presentar este proyecto a la Comisión de la ONU para la Prevención de Delitos en la siguiente reunión, lo que entretanto así se ha hecho. 
Tras los ecos muy positivos que tuvo esa iniciativa sobre tráfico ilegal de inmigrantes, se acordó con Italia presentar conjuntamente dicha iniciativa, concentrándose los esfuerzos italianos más bien en la cuestión del tráfico de inmigrantes por alta mar. 
En su reunión de abril de ese año, la Comisión de la ONU para la Prevención de Delitos acordó seguir el proyecto de un convenio-marco internacional contra el crimen organizado cuyo ámbito de regulación se limitó sin embargo a asistencia jurídica general y a disposiciones sobre extradición. 
Los delitos específicos se deberían regular en protocolos al convenio-marco. 
Se acordó también formular un protocolo precisamente en contra de este tráfico ilegal de inmigrantes. 
Además, se acordó elaborar también protocolos para los campos del tráfico de mujeres y de niños así como de armas cortas de fuego. 
Para formalizar las negociaciones sobre este conveniomarco y los protocolos, la Comisión de la ONU para la Prevención de Delitos ha recomendado a la Asamblea General la aprobación de una resolución que prevea la creación de un comité ad-hoc para la elaboración de un convenio-marco. 
Este comité ha recibido el mandato de iniciar negociaciones sobre un protocolo relativo al tráfico ilegal de inmigrantes en base a ese proyecto austríaco-italiano. 
En una primera reunión informal de este comité ad-hoc celebrado en Buenos Aires del 31 de agosto al 4 de septiembre del presente año, Austria e Italia han presentado un proyecto de protocolo relativo al tráfico ilegal de inmigrantes apoyado por la UE que fue saludado por las aproximadamente 60 delegaciones presentes. 
En enero se iniciarán en Viena negociaciones oficiales sobre el protocolo y es de esperar que las hayamos concluido hasta marzo. 
El convenio debe estar concluido en el año 2000. 
En el campo del tráfico de mujeres y niños se subrayó que es especialmente importante observar muy cuidadosamente el proceso en el marco del Convenio de los Derechos Humanos para la elaboración de un protocolo adicional al Convenio sobre los Derechos del Niño. 
Pero como no existe aún ningún proyecto para el protocolo sobre el tráfico de mujeres y niños, los EE.UU han prometido presentar uno a más tardar hasta marzo. Es decir, esto está también en marcha. 
Junto a disposiciones especiales relativas a la cooperación policial y la lucha del tráfico ilegal de inmigrantes en el mar, el protocolo prevé sobre todo que los traficantes deben ser castigados o extraditados a otras partes contratantes, aut dedere aut iudicare. 
Sin embargo, las personas transportadas no deben castigarse como coautores. 
Estas solamente pueden ser demandadas por violación de las disposiciones de entrada en un país pero no penalmente. 
Quería añadir esto. 
Pregunta nº 9 formulada por Nuala Ahern (H-0744/98): 
Asunto: Medidas propuestas por el Consejo sobre los riesgos inaceptables que plantean las centrales nucleares para los ciudadanos y el medio ambiente 
¿Qué medidas va a adoptar el Consejo durante la Presidencia de Austria para intervenir en casos como el de Mochovce, en Eslovaquia, y Sellafield, en el Reino Unido, en los que las centrales nucleares plantean riesgos inaceptables para los ciudadanos y el medio ambiente de los Estados vecinos? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Ahern. 
Señora diputada, tal como he destacado en la respuesta a las preguntas planteadas por la señora diputada y el señor Rübig durante el período parcial de sesiones de julio, el Consejo concede una gran importancia a la protección de la población frente a los peligros derivados de las radiaciones ionizantes así como a la cuestión de la seguridad nuclear tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión Europea. 
Presta la máxima atención al respeto de los principios internacionalmente reconocidos en el campo de la seguridad nuclear. 
Este asunto es además tenido plenamente en cuenta en el campo de las relaciones exteriores y sobre todo en las relaciones con los países de la Europa central que quieren adherirse a la Unión Europea. 
Los principios, prioridades y objetivos de la asociación de adhesión con Eslovaquia, sobre los que su Asamblea fue informada, prevén expresamente que se tienen que aplicar los principios internacionalmente reconocidos en el campo de la seguridad nuclear en la puesta en servicio de la central nuclear de Mochovce. 
Por lo demás, la asociación de adhesión prevé la ejecución de un programa realista para cerrar Bohunice. 
Las medidas en cuestión tienen que insertarse en el marco de una estrategia global de política energética que se base en la eficiencia y en la diversificación. 
El Consejo se ha ocupado regularmente del estado de los trabajos en la central nuclear de Mochovce y no ha dejado pasar ninguna ocasión de llamar la atención de la parte eslovaca sobre la importancia de la seguridad nuclear. 
Después de que con motivo de su reunión del 25 de mayo, el Consejo fuese informado por el Gobierno austríaco de la próxima puesta en servicio de la central nuclear de Mochovce, el Presidente del Consejo, en un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores eslovaco, expresó de nuevo su preocupación y al mismo tiempo su confianza en la competencia de la autoridad responsable del control nuclear y en la estrecha cooperación de las autoridades eslovacas con la Agencia Internacional de la Energía Nuclear. 
Por lo demás, hay que mencionar que también el señor van den Broek ha realizado una gestión similar ante las autoridades eslovacas. 
Con la aceptación de la directiva 96/29 por parte del Euratom sobre la determinación de las normas básicas de seguridad para la protección de la salud de los trabajadores y de la población frente a los peligros derivados de las radiaciones ionizantes, el Consejo ha endurecido la parte esencial de las normas comunitarias existentes en este campo, haciendo que las normas en cuestión sean más vinculantes. 
En este aspecto, se debe observar también que esta directiva es válida en todos los Estados miembros, lo que incluye las instalaciones nucleares de Sellafield, a la que se refiere la señora diputada en su pregunta. 
Además, hay que llamar la atención sobre las normas del capítulo 3 del Tratado del Euratom relativas a la protección de la salud así como las del capítulo 7 que se refieren a la supervisión de la seguridad de las instalaciones nucleares dentro de la Unión Europea. 
Como ya dije en julio, el Consejo va a examinar con el mayor cuidado las propuestas que le presentó la Comisión relativas a la mejora de la protección de la salud de la población y la seguridad de las instalaciones nucleares. 
Puedo asegurar a la señora diputada que estas cuestiones se incluyen realmente entre los asuntos centrales de la Unión Europea y de nuestra Presidencia. 
He de decir que, aparte de muestras de inquietud, no parece haber propuestas concretas. 
Es todo lo contrario a lo que oí decir a un ministro del Gobierno durante la visita que realicé con el Grupo Verde a Austria en julio, con motivo del comienzo de la presidencia de este país. 
Se nos aseguró que Austria iba a actuar, tomando la iniciativa y presentando propuestas. 
¿Ha hecho algún esfuerzo la presidencia austríaca para presentar propuestas en relación con la contaminación, las emisiones o los accidentes radioactivos transfronterizos? 
¿Ha considerado presentar alguna enmienda al Tratado de EURATOM o ha presentado alguna propuesta para actuar en este sentido, a fin de permitir la revisión por parte de un Estado miembro de una central nuclear próxima situada en otro país? 
Señor Presidente, señora diputada, quiero subrayar de nuevo que nos tomamos muy en serio la amenaza que podría derivarse para la seguridad de la población de Europa por posibles defectos de ciertas instalaciones nucleares, tanto dentro como fuera de la Comunidad. 
La Presidencia austríaca es de la opinión de que una política razonable en el campo de la protección frente a las radiaciones nucleares debe consistir en respetar plenamente las normas comunitarias e internacionales en vigor y, en su caso, mejorar estas últimas. 
Precisamente en la aplicación de estos principios la Presidencia tiene previsto dar nuevos impulsos al examen de las propuestas de la Comisión sobre la adhesión de la Comunidad a los acuerdos relativos a la seguridad nuclear y los convenios internacionales comunes relativos a la seguridad de la explotación de materiales combustibles y residuos radiactivos. 
Permítame, señora Ferrero-Waldner, que retenga todavía su atención sobre esta misma cuestión porque tengo otra pregunta complementaria del Sr. Smith. 
Pero antes de darle la palabra, permítame que diga que, con curiosidad, he visto que el Sr. Smith, junto con el Sr. Falconer, se han desplazado hacia la derecha del hemiciclo. 
En fin, es una mera curiosidad de esta presidencia. 
El Sr. Smith tiene la palabra para formular la pregunta complementaria. 
Por supuesto, yo me he desplazado hacia mi izquierda y el Sr. Falconer se ha movido aún más hacia la izquierda. 
Quizás pueda ser motivo de preocupación para usted. 
Me gustaría agradecer a la Presidenta en ejercicio la respuesta que ha ofrecido a la Sra. Ahern, así como las inquietudes en materia de seguridad que tan claramente ha expresado. 
Desearía, por lo tanto, llamar su atención acerca de un informe del Ministerio de Sanidad británico sobre la seguridad de las instalaciones nucleares de Dounreay, en el que se señala que el equipo de inspección halló numerosos y persistentes problemas de seguridad, y que las condiciones en la zona de ciclo del combustible oscilaban entre un notable y un muy deficiente. 
Creo entender que las directivas son de aplicación en el Reino Unido. 
El Tratado de Euratom también es aplicable en este país. 
¿Por qué se ha tardado tanto en averiguar el serio estado en que se encuentra la central de Dounreay? 
Muchas gracias, señor Smith. 
Yo no sé qué idea tiene usted de la derecha y la izquierda en este hemiciclo. 
Pero debo llamarle la atención sobre el hecho de que si sigue usted avanzando hacia lo que usted llama la izquierda se va a encontrar dentro del Grupo Popular. 
Pero, en fin, usted puede escoger. 
En todo caso, señora Ferrero-Waldner, usted tiene la palabra para responder a la pregunta complementaria del Sr. Smith. 
Señor Presidente, señor diputado, en lo que se refiere a la instalación nuclear de Dounreay le rogaría que dirija esta pregunta a la Comisión pues es de su incumbencia el adoptar las medidas adecuadas para el cumplimiento del Tratado y también de las normas decretadas en el marco del Tratado. 
Por ello, dispone de todas las informaciones necesarias para proporcionar unas respuestas fiables. 
De modo general quiero decirle de nuevo que el Consejo naturalmente va a prestar atención continuamente para que se respeten del modo más estricto las normas comunitarias en vigor y los principios internacionales en el sector nuclear, precisamente en el marco de las negociaciones de adhesión. 
Pregunta nº 10 formulada por Sören Wibe a quien sustituye el Sr. Falconer (H-0749/98): 
Asunto: Relaciones con Israel y Palestina 
La presión internacional contra Israel para obligar a este país a cumplir su parte en el proceso de paz es extremadamente importante. 
¿Qué iniciativas se propone adoptar la Presidencia austríaca para unificar las presiones de los Estados miembros sobre Israel con el fin de conseguir, por ejemplo, que este país abandone las tierras confiscadas a los palestinos y repatríe a los refugiados palestinos? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Falconer. 
Señor Presidente, señor diputado, la Unión Europea está enormemente preocupada por la paralización del proceso de paz en Oriente Próximo, pues supone una amenaza continua para la estabilidad en la región. 
La Unión considera el proceso de paz como el único camino para alcanzar la paz y la seguridad para Israel, los palestinos y los Estados árabes vecinos. 
La Unión participa activamente en los esfuerzos por impulsar el proceso de paz utilizando todo su peso político para llegar a una solución. 
La Presidencia austríaca se esfuerza en este contexto en mantener un diálogo con todas las partes en conflicto. 
En este contexto debe verse la visita del 30 de julio del Presidente Arafat a Viena, por lo que la Presidencia austríaca pudo obtener informaciones actuales y de primera mano sobre la posición palestina. 
A pesar de nuestras ambiciones de fortalecer el papel político de la Unión Europea en la región, somos conscientes de que los EE.UU tienen que seguir siendo actualmente el factor decisivo en los esfuerzos de mediación en el proceso de paz. 
Por ello, la UE va a seguir apoyando expresamente los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos en todos los sentidos y va a coordinar estrechamente su propia actuación con los EE.UU. Hace algunos meses, los EE.UU han iniciado unos esfuerzos de mediación para lograr una retirada adicional de tropas israelíes de Cisjordania, de conformidad con el Acuerdo interino y los acuerdos de Hebrón de 1997. 
La Unión Europea es de la opinión de que como consecuencia de los esfuerzos norteamericanos se reiniciaron las negociaciones bilaterales directas entre los israelíes y los palestinos y existen buenas perspectivas para que el proceso de paz se ponga de nuevo en marcha. 
Con el nombramiento de un enviado especial de la UE para el proceso de paz en el año 1996, la Unión ha intensificado considerablemente su compromiso y presencia en la región. 
El enviado especial Moratinos está en contacto permanente con todas las partes. 
Defiende la posición de la Unión Europea y se pronuncia a favor de iniciativas específicas de la UE, por ejemplo, para superar las repercusiones de la política de bloqueo israelí. 
Otro campo de actividad de la UE es el fortalecimiento de la capacidad de los palestinos para combatir el terrorismo. 
La UE está realizando además preparativos para las conversaciones a mantener sobre el status definitivo de los territorios autonómicos. 
Uno de los campos en los que la UE se está concentrando muy especialmente es el de los refugiados, que va a ser uno de los puntos más difíciles y centrales de las negociaciones sobre dicho status. 
Desde comienzo de 1997, a través de sus jefes de misión la Unión Europea observa las actividades de colonización israelíes, la situación en Jerusalén y la situación de los derechos humanos en Cisjordania y en la franja de Gaza. 
La Unión ha publicado sus informaciones al respecto de una forma extremadamente apremiada. 
Como saben, la Unión Europea es para los palestinos con mucho el donante más importante y va a proseguir en este papel de apoyo también en el siguiente período a partir de 1999. 
El apoyo económico y humanitario al pueblo palestino es ya de por si una clara señal política hacia Israel para que el proceso de paz se ponga de nuevo en marcha. 
Señor Presidente, agradezco a la Presidenta en ejercicio su respuesta. 
Israel es un islote de democracia pluralista en esa parte del mundo, por lo que resulta obvio que le deseamos todo lo mejor. 
Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras este país ocupa ilegalmente tierras que pertenecen a otros, y lo hace frente a las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a devolver las tierras, cuestión ésta que constituye la espina dorsal del acuerdo al que usted se ha referido anteriormente. 
Me gustaría llamar la atención del Consejo acerca de sus comentarios sobre la función de esta institución en determinados asuntos. 
Esta Cámara está vacía porque usted representa al Consejo, la piedra angular de la responsabilidad democrática, y no es una buena medida transferir esta responsabilidad a la Comisión. 
Así pues, le solicito que coordine una respuesta con la Comisión mediante el examen de nuestros acuerdos comerciales a fin de agilizar esta cuestión y, quizás, ayudar a resolver este escabroso lío en el que nos hemos metido. 
Señor Presidente, señor diputado, la retirada de tropas israelíes de Cisjordania prevista en el acuerdo interino entre Israel y los palestinos es más que necesaria. 
Los EE.UU se están esforzando desde hace meses para que los israelíes se retiren de otro 13 % de Cisjordania. 
Un acuerdo permitiría a las partes reiniciar las negociaciones sobre el status definitivo del territorio autonómico palestino que según el calendario originario del proceso de paz debería concluir el 4 de marzo de 1999. 
A pesar de que las propuestas de los EE.UU quedan por detrás de los deseos palestinos, Arafat las ha aceptado. 
Los israelíes las rechazan alegando intereses de seguridad pero han propuesto una fórmula de 10+3 % que prevé que el 3 % de tierra alrededor de los asentamientos judíos sea parque nacional sobre el que Israel tenga la última responsabilidad en cuestiones de seguridad. 
Por supuesto, sé que las resoluciones del Consejo de Seguridad a las que se han referido son de gran importancia. 
Nosotros nos esforzamos también para que el papel de la Unión Europea en el proceso de paz sea más visible, pues los pilares para una solución del conflicto siguen en pie- en lo que coincido con usted -: los principios de Madrid y Oslo, en especial " tierra por paz» , el total cumplimiento de las disposiciones contractuales existentes del mencionado Acuerdo interino palestino-israelí y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Apoyamos expresamente la prosecución de la ayuda económica de la UE al pueblo palestino. 
Un desarrollo positivo de la economía palestina es la condición previa para la estabilidad política. 
Lo que ha usted además ha planteado sobre un acuerdo comercial es de la incumbencia de la Comisión, por lo que le ruego que plantee esta pregunta a la misma. 
Pregunta nº 11 formulada por Jens-Peter Bonde (H-0751/98): 
Asunto: Acceso a los documentos y recurso a la obligación de confidencialidad en las deliberaciones del Consejo 
En 1996/97 se ha recurrido a la obligación de confidencialidad en 6.890 denegaciones de acceso a los documentos relativos a las deliberaciones del Consejo, frente a 4.490 en 1994/95. 
¿Por qué razón la obligación de confidencialidad parece haber aumentado simultáneamente al deseo de transparencia? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda usted al Sr. Bonde. 
Señor Presidente, señor diputado, los datos de que dispone el Consejo al respecto parece que no coinciden con los del señor diputado. 
Del segundo informe sobre la ejecución de la Decisión 731/93/CE del Consejo, relativa al acceso a los documentos del Consejo se deduce que la proporción de documentos entregados es del 58, 7 % en el período 1994/95 y del 78, 3 % en el de 1996/97, a pesar de que el número de documentos solicitados ha aumentado considerablemente. 
Esto significa que el Consejo, de 3.325 documentos que entran en consideración en el período 1996/97, puso a disposición 2.605. 
Durante el período 1994/95 solamente se solicitaron 378 documentos, de los cuales se permitió el acceso a 222. 
Esta evolución refleja las experiencias que el Consejo y su Secretaría General han acumulado en la ejecución práctica de esta política y demuestra- tal como el Consejo ha constatado por lo demás también en las conclusiones aprobadas el 29 de junio de 1998- la eficacia de la Decisión 731/93/CE en lo tocante a la apertura y transparencia. 
El Consejo se va a seguir esforzando para hacer más transparentes sus actividades. 
Con esta finalidad, el Consejo ha expresado en sus conclusiones del 29 de junio de este año su voluntad de garantizar el acceso lo más amplio posible a los documentos relacionados con actas que él aprueba como legislador y hacer uso del apartado 2 del artículo 4 de la Resolución 731/93/CE sólo en la medida absolutamente necesaria. 
Todos hemos notado que se entregan muchos más documentos que antes tanto en la Comisión como en el Consejo y es positivo que la lucha emprendida por el Parlamento en favor de una mayor apertura en las instituciones haya dejado huellas evidentes. 
Nos alegramos de ello. 
Sin embargo, en el último informe observamos una tendencia a que este argumento, que no gusta absolutamente nada en este Parlamento, es decir, la atención a la confidencialidad de las negociaciones, aparezca ahora, y cada vez con mayor frecuencia, como razón de las- bien es verdad- cada vez más escasas negativas; no obstante, esta razón- el secreto de las negociaciones- aparece cada vez más a menudo y me resulta difícil ver qué argumentos defienden esta atención. 
La atención a los ciudadanos ha de ser en casi todos los casos más importante que la atención a la confidencialidad de antiguas negociaciones. 
Señor Presidente, señor diputado, antes he indicado detalladamente que cada vez se hace menos uso de la confidencialidad. 
En el encuentro extraordinario de Jefes de Estado y de Gobierno que se va a celebrar el 24/25 de octubre en Pörtschach/Austria vamos a tratar de las cuestiones de la cercanía al ciudadano, la transparencia, la subsidiariedad, etc. Sin duda, será también una ocasión para exigir más transparencia. 
Pero en general creo que el balance del Consejo- aquí hablo solamente en su nombre- muestra que entretanto existe una práctica muy diferente a la del pasado. 
Quiero añadir que el 19 de marzo de 1998 se quiere poner a disposición del público un registro de datos de modo complementario al sistema actual de clasificación electrónica de documentos. 
Este registro de datos en varios idiomas se podrá consultar a través de Internet para que cualquier ciudadano pueda obtener documentos del Consejo con título, fecha y número. 
Pregunta nº 12 formulada por Olivier Dupuis (H-0752/98): 
Asunto: Georgia 
Georgia no figura en ninguna de las «listas» de candidatos a la adhesión a pesar de que este país se dispone a convertirse en miembro de pleno derecho del Consejo de Europa, hace frente a un grave conflicto interior en Abjazia, originado en amplia medida por fuerzas e intereses que le son ajenos, ha decidido de forma unilateral adecuar su legislación a la de la Unión Europea, se sitúa en la intersección del camino, estratégico para la Unión, hacia el Asia central y representa un acceso privilegiado a las inmensas reservas petrolíferas de esta región. 
Habida cuenta de la fuerte y evidente vocación europea de Georgia y de los enormes retos económicos y políticos de esta región para Europa, ¿no considera el Consejo que sería interesante para la Unión Europea así como políticamente oportuno y urgente hacer saber a las autoridades georgianas que la solicitud de adhesión de su país a la Unión será tomada en gran consideración por esta última? 
¿Cuáles son las iniciativas que el Consejo ya ha tomado al respecto? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Dupuis. 
Señor Presidente, señor diputado, en la firma del Acuerdo de Colaboración y Cooperación con Georgia del 22 de abril de 1996, la Unión Europea destacó los valores comunes que defiende Georgia y ha reconocido que las dos partes quieren intensificar los lazos existentes y ampliar sus relaciones. 
La Unión Europea ha reconocido además en este contexto que el apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Georgia va a contribuir al mantenimiento de la paz y de la estabilidad en Europa. 
Con el Acuerdo de Colaboración y Cooperación se ha establecido un diálogo político regular sobre cuestiones bilaterales, regionales e internacionales de interés para ambas partes, correspondiendo plenamente al deseo de Georgia de cooperar estrechamente con las instituciones europeas. 
En la espera de la ratificación y entrada en vigor del Acuerdo de Colaboración y Cooperación, la Comunidad Europea, en sus esfuerzos por garantizar una rápida ampliación de las relaciones comerciales con Georgia, firmó el 29 de abril de 1997 un Acuerdo interino con este país que entró en vigor el 1 de septiembre de 1997. 
Este Acuerdo interino apunta a garantizar una rápida ejecución de las normas y disposiciones comerciales del Acuerdo de Colaboración y Cooperación. 
El Consejo es de la opinión de que se debe agotar primeramente el pleno potencial del Acuerdo de Colaboración y Cooperación antes de plantear nuevas iniciativas o acuerdos entre la Comunidad y Georgia. 
Doy las gracias a la señora Ministra por la larga respuesta que ha proporcionado, pero temo que, también en este caso, se haga mucho, pero no lo esencial. 
Georgia ocupa una posición estratégica. 
Posee fronteras comunes con un país que no se encuentra en una situación particularmente buena: Rusia. 
Georgia ocupa una posición estratégica para la Unión y para algunos países en particular, entre los que se encuentra, por otra parte, el de la Sra. Ministra; considero que podría hacerse mucho más, pero que se necesita una señal política, una señal política que nunca ha llegado a los oídos de las autoridades georgianas, una señal que tampoco había llegado, por otro lado, a las autoridades yugoslavas y que condujo a la tragedia que conocemos, cuando ya se tenía información desde principios de la década de 1980. 
Paralelamente, se plantea el problema de Abjazia, en Georgia, también el de Osetia; los problemas son múltiples, pero las posibilidades también lo son. 
Azerbaiján se encuentra muy cerca. 
Sería posible concebir un proyecto ambicioso y crear, apoyándose en Georgia, un polo de estabilidad en esta región. 
¿La Sra. Ministra no piensa que se podría ir más lejos, orientarse, por fin, hacia lo político? 
Señor Presidente, señor diputado, en primer lugar permítanme que destaque que una solicitud de adhesión supone la voluntad política de un tercer Estado de constituirse en parte de un entramado estatal más amplio como el de la UE. 
Pero actualmente, la UE no está ocupada con ninguna solicitud de adhesión por parte de Georgia. 
Por lo demás, -como usted sabe- existe la práctica usual de la Unión Europea en sus relaciones con terceros Estados, de agotar primero todas las posibilidades que ofrecen los acuerdos existentes, como por ejemplo, el Acuerdo de Cooperación, lo que no ha ocurrido aún en absoluto. 
Antes de cualquier otra gestión, la UE tiene que actuar en primera línea en el marco indicado cuando se trata de desarrollar sus relaciones comerciales y ampliar la cooperación con Georgia. 
Quiero decirle además que la Presidencia austríaca del Consejo ha comenzado un nuevo debate de fondo durante el Consejo informal de Salzburgo, donde recapacitamos sobre cómo podemos vincular a aquellos Estados que actualmente no tienen aún ninguna perspectiva de adhesión en un sistema de cooperación propio, por ejemplo, una cooperación con Europa de modo similar a la cooperación de la OTAN por la paz. 
Esto ha sido debatido de modo informal dentro del Consejo pero ha sido calificado actualmente por muchos como aún no maduro y rechazado. 
Pregunta nº 13 formulada por Alex Smith (H-0753/98): 
Asunto: Residuos tóxicos y radiactivos 
Tras el acuerdo ministerial alcanzado en la reunión del Convenio Ospar celebrada en Sintra, Portugal, en el mes de julio para controlar el vertido de residuos tóxicos y radiactivos en el mar, ¿qué medidas ha previsto la Presidencia para controlar los compromisos políticos de los Estados miembros de la UE de no contaminar a los estados vecinos con residuos radiactivos? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Smith. 
Señor Presidente, señor diputado, desde la Conferencia de las partes contratantes de OSPAR celebrada en julio no se ha presentado al Consejo ninguna propuesta al respecto y tal como sabrá el señor diputado la Presidencia no dispone de los poderes que le permitirían introducir un instrumento o mecanismo con el que se pudiese supervisar la observancia de las obligaciones contraídas por los Estados miembros en el campo de la contaminación del medio ambiente. 
El Consejo constata que en especial los artículos 21 y 23 del Acuerdo contienen disposiciones que permiten supervisar y garantizar la observancia de los compromisos contraídos por las partes contratantes. Esto significa que dentro de las partes contratantes existe una posibilidad pero no en el Consejo. 
Señora Presidenta en ejercicio, es muy triste que no dispongamos de ningún instrumento para vigilar de algún modo los compromisos que libremente se contraen en las conferencias ministeriales. 
¿Podría pedir al Consejo que nos ofrezca, antes de que finalice la actual presidencia, un informe sobre la evolución de dichos compromisos durante este período? 
Señor Presidente, señor diputado, sintiéndolo mucho tengo que rechazar el ruego que ha expuesto, pues no cae dentro de las competencias del Consejo llevar a cabo acciones de supervisión en el sector del medio ambiente. 
Señora Presidenta, la seguridad nuclear es para todos nosotros de gran importancia. 
¿Cómo ve una nueva base legal para poder regular a nivel global europeo cuestiones de seguridad en este campo en el futuro? 
Señor Presidente, señor diputado, esta es una pregunta de la que hasta ahora no se ha ocupado el Consejo. 
Creo que deberíamos debatirlo en alguna ocasión en los grupos de trabajo. 
Estoy gustosamente dispuesta a tocar el tema. 
Pero no tenemos ninguna propuesta de la Comisión, lo que normalmente es el primer paso. 
Debemos tener una propuesta de la Comisión para poder debatir. 
Señora Presidenta, Eslovenia explota una central nuclear cerca de la frontera austríaca. 
Estamos informados de que allí están almacenados residuos radiactivos en un depósito situado en la superficie y que el almacenamiento definitivo no está aún aclarado. 
Cuando se mantengan conversaciones de adhesión con Eslovenia ¿hasta qué punto van a ser objeto de las mismas la seguridad nuclear y la cuestión del almacenamiento definitivo? 
Señor Presidente, señor diputado, de modo general puedo decir que esta pregunta y otras similares desempeñan por supuesto un papel en el marco de las negociaciones de adhesión, sobre todo la cuestión de la seguridad nuclear. 
El Consejo va a prestar siempre atención a que las normas comunitarias en vigor y sobre todo los principios internacionales en el sector nuclear se respeten con la máxima precisión en el marco de las negociaciones de adhesión. 
Por lo demás, la Presidencia austríaca del Consejo mantiene continuamente conversaciones bilaterales con Eslovenia. 
Aunque este es un tema que no quiero exponer aquí, afecta precisamente también a estos campos. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 14 decae. 
Pregunta nº 15 formulada por Wayne David (H-0756/98): 
Asunto: Derechos humanos en el Iraq 
¿Sabe el Consejo que el líder espiritual musulmán Al-Shaik Mohammed Al-Ghorawi y tres de sus asistentes fueron asesinados el 18 de junio en Najaf, Iraq, probablemente a manos de agentes de Saddam Hussein? 
¿Qué presión está haciendo el Consejo sobre el régimen iraquí para acabar con este tipo de violaciones de los derechos humanos? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda a la pregunta del Sr. David. 
Señor Presidente, señor diputado, el Consejo está muy preocupado por las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el Irak. 
Ante el hecho de que las Naciones Unidas han impuesto unas fuertes sanciones contra el Irak y la UE está representada muy débilmente en Bagdad a nivel diplomático, la Unión tiene pocas posibilidades de control y de intervenir en relación con los casos concretos de violaciones de derechos humanos en el Irak. 
Agradezco a la Presidenta en ejercicio su respuesta. 
Me resulta alentador que la Comisión se muestre preocupada por la situación en Iraq y, en especial, por la muerte de estos cuatros clérigos. 
Me gustaría hacer hincapié en la gravedad de la situación. 
Por muy deleznables que sean estos cuatro asesinatos, hay graves sospechas de que el Gobierno de Saddam Hussein pretende eliminar a todos los dirigentes de la comunidad chií de ese país. 
Esta circunstancia es absolutamente intolerable. 
Desearía pedir al Consejo que actúe con la mayor firmeza para garantizar un respeto mínimo de los derechos humanos en Iraq. 
Por lo tanto, exhorto a la Presidenta en ejercicio, como un asunto de urgencia, a que haga todo lo que esté en su poder con el fin de presionar en la medida de lo posible al régimen de Iraq para que mejore esta situación. 
Señor Presidente, señor diputado, permítame decir lo siguiente al respecto: en la resolución adoptada en la 54ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en marzo-abril de 1998, la Unión Europea expuso su posición sobre la situación en el Iraq y condenó las violaciones sistemáticas de los derechos humanos así como las medidas de terror. 
La Unión lo va a hacer también en una resolución que se va a presentar en la próxima Asamblea General de la ONU y exigirá de nuevo urgentemente al Iraq que coopere con las instituciones de derechos humanos de la ONU, en especial, con el ponente especial para el Iraq, el señor Max van der Stoel, cuyo mandato fue prorrogado en otro año en la 54ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
Desgraciadamente, la presencia de la Unión Europea en territorio de soberanía iraquí se ha reducido a un mínimo, lo que hace imposible denunciar las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Sadam Husein y controlar eficazmente el respeto de los mismos. 
Sin embargo, la Presidencia no va a dejar pasar la ocasión de informarse detalladamente sobre este caso que ha expuesto y de debatirlo de nuevo en relación con la Asamblea General de la ONU y el señor van der Stoel. 
Pregunta nº 16 formulada por José Apolinário (H-0758/98): 
Asunto: Situación política en Timor Oriental 
Habida cuenta de las recientes posiciones sobre Timor Oriental, en particular las asumidas por el Consejo de Ministros, ¿puede indicar el Consejo qué iniciativas tiene intención de adoptar en relación con la situación política en Timor Oriental? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Apolinário. 
Señor Presidente, señor diputado, en lo tocante a los objetivos mencionados en su posición común del 25 de junio de 1996 y en consonancia con las resoluciones pertinentes de la Asamblea general de la ONU y de acuerdo con los principios reflejados en la Carta de las Naciones Unidas, la Unión Europea va a apoyar las iniciativas adoptadas en el marco de la ONU. 
Con ello se quiere lograr una solución justa, amplia y aceptable internacionalmente a la cuestión de Timor Oriental con la que se garanticen sin límites los derechos del pueblo de Timor oriental. 
La Unión Europea envió a Timor oriental un misión de tres enviados que estuvo allí del 26 al 30 de junio. 
El informe de esta misión se publicó el 24 de julio por decisión del Consejo. 
El resultado más importante de esta misión es que una solución a largo plazo de la cuestión de Timor oriental sólo es posible si se tienen en cuenta los deseos de su población. 
En segundo lugar, debe comenzar sin demora un diálogo incluyendo a representantes de la población de Timor oriental. 
En tercer lugar, en las negociaciones es necesaria la flexibilidad de todas las partes. 
En cuarto lugar, debería comenzar enseguida la aplicación de medidas visibles que generen confianza. 
Quiero subrayar también que el all-inclusive intra-timorese dialogue ha tenido lugar ya en tres ocasiones, siendo el anfitrión en las tres Austria. 
La siguiente ronda de conversaciones está prevista de nuevo en Austria en octubre. 
El 3 y 4 de agosto se celebraron en Nueva York conversaciones entre el Secretario General de la ONU y los Ministros de Asuntos Exteriores de Indonesia y de Portugal, de cuyos resultados tomó nota con gran satisfacción la Unión Europea. 
Estos contemplan una inclusión más estrecha de los habitantes de Timor oriental en la búsqueda de una solución. 
Los tres miembros de la misión se han expresado también en este sentido. 
Me parece enormemente importante que sigamos impulsando la creación de confianza entre los diversos grupos de Timor oriental y creo que en el futuro tienen que desempeñar un papel aún más importante en los esfuerzos por lograr una solución satisfactoria y aceptable para todas las partes. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera subrayar la perspectiva completa, exhaustiva y comprometida con la que la Presidencia austríaca ha respondido a mi pregunta, cosa que agradezco, subrayar también que, dada la peculiaridad de que Austria fuera el país anfitrión de las reuniones de diálogo entre timorenses, resulta evidente que nuestra esperanza respecto del compromiso de esta Presidencia es mayor. 
Y quisiéramos, desde ahora mismo, lanzar ese imperativo para que esta Presidencia corresponda a esa esperanza creada en torno a una política activa en el sentido de hacer avanzar el expediente de Timor Oriental. 
Quisiera asimismo insistir y preguntar a la Presidencia por las iniciativas que pretende adoptar, teniendo en cuenta que este Parlamento ha insistido en la liberación incondicional de todos los presos políticos, y, en particular, de Xanana Gusmão, y que, en el marco de las relaciones entre la Unión Europea y los países ASEAN, resulta necesario y conveniente fortalecer la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, del respeto de las libertades fundamentales y, por último, del derecho del pueblo de Timor Oriental a la libre determinación mediante consulta. 
Pretendo subrayar también la respuesta de la Presidencia y manifestar una vez más mi confianza en que la Presidencia austríaca, por haber sido el país anfitrión y por haber adoptado, como Estado miembro, tantas iniciativas en pro del diálogo intratimorense, pueda hacer otra contribución más al avance de este expediente. 
Señor Presidente, señor diputado, muchas gracias por sus alentadoras palabras. 
Quiero añadir algo. 
Por un lado, el 22 de julio- es decir, poco antes de las vacaciones de verano- yo misma mantuve en Lisboa una conversación con Ramos Horta, en la que expresó su disposición a apoyar la propuesta de autonomía bajo la condición de que se trate solamente de una solución transitoria y de que pasados algunos años se celebre un referéndum sobre el status definitivo. 
Quiero decir también algunas palabras sobre los prisioneros que se han mencionado aquí. 
El estado de salud de los prisioneros en la cárcel de Dili es seguida por nosotros con gran preocupación. 
La última semana fue también objeto de los debates en el grupo de trabajo Asia/Oceanía. 
El representante de la Presidencia en Yakarta se encuentra en contacto permanente con la Cruz Roja para estar informado continuamente sobre el estado de los presos, sobre todo los que se encuentran en huelga de hambre. 
Ha insistido también ante las autoridades indonesias para que se proporcionen los correspondientes cuidados y atenciones médicas. 
Según informe de la Embajada austríaca en Yakarta, que desempeña el papel de la Presidencia, hay también un médico que visita regularmente a las personas en huelga de hambre y que ha confirmado que la situación de la salud está bajo control. 
En lo que se refiere a Xanana Guzmao, quiero mencionar que en las conversaciones con Ramos Horta se trató también de la cuestión de los prisioneros y de la libertad de Xanana Guzmao, si bien se deberán seguir manteniendo conversaciones en Nueva York en el marco de las Naciones Unidas. 
Como sabe, en la Embajada de Austria en Yakarta sigue habiendo algunos timoreses orientales que buscaron allí refugio. 
Aquí nos esforzamos también por una solución que satisfaga tanto a los timoreses orientales como a las dos partes en conflicto. 
Señora Presidenta del Consejo, tengo dos preguntas muy concretas. 
La primera se refiere a la propuesta de desmilitarización de Timor oriental, tema este que sale continuamente a colación. 
El segundo punto se refiere a la nueva formación de partidos en Indonesia, pues se observa algo nuevo en ese país, que se están creando partidos islámicos. 
Sabemos que Timor oriental tiene una población en su gran mayoría cristiana. 
Se temen tensiones y quiero preguntarle si no sería posible incluir a los nuevos partidos de Indonesia en los programas de democracia. 
Señor Presidente, señor diputado, respecto a la primera pregunta relativa a la desmilitarización puedo decirle que las conversaciones que se han celebrado en Nueva York en el marco de las Naciones Unidas tienen sin duda como finalidad una reducción del ejército indonesio y que se pueda iniciar una primera fase de desmilitarización. 
Lo mismo está previsto por parte de los luchadores por la libertad. 
En lo que se refiere a la pregunta sobre los partidos políticos, solamente puedo decir que la Presidencia austríaca se esfuerza por invitar al máximo número de nuevos partidos en el marco del diálogo interno de Timor oriental para proporcionar ayuda, pues sin partidos políticos en el futuro apenas se podrá pacificar el país. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 17 decae. 
Pregunta nº 18 formulada por Jan Andersson (H-0765/98): 
Asunto: Ayudas estructurales a países de mayor extensión 
La ayuda a zonas particularmente expuestas de grandes ciudades es un elemento totalmente nuevo de las políticas estructurales europeas. 
La aplicación de las disposiciones relativas a la ayuda a zonas urbanas contenidas en la propuesta de la Comisión de un programa para las ciudades de la Unión Europea parece, sin embargo, un instrumento algo desacertado en países de población escasa y dispersa, donde esas normas se adaptan a regiones y no a zonas de grandes ciudades. 
La Comisión debería tratar de establecer una excepción a este criterio ficticio de 100.000 habitantes para determinadas zonas escasamente pobladas. 
¿Cómo piensa resolver el Consejo esta cuestión, de manera que se evite el tratamiento especial algo inconsecuente que se deriva de esta propuesta? 
Señora Ferrero-Waldner, le propongo que, para cerrar el turno de preguntas, conteste usted a la pregunta del Sr. Andersson. 
Señor Presidente, en el Consejo no se ha presentado ninguna propuesta de la Comisión para un programa en favor de las ciudades de la Unión europea. 
Como el señor diputado sabe, se han previsto en el marco de la iniciativa comunitaria URBAN para el período 1994 hasta 1999 unas ayudas comunitarias generales para ciudades con más de 100.000 habitantes. 
Por su esencia, esta medida cae bajo la competencia exclusiva de la Comisión. 
Por lo demás, la Comisión ha presentado el 18 de marzo al Consejo una propuesta para un reglamento del Consejo con disposiciones generales sobre los fondos estructurales, previendo ayudas estructurales para zonas problemáticas en las ciudades. 
El Consejo no ha concluido aún el examen de esta propuesta. 
Aún no se ha determinado una posición relativa a los criterios de selección para las zonas problemáticas en las ciudades, por lo que el Consejo no está en situación de responder a la pregunta del señor diputado. 
Doy las gracias al Consejo por esta respuesta. 
Entiendo que ustedes no hayan adoptado una decisión, pero entonces puedo señalarles los problemas que existen en la propuesta presentada por la Comisión. 
Puedo tomar ejemplos de mi propio país, Suecia, pero este problema existe también con seguridad en Austria y en muchos otros países, ya que sólo un dos por ciento de la población puede participar de estas ayudas, es decir, 185.000 personas en mi país. 
No tenemos sectores que comprendan a 100.000 personas, pero sí tal vez de 30.000 a 50.000, las que ficticiamente se cuentan como si fuesen 100.000. 
En mi país significaría que solamente un sector podría recibir ayudas y que se podría utilizar un parte muy pequeña de ellas. 
Por eso espero que ustedes tomen en cuenta este problema en sus futuras discusiones. 
Señor Presidente, señor diputado, solamente puedo decir lo siguiente: en dos artículos existe la posibilidad de regulaciones de excepción en lo tocante al tamaño del territorio objetivo. 
El artículo 9 dice que en casos excepcionales se pueden tener también en cuenta zonas urbanas en ciudades más pequeñas, es decir, aquellas con menos de 100.000 habitantes. 
El artículo 10 de la comunicación mencionada de la Comisión Europea precisa esta regulación e indica que en casos adecuadamente fundamentados se pueden apoyar también medidas en ciudades pequeñas y medianas que sufran un declive económico general. 
Existe pues la posibilidad de que también ciudades más pequeñas se beneficien del programa URBAN. 
Muchas gracias, señora Ferrero-Waldner. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 19 a 43 se contestarán por escrito. 
Permítanme ustedes que, una vez más, agradezca a la Presidenta en ejercicio del Consejo su presencia aquí y la alta calidad de sus respuestas. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Sociedades asociadas (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se reanuda el debate del informe (A4-0299/98) del Sr. Secchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (98) 0067- C4-0195/98-98/0087 (CNS) ) relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señoría, he examinado atentamente el informe de nuestro colega Sr. Secchi, así como las opiniones y la directiva de la Comisión sobre el régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y regalías hechos entre sociedades asociadas en Estados miembros diferentes. 
La primera observación que quisiera hacer aquí es la de que me parece que este debate debería celebrarse conjuntamente con el de otra propuesta de directiva, de la que ya tenemos noticias, la del ahorro en general, pero que aún no se ha presentado al Parlamento Europeo. 
Y, por tanto, desde este punto de vista, me parece que se debe poner de relieve alguna insuficiencia en la coordinación y el examen de materias tan importantes como los objetivos de la armonización fiscal sobre la renta. 
Por lo demás, debo decir a este respecto que el camino seguido para la armonización tal vez podría y- tal vez: ¿quién sabe? debería haber sido el de la elaboración de un convenio multilateral, mediante el cual los diversos países regularían bilateralmente sus intereses en materia de inversiones, en materia económica y también en materia fiscal. 
Sin embargo, ha sido ésta la metodología adoptada y sobre ella he de decir también algunas palabras. 
Compruebo que en esta directiva subsisten discrepancias por lo que se refiere a ciertas definiciones, como, por ejemplo, el concepto de instalación de la empresa para efectos fiscales. 
Como todos sabemos, el concepto de residencia de la sede o dirección efectiva es el que está en vigor tradicionalmente en el espacio de las relaciones fiscales internacionales. 
Aquí se ha adoptado otro criterio. 
El concepto de intereses, por ejemplo, el concepto de establecimiento estable, que, por sí sólo, va a suscitar, desde mi punto de vista, algunas dificultades, sobre todo entre los Estados miembros que hayan celebrado entre sí convenios para eliminar la doble tributación en materia de renta. 
Desde mi punto de vista, se debe seguir analizando ese asunto. 
Señor Presidente, estimados colegas, la cuestión que debemos debatir hoy aquí es, con seguridad, una cuestión difícil. 
En un minuto y medio realmente sólo se puede comentar un aspecto. 
Creo que la discusión acerca de la reducción del impuesto sobre el valor añadido sobre las actividades laborales de trabajo intenso es el punto más extenso. 
Surge naturalmente la dificilísima cuestión de la delimitación. 
Si incluimos amplios sectores ello conduciría, de hecho, a un debate interminable. 
Se van a tener que establecer criterios sociales y ecológicos muy claros y, sobretodo, el criterio ocupacional, y se va a tener que trabajar sobre una lista cerrada. 
Existe una predisposición a que se adopte esto. 
Además, existen experiencias muy positivas en los Estados miembros. 
Si la Comisión quisiese avanzar por este camino, entonces podría alcanzarse, en este sector habitualmente muy técnico, un importante éxito político. 
Señor Presidente, vamos poniendo «patas» al acuerdo de controlar las diferencias fiscales, tan contraproducentes para la vida económica del futuro mercado único. 
Bienvenida esta primera directiva que empieza a andar un camino necesario y sobre el que sólo me permitiría hacer una observación relativa al timing de desarrollo. 
Yo creo que a este informe de mi colega Secchi, a quien hay que agradecer sus trabajos en este aspecto, deberíamos darle un cierto impulso, unas ciertas fechas, unos ciertos compromisos. 
Concretamente, los temas de fiscalidad exigen avanzar lentamente y con seguridad- en España decimos «lento y seguro» -, pero sería bueno empezar a pensar que el plazo de tres años para la revisión de esta directiva no debe crear una incógnita sobre si esto que vamos a aprobar se puede aplicar también al resto de las empresas. 
Creo que habría que empezar a pensar en que un plazo de tres años es suficiente, y habría ya que anunciar que esta medida que ahora se establece para empresas asociadas puede tener un seguro desarrollo en la totalidad de las empresas. 
Evitaríamos ciertas deslocalizaciones de asociaciones, daríamos seguridad jurídica a este proceso, que creo que es lo que más necesita. 
Esta incógnita de armonización necesita el máximo apoyo político- y este Parlamento lo está dando- y necesita la máxima seguridad jurídica. 
Enhorabuena Comisario, enhorabuena querido compañero caro Monti. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, el Sr. Secchi ha vuelto a tener un gran éxito en la elaboración de un informe fiscal. 
Permítanme de todos modos hacer algunas observaciones básicas. 
En mi opinión los pasos hacia la homologación fiscal europea avanzan al ritmo de un caracol. En razón del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria deben introducirse cambios urgentemente, ya que las reglas fiscales también producen distorsiones de la competencia en el mercado interior y no sólo las subvenciones directas, como recurrentemente se cita en primer lugar. 
Las presentes propuestas fiscales de la Comisión posibilitan con seguridad que desaparezcan en Europa los supuestos de doble imposición, ya que en el caso de empresas asociadas habría una regulación común relativa a los intereses y los cánones de licencia y los pagos tributarían únicamente en el estado receptor. 
Muy a menudo la recaudación de un impuesto en el origen sobre los pagos de intereses y cánones de licencia ha conducido a una doble imposición sobre las empresas. 
No siempre se garantizaba que el impuesto fuese anotado en el estado receptor. 
Es una pena que por el momento la directiva sólo afecte a empresas asociadas. 
Su ámbito de aplicación debería extenderse tan pronto como fuera posible a todas las empresas. 
Además, sería deseable que el paquete de medidas de la Comisión fuese llevado a la práctica en esta legislatura y que también se aprobasen otras regulaciones que contribuyesen a evitar supuestos de doble imposición, a reducir los costes administrativos, a limitar los costes de las transacciones financieras transfronterizas y marginar los obstáculos a unas soluciones financieras flexibles. 
Por estas razones deben ponerse sobre la mesa y ser ejecutadas las propuestas europeas. 
A la directiva sobre el régimen fiscal común aplicable al pago de intereses y de cánones de licencia entre empresas asociadas de distintos Estados miembros debe seguir la correcta introducción de la homologación y las definiciones para que se alcance la neutralidad en la mayor medida posible. 
En este sentido se eliminarán distorsiones en el mercado único y se evitarán menoscabos fiscales de estados individualmente considerados, y se fomentarán estructuras creadoras de empleo ya que se tomarán medidas para la supresión de las dobles imposiciones y la reducción de los costes administrativos, por ejemplo para la reducción de los costes de las transacciones financieras transfronterizas y la erradicación de obstáculos para unas soluciones financieras flexibles. 
Todavía quedarían muchos puntos merecedores de comentario crítico, acaso sobre la limitación de la suspensión de la aplicación de la directiva a los supuestos de clara defraudación o para garantizar la aplicación del conjunto del paquete de medidas para la lucha contra la competencia fiscal. 
También sería adecuado el uso de una terminología unitaria en el derecho fiscal europeo, como de igual modo sería necesario anudar la imposición sobre las sedes de las sociedades. 
Aun quedarían algunos ejemplos que enumerar. 
De todos modos la directiva es un importante paso hacia adelante en el tedioso camino hacia la armonización fiscal. 
No se trata de alcanzar la armonización fiscal a cualquier precio, porque en Europa existen diferentes condiciones y sistemas fiscales, sino que se trata de desarrollar regulaciones nacionales que conduzcan a una competencia justa. 
Para ello el camino correcto es una coordinación de principio. 
Para sacar esto adelante se hace absolutamente necesaria una mayor presión política del Parlamento y de la Comisión- precisamente en dirección al Consejo. 
Ante todo deseo agradecer al Sr. Secchi tanto este específico y excelente informe sobre la propuesta relativa a los pagos de intereses y cánones como, más en general, la labor de orientación y de apoyo que, en el seno de este Parlamento, el Sr. Secchi desarrolla en el ámbito de la fiscalidad. 
Quiero asimismo dar las gracias a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, así como a todo el Parlamento por el respaldo que están prestando a las iniciativas de la Comisión, respaldo que se traduce, también y en concreto, en la rapidez con que el Parlamento ha actuado. 
Como saben, esta propuesta es una de las tres medidas que integran un paquete aprobado por el Consejo ECOFIN el pasado mes de diciembre y, finalmente, diré algo sobre el estado en que se encuentran las otras dos medidas. 
Al igual que sus Señorías, yo también considero importante este instrumento del Derecho comunitario en el ámbito de los pagos de intereses y cánones, porque, en la actualidad, ni las medidas unilaterales adoptadas por los Estados miembros ni los acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición han permitido eliminar totalmente el problema de la doble imposición que afecta a estos pagos. 
Me congratulo del apoyo que sus Señorías han mostrado a esta propuesta. 
He tomado nota de las enmiendas presentadas por el Sr. Secchi y, en particular, de las enmiendas 1 y 2, cuyo objetivo es subrayar la importancia de la directiva para las pequeñas y medianas empresas, así como la conveniencia de que, al final, se extienda el ámbito de esta directiva a las empresas no asociadas. 
Señor Secchi, la Comisión comparte el espíritu de estas dos enmiendas y hará todo lo que esté en su mano para que dicho espíritu quede reflejado en el texto que aprobará el Consejo. 
Las demás enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de la 3 a la 6, recalcan que el planteamiento consistente en elaborar un paquete de medidas no debe utilizarse como una manera para destruir los distintos elementos del paquete. 
Estas enmiendas pretenden asimismo limitar la autonomía de los Estados miembros para denegar el amparo de esta directiva y asegurar la coherencia de esta propuesta con el Código de conducta y los demás elementos del paquete fiscal. 
Las enmiendas 3 a 6 responden a este criterio que la Comisión comparte. 
La Comisión, no obstante, considera que no es oportuno aceptarlas en este momento y tal como están formuladas. 
En efecto, tras una atenta reflexión, la propuesta de directiva se presentó tal como está redactada a fin de equilibrar los intereses de los distintos Estados miembros, entre los que habían los que querían que la directiva se aplicara a todos los tipos de sociedades y los que habrían perdido una cifra importante de ingresos fiscales a raíz de la eliminación de la retención en origen, así como los que querían que la directiva guardara una estrecha relación con los demás elementos del paquete y los que querían que se aislara de dicho contexto. 
Tienen que tener en cuenta que, en esta materia que sigue estando sujeta al principio de unanimidad, no es fácil encontrar la vía más apropiada. 
De todos modos, las propuestas de enmienda han sido atentamente anotadas y serán tomadas en cuenta durante el desarrollo de los debates en el Consejo, una vez que las posiciones de los distintos Estados miembros sean más claras. 
Las mismas consideraciones valen para las enmiendas 7 a 9 de los Sres. Soltwedel-Schäfer, Hautala y Wolf. 
En lo que se refiere a la enmienda 10, estimo, al igual que el ponente Sr. Secchi, que no conviene retrasar la entrada en vigor de la directiva. 
Agradezco de nuevo y muy sinceramente a sus Señorías la ayuda que nos han proporcionado y termino, señor Presidente, con algunas palabras sobre los recientes progresos de las otras dos medidas incluidas en el paquete fiscal, habida cuenta de que todos estamos convencidos de que es oportuno que se mantenga una estrecha relación lógica y política entre estas medidas. 
En cuanto al Código de conducta, todos los Estados miembros han reiterado su compromiso respecto a los principios del Código aprobado el pasado mes de diciembre y han dispuesto un programa y un calendario de trabajo, al objeto de que pueda presentarse un primer informe en el Consejo ECOFIN de diciembre. 
A fin de llevar a cabo una primera evaluación de las medidas relativas a los servicios intergrupos, los servicios financieros y las sociedades no sujetas a control fiscal, se han creado, en el ámbito del grupo «Código de conducta» presidido por el ministro Sr. Primarolo, dos subgrupos presididos, respectivamente, por el propio ministro Sr. Primarolo y por el Dr. Noltz. 
Están previstas numerosas reuniones de estos subgrupos y del grupo principal a lo largo de este otoño. 
Por lo que se refiere a la propuesta dirigida a garantizar una fiscalidad mínima efectiva de la renta procedente del ahorro, les puedo decir que el Parlamento Europeo la está examinando. Ha sido designado el ponente y confío en que el Parlamento expresará su dictamen dentro de pocos meses. 
Desde un punto de vista más general, la Comisión deberá informar sobre los progresos de los distintos elementos del paquete antes del ECOFIN del próximo 1 de diciembre de 1998. 
Se trata, en consecuencia, de un convoy cuya travesía no es fácil y cuya meta es ambiciosa. 
Estamos todos convencidos de que la ruta ha de seguirse muy atentamente. 
No faltarán ocasiones para informar al Pleno sobre el mismo; no obstante, aprovecho esta ocasión para volver a agradecer al Parlamento el gran apoyo que nos está prestando en esta difícil travesía de interés común. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Bienvenida 
Señorías, señor Comisario, deseo dar la bienvenida a un grupo de jóvenes italianos que han ganado un concurso organizado por el movimiento por la vida italiano con ocasión del cincuenta aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y que se encuentra en la tribuna oficial. 
IVA: sistema común- Productos objeto de impuestos especiales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0084/98 del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (97) 0325- C4-0365/97-97/0186 (CNS) ) por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (Comité de Impuestos sobre el Valor Añadido) ; -A4-0064/98 del Sr. Miller, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (97) 0326- C4-0394/97-97/0181 (CNS) ) por la que se modifica la Directiva 92/12/CEE, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, el Profesor Monti acaba de explicar que la política fiscal en Europa es un hueso duro de roer. 
Lo que estamos debatiendo hoy aquí, en concreto la modificación de la Directiva del Impuesto sobre el Valor Añadido también pertenece a esa categoría. 
Ya en marzo teníamos el tema en el orden del día y en aquel entonces tuvimos que aplazar el informe porque no había unanimidad en el Consejo. 
De acuerdo con la Comisión, con el Profesor Monti, convenimos entonces dar un mayor espacio de negociación para encontrar una mayoría- eventualmente una nueva, es decir, en la actual Presidencia austriaca del Consejo- para una propuesta modificada. 
En marzo no era posible alcanzar esa mayoría. 
El Profesor Monti ha elaborado ahora una propuesta de compromiso que deberá ser tratada el 12 de octubre en la reunión del ECOFIN. 
No es la propuesta completa de marzo, sino una propuesta modificada que por lo menos transmite las cuestiones más importantes relativas al impuesto sobre el valor añadido a la competencia de un comité de la Comisión. 
El Parlamento celebra que se hayan producido avances, Profesor Monti. 
Quisiera darle expresamente las gracias en nombre de todos mis colegas, porque usted pertenece al grupo de Comisarios que cuida de forma ejemplar la cooperación con el Parlamento. 
Usted siempre nos hace saber las últimas iniciativas de la Comisión. 
Nos hace partícipes. 
A pesar de que lamentablemente sólo gozamos de un derecho de consulta y la unanimidad en el Consejo es un requisito para la armonización fiscal, quisiera subrayar este agradecimiento como un cumplido del Parlamento al comportamiento ejemplar. 
Cuando tenemos que hacer una crítica también la hacemos. 
En esta ocasión sólo podemos expresar una alabanza. 
Los Estados miembros se han comportado en esta cuestión de forma muy egoísta. 
Por esa razón no hemos conseguido hasta ahora la unanimidad. 
Pero creo que esta estrategia de retención de los Estados miembros respecto de la armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otros impuestos especiales- el informe de nuestro colega el Sr. Miller va en una dirección comparable- no va a seguir siendo defendible por cuanto tenemos una moneda europea común. 
Este es un asunto cerrado. 
Entrará en vigor el 1 de enero de 1999 y se convertirá como muy tarde el 1.7.2002 en la única moneda, el único medio de pago en los países participantes. 
Si antes de entonces no hemos aclarado la cuestión de la interpretación no nos debería sorprender que el fraude en Europa, en el campo del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el campo de los impuestos especiales alcanzase esta terrible dimensión. 
Según las últimas estimaciones del Tribunal de Cuentas Europeo el volumen de fraude alcanza el importe del presupuesto europeo. 
El presidente del Tribunal de Cuentas estimó hace cuatro meses en una audiencia ante la Subcomisión Monetaria que la cifra ascendía a 150 millardos de DM, la suma a la que asciende el presupuesto europeo. 
Si no somos capaces de resolver estas cuestiones entonces merecemos perder el derecho a que se nos tome en serio en la lucha contra el fraude. 
El Profesor Monti ha presentado su propuesta de tal forma que la actual Comisión del Impuesto sobre el Valor Añadido, que hasta ahora solo debía ser escuchada, que hasta ahora solo podía presentar propuestas y aconsejar, obtenga en el futuro respecto de cuestiones interpretativas competencias normativas. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento ha apoyado con una amplia mayoría esta propuesta. 
Creo que el hecho de que ésta forme parte del programa común de la Comisión evidencia que pensamos en la dirección correcta. 
Hasta ahora solo podían proponerse directrices no vinculantes. 
En el futuro esta Comisión del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá tener por lo menos en el proceso de ejecución unas competencias reforzadas, para evitar la doble imposición y en otros casos evitar la no tributación, es decir descartar posibilidades que en la medida de lo posible conserven una gestión fiscal absolutamente legal. 
He de admitir que en este asunto entre los Estados miembros impera una intensa reticencia. 
La República Federal de Alemania ha expresado que, según el artículo 99 del Tratado de la CE y el artículo 23 parágrafo 2 a 5 de la Ley Fundamental Alemana, se podría socavar el principio de unanimidad y dejar de observar los poderes de codecisión del Senado Federal Alemán. 
Creo que esta es una argumentación superficial ya que todas las decisiones fundamentales también recaerán en el futuro en la exigencia de unanimidad de voto del consejo ECOFIN. 
Señor Profesor, hemos presentado dos enmiendas. 
Queremos que la Comisión informe anualmente sobre los trabajos de esta comisión, cuando tenga más competencias. 
Queremos por lo demás que las prescripciones jurídicas y administrativas sean puestas en práctica antes del 1 de enero de 1999, es decir en el momento en que entre en vigor la moneda única europea. 
Señor Presidente, me muestro muy de acuerdo con lo que ha dicho esta tarde mi colega Langen, cuya intervención ha abarcado, además, muchos de los aspectos que yo pensaba abordar. 
Como recordarán sus Señorías, tuvimos que suprimir este punto del orden del día de marzo para ofrecer un mayor espacio de maniobra a la Comisión y al Consejo. 
Como ya ha señalado el Sr. Langen, tengo entendido que existe una posición de compromiso que se presentará durante el Consejo ECOFIN de octubre. 
Esta posición quizás no llega hasta el final del asunto, como se ha pedido desde el Reino Unido, pero, por lo menos, ya es algo. 
Para volver al informe sobre los impuestos especiales que tenemos ante nosotros, uno de los problemas que saca a relucir es el secretismo que rodea una gran parte de la toma de decisiones de la Unión Europea, algo que, estoy seguro, es motivo de preocupación para muchos ciudadanos. 
En este momento hay cerca de 43 comités de comitología relacionados con la fiscalidad indirecta. 
En mi opinión, son demasiados. 
Hemos de aceptar su existencia, pero a la vez tenemos que hacerlos mucho más accesibles y transparentes. 
Éste es el motivo por el que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha presentado algunas enmiendas. 
Comenzaré repasando las enmiendas. 
La primera la encuentro un tanto irónica. 
Corrige una declaración que figura en la directiva. 
Según ésta, se debe tener en cuenta que la línea de meta de la armonización comunitaria sobre los impuestos especiales se traspasó pocos meses antes de que entrara en vigor el mercado único. 
No sé quién escribió esto o si la persona que lo hizo había estado degustando antes algunos de los productos sometidos a este tipo de impuestos. 
Pero si van a lugares como Dover o Malmö y ven los productos que se traen de otras zonas, se darán cuenta de que no hay armonización en el ámbito de los impuestos especiales. 
Por lo tanto, escribir que se ha traspasado la meta es una falsedad absoluta. 
Resulta obvio que debíamos corregir este punto, y yo he sido comprensivo al hacerlo: en lugar de escribir "línea de meta» , he puesto que hemos traspasado una" línea de salida» , ya que soy consciente de que el Comisario Monti se dirige hacia la armonización en el ámbito de la fiscalidad indirecta, para lo cual cuenta con todos mis mejores deseos. 
La otra enmienda que he presentado se refiere al acuerdo Plumb-Delors, que se remonta, si no me falla la memoria, a seis o siete años atrás. 
Se trató de un acuerdo preliminar mediante el intercambio de correspondencia entre los presidentes por aquel entonces de la Comisión, Jacques Delors, y del Parlamento, Lord Plumb. 
Estaba previsto que se aplicara este acuerdo a fin de poner de relieve y abordar toda la cuestión de los comités de comitología. 
Sin embargo, nunca se ha llevado a cabo su plena aplicación. 
Solicitamos a la Comisión que vuelva la cabeza y le eche un vistazo. 
No pedimos que se nos confieran poderes sobre los comités, lo que simplemente queremos es ver lo que hacen. 
La tercera enmienda de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial está relacionada con el sistema de seguimiento informatizado. 
Solicitamos que su incorporación tenga lugar cuando entre en funcionamiento el sistema de seguimiento informatizado para el tránsito comunitario. 
Se trata, nuevamente, de una enmienda de orden técnico que creía que habría sido perfectamente aceptable tanto para la Comisión como para el mundo de los negocios. 
Además, estaríamos dispuestos a aceptar la cuarta enmienda del Sr. des Places. 
No es que diga mucho, pero- efectivamenteestablece que se debe mejorar el procedimiento administrativo, lo cual es algo indiscutible. 
Desearía terminar esta intervención destacando que estos comités de comitología están funcionando en secreto, y que nosotros no estamos haciendo nada para remediarlo. 
Le rogaríamos a la Comisión que nos facilitara una mayor información para que la opinión pública de la UE pudiera ver lo que se está haciendo. 
Quizás, esta medida serviría para disipar parte de la desconfianza que, hoy por hoy, nos rodea. 
Presidente, con la propuesta de la Comisión de modificar el estatuto del Comité del IVA de un comité consultivo a regulador y con las dos enmiendas del informe del Sr. Langen, estamos haciendo progresos. 
El actual sistema transitorio del IVA ha contribuido en importante medida al desarrollo del mercado interior, pero aparte de las directivas de base, también los procedimientos administrativos de los Estados miembros y las diferentes interpretaciones de los Estados miembros influyen en el funcionamiento del mercado interior y en la seguridad jurídica que debemos garantizar. 
Mientras no haya una interpretación uniforme, mientras no haya una aplicación común de las disposiciones del IVA, la neutralidad del sistema del IVA no quedará realmente garantizada y ahí tenemos un problema. 
La disparidad en la aplicación práctica de la legislación sin duda tiene que ver con la falta de una competencia ejecutiva de la Comisión. 
La propuesta de otorgar a la Comisión la competencia de ejecución necesaria y de modificar el Comité del IVA en un Comité de regulación, dotará a la Comisión y al Comité de más fuerza y el resultado debe ser que se armonice en todos los Estados miembros la aplicación de las disposiciones del IVA. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, con toda su sabiduría, ha podido aprobar esto, pero naturalmente queremos cerciorarnos de que nosotros como Parlamento podemos seguir realizando debidamente nuestro cometido político de control con respecto al poder ejecutivo. 
La enmienda sobre un informe anual del Comité del IVA merece por lo tanto el apoyo de todos los grupos políticos. 
Nosotros la apoyaremos seguro. 
Gracias, Presidente, y mis felicitaciones al ponente. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera en primer lugar apoyar la intervención que acabo de escuchar de la Sra. Thyssen, que destaca dos aspectos importantes. 
Uno es que desgraciadamente aún nos movemos desde años en un esquema provisional de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, no por falta de los buenos oficios y esfuerzos del comisario encargado del tema, el Sr. Monti, sino porque, como ustedes saben, se necesita la unanimidad de los Estados miembros para llegar a un sistema definitivo sobre el IVA y esto, desgraciadamente, no es posible. 
Por ello, acogemos con satisfacción y aceptamos las propuestas de modificación a estas directivas que examinamos en este grupo de informes sobre fiscalidad esta noche y, por lo tanto, apoyamos las líneas esenciales que propone la Comisión y, sobre todo, los aspectos que hacen referencia a un avance, aunque desde nuestro punto de vista, y supongo que también desde el del propio Comisario Monti, resulta demasiado lento, pero hay que ir realizando estos esfuerzos para poder llegar a un sistema que desearíamos que fuese definitivo. 
De las propuestas que se hacen en estas directivas deseo señalar una especialmente, porque me parece que es especialmente importante para el sector de empresas que es más importante para el desarrollo económico y la ocupación dentro de la Unión Europea: las pequeñas y medianas empresas. 
Entendemos que la propuesta de la Comisión y la función, que ha señalado la Sra. Thyssen, de este comité de regulación y de la capacidad que se concedería de intervención a la propia Comisión mejoraría obviamente su aplicación, simplificaría el sistema, daría más seguridades al conjunto de las empresas y, sobre todo, sería una mayor garantía para las pequeñas y medianas empresas, que son la base de la economía europea. 
Señor Presidente, acojo favorablemente las observaciones que han hecho tanto el Comisario como, en particular, los dos ponentes. 
Los puntos sobre los que están tratando revisten una gran importancia. 
La sexta Directiva sobre el IVA, que fue concebida en un principio para permitir la abolición de las fronteras fiscales y la creación de un sistema impositivo comunitario, recoge un mensaje político muy importante, especialmente ahora que hablamos de un mercado de 340 millones de personas. 
Resulta esencial que simplifiquemos y modifiquemos el sistema de recaudación del IVA para garantizar su buen funcionamiento. 
Sin embargo, como ya han señalado los mencionados oradores, se ha avanzado muy poco en este campo, en parte a causa de la exigencia de unanimidad prevista en el artículo 99, pero también por la falta de acción por parte de la Comisión y de otras instituciones para forzar la marcha en defensa de los verdaderos ideales del mercado único. 
Se ha mencionado la cuestión de la comitología. 
Ayer por la tarde debatimos aquí, a propuesta de la Comisión, esta cuestión con el Comisario Oreja. 
Con el trasfondo del debate de hoy sobre el informe Miller, le recordé que, cuando se suscitó la cuestión de la abolición de las ventas libres de impuestos, se planteó la cuestión de los impuestos especiales, dónde se deberían pagar estos impuestos, etc. 
En lugar de presentar una propuesta al Parlamento y discutir con esta institución cómo se podría superar este problema, la Comisión remitió la cuestión a un ente semiautónomo de funcionarios gubernamentales de los Estados miembros, funcionarios que ni han sido elegidos ni son representativos, para adoptar una decisión secreta y, así, no remitirla al Parlamento. 
Lo que perseguimos es un mayor grado de consulta, de interacción. 
La adopción del euro nos ofrece una oportunidad para simplificar los procedimientos burocráticos. 
Finalmente, como ya ha dicho mi colega del Grupo Liberal, necesitamos un régimen diferencial de IVA que posibilite la creación y el crecimiento del empleo, especialmente por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera excusarme. 
Al razonar he tirado del hilo equivocado. 
Quisiera hacer una observación adicional al Informe Secchi. 
Esto es algo inusual, pero práctico. 
No deseamos- por eso hemos introducido enmiendas- que las precisiones necesarias que propone el Sr. Secchi conduzcan al surgimiento de nuevas posibilidades de evasión de impuestos y fraude. 
Nos complacería que aquí tanto los Estados miembros como las normas comunitarias pusieran todo su cuidado para que esto no sucediese. 
Respecto de la cuestión del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido: una parte ya la he mencionado. 
El concepto básico consiste en el hecho- y en esto coincido de forma excepcional con el Sr. Langen- de que la moneda única convierte el egoísmo de los Estados miembros en un " dilema del prisionero» , del que únicamente se puede salir a través de regulación comunitaria vinculante, si acaso se puede. 
Por ello los Verdes también celebramos con satisfacción la competencia normativa que esta prevista para la Comisión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Igual que el Sr. Langen somos de la opinión de que el Informe del Parlamento Europeo, que aporta transparencia pero que también posibilita una suerte de dialogo, expone un tipo de requisito, que es necesario que se apliquen las disposiciones antes del 1.1.1999 para garantizar la total eficiencia. 
Lo que ha manifestado el Sr. Müller consideramos que tiene mucho sentido. 
Habría que examinar de nuevo y en su forma original la comitología y comprobar que en este caso se está elaborando un sistema lógicamente coordinado que garantice la transparencia y la eficiencia. 
Pero ese es otro tema. 
Señor Presidente, estamos debatiendo las propuestas de directiva del Consejo relativas a las modificaciones de la fiscalidad comunitaria. 
De hecho, en un escenario tan cambiante como el del nuevo mercado que estamos concretando, son suficientes tan sólo cinco años para convertir en obsoleta una directiva, con la consiguiente necesidad de actualizarla en la óptica de un marco comunitario cada vez más cercano, por un lado, a las empresas- sobre todo a las pequeñas- y, por otro, a los consumidores. 
El sistema de los impuestos especiales y del IVA, inevitablemente orientados hacia la armonización entre los distintos Estados miembros, deben superar las dificultades y los límites actuales, al objeto de poner en marcha un auténtico mercado único. 
La llegada del euro debe acelerar la armonización fiscal. 
A dicho fin, como ha recordado el Sr. Langen en su informe que le agradecemos, es indispensable garantizar la neutralidad fiscal y eliminar los obstáculos que impiden todavía la libre circulación de productos y servicios entre los distintos Estados miembros. 
Es preciso fomentar y hará falta seguir cada vez más atentamente, también en las próximas propuestas de directiva, algunos ámbitos económicos y sociales determinados y sus necesidades fiscales, sobre todo en materia de IVA. 
Pienso en las actividades sin fines lucrativos y al voluntariado o, entre las productivas, al sector hotelero y de la restauración y, por último, al sector terciario, con el comercio y el turismo en primer plano. 
Después de todo, un sistema de IVA no para pagar menos impuestos, sino para pagarlos mejor puede ayudar a estos sectores a crear desarrollo e inversiones y, por ende, nuevos puestos de trabajo, habida cuenta de que el desempleo sigue siendo el problema prioritario de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, todos los grupos de este Parlamento somos unánimes en denunciar la lentitud del proceso del IVA. 
¿Qué podríamos hacer para avanzar un poco más rápido? 
¿Sería posible explicar a la sociedad el coste de la ineficiencia de la no neutralidad fiscal? 
¿Será necesario tal vez mencionar aquellos países que, en vez de estar pensando en la justicia y equidad de un sistema, están pensando en cuánto recaudan de más o de menos, según la propuesta de la Comisión sea de esta forma o de la otra? 
Usted hace muy bien, señor Comisario Monti, en apoyar el impulso político que le da este Parlamento, esta unanimidad entre todos los grupos. 
Y hará usted también muy bien en aprovechar este impulso, este élan vital del euro, que va a impregnar tantos campos de la vida económica de la Unión Europea, para intentar dar un poco más de velocidad a este proceso. 
Habrá que identificar qué países no quieren superar el coste de la ineficacia, y ahí tendrá, Comisario, -como usted sabe- todo el apoyo de este Parlamento. 
Yo creo que hay que buscar «algo» para animar al Consejo a que empiece a ver la necesaria adopción del definitivo sistema de IVA con ojos distintos a los de la mera cuenta de la vieja de la recaudación en cada uno de los Estados. 
Y piensen que todos los Estados tienen mucho que ganar con la implantación definitiva del sistema de IVA. 
Yo pienso que, en este momento del euro, la eficiencia del mercado único va a necesitar que el IVA, de una vez por todas, acabe vislumbrando el procedimiento definitivo. 
Todos lo apoyaremos, señor Comisario. 
Gracias a los ponentes por los restantes informes que han desarrollado y ánimo, porque algo tendremos que hacer distinto de lo que hacemos para dar más velocidad a este proceso que no es eficaz y que tiene un coste que- yo creo y se lo sugiero, señor Comisario- habría que evaluar cuantitativamente. 
Señor Presidente, estimados colegas, sin duda constituye un buen ejemplo de la intensiva participación del Parlamento en la elaboración de la legislación cuando, aquí en el Pleno, no sólo discutimos sobre aspectos políticos abstractos sino que debatimos ejemplos concretos de su aplicación. 
Así, esta mañana hemos debatido de forma general acerca de la comitología y de la necesaria participación de esta Asamblea en el proceso de formación de la voluntad, y ahora, vemos en el Comité de Impuestos Especiales- Informe Miller- la posibilidad de una realización concreta. 
Este Comité de Impuestos Especiales es un instrumento muy importante. 
No sólo tiene una función consultiva sino que también garantiza una interpretación y aplicación homogénea de las disposiciones sobre los impuestos sobre el uso. 
Nuestra preocupación reside en salvaguardar la transparencia y las reglas de juego democráticas, en especial porque el Parlamento participa en la legislación conjunta. 
Debemos estar al tanto de los procesos de los comités y poner en práctica las directivas parlamentarias. 
Esto también es válido para el Comité de Impuestos Especiales. 
En este sentido me interesa, en consecuencia, una propuesta de la Dirección General XXI. 
El Comité de Impuestos Especiales no debería hacer uso de determinados procedimientos de la Directiva 97/12 y su artículo 7. 
Esto significaría de hecho una modificación legal al margen del Parlamento. 
Por eso mi pregunta al Comisario que está presente es: ¿qué relación tiene esta propuesta con el deseo de un debate parlamentario amplio y con la política que sigue la Comisión en su reforma de la comitología? 
Quiero ante todo dar las gracias a los ponentes, Sres. Langen y Miller, y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial por el apoyo que, a través de estos informes y resoluciones, se presta al objetivo general de la Comisión que es lograr una aplicación más uniforme de la legislación sobre el IVA y los impuestos especiales. 
En particular, me felicito de que la propuesta de resolución pida al Consejo que consulte de nuevo al Parlamento, en caso de que el Consejo se proponga modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión. 
Al respecto y en líneas generales, siento que, en estos temas tan importantes para el funcionamiento del mercado único, el fundamento jurídico existente no permita una actuación más decisiva. 
Por lo que se refiere, en particular, al informe del Sr. Langen, a quien agradezco su amabilidad, la finalidad de la propuesta de directiva que nos ocupa consiste en que el Consejo atribuya a la Comisión poderes para adoptar decisiones de ejecución en el ámbito del IVA. 
La Comisión estará asistida en esta labor por el Comité del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
A dicho fin, será necesario atribuir al Comité las mismas competencias del Comité regulador. 
El procedimiento previsto para el Comité es el de la letra a) del apartado 3 del artículo 2 de la Decisión del Consejo 87/373/CEE, la llamada Decisión sobre la comitología. 
La propuesta responde a las exigencias unánimemente expresadas por todos los sectores económicos. 
De hecho, cuando los operadores tratan de desarrollar actividades en otros Estados miembros, están obligados a hacer frente a las dificultades que ofrecen las distintas aplicaciones de la legislación comunitaria en materia de IVA. 
Esto les impide gozar de todas las ventajas, potencialmente notables, relacionadas con el mercado único. 
En otros términos, los operadores carecen de una certeza jurídica y, con frecuencia, están expuestos a la doble imposición. 
Ésta es una de las cargas que deben soportar nuestros operadores cuando realizan operaciones comerciales en otro Estado miembro. 
Para algunos operadores, en particular los que tienen un volumen de negocios más bien pequeño y, según se ha afirmado, de los que depende en gran medida el futuro del crecimiento económico y del empleo en Europa, la no aplicación uniforme de las disposiciones comunitarias en materia de IVA representa un obstáculo infranqueable de cara al mercado europeo. 
Dichos obstáculos pueden y deben eliminarse. 
El remedio consiste en la adopción de medidas aptas para garantizar una aplicación uniforme de la normativa comunitaria en materia de IVA en toda la Unión Europea. 
El procedimiento propuesto permite a la Comisión, junto con el Comité del Impuesto sobre el Valor Añadido, hacer frente a estas dificultades y resolverlas. 
La Comisión aprecia la favorable acogida dispensada por el Parlamento a esta propuesta y reflejada en el informe del Sr. Langen. 
Comparto plenamente el espíritu de las enmiendas presentadas y sólo por razones meramente formales estoy obligado a rechazarlas. 
La Comisión reconoce el interés que muestra el Parlamento a ser informado de las actividades de los comités que le asisten. Dicho aspecto, de todos modos, se aborda en una propuesta de la Comisión elaborada con vistas a una nueva decisión del Comité. 
En relación a la problemática específica, la propuesta permite evitar, a través de un enfoque global, determinadas previsiones en cada una de las propuestas de directiva. 
Por lo que se refiere a la enmienda 2, estoy totalmente de acuerdo con que la fecha indicada en la propuesta no es realista, puesto que ya ha pasado. 
Me siento, sin embargo, algo perplejo a la hora de sustituirla por la de 1 de enero de 1999. 
En realidad, esto significaría que somos muy optimistas en cuanto a los plazos de adopción y de aplicación. 
Dado que el nuevo procedimiento propuesto no requiere transposición alguna por los Estados miembros, la Comisión preferiría elegir libremente una nueva fecha cuando crea inminente la aprobación de la propuesta por parte del Consejo. 
Para terminar con el informe del Sr. Langen, permítanme agradecer de nuevo el valioso apoyo de sus Señorías que, en mi opinión, aumenta las posibilidades de que el Consejo adopte la propuesta rápidamente. 
Señor Presidente, paso brevemente a abordar el informe del Sr. Miller- a quien también le doy mis más calurosas graciassobre la propuesta de directiva presentada por la Comisión en el mes de julio del año pasado y cuya finalidad es ampliar las competencias reguladoras de la Comisión que estará asistida por el Comité de Impuestos Especiales, en relación a las medidas de ejecución de las disposiciones comunitarias sobre impuestos especiales. 
Esta propuesta ha sido necesaria porque, una vez agotadas las (reducidas) competencias reguladoras ya previstas, a la Comisión y al Comité no les queda más que ejercer funciones consultivas para resolver nuevas cuestiones. 
La importancia que reviste el reto de luchar contra el fraude y el contrabando precisa una actuación conjunta de las administraciones nacionales que puede implementarse sólo a través de normas comunes. 
Asimismo, las legítimas expectativas de los operadores de cara a gozar, también en este caso, de todas las ventajas de un verdadero mercado único parece que a veces se enfrentan- y yo diría se enfrentan realmente- con auténticas dificultades debidas a la complejidad de los procedimientos administrativos que varían de Estado miembro a Estado miembro. 
Existen, pues, dos clases de razones para solicitar unas competencias más amplias en materia de reglamentación. 
Lo que he dicho hasta ahora vale en cuanto la propuesta de directiva en general. Ahora quiero examinar el contenido del informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
De hecho, la Comisión debe hacer alguna salvedad con respecto a la enmienda 2, cuyo objetivo es añadir dos nuevos párrafos al apartado 2 del artículo 24. 
Estos dos nuevos párrafos tienen como finalidad, a saber, el primero, conferir naturaleza jurídica al Acuerdo informal del año 1988 en materia de transparencia de la actividad de los comités, más conocido como acuerdo Plumb-Delors; el segundo, dar ejecución a la decisión de la Comisión relativa al Comité consultivo en materia aduanera y de fiscalidad indirecta. 
Con relación a la primera incorporación, conviene recalcar que la Comisión presentó en junio pasado una propuesta de decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 87/373/CEE que regula las actividades de los comités. 
En particular, esta propuesta prevé que el Parlamento Europeo sea informado de las actividades de los comités. 
A dicho efecto, el Parlamento recibirá el orden del día de las reuniones, los proyectos de reglamento y los resultados de las votaciones. 
También se le tendrá al corriente de todas las medidas o propuestas de medidas a adoptar que la Comisión vaya a remitir al Consejo. 
Por ello, la referencia al acuerdo Plumb-Delors parece innecesaria en el contexto de la directiva. 
En cuanto al otro párrafo, el Comité consultivo en materia aduanera y de fiscalidad indirecta ya está funcionando. 
Sin embargo, la Comisión prefiere no mencionar este comité en la propuesta de directiva que nos ocupa y cuya finalidad es ampliar las funciones reguladoras relacionadas con los impuestos especiales. 
El Comité paritario en materia aduanera y de fiscalidad indirecta, por el contrario, sigue siendo sólo un Comité consultivo. 
Finalmente, por lo que se refiere a la última enmienda, la Comisión está de acuerdo con su fundamento. 
La informatización de los controles de los impuestos especiales es una de las prioridades de la acción de la Comisión en dicho ámbito. 
En este sentido, se han adoptado algunas iniciativas sobre la base de las disposiciones ya existentes, o sea, los artículos 18 y 19 de la Directiva 92/12/CEE y en el marco del programa FISCALIS. 
En este contexto, la Comisión ha convocado un concurso para un estudio de viabilidad que se celebrará el próximo año. 
Es necesario, no obstante, subrayar que a la Comisión no le corresponde el cometido de introducir un sistema informático. 
Los derechos que se derivan de los impuestos especiales, a diferencia de los aranceles aduaneros, son recursos nacionales y, en consecuencia, sujetos a los controles de los Estados miembros. 
Dicho de otro modo, la Comisión no puede reemplazar a los Estados miembros en la realización de los controles ni hacerse cargo de la financiación de dicho proyecto de informatización. 
Y termino, agradeciendo una vez más al Parlamento Europeo su apoyo, con el cual contamos en las negociaciones. 
Señor Wolf, la actuación en los distintos frentes de la fiscalidad que está noche estamos abordando detenidamente, es tan compleja que me doy perfecta cuenta de que en algún momento es fácil confundirse en lo que a este dossier se refiere. 
Quiero asimismo recordar que la finalidad principal, más allá de cada uno de los aspectos técnicos de esta acción que, gracias al respaldo del Parlamento, estamos emprendiendo en pos de una mayor coordinación de la fiscalidad, es el crecimiento y, en particular, el empleo. 
Sin esta mayor coordinación de la fiscalidad será sumamente difícil crear nuevos puestos de trabajo en Europa y será especialmente difícil crearlos para los jóvenes que son los que más necesitan estas oportunidades de empleo. 
Por consiguiente, nos dirigimos ante todo a los jóvenes, tan inmejorablemente representados esta noche en el Pleno y, si el señor Presidente me lo permite, deseo sumar a la bienvenida que ha dado al nutrido grupo de jóvenes que se encuentra aquí esta noche, también la salutación de la Comisión. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0252/98) del Sr. Castagnède, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (97) 0559- C4-0119/98) de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 12 de la Sexta Directiva IVA, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios- Sistema Común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, contrariamente a lo que podría dar a entender un título ambiguo, el informe que será objeto del debate trata de la cuestión de los tipos del IVA en Europa y más exactamente del ámbito de aplicación de los tipos reducidos. 
Como ustedes saben, en el estado actual del proceso de armonización fiscal, la legislación comunitaria prevé un tipo mínimo del 15 % para el tipo normal del IVA. 
Asimismo, autoriza a los Estados miembros a aplicar uno o dos tipos reducidos que no pueden ser inferiores al 5 % y que se aplican únicamente a los bienes y servicios de las categorías contempladas en el Anexo H de la Sexta Directiva sobre el IVA. 
Cada dos años, el Consejo revisa el ámbito de aplicación de los tipos reducidos en base a un informe de la Comisión. 
El último informe de la Comisión, elaborado en 1997, ha sido sometido al examen del Parlamento. 
Antes de abordar el fondo de la cuestión, queremos hacer hincapié en la importancia de la intervención parlamentaria en la materia. 
Se trata del dictamen que el Parlamento debe emitir sobre el impuesto en una materia ya ampliamente comunitarizada. 
En lo relativo a los tipos del IVA en el seno de la Unión, el Parlamento debe garantizar plenamente su función de representación de los ciudadanos de la Unión. 
Tras haber analizado la situación de los tipos reducidos, la Comisión nos confirma que existe una gran desigualdad. 
Un único Estado, Dinamarca, no aplica ningún tipo reducido, 4 Estados miembros aplican dos tipos reducidos, pero muchos de los Estados analizados sólo aplican un único tipo reducido, habida cuenta de que, durante el período transitorio, están autorizados a aplicar múltiples tipos derogatorios. 
Tipos cero, tipos superreducidos y los denominados tipos " parche». 
La Comisión considera que, en la situación actual, la desigualdad de los tipos no determina distorsiones de la competencia significativas, aunque cabe señalar algunas distorsiones. 
La Comisión no se muestra partidaria, por otra parte, de una modificación de la lista de bienes o servicios con derecho a beneficiarse de los tipos reducidos. 
Nosotros afirmamos abiertamente que la situación actual de los tipos reducidos del IVA en el seno de la Unión no es satisfactoria. 
No lo es respecto a los imperativos del mercado interior en el contexto de la moneda única. 
No lo es respecto al objetivo de implantación de un nuevo sistema común del IVA basado en la imposición en los países de origen. 
No lo es, incluso, respecto a la necesaria adaptación de las políticas fiscales a la evolución de las necesidades económicas y sociales. 
A partir del año próximo, la fijación de precios con el IVA incluido y en euros, al menos en los Estados participantes, pondrá de manifiesto la falta de neutralidad del IVA en los intercambios intracomunitarios, provocará distorsiones de la competencia y desplazamientos de tráfico crecientes. 
Fenómenos que, sin ninguna duda, se verán ampliados por el desarrollo del comercio electrónico. 
Por ello, se comprende fácilmente que en materia de impuestos, por motivos políticos y presupuestarios, los gobiernos se vean tentados por el inmovilismo. 
En el momento en que dicho inmovilismo se haga insostenible, creemos que convendría estar preparados para el cambio. 
En lo que respecta a la implantación del nuevo sistema común del IVA, el acercamiento de los tipos se ha considerado hasta ahora como la última etapa, de alguna manera, la coronación del proceso. 
Nosotros, por el contrario, estamos convencidos de que una desigualdad excesiva de los tipos y la actitud conservadora manifestada en este ámbito por los Estados miembros, constituyen un obstáculo determinante para el paso al sistema definitivo. 
En estas condiciones, aunque la armonización completa de los tipos representa un objetivo probablemente inaccesible a corto plazo, creemos necesario, al menos, iniciar inmediatamente un proceso de acercamiento, basado en un método progresivo y realista. 
Semejante método debe apoyarse en la adopción de definiciones precisas de las categorías de bienes y servicios que pueden optar a los tipos reducidos, y debe incluir un calendario para la eliminación de situaciones de excepción, al que no debe faltarle una cierta flexibilidad para que los Estados fijen uno o, mejor, dos tipos reducidos. 
Confiamos plenamente en la Comisión para que, en este sentido, cree un mecanismo que deberá ser sutil para que favorezca el acercamiento; lo fundamental es que asuma este compromiso. 
Creemos, por último, que las categorías de bienes y servicios que pueden beneficiarse de un tipo reducido no deben mantenerse indefinidamente. 
Las tecnologías evolucionan, al igual que las necesidades económicas y sociales. 
El IVA es, por naturaleza, un impuesto regresivo; la aplicación del tipo reducido tiene por objeto facilitar amplio acceso a los bienes y servicios prioritarios. 
En este sentido, algunas categorías del Anexo H merecen ser adaptadas. 
Por ello apoyaremos algunas enmiendas que van en este sentido. 
Los sistemas fiscales de la Unión, y termino, son, en términos generales, estructuralmente desfavorables al factor de producción, el trabajo asalariado. 
Las propuestas del Comisario Monti encaminadas a aplicar, con carácter experimental, un tipo reducido a determinadas actividades con gran intensidad de mano de obra, nos han parecido, en este sentido, de gran interés. 
Por naturaleza, favorecen directamente el empleo. 
Por naturaleza, favorecen el descenso del trabajo clandestino. 
Por naturaleza, constituyen, sobre todo, una señal que marca el compromiso firme de la Unión en favor de la recesión del paro, en favor del pleno empleo. 
Por todo ello, apoyaremos esta propuesta de una manera muy especial. 
Presidente, el funcionamiento del sistema del IVA en la Unión Europea no es algo para estar orgullosos. 
El sistema es extremadamente complicado, ya que de hecho no hay un sistema sino quince variantes de un sistema. 
Todos sabemos que esto tiene su origen en la disposición del Tratado según la cual las modificaciones exigen la unanimidad. 
Por ello, las excepciones nacionales a las reglas generales nunca pueden suprimirse en la práctica. 
Las competencias reguladoras del Comité del IVA, de las que acabamos de hablar, tal vez puedan dar un impulso en este aspecto hacia una armonización real. 
Pero el informe del Sr. Castagnède es una buena oportunidad para reparar en las modificaciones del sistema que aún están previstas. 
La intención de la Comisión sigue siendo que se modifique en la imposición del IVA el principio del país de destino por el principio del país de origen. 
Dicho de otra forma, los bienes y servicios ya no se gravan con tipos cero cuando se envían a otros Estados miembros, sino con el tipo con el que esos bienes o servicios se gravarían también en la economía nacional. 
Naturalmente, este principio del país de origen ya existe para las adquisiciones del consumidor, aunque se hagan grandes excepciones para, entre otras cosas, las ventas por correo y los coches nuevos. 
Mientras tanto, es probable que el principio del país de destino quedara vigente para los servicios de telecomunicaciones y todavía más amplio para las compras a través de Internet. 
Queda claro que estamos hablando de un mercado con un crecimiento enorme. 
Surge la pregunta, con esta lista creciente de excepciones, de si la idea original del cambio al principio del país de origen no tiene que ser objeto de revisión. 
Esta pregunta apremia aún más ya que algunas condiciones para el funcionamiento del principio del país de origen parecen inalcanzables e indeseables, sin causar una competencia desleal. 
Aunque las diferencias de tipos con respecto a los bienes o servicios con escaso tráfico transfronterizo pueden perdurar sin problemas, éstas deben desaparecer en su mayor parte para los productos que estén sensibles a la competencia. 
Ello significa que el tipo normal en los Estados miembros deberá converger muchísimo y a continuación que los Estados miembros en la práctica pierdan su libertad política para que, por propia iniciativa, modifiquen aún fuertemente este tipo. 
Resumiendo, el IVA desaparecerá como instrumento de coyuntura o como instrumento para hacer subir la recaudación fiscal. 
Ese es un gran handicap dado que los gastos presupuestarios también se han puesto bajo control por medio del pacto de estabilidad y dado que la imposición sobre el trabajo, el factor más fácil de gravar, no puede subir sino que tendría que bajar. 
Naturalmente, estos problemas ya han sido planteados por mi mismo en primer lugar repetidamente. Vivo por lo tanto como una posición de fuerza el que por parte de la Comisión no se haya contestado hasta ahora a los problemas mencionados anteriormente. 
Tal vez el Comisario pueda terminar esta noche con esta política de avestruz o por lo menos prometer que se nos proporcionara una respuesta fundamentada. 
Como punto final algo muy distinto. ¿Cómo progresa la idea de un IVA rebajado en los sectores de alta intensidad laboral, nuestro tema favorito? 
¿Puede el Comisario comprometerse con alguna seguridad a que este problema se vuelva a plantear en el Consejo Europeo de Viena, que haya alguna posibilidad de progreso o no está marchando bien? 
Por lo que respecta a mí y a mi grupo parlamentario, constituye una prioridad y también por nuestra parte presionaremos a la presidencia austriaca. 
Presidente, la armonización de los tipos del IVA es una vieja herida. 
Indudablemente, se han hecho avances con la introducción del régimen transitorio, pero las diferencias siguen siendo demasiado grandes. 
De la comunicación de la Comisión se desprende que las diferencias de los tipos no producen ninguna competencia desleal ni un cambio en los flujos comerciales. 
Quizá todo esto encaje macroeconómicamente, pero desde el punto de vista microeconómico sí se señala un problema; especialmente en las regiones fronterizas la empresa privada nos está llamando la atención continuamente. 
Recuerdo de la discusión en la CAEM que ni el Consejo ni la Comisión tienen la intención de modificar el anexo H durante el régimen transitorio. 
Según dicen, sí podemos esperar unas definiciones uniformes de las categorías enumeradas en este anexo. 
Quisiera saber del Comisario cómo están programados estos planes y si entonces este va a ser una de las primeras tareas del Comité del IVA en su nueva calidad. 
Presidente, el euro está a la vuelta de la esquina y el sistema definitivo del IVA basado en el principio de origen se está avecinando. 
En esta Casa todos nos damos cuenta de que ambas evoluciones contribuirán a que las diferencias de precios que proceden de las diferencias en los tipos de IVA, tengan una influencia más directa que ahora en la posición, en materia de competencia, de los participantes en el mercado. 
Señor Comisario, las empresas están seriamente preocupadas por esto. 
No les asusta la competencia pero sí quieren disponer de las mismas armas. 
Aceptan que la uniformidad no sea inminente y lo comprenden, pero no que no se continúe enérgicamente con una progresiva armonización. 
Las diferencias deben reducirse rápidamente. 
Presidente, si se contemplan las categorías de tipos con vistas al sistema definitivo, entonces contamos con que se entiendan bien las señales que emitimos hoy en el debate y mañana en la votación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe del Sr. Castagnède tiene algunos puntos en común con las observaciones que he hecho en mi intervención previa. 
En primer lugar, al coincidir, como antes, con las observaciones y la posición expresada por la Sra. Thyssen, y también por el hecho de que intentamos avanzar en algunos aspectos que nos llevan a mejorar el actual sistema, sabiendo que no es el ideal pero con el cual nos hemos de resignar, de momento, dada la falta de acuerdo de los Estados miembros para tener un sistema definitivo del Impuesto del Valor Añadido aplicado a nivel de la Unión Europea. 
En relación con el informe Castagnède, el tema de fondo, como muy bien lo ha expuesto el ponente, es el de intentar una armonización en los tipos reducidos del IVA. Y evidentemente esto significa una grave distorsión, en algunos casos, del propio principio del mercado interior, y hay una discriminación que desearíamos que se viese solventada. 
Si me lo permiten, les diré que yo tuve la experiencia de haber sido ponente en el Parlamento español cuando se introdujo el IVA como consecuencia de la incorporación del Estado español a la Unión Europea y sé las enormes presiones que hay de cualquier sector para ser incorporado en el área del impuesto reducido. 
Siempre hay razones para estar en el área del IVA reducido pero, evidentemente, hay algunos sectores en que está justificado y otros en que, obviamente, es más discutible. 
Esto nos lleva a una posición incómoda en el momento de discutir algunas enmiendas, como son las que proponen la incorporación de algunos temas específicos en el articulado. 
Nosotros, como Grupo Liberal, aunque esta sea una posición políticamente poco simpática, no lo apoyaremos, pero sí apoyamos todas las enmiendas y la posición del ponente para que la Comisión elabore una propuesta realmente de armonización del tipo reducido a nivel de la Unión Europea. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi desacuerdo con el primer considerando del informe de nuestro colega Castagnède. 
En él se atribuye la responsabilidad de los problemas que existen en las zonas transfronterizas a la falta de armonización de los tipos del IVA entre los diferentes Estados miembros. 
Nuestro Grupo, como manifiesta la enmienda que he presentado con mi colega Édouard des Places, considera que la falta de neutralidad del IVA respecto a las operaciones transfronterizas es, en realidad, el resultado de procedimientos administrativos inadecuados, que son la causa de las dificultades de aplicación y control. 
Sé que algunos de los presentes, aunque éste es otro tema, desearían una armonización total de los tipos del IVA, en la que ven la siguiente etapa del desarrollo del super Estado federal, porque la medida tendría como consecuencia limitar singularmente el ámbito de decisión de los Estados miembros, tanto en materia presupuestaria, como en materia fiscal. 
La cuestión que se plantea realmente para las zonas transfronterizas es la siguiente: cómo restablecer la igualdad entre los operadores económicos situados a ambos lados de la frontera, y evitar el fraude al IVA. 
La solución que aquí se nos propone, una armonización de los tipos del IVA, no resuelve en absoluto esta cuestión, le es ajena. 
La solución real a este problema de fraude pasa por la búsqueda de un mejor seguimiento administrativo, una mejora de los procedimientos de control y por el desarrollo de un sistema armonizado de sanciones. 
El procedimiento administrativo establecido en el marco del mercado único presenta lagunas importantes que las administraciones nacionales ya han puesto de manifiesto en las distintas reuniones que han celebrado con la Comisión. 
Y constato con pesar que la Comisión, en lugar de intentar aportar soluciones concretas a sus propias carencias en materia de funcionamiento, prefiere, según un método ya experimentado, la huida hacia delante y aprovechar la ocasión de una dificultad técnica para promover un proyecto político que no prevén los Tratados, la armonización de los tipos del IVA. 
Lo que debería hacer en cambio la Comisión, es aportar una respuesta técnica a un problema técnico, es presentarnos un informe sobre las disfunciones de los procedimientos actuales y, lo más rápidamente posible, un proyecto de reglamento para trasponer las mejoras solicitadas. 
Es importante, señor Presidente, que nuestro Parlamento recuerde a la Comisión sus deberes. 
Señor Presidente, señor Comisario, con el informe del Sr. Castagnède, volvemos al folletín de la armonización. 
Aparentemente, sólo es técnico, pero no le faltan elementos pasionales, como los tipos reducidos para los discos o los CD-ROM. 
El antiguo alcalde de Estrasburgo es un campeón en esto. 
También se trata de armonizar el IVA sobre la restauración, según nos tomemos el sandwich en un bar o en un restaurante de comida rápida. 
Y también de los tipos superreducidos. 
El Gobierno francés, por ejemplo, quiere imponer su tipo del 2, 10 % sobre los medicamentos reembolsados. 
Lo fundamental del informe Castagnède es una constatación, a saber, que seis años después del gran mercado, los tipos del IVA no están armonizados. 
Respecto a los tipos normales, varían entre el 15 % y el 25 % en el caso de Dinamarca, diez puntos de diferencia, e incluso doce puntos en el caso del tipo reducido. 
Y a pesar de ello, el gran mercado único funciona. 
A finales de los años ochenta, sin embargo, nos dijeron que esto sería el apocalipsis. 
El informe Cookfield preconizaba dos gamas de tipos. 
La Comisión Europea quería un clearing out, una caja de compensación. 
Predominaba el pensamiento único y hoy sabemos que fue una gran mentira, y una gran mentira que costado cara. 
El Gobierno socialista de 1990 hasta 1993 bajó en 15 puntos el IVA sobre el caviar, los diamantes, los Porsches, los abrigos de piel, es decir, los consumos socialistas. 
Se han perdido miles de millones que podrían haberse utilizado para reducir la fiscalidad sobre el trabajo. 
Nos dicen también que hace falta un IVA percibido en el país de origen. 
Pero en el país de destino, funciona. 
Nos dicen que el euro cambiará las cosas. 
Pero el dólar- moneda única- no impide que entre Nueva Jersey y el Estado de Nueva York existan diferencias en los impuestos locales. 
Nos dicen que el comercio electrónico traerá consigo distorsiones. 
Pero el comercio electrónico es marginal. 
No representa ni siquiera el 1 %. 
En realidad, detrás de todos estos debates, se esconde un gran atolladero. 
En una Europa que tiene veinte millones de parados, debería haberse reflexionado. 
Por ejemplo, ¿acaso no es la alta fiscalidad europea uno de los factores determinantes del paro? 
En un gran mercado transatlántico, ¿puede existir en la presión fiscal una diferencia de diez puntos en las exacciones obligatorias? 
Y termino con este interrogante supremo, ¿no habríamos necesitado un quinto criterio para el paso al euro, un tope de exacciones obligatorias, por ejemplo, del 40 %? 
Señor Presidente, mis queridos colegas, señor Comisario, conviene recordar que el IVA es un impuesto injusto que pesa mucho más sobre los ingresos más bajos, cuyo poder adquisitivo es débil, porque es un impuesto indirecto y que, además, no guarda relación con los ingresos. 
Asimismo, la reducción del IVA debe ser uno de los objetivos de la Unión Europea, más allá de su armonización. 
Es una necesidad que exige la justicia social, es una necesidad que exige también la reactivación del consumo interno y, en consecuencia, del crecimiento; por consiguiente, puede contribuir a la creación de empleo a través de su efecto de reactivación del consumo, pero además, a través del efecto selectivo que dicha fiscalidad puede tener de cara a los sectores creadores de puestos de trabajo. 
Me parece, por tanto, que la armonización del IVA debe percibirse en esta perspectiva de revisión a la baja. 
Motivo por el que, personalmente, estoy a favor de la creación de un tipo cero y, en cualquier caso, de su mantenimiento allí donde ya existe, e incluso, a largo plazo, a favor de una reflexión europea sobre un tipo superreducido. 
Además, estoy a favor de la ampliación del ámbito del tipo reducido; en este sentido, creo que el informe del Sr. Castagnède abre la mayoría de las vías que se imponen y hay una serie de enmiendas encaminadas a ampliar aún este ámbito. 
Nosotros las apoyaremos. 
Me refiero, en particular, a todos los productos culturales, como los discos y los CD-ROM. 
Cabe pensar también en la prensa y, en particular, en la prensa escrita, que debe ser apoyada y fomentada. 
También hay que bajar el IVA y, por tanto, ampliar el ámbito de los tipos reducidos, en todos los sectores con gran intensidad de mano de obra. 
La Comisión, con el Comisario Monti, nos propone experimentos en la materia. 
Me inclino por que el Parlamento se muestre más radical en una toma de posición a favor de la ampliación de los tipos reducidos a sectores como el de la vivienda, la vivienda social, la restauración, en todas sus variantes, en una palabra, en favor de su ampliación masiva a los sectores con gran intensidad de mano de obra. 
Conozco el argumento que tradicionalmente se esgrime para limitar el ámbito de los tipos reducidos. 
Es, invariablemente, la pérdida de ingresos. 
Pero es aquí, precisamente, donde el Parlamento y las políticas deben hacer su elección. 
En el seno de la Unión Europea existen los medios necesarios para obtener ingresos fiscales, incluso armonizados. 
Les recuerdo que se supone que la Comisión debe presentar propuestas relativas a la exacción en origen sobre los ingresos procedentes del ahorro. 
He aquí un ámbito de exacciones posibles mucho más justas. 
También se podría- y creo que la reciente crisis demuestra toda la actualidad de esta reivindicación- aplicar sistemas de imposición sobre los movimientos de capitales, o sea, encontrar sistemas de imposición que afecten a los sectores que son actualmente el principal medio de enriquecimiento de nuestras sociedades, a saber, la especulación financiera, el ahorro y el patrimonio acumulado, y aligerar así la carga que pesa sobre las capas más bajas, y que podría contribuir a la reactivación del empleo, a saber, el IVA. 
Deseo, por consiguiente, que la armonización propuesta y que se sugiere en el informe del Sr. Castagnède sea aprobaba ampliamente por nuestro Parlamento y que la Comisión se vea así fortalecida, en su relación de fuerza con el Consejo, en este sentido. 
Señor Presidente, cada vez que hablamos del IVA volvemos a un debate reiterativo que tal vez no resiste un serio análisis. 
Se le achaca al IVA el ser regresivo y, por ello, discutimos unos Grupos contra otros sobre las enmiendas necesarias para que este impuesto regresivo no ataque a los contribuyentes con menos capacidad de pago. 
Pero el IVA, como los otros impuestos indirectos, no es regresivo ni progresivo. 
Son los impuestos directos los que tienen que ser progresivos. 
Y si queremos aumentar la progresividad, cambiemos la imposición directa. 
Y tampoco debemos olvidar la política de gasto. 
Precisamente la política de gasto de todos los presupuestos pretende compensar la falta de progresividad de la imposición indirecta. 
Por tanto, no confundamos: todos queremos proteger a los débiles y esto no es patrimonio de ningún partido ni de ninguna opción política, pero están a debate aquí algunas enmiendas- que ojalá sean aprobadas- como, por ejemplo, el intentar a través del IVA- insisto, a través del IVA y no a través de otras muchísimas medidas que se deben tomar- bajar las contribuciones y cargas sociales. 
Se pretende que aquellos productos intensivos en mano de obra tengan una cierta desfiscalización por vía de la imposición directa. 
Esto es complicadísimo de ejecutar. 
Yo he tenido responsabilidades en alguna Administración fiscal, concretamente en la navarra, y sé la dificultad de decidir qué productos deben incluirse en cada una de las categorías fiscales. 
Ese es un buen deseo, pero que no resiste- tal vez- un análisis técnico y me gustará oír lo que dice el profesor Monti. 
Hay algunas otras enmiendas, como, por ejemplo, la de mi compañero Sr. Cassidy, que tal vez sí tienen más posibilidades de desarrollo, como puede ser que aquellas ONG que hacen una labor humanitaria para el tercer mundo y que no pueden recuperar el IVA, puedan hacerlo. 
Eso tal vez sea darle un cierto tinte social y justicia, a través del IVA también, a unas sociedades sin ánimo de lucro. 
Este es el cuarto informe, queridos colegas, mediante el cual trata este Parlamento de apoyar esta necesaria armonización fiscal. 
Ya nos hemos manifestado todos y no quiero ser reiterativo. 
Ánimo, señor Comisario. 
Usted tiene que- como decía mi compañero Langen- abrir una brecha en una coraza de acero. 
Forza, señor Comisario. 
Señor Presidente, yo quiero manifestar nuestro apoyo a este informe sobre la armonización del IVA en el ámbito concreto de los tipos reducidos y dar nuestro apoyo también al informe de la Comisión del cual el presente informe parlamentario trae causa. 
Quiero, como han hecho otros colegas esta noche, llamar la atención sobre las dificultades que siempre se encuentran a la hora de armonizar la fiscalidad, incluso en un sector, como es el de la imposición indirecta y de modo particular el IVA, en el que esta labor de armonización fiscal tiene una amplia tradición, hasta el punto de que, como todo el mundo sabe, se ha podido llamar al IVA «el impuesto europeo». 
Pero, sin embargo, este impuesto europeo no ha sido capaz de ir evolucionando al mismo tiempo que lo hacía la estructura económica de la Unión. 
Los Estados miembros y las instituciones europeas, que han sido capaces de llevar a término la creación del mercado único- que será aún más visible con el euro -, no han sido capaces de ponerse de acuerdo en la implantación de un sistema definitivo de IVA que se corresponda con las exigencias y con la filosofía del mercado único y, desgraciadamente, seguimos todavía con el sistema transitorio. 
En relación a este problema de todos reconocido, quiero hacer una breve referencia a la estrategia de la Comisión, que me parece acertada, dirigida, en este punto concreto, por el Sr. Monti. 
Es una estrategia marcada por la prudencia, por avanzar mediante pequeños pasos, por ir creando- podríamos decir- el ambiente, el estado de opinión necesario para que se produzcan avances que todo el mundo reconoce pero que, a la hora de tomar decisiones políticas, no se llevan a cabo debidamente. 
Dentro de esta estrategia se coloca el presente informe sobre las condiciones de aplicación de los tipos reducidos. 
Quiero manifestar telegráficamente los siguientes puntos: en primer lugar, nuestro apoyo a la unificación, o por lo menos a una gran aproximación en la cuantía de los tipos reducidos; nuestro apoyo a la supresión del carácter facultativo del Anexo H sobre supuestos de aplicación del tipo reducido; y un muy fuerte apoyo a una cuestión que se ha suscitado anteriormente, como es tener muy en cuenta, a la hora de establecer operaciones con tipos reducidos, aquellas operaciones relativas a productos o servicios intensivos en mano de obra. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada quiero agradecer al Sr. Castagnède la calidad de su informe, en el que se basan los trabajos de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
Encuentro sumamente útil que este Parlamento haya tomado la iniciativa de este informe que permite a la Comisión comprender mejor la opinión del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la necesidad de armonizar más todavía, si cabe, los tipos del IVA. 
Según la Comisión, la resolución que hoy tiene que aprobar el Parlamento, pone de manifiesto que se ha entendido su posición tal como se reflejó en el informe sobre los tipos reducidos del IVA de 13 de noviembre de 1997. 
Está claro que el tema de los tipos del IVA no puede separarse de la problemática general del nuevo sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Pleno, a mi modo de ver, se ha dado perfecta cuenta de esta conexión. 
La Comisión hace suyo el mensaje de sus Señorías acerca de la necesidad de que siga adelante la tramitación del dossier relativo a la armonización de los tipos del IVA. 
La Comisión está elaborando una propuesta legislativa relativa a los tipos del IVA, una propuesta que cuento con presentar lo antes posible. 
Respaldado por la activa cooperación del Parlamento que queda perfectamente reflejada en el informe del Sr. Castegnède y en la propuesta de resolución, espero, en nombre de la Comisión, que el apoyo del Parlamento pueda manifestarse de nuevo con ocasión del examen de la que será nuestra propuesta. 
Señor Presidente, ahora quisiera abordar dos cuestiones a las que se ha hecho referencia a lo largo del debate. En primer lugar, la posibilidad de aplicar un tipo reducido del IVA a los servicios muy intensivos en mano de obra. 
Al respecto, les confirmo que la Comisión, que el año pasado tuvo en cuenta esta hipótesis en su Comunicación con ocasión del Consejo Europeo de Luxemburgo dedicado al empleo, hace votos por que esta idea no sea letra muerta. 
Los Estados miembros no han sido capaces todavía de ponerse de acuerdo sobre el ámbito de aplicación de esta medida. 
Ahora bien, en este tiempo, me he planteado una cuestión que está relacionada con el tema de esta tarde. 
En materia de IVA, por un lado, queremos tipos más armonizados y, por otro, nos tienta la idea de permitir que los Estados miembros experimenten tipos reducidos del IVA en el sector de los servicios muy intensivos en mano de obra, a pesar de que con esto sentaríamos- eso es verdad- las bases para una menor que no mayor armonización de los tipos de IVA, en el supuesto de que algunos Estados miembros aprovecharan esta posibilidad y otros no. 
Por tanto, me pregunté y me pregunto si existe una contradicción entre estas dos líneas de política fiscal. 
A mí me parece que tal contradicción no existe porque, habida cuenta de la naturaleza de la idea enunciada por la Comisión en materia de tipos del IVA sobre los servicios muy intensivos en mano de obra, el ámbito de aplicación de esta facultad, atribuida a los Estados miembros, sería por definición el de los servicios de escaso o nulo contenido transfronterizo y que, en consecuencia, no distorsionan la competencia entre los Estados miembros. 
Por ello, se trata de un ámbito limitado en que, en mi opinión, se podría permitir, a título de prueba, esta reducción del tipo del IVA para fomentar- ojalá sea así- el empleo, sin que esto esté en contradicción con la opinión general que desea una mayor armonización de los tipos del IVA. 
El último comentario que quiero hacer está relacionado con las observaciones del Sr. Lienemann a propósito de la imposición sobre el rendimiento del capital. 
El Sr. Lienemann se ha referido a dos puntos. Respecto al primero, tengo que manifestar que la Comisión no está de acuerdo; en cuanto al segundo, indicado por su Señoría como una futura posibilidad, quiero manifestar que la Comisión ya ha tomado cartas en el asunto. 
Señor Lienemann, la hipótesis que usted apunta y que la Comisión rechaza, se refiere a un impuesto sobre las transacciones en moneda extranjera, el llamado «Impuesto Tobin». 
Nosotros consideramos que sería de muy difícil aplicación, mejor dicho, sería un escollo de cara al principio fundamental de la libre circulación de capitales. 
Por lo que se refiere al otro punto que usted pronostica, es decir, una propuesta de directiva relativa a la imposición sobre las rentas de los ahorros, o sea, sobre los rendimientos del capital- no sobre la circulación de capitales, sino para la imposición sobre los rendimientos del capital- puedo decirle que dicha propuesta ya fue aprobada en la Comisión el pasado 20 de mayo y se presentó al Consejo ECOFIN el 5 de junio. 
Por otra parte, este Parlamento ya ha designado un ponente para esta propuesta de directiva. 
Nos movemos, al menos en parte, en la dirección que usted pronostica. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Transacciones comerciales: morosidad- PECO/Programa PYME- Mercados europeos de capitales- Observatorio Europeo de las PYME 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0303/98 del Sr. Harrison, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (98) 0126- C4-0251/98-98-0099 (COD) ) por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales; -A4-0309/98 del Sr. Rübig, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre las propuestas de decisiones del Consejo (COM (98) 0113- C4-0203/98 a C4-0209/98-98/0078 (CNS) a 98/0084 (CNS) ) relativas a la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación relativa a la participación de Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Polonia, Rumania y la República Eslovaca en el programa comunitario en el sector de las pequeñas y medianas empresas; -A4-0202/98 del Sr. Hendrick, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (97) 0187- C4-0433/97) sobre los mercados europeos de capital para las pequeñas y medianas empresas: perspectivas y posibles obstáculos al progreso; -A4-0255/98 del Sr. Scarbonchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el Quinto Programa Anual del Observatorio Europeo de las PYME (1997) (C4-0115/98). 
Señor Presidente, " engaña pronto y paga tarde» ha sido durante demasiado tiempo el lema de las grandes empresas y las autoridades en sus relaciones con la pequeña empresa europea. 
Va siendo hora de proscribir estas actividades fraudulentas y de ofrecer a las PYME la confianza necesaria para incorporarse audazmente al mercado único europeo, con la seguridad de que se les va a pagar sin más aspavientos, en su totalidad y dentro de los plazos previstos, por los bienes y servicios que ofrezcan. 
Por esta razón, el Parlamento apoya la Directiva de la Comisión sobre la morosidad en las transacciones comerciales, cuyo fundamento jurídico es el artículo 100 A sobre el mercado único. 
Si no hacemos algo, la demora en los pagos acabará con un número cada vez mayor de empresas. 
Sabemos que una de cada cuatro situaciones de insolvencia es imputable al retraso de pagos, mientras que la quinta parte de las empresas exportaría más si se solucionara este problema. 
Se perturba el flujo de efectivo de las PYME, y este problema se agrava cuando el comercio atraviesa fronteras dentro del mercado único. 
En el Reino Unido se adeudan a las PYME 20 000 millones de libras en concepto de demora de pagos. 
La situación de este país es de las peores en la Unión Europea. 
La media de la UE en el retraso de pagos es de 13 días, mientras que en el Reino Unido la media es de 23 días. 
Si en la Unión Europea uno de cada tres casos de retraso es deliberado, en el Reino Unido es uno de cada dos. 
Sin embargo, cuando se trata de comercio transfronterizo, la media de los retrasos deliberados asciende a dos de cada cinco casos en la UE y a tres de cada cinco casos en el Reino Unido. 
A este respecto, el nuevo Gobierno laborista ha promulgado una nueva legislación que proscribe la demora de pagos mediante el establecimiento de un derecho legal a percibir intereses. 
El principal objetivo de esta directiva es el establecimiento por ley de un derecho a percibir intereses sobre los pagos que incurren en mora, calculado en un 8 % sobre el índice del Banco Central Europeo. Si éste fuera por ejemplo del 3 %, los intereses ascenderían a un 11 %, a lo que se sumaría el pago de todos los costes de índole administrativa, jurídica y financiera relacionados razonablemente con el cobro de la deuda. 
El total podría llegar al 20 %. 
El importe total de la sanción debe ser mayor que el coste que le supondría un crédito bancario o de cualquier otra institución al deudor. 
Debemos asegurarnos de que no se utilizan las PYME como fuentes de dinero barato. 
Pero hay otras medidas complementarias a las que ha hecho referencia el Comisario: los procedimientos acelerados para el cobro de deudas no impugnadas- en nueve de cada diez deudas no hay impugnación por parte del deudor -, la simplificación de los procedimientos jurídicos para las deudas impugnadas, y nuevos procedimientos agilizados para las deudas por un importe inferior a 20 000 ecus. 
Además, estamos introduciendo períodos de pago para los contratos públicos. 
¿Por qué? 
Porque las instituciones públicas, como los gobiernos locales y nacionales, así como las propias instituciones europeas figuran entre los morosos más lentos y recalcitrantes. 
Estas instituciones podrían dar ejemplo si lograran que sus distintos departamentos pagaran a tiempo. 
De todos modos, cabe hacer una advertencia: no es lo mismo un pago retrasado que un pago lento. 
Un retraso de pagos significa efectuar el pago después del plazo acordado, mientras que la lentitud de pagos implica ampliar el período de pago entre la fecha de emisión o de envío y la fecha acordada para realizar el pago. 
La lentitud de pagos representa especialmente un terrible problema para las PYME de países meridionales de la Unión como España. 
Así, por ejemplo, se han dado casos de períodos de pago de 300 días en supermercados españoles, que se cuentan entre los principales culpables. 
Pero la directiva sobre la morosidad no considera a los deudores lentos en contraposición a los morosos, salvo en el caso de las autoridades y los contratos públicos, aunque sí introduce un período de pago de 21 días en caso de inexistencia de contrato o cuando en éste no se haga referencia a dicho punto. 
¿Funcionarán estas medidas? 
Suecia y otros países nórdicos vienen aplicando este derecho por ley a percibir intereses desde la década de los setenta. 
¿Cuál es la posición del Parlamento Europeo? 
¡De amplio respaldo! 
También creemos en el aumento de las licencias a empresas especializadas en el cobro de deudas, ya que representan una alternativa económica e importante, frente a los abogados, con el fin de recuperar la deuda. 
Necesitamos conceder licencias a este tipo de empresas. Algunas de ellas son como cowboys. 
A modo de ejemplo, aquí les leo el texto del anuncio que una de estas empresas de cobro de morosos me envió a mi despacho de Chester, en el Reino Unido. «¿Debe usted dinero? 
¿Se siente robado? 
¿Está usted lo suficientemente enojado para mandar mi equipo de cobradores a ver a su deudor? 
No se preocupe, nosotros no violamos la ley, pero damos buen resultado y podemos probarlo. 
Trabajamos en todo el mundo» Éstos son los cowboys que debemos formar y poner a trabajar mediante estas licencias. 
En conclusión, si se aplica, esta directiva podría ser el Viagra del mercado único europeo que permitiría a las PYME crecer y expandirse para satisfacción de todos. 
Señor Presidente, estimados colegas, la sesión nocturna me parece muy positiva y optimista. 
Positiva porque en las próximas intervenciones vamos a establecer un punto de gravedad de una política de clase media y su realización europea. 
La situación de las PYMEs también justifica esta acentuación. 
Se han ganado con todo derecho la calificación de columna vertebral de la economía europea y en especial como motor para la consecución de nuevos empleos. 
Esta sesión me parece optimista porque en cada informe se incluyen las perspectivas para el futuro y las tendencias más importantes para el medio europeo. 
En primer lugar una referencia a mi informe. En él se trata el ambicioso objetivo de la ampliación de la UE. 
Recientemente el Papa ha pedido en Viena que se dé un impulso aun más enérgico a la europeización. 
No puedo más que coincidir con él. 
Pero todos sabemos que este proceso no puede ser llevado a cabo en los países candidatos de un día para otro. 
Necesitamos estrategias de aproximación, sobre todo en el sector de la pequeña y mediana empresa. 
El contacto personal debe ser llevado a un primer plano. 
Por esa razón tiene mucho sentido facilitar a estos países la participación en el tercer programa anual para PYMEs y de este modo familiarizarles con la manera de trabajar y con las políticas de la Unión. 
Esto también vale en detalle para los objetivos previos que la Comisión ha fijado. 
Las condiciones marco para empresas, ya sean de naturaleza administrativa o financiera, deben ser tanto simplificados como mejorados. 
Sus actividades exteriores se verán apoyadas así como su capacidad competitiva en general. 
Ello viene acompañado con un acceso más sencillo a la investigación, innovación y formación. 
Los candidatos a la adhesión interesados corren ellos mismos con la mayor parte de la financiación de su participación. Una parte será aportada a través de recursos PHARE. 
Para la materialización de estos objetivos creo que es especialmente importante- esto también lo hemos introducido en el informe en la forma de sugerencias- que se garantice una participación exitosa. 
A ello corresponde una gestión competente así como administración bien preparada en ambas partes. 
También llamo la atención sobre el instrumento del new public management al que se puede recurrir en caso de evaluaciones necesarias. 
El proyecto no está reservado únicamente a los siete países a la sazón escogidos, sino que pronto podrán incluirse en el programa a otros países candidatos, en el momento en que las condiciones administrativas y financieras estén aseguradas. 
También estoy convencido de que la participación en el programa plurianual se concentrará fundamentalmente en el campo político. 
A causa del desembolso de recursos previsto la puesta en práctica tendrá lugar óptimamente si no se realiza de forma general sino puntual. 
A la luz del reavivamiento del debate sobre la subsidiariedad deberíamos reflexionar hasta qué punto una estrategia de acercamiento puede ser depositada en el plano nacional. 
Señor presidente, estimados colegas, permítanme tender un puente hacia otros temas del debate de esta noche. 
La prevista ampliación de la UE y las consecuentes estrategias de aproximación no son un fin en sí mismas. 
Posteriormente anhelaremos mucho más crear una win-win situation. 
Por tanto ambas partes tienen que sacar su provecho. 
La relevancia que esto tiene para el sector de la mediana y pequeña empresa lo demuestran los desafíos del futuro, como la posición de las PYMEs en los mercados de capitales o los efectos de los retrasos de los pagos en la clase media. 
En el sector de las PYMEs la consecución de nuevas vías de capital constituye una prioridad absoluta. 
Sólo las cifras de Austria- y creo que la media comunitaria no separa mucho de éstas- evidencian una necesidad de intervención. 
Si observamos las cuotas de capital propio en la industria y la artesanía, es decir, en las pequeñas y medianas empresas, encontramos valores sólo en torno al 10 %. 
Destaca especialmente que la estadística desciende más cuanto menor es el tamaño de la empresa. 
Un capital propio suficiente es, sin embargo, la condición para el éxito a largo plazo de una empresa. 
La ausencia de capital propio es la causa fundamental- si no la determinante- de la insolvencia. 
Por eso hay que cambiar la orientación hacia las acciones y fomentar la propiedad de acciones como fuente adicional de capital propio. 
Las disposiciones de la dación de cuentas corresponden unitariamente al lugar que evita el intercambio de experiencia. 
Para terminar quisiera dar las gracias por el rápido proceder en la directiva para la lucha contra el retraso en los pagos. 
Celebro en particular que no sólo las grandes empresas sino también el sector público y así también la Unión Europea tengan que proceder dando buen ejemplo. 
Por ello coincido con nuestro colega el Sr. Harrison en cuanto que con una rápida aprobación de la directiva pondremos el fortalecimiento del capital propio de las PYMEs en un punto medio. 
Señor Presidente, el empleo es una cuestión primordial en el orden del día europeo, y las PYME forman parte esencial de esta estrategia para la creación de empleo. 
Hemos podido comprobar hoy los enfoques de diversas regiones de la UE en torno a la cuestión de los mercados de capitales de las PYME como catalizadores de su crecimiento. 
Como autor del informe del Parlamento Europeo sobre el mercado de capital de las PYME, deseo destacar todo lo que están haciendo las instituciones europeas y, en especial, el Parlamento Europeo para mejorar el entorno de la pequeña empresa en crecimiento. 
El visionario Libro Blanco de Delors sobre crecimiento, competitividad y empleo otorgaba a las PYME, ya en 1994, el papel central de la política comunitaria en materia de creación de empleo. 
Desde entonces, se ha reiterado casi incesantemente esta perspectiva, en especial con ocasión de la Cumbre de Luxemburgo. 
Asimismo, las PYME son igualmente valiosas a la hora de potenciar la investigación de vanguardia. 
Éste es uno de los ámbitos donde Europa es más competitiva a la hora de crear empleo de alta calidad, de alta tecnología. 
Las aplicaciones informáticas, las telecomunicaciones, la biotecnología y la microelectrónica son campos liderados por pequeñas empresas innovadoras de base tecnológica. 
Los Estados Unidos han demostrado ser bastante más eficaces que Europa a la hora de apoyar nuevas ideas con dinero en efectivo. 
Quizás el ejemplo más claro de esta circunstancia lo represente el sector de la informática, que ha logrado desde 1980 la mayor acumulación de riqueza de toda la historia. 
El promedio de los beneficios anuales que están obteniendo los inversores supera el 50 %, si bien esta cifra es de más del 100 % para las empresas de más éxito. 
En opinión de muchos, el mercado de Internet será aún tres veces mayor. 
¿Por qué ha sido incapaz Europa de estar a la misma altura? 
Para obtener una respuesta a este y a otros interrogantes visité la Bolsa de Nueva York y Nasdaq a finales del año pasado. 
Si bien en Europa se reconoce que los EE.UU. tienen una cultura más emprendedora para los negocios, yo creo que hay tres razones más concretas: en parte, uno de los motivos para explicar el éxito americano radica en el tamaño de su mercado interior. 
Si una empresa tiene éxito en un mercado nacional de 250 millones de clientes que hablan la misma lengua y usan la misma moneda, este éxito puede financiar varios años de expansión. 
Aún es más importante el hecho de que los americanos están dispuestos a correr riesgos, por ejemplo invirtiendo en empresas pequeñas. 
Los grandes inversores institucionales europeos son más cautos que los americanos a la hora de invertir en la pequeña y mediana empresa. 
Finalmente, a causa de esto, los Estados Unidos cuentan con Nasdaq, un mercado de valores para las PYME que facilita la inversión en pequeñas empresas para financiar su expansión y desarrollo. 
A nosotros nos queda mucho por hacer en este ámbito. 
¡Pero la UE les está haciendo frente! 
El mercado único europeo permite ahora a las empresas considerar Europa como un solo mercado. 
Así se abre un mercado interior de 380 millones de habitantes, el mayor proyecto de integración económica de toda la historia. 
Además, ahora se llevan a cabo los preparativos finales para el lanzamiento del euro, una conclusión lógica al mercado único. 
Con la moneda única, Europa se beneficiará de golpe de las mismas ventajas que tienen ya los Estados Unidos, esto es, un mercado y una moneda. 
Además, hay ciertos indicios de que está cambiando la actitud europea hacia la inversión. 
Hemos asistido a una demanda masiva de acciones con motivo de la privatización de entes estatales, como las compañías de telecomunicaciones, si bien ahora debemos ampliar esta demanda en los mercados de capital de las PYME a otros valores bursátiles que proporcionan mayores beneficios pero que implican también mayores riesgos. 
Se debe incentivar entre los inversores una perspectiva a largo plazo. 
De hecho, tengo previsto lanzar la idea de organizar una campaña para mostrar la rentabilidad de la inversión en acciones de pequeñas y medianas empresas. 
Otro obstáculo a la expansión de los mercados de capital de las PYME son las restricciones a los fondos de pensiones. 
La liquidez derivada del comercio institucional es esencial para los mercados de capital reducidos. 
En la mayoría de los Estados miembros se está llevando a cabo una reforma de las pensiones, lo cual, con la publicación del Libro Verde de la Comisión, se traducirá en una presión mucho mayor para invertir en activos. 
Por encima de todo creo que Europa debe tomar nota del liderazgo de los Estados Unidos en estas cuestiones. 
La sencillez con la que los inversores privados americanos pueden comprar acciones y las nuevas oportunidades que ofrece el comercio electrónico son aspectos que Europa deberá tener en cuenta. 
El componente individual es importante: en Nasdaq, casi la mitad de las transacciones tienen por protagonistas a los inversores privados, no a las instituciones. 
Con el reparto de acciones entre los empleados de las empresas, los EE.UU. exploran nuevas modalidades de participación de los trabajadores en las empresas, a la vez que abren el mercado de las acciones a una nueva clientela. 
También en este caso se debe considerar la necesidad de organizar campañas de información para concienciar acerca de las oportunidades existentes. 
Europa debe aprovechar y aprovechará estas oportunidades. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero felicitar al Observatorio Europeo de las PYME por la calidad constante de su trabajo, que lo convierte en punto de referencia tanto en los círculos económicos, como científicos. 
Este trabajo considerable produce regularmente gran cantidad de información, fundamental para todos los responsables de la toma de decisiones políticas, financieras y económicas. 
Permite analizar los retos comunes a 19 millones de empresas activas en Europa en sectores y condiciones muy diferentes. 
Estas PYME, que en 1997 dieron trabajo a cerca de 78 millones de personas, se enfrentan a los mismos retos que las grandes empresas: la mundialización y sus efectos sobre la competitividad y la lealtad de la competencia, la adaptación a la rápida evolución tecnológica, factor fundamental de la competitividad, y la preparación práctica para las nuevas condiciones y dimensiones del mercado europeo, a raíz del paso al euro y de la ampliación de la Unión. 
Ante estos nuevos retos, las PYME deben ser capaz de movilizar rápidamente los recursos humanos y financieros necesarios. 
Deben, por tanto, tener una visión estratégica a largo plazo, al tiempo que evitan sacrificar el secreto de su dinamismo, a saber, su rapidez de acción. 
La aparente vulnerabilidad de las PYME resulta muy a menudo una baza formidable en términos de rapidez de adaptación, de comunicación interna y de movilidad. 
Para ayudar a las PYME a explotar al máximo estas cualidades, Europa debe desarrollar líneas de acción. 
En primer lugar, Europa debe garantizar la vigilancia de los mercados con el fin de evitar todas las prácticas desleales y, en particular, los dumpings a escala internacional; en este sentido, la Unión tiene una responsabilidad evidente en el seno de la OMC. 
Luego, la Unión debe participar en el desarrollo de dichos mercados. 
Es por ello innegable que el euro y la Unión Económica y Monetaria pueden representar un poderoso impulsor del dinamismo de las PYME, siempre que estas últimas estén perfectamente informadas y preparadas para las nuevas perspectivas de la UEM. 
Debe procederse también a una adaptación de las normas administrativas a los condicionantes específicos de las PYME. 
La creación de empresas debe dejar de ser un calvario. 
En este sentido, se hace imprescindible establecer un nivel europeo, una nueva clasificación armonizada de las PYME. 
No es concebible considerar del mismo modo a las microempresas, que sólo cuentan con uno o dos empleados, que a las empresas con quinientos empleados. 
Por ello, hago un llamamiento a la Comisión para que presente propuestas en este sentido. 
También estamos a favor de la creación de políticas voluntariosas encaminadas a aprovechar el capital humano de las PYME, especialmente a través de acciones de ayuda a la formación. 
Hemos dedicado especial interés al capítulo que el informe del Observatorio dedica a las PYME y al medio ambiente. 
El informe hace hincapié en el potencial de este a la vez, como creador de empleo y como factor de mejora de la competitividad. 
Es cierto que la decisión de invertir en tecnologías ecológicas puede parecer a veces un lujo para las PYME. 
No obstante, en muchos casos, tales inversiones permiten reducir los costes a través de una utilización más pertinente de los recursos y de las materias primas, y anticiparse a la tendencia general hacia un reforzamiento de la legislación ambiental. 
Estas reflexiones son aplicables igualmente, en lo esencial, al turismo, otro sector rico en posibilidades para las PYME. 
La calidad del análisis implícito en este informe y la pertinencia de sus observaciones nos animan a alentar al Observatorio a prolongar su trabajo. 
En primer lugar y como decíamos, se impone el establecimiento en la Unión de una nueva clasificación armonizada coherente de las PYME. 
A continuación, debemos preguntarnos acerca de la situación de los sistemas sociales y las repercusiones de su armonización, previsibles y deseables, sobre las PYME, con el fin de sacar conclusiones en el plano operativo. 
Por último, conviene asimismo prever las posibles repercusiones del trabajo a domicilio y del teletrabajo, así como las posibilidades que ofrecen. 
En este sentido, es fundamental encontrar un medio para luchar contra el aislamiento de las personas que han optado por el teletrabajo. 
Debemos iniciar una reflexión completa, encaminada a facilitar la inclusión de las PYME de las zonas de difícil acceso. 
Por ejemplo, de los suburbios desfavorecidos, las zonas rurales difíciles y las regiones periféricas. 
A menudo, el desarrollo de las PYME en estas zonas permite crear importantes sinergias locales. 
Se han presentado ocho enmiendas. 
Siete de las cuales tienen mi aprobación. 
La octava enmienda representa una repetición que no me parece de gran utilidad. 
Señoras, señores, queridos colegas, por su diversidad y su gran número, las PYME son en Europa sujetos económicos de difícil identificación para el legislador. 
Este informe del Observatorio permite captar todas su complejidad, y debería contribuir a mejorar los instrumentos comunitarios necesarios para hacerlas más flexibles y más accesibles. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar quisiera dar las gracias y felicitar al ponente, el Sr. Harrison, por su informe. 
También quisiera dar las gracias al Comité Económico y Social por solicitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos que emita una opinión sobre la propuesta de esta directiva y porque finalmente la mayoría de nuestras enmiendas de la Comisión Jurídica hayan sido adoptadas por el Comité económico. 
No obstante quisiera lamentar que, dada la velocidad que se ha dado a este proyecto legislativo durante la primera lectura, no haya podido tener lugar un debate que hubiera sido lo justo por la entidad de la directiva. 
Con esta directiva la Unión entra por primera vez profundamente en las instituciones y procedimientos del Derecho Civil, en la regulación del Derecho Procesal Civil y en la organización de la justicia y los tribunales de nuestros Estados miembros. 
Lo hace en mi opinión sin una base jurídica bastante y, partiendo del proyecto de la Comisión, lo hace con una superficialidad jurídica que no se corresponde con la especificidad del Derecho Civil ni con las pretensiones sobre una organización jurídica europea de la más alta calidad. 
Las dos comisiones competentes se han esforzado de buena fe en allanar por lo menos los disparates más toscos del proyecto de la Comisión. 
Pero aunque mañana se aprobasen nuestras modificaciones no podríamos sentirnos muy orgullosos de este producto de legislación comunitaria. 
Muchos desatinos permanecerán o aparecerán en la transposición o en la puesta en práctica. 
En tanto Comisión de Asuntos Jurídicos apoyamos completamente el objetivo de la directiva, pero no podemos estar de acuerdo con todos los puntos de las medidas propuestas. 
Existen especialmente dos puntos en que nuestra opinión es absolutamente divergente de la del Comité Económico. 
Como Comisión de Asuntos Jurídicos no deseamos que en el futuro los Estados miembros tengan que disponer tres tipos diferentes de procedimientos para hacer valer las reclamaciones de pago. 
Esto sería complicado, costaría dinero y aporta poco a la seguridad jurídica. 
Proponemos por tanto la supresión de uno de esos procedimientos, en concreto el contenido en el artículo 5. 
Estamos igualmente en contra de que en el futuro las oficinas de cobro tengan más derechos y que en el caso de las prestaciones de servicios transnacionales tengan una mejor posición que los abogados. 
Tenemos también que considerar que la cuestión de la obligatoriedad de ser asistido por abogado debe ser exclusivamente trasladada a los Estados miembros. 
Como representante de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de mi grupo en la Comisión de Asuntos Jurídicos quisiera recomendar que se vote en contra de las enmiendas 8, 12 y 25 y que se vote a favor del resto, en especial, de la 23. 
Señor Presidente, en primer lugar tengo una cuestión de orden, a mi juicio importante. 
En la lista de los diputados que participaron en la votación del informe Harrison no estamos incluidos ni el Sr. García Margallo ni yo misma pese a haber participado en la votación y haber introducido enmiendas. 
En segundo lugar, quiero felicitar al Sr. Linkohr y a la Comisión por esta iniciativa. 
Esta propuesta tiene importancia para las PYME, tan vulnerables al retraso en los pagos de sus clientes, ya sean las Administraciones públicas o las grandes empresas a las que suministran o cuando éstas las subcontratan. 
Las PYME, se ha dicho, deben enfrentarse a los altos costes financieros de los préstamos bancarios a corto plazo y a los altos intereses que castigan los descubiertos y a costes administrativos por la tardanza de cobros. 
Se encuentran muchas veces atadas de pies y manos ante las grandes empresas, sobre todo en la contratación pública, cuando se les imponen por contrato- ya que «o lo toman o lo dejan» -unos plazos de pago desproporcionados aunque las Administraciones estén en general ya obligadas a pagar en determinados plazos a esas grandes empresas. 
Y si esto sucede en el ámbito nacional podemos imaginarnos las reticencias y temores que pueden tener muchas PYME para aventurarse en operaciones transfronterizas en el mercado interior. 
Por eso, tenemos que felicitarnos de que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial haya aprobado tres enmiendas concretas que proponen al Consejo y a la Comisión mejoras como la prohibición a las empresas principales en un contrato público de solicitar o exigir a sus subcontratistas la renuncia a los derechos previsto en el texto legal; o también la propuesta de que la obligación de transparencia que se exige a las Administraciones públicas se aplique también a la relación entre el contratista principal y el subcontratista en contratos públicos. 
Y finalmente, creo que es importante destacar la enmienda que propone la obligación de garantizar a estas empresas subcontratantes o suministradoras unas condiciones al menos tan favorables como las que se garantizan a la empresa principal por parte de la Administración pública. 
Y ello, señor Presidente, a través de un aval que asegure el pago en un determinado plazo de todos los importes debidos. 
Para nosotros, en concreto para los socialistas españoles, estas tres propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial merecen el apoyo de la Comisión Europea y del Consejo si realmente queremos garantizar la supervivencia de estas empresas en el sector de la contratación pública. 
Presidente, todos los informes en este debate sobre las PYME son importantes, pero mi intervención se va a limitar a la propuesta de la lucha contra la morosidad y lo haré en nombre del grupo parlamentario del PPE. 
Los excesivos plazos de pago y la morosidad se han convertido en un azote para la empresa privada. 
Quien mira las estadísticas al respecto, no da crédito a sus ojos. 
Si encima constatamos que la duración y el coste de los procedimientos judiciales hacen desistir a las PYME para que reclamen por la vía judicial y que esto ocurre al cuadrado cuando se trata de relaciones comerciales transfronterizas, entonces va siendo hora de que se intervenga y que hagamos pleno uso de nuestras competencias. 
La propuesta de la Comisión recibe una alta aprobación del PPE, pero estimamos que puede ser mejorada. 
Por otra parte, quiero agradecer al ponente Lyndon Harrison su enfoque profesional y responsable. 
Ha sido un placer haber colaborado con él y es una pena, que no esté aquí presente, para poder oírlo. 
Me limitaré a aquellos puntos sobre los que mi grupo parlamentario reclama una atención especial de la Comisión o en la votación. 
En primer lugar, están las tres enmiendas sobre las agencias de cobro de deudas. 
Pese al mercado interior, éstas chocan con unos obstáculos. 
Por lo visto, una mayoría en la Comisión de asuntos económicos quiere abordar este problema por medio de esta directiva. 
El PPE también opina que la organización de esta profesión y la garantía de la libertad de prestación de servicios deben estudiarse con una lupa europea. 
Vemos también que hay puntos en común con la propuesta que estamos debatiendo ahora, pero no pensamos que la regulación de la libre prestación de servicios de las agencias de cobro de deudas se pueda hacer sin más en forma de una enmienda a esta directiva. 
La Sra. Berger recoge sus preocupaciones. 
Me gustaría saber del Comisario cómo ve esto la Comisión y si está dispuesta a presentar unas propuestas al respecto, es decir propuestas particulares para la regulación de las agencias de cobro de deudas. 
Hay un segundo tema espinoso relacionado con la enmienda 14, puntos D y E. Esta propone aceptar un plazo de pago contractual de más de 45 días sólo cuando se garantiza el pago en forma de un pagaré en la fecha de vencimiento. 
Sí estamos dispuestos a considerar la cuestión de proporcionar más garantías en el caso de unos plazos de pago exageradamente largos, pero en realidad 45 días no siempre son excesivos y el pagaré no es un instrumento adecuado. 
O bien todavía podamos llegar a un acuerdo entre los grupos parlamentarios de modo que en la segunda lectura podemos volver a deliberarlo entre todos, o bien mi grupo parlamentario se verá obligado a votar en contra de los puntos D y E de la enmienda 14. 
En cuanto a los plazos de pago mi grupo parlamentario también quiere contribuir a una mejora. 
Cuanto más cortos, mejor, es nuestro lema, pero hacer una distinción en función del precio del contrato público carece de interés por más de un motivo y tampoco es tan relevante como una distinción según la característica del contrato público. 
Para suministros y servicios puede funcionar más rápido que para obras. 
En cuarto lugar, lamentamos que los subcontratistas hayan sido olvidados en la propuesta. 
Lo hemos corregido y esperamos que la Comisión pueda estar de acuerdo con estas enmiendas. 
En quinto lugar, lamentablemente hay un problema de comitología. Después del debate de anoche en esta sala no podemos pasar de largo sobre esto sin más. 
El PPE puede aceptar el procedimiento previsto en el artículo 9 para la adaptación de los intereses de demora, el tipo de interés, pero no para la modificación del límite que es determinante para el ámbito de aplicación de los procedimientos simplificados judiciales de cobro de deudas, un límite que es esencial para la manera en que los Estados miembros organizarán estos procedimientos especiales. 
En sexto y último lugar, mi grupo parlamentario quiere subrayar lo siguiente. Estamos convencidos de que la credibilidad de las instituciones europeas se ve mermada cuando se hace de todo para incitar a otros a una mejor conducta en los pagos, pero se excluye a si misma de estas obligaciones. 
Las instituciones europeas mismas no son las que más rápido pagan y necesitan como las otras administraciones unos estímulos. 
Ampliemos, pues por favor, el ámbito de aplicación de esta directiva a nosotros mismos. 
Presidente, con esto he dicho lo que quería decir. 
Espero que la Comisión quiera pensar un momento con nosotros y para mis colegas de este Parlamento y para el transcurso de la votación de mañana quisiera oír la opinión del Comisario sobre las agencias de cobro de deudas, el pagaré, la enmienda 33 sobre el plazo de pago con contrataciones públicas y sobre los subcontratistas. 
También quisiera saber por qué no se han incluído a las instituciones europeas en el ámbito de aplicación. 
Presidente, Señor Comisario, en primer lugar y sobre todo, mis felicitaciones a los cuatro ponentes por su excelente trabajo. 
Quiero limitarme en este debate al tema de los mercados de capital para las PYME. 
Creo que la importancia de estos mercados de capital difícilmente puede ser sobrevaluada. 
A pesar del hecho de que justamente las PYMES estén agobiadas por las cargas administrativas y que tengan el más dificultoso acceso al capital, son ellas las que asumen el grueso de los puestos de trabajo creados. 
De ahí que fuera urgente que el EASDAQ estuviera operativo a finales del año 1996. 
Mientras tanto ya se ha invertido en total un capital de 170 millones de ecus, según el ponente. 
Esto ha contribuido a la creación de más de 10.000 empleos. 
La realización del mercado interno y la llegada del euro no van a hacer más que aumentar la liquidez de los mercados paneuropeos de capital, lo que redundará en beneficio de empleo. 
Por lo tanto, vamos por el buen camino. 
Pero ahí no se ha acabado la historia. 
También debemos incentivar el capital de riesgo mismo. 
El enorme potencial del que disponen los fondos de pensiones y que se estima para el año 2020 en 10.000 millardos de ecus debe encontrar su camino hacia los fondos de capital de riesgo que, a su vez, asistirán a las que crecen rápidamente con sus medios financieros y su know-how. 
El ponente, el Sr. Hendrick, también él lo ha dicho ya, dice que la obligación que algunos Estados miembros imponen a los fondos de pensiones para que inviertan parte de su capital sólo en obligaciones del estado es discriminatorio y va en contra del espíritu del Tratado: la libre circulación de capitales. 
También debemos estimular a los particulares para que inviertan capital en las pequeñas empresas que crecen rápidamente. 
Este capital de riesgo debería tener un trato fiscal más favorable en toda la Unión. 
Algunos Estados miembros ya tienen unas ventajas fiscales específicas, pero estas deberían ampliarse a las inversiones en otros mercados europeos de capital. 
Nos parece que estas medidas pueden mejorar la insuficiencia de capital de las PYME. 
Como último punto, tengo una pregunta para el Comisario: ¿La Comisión ha realizado ya una investigación que explore los otros instrumentos financieros innovadores de los que hace mención en el programa plurianual y en la comunicación, para mayor precisión en la última página? 
Tengo curiosidad de saber qué ideas creativas va a presentar la Comisión. 
Señor Presidente, nuestro grupo va a votar a favor de los informes Hendrick y Scarbonchi sobre las pequeñas y medianas empresas. 
Es necesaria la aplicación de una política global para las PYME, que son cada vez más la espina dorsal de nuestra economía. 
Las PYME, debido a su carácter local, constituyen la principal fuente de creación de empleo. 
Insuflan vida en el país, y en toda la Unión. 
Se debe simplificar el entorno burocrático en que se mueve la pequeña y mediana empresa. 
Se debe incentivar la creación de nuevas empresas. 
Hay que ofrecerles ayudas para su modernización cuando sea necesaria. 
Tenemos que lanzar nuevas iniciativas para aliviar esta carga. 
Las PYME han de estar preparadas para la llegada del euro. 
Sus reducidas dimensiones no deben discriminar a estas empresas en la era del euro. 
Se debe permitir competir a las PYME en contratas públicas en toda la Unión. 
Tiene que haber una discriminación positiva a favor de las pequeñas y medianas empresas. 
Se debe hacer todo lo posible para alentar la aparición de nuevos empresarios, de nuevas fuentes de financiación y de acceso a las nuevas tecnologías y a la innovación. 
Irlanda es una nación de pequeñas empresas. 
Hasta el 98 % de nuestras empresas de carácter no agrícola emplea a menos de 50 trabajadores. 
Alrededor del 90 % de las pequeñas empresas emplea a menos de diez trabajadores. 
Por lo tanto, resulta evidente la importancia de crear un entorno propicio para el florecimiento de las PYME ya existentes y para el establecimiento de nuevas empresas. 
En Irlanda se han creado 35 cámaras empresariales con el objetivo de promover el desarrollo de microempresas de ámbito local. 
En el marco de este programa de desarrollo se estableció un objetivo de 4 600 empresas. 
A finales de 1997, alrededor de 7 000 personas habían creado su propio negocio con esta ayuda. 
Agobiar a patrones y trabajadores a base de impuestos y cotizaciones a la seguridad social es contraproducente a la hora de crear empleo. 
En función de los costes indirectos del trabajo, mi país es competitivo a escala europea. 
He aquí una clara lección: una imposición fiscal exagerada es desastrosa para la creación y el mantenimiento de empleo. 
Lo pequeño es valioso. 
Los gobiernos no deben acabar con las PYME a base de impuestos. 
Señor Presidente, comienzo afirmando que esperaba con esperanza un informe que promoviera el debate sobre la facilitación del acceso a los capitales por parte de las PYME. 
Sin embargo, el informe Hendrick no es ese informe. 
Aborda el mercado de capitales para las PYME desde la perspectiva de una participación de los posibles intereses en el funcionamiento en libertad de la especulación financiera y monetaria manipulado por las transnacionales. 
Los mercados de capitales, tal como funcionan, no sirven a las PYME, sobre todo a las empresas pequeñas y a las microempresas, que representan cerca del 99 % del tejido empresarial de la Unión Europea y más del 50 % del empleo, por lo que, tal como funcionan, los mercados de capitales no sirven para fortalecer el tejido económico de los Estados miembros del que las PYME son la red. 
Por otro lado, creo que es esencial promover el asociacionismo entre las PYME, tanto en el nivel nacional como en el europeo. 
Por eso, me congratulo de la receptividad del Sr. Hendrick a la propuesta que he presentado a ese respecto. 
Esas asociaciones podrían prestar excelentes servicios financieros y centralizar las necesidades de crédito de sus asociadas, con lo que reducirían los costos de la obtención de capitales. 
Frente a la presente crisis financiera es incomprensible que se permita y estimule la totalmente libre, libertina, circulación de capitales y de instrumentos financieros que promueve una economía de casino. 
El punto 13 de la propuesta de resolución, en el que se rechaza la tasa Tobin, parece desproporcionado en el informe sobre las PYME y el acceso al mercado de capitales. 
Por eso, he subscrito una propuesta de enmienda encaminada a modificar ese punto 13 de la propuesta. 
Quisiera, además, decir unas palabras sobre el informe Scarbonchi, dado que en el Informe Anual del Observatorio Europeo para las PYME figuran informaciones y análisis de la situación de las PYME de la Unión Europea que permiten hacer una evaluación de la situación y las dinámicas en la Unión Europea y también de la eficacia de los instrumentos opuestos a su disposición. 
Ahora bien, lamento que el informe no profundice en cuestiones fundamentales relativas a la importancia de las PYME en el tejido económico y en su cohesión, por considerarlo demasiado conformista ante las necesidades de cambio. 
A eso se deben las propuestas de enmienda que he subscrito. 
Señor Presidente, estimados colegas, puede que fuera, como se suele decir, muy instructivo que se cometiera el error categórico de relacionar la Viagra con una sexualidad plena. 
Aquel que crea que una amplia dispersión de la propiedad de acciones y de fondos de pensiones, que está penetrando en el sector de las pequeñas y medianas empresas, constituye de alguna manera un paso hacia la democratización de la economía o hacia la descentralización del poder económico, también puede creer lo anteriormente dicho. 
Tenemos que plantearnos el hecho de que el estímulo de las PYMEs es una carrera desigual entre Aquiles y la tortuga o el conejo y el erizo, sin embargo careciendo de la ayuda de la falsa observación del movimiento como delicado y discontinuo, y sin la ayuda de la querida mujer y compañera del erizo. 
Es decir, el capital y la concentración, en cuyo camino sólo de forma secundaria siempre aparecen nuevos nichos, avanzan imparablemente. 
La situación de las pequeñas y medianas empresas empeora y no mejora. 
Por ello no cabe pensar que un desencadenamiento de las fuerzas del mercado paralelo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas vaya a funcionar. 
Es por eso que en los informes también hay lo que yo llamaría la fallacy of misplaced concretness. 
Desde luego que hay que hacer algo con los retrasos en los pagos, pero no deberíamos desviarnos del asunto. 
El consolidado declive económico del poder se expresa de muy diversas formas, también a través del retraso en los pagos. 
Desde luego que es cierto lo que dijo la Sra. Thyssen en cuanto que las instituciones del UE no pueden extraerse a las normas previstas para las instancias públicas. 
En lo que concierne a la adquisición de capital de riesgo, es cierto que se hace difícil en Europa, pero tampoco se debe creer que la simplificación del proceso de fundación de una empresa significa una mejor perspectiva de supervivencia. 
Ni no tenemos una reforma del derecho de quiebra la gente tampoco va a crear empresas tan a la ligera. 
Señor Hendrik, creer que la disposición al riesgo en una cuestión de psicología popular que necesitamos, no se adecua al nivel de análisis. 
O quien que cree que los fondos de pensiones son el único modo de reformar las rentas no ha comprendido la manera en que se han desarrollado los sistemas de seguridad social en el continente europeo. 
En cualquier caso no es tan sencillo que necesitemos una desregulación, sino una mejor normativa. 
Se necesita consejo, información, condiciones locales y regionales provechosas. 
Es algo que deberíamos asimilar, pero que lamentablemente no está presente en estos informes. 
Podría extenderme mucho más, pero concluyo porque he agotado el tiempo de intervención. 
Presidente, en mi contribución a este debate común sobre la pequeña y mediana empresa quiero abordar el informe de nuestro colega Scarbonchi. 
Como suplente de la Comisión de Asuntos Económicos he seguido con cierta distancia el debate sobre este informe. 
De ahí que ahora en el debate plenario tenga alguna observación sobre el contenido. 
Me refiero al respecto al considerando B de la resolución. 
El que se tome la molestia de hacer un pequeño cálculo con las cifras allí mencionadas, verá que el número de puestos de trabajo en Europa tiene que haber aumentado en casi doce millones. Y eso en un año. 
¡Eso significaría una reducción del paro en un 65 %! 
Desearía sin lugar a dudas dicha reducción tan rápida, pero en el período 1995-1996 justo se ha dado el caso opuesto: el empleo se ha visto reducido ligeramente. 
En la página 14 del informe anual figura claramente esta conclusión. 
Aconsejo por lo tanto a nuestro colega Scarbonchi que retire el considerando B. Las cifras que él saca de los informes anuales de 1996 y 1997, están basadas en diferentes definiciones acerca de la dimensión de las PYME. 
El quinto informe anual ofrece una buena visión global de la pequeña y mediana empresa en Europa. 
Un tema que nos llena de preocupación hace referencia a los costes laborales: se están incrementando demasiado rápido en las PYME. 
Por lo tanto, algo habrá que hacer a nivel de moderación salarial y flexibilización del mercado laboral. Lo peor que uno se puede imaginar es una progresiva reducción de la jornada laboral con el mantenimiento del sueldo (véase la enmienda 3). 
En mi opinión daría como resultado la destrucción de las PYME europeas. 
Estoy muy agradecido por el estudio sobre la PYME y el medio ambiente. 
El año pasado, en el Consejo informal de Medio Ambiente en Amsterdam se llegó a la conclusión de que la PYME es causa importante de los impuestos medioambientales. 
En el informe anual esto se hace comprensible. 
Afortunadamente, resulta que cada vez más empresas pequeñas se muestran activas para combatir la contaminación. 
También el crecimiento de la eco-industria ofrece perspectivas, en especial para la creación de empleo. 
Para fomentarlo aún más, deberíamos ir más allá trasladando el impuesto sobre el trabajo hacia las materias primas y con las tasas energéticas. 
De esta forma se puede dotar de contenido al compromiso del Tratado de integrar la política medioambiental en todas las otras políticas de la administración. 
¿Qué va a hacer el Comisario con la sugerencia de que se armonice mejor la legislación medioambiental con los deseos de la PYME? 
El informe anual en el transcurso de los cinco años que se lleva publicando, tiene ahora asignada una clara función. 
No sólo es una obra importante de consulta, sino que también contiene una información útil de guía. 
Los Estados miembros pueden encontrar la pista de las diferencias y coincidencias en la política y adoptar mutuamente las buenas prácticas. 
Esa función se puede mejorar aún más por medio de una legislación concreta y comparando las cargas administrativas relacionadas. 
Tal vez se pueda dedicar a esto un estudio especial en el futuro. 
Por último tengo una pregunta para el Comisario. 
Estamos ahora en septiembre de 1998 y estamos hablando del informe anual de 1997 en el cual hay información en forma de cifras que reflejan, en la mayoría de los casos, la situación de 1996. 
¿Cuándo se terminará el informe sobre 1998? 
He entendido que ni siquiera se ha finalizado el procedimiento de adjudicación. 
¿Habrá que hacer después un informe con mucha premura? 
No beneficiará a la calidad. 
¿Quiere usted explicar cómo se puede superar este retraso? 
El anterior informe anual ya apareció en octubre de 1997. 
Señor Presidente, quiero hacer alusión a un aspecto que me parece importante y que es tratado por primera vez en el Informe Scarbonchi, en concreto la necesidad de dirigir reforzadamente la política de fomento hacia las pequeñas y medianas empresas de turismo. 
La ausencia de una política europea de turismo conduce a que grandes sumas provenientes de las cajas de desarrollo de la UE sean estratégicamente mal invertidas. 
Aparecen verdaderas ciudades dormitorio y cuestionables silos de turistas. 
Se producen sobrecapacidades distorsionantes de la competencia. 
Sin embargo, las PYMEs, que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo son las que marcan el carácter del turismo europeo, no pueden más que mirar desde fuera. 
En el futuro la política de desarrollo europea en el sector turístico tiene que dar prioridad a la mejora del nivel de calidad, la capacidad competitiva y la capacidad comercial de las PYMEs. 
Precisamente las pequeñas y medianas empresas del sector turístico han demostrado que están en situación de asegurar puestos de trabajo y de crear otros nuevos. 
Una pregunta esencial de futuro se cita en los puntos 6 y 7. 
Los programas de desarrollo que pretenden conectar industria, turismo y agricultura tienen que impedir el éxodo de personas y empresas de regiones rurales con condiciones extremas como, por ejemplo, las regiones alpinas. 
Tienen que evitar que valles y comarcas enteras se despueblen y se conviertan en regiones en estado de necesidad. 
Señor Presidente, he pedido la palabra para intervenir en relación con el informe Harrison sobre el retraso en los pagos. 
Para describir la situación de este problema de retraso en los pagos creo que hace falta referirse a dos rasgos fundamentales: en primer lugar, la existencia cierta de un retraso general en los pagos en el ámbito de la contratación pública y también de la contratación privada; y en segundo lugar, una situación que varía de manera considerable de país a país en el ámbito del mercado interno de la Unión Europea. 
Siempre suele citarse- y con razón- como ejemplo, como mal ejemplo, los países del Sur, entre ellos España. 
En nuestro país, en España, es un lugar común el citar el plazo dilatado que las Administraciones tardan para satisfacer sus compromisos de pago con las empresas, fundamentalmente las empresas adjudicatarias de obras públicas. 
Lo que no se dice con tanta frecuencia es que estas empresa adjudicatarias tratan a sus proveedores, pequeñas y medianas empresas, de manera mucho más draconiana todavía. 
El dato es el siguiente: las Administraciones públicas tardan como media cuatro meses en España- es bastante- en pagar a sus acreedores, pero las empresas adjudicatarias tardan en pagar a sus proveedores y subcontratistas el doble de este plazo, ocho meses. 
Es una situación ciertamente difícil de soportar. 
Existen motivos de sobra para abordar el problema a nivel europeo y cabe congratularse de que se haya dado el paso de presentar esta propuesta de directiva más allá de las recomendaciones que no habían surtido efecto importante en el pasado. 
Nosotros apoyamos con vigor esta propuesta de directiva y apoyamos también las enmiendas que a la misma se hacen en el informe Harrison. 
En relación con las enmiendas, quiero centrarme en dos puntos: en primer lugar, estamos muy a favor de la enmienda que introduce un nuevo artículo en el cual se trata de la utilización de agencias o servicios de cobro en el mercado interno; y en segundo lugar, nos parece muy importante el citar diversas enmiendas que toman en consideración el problema de las pequeñas y medianas empresas. 
En relación con la situación de las PYME, adquiere una gran importancia la cuestión del carácter dispositivo de las normas previstas en la directiva. 
Es decir, el respeto de la autonomía de la voluntad que se plasma en el artículo 3 cuando se dice que el plazo máximo de pago será de tres semanas- 21 días- salvo mención contraria en el contrato de las condiciones generales de venta del vendedor. 
Pues bien, en este caso esta autonomía de la voluntad tiene que tener ciertos límites porque en caso contrario se produce una situación de desarme de las pequeñas empresas que se enfrentan a un puñado de grandes empresas que tienen prácticamente un monopolio de compra o están en condiciones de imponer sus condiciones a las pequeñas empresas. 
Por eso, estamos muy de acuerdo con ciertas enmiendas que ha introducido la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial en las cuales se intenta poner límites a este posible abuso de la autonomía de la voluntad por parte de las grandes empresas. 
Me refiero, por ejemplo, a la enmienda 24 al apartado d) del artículo 7, o la enmienda 28 u otras enmiendas que abordan- a mi juicio- de manera adecuada este problema corrigiendo algunos defectos de la propuesta de directiva. 
Señor Presidente, al analizar cualquier proyecto normativo han de establecerse, en primer lugar, los fines que se persiguen, qué parcela de la realidad social se pretende ordenar. 
Y qué duda cabe que la propuesta de directiva sobre el retraso en el pago responde a las necesidades sentidas- padecidas, se podría decir con justicia- por las pequeñas y medianas empresas; de manera especial, por aquellas que son suministradoras de entidades económicas poderosas. 
Porque es un hecho incuestionable que se está utilizando el aplazamiento y la morosidad de los pagos para fines muy distintos de la financiación del ciclo comercial. 
Y hay otros problemas, sin duda. 
Por ejemplo, la lentitud y la disparidad de los procedimientos judiciales. 
Por estas razones, sea bienvenida la iniciativa europea en este campo y, en particular, esta propuesta de directiva. 
Pero, sin embargo, yo he de señalar, como otros oradores que me han precedido, que adolece de problemas jurídicos que es preciso abordar y que confío en que queden solucionados en el marco del diálogo entre la Comisión, el Consejo y esta Asamblea. 
Yo podría empezar y terminar resumiendo que estoy absolutamente de acuerdo con las excelentes intervenciones de las Sras. Berger, García Arias y Thyssen. 
En primer lugar, querría insistir sobre la necesidad de abordar de frente el problema de la dilación de pago contractual en términos generales, no sólo para las contrataciones públicas. 
Y resulta curioso que lo haga un abogado, que habla siempre desde el lado del Derecho, frente a tantos economistas. 
Porque, realmente, es en la práctica comercial donde la distinción entre plazo contractual y retraso o morosidad no siempre está muy clara. 
En numerosas ocasiones, señor Presidente, el gerente de una pequeña empresa oye a la «gran superficie» decirle: ' No me envíes ahora la factura, mándamela dentro de dos meses. 
¿Eso qué es? 
Una morosidad encubierta, ya que la «gran superficie» abusa de su capacidad y de su poder para forzar a aceptar sus condiciones al pequeño suministrador. 
Debemos ser vigilantes, pues, para que las medidas normativas no acaben teniendo una incidencia muy restringida porque, por la aplicación del principio teórico de libertad contractual que, como muy bien ha señalado el Sr. Pérez Royo, es sólo un principio teórico cuando las dos partes contratantes no están en igualdad de condiciones, se permita en la práctica a las grandes empresas continuar imponiendo su voluntad a las pequeñas y medianas. 
Si la propuesta entrara en vigor tal y como es la propuesta de la Comisión, resultaría previsible que los únicos acotamientos significativos serían los del sector público y aquellos en que los acreedores son grandes empresas que pueden hacer valer sus intereses frente a PYMES, sean comerciales o de otros sectores. 
Y por ello, creo que es fundamental aprobar el apartado d) de la enmienda nº 14 con la idea muy clara de que, entre la primera y la segunda lectura, habrá que buscar afinar esa enmienda en una fórmula que sea razonable y aceptable por los distintos Estados miembros y por sus Derechos nacionales. 
En segundo lugar, quisiera insistir en que, desde el punto de vista jurídico, es preciso superar las dificultades que plantea la reserva de dominio tal y como la establece el artículo 4, entre otras cosas porque se trata de una institución que, bajo el mismo rótulo, ampara derechos y facultades distintos en los distintos Estados miembros. 
En tercer lugar, espero que no se aprueben las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Económicos, que tienen como fin reglamentar el establecimiento de las empresas de morosos y de cobros, pues ello sería materia de una directiva propia, tienen la enjundia de una directiva. 
Y otro aspecto que requiere una profunda reflexión son los procedimientos previstos para los cobros de deudas del artículo 5. 
Son excesivamente rígidos, podrían colapsar la Administración de justicia pero sobre todo, además, entramos en un terreno que es competencia de los Estados miembros. 
Y lo mismo respecto de los abogados. 
Por último, suscribo lo que ha dicho la Sra. Berger sobre las competencias de la Comisión. 
Que la Comisión inicie otros campos, por ejemplo, la publicidad y la transparencia en los retrasos en los pagos, o la creación de un registro europeo de morosos. 
Señor Presidente, termino diciendo que, además, hace falta un cambio cultural y quedó patente ayer cuando, al discutir esta directiva, un colega se quedó mirando al cielo y dijo ' ¡Ay! 
Hace cuatro semanas que no le doy la paga a mi hijo '. 
Es un cambio de mentalidad el que necesitamos también. 
Señor Presidente, la introducción de la moneda única el 1 de enero representa un paso positivo en el camino de la integración europea. 
La eliminación de los costes de las transacciones y la reducción de los tipos de interés son una buena noticia. 
Las pequeñas y medianas empresas han de ser capaces de cosechar los beneficios derivados de este nuevo clima que en un futuro inmediato creará la moneda única, y tanto los gobiernos nacionales como las instituciones estatales deberán ayudar a las PYME en esta tarea. 
En un contexto más amplio, no puedo hacer suficientemente hincapié en la importancia que revisten las PYME, tanto para la economía irlandesa como para la europea. 
Lamento los recortes en la financiación de las PYME que ha propuesto el Consejo Europeo en un momento en que se supone que esta financiación constituye un pilar de las medidas de la UE para luchar contra el desempleo. 
Hay que corregir la decisión del Consejo a este respecto. 
Necesitamos un entorno favorable para el funcionamiento de las PYME. 
En Irlanda estamos desarrollando una estrategia nacionalista para aliviar las cargas administrativas con que se enfrentan las pequeñas empresas, para mejorar su acceso a la financiación, así como para apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios. 
Con vistas a ayudar a las PYME en el futuro, es necesario asimismo prestar especial atención a las diversas maneras de potenciar la dimensión empresarial, técnica y profesional en los planes de estudios de grado secundario. 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo de Alianza Nacional estima que puede manifestar su apoyo a la opinión favorable del ponente, Sr. Scarbonchi, sobre el Quinto Informe Anual del Observatorio Europeo de las PYME. 
Creo, sin embargo, necesario poner el acento en algunos aspectos que el Observatorio no ha profundizado lo suficiente. 
Me refiero, en particular, a las pequeñas y medianas empresas que desarrollan sus actividades en las zonas menos favorecidas y en las zonas rurales, donde están obligadas a trabajar en condiciones extremadamente difíciles por la falta de infraestructuras, la enorme lejanía de los mercados, la casi total inexistencia de nuevas tecnologías y de sistemas informáticos y la falta de formación profesional. 
A esto se añade las dificultades para acceder al crédito. 
En algunas regiones italianas del Objetivo 1, por ejemplo, los bancos prestan dinero a las pequeñas empresas a un tipo superior en 3 o 4 puntos al aplicado en las regiones económicamente más sanas del mismo Estado. 
En estas condiciones, con frecuencia la que se beneficia es la criminalidad organizada, que actúa y administra el crédito con usura cuando el sistema bancario se niega a apoyar a las pequeñas empresas que no ofrecen suficientes garantías patrimoniales. 
Por ello, apelamos a la Comisión para que haga todo lo posible para eliminar estas deseconomías que condicionan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en algunas zonas de la Unión Europea. 
Las enmiendas que recalcarán estos aspectos van a encontrar nuestro convencido respaldo. 
Esta es una cuestión de orden. 
No tiene ningún sentido que les pida a los diputados que hablen poco o que lo hagan dentro de los límites cuando ha permitido al anterior orador sobrepasar en un 60 % el tiempo acordado, algo que, de hecho, ya ha ocurrido con otras intervenciones anteriores. Usted es el Presidente. 
A usted le corresponde garantizar que las intervenciones de los diputados se ajustan a los límites que se les ha asignado. 
Señor Presidente, esta noche estamos hablando de la pequeña y mediana empresa. 
Todos reconocemos que la pequeña y mediana empresa es la gran creadora de empleo. 
Lamentablemente, no la tratamos como si lo fuera. 
Uno de los grandes problemas de las pequeñas y medianas empresas es que se han convertido, por la fuerza de los hechos, en las financiadoras de las grandes empresas por dos vías: por el establecimiento contractual de unos largos plazos de pago y por la vía de los impagos. 
Afortunadamente, la Comisión ha puesto encima de la mesa una directiva que pretende solucionar el segundo problema y yo celebro que así sea. 
Creo que va en la buena dirección. 
Creo que el magnífico informe del Sr. Harrison aporta también una buena contribución en sus enmiendas a esta solución y espero que se pula jurídicamente con los comentarios que han hecho aquí la Sra. Palacio y los representantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Creo que vamos en la buena dirección. 
Sin embargo, también hay que recordar a la Comisión que esperamos algo en lo que se refiere a los plazos de pago. 
Porque, como han dicho algunos oradores, la libertad contractual es sagrada pero tiene también sus límites y, en la práctica, lo que son oficialmente contratos libres son en realidad contratos de adhesión, como los que yo firmo cuando contrato la luz con una distribuidora de luz. 
Lo mismo o algo parecido ocurre con los contratos que firman las pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas de distribución. 
Y, por eso, hay alguna enmienda que se ha propuesto en el informe del Sr. Harrison que merece una consideración. 
Quizá también un cierto ajuste y una modificación, porque el quebranto que sufre una pequeña y mediana empresa que ha concedido un plazo de pago de 120 días cuando no se le paga, no es el mismo que el que sufre cuando no se le paga y solamente ha dado un plazo de 30 días. 
Evidentemente, éste es un tema que habrá que solucionar en el marco también de esta directiva. 
Señor Presidente, resulta justificada la atención que se ha prestado en la UE al papel de las PYME, tanto desde una perspectiva general como, en especial, en su faceta de creación de empleo. 
Hoy sometemos a debate nada menos que cuatro informes en los que se establecen criterios y se eliminan irregularidades en este ámbito. 
El informe del diputado Hendrick aborda diversos puntos clave para resolver el problema del desempleo en Europa. 
Este informe sobre las pequeñas y medianas empresas aborda la cuestión que representa el mayor obstáculo para su desarrollo y su éxito, esto es, la posibilidad de obtener capital de riesgo para efectuar inversiones inmediatas. 
En los Estados Unidos se ha logrado crear un mercado de capital de riesgo para las PYME que funciona considerablemente mejor que el europeo. 
Esta circunstancia es particularmente patente cuando se comparan las cifras de desempleo en estos dos mercados, los mayores del mundo. 
No obstante, la Unión Europea y sus Estados miembros han emprendido en esta década medidas activas para reducir la ventaja que llevan los Estados Unidos. 
Se ha potenciado el mercado de capitales orientado a las pequeñas y medianas empresas europeas, y se han eliminado los obstáculos que impedían su desarrollo. 
A pesar de ello, el problema reside ahora en el funcionamiento de dicho mercado. 
Según el Sr. Hendrick, una normativa de carácter general no resuelve todos los problemas. 
Especialmente desde el punto de vista de los países más pequeños, es importante destacar la necesidad de crear también instituciones financieras especializadas en otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas para sustituir el capital de riesgo cuando resulte complicada la obtención de dicho capital. 
En particular, habría que mejorar en el plano de la UE las condiciones del Banco Europeo de Inversiones para la financiación del sector de las PYME, a la vez que se deberían crear distintos sistemas de aval para lograr una coordinación colectiva de la financiación de dicho sector. 
Señor Presidente, el Observatorio Europeo para las Pequeñas y Medianas Empresas sigue resultando un instrumento útil de reconocimiento y promoción de las entidades que hacen una contribución insubstituible a nuestro desarrollo. 
Por carecer de tiempo para recordar aquí otras de sus virtualidades (lo he hecho en intervenciones anteriores) , cabe señalar la importante contribución que las PYME siguen haciendo a la creación de empleo, con siete millones de nuevos puestos de trabajo creados entre 1995 y 1996, cuando la contribución de las empresas de grandes dimensiones fue de 4, 8 millones. 
En el informe que estamos examinando- por el que felicito a su ponente- es digna de beneplácito la inclusión de dos estudios temáticos, uno sobre «Las PYME en el sector del turismo» y otro sobre «Las PYME y el medio ambiente» , uno y otro particularmente pertinentes para mi país. 
Por ser el turismo un sector principal de actividad, mediante las pequeñas y medianas empresas se reparte por todo el territorio y da ocupación a un número muy elevado de personas, con la ventaja suplementaria de ser un factor de promoción de valores culturales y de aproximación entre los ciudadanos de diferentes países. 
Por eso, merecen todo el apoyo las medidas citadas, en particular medidas que impedirán situaciones de desventaja en sectores más desfavorecidos. 
En relación con la preservación del medio ambiente, es digno de beneplácito el reconocimiento del apoyo público, en particular de la Unión Europa, que se debe dar a las pequeñas y medianas empresas, so pena de que resulten perjudicadas frente a empresas beneficiadas por economías de escala y frente a países más ricos y con criterios de exigencia que se remontan ya a varios años atrás. 
Y, por último, es digna de beneplácito la referencia a medidas concretas en esferas tan diferentes como la seguridad social, la desburocratización, el acceso al mercado de capitales o la adaptación a la introducción del euro. 
Se trata en todos los casos de medidas correctas y no distorsionadoras de la competencia. 
Al contrario: son medidas que propiciarán un aprovechamiento más eficiente de las oportunidades brindadas por el mercado. 
Señor Presidente, señoras y señores, estimados colegas, el tercer programa plurianual de la Unión Europea es una de las piedras angulares de la política para las pequeñas y medianas empresas, y el Informe Rübig es, por ello, de gran importancia. 
Que abramos este programa, en el marco de la ampliación de la Unión Europea, e incorporemos a Bulgaria, Chequia, Estonia, Hungría, Polonia, Rumania y a la República Eslovaca es más que digno de celebración. 
También sería bonito que entre estos también se encontrasen Eslovenia, Letonia y Lituania. 
No puedo aceptar que justamente estos países no participen por cuestiones meramente formales. 
Espero que esto aun pueda cambiar en el futuro. 
Observando este gran proyecto me resulta relevante que consideremos que estos programas comunitarios son una parte de la estrategia de aproximación. 
Por esta razón no deberíamos perder de vista a las estructuras económicas de estos países. 
Ni siquiera la cantidad de dinero prevista va a producir los que necesitamos en esta situación, en concreto perspicacia para la clase media. 
Esta política de clase media puede generar empresas pero también puede, y considero esto muy importante, fortalecer el espíritu de clase media. 
Se trata ahora de una determinada actitud frente a determinadas cosas. 
Necesitamos iniciativa propia, compromiso empresaria, es decir, además del dinero necesitamos asesoramiento, formación y estímulo. 
Por esta razón se me antoja importante que en estos estados hagamos algo contra la burocracia, que estemos a favor de la seguridad jurídica y que aportemos el apoyo necesario para ello. 
Esto significa que mejoremos las condiciones marco con medidas de acompañamiento. 
Esta manera de plantear las cuestiones tiene mucho que ver conque en estos países el estado se haga cada vez menos necesario y no al revés, y con nuestro programa debemos contribuir a que se fortalezca la iniciativa propia. 
Señor Presidente, voy a intervenir muy brevemente en relación con el informe del Sr. Harrison a quien le doy las gracias por la labor realizada y por haber puesto el acento en un problema tan importante que afecta al motor de la economía europea, a saber, los retrasos en el pago para las pequeñas y medianas empresas. 
No me queda más que recalcar lo que tan magníficamente han manifestado mis colegas, en particular la Sra. Thyssen e insistir una vez más en el contenido del apartado d) de la enmienda 14. 
Hemos afirmado que la libertad contractual debe respetarse en todo caso y allí donde se expresa, ya que es el cuerpo y el alma del comercio. 
Por consiguiente, es prioritario tratar de eliminar todas las trabas que, de alguna manera, limitan la voluntad contractual libremente manifestada. 
Espero que mañana, durante la votación, se exprese un voto que vaya en este sentido. 
Quiero subrayar asimismo la cuestión más importante que figura en el informe, es decir, la de los pagos realizados por las Administraciones públicas. 
En la enmienda 26 se afirma que en los contratos públicos el contratista principal tendrá que ofrecer al subcontratista y a los suministradores unas condiciones al menos tan favorables como las garantizadas al contratista principal por la Administración pública. 
Es justo que sea así, sin embargo, conviene recordar que, demasiado a menudo, son precisamente los contratos de las Administraciones públicas los que crean problemas al contratista principal a la hora de hacer frente a los pagos a los subcontratistas y a los suministradores. 
En consecuencia, es preciso poner el acento en las relaciones con la Administración pública y facilitar al contratista una garantía que cubra los contratos onerosos con la Administración pública, al objeto de que éste, a su vez, pueda ofrecer garantías a los subcontratistas. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, el Parlamento Europeo examina hoy cuatro informes relativos a las pequeñas y medianas empresas. 
Permítanme que me refiera a ellos por orden. 
Comenzaré con el informe del Sr. Harrison sobre el tema del retraso en los pagos. 
Este fenómeno tiene graves consecuencias para todas las empresas europeas. 
Como ya se ha señalado hace poco, una de cada cuatro quiebras se debe a retrasos en los pagos. 
El 33 % de las empresas europeas considera que dichos retrasos constituyen uno de los problemas más graves a los que hacen frente y que, en muchos casos, amenaza su supervivencia. 
Los retrasos en los pagos dificultan el buen desarrollo del mercado intracomunitario, así como el normal funcionamiento del Mercado Único. 
Aunque es un problema generalizado en toda la Unión Europea, es cierto que las prácticas seguidas para efectuar los pagos difieren mucho entre los Estados miembros. 
El 21 % de las empresas europeas podría realizar mayores exportaciones si pudiera garantizar plazos cortos de pago por parte de sus clientes en el extranjero. 
La propuesta de la Comisión para elaborar una directiva sobre los retrasos en los pagos incluye un conjunto de medidas destinadas a combatir dicho fenómeno en los intercambios comerciales en la Unión Europea. 
Las medidas afectan a los retrasos en los pagos entre todas las empresas y entre las empresas y el sector público. 
Asimismo, respetan totalmente el principio de libertad de los contratos. 
El objetivo general de la propuesta es animar a mantener los plazos contractuales de pago en beneficio de todas las empresas. 
Asimismo, la propuesta proporciona un marco jurídico que disuadirá a aquellos que pretendan retrasar sus pagos. 
Conferirá derechos a los acreedores para una indemnización satisfactoria en caso de no ser pagados a tiempo y preverá, e incluso mejorará, los procedimientos para la recuperación de las cantidades adeudadas, de forma que estos sean más eficaces, baratos y rápidos. 
Asimismo, la propuesta incluye medidas especiales para la mejora de la práctica de pagos de las autoridades públicas. 
Y, sobre este particular, me gustaría asegurar la Sr. Thyssen que la Comisión Europea ha adoptado las medidas necesarias para mejorar el cumplimiento del plazo de pago de 60 días y, además, en los casos en que los servicios de la Comisión se retrasen de forma injustificada, deberán abonar intereses de demora. 
La Comisión considera que dicha medida garantizará beneficios considerables a las empresas y, en especial, a las pequeñas y medianas empresas. 
Asimismo, tendrá una repercusión positiva en el empleo, debida precisamente, a la reducción del número de quiebras en Europa originadas por los retrasos en los pagos. 
Señor Presidente, deseo que me permita agradecer al Parlamento Europeo su apoyo continuo en este propósito. 
Y permítanme, señoras y señores parlamentarios, agradecer de forma especial al ponente Sr. Lyndon Harrison por el esfuerzo importantísimo que ha realizado en lo referente a dicho tema, no solamente durante la elaboración de su informe para el debate sobre la directiva sino, principalmente, por los esfuerzos realizados todos estos años en favor de las pequeñas y medianas empresas al dar siempre la señal de alarma, especialmente en el caso de los retrasos en los pagos. 
Permítanme también dar las gracias al Comité Jurídico y, en especial, a la ponente Sra. Berger por su asesoramiento durante el proceso de examen de dicha directiva por el Parlamento. 
Muchas de las enmiendas propuestas aclaran y complementan la propuesta de la Comisión y me encuentro en posición de comunicarles que pueden ser admitidas. 
Concretamente, la Comisión Europea puede admitir en su totalidad las enmiendas 1, 2, 3, 4, 10, 19, 20, 22 y 31. 
Asimismo, existen otras enmiendas con las que la Comisión está esencialmente de acuerdo en su mayoría, pero desearíamos tener la posibilidad de reformularlas para hacerlas compatibles, desde el punto de vista jurídico, con el resto de la directiva. 
Me refiero a las enmiendas 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 28 y 32. 
Por el contrario, la Comisión Europea considera inadmisibles las enmiendas 5, 6, 8, 12, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 34 y 35. 
Y paso ahora, señor Presidente, al informe Rübig sobre la participación de un grupo de siete países candidatos de Europa del Este y Central en el tercer programa de larga duración para las pequeñas y medianas empresas. 
En primer lugar, desearía dar las gracias al ponente por su excepcional trabajo. 
Podemos admitir las enmiendas propuestas y aprobadas por la comisión parlamentaria competente el 3 de septiembre. 
De hecho, los últimos años ha aumentado el número de pequeñas y medianas empresas en todos estos países. 
En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas en dichos países representan más del 90 % del total de las empresas. 
Sin embargo, somos conscientes de que aún deben realizarse muchos esfuerzos en los próximos años con vistas a mejorar y simplificar el entorno administrativo y jurídico, en cuyo marco actúan dichas empresas, y esperamos, naturalmente, que en el futuro actúen todavía más. 
Durante los años anteriores, el programa PHARE ha representado un papel importante en el apoyo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en dichos países y estoy convencido de su continuación. 
Hoy en día, en la mayoría de los casos, la política encaminada a promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas debe ser más claro e incluso creo que más concreto. 
Me agrada especialmente que hoy extendemos el tercer programa de larga duración a un primer grupo de países para el período 1998-2000. 
En Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Polonia, Rumanía y la República de Eslovaquia. 
Con posterioridad, abriremos el programa a Eslovenia, Lituania y Letonia, cuando dichos países también estén preparados. 
Y, de forma paralela, extenderemos desde ahora el programa hacia la República de Chipre. 
Ahora que dichos países se preparan para adherirse a la Unión, creo sinceramente que ha llegado la hora de que participen de forma creativa en el tercer programa de larga duración para las pequeñas y medianas empresas. 
Y deseo agradecerles una vez más su apoyo en este esfuerzo. 
Paso ahora, señor presidente, al informe Hendrick sobre los mercados de capitales europeos para las pequeñas y medianas empresas. 
Y permítame, en primer lugar, agradecer al Sr. Hendrick su fabuloso informe y la apreciación positiva en la comunicación de la Comisión de 1997. 
No obstante, desde entonces los avances en dicho sector puedo decir que han sido especialmente positivos, aunque creo que aún queda mucho por hacer. 
Como saben, tanto el mercado EASDAQ como el mercado Euro-Nouveau Marché han continuado extendiéndose y actualmente negocian acciones de alrededor de 200 empresas. 
Aunque los datos numéricos de EASDAQ son muy inferiores a los datos numéricos del mercado americano correspondiente, de NASDAQ. A pesar de estos, es cierto que se trata de un logro muy importante, especialmente si se piensa que aún no se han cumplido los dos años desde el primer día de funcionamiento de EASDAQ, mientras que si observamos la experiencia americana veremos que NASDAQ se consolidó una vez transcurridos cinco años. 
Las 200 empresas que funcionan actualmente produjeron un capital de 27.000.000 millones de ECU, es decir, una media de 14 ECU cada una. 
Se trata de una cantidad que no podrían asegurar las fuentes bancarias tradicionales. 
De forma paralela, abrió la posibilidad a las empresas para tener acceso a la financiación bancaria que necesitan, de igual modo que sus balances han sido reforzados con capital social. 
Dichas empresas son precisamente la clase de empresas innovadoras y de tecnología punta que desea fomentar la Comisión Europea. 
El resultado de su introducción en el mercado de valores es el aumento por término medio de su mano de obra en esos dos años en una cifra que ronda el 30 %. 
De forma adicional, la expansión exitosa de estos dos mercados ha contribuido de forma general a fortalecer la creciente colaboración entre los mercados de valores y a fomentar la creación de mercados de capitales para las pequeñas y medianas empresas también en otros Estados miembros. 
Sin embargo, su desarrollo debe fortalecerse aún más. 
Y creo que se fortalecerá de todas formas con la llegada del Euro, siempre y cuando saquen partido de la transparencia adicional que será el resultado de la adopción, aplicación y utilización de la moneda única. 
En lo relativo a la acción futura, centraremos todos nuestros esfuerzos en la materialización del plan de acción, que era parte de la comunicación que presentamos al Consejo Europeo de Cardiff en junio de 1998. 
En este marco les cito seis propuestas concretas que, o se encuentran ya en desarrollo o lo estarán en breve. 
En primer lugar, la Mesa Redonda sobre la fuerte disgregación de los mercados de capitales empresariales con vistas a reducir las barreras y a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a dicho tipo de financiación. 
En segundo lugar, la revisión de todos los procedimientos nacionales y transfronterizos de emisión de acciones para que sea posible y simple la disposición normal y rentable en cuanto al coste de acciones al público. 
En tercer lugar, la Tercera Mesa Redonda para banqueros y pequeñas y medianas empresas. 
En el marco de los trabajos de dicha Tercera Mesa Redonda se fijarán las mejores prácticas posibles, las mejores prácticas para la financiación de la creación y puesta en marcha de las empresas, en especial, de aquellas empresas con posibilidades de un alto desarrollo que podrían aspirar a la introducción en un mercado de valores europeo. 
En cuarto lugar, una nueva acción para capitales de impulso inicial, el seat capital, que se denominará CREA. 
En quinto lugar, una guía de autoevaluación de los mercados de valores para sus pequeñas y medianas empresas que ayudará a los empresarios a decidir por si mismos si sus empresas pueden introducirse en el mercado de valores. 
En sexto lugar, un estudio relativo a las técnicas utilizadas para calcular tanto el riesgo como la capacidad de crédito de las empresas, haciendo especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas. 
Y, por último, señor Presidente, hago referencia al informe Scarbonchi sobre el quinto informe anual del Observatorio Europeo para las pequeñas y medianas empresas. 
Antes de nada, desearía dar las gracias al Parlamento Europeo por el continuo interés que ha mostrado en lo relativo al Observatorio y felicitar sinceramente al ponente Sr. Scarbonchi por su trabajo. 
He señalado con cuidado todas sus recomendaciones sobre los trabajos futuros del Observatorio. 
En lo relativo a la petición, especialmente la petición de que se estudie la coordinación existente entre los diferentes programas europeos para las pequeñas y medianas empresas, me imagino que esto, en gran medida, ya está cubierto con la publicación, que todos tienen ya a su disposición, «Actividades en favor de las pequeñas y medianas empresas y del sector industrial». 
En lo referente a las restantes recomendaciones, deseo garantizarle que serán tenidas en cuenta en la elaboración de los siguientes informes del Observatorio, informes que, en lo sucesivo, deberán estar más informados, con datos nuevos y procesados y, debido a que en los años anteriores teníamos publicaciones anuales continuas, quizás por eso sea necesario dedicar más de un año para recopilar datos nuevos y más elaborados. 
Por último, me gustaría expresar mi agradecimiento por el reconocimiento de la importancia del Observatorio como punto de referencia, como un centro donde se elabora un informe fiable que proporciona valiosas informaciones, no sólo para los Órganos Institucionales Europeos, sino principalmente para los gobiernos de los Estados miembros y, además, para los agentes que actuan en el sector de las pequeñas y medianas empresas. 
Asimismo, quiero asegurarles que la Comisión Europea pretende continuar en el futuro la obra del Observatorio y contribuir apoyando sus actividades. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 24.10 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, se trata de un problema lingüístico relativo al Acta de ayer. 
En la versión francesa del Acta de ayer, relativa a las relaciones transatlánticas y al sistema ECHELON, en el párrafo e) , figura en la versión inglesa, STOA studies, y esta expresión se ha traducido por «informe STOA». 
STOA no elabora informes, que están reservados a las comisiones parlamentarias, sino estudios. 
Por tanto quisiera que el servicio de traducción adquiriera el hábito de hablar de estudios de STOA en francés y no de informes, de forma que se les deje toda su independencia y competencia a las comisiones parlamentarias de este Parlamento. 
Señor Pompidou, su observación era relativa a una corrección lingüística y es muy evidente que todo lo que pueda mejorar el texto y hacerlo más correcto ha de aceptarse. 
Y así será. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, ayer se me informó de que, nuevamente, una asistente del Sr. Schierhuber fue asaltada en Bruselas. 
La vivienda del diputado Schiedermeier fue objeto de un robo. 
¿Cuándo van a verse cumplidos los deseos de más de 150 diputados de que se refuercen las medidas de seguridad en Bruselas? 
Señora Presidenta, quisiera simplemente hacer una pequeña declaración para informar al Parlamento y a mis colegas de que en Portugal, pese a que el Gobierno es un gobierno piadoso, con principios cristianos, en este momento las manifestaciones de agricultores preocupados por su futuro por varios años de pésimas cosechas y por estar al borde de la quiebra han sido recibidas con carros blindados, con helicópteros, con tropas de choque y con perros. 
Si ése es, de hecho, el humanismo que caracteriza al Gobierno de mi país, yo protesto. 
Siempre he estado vinculado a la agricultura y he hecho manifestaciones dentro del orden, dentro de la legalidad. 
Quisiera señalar que, incluso en la democracia, resulta difícil abandonar ciertos hábitos de la dictadura. 
Señor Rosado Fernandes, le he oído bien que esto no era una cuestión de orden y es usted muy consciente de ello. 
Señorías, pueden intervenir solamente para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, puede que esta observación no sea procedente como cuestión de orden, pero sí lo es para el orden mundial. 
Le ruego me conceda un minuto. 
Esta mañana se ha sabido que Burkina Fasso ha ratificado el Tratado de Ottawa, el acuerdo contra las minas antipersonales. 
Con ello son 40 los países que han ratificado el acuerdo. 
El acuerdo entra en vigor el 1 de marzo de 1998, con lo que el 1 de marzo de 1999 podemos comenzar a liberar al mundo de estas minas. 
Dado que el Parlamento ha trabajado activamente para que el Tratado de Ottawa saliera adelante, hemos de felicitar no sólo al gobierno de Canadá, y al de Burkina Fasso por ser el cuadragésimo país que lo ratifica, sino que quizá también nosotros nos merecemos una felicitación, aunque sea muy silenciosa. 
Gracias, señor Bertens. 
Por supuesto, no era una cuestión de orden, pero todo el mundo ha comprendido perfectamente la importancia y el interés de la información que usted nos aportaba. 
Señora Presidenta, esto quizá no sea una cuestión de orden, pero quisiera plantearle lo siguiente: el 7 de abril, es decir, hace cinco meses, formulé una pregunta por escrito al Presidente del Parlamento, en la que me interesaba por las licitaciones y el suministro de mobiliario del bar y los restaurantes del Parlamento Europeo. 
Todavía no he recibido ninguna respuesta, pese a mis diversas llamadas telefónicas a los servicios del Presidente del Parlamento. 
Mi pregunta, ahora, es la siguiente: ¿qué puedo hacer para obtener una respuesta? 
Señora Plooij-van Gorsel, por supuesto, no puedo darle una respuesta inmediata ya que no conocía esa carta. 
Sin embargo, pediré al Presidente, si aún no lo ha hecho- y eso es lo que dice usted- que responda a la pregunta que le formuló usted misma en el mes de abril. 
Cooperación: integración de la perspectiva del género 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40291/98) de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la posición común aprobada por el Consejo relativa a la integración de la perspectiva del género en la cooperación al desarrollo. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, fortalecer la posición de la mujer es un objetivo importante en sí mismo. 
El bienestar de la humanidad en general aumentará si las mujeres alcanzan el mismo estatuto que los hombres y logran las mismas oportunidades y los mismos derechos sociales, económicos y jurídicos, así como el derecho a la salud reproductiva y a la protección contra la violencia practicada específicamente contra la mujer. 
Este credo no procede de ningún manifiesto feminista, sino de una publicación de las Naciones Unidas con motivo de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín, recogida en un informe sobre " Las mujeres en el mundo» , de 1995. 
Las conclusiones que se pueden extraer de ella están en consonancia con el concepto de mainstreaming de la Comisión Europea, es decir, la integración de los aspectos específicos de género en todos los ámbitos de la política, incluida la cooperación para el desarrollo. 
Con motivo de la conferencia de Pekín, la Unión Europea- me complace señalarlo, y lo digo con plena convicción- ha desempeñado un papel positivo y constructivo. 
Con respecto a la plataforma de acción y a la declaración final, todos los participantes adoptaron un compromiso de adoptar medidas específicas en sus propios ámbitos de competencia para combatir las desventajas y a favor de la igualdad real de las mujeres en todos los ámbitos de la vida: educación, formación inicial y continua, trabajo y familia, asuntos sociales, política, economía y ciencia, justicia, cultura, etc. 
La presente propuesta de reglamento constituye un encomiable esfuerzo por agudizar la conciencia de que la consolidación de los derechos de la mujer es la clave por excelencia del tan citado desarrollo sostenible. 
Merece un apoyo explícito la intención de destinar los recursos financieros previstos- cuya cuantía, desgraciadamente, es muy insuficiente- no a proyectos operativos, sino a establecer medidas de sensibilización. 
La integración objetiva y subjetiva, hasta ahora muy insuficiente, de los intereses de las mujeres en la labor de cooperación para el desarrollo, en ámbitos tan importantes como agricultura y ganadería, pesca, gestión forestal, abastecimiento de agua, ayudas de emergencia y de crisis, comercio, transformación de productos alimenticios o industria ligera se debe, entre otras cosas, a prejuicios muy acendrados y a barreras religiosas y culturales que van unidas a la ignorancia. 
No es necesario volver a insistir aquí en la gran cantidad de desventajas que sufren las mujeres de todos los medios culturales. 
Los problemas son harto conocidos. 
Pero sí podemos afirmar que la propuesta de reglamento que nos ocupa es un paso en la dirección correcta. 
Aún así, es un paso pequeño, al que tienen que seguir muchos otros. 
Puedo señalar explícitamente que las numerosas enmiendas presentadas en la primera lectura recibieron una acogida positiva, pero que la posición común del Consejo adolece de una carencia fundamental, a saber, la limitación temporal que impone al periodo de aplicación. 
Considero que es conveniente que después de cinco años se examine cómo ha funcionado el programa. 
Pero el problema no se acaba al cabo de cinco años, y será necesario continuar nuestra labor. 
Entre tanto, propongo que suprimamos la limitación temporal. 
Cuento con un amplio acuerdo de la Cámara. 
Esto reforzará la exigencia de tener en cuenta las cuestiones de género en la cooperación para el desarrollo, es decir, como integración horizontal que debe practicarse globalmente en todos los ámbitos de la cooperación para el desarrollo. 
La cuestión es conseguir, tal como prevé el programa, un elevado efecto multiplicador. Esto exige un procedimiento coordinado con los Estados miembros. 
La sensibilización no sólo es necesaria en los países en vías de desarrollo, sino en los nuestros propios. 
Esto significa que todas y todos aquellos que toman las decisiones a nivel comunitario deben seguir formándose. 
Para ello no sólo hay que atender a los denominados factores duros, sino que deben explorarse nuevos ámbitos de la cooperación para el desarrollo, que están adquiriendo una importancia creciente: derechos humanos, democratización y Estado de derecho, participación de la sociedad civil, buen gobierno, análisis macroeconómicos, satisfacción de las necesidades humanas básicas, lucha contra la pobreza, salud reproductiva. 
Para todo ello es necesario aprovechar principalmente las estructuras existentes en los países en vías de desarrollo y las capacidades locales. 
No obstante, incluso las mejores intenciones y el mejor reglamento se convierten en papel mojado si falta el personal necesario para ponerlos en práctica. 
En este terreno se comprueba de modo sumamente evidente. 
El Parlamento Europeo y sus comisiones se quejan desde hace tiempo de la insuficiente atención que se concede en la Comisión Europea a los asuntos de relativos a la mujer y el desarrollo. 
¡Ese es el fondo del asunto! 
La funcionaria de grado A que trabajaba en la Dirección General en lo relativo a las cuestiones de género ha dejado el puesto. 
De momento no se prevé ninguna sucesora. 
Tengo entendido que el concurso inicialmente previsto va a ser cancelado. 
Ahora mismo sólo mantiene su puesto una experta nacional de Suecia. 
A este respecto me gustaría conocer la postura de la Comisión, porque se trata de una cuestión de credibilidad. 
La Comisión tiene aquí una deuda pendiente con el Parlamento y, ante todo, con las mujeres de los países en vías de desarrollo. 
Señora Presidenta, en la Comisión de Derechos de la Mujer también nos hemos ocupado intensivamente del informe sobre la integración de las cuestiones de género en la cooperación para el desarrollo. 
Como ponente de la Conferencia de Pekín puedo decir que lo que allí se decidió fue correcto. 
La plataforma de acción nos proporciona un marco de acción. 
Si no aplicamos lo que se decidió en la Conferencia, nuestras declaraciones de protesta a favor del desarrollo sostenible no valen de nada. 
Si ya hemos reconocido que las mujeres son la clave del desarrollo, debemos poner en vigor este reglamento con la mayor rapidez posible. 
La Sra. Junker nos ha dicho que ha habido muchas trabas por parte de la Comisión a la aplicación del reglamento. 
Hay dos líneas presupuestarias que actualmente están bloqueadas. 
El reglamento va a proporcionar el fundamento jurídico que necesitamos urgentemente para poder aplicar la integración de las cuestiones de género. 
También se ha señalado que los servicios de la Dirección General Ib y VIII han desempeñado un buen trabajo. 
No sólo se han examinado proyectos piloto relativos al mainstreaming, sino que se han desarrollado procedimientos para facilitar la evaluación de resultados en lo tocante a las cuestiones de género en los proyectos concretos. 
Se han examinado detalladamente los proyectos concretos realizados en los países en vías de desarrollo en los que hemos colaborado para analizar qué repercusiones tenían para las jóvenes y las mujeres. 
En segundo lugar, se han adoptado medidas para sensibilizar al personal de la Comisión y de otros servicios acerca de la integración de las cuestiones de género en la cooperación. 
No obstante, no podemos quedarnos ahí, debemos proseguir nuestra labor. 
Si los pocos puestos existentes en la Comisión quedan sin ocupar, todos nuestros esfuerzos serán inútiles. 
Por ello, creo que debemos proseguir nuestros esfuerzos y liberar lo más rápidamente posible los recursos asignados a las dos líneas presupuestarias correspondientes, la B7-611 y la B7-631. 
La utilización de los fondos fue del 93 %, lo que representa una tasa de utilización muy elevada. 
Así pues, es preciso poner en práctica con la mayor rapidez posible en los países con los que cooperamos las medidas destinadas a los ámbitos de prevención de crisis, derechos humanos, democratización y educación básica. 
Quisiera subrayar una vez más- como lo ha hecho ya la Sra. Junker- que, si se establece una limitación temporal, es evidente que los resultados del reglamento serán muy restringidos. 
Si nos ponemos de acuerdo- confío en que contaremos con una mayoría en la Cámarapara suprimir la limitación temporal, esta decisión será muy importante. 
Evidentemente, sigue siendo necesario efectuar una evaluación permanente de los resultados de esta política. 
No obstante, la supresión de la limitación temporal es un objetivo central. 
Señora Presidenta, en temas como éste es costumbre que las mujeres de la Cámara se apoyen mutuamente. 
Por eso mismo es muy de agradecer que también algunos caballeros se hayan puesto de nuestro lado, sobre todo del sector que en general es muy sensible a estas cuestiones. 
Por supuesto, el hecho de que Lord Plumb se vaya en mal momento es harina de otro costal. 
Señoras y señores diputados, nos quejamos constantemente de que en la labor de la cooperación para el desarrollo no se examinan suficientemente ni se tienen debidamente en cuenta las circunstancias culturales de los respectivos países. 
A la hora de elaborar la política de desarrollo conforme a las cuestiones de género, también tenemos que tener en cuenta el hecho de que en las sociedades de otros países rige una división de tareas tradicional, y todos sabemos bien que no sirve de nada obstinarse en querer cambiar las circunstancias. 
Así pues, lo primero que hay que hacer es determinar e intentar reforzar los ámbitos que afectan específicamente a la mujer. 
Por ejemplo, los proyectos ya previstos en el ámbito de la previsión alimentaria o de la salud han tenido especial éxito. 
Por esta razón, en una serie de países ya se han puesto en marcha proyectos de concesión de créditos personales a las mujeres, cuya elevado espíritu de devolución está bien documentado en todos los ámbitos. 
En cualquier caso, sigo pensando que es necesario conceder absoluta prioridad a la educación, no sólo porque la tasa de analfabetismo entre las mujeres es especialmente alta, sino también porque, cuanto mayor sea el nivel de educación y formación de las mujeres, mayor será la sensibilización hacia las cuestiones que afectan al crecimiento de la población, ya que estas mujeres estarán más informadas acerca del control de natalidad. 
No obstante, hemos de tener en cuenta una cosa: siempre que se amplía el margen de acción de las mujeres y, en consecuencia, toca tangencialmente el de los hombres, se plantean dos posibilidades: o se produce un conflicto o se llega a un consenso, y es evidente que para las familias debería ser más beneficioso lo último. 
Tampoco podemos consentir, al menos en el ámbito de la planificación familiar, que se descargue sobre las mujeres toda la responsabilidad del crecimiento de la población. 
Esto es un apartado especial en el que la integración de las cuestiones de género implica que ambas partes, hombres y mujeres, han de asumir su responsabilidad. 
También en este ámbito, como en otros temas, es necesaria la cooperación entre los Estados miembros. 
La cooperación es un aspecto que, en la medida de lo posible, se incluye siempre en los análisis sobre el desarrollo. 
Sería de agradecer que la Comisión informara sobre los resultados de la cooperación, con el fin de que pudiéramos delimitar un ámbito en el que pudiéramos afirmar: ¡esto funciona! 
Doy las gracias a la ponente. 
Señora Presidenta, estoy seguro de que a la Sra. Günther le agradará comprobar que el Grupo de los Verdes ha progresado tanto que hemos encargado a un hombre que hable de esta cuestión. 
De hecho, en ausencia de Nel van Dijk presenté el informe en la Comisión de Derechos de la Mujer, o sea que voy a hablar de un asunto que ya conozco. 
Estimo que se trata de una cuestión importantísima. 
Acabo de regresar de la India, después de visitar al Dalai Lama en Dharamsala. 
Si nos fijamos en la vida en los poblados de la India y en el papel central que desempeña la mujer en la comunidad, así como en la necesidad de confiar a la mujer la labor de hacer de motor del desarrollo en la vida de los poblados, creo que no hará falta añadir que se trata de una esfera en la que la Unión Europea debería hacer mucho más hincapié. 
Me parece que el informe de la Sra. Junker es excelente porque subraya la cuestión principal: que deberíamos utilizar nuestros fondos para capacitar, desarrollar y promover a la mujer en los países en desarrollo en vez de desembolsar todo nuestro dinero para capacitar a las mujeres que prestan sus servicios en la Comisión, en Bruselas. 
Es posible que ese aspecto sea también importante- la sensibilización y feminización de las políticas en el marco de la Comisión y dentro del resto de la Unión- pero lo más importante es gastar los fondos de esos renglones presupuestarios en proyectos destinados a la mujer en los propios países en desarrollo. 
Eso es una parte importante del informe de la Sra. Günther y espero que la Comisión sepa responder positivamente. 
En la Comisión de Derechos de la Mujer hablamos acerca de la forma de feminizar más las políticas: contar con comisiones permanentes eficaces en las que haya más mujeres, velar por que haya una mejor representación de las mujeres de países en desarrollo en las delegaciones ACP, cerciorarnos de que vigilamos y evaluamos todos los proyectos de desarrollo de la UE desde el punto de vista de sus repercusiones para las mujeres de los países en desarrollo, y cerciorarnos de que los resultados de los informes se comunican, no solamente a la Comisión sino también al Parlamento, para que nos convenzamos de que se está llevando a cabo una verdadera feminización de la ayuda para el desarrollo en la UE. 
Me parece que si hacemos lo que acabo de decir habremos conseguido un progreso considerable. 
Señora Presidenta, Señorías, no quisiera tomar la palabra sin dar las gracias al ponente y a toda la Comisión de Desarrollo y Cooperación por el trabajo realizado sobre el tema de la consideración de la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de la cooperación al desarrollo en la Unión Europea. 
Como cantaba Jean Ferrat, la mujer es el futuro del hombre. 
Esto es especialmente cierto en materia de desarrollo. 
Quien haya ido a África, por ejemplo, ha visto la parte predominante que están adoptando las mujeres en el proceso de desarrollo. 
Su contribución es esencial tanto en el ámbito económico, y especialmente en el sector de la economía informal o popular, como en el ámbito agrícola. 
De la misma manera, nunca se valorará suficiente su contribución al proceso de rehabilitación y de reconstrucción. 
¿Es necesario mencionar el papel que desempeñan en la prevención de los conflictos y en la construcción de la paz? 
Sin embargo, las mujeres, que son el motor del desarrollo, están siendo en los países en vías de desarrollo víctimas de graves desigualdades, víctimas de discriminaciones sociales, familiares, económicas o políticas, y su contribución al desarrollo se realiza a pesar de enormes obstáculos en la vía de la igualdad de trato. 
Por encima de las declaraciones de intenciones, para la Unión Europea se trata hoy de poner música a las buenas resoluciones que ha adoptado al suscribir la plataforma de acciones y la declaración de la Conferencia de Pekín de 1995, y traducirlas en actos, principalmente en su política de ayuda al desarrollo. 
Por tanto, hemos de felicitarnos por la propuesta de reglamento del Consejo, que pretende conceder a las mujeres el papel que merecen en tanto que protagonistas esenciales del desarrollo, actuando de forma que todas las intervenciones y estrategias en materia de desarrollo integren sistemáticamente un análisis de la perspectiva del género. 
Verdaderamente, es primordial que las actividades de la Unión Europea en materia de desarrollo respondan a las necesidades y prioridades de la mujer a nivel local. 
Es esencial que éstas puedan participar plenamente en la concepción y aplicación de proyectos de desarrollo. 
Por consiguiente, deseo decirles hoy que, en nombre de mi grupo, Coalición Radical Europea, apoyo totalmente la recomendación de la Comisión de Desarrollo, principalmente porque creemos que la consideración de la perspectiva del género en las acciones comunitarias en favor del desarrollo es también una prueba de su éxito. 
Deseo decirles también que no considero pertinente fijar en el tiempo este reglamento, que comporta un programa tan ambicioso. 
Por ello, con todos mis colegas de la comisión, me opuse a la inscripción en el tiempo de este reglamento tal como la planteaba el Consejo, y espero que el Parlamento sea oído en este punto. 
El concepto de igualdad entre hombres y mujeres ha de impregnar definitivamente las mentes. 
Ha de impregnar también de forma duradera las acciones de la Unión Europea en materia de ayuda al desarrollo. 
Señora Presidenta, yo, hombre y diputado, confieso reconocer que vivimos en una sociedad, tanto en el Norte como en el Sur, en la que las mujeres encuentran grandes dificultades para acceder a los puestos de decisión social, política y económica. 
Esa desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres constituye un tremendo desperdicio de potencialidades y capacidades, aún más flagrante en los países menos desarrollados. 
Discrepo de un sistema regulador basado en cuotas o decretos. 
Creo en la sensibilización intensa sobre este problema, respecto del cual el Parlamento Europeo ha tenido un papel adelantado y ejemplar. 
En mi país hay este antiguo dicho: «Tanto cae la suave agua sobre la piedra dura, que al final la horada». 
Concuerdo con la presentación de nuevo de las enmiendas ahora propuestas al reglamento en debate, pues no hay que olvidar los proyectos operacionales en pequeña escala, hay que reafirmar que sólo hay una política de cooperación en la Unión Europea, precisar las esferas prioritarias para una mayor participación de las mujeres en las operaciones de emergencia y prevención de crisis, de derechos humanos y democratización, en el análisis económico, en el comercio y en las cuestiones relacionadas con la sexualidad y la salud. 
Es importante acabar con la excepcionalidad y restablecer la normalidad de la adjudicación de los contratos a las propuestas procedentes de los países beneficiarios y de los países en desarrollo más próximos. 
La Unión Europea no puede querer tirar con una mano lo que da con la otra. 
Por último, ¿por qué predeterminar el fin de un programa encaminado a fortalecer la presencia de mujeres en los órganos y en las políticas de desarrollo de la Unión Europea, declarándole una certidumbre de óbito a cinco años de distancia? 
Basta con comprobar la lentitud de las grandes transformaciones sociales en los quince últimos años, en los países en desarrollo, la evolución lentamente positiva de la esperanza de vida, de la mortalidad infantil, de las tasas de alfabetización y de natalidad, o incluso del PNB por habitante, para que no esperemos milagros a ese respecto. 
Por desgracia- y esta posición del Consejo lo corrobora- aún veremos por muchos años a la Sra. Junker gritar en pro de más women power en los servicios y en las delegaciones de la Comisión. 
Señora Presidenta, antes que nada quisiera expresar mi satisfacción por la recomendación del Parlamento y la apreciación de la Comisión por el apoyo prestado por el Parlamento tanto a la creación de este renglón presupuestario en 1990 como a la política comunitaria encaminada a integrar las cuestiones relativas a la mujer en la cooperación para el desarrollo desde la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing. 
Me alegra sobremanera la oportunidad de poder agradecer al Parlamento la excelente labor efectuada en particular por la ponente, Sra. Juncker, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, y por la Sra. Gröner en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Se ha demostrado que el alto nivel de experiencia y la resuelta voluntad de que se ha dado pruebas está promoviendo una buena cooperación entre el Parlamento Europeo y la Comisión en esa esfera. 
La recomendación propuesta tiende a proporcionar una base jurídica coherente y estable para la adopción de medidas que son de importancia fundamental para la calidad y la eficacia de nuestra cooperación para el desarrollo, así como para la justicia social y la igualdad. 
Es absolutamente indispensable que consigamos despachar esta norma lo antes posible, a fin de que podamos utilizar los fondos para los fines apetecidos. 
En el pasado las intervenciones relacionadas con el desarrollo han descuidado frecuentemente dos importantes consideraciones: en primer lugar, a menudo no han tenido en cuenta las diversas funciones económicas y sociales desempeñadas por la mujer en los ámbitos en que se desarrollan los proyectos. 
El resultado ha sido que los proyectos a veces se elaboraban sobre la base de un concepto incompleto y sin la participación de las personas a los que más interesaban. 
Ésa es exactamente la cuestión que ha planteado la Sra. Kerr. 
Huelga decir que esa forma de proceder reducía las posibilidades de éxito. 
En segundo lugar, en el plano normativo y de programación no se ha tenido debidamente en cuenta la diferencia persistente y grave entre la mujer y el hombre en los países en desarrollo. 
Ésta es la cuestión en que tanto insiste la Sra. Günther. 
Esa diferencia reduce la posibilidad de que la mujer aporte una importante contribución económica y social, y actúa como un freno para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
También es causa de que la mujer quede relegada a funciones subordinadas. 
Por eso estamos esforzándonos por conseguir exactamente lo que ha dicho la Sra. Gröner, es decir, poner en práctica la plataforma de acción que se convino para todo el mundo en Beijing. 
Por todas estas razones es por lo que es tan importante un enfoque estratégico y catalizador. 
Si nos limitamos sencillamente a financiar más proyectos en favor de la mujer, correríamos el riesgo de marginar la importancia de la cuestión. 
No tendría resultados suficientes y sus repercusiones para las actividades de desarrollo e integración eficaz a largo plazo serían mínimas. 
En vez de ello, la norma propuesta brinda medidas en favor de la amplía inclusión de cuestiones relacionadas con la igualdad de hombres y mujeres en la corriente principal de los programas y políticas de cooperación para el desarrollo de la Comunidad. 
Eso es exactamente lo que se promovió en Beijing, por lo que se refiere a la plataforma mencionada. 
Al mismo tiempo, fomentará las intervenciones especiales encaminadas a reducir las diferencias entre hombres y mujeres, financiadas con cargo a las asignaciones actuales, y sobre una base debidamente amplia. 
Estimamos que ése es el enfoque adecuado. Está de conformidad con el enfoque de integración favorecido por las recientes conclusiones del Consejo, por resoluciones anteriores y, en particular, por la Conferencia de Beijing. 
Ese amplio concepto de integración es lo que estamos intentando promover. 
Esta labor incluye una reconsideración amplia, imaginativa y continua de los métodos de trabajo y enfoques tradicionales. 
La experiencia internacional sugiere que no se trata de una labor fácil o rápida. 
Ahora bien, el primer informe de situación sobre la integración de las cuestiones del género en el desarrollo indica que ya se ha efectuado una labor considerable y que la labor ha arrancado con buen pie. 
La Sra. Juncker insistió con gran convicción en las cuestiones de personal, y reconocemos la importancia de sus observaciones. 
Estamos esforzándonos por mantener los actuales niveles de dotación de personal, pero he decir que no es cosa fácil. 
Las actuales dificultades en materia de incremento del personal nos deja muy poco margen de maniobra a ese respecto. 
No siempre disponemos de los conocimientos especializados necesarios, ni podemos trasladarlos fácilmente de una Dirección general a otra. 
Estamos poniendo en práctica la cuestión planteada por la Sra. Juncker y el Sr. Kerr. 
Es importante fomentar la capacitación tanto en nuestros propios servicios como en los países en desarrollo. 
La posición de la Comisión en relación con las 20 enmiendas presentadas para examen y votación es la siguiente: podemos apoyar sin reparos seis enmiendas, las enmiendas 1, 7, 9, 10, 14 y 20, así como parte de las enmiendas 11, 17 y 18. 
Podemos apoyar en parte las enmiendas 2 y 4, aunque estimamos que habría que volver a redactar las enmiendas para que quedaran claramente enfocadas en los aspectos de integración del reglón presupuestario. 
Se trata de un renglón presupuestario en el que se incorporan dos renglones presupuestarios anteriores. 
No podemos aceptar las siguientes enmiendas: 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16 y 19, ni tampoco partes de las enmiendas 11, 17 y 18. 
Permítanme que resuma muy brevemente los principales motivos de la posición de la Comisión. 
Hay enmiendas, como por ejemplo la 12 y la 13 y parte de la 18, que crearían nuevas dificultades de procedimiento, particularmente en relación con los requisitos interinstitucionales. 
Esas enmiendas perjudicarían la buena gestión del presupuesto, en vista de los limitados recursos humanos de que dispone la Comisión. 
En cuanto a la enmienda 8, aunque coincidimos con su intención, las actividades propuestas son demasiado ambiciosas para acometerlas con nuestros recursos de personal. 
Por último, algunas enmiendas- las enmiendas 16, 19 y parte de la 11- no son compatibles con los actuales acuerdos interinstitucionales u obligarían a modificar los actuales procedimientos de comitología. 
Otras- la enmienda 15 y parte de la 18- incidirían en las actuales competencias de la Comisión. 
Como saben ustedes, la aceptación de esta norma tiene cierta urgencia. 
El renglón presupuestario para la integración del género y el desarrollo está bloqueado actualmente, en espera de que se establezca su base jurídica. 
Por eso quedamos reconocidos al apoyo del Parlamento en nuestros esfuerzos por procurar seguir adelante con esta medida lo más rápidamente posible. 
Han pasado tres años desde la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, y se ha conseguido mucho. De eso no cabe la menor duda. 
Una proporción considerable y creciente de los recursos comunitarios en materia de asistencia se están destinando a las zonas prioritarias fijadas en Beijing. 
Se están tomando medidas de importancia para mejorar la sensibilidad de los programas de asistencia comunitarios a la cuestión del género, y la aprobación de esta norma sobre la integración de las cuestiones del género en la cooperación para el desarrollo brindaría una base estable para la labor y nos permitiría intensificar nuestros esfuerzos. 
Doy las gracias al Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Mujer: repercusión especial del desempleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0272/98) de la Sra. Marinucci, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la repercusión especial del desempleo en las mujeres. 
Señora Presidenta, el desempleo es, por excelencia, el problema en la Unión Europea. 
Se manifiesta de forma más o menos grave en las distintas regiones de Europa, aunque es una grave amenaza para la paz familiar y la estabilidad de las Instituciones en cualquier parte. 
Estudios, investigaciones, medidas nacionales y comunitarias, el Libro Blanco de Delors, Consejos de Ministros y Cumbres se han ido sucediendo a lo largo de los años proponiendo recetas más o menos efectivas- más o menos aplicadas -, no obstante, el problema sigue estando allí y corre el riesgo de agravarse. 
Entre tanta desolación existe sólo un aspecto positivo: por primera vez en la historia a nadie se le ha ocurrido sugerir la acostumbrada fórmula de reducir el desempleo masculino mandando a las mujeres de vuelta a sus hogares. 
Esto es ciertamente señal de éxito del movimiento neofeminista que también ha revolucionado el planteamiento de las cuestiones relativas al empleo. 
Es la prueba del éxito de muchas mujeres que acuden en número cada vez mayor al mercado laboral en cada rincón de Europa y expresan su irreversible voluntad de participar plenamente en todas las tareas fuera del hogar. 
Pero hay más. 
No sólo nadie se ha permitido desempolvar la antigua receta, varias veces teorizada y prescrita- desde los albores de la revolución industrial- en la posguerra y durante las crisis, sino que además, a partir de la Cumbre de Essen, la Unión Europea, con recaídas importantes en todos los Estados miembros, ha integrado totalmente el tema de las mujeres en el debate y en las propuestas sobre el empleo en Europa. 
Por ello, cabría preguntarse por qué hemos presentado esta propuesta de resolución. 
Lo hemos hecho porque tras la apariencia se esconden ambigüedades que pueden hacer entrar por la ventana lo que salió por la puerta, porque muchas medidas siguen sin aplicarse. 
Porque muchas medidas son insuficientes; porque es necesario evidenciar las numerosas contradicciones que existen en toda la cuestión del empleo y del desempleo femenino. 
La primera contradicción está en que nunca han habido tanta mujeres ocupadas en trabajos fuera del hogar y retribuidos y, al mismo tiempo, nunca han habido tantas mujeres en paro. 
Esto sucede precisamente porque a la creciente oferta de trabajo por parte de las mujeres, se contrapone la creciente caída de la demanda de trabajadoras y trabajadores por parte de las empresas privadas y de las instituciones públicas. 
La segunda contradicción está en que si crece el empleo femenino, crece sobre todo el trabajo a tiempo parcial, precario o a tiempo determinado. 
Aumenta el trabajo a tiempo parcial, sin embargo, esto no implica mayores posibilidades de conciliar las tareas domésticas y las tareas fuera del hogar, porque puede tratarse de trabajos de fin de semana, en días festivos, en horarios de tarde y de noche. 
Con los trabajos de pocas horas y de pocos días anuales, aumenta el empleo femenino, pero se reduce la protección social. 
Ocurre además que las protecciones sociales no concedidas con carácter individual obligan a las mujeres a renunciar a un empleo remunerado, así como que el paso de las políticas pasivas de empleo a las llamadas políticas activas priva a las mujeres de una ayuda por desempleo que no se reemplaza de inmediato con una renta del trabajo, incluso en el caso de una madre sola. 
La tercera contradicción está en que aumenta la escolarización de las mujeres y, por contra, el empleo femenino no crece en la misma proporción. 
Esto, sin duda, es debido a la segregación escolar femenina que multiplica y ocasiona la segregación laboral en los sectores tradicionalmente femeninos, así como al hecho de que se encuentran sin empleo licenciadas en carreras tradicionalmente masculinas y, con frecuencia, con titulaciones superiores a las de sus colegas de la misma edad. 
Cabe decir lo mismo en lo que respecta a la formación profesional que no ofrece grandes oportunidades al empleo femenino cuando está orientada a actividades tradicionalmente femeninas y además cuando está relacionada con actividades tradicionalmente masculinas si están saturadas. 
Todas estas contradicciones en un momento en que, por otra parte, las mujeres sufren también como madres y esposas las consecuencias de las grandes dificultades que encuentran los jóvenes para entrar en el mundo laboral y la tragedia que supone la pérdida de empleo de sus maridos, nos han convencido de que es necesario llamar con fuerza la atención sobre este tema. 
Decepcionadas, en parte, tanto por el planteamiento de las orientaciones en materia de empleo adoptadas en la Cumbre de Luxemburgo- que no ha incluido el tema del empleo femenino en los primeros tres pilares, marginándolo y separándolo en el cuarto- como por los planes de acción nacionales, algunos de los cuales son absolutamente carentes y faltos de objetivos cuantificados; decepcionadas, en parte, por los resultados de la reunión de Belfast de los ministros de la Mujer de la Unión Europea que terminó sin decisiones de carácter concreto, con esta resolución, fruto de la colaboración y de las valiosas ayudas prestadas por los diputados y diputadas de todos los Grupos a través de sus enmiendas a mi informe inicial, invitamos firmemente a la Comisión, el Consejo y los Estados miembros a que incluyan en las próximas orientaciones para el empleo, así como, señor Comisario Flynn, en las directrices de los Fondos estructurales objetivos cuantificados con calendarios claros, así como recursos presupuestarios concretos y pedimos la adopción de medidas basadas en la media de los Estados miembros que han conseguido los resultados mejores. 
Pedimos una definición de desempleo más exacta y una definición concreta de trabajo a tiempo parcial. 
Instamos a los interlocutores sociales a que celebren un acuerdo marco sobre todas las modalidades de trabajo atípico. 
Pedimos a la Comisión una directiva marco sobre los servicios de cuidado de los niños- me encantaría que hoy el señor Comisario Flynn la anunciara- y confiamos en lograr que este Pleno apoye nuestras propuestas. 
Señora Presidenta, en este vasto debate de los derechos de la mujer, el Parlamento Europeo se presenta hoy de nuevo como un verdadero " grupo de presión» de los derechos de la mujer. 
Considero que la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres en materia de educación y trabajo es uno de los pilares de la construcción europea. 
El trabajo profesional- todos lo sabemos- supone algo más que ganarse el pan. 
La competencia, la cualificación y la creatividad del sexo femenino en la Unión Europea son riquezas en las que nos tenemos que basar. 
Pese a ello- el informe Marinucci lo señala con toda claridad- hasta ahora las mujeres se han visto flagrantemente desfavorecidas. 
El nivel del mercado de trabajo refleja que el desempleo afecta a las mujeres un 30 % más que a los hombres- sobre todo lo hace en algunas regiones de la Unión, en las que la tasa de desempleo femenino duplica el porcentaje general -; que las mujeres se ven más presionadas en el mercado de trabajo; que se ven reducidas a ocupar puestos de trabajo inseguros y precarios, así como a una condiciones laborales atípicas, y que, pese a sus cualificaciones, se ven discriminadas en los ascensos. 
Desde el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos vemos que aumenta el riesgo fatal de que a largo plazo se consoliden las desventajas en detrimento de las mujeres, es decir, que se consoliden las diferencias de ingresos (las mujeres ganan un tercio menos que los hombres) , la flagrante desventaja en los ascensos y el peligro de creciente desempleo. 
El informe Marinucci contiene una serie de propuestas de mejora muy concretas sobre la necesidad de conciliar el trabajo y la familia. 
Pero lo que se necesita fundamentalmente es un cambio de mentalidad, así como una actuación coordinada entre los Estados miembros y las instituciones de la UE. 
En la Cumbre sobre el empleo se advirtió por primera vez que las propuestas para combatir las desigualdades entre hombres y mujeres en los planes nacionales de empleo son claramente insuficientes. 
A este respecto tenemos que subrayar que las medidas eficaces de creación de empleo pasan por una participación mucho mayor de las mujeres. 
Soy plenamente favorable a que utilicemos la evaluación comparativa de resultados y a que hagamos propuestas con fechas concretas para luchar contra las citadas desventajas. 
En la resolución, sobre todo en el punto 23, el informe plantea propuestas concretas de cómo combatir las desventajas y reducir las desigualdades entre hombres y mujeres y de cómo debemos orientarnos hacia los tres Estados miembros que sirven de modelo. 
El informe Marinucci contiene muchas y buenas iniciativas. 
Agradezco a mi compañera de grupo el trabajo que ha realizado y pienso que es necesario sensibilizar aún más a los Estados miembros hacia estos problemas. 
En el último Consejo de Ministros informal celebrado en Austria, tres Estados miembros no estuvieron representados: Alemania, Gran Bretaña y Francia no enviaron ningún ministro a esta cumbre informal. 
Es preciso agudizar la conciencia de los Estados miembros ante este problema. 
Confiamos en que el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales aplique el informe que hoy se aprobará. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores diputados, en la lucha contra el desempleo hemos ido consiguiendo avances. 
En 1994, en Essen, durante la Presidencia alemana, se sentaron las bases de una estrategia global de cooperación entre los Estados miembros. 
En los cinco ámbitos definidos se incluyen medidas en favor de los grupos especialmente afectados por el desempleo. 
En términos proporcionales, las mujeres presentan un índice mucho más elevado. 
En la Cumbre sobre el empleo celebrada en Luxemburgo se aprobaron los planes de empleo para 1997, para luchar contra el desempleo juvenil y el paro de larga duración y para pasar de las medidas pasivas a las activas, que afectan de modo especial a las mujeres. 
Las denominadas condiciones laborales atípicas se han convertido en típicas desde hace mucho: trabajo en el tiempo libre, trabajo a plazo fijo, trabajo de miembros de la familia. 
El trabajo a tiempo parcial es conveniente cuando permite compaginar mejor las exigencias de la profesión y de la familia, así como el trabajo a domicilio y el teletrabajo. 
Ahora bien, deja de ser conveniente cuando el horario de trabajo se amplía de tal modo que se convierte prácticamente en trabajo a tiempo completo, pero infrarremunerado. 
Cuando faltan las primas, la formación continua y las posibilidades de ascenso, el trabajo a tiempo parcial constituye una reserva para equilibrar la carga de trabajo de las empresas. 
Esto hace aumentar el peligro de despido, aspecto al que ha aludido el PPE en las enmiendas. 
La directiva de 1997 sobre el trabajo a tiempo parcial debe completarse con los aspectos relativos a la seguridad social. 
Para facilitar las aspiraciones laborales de las mujeres es necesario contar con unos servicios de guarderías cualificados, que deben ser remunerados, acordes con las prestaciones, con horarios más prolongados y flexibles. 
La legislación alemana sobre el cuidado de los hijos, que establece el derecho a una plaza de guardería, constituye un paso correcto y una medida ejemplar. 
Los componentes del Grupo del PPE apoyamos la propuesta formulada por la Sra. Marinucci en su comprometido informe de facilitar la reintegración de las mujeres en la vida laboral. 
Las mujeres que han abandonan su carrera laboral para dedicarse al cuidado de los hijos o de personas a su cargo- que a fin de cuentas están prestando un servicio- y quieren volver a trabajar no deben verse obstaculizadas en esta decisión. 
Es preciso apoyar esta decisión, lo cual incluye el cálculo de los derechos de pensión. 
No obstante, hay un aspecto indicado por la ponente que no puedo compartir: la valoración que hace de la formación profesional y continua. 
Naturalmente, no es aceptable que las mujeres universitarias- y es alentador que sean mayoría en las universidades- acaben su carrera licenciándose para el paro, se vean mucho más afectadas por el desempleo que sus compañeros masculinos y estén sobrecualificadas para muchos trabajos. 
No obstante, es bueno fomentar en todo momento la mejora de las cualificaciones, incluso aunque no supongan una garantía de empleo. 
Aumentan la capacidad de negociación y crean una mayor conciencia de su situación. 
Sin embargo, a medida que se avanza en la carrera profesional todavía existe un déficit considerable. 
Las empresas dirigidas o fundadas por mujeres aún son clarísimamente minoritarias. 
Por ello, entre las exigencias prioritarias del PPE se cuenta el fomento de la cultura empresarial o las facilidades de acceso a los medios financieros y a los créditos. 
A propuesta de nuestra Comisión de Derechos de la Mujer, trabajemos por que estas ideas se hagan mayoritarias en la economía y en la sociedad. 
Señor Presidente, la Sra. Marinucci ha expuesto con toda claridad la necesidad de prestar una especial atención a las mujeres en el mercado laboral. 
A pesar de ello, yo me abstuve en la votación celebrada en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
¿Por qué? 
Los liberales consideramos que el enfoque del informe es demasiado defensivo, demasiado temeroso con respecto a la flexibilidad que se necesita en el mercado de trabajo y, en determinados momentos, no realista. 
Pongamos por caso el trabajo flexible. Según la ponente, es el colmo de la desgracia. 
Sin embargo, los jóvenes, hombres y mujeres, cada vez son más conscientes de que la rigidez es precisamente el mayor enemigo de su trabajo. 
Los jóvenes no pretenden trabajar para vivir. Tienen una orientación más amplia, trabajan a través de oficinas de empleo temporal y con horarios flexibles. 
Naturalmente, Sra. Marinucci, es necesario que los interlocutores sociales establezcan normas a escala europea. 
Pero una legislación rígida es una carga. 
Lo mismo ocurre con el cuidado de los hijos. 
Lo que han suscrito todos los Estados miembros no es una legislación europea, sino la aplicación de la recomendación europea, y ésta es la que deben poner en práctica, para lo cual tenemos que importunarles. 
Pero, ¿cómo va a ser gratuito el cuidado de los niños? 
¿Quién va a sufragarlo? 
De modo que no entiendo bien algunas propuestas. 
¿Quiere usted decir- espero que no- que van a construirse residencias de ancianos con dinero europeo, según infiero yo del apartado 19? 
En mi opinión, eso pertenece a las competencias nacionales. 
Otro aspecto es el mainstreaming. 
Es necesario abordar de frente el problema. 
Aún nos queda una largo camino por recorrer y el Parlamento tiene que estar bien dispuesto a actuar, es decir, establecer objetivos cuantificados con un calendario concreto, específicos de género, con evaluación de los planes de acción nacionales y responsabilidades sobre el modo de asignar los Fondos estructurales. 
Pero mi grupo considera que es demasiado prematuro romper el mainstreaming y pedir de nuevo que se imponga una cuota para las mujeres en los Fondos estructurales. 
Por eso queremos que se retiren algunos apartados del texto y que se acepten unas cuantas enmiendas. 
Entonces votaremos con sumo placer a favor de la resolución. 
De lo contrario, no tendremos más remedio que abstenernos, aunque consideramos que, a pesar de todo, el texto contiene también muy buenas propuestas. 
Las mujeres, esa es la verdad, aún necesitan un pequeño impulso. En particular, es preciso incentivar la actividad empresarial de las mujeres. 
Tenemos que dar oportunidades para aprovechar las oportunidades, y confío en que se mantenga el desarrollo actual de las mujeres, que cada vez tienen mejor nivel de cualificación, a veces mejor que el de los hombres. ¡Confío en que para el año 2005 tengamos que crear una comisión de derechos de los hombres! 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Marinucci por el presente informe. 
Como ella nos ha subrayado, las estadísticas oficiales subestiman el problema del desempleo femenino en relación con el masculino y tampoco reflejan la diversidad de la actividad económica de la mujer al no considerar, en su definición del concepto de desempleo, las múltiples categorías en las que la presencia femenina es particularmente notable. 
También subraya la diferencia entre el nivel cultural de las mujeres, que por norma general es superior al de los hombres, y el porcentaje de empleos de baja cualificación que ocupan, ya que las mujeres se emplean de forma mayoritaria en empleos atípicos, como todos han señalado. 
Voy a recordarles lo que arrojan las últimas cifras de Eurostat: el desempleo afecta más a las mujeres, como indica la tasa media de desempleo en la Unión Europea y que es del 12, 3 % para las mujeres y del 8, 9 % para los hombres. 
Existen países donde todavía esa diferencia es aún mayor, como es el caso de España donde las cifras correspondientes son del 27, 8 % y del 15 %, mientras la encuesta de población activa de 1996 muestra que las mujeres representan el 63, 5 % de la población oficialmente inactiva. 
La ponente presenta una serie de propuestas muy importantes que tienen como objetivo permitir una valoración más exacta de la actividad económica de las mujeres y de las medidas que tendrían que aplicar la Comisión y los Estados miembros para facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. 
Si los empleos a tiempo parcial y temporal permiten a las mujeres ocuparse del cuidado de sus hijos, debería reconocerse que esas categorías laborales representan frecuentemente una opción restrictiva e impuesta a la que se resisten las mujeres. 
Las propuestas de la Sra. Marinucci dan respuestas a esas complejas cuestiones y dejan claro que deben emprenderse nuevas iniciativas para reducir la diferencia y la desigualdad que sigue existiendo también aquí entre las mujeres y los hombres. 
Señora Presidenta, nosotros estamos de acuerdo con el informe de la Sra. Marinucci y con las preocupaciones que expresa ese informe. 
En el poco tiempo que tengo, querría referirme a tres o cuatro cuestiones fundamentales de ese informe. 
En primer lugar, el desempleo en las mujeres. 
El Sr. Mann decía que era necesaria la formación, que había que continuar con la formación. 
Pero no se trata sólo de un problema de formación, porque en los países del Sur- Grecia, España e Italiamujeres con formación universitaria tienen la mitad del empleo de los hombres con formación universitaria. 
También hay que hacer hincapié en la desigualdad salarial. 
Hoy, a pesar de que en el año 1975- como sabe muy bien el Sr. Flynn- ya se aprobó una directiva para la igualdad salarial entre hombres y mujeres, continúa habiendo una desigualdad de un 25 o un 30 % en un trabajo de igual valor. 
Y también, la presencia de mujeres en el trabajo a tiempo parcial. 
Es verdad que hay quien es proclive al trabajo parcial de las mujeres porque así comparte tareas domésticas y tareas laborales fuera de la casa. 
Sin embargo, eso supone menos prestaciones sociales a la hora del desempleo y a la hora de la jubilación. 
Y, desde luego, lo que sería mucho más aceptable sería que además de compartir el trabajo fuera de casa compartiéramos con los hombres el trabajo dentro de casa. 
Eso sí que sería bueno para las mujeres y para los hombres, para las familias en general. 
No hay estadísticas sobre cómo se utilizaron anteriormente los Fondos estructurales para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, sobre ese término que tanto se utiliza- mainstreaming- aunque yo prefiero hablar de utilizar todos los mecanismos que están a nuestro alcance en las políticas europeas para evitar la desigualdad. 
Yo creo que las propuestas que hace la Sra. Marinucci son muy correctas en el sentido de intentar evitar que esta desigualdad continúe en los salarios, en el empleo, en la vida en general. 
Señor Presidente, reconforta mucho saber que también la Comisión Europea comprende que se necesitan mujeres en el mercado laboral. 
La evolución demográfica exige ya de por sí su presencia y, naturalmente, las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a participar en el mundo del trabajo. 
En las intervenciones iniciales se han descrito correctamente los obstáculos que impiden a las mujeres participar en la vida laboral fuera de los hogares. 
Estamos impacientes por oír soluciones a los problemas laborales atípicos en el ámbito de la seguridad social, y con la misma impaciencia esperamos avances en los Estados miembros por lo que respecta al cuidado de los niños. 
Parece que no ha pasado nada después de que el Consejo aprobara hace algunos años una recomendación con la que se pretendía garantizar unos servicios de calidad en materia de cuidado infantil. 
Me interesaría saber si el Sr. Comisario tiene buenas noticias a este respecto. 
El informe de la Sra. Marinucci introduce el concepto de los años de prestación de servicios. 
Esta idea cuenta con mi más ferviente apoyo. 
Significa que cuando se interrumpe la propia carrera profesional para criar a los hijos o prestar cuidados a los padres, se debería recompensar este lapso de tiempo de manera que el trabajador no sufriera perjuicios en su vida laboral o de cara a la seguridad social como consecuencia de esta interrupción por obligaciones familiares. 
Comisario Flynn, hace pocos días participó usted en la ciudad portuguesa de Oporto en una conferencia sobre los Fondos estructurales. 
De acuerdo con la prensa, usted emitió críticas contra el Parlamento por no haber prestado suficientemente atención a la igualdad de oportunidades en sus posiciones acerca de los Fondos estructurales. 
Supongo que la cita es errónea. 
Quizás desearía usted decirnos en qué ocasión nos hemos opuesto a sus propuestas en relación con la igualdad de oportunidades en los Fondos estructurales. 
Estoy segura de que se le prestará el máximo interés. 
Señora Presidenta, Señorías, permítanme que felicite y dé las gracias a la Sra. Marinucci por su trabajo. 
Su informe y los informes que se han debatido en el día de hoy nos dan una nueva ocasión para estudiar la situación de la mujer. 
Pero también me llevan a plantearme algunas preguntas. 
¿Llegará a superarse algún día la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en ámbito del empleo? 
Sabemos que desde los años 80 el nivel de desempleo entre las mujeres ha sido siempre elevado y no deja de aumentar. 
El desempleo femenino se sitúa bastante por encima del de los hombres en los quince Estados miembros de la Unión con la excepción del Reino Unido y Suecia. 
La discriminación sigue siendo muy importante en el mercado del empleo y la desigualdad de salarios ha evolucionado poco. 
En un país como España, en el que la tasa de desempleo es muy elevada, las mujeres tienen enormes dificultades para encontrar un empleo. 
Francia y Finlandia sufren también unas tasas de desempleo récord entre las mujeres. 
Por decirlo más claro, el foso que separa a los hombres de las mujeres está lejos de ser superado. 
Sin embargo la lucha por la igualdad tiene ya algunas arrugas, eso sin hablar de todo lo que se ha hecho, de las acciones emprendidas por la comunidad internacional en su conjunto. 
Es necesario recordar que hace veinte años que tuvo lugar la primera conferencia. 
Más de veinte años para gestionar un cambio real y beneficioso en el estatus de las mujeres en el mundo. 
El esfuerzo es loable, los resultados estimulantes aunque insuficientes y desoladores. 
No solamente las mujeres son las más duramente afectadas por el desempleo sino que también las obligaciones familiares a las que están dedicadas tienen una incidencia negativa sobre el nivel de prestaciones que perciben cuando van al desempleo. 
Con frecuencia trabajan a tiempo parcial, o a domicilio, interrumpen su vida profesional y acuden al sector de servicios poco remunerados u ocasionales. 
Como indica nuestro ponente, al estar calculadas las prestaciones por desempleo en función de los ingresos existentes en la mayor parte de los Estados miembros, es evidente que las mujeres sufren con más dureza el desempleo en estos casos. 
También está claro que, cuando existen protecciones legales como el salario mínimo, la desigualdad de trato entre hombres y mujeres, tienen la tendencia a estar menos marcadas. 
Entonces, ¿por qué no generalizar esta regla en el seno de los Quince? 
Nuestro ponente propone un conjunto de medidas que permiten ofrecer a las mujeres la posibilidad de disfrutar, en gran medida, de protecciones contra el desempleo. 
Mi grupo da su apoyo total a este informe, y en especial al párrafo 20 de la resolución. 
Esta exigencia traduce en concreto la voluntad de garantizar a las mujeres un puesto en el mercado de trabajo. 
Las estrategias, recomendaciones y estudios de la Comisión orientados a contribuir a la realización de este objetivo son numerosos. 
Corresponde a los Estados miembros ponerlos en práctica. 
Muchos se están esforzando en ello, pero otros se encuentran aún en la fase de los deseos bienintencionados, a pesar de algunos esfuerzos sectoriales. 
Realizar la igualdad «hombre-mujer» y garantizar una nueva asociación entre los hombres y las mujeres basada en la igualdad y la distribución de responsabilidades son temas que no han dejado de apuntalar la política de la Unión Europea. 
Nuestro ponente ha hecho hincapié en estos puntos; el resto será obra de los Estados. 
Señor Presidente, el informe de nuestra colega es detallado. 
Tiene en cuenta nuestros intercambios en comisión y debo agradecérselo principalmente por lo que respecta a los párrafos 2, 3 y 4 de la página 14 de la exposición de motivos. 
No les sorprenderá sin embargo que mis enmiendas vayan más allá de las orientaciones que contienen los citados párrafos. 
Por muy pertinente que sea, el tema de la igualdad no permite acceder al deseo de las mujeres de que se tome en consideración la especificidad que constituye la maternidad, el tiempo de maternidad, -no solamente la gestación biológica, sino el tiempo de educación de los niños- con respecto a la vida profesional. 
Ello muestra una diferencia con los hombres. 
Por esta razón no se puede hablar de igualdad si no se tiene en cuenta esta particularidad. 
Creo que es necesario llegar más lejos. 
Dice usted que son necesarios sistemas de cuidados muy desarrollados y abordables desde el punto de vista financiero y de calidad. 
En estas condiciones, no vaya sólo en el sentido de un planteamiento socialista- que puede ser el suyo, pero que no prevé la toma a su cargo automáticamente colectiva de los niños. 
La madre de familia que, por un tiempo que ella determinara, dispone de una suma de dinero para cuidar a sus hijos, ¿no garantiza un servicio de cuidado de calidad, poco oneroso y que responde al bien de los niños, de las mujeres y de toda la sociedad? 
Doy las gracias al Sr. Flynn por el coloquio de Roma que tendrá lugar sobre el... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, deseo ante todo felicitar a la Sra. Marinucci. 
En su informe, en efecto, resume con claridad y transparencia todos los aspectos del desempleo femenino y subraya que, con frecuencia y por una serie de prejuicios culturales, este problema se subestima respecto al desempleo masculino. 
Las valoraciones expresadas y basadas, entre otros, en estudios actualizados y datos estadísticos, son ampliamente aceptables en su conjunto: eliminar los obstáculos laborales, favorecer la participación de las mujeres en la formación profesional, mejorar el acceso a la protección en caso de desempleo, así como elaborar por fin una legislación más concreta en relación con todas las formas de trabajo atípico, en que la presencia de las mujeres es muy numerosa. 
Sin embargo, quiero hacer hincapié en un punto en particular, esto es, las mujeres tienen que gozar del derecho y la posibilidad de elegir el trabajo a tiempo parcial para poder conciliar el trabajo y las necesidades del hogar y de la familia. 
Comparto, no obstante, todas las perplejidades mostradas por la señora ponente en cuanto al trabajo a tiempo parcial y añado asimismo que las mujeres deben gozar del derecho de elegir el trabajo a tiempo completo por motivos de su carrera profesional o económicos; pensamos, por ejemplo, en las mujeres solas con hijos a su cargo. 
Pues bien, es preciso crear una auténtica asistencia social para las mujeres que trabajan, servicios de cuidado de los niños de alta calidad, así como auténticos servicios de asistencia a las personas mayores y a los minusválidos. 
Sabemos que frecuente y lamentablemente, es sólo sobre las mujeres que recaen el cuidado y la asistencia de las personas mayores y de los minusválidos, además de los hijos. 
Qué duda cabe de que todas estas estructuras cuestan a los Estados miembros, sobre todo en un período de recesión económica, sin embargo, nosotros tenemos que tutelar el derecho de las mujeres a tener un puesto de trabajo sin que esto suponga un obstáculo para su derecho a tener hijos, porque, en una sociedad que registra un descenso de la población, los hijos son un bien común. 
Y concluyo subrayando que es realmente vergonzoso que en vísperas del año 2000, a pesar de los reglamentos y las leyes nacionales y no obstante las claras indicaciones del Tratado, siga existiendo una increíble desigualdad salarial en perjuicio de las mujeres. 
Es necesario un esfuerzo especial de control con miras a eliminar esta inaceptable discriminación. La afirmación de una verdadera democracia europea pasa también por la eliminación de estas discriminaciones. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Marinucci constituye una excelente síntesis de las demandas de este Parlamento. 
Deseo llamar su atención sobre un punto, que es el trabajo a tiempo parcial. 
Éste se ha revelado como sustancial en el desarrollo de la mano de obra femenina en los años 90. 
Las mujeres ocupan hoy la mayor parte de los empleos a tiempo parcial: el 83 %. 
Se trata de una cifra extraordinaria. 
El tiempo parcial se presenta con frecuencia, en todo caso tradicionalmente, como un elemento positivo que permite a las mujeres conciliar vida profesional y familiar. 
Pero las estadísticas de Eurostat señalan que no hay nada de eso y que las preferencias irían al tiempo completo si existiera esa posibilidad, principalmente por las contingencias que constituyen los horarios de trabajo, el trabajo de fin de semana, la falta de perspectivas de promoción y de formaciones cualificadoras que, puestas en conjunto, contradicen la visión idílica que se tiene del tiempo parcial. 
Contrariamente al cliché, el trabajo a tiempo parcial no lo deciden las mujeres sino que con mucha frecuencia son los propios empleadores; en todo caso, constituye una obligación real inherente a nuestro modo de vida. 
Está poco desarrollado en la industria y en las funciones con responsabilidades; con frecuencia se limita a tareas poco cualificadas o a sectores particulares. 
Nuestra ponente considera que, si bien es necesario estimular el tiempo parcial en el mercado del empleo actual, es preciso ampliarlo a los empleos cualificados, estimular a los hombres a practicarlo y dar a todos los trabajadores a tiempo parcial la garantía de que puedan disponer de acciones de formación y de promoción social. 
Estos deseos corren el riesgo de quedar en letra muerta, ya que no veo en ninguna parte intención política de ponerlos en práctica. 
Creo que la propuesta más radical es la promoción del empleo de la mujer por medio de la erradicación drástica del tiempo parcial y la ordenación global del trabajo para todos, mujeres y hombres. 
Como nunca se conseguirá esto sin lucha y sin operar reformas escalonadas en el tiempo, la Unión Europea ha de comenzar por preguntarse sistemáticamente sobre los efectos discriminatorios que toda política de empleo puede provocar. 
Señor Presidente, durante la crisis económica de los años 30, algunos países, entre ellos el mío, promulgaron disposiciones legislativas o reglamentarias que prohibían el acceso de la mujer, por ejemplo, a la función pública. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando yo comencé a trabajar- para un sindicato de obreros, observen- tuvieron cuidado de advertirme que sería despedida si me casaba. 
En los años 50, la práctica habitual de mi país era aún la de despedir a las mujeres en el momento del matrimonio. 
Todavía hoy, hombres y mujeres piensan, y a veces lo dicen muy alto, que, al ser el desempleo el que es, las mujeres deberían quedar en casa, ocuparse de la familia, no competir con los hombres en el mercado de trabajo. 
Es evidente que nuestras leyes, y sobre todo las directivas europeas sobre la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, prohíben esas discriminaciones directas que acabo de ilustrar. 
Pero si bien los textos han cambiado, las mentalidades que intentan culpabilizar a las mujeres que desean disfrutar de su derecho al trabajo subsisten aún por desgracia y continúan influyendo en algunos políticos con capacidad de decisión. 
La Comisión de Derechos de la Mujer ha hecho bien por tanto elaborando un informe de propia iniciativa sobre la incidencia particular del desempleo en las mujeres. 
Quisiera recordar sin embargo que Talleyrand dijo que todo lo que es exagerado es insignificante. 
En algunos pasajes de este informe se ha exagerado, se ha generalizado demasiado, se han planteado reivindicaciones nada realistas. 
Algo que corre el riesgo de no ser insignificante, pero también de perjudicar a la mujer a quien se pretendería o bien proteger en exceso o singularizar demasiado, de forma que se la convierta en una mano de obra excesivamente costosa o demasiado difícil de gestionar, demasiado difícil de integrar en la buena marcha de la empresa. 
Hemos introducido una serie de enmiendas para poner remedio a esas exageraciones, a las que la Sra. Larive ha hecho alusión también. 
No olvidemos que hacemos el mayor servicio a las mujeres, a las jóvenes y a las menos jóvenes, que buscan trabajo o que desean reintegrarse a la vida económica, armándolas mediante una diversificación adecuada de sus decisiones profesionales, una formación sólida; las armamos también para enfrentarse a la competencia en el mercado del trabajo, por supuesto, eliminando todas las discriminaciones directas e indirectas y poniendo en práctica las acciones positivas que se imponen para garantizarles una igualdad de oportunidades. 
Espero que en el mes de noviembre como muy tarde se pueda debatir en este hemiciclo mi informe sobre esta materia. 
Les ayudaremos de nuevo, sobre todo, garantizándoles la libre elección, a ellas y a sus cónyuges, entre la vida profesional y la familia. 
Como el Sr. Flynn está presente aquí en el día de hoy, quisiera recordar que no se debería olvidar a esas trabajadoras invisibles que son las cónyuges ayudantes de los trabajadores autónomos, que están privadas no de empleo sino de estatuto. 
Quisiera preguntar al Sr. Flynn dónde está su propuesta de modificación de la directiva «descafeinada» de 1986 sobre la que este Parlamento aprobó un informe por unanimidad, que ha sido objeto de mesas redondas y que no ha llegado a nada concreto. 
Quisiera aprovechar la ocasión, señor Flynn, para pedirle que nos ilumine sobre este tema. 
Señor Presidente, señor Comisario, en el informe de la Sra. Marinucci se destaca con toda justificación que el mayor índice de desempleo femenino exige la adopción de medidas de carácter específico. 
Tanto para las mujeres como para los hombres, creo que la cuestión fundamental en el futuro consistirá en saber cómo estamos dispuestos a dividir el trabajo entre los seres humanos y los sistemas tecnológicos. 
¿Aceptamos el modelo de la mundialización, en el que únicamente un 20 % de la humanidad será necesario, y el 80 % restante, la mayoría mujeres, se convertirá en una especie de población excedente? 
La mejora de la situación del empleo femenino requiere un cambio de actitud con un enfoque más flexible que en la actualidad. 
En el desarrollo de la vida laboral se necesita un planteamiento más global de la vida. 
Las distintas fases en la vida de una mujer exigen soluciones distintas para aunar trabajo y familia. 
Se debería poder aplicar con flexibilidad la vuelta de un trabajo a tiempo parcial a la jornada laboral completa. 
Las excedencias y el trabajo a tiempo parcial por motivos de política familiar han de ser igualmente opciones para los hombres y para los representantes de los sectores profesionales más cualificados y mejor considerados. 
Se deben tener en cuenta los años de prestación de asistencia. 
De no ser así, estas excedencias podrían fácilmente convertirse en una trampa para discriminar a las mujeres en la vida laboral. 
El carácter empresarial femenino constituye un recurso que se ha utilizado muy por debajo de sus posibilidades. 
Por este motivo, es necesaria la adopción de medidas específicas para incentivar y formar a las mujeres con el fin de aprovechar sus numerosas aptitudes y conocimientos en el campo empresarial. 
Los puntos de apoyo primordiales para este objetivo son la educación, la concesión de créditos y el acceso a las redes de información. 
Igualmente, las mujeres se han visto hasta el momento bastante marginadas en el ámbito del desarrollo regional, a pesar de todos los objetivos que se han fijado en materia de igualdad de oportunidades y de que hemos hecho hincapié en este punto también con motivo de la reforma de los Fondos estructurales. 
Espero que en el futuro se puedan incrementar los recursos destinados a los programas que fomentan la igualdad de oportunidades. 
Señor Presidente, si hay asuntos para los que la escasez de tiempo es angustiosa, éste es uno de ellos. 
Las mujeres y el empleo plantean una infinidad de cuestiones teóricas y prácticas. 
Selecciono dos. 
La primera es la de la cuestión de las nuevas características del trabajo. 
Sin poner en entredicho conceptos y concepciones de clase social, lo que no quiere decir que éstos se mantengan inmutables, muy al contrario, se observa una terciarización que contribuye, por razones históricas y de otra índole, a una feminización del trabajo, lo que promueve y acelera objetivamente el acceso de las mujeres al llamado mundo del trabajo, lo que puede resultar impugnado coyuntural y perversamente, y también se pone de relieve de forma aún más decisiva el problema del tiempo y la organización de la utilización de la fuerza de trabajo, «de la organización del tiempo de vida» , podríamos decir. 
La segunda es la cuestión de la formación. 
La calidad de la fuerza de trabajo es cada vez más determinante. Lo que representa una humanización y socialización de las tareas. 
Las mujeres, como grupo social aún rehén de una división social del trabajo sexista y discriminatoria, están más dependientes del indispensable esfuerzo de formación, de capacitación de la fuerza de trabajo. 
En un reciente informe sobre la competitividad en la industria textil tuve oportunidad de proponer este planteamiento y de verlo aprobado. 
Lo recojo como mera referencia en apoyo de reflexiones que el informe de la Sra. Marinucci, a la que felicito por su trabajo, suscita. 
Y que sólo por eso tendría ya la mayor utilidad. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Marinucci es un buen informe, ya que hace una constatación muy elocuente: la tasa de desempleo entre las mujeres es más elevada que entre los hombres. 
Evidentemente, al igual que ella, estoy a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, a favor de la igualdad de salario para el mismo trabajo, a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en busca de empleo y por la reducción de la separación entre los hombres y las mujeres en el plano del desempleo. 
Todas estas desigualdades son absolutamente vergonzosas ya que nuestras leyes son muy claras en cada uno de nuestros países en este sentido. 
Al igual que usted, señora, creo que es necesario ordenar el tiempo de trabajo de las mujeres con más flexibilidad y que las madres de familia necesitan servicios de cuidados y de guardería adecuados. 
Sí, estoy de acuerdo con usted en numerosos puntos. 
Únicamente veo, señora, que si bien su informe está cargado de buenas intenciones, muchas de ellas son utópicas e irrealizables. 
Entre otras, hace unos momentos, una de mis colegas ha hablado de guarderías y es cierto que en un período de recesión, sería difícil que fueran gratuitas. 
Por otra parte, si bien estamos de acuerdo sobre el principio de la integración de las mujeres en el mundo del trabajo, no estamos de acuerdo con usted sobre algunos medios para conseguirlo. 
En efecto, estamos decididamente en contra del sistema de cuotas que nos propone, por ejemplo en el punto 17 de su resolución, ya que ser mujer no debe considerarse un obstáculo. 
Esta política no contribuirá a crear nuevos empleos, sino al contrario, hará que retroceda un poco más la condición femenina y reducirá a fin de cuentas a la mujer a la función de asistida dándole un estatuto de inferioridad. 
También estamos en contra de que se deba penalizar a un Estado que no respete la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tal como la entiende usted. 
Dar a las mujeres las posibilidades para que salgan adelante en el mundo del trabajo, asumiendo algunas su vida de familia y de madre no significa que haya que imponérselo por la fuerza y a cualquier precio. 
Finalmente, es una pena que no se proponga un ingreso parental, con el fin de facilitar la libre elección de todo el mundo. 
Por estas razones, señora, y en función de la votación de las enmiendas, adoptaremos nuestra decisión cuando llegue el momento. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Elena Marinucci por el excelente informe que ahora nos presenta. 
Este informe, que ha sido una iniciativa de la Comisión de Derechos de la Mujer, es un buen exponente del interés que estos asuntos nos merecen y que esperamos lleguen a ser desarrollados en breve por la Comisión e integrados en los planes nacionales de empleo. 
Por lo demás, el Comisario Flynn, en el alentador discurso que pronunció el pasado martes, en un seminario organizado por la Comisión en Portugal sobre «La integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos estructurales» , en el que también yo estuve presente, y en el que no sólo no criticó al Parlamento Europeo, sino que lo apoyó, se mostró completamente dispuesto y comprometido para avanzar por el camino que nosotros estamos examinando aquí hoy. 
Quisiera destacar cuatro aspectos que considero de la mayor importancia. 
En primer lugar, el empleo de las mujeres es fundamental tanto para el crecimiento de la economía como para el mantenimiento del modelo social europeo que queremos preservar. 
En efecto, sin el trabajo femenino y sin su cotización a la seguridad social, no habrá activos ni financiación que garantice, con la devolución demográfica esperada, una vida decente a los jubilados. 
Los hombres están descubriendo ahora que, sin el trabajo de las mujeres, no habrá ingresos suficientes para el pago de los cargas de la seguridad social. 
Espero que saquen de ello las indispensables enseñanzas, desde el punto de vista de la política de educación, de formación profesional, de reglamentación del trabajo atípico, de apoyo a los nuevos tipos de horarios y a las nuevas formas de trabajo y, en particular, a la economía social. 
Ahora bien, no piensen, señores míos, que estemos dispuestas a ser una vez más una reserva de trabajo, que se deja de lado si se comprueba que ya no es necesaria. 
Esta vez las mujeres están en el mercado de trabajo, pero para quedarse. 
En segundo lugar, la necesidad de una modificación profunda de la vida familiar que permita la conciliación, tanto a la mujer como al hombre, de su vida privada con su vida profesional. 
Me parece esencial apoyar mediante los Fondos estructurales a las empresas que ofrezcan estructuras para la atención a los niños o a las personas dependientes o enfermas y a las empresas creadas por mujeres para resolver este tipo de problemas. 
Como también es esencial que se generalice y se dé amplia difusión a las actitudes idóneas que se registran en la Unión Europea en esa esfera. 
Como, por ejemplo, el ejercicio de la licencia parental por el primer ministro de Finlandia, que durante una semana abdicó de sus funciones profesionales para ser sólo padre. 
Ese ejemplo merecería mucha mayor divulgación, en particular por la red Internet, que informes impropios pero devorados por los medios de comunicación mundiales. 
En tercer lugar, la individualización de la mujer y del hombre como seres con derechos propios dentro de la familia. 
En muchos países las políticas seguidas desde el punto de vista fiscal o de subsidios a los matrimonios desincentivan y crean dificultades mayores a las mujeres que quieren trabajar. 
Por último, propongo que se perfeccione la definición de «desempleo» y que las estadísticas acaben de una vez con la clasificación de «inactivas» para las mujeres que se hartan de trabajar en la casa, en la familia o en el campo y que no reciben remuneración alguna por ese trabajo. 
Es una vergüenza clasificar como «inactivas» a esas personas. 
Y el Comisario Flynn, que nos prometió más y mejores estadísticas con la diferenciación de sexos, bien puede luchar por acabar también con esa indignidad. 
Señor Presidente, quiero ante todo felicitar a la Sra. Marinucci del excelente trabajo realizado, así como de la atención especial deparada a las enmiendas presentadas por los Grupos políticos. 
Gracias, señora Marinucci, por su empeño y por su excelente labor. 
Qué duda cabe de que existe desde siempre una desigualdad entre hombres y mujeres, aunque algunas sociedades se han mostrado más civilizadas. 
Los últimos datos oficiales de EUROSTAT sobre la definición de desempleo facilitada por la Organización Internacional del Trabajo, no reflejan ni valoran como sería de esperar la situación social actual. 
Este análisis revela que los niveles de desempleo femenino son mayores que los de los hombres, sin embargo, no tiene debidamente en cuenta su verdadero motivo y no aclara el auténtico significado del trabajo a tiempo parcial. 
Este último, regulado por leyes y ampliado a las profesiones cualificadas, podría resolver el problema del desempleo si se aplicara sobre bases voluntarias. 
A la vista de la actual situación del mercado laboral, así como de las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, estas últimas, por lo regular, tienen derecho a un subsidio de desempleo más limitado, y esto, a pesar de la política de igualdad de oportunidades que prevé la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores masculinos y femeninos, a tenor del artículo 119 del Tratado de Maastricht, un artículo que conocemos muy bien y que ha sido objeto de frecuentes debates en este Pleno. 
El señor Comisario Flynn conoce perfectamente también esta realidad. 
Asimismo, las pocas oportunidades que ofrece el mercado laboral no son conocidas casi nunca por las mujeres que casi siempre son informadas con retraso y sólo después de una primera selección. 
Por tanto, una oferta cualificada y una información inmediata y concreta se convierten en fundamentales con miras a una justa participación de los hombres y de las mujeres en el trabajo a tiempo parcial y en las demás modalidades de trabajo, junto con la eliminación de las discriminaciones salariales entre ambos sexos. 
Es indudable que hemos hablado muchas veces de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en este Pleno. 
Las acciones a emprender son concretas y, hasta que no se lleve a cabo ya desde la formación una cultura en pos de la igualdad, será difícil poder aplicar lo que decidimos en el Pleno y debatimos tan atentamente. 
En consecuencia, antes que nada es prioritario empezar a trabajar desde pequeños, al objeto de que esta cultura de la igualdad sea conocida realmente y, por ende, establecida cuidadosamente. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero hacer una observación de principio, ya que en el debate se ha mencionado la expresión "grupo de presión" de las mujeres o de la política de la mujer. 
Esto da la impresión de que el tema sólo interesa a parte de la sociedad, lo cual dudo mucho. 
Si no resolvemos el problema de la desigualdad de trato entre hombres y mujeres en el mundo laboral, nos encontraremos con graves problemas en nuestra sociedad. 
Cuanto mayores sean las desigualdades, más acuciantes serán los problemas del mundo del trabajo. 
Así pues, se trata de un problema de toda la sociedad. 
Hay un punto del informe que me ha interesado sobremanera, y hasta me ha alarmado: aunque las mujeres han alcanzado masivamente, e incluso en parte han superado a los hombres en el nivel de formación, siguen teniendo los mismos problemas en el ámbito laboral. Esto afecta incluso a las mujeres más cualificadas. 
Para las mujeres, el problema fundamental estriba en la dicotomía entre trabajar y tener hijos. 
Este es el aspecto fundamental que tenemos que considerar en el futuro: hemos de establecer en nuestros países guarderías cualificadas y con horarios que cubran todo el día. 
Este problema- es decir, la incompatibilidad entre el trabajo y el cuidado de los hijos- no afecta sólo a las mujeres, sino también a los hombres solos con hijos, y sólo puede combatirse con instituciones cualificadas que se encarguen de la educación y el cuidado de los niños. 
La sociedad y el sector público, y también la iniciativa privada, deben prepararse para ello. 
Ésta es la cuestión fundamental. 
Señor Presidente, realmente es una pena que en el excelente informe de nuestra colega Marinucci, en el que se exponen cuestiones muy dignas de apoyo, no se tenga en cuenta en absoluto- y, por lo que yo supongo, por razones puramente ideológicas- que en muchas familias uno de los dos miembros de la pareja- habitualmente la mujerprefiere abandonar, de manera totalmente voluntaria, el circuito laboral para quedarse en casa y dedicarse a la familia, principalmente al cuidado de los hijos. 
Personalmente, estoy convencido de que esta elección no sólo es una elección legítima, sino que este trabajo doméstico merece una recompensa, tanto financiera como moral, después de tantos años de adoctrinamiento feminista. 
Entiéndaseme bien, no tengo nada en contra de este informe que, en general, es excelente, y no tengo ninguna objeción a la mayor parte de las recomendaciones que hay en él, en la medida en que, al fin y al cabo, persiguen la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 
Pero me resulta totalmente incomprensible que el informe no mencione en primerísimo lugar el paro, antes de otras consideraciones, y que no abogue por una prestación familiar digna para los padres o madres que trabajan en casa. 
Esto sería una alternativa a la que se acogerían sin duda cientos de personas en Europa y, quizá por primera vez existiría una verdadera libertad de elección entre el trabajo doméstico y el trabajo fuera de casa. 
Así pues, tengo la impresión de que, por razones ideológicas, por razones supuestamente feministas, pero no en interés de la mujer, se boicotea esta libertad de elección. 
Además, en este informe- en el que se tratan muchos y variados temas- habría que dedicar tranquilamente un apartado a la discriminación fiscal de las parejas casadas. 
En mi país, en cualquier caso, los matrimonios pagan muchos más impuestos que las parejas que viven juntas sin estar casadas, con todas las consecuencias que ello entraña. 
Por último, querría señalar a la señora Marinucci que, ante consideraciones como las que defiende- cito literalmente: " que destinen un lugar en las escuelas en el que los jóvenes puedan hablar sobre la igualdad de oportunidades» -, que este tipo de afirmaciones más bien corresponde a una antología del chiste o del disparate, pero no a un informe parlamentario. En el Parlamento Europeo cabría esperar un mínimo de seriedad y respeto. 
Señor Presidente, ¿cómo podemos emplear a la UE para aumentar el número de mujeres trabajadoras y cómo puede contribuir la UE a garantizar que reciban ayuda las mujeres que trabajan en condiciones precarias e inseguras bajo la amenaza constante de perder su empleo? 
Con el Tratado de Amsterdam logramos- gracias al esfuerzo de los socialdemócratas daneses- incluir el empleo en el orden del día. 
Y en la cumbre especial sobre el desempleo celebrada en Luxemburgo los jefes de gobierno se comprometieron a solucionar en común el problema del desempleo. 
Uno de los objetivos era mejorar la igualdad de derechos en el mercado laboral. 
Por ello, en los nuevos objetivos hemos de exigir objetivos más ambiciosos de igualdad de derechos en el mercado laboral. 
Debemos disponer de objetivos y calendarios claros y han de crearse las condiciones económicas que posibiliten su puesta en marcha. 
Los nuevos objetivos deben incluir los siguientes puntos: Una reducción drástica del desequilibrio en los niveles de desempleo de hombres y mujeres. 
Una menor división por sexos del mercado laboral, la existencia de convenios para el cuidado de niños accesibles a todos los bolsillos. 
La mejora de las posibilidades de formación de las mujeres. 
El reajuste de los regímenes de excedencia para que también les resulten atractivos a los hombres. 
La eliminación de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. 
Ahora, no sólo es la UE la que debe garantizar la igualdad de derechos en el mercado laboral de los países miembros. 
El mayor trabajo recae sobre los Estados miembros; no obstante, los objetivos comunes deben encargarse de que los países miembros respondan de sus promesas. 
Cuando los países miembros muestren sus planes nacionales de actuación a los demás países y a los ciudadanos, será posible acusar a los países que no cumplan los objetivos comunes- acercándonos así a una competencia comunitaria en lo que a la igualdad de derechos en el mercado laboral se refiere. 
En otras palabras, debemos incluir la igualdad de derechos en nuestras reflexiones en todas las políticas tanto a escala europea como a escala nacional. 
Estoy por ello muy satisfecho de que en Dinamarca hayamos introducido una evaluación obligatoria de las consecuencias de todas las propuestas de ley con respecto a hombres y mujeres, respectivamente, y de que en el Tratado de Amsterdam quede recogido el principio de que la igualdad no sólo debe verse como una política aislada sino que también debe ser integrada en todas las iniciativas comunitarias. 
Señor Presidente, el informe Marinucci pone el dedo en la llaga que siguen padeciendo las mujeres. 
En primer lugar, aún siguen sin percibir el mismo salario por el mismo trabajo. 
En segundo lugar, el desempleo sigue afectando más a las mujeres que a los hombres. 
Esto no tiene que ver con la formación, sino, sobre todo, con el hecho de que las mujeres que tienen hijos se ven desfavorecidas en el mercado de trabajo. Esto es perjudicial para las mujeres y perjudicial para los hijos, que muy a menudo son víctimas de una igualdad de oportunidades para las mujeres mal entendida. 
¿Qué hay que hacer entonces? 
Es necesario crear lo más rápidamente posible las condiciones generales que hagan posible conciliar trabajo y familia. Esto implica una mayor flexibilidad de la organización del trabajo, e implica mejores servicios de cuidado de los hijos. 
Ahora bien, estos servicios no deben convertirse en meros " depósitos» de niños, es decir, sitios que sólo se utilizan para dejarlos colocados. 
Se necesitan las dos cosas: crear las instituciones encargadas del cuidado de los hijos y favorecer la posibilidad de elección. 
Por ejemplo, la vía que ha emprendido nuestro Ministerio de Asuntos de la Familia. 
La propuesta plantea introducir periodos de subsidio para todas las madres y padres, independientemente de si tienen trabajo o no, para facilitar la posibilidad de elección, y no sólo para las mujeres, sino también para los hombres. 
Creo que este concepto debería examinarse también a escala europea. 
Ha de darse la posibilidad de elegir, no cabe imponer la disyuntiva: o el trabajo o los hijos. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, cuando se tienen tres minutos para cambiar el mundo, la tarea no ofrece muchas esperanzas. 
Por eso, aprovechando el excelente e interesante informe de mi colega Marinucci, realmente sólo puedo plantear tres observaciones. 
La primera es que, mirando en retrospectiva estos últimos cuarenta años, es indiscutible que la Unión Europea, la unificación europea, ha desempeñado un importantísimo papel para las mujeres. 
No hay más que pensar en el hecho de que la realización de la Unión ha ido unida a la formulación del principio de igualdad. 
Este principio lo hemos desarrollado en una serie de directivas. 
Hemos conseguido programas de acción y, por último, en el Tratado de Amsterdam, hemos conseguido la posibilidad de luchar contra la discriminación y de hacer uso, en la medida de lo posible, de la discriminación positiva. 
Las mujeres, es interesante, se han dado cuenta de que la Unión es importante para ellas. 
Porque lo que traslucen las encuestas es que, en general, las mujeres tienen una postura más positiva hacia la Unión Europea que los hombres, que ellas demuestran mayor simpatía. En realidad, tanto más cuanto que tienen más que esperar de la Unión. 
La simpatía de las mujeres italianas- y lo digo, naturalmente, en atención a nuestra ponente- es extraordinariamente alta. El 43 % de las italianas espera algo de la Unión. 
En Suecia, sin embargo, es del 11 %. 
Esto también es lógico, porque las mujeres suecas han avanzado bastante más. 
Esto significa, por tanto, que en realidad tenemos que apelar al pragmatismo y a la lógica actitud de las mujeres. 
Para ello, en mi opinión, es necesario que hagamos tres cosas. 
En primer lugar- ya se ha dicho hoy aquí y también aparece en el informe, hemos de aplicar y poner en práctica lo que hemos suscrito. 
En ningún lugar de la Unión las mujeres cobran el mismo salario por el mismo trabajo. 
Incluso en mi país, los Países Bajos, la diferencia ronda el 30 %. 
Esto tiene que terminar. 
No podemos estar cuarenta años predicando igualdad y no cumpliéndola. 
En segundo lugar, el mainstreaming es un clamor. 
Tenemos que demostrarlo. Tenemos que exigir que en todos los programas de empleo quede claro, no en un apartado al margen, sino como parte normal, lo que significa para las mujeres. 
En tercero y último lugar, una pregunta a la Sra. Comisaria: ¿no deberíamos, al igual que en 1980, realizar un estudio sobre " El Estado de la Unión» , el estado con respecto a la situación de las mujeres, para dirigir expresamente la atención hacia un problema, en el que indudablemente hemos hecho progresos considerables, no lo dudo, pero ante el que aún estamos muy lejos de alcanzar la solución ideal? 
Señor Presidente, la mayor parte de los desempleados de larga duración y de los trabajadores a tiempo parcial en casi todos los países de la Unión Europea son mujeres. 
El aumento de los contratos temporales ha ocasionado incertidumbre en la vida de éstas. 
La diferencia salarial entre mujeres y hombres es el motivo de que las mujeres se encuentren en una posición de desventaja a la hora de percibir beneficios en materia de seguridad social y de pensiones. 
Es increíble que todavía en los años 90 tengamos que pararnos a pensar para buscar soluciones a estos problemas. 
Debería resultar claro que por el mismo trabajo hay que pagar el mismo salario, independientemente del sexo del trabajador. 
Y este principio debería aplicarse también aquí, en los salarios del Parlamento Europeo. 
Hay que hacer una mayor esfuerzo en la reorientación y, sobre todo, en la formación profesional de los desempleados. 
En Finlandia se han emprendido campañas para animar a las mujeres a elegir especialidades de orden científico y técnico. 
A pesar de ello, no se ha logrado el resultado que cabía esperar para incentivar a las mujeres a incorporarse a estos ámbitos de tradicional predominio masculino. 
¿Por qué ocurre esto? 
¿Acaso están tan arraigadas en nosotras las antiguas costumbres que aprendimos en casa? 
Nos queda aún mucho por mejorar en lo que a actitud se refiere. 
Nos arredramos fácilmente. 
No nos atrevemos a aceptar tareas exigentes o a experimentar cosas nuevas. 
No comprendo los intentos de solucionar este problema por medio de distintas cuotas. 
Necesitamos otro tipo de medidas. 
Creo que la Comisión podría realizar un estudio más amplio de estos motivos y actitudes en toda la UE. 
Muchos de los sectores denominados masculinos han evolucionado gracias a la automatización, de manera que ya no es necesaria la fuerza física para llevar a cabo las tareas de trabajo. 
Sin embargo, no se trata de que las mujeres estén menos cualificadas que los hombres. 
Al contrario. 
Las niñas obtienen mejores resultados en el colegio que los niños. 
En las universidades y los centros de estudios superiores hay más chicas que chicos. 
Las mujeres se enfrentan sin embargo con una desventaja en aquellos países donde existe una formación de reservistas o de suboficiales a los que se inculca aptitudes de mando. 
Las mujeres no disponen de nada equivalente. 
Como ya he dicho, queda mucho por mejorar en la actitud de las mujeres. 
Debemos tener fe en nuestra capacidad y confianza en nosotras mismas. 
Huelga decir que me agrada el informe Marinucci, que está centrado en las características específicas del desempleo femenino en la Unión Europea. Doy gracias a todos los que han contribuido al carácter constructivo del debate sostenido esta mañana. 
En su primera parte el informe destaca la diferencia que hay entre hombres y mujeres en materia de desempleo, pues en casi todos los Estados miembros el desempleo femenino es mayor que el masculino. 
También se centra en los obstáculos con que tropiezan las mujeres que desean trabajar. 
El informe destaca acertadamente que en todos los Estados miembros las instalaciones y servicios de protección social están escasamente desarrollados. 
Mucho me asombró el número de personas que mencionaron esta cuestión, exactamente tal como yo la veo. 
También menciona otra cuestión importante: el permiso parental y los prolongados cortes de la carrera laboral pueden, cosa paradójica, perjudicar a la mujer durante el resto de su vida laboral en términos de ascensos, protección social y acceso al mercado del trabajo, si ese tipo de permiso lo toma casi exclusivamente la mujer. 
El informe es aún más interesante porque va mucho más allá de la situación de desempleo femenino propiamente dicha. 
También examina la posición de la mujer en el mercado de trabajo en general, la eficacia de la educación y la capacitación, y la estrategia del empleo en la Unión Europea, desde Essen hasta Luxemburgo y Cardiff. 
Destaca la necesidad de implantar la igualdad en las normas de empleo, así como la promoción de acciones positivas en favor de la mujer. 
Éste es el enfoque doble que se puso de relieve durante la conferencia conjunta organizada en enero de este año por el Parlamento y la Comisión en relación con las directrices sobre el empleo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se convino en ella. 
¿Podemos conseguir la integración sin que haya estadísticas desglosadas por sexo? 
La Comisión, en cooperación con Eurostat, seguirá esforzándose por mejorar el suministro de estadísticas sobre la situación del mercado laboral desde el punto de vista de la mujer. 
El informe anual sobre la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la Unión contiene muchas estadísticas, desglosadas por sexo, sobre diversas cuestiones relacionadas con la igualdad. 
Tenemos la intención de seguir publicando el informe, con su extenso acervo de datos estadísticos. 
No se pueden hacer evaluaciones sin contar con estadísticas básicas a efectos comparativos. 
En cuanto a la cuestión de la integración, durante la presidencia británica del Consejo se consiguieron progresos. 
Las conclusiones del Consejo Europeo de Cardiff, celebrado en junio de 1998, piden a todos los Estados miembros que velen por la igualdad entre hombres y mujeres y por su integración en todos los aspectos de nuestras políticas de empleo. 
Esto representa un importante paso adelante. 
Vamos a oír mucho más acerca de esa cuestión en nuestras directrices para 1999, que discutiremos aquí no dentro de mucho tiempo. 
La cuestión de la protección social, que se destacó en el programa político durante la presidencia británica del Consejo, también se examina en este informe. 
La cuestión reviste mucha importancia en las directrices de empleo para 1998. 
Me alegra que tantas personas hayan hecho comentarios acerca de los servicios de cuidado, la gran necesidad que existe de dichos servicios, y también la necesidad de que sean de alto nivel; la necesidad de que su disponibilidad no sea selectiva, en cuanto se refiere a los cuidados y a su prestación; y, particularmente, la necesidad de capacitación. 
Todo esto se pondrá de relieve. 
En los Estados miembros no se tiene debidamente en cuenta esta cuestión, y voy a ocuparme particularmente de ella en lo que se refiere a las directrices para 1999. 
El cuarto pilar de las directrices de empleo sobre refuerzo de las políticas de igualdad de oportunidades enuncia que los Estados miembros deben esforzarse por mejorar el grado de acceso a los servicios de cuidado en los casos en que no se atienden las necesidades. 
Nuestro concepto de cuidado es más amplio y ahora no solamente se refiere al cuidado infantil sino también al cuidado de todas las personas en situación de dependencia, incluidos los discapacitados y las personas de edad. 
Se han conseguido progresos en esta importante cuestión, y así lo dice la Sra. Seillier. Esto quedó confirmado en la reunión de Belfast de los ministros responsables de la mujer y de la igualdad, que tuvo lugar en mayo. 
En la reunión hubo un acuerdo clarísimo en el sentido de que los servicios de cuidado infantil asequibles, accesibles y de alta calidad, así como los planes de permiso parental y otros tipos de planes en las políticas laborales que promueven lo familiar, son esenciales para que los hombres y las mujeres puedan combinar su trabajo con sus responsabilidades familiares. 
Tengo la impresión de que, a menos de que resolvamos debidamente la cuestión del cuidado de las personas a cargo, nunca conseguiremos aumentar eficazmente el grado de participación de la mujer en el mercado laboral. 
Aún nos queda mucho por hacer si queremos alcanzar los objetivos en materia de prestación de cuidados. 
Hemos de vigilar estrechamente de qué forma los Estados miembros se ocupan de esta cuestión, qué tipo de políticas elaboran, y qué recursos la dedican en sus planes de acción en materia de empleo para 1999 y años subsiguientes. 
La estrategia de empleo de la Unión Europea ha indicado ya su valor por lo bien que ha conseguido enraizar la igualdad de oportunidades en todos los planes nacionales de empleo. 
De ahora en adelante es preciso que se adopten medidas firmes para poner en práctica la voluntad que se manifiesta en las directrices. 
Los Estados miembros saben perfectamente lo que tienen que hacer. 
En 1998 el desafío consistía en poner el proceso en marcha. Eso ya se ha conseguido. 
Ahora, para 1999 habrá que poner en prácticas las medidas a fin de alcanzar los objetivos, y para demostrar que estamos actuando en el marco de todas las directrices. 
A esto es a lo que nos referimos al hablar de la igualdad de oportunidades. 
La Sra. Lulling se ha referido a la directiva de 1986 acerca de la asistencia a los cónyuges. 
Hemos tenido dos reuniones de mesa redonda con expertos en esta cuestión, sin haber conseguido un consenso ni siquiera entre los expertos, acerca de la modificación de esa directiva. 
El informe está muy detallado y se ha publicado ya, Sra. Lulling, y aprovecharé la oportunidad para enviarle un ejemplar; seguramente lo encontrará usted interesante. 
El Sr. Delcroix, la Sra. Angelilli, el Sr. Schäfer y otros diputados se han referido muy acertadamente a la cuestión del trabajo a tiempo parcial y de la correspondiente directiva. 
Lo que preconizan es que hombres y mujeres puedan pasar del régimen de trabajo a tiempo parcial al régimen de trabajo a jornada entera y viceversa sin discriminación alguna y sin pérdida de sus posibilidades de empleo. 
Ésa era una de las cuestiones fundamentales de la directiva sobre el trabajo a tiempo parcial, que, como saben ustedes, era la respuesta a un acuerdo colectivo entre los interlocutores sociales. 
Quedo agradecido a la Sra. Hautala por hablar del discurso pronunciado en Portugal. 
Más me agradó que la Sra. Torres Marques dijera que no critiqué al Parlamento, y en eso tiene razón. 
Ha sido muy amable en sus observaciones acerca del discurso del martes en Portugal. 
No critiqué al Parlamento, y lo que dije- y no me importa nada repetirlo aquí- es que me gustaría animar al Parlamento a que hiciera exactamente lo que está haciendo hoy: concentrarse en la amplísima cuestión relativa a la estrategia de empleo y de la igualdad de oportunidades y a la reforma de los fondos estructurales. 
Diré, por último, que en ese discurso hice todo lo posible por estimular al Parlamento a que instara a los Estados miembros a que adaptaran sus políticas para que resultara más fácil combinar la vida de familia y la vida laboral y para que las mujeres recibieran capacitación cuando quisieran volver al mercado de trabajo después de una ausencia provocada por la necesidad de prestar cuidado a sus hijos u otras personas a cargo. 
Tenemos que ocuparnos también de todas las barreras artificiales que en todos los ámbitos del mercado laboral causan segregación y discriminación. 
Hay que acabar con ellas. 
Ése era el mensaje que expuse en Portugal, y me gustaría contar con el apoyo del Parlamento para seguir desarrollando esa política. 
Muchas gracias por haber planteado la cuestión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Empleo femenino: papel de las cooperativas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0270/98) de la Sra. Colombo Svevo, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre el papel de las cooperativas en el crecimiento del empleo femenino. 
Señor Presidente, voy a comenzar dando las gracias a la Sra. Marinucci porque a través de su informe ha puesto en evidencia los problemas estructurales del mercado y la relación entre este último y el empleo femenino permitiéndome llevar a cabo una investigación específica que, sin embargo, tiene como telón de fondo el marco que ha definido en su informe. 
Hemos investigado un aspecto específico del empleo, es decir, la relación entre las cooperativas y el trabajo femenino. 
Lo hemos hecho porque nos dimos cuenta de que en el ámbito de la cooperación- mejor dicho, en el gran ámbito de la economía social del tercer sector- se están llevando a cabo importantes experiencias que hemos tratado de evidenciar y que la Comisión de Derechos de la Mujer comprobó personalmente en Italia al visitar algunas cooperativas, un fenómeno respaldado muy firmemente por la Sra. Ghilardotti en el seno de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Pues bien, estimo que la Unión Europea tiene que difundir estas ideas y considero que la conferencia que se celebrará la próxima semana en Bruselas es una respuesta significativa para que se conozca todo lo que se está haciendo en este sector. 
¿Qué hemos averiguado a través de esta investigación? 
Primero, las cooperativas han creado empleo, exactamente igual que lo han hecho las pequeñas y medianas empresas, y en particular la pequeña cooperativa ha desempeñado un papel positivo en beneficio del empleo femenino; segundo, las cooperativas han generado esas nuevas bolsas de empleo que ya habían sido señalas por la Unión Europea tanto en los sectores tradicionales de los servicios a la persona como en los sectores innovadores. 
A este propósito, quiero recalcar que incluso cuando la cooperación ha trabajado en los sectores tradicionales como, por ejemplo, los sociosanitarios, ha desempeñado una función innovadora en el sentido de que luego se ha enraizado en la realidad local y ha dado respuesta a las necesidades de la realidad local. 
Tercero, las cooperativas han desempeñado un papel positivo de cara a la inserción laboral tanto de quien se encontraba alejado del mundo laboral desde hacía tiempo como de quienes, es el caso de muchas mujeres, quizás se habían alejado del mercado laboral sólo por un período determinado de tiempo cumpliendo también- deseo hacer especial hincapié en este dato- una función de formación sobre el terreno. 
Hemos constatado que muchas mujeres ya son presidentas de cooperativas y muchas de ellas son presidentas de consorcios de cooperativas. Esto, por tanto, ha desarrollado una función empresarial en las mujeres. 
Asimismo las cooperativas han intervenido en el ámbito de la flexibilidad de la organización del trabajo tanto en lo que se refiere a los horarios como en lo que respecta al tiempo libre. Una flexibilidad que, entre otras cosas, quiero subrayarlo, no margina porque, en general, el objetivo y las formas de organización de la cooperación requieren, al fin y al cabo, la participación de los socios y su responsabilidad. 
Señorías, mientras estoy refiriéndome a los elementos puestos de manifiesto en nuestra investigación, descubrirán que muchas de estas características, es decir, la adaptabilidad, la conciliación, la reinserción, están en la base de las demandas de las mujeres para entrar en el mercado laboral. 
Sin duda, las recientes encuestas realizadas en mi país han demostrado el interés de las mujeres por este tipo de empresa. 
Por lo tanto, en mi opinión, tenemos que desempeñar, como Unión Europea- y se lo digo al señor Comisario Flynn porque sé que es muy sensible a estos temas- un papel realmente activo de cara a toda la economía social. 
Precisamos una investigación sobre las dimensiones y las características, en particular sobre la cooperación y su evolución en los distintos Estados. 
Se ha elaborado una comunicación sobre las asociaciones y las fundaciones. Nosotros esperamos un Libro Blanco sobre la cooperación, al objeto de evidenciar los cambios y permitir una comparación entre las experiencias más peculiares. 
Necesitamos un marco legislativo que, sin maniatar estas realidades- porque no puede hacerse, ya que su naturaleza está evolucionando y porque se desarrollan conforme a las necesidades que cubren- ofrezca una mayor transparencia jurídica con el fin de evitar situaciones que puedan desvirtuar el espíritu y las finalidades de la cooperación. 
Son necesarias asimismo disposiciones específicas, por ejemplo, en las licitaciones; la aplicación de tipos reducidos del IVA y, por último, un apoyo económico a la economía social también a través de esas medidas que se prevén en favor de las pequeñas y medianas empresas. 
En lo que se refiere a la formación, hay que tener en cuenta que el Fondo social deberá proporcionar una formación adecuada en este ámbito que permita adquirir no solo conocimientos, sino los conocimientos que son necesarios para la gestión de los proyectos y el trabajo en equipo. 
Señor Presidente, con este informe hemos alimentado una esperanza y confiamos realmente en que esto haga sentir la necesidad de una reflexión más amplia en torno a este tema. 
Señor Presidente, antes que nada quiero felicitar a la ponente, Sra. Colombo Svevo, porque ha elaborado un informe exhaustivo al que realmente no habría nada que añadir, habida cuenta de que ha abordado todos los puntos y ha puesto de manifiesto todas el potencial de este sector subrayando sus necesidades de reglamentación y de intervención y evidenciando el papel que la Unión Europea y los Estados miembros pueden desempeñar para potenciar y desarrollar un sector que, sin duda, es importante para el empleo femenino. 
Ello no obstante, quiero hacer algunas consideraciones de carácter general. 
Como decía la Sra. Colombo Svevo, no se puede hablar de su informe sin relacionarlo directamente con el excelente informe de la Sra. Marinucci y con el debate que se ha desarrollado al respecto. 
Creo que se puede decir tranquilamente que, al menos en los últimos veinte años, la política de igualdad de oportunidades fomentada por la Unión Europea es una de las pocas políticas que ha cosechado éxitos a nivel social. 
Por otra parte, los numerosos problemas existentes ya han sido recalcados en el debate y los conocen la Comisión, el Parlamento y las mujeres (que son las directamente implicadas) , así como el Consejo. 
Se están dando algunos pasos adelante. 
El Tratado de Amsterdam ofrece ciertas posibilidades. 
Las directivas emanadas, pese a un fundamento jurídico muy deficiente, el artículo 119, han permitido realizar progresos en esta dirección. 
Creo, sin embargo, que hace falta más determinación y más coherencia. 
Lo digo precisamente en relación a los aspectos recalcados por la Sra. Colombo Svevo. 
La economía social no puede resolver todos los problemas, sin embargo, es una de las posibles soluciones junto con otras como, por ejemplo, la política del mainstreaming, las inversiones, la consideración de la prioridad concreta, también en términos de financiación, del problema del empleo. 
Entre las formas en que se manifiesta la economía social, la cooperación social es una prueba importante. 
Ya lo es hoy en la realidad- una realidad descrita por la Sra. Colombo Svevo- y lo es también en el potencial que representa. 
Creo que hace falta más determinación y más coherencia porque, pese a reconocer este hecho que reconocieron también el Consejo y la Comisión en las Cumbres de Luxemburgo y de Cardiff, no actuamos en consecuencia. 
Me refiero, por ejemplo, a un problema específico que vamos a abordar dentro de unas semanas, es decir, el presupuesto. 
La línea presupuestaria de apoyo a la economía social- la B5-321, que no es una línea de competencia del señor Comisario Flynn quien es miembro de la Comisión- carece de fundamento jurídico. 
Sabemos que a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia y del Acuerdo Interinstitucional, es posible proveer una cobertura financiera en el presupuesto sólo si existen fundamentos jurídicos, y podemos hacerlo si la Comisión tiene realmente intención de elaborar programas que pueden establecer los fundamentos jurídicos. 
Pues bien, una iniciativa legislativa que tuvo éxito y con respecto a la que el Parlamento Europeo se expresó en su momento, preveía un programa para el sector de la economía social. 
Tras el debate y el informe de hoy, creo que ésta es la ocasión para que la Comisión retome este programa a fin de que el próximo año el mismo represente un respaldo concreto, un medio para difundir las mejores prácticas y consiga que este sector contribuya de forma tangible, en términos cuantitativos y cualitativos, a hacer frente al problema del empleo femenino. 
El debate queda aplazado hasta las 18.00 horas. 
Señor Presidente, colegas, les agradezco que me den la palabra e intervengo a título personal. 
La organización ETA acaba de comunicar la pasada noche una tregua indefinida y sin condiciones. 
Yo quiero decir que acojo este comunicado con cautela, con la esperanza de que sea sincero y, sobre todo, con satisfacción. Porque abre una puerta de esperanza para que en el País Vasco se consiga por fin la paz. 
Señor Presidente, también deseo referirme a este asunto. 
Ayer, como ha dicho la Sra. Dührkop Dührkop, el grupo terrorista ETA anunció una tregua. 
Tenemos que acoger esta declaración- cómo no- con satisfacción pero también con cautela. 
No es la primera vez que el grupo terrorista ha declarado una tregua y, evidentemente, habrá que ver si algo tiene que ver esta declaración con las próximas elecciones en el País Vasco. 
En cualquier caso, es una esperanza. 
Seguimos confiando y esperando el fin definitivo de la violencia y, en todo caso, creemos que este paso es fruto del espíritu de diálogo y de concordia que presidió y animó a quienes formaron y redactaron la Constitución española. 
Señor Presidente, es necesario que escuchen ustedes varias voces de España y que todas ellas tengan esperanza en un proceso de paz. 
También es necesaria la cautela, pero hay que confiar en los valores democráticos que estamos desarrollando en España desde el momento en que se recuperó la democracia. 
Muchas veces hemos venido aquí para condenar terribles crímenes, asesinatos indiscriminados o contra representantes del pueblo. 
Y esta noticia que nos llega a todos nos llena de esperanza, aunque dentro de la cautela. 
Yo creo que les hablo a título personal y en nombre de Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. 
Señor Presidente, los vascos, el pueblo vasco, hemos sufrido muchos años de un conflicto violento que ha azotado nuestra sociedad. 
Esta noche, hemos recibido con satisfacción que la organización ETA ha declarado una tregua unilateral, indefinida y sin condiciones. 
Es la primera vez que ETA declara una tregua de este tipo. 
Yo espero que todas las fuerzas políticas- y hago también un llamamiento de colaboración a las fuerzas políticas europeas y a la sociedad europeaestemos a la altura de las circunstancias y seamos capaces de avanzar en un proceso de paz dialogado que colme las expectativas de paz y esperanza que tiene la inmensa mayoría de los vascos. 
Creo que todos compartimos las esperanzas de los colegas españoles. 
Votaciones 
En la letra d del apartado 1 desearía que se dijera "60 días naturales» en vez de" 45 días naturales». 
¿Podemos aceptar la enmienda oral del ponente? 
Constato que no hay ninguna objeción, por lo tanto será sometida a votación. 
Enmienda 33 
Permítanme explicar que lo que estoy diciendo es que se acepte toda la enmienda 33, con lo que sustituiría el apartado hasta las palabras " plazo máximo de pago será de 60 días naturales» en mi enmienda 26. 
Por lo demás, el resto de la enmienda 26 seguiría en pie. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa) 
Señor Presidente, según nuestras notas de sesión, en caso de aprobación de la enmienda 14, las enmiendas 4 y 18 decaen. 
Quisiera informarle de que la aprobación de la enmienda 14 no hace decaer la enmienda 4. 
Puede votarse muy bien como adición y yo le pediría que la sometiera a votación como tal. 
Señor Weber, me pone en un aprieto porque los servicios del Parlamento me informan que el contenido se ha considerado incompatible. 
Señor Presidente, comparto su apreciación, ya que ambas enmiendas se refieren al mismo apartado de la resolución y si se aprueba la enmienda 14 de mi grupo la enmienda 4 de la Coalición Radical Europea decae, a no ser que mi grupo aceptara la enmienda 4 como añadido, lo que no haremos. 
Señor Presidente, al contrario de lo que ha dicho la Sra. Roth, nuestra enmienda está en relación con la preservación de la biodiversidad, lo que no es el caso de la enmienda de su grupo. 
Por consiguiente, insisto para que nuestra enmienda se someta a votación como adición. 
Señor Presidente, no hace falta que demos ahora una clase de lectura. 
Hemos discutido con los socialistas si debía fijarse un límite cuantitativo. 
En nuestra enmienda 18 se dan cifras exactas de cómo debe entenderse dicho límite. 
Si hubiéramos realizado correctamente la votación, y nuestra enmienda se hubiera examinado primero, ahora seguiríamos también el orden correcto. 
Insisto explícitamente que se someta a votación la enmienda 18 y que todo el que domine la lectura se dé cuenta de que hay una diferencia. 
Señora Breyer, respeto su opinión pero hay más opiniones y valoraciones en esta sala. 
No he tenido inconveniente de someter a votación su enmienda, pero de acuerdo con nuestra apreciación no es correcto. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, le agradezco que me dé la palabra, ya que observo que ha sido usted un poco rápido durante la votación sobre la propuesta del Grupo ARE. 
Estoy un poco sorprendido ya que, en ocasiones, se toma usted su tiempo, simplemente. 
Señor Sainjon, tiene usted razón. 
He sido rápido, es cierto, pero tenemos una serie muy larga de votaciones. 
No quisiera retener a los diputados aquí hasta las tres de la tarde. 
El resultado era tan evidente que no se prestaba a interpretaciones. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) Propuesta de resolución común sobre la evolución política en Rusia 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, quisiera proponer una enmienda oral que se refiere a la última parte de esta enmienda y a su espíritu, y dice: "... subraya la importancia del alto el fuego declarado por el PKK el 28 de agosto de 1998 y pide a las autoridades turcas que aprovechen esta ocasión para buscar una solución negociada, pacífica y política al problema kurdo». 
Quisiera que se aceptara esa enmienda oral y que se añadiera al apartado 16, que trata de la cuestión kurda. 
He de añadir que en la prensa alemana se ha anunciado que el alto el fuego del PKK ha terminado. 
Estoy seguro de que esa noticia está equivocada. 
El alto el fuego sigue en vigor. 
Por lo tanto, las palabras: "... subraya la importancia del alto el fuego declarado por el PKK el 28 de agosto de 1998 y pide a las autoridades turcas que aprovechen esta ocasión para buscar una solución negociada, pacífica y política al problema kurdo» deben ir al final del apartado 16. 
Estimados colegas, el Sr. McMillan-Scott me ha avisado esta mañana que, por obligaciones políticas de otra índole, no iba a poder asistir a la votación de este mediodía. 
Ha pedido al Sr. Schwaiger que haga el favor de sustituirle. Creo que el Sr. Schwaiger puede expresar la opinión del Sr. McMillan-Scott, ya que está ausente, sobre la enmienda que ahora presenta el Sr. Titley. 
Si el Parlamento no se opone, la someteré a votación. 
Señor Presidente, quisiera referirme a una cuestión que se ha anunciado en todos los medios de comunicación: la tregua del PKK se ha retirado y ahora es muy difícil aprobar esta enmienda, que realmente tenía un buen planteamiento. 
Aunque sea posible efectuar una enmienda oral, yo propondría subrayar la necesidad de una tregua y dejar el resto sin variar, pero sin citar al PKK. 
En esas condiciones podríamos apoyar la enmienda: necesidad de una tregua, solución política pacífica. 
Sr. Schwaiger, en los asuntos delicados también hacemos distinciones, como la que acaba usted de hacer, puesto que se trata de la modificación de una enmienda oral. 
Me temo que puede crear algún tipo de confusión. 
Señor Presidente, si, sobre esa base, el PPE vota a favor, entonces yo lo aceptaré. 
¿Hay alguien que se oponga a someter a votación la enmienda del Sr. Titley, tal como ha sido modificada? 
No hay nadie que se muestre disconforme. 
La someto a votación. 
Señor Presidente, tengo la impresión de que la enmienda del Sr. Titley va encaminada a que se retire la primera parte de la enmienda 25, y que se vote sólo la segunda parte, que ha sido formulada pot él y que se ha modificado conforme a mi formulación, pero no la primera parte, que se ha retirado, a no ser que el Grupo de los Verdes quisiera mantener la primera parte. 
Entonces habría que votar sobre ello. 
Sr. Schwaiger, creo que hay una confusión: la enmienda Titley no contempla la primera parte. 
Señor Presidente, mi enmienda, que ha quedado aceptada ahora, consistía en añadir el texto al apartado 16. 
Ahora tenemos que votar sobre el apartado 17. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
La propuesta de la Comisión tiene la loable intención de integrar la perspectiva de género como un factor importante y transversal de la cooperación al desarrollo. 
Una atención intencionada a la perspectiva de género- y aún debería hablarse de una discriminación " positiva» de las mujeres, es condición necesaria para alcanzar un desarrollo efectivo y sostenible en los países en vías de desarrollo. 
La ayuda simplemente está mal organizada y no beneficia a las personas indicadas si no valora la presencia de las mujeres en la cooperación al desarrollo. 
La estrategia debe ser general y recoger la cuestión del " mainstream» en todas sus medidas. 
De otro modo existe el peligro de que las iniciativas sólo sean actuaciones aisladas sin el efecto deseado. 
La Sra. Junker debe ser elogiada por su informe que enriquece la posición común en una serie de campos. 
Así sucede, por ejemplo, con las enmiendas 15 y 16, que, al conceder los contratos, quieren favorecer a los países en vías de desarrollo. 
Hemos de oponernos, sin embargo, a las enmiendas relativas al procedimiento del comité y al marco temporal. 
En cuanto al procedimiento del comité, la Sra. Junker desea al igual que la Comisión un comité consultivo. 
A la hora de elegir entre dos males, preferimos la utilización de un comité de administración (IIB) , tal y como propone el Consejo. 
Votamos también en contra de las enmiendas 6 y 11 relativas al marco temporal. 
Aunque normalmente no apoyemos los marcos temporales, en este caso es preciso para presionar a la Comisión. 
En esta situación apoyamos el importe de referencia financiera. 
No debe serle posible a la Comisión pedir más dinero a fin de contratar asesores, etc. La inclusión de la perspectiva de género debe formar parte natural de una política racional y efectiva de ayuda al desarrollo. 
Además, nos gustaría destacar y elogiar la iniciativa de la posición común que permite a la Comisión celebrar reuniones con representantes de los países miembros y de los países receptores con la vista puesta en aumentar la concienciación sobre la perspectiva de género en nuevos ámbitos de la cooperación al desarrollo. 
sobre el informe Harrison (A4-0303/98) 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Harrison por su informe excelente y pragmático sobre la morosidad en los pagos. 
Se trata de una importante cuestión, que reporta beneficios prácticos a las empresas pequeñas y medianas. 
Los atrasos en los pagos pueden ser fatales para el estado de caja de las empresas. 
De cada cuatro quiebras, una se debe a problemas de caja. 
Particularmente en el Reino Unido, los bancos británicos no han brillado por su simpatía respecto de las empresas pequeñas y medianas. 
Me agrada este informe, que considero una mejora positiva. 
He apoyado las numerosas enmiendas y el informe Harrison en la votación final, porque considero que mejora sustancialmente la propuesta de la Comisión. 
Ahora bien, eso no altera mi postura de rechazo a la propuesta de la Comisión, porque contiene disposiciones que van claramente más allá del propio objetivo que se persigue o sobre temas en los que los legisladores europeos no tienen competencia. 
Aunque la enmienda a la resolución legislativa que he presentado al respecto no ha obtenido la mayoría, me veo confirmado en mi postura, sobre todo por algunas de las intervenciones. 
La iniciativa, en principio merecedora de aprobación, no justifica objetivamente las injerencias masivas en el derecho civil y en el derecho procesal nacional para contrarrestar los retrasos en los pagos. 
Me agrada sobremanera que estemos ocupándonos hoy de corregir el costoso escándalo de los pagos retrasados que afecta a nuestras empresas pequeñas y medianas. 
Las PYME son el motor de nuestro crecimiento económico, aparte de emplear a la mayoría de nuestros compatriotas que trabajan en el sector privado. 
Por todo lo antedicho merecen más respeto que las grandes empresas y el sector público, a los cuales prestan servicios y proporcionan productos que todos necesitamos. 
El reconocimiento más importante de la labor que realizan las PYME consistiría en pagarlas a tiempo por la ardua labor que desempeñan. 
Eso se refiere particularmente a las empresas mayores y a las organizaciones del sector público que podrían perfectamente liquidar sus facturas pero que quizá prefieran la idea de aplazar el pago para poder ingresar más intereses en sus cuentas bancarias. 
Es evidente que esas malas prácticas se han visto agravadas al haber fracasado las normas anteriores destinadas a obtener pronta liquidación de las cantidades adeudadas a empresas más pequeñas. 
Las grandes empresas han empleado su determinación y sus abogados para obligar a que las PYME tengan que esperar hasta cobrar su dinero. 
La fijación de normas mínimas en cuanto al plazo de pago a las PYME y en cuanto a la intervención de agencias de recaudación de deudas para que desarrollen su labor en la UE, como el autor del presente informe propone, representan una señal de que los políticos estamos dispuestos a ayudar a los "Davides» del mundo empresarial para que consigan que les traten bien los" Goliats». 
No está de más que diga que la Comisión Europea tiene que dar el buen ejemplo, velando por que sus propias facturas se abonen oportunamente a las PYME. 
Las pequeñas y medianas empresas representan un porcentaje del tejido empresarial europeo cada vez mayor, especialmente en las zonas europeas menos desarrolladas. 
Cualesquiera acciones o iniciativas orientadas a apoyar los pequeños y medianos operadores económicos, fomenta el crecimiento económico europeo en general y señala un camino seguro para alcanzar la cohesión económica regional. 
En consecuencia, apoyo el interés mostrado por la Comisión por las iniciativas de promoción y desarrollo de los mercados europeos de capitales para las pequeñas y medianas empresas, y estoy plenamente de acuerdo con el ponente, Sr. Hendrick, sobre la necesidad de llevar a cabo campañas de información adecuadas dirigidas a los particulares y a las entidades a fin de estimular mayores inversiones en las pequeñas y medianas empresas financiando su expansión y desarrollo. 
Asimismo, juzgo favorablemente la tesis del Sr. Scarbonchi acerca de la necesidad de mejorar los programas y las iniciativas europeas de apoyo a la promoción de las pequeñas y medianas empresas; en particular las que se concentran en las zonas rurales deben su supervivencia y desarrollo potencial a la mayor coordinación existente entre la industria, la agricultura y el turismo. 
Por último, comparto el espíritu de la directiva elaborada por la Comisión relativa a la fijación de un plazo apropiado de pago de las facturas de venta, ya que los desajustes en los cash flow y las dificultades de liquidez son, de hecho, una de las causas más frecuentes de las quiebras de las pequeñas y medianas empresas. 
sobre el informe Secchi (A4-0299/98) 
No apoyamos que, mediante la propuesta de enmienda 4, se desvirtúe la lucha contra la evasión de impuestos del artículo 6.2. 
Hay aún una serie de obstáculos que impiden que el mercado único funcione de forma óptima. 
La fiscalidad directa, e indirecta, se encuentra en muchos de estos obstáculos. 
Es evidente que no es ni posible ni sano uniformizar los quince sistemas fiscales de los Estados miembros de la Unión. 
Por el contrario, conviene suprimir las distorsiones que no cesan de dañar el funcionamiento del gran mercado europeo. 
La Comisión presentó en marzo de este año una propuesta relativa a los pagos de intereses y cánones entre las sociedades asociadas de Estados miembros diferentes. 
El objetivo del texto es suprimir la doble imposición de estos pagos y evitar así que las sociedades transfronterizas se vean penalizadas por regímenes fiscales discriminatorios. 
Me felicito por este texto así como por el informe del Sr. Secchi. 
Éste propone ampliar las disposiciones de la directiva a los impuestos retenidos de los pagos de intereses y cánones entre sociedades que no están asociadas, en el marco de la consolidación del mercado único. 
Me parece sensato proponer que estos pagos se impongan en aquellos Estados miembros en los que las sociedades beneficiarias de los intereses y cánones están establecidas. 
Por el contrario, podemos preguntarnos si es deseable complicar el sistema aceptando algunas excepciones a este principio como propone la directiva. 
A la postre, convendría que esta excepción desapareciera en favor de un sistema único de imposición en el país en el que los pagos se llevan a cabo. 
sobre el informe Langen (A4-0084/98) 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado en el día de hoy a favor de los informes de los Sres. Langen y Miller sobre un sistema común del impuesto sobre el valor añadido y los productos objeto de impuestos especiales, respectivamente. 
Hemos votado a favor porque queremos un mercado interior y que los productos puedan ser transportados sin trabas comerciales de un país miembro a otro. 
Una de estas trabas comerciales es la diferencia en los sistemas de IVA de un país a otro. 
Los diferentes sistemas de IVA no tienen nada que ver con los tipos del IVA, sin embargo, afectan al modo en que un producto es gravado cuando éste cruza una frontera. 
Si dos países tienen diferentes sistemas de IVA, las empresas se arriesgan a que sus productos sean gravados dos veces o, en algunos casos, ninguna. 
La propuesta de la Comisión plantea garantizar sistemas de IVA idénticos, sin embargo, las competencias que ésta propone sean transferidas a la Comisión dejan más bien el campo libre a la Comisión para fijar los tipos del IVA en cada Estado miembro y a esto nosotros nos oponemos. 
La Comisión propone ampliar las competencias del Comité Asesor del IVA y convertirlo en un comité de reglamentación, que de acuerdo con la propuesta de la Comisión adoptará decisiones por mayoría cualificada. 
El nuevo Comité de Impuestos Especiales anula el acuerdo Plumb/Delors y el Parlamento encima ya no tendrá derecho a estar informado del trabajo de la comisión, con lo que el Parlamento perderá parte de su influencia. 
Puesto que la armonización de los tipos del IVA traerá consigo consecuencias importantísimas para los países miembros, éstas deben ser analizadas en común por los países. 
De ahí que sea importante insistir en que los ámbitos que afecten a temas políticos sensibles como, por ejemplo, la armonización de tipos del IVA, no sean tratados por la Comisión sino por el Consejo tras propuesta de la Comisión. 
Con ello se garantiza el mantenimiento del principio de subsidiariedad en lo que al ámbito impositivo se refiere. 
Por ello los socialdemócratas daneses rechazamos la idea de ampliar las competencias de la Comisión en el campo de las políticas fiscales e impositivas. 
sobre el informe Miller (A4-0064/98) 
Recordemos de entrada que la propuesta de directiva del Consejo que nos ocupa es relativa a la modificación de la directiva 92/12/CEE, y tiene como objetivo reforzar los poderes de la Comisión en materia de reglamentación de los impuestos especiales. 
En este marco, aunque nos opongamos a este fortalecimiento de los poderes de la Comisión, el contrapeso correspondiente al Comité de Impuestos Especiales, competente reglamentaria y consultivamente, nos parece indispensable. 
Observamos en efecto, que es necesario mejorar la aplicación de los procedimientos administrativos entre los Estados miembros con el fin de facilitar y desarrollar los intercambios intracomunitarios de los productos sometidos a impuestos especiales. 
En la actualidad, el comercio de tales productos en el sentido amplio del término continúa siendo fuente de fraudes y contrabandos de todo tipo, llegando incluso hasta una «institucionalización» de esas prácticas en algunos países. 
Por consiguiente, parece necesario establecer una forma de unicidad de las prácticas con el fin de instaurar una igualdad entre los Estados, y promover los intercambios de tales productos. 
Esto puede estar permitido por esta directiva, que por una parte tiene relativamente en cuenta la autonomía fiscal de los Estados miembros y, por otra, da cierta función al Comité. 
En este sentido nos felicitamos, por un lado, de que el Comité de Impuestos Especiales esté constituido por representantes de los Estados miembros y por otro, que sus decisiones por mayoría cualificada no tengan en consideración el voto del representante de la Comisión en tanto que presidente del Comité. 
Para concluir, manifestamos algunas reservas acerca de lo que se pueda orientar hacia una armonización generalizada de los tipos mínimos del impuesto general, ya que lo que nos parece importante sigue siendo la utilización que se hace de esos impuestos especiales por encima de sus tipos. 
Durante la puesta en práctica del mercado único se determinaron cuatro directivas para facilitar la aplicación de esta imposición específica a los alcoholes, a los tabacos, a los productos petrolíferos y al oro, en el marco de la libre circulación de mercancías. 
Estas directivas tienen relación con el tipo mínimo del impuesto especial, la estructura de las categorías de los productos sometidos a impuestos especiales y su circulación. 
En 1992 se creó un comité especial llamado «Comité de Impuestos Especiales». 
Este comité, compuesto por expertos de los Estados miembros, sólo dispone de competencias consultivas. 
En numerosas ocasiones ha exigido resolver problemas urgentes imposibles de solventar en el marco de las disposiciones existentes. 
Pero con respecto a este «Comité de Impuestos Especiales» se plantea el problema jurídico de sus competencias consultivas, principalmente el hecho de que sus dictámenes no obligan a la Comisión a proponer mejoras en su dispositivo relativo tanto a la estructura de la imposición como a la circulación de los productos. 
Así, incluso si un Estado miembro se adecua a las orientaciones aprobadas por el comité, éstas pueden ser discutidas ante los tribunales, incluido el Tribunal de Justicia Europeo. 
Por otra parte, los nuevos Estados miembros no estarían obligados a aceptar estas orientaciones después de la ampliación. 
Todos sabemos que los productos sometidos a impuestos especiales, y más en concreto el tabaco, los vinos y los alcoholes, siempre han sido objeto de actividades ilegales. 
En tanto no se armonicen los procedimientos entre los Estados miembros, la posibilidad de fraude y de contrabando existirá. 
Por consiguiente, es necesario que la Comisión introduzca un nuevo control informatizado de la circulación intracomunitaria de los bienes sometidos a impuestos especiales, en conjunto con el sistema informatizado relativo al tránsito comunitario. 
Paralelamente, este nuevo procedimiento permitirá sin ninguna duda limitar el fraude del IVA en las zonas fronterizas: por consiguiente, es totalmente inútil prever, para conseguirla, la armonización de los tipos de IVA, al contrario de lo que propone el informe Castagnède. 
Finalmente, debo recordar aquí un fallo de funcionamiento importante en el dispositivo de la Comisión sobre el tema de la circulación de productos sometidos a impuestos especiales. 
¿Es normal que un viticultor tenga la obligación, para vender su vino a un consumidor particular en Alemania, de transportar su producto por medio de un operador «autorizado» que le deducirá una prestación de servicio importante, y ello para poder recuperar un impuesto especial por un valor de cero francos? 
Esta situación es completamente esperpéntica y constituye además un verdadero obstáculo para el mercado interior de la Unión Europea. 
Otro ejemplo que muestra que la Comisión está muy lejos de las realidades económicas: un cliente particular de un Estado miembro puede ir a comprar hasta 90 litros de vino a la propiedad de un viticultor (si van cuatro personas en el coche podrán transportar 360 litros de vino) sin que tenga que pagar impuestos especiales y el viticultor, por su parte, no podrá ir a entregarle un solo litro de vino sin antes verse en la obligación de que su mercancía sea transportada un operador «autorizado». 
En realidad, la Comisión se comporta una vez más como instrumento reglamentario en beneficio de las empresas de grandes dimensiones y, por supuesto, en detrimento de los pequeños operadores. 
Todos sabemos aquí que las únicas empresas que crean empleo son las PYME pero la Comisión penaliza su desarrollo y en consecuencia penaliza también la creación y el desarrollo del empleo. 
Como conclusión, pedimos a la Comisión que integre en su propuesta al Consejo las recomendaciones del «Comité de Impuestos Especiales» con el fin de evitar las disfunciones administrativas de los procedimientos que ésta impone a la totalidad de operadores de la Unión Europea. 
sobre la resolución relativa el cambio climático (B4-0802/98) 
Señor Presidente, en el año mil tuvieron miedo de los cometas. 
Ahora tenemos miedo del agujero de la capa de ozono y del efecto invernadero. 
En el fondo, McCarthy veía comunistas por todas partes. Aquí, nuestros colegas ven racistas y fascistas por doquier. 
Pues bien, la nueva neurosis obsesiva ve CO2 y gases de invernadero por todas partes. 
Entre ellos, el metano y el dióxido de carbono que calentarían el planeta consiguiendo que se fundieran los polos, los glaciares... El mar subiría y nos ahogaríamos todos salvo, evidentemente, nuestros colegas centristas que saben nadar. 
Así pues, una vez hecha esta constatación, se hubiera podido pensar que Buenos Aires y Kioto han estudiado las causas. 
Por ejemplo, prohibir al Pinatubo que expulse gases, prohibir a los homínidos que respiren para no expulsar CO2, y dar luz a la tierra las 24 horas del día para que la función clorofílica pueda producirse. 
Como era difícil, evidentemente, se ha encontrado la respuesta: es el impuesto. 
Después de la fiscalidad para la familia, las inversiones, el cine, el impuesto va a enfriar el clima, va a purificar la atmósfera. 
Es aún más fuerte que el Viagra. 
En lugar de gravar a los contribuyentes, ahora se grava los gases. 
En el fondo, Buenos Aires y Kioto comienzan por una obsesión y esto termina por una bufonada. 
Sólo hay una cosa seria en esta historia: se sabe ahora que la enfermedad de las vacas locas es transmisible al hombre. 
La prueba es que hay verdes y ecologistas. 
Cuando la Sra. Ritt Bjerregaard, Comisaria de Medio Ambiente, volvió a comparecer ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo con un piadoso discurso sobre el papel dirigente de la Unión Europea en materia de protección del clima, dos tercios de la superficie de Bangladesh estaba anegada por las aguas. 
Las consecuencias fatales de las catástrofes naturales hace mucho que azotan a la humanidad. 
A pesar de eso, ni en la Comisión ni en los Consejos de Ministros se tratan con seriedad las señales precursoras de las catástrofes climáticas. 
El Parlamento Europeo- en particular, su Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor- tampoco responde a las exigencias actuales en sus declaraciones sobre la protección del clima. Al contrario. 
Las posturas avanzadas que pudo haber sostenido antaño se han aguado de tal manera que lamentablemente no hay más remedio que hablar de un cambio de tendencia en la política sobre el clima. 
Por lo que parece, la persistente negativa de los Estados Unidos a firmar el protocolo en el que figuran unos objetivos de reducción de las emisiones plenamente insuficientes, ha vuelto a poner en marcha las cosas. 
Sin embargo, lo ha hecho en la dirección equivocada. Con la excusa de una supuesta " flexibilización» de los instrumentos políticos, a partir de ahora se establecen en Europa derechos de emisión en el comercio internacional sin saber, sin embargo, -aunque sólo sea en principiocómo pueden funcionar y cómo pueden ser controlados. 
Las recientes publicaciones de la Comisión no dan ninguna explicación al respecto. 
La Comisaria Ritt Bjerregaard aparentemente tampoco tiene ninguna idea sobre quién podría organizar, controlar y sancionar en caso de abuso la contaminación atmosférica. 
Sus afirmaciones de que deberían utilizarse estas medidas flexibles de protección del clima como complementarias a los objetivos de reducción nacionales no son convincentes. 
Tampoco ha querido decir nada sobre la división que fomenta la Comisión entre objetivos de reducción de las emisiones de CO2 nacionales y " flexibles». 
En todo caso, su silencio ante el Parlamento Europeo en este asunto no augura nada bueno para el medio ambiente. 
Ni siquiera ha mencionado la postura mantenida en Kyoto, según la cual se puede alcanzar al menos el 50 % de las normas obligatorias de reducción en los países que más contaminación registran. 
En el contexto de la Conferencia de Buenos Aires, esta tendencia suscita una gran preocupación. No cuadra en absoluto con la imagen de una política europea, que está desembocando cada vez más en una maquinaria de desregulación, en la que las suaves obligaciones que se impone voluntariamente cualquier asociación industrial por lo visto pesan más que unos objetivos políticos claros. 
La política ecológica sobre el clima ha advertido siempre contra esta evolución. 
Porque, junto a todos los problemas de controles y de sanciones, el comercio internacional con las licencias de contaminación no conduce a ninguna mejora, a corto y medio plazo, del equilibrio de emisiones de CO2 en el mundo. 
Los intercambios comerciales entre aquellos que (aún) no emiten a la atmósfera demasiado CO2 y los que en las últimas décadas se han hecho ricos a costa del medio ambiente no hacen más que calentar el clima. 
De este modo no es posible cumplir los objetivos de reducción globales. 
Ni siquiera los ridículos objetivos de Kyoto. Y ya ni tan siquiera la reducción mínima del 60 % de las emisiones de efecto invernadero, que, según afirman eminentes científicos, será imprescindible como muy tarde para mediados del siglo próximo. 
Tampoco hemos ido muy lejos con el papel dirigente de la UE en materia de protección del clima señalado tópicamente por la Sra. Ritt Bjerregaard. 
La realidad es muy diferente: las emisiones aumentan. 
Cada vez hay más coches que emiten más CO2 pese a la tecnología de los motores de inyección. 
Lo mismo ocurre en el balance del presupuesto comunitario: el éxito de las tecnologías eficientes se ve anulado por el número creciente de viviendas unifamiliares y de familias de tamaño reducido. 
Los precios de la energía siguen siendo muy bajos. Y el único concepto prometedor, la introducción con la mayor brevedad posible de una reforma fiscal ecológica, se ve paralizado en los organismos competentes. 
Incluso los programas europeos de energía, como ALTENER II y SAVE II, reciben el apoyo de la Comisión y el Consejo con muy buenas palabras, pero con insuficientes medios financieros. 
Es una tragedia. 
A remolque del debate sobre las emisiones de CO2, hay otro asunto que no presagia nada bueno: la vuelta de la energía nuclear. Contra todo pronóstico, sus defensores la ensalzan como última esperanza de salvación del cambio climático. 
¡Es peor el remedio que la enfermedad! 
En última instancia, la defensa de esta tecnología prehistórica se apropia de los medios que se necesitan urgentemente para fomentar las energías renovables. 
Si Europa quiere asumir verdaderamente un papel dirigente en la política climática mundial, antes deberán cambiar mucho las cosas. 
No podemos apoyar la enmienda relativa a la implantación de un impuesto sobre el queroseno, aunque seamos contrarios a la excepción de la que goza el tráfico aéreo en este terreno. 
Sin embargo, ésta encaja mal en la propuesta de decisión relativa a las actuales negociaciones globales sobre las emisiones de CO2. 
sobre la resolución relativa a la crisis económica internacional 
El texto de la resolución propuesto sobre la crisis financiera internacional es muy decepcionante. 
El análisis, en primer lugar, se niega a denunciar los fundamentos mismos del sistema económico-financiero mundial (desfase entre la burbuja financiera y la economía real, mecanismos especulativos y acumulativos, falta de regulación política, social y medioambiental, crecimiento de las irregularidades en el seno de los países y entre países, enriquecimiento de las sociedades transnacionales y emprobrecimiento de poblaciones) , el reconocimiento de la economía de mercado no debería confundirse con la aceptación de este capitalismo financiero y transnacional. 
El texto es insuficiente ya que no propone pistas para reformar en profundidad el sistema monetario mundial: necesidad de un nuevo Bretton-Woods, organización de grandes conjuntos regionales que definan zonas monetarias coherentes. 
En el mismo espíritu, la resolución no aborda ninguna vía de regulación fiscal, por ejemplo, como podría ponerse en práctica mediante la creación de un impuesto sobre los movimientos de capitales (impuesto Tobin). 
Finalmente, por lo que respecta a los órganos de concertación y decisión, el texto propone un alineamiento puro y simple con las posiciones americanas del Sr. Clinton, a saber, institucionalizar el Grupo de los 22. 
Sería mejor dotar al comité interino del FMI (que tiene la ventaja de reunir a países desarrollados, emergentes y PVD) de poderes reales, políticos y de decisión. 
El texto es de un total mutismo sobre los riesgos que esta crisis puede arrojar sobre algunos sectores industriales o bancarios en Europa, dejando de lado por tanto las medidas necesarias de apoyo y ajuste que podrían resultar útiles para defender el empleo. 
Más en general, no propone sectorialmente nada concreto para la UE mientras que el G7 insistía en el interés que tendrían unas medidas de relanzamiento y de apoyo al crecimiento. 
Por desgracia son los asalariados de la UE los que corren el riesgo de pagar los gastos del inmovilismo actual de nuestras instituciones. 
sobre la resolución relativa a la evolución política en Rusia 
El FMI difunde sus créditos. 
Los gurús de la economía liberal en versión anglosajona dan sus lecciones sobre privatización, leyes de mercado, libre competencia y otros instrumentos litúrgicos de la religión de la «mano invisible». 
Tras cinco años de esta poción, los resultados trágicos están ahí: la economía desmantelada, la sociedad quebrada, la esperanza de vida amputada hasta llegar a menos de 60 años, la pobreza, la miseria, la corrupción, la violencia, las arcas públicas vacías y el Estado limitado al recinto del Kremlin. 
Ahí es donde el liberalismo ha llevado a Rusia. 
La supresión inmediata de las fronteras económicas y el paso brutal de una economía protegida a la competencia salvaje de un capitalismo mundial especulativo sólo podía llevar adonde se está. 
Hubieran sido necesarias etapas, progresión, razón y medida. 
Sólo ha habido exceso, dogmatismo y brutalidad. 
De la ideología comunista, Rusia ha pasado sin transición a la ideología ultraliberal. 
De la dictadura de la «nomenklatura» comunista, este país ha pasado a la dictadura de las mafias y de las oligarquías. 
Para agravarlo todo, las instituciones puestas en funcionamiento se revelan como un factor de bloqueo cuando el Presidente puede gobernar contra la mayoría de los nacionales en la Duma. 
Los riesgos para Europa son angustiosos, con armas nucleares entregadas casi a grupos bajo disciplina del ejército y con el peligro de una descomposición de Rusia en su flanco caucásico-musulmán y en su vertiente extremo oriental. 
¿Qué hacer, pues? 
En primer lugar extraer la lección de los fracasos del librecambismo dogmático y sacar a Europa de esta trampa cuando aún estamos a tiempo. 
En segundo lugar, tomar el camino del realismo en lo que respecta a las necesidades institucionales de Rusia, a saber, un Estado auténtico, a la dimensión de este país continente y de acuerdo con su realidad sociológica e histórica profunda. 
La resolución que nuestro Parlamento acaba de adoptar multiplica los consejos con respecto al nuevo Gobierno ruso. 
Lamento que, paralelamente, ésta no mencione ninguno de los errores de análisis y de los graves fallos de la Unión Europea que el «crack» ruso acaba de poner en evidencia. 
Error de análisis haber subestimado gravemente los efectos duraderos sobre las mentalidades de las siete décadas de herencia soviética, siete décadas de Estado-providencia y de penuria, y de haber subestimado los efectos de la falta de toda tradición liberal susceptible de tomar el relevo de un sistema comunista hundido. 
Error grave haber dejado el campo libre a los más dogmáticos de los economistas y expertos liberales occidentales, y los más ignorantes de la realidad rusa, llegados en su mayoría del otro lado del Atlántico. 
Les hemos dejado transformar a Rusia en un campo de experimentación, suscitar mimetismos falaces, prescribir terapias de choque que no se hubieran atrevido a recomendar a sus propios gobiernos, presionar para obtener desregulaciones precipitadas y privatizaciones desordenadas. 
El resultado es que hoy, «economía de mercado» ha llegado a ser para el pueblo ruso sinónimo de desempleo y miseria. 
Comencemos por tanto por dejar de jugar a consejeros imperiales y dictar a Rusia el ritmo y la naturaleza de sus reformas. 
Constatemos simplemente que lo que más necesita Rusia ahora es con toda evidencia un Estado fuerte, competente y honesto. 
No hemos sabido ayudar a los rusos a construir ese Estado. 
Hemos lanzado por la ventana el dinero de los contribuyentes de los Estados miembros en programas y ayudas de los que hemos pedido su evaluación, que por cierto seguimos esperando, y donde el asunto Emerson muestra que están, como los de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) , nada o poco controlados y, por consiguiente, son fuente de fraudes. 
Nuestro primer deber era el de contribuir de forma masiva a formar entre nosotros una nueva clase política, económica y administrativa que la nueva Rusia necesitaba de una forma absolutamente vital. 
Únicamente los comunistas disponían de una red de cuadros formados. 
No hemos sabido ayudar a la nueva Rusia a desprenderse de ellos y a dotarse de redes alternativas. 
Nuestra tradición estatal, nuestra experiencia de la posguerra, nuestro paso progresivo de unas economías ampliamente administradas al mercado común nos predisponían sin embargo mejor que otros para este esfuerzo de formación de una élite rusa capaz de controlar el paso progresivo de la economía planificada a la economía real. 
La rapidez con la que los rusos se apropiaron de las técnicas de la democracia muestra que este esfuerzo, si se hubiera emprendido a tiempo y a una escala suficiente se hubiera visto sin duda coronado por el éxito y habría contribuido a fijar a Rusia en el seno de una gran Europa reencontrada. 
Podemos preguntarnos además para qué puede servir el marco de la PESC, ya que se ha revelado incapaz de constituir el crisol de una acción común de envergadura en este ámbito, sin embargo capital para el futuro de la Unión Europea. 
Ha habido carencia, incluso fracaso por parte de la Unión Europea, que no ha sabido discernir ni reconocer las nuevas prioridades que imponían a nuestro continente el final del mundo bipolar y el hundimiento del sistema soviético. 
Por miopía y estrechez de miras, los responsables comunitarios no han sabido ver venir la crisis del Estado ruso, ni medir su amplitud, ni evaluar las consecuencias y no han sabido, por ello, ajustar la ayuda a las necesidades reales. 
Este lamentable descuido podría provocar terribles consecuencias para nuestro propio crecimiento. 
El sistema europeo, tal como funciona, se ha visto incapaz para ayudar adecuadamente a nuestro vecino ruso a enfrentarse en buenas condiciones al período de transición y a sus enormes desafíos, y por tanto para tratar como se debe una cuestión absolutamente esencial para el futuro de nuestros países. 
Quizá fuera conveniente preocuparse por reformarlo en profundidad, en la medida en que nos preocupamos de predicar la reforma a Rusia. 
Corresponde pues a los Estados miembros, cuya función parece decididamente insustituible, recuperar la iniciativa. 
sobre el informe McMillan-Scott (A4-0251/98) 
Hace tres años, un grupo de parlamentarios viajamos a Turquía al mismo tiempo para preparar la unión aduanera y para hacer balance de la cuestión kurda y los derechos humanos en Turquía. 
Regresé de este viaje enriquecedor lleno de esperanza de progresos duraderos. 
Desde entonces, la situación política se ha complicado: el crecimiento económico se ha mantenido con dificultad y los progresos en materia de democracia no han estado a la altura de nuestras esperanzas. 
Aun así, la unión aduanera ha conocido una evolución positiva. 
En la actualidad no tenemos respuesta a estas cuestiones. 
Estoy convencido de que no debemos sin embargo renunciar. 
El informe de nuestro colega McMillan-Scott es totalmente claro. 
Hemos de caminar sin reparar en obstáculos, en interés tanto de Turquía como de la Unión Europea. 
Hemos de profundizar nuestras relaciones. 
Aislar a Turquía no contribuiría en nada a mejorar las condiciones de vida de la población y la situación de los derechos humanos. 
La juventud turca ha de poder participar en los programas Sócrates, Leonardo y La Juventud con Europa. 
La economía reclama asistencia para adaptarse y reestructurarse. 
La reforma de la administración no puede hacerse sin cooperación. 
Doy mi aprobación por tanto al informe McMillan-Scott. 
Pero insistiendo de forma particular en los progresos que hay que hacer en materia de derechos humanos, de democracia y de cooperación intensiva en la lucha contra el comercio internacional de la droga. 
La Unión Europea ha hecho muchos esfuerzos en este sentido. 
En el momento actual, corresponde a Turquía tomar el relevo. 
Después de la entrada en vigor de la unión aduanera con Turquía, parece que se han producido pocas mejoras en la situación interna de este país. 
Precisamente, en las negociaciones con los posibles países candidatos a la adhesión, para muchos miembros del PE los asuntos interiores fueron la razón para votar en contra de la entrada de Turquía. 
De momento no parece que las reformas políticas necesarias para la unión aduanera hayan cobrado forma en ningún aspecto. 
El aparato militar sigue influyendo excesivamente en la sociedad turca. 
El informe McMillan Scott expone un panorama muy claro de la situación existente en Turquía. 
Aunque se expone detalladamente toda una serie de aspectos que no han mejorado, de los cuales el principal es la penosa situación de los derechos humanos, el tenor del informe es que Turquía puede ingresar en la Unión Europea. 
No obstante, no hay una sola indicación de que Turquía tenga la intención de solucionar el problema kurdo de manera pacífica o de que se proponga tratar con consideración la situación de las minorías religiosas y respetar sus derechos fundamentales. 
En general estoy de acuerdo con el contenido del informe. 
La razón es que el informe sugiere que en el momento en que Turquía cumpla una serie de criterios, podrá entrar " automáticamente» en la UE. 
Esta es una propuesta que no puedo aceptar. 
En lo que a nosotros respecta, Turquía no es un país europeo desde el punto de vista geográfico y cultural y, por tanto, no puede ser miembro de la UE. 
Las relaciones entre Turquía y la Unión Europea han estado siempre marcadas por lo oculto, incluso por la hipocresía. 
Nunca se ha mencionado realmente la cuestión de fondo: ¿Es Turquía un país europeo? ¿Tiene verdaderamente vocación de integrarse en la Unión Europea? 
Sin duda, Turquía posee aún una pequeña parte de su territorio en Europa. 
Pero, ¿es suficiente para hacer de ella una nación europea, es decir, partícipe de la civilización y de la cultura europea? 
Seamos claros, toda la historia de Turquía es la de la lucha del Imperio Otomano contra las naciones de Europa. 
Ni la historia, ni la civilización vinculan este gran país asiático y medio oriental a Europa. 
Desde ese punto de vista ¿no sería más realista y honesto proponerle formas de cooperación continuadas, fuertes, incluso estrechas, pero fuera de la perspectiva de una adhesión que se pone de relieve constantemente para rechazarla siempre? 
Dicho esto, el informe del Sr. McMillan-Scott hace hincapié en algunos obstáculos a la adhesión de Turquía, que vienen a añadirse a la objeción de fondo que acabo de mencionar. 
¿Es aceptable para la Unión Europea que un candidato a la adhesión sea una de las plataformas del comercio internacional de estupefacientes y, en otro ámbito penal, de la falsificación organizada a escala industrial? 
En el plano de los derechos humanos debemos recordar también que, sobre todo en el ámbito judicial, todo estado debe respetar procedimientos equitativos que garanticen los derechos de la defensa. 
La lucha contra el terrorismo, que se ha de llevar sin descanso, sólo puede verse reforzada por leyes y normas penales claras en este punto. 
¿Se puede también admitir que a pesar de las resoluciones de la ONU, Turquía continúe ocupando ilegalmente una parte de la isla de Chipre? 
El informe del Sr. McMillan-Scott insiste igualmente en la necesidad de subordinar las fuerzas armadas a las autoridades políticas. 
Este punto ilustra bien la dificultad que representa trasladar nuestros esquemas de pensamiento y nuestros hábitos culturales a una realidad histórica muy diferente de la nuestra. 
Desde Kemal Ataturk, el ejército se ha considerado siempre, y lo ha sido, garante de la Constitución turca y sobre todo del carácter laico de ese Estado. 
En la práctica, el ejército es hoy una muralla contra el islamismo. 
En ese aspecto vemos con qué prudencia conviene comprender la realidad otomana. 
En definitiva, parece claro que, por razones históricas y de civilización, al igual que por consideraciones que afectan a los derechos humanos y a la situación económica, Turquía no puede formar parte de la Unión Europea. 
Nos queda, pues, imaginar unas relaciones francas, claras y estrechas entre la Unión Europea y Turquía, que respeten las grandes especificidades de esta gran nación medio oriental. 
El turno de votaciones ha concluido. 
(La sesión, interrumpida a las 13.45 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Situación en la región de los Grandes Lagos 
De conformidad con el orden del día, la Comisión procede a hacer una declaración sobre la situación en la región de los Grandes Lagos. 
Señor Presidente, Señorías, la crisis en la región de los Grandes Lagos, que hoy está en el centro de nuestras preocupaciones, se arrastra desde hace más de cuatro años y entra ahora una vez más en una fase aguda, con la guerra en el interior de la República Democrática del Congo desde el pasado mes de agosto. 
Los temores, varias veces expresados por nosotros, respecto del riesgo de que se ampliara la crisis a los países vecinos están confirmándose, por desgracia, estos días. 
Un total de seis países del África oriental, del África central y del África austral están ya militarmente implicados en el conflicto. 
Y se corre el riesgo de que otros países acaben envueltos en ese mismo conflicto en el territorio del Congo-Kinshasha. 
Particular preocupación inspira en este momento la posibilidad de que las fuerzas del Sudán lleguen a intervenir en el interior de la República Democrática del Congo, a favor del bando gubernamental, lo que entrañaría probablemente una participación en aumento de los otros países vecinos del mismo Sudán. 
En el Congo-Kinshasha, como todos sabemos, la caída del régimen de Mobutu y la entrada del nuevo régimen no han puesto fin a la crisis estructural, política, económica y social, que se arrastra desde hace mucho y que han hecho del Congo, el antiguo Zaire, un foco de desestabilización permanente, en el corazón del África central. 
En cualquier caso, el análisis del conflicto actual, su vinculación con la situación en los Grandes Lagos y los problemas étnicos- no sólo en Ruanda y en Burundi, sino también en la provincia de Kivu y en el Bajo Congo -, son por demás conocidos por todos Sus Señorías, como es por demás conocida nuestra tesis de que ninguna solución se podrá conseguir manu militari, es decir, mediante la acción armada. 
Hemos dicho y repetido que es fundamental encontrar mediante una negociación política una solución para los profundos problemas de orden político, económico y social en esa región de África. 
Además, todos nosotros presenciamos con gran frustración no sólo la imposibilidad de continuar una política de desarrollo, sino también la destrucción de infraestructuras e instituciones a las que la Unión Europea y sus Estados miembros contribuyeron en el pasado no sin dificultades. 
La Unión Europea ha tenido una posición clara a ese respecto, en particular en los últimos tiempos, y su declaración del 27 de agosto es clara en cuanto a las condiciones que se deben respetar para intentar conseguir una solución de la crisis. 
Desde luego, se apoyó la mediación africana, que, por desgracia, aún no ha dado resultado: ni las conversaciones iniciadas por el Presidente Mandela, en Victoria Falls, ni la reunión en Adis Abeba de la Organización de la Unidad Africana, ni, más recientemente, la reunión del SADEC en Mauricio; en todos los casos el éxito de la negociación ha sido mínimo. 
Consideramos también que está justificada la visita inmediata del enviado especial a esa región, en la que se encuentra en este momento, para intentar encontrar formas de facilitación del diálogo y formas de búsqueda de soluciones para el conflicto. 
En particular, consideramos que podría ser interesante explorar la posibilidad de una fuerza de interposición africana, para lo cual la Unión Europea estaría dispuesta a dar su colaboración. 
Una cosa es cierta: no será posible crear condiciones para el diálogo mientras las tropas extranjeras se mantengan en el interior del Congo y no se ponga fin a un discurso populista racial, que incita a la violencia interétnica. 
Asimismo no será posible encontrar paz sin que las soluciones respeten la integridad territorial del Congo y la seguridad de sus países vecinos. 
Esta conferencia regional de la que tanto hemos hablado se debería celebrar con la égida de la Organización de la Unidad Africana y de las Naciones Unidas, sin perjuicio, naturalmente, de toda la contribución que la comunidad internacional, en particular la Unión Europea y sus Estados miembros, podrían hacer con vistas a que tuviera éxito. 
Señorías, en el momento actual la confrontación de fuerzas permite prever dos situaciones hipotéticas: una con la consolidación de las actuales esferas de interés de ambos bandos, aunque prosiga la guerra entre el ejército congoleño y sus aliados y las milicias rebeldes y sus aliados, lo que tal vez acabaría a medio plazo con una solución de desentendimiento progresivo de los países de la región y la internacionalización del conflicto reducida a las fuerza congoleñas. 
Otra situación hipotética, y tal vez la más probable, entraña una contraofensiva en gran escala por parte del grupo próximo a Kabila cuya consecuencia puede ser, como resulta fácil comprender, un conflicto suprarregional de aún mayores dimensiones. 
Cualquiera de esas situaciones o cualquiera de esas posibilidades son sumamente preocupantes, pero, aun en el primer caso, en el de una internalización del problema del Congo, la inestabilidad de este país, frente a los diversos países vecinos y las conocidas situaciones de inseguridad en los países vecinos, nunca permitiría alcanzar la estabilidad en esa parte del continente africano. 
Por esa razón, la Unión Europea insiste, vuelve a insistir una y otra vez, en la necesidad de considerar la región globalmente y no sólo los focos de crisis particulares. 
He de añadir, Señorías, que entre las misiones encomendadas a nuestro enviado especial, figura también la reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas y con los dirigentes de las Naciones Unidas que en este momento siguen la situación en los Grandes Lagos y en el Congo. 
Esperamos que dicho enviado pueda informarnos de nuevo al principio de octubre, momento en que podríamos volver a evaluar la situación y las posibles propuestas políticas. 
Quisiera también informar a Sus Señorías de que mantenemos estrechos contactos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con el Banco Mundial para ver si es posible llevar a cabo una acción concertada resultante de una propuesta global de rehabilitación para aquella zona, que sería, naturalmente, un elemento importante en cualquier conferencia global sobre aquella región. 
En cuanto a la situación humanitaria, el enfrentamiento militar tiene, evidentemente, graves repercusiones en esa situación. 
Hay relatos de violaciones de los derechos humanos por ambas partes del conflicto y las autoridades, de ambos bandos también, utilizan el enfrentamiento étnico como una forma de reunir a la población en torno a su programa político o militar. 
No es posible tener acceso a las zonas rurales de Kivu o de la provincia del Bajo Congo, donde se concentran las situaciones de mayor sufrimiento humano. 
Las informaciones sobre las necesidades humanitarias de los millares y millares de personas desplazadas son en este momento muy escasas e incompletas. 
Además, un efecto de ampliación a los países vecinos, en particular Ruanda y Burundi, puede llegar a desestabilizar aún más la frágil cohabitación étnica existente en esos países. 
Las ciudades de Kinshasha y Kisangani viven en este momento una situación de grave escasez alimentaria, así como de abastecimiento de agua, en la medida en que se han cortado todas las líneas. 
Ahora bien, nuestra principal preocupación- a pesar de esas dificultades en Kinshasha y Kisangani- sigue centrándose en el plano humanitario en la provincia de Kivu, en la medida en que podríamos estar en vísperas de una gran dislocación de la población congoleña en el interior de la República Democrática del Congo o en dirección a Tanzania, Burundi u otros países, lo que puede hacer que la situación humanitaria resulte verdaderamente catastrófica. 
Para esta nueva crisis, la Comisión ha puesto a disposición de la región de los Grandes Lagos un nuevo presupuesto de 55 millones de ecus, de los cuales casi 10 millones van destinados, desde ahora mismo, a la República Democrática del Congo. 
Pero quisiera decir que las organizaciones que intentan prestar la ayuda humanitaria encuentran enormes dificultades de acceso y las condiciones de seguridad son virtualmente inexistentes, por lo que estamos intentando negociar un código de conducta con las autoridades de ambos bandos para ver si es posible llevar a cabo la acción humanitaria con el mínimo de garantías para quienes en ella intervengan. 
Permítanme también, Señorías, que plantee una cuestión que ya tuve ocasión de plantear a la Comisión y a instancia del Consejo y que tal vez debería merecer también una reflexión por parte de este Parlamento: se trata de saber si está justificada la continuación en los mismos términos, business as usual, de nuestra ayuda a países que están implicados en conflictos armados y que gastan un porcentaje de su presupuesto, que llega a ser del 39 %, en armas y equipo militar o si no deberíamos hacer una reflexión profunda y preguntarnos si la ayuda que estamos dando a los presupuestos, a los sectores sociales y demás no será tal vez una forma indirecta de financiar esa misma guerra. 
Es una cuestión que no es sencilla, pero considero que las instituciones europeas- por ser Europa el mayor donante en Áfricaquedarían mal con sus contribuyentes y nosotros quedaríamos mal con nuestra conciencia, si no procuráramos profundizar en esa cuestión. 
Espero poder volver a ocuparme de esta cuestión dentro de algunas semanas y aportar a Sus Señorías algunas reflexiones, en la medida en que todas las instituciones comunitarias tendrán que reflexionar en conjunto para saber qué medidas y qué orientaciones deben adoptar. 
Y esto es todo de momento, señor Presidente. 
Señor Presidente, señor Comisario, mi grupo comparte ampliamente su análisis y le da las gracias. 
Durante décadas, el Zaire ha vivido la dictadura política, la corrupción, una mala gestión económica y las violaciones de los derechos humanos. 
Si bien el régimen de Mobutu fue claramente condenado desde 1982 y progresivamente aislado a nivel internacional, la riqueza de su territorio atemperó el aislamiento económico que hubiera debido resultar. 
Con la llegada victoriosa de las tropas de la Alianza, bajo la dirección de Laurent Kabila, daba la impresión de que la página de la dictadura había pasado definitivamente. 
La situación militar parecía bajo el control de los dirigentes de la Alianza y estábamos convencidos de que el Congo tenía una posibilidad de iniciar de forma eficaz su reconstrucción, con el esfuerzo conjunto de todas sus fuerzas vivas democráticas y progresistas. 
Es preciso reconocer que las cosas no han evolucionado en la dirección deseada. 
Los nuevos dirigentes se han replegado sobre sí mismos, dando prueba de intransigencia y privándose así del apoyo de una gran parte de la población que no aceptaba los procedimientos autoritarios de esta Alianza. 
Uno de los escasos puntos positivos a su favor es el de haber llevado más seguridad a las ciudades. 
La recuperación es probablemente imposible sin la ayuda internacional, y la ayuda internacional no ha llegado, en gran parte por falta de confianza. 
Falta de confianza por parte de los gobiernos occidentales, en cuanto a la voluntad política de la Alianza de democratizar el país, falta de confianza de los potenciales inversores, de las firmas privadas, en cuanto a la seguridad, principalmente jurídica, y temor de que las inversiones no sean rentables. 
El Congo se ha sumido de nuevo en la guerra con implicación de los ejércitos de varios países de la región, y las imágenes dramáticas que nos llegan diariamente ilustran las masacres y los sufrimientos de la población. 
Las declaraciones de los más altos responsables del país que llaman al odio étnico son totalmente inaceptables y no auguran nada bueno para el futuro. 
La rebelión está formada por una amalgama de fuerzas heteróclitas con intereses divergentes, unidas por su oposición al régimen instalado. 
Ésta se ve además apoyada desde el punto de vista político y financiero por antiguos dirigentes del régimen anterior. 
Los riesgos de explosión del Congo son muy reales y como siempre perjudiciales para las regiones más pobres de este país y para los habitantes más desprotegidos. 
Además, constituyen un precedente muy peligroso para los demás países de África. 
En estas condiciones, deseamos que Europa exija un alto el fuego inmediato, aporte su apoyo a las iniciativas africanas, en especial las del Presidente Mandela, con vistas a impedir los disturbios en toda la región y encontrar una solución negociada a la crisis congoleña. 
Que la Unión Europea y los Estados miembros hablen con una sola voz, planteen una única diplomacia activa y coordinen su acción con el fin de asegurar la paz y la seguridad en esta parte del mundo. 
Ésta es la razón por la cual mi grupo da su apoyo a la resolución común, ya que hay una resolución común del Parlamento Europeo. 
Que el Parlamento Europeo hable con una sola voz porque deseamos, mediante una actuación análoga a la de los demás grupos democráticos de esta Asamblea, asegurar la paz en esta parte del mundo. 
Señor Presidente, señor Comisario, he estado escuchando con un interés muy especial lo que la Comisión ha venido a anunciar acerca de la situación por que atraviesa en estos momentos la región de los Grandes Lagos. 
Querría resumir en breves frases la situación. 
El Comisario es sin duda un gran conocedor de África, ha citado algunos hechos, ha señalado acertadamente la necesidad de buscar soluciones y ha planteado diversas hipótesis. 
Pero, para el Parlamento, la cuestión- a la que ha hecho referencia ya el orador anterior- es: ¿qué hace la comunidad internacional, que hace la Unión Europea para que la paz reine en África y para detener las matanzas? 
El relato de lo que ha acontecido en la región en los últimos años es terrible. 
La lucha entre hutus y tutsis viene de antiguo y la intervención del FDR en Ruanda ha desembocado en una guerra civil. 
En Arusha se intentó alcanzar acuerdos pero por razones incomprensibles las conversaciones se han entablado sin exigir previamente un alto el fuego. 
El avión del Presidente de Ruanda fue abatido; sin embargo, oficialmente aún no se sabe quién fue el causante. 
El país cayó en manos de los insurrectos y se ha impuesto una dictadura de hecho. 
También en Burundi ha conquistado el poder un coronel. 
¿Hay alguien en el Parlamento que crea que en países como Ruanda y Burundi se puede alcanzar una paz duradera entre los grupos étnicos sin presencia internacional? 
No se ha encontrado- ni siquiera se ha buscado- una solución al problema del millón y medio de refugiados, principalmente mujeres y niños, en la frontera entre Ruanda y Congo-Zaire. 
Cuando los refugiados continuaron su huida, sólo Emma Bonino tuvo el valor de denunciar que más de 300.000 refugiados vagaban sin rumbo fijo. 
Todos han desaparecido. 
Los muertos no hablan. 
Ya nos hemos olvidado de que el Consejo de Seguridad decidió una intervención militar, pero que una semana después de adoptar esta decisión el presidente Clinton anuló la operación. 
Entre tanto se reveló la existencia de masacres en el Oeste de Congo-Zaire y las Naciones Unidas decidieron investigar las fosas comunes para tener una idea de lo que había sucedido en la zona. 
Los nuevos gobernantes se opusieron y creció la tensión con las Naciones Unidas. 
Entre tanto, Laurent Désiré Kabila, encabezando un ejército de Zaire-Congo compuesto principalmente por ugandeses y ruandeses, pudo conquistar todo el Congo. 
Los ministros occidentales emitieron declaraciones de apoyo, hablaron de depositar la confianza y los vencedores empezaron la ampliación de su reino. 
Pasado un tiempo se reveló que la esperada política innovadora, más democrática, respetuosa de los derechos humanos y basada en el Estado de derecho no estaba a la vuelta de la esquina. 
Tampoco lo estaba cuando, durante el régimen de Mobutu, se tendía la mano a la oposición organizada. 
Por el contrario, siguió boicoteándose. 
Entre la población volvió a cundir el descontento y ¿ahora qué? 
Los poderes que han apoyado a Kabila, procedentes de Uganda y Ruanda, surgen de nuevo para derrotar a Kabila. 
Al mismo tiempo vienen tropas procedentes de Angola con la intención de conquistar el Congo inferior. 
También se ha oído hablar de los policías de Katanga que desde Angola operan para expulsar a Kabila, que ahora se ha convertido en un símbolo del Estado del Congo, de Katanga. Cada vez hay más grupos extranjeros que intervienen en los combates. 
Vienen, entre otros lugares, de Zimbabue, suministran aviones y mercenarios. Al menos ocho países se ven envueltos en los disturbios. 
Si esto ocurriera en Europa, ya estaríamos hablando de peligro de guerra mundial. 
Estimados colegas, en medio de todo esto, los medios de comunicación evitan informar de lo que se representa entre bastidores. El juego de los poderes económicos, que tienen intereses fundamentalmente en diamantes, gas natural, cobalto y cobre. 
Algunos comentaristas afirman que lo que aquí se juega hace pensar en el periodo precolonial, cuando las empresas industriales occidentales se establecieron para explotar las materias primas. 
Parece como si fuera imposible detener la maquinaria de muerte en África Central y que la esperanza que surgió de que por fin sería posible erradicar los regímenes de partido único y las dictaduras ha caído por tierra. 
Parece que la estabilidad a cualquier precio se ha convertido en el nuevo ideal político. 
¿Cuántas decenas de miles de muertos ha habido? 
¿Cuántas más habrá? 
Nadie viene en ayuda de África. 
La comunidad internacional ha faltado totalmente a sus compromisos, las Naciones Unidas no intervienen. 
De la Unión Europea Occidental no se ha vuelto a oír hablar y la Unión Europea, desgraciadamente- ahora está clarísimo- no tiene una política para África. 
Los Estados miembros de la Unión están divididos. 
No es que no haya política comunitaria, es que no hay política. 
Se proporciona ayuda humanitaria, tanto a las víctimas como a los agresores, pero no se ofrecen soluciones a los problemas políticos. 
No me cansaré de repetirlo: no tenemos ninguna política. 
Así que, por favor, retiremos el concepto de política exterior común europea de nuestro vocabulario. 
Señor Presidente, quiero abundar en las palabras de mi colega y amigo Tindemans, e insistir en que no tenemos una política europea con respecto a África. 
Pero eso nunca nos ha impedido hablar, sólo hablar, como estamos haciendo hoy de nuevo. 
La población del Congo debe estar asistiendo sufridamente a cómo se convierte en la víctima de la enésima etapa de la violencia constante en el país. 
No eran suficientes los treinta años de dictadura de Mabita y la ocupación militar de Kabila. 
Otra vez la guerra civil. 
El país, una vez más, está sin rumbo. 
La población otra vez ha de enfrentarse a la pobreza creciente y, lo que es peor, a la muerte, la destrucción y la miseria. 
Una vez se pisotean los derechos humanos del modo más normal, a gran escala, y por supuesto, la democracia es pura formalidad. 
Por supuesto, el ataque de los rebeldes fue un ataque a una autoridad legítima y reconocida y por supuesto que era necesario intervenir en contra. 
Pero Kabila ha de recibir apoyo a largo plazo. 
Hasta ahora no se lo ha merecido. 
Debe aceptar la mediación internacional y los rebeldes deben tener participación en dicha mediación, porque si no, no hay mediación que valga. 
Valoro positivamente los esfuerzos que está realizando Sudáfrica en este caso y en hallar una solución africana en un contexto africano, con una intervención africana con armas africanas, ya lo ha dicho el Sr. Tindemans: sí, son los africanos de antes de que llegaran los colonos. 
Quizá sea una señal esperanzadora que sean los países africanos los que quieran, y quizá puedan, contribuir a solucionar los conflictos de su propio continente, porque Europa no tiene política. 
La Unión Europea podría intervenir quizá para ayudar a crear las condiciones para que los africanos sean capaces de solucionar sus propios conflictos. 
Señor Presidente, el Señor Tindeman ha hablado bien. Europa no tiene corazón para con África, y África está en llamas. 
El genocidio de los tutsis y la caída de Mobutu han abierto la caja de Pandora y ahora ha estallado la guerra desde Brazzaville hasta Addis Abeba. 
Las etiquetas tradicionales como el colonialismo o la confrontación ideológica entre Oriente y Occidente ya no tienen ninguna importancia. 
Son los poderes individuales africanos los que en definitiva están defendiendo su posición de poder. 
Así pues, frecuentemente buscan apoyo fuera de las fronteras, de tribus allegadas, lo que proporciona a los dictadores excusas para una intervención militar, entendiendo por ello la violación de las fronteras. 
Esta intrincada madeja provoca un sufrimiento indescriptible de la población y un derroche de dinero, así como de ayuda humanitaria. 
Me parece que el Comisario se ha escudado bastante en los acuerdos de las Naciones Unidas. 
Quiero claridad. 
¿No cree la Comisión y el Comisario que ha llegado el momento de formular protestas, por ejemplo, ante el gobierno de Luanda, que ha destituido de sus funciones sin mayor contemplación a setenta miembros de la oposición, sustituyéndolos por miembros no elegidos y amenazando sus vidas? 
¿No se añade esto al conflicto general de la región? 
¿Me puede explicar, señor Comisario, por qué los demócratas no hemos dado la señal de alarma que deberíamos dar como parlamentarios? 
Los parlamentarios tienen que estar en el Parlamento, no ser amenazados de muerte. 
Si no lo hace usted, señor Comisario, el gobierno angoleño se reafirmará en su práctica actual, utilizar el petróleo y la extracción de diamantes para comprar armas, y la ayuda humanitaria, por buenas intenciones que tenga, no servirá de nada. 
Si realmente tenemos corazón para con África, seamos críticos con todos los implicados en el conflicto. 
Señor Presidente, en la crisis que vivimos desde hace algunas semanas se puede, sin duda alguna, identificar elementos concretos. 
Ahí esta, por ejemplo, que el Presidente Kabila no haya mantenido las promesas esenciales con las que llegó al poder. 
Por ejemplo, todavía es imposible que partidos políticos de oposición realicen una actividad normal. 
También, incluso, se dan encarcelaciones y, al parecer, ejecuciones sumarias de opositores. 
Sin duda alguna el Congo no es un país democrático y desde luego no parece cercana la fecha en la que se celebren elecciones libres. 
También se puede decir que otros países vecinos han tomado parte en este conflicto. 
Ahí está, por ejemplo, la poco escondida presencia de Uganda y de Rwanda que posiblemente no han renunciado a algún que otro proyecto de partir el Congo y anexionarse de facto el control de algunas de las partes de ese país. 
Pero yo creo que estos son elementos importantes pero no los más importantes. 
Creo que hay cuestiones más generales. 
Porque efectivamente, nos estamos enfrentando a la primera guerra de carácter regional de África en los últimos tiempos. 
Y hay muchas preguntas que deberíamos hacernos. 
Por ejemplo, ¿por qué organismos como la Organización para la Unidad Africana no tienen capacidad de prevención de conflictos y de gestión de crisis? ; ¿por qué las Naciones Unidas también han sido incapaces de tomar cartas en esta situación? ; e incluso, ¿por qué hay movimientos tan devaluados, como los No Alineados, que no han sido útiles en esta crisis? 
Al fin y al cabo, por tanto, no hay posibilidades de mediación, tampoco hay mecanismos de prevención de conflictos, no hay mecanismos de gestión de crisis. 
Y, lógicamente, en ese marco las soluciones políticas son difíciles de alcanzar. 
Podemos insistir en que hace falta una conferencia regional para poner término a lo que está sucediendo. 
El de la Unión Europea solamente, sin duda alguna no basta. 
También habría que saber cuál es la posición, por ejemplo, de los Estados Unidos en todo este conflicto. 
Porque los Estados Unidos siempre han dicho tener alguna posición y alguna que otra política africana. 
De facto, estamos ante un ejemplo claro de inexistencia de estructuras de gestión regional, de estructuras de cooperación real en África entre los propios países africanos, más allá de las estructuras existentes entre esos países y conjuntos como la Unión Europea. 
Y, efectivamente, estamos abocados a que crisis de estas características se puedan reproducir si Europa, además de actuar en lo concreto, no ve un poco más allá, efectivamente, no tiene una política africana que incluya la creación de este tipo de estructuras. 
Desde luego, si yo tuviera que responder a la pregunta del Sr. Comisario sobre si es posible continuar la cooperación con países en guerra o que se arman para la guerra, yo creo que la respuesta es no. 
No tenemos el derecho de favorecer ese tipo de políticas y mucho menos de utilizar malamente los recursos de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, he de confesar que, cuando leo que la Unión Europea debe ejercer un papel activo en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad de la región de los Grandes Lagos, me debato entre la cólera y la desesperación. 
Vista la deficiente actuación de las Naciones Unidas en las últimas semanas, vista la pasividad de la Unión Europea y la retirada de la ayuda humanitaria se me revuelve el estómago ante discursos sobre la responsabilidad o ante la afirmación, Sra. van Bladel, de que la culpa la tienen los propios africanos. 
No podemos librarnos con tanta facilidad de la responsabilidad que tenemos, como poderes coloniales, de los monstruos que hemos creado en África. 
Naturalmente, es muy positivo que los africanos hayan empezado a reconocer que necesitan encontrar soluciones en común a sus graves problemas regionales. 
Pese al fracaso, la reunión celebrada en las Cataratas Victoria ha supuesto un comienzo muy positivo. 
Asumen una responsabilidad común en lo que respecta al respeto de los derechos humanos y civiles, gracias a lo cual las fronteras cada vez son menos importantes. 
El Sr. Bertens tiene toda la razón: la Unión Europea tiene la oportunidad de iniciar un nuevo capítulo y apoyar a los africanos en la búsqueda de sus propias soluciones. 
Tampoco debemos actuar como si la amistad de Bill Clinton autorizara a adoptar acciones militares unilaterales. 
Naturalmente, Uganda y Ruanda no tienen derecho a adoptar soluciones militares unilaterales a su modo, y tampoco se puede dejar de lado a Angola ahora, por el hecho de que se haya opuesto. 
Tampoco se puede decidir, sin más, declarar a UNITA partido de la oposición, después de 30 años de guerra civil y de sabotaje del proceso de paz. 
UNITA debe integrarse definitivamente en la constitución de la Segunda República angoleña y asumir un papel constructivo como partido de la oposición. Esto es lo que desean la mayoría de los angoleños. 
La fuerzas democráticas del Congo han formulado una serie de exigencias que debemos apoyar activamente: defensa de la unidad y la autodeterminación, apertura del gobierno a las fuerzas democráticas, fijación de una fecha clara de elecciones para el futuro, limitación rotunda de las tendencias xenófobas, ampliación de la comisión interministerial para proteger a los tutsi en todo el territorio, tregua militar, retirada de las tropas extranjeras y retorno de los refugiados congoleños a su región, determinación clara de quién ha sido el atacante, utilización de los medios de comunicación para fomentar la propaganda en favor de la paz y no la de la guerra y el odio y, por último, preparación de una fuerza de pacificación que vele por la paz entre la República Democrática del Congo y los países vecinos. 
Con esto tenemos un programa, podemos hacer algo y si la Unión se atreviera con todo, lo que significa también atreverse diplomáticamente, los pueblos de la región podrían ver renacer las esperanzas. 
Señor Presidente, decididamente, a la Unión Europea le cuesta mucho trabajo definir y aplicar en los Grandes Lagos una política conforme a sus grandes principios. 
¿Por cierto, se trata de la política exterior de la Unión o de la de uno o dos de sus Estados miembros? 
En efecto, considerando la lista de los firmantes de las diferentes propuestas de resolución, tenemos la curiosa impresión- curiosa pero no nueva- de que la situación de la región de los Grandes Lagos no interesa más que a Bélgica y a Francia, dos países que dictan su posición a Europa en razón a intereses que han heredado de la historia colonial. 
Pero volvamos a los principios que los europeos valoran más. 
En primer lugar, y lo decimos con frecuencia, sustituir la preocupación casi exclusiva de la OUA, el respeto por la integridad territorial de nuestras antiguas colonias. 
De hecho, hace un año y medio, el ministro francés de Asuntos Exteriores consideraba que Mobutu era el único garante de la integridad territorial del Zaire. 
Se ha visto el resultado de los cálculos. 
Hoy en realidad, ya nadie cree en la ficción de la integridad de un país que sus autoridades estatales no controlan desde hace tiempo. 
Sin embargo, hay muchos, sobre todo aquellos que en su tiempo alentaron la secesión de Katanga para continuar reafirmando el principio de la intangibilidad de las fronteras, cuando el este del Congo está bajo la soberanía de hecho de Uganda y Rwanda, preocupados por garantizar legítimamente su propia seguridad. 
Otro gran principio, más importante, es la pasión que nosotros declaramos por la democratización de África. 
Hace sólo unos meses, en nuestras propias resoluciones el Sr. Kabila era calificado como presidente autoproclamado, su gobierno de régimen provisional y su praxis política de exacciones contra las libertades. 
En absoluto. 
El único cambio ocurrido es sencillo de exponer: El Sr. Kabila ha roto con sus antiguos aliados ruandeses y ugandeses y por ello se convierte en tratable para la Unión Europea. 
¿Se trata del principio de solidaridad humanitaria y de nuestra inquietud por la suerte de los refugiados? 
Nos hemos conmovido legítimamente por la suerte de los refugiados ruandeses en estos últimos años. 
Pero nadie ha oído nunca, y yo nunca lo he oído, a este Parlamento conmoverse por la suerte de los millones de ruandeses condenados a vivir fuera de las fronteras de su país hasta 1994. 
Parece que el genocidio- que el Sr. Tindemans llama de forma pudorosa ola de violencia- perpetrado en Ruanda en 1994, no haya despertado las conciencias políticas europeas. 
Aquellos que ayudaron en el pasado a Habyarimana o a Mobutu son hoy los más rápidos en reconocer una improbable legitimidad del Sr. Kabila. 
La verdad es que los esfuerzos europeos deberían concentrarse en tres objetivos: la seguridad en el este zaireño ha de verse garantizada, cualesquiera que sean en el futuro las fronteras estatales; los verdaderos refugiados han de volver a su país, principalmente a Rwanda, con nuestra ayuda; y los pseudorrefugiados que se esconden en el Congo y en Europa desde hace cuatro años han de ser juzgados por su aplastante responsabilidad en el genocidio de 1994. 
Señor Presidente, los recientes acontecimientos en la región de los Grandes Lagos por su dramatismo, dejan de nuevo a Europa con las palabras en la boca. 
Una vez más resulta evidente que los africanos deben consolidar los equilibrios regionales, aún muy sensibles, a través de una concertación lo más amplia posible y a través, por ejemplo, de la creación de una fuerza de estabilización fuerte y eficaz. 
El tema de la gran Conferencia de la UEO de Lisboa que empieza en estos días, podría encontrar su asunto principal: la salvaguardia de la paz y de la seguridad en todo el Continente africano. 
A lo largo del año 1996, la teoría del dominó tan seguida por los dictadores africanos instruidos en la escuela soviética, afectó a 14 de los 53 Estados africanos y provocó conflictos internos y el éxodo de miles de personas desplazadas: las cifras de la ONU hablan de 8 millones de refugiados. 
Siguen existiendo antagonismos que podían haberse resuelto en el ámbito de debates y que, por el contrario, han desembocado en situaciones dramáticas provocadas por reivindicaciones étnicas o religiosas. 
África está formada por naciones jóvenes, en desarrollo, que consolidan día a día su sistema democrático. 
Los equilibrios regionales y nacionales son muy precarios y, por lo tanto, convierten la paz en muy débil. 
Sin embargo, también los africanos deben emplearse a fondo en este sentido. 
Una fuerza de interposición panafricana, similar a la llamada Cohesión Kompiega 98, podría ser el ejemplo de la voluntad de los africanos de dotarse de una estructura para prevenir los conflictos, de dotarse de un sistema de vigilancia y evitar los Kabilas de turno que, además, gozan del apoyo de gente como Dos Santos, capaz de eliminar la representación popular en el Parlamento, alcanzada tras muchas dificultades en Angola, persiguiendo a la oposición democrática de UNIDAD. 
Los principios de participación y responsabilidad ampliada a más países podría representar el inicio de una nueva era de paz y de bienestar, con la ayuda indispensable, hoy por hoy, de los socios europeos. 
Señor Presidente, colega Hory, desde luego no es sólo a los diputados de Bélgica y Francia a quienes interesa este conflicto, tal como se demuestra con mi intervención. Siempre son pocos los que pueden suscribir estas resoluciones. 
Pero eso no quiere decir que los demás no tengan interés en ellas. ¡Todo lo contrario! 
Es deseo de todos nosotros que haya un desarrollo pacífico en África que conduzca al bienestar y a la estabilidad. Sin embargo, la realidad actúa en contra. 
Pero la desesperación, colega Wolf, no debe conducir a la resignación. 
Lo sé, no eso lo que quiere usted. Por supuesto, a veces es deprimente que después de uno y otro intento de dar apoyo y prestar ayuda las cosas no vayan tan bien como uno desearía. 
Pero no debemos abandonar los esfuerzos por encontrar medios que hagan posible la pacificación del conflicto y, sobre todo, por reforzar e integrar a todas las fuerzas políticas de África que pueden contribuir a la estabilidad y a la resolución del conflicto y que, por encima de todo, también tengan la voluntad de hacerlo. 
En la próxima semana se reúne la asamblea de los países ACP, y confiamos en que todos los participantes se sienten con nosotros a la mesa. 
El conflicto en la región de los Grandes Lagos nos ocupa desde hace años y sigue estando en el orden del día. 
Se ha convertido en un doloroso tema habitual. 
Pero pienso que, no obstante, esta reunión puede contribuir a su solución- hay señales positivas de ello- y que podemos debatir y sondear conjuntamente cuáles son las posibilidades de solucionar el conflicto. 
En primer lugar, debemos combatir con todas nuestras fuerzas y conjuntamente con los representantes africanos, sentados ante la misma mesa, el odio étnico, que representa una de las causas esenciales del conflicto. 
No quiero enumerar todas las atrocidades, todas las violaciones de los derechos humanos y toda la violencia que se ha producido. Ya se ha hablado demasiado de ello. 
Pero produce especial tristeza que aquellos que en el pasado han sido víctimas de la discriminación y el odio hoy en día abriguen ellos mismos el odio y la discriminación. 
Esto es lo que no podemos tolerar. 
Tampoco podemos dar por buena- venga del lado que venga- la intervención militar, sino, en su lugar, buscar una solución pacífica y exhortar a los países vecinos a buscar una solución pacífica al conflicto que respete los principios democráticos. 
A menudo hemos incluido en nuestro orden del día la prevención de los conflictos. Hemos gastado mucho papel al respecto. 
Creo que debemos calibrar en la práctica mejor que hasta ahora las posibilidades de prevenir los conflictos. 
Debemos subrayar expresamente que las conversaciones de paz sólo pueden tener éxito si todas las partes en conflicto se sientan a dialogar en la misma mesa. 
Trabajemos por ello. 
Señor Presidente, las aguas de los Grandes Lagos de África andan revueltas y ensangrentadas, heridas de muerte y sufrimiento causados por la ceguera, la locura y la ambición de los hombres. 
Aún no se había extinguido el tronar de los cañones en Guinea-Bissau y ya un nuevo foco de inestabilidad irrumpía en la República Democrática del Congo, arrastrando al conflicto a una serie de países vecinos, de Angola a Zimbabwe, de Namibia a Ruanda, de Uganda a Burundi y a Tanzania. 
Resulta difícil descubrir por entre el humo de los múltiples intereses en presencia una línea de racionalidad que explique lo que hoy ocurre en la tierra congoleña. 
Allí se cruzan odios antiguos de etnias en guerras interminables de exterminio y represalia que se pierden en el tiempo. 
Por allí pasan las consecuencias de fronteras poco claras o trazadas con la escuadra del reparto colonial del siglo pasado. 
Allí no están inocentes intereses económicos internacionales, cerniéndose como buitres para el reparto de las inmensas riquezas naturales de aquella zona de África. 
Allí pululan, sin control, ejércitos de varios países, mercenarios a sueldo de muchos pagadores, bandoleros en libertad o pura y simplemente sanguinarios sin alma. 
Si hubiera tan sólo arena y polvo del desierto en la que revolcarse, no estaríamos debatiendo aquí un conflicto que amenaza con volverse una tragedia regional de grandes dimensiones. 
El Presidente Laurent Kabila no ha sabido aprovechar la oportunidad para implantar una verdadera democracia y ha defraudado las esperanzas de la población y de la comunidad internacional. 
Él es hoy el director ficticio de una enorme arena en la que nadie respeta a nadie, en la que impera la ley de las ejecuciones sumarias y de la justicia de las armas en la mano y en la que la población civil es la más sacrificada, con más de dos millones de refugiados y un número incalculable de muertos. 
Todos los intentos de llegar a un cese del fuego han fracasado, desde las reuniones de Victoria Falls hasta la reciente reunión, en Adis Abeba, de los ministros de defensa de los países implicados. 
Como éstos no se entienden, creo que se debe preguntar al Consejo por su inmovilismo político y sobre si no será hora de que la Unión Europea revise todo el marco de su cooperación, como muy bien ha dicho el Comisario João de Deus Pinheiro, con los Estados implicados en luchas internas y externas en la zona de los Grandes Lagos. 
A pesar de que la Comisión ha ido reforzando- y ha hecho muy bien- la ayuda humanitaria al Congo, las otras acciones de cooperación de la Unión Europea no pueden seguir alimentando el desvarío bélico de los dirigentes en vez de redundar en pro del bienestar de las poblaciones. 
Hay que poner todo en tela de juicio y plantear la adopción de ciertas medidas de suspensión de algunas líneas presupuestarias de la cooperación, si los países beligerantes no dan pruebas de sentido común. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la crisis congoleña, la crisis en la región de los Grandes Lagos, nos sitúa ante un problema geopolítico y politológico en cierto sentido nuevo. 
Hasta hoy, de hecho, existían dos dogmas casi intangibles cuando se hablaba de las cuestiones africanas. 
El primero era que los conflictos y las guerras locales eran guerras, por así decirlo, por poder, tras las cuales estaban las potencias occidentales. 
El segundo era el de la intangibilidad de las fronteras africanas. 
La crisis en la región de los Grandes Lagos hace que nos enfrentemos, en primer lugar, con un sustancial desinterés de las potencias occidentales tradicionalmente implicadas en la región- Bélgica, Francia y, recientemente, Estados Unidos- y, en segundo lugar, con un conflicto regional que parece cuestionar los equilibrios fronterizos que, con frecuencia, fueron decididos no por los africanos, sino por los Estados europeos en la etapa de la descolonización. 
Se impone, en consecuencia, un juicio político que debe preceder cualquier intervención por nuestra parte. 
¿Son realmente intangibles estas fronteras? 
¿Es quizás necesario que la Unión Europea, tras reflexionar, deje a un lado las frases genéricas como el mantenimiento de la paz o el respeto de los derechos humanos? 
No porque no sean importantes, sino porque es necesario plantearse previamente un objetivo político, es decir, el de fomentar una nueva ordenación y aprovechar todo lo que pueda haber de positivo en tantas tragedias humanas, o sea, la posible consecución de una mayor conciencia y de una mayor autonomía por parte de los países africanos. 
La Unión Europea debe hacer lo imposible para que este proceso sea pacífico, prevalezca la fuerza de la razón y no, como suele suceder por la falta total de una sólida política exterior, la razón de la fuerza. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, está claro que los recientes conflictos que se producen en África, inicialmente provocados por cuestiones étnicas localizadas, están transformándose rápidamente en verdaderos conflictos de dimensión regional, arrastrando a varios países y provocando muchos millares de muertos, millones de refugiados, un encadenamiento progresivo. 
En este marco quisiera recordar la situación de Angola. 
Si bien la presencia de tropas angoleñas en la República Democrática del Congo es en sí misma significativa, más preocupante es la decisión del Gobierno angoleño de suspender unilateralmente a los miembros de UNITA en sus funciones en el Gobierno y suspender también a los diputados del mismo partido a la Asamblea Nacional angoleña y democráticamente elegidos. 
Se encuentran retenidos en Luanda sin posibilidad de salir de la ciudad, sujetos a toda clase de presiones y, en muchos casos, sin medios de supervivencia. 
A esa actitud, que es una clara violación de los Acuerdos de Lusaka, siguen afirmaciones y preparativos bélicos. 
Creo que el Consejo y la Comisión, deberían decir algo sobre esta situación, pues se trata de una violación de los principios democráticos. 
Consideramos, además, que la diabolización y el aislamiento sistemáticos de UNITA, que en este momento se ve impedida del acceso a los medios de comunicación angoleños o internacionales, no ayuda al proceso de paz angoleño. 
Por último, creemos que aún es posible, con el nuevo mediador, con el apoyo de la Unión Europea, evitar una nueva guerra, que podría ser de características, efectos y duración imprevisibles, además de que puede llegar a ser una escalada más en la regionalización de los conflictos ya existentes. 
Por eso, pensamos y sostenemos que la Unión Europea debe hacer todo lo posible para apoyar la iniciativa de una conferencia regional, con la égida de las Naciones Unidas, en pro de una paz definitiva y duradera en aquella región. 
Señor Presidente, tenía la intención de participar en este debate haciendo abstracción de mis opiniones personales, diciéndome que quizás iba a recoger el fruto de una reflexión que permitiría solucionar los problemas africanos. 
Había decidido meter en el bolsillo todas mis convicciones. 
Por ello he oído a todos los oradores con mucha atención. 
Les he oído confesar la ilusión Kabila, al igual que será necesario confesar mañana la ilusión Mandela, de quien nadie discute sus buenas intenciones; pero todas las informaciones que nos llegan de Sudáfrica no hablan más que de la degradación, cada vez más acentuada, de la situación en ese país. 
He oído al Sr. Tindemans mantener el discurso mágico, la tarta de crema, de la responsabilidad de la colonización. 
Pero hace mucho tiempo que la colonización tuvo lugar. 
La colonización no sólo tuvo su parte positiva, es cierto, pero a pesar de todo, si discutimos las fronteras procedentes del colonialismo, es preciso confesar que éstas han permitido con frecuencia poner término a guerras que empujaban a las poblaciones africanas unas contra otras. 
La colonización no era perfecta, pero cuando yo visito los países de la antigua Unión Francesa no me avergüenzo de lo que mi país hizo en ellos. 
No eran repúblicas bananeras. 
En realidad, hoy la barbarie ha invadido muchas de esas tierras, aunque cuando oigo decir que sería necesario seguir ayudando a los africanos- pero ayudar a los africanos, qué quiere decir, sino aconsejarles, armarlos, lo que es de hecho neocolonialismo- temo que en realidad, de una manera muy hipócrita, se pretenda instaurar aquí un neocolonialismo que produzca más muertos que la vieja colonización. 
África para los africanos, decía Giscard d ' Estaing; quizá tenía razón, pero creo que ahora es preciso dejar solos a los africanos. 
No podemos hacer nada más por ellos. 
He recibido ocho propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Señor Presidente, las crisis y los conflictos múltiples y generalizados en la región de los Grandes Lagos, en la República Democrática del Congo, así como en otras regiones próximas, son probablemente la expresión más dramática de la mayor y general reordenación estatal y regional tras el período de la descolonización. 
Las crisis no se desarrollan como en los últimos años dentro de los Estados, sino que son crisis de los Estados y de una orden regional que se había mantenido con muchas dificultades y graves injusticias a lo largo de casi cuarenta años. 
Esto me parece el dato más novedoso de la situación con la que nos enfrentamos. 
Considero obligado tratar de evitar que un orden desaparezca totalmente de esta manera y no porque el orden que hemos tenido hasta ahora haya sido el más justo o sea de por sí el más justo, sino porque, hoy por hoy, existe el peligro real de que se instauren nuevos poderes, basados en la opresión étnica y, en algunos casos, en el genocidio, en el tráfico de armas y, en determinados casos, de drogas y en muchos casos de algunos importantes recursos naturales. 
La integridad de los Estados y el rechazo de toda modificación violenta de las fronteras de los Estados serviría, por tanto, para evitar que la situación empeore y que se establezca un poder aún más injusto que el anterior. 
Segundo dato, señor Presidente, señor Comisario. 
Hasta hace tres o cuatro meses, parecía que se había consolidado en África- sobre todo en la franja central de África, de Eritrea a Angola- un nuevo orden africano, con nuevos líderes, basado, desde el punto de vista geopolítico, en fuertes lazos con los Estados Unidos. 
Ese orden se ha venido abajo muy rápidamente y es muy probable que fuera falso e irreal y, en efecto, hoy ha desaparecido del todo. 
Esto demuestra que no es suficiente buscar sólo algún aliado fiel y fuerte y, a veces, violento en África, sino que es necesario fomentar y llevar a cabo procesos reales de transformación y de distensión de las alianzas y de las relaciones internacionales. 
Creo que el papel que le corresponde a Europa es el de intervenir en estos procesos y de poner en marcha nuevas formas de cooperación que pueden motivar, reforzar y convertir en más útil el compromiso de cooperación. 
Sobre la base de las negociaciones sobre el futuro del Convenio de Lomé que comenzarán- creo que con alguna dificultad- en las próximas semanas, este compromiso, señor Comisario, deberá contribuir a perfilar un nuevo orden en el cual los africanos y los representantes legítimos y democráticos de sus países deberán ser los protagonistas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las palabras que acabamos de oír en boca del Sr. Comisario Pinheiro estaban impregnadas de una gran prudencia que considero totalmente indispensable cuando nos encontramos frente a un problema de tanta amplitud y complejidad. 
Pero a esta prudencia- y éstas son complementarias en mí espíritu- la Unión Europea ha de añadir una gran humildad. 
No hay solución militar al problema político, decía en abril el Sr. Ajello, enviado especial de la Unión a la región de los Grandes Lagos, al hablar de los acontecimientos que tienen lugar allí. 
Pero tampoco hay, todos lo saben, solución política que pueda imponerse a los Estados de la región. 
A ellos corresponde, en primer lugar mediante el diálogo y la negociación, encontrar la solución al problema planteado. 
Nuestra función es apoyar las iniciativas orientadas a organizar este diálogo y no suplantar a los posibles participantes o intentar imponerles nuestro punto de vista. 
Humildad, decía yo. 
Ésta debe, aun cuando por supuesto deseamos que vuelva la paz lo más rápidamente posible, llevarnos a recordar que en otras regiones, en otras épocas, el diálogo ha sido muy largo y difícil para resolver tales conflictos. 
Hemos de animar incansablemente a los Jefes de Estado afectados a llegar al final, pero no podemos ni reprocharles que no encuentren una solución inmediata, ni sobre todo pretender imponerla. 
Dos observaciones más, Señorías. 
No esperemos demasiado, por desgracia- y yo soy el primero en lamentarlo- del Tribunal de Arusha. 
Por supuesto, hemos de aportarle nuestra ayuda, como recordaba la resolución de la Asamblea paritaria ACPUnión Europea de Port-Louis, en abril, pero no olvidemos los comentarios muy justos, a pesar de su escepticismo, una vez más, del enviado especial de la Unión a la región. 
Basta, Señorías, con circular un poco por Arusha y oír algunos comentarios para comprender que, localmente no se espera desafortunadamente gran cosa salvo- y esto es ya lo esencial- intentar actuar de forma que algunos dramas no se reproduzcan. 
Segunda observación: como la resolución de Port-Louis invitaba a la Comisión es preciso, por supuesto, mantener la ayuda humanitaria y esta única cuestión exige tanta atención y más medios que todo lo demás. 
Esto se concreta además en las decisiones de las que ha hablado usted hace unos momentos, señor Comisario. 
Nos ha señalado que iba a estudiar esta cuestión más a fondo, más en detalle, antes de proponernos respuestas. 
Esperando con mucho interés lo que tenga que decirnos de nuevo, sigo siendo hoy al menos partidario de esta ayuda. 
Señor Presidente, Señorías, todo el mundo habrá comprendido que, si bien mi grupo apoya el texto común, personalmente no creo que la Unión pueda asegurar la paz, la seguridad y la estabilidad en esta parte del mundo. 
Como dice uno de los considerandos de este texto, creo que es necesario ayudar a que reine la paz y no pretender asegurar la paz. 
Señor Presidente, señor Comisario, como le he escrito, viajé a Kinshasa a principios del mes de agosto, en la época del primer toque de queda. 
Me paseé solo por las calles de la ciudad, absolutamente sin problemas. 
Pude hablar con los ciudadanos jóvenes y menos jóvenes y todos me hablaron de su simpatía y apoyo al presidente Kabila. 
Me hablaron de que no comprenden el abandono por parte de Europa de un Congo liberado por fin del dictador Mobutu. 
No han comprendido sobre todo lo que consideraron una huida de las embajadas europeas y americana. 
Hemos de intervenir masivamente para ayudar al pueblo congoleño a salir de su miseria y de sus sufrimientos mediante ayudas urgentes en medicamentos y en víveres. 
Hemos de controlar el excesivo armamentismo de algunas regiones, plantear la cuestión de saber quién les vende las armas y a quién beneficia este comercio. 
Bélgica y otros Estados de Europa deben una buena parte de sus riquezas actuales a la explotación de las antiguas colonias de la región de los Grandes Lagos. 
Tenemos, por consiguiente, un deber moral con respecto a esos pueblos, cualesquiera que sean sus etnias o religiones. 
África es un complemento natural de Europa. 
Ellos tienen los recursos que nos faltan; nosotros tenemos la tecnología que necesitan. 
De pueblo a pueblo, organicemos la complementariedad con y para esos pueblos siniestrados. 
Terminaré mi intervención, señor Comisario, preguntándole por qué no tomamos la iniciativa política de confiscar en beneficio del Congo los fondos mobiliarios e inmobiliarios de Mobutu y de sus esbirros, en Europa, incluida Suiza. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve: sólo tres comentarios. 
El primero se refiere a una cuestión suscitada por dos de los oradores presentes respecto de los diputados de UNITA que fueron suspendidos unilateralmente del Parlamento angoleño. 
Es una cuestión de principio: en ninguna circunstancia podría aceptar la Unión Europea que a diputados libremente elegidos en elecciones consideradas libres por la población se les prohíba unilateralmente ejercer sus funciones. 
Y ésa es una cuestión de principio sobre la cual- considero yo- la propia Unión ya se pronunció directamente o, al menos, bilateralmente ante el Gobierno angoleño. 
La segunda cuestión se refiere a la ayuda humanitaria: en ninguna circunstancia propusimos ni proponemos la suspensión de la ayuda humanitaria. 
Ésa es una cuestión que está por encima de las ideologías, porque se orienta hacia la esfera de la persona humana. 
Y, a propósito de ayuda humanitaria, permítanme que les diga que los hombres y las mujeres de las organizaciones no gubernamentales que en este momento se aventuran por el interior de la República Democrática del Congo son verdaderamente unos héroes, unos verdaderos héroes, en la medida en que incluso van hasta allí donde varios países no han querido mandar fuerzas armadas, porque era demasiado peligroso. 
Por último, quisiera decir que, por lo que se refiere al Congo, la República Democrática del Congo, muchas han sido las propuestas hechas después de que el Sr. Kabila tomara el poder, en particular por nuestros socios del otro lado del Atlántico. 
Quisiera que esta Asamblea supiese que lo prometido- que ni siquiera sé si se ha desembolsado por nuestros socios del otro lado del Atlántico- fue un máximo de 20 millones de dólares y que sólo la ayuda que la Unión Europea ha dado por mediación de la Comisión para la rehabilitación de las carreteras que conducen a Kinshasha y para aspectos sanitarios (por tanto, sin contar con otros aspectos humanitarios) asciende a casi 90 millones de dólares. 
Por tanto, comprenderán que, cuando algunos hacen llamamientos en pro de las consultas y la concertación de acciones con otros socios que no están dispuestos a aportar fondos, yo me muestre muy reticente, en la medida en que me parece que a veces otros quieren hacer las cosas con nuestro dinero. 
Y para eso no podrán contar conmigo. 
Queda cerrado el debate. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre cuestiones importantes de actualidad y urgencia. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las tres propuestas de resolución siguientes sobre Albania: 
Señor Presidente, creo que es muy importante que el Parlamento Europeo se ocupe del tema de Albania. 
Estoy totalmente de acuerdo con los términos de la resolución y quisiera añadir un punto. Es obvio que en un clima de nacionalismo y violencia como el que caracteriza hoy en día la situación de Albania y Kosovo, el que la oposición saque provecho de ello lleva a que las aguas se salgan de su cauce. 
En esta situación es importante que dejemos muy claro que la Unión Europea en ningún caso aceptará un cambio de fronteras que se produzca con violencia, venga del lado que venga. 
Porque, huelga decirlo, éste es uno de los motivos esenciales del conflicto entre la oposición y el gobierno albanés. Debemos dejar muy claro a todas las partes que la Unión Europea nunca reconocerá unas fronteras conseguidas con violencia. 
Señor Presidente, señoras y señores, señor Comisario, quisiera decir lo siguiente: he asistido como observador a las elecciones albanesas. 
La víspera de la votación, el presidente Berisha nos recibió a mí y a una diputada de esta Cámara y nos rogó fervientemente que sugiriéramos a los socialistas que aceptaran el resultado de las elecciones. 
El resultado de las elecciones, que muchos representantes de esta Cámara, pese a todos los problemas que ha habido, han considerado totalmente justos, han dado a los socialistas la mayoría absoluta. 
No obstante, hemos tenido que presenciar que el presidente Berisha y su partido democrático no han reconocido el resultado de las elecciones en Albania. 
Esa ha sido una de las razones esenciales. 
El Sr. Karl Habsburg me acusó ayer de infringir el ordenamiento jurídico. Rechazo esta acusación. 
No puedo disculpar a nadie por la situación actual en Albania. 
Un atentado, como todo atentado, debe condenarse sin paliativos. 
Esto ya ha ocurrido en el Parlamento y ha sido objeto de condena por nuestra parte. 
Hoy nos encontramos con que el anterior presidente y algunas personas de su entorno no quieren reconocer los resultados de las pasadas elecciones. 
Por eso coincido plenamente con el colega Frischenschlager en su afirmación de que la Unión Europea no puede reconocer ninguna modificación de las fronteras por medios violentos, tampoco en Kosovo, con todos los problemas a los que me refería ayer. 
Si transigimos, la conflagración que se desencadenará en los Balcanes será aún peor que la que hemos presenciado en los últimos años. 
Por esta misma razón, este Parlamento debe reconocer los resultados de las elecciones que se han desarrollado democráticamente. 
Quisiera pedir a los amigos conservadores que expliquen al ex-presidente Berisha y a su equipo que deben poner fin a la violencia, reconocer los resultados electorales y trabajar de modo pacífico y en cooperación con el Parlamento Europeo por un futuro mejor para este país. 
Señor Presidente, debo decirle francamente que me produce cierta tristeza la resolución que hoy probablemente aprobaremos y que hemos elaborado en una iniciativa conjunta, porque mi grupo, en el transcurso de estos últimos meses, ha intentado conseguir que se emitiera una resolución sobre Albania y sobre la crisis albana, intento que desgraciadamente siempre ha sido frustrado por otros grupos parlamentarios. 
Es verdaderamente lamentable que haya tenido que producirse el asesinato del Sr. Azem Hajdari, indudable líder carismático de la oposición, antes de adoptar una decisión en la que se hace referencia a la verdadera crisis existente, máxime cuando se trataba del tercer atentado dirigido contra el Sr. Hajdari. 
Uno se produjo en el Parlamento y otro en su casa, en el que se intentó abatirle a tiros. 
Mucha gente sigue intentando echar las culpas a la oposición, lo que no se ajusta en absoluto a los hechos, como demuestra el hecho de que nuestra resolución no se ha presentado hasta que se ha producido el asesinato del líder de la oposición. 
Asimismo, quisiera subrayar el hecho de que se sigue hablando únicamente del partido democrático de Albania. 
Hay siete en total, que en general se pronuncian conjuntamente y que nos han confirmado unánimemente que no todo es tan limpio y legal como el gobierno quiere hacer creer. 
Por supuesto, Sr. Swoboda, hemos reconocido mayoritariamente las elecciones, pese a las dificultades que ha mencionado usted. 
Pero debemos tener en cuenta que los partidos de la oposición sostienen unánimemente que indudablemente hay muchas cosas que van por mal camino, sobre todo en el terreno jurídico, no sólo en la oposición sino también en el gobierno, y que todas las partes actúan con los medios más desafortunados, lo que empeora considerablemente la situación. 
Por nuestra parte, especialmente teniendo en cuenta el entorno de Albania, debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a la estabilidad. 
Señor Presidente, como ha señalado el Sr. Swoboda, tras la crisis del año pasado, la Unión Europea ayudó a Albania para que eligiera, mediante un proceso democrático, a un gobierno que estableciera las instituciones democráticas. 
Hoy volvemos a encontrarnos ante una nueva crisis y creo que hemos sido llamados otra vez a jugar un papel decisivo. 
Es correcto condenar la violencia, venga de donde venga, pero no podemos seguir la política de medir con la misma vara porque con ello no contribuimos al desarrollo de las instituciones democráticas. El problema albanés es que un partido- el del Sr. Berisha- no acepta el resultado de las elecciones y eso es algo que sería calificado de antidemocrático si llegase a ocurrir en nuestros países. 
Creo que hoy debemos apoyar la normalización democrática y constitucional en Albania. 
Yo, que procedo de un país vecino con Albania, también quisiera señalar, como muy correctamente ha dicho el Sr. Swoboda, que cualquier crisis que allí se origine va a influir en todos nosotros y que cualquier cambio en la escena política que se produzca por el aumento de la violencia política va a venir a agravar la inseguridad política en Albania y además creará una dramática situación en toda la región. 
Señor Presidente, cuando oigo cómo desde algunos sectores se habla constantemente de democracia, quisiera recordar una vez más a sus señorías que el propio Fatos Nano procede de un partido totalitario, que durante mucho tiempo fue un dictador y que después fue derrocado y juzgado por actividades criminales. 
Digo esto porque nadie lo hace. 
Igualmente, se ha obviado el hecho de que los acontecimientos se han precipitado por el asesinato de una de las personalidades destacadas de la oposición tras dos atentados. 
Descargar toda la culpa en una sola parte, como pretende determinado sector, es sencillamente falso e hipócrita. 
Tenemos que trabajar en favor del restablecimiento de la ley y el orden en Albania. 
El gobierno ha atentado contra la ley y el orden del mismo modo que la oposición. 
Es evidente que esto será muy difícil, porque Albania se halla en una situación extremadamente peligrosa. 
Tenemos que tener muy claro que existe el peligro de que se produzca una conflagración que no procederá tanto de Albania como de Kosovo. 
En Kosovo hasta ahora no hemos tenido ninguna actuación verdaderamente decisiva. 
Sólo se han proferido amenazas- huelga recordar las diferentes maniobras aéreas- que de todos modos no han conducido a nada. 
Hemos sufrido una considerable pérdida de credibilidad y debemos intervenir de una vez por todas contra el dictador Milosevic y comprometernos con mayor fuerza a encontrar una solución para Kosovo. 
Después, confiemos en que la situación en Albania se normalice con rapidez. 
Señor Presidente, Señorías, el asesinato de un político, sin importar a qué partido pertenece, es siempre algo que repugna a cualquier persona que sea auténticamente demócrata y, en este caso, pone abiertamente de manifiesto la fuerte necesidad que tiene Albania de una reconstrucción política, institucional, cultural, económica y ante todo ética y moral. 
Quien, como yo, ha tenido la ocasión de hablar con los refugiados albaneses en nuestro país, sabe que, por encima de todo, tienen una fuerte necesidad de un Estado, ese Estado que es tan difícil reconstruir en un contexto tan deteriorado. 
Si embargo, es necesaria una intervención de las Unión Europea sobre todo porque, si no, la acogida que algunos países como Italia se dispensa a los albaneses corre el riesgo de transformarse en indiferencia, en un paternalismo, fuente de más problemas y de que sea imposible resolverlos. 
Señor Presidente, una vez superados los incidentes del pasado año, hubo una gran esperanza cuando al fin se establecieron soluciones de carácter democrático y, mediante la formación de diversas coaliciones, resultó elegido el nuevo gobierno presidido por Fatos Nano, dirigente que había estado encarcelado de forma ilegal. 
Dicho gobierno ha dado pasos importantes. 
Restableció funciones esenciales de las finanzas públicas y de la administración. Ejerció una política exterior ponderada y realista, gracias y sobre todo a la ayuda de la comunidad internacional y de la Unión Europea. 
Pero no ha completado unas reformas de carácter administrativo y constitucional que son esenciales y recientemente se ha encontrado con la compleja crisis de Kosovo. 
Por ese motivo algunos intentan crear disturbios en Albania y reclaman el poder perdido hace poco tiempo explotando para ello los sentimientos nacionalistas del pueblo albanés y que pueden llevar a un callejón sin salida en una dirección nacionalista y sin retorno, aprovechándose, por una parte, de la crítica situación económica y social que vive el país y, por otra, de la postura indecisa del gobierno ante las miles de armas ilegales que se encuentran repartidas entre la población. 
Ése es el comportamiento aventurero e irresponsable que tiene el Sr. Berisha a través de sus incendiarias declaraciones y actuaciones. 
Es un comportamiento peligroso tanto para Albania como para la región sureste de Europa y que viene a desestabilizar el frágil orden político de Albania. 
Apunta hacia peligrosas intervenciones en la crisis de Kosovo y eso es algo que no podemos olvidar. 
También anuncia nuevas oleadas de refugiados que ya se hacen notar en Grecia e Italia. 
No podemos minar la legalidad de un gobierno albanés salido de las urnas si medimos con la misma vara y pedimos la formación de nuevos gobiernos con la participación incluso de los grupos armados. 
Debemos pedir al gobierno albanés que muestre prudencia y moderación en la consolidación del orden democrático y de la legalidad. 
Hasta ahora ha dado muestras de ello y merece apoyo tanto de tipo económico como político. 
Señor Presidente, cualquiera que sepa algo sobre la situación en Albania sabe que es dramática, tanto en el terreno económico como humano, y sabe que ahora mismo y en el futuro es necesario que tanto el gobierno como la oposición adopten una postura de contención. 
Contención a la hora de dirimir las diferencias de opinión políticas y disposición al diálogo. 
En estos momento, esto significa, en mi opinión, que el gobierno de Fatos Nano ponga toda la carne en el asador para dilucidar quién es el responsable del asesinato de Azem Hajdari y sobre todo significa, antes que nada, que el señor Berisha y el Partido Democrático acaben con las provocaciones de la semana pasada y con su estrategia de polarización del pasado mes. 
Lo que ha ocurrido la semana pasada es un incidente dentro de una larga serie de accidentes provocados por el Sr. Berisha en los últimos meses y creo que ya es hora de acabar con ellos. 
Por eso, espero también que se apruebe la resolución y que se pida a todos los que en este Parlamento han apoyado al Sr. Berisha en el pasado que transmitan el mensaje de contención y diálogo, ya que es la única solución que existe para la situación en Albania. 
Señor Presidente, la terrible crisis en que se encuentra Albania- los sucesos de estos días son sus últimas manifestaciones -, según Alianza Nacional, no solo depende de las carencias institucionales, económicas y sociales, sino que encuentra su caldo de cultivo y su aparentemente inagotable sustento en la pérdida de los valores cívicos y de sólidos principios morales de la gran parte del pueblo albanés. 
Algún patético y irreductible nostálgico de planes quinquenales y de masas que marchan hacia brillantes futuros tiene la osadía de achacar la culpa a los malvados capitalistas y a la economía de mercado, sin embargo, es evidente que estos desastres son la consecuencia de décadas de colectivismo comunista, en la que no podía tomarse ninguna iniciativa sin la autorización de la nomenklatura del partido y cualquier iniciativa particular era acallada por el peor régimen dictatorial de todos los regímenes del Este europeo que seguían la doctrina comunista. 
Así, a la vista de lo que sucede en la actualidad, descubrimos que la única defensa que le queda al pueblo albanés es la de remontarse a los principios preindustriales y predemocráticos como, por ejemplo, los clanes y las tribus respectivas, mientras parece imposible contener la huida de clandestinos hacia Italia. 
Campos enteros se han transformado en plantaciones de droga y el tráfico de la prostitución y de vehículos robados sigue floreciendo bajo la batuta de los distintos capos albaneses. 
La primera consideración política que podemos hacer es que la misión internacional capitaneada por Italia ha fracasado y las causas se pueden hallar probablemente en los límites de intervención que la misma misión se había impuesto y en la insuficiente coordinación de sus distintos componentes. 
Por último, la Unión Europea no puede dejar de hacer frente de forma conjunta tanto a las crisis que se desatan en sus fronteras como en la cuenca del Mediterráneo. 
Señor Presidente, la Comisión está también preocupada, evidentemente, por los acontecimientos recientes de Albania. 
El asesinato del Sr. Hajdari, dirigente político de importancia del Partido Democrático, y la agitación que siguió, y ha seguido, revelan la gran inestabilidad de la situación interna del país. 
El aumento de la violencia hace, evidentemente, más difícil la reconciliación nacional, aún más difícil de lo que era hasta hace poco. 
Así, pues, es fundamental, y convenimos en ello, el establecimiento de la calma y del orden público, así como la investigación del asesinato y de los tumultos que siguieron. 
Simultáneamente, todas las partes interesadas deben dar pruebas de contención, tanto en sus declaraciones como en sus acciones. 
Nos alegramos de que el Sr. Berisha haya hecho ya un llamamiento en pro de la moderación, aunque la petición de dimisión del Primer Ministro Nano no contribuya a resolver la situación. 
Igualmente inadecuada y desproporcionada nos parece la petición de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Berisha y de otros diputados del Partido Democrático con el objetivo de ir a detenerlos, lo que, evidentemente, induciría a pensar que el objetivo de los tumultos fue un golpe de Estado, opinión que no compartimos. 
Así, pues, es importante volver a crear una clima para el diálogo político y a ese respecto hay que apoyar las gestiones de mediación, tanto las llevadas a cabo por el Presidente, Sr. Meidani, como por el embajador Everts, en nombre de la OSCE. 
Esperamos, evidentemente, que el Partido Democrático participe activamente en esas conversaciones. 
El objetivo fundamental de la estrategia de la Unión Europea tiene que seguir siendo el apoyo a Albania en la prosecución de una política de estabilización, recuperación y democratización. 
Y, como es evidente, la cuestión del orden y la seguridad públicos ocupa un lugar decisivo entre las prioridades políticas. 
Esperamos a que la UEO nos proponga un documento, con opciones en lo relativo al refuerzo del orden y de la seguridad públicos, para que podamos inventariar las acciones que podríamos apoyar, además de las que ya venimos apoyando en este momento. 
Una cosa es cierta: Albania forma parte de Europa, la inseguridad en Albania no ayuda a la estabilización en los Balcanes. 
Y ya tenemos bastante con lo que ocurre en la antigua Yugoslavia y en Kosovo, actualmente. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, por tercera vez este año nos vemos forzados a celebrar un debate de urgencia sobre el agravamiento de la situación en Myanmar. 
Por tercera vez este año pedimos a la Comisión y al Consejo que adopten medidas más drásticas contra uno de los regímenes más execrables del mundo. 
Voy a citar algunos ejemplos. 
Los miembros de la oposición sufren una persecución sistemática, son encarcelados, desaparen, son torturados, asesinados. 
Tan sólo en las dos últimas semanas 187 miembros del NLD, el partido de Aung San Suu Kyi, han sido capturados y encarcelados. 
Esto hace un total de 783 parlamentarios y dirigentes políticos del partido en prisión desde principios de este amo, de los cuales 196 son parlamentarios elegidos. 
La misma Aung San Suu Kyi ve obstaculizadas constantemente sus actividades. 
Este verano hemos visto cómo fue detenida por segunda vez en un puente a las afueras de Rangún. 
Hemos visto cómo se le ha impedido dirigirse a sus simpatizantes. 
En este momento, ayer sin ir más lejos, ha sido amenazada de nuevo por las autoridades militares, que le han comunicado que no puede seguir hostigando al gobierno militar porque de lo contrario será encarcelada de nuevo. 
Señor Presidente, ¿qué hace la Unión Europea? 
Entretanto continúa tranquilamente la represión de las minorías birmanas. 
Se les obliga a realizar trabajos forzados a gran escala y se les maltrata de tal modo que más de 130.000 personas han atravesado las fronteras y están en campos de refugiados en Tailandia, Malasia y Bangladesh. 
Me han conmocionado los sangrantes relatos. 
Por otra parte, ¿qué papel desempeña la Unión Europea en el retorno de los refugiados de Bangladesh, que inmediatamente después son obligados a realizar trabajos forzados? 
¿Qué hace la Unión Europea ante eso? 
Porque la enorme producción de droga, a menudo obligada, por parte de los campesinos birmanos sitúa al país entre los grandes exportadores de drogas del mundo, por encima por ejemplo, de Colombia. 
¿Qué hace la Unión Europea ante eso? 
Algo hemos hecho, pero debo decir que la situación no ha cambiado gran cosa. 
Nuestro deseo más acuciante- creo que expreso este deseo en nombre de todo el Parlamento- es que se adopten medidas, a semejanza de las adoptadas en los Estados Unidos, que impliquen una interrupción de las inversiones, un boicoteo económico. 
Esta parece ser la única solución para hacer cambiar de actitud a este execrable régimen. 
Pido a la Comisión que haga algo, que presente propuestas al Consejo y que el Consejo adopte propuestas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Aung San Suu Kyi lleva diez años haciendo llamamientos a la democratización de Myanmar. 
Ya nos hemos acostumbrado a ello. 
Diez años en los que se le ha hecho la vida imposible a ella y a su partido. 
Afortunadamente, sus actividades han tenido eco en la prensa mundial, pero de cuando en cuando tiene que tomar iniciativas peculiares, esconderse o meterse en lugares insólitos para seguir atrayendo la atención de la prensa. 
Afortunadamente, los estudiantes han tomado el relevo y miles de estudiantes salieron a la calle para conmemorar la sangrienta represión de agosto de 1988. Fue la mayor manifestación desde 1996. 
La comunidad internacional no puede olvidar a Myanmar. 
No en vano es uno de los cinco únicos países que no tienen relación con nuestra Unión. 
Pero, como ha dicho con toda razón la Sra. Maij-Weggen, tenemos que seguir avanzando. 
El comienzo de la represión, de los derechos humanos y la democracia justifica el boicoteo económico. 
Así de sencillo. 
Los inversores extranjeros son el pulmón de este régimen militar; del dinero que saca la junta militar birmana la mitad va a parar al ejército. 
Tenemos que seguir adelante, de lo contrario la presión sobre el régimen no dará ningún resultado. 
Señor Presidente, señor Comisario, no volveré ni insistiré sobre nuestra resolución que condena, por supuesto, a la junta militar birmana, solicita la liberación de los detenidos políticos, entre ellos los numerosos parlamentarios elegidos en 1990 y detenidos hace algunos días, rechaza la participación de Birmania en las reuniones Unión Europea-ASEAN y ASEM y, por medio de una enmienda pertinente que nosotros aceptamos, la 7bis, invita a la Unión Europea a no contribuir al controvertido proyecto del PNUCID en Birmania. 
Quisiera aprovechar esta ocasión para señalar que, en el marco de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, propuse, el 2 de septiembre, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea- propuesta aceptada por la comisión- que lanzáramos la operación «Mil parlamentarios por Birmania». 
Mil parlamentarios, a propuesta de Michel Rocard, quiere decir parlamentarios de la Unión Europea, de los quince países de la Unión Europea representados en este hemiciclo- y yo invito a todos mis colegas a suscribir la operación que vamos a impulsar- y de la Unión Interparlamentaria, de forma que esta junta, que es sorda, que es ciega y que sólo vive del tráfico de la adormidera, comprenda por fin que tiene frente a ella a una gran mayoría de los representantes de los sistemas democráticos en el mundo y es el mejor apoyo que podemos aportar a esa maravillosa mujer, símbolo de libertad y de democracia, que es la Sra. Aung San Suu Kyi. 
Señor Presidente, las tres cosas de las que tenemos que servirnos en relación con Birmania para conseguir que el régimen cambie son las drogas, el petróleo y el turismo. 
En estas tres cuestiones se hace hincapié en una reciente película de John Pilger para la televisión británica; John Pilger consiguió introducir secretamente máquinas tomavistas en Birmania y filmó los trabajos forzados de reclusos de las prisiones que, bajo la vigilancia de guardias armados, eran utilizados para construir nuevas instalaciones turísticas: una nueva versión de la construcción del puente del río Kwai bajo el imperio del terror japonés en la segunda guerra mundial. 
Tenemos que poner término a estas prácticas y someter a boicot- y animar a todos los demás a que boicoteen también- toda promoción del turismo en Birmania. 
En la Unión Europea recae una responsabilidad especial porque los principales inversionistas están en Europa. 
Premier Oil del Reino Unido y Total de Francia son los principales inversionistas en petróleo. 
Si el Gobierno de los Estados Unidos consiguiera ser más activo en la lucha contra el comercio de drogas procedentes de Birmania que en el caso de América del Sur, la situación también podría mejorar. 
Si sabemos esgrimir estas tres cuestiones, es posible que convenzamos al Consejo de restauración de la ley y el orden de que ha llegado el momento de cambiar y de restaurar la democracia en Birmania. 
En nombre de mi grupo, quisiera llamar la atención de sus señorías sobre una crítica que se formula a la Comisión en el punto 2, cosa que jamás se había hecho en este Parlamento; hasta ahora siempre hemos apoyado a la Comisión y al Parlamento cuando se han pronunciado en contra de actuaciones extraterritoriales. 
Seguramente recordarán los intensos debates celebrados en esta cámara sobre Helms-Burton y d ' Amato. 
La verdad es que hemos celebrado muchos debates, y la Comisión y el Consejo siempre han contado con nuestro apoyo. 
Quiero pedirles de todo corazón que el apartado 4, en el que se dice literalmente "critica» , que se sustituya por" señala». 
Es un observación neutral y estaría en consonancia con nuestra política de conjunto. 
Si no están de acuerdo, correremos el peligro de que en el futuro no podamos explicar nuestra política con respecto a los Estados Unidos, que además mantiene una tendencia- y el Estado de Massachusetts simplemente sigue dicha tendencia-. 
Esto hace que nuestra política no sea lógica, lo que llevaría a caer en el ridículo y a que los americanos se mofen de nosotros. 
Les pido sinceramente que modifiquen este punto. 
Creo que probablemente sólo se ha tratado de un error. 
No creo que, de repente, la Cámara haya cambiado a otra representación política distinta de las resoluciones y decisiones que hemos adoptado hasta ahora. 
Afganistán 
Señor Presidente, la trágica muerte del Coronel Caló, funcionario de las Naciones Unidas, es la novena muerte que se produce en Afganistán desde principios de este año. 
El trato reservado a las mujeres y, más en general, la situación de los derechos humanos está a la vista de todos. 
Occidente y la Unión Europea, en particular, corren el riesgo de encontrarse desarmados ante la cuestión afgana por un mal entendido respeto de las culturas distintas de la nuestra. 
Los derechos humanos son fundamentales, las reglas del Estado de derecho son básicas y están por encima y van más allá de cualquier cultura. 
Tenemos que tener el valor de afirmarlo con contundencia, al objeto de que el régimen de los talibanes, instaurado con el reconocimientos de poquísimos Estados, se vea obligado a dar un giro o a echarse a un lado cuanto antes. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que no debemos extendernos mucho sobre la descripción del sistema instaurado por los talibán. 
Sabemos lo que esto significa en términos de violación de los derechos fundamentales. 
Quisiera llamar la atención, principalmente del Comisario, y del Consejo, que está ausente, señalémoslo, ante un problema que afecta no solamente a Afganistán, sino también- la Sra. Maij-Weggen ha hablado hace unos momentos a propósito de Birmania- a los grandes programas de erradicación de los cultivos de droga. 
La señora Maij-Weggen lo ha dicho, en Birmania, los cultivos de droga aumentan. 
En Afganistán sucede lo mismo. 
Y ello a pesar de los grandes programas muy costosos que ha puesto en práctica un talibán de tipo especial, el Sr. Harlaki, de la UNDCP. 
En consecuencia, en nuestra resolución invitamos al Consejo y a la Comisión a intervenir para que al menos en los países dictatoriales como Afganistán y Birmania, estos programas ineficaces y enormemente costosos se detengan lo más rápido posible. 
Señor Presidente, Afganistán, y la historia sin fin. 
Si no fuera porque los talibanes ya se han forjado la fama de no respetar ningún derecho, habría que recordarlo diariamente. 
¿Quién goza aún derechos en ese país, que en una época se llamó " el país de los libres» , aparte de los que tienen el poder, es decir, los que tienen las armas? 
El desprecio de las personas y, sobre todo, la vejación de los derechos de la mujer, de los derechos políticos, es grave; el terrorismo y las masacres por motivos étnicos, los asesinatos, es todavía más grave. 
Rechazar la ayuda humanitaria para su propio pueblo es sin lugar a dudas lo más grave. 
Del cultivo de la droga ya se ha hablado. 
Apoyamos plenamente la petición formulada en esta resolución de instar a la Unión Europea, así como a las Naciones Unidas y al PNUD a que revisen sus programas y adopten nuevas medidas para que el dinero que utilizamos tan urgentemente en otros asuntos no vaya a parar a donde no debe. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la dureza del régimen talibán, el altísimo nivel de la represión, la violación de los derechos humanos más elementales, así como las repercusiones internacionales y el peligro de una escalada del conflicto más allá de las fronteras afganas aumenta día a día. 
Por consiguiente, el Parlamento debe exhortar a la comunidad internacional de países a que adopten definitivamente una actitud coherente. 
Debemos dar prioridad a garantizar a las organizaciones de ayuda internacionales la protección diplomática necesaria para que puedan seguir desarrollando su trabajo en favor de la necesitada población afgana. 
Esto presupone una intervención decidida y coherente de la comunidad internacional. En consecuencia, hay que impedir todo tipo de apoyo al régimen talibán. 
La UE debe ejercer presión ante los Estados que todavía no han retirado su apoyo, basándose en un cínico cálculo político para defender sus intereses. 
Pena de muerte 
Señor Presidente, tenemos tres resoluciones sobre la pena de muerte en Filipinas, Gaza y El Salvador. 
La ejecución de la pena de muerte, en definitiva, es irreversible, pero los motivos por los que se impone son múltiples y a veces del todo reversibles. 
En nombre de los derechos humanos, la pena de muerte no debe existir. 
En el Parlamento siempre nos hemos opuesto a la pena de muerte. Por consiguiente, pedimos a estos tres países, no sólo que no ejecuten la sentencia en los tres casos citados, sino que eliminen la pena de muerte de su legislación o que no la introduzcan. 
En Filipinas no se había aplicado desde 1976. 
En Gaza las organizaciones de derechos humanos critican tanto el procedimiento como la ejecución. 
En el Salvador el caso es diferente. Aquí se trata de introducirla, lo que ocurre es que se necesitan tres cuartos de mayoría, con lo cual no ha llegado a votarse. 
Así pues, en estos casos no tendremos que efectuar una votación, pero en caso de que se celebre una votación queríamos pedir a los grupos que aprueben nuestra enmienda, ya que no supeditamos nuestra colaboración a estas cuestiones y en esto procuraremos que haya igualdad de trato. 
Pero nuestra petición inequívoca sigue en pie, a saber, la no introducción o la abolición de la pena de muerte. 
Señor Presidente, la dignidad de los hombres es inviolable, los motivos de la pena de muerte son indignos. 
Pienso que en esta cuestión todos somos unánimes en la Cámara. 
El derecho a la vida, el asesinato estatal con el pretexto de la pena, el riesgo de error judicial, el porcentaje proporcionalmente elevado de pobres y las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades penales son argumentos- al menos en Filipinas, donde 600 condenados a muerte esperan su ejecución- para mantener la moratoria y apelar al nuevo presidente a que, en el ejercicio de su autoridad, se comprometa con el objetivo de suprimir la pena de muerte. 
El horrible crimen de Leo Echegaray no debe utilizarse como pretexto para romper el bloqueo y dejar pasar esta política. 
Opino que tenemos que ser unánimes a este respecto y actuar de modo conjunto. 
Señor Presidente, los liberales son fervientes adversarios de la pena de muerte. 
No hay ningún abuso que justifique la muerte. 
Además, su ineficacia como instrumento penal está clara. Esto no sólo es aplicable a Europa, sino al resto del mundo. 
Por eso, mi grupo está sumamente preocupado por los nuevos acontecimientos ocurridos en los territorios palestinos. 
Dos hombres han sido recientemente ejecutados y el Presidente Arafat no ha hecho uso de su derecho de revisar la condena, aunque se le pidió que lo hiciera. 
Mientras que el movimiento contra la pena de muerte cobra cada vez más fuerza en el mundo entero, los palestinos van en la dirección contraria. 
Afortunadamente, dentro de la comunidad palestina hay muchas voces críticas y esperemos que las críticas internas y externas convenzan a Arafat y los suyos de no realizar más ejecuciones y adaptar convenientemente la legislación. 
Señor Presidente, Señorías, hago especial referencia a nuestra propuesta de resolución del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas sobre un tema que nos preocupa: la posibilidad de reintroducir la pena de muerte en El Salvador. 
Lo cual, por una parte, sería un incumplimiento por El Salvador del Convenio Americano de Derechos Humanos, que se ratificó el 23 de julio de 1978 y, por otra parte- como han manifestado tanto mi colega Sr. Bertens como la Sra. Lenz -, va en contra de la posición de las instituciones europeas y de este propio Parlamento. 
Creo que es el momento de expresar nuestra alarma por la introducción que se hizo por parte del Presidente Armando Calderón el 27 de julio de este tema en la Asamblea de El Salvador. 
Esperemos que no pueda prosperar, pero creo que es bueno dar una señal en el Parlamento de El Salvador de nuestra oposición a este asunto y también manifestar que apoyaremos la enmienda que ha presentado el Grupo del Partido Popular Europeo. 
Señor Presidente, nuestro Grupo tiene una larga tradición en el rechazo y la lucha contra la pena de muerte. 
Y ello es así porque nosotros pensamos que en un derecho tan fundamental la moderación se convierte en vicio cuando rechaza comprometerse. 
Por eso rechazamos la pena de muerte, pero no sólo en El Salvador. 
La rechazamos en China y la rechazamos en los Estados Unidos, porque entendemos que si tiene que predicarse algo de los derechos humanos es su carácter planetario y su carácter universal. 
Por eso me parece importante, señor Presidente, que este Parlamento, en el desarrollo de su acción internacional, no aplique dos varas de medir. 
Por ejemplo, esta semana hemos discutido el proyecto de relaciones transatlánticas y no se le ha ocurrido a nadie poner en cuestión las relaciones con los Estados Unidos, donde se aplica- y de forma muy frecuente- la pena de muerte, ni nadie ha puesto un condicionante a las relaciones con los Estados Unidos. 
Por eso, señor Presidente, nosotros, con la misma firmeza con la que condenamos la pena de muerte, condenamos los términos del párrafo 2 de la resolución en la que se condiciona la cooperación con un país, con un Estado soberano- como es El Salvador- que, además, es un socio positivo y activo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, rápidamente y como respuesta a las afirmaciones de la Sra. Lenz, del Sr. Salafranca y, por supuesto, del colega Gasóliba: lo que ocurre en El Salvador nos parece una tendencia peligrosa, y una señal equivocada que el presidente quiera ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte. 
No creo que la intención del Presidente Calderón y del Parlamento salvadoreño sea infringir el Convenio de los Derechos Humanos de 1978, porque éste lo prohíbe. 
Puedo tranquilizar a los colegas del PPE asegurándoles que los liberales votarán sin lugar a dudas a favor de la enmienda en la que se establece una relación entre la ayuda y las relaciones europeas y la posible inesperada aceptación de esta ley. 
En otras palabras, vamos a examinar la petición de la Sra. Lenz. 
Señor Presidente, en efecto estamos en estas tres resoluciones hablando de situaciones concretas y, sin duda alguna, inaceptables: tanto las ejecuciones que han tenido lugar en los territorios administrados por el Presidente Arafat como las propuestas que se están debatiendo y discutiendo en El Salvador y Filipinas. 
En este último caso, Amnistía Internacional ha llegado a denunciar que una de las primeras víctimas de la suspensión de la moratoria de las ejecuciones podría ser un condenado sordomudo que ni siquiera ha podido entender las acusaciones que se realizaban durante el juicio y, por supuesto, tampoco ha podido expresar su punto de vista. 
En fin, la cuestión general es que en este 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos podemos encontrar con un tremendo paso atrás si, de estos tres países, en dos de ellos se pone fin a la moratoria, en otro se amplían los casos para las ejecuciones y en otro se llevan a cabo más penas capitales. 
Coincido desde la firmeza contra la pena de muerte en las palabras que ha pronunciado mi colega Salafranca. 
Camboya 
Señor Presidente, nuestro grupo ha presentado efectivamente una resolución de urgencia sobre Camboya para señalar principalmente tres cosas. 
En primer lugar, si las condiciones en las que se desarrollaron las elecciones del 26 de julio no son totalmente satisfactorias, lejos de ello, parece claro a todo el mundo que no se podrá construir un porvenir democrático y pacificado en Camboya sobre la negación de ese escrutinio. 
Por consiguiente, es preciso que todo el mundo se adapte, aun cuando, repito, las condiciones del escrutinio no han sido satisfactorias. 
En segundo lugar, ningún partido político tras estas elecciones está en condiciones de imponerse solo al poder constitucionalmente. 
Esto crea para los tres partidos principales la obligación constitucional, política y moral de entenderse. 
Por tanto es preciso que estos partidos realicen los esfuerzos necesarios, adopten las iniciativas que se impongan para llegar a un compromiso bajo la autoridad del rey. 
Por otra parte, desde que presentamos esta resolución- acaso sea un signo de eficacia de este Parlamento- hay progresos indiscutibles en la colaboración entre los tres partidos. 
Tercera observación: durante las últimas tres semanas, las autoridades gubernamentales jemeres han tenido un comportamiento muy inquietante. 
Es preciso que sepan que, en esta Unión Europea, no aceptaremos voluntariamente ver cómo se pone en tela de juicio el espíritu de los acuerdos de París, del mismo modo que los derechos fundamentales de la oposición para expresarse, para manifestarse. 
No aceptaremos que los dirigentes de la oposición se vean amenazados en sus libertades y en sus personas. 
Para ello tenemos un estímulo importante, la ayuda europea, la ayuda internacional. 
Está en nuestro espíritu, y es importante reafirmarlo, fundamentalmente vinculada al respeto por los acuerdos de París y al restablecimiento por todas las partes presentes, y en particular por aquella que dispone de la fuerza armada, de un estado de ánimo hecho de compromiso, de acuerdos interpartidarios apropiados para restablecer la paz civil. 
Señor Presidente, como seguramente sabrán, fui elegida en representación de este Parlamento como observadora del proceso electoral en Camboya. 
Debo decir- y esto coincide con la opinión del 96 % de los observadores europeos y del 93 % de los restantes observadores internacionales- que, en lo esencial, las elecciones se desarrollaron correcta y limpiamente. 
Desgraciadamente, como ha ocurrido en Albania, los vencidos no están dispuestos a reconocer el resultado electoral. 
A pesar de todo, se ha producido un hecho positivo: el segundo partido principal, el legitimista FUNCINPEC, ha levantado su boicot contra el Parlamento y tomará parte en la actividad parlamentaria. 
Esto no quiere decir que estén dispuestos a asumir una responsabilidad gubernamental conjunta, pero en cualquier caso hay una fuerza importante de este país que ha suspendido el boicot, lo cual puede contribuir en gran medida a pacificar la situación interna. 
Y esto es lo que el país necesita urgentemente y lo que nosotros, por nuestra parte, podemos apoyar. 
Lamento no poder realizar declaraciones más detalladas a este respecto. 
Podemos adherirnos a la resolución, pero pido que se introduzca un añadido que tenga en cuenta los nuevos acontecimientos que señalan una dirección positiva. 
Yo mismo, hace cuatro años, fui observador en las elecciones, organizadas por las Naciones Unidas, la mayor operación de paz de las Naciones Unidas en la zona. 
En un país en el que secularmente los líderes políticos han brillado por su ausencia, e incluso han sido mal recibidos, no se puede hablar mucho de clima político neutral. 
La manera en que se ha negado a los medios de comunicación el acceso a una serie de partidos políticos que no estaban en el gobierno fue muy elocuente. 
Los resultados son evidentes. 
Sea quien sea el vencedor, hay una cosa clara, y es que la democracia y los ciudadanos de Camboya siguen siendo los vencidos. 
Las manifestaciones políticas son la consecuencia lógica de ello. 
Lo hemos podido ver y oír y por el momento lo único que podemos hacer es un llamamiento, muy sencillo pero muy sincero, a entablar el diálogo y la contención de todos los partidos implicados. 
Hun Sen debe saber que ya puede ir olvidándose del apoyo internacional si continúa en el rumbo que lleva: no gobernar en coalición sino en solitario. 
Puedo afirmar aquí que estoy de acuerdo con la enmienda presentada fuera de plazo por la Sra. Junker. 
Igualdad de derechos para los homosexuales 
Señor Presidente, desde hace muchos años, el Parlamento Europeo se dedica a eliminar disposiciones penales discriminatorias con respecto a la igualdad de trato, con éxito, por cierto, porque poco a poco todos los países de la Unión Europea han realizado los mismos esfuerzos, con una excepción, Austria, hecho que lamento expresamente, por lo que confío en que la resolución objeto de debate se apruebe. 
Quisiera añadir una cosa. La Unión Europea se caracteriza por ser una comunidad basada en valores, entre ellos, los derechos humanos. 
En este sentido, considero que en este tipo de debates es verdaderamente reprobable que para todo lo relativo a los derechos humanos se aduzca el argumento de la no injerencia en asuntos internos. 
Esto es lo que ha ocurrido en este caso, y considero importante que el Parlamento Europeo sea consecuente en esta materia y levante la voz, aun cuando esto sea molesto para mi propio país. 
Porque los derechos humanos forman parte consustancial de la Unión Europea y con vistas a la ampliación de la UE es importante que, a este respecto, los actuales miembros tengan las manos limpias. 
A ello obedece esta resolución. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, mientras aquí estamos celebrando este debate en el Parlamento Europeo, en Austria los redactores de esta resolución son insultados por los democristianos a la luz pública por echar piedras contra su propio tejado. 
Pese a estas calumnias, creemos que los derechos humanos son inalienables. 
Este Parlamento ofrece una voz de confianza para los derechos humanos, pero a veces da la impresión de que la potencia de la voz se multiplica por el cuadrado de la distancia, que es tanto más débil cuanto más cerca se está del lugar donde se violan estos derechos y que, cuando esto ocurre en las propias filas, la voz pasa prácticamente desapercibida. 
En numerosas resoluciones y declaraciones, este Parlamento, la Comisión Europea de los Derechos Humanos y el Consejo de Europa han definido la diferencia de la edad mínima legal para las relaciones heterosexuales y homosexuales como violación de los derechos humanos. 
No es aceptable que los países eludan estos derechos humanos y hagan recaer en personas inocentes sus tradicionales resentimientos, su presunción moralista y su orgullo, y violen en lo más íntimo el terreno privado de las personas para seguir alimentando sus resentimientos. 
Pienso que ya es hora de que en el Parlamento Europeo se trate a estos partidos con la misma impaciencia con la que tratamos a otros violadores de derechos humanos en el mundo. 
Señor Presidente, en nombre de mi grupo quiero agradecer expresamente el hecho de que hoy se debata la discriminación por razones de orientación sexual, que sigue existiendo tanto en algunos Estados miembros como en los países candidatos. 
Como diputada austriaca lamento- al igual que mi predecesor- que en mi país todavía no se haya conseguido eliminar del código penal una de las discriminaciones fundamentales, la que se refiere a la diferencia en la edad mínima legal para mantener relaciones heterosexuales y homosexuales. 
Sra. Flemming, deberíamos aspirar a proteger a las jóvenes con el mismo desvelo que a los jóvenes. 
Esto ha dado como resultado que en Austria se pronuncien anualmente más de 20 condenas judiciales debido a este hecho discriminatorio. 
De modo que no ofrecemos un buen ejemplo a los países que quieren entran en la Unión Europea y para los que, en este y en otros muchos terrenos, exigimos que cumplan los más altos niveles. 
En el debate, algunos grupos políticos siguen negando que el derecho a la no discriminación por razones de orientación sexual sea un derecho humano. 
Con la decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos en el asunto Sutherland esta cuestión se resolvió definitivamente de manera positiva, y se puntualizó que una edad diferente infringe el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Tampoco he podido examinar la argumentación, ya que, a falta de competencias en esta materia, las instituciones de la UE, en especial el Parlamento Europeo, no pueden ocuparse del asunto. 
En tanto que Unión estamos obligados a respetar los derechos humanos, mucho más desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Tenemos posibilidades de aplicación, aunque sean insuficientes. 
Como es sabido, en el futuro, el Consejo- aunque tenga que ser por unanimidad- podría adoptar medidas para luchar contra la discriminación por razones de sexo, raza, origen étnico, religión, ideología, discapacidad, edad u orientación sexual. 
A este respecto, la Comisión disfruta de derecho de iniciativa. 
Por consiguiente, esta es mi pregunta a la Comisión: ¿la Comisión tiene algún preparativo para hacer uso de ese derecho de iniciativa? 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, en primer lugar quisiera dejar claro cuál es la postura del PPE y del ÖVP en este Parlamento. 
No se trata de discriminar a los homosexuales. No pretendemos infringir los derechos fundamentales ni los derechos humanos. 
En cualquier caso, la cuestión de la edad mínima- eso es incontestable- es un asunto jurídico de carácter nacional y no europeo. 
Los políticos han de asumir su responsabilidad hacia la juventud. 
Por esta razón, este verano, con motivo de la reforma de nuestra ley penal en el Consejo Nacional austriaco, el ÖVP se atuvo al apartado 209 y a la actual disposición sobre la edad mínima legal. 
Lo que ocurre aquí y por lo que rechazamos esta urgencia no tiene nada que ver con que queramos discriminar a los homosexuales, sino que no queremos apartarnos de nuestra propia jurisprudencia. 
Por tanto, queremos transmitir una señal clara en contra de que la política interna austriaca se traslade al Parlamento Europeo por parte de liberales, verdes y socialdemócratas con objeto de discriminar a Austria, que actualmente ejerce la Presidencia del Consejo. 
No se trata tanto de discriminación de homosexuales como de discriminación de la Presidencia austriaca. 
Observo con sorpresa la diferente actitud de mis colegas socialdemócratas en este asunto: se abstuvieron en la aprobación de la ley en el Consejo Nacional y ahora hacen lo contrario. 
Por esta razón, abogo por que se rechace la urgencia, y lo mantengo. 
No porque queramos discriminar a los homosexuales, sino porque queremos atenernos a nuestra materia jurídica y no mantener una actitud distinta de la que mantenemos en Austria, teniendo en cuenta que éste también es un asunto subsidiario. 
Contamos con el pleno apoyo de nuestro grupo del PPE en esta postura, aunque todos sabemos que en el espinoso terreno de la discriminación de homosexuales hay muchas diferencias de opinión dentro de los Estados miembros. 
Una vez más: el Parlamento Europeo no es el foro más adecuado para destacarse con un tema de política interna en Austria. 
Pienso que es totalmente inadecuado celebrar este debate en el Parlamento Europeo, y lo rechazo rotundamente. 
Señor Presidente, no soy austríaca, pero en fin, quisiera decirle a la Sra. Stenzel que la homofobia no es una opinión ni un pecadillo, se trata de un delito contra los derechos humanos. 
La no discriminación figura ya en el Tratado de Amsterdam y creo que con todo será necesario que algún día se aplique incluso aquello que no nos gusta. 
Porque, para nosotros, la Izquierda Unitaria Europea, sucede por desgracia con mucha frecuencia que esta aplicación no se hace sobre las cuestiones económicas y sociales, y no veo por qué en lo que respecta a los derechos humanos, de pronto, este Parlamento debería considerar la subsidiariedad. 
Por mi parte, me gustaría que se me explicaran algunas cosas porque estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho aquí y por tanto no voy a repetirlas, no somos creíbles con respecto a los países que quieren entrar en la Unión Europea y a quienes pedimos un pasaporte de honestidad, pero de honestidad con respecto a los derechos humanos y de su respeto, claro está. 
Quisiera que se me explicara por qué, cuando se es un hombre y una mujer, a una determinada edad se tiene derecho a mantener relaciones sexuales. ¿Por qué cuando son dos mujeres de la misma edad también se tiene ese derecho? , pero cuando se trata de dos hombres, de pronto ya no es lo mismo. 
Pero, ¿qué quiere decir esto? 
Los austríacos, hombres, ¿son totalmente infantiles con respecto a las mujeres? 
¿No es posible que confundan- y éste es quizá el centro de la cuestión- homosexualidad y pedofilia? 
Si es ése el caso, entonces hagan cursillos y formaciones psicológicas, psiquiátricas, etc. Y comprendan que las niñas también pueden ser víctimas de pedófilos y que las mujeres también pueden ser pedófilas. 
Entonces, me pregunto si no deberíamos realizar aquí, uno de estos días quizá, una audición, ya que nos gusta esto, invitar por ejemplo a la Presidencia austríaca, al Gobierno checo, pero también a algunos otros de nuestros ciudadanos que tienen la misma homofobia. 
Ya que este rechazo, esta llamada subsidiariedad no tienen más que un nombre: homofobia, y la homofobia oculta frecuentemente, por desgracia, muchas otras discriminaciones, muchas otras violaciones de los derechos humanos que, en el pasado y en la historia reciente de nuestra Europa han sido ampliamente condenadas. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero señalar, no para que me perdonen por lo que voy a decir a continuación, sino simplemente en aras de una total claridad, que no voy a cometer el error de medir a todos los homosexuales con el mismo rasero, con el despliegue de mal gusto que a veces sale a la superficie en forma de desfiles rosas en mi país. 
Respeto enormemente la vida privada de cada persona y nadie puede sospechar en mi persona homofobia de ningún tipo. 
Pero honestamente debo decir que se me hace difícil considerar esta resolución como un asunto especialmente urgente e importante y tratarla bajo la denominación de derechos humanos. 
A mi juicio, esto supone un insulto a las víctimas de problemas verdaderamente urgentes e importantes, y me atrevería a pensar que la población de Tibet, Irán o Camboya, por citar algunos lugares, tienen problemas mucho más graves que el que nos ocupa hoy. 
Además, creo que hoy en día tratamos con demasiada frivolidad la protección de los menores. 
Comprendo perfectamente, e incluso apruebo, que los políticos responsables no quieran reducir sin más, sistemáticamente, la edad en la que se permite mantener relaciones sexuales. 
Por otra parte, pienso que debemos respetar las diferentes tradiciones de los diferentes países europeos, también en lo que respecta a los diferentes límites de edad que deben establecerse para las relaciones heterosexuales u homosexuales. 
Pienso que todo aquel que, como yo, tenga hijos de 13 o 14 años debe reflexionar cuidadosamente si quiere ver a sus hijos involucrados en experimentos sexuales con, por ejemplo, jóvenes de 17 o 18 años. 
En lo que a mí respecta, y aunque suene todo lo anticuado que se quiera, no me avergüenza decir que no lo apruebo y creo además que la gran mayoría de los electores de los miembros de este Parlamento tampoco lo aprueban. 
Sudán 
Señor Presidente, Sudán es un país como el que menciona el Sr. Vanhecke. 
350.000 personas están a las puertas de la muerte. 
El gobierno sudanés se niega a dejar pasar o a facilitar ayuda humanitaria. 
Se han cometido con la mayor tranquilidad atrocidades imperdonables contra la humanidad. 
Lo hemos dicho muchas veces: es preciso intervenir. 
La comunidad internacional debe estar dispuesta a proporcionar ayuda humanitaria a los cientos de miles de víctimas. 
Esta ayuda humanitaria se utiliza como juego de poder político. 
Hemos presentado esta resolución porque la próxima semana se celebra en Bruselas la reunión de los Estados ACP, en la que sin lugar a dudas la delegación de Sudán volverá a quejarse muy profusamente de cómo han sufrido el bombardeo o los ataques de misiles de los Estados Unidos. 
Puedo citarles de memoria el discurso, por llamarlo así, que sacará a relucir el representante del Parlamento sudanés, por llamarlo de alguna manera. 
Desde luego, no quiero referirme al ataque de los Estados Unidos, pero sí quiero señalarles que Sudán ahora ya tiene una razón más para suspender su diálogo con la International Authority of Developement, todos los países limítrofes con Sudán que intentan hacer realidad la paz entre Sudán y el Sur. 
Como ya saben, desde 1956 hay una guerra civil que pasó prácticamente desapercibida hasta que la CNN comenzó sus informativos, porque si la CNN no informa de una noticia, esa noticia no existe. 
Ojalá que esta resolución, cuando se apruebe, sea un empujón para que nuestros representantes en la reunión de los países ACP puedan decir a los sudaneses que no se trata de otra resolución más, que es una resolución apoyada no sólo por nuestra delegación, sino por todo el Parlamento. 
Señor Presidente, cuando hablé de las amenazas de guerra contra el Iraq en enero y febrero de este año, dije que era "la guerra del pene del Sr. Clinton» ; ahora tengo que decir que el bombardeo de Jartum en el Sudán- respecto del cual los Verdes han presentado una enmienda- se puede describir como" la guerra del vestido de Mónica Lewinsky». 
Recordarán ustedes que el bombardeo tuvo lugar tres días después de comenzar los testimonios, pues sin duda alguna se trataba de una estratagema encaminada a desviar la atención mundial del informe Starr y a reforzar la imagen del Sr. Clinton. 
Por eso hemos tenido que presentar esta enmienda. 
No nos place el régimen sudanés, pero no hace falta decir que no aprobamos el bombardeo americano del Sudán, y tampoco del Afganistán. 
Está clarísimo que no había prueba alguna de que hubiera una fábrica de armas. 
Se trataba de una fábrica de productos farmacéuticos, como numerosos técnicos pueden confirmar, que fabricaba medicamentos para ayudar a los pueblos africanos. 
Por eso, mientras que la resolución condena con razón al régimen sudanés, nosotros queremos condenar también al Gobierno de los Estados Unidos. 
Esperamos obtener el apoyo de todos los socialistas, incluidos los nuevos diputados laboristas. 
Estoy seguro de que el propio Presidente votará en favor de esta enmienda. 
Espero contar con su apoyo. 
Por lo que se refiere a la situación en Birmania, quisiera informar a esta Asamblea de que, en el mes de julio pasado, el vicepresidente de la Comisión, Manuel Marín, y el Presidente del Consejo, Wolfgang Schüssel, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores birmano precisamente para manifestar la condena de la Unión Europea respecto del trato dado a la Sra. San Sun Kyi y a otros políticos de la oposición. 
Posteriormente, el 9 de septiembre, la Presidencia de la Unión Europea hizo una declaración en nombre de la Unión condenando la detención de activistas de la oposición, declaración que, evidentemente, merece todo el apoyo de la Comisión. 
Quisiera también decir a Sus Señorías que la Comisión sigue manifestando su indisponibilidad para prestar apoyo al Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, destinado a reducir la producción de opio en Birmania, en la medida en que consideramos que con el presente régimen ese proyecto no puede registrar avance alguno. 
En octubre se volverá a evaluar la posición de la Unión Europea respecto de Birmania para determinar en qué medida se podría renovar la posición actual a partir del 19 de octubre. 
Permítanme ahora otros tres comentarios breves. 
Por lo que se refiere a las sanciones, me permito subrayar la intervención de la Sra. Erika Mann respecto de la extraterritorialidad. 
Recuérdese que la Unión Europea estuvo y está envuelta en una batalla, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, con los Estados Unidos de América, porque no aceptamos en modo alguno la idea de la extraterritorialidad de las leyes. 
Y, en este caso concreto, sucede que Massachusetts decidió aplicar sanciones a las empresas que tengan algún tipo de relaciones económicas con Birmania, ya sean americanas o extranjeras, en particular europeas. 
En ninguna circunstancia, por principio, podemos aceptar esta manera de proceder. 
Eso no significa que no podamos considerar positiva la utilización de sanciones, pero tendrá que hacerse en el ámbito de la comunidad internacional y con normas aceptadas por todos. 
Quisiera también decir que la Unión Europea utilizará, desde luego, el marco de la ASEAN para plantear una vez más la cuestión de los derechos civiles y políticos en Birmania. 
Y, por último, que hemos decidido cofinanciar junto con la Fundación Friedrich Ebert, la apertura en Bruselas de un Euro-Burma-Office destinado precisamente a dar a conocer la situación y a ejercer presión sobre las autoridades birmanas. 
Respecto del Afganistán, considero que ya se ha dicho todo. 
Quisiera tan sólo subrayar que, además de nuestra preocupación por las matanzas de Mazar-I-Sharif y otras situaciones tan penosas como ésa, estamos convencidos de que en ninguna circunstancia se puede considerar el Afganistán un Estado de derecho. 
Del mismo modo consideramos que no existe base alguna para la protección de los derechos humanos, en particular de las minorías y, en particular, de las mujeres. 
De modo que hemos tenido algunas dificultades con las autoridades afganas para lograr que acepten la idea de que no se puede disociar el apoyo humanitario de ciertos principios básicos de dignidad humana. 
Estamos intentando negociar con las autoridades afganas medios y formas para poder volver a apoyar precisamente a esas minorías más vulnerables y más desprotegidas. 
Sus Señorías saben también, y yo confirmo, que seguimos pensando que no se debe reconocer oficialmente al movimiento talibán, seguimos sin hacer intercambios económicos con el régimen talibán y seguimos pensando que no se podrá resolver el problema del Afganistán por medios militares ni con la injerencia de países vecinos. 
A ese respecto quisiera decir que mi colega Emma Bonino, que conoce- y en su propia piel- la situación afgana sigue superactiva, como Comisaria y como mujer defensora de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general, para intentar cambiar ese estado de cosas. 
Y considero que se le debería hacer un gran homenaje por ese esfuerzo suyo, tan difícil y a veces tan incomprendido. 
Respecto de la pena de muerte, quisiera subrayar una vez más, señor Presidente, que la Comisión no puede tener otra posición que la de apoyar la abolición general de la pena de muerte, en la medida en que, desde nuestro punto de vista, no contribuye a la promoción de la dignidad humana, ni siquiera al desarrollo de los derechos humanos, ni tan poco está demostrado que haga disminuir la delincuencia. 
En el reciente caso de Palestina así se lo comunicamos al Presidente Arafat, en el caso de El Salvador tenemos fundadas esperanzas de que no se materialice y en el caso de Filipinas abrigamos la esperanza de que continúe la moratoria. 
En cuanto a la situación en Camboya, quisiera decir que estoy enteramente de acuerdo con la intervención hecha en este Parlamento por el Sr. Bourlanges, que ha expuesto de forma clarísima los datos del problema en Camboya. 
Reitero que, además de lo que ha sido la práctica tradicional, nosotros apoyamos esta resolución sin reserva alguna. 
Por lo que se refiere a los derechos de los homosexuales, he de señalar lo siguiente: todos los Estados miembros de la Unión Europea son signatarios del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el reciente Tratado de Amsterdam, en particular en su artículo 6 A, propugna que se luche contra todas las discriminaciones basadas en el sexo, la raza, el origen étnico, la religión, las convicciones, la deficiencia la edad o la orientación sexual. 
En ese sentido la Comisión podría, llegado el caso, actuar en cualquiera de esos sectores para luchar contra la discriminación. 
Asimismo, respecto de la futura adhesión de otros Estados, es evidente que estas normas serán también aplicables a los Estados candidatos. 
Me refiero en particular a una norma del código penal rumano, en particular su artículo 200, cuya modificación esperamos lo más rápidamente posible. 
Por último, por lo que se refiere al Sudán: el problema del Sudán es un problema antiguo, un problema grave, un problema que provocó la interrupción de las relaciones de cooperación entre la Unión Europea y el Sudán y ha habido varios intentos con vistas a un diálogo constructivo con el Gobierno del Sudán y para apoyar intentos de mediación. 
Nos felicitamos del cese del fuego recientemente acordado por un período de tres meses y esperamos que se pueda prorrogar, no sólo en el tiempo, sino también geográficamente, para que el apoyo humanitario pueda llegar a las poblaciones. 
Se trata de una señal en cierto modo alentadora. 
Como también es alentador que las partes en el conflicto, cuya mediación corre a cargo de la IGAD, hayan decidido volver a reunirse en Nairobi dentro de seis meses. 
Eso es positivo, en la medida en que la ronda de negociaciones que se celebró recientemente se saldó, por desgracia, con un fracaso por falta de consenso respecto de las soluciones. 
La Unión Europea apoya activamente esta mediación de la IGAD y los esfuerzos que hace el foro de socios de la IGAD, pero seguimos repitiendo que eso en modo alguno significa que podamos seguir considerando la posibilidad de reanudar nuestra cooperación con el Sudán, porque los principios que nos movieron a suspenderla siguen siendo, por desgracia, válidos. 
Señor Presidente, como nuestro conocimiento del portugués no es muy bueno, el señor Bertens y yo no hemos entendido muy bien si la Comisión está dispuesta a elaborar y presentar al Consejo una propuesta sobre la interrupción de las inversiones en Myanmar. 
La respuesta concreta no la hemos oído de labios del Sr. Comisario. 
¿Podría contestar de nuevo el Sr. Comisario? 
La pregunta es la siguiente: ¿está dispuesta la Comisión a elaborar y presentar al Consejo Europeo de Ministros una propuesta, a semejanza de los Estados Unidos, sobre la interrupción de las inversiones en Myanmar? Esta es la pregunta central que se formula y como el Sr. Bertens y yo no hemos comprendido del todo la primera parte de la intervención del Sr. Comisario en portugués, le pregunto ahora si puede dar una respuesta más clara sobre este aspecto. 
Este es el punto central de la resolución. 
Puedo contestar a algunas de las preguntas sobre sanciones. 
La Comisión no está facultada para imponer sanciones. 
Eso es cosa que corresponde al Consejo, y sobre la base del respeto de nuestros compromisos internacionales. 
No se pueden imponer sanciones que se oponen a algunas de las cosas que nos importan. 
Esto no quiere decir que quede excluida toda posibilidad de sanción, pero hemos de obrar con sumo cuidado, por ejemplo para no poner en entredicho el acuerdo sobre adquisiciones gubernamentales en la OMC. 
Esto es un ejemplo. 
No quedan descartadas las sanciones, pero antes que nada hemos de contar con una decisión política del Consejo, y a continuación tenemos que estudiar de qué forma podemos ejecutar técnicamente la decisión sin poner en peligro a otros firmantes de algunos acuerdos internacionales. 
Espero que hayan comprendido bien lo que he dicho. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, la escala desmesurada de las inundaciones sin precedentes que han azotado a China me ha decidido a presentar esta propuesta de resolución en la que expresamos nuestra simpatía al pueblo y al Gobierno de China. 
Todo el valle del Yangtse y sus afluentes ha quedado inundado, una región en la que viven 380 millones de personas, tantas como las que viven en la Unión Europea. 
Trece millones de hectáreas de cultivos han quedado destruidas, supongo que suficientes alimentos para nutrir de 80 a 100 millones de personas. 
Tres mil personas han perdido la vida. Sospecho que habrá muchas más víctimas. 
Cinco millones de viviendas han sido arrastradas por las aguas y los daños económicos que ha sufrido el país ascienden a 20.000 millones de dólares, o sea entre el 4 y el 5 % del PNB. 
Quisiera hacer patente ante la Comisión y la Comunidad lo importante que es que mostremos simpatía y solidaridad con China en este terrible desastre, y que aportemos toda la ayuda que podamos. 
Señor Presidente, siento gran simpatía por el pueblo de China, que ha desplegado enormes esfuerzos por luchar contra las inundaciones, pero he de decir que uno de los motivos de las inundaciones ha sido que el régimen chino ha desforestado y destruido sistemáticamente el medio ambiente en muchas zonas, no solamente en China sino también en el Tíbet, país que sigue ocupando ilegalmente. 
Ahora están sufriendo las consecuencias de lo que han hecho. 
Eso es lo que dije al cónsul chino cuando vino a verme esta semana. 
Me parece que los chinos han aprendido ahora una lección: que tienen que volver a repoblar los bosques, que tienen que preocuparse por el sistema hídrico que ha hecho frente a las inundaciones durante siglos y siglos, y que tienen que proteger el medio ambiente en vez de saquearlo, que es lo que ha hecho el régimen chino durante los 40 últimos años. 
Señor Presidente, en mi país, los Países Bajos, también hemos sufrido unas cuantas inundaciones. 
En lo que respecta a la gravedad de la catástrofe, la comparación indudablemente no se sostiene, pero sí se puede sacar algo en común. 
En ambos casos, los daños al medio ambiente han sido la causa de la catástrofe. 
La densidad de construcción en las zonas de riberas y la escasa capacidad de contención de las aguas fueron la causa de las inundaciones en los Países Bajos. 
La deforestación a gran escala y la problemática construcción de un dique en el río Jangste han sido en gran parte responsables de las inundaciones en China. 
El único motivo de optimismo es que las autoridades chinas hayan cobrado conciencia de los problemas ecológicos que subyacen a esta catástrofe. 
También me complace enormemente que el gobierno chino haya prohibido la tala de árboles en la riberas del Jangste. 
Espero que esto no acabe ahí. 
Insto al gobierno chino a que continúe esa política de desincentivación de la explotación forestal. Espero que la Comisión apoye esta política, para que en el futuro puedan evitarse accidentes como éste. 
Señor Presidente, me voy a referir a las inundaciones de Bangladesh y de China. La situación puede decirse que no tiene precedente alguno. 
Me hago cargo de que los dos países han tenido parte de la culpa por no prestar la debida atención al medio ambiente, pero a pesar de ello el motivo principal es más bien climatológico que otra cosa, y se debe más bien a los cambios que ha sufrido el régimen climático mundial. 
Ésta es la peor inundación que haya sufrido China en los 40 últimos años, y afecta a 240 millones de personas, es decir la quinta parte de la población. 
En Bangladesh 30 millones de personas están afectadas directamente por las inundaciones y 10 millones necesitan ayuda financiera urgente. 
El Gobierno de Bangladesh ha pedido asistencia por valor de 576 millones de dólares y muchas personas de la Unión Europea- decenas de millares- se han sentido emocionadas por lo descriptivas que son las fotografías que hemos visto de la devastación sufrida por los dos países. 
Claro está que nos agrada que el programa ECHO haya asignado un millón de ecus, pero me parece que esa cantidad dista mucho de ser plenamente suficiente. 
Este fin de semana asistí en Ashton-under-Lyne, en mi circunscripción, a un acto religioso en la iglesia de la Santísima Trinidad y se decidió que la recaudación habitual, que generalmente es para la iglesia, se destinara a aliviar los sufrimientos causados por las inundaciones. 
La Comisión puede tomar nota de lo que acabo de decir y buscar otras maneras de prestar ayuda humanitaria a corto plazo a esos dos países. 
Al mismo tiempo, como dice la resolución, sería útil que en Bangladesh y en China prestáramos asistencia técnica a largo plazo para ayudarles a mitigar algunos de los problemas que puede causar la falta de atención al medio ambiente, y me parece que redunda en interés de todos el velar por que en China y en Bangladesh estas cuestiones se resuelvan a largo plazo y no vuelvan ya a ocurrir. 
Señor Presidente, lo de Bangladesh- Glyn Ford tiene toda la razón del mundo- es un enorme desastre. 
Esta tarde estuve siguiendo la emisión de noticias de BBC World, que presentó un importante informe sobre la situación en Bangladesh. 
Son las peores inundaciones de su historia y de 25 a 35 millones de personas se han quedado prácticamente sin hogar y sin medios económicos. 
Se deja sentir una importante y acuciante necesidad de ayuda a corto plazo, y la Unión no ha dado ni siquiera lo suficiente para atender las necesidades alimentarias a corto plazo de la población o sus necesidades médicas. 
Hay amplios brotes de disentería y de diarrea en todo Bangladesh, como consecuencia de la contaminación del agua. 
Tenemos que dar ayuda a corto plazo y también ayuda a plazo más largo- en ambos casos con miras a luchar contra la situación creada por las inundaciones- y es posible que se necesite un gran reasentamiento de la población, así como asistencia y ayuda en el mismo sentido. 
Si combinamos las dos cosas podremos aportar una contribución al país. 
Señor Presidente, la presentación de la resolución sobre los incendios en Europa meridional no quiere ser un acto ritual, ya que cada año, al final del verano, volvemos a hablar de los incendios. 
Rotundamente, no. 
Por desgracia, los incendios son unas verdaderas calamidades para Europa. Se producen pérdidas de muchas vidas humanas e irreparables daños al entorno natural de la flora y la fauna. 
Lamentablemente, también este año hay que registrar un triste balance. 
Sin embargo, si son graves las consecuencias medioambientales, económicas y sociales, no menos graves, mejor dicho, inquietantes son las causas de los incendios. 
Las condiciones climáticas, sin duda, juegan su papel, pero es necesario hacer hincapié en los actos dolosos que, por desgracia, caracterizan la difusión de este fenómeno en Europa meridional. 
Ante este ataque, que podemos llamar ecoterrorista, la acción de los Gobiernos de los distintos Estados de la Unión se ha revelado insuficiente. 
El problema, en consecuencia, debe volverse a examinar ante las instancias comunitarias no solo para pedir a la Comisión un informe detallado sobre las zonas arrasadas y ayudas extraordinarias para las zonas afectadas, sino también para plantear una cuestión de más amplio alcance. 
Con miras a la reforma de la política agrícola comunitaria, se pide que se preste una mayor atención a la reforestación; asimismo parece cada vez más necesario elaborar un plan de relanzamiento de las políticas medioambientales a través de un enfoque, de una orientación hacia acciones de prevención y en materia de educación y de formación para que el ser humano respete más, si cabe, el medio ambiente, así como endureciendo las políticas de represión. 
Retomo un planteamiento de mi resolución, ya que creo que es preciso que los Estados tipifiquen el delito contra el medio ambiente y ante todo elaboren un catastro de las zonas que han sido arrasadas, al objeto de decretar la prohibición absoluta de edificar en ellas. El tema, en realidad, sigue siendo el de la especulación, en la que se centran los intereses de la delincuencia organizada. 
Señor Presidente, empezando por lo que acaba de decir nuestro colega Burtone, quizá no estaría bien que los incendios estuvieran bajo el epígrafe «catástrofes naturales» porque no son catástrofes naturales. 
Son catástrofes producidas por el hombre y reiteradamente hablamos aquí de esas catástrofes producidas por el hombre, la mayoría de las veces por intereses económicos bastardos. 
Efectivamente, afecta a los intereses de los agricultores e interesa sobre todo al medio ambiente. 
Esta mañana aprobamos una resolución sobre el cambio climático y una de las fuentes productoras de emisiones de CO2 son precisamente los incendios como los que este año se han producido no sólo en España o en Grecia, no sólo en el sur de Europa, sino también en Indonesia, en Brasil, en muchas partes del mundo. 
Por lo tanto, creo que habremos de tomar en Europa y en los países miembros medidas para mejorar una política comunitaria forestal, trabajar fundamentalmente por la prevención y castigar a aquellos que producen una catástrofe de estas características. 
Señor Presidente, la verdad es que, como decía antes una colega, presentarnos en el mes de septiembre todos los años con una resolución que viene a reiterar que decenas de miles de hectáreas han sido devastadas en algunos países mediterráneos me llena de congoja e incluso de responsabilidad colectiva. 
Porque, como ha dicho la Sra. González Álvarez antes, estamos hablando no de catástrofes naturales sino de acciones muchas veces irresponsables de individuos. 
Y a veces también de instituciones. 
Porque cabe siempre preguntarnos si estamos haciendo o si están haciendo las Administraciones públicas todo lo posible por evitar que estos fenómenos sucedan todos los veranos. 
Hay razones «bastardas» como se decía, pero cuando, además, planteamos faltas de coordinación en la actuación de las Administraciones se nos llena a todos el alma de congoja porque estamos hablando de la protección de la naturaleza. 
Señor Presidente, mi intervención no puede ser más que para decir que esto es lamentable que suceda año tras año. 
Señor Presidente, si no fuera porque es triste, sería ridículo. 
Cada vez que llega septiembre y octubre se producen gigantescos incendios forestales en el sur de Europa, en cantidades increíbles, este verano más de 5000 en Grecia, a veces más de 200 al día. 
Cada año, por lo que parece, volvemos a abordar el problema. 
Esto se debe- y se desprende claramente de las resoluciones- que no ahondamos adecuadamente en las causas profundas del problema. 
Primero viene la explotación " caliente» y después la gestión forestal no sostenible. 
No sólo es cuestión de debatir unas pocas medidas preventivas, flotas de aviones, seguros y regulación de los daños. 
Lo que necesitamos en primer lugar es una legislación suficiente, una aplicación sin obstáculos, un personal cualificado y una administración eficaz, no una licencia indiscriminada de edificación sin la correspondiente reforestación obligatoria. 
En segundo lugar, necesitamos una economía forestal que tenga debidamente en cuenta la diversidad biológica, la ordenación del territorio y la distribución de los cultivos, la vegetación espontánea, con el fin de recuperar los bosques en el mediterráneo, como en el siglo V a.C. 
Sólo quiero añadir una palabra clave: eucalipto. 
Son plantaciones que se asemejan a bombas incendiarias, además de perjudicar las reservas hídricas. 
Señor Presidente, Señorías, en el marco de la propuesta de resolución común que nuestro grupo apoya, la Coalición Radical Europea ha presentado tres enmiendas que tienen relación con los medios para combatir estos azotes sobre todo por la constitución de una flota europea de aviones cisterna. 
El estudio que hemos dirigido, las estadísticas publicadas, demuestran cada año que una media de 400.000 hectáreas son presa del fuego en España, en Italia, en Portugal, en Grecia y en Francia. 
Estos incendios de consecuencias múltiples son factores de desregulación de los equilibrios ecológicos. 
Provocan inundaciones, corrimientos de tierra y alteraciones climáticas así como la destrucción de la flora y la fauna. 
Para hacerles frente, cada país se ha dotado de medios aéreos, y está poniendo en práctica una organización operativa que es difícil de modificar durante el período estival. 
En consecuencia, el agrupamiento y la puesta a disposición de medios nacionales, en beneficio de otros países, se convierte en un señuelo. 
Se han puesto en práctica convenios bilaterales para operaciones terrestres de seguridad civil y no se han adaptado a la lucha aérea contra los incendios en el interior de los países ya que éstas sólo afectan a la parte fronteriza de los Estados considerados. 
Nuestra propuesta tiene relación con la puesta a disposición de los países afectados de medios necesarios y suficientes para combatir los incendios. 
Por ello, convendría proceder al alquiler de cinco aparatos de tipo Hércules C 130, avión terrestre muy eficaz con lanzamiento retardado, con una capacidad de 12 toneladas cada uno. 
La base de esta flota se fijaría en el punto más central con respecto a la geografía de las zonas de riesgo. 
De ello resultaría una rapidez de intervención determinante cuando se sabe que la potencia de los medios utilizados, asociada a la rapidez de su puesta en práctica, constituyen el factor esencial de eficacia de la lucha contra los incendios forestales. 
El coste de esta operación representa para un período estival de tres meses y para 5 aparatos alrededor de una hora de vuelo, es decir, un gasto aproximado de 6 millones de ecus que podrían asumir la Unión y los países usuarios. 
No es exagerado decir que esto es razonable desde el punto de vista financiero. 
Su acuerdo sobre estas enmiendas, Señorías, podría conducir a un informe de propia iniciativa que pudiera confirmar la viabilidad de la flota europea de aviones cisterna y su puesta práctica en el plazo más breve posible. 
Incendios forestales en Portugal 
Señor Presidente, más que hablar sobre Portugal, donde hoy ha habido coordinación de medios, medios materiales, compromiso político, quiero aprovechar esta oportunidad para subrayar el marco global de la resolución común que vamos a votar, marco global que subraya la importancia de la adopción de una política forestal en el nivel comunitario, en la línea, por lo demás, del informe Thomas, y tiene en cuenta la especificidad de las regiones mediterráneas. 
Quisiera subrayar también la necesidad de adaptar las futuras opciones de la Política Agraria Común en el nivel de la política forestal y poner de relieve también la importancia de una planificación, desde el punto de vista regional y municipal, de los espacios forestales. 
Hay cuestiones de ordenación, cuestiones de naturaleza medioambiental, que se deben salvaguardar en el marco de la Europa meridional, en el marco de los países mediterráneos, porque al fin y al cabo estas resoluciones de septiembre son la consecuencia de un conjunto de medidas que no se adoptaron a su debido tiempo. 
Señor Presidente, Señorías, una vez más durante el verano se han producido incendios de grandes proporciones en los bosques de diversos países de la Europa meridional y, en particular, en Portugal. 
La primera palabra es, naturalmente, de pesar por las víctimas y de petición de ayuda comunitaria. 
Además de lo que ya figura en la resolución, cuando solicita a la Comisión que asigne los fondos necesarios, estaría justificado que el Parlamento se ocupara de la conveniencia de que se cree de nuevo una asignación presupuestaria para auxilio en casos de catástrofe. 
No desconocemos que algunos de los incendios tienen origen criminal y otros resultan agravados por las alteraciones climáticas que provocan sequías prolongadas y oleadas de calor. 
Por eso, es esencial que se apueste más por la prevención, para lo que sería conveniente un mayor apoyo de las instituciones europeas que contribuya a una mayor eficacia en la lucha contra los incendios forestales. 
Como ocurre con las opciones de la Política Agraria Común que pueden potenciar la prevención de esas catástrofes y con la necesidad de una estrategia forestal europea, que deberíamos abordar, como este Parlamento sostuvo desde la aprobación del informe Thomas. 
Por todo esto, he subscrito, junto con otros colegas, esta propuesta de resolución para la que solicitamos el apoyo de la Asamblea. 
Señor Presidente, no voy a hablar durante todo el tiempo que me corresponde pero lo que pasa es que no puedo hablar con todas esas conversaciones en torno a mí, así que le ruego que pida a los diputados que estén más callados. 
Creo que tiene usted toda la razón al plantear esa cuestión. 
Ruego a los diputados que se sienten en su lugar. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera decir que, contrariamente a las opiniones de muchos que han manifestado aquí la necesidad de que se haga una auténtica «industria del fuego» para luchar contra el fuego en verano, yo quisiera decir que, por lo que se refiere al bosque mediterráneo, un error que se comete habitualmente es el de pensar que la lucha contra los incendios se hace en verano, que se lucha contra el fuego con flotas de aviones, que se lucha contra el fuego con bomberos. 
Contra el fuego del bosque mediterráneo se lucha en invierno, en otoño y en primavera, cuando no hace calor, es decir, limpiando y preparando los bosques, vigilando los bosques, contratando a zapadores forestales para que limpien los bosques, que, en general, tienen un régimen de propiedad muy fragmentada y que hoy no están, como hace cien años, poblados. 
La única forma de proteger el bosque es limpiarlo, la única forma de proteger el bosque es abrir caminos que obstaculicen el fuego o le impidan pasar de un lado a otro. 
Para eso, es necesario pagar a quienes tienen que arrancar el bosque para hacer contrafuegos, «avenidas» de 50 0 60 metros. 
Hay zonas en Portugal en las que no hay incendios. 
¿Y por qué? 
Sin eso no hay nada que hacer. 
Y estoy aquí hablando de catástrofes de fuegos, porque la política europea en lo relativo al bosque mediterráneo ha sido, a su vez, una catástrofe, pues ha habido una oposición sistemática de los países que tienen bosques bien ordenados y climas más moderados y más fríos que el nuestro. 
Ahora bien, hay que luchar contra esa idea de que contra el fuego se lucha con aviones en verano. 
Contra el fuego se lucha en invierno con la preparación del bosque para que no arda. 
Perdone, colega, si le interrumpo. 
Sr. Willock, realmente es muy molesto que la gente esté conversando en esta sala mientras un diputado está haciendo uso de la palabra. 
Agradeceré a los colegas que rodean a la Sra. Mann que se sienten en sus sitios. 
Ni siquiera el orador puede concentrarse en su intervención con tanto ruido. 
Incendios forestales en Grecia 
Señor Presidente, tanto los sucesos como las consecuencias de los fuegos en Grecia son de sobra conocidos y aparecen reflejados en la resolución que estamos debatiendo y a la que, por supuesto, apoyo. 
Más dramáticas van a ser las consecuencias que van a traer en el futuro: inundaciones, cambios en el microclima y diversas alteraciones en el medio ambiente y en los ecosistemas. 
Señor Presidente, permítame volver a repetir las causas: la inexistencia del catastro anima la ocupación de tierras, la anárquica situación en torno a los vertederos de basura hace que proliferen los vertederos ilegales que la administración local no puede o no quiere controlar y la confusa legislación griega sobre reforestación de zonas arrasadas por el fuego. 
Señor Presidente, permítame también hablar de la Comisión. Creo que no desarrolla correctamente su papel. 
El pasado julio formulé una pregunta acerca del número y la eficacia de los planes de lucha contra el fuego que el Sr. Fischler tenía la obligación de responder. 
No lo hizo. 
Esto no es sólo una informalidad por su parte. 
Es una muestra de la indiferencia por lo que está ocurriendo en Grecia y ni honra a la Comisión ni nos sirve de ayuda. 
También quisiera agradecer a todos aquellos que desde Italia, Alemania, Francia y Rusia, mediante el envío de pilotos y aviones nos han ayudado este verano a minimizar los enormes daños producidos por el fuego en nuestro país. 
Señor Presidente, Señorías, voy a intentar ser breve. 
Por lo que se refiere a las inundaciones en China, además de confirmar las cifras citadas durante el debate, quisiera decir que ECHO está ya presente en China, si bien, como pueden imaginar Sus Señorías, la dimensión de la catástrofe es tal, que debe centrarse en algunos sectores más prioritarios y, en particular, en la asistencia alimentaria y médica a los más desfavorecidos. 
En cualquier caso, ECHO envió a China un corresponsal, un técnico, a fin no sólo de evaluar con más precisión las necesidades, sino también coordinar las acciones locales de ECHO. 
He de añadir también que, en el ámbito de las relaciones entre la Unión Europea y China y como se indica en el proyecto de resolución del Parlamento, podemos cooperar claramente, en el sentido de prestar asistencia y cofinanciar estudios destinados a descubrir las causas medioambientales y de otra índole y encontrar posibles soluciones para esas catástrofes. 
Por lo que se refiere a Bangladesh, se trata también de una catástrofe de proporciones enormes- basta decir que ha afectado al 60 % del territorio del país y a casi 30 millones de personas- y también allí está ya presente ECHO con asistencia humanitaria, en particular en el sector alimentario y de salud pública. 
También puedo anunciar ya que hay una task force constituida en el ámbito de la Comisión, en la que participan ECHO, la DG I-B y la DG VIII, cuya misión es la de garantizar la coordinación de la reacción de la Unión Europea, o al menos de la Comisión, ante esta catástrofe en Bangladesh. 
En este momento se han gastado ya un millón de ecus, pero es evidente que esa cuantía va a aumentar en la medida en que las necesidades, calculadas aproximadamente, son bastante mayores. 
Señor Presidente, por lo que se refiere a los incendios, quisiera decir que la acción comunitaria, en el ámbito de la forestación, de la protección de zonas de riesgo, de las medidas de protección, etc., siempre se ha hecho en estrecha colaboración con los Estados miembros. 
Y así puedo decir que, entre 1992 y 1998, se aprobaron cerca de 700 proyectos de prevención de incendios presentados por los Estados miembros a los que corresponde una cofinanciación comunitaria de unos 84 millones de ecus. 
Esa cooperación se hace en el ámbito del Comite Permanente Forestal y, en particular, gracias al sistema comunitario de información sobre incendios forestales, un instrumento muy útil de evaluación y acompañamiento, pero que, por desgracia, no es más eficaz porque la Autoridad Presupuestaria ha reducido su dotación, de 1996 a 1998, de 23, 5 a 16 millones de ecus. 
Quisiera también decir que, en programas de desarrollo regional en curso, hay diversas medidas para la prevención contra incendios, así como de reforestación, pero que la Comisión- como saben Sus Señorías- no dispone de medios financieros suplementarios para intervenir a favor de las regiones siniestradas. 
Toda y cualquier intervención debería hacerse en el ámbito de una reprogramación de los marcos comunitarios de apoyo o de los documentos únicos de programación y negociada con los Estados miembros. 
También he de decir, a solicitud de un diputado, que la Comisión, en el marco de la Agenda 2000, sigue proponiendo medidas de protección de bosques y de reforestación. 
Por último, quisiera informar al Parlamento de que la Comisión está preparando, a partir del informe Thomas, una propuesta relativa a una estrategia forestal europea que se presentará, evidentemente, a este Parlamento y al Consejo- así lo esperamosaun antes del final de esta legislatura. 
Muchas gracias, señor Comisario Pinheiro. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
El Sr. Fabre-Aubespry interviene antes por una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, quisiera hacer una breve petición de observancia del reglamento, antes de que pasemos a los informes que figuran en el orden del día sobre el fundamento del artículo 19. 
He tenido conocimiento de un despacho de la Agencia France Presse, que cita una fuente cercana a la Presidencia del Parlamento, según la cual el nuevo hemiciclo podría ser recibido de forma provisional por el Parlamento entre mediados y finales de noviembre de 1998, e inaugurado en diciembre. 
Pero será necesario equiparlo, principalmente instalar el sistema de votación electrónica. 
Algunos se preguntan si es preferible esperar a la próxima legislatura, es decir, a julio de 1999, para comenzar las sesiones en el nuevo edificio. 
Siempre según este despacho, cientos de obreros están trabajando en la enorme obra. 
Fascinada por la belleza del nuevo edificio todo de cristal, que se alza elegantemente al borde del I11, ésta (la fuente) considera que su coste de mantenimiento será enorme. 
Así, quisiera que se preguntase al Presidente cómo puede tolerar que algunos allegados hablen en su nombre de esta forma- lo que implica una fuente cercana al Presidente- y declaren que algunos diputados se preguntan si será o no necesario incorporarse a los nuevos edificios. 
Sr. Fabre-Aubespry, no es el turno de preguntas, y no podemos responder a todas las noticias de prensa que se publican. 
He tomado nota de su pregunta y veremos lo que podemos hacer con esta información. 
La Sra. Oomen-Ruijten interviene por una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, conforme al artículo 108, llamo la atención sobre un asunto personal. 
Hemos presentado a examen una resolución sobre la pena de muerte en Filipinas. 
Naturalmente, leemos todos los textos. 
Como grupo del PPE, estamos contra la pena de muerte. 
Señora Presidenta, me doy cuenta de que en los casi nueve años que llevo aquí, he encontrado todo tipo de adversarios, porque no se puede contentar a todo el mundo. 
También me doy cuenta, y mis colegas lo sabrán mejor, que quizá Filipinas tiene algún asuntillo pendiente conmigo, pero cuando leo el texto de la resolución sobre las Filipinas: considerando que, según un despacho de la agencia Reuters, el Presidente recién elegido ha declarado en la radio que no tenía intención de conceder la gracia a Oomen-Ruijten, uno de los condenados a muerte, me parece que las cosas van demasiado lejos. 
Sea como fuere, le pido que se modifique este texto. 
Muchas gracias, Sra. Oomen-Ruijten. 
Se procede a la votación. 
Votaciones (continuación) 
Señora Presidenta, quisiera hacerle una pregunta. 
En el escaño 85 hay alguien que está sacando fotos de este lado del hemiciclo. 
El Sr. Seppännen hace fotos de este lado con frecuencia. 
Puedo entender que el colega Hans-Gert Poettering es muy atractivo, pero preferiría, Señora Presidenta, que no se hicieran fotos en la Cámara. 
Me pregunto cuál es la finalidad. 
No está permitido hacer fotografías en la sala sin autorización. 
Le ruego que lo deje. 
Señora Presidenta, sólo quiero saber qué ha pasado con el carrete de fotos y qué se va a hacer con él. 
Espero que se haya tranquilizado y que podamos seguir con la votación. 
No, Señora Presidenta, si en esta Cámara tenemos normas de funcionamiento de común acuerdo, le ruego pregunte al diputado en cuestión, quizá nos pueda contestar él mismo, qué hace aquí con una cámara con flash. 
Si a lo mejor no tiene puesto ningún carrete, me doy por satisfecha. 
No está permitido hacer fotografías en la sala sin autorización. 
Examinaremos este incidente, porque este pormenor no está regulado y debe examinarse en la Mesa. 
En esta Cámara somos muy abiertos y querría preguntar por su intermediación a nuestro colega por qué está sacando fotos y si está dispuesto a entregar el carrete cuando se termine. 
Ahora no se puede entablar un debate en detalle. 
En su calidad de diputado, está en su legítimo derecho de estar en la sala, pero este caso es un tanto inusual y, por ello, nos ocuparemos de él en la Mesa, de modo que ahora pido que se termine la discusión sobre el tema. 
Señora Presidenta, por una cuestión personal reclamo su atención en nombre de este lado del hemiciclo. 
He comprendido que este señor sí quiere contestar, y quiero preguntarle qué es lo que está haciendo exactamente. 
Porque no es la primera vez que lo veo. 
Sr. Seppänen, ¿quiere hacer alguna aclaración al respecto? 
Señora Presidenta, he estado haciendo fotos de recuerdo de la sesión plenaria del Parlamento. 
Por mi condición de diputado, no puedo subir ahí arriba a hacerlas, y supongo que tengo derecho a llevarme algún recuerdo de aquí. 
Señora Presidenta, creo que hay normas y que el Sr. Seppänen debe entregar el rollo de película. 
El Sr. Cox interviene por una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, no acabo de comprender por qué el distinguido diputado estima que el Grupo Liberal no es fotogénico. 
¡Con lo que nos hubiera gustado salir en la fotografía! 
(Risas y aplausos) 
Yo diría que el asunto ya esta despachado, de modo que podemos seguir con nuestro trabajo. 
Con esto damos por finalizada por hoy la votación. 
Señora Presidenta, pido a sus señorías un minuto de atención. 
Hoy hemos acabado de debatir el informe Marinucci. 
No hay necesidad de aplazar la votación, podemos proceder a votar. 
Con su experimentada dirección de la sesión seguro que no lleva mucho tiempo. 
La sesión acaba hoy a las 20.00 y no podemos prorrogarla a voluntad. 
Mañana tenemos una larga serie de asuntos que tratar concernientes a los derechos de la mujer y por eso hubiera sido conveniente agruparlos todos. 
Pregunto a la Cámara si quiere votar ahora este informe. 
¡Sus deseos son órdenes! 
(El Parlamento decide proceder a la votación.) 
Señora Presidenta, ¿podría decirme si las votaciones nominales que han tenido lugar durante las votaciones de esta noche se tomarán en consideración para las dietas, en cuyo caso todos los que se hayan ido un poco precipitadamente tras las votaciones de este mediodía tendrán una sorpresa la semana próxima? 
Señor Happart, la norma es que todas las votaciones que se celebren el jueves se tomen en cuenta. 
Todos los diputados conocen las consecuencias que ello entraña. 
Señora Presidenta, estamos de acuerdo con la señora ponente. 
Quisiera proponer una enmienda oral porque nos hemos entendido mal. 
No pedimos una legislación para crear un derecho al trabajo a tiempo parcial, sino una legislación para regular el trabajo voluntario a tiempo parcial. 
Por tanto, el texto sería el siguiente: «Hace un llamamiento urgente a los Estados miembros para que regulen por vía legislativa el trabajo voluntario a tiempo parcial y solicita a la Comisión que desempeñe una función de estímulo y de coordinación en este sentido.» 
En efecto, no podemos pedir para todo el mundo, por todas partes, que haya un derecho al trabajo a tiempo parcial. 
Las empresas no funcionarían. 
No es realista. 
Es preciso al menos comprender y la señora ponente lo ha entendido también. 
La ponente me ha hecho un gesto de que está de acuerdo. 
No creo que sea equivalente. 
La cuestión es si por un derecho que es claramente individual se puede obligar a las empresas a adoptar las medidas organizativas correspondientes. 
Esto es diferente de lo que ha propuesto la Sra. Lulling. 
La Sra. Lulling propone simplemente que se regule legislativamente la materia. En este caso se trata claramente de un derecho individual. 
Es muy diferente. Mezclar ambos casos es realmente excesivo. 
Se ha presentado una propuesta y la ponente está de acuerdo. 
Para que se apruebe, hay que contar con la autorización de la Cámara, es decir, si hay objeciones he de respetarlas. 
Si hay doce diputados que presenten una objeción, no puedo autorizar la votación, es decir, como se han formulado objeciones y deben tenerse en cuenta, la enmienda debe votarse del modo en que se ha presentado inicialmente. 
(Más de 11 diputados levantan la mano y la enmienda no se vota.) 
Señora Presidenta, la persona que ocupa el escaño 10 A está hablando con un teléfono móvil. 
Creo que la utilización de un teléfono móvil en esta sala es una muestra de mala educación hacia el resto de los diputados, por lo que espero que la Presidenta tome cartas en el asunto. 
No está permitido el uso de teléfonos móviles. 
Espero que a nadie se le ocurra pedir ahora que se grabe en cinta. 
¡Por favor, les ruego encarecidamente que lo dejen; verdaderamente, esto no puede ser! 
Señora Presidenta, puedo decir al Sr. Seppänen que estaba intentando avisar a la secretaría general de nuestro grupo, con mi móvil, porque este teléfono estaba estropeado, para averiguar dónde ha ido a parar el carrete del Sr. Seppänen. 
Señora Presidenta, gracias por haber procedido a la votación. También quiero dar las gracias a sus Señorías por haber aprobado el informe. 
Quiero decir, sin embargo, que el hecho de haber votado en contra de la posibilidad de reservar una parte de los Fondos estructurales para el problema del desempleo femenino, es muy grave. 
Lo sé, no es cierto que el señor Comisario Flynn lo dijera en Oporto, pero si así fuera, habría tenido razón porque, de hecho, es el Parlamento que no quiere pedir este dinero. 
Usted, señor Comisario, no lo dijo en Oporto y esta mañana nos lo ha explicado. Lo dijo la prensa, pero usted lo ha negado- y yo le creo -, sin embargo podría decirlo perfectamente: el Parlamento, por desgracia, hoy le ha manifestado- desconozco por qué- que no es justo reservar una parte de los Fondos estructurales para el desempleo femenino. 
No sé quién ha votado así ni tampoco el motivo, no obstante creo que es un error. 
Señora Presidenta, es un escándalo increíble para esta Cámara que por la intransigencia de un grupo no podamos aprobar este texto sobre Kosovo, dada la dramática situación que reina en la zona debido a unas cotas indescriptibles de miseria. 
Soy de la opinión de que en los próximos tiempos debemos centrarnos enérgicamente en dos puntos. 
En primer lugar, la desmilitarización de Kosovo y la sustitución de las tropas y de los mercenarios que merodean por la zona por una fuerza de paz internacional; en segundo lugar, la transferencia de la policía, la administración y la justicia a manos de las autoridades elegidas en Kosovo. 
Con este programa mínimo podríamos ponernos de acuerdo. 
Tenemos que centrarnos en ello, de ese modo podremos ahorrarnos bochornos como el de hoy. 
Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Posselt en que es bochornoso que no nos pongamos de acuerdo. 
Ahora bien, rogaría al Sr. Posselt y a sus correligionarios que mantengan una postura común en este difícil asunto. 
Si cree que podrá obtener la mayoría sólo con la línea dura, hoy se habrá dado cuenta de que no es posible. 
Intente hallar con los socialdemócratas de esta Cámara una línea común y entonces podremos ponernos de acuerdo. 
Es positivo que se haga una revisión del sistema de impuestos sobre el valor añadido. 
También lo es la propuesta sobre una directiva concerniente a la aplicación experimental de una tasa reducida de impuestos a ciertos servicios que demandan mucho trabajo. 
Por el contrario, no se necesita una aproximación inmediata de las tasas de impuestos sobre el valor añadido. 
Muchos países que tienen altas tasas de este impuesto financian sus sectores públicos con los ingresos provenientes de él. 
El informe encierra una propuesta detallada, que no podemos apoyar, de armonización de los tipos del IVA de los países miembros y de un nuevo régimen común del IVA que tome en cuenta el país de origen a la hora de imponer los derechos. 
Nuestra postura es que la política fiscal e impositiva es una cuestión puramente nacional y que por ello la Unión no debe inmiscuirse en las posibilidades que los países miembros pudieran tener de llevar a cabo una política económica independiente. 
Se destaca en el informe que unos tipos del IVA reducidos pueden ser convenientes desde un punto de vista social de cara a evitar las repercusiones regresivas del impuesto sobre el valor añadido. 
También se destaca que un impuesto reducido del IVA puede tener efectos beneficiosos sobre el empleo y limitar el volumen de " trabajo negro». 
Estamos de acuerdo en estas consideraciones sobre todo porque los tipos del IVA de los alimentos, por ejemplo, gravan por igual a los grupos de ingresos bajos y elevados y con ello perjudican económicamente a determinados grupos sociales. 
Sin embargo, pensamos que la decisión de las políticas sociales y laborales ha de dejarse en manos de cada país miembro. 
Las consideraciones sociopolíticas no deben ser utilizadas como excusa para una mayor integración dentro de ámbitos diferenciados de colaboración. 
Además, el informe señala que la racionalización y modernización del empleo de los tipos del IVA debe producirse sin que afecte de manera reseñable al volumen de los ingresos públicos. 
Esto es importante. 
En Dinamarca, el tipo armonizado del IVA está situado en el 25 %, lo que supone una cifra bastante alta en comparación con otros países miembros. 
El líquido procedente de esta fuente de ingresos supone una parte importante de la financiación del estado del bienestar danés. 
Por ello y en este sentido es importante mencionar que en una nota del Ministerio de Hacienda danés a la Comisión Europea del Parlamento danés acerca de la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la sexta Directiva del IVA se dice que una modificación de las normas de deducción, con el establecimiento de un sistema de devolución, con el reembolso del IVA pagado en compras realizadas en otros países miembros, " implicará una pérdida de líquido para las arcas del Estado del orden de mil o dos mil millones de coronas danesas» (Ministerio de Hacienda, J., núm. 5.98- 221-29). 
La ejecución de la propuesta del informe acarreará inevitablemente repercusiones económicas considerables para la sociedad danesa y con ello afectará al volumen de los ingresos públicos. 
Además, nuestra opinión es que son la población y los parlamentarios elegidos en cada país miembro quienes deben decidir soberanamente los objetivos y recursos económicos a la hora de organizar sus sociedades. 
Este desarrollo no debe estar dictado desde la UE. 
Por ello, el informe es un paso en la dirección equivocada. 
No puedo votar a favor de este informe puesto que no soy de la opinión de que las tasas de los impuestos al valor añadido deban armonizarse (punto 8). 
Tampoco pienso que el sistema de impuestos al valor añadido deba basarse en el principio del origen (punto 1). 
Entre tanto, es totalmente indiscutible la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas (para abreviar, las PYME) asuman un papel clave en la Unión Europea. 
Forman parte esencial del crecimiento económico de la UE y- algo sumamente importante en una situación como la actual, con 20 millones de parados en la Uniónson uno de los vectores principales en la creación de empleo. 
Y no olvidemos que la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el empleo celebrada en Luxemburgo en 1997 tenía como objetivo luchar contra esa situación insostenible. 
Se dice que la participación de las PYME en las empresas de la UE asciende al 99, 8 % -que las pequeñas empresas cubren en un 80 %- en las que trabajan el 66 % de los trabajadores europeos. Su volumen de negocios en la UE asciende al 65 %. 
La importancia de estas empresas en la UE se subraya también por el hecho de que, por una parte, reaccionan con rapidez a la evolución del mercado, siendo especialmente valiosas a la hora de impulsar las nuevas tecnologías y, por otra parte, se centran en lo económico, reforzando la competitividad de Europa con la creación de puestos de trabajo tecnológicos altamente cualificados. 
Por otra parte, participan intensamente en el fomento del desarrollo regional. 
Esto lo puedo atestiguar yo, que provengo de una pequeña región, Tirol del Sur, que cuenta con una economía sólida gracias a la prestación exclusiva de pequeñas y medianas empresas. 
El apoyo por parte de la UE, en mi opinión, debería centrarse principalmente en las redes de normalización y de formación, la gestión del medio ambiente y el acceso a las fuentes financieras. 
Es justamente en estos ámbitos donde las PYME experimentan obstáculos y cargas. Por esa razón, la Comisión debe desarrollar programas concretos para jóvenes empresarios que fomenten y apoyen la formación en métodos de gestión, la utilización de nuevas tecnologías y, sobre todo, la creación de redes entre empresas. 
Con mi exposición quisiera subrayar que sería muy recomendable crear diversos mercados de capitales en la UE a favor de las empresas. Esto obedece al hecho de que las PYME a menudo tienen grandes dificultades con el capital inicial y de inversión. 
En pocas palabras, apruebo plenamente las observaciones del ponente Hendrick. 
Debo felicitar a nuestros colegas por estos dos informes relativos al Quinto Informe Anual del Observatorio Europeo para las PYME y la comunicación de la Comisión sobre los mercados europeos para los capitales de las PYME: perspectivas y obstáculos. 
Efectivamente, las PYME han constituido este año la primera fuente de creación de empleos. 
Pero desafortunadamente, los grandes inversores institucionales europeos y los bancos son con frecuencia pusilánimes con respecto a las pequeñas y medianas estructuras que representan para ellos una asunción de riesgos. 
Sin embargo, la plaza europea dispone de algunos mercados de capitales para ciertas categorías de PYME, con frecuencia las más innovadoras y cualificadas. 
No obstante, el número de PYME europeas valoradas en los mercados es muy débil comparado con su potencial de creación de riqueza y de empleos. 
La comunicación de la Comisión va por tanto por buen camino. 
Sin embargo, los puntos señalados por nuestro ponente son esenciales y espero que la Comisión pueda tenerlo muy en consideración. 
Insisto muy especialmente en la importancia de concluir en el plazo más breve el mercado único que ha de constituir la base del nuevo mercado europeo de capitales para las PYME. 
Por otra parte, hay razón para felicitarse por el hecho de que el Quinto Informe anual del Observatorio Europeo de las PYME para 1987 se concentre de forma prioritaria en la evaluación de los efectos de la culminación del mercado interior sobre las PYME. 
Este informe propone además ideas nuevas e interesantes que convendrá explorar, sobre todo en materia ambiental y turística. 
Estos dos ámbitos específicos son objeto de un análisis muy interesante, que pone en evidencia puntos ya incuestionables para nuestras PYME (toma en consideración de la competitividad de las empresas durante la elaboración de normas ambientales, nuevos mercados de productos ecológicos, etc.). 
Señor Presidente, he dado mi apoyo a estos dos informes y me alegra de que esta Asamblea los haya aprobado por tan amplia mayoría. 
A la lectura del Quinto Informe del Observatorio Europeo de las PYME, nos felicitamos por la vista de conjunto estructurada de las PYME y de las empresas artesanales del Espacio económico europeo que ha dado el European Network for SME research. 
En efecto, aunque el informe sea general y englobe un gran número de temas, observamos con satisfacción su independencia de espíritu. 
Damos nuestro apoyo al informe en lo que resitúa la actividad de la Comisión en un contexto de lucha contra el desempleo; es necesario recordar que las PYME siguen siendo una fuente de crecimiento y de empleos. 
En este sentido, estamos de acuerdo con la Comisión de Asuntos Económicos: queda aún mucho por hacer para mejorar y simplificar el entorno administrativo de las PYME, y determinar de forma eficaz las ayudas comunitarias, con el fin de evitar los «derroches». 
Hemos concedido una atención especial a los temas que el informe pone en evidencia, a saber: la reducción global de las obligaciones administrativas, la mejora del entorno fiscal, la formación profesional, el desarrollo de la investigación y de la innovación tecnológica. 
Sin embargo, nos parece indispensable recordar nuestra adhesión al respeto por el principio de subsidiariedad y ello tanto más cuanto que las empresas afectadas son generalmente, intrínsecamente, empresas privadas. 
Nos parece importante no encerrarlas en una lógica de aceptación pasiva de las ayudas comunitarias, ya que esto incitaría a una «asistencia fácil». 
Los responsables de las PYME han de conservar su espíritu de empresa. 
Han de ser capaces de producir ideas innovadoras: evitemos hacer de ellos «máquinas administrativas» funcionarizadas. 
Es indispensable aliviar las trabas administrativas, legislativas y reglamentarias que las empresas tienen que sufrir todos los días y que cada vez soportan con más dificultad. 
Por lo que respecta a la fiscalidad, que varía según los países, recordemos, a la luz de los últimos debates en este hemiciclo, que el poder para modificarla depende siempre de la soberanía de cada Estado miembro. 
Para concluir, señor Presidente, observo con sorpresa que el informe está mudo sobre el tema del euro, mientras que dedica un amplio desarrollo al sector turístico. 
A pesar de algunos elementos positivos, mi grupo no ha podido votar a favor de su informe, señora Marinucci. 
En efecto, nuestra primera enmienda en la que decimos, en nombre de la libertad de decisión, que las mujeres han de poder elegir entre ejercer inmediatamente una profesión o retrasar su entrada en el mercado de trabajo para dedicar una serie de años a poner en el mundo y educar a sus hijos, ha sido rechazada. 
A pesar de algunos puntos positivos, principalmente cuando usted reconoce que hay materia de debate para un reconocimiento del cuidado de las personas dependientes en el seno de su familia por parte de la contabilidad nacional, no puedo apoyar la filosofía general de su texto, que es el de una opción socialista colectivista para el cuidado de niños. 
Señora Marinucci, los niños no sólo necesitan ser cuidados; no son solamente un problema para la organización de la vida profesional de sus padres; también necesitan, y más que nunca, ser educados, y las mujeres y los hombres desean educarlos. 
Durante la preparación de la Conferencia de Pekín me reuní con muchas jóvenes. Dice usted que lamenta que algunas mujeres en Europa se vean obligadas a renunciar a un trabajo profesional. 
De acuerdo, pero yo le digo también que en el momento actual muchas jóvenes en Europa dicen que lamentan verse en la obligación de renunciar a tener más niños, por falta de una política real familiar digna de este nombre en nuestros países de Europa. Lo que tiene repercusiones negativas sobre la demografía, que en la actualidad es una causa estructural del desempleo en Europa. 
Pero esto es un tema tabú, actualmente en el seno de nuestras instituciones europeas. 
Señora Presidenta, hubiera preferido no tener que dar explicación de voto y comprendo la decepción de la Sra. Marinucci que se ha esforzado mucho para encontrar un terreno de acuerdo conmigo sobre las enmiendas. 
Está de acuerdo con nuestra enmienda relativa al párrafo 4, pero desafortunadamente el Sr. Wolf no había comprendido nada y ha podido inducir a numerosos colegas a error ya que ni la Sra. Marinucci ni yo queremos esto, no más que los otros que han votado a favor sin saber por qué votaban. 
Han votado para que, a partir de ahora, los Estados miembros tengan que regular el derecho al trabajo voluntario, en todos los sentidos, en cualquier momento. 
Si alguien desea un trabajo voluntario, el empleador ha de dárselo. 
Reclama usted una legislación así en el seno de la Comunidad. 
Pero esto es totalmente absurdo. 
Queremos que el trabajo voluntario a tiempo parcial sea regulado, y bien regulado, como ocurre en mi país. 
Hay también derechos al trabajo voluntario, en algunos países, bajo ciertas condiciones. 
Pero si, como he dicho, cualquiera puede exigir sin condiciones y en todas las direcciones un derecho al trabajo a tiempo parcial, las empresas no funcionarán. 
Ahora bien, queremos que las empresas funcionen. 
La Sra. Marinucci lo comprendió muy bien; ella ha dicho, sí, no es eso lo que yo quería. 
Lo lamento mucho, pero por esta razón, Señora Presidenta, hemos tenido que abstenernos, porque, realmente, se nos puede pedir mucho, pero no que votemos estas incongruencias. 
Aprecio mucho a la Sra. Marinucci, pero tengo que rechazar esta propuesta, porque es ideológica, totalmente contraria al principio de subsidiariedad y porque además sostiene que todas las mujeres jóvenes de la Unión Europea tienen que entrar en la vida activa después de acabar sus estudios. 
Es totalmente absurdo. 
La Sra. Sillier ha propuesto que se deje a las propias mujeres decidir si se quieren dedicar al cuidado de la casa y de la familia o a la carrera profesional. Esta propuesta se ha rechazado. 
Esto es un craso error ideológico y no puedo por menos que decir que, con informes como éste, como Parlamento Europeo estamos haciendo el ridículo más absoluto. 
Opino que tenemos que ser mucho más concienzudos con los asuntos de la familia y de la mujer. 
La resolución elaborada por Elena Marinucci constituye una excelente síntesis de las peticiones que esta Asamblea debe presentar en el contexto actual. 
Y deseo llamar la atención de ustedes sobre los puntos dedicados al trabajo a tiempo parcial que considero el centro del problema. 
Este trabajo a tiempo parcial ha constituido la parte esencial del desarrollo de la mano de obra femenina en los años 90. 
Las mujeres ocupan hoy la mayor parte- el 83 % -de esos empleos. 
El tiempo parcial se presenta tradicionalmente como un elemento positivo que permite a las mujeres conciliar su vida profesional y familiar. 
Sin embargo, las estadísticas de Eurostat determinan que muchas mujeres que ocupan un empleo a tiempo parcial preferirían un trabajo a tiempo completo y que las prestaciones tienen lugar con frecuencia a horas tardías o durante los fines de semana, lo que penaliza a las mujeres en su intento por conciliar profesión y familia y contradice esta visión idílica. 
La reorganización de la ordenación del tiempo de trabajo ha incrementado considerablemente las formas precarias o atípicas de trabajo- trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, trabajo interino- y ha reducido la protección social y degradado la calidad de vida de muchas mujeres. 
Contrariamente a un cliché repetido, el trabajo a tiempo parcial no es decisión de las mujeres, sino que constituye con mucha frecuencia una decisión de los empleadores y, para las mujeres que lo viven, un problema real. 
Está muy poco desarrollado en la industria y en los puestos de responsabilidad, limitado a tareas poco cualificadas y vinculado a sectores muy particulares. 
Además, el trabajador a tiempo parcial apenas puede invertir en su formación por razón de las exigencias vinculadas a los horarios de trabajo a tiempo parcial. 
La profesora Danièle Meulers de la Universidad Libre de Bruselas ha señalado las dificultades que sufren los trabajadores a tiempo parcial para disfrutar de ventajas sociales. 
Casi la mitad de ellos no disfruta de ninguna protección en caso de desempleo. 
Por su parte, Elena Marinucci recuerda justamente que la directiva de 1997 sobre el trabajo a tiempo parcial no cubre en absoluto la seguridad social y autoriza expresamente a los Estados miembros a mantener umbrales nacionales que excluyen a muchos trabajadores a tiempo parcial del campo de aplicación de la directiva. 
Nuestra ponente considera que si bien es necesario estimular el trabajo a tiempo parcial en el mercado actual del empleo, es esencial ampliarlo a los empleos cualificados, estimular a los hombres a practicarlo y permitir que todos los trabajadores a tiempo parcial se beneficien de las acciones de formación y de protección social. 
Me permitiría sin embargo señalar que estos deseos corren el riesgo de quedar en letra muerta, ya que no veo por ninguna parte la voluntad política para realizarlos. 
La propuesta más radical para la promoción del empleo de las mujeres en Europa sería la erradicación drástica del tiempo parcial y la reducción global del tiempo de trabajo para todos, hombres y mujeres con, salvo excepciones, pleno empleo para todos. 
Como no se llegará a esta situación sin luchas ni reformas escalonadas en su duración, si pretende convencer a la opinión de su voluntad de progresar realmente hacia la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y reducir las diferencias vinculadas al nivel de desempleo según los sexos, la Unión Europea ha de preguntarse en principio de forma sistemática sobre los efectos discriminatorios que cada política de empleo es susceptible de generar. 
Para la próxima cumbre europea dedicada al empleo, convendría pedir a cada país miembro que proporcione las informaciones siguientes: 
1.Desglose de los empleos a tiempo parcial por sexo y por edad; 2. 
Razones para la elección del trabajo a tiempo parcial por las empresas y en las políticas nacionales; 3. 
Salarios horarios asociados al tiempo parcial; 4. 
Índices de segregación por profesión para el trabajo a tiempo parcial comparativamente al trabajo a tiempo completo; 5. 
Niveles de cualificación de los empleos a tiempo parcial; 6. 
Relaciones entre tiempo parcial y pobreza; 7. 
Impactos del tiempo parcial en las jubilaciones y otros ingresos de sustitución; 8. 
Impacto sobre la renta a lo largo del ciclo de vida profesional; 9. 
Acceso a los sistemas de prejubilación.Estos datos permitirían confirmar mediante estadísticas precisas la discriminación que constituye para las mujeres el trabajo a tiempo parcial. 
Pero se podría ir más lejos y pedir a cada uno de los países miembros que presenten su plan de acción sobre los puntos siguientes: 
1. ¿Cuáles son los efectos potenciales de cada una de las políticas propuestas sobre la situación de las mujeres en términos de volumen y calidad de empleo? 2. 
¿Qué medidas se han adoptado en las políticas de formación para que las mujeres figuren en ellas en pie de igualdad con los hombres y, en especial, qué propuestas se han adelantado en el caso del trabajo a tiempo parcial? 3. ¿Cómo aquellos países que consideran que el trabajo a tiempo parcial constituye la mejor solución para compartir el empleo creen que puede ampliarse ese tiempo parcial a los hombres y a las formas de empleos cualificados y bien remunerados, y qué medidas se han tomado para que los trabajadores a tiempo parcial disfruten de jubilaciones y prestaciones de desempleo suficientes? Para terminar, una última observación. 
El Comisario Mario Monti ha mostrado que aquellos Estados miembros que deseaban conservar los capitales en su territorio han sufrido la ley del mercado y han tenido que reducir la fiscalidad sobre los capitales un 10 % en 12 años. 
Y como necesitaban encontrar ingresos de sustitución, aumentaron, en el mismo período, la fiscalidad sobre el trabajo en un 20 %. 
Esta fiscalidad sobre el trabajo, siempre según el Comisario Monti, es responsable de un tercio del desempleo europeo. 
Les dejo que mediten sobre esta cifra vinculada al desarrollo de las tecnologías de la información y al hecho de que de las cuatro libertades definidas por el acta Única, la libertad de capitales, contrariamente a los deseos de los fundadores de Europa, fue la primera en realizarse. 
Teniendo en cuenta el aumento creciente del paro femenino en Europa este informe de iniciativa de la colega Marinucci es especialmente importante. 
El porcentaje de mujeres en paro ascendió en febrero de 1998 al 12, 3 %, mientras que para los hombres fue del 8, 9 %. 
En todos los países de Europa, excepto Suecia, el porcentaje de paro femenino es más elevado. 
Por consiguiente, en su resolución, la Comisión de Derechos de la Mujer pide que la Comisión elabore estadísticas más precisas sobre las cifras de empleo desglosadas por sexo. 
La Comisión llama a los Estados miembros a regular legislativamente el derecho al trabajo a tiempo parcial; los interlocutores sociales deben suscribir un acuerdo marco sobre las condiciones laborales atípicas y la Comisión Europea debe presentar una propuesta de directiva marco en materia de servicios de cuidado de los niños en los Estados miembros. 
Las mujeres que no estén registradas como desempleadas pueden participar en estos programas de formación. 
Me alegra que, en aplicación de las orientaciones generales en materia de empleo de la UE, Austria haya establecido en su plan nacional de empleo medidas especiales para fomentar la igualdad de oportunidades, que no sólo se basan en el cuarto pilar del PNE, sino que también se tienen en cuenta en los otros pilares en virtud del concepto de gender mainstreaming. 
Así pues, velaremos por que este aspecto adquiera mayor consideración en el debate sobre el desarrollo de las orientaciones sobre el empleo, así como sobre las políticas estructurales, y por forzar su integración en todas las políticas de la Unión Europea. 
El Sr. Fabre-Aubespry interviene por una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, había pedido la palabra hace unos momentos durante el turno de votaciones. 
No insistí ya que no me la daba, pero a pesar de todo, hace unos momentos, durante la votación de la resolución sobre Sudán, y más en concreto de la enmienda 1 sobre el párrafo 6, yo deseaba intervenir ya que era necesario al menos que hubiera alguien que señalase esto para el Acta, porque hay una contradicción flagrante. 
Tenía usted una votación por separado sobre el texto original y sobre la enmienda. 
Ha hecho que se votara en primer lugar el texto original, posteriormente la enmienda, para volver después al texto original. 
Por tanto ha realizado tres votaciones nominales en lugar de dos, lo que nos cuesta caro ya que una votación nominal cuesta 8.000 francos franceses. 
Por otra parte, se ha contradicho usted misma, ya que ha llevado a la Asamblea a votar contra la primera parte de lo que usted llamaba la enmienda 1, es decir, el texto original del artículo 6, antes de volver a votar sobre este artículo 6 y de hacer que se apruebe. 
Por consiguiente, habrá en el Acta, por lo que respecta a las votaciones nominales, dos contradicciones, dos votaciones contradictorias y yo debía señalarlo, ya que sería necesario finalmente que se comprendiera que una enmienda no es el texto original. 
Cuando se pide una votación por separado de la enmienda, eso quiere decir que no se vota en primer lugar más que la enmienda y a continuación el texto original. 
Señor Fabre-Aubespry, se trata de un malentendido. 
Primero hemos votado la enmienda. Se ha rechazado, y además en dos partes. 
Después se ha rechazado cada una de las partes y después se ha votado la enmienda en su forma original, por que los unos querían sólo un parte y los otros querían sólo la otra. 
Así que ahora- si se rechaza- es necesario volver a votar el texto en su forma original. 
Sólo se han rechazado las partes, no el todo. 
Empleo femenino: papel de las cooperativas (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0270/98) de la Sra. Colombo Svevo, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre el papel de las cooperativas en el crecimiento del empleo femenino. 
Señora Presidenta, señor Comisario, quiero agradecer a la Sra. Colombo Svevo su contribución al esfuerzo común que toda la Unión Europea está haciendo para promover y crear empleo. 
Esfuerzo que implica la búsqueda de nuevas formas de trabajo, así como nuevas formas de organización del mismo, y dirige la protección social hacia el empleo. 
Este informe investiga y presenta con mucho rigor y espíritu socioeconómico e innovador cómo las cooperativas y las empresas de economía social pueden favorecer la inserción laboral de mujeres poco cualificadas, sin experiencia profesional, o las que, por motivos familiares, llevan años fuera de los circuitos de empleo. 
Dichas empresas permiten conciliar familia y trabajo y ofrecer servicios básicos de calidad a precios razonables y, mayormente, destinados a grupos desfavorecidos. 
Las cooperativas, por su funcionamiento participativo y flexible- y debido a la urgente demanda del sector servicios, especialmente los servicios socio-sanitarios -, pueden transformar en actividad empresarial remunerada trabajos tradicionalmente desarrollados por mujeres en solitario, sin reconocimiento social ni compensación económica. 
Nuestra sociedad tiene planteados retos demográficos y sociales muy serios, que afectan a las personas mayores, a los niños discapacitados, y a la falta de autonomía económica de la mujer con la consecuente feminización de la pobreza. 
La ponente pide a la Comisión un Libro Blanco que recoja experiencias muy positivas de los diferentes países europeos, así como también la dimensión de género en esas experiencias. 
También pide apoyo del Fondo Social Europeo para encauzar la capacidad empresarial femenina en este sistema nuevo de cooperativas, potenciando la creación de consorcios, redes, agencias de economía social que asesoren, den formación y apoyo organizativo, así como acción legislativa al respecto, acceso a créditos e incentivos financieros y fiscales. 
Señor Comisario, el Tratado de Amsterdam da a la Unión Europea un nuevo mandato de lucha contra la exclusión con medidas innovadoras. 
Este informe las propone y queremos apoyarlas. 
Esperamos que usted también lo haga. 
Señorías, las encuestas demográficas señalan que cada vez nos morimos más viejos, con lo que se incrementa la necesidad de determinadas prestaciones sociales. 
Esto incluye a las mujeres que no han tenido formación, que indudablemente se ven afectadas en mayor medida por la dureza del mercado. 
No obstante, los elevados costes salariales actúan en contra de su entrada en el sector de servicios, lo cual desemboca en el riesgo de quedar abocadas a la economía sumergida. 
Por esta razón, para poder hacer frente a este problema es preciso utilizar todos los modelos alternativos, como cooperativas, asociaciones o voluntariado. 
En su Libro Blanco sobre " crecimiento, competitividad, empleo» de 1993, la Unión Europea definió una estrategia para la creación de empleo y recomendó una política laboral activa. 
Sería muy positivo que se completara con un nuevo Libro Blanco. 
La Comisión Europea incluye explícitamente la prestación de servicios domésticos entre los ámbitos en los que pueden crearse más puestos de trabajo. 
Una posibilidad sería implantar el denominado " cheque-servicio» , que facilita el trabajo doméstico con seguridad social en los hogares privados, porque con este cheque el trabajador está automáticamente asegurado, incluso en el caso de ejercer una actividad de poca entidad. 
Este modelo ofrece a muchas mujeres una oportunidad para la prestación de servicios económica y social. 
Claro está, la desventaja es que los salarios son bajos. 
Sin embargo, no debe olvidarse que esta prestación de servicios social representa un buen comienzo para las mujeres en paro y con poca cualificación. 
En este sentido, confío en que el modelo citado signifique un paso más en la dirección de una inserción más justa de la mujeres en el mercado de trabajo. 
Señor Presidente, antes que nada quiero felicitar a la Sra. Colombo Svevo por la calidad de su informe. Ha puesto de relieve el importante papel que las cooperativas y la economía social en general desempeñan y seguirán desempeñando en lo que se refiere a la creación de empleo y a la promoción de la igualdad de oportunidades. 
La economía social nos permitirá abordar diversos desafíos económicos y sociales del futuro y creará nuevos puestos de trabajo que muy a menudo son más seguros y duran más, con mejores condiciones de trabajo y sociales, además de generar beneficios para su redistribución y su reinversión. 
Este informe destaca que la economía social puede responder a esas necesidades sin atender, que cabe considerar como nuevas fuentes potenciales de empleo, en particular para las mujeres. 
Debemos tener en cuenta que las directrices sobre el empleo de 1998 contienen un pilar separado que trata de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 
El fortalecimiento de la política de igualdad de oportunidades es un componente normativo enteramente válido y completamente nuevo, encaminado a crear puestos de trabajo y a luchar contra el desempleo. 
El enfoque que se subraya en este informe corresponde muy bien a nuestra estrategia en materia de empleo y, en particular, al aspecto de igualdad de oportunidades de dicha estrategia. 
Es un excelente ejemplo de las actividades de integración de que hemos estado hablando en esta sala. 
El informe menciona la necesidad de adaptar la legislación europea en esos sectores. 
La legislación europea sigue teniendo un valor prioritario para la Comisión, aunque las propuestas de directivas y de reglamentos se hayan eternizado en la mesa del Consejo desde 1993. 
Estoy de acuerdo en que este sector necesita un marco jurídico y fiscal perfectamente definido, para que pueda seguir adelante con el mercado único. 
La Comisión estudiará muy atentamente la propuesta de que se efectúe un estudio sobre las dimensiones y el impacto de la economía social y sus repercusiones sobre el empleo, en particular el empleo femenino. 
La Comisión va a aprovechar la labor del Comité Consultivo de cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones que la Comisión estableció el 13 de marzo de este año. 
El Comité Consultivo es, y seguirá siendo, una de las principales fuentes de asesoramiento e información de la Comisión sobre la situación en esta esfera. 
También podemos aprovechar la experiencia adquirida por los programas NOW, Horizon, Integra y otros programas análogos. 
El año próximo presentaremos un amplio informe sobre organizaciones voluntarias y fundaciones. 
El informe contendrá recomendaciones sobre la forma de promover el papel social y económico de las organizaciones voluntarias y las fundaciones. 
El 30 de noviembre y el 1 de diciembre se va a celebrar en Bolonia una Conferencia Europea sobre empresas cooperativas en el año 2000. 
La reunión será utilísima por que las conclusiones a que llegue nos permitirán decidir cuál es la mejor manera de atender a la petición de un Libro Blanco sobre cooperativas y empresas sociales. 
La Comisión buscará también posibles formas de asignar fondos, concretamente para ayudar a las mujeres a establecer sus propias empresas, particularmente en la esfera de la economía social. 
Coincido con lo que ha dicho la Sra. Bennasar Tous de que el Fondo Social tiene un papel que desempeñar y quizá podría ser utilizado con mayor eficacia en esta esfera. 
En el marco del tercer programa multianual para empresas pequeñas y medianas hemos pedido este año que se nos presenten propuestas de acciones experimentales en materia de capacitación de cónyuges. 
También hemos lanzado una licitación para que, entre otros, presenten ofertas las empresarias, con miras a determinar las necesidades que sienten cuando crean y operan empresas. 
Al mismo tiempo, junto con la Junta Nacional de Desarrollo Industrial y Técnico de Suecia, estamos preparando una conferencia sobre mujeres empresarias que tendrá lugar en Estocolmo del 30 de noviembre al 2 de diciembre de este año. 
De esta manera la Comisión aporta su contribución al establecimiento de una red europea de organizaciones de economía social de cuya gestión se pueden encargar conjuntamente las autoridades públicas y el sector de la economía social. 
Unas y otro pueden proporcionar información, documentación, medios de capacitación y asistencia para la elaboración de proyectos y el establecimiento, en particular, de relaciones de asociación en materia de financiación y garantías financieras. 
La Comisión tiene la intención de proseguir sus esfuerzos a fin de promover el desarrollo de la economía social en el marco de las diversas iniciativas y normas establecidas por la Unión. 
Se esforzará por conseguir que la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres sea realidad y que las entidades de la economía social, en particular las administradas por mujeres, obtengan el máximo apoyo para que puedan desempeñar enteramente el papel que les corresponde en la vida económica y social de la Unión. 
Ésta es una esfera que ofrece mucho potencial, y prestaremos todo el apoyo que podamos a los esfuerzos encaminados a conseguirlo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas. 
Madres solas y familias monoparentales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0273/98) de la Sra. García Arias, en nombre de la Comisión de la Mujer, sobre la situación de las madres solas y las familias monoparentales. 
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, en primer lugar, quiero señalar que hay dos correcciones en el texto. 
Cuando votamos en comisión este informe eliminamos dos alusiones a dos países: el caso del Reino Unido en el Considerando F y el término «modelo estadounidense» en el párrafo 12. 
Les ruego que tomen esto en cuenta a la hora de votar. 
En realidad, colegas, señor Presidente, nos estamos refiriendo en este tema a un grupo importante de familias dentro de la Unión Europea. 
Los cambios demográficos, las nuevas tendencias de modificación de los patrones culturales y societarios hace aparecer, aunque de forma desigual en unos países y en otros, el fenómeno creciente de este tipo de familias: las familias monoparentales. 
Aunque también existen hombres que por diversas razones son los únicos responsables del cuidado de sus hijos, en este informe en realidad estamos básicamente hablando de madres solas, solteras, separadas, divorciadas, viudas o abandonadas que se enfrentan con la vida en solitario tratando, con dificultades de todo tipo, de sacar adelante a sus hijos y, en algunos casos, a otros familiares. 
Este debate es pertinente porque en estos momentos de crecimiento económico y- contradictoriamente- de ajustes presupuestarios, de recortes en los gastos sociales, de grandes discursos en torno a conceptos como la competitividad y la empleabilidad de todos y de todas, de conceptos como la ética del trabajo en sociedades con altas tasas de desempleo femenino y de empleos precarios, empiezan a hacer mella algunos modelos- es cierto que llegados de más allá del Atlánticoque parecen cuestionar las prestaciones sociales que, afortunadamente, protegen a estas mujeres y sus familias y que quieren presentarlas en algunos casos como parásitos sociales que abusan conscientemente del sistema de bienestar social. 
Curiosamente, algunas de estas voces acusatorias- y alguna hemos escuchado esta mañana- son las mismas que cantan el valor social de la maternidad, que defienden la familia como núcleo básico de la sociedad y que, en algunas ocasiones, abogan por el salario y la seguridad social del ama de casa a costa, naturalmente, de los presupuestos sociales. 
Este debate es posterior a los excelentes informes de las colegas Marinucci y Colombo Svevo, quienes nos han dibujado claramente la situación de la mujer frente al empleo, las dificultades en términos de formación, de falta de infraestructuras asequibles para el cuidado de los hijos, de discriminaciones en el acceso al trabajo y de la necesidad de que muchos cónyuges asuman también su responsabilidad en las tareas domésticas y la atención de los hijos. 
Pues bien, si es así para la mayoría de las mujeres, nos podemos imaginar las dificultades adicionales de esos núcleos familiares donde no existe un ingreso económico del otro cónyuge, ni siquiera esa persona a quien al menos reclamarle la corresponsabilidad en las tareas domésticas. 
Creo que no es exagerado señalar que nos referimos a uno de esos llamados colectivos de riesgo social expuestos a situaciones de pobreza, de fracaso escolar en el caso de sus hijos y de exclusión social. 
Por ello, las familias monoparentales requieren ayudas y atenciones específicas de distintos tipos y el apoyo de las Administraciones públicas aunque algunas de estas mujeres o familias hayan accedido a empleos. Desgraciadamente, la mayor parte de las veces escasamente remunerados y precarios. 
Este informe aboga ante la Comisión y los Estados miembros para que lleven a cabo un debate serio sobre los obstáculos a los que se enfrentan y elaboren orientaciones políticas y económicas que contribuyan a la integración social y a la independencia económica de estas mujeres, incluyendo la utilización de los Fondos estructurales, y le pide explícitamente a la Comisión una investigación sobre las reticencias y discriminaciones de muchos empleadores cuando se enfrentan a una solicitante con hijos. 
Si esto ya pasa en general, señor Comisario, podemos darnos cuenta de la dificultad especial que pueden tener para la contratación de estas mujeres cuando los empresarios saben que tienen esa única responsabilidad familiar. 
Pero también el informe- y termino- llama a la responsabilidad de esos padres, o madres- en menor caso -, ausentes de la familia y pide que se mejoren los convenios reguladores del divorcio y otras prácticas y sistemas jurídicos para que los dos padres cumplan sus obligaciones. 
Señor. Presidente, el informe de la Sra. García Arias debe entenderse en un contexto global con el de la Sra. Marinucci, que hemos votado hoy. 
Espero que el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales del 5 de octubre incluya en sus conclusiones las conclusiones de la Cámara Alta, porque las madres solteras, que son el sujeto específico del informe, requieren que se adopten medidas urgentes. 
No negamos que corresponde principalmente a los Estados miembros asumir esta responsabilidad; también los interlocutores sociales deben hacer más por las madres solteras. 
Pero también la Unión Europea tiene una gran responsabilidad a este respecto. 
El riesgo de pobreza aumenta en la Unión- en Alemania especialmente se desprende claramente de las estadísticas- si los hombres y las mujeres se separan. 
Porque las familias monoparentales derivan fácilmente hacia la beneficencia social y después les resulta muy difícil salir de ella. 
Por ello son imprescindibles las medidas propuestas, sobre todo unos servicios de cuidados de los hijos adecuados y remunerables. 
En este sentido la Unión Europea todavía presenta grandes deficiencias. 
Quisiera referirme a otro aspecto. 
En los apartados 18 y 16 se propone que en caso de divorcio se procure la custodia compartida de los hijos. 
Me temo que en los asuntos en los que los padres no estén de acuerdo, esto irá en detrimento de los hijos. 
Así pues, propugno que se establezcan normas muy claras que no perjudiquen a los hijos. 
Sobre la reforma de los Fondos estructurales: está muy claro que debemos consolidar el gender mainstreaming. 
En el informe Marinucci no se establecía ningún porcentaje de integración de las mujeres, pero conforme a las orientaciones generales en materia de empleo no sólo hay que hacer referencia a la igualdad de oportunidades, sino que, especialmente en el caso de las familias monoparentales, es necesario un doble centro de gravedad. 
Debemos estar abiertos a nuevos modelos como, por ejemplo, la introducción de reducciones de jornada para las madres o padres solteros en los convenios colectivos. 
Señor Presidente, agradezco a la señora ponente el trabajo realizado, que ha tenido asimismo en cuenta las distintas posiciones existentes en el seno de la comisión. 
Nos encontramos ante un fenómeno muy importante y creciente, ya que el 10 % de las familias con niños se encuentra en estas situaciones. 
Nos encontramos ante situaciones muy diferentes: divorcios, separaciones, nacimientos de hijos extramatrimoniales. Se trata de realidades que ponen de manifiesto la debilidad del núcleo familiar, sobre la que tendría que llevarse a cabo una reflexión en profundidad, si no queremos acabar siendo un observatorio que no se da cuenta de estos cambios y sí, por el contrario, queremos entender los motivos, la diferencia que existe entre la familia considerada aún como un valor en Europa, y los comportamientos que, con frecuencia, la debilitan. 
Conscientes, sin embargo, de las diferencias, incluso profundas, que existen entre nosotros en torno a este tema, considero que han de aceptarse las opciones de la señora ponente, orientadas a garantizar, al fin y al cabo, una prestación- prescindiendo de que sea de carácter social, asistencial o económico- a estas familias que sufren algunas carencias. Y la diferencia se convierte en aún más dramática cuando nos enteramos de que el 85 % de estas familias monoparentales tiene a una mujer como responsable. 
En este caso, nos enfrentamos a unas dificultades que son psicológicas, económicas y sociales y que precisan una política específica, de distintas políticas como distintas son las situaciones que las originan. 
El informe propone una lista de estas posibles medidas que no voy a repetir. 
Estimo, no obstante, que debo subrayar que, con gran sabiduría, el informe rechaza la solución asistencial y, por lo tanto, prevé medidas en materia de responsabilidad personal de los padres y, al mismo tiempo, rechaza el prejuicio que considera que quien necesita una prestación es sólo un parásito a quien se le debe obligar a trabajar y a arreglárselas por sí mismo. 
En muchas ocasiones, arreglárselas por sí mismo no es posible y es por ello que estos instrumentos son útiles. 
Europa tiene su propia civilización en este campo y considero que forma parte de su identidad el hecho de mantener fuertemente unidos el sentido de la responsabilidad y de la solidaridad. 
Señora Presidenta, no todo son desgracias en las familias monoparentales. 
Usted y yo sabemos que puede haber calor y alegría en el hogar y que la madre esté activa en el mercado de trabajo. 
Pero en este excelente informe de la Sra. García Arias se trata precisamente de un gran grupo de familias muy vulnerables, porque, como ya se ha dicho, entre el 80 y el 90 % de las familias monoparentales son mujeres. 
La concesión de unos ingresos mínimos pude parecer a corto plazo la mejor solución tanto para las autoridades públicas como para la madre, pero a largo plazo esto no ayuda a nadie. 
Con esas medidas sólo se consigue crear dependencia económica y social que no hace bien ni al padre o la madre solos ni a los hijos. 
Por eso abogamos- y creo que todos los grupos están de acuerdo -, no por paternalismo, sino por apoyo activo, buenas guarderías, incentivos para la formación con cuidado de hijos durante la formación y ayudas para buscar empleo. 
Sólo así estas familias pueden recuperar a largo plazo su independencia económica y social. Así evitamos que se vean marginados de la sociedad. 
Así ayudamos a los hijos, que deben crecer en un entorno que requiere una cierta seguridad y que les sirva de imagen para su propia vida, para que no caigan en un círculo vicioso. 
La individuación de la seguridad social es esencial, a juicio de mi grupo. 
Les encomiendo que acepten la enmienda 1 al apartado 19 presentada por Mimi Kestelijn, mi compañera de grupo. 
Sin embargo, consideramos que el apartado 20, que propone que la situación de las familias monoparentales debe tener prioridad sobre las consideraciones del déficit público, entraña un peligro. 
La reducción del déficit público y la adaptación íntegra a los criterios de la UEM repercute en beneficio de todos los ciudadanos, incluidas las familias monoparentales. 
También rechazamos el modelo de Estados Unidos. 
El modelo británico es un intento de enfoque estructural, porque debemos evitar que, en la familia monoparental, la madre sea una víctima indefensa. 
A través de nuestras medidas estructurales, debemos velar por que se convierta en un miembro activo de la sociedad. 
Este es el camino que debemos seguir, también recurriendo a los Fondos estructurales. 
Comisario Flynn, sin cuotas, no queremos cuotas ahora, porque queremos dar un oportunidad al mainstreaming. Pero contamos con usted para que muchas madres solteras puedan tener oportunidades gracias a los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. García Arias plantea el cambio de estructura social y demográfico de la Europa actual y la necesidad de adaptar los servicios y recursos a esta nueva realidad. 
Hablar de este informe es hablar de la precarización del empleo de la mujer, de la escasez de servicios que facilitan la integración de la mujer en el campo laboral y del olvido por parte de las políticas, tanto estatales como comunitarias, de fomentar la igualdad con medidas reales y efectivas. 
En las enmiendas a este informe yo creo que hay dos visiones: una, que podríamos llamar conservadora o clásica, protectora de la familia, que admite la figura monoparental como un mal existente que debemos paliar, pero no admitir con normalidad; y otra visión- yo la llamaría «progresista» -, que admite este nuevo modelo familiar, resultado de la evolución de la sociedad y de la economía, a la que hay proteger y respetar. 
Las enmiendas que hemos presentado, y que han presentado los otros grupos progresistas, creo que se enfrentan muy bien a la situación de precariedad que sufren las familias monoparentales, forzando a las instancias públicas a reconocer las carencias y a presentar soluciones. 
También consideran que las familias monoparentales pueden ser resultado de una elección personal y, del mismo modo, necesitan una fuerte estructura de apoyo. 
Señora García Arias, la felicito por su informe, por esa visión progresista que le ha sabido dar, pero, además, también porque ha sabido consensuar otras visiones que creo que harán posible que esta Asamblea lo vote mayoritariamente, y yo, desde luego, le avanzo nuestro voto positivo. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar a la Sra. García Arias por su excelente informe. 
Es un informe muy completo que nos ofrece una idea acerca de la forma en que los Estados miembros y la Unión Europea podrían ayudar a las familias monoparentales, que constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 
Ahora bien, quisiera hablar concretamente de su referencia al Reino Unido, que, cosa curiosa, desea que desaparezca del texto. 
Me hago cargo de lo embarazoso que esto es para mis antiguos camaradas laboristas, y comprendo que deseen que se elimine esa referencia. 
Lo cierto es que lo que ha dicho es totalmente exacto. 
El Reino Unido ha cortado el pago de prestaciones para familias monoparentales como parte de sus procedimientos de ahorro presupuestario, pero también como consecuencia de su compromiso ideológico respecto de un modelo de doctrina laboral. 
O sea que en el Reino Unido hay en la actualidad un elemento de coerción: o uno acepta la capacitación, la educación o el trabajo, o a uno le cortan o le reducen las prestaciones. 
Esto no está lejos de la otra modificación hecha por la Sra. García Arias, que consiste en eliminar el ejemplo de los Estados Unidos. 
He sido profesor e investigador en los Estados Unidos. 
He sido testigo directo del desarrollo de la doctrina laboral. 
He visto a mujeres que se levantaban a las cinco de la mañana para llevar a sus hijos a las guarderías infantiles a fin de poder ir a trabajar o a aprender o a capacitarse, porque la alternativa en todos estos casos es quedarse sin prestaciones. 
El Presidente de los Estados Unidos, Sr. Clinton, está en una situación delicada a causa de un problema sexual de poca importancia, pero el verdadero motivo de queja que tengo contra él es que se trata del más reaccionario de todos los presidentes americanos en lo que se refiere a las familias monoparentales y la ayuda social. 
Ha reducido el programa AFDC y lo ha limitado a dos años. 
Las consecuencias de esta acción han sido cruciales para las familias monoparentales, a cuyo frente está generalmente una mujer, y les ha obligado a aceptar puestos de trabajo mal remunerados, condiciones laborales próximas a la esclavitud, o a veces planes de capacitación que son sumamente inadecuados. 
Por eso me parece que deberíamos dejar esas referencias en el texto. 
Las dos son muy apropiadas. 
Por último, éste es el sexto informe de que he hablado hoy en nombre del Grupo de los Verdes. 
Quizá pudiéramos preguntar a los servicios del Parlamento si he batido algún récord. 
Señor Presidente, la situación de muchos viudos y viudas en Europa, cuando tienen a su cargo niños de corta edad, necesita un progreso indispensable de nuestras legislaciones en su favor. 
Para las mujeres o los hombres divorciados con niños a su cargo la situación es también muy difícil, y es preciso observarla, afinar la ley teniendo en cuenta diferentes situaciones. 
Pero no puedo permitir que se diga que ya no hay modelo familiar y que todos los modelos familiares son equivalentes. 
Se trata de un discurso de adulto que exige irresponsabilidad, pero para los niños es preferible con todo tener un padre y una madre y que los dos asuman no sólo su vida material sino su educación. 
Que la familia monoparental resulte de accidentes de la vida- viudez, divorcio, etc -, de acuerdo, pero que se presente como un modelo alternativo la monoparentalidad decidida- se trata con frecuencia de mujeres- que eso sea resultado de una decisión como otra y que necesitaría que la sociedad se organizara en consecuencia, en ese caso digo que no. 
Señor Presidente, señora García Arias, quiero decir que apruebo su informe, pero que en los debates de las familias políticas siempre incurrimos en el mismo error: hablamos de los derechos de la madre, también de los derechos del padre, pero omitimos los derechos de los hijos. 
Considero que los hijos de madres solteras tienen exactamente los mismos derechos que los niños que tienen padre y madre, es decir, el derecho a la educación, el cuidado y la protección de su madre. 
No obstante, me parece que en el informe falta una referencia a que la madre debe tener el derecho a permanecer en casa con sus hijos pequeños si así lo desea. 
Al igual que las madres que tienen un matrimonio feliz y no tienen preocupaciones económicas. 
Me siento orgullosa de que Austria conceda una verdadera libertad de elección. 
Las madres casadas perciben un subsidio durante seis meses de 5.700 chelines austriacos, es decir, más de 17.000 francos belgas. 
Insto a todos los Estados miembros a que sigan el ejemplo. 
El presente informe señala, Sra. García Arias, que a menudo las madres solteras están en el paro, tienen escasa cualificaciones y no tienen derecho a subsidio porque nunca han trabajado. 
Me gustaría citar el ejemplo de la actual Presidencia del Consejo en asuntos de la familia. 
Actualmente en Austria intentamos establecer un derecho a percibir un subsidio para todas las madres, incluidas estudiantes, campesinas, empresarias y para las mujeres que tienen poca formación o eran muy jóvenes para haber trabajado previamente. 
Estas mujeres también deben percibir el subsidio, deben tener derecho a quedarse en casa a cuidar de los hijos, al igual que las mujeres en situación acomodada que tienen un matrimonio feliz. 
Pido a todos los Estados miembros que hagan esto y se dejen de declaraciones grandilocuentes. 
Señor Presidente, tengo que decir que estoy especialmente contenta por haber obtenido tiempo para intervenir justamente sobre este tema, ya que en Suecia estamos en una campaña electoral que concluye con las elecciones del domingo, cuyo último tramo ha tratado justamente de las madres solas, y que en el último minuto se ha descubierto que ellas también tienen derecho a voto. 
En primer lugar, permítanme expresar mi satisfacción por este informe. 
Especialmente me gusta que no se haga de las familias monoparentales un chivo expiatorio en estos tiempos de ahorro y recortes, dejándose en claro, lo cual me parece absolutamente correcto, que vamos a llevar adelante una política basada en la solidaridad y no en el castigo. 
He optado por dedicarme, en este corto tiempo, a un asunto del que hemos hablado muchas veces, a saber, el servicio de guarderías pero, tal vez, desde un ángulo diferente. 
Cuando hablamos de combatir el desempleo, solemos referirnos a las inversiones en infraestructuras como un medio muy eficaz. 
Construimos ferrocarriles, carreteras, puentes y aeropuertos- que son proyectos que demandan mucho capital- con dinero de los contribuyentes y con grandes aportaciones de maquinarias por cada aportación humana. 
Las inversiones públicas en asistencia y cuidados son vistas como cargas. 
¡Pero esta manera de pensar es errónea! 
Por cada corona de los contribuyentes que se invierte conseguimos mucho trabajo realizado. 
Se crean puestos de trabajo, se libera fuerza de trabajo, se amplía la esfera social de los niños y de sus padres y, además, da a la sociedad enormes conocimientos sobre cómo podemos llegar a ser mejores padres. 
¡Lamento que no tenga más tiempo de uso de la palabra! 
Quisiera dar gracias a todos los que han participado en este debate. 
La sociedad europea está cambiando y el interés por la situación de las familias y sus repercusiones para la política social y del empleo se ha manifestado en diversos foros. 
Parece haber una convicción cada vez mayor de la necesidad de aumentar la cooperación internacional en las cuestiones relativas a la familia como parte del esfuerzo mundial encaminado a promover el desarrollo y el progreso social. 
Aunque la Comunidad no posee ninguna competencia directa en la esfera de la política familiar, ha prestado una atención cada vez mayor a las tendencias sociales y económicas de la sociedad, pues afectan a las familias. 
Los Estados miembros tienen diversas formas de enfocar la función del Estado en la vida económica y social, el lugar de la familia en la sociedad y sus derechos y obligaciones, los papeles del hombre y la mujer en la familia y los derechos del niño. 
Agradezco muchísimo a la Sra. García Arias su informe sobre todas estas cuestiones. 
La familia es y ha sido siempre un valor esencial para los ciudadanos de Europa, aunque su forma varíe y cambie. 
Se están desarrollando nuevos modelos. 
Las familias monoparentales representan una forma y plantean la cuestión íntegra de la igualdad de oportunidades. 
El informe dice con toda claridad algo que todos sabemos: que la inmensa mayoría de las familias monoparentales tienen a su frente una mujer. 
La política comunitaria sobre la igualdad de trato para hombres y mujeres no contiene un componente específico para las familias monoparentales pero tiene repercusiones cruciales para su situación, especialmente por lo que se refiere a la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar, que es un desafío común a todas las cuestiones sociales. 
Los cambios en la composición de la fuerza de trabajo, nuevas formas de organización laboral, la reestructuración de la protección social, cambios en la distribución de los cuidados familiares entre hombres y mujeres, todas estas cuestiones poseen una importantísima influencia sobre la vida de las familias monoparentales y, en particular, de las madres que se hallan en esa situación. 
La Directiva relativa a la maternidad, la Directiva relativa al permiso parental, y la Directiva relativa al trabajo a tiempo parcial son, todas ellas, buenos ejemplos de la voluntad de la Unión Europea de apoyar a los hombres y a las mujeres en su papel de progenitores. 
Las recomendaciones sobre protección de los hijos sugieren que se adopten medidas para cuidarse de los hijos cuyos progenitores estén empleados o capacitándose, para que el lugar de trabajo atienda mejor a las necesidades de los trabajadores con hijos y para conseguir que los hombres participen en el cuidado de los hijos. 
Hemos prestado especial atención a esa cuestión cuando los ministros y grupos interesados se reunieron, particularmente en Belfast y después en Innsbrück. 
Las directrices laborales de 1998 son importante porque proporcionan un importantísimo impulso al objetivo consistente en conciliar el trabajo y la vida familiar, para beneficio de todos los progenitores. 
Otro importante aspecto de la vida de las familia monoparentales de que también se ocupa usted, Sra. García Arias, en su informe, es el hecho de que hay el doble de familias monoparentales en situación de pobreza y exclusión social que de familias con padre y madre. 
Ésta es una estadística muy inquietante que también han mencionado otros oradores. 
Por eso lo considero como uno de los grupos que hemos de tener muy presentes ahora que nos estamos preparando para adoptar medidas contra la exclusión. 
Tengo la intención de hacer algo realmente positivo respecto de estas cuestiones cuando el Tratado quede ratificado, en el marco del nuevo artículo 137. 
Así se hará tan pronto como se haya saldado el proceso de ratificación. 
Me alegra poder decir que nuestros planes dieron ayer un importantísimo paso adelante. 
Conseguí el acuerdo de mis colegas para volver a comenzar a hacer desembolsos en el marco de tres de los renglones presupuestarios para 1998 que habían quedado bloqueados a raíz del dictamen del Tribunal en mayo, o sea que ya podemos iniciar acciones preparatorias que más tarde desemboquen en programas desarrollados en el marco del artículo 137 cuando el proceso de ratificación quede finalizado. 
Pero ya este año voy a empezar a hacer algo en esa dirección. 
Espero que en 1999 podamos utilizar las nuevas facultades que nos reconoce el Tratado para colocar a la lucha contra la exclusión en el lugar que le corresponde: exactamente en el centro de la política comunitaria. 
Vale la pena mencionar que el Tratado nos ha dado la autoridad de hacerlo sin miedo de que luego nos critiquen, lo que no puede sino beneficiar a las familias monoparentales. 
La situación social y política ha experimentado profundos cambios durante el último decenio. 
Nuevas pautas familiares, nuevos conceptos del papel del hombre y de la mujer se han planteado. 
La Unión Europea posee una importante función que desempeñar para identificar las analogías y las diferencias en la forma en que los Estados miembros reaccionan ante esos cambios. 
También podemos fomentar un debate sobre la familia a lo largo y ancho de la Unión, estimulando a los Estados miembros a que compartan informaciones y mancomunen sus experiencias sin por ello dejar de respetar el principio de la subsidiariedad. 
La verdadera amenaza con que nos enfrentamos es la pobreza. 
Una buena protección para el niño, como dice la Sra. Gröner, es absolutamente esencial y está recibiendo ahora gran atención como cuestión fundamental que merece que los Estados miembros la tengan en cuenta. 
Todos se han comprometido a hacerlo. 
Sometámoslos ahora a una prueba. 
Por último, la Sra. Larive resumió lo que tenemos que hacer cuando dijo que deberíamos dar una posibilidad a la integración. 
Ése será el lema de las directrices de 1999: demos una verdadera posibilidad a la integración aprovechando para ello al máximo la estrategia de empleo de la Unión Europea, logrando que los fondos sean más sensibles a ese concepto, y sirviéndonos del apoyo del Tratado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas. 
Política pesquera común: evolución del control 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0277/98) del Sr. Provan, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la evolución del control en el marco de la política pesquera común. 
Señor Presidente, en primer lugar diré que me alegra que tengamos ante nosotros este informe de la Comisión. 
Es un informe que nos será de utilidad en las discusiones que constantemente tenemos con la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. 
Esta tarde me llamó por teléfono la Comisaria Bonino, para disculparse por no poder estar aquí con nosotros. 
Tiene una serie de cuestiones importantes de que tratar y me hago cargo de las molestias que le ha ocasionado el hecho de que la llamen para que vaya a Bruselas. 
No nos quejamos de lo ocurrido y le damos la bienvenida a usted, Comisario Flynn. 
Después de este informe examinaremos el informe del Sr. Teverson, que pone en práctica alguna de las ideas que este Parlamento desearía discutir acerca del control de la pesca. 
Este Parlamento estima que sus actividades están impulsando a la Comisión a tratar de conseguir un mejor control de la política pesquera común. 
Admitimos que el control requiere el apoyo de la industria y que, en estos momentos, no contamos con ese apoyo por parte de los propios pescadores. 
Los pescadores estiman que el control es excesivo y burocrático y, realmente, no lo aceptan. 
Estimamos, por lo tanto, que es preciso adoptar medidas extraordinarias y nos parece sorprendente que la Comisión no esté facultada para tener acceso instantáneo y directo a las bases de datos de los Estados miembros relativas a la política pesquera. 
Hay que corregir esta situación. 
No creemos que los datos deban estar en general a disposición de los Estados miembros pero nos parece que la Comisión debería tener, sin duda alguna, acceso a esos ficheros y a esos datos que son necesarios para poder ejecutar debidamente el control de la política pesquera común. 
Otra cosa que el Parlamento preconiza firmemente es la existencia de sanciones comunes para faltas comunes. 
Espero que la Comisión pueda empezar a adoptar medidas para lograr que la jurisdicción de los tribunales de los diferentes Estados miembros se coordinen hasta el punto de que podamos contar con prácticas comunes para casos de faltas comunes. 
El principal problema que tenemos con los mecanismos de control en las aguas de la Comunidad Europea se debe al hecho de que tenemos un exceso de capacidad pesquera en nuestras flotas. 
Esto aumenta la presión sobre los bancos de peces y es un incentivo para que los pescadores no observen las reglas. 
La Comisión preconiza muy acertadamente que el control eficaz no es más que una parte del problema general y que la capacidad excesiva de las flotas comunitarias se traduce en el problema que acabo de describir. 
En la presente situación hay una serie de deficiencias que la Comisión reconoce y que nosotros reconocemos también en el Parlamento. 
No poseemos un verdadero estándar común en los diversos Estados miembros, que nos permitiría saber lo que es cada cosa. 
Por ejemplo, no hay medidas normalizadas de la potencia de los motores, no hay definición común de lo que constituye una inspección adecuada en el mar, ni lo que son transbordos fraudulentos de capturas y de qué forma habría que vigilarlos, ni tampoco tenemos una definición común de lo que es una inspección adecuada en puerto. 
Nuestros controles para vigilar y determinar la llegada adecuada del pescado a tierra son inadecuados, y también lo son los que tenemos para el seguimiento del pescado hasta la plaza de mercado y, por último, al consumidor. 
Las sanciones que se aplican en los distintos Estados miembros son muchas y muy diversas. 
¿Qué ha hecho la Comisión para implantar mecanismos de control en los Estados miembros? 
¿Qué ha hecho cuando un Estado miembro no cumple las normas vigentes? 
No sé- y la Comisión de Pesca tampoco lo sabe- lo que la Comisión hace para tratar de imponer la reglamentación que tenemos en la actualidad. 
Si, para empezar, se nos dan algunas respuestas a estas preguntas, podremos mejorar la situación entre todos. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero agradecer al Sr. Provan su completo informe sobre la evolución del control en el contexto de la política pesquera común. 
A mi juicio, y al nuestro, es un excelente informe. 
Es una pena que lo examinemos estando el hemiciclo prácticamente vacío. 
Seguramente no será hoy la última vez que debatamos los problemas que plantea un control efectivo de la política pesquera común. 
La Comunicación de Comisión demuestra lo importante que es regular los controles. 
Si la han leído atentamente, verán la envergadura de las dificultades, sobre todo en los aspectos críticos. 
Una deficiencia del sistema de control es la aplicación no uniforme en los Estados miembros. 
No es así como vemos la situación, sino que nos adherimos plenamente a las observaciones del ponente. 
Aunque se plantean problemas a nivel comunitario, la responsabilidad directa de la supervisión corresponde a los Estados miembros. 
Esta apreciación de la Comisión muestra claramente dónde se plantean fundamentalmente los problemas. 
Es evidente que la Comisión desempeña un papel importante en la coordinación a escala comunitaria. 
A nuestro juicio, esta competencia debe extenderse no sólo a supervisar los controles nacionales y a garantizar la transparencia y la equidad, sino que debe exigir a los Estados miembros: a iguales infracciones, sanciones correspondientes. 
Para la eficacia y aceptación del sistema de control es importante la participación de las asociaciones, el acceso a los datos nacionales en caso de sospecha, el establecimiento de una red eficaz de puestos de control entre los Estados miembros y, sobre todo, el trato equitativo. 
Un tema de especial explosividad es el de los controles de barcos de terceros países. 
Aquí también se plantean problemas especiales. 
Sabemos que no hay un control absoluto y que tampoco lo habrá en el futuro. 
Con sólo utilizar eficazmente los instrumentos existentes y mejorarlos ya sería posible una mejora del sistema actual. 
Apoyamos plenamente las peticiones del ponente y consideramos, no obstante, que es necesario hacer mucho más, pese a ciertos avances anteriores que no deben ignorarse. 
Señor Presidente, hoy es el primer debate sobre la pesca que se celebra en el Pleno en ausencia de nuestro amigo Allan Macartney. 
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero felicitar al Sr. Provan por su magnífico informe. Es analítico, crítico y positivo. 
Nuestro problema fundamental en la política pesquera común es, en última instancia, la explotación ineficaz de los recursos pesqueros. 
Pese a todos los esfuerzos de todos estos años no nos ha sido posible crear un equilibrio duradero entre los recursos y las capturas. 
Con algunas excepciones, prácticamente todas las especies están más o menos agotadas. 
El mayor obstáculo a una adecuada explotación de nuestros mares es la sobrecapacidad de la flota pesquera. 
Está por verse si podremos solucionar definitivamente este problema para el periodo de 1997-2001 con el programa orientativo plurianual MAP IV. 
Entre tanto, debemos recurrir a otros medios. 
En este contexto, la política de control de la Comunidad Europea, de la que son responsables principalmente los Estados miembros, desempeña un papel decisivo en la gestión de los mares, aspecto que sigue constituyendo el elemento central de nuestra crítica. 
En su informe, la Comisión Europea ha identificado los puntos débiles. 
Por ejemplo, existen problemas de normalización entre los Estados miembros en la determinación del rendimiento de las máquinas. 
Los Estados miembros no cumplen los requisitos de registro de las notificaciones de llegada. 
La lista es aún mucho más larga y me llevaría más de los tres minutos que me corresponden. 
En cualquier caso, tenemos la impresión de que los Estados miembros no cumplen los requisitos de una política de control estricta y consecuente. 
De las visitas de nuestra delegación y de las conversaciones con los pescadores, en la Comisión de Pesca sabemos que los pescadores consideran sumamente injusto sentirse discriminados. 
Esta no es una buena base. 
Siempre hemos sido de la opinión- y el Sr. Provan lo subraya en su informe- de que una adecuada política de control sólo debe afectar a los productores. 
Por ello, en el informe quisiera apoyar explícitamente las propuestas de reforzar la economía pesquera e incluir en la política de control a las organizaciones de productores. 
El informe recoge elementos positivos y pide que se aprovechen las experiencias positivas del pasado, por ejemplo, los controles realizados últimamente por las organizaciones pesqueras internacionales como la OPANO. 
Además, en el informe se incluyen otras observaciones constructivas para un control aún más eficaz de la política pesquera. 
Por tanto, en nombre del grupo del PPE, les pido que aprueben este excelente informe. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Sr. Provan por este importantísimo informe. 
La política pesquera común es una de las pocas políticas comunes con que contamos en la Unión Europea y por eso el Parlamento europeo, la Comisión y el Consejo de Ministros tienen una función muy importante que desempeñar en materia normativa. 
Me parece que los requisitos para tener una buena normativa es que podamos medir lo que hay que medir (lo que no siempre suele suceder) , que la normativa se aplique por igual en toda la Unión (lo que no sucede en el caso de la política pesquera común) , que en todas partes haya las mismas posibilidades de aplicar sanciones cuando proceda aplicarlas y que las sanciones por contravención sean aproximadamente iguales en toda la Unión. 
No es eso lo que sucede con la política pesquera común y este documento y la normativa que, espero, venga a continuación, tratan de lograr lo que acabo de decir. 
Al principio del año la presidencia británica insistió en que había que cambiar la situación. 
El documento de la Comisión es algo menos firme pero sigue diciendo " sí, vamos a mejorar las cosas». 
Dentro de un par de meses nos ocuparemos de la propuesta de la Comisión, que es algo más suave. 
Insto al Consejo de Ministros- que, naturalmente, no están aquí- y también a la Comisión para que conserven su voluntad y su determinación y aborden el problema. 
Hay dos esferas fundamentales: la primera es la igualdad en el cumplimiento de la ley a lo largo de toda la cadena de suministro hasta el mercado. 
En segundo lugar, hemos de lograr que nuestros propios inspectores tengan verdaderos poderes equivalentes a los de los inspectores nacionales y puedan imponer la uniformidad que todos queremos. 
Señor Presidente, Señorías, las acciones de control de la aplicación de la política de pesca sólo surtirán, en mi opinión, efectos palpables para el ejercicio de una pesca responsable y que respete los recursos, en caso de que se integren en una serie mucho mayor de medidas prácticas para el sector. 
De hecho, no basta con controlar. 
Es necesario hacer participar a todos los interesados en el debate, en la divulgación y en la aplicación de las acciones de control. 
De hecho, no es suficiente fiscalizar. 
También es necesario, simultáneamente, garantizar la estabilidad en el sector, introduciendo medidas sociales y financieras que compensen la disminución de los esfuerzos de pesca. 
Como también es fundamental mantener el statu quo actual sobre el acceso a los recursos, y volver transparentes y justos los sistemas de desembarque, importación, primera venta, transporte y comercialización de pescado. 
Y a propósito de eso, y para corroborar que es preciso tener una visión global y no aislada del control, he de decir y citar a Sus Señorías a propósito un caso lamentable que ocurrió hace dos días en mi ciudad natal, en Portugal, con la destrucción de un camión de pescado español. 
Creo que sólo la desconfianza respecto de la eficacia y la transparencia de las acciones de control puede explicar- naturalmente, no puede justificar- esa acción. 
Porque, además de la pérdida de rentas, existe una desconfianza cada vez mayor sobre el origen real del pescado, no se comprende, por ejemplo, ni es fácilmente aceptable que sea legal pescar jurel en el Mediterráneo con 12 cm y sólo sea legal pescar jurel en el Atlántico a partir de los 15 cm. Por tanto, sólo la desconfianza puede explicar la rebelión de los pescadores de mi tierra natal. 
Si el control entre el desembarque y el local de venta fuese fiable y eficaz, si hubiera uniformización en la dimensión mínima del pescado, no existiría desconfianza y no habría ocurrido ese lamentable incidente. 
A eso se debe la necesidad que tenemos todos de profundizar en las medidas de control, volviéndolo transparente, eficaz y justo, pero no olvidando que, simultáneamente, tenemos necesidad de aplicar otras medidas prácticas que garanticen la estabilidad del sector y la renta de sus profesionales. 
Señor Presidente, no podemos olvidar que el problema de la industria pesquera de todo el mundo es el exceso de pesca y el exceso de capacidad. 
Quisiera recordarles lo que Patricia McKenna dijo el año pasado al final de su informe: que los pescadores se ven obligados a hacer trampa para poder cumplir sus obligaciones financieras. 
El Sr. Provan lo ha dicho en términos más diplomáticos, al hablar de incentivos para que los pescadores no cumplan las normas. 
El concepto de inspección se ha mencionado muy acertadamente. 
En los Estados miembros se cumplen de forma desigual las normas, hay controles inadecuados de las capturas desembarcadas, y las sanciones en caso de incumplimiento de las normas son, si me permiten que utilice un eufemismo, sumamente diferentes. 
Por lo tanto, un control y una vigilancia eficaces son uno de los pilares fundamentales de la política pesquera común. 
Tanto el informe anual como el control han demostrado que hay mucho que cambiar antes de que el control sea adecuado. 
Nos agrada particularmente el documento de debate de la Comisión, que es el tema del informe del Sr. Provan. 
Ese documento indica claramente las mejoras introducidas en el control a lo largo de los últimos años, así como los numerosos fallos. 
Apoyamos en general lo que la Comisión dice en ese documento, así como las propuestas concretas encaminadas a modificar el reglamento de control que ha presentado recientemente. 
Apoyaremos el informe Provan. 
Estamos de acuerdo con el Sr. Provan en que el control eficaz seguirá siendo algo problemático mientras haya semejante exceso de capacidad en las flotas de la Unión Europea, pues los barcos se construyen para que vayan a pescar, y no para amarrarlos junto al muelle. 
Ahora bien, este debate ha tendido a centrarse demasiado en el control en las aguas de la Unión Europea, y no se ha prestado la suficiente atención al control de las actividades de la Unión Europea en aguas internacionales y en las aguas de terceros países. 
Por ejemplo, deberíamos ejercer plena y sistemáticamente nuestra responsabilidad del Estado del pabellón. 
El código de conducta de la FAO para la pesca racional requiere que los Estados que autoricen que enarbolen sus pabellones los barcos de pesca y los barcos de apoyo pesquero, ejerzan un control eficaz sobre esos barcos a fin de velar por la debida aplicación del código. 
También deberíamos ayudar a los Estados costeros a ejercer sus derechos de control. 
En vez de limitarnos a darles dinero y papeles, tenemos que darles también verdaderas capacidades. 
Señor Presidente, como el ponente recuerda pertinentemente, el Parlamento Europeo ha señalado desde hace tiempo que la mejora de las acciones de control condicionaba en buena medida la eficacia común de la pesca. 
Pero el mejor de los controles, debo recordar, es el que es fiable, equitativo, poco oneroso y que sólo provoca pequeños problemas suplementarios a los pescadores, al ser el conjunto de problemas que soportan especialmente intenso. 
En las observaciones que formula en la conclusión de su exposición de motivos, nuestro ponente señala también de forma pertinente que la Comisión en su comunicación olvida lo que es quizá esencial. 
Para que una política de control funcione debe conseguir y conservar la adhesión de los pescadores. 
Éstos han de estar convencidos de la legitimidad de las medidas de control que se les apliquen y de que se han aplicado con equidad y justicia. 
En el informe que presenté, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el control por satélite, insistí al mismo tiempo en la necesidad de esos controles, de su fiabilidad, en el alivio que deberían facilitar, pero también en las garantías reales en materia de aplicación equitativa de esos controles, que han de darse a los pescadores para convencerlos de su conveniencia. 
Es también importante asociar al máximo a los pescadores en la elaboración y definición de las medidas de control, que han de ser lo menos «impuestas» posible. 
La primera enmienda que presenté sobre este informe con mi colega James Nicholson, pretende precisamente señalar la importancia de la equidad de los controles. 
Un número importante de pescadores de los Estados miembros se ven empujados a faenar regularmente en las mismas aguas y extrayendo de los mismos recursos. 
No se debe provocar que los pescadores de un Estado miembro puedan tener dudas o sospechas en cuanto a la eficacia de los controles ejercidos sobre los pescadores que pertenezcan a otro Estado miembro; si no, la incertidumbre alimenta temores que no siempre están fundados. 
Es por tanto indispensable perfeccionar las modalidades de control, pero para hacerlo no creo, al contrario que el ponente, en la necesidad de reclutar un ejército de controladores comunitarios. 
Considero que los controles han de seguir siendo efectuados por los estados miembros y que el refuerzo de la inspección comunitaria ha de incidir sobre la realidad de los controles nacionales y los métodos utilizados. 
Son indispensables una limpieza y una armonización de las modalidades de control. 
Algunas zonas pesqueras además están controladas en exceso, mientras que otras lo están muy poco. 
Hay reequilibrios indispensables que operar. 
Ésta es la razón de ser de la segunda enmienda que he presentado sobre un informe globalmente satisfactorio. 
Señor Presidente, me satisface el documento de la Comisión. 
Como representante de los pescadores irlandeses el documento no me crea ninguna dificultad. 
Agradezco al Sr. Provan su informe, que es reflejo adecuado de la opinión casi unánime de la Comisión de Pesca. 
En cuanto a los problemas que plantea, como por ejemplo las diferentes especificaciones para medir la potencia de los motores, he tenido ya ocasión de escuchar las quejas de nuestros propios pescadores. 
Esto es motivo de graves malentendidos y desconfianzas. 
La necesidad del seguimiento del pescado capturado hasta la plaza de mercado para cerciorarnos de que sabemos exactamente de dónde viene el pescado que se vende en un mercado determinado, es importantísima. 
Ese dato es bueno para el mercado, bueno para los precios y creará una situación más clara en la que será más fácil mantener los precios. 
Conocemos el problema del pescado del mercado negro y lo perjudicial que puede ser para un mercado en un momento dado. 
Como siempre, la principal dificultad es la confianza de los pescadores. 
Me supongo que sucede lo mismo en Escocia que en la costa occidental de Irlanda: nos enfrentamos con una grave desconfianza. 
Hasta cierto punto, y quizá involuntariamente, esa desconfianza la fomentan los departamentos y autoridades nacionales que presentan a la Comisión como la fuerza opresiva que es responsable de todas las reglamentaciones. 
No se dan cuenta de que principalmente es el acuerdo unánime del Consejo de Ministros lo que se traduce en la preparación de normas que la Comisión procura supervisar y hacer cumplir. 
A menudo esta situación no se percibe con claridad. 
Muy a menudo, cuando las noticias son malas y hay restricciones, provienen de la Comisión, pero cuando se produce una situación como la que teníamos recientemente en Irlanda, en la que se anunció la concesión de 60 millones de ecus para el desarrollo de la flota de pesca del corégono, entonces los que se ponen en evidencia son los ministerios nacionales, y no la Comisión o el Parlamento que proporcionan el dinero y diseñan los planes. 
Eso es parte del problema con que tropezamos. 
Por último, como nos gustaría que hubiere una especie de regionalización, me parece que un límite de 30 millas sería utilísimo para dedicar la buena voluntad de los pescadores a la labor de reorganización. 
Señor Presidente, les diré que mi colega Emma Bonino se disculpa: le hubiera gustado estar aquí. 
De todos modos, me agrada poder ocuparme de este informe. Me interesa personalmente y sé de qué trata, pues provengo de la costa occidental de Irlanda, que es eminentemente pesquera. 
A la Comisión le satisface la respuesta positiva del Sr. Provan a nuestra comunicación. 
En cuanto a la vigilancia de la pesca, el principal interés de la Comisión es evitar cualquier nueva enmienda de las normas existentes que no sea rigurosamente necesaria y que no encaje bien en la estrategia general. 
Una estrategia para mejorar la vigilancia de la pesca requiere, en primer lugar, una firme voluntad política y, después, recursos humanos y materiales adecuados. 
Requiere una organización eficaz y un buen conocimiento por todos de lo que está en juego. 
El objetivo de la Comisión, por consiguiente, era llevar a cabo un examen detallado que rebasara los límites de los informes anuales de vigilancia, que no nos permiten dar marcha atrás para estudiar a fondo lo que ha sucedido. 
Ésa es la finalidad de la comunicación que estamos examinando hoy en esta sala. 
La Comisión quisiera, por lo tanto, destacar en primer lugar los importantes progresos que se han conseguido. 
La aplicación de recientes decisiones, particularmente acerca de la utilización de satélites, acelerará mucho esos progresos. 
Ahora bien, si nos fijamos en la ejecución de las diversas partes de la política pesquera común, desde la vigilancia de la flota, que se mencionó, hasta los mercados, que también se mencionaron, veremos que en diversos sectores se requieren todavía algunas mejoras de importancia. 
No bastará con poner en práctica lo que se haya decidido. 
Dejando al margen los detalles técnicos, hay dos problemas principales: ya han sido mencionados, pero no está de más que yo también los especifique. 
Esos problemas son los siguientes: una falta de transparencia entre los Estados miembros, y una falta de cooperación que se registra a menudo dentro de los propios Estados miembros. 
Teniendo presente lo que acabo de decir la Comisión ha propuesto ya dos documentos que tratan de componer y configurar una estrategia y una política generales: la propuesta en favor de modificar el reglamento que establece un sistema de control y, en segundo lugar, el plan de acción para mejorar la aplicación de la política pesquera común, abarcan los temas principales que se mencionan en esa comunicación. 
La Comisión aprecia sobremanera la acogida positiva que la comunicación ha tenido en este Parlamento. 
Tomamos nota de las nuevas sugerencias que se han formulado durante el debate, que nos ayudarán a buscar una forma de apoyo constructiva. 
He oído lo que ha dicho el Sr. Provan acerca de la adopción de medidas contra los Estados miembros. 
No olvidemos que en este caso necesitaríamos pruebas jurídicamente inatacables y que carecemos de los poderes necesarios para obtenerlas. 
Los poderes en materia de inspección son escasos, y la labor de la Comisión será mucho más eficaz si, además del derecho reconocido a no dar previo aviso, los inspectores de la Comunidad pudieran recoger información con más libertad, a fin de determinar cualquier deficiencia de los sistemas nacionales de control. 
Con esto mejoraría mucho la situación. 
A continuación viene la cuestión del acceso a la información y a las bases de datos. 
En la propuesta que seguirá a la actual tenemos todo eso en cuenta; me parece que será muy útil. 
Creo que el Sr. Teverson se ha percatado muy bien de que no podemos actuar en igualdad de condiciones en todos los parámetros. 
Ése es en realidad el problema. 
Personalmente, destacaré la posibilidad de seguir la cadena hasta el propio mercado. 
En la actualidad no se hace así. El Sr. McCartin también ha mencionado esta cuestión. 
Sería una buena manera de comprobar todo el sistema. 
Nos gustaría poder hacer algo para mejorar esa situación. 
Por último, se han examinado otras iniciativas, además de las mencionadas. 
Nos gustaría aprovechar al máximo el gran potencial disponible gracias al uso de nuevas tecnologías. 
Los satélites y el tratamiento de datos son dos posibilidades que todavía no se aprovechan al máximo. 
En esta esfera podríamos mejorar también la situación. Quizá pudiéramos estudiar la posibilidad de financiar investigaciones en esa esfera y algunos estudios. 
En el futuro quinto programa quizá podamos dar mayor prioridad a la cuestión de los controles. 
Me gustaría que así fuera. 
Por último, quizá podamos organizar una conferencia internacional para el año que viene, que nos brinde muchas conclusiones y recomendaciones positivas que configuren la estrategia para lo que todo el mundo desea: que, como ha mencionado el Sr. Teverson, podamos actuar en igualdad de condiciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.45 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, en el acta de ayer no consta mi presencia. 
Pido por favor que se corrija porque estuve aquí todo el día. 
Usted fue incluso quien dirigió la sesión. 
Creo que todos podrían confirmarlo. 
¿Hay alguna otra observación? 
Señora Presidenta, quiero felicitar al Parlamento por la incomprensible decisión que se tomó anoche con el informe del Sr. Scarbonchi para incrementar el número de puestos de trabajo en 12 millones desde 1995 hasta 1996. 
Ahora tengo mucha curiosidad por ver cuándo decidirá el Parlamento Europeo posponer con un año el año 2000. 
Señora Presidenta, ayer se tomó una fotografía en este hemiciclo. 
No quiero hacer de esto un problema, pero podríamos obtener garantías de que la fotografía no se utilizará con fines públicos y, en caso de que lo fuera, podría asegurarse la Mesa no sólo de que esto no vuelva a suceder, sino además de que el diputado sea sancionado, habida cuenta de que ha asegurado a la Asamblea que la fotografía es únicamente para uso personal. 
Nuestro colega ya dijo ayer que se trataba de una foto privada. 
Señora Presidenta, a la luz de este incidente, ¿podríamos también obtener garantías de que tampoco se realizarán llamadas privadas desde los teléfonos móviles en este hemiciclo? 
Me hago cargo de su preocupación. 
El Sr. Kerr tiene la palabra. 
Señora Presidenta, en el Acta de ayer podrá ver que intervine en seis ocasiones en nombre del Grupo de los Verdes sobre seis informes diferentes. 
¿Pregunté si ello constituía un récord. 
¿Han tenido los servicios tiempo de comprobarlo? 
Ha sido muy amable de su parte que nos haya ayudado a resolver algo que no se hace necesariamente por sí sólo. 
(El Parlamento aprueba el Acta.) 
Votaciones 
La ponente me ha comunicado que las palabras " como por ejemplo el Reino Unido» aparecen por error en el Considerando F y deben ser tachadas. 
Señora Presidenta, soy miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer y coordinador del Grupo de los Verdes. Puedo recordar que esta modificación no fue votada en comisión. 
Quisiera pedir que no se retire del informe y que aceptemos el informe con las palabras "el Reino Unido» y" los Estados Unidos». 
Es un intento de mis colegas del Nuevo Laborismo de no avergonzar al Gobierno británico. 
Debemos dejar el informe tal cual y someterlo a votación tal como está. 
De lo contrario, solicitaré que se escuchen todas las cintas de los procedimientos en comisión para demostrar que en comisión no se hizo esta enmienda. 
Sugiero que dejemos el informe tal cual y que lo sometamos a votación como está. 
Señora ponente, ¿cuál es su opinión al respecto? 
Señora Presidenta, sinceramente me sorprende esta reacción del Sr. Kerr porque él debe recordar perfectamente que el día que votamos en comisión parlamentaria este informe acordamos, y así lo votamos, eliminar las alusiones a países. 
Efectivamente, en el proyecto inicial venía así, no solamente en estos dos párrafos sino en otros párrafos, pero en comisión alcanzamos el acuerdo al que me he referido- y debe estar recogido en el acta de la reunión-. 
Por ello, le ruego al Sr. Kerr que haga memoria del día de la votación. 
Por lo tanto, no solamente en el Considerando F sino también en el apartado 12 habría que corregir que criticamos «los modelos» y no «el modelo» y eliminar por tanto la referencia a los Estados Unidos. 
Gracias, señora garcía Arias. 
Señor Kerr, la supresión del texto no tiene, pues, nada que ver con el Reino Unido, sino que en general no aparece mencionado ningún país. 
Señora Presidenta, sugiero que la mejor forma de solucionar esto es tratarlo como una enmienda oral de la ponente. 
Si la Asamblea acepta la enmienda oral, puede ser sometido a votación de esa manera. 
Si hay doce diputados que se oponen, no se acepta. 
No está claro lo que usted está proponiendo. 
La Comisión- como nos ha explicado la ponente- ha encontrado una solución clara, que concuerda también con lo que aquí se habló, y sobre ello no pueden permitirse más enmiendas. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución.) 
Para responder mejor a las necesidades reales de nuestras sociedades, parece necesario aclarar algunos conceptos, como el de familia monoparental: ¿se trata de una viuda o un viudo con hijos a su cargo, de una mujer o un hombre divorciados con hijos, de madres solteras con uno o varios hijos, etc? 
Tanto si es el resultado de infortunios de la vida o de la elección personal de una mujer, la situación de monopaternidad es siempre difícil de sobrellevar, tanto en el plano material, como en lo que se refiere a la educación de los hijos, como subraya la ponente en repetidas ocasiones. 
Por ello no comprendo que se rechacen nuestras enmiendas en las que, por el bien material y moral de los hijos, pedimos una política de prevención para evitar, en la medida de lo posible, situaciones de monopaternidad a través de una educación sobre la responsabilidad. 
Treinta años después de 1968, resultan cada vez más claras las consecuencias desastrosas de una falsa liberación sexual. 
Informe Provan (A4-277/98) 
Felicito al Sr. Provan por un informe excelente que refleja la opinión generalizada de que la vigilancia de la pesca necesita ser mejorada, si queremos conservar los recursos pesqueros y proporcionar un medio de vida a las futuras generaciones de pescadores. 
En este informe, el Sr. Provan hace hincapié en un punto importante de la estrategia que, con demasiada frecuencia, parece estar apartado del pensamiento de la Comisión, a saber, la necesidad de contar con los pescadores. 
Con ello, convertiremos a los pescadores en socios en igualdad de condiciones en el procedimiento de vigilancia, en vez de lo que puede parecer a veces, el objeto de una operación de espionaje. 
La vigilancia pesquera sólo será un éxito total, una vez que los propios pescadores confíen plenamente en el procedimiento. 
Debo decir que es difícil pensar sobre este tema sin considerar también el rumbo político que sigue la política de pesca de la UE. 
Aquellos de nosotros que representamos a zonas en las que el sector pesquero ha sufrido las consecuencias de la toma de decisiones a nivel político, no podemos evitar preguntarnos si una vigilancia inteligente no compensaría el daño que ha ocasionado la apertura de nuestros caladeros a todos y cada uno. 
Dicho esto, ciertamente acojo con satisfacción las propuestas encaminadas a endurecer la vigilancia de los buques de terceros países que operan en aguas de la UE. 
Es un informe de utilidad que da solidez a la continua insistencia del Parlamento para que la Comisión se esfuerce en corregir las carencias de la PCP. 
Espero que estemos asistiendo al inicio de una nueva actitud de la Comisión de escuchar al Parlamento en este tema. 
Este informe contiene muchas ideas y propuestas buenas. 
Sin embargo, echo en falta una actitud crítica respecto de la política pesquera de la UE en su conjunto. 
Es esta política la que conduce al agotamiento de los recursos en grandes áreas de las costas de África. 
Esta situación básica no se altera mejorando los controles sino únicamente mediante un cambio de política. 
Acuerdo de pesca CE/Madagascar 
Conforme con el orden del día, ahora viene el debate sobre el informe A4-0282/98 del Sr. Gallagher sobre la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Madagascar sobre la pesca de altura frente a Madagascar durante el período comprendido entre el 21 de mayo de 1998 y el 20 de mayo de 2001 (COM (98) 0390- C4-0456/98-98/0217 (CNS) ). 
Señora Presidenta, en primer lugar, deseo manifestar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que me han ayudado en la elaboración de mi informe y, en particular, a la secretaría de la comisión, a los miembros de la Comisión de Pesca, que han participado activamente en los debates en comisión, al personal de la Comisión y, naturalmente, a los autores de las opiniones en nombre de la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
El presente informe está basado en la propuesta de la Comisión para la renovación del Protocolo anejo al acuerdo pesquero entre la UE y la República de Madagascar por un período de tres años comprendidos entre mayo de 1998 y mayo de 2001. 
Éste será el quinto de estos protocolos, el primero de los cuales se celebró en 1986. 
El presente protocolo es un protocolo exclusivamente atunero y afectará a 45 buques congeladores y a 30 palangreros. 
La captura autorizada será de 9.500 toneladas. 
El coste global del acuerdo para la Comunidad se elevará a 2, 28 millones de ecus durante un período de tres años. 
La compensación financiera será de 912.000 ecus, lo que corresponde al 40 % del coste global. 
El resto se utilizará para financiar medidas de ayuda al sector pesquero malgache, a través de la financiación de programas de investigación científica y de vigilancia, como operaciones de inspección y vigilancia. 
Es de vital importancia financiar las ayudas al desarrollo de las pesquerías costeras artesanales. Estas ayudas incluyen asimismo créditos para la formación de pescadores de las regiones costeras de Madagascar. 
Es importante observar que, por primer vez, la financiación se vincula a la obligación legal, por parte de las autoridades malgaches, de presentar a la Comisión un informe anual detallado sobre la utilización de los fondos asignados a los programas científicos, los programas de vigilancia y la asistencia técnica. 
El desembolso de los créditos está vinculado a la aplicación de estas medidas, lo que supone un avance gratificante. 
La Comisión puede pedir información complementaria y la Unión puede bloquear las partidas si la información complementaria no le parece satisfactoria. 
Es una medida que se ajusta perfectamente a la opinión del Parlamento y que además garantizará la total transparencia, algo que es absolutamente fundamental. 
Para garantizar que las autoridades malgaches y la población de Madagascar se beneficien de este acuerdo, los buques comunitarios deberán obtener los servicios y los suministros necesarios de las autoridades malgaches. 
Este Protocolo prevé la ampliación del acuerdo a otras actividades pesqueras, que aunque no se especifican, se hace clara alusión a la pesca de camarones, de alto valor económico y que en el presente está regida por acuerdos con particulares. 
Este acuerdo internacional de pesca proporciona a algunos buques de la Unión la oportunidad de explorar recursos fuera de la zona de la Unión, y proporciona a nuestros buques el derecho de faenar en aguas de terceros países, paliando así la presión a la que están sometidos muchos de nuestros caladeros comunitarios. 
La posibilidad de faenar en zonas de exclusión de terceros países no debe estar limitada únicamente a los buques de algunos Estados miembros. Debe estar abierta a todos los buques comunitarios con capacidad para recorrer grandes distancias y capturar los recursos afectados. 
Los países que tradicionalmente no tienen derecho, deben gozar de las mismas oportunidades y no deben verse privados de explotar los caladeros de atún y de especies migratorias que tocan las aguas de varios Estados costeros entre los meses de marzo y junio de cada año. 
Sólo un sistema de gestión a nivel regional de cooperación garantizará el buen estado del recurso. No necesito recordar a esta Asamblea la importancia de conservar los recursos renovables. 
Todos somos guardianes y debemos garantizar que dichos recursos estarán disponibles para futuras generaciones. 
Quienes mejor lo entienden son nuestros pescadores, que quieren asegurarse el mantenimiento de los recursos para su generación y futuras generaciones. 
Para terminar, he presentado una serie de enmiendas. Dichas enmiendas se ajustan al pensamiento del Parlamento, que solicita información detallada y coherente. 
Recomiendo el informe a la Asamblea y le pido que considere detenidamente mis enmiendas, que en mi opinión, mejorarán el informe. 
Señora Presidenta, estimados colegas, en nombre de la Comisión de Presupuestos quisiera felicitar sinceramente a nuestro colega Gallagher por su informe. 
Esta vez se puede felicitar también a la Comisión, cosa que no es frecuente. 
Uno se alegra siempre cuando los funcionarios muestran tener capacidad de aprendizaje, y por primera vez ha conseguido la Comisión en el caso de Madagascar no dejar pendientes las negociaciones hasta el último momento sino dos meses antes de que expirase el protocolo. 
Claro que nosotros habríamos estado encantados de tenerlo listo 4 o´6 meses antes del fin del protocolo, para que así hubiésemos podido terminar a tiempo el procedimiento legislativo, pero dos meses son en cualquier caso un primer paso en la dirección correcta, correcta, claro, en la dirección del code of conduct. 
También nos habríamos ahorrado gustosamente esa única y provisional utilización del protocolo. 
Así no se daría de nuevo la situación de que siempre hemos de dar una y otra vez nuestra bendición a hechos ya acordados, porque esto restringe notablemente- como todos ustedes saben- nuestros derechos como parte de la autoridad presupuestaria competente. 
Una cuestión más. 
Naturalmente que nosotros, en cuanto Comisión de Presupuestos, tenemos otra opinión en materia de clasificaciones. 
Para nosotros, naturalmente, los recursos para acuerdos de pesca internacionales siguen sin parecernos vinculantes, incluso aunque una parte de los colegas de la Comisión de Pesca lo vean de manera diferente. 
En todo caso, quisiera dejar esto claro otra vez. 
Esto vale, por supuesto, para el acuerdo con Gabón sobre el que deliberaremos después. 
Sin embargo, seguro que en el próximo procedimiento legislativo no podremos aclarar esto. 
Se tratará entonces de esperar al próximo acuerdo interinstitucional. 
Señora Presidenta, en su excelente informe y en su intervención de esta mañana, el Sr. Gallagher nos ha presentado con toda claridad los temas sobre el acuerdo pesquero con Madagascar. 
El Grupo Socialista acoge con gran satisfacción el hecho de que las nuevas negociaciones sobre los acuerdos pesqueros con terceros países garanticen, cada vez en mayor medida, que los beneficiados de dichos acuerdos son los países afectados, en particular sus comunidades pesqueras, y no sólo sus gobiernos. 
Como explicaba el Sr. Gallagher, el Gobierno malgache debe informar sobre la utilización que hace de los fondos que recibe bajo el presente acuerdo. 
Estas medidas de salvaguarda son, en buena medida, fruto de las presiones del Parlamento. 
Este acuerdo concreto exige que los armadores de los atuneros comunitarios que faenan en aguas malgaches aporten contribuciones financieras a los pescadores malgaches y en caso de no contratar a trabajadores locales. 
Sólo determinados buques podrán adquirir las licencias de pesca, que no serán transferibles. 
No podemos sobreexplotar nuestras aguas y, a continuación, explotar las de otros pueblos, si queremos conservar los recursos pesqueros. 
Las enmiendas del Sr. Gallagher fueron aprobadas en comisión y cuentan con el pleno respaldo del PSE, porque garantizan que se mantendrá plenamente informado al Parlamento sobre el cumplimiento del presente acuerdo. 
No obstante, nos oponemos a la enmienda del ELDR, porque probablemente tendría como resultado la escasa rentabilidad de los buques comunitarios, salvo en años excepcionalmente buenos, por lo que muchos no adoptarían este acuerdo. 
El propio Madagascar se vería privado de las ventajas que el presente protocolo ofrece a su comunidad pesquera. 
Señora Presidenta, yo quiero en primer lugar felicitar a los dos ponentes que esta mañana presentan sus informes en este Pleno, los Sres. Gallagher y Girão Pereira, por el buen trabajo que han realizado en sus informes sobre los acuerdos de pesca con la República malgache y la República gabonesa. 
Me gustaría señalar que ambos acuerdos suponen una continuación de la política pesquera común de la Unión Europea en cuanto a acuerdos internacionales de pesca, y contribuyen a consolidar estos acuerdos como uno de los pilares fundamentales de la política pesquera común que, como ya se ha señalado en el informe Crampton de este Parlamento, sigue siendo condición fundamental para intentar reducir el déficit comercial de la Unión Europea y salvaguardar el empleo, tanto directo como indirecto, en la pesca y en la industria del sector pesquero en la Comunidad, lo que afecta fundamentalmente a regiones periféricas y con atraso económico, muy dependientes de la pesca. 
Quería señalar, en lo concerniente al informe Girão Pereira, relativo al acuerdo de pesca con la República de Gabón, que se trata de un acuerdo nuevo, exclusivamente atunero, de una duración de cinco años, que supone una financiación de 9.000 toneladas negociadas. 
Pero hay que señalar que, de manera incomprensible y preocupante, se introduce por primera vez en este tipo de acuerdos un incremento de la financiación a cargo de los armadores, pasando de 20 a 25 ecus/tonelada y reduciendo, consecuentemente, la aportación comunitaria de 80 a 75 ecus/tonelada. 
No encuentro justificación al respecto. Y, en caso de que la hubiese, pienso que dicho aumento debería ir siempre acompañado de un aumento correlativo de la capacidad de pesca para los armadores, así como de una mayor participación de éstos en las negociaciones, en consonancia con su mayor contribución. 
Por lo que respecta al informe Gallagher, sobre la celebración de un nuevo protocolo en relación con la República de Madagascar, hay que señalar que se trata también de un acuerdo eminentemente atunero en el que se ha mantenido el número de pesqueros cerqueros y se ha aumentado el de palangreros de superficie, así como las posibilidades de pesca de 9.000 a 9.500 toneladas. 
El coste total del acuerdo se ha aumentado ligeramente, pero conviene señalar que, a diferencia de lo que habíamos señalado con el acuerdo de Gabón, la Comisión respeta los límites de financiación por parte de los armadores hasta ahora utilizados en todos los acuerdos de este tipo. 
En este sentido, los armadores contribuirán con 20 ecus al coste de cada tonelada, mientras que la Comisión lo hará con 80 ecus por tonelada. 
Me gustaría, para finalizar, señalar como muy positivas las enmiendas aprobadas en la Comisión de Pesca, en relación con este informe del Sr. Gallagher, en las que se pide la emisión de un informe de la Comisión durante el último año de vigencia del protocolo sobre la aplicación y condiciones de ejecución del acuerdo, así como acerca del desarrollo de las negociaciones con vistas a la renovación del mismo, que se remitirá al Parlamento y sobre cuya base éste podrá emitir recomendaciones y pedir que las mismas se tomen en cuenta antes de la conclusión de las negociaciones. 
A pesar de que la comunicación entre las instituciones ha mejorado desde el anterior protocolo, gracias a la aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la información de la autoridad presupuestaria sobre los acuerdos pesqueros de 1996, dicho intercambio aún no llega a ser óptimo. 
Esta nueva colaboración que propone el informe del Sr. Gallagher y que fortalece la participación del Parlamento Europeo podría suponer una mejora sustancial en el procedimiento de adopción y ejecución de los acuerdos internacionales de pesca. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando a los ponentes por este buen informe. 
Estos acuerdos entre la Unión Europea y algunos países en desarrollo se sienten como un éxito. 
Deseo subrayar que en esta clase de acuerdos se trata de encontrar un equilibrio entre diversos intereses: por una parte los intereses económicos- un acuerdo de carácter comercial- y por otra los intereses medioambientales, es decir, manipular un recurso de modo que se pueda explotar sostenidamente durante largo tiempo. 
En tercer lugar, se trata de dar ayuda para el desarrollo a países del Tercer Mundo. 
Este equilibrio no es especialmente fácil de alcanzar. 
No quiero decir que ya lo hayamos logrado, pero, en cualquier caso, avanzamos en la dirección correcta. 
Quisiera subrayar que la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha señalado que no se presta la debida atención a los aspectos regionales en materias de investigación y administración. 
Es importante que la Comisión lo tenga presente cuando continúe su trabajo en este contexto. 
Permítanme también comentar la propuesta liberal que implica que los pescadores no recibirían subvenciones en este contexto. 
Las subvenciones son necesarias en casos en que la pesca o la agricultura carecen de fuerza para sobrevivir en la fuerte competencia internacional. 
Esas subvenciones deben desaparecer en el largo plazo. 
Señora Presidenta, le pido que me permita volver a este asunto cuando se discuta el próximo informe, puesto que respecto de él existe una propuesta de enmienda similar. 
Señora Presidenta, cuando se debatió el anterior acuerdo de pesca con Madagascar, hace más de dos años, el Parlamento Europeo lo criticó mucho, tanto por el contenido como por el procedimiento, porque en realidad no tenemos ni voz ni voto en esta cuestión. 
El ponente pidió que se rechazara el acuerdo pero la mayoría del Parlamento no estuvo de acuerdo con eso. 
Sin embargo, los socialistas declararon, entonces por boca del Sr. Baldarelli, que iba a ser el último acuerdo que aprobarían. 
Desde entonces han apoyado cada acuerdo. 
¿Pero qué está ocurriendo sobre el terreno? 
Si se comparan los dos acuerdos, constatamos que todavía no hay una estructura de gestión regional adecuada, que siguen faltando unas medidas eficaces de control, que el Parlamento sigue solamente siendo consultado. 
Sí nos parece positivo que por fin se haya llegado a una ampliación de la zona dentro de la cual se puede pescar, es decir de dos millas a doce millas. 
Iba siendo hora porque en muchos otros acuerdos esto ya estaba recogido desde hace mucho. 
Dado que se trata de nuevo de un acuerdo en el que sobre todo están contemplados los túnidos, debemos resaltar la cuestión de que el uso de determinados tipos de redes, es decir las redes de saco, sí acarrea problemas de by catch y en este caso no me refiero a los delfines, porque en esa región no constituyen ningún problema. 
Sin embargo, hay un estudio muy reciente de científicos franceses del que se desprende que se capturan muchas otras especies como la dorada, la caballa y la palomida por mencionar sólo unas cuantas. 
Además, existe el problema del atún muy joven que se captura demasiado pronto. 
Algunas de estas especies las capturan también los pescadores artesanales y por ello sí hay un impacto de nuestras explotaciones pesqueras en las posibilidades de los pescadores locales. 
Es también llamativo que, mientras en la mayoría de los acuerdos atuneros se debe contratar a dos pescadores locales por barco, en este acuerdo se contemplen sólo dos por la flota entera. 
O sea, en lo que respecta a nosotros, esto debe mejorar claramente en cuanto al control. 
Por lo tanto, apoyamos la enmienda liberal porque va en la buena dirección y porque debe haber una mayor participación de los armadores. 
Señora Presidenta, el debate que hoy dedicamos a dos acuerdos de pesca de la Unión Europea, uno con Madagascar y el otro con Gabón, gira en torno a los acuerdos sobre la pesca del atún, exclusivamente, en cuanto a Gabón, y fundamentalmente, en el caso de Madagascar. 
Este debate tiene lugar dos días después de la reunión del intergrupo sobre la conservación y el desarrollo sostenible, que permitió poner de manifiesto los efectos beneficiosos de nuestros acuerdos de pesca, a la vez para el desarrollo del sector atunero euro-ACP y para el de los países en vías de desarrollo signatarios, especialmente aquellos que disponen de puertos frecuentados por los buques con licencia. 
Éste es el caso, en particular, de Madagascar, con Diégo-Suarez, o como en Abiyán, como en Dakar, como en Mahé, como en Gana y en Mauricio, los acuerdos de pesca han permitido crear en tierra actividades industriales importantes y con un número significativo de puestos de trabajo. 
El sector del atún tropical en los países ACP de desembarque se ha convertido así en un factor central del desarrollo económico local. 
El buen funcionamiento de este conjunto económico se basa en una articulación entre el capítulo acuerdo de pesca de la Política Común de Pesca y las disposiciones arancelarias del Convenio de Lomé, que permiten la importación en la Comunidad, libre de aranceles, de conservas de atún producidas en los países ACP. 
El desarrollo de este sector atunero en el océano Índico y el océano Atlántico descansa asimismo en la explotación moderada de los recursos de la pesca de altura, muy abundantes y sujetos a un seguimiento científicamente minucioso, en particular, por parte del Orstom francés y el IEO español. 
Este tipo de pesca, por tanto, no entra en competencia con las actividades alimenticias de las pescas artesanales locales, que pueden continuar así utilizando con toda tranquilidad y en toda justicia sus redes de arrastre a la deriva. 
El sector atunero euro-ACP es uno de los grandes logros, a la vez, de nuestra política de pesca y de nuestra política de cooperación. 
La totalidad de los profesionales y las autoridades nacionales contratantes se felicitan por el buen funcionamiento de estos acuerdos y piden que el actual equilibrio económico del sector del atún no se haga peligrar, que no se debilite en el marco del nuevo Convenio de Lomé. 
Desean con toda legitimidad la implantación de un régimen específico apropiado, que deberá definirse en el período de transición para el nuevo convenio, y que incluya, en particular, el mantenimiento del tratamiento preferente de Lomé para el atún transformado, especialmente con respecto al SPG, habida cuenta de que esta disposición ha permitido desarrollarse a nuestro sector de cara a los gigantes asiáticos, como Tailandia, Filipinas e Indonesia, el gigante asiático del atún. 
Nuestro Parlamento deberá, por tanto, permanecer muy atento a esta cuestión, al igual que en lo relativo a la propensión de la Comisión a conceder excepciones a diestra y siniestra, sin preocuparse siempre por sus efectos sobre el sector de la pesca: SPG droga, contingentes anuales, acuerdos comerciales con diversas zonas regionales, como el Mercosur, que encierran el riesgo de crear competencias directas e insostenibles para nuestros asociados ACP del Convenio de Lomé. 
Hay que evitar que este tipo de iniciativas no destruyan el acervo alcanzado en el marco de la PCP y de los acuerdos de Lomé. 
Antes de cada una de estas negociaciones, especialmente en el sector de la pesca, es imprescindible que se realicen estudios de impacto serios, que incluyan a la vez los intereses de la economía europea y los intereses de los países signatarios de Lomé. 
Para terminar, acojo con mucho interés, al igual que los ponentes, las disposiciones de los nuevos acuerdos con Madagascar y Gabón en materia de control, de formación y de estudios científicos, que representan el 60 % de la contrapartida financiera total y que siguen creciendo. 
La aparición por primera vez en un acuerdo pesquero de un capítulo de desarrollo de la pesca artesanal me parece igualmente una primicia muy positiva. 
En definitiva, señora Presidenta, estos dos informes son buenos y merecen la aprobación de nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Gallagher por su informe. 
Ciertamente, la gran cantidad de información detallada que ofrece, nos permite evaluar la situación. 
Generalmente no faltan los que sostienen que estos acuerdos pesqueros son un favor a una región determinada de la Comunidad. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Gallagher en señalar que son principalmente los españoles, franceses y portugueses los que explotan las posibilidades, pero no creo que en los Estados miembros del norte haya muchas personas que estén en condiciones de explotarlas, incluso aunque dispusieran de toda la información y tuvieran oportunidad de hacerlo. 
Observo en las cifras que el precio por tonelada parece haber descendido. 
Me pregunto por qué pagamos menos en este acuerdo que en el anterior, y por qué hemos incrementado el número de buques en aproximadamente 30 palangreros, además de los atuneros congeladores que formaban parte del primer acuerdo. 
No obstante, acogemos con satisfacción las mejoras incorporadas en el presente acuerdo que tienen por objeto conservar los recursos pesqueros de la zona y pasar del límite de dos millas, que nunca deberíamos haber permitido, al de 12 millas. 
Esta medida ofrece mayor protección a los pescadores locales, que son perfectamente capaces de explotar todos los recursos dentro de dicho límite. 
Si no tuviéramos este acuerdo, no se conservarían estas especies migratorias en beneficio de los pescadores locales y probablemente serían explotadas en cualquier caso. 
Madagascar saca unos beneficios de esto que, de otro modo, no obtendría, por lo que su economía se ve beneficiada en cierta medida. 
Se trata de fondos relativamente pequeños si los comparamos con las ayudas regionales que se conceden a cualquier puerto pesquero de la Comunidad. El presente acuerdo nos proporciona pescado por un valor aproximado de 10 millones de ecus. 
Si deducimos los costes relativos a su captura, es evidente que no se trata de una gran cantidad de ayuda regional, pero todos estos pequeños acuerdos deben contemplarse en el contexto del conjunto. 
Preferiría que existiera mayor transparencia respecto al número de buques que faenan en dichas aguas. 
Resulta muy difícil saber qué sucede cuando se conceden licencias a 70 u 80 buques para capturar una cantidad tan pequeña de peces. 
Señora Presidenta, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Gallagher, el ponente, por este informe sobre la propuesta de la Comisión para la renovación del acuerdo atunero con Madagascar por un período adicional de tres años. 
A pesar de que la República de Madagascar debería estar autorizada a servirse de los procedimientos del presente acuerdo de la manera que estime más oportuna, me complace comprobar que la mayor parte- el 60 %- del paquete remunerativo total, que se eleva a 2, 28 millones de ecus, se destinará a la investigación científica, la conservación y la formación y, por consiguiente, beneficiará directamente a las regiones costeras y a las personas que las habitan. 
La ayuda financiera directa y la transferencia de tecnología y conocimientos expertos a los países en desarrollo son los distintivos de la política de desarrollo de la Unión Europea. 
Me complace comprobar que nuestros acuerdos de pesca con los países en desarrollo combinan cierta ayuda financiera con el compromiso de mejorar las estructuras y los servicios para la formación, y de proporcionar mejores oportunidades para los pescadores locales. 
No obstante, podemos y debemos hacer más, en el marco de los acuerdos pesqueros y de nuestra política de desarrollo integral. 
A menudo, terceros países como Madagascar no tienen capacidad para supervisar o dirigir las actividades de las flotas pesqueras de la UE. 
En realidad, muchas administraciones de los Estados miembros tampoco están en condiciones de controlar sus actividades. 
No obstante, debemos encontrar un sistema que permita a los países afectados y a la Comisión supervisar eficazmente los acuerdos pesqueros y garantizar que no se produce una sobreexplotación de los recursos limitados. 
La pesca excesiva o la sobreexplotación de cualquier recurso limitado dañara dicho recurso en detrimento de todos, por lo que es absolutamente insostenible. 
Existe un ámbito en el que podemos ayudar en mayor medida a terceros países. Debemos conceder a los pesqueros locales una zona exclusiva mayor en la que poder faenar. 
La actual práctica de proporcionar una zona de 10 millas puede y debe ser ampliada a 15 millas, sin serias desventajas para las flotas de pesca de altura de la UE. 
Esta medida proporcionaría a los intereses pesqueros locales un mayor radio de acción y una base más sólida sobre la que planificar sus inversiones. 
Señora Presidenta, la Comisión desea agradecer al Sr. Gallagher este excelente informe sobre las nuevas condiciones de pesca aprobadas por la flota comunitaria en aguas de Madagascar. 
También agradezco a los diputados que han felicitado al personal por sus esfuerzos en relación con estos acuerdos y el éxito que están obteniendo. 
La Comisión considera que estas medidas permitirán una explotación más eficaz del acuerdo, en consonancia con los principios fundamentales para la conservación de los recursos. 
La Comisión considera asimismo que el nuevo protocolo con Madagascar contiene importantes características innovadoras, encaminadas a promover una pesca sostenible que sea coherente con la política de desarrollo de la Unión. 
El nuevo protocolo anejo al acuerdo abre por vez primera la pesca en la zona exclusiva de Madagascar a atuneros portugueses e italianos. 
Asigna el 60 % de la compensación financiera, es decir, unos 1, 368 millones de ecus, durante el período de tres años, a objetivos concretos, a saber, investigación científica, vigilancia de las pesquerías, formación y desarrollo de la pesca artesanal. 
Permite asimismo a las autoridades malgaches supervisar los movimientos de los buques comunitarios en la zona, gracias a las nuevas disposiciones en el protocolo anejo sobre procedimientos de control, que incluye la notificación de entrada y salida en la zona exclusiva. 
La Comisión acepta la esencia de las enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca, pero no la forma en que han sido formuladas. 
Quisiera señalar que el Parlamento ya es informado regularmente sobre los niveles de captura en virtud de los acuerdos pesqueros a través de declaraciones e informes a la comisión. 
Por tanto, la Comisión no puede aceptar la enmienda del Sr. Teverson. 
Los acuerdos de pesca se celebran a nivel comunitario y es la Comunidad la que debe hacer efectiva la compensación financiera, y los buques que faenan en las aguas afectadas, deben abonar las tarifas. 
Expresamos nuestro agradecimiento a la Asamblea por su consideración. 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa.) 
No puedo votar a favor de este informe porque, de hecho, ratifica la política pesquera de la UE. 
Es esta política la que actualmente está produciendo agotamiento de los recursos pesqueros en grandes áreas de la costa de África, en este caso Madagascar. 
Además, esta política de la UE conduce al empobrecimiento de las aldeas pesqueras locales. 
Debe revisarse toda la política de la UE en este sector. 
Acuerdo de pesca CE/Gabón 
Señor Presidente, soy un ersatz de mi colega el Sr. Girão Pereira, que debía haber presentado ayer su informe. 
Dado el aplazamiento del informe a hoy y su absoluta imposibilidad de estar hoy presente, voy a intentar substituirlo lo mejor que sepa. 
Tenemos ante nosotros el primer acuerdo con el Gabón que se pone en práctica. 
Ya había habido en 1988 un acuerdo incluso mayor, celebrado para el atún y especies demersales, que nunca fue ratificado por motivos endémicos, motivos políticos, dados los disturbios políticos que surgieron en el Gabón. 
Pero en 1995 el Gabón, como Madagascar, vino a solicitar a la Unión Europea la celebración de un acuerdo para los túnidos. 
En aquella zona están ya en vigor otros protocolos, en particular con Santo Tomé y Príncipe, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial, donde intervienen armadores comunitarios, en particular franceses, españoles y portugueses. 
Así, tiene interés relevante que este acuerdo se celebre para que los armadores completen su zona de actuación y, al ser los túnidos una especie migratoria, para que consigan cerrar la zona y, naturalmente, ser más eficaces. 
Hay que poner de relieve que este acuerdo, contrariamente a otros, no es problemático, pues la actuación de los barcos se sitúa en alta mar y a 12 millas de distancia de la costa y, evidentemente, no entra en conflicto con la pequeña flota pesquera artesanal del Gabón, constituida por barcos que todos nosotros conocemos- los portugueses, muy en particular- en nuestras propias costas. 
Se trata de un acuerdo con una amplia duración de cinco años y con una contrapartida financiera de 810.000 ecus en los tres primeros años, para un total de capturas que debe sumar 9.000 toneladas al año. 
Por otro lado, la Comunidad se compromete a contribuir con 1.215.000 ecus a la aplicación en iniciativas relacionadas con la preservación de los recursos pesqueros de la zona, con la ayuda científica y técnica al sector de la pesca en el Gabón, en particular con programas científicos y técnicos destinados a mejorar el conocimiento de los recursos, con programas de protección y vigilancia de las zonas de pesca y, por último, con becas de estudios y cursillos de formación. 
Me permito hacer aquí una observación de mi cosecha: muchas veces, estos programas no funcionan por culpa de que la Unión Europea no siempre tiene valor para hacer informes que de hecho formulen con cuidado lo que en el terreno- y, en este caso, en el mar- ocurre. 
Mucho de lo que ocurre con dinero mal gastado es consecuencia de la falta de cuidado y de valor por parte de la Comunidad. 
El Gobierno de la República del Gabón queda obligado a transmitir a la Comisión un informe anual sobre la ejecución de esas acciones y sobre los resultados obtenidos, so pena de que, en caso de incumplimiento, no se renueve el pago. 
Se asignan así recursos importantes (casi el 60 % de la contrapartida financiera) a la gestión y preservación de los recursos, a la formación científica y técnica del sector pesquero gabonés, lo que resulta extraordinariamente importante. 
Otro de los aspectos importantes de este acuerdo es el aumento de la participación financiera de los armadores, que pasa de 20 a 25 ecus, o sea, 25 % más por tonelada, con la correspondiente disminución de la participación del presupuesto comunitario, que baja de 80 a 75 ecus por tonelada. 
Por último, quisiera decir que el nuevo acuerdo respeta las conclusiones del Consejo de 30 de octubre de 1997, por lo que estamos a favor de que se lleve a cabo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Sr. Girão Pereira, por su magnífico informe y también, en esta ocasión, a la Comisión por haber negociado un nuevo acuerdo de pesca más que aceptable. 
Pero me gustaría hacer hincapié en un tema que me parece de sumo interés y que seguimos con la máxima preocupación- y siento que los colegas de presupuestos hayan desaparecido de esta sala, señor Presidente -, ya que el acuerdo con Gabón marca un punto de inflexión en la política de acuerdos. 
Este protocolo es el primero en materializar las intenciones de la Comisión de que el coste de los acuerdos sea sufragado en proporción cada vez mayor por los armadores y menor por el presupuesto comunitario. 
El trasfondo de esta iniciativa es más que discutible ya que la pesca es una política común de la que, creíamos, formaban parte inseparable las relaciones internacionales. 
Pero, a pesar de ser excepcional, puedo comprender perfectamente que una parte quede a cargo del beneficiario directo de una política común. 
Lo que no entiendo en absoluto es por qué queda a cargo de los armadores una parte muy importante del coste financiero de los acuerdos de pesca sin ninguna contrapartida para ellos ya que la negociación- como todos ustedes saben- sigue siendo competencia exclusiva de la Comisión. 
Si este es el camino que vamos a seguir, al igual que se reequilibran los gastos- en terminología de la Comisión -, que se reequilibre también el resto de las actuaciones dando a los armadores comunitarios responsabilidades en el campo de la negociación de los acuerdos, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión no siempre negocia de acuerdo con los intereses de este sector. 
Un sector que, no olvidemos, en los acuerdos del tipo que hablamos- acceso a recursos a cambio de compensación financiera- está pagando ya aproximadamente un tercio del coste total de los acuerdos. 
No quiero tampoco que aquí se olvide- y me gustaría contradecir a alguno de los colegas que me han precedido- la discriminación que existe entre armadores de distintos Estados miembros. 
Pero no en el sentido que se ha hablado aquí sino en el contrario, ya que mientras los de algunas flotas, como en este caso, están pagando cada vez más, en otros tipos de acuerdos los armadores se benefician de posibilidades de pesca sin coste alguno- y me refiero a los acuerdos con los países nórdicos, en los que no participan las flotas de los países del Sur-. 
Acuerdos que son además cotos cerrados y exclusivos para unas determinadas flotas sin que el resto de la flota comunitaria tenga la más mínima posibilidad de acceso, y pongo por ejemplo el caso de Groenlandia, mientras que en Mauritania recientemente- y la Comisión me corregirá si me confundo -, en la nueva renovación del protocolo, han entrado como posibilidad de pesca de pelágicos países como Alemania o los Países Bajos. 
Por eso el Consejo, en su reunión de octubre de 1997, pidió a la Comisión que realizara un estudio- un análisis coste/beneficio- sobre los acuerdos de pesca. 
Y a la espera- dicen las orientaciones del Consejo- de las consideraciones políticas que tiene que tomar el Consejo y que de este estudio se deriven ha pedido a la Comisión- y leo textualmente las orientaciones del Consejo- «que estudie en qué medida y por qué medios los armadores que se beneficien de los acuerdos de pesca con terceros países podrían compartir con la Comunidad, con un planteamiento no discriminatorio y de forma equitativa, los costes financieros de todos esos acuerdos tomando en consideración los intereses de la Comunidad y de los armadores comunitarios, así como de los terceros países afectados». 
Creo, por tanto, señor Presidente, que la Comisión ha ido demasiado lejos y, sobre todo, demasiado rápida en este asunto y le pedimos, por tanto, la misma reflexión serena a la que alude también el Consejo. 
Señor Presidente, si en mi intervención anterior me detuve para comentar el equilibrio entre intereses económicos, medioambientales y de ayuda al desarrollo, en ésta quiero hablar de los principios para las subvenciones. 
Naturalmente también deseo felicitar a los ponentes de este informe por el buen trabajo realizado. 
Creo que deberíamos pensar de vez en cuando en que los viejos oficios, es decir, la agricultura y la pesca, eran las actividades que proporcionaban recursos en los albores del industrialismo. 
Fueron esas labores las que alimentaron y educaron a quienes después trabajarían en las industrias y en los servicios. 
Por tanto, se trataba de una subvención que iba desde la agricultura y la pesca. 
Después vino un período intermedio, en el cual nos encontramos todavía, en el que la alta eficiencia nos ha conducido a un aumento de la producción. 
El temor de quedarnos sin alimentos nos ha llevado a que esta producción sea constantemente demasiado alta; se produce una saturación en los mercados mundiales y bajos precios. 
Para que esto no nos lleve a unas reformas estructurales absolutamente disparatadas y anormales, se requiere que los demás paguen algo para mantener lo que es importante mantener dentro de esas antiguas labores; hablo, por tanto, en este caso, tanto de pesca como de agricultura, ya que ambas son comparables y porque nuestra política en esos sectores es comparable. 
Es evidente que a largo plazo debemos llegar a un punto en el que logremos un nuevo equilibrio, en el que podamos borrar las diferencias entre el mercado mundial y los mercados nacionales y en el que puedan participar muchos países. 
En esta situación deberían desaparecer las subvenciones. 
Teverson, que ha escrito una propuesta de enmienda, opina que tenemos que recoger estas ideas, que la pesca debería pagar estos costes por sí misma. 
No obstante, personalmente tengo que reconocer que tengo un contacto con la realidad demasiado cercano como para apoyar esta propuesta de enmienda. 
Por eso me abstengo en la votación de esta propuesta del ELDR, aunque entiendo perfectamente la idea. 
Sin embargo, creo que va a tardar algún tiempo antes de que lleguemos tan lejos. 
Muchas gracias, señor Olsson. 
Señorías, permitan que esta Presidencia, en su condición, al mismo tiempo, de pediatra, salude la presencia en la tribuna de un pequeño de pocos meses, un ciudadano europeo de pocos meses, y le desee que nuestras intervenciones no le produzcan llanto sino un profundo sueño europeo. 
Presidente, un estudio muy reciente del Banco Mundial sobre las consecuencias de las subvenciones sobre el sector pesquero pone bien en orden las consecuencias. 
Se trata de un estudio de abril de este año. 
Según el Banco Mundial las subvenciones sí provocan que las posibilidades pesqueras para los pescadores locales se vean reducidas. 
En la mayoría de los casos, como reza este mismo estudio, no hay ninguna compensación adecuada para el valor económico total del pescado. 
En segundo lugar, el estudio pone énfasis en el hecho de que puede perjudicar las necesidades alimentarias locales y es que las flotas de altura tienden a capturar las especies más lucrativas. 
En tercer lugar, también tiene consecuencias para el comercio, porque casi con toda seguridad se reducen las posibilidades comerciales de las que en realidad tendrían que disponer los países en desarrollo ricos en materias primas. 
Es y sigue siendo una práctica dudosa con la que hay que tener mucho cuidado. 
El Consejo, como ha dicho también la Sra. Fraga Estévez, sí dio en octubre unas orientaciones pero que resultan sin embargo, al estudiarlas más seriamente, demasiado vagas. 
Así, por ejemplo, no se redactan unos criterios claros a los que debería responder un acuerdo. 
Se pronuncia sobre el hecho de que deba haber un reparto más equitativo de los costes entre los armadores y la Comunidad. 
Vemos concretamente que en el Acuerdo de Gabón hay un incremento de los armadores de la aportación de 20 a 25 ecus por tonelada, pero la Comunidad sigue aportando 75 ecus. 
Por lo tanto, en lo que respecta a nosotros, sigue habiendo una necesidad de una especificación mayor, más cautela y mejor control de la función de la perdurabilidad de la pesca. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Girão Pereira su informe, y afirmar que apoyo este acuerdo celebrado en nombre de los pescadores europeos. 
En primer lugar, estamos tratando con un país que no es del todo como los demás países del África subtropical. 
Tiene petróleo y recursos forestales y un PIB per cápita que es el doble del de un país africano medio. 
Por tanto, sus representantes están en mejor situación de defenderse por sí mismos y proponer su propio acuerdo. 
No obstante, me sigue preocupando la limitación de medios de que dispone la Unión Europea para supervisar dichos acuerdos. 
Para esa zona, 9.000 toneladas es un volumen de pesca relativamente pequeño. Y sin embargo, estamos hablando de conceder licencias a 70 buques- 120 toneladas por barco -, en caso de que todos participen. 
No sabemos si capturan 120 toneladas o si doblan esa cifra. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Fraga respecto a si es acertado o no cobrar a los pescadores por el privilegio de faenar. 
La Unión Europea tiene un recurso que nosotros distribuimos libre de costes o tasas entre nuestros pescadores, y nosotros ampliamos dicho recurso a través de estos acuerdos. 
Siempre que los acuerdos sean concebidos de tal manera que causen el mínimo daño a unos recursos que, en ningún caso, vayan a ser utilizados por los pescadores locales, lo razonable es que la Unión pase a otros el derecho a beneficiarse de ellos, del mismo modo que pasamos el derecho a beneficiarse de nuestros propios recursos en nuestras aguas a los pescadores que obtienen las licencias para explotarlos. 
Por tanto, acepto el principio por considerarlo razonable, pero cuando los pescadores de una región determinada vayan a explotar dichos recursos, en algunos casos deberíamos considerar si no nos convendría recuperar el equilibrio de los recursos que existen en nuestras aguas. 
Señor Presidente, la Comisión desea agradecer al distinguido diputado Sr. Pereira su excelente informe, y yo deseo expresar mi agradecimiento personal al Sr. Rosado Fernandes por haberle sustituido hoy, tras una notificación de última hora, en la presentación de este nuevo acuerdo pesquero que hemos celebrado con Gabón. 
El acuerdo facilita el acceso de la flota comunitaria a los recursos migratorios que pasan por aguas gabonesas, y viene a completar los acuerdos atuneros ya celebrados por la Comunidad en el Golfo de Guinea con los países vecinos de Santo Tomé y Príncipe y Guinea Ecuatorial. 
El acuerdo tiene una serie de características especiales, algunas de las cuales son muy innovadoras. 
La subida de tarifas que deben abonar los armadores marca un primer paso hacia una distribución más equitativa de los costes entre la Comunidad y los armadores. 
La promoción de la pesca sostenible en aguas gabonesas está en consonancia con la política de desarrollo de la Unión Europea, en el sentido de que el 60 % de la compensación financiera total se destina a objetivos de ayuda a la industria pesquera gabonesa. Dicha ayuda incluye la investigación y vigilancia de los caladeros, apoyo institucional y formación y participación en la labor de las organizaciones pesqueras internacionales. 
Entre ambas partes existirá una estrecha cooperación sobre los pormenores de esta acción de ayuda. 
La Unión podrá revisar los pagos a la luz de la utilización real. 
Asimismo, existe la prohibición de acceder a la zona costera de 12 millas, lo que permitirá proteger el medio ambiente y la pesca a pequeña escala gabonesa. 
La Comisión acepta la esencia de las tres enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca, pero no la forma en que han sido formuladas. 
Quisiera señalar que el Parlamento ya es informado regularmente sobre los niveles de captura en virtud de los acuerdos pesqueros a través de declaraciones e informes a la comisión. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda del Sr. Teverson. 
Los acuerdos pesqueros se celebran a nivel comunitario. Es la Comunidad la que debe abonar la compensación financiera y los buques que faenan en las aguas en cuestión asumir el pago de las cuotas. 
Deseo agradecer a la Sra. Fraga Estévez su contribución tan considerada. 
Según el acuerdo, cada tonelada de pescado cuesta a los armadores 25 ecus. 
El coste del acuerdo asciende a algo más de 2 millones de ecus para la Unión Europea, lo que supone aproximadamente 75 ecus por tonelada, elevándose la captura total por año a 9.000 toneladas. 
La Comunidad corre con las dos terceras partes de los costes, aproximadamente 50 ecus por tonelada, en comparación con los 25 ecus que deben aportar los armadores, lo que se considera razonable dadas las circunstancias. 
Muchas gracias, señor Flynn. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
No puedo votar a favor de este informe porque, de hecho, ratifica la política pesquera de la UE. 
Es esta política la que actualmente está produciendo agotamiento de los recursos pesqueros en grandes áreas de la costa de África, en este caso Gabon. 
Además, esta política de la UE conduce al empobrecimiento de las aldeas pesqueras locales. 
Debe revisarse toda la política de la UE en este sector. 
Acuerdo interino de comercio CE/República de Azerbaiyán 
Señor Presidente, estimados colegas, en la primera de 1997 el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría el Acuerdo de Asociación y Cooperación con la República de Azerbaiyán. 
El procedimiento de ratificación de ese Acuerdo, que regula la totalidad de las relaciones de la Unión Europea con Azerbaiyán, durará todavía un tiempo. 
Por ello, las partes que no precisan ratificación- como, por otra parte, es habitual en acuerdos semejantes -, a saber, la cláusula democrática, las disposiciones sobre la circulación de mercancías, la competencia y las disposiciones institucionales, entran en vigor en el marco de un Acuerdo Interino. 
En nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores propondré hoy al Parlamento Europeo que aprueben este Acuerdo Interino. 
En el informe inicial de 1997 sobre la cooperación económica con Azerbaiyán, las siguientes directivas propuestas pro mí encontraron la aprobación de este Parlamento: Primero, la necesidad de una cooperación económica y política más estrecha entre la Unión Europea y Azerbaiyán; segundo, la importancia geoestratégica de Azerbaiyán como país rico en petróleo y como enlace de las relaciones económicas de la Unión Europea con las repúblicas de Asia Central; y tercero, la necesidad de apoyar una más estrecha cooperación regional entre las repúblicas transcaucásicas, esto es, Azerbaiyán, Georgia y Armenia por parte de la Unión Europea. Finalmente, el apoyo del proceso de paz para solucionar el conflicto de Nagorno Karabaj. 
En este período la economía de Azerbaiyán ha seguido desarrollándose positivamente. 
La inflación está bajo control, la subida anual de los precios llega sólo a un 3 %. 
La balanza comercial y la presupuestaria están casi equilibradas. 
Aumentos del PIB en torno al 5 % anual han sido la regla desde hace varios años. 
El único punto débil de su economía es la modernización pendiente de la agricultura. 
En el ámbito de la cooperación política, debe seguir de modo intensivo la ayuda técnica para el desarrollo de una administración moderna y de una justicia independiente por parte de la Unión Europea. 
También debe ser desarrollado un marco legal en Azerbaiyán sobre libertad de prensa y de opinión, y asegurar en la práctica una mayor pluralidad de medios de comunicación. 
La ayuda de la Unión Europea mediante ECHO y la ayuda de los Estados miembros, que representa el 75 % de la ayuda total mundial garantizada a Azerbaiyán, deben continuar. 
Un millón de refugiados han de ser mantenidos en el país en las condiciones más difíciles. 
Azerbaiyán es potencialmente un país rico, pero no dispondrá en absoluto de los recursos financieros para mantener a un millón de refugiados hasta que dentro de algunos años pueda obtener rendimiento de sus recursos petrolíferos. 
El Acuerdo Interino es, por tanto, una etapa esencial del posterior reforzamiento de nuestra cooperación con las repúblicas transcaucásicas. Lo consideramos también un incentivo para una próxima regulación del conflicto de Nagorno Karabaj. 
Seguramente habrá nuevos impulsos importantes para la mejora de las redes energéticas y las infraestructuras de transporte transcaucásicas. Azerbaiyán está muy comprometido en ello. 
Con la inauguración prevista para Octubre de 1998 del oleoducto sobre Georgia, Azerbaiyán logrará una mayor independencia económica y también una mayor independencia respecto de sus vecinos del norte y del sur. 
La apertura del espacio del Asia Central sobre las repúblicas transcaucásicas por medio de vías férreas y carreteras, el Proyecto Racika cofinanciado por la Unión Europea, traerá consigo ulteriores impulsos beneficiosos para la economía de Azerbaiyán. 
También forma parte de él una más estrecha cooperación entre Moldavia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán y las repúblicas centroasiáticas para una apertura también de relaciones económicas entre Europa y esa región. 
Este Acuerdo Interino y la ayuda especial a Azerbaiyán son, por lo demás, etapas necesarias para garantizar a Azerbaiyán un grado de apoyo similar como el que se brindó por parte de la Unión Europea a Armenia y Georgia. 
Esperamos que mediante un desarrollo ininterrumpido de la democracia, se pongan las bases para una cooperación estrecha, fiable y duradera entre Azerbaiyán y la Unión Europea en beneficio de ambas partes. 
Apostamos por un desarrollo regional conjunto de la región transcaucásica y ofrecemos nuestra ayuda para que sirva de autoayuda a esa región que desde diversos aspectos ha emprendido el camino del acercamiento político, económico, cultural y social a Europa. 
Señor Schwaiger, quisiera felicitarlo totalmente. 
La salsa y la guarnición son de primera, la preparación cuidadosa. 
Pero desgraciadamente, para seguir con la imagen de esta mañana, el pescado no es fresco y tiene un sabor amargo. 
El Acuerdo Interino es la anticipación de la parte de política comercial del Acuerdo de Asociación y Cooperación. 
En vista de la importancia histórica de los últimos 500 años es sencillamente hipócrita afirmar que el libre comercio genera de algún modo por sí sólo democracia y derechos humanos. 
O bien- no se lo atribuyo a usted, sino a aquéllos que han negociado así el Acuerdo y que ponen tan unilateralmente en práctica la cláusula safety- es una cínica desconsideración de los problemas de la población afectada. 
Seguramente habrá reservas sobre el particular entre los Estados miembros que se quieren sortear mediante este Acuerdo Interino. 
La situación de los derechos humanos es catastrófica. 
El estado de guerra con Armenia continúa pese a todas las exhortaciones de la OCDE en favor de un acuerdo de paz. 
No quisiera entrar ahora en detalles, por lo que daré algunos datos: El 12 de septiembre, la policía maltrató a 34 periodistas en los márgenes de una manifestación organizada por la oposición y se incautó de sus equipos profesionales. 
El 1 de septiembre, el periodista Tai Hamid fue sacado de su coche y maltratado. 
En esta situación deberíamos utilizar los Acuerdos vigentes con la C.E.I.para proporcionar ayuda y seguir impulsando las relaciones, en lugar de emprender este rodeo político-económico. 
Por ello nos abstendremos en la aprobación de su informe. 
Señor Presidente, una mirada al mapa bastaría para mostrarnos lo importante que Azerbaiyán es para nosotros. 
A veces se tiene incluso la impresión de que nuestros políticos dirigentes tienen cuadros colgando en sus despachos, pero ningún mapa, cuando se debería tener siempre presente ante los ojos la situación geográfica. 
Una mirada sobre el mapa da motivo para preocupaciones serias. 
El peligro de guerras aumenta en el mundo. 
Sólo se necesita mirar lo que ocurre continuamente en África, las tensiones entre Irán y Afganistán que podrían tranquilamente ir más allá de las fronteras de esos países. 
En Azerbaiyán está aún presente el problema sin resolver con Armenia sobre Nagorno Karabaj, es decir, sobre territorios de Azerbaiyán que los armenios mantienen ocupados y sobre los que se debe encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. 
Demasiado a menudo hemos arrastrado los problemas hasta que se han vuelto irresolubles. 
Este podría ser el caso de Bosnia mañana mismo. 
Basta ver lo que está pasando en Kosovo. 
Azerbaiyán es importante para nosotros también por otras razones. 
Es un país con un enorme potencial económico, y aunque la economía no se desarrollase como sería necesario en vista de la tensa situación- especialmente el sector agrícola deja aún mucho que desear -, Azerbaiyán tiene para nosotros una gran importancia a largo plazo. 
Pero hay todavía otra razón por la que Azerbaiyán es interesante para nosotros: las relaciones entre Azerbaiyán y Turquía. 
Cuando visité el Mausoleo de Atatürk, leí en un libro donde los Jefes de Estado que visitan ese Mausoleo escriben sus ideas, las siguientes palabras del presidente de Azerbaiyán: Atatürk, te anunciamos que tus turcos están de nuevo ahí. 
Esto fue al final del régimen soviético, y muestra la importancia de Turquía justamente en esta región y la necesidad de una cooperación con Turquía, que interrumpimos una y otra vez de todas las maneras posibles, lo cual no es inteligente, a largo plazo no es políticamente inteligente. 
Precisamente las tensiones entre Irán y Afganistán nos enseñan que peligros nos acechan aquí dentro de unos años, ante los que deberemos plegarnos, porque una vez que se desatan, ya es demasiado tarde. 
Por ello, creo yo, debemos reconocer la importancia de Azerbaiyán. 
Estas negociaciones vacilantes por nuestra parte, estas pequeñas y diversas cuestiones que quizás aporten aquí y allá alguna pequeña solución, no se ocupan, sin embargo, del gran problema. 
Nuestras relaciones con esta región en su conjunto son una muestra de gran debilidad, están acompañadas de grandes irritaciones y muestran de nuevo la necesidad de que avancemos lo más rápidamente posible en este ámbito. 
Aunque sólo es un paso pequeño, no puedo sino felicitar calurosamente al Sr. Schwaiger por su informe, y esperar tan sólo que su dinamismo personal contribuyan a que se den grandes avances en las relaciones con Azerbaiyán. 
Yo también deseo unirme a los diputados y expresar mi agradecimiento al Sr. Schwaiger por su informe sobre el acuerdo interino con Azerbaiyán. 
Acogemos con especial satisfacción la opinión positiva sobre la necesidad de profundizar nuestras relaciones con ese país. 
El acuerdo interino es el primer acuerdo global entre la Unión Europea y Azerbaiyán. Nos proporcionará una importante plataforma desde la que regular y consultar con Azerbaiyán sobre el comercio y todos los asuntos afines. 
Azerbaiyán es un importante interlocutor estratégico para nosotros, debido a su situación geográfica y a sus considerables recursos petroleros. 
La observación del Sr. von Habsburg es muy oportuna. 
Se espera que en los próximos años, Azerbaiyán haga realidad su potencial como importante productor de energía y como país de tránsito para el comercio entre Europa y Asia Central. 
Nuestro comercio bilateral aumentó el pasado año en un 59 %, aunque desde un nivel bajo, con un importante superávit en favor de la CE. 
El acuerdo interino ayudará a establecer las condiciones adecuadas para que las empresas comunitarias puedan competir en Azerbaiyán. 
Las empresas europeas necesitan esforzarse para mantener su presencia económica en aquel país, dada la fuerte competencia por parte de los Estados Unidos, Turquía, el Lejano Oriente y otros países asiáticos. 
Dicha competencia se agudizará aún más una vez que las exportaciones de petróleo se incrementen en todo su potencial. 
La CE es también uno de los principales donantes a Azerbaiyán. 
A finales del pasado año, habíamos destinado más de 220 millones de ecus a Azerbaiyán, sin incluir los importantes proyectos de cooperación regional TACIS, de los que Azerbaiyán es uno de los principales beneficiarios. 
La Comisión propone la concesión de ayuda financiera a Azerbaiyán para contribuir a la reconstrucción social del país. 
Como ustedes saben, la propuesta está siendo debatida en estos momentos en el Parlamento Europeo. 
El presente informe tiene una gran importancia para Azerbaiyán. Actualmente, el país se enfrenta a una situación económica muy difícil, con un 70 % de la población en el umbral o por debajo del umbral de la pobreza. 
Debido a los bajos precios del petróleo, este sector ha visto reducidos sus ingresos. 
Es poco probable que el país se convierta en un importante exportador de petróleo antes de al menos otros cinco años. 
Se ha hecho referencia al conflicto de Nagorni Karabaj, que ha venido a agravar aún más la situación económica de Azerbaiyán. 
Además, el país debe soportar cerca de un millón de refugiados y personas desplazadas dentro del país. 
No obstante, los Gobiernos de Armenia y de Azerbaiyán han realizado recientemente sendas declaraciones conciliatorias, en particular, en el marco de la Conferencia de Transportes celebrada en Bakú, a la que Armenia fue invitada especialmente por petición de la Comisión. 
La Unión Europea apoya la reanudación de las negociaciones en el marco del Grupo OSCE Minsk. 
Una parte fundamental de la política de la Unión respecto a Azerbaiyán es el fomento de los derechos humanos, a lo que ha hecho referencia el Sr. Wolf. 
También nos preocupa la democratización y que se garanticen la paz y la estabilidad política en esta región. 
Las autoridades azerbaiyanas saben perfectamente que consideramos la democratización un elemento fundamental de nuestra asociación. El Comisario van den Broek dejó este aspecto perfectamente claro en su reunión con el Presidente Aliyev en Bakú el pasado mes de junio. 
A pesar de que, en el sentido estricto, el acuerdo interino es un acuerdo comercial, ha pasado a ser práctica habitual tratar sobre el tema de los derechos humanos en las reuniones de la comisión paritaria. 
Asimismo, el acuerdo incluye una cláusula que permite su suspensión en caso de producirse un deterioro grave de la democracia y de la situación de los derechos humanos. 
El acuerdo de asociación y cooperación prevé formalmente el diálogo sobre estos asuntos e incluye algunos compromisos en materia de democracia. 
La Comisión supervisa los avances en estos frentes y ha ofrecido a Azerbaiyán ayudarle en su transición hacia la democracia, a través del programa de democracia y los programas de acción TACIS. 
Estamos estableciendo contactos con la OSCE y el Consejo de Europa sobre estos temas. 
Agradezco a la Asamblea su indulgencia. 
Muchas gracias, señor Flynn. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Agradezco a los servicios del Parlamento su contribución al buen estado físico de los diputados. 
A juzgar por el intervalo entre el timbre de llamada y la votación, creo que todos necesitamos asistir al gimnasio. 
Muchas gracias, señor Ford. 
Señor Presidente, tras las votaciones se anuncia siempre cómo han votado los diputados. 
Para nosotros es muy importante que podamos decir a los periodistas y a los ciudadanos que estén interesados con qué mayoría se votó. 
La mayoría de las veces, sin embargo, el resultado de la votación aparece tan poco tiempo reflejado en pantalla, que no es posible tomar nota de él. 
Por ello quisiera pedir que se mantenga visible el resultado de la votación por más tiempo, de modo que uno pueda copiarlo tranquilamente. 
Gracias, señor Rübig. 
Tendremos en cuenta su observación y procuraremos ir al ritmo que usted considere oportuno. 
Presidente, otra cuestión técnica. 
Yo mismo estoy en el IPE I y menos mal que vigilaba el monitor, porque en este momento no funciona allí la campana. 
No estaría de más que se revisara, en estas dos semanas intermedias antes de la siguiente sesión, en todas las partes del edificio donde hay despachos de los diputados. 
Tomo buena nota y me preocuparé de que esto se haga así. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
Se levanta la sesión a las 10.44 h. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 18 de septiembre de 1998. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes. 
(El orden de los trabajos queda aprobado sin modificaciones) 
Tiene la palabra la Sra. van Bladel para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, artículo 42, apartado 5. El 3 de agosto presenté una pregunta escrita prioritaria a la Comisión sobre la inminente guerra en Angola. 
Para obtener una respuesta oficialmente se necesitan tres semanas. 
Ahora, setenta miembros de la oposición han visto suspendidos sus derechos y el pasado viernes, se perpetró un ataque armado contra el líder de la oposición, Chivu Kuvuku, al que ha sobrevivido, lo mismo que sucedió con el atentado de 1992. Ante la acción ofensiva sufrida por los parlamentarios de Luanda, el deber de este Parlamento es, creo yo, protestar. 
He leído en la prensa portuguesa que el alcalde de Lisboa ha puesto todo en marcha para proteger la vida del líder de la oposición. 
Señor Presidente, le ruego que, en nombre nuestro, como parlamentarios, proteste ante el Gobierno y, sobre todo, pida a la Comisión que responda a mi pregunta. 
Gracias por la oportunidad que me ha dado. 
Tomo nota de su pregunta prioritaria. 
Vamos a comprobarlo para contestarle a la mayor brevedad posible. 
Suspensión de la inmunidad del Sr. Le Pen 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0317/98) del Sr. Wibe, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Le Pen. 
Me pide la palabra el Sr. Fabre-Aubrespy. 
Señor Presidente, le ruego que me disculpe, pero en el informe del Sr. Wibe no figura el resultado de la votación realizada en la Comisión de Reglamento. 
Ahora bien, creo que por unanimidad de los miembros de la comisión que se encontraban presentes se solicitó una votación nominal. 
Quería preguntarle por qué no se recoge en el informe. 
¿Por qué dicha votación nominal, que por definición hace público el voto de cada uno, no figura en el informe del Sr. Wibe? 
Daré inmediatamente la palabra al presidente de la comisión. 
Le recuerdo que en los casos de unanimidad, la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades delibera a puerta cerrada, por lo que no puede hacerse publicidad hasta el momento en que se publica el informe. 
Señor presidente de la Comisión de Reglamento tiene la palabra. 
Señor Presidente, efectivamente, en el transcurso de las deliberaciones sobre el informe del Sr. Wibe, se solicitó una votación nominal, que se realizó a puerta cerrada. 
Dicha solicitud fue respaldada por el número de diputados de la comisión en cuestión que prevé el Reglamento. 
Por lo que se procedió a la votación nominal, cuyo resultado figura en el informe, es decir, las cifras exactas de los colegas que votaron a favor, en contra o que se abstuvieron. 
Creo que no procede indicar los nombres de los colegas que participaron en dicha votación nominal. 
Lo que importa es la publicación del resultado y, por otra parte, no veo ninguna disposición del Reglamento que nos obligue a publicar en el informe los nombres de los colegas votantes. 
Así lo entiendo y creo que ahora podemos pasar al debate del informe del Sr. Wibe. 
Efectivamente. 
Añado a la intención del Sr. Fabre-Aubrespy que el resultado de la votación nominal figura en el Acta de la reunión de la Comisión de Reglamento. 
Todos los miembros de la comisión, en cualquier caso, pueden consultar dicha Acta y conocer los resultados. 
Señor Presidente, el origen de este informe es una petición del fiscal general de Munich para suspender la inmunidad de Le Pen. 
La causa de esto son opiniones atribuidas a Le Pen, que se habrían vertido en una conferencia de prensa en diciembre de 1977. 
Hay dos clases de reglas que el Parlamento tiene que seguir cuando conoce de suspensiones de inmunidad. 
La primera clase está en nuestro reglamento de trabajo y regulan el procedimiento en sí, es decir, cómo tenemos que proceder. 
El segundo grupo se encuentra en el protocolo de 1965 sobre inmunidad en las Comunidades Europeas y tratan del asunto de fondo, es decir, qué deberá comprender la inmunidad. 
Respecto a la primera parte, el tratamiento formal, creo que puedo decir que la comisión ha desplegado un gran esfuerzo para conseguir que todo se haya hecho correctamente. 
Hemos controlado que la fiscalía sea la autoridad correcta y competente para hacer esta petición en Alemania. 
Hemos controlado que la solicitud haya pasado por el Ministerio de Justicia alemán. 
Además hemos escuchado a Le Pen, hemos discutido el asunto en la comisión y hemos votado. 
Creo que puedo asegurar a los Diputados al Parlamento que el tratamiento formal de este asunto ha sido absolutamente correcto. 
En cuanto al fondo del asunto, lo más importante es, definitivamente, que no hemos decidido nada en cuanto a su culpabilidad. 
Es totalmente irrelevante para nuestra posición si Le Pen ha dicho esas cosas o si ha dicho otra versión. 
También es totalmente irrelevante si la ley alemana que aquí se invoca también existe en otros países, si esta ley es justa o si las sanciones son demasiado severas o demasiado suaves. Todas esas cosas son totalmente irrelevantes. 
Lo único que tiene importancia para nuestra decisión es saber si los cargos de que se le acusa están o no dentro del marco de lo que comprende nuestra inmunidad. 
Posiblemente existe, señor Presidente, un caso en el que se puede hacer excepción a este principio, si se trata de una persecución política evidente hacia alguno de nuestros parlamentarios. 
Si, por ejemplo en este caso, Le Pen hubiese probado que él no se encontraba en ese lugar en ese momento sino que estaba en Argentina, entonces habríamos podido decir que éste era un caso de persecución política, y entonces no deberíamos tratar el asunto. 
Pero está totalmente claro que en este caso hay una base razonable para sospechar que Le Pen ha formulado las declaraciones que se le atribuyen. 
Una circunstancia especial en este caso la constituye el hecho de que la petición haya sido hecha por un país diferente del propio de Le Pen. 
Se ha hecho en Alemania, pero Le Pen es ciudadano francés. 
Podemos preguntarnos entonces si es aplicable el artículo 110 del protocolo que dice que durante las sesiones del Parlamento los diputados gozarán de inmunidad en los territorios de otros países miembros. 
No obstante, es evidente que este punto no puede otorgar una inmunidad de carácter general para todos nuestros diputados respecto de eventuales delitos cometidos en el territorio de otros Estados miembros. 
Pensemos en un caso extremo, por ejemplo, que uno de nuestros diputados fuese acusado de homicidio en otro Estado miembro. 
Entonces sería obvio que suspenderíamos la inmunidad. 
La propia esencia, la absoluta esencia, de toda la legislación sobre inmunidad se encuentra en el artículo 9 del protocolo. 
Allí se dice lo siguiente: «Los miembros del Parlamento no pueden ser interrogados, detenidos o procesados por declaraciones o votos formulados» -y aquí viene lo que es básico- «en el ejercicio de sus funciones». 
Esto significa que la inmunidad no es un privilegio que se nos otorga a los Diputados al Parlamento Europeo sino una protección para que ejerzamos nuestras funciones. 
Esto significa que tenemos inmunidad para aquello que tenga relación directa o indirecta con nuestros cargos de Diputados al Parlamento Europeo. 
La pregunta final, señor Presidente, es entonces: ¿pueden considerarse estas declaraciones formuladas en una conferencia de prensa como pertenecientes al ejercicio de las funciones de diputado? 
Toda la comisión y yo decimos, con toda claridad, que se trataba de la presentación comercial de un libro. 
Esto no tiene nada que ver con el cargo de Le Pen como diputado al Parlamento Europeo. 
Por esta sencilla razón nos corresponde resolver aquí que se suspenda la inmunidad. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos pide la aprobación del informe y la supresión de la inmunidad del Sr. Le Pen. 
Calificó a las cámaras de gas de detalle histórico, lo cual, según la legislación alemana, es punible. 
Si el Parlamento le priva de la inmunidad, Le Pen será acusado judicialmente. 
Será citado ante un tribunal y si no acude será arrestado si alguna vez pisa territorio de la República Federal de Alemania. 
Según la legislación alemana, no sólo es punible el hecho de negar Ausschwitz, sino también quitarle importancia. 
El Derecho alemán quiere proteger la verdad, una verdad que se refiere a la época más horrible de nuestra historia. 
Debemos mirar al horror a los ojos. 
Sólo así no se repetirá. 
Por ello el Derecho penal alemán sanciona penalmente la mentira al respecto. 
Tan sólo la verdad nos hará libres. Cuando luchamos contra gente como Le Pen luchamos por ello, luchamos por nuestro propio futuro. 
No es cierto que mediante esta legislación penal se coarte la libertad de expresión. 
La verdad histórica en este caso es un patrimonio legal que hay que proteger, y es una ley general. 
Tampoco es cierto que se coarte la libertad de investigación. 
En los últimos años tuvimos una larga disputa entre historiadores. No voy a entrar a comentarla. 
La libertad de investigación no fue, pues, coartada por la ley. 
Queremos sobre todo proteger a los jóvenes de los falsificadores de la historia y de los políticos embaucadores. 
Estoy muy satisfecho de que la extrema derecha se haya quedado fuera en las recientes elecciones parlamentarias de la República Federal Alemana. 
Es un signo de la madurez de nuestra democracia que me hace estar orgulloso de mi país. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quisiera comenzar haciendo hincapié en una distinción que ha hecho el Sr. Wibe, que es decisiva. 
Tenemos dos preguntas. 
La primera, ¿según la legislación alemana, es el Sr. Le Pen culpable del delito del que se le acusa? 
Y la segunda, ¿debe suspenderse su inmunidad para que pueda comparecer ante un tribunal alemán? 
El Reglamento deja perfectamente claro que no corresponde a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades llegar a una conclusión respecto a la primera pregunta. 
Personalmente pienso que el Sr. Le Pen tiene una serie de argumentos objetivos y legales que sin duda deseará exponer ante el tribunal alemán. 
Por otro lado, no veo que exista aquí ningún fumus persecutionis. 
Estoy convencido de que a cualquier ciudadano alemán- del mismo modo que si fuera francés o venezolano-se le exigiría comparecer ante los tribunales alemanes al igual que al Sr. Le Pen. 
La segunda pregunta, que es sobre la que debemos decidir aquí, es si debemos evitar que el Sr. Le Pen comparezca, o incluso que se vea obligado, en virtud de la legislación alemana, a testificar lo que dijo e hizo ante un tribunal alemán. 
Es importante tener presente el razonamiento que hay detrás de la existencia de la inmunidad. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Wibe en que este caso entra en el ámbito en que el Parlamento Europeo tiene un margen de discreción. 
No es obligatorio mantener la inmunidad del Sr. Le Pen. 
Debemos analizar los hechos y la situación que se nos plantea. 
Debemos tener presente como componente determinante de nuestro razonamiento, que una sociedad democrática ha decidido que exista una ley que condena la negación o el menosprecio público del holocausto. 
Es algo sobre lo que podemos discrepar en cuanto a su idoneidad. 
Quisiera observar, de pasada, que no hay ningún país en el mundo en el que la libertad de expresión sea absoluta. 
Las cuestiones de confidencialidad, calumnia o difamación siempre son importantes. 
Pero, democráticamente, Alemania, aprendiendo de su historia, ha decidido que exista una ley sobre la negación del holocausto. 
Si dijéramos que el hecho de ser diputado al Parlamento Europeo exime a alguien de dicha ley alemana en particular, a la que todo el mundo está sujeto en Alemania, haríamos un flaco servicio al Parlamento Europeo. 
Es por ello, y no porque sienta o deje de sentir simpatía por el Sr. Le Pen, por lo que el PPE aprueba el informe Wibe en su análisis técnico y jurídico y por lo que mañana votaremos a favor del mismo. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Liberales, deseo apoyar el informe del Sr. Wibe por varias razones. 
En primer lugar, ¿debe sorprendernos que Alemania Federal persiga lo que la justicia francesa ya ha condenado? 
No hagamos como si las palabras del Sr. Le Pen fueran algo nuevo. 
Existe en la invocación evocadora de la palabra «detalle» , en esa insistencia en utilizar, al referirse al holocausto, una voluntad de provocación evidente, a pesar de estar rodeada de precauciones oratorias que, de boquilla, expresan pesar. 
La segunda razón es que nos parece especialmente saludable que en Alemania exista esta legislación que prohíbe la negación y el hecho en sí de menospreciar el holocausto. 
Deseamos profundamente que la Justicia alemana se haga cargo de todas las manifestaciones del mismo tipo y, en particular, de las declaraciones escandalosas que recientemente ha hecho el médico superviviente de Auschwitz. 
Por último, quisiera decir que nos ha emocionado especialmente ver cómo en la Comisión de Reglamento, el Sr. Le Pen era defendido por uno de sus allegados, que ha repetido e insistido en las insinuaciones revisionistas que son el centro del debate de hoy. 
El debate, tal y como tuvo lugar en la Comisión de Reglamento, demuestra que no se trata de un accidente verbal, sino, por el contrario, de una ofensiva que viene librando desde hace ya muchos años para menospreciar, aunque sea ergotizando sobre los términos y las estadísticas, el que sigue siendo el crimen más espantoso del siglo XX. 
Éste es el motivo por el que, más allá del impecable análisis jurídico que ha realizado el Sr. Wibe, los Liberales- y no somos los únicos- apoyamos la suspensión de la inmunidad, dando por descontado que dicha suspensión no implica una condena, sino permitir que se celebre el juicio, y ello en el lugar que le corresponde. 
Señor Presidente, la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades ha decidido por amplia mayoría, como pienso que haremos nosotros también en esta Asamblea, suspender la inmunidad parlamentaria del Sr. Le Pen. 
Ni lo ha juzgado ni lo ha condenado. 
Esa decisión ha sido tomada tras desarrollar un extenso debate que contó con la presencia del propio Sr. Le Pen y la de aquellos colegas que le han apoyado, cumpliendo escrupulosamente el proceso legal y respetando la norma que rige la inmunidad parlamentaria por la que los diputados pueden ejercer libremente sus deberes sin menoscabo de la institución parlamentaria. 
Se ha limitado simplemente a permitir que se abra un proceso judicial y se compruebe si ha cometido o no el delito del que ha sido acusado. 
El hecho del que se le acusa se parece, de alguna manera, señor Presidente, al lavado de dinero sucio. 
Aquí lo que se trata de lavar son los crímenes de los nazis, los diversos holocaustos que causaron en Europa, como los de algunas regiones de mi país, y no sólo el holocausto judío. 
Tenemos que prestar mucha atención para neutralizar este intento de lavar dichos crímenes y que no vuelvan a repetirse aquellos horribles hechos como los ocurridos durante la ocupación nazi. 
Señor Presidente, señoras y señores, mi Grupo siempre se ha inclinado por la actitud de adoptar la mayor reserva en casos de supresión de la inmunidad a diputados, y esto para proteger la libertad de expresión y la capacidad de control de este Parlamento. 
Cuando mañana vote a favor de la supresión de la inmunidad del diputado Le Pen no será porque sus afirmaciones no se hayan producido en el desempeño de su cargo. 
Lamento que la Comisión se haya refugiado en tales decisiones formales, que, por otra parte, parecen traídas por los pelos. 
Si voto a favor de privarle de la inmunidad es porque me parecería insoportable y vergonzoso que este Parlamento protegiese a un diputado de una demanda judicial, un diputado que minimiza el holocausto, se mofa de los supervivientes y ofende a los muertos, y por que creo que este Parlamento no tiene ninguna justificación para permitir que los millones de víctimas de ese crimen total sean ridiculizados y ofendidos. 
Si la frase «Defiende los comienzos» no ha de quedar hueca de contenido, entonces no podemos seguir otorgando a un diputado tal la inmunidad parlamentaria. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero puntualizar que mañana la mayoría de mis colegas del Grupo de Coalición Radical Europea va a votar a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Jean-Marie Le Pen. 
Personalmente, sin embargo, no estoy convencido de que ésta sea la mejor manera de combatir las tesis del Sr. Jean-Marie Le Pen y, por ello, expreso la opinión minoritaria de mi Grupo. 
No ha de extrañar que el líder de un partido basado en la intolerancia trate de enfrentarse en el terreno de la libertad de expresión que brindamos en nuestro sistema democrático. 
Él quiere la intolerancia y pretende que nosotros respondamos con la misma intolerancia, al objeto de presentarse ante el juez alemán y seguir dando quizás durante semanas o meses sus golpes mediáticos con esas declaraciones, esas palabras siniestras que no dejó de pronunciar una y otra vez a lo largo del año pasado. 
No obstante, éste es un terreno peligroso. 
Hace unos años la Comisión de Reglamento no se pronunció sobre otro caso similar de suspensión de la inmunidad precisamente porque estimó que este hecho no solo podía ser utilizado por el Sr. Le Pen, sino también porque podía ir en contra del principio de libertad de expresión que precisamente las tesis intolerantes de Le Pen intentan que neguemos para acabar en un enfrentamiento viril y quizás duro entre dos intolerancias encontradas. 
Por ello, Señorías, ¡cuidado con la votación de mañana! 
Ésta, repito, es la postura minoritaria de mi Grupo que, a pesar de todo, no he querido dejar de expresar. 
Doy la palabra al Sr. Le Pen durante tres minutos. 
No, señor Le Pen, tiene usted tres minutos. 
Puede también fusilarme, sin dejarme hablar. 
Se lo ruego, señor Le Pen. 
Señoras y señores diputados, ante la petición de suspensión de mi inmunidad parlamentaria, iniciada por la Fiscalía de Múnich y cuya aprobación solicita por mayoría la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, ustedes deberían hacerse una única pregunta, y ello fuera de cualquier consideración partidaria: ¿tenía nuestro colega Le Pen derecho a expresar una opinión sobre las cámaras de gas, y no sobre el holocausto, como ustedes dicen? 
Como ciudadano, esa libertad de opinión y de expresión le está garantizada, al igual que a los demás ciudadanos, por nuestras constituciones democráticas. 
Implica la negativa de imponer verdades dogmáticas, la negativa del pensamiento único y del pensamiento predefinido. 
Como diputado, ello es aún más cierto y es por lo que ustedes deberían rechazar masivamente la suspensión de la inmunidad, porque ésta no ha sido pensada para defender a la persona del diputado, sino la libertad, su libertad de pensar, su libertad de opinión. 
Los parlamentos no son legítimos a menos que sus miembros sean libres, y la libertad política es indivisible. 
No es mi inmunidad parlamentaria lo que estoy defendiendo, sino la de mi función, y también la de ustedes. 
Si, a pesar de todo, ustedes quieren llegar al fondo y prejuzgar, deben hacerse una pregunta simple. ¿Cómo puede la afirmación: «Las cámaras de gas son un detalle de la historia de la II Guerra Mundial» , pronunciada durante una rueda de prensa en respuesta a la pregunta de un periodista, ser constituyente de un delito de negación? 
La frase incriminada no implica ninguna negación. 
No he negado la existencia de las cámaras de gas, ni he menospreciado el tema. 
Por otra parte, la palabra «detalle» en sí, al menos en francés, no implica menosprecio. 
Un detalle puede ser anodino, pero puede también ser fundamental. 
Ahora bien, fue el fiscal de Múnich que, falsificando el texto, añadió la palabra «anodino» y la conjunción «no más que». 
Nadie puede negar que el todo es una suma de detalles. 
Para aclarar la fórmula, dije: «En un libro de historia de mil páginas sobre la II Guerra Mundial, hay una media de dos páginas dedicadas a la deportación y unas líneas a las cámaras de gas». 
Eso es un detalle. 
No hay nada de menosprecio, ni de desprecio en semejantes palabras. 
Y añadí que si las interpretaciones dadas a estas declaraciones pudieron causar sufrimiento a personas sinceras, lo lamentaba, porque respeto a los muertos y los sufrimientos de los vivos. 
Cabe observar que, incluso en las memorias de Churchill, De Gaulle y Eisenhower no se hace ninguna alusión. 
Las grandes batallas causaron millones de muertos. 
Los bombardeos aéreos de la población civil también. 
Como tantos millones de europeos, soy una víctima de dicha guerra. 
Esa guerra arruinó a mi familia y a mi padre lo mató una mina alemana. 
La primera gran prueba que tuve que superar en mi vida fue, cuando a la edad de 14 años, tuve que acompañar a mi madre a identificar el cadáver de mi padre, arrojado en una playa, sin ojos, sin nariz, con la boca llena de arena y el cuerpo informe envuelto en una lona. 
Personalmente, encuentro chocante e hiriente ser citado, 55 años después de la guerra, a comparecer ante un tribunal alemán que ha falsificado la declaración para que entre en el ámbito de su incriminación. 
Este proceder mentiroso es una infamia. 
Señor Presidente, le pido que presente la decisión ante el Tribunal de Derechos Humanos. 
Añadiré... 
Su intervención ha durado 4 minutos y 35 segundos. 
(Protestas del Sr. Le Pen) El Grupo de No Inscritos podía concederle todo el tiempo que quisiera. 
Ha preferido dárselo al Sr. Gollnisch. 
Es su decisión. 
El Sr. Gollnisch tendrá tiempo... 
(Interrupción del Sr. Le Pen: «Y la decisión del Tribunal de Derechos Humanos» ) No estamos tratando hoy de la decisión del Tribunal de Derechos Humanos. 
Usted ha podido expresarse libremente ante la comisión competente. 
Le he dado tres minutos que no han sido... 
(Protestas del Sr. Le Pen) Disculpe, sería tan amable de prestar atención a lo que le digo. 
Me han solicitado un tiempo de intervención para usted, para que pudiera expresarse ante el Pleno. 
De acuerdo con el Grupo, le he concedido tres minutos. 
En otros casos semejantes, se ha dado el caso de que otros miembros han obtenido el tiempo de su Grupo. 
Los No Inscritos han preferido conceder ese tiempo, los seis minutos, al Sr. Gollnisch. 
Es su decisión. 
Yo le he concedido tres minutos: es el tiempo al que tiene derecho un diputado para expresarse por un asunto personal. 
Cuando llegue el turno del Sr. Gollnisch, le daré los seis minutos que su Grupo podría haberle concedido a usted antes y que ya no se los podrá conceder. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, para un demócrata resulta a priori desagradable pedir la suspensión de la inmunidad de un diputado, sobre todo cuando la petición viene motivada por palabras, por un discurso. 
Es desagradable, porque la libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de la democracia, y su restricción, la excepción absoluta. 
Asimismo, nuestro Parlamento ha mantenido en dos ocasiones la inmunidad del tal Le Pen, a pesar de la antipatía que aquí despierta entre todos los demócratas. 
Es desagradable, sobre todo, porque cuando nos acercamos al 60 aniversario del shoah, cabría esperar que ningún representante elegido cuestione la extremidad de la barbarie que se cometió entonces. 
Pero el tal Le Pen no puede evitarlo. 
El antisemitismo es su pasión y la negación su delirio. 
En su contabilidad inhumana, la muerte de un niño judío, gaseado porque nació judío, tiene la misma naturaleza que la muerte de un soldado en combate. 
Ni siquiera alcanza a ver que su aritmética le aplasta. 
Nuestro Parlamento debió suprimir su inmunidad la primera vez, el 11 de diciembre de 1989, por su siniestro juego de palabras " Durafour crématoire» , y la segunda vez, el 12 de marzo de 1990, por sus ataques a la Internacional Judía. 
Los tribunales franceses han condenado en numerosas ocasiones al tal Le Pen por sus palabras rencorosas y racistas. 
La libertad de expresión termina en el racismo. 
Es el motivo por el que para un demócrata socialista francés es reconfortante responder hoy a la petición de un juez alemán. 
La tesis del FN, según la cual Le Pen es víctima de una condena política, de una manipulación política de la Justicia francesa para alejarlo de las urnas, no se sostiene. 
Había algo de especialmente abyecto al repetir la palabra «detalle» en Múnich, en compañía del antiguo miembro de las SS. 
Tiene algo de especialmente regocijante recibir la petición de un juez alemán para poder procesarlo. 
Veo en ello una señal clara de la conciencia europea que nos nutre de esta democracia europea que estamos construyendo. 
Para terminar, para los Socialistas europeos es un gran placer... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, el problema que hoy se plantea ante nuestro Parlamento sobrepasa ampliamente la causa, aunque importante, de Jean-Marie Le Pen. 
Se trata, en efecto, de saber si uno de los miembros de nuestra Asamblea dispone, en materia intelectual, de la misma protección que la que hemos concedido a los miembros de los grupos mayoritarios de esta Asamblea, y a veces por delitos de Derecho común. 
Se trata de saber qué interpretación hace el Parlamento de la libertad de expresión. 
¿Existe esa libertad para todos, incluidos los que expresan opiniones que no convienen al Parlamento? 
O existe solamente, como ha creído poder expresar un miembro de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, para los que, como decía él, expresan el consenso que hemos alcanzado, un consenso que desde entonces se convertiría en pensamiento dominante y cuya adhesión sería impuesta, para gran satisfacción del Sr. Duhamel, por la furia de los tribunales. 
Las palabras que se le reprochan a Jean-Marie Le Pen no son ni escandalosas ni excesivas. 
Él no injuria a nadie. 
Aunque la palabra «detalle» pueda parecer dudosa a algunos de ustedes, dicha duda fue despejada por el propio Jean-Marie Le Pen, que declaró precisamente en siete ocasiones exactas que no pretendía darle ninguna acepción peyorativa ni de menosprecio. 
Las cosas habrían transcurrido de otro modo si la Comisión de Reglamento hubiera debido seguir aún la jurisprudencia del gran hombre honrado que fue su antiguo presidente, el Sr. Donnez. 
Según dicha jurisprudencia, debe mantenerse la inmunidad cuando hay fumus persecutionis, olor a persecución. 
Ahora bien, es la séptima vez, en efecto, señor Duhamel, que se pide a este Parlamento la retirada de la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen, el político europeo más atacado por los poderes establecidos, y siempre por delito de opinión. 
A estas alturas, no se trata de un olor, sino de una pestilencia de persecución. 
En segundo lugar, debe retirarse la inmunidad en los casos de Derecho común, y mantenerse en beneficio de la expresión política del diputado. 
Ahora bien, ¿hay algo más político que una respuesta de Jean-Marie Le Pen, responsable político, durante una rueda de prensa política, en presencia de un político, antiguo diputado de nuestro Parlamento, a una pregunta política de un periodista político, pregunta relativa al alcance exacto de las palabras pronunciadas diez años antes, durante un programa radiofónico sobre política, al que fue invitado en calidad de candidato a las elecciones presidenciales francesas? 
Ante dicha evidencia, algunos creen poder decir: nos basta con que las palabras del Sr. Le Pen sean punibles en virtud de la legislación alemana. 
Eso constituye la negación misma de la inmunidad parlamentaria e incluso la utilidad de la Comisión de Reglamento, cuyo informe está compuesto en un 90 % de las banalidades habituales. 
Esta lógica habría conducido a dicha comisión, hace cuatro siglos, a proponerles la suspensión de la inmunidad parlamentaria del diputado Galileo Galilei, culpable de haber declarado que la tierra gira alrededor del sol. 
Nos basta con que sea punible en virtud de la legislación vaticana, habría declarado entonces la comisión. 
La comparación les parece exagerada. 
No lo es. 
Hace treinta años, por ejemplo, la Comisión de Reglamento, con los mismos argumentos de hecho y de derecho, se habría visto llevada a proponer al Parlamento la suspensión de la inmunidad parlamentaria del primero que hubiera atribuido a los soviéticos la responsabilidad del asesinato de 11.000 oficiales polacos encontrados en las fosas de Katyn, crimen erróneamente imputado a Alemania en el proceso de Nuremberg y reconocido tan sólo en fecha reciente por Rusia. 
En resumen, si examinan atentamente la petición del fiscal alemán, encontrarán la ausencia de una formalidad sustancial, la transmisión por vía diplomática siempre exigida hasta ahora; un material falso, el añadido de la mano del fiscal de la partícula «nada más que» y del adjetivo «anodino» y, por último, una extrapolación intelectual: como evidencia, las palabras de Le Pen no contradicen la letra de la ley, al fiscal sólo le queda invocar una glosa particular, el comentario Schöncke-Schröder, que todos deberíamos haber leído para saber que es lo que está permitido o prohibido decir en Alemania. 
Para concluir, permítanme una anécdota de la que puedo atestiguar su autenticidad. 
El pasado viernes en Bruselas respondí, sobre el tema que nos ocupa, a las preguntas de un periodista de la BBC. 
Inquisidor por naturaleza, exigía que me mostrara indignado por la palabra «detalle». 
" Ask Winston Churchill» , le respondí. 
«Pero si está muerto» , replicó él. 
Ciertamente, pero sus memorias de 5.040 páginas sobre la II Guerra Mundial no incluyen ni una sola línea sobre el tema de las cámaras de gas. 
Tras un momento de profunda reflexión, mi interlocutor me declaró de manera perentoria, aunque inexacta: «No hay duda de que cuando Churchill lo escribió, no se conocían los detalles de la historia». 
Así, el mismo hombre, curtido en las técnicas de la comunicación, utilizaba con toda su buena fe la misma palabra que él había reprochado a Jean-Marie Le Pen unos minutos antes. 
Si el Parlamento protege la libertad de Le Pen, protegerá la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de los ciudadanos de a pie. 
Tengan ese valor, tengan esa honradez. 
(Aplausos de los no inscritos) 
Señor Presidente, el Sr. Gollnisch ha causado una auténtica impresión de indignación fingida al insinuar que, por así decirlo, este Parlamento se ha propuesto perseguir al Sr. Le Pen. 
Quisiera repasar los hechos: la suspensión de la inmunidad del Sr. Le Pen ha sido solicitada en cinco o seis ocasiones durante el actual período de sesiones del Parlamento, y en repetidas ocasiones, el Parlamento ha decidido que la causa no merecía la suspensión de su inmunidad. 
Si hubiéramos emprendido un programa de persecución del Sr. Le Pen, esto parece indicar que no lo estamos haciendo con demasiada eficacia. 
La cuestión no es si el Sr. Le Pen es culpable o inocente; de lo que se trata realmente es de si existe una causa con fundamento por la que se procesaría a un diputado alemán. 
Ciertamente existen muchos indicios que apuntan a que el Sr. Le Pen mantiene una opinión muy próxima de la que se le acusa de repetir en Alemania. 
En Francia dijo en numerosas ocasiones que el holocausto es un detalle de la historia, como él mismo reconoce. 
Al menos en una ocasión dijo... 
(Críticas ruidosas de los diputados franceses no inscritos: ¡Miente! 
¡Eso no es cierto! ) que los norteamericanos construyeron las cámaras de gas en el campo de concentración de Buchenwald después de la guerra. 
Su declaración apareció publicada en la revista Globe en Francia. 
Él no ha demandado a la revista, por lo que sólo cabe deducir que reconoce que la información es exacta. 
Sobre esa base, es una causa con fundamento; es una causa por la que un alemán sería procesado. 
Por tanto, nos parece justo y adecuado permitir que el Sr. Le Pen se enfrente a las personas que hacen las acusaciones. 
Como decía el Sr. Donnelly, el Sr. Le Pen sostuvo en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades que el informe no se ajustaba a la verdad. 
Ésa no es una cuestión que deba juzgar el Parlamento ni la Comisión de Reglamento, corresponde juzgarla al Tribunal de Múnich. 
Espero con interés la celebración del proceso. 
El Sr. Gollnisch habla de la masacre en el bosque de Katyn. 
Por lo que a mí me consta, la legislación alemana no tiene jurisdicción sobre esa zona concreta. 
Si así fuera, él tiene razón, sería una cuestión de la competencia de los tribunales alemanes y no de la nuestra. 
Me complace que el Sr. Le Pen se muestre ahora partidario de la libertad de expresión. 
No cabe duda de que ha hecho progresos en estos últimos años. 
Cuando fui a Marsella con una comisión sobre el Racismo, para celebrar una rueda de prensa tuve que recurrir a la policía «antidisturbios» francesa, barricadas y gases lacrimógenos, porque el Frente Nacional decidió que no yo debía hablar con los medios de comunicación en Marsella. 
Por ello, acojo con satisfacción el cambio que se ha producido en el sentir del Sr. Le Pen. 
Espero poder acudir en el futuro a Marsella sin necesidad de tener que recurrir a la policía «antidisturbios» francesa y sin la presencia del Frente Nacional. 
(Críticas ruidosas de los diputados franceses no inscritos: «¡Miente! 
¡Eso no es cierto! ») 
Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no está más extendida una legislación semejante en toda la Unión Europea? 
Espero que algunos de los Estados miembros reconozcan que podrían aplicar también una legislación que castigue la negación del holocausto. 
Por último, acojo con satisfacción el hecho de que la extrema derecha haya solicitado una votación nominal. 
Ello obligará sin duda al Sr. Bruno Mégret a seguir las indicaciones de su Grupo y a apoyar a su líder, a diferencia de lo que suele hacer normalmente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Drogas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A4-0211/98) de la Sra. d ' Ancona, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la cooperación europea en el marco del periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre las drogas (UNGASS) [COM (97) 0670- C4-0113/98]. 
Señor Presidente, el informe sobre la cooperación europea en la política en materia de drogas figuró hace ya algunos meses en el orden del día de este Pleno. 
Le rogamos entonces que se reenviara a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores porque, como ponente, esperaba que con la reapertura del debate pudiéramos conciliar ideas diferentes. 
Esto, señor Presidente, ha sucedido en gran parte. 
El informe se ha vuelto a redactar de tal forma que presenta un equilibrio entre los dos planteamientos existentes en los Estados miembros respecto a las drogas, a saber, el enfoque moralista-legalista y el llamado enfoque médico. 
El primero de ellos tiene como objetivo una sociedad sin drogas, y el segundo intenta, partiendo de que el consumo de drogas siempre ha existido, idear soluciones que minimicen los riesgos, tales como, por ejemplo, el suministro de metadona o el cambio de agujas para evitar el contagio del VIH. 
El equilibrio, el balance entre estos dos puntos de vista implica ciertamente que la armonización no es posible, puesto que los Estados miembros solamente creen en su propia política, pero implica también que se pueden combinar los resultados positivos de ambos planteamientos. 
Por ello, solicito, como ponente, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, que, entre otras cosas, el Observatorio de la Droga de Lisboa efectúe más y mejores investigaciones sobre los efectos de las distintas políticas en materia de drogas. 
Además, nos produce satisfacción que la experiencia de ese Observatorio aumente cada vez más y que la búsqueda de indicadores haya conducido a un resultado positivo. 
Pero no sólo la búsqueda de resultados, también se recomienda en el informe el intercambio de experiencias prácticas entre aquéllos que trabajan con consumidores de droga problemáticos, y la colaboración, especialmente en las regiones transfronterizas. 
Tenemos en cuenta importantes iniciativas en el ámbito local y regional, ya que en ese ámbito a menudo se conoce mejor cómo hay que actuar ante problemas concretos. 
Por ello, el Parlamento y la Comisión también han organizado con éxito algunas conferencias sobre esta cuestión. 
Pido a la Sra. Comisaria que reflexione sobre cómo podemos continuar en esta línea, ya que realmente ha resultado útil. 
Señor Presidente, naturalmente, como consecuencia de mi intento de buscar un equilibrio entre planteamientos diferentes, no he podido evitar que de nuevo se hayan presentado muchas enmiendas. 
La posición intermedia que intenta combinar los efectos positivos de los diversos tipos de política en materia de drogas, decepciona, por supuesto, a aquéllos que solamente creen en una vía. 
Si uno realmente tiene la idea de que «solamente sirve esta forma» , entonces la posición intermedia resulta vacilante. 
De ahí que haya muchas enmiendas, por una parte, de aquéllos que defienden un planteamiento mucho más liberal y, por otra parte, de aquéllos que ven en cada consumidor de sustancias ilícitas un consumidor con problemas y, por tanto, consideran necesaria la adopción de medidas legales y de otro tipo. 
Que yo rechace esas enmiendas, se debe, señor Presidente, a que alteran el laborioso equilibrio alcanzado en la resolución. 
Solamente algunas de ellas, dos de los socialistas y tres de los democristianos, no lo hacen y, por ello, les aconsejo les presten atención. 
Señor Presidente, el informe quiere aclarar que debe ser posible superar las diferencias existentes para cooperar allí donde sea útil y necesario, ya que si queremos frenar la problemática de la droga y la criminalidad vinculada a ésta, debemos estar dispuestos a reconocer que nadie, ningún Estado miembro, está en posesión de la verdad absoluta en esta cuestión. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente por este informe. 
No es un secreto que la ponente y yo tenemos ideas muy diferentes sobre cómo enfrentar los problemas de las drogas. 
Sin embargo, si comparamos el informe de enero con el de hoy, tengo que reconocer que hay diferencias considerables y, en mi opinión, mejoramientos considerables. 
Quiero nombrar dos de esos progresos. 
En primer lugar, que trataremos de cumplir con las convenciones internacionales que de hecho hemos firmado, esto es algo incuestionable que se ha consignado en el actual informe. 
En segundo lugar, que el objetivo de la política debe ser una sociedad libre de drogas, lo cual es obvio aunque difícil de alcanzar. 
No obstante, aún hay algunos defectos. 
Permítanme destacar dos de ellos, respecto a los cuales he presentado enmiendas. 
En primer lugar, la recomendación 12 que trata de los intentos de disminución de daños. 
No tengo nada en contra de que esos intentos sean evaluados, por el contrario, opino que deben evaluarse. 
Sin embargo, creo además que la política que se ha aplicado en Suiza, por ejemplo, debe ser comparada con las de otros países en que se ha preferido otro tipo de políticas, entonces así podremos ver si los resultados son mejores o peores en distintos sitios. 
En cuanto a la harm reduction, quiero decir que no estoy en contra de ella sino que quiero eliminarla de ciertos pasajes del informe. De lo que estoy en contra es de los objetivos superiores. 
¡Nunca podrá haber objetivos superiores en la política de drogas! 
¡El objetivo superior es conseguir que los jóvenes y la gente en general no empiecen jamás a usar drogas! 
Esto es lo más importante de la política de drogas. 
La política de drogas tiene cuatro pilares: trabajo de prevención, política de control, cuidados y tratamientos y trabajo internacional. 
Todo esto constituye una unidad en la que lo más importante es la política de prevención. 
Señor Presidente, el nuevo informe de la Sra. d ' Ancona es un documento de compromiso, a pesar de lo cual presenta muchas sugerencias sensatas y pragmáticas, que la gran mayoría podrá apoyar, y recomiendo a la Comisión y al Consejo que les presten atención. 
Nuestro principal objetivo debe ser impedir que el mayor número posible de jóvenes se conviertan en esclavos de las drogas. 
Eso exige una cooperación práctica y la capacidad de aprender unos de otros. 
Hemos hecho grandes progresos en muchos sentidos durante los últimos diez años. 
Hemos creado el Observatorio Europeo de la Droga de Lisboa y Europol, que desde esta semana es oficial y que ya está funcionando a pleno rendimiento, pero queda aún un largo camino por recorrer. 
El Observatorio sólo podrá realizar una misión eficaz si las agencias encargadas de recoger y proporcionar información nacional obtienen una financiación adecuada y a condición de que las estadísticas se elaboren sobre una base común. 
Europol sólo podrá realizar debidamente su misión, si tiene capacidad de analizar, además de intercambiar, la información sobre el narcotráfico. 
En ambos casos, el objetivo debe ser establecer qué métodos de lucha contra la droga están funcionando y cuáles no; qué fondos son utilizados correctamente y cuáles son dilapidados. 
Los neerlandeses y los suecos tienen políticas muy diferentes en materia de drogas, pero no cabe duda de que nadie discutiría que ambos estarían en una situación mucho más firme, si dispusieran de información objetiva que refleje qué aspectos de sus políticas tienen éxito y cuáles son susceptibles de mejoras. 
Existen muchos interrogantes comunes: ¿qué sectores de la juventud corren mayores riesgos de caer en la droga? 
¿Cuál es la mejor forma de llegar hasta ellos? 
¿Cuál es el mejor medio de educarlos para que no consuman drogas o de rehabilitarlos si ya son drogodependientes? 
Hay que encontrar respuestas a estas preguntas. 
Necesitamos asimismo nuevos planes imaginativos para que los jóvenes no se metan en líos y para ayudar a los toxicómanos a volver a llevar una vida normal. 
Todo ello exige, en muchos casos, un enfoque nacional y local. 
Mi buen amigo Hubert Pirker hablará sin duda sobre cómo mantener la droga alejada de los colegios. 
Creo que deberíamos iniciar una campaña de promoción concertada a través de la televisión que abarque a la totalidad de la Comunidad Europea. 
Necesitamos pensar en una red de clubes de jóvenes a nivel comunitario que ayude a la juventud a no meterse en líos y que llene el tiempo muerto que existe entre la salida del colegio y el regreso a casa de sus padres. 
Debemos hacer mucho más en términos de rehabilitación terapéutica. 
Necesitamos la ayuda de las comunidades locales para trabajar juntos e impulsar lo que se viene haciendo al más alto nivel, y es el motivo por el que el presente informe pone tanto énfasis en la acción a nivel urbano y local. 
Para terminar, el principal objetivo debe ser establecer una política antidroga equilibrada y objetiva, respaldada por una financiación suficiente que garantice su utilidad. 
Espero que la Comisaria esté de acuerdo con lo que digo y que pueda darnos una respuesta positiva. 
Señor Presidente, el informe de nuestra colega, la Sra. d ' Ancona, llega a deshora, sin embargo, bienvenido sea. 
En principio, debía desempeñar un cometido en la Conferencia sobre la Droga de las Naciones Unidas celebrada en junio y, afortunadamente, eso no ha sucedido. 
Después de todo, se abogaba en principio, especialmente en el ámbito de las drogas, por que la incriminación no continuara siendo el centro de la cuestión. 
Se percibía en él una cierta legalización y también debía posibilitarse la prescripción médica de heroína. 
Este planteamiento era demasiado controvertido y habría sido contraproducente; el reenvío fue, por tanto, lo menos malo de lo que, aquí, en esta Asamblea, se hizo en el período de sesiones de enero. 
La segunda versión de este informe, que está ahora ante nosotros, es más equilibrada. 
Tampoco hay ya mucho en contra. 
Sí es decepcionante que todavía, y la Sra. d ' Ancona también lo acaba de decir, no haya llegado el momento de realizar una verdadera armonización de la política en materia de drogas en Europa. 
Porque hay mucho a favor. 
Mientras haya diferencias en el planteamiento, los países padecerán las desventajas de esta situación. 
Los Países Bajos soportan, con su excesivamente avanzada política permisiva, una gran presión del turismo de la droga, y otros países soportan una presión de la política neerlandesa. 
Cooperación, por tanto, debería ser la palabra clave. 
Tres aspectos. 
Los menciono brevemente: en el ámbito de la prevención, en el ámbito del tratamiento y en el terreno de la lucha. 
Por último, también para los partidarios de la legalización de las drogas blandas, del cannabis, la cooperación europea es ineludible, puesto que la legalización significa apartarse de los tratados en vigor de la ONU y eso solamente puede hacerse en el contexto europeo. 
Eso es a largo plazo. 
A corto plazo, creo que debemos luchar por una sociedad con bajo nivel de embriaguez. 
Señor Presidente, el presente informe de mi buena amiga, la Sra. d ' Ancona, tiene aspectos positivos y negativos. 
El positivo es la clara finalidad declarada en la Recomendación 11 de que el objetivo de la lucha contra la droga es una sociedad sin droga. 
Eso se ajusta plenamente al punto 12 de la declaración política adoptada por la Asamblea General de la ONU el pasado junio, que además hace un llamamiento a favor de la promoción activa de una sociedad sin toxicomanías. 
Cualquier alteración de este objetivo sería motivo suficiente para que votemos en contra del informe. 
En ninguna parte de la declaración política de la ONU se hace referencia a apoyar políticas encaminadas a la «reducción de los efectos nocivos». 
Dichas políticas no garantizan que los toxicómanos dejen de serlo. 
La reducción de los efectos nocivos puede ser el primer paso de un proceso que conduce a la legislación. 
El informe de los Estados Unidos apunta a que una legislación semejante redundaría en un incremento de aproximadamente el 100 % del consumo de heroína y de un 50 % en el de cocaína. 
El pasado junio, 150 países aprobaron la estrategia global de las Naciones Unidas encaminada a atajar el problema de la droga a nivel mundial. 
La declaración política que aprobaron exige a los gobiernos la aplicación de nuevas estrategias y de nuevos programas para reducir la demanda de drogas, y nuevas legislaciones para luchar contra el blanqueo de dinero antes del 2003. 
El informe encargado para al conferencia de junio alertaba acerca de que el sistema financiero internacional se ha convertido en el sueño de los que se dedican al blanqueo de dinero, que cada año procesan buena parte de los estimados 200.000 millones de dólares procedentes de la droga. 
Todos los medios posibles, incluida la confiscación de activos, algo que hemos introducido en Irlanda, debe formar parte integral de una estrategia acordada a nivel internacional. 
Respaldamos plenamente las inquietudes que recoge la declaración de las Naciones Unidas. 
Hacemos especial hincapié en la opinión de que las drogas destruyen las vidas y las comunidades. 
Nuestro Grupo deberá tomar mañana una decisión sobre el presente informe, en función de las enmiendas que apruebe la Asamblea. 
Señor Presidente, la toxicomanía es actualmente un auténtico reto para la civilización. 
Es un problema que afecta cada vez en mayor medida a los jóvenes de edades cada vez más tempranas, y éstos se vuelven tanto más dependientes cuando viven en condiciones precarias. 
Por otra parte, la libre circulación de mercancías y de capitales es una auténtica ganga para los traficantes. 
Hay que constatar que hasta ahora, las grandes declaraciones de la Naciones Unidas o europeas sobre la guerra contra la droga, al igual que las políticas basadas en la represión han resultado ineficaces. 
Ante un problema tan vasto y complejo, no podemos contentarnos con esgrimir consignas o recomendar vías intermedias. 
Por el contrario, no debemos dudar en iniciar reflexiones, experiencias y propuestas para despejar nuevas pistas, que sean eficaces. 
El primer informe d ' Ancona se inscribía en este planteamiento de apertura, pero resultaba excesivo para una parte de nuestra Asamblea, que prefería esconderse tras los muros de su certeza. 
El segundo refrito ha limado las asperezas y se ha contentado con adherirse a los convenios de los Estados Unidos. 
Se ha vuelto a imponer la norma del consenso, auténtica enfermedad senil de nuestra Asamblea, y hemos llegado a este noble objetivo: «El objetivo de la lucha contra la droga es una sociedad sin droga». 
Si ampliamos este teorema a todas las esferas de la sociedad, tendremos, por ejemplo que «el objetivo de la lucha contra la violencia es una sociedad sin violencia» , o bien, «el objetivo de la lucha contra la necedad es una sociedad sin imbéciles». 
¡Magnífico! 
Reconozcan conmigo que queda mucho camino por recorrer. 
El informe reconoce, no obstante, la necesidad de realizar un estudio independiente, científico, objetivo y riguroso de los convenios de los Estados Unidos sobre la droga, con vistas a actualizarlos y completarlos. 
Dicho estudio debe basarse en las reflexiones y propuestas de las personas que trabajan sobre el terreno; debe llevarse a cabo sin tabúes y con un coraje político que se echa en falta con demasiada frecuencia. 
En lo que a mí respecta, quisiera presentar tres propuestas concretas. 
En primer lugar hay que acabar con las leyes que reprimen por igual al consumidor y al traficante, y emprender decididamente la vía de la despenalización del consumo de drogas. 
Hay que dar prioridad a la prevención de riesgos, especialmente, reforzando las estructuras de escucha y las de atención, y sin olvidar las cuestiones sociales que están relacionadas. 
Por último, hay que reforzar la lucha contra los grandes traficantes internacionales a través de una mayor cooperación entre los Estados y la erradicación de los paraísos fiscales, que sólo sirven para blanquear el dinero de la droga y de otros tráficos ilícitos o para que los especuladores no paguen impuestos. 
Para terminar, si el objetivo es sinceramente luchar contra la droga, los presupuestos de la salud pública y de educación, en particular, deberían ser reforzados en consonancia con el reto. 
En algunos puntos son muy buenas. 
Eso es especialmente cierto en lo que respecta a su amplia perspectiva y al hecho de que dedican espacio y atención a los experimentos locales y regionales. 
Sobre otras cuestiones, y desgraciadamente son bastantes, existe claramente- y la Sra. d ' Ancona también lo ha señalado- un compromiso, especialmente en comparación con el proyecto de recomendación de 1996. 
Espero que, tanto este debate como los debates futuros, sean decisivos a fin de que los partidarios y los detractores estén preparados para abandonar sus trincheras ideológicas porque, de lo contrario, este debate amenaza con repetirse una y otra vez en el Parlamento. 
Esto es especialmente importante, por lo que a nosotros se refiere, en el caso de los experimentos locales y regionales. 
Estoy convencido de que en todas las ciudades y pueblos, no sólo de los Países Bajos, sino de toda Europa, en los que hay personas que intentan encontrar soluciones muy equilibradas y controladas ante los problemas por todos admitidos, se encontrarán soluciones para la futura política en materia de drogas. 
Las soluciones vendrán de abajo y no del ámbito europeo ni del nacional, sino de los experimentos locales y regionales. 
Señor Presidente, lo siento mucho por nuestra simpática ponente. 
Hay cosas interesantes en su informe, pero también hay cosas inaceptables. 
Está, como ha dicho la Sra. Pailler, «la sociedad sin drogas» , algo absurdo; por otra parte, otras cosas interesantes abordan una faceta marginal del problema de la droga, pero no el fondo del problema, a saber, que este comercio gigantesco representa el 8 % del PIB mundial; está ese poder de las mafias internacionales que corrompen a nuestros policías, nuestros magistrados, nuestros periodistas, nuestras economías que invierten el dinero sucio en sectores económicos limpios. 
Está todo eso y, sobre eso, no hay nada. 
Nuestro Parlamento no quiere ver las cosas como son. 
Hace ya treinta años que existen los convenios internacionales de las Naciones Unidas, hace ya treinta años que asistimos, año tras año, a un aumento del consumo; mi colega Andrews lo ha dicho: este mismo año se ha registrado un aumento del 50 % del consumo de heroína, y esto continúa. 
Nuestra Asamblea no quiere ver nada de eso. 
Nos escondemos detrás de algo absurdo. 
Señor Presidente, a buenas horas mangas verdes, el Sr. Wiebenga ya lo ha dicho, es la descripción exacta del proyecto de resolución del que ahora hablamos. 
La sesión extraordinaria de la UNGASS se celebró la primavera pasada y, ante esto, uno puede preguntarse a quién están realmente dirigidas ahora las recomendaciones de este informe. 
Más importante todavía: ¿cuál es verdaderamente el contenido de la recomendación? 
En mi opinión, es necesaria alguna modificación, tal como ha propuesto nuestra colega, la Sra. Lindholm, y el Grupo del PPE. 
Sin embargo, incluso entonces, me pregunto cuál es el sentido del informe. 
No se han introducido nuevos puntos de vista. 
Las recomendaciones, en el fondo, no tienen destinatario. 
Este descontento también se ha puesto claramente de manifiesto por el gran número de enmiendas presentadas. 
En resumidas cuentas, de hecho, este informe no suscita más que irritación y, en lo que a mi respecta, no tiene sentido haberlo remitido de nuevo al Pleno. 
Otro motivo de discordia es la parte B, la exposición de motivos, que contiene el informe d ' Ancona. 
Ahora que las recomendaciones se han modificado drásticamente, la exposición de motivos no pega ni con cola. 
Me parece evidente la necesidad de adaptar esta exposición de motivos. 
La mayoría de este Parlamento parece no compartir la opinión política de la Sra. d ' Ancona. 
Creo que puede extraer sus conclusiones de este hecho. 
Lo que la Sra. d ' Ancona acaba de señalar sobre planteamiento legalista-moralista frente a planteamiento médico me parece una contraposición impropia que dificulta el trabajo. 
Las experiencias de los delincuentes que, en lugar de cumplir su condena, son obligados a seguir una cura de desintoxicación, muestran otra cosa. 
Los toxicómanos con mucha adicción, que están más muertos que vivos, vuelven a la vida y ven nuevas posibilidades. 
No se puede y no se tiene que abandonar a estas personas. 
La Harm reduction no es, por tanto, ninguna solución, tampoco lo es la heroína gratis. 
Me remito al NRC del sábado pasado. 
Estaba en contra de la inclusión de este informe en el orden del día. 
Haberlo incluido por carecer ahora de contenido, no fomenta la imagen de un Parlamento serio. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera saludar el talante de concertación y de diálogo de la ponente. 
Ha sabido demostrarlo durante el lento proceso que nos ha conducido a la elaboración del informe que hoy debatimos, un auténtico espíritu de diálogo. 
Conociendo su actitud personal, hay que valorar los esfuerzos que ha sabido realizar para presentarnos un texto que lima lo fundamental de los temas espinosos, tan numerosos y pasionales, cuando se trata de definir una política en materia de droga. 
Sin olvidar las fuertes divergencias que nos separan, la ponente ha querido dar prioridad a la política de pequeños pasos y, a pesar de nuestras diferentes filosofías, apuesta por conseguir que nos pongamos de acuerdo sobre una serie de avances que permitan atenuar los estragos de algunas drogas: reducción de los riesgos y de la demanda, respaldo social, derecho a ayuda sanitaria y, sobre todo, apoyo a una serie de experiencias piloto. 
A título personal, apruebo su planteamiento, a pesar de que, evidentemente, el resultado dista mucho de satisfacerme. 
Pero me parece lamentable que las concesiones vayan en una única dirección y que una serie de enmiendas presentadas y aprobadas en comisión hayan roto el equilibrio que buscaba Hedy d ' Ancona. 
No me refiero a la multitud de enmiendas que se han presentado en el Pleno. 
¿Cómo se presenta la situación realmente? 
Por un lado, los partidarios de la política restrictiva defienden el objetivo de una sociedad sin droga, pero no proponen ningún medio nuevo para lograrlo, sino seguir sin pestañear la actual política, a pesar de que todos constatan que no ha dado frutos. 
Y para impedir que nos desviemos de esta línea y para obstaculizar cualquier experimentación nueva, se sigue machacando sin cese en la adhesión a los convenios de las Naciones Unidas, tan inadaptados a la sociedad de hoy que son muy pocos los Estados que están en condiciones de aplicarlos. 
Eso crea un desfase realmente surrealista y nocivo entre las legislaciones de los Estados miembros y su aplicación. 
¡Ah, el sueño utópico de una sociedad sin droga! 
Quería ironizar, pero la Sra. Pailler me ha quitado la palabra de la boca y lo ha hecho exactamente en los mismos términos que yo quería emplear. 
Me abstendré, por consiguiente, pero diré que si esta consigna fuera sólo poco realista y utópica, sería un mal menor; considero, no obstante, que es claramente peligrosa. 
Alimentar falsas esperanzas entre los ciudadanos, obligarles a aceptar falsos remedios, que no resolverán nada, equivale a fomentar el escepticismo con respecto a la impotencia del político y a las promesas no cumplidas. 
Ante estos defensores de la legislación actual, tan seguros de ellos mismos, ¿qué pedimos? 
Que sea posible explorar otras vías que han dado resultados alentadores allí donde han podido ser experimentadas. 
Es necesario asimismo que los convenios de la ONU no actúen como un freno y una prohibición. 
La Sra. d ' Ancona lo ha repetido, por el momento no es posible una armonización. 
No se trata, por tanto, de imponer a un Estado una serie de normas que no desee aplicar. 
Y si nuestros colegas suecos están contentos con su política, que sigan con ellas. 
Nadie tiene intención de impedírselo. 
Sólo queremos que reconozcan que se puede no ser de la misma opinión. 
Queremos que se pueda instaurar un debate sereno sobre unas bases imparciales, sin ucases, sin anatemas. 
¿Es eso realmente pedir demasiado? 
Señor Presidente, comparto la opinión de Blokland en cuanto al principio de que el reenvío a la comisión y el Parlamento es erróneo. 
Sin embargo, el homenaje anterior de Hedy d ' Ancona a la legalización del cannabis y al mantenimiento de la heroína ha conducido ahora a una propuesta que no va en contra de los principios contenidos en la política de drogas del PPE. 
La actitud firme del PPE en esta materia ha contribuido a este cambio. 
El asunto que se trata ahora es el de saber qué queremos decir cuando hablamos de combatir las drogas. 
Me preocupan las ideas de centralización respecto del tratamiento y rehabilitación de drogadictos. 
Los asuntos que se pueden tratar localmente no deben ser decididos en el ámbito supra estatal, debiendo reservarse éste para materias que solamente pueden resolverse de modo eficiente en el ámbito de la Unión, por ejemplo, colaboración de Europol y colaboración sobre normas comunes para los controles fronterizos. 
La colaboración europea es un instrumento extraordinario en la lucha contra la delincuencia relacionada con drogas. 
No obstante, dudo que sea igualmente extraordinario tratándose del trabajo diario en las calles, en los barrios de drogadictos y en los centros de rehabilitación. 
Todos estamos en contra de los daños causados por las drogas. 
Queremos limitar el sufrimiento. 
Cómo vamos a hacerlo es algo que queda por definir en detalle. 
El concepto de limitación de daños ha sido manchado por programas fallidos que no sacan a los toxicómanos de su dependencia. 
Es por eso que el Grupo PPE y yo hemos presentado algunas propuestas de enmiendas encaminadas a mejorar el control en torno a la tarea de minimizar daños y a hacer las normas más severas. 
Para minimizar el sufrimiento se necesita tratamiento, educación, aportaciones sociales y aquello que dé al toxicómano otros valores en la vida que las drogas. 
La convención de Naciones Unidas sobre la infancia establece el derecho de los niños a una vida libre de drogas y la política contra las drogas de la ONU del mes de junio debe ser una guía para la UE. 
Finalmente, quiero felicitar a d ' Ancona, no por un informe que tal vez no es perfecto en todas sus partes, pero sí porque ahora ella tendrá tiempo y energía para otras cosas que la revisión del informe sobre política de drogas. 
Sólo nos queda que en el futuro nos intercambiemos nuestros modelos para aprovechar las mejores soluciones. 
Señor Presidente, es inútil defender altos ideales morales a la hora de debatir sobre las drogas. 
La lacra de la droga tiene muchas facetas, pero sobre todo se trata de las vidas arruinadas y del sufrimiento humano. 
Hace falta algo más que una ideología encorsetada; hacen falta políticas que den resultados. 
El informe d ' Ancona ha sido redactado con ese espíritu. 
Hace un llamamiento a los Estados miembros para que hagan posible que las autoridades a los diferentes niveles adopten un enfoque nuevo, innovador y orientado hacia los resultados. 
Apoyamos este mensaje, porque creemos que sencillamente no debe descartarse ninguna política. 
El problema de la droga exige pragmatismo y un talante abierto. 
Por ello, prefiero el enfoque de Sir Jack Stewart-Clark al del Sr. Blokland. 
Está claro que en los nuevos Estados miembros, los enfoques ante la droga son diferentes. 
Esto crea problemas añadidos, como puede ser el turismo hacia paraísos de la droga. 
En un mundo ideal, tendríamos una armonización de las legislaciones. 
En este sentido, el informe d ' Ancona es realista- basta con escuchar este debate. 
Reconoce que la armonización es prematura y aboga, en cambio, por una cooperación concreta y mayor entre las autoridades a nivel nacional, regional y urbano. 
Dicha cooperación es necesaria para solucionar disputas entre los Estados miembros como resultado de las diferentes políticas. 
Ayudará asimismo a promover un mejor entendimiento de qué políticas son eficaces y en qué condiciones. 
Este aspecto será sin duda una de las piedras angulares de una política europea eficaz en materia de drogas. 
En la práctica, podríamos llegar a la conclusión de que nuestras experiencias relativas a las políticas que funcionan no son tan diferentes entre sí. 
Estuve en Suecia y no me pareció que, en la práctica, la policía de Suecia actuara de un modo muy diferente de como actúa en Holanda. 
En este sentido, el informe d ' Ancona toca otro aspecto espinoso: hace un llamamiento para que salve el vacío que existe entre la política que se predica y la que se aplica. 
Acabemos con la hipocresía entre la ley y la práctica. 
Los instrumentos legales de que disponemos deben ser adaptados a la nueva realidad. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la droga, celebrada en julio de 1998, podría haber sido una oportunidad para corregir las discrepancias más graves entre legislación y aplicación, así como para incorporar en el convenio la reciente evolución del panorama de la droga. 
Por todo ello prefiero el enfoque humano del informe de la Sra. d ' Ancona, al enfoque ideológico que sigo escuchando demasiado en este Hemiciclo. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a la Sra. d ' Ancona por su intento de alcanzar el consenso en la Asamblea respecto a un tema muy difícil, sobre el que existen muchas opiniones y actitudes divergentes en este Parlamento. 
No obstante, el Parlamento está actuando en cierta medida como un eunuco político, porque estamos hablando y haciendo recomendaciones sobre una sesión extraordinaria de la ONU sobre las drogas que ya ha tenido lugar. 
Teniendo en cuenta este aspecto, al igual que los comentarios que han hecho otros diputados, es importante establecer una serie de factores clave, para que la opinión pública entienda qué es lo que nos proponemos en este Parlamento. 
En primer lugar, estamos a favor de proteger a la población de la Unión Europea. 
En segundo lugar, estamos a favor de ayudar a las personas de todo el mundo que dependen del cultivo de drogas, debido a la situación económica de sus respectivos países. 
En tercer lugar, estamos a favor de garantizar que proporcionaremos la mejor formación y las mejores herramientas de conocimiento a nuestros jóvenes, para que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa sobre sus propios estilos de vida. 
En cuarto lugar, estamos a favor de desechar ideologías inútiles y gastadas y, en particular, estamos aquí para adoptar una posición política y un enfoque visionario con respecto a determinar el mejor medio de ayudar a todo el mundo a vivir en una sociedad sin droga. 
No es una solución perfecta y puede que no sea del todo viable. 
Pero si nos permitimos ser complacientes y afirmamos que estamos dispuestos a aceptar un determinado porcentaje de toxicomanías, habremos perdido la batalla de antemano. 
Debemos aspirar al mejor ideal utópico posible y trabajar para alcanzarlo. 
Señor Presidente, la vez anterior que tratamos este informe quedé bastante impresionada por la situación en este Parlamento. 
En cualquier caso, quedó bastante claro que estábamos muy, muy lejos de cualquier afán de armonización. 
Creo que, después de las discusiones sobre nuestras prerrogativas, éste es el informe que más nos ha inquietado. 
Se ha hablado mucho sobre el concepto sueco en esta materia. 
Quiero aprovechar la ocasión para comunicar el resultado de una investigación que se publicó la semana pasada. 
Se trataba de jóvenes al comienzo de la pubertad y el número de jóvenes que había probado drogas ha disminuido considerablemente. 
Esto no es consecuencia de una actitud moralizadora sino que esto se ha conseguido con muchos, muchos esfuerzos directos en el terreno, entre los jóvenes, en los barrios periféricos, especialmente en las grandes ciudades donde la marginación es mayor. 
Esto demuestra que es evidente que tenemos que ser pragmáticos, especialmente cuando se trata justamente de realizar esfuerzos humanos, en primer lugar, por nuestros jóvenes. 
Por lo demás, estimo que debemos estudiar el contenido de una política restrictiva, lo que definitivamente no debe ser lo mismo que una política represiva. 
Señor Presidente, la comunidad internacional ha expresado de forma clara y contundente sus criterios sobre política de drogas mediante tres convenciones sobre la materia y la postura política adoptada en la reunión celebrada en Nueva York, del 8 al 11 de junio de este año. 
La comunidad internacional también se ha comprometido, incluidos los Estados miembros de la UE, mediante la Convención sobre la Infancia de la ONU de 1989, artículo 33, a proteger a los niños del uso de sustancias narcóticas, drogas ilegales y de verse envueltos en la producción o distribución ilegal de ellas. 
Hoy, cinco de octubre, es el Día Internacional de la Infancia. 
Todos tenemos una responsabilidad en el cumplimiento de las convenciones que han sido ratificadas por nuestros países miembros. 
Por eso insto al Parlamento a votar en contra de todas las enmiendas y recomendaciones que se opongan a la Convención sobre la Infancia y al establecimiento de una sociedad libre de drogas. 
Señor Presidente, señoras y señores, el debate que nos ocupa desde hace meses, y, en la medida en que yo lo he podido seguir, también el debate de hoy, se caracterizan por una discusión no tanto acerca de cómo podemos proceder de la manera más eficiente posible en la prevención o en la ayuda asistencial sino, sobre todo, por una discusión acerca de si los distintos diputados consiguen reflejar que su opinión, o que la estrategia que se sigue en su país, es mejor que la que se sigue en otro. 
Primero, que no hay ningún camino privilegiado para luchar contra el problema de la droga. 
En todo caso no hay nadie en este Pleno o fuera de él que pueda afirmar: yo he encontrado el camino para resolver el problema preventiva y asistencialmente. 
No conozco a nadie. 
Esto significa, en segundo lugar, que siempre que discutimos los diferentes planteamientos para luchar contra el problema de las drogas siempre se pone de manifiesto algo, a saber, nuestro desamparo y nuestro desconcierto por el hecho de que los numerosos y diversos intentos que se han efectuado no han logrado una cosa: combatir eficazmente el fenómeno de las drogas. 
Debemos recordarnos esto a nosotros mismos, y debemos, creo yo, llegar al resultado al que ha llegado la Sra. d ' Ancona. 
Esto significa en lo esencial lo siguiente: teniendo en cuenta los presupuestos históricos que han caracterizado a cada sociedad en cada país, teniendo en cuenta las particularidades culturales y las distintas estructuras estatales- el sistema de salud pública varía de un país a otro- debemos llegar a llegar a resultados que sean- lo digo simplificadamente- específicos para cada país. 
No presupongo que los Países Bajos o Suecia actúen deshonestamente. 
Ambos países, por resaltar las posiciones más opuestas en este debate, tienen planteamientos distintos. 
Ambos tienen los mismos problemas. 
Se debería respetar a los dos, porque tanto un país como el otro realizan el mismo esfuerzo. 
Sin embargo, deberíamos dejar de comportarnos como si pudiera se razonable un debate en el que un país intente convencer al otor de que sus propios planteamientos son mejores que los del otro. 
Por ello la Sra. d ' Ancona ha intentado tras un largo debate llegar al compromiso siguiente: yo tengo mis propias posiciones- ella las ha expuesto mejor de lo que yo podría hacerlo -, pero en el marco de estas posiciones mías hay sitio para muchos planteamientos diferentes, a cada uno de los cuales- sin considerarlo inferior ni superior a los demás- se le debería considerar como equivalente. 
Considero que éste es un camino excelente para emprender el intento de, al menos, llegar a este consenso mínimo. 
Por ello felicito en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos a la Sra. d ' Ancona por su informe, en el que se intenta, aunque sea sobre el mínimo común denominador, pero aún así, llegar a un consenso. 
Señor Presidente, estimados colegas, el consumo de drogas, no sólo en Europa sino en todas partes, está aumentando dramáticamente. 
Todos nosotros tenemos, creo, un objetivo común, proteger en lo posible de las drogas y del consumo de las mismas a la juventud y a toda la sociedad. 
También estamos de acuerdo en que la lucha sólo puede realizarse mediante un paquete de medidas y en que debe haber un balance entre la prevención, la represión, la cura y la reinserción. 
Si se deja a un lado este balance- y esto es lo que hizo Hedy d ' Ancona en su primer informe cuando pidió la despenalización del consumo de drogas, la libre venta de productos del cannabis y de la heroína con receta médica- entonces se es penalizado. 
El informe fue rechazado con razón. 
El informe actual sigue otra vía. 
Intenta tener en cuenta ese balance. Contiene mucho de lo que propuso nuestro experto en drogas Sir Jack Stewart-Clark, y ha situado decididamente el aspecto social en primer plano. 
Así puede aprobarse el informe. 
Lo que encuentro dramático es que aquí, no obstante, se intente mediante propuestas de enmienda trastocar sensiblemente ese balance y engatusar a este Parlamento con la legalización de las drogas. 
¡Esto no puede ser! 
Lo que necesitamos para el futuro es la visión de que la prevención servirá de protección. 
Quisiera solicitar aquí apoyo para la prevención: escuelas libres de drogas para los niños, para la sociedad, pero duras penas para los traficantes, y ayudas para que los jóvenes drogodependientes puedan abandonar la droga. 
En el balance de estas tres medidas se encuentra nuestra oportunidad de lograr una sociedad y una vida libres de drogas. 
Señor Presidente, ha sido beneficioso para la reputación del Parlamento que hayamos devuelto el informe que ahora, en cambio, establece como objetivo una sociedad libre de drogas. 
Nuestro Grupo apoyó que se estudiase de nuevo. 
Que esto se haya hecho creo que es provechoso para la reputación del Parlamento. 
Personalmente no puedo dar mi apoyo a todas las recomendaciones, algunas de las cuales nombró Jan Andersson. 
Hemos tenido un debate muy polarizado. 
Una persona que está a favor de una política que yo represento, estima que no puede defender la harm reduction. 
Opino que esto es erróneo, es una equivocación. 
Yo también quiero disminuir el sufrimiento, pero no puedo aceptar términos como «caballos de Troya». 
Se sostiene que la situación existente en las cárceles se debe a la política de drogas. 
Sin embargo, yo afirmo que esa situación es ocasionada por una política penitenciaria equivocada. 
Finlandia es el país que tiene el menor número de cárceles pero una estricta política penitenciaria. 
Por tanto, esto se puede combinar. 
Es el Consejo de Europa el que tiene que hacer algo para mejorar la política penitenciaria y los errores allí existentes. 
A la gente se le debe dar, en cambio, mejor asistencia. 
Señor Presidente, pido que se me disculpe. 
No quisiera detener el funcionamiento, pero tanto el Sr. Pirker como la Sra. Thors han hecho una afirmación objetivamente falsa. 
El informe no fue rechazado por el Pleno, sino que yo pedí en nombre del Grupo Socialista que se devolviese el informe desde el Pleno a la Comisión. 
Es una diferencia esencial. 
Aquí se está actuando todo el tiempo como si el Pleno hubiese dicho que no quiere la patata caliente. 
La Sra. d ' Ancona me ha pedido que retire el informe para tener la oportunidad de negociar un compromiso. 
Esta es una diferencia objetiva esencial. 
Señor Presidente, no hace falta hilar tan fino, como suele decirse. 
No conviene discutir así. 
He empleado una palabra que abarca ambas situaciones a las que usted se ha referido. 
Återremiss en sueco se utiliza para casos en los que se pide que se retire algo y que luego es devuelto al organismo encargado de su preparación. 
Señor Presidente, lo cierto es que el informe fue devuelto a comisión, porque el Grupo Laborista británico- el sector más numeroso del Grupo de los Socialistas- se disponía a votar en contra. 
Se siguieron instrucciones del Ministro de Interior británico, cuyo hijo acababa de ser detenido por tráfico de drogas, por lo que resultaba embarazoso apoyar el informe. 
El informe original de la Sra. d ' Ancona era excelente. 
Éste, lamentablemente, no es tan bueno, aunque contiene cosas buenas. 
En esta Asamblea reina esta noche un olor dulzón a hipocresía, que se confunde con el olor de una droga que hay fuera- una droga llamada tabaco, que mata a medio millón de europeos al año. 
Este Parlamento ni siquiera consigue impedir que se fume en zonas en las que no se debería fumar, como a las puertas de este Hemiciclo. 
En cambio, intenta suavizar la política sensata en materia de drogas que presenta la Sra. d ' Ancona. 
Sé que muchos diputados laboristas británicos han fumado marihuana en el pasado y algunos continúan fumando. 
Pero todos votarán en contra del informe, debido a la hipocresía que prevalece en esta Asamblea. 
Necesitamos una política sensata sobre la despenalización del consumo de cannabis, como existe en Holanda, en Australia y en muchas partes del mundo. 
Entonces podremos ocuparnos con mucha más eficacia del auténtico problema de las drogas duras, y puede que los jóvenes nos tomen en serio. 
Señor Presidente, creo que el hecho de que tengamos delante el informe de la Sra. d ' Ancona, en su forma actual, constituye un paso importante. 
En cualquier caso, en mi país llamará la atención que se establezcan algunos principio claros. 
El principio de una sociedad sin drogas, por ejemplo, de «vivir sin drogas» se incluye en el informe; el de la limitación de la demanda; el de hacer un mayor hincapié en el cumplimiento de la ley y de los acuerdos internacionales. 
Por tanto, eso significa: fuera la política permisiva. 
Esto sí es una declaración. 
Tengo la impresión de que principios tales como el de «sociedad permisiva» , que de vez en cuando he leído en el programa del Partido Liberal, supone una muerte silenciosa en lo que respecta a la política en materia drogas. 
Así mismo, creo que esto es muy importante, puesto que el perjuicio que causan las drogas al consumidor y a las personas de su entorno es grande, especialmente, esto lo sabe todo el mundo, en el nivel socioeconómico más bajo de esta sociedad. 
Creo que ni decir tiene que los socialdemócratas y los democristianos deben ponerse de acuerdo en algún momento sobre semejante cuestión, ya que luchar contra el dolor, especialmente en el caso de las personas que son más vulnerables, debe ser el primer principio que sigamos. 
Creo que es acertado presentar como ideal una sociedad sin drogas. 
Me sorprende mucho que semejante ideal sea rechazado por algunos, como si el esfuerzo por el pleno empleo, el esfuerzo por erradicar la pobreza, el esfuerzo por una sociedad en la que reine el derecho y el esfuerzo por desterrar a los imbéciles del Parlamento no fueran también ideales a los que debemos aspirar con fuerza. 
Por ello, considero acertada la elaboración de este informe. 
Es un compromiso, pero afortunadamente también contiene una política y ésa es una cuestión importante. 
Señor Presidente, la Sra. D ' Ancona ha llevado a cabo una concienzuda labor en la redacción del presente informe. 
Este segundo informe es claramente más racional, más moderado y, ante todo, más constructivo que su predecesor. 
Creo que el largo y acalorado examen de los informes D ' Ancona ha reforzado la impresión generalizada de que no es posible vencer la batalla contra la droga mediante una armonización de las legislaciones nacionales sometida únicamente a las condiciones de la política liberal en esta materia. 
Cada cual a su manera, todos somos víctimas del consumo de estupefacientes. 
La cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la droga ha de ser activa, no reactiva. 
La solución adecuada no estriba en concentrar esfuerzos para combatir el daño que ocasiona el uso de sustancias estupefacientes. 
El debate sobre las drogas sintéticas ha dejado de manifiesto que la Unión Europea debería centrarse más específicamente en las tareas de información orientadas a la infancia y a la juventud. 
La única manera de dificultar la iniciación al uso de los estupefacientes es luchando contra las distintas drogas de moda entre los jóvenes, como los productos sintéticos de tipo «éxtasis». 
Se debería disponer de financiación comunitaria para fomentar y lograr un mayor intercambio de información entre las autoridades, así como para crear bases de datos comunes con el fin de registrar la composición de las nuevas sustancias estupefacientes. 
Para finalizar, señor Presidente, me gustaría señalar que, si no me equivoco, está prohibido expresar opiniones en las tribunas de este Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, considero importante que también esta tarde hayamos vuelto a abordar el tema de la toxicomanía y, sobre todo, que se hayan tenido en cuenta las dificultades objetivas que entraña, ya que la toxicomanía no se puede vencer con una varita mágica. 
Es imposible encontrar una solución que nos lleve rápida e inmediatamente a una sociedad sin droga. 
Nos enfrentamos a un trabajo difícil que deberán considerar no sólo el Parlamento Europeo, sino todos los Estados comprometidos en el frente de una estrategia global que ha vuelto a reiterarse en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, una estrategia que nos invita a tomar ante todo el camino de la prevención y a tratar de reducir la demanda de drogas en nuestra Comunidad a través de la formación y la información, sin ignorar que existe el gran riesgo de las drogas sintéticas. 
La prevención no es suficiente, hay que curar a los jóvenes que atraviesan el túnel de la muerte, el túnel de la droga, no sólo prestando atención a la estrategia de la reducción de los daños, sino sabiendo que existen importantes experiencias llevadas adelante por el voluntariado a través de la cultura de la solidaridad. 
Los centros de desintoxicación han devuelto a la vida a muchos jóvenes; la prevención y el tratamiento van unidos a la rehabilitación, a la reinserción y, finalmente, a las políticas de represión no solo del comercio a pequeña escala, sino sobre todo del narcotráfico. 
Es fundamental tratar de eliminar esta plaga abordando antes que nada la cuestión del secreto bancario, habida cuenta de que por la economía legal pasan enormes flujos de dinero que provocan la muerte. 
Es aquí donde Parlamento Europeo tiene que intervenir con carácter prioritario. 
Señor Presidente, con interés he leído el informe revisado de d ' Ancona y he seguido el muy intenso debate de hoy. 
Desde hace muchos años el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión han tenido una colaboración estrecha y fructífera justamente en materia de drogas. 
Hemos organizado importantes conferencias juntos y el intercambio de información ha funcionado bien. 
Representantes del Parlamento Europeo participaron también en la delegación de la Comisión a la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas el verano pasado. 
Igual que d ' Ancona, espero que continúe esta colaboración. 
Lo he dicho muchas veces antes, pero merece ser repetido: esta colaboración garantiza un diálogo constructivo y centrado en los temas esenciales de la política de drogas. 
Una prueba es que juntos nos ayudamos a poner las drogas químicas efectivamente en la agenda política de la UE. 
Opino que esto refuerza la imagen de una Europa unida en la lucha contra la expansión de las drogas. 
También ha contribuido a adecuar la agenda política de la UE de manera que refleje mejor las inquietudes y preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. 
Mediante la colaboración hemos demostrado también que las normas y leyes en esta materia son hoy bastante parecidas dentro de la UE. 
Esto se debe en gran parte a que las convenciones de la ONU constituyen una base común para todos. 
Evidentemente que las normas de la UE en cuanto a lavado de dinero y precursores químicos, por ejemplo, también han tenido un papel importante. 
Al mismo tiempo, no podemos negar que todavía quedan muchas diferencias importantes. 
Las penas por tenencia, comercio y contrabando varían, también la actitud frente a la tenencia para el propio consumo y la consideración de algunas drogas como menos peligrosas que otras. 
También hay que ser consciente de que existen importantes diferencias en la forma cómo se aplican las normas y leyes existentes. 
Las diferencias no carecen de relevancia. 
Ellas reflejan contradicciones básicas acerca de cómo deben diseñarse las estrategias en el sector de las drogas en el futuro. 
Por tanto, queda mucho trabajo para llegar a una política europea común en materia de drogas. 
Sin embargo, las diferencias no deben exagerarse. 
Existe el riesgo de que dediquemos demasiado tiempo y energía a problemas relativamente pequeños. 
Esto impide un diálogo constructivo en torno a los grandes problemas comunes que tenemos que resolver de mutuo acuerdo y con recursos comunes. 
En el informe de d ' Ancona se establece también de forma clara y contundente que nuestro objetivo común dentro de la UE es y seguirá siendo una sociedad libre de drogas. 
Esto es valioso, no deben existir ambigüedades en este punto. 
Señor Presidente, la combinación de medidas preventivas y restrictivas que caracterizan a la actual política en materia de drogas en Europa es el resultado de treinta años de esfuerzos. 
Todos han llegado a la conclusión de que el trabajo preventivo y las medidas sociales son tan importantes como las prohibiciones y restricciones. 
En la práctica, la política de drogas comprende tres componentes básicos distintos. 
El primero consta de medidas para disminuir la demanda, el segundo de medidas para disminuir la oferta y el tercero es la cooperación internacional. 
Esos tres componentes esenciales formaron la base del plan quinquenal de acción contra las drogas de la Unión, aprobado en 1994, y que ahora se va a poner al día. 
Continuidad y perseverancia son conceptos clave en este contexto. 
En el documento final aprobado por Naciones Unidas en su sesión especial del verano pasado también se hace hincapié en esto. 
Por eso me alegra especialmente que las recomendaciones del informe de d ' Ancona expresen tan claramente su apoyo a las convenciones de la ONU. 
Ellas establecen una saludable claridad sacerca de los marcos de las futuras orientaciones de la lucha contra las drogas. 
Ahora se trata de ajustar y calibrar la colaboración para adecuarla mejor a las nuevas tendencias y preferencias. 
Por el contrario, no hay lugar para grandes reformas o experimentos peligrosos. 
Señor Presidente, parece que hoy la mayoría está de acuerdo en que hay que poner el acento en las medidas preventivas. 
La sola exigencia de más policías y empleados de aduanas, de penas más severas o de la destrucción implacable de las plantaciones de narcóticos en países en desarrollo, no es un camino apropiado. 
Por el contrario, se trata tanto de establecer marcos estables como de asumir una amplia responsabilidad social. 
Por este motivo, aprecio que la ponente asigne en su informe un lugar al programa económico de medidas comunitarias para la prevención de la drogodependencia. 
La Unión ha invertido 27 millones de ecus en un período de cinco años para respaldar el trabajo de prevención en los Estados miembros. 
El programa abre oportunidades únicas para la colaboración entre órganos regionales y organizaciones de voluntariado. 
También crea condiciones para un desarrollo metodológico, por ejemplo, en relación con la evaluación del trabajo preventivo en los Estados miembros. 
La idea es que sea posible identificar las estrategias que fomenten un mejor intercambio de información y experiencias. 
Por el contrario, hay que decir, de forma clara y precisa, que el programa comunitario no puede usarse para apoyar actividades experimentales en el campo de las drogas. Desgraciadamente, a veces se producen algunas equivocaciones en este punto. 
Finalmente quiero decir que recientemente ha comenzado el trabajo de puesta al día del plan quinquenal de acción contra las drogas de la Unión. 
Yo tengo la responsabilidad de la coordinación del trabajo de la Comisión para la presentación de su contribución al nuevo plan. 
Cuento con que vamos a tener listo un primer borrador a principios del próximo año. 
De momento, pediré a los colegas pertinentes que evalúen todos los esfuerzos que se han hecho en este campo dentro de la Unión en los últimos años. 
Doy por hecho que en mi papel de Comisaria coordinadora voy a tener muchas oportunidades de discutir estas materias con el Parlamento, tanto en la comisión como en el Pleno. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Anticorrupción 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0285/98) del Sr. Bontempi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (97) 0192- C4-0273/97) sobre una política de la Unión Europea en materia de lucha contra la corrupción. 
Señor Presidente, el informe que hoy sometemos a debate y a votación versa ante todo sobre la Comunicación de la Comisión del año 1997 relativa a sus propuestas de directrices. 
Además, habida cuenta de los muchos e interesantes progresos que se han registrado a escala internacional en la definición de una estrategia en materia de lucha contra la corrupción, el mismo da cuenta y versa sobre las prioridades no sin dejar de determinar las iniciativas urgentes que es preciso emprender y llevar a cabo. 
En realidad, sobre la mesa de los distintos foros internacionales hay muchas propuestas, muchas ideas: lo que ahora hace falta es concretar y emprender acciones efectivas. 
Por lo que respecta al informe de la Comisión, quiero expresar un breve juicio global reservándome volver después sobre algunos aspectos concretos del mismo. 
Se trata de un buen informe que, sin embargo, adolece de dos lagunas bastante evidentes: la primera es la escasa operatividad incluso en los ámbitos en que, de hecho, la iniciativa le corresponde a la Comisión y no se reclama a otras instituciones; la segunda- políticamente aún más relevante- reside en el hecho de que no se hace mención alguna de los problemas, de los riesgos y de las posibles medidas para luchar contra la corrupción en el ámbito de las propias Instituciones europeas. 
Recientemente, hemos descubierto casos escandalosos- en última instancia el caso ECHO- que demuestran que para ser creíbles a la hora de indicar caminos a los demás, es necesario disponer de un marco normativo y de prioridades muy concreto. 
En este sentido, el informe formula una serie de propuestas y considero que la Comisión me va a prestar cierto apoyo a la hora de reforzar esta parte. 
El problema, por otra parte, será objeto del informe Bösch, que se debatirá mañana y que se refiere precisamente a estos aspectos. 
En cuanto al contexto general, quiero recordar que en los últimos tres o cuatro años ha cundido la alarma. 
Esto se ha constatado a raíz de los escándalos producidos en varias partes del mundo- Kenia, Japón, México, Corea del Sur, República de Boemia, Italia, España, Francia- donde líderes o grupos dirigentes se han visto envueltos en escándalos de corrupción. 
Según las últimas estimaciones, el 5 % de todas las inversiones extranjeras directas en el ámbito de la importación de los países más afectados se va en corrupción, sin contar la corrupción interna. 
De hecho, nos hemos dado cuenta de que había cundido la alarma porque, incluso los organismos que hasta hace poco no se atrevían a pronunciar la palabra corrupción, hoy la colocan en el lugar principal de sus agendas. 
Me refiero, de forma no polémica sino subrayando esta circunstancia, al Instituto Monetario, al Banco Mundial, a la OCDE, en definitiva, a todos aquellos organismos que antes, repito, aunque tenían constancia de muchos casos de corrupción, algunos de ellos generalizados, por ejemplo, en el ámbito del comercio internacional, nunca se habían pronunciado al respecto. 
En este momento, estoy muy satisfecho de que, a la vista de los últimos y peligrosos avances, precisamente el mundo de los negocios y estas instituciones se hayan percatado de la situación. 
En este sentido, diré que los días 14 y 15 de abril se celebró un interesante seminario conjunto- Consejo, Comisión y Parlamento- sobre la corrupción del mundo de los negocios y en esa ocasión algunos representantes del mismo asumieron compromisos, algunos de ellos importantes. 
Ahora estamos a la espera de confirmaciones y pruebas. 
Un nuevo hecho que quiero mencionar por ser muy significativo es la existencia de una organización no gubernamental denominada «Transparency International» que desde 1993 opera en Berlín para luchar contra la corrupción desde el punto de vista del mundo de los negocios. 
Esto ha determinado nuevos hechos que sólo me limito a mencionar: un convenio de la Unión Europea, recientemente aprobado por el Consejo junto con el Protocolo para la protección de los intereses financieros y, sobre todo, en diciembre, un convenio OCDE de gran envergadura que es el primer acto colectivo, realizado en un foro tan importante, en pos de una lucha explícita y concreta contra la corrupción. 
Quiero, sin embargo, recordar el Tratado de Amsterdam, cuyo nuevo fundamento jurídico permite emplearse a fondo en la lucha contra la corrupción gracias a los instrumentos de cooperación reforzada. 
Todo esto sirve para decir que los instrumentos existen y el final del informe, del que intentaré abordar rápidamente algunos puntos, se propone indicar los principales caminos y prioridades para realizar este trabajo en el supuesto de una lucha de gran alcance. 
Me refiero a la ratificación de los convenios, recuerdo ante todo la necesidad de adoptar- los Estados miembros y la Comisión- medidas contra la posibilidad de deducir los gastos por corrupción- escándalo que sigue produciéndose en nuestros Estados- y, por último, recuerdo todas las muy importantes medidas de prevención como la transparencia, la desburocratización que pueden contribuir a que también el mundo político se comprometa a luchar contra la corrupción. 
La independencia de la judicatura es fundamental, pero la condición sine qua non para vencer la batalla es el compromiso moral de los ciudadanos y, permítanme decirlo, el compromiso moral de las Instituciones y de la política. 
Yo creo que muchos en este Pleno quieren hacer política siendo estimados y no tolerados, y la prueba de la corrupción es una prueba decisiva. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha destacado cinco medidas, que o bien ya existen o deben ser introducidas, para atajar y erradicar la corrupción. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos desearía, en particular, que la Comisión presente una legislación para ampliar el alcance de la actual directiva sobre el blanqueo de dinero que incluya actividades delictivas como la corrupción. 
Deseamos que la Comisión diga explícitamente qué Estados miembros permiten deducir de impuestos los sobornos pagados a funcionarios extranjeros, con el fin de poder erradicar la desgravación de los sobornos pagados a dichos funcionarios. 
También deseamos que la Comisión presente una legislación que esclarezca las condiciones de admisión a los procedimientos para obtener contratos públicos, al objeto de impedir que todas las personas que hayan sido declaradas culpables de corrupción vuelvan a participar en dichos procedimientos. 
Asimismo deseamos que la Comisión estudie los criterios que permitan adoptar las medidas necesarias para establecer un sistema integral que consista en incluir en una lista negra a las empresas que practican la corrupción e impedirles competir o que les sean concedidos futuros contratos y subvenciones, y alertar a terceros sobre los posibles riesgos de realizar negocios con dichas empresas. 
La Comisión debe establecer unos criterios claros para la inclusión en dicha lista negra y sobre los procedimientos de apelación. 
Por último, la Comisión de Asuntos Jurídicos cree que todos los competidores que aspiran a proyectos específicos deben comprometerse por escrito de que no recurrirán al soborno para obtener un contrato público. 
Creemos que esta medida merece ser estudiada detenidamente. 
A pesar de que comprendemos que en materia penal son los Estados miembros los que tienen competencia, deseamos que la Comisión introduzca estas cinco medidas a nivel de la Unión Europea. 
Señor Presidente, quisiera felicitar antes de nada a nuestro colega Bontempi por su excelente informe y por el hecho de que ha incorporado en su informe una gran parte de nuestras preocupaciones. 
La Comisión haría bien quizás respecto del tema de la corrupción en mirarse primero a sí misma antes de dar lecciones a los demás. 
Esta fue nuestra idea central cuando la Comisión de Control Presupuestario hizo pública el 21 de octubre de 1997, es decir, hace ahora un año, su postura sobre el informe del Sr. Bontempi. 
Nosotros constatamos en su momento que la comunicación de la Comisión sobre una política de la UE dirigida a la lucha contra la corrupción contiene, ciertamente, muchas cosas correctas y dignas de consideración, pero el tema de la corrupción dentro de la Comisión y en las otras instituciones de la UE no aparece reflejado. 
Este aspecto de la cuestión- dicho claramente- fue sencillamente reprimido. 
Pero desde hace algunas semanas y algunos días, es objeto de una intensa discusión. Esto confirma hasta qué punto fue acertado que a principios de año el Parlamento aplazase la aprobación de la gestión de la Comisión. 
En su momento formulamos dos peticiones centrales: primero, que se mantenga regularmente informado al Parlamento de todas las investigaciones internas en curso sobre casos en los que empleados de la UE se pudiesen estar envueltos en estafas y corrupción, y, en segundo lugar, que se le proporcione una rápida y completa información sobre las autoridades judiciales competentes en cada caso. 
Desgraciadamente hay que constatar que, hasta hoy, no se han cumplido estas condiciones. 
Los ánimos se inflaman ahora por este o aquel asunto, pero lo que es verdaderamente grave es que no tengamos ninguna panorámica fiable sobre la extensión, el carácter y los resultados de los casos internos investigados por la Comisión. 
Lo que conocemos es tan sólo una cifra: 27 casos están siendo investigados actualmente, entre los cuales hay alguna probabilidad de que están envueltos funcionarios de la Comisión. 
El acceso a los informes correspondientes, sin embargo, es obstaculizado casi sistemáticamente por la Comisión. 
Ni siquiera tenemos una lista de los casos. 
Si esto no cambia pronto y radicalmente, la Comisión no sólo se jugará su propio futuro, sino que producirá graves daños a la dignidad de toda la Unión Europea. 
Y en este caso no tiene absolutamente ningún derecho de dar lecciones a otros sobre el modo correcto de combatir la corrupción. 
Señor Presidente, señoras y señores, el Sr. Bösch ha tomado lógicamente hoy postura respecto del debate de mañana. 
Por su compromiso personal no quiero hacer más comentarios sobre lo que Herbert Bösch ha dicho. 
Ello nos ocupará intensamente mañana. 
Sin embargo, hay algo indiscutible: la corrupción es un fenómeno que supone un gran peligro para el orden estatal. 
Debemos tener bien presente que la desestabilización del Estado de Derecho siempre pasa por el hecho de que sus representantes son propensos a la corrupción. 
Sean diputados libremente elegidos o sean funcionarios, quienquiera que ostente la responsabilidad estatal, quienquiera que en la economía libre asuma la responsabilidad estatal de facto y sea propenso o esté dispuesto a la corrupción, contribuye a que se destruya el elemento fundamental de la democracia, a saber, la transparencia, la posibilidad de conocer la acción estatal. 
De la mano de esto va la destrucción de la confianza en la democracia, y en el momento en que la población no tiene confianza en la democracia, ésta llega a su final, esto es, la lucha contra la corrupción no es sólo lucha contra el delito, sino también lucha por la estabilización de las instituciones democráticas. 
Esto hay que tenerlo bien presente cuando se discuta el informe del Sr. Bontempi. 
Por ello debemos tener claro- y vuelvo otra vez al Sr. Bösch y sus contestaciones a la demanda- que con la Unión Europea, tal y como hoy está construida, hemos creado una organización que acumula un gran poder económico, que crea poderosas posibilidades financieras, pero en un entramado que se está volviendo cada vez más opaco. 
Quisiera proponer al Sr. Bösch que tenga en cuenta que la Comisión fue a menudo la que nos apoyó a nosotros, como Parlamento, en la exigencia de más transparencia. 
Más bien son los gobiernos de los Estados miembros, el Consejo de la Unión, el que se ocupa de que lo que acabo de describir, es decir, de que haya un mayor poder económico, un mayor poder financiero, pero al mismo tiempo se ocupa también de que no se desarrolle paralelamente la capacidad de control, especialmente la capacidad de control parlamentario. 
Por tanto digo: si una institución tan importante como la Unión Europea en la forma en que existe actualmente otorga la posibilidad de acción política y financiera a un poder ejecutivo que no es controlable de manera suficiente, entonces está abriendo las puertas a la corrupción. 
Por eso vuelvo a lo que dije al principio. 
Estamos frente a una internacionalización del poder económico en Europa mientras la lucha contra la mala utilización de ese poder económico se queda en el ámbito de las estructuras nacionales, y esto es exactamente lo que ha planteado Rinaldo Bontempi. 
Necesitamos una armonización internacional de los sistemas de lucha con el objetivo- aquí estamos de acuerdo, creo, con la Sra. Comisaria- de hacerlos converger a largo plazo en estructuras legales comunitarias, es decir, en un espacio de competencias y de poder discrecional propio de la UE en la lucha contra la corrupción, y con ello volvemos de nuevo en el informe Bösch al que mañana toca el turno. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, el Sr. Bontempi, por su informe que el PPE respaldará completamente. 
Creo que puedo ratificar plenamente, señor Presidente, lo dicho por el Sr. Schulz, quien ha señalado que muchas formas de corrupción, que en los últimos diez años han aumentado en diferentes Estados miembros de la Unión, han causado gran alarma en la opinión pública y en la población en general. 
Sin exagerar, puede hablarse, por tanto, de una crisis de los valores que consideramos más importantes cuando hablamos de democracia en Europa. 
Escándalos sucesivos han hecho dudar seriamente de la integridad de los altos responsables de las empresas, de las administraciones públicas y de la política. 
Quisiera señalar, además del ejemplo puesto por el Sr. Bösch y el Sr. Schulz sobre el fraude por valor de 700.000 ecus destinados a ayuda humanitaria para la antigua Yugoslavia, el sensacional proceso, que se encuentra en Bélgica ante el Tribunal de Casación, relativo a los cientos de millones que a través de Agusta y Dassault fueron empleados en la compra de helicópteros y aviones para el ejército belga. 
Debe elaborarse, por tanto, una definición completa que diferencie la corrupción activa y pasiva de otro tipo de comercio legal o ilegal. 
Esta definición debe valer para todos los Estados miembros de la Unión y para los Estados miembros aisladamente. 
Creo que con esta útil definición todavía no tenemos suficiente. 
Naturalmente éste es un requisito necesario, pero debe haber más. 
Deben existir también medidas preventivas y represivas. 
La prevención puede hacerse a través de licitaciones públicas, pedidos públicos, acuerdos comerciales y otras medidas políticas tan transparentes como sea posible. 
Ésta es la cuestión central, la transparencia, la posibilidad de que pueda existir un control, la posibilidad de que se puedan cotejar las normas, los criterios y de que estos controles formen un elemento esencial de la democracia. 
Debemos extraer una lección de la experiencia de la Europol y de la UCLAF, señora Comisaria. 
Tenemos, por tanto, necesidad de un marco comunitario, además de todos los convenios y acuerdos internacionales y códigos de conducta de la OCDE y tantas otras cosas, y contamos con que la Comisión Europea adoptará también la iniciativa respecto de ese marco comunitario. 
Señor Presidente, la corrupción mina el Estado de derecho y la corrupción ataca a nuestra democracia. 
En esto estoy completamente de acuerdo con el Sr. Schulz. 
Señor Presidente, antes que nada quiero felicitar al ponente, Sr. Bontempi, por el excelente trabajo realizado. 
Un punto con el que, en mi opinión, debemos estar todos de acuerdo es que el problema de la corrupción es un fuerte factor de desestabilización no sólo de nuestras estructuras democráticas, sino yo diría, de forma más evidente, del libre mercado, de la libre competencia. Es un hecho que perturba enormemente la libre competencia, en que no gana el mejor y el que ofrece el servicio más eficaz, sino el más listo y el más deshonesto en el fenómeno de la corrupción. 
Por consiguiente, me parece que esto merece una reflexión. 
Sin embargo, el aspecto sobre el cual todos nosotros debemos reflexionar es si, ante este incremento del fenómeno de la corrupción- ha de quedar claro que la corrupción existe desde cuando existen las estructuras públicas, las estructuras del Estado, por tanto, desde cuando el mundo es mundo- la respuesta correcta es un mayor empleo de la sanción penal, una mayor sanción represiva. 
Yo considero, por el contrario, como se ha dicho en las últimas intervenciones, que las causas de la corrupción son intrínsecas. 
Tenemos que empezar a cuestionarnos si son los propios mecanismos los que, con frecuencia, generan las actividades delictivas, los que generan la corrupción; si son las barreras, los mecanismos de intermediación que se interponen entre los operadores comerciales y económicos y el desarrollo de determinadas actividades los que de hecho facilitan la corrupción. 
Por tanto, considero importante que el señor ponente haya apuntado- y que la Comisión de Libertades Públicas haya aceptado-el principio según el cual para luchar contra la corrupción hay que desburocratizar y convertir en más fáciles los procedimientos y en más transparentes los mecanismos de licitación. 
Señor Presidente, apoyo una lucha muy firme y efectiva contra la corrupción y contra el fraude. 
Debemos redoblar nuestros esfuerzos comunes para hacer que la UCLAF y Europol funcionen de modo óptimo, debemos exigir que la Comisión elabore una estrategia común de lucha anticorrupción y debemos procurar que esta estrategia común se traduzca en iniciativas concretas. 
Sin embargo, no debemos tener un Ministerio Fiscal o un Derecho Penal comunes. 
Debemos, por el contrario, actuar de manera común y coordinada fortaleciendo la cooperación práctica. 
Además, no debemos hacer ninguna concesión cuando la cuestión sea la corrupción dentro de las instituciones comunitarias. 
Desgraciadamente, es un tema demasiado actual el que aquí tratamos. 
La Comisión es en la actualidad responsable de algunos casos muy enojosos y esto no es algo que mejore la imagen ya algo turbia que la Comisión tiene entre los ciudadanos comunitarios- una imagen que la presenta como una institución elitista y cerrada que defiende a los suyos. 
En este sentido, también me gustaría pedirle a la Comisión una explicación sobre un asunto muy escandaloso. 
Me refiero a la suspensión de la prueba de selección de la Comisión. 
Una cosa es el desorden general reinante durante las pruebas en lo que se refiere a la falta de vigilancia sobre las visitas al baño y el uso de teléfonos móviles. 
Sin embargo, sí podemos llamarlo corrupción cuando empleados de la Comisión proporcionan las respuestas a personas concretas que participan en la prueba. 
Me parece una indecencia y pienso que tenemos un problema a la hora de explicarles a los ciudadanos europeos que esta prueba de selección ha sido planificada durante tres años y que su celebración ha costado 1, 2 millones de ecus. 
Señor Presidente, salí de Portugal este fin de semana con un gran escándalo provocado por la denuncia pública hecha por el ex presidente de un organismo del Estado, con gran influencia en las obras públicas, en el que ha reinado (según afirmaciones del personaje) la más impune de las corrupciones en relación con la financiación de partidos políticos. 
Paso por Bélgica y el escándalo de corrupción del caso «Augusta» , en el que están implicados antiguos gobernantes y partidos políticos, domina hace unas semanas los noticiarios del Reino. 
Subimos más arriba, al descansillo de la Unión Europea, y nos enteramos de que un concurso en el que participaban millares de candidatos a «eurócratas» fue anulado por graves irregularidades o sabemos de situaciones complicadas en el nivel de la propia ayuda humanitaria. 
Entre otros condimentos, hay dos que parecen comunes por doquier en el limbo de la corrupción: la burocracia y la falta de transparencia de las decisiones. 
Concordamos con la generalidad del diagnóstico y de las propuestas del ponente. 
Pero, en el planteamiento de la contribución de los partidos políticos a la lucha contra la corrupción, falta el valor para poner de verdad el dedo en la llaga, es decir, el reconocimiento de que la lucha democrática por el poder personificada en los partidos y en los políticos, rendida como está al diktat del marketing, la publicidad y la manipulación de los electores mediante la información, consume fortunas colosales cuya financiación procede, en su mayor parte, de donativos generosos de poderosos intereses económicos que, evidentemente, no abren los cordones de la bolsa tan sólo por la cara bonita de este o aquel político, sino porque esperan contrapartidas ventajosas. 
En mi país se acostumbra a decir «dar una salchicha a cambio de un cerdo gordo». 
Por desgracia, estamos en una ola de tonalidad roja y verde, en la que los sondeos de la opinión pública han substituido las convicciones de quien tiene el deber de gobernar o presentar opciones de poder substitutivas, la llamada tercera vía del socialismo democrático abrazado al gran capital que barre el mundo occidental, a quien, evidentemente, no interesa el acto de valor que sería, por ejemplo, la prohibición de la financiación privada de los partidos políticos. 
Tout court. 
Señor Presidente, he leído con gran interés el informe del Sr. Bontempi sobre corrupción. 
Nos ofrece una visión general muy útil de las distintas iniciativas en este ámbito. 
Como ustedes saben, la Unión se ha mostrado cada vez más activa en la lucha contra la corrupción durante estos últimos años. 
En 1996, se amplió el Convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad con el primer protocolo. 
Dicho protocolo condena el soborno realizado por o a un funcionario nacional o comunitario que afecte al presupuesto de la UE. 
Un segundo protocolo aprobado en 1997 condena el blanqueo de los ingresos procedentes de la corrupción. 
Ese mismo año, el Consejo aprobó también el convenio que condena la corrupción que afecta a las obligaciones oficiales de los funcionarios nacionales o comunitarios. 
Lamentablemente, ninguno de los instrumentos que acabo de mencionar ha sido ratificado aún por ningún gobierno nacional. 
Esto transmite un mensaje conflictivo. 
Todos coincidimos en la necesidad de luchar contra la corrupción, pero cuando se trata de que los parlamentos nacionales aprueben legislación de la Unión, el proceso se estanca. 
La comunicación de la Comisión del pasado año sobre la lucha contra la corrupción abarca muchos ámbitos: desgravación fiscal, contratos públicos, transacciones financieras, listas negras de operadores dudosos, recursos civiles y la lucha contra la corrupción en la ayuda al desarrollo y en la estrategia de preparación para la adhesión. 
Repasaré brevemente los avances realizados. 
El Convenio de la OCDE suscrito en diciembre de 1997 condena el soborno de funcionarios oficiales en el contexto de las transacciones comerciales internacionales. 
El convenio entrará en vigor probablemente en 1999. 
La mayoría de los Estados miembros ya han modificado sus leyes o se han comprometido a hacerlo. 
Los Estados miembros, evidentemente, deberán modificar sus leyes fiscales para garantizar que estas comisiones no desgraven. 
Ya se ha enviado un cuestionario a los Estados miembros. 
La Comisión y el Consejo analizarán los avances en noviembre. 
Para darles un ejemplo, no basta con rechazar la desgravación únicamente en los casos de condena por soborno a un funcionario extranjero. 
En la ley fiscal debe estar perfectamente claro que sólo los gastos legítimos podrán compensar el beneficio imponible. 
Por ello, es posible que haga falta legislación de la UE, como sugiere el Sr. Bontempi. 
En lo que respecta a los contratos públicos, todo el mundo sabe que la transparencia en el mercado actúa como un potente freno de la corrupción. 
La Comisión ha impulsado una mayor transparencia en lo relativo a los precios y las condiciones de licitación. 
También hemos abogado por la inclusión de medidas específicas anticorrupción en los procedimientos de licitación. 
Mañana, el Comité Consultivo de Contratos Públicos discutirá sobre cómo los Estados miembros pueden excluir a empresas o personas que estén siendo investigadas por estar relacionadas con el crimen organizado. 
La Comisión está proponiendo asimismo a los Estados miembros que cooperen en estos aspectos. 
El vademécum sobre la gestión de créditos entrará en vigor el 1 de enero de 1999. 
El vademécum prevé unas normas mínimas para la concesión y supervisión de determinadas subvenciones. 
El objetivo es garantizar mayor transparencia, publicidad y eficacia en los procedimientos. 
En mayo, la Comisión lanzó una discusión sobre la reforma de la auditoría de cuentas exigida por la ley. 
Mejores auditorías deben convertirse en un factor disuasivo contra el fraude y la corrupción. 
Un nuevo comité sobre auditoría revisará el enfoque de los auditores ante el fraude. 
Los riesgos de fraude deberán ser comunicados por los auditores y los consejos de administración de las empresas. 
La Comisión ha analizado asimismo el riesgo entre profesionales. 
Algunas profesiones como las de contables, notarios, abogados y auditores pueden ser vulnerables a la corrupción y a la influencia del crimen organizado. 
La Comisión está recogiendo actualmente información de sus representantes para formarse una imagen completa del riesgo existente y para proseguir la reflexión sobre la necesidad y la viabilidad del establecimiento a nivel de la Unión de unos requisitos éticos básicos. 
En lo que respecta al blanqueo de dinero, el Sr. Monti se propone presentar, a comienzos de 1999, un directiva más estricta que abarque varias profesiones más allá del sector financiero. 
El Sr. Bontempi considera la lucha contra la corrupción en las instituciones comunitarias como un asunto importante. 
La Comisión y yo misma compartimos su interés y, como saben, el Consejo ha pedido a todas las instituciones que colaboren con la UCLAF en sus investigaciones internas. 
Volveremos sobre este aspecto mañana, en el contexto del informe del Sr. Bösch. 
No obstante, la Comisión ya ha emprendido acciones en el aspecto preventivo. 
El acertado y eficaz programa de gestión para el año 2000 está encaminado a agilizar la administración, simplificar los procedimientos, mejorar la transparencia y reducir el papeleo en toda nuestra administración. 
Mi colega, Sr. Liikanen, está adoptando actualmente una serie de medidas complementarias para asegurarse de que se llevan a cabo debidamente todas las decisiones y todos los principios de gestión. 
El servicio de lucha antifraude de la Comisión, la UCLAF, también está trabajando. 
Sus esfuerzos comienzan a dar frutos. 
Recientemente he fortalecido su independencia y su organización, y se ha creado una célula dedicada a la anticorrupción y una unidad jurídica. 
El pasado año se creó un sistema de alerta rápida. Este sistema identifica a los beneficiarios dudosos de fondos comunitarios que podrían estar implicados en casos de corrupción. 
La Comisión está estudiando actualmente la posibilidad de introducir dichos sistemas de listas negras o grises en todos los ámbitos de la política de la UE en los que se utilicen fondos comunitarios. 
En lo que respecta a los países candidatos, la lucha contra la corrupción es una prioridad en la estrategia de preadhesión. 
Las asociaciones de cara a la adhesión explican los programas y su financiación. 
Todos ellos necesitan avanzar en materia de anticorrupción. 
La Comisión está desarrollando actualmente dos nuevas medidas de anticorrupción. 
Dentro del programa horizontal de justicia y asuntos de interior, los diez países candidatos participarán en un proyecto común de dos años con el Consejo de Europa, Octopus 2, dotado de 1, 5 millones de ecus, contra la corrupción y el crimen organizado. 
El proyecto se centrará en la mejora de los medios de investigación, la cooperación entre las agencias, la protección de los objetivos vulnerables y la penalización de la corrupción. 
Asimismo, se ha lanzado un nuevo servicio denominado servicio «pre-ins» o de alcance, dotado de 100 millones de ecus para 1998/1999, para ayudar a Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia. 
Entre los tres ámbitos prioritarios figura la lucha contra la corrupción. 
Evidentemente, todos los países candidatos deben mejorar sus marcas en materia de corrupción para poder equipararse a los primeros criterios de Copenhague. 
La lucha contra la corrupción es también una de las prioridades de la agenda para la ayuda al desarrollo. 
Ya constituye un principio fundamental para la buena administración. 
En lo que respecta a los Estados ACP, la comunicación sobre la democratización, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la buena administración destaca el concepto de buena administración que debe seguirse. 
Propone un plan de acción encaminado a la protección de los intereses financieros de la Unión. Sugiere asimismo que se utilice en otros ámbitos de la ayuda exterior y la cooperación. 
Respecto a todos estos puntos, estoy dispuesta a informar regularmente al Parlamento sobre los avances que se vayan realizando, como ha solicitado el ponente. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Pesca: régimen de control 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A4-0331/98) del Sr. Teverson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (98) 0303- C4-0357/98-98/0170 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común. 
Señor Presidente, siempre resulta muy emocionante intervenir ante una Asamblea tan concurrida, especialmente a estas horas de la noche. 
Felicito a los colegas que han acudido para un asunto que reviste gran importancia. 
Deseo que la Sra. Comisaria sepa que el control y la vigilancia de la política pesquera común ha sido objeto de una gran unanimidad, que supera prácticamente cualquier otro asunto que haya sido planteado a la comisión. 
Es un aspecto que nos interesa sobremanera, como puso de manifiesto el excelente informe del Sr. Provan, que debatimos en el anterior período parcial de sesiones. 
En nuestra calidad de legisladores dedicados al sector de la pesca, al igual que los propios pescadores, tenemos muy claro que ésta es una política común. 
Y cuando decimos política común, esperamos que se apliquen las mismas normas en todos los mares comunitarios, que el cumplimiento sea el mismo en dichos mares y que se impongan sanciones por igual a los infractores de toda la Unión Europea. 
Eso sería una política común justa y aceptable. 
No obstante, resulta igual de evidente que no es ésa la situación en el momento actual. 
Por tanto, como comisión, acogemos con gran satisfacción las propuestas de la Comisión de endurecer el control y la vigilancia de esta política en particular. 
Una vez manifestada nuestra satisfacción por el informe, quisiera decir que seguimos encontrando ámbitos en los que existen deficiencias y ámbitos que aún necesitan ser reforzados. 
Son ámbitos que el Consejo de Ministros fortalecerá cuando tome sus decisiones este mismo mes. 
En primer lugar, está el tema de los inspectores comunitarios. 
Somos perfectamente conscientes de que últimamente han dedicado gran parte de su tiempo a la flota atunera, a la NAFO y a muchos otros ámbitos de la participación comunitaria en el sector pesquero. 
Pero su misión más importante es garantizar que la política pesquera común funciona debidamente. 
Evidentemente ése no es el caso. 
Por ello decimos a la Comisión que no sólo le pedimos que aplique sus propias propuestas encaminadas a apoyar a dichos inspectores comunitarios, sino también que éstos sumen sus fuerzas a las de los inspectores nacionales. 
No deben ser meros observadores, sino que deben poder tomar iniciativas para que todos los pescadores de la UE tengan la certeza de que las normas se aplican a todos por igual. 
El informe dice asimismo que para hacer cumplir la política pesquera deben reforzarse los controles desde el desembarque y lo que sucede a continuación en la cadena de distribución. 
Es ahí donde hay que presionar para garantizar que dichas normas funcionan y se cumplen. 
En el presente informe decimos que debe existir responsabilidad legal- y no sólo trámites, como dice la propuesta de la Comisión- que descienda por la cadena de distribución, para que las personas que, a sabiendas, venden o transportan pescado ilegal- bien porque sea de talla inferior a la establecida o porque se haya rebasado la cuota- asuman también responsabilidad legal. 
En ese momento comenzará el auténtico reforzamiento de esta política. 
¿Qué más necesitamos? 
Necesitamos mejor información. 
Cuando mejore la cooperación entre los Estados miembros, deberemos disponer de un buen intercambio de información, al objeto de que las jurisdicciones nacionales puedan encargarse fácilmente de los procesamientos a raíz de la información proporcionada por los Estados miembros. 
Esta medida ampliará e incrementará los poderes que solicita la Comisión. 
La Sra. Fraga ha presentado la idea de que debemos asegurarnos de que terceros países que negocian con productos pesqueros en aguas comunitarias y que desembarcan en aguas de la Comunidad sean tratados del mismo modo que nuestras flotas. 
Es una cuestión de justicia y equidad. 
Se nos presenta aquí una gran oportunidad. 
Sé que la Comisión está claramente a favor de reforzar el control y la vigilancia. 
Tenemos un informe anual que debe comparar a todos por igual y garantizar que podemos evaluar lo que está sucediendo. 
Respaldamos plenamente a la Comisión y le pedimos que refuerce las propuestas a través de las enmiendas y se asegure de que el Consejo de Ministros, que se reunirá este mismo mes, aprueba un reglamento con la suficiente solidez para garantizar la equidad, al objeto de que todos puedan confiar por fin en esta política común. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el aumento de la capacidad de pesca en zonas de alta mar ha sido muy significativo en estos últimos tiempos. 
Las tendencias al consumo de pescado congelado han influido en esto y seguramente no hemos sido capaces de suplirlo con el correspondiente aumento de la acuicultura, a pesar de que la acuicultura responde de manera adecuada a cierto crecimiento en el mercado. 
Hay una demanda muy fuerte de pescado. 
Las propuestas que se formulan en el Reglamento 28/47/93 de simplificar los procedimientos, de pasar de forma más puntual los controles, antes y después del desembarque, y de emplear la electrónica suponen, sin duda, un esfuerzo importante. Lo apoyamos y estamos asimismo convencidos de que la propuesta presentada por la Comisión de Pesca es positiva de cara a la responsabilidad de los países al implicar a los inspectores. 
Sin embargo, el primer problema que se nos plantea queda fuera de nuestro alcance y no es otro que el de los convenios internacionales y de la manera en que realmente conseguimos que se practique una pesca responsable. 
En lo que se refiere a los convenios internacionales, nos preocupa que el acuerdo en cuya virtud nos comprometimos directamente como comisión, como Unión Europea y que afecta sobre todo a las especies de alta mar, haya sido ratificado tan sólo por 18 países. 
Éste es un aspecto que pone de manifiesto una gran debilidad política, ya que nosotros hemos hecho todo lo posible, sin embargo, muchos países rechazan este tipo de acuerdo. 
Estamos asimismo convencidos de que la propuesta del WWF de un protocolo de pesca responsable es cuando menos una solución, a pesar que dicho protocolo no es aceptado por todos los países; el Código de conducta de la FAO que se considera una solución verdaderamente substancial, afecta a las capacidades excedentarias, pero a largo plazo las capacidades excedentarias se convierten en un problema muy serio para los armadores. 
En suma, hace falta un marco de referencia internacional en que realmente nos sea posible llevar a cabo correctamente nuestro trabajo tratando de desarrollar nuestra acción política a nivel internacional. 
El tema, sin embargo, debe abordarse más allá del aspecto del esfuerzo de pesca, también por lo que se refiere a las llamadas relaciones externas a la actividad de pesca. 
Estoy de acuerdo, por tanto, con la necesidad de incentivar todas las actividades que respeten plenamente la Directiva 96/61 y la Directiva 91/676- relativa ésta a los nitratos y aquella a la prevención y a la lucha integrada contra la contaminación- puesto que los nitratos y la prevención y la lucha integrada contra la contaminación son dos aspectos que influyen directamente en los problemas del equilibrio medioambiental; es indudable, sin embargo, que hay que fomentar una fuerte acción innovadora de investigación en favor de artes distintas y, por consiguiente, también con vistas a cierta selectividad. 
En este sentido, son muy importantes los controles por satélite que preconizamos, sin embargo, también es importante la búsqueda de la selectividad. 
En definitiva, vemos una política de pesca que se está perfilando en muchos aspectos y en la que el control es un elemento esencial. 
Esta propuesta de reglamento es una solución positiva, sin embargo, todo ello debe hacerse responsabilizando a los pescadores que son los principales interesados en una política de pesca compatible con los equilibrios medioambientales. 
Señor Presidente, creo que la Comisaria reconoce el hecho, y en las propuestas de la Comisión queda perfectamente claro, que además de un reglamento común, necesitamos un control común, y eso significa en última instancia, sanciones comunes. 
Robin Teverson y yo hemos trabajado muy estrechamente en este asunto durante los pasados meses. 
Es significativo que el Parlamento esté debatiendo sobre las medidas de control durante dos meses seguidos, lo cual demuestra la importancia que la Comisión de Pesca y el Parlamento atribuyen a este asunto. 
El mes pasado, el informe fue aprobado por unanimidad. 
También trataba de un tema muy importante. 
El presente informe da consistencia a lo que debatimos el mes pasado. 
Cuando elaboramos normativas, es importante que garanticemos que se aplican debidamente. 
El reglamento debe cumplirlo no sólo el sector pesquero, como dice Robin Teverson en su informe, sino toda la cadena de distribución: pasando por la industria de transformación hasta el punto final de venta. 
Algunos de nosotros quedamos muy impresionados cuando visitamos Noruega hace un par de años y vimos su sistema de reglamentación: simple, exento de burocracia y respaldado por los pescadores. 
Es a lo que debemos aspirar en la Unión Europea. 
No queremos una burocracia excesiva. 
Debo decir que el presente informe contiene algunas enmiendas, apoyadas por el Grupo de los Verdes, que probablemente no apoyaremos en el Grupo del PPE cuando mañana sean sometidas a votación. 
Eso no quiere decir que estemos en contra del control, lo que ocurre es que estamos en contra de una capa adicional de burocracia. 
Preferiríamos que los mecanismos de control funcionaran desde la base hacia arriba, y no desde arriba hacia abajo. 
Necesitamos el apoyo de los pescadores, debemos garantizar que los programas funcionan debidamente, y eso supone un control local con la participación de los pescadores, en vez de una burocracia demasiado pesada. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando al Sr. Teverson por la presentación de un excelente informe, que acojo con satisfacción. 
Es un informe completo y minucioso que contiene muchas propuestas innovadoras y también enmiendas. 
Estoy de acuerdo con que se dé prioridad a un mayor control y vigilancia de los buques contra los que las organizaciones pesqueras regionales o internacionales hayan adoptado medidas de algún tipo. 
De este modo se ejercerá presión, en particular, sobre aquellos que impunemente incumplen el reglamento de manera reiterativa. 
Se impone desde hace mucho tiempo la normalización de la potencia motora y del tonelaje en la Comunidad. 
Existen aún demasiadas deficiencias. 
Para que el régimen de control sea plenamente eficaz, el esfuerzo de vigilancia debe ser mensurable, comparable y transparente entre la Comisión y los Estados miembros, y entre los Estados miembros entre sí. 
Hace falta una armonización y ésta debe llegar cuanto antes. 
También estoy de acuerdo con que deben adoptarse procedimientos que garanticen la imposición de sanciones similares por infracciones comparables en toda la Comunidad. 
Es fundamental garantizar la exacta verificación y el registro de los transbordos y desembarques. 
A pesar de lo loable que son todas estas propuestas de la Unión Europea, no servirán de nada, a menos que haya suficientes inspectores nacionales en tierra. 
Los pescadores irlandeses y del Reino Unido afirman que son los sectores de la flota más controlados de la Unión, y que la necesidad de la presencia de inspectores en tierra es aplicable a todos nosotros. 
No obstante, cuando contemplamos las travesuras relativas al traspaso de las licencias de pesca y vemos la hostilidad de los pescadores y otras empresas que desafían a los reporteros de televisión, no debe sorprendernos que los pescadores irlandeses y británicos tengan serias dudas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en esta propuesta hay un intento de mejorar el sistema de control de la pesca con la intención de que se vuelva más responsable y preservadora de recursos. 
Ejemplo de ello son las enmiendas destinadas a evaluar y comparar de forma fiable la potencia y el arqueo de los buques, a uniformizar las infracciones o los procesos de inspección. 
Sólo, que también resulta patente que el aumento de las obligaciones y procedimientos no va acompañado de un aumento de medios, que no pueden seguir siendo imputables, de forma casi exclusiva y en relación con un asunto relativo a una política común, a las disponibilidades de los Estados miembros. 
Asimismo resulta evidente que el control a que estarán sujetos buques comunitarios y de terceros países puede seguir sin ser idéntico: más exigente para aquéllos, mucho menos para los de terceros países. 
El equilibrio podría incluso no llegar a darse en las propias aguas y en los propios puertos comunitarios, pero lo cierto es que en otros sitios podría ser claramente distinto. 
La ausencia de medios y la falta de equidad entre buques de procedencia diferente podría infundir desconfianza y originar una aplicación del reglamento menos eficaz y transparente de lo que sería deseable y posible. 
Quisiera aprovechar la presencia de la Comisaria Gradin para solicitarle que divulgue su posición y la de la Comisión en relación con las enmiendas constantes del informe Teverson. 
Señor Presidente, me parece que todos los oradores que me han precedido están de acuerdo en la necesidad de mejorar a través de este Reglamento la situación de los controles y del seguimiento de la política común de pesca y, por ende, la situación de la pesca. 
Desde este punto de vista, por tanto, también en nombre del Grupo de los Verdes, quiero reiterar que estamos de acuerdo con el espíritu con que la Comisión ha presentado esta modificación de reglamento y apoyamos la propuesta con las enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. 
En particular, consideramos que han de acogerse las enmiendas en su conjunto incluyendo, obviamente, las enmiendas- y me dirijo al Sr. Provan- presentadas por nuestro Grupo que consideramos extremadamente importantes y que están encaminadas a mejorar los controles y el seguimiento. 
En particular, en lo que se refiere a la enmienda 8, es cierto que la misma se refiere a un convenio que, hoy por hoy, han suscrito 18 países únicamente, sin embargo, es oportuno que la Comunidad anticipe ya este tipo de opciones que, al final, deberán convertirse en una argumento común en todas las partes del mundo. 
Señor Presidente, mi interés en la pesca se remonta más atrás en el tiempo que en el caso de ningún otro diputado a este Parlamento; a 1975. 
Recuerdo cuando aún no teníamos ninguna política pesquera común. 
Cuando se implantó, todos pensamos que, en cualquier puerto, en cualquier parte de nuestra asociación, antes de que ésta se llamara Unión Europea, habría inspectores que tendrían los mismos poderes que los inspectores nacionales. 
Finalmente, en el informe del Sr. Teverson, conseguimos esa propuesta que estaba prevista desde que se dio la señal de salida, a saber, que los inspectores tendrán derecho a realizar inspecciones, sin previo aviso, de buques, enclaves, documentos y de todos los aspectos. 
Por este motivo, acojo con auténtica satisfacción este informe de la Comisión y del Sr. Teverson. 
Necesitamos un régimen que sea justo a los ojos de todos. 
Me gustó que en la exposición de motivos se hable de confianza. 
Los pescadores siempre son suspicaces, y la confianza es importante. 
A menos que el régimen parezca justo a los ojos de todos, nunca confiarán en él y éste nunca funcionará realmente. 
El Reino Unido es acusado de muchas irregularidades y de no apoyar la suspensión de empleo y muchas otras cosas, pero España también las comete. 
Desde hace muchos años, algunos inspectores de pesca de España viven en Madrid. 
En televisión hemos podido ver que en los supermercados españoles se vende pescado de talla inferior a la establecida. 
Para hacer justicia a España, Gran Bretaña no hace nada por impedirlo; deja que la situación continúe. 
Finalmente tenemos una propuesta para intentar ser imparcial en materia de sanciones y de inspección. 
Existe la propuesta de aunar la pesca y la agricultura. 
Todos los interesados del sector de la pesca se oponen a esta medida y los presidentes de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural están en contra. 
Hemos tardado diez años en tener una política común. 
¡Cómo puede alguien sugerir que los agricultores son las personas más indicadas para decidir acerca de esta industria fundamental! 
Tras haber deliberado durante el anterior período parcial de sesiones acerca de la mejora de la aplicación de la política pesquera común y haber destacado, al aprobar el informe Provan, el lugar fundamental que debe ocupar el control, hoy debatimos la modificación del reglamento relativo al régimen de control. 
Tras haber sido enmendado en la Comisión de Pesca, el informe de nuestro colega Teverson ya presenta disposiciones contradictorias. 
Contradicciones entre la enmienda 1, presentada por la Comisión de Pesca, y las enmiendas 8, 9 y 10, aprobadas en comisión con el respaldo del ponente. 
La enmienda 1 precisa que para que un régimen de control sea totalmente eficaz, es necesario que puedan medirse y compararse los esfuerzos de los controles. 
Ahora bien, las enmiendas 8, 9 y 10 crean la obligación de que los pescadores consignen en su cuaderno diario de pesca las especies y las cantidades de pescado descartadas, planteamiento que no sólo constituye una obligación complementaria, sino que además es perfectamente inoperante. 
¿Cómo verificar la exactitud de dicho cuaderno diario de pesca? 
Es sencillamente imposible. se aprobara esta medida, correríamos el riesgo de que los pescadores condenen todo el proceso de control. 
Querer implantar medidas ilusorias, imposibles de verificar y sancionadoras sólo puede restar credibilidad al régimen de control. 
Por este motivo, nuestro Grupo se opondrá a la aprobación de dichas enmiendas. 
Es cierto que el problema de los descartes es real y todos somos conscientes de ello, ya que la Comisión de Pesca se dispone elaborar un informe por propia iniciativa sobre este tema, que deberá ser presentado próximamente a nuestra Asamblea. 
Hay que encontrar otros medios realmente eficaces para limitar los descartes, a los que se atribuye la disminución de varios recursos pesqueros y que nos privan de una valiosa fuente de proteínas. 
Desearía en cambio aportar nuestro total apoyo a las propuestas del ponente relativas a la armonización de las sanciones. 
Los pescadores no son en absoluto hostiles a los controles, al contrario, a condición de que tengan la seguridad de que dichos controles son equitativos. 
Equitativos entre los Estados miembros y equitativos con respecto a países terceros. 
Un buen control debe, además, ser simple, aplicable, poco oneroso y disuasivo para los posibles defraudadores. 
De este modo, sin recargar la burocracia comunitaria, pero favoreciendo los intercambios de inspectores nacionales, reforzando los controles respecto a los terceros países y velando por conseguir la adhesión de los profesionales del ramo, debería ser posible, señor Presidente, mejorar considerablemente el proceso de control. 
Señor Presidente, señora Comisaria, esta nueva propuesta de normativa es la puesta en práctica concreta de la comunicación de la Comisión Europea, que se discutió precisamente aquí en el Pleno en Septiembre y que modifica el régimen de control de la política de pesca comunitaria. 
Muchos de los puntos débiles de la actual política de control de pesca han de ser subsanados definitivamente. 
Entre otros, estos son la simplificación del cuaderno diario de pesca, donde se anotan las capturas de peces, el fortalecimiento de los controles tras el almacenamiento, el registro de los productos de la pesca desde su captura hasta el último eslabón de la comercialización, el acceso por parte de la Comisión a los bancos de datos de los Estados miembros, una mayor incorporación de la supervisión de los barcos de pesca que navegan con bandera de terceros países y pescan en nuestras aguas comunitarias, así como la posibilidad de controles sorpresa en los Estados miembros por parte de controladores comunitarios. 
Esto es todo un paquete de medidas que desde el Parlamento Europeo una y otra vez hemos demandado. 
Estas medidas deber ser, pues, llevadas a la práctica. 
Por ello hemos recibido con aprobación la presente propuesta de normativa procedente de la Comisión, aunque, según creo, sigue quedando aún por resolver toda una serie de problemas. 
Tales problemas están realcionados, sobre todo, con un catálogo armonizado de sanciones para toda la Comunidad. 
Una y otra vez, las infracciones contra el reglamento de control son sancionadas de manera distinta- demasiado distinta- en los distintos Estados. 
El problema de la medición de la potencia de los motores tampoco ha sido regulado definitivamente. 
Por tanto, la presente propuesta no será la modificación definitiva de la normativa original, especialmente porque no incorpora propuestas importantes como una mayor implicación de los pescadores mismos en la política de control, lo cual, sin embargo, resulta de suyo evidente. 
Con todo, hemos dado un importante paso hacia adelante. 
Por ello pido la aprobación de la propuesta y felicito al ponente por el informe tan importante y constructivo realizado. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Teverson el esfuerzo que ha hecho en su informe por identificar de nuevo los principales puntos débiles de la política de control comunitaria y, en especial, la falta de armonización de las normativas en materia de infracciones, inspecciones y sanciones en los distintos Estados miembros. 
En efecto, mal puede actuarse contra las flotas que incumplen las normas si cada Estado miembro sigue aplicando distinto rasero para infracciones semejantes y si, además, los datos que se envían a la Comisión son tan heterogéneos que resulta inútil cualquier intento de análisis. 
Si bien es verdad que el control es competencia nacional, nosotros creemos que la Comisión puede hacer mucho más para forzar a los Estados miembros a armonizar sus legislaciones. 
Aun así, es cierto que el sector comunitario está sometido- al menos sobre el papel- a una normativa mucho más estricta que la de los terceros países. 
Por eso, aplaudimos la introducción de un nuevo título en el reglamento de control sobre la actividad de estos buques, pero echamos de menos ciertas medidas contundentes para los buques con banderas de conveniencia, cuya actividad se está convirtiendo en un problema cada vez más serio. 
Estos buques no respetan ninguna normativa- ni de conservación, ni de seguridad, ni de carácter laboral -, lo que les permite seguir pescando en cualquier circunstancia y abaratar costes hasta el punto de amenazar con arruinar a muchas empresas respetuosas con las normas internacionales. 
Por eso, solicitamos que la Comisión adopte de modo inmediato las medidas de control emanadas de las organizaciones regionales e internacionales de pesca y que, en el marco de la normativa que se aplicará a los buques de terceros países, las inspecciones y controles sobre buques contra los que dichas organizaciones hayan establecido algún procedimiento de infracción tengan carácter prioritario en los puertos comunitarios. 
Y dado que la Sra. Ewing ha aludido a mi país, tengo que decir, señora Ewing, que usted lleva mucho tiempo alejada de los asuntos pesqueros y simplemente la invito a que estudie ahora cuántos son los inspectores que tienen incluso las distintas comunidades autónomas de mi país. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al Parlamento y al ponente por este informe que puede ser muy útil a la Comisión, sobre todo en su debate con el Consejo, previsto para finales de este mes. 
Deseo decir tres cosas para celebrar un debate franco con todos ustedes. 
Cuando existe una política común, reconozco abiertamente- lo veo todos los días- la importancia de considerar de manera equitativa los otros aspectos, es decir, los controles y las sanciones. 
Me complace que este Parlamento se vuelva cada vez más federalista- a pesar de que, en la actualidad, el término tiene una pésima connotación. 
Además, agradezco a la Sra. Ewing que al menos haya tenido en cuenta el esfuerzo que hemos realizado para mejorar el sistema de control, pero lo que ocurre es que varias competencias dependen de los Estados miembros. 
Segundo elemento, señor Teverson, aun reforzando los controles, no es posible dotar al sector de la pesca de un carácter específico. 
Incluso en la agricultura, la Política Agrícola Común tiene inspectores y sanciones que están lejos de estar armonizados, y los inspectores, puesto que también son de mi competencia, están realmente lejos de tener todos los poderes que usted preconiza, a pesar de que quizá sería justo que los tuvieran. 
Sencillamente, no hemos llegado aún hasta ahí. 
Personalmente, ni siquiera estoy segura de que consigamos del Consejo la posibilidad de que los inspectores realicen inspecciones sin previo aviso, a pesar de que es algo en lo que tenemos mucho empeño, no para sustituir a los inspectores, sino sencillamente para disponer de una herramienta más. 
De todos modos, el Parlamento va más lejos que la propuesta de la Comisión. 
Le doy las gracias por ello, a pesar de que no puedo aceptar todas las enmiendas, por cuestiones de índole jurídica. 
Sobre el fondo, en lo esencial, ninguna diferencia nos separa, pero- puesto que ustedes me han pedido que sea específica- la Comisión piensa que las enmiendas 1, 5, 7, 10 y 12, con las que estamos de acuerdo en la esencia, ya están contempladas en el plan de acción. 
Señora Fraga Estévez, yo podría quizás hacer mucho más, y la Comisión intenta hacer todo lo que puede, incluso reflexionar sobre un plan de acción de control, que es un elemento unilateral. 
En todo caso, me congratulo del apoyo del Parlamento, pero les declaro que sus consejos y sus gobiernos no tienen exactamente esta opinión. 
Como siempre, cada ministro piensa que él es perfecto en su Estado miembro y que los malos son los otros. 
Quiero señalarles, puesto que ustedes han visto el último informe de control, que la Comisión estima que el control es mediocre en toda Europa, e incluso en los países terceros. 
A propósito de los países terceros, les recuerdo que las normas internacionales son muy claras, es decir, que el Estado costero es responsable en sus aguas y que el Estado del pabellón es responsable de los buques. 
No es posible cambiar completamente hoy las normas internacionales del Derecho marítimo. 
Éste es el motivo por el que la Comisión debe rechazar algunas enmiendas, y no porque no reconozca el problema, sino sencillamente porque en el estado actual de evolución del Derecho internacional, aún no hemos llegado a ese punto. 
Ello no impide, por otra parte, que podamos ir avanzando mucho más en el marco de las conferencias regionales. 
Comunico a este Parlamento que quizá algún día debamos hacer cuentas para saber lo que nos cuestan los controles. 
Quizá descubramos que si seguimos por este camino, el pescado que comemos alcanza precios desorbitados. 
Por ello nos esforzamos en hacer uso de las nuevas tecnologías. 
Intentamos que sean los propios pescadores los que se ocupen cada vez más de este dossier, aunque sin abrumarles inútilmente. 
Por ejemplo, las enmiendas sobre el cuaderno diario de pesca, los 50 kilos de los descartes, son francamente inaceptables. 
Eso es difícil de verificar. 
Corremos el riesgo de establecer unas normas que luego son incontrolables, puesto que se trata de descartes. 
Pero comparto el interés del Parlamento de que vayamos avanzando hacia una sanciones más o menos homogéneas, algo que no sucede en todos los sectores de política común. 
Existe algo sobre lo que nos disponemos a especular: sin perjuicio de alcanzar algo más de armonización, introduzcamos al menos una mayor transparencia. 
Que todo el sector sepa cuáles son las sanciones en los diferentes Estados miembros para que los interesados comiencen a comparar. 
Algo que aún está lejos de la realidad. 
En lo que respecta al acceso a los ficheros, estoy de acuerdo, sólo que debemos encontrar una formulación. 
El derecho de acceso a todos los ficheros no es jurídicamente posible, porque hay una cierta confidencialidad que hay que respetar respecto a los retos comerciales. 
Ello no impide que podamos avanzar bastante en el tema del acceso, aunque sea necesario preservar el derecho de confidencialidad cuando se trata de información comercial. 
En lo que respecta a la investigación, señor Baldarelli, el problema es una vez más que la investigación es competencia de los Estados miembros. 
Nosotros realizamos estudios piloto, que, por otra parte, constituyen un capítulo importante de nuestro presupuesto para la pesca. 
Intentamos cada vez más impulsar a los Estados miembros a realizar la investigación y, en este sentido, debo decir que, salvo algunos casos muy concretos, en general, no hay interés. 
Nuestros esfuerzos son considerables para unos resultados muy escasos. 
Espero, por consiguiente, que comprendan que no podemos aceptar las enmiendas relativas a las sanciones o a los poderes de los inspectores. 
Tampoco podemos aceptar las enmiendas que ya recogen el artículo 26 y el plan de acción. 
Compartimos el principio, pero no creemos que sea conveniente incluirlos en otros instrumentos reglamentarios. 
En lo que respecta, señor Teverson, a la responsabilidad individual, y éste será mi último punto, habida cuenta de que se ha optado por el control de la cadena, la responsabilidad legal se deriva, en nuestra opinión, de los artículos 9 y 28, según prevé el reglamento, en el sentido de que una vez que se tienen los documentos, cualquier infracción implica que la persona es legalmente responsable. 
Ésa es la interpretación de nuestro servicio jurídico. 
Para terminar, señoras y señores, espero su informe de propia iniciativa sobre el control. 
Pero quisiera asegurarles que es uno de los capítulos de la pesca al que dedicamos más atención. 
Utilizamos todos los instrumentos a nuestro alcance, incluso los códigos de conducta. 
Sé perfectamente que no son perfectos, pero hay que pasar por ahí, cuando no hay reglamentos a los que recurrir. 
Les reitero mi agradecimiento por su apoyo, y espero tener éxito a finales de mes en el Consejo, algo que no podemos, ni mucho menos, dar por descontado. 
Señor Presidente, no deseo infringir el Reglamento de la Asamblea ni abusar del tiempo de los intérpretes, pero la Comisaria ha hecho una observación importante, cuando dijo que pensaba que el Parlamento se está volviendo muy federalista. 
Quiero decir a la Comisaria que probablemente todo el mundo coincide en que la Comisión de Pesca de este Parlamento tiene gran interés en que alcancemos una mayor regionalización de la gestión de la política pesquera común y de las zonas económicas. 
Es una observación importante. La Comisaria debería reconocer que ése es el trasfondo del informe. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Presidente, un asunto de orden. 
En el aparato de televisión que se encuentra en nuestro despacho creo que podemos recibir 36 canales. 
Uno de ellos era un canal neerlandés, en el que podíamos ver por la mañana, por la tarde y por la noche las noticias neerlandesas. 
Pues bien, ese canal ha desaparecido por lo visto esta semana de la pantalla. 
¿Podría hacer usted un llamamiento a las autoridades competentes para que vuelvan a incorporar el canal neerlandés a la pantalla y así podamos recibir otra vez las noticias de los Países Bajos por la mañana, por la tarde y por la noche? 
Por supuesto, señora Maij-Weggen, nos vamos a ocupar de ello. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, observo que en el Acta del día de ayer no consta mi nombre. 
No sé si fue por olvido mío, pero le agradecería que se subsanara ya que estuve aquí. 
Señora Díez de Rivera Icaza, lo intentaremos. 
Señor Presidente, quisiera señalar a su atención un artículo que ha aparecido en la revista del Parlamento Europeo y que se titula: «The EPLP's selection controversy». 
Gran parte del artículo está constituido por comentarios de carácter político que no tienen ningún interés para el Parlamento como institución. 
Ahora bien, también contiene algunas aseveraciones que son inquietantes, especialmente una según la cual las personas que deseen figurar en la lista de candidatos para las próximas elecciones tienen que firmar un memorando que cede al Partido Laborista una parte de sus dietas. 
Se asegura, quizá con razón, que esa cláusula puede constituir una infracción del reglamento del Parlamento Europeo. 
Quizá la Presidencia pudiera examinar esta cuestión y pronunciarse sobre ella. 
Señor Coates, le diré de antemano que la revista a la que se ha referido no es una publicación del Parlamento Europeo, por lo tanto el Parlamento no tiene ninguna responsabilidad. 
Se trata de una revista que recibe apoyo por parte del Parlamento Europeo para que divulgue información sobre él, pero ni la Mesa y ni los servicios son responsables del contenido de los artículos publicados en ella. 
Señor Presidente, en los próximos meses va a tener usted bastantes incidentes como éste. 
Es un caso de pura politiquería por parte del Sr. Coates. 
El Sr. Coates es uno de los frustrados de este Parlamento. 
Ya no está afiliado al Partido Laborista, pero se le eligió como diputado del Partido Laborista. 
Si tuviera un mínimo de decencia, dimitiría inmediatamente y así podríamos organizar una elección para sustituirlo. 
No quisiera que el debate tomase el carácter de un enfrentamiento personal entre usted y el Sr. Coates. 
Señor Presidente, supongo que está usted de acuerdo conmigo en que citar como prueba un artículo anónimo tiene tan poco valor como las declaraciones del Sr. Coates. 
(El Acta queda aprobada) 
BCE: reservas mínimas- BCE: imposición de sanciones- BCE: información estadística 
Señor Presidente, Señorías, el informe relativo a la aplicación de reservas mínimas es una de las numerosas piezas construidas a través del diálogo entre el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo, que tiene como objetivo formular el marco de condiciones para la aplicación de las medidas de política monetaria. 
En su intervención ante la Subcomisión Monetaria del 22 de septiembre de 1998, el señor Wim Duisenberg también resaltó la importancia de la aplicación de reservas mínimas como posible instrumento de la política monetaria. 
En mi calidad de ponente del Parlamento sobre este tema, es una satisfacción para mí poder contribuir a la concreción del instrumentario político monetario. 
En el debate de los últimos meses sobre la aplicación de reservas mínimas se han ido concretando tres funciones centrales de este instrumento. 
En primer lugar, un sistema de reservas mínimas podría contribuir a la estabilización de los tipos de interés del mercado monetario. 
En segundo lugar, dicho sistema podría contribuir a incrementar la demanda de monedas del Banco Central y, con ello, a la creación o ampliación de un déficit estructural de liquidez bancaria. 
El BCE considera que esto puede ser útil porque le permitirá operar de forma más eficiente como proveedor de liquidez y, a más largo plazo, reaccionar también ante nuevos sistemas de pago, como puede ser el desarrollo del uso del dinero electrónico. 
En tercer lugar, el sistema de reservas mínimas del BCE podría ser utilizado también como instrumento de control monetario, ya que permite influir sobre la estabilidad de la «elasticidad de los tipos de interés de la demanda de dinero». 
Aun así, la aplicación de reservas mínimas como un instrumento de la política monetaria no deja de suscitar objeciones, ya que puede generar distorsiones en la competencia con terceros países que no participen en la Unión Monetaria. 
A la vista de ello, yo acojo con satisfacción la decisión del BCE de establecer, por un lado, un coeficiente de caja relativamente bajo y de ofrecer, por el otro, una remuneración de las reservas mínimas próxima a los tipos de interés de mercado. 
Ambas medidas reducen el riesgo de un desplazamiento de las transacciones fuera del espacio «euro». 
En este contexto, yo quisiera destacar otros dos elementos importantes del informe. 
Por un lado, el BCE debería presentar un estudio sobre la inclusión de las denominadas «operaciones extra-balance» en la base sobre la que se calcularán las reservas mínimas. 
Su inclusión sería conveniente para la estabilidad general del sistema financiera, habida cuenta de la rapidísima evolución de dichas «operaciones extra-balance» y de los instrumentos financieros derivados. 
Por el otro lado, yo quisiera señalar que, precisamente a la vista de la creciente importancia del dinero electrónico, que el BCE también ha reconocido y considerado, una circunstancia que no se daba hace algún tiempo- en las consultas se habló de una proporción del 10 %, pero entre tanto se ha modificado considerablemente este planteamiento -, convendría adoptar una definición abierta de la política de reservas mínimas en relación con estas tendencias futuras. 
La inclusión de las transacciones financieras electrónicas en la base para la aplicación de reservas mínimas podría revelarse como un aspecto importante del control monetario. 
Yo quisiera resaltar que la finalidad del presente informe es dotar al BCE de un instrumento eficaz y permitirle decidir de forma flexible sobre su aplicación, también con vistas a las tendencias futuras. 
Por consiguiente, yo doy por sentado que el Consejo adoptará esta recomendación en la próxima reunión del ECOFIN del 12 de octubre de 1998, como un apoyo para la aplicación de las estrategias del BCE en el ámbito de la política monetaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el debate que vamos a desarrollar, a pesar de su carácter técnico, podríamos decir que tiene una importancia histórica al ser la primera vez que se le ha pedido a nuestro Parlamento que legisle acerca de asuntos relacionados con el Banco Central Europeo y eso es algo digno de mención. 
La propuesta legislativa que ahora presento atañe a la publicación de un reglamento del Consejo relativo a las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones. 
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 34 del estatuto de dicho banco, éste tiene derecho a imponer sanciones en relación con reglamentos y resoluciones que se hubiesen adoptado en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de la línea de la política monetaria y también en el ámbito del ejercicio de la supervisión del sistema bancario. 
Señor Presidente, creo que en raras ocasiones se dan las coincidencias que hacen que un debate de corte técnico resulte tan actual y de tal importancia como en estos momentos. 
Los hechos acaecidos en las últimas semanas en los mercados bursátiles han demostrado tres cosas: en primer lugar, que el volumen que alcanza la especulación es incontrolable, segundo, que nos han llevado al borde de la catástrofe económica y, en tercer lugar, señor Presidente, en relación con lo que estamos debatiendo hoy, los responsables de tales hechos y de correr esos riesgos no han sido sólo los especuladores particulares sino que están implicados también aquéllos que se supone que deberían controlarlos, es decir, los bancos centrales, que no sólo encubren la especulación sino que en caso de que el mercado imponga sanciones corren a neutralizar los daños que hubiesen podido sufrir. 
Me refiero al conocido asunto del escándalo del Hedge Fund de Merriweather en los Estados Unidos. 
Ustedes me dirán que eso ocurre en Estados Unidos, pero creo que la ética y los principios por los que se rigen los bancos centrales, señor Presidente, están estrechamente vinculados y en Europa no hay garantía alguna de que las cosas sean mejor. 
Se ha dado el caso del Banco Central de Italia que ha especulado con dinero público en el Hedge Fund que, a su vez, especulaba en Italia con obligaciones del estado italiano, de las que se suponía que el banco italiano era el salvaguarda para imponer disciplina en el mercado. 
Ahora bien, una cuestión importante es quién va a controlar al Banco Central de Italia, señor Presidente, porque el Tratado es incompleto en cuanto al asunto del control de las entidades de crédito. 
¿Quién va a controlar al Banco Central de Italia? 
¿Van a ser las autoridades italianas o el Sistema Europeo de Bancos Centrales? 
En el primer caso podría aludir a que es independiente pues hemos convertido a los bancos centrales en entes independientes. 
En el segundo caso podría aludir al principio de subsidiariedad. 
Así pues, entre la independencia y la subsidiariedad, señor Presidente, los bancos centrales han logrado adquirir unos derechos y unos poderes casi divinos cuando se supone que están al servicio de sociedades democráticas. 
Ésta es una peligrosa e inaceptable situación y así puede verse con lo que está ocurriendo durante estos días. 
La herramienta que vamos a dar hoy al Banco Central para que ejerza la vigilancia e imponga la disciplina es totalmente insuficiente porque se trata de una resolución de tipo jurisdiccional, que por descontado debemos votar y que es óptima desde el punto de vista técnico, prueba de ello es que no se ha propuesto ni la más mínima enmienda y el ponente opina que debemos aprobarla y elogiar su calidad. 
Pero debemos saber que lo que estamos haciendo es totalmente insuficiente porque la vigilancia deberá ser más estricta si se trata de proteger al público de situaciones como las que se desarrollan en los mercados internacionales de valores. 
Porque, señor Presidente, los bancos centrales deberán saber que, dados los poderes que tienen concedidos, han de sacrificarse por el bien público y no en beneficio de los especuladores como desgraciadamente han venido haciendo hasta hoy. 
Los bancos centrales hacen referencia a su éxito con la inflación. 
A ese éxito han contribuido diversos factores y no sólo la política de los bancos centrales sino también la política financiera y la política de los gobiernos en el ámbito de los precios y las rentas. 
Pero donde los bancos centrales tenían que haber tenido su gran éxito contra la inflación, es decir, en su propio seno, se les ha ido la situación de las manos, porque la inflación de las acciones y de las obligaciones originada por una especulación que no habían vigilado sino que, ellos mismos, junto con otros agentes, habían encubierto y como se ha demostrado ha llegado hasta lo más alto y ha puesto en un grave aprieto a las bolsas europeas, a las bolsas americanas y a la economía mundial. 
Hoy vamos a proporcionar una herramienta como es nuestra obligación, pero a la vez debemos advertir que todas las herramientas que dan los regímenes democráticos es para servir a los pueblos de Europa y no a los especuladores. 
Señor Presidente, el artículo 5.1 del estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales requiere que el Banco Central Europeo, asistido por los bancos centrales nacionales, recojan la información estadística necesaria para llevar a cabo las tareas del SEBC. 
Esta información estadística debe ser recogida o bien por las autoridades nacionales competentes, o directamente por los agentes económicos. 
El proyecto de recomendación de Reglamento es en su mayor parte bastante claro. 
Sin embargo, plantea algunas preocupaciones acerca de la confidencialidad de la información estadística facilitada al BCE. 
Me parece que el BCE, en su búsqueda de la máxima independencia posible, desearía todos los beneficios del régimen estadístico pero sin la responsabilidad que el derecho comunitario impone a Eurostat. 
La buena fe de los BCN y la recogida de la información estadística destinada al BCE no debe quedar afectada por prejuicios relativos a la posibilidad de que el BCE no respete la confidencialidad de la información que obre en su poder. 
A ese respecto, he tratado de aclarar estos aspectos en las enmiendas. 
A fin de recoger la información necesaria para desempeñar el cometido del BCE, debe tenerse particularmente en cuenta a la «población informadora de referencia». 
Se han planteado diversas cuestiones. 
En primer lugar, acerca de las sanciones: si el BCE o el BCN no reciben información estadística antes de la finalización del plazo establecido se podrá imponer el pago diario de una cantidad no superior a 10.000 euros. 
En segundo lugar, si la información facilitada es incorrecta o incompleta, o está en forma diferente de la solicitada, se podrá imponer una multa que no exceda de los 200.000 euros. 
Si el agente informador obstruye la verificación de la exactitud de la información facilitada, se podría imponer una multa que no exceda de los 200.000 euros. 
La confidencialidad es una cuestión de suma importancia y a fin de conseguir y mantener la confianza de los agentes informadores estimo que la confidencialidad es un requisito previo para obtener datos estadísticos de gran calidad. 
Esos datos deberán ser confidenciales siempre que sea posible. 
En cuanto al régimen propiamente dicho, el considerando 22 argumenta que la confidencialidad en este Reglamento «debe diferir en cierta medida de los principios generales comunitarios e internacionales acerca de la confidencialidad estadística». 
En esto se basa el argumento de la posible falta de conformidad con las disposiciones de Eurostat. 
La justificación para ello no está clara. La utilización de información estadística debe hacerse, por tanto, de conformidad con las disposiciones sobre confidencialidad estadística del propio Reglamento del Consejo. 
En cuanto a la imposición de sanciones, no hay una cláusula de exención que considere la posibilidad de que haya circunstancias en virtud de las cuales los agentes informadores no puedan facilitar la información estadística; por ejemplo, no se prevé la posibilidad de que un fax no funcione bien. 
Deben preverse esas posibilidades y en mi informe procuro resolver esa cuestión. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Económica y Monetaria Europea se inaugurará dentro de exactamente 87 días. 
Los preparativos para la introducción del euro a través del Sistema Europeo de Bancos Centrales avanzan por buen camino y de conformidad con el calendario. 
La aprobación de la legislación secundaria relativa a las competencias para imponer sanciones, a la aplicación de reservas mínimas como elemento de la política monetaria y a la recogida de datos estadísticos, que hoy se debate en el Parlamento, constituye un paso muy importante en este contexto. 
Deberíamos aprovechar la oportunidad para recordar la singularidad histórica del proyecto de la Unión Monetaria. 
Los Estados miembros cederán por primera vez en la historia algunos derechos nacionales de soberanía en favor de una institución federal europea. 
Con ello ganarán, sin embargo, soberanía en el ámbito de la política monetaria. 
Así acaba de demostrarse de nuevo en la actual situación turbulenta de los mercados financieros, en la cual el espacio «euro» aparece como una isla de estabilidad. 
Con este trasfondo es preciso hacer, por lo tanto, todo lo posible para establecer los fundamentos técnicos y jurídicos que permitan que el Banco Central Europeo cumpla de la mejor manera posible las tareas que le asigna el Tratado. 
Esto requiere que la legislación secundaria se trasponga también cuanto antes. 
El Parlamento Europeo lo ha hecho posible con su calendario. En lo que de éste depende, el Consejo ECOFIN del 12 de octubre podrá proceder también a la aprobación definitiva de dicha legislación. 
La participación del Parlamento Europeo en este procedimiento legislativo es, por otro lado, sólo un elemento de la legitimación democrática de la política monetaria europea a través del diálogo monetario entre el Banco Central Europeo y el Parlamento. 
No se trata sólo de garantizar la responsabilidad democrática de una institución con una independencia históricamente única, sino por el contrario también de que sólo una política democráticamente legitimada, que gracias a ello obtendrá aceptación y credibilidad, podrá cumplir los objetivos que le marca el Tratado. 
Por consiguiente, un diálogo monetario con el Parlamento Europeo también favorece los intereses del Banco Central Europeo y le permitirá mejorar su credibilidad y aceptación en los mercados y entre la población. 
El Informe Hoppenstedt llama acertadamente la atención sobre un instrumento importante de la política monetaria. 
Para cumplir los objetivos que establece el Tratado y para que la Unión Monetaria sea un éxito, es preciso que el Banco Central Europeo esté en condiciones de poder aplicar instrumentos de política monetaria diferenciados y eficaces. 
Las reservas mínimas son uno de estos instrumentos importantes de la política monetaria, que permite estabilizar la demanda de monedas del Banco Central por parte los bancos y evitar así una fuerte volatilidad de los tipos de interés del mercado monetario. 
Actualmente, la política monetaria europea no prevé una aplicación activa de este instrumento como un medio para evitar la afluencia de capital especulativo, como ocurrió por ejemplo en Alemania a principios de los años setenta tras la supresión del sistema de Bretton-Woods. 
A la vista de las crisis financieras de alcance mundial y de los movimientos especulativos de «dinero caliente» , las reservas mínimas podrán ser útiles en el futuro incluso para otros fines. 
También es importante que el BCE disponga de este instrumento en su caja de herramientas de política monetaria a la vista del posible desarrollo del uso del dinero electrónico, que podría desplazar al dinero en efectivo y reducir de este modo la demanda de monedas del Banco Central. 
Las reservas mínimas crean, sin embargo, problemas por el hecho de que su aplicación tiene los efectos de un impuesto sobre el sector bancario y, por lo tanto, podría traducirse en desventajas competitivas para el espacio «euro». 
Los requisitos necesarios se cumplen una vez que el Consejo del BCE se ha decidido por la aplicación de unas reservas importantes y, además, también por una remuneración de los depósitos mantenidos en el BCE en concepto de reservas mínimas. 
El Parlamento Europeo puede aprobar esta propuesta, como también queda muy claro en el Informe Katiforis relativo a las competencias para imponer sanciones. 
Por consiguiente, el Parlamento Europeo no tiene, con razón, nada que objetar contra esta propuesta de reglamento. 
La recogida de información estadística es asimismo una necesidad en la Unión Europea- justamente porque se tendrá que ejercer un control monetario -, en un momento en el que se ignora cómo evolucionará el comportamiento en relación con la tenencia de dinero y el ahorro en la Unión Monetaria Europeo, de manera que será fundamental disponer de una amplia base de datos. 
Como señala acertadamente el señor Hendrick, y también el reglamento, es preciso dotar al Banco Central Europeo de los fundamentos jurídicos que le permitan constituir una base de datos suficiente. 
Evidentemente, el Banco Central Europeo no debe actuar sin ninguna restricción jurídica en este ámbito. Por consiguiente, también deberá respetar los principios generales del Derecho. 
En este sentido, el Informe Hendrick llama la atención acertadamente sobre los problemas de la confidencialidad y la protección de la información. 
También es importante que esto se regule debidamente, tal como deja patente el Parlamento Europeo mediante las enmiendas de compromiso propuestas. 
La Unión Monetaria Europea continúa avanzando, por lo tanto, igual que lo ha hecho en los últimos meses, de conformidad con el calendario y mediante cuidadosos preparativos, de manera que dentro de 87 días, contados a partir de hoy, o sea, el 1 de enero de 1998, ésta pueda inaugurarse también con un Banco Central Europeo dotado de instrumentos eficaces. 
Señor Presidente, en la Subcomisión de Asuntos Monetarios que preside nuestra colega, la Sra. Randzio-Plath, compareció, hace unos pocos días, el Presidente del Banco Central Europeo, Sr. Duisenberg, quien aseguró que se estaban cumpliendo de manera satisfactoria los plazos y las previsiones para asegurar que los mecanismos operativos del Banco Central Europeo, cuando el euro entre en vigor el 1 de enero del año próximo, funcionen sin ninguna clase de problemas. 
Sin embargo, dejó entrever que había aún algunos aspectos importantes que era preciso dilucidar de manera satisfactoria antes de esta entrada en vigor. 
Estos tres informes, que han sido aprobados por una muy amplia mayoría por la Comisión de Asuntos Económicos, hacen referencia a algunos aspectos básicos sobre estas cuestiones fundamentales para asegurar una buena operatividad por parte del Banco Central Europeo y, como han demostrado los respectivos ponentes, aún hay cuestiones de fondo que es preciso tener en cuenta, e incorporar las observaciones que se han realizado en materia, por ejemplo, de reservas, relaciones entre los Estados miembros y el Banco Central Europeo, nivel de sanciones, aplicación de las mismas, etc... 
Como ha dicho la Sra. Randzio-Plath, estamos a menos de 90 días de la aplicación del euro, y éste- en estos momentos de turbulencias económicas y financieras- ha demostrado ofrecer una seguridad y estabilidad importantísimas para su zona. 
Pero, para ello, es necesario consolidarlo. 
Y es mi percepción- a través de esta comparecencia del Sr. Duisenberg y de las observaciones que se han hecho aquí a través de los debates que hemos tenido en comisión sobre estas cuestiones básicas- que aún hay un desajuste excesivo entre el funcionamiento del Banco Central Europeo y la aplicación de las políticas económicas y monetarias por parte de los Estados miembros y sus propios Bancos Centrales. 
Es una cuestión que tendríamos que solventar lo antes posible y tener todas las seguridades necesarias para el buen funcionamiento del euro a partir del 1 de enero del año próximo. 
Señor Presidente, estamos debatiendo hoy tres reglamentos que emanan del apartado 6 del artículo 106 del Tratado, y tratan de la utilización de reservas mínimas, la facultad de imponer sanciones, y la recogida de información estadística por el Banco Central Europeo, que se han elaborado de conformidad con un procedimiento especial estipulado por el Tratado. 
En el caso presente el Banco Central Europeo y la Comisión están de acuerdo en que el propio banco prepare los proyectos de recomendación a fin de evitar duplicación de actividades. 
Por lo que se refiere al reglamento sobre la recogida de información estadística, nuestro grupo, por su parte, estima que las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial definen una vez más el ámbito para la recogida de información estadística por el banco y los métodos que han de seguirse. 
El texto ante nosotros nos parece satisfactorio. 
Por lo que se refiere al reglamento sobre la imposición de sanciones, veo que al banco se le han concedido poderes en una esfera de responsabilidad más amplia que la de la mayor parte de los bancos centrales nacionales en cuanto se refiere a las estadísticas. 
No es raro que la protección en forma de sanciones prevista por el reglamento sea amplia. 
En su artículo 2 el reglamento especifica que las sanciones tienen que estar en proporción con las faltas cometidas y, antes de su aplicación, dispone que se siga un procedimiento detallado que garantice que los centros amenazados con la imposición de sanciones puedan evaluar su posición ante las autoridades competentes. 
Esto parece ser una buena idea. 
Hablaré a continuación del reglamento sobre las reservas obligatorias. 
Hemos de tener presente que en el mes de julio el Banco Central Europeo anunció que se constituirían reservas obligatorias a partir del 1 de enero de 1999, que se pagarían en función de su operación principal de refinanciación del Banco Central Europeo; de esta forma se obtendría una remuneración de cuantía parecida a la que se obtendría en el mercado monetario. 
Ahora bien, no podemos olvidar que esta cuestión no se indica explícitamente en el proyecto de reglamento. 
La base jurídica en que se basa es el apartado 2 del artículo 19 del estatuto del Banco Central Europeo, que no prevé esa posibilidad. 
Por otra parte, algunas enmiendas del Parlamento preconizan que se fije más explícitamente en la determinación de las reservas obligatorias una fecha vinculada con elementos ajenos a la estimación y, en particular, a elementos encaminados a promover una política monetaria encaminada a la estabilidad, y a contribuir a la estabilidad de todo el sistema financiero. 
Algunos ponen aquí en entredicho el valor de esas enmiendas alegando que la cuestión se trata ya adecuadamente en el artículo 3 del proyecto de reglamento. 
Por otra parte, corresponde al BCE determinar, según criterios objetivos, qué coeficientes deben aplicarse a cada categoría de requisitos. 
Sea como fuere, la inclusión de derivadas en la evaluación de reservas obligatorias no se puede justificar alegando motivos cautelares, como parece sugerirse en una de las enmiendas. 
Por último, las reservas obligatorias son un instrumento de política monetaria encaminado a estabilizar los tipos de interés del mercado monetario y a controlar el crecimiento de las disponibilidades monetarias. 
Desde este punto de vista, en nuestra opinión, estaría justificado incluir algunas derivadas en la evaluación. 
Señor Presidente, los informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial avalan sin reservas los tres proyectos de reglamentos relativos a los poderes del Banco Central Europeo en materia de sanciones, de aplicación de las reservas mínimas y de recopilación de información estadística. 
Estos reglamentos ponen de manifiesto el poder exorbitante del Banco Central. 
La gestión directa de las medidas correspondientes, en efecto, le sería confiada sin intervención alguna por parte de los gobiernos, ni tan siquiera de los bancos centrales nacionales. 
No se le aplicaría ningún control político en el plano comunitario pues el Consejo «euro» , hasta el momento, es sólo una estructura sin poder. 
Así, cuando oigo decir: la zona euro será una zona de estabilidad, me parece que mis colegas son muy optimistas. 
Todo el mundo sabe que cuando la crisis financiera mundial sacude las economías de los países emergentes, los países industrializados se ven afectados; de hecho, ya empiezan a estarlo y todo el mundo sabe también que esto acarreará graves consecuencias económicas y sociales. 
Así las cosas, es sin duda urgente llevar a cabo una tarea de reflexión y de búsqueda de propuestas sobre los objetivos y las modalidades de gestión del Banco Central Europeo. 
No podemos aceptar que el Banco Central se convierta en el censor de los presupuestos nacionales e imponga políticas restrictivas en materia social y de empleo en nombre de la lucha contra la inflación. 
Es urgente que modifiquemos las prioridades, que redefinamos los objetivos del Banco Central para que éste contribuya al relanzamiento de los créditos para el empleo y el crecimiento, y para que desempeñe su función de limitar la libre circulación de capitales y hacer que disminuya el peso de los mercados financieros. 
Los ciudadanos y sus representantes políticos deben contar con los medios para controlar a este Banco Central. 
Para ello será necesario instaurar la transparencia y el control democrático de su actividad, sobre todo mediante un control del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales y a través de un debate público acerca de los grandes desafíos económicos y monetarios. 
Esta tarea de redefinir los objetivos y la actividad del Banco Central es una necesidad si queremos iniciar un proceso de reorientación progresista de la construcción europea capaz de responder realmente a las necesidades y a las aspiraciones de los pueblos de Europa. 
Señor Presidente, hemos entrado en la etapa final de una carrera al trote, que de improviso se reconvirtió en una carrera al galope. 
Ahora es necesario completar de repente en unos meses los preparativos que no se realizaron durante años. 
Tendríamos que reconocer que esto nos está dejando casi sin aliento. 
Es cierto que las reservas mínimas son una dimensión central de la política monetaria. La señora Randzio-Plath ya lo ha resaltado. 
No obstante, quizá deberíamos seguir preguntándonos si no sería conveniente prever también el uso de las reservas mínimas para la estabilización exterior del euro y una base más amplia para la aplicación de las mismas. 
Sólo voy a citar dos expresiones clave: instrumentos financieros derivados y «capitalismo de casino». 
Por lo que respecta a las sanciones y a la regulación y el control, el señor Katiforis ya ha manifestado que son insuficientes. 
Las garantías, tal como ahora se definen, serían insuficientes si operadores irresponsables comienzan a actuar por medio de fondos de protección (Hedge-Fonds) con un enorme efecto de palanca. 
En cuanto a las estadísticas, incluso con una base de datos más amplia no nos será posible captar verdaderamente la evolución real de la economía. 
Yo debo decir que, a pesar de que estamos cumpliendo el calendario, sigue siendo motivo de preocupación que el estado de los preparativos técnicos con vistas a la introducción del euro todavía no permita excluir, en conjunto, la posibilidad de que topemos con importantes problemas. 
Por lo que respecta a las medidas de acompañamiento y correctoras y los preparativos políticos, yo tengo en cualquier caso la esperanza de que en el último momento se introducirán las correcciones necesarias. 
Oskar Lafontaine tiene, en efecto, un planteamiento claro sobre el problema: reducción de los tipos de interés como misión central de la política monetaria, activación de la gestión de la economía, inclusión de la igualdad de derechos como objetivo en el ámbito del empleo y contribución activa al fortalecimiento de la estructura financiera mundial. 
El señor Katiforis ha señalado con razón que sencillamente no basta con introducir más controles. 
¡Es necesaria una mayor regulación! 
No podemos proteger únicamente los derechos de los titulares de capital monetario, sino que tenemos que suturar por fin la herida abierta que representa la falta de enraizamiento y control democráticos del Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, estamos en la fase final del lanzamiento del euro, que entrará en vigor dentro de menos de 90 días. 
Y el Banco Central Europeo está enviando a nuestro Parlamento, como prometió su Presidente Wim Duisenberg, sus recomendaciones con vistas a la aprobación por el Consejo de los reglamentos necesarios para el funcionamiento normal del Banco Central y la plasmación de los objetivos que se pretende alcanzar: en primer lugar, la estabilidad de los precios, pero también las necesarias medidas económicas y monetarias para mantener la fase de expansión económica por la que Europa atraviesa y que la crisis monetaria de Rusia, Asia y América Latina están poniendo en entredicho. 
Estos tres reglamentos versan sobre la aplicación de las reservas mínimas obligatorias por el Banco Central Europeo, los poderes para la imposición de sanciones y la información estadística que deben facilitar los Estados miembros, y sus ponentes han sido, respectivamente, los Sres. Hoppenstedt, Katiforis y Hendrick, a los que felicito. 
Son pasos esenciales para el funcionamiento regular de la Unión Monetaria en esta su tercera fase y constituyen sin duda medidas coherentes relativas a la forma como se va a controlar la masa monetaria en los once países del euro a fin de volver atractivos estos mercados y, simultáneamente, seguros, tarea que ni es simple ni está garantizada. 
En ese sentido, se están adoptando las medidas necesarias en el ámbito de estos tres reglamentos, que merecen en general nuestra concordancia. 
Por lo que se refiere al informe del Sr. Hoppenstedt sobre las reservas mínimas obligatorias, se da la necesidad de equilibrar, por un lado, las ventajas y la seguridad que la existencia de esta medida permite con la flexibilidad, por otro, para que no haya distorsión de la competencia. 
Un sistema de reservas mínimas obligatorias, tiene, como sabemos, tres funciones fundamentales: primero, estabilizar los tipos de interés del mercado monetario; segundo, crear condiciones para afrontar una carencia de liquidez estructural y, tercero, controlar la expansión monetaria. 
El tipo mínimo del 10 % previsto por el BC, remunerado, e incluido el dinero electrónico, cuya importancia es cada vez mayor, y la extensión de su ámbito de aplicación, así como las restantes propuestas, merecen nuestra concordancia. 
Por lo que se refiere al informe sobre el poder del Banco Central para imponer sanciones, elaborado por el Sr. Katiforis, sigo su competente y sensata conclusión. 
El equilibrio entre el BCE y los bancos centrales nacionales establecido en el reglamento es particularmente afortunado: mientras que la posibilidad de desencadenar un proceso por infracción cabe tanto al BCE como a los bancos centrales nacionales, sólo los órganos competentes del BCE pueden adoptar las decisiones. 
De ese modo se consigue que los bancos centrales no reduzcan su vigilancia y que, paralelamente, el proceso de imposición de sanciones sea uniforme en todos los niveles del sistema de bancos centrales europeos. 
Analicemos, por último, el informe Hendrick sobre la compilación de información estadística del BCE. 
Como se sabe, a partir de datos estadísticos con la máxima flexibilidad posible es como se deberán y podrán adoptar las decisiones en materia cambiaria y monetaria. 
A eso se deben todas las cautelas previstas en este reglamento y todas las disposiciones en él incluidas. 
Convengo con el ponente cuando exige la necesidad absoluta de la confidencialidad de la información puesta por los bancos centrales nacionales a disposición del BCE. 
Se trata de un aspecto que las propuestas de enmienda ahora presentadas vuelven más riguroso. 
Señor Presidente, Señorías, estamos viviendo un período extraordinariamente importante, difícil e interesante: el nacimiento de una nueva moneda- el euro- que se pretende estable, común a países cuyas economías están siguiendo políticas rigurosas de control presupuestario, pero en las que el crecimiento se mantiene fuerte, en un clima de crisis e inestabilidad monetaria generalizada. 
Esperemos que esta nueva moneda llegue a ser un factor de estabilidad, no sólo en Europa, sino también en el mundo. 
Señor Presidente, en los últimos meses se ha generalizado la impresión de que el Fondo Monetario Internacional ha fracasado en su tarea de salvar el sistema monetario mundial. 
Nos encontramos al borde de una deflación a escala mundial. 
El FMI ha recetado a los distintos países unos medicamentos que no sólo no han producido mejoras, sino que han empeorado aún más la dolencia provocada por el virus de la especulación. 
Las riendas del FMI las ha llevado en todo momento una mano invisible, la lógica liberal. 
En lugar de salvar a los países, a quienes ha salvado el FMI con nuestro dinero ha sido a los bancos multinacionales. 
Ahora se ponen a disposición del Banco Central Europeo los medios para evitar que se desencadene una crisis monetaria en Europa como consecuencia de la especulación. 
Por este motivo, en el informe Hoppenstedt se justifica la inclusión de todos los organismos financieros y de numerosos balances exteriores en el fondo de reservas mínimas de los bancos. 
La apreciación de los créditos y la especulación en los mercados derivados pueden dar lugar a una crisis bancaria. 
En cambio, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial se equivoca en su segunda recomendación. 
No se deberían pagar intereses a precios de mercado a los bancos por sus reservas mínimas. 
De esta manera, el BCE podría proteger más eficazmente el sistema bancario de un recalentamiento como el que presenciamos el año pasado en Asia, Rusia y América Latina. 
El deber del BCE no es salvar a los bancos, sino a la sociedad. 
La ideología del Banco Central Europeo es la lógica del libre mercado de capitales. 
El BCE se enfrenta con la tarea imposible de velar por una misma política monetaria para países distintos. 
Hay que tomar precauciones para evitar que Europa se vea dominada por la lógica de la inflación de los mercados de capitales y de la deflación de la economía real. 
Señor Presidente, me voy a referir básicamente al informe del Sr. Hendrick, que trata sobre las competencias del Banco Central Europeo para recopilar información estadística. 
Sabido es que esta información estadística constituirá la base en la que se sustentará el Banco Central Europeo para desarrollar su política monetaria común. 
En principio, la recopilación de estos datos tendrá un carácter confidencial, si bien, como señalan tanto el ponente como la comisión, esta propuesta de reglamento no está clara del todo por lo que respecta a la cuestión de la confidencialidad. 
Por ello, la comisión apunta que se debería precisar en mayor medida la noción de confidencialidad, y que esta cuestión debería ajustarse al resto de la legislación comunitaria relativa a la confidencialidad de la información estadística. 
En teoría, la información puede ser de un carácter extremadamente delicado. 
Dicha información puede llegar a contener secretos comerciales, con lo que surgirían problemas internos en caso de que estos datos que se proporcionaran al Banco Central no fueran en todo momento completamente confidenciales. 
Cabe siempre la posibilidad de deducir la autoría de toda aquella información que no permita reconocerla de manera directa, por lo que, como afirma el ponente, hay que aclarar sin ambages este punto. 
Todas estas circunstancias representan un motivo continuo de tensiones ante la exigencia de transparencia en el Banco Central Europeo. 
Así pues, el BCE debería elaborar urgentemente unas normas generales sobre el derecho de la opinión pública a conocer los documentos que obran en poder del banco, así como sobre las restricciones y excepciones aplicables a esta normativa sobre la transparencia. 
Señor Presidente, Señorías, el euro ha de ser fuerte y gozar de credibilidad. 
Con motivo de la tormenta económica que se ha vivido en Asia y Rusia, hemos podido comprobar que el dinero y la política monetaria están inevitablemente relacionados con la economía, las relaciones sociales y la política. 
La confianza del mercado no es suficiente. 
Por lo tanto, es preciso también lograr la confianza de los ciudadanos en el euro. 
Esto implica conceder una mayor importancia a la democracia, lograr un mayor control del Banco Central Europeo y otorgar responsabilidades a los órganos democráticos. 
Un banco central de Estados democráticos no puede limitarse a ser un mero órgano de aplicación de la política monetaria, sino que debe comprender que forma parte de una amplia política económica que presta atención a las dimensiones sociales, y cuya preocupación primordial ha de ser, como ya se ha puesto aquí de manifiesto, la creación de empleo. 
Por este motivo, creo que es una buena idea la creación, en el ámbito de Ecofin, de una secretaría para preparar las cuestiones de orden económico y monetario. 
Hay que actualizar el control del BCE a un nivel que permita a la sociedad asumir sus responsabilidades. 
Con el BCE, parece que el dinero está cada vez más lejos de los centros de toma de decisiones, ahora que el movimiento de capitales tiene lugar a través de redes electrónicas a escala mundial. 
Así pues, hemos renunciado a la vigilancia y al control monetarios, con lo cual ahora es el dinero el que nos controla a nosotros, y los especuladores de divisas los que controlan a Estados enteros. 
Las decisiones del Banco Central Europeo tienen una repercusión en la economía y, de esta manera, también en la situación del empleo. 
Por consiguiente, han pasado ya los días en que tan alegre e irresponsablemente se permitía a los bancos actuar con independencia y secretismo. 
Es necesario modificar este escenario. 
El Banco Central Europeo ha de asumir una responsabilidad, ya que este neoliberalismo, que tanto mal ha hecho al ciudadano de a pie, ha cosechado una derrota tras otra en todas las elecciones importantes que se han celebrado recientemente. 
El mensaje resulta bastante claro. 
Nosotros deberemos abordar las grandes cuestiones como los fondos que mueve la especulación mundial o la orientación y regulación de los gigantes empresariales de carácter global. 
En las últimas décadas ha aumentado poderosamente la presión fiscal sobre el trabajo, al tiempo que se ha reducido la fiscalidad sobre el capital. 
La especulación monetaria internacional se considera la actividad comercial más lucrativa. 
Esta actividad se encuentra completamente al margen de la tributación fiscal; simultáneamente, las PYME creadoras de empleo no cesan de quejarse acerca de los impuestos. 
Hay que recordar que tenemos 18 millones de PYME y 17 millones de desempleados. 
Esta proporción es injusta. 
Están pagando demasiado impuestos los contribuyentes que no deberían hacerlo. 
El euro ha de ser un competidor del dólar, a pesar de que se le exige una ética más estricta que a la divisa estadounidense. 
La especulación bursátil sin piedad ocasiona graves daños. 
Los ingresos de los trabajadores van a parar a los especuladores. 
Como ha dicho el Sr. Katiforis, en vez de intentar castigarlos, lo que hacemos es ayudar a los especuladores. 
Es imposible encontrar un buen motivo que cuente con la aprobación del ciudadano. 
Numerosas empresas, especialmente las de mayores dimensiones, ya han llevado a cabo los preparativos para la llegada de la tercera fase del euro: en mi país, es el caso del 64 % de las grandes empresas. 
El sector de las PYME no va por el mismo camino, ya que únicamente un 7 % ha emprendido esta tarea de preparación. 
La situación es aún peor por lo que respecta a las empresas del sector de servicios. 
Como ya he dicho, el sector de las PYME es la mayor fuente de empleo en Europa. 
Por todo ello, espero que la Comisión cree un paquete informativo sobre la transición a la moneda única destinado al sector de las pequeñas y medianas empresas. 
El Sr. Hoppenstedt señala en su informe que las reservas mínimas suponen unas cargas adicionales, como los impuestos, a los depósitos de los clientes de los bancos. 
La consecuencia podría ser la transferencia de cuentas nacionales sometidas a la obligación de reservas mínimas en favor de otras cuentas extranjeras exentas de cumplir esta obligación. 
En este caso, los bancos de los países del euro se encontrarían en una situación competitiva desfavorable frente a terceros países. 
Y los que pronto se verán más afectados por esta situación serán los trabajadores de los bancos europeos, como ya ha ocurrido en mi país. 
Señor Presidente, señor Comisario, voy a hablar del informe Hendrick. 
La independencia del Banco Central Europeo y su función- convertir el euro en una moneda fuerte- justifican plenamente en mi opinión este reglamento, que le permitirá recopilar las informaciones estadísticas necesarias para el cumplimiento de sus misiones. 
Contrariamente al ponente, a mí no me plantea ningún problema la confidencialidad de las informaciones estadísticas facilitadas al BCE. 
Hemos confiado en el Banco Central Europeo para que gestione con total independencia nuestra moneda europea, el euro, les guste o no a los colegas que tengo frente a mí, quienes de forma patente sienten nostalgia por los sistemas que fracasaron donde se pusieron en práctica, por ejemplo, en los países de la Europa central y oriental. 
Así pues, en mi opinión sería aberrante querer erigir obstáculos que entorpeciesen la obtención de estadísticas juiciosamente articuladas entre sí en el seno de la Unión Europea. 
Pueden resultar necesarias informaciones estadísticas confidenciales relativas, por ejemplo, a las operaciones financieras transfronterizas. 
Impedir que las informaciones estadísticas confidenciales recopiladas de ese modo se utilicen para responder a necesidades suplementarias sería tan exagerado como querer poner puertas al campo a través de las disposiciones de dicho reglamento, que no serían más que deseos piadosos y afectarían, por ejemplo, a la necesidad de limitar las exigencias impuestas a las personas sujetas a la obligación de declarar. 
Todo el mundo está de acuerdo sobre este punto. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha aprobado algunas de mis enmiendas, en concreto las que estipulan que las informaciones estadísticas podrán ser utilizadas para permitir el cumplimiento de las misiones fundamentales con arreglo al apartado 2 del artículo 5 del Tratado. 
Estas salvaguardias, por llamarlas de algún modo, son más que suficientes. 
En lo que se refiere a las sanciones, evitemos proponer textos como el de la enmienda nº 4, que únicamente harían felices a los abogados ocupándoles a tiempo completo sin limitar realmente la carga inherente al establecimiento de las declaraciones por parte de las empresas, en la medida en que éstas deban realizarlas. 
En un ámbito tan delicado como el de la gestión de la moneda única no debería permitirse que los declarantes especularan sobre el pago de las multas para no facilitar los datos, datos que, por cierto, el BCE no recogería si no le fueran indispensables para su misión. 
Señor Presidente, no olvidemos que un banco central, al igual que cualquier responsable político o de otro tipo, juzga mal y decide mal si está mal informado. 
Señor Presidente, estos tres informes sobre el Banco Central Europeo surgen naturalmente de la necesidad de reglamentar la actividad de la nueva institución, cosa que en el punto de partida, además de necesaria, es positiva. 
En cuanto al primer reglamento, sobre las reservas mínimas obligatorias, parece digna de subrayar la preocupación por la posible distorsión de la competencia, al considerarse las reservas como un impuesto sobre los depósitos, y también el gran margen de maniobra que se deja. 
Y sería oportuna una reflexión sobre el papel de las reservas en el sistema bancario. 
Pero lo que en esta corta intervención queremos subrayar es que, respecto de los otros dos reglamentos, aparece una vertiente y una concepción que da sólo al BCE una capacidad de imposición de sanciones, que resulta significativa. 
Por ser el BCE una institución que nos ha merecido las mayores críticas por su deficitaria dimensión democrática y por sus desproporcionados poderes sin control político, en nombre de una independencia sin restricciones, esa capacidad reglamentaria y sancionadora suya no puede sino contribuir a agravar nuestras críticas y preocupaciones. 
La capacidad de imponer sanciones, en particular las relativas a las informaciones estadísticas, puede crear una red de obligaciones y presiones que, si pone en entredicho la necesidad de una información estadística segura y oportuna, concedan al BCE un nuevo y mayor poder sin las necesarias consideraciones y las necesarias limitaciones de naturaleza política y democrática. 
Estos reglamentos, tal como se proponen y como los apoya el Parlamento, vienen a reforzar, y por la vía reglamentaria, los poderes de una institución por encima de todos los controles y que, en esas condiciones, ya consideramos exorbitantes. 
Señor Presidente, Señorías, los tres informes que hoy se debaten, relativos a la aplicación de reservas mínimas, a las competencias para imponer sanciones y a la obtención de datos estadísticos, fueron aprobados por unanimidad en comisión; en apariencia, casi se trata de tres informes rutinarios, pero su importancia dista mucho de ser escasa a la vista de la evolución más reciente de los mercados financieros mundiales. 
Permítanme, por lo tanto, que exponga algunas consideraciones de fondo. 
Recapitulando brevemente, a principios del verano de 1997, el impago a su vencimiento de un crédito en el sector de la construcción desencadenó una histeria masiva entre los prestamistas que operan en los mercados financieros del Sudeste asiático y precipitó en una enorme crisis económica y social a los «pequeños tigres». 
Esta crisis de confianza se extendió luego a Japón, Suráfrica, América latina y, finalmente, por razones políticas, también a Rusia. 
Los resultados ya hace tiempo que se conocen: fue necesario revisar a la baja las previsiones de crecimiento, la caída de los precios de las acciones provocó pérdidas a escala mundial de unos cuatro millardos de dólares estadounidenses, una cifra equivalente al producto interior bruto de Japón. 
Muchos de los países afectados por la crisis se encuentran cogidos en la trampa de la falta de liquidez y sólo será posible sacarlos de allí mediante una inyección financiera. 
La decisión del G-7 de crear un fondo de emergencia se tiene que situar en este contexto y, naturalmente, también debe ser acogida con satisfacción. 
No obstante, también ha contribuido de manera decisiva a la misma el fracaso del FMI, que no cumplió sus funciones de vigilancia. 
Las repercusiones de los movimientos especulativos sobre la economía real y la pérdida de crecimiento en el marco de esta crisis de confianza, que por lo tanto nada tiene que ver con el desarrollo económico en sentido estricto, están exigiendo literalmente a gritos una modificación del sistema. 
Los costes colectivos son sencillamente demasiado elevados. 
Incluso entre los grandes tenedores de capital va cobrando fuerza la reivindicación de la gobernabilidad y el control de los mercados financieros. 
Europa logró mantenerse en gran parte al margen de esta crisis gracias a la convergencia económica y a unas monedas estables. 
Esta estabilidad se ha obtenido, sin embargo, a cambio de una política de tipos de interés altos. 
Lo cual repercute una vez más sobre las tasas de crecimiento, pero a la vez- y este es el aspecto decisivo- la política de tipos de interés con vistas a la estabilización monetaria señala sobre todo, a través de las reservas mínimas, cuál ha de ser el comportamiento de los bancos europeos en el marco de un sistema económico supranacional desregulado. 
Ofrece al Banco central la posibilidad de restringir la actividad crediticia de los bancos y gestionar la masa monetaria. 
Este instrumento, hasta ahora de carácter nacional, tiene que pasar a ser ahora un instrumento europeo de intervención y control. 
¡Es preciso seguir esta línea de razonamiento! 
Entre otras cosas también porque actualmente se mueven a diario en el mercado financiero mundial hasta 1, 8 millardos de dólares- o sea, alrededor del 10 % del producto económico mundial- bajo la forma de operaciones especulativas. 
Así, por ejemplo, en el caso de Tailandia, la reducción de los coeficientes de caja reforzó las operaciones a corto plazo de alto riesgo. 
Esto creó, obviamente, un margen adicional para los fondos de protección (Hedge-Fonds) , que intervienen no sólo en el sector monetario sino también en el de materias primas y que debido a su rápida liquidación duplican los costes para los sectores empresariales. 
Si la bolsa de materias primas se dispara al alza debido a las malas cosechas de algodón, por ejemplo, actualmente ya se puede contar con un llamado «acuerdo de slip». 
¡Esto no puede ser! ¡Todo ello no guarda relación alguna con el trabajo ni tampoco con la innovación en el mercado financiero! 
Los costes recaen sobre la colectividad y precisamente por estos motivos yo considero que sería en verdad más razonable que una política de reservas mínimas se guiase más por el principio de los costes reales que no por una remuneración que atienda a las llamadas consideraciones competitivas, lo cual contradice también en cierto modo las declaraciones del señor Duisenberg. 
Pero éste no ha de tener siempre necesariamente razón. Una excesiva desregulación da lugar a unos mercados financieros regidos por las expectativas, que ya no se guían por la mera evolución económica, sino por el comportamiento de los competidores en busca de un beneficio. 
El crecimiento y el empleo deben ser prioritarios y deben volver a formar parte de la política. Esto requiere unas reglas del juego internacionalmente aceptadas en este mercado abierto. 
La aplicación de reservas mínimas es una de ellas: ésta no se debe debatir con ánimo de suprimirla, sino que se tiene que instrumentalizar. 
Señor Presidente, Señorías, con los informes que hoy se debaten garantizamos la posición sólida e independiente del Banco Central Europeo. 
Yo quiero felicitar al señor Hendrick por su informe. 
Creo que ha sabido captar la dirección en la que es esencial dar un impulso. 
Es muy importante que concedamos la máxima independencia al BCE, pero los principios jurídicos vigentes en la Comunidad Europea deben regir, no obstante, también en este ámbito. 
Sobre todo me alegra que nos propongamos tener especialmente en cuenta las peticiones de las pequeñas y medianas empresas en relación con el tema de la obtención de datos estadísticos. 
Muchas encuestas nos indican que la obtención de datos, a menudo inadecuada, incrementa de manera exagerada los gastos burocráticos y distrae a las empresas de su verdadera actividad. 
Con la enmienda 7, nos proponemos salir al paso de estas dificultades. 
Los valores límite contribuirían, por ejemplo, a evitar que estén obligadas a declarar todas las pequeñas empresas- y en el caso más extremo esto incluye también a las unidades domésticas- que realicen operaciones transfronterizas. 
El Banco Central Europeo debería fijar directamente estos valores límite con generosidad. De este modo, se preserva su independencia y también se mantiene la eficacia. 
En fin de cuentas, es muy natural que las posibilidades de imponer sanciones que prevé el reglamento se rijan por los principios generales del Derecho penal y de la estadística. 
Por consiguiente, las sanciones impuestas deberán respetar tanto el principio de proporcionalidad como el grado de solvencia. 
En los casos de fuerza mayor, o sea, cuando intervengan causas totalmente ajenas a la voluntad de quienes tengan la obligación de declarar, deben decaer por completo las sanciones. 
Las presentes propuestas representan, a nuestro parecer, un razonable término medio entre la necesaria obtención de información, por un lado, y el objetivo de evitar una carga adicional a las empresas y unidades domésticas, por el otro. 
La importancia fundamental de las pequeña y medianas empresas para la creación de puestos de trabajo en el ámbito del mercado interior pone de manifiesto que estas precisiones son necesarias. 
Señor Presidente, estamos debatiendo tres reglamentos del Consejo que dan enormes poderes al Banco Central Europeo y que, especialmente en estos momentos, deberían atraer la atención del Parlamento Europeo. 
Me pregunto, señor Presidente, si la presente crisis financiera ocurre en otro planeta. 
Las dimensiones que alcanza la especulación son incontrolables. 
Una enorme crisis financiera mundial sigue activa, no muestra señales de acercarse a su fin y actúa principalmente en las bolsas y en el sistema financiero internacional pero, en breve, tendrá repercusiones directas en los trabajadores debido a los efectos que va a acarrear: aumento del desempleo, la disminución de los ingresos, una reducción drástica del consumo y del comercio internacional y una importante reducción de la producción mundial. 
¿Acaso los bancos centrales no tienen ninguna responsabilidad ante la tragedia que viven millones de ciudadanos en todo el mundo? 
Las entidades económicas internacionales están dando la señal de alarma respecto a la creación del euro. 
Los informes que estamos debatiendo hoy, relativos al Banco Central Europeo, son la expresión de una ironía histórica. 
En el momento en que la cima del poder económico mundial está debatiendo en el marco del Fondo Monetario Internacional las formas de afrontar, aunque de forma parcial, las consecuencias de la crisis, el Parlamento y la Unión Europea insisten en aplicar viejas y obsoletas recetas. 
Estos informes ponen por encima de la seguridad de las transacciones y de la protección pública el bajo coste financiero y la libre competencia y para ello encargan a los bancos centrales la vigilancia de los especuladores, una vigilancia que deberían ejercer entidades que estén controladas de forma democrática. 
Señor Presidente, la cuestión importante es: ¿quién nos va a guardar de los guardianes? 
¿Quién va a imponer un control político y democrático al incontrolado Banco Central Europeo? 
Señor Presidente, como es sabido, Suecia no participará en la unión monetaria. 
No obstante, esto no obedece, como se dijo anteriormente, a una postura del gobierno sueco, sino que a una postura de la opinión pública sueca que es enormemente crítica y que también recibe apoyo de una abrumadora mayoría de economistas en Suecia, quienes ven la pérdida del mecanismo de los tipos de cambio como muy peligrosa para la estabilidad de la política monetaria. 
Sin embargo, mi intervención no es para esto sino que para dar algunos puntos de vista acerca de los tres excelentes informes que tenemos ante nosotros. 
Ante todo quiero comentar las normas sobre reservas mínimas. 
En primer término deseo manifestar que las reservas mínimas son un instrumento de enorme importancia en la política monetaria. 
En Suecia las hemos probado, las tuvimos hasta el año 1985, y funcionaron de forma excelente. 
El año 1985 fueron suprimidas en la ola general de desregulación de la banca. 
El resultado fue una catástrofe financiera en nuestro país, en que los créditos aumentaron en un 25 por ciento al año. 
Por tanto, lo más importante es dejar establecido que las reservas mínimas son un instrumento importante para la estabilidad de la política monetaria. 
Como creo que la mayoría sabe, esto también tiene, sin embargo, sus deficiencias. 
Se trata fundamentalmente de tres deficiencias. 
En primer lugar, siempre llega nueva liquidez. 
Una forma de liquidez como de la que se habla en este informe está constituida, simplemente, por títulos de deudas que circulan fuera de los balances de los bancos y que, por consiguiente, pueden aumentar la demanda monetaria. 
En segundo lugar, se trata del comercio con derivados que también aumentan la liquidez. 
Permítame en este contexto, señor Presidente, decir que me puedo imaginar muy bien que cuando se ha empezado a comerciar con derivados también podríamos mañana empezar a comerciar con derivados de derivados, es decir, cambios en los precios de los derivados, lo cual significaría nuevos aumentos de la liquidez. 
Lo tercero también ha sido mencionado aquí, es decir, la aparición de dinero electrónico. 
Esas tres cosas hacen que sea muy difícil dictar normas exactas sobre reservas mínimas y que ellas, con el tiempo, vayan perdiendo eficacia. 
Además, es también muy difícil trazar un límite entre las instituciones a las que se va a obligar a esas reservas mínimas y a las que no, es decir, si se va a obligar sólo a los bancos o si se incluirán también otras instituciones financieras. 
En este contexto puedo decir que las experiencias suecas indican que esta base debe ser tan amplia como sea posible. 
Siempre hay riesgo de que aparezcan empresas en la periferia que pueden eludir esta reglamentación. 
Otra cosa que se ha mencionado en este debate es que es evidente que, si se establecen dentro del ámbito del euro normas sobre reservas mínimas que no existen fuera de él, implicaría, en cierto modo, desventajas desde el punto de vista de la competencia. 
Ya que los capitales financieros son tan volátiles, existe evidentemente un gran riesgo de que el mercado se mude a sitios donde no existen reglas. 
Para mí, la conclusión es que hay que tener reservas mínimas, pero que no bastan para crear una política monetaria estable. 
Para eso se necesitan otras reglas y acuerdos globales, especialmente para evitar la competencia desleal. 
Me queda sólo un punto de vista y es sobre el informe Hendrick, sobre la recogida de datos estadísticos. 
En relación con esto, no me preocupa tanto el asunto del secreto como los aspectos cualitativos de la recogida de datos estadísticos sobre inflación. 
Muchos estudios internacionales han demostrado cuán fácil resulta sobreestimar la inflación puesto que no se toma en cuenta el desarrollo de la calidad de los productos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12 horas. 
Equipos de telecomunicación 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0337/98) en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, sobre la posición común (C4-0342/98-97/0149 (COD) adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (Ponente: Sra. Read). 
Señor Presidente, los colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial saben que ésta es la segunda tentativa efectuada para conseguir una directiva sobre este particular. 
La propuesta anterior de la Comisión en 1990 se basaba en un método de conformidad específico que había de llevarse a cabo antes de comercializar el equipo. 
Por una serie de razones que, en mi opinión, pertenecen ahora a la historia, la directiva no dio los resultados apetecidos. 
Muy acertadamente la Comisión ha presentado una segunda propuesta en la que la importancia que se le concedía antes al método para certificar la conformidad se concede ahora a un método que incluye una declaración hecha por el fabricante. 
Como ponente, opino que éste es el buen enfoque y no tengo nada que decir en contra de la doctrina de la Comisión sobre el particular. 
La Comisión ha incluido también acertadamente al equipo de radio como parte del ámbito de esta directiva. 
También en este caso me parece que es totalmente adecuado. 
En las primeras fases de la primera lectura fui objeto de presiones por parte de aficionados radiofónicos que temían que sus propias actividades pudieran quedar perjudicadas con la nueva directiva, pero me parece que ya se han convencido de que no tenían nada que temer. 
He pasado mucho tiempo- quizá el Comisario pueda referirse a esta cuestión- tratando de la manida cuestión de los daños para la red y de la posibilidad de que haya daños para la red. 
He procurado conseguir que mis recomendaciones sobre esta cuestión, tanto en la primera como en la segunda lectura, guarden proporción con cualquier daño posible. 
Es evidente que muchas personas interesadas en la aplicación de la directiva sienten interés por esta cuestión. 
La propuesta, así como la respuesta del Parlamento a la propuesta, reconoce también que entre la primera y la segunda propuestas ha habido cambios tecnológicos de enorme importancia. 
Hemos procurado tenerlos en cuenta, y también hemos procurado tener en cuenta a los intereses de los consumidores y a su responsabilidad, y, particularmente, las necesidades de los consumidores discapacitados, en particular los ciegos y los sordos. 
Todo esto ha entrañado una enorme cantidad de trabajo y doy gracias a los colegas del Parlamento, la Comisión y el Consejo por los esfuerzos desplegados a fin de encontrar un texto fiable que atienda a todas las reservas expresadas. 
Nos hemos esforzado considerablemente por evitar el procedimiento de conciliación en este caso, y me parece que es natural que lo diga abiertamente. 
Estoy seguro de que el Comisario sabrá justipreciar las sensibilidades del Parlamento acerca de esta cuestión. 
Sabemos que el año que viene va a haber un importante examen de toda la legislación. 
Estoy seguro de que si alguno de los elementos de la propuesta no resultan viables en la práctica, podremos examinarlos entonces. 
Quisiera explicar cuando llegue el momento de la votación por qué el texto de transacción presentado en nombre de mi colega, el Sr. Hendrick, es particularmente digno de elogio. 
Se trata de la enmienda 18. 
Creo que es la mejor opción, y espero que el Parlamento la apoye, no solamente para evitar el procedimiento de conciliación- aunque eso haya sido un objetivo- sino, y más importante, para asegurarnos de que promulgamos una directiva que pueda ayudar a la industria, a los consumidores y, particularmente, a los consumidores más vulnerables. 
Les recomiendo el texto. 
Espero muy sinceramente que obtenga amplio apoyo entre los grupos cuando, esta mañana, llegue el momento de votar sobre él. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el dramático recorte del tiempo de fabricación de los equipos de telecomunicación, la liberalización de los mercados de telecomunicación y el aumento de la competencia que esto conlleva, exigen rápidos procedimientos para sacar al mercado equipos de comunicación tales como teléfonos y fax. 
La directiva que estamos tratando hoy, la RTTE, libera a los fabricantes de estos productos de los procedimientos costosos y prolongados de aprobación. 
Me gustaría dar las gracias a la colega Imelda Read por haber contribuido a agilizar esta directiva tan técnica y también por la buena colaboración que hemos tenido por su parte en los pasados meses y semanas. 
También quiero dar las gracias a la Comisión por el modo constructivo en que ha mejorado esta propuesta, inicialmente muy poco clara, en colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Señor Presidente, un punto central en la directiva es las exigencias esenciales que deben cumplir los equipos de telecomunicación en Europa. 
Para las compañías telefónicas con red propia es de gran importancia que se posibilite negar la entrada a su red a los productos inferiores porque, de lo contrario, el consumidor puede tener la impresión de que la red funciona mal. 
La Comisión de Economía ha aceptado por ello una enmienda, basándose asimismo en una propuesta del Partido Popular Europeo, por la cual las instancias nacionales competentes pueden apartar de la red equipos inferiores si resulta que existen problemas documentados. 
¿Por qué es eso tan importante, los problemas documentados? 
Si en los Países Bajos una compañía telefónica, por ejemplo Telfort, puede demostrar que un aparato daña o perjudica gravemente la red, la Dirección General para la Radiocomunicación en Groninga puede decidir retirar este aparato del mercado. 
Pero al poner como condición que debe haber problemas documentados en el mercado antes de que sea retirado el equipo de la red, se evita que los operadores puedan hacer mal uso de esta directiva para impedir la entrada en el mercado a nuevos rivales. 
Al mismo tiempo, la normativa propuesta por el Parlamento Europeo es un incentivo para los operadores de red con vistas a que inviertan en la mejora y el refuerzo de la calidad de su red. 
Después de todo, los mejores productos innovadores exigen a menudo más de la red. 
Los operadores no pueden así recusar estos productos porque su red no sea lo suficientemente competente. 
Con este equilibrio a mi modo de ver, señor Presidente, se aseguran los intereses tanto de los operadores como de los fabricantes de aparatos periféricos. 
Señor Presidente, por desgracia no se ha implicado lo suficiente a la industria en la preparación de la propuesta de la Comisión. 
Por fortuna se ha seguido en la posición común mi propuesta de que la Comisión debe consultar regularmente a los representantes de los operadores de red, de los consumidores y de los fabricantes. 
Con ello se garantiza la implicación futura de estos agentes del mercado en las nuevas tendencias. 
Esta directiva satisface las necesidades de los minusválidos, que son unos 50 millones en Europa, y rindo homenaje a Mel Read por ello. 
El Parlamento ha hecho por eso que se recoja en la directiva el que los minusválidos deban poder utilizar equipos de telecomunicación sin adaptaciones o sólo con las mínimas adaptaciones. 
La directiva parte de la autocertificación por parte de los fabricantes, pero llevará a que siempre exista en un Estado miembro una instancia que controle la aplicación de esta directiva. 
Por tanto, creo que con este procedimiento de aprobación flexible empezará a funcionar mejor este mercado de las telecomunicaciones en continuo y rápido crecimiento. 
Señor Presidente, cualquier disposición que simplifique el sistema europeo de equipos de telecomunicación debe ser acogida, sin duda, con satisfacción, al igual que el hecho de que se resalte especialmente la importancia de que los aparatos puedan ser utilizados por personas con alguna discapacidad. 
En la práctica nos enfrentamos con un problema al que quizá se presta demasiado poca atención. 
El precio de los aparatos que puede comprar en estos momentos el usuario representa una enorme diferencia con respecto al que tienen en los países no europeos. 
Cada vez son más las personas de la Comunidad Europea que viajan a Estados Unidos o Asia como turistas y regresan con aparatos que allí son considerablemente más baratos que en Europa. 
Es preciso encontrar un método que permita que los Estados miembros puedan retirar del mercado los aparatos que no respondan a los criterios de calidad sin que ello afecte a la competitividad. 
Finalmente, quisiéramos expresar otro deseo en relación con una tarea aún pendiente: la simplificación del mercado entre Estados Unidos y Europa. 
Señor Presidente, la colaboración con la ponente ha sido, como de costumbre, un verdadero placer y el resultado, que hoy se debate, mejora considerablemente la posición común. 
Así lo evidencia también en el hecho de que hemos podido hacer nuestras todas las enmiendas excepto la 1 y la 13, y éstas únicamente por razones formales, como sabe la ponente. 
También apoyamos la propuesta, que ha vuelto a presentar aquí, de combinar la enmienda 15 y la 18 en una enmienda de transacción que permita evitar un procedimiento de conciliación con el Consejo. 
La importancia de la presente directiva queda de manifiesto ya en el hecho de que ésta sustituye a dos directivas adoptadas hasta ahora y a alrededor de 1.500 disposiciones nacionales. 
Es decir, que la modificación de nuestro enfoque permitirá suprimir mucha burocracia y yo creo que sólo con ello podemos conseguir una mejora de los mercados en este sector. 
La directiva también tiene muy en cuenta la atención a muchas necesidades especiales y yo puedo decirle a la señora Read que- tal como ya ha señalado el señor van Velzen- creemos que con las disposiciones que ahora se establecen quedará garantizada también la compatibilidad con las redes, de manera que en realidad no deberían plantearse problemas demasiado serios. 
Es cierto que, en cualquier caso, tendremos la oportunidad de volver a examinarlo todo dentro de un año si fuese necesario y yo quisiera agradecerle ya de antemano esta nueva colaboración. 
Yo creo que entre tanto estamos alcanzando una posición que nuestros principales competidores nos envidian en este sector de la sociedad de la información, entendida en sentido amplio. 
Nos hemos situado en la vanguardia del sector gracias, en primer lugar, a nuestro desarrollo técnico, pero también a nuestra manera de encauzarlo y fomentarlo políticamente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Transición al euro 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el informe (A4-0304/98) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (97) 0560- C4-0591/97) sobre las consecuencias de la transición al euro en las políticas, instituciones y legislación comunitarias. 
Señor Presidente, hoy se debate un informe sobre las consecuencias de la transición al euro en la legislación y las políticas comunitarias, que data de finales de 1997. 
La Comisión lo presentó antes de que se adoptasen las decisiones relativas a la participación de once países en la zona «euro» y en este momento es posible constatar que una parte de las tareas a las que hacía referencia ya se han cumplido. 
Otra parte muy considerable todavía está por hacer, sobre todo en los aspectos que requieren la transposición en los Estados miembros, pero entre tanto se ha avanzado en las tareas que corresponden a la propia Comisión. 
Las decisiones en favor de la introducción del euro- creo que no está de más decirlo antes de iniciar un debate sobre esta cuestión-fueron muy positivas y la estabilidad del espacio económico y financiero europeo durante las crisis asiática, rusa y latinoamericana ha demostrado que un gran espacio «euro» reporta ventajas para los europeos y para la economía mundial en general. 
Por esto, ahora tenemos claro que las decisiones sobre el euro merecen una valoración positiva sin restricciones y que la Unión Monetaria Europea podrá entrar en vigor puntualmente el 1 de enero de 1999. 
Uno de los temas que trataba el informe es el del régimen agromonetario, concretamente el que deberá entrar en vigor en todo caso el 1 de enero de 1999, y de ello trata el informe de la colega Schierhuber que figura en el orden del día del viernes. 
La Comisión ha presentado dos proyectos de reglamento que se debatirán el viernes y a los que también se hace referencia en el presente informe. 
La comunicación de la Comisión contempla en conjunto tres ámbitos: el presupuesto comunitario, la política agrícola y los gastos administrativos. 
La intensidad de las consultas celebradas en el Parlamento queda de manifiesto en el hecho de que cinco comisiones han elaborado su opinión y como resultado final hemos conseguido llegar a un acuerdo para presentar un informe que recoge los argumentos de todas ellas, o sea, de las Comisiones de Presupuestos, Agricultura, Política Regional, Relaciones Económicas Exteriores y Asuntos Jurídicos. 
El segundo ámbito es el de la adaptación al euro del Derecho comunitario y del marco jurídico, y las principales implicaciones del euro para la legislación comunitaria. 
El tercer ámbito lo constituyen los aspectos operativos de la transición al euro, que afectan a las estadísticas, la tesorería, la gestión financiera, los sistemas de información y las cuestiones relativas a la comunicación. 
Voy a pasar revista brevemente a los tres ámbitos principales. En primer lugar, el del presupuesto comunitario. 
Hasta ahora, el problema de los riesgos derivados del tipo de cambio y los costes consiguientes de la gestión financiera ha tenido repercusiones negativas en el presupuesto comunitario. 
Por lo que se refiere a los gastos, aproximadamente el 44 % de los pagos se efectúa en ecus y el 56 % en moneda nacional, mientras que la contribución de los Estados miembros a la Unión Europea se efectúa, en cambio, predominantemente en moneda nacional. 
En el pasado, esto exigía un enorme esfuerzo de gestión financiera con unos costes considerables- que en el futuro desaparecerán en los once Estados participantes -, debido a que todos los pagos debían efectuarse sobre la base de los tipos de cambios nacionales y de divisas nacionales. 
En lo que se refiere al régimen agromonetario, debe tenerse en cuenta que, paralelamente a la cotización variable del ecu, antes se aplicaba el llamado ecu verde, que tenía como finalidad compensar las oscilaciones de las monedas nacionales y garantizar unos ingresos comparables a los agricultores de todos los países de la Unión Europea. 
Con este fin, se utilizaban los tipos de conversión agrarios, que en los últimos años se han alejado cada vez más de los tipos de conversión que se aplican efectivamente en el mercado y, por consiguiente, del ecu. 
Cuando se producen variaciones monetarias se modifica el valor, en moneda nacional, de los precios e importes fijados y, según señala la Comisión, este sistema, que tuvo que ser suprimido bajo su antigua forma en 1995, generaba unos costes de 8 millardos de ecus anuales. 
Todavía en la actualidad, después de la reforma, estos costes se estiman en el caso más extremo en 1.0- 1.500 millones de ecus, o sea, casi 3 millardos de marcos alemanes. 
El nuevo régimen, con un período de transición de cinco años, permitirá evitar por primera vez estos costes y ya sólo regirá para los países no participantes; pero esto se debatirá el viernes, sobre todo si quienes no participan en el euro por propia voluntad, como por ejemplo Gran Bretaña, deben seguir recibiendo en el futuro las mismas compensaciones que en el pasado. 
El tercer ámbito es el de los gastos administrativos, que se elevan a unos 2, 7 millardos de ecus. 
Hay 30.000 funcionarios, el 90 % de los cuales viven en Bélgica y Luxemburgo, y puesto que en ambos casos se trata de países participantes, esto permitirá resolver una parte de los problemas. 
Sin embargo, evidentemente tenemos que procurar que los Estados miembros donde viven dichos funcionarios realicen cuanto antes la transición y que también lo haga la Comisión Europea. 
Yo quisiera expresar mi sincero agradecimiento a todas las comisiones que han emitido opiniones. 
El informe- así lo espero-podrá contar con el voto afirmativo de una amplia mayoría. 
Las dos enmiendas que ha presentado el Grupo de Coalición Radical Europea me parecen equivocadas y estoy convencido de que no es posible votarlas afirmativamente, sobre todo después de la conversación que mantuvimos la semana pasada con el Presidente del BCE, señor Duisenberg, en la Subcomisión Monetaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero, en nombre de la Comisión de Política Regional, felicitar al Sr. Langen por su excelente informe y por su disponibilidad a incorporar al mismo con generosidad las modestas aportaciones de nuestra comisión. 
La Comisión de Política Regional comparte la favorable acogida que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial realiza de la comunicación de la Comisión Europea sobre las consecuencias de la transición al euro en las políticas, instituciones y legislación comunitarias. 
Comunicación que- como el ponente destaca- es fruto de un amplio diálogo en el seno de los servicios de la Comisión Europea y con otras instituciones comunitarias. 
Es evidente que, en el marco de los Fondos estructurales, el hecho de que las contribuciones y pagos se expresen ya en ecus facilita la transición, al tiempo que, por otra parte, los países participantes en la zona del euro verán eliminado el riesgo de las diferencias de cambio. 
La situación de los países «pre-in» es bien distinta y habrá que reflexionar a fin de que éstos no se vean penalizados en sus acciones estructurales por las fluctuaciones de su moneda nacional frente al euro. 
La transición al euro tendrá efectos importantes sobre la estadística comunitaria y por ello apoyamos el propósito de Eurostat de reajustar las series cronológicas primarias para mantener inalterada la continuidad de las series. 
Y nos felicitamos por el hecho de que nuestro ponente solicite en su informe que se impulse una política común de adaptación para todo el sistema estadístico europeo. 
Nuestra comisión solicita igualmente que se aproveche esta coyuntura para crear una red de cooperación para la administración en el ámbito de la informática y la estadística con objeto de garantizar unos sistemas coherentes no sólo para la información financiera habitual de seguimiento sino, sobre todo, para la información general necesaria para la toma de decisiones. 
La Comisión de Política Regional entiende que la Comisión, en sus campañas de información, debería esforzarse singularmente para que las autoridades regionales y los beneficiarios de los Fondos estructurales estén bien informados de las consecuencias de la transición al euro. 
Finalmente, queremos señalar que es todavía necesario profundizar con más eficacia sobre las consecuencias de la unión monetaria en relación con las disparidades existentes entre las regiones a la luz del principio de la cohesión. 
Y esperamos con ansiedad el resultado del estudio global que, al efecto, está realizando la Comisión. 
Señor Presidente, el ponente ha dejado muy clara en su excelente informe la envergadura de la tarea que les espera a las instituciones europeas y la importancia de una transición puntual al euro para el futuro de la Comunidad, no sólo porque alrededor de 4.000 actos jurídicos se verán afectados por la misma, sino también porque el inicio de la era del euro se traducirá en una modificación de la posición material de las instituciones europeas. 
Desde luego, también las administraciones nacionales tendrán que hacer un esfuerzo, desde la administración tributaria hasta la elaboración de planes para la adaptación de los parquímetros y el cobro de tasas, pero el tema que ahora nos ocupa es el de la transición al euro en lo que se refiere al presupuesto de la Unión Europea, los tipos de conversión en el marco de la política agrícola o el pago de los sueldos y pensiones, y que ésta se realice a su debido tiempo. 
El Parlamento Europeo manifestó claramente con ocasión de la transposición del Libro verde sobre la introducción del euro que las instituciones públicas debían actuar como pioneras en relación con la misma. 
Por desgracia, hemos tenido que constatar que no ha sido así, ni en los Estados miembros ni tampoco en el ámbito de la Comisión, habida cuenta que la Comunicación data ya de 1997. 
No podemos decir que se hayan realizado nuevos progresos en el ámbito de la legislación secundaria, si bien la Comisión ya ha llegado, acertadamente, a un acuerdo para adoptar nuevos actos jurídicos. 
Yo pienso que para la economía privada es también muy importante que haya claridad, que las numerosas disposiciones legislativas en el ámbito del mercado interior se incorporen cuanto antes también en una normativa en el ámbito de las estadísticas y de la contabilidad. 
Esto es importante asimismo para que un mayor número de empresas se preparen para la introducción puntual del euro, ya que por ahora los datos siguen indicando que sólo alrededor del 24 % de las empresas europeas tienen la intención de denominar en euros las operaciones no al contado a partir del año próximo, cuando se inaugure la era del euro. 
Por consiguiente, la denominación en euros del presupuesto comunitario no será importante únicamente por el hecho de que, si bien éste se elabora en ecus, una gran parte de los ingresos se efectúan en moneda nacional, mientras que los pagos se efectúan en ecus y en moneda nacional. 
Se evitará un gasto realmente enorme en el contexto de los riesgos derivados del tipo de cambio y los costes consiguientes de la gestión financiera. -tal como ya ha señalado el ponente- la fijación de los precios y el pago de las subvenciones en euros, con la consiguiente desaparición del sistema actual con sus distorsiones y costes, tendrá también efectos positivos en el ámbito agromonetario. 
El Reglamento sobre la introducción del euro y la legislación monetaria europea han garantizado la seguridad jurídica y la continuidad de los contratos. 
Nadie debe estar obligado a utilizar el euro y nadie debe verse impedido tampoco de hacerlo, pero la necesidad de que las instituciones europeas hagan patente que se ha iniciado la era del euro mediante su participación en la transición al euro no debe acabar convirtiéndose en su talón de Aquiles. 
Yo doy por descontado que la Comisión Europea y las demás instituciones europeas renovarán su dinámica y su actividad. 
Señor Presidente, felicito a la Comisión y al Sr. Werner Langen por sus informes, en los que se examinan en algunos casos muy pormenorizadamente aspectos muy importantes de las consecuencias del paso al euro en esferas tan diversas como el presupuesto comunitario, incluidos los pagos agromonetarios y los gastos de funcionamiento, los derechos aduaneros y de los contratos o también las estadísticas y la gestión financiera. 
El análisis hecho viene a confirmar en todas esas esferas las repercusiones microeconómicas positivas que ya antes se preveían para el euro, con la eliminación de los costos de transacción, de incertidumbre y de cálculo que tenemos ahora con las diferentes monedas nacionales. 
Así, pues, es la propia Comisión la que concluye en el informe que la evaluación global es ampliamente positiva. 
No obstante, esa perspectiva no puede inducirnos a permanecer a la expectativa, pues se deben cuidar los más pequeños detalles en todos los sectores. 
Al ser necesario escoger, admitimos, por ejemplo, que sea secundaria la comunicación sugerida en la conclusión del párrafo 27 de que se mencionen todos los casos en cuatro mil actos comunitarios en que la denominación monetaria pasará a hacerse en euros. 
Por la forma como está desarrollándose el proceso, tanto los agentes económicos como los ciudadanos en general se sentirán inmediatamente identificados con la nueva moneda. 
Por eso, creo que los mayores esfuerzos se deben hacer en el sentido de continuar la muy lograda campaña de explicación sobre el euro y con repercusiones tal vez mayores en el sentido de que se hagan las adaptaciones necesarias, desde los equipos utilizados hasta la gestión comercial, en particular en las pequeñas y medianas empresas, por no hablar, aunque no sea objeto de este informe, de la divulgación del euro en el exterior ante la interconexión existente entre todos los mercados mundiales. 
Las perspectivas del euro están moviendo a las empresas a hacer pública su opción como una señal de eficacia y modernidad, como sucede, por ejemplo, en mi país. 
Se trata de una vía que se debe estimular de forma generalizada, en una línea en la que se beneficia simultáneamente a las empresas y a la nueva moneda que estamos introduciendo. 
Presidente, el informe que tenemos delante, tanto del lado de la Comisión como del ponente Langen, indica la cantidad de procedimientos complicados con los que nos las tendremos que ver hasta llegar a la implantación del euro. 
Por tanto, considero la información de gran interés. 
En los informes, tanto de la Comisión como del Sr. Langen, podemos leer que la conversión traerá consigo considerables ahorros por el hecho de que, por ejemplo, ya sólo en la agricultura desaparecen las competencias entre los Estados miembros y que, como consecuencia de la desaparición de los tipos de conversión agrícolas, va a haber en cualquier caso un ahorro de mil a mil millones y medio. 
Eso me lleva a la pregunta: ¿qué ocurrirá con el dinero que se va a ahorrar? 
¿Hay aquí una posibilidad extra para ayudar a la industria y el comercio o para la información? 
Me gustaría ver una explicación más detallada al respecto. 
Además, quiero decir que nuestro Grupo apoya las enmiendas del ARE. 
Somos de la opinión de que en las representaciones externas los países del euro deben hablar con una sola voz y de que el BCE es el representante de los órganos monetarios cuando se trata de actuar en conferencias internacionales en la cumbre, como el G7. 
Nuestro Grupo ha preparado en este punto preguntas orales para el siguiente período de juntas. 
Por último, Presidente, quiero llamar la atención ante los eventuales nuevos trastornos o discriminaciones entre países que formarán o no formarán parte del euro. 
Nosotros apoyamos extensas reformas en el marco de Agenda 2000 y hemos visto en los planes MacSharry que algunos países lograron hacer frente a las reformas con astucia llevando a cabo una devaluación de su moneda. 
Aquí pueden darse también semejantes ejemplos. 
Mi pregunta a este respecto es: ¿cómo se relacionan entre sí esos dos reglamentos a largo plazo y, no tendremos aquí nuevas formas de discriminación? 
Señor Presidente, es imperativo, cuando la nueva moneda euro y la tasa euro entren en vigor en enero de 1999 y cuando quede abolida la libra verde, que los agricultores no pierdan en el valor de sus ingresos en el marco de la política agrícola común. 
En Irlanda hay actualmente dos tasas verdes, la primera es para el apoyo de la PAC, como por ejemplo el pago de las restituciones a la exportación y de las cantidades para la intervención, y ha variado sustancialmente durante los 18 últimos meses. 
La segunda tasa verde es para el apoyo directo al ingreso de los agricultores, como por ejemplo para el pago de primas. 
La tasa verde de esos pagos ha quedado congelada a un nivel favorable desde 1995 y, por lo tanto, no ha quedado sometida a fluctuaciones monetarias. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Langen cuando dice que le preocupa que los agricultores europeos no salgan perdiendo con la entrada en vigor de la nueva moneda euro. 
Su proyecto de resolución reconoce que habrá que instituir una compensación agrícola para que todos los sectores de la sociedad puedan beneficiarse del régimen de la UEM. 
Los que están en contacto con nuestro sector agrícola se habrán percatado de la creciente inquietud acerca de la futura viabilidad de nuestra estructura agrícola, que por tradición es familiar. 
La continua disminución del número de personas que se dedican a la agricultura y el aumento de la edad media de los agricultores son indicadores sociales que no podemos correr el riesgo de ignorar. 
La Comisión ha presentado propuestas al Consejo de Ministros de Agricultura sobre esta cuestión, exponiendo diversas líneas posibles de acción. 
Se ha establecido en Europa un grupo de trabajo para elaborar propuestas sobre la base de proyectos legislativos que se han preparado, a fin de trazar una esfera apropiada de negociación sobre esta cuestión. 
En el nuevo proyecto legislativo se incluyen medidas de compensación para las reducciones en el precio del ganado bovino, pero aún hay que seguir trabajando más para conseguir que los agricultores irlandeses y europeos estén totalmente protegidos cuando tenga lugar la transición al nuevo euro. 
El actual sistema agrimonetario de Europa es un régimen complicadísimo principalmente como resultado de la dualidad de tasas, y el incremento de los gastos debido a las tasas de conversión de la PAC son a veces más elevados que los valores del mercado. 
Actualmente se deja sentir la necesidad de que haya simplificación en todo nuevo arreglo, con un mínimo de burocracia. 
Esto desempeñaría una función muy positiva para todos los agricultores que en el futuro reciban pagos en el marco de la PAC. 
Señor Presidente, Señorías, el Informe Langen se ocupa de las repercusiones del euro en tres aspectos: los presupuestos nacionales y comunitario, la política agrícola y la administración. 
En lo que se refiere a la política agrícola, no basta con adoptar sólo medidas administrativas en el contexto de la transición al euro. 
Éste también será más estable si por fin se modifica la política agrícola, tal como manifestado y ha pedido tan a menudo esta Asamblea, y si las nuevas propuestas de la Comisión en relación con este ámbito también son aceptadas internacionalmente y en toda Europa. 
Una observación sobre la campaña informativa: la Comisión de Asuntos Económicos tiene cada vez más claro que la campaña informativa es una pieza central muy importante para la transición al euro. 
Sin embargo, yo quisiera manifestar con toda claridad y rogarle encarecidamente al Comisario competente que en el contexto de las recomendaciones no se presente, por ejemplo, a las mujeres como disminuidas y que se adopte otro enfoque distinto. 
Permítanme que añada un breve comentario sobre las PYME. 
No basta con iniciar una campaña informativa en este sector. 
Es preciso ofrecer a las PYME, en el marco del asesoramiento, la adaptación sin costes en el ámbito informático o en otros. Debemos exigir muy firmemente que así se haga. 
Ello permitirá aproximar el euro a las ciudadanas y ciudadanos y apartar la barrera con la que todavía choca en este sector. 
Unas últimas palabras en relación con el debate anterior sobre el Banco Central Europeo. 
Yo tengo la impresión de que las oradoras y oradores que me han precedido piden demasiado al BCE y le imponen una carga absolutamente desmesurada. 
Lo que hace falta es transparencia y control del BCE. 
Este debe ser también el núcleo central de la política con vistas al euro. 
Cuando el ejemplo de Italia ya permite constatar la escasa transparencia con la que puede trabajar la institución del BCE, resulta evidente que esto es exactamente lo que hace falta para evitar futuras debilidades e inestabilidades. 
Señor Presidente, Señorías, no he entendido muy bien la referencia hecha por nuestra colega del Grupo de los Verdes a Italia y a la falta de transparencia en la gestión de la política monetaria italiana: me lo explicará después. 
Ahora quiero intervenir sobre el informe Langen, naturalmente, para anunciar el voto favorable de nuestro Grupo, pero también para invitar a sus Señorías y al señor ponente a que tomen en consideración dos enmiendas que he presentado junto con el Sr. Castagnède. 
Estimo, por otra parte, los acontecimientos y la última reunión del Consejo ECOFIN lo han demostrado plenamente, que uno de los problemas fundamentales de esta transición al euro, además de las numerosas e importantes consideraciones hechas en el informe sobre todas las repercusiones- no sólo técnicas, sino, como es obvio, también políticas y de gran alcance-es la falta en el informe de ese elemento que está en el centro del debate y de la reflexión de estas últimas semanas, esto es, la representación del euro en el exterior. 
No por nada el Consejo ECOFIN fue incapaz de decidir o de indicar claramente quién, a partir del 1 de enero de 1999, representará la política monetaria, la política económica, la Unión Económica y Monetaria de los países participantes en la zona del euro ante los foros internacionales. 
Considero significativo que ya podamos hacer una referencia gracias al informe Langen, para luego quizás profundizarla e incorporarnos en el debate global. 
Me parece evidente la confirmación de que será el presidente del Banco Central Europeo, y éste sólo tendencialmente, quien participará, en nombre de los países participantes en la zona del euro, en nombre de la Unión Económica y Monetaria, dentro de sus competencias, en las reuniones internacionales. 
Me parece asimismo importante que el Parlamento afirme con fuerza que urge aclarar este lío- a veces son los tres que ya participan, otras es uno de ellos por turno y otras designamos a otro- que, en mi opinión, sólo contribuye a aumentar la confusión, no nos permite hacer un buen papel y no nos da esa confianza en el euro que es una condición esencial para su éxito. 
Para terminar, espero que sus Señorías tengan a bien acoger estas dos enmiendas del Grupo de Coalición Radical Europea. 
Señor Presidente, en el debate sobre el euro me he percatado a menudo de dos opiniones unilaterales. 
Una dice que el euro sólo traerá ventajas y la otra que sólo tendrá consecuencias perjudiciales. 
A ambas opiniones les doy poco crédito. 
La ventaja financiera para el presupuesto de la Comunidad es evidente. 
Es lógico por lo demás, si va a haber una reducción de diez unidades monetarias. 
También en el sistema agromonetario se esperan grandes ahorros. 
El llamado «efecto de doble cotización» desaparece porque ya no se manejará el «tipo de cambio verde». 
Sin embargo, en el nuevo sistema agromonetario hay todavía un final abierto, porque las revaluaciones son compensadas, pero no se emprende ninguna acción con las devaluaciones, mientras que los agricultores respectivos van a mejorar temporalmente sus ingresos. 
En ello se esconde también un poco de competencia desleal. 
Ahora el riesgo financiero es mucho menor para cuatro Estados miembros. 
El ahorro de 1.300 millones de florines me parece una tasación prudente, pero si la Unión Europea va a ampliarse con nuevos Estados miembros que no formarán parte inmediatamente de la UEM, la Comisión deberá hacer algo con el carácter de final abierto de la regulación si quiere que las infracciones ilimitadas pasen a formar parte del pasado. 
Por último, no soy capaz de ver el significado político y simbólico en el esfuerzo de convertir en euros el pago de los sueldos para el personal de la Comunidad ya el 1 de enero de 1999. 
Desde luego que no si todavía no se ha gastado el dinero principalmente en moneda belga y luxemburguesa. 
En interés del personal otorgo gran importancia a la claridad y al esmero. 
Señor Presidente, Señorías, como ya he dicho anteriormente, esta agitación económica y monetaria tiene unas dimensiones a escala mundial que van a trastornar en gran medida la vida del ciudadano de a pie, y no sólo en los países donde ha tenido su origen la tormenta. 
En Rusia se trata más bien de una crisis política de consecuencias económicas. 
Por este motivo, creo que se debería incluir en el orden del día de la próxima cumbre de la Unión Europea la especulación internacional de divisas, su tributación fiscal y, ante todo, su control. 
Tenemos, pues, motivos más que suficientes para reflexionar sobre estos asuntos. 
Asimismo, debemos garantizar, especialmente cuando dé comienzo la tercera fase, la adaptación de los Fondos estructurales a la reforma monetaria con el fin de permitir la plena aplicación de las políticas de la Unión también durante el período transitorio. 
A este respecto, encontramos ejemplos en un gran número de ámbitos: así, es necesario administrar de manera adecuada los recursos, por ejemplo, del programa TACIS. 
Naturalmente, resulta obvio que las propias instituciones de la Unión Europea han de situarse a la cabeza de esta tendencia. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Langen en que es razonable y necesario introducir reformas agrícolas relacionadas con el sistema monetario. 
La adopción del euro reducirá las perdidas de ingresos por parte de los agricultores, al menos como consecuencia de la estabilización de los tipos de cambio. 
Por el contrario, el problema residirá en la situación de los Estados miembros que permanezcan al margen de la unión monetaria. 
Cabe imaginar que el mercado único debería ser de aplicación también en estos países. 
Parece que el euro será una divisa estable, lo cual es motivo de satisfacción. 
Sin embargo, esta circunstancia exige que los ciudadanos puedan depositar su confianza en dicha moneda, así como que se vuelvan a plantear en la toma de decisiones sobre el euro las cuestiones en materia de responsabilidades. 
Estoy preocupado por la situación de las pequeñas y medianas empresas a este respecto. 
En mi país no se han preparado ante el gran cambio que se avecina, falta información sobre este cambio. 
Por este motivo, vuelvo a sugerir a la Comisión que elabore un paquete informativo destinado precisamente a las pequeñas y medianas empresas y, en especial, a las del sector de servicios, que parece ser el último en prepararse ante la llegada del euro. 
Señor Presidente, faltan más o menos cien días para la implantación de la moneda única y hoy, a través de la Comunicación que nos ocupa, la Comisión trata de llevar a cabo una evaluación global de los efectos que tendrá la transición al euro a escala comunitaria, así como de las relativas repercusiones en los Estados miembros. 
Éstas implicarán riesgos y oportunidades. 
Evidentemente, éstas son superiores a aquellos. 
Debemos preparar estos tres años, técnicamente llamados de no obligación, no prohibición, de la mejor manera posible implicando al sector privado y al público, a las empresas y a las instituciones y dirigiendo acciones específicas de información a los ciudadanos y de formación dentro de las empresas. 
El informe del Sr. Langen puntualiza perfectamente todas estas orientaciones y, en definitiva, dice que contamos con una serie de elementos favorables que debemos tener muy en cuenta. 
El primero es la eliminación de los riesgos derivados de los tipos de cambio, así como la eliminación de los costes bancarios y de conversión; el segundo es la tranquilidad para toda una serie de interlocutores tanto en lo que se refiere a los sueldos de los funcionarios públicos, por ejemplo, los comunitarios, como a las pensiones; y el tercero es la seguridad para las empresas- a partir de 1 de enero de 1999- al menos en cuanto al 75 % de su facturación que dejará de estar vinculada a los riesgos de cambio y al hecho de que un año, un mes se pueda ganar y al mes siguiente perder, precisamente porque sus operaciones de compra y venta se efectuarán en una moneda fuerte, una moneda que se colocará en una zona donde se medirá con las otras dos monedas fuertes, o sea, el dólar y el yen. 
Por tanto, riesgos y oportunidades, pero sobre todo evaluamos los riesgos- a pesar de que en esta etapa son menores que las oportunidades- para estar preparados técnica y psicológicamente para la llegada de la moneda única. 
A este propósito, permítanme un pequeño apunte final. 
Voy a pedir a la Comisión el aplazamiento de un año de la impresión y la emisión del billete de 500 euros. 
Se trata de un valor demasiado alto en un escenario en que nos encontramos ya con otros seis billetes que tienen un nuevo valor. 
En mi país, por ejemplo, 500 euros equivalen a un millón de liras y el billete más grande que encontramos en Europa equivale a medio millón de liras, es decir, 250 euros. 
Todo esto además debe añadirse al hecho de que, como sabemos, circulan rumores de falsos euros e incluso de que ya se ha robado un cliché. 
Por tanto, también seguridad psicológica desde un punto de vista práctico para la moneda única que estará más expuesta a los riesgos. 
Señor Presidente, el informe presenta un excelente catálogo de todas las consecuencias financieras que tendrá la introducción del euro para la Unión Europea. 
Aun así, yo quisiera señalar una posible insuficiencia, puesto que en él no se indica que, con la desaparición del sistema agromonetario, quedará disponible un montante importante cuando se apruebe la gestión de la ejecución del presupuesto y que éste debería revertir en beneficio de los Estados miembros. 
Los rigurosos paquetes restrictivos aplicados en los Estados miembros de la UE con vistas a la introducción del euro han reducido drásticamente las inversiones públicas, con lo cual han contribuido también a aumentar el paro. 
Como todos sabemos, el nivel de las inversiones públicas es bajísimo en Europa. 
En consecuencia, con objeto de fortalecer la confianza de los ciudadanos y contribuir a mejorar así la situación del consumo en Europa, se debería hacer todo lo posible para que los fondos que se liberarán como resultado de la introducción del euro reviertan en beneficio de los Estados miembros y les permitan financiar medidas contra el paro. 
Las cantidades liberadas deberían traducirse, por lo tanto, en una reducción de las contribuciones de los Estados miembros en la práctica, vinculada a un objetivo definido, que les permita adoptar medidas adecuadas contra el paro. 
Señor Presidente, en lo que se refiere a los hechos, no tengo objeciones que hacer a este informe. 
Solamente deseo destacar un pequeño detalle, esto es, qué va a ocurrir a los países que se encuentran fuera del sector del euro, es decir, a aquellos países a los que en el informe se les denomina Pre-Ins. 
El problema para esos países, el problema agromonetario, es que tienen precios fijados en una moneda teniendo que convertirlos, mediante un tipo de cambio, cuando llegan a ser ingresos. 
Esto conduce a ingresos variables. 
Entonces se ha instituido un mecanismo de compensación. 
Ahora que se cambia este sistema en relación con la implantación del euro, quisiera proponer que se eliminara totalmente este mecanismo de compensación. 
Hay dos posibilidades para hacerlo. 
En primer lugar elijo que todos los pagos se hagan en euros. 
Esto significa obviamente que los ingresos en moneda nacional van a variar. 
Sin embargo, es totalmente lógico. 
Si nos imaginamos que el sistema hubiese estado construido solamente sobre una fijación de precios de mercado, los precios hubieran sido en moneda internacional, euro o dolar, y entonces el ingreso también hubiese variado en moneda nacional. 
Además, es que si una moneda nacional se aprecia en relación al euro, significa que ella tiene más valor. 
Entonces es totalmente lógico que se obtenga menor valor en la moneda nacional y vice versa, obviamente, si la moneda se deprecia. 
Mi primera elección es, por tanto, implantar un sistema exclusivamente basado en pagos en euro. 
Mi elección, en segundo lugar, es que se tenga un sistema basado en la moneda nacional. 
Sin duda que esto implica que los costes de la Unión variarán cuando varíen los tipos de cambio. 
Sin embargo, esto se compensa con que también los costes de la Unión, que se basan en las monedas nacionales, van a variar exactamente del mismo modo. 
Por consiguiente, el neto para la Unión es cero. 
Por tanto, mi propuesta para los países que están fuera del área del euro es, en pocas palabras, la siguiente: eliminar el mecanismo de compensaciones e implantar un sistema uniforme. 
Señor Presidente, yo quiero expresar mi agradecimiento al ponente y rogarle, al igual que a todos los colegas que han participado en el debate, que disculpen la ausencia de mi colega de Silguy. 
Éste acaba de regresar de Washington y me ha pedido que exponga la posición de la Comisión en el contexto de este debate. 
Es cierto que la comunicación se remonta ya a un tiempo atrás y, por lo tanto, quizá sea conveniente que les resuma brevemente la situación actual. 
En primer lugar, en lo que se refiere a la adaptación del Derecho comunitario, hemos examinado de manera sistemática, en colaboración con el Grupo interinstitucional, los aspectos de la legislación comunitaria que será preciso adaptar; hasta ahora se han cumplido los plazos para la elaboración y transposición de estas normas comunitarias. 
Hemos presentado las siguientes propuestas: una modificación del Reglamento Financiero, que el Parlamento está examinando en estos momentos y, que si estoy bien informado, se podrá adopta antes de final de año; una modificación del Reglamento sobre las pensiones y retribuciones del personal, que a partir de enero de 1999 estarán denominadas y se pagarán en euros- la correspondiente propuesta podrá adoptarse seguramente dentro del mes de noviembre -; y la modificación del régimen agromonetario, a la que ya se ha hecho referencia repetidamente, con vistas a la progresiva supresión de la diferencia entre el ecu verde y los tipos de conversión fijos. 
Este proceso podrá completarse a finales del 2001 para los Estados miembros de la zona euro y en el año 2004 para los países que todavía no forman parte del primer grupo de participantes. 
Esta propuesta también podrá adoptarse antes de que finalice el año. 
La modificación de las disposiciones en el ámbito de la legislación arancelaria y financiera también avanza de conformidad con las previsiones. 
Por consiguiente, no consideramos necesario seguir en este momento la recomendación del ponente y publicar una lista de las disposiciones que se verán afectadas por la introducción del euro. 
Por otro lado, hemos decidido, de común acuerdo con los Estados participantes, establecer un nuevo sistema común de tipos de interés comercial de referencia del euro. 
El nuevo sistema se presentará dentro de poco a los Estados miembros de la OCDE y Eurostat se encargará de su transposición. 
En cuanto a los aspectos prácticos de la transición, en estos momentos estamos preparando la adaptación al euro de todos los sistemas internos de información, en la línea de las recomendaciones del ponente. 
Sobre todo es necesaria la adaptación para la denominación en euros del presupuesto a partir de enero del próximo año. 
Eurostat también sigue trabajando en la conversión de los sistemas y ficheros de datos estadísticos en este contexto. 
El señor Langen resalta con razón la importancia de la campaña de información dirigida al personal de todos los organismos europeos. 
La primera fase de esta acción se desarrolló a principios de este año y en estos momentos se está preparando una segunda fase. 
Nos proponemos repartir antes de final de año entre todo el personal de los organismos comunitarios, incluidos, por lo tanto, también los pensionistas, un folleto en el que se expondrán las consecuencias de la introducción del euro en las pensiones y retribuciones. 
Por consiguiente, yo creo que podemos decir que, hasta ahora por lo menos, se han cumplido dentro de los plazos previstos los objetivos que se marcó la Comisión en su Comunicación. 
Evidentemente, también podemos presentar un informe sobre el conjunto del proceso de preparación de la Comunidad con vistas a la introducción del euro, tal como pide el ponente, probablemente ya antes de finales de noviembre, con lo cual, así lo espero, el Parlamento estará informado no sólo sobre la situación actual, sino también sobre los pasos adicionales que serán necesarios. 
Yo les doy las gracias por sus sugerencias. 
Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por ofrecernos esta panorámica general. 
Yo quiero elogiar explícitamente, también en nombre del Parlamento, a la Comisión por la puntualidad y la adecuación a los objetivos con que ha realizado todas estas tareas, y agradecerle también a usted que se haya declarado dispuesto a presentar un informe general antes de finales de noviembre. 
Entonces tendremos ocasión de volver a debatir, sobre la base de dicho informe, qué aspectos concretos se pueden transponer también mediante la acción parlamentaria. 
Yo quisiera formularle, sin embargo, una última pregunta y no sé si estará preparado o en condiciones de responderla, dado que en realidad no se refiere a su ámbito de competencias. 
Siguiendo el ejemplo de la solicitud del colega Dell ' Alba, yo quisiera pedirle si en el citado informe se podría examinar también la problemática de la representación exterior de la zona euro, así como el papel del BCE en las conferencias internacionales. 
El Presidente Duisenberg declaró la semana pasada- lo he comentado brevemente antes- que el estatuto jurídico del BCE planteará considerables problemas en estas organizaciones, dado que el BCE no es un Estado y hasta ahora sólo los Estados están representados de manera activa en dichos organismos: en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y también en el G7. 
Lo que se plantea es, en definitiva, si el BCE debe dejarse involucrar políticamente de este modo o si su función sólo debe ser consultiva. 
El artículo 105 del Tratado UE le confía en cualquier caso una tarea claramente definida, que es garantizar la estabilidad monetaria y de los precios. 
Si las decisiones políticas apuntasen en otra dirección, posiblemente se invitaría al BCE a participar en las mismas, aunque esto podría plantear problemas. 
Una pregunta, señor Comisario, aunque ya sé que seguramente es pedir demasiado: ¿podría informarnos sobre los planteamientos en el ámbito de la Comisión y si puede ser también del Consejo en relación con el tema de la representación exterior? 
Señor Presidente, yo agradezco la pregunta del señor Langen, pues no hay nada que me guste más que salir fuera de mi propio ámbito de competencias. 
Sin embargo, debo hacerle notar que existe una diferencia muy considerable entre el tema del informe que hoy se ha debatido y las cuestiones, sin duda muy importantes, a las que acaba de hacer referencia. 
El informe se ocupa de los problemas prácticos que plantea la transposición de nuestras decisiones con vistas a la creación de una moneda común. 
Yo creo que hemos llegado al acuerdo general de que, al menos hasta el momento, hemos cumplido los objetivos dentro de los plazos previstos. 
En su última reunión, el Consejo ECOFIN encargó a la Comisión un informe con sus propias propuestas en relación con dichas cuestiones, que también se trataron allí. 
Se trata de cuestiones complejas y difíciles, que evidentemente dependen también de la naturaleza jurídica de la Unión y de la posición de las organizaciones internacionales, que quizás se encuentran asimismo un poco faltas de recursos para responder a la dinámica que estamos desarrollando. 
Tenemos previsto presentar dicho informe antes de finales de mes, de manera que ustedes podrán participar entonces en el debate y podremos alcanzar, junto con el Consejo y el Parlamento, una posición que garantice una representación adecuada y suficiente de la Unión Europea a escala mundial en las instituciones competentes en el ámbito de las decisiones en materia de política monetaria y económica. 
Evidentemente, no podemos dar por sentado que con el euro inauguraremos una nueva dimensión muy considerable de la política monetaria mundial y luego no estar presentes en la misma. 
Esto no es admisible. 
Yo supongo que en dicho informe no nos limitaremos a señalar esta necesidad, sino que también presentaremos propuestas razonables. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.25 horas, en espera del turno de votaciones, se reanuda a las 12.00 horas) 
Votaciones 
Había querido votar a favor en la votación anterior, es decir, en la última votación, y lo he hecho a tiempo, pero la máquina no funciona. 
Informe (A4-0285/98) del Sr. Bontempi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una política de la Unión en materia de lucha contra la corrupción (COM (97) 0192- C4-0273/97) 
(El Parlamento aprueba la resolución) Informe (A4-0304/98) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión sobre las consecuencias de la transición al euro en las políticas, instituciones y legislación comunitarias (COM (97) 0560- C4-0591/97) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor de un informe sobre una ampliación del Reglamento 1408/71. 
Hoy el reglamento se aplica solamente a los ciudadanos comunitarios además de a los apátridas y refugiados. 
Es una discriminación hacia los trece millones de ciudadanos de terceros países que hay en la Unión y que pagan sus impuestos y hacen sus aportaciones sociales en un Estado miembro, pero que pierden su derecho a seguridad social si se trasladan a otro Estado miembro. 
El problema es, sin embargo, que estar incluido en el Reglamento 1408 implica que las personas en cuestión ya tienen derecho a la libre movilidad. 
Actualmente y tal como están las cosas, los ciudadanos de terceros países no tiene derecho a la libre movilidad dentro de la Unión. 
De ahí que pensemos que primero debe hallarse una solución a la cuestión de la libre movilidad para los ciudadanos de terceros países. 
Una vez hecho esto, entonces puede tomarse postura ante la ampliación del Reglamento 1408. 
Me agrada esta propuesta de la Comisión Europea porque corregirá una anomalía de las actuales normas de seguridad social para los nacionales de terceros países. 
La anomalía fue detectada y señalada por el Parlamento Europeo, y me alegra que la Comisión Europea se haya ocupado de la cuestión y haya formulado esta acertada propuesta. 
Los nacionales de terceros países que residen legalmente en un país de la UE en el que trabajan y pagan impuestos podrán transferir sus cotizaciones de seguridad social a otro país de la UE al que vayan por razones laborales. 
Eso es de particular importancia en el Reino Unido, en el que el servicio nacional de salud cuenta con unos 40.000 médicos de otros países que trabajan para él. 
Muchos están muy bien cualificados y reciben ofertas para prestar sus servicios en otros países de la UE. 
Es totalmente injusto que en la actualidad no se puedan transferir las cotizaciones de seguridad social. 
Recomiendo esta propuesta al Parlamento. 
Apoyamos los principios en que se inspira este informe, que extiende la igualdad de derechos a los nacionales de terceros países con residencia legal por razones laborales y a sus familias (como medio de conseguir la igualdad de trato) respecto de los ciudadanos de la UE. 
Desearíamos esperar a que prosiguiera el examen de las repercusiones de los detalles contenidos en la propuesta en lo que se refiere al Reino Unido, que tendrá lugar el 4 de noviembre en el seno de un comité de investigación, antes de determinar nuestra posición final, en vista de los efectos que esto pudiera tener para el sistema de prestaciones no contributorias. 
Informe Leperre-Verrier (A4-0342/98) 
Valoro favorablemente la participación de Bulgaria en el Programa Juventud con Europa. 
En efecto, es importante que, en el ámbito de la estrategia de preadhesión de dicho país, se prevean instrumentos como éste, dirigidos a la creación y al desarrollo del proceso educativo europeo y a la comprensión de las políticas comunitarias a través de las metodologías operativas apropiadas. 
La urgencia de dicha resolución está relacionada asimismo con la puntualidad y la precisión con que Bulgaria ha facilitado todas las informaciones requeridas con vistas a su incorporación en el programa, en particular las relativas a los aspectos puramente financieros. 
Informe Wibe (A4-0317/98) 
Señora Presidenta, si algún día hay historiadores que se atreven a analizar el papel de este Parlamento, considerarán la votación de hoy contra Jean-Marie Le Pen como un detalle abyecto dentro de una larga lista de detalles abominables, puesto que, en materia de libertad, lo único que defiende la mayoría de esta Asamblea son las libertades de descomposición, las libertades de decadencia, incluso hoy la libertad en favor de la droga, en contra de la moral del decálogo y de la ley natural; pero este Parlamento no defiende ni la libertad de pensamiento ni la libertad de expresión. 
Hoy, el gran historiador judío francés Robert Aron sería condenado por haber escrito en sus memorias, página 178: «dábamos por sentado el horror del régimen hitleriano de la Gestapo y de sus obras, en cuanto a lo demás no entrábamos en detalles». 
De igual modo también se habría concedido el suplicatorio del gran constructor de aviones Marcel Dassault, diputado gaullista, deportado a Buchenwald y que describió ampliamente en sus memorias el papel de los «capos» comunistas, dirigidos por el comunista Marcel Paul, y que contó sobre todo la realidad de ese campo de una manera muy alejada de la leyenda que aquí se quiere imponer. 
¡Es una vergüenza para este Parlamento! Sucedáneo de la policía estalinista del pensamiento, Parlamento en el que jamás ha habido una investigación, una mención, una condena del rosario sin fin... 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señora Presidenta, desde 1989 el Parlamento Europeo ha recibido cincuenta solicitudes de concesión de suplicatorio, sólo ha aceptado cinco, ha denegado treinta y dos, y las otras trece solicitudes eran inadmisibles o estaban incompletas. 
Desde 1994 no se había aceptado ninguna. 
La jurisprudencia de nuestro Parlamento considera, en efecto, y la cito: «En todos los casos en que los actos reprochados a los parlamentarios europeos se integren en una actividad política, no se concederá el suplicatorio, pues deberá prevalecer la libertad de expresión». 
Ésta fue concretamente la postura que adoptamos con nuestro colega, el Sr. Campos. 
Nuestra jurisprudencia, pues, conducía indudablemente a un rechazo de la solicitud de concesión de suplicatorio para el Sr. Le Pen. 
Pronunciarse a favor sería tomar una decisión justificada por la propia persona del Sr. Le Pen, por la naturaleza concreta de la infracción cometida y las declaraciones efectuadas. 
Sin embargo, en la aplicación del poder que tiene el Parlamento Europeo de conceder o no el suplicatorio no tiene que intervenir ninguna consideración ad hominem. 
No debe establecerse una jerarquía en las infracciones cometidas, no debe abordarse el fondo del asunto, como lo recuerda el artículo 5... 
(El Presidente interrumpe al orador) Señora Presidenta, al anterior orador le dejó hablar 30 segundos más, así que por favor déjeme hablar. 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señora Presidenta, constato que la mayoría de colegas en este Parlamento pretenden ser racionalistas y están orgullosos de serlo. 
Ya sean liberales, socialistas, demócrata-cristianos u otra cosa, todos declaran estar apegados al racionalismo del siglo XVIII de Voltaire, de Rousseau o incluso de Kant y Goethe. 
Y ahora resulta que todos estos racionalistas se someten a un tabú ideológico, totalmente arcaico, que es un auténtico insulto para la libertad de opinión, pues aquí lo que se le está haciendo al Sr. Jean-Marie Le Pen es claramente un proceso por libertad de opinión. 
Afirmar como hace el Sr. Rothley que el Derecho alemán quiere proteger la verdad es la expresión misma del totalitarismo. 
El derecho no tiene por objeto proteger dogmas sino, al contrario, proteger la libertad de pensamiento, puesto que nadie ostenta el monopolio de la verdad. 
Por consiguiente, este derecho alemán que se ha pretendido defender en este caso se sitúa en la tradición del III Reich. 
No hay nada aquí de lo que enorgullecerse. 
Considero que en este Parlamento reina la inmoralidad en la medida en que éste no respeta ese derecho humano esencial que es la libertad de palabra. 
Gutenberg, que vivió en Estrasburgo, al igual que Goethe, tienen que estar revolviéndose en sus tumbas. 
Señora Presidenta, me dirijo aquí a los diputados alemanes que han votado en favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen para recordarles que las balas, las bombas, los obuses y las minas alemanas mataron en Europa a docenas de millones de hombres y mujeres y produjeron incomparablemente más muertos que las cámaras de gas. 
Pero puesto que insisten en volver a abrir heridas cincuentenarias apelaremos al deber de la memoria. 
Jean-Marie Le Pen recuerda la mina alemana que mató a su padre, pero él ha perdonado al pueblo alemán. 
En el día de hoy, un fiscal alemán tiene la arrogancia de pedirle cuentas a Jean-Marie Le Pen, víctima de la guerra, huérfano de la nación, por un comentario sobre unos hechos que son responsabilidad exclusiva de Alemania. ¿Tanto necesitan ustedes el perdón que tienen que encontrar culpables entre sus víctimas? 
Jean-Marie Le Pen no fue quien construyó los campos de concentración. 
Esos campos son de ustedes y no nuestros. 
Si quieren arreglar cuentas entre alemanes, ése es su problema, pero ya no pueden imponerles sus leyes a Francia y a los franceses. 
La ocupación acabó, el pueblo francés es libre y nosotros también. 
Señora Presidenta, al conceder el suplicatorio de Jean-Marie Le Pen, el Parlamento Europeo ha cometido un error, ha olvidado deliberadamente que la inmunidad parlamentaria tiene por objeto precisamente garantizar la libertad de palabra de los cargos elegidos. 
Sin embargo la libertad de palabra sólo tiene sentido para aquellas declaraciones que pueden llegar a disgustar, e incluso herir, aunque ésta no fuera la intención de su autor. 
En este caso, estamos ante un proceso por brujería. 
En Francia, los diccionarios han cambiado la acepción de la palabra «detalle» para poder estigmatizar mejor a Jean-Marie Le Pen. 
En el Parlamento Europeo el último orador del Grupo Socialista, el Sr. Glyn Ford, ha mentido para justificar lo injustificable. 
Ha mentido al afirmar que Jean-Marie Le Pen había calificado el holocausto de «detalle» , y esto es falso. 
Ha mentido atribuyéndole a Jean-Marie Le Pen opiniones revisionistas, por haber hecho supuestamente declaraciones a un semanario negando la existencia de las cámaras de gas en Buchenwald, cuando los historiadores oficiales reconocen que, efectivamente, no las hubo en ese lugar, y ello tras las declaraciones del doctor... 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señora Presidenta, el artículo 9, «Cuestiones jurídicas» del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades reduce la inmunidad, por decirlo de algún modo, al ejercicio de las funciones. 
¿Qué debe entenderse por ejercicio de las funciones? 
¿Acaso hay que interpretarlo en sentido lato o en sentido estricto? 
Como se trata de una garantía hay que interpretarlo en el sentido más amplio. 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha ampliado tanto la interpretación de este concepto que llega a cubrir la totalidad de la legislatura y no sólo el periodo parcial de sesiones. 
¿Cuál es el criterio de interpretación del ejercicio de las funciones? 
Para el ponente es un criterio geográfico. 
Hay ejercicio cuando se está en un edificio del Parlamento Europeo. 
Si Jean-Marie Le Pen hubiera hablado en el edificio de la delegación del Parlamento en Alemania habría habido inmunidad o no en función de que hubiera estado a un lado o a otro de la puerta principal, lo cual es absurdo. 
De hecho, la interpretación debe ser teleológica, en función del objetivo que se persigue. 
Esto es tan cierto que las reglas contables para el reembolso de los viajes no se efectúan en función del carácter oficial del edificio al que acudimos, sino en función del objetivo político que perseguimos. 
Y tanto es así que, el 23 de junio de 1789, cuando la Asamblea revolucionaria planteó por vez primera la inmunidad, consideró traidores e infames, contrarios a la nación, a aquellos que la menoscababan. 
Pero es indudable que para nosotros la nación... 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señora Presidenta, le ruego que confirme urgentemente si el Parlamento Europeo es una plataforma para intervenciones como éstas, que repiten todas lo mismo, o sea, lo que ha motivado la demanda contra Le Pen. 
El corazón se me desboca, me pongo mala y siento una enorme tristeza ante la posibilidad de que semejante debate pueda estarse desarrollando hoy aquí a expensas de las víctimas judías. 
Yo le ruego, que confirme urgentemente si no sería posible limitar esta plataforma a un solo orador, en vez de concedérsela a todos. 
Señora Soltwedel-Schäfer, cada uno tiene derecho a expresarse aquí y cada uno habla en nombre propio. 
Señora Presidenta, señoras y señores, este Parlamento acaba de efectuar una votación que va totalmente en contra de lo que pretende defender y encarnar. 
Esta votación asesta un golpe muy grave a la democracia en Europa, puesto que uno de los principios esenciales de la democracia es la separación de los poderes. 
La inmunidad parlamentaria fue instaurada precisamente para proteger al poder legislativo del poder judicial. 
Sin embargo, los jueces pretenden definir hoy por sí solos lo que los políticos tienen derecho o no a decir. 
Esto es lo que quiere hacer el juez de Munich. 
Es la negación misma de la independencia de los representantes populares, y ustedes, por mezquino odio político, pisotean estos principios esenciales y al retirar la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen, no sólo le están pisoteando sus derechos, sino también están poniendo en entredicho a la institución parlamentaria. 
Por su culpa, hoy la democracia en Europa se acerca a la de Stalin. 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señora Presidenta, no he querido participar deliberadamente en la votación sobre la suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Le Pen, porque se daba por descontado el voto del Parlamento Europeo a favor de la suspensión, mientras que personalmente considero que también con respecto al detestable hombre político del otro lado de los Alpes debe valer la celebre máxima de Voltaire: «Desprecio tus ideas, sin embargo, haré todo lo posible para que puedas expresarlas». 
Tengan en cuenta que soy el vicepresidente de la delegación parlamentaria de relaciones con Israel. 
El Sr. Le Pen representa, en mi opinión, lo peor que ofrece el mercado de la política: racismo, intolerancia, incitación al odio, espíritu intolerante. 
La fiscalía alemana le quiere procesar por haber manifestado que las cámaras de gas son un detalle de la historia, una afirmación descabellada, pero que no deja de ser tan sólo una afirmación. 
Las democracias no pueden emplear contra sus adversarios los mismos métodos intolerantes, los mismos métodos del Sr. Le Pen. 
Señora Presidenta, he votado en favor de la suspensión de la inmunidad del Sr. Le Pen. 
Por lo que hemos oído decir a los de la derecha de este Parlamento, parece haber cierta confusión acerca de lo que significa realmente la inmunidad parlamentaria. 
Tenemos inmunidad parlamentaria en nuestro propio Estado miembro, o sea inmunidad para los alemanes en Alemania y para los británicos en el Reino Unido. 
En el Reino Unido tenemos derecho de decir lo que queramos en la sala parlamentaria. 
Tenemos plena inmunidad parlamentaria, como el Sr. Le Pen tiene aquí. 
A pesar de que sus opiniones me horrorizan, abundo en lo que acabo de decir. 
Ahora bien, el Sr. Le Pen no tiene ese derecho fuera del Parlamento, y tampoco en Alemania. 
El Sr. Le Pen, deliberadamente o por olvido, ha ido demasiado lejos. 
El que sea culpable o inocente es algo que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. 
Es algo que los tribunales resolverán. 
Lo que hemos oído decir a los de la extrema derecha de este Parlamento parece indicar que no están en el mismo planeta que nosotros. 
Si los extraterrestres acaban un día por invadirnos, es posible que tengan la misma opinión de la historia que la extrema derecha de esta sala. 
Señora Presidenta, debo decir que es la primera vez que voto a favor de la suspensión de la inmunidad del Sr. Le Pen. 
Hasta la fecha mi comportamiento estaba dictado por argumentos que han sido ya mencionados y que abundan en la jurisprudencia de este Parlamento de que no se retire la inmunidad de un parlamentario cuando los hechos que se le reprochan tengan un carácter eminentemente político; éste es el caso de las declaraciones del Sr. Le Pen, de éstas como de otras. 
Sin embargo, he cambiado de actitud y lo he hecho por una razón muy sencilla: en realidad, las relaciones entre los poderes- ejecutivo, legislativo y judicial- y, sobre todo, la independencia reforzada de la justicia convierten hoy por hoy en injustificada cualquier situación derogatoria de un parlamentario respecto de los ciudadanos, convirtiendo en injustificable lo que, por otro lado, el Sr. Le Pen llamaría un privilegio de establecimiento. 
El Sr. Le Pen reclamó ayer ser tratado como un ciudadano. 
Eso es precisamente lo que deseo que sea. 
Señora Presidenta, a pesar de que ayer ya demostré la felonía del fiscal de Munich, 420 diputados han concedido el suplicatorio. 
A ellos les contesto lo siguiente: «Muchos enemigos es mucho honor». 
He visto que ayer los portavoces de los Grupos políticos del Parlamento dieron sus consignas de voto, lo que demuestra de modo patente que se trata básicamente de un asunto político orquestado por los jefes del pensamiento único. 
Los «europeístas» y los «euromundialistas» de este Parlamento han aprovechado la ocasión para combatir al Presidente del Front National, un diputado patriota que prefiere a su patria, Francia, a la Europa de los lobbies, del desempleo, de la inmigración, de la inseguridad, del fiscalismo y de la corrupción... e incluso de la cobardía. 
Señora Presidenta, tal como se preveía, este Parlamento se ha deshonrado una vez más. 
Ante la consigna que se le ha impuesto, casi todos los miembros han hincado la rodilla. 
¿Por qué las palabras de Le Pen son una blasfemia, cuando no habrían suscitado ninguna objeción si se hubieran referido a cualquier otro drama del siglo XX de amplitud comparable? 
¿Cuál es, pues, esa verdad histórica siempre cambiante, pero cuyo debate está prohibido? 
Este tabú sin sentido se debe, en primer lugar, a los comunistas, a sus aliados socialistas, a los conservadores y a los liberales que se han reservado para sí todas las complacencias: quieren hacer olvidar su propio océano de crímenes. 
Pero también está el interés del extremismo israelí y de sus contactos internacionales. 
Su precaria situación y su voluntad de poder requieren la culpabilización general y perpetua de todos los demás pueblos para poder asentar su superioridad moral. 
La ausencia de todo espíritu crítico es imprescindible para las extravagantes reivindicaciones financieras que formulan con arrogancia en respuesta al cese del abono de reparaciones por parte de Alemania. 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señora Presidenta, al ser impresor de profesión, estoy especialmente apegado a la libertad de opinión, que es, por otra parte, la primera libertad conquistada gracias a Gutenberg, hombre muy conocido en Estrasburgo. 
Así pues, estoy escandalizado de que se haya podido votar la suspensión de la inmunidad parlamentaria del presidente Le Pen por delito de opinión. 
El Parlamento se deshonra con tales procedimientos y se pone a la altura de un Soviet Supremo. 
El hecho de que todos voten según las directrices del Grupo y no en conciencia es particularmente sorprendente. 
Este levantamiento de inmunidad parlamentaria afecta hoy a nuestro colega Le Pen, mañana le puede tocar a otro. 
El día de hoy, como les digo, es un día de duelo para la libertad y, en particular, para Estrasburgo. 
Señora Presidenta, es inverosímil, es escandaloso que hoy este Parlamento se pronuncie en favor de la retirada de inmunidad parlamentaria de un hombre a cuyo padre mataron los alemanes. 
Yo misma soy hija de resistentes, estuve a punto de nacer en un campo de concentración y me cuesta aceptar estas lecciones y estos procedimientos. 
Sí, sufrimos por culpa de los alemanes, es verdad que hoy para olvidar un pasado más que turbio, estamos dispuestos a cualquier cosa. 
La inmoralidad reina en este Parlamento. 
En él se acepta la droga y se rechaza la libertad de expresión a Jean-Marie Le Pen. 
¡Qué afrenta, todos esos parlamentarios que no han tenido la valentía de ser independientes como lo fue el gran filósofo Voltaire! 
La suspensión de la inmunidad parlamentaria de una persona elegida públicamente como diputado del Parlamento Europeo es una cuestión gravísima. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo ha tenido que ocuparse de esta cuestión a raíz de una demanda hecha el 17 de abril de 1998 por la oficina del Fiscal público de Munich, en relación con declaraciones que Jean-Marie Le Pen formuló en una conferencia de prensa que tuvo lugar en diciembre de 1997. 
El Sr. Le Pen declaró que «las cámaras de gas no son más que un detalle en la historia de la segunda guerra mundial» y que «el exterminio de los que perecieron en las cámaras de gas ha de ser considerado como una parte insignificante de la historia de la segunda guerra mundial». 
La oficina del Fiscal público de Munich ha pedido al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen sobre la base de los artículos 130 y 220 del Código Penal alemán, que prevé una pena máxima de prisión de cinco años o una multa para cualquiera que apruebe públicamente, niegue o presente como inofensivo un acto cometido durante el régimen nazi. 
El Sr. Le Pen formuló declaraciones análogas en Francia, lo que fue causa de que se le impusiera una multa considerable. 
La censura ha sido siempre una cuestión dificilísima de tratar, y la Unión Europea y los gobiernos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea tienen que esforzarse por encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la política pública. 
El derecho a la libertad de palabra está firmemente arraigado en la Constitución de Irlanda, pero hay veces en las que el Estado debe recibir los poderes necesarios para abordar cuestiones de odio sin ambages que pueden resultar perjudiciales para la política pública nacional o para la seguridad pública del país. 
Soy firme partidario de la libertad de palabra, pero no de forma incontrolada. 
En Irlanda podemos invocar la incitación a cometer actos por odio, que es un elemento legislativo que da al Estado el poder de encausar a todos los que procuren promover el odio sin ambages en la sociedad, pero también tenemos la libertad de expresión firmemente enraizada como derecho fundamental en nuestra constitución. 
Los comentarios del Sr. Le Pen fueron formulados en Munich en diciembre de 1997 durante la presentación de un libro titulado «Le Pen, el rebelde» , escrito por el ex diputado del Parlamento Europeo, Franz Schönhuber, líder del Partido Republikaner Alemán. 
Sus comentarios eran totalmente inflamatorios y una incitación al odio, y si el sistema jurídico penal alemán quiere seguir adelante con esta cuestión, el Parlamento Europeo no debe obstaculizarle en su propósito. 
Repruebo las declaraciones de Jean-Marie Le Pen en Munich, tanto en lo que se refiere al fondo como a la forma: las cámaras de gas no constituyen un «detalle en la historia de la Segunda Guerra mundial» , por el contrario, se trata de un aspecto esencial y no es decente escoger un tema tan grave y doloroso para una polémica política. 
Creo que los franceses y entre ellos, estoy convencido, la mayoría de los votantes del Front National se suman a esta opinión. 
Sin embargo, hoy no se interroga a los diputados en cuanto al fondo. 
Sólo se les pregunta si para responder a la solicitud del fiscal de Munich es necesario proceder al levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Jean-Marie Le Pen. 
Ahora bien, desde esta perspectiva cabe preguntarse si en países como los nuestros, apegados a la libertad de expresión, el papel del Estado consiste en ejercitar acciones judiciales contra el contenido de ciertas declaraciones, aun cuando se considere que éstas son falsas y condenables. 
Estas acciones judiciales irían en contra de la propia idea de libertad de opinión, que contribuye a fortalecer la democracia. 
¿A dónde nos llevaría el abandono de este principio? 
Debe disiparse este error mediante la exposición de la verdad, pero no creemos un precedente que el día de mañana podría servir a los poderes públicos para intervenir autoritariamente en otros debates que todavía desconocemos. 
Para luchar contra un riesgo, en mi opinión, inexistente- el de un contagio revisionista sobre el problema de las cámaras de gas- no nos arriesguemos a una deriva mucho más palpable, mucho más inmediata y mucho más amenazadora en muchos ámbitos, la del amordazamiento de la libertad de expresión a cargo de un pensamiento oficial único. 
Una vez más Jean-Marie Le Pen intenta hacerse pasar por víctima, chivo expiatorio de un enorme complot político europeo. 
Esta situación lo colma de satisfacción, pues en cada ocasión contribuye a elevarlo a la categoría de mártir. 
Al calificar las cámaras de gas de «detalle histórico» , Jean-Marie Le Pen mancilla la memoria de los que durante ese período perdieron la vida o la de sus familiares. 
¡Al pronunciar esas palabras en suelo alemán, ha buscado deliberadamente provocar a los demócratas europeos! 
¡Ha ultrajado al pueblo alemán en su perdón a las víctimas del genocidio judío! 
Jean-Marie Le Pen ha querido abrir la caja de Pandora con su intento de hacer resurgir los viejos demonios de nuestra historia común. 
Pero ha cometido un error que puede pagar caro. 
Mientras que en el caso de los dos primeros levantamientos de inmunidad intentó obtener provecho electoral, ¡el tercero puede serle fatal! 
Ésta es la razón por la que nos ha ofrecido un discurso nuevo en él, con una búsqueda de patetismo... 
No me ha conmovido. 
En aras de la paz y la solidaridad de nuestros pueblos en Europa votaré a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria. 
Hoy he votado a favor del levantamiento de la inmunidad del Sr. Jean-Marie Le Pen, igual que en el pasado voté a favor del levantamiento de la inmunidad del Sr. Bernard Tapie, pues soy personalmente favorable a la supresión de la inmunidad parlamentaria, que hoy ya no está justificada. 
El hecho de que yo condene política y moralmente las tesis y puntos de vista expresados y defendidos por el Sr. Jean-Marie Le Pen no entran aquí en consideración. 
De este modo, al margen de cualquier contexto político destacado por los medios de comunicación, siempre votaré en favor del levantamiento de la inmunidad, cualesquiera que sean las circunstancias y los argumentos jurisdiccionales y los parlamentarios de que se trate. 
En efecto, el principio de la inmunidad parlamentaria sorprende hoy en día. 
Me resulta un privilegio que ya no se justifica. 
La justicia es hoy independiente y los Estados que componen la Unión Europea son todos Estados de derecho, democráticos, en el seno de los cuales los ciudadanos, todos los ciudadanos, pueden ser iguales ante la ley. 
Estoy defendiendo aquí una igualdad real y no una igualdad sesgada, adaptada a las circunstancias políticas o de los medios de comunicación: los crímenes y los delitos juzgados no deben estar sujetos a efectos de moda. 
La concesión de un suplicatorio nunca debe prejuzgar la decisión que en su momento tome la jurisdicción competente en cuanto al fondo. 
Mientras no se suprima la inmunidad deseo que esto siempre sea así. 
Nada es más ajeno a la familia política a la que pertenezco- la del radicalismo- que el antisemitismo y el racismo, que son el fundamento mismo de la ideología de extrema derecha. 
Todos los responsables políticos deben comprender la sensibilidad de los supervivientes, de las familias de las víctimas y de todos los hombres libres cuando escuchan las declaraciones ignominiosas del Sr. Le Pen. 
Sin embargo, no votaré a favor del levantamiento de la inmunidad que se nos pide. 
En un plano estrictamente jurídico, esta solicitud plantea graves cuestiones. 
Al igual que Alain, los radicales piensan que «la democracia no es el poder de la mayoría sino el reino del derecho» y que hasta los más culpables tienen derecho a la protección de la ley. 
En este caso, la inmunidad parlamentaria no tiene por objeto amparar a los diputados: es una de las garantías de la libertad de los ciudadanos. 
Cabe suponer que las actuaciones judiciales están siempre basadas en hechos punibles; por esta mera razón, se deberían conceder todos los suplicatorios que se solicitan. 
Ésta no es la práctica de nuestro Parlamento y creo que hemos tenido hasta ahora razón al denegar muy a menudo los suplicatorios solicitados, incluido el del Sr. Le Pen. 
Nuestra opinión, por lo tanto, no debe detenerse en el argumento jurídico de la Comisión de Reglamento que, en su parquedad, revela otras motivaciones. 
¿Podrían ser éstas políticas? 
Hay muchas maneras políticas de luchar contra la extrema derecha y contra sus ideas. 
Si pensamos que dichas ideas constituyen un auténtico peligro para la democracia, no hay que hacerles el juego táctico a los partidos de la extrema derecha, hay que ilegalizarlos. 
Desde el momento en que no se hace, no hay que fingir sorpresa cuando sus agentes expresan ideas inmundas inspiradas en el antisemitismo y en el racismo, que son parte integrante de estos partidos. 
¿Pero no sería la prohibición de la extrema derecha una enorme confesión de impotencia política ante las ambiguas fascinaciones que ejerce sobre una parte de la opinión pública? 
Por mi parte, pienso que una idea malsana se combate con ideas, con la razón, con la confianza depositada en la inteligencia de los ciudadanos. 
Creo que las declaraciones inmundas del Sr. Le Pen le perjudican más a él que a la democracia. 
También creo que la extrema derecha se alimenta- especialmente en Francia- de los tabúes intelectuales y políticos que provoca y que alimentan la paranoia de sus dirigentes y de sus votantes engañados. 
Es inútil insistir en las redes de connivencia que existen entre la extrema derecha y una buena parte de la derecha actualmente desaprobadora. 
No es necesario subrayar la utilización objetiva que numerosos partidos de izquierda hacen de los neofascistas en sus respectivas estrategias nacionales. 
La moral no cuenta en estas opciones. 
Sin embargo, ¿acaso sale bien parada cuando se le pide a una Asamblea elegida por sufragio universal que expulse a uno de los suyos que también ha sido elegido? 
No lo creo e invito a todos mis colegas a reflexionar sobre el uso que habría podido, que puede o que podría hacerse en otro contexto de esta arma terrorífica. 
En definitiva, se honra mucho al señor Le Pen hablando en relación con él de filosofía política. 
Sin embargo, deseo hacerlo para recordar que los radicales tienen un método, que es el de la razón. 
Dentro de esta filosofía humanista y laica no debería haber verdades reveladas gravadas en bronce u objeto de catequesis. 
No hay una verdad mayúscula, indiscutible y reverenciada sin recurrir a la razón crítica. 
La verdad es humilde, no majestuosa; es, de alguna forma, republicana. 
Lucha constantemente contra la mentira, contra la falsificación y se mantiene alejada de los actos de fe. 
¿Acaso el Sr. Le Pen y sus semejantes niegan el holocausto? 
¿Acaso están dándole vueltas al horror absoluto? 
¿Consideran las cámaras de gas un «detalle»? 
Dejemos que hablen y así podremos confundirlos, desenmascararlos y mostrar a los ciudadanos la despreciable indigencia de su pensamiento. 
Ése es el combate más bello que puede conducir a la verdad. 
Es también el único homenaje que la política puede hoy brindar a las víctimas de la barbarie. 
Informe Read (A4-0337/98) 
Los abajo firmantes hemos votado a favor del informe, porque la situación en el mercado de las telecomunicaciones demanda una reglamentación como la que trata el informe. 
Sin embargo, queremos subrayar que la comercialización de la telefonía ha llevado a grandes problemas administrativos, a riesgos de tratamiento discriminatorio a diferentes regiones y grupos de consumidores y a problemas fiscales de difícil solución. 
Una solución mucho mejor habría sido la mantención de los monopolios nacionales, con transparencia y cooperación entre ellos. 
Informe Hoppenstedt (A4-0332/98) 
El Banco Central Europeo acaba de proponer al Consejo un reglamento que autoriza la imposición a los bancos de un sistema de reservas obligatorias, que pueda ayudar a la regulación de la liquidez sobre el mercado. 
Nadie dudaba de que nuestros quince gobernadores de los Bancos Centrales, sentados alrededor de una mesa, conseguirían redactar este texto puramente técnico. 
Pero nos habría interesado muchísimo más que nos explicaran por fin cómo va a funcionar todo esto, no desde el punto de vista de las relaciones técnicas de los bancos entre ellos- sabemos que los banqueros sabrán arreglárselas- sino desde el punto de vista de los equilibrios económicos, presupuestarios y sociales, a los que habrá que proteger incluso en un régimen de moneda única. 
Para empezar, de aquí a finales del año 1998 se planteará la temible cuestión de la convergencia de los tipos de interés a corto plazo, que serán unificados el 1 de enero de 1999. 
Hoy las diferencias son muy amplias, van desde el 3, 2 % en Austria al 6, 4 % en Irlanda. 
Reflejan los distintos posicionamientos de los países miembros en las fases del ciclo económico. 
¿No debería empezar a reducirse progresivamente este desfase? 
El 31 de diciembre es dentro de tres meses y parece impensable que pueda unificarse todo brutalmente. 
Sin embargo, el Sr. Duisenberg, que se jacta de haber finalizado la reglamentación de las reservas obligatorias, es incapaz de contestar a esta cuestión de fondo. 
Asimismo, nadie parece poder responder a la cuestión de la nueva desconfianza de los mercados, que al tomar en consideración el impacto diferenciado de la crisis rusa han vuelto a introducir diferencias cada vez mayores en los tipos de la deuda a largo plazo de los países miembros. 
¿No resulta que Austria acaba de renunciar a emitir un empréstito del Estado por miedo a tener que remunerarlo más caro que Bélgica? 
Por último, nadie puede responder tampoco a la cuestión del agravamiento de los déficits presupuestarios, que ya se empiezan a adivinar para 1999, primer año del euro, y que en el caso de Italia se presenta incluso muy amenazador. 
El Sr. Prodi, Primer Ministro de dicho país, acaba de proponer que se utilicen las reservas de los Bancos Centrales no transferidas al BCE, con vistas a llevar a cabo una política de grandes obras de infraestructuras capaz de reactivar la economía. 
Parece ignorar que estas reservas ya están en su mayor parte invertidas en la economía. 
No va a tranquilizar a Alemania con propuestas de este tipo. 
Todas estas cuestiones sin resolver no hacen más que subrayar la gran mentira de la moneda única: se ha querido cerrar los ojos en cuanto a las diferencias reales de los países con el fin de que prosperara el proyecto de unificación monetaria, catalizadora del federalismo. 
Dicho en otras palabras, la ideología ha cegado a los gobiernos y la realidad pronto se vengará. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor de los informes sobre reservas mínimas (Hoppenstedt) , competencias sancionadoras (Katiforis) y recogida de información estadística (Hendrick) del Banco Central Europeo. 
Esto no debe ser interpretado como un cambio en la política socialdemócrata sobre la reserva ante la tercera fase de la UEM, sino como una muestra de nuestro gran interés en lo que sucede en este campo. 
El contenido de los Informes Hoppenstedt y Katiforis de ningún modo tendrá consecuencias directas sobre Dinamarca, pues sólo afecta a los países que participan plenamente en la UEM. 
El informe Hendrick tendrá aplicación en Dinamarca de modo limitado. 
La aplicación de reservas mínimas implica que las instituciones financieras y crediticias están obligadas a mantener una cierta reserva de liquidez, lo que es razonable por varios motivos de política monetaria, entre otros, porque el tipo de interés del mercado monetario queda estabilizado y se obtiene un mejor control sobre la masa monetaria del país, ya que se limita la creación de moneda de los bancos privados. 
La propuesta de sanciones debe garantizar un procedimiento unificado dentro de los diversos campos de competencia del Banco Central Europeo a la hora de imponer multas tanto a países e instituciones como a empresas. 
La finalidad de la propuesta Hendrick es darle al BCE el derecho a, en colaboración con los bancos centrales nacionales, recoger información estadística relevante de manera que el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) pueda realizar su trabajo. 
La información recogida naturalmente será tratada de manera estrictamente confidencial, como sucede, por ejemplo, con la información estadística de la Oficina Estadística de Dinamarca. 
Además, la propuesta brinda la posibilidad de sancionar a los países o instituciones que no faciliten la información a tiempo, lo cual coincide plenamente con la práctica de la Oficina Estadística de Dinamarca. 
El Parlamento sueco ha decidido no participar en la tercera etapa del euro, es decir, en la implantación del euro desde el 1 de enero de 1999. 
El Partido del Centro se opone a que Suecia sea miembro de la UEM. 
Por eso me he abstenido en la votación de los informes de Hoppenstedt, Katiforis y Hendrick sobre reservas mínimas, sanciones y estadísticas del Banco Central Europeo, BCE. 
El proyecto de reglamento del Consejo sobre los poderes del Banco Central Europeo en materia de sanciones sorprenderá tal vez al ciudadano, incluso bien informado, que no se había dado cuenta de que en 1992 había dado tales poderes supranacionales a la nueva institución gestora de la Unión Monetaria; sin embargo, la base real de este reglamento existe aunque no sea muy aparente: el artículo 106 del Tratado de Maastricht, en su apartado sexto le da efectivamente derecho al Consejo a adoptar «las disposiciones contempladas en el artículo 34.3 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) ». 
Pero el artículo 34.3 de estos Estatutos, que no se hallan en el Tratado sino en un protocolo anejo, prevé discretamente que «el BCE estará autorizado a imponer multas y pagos periódicos coercitivos a las empresas que no cumplan con sus obligaciones respecto de los reglamentos y decisiones del mismo». 
Una vez concluido este recorrido jurídico, el BCE obtiene poderes bastante extraordinarios: podrá decidir por sí mismo las sanciones contra las empresas que no apliquen sus propios reglamentos, y estas sanciones serán directamente aplicables sin pasar por el filtro de los Estados, de los Bancos Centrales Nacionales o de los Tribunales comunitarios. 
Para apreciar correctamente el carácter desorbitado de este procedimiento debemos recordar que la Comisión, órgano a pesar de todo ampliamente supranacional, no dispone por norma general de tal poder autónomo de sanción; además, hay que destacar que el BCE no es objeto de ningún control democrático. 
Dicho en otros términos, los poderes otorgados al BCE constituyen en su principio un precedente supranacional y antidemocrático bastante preocupante. 
Además, el Banco está totalmente decidido a utilizarlos plenamente: es bastante revelador que el proyecto de reglamento sólo se refiera a las sanciones sin decir ni una palabra de las obligaciones que se supone que ha de garantizar. 
Así en el artículo 2 se fijan los importes máximos de las multas y de los pagos periódicos coercitivos sin precisar en absoluto a qué infracciones van a corresponder estos importes máximos. 
Esta situación grotesca tiene como mínimo el mérito de mostrar cómo el BCE se preocupa mucho del aspecto represivo de su acción. 
El ponente del Parlamento Europeo, Sr. Katiforis, está encantado con estas disposiciones, que califica de «auténticos hallazgos» que «satisfacen todos los principios de un estado de derecho» y que permiten «evitar el régimen dictatorial». No compartimos esta opinión. 
No sabemos gracias a qué asociación de ideas la expresión «régimen dictatorial» ha salido de la pluma del ponente, pero merece la pena planteárselo. 
La controvertida recomendación del BCE sobre la elaboración de un Reglamento del Consejo relativo a las facultades del BCE de imponer sanciones prevé, en el apartado 8 del artículo 3, que los ingresos procedentes de la imposición de sanciones pertenecen al BCE. 
El BCE justifica dicha propuesta al considerar que constituye una expresión de su independencia. 
Sobre ese particular no ha habido ninguna modificación, aunque podría cuestionarse el destino del producto de tales sanciones como ingreso del BCE, dado que no es un resultado directo, sino indirecto, del funcionamiento monetario del BCE. 
Por mi parte, voté a favor de dicha propuesta al estimar que los ingresos procedentes de la imposición de sanciones son sólo un aspecto de este tema. 
En este punto, recuerdo aquella resolución (A4-0102/95, punto 34 (v) ) del Parlamento Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental, mediante la cual, entre otros asuntos, habíamos debatido que «el ingreso del BCE (ingreso de seniorage) sea considerado como un recurso propio de la Comunidad». 
Sería oportuno que todo lo que concierna a los ingresos del BCE, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el Tratado, constituyese en algún momento el objeto de un debate más amplio. 
Informe Hendrick (A4-0327/98) 
El proyecto que hoy se nos presenta autorizaría al Banco Central Europeo a adoptar reglamentos para organizar la recogida de las estadísticas útiles para sus trabajos, apoyándose en un arsenal de sanciones que él mismo decidiría. 
El objetivo consiste en facilitar indicadores globales de la evolución monetaria de los Estados miembros «considerados como un único territorio económico». 
Estas disposiciones se desprenden lógicamente del principio de una moneda única supranacional, tal como fue aprobado en Maastricht. 
Al margen de la cuestión de principio de la moneda única, este texto plantea tres problemas importantes relativos a la confidencialidad de las informaciones, a la igualdad de trato y a la incertidumbre sobre los límites de aplicación. 
En lo relativo a la confidencialidad, el BCE, que preparó el proyecto, parece querer llevar al límite su voluntad de independencia, hasta el punto de hacer abstracción de las reglas comunitarias en materia de elaboración de las estadísticas, tal y como son observadas por Eurostat. 
Este comportamiento es tanto más criticable por cuanto el Banco lograría unos poderes discrecionales muy importantes que le permitirían enviar a sus propios agentes directamente a las empresas y examinar allí los libros y los archivos con el fin de comprobar las informaciones transmitidas o de efectuar la recogida de datos obligatoria. 
Nosotros, por nuestra parte, pedimos que el BCE esté sujeto a todas las reglas normales de confidencialidad y, sobre todo, al Reglamento del Consejo de 17 de febrero de 1997 relativo a las estadísticas comunitarias. 
Segundo problema: todos los miembros de la Unión estarán sometidos a los reglamentos estadísticos del BCE, pero sólo los participantes en la zona euro estarán sujetos a las sanciones. 
Esta curiosa asimetría puede plantear cuestiones sobre la fiabilidad de las estadísticas futuras: si realmente la amenaza de las sanciones es indispensable para la calidad de las estadísticas, ¿de qué sirve instaurar obligaciones carentes de sanciones para algunos miembros? 
Preparamos su futura integración en la zona euro, nos responden los responsables del BCE. 
Los ciudadanos de los países afectados, que hasta la fecha rechazan el euro, lo valorarán en su justa medida. 
Tercer problema: ¿cómo se aplica el texto a las autoridades públicas nacionales que producen a su vez estadísticas o que definen las condiciones de producción de estas estadísticas por parte de otros organismos? 
El proyecto de reglamento elude prudentemente el problema, pero deja de alguna manera apuntalada la posibilidad de que un día los Estados recalcitrantes puedan ser sancionados por el BCE. 
Pero esto será en una etapa posterior. 
Se entiende que para la mentalidad eurócrata un proyecto de estas características no ha de exponerse abiertamente. 
Informe d ' Ancona (A4-0211/98) 
Señora Presidenta, he votado en contra del texto final de la Sra. d ' Ancona que, pese a haber sido elaborado con las mejores intenciones, se ha estropeado por las lógicas del miedo y de la hipocresía. 
Una vez más este Parlamento ha escrito una mala página de hipocresía. 
Nadie quiere admitir que la política de prohibición ha fracasado totalmente su cometido, que de hecho el 95 % de la droga circula libremente, que el 80 % de los delitos cometidos en nuestras pequeñas y grandes ciudades están vinculados a la necesidad de proveerse de substancias estupefacientes, que más del 50 % de nuestra población reclusa está compuesta por toxicómanos. 
Pues bien, una vez más este Parlamento ha preferido cerrar los ojos y creer que la respuesta a todo esto siguen siendo aún las palabras inútiles y vacías de la prohibición hipócrita. 
Es una mala página para este Parlamento y confió en que este Parlamento pueda cambiar de idea cuanto antes. 
Después de un largo proceso, este asunto ha llegado hasta su tratamiento final. 
La postura manifiestamente liberal en cuanto a las drogas del esquema original, ha sido modificada considerablemente después de haber sido duramente criticada en la comisión, algo que debe subrayarse a la vista de los reparos existentes cuando se reenvió el informe a la comisión en el tratamiento anterior. 
El reenvío significó que no se dio una segunda oportunidad a un informe marcadamente liberal ante las drogas. 
Nuestro interés en la materia ha tenido todo el tiempo como punto de partida rechazar la armonización de las políticas de drogas en el ámbito europeo, combatir todas las manifestaciones de las posturas liberales ante las drogas en el Parlamento Europeo, además de hacer presente la necesidad de una política de drogas humana y con orientación social que se base en el trabajo preventivo, en la rehabilitación de los individuos que han caído en la dependencia y en el respeto por las convenciones internacionales. 
Esta materia constituye un ámbito en el que la Unión carece de competencia para actuar, lo cual debe tenerse en cuenta en relación con las contradicciones que ha creado, conflictos que van más allá de los Grupos políticos y de los límites de las naciones. 
Además, en general, este asunto carece totalmente de relevancia ya que se ocupa de presentar recomendaciones a la sesión especial de junio sobre coordinación en la lucha contra las drogas de la Asamblea General de la ONU. 
Esta materia se presenta, por tanto, tres meses después de haber terminado la sesión de la ONU. 
Los abajo firmantes hemos presentado muchas enmiendas que han conseguido interesar más allá de los límites de los partidos y las naciones, encaminadas a subrayar la necesidad de una política de drogas basada en el trabajo preventivo, en la rehabilitación y en el respeto a las convenciones internacionales. 
La postura del Parlamento Europeo en relación con esas propuestas de enmiendas y con el manifiesto deterioro de la redacción de las recomendaciones 10 y 11, decidirá la posición final en la votación del informe. 
Los abajo firmantes no han contribuido antes ni contribuirán ahora a consentir posturas en el Parlamento Europeo que puedan interpretarse como liberales ante las drogas. 
El largo proceso del que ha sido objeto el presente asunto y su antecesor, demuestra fehacientemente que el Parlamento Europeo no es una plataforma para la formación de opinión a favor de la liberalización de las drogas. 
Es, sin duda, fundamental que el compromiso de la Unión Europea de luchar contra la droga no se limite exclusivamente a la represión al no ser el de la toxicomanía sólo un problema judicial o policial. 
Precisamente por estas observaciones parece un contrasentido la toma de posición propuesta que se inclina por la reducción de los daños y, en consecuencia, por la despenalización de las drogas blandas como el cannabis y la distribución controlada de drogas duras. 
Una sociedad sin drogas como la que define la Asamblea General de las Naciones Unidas, no puede construirse a través de la vía de la liberalización que se define «pragmática». 
Asimismo delegar el compromiso de luchar contra la droga en las autoridades locales y regionales podría crear unas «islas» en Europa que podrían no tener en cuenta las orientaciones nacionales y, en consecuencia, la voluntad democrática de los ciudadanos de los Estados miembros. 
La referencia al artículo 129 del Tratado de Amsterdam contenida en la exposición de motivos aneja al informe d ' Ancona, no es en absoluto apropiada para sostener las tesis del proprio informe. En dicho artículo, en realidad, se reitera el compromiso de los Estados miembros contra los efectos perjudiciales para la salud provocados por el consumo de drogas, también con acciones de información y de prevención, lo que no es en absoluto compatible con la reducción de los daños que consiste justamente en una posible y no demostrada reducción de los daños y no en una lucha contra la droga en cuanto vía de solución a una situación de desequilibrio social. 
Los experimentos realizadas hasta ahora, por ejemplo, en Suiza, demuestran mejor que cualquier informe los efectos negativos de dichos experimentos que siempre han supuesto incrementos exponenciales del consumo de drogas, respecto a los cuales los teóricos de la liberalización han calculado un número porcentual menor de muertos por sida y sobredosis. 
La liberalización tampoco parece una solución a la vista de las nuevas drogas sintéticas que obligarían a recurrir constantemente a la legalización y a la distribución controlada de nuevas substancias. 
El Parlamento Europeo, en consecuencia, no puede adoptar una política que de hecho se rinde a una sociedad que debe convivir con la droga y que, por tanto, se limita a tratar de reducir sus daños. 
Por el contrario, debe ampliar su acción y sus recursos destinándolos a la prevención y a la ayuda a las estructuras de asistencia social, sanitaria y de rehabilitación de los toxicómanos, al intercambio de información entre los Estados miembros, a la unificación de los sistemas de recogida de datos estadísticos y científicos, así como y sobre todo a determinadas acciones positivas para los jóvenes, acciones dirigidas a la reducción de la demanda de drogas y aptas para mejorar las condiciones sociales, y a la lucha contra la marginación y el desempleo. 
Por todo ello, les pedimos que voten en contra del informe d ' Ancona. 
Desde el inicio de nuestro año parlamentario, hemos tenido en muchas ocasiones la posibilidad de recordar los problemas ligados al consumo de drogas. 
Hoy tratamos un punto esencial: la cooperación en materia de lucha. 
Hace más de tres décadas que se llevan a cabo experiencias y los resultados son conocidos. 
Por lo tanto, deben ser ampliamente difundidos cuando esto sea posible o dar lugar a experiencias complementarias. 
En la actualidad, todo esto no alcanza un nivel suficientemente realizable o realizado. 
La cooperación necesaria en la materia debe planificarse mejor. 
Poseemos un instrumento, el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. 
Nos toca a nosotros intensificar sus trabajos de búsqueda, de investigación y de control. 
Por lo tanto, apruebo el informe d ' Ancona porque desarrolla estos aspectos. 
Sin embargo, deseo desmarcarme de dos temas abordados en este informe. 
No se le puede reprochar al informe d ' Ancona querer vincular los problemas de las drogas a la pobreza y al paro. 
Pero detenerse en estas constataciones sería, no obstante, un poco primario. 
Todos sabemos que las curvas de consumo de drogas no coinciden necesariamente con las del paro. 
El otro reproche que haré a este informe es la debilidad de sus argumentos cuando trata de repetir que somos mayoritariamente partidarios de una sociedad sin drogas. 
Con la excepción de las dos reservas que acabo de citar, considero que el informe d ' Ancona va en el buen sentido: el de la ayuda mutua para resolver uno de los problemas más cruciales de este final de siglo. 
La lucha contra la droga es una de las principales lacras que debe afrontar nuestra sociedad hoy en día. 
La droga representa cerca de un 8 % del comercio mundial. 
La problemática de la droga debe ser tomada en consideración mediante un enfoque global, que garantice nuestros esfuerzos tanto en el marco de la prevención como también en el tratamiento médico y en el acompañamiento social. 
La Sra. d ' Ancona destaca claramente en su informe que no hay que oponer, como hace el Consejo, la despenalización del cannabis y el suministro de droga con receta médica a la represión del tráfico ilícito de estupefacientes. 
¡Los dos enfoques no se autoexcluyen! 
El Parlamento Europeo, por cierto, votó en este sentido hace tres años una resolución que destacaba que una política totalmente restrictiva no había permitido conseguir resultados tangibles. 
El próximo mes de junio, en la sesión extraordinaria de la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre las drogas, deberemos hablar con una sola voz. 
A pesar de los enfoques algo distintos de los países de la Unión Europea, las diferentes legislaciones tienden poco a poco a aproximarse. 
Como ha destacado la ponente, estoy convencida de que debemos basar nuestra política europea en materia de droga en el éxito de experiencias locales y desarrollar estrategias de cooperación. 
Comprobamos que el informe de d ' Ancona sobre política europea de drogas ha quedado mucho más equilibrado después del nuevo tratamiento en la comisión. 
Ahora se hace referencia a una serie de medidas para evitar los abusos y no se aboga por una liberalización de esta política. 
Dos de las propias propuestas de la ponente han sido aprobadas y, como consecuencia de esto, dos de nuestros propósitos importantes quedaron fuera de la resolución, esto es, que el objetivo es una sociedad libre de drogas y la exigencia de que los países miembros cumplan con las convenciones de la ONU. 
Por eso, no vemos otra posibilidad que votar en contra de este informe que ha sido tan difuso respecto de los objetivos y en el que también hay ambigüedades en la redacción. 
Me complace que este informe de nuestra colega pueda por fin debatirse en sesión plenaria. 
Habremos necesitado 5 meses de paciencia y de consultas encarnizadas por parte de nuestra ponente para llegar a esta resolución consensuada que obtendrá, eso espero, la aprobación de nuestra Asamblea. 
Soy una partidaria incondicional de la puesta en práctica y del reconocimiento de las experiencias realizadas localmente, puesto que en mi municipio apoyamos desde hace años a las asociaciones que luchan contra la toxicomanía y abordan el fenómeno de las drogas desde un punto de vista médico y social. 
Es algo ya admitido que una política exclusivamente represiva no ha hecho avanzar las cosas en el campo de la lucha contra la toxicomanía. 
Dejemos pues que las personas «sobre el terreno» lleven a cabo sus ideas en función de las realidades locales y, por qué no, ayudémoslas, en caso de éxito, a difundir sus métodos. 
Ése es el papel que la Unión Europea debería asumir. 
Y también es el papel que los Estados miembros deberían aceptar defender, a nivel internacional, otorgando a la Comisión Europea un mandato comunitario de negociación en la conferencia de las Naciones Unidas, mandato que se fundaría en un enfoque pragmático de la problemática de la droga, y, a nivel nacional, poniendo en funcionamiento una política urbana capaz de acompañar las políticas antidroga desarrolladas localmente. 
Eso es lo que el informe de Hedy d ' Ancona pide y ésta es la razón por la que he votado a favor sin vacilaciones. 
Las drogas ilegales son una de las lacras que aquejan a nuestra sociedad, así como una de las fuentes de beneficio ilícito más jugosas que existen. 
Tal como dice nuestra ponente, este problema tiene múltiples causas: búsqueda desenfrenada de beneficios, pauperización social y marginalidad al mismo tiempo que curiosidad, prosperidad y fenómeno de moda. 
Así pues, la lucha contra las drogas ilegales debe hacerse mediante un enfoque global que combine sectores de actuación tan diversificados como la información y educación de la juventud, la transformación de las condiciones socioeconómicas objetivas que contribuyen al desarrollo de la toxicomanía bajo todas sus formas, el seguimiento de los toxicómanos, la lucha contra los traficantes y el blanqueo de dinero y el desarrollo económico y social de los países productores. 
Cada uno de nosotros sabe hasta qué punto el tema es crucial y de actualidad y las posturas, a menudo, exacerbadas entre los partidarios de la prohibición y los que propugnan una «política alternativa». 
Debemos ahora superar este debate estéril y concentrarnos en los medios para poner en práctica lo mejor que se pueda las conclusiones de la sesión extraordinaria de la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre la cooperación internacional para combatir las drogas que se celebró el pasado mes de junio. 
Y más aún cuando resulta evidente para todos que la erradicación de las drogas ilícitas (que debe ser nuestro objetivo común) exige, más que cualquier otra cosa, una estrecha cooperación internacional, sobre todo respecto a las cuestiones puestas de manifiesto por la sesión extraordinaria de las Naciones Unidas: reducción de la producción y de la demanda para el año 2003 y cooperación judicial en sus diferentes aspectos. 
Para hablar al fin de una manera esencial y real de una de las mayores plagas de nuestro siglo, de las drogas, debemos, en primer lugar, retirar de la boca la mordaza de la hipocresía, de los martirologios, de la retórica y del disimulo de manera que podamos expresar la trágica verdad. 
Las disquisiciones entre penalización y despenalización, drogas duras y drogas blandas, son engañosas, desorientadoras y peligrosas. 
La realidad es siempre dura para los consumidores y para la sociedad y son los que pagan el precio más alto. 
Miles de personas, jóvenes en su mayoría, mueren todos los años por el consumo de drogas. 
Decenas de miles de personas pierden a diario su dignidad, su personalidad y su existencia y se hacen víctimas de la dosis que creen una panacea para los problemas a los que se enfrentan. 
Tales problemas son los que constituyen el mayor traficante de drogas y los responsables de ellos son aquéllos que después vierten lágrimas de cocodrilo dado el alcance del problema y las dificultades para afrontarlo. 
Esas políticas que crean condiciones de inseguridad y marginación laboral, social y emocional, han alterado los valores y han creado unas sociedades degeneradas. 
Las actuales sociedades capitalistas, de las que están tan orgullosos, han intensificado día a día sus características principales: la búsqueda de beneficios, el manejo de la ley de la selva establecida en el mercado, la infravaloración de lo humano y la divinización del dinero. 
Un sistema que es incapaz de crear paraísos terrenales y que conduce a la degradación, a la exclusión personal y social y a la búsqueda de evasión y paraísos falsos a través de las drogas. 
El sistema capitalista no va a solucionar nunca el problema de las drogas no sólo porque es inherente a su existencia sino, principalmente, porque se sirve y se alimenta del mismo. 
Adormece las conciencias, las posibles oposiciones, las resistencias, absorbe las convulsiones existenciales y emocionales y los anhelos de grupos sociales concretos, sobre todo los de los jóvenes. 
Esta «huida» es un balón de oxígeno para el status quo y constituye la mejor válvula de seguridad para el buen funcionamiento, y sin contratiempos, de sus mercados. 
No nos engañemos, además de todo ello, en el mercado de las drogas se mueven enormes cantidades, sirven de apoyo a ciertos gobiernos y se «regulan» mercados. 
Sin embargo, no podemos permanecer indiferentes e inactivos ante esta gangrena, ni ante la, hasta ahora, demostrada ineficacia de ciertas políticas. 
Se debe combatir el crimen organizado y descubrir las interconexiones de las diferentes formas de poder que proporcionan al tráfico ilegal de drogas la protección necesaria para la circulación y el «lavado» de las enormes cantidades de dinero sucio que maneja. 
Para prevenir y hacer frente al problema de forma sustancial hay que emprender la lucha con el fin de modelar otro tipo de sociedad que tenga como centro al hombre y donde sus valores y anhelos no estén supeditados a las fluctuaciones y a las crisis de los mercados de capitales. 
Sociedades que sean integradoras, participativas, respetuosas y creativas. 
He votado a favor de este informe, como la mayor parte de los diputados laboristas del Parlamento Europeo, porque estimo que en esta esfera tan tensa y tan controvertida, la ponente ha conseguido en su resolución un buen enfoque equilibrado. 
Propone que haya mayor coordinación y cooperación entre Estados miembros cuando se ocupen del grave problema del enorme incremento del uso indebido de drogas ilícitas, sin por ello dejar de reconocer que- con las actuales discrepancias de opinión entre las políticas seguidas por los diversos países- en la actualidad no cabe pensar en una total armonización. 
En la resolución hay muchas propuestas buenas y acertadas en favor de ampliar la educación acerca de los peligros de la toxicomanía y la mentalización acerca de dichos peligros- especialmente entre los jóvenes- y acerca del tratamiento médico y la atención prestada a los toxicómanos. 
También contiene sugerencias prácticas para mejorar la cooperación de la Unión Europea en la persecución y detención de traficantes de drogas, y en las actividades destinadas a obtener el apoyo de las autoridades y de los pueblos de los países que constituyen las fuentes principales de las drogas ilícitas. 
No puede decirse que esta resolución trate con suavidad a las drogas: en ella se exponen propuestas firmes, pero prácticas y realistas, para luchar contra tan inquietante problema. 
El debate del tema de las drogas en el Parlamento Europeo demuestra con claridad que no es posible una legislación común. 
Opinamos que tampoco es deseable. 
La enmienda nº 3 que solicita del Consejo una confirmación de que la legislación de drogas es de carácter nacional ha sido, por eso, decisiva para nuestra posición en la votación final. 
Me satisface este informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores del Parlamento Europeo, que subraya los peligros de las drogas sintéticas en la sociedad y la necesidad de luchar contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. 
Drogas sintéticas como el éxtasis, la LSD y las anfetaminas representan un peligro para la salud pública de la población de la UE y me alegra comprobar que la inmensa mayoría de los diputados del Parlamento Europeo lo reconocen así. 
Lo que pasa es que, sencillamente, nuestros jóvenes no conocen los efectos físicos y sicológicos a largo plazo del uso indebido de esas drogas peligrosas que crean adicción; necesitamos más investigaciones acerca de los efectos de la utilización de esas sustancias. 
Algunos diputados del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo han presentado proyectos de enmienda que definen a los consumidores de drogas sintéticas como simples consumidores, y se esfuerzan por conseguir que se reglamente y legalice el uso de drogas sintéticas. 
Hemos de tener presente que la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes prohíbe la utilización, fabricación y distribución de éxtasis, LSD y anfetaminas, y que así debe ser. 
Aunque la mayoría de los gobiernos europeos, incluido el Gobierno de Irlanda, procuran instituir políticas encaminadas a reducir el uso indebido de drogas, algunos diputados del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo están promoviendo políticas cuyo efecto evidente sería el aumento del uso indebido de drogas y sus consiguientes problemas sociales. 
Quisiera señalar con satisfacción que el Gobierno de Irlanda ha establecido un fondo de 30 millones de libras que empezó a funcionar este año y cuya finalidad es establecer instalaciones y prestar servicios a los jóvenes. 
Con este fondo se promoverán servicios de instalaciones para jóvenes, incluidas instalaciones deportivas y recreativas, en zonas desfavorecidas en las que el problema de la droga reviste proporciones importantes. 
El Gobierno de Irlanda tiene toda la razón del mundo al seguir una política firme respecto de las personas que tratan de vender drogas en el país. 
Estoy totalmente de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Justicia Penal de 1997, que prescribe penas de prisión obligatoria para las personas en cuya posesión se encuentren drogas sometidas a fiscalización por valor de 10.000 libras o más. 
Encontramos muy extraño que el Parlamento rechace la enmienda 4, es decir, que el desarrollo de nuevos métodos para combatir las drogas deberá realizarse en conformidad con las Convenciones sobre Drogas de la ONU de 1961, 1971 y 1988. 
Asimismo, el Parlamento rechaza la colaboración con el PNUCID y los países miembros para conseguir indicadores para una evaluación y opina que basta con la OEDT, etcétera. 
Desgraciadamente, esto nos hace dudar de la voluntad del Parlamento Europeo para colaborar con instituciones de la ONU y trabajar con su espíritu. 
Es indignante e ilustrativo que el Parlamento, también con gran mayoría, rechace la enmienda 3 en el sentido de que no se podrán usar textos del Tratado para obligar a los países miembros a armonizar las legislaciones sobre drogas. 
Además, el Parlamento no está interesado en conocer los intentos que se han hecho en países con políticas restrictivas y por eso da primacía al trabajo preventivo, ya que el Parlamento rechazó la enmienda 10. 
Por alguna inexplicable razón el Parlamento también ha dicho que no a que la asistencia y el tratamiento apunten a una vida exenta de drogas. 
Esto es aún más indignante, y hace que esperemos con inquietud y aprensión el próximo informe de d ' Ancona que tratará de la política de drogas de la UE para los años 2000 a 2006. 
Por las razones anteriormente expuestas, hemos votado en contra del informe. 
Comenzaré mis comentarios elogiando a la policía irlandesa y a todos los organismos oficiales irlandeses que participan en la nada envidiable labor de luchar contra el tráfico ilícito de drogas en Irlanda y de ayudar a los toxicómanos a seguir programas de rehabilitación. 
El problema de las drogas existe en Irlanda. 
Aunque la droga más corriente en Irlanda es la cannabis, los problemas más graves en materia de uso indebido de drogas los plantean la heroína, el éxtasis y otras drogas como la LSD. 
En realidad, el uso indebido de éxtasis está aumentando muchísimo. 
En 1991 se decomisaron 429 tabletas de éxtasis, mientras que en 1997 lo fueron 17.516. 
El Informe anual de 1997 sobre el estado del problema de las drogas en la Unión Europea, publicado por el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, indica que el número de fallecimientos relacionados con la droga ha seguido aumentando en Irlanda. 
El Informe indica que de diez adolescentes irlandeses que van a la escuela, cuatro admiten que han consumido cannabis, lo que es el doble de la cifra correspondiente a la mayor parte de los Estados de la UE. 
Comentaré brevemente algunas de las medidas que el Gobierno de Irlanda está adoptando para luchar contra el creciente problema de la droga en Irlanda. 
El Gobierno ha determinado que la mejor base posible para luchar contra el problema de la droga en Irlanda consiste en hacer intervenir a diversas organizaciones, como el Departamento de la Salud y la Infancia, la Justicia, la Igualdad y la Reforma Legislativa, el medio ambiente y el gobierno local, y la ciencia y la educación, junto con sus dependencias respectivas. 
Estoy totalmente de acuerdo con esta estrategia porque, para los que se ocupan de hacer cumplir la ley, la necesidad de que haya un enfoque coordinado es absolutamente evidente. 
La relación entre el tráfico de drogas, la toxicomanía y la delincuencia ha quedado demostrada. 
Las medidas encaminadas a mejorar la respuesta de la UE a los problemas de la droga han proseguido por conducto de las actividades del Grupo Horizontal sobre la Droga. 
Una parte esencial de esa labor ha sido la elaboración de una estrategia de la UE para la lucha contra la droga después de 1999, y la fijación de prioridades para el período 1998/1999. 
El Tratado de Amsterdam es otro elemento importante de la lucha de la UE contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. 
El Tratado establece un mandato más concreto para una cooperación más estrecha entre las fuerzas de la policía, las autoridades aduaneras y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley en la Unión Europea, cosa que es digna de elogio. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe d ' Ancona sobre la cooperación europea en el marco del período extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre las drogas. 
Los países miembros tienen legislaciones muy diferentes en materia de drogas. 
Por ello, bajo ninguna circunstancia debemos armonizar las legislaciones de los países miembros en este terreno. 
En el plano comunitario debemos mantener una cooperación práctica que pueda hacer frente de manera efectiva a la delincuencia organizada que trafica con drogas internacionalmente y a gran escala. 
Además, establecer la política nacional antidroga ha de quedar en manos de los Estados miembros. 
Por supuesto que esto no debe impedirnos aprender de las buenas y malas experiencias de cada uno. 
Una legislación común en materia de drogas a escala europea no es ni conveniente ni deseable. 
El informe sobre drogas contiene muchos elementos buenos y positivos. 
La atención a las condiciones sociales del individuo y a la marginación en la sociedad son importantes a la hora de entender y trabajar la toxicomanía. 
Resulta utópico pensar que sea posible alcanzar una sociedad totalmente libre de drogas. 
De ahí que sea importantísimo centrarse en la prevención y en el tratamiento. 
No obstante, consideramos la legislación sobre drogas una cuestión nacional y por ello no es deseable, ni mucho menos posible, imponer a los países miembros una armonización de sus políticas antidroga. 
Por ello no podemos votar a favor del informe definitivo, pues éste no tiene en cuenta este punto de vista. 
El informe d ' Ancona formula gran número de recomendaciones positivas que podrían ser de gran utilidad para la lucha contra la droga. 
Apoyo firmemente el hincapié que hace el informe en la prevención y la prestación de mejores medios de tratamiento para los toxicómanos. 
Aprecio también el hecho de que una recomendación que figuraba en un proyecto anterior, en la que se sugería que se prestara mayor consideración a la legalización de algunas drogas, haya desaparecido. 
La línea general de las recomendaciones ha recibido el apoyo calificado de organizaciones de Dublín que se ocupan del problema de la droga. 
Europa tiene que esforzarse por conseguir una sociedad sin drogas. 
Hay demasiadas personas que están obligadas a vivir toda su vida pendientes de la droga, aunque se trate de drogas obtenidas con receta médica y bajo supervisión. 
La metadona, según una investigación reciente, no es la solución definitiva para la fiscalización o el tratamiento del problema. 
Hay que poner más de relieve la posibilidad de vivir sin drogas, así como los programas de tratamiento y rehabilitación encaminados a conseguirlo. 
Quisiera que la UE reconociera y apoyara directamente el papel de las comunidades locales en la lucha contra el problema de la droga, particularmente en relación con los sistemas de apoyo familiar y comunitario encaminados a hacer frente a las consecuencias de la toxicomanía para la salud de la familia, así como del individuo. 
Europa tiene que apoyar activamente los programas de tratamiento y rehabilitación derivados de las necesidades de la comunidad. 
Ésta es una lucha desigual. 
Frente a los astronómicos lucros de los traficantes, los medios de que disponen quienes se les oponen son irrisorios. 
A la expansión incontrolada de las drogas sintéticas, fabricadas junto a los consumidores, se ha unido un factor nuevo de dificultad. 
Pero la trinchera del frente de lucha contra el narcotráfico y la toxicodependencia se llama PREVENCIÓN y sus medios operacionales son la FAMILIA, la ESCUELA y las COMUNIDADES LOCALES. 
La pedagogía familiar y educativa son fundamentales. 
Una familia bien informada y una escuela informativa son el mejor camino recorrido en la preparación de los jóvenes para el primer contacto inevitable con el problema de la droga. 
Para que resistan a la atracción del placer rápido o del lucro fácil. 
A eso se debe nuestro apoyo reforzado a las recomendaciones 15 y 17 de esta propuesta. 
Pero abundamos en nuestro convencimiento de que, en el nivel de la prevención, el campo estratégico de la lucha se sitúa en el sector de cada municipio, de cada comunidad local. 
¿Quién mejor que las familias y los vecinos conoce la dimensión trágica de los problemas causados por la toxicodependencia? 
¿Quién mejor puede advertir el súbito enriquecimiento de algunos y la degradación física y moral de otros? 
A las administraciones locales, en cooperación directa con las FAMILIAS y con las ESCUELAS, corresponde un papel decisivo y deben merecer un amplio apoyo financiero y técnico por parte de la Unión Europea y los Estados miembros. 
Se deben crear PLANES MUNICIPALES de PREVENCIÓN de la TOXICODEPENDENCIA, que divulguen la información, atiendan a quienes carezcan de auxilio, estudien este fenómeno en el nivel de cada comunidad, proporcionen a los jóvenes equipos de ocio y de ocupación y construyan centros de recuperación y reintegración social y profesional de los toxicómanos. 
Otro aspecto que se debería enfocar en esta propuesta es el de la cooperación con los encargados de los centros de diversión nocturna, en el ámbito de acciones cooperativas de prevención y represión, ellos mismos poco interesados en una clientela de toxicodependientes de poca rentabilidad económica, pues el dinero va dirigido a la adquisición de drogas y esos clientes se limitan a pasear sus efectos. 
En la toxicodependencia podemos encontrar la razón directa de gran parte de las infelicidades que atormentan a nuestras familias, alimentan la inseguridad y la violencia y rebajan la dignidad humana por debajo de límites inimaginables. 
Nuestra movilización para esa lucha clama por nuestros distintivos de ciudadano común o responsable político. 
La amenaza está dentro de nuestras puertas. 
Esperamos que el Consejo sepa decir «presente» , porque, de hecho, ¡la droga es una gran droga! 
No cabe duda de que el conjunto de recomendaciones constantes del informe d ' Ancona indican una muy positiva búsqueda de consensos en torno a la problemática relativa a la lucha contra la droga. 
De hecho, la interrelación entre el fenómeno de la toxicodependencia y las causas sociales que lo determinan en gran medida, ya sea el desempleo, la pobreza o la exclusión social, constituye un elemento importante de este informe. 
Como también es importante la necesidad de afrontar la toxicodependencia como materia de salud pública y atender toda la problemática de la prevención, del tratamiento y de la recuperación, advirtiendo simultáneamente sobre la necesidad de aumentar la capacidad presupuestaria de la Comunidad y de los Estados miembros para abordar esos aspectos. 
Asimismo son muy positivas las recomendaciones que advierten sobre la necesidad de no dar preferencia al componente policial en la lucha contra la toxicodependencia o las que aconsejan una atención mayor a aspectos de educación y prevención, a la necesidad de realizar campañas de sensibilización e información, a la necesidad de fortalecer la cooperación entre Estados miembros y en organizaciones internacionales para que sea posible coordinar experiencias, proseguir investigaciones, armonizar y compatibilizar estadísticas. 
Ahora bien, el informe se queda muy corto respecto de lo que sería deseable y posible en materia de lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. 
Sólo una de las 27 recomendaciones aborda esta importante (y decisiva) vertiente de la lucha contra la droga. 
Ni una palabra explícita sobre los paraísos fiscales; ni una palabra explícita sobre paraísos financieros; ni una palabra sobre la necesidad de considerar- para ello- la posibilidad de eliminar el secreto bancario; ni una palabra tampoco sobre las consecuencias del euro en la facilitación del blanqueo de capitales. 
Por eso, por esas lagunas que consideramos esenciales, ya que se trata de una omisión que no afronta un elemento decisivo en la lucha contra la droga, nos hemos abstenido en la votación. 
El debate de ayer y la votación de hoy sobre el informe de la Sra. d ' Ancona sobre la droga constituyen un triunfo del sentido común. 
Cuando une sus fuerzas, este Parlamento puede conseguir mucho; cuando las divide, se priva de toda influencia. 
En una cuestión tan delicada como el uso indebido de drogas, respecto de la cual hay tantos y tan diferentes puntos de vista, no todos pueden salirse con la suya. 
El resultado obtenido es un informe sensible, humano y positivo. 
Hemos hecho hincapié en la importancia de la cooperación a todos los niveles. 
Hemos resaltado la necesidad de que cada uno aprenda de los demás. 
Hemos pedido que se aprovechen al máximo las posibilidades que ofrecen tanto el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías en Lisboa como Europol, y que los Estados miembros cooperen plenamente en el suministro de información adecuada y útil. 
Nos alegra que el Parlamento haya podido votar claramente en favor de ayudar a los jóvenes a vivir una vida sin drogas y que hayamos expresado nuestro apoyo de las convenciones y convenios de las Naciones Unidas sobre la droga. 
Son dos elementos indispensables si queremos seguir una política eficaz encaminada a ayudar a los jóvenes a que no usen drogas, y a luchar contra los traficantes de drogas y sus cómplices. 
Diré, para acabar, que me satisface sobremanera que mi Grupo haya apoyado este informe. 
El accidentado recorrido del informe d ' Ancona, que llega de nuevo al Pleno, más articulado pero muy debilitado, revela la desorientación que hay en la cabeza de los políticos, a la que corresponde la divergencia de las políticas nacionales sobre la droga. 
Y el problema es que, mientras no se consiga ganar la batalla en la Unión Europea de una armonización de las legislaciones nacionales basada en indicadores comunes, seguirán enriqueciéndose los traficantes y seguirá aumentando el número de víctimas jóvenes. 
La lucha contra la droga requiere, principalmente, tres tipos de medidas positivas: la información/prevención (para la población en general) , la reducción de riesgos y la recuperación (para los toxicodependientes) y el apoyo a los países productores (para la reconversión de los cultivos). 
La represión policial es un aspecto marginal en relación con el fondo de la cuestión: ejercida como se ha ejercido, es una «aspirina» que alivia el mal sin extirparlo. 
Ataca a los traficantes, pero no los extingue, sino que los estimula a esmerarse, como se ve en el volumen en aumento de negocios, la bajada de los precios de los productos y la invención de nuevas drogas, ahora producidas a nuestra puerta. 
Lo grave es que ya hay datos suficientes que muestran que la mera aplicación de los Convenios de las Naciones Unidas surte efectos perversos. 
Y ya hay suficientes experiencias en ciertos Estados miembros que señalan como única salida la inversión de prioridades en la política de lucha contra la droga. 
Cambio de política, refuerzo o, mejor, reorientación y concentración de recursos es lo que hace falta. 
En Portugal parecen estar levantándose buenos vientos, a juzgar por el informe que esta semana se ha entregado al Gobierno. 
Si el Gobierno le presta oídos, espero que mi país, ya varias veces pionero en legislación, como lo fue al ser el primero en abolir la pena de muerte o, más recientemente, con «las leyes de familia» , dé un impulso en la buena dirección. 
Lamento tener que abstenerme en esta votación sobre un asunto de tanta importancia, pero considero que el Parlamento no ha sido capaz de reflejar en su texto la urgencia del asunto. 
¿Qué habrá que hacer para despertar a Europa? 
Informe Bontempi (A4-0285/98) 
La corrupción debe ser combatida con uñas y dientes, sin embargo, existen límites que marcan hasta dónde debe llegarse a la hora de elegir un modo de llevar a cabo esta lucha. 
Existe el riesgo de brindarle a la UE más herramientas de las ya existentes hoy en día con las que ampliar sus competencias. 
El informe Bontempi sobre corrupción contiene puntos de vista positivos cuando trata, entre otras cosas, de la transparencia y del daño que ocasiona a los ciudadanos. 
Al mismo tiempo, habla de «registros centralizados» y «unidades especializadas» , que deben crearse en la Dirección General de la Comisión, e insta a la Comisión a que «... tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam utilice urgentemente su derecho de iniciativa en el ámbito de la cooperación policial y de la justicia en materia penal... ». 
El Movimiento de Junio no ayudará a emitir semejante cheque en blanco en favor de la centralización. 
Como aspectos positivos del informe pueden ser mencionados, entre otros, que el Parlamento vea la necesidad de que la UE combata la corrupción dentro de sus propios sistemas. 
Especialmente, se hace referencia a la Comisión y a que las normas que han de garantizar la transparencia son insuficientes. 
Es positivo que en el informe se señale que la existencia de la corrupción supone un problema para el ciudadano. 
Cada vez que un asunto- por ejemplo, sobre qué empresa obtiene un contrato- es contratado con una empresa a través de prácticas corruptas y no a través de una evaluación profesional de la oferta de la empresa, los perjudicados son los ciudadanos. 
El dinero de los impuestos en tales casos no es utilizado en obtener la mejor calidad, en garantizar los intereses medioambientales de la mejor manera posible y en conseguir la ejecución más barata, sino que va a parar al bolsillo de aquellos a losque la empresa ha pagado para conseguir el trabajo. 
Es una situación que debe evitarse. 
No obstante, también es una situación que se da más fácilmente cuando la autoridad que adjudica y selecciona se encuentra dentro de un sistema burocrático, opaco y enorme. 
La UE constituye precisamente un sistema semejante. 
Antes que reaccionar a los problemas aumentando la centralización, se debería permitir que algunas de estas adjudicaciones y concursos volvieran a recaer en los países mismos. 
Una lengua y prensa comunes, además del hecho de que cada país constituye en sí mismo una unidad menor que la UE, harán más fácil llevar a cabo un control democrático sobre el dinero que se usa en nombre de los ciudadanos. 
Nuestro colega Rinaldo Bontempi se ha convertido, sin ningún tipo de duda, en uno de los especialistas en la lucha contra la criminalidad organizada y en la política anticorrupción de la Unión Europea. 
Desgraciadamente, la actualidad acaba de recordarnos que el problema de la corrupción y de los comportamientos dudosos afecta muchísimo a las instituciones europeas y, sobre todo, a la Comisión. 
Por este motivo, el informe del Sr. Bontempi viene como anillo al dedo para invitar a la Comisión «a que elabore un proyecto global de lucha contra la corrupción» y para pedir «propuestas específicas que tengan por objeto luchar de modo más eficaz contra la corrupción en el seno de las instituciones comunitarias». 
Con razón insiste en la necesidad de mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones, de claridad en las reglas de las licitaciones, de eficacia en los controles internos. 
Asimismo plantea el problema, de difícil solución, de la política de cooperación con los países terceros. 
No podemos sino felicitarnos por el hecho de que el ponente afirme en la exposición de motivos " que no sería oportuno ver la corrupción con fatalismo» por la razón de que siempre ha existido, y recuerde que «el término corrupción es sinónimo de decadencia moral». 
La lucha contra la criminalidad organizada y contra la corrupción, que es una de sus manifestaciones, es el ámbito en el que una cooperación europea es útil y debería hacer más eficaces las políticas nacionales. 
La Unión Europea en este caso es «un plus» , ya que refuerza la acción de los Estados miembros. 
Hay que insistir en el hecho de que sería deseable que cuando un escándalo afectase a los servicios de la Comisión, ésta practicase la transparencia que tan a menudo recomienda a los demás y que no obstaculizase el trabajo de investigación parlamentaria mediante comportamientos dilatorios. 
En conclusión, el informe del Sr. Bontempi recuerda principios sanos y propugna cooperaciones realistas. Ésta el la razón por la que mi Grupo lo ha votado. 
Si existe un ámbito en el cual la sensibilidad de los ciudadanos europeos se muestra especialmente viva, es el de la corrupción. 
Al añadirse a las expectativas jamás cumplidas de la Europa social, de la armonización fiscal y de la democratización de la Unión, la revelación de asuntos de corrupción- y en primera línea los que surgen en el seno de las instituciones europeas- suscita sentimientos de rechazo sumamente dañinos para la construcción europea y es utilizada por la extrema derecha. 
El informe Bontempi tiene el mérito de dibujar las grandes líneas de una política global de lucha contra la corrupción y felicito a su autor por haber intentado articular un enfoque integrado y coherente, que es el único que puede aportar frutos. 
Sin embargo, al tiempo que se toman medidas destinadas a reducir la corrupción a nivel internacional, tanto en el exterior como en el interior de las fronteras de la Unión, me parece útil y urgente que Europa refuerce prioritariamente la lucha anticorrupción en el seno de sus instituciones mediante medidas fuertes y visibles que incluyan la prevención, la detección mediante controles reforzados y la sanción de todas las formas de corrupción cometidas por personas físicas o jurídicas. 
No se trata de una cuestión secundaria. 
Por un lado, ¿cómo podríamos dar lecciones a los demás y ser creíbles si no ponemos orden en nuestra propia casa? 
Por otro lado, desde hace unos diez años se han hecho demasiadas alegaciones de manera reiterada sin que la Comisión reaccionase de modo convincente. 
En este ámbito de la lucha contra la corrupción, los ciudadanos deseosos de democracia exigen transparencia. 
No sólo debe ponerse en funcionamiento una oficina central de lucha contra la corrupción, como pide el informe, sino insistir en que los asuntos de corrupción sean claramente expuestos a la luz pública- por ejemplo, mediante comunicaciones al Parlamento Europeo- junto con las sanciones administrativas, civiles y disciplinarias que de ellos se desprendan. 
Como para el conjunto de los textos europeos, esta transparencia deberá vincularse a los procesos de toma de decisión, a la simplificación de las normas y también a la situación financiera de todas las personas- incluidos los diputados europeos- que ocupan puestos expuestos a la corrupción. 
Añadiré que sería indispensable que estas personas, y especialmente los funcionarios, siguiesen una formación especial que les permitiese estar plenamente informados sobre los diferentes tipos de corrupción y sobre los medios de oponerse a ésta con eficacia. 
Por otro lado, debe establecerse un vínculo estrecho entre el informe que nos ocupa y el informe Bösch que también tratamos en este período de sesiones. 
Este último se ocupa de la independencia y del papel y estatuto de la Unidad de coordinación de la lucha antifraude. 
Pide que se sustituya la UCLAF por una oficina de lucha antifraude (OLAF) que ampliaría su ámbito de control a todas las instituciones europeas y que estaría bajo la tutela de un Comité ejecutivo nombrado por el Parlamento Europeo de conformidad con las demás instituciones. 
Estos dos informes son estrechamente complementarios aun cuando algunos puntos merecen una profundización, como en concreto lo que deba entenderse por «independencia» de la OLAF. 
En mi opinión, este organismo no debe convertirse en una nueva institución comunitaria, lo cual implicaría una revisión de los Tratados. 
Aun permaneciendo dentro de la Comisión, la OLAF debería disfrutar de una amplía independencia garantizada, en primer lugar, por la elección de su Comité ejecutivo. 
El fraude fiscal, el blanqueo de capitales, la criminalidad organizada y el bandidismo internacional han hallado una excelente oportunidad de desarrollo en la liberalización de los intercambios y la mundialización de la economía. 
Para aquellos que practican estas actividades, tan lucrativas como delictivas, la corrupción es evidentemente uno de los medios de acción privilegiados y esto tanto en la esfera de lo público como en el sector privado. 
La reciente actualidad ha mostrado hasta qué punto nuestros países y nuestras instituciones se ven en mayor o menor medida afectados por este fenómeno mundial. 
La necesidad en la que se halla la Comisión de tomar una iniciativa determinante en materia de lucha contra la corrupción, dentro del marco de sus competencias, es evidente. 
Lo que está aquí en juego es capital. 
No debemos equivocarnos sobre ello: la democracia, el estado de Derecho y la corrupción son incompatibles. 
El desarrollo de ésta supone necesariamente la perversión y luego la destrucción de los dos primeros. 
Así pues, la lucha contra la corrupción debe ser una de las prioridades de nuestras instituciones europeas y de nuestros Estados. 
Sin duda, las especificidades legales y culturales son tan importantes que, de momento, sería irrealista fijarse como objetivo la obtención de una legislación igual en todos sus puntos en el conjunto de los Estados miembros. 
Así pues, la Comisión propone acertadamente que se proceda etapa por etapa y que hoy nos concentremos en una simplificación de los conceptos y una armonización de las legislaciones de los Estados miembros. 
En la puesta en práctica de dicho esfuerzo común, compete asimismo a los Estados miembros eliminar cuanto antes los aspectos más llamativos de su legislación, sobre todo aquellos que toleran o alientan hechos de corrupción en otros Estados, y concretar rápidamente los compromisos que hoy ya han acordado. 
La Comisión no puede luchar sola contra la corrupción o con la ayuda de una UCLAF interna. 
Una condición para que se pueda prevenir la corrupción y combatir el fraude es que cada ciudadano y cada periodista sepa qué se hace dentro de la Comisión y de las demás instituciones de la UE. 
Esto hace que la base necesaria para el combate de la corrupción sea el principio de transparencia total. 
Si los funcionarios de la UE supiesen que todo lo que hacen es observado por toda la gente y no sólo por un puñado de colegas dentro de la institución, disminuiría considerablemente el riesgo de fraudes internos. 
En el caso que nos ocupa, los fraudes en ECHO, se demuestra claramente que se necesitan medidas contra el fraude interior que, evidentemente, florece dentro del sistema de la UE. 
La forma cómo la Comisión ha ocultado y se ha negado a proporcionar información acerca de lo que ha sucedido, demuestra que la Comisión no tiene confianza en la autoridad de control responsable, es decir, el Parlamento y su Comisión de Control Presupuestario, ni en los ciudadanos. 
Es muy grave que se quiera proteger a sus subordinados de esta manera. 
El informe habla de desburocratización pero no precisa qué quiere decir. 
Para que la desburocratización tenga plenos efectos debe hacerse de manera correcta. 
Por ejemplo, cuando se trata de administrar el dinero de los impuestos de los ciudadanos, se necesitan buenos hábitos de archivos para que no «desaparezcan» documentos delicados. 
Por otra parte, el propio control de lo que hablan los funcionarios hará que la burocracia sea aún más inútil para algunos. 
No se logra solidaridad con el patrón por medio del silencio sumiso sino con un debate abierto acerca de lo que debe cambiarse. 
El informe Bontempi aborda un tema muy serio y relevante que azota atodo el mundo, la corrupción. 
El problema de la corrupción, como señala el informe Bontempi, es un problema que afecta también a los países miembros de la UE y sobre todo a las instituciones comunitarias. 
La cuestión radica entonces en cómo combatir esta plaga. 
No cabe duda de que al compás de la globalización de la economía este problema extiende sus hilos más allá de las fronteras nacionales. 
Sin embargo, la reflexión que aparece en el informe Bontempi sobre la conveniencia y obligación de que los países miembros y las instituciones comunitarias se examinen a sí mismos cuando el objetivo es combatir la corrupción dentro de sus propias filas, es completamente cierta. 
Si los países miembros de la UE y las instituciones comunitarias no toman en serio, ciertamente, su responsabilidad ni cumplen la serie de iniciativas y convenciones aprobadas internacionalmente a lo largo de los años en este campo, las mejores declaraciones hechas en el plano comunitario carecerán por completo de valor. 
En mi opinión, una estrategia conjunta de lucha anticorrupción para la UE, no viene al caso; no, si los países miembros no cumplen los compromisos ya contraídos. 
La argumentación del informe Bontempi en favor de un aumento de la lucha anticorrupción centralizada a escala comunitaria, incluida la creación de un órgano central de lucha contra la corrupción, hace que yo no pueda apoyar este informe a pesar de los elementos positivos que éste contiene. 
Las propuestas políticas y técnicas que contiene el informe para combatir la corrupción son buenas. Por eso he votado favorablemente el informe. 
No obstante, la medida aislada más importante contra la corrupción, contra el fraude, contra las estafas, etcétera, es el establecimiento del principio de transparencia con protección del informante. 
Si, como principio general, todos los actos de la UE se hiciesen públicos y se protegiese el derecho a informar a los medios de la opinión pública, aumentaría la frecuencia de descubrimientos de casos de corrupción, fraude y otros, y disminuirían los problemas. 
Informe Langen (A4-0304/98) 
La Comisión Europea acaba de publicar una comunicación con el pomposo título de «Impacto del paso al euro sobre las políticas, las instituciones y el derecho comunitario». 
Contrariamente a lo que el título podría llevar a pensar, no encontramos en ella ningún análisis global del impacto del euro sobre la evolución de la construcción europea, sino solamente una enumeración de adaptaciones jurídicas necesarias en distintos campos técnicos, como el presupuesto, la política agrícola o los gastos administrativos. 
La Comisión y el Parlamento Europeo se felicitan en esta ocasión por la «considerable simplificación» que el euro debería aportar. 
Sin duda todo el mundo está convencido de que la unificación monetaria puede hacer que la gestión de la tesorería comunitaria o de las subvenciones sea más simple así que con quince monedas nacionales. 
Pero la auténtica cuestión no es saber si el euro va a facilitar la vida de los funcionarios europeos, sino saber si va a facilitar la vida de los ciudadanos de los países miembros. 
Ahora bien, desde este punto de vista básico, podemos tener muy serias dudas. 
Sin tan siquiera mencionar la cuestión de las dificultades de transición y de adaptación, recordaré solamente que la imposición de una moneda única en países con situaciones diferentes planteará permanentemente problemas de dudosa solución, generadores de incesantes conflictos y capaces de romper a Europa. 
El Presidente del Banco Central Europeo, Wim Duisenberg, nos confesaba durante la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del pasado 22 de septiembre que la puesta a punto de una estrategia monetaria se revelaba, cito, «más compleja de lo que había previsto en un principio». 
El problema de fondo es el siguiente: para conseguir una simplificación de los cambios internos, el euro complicará, e incluso volverá conflictivo, todo lo demás. 
En definitiva, Europa habrá sido víctima de una ilusión óptica que le habrá hecho caer en un abismo muy real. 
La introducción del euro tendrá efectos globalmente positivos para el conjunto de la zona. 
Sin embargo, es interesante que nos detengamos en sectores más específicos y podamos medir así los efectos. 
De este modo, el informe Langen, al igual que la comunicación de la Comisión, se centra en tres sectores concretos, el presupuesto comunitario, el régimen agromonetario y los gastos administrativos. 
Para el presupuesto comunitario, la introducción del euro supondrá una simplificación considerable; en efecto, la contribución de los Estados miembros se efectúa actualmente en moneda nacional que hay que convertir luego en ecus. 
Una parte de los gastos comunitarios se gestiona en moneda nacional, sobre todo los gastos agrícolas, que constituyen la parte más importante de los gastos de la Unión Europea. 
El resto de los gastos está en ecus. 
Así pues, los servicios financieros deben comprar ecus en el mercado libre, con los riesgos de cambio que esto implica. 
Se entenderá que con el euro el riesgo de cambio quedará eliminado puesto que los gastos y los ingresos se efectuarán en una única moneda sin que sea necesaria conversión alguna. 
En lo relativo a la PAC: los precios agrícolas se establecen en una unidad de cuenta que se basa en el ecu. 
Esto significa que, en caso de devaluación o de revaluación, los precios agrícolas se ven directamente alterados, acarreando variaciones considerables en las rentas agrícolas de los Estados miembros afectados por estas fluctuaciones de los tipos de cambio. 
Con el fin de neutralizar estos efectos deberán adaptarse los precios agrícolas mediante el FEOGA. 
Con la introducción del euro desaparecerán estos problemas puesto que ya no será necesario convertir precios y montantes, y desaparecerá de facto el temor de distorsión comercial. 
Por el contrario, para los cuatro Estados miembros que queden fuera de la zona euro, que deberán todavía convertir precios y montantes en euros en el marco del régimen fijado por la PAC, el problema seguirá existiendo. 
La introducción del euro también afectará positivamente al sector de los gastos administrativos. 
Las retribuciones de los funcionarios, calculadas en ecus pero abonadas en moneda nacional, no deberán modificarse, es evidente. 
Esto supone ajustes y costes a veces importantes debido a las variaciones de los tipos de cambio. 
De hecho, los gastos presupuestarios en ecus varían cada mes. 
Con el euro estos imponderables desaparecerán. 
Dado que el informe del Sr. Langen realiza una buena evaluación del impacto de la introducción del euro en estos distintos sectores, he votado a favor en la votación del 6 de octubre de 1998. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe del Sr. Langen. 
Esto no debe ser interpretado como un cambio en la política socialdemócrata en lo que respecta a la reserva ante la tercera fase de la UEM, sino como una muestra de nuestro gran interés por lo que sucederá en este ámbito, aunque no participemos en la tercera fase. 
Naturalmente tenemos en cuenta que los países que no participan en la tercera fase de la UEM continuarán necesitando tipos de cambio. 
El euro va a acarrear consecuencias. 
En primer lugar en la legislación comunitaria. 
Deberán modificarse 4.000 actos comunitarios para incorporar el cambio de unidad. 
Cuando se piensa que en las legislaciones nacionales habrá que modificar también todas las referencias monetarias de los códigos fiscales, penales, mercantiles, sociales y otros, se puede apreciar la amplitud de los costes administrativos y otros para incorporar estos simples ajustes legislativos. 
Sin duda, para las instituciones europeas el euro puede suponer una disminución de los costes en la gestión del presupuesto, pues el 56 % de los pagos comunitarios que hoy se convierten en monedas nacionales permanecerán en euros, con la desaparición del riesgo en los cambios. 
El euro también puede suponer ventajas en el ámbito agrícola al permitir que se suprima el régimen agromonetario de conversión que acarrearía cada año costes de entre 1.000 y 1.500 millones de ecus. 
Entendemos también que se facilitará el pago de los salarios de 30.000 funcionarios, de los cuales el 90 % están destinados en Bruselas y Luxemburgo. 
Ya no habrá pagos en moneda nacional del país de destino, que es el caso hoy para el 76 % de los 2.700 millones de ecus de gastos administrativos. 
Para los salarios y las pensiones, los pesados trámites administrativos se verán parcialmente aliviados. 
Pero esto no es lo esencial. 
Más allá de los costes informáticos y administrativos, el euro será un acelerador de competencia entre las once economías participantes. 
Para adaptarse, las empresas deberán disminuir sus costes, lo que producirá un descenso del nivel de las remuneraciones, de las protecciones sociales y de los empleos. 
Se trata del euro-desempleo, el euro-racionamiento de las inversiones y los cuidados, y también la euro-inflación, pues los comerciantes van a redondear los precios al alza. 
Pero todavía hay algo peor, todas las personas mayores de 65 años, en una Europa de la tercera y de la cuarta edad, es decir, varias generaciones, verán cómo se perturba su reloj monetario interno. 
Las estafas, en detrimento de las personas de más edad y de los más débiles, se multiplicarán con la utilización, por ejemplo, de las pensiones efectuadas en una unidad monetaria que la mayoría de las personas mayores ya no podrán asimilar. 
Habría sido tanto más simple tener un euro inteligente, convirtiéndolo en una moneda común razonable en lugar de en esta moneda única dogmática. 
Por otro lado, tampoco es seguro que el euro, a fin de cuentas, tenga toda la eficacia que se da por descontada en un mercado mundializado con unas finanzas desestabilizadas. 
Aun antes de su instauración, el euro se muestra inadaptado frente al problema esencial: los límites del FMI, el desorden monetario internacional y el dumping monetario ejercido por el dólar. 
Al igual que la propia Europa federal, tal vez la moneda única europea sea la luz de una estrella ya muerta, por lo rápido que han ido la mundialización y la globalización; más rápido que la construcción federal europea. 
Tanto es así que, en última instancia, sólo las naciones resultan adecuadas para la protección que se pide de los hombres y de las libertades. 
Comparto las expectativas positivas de la implantación del euro como unidad de cuenta europea. En realidad, su entrada en el mercado permitirá una mejor realización de las políticas comunitarias, así como un funcionamiento más eficiente y eficaz de las Instituciones europeas. 
Las ventajas del euro de cara a la política agrícola son evidentes, habida cuenta de que su introducción a partir del 1 de enero de 1999 servirá para facilitar los intercambios de todos los productos, incluidos los agrícolas. 
En dicho sector, la entrada del euro coincidirá con un nuevo régimen agromonetario, radicalmente simplificado donde los «impuestos ecológicos» (a través de los cuales las ayudas y los precios agrícolas establecidos en euros se convertían en moneda nacional) desaparecerán totalmente. 
A dicho fin, sin embargo, son necesarias una serie de medidas transitorias destinadas a reducir las repercusiones negativas del nuevo sistema agromonetario en lo que respecta a la compensación de los efectos negativos de los tipos de cambio para los agricultores. 
Y por último, comparto las expectativas favorables del euro a la hora de elaborar el presupuesto comunitario y de gestión administrativa de su personal que garantizará la igualdad de tratamiento en el cómputo de los sueldos y las pensiones que ya no estarán vinculados a las fluctuaciones de los tipos de cambio. 
El turno de votaciones ha concluido. 
(La sesión, interrumpida a las 13.28 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
UCLAF 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0297/98) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la independencia, papel y estatuto de la Unidad de Coordinación de Lucha Antifraude (UCLAF) (Informe especial nº 8/98 del Tribunal de Cuentas relativo a los servicios de la Comisión encargados de la lucha contra el fraude) (C4-0483/98). 
Doy la bienvenida al señor Presidente de la Comisión, Sr. Santer, y a los señores Comisarios Liikanen y Gradin y tiene la palabra el ponente, Sr. Bösch. 
Señor Presidente, Señorías, he querido hacer uso de la palabra hoy, con ocasión del debate sobre el informe Bösch, ya que éste plantea cuestiones que son de la máxima importancia para la Comisión. 
He querido hacerlo para tener un debate sereno, un debate constructivo sobre el reforzamiento de la lucha contra el fraude y la corrupción. 
Estimo, en efecto, que la falta de serenidad en el actual debate da lugar a ciertas amalgamas. 
Esto me preocupa y por esta razón quiero que hoy tengamos este debate. 
Desde mi entrada en funciones, mi objetivo ha sido garantizar una gestión sana y eficaz, para mí esto siempre ha sido una prioridad. 
Por ello desde el inicio de mi mandato lancé junto a Erkki Liikanen y Anita Gradin la iniciativa SEM 2000 para reforzar considerablemente la gestión y el control de la utilización del dinero público. 
El SEM 2000 es una plasmación concreta de una auténtica voluntad política del órgano colegiado en su conjunto y su realización marcha por buen camino. 
Se trata de una reforma ambiciosa que debería traducirse en una gestión más eficaz y más transparente. 
En primer lugar, hoy quisiera aclarar ante ustedes la situación y luego hacer propuestas constructivas con vistas al futuro que retoman un buen número de elementos del informe Bösch. 
Sin embargo, propongo ir más lejos en las conclusiones que hay que sacar. 
Antes de entrar en el meollo de la cuestión, sé que hay un punto que les preocupa especialmente: la transmisión de la información referida a las investigaciones de los casos de fraudes internos. 
Soy muy sensible a ello y estoy de acuerdo en que se realice una transmisión más amplia y más completa, con el fin de que el Parlamento pueda efectuar plenamente la misión de control presupuestario que le corresponde. 
Pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la mejora de la transmisión de los datos debe hacerse dentro del respeto a la legalidad y teniendo en cuenta la presunción de inocencia y el secreto de la instrucción. 
Muy rápidamente someteré al Presidente del Parlamento Europeo propuestas concretas en este sentido. 
Paso ahora al informe Bösch y quisiera en primer lugar realizar algunas observaciones. 
La primera es que una crítica sin matices de los resultados que la Comisión ha obtenido hasta la fecha contra los fraudes internos cometidos en detrimento del presupuesto comunitario va acompañada de imprecisiones que conducen luego a amalgamas. 
En efecto, hay imprecisiones, ya que, ¿qué ha hecho realmente la UCLAF? 
En primer lugar, la UCLAF coordina la acción de lucha contra el fraude de los Estados miembros. 
De este modo, en 1997 se trataron cerca de 5.000 casos por un importe de 1.400 millones de ecus. 
En segundo lugar, lleva a cabo investigaciones directas con sus propios medios, lo cual no era su misión principal cuando fue creada, pero hay actualmente 950 casos que son objeto de una investigación de este tipo. 
En tercer lugar, entre estas investigaciones puede haber algunas en las que evidentemente pueden estar implicados funcionarios. 
Hay más de veinte casos de este tipo. 
La UCLAF debe ser juzgada por su trabajo en los tres ámbitos de competencia que tiene. 
La función de coordinación con los Estados miembros ya ha demostrado su validez y está bien considerada. 
En cuanto a la función de investigación por sus propios medios se han obtenido resultados significativos. 
Me referiré a esto más adelante. 
Estoy dispuesto a reflexionar con ustedes para ver cuales son los mejores medios para reforzar todavía más esta faceta de la actividad de la UCLAF. 
Mi segunda observación se refiere a las investigaciones internas. 
Les diré francamente que su informe contiene una insinuación inadmisible allí donde dice, y lo cito: «la Comisión en relación con los casos de corrupción en su propio seno tiene tendencia a encubrirlos». 
Yo me tomo esto, y les pido que lo entiendan, como un ataque personal, que denuncio firmemente y que los hechos desmienten. 
Veamos los hechos. 
Ha sido la propia Comisión la que gracias al trabajo de la UCLAF ha revelado el caso de fraude en el marco de ECHO y que, tras investigación pormenorizada de la UCLAF, ha hecho llegar el expediente a los tribunales. 
Fue esta Comisión la que el pasado mes de noviembre aprobó las líneas directrices para poder actuar mejor contra las insuficiencias profesionales, las irregularidades financieras, el fraude y la corrupción. 
Asimismo, ha querido reforzar la independencia de la UCLAF transformándola en una taskforce. 
También hemos adoptado una nueva estructura interna que, por cierto, fue elogiada por la Comisión de Control Presupuestario. 
Esta Comisión fue la que el pasado 14 de julio sentó los principios aplicables al desarrollo de las investigaciones internas, con el fin de facilitar a los inspectores de la UCLAF una base clara, una base sólida para su actuación dentro del pleno respeto de las garantías vinculadas a los derechos de cada persona. 
Esta Comisión fue la que desde 1995 remitió nueve asuntos a las autoridades judiciales por supuestos en los que se sospechaba de funcionarios. 
Desde 1995 esta Comisión ha tratado 49 procedimientos disciplinarios, no todos ligados a casos de fraude, sino también a comportamientos reprensibles. 
Como consecuencia de estos procedimientos la Comisión ha decidido 8 destituciones, 2 degradaciones, 4 descensos de escalón, 11 expedientes y 4 advertencias. 
Hablemos ahora, señor Presidente, señoras y señores, del concepto de «tolerancia cero». 
El Parlamento Europeo denuncia una ausencia de política clara por parte de la Comisión en lo que se refiere a la corrupción. 
Mi rechazo de este comportamiento es total, constante y definitivo. 
No se le podrá reprochar al Presidente de esta Comisión haber tolerado o encubierto corrupción alguna. 
Pero estoy de acuerdo con ustedes en que hay que ocuparse también, en todas las instituciones, de la zona gris del favoritismo y de la confusión de los intereses. 
Pongámonos de acuerdo en efectuar todos juntos una acción de moralización en profundidad en todas las instituciones, de manera que se despeje toda ambigüedad. 
La única manera de alcanzarlo es la transparencia. 
Sin embargo, quisiera precisar que no estoy dispuesto, presionado por filtraciones más o menos orquestadas en la plaza pública y citas sacadas de su contexto, a entrar en una caza de brujas ciega y sin fundamento. 
Tampoco estoy dispuesto a hacer abstracción de los derechos más elementales de la persona y, en primer lugar, del respeto de la presunción de inocencia. 
Por último, reaccionaré si se empaña la imagen de excelencia que ha adquirido en todo el mundo la ayuda humanitaria de la Unión, gracias al trabajo cotidiano de ECHO sobre el terreno, en condiciones muy difíciles y en colaboración con las Naciones Unidas, la Cruz Roja y un elevado número de Organizaciones no gubernamentales, innumerables ONG. 
Esto me lleva a la tercera observación. 
No hay que poner en el mismo plano los fraudes y las irregularidades administrativas. 
Estas últimas están relacionadas con la falta de respeto del Reglamento financiero y del presupuesto aprobado por la autoridad presupuestaria, cosa que hay que distinguir del fraude, que es una retención indebida o un desvío de dinero público. 
Y quisiera ser muy claro con ustedes: evidentemente no apruebo las irregularidades administrativas, pero quisiera también que consideraran las razones que han llevado a los servicios a buscar cierta flexibilidad administrativa debiendo proceder a veces, es cierto, a auténticas acrobacias. 
A principios de los años 90 el Consejo y ustedes mismos encomendaron a la Comisión nuevas y pesadas responsabilidades. 
La urgencia de estas tareas, a menudo exteriores, y la falta de adecuación de los recursos inmediatamente disponibles han sido el origen de estas acrobacias administrativas a las que hay que poner fin. 
No sería correcto sancionar individualmente a unos funcionarios que han cometido estas irregularidades con el único objetivo de conseguir que los servicios funcionen. 
Ésta es precisamente la razón por la que la Comisión decidió en 1992 poner fin a estas irregularidades administrativas con el acuerdo de la autoridad presupuestaria. 
El Parlamento Europeo ha ayudado a eliminar los minipresupuestos irregulares transformando créditos en más de 1.800 empleos. 
Rindo homenaje al Parlamento en este sentido. 
Entiendo pues la irritación de algunos de ustedes que habiendo realizado esfuerzos personales en este sentido constatan que algunas prácticas han perdurado durante cierto tiempo y se preguntan si estas prácticas han desaparecido hoy totalmente. 
Se lo digo muy claramente, hay que alcanzar una transparencia total. 
En lo que se refiere a ECHO, la práctica de los minipresupuestos se acabó en 1995. 
Para todos los demás servicios he pedido que se proceda a una verificación, con cada director general y bajo su responsabilidad, para que se haga toda la luz posible sobre eventuales vestigios de prácticas similares. 
Informaré al Parlamento con total transparencia de los resultados de esta verificación. 
Si siguiera habiendo problemas para la Comisión, ésta lo dirá claramente a la autoridad presupuestaria para que juntos encontremos soluciones. 
Paso ahora a una cuarta observación. 
No acepto la correlación que se da en el informe Bösch entre la supuesta falta de independencia de la UCLAF y su subordinación a la Secretaría General de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, no conozco ningún caso en que la jerarquía haya impedido que la UCLAF lleve a cabo investigaciones. 
Les diré, por cierto, que según nuestras reglas la UCLAF puede emprender en todo momento investigaciones internas por iniciativa propia. 
Tras estas puntualizaciones me gustaría hablar ahora de las propuestas del informe Bösch. 
En primer lugar ya he dicho al inicio de mi intervención que en él hay muchos elementos con los que estoy de acuerdo: el deseo de uniformizar y aclarar las reglas según las cuales se llevan a cabo las investigaciones; la solicitud de una definición más clara y uniforme de las reglas relativas al tratamiento de informaciones confidenciales, así como un trato idéntico y constante de los expedientes. 
Iniciamos esta tarea el pasado mes de julio y actualmente seguimos en ello. 
En lo que se refiere a los efectivos habrá que volver a tratar esta cuestión a la luz de la estructura y de los objetivos futuros. 
Pero iré más lejos, creo que a la luz de la experiencia vivida, la función investigadora tanto interna como externa de la UCLAF merecería ser revisada y reforzada. 
¿Por qué? 
Como ya he dicho antes, rechazo muy firmemente la afirmación según la cual la UCLAF no está trabajando actualmente de modo independiente. 
Pero les diré muy sinceramente que si, debido a la presencia de la UCLAF en nuestra estructura, los esfuerzos de lucha antifraude de la Comisión son cuestionados o denigrados prefiero que la función investigadora tenga un carácter externo. 
Por lo tanto, propongo que nos orientemos hacia la creación de una oficina de investigación antifraude externo e interno, totalmente independiente y sin ningún vínculo de subordinación con la Comisión. 
Esto tendría otra ventaja, permitir más fácilmente a esta futura oficina ampliar sus investigaciones a las demás instituciones y a todos los demás órganos comunitarios. 
Las otras funciones ejercidas por la UCLAF: la propuesta legislativa y la coordinación con los Estados miembros en la lucha contra el fraude que pudiera afectar a los intereses de la Unión seguirán siendo ejercidas, de conformidad con el Tratado, por la Comisión en estrecha vinculación con la Oficina. 
Sería prematuro actualmente decir exactamente cuál debería ser la estructura y el modo de funcionamiento de dicha Oficina. 
Sin embargo, es evidente que será preciso un control independiente de las tareas de esta futura Oficina. 
Yo no creo que la estructura en tres niveles propuesta por el informe Bösch, director, Comité ejecutivo y comisión de control, sea adecuada. 
Es demasiado compleja y pesada. 
Habrá, por tanto, que aclarar las responsabilidades y dotar a dicha Oficina de reglas bien definidas con el fin de garantizar una eficacia máxima de conformidad con el respeto y la protección de los derechos individuales. 
Esta nueva estructura deberá reposar en la confianza mutua entre las instituciones. 
Esto supone que deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones en la participación en una comisión de control, en las propuestas de nombramiento y en las relaciones con la Oficina. 
En cuanto a las acciones que la Comisión está dispuesta a llevar a cabo con vistas a la creación de la Oficina, puedo decirles que, de modo concreto, estoy dispuesto a encargarle a un alto funcionario de la Comisión- si tal fuera el deseo de las instituciones-que prepare una propuesta de decisión común sobre la base de los principios que acabo de enumerar. 
Además, debería establecerse un informe conjunto de las instituciones interesadas lo más rápidamente posible. 
Este informe debería realizar el inventario de las acciones que deben llevarse a cabo, antes y después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, con un calendario para su realización y, en particular, propuestas de modificación de los reglamentos del Consejo pertinentes en la materia. 
Señor Presidente, Señorías, les he expuesto todo lo que pensaba. 
Deseo que se restaure la confianza entre nuestras instituciones, que los ánimos se calmen y que puedan producirse las aclaraciones necesarias fuera de las presiones de las filtraciones y de un clima generalizado de sospecha. 
Con esta disposición, la Sra. Gradin, el Sr. Liikanen y yo mismo contestaremos a las preguntas específicas que quisieran plantearnos durante el debate. 
Señor Presidente, la cuestión es tener bien claro que hoy no hablamos de la postura de la Comisión respecto de ECHO, respecto de turismo, respecto de los casos de corrupción dentro de la Comisión o de otras instituciones europeas en general. 
Este debate debe tratar sobre el informe del Tribunal de Cuentas en el que se han observado unas cuantas deficiencias graves en el funcionamiento de la UCLAF. 
Pero al mismo tiempo en el informe del Tribunal de Cuentas se señala que más del 80 % de los gastos de la Unión Europea se han realizado en los Estados miembros y que el control de esos gastos es dependiente asimismo en gran medida de la disposición de los Estados miembros a colaborar con la UCLAF. 
Hasta ahora eso marcha todavía bien; con otras palabras, no debemos tirar por la borda asuntos que funcionan bien si no encontramos una solución mejor en casa. 
El Sr. Bösch acaba de defender su informe y creo que estamos completamente de acuerdo en un número importante de puntos esenciales. 
También nosotros, en el Grupo socialista, estamos firmemente decididos en nuestra lucha contra el fraude y la corrupción tanto en general como- y ése es un elemento que se debe reforzar- dentro de las instituciones. 
También estamos de acuerdo con que la UCLAF no ha sido suficientemente equipada por ciertas razones para sus tareas, que una de las deficiencias es el insuficiente grado de independencia de la UCLAF. 
La UCLAF debe obtener un mayor grado de independencia. 
Pero hay diferencias de opiniones y éstas están relacionadas sobre todo con la cuestión de cómo se debe llevar a cabo esto. 
El Grupo maneja varios principios para responder a la cuestión de cómo podemos hacer más eficaz la lucha contra el fraude y más independiente a la UCLAF. 
Lamento que el Presidente de la Comisión haya intentado evitar la discusión. 
Ante todo, la Comisión es la guardiana de los Tratados. 
Esa tarea se le ha encomendado en los Tratados y es una tarea que tiene que cumplir. 
Por lo demás, la Comisión es responsable de la ejecución de los presupuestos. 
El Parlamento Europeo no tiene ningún otro papel para con la Comisión que el de controlar a la Comisión y puede dar un toque de atención a la Comisión- lo que hacemos ahora-cuando no cumple con sus propios cometidos. 
A mi entender, la creación de una nueva institución fuera de la Comisión, merece una adaptación del Tratado, para la cual los Tratados mismos establecen los procedimientos. 
Además, quisiera constatar que hay gran número de problemas institucionales que se presentan en la lucha contra el fraude y la corrupción. 
La lucha contra el fraude y la corrupción es sólo en parte un asunto comunitario. 
La mayoría de la legislación y de las acciones en este terreno se desarrollan en la colaboración intergubernamental dentro del tercer pilar. 
Y a corto plazo no se puede esperar que los Estados miembros estén dispuestos- me parece lamentable, pero no están dispuestos- a instaurar un Ministerio Fiscal Europeo o a crear un marco de derecho europeo. 
Por eso no podemos esperar que una institución o servicio que en el ámbito europeo- y en la medida en que exista una competencia a ese nivel- está encargada de la lucha contra el fraude pueda hacer mucho más que recopilar y analizar la información y colaborar con las administraciones nacionales en las pesquisas. 
Esos principios y complicaciones me llevan, en nombre de mi Grupo, a rechazar la solución presentada por el Sr. Bösch de crear una nueva institución, en realidad fuera de la Comisión o sólo unida en parte a la Comisión. 
Porque una institución nueva como ésa exige o bien una modificación del Tratado o bien un Tratado bajo el tercer pilar. 
La modificación del Tratado, Presidente, no es la cuestión. 
En un Tratado bajo el tercer pilar surge el problema de quién ejercerá el control político en esa institución. 
El Parlamento Europeo, después de Amsterdam, tampoco tiene ninguna competencia en este terreno. 
Por lo demás, un Tratado bajo el tercer pilar tiene como inconveniente que la protección jurídica para las personas individuales deja bastante que desear, vistas las limitadas competencias del Tribunal. 
En resumen, amenaza con un vacío jurídico y político. 
Pero una OLAF totalmente independiente que siga en cierto modo unida a la Comisión tampoco es una solución. 
Es una contraditio in terminis o, en cualquier caso, una delegación completa de las responsabilidades de la Comisión en este terreno, responsabilidades que no puede delegar la Comisión como guardiana de los Tratados. 
¿Puede la Comisión seguir siendo responsable en un caso así del funcionamiento de la OLAF? 
¿Quién debe ser entonces? 
El Parlamento sólo puede exigir cuentas a la Comisión y dar descargo o no a la Comisión o en caso extremo mandar a casa a la Comisión. 
A board of directors, usted lo ha dicho con razón, Presidente Santer, ésa no es la solución. 
En realidad, eso significa que la Comisión estaría controlada internamente, lo cual va en contra de los Tratados y eso significaría que se produciría un completo enmarañamiento de las tareas y competencias separadas en los Tratados. 
Por eso, Presidente, no puede ser. 
Por último, esto me lleva rechazar las soluciones presentadas por el Sr. Bösch y confío en que la Comisión llegue con una propuesta sensata que, en efecto, traiga consigo un fortalecimiento considerable de la independencia de la UCLAF. 
Señor Presidente, debo decir que el informe Bösch se presenta ante el Parlamento Europeo por exigencia de la resolución de 22 de octubre de 1997 que impuso a la Asamblea y a la Comisión de Control Presupuestario la presentación de dicho informe. 
A continuación, debo decir que me complacen las propuestas que hemos escuchado aquí por parte del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, y que, en gran medida, adoptan las reflexiones y las líneas generales que el Sr. Bösch ha formulado en su informe, y debo declarar que el Partido Popular Europeo apoyará el informe Bösch porque considera que está correctamente fundamentado. 
También observo que eso es lo que cree la Comisión Europea. 
Es decir, que por una parte nos encontramos ante un caso de fraude relacionado con la gestión del presupuesto comunitario y con los Estados miembros de la Unión y, por otra parte, existe un asunto interno acerca de lo que sucede en las diversas instituciones de la Comunidad y acerca de si dichas instituciones y sus servicios funcionan como debieran. 
Creo que avanzamos muy acertadamente hacia la creación de la OLAF y también estoy personalmente de acuerdo en que se deberá separar de forma clara y que la UCLAF deberá mantenerse en lo tocante a la investigación de las relaciones entre los Estados miembros y institucionales comunitarias. 
Sobre este tema, deben saber, señor Presidente de la Comisión Europea y señores Comisarios, que últimamente el Tribunal de Cuentas nos ha bombardeado con informes. 
No nos hemos convertido en detectives. 
Tenemos la obligación de responder y de controlar todo lo que dice el Tribunal de Cuentas. 
Estarán de acuerdo conmigo en que no podemos ocultar nada sino que, por el contrario, debemos afrontar las indicaciones del Tribunal de Cuentas con gran transparencia y sinceridad. 
El asunto del ECHO, el del turismo y el de MEDA han surgido de iniciativas y de informes del Tribunal de Cuentas. 
Lo mismo sucede con muchos otros asuntos de los que van a tener noticia en los próximos días y que quizás influyan también en la postura del Parlamento en relación con liberar o no a la Comisión Europea de la ejecución del presupuesto de 1996 y de 1997. 
Asimismo, en este punto desearía decir que en la colaboración que mantenemos los últimos dos años con la UCLAF, hemos acudido a la UCLAF, le hemos solicitado información y se nos ha dicho que no podía proporcionárnosla porque las instancias superiores de la UCLAF no se lo permitían. 
Éste es uno de los hechos que también ustedes han señalado y espero que pronto sea aclarado. 
Entenderán que dicho asunto es de gran importancia y me complace que esta noche hayan dicho que lo van a afrontar y que presentarán propuestas concretas. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando al Sr. Bösch por este informe. 
Me alegra quehaya entrado, finalmente, en el orden del día y podamos así discutir este importante tema. 
Estoy muy de acuerdo en que es preciso fortalecer la UCLAF. 
Los numerosos casos no dejan lugar a dudas, sin embargo, la investigación del Tribunal de Cuentas encierra, por encima de todo, una clara crítica de la situación actual y presenta ofertas concretas de lo que puede hacerse. 
La situación es completamente inaceptable y es por ello que nos parece tan importante reforzar el papel de la UCLAF otorgándole más competencias y mejores herramientas para acabar con el fraude y con la corrupción. 
En lo que se refiere a la respuesta dada hoy por el Sr. Santer, he de decir que no es lógico censurarnos por criticar a la Comisión y por pensar que los acontecimientos transcurren muy lentamente. 
Si el Sr. Santer hubiera estado con nosotros hora tras hora en la Comisión de Control Presupuestario sólo para arrancarle a la Comisión las informaciones más importantes, el Sr. Santer entendería nuestros deseos de ver acontecimientos y una modificación de los procedimientos actuales. 
Simplemente hace falta una oficina más independiente y la Comisión nos ha contestado que la propuesta existente del Sr. Bösch no exige una modificación del tratado, lo que quiere decir que es una salida abierta. 
Pues, señor Santer, nos falta alguna indicación más concreta por parte de la Comisión sobre qué es lo que ésta quiere llevar a cabo realmente en este terreno. 
Sin embargo, ¿no es verdad que una oficina externa exigirá una modificación del Tratado y que con ello la Comisión ha conseguido una vez más adelantar de una manera cómoda las decisiones? 
De cara a la confianza de la gente en el sistema comunitario resulta fundamental realizar un esfuerzo mayor frente al fraude y la corrupción. 
Y una vez más, es el Parlamento Europeo el que presenta una oferta concreta de lo que debe hacerse y de cómo podemos obtener mejores procedimientos. 
Puede que ésta no sea una propuesta definitiva o completa, pero, al menos, el debate se ha iniciado. 
Me alegra que con el informe del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, se haya logrado finalmente una respuesta y se haya iniciado un debate sobre qué es realmente lo que hay que hacer para poder combatir el fraude y la corrupción de una manera mucho más efectiva. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, yo sigo pensando que controlar significa controlar y que las cosas se hacen haciéndose. 
Es evidente, señor Presidente de la Comisión, que ha presentado varias razones por las cuales no se llevó a cabo el control. 
Las acepto. 
Pero también sé que no se lucha contra el fraude y la corrupción simplemente en el punto de llegada de dicho fraude y de dicha corrupción, sino también en el punto de partida. 
La verdad es que todo el sistema de proyectos y programas existentes en la Comisión está hecho para entregar a funcionarios, a su responsabilidad, importes muy elevados de dinero que los propios funcionarios, muchas veces, no pueden controlar suficientemente. 
Por tanto, hay una falta de política preventiva, que sería, como en la lucha contra los incendios, la mejor forma de luchar contra ellos. 
Es decir, luchar contra el incendio en invierno y no en verano, cuando ya está haciendo efecto. 
Por tanto, hay todo un sistema que se debe modificar y que, naturalmente, tendrá que tender a responsabilizar más a los funcionarios de la Comisión y a los propios Comisarios de los programas que lanzan en el mundo comunitario y no sólo en él. 
Sabemos que la cuestión de ECHO es desagradable: están en juego 1.000 millones de ecus. 
Y sabemos también que la UCLAF decía hoy, en «Le Monde» , que el control hecho había sido un control metafísico. 
Por tanto, disculpando la ironía de la UCLAF, la verdad es que ella misma se siente en las mayores dificultades. 
Por tanto, sabemos que es necesario controlar. 
Pero controlar no es sólo aprehender a los prevaricadores. 
Controlar es evitar y por eso insisto: la prevención sería fundamental. 
Pero para que esa prevención pueda existir es necesario que haya buena voluntad por parte del Parlamento, que haya buena voluntad por parte de los Estados miembros, y todos nosotros sabemos que la Comisión de Presupuestos lo vetó, votó en contra de la adquisición de scanners que permitirían prevenir el fraude en los puertos europeos. 
Y la verdad es que hay puertos europeos que son auténticos coladeros para quien quiera hacer contrabando o no pagar impuestos, ya sea el IVA o impuestos al consumo. 
Sabemos también que no hay una armonización de las leyes penales. 
Y sabemos que los propios Estados miembros crean dificultades a la UCLAF, al no poner muchas veces a su disposición elementos que podrían fácilmente poner, si quisieran luchar de verdad, con seriedad, contra el fraude en su territorio. 
Es evidente que no pienso culpar a la Comisión de todo esto. 
Eso no se le ocurre siquiera a nadie, en la medida en que los Estados miembros son en gran medida responsables de lo que sucede. 
A la Comisión competía denunciar eso, competía no pactar, mediante el silencio, con lo que sucede en los Estados miembros. 
Éstos tienen que luchar, sin pérdida de soberanía, unidos contra la delincuencia organizada para que la Comunidad no sea un territorio en el que el delito compensa y en el que sea fácil enriquecerse actuando contra todas las leyes y cometiendo toda clase de fraudes en detrimento de los dineros comunitarios. 
Y también estaría bien convencer a los Estados miembros de que el dinero comunitario no es dinero nacional, es dinero comunitario, y que tienen la obligación de defender esos rendimientos. 
Y mi Grupo votará a favor de la prevención, del aumento de medios y de la protección de la UCLAF. 
Señor Presidente, los casos de fraude en detrimento del presupuesto comunitario se cuentan cada año por cientos y alcanzan cuantías importantes, y no se trata más que de las faltas declaradas o detectadas. 
Estas cifras se sitúan sin duda muy por debajo de la realidad. 
El informe Bösch indica que la UCLAF sólo tiene una capacidad de actuación limitada. 
La consternación suscitada por algunos hechos de la actualidad nos obliga a estar muy atentos. 
La Comisión plantea muy a menudo la responsabilidad de los Estados miembros, que gestionan el 80 % de los gastos. 
Es muy exigente con ellos; es justo que se sea exigente también con ella. 
EL Parlamento pide, con razón, explicaciones, medidas para poner fin a las malversaciones existentes y para sancionar a los culpables. 
La transparencia mencionada por el señor Presidente debe traducirse permanentemente en realidad. 
Con esta idea en mente, quisiera subrayar el interés de la propuesta que tiene por objeto la creación de un organismo de lucha contra el fraude que sea independiente de la Comisión y que esté dotado de medios que le permitan llevar a buen puerto su misión. 
No se puede ser juez y parte, es un principio elemental. 
Un colega ha pedido que la UCLAF sea un poco más independiente... 
Ahora bien, o se es independiente o no se es. 
No se puede ser únicamente un poco. 
Sin embargo, no podemos hablar de lucha contra el fraude sin destacar que la libertad total de circulación de las mercancías y de los capitales- es decir la ausencia de todo control- favorece el fraude y el tráfico a gran escala. 
Así, la Comisaria Gradin subrayó el pasado mes de mayo que los fraudes en detrimento del presupuesto comunitario son cada vez más el resultado de actuaciones de bandas criminales internacionales, es decir, de la Mafia. 
Esta situación requiere indudablemente atención y medidas al más alto nivel. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el tema que hoy se debate no es sólo la independencia de la UCLAF, sino también la independencia de las investigaciones sobre el fraude, la corrupción, el nepotismo y la mala gestión dentro de la propia Comisión. 
Hoy no estamos debatiendo casos aislados, como los de ECHO, MED, la EEB, el turismo o el servicio de seguridad, pues la suma de estos casos ha dado lugar a una sólida crisis entre las instituciones europeas. 
Lo que hoy se debate es si la Comisión puede eludir el riesgo de que la gestión de la ejecución de su presupuesto no sea aprobada y cómo puede evitar que esto suceda, y también se debate- este es el punto esencial, Señorías- el tema de la responsabilidad política. 
El caso de ECHO sólo es una muestra. 
Yo quiero resaltar que no se trata de minipresupuestos normales. La Comisión parece considerar como un pecadillo sin importancia la falsificación de contratos, la invención de informes inexistentes y la desaparición de documentos. 
Sin embargo, gracias a usted acabo de aprender un nuevo concepto, señor Santer. 
En adelante, a todo esto lo llamaremos «acrobacia administrativa». 
Sea como fuere, este ha sido el motivo de que hasta ahora no se hayan adoptado medidas disciplinarias. 
Quien piense, como la señora Bonino, que basta con decir: «Sí, claro, la Comisión asume naturalmente toda la responsabilidad» , para que no se hable más del asunto, esa persona, con perdón, no ha entendido qué quiere decir realmente responsabilidad política. 
El término responsabilidad no es sencillamente una palabra vacía que puede pronunciarse cuando convenga para poder seguir adelante cuanto antes con el orden del día. 
Responsabilidad significa responder de algo por lo que uno está individualmente obligado a rendir cuentas. 
En el caso de ECHO, yo lo tengo personalmente muy claro. 
Si el Comisario Marín tuvo conocimiento en febrero de las prácticas ilegales en el ámbito de su competencia y, por cualquier motivo, por bueno que fuese, no fue posible acabar de inmediato con ellas, ¿quién, si no él, debería responder de ello y dimitir de manera consecuente? 
El hecho de que la Comisión sea una institución colegiada no modifica para nada la situación. 
Ese hecho apunta de inmediato hacia usted, señor Santer. 
¿Qué debe hacer el Presidente de la Comisión es semejante caso? 
La responsabilidad ante las ciudadanas y ciudadanos europeos debe asumirse de manera visible, también en el caso de ECHO y no sólo en éste. 
Si, haciendo caso omiso del fraude- y yo sé distinguir muy bien entre fraude e irregularidades -, lo ocurrido no tuviera ninguna consecuencia, se estaría legitimando el principio según el cual el fin justifica los medios. 
Sin embargo, esto es insostenible no únicamente en el contexto de este caso, en el que se sustrajeron en definitiva 2, 4 millones de ecus de los fondos de ayuda, no en el sentido jurídico, sino a través de su desviación hacia otros fines. 
Lo más grave es que con ello se está desacreditando todo el buen trabajo que en la mayoría de los casos realizan los servicios administrativos. 
Y esto es algo que usted tampoco puede desear que ocurra, señor Santer. 
Se estaría premiando la contravención de las normas y su cumplimiento quedaría desacreditado. 
El Estatuto de los funcionarios prevé diversas medidas disciplinarias, que los responsables de la Comisión parecen ser reacios a aplicar. 
¿Qué tiene que ocurrir para que por fin se sancione la flagrante contravención- así la ha llamado el Comisario van Miert: flagrante contravención- de las normas? 
En algunas conversaciones yo he tenido incluso la impresión de que existe temor a hacerlo. 
¡Llegados al punto en el que nos encontramos, algo tiene que cambiar de manera fundamental! 
¿No opina usted lo mismo, señor Santer? 
¡Usted debe responder de las enormes tensiones que se han creado entre el personal contratado por la Comisión! 
Muchos colaboradores y colaboradoras desean que se acabe por fin con las irregularidades, ¡que por fin se hable claro! 
Usted debería actuar también en interés de sus colaboradoras y colaboradores leales y entregados a su tarea. 
La Comisión vive encerrada en una torre de marfil. 
La falta de diálogo entre el Parlamento y la Comisión se debe sobre todo a que nuestras peticiones de información y control son interpretadas en sí mismas como una señal de desconfianza y esto sucede porque el principio de que una buena administración siempre debe estar abierta, con escasas excepciones, a la opinión pública se ha trastocado en la Comisión hasta convertirse en su contrario, al menos en los ámbitos en los que la crítica se vuelve ruidosa y el Parlamento ejerce sus derechos de control. 
He agotado mi tiempo de uso de la palabra. 
Todavía hubiese deseado referirme, no obstante, a la cultura de la desconfianza, al derecho a la aplicación del artículo 126 y a que la Comisión debe contar con que su gestión no será aprobada si no emite alguna señal clara. 
Pueden leer el texto si lo desean; también usted, señor Santer. 
Yo me encargaré de que se lo hagan llegar enseguida. 
Señor Presidente, estimados colegas, el informe del colega Bösch merece nuestro pleno apoyo. 
Este Parlamento ya lleva 14 años insistiendo en una brigada móvil que realice controles en los Estados miembros y que tome medidas contra el fraude y la corrupción. 
La UCLAF no fue creada hasta 1989 y conoció muchas dificultades iniciales. 
Entre tanto, tuve la oportunidad de seguir muy de cerca gran número de escándalos que traspasaron fronteras. 
Pienso en el affaire Transnuclear, con el mayor contrabando de basura nuclear. 
Estaba el dossier sobre la utilización ilegal de hormonas en la ganadería, que en mi país trajo como consecuencia intimidaciones, amenazas e incluso el asesinato de un inspector veterinario. 
Estaba el ardid- literalmente sin fronteras- con la carne, organizado por bandas mafiosas, y que trajo consigo muchos millones de estafas en el IVA, en las tasas de importación y en las restituciones de la exportación. 
El Parlamento montó una comisión investigadora del fraude comunitario en el transporte en tránsito, con especial atención para el dossier del fraude en el tabaco. 
No hace mucho ha habido escándalos de corrupción y dossieres de corrupción en el sector turístico y en este momento existe una investigación acerca del asunto ECHO. 
El Tribunal de Cuentas europeo ha controlado el trabajo de la UCLAF y la conclusión es, sin embargo, desalentadora. 
Debo apuntar que los bancos de datos electrónicos están aún en una fase inicial, que no existe ningún sistema uniforme según el cual se abran, se traten y se cierren los dossieres, que hay bastantes lagunas en la coordinación y la evidente colaboración con los Estados miembros y que incluso en la constatación de delitos manifiestos no se inician en muchos casos procedimientos disciplinarios. 
El ponente Bösch plantea también, con razón, que la UCLAF debería ser transformada en una oficina para la lucha contra el fraude, llamada OLAF, que pudiera operar de manera independiente de la Comisión y que además sería la responsable ante todas las instituciones europeas. 
Naturalmente, el personal debería ampliarse a 300 especialistas que puedan colaborar efectivamente con las instancias judiciales nacionales. 
Después de todo, los magistrados que hoy deben dirigir las investigaciones sobre el fraude y la corrupción internacionales van desesperadamente atrasados con respecto a los hechos y pierden una cantidad impresionante de tiempo, energía y dinero en vencer las dificultades que suponen las 15 fronteras nacionales, no estando esta situación en nuestra Europa sin fronteras lo suficientemente tratada en el informe. 
La UCLAF o la OLAF deberían constituir un servicio con una competencia cuasi judicial para que la corrupción transnacional y los dossieres de fraude pudieran ser tratados adecuadamente en los tribunales nacionales. 
Sólo de esta manera habrá también resultados visibles. 
En la medida en que estemos preparados, la propuesta de regular legalmente la colaboración de la OLAF con las instancias judiciales nacionales por medio de nuevos reglamentos es muy importante. 
Presidente, Señorías, ésta es mi última intervención en sesión plenaria. 
Abandono el 15 de octubre el Parlamento Europeo, en el que he estado desde febrero de 1981. 
Entonces éramos sólo 434 diputados. 
He asistido al ingreso de seis Estados miembros nuevos y también he visto, por fortuna, aumentar sistemáticamente las competencias. 
Estoy muy a favor de la política pro-europea y al mismo tiempo soy regionalista, porque nuestra democracia es una vida en círculos. 
Todos somos responsables de que nuestros ciudadanos sigan creyendo en Europa como un valor añadido natural, una Europa que podría ser más transparente, más abierta y más indiscutible, para lo cual la aprobación de este informe me parece sin duda una contribución importante. 
Quiero finalizar mi intervención dándoles las gracias expresamente a las personas que he encontrado aquí en el transcurso de tantos años y quiero agradecer por encima de todas las barreras políticas a todo el mundo por el compañerismo, la franqueza y la manifiesta corrección que todos habéis mostrado. 
Por último, quiero dar sinceramente las gracias a la administración y también a los intérpretes y traductores. 
Muchas gracias, señor Vandemeulebroucke, por sus palabras y gracias por todos estos años y por la seriedad con la que ha realizado su trabajo en este Parlamento. 
Los colegas le han manifestado su agradecimiento con una gran ovación y yo le doy las gracias una vez más. 
Señor Presidente, gracias al colega Jaak por diecisiete años de trato y amistad. 
Espero que nos veamos en muchas ocasiones, también después de que hayas abandonado el Parlamento. 
Has hecho un gran esfuerzo por combatir el fraude de las hormonas en Bélgica. 
Siempre has tenido una gran sensibilidad social. 
Espero que nos volvamos a ver. 
En el municipio en el que resido, ningún contribuyente aceptaría que el 10 % del presupuesto del municipio fuera malversado. 
En mi país tampoco sería aceptado. 
Creo que todos los presentes en la Asamblea lo ven de la misma manera. 
¿Cómo podemos entonces admitir que el 10 % del presupuesto pueda ser malversado simplemente porque el dinero se envía vía Bruselas? 
En mi opinión, la causa reside en la distancia que existe respecto de los electores, la distancia respecto de los que han de pagar. 
Los procesos de decisión en la UE hacen posible aprobar regímenes de ayuda que ningún país aprobaría si ellos mismos tuvieran que pagar la factura. 
La solución, por tanto, no consiste en aumentar el papel de Bruselas con más empleados, con mayor presupuesto y con una legislación penal y policía comunes. 
La solución pasa por suprimir el grueso de los regímenes de ayuda, centrarse en algo más reducido, en lo transfronterizo, y en cambio hacer mejor el trabajo. 
El medio más barato y mejor de todos para luchar contra el fraude es una transparencia completa sobre los fondos asignados. 
Cualquiera que reciba ayuda de la UE ha de aceptar que los electores y los contribuyentes fiscales puedan ver la cantidad asignada y cuánto ha sido utilizado en qué. 
Seguro que los periodistas y una opinión pública crítica se encargan de velar por la necesaria legalidad del proceso. 
Que se publiquen los anexos en Internet y el resto vendrá solo. 
Preferimos una completa transparencia a una nueva burocracia en Bruselas, una UE transparente y más delgada en lugar de tiempos de abundancia para un número aún mayor de estafadores. 
Señor Presidente, el constante aumento de los fraudes perpetrados contra el presupuesto comunitario es un tema que precisa una solución inmediata, sobre todo porque en los últimos años el fenómeno parece que se ha extendido en el ámbito de las propias Instituciones. 
No vamos a recordar aquí el feo asunto ECHO referente a las irregularidades detectadas en la antigua Yugoslavia o en la región de los Grandes Lagos, pendientes todavía de comprobación, ni las conocidas anomalías del sector de la investigación, a la vista de las cuales la misma Comisión de Control Presupuestario está a la espera de explicaciones, aunque no podemos mostrarnos satisfechos por los resultados que hemos obtenido tanto en lo concerniente a la comprobación de las irregularidades y de los fraudes como, sobre todo, por la falta de una acción judicial eficaz a escala comunitaria. 
Tenemos que recordar que desde un tiempo a esta parte la Comisión de Control Presupuestario, sobre todo por obra y mérito de su presidenta, la Sra. Theato, había perfilado la inclusión en el Tratado de un fundamento jurídico que habría permitido la aprobación de una reglamentación antifraude acudiendo, en su caso, a un procedimiento de codecisión y la elaboración de un régimen jurídico que pudiera obligar a los Estados miembros a proteger también las finanzas comunitarias del mismo que lo hacen para las suyas. 
La armonización de las normas debe ser llevada a cabo a nivel administrativo centralizando las acciones y los controles, así como a nivel legislativo por medio de la ratificación de ese Convenio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión que sigue siendo letra muerta, pese a estar acompañado de dos protocolos, sin duda, importantes que, no obstante, han sembrado la desconfianza de los Estados miembros y convertido en improbable una ratificación que los implica directamente. 
También nosotros creemos que son las autoridades judiciales y no la UCLAF quienes son competentes para intervenir en la esfera personal de los presuntos culpables, sin embargo, debemos denunciar aquí por qué motivo la Comisión, incluso cuando la UCLAF o el control financiero han acumulado pruebas suficientes de graves infracciones, ha solicitado la intervención de las autoridades judiciales. 
La creación de una oficina anticorrupción y antifraude en el seno de todas las Instituciones de la Unión Europea, deberá contar con el apoyo de las Instituciones afectadas, me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de acceder rápidamente a la documentación y, en su caso, de requisarla dejando, sin embargo, en manos de las autoridades judiciales que disponen de esos poderes de policía y judiciales que la oficina antifraude no puede ni debería tener, el cometido de investigar y castigar la corrupción. 
Señor Presidente, señor Presidente Santer, yo agradezco sus palabras, pero también quisiera expresar una duda y voy a hacerlo con una cita: «Las palabras ya las oigo, ¡sólo me falta la fe!» 
Yo la modificaría para decir: «ayúdennos a tener fe» , a confiar en que entre todos lograremos acabar con las deficiencias. 
Ahora quisiera centrarme de nuevo en el Informe Bösch que hoy se debate y expresarle en primer lugar mi gratitud y mi reconocimiento al Sr. Bösch por haber superado las diversas dificultades y hacer posible que ahora podamos disponer del informe. 
Como se desprende claramente de su título y contenido, éste se basa en el informe del Tribunal de Cuentas y., por consiguiente, en el artículo 206 del Tratado. 
Nuestra Comisión de Control Presupuestario nunca compartió la interpretación equivocada del fundamento jurídico. Estos malentendidos retrasaron, sin embargo, por desgracia la presentación del informe ante el Pleno. 
En efecto, cuando se conocieron las sospechas de irregularidades en la Oficina de Ayuda Humanitaria, habría sido útil una rápida reacción del Parlamento bajo la forma de propuestas para poner remedio a la situación. 
Entre tanto, los medios de comunicación han comentado hasta la saciedad el caso de ECHO. 
Francamente, hubiésemos deseado que la Comisión nos hubiese informado con mayor rapidez y de manera más completa. Este caso nos demuestra, en efecto, una vez más las deficiencias con las que tiene que seguir lidiando la Comisión para combatir de manera eficaz el mal uso de los fondos de la UE. 
Casos largo tiempo conocidos como los de MED, el régimen de tránsito comunitario o el tabaco- podría enumerar más-siguen esperando su completa aclaración y las debidas consecuencias. 
El informe del Tribunal de Cuentas demuestra que el Parlamento tiene razón al considerar insatisfactoria el grado actual de competencia de las estructuras de la UCLAF, sobre todo en el caso de investigaciones internas dentro de la Comisión. 
Esto no es imputable a los funcionarios y personal temporal de la UCLAF. 
La causa reside más bien en la manera poco sistemática con que se tramitan los expedientes. 
El Tribunal de Cuentas reseña más de 1.300 expedientes abiertos y pendientes sólo hasta abril de 1997, tal como ya ha señalado el Sr. Bösch. 
Las deficiencias en el intercambio de información y la mala coordinación son otra de las causas. 
Cuando existen sospechas de algún caso de corrupción dentro de la Comisión faltan unas normas claras incluso en relación con la intervención de las autoridades penales, según señala el Tribunal de Cuentas. 
Es de temer que con la introducción del euro y la ampliación de la UE se abran en el futuro nuevas posibilidades para las maniobras fraudulentas. 
Estos son sólo algunos de los motivos que nos impulsan a definir el papel, la estructura y las competencias de la UCLAF de una manera que refuerce su capacidad de actuación y su independencia, bajo la forma de una Oficina de lucha contra el fraude. 
El Sr. Bösch ya lo ha expuesto. 
Aun así, ahora mismo no nos aventuramos a dar un paso definitivo en relación con la creación de la OLAF. 
El Parlamento, en su calidad de autoridad presupuestaria, debe hacer, sin embargo, todo lo posible para conseguir que reflexionemos conjuntamente sobre las posibles soluciones para hacer frente a las nuevas exigencias. 
Por esto, no presentamos una propuesta sobre una base jurídica, sino que ofrecemos algunas indicaciones básicas sobre lo que tenemos en mente. 
Nosotros rogamos encarecidamente a la Comisión que se tome en serio estas indicaciones y las haga suyas. Yo temo que, de lo contrario, nos espera un debate muy largo antes de que consigamos combatir el fraude de manera más amplia y más eficaz. 
Señor Presidente, es evidente que se trata de un problema urgente. 
Declararé para empezar que tengo un interés personal en la cuestión: por haber sido Director General en la Comisión, conozco las dificultades con que se tropieza para tratar de las cuestiones de personal y de los nuevos cometidos, pero es preciso que adoptemos decisiones sin perder tiempo. 
El informe Bösch nos brinda una clara señal política que hemos de seguir. 
Personalmente, sigo sin saber exactamente qué es lo que deberíamos hacer en determinadas situaciones. 
Permítanme que ilustre mi actitud con unas cuantas cuestiones concretas. 
El Sr. Bösch ha dicho con toda razón que la presente situación no puede continuar. 
Desde el punto de vista institucional, no estoy seguro de que sea acertada la actual posición, que consiste en tener una estructura de la cual una mitad está dentro de la Comisión y la otra mitad está fuera. 
Una junta de directores provenientes de cinco instituciones significa que el director de UCLAF u OLAF tendrá cinco jefes, y una persona que tiene cinco jefes es como si no tuviera ninguno. 
En vista del escaso tiempo disponible, voy a tratar del Presidente de la Comisión. 
El Presidente de la Comisión dice que tenemos que contar con una función externa de investigación, cosa que comprendo, pero quisiera preguntar al Presidente lo siguiente: ¿quiere decir eso que la Comisión perderá su propia responsabilidad final respecto de la lucha contra el fraude? 
Ésta es una cuestión muy importante. 
Este Parlamento solamente considera como institución responsable del presupuesto a la institución con la que dialoga. 
Si esta situación desaparece, ¿ante quién será responsable esa oficina externa de investigación? 
Para empezar me gustaría que contáramos con una UCLAF fortalecida, dentro de la Comisión pero con total independencia. 
Quizá el director debiera ser nombrado por la Junta de Cuestores o el Tribunal de Justicia, previo acuerdo institucional para que trabajase junto con otras instituciones. 
Ahora bien, no sé si una investigación externa sería la buena solución en esta fase si no sabemos ante quién sería responsable la entidad encargada de la investigación externa. 
¿No estaríamos entonces en una situación aún peor? 
Espero que podamos obtener una respuesta positiva. 
Debería suceder algo para que el informe Bösch no quedase rechazado, pero no me parece que eso marque el final del debate. 
Como ha dicho la Sra. Theato, esto es el principio del debate, pero se trata de un debate muy urgente. 
Señor Presidente, la investigación del Tribunal de Cuentas sobre el asunto en examen ha puesto efectivamente el dedo en la llaga. 
No existen los medios mínimos ni se reúnen las condiciones básicas para afrontar el fraude y la corrupción, y lo cierto es que éstos existen y proliferan. 
La UCLAF dispone de un cuerpo de funcionarios insuficiente y ni siquiera todo él disponible para actuar en el terreno y la dependencia orgánica a que está sujeta le impide una intervención horizontal eficaz en el nivel institucional. 
Por eso, la lucha contra el fraude y la corrupción reclama que se cambien muchas cosas en esa esfera, en la esfera de la intervención exterior, pero también y antes que nada en la intervención interna. 
Sin entrar en apreciaciones de especialidad, he de decir que semejante cambio se deberá concretar en dos direcciones esenciales: fortaleciendo la capacidad de intervención comunitaria, en particular con el fortalecimiento de ese cuerpo, liberándolo de tutelas inhibitorias y garantizando medios de acción suficientes y, simultáneamente, asegurando una cooperación satisfactoria con los servicios congéneres de los Estados miembros. 
La transparencia, la independencia del organismo dedicado a una lucha contra el fraude y la ampliación de la intervención a todas las instituciones, incluida la Comisión, resultan indispensables y prioritarias. 
El caso ECHO y la forma al menos dudosa como lo ha abordado la Comisión, en particular en sus relaciones con el Parlamento, nos conducen inevitablemente a esa conclusión y a adoptar como positiva la propuesta de transformación de la UCLAF en un gabinete independiente. 
Evidentemente, hay límites para la esperanza. 
Subrayo en este marco y en lo referente a la intervención exterior que, si no se da la ya citada cooperación con los Estados miembros y si no existe también por parte de éstos una efectiva voluntad política para actuar, poco se avanzará. 
Como también me parecen necesarias algunas cautelas, en particular en las esferas penal y de la intervención exterior. 
Pero nada de eso resulta un impedimento para el importante paso al frente que el ponente nos propone: es esencial para dar respuesta mínima a las situaciones que todos conocemos. 
Señor Presidente, el actual sistema que permite el fraude dentro de la Comisión ha demostrado, en los últimos años, ser totalmente inaceptable. 
Sin ir más lejos, las últimas historias sobre fraudes que ha descubierto el Tribunal de Cuentas demuestran que se necesita una unidad externa para combatir la corrupción y los fraudes internos que, a todas luces, existen dentro de los órganos de la UE. 
Sin embargo, no creo que sea suficiente. 
Jacques Santer dijo en cierta ocasión estas bellas palabras: «Necesitamos apertura y transparencia». 
No obstante, Jacques Santer, no basta con bellas palabras. También exigimos hechos. 
La transparencia es una de las mejores maneras de impedir la corrupción interna, cosa que la Comisión debería saber. 
No use, Jacques Santer, los derechos de los funcionarios como disculpa para no aceptar la transparencia y diga qué está pasando realmente en la Comisión. 
Se trata del dinero de los contribuyentes. 
Exigimos saber lo que pasa. 
Con el fin de eximir de responsabilidades no nos niegue información que necesitamos en la Comisión de Control Presupuestario. Así no puede ser. 
Finalmente, quisiera señalar que yo no quiero que la nueva unidad OLAF sea una autoridad judicial. 
Los resultados tienen que ir a una autoridad judicial nacional. 
No me interesan para nada los fiscales del ámbito de la UE. 
Solamente me interesa una unidad externa que pueda controlar lo que hace la Comisión. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, ante todo permítanme, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, agradecer al Sr. Jaak Vandemeulebroucke los 17 años de su estancia en el Parlamento Europeo y la labor común que ha realizado a lo largo de estos años deseándole toda suerte de éxitos en todo lo que emprenderá tras dejar el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias por su intervención pues usted ha planteado las preguntas que había que plantear en un debate cuyo objeto se ha visto ampliamente eclipsado por problemas graves, sin duda, pero que nos han hecho olvidar el informe que hoy se nos presenta. 
Ha hecho usted muy bien en poner los puntos sobre las íes y, por cierto, algunos oradores han entrado en el fondo de la cuestión. 
Otros han preferido seguir dándole vueltas a temas que será preciso tratar en otro momento y en otros foros, y respecto de los cuales habrá que tomar decisiones con transparencia, sin que ésta, a la que tanta importancia le damos, se combine con llamamientos a la delación y a las filtraciones, lo cual no haría más que envenenar el ambiente entre nosotros, en lugar de calmar la situación. 
Su intervención era, pues, muy oportuna. 
Usted ha dicho que se había entrevistado con el Presidente del Parlamento y que iba a tomar medidas para que algunas informaciones que deseábamos obtener en el marco de otro expediente- no volveré a mencionarlo más por hoy- nos sean comunicadas en el más breve plazo. 
Así lo espero, en aras del interés de nuestras dos instituciones. 
Creo que no se ha citado suficientemente el informe del Tribunal de Cuentas al que está dedicado el informe Bösch. 
Se trata de un documento bastante abrumador que me induce a plantearme la siguiente pregunta, que se planteaban en la Roma antigua: ¿Quis custodiet custodes? 
El ambiente es de preocupación, así lo recoge el informe Bösch: nos preguntamos, con razón, a dónde van a parar los recursos comunitarios y, sobre todo, qué utilización se ha podido hacer de éstos en un momento dado, pero se omite constatar que el informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto graves lagunas en el funcionamiento de la propia UCLAF, falta de transparencia, falta de seguridad, falta de funcionarios permanentes- la mitad de las personas que trabajan en la UCLAF son agentes temporales -, carencias en la base de datos de la Unidad... 
Cuentan que el sistema informático de la UCLAF fue creado por la sociedad Perry-Lux, e incluso algunos llegan a mencionar el riesgo de manipulaciones en la utilización de los datos. 
Señor Presidente, cuando usted dice «sí» a un mejor funcionamiento de la UCLAF y «no» a la creación de un nuevo instituto, como ha dicho, por cierto, el Sr. Dankert, estoy de acuerdo con usted. 
Creo que debemos trabajar mejor y más para que la UCLAF sea realmente independiente, habida cuenta de las estructuras posibles, es decir las estructuras actuales, para que sea reforzada y para que se acaben esos llamamientos a la delación y esas filtraciones que no hacen más que envenenar el ambiente y que no nos sirven ni a nosotros ni a Europa. 
Señor Presidente, Presidente y miembros de la Comisión, el hecho de que la lucha contra el fraude dentro de las instituciones europeas debe mejorar mucho es indiscutible. 
El informe del Tribunal de Cuentas saca a la luz un importante número de graves lagunas. 
Una de ellas es el hecho de que la UCLAF hasta ahora sólo haya podido abrir investigaciones dentro de la Comisión y no en otras instituciones de la UE. 
El ponente recalca con razón que es necesaria una protección eficaz contra el fraude en todas las instituciones. 
Aboga por la creación de una oficina para la lucha contra el fraude con una tarea interinstitucional. 
Junto con los colegas Dankert y Wemheuer, entre otros, preferiría dar competencias más amplias a la UCLAF ya existente. 
Además, quisiera también recalcar que esta instancia se debe ocupar sólo de las pesquisas internas, por tanto del fraude dentro de las instituciones de la UE. 
La capacidad de investigar fuera de las instituciones, investigaciones tales como el fraude en los Estados miembros en perjuicio del presupuesto de la Comunidad, sigue siendo una responsabilidad de los Estados miembros. 
Esto tampoco cambiará tras la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
La investigación fuera de las instituciones no es compatible con las constituciones de los Estados miembros ni con sus sistemas penales, por eso rechazo los considerandos L y M del informe, en los que el ponente aboga por un espacio penal europeo y un Ministerio Fiscal Europeo. 
La mejora de la lucha contra el fraude fuera de las instituciones de la UE debe buscarse en la optimación del funcionamiento de los departamentos de investigación criminal nacionales y en la colaboración entre ellos. 
Los servicios de lucha contra el fraude de la Comisión desempeñan en ello un importante papel de coordinación. 
Señor Presidente, el informe del señor Bösch expone con claridad la valoración de la situación y también lo que se pide. 
Yo considero, sin embargo, poco adecuado para el objetivo que se persigue que las competencias en relación con el personal de la OLAF correspondan a la Comisión. 
En cambio, acojo con satisfacción la propuesta de que un órgano de control independiente, constituido por cinco miembros, se encargue de la supervisión de la OLAF. 
Sin embargo, su independencia no estará realmente garantizada mientras la Comisión siga gozando de autoridad, aunque sólo sea indirecta, sobre su personal. 
Sólo una OLAF independiente, que trabaje en colaboración con el Tribunal de Cuentas, y naturalmente también con la Comisión, y responda ante el Parlamento Europeo llegará a ser un instrumento eficaz para luchar contra el fraude y la corrupción. 
Yo creo que un instrumento de control suspendido en el vacío, como ha dicho el señor Bösch, puede lograr muy buenos resultados si cuenta con una dotación suficiente de personal de primera clase. 
Esta inversión sería sin duda rentable. 
Señor Presidente, tomo la palabra como diputado encargado de recomendar la aprobación de la gestión presupuestaria 1996. 
He seguido con gran interés el debate, pues éste es uno de los temas principales, dentro de la aprobación de la gestión presupuestaria 1996, que tenemos que resolver antes de que acabe el año. 
Quisiera formular un par de comentarios personales sobre el debate. 
En primer lugar, es muy digno de mención el hecho de que el Presidente de la Comisión haya venido esta tarde a esta sala para decirnos lo que piensa acerca de la situación y acerca del futuro institucional. 
Respecto de la primera cuestión, o sea la situación, me agrada sobremanera su deseo de proporcionarnos más informaciones para que podamos comprender mejor lo que está sucediendo en el seno de la Comisión. 
Lo que ha hecho que algunos de nosotros hayan resuelto dejar al margen el presupuesto ECHO de ayuda humanitaria para 1999, ha sido precisamente la falta de información y la imposibilidad de poder juzgar la situación desde nuestro punto de vista. 
Espero que esta situación se resuelva lo antes posible. 
En sus observaciones, el Presidente formuló un comentario que sonaba un poco raro, cuando dijo que no sería adecuado imponer sanciones individuales a funcionarios que habían cometido irregularidades sin más finalidad que la de conseguir que los departamentos siguieran funcionando. 
Cabe preguntarse dónde comienza la responsabilidad y dónde acaba. 
Edith Müller tenía toda la razón del mundo cuando dijo que, en determinados casos, naturalmente sin dedicarse a la caza de hechiceros, cuando se asumen responsabilidades hay que atenerse a las consecuencias. 
En segundo lugar, como indica el informe de la Junta de Cuestores, por lo que se refiere a la mejora del sistema, que es una cuestión de mayor ámbito, lo que queremos es fortalecer el funcionamiento de la UCLAF en vez de debilitarlo. 
El PPE desea apoyar el informe Bösch aunque no cuente con el apoyo de sus propios colegas porque estimamos que hay que conseguir progresos. 
No hay duda de que después de este debate y la subsiguiente votación, también podremos tener en cuenta las observaciones formuladas por el Presidente de la Comisión, a fin de que en nuestra marcha hacia el siglo XXI pueda acompañarnos un procedimiento antifraude verdaderamente efectivo. 
Señor Presidente, la insensatez tiene un método y es preciso modificar este método. 
El Informe Bösch contiene buenas propuestas, que podemos suscribir plenamente. 
Las circunstancias que han rodeado la elaboración del informe han distado mucho de ser favorables. 
Se ha retrasado su presentación y lo que ha salido entre tanto a la luz pública es catastrófico. 
Vuelve a repetirse lo que ocurrió en su momento con la EEB y con muchos otros problemas de los que también se ha hablado hoy. 
Han desaparecido documentos; no están disponibles y ya no podemos demostrar nada. 
Los culpables también han desaparecido. Han sido ascendidos o bien se les ha trasladado con una buena recompensa. 
El Comisario competente tampoco está presente. 
Hoy mismo, y yo lo lamento particularmente a la vista del caso actual de ECHO, ni el Comisario Marín ni la Comisaria Bonino se encuentran aquí y lo mismo ocurrió también en parte la última vez, con ocasión de las consultas. 
Señor Presidente, nosotros acogemos con satisfacción su propuesta de seguir desarrollando las ideas del colega Bösch. 
Consideramos que es importante y adecuado que así se haga. 
Establecer contacto con el Presidente del Parlamento es un primer paso, pero es necesario que le sigan muchos otros y sobre todo que sean rápidos. 
No podemos orientarnos hacia la búsqueda de soluciones lentas y a largo plazo, pues necesitamos emitir señales creíbles. 
Señor Presidente, usted ha asumido la responsabilidad política. 
¿Qué van a hacer los dos principales incriminados, el Comisario Marín y la Comisaria Bonino? 
¿Cuándo podrán entrar en funcionamiento las normas disciplinarias prometidas? 
¿Cuánto tendremos que esperar en realidad hasta que se presenten los documentos correspondientes? 
Hay algo que yo consideraría realmente problemático y es que el debate que hoy estamos celebrando sobre el presente informe no se desarrolle hasta el año próximo, con motivo del comienzo del mandato de la nueva Comisión, y que entonces tengamos que sancionar los errores que han salido a la luz durante este período de cinco años. 
Finalmente, una última observación: que el Grupo del Partido Socialista Europeo deje abandonado al raso a su ponente me da que pensar, debería darnos que pensar a todos. 
¿Harían lo mismo si los Comisarios incriminados tuviesen otras afinidades? 
Señor Presidente, al final ya de este debate, desearía dejar de lado los puntos conflictivos para que podamos llegar a acuerdos. 
Y, para ello, voy a referirme al fondo de la cuestión. 
Voy a hablar de aquello en lo que seguro que coincidimos del informe Bösch. 
Creo que podemos estar de acuerdo en que la UCLAF ha cubierto una etapa con más aciertos que errores, pero que se encuentra en un momento en el que necesita más recursos económicos y humanos, necesita que se amplíen sus competencias a todas las instituciones comunitarias y, sobre todo, ha llegado el momento en que necesita transparencia para ser creíble. 
Espero que nadie se rasgue las vestiduras si digo que en pleno estudio del informe sobre ECHO el Parlamento ha perdido la confianza en la unidad antifraude. 
Por todo ello, ha llegado el momento no sólo de dotar a la UCLAF de todo lo que le hace falta sino de hacer una verdadera refundación de la misma para que recupere la credibilidad. 
Debe ser la misma UCLAF la que se convierta en la punta de lanza que dé paso del sistema actual a una verdadera policía judicial en la que se potencie la célula de expertos penales. 
Y nada mejor para replantear su organización y el marco legal que aprovechar el momento clave en el que se encuentran las relaciones entre el Parlamento y la Comisión. 
Sepamos afrontar el reto que tenemos ante nosotros: el Consejo, la Comisión y el Parlamento tenemos la responsabilidad de poner de nuestra parte todo lo necesario para que se cree una oficina de lucha contra el fraude, con verdaderos expertos y profesionales, cuyo código de conducta sea el respeto de la legalidad, y que, aunque dependa orgánicamente de la Comisión, cuente con una verdadera independencia política. 
En suma, una oficina que goce del equilibrio necesario para que su trabajo sea en interés de la Comunidad y no de tal o cual Estado. 
Señor Presidente, en el voto del informe Bösch sólo cabe una respuesta: o se está por el cambio o no se está por el cambio. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias por este debate, bueno y constructivo. 
Creo que es importante que de vez en cuando discutamos esta propuesta, justamente para generar la cooperación llena de confianza que se necesita entre el Parlamento y la Comisión. 
La UCLAF es una organización joven, no tiene ni diez años, de modo que, obviamente, ha tenido problemas iniciales. 
No obstante, opino que la UCLAF, poco a poco, se ha ido desarrollando hasta llegar a ser una buena organización. 
Esto ha ocurrido porque hace tres años la UCLAF era una organización repartida por toda la Comisión. 
Hoy está bajo un solo techo, hoy puede trabajar con diferentes acciones para combatir el contrabando de cigarrillos. 
Lo último ha sido el trabajo con Europa Central y del Este, con los programas Tacis y Phare y otros similares. 
Permítanme aclarar un par de equivocaciones. 
Algunos oradores han dicho que el tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades y engaños. 
No ha sido, de ninguna manera, el Tribunal de Cuentas el que ha hecho esto sino que la propia UCLAF. 
El informe del Tribunal de Cuentas habla de cómo está organizada la UCLAF. 
Se ha dicho que debería haber un sistema informático más moderno. 
Se ha dicho que se necesitan mejores archivos, lo que hemos tomado en serio tanto en la Comisión como en la UCLAF modificando los métodos de trabajo, introduciendo en julio un nuevo programa para el trabajo de investigación de la UCLAF, incluso tomando como base la protección al individuo en este contexto. 
Creo que también podemos ver que en la UCLAF se ha creado una plataforma, cuyo desarrollo y mejoramiento demandan Bösch y muchos Diputados en el Parlamento paraque podamos cumplir con las demandas que, evidentemente, nos hacen los contribuyentes en nuestros países. 
Paralelamente a esto, hemos creado también SEM 2000 para modiificar nuestra administración y las tradiciones en nuestra administración con el objeto de conseguir una organización más moderna que la de hoy. 
Finalmente, quisiera decir que mi experiencia personal es que la transparencia es una herramienta muy buena para impedir engaños y fraudes en una organización. 
Ésta es también la causa por la que la Comisión, y también otros organismos, tratan de dar más transparencia a nuestras actividades, con ayuda del Tratado de Amsterdam. 
Muchas gracias, señora Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Aprobación de la gestión 1996 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0289/98) del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el procedimiento de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 1996 
Sección I: Parlamento Europeo/Anexo: Defensor del Pueblo-Sección IV: Tribunal de Justicia-Sección V: Tribunal de Cuentas-Sección VI: Comité Económico y Social/Comité de las Regiones. 
Señor Presidente, ante todo quiero afirmar que el presente informe es mucho más que un informe mío. 
Es, por encima de todo, un informe de la Comisión de Control Presupuestario. 
Fue objeto de una larga y transparente reflexión y ponderación y mereció al final un voto casi unánime. 
Pero quiero decir también que, a pesar de las diferencias que tal vez existan entre lo que hoy debatimos y lo que yo desearía que fuera el informe, no por ello dejo de asumirlo en su plenitud. 
Hago estas afirmaciones, aparentemente redundantes, por dos sencillas razones: en primer lugar, porque no puedo dejar de sorprenderme por las observaciones que se han hecho al respecto, en particular en instancias autorizadas del Parlamento, siempre al margen de la Comisión de Control Presupuestario y sin la menor participación de ninguno de sus miembros y mucho menos del ponente y, en segundo lugar- y no es menos importante -, porque temo que, al suscitarse una controversia en torno a una cuestión particular, por muy importante que sea, se escamoteen los problemas de fondo a los que urge efectivamente dar respuesta. 
Hechas esta observaciones, pasemos a lo esencial del informe. 
Dos hechos caracterizan de forma particular el proceso de aprobación de la gestión relativo a 1996. 
Por un lado, el Parlamento perdió una excelente oportunidad de reducir en casi 30 millones de ecus el costo definitivo del edificio D-3, en Bruselas, lo que había constituido una de nuestras prioridades para ese ejercicio; por otro lado, y en lo relativo al Comité Económico y Social, no se pueden pasar por alto las irregularidades de gestión evidenciadas por auditorías del propio Tribunal de Cuentas. 
Convendrá que esas dos situaciones particularmente graves no nos hagan entretanto desconocer otros aspectos relacionados con la ejecución presupuestaria y que igualmente merecen atención, cuando no una adecuada intervención incluso con vistas a su corrección. 
Pero detengámonos en la cuestión de los 30 millones de ecus. 
Sin pretender substituir a la Mesa del Parlamento, que decidió incoar y concluyó una investigación al respecto, resultan evidentes las responsabilidades particulares de algunos servicios: de los gestores presupuestarios, en primer lugar, pero también de otros servicios participantes en el asunto. 
Como también resulta inequívoca la ausencia de cooperación entre todos ellos. 
Desde el comienzo he tenido la preocupación particular de plasmar en el informe, de forma equilibrada, estas dos vertientes del problema. 
Es que sólo así se comprenden los diversos fallos que hicieron que se perdiera ese importe y, consecuentemente, la oportunidad de anticipar el pago del D-3. 
Y, de hecho, fueron múltiples los fallos. 
No se utilizó- en este como en otros procesos similares anteriores- la facultad de fijar unilateralmente el importe del pago anticipado, se argumentó para ello con la práctica habitual, pero, a pesar de eso, todo se complicó hasta el límite del absurdo respecto de la formulación para actuar en el acto suplementario del contrato, en particular, en cuanto al valor que inscribir, hasta el punto de que pareció olvidarse lo que en casos anteriores ya se había hecho, y se complicó todo, como si no hubiera plazos que cumplir, pues estaban a punto de expirar. 
Se emitieron opiniones y se formularon observaciones, contradictorias unas, otras fuera de lugar, lo que en nada contribuyó a una resolución satisfactoria y a tiempo de la cuestión y lo complicó todo. 
Y de ese modo ni siquiera se salvaguardó lo que era una prioridad, ni siquiera se aseguró que la pérdida fuera mínima, como sucedería, si al menos se hubiese garantizado el pago anticipado de 29, 5 millones de ecus. 
Como mínimo, es necesario sacar algunas enseñanzas para evitar que vuelvan a suceder situaciones como la actual. 
Es indispensable hacer todo lo necesario para garantizar no sólo la aptitud profesional, sino también una experiencia profesional comprobada de los principales gestores de la institución. 
Para ello, es indispensable la máxima transparencia y el mayor rigor en el cumplimiento de esas funciones. 
Como también se deberá hacer todo lo posible para asegurar una cooperación eficaz y continua entre los diferentes departamentos de nuestra Casa. 
Quiero dejar esta cuestión con una nota positiva: me refiero a las medidas entretanto adoptadas por el Secretario General para remediar este tipo de fallos administrativos y con vistas a una buena programación en la esfera de los concursos. 
También en lo referente al Parlamento, considero que se deben señalar algunos aspectos más: el aumento de las anulaciones de dotaciones, las diversas denegaciones de aprobación, en particular en lo relativo a la interpretación, y la necesidad de regularizar la diferencia de casi cuatro millones de ecus entre la caja y la contabilidad, que se da desde hace ya algunos años. 
Respecto del Comité Económico y Social: como ya he dicho antes, las auditorías hechas, la interna y la del Tribunal de Cuentas, revelan claras irregularidades y manifiesta incuria administrativa en lo referente a los gastos relativos al traslado de los miembros. 
He de recordar que el propio Consejo, al conocerse los resultados de aquéllas, se pronunció sobre el asunto de forma inequívoca. 
No cabe duda de que entretanto se han adoptado algunas medidas reparadoras, pero, para que se conceda la aprobación de la gestión, es indispensable que el Tribunal de Cuentas y la UCLAF den cuenta de sus conclusiones, en particular en cuanto a responsabilidades, fiabilidad del nuevo sistema de reembolso y condiciones de recuperación de los importes indebidamente pagados. 
Mientras no se dé satisfacción a ese respecto, no podemos, naturalmente, conceder la aprobación de la gestión. 
Respecto del Comité de las Regiones, lamentamos igualmente las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas, tomamos nota debidamente del informe que, entretanto, nos ha remitido sobre la recuperación de los importes indebidamente pagados y las disposiciones administrativas adoptadas. 
Ahora bien, consideramos que el Tribunal de Cuentas debe verificar también la adecuación de las medidas adoptadas. 
Dos breves notas sobre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. 
Respecto del primero, para afirmar la necesidad de mejorar la labor de previsión financiera respecto de la dotación y las justificaciones dadas para las diferentes rúbricas presupuestarias. 
En cuanto al segundo, para subrayar la necesidad de incluirlo de forma sistemática en las auditorías horizontales que se hagan. 
Por último, una nota más para subrayar lo siguiente: las responsabilidades particulares del Parlamento en materia de aprobación de la gestión exigen que la Comisión formule, lo antes posible, las propuestas de modificación del Reglamento Financiero. 
Y hacen indispensable que los nombramientos para los cargos de tesorero y de auditor financiero en cada una de las instituciones y agencias descentralizadas sean objeto de consulta previa al Parlamento. 
Señor Presidente, tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista en ausencia de la Sra. Wemheuer, que es la coordinadora, y del Sr. Tomlinson, que es nuestro portavoz sobre esta cuestión. 
En los cinco minutos de que dispongo no puedo decir gran cosa pero sé que había cuatro puntos que el Sr. Tomlinson quería destacar y que cito a continuación. 
En primer lugar la «transferencia de enjuague» , que el ponente ha expuesto con tanta elocuencia. Esto no representa en absoluto una catástrofe para el Parlamento. 
Muchos de nosotros estimaban que así sería. 
Hemos examinado sus consecuencias, hemos examinado los motivos de que haya ocurrido, y todo lo demás. 
Lo único que cabe esperar es que ahora la cuestión pertenezca al pasado, y en el informe hay una declaración en que se expresa satisfacción por las medidas adoptadas por el Secretario General para cerciorarse de que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder nunca. 
No deberían haber sucedido, y el hecho de que sucedieran no ha representado la mínima ayuda para el presupuesto parlamentario. 
Éste es un aspecto que el ponente ha indicado ya detalladamente. 
La segunda cuestión es la del personal competente, y se trata en el apartado 4. 
El Sr. Tomlinson diría que hay una falta de personal competente, en todo caso cuando se trata de la contabilidad y el control financiero dentro del Parlamento. 
También en este caso acogemos con satisfacción las medidas adoptadas por el Secretario General. 
No olvidemos que este informe se basa en el presupuesto de 1996 y es de esperar que el personal que administra los recursos en el Parlamento será lo que el Secretario General espera y lo que, sin duda alguna, esperamos todos nosotros. 
Otra cuestión es la de los inventarios. 
El apartado 19 dice lo siguiente: «Lamenta que el control trienal de inventario de 1994 no se haya completado a finales del ejercicio 1996». 
Dicho con otras palabras, no sabemos lo que posee el Parlamento. 
No sabemos cuáles son los recursos totales del Parlamento. 
No hace mucho recibí en mi oficina un papel que, en realidad, era un formulario de inventario. 
En él se me pedía que indicara mis pertenencias. 
Diré con toda franqueza que era una clara invitación a «distraer» la mitad de lo que había en mi oficina. 
Hubiera podido poner que poseía una silla y una mesa de despacho, y quedarme con todo lo demás. 
Ésa no es forma de hacer un inventario y eso constituye una de las cuestiones de las que sé que el Sr. Tomlinson y nuestro grupo se han estado quejando desde hace bastante tiempo. 
Es de esperar que se corrija la situación. 
La cuestión principal que el Sr. Tomlinson quería poner de relieve se halla en el apartado 15, y trata del servicio jurídico. 
Sé que habrá enmiendas de este apartado y, por lo tanto, voy a leerlo para que quede constancia de él antes de que quede modificado. 
Dice lo siguiente: «{El Parlamento} confirma la importancia que concede a la elaboración por el Servicio Jurídico de dictámenes de calidad que permitan a los autores de las decisiones defender de manera rápida y eficaz los intereses de la institución». 
La parte más controvertida es la siguiente: «Observa las deficiencias de calidad en la asesoría jurídica facilitada por el Servicio Jurídico interno de esta institución, como lo señaló su ponente y según se desprende de los casos perdidos ante los tribunales nacionales, en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia; pide a su Secretario General que encargue un estudio sobre la eficacia de los resultados de la asesoría del Servicio Jurídico durante los diez últimos años; pide a su Secretario General que facilite a la Comisión de Control Presupuestario una descripción detallada de las funciones de los funcionarios de categoría A del Servicio Jurídico». 
Esto abarca todo el apartado 15. 
Si al final de nuestro debate este apartado queda modificado fundamentalmente, por lo menos en mi intervención constará lo que decía actualmente y espero que los servicios correspondientes se enteren de lo que se ha dicho aquí y obren en consecuencia. 
No es una condena de ninguna persona perteneciente al servicio, sino una expresión de la esperanza de que podamos tener en el futuro un Servicio Jurídico mejor para el Parlamento. 
Señor Presidente, el informe del Sr.Miranda, cuya elaboración yo quiero agradecerle, contiene tres propuestas de decisión por las que se concede la aprobación de la gestión y una decisión por la que se aplaza dicha aprobación. 
Yo quisiera hacer algunas aclaraciones en relación con la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones y comunicar a dicho Comité que su política de personal nos preocupa mucho y que el último intercambio de impresiones entre los órganos designados por la autoridad presupuestaria y el CES no puede considerarse precisamente un progreso. 
Por lo que respecta al Parlamento, seguimos con atención las medidas adoptadas en relación con los gastos de los miembros como resultado del Informe del Tribunal de Cuentas. 
Nos vimos obligados a aplazar unos meses la aprobación de la gestión del Secretario General del Parlamento, que ahora podemos conceder, porque nuestra comisión quería esperar los resultados de la investigación que realizó la Mesa en relación con la anulación de créditos por un importe de unos 30 millones de ecus. 
La Mesa adoptó una decisión sobre el tema de las responsabilidades personales y nosotros la respetamos. 
Sin embargo, tenemos la obligación de señalar que las decisiones de la autoridad presupuestaria no pudieron cumplirse y que esto debe atribuirse al mal funcionamiento y a unas estructuras administrativas deficientes. 
Tomamos nota de las reformas iniciadas por el Secretario General y de las decisiones que ha adoptado, y quisiéramos confiar en que permitirán subsanar estas deficiencias. 
La gestión financiera en el Parlamento plantea muchas otras dificultades que se enumeran en el informe del Sr. Miranda. 
Yo sólo quisiera señalar que tendremos que examinar los problemas que expone el Tribunal de Cuentas en su informe sobre los pagos suplementarios a los diputados en el momento de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio de 1997, dado que dicho informe se nos remitió hace sólo dos semanas. 
También quisiera resaltar que no estamos satisfechos con la presente situación, en la que a nosotros concedemos la aprobación de la gestión del Secretario General, pero la decisión de hacer caso omiso de la denegación del visado se adoptó bajo la responsabilidad de la Mesa. 
La ejecución del Presupuesto de 1996 no se ha visto afectada por esta insensatez pero sería bueno que pudiésemos llegar a un acuerdo con la Mesa lo más pronto posible. 
El aspecto del informe del Sr. Miranda que más me preocupa es el aplazamiento de la decisión de aprobación de la gestión del Comité Económico y Social. 
La situación que describe el Tribunal de Cuentas es tan grave que el Consejo, en su recomendación sobre la aprobación de la gestión, solicitó al Tribunal de Cuentas y a la UCLAF que realizasen una investigación para determinar el volumen exacto y el alcance de las irregularidades. 
Esta es también una de las razones por las que en el Informe Bösch sobre la independencia de la UCLAF solicitamos y exigimos que dicha Unidad también pueda realizar investigaciones sobre otras instituciones. 
Nuestra experiencia hasta ahora puede resumirse diciendo que el CES no se toma en serio nuestras peticiones. Al parecer considera saldado el asunto y nada indica que pueda descartarse una repetición de tales irregularidades en el futuro. 
Se designó un interventor de cuentas sin que se nos ofreciesen garantías suficientes de su independencia. 
Por esto, ahora mismo no podemos asegurar si concederemos la aprobación de la gestión. 
Todo depende de cuál sea la respuesta del CES a nuestras peticiones. 
Yo espero que en nuestra próxima sesión tendremos ocasión de informar sobre la situación al nuevo Secretario General. 
A mi modo de ver, es necesario que se voten por separado las tres propuestas. 
Señor Presidente, vivimos tiempos complejos en los cuales cualquier deficiencia en el control puede llevar a situaciones de irregularidad o de fraude y distingo bien ambos conceptos, como pedía antes el Sr. Santer. 
Los medios de comunicación están accionando todos los días el timbre de alarma para denunciar que hay cosas que no funcionan bien en la Unión Europea. 
Los medios de comunicación denuncian que la aparentemente eficaz maquinaria comunitaria no es tan eficaz, ni tan limpia, ni tan incorruptible, como creíamos antes. 
El proceso no empezó ayer sino que hay síntomas de deterioro desde hace algunos años. 
Hay libros, artículos de prensa, programas de televisión, denuncias individuales y colectivas. 
Al empezar esta legislatura, los nuevos diputados nos vimos sorprendidos, en su día, por el tema de la política inmobiliaria del Parlamento. 
Posiblemente, gran parte de los problemas que estamos arrastrando hoy vengan de aquellos momentos, de una deficiente gestión inmobiliaria que nos ha hecho aparecer a los diputados del Parlamento Europeo como protagonistas destacados en una obra de teatro de la que realmente éramos espectadores- por otra parte, pasivos. 
En política, el pecado de omisión o de pasividad es doblemente grave: es un golpe contra la legitimidad del sistema y una estafa contra la buena voluntad de aquellos ciudadanos que votan. 
Nunca, y menos a partir de ahora, debemos permitir en esta Asamblea que la falta de acción o la omisión nos lleve a pasar por alto situaciones que más tarde se van a convertir en proyectiles mortales dirigidos contra lo que es el corazón de la Unión Europea, es decir, su credibilidad y su imagen limpia. 
Por eso es tan importante el procedimiento de aprobación de la gestión. 
Si el Parlamento no da la aprobación a la ejecución del presupuesto que este Parlamento ha votado se pone inmediatamente en cuestión la limpieza de la gestión y entonces hay que poner inmediatamente los medios para restablecer la libertad, la limpieza y la confianza. 
El ponente, Sr. Miranda, propone la aprobación de la gestión para determinadas secciones del presupuesto. 
Esta Asamblea tiene plena confianza en el Sr. Miranda y, por tanto, asumimos sus conclusiones. 
Sin embargo, yo quisiera hacer dos matizaciones particulares. 
La primera, que mi colega Edward Kellett-Bowman tiene toda la razón: somos un Parlamento y tenemos la obligación de denunciar las irregularidades con nombres y apellidos. 
La transparencia no hace daño a nadie sino que ayuda muchas veces a limpiar el ambiente. 
Y, en segundo lugar, no debemos causar daño a las instituciones del Parlamento que velan por la seguridad jurídica. 
Los servicios jurídicos de esta Asamblea pueden tener sus limitaciones, y seguramente deberán mejorar su funcionamiento, pero ponerlos en entredicho no ayuda a nuestro trabajo. 
La enmienda que nosotros presentamos va en ese sentido y esperamos que la Asamblea la apoye. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0338/98) del Sr. Tappin, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº297/95 del Consejo relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (COM (98) 0021- C4-0284/98-98/0135 (CNS) ). 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar gracias a la Comisión Europea y a colegas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y la Comisión de Control Presupuestario por su apoyo en relación con el presente informe. 
Una parte de mi agradecimiento es también para el Consejo y la Comisión Europea, que reconocen que, como parte de la autoridad presupuestaria, el Parlamento tiene un papel que desempeñar en la decisión acerca del futuro de las estructuras de tasas correspondientes a esta Agencia. 
La norma básica requiere únicamente que se consulte a la industria antes de que la Comisión presente sus propuestas al Consejo. 
Antes de conseguirlo ha transcurrido un considerable período de tiempo y como consecuencia del retraso a la Agencia se le han creado numerosos problemas en Londres. 
Por lo que se refiere únicamente al año en curso, la Agencia ha desembolsado más de cuatro millones de ecus en exceso y el Director corre el riesgo de descubrir que está operando desde una base ilegal. La Comisión ha iniciado medidas para efectuar una transferencia, pero lo tardío de esta transferencia significa que seguirá habiendo algunas dificultades. 
Esta situación no debe repetirse en el futuro. 
Tenemos la obligación de cerciorarnos de que los órganos comunitarios operan legalmente, eficientemente y para el beneficio máximo de la Comunidad. 
Por ello las dos primeras cuestiones que hay que recalcar en lo que a este informe se refiere son las siguientes: en primer lugar el Parlamento tiene que quedar automáticamente involucrado en las decisiones futuras que afecten al nivel de las tasas, y eso sin demora; en segundo lugar, siempre que las tasas se revisen en el futuro la revisión debe hacerse dentro de un plazo presupuestario a fin de que la Agencia pueda administrar sus actividades de forma adecuada y eficaz. 
El hecho de no llegar a un acuerdo dentro de dicho plazo impone automáticamente a la Comisión la obligación de velar porque no quede perjudicada la capacidad de la Agencia de desempeñar su cometido. 
Esta Agencia específica ha sido siempre fiel cumplidora de las necesidades del Parlamento en materia de presupuestos de los órganos descentralizados de la Comunidad, y merece que la felicitemos por el excelente informe que ha recibido de la Junta de Cuestores. 
Hemos insistido siempre en que: en primer lugar, los recursos de una agencia deben presupuestarse; en segundo lugar, como instrumentos de la política de la UE, las agencias deben rendir cuentas y dar pruebas de transparencia a la autoridad presupuestaria; en tercer lugar, todos los excesos de fondos deben devolverse al presupuesto. 
Estos principios se destacan en el informe Kellett-Bowman. 
Esta Agencia ha apoyado siempre esos principios en la medida de lo posible. 
Ahora bien, no me ha podido proporcionar toda la información necesaria acerca del costo que representa la tramitación de solicitudes, etc., por la sencilla razón de que no posee esos datos. 
Ni siquiera posee un desglose de la forma en que los Estados miembros utilizan el dinero que reciben de una agencia para pagar el estudio de un producto determinado. 
En realidad las evaluaciones las efectúan los ponentes de los Estados miembros, que reciben el 50 % de la tasa que carga la agencia para cubrir los gastos de la preparación del informe. No es la Agencia la que ha decidido esa tasa, así como tampoco ha decidido lo que las compañías farmacéuticas deben pagar por las evaluaciones en conjunto. 
La Comisión alega que el nivel de las tasas no basta para cubrir los gastos en que han incurrido los Estados miembros o la Agencia y que, por lo tanto, habría que aumentarlos. 
El Parlamento recordará que fue el Consejo el que redujo las tasas la última vez. 
En general estamos de acuerdo con la Comisión y con el Sr. Valverde López, que ha preparado una excelente opinión en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, opinión que he respaldado con agrado y por la cual le doy gracias. 
Ahora bien, como las cifras que ha adelantado la Comisión no son más que puras estimaciones, consideramos que las evaluaciones futuras deben efectuarse sobre la base de datos reales facilitados por la Agencia y los Estados miembros. 
En consecuencia nuestras próximas recomendaciones son las siguientes: en primer lugar, con asistencia de la Comisión- por la cual damos gracias al Sr. Mingasson y a su personal- la Agencia debería completar la instalación de un sistema financiero completamente automatizado, que proporcione un desglose y facilite el análisis de los gastos de la labor de la Agencia; en segundo lugar, la Comisión debe requerir de las agencias de los Estados miembros que nos suministren, como autoridad presupuestaria que somos, informaciones similares acerca de sus gastos; en tercer lugar, dentro de dos años volveremos a efectuar un examen completo de las tasas, sobre la base de una evaluación de los datos reales. 
Esto nos ayudará a determinar si, por ejemplo, lleva más tiempo evaluar una solicitud de un producto veterinario que acabe por ingresar en la cadena alimentaria en comparación con un producto que no ingrese en dicha cadena, o si una variación de una solicitud original requiere la misma cantidad de trabajo o solamente la mitad o la cuarta parte. 
El mencionado análisis resolvería también la cuestión del tiempo que requiere la Agencia para evaluar productos comerciales o llevar a cabo tareas relacionadas con la salud pública en nombre de toda la Comunidad. 
Las compañías farmacéuticas consideran injusto que tengan que hacerse cargo de esos gastos. 
Nos previenen que si las tasas son demasiado elevadas o se fijan a un nivel que ponga en peligro la posibilidad de lograr beneficios, entonces reducirán los fondos destinados a la investigación y el desarrollo. 
Es evidente que están resueltas a proteger sus intereses creados, como todos nosotros. 
Los diputados quizá sepan que la Unión Europea acaba de adoptar una serie de decisiones sobre la conveniencia de continuar la labor relativa a medicamentos huérfanos, acuerdos de mutuo reconocimiento con terceros países, etc.. 
Redunda en beneficio de todos nosotros el que la labor relativa a esta cuestiones de importancia para la UE se lleve a cabo con eficacia y eficiencia. 
Es de interés para todos, incluidos los Estados miembros, el reducir el costo de los medicamentos ya que gran parte de esos costos están o pueden estar subvencionados por el Estado mediante programas de salud pública y de atención médica. 
Aunque se preveía que la Agencia fuera autoamortizable, hemos de reconocer que eso no va a ser posible en el futuro inmediato aunque sigamos disminuyendo año tras año la contribución de la UE como proporción del presupuesto total de la Agencia. 
También es evidente que la futura financiación de esta Agencia dependerá de los mecanismos estructurales que instituyamos para garantizar la estabilidad que necesita para poder trabajar apropiadamente. 
Estos principios se aplicarán a todas las agencias, no solamente a la de Londres. 
Aunque la premisa inicial sea que cada agencia es diferente y tiene que ser tratada en consecuencia, el tipo de estructura al que me estoy refiriendo está destinado a conseguir que todos los niveles de rendición de cuentas, transparencia y eficiencia financiera, una vez instituidos, sean dignos de confianza. 
En primer lugar, el Parlamento requiere que se introduzca un mecanismo encaminado a ajustar automáticamente hacia arriba o hacia abajo los presupuestos de las agencias, a fin de compensar los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio o de las modificaciones en los márgenes de peso institucional. 
Es ridículo que entidades como las agencias, que están vinculadas a los estatutos institucionales y que tienen presupuestos cuyo nivel fija la autoridad presupuestaria tras una labor considerable de debate y consulta, vean como todas esas consideraciones van a la basura a mediados del año como consecuencia de una decisión institucional, que hay que obedecer, sobre los ajustes de peso de su Título I, o por una decisión del Sr. Soros o de uno de sus amigos, especuladores financieros, que deciden aumentar o anular el valor de una moneda determinada. 
La AEEM ha sufrido enormes pérdidas como resultado de la fortaleza de la libra británica. 
La cuestión no estriba en que la Agencia pierda o gane dinero, sino en que un presupuesto convenido debe ser un presupuesto que se pone en práctica. 
También hemos introducido este año un nuevo renglón presupuestario en el que se guardarán fondos adicionales en reserva para todas las agencias, excepción hecha de Turín que se halla en la categoría 4 y que, por lo tanto, no puede utilizar fondos de la categoría 3 para cubrir los gastos operacionales de programas y actividades referentes a las políticas de la Unión que las agencias puedan aplicar. 
No hay que utilizar ese fondo como si fuera un fondo para finalidades ambiguas. 
Exigiremos que las agencias presten la mayor atención a la gestión de los costos. 
Ahora bien, todo esto no sustituye a un acuerdo entre el Consejo y la Comisión en favor de aumentar la financiación de las agencias cuando deseen aumentar su carga de trabajo, y esto es cosa importante. 
En general solemos estrujar los presupuestos, y hay personas que quizá imaginen que pueden transferir actividades a agencias sin transferir la correspondiente financiación, con lo cual lo que harían es trasladar sus problemas presupuestarios a otros. 
Este nuevo renglón presupuestario es para conseguir que se incorporen actividades adicionales al programa de trabajo de las agencias, siempre que no entrañen aumentos de personal o gastos de capital que excedan de los límites de los presupuestos vigentes. 
Para asegurarnos de que la Agencia de Londres y todas las demás agencias mantienen en el futuro su apoyo del principio, hemos establecido y utilizado un código de conducta. 
El código trata, por ejemplo, de los acuerdos para la presentación de informes y la transparencia que, en primer lugar, requieren de las agencias que informen sobre todo cambio de su presupuesto a la autoridad presupuestaria; en segundo lugar, que informen sobre sus organigramas y programas de trabajo para tenerlos en cuenta al establecer sus presupuestos. 
Para estar seguros de que no se retrasará la aprobación de este acuerdo, dejamos en reserva el 10 % de todos los presupuestos de agencias, hasta que firmen y devuelvan los acuerdos. 
Esto se puede efectuar antes de la segunda lectura. 
Tengo que insistir en que la inmensa mayoría de las agencias han apoyado sin reservas el código, que, por lo demás, se ha redactado en consulta con las agencias participantes. 
También hemos tenido un acuerdo sobre la armonización de las normas para la financiación. 
El acuerdo pasó por el Parlamento pero está en poder del Consejo, en espera de su acuerdo. 
Ha estado en poder del Consejo durante demasiado tiempo y deberíamos ejercer todas las presiones posibles sobre el Consejo mediante el procedimiento presupuestario, para instarle a que se ocupe de esta cuestión con urgencia. 
Hemos incluido también en el presupuesto general una sección que abarcará los edificios de las agencias. 
Es ridículo que la Unión Europea posea bienes u obligaciones en los Estados miembros de los cuales no tenemos detalle alguno. 
Durante los tres años en que he sido ponente respecto de las agencias para la Comisión de Presupuestos, he tenido la suerte de contar con el apoyo muy positivo de personas como Edward Kellett-Bowman- que es mi colega en esta sala -, el Sr. Mingasson, y los directores de las agencias. 
Nos hemos esforzado por desmitificar a las agencias satélites y, como quien dice, por hacerlas aterrizar. 
Queremos dejar bien sentado que, aunque operen a distancia del lugar central de trabajo, siguen siendo parte de órganos comunitarios, siguen teniendo la obligación de rendir cuentas a los diputados de este Parlamento elegido democráticamente, y están controladas pero no abrumadas por muchos y muy diferentes grupos que las visitan para comprobar cómo van las agencias y cómo va su trabajo, o por las demandas burocráticas de personas que tratan de determinar desde lejos lo que está sucediendo. 
Muchas de las agencias se hallan todavía en su fase inicial. 
Muchas han quedado congeladas en plena fase de crecimiento por los presupuestos inmóviles de los dos últimos años. 
Algunas no podrán alcanzar nunca las dimensiones que se preveían originalmente en el plan de establecimiento, y todavía sigue habiendo ideas en reserva para crear nuevas agencias. 
Una vez que haya un código de conducta y que se consiga la armonización de las normas, tendremos toda la transparencia necesaria para que la autoridad presupuestaria o las comisiones permanentes puedan formular las preguntas que necesiten. 
Los sistemas financieros automatizados, que no solamente la Agencia de Londres sino casi todas las agencias tendrán en funcionamiento dentro de poco, serán de utilidad. 
Este proyecto, que se elaboró con espíritu de cooperación entre agencias, es un ejemplo típico de lo que se ha conseguido al pedir a las agencias que eviten la duplicación de esfuerzos en sus actividades y que se familiaricen más con la forma de mejorar su propia eficiencia. 
También permitirá un control financiero electrónico. 
Nuestros enlaces con satélites nunca habrán sido mejores. 
Los próximos presupuestos de las agencias tendrán lugar en el nuevo ciclo parlamentario. 
Para entonces, todos los mecanismos y estructuras estarán ya donde corresponde, y las alegaciones acerca de los niveles presupuestarios tendrán mucho más conocimiento de causa. 
La autoridad presupuestaria debe estar en condiciones de formular sus evaluaciones sobre la base de pruebas reales de necesidad y de rendimiento, que es seguramente la mejor base de juicio. 
Para acabar, les recomiendo concretamente mis recomendaciones acerca de la estructura de tasas para la AEEM y, en general, sobre todo lo que mejore la capacidad de esta Agencia y de las demás agencias para realizar de la forma más efectiva y eficiente la labor que esperamos lleven a cabo. 
Confío en que el Parlamento apoye mis enmiendas y las enmiendas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Tappin que, sin duda alguna, ha ganado los galones de experto en la labor de agencias y órganos descentralizados. 
Las conclusiones de la Comisión de Control Presupuestario son breves y dicen lo siguiente: «La Comisión de Control Presupuestario acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, en virtud de la cual la AEEM carga a sus clientes tasas que están más de acuerdo con los costes en los que incurre, y aprovecha también la oportunidad para felicitar a la Agencia por los progresos operativos realizados». 
A este respecto desearía mencionar cuatro cuestiones. 
En primer lugar, la Agencia es un excelente ejemplo de subsidiariedad. 
En ella fabricantes de productos farmacéuticos de toda Europa pueden registrar sus productos en un lugar en el que trabajan todos los Estados miembros. 
Esto es mucho más eficiente y sin duda alguna más barato. 
El problema de las tasas ha quedado bien expuesto por el Sr. Tappin. La Agencia se halla actualmente bajo presión por el procedimiento que se sigue. 
Sin embargo, hay una cuestión que me desconcierta: ¿por qué las tasas son mucho más bajas en el caso de los productos veterinarios que en el caso de los productos para uso humano? 
Muchísimos productos veterinarios acabarán por ingresar en la cadena humana, y cabe preguntarse si eso no justificaría una tasa más elevada, pero no es lo que ha sucedido. 
Hace algunos meses el Parlamento aprobó enmiendas del estatuto, según ha mencionado el Sr. Tappin. 
El Consejo me ha dado la seguridad de que esas enmiendas no están bloqueadas en el Consejo, sino que sencillamente están retrasadas. 
Espero que las reuniones de conciliación tengan oportunidad de plantear esta cuestión con el Consejo. 
La última cuestión es que el informe inicial de la Junta de Cuestores de la Unión Europea sobre la labor de esta Agencia el año pasado es positivo. 
Esto es muy digno de elogio. 
Es posible incluso que sea la primera agencia que obtiene el certificado de validez en la Comunidad Europea. 
Ni la Comisión ni los demás organismos han podido obtener este certificado durante los años transcurridos desde que el Tratado de Maastricht lo introdujo, pero me parece que esta Agencia es una buena candidata para su obtención muy pronto. 
El Sr. Tappin ha producido un buen informe, y animo al Parlamento a que apoye las enmiendas y su informe. 
Señor Presidente, ante todo, también quiero sumarme a las felicitaciones que se han hecho al ponente, Sr. Tappin, porque ha realizado un excelente trabajo que, en este caso, ha estado centrado en la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, pero que repercute en la estructura general del funcionamiento y control de la financiación del resto de la Agencia. 
Y las agencias están resultando un magnífico instrumento de trabajo en el seno de la Comisión. Y, precisamente, la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, aunque empezó a funcionar en la práctica en 1995, ha tenido ya un reconocimiento internacional y todo el sector y todos los agentes implicados están muy contentos por el funcionamiento ejemplar de esta Agencia. 
De ahí que, prácticamente, las tres comisiones que han elaborado informes coincidan en este apoyo a la Agencia por su magnífico trabajo. 
El que nos ocupemos de la puesta al día de las tasas era necesario- y así estaba previsto en su reglamento de establecimiento-y por lo tanto creo que es bueno que este Parlamento dé su conformidad a la modificación de estas tasas. 
Y, sobre todo, creo que la tasa anual que propone la Comisión es muy importante porque contribuirá a hacer frente a los costes de la actividad de supervisión y mantenimiento posteriores a la autorización, que son muy importantes en este sector. 
Pero quizás también haya que recordar que las tasas no son impuestos y que sólo deben pagarse por los servicios prestados; de ahí algunas de las enmiendas que he presentado- y aprovecho la ocasión para agradecer al ponente, Sr. Tappin, que haya recogido las siete enmiendas que elaboramos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor- que van en el sentido de hacer una graduación de las tasas con relación al trabajo realizado. 
Por otro lado, señor Presidente, a la vez que apoyo el incremento de las tasas subrayo la imperativa necesidad de mantener la independencia de la Agencia. La contribución del presupuesto de la Unión Europea debe salvaguardarse- es decir, mantenerse y evitar reducciones- porque la Agencia trabaja para el sector farmacéutico en Europa, pero también están en juego los intereses de millones de pacientes, profesionales de la salud y consumidores. 
Hay que recordar que este tema fundamental de la independencia de la Agencia siempre ha sido apoyado por este Parlamento. 
La Unión Europea y su industria farmacéutica- que es la más importante del mundo- necesitan una Agencia fuerte, una Agencia bien dotada científicamente. 
Y esto únicamente lo conseguiremos con una financiación transparente y adecuada. 
Presidente, no hace mucho hemos visto, con la salida al mercado de la pastilla Viagra, lo útil que es la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, porque la Comisión Europea ha decidido sacar al mercado la pastilla Viagra basándose en un informe de esta agencia. 
Es sólo un ejemplo que muestra lo importante que es este departamento. La importancia de este departamento sólo podrá ir aumentando en el futuro, si tenemos en cuenta que esta agencia está operativa desde hace sólo tres años. 
Nosotros somos también de la opinión de que la AEEM es en parte una instancia de la administración. 
Estoy totalmente de acuerdo con el ponente, porque esta agencia está en parte encargada de la ejecución de la política de mercado interna y de garantizar la salud pública. 
Por eso considero que los ingresos de la AEEM deberían proceder en gran parte de las remuneraciones, pero en una determinada parte deben seguir viniendo del presupuesto de la UE. 
Lo único que resulta un tanto insatisfactorio es, y el ponente lo ha señalado muy bien, saber que todavía no se ha realizado un estudio extenso de los gastos que genera la tramitación de las solicitudes. 
También lo lamento como el ponente, ya que si se hubiera realizado ese estudio, podríamos conocer mejor qué parte de las actividades de la agencia será recogida en el futuro por las funciones de la sanidad pública, que son absorbidas por las instituciones. 
El ponente ha escrito también que las fluctuaciones de las divisas y el efecto del coeficiente de corrección ha ocasionado a la agencia una pérdida del 20 %. 
Si se me permite, pediría al representante de la Comisión que ofrezca una respuesta a esto. 
¿Cómo soluciona la Comisión esta cuestión de las fluctuaciones de divisas y el coeficiente de corrección en la agencia? 
Por último, nos parece importante que se garantice una aportación- deberá ser clara- de nuestro presupuesto. 
Como ponente de presupuesto para la Comisión de Medio Ambiente he abogado por dos millones de ecus extra respecto a la cantidad actual de doce millones. 
En la Comisión de Presupuestos se decidió la semana pasada dar un millón de ecus más, así pues la mitad de lo que hemos solicitado. 
Pero ya lo ve, como comisión de medio ambiente lo hacemos lo mejor que podemos para garantizar el presupuesto de esta agencia. 
Me agrada mucho que este punto del orden del día haya llegado tan pronto a sesión plenaria, y quisiera dar las gracias a todos los que han consagrado tanto tiempo a este proyecto de propuesta. 
El nivel y la estructura actuales de las tasas que la industria farmacéutica debe pagar a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos se fijó en el Reglamento de 1995 del Consejo. 
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento, la Comisión presentó un informe sobre su aplicación. 
En el marco de ese ejercicio propusimos el texto definitivo del Reglamento en enero de 1998. 
Al preparar este informe la Comisión ha procurado conseguir dos objetivos: en primer lugar, no hacer recaer una carga excesiva en los solicitantes; en segundo lugar no poner en peligro la consecución de la tarea primordial de la AEEM, que consiste en prestar asesoramiento científico de la mayor calidad posible en relación con la autorización y la fiscalización de productos médicos. 
El incremento propuesto en el nivel de las tasas queda claramente justificado y apoyado por una encuesta sobre costos, realizada por las autoridades competentes nacionales y la AEEM. 
Se ha prestado particular atención al hecho de que las tasas deberían ser normalmente inferiores al total de las tasas cargadas en los 15 Estados miembros. 
Las propuestas de la Comisión prevén también algunas nuevas orientaciones de importancia: la introducción de una tasa anual; la introducción de una tasa para el asesoramiento científico y otro tipo de asistencia; una tasa reducida para determinadas variaciones que no entrañen una evaluación científica detallada; tasas para la fijación de límites máximos de residuos para los ensayos clínicos; gastos administrativos; introducción de tasas diferenciadas para la iniciación de procedimientos de remisión comunitarios. 
Me alegra anunciarles que la Comisión aceptará varias de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. 
En breve presentaremos una propuesta modificada. 
En ella se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones: la sugerencia de que las futuras enmiendas del reglamento por lo que concierne a las tasas se basen en una evaluación completa de todos los gastos de la Agencia, que es la enmienda 16; aclaración de que la tasa de evaluación abarca todas las fórmulas farmacéuticas y los diversos grados de intensidad de un producto, que constituye las enmiendas 10 y 11; aumento de la tasa adicional de arbitraje para productos médicos veterinarios, que constituyen la enmienda 12; incremento de las tasas en caso de cambio a un límite residual máximo de un producto médico veterinario, que es la enmienda 13, e introducción de una tasa flexible para el asesoramiento científico, que es la enmienda 14. 
Desgraciadamente no podemos aceptar todas las enmiendas. Esto se debe a varias razones. 
Hay cuestiones que no podemos aceptar por motivos jurídicos. 
Por ejemplo, no es posible modificar la base jurídica del Reglamento. 
El Artículo 10 del Reglamento de 1995 brinda una base jurídica precisa y específica que hay que respetar. 
En otros casos estimamos que las enmiendas sugeridas podrían plantear posibles riesgos para la salud pública. Por ejemplo, estimulando la comercialización de presentaciones diversas de un producto médico. 
No podemos aceptar la propuesta en favor de hacer más cara la primera determinación de un límite máximo de residuos para diversas especies animales. 
Eso sería contrario a la política de la Comisión, que consiste en estimular y animar las solicitudes de fijación de nuevos límites máximos de residuos. 
Hay otras cuestiones que se estipularán en textos jurídicos horizontales y no en el reglamento sobre tasas. 
Entre ellas figuran, por ejemplo, la mención del euro y detalles presupuestarios. 
Gracias una vez más por lo rápida y fructíferamente que han cooperado en esta cuestión. 
Presidente, había preguntado a la Comisaria cuál era su solución con respecto a las fluctuaciones de divisas y el efecto del coeficiente de corrección. 
Con ellos la agencia ha sufrido una pérdida del 20 %. 
¿Qué va a hacer la Comisión Europea al respecto? 
Señor Presidente, estoy aquí en representación del Sr. Bangemann y le pediré que le dé una respuesta por escrito. 
Señor Presidente, creo que, como el Sr. Kellett-Bowman puede confirmar, en las disposiciones presupuestarias para 1999 incluimos una serie de enmiendas destinadas a lograr que la Comisión compense en el tercer o cuarto pago de cada año las pérdidas sufridas por una agencia como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio o de los arreglos en materia de peso. 
Si el presupuesto pasa la primera lectura a principios de diciembre, dichas enmiendas serán ya operativas. 
De forma análoga, si las agencias salen ganando, perderán la subvención el año siguiente, de forma que no se podrá plantear una situación de ganancia tras ganancia sino, más bien, una situación de ganancia un año, pérdida el año siguiente. 
Espero que lo que acabo de decir aclare la situación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(La sesión queda interrumpida hasta las 17.30 horas) 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0483/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
El Sr. Liikanen acaba de llegar, seguramente con hora finlandesa, que no es exactamente igual que nuestro horario. 
Por lo tanto, le damos la bienvenida y le proponemos que responda a la pregunta nº 30 formulada por Marjo Matikainen-Kallström (H-0885/98): 
Asunto: Repercusiones de la crisis de Rusia en la producción de energía y la seguridad nuclear del país 
La creciente crisis económica, social y política de Rusia hace temer que el próximo invierno se registren en el país grandes dificultades de abastecimiento energético. 
De acuerdo con las previsiones dadas a conocer, los inmensos problemas económicos, por ejemplo, los salarios no pagados y, probablemente, la falta de medidas de mantenimiento también podrían influir negativamente sobre la capacidad del país de producir con seguridad energía nuclear. 
En Rusia, cerca de la frontera finlandesa, por ejemplo, hay centrales nucleares de las que es preciso admitir que sus condiciones técnicas y de seguridad, incluso en una situación normal, no son precisamente las mejores. 
Por consiguiente, las repercusiones de esta crisis, que se agudiza a marchas forzadas, sobre el abastecimiento energético y la seguridad nuclear de Rusia deberían esclarecerse de la mejor manera posible y, sobre todo, a la mayor brevedad. 
Por lo tanto, ¿podría indicar la Comisión cómo evalúa las actuales o eventuales repercusiones negativas de la creciente crisis económica rusa sobre el abastecimiento energético y la seguridad nuclear? 
¿Qué medidas proyecta adoptar la Comisión para ayudar a las autoridades rusas a analizar y resolver dichos eventuales problemas de seguridad, entre los que se encuentran las citadas cuestiones energéticas? 
Señor Liikanen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Matikainen-Kallström. 
Señor Presidente, nada hace suponer que la situación actual de Rusia pueda tener una repercusión negativa en el sector energético y en la seguridad nuclear. 
Se nos ha dado a entender en varias ocasiones que el Gobierno tiene previsto pagar los salarios adeudados a los trabajadores de estos sectores. 
Esta circunstancia podría influir favorablemente de cara a la difícil situación actual. 
La Comisión sigue de cerca dicha situación y hace una valoración diaria del desarrollo de los acontecimientos a través de su representación en Moscú. 
Del mismo modo, la presente aplicación del programa TACIS, en particular por lo que respecta al ámbito nuclear, permite la obtención de la información necesaria. 
De esta manera es posible realizar un continuo seguimiento de la situación en que se encuentran las instalaciones de energía nuclear. 
Teniendo en cuenta este programa, la Comisión y las autoridades rusas están reestructurando su estrategia. 
Desde el comienzo del programa se han destinado aproximadamente 300 millones de ecus a la mejora de la seguridad nuclear en Rusia. 
De manera particular, se ha mejorado la seguridad entre las centrales nucleares de la Unión Europea y la mayor parte de las instalaciones rusas. 
Se espera que esta estrategia esté preparada antes de que se celebre el 27 de octubre la reunión que tienen previsto mantener Viktor Klima, Jacques Santer y Boris Yeltsin en Viena. 
Señor Presidente, agradezco la respuesta del Sr. Comisario. 
Me gustaría preguntar únicamente qué tipo de garantías han ofrecido las autoridades rusas acerca del pago de los salarios, ya que esta circunstancia constituye una condición imprescindible si se quiere lograr que el personal permanezca en sus puestos y garantizar así la seguridad en estas instalaciones. 
Señor Presidente, no dispongo de ninguna información acerca de garantías jurídicas sobre este asunto, sino únicamente sobre compromisos políticos. 
Esperemos que se solucione esta cuestión. 
Naturalmente, nuestra dificultad estriba en que no es posible solucionar los problemas económicos de Rusia únicamente mediante las ayudas de la comunidad internacional. 
En última instancia corresponde a Rusia solventar los problemas estructurales, como es el pago de los salarios adeudados. 
Haré llegar esta pregunta al Comisario competente en la materia. 
Cuando dispongamos de más información, lo comunicaremos gustosamente a los miembros del Parlamento. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
Le retengo su atención sobre esta pregunta todavía porque se me han formulado reglamentariamente dos preguntas complementarias. La primera corresponde al Sr. Rübig, que tiene la palabra por el tiempo de un minuto. 
Tiene usted la palabra, señor Rübig. 
Señor Presidente, sabemos que destinamos mucho dinero a la seguridad de las centrales nucleares; éste se desembolsa bajo el Tratado Euratom. 
¿Pero cuál es realmente la situación en relación con las normas mínimas? 
¿No está previsto siquiera establecer también en la Unión Europea unas normas mínimas, unas normas de seguridad para las centrales nucleares, sobre todo con vistas a la ampliación de la UE? 
Yo creo que ha llegado el momento de reunirse para desarrollar conjuntamente un programa común de normas mínimas para Europa, ya que éste también podría servir de base para que los Estados que aspiran a la adhesión mejoren sus normas. 
Señor Presidente, haré llegar gustosamente esta propuesta al Comisario Papoutsis, quien mañana estará presente aquí para una reunión de la Comisión. 
Le pediré que le ofrezca una respuesta específica a esta cuestión. 
Señor Presidente, ¿la Comisión tiene realmente idea del peligro que suponen las centrales nucleares rusas y del estado en que se encuentran? 
Sabemos que cualquier accidente en este sector constituiría una amenaza realmente importante para la población de la Unión Europea. 
Señor Presidente, como ya he señalado al principio, los programas TACIS han permitido desarrollar una gran cooperación con las autoridades rusas con el objetivo de mejorar la seguridad nuclear. 
A este fin se han destinado 300 millones de ecus, y se ha entablado una cooperación muy amplia entre expertos en la materia. 
Creo que la Comisión maneja unos datos globales bastante completos acerca de esta cuestión, pero estoy dispuesto, si así lo desea su Señoría, a solicitar a nuestros expertos que le informen acerca de este detalle. 
Pregunta nº 31 formulada por Pedro Aparicio Sánchez (H-0896/98): 
Asunto: Exigencia de la nacionalidad española a los comandantes de aeronaves españolas 
A pesar de que el artículo 48 del Tratado prohíbe cualquier discriminación entre trabajadores de la CE por razones de su nacionalidad, la Administración española no autoriza a las compañías aéreas españolas a designar comandantes de aeronave a personas que no tengan la nacionalidad española. Justifica esta restricción (establecida en una ley de 1960) argumentando, entre otras cosas, que «el comandante de una aeronave tiene consignada parte de su actividad en torno a funciones típicas del ejercicio de un poder público encomendado ordinariamente a funcionarios». 
Esta interpretación restrictiva se mantiene contra las peticiones de diversos particulares, y concretamente de la Asociación Española de Compañías Aéreas, que representa a veintiséis compañías privadas españolas. 
¿La exigencia de nacionalidad española a los comandantes de aeronaves españolas supone, a juicio de la Comisión, un incumplimiento del artículo 48 del Tratado CE? 
En caso de respuesta afirmativa, ¿piensa la Comisión obligar al Gobierno de España a corregir esta situación? 
Señor Liikanen, tiene usted la palabra para responder al Sr. Aparicio Sánchez. 
Señor Presidente, únicamente es posible reservar a los propios ciudadanos de un Estado aquellas funciones en las que se haga ejercicio de poder público o que sean necesarias para garantizar los intereses generales de dicho Estado. 
Éstas son, por ejemplo, las funciones que ejercen la policía, los jueces, los ministros o los directores generales de algún departamento de la Administración. 
Claramente, las funciones de la tripulación de aeronaves comerciales no figuran entre las anteriormente mencionadas. 
De conformidad con el Derecho y con la práctica internacionales, el comandante es, no obstante, el representante del Estado en la aeronave, ya que es responsable de la seguridad y del orden público, así como, en última instancia, de la vida de sus pasajeros. 
Por todo ello, cabe afirmar que, de manera general, el comandante de una aeronave hace ejercicio de poder público, o al menos tiene la posibilidad de hacerlo. 
Ésta es también la práctica adoptada por la mayoría de los Estados miembros y aceptada por la Comisión. 
Sin embargo, el requisito de la nacionalidad para acceder a un puesto determinado es una excepción del principio legislativo comunitario que establece la igualdad de trato para todos los ciudadanos europeos en el acceso a un puesto de trabajo. 
Por lo tanto, se debe interpretar esta excepción de manera restrictiva. 
Es posible que en determinados casos no se requiera, en condiciones normales, el ejercicio de poder público en la aeronave por parte del comandante, ya sea por las características del aparato o por cualquier otra circunstancia. 
En estos casos, la exigencia de la nacionalidad no está justificada. 
El caso de referencia es una excepción a la normativa general relativa a las funciones típicas de los comandantes de aeronaves, por lo que la presentación de las pruebas correspondientes es responsabilidad de quien solicita dicha excepción. 
Señor Comisario, muchas gracias por su amable respuesta que, personalmente, me complace mucho. 
Pues bien, la Administración española argumenta que el comandante de una aeronave tiene funciones como la de autorizar matrimonios a bordo, inscribir recién nacidos o custodiar valijas diplomáticas, que, si bien no les da la categoría de funcionarios, sí les da la categoría de autoridad. 
Entonces, esta es una interpretación, a mi juicio, antigua, decimonónica, de las funciones de un comandante de aeronave, pero me temo que detrás de esta omisión de la Administración española está el poderosísimo sindicato de pilotos español que mantiene una gran presión para tener restringido el mercado de trabajo. 
Pregunta nº 32 formulada por Frode Kristoffersen (H-0910/98): 
¿Qué se propone hacer la Comisión para asegurar que las futuras pruebas de preselección de candidatos para puestos en la Comisión se desarrollen de tal manera que no sea necesario anular las respuestas de los candidatos? ¿Qué sanciones va a imponer la Comisión a las personas de la Comisión responsables de las irregularidades y a los participantes en las pruebas que se han comportado de manera contraria a las normas que rigen dichas pruebas? 
Señor Liikanen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Kristoffersen. 
Señor Presidente, la Comisión decidió el 23 de septiembre de 1998 anular las pruebas de preselección de los concursos COM/A/8/98-COM/A/12/98 celebradas el 14 de septiembre de este año, al existir indicios suficientes de que se había filtrado información relativa, al menos, a una de las pruebas y a una de las lenguas del concurso. 
A fin de garantizar la igualdad de trato entre todos los participantes, la Comisión organizará unas nuevas pruebas de preselección a la mayor brevedad posible, a comienzos de 1999. 
Inmediatamente se emprendieron investigaciones con objeto de depurar las responsabilidades correspondientes a estas filtraciones. 
Tenemos previsto entrar en contacto con las autoridades judiciales con objeto de emprender las acciones penales que sean necesarias. 
Todas las personas que sean consideradas culpables se verán obligadas igualmente a resarcir a la Comisión de los daños que han ocasionado. 
La Comisión es conocedora de los problemas que se registraron en, al menos, dos de los 14 lugares donde se celebraron las pruebas el 14 de septiembre, como el uso de teléfonos móviles y el incumplimiento, por parte de algunos participantes, de las instrucciones de los supervisores de las pruebas. 
Por este motivo, la Comisión tiene previsto establecer unas disposiciones considerablemente más estrictas en lo relativo a la celebración y a la supervisión de los concursos para garantizar que todos los candidatos participan en dichos concursos en igualdad de condiciones. 
La Comisión lamenta profundamente el perjuicio que esta situación ha ocasionado a todos aquellos candidatos que han participado honestamente y de buena fe en los concursos. 
Señor Comisario, me gustaría preguntarle si ya se ha pensado en el modo de endurecer las normas y mejorarlas de cara a pruebas futuras. 
¿No está usted de acuerdo conmigo, señor Comisario, en que éste es un caso muy serio y triste porque trata en realidad de muchísimos jóvenes europeos que intentaron conseguir un puesto de trabajo en la UE? 
También tiene algo que ver con la reputación de la UE, señor Comisario, ¿también está usted de acuerdo conmigo en que realmente es necesario hacerse cargo de este asunto para mejorar la imagen de Europa? 
Puedo prometerle, señor Comisario, que tendremos dificultades en el futuro, cuando acudamos a las elecciones. 
Todas estas cosas negativas que rodean hoy a las instituciones de Europa no son verdaderamente algo que facilite la promoción de la causa europea. 
¿Comparte usted estas preocupaciones, señor Comisario? 
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con el Sr. Kristoffersen. 
Ya he organizado personalmente tres reuniones acerca de esta cuestión y, entre otras cosas, nos hemos vistos obligados a admitir que las reglas de este concurso, las mismas que se han venido aplicando hasta hoy, no han sido lo suficientemente estrictas para sus participantes. 
Resulta evidente que debemos establecer unas normas más rigurosas, por ejemplo, por lo que respecta al material que los candidatos pueden introducir en las salas. 
Otro aspecto en el que creo que las normas han sido deficientes es el relativo a las competencias de los supervisores a la hora de intervenir en caso de irregularidades o fraude durante las pruebas. 
En mi opinión, los supervisores han de poder intervenir de manera inmediata y no, como ha sido la norma hasta el momento, durante las reclamaciones posteriores a las pruebas. 
Estoy plenamente de acuerdo con su Señoría en que se trata de un hecho muy lamentable y triste. 
Por este motivo, revestía una gran importancia una rápida anulación del concurso de la Comisión para, a continuación, poder preparar con cuidado y minuciosidad un nuevo concurso de estas dimensiones. 
Naturalmente, la tercera cuestión que nos planteamos es si se deberá continuar organizando en el futuro pruebas de participación tan masiva como ésta o, en su lugar, intentar limitar el número de participantes para lograr una mejor gestión de los concursos. 
Como podrán comprender, la organización de un concurso con treinta mil candidatos, en once lenguas y en cuarenta lugares distintos constituye una enorme empresa desde el punto de vista logístico. 
Este hecho no es suficiente para justificar los abusos, pero obliga a reflexionar si, en el futuro, se podría dotar a los concursos de una orientación más favorable con objeto de facilitar la gestión de los mismos. 
Señor Comisario, su postura de principio le honra y usted ha tomado las medidas necesarias. 
No obstante, quisiera pedir una aclaración acerca del elemento «sanción». 
Tal como se ha formulado con razón en la pregunta y tal como usted ha asentido, aquí se ha causado un daño moral y un daño financiero. 
Mi pregunta es, por tanto, si usted plantea en efecto que los que son responsables de ese daño, ya sean los organizadores o los vigilantes, ya sean los participantes en las pruebas, deberán también responder del daño financiero sufrido por la institución. 
En segundo lugar, ¿podría decirme cuál es la cantidad exacta, el coste de esa preselección que debió anularse por culpa de estas personas? 
Quisiera saber con toda exactitud si usted pedirá indemnizaciones, porque no puedo creer que ningún empresario tolere que por culpa de esos miembros del personal se mancille así la fama de la Unión. 
Señor Presidente, en este caso ha habido naturalmente problemas a tres niveles, de los cuales podemos extraer dos culpables. 
En primer lugar, son culpables los participantes que han hecho trampas durante las pruebas. 
En caso necesario, estas personas serán objeto de acciones judiciales de tipo penal. 
En segundo lugar, son culpables los funcionarios, en el caso de que se trate de funcionarios, que han hecho posible la filtración de información, ya que esta actuación ha ocasionado un gran perjuicio a la administración. 
En tercer lugar, debemos evaluar por separado la responsabilidad del personal administrativo en el caso que nos ocupa, y hay que hacerlo teniendo presentes las condiciones en que se desarrolla la supervisión de las pruebas en el marco de las normas actuales. 
No cabe lugar a dudas de que se realizará esta evaluación, pero, en primer lugar, la responsabilidad del fraude corresponde a quienes lo han cometido y a quienes les han ayudado a hacerlo. 
Por lo que respecta al gasto incurrido, el coste total del concurso es alto, elevándose a 1, 2 millones de ecus. 
Resulta muy improbable que podamos reducir mucho esta cifra con motivo del próximo concurso. 
En lo relativo a las responsabilidades económicas, no les quepa la menor duda de que abordaremos la cuestión una vez que se haya puesto punto final a las investigaciones actualmente en curso. 
Señor Presidente, señor Comisario, ¿se admitirá en la siguiente prueba a todos los que han sido admitidos ahora? 
¿Existe la posibilidad de que se excluya de la siguiente prueba a aquellos que han sido descubiertos cometiendo un fraude evidente, habida cuenta que desde luego no deseamos tener en el futuro tales funcionarios en la Comisión? 
En tercer lugar, ¿existe, además, la posibilidad de ofrecer una compensación a los candidatos que invirtieron recursos materiales para poder participar en dicha prueba, que se tomaron un día libre y a quienes en determinadas circunstancias también se les exigió que costeasen sus gastos de desplazamiento? 
Señor Presidente, me resulta difícil pronosticar sentencias judiciales, pero me muestro totalmente de acuerdo con el autor de esta pregunta: ni la Comisión, ni ninguna otra institución comunitaria necesita personas que, ya en las pruebas de selección, violan todas las normas comunitarias. 
Es necesario intervenir con extrema severidad ante estos hechos y actuar en consecuencia. 
Por lo que respecta a los problemas que suscita la organización de un nuevo concurso, están siendo sometidos actualmente a examen. 
No puedo ofrecer todavía una respuesta detallada a esta cuestión. 
Desgraciadamente, temo que la mayor parte de los participantes deberán sacrificarse y presentarse a una nueva prueba. 
Por este motivo el fraude ha sido tan lamentable. 
No obstante, lo importante para sus derechos es que nadie se ha beneficiado del fraude y que, en cambio, todos participarán en el nuevo concurso con la seguridad de encontrarse en igualdad de condiciones. 
Pregunta nº 33 formulada por Angela Sierra González (H-0912/98): 
Asunto: Muerte de Semira Adamu en Bélgica 
La muerte por asfixia a manos de la policía belga de una joven nigeriana que iba a ser deportada a Togo aplicándole en la cara dos almohadillas en el avión que debía trasladarla de Bruselas a Lomé ha suscitado honda preocupación entre los ciudadanos europeos. 
Semira Adamu acudió a Bélgica para pedir asilo político al verse obligada a casarse con un polígamo de 65 años. 
¿No considera la Comisión que en las políticas comunitarias de acogida deberían contemplarse dentro de los factores para obtener el asilo político los malos tratos sexuales? 
Le doy la bienvenida a la Sra. Gradin y la invito a que responda a la pregunta de la Sra. Sierra González. 
Comparto el dolor e indignación que sienten muchas personas por las circunstancias que rodean la muerte de Semira Adamus. 
Las autoridades belgas investigan en estos momentos cómo ocurrió esto exactamente. 
Independientemente de las explicaciones, este tipo de cosas no debe ocurrir aquí. 
En cuanto a la propia tramitación del caso Semira Adamus, la Comisión no puede hacer comentarios. 
No tenemos información necesaria ni competencia para opinar sobre casos aislados. 
La Diputada pregunta también sobre la posibilidad de otorgar calidad de refugiado a una persona que ha sido víctima de malos tratos sexuales o que podría estar expuesta a agresiones de este tipo si se verifica la deportación. La regla básica está en la Convención de Ginebra de 1951. 
Ella dispone que una persona deberá ser considerada como refugiada si él o ella siente fundado temor de persecución por motivo de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a algún determinado grupo en la sociedad o a alguna ideología política. La persona en cuestión debe, además, encontrarse fuera del país en el que él o ella es ciudadano y no querer o no poder usar la protección de su país. 
Mi opinión desde hace muchos años es que las violaciones como actos de guerra deben ser consideradas como torturas. 
Una mujer que ha sufrido una violación de este tipo tiene, por tanto, en mi opinión, condición de refugiada. 
Los países miembros de la UE han tratado de alcanzar una interpretación común de la Convención de Ginebra. 
El 4 de abril de 1966 se aprobó una postura común para armonizar la interpretación de la definición de refugiado del artículo 1 de la Convención de Ginebra. 
Sin embargo, este acuerdo no trata de las persecuciones relacionadas con el sexo o con los malos tratos sexuales. 
Esto es lamentable y hay motivos de sobra para actualizar este asunto. 
Además de la condición de refugiado, los países miembros de la UE ofrecen también formas de amparo alternativas para las personas que necesitan protección internacional. 
Por ejemplo, puede tratarse de casos delicados en que se permite a una persona quedarse por motivos de humanidad o por razones muy especiales. 
Los motivos para otorgaresta clase de protección dependen actualmente exclusivamente de nuestros Estados miembros y, en la práctica, hay enormes variaciones. 
Ya se han iniciado las discusiones sobre la implantación de ciertas normas mínimas que incluyan estas formas de protección. Es un asunto que está en el programa de trabajo del Consejo de Ministros. 
En la primavera pasada se realizó un estudio de las diferentes legislaciones y prácticas nacionales. 
Se ha presentado un primer análisis que servirá de base para el trabajo futuro. 
Además, se está realizando un trabajo similar en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores del Parlamento. 
Doy por sentado que la comisión abordará también el difícil tema de decidir cuál debe ser nuestra posición frente a las personas que buscan protección por distintas formas de persecución sexual. 
Espero con interés los resultados de este trabajo. 
En la muerte de Semira Adamu hay dos hechos que resultan escandalosos: uno, la muerte violenta de una joven que había venido a la Unión Europea buscando protección contra la violencia moral que se pretendía ejercer sobre ella en su país en nombre de las tradiciones; y otro- no menos importante- el hecho de que los medios, no sólo violentos sino degradantes, que fueron utilizados por la policía fueran perfectamente legales. 
A la vista de estos hechos y de otras muertes producidas en las expulsiones en otros países de la Unión Europea, ¿no considera la Comisión que es necesario revisar el rigor de estos procedimientos, que se amparan en los acuerdos de Schengen? 
Como dije en mi respuesta, estoy de acuerdo con la Diputada que formuló la pregunta en que este tipo de cosas simplemente no debe ocurrir. 
No obstante, tenemos que recordar que es responsabilidad de las autoridades nacionales procurar que sus policías y autoridades actúen de manera correcta cuando una persona es deportada a su país. 
Supongo que cada país también podrá hacerlo. 
Esto no tiene que ver únicamente con los casos en que a una persona se le deniegue el derecho de asilo, también tiene que ver con la forma en que se le trate más adelante. 
Es totalmente inaceptable que una persona, aunque se le haya denegado el asilo, sufra un trato peor que el que se daría a un animal. La UE tiene una responsabilidad. 
Aquí se elogia al Tratado de Amsterdam por el hecho de que ahora se estipularán los derechos humanos en los tratados. 
Hay países- en particular Bélgica-que han contravenido las normas sobre derechos humanos. 
No se trata únicamente de Bélgica. 
El trato que sufren las personas que buscan asilo en todos los Estados miembros de la UE es verdaderamente vergonzoso. 
No se les trata como seres humanos, no se les trata como a personas vulgares y corrientes: se les trata de una forma lamentable que les niega por completo todo derecho básico o toda dignidad. 
La Comisión y la UE en conjunto tienen que ocuparse de esta cuestión. Debería haber códigos de conducta apropiados y medidas apropiadas que impidan que pueda suceder ese tipo de cosas. 
Como ya he dicho, estoy tan apenada como todos ustedes por el trato de que ha sido objeto esa muchacha. 
Ahora bien, es responsabilidad de Bélgica velar por la conducta de sus policías cuando se trata de expulsar del país a una persona. 
Esto es algo que espero que cada país pueda velar para que no suceda. 
Señora Comisaria, de acuerdo con su intervención respecto al Estatuto de Refugiados y a la Convención de Ginebra, yo quisiera preguntarle si la Comisión piensa recomendar a los países de la Unión Europea que en todas las cuestiones de asilo político a las mujeres, en las cuestiones que afectan exclusivamente a las mujeres- los malos tratos, las cuestiones que afectan también a su sexualidad -, amplíen este asilo político. 
Ya saben ustedes que durante muchos años se viene debatiendo si podríamos ampliar la definición del estatuto de refugiado político. 
Hasta ahora no hemos tenido éxito. 
Nadie quiere modificar el Convenio de Ginebra, pero sí que podemos complementarlo. 
Podemos hacer lo que ya hemos propuesto en otras esferas de la Unión, como por ejemplo cuando nos referimos a la persecución de terceras partes, o a los refugiados para que permanezcan durante menos tiempo en un país. 
Mis deseos personales serían que, con el apoyo del Parlamento- y particularmente el apoyo de las mujeres- pudiéramos ocuparnos de la cuestión de la violación y el abuso sexual de las mujeres. 
Éste es un aspecto humanitario del que podríamos ocuparnos. 
Pregunta nº 34 formulada por Mark Watts (H-0864/98): 
Asunto: Registro de ciudadanos de la UE que visitan otro Estado miembro 
¿Tienen derecho los Estados miembros de la UE a obligar a los hoteles y casas de huéspedes a que exijan a los ciudadanos de la UE que los visitan detalles exhaustivos de su documentación de viaje (incluyendo el tipo de documento de viaje, la fecha y el lugar de expedición, la fecha de expiración y el número del documento) como una condición para el alojamiento? 
¿Tienen derecho las autoridades de los Estados miembros a imponer multas a los propietarios de establecimientos que no registren esta información? 
¿No está de acuerdo la Comisión en que esta práctica, que según mis informaciones existe en Austria, se burla del principio de libre circulación, y qué medidas se propone adoptar la Comisión para poner fin a esta práctica? 
Además de darle la bienvenida al Sr. Marcelino Oreja, quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho de luchar contra los elementos. 
Sabíamos que encontraba dificultades para llegar hasta este Plenario. 
Le invito, por lo tanto, después de agradecerle su presencia, a que responda a la pregunta del Sr. Watts. 
El Derecho comunitario vigente sobre la libre circulación de ciudadanos de la Unión permite a los Estados miembros exigir que los nacionales de otros Estados notifiquen su presencia en su territorio. 
En algunos Estados los ciudadanos de la Unión que hacen una breve estancia deben presentar la declaración de llegada a las autoridades administrativas o de policía locales. 
Para facilitar esta presentación algunos Estados aceptan que los ciudadanos de otros países hagan esa declaración mediante las fichas de estancia en hoteles, en cámpings o pensiones, y una copia de éstas se envía a las autoridades locales. 
De ese modo se evita que los ciudadanos tengan que hacer un trámite suplementario, y esas fichas, que están previamente impresas, constan de las informaciones necesarias para poder identificar a las personas- entre ellas, el número, el lugar y la fecha de expedición del documento de identidad o del pasaporte. 
El Tribunal de Justicia ha aceptado la compatibilidad con el Derecho comunitario de los regímenes de declaración de llegada. 
Ahora bien, según el Tribunal, un régimen de estas características no puede ser contrario al principio de libre circulación de personas si los plazos impuestos para declarar no son razonables, o cuando las sanciones por incumplimiento de esta obligación son desproporcionadas respecto a la gravedad de la infracción, por ejemplo, si conllevan una pena de prisión o de expulsión. 
Comisario, gracias por su respuesta. 
Lo malo es que pone de relieve que en la Comunidad se mide por doble o triple rasero. 
Al fin y al cabo, uno de los beneficios de la Comunidad se supone que es la libertad de circulación y si, por ejemplo, uno va a pasar el día a otro Estado miembro o pernocta en un hogar particular, no existe la obligación de facilitar detalles de los documentos de identidad o de los pasaportes. 
Esas restricciones más bien ridículas y de burocracia de vía estrecha se imponen a los hombres de negocios o a los turistas que van a un hotel. 
Los ciudadanos de Europa piden a la Comisión que conteste por qué se aplican normas diferentes. 
Si es el interés de la seguridad o de la información acerca de los visitantes, ¿por qué no se exige el mismo tipo de información respecto de todos los visitantes? 
Es evidente que no se trata de eso. 
Por lo tanto, la información no es eficaz y, como ha insinuado el Comisario, debería haber un acuerdo entre Estados miembros para suprimir ese obstáculo artificial a la libertad de circulación. 
Como muy bien sabe el Sr. Watts, no existe un mismo régimen en todos los Estados, es decir, que este tema, en la práctica, es distinto. 
En algunos Estados- por ejemplo, Dinamarca, Grecia, Portugal, Suecia, Reino Unido- no hay ni régimen de declaración de llegada para los ciudadanos de la Unión que realicen una estancia breve, ni un sistema de registro en los hoteles bajo control policial. 
En los demás Estados sí lo hay. 
Y, dentro del primer grupo, hay algunos Estados en los cuales hay un régimen general de declaración de llegada que se aplica por igual a los ciudadanos de la Unión, y hay otros que, si bien no han creado un sistema de declaración de llegada para los ciudadanos de la Unión, han establecido, en cambio, un sistema específico de registro en hoteles y alojamientos públicos dentro de las actividades generales de policía. 
Por consiguiente, no hay un régimen único. 
Lo que sí me parece importante es lo que hasta ahora ha establecido el Tribunal de Justicia, es decir, la compatibilidad con el Derecho comunitario de los regímenes de declaración de llegada. 
Tal vez lo que pregunta el Sr. Watts es si en el futuro debería haber una armonización al respecto, es decir, si la libre circulación de personas anima a que haya un régimen idéntico en todos los Estados. 
Bueno, es un tema que queda ahí flotando. 
En este momento las dos ideas que hay son: la de que hay unas normas, que son las que ha aplicado el Tribunal de Justicia, y, por otra parte, la diversidad de tratamiento, siempre con unas limitaciones, es decir, que no pueden ser desproporcionadas en relación con la gravedad de la infracción si conllevan, por ejemplo- como he dicho antes- prisión o expulsión. 
Esa es la regla que hay en este momento, pero yo tomo nota de la afirmación que hace el Sr. Watts respecto a la posibilidad de que hubiera una aproximación en las posiciones de los distintos Estados miembros. 
Pregunta nº 35 formulada por Joan Vallvé (H-0865/98): 
Asunto: El Misteri d ' Elx como Patrimonio de la Humanidad 
El Misteri o Festa d ' Elx ha sido propuesto para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Festa tiene sus orígenes a finales del siglo XIV y se representa cada año en la ciudad de Elx (Elche) los días 14 y 15 de agosto, en conmemoración de la festividad de la Asunción de la Virgen María. 
Constituye la única representación teatral de origen medieval que en su género continúa vigente en Europa. 
Dado su gran valor artístico y cultural, ¿tiene la Comisión la intención de apoyar esta iniciativa que representaría un reconocimiento explícito de esta tradición centenaria? 
Señor Oreja, le invito a que responda usted al Sr. Vallvé. 
La Comisión Europea es consciente de la importancia y la significación que tiene el Misterio de Elche en la historia del teatro religioso y musical europeo. 
Y de acuerdo con el procedimiento de declaración de patrimonio de la Humanidad, el comité del patrimonio mundial de la UNESCO es el órgano estatutariamente responsable de la toma de decisión en esta materia. 
Como sabe el Sr. Vallvé, la iniciativa para poner en marcha el procedimiento de la UNESCO corresponde a las autoridades municipales y nacionales, que deben sostener todo proyecto que deseen ver reconocido como patrimonio de la Humanidad. 
En el marco de sus competencias, la Comunidad no tiene posibilidades formales ni materiales en el ámbito del artículo 128 del Tratado para intervenir en el procedimiento de designación como patrimonio de la Humanidad. 
Ahora bien, la Comisión quiere expresar que desea que la iniciativa de las autoridades de Elche llegue a buen término, dando así una merecida proyección universal a un acontecimiento de gran importancia del patrimonio cultural con proyección europea. 
Yo, desde luego, soy plenamente consciente de la sensibilidad del Sr. Vallvé en relación con este tema y la comparto íntegramente porque he tenido el privilegio de haber presenciado el Misterio de Elche, que es un acontecimiento deslumbrante y una muestra de lo que significa una cosa que creo que es muy importante: la identidad cultural de un pueblo. 
Yo creo que, precisamente, debemos tratar de ver en la cultura europea cuáles son los elementos diferenciales que existen en las distintas culturas de los pueblos, y uno de ellos, sin duda, es este Misterio de Elche, que tiene, al mismo tiempo, una dimensión universal. 
Es decir, es un hecho identificado localmente pero, al mismo tiempo, tiene una proyección universal, por lo cual creemos que merece que sea reconocido como patrimonio de la Humanidad. 
Puede estar seguro el Sr. Vallvé de que, en el caso de ser consultada, la Comisión insistirá en la importancia que le merece el Misterio de Elche. 
Únicamente quiero agradecer las palabras del Comisario. 
Yo no dudaba de su sensibilidad en el reconocimiento de estos actos culturales, de estos actos que tienen una raíz antigua- el Misteri d 'Elx tiene sus orígenes a finales del siglo XIV- y que han tenido una continuidad hasta hoy que demuestra de algún modo la pluralidad de culturas inherente en Europa- el Misteri d' Elx es una representación en lengua catalana que se representa cada año en estas fiestas- y, además, tienen un reconocimiento europeo y una proyección universal. 
Por lo tanto, deseo agradecer las palabras del Comisario y estoy seguro de que las autoridades locales de Elx darán los pasos necesario con el fin de que esta representación tenga el reconocimiento que se merece por parte de la UNESCO como patrimonio europeo para mostrar a todo el mundo. 
Señor Comisario, si usted conoce el Misteri d ' Elx, si lo ha visto, ya sabe lo espectacular, lo extraordinario que es ver la Asunción de la Virgen, recuperar en esa obra el arte y la cultura de Europa. 
De todas maneras también quería decirlo a los que están aquí escuchándonos en la Asamblea, porque yo soy una asidua y una fan de esta representación. 
Pero, reconociendo la importancia que tiene que dicha fiesta esté declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ya que usted está aquí, yo no quería dejar la oportunidad de preguntarle, al margen de este reconocimiento, que es extraordinario, y dentro de sus competencias- aunque ya sé que la Comisión no puede hacer nada -, si habría alguna posibilidad, alguna línea presupuestaria- no dentro de esta característica de Patrimonio de la Humanidad sino en otra posible- que ayudara a esa cofradía de artistas- que no son, desde luego, personas que se dediquen exclusivamente a esto, sino que utilizan su tiempo libre para ello-a continuar esta maravilla cultural europea. 
Señora Sornosa, el tema que ha planteado yo, desde luego, lo comparto, y tenemos una posibilidad. 
Como usted sabe, está en este momento en las dos ramas del legislativo- en el Consejo y en el Parlamento- el nuevo programa marco de cultura que entrará en vigor a partir del año 2000. 
Ahí tenemos tres tipos de acciones: la promoción de redes; las acciones especiales; y las acciones emblemáticas. 
Realmente, si hay una acción emblemática es el Misteri d ' Elx. 
Por consiguiente, ¿por qué no iniciar el procedimiento? 
Yo le invito, e invito a todos aquellos que se interesan por el tema, a que den los pasos correspondientes para que esto pueda llegar a la Comisión. 
Y yo le aseguro que voy a seguir el asunto con mucha atención. 
Al final yo no soy el que decide. Decide un comité. 
Sin embargo, el soplo de la Comisión a través mío- si me dejan mis colegas-pienso darlo para que el Misterio de Elche sea reconocido como tal. 
Conozco la gran sensibilidad que tiene el Doctor Von Habsburg en relación con este tema. 
Y debo decir que hace apenas una semana he pasado por uno de los pueblos de la zona donde he visto que uno de ellos tiene dedicada una calle a Otto von Habsburg, precisamente, y allí mismo pude presenciar la preparación de esta fiesta de moros y cristianos. 
Por lo tanto, yo creo que todo esto significa una cosa- y que es importante subrayar -: la riqueza de Europa está formada por el hecho diferencial de las distintas culturas que existen en Europa. Probablemente, la misión que puede tener la Comisión es fundamentalmente ver qué hay en común en las distintas culturas europeas, pero partiendo de los hechos diferenciales de las culturas. 
Por consiguiente, a mí me parece que éstos deben poder encajar ya sea en las acciones emblemáticas, ya sea en las acciones especiales. 
Por tanto, yo tomo buena nota de todas estas iniciativas- espero seguir contando con ellas- y, ahora que estamos precisamente en el trámite legislativo, yo les pediría que se acelerase todo lo posible ese trámite en el Parlamento, que avance rápidamente en su primera lectura para que, si es posible, el 17 de noviembre, pueda tomar una posición común el Consejo y que dentro de este año podamos tener ya este acuerdo marco. 
Dentro del acuerdo marco caben, indudablemente, esas iniciativas que aquí se han planteado esta tarde. 
Muchas gracias, señor Marcelino Oreja. 
Tomamos buena nota de su preocupación por los ritmos y la celeridad. 
Le agradecemos que nos haya acompañado. 
Hemos terminado el turno de preguntas que correspondían al Sr. Marcelino Oreja, le despedimos y le deseamos que la celeridad no se produzca en la carretera y que regrese usted tranquilamente y en las mismas condiciones que ha llegado hasta aquí. 
Pregunta nº 36 formulada por Patricia McKenna (H-0833/98): 
Asunto: Población ilois de las Islas Chagos 
¿Es consciente la Comisión de que el Reino Unido, durante la negociación de su adhesión a la entonces CEE, desplazó forzosamente a unos 2000 indígenas ilois de las Islas Chagos, que actualmente forman parte del territorio de ultramar de la UE denominado Territorio Británico del Océano Índico, y de que el propósito no declarado de la evacuación fue el arriendo por «leasing» de una de las islas- Diego García- a los Estados Unidos como base militar? 
¿Ha considerado la Comisión previamente esta cuestión o, en cualquier caso, considera a estas personas como ciudadanos de la Unión Europea, pese a que viven en un exilio forzoso en Mauricio, muchos de ellos en condiciones paupérrimas- muchos de ellos incluso se han suicidado- pese a las compensaciones económicas establecidas hace algunos años por el Gobierno británico? 
Sean o no ciudadanos de la UE, ¿no cree la Comisión que estas personas deberían tener derechos legales dentro de la Unión, bien en calidad de habitantes desplazados en lo que se considera territorio de la Unión o bien, en cierta medida, como refugiados de la UE? 
¿Qué piensa hacer la Comisión para que se respeten los Tratados en relación con estas desventuradas gentes? 
Señor Pinheiro, tiene usted la palabra para responder a la pregunta de la Sra. McKenna. 
El determinar si la población ilois del Archipiélago Chagos debe tener derecho a la ciudadanía británica es cuestión que ha de resolverse entre el Gobierno del Reino Unido y las personas de que se trata. La Comunidad Europea es uno de los donantes importantes en el caso de Mauricio y, por conducto del Fondo Europeo de Desarrollo, financia diversos proyectos y programas encaminados a reducir la pobreza entre los elementos más vulnerables de la población del país, sea cual fuere su origen. 
La Comisión ha iniciado recientemente un estudio detallado de las cuestiones relativas a la pobreza en Mauricio a fin de hacerse una idea clara de este problema. Aunque en general se ha suprimido la pobreza en Mauricio, debido al extraordinario desarrollo económico de los dos últimos decenios, todavía hay «bolsas» de pobreza entre los elementos marginales de la población. 
El programa de reducción de la pobreza se pondrá en funcionamiento a principios de 1999 y estará financiado por el FED; de él podrán beneficiarse asociaciones u organizaciones no gubernamentales de la población ilois. 
No me parece que la Comisión esté tratando de la cuestión planteada. De lo que se trata es que, básicamente, esos son territorios de ultramar de la UE. 
A la población de Diego García se le ha denegado el derecho de vivir en su propia patria. 
Es lógico que tengan algún derecho en virtud de la legislación de la UE, pues son ciudadanos de la UE. 
Se les ha obligado a quitar sus islas para vivir exiliados en otros lugares. 
Eso no es aceptable. La UE tiene que ocuparse de esta cuestión. 
Quisiera saber también si la Comisión ha dispuesto de algún asesoramiento jurídico sobre esta cuestión. 
Quedaría muy agradecido si pudieran facilitarme el asesoramiento jurídico que hayan recibido, pero no creo que se trate exclusivamente de un problema para el Estado miembro, ya que, de ser así, cualquier otro gobierno de la UE podría decidir que los grupos minoritarios de alguna parte del país fueran expulsados a otro lugar. 
¿Es posible que esa población no tenga ningún derecho con arreglo a la legislación de la UE? 
Eso sería absurdo. 
Debido a que están viviendo en una isla que era británica, es lógico que tengan derechos en calidad de ciudadanos de la UE. 
Han estado viviendo en el exilio durante casi 30 años. 
Eso es inaceptable. La UE tiene la obligación de reconocer la situación de esas personas. 
La Comisión Europea está al corriente del problema, pero ésta es la primera vez que ha sido planteado, sea por el Gobierno de Mauricio, el Gobierno del Reino Unido o la población ilois. 
Por lo tanto, no poseemos ningún asesoramiento jurídico y lo único que podemos decir es que es un problema complicado. 
Sabemos que los gobiernos y la población interesados están discutiendo esta cuestión, pero eso es lo único que puedo decir. 
Pregunta nº 37 formulada por Glenys Kinnock (H-0845/98): 
Asunto: Estudios de la Comisión sobre las relaciones comerciales con las regiones del ACP 
¿Podría indicar la Comisión la situación actual de los estudios que está realizando Comisión sobre las relaciones comerciales con las regiones del ACP? 
¿Es cierto que ya se han concluido y que están siendo revisados por sus autores a petición de la Comisión? 
¿Cuando tendrán los diputados del PE acceso a la información contenida en estos documentos que se prometieron para permitir a los diputados formular su respuesta al mandato de negociación de Lomé? 
Señor Pinheiro, le invito a usted a que responda a la pregunta de la Sra. Kinnock. 
Me agrada poder comunicar a la Sra. Kinnock que actualmente se hallan en su fase final los estudios sobre las repercusiones económicas de la introducción de la reciprocidad en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y agrupaciones de países del ACP. 
Durante el verano, la Comisión recibió proyectos de informes finales correspondientes a cinco de esos estudios. 
Creo que recibiremos el último muy pronto. 
Según las atribuciones y la práctica normal de la Comisión, los servicios correspondientes proporcionaron sus observaciones para conseguir que todos los informes fueran claros y estuvieran completos. 
Acabamos de recibir tres informes finales sobre el Caribe, el Pacífico y la región de la SADC. 
Como ya explique durante la Asamblea Paritaria ACP-UE, puedo asegurarles que he tenido siempre la intención de compartir los resultados con usted y con todos los interesados lo antes posible, a fin de que todos puedan hacerse una idea amplia de las cuestiones que se tratarán en las próximas negociaciones. 
Por lo tanto, usted y otros diputados que lo deseen recibirán ejemplares de todos los informes finales, por conducto de la secretaría del Parlamento Europeo, de aquí a principios de noviembre. La Comisión está preparando también una síntesis de todos los estudios, que también recibirán ustedes junto con los informes. 
Agradezco al Comisario su respuesta, que me será muy útil. 
Supongo que el Comisario querría que esos estudios confirmaran la opinión de la Comisión de que las zonas de libre comercio ayudarían a los países del ACP a integrarse en la economía mundial. 
En consecuencia, quisiera preguntarle si ha oído- sé que la respuesta es afirmativa- la clara advertencia que la semana pasada, al comenzar las negociaciones, nos hizo la Ministro Billie Miller de Barbados, según la cual las economías de los países del ACP eran demasiado frágiles para resistir cualquier clase de arreglo asimétrico con la Unión Europea. 
En vista de que recientemente se han roto las negociaciones con Sudáfrica, ¿puede decir usted que la Ministro Billie Miller está equivocada? 
Pregunta nº 38 formulada por Ulla Sandbæk (H-0847/98): 
Asunto: Prohibición del Tribunal de Justicia de financiar cualquier nuevo proyecto por falta de fundamento jurídico para la concesión de ayudas 
A la luz de la suspensión de todas las ayudas de una serie de líneas presupuestarias relacionadas con la DG VIII de la Comisión (que afectará probablemente a la línea del proyecto «Acción en favor de la igualdad en la OMC» ) que ha paralizado todos los proyectos hasta la primavera de 1999, ¿qué ha decidido hacer la Comisión con los proyectos relacionados con la educación en materia de desarrollo y las labores de apoyo en el contexto de los preparativos de la Tercera Conferencia Ministerial que se celebrará en los Estados Unidos en el otoño de 1999? Tras el receso estival se han puesto en marcha a nivel nacional los trabajos de preparación sobre las cuestiones relacionadas con el orden del día previsto y sobre nuevas cuestiones, y este proceso continuará a nivel de la UE durante el último trimestre de 1998 y se prolongará hasta la primavera de 1999. 
La Comisión se hace cargo perfectamente de lo importante que es integrar a los países en desarrollo- en particular a los países del ACP- en la economía mundial, por eso es partidaria de la plena participación del ACP en la OMC, y ha adoptado varias iniciativas para conseguirlo. 
Al mismo tiempo la OMC sólo podrá desempeñar su cometido si tiene en cuenta las preocupaciones de todos los países participantes. 
Ése es el motivo de que yo insista en que el comercio y el desarrollo es cuestión que ha de estar firmemente asentada en el programa de la OMC y en que hay que evaluar debidamente las limitaciones particulares de los países en desarrollo y tenerlas en cuenta durante todas las negociaciones multilaterales sobre comercio. 
Eso es absolutamente esencial. 
Me he comprometido personalmente a hacerlo, y me serviré de todas las oportunidades que se me presenten en las conversaciones con los interlocutores comerciales para promover el apoyo de nuestra posición. 
Diré incidentalmente que acabo de regresar de Washington, donde participé en una reunión del G-8 sobre el desarrollo, y precisamente gracias a mi intervención se pudo conseguir que la próxima reunión de G-7/G-8 sobre el desarrollo incluya la cuestión del comercio y el desarrollo, y las preocupaciones de los países en desarrollo como parte de los temas principales del orden del día. 
En cuanto a las iniciativas relativas a la OMC que la Comisión ha adoptado para los países del ACP, y que ya he mencionado, quisiera decir lo siguiente. 
En la primavera de 1998 se estableció un grupo oficioso de trabajo con la secretaría del ACP para el intercambio de información, deliberación y posiblemente coordinación de posiciones de cara a la próxima ronda de negociaciones de la OMC. A partir de enero de 1999- y esto es importantísimo- se establecerá en Ginebra una antena de la secretaría del ACP para coordinar las posiciones de los países del ACP dentro de la OMC. 
La financiación de esto corre por cuenta de la Comisión. 
Hemos financiado también un seminario preparatorio anterior a la segunda conferencia ministerial de la OMC, que tuvo lugar en mayo de 1998. 
También hemos financiado siete seminarios que van a tener lugar y que se referirán al acuerdo de la OMC y a su aplicación. La Comisión confirma asimismo que ha recibido una propuesta para promover medidas en favor de la mujer en la OMC, presentada por la coalición internacional de acción para el desarrollo, para que se financie con cargo a la línea presupuestaria B7-611. 
Como resultado del dictamen del Tribunal de Justicia, ha quedado en suspenso la utilización de este renglón presupuestario. 
Por eso no es posible de momento dar una respuesta favorable a la mencionada petición. 
Ahora bien, la Comisión está dispuesta a examinar propuestas de proyectos que puedan llevarse a cabo con cargo a otras líneas presupuestarias existentes que puedan utilizarse para proyectos de promoción y educación para el desarrollo y que posean ya una base jurídica y, por lo tanto, puedan aceptar proyectos para su financiación. 
Señor Presidente, la última parte de la respuesta del señor Comisario relativa a otras cuentas es precisamente la que me interesa. 
Si se descubren otras cuentas, ¿se les informa a las ONG que estas cuentas están abiertas o se les comunica simplemente que ya ha sido asignado dinero mediante estas cuentas de presupuesto? 
Está, por ejemplo, la cofinanciación de las ONG. 
Son normalmente cantidades muy grandes las asignadas a la cuenta, sin embargo, muchas de las cantidades que en la actualidad se precisan para seminarios u otras formas de formación en los países ACP para participar en las negociaciones de la OMC son muy pequeñas. 
¿Se echará mano del dinero de la cuenta de cofinanciación de la ONG, donde éste se encuentra, y dado el caso, se harán las transferencias necesarias, aunque las cantidades sean muy pequeñas, de modo que pueda tenerse dinero para este ámbito importantísimo? 
Estamos plenamente de acuerdo en que resulta esencial que los propios países en vías de desarrollo nos acompañen en las negociaciones de la OMC. 
La primera es la OMC en su conjunto. La segunda trata de cuestiones relativas a la mujer y de la promoción de esas cuestiones, no solamente por lo que se refiere a la OMC sino por lo que se refiere a todas las cuestiones relativas al desarrollo. 
Esta cuestión ha sido aprobada ya y ha quedado integrada en nuestras actividades. 
Por eso, en mi opinión está perfectamente justificado que la OMC- comercio y desarrollo y cuestiones relacionadas con el comercio- quede también integrada por lo que se refiere a las cuestiones relativas a la mujer. 
Lo que sugiero- y podría ser algo más específico- es que para algunas de esas medidas recurramos a la línea presupuestaria B7-6000, que trata de la cofinanciación con las organizaciones no gubernamentales, y que ofrece posibilidades para ocuparse del proyecto en cuestión. 
Si dicho proyecto se presenta bajo esa égida hay buenas posibilidades de que resulte aceptado. 
Pregunta nº 39 formulada por Marie-Arlette Carlotti (H-0907/98): 
Asunto: Apoyo de la Unión Europea a las elecciones presidenciales en el Gabón 
En el marco del apoyo que concede tradicionalmente la Unión Europea a los países ACP para la organización de elecciones democráticas y transparentes, ¿puede la Comisión indicar las modalidades de apoyo técnicas y financieras que prevé aplicar con vistas a la elección presidencial que se celebrará en diciembre de 1998 en el Gabón? 
Señor Comisario, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Carlotti. 
El Primer Ministro de Gabón, mediante una carta de 23 de julio de 1998 solicitó a la Comisión el envío de una misión de observación del conjunto del proceso electoral. 
En su respuesta del 3 de septiembre, la Comisión confirmaba lo que ya había dicho con ocasión de contactos anteriores, a saber, que estaba dispuesta, en el marco de un esfuerzo coordinado con el gobierno y los socios exteriores interesados, en ayudar a Gabón a preparar y organizar las elecciones presidenciales. En este sentido, la contribución de la Comisión podría dedicarse a la formación, sobre todo en beneficio de los agentes electorales y de los observadores de Gabón. 
Este enfoque, realizado con el conjunto de las fuerzas políticas, permitiría crear en Gabón las condiciones necesarias para asegurar la indispensable transparencia de las futuras consultas electorales. De momento, la Comisión permanece a la espera de una reacción por parte de las autoridades del Gabón a dicha oferta. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta tan precisa, pero sigo preocupada por el hecho de que las autoridades de Gabón hacen circular el rumor de que no han recibido respuesta por parte de la Comisión, esa respuesta del 3 de septiembre que usted mencionaba hace un momento. 
¿Qué podemos hacer nosotros, pues, para que en Gabón todos sepan, tanto la mayoría como la oposición, que la pelota está claramente en su campo? 
¿Qué podemos hacer asimismo para hacer saber públicamente que no nos desinteresamos del proceso democrático en Gabón? 
¿Qué podemos hacer urgentemente? 
Hablaba usted de formación y, efectivamente, cuanto más avanzan las cosas tanto más difícil es poner en práctica la formación de los observadores. 
Comparto sus preocupaciones sobre el tiempo que está tramnscurriendo, principalmente porque Gabón es un país sumamente importante hoy por hoy en esta región de África. 
Todos sabemos que el Presidente Omar Bongo es el decano de los líderes africanos. 
Ha tratado de desempeñar un papel pacificador y es absolutamente indispensable que la elección Presidencial en Gabón sea totalmente transparente. 
No hay por qué ofrecer asistencia- en términos financieros- pues Gabón no la necesita, pero la formación, y una buena formación, es absolutamente esencial. Nuestra carta del 3 de septiembre merece respuesta y creo que tendrá una respuesta. 
Y puedo asegurarle que después de esta pregunta voy incluso a informarme personalmente de lo que ocurre e insistiré para tener una respuesta en el más breve plazo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Señorías, con esta pregunta hemos completado la parte correspondiente al Sr. Pinheiro. 
Le damos las gracias por sus respuestas. 
Pregunta nº 40 formulada por Eryl McNally (H-0844/98): 
Asunto: Directiva por la que se introducen técnicas racionales de planificación 
¿Qué progresos se han realizado en relación con la nueva presentación de la Directiva por la que se introducen técnicas racionales de planificación y de legislación equivalente? 
Señor Papoutsis, le doy la bienvenida y tiene usted la palabra para responder a la Sra. McNally. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión aprobó, en septiembre de 1995, la propuesta de directiva sobre las técnicas racionales de planificación. El fin de la propuesta, como recuerdan, es que contribuya al objetivo comunitario de reducir las emisiones de dióxido de carbono. 
El Parlamento Europeo apoyó de forma considerable dicha directiva a través del informe de la Sra. McNally que, como tuve entonces la oportunidad de decir, era un excelente informe y fue aprobado por el Parlamento el 12 de noviembre de 1996. 
Muchas de las enmiendas del Parlamento Europeo fueron incorporadas a la propuesta modificada y aportaron más claridad a la directiva. 
Desgraciadamente, durante los debates en el grupo de trabajo del Consejo, la propuesta recibió un apoyo limitado y determinados Estados miembros declararon que preferían transformar la propuesta de directiva en recomendación. 
En el reciente comunicado de la Comisión sobre el rendimiento energético, la Comisión reiteró su postura sobre las técnicas racionales de planificación y subrayó que la Comisión sigue considerando importante dicha directiva, especialmente con vistas al desarrollo de servicios energéticos que fuesen el resultado de la liberalización del mercado. 
Y, asimismo, declaramos que examinaremos el mejor modo de promover dicho asunto. 
Doy gracias al Sr. Papoutsis por su continua labor en este ámbito. 
¿No está de acuerdo conmigo en que una directiva de ese tipo coadyuvaría mucho a darnos credibilidad en las negociaciones de Buenos Aires, que estarán coordinadas- desde el punto de vista de la Unión Europea- por la Comisaria Bjerregaard, con quien, según tengo entendido, el Sr. Papoutsis trabaja en estrecha cooperación? 
La eficiencia energética es, realmente, esencial para que cumplamos las promesas que hicimos en Kioto, particularmente en el sector doméstico. 
En el sector doméstico es donde necesitamos encontrar la forma de estimular a las empresas para que no solamente suministren electricidad o gas, sino electricidad o gas como medio de bajar o subir la temperatura en nuestros hogares, de contar con neveras y con la electricidad que precisemos. 
Muchas personas no pueden hacer esas inversiones por su propia cuenta. 
Necesitan que se les estimule, y esas empresas necesitan ayuda. 
Estoy completamente de acuerdo con usted, señora McNally, en que, efectivamente, es un objetivo especialmente importante y actual, sobre todo porque nos encontramos en el marco de las negociaciones de acuerdo con los compromisos que asumimos en Kioto. 
De hecho, creo que las emisiones de dióxido de carbono por parte del sector de la producción de electricidad representan más de un tercio del total de las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea. 
Por ello, debemos encontrar nuevas formas, nuevos métodos, con los que reducir dichas emisiones. 
Creo sinceramente, por eso insisto y por ello insiste la Comisión, que, efectivamente, una directiva sería una contribución muy importante al esfuerzo de los Estados miembros para lograr dicho objetivo. 
Pregunta nº 41 formulada por Ludivina García Arias (H-0852/98): 
Asunto: Ayudas públicas autorizadas a la empresa minera HUNOSA 
La Comisión Europea ha autorizado finalmente el Plan español de ayudas a la minería, pero vuelve a exigir nuevos recortes en la producción de carbón de la empresa minera HUNOSA, lo que significa que por segunda vez no reconoce lo pactado entre la Administración española y los interlocutores sociales. 
¿No cree la Comisión que en adelante debería sentarse en la misma mesa de negociación, de forma que su intervención sea más transparente y no parezca ante la opinión pública asturiana como un acuerdo entre la Administración española y Bruselas para exigir más recortes? 
Señor Papoutsis, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. García Arias. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión Europea aplaude el hecho de que la reestructuración de las empresas a las que hace referencia la Sra. García Arias se haya decidido mediante un acuerdo dentro del marco de diálogo social. 
Es positivo que se haya velado por el futuro de los trabajadores afectados, así como por el de sus familias, y que también se prevean medidas para la transformación económica de las regiones donde se extrae el carbón en un esfuerzo de encontrar nuevos vías y modelos alternativos para el desarrollo económico. 
Sin embargo, cuando la Comisión emite su parecer sobre esta nueva reestructuración su obligación es garantizar que las decisiones adoptadas sean compatibles con las disposiciones de los Tratados. La decisión sobre las ayudas a la industria española de extracción del carbón por parte de la Comisión es, de hecho, importante. 
Solamente para la empresa HUNOSA se han concedido ayudas por un montante de 262.400 millones de pesetas, es decir, 1.590 millones de ECU. La Comisión ha hecho grandes esfuerzos para adoptar una decisión que ayude a la industria y que considere conforme con el Derecho comunitario y que pudiera defender, si fuese necesario, ante las autoridades del Tribunal Europeo. 
Durante el proceso de negociación de los acuerdos españoles, la Comisión Europea mostró el mayor respeto posible hacia las partes que intervinieron en el diálogo declarando, por supuesto, que estaba dispuesta a colaborar en cualquier momento y a dar también su parecer siempre que se lo pidieran. Sin embargo, la Comisión señala que los interlocutores sociales que participaron en las deliberaciones no se pusieron en contacto con la misma a pesar de estar informados de los derechos de los que eran titulares. 
En lo relativo a las modificaciones a las que hace referencia la Sra. García Arias, incluidas en el texto de las autoridades españolas, la Comisión nunca solicitó nuevos recortes en la producción de HUNOSA. 
Las observaciones de la Comisión Europea sobre la producción de dicha empresa para el año 2001 proceden de un análisis fundamentado y transparente del desarrollo producido estos últimos años. 
Dicho análisis reveló que, debido a la base teórica de algunos cálculos que fueron presentados, la reducción de la producción de los pozos prevista en dichos acuerdos para el año 2001 no era la real. Por tanto, la Comisión no estaba en posición de admitir dicho sistema de cálculo de la disminución de la actividad y, en consecuencia, pidió que se cumpliera el acuerdo basándose en datos reales. 
Señor Presidente, permítame señalar que la Sra. García Arias tuvo la oportunidad de comprobar personalmente el espíritu abierto y la acogida de la Comisión Europea al interesarse en debatir los problemas de la empresa HUNOSA. 
Estamos siempre a disposición de la Sra. García Arias para informarla sobre todos los asuntos que se nos presentaron para su consideración y de los que tuvimos conocimiento. 
Quizás la pregunta debería haber sido: ¿con qué grado de intensidad ha defendido o explicado el Gobierno español los aspectos correspondientes al plan de HUNOSA? 
Porque los rumores y comentarios que han corrido mencionan una carta pactada entre el Gobierno y el Sr. Benavides respecto a la segunda fase de la reducción. 
Sin embargo, señor Comisario, yo tengo una duda. 
Cuando se discutió, aquí en el Parlamento, la decisión 3632, fui ponente. 
Usted sabe que regula, efectivamente, las intervenciones comunitarias. 
Y, tanto en el Consejo como en el Parlamento, se eliminó explícitamente el concepto de coste de referencia europeo y se habla, por lo tanto, en el texto, de razones sociales, regionales y de reducción tendencial de costes. 
Aunque es cierto que yo he hablado en varias ocasiones con sus representantes en la Comisión, nunca he conseguido saber claramente- puesto que no hay un reglamento que regule esa decisión- cuáles son esos baremos específicos, ni siquiera tengo el convencimiento de que dentro de la Comisión se conozcan criterios empresariales para que la Comisión pueda, efectivamente, decir que se debe reducir en tanto el personal o que se debe reducir en tanto la producción. 
Yo creo que se está haciendo además una interpretación restrictiva de la directiva porque estamos hablando de tendencia a la reducción de costes y eso no quiere decir reducción de la producción. 
Una empresa cualquiera puede producir más y bajar los costes de ese producto. 
Yo sigo sin entender esos criterios empresariales. 
Señor Presidente, quiero reiterar una vez más que la Comisión Europea está siempre dispuesta a colaborar con los Estados miembros cuando se trata de problemas delicados a nivel nacional y especialmente cuando se trata de aquellos problemas que tienen una particular dimensión social y regional. 
En el caso controvertido, la Comisión Europea ha agotado todos los recursos a su disposición para afrontar el problema de manera consecuente. 
Asimismo, la Comisión Europea respetó los acuerdos firmados entre los interlocutores españoles en lo relativo a los recortes de la producción. La diferencia de apreciación entre la Comisión y los interlocutores españoles estriba en el hecho de que la Comisión, al velar por la transparencia, tuvo en cuenta la cuantía real de la producción, mientras que España consideró una aproximación teórica de la producción. 
Por lo tanto, del análisis efectuado por los servicios de la Comisión se puso de manifiesto que la producción de 2.100.000 de toneladas para el año 2001 propuesta por España para los pozos de la empresa HUNOSA corresponde casi exactamente con la producción del año 1997 en esas minas. 
Eso significa que no se iba a realizar ningún recorte de la producción y, por consiguiente, no se llevaría a cabo ninguna reducción de la actividad. 
Por ello la Comisión ha tenido en cuenta el objetivo del recorte claro de la producción anual, respecificado de forma precisa en los acuerdos que se firmaron, y lo ha respetado. 
No hemos solicitado más recortes e insisto en que seguimos afrontando dicho asunto con el mayor grado posible de sensibilidad social y reconociendo los particulares problemas que existen en la región de Asturias. 
Creo que al Sr. Papoutsis no le extraña que cuando hablamos de Hunosa seamos la Sra. García Arias y yo misma, que somos asturianas, quienes intervengamos. 
Yo entiendo lo que él dice de la ayuda prestada por la Comisión. 
Entiendo lo que dice de la necesidad de reducción, y también agradezco que proponga la negociación con los interlocutores sociales. 
Pero mire, señor Papoutsis, lo que ocurre es que el Gobierno español llega a un acuerdo con los agentes sociales: un acuerdo de reducción de puestos de trabajo y de reducción de producción. 
Parece que ya quedamos tranquilos durante un tiempo y, al poco tiempo, aparece en la prensa regional- y hay una hemeroteca ahí que podemos consultar- que la Comisión Europea presiona para que ese acuerdo al que se llegó no se cumpla en todos sus términos y para que se vuelvan a reducir producción y empleo- y usted sabe que Asturias es una región muy castigada. 
Y, por lo tanto, nuestra preocupación es: ¿por qué no hace la Comisión Europea, de acuerdo con el Gobierno español y con los sindicatos, un plan definitivo que no se varíe dependiendo de la situación del Gobierno o de la Comisión en ese momento? 
Señor Presidente, quiero repetir una vez más que la Comisión Europea estuvo a disposición de las autoridades españolas y de los interlocutores sociales durante la negociación del acuerdo. Desde el momento en que se alcanzó el acuerdo, la Comisión lo respeta totalmente estimando que debe lograrse la reducción ya acordada, teniendo siempre como punto de referencia el volumen real de producción. 
Dicho esto, la única intervención que realiza la Comisión Europea es apreciar si dicho acuerdo es conforme con el Tratado. 
Por lo demás, una vez celebrado dicho acuerdo, la Comisión nunca ha vuelto a solicitar una reducción de la producción, como he explicado con anterioridad en la pregunta complementaria de la Sra. García Arias, pero sí la adopción de un método correcto para el cálculo del volumen de la producción para el año 2001. 
Nada más. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión está de acuerdo en que el objetivo que plantea el plan de acción del Libro Blanco para las fuentes de energía renovables de duplicar la participación de dichas fuentes en el suministro de la Unión y que pase de ser el 6 % al 12 % para el año 2010, es un objetivo ambicioso pero realista. 
En el Libro Blanco se analiza con bastante detalle la forma de lograr dicho objetivo global, tomando como base las más fiables estimaciones disponibles en cuanto a la posible contribución de cada fuente de este tipo. 
La propuesta que se presenta como estrategia para el incremento de las fuentes renovables de energía por sector se basa en una mejor combinación de tecnologías y ofrece a la Unión la posibilidad de lograr su objetivo dentro del marco de las limitaciones técnicas, reales y económicas. 
La apreciación sobre la porción futura que tendrá cada fuente renovable es, en cualquier caso, indicativa y contribuirá al seguimiento del progreso y a garantizar que cada tecnología se explote dentro de un claro marco político. 
Es un hecho que la mayoría de las tecnologías que tienen como fin conseguir fuentes renovables de energía se encuentra en un proceso de maduración técnica. 
Esto significa que el coste de producción de energía de las fuentes renovables disminuye continuamente, se reduce de forma estable. 
Por lo tanto, nos encontramos en la etapa en que se requiere un gran esfuerzo para promoverlas en el mercado y aplicar cualquier política que fomente dichas fuentes en la práctica y en todos los Estados miembros. 
Es manifiesto que, más allá de la financiación de la investigación y de la divulgación, se necesita aún, en la etapa en la que nos encontramos hoy, continuar el apoyo económico a las fuentes de energía renovables. 
Ahora, en lo referente al tema del alcance de la financiación, la Comisión está de acuerdo en la importancia de garantizar los créditos adecuados para impulsar las fuentes renovables. 
El programa ALTENER tiene como meta la utilización de las fuentes de energía renovables en la Comunidad con ayudas, y constituye una parte de la propuesta de la Comisión para el programa marco de la energía, que el Parlamento debatirá el jueves en su Asamblea. La propuesta de la Comisión va acompañada de una distribución financiera indicativa que abarca el período comprendido entre los años 1998 y 2002. 
Esta distribución muestra el aumento del presupuesto del programa ALTENER desde 14, 4 millones de ECUs en 1998 a 17, 1 millones de ECUS en el 2002. 
Creo que es evidente que ello constituye un aumento considerable en relación con la subvención actual destinada al ALTENER. 
Sin embargo, como saben, son ustedes, el Parlamento Europeo y el Consejo, los que tienen la última palabra en lo referente a los temas del presupuesto. La Comisión Europea está a la espera de sus decisiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, las posibilidades técnicas de la energía renovable son infinitas, y han sido sometidas a análisis en el Libro Blanco. 
Pero, además, es necesaria la adopción de decisiones políticas. 
En la Unión Europea no se han tomado todavía decisiones políticas que promuevan el uso de las fuentes de energía renovable. 
¿Piensa la Comisión que las fuentes de energía renovable harán posible una producción de electricidad para el consumo a precios distintos que los que presenta la electricidad producida mediante métodos tradicionales, con lo que se subvencionaría la electricidad renovable tolerando un ajuste de precios? 
Señor Presidente, la Comisión Europea ha hecho todo lo posible para presentar todas las propuestas que podían presentarse en el marco de los acuerdos dentro de la Comisión Europea, así como en el marco de los Estados miembros, para dar un fuerte impulso a la utilización de fuentes de energía renovables. 
Para ello hemos presentado primero el Libro Verde sobre las fuentes de energía renovables y posteriormente el Libro Blanco con un programa concreto de acción con el que creemos que podemos dar realmente un buen impulso. 
Le recuerdo que, en el programa de acción, elegimos cuatro iniciativas concretas: alcanzar la cifra aproximada de un millón de instalaciones fotovoltaicas sobre un millón de viviendas, instalar grandes parques eólicos con una potencia de 10.000 MW, conseguir instalaciones de biomasa de una potencia de 10.000 MW, introducir la utilización de fuentes de energía renovables en 100 comunidades. 
Éste es un programa de acción en el que invitamos a la industria, a los Estados miembros y a los agentes a que asumieran iniciativas para fomentar, de forma conjunta, las fuentes de energía renovables. 
Sin embargo, les recuerdo que en la directiva sobre el mercado interior de la energía eléctrica la Comisión Europea proponía el acceso privilegiado a la red por parte de las fuentes de energía renovables. 
Esperamos que eso sea algo que se vea continuado y explotado por todos los Estados miembros. 
A pesar de ello, la Comisión Europea no puede, como Comisión, actuar de otra manera. 
Por tanto, depende de los Estados miembros aprovechar todas esas posibilidades que proporciona el marco legal de la Unión Europea y, al mismo tiempo, hacer uso también de la financiación comunitaria que se concede a través de diversos programas comunitarios para apoyar a la industria en la producción de tecnología con un coste menor y, paralelamente, para ofrecer a las regiones de los Estados miembros y a las grandes ciudades la posibilidad de servirse de las nuevas tecnologías para la utilización de las fuentes de energía renovables. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 43 decae. 
Pregunta nº 44 formulada por Mihail Papayannakis a quien sustituye el Sr. Alavanos (H-0916/98): 
Asunto: Turismo sexual infantil 
Según indica una encuesta de Eurobarómetro realizada entre abril y mayo de 1998, los ciudadanos europeos condenan el turismo sexual infantil, y un 88 % de los mismos considera vital que la Unión Europea adopte medidas pertinentes para luchar contra este fenómeno. 
El Comisario europeo competente en materia de turismo ha manifestado en varias declaraciones que las primeras reacciones de la opinión pública europea han alentado a la Unión Europea a adoptar medidas prácticas y concretas destinadas a combatir el turismo basado en la explotación sexual de menores. 
Este fenómeno reviste especial gravedad en los países de Asia y Latinoamérica, así como en la Europa Central y Oriental, al estar estrechamente ligado a la pobreza, a la exclusión social y al tráfico internacional de menores. 
¿Puede indicar la Comisión si existe una acción común en materia de lucha contra este problema, si las acciones ejercidas hasta la fecha han contribuido en alguna medida a erradicarlo, y qué medidas concretas piensa adoptar para acabar de una vez con este fenómeno? 
Señor Papoutsis, le propongo que responda a la pregunta nº 44 formulada por el Sr. Papayannakis y al que representa en este momento el Sr. Alavanos. 
Señor Presidente, los resultados de una investigación solicitada a Eurobarómetro por la Comisión Europea contienen datos especialmente útiles para cuantos luchan contra el turismo sexual infantil. 
En lo que nos concierne, la lucha contra dicho fenómeno es un asunto al que concedemos especial importancia. 
Por lo tanto, de acuerdo con los resultados de dicha investigación, la intervención de la Unión Europea es considerada hoy no sólo deseable sino indispensable por parte de la gran mayoría de los ciudadanos europeos. Como muestra la investigación, el 88 % de los ciudadanos preguntados considera que la intervención social es fundamental e indispensable. 
La aplicación de todas las acciones previstas en la comunicación de la Comisión de noviembre de 1996 se realizó a un ritmo intenso. La Comisión tiene la intención de presentar, a finales de 1998, al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones un informe relativo a la aplicación de todas esas acciones y al progreso conseguido. 
Sin embargo, el hecho de que los ciudadanos europeos reconozcan ya la existencia de una actuación de la Comisión Europea nos anima de verdad a continuar con nuestros esfuerzos. 
Permítame, señor Presidente, que haga una breve referencia a una iniciativa sobre el apoyo a la coordinación a nivel europeo de las campañas nacionales de información y sensibilización contra el turismo sexual infantil. 
Las actividades de información, que hoy se encuentran en fase de materialización y son apoyadas por la Comisión Europea, se basan en el desarrollo, en distintos Estados miembros, de dos programas complementarios. 
El primero tiene como objetivo la planificación, elaboración y distribución de un vídeo sobre los vuelos de aviones hacia los destinos donde el fenómeno se manifiesta con más intensidad, así como la información y sensibilización del personal de las distintas líneas aéreas. 
El segundo tiene como objetivo la planificación, elaboración y distribución de folletos informativos para los viajeros y de informes con datos sobre el turismo sexual dirigidos a la formación de los profesionales del turismo. A dichas actividades de informaciónhay que añadir la organización de las primeras reuniones europeas de los agentes que participan en la lucha contra el turismo sexual infantil, del 24 al 26 de noviembre en Bruselas, a propósito del informe Brussels Travel Fare 1998. 
En el marco de dicho informe turístico profesional, la Comisión Europea tendrá a su disposición un importante foro que le permitirá presentar todas las iniciativas que ha asumido en lo relativo a la lucha contra el turismo sexual infantil. 
Asimismo, organizaremos reuniones de especialistas que contarán con distintas personalidades. Seis mesas redondas tendrán lugar en esos días con vistas a debatir, de forma detallada, todos las cuestiones y acciones comunes que podemos asumir en el futuro a escala europea contando para ello con las organizaciones no gubernamentales, con la industria y con los gobiernos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Comisario, Sr. Papoutsis, porque creo que ha asumido iniciativas importantes que no se mueven sólo en la esfera de las declaraciones, sino que promueven medidas prácticas, por muy difíciles que éstas sean y por muchos obstáculos que tengan que salvar. 
Me gustaría plantear dos breves preguntas: en primer lugar, si la Unión Europea ha tratado, a nivel político, con los gobiernos de los Estados miembros acerca de los países de Asia Oriental, allí donde se registran los mayores índices de turismo sexual, frecuentemente infantil y, en segundo lugar, si, a juicio de la Comisión, los 15 Estados miembros se han movilizado con igual sensibilidad y sentido práctico ante estas cuestiones. 
Señor Presidente, nos encontramos en un proceso de deliberación continua con los gobiernos de los Estados miembros y, tras la resolución del Parlamento Europeo de noviembre de 1997, ya disponíamos de la declaración del Consejo de 26 de noviembre de 1997, previa propuesta de la Comisión. 
Debo decirles que en aquella comunicación había un amplio acuerdo por parte de los Estados miembros. 
Desde un punto de vista práctico, las propuestas de la Comisión para actuar contra el turismo sexual infantil se concentran en un número reducido de objetivos que se corresponden con 4 necesidades básicas. 
Primero, impedir la explotación sexual de los menores y castigar a los que se aprovechan de ella.-Segundo, detener la afluencia de turistas con intenciones de practicar el turismo sexual desde los Estados miembros a terceros países.-Tercero, contribuir a la lucha contra el turismo sexual en terceros países.-Cuarto, que los Estados miembros de la Unión Europea adopten una postura uniforme ante el turismo sexual infantil. 
Aquí es donde se requieren en determinados casos modificaciones en la legislación nacional de los Estados miembros, que ya ha comenzado a realizarse a paso lento pero firme. En efecto, cada vez existe un mayor compromiso político de los gobiernos y, al mismo tiempo, hay mayor vigilancia y movilización por parte de la opinión pública en diversos Estados miembros de la Unión Europea, que espero que en breve abarque a todos los Estados miembros de la Unión Europea.En lo relativo a terceros países y dentro del ámbito de las relaciones exteriores de la Unión Europea se aborda dicho tema pero de forma tal que no desacredite a dichos países y se contribuya al esfuerzo conjunto realizado con dichos gobiernos con vistas a encontrar medios para combatir el fenómeno. 
También aquí necesitamos la ayuda de la industria turística que, debo decir, ya había asumido iniciativas importantes en este sentido. 
En cualquier caso, contando con la ayuda de la industria, con la colaboración de los 15 Estados miembros y con la de los gobiernos de terceros países, principalmente la de aquéllos en los que más se manifiesta dicho fenómeno, debemos insistir en el esfuerzo común para la creación de una ética turística y, al mismo tiempo, en encontrar medios con los que podamos, a través de la ayuda económica, contribuir al desarrollo económico, mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y, en especial, de los jóvenes, crear nuevos puestos de trabajo y, de esta forma, impedir el auge de dicho fenómeno y luchar contra el mismo. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
Hemos sobrepasado en 10 minutos el tiempo que teníamos destinado a las preguntas a la Comisión. 
No sé si atreverme a invocar su generosidad y la indulgencia de los servicios de la Asamblea, pero el Sr. Gary Titley está aquí. 
¿Qué le parece? 
¿Podemos responder a la pregunta del Sr. Gary Titley? 
Doy muchas gracias a usted y a los servicios de la Asamblea. 
Pregunta nº 45 formulada por Gary Titley (H-0900/98): 
Asunto: Consecuencia del apoyo del Parlamento al informe Harrison sobre el retraso en los pagos 
¿Qué medidas está emprendiendo la Comisión para garantizar que cumple el espíritu y la letra del informe Harrison sobre el retraso en los pagos, aprobado en septiembre, con objeto de garantizar que las pequeñas y medianas empresas que trabajan para la Comisión no sufren los efectos del retraso de los pagos de la propia Comisión? 
Señor Papoutsis, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Titley. 
Señor Presidente, la Comisión tuvo, de hecho, la oportunidad de expresar su satisfacción por el informe del Sr. Harrison sobre dicha propuesta de directiva relativa al retraso en los pagos y tendrá en cuenta la mayoría de las modificaciones propuestas en dicho informe. 
De acuerdo con la propuesta de la Comisión, los pagos efectuados por organismos comunitarios no están comprendidos en dicha directiva. 
Sin embargo, la Comisión presentará las propuestas pertinentes también para dichos pagos con vistas a crear normas equivalentes a las previstas en la directiva relativas a las autoridades públicas. 
De acuerdo con el documento de trabajo para la modificación del Reglamento Financiero del 22 de julio de 1998, la Comisión tiene la intención de armonizar las disposiciones que se aplican actualmente en lo relativo a los pagos con vistas a que el conjunto de las instituciones de la Comunidad adopte los mismos modelos previstos en la propuesta de directiva. 
De forma paralela, la Comisión ha asumido la elaboración de un estudio sobre sus propios retrasos en los pagos, cuyas conclusiones y propuestas se anunciarán antes de fin de año. 
Hasta entonces, los servicios competentes de la Comisión Europea realizarán todos los esfuerzos a su alcance para respetar, en la práctica, las directrices de la directiva propuesta. 
¿No le parece a la Comisión que se halla en una situación incómoda, pues por una parte dice que quiere preparar una directiva que regule la cuestión del retraso en los pagos y, por otra, tiene esperando a sus proveedores durante mucho tiempo a que se les pague lo que se les debe? 
Los proveedores se me quejan constantemente de ello, y sé que también se quejaron al Comisario cuando tuvo la amabilidad de visitar mi circunscripción. 
¿No le parece que esta situación será totalmente indefendible desde el punto de vista político mientras la Comisión no adopte medidas para corregirla? 
Señor Presidente, tengo que admitir que la Comisión Europea se ha retrasado en determinados casos y entiendo que existan quejas justificadas por parte de ciertas empresas y que posiblemente algunas de ellas se encuentren en la demarcación electoral del Sr. Titley. 
Sin embargo, debo decir, e insistir en ello, que la Comisión Europea realiza todos los esfuerzos necesarios en cuanto a los procedimientos, porque algunas veces nos encontramos ante facturas erróneas y se requiere cierto tiempo para comprobar si, realmente, las facturas son correctas o no. 
En cualquier caso, la Comisión Europea ha realizado todos los esfuerzos a su alcance para respetar, en la práctica, el marco propuesto por la directiva. 
No obstante, aparte de ello, quisiera señalar que la Comisión aprobó en julio de 1997 el principio de abono de intereses en caso de que efectuase con retraso los pagos, para indemnizar así al afectado por dicho retraso. 
De acuerdo con lo que sabemos, ningún otro organismo internacional paga intereses por los retrasos en los pagos. 
Quiero recalcar esto porque muestra, de hecho, que, en la práctica, la Comisión Europea se ajusta al marco y al espíritu de la directiva que ya propusimos sobre los retrasos en los pagos. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
Gracias, también, a los servicios de la Asamblea. 
Señorías, les informo que las preguntas 46 a 86 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.18 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0310/98) del Sr.Watts, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (98) OO71- C4-0162/98-98/0064 (SYN) ) relativa a las condiciones exigibles para la explotación en la Comunidad de servicios regulares de transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad. 
Señor Presidente, hace poco más de cuatro años, en septiembre de 1994, el transbordador de pasajeros de carga rodada Estonia se hundió en el Báltico con un balance de más de 900 muertos. 
Este Parlamento decidió entonces que este tipo de accidentes no podía volver a repetirse. 
La tragedia del Estonia fue sólo una de numerosas catástrofes de embarcaciones durante la pasada década. 
Puedo nombrar otras, incluida la de The Herald of Free Enterprise, ocurrida en 1987, o también, en fecha más reciente, la del Scandinavian Star. 
Entonces, el Parlamento se hizo la pregunta siguiente: ¿por qué no aprendimos la lección? 
¿Por qué no aprendimos la lección de la catástrofe de The Herald? 
¿Por qué entonces no se hizo prácticamente nada? 
Nunca más, es el objetivo de este Parlamento. 
En calidad de ponente del Parlamento sobre seguridad de los transbordadores, me complace sobremanera que actualmente estemos avanzando de verdad en lo que respecta a las seguridad de las embarcaciones. 
En realidad, gracias a la determinación del Comisario Neil Kinnock, hemos asistido a la introducción de una serie de medidas encaminadas a aprender y poner en práctica la lección. 
En primer lugar, el Código Internacional sobre Seguridad Marítima ha pasado a ser de obligado cumplimiento para garantizar que la dirección, el patrón, los oficiales y la tripulación dan prioridad a la seguridad. 
En segundo lugar, a partir de ahora se contará el pasaje y se recogerán los datos fundamentales por si se diera una emergencia. 
En tercer lugar, se están resolviendo los problemas de estabilidad de los buques de carga rodada, a raíz de la entrada en vigor del acuerdo de Estocolmo. 
Hoy analizamos la más reciente y ambiciosa medida hasta ahora. 
En lo sucesivo, los Estados miembros autorizarán la circulación de todos los transbordadores y las naves de pasaje de gran velocidad que operan en la UE, independientemente del país de abanderamiento. 
En otras palabras, los operadores ya no podrán evadir las leyes internacionales de seguridad al optar por un pabellón de conveniencia. 
Asimismo, en el futuro, será obligatoria la utilización de una caja negra que registre los datos del viaje. 
A partir de ahora, no se podrá negar a los Estados miembros el derecho a investigar los incidentes marítimos. 
Como ponente, respaldo plenamente dichas medidas, entre otros motivos, porque a pesar de los recientes sucesos trágicos, muchas embarcaciones no son aún lo suficientemente seguras. 
Un reciente estudio financiado por la Comisión ha revelado que casi uno de cada tres transbordadores examinados presentaba serias deficiencias en materia de seguridad. 
Dichas deficiencias incluían extintores obturados por el óxido, chalecos salvavidas defectuosos, motores de los botes salvavidas defectuosos y salidas de emergencia bloqueadas. 
Debemos asegurarnos, por consiguiente, de que la presente propuesta se adopta sin pérdida de tiempo, y debemos garantizar que se aplica rigurosamente en toda la Comunidad. 
A pesar de que apoyamos completamente esta medida, nos gustaría que fuera simplificada y reforzada en algunos aspectos importantes. 
Primero, creemos que todos los transbordadores- viejos y nuevos- deben estar equipados con cajas negras en un plazo de cinco años, lo que viene a llenar la laguna del artículo 5, que eximiría de su cumplimiento en perpetuidad. 
Segundo, creemos que deben hacerse públicos los resultados de los estudios sobre seguridad comunicados a la Comisión de conformidad con la presente directiva. 
Tercero, en el plazo de 12 meses, a partir de la entrada en vigor de esta propuesta, deberá realizarse una evaluación exhaustiva para determinar si las medidas adoptadas son suficientes o si son necesarias otras adicionales. 
Como garantía adicional de la seguridad de las embarcaciones, creemos que debe elaborarse un informe anual sobre seguridad. 
Toda esta información deberá hacerse pública. 
Estas tres enmiendas reflejan nuestra determinación de hacer más seguras las embarcaciones, garantizar que la seguridad de las embarcaciones sigue siendo una de las prioridades de nuestra agenda y, también, de aseguramos el apoyo del ciudadano y del pasajero a la hora de garantizar que se cumplen estas estrictas normas de seguridad. 
Espero que la Comisión esté de acuerdo esta noche con estas medidas. 
Tengo también algunas preguntas para el Comisario. 
Primera, habida cuenta de que los Estados miembros se muestran reacios a aplicar el nuevo régimen de seguridad, ¿qué recursos se pondrán disponibles para garantizar el cumplimiento en toda la Comunidad? 
Segunda, ¿cuándo tiene previsto la Comisión revisar el Acuerdo de Estocolmo para asegurarse de que las normas de estabilidad de los transbordadores son actualizadas de acuerdo con los últimos avances tecnológicos? 
Tercera, habida cuenta del fallo de las dos cajas negras en los minutos finales del vuelo de Swissair, que se estrelló recientemente frente a las costas canadienses, ¿se encargará la Comisión de garantizar que las cajas negras de todas las embarcaciones estarán equipadas de un sistema de alimentación auxiliar? 
Por último, deseo dar las gracias a todos mis colegas y a nuestro personal. 
Juntos, estamos decididos a impedir más catástrofes de transbordadores. 
¡Nunca más! 
Esta propuesta, junto con nuestras enmiendas y a condición de que se aplique debidamente, garantizará que los 141 millones de pasajeros que cada año viajan en transbordador en aguas europeas lleguen sanos y salvos a su destino. 
Señor Presidente, en un año de elecciones como éste a menudo se nos pregunta por lo que hacemos realmente en este Parlamento. 
Siempre me alegra poder decir que en la Comisión de Transportes del Parlamento en Estrasburgo y Bruselas hemos trabajado perseverantes por mejorar la seguridad en todos los medios de transporte. 
El tráfico transnacional debe hacerse más seguro a través de compromisos comunitarios. 
Nuestro compromiso es bien conocido, en especial con la seguridad en los transbordadores, como deja también claro el informe de hoy. 
Las cifras- más de 140 millones de pasajeros repartidos en 500 transbordadores- hablan por sí mismas. 
Deseo añadir que yo personalmente hago 200 viajes por mar al año y conozco los transbordadores. 
Y resulta cómico en sí que- cuando deben hacerse cumplir las normas internacionales de la OMI- nosotros nos veamos obligados a recogerlas en una directiva. 
Deberían ser válidas en todo el mundo. 
Sin embargo, no hay que darle más vueltas. 
En la confusión de países, de banderas y de legislaciones diferentes son necesarias directivas que garanticen marinos formados, port state control, etc. 
Los críticos de esta directiva tratarán seguramente de hallar nuevos derroteros. 
Los transbordadores serán trasladados a países fuera de la UE, etc. Sin embargo, y como ha sido mencionado, bien podría desearse que este arranque con el informe del Sr. Watt y el borrador de la Comisión fuera el comienzo de una iniciativa global que garantizase la seguridad en todos los mares. 
Vemos continuamente que debemos derogar la OMI en favor de leyes comunitarias. 
Sería mejor que tuviéramos algo que fuera válido para todo el globo. 
Estos días- desgraciadamente, podría decirse- sale a la venta un libro en Dinamarca sobre el accidente de Estonia. 
Algunos de nosotros reviviremos el accidente una vez más. 
Espero que esta directiva, y sobre todo la implementación de esta directiva, contribuyan a asegurar la legislación común y agarantizar la seguridad en el futuro. 
Para acabar, me veo obligado a mencionar un par de problemas daneses en lo que a esta directiva se refiere. 
Se trata de las enmiendas núm. 2, 15, 16 y 17, ya que puede discutirse hasta qué punto la Comisión debe asegurarse el derecho de actuación. 
Ésta podría ser la próxima cuestión a examinar cuando dispongamos de todos los datos estadísticos. 
Pero dejémoslo por ahora. 
Apoyo el informe tal y como ha sido aprobado en la comisión, sin embargo, me preocupan especialmente las enmiendas 16 y 17. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el Grupo del PPE apoya completamente el informe del Sr. Watts con dos pequeñas excepciones, en concreto las enmiendas 9 y 14. 
Creo que éstas van demasiado lejos, aunque nuestro colega el Sr. Watts sea un perfeccionista. 
No obstante en su esencia estamos totalmente de acuerdo con él. 
En los últimos años el agujero de los ferris le ha costado la vida a más de 2000 de nuestros conciudadanos. 
Desgraciadamente, señor Watts, el estudio del ADAC ha puesto de manifiesto este año que también en aquellos estados que pertenecen a los pabellones de la Comunidad aun existen muchas deficiencias en materia de seguridad. 
Señor Comisario, usted sabe a qué me refiero. 
Tenemos que conseguir que todos los ferris de la Comunidad, que navegan bajo pabellón europeo cumplan las prescripciones en materia de seguridad. 
Coincidimos tanto con el Sr. Watts como con sus colegas en que hay que reforzar las propuestas de la Comisión respecto de las condiciones para que operen los transbordadores de pasaje de carga rodada. 
Creemos que ya no es suficiente confiar la evaluación de las medidas de seguridad a los estados del pabellón. 
En ese error ya hemos caído demasiadas veces. 
Debemos procurar que los estados receptores alcancen un sistema obligatorio de supervisión, es decir, aquellos estados cuyos puertos son utilizados y cuyos ciudadanos son los usuarios habituales de los barcos. 
Compartimos totalmente la perspectiva de que no solo es exigible dotar a los ferris extranjeros con aparatos registradores de navegación, y en concreto con aquellos que disponen de batería propia, sino que también se cumplan lo más estrictamente posible las prescripciones transitorias. 
Porque la seguridad de los pasajeros debe ser igual para todos, lo mismo que la investigación de los accidentes, independientemente de la antigüedad del barco y el Estado miembro de registro del mismo. 
También compartimos la posición del ponente de que el banco de datos de la Comisión sobre incidentes en o con barcos pueda estar disponible no solo para los Estados miembros sino también para los ciudadanos que quieran emprender un viaje, de modo que todo el mundo se pueda informar sobre qué línea de navegación o qué barco es más seguro y sacar sus propias conclusiones. 
Posiblemente esto puede conduir a que las navieras, a la vista de las cifras de reservas y su retroceso, reflexionen acerca de alcanzar en sus barcos los estándares más modernos para no perder pasajeros. 
Seguramente también sea acertado adoptar los estándares de seguridad en la forma en que sean válidos para la evaluación y no como se contemplan en la aprobación de esta directiva, ya que creo que aun vamos a tener que endurecer muchas cosas. 
Permítanme para terminar que haga mención de un punto al que siempre hacemos referencia, y siento curiosidad por la forma en que la Comisión va a responder a la pregunta adicional del Sr. Watts. 
Nuestro problema principal es que a pesar de que aprobamos las directivas correctas, y esperamos que los Estados las transpongan correctamente, queda siempre la misma pregunta: ¿se preocupan igualmente los Estados miembros? 
¿Se comprueba con la misma intensidad? ¿Se extraen las debidas consecuencias en los casos de deficiencias? 
Creo que en este sentido aun nos queda mucho por hacer y siento curiosidad por saber si el Sr. Comisario nos puede decir algo más al respecto. 
Señor Presidente, ciertamente acogemos con satisfacción esta legislación complementaria, que es absolutamente fundamental para la seguridad de los pasajeros que utilizan principalmente este medio de transporte para desplazarse entre los Estados miembros. 
El informe contiene algunos aspectos importantes, como el hecho de que hayamos incluido las naves de pasaje de gran velocidad. 
Cada vez es mayor la competencia entre los transbordadores de pasajeros de carga rodada y dichas embarcaciones, por lo que debemos asegurarnos de que hacemos hincapié por igual en ambos medios de transporte. 
Deseo referirme en particular a la aplicación. 
Este aspecto ha sido mencionado por el Grupo del PPE y me preocupan varios ámbitos de la legislación. 
Europa, como no podía ser de otra manera, avanza en materia de legislación sobre seguridad en los transbordadores de pasajeros de carga rodada, que es un medio de transporte que teórica y prácticamente puede ser muy inestable, como hemos podido comprobar. 
Desearía oír de la Comisión, en particular, cómo podrá establecerse un sistema que garantice el cumplimiento en beneficio del público. 
Es un aspecto clave en el que el Parlamento debe involucrarse. 
Muchos ciudadanos viajan en transbordador regularmente y debemos garantizar su seguridad. 
Deseo dar las gracias al Sr. Watts por su informe, que es excelente. 
El cumplimiento es un aspecto clave. 
Señor Presidente, nosotros también consideramos muy importante el informe del Sr. Watts sobre el control de la seguridad de transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad en la Comunidad y, tras los múltiples accidentes ocurridos, lo situamos en el marco de las iniciativas legislativas sobre la seguridad. 
Y creo que son pasos importantes que exista un registro de los datos de la travesía y las propuestas de la Comisión de Transportes y Turismo, así como la propuesta sobre el informe anual sobre la seguridad de los buques y sobre un banco de datos que esté abierto al público, pero estos pasos no son suficientes. 
Pensamos que en los temas de seguridad en los barcos debe haber una cobertura más amplia, y especialmente un control de su aplicación, porque desde un punto de vista práctico, estamos viendo que estamos muy lejos de lo que hoy estamos debatiendo aquí y de las medidas que se dictan en la Unión Europea. 
Debe haber una aplicación, una aplicación que la propia Unión Europea a veces no deja avanzar. 
Quizás debería mencionar ahora nuestro gran disgusto por el hecho de que en otra directiva sobre la seguridad de las naves de pasaje, en donde dispone el reacondicionamiento de los buques que en octubre del año 2000 hayan cumplido 27 años, se haga una excepción con los buques griegos. 
Como diputado griego al Parlamento Europeo, quisiera decir que de ninguna manera podemos aceptar esta exención, exención que quizás pudiera aceptarse en otros sectores como, por ejemplo, en la industria textil o en la industria del calzado por razones económicas o sociales, pero que no puede ser aceptada cuando se trata de la seguridad de las naves de pasaje. Si los buques griegos pueden ser, provisionalmente, una excepción a ese reacondicionamiento, en el mismo momento en que se prohíbe tocar puerto europeo a los buques que sean objeto de exención, se hace de nuestro país un país tercermundista. 
Señor Presidente, señor Comisario, las catástrofes ocurridas con el «Herald of Free Enterprise» y el «Estonia» no se han olvidado, como es de justicia. 
Mostraron sobradamente que en el tráfico marítimo la política de seguridad merece alta prioridad. 
Si se descuida aquélla, las consecuencias son sumamente negativas tanto para las vidas humanas como para el medio ambiente. 
Por eso, es necesaria una política de seguridad rigurosa para el transporte por mar tanto de mercancías como de personas. 
Esa política debe adecuarse a la navegabilidad de los barcos y a la calidad de la tripulación. 
La reciente investigación del ADAC sobre la navegabilidad de un número de barcos de carga rodada y de barcos de pasajeros ha demostrado que el estado de seguridad de gran número de transbordadores deja bastante que desear. 
Por tanto, apoyo firmemente la propuesta que ha realizado la Comisión para elaborar una legislación al respecto y apoyo la mayoría de las enmiendas del ponente, al que felicito por este informe. 
Estoy de acuerdo con que esa política para la seguridad en el mar debe tener un alcance comunitario, de lo contrario existiría la posibilidad de que los armadores evitaran los puertos con los regímenes de seguridad más estrictos y se desviaran a puertos donde las exigencias a los barcos fueran menores. 
Eso, naturalmente, no va en beneficio de la seguridad. 
Para garantizar un desarrollo efectivo de la política de seguridad es necesario que la legislación sirva para todos los barcos que hagan escala en los puertos de la Comunidad, sin importar su bandera ni su nacionalidad, 
Las medidas propuestas crean un marco dentro del cual se ihan de introcucir en el ámbito comunitario las normas OMI, permaneciendo así a un nivel aceptable la navegabilidad de la flota naviera. 
La adecuación de las normas OMI aporta además un panorama claro a todos los interesados. 
Cargar los costes de revisión al armador cuando se constate deficiencias tales que sea irresponsable mantener el barco navegando, no se compagina bien con la igualdad de trato a las empresas. 
Después de todo, para cada barco controlado se realiza el mismo examen. 
Los costes son, por consiguiente, independientes de las deficiencias constatadas. 
Por tanto, no puedo apoyar la enmienda presentada en este punto. 
Quiero también señalar la importancia de un buen suministro de información para todos los interesados. 
La disponibilidad de información completa y relevante ofrece al cliente una visión de los riesgos que corre al utilizar los servicios de una compañía determinada. 
Por la misma razón soy partidario de un análisis anual de los resultados de la política llevada a cabo y la divulgación del mismo. 
Por último, Presidente, esta propuesta cuenta con toda mi aprobación y estoy convencido de que pueden evitarse muchos daños personales y materiales con la puesta en marcha de esta directiva. 
Señor Presidente, permítame comenzar dando gracias al ponente por el informe que ha presentado. 
Como suele suceder con los asuntos concernientes a la seguridad marítima, estamos de acuerdo en los aspectos esenciales. 
El tráfico de transbordadores en Europa se ha ensombrecido en el último decenio a causa de algunos accidentes muy graves. 
Todo esto ha hecho necesario que la UE actúe. 
Muchas propuestas hechas durante años han redundado en mejoramientos en la seguridad. 
Se ha tratado de mejorar la capacitación del personal de a bordo. 
Se ha tratado de ampliar la convención SOLAS para que comprenda también el tráfico nacional de transbordadores. 
En cada una de estas oportunidades hemos estado de acuerdo en que también en el futuro se necesitarán medidas para mejorar la seguridad. 
Mucho de lo que se tiene que hacer puede lograrse sólo mediante una amplia colaboración internacional. 
Las medidas comunitarias son necesarias para que la UE pueda dar a los ciudadanos un alto grado de seguridad, independientemente del país miembro al que viajen. 
De lo que se trata aquí, es de asegurar una aplicación más eficiente de las normas de seguridad acordadas internacionalmente para los transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de alta velocidad. 
Una gran cantidad de normas de seguridad y de explotación que han sido acordadas en el seno de la OMI serán obligatorias para los países miembros. 
Todo esto tiene básicamente el objetivo de cumplir con lo que durante los últimos años se ha dicho tantísimas veces en este Parlamento: «Nunca más debe ocurrir». 
Permítanme formular una pregunta final al Comisario acerca de las medidas que él considera necesarias para mejorar aún más la seguridad en el tráfico europeo de transbordadores. 
Señor Presidente, como se ha señalado, esta directiva es un paso importante para aumentar la seguridad marítima. 
Además, es una parte de las medidas que adoptó el Consejo después de la catástrofe del Estonia en diciembre de 1994. 
A nadie puede sorprender que yo apoye esta directiva, puesto que el Ministro de Transportes finlandés en ese momento era Ole Norrback, ex presidente de mi partido y mi jefe. 
Sabemos que los ingredientes fundamentales de esta directiva son reforzar las revisiones obligatorias, crear normas para la investigación de accidentes marítimos e instituir la exigencia de black box en las naves. 
Esto va a representar aumento de costes para la navegación pero no modifica mi posición. Yo apoyo la directiva. 
También es necesaria, porque las diversas interpretaciones de las normas de la UEM crean inseguridad. 
Las experiencias que condujeron a la propuesta de directiva demuestran también que la privatización de las actividades de las autoridades no es factible cuando los intereses económicos son demasiado grandes. 
También creo que debería haber control y emulación de calidad para esta actividad de las autoridades en el futuro, idea que yo creo que podríamos acoger. 
También me alegra que naciones insulares, además de las de la Unión, es decir, de Irlanda, Gran Bretaña y Finlandia, apoyen actualmente estas propuestas. 
Doy mi más sincero apoyo a la enmienda 3 porque se refiere al tráfico desde y hacia un mismo puerto, un tipo de tráfico que existe en mi región. 
Por el contrario, la enmienda 12 no cumple con el principio de cercanía. 
Creo que el asunto de la distribución de los costes de revisión tiene que ser dirimido por los países miembros. 
Estimados amigos, no acostumbro a usar muchas palabras de agradecimiento, pero esta vez deseo dar las gracias a nuestro colega Watts por el buen trabajo que ha realizado. 
Le deseo éxito, a nombre de todos, en la evaluación de los resultados del informe de ADAC al que hace alusión en los considerandos. 
Opino que su informe es una excelente forma de homenajear la memoria de las víctimas del Estonia. 
Señor Presidente, junto con el resto de la Asamblea yo también debo aplaudir el informe y la labor del Sr. Watts, así como las enmiendas que se han presentado y que creo que mañana serán aprobadas por gran mayoría por el Parlamento. 
Y debo decir que realmente la Comisión ha avanzado mucho en este sector y ha propuesto muchísimas directivas y reglamentos que atañen a la seguridad de los buques. 
Está bien que estas directivas se aprueben y después sean leyes. 
Pero ha descuidado en gran parte las medidas para la asistencia a la navegación europea. 
Debo recordarles que hasta finales de la década de los años 80 la Comisión estuvo, literalmente, bombardeando al Parlamento con propuestas sobre medidas para apoyar a la navegación europea. 
Un día se dejaron de proponer o de debatir medidas positivas para el mantenimiento de la navegación europea y desde entonces los únicos temas que ocupan a la Comisión son los de seguridad. 
Esto no es reprochable, pero existe un desequilibrio. 
En este momento, los que están obligados a trabajar estas líneas ven aumentar el coste de funcionamiento de un buque, que tiene que ser moderno y estar equipado- y esto también es correcto- con todo lo que prevé el informe del Sr. Watts. 
Sin embargo faltan medidas positivas para la navegación. 
La Comisión se ha olvidado de la navegación como industry. 
No se interesa por la navegación y por tanto vemos que la Hapag Lloyd se marcha de Alemania, la P& O de Gran Bretaña, la Stena Line de los estados escandinavos, se van a los conocidos paraísos fiscales, porque sólo mediante el fraude fiscal se pueden enfrentar a los crecientes gastos de explotación de sus barcos. 
Y estoy diciendo todo esto porque espero una respuesta de la Comisión sobre qué va a hacer en cuanto a las medidas de apoyo a la navegación europea, aunque sea ahora, en el último momento. 
Porque sin una navegación europea no habrá tampoco marinos europeos. 
Un método seguro para hacer desaparecer la especie del marino europeo es que no haya barcos con pabellón europeo. 
Señor Presidente, Señorías, la seguridad marítima, objeto de la presente propuesta de directiva, es de capital importancia. 
Ya era indispensable que la Unión Europea interviniera en este tema. 
Por tanto, felicito a la Comisión y al Consejo por completar así el edificio legislativo que han ido levantando progresivamente en el curso de estos últimos años, como resultado de los dramas que se produjeron a principios de la década. 
En efecto, la propuesta de directiva que hoy nos ocupa da respuesta a varias iniciativas destinadas a solucionar el problema de la seguridad de los transbordadores de pasaje de carga rodada. 
Ésta constituye el tercer texto presentado por la Comisión con vistas a responder a las expectativas del Consejo en materia de seguridad de los transportes marítimos de pasajeros. 
Así, tras el reglamento que hace obligatoria, con anticipación, la aplicación del código internacional de gestión de la seguridad a todos los servicios regulares de transbordadores de pasaje de carga rodada y después de la directiva que prevé el registro obligatorio de los pasajeros que viajen a bordo de dichas naves, la propuesta de directiva, objeto del informe de nuestro compañero Mark Watts, está destinada a instituir un régimen de vigilancia obligatoria de todos los transbordadores de pasaje de carga rodada que salen o tienen como destino los puertos de la Unión Europea. Asimismo, está destinada a permitir el control por parte de los Estados miembros de la seguridad de todas estas naves, incluido el derecho a entablar investigaciones en caso de producirse un accidente marítimo. 
Este conjunto de textos reglamentarios dan respuesta a una resolución del Consejo del 22 de diciembre de 1994 sobre la seguridad de los transbordadores de pasaje de carga rodada, aprobada tras varios dramáticos accidentes a bordo de los transbordadores que realizan el enlace entre puertos europeos. 
En efecto, todos tenemos presente las tragedias del «Herald of Free Enterprise» , del «Scandinavian Star» y del ' «Estonia» , para sólo citar a los más recientes. 
Recordemos que estas tragedias costaron la vida a cerca de 2.000 personas. 
La Unión Europea tenía que intervenir. 
La propuesta de directiva afectará a más de 550 transbordadores de pasajeros y naves de pasaje de gran velocidad que navegan regularmente entre 277 puertos europeos y que, en 1996, transportaron 141.818.786 pasajeros, según apunta el ponente. 
Esto pone de manifiesto cuán oportuno es que nos ocupemos de este tema. 
A este respecto, la uniformidad, la armonización de las normas de seguridad a escala de la Unión Europea es de primordial importancia con el fin de garantizar a los pasajeros unas condiciones de seguridad óptimas. 
En conclusión, quisiera felicitar al ponente por la calidad del análisis que desarrolla en su informe. 
Sé que tienen gran interés en los temas relativos a la seguridad marítima. 
Le ruego, pues, que me permita saludar el notable trabajo que ha realizado y los esfuerzos que ha desplegado en la materia. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, para empezar quiero decir que tomo la palabra en nombre de la Comisión Europea y en el de mi colega el Sr. Kinnock, quien siente no estar hoy aquí en la sesión ya que se encuentra en Luxemburgo, en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente sustituyendo a mi colega la Sra. Ritt Bjerregaard, que ha sufrido un pequeño accidente y, desgraciadamente se encuentra fuera de servicio. 
Señoras y señores diputados, me alegra especialmente que el informe del Sr. Watts apoye la introducción en la Comunidad de un sistema de vigilancia extensivo y obligatorio y de un régimen de investigaciones en caso de accidentes en servicios regulares de transbordadores de pasaje de carga rodada. 
Me encuentro en la grata situación de informar que la Comisión va a apoyar un gran número de las enmiendas que se proponen en el informe. 
En concreto, la Comisión puede aceptar, con la reserva de algunos cambios sintácticos, las enmiendas nº 1, 2, 4, 5, 10 y 11 y también puede aceptar, en principio, las enmiendas nº 9, 12 y 15. 
Muchas de estas enmiendas aspiran a asegurar y mantener la cohesión con otras enmiendas y reglamentos sobre la seguridad en la navegación. 
Sin embargo, el mismo interés por la cohesión no nos permite aceptar las enmiendas nº 3, 7 y 14. 
La enmienda nº 6 propone que se apliquen las directrices que se anexan a la Resolución A.746 de la Asamblea de la OMI, vigentes en la fecha del reconocimiento de conformidad con el artículo 13. 
Me hago cargo del gran deseo de aplicar los ya modernos reglamentos; pero, como legisladores, no podemos prever la inmediata aplicación de futuras enmiendas en acciones oficiales de la OMI. 
De cualquier modo, los servicios de la Comisión están preparando una propuesta para enfrentarse a esta situación y estoy seguro de que esto va a satisfacer al Parlamento Europeo. 
Una de las medidas más importantes que se proponen para la investigación de los siniestros, es la existencia obligatoria en la nave de un registrador de datos relacionados con la travesía, el Voyage Data Recorder. 
La Comisión ha tomado en cuenta debidamente las dificultades técnicas que podrían producirse en la instalación de estos registradores en naves ya construidas. 
Por esta razón, nuestra propuesta prevé que la Comisión tenga la posibilidad de otorgar exenciones sobre determinadas prescripciones a las que los RDT deben corresponder. 
Consideramos que esta posibilidad de conceder exenciones es básica y en consecuencia no podemos aceptar que pueda limitarse a 5 años según la enmienda propuesta nº 8. 
La enmienda nº 13, en relación con los datos concernientes a los reconocimientos en los transbordadores de carga rodada, propone, por un lado, que estos se den a conocer al público y, por otro, que sean la base de un informe anual que redactará la Comisión. 
A pesar de estar de acuerdo con exigir transparencia debo llamar la atención del Parlamento sobre los peligros que la publicación de estos datos puede encerrar, especialmente en relación con la credibilidad, la seguridad y el fraude comercial. 
Precisamente el interés de la Comisión por este tema la llevó a proponer un procedimiento de comitología para determinar las condiciones para el acceso a los datos en cuestión. 
El tema de la transparencia nos lleva a la enmienda nº 15 que solicita que la Comisión lleve a cabo una evaluación de los progresos realizados en el ámbito de la seguridad de los buques y de las naves ro-ro a la luz de la Resolución del Consejo de 1994. 
La Comisión está claramente de acuerdo con la necesidad de hacer evaluaciones regulares sobre las medidas comunitarias adoptadas, bajo la condición de que dichas evaluaciones se lleven a cabo en el momento adecuado y en periodos lógicos para que sean efectivas. 
Por esta razón, propongo que la evaluación solicitada se realice tres años después de la aplicación de la directiva y que la presentación relativa del informe anual se haga en el marco ya existente de presentación de informes sobre la aplicación de la legislación comunitaria. 
Finalmente, las enmiendas nº 16 y 17 proponen que los Estados miembros proporcionen información adicional sobre cómo facilitar el servicio a los pasajeros, así como sobre el número de los miembros de la tripulación contratados a título temporal u ocasional. 
Dado que estos temas no están recogidos en los requisitos de los convenios internacionales ni en la legislación comunitaria, en el ámbito de la seguridad en la navegación, no veo ni la necesidad ni el valor de añadir estas informaciones. 
Por último quisiera agradecer al Sr. Watts y al Parlamento Europeo el haber facilitado la rápida aprobación de la posición común sobre esta importante medida. 
Una medida que sinceramente creo que abre el camino para una mejora esencial de la seguridad de los ciudadanos de la Unión que viajen por aguas comunitarias. 
Finalmente, a las preguntas complementarias que han formulado los Sres. Watts, Jarzenbowski y Teverson, querría decir, en cuanto a la posibilidad de que los Estados miembros apliquen la directiva, que la responsabilidad de aplicar la legislación comunitaria, naturalmente, la tienen los Estados miembros. 
La Comisión anima justamente a la aplicación de estas decisiones, vela por la rápida adaptación de la legislación nacional y, naturalmente, actúa en caso de que haya protestas. 
Precisamente por la gravedad del tema, creemos que los Estados miembros deberán responder rápidamente. 
En cuanto a la siguiente pregunta, que ha formulado el Sr. Watts, quisiera contestar que la Comisión vela por que se aplique el acuerdo de Estocolmo, así como por la aplicación de la directiva sobre los estándares para las naves de pasaje. 
Les aseguro que si es necesario actuar en esta dirección lo haremos inmediatamente. 
Por último, en cuanto a la tercera pregunta del Sr. Watts, quisiera decir que en relación con la seguridad de las cajas negras de la navegación debemos ser claros. 
No garantizamos un 100 % de seguridad ni siquiera en los transportes aéreos y nadie puede garantizar un 100 % de seguridad por utilizar cajas negras, y especialmente después de muchos, muchos años. 
De todas formas, es seguro que la Comisión va a seguir haciendo esfuerzos por garantizar los estándares más elevados posibles de acuerdo con la OMI, es decir, estándares de equipamiento y de funcionamiento. 
Y para terminar, a la pregunta que ha formulado el Sr. Stenmarck, quisiera contestar que para mejorar la seguridad en los transbordadores debemos aplicar plenamente la legislación comunitaria que hemos adoptado durante todos estos años. 
Y este es precisamente el desafío que tenemos ante nosotros y nuestra obligación. 
Señor Presidente, muy brevemente, sobre algunos de esos puntos, la mayoría de nosotros acogeríamos con satisfacción comentarios sobre la enmienda 15 relativa a la evaluación de la seguridad. 
Pero aún debemos recibir una explicación clara de la Comisión de por qué dichas grabadoras de datos del viaje no pueden ser implantadas en lo que parece un plazo muy generoso de cinco años, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta directiva. 
En segundo lugar, ¿por qué no podemos confiar en el público para que decida por sí mismo si el viaje en transbordador es seguro o no? 
Si ponemos los datos a disposición de los operadores, deberíamos tener el valor de nuestras convicciones y ponerlos también a disposición del público e incluso de los propios pasajeros. 
Acojo con satisfacción las respuestas relativas a la aplicación de la revisión de Estocolmo, pero observo que el Comisario no ha respondido a mi observación específica sobre el sistema de alimentación auxiliar de las cajas negras de grabación del viaje. 
Sin dicha alimentación, en caso de emergencia, dichas cajas negras pueden resultar inútiles. 
Aunque comprendo que esta noche no pueda ofrecernos una respuesta, le agradecería una respuesta por escrito a este punto concreto. 
En todo caso, deseo expresar mi agradecimiento al Comisario. 
Señor Presidente, para empezar creo que en cuanto a las preguntas que concernían a la enmienda nº 8, mi respuesta ha sido completa y no creo que pudiéramos completarla más, especialmente en cuanto a las estándares técnicos que utilizamos para el registro de datos. 
En cuanto al resto de preguntas técnicas que formula el Sr. Watts, sinceramente prometo en nombre de la Comisión que recibirá todas las respuestas por escrito. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Red de transporte paneuropea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0241/98) del Sr. Sisó Cruellas, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (97) 0172- C4-0206/97) sobre la conexión de la red de infraestructuras de transporte de la Unión con los países vecinos -» Hacia una política paneuropea de cooperación en las redes de transporte». 
Señor Presidente, la política paneuropea de cooperación de las redes de transporte hay que situarla dentro de un proceso dinámico que ya encontró su expresión en los procedimientos y en las precedentes conferencias paneuropeas de Praga y Creta y que, sin duda ninguna, no concluyó en Helsinki. 
Sin embargo, de lo que ahora se trata es de llevar a buen término los resultados de las conferencias mediante ideas que puedan ponerse en práctica. 
Y debe ser objeto prioritario el establecer y consolidar una estrategia global que conduzca finalmente al establecimiento de una red multimodal integrada paneuropea de infraestructuras de transporte. 
Un objetivo tan ambicioso sólo es alcanzable a través de un proceso complejo y sostenido de coordinación de los diferentes participantes y de complementariedad de los recursos disponibles así como de armonización de los principios y criterios que deben regir las acciones requeridas para que la Unión juegue el primordial papel de incitación y orientación al concierto global que le corresponde a partir de situaciones de partida tan diferentes. 
Y, sobre todo, hay que contar con la cooperación de los Gobiernos, de las instituciones financieras internacionales y del sector privado. 
Pero para que este proceso consiga los resultados apetecidos, debe desarrollarse con transparencia. 
Es imprescindible tener información para poder evaluar en cada instante el camino recorrido y el que queda por recorrer. 
El Grupo TINA tiene por función analizar las infraestructuras de transporte ya existentes, calcular el crecimiento del transporte que cabe esperar, evaluar las necesidades de infraestructuras y determinar el futuro transporte a través de las redes transeuropeas en una Unión ampliada. 
La cuidadosa conclusión de tales trabajos es extraordinariamente importante, ya que sólo así se podrá garantizar la adecuada aplicación de los recursos y actividades comunitarios. 
Las cuestiones fundamentales que- en mi opinión- hay que resaltar a la hora de vencer las dificultades para lograr las redes de infraestructura de transporte que Europa necesita son la interoperabilidad, la financiación, disponer de proyectos maduros y las incertidumbres. 
Las acciones tendentes a garantizar la interoperabilidad de las redes exigen y exigirán un importante esfuerzo técnico y de inversión. 
Esto es así toda vez que las modernas redes de infraestructura de transporte de los Estados miembros se han desarrollado con una visión por completo ajena a la posibilidad de un mercado sin fronteras y al papel que han de jugar las infraestructuras en el proceso de su formación. 
La interoperabilidad de las redes sería, por tanto, una cuestión a resolver con carácter previo, puesto que mientras no haya interoperabilidad no habrá libre circulación. 
Pero pienso que, para que caigan los obstáculos a la interoperabilidad, será tan importante o más que elaborar normas comunitarias consensuadas sobre cada particular, el crear las condiciones objetivas para que desaparezcan las posiciones e intereses objetivamente contrarios a la interoperabilidad. 
Y, como siempre, el gran problema es cómo financiar la construcción de las infraestructuras de transporte. 
Los debates públicos sobre la financiación de infraestructuras de transporte al utilizar, sin otras matizaciones, la palabra «financiar» suelen pasar por alto o suelen plantear de forma equívoca la diferencia existente entre la operación de financiar en sentido estricto y la operación de pagar. 
Con ello se olvida que los recursos aplicados y los agentes que intervienen en cada una de estas operaciones pueden ser- y son con frecuencia- completamente distintos. 
En este contexto, se entiende que financiar las infraestructuras de transporte en sentido estricto es una operación de carácter intermedio consistente en conseguir y aportar los recursos inmediatos para que la inversión pueda realizarse y cumplir sus objetivos. 
Por el contrario, pagar las infraestructuras de transporte es una operación de carácter final consistente en aportar los recursos últimos que permitirán dar por cerrado el ciclo económico de la inversión. 
En las actuales circunstancias económicas en la Unión Europea, con severas limitaciones acordadas para las cuantías del déficit y del endeudamiento público, es muy difícil hacer frente a las necesidades de inversión detectadas para las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte. 
La variedad de fórmulas teóricamente válidas para la financiación intermedia de las infraestructuras de transporte es resultado de la variedad de respuestas que es posible dar a la identificación y valoración de flujos económicos que puedan convertirse en flujos de carácter financiero y ser asignados a un agente privado. 
La evidente preocupación comunitaria por el problema de la financiación privada de las infraestructuras de transporte ha llevado a la Comisión a presentar una comunicación relativa a las asociaciones entre los sectores público y privado en los proyectos de redes transeuropeas de transporte. 
Una lectura atenta de la comunicación y una apreciación de los problemas reales que, en última instancia, las ha motivado sugieren que las cuestiones clave son las que ya anteriormente he citado: la insuficiencia de los mercados europeos de capitales a largo plazo- mercados decisivos para gestionar el riesgo de una inversión con períodos de madurez muy largos; la ausencia de proyectos maduros; y la desconfianza y la incertidumbre del sector privado con respecto a las actuaciones actuales y futuras del sector público, sobre todo en lo que respecta a la cooperación paneuropea de las redes de transporte que la Comisión propone entre la Unión, los Gobiernos de los Estados miembros, los Gobiernos de otros Estados interesados, las instituciones financieras internacionales y el sector privado. 
Tiene que ofrecer, a los posibles inversores y empresas constructoras así como a los prestadores de servicios de transporte y a la industria de bienes de capital, un marco estable para sus transacciones financieras. 
La estabilidad dependerá- lógicamente, también- de que los Gobiernos de los países socios asuman su responsabilidad, creando un claro marco político legal que permita a los inversores reconocer los riesgos políticos y administrativos de los proyectos y, por otro lado, respetar las disposiciones de la Unión Europea relativas a la competencia, el medio ambiente y la contratación pública. 
Señor Presidente, promover la interconexión de las redes de transporte europeo con las de sus países vecinos es uno de los objetivos que persigue la Unión Europea desde hace muchos años. 
Durante mucho tiempo, el proceso ha sido fragmentario, incluso caótico, y ha acarreado un mosaico de disposiciones. 
La comunicación de la Comisión sobre la conexión de las infraestructuras es una respuesta coherente y racional y se inscribe plenamente en la aplicación de las conclusiones de la Tercera Conferencia Paneuropea de Transportes de Helsinki. 
Por tanto, es preciso saludar esta voluntad de síntesis, ya que el plan de acción constituye un progreso indiscutible. 
El concepto de interoperabilidad con todo lo que supone de adaptación de la normas y medidas reglamentarias es especialmente interesante, puesto que debería permitir relacionar tecnologías sumamente distintas así como hacer cohabitar estructuras públicas y estructuras privadas. 
Queda de manifiesto que la perspectiva de ampliación hace tanto más indispensable este enfoque de múltiples vías. 
Visto lo anterior, es preciso observar que esta estrategia se aplica tanto a los nuevos Estados independientes como a los países de la zona euromediterránea. 
No obstante, el establecimiento de estos 9 corredores, cuyo número ahora es de 10, interesa muy especialmente a los países de Europa Central y Oriental. 
Ello supone que los países candidatos a la adhesión modernicen sus infraestructuras y encuentren la financiación necesaria. 
Efectivamente, este es el objeto de los préstamos concedidos en el marco del programa PHARE, pero estos países también deberán beneficiarse de préstamos procedentes del BEI, del BERD o del Banco Mundial. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sin dejar de felicitar a la Comisión ejecutiva por la estructura general de la presente comunicación, ha expresado el deseo de plantear en su opinión algunas interrogantes. 
Agradezco al ponente haber tomado en cuenta en su excelente informe nuestras observaciones. 
En efecto, si consideramos que la mejora de las infraestructuras de transporte es un factor de desarrollo y, por ende, de crecimiento, y que ello debería favorecer en un momento dado la aproximación de los países de Europa Central y Oriental con los países de la Unión, la financiación de estas redes puede revelarse difícil. 
Por otra parte, no hay que subestimar las repercusiones de un desarrollo de los transportes, especialmente de carretera, en el medio ambiente y en el ámbito social. 
En efecto, éste concierne el estado de las negociaciones entre la Comunidad Europea y Suiza en el campo de los transportes y en la solución del contencioso que tenemos con este país, en la medida en que la posibilidad de atravesar el territorio helvético aliviaría el tráfico de los valles alpinos. 
Por ende, no podemos alegrarnos de los resultados del referéndum suizo del pasado 27 de septiembre, incluso si las negociaciones todavía no han llegado totalmente a su fin. 
Créanme, Señorías, en el debate que hoy nos ocupa, este tema no es meramente accesorio. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, quiero dar las gracias al Sr. Sisó Cruellas por este informe. 
Si la política de transportes europea se expresase tan amplia y estructuradamente como su informe, entonces viviríamos en una Europa muy feliz desde el punto de vista del transporte. 
Lamentablemente esto no es así y debo anticipar que, a tenor de la comunicación de la Comisión, en este informe se trata de la conexión con las infraestructuras de transporte del este de Europa, es decir, de los países de la ampliación, aunque también de algunos países del norte y de algunos del sur, pero debo anticipar también que no hemos hecho nuestros propios deberes. 
Si observamos lo que ha sido de las redes transeuropeas en el sector de los transportes, no cabe más que pensar que se ha hecho poco. 
La Comisión ha elaboró un informe para la reunión del Consejo en Cardiff. 
Tengo una gran consideración por el Comisario Kinnock, igual que por su optimismo. 
Se da cuenta de que el vaso esta lleno en un cuarto pero no ve que está vacío en sus tres cuartas partes restantes. 
Debemos reconocer que no hemos conseguido realizar completamente lo que se incluyó en el llamado libro blanco de Delors ni mantenernos en el plan temporal previsto. 
La financiación es insuficiente. 
Tampoco hemos definido suficientemente los objetivos políticos. 
Ha sido Suiza, con su referéndum, la que hace poco ha dado una señal que también es importante para Europa, en concreto la señal de que está dispuesta a habilitar recursos financieros en forma de impuesto sobre el transporte pesado puntual para, con ellos, construir las carreteras. Pues aquí, en el caso de la infraestructuira de transportes se trata, naturalemnte, de una infraestructura común. 
Se trata también de las carreteras, pero sobre todo de las vías férreas, y también de que necesitamos recursos financieros para poder construirlos. 
El Sr. Jarzembowski seguramente me dé la razón en que las elecciones alemanas también han cambiado algo muy importante en este asunto, quizá no a su gusto pero sí al mío. 
Precisamente en la construcción de las vías y en esta reorientación de la política de transportes anhelo y espero ciertos cambios y nuevas iniciativas para que podamos desarrollar aun más el transporte público, sobre todo la infraestructura viaria, de modo que nos sea posible garantizar en el futuro el transporte intermodal y la interoperabilidad. 
Esto sería absolutamente necesario, ya que solo podemos apelar a la buena conciencia de nuestros vecinos si nosotros mismos practicamos lo que les pedimos. 
Tenemos, por tanto, grandes tareas ante nosotros y el Sr. Ponente ya ha aludido a la TINA, la Secretaría que se encuentra en Viena y que debe llevar a cabo el cálculo de la demanda de infraestructuras, que ya ha hecho parcialmente. 
¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos financiar? 
Según la TINA en esta red de transportes se deben construir unos 18.000 kms de carreteras y unos 20.000 kms de ferrocarril. 
A esto habría que añadir los aeropuertos y la navegación interna y oceánica. 
Los costes previstos para esta tarea ascenderían a unos 87 millardos de ECUS hasta el 2015. 
Para el núcleo de la red se necesitarían unos 65 millardos de ECUS. 
¿Es posible financiar esto? 
Eso es algo más del 1, 2 % que la Unión Europea gasta en desarrollar las comunicaciones. 
Hay que tener en cuenta que algunos de estos países son ciertamente pobres y que en algunos de los más pobres es donde la demanda es más acuciante, lo que por otro lado no es sorprendente. 
En Rumanía, Bulgaria y Lituania la necesidad de inversión está por encima del 1, 5 %, es decir, se precisaría un apoyo de la Unión Europea para dar a nuestros países vecinos la ocasión y la posibilidad de desarrollar sus infraestructuras, adaptarlas al nivel de la Europa occidental, pero también para ir más allá. 
Desde luego, este proceso de adaptación debe ser llevado a cabo por ambas partes. 
En relación con esto será necesario, ya que concedo un especial valor al desarrollo del ferrocarril aunque sin pretender marginar a las carreteras, que los ferrocarriles europeos asuman cierta responsabilidad tanto en el desarrollo del este como del Oeste, es decir, la cooperación entre los ferrocarriles se va a hacer imprescindible. 
De este punto de vista quisiera pedir que los ferrocarriles no tengan que aguardar a las iniciativas de Bruselas o de cualquier otro lugar, sino que puedan emprender ellos mismos lo que sea necesario para desarrollar el sector ferroviario en consonancia con las necesidades de los clientes. 
Con esto no sólo me refiero al transporte de personas sino también al transporte público. 
La Agence Europe ha manifestado hoy que un cierto malestar se ha introducido en la discusión sobre la ampliación hacia el este. 
Puede que así sea, yo no lo voy a discutir. 
No podemos rebatir cosas como estas sin más, sino que tenemos que tener presente que los ciudadanos de Europa solo van a aceptar y apoyar la ampliación si ven que tanto en el Este como en el Oeste se hacen más esfuerzos por facilitar la superación de sus problemas cotidianos- aquí se incluye el transporte- tal y como hemos hecho en el pasado. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, el informe de mi colega, el Sr. Sisó Cruellas, es tan bueno que no quisiera decir nada sobre el mismo puesto que ya se ha dicho todo. 
Quisiera solamente decir algo sobre un punto que los socialistas han colado en los debates de la comisión, pero que directamente no tiene nada que ver con el informe, en concreto el número 25, que tenemos que rechazar. 
El proyecto del acuerdo entre la Unión Europea y Suiza sobre transporte terrestre negociado por el Comisario Kinnock y apoyado por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos contiene unas inaceptables subidas drásticas de las tasas de tránsito para vehículos pesados, que supone una carga para la industria del transporte, para la economía y finalmente para los usuarios. 
Es inaceptable que a partir del 2001 un camión, aunque sea uno de los de 40 toneladas que entonces estarán autorizados, tenga que pagar, por un simple trayecto de Basilea a Chiasso, una tasa de 325 francos suizos en lugar de 25. 
Esto es inaceptable. 
Aunque la población suiza haya votado en referéndum del 27 de septiembre- mi colega Swoboda y mi predecesora ya lo han señalado- con un 57 % a favor de un impuesto sobrecada servicio de transporte pesadol, solo cabe decir que se trataría quizá de un fortalecimiento del gobierno suizo pero en ningún modo de un dictado para las negociaciones con la Unión Europea. 
En caso contrario también nosotros podríamos organizar un referéndum en la Unión Europea que consecuentemente debería ser aceptado por Suiza. 
Esto no puede ser así. 
Quisiera por ello solicitar a la Comisión que observe el resultado de la consulta popular como un fortalecimiento de la posición del gobierno suizo pero que en ningún caso lo acepte. 
Es por el interés de nuestros transportistas, nuestra industria y nuestros consumidores que deben alcanzarse unas tasas de tránsito razonables. 
De todos modos, queridos colegas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, no podemos aceptar el proyecto del acuerdo con Suiza porque todavía no sabemos si en un mes Suiza va a aprobar la construcción de dos nuevos túneles ferroviarios y la financiación que ello requiere. 
Si el pueblo suizo no aceptase la construcción de los túneles y su financiación, desaparecería la base de negociación del acuerdo con Suiza. 
Porque no puede ser que digan: encarecemos el transporte terrestre, pero a cambio podréis utilizar el túnel ferroviario, y después se rechaza el túnel. 
¡Eso no puede ser! 
Por ello debemos decirles a los suizos que aquí ya estamos padeciendo una acumulación de proposiciones y que esperamos una respuesta cooperativa. 
Permítanme unas palabras a las preguntas de mi colega Swoboda. 
Estamos a favor del ferrocarril. 
Nos alegramos de que el ferrocarril alemán, así como el holandés y el sueco estén a punto de ver la transposición de la Directiva 91/440. 
Otros Estados miembros no han ni siquiera empezado con la transposición de la directiva del 91, que debía haber concluido en el 95. 
Pero permítame, señor Swoboda, ya que se ha declarado de forma tan enérgica a favor del ferrocarril, una pequeña observación. 
Coincido con usted en que no deberíamos exigir a la Europa del Este algo que ni siquiera nosotros mismos cumplimos. 
Pero entonces deberíamos acometer de verdad el proyecto especial de las conclusiones de Essen del 94, en concreto la construcción del túnel de Brenn, o quizá debiera usted hablar sobre ello con su gobierno. 
Presidente, permítaseme antes que nada felicitar a D. Joaquín porque empieza a convertirse poco a poco en un auténtico experto en el terreno de la infraestructura y el complemento de la infraestructura. 
Pero deberemos constatar que en realidad nos estamos yendo cada vez más lejos de aquello a lo que iban dirigidas las redes de transporte paneuropeas y su complemento hacia terceros países. 
Porque en un principio se trataba de unir las redes nacionales entre sí. 
Lo que estamos haciendo ahora es una especie de planes idealistas que nos van a costar los ideales y no tenemos ese dinero. 
Con toda seguridad no lo tenemos para Europa del Este, porque allí, en efecto, simplemente no hay ninguna infraestructura. 
Ahora nos vemos así confrontados con el problema de que en Europa del Este también se quiere poner en marcha el transporte por carretera, que quieren que lo paguemos nosotros y que lo que en realidad ya tenían, a saber: infraestructura ferroviaria y transporte fluvial, está especialmente descuidado. 
Creo por ello que debemos seguir insistiendo en esa multimodalidad. 
Ahora llego al punto con el que nos estamos ocupando realmente esta tarde, es decir, el debate- si bien no intencionado- sobre Suiza. 
Seamos muy claros. 
El Sr. Swoboda se ha entusiasmado, pero Austria todavía no ha puesto ninguna piedra para empezar a hacer algo con su propio túnel de base de Brenn. 
Podría, por tanto, comenzar muy bien a criticar a Suiza, pero mirémonos antes en el espejo. 
El segundo punto es que queremos evitar el rodeo que se da a través de Austria, pero eso significa que los suizos están ocupados con el desarrollo de su propia infraestructura y que, por tanto, debemos intentar alcanzar una solución entre nosotros. 
Eso significa también que el párrafo 25, tal y como aparece aquí y tal y como lo desaprueba el Sr. Jarzembowski, está muy bien donde está. 
Por tanto, mi Grupo lo apoya. 
Presidente, lamento tener que constatar que junto a todas las cosas buenas en el informe del Sr. Sisó, su informe desgraciadamente también tiene el reproche que él mismo hace a la Comisión, que es una propuesta extraordinariamente general sin muchos puntos concretos. 
Tengo el mayor interés en que pasemos en el Parlamento a la interpretación concreta de lo que proponen tanto la Comisión como el Sr. Sisó. 
Así se presenta el problema, por más vueltas que le demos, de que la apertura de Europa Central, por ejemplo enlazando las redes transeuropeas, llevará a un enorme aumento tanto del transporte de mercancías como del tránsito de personas y, por tanto, a una carga medioambiental. 
Me alegra por eso que en el informe del Sr. Sisó se haya llamado, en cualquier caso, la atención sobre ese aspecto y que también se señale cómo se puede limitar la presión sobre el medio ambiente en el futuro si Europa Central se enlaza con la Unión Europea. 
Esa posibilidad existe también porque a mi modo de ver- mi valoración en este caso- no contará tanto la ley del adelanto inhibidor, sino más bien lo que yo llamaría la ley del retraso innovador. 
¿Qué es lo que quiero decir con esto? 
En mi opinión es posible, o debe ser posible, utilizar en el futuro en Europa Central las técnicas más avanzadas en materia de sostenibilidad y ecología, que desde hace muy poco podemos aplicar en Europa Occidental, y de esa manera evitar los fallos que hemos cometido en Europa Occidental durante demasiado tiempo dedicando una atención insuficiente al transporte público y continuando demasiado tiempo empleando asfalto en exceso. 
Esas posibilidades existen en Europa del Este, sólo tenemos que aprovecharlas. 
En esto hay dos prioridades en lo que a mí y a mi Grupo respecta. 
Estoy de acuerdo con las personas que han dicho que también a causa de los reducidos medios financieros es necesario que nos controlemos y no nos pongamos a elaborar una escala de fabulosos planes, sino que deberíamos limitarnos a un número de planes que satisfaga las exigencias de perdurabilidad y transparencia y, además, no perder de vista que hay tendencias en Europa del Este que apuntan al derrumbamiento de las formas de transporte público- que funcionan razonablemente bien- y que precisamente por eso muchas más personas empiezan a ir a trabajar con transporte privado. 
Tengo el mayor de los intereses en que la Unión invierta tiempo y dinero en invertir esa tendencia y que también allí sea posible el tráfico sostenible. 
Señor Presidente, no hay nada tan liberador como sentarse ante un ordenador y diseñar infraestructuras, carreteras y vías férreas y luego hacer cálculos, frotarse las manos y decir que así debe ser. 
Nuestro colega, el Sr. Swoboda lo ha mencionado también. 
Somos muchos los que nos sentimos así ante todos estos planificadores de infraestructuras. 
Sospechamos que lo hacen con bastante simpleza. 
Sin embargo, permítaseme hacer una advertencia: hay mucha distancia de la teoría a la práctica. 
Debemos preocuparnos de garantizar la estrategia de esta comunicación de la Comisión. 
No debe existir ninguna duda sobre mi apoyo en este caso. 
Sin embargo, la estrategia sólo funcionará si se puede garantizar que los países vecinos y los países miembros son serios y cumplen sus compromisos. 
Tengo que hacer tres consideraciones de carácter general. 
En primer lugar: La cooperación que debe crear una red de transportes que se adentre en el próximo siglo. También contribuirá, dentro de un mercado interior ampliado, a asegurar las posibilidades de crecimiento e influirá decisivamente en la sostenibilidad del proyecto paneuropeo. 
Todo lo cual guarda relación con las prioridades y con una economía realista. 
No puedo sumarme a los comentarios que oí hace poco al Sr. Wijsenbeek sobre los nuevos países solicitantes. 
Actaulmente éstos emplean en su red de transportes un porcentaje de su producto nacional bruto mayor que el nuestro. 
En segundo lugar, está el megasalto, del que la comunicación es un reflejo, sin objetivos parciales o sin una descripción metodológica. 
También esto ha sido mencionado ya. 
Quizá tampoco sea necesaria su existencia en el momento actual, pero nosotros mismos conocemos cuál es la situación cuando los países vecinos están en desacuerdo sobre estrategias y métodos. 
Ésta es una más difícil si la Unión mantiene una postura y el país vecino otra. 
Podría imaginarme una especie de acuerdos step by step, que aseguren un camino común hacia delante. 
Quizá el señor Comisario diga ahora que así también es como se actúa. 
De acuerdo, pero también conozco ejemplos, buenos y malos. 
Conozco un buen ejemplo relativo al tráfico marítimo en la zona del Mar Báltico, pero también es verdad que conozco un mal ejemplo que tienen que ver con el desarrollo de autopistas. 
En tercer lugar, están las ambiciosas iniciativas tecnológicas como los satélites, la telemática, el servicio de tráfico, etc. Son pasos positivos, pero sólo pueden ser utilizados si el transportador dispone de los equipos para ello, sólo pueden ser utilizados si la legislación lo hace posible. 
Hablábamos antes de una caja negra. 
Ahora estoy en mi cuarto año como ponente de lo que se denomina vessel traffic service, que indica a los barcos, a semejanza del air traffic control, rutas de navegación vía satélite. 
Sí que sería una forma de evitar muchos accidentes, pero desgraciadamente no podemos illevar a la práctica estas propuestas. 
Estoy seguro de que estamos en el camino correcto, sin embargo, también estoy convencido de que si no hacemos operativo lo que decidamos tendremos problemas. 
Señor Presidente, siento que hay pocas cosas tan importantes como crear posibilidades a los países candidatos a la UE para vincularse físicamente con los actuales países miembros. 
Quienquiera que se forme una visión de conjunto de Europa, verá nítidamente por dónde pasa el límite de los países que recibieron ayuda del Plan Marshall después de la segunda guerra mundial. 
En mi opinión, es esta diferencia la que hay que cambiar dentro del marco del proceso de unión e integración que se ha iniciado. 
Muchos dicen que todo esto, evidentemente, va a costar mucho dinero. 
Es verdad. 
Con esto he dicho también que necesariamente se deben invertir bastantes años. 
Difundir bienestar es algo que nos beneficia a todos. 
Si se mejoran las redes viarias y de ferrocarriles al otro lado del antiguo telón de acero será, obviamente, beneficioso para esos países, pero también creará mejores condiciones para todos los demás. 
De esos esfuerzos se derivarán efectos provechosos para todos. 
Están dadas todas las condiciones para aumentar el crecimiento y crear nuevos empleos, no sólo en los países candidatos, sino en todo el ámbito que esperamos que en el futuro llegue a ser una Unión Europea mucho mayor. 
En este contexto hay un gran problema que el ponente también ha señalado, esto es, el acceso al capital privado. 
En relación con esto, permítanme formular una pregunta al Comisario responsable: ¿Qué otros esfuerzos va a hacer la Comisión para estimular las inversiones privadas en carreteras y vías de ferrocarril en la antigua Europa del Este? 
Señor Presidente, no cabe duda de que es necesaria una estrategia global en el sector de los transportes. 
El de los transportes es un sector fundamental para cualquier proyecto de desarrollo socioeconómico de la Comunidad y, por tanto, hace falta una estrategia global concebida a largo plazo y con la vista dirigida hacia todas las direcciones en que se considera posible un desarrollo de las relaciones sociales de la Unión Europea. 
Es preciso, por tanto, desarrollar una red de infraestructuras de transporte paneuropea, plurimodal, equilibrada y concebida tanto a escala continental como para la cuenca del Mediterráneo. 
Con referencia a estas necesidades, la Comisión ha elaborado una comunicación que es digna de ser estudiada por su planteamiento de los cinco objetivos de actuación: el desarrollo de los proyectos de los nueve corredores paneuropeos más el último, el yugoslavo; la ampliación de las redes a los países candidatos a la adhesión; el enfoque común de cara a la utilización de una tecnología que permitirá la interoperabilidad; la aplicación de la telemática para el empleo de sistemas inteligentes de transporte; la cooperación en el ámbito de la investigación. 
Sin embargo, todo esto corre el riesgo de quedar en pura teoría, si no se presta la debida atención a las fuentes de financiación que debemos emplear. 
Por tanto, la solicitud que formulamos a la Comisión es la de ser más precisa, garantizar informaciones más concretas tanto sobre el desarrollo y los términos de estas acciones de intervención como sobre las fuentes de financiación a las que hay que recurrir. 
Quiero, por último, llamar la atención de la Comisión sobre la necesidad de que los nuevos compromisos con vistas a mejorar las conexiones con los países del Este no impidan ni desvíen los esfuerzos de la Unión Europea de la necesidad, asimismo imprescindible, de favorecer y mejorar los transportes y las conexiones con la cuenca del Mediterráneo que, sin duda alguna, son fundamentales e indispensables para la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, llas vías de transporte son desde tiempo inmemorial una condición para el comercio y la economía. 
El crecimiento económico de una región y el bienestar de sus ciudadanos dependen de una explotación acorde con los transportes. 
Precisamente para un espacio rural es necesaria una efectiva infraestructura de transportes que junto con otras infraestructuras puede evitar el despoblamiento y degradación del espacio rural. 
Los productos pueden llegar hasta los compradores y consumidores, la capacidad de generar empleo de las zonas rurales aumenta y con ello, naturalmente, también se refuerza la capacidad competitiva en general. 
Por tanto es imprescindible que en la Unión se preste apoyo a un sistema de transportes coherente, eficiente y seguro, a la vez que respetuoso con el medio ambiente. 
En ello la Unión Europea debería tener en cuenta la conexión con los países vecinos y el desarrollo de las infraestructuras de transporte de los PECOs. 
De la mejora de las vías de transporte se van a beneficiar tanto los PECOs como la Unión Europea ya que se podrán reforzar las exportaciones y el comercio. 
En el marco de los programas TACIS y PHARE deben estimularse proyectos transregionales y transfronterizos. 
Las zonas rurales de los PECOs requieren una infraestructura de transportes bien planificada para evitar un masivo éxodo a las ciudades y estimular el empleo y el crecimiento económico. 
Pero algo debe quedar claro: dentro de la Unión, y también teniendo en cuenta la ampliación, deberíamos plantearnos como objetivo prioritario que los cambios en el transporte se orienten hacia un transporte respetuoso del medio ambiente. 
En especial estoy pensando en el transporte combinado, en el transporte ferroviario y en la navegación interna. 
Señor Presidente, quiero felicitar a D. Joaquín Sisó Cruellas por su excelente informe. 
Como ya se ha dicho, tenemos en este Parlamento el honor de tener a una persona con tantos conocimientos en materia de transporte como D. Joaquín Sisó. 
En segundo lugar, quisiera hacer una breve referencia al título- bien elegido por la Comisión- de esta comunicación «Hacia una política paneuropea». 
Efectivamente, las políticas de medios de transporte deben ser políticas comunitarias, deben seguir siendo políticas comunitarias y deben seguir perteneciendo a la línea 3 del presupuesto y no a la línea 2, como algunos opinan, que puede ser un gasto estructural. 
Es una política estrictamente comunitaria y, por tanto, de la línea 3. 
Las redes de transporte son, sin duda, uno de los factores más directos de desarrollo y, por tanto, hacemos bien en fijarnos en que, en una futura ampliación de la Unión, debemos dar prioridad a dichas redes, pero no tenemos que estirar la mano más que la manga; hay un grave problema de financiación. 
No podemos crear expectativas que luego no seamos capaces de financiar. 
Por tanto, sería bueno intentar introducir lo más posible al libre mercado, a los empresarios privados, a los inversores privados en la construcción y financiación de las redes para que, de esa forma, el dinero- desgraciadamente poco- que podamos detraer del presupuesto de cara a financiar las redes pueda ser el acicate para que, a medio plazo, aquellas empresas, aquellos bancos, aquellos grupos inversores, puedan rentabilizar sus inversiones. 
No cabe duda de que las redes transeuropeas son las que van a hacer la Unión Europea. 
Debemos pensar que hoy en día- y mañana, con la ampliación- la Unión Europea será más Unión en la medida en que esté más unida, en la medida en que las redes transeuropeas dejen de ser una entelequia pretendida y tengan su reflejo presupuestario, el reflejo suficiente como para motivar a la iniciativa privada o a la pública para que desarrolle las redes. 
Señor Presidente, el ponente hace votos por un sistema coherente, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Eso es algo positivo. 
Hoy día, el peso aplastante del transporte por carretera de las mercancías constituye el ejemplo por excelencia de las prácticas incoherentes, peligrosas y contaminantes. 
Las vías ferroviarias se están quedando vacías, el transporte fluvial vegeta. 
En cambio, la proliferación de camiones de carga pesada aumenta considerablemente los costes de mantenimiento de los grandes ejes de carreteras, pero también el número de víctimas de los accidentes de carretera. 
El informe no dice una palabra sobre un tema que es, sin embargo, fundamental: ¿quién debe financiar las infraestructuras, el usuario o el contribuyente? 
Actualmente, en lo que se refiere al sector del trasporte por carretera, ambos sistemas coexisten, lo que genera una duplicación del acondicionamiento y múltiples despilfarros. 
Esto no es bueno ni para el medio ambiente, ni para nuestras finanzas. 
Algún día será preciso elegir entre ambos sistemas. 
Ahora bien, hoy día poseemos medios técnicos suficientes de cara a generalizar el principio de que sea el usuario quien pague estas infraestructuras. 
Los materiales electrónicos modernos utilizados permiten desde ahora saber con precisión los costes inherentes a un vehículo. Esta es una posibilidad más ecológica, más equitativa, más económica en relación con el dinero de los contribuyentes. 
Algunos aspectos de este informe plantean un problema. 
Ante todo, el programa de acción no contiene ninguna especificación de las medidas adecuadas, no se determinan los problemas concretos y no existe un calendario. 
El propio ponente lo lamenta. 
Por otra parte, queda de manifiesto que se prevé hacer pagar a los contribuyentes europeos las infraestructuras en países tales como los del Magreb, Turquía y el Oriente Próximo a lo que yo, por mi parte, me opongo resueltamente. 
En lo que se refiere a Rusia, e incluso más lejos, tal como se señala en el informe, soy favorable a algunos acuerdos de cooperación con el Este, pero es patente que hay urgencias mucho más acuciantes, aunque sólo sea en el ámbito energético, antes de volver a sacar la cartera para las infraestructuras rusas que ya han sido financiadas, no lo olvidemos, a fondo perdido, en otro tiempo, por los occidentales. 
Por estas razones, y porque creo que no se ha profundizado bastante la reflexión, soy favorable a la devolución de este expediente a la comisión. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, en nuestra política por las infraestructuras de los transportes en Europa se hace una clara distinción entre la estrategia que concierne a la red de transportes en el continente europeo como conjunto, por un lado, y, por otro, la especial situación que caracteriza a los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
Por esta razón, la comunicación de la Comisión distingue, primero, la ampliación de la red transeuropea de transportes de la Unión Europea, que ha sido diseñada para servir a las necesidades del mercado interior y a la cohesión socioeconómica de la Unión ampliada. 
Segundo, distingue los corredores y espacios paneuropeos de transporte que proporcionan las conexiones adecuadas en la totalidad del continente. 
Y, tercero, distingue los vínculos euroasiáticos. 
No es necesario repetir los detalles de estos distintos conceptos, ya que está claro en el informe del Sr. Sisó Cruellas que ustedes comparten nuestra opinión en cuanto a la conveniencia de esta aproximación. 
Para la formación de la red paneuropea de transportes, proponemos la creación de una asociación que cubra el total del continente. 
La Conferencia de Helsinki apoyó la idea de esta asociación, reconociendo que nos atañe a todos. 
Atañe a los países interesados, a la Unión Europea, al Banco Europeo de Inversiones, a otras instituciones financieras internacionales, a los inversores del sector privado y, por supuesto, a los interlocutores sociales. 
Sólo esfuerzos comunes y el desarrollo de medios de colaboración flexibles y eficaces harán frente a los tremendos desafíos que nos están esperando. 
El informe del Sr. Sisó Cruellas se refiere de forma especial a la necesidad de coordinar las inversiones que conciernen a la infraestructura en Europa e, igualmente, a la necesidad de supervisar la formación de la infraestructura de transportes adecuada en beneficio de los ciudadanos europeos, de los profesionales, de los comerciantes e incluso de los viajeros europeos. 
Exactamente al servicio de este objetivo está la asociación que, aún teniendo un carácter no oficial desde el punto de vista jurídico, está destinada a facilitar la colaboración y la supervisión del avance. 
La Comunidad financia suficientemente el ejercicio de sus políticas. 
Y este es un concepto básico en el cual creemos. 
Nuestra política en el sector de las infraestructuras de los transportes tiene dos prioridades básicas: ante todo, la creación de una red conectiva de transportes para la Unión ampliada con precios asequibles y, segundo, la movilización de los recursos financieros necesarios para la instalación de esta red concreta. 
Está claro que el coste de estas inversiones caerá, principalmente, sobre los países interesados, algo que es especialmente doloroso para los presupuestos nacionales, los cuales ya soportan serias presiones. 
Por supuesto, las instituciones financieras internacionales, entre los que el Banco Europeo de Inversiones naturalmente tendrá primacía, concederán préstamos importantes. 
Sin embargo, también habrá una aportación importante por parte del presupuesto de la Unión Europea, por lo menos en relación con los países candidatos a la adhesión. 
Desde 1992 hasta 1998, el programa PHARE dedicó en total cerca de mil millones de ecus. 
Esperamos que del año 2000 en adelante, la aportación del medio de las políticas estructurales de preadhesión, del ISPRA supoga una cantidad anual de 500 millones de ecus para el sector de los transportes. 
Las apreciaciones sobre el coste del desarrollo de redes de transporte modernas y eficaces en Europa varían. 
De forma indicativa, quisiera mencionar que la apreciación de las necesidades en infraestructuras de transportes en Europa central señalaba que harán falta 100.000 millones de ecus hasta el año 2015 para la modernización de 20.000 kilómetros de red ferroviaria y de carreteras, para que se correspondan con los modelos vigentes. 
También damos prioridad a la movilización de recursos financieros suficientes para crear oportunamente la infraestructura necesaria para los componentes de las redes europeas de transportes que se encuentran fuera de la futura Unión ampliada, que se encuentran en la Unión de Estados Independientes o incluso en la cuenca del Mediterráneo. 
Sin embargo la posibilidad de proporcionar una financiación comunitaria a estas regiones sigue siendo limitada, dado que los programas TACIS y MEDA pueden financiar, de momento, sólo la ayuda técnica. 
Ahora, en cuanto a la cofinanciación por parte de los sectores público y privado, evidentemente somos conscientes de la realidad. 
Pero incluso en las condiciones más optimistas, está claro que los presupuestos nacionales, el presupuesto de la Unión Europea y las instituciones financieras internacionales no van a poder garantizar los recursos necesarios para cubrir oportunamente el vacío que existe en el sector de las infraestructuras. 
Por consiguiente, estoy seguro de que la necesidad de movilizar recursos financieros para mejorar la calidad de las obras y también para aumentar la rentabilidad, la necesidad que llevó a los países de la Unión Europea a crear varias asociaciones de los sectores público y privado, va a ser ahora un importante estímulo para intentos de este tipo en la Europa central y oriental. 
La combinación de estas necesidades, de las oportunidades, y también de las nuevas reflexiones y de las prácticas en el ámbito de la economía fluctuante de Europa central y oriental podría preparar esencialmente el terreno para instituir nuevos medios de financiación y nuevos medios para administrar las infraestructuras. 
Señor Presidente, la aportación de la Comisión Europea para adaptar las infraestructuras de transportes de Europa a los modelos exigidos ha sido y seguirá siendo importante. 
Por supuesto, seguiremos informando regularmente al Parlamento Europeo sobre los progresos realizados. 
Con estas observaciones quisiera animar al Parlamento Europeo a que apruebe el informe del Sr. Sisó Cruellas, a quien querría felicitar por su labor y por su dedicación al desarrollo de las redes de transporte en Europa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Telemática en las carreteras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-246/98) del Sr. Baldarelli, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la Comunicación de la Comisión (COM (97) 0223- C4-0239/97) sobre una estrategia comunitaria y un marco para la introducción de la telemática en el sector del transporte por carretera en Europa y propuestas de acciones iniciales. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comunicación de la Comisión está dirigida a establecer un marco de acciones a escala de la Unión Europea y a escala nacional, regional y local y definir cinco sectores prioritarios: los servicios de información sobre el tráfico mediante el sistema RTS-TMC, el intercambio de datos sobre el tráfico y la gestión de la información, el sistema electrónico de cobro de peajes, la interfaz hombre-máquina y la arquitectura de sistemas. 
La Comisión de Transportes no se opone a la definición de las cinco áreas estratégicas propuestas, pero considera que el abanico de prioridades tendría que incluir también el transporte de mercancías y que se debería especificar mejor el ámbito reservado al transporte público, en particular, para incrementar la capacidad intermodal de los transportes por carretera, así como para contribuir mediante aplicaciones telemáticas intermodales a la creación de cadenas de transporte intermodales. 
Esta parte no está perfectamente tratada en el texto de la Comisión, aunque figura entre las demás acciones de la Comisión, por lo que no podemos estar muy satisfechos. 
Cabe hablar asimismo de un punto que afecta al texto de la Comisión. 
La Comisión se plantea el objetivo de desarrollar la telemática y, por otra parte, también se describen sus ventajas, sin embargo, no se analizan los costes de la no telemática. 
Podría ser una cuestión semántica, en realidad los costes de la no telemática están estrechamente relacionados con las ventajas. 
Si pensamos en las ventajas, el sistema VMS supondrá una reducción de los accidentes del 30 % y una disminución del número muertos y heridos del 40 %; una reducción media de la velocidad del 10 % y una reducción de los accidentes en caso de lluvia del 30 % y en caso de niebla del 85 %. 
El sistema de llamada urgente vía satélite o a través de teléfono móvil permitirá reducir en más del 40 % el tiempo en que tardan en llegar los servicios de socorro y aumentar el índice de supervivencia en un 7-12 %. 
El sistema de alerta de colisiones y los ordenadores a bordo aumentarán la seguridad de los conductores y el sistema VMS reducirá en un 20 % los retrasos debidos a los atascos. 
Todos estos aspectos revisten mucha importancia y si han de ser valorados en términos de coste, como sus Señorías comprenderán perfectamente, ofrecen una ventaja, sin duda, significativa. 
Se ha llevado a cabo una investigación interesante en torno a la internalización de los costes de las infraestructuras. 
Estos datos, a mi entender, tendrían que profundizarse también en lo que respecta a la aplicación de los costes de la no telemática y, por tanto, valorarse en términos financieros como ventajas de carácter social. 
En lo que se refiere a los temas que, en nuestra opinión, la Comisión no ha abordado de forma puntual y que, de todos modos, se podrán abordar más en concreto en ulteriores resoluciones y comunicaciones, hay que considerar el sistema de la telemática aplicada a la universalidad de los ciudadanos. 
Al fin y al cabo, la telemática establece procesos de jerarquización e incluye principios de autoritarismo democrático y, de una manera u otra, hay que ver si la telemática puede ser aprovechada por todo el mundo y cuáles son los principios de gratuidad y universalidad. 
En este sentido, proponemos que algunos servicios se caractericen por la gratuidad y universalidad como, por ejemplo, los servicios de telemática para situaciones de emergencia, los servicios para la congestión del tráfico, los servicios para las mercancías peligrosas y los servicios de información meteorológica. 
Como verán, estos aspectos pueden ser muy útiles y aprovecharse desde el punto de vista del interés general y, evidentemente, incluirse en canales de referencia específicos en interés del usuario. 
En este sentido, por tanto, es preciso fomentar otras acciones. 
Estamos muy interesados en la parte financiera que figura en el Quinto programa marco de investigación, estamos seguros de que se trata de un buen trabajo, y animamos a la Comisión a que trabaje en este contexto; sin embargo, estamos convencidos de que hay que vincular de alguna manera también los recursos financieros de las redes transeuropeas- hemos hablado de ello hace unos momentos- implicando también las actividades regionales. 
Y termino haciendo una referencia a las autonomías locales, a las autoridades regionales y estatales. 
Las autonomías regionales, locales, así como las autoridades estatales subestiman este tema. 
Hay que hacer mucho más también en el ámbito del sector del transporte público. 
Señor Presidente, debo empezar felicitando al ponente, Sr. Baldarelli, por su gran informe con el que, en líneas generales, estamos de acuerdo. 
No obstante, diferimos- como él sabe- en algunos matices. 
Por ejemplo, hubiera sido lógico modular la obligatoriedad de equipamiento de los vehículos con instrumentos tecnológicos o la tendencia al abuso del peaje, incluso en zonas protegidas. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía quiero resaltar los aspectos más trascendentales de esta estrategia comunitaria. 
Por supuesto, merece el más decidido y urgente apoyo político por parte de todas las instituciones europeas y, por supuesto, por parte de este Parlamento. 
Para nosotros está claro que no habrá progreso sustancial si no se potencian al máximo la I+D, por lo que el Quinto programa marco no debería olvidar esta circunstancia. 
Señor Presidente, esta estrategia debe ser la primera de una serie que vaya refiriéndose sucesivamente a las interfaces del resto de los modos de transporte, puesto que las aplicaciones telemáticas de los distintos modos tienen que incluirse en una estrategia de desarrollo de un sistema de transporte general e integrado. 
Por otra parte, la Comisión debe valorar los costes que arrastra el programa global de forma que sea posible apreciar la correlación entre medios movilizados y resultados prácticos. 
Tampoco debería soslayarse el principio de corrección de desequilibrios territoriales. 
Asimismo, se debería incluir en el programa de investigación el desarrollo de sistemas de asistencia telemática que permitan la conducción con niebla o para que se pueda disponer de receptores a bordo, con funciones de GSM del tipo «manos libres». 
Se debería también intensificar la estrategia comunitaria en favor de dotaciones telemáticas para la seguridad en el sector de transportes de mercancías peligrosas, como ha insistido el Sr. Baldarelli. 
Es urgente mejorar los sistemas de gestión del tráfico, al menos en los grandes centro comunitarios, con la finalidad de mejorar- vía telemática- la movilidad de las ciudades congestionadas. 
En esta cuestión también hay que procurar modelos de cooperación entre el sector público y el privado. 
Y finalmente, señor Presidente, aunque parezca obvio, hay que cuidar el aspecto de la protección de los consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el excelente informe de nuestro colega Baldarelli prolonga nuestro debate sobre la telemática en el transporte que iniciamos al comienzo de nuestra legislatura. 
La actual comunicación de la Comisión se diferencia de la de entonces en dos cuestiones: por una parte ya no se trata de aplicaciones individuales de la telemática como en aquel momento, sino de una estrategia común así como de unas condiciones marco para la introducción de la telemática en todo el ámbito europeo. 
Esto evidencia que se ha producido un desarrollo intenso en este campo, por lo menos en el ámbito de la telemática aplicada al tráfico. 
Con esto también he citado la segunda diferencia respecto de la antigua comunicación: se trata aquí de aplicaciones de la telemática para un medio de transporte, el transporte rodado, y esto es positivo porque se derivan propuestas concretas de acción. 
Pero a la vez es malo, porque en principio se pierde la perspectiva intermodal. 
Si en la política de transportes hablamos de un sistema integrado de transporte y con ello queremos decir que solo así podemos hacer realidad una movilidad duradera, entonces contemplamos dos integraciones como necesarias: una integración cuantitativa más allá de las fronteras de los medios de transporte individualmente considerados y una integración cualitativa, en concreto, la conexión de los medios de transporte con vistas al transporte intermodal. 
Precisamente para el segundo aspecto necesitamos de forma especial la telemática. 
La introducción del transporte rodado podría ser, por sí sola, contraproducente para el proyecto general. 
Por tanto, esperamos que pronto haya una estrategia y propuestas concretas de acciones de la Comisión sobre la telemática en el tráfico intermodal. 
Ahora algo respecto de las propias estrategias para la telemática en las carreteras, aunque la comunicación y el informe lleguen tarde ya que la mayoría ya han sido puestas en práctica. 
En primer lugar: saludamos la estrategia que pretende la introducción de servicios de información basados en RDS y TMC; esperamos que esto no solo opere sobre el área de Alemania sino en toda Europa. 
También esperamos una estrategia de introducción paralela para el sistema DAB que técnicamente es mejor. 
En segundo lugar: el intercambio de datos de tráfico y el perfeccionamiento de la gestión de la información debe ser enfocado desde el principio hacia lo intermodal. 
En tercer lugar: hay que evaluar los efectos del Memorándum of understanding sobre las normas y los protocolos administrativos. 
En cuarto lugar: los esfuerzos por la interoperabilidad de los sistemas de registro electrónico de las tasas deberían reforzarse, ya que aquí existe una demanda de regulación política, por lo menos desde mi punto de vista. 
Si a través de la telemática podemos reducir drásticamente los llamados costes externos del tráfico, entonces también deberíamos contabilizar y clasificar unitariamente los costes restantes. 
En quinto lugar: para los puntos de conexión hombre-máquina se hacen necesarios unos estudios socioeconómicos profundos. 
En sexto lugar: los esfuerzos para la definición de una arquitectura europea, abierta del sistema cojean detrás de su evolución. 
Por ello celebramos la próxima comunicación de Comisión relativa a la telemática. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, ¡esta noche parece una fiesta familiar! 
El Grupo del PPE apoya el desarrollo de condiciones marco para la introducción de la telemática en el tráfico rodado, ya que la telemática de los transportes mejora la seguridad en las carreteras, da mayor fluidez al tráfico y reduce el perjuicio al medio ambiente, que se produce como consecuencia del tráfico. 
Le damos las gracias al ponente por su excelente informe. 
Pero, no obstante, permítanme dos críticas: nosotros los cristiano demócratas somos de la opinión de que en primer lugar se deberían evaluar con detenimiento las ventajas y desventajas de la introducción de un road pricing. 
En segundo lugar rechazamos de forma categórica el establecimiento de nuevas tasas por entrada en las ciudades. 
Respecto de 1: la recaudación electrónica de las tasas sobre distancia recorrida- en nuestra jerga el llamado road pricing- puede que esté más justificada para el caso del transporte de mercancías por carretera, o incluso en la circulación privada de camiones, que la tasa sobre el uso de las carreteras con independencia de su utilización. 
Sin embargo, los demócrata cristianos tememos que los costes de introducción y mantenimiento de un sistema electrónico de proporciones tan monstruosas- para los 15 países no para uno o dos, señ or Stockmann, ahí coincido con usted- que está previsto para camiones, van a ser tan inmensos, que acaben por suponer una carga para los Estados miembros, para los usuarios de turismos privados o incluso para los ciudadanos y que las ventajas de un road pricing de este tipo van a acabar neutralizandose económicamente respecto de los actuales sistemas de tasas de uso de carreteras. 
En este caso sería mejor renunciar al road pricing. 
En cualquier caso, nosotros los demócrata cristianos rechazamos tajantemente un road pricing que suponga una tasa especial sobre turismos y camiones por el uso de los cascos urbanos de las ciudades. 
Ya en la actualidad los precios de los aparcamientos en el centro de las ciudades, por lo menos en mi país, sea en la calle o en los aparcamientos, son enormemente altos; dos DM por media hora de aparcamiento en mi ciudad natal Hamburgo es, desde luego, un precio más que considerable. 
Por tanto, creo que si introdujésemos un road pricing por el uso de los centros urbanos sobrecargaríamos a los usuarios y a los consumidores. 
El transporte de reparto en los centros de las ciudades y el acceso a los centros de negocios por parte de los usuarios que se sirven de sus propios automóviles resultarían gravemente perjudicados con una nueva tasa. 
Por una parte hablamos de que debemos revitalizar nuestros centros urbanos. 
Por otra parte desterramos a los conductores a los suburbios, a las grandes superficies, y no vuelven a los centros urbanos. 
Queremos los puestos de trabajo de los centros urbanos, queremos la vitalidad y viveza del centro de las ciudades. 
Por tanto, rechazamos plenamente la introducción de tasas por el acceso a los centros urbanos. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, en nombre de la Comisión Europea quisiera agradecer al ponente Sr. Baldarelli el extraordinario informe que nos ha presentado. 
Al igual que el Sr. Baldarelli, reconocemos la importancia de los servicios de la telemática en las carreteras en el esfuerzo que estamos realizando todos por que nuestras carreteras sean más seguras, más limpias, más competitivas y más eficaces. 
La telemática puede ser útil a ciudadanos aislados, a administradores del parque móvil o incluso a operadores de servicios de emergencia y, por supuesto puede ser útil a los operadores de transportes públicos y, al mismo tiempo, tiene la posibilidad de crear oportunidades en el mercado de trabajo para nuestras industrias e, igualmente, de contribuir a asegurar una utilización más eficaz de los recursos energéticos. 
Por todas estas razones la Comisión ha redactado la comunicación que estamos debatiendo hoy. 
Esta comunicación proporciona el marco para el desarrollo de una amplia gama de servicios y de sistemas telemáticos de carreteras de una forma flexible, para responder a las necesidades locales y comunitarias. 
También compartimos la opinión de que los servicios RTT serán más eficaces sólo cuando se hayan incorporado a estrategias de los transportes para lograr objetivos concretos de la política, en otras palabras, los RTT son el instrumento que ayuda a aplicar decisiones políticas. 
La comunicación que se publicó en mayo del año pasado determinaba acciones muy concretas para los sectores de prioridad inmediata e indicaba, igualmente, acciones en otros sectores. 
La mayoría de las acciones de prioridad inmediata ya se han completado, como ya saben muchos de los miembros del Parlamento por la excelente audiencia que llevó a cabo la Comisión de Transportes y Turismo a principios de este año. 
Por ejemplo, ya hemos pactado cláusulas de acuerdos en el sector de las RDS-TMC, en el sistema de emisiones de datos por radio y de los mensajes por canal y en el sistema de intercambio de datos que ya han suscrito los protagonistas básicos en estos sectores. 
Ahora, en cuanto a las soluciones que dan los órganos para poner en vigor las cláusulas en cuestión, estas también han avanzado sensiblemente. 
En paralelo a las soluciones de estos órganos, la situación en este momento evoluciona a través obras eurorregionales y de obras nacionales que el presupuesto de redes de transporte transeuropeo financia. 
Y ya hemos empezado a examinar otros sectores que el Sr. Baldarelli, correctamente, considera importantes en su informe, como por ejemplo, la información antes y durante el viaje, los transportes públicos y los transportes con medios múltiples. 
En particular, estamos a la espera de presentar, en las próximas semanas, una comunicación sobre los sistemas interoperables sobre la recaudación electrónica en Europa. 
El informe que se ha presentado al Parlamento reconoce la importancia de las obras eurorregionales como fuerza impulsora del desarrollo de los RTT. 
Estas obras aspiran a adaptar los servicios RTT en regiones transfronterizas y ya han logrado la participación de 12 de los 15 Estados miembros. 
Verdaderamente, su aportación es de una importancia fundamental para garantizar la interoperabilidad de los sistemas RTT y la continuidad de los servicios RTT a través de las fronteras de estos países. 
Presuponen un control y una gestión de la circulación en las principales arterias, incluida también la creación de nuevos itinerarios, la información antes y durante el viaje por medio de señales variables de mensaje y de los servicios RDS-TMC. 
Esto requiere el intercambio transfronterizo de datos entre los centros de control de la circulación. 
En particular, ya hay colaboración en determinados trabajos en el ámbito de los sistemas intermodales de recaudación electrónica. 
La Comisión coincide en que es necesario establecer modelos en este sector de alto nivel técnico y por eso ha ordenado a la Comisión Europea de Normalización, a la CEN que se encargue de temas que consideramos de prioridad absoluta para lograr nuestros objetivos. 
Solicitamos a la CEN que redacte un nuevo programa de trabajo en el que se reflejen exactamente todas estas prioridades. 
Además dada la naturaleza global de las compras RTT también analizaremos, de nuevo junto con la CEN, en qué medida son satisfactorias las soluciones en colaboración con el ISO sobre modelos comunes, tanto desde el punto de vista de los objetivos de una política de transportes como desde el de los objetivos de nuestra industria. 
Está claro que la seguridad de los sistemas RTT en los vehículos debe ser de máxima atención para todos nosotros, y esta es precisamente la razón por la que se ha incluido en una de nuestras prioridades inmediatas. 
Me encuentro en la grata situación de declarar que un grupo operativo que la Comisión formó, ha redactado un catálogo de principios y, tras una consulta, este catálogo será objeto de una elaboración adicional para informar más exactamente sobre lo que se exige exactamente. 
La Comisión espera presentar propuestas detalladas tanto al Parlamento como al Consejo sobre cómo se puede traducir esto en una cláusula autovinculante de un acuerdo, en un código de prácticas al que los fabricantes de equipamiento y de motores, así como los montadores se deberán adaptar. 
Sin embargo puedo asegurarles que, si el sistema autovinculante que hemos propuesto no funciona, la Comisión no vacilará en presentar nuevas propuestas de legislación en este sector. 
Por último, otra preocupación que encontramos en todo el informe del Sr. Baldarelli es que los RTT no deberá dirigirse a un grupo de elegidos. 
La Comisión comparte plenamente esta opinión. 
Pero hará falta colaborar estrechamente con el Parlamento y con los Estados miembros para que esto sea realidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Turismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0247/98) del Sr. Novo Belenguer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre las medidas comunitarias que afectan al turismo (1995/1996) (COM (97) 0332- C4-0576/97) 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe que hoy les presento será mi última iniciativa parlamentaria ya que mañana, lamentablemente, dejo mi escaño, quedando en sus manos a partir de estos momentos el desarrollo de una verdadera política comunitaria de turismo. 
El informe de la Comisión nos ha llegado en un momento clave para el futuro de la política comunitaria de turismo, situada entre los problemas relacionados con el fraude en algunas acciones a principios de los años noventa y el gran desafío que representa el inicio de un nuevo milenio. 
Tal vez por ello, mi intención como ponente ha sido la de presentar un informe más desde un punto de vista estratégico que desde el punto de vista del reconocimiento debido a las actividades comunitarias en el campo del turismo en los años 1995 y 1996, aunque hay que reconocer que dichas acciones han sido numerosas y muy variadas. 
La comunicación de la Comisión sobre las medidas comunitarias que afectan al turismo en los años 1995 y 1996 se presentó al Parlamento de conformidad con los requisitos fijados en el artículo 5 de la Decisión del Consejo de 1992 por la que se establece un plan de acción comunitaria para ayudar al turismo. 
Señalo que la vigencia del mismo terminó el 31 de diciembre de 1995 y no ha sido renovado, fundamentalmente, por falta de base legal en la forma de un programa plurianual. 
Por ese motivo, hemos presentado una enmienda- la nº 9- que insta al Consejo a adoptar un marco comunitario para acciones en este sector tan importante. 
En todo caso, la resolución propone que se continúe la tradición de presentar un informe anual al Parlamento sobre las medidas comunitarias que afectan al turismo, así como una evaluación de las acciones. 
Esto nos permitirá celebrar un debate anual en el Parlamento y realizar un control democrático sobre las acciones comunitarias en el futuro. 
También quiero señalar los problemas principales que, a mi juicio, están impidiendo el desarrollo de una política comunitaria. 
En primer lugar, la falta de voluntad por parte de las autoridades nacionales para confiar un papel a la Comunidad Europea para coordinar actividades y apoyar al sector turístico. 
Esto se refleja en la negativa a adoptar el programa PHILOXENIA el año pasado, que ha tenido como consecuencia la ausencia de base legal para financiar acciones complementarias a nivel comunitario. 
Estamos corriendo el riesgo en estos momentos de que se repita el error, una vez más, para el año 1999. 
En segundo lugar, una falta de confianza, también reflejada por parte de los Gobiernos nacionales en los propios servicios de la Comisión, para realizar un programa de acción y debido, fundamentalmente, al fraude detectado en 1991, Año Europeo del Turismo, y en el último plan de acción. 
En tercer lugar, la falta de recursos humanos y financieros hace que la Comisión Europea afronte con mucha dificultad la posibilidad de realizar una política de turismo que asegure una buena coordinación de las distintas políticas comunitarias que afectan a este importante sector. 
Y, finalmente, la falta de planeamiento y estrategia a largo plazo. 
Resulta escandaloso, señor Presidente, señor Comisario, que en estos momentos no exista una visión conjunta entre las instituciones comunitarias y los distintos Estados miembros sobre un sector que supone, aproximadamente, el 14 % del PIB y el 10 % de los empleos en Europa. 
Sin embargo, me parece que ahora es el momento adecuado para relanzar una estrategia comunitaria de turismo. 
Desde el principio de la preparación de este informe he abogado por una reorganización completa de los servicios de la Comisión que marque, a partir de ese momento, un nuevo comienzo para el turismo europeo dotando a los servicios de la Comisión de la infraestructura humana necesaria para aportar una verdadera contribución de valor añadido a las actividades de los Estados miembros, así como a las distintas regiones. 
Agradezco en este sentido- no puede ser de otra manera- el anuncio realizado por el Comisario, este verano, de la creación de una dirección para turismo conformada por tres unidades dentro de la propia Dirección General XXIII y, a mi juicio, creo que mayoritariamente o formalmente coincidimos con las capacidades o las competencias que deberían tener estas unidades, que son, por una parte, garantizar una cooperación y consulta sistemática con otras Direcciones Generales, mantener un vínculo estrecho y constante con la industria y con las oficinas nacionales de turismo, evaluar el antes y el después de todas las acciones comunitarias destinadas a fomentar el turismo y aumentar la información que se ofrece a los turistas sobre todos los aspectos relacionados con sus derechos y responsabilidades como consumidores. 
En segundo lugar, pensamos también que es un buen momento porque en julio la propia Comisión publicó su contestación oficial al informe del Tribunal de Cuentas sobre las acciones del pasado, presuntamente fraudulentas. 
Sin perjuicio de los procesos judiciales que deben llevar a cabo los Tribunales nacionales, la Comisión ha identificado todas las acciones más problemáticas de la época afectada, estimando que, aproximadamente el 9 % de la totalidad de las acciones realizadas o financiadas entre 1990 y 1995, pueden mostrar irregularidades. 
La Comisión señala que está actuando para recuperar fondos sobrepagados y reenvía el asunto donde es apropiado a las autoridades nacionales. 
En tercer lugar, la convocatoria del grupo de expertos sobre turismo y empleo, presidido por el Comisario, ha sido una muy buena iniciativa y estamos a la espera del anuncio de sus conclusiones y recomendaciones. 
En conclusión, señor Presidente, mantengo y apoyo el valor añadido que puede aportar la Comunidad Europea al turismo en Europa. 
Sólo hace falta que los Estados miembros lo reconozcan. 
Señor Presidente, quiero felicitar no sólo al ponente, Sr. Novo Belenguer, sino también al ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Los dos nos presentan un conjunto de conclusiones del mayor interés y la claridad, la capacidad de síntesis y el ámbito de las propuestas de la opinión del Sr. Wijsenbeek son, en mi opinión, de la mayor utilidad para el enriquecimiento del informe. 
A pesar de la inexistencia de un fundamento jurídico específico para el turismo, el Comisario Papoutsis no sólo ha conseguido reorganizar los servicios del turismo de acuerdo con las orientaciones que el Parlamento Europeo ha establecido, sino que, además, sigue presentándonos propuestas con efectos evidentes en esa actividad tan importante para Europa. 
Si se aplica el principio de subsidiariedad a este sector, en el sentido de que todos los países deben mantener sus especificidades y diferencias, ya que el turista se traslada en busca de la diferencia, se debe analizar con todo cuidado. 
Es que, incluso para mantener las especificidades de cada una de las regiones, los países de la Unión Europea han disfrutado de los Fondos estructurales, en particular para la defensa de su patrimonio cultural. 
Se deben difundir en el nivel comunitario la creación del euro y la mayor libertad de circulación en el espacio de Schengen, ya que en la Unión Europea sus ciudadanos representan casi el 90 % de los turistas que esos países reciben. 
También en terceros países está justificada una acción en el nivel europeo, pues la actuación de cada país por sí solo es poco eficaz, pero en conjunto podría propiciar una actuación con grandes repercusiones y resultados mucho más importantes para el turismo europeo. 
Vuelvo a insistir en la necesidad de un fundamento jurídico propio para el turismo en los Tratados. 
Hasta entonces, señor Comisario Papoutsis, siga intentando coordinar el 6 % de los Fondos estructurales que se gastan en el sector del turismo y utilice todos los fundamentos jurídicos posibles para continuar la acción de la Comisión en apoyo del aumento en competitividad de la industria turística europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, quiero felicitar al Sr. Novo Belenguer por su informe y por la buena gestión que ha desarrollado durante su estancia en este Parlamento. 
Aprovecho también la oportunidad para mencionar la necesidad urgente de un programa de acción que recoja todos los aspectos del turismo que ya están identificados como valor añadido para este sector a nivel europeo pues, con el máximo respeto a la subsidiariedad, es urgente fomentar la calidad y competitividad del mismo. 
Estamos ante un momento crucial: la reforma de los Fondos estructurales y el proceso de ampliación hacia el Este. 
El turismo es la industria que ha demostrado tener mayor capacidad para levantar zonas deprimidas creando actividad económica y empleo. 
Sus efectos son altamente beneficiosos para el desarrollo regional, tanto urbano como rural o costero. 
Es mucho lo que podemos enseñar y compartir con los países del Este para que no cometan nuestros errores y para que, con coherencia, puedan recuperar su patrimonio histórico y rentabilizarlo con fines turísticos. 
Esto, Señorías, es valor añadido. 
Todos los europeos responsables somos conscientes y valoramos la necesidad de que el turismo sea sostenible y los destinos limpios. 
Abogamos por la defensa del medio ambiente. 
Hoy día la calidad turística ya no se concibe si no incorpora el factor medioambiental: planes integrados, hoteles integrados, inexistencia de vertidos, depuración de aguas, control de residuos sólidos, energías limpias y mucho rigor contra la contaminación atmosférica, acústica o visual. 
El turismo en Europa está culminando un largo proceso que desemboca en el binomio calidad-precio y competitividad de las PYME. 
Unos países potencian el turismo cultural, otros el rural, sol, playa, deportivo, negocios, juvenil o senior. 
Pero todos tratan de diversificar la oferta, romper la estacionalidad y crear empleo. 
Valor añadido es impulsar la calidad de la formación y el intercambio de experiencias. 
Valor añadido son los proyectos de nuevas tecnologías aplicadas al turismo sobre sistemas de reservas o bases de destinos turísticos. 
Felicitamos a la Comisión por impulsar la organización de una conferencia sobre los efectos del euro en el sector turístico para facilitar estrategias de transición para las empresas y los consumidores. 
El euro favorecerá el turismo y a Europa como destino. 
Esperamos con impaciencia el informe del «comité de sabios» y apoyamos con fuerza la continuidad de las acciones de lucha contra el turismo sexual. 
Todo lo dicho, queridos colegas, es valor añadido. 
Debemos informar y convencer al Consejo. 
Creo que tenemos elementos suficientes para presentar un programa de acción que sea la base legal, acogida con entusiasmo por los Estados miembros. 
Espero que el Consejo tenga visión de futuro. 
Señor Presidente, antes que nada deseo manifestar que estoy de acuerdo con el informe presentado por el Sr. Novo Belenguer y considero que los elementos que el señor ponente ha facilitado al Parlamento revisten gran importancia. 
En particular, creo que es justo recalcar que el turismo guarda relación con otros muchos sectores que recaen en el ámbito de las competencias de la Unión Europea y por tanto, aunque es cierto que se plantea el problema de la falta de un fundamento jurídico claro, no es menos cierto que el turismo está ligado a muchas otras actividades y sectores en que el fundamento jurídico es muy claro. 
Sin embargo, el problema del fundamento jurídico está ahí y, por tanto, hay que encontrar una solución. 
Por desgracia, sabemos que la Conferencia Intergubernamental de Amsterdam no ha ofrecido una solución satisfactoria; las consecuencias se constatan en el hecho de que desde el año 1996 no se ha adoptado el programa PHILOXENIA por la falta de un fundamento jurídico y, por tanto, de una línea presupuestaria. 
Ante todos estos hechos, consideramos que debe hacerse un esfuerzo para encontrar por fin un fundamento jurídico, un programa apropiado, líneas presupuestarias adecuadas y reconocer plenamente las problemáticas del sector del turismo. 
Para el Grupo de los Verdes, en particular, significa decir no a un turismo que destruye el territorio y a un turismo que, en muchos casos, lo ha convertido en una masa de cemento y, por el contrario, decir sí a un turismo sostenible y ecocompatible. 
Y es por esto que, como Verdes, hemos presentado algunas enmiendas; en particular quiero recordar una enmienda cuya finalidad es que se tenga en cuenta el potencial de cada zona dedicada a actividades turísticas en la valoración del turismo, así como la propuesta de una etiqueta ecológica, ecolable, para las zonas y estructuras turísticas. 
De este modo, lograremos explicar claramente que el turismo puede constituir una posibilidad de desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, fui concejal de Turismo de la Región de Campania durante tres años y en ese período escuché varias voces que sostenían que el turismo es un factor de desarrollo importante y fundamental para las actividades económicas. 
Lamentablemente, tras esta concienciación no he visto seguir acciones administrativas, legislativas y de apoyo económico concretas. 
También el informe de la Comisión reconoce la importancia del turismo tanto desde el punto de vista de la protección y valorización del entorno, de la historia y de la cultura como desde el punto de vista de la expansión económica y de las posibilidades de empleo que ofrece; sin embargo, al final, ante las instancias europeas nos encontramos con esta situación de falta de reconocimiento de las actividades del sector turístico. 
Considero, por lo tanto, que es necesario actuar cuanto antes en tres puntos fundamentales que han sido recalcados tanto en el informe como en las intervenciones de sus Señorías. 
En primer lugar, la definición del fundamento jurídico para el turismo en que basarnos a escala europea. En el Tratado de Maastricht falta un título y también en el de Amsterdam no aparece mención alguna del mismo. 
Segundo, es preciso un compromiso para que en la próxima revisión del Tratado pueda crearse un título específico, como se manifestó en las Jornadas Europeas celebradas en Nápoles en el año 1996. 
Por último, es necesario crear una dirección general para turismo y esforzarse para que en la reforma de los Fondos estructurales se preste especial atención a los planes integrados aptos para identificar el turismo como un factor de desarrollo, de protección medioambiental y de valorización de los polos de desarrollo turístico. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, el turismo es un sector importante de la economía de la Unión Europea. 
El turismo también tiene importancia en relación con la creación de puestos de trabajo. 
Esto me lleva a pensar que no sólo el turismo costero y el que atraen las ciudades son importantes, sino que también lo es el rural. 
Con este se consiguen ingresos adicionales y se apoya el desarrollo regional. 
Naturalmente que así también se consiguen nuevos puestos de trabajo y se beneficia al conjunto de la región. 
El turismo benefactor debe tener prioridad. 
La Unión debería disponer de un marco apropiado para el futuro desarrollo de la política de turismo, como se discute actualmente en el programa PHILOXENIA. 
También sería muy positivo presentar como anexo al libro verde un libro blanco para definir una estrategia futura, no una comunitarización de la política de turismo, pero sí una estrategia. 
Lo importante es conservar las costumbres y tradiciones específicas y estimular su singularidad. 
La adecuada formación de los empleados del sector turístico debe ser, en mi opinión, prioritariamente estimulada. 
Finalmente quisiera expresar ante esta Asamblea mi repulsa explícita por el turismo sexual. 
Solicito a la Comisión que emprenda todos los esfuerzos necesarios para acabar de una vez con esta clase de turismo realmente deshonrosa. 
Señor Presidente, como representante del país de la Unión con un turismo más intenso permítame decir algunas palabras acerca de este excelente informe. 
En Austria un 6 % de nuestro producto interior bruto corresponde al turismo. 
La competitividad en el sector interior, causada por los promotores baratos en zonas climáticamente favorables, es enorme. 
Los empresarios se enfrentan a una política turística de la Unión Europea completamente descoordinada e ineficiente. 
No existe un concepto unitario de turismo. 
El programa PHILOXENIA, que muestra buenos planteamientos, ya ha sido rechazado dos veces por el Consejo. 
Desde mi punto de vista un programa de acción de este tipo debería contemplar el principio de subsidiariedad y poner en primer plano la publicidad de determinadas regiones, ya que creo ese es el mejor camino para ganar clientes de terceros países para el mercado europeo. 
En el informe se le pide a la autoridad presupuestaria que para 1999 establezca un presupuesto operativo para ayudas comunitarias directas. 
La línea B5-325 es la única que habla explícitamente de acciones para el fomento del turismo. 
Es de destacar que ésta no solo contaba con apenas 2 millones de ECUS, sino que, además, después de las propuestas del Consejo y la Comisión debe ser reducida. 
Esto resulta increíble si se piensa que la Comisión nombró el turismo como uno de los cinco factores económicos que son más adecuados para la creación de puestos de trabajo. 
Las ayudas provendrán de los fondos estructurales y de diversas iniciativas comunitarias, que en principio no fueron concebidas para el turismo. 
Como muestra el informe de la Comisión, la consecuencia es una distribución injusta de los fondos que, entre otros, perjudica a Austria. 
Señor Presidente, el turismo en la Unión Europea no tiene una reglamentación propia. 
Como los Tratados lo dejaron de lado, no tiene un fundamento jurídico. 
Como no tiene fundamento jurídico, tampoco tiene acciones: el programa PHILOXENIA sigue en el congelador. 
Como tal, no tiene presupuesto: la propuesta presupuestaria vino seca y la Comisión de Presupuestos se encargó de secar la enmienda propuesta por la Comisión de Transportes y Turismo, aun tratándose de la modesta suma de 3, 5 millones de ecus para 1999. 
¿Por qué no mereció siquiera un humilde párrafo en el Tratado de Amsterdam, pese a que se reconoce unánimemente que el sector del turismo es tan importante para la Unión Europea desde el punto de vista del empleo, de la actividad económica, de la inversión, del desarrollo sostenible? 
¿Qué actividad tan subversiva para el proceso de integración europea será ésa, que se encuentra encadenada a la regla de la unanimidad en el Consejo de Ministros, aunque sea para decidir cualquier acción de menor importancia? 
¿Por qué, pese a resultar evidente que se trata de un sector que afecta transversalmente a un mayor número de otros sectores, desde los transportes hasta el medio ambiente, desde la política regional hasta el empleo, desde el comercio hasta la agricultura y el mundo rural, se obstina el Consejo en negarle la menor dignidad institucional, por lo que el turismo ocupa un ángulo obscuro y avergonzado en el sótano de la DG XXIII? 
Yo sé que la subsidiariedad debe ser la regla. 
Todos sabemos que la política regional apoyó proyectos de incentivo del turismo para el período 1994-1999, por valor de 9.000 millones de ecus, pero eso no puede servir de disculpa para la ausencia de un plan de acciones comunitarias a favor del turismo, porque existen esferas en las que se potencia una plusvalía comunitaria, con promoción externa fuera de la Unión Europea, reducción de la estacionalidad, coordinación de las acciones que afectan al turismo de los diferentes programas y políticas, armonización fiscal o clasificación de las estructuras turísticas, la seguridad, la información a los turistas como consumidores. 
La dignificación del turismo exige que se le confiera relieve presupuestario. 
La palabra corresponde ahora a los Grupos políticos de este Parlamento para que el consenso evite la prolongación de esta situación irracional de un turismo sin el menor fundamento. 
Presidente, hay buenas y malas noticias en relación con el turismo en la Unión Europea. 
Comenzaré con las buenas noticias. 
La entrada del euro hará más fácil y barato el turismo y los viajes en «Eurolandia». 
He calculado que, gracias al euro, en unas vacaciones quincenales en la Unión Europea se podrá obtener un día extra de regalo. 
Otra buena noticia es que todo indica que, en los años venideros, el turismo y los viajes será el sector en expansión número uno, aunque debido a las menos prósperas previsiones económicas esa expansión presumiblemente será menos espectacular de lo que se suponía hasta hace poco. 
Ahora las malas noticias. 
La crisis en Asia y Rusia tendrá un efecto abrumador en el número de turistas de esos países que vendrán a Europa. 
Al mismo tiempo aumentará la competencia desde estos países por la devaluación de la moneda allí. 
Pienso sobre todo en el importante sector del turismo de congresos. 
Allí se obtendrá más por menos dinero. 
Mi pregunta es: ¿cuál es la respuesta de la Comisión ante estos acontecimientos? 
Se requiere con urgencia desarrollar una estrategia para que Europa se aproveche lo suficiente del crecimiento que se espera. 
Las palabras clave en esta estrategia deben ser: calidad y refuerzo de la competencia de la industria turística europea, sobre todo en las PYMES. 
En este marco abogo por una tarifa uniformemente baja del IVA en el turismo. 
Después de todo, el turismo puede crear muchos puestos de trabajo. 
Se debe tender en medida creciente hacia el turismo perdurable. 
Mi segunda pregunta es por ello ¿hasta qué punto está involucrada la DG XXIII para poder disponer de sumas considerables de los fondos regionales para el turismo? 
Mi última pregunta es, Presidente, ¿cómo valora las posibilidades de aprobar este año PHILOXENIA, teniendo en cuenta la entrada enérgica de la Presidencia austriaca? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Europa debe afirmar su diferencia en el turismo como está haciendo con la sociedad de la información. 
El turismo europeo habrá de ser, cada vez más, el turismo de la calidad. 
Existe una concepción europea del turismo que lo vincula estrechamente con la promoción del medio ambiente, de la cultura, del desarrollo regional, de la salud, de la seguridad y del bienestar de las personas. 
El informe Novo Belenguer pide una política europea del turismo y hace muy bien. 
Esa política deberá consistir, por un lado, en la creación dentro de la Comisión de una estructura que pueda realizar estudios, comparar estadísticas, promover formación, estimular innovación y facilitar redes de cooperación y, por otro, estimular en los Estados miembros estructuras de coordinación que permitan mantener el primer puesto de Europa como destino turístico. 
El ejemplo reciente de la creación de la red «Europa Traditionis Consortium» para promoción del turismo en casas privadas de gran tradición es un simple ejemplo de una iniciativa conjunta de la sociedad civil que va bien encaminada, pero que seguirá siendo una gota de agua, si no se divulga y multiplica. 
La Unión Europea puede y debe tener un papel que desempeñar tanto en el estímulo de redes de cooperación como en la formación de profesionales sensibilizándolos sobre las ventajas a medio y a largo plazo para el propio sector de un turismo sostenible, que respete la naturaleza y el patrimonio. 
Señor Presidente, si el Consejo sigue vacilando a la hora de comunitarizar la política del turismo, bastará con que considere las repercusiones que tendría no hacerlo para la competitividad del sector en Europa y para el desarrollo de sus regiones periféricas. 
En las actuales condiciones de mayor competencia, la ausencia de acciones concertadas y de políticas comunes en las esferas de la movilidad de los profesionales, de la eficacia de las comunicaciones y del marketing, en una palabra, de la recalificación rápida del sector en general, puede acarrearnos una pérdida del primer puesto, difícilmente recuperable. 
Señor Presidente, al intervenir en último lugar voy a abordar algunos temas que los oradores que me han precedido han mencionado sólo de pasada y que se refieren a la capacidad económica y generadora de empleo que tiene este sector. 
Según las estadísticas, hoy por hoy, el turismo es la tercera industria del mundo: la tercera después de la industria del petróleo y del automóvil. 
Según las mismas estadísticas, en el año 2000 el turismo será la primera industria del mundo. 
Entre 1990 y 1995 los ingresos del turismo aumentaron en un 8, 5 %; en 1996 ascendían a 400 millardos de dólares y en el año 2000 ascenderán a 700 millardos de dólares. 
Actualmente, el turismo en el mundo cubre el 12, 5 % del Producto Interior Bruto; en el año 2007, siempre según las estadísticas, esta cifra subirá hasta el 12, 8 %. 
Y continuando con los números: hoy en la Unión Europea hay 19, 1 millones de personas empleadas en el sector turístico que equivalen al 12, 8 % del total de los puestos de trabajo; el 65 % de estos puestos de trabajo son femeninos. 
En el año 2007 habrá 1, 8 millones de puestos de trabajo más. 
Ésta es la dimensión económica de un sector que progresa, que crece, que aumenta y que, en cambio, Europa, las Instituciones no valoran como se merece. 
No obstante la subsidiariedad, creo que puede existir o coexistir también una promoción turística de tipo europeo. 
Pues bien, hace falta promocionar nuestra vieja Europa para contrarrestar la promoción ya unitaria que hacen los Estados Unidos de América y algunos países orientales. 
Existe esta competencia a nivel de la mundialización. 
Los motivos los tenemos, ahora falta el dinero: 10, 5 mecus para la promoción europea. 
En mi región que cuenta con 450.000 habitantes, ofrecemos el lago de Garda y los Alpes Dolomíticos, pero nosotros gastamos 7 mecus, casi como toda Europa. 
Podría ser un ejemplo a seguir. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, para empezar querría agradecer al Sr. Novo Belenguer su detallado informe, así como al Sr. Wijsenbeek la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Este informe envía un mensaje importante: que ya es hora de ponerse a trabajar para reforzar la actividad de las acciones comunitarias en el sector del turismo e, igualmente, para aumentar la contribución del turismo al logro de los objetivos de la Unión. 
Por supuesto, hace falta garantizar los créditos correspondientes. 
Porque la falta de una financiación concreta para la línea del presupuesto sobre el turismo, crea serias limitaciones prácticas. 
Sin embargo soy optimista en cuanto a que los esfuerzos de la Presidencia austriaca darán fruto y lograremos un acuerdo sobre el imprescindible programa PHILOXENIA en los próximos meses. 
Permítanme ahora referir brevemente las prioridades básicas que ustedes han señalado en el proyecto de resolución y que muchos de ustedes han señalado anteriormente en sus intervenciones. 
Ante todo, yo también estoy de acuerdo en que está el problema del empleo, de la formación y de la educación en cuanto a las acciones relacionadas con el turismo. 
Como ya saben, tras la Conferencia Europea sobre el Turismo y el Empleo en Luxemburgo, reunimos un grupo de alto nivel. 
La misión de este grupo era examinar de qué forma puede contribuir mejor el turismo al empleo. 
La primera fase de este procedimiento ya se está completando y en los próximos días recibiré las recomendaciones de este grupo. 
Mi intención es que la Comisión haga una comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, hasta finales de año, en la que haya una evaluación general del informe y la presentación de las orientaciones sobre las próximas acciones. 
Segundo, tenemos el problema de la modernización de la industria del turismo y de la mejora de su competitividad y especialmente de las pequeñas y medianas empresas relacionadas con actividades turísticas. 
Estoy completamente de acuerdo en que la aplicación de la nueva tecnología y el normal funcionamiento del mercado interior son condiciones indispensables para que la industria europea del turismo mantenga la fuerte posición competitiva que ocupa en la actualidad a nivel mundial. 
Creo, pues, que era recomendable tomar una iniciativa que sentara las bases de la evolución y de la difusión de los conocimientos técnicos en el sector de las tecnologías de la información aplicadas en los servicios turísticos. 
Y la Comisión ya está estudiando las necesidades concretas y las acciones necesarias para el turismo y que deberán ser tomadas en cuenta en la aplicación del quinto programa de investigación y de desarrollo tecnológico. 
Tercero, el tema de la introducción del euro y de los desafíos que implica para los turistas y para las empresas. 
Como ya saben, hemos realizado una amplia consulta en cuanto a las medidas preparatorias que se toman para la introducción del euro. 
En esta consulta han tomado parte bancos, entidades de crédito, profesionales del sector del turismo y naturalmente asociaciones de consumidores. 
Los resultados de estos trabajos van a presentarse en la Conferencia que tendrá lugar en Bruselas el 18 de octubre. 
Guías para las empresas del turismo, fácilmente comprensibles para el usuario, están en su última fase y estarán disponibles a finales de año. 
Cuarto, tenemos el tema de la reforma de los Fondos Estructurales que se propone en la Agenda 2000 y de las oportunidades que podrían producirse en este marco para explotar plenamente el potencial turístico en las regiones menos favorecidas de Europa o incluso en las regiones en declive. 
En el marco de los Fondos Estructurales, los Estados miembros preparan proyectos e indican sus prioridades por sectores. 
No podemos imponer a los Estados miembros y a las regiones inversiones relacionadas con el turismo. 
Pero, la experiencia demuestra que casi todas las regiones elegibles en el marco de los Fondos Estructurales han incluido proyectos relacionados con el turismo y sus programas. 
Sin embargo la aplicación de las nuevas normas de funcionamiento de los Fondos Estructurales constituye una oportunidad para que las autoridades nacionales y regionales interesadas evalúen y reanalicen sus proyectos sobre la evolución del turismo. Y de esta forma podrán determinar medidas conectivas para mejorar las infraestructuras turísticas y la calidad de los servicios relacionados con el turismo en estas regiones. 
Quinto, tenemos el tema de la aplicación del principio de sostenibilidad en el desarrollo del turismo. 
Estoy de acuerdo con ustedes en que el turismo no puede evolucionar con éxito sin un respeto pleno del principio de sostenibilidad. 
También estoy de acuerdo con la necesidad de utilizar más ampliamente los medios comunitarios para proteger el medio ambiente en el turismo así como para proteger y fomentar la herencia cultural de Europa. 
Deberemos velar, junto con los Estados miembros, por la difusión más amplia de los resultados de determinados proyecto anteriores dignos de mención en este sector. 
Finalmente, está el tema del control total, de la evaluación y de la elaboración de informes sobre las acciones comunitarias que afectan al turismo. 
Estoy de acuerdo con ustedes en que estos informes son un medio que refuerza la transparencia, un medio que ayuda al control democrático de las actividades comunitarias. 
Por eso, también puedo admitir la continuación de las regulaciones existentes en cuanto a la elaboración de informes. 
Concluyendo, Señor Presidente, querría informarles del desarrollo en los temas administrativos ya que este es un tema que se toca en las recomendaciones que incluye el proyecto de resolución que se ha presentado en la Sesión Plenaria. 
Recientemente hemos creado en el seno de la Dirección General XXIII no un sector ni un grupo de trabajo, sino una Dirección. 
Una Dirección para coordinar las medidas comunitarias y las acciones coordinadas relacionadas con el turismo. 
Esta Dirección contiene tres unidades operativas que se ocupan de los temas de la política, de la competencia y de la sostenibilidad respectivamente. 
Antes de terminar quisiera referirme a la acción comunitaria para combatir el turismo sexual del que son víctimas los niños. 
Gracias al apoyo de ustedes, y especialmente gracias a la decisión de la autoridad competente del presupuesto de aprobar una linea especial del presupuesto, se ha señalado un avance muy importante en cuanto a la información al público sobre este problema. 
Nosotros seguimos nuestras iniciativas en esta dirección y hacia finales de año estaré en la grata situación de presentar ante el Parlamento un informe sobre lo que se ha realizado en este campo durante los dos últimos años. 
Por último, señor Presidente, quisiera felicitar una vez más al ponente Sr. Novo Belenguer por su labor y dar las gracias a todos los miembros del Parlamento, quienes sostienen firmemente que el turismo es y seguirá siendo una industria grande y dinámica que debe ser apoyada activamente y diría que incluso más activamente por la Comunidad. 
Presidente, agradezco al Comisario su respuesta. 
Sin embargo, he echado de menos la respuesta a mi pregunta de cómo valora las posibilidades de aprobar este año PHILOXENIA, teniendo en cuenta la entrada enérgica de la Presidencia austriaca. 
Si se me permite haré uso también de esta oportunidad, Presidente, para expresar mi estima por el hecho de que pese a lo avanzado de la hora un representante del Consejo asista a nuestros debates. 
Así es como debe ser, pero gracias no obstante. 
Señor Presidente, quiero asegurarles que la Presidencia austriaca realmente ha empezado a esforzarse, presentando una propuesta compatible con ideas que creo que se corresponden plenamente con el espíritu del programa PHILOXENIA. 
Se ha basado en el compromiso que proponía la Presidencia de Luxemburgo y en este momento la Presidencia austriaca está consultando a los otros Estados miembros. 
Sin embargo, aún no hay nuevo gobierno en Alemania Federal después de las elecciones y, por consiguiente, estamos a la espera de consultarle a él también porque, como ya sabemos, Alemania es el único país que, exceptuando algunas dudas que ha expresado el Reino Unido, se resiste a aceptar el programa PHILOXENIA. 
Espero que estas consultas se coronen con éxito. 
Y espero, sinceramente, que el Consejo de Ministros de Turismo, que la Presidencia austriaca tiene previsto para principios de diciembre, será el Consejo que apruebe el programa PHILOXENIA. 
En todo caso, sinceramente, tengo esperanzas también en el apoyo activo del Parlamento Europeo, para que estos esfuerzos se coronen con éxito. 
El Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el total de la industria turística europea, el total de las instituciones que actúan en el sector del turismo y 14 de los 15 países miembros, están a favor de este programa. 
Por fin, creo que ha llegado el momento de que el programa PHILOXENIA constituya una base jurídica para un programa plurianual a favor del turismo. 
Aprovecho la oportunidad para dar las gracias al Sr. Novo Belenguer, puesto que este es el último informe que presenta, y desearle éxito, ya que al dejar esta Asamblea se encamina hacia nuevos horizontes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.40 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación?. 
Señor Presidente, me refiero a un punto del Acta relativo a mi informe sobre la seguridad de los transbordadores. 
El Acta indica que el Sr. Papoutsis contestó a mi pregunta en respuesta a su declaración a esta Asamblea. 
En realidad, debería decir que el Sr. Papoutsis se comprometió a contestar a mi pregunta por escrito. 
Agradecería que se corrija el Acta para que recoja esa garantía concreta que dio a la Asamblea. 
Señor Watts, tomo nota para su corrección. 
Señor Presidente, no se trata directamente de una cuestión de orden pero tengo que llamar hoy de nuevo la atención sobre una situación muy desagradable en Bruselas. 
Hace dos semanas un colaborador mío fue golpeado a las 19, 30 horas muy cerca del Parlamento Europeo. 
Creo que debe ser posible que se acabe por fin con tales hechos, también en interés de Bruselas y de Bélgica. 
También quiero que se recapacite sobre el hecho de que Nueva York fue un día una de las ciudades más inseguras del mundo y en un plazo brevísimo se ha convertido en una de las más seguras. 
Creo que todos los que trabajamos en las instituciones tenemos un derecho a vivir y trabajar en un entorno seguro. 
(Aplausos) 
Señora Schierhuber, debo reconocer que los problemas en dicho sector de la seguridad son bastante graves y han ocupado a menudo a la Presidencia. 
Ayer mismo, la Sra. Schleicher planteaba algunos de dichos problemas. 
Confieso que aún somos débiles para hacerlos frente y veremos cuál será la mejor forma de abordarlos. 
Presidente, si los austriacos empiezan a defender ahora Estrasburgo y atacar Bruselas y si la Oficina se mete en este asunto, y los Cuestores también se mezclan en esto, entonces sabemos con seguridad que no va a ocurrir nunca nada. 
Pero permítanos llamar su atención acerca de que entretanto uno de los tres vuelos de los Países Bajos a Estrasburgo se ha suspendido y que, por lo tanto, será aún más imposible que antes llegar a esta ciudad, Estrasburgo, y que va siendo hora de que nos reunamos más tiempo y con más frecuencia en Bruselas. 
Señor Wijsenbeek, es usted bastante veterano en esta Asamblea y estamos acostumbrados a escuchar observaciones en ese sentido por su parte como, por supuesto, por parte de otros compañeros que comparten dicha apreciación. 
No vamos a abrir ahora dicho debate. 
Señor Presidente, en relación con lo que se acaba de decir, me gustaría señalar que no hay un solo vuelo directo de Finlandia a Estrasburgo, por lo que deberíamos reunirnos únicamente en Bruselas. 
(El Acta queda aprobada) 
Conferencia Europea/Malta 
La orden del día prevé el debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Conferencia Europea celebrada el 6 de octubre de 1998 en Luxemburgo, así como sobre la situación actual en Malta en el marco de la ampliación. 
Señor Presidente, Señorías, ayer se reunió la Conferencia Europea por primera vez a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores. 
En la Conferencia, junto a los 15 Estados miembros de la UE y la Comisión, participaron también los 10 países de la Europa central y oriental, Chipre y el Ministro de Asuntos Exteriores suizo Cotti como member elect. 
Turquía ya indicó antes que no iba a participar en la Conferencia. 
En una primera reunión de trabajo, la Conferencia se ocupó de problemas relacionados con el crimen transfronterizo organizado así como de la cooperación regional en cuestiones de medio ambiente y ofreció la ocasión para realizar una foto familiar con nuestros interlocutores. 
En el marco del almuerzo de trabajo se trató sobre la situación en los Balcanes occidentales, en especial, Kosovo y Albania. 
De este modo, la Presidencia ha intentado cubrir un amplio campo de tareas y, exceptuando el sector de las competitive economies, contribuir algo a todos los temas sobre los que se han puesto de acuerdo los Jefes de Estado y de Gobierno en Londres para el futuro trabajo de la Conferencia. 
Pero me voy a referir a los temas en concreto. 
Entre el conjunto de temas relativos al crimen organizado transfronterizo, la Presidencia informó sobre el trabajo realizado hasta ahora por el Grupo de expertos de Drogas y Crimen Organizado. 
Este grupo de expertos, el llamado grupo COLD, fue creado en Londres en marzo de este año por la Conferencia Europea y tuvo su primera reunión el 10 de junio en Bruselas. 
Los participantes en la reunión expresaron su apoyo a las propuestas de la Presidencia sobre las tareas marcadas por el Grupo. 
Los participantes de los Estados no pertenecientes a la Unión Europea dieron detalles sobre la situación en sus países en lo que se refiere al crimen organizado y al tráfico de drogas. 
Informaron al Grupo sobre los pasos con los que combaten este problema en sus países. 
Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que se debe garantizar una cooperación internacional eficaz y que esta cooperación debe ser lo más amplia posible incluyendo a las autoridades de policía, aduaneras y penales. 
Hay que hacer también todo lo posible para que el intercambio de informaciones entre los participantes sea lo más rápida y eficaz posible. 
En este contexto, se ha tratado también sobre si se deben ampliar las estructuras de cooperación, los llamados networks, que ya existen dentro de la Unión Europea. 
Los participantes en la reunión del grupo de expertos propusieron además una amplia lista de temas para sus posteriores actividades. 
Al final del debate se estuvo de acuerdo en llevar con rapidez a la práctica algunas propuestas como, por ejemplo, el acuerdo de puntos de contacto así como la invitación a seminarios. 
Otras ideas como, por ejemplo, las medidas de persecución judicial o la lucha contra el blanqueo de capitales, se deben examinar aún en otros encuentros. 
El grupo de expertos se reunirá otra vez bajo la Presidencia austríaca. 
Al introducir los diferentes temas centrales de debate de la Conferencia, la Presidencia llamó la atención sobre la importancia que la Unión Europea da a la lucha contra el crimen organizado. 
No se puede infravalorar el peligro que emana de las redes internacionales del crimen para nuestra sociedad, pues entretanto han llegado a los aspectos más diversos de la vida del hombre, la política, la economía y la justicia. 
La Unión Europea cree que dos campos del crimen organizado son especialmente detestables pues tienen como objeto los elementos más débiles de nuestra sociedad, los niños y los emigrantes. 
En el debate sobre la evitación y lucha contra la explotación sexual de los niños, que son los miembros más débiles de la sociedad y, al mismo tiempo, los portadores de nuestras esperanzas de futuro, los participantes en la Conferencia coincidieron en que su protección tiene que ser una prioridad especial de la comunidad de Estados, pues junto a su explotación económica y la persecución en la guerra, hay una forma de violencia contra los niños especialmente detestable, los abusos sexuales que, por lo general, tienen lugar tras puertas cerradas. 
Estos fenómenos se pueden observar en todo el mundo. 
Desde que las relaciones económicas, el intercambio de informaciones y el turismo han alcanzado unas dimensiones globales, todos los Estados se ven afectados por la explotación sexual de los niños. 
Los participantes en la Conferencia coincidieron por ello en que unas medidas de lucha adecuadas presuponen también una cooperación internacional eficaz en los diversos gremios. 
Todos recordamos con horror los informes sobre el descubrimiento de redes pedófilas transfronterizas. 
La lucha contra la pedofilia y los fenómenos derivados de ello, el turismo sexual y la prostitución infantil, así como medidas contra el abuso de niños dentro del ámbito de la familia y la producción y difusión de material pornográfico infantil, sobre todo en Internet, representan un desafío muy especial no sólo para los Estados miembros de la Unión Europea sino para todos los Estados. 
Los participantes en la Conferencia subrayaron que estos desafíos se deben enfrentar con un trabajo transfronterizo. 
La Presidencia llamó la atención sobre el intenso compromiso de la Unión Europea en este campo durante las últimas semanas y meses y proporcionó en este contexto una visión de conjunto sobre las diversas actividades e informó también sobre el estado de los debates en el Consejo de Asuntos Generales. 
Entre las actividades de la UE, la Presidencia destacó sobre todo la medida común relativa a la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños que el Consejo aprobó en febrero de 1997. 
Esta medida común contiene propuestas para la mejora de la cooperación judicial en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de los niños. 
Una serie de Estados participantes en la Conferencia informó sobre sus experiencias y trabajos en este campo y al final del debate los participantes se pusieron de acuerdo en invitar al Grupo de expertos de la Conferencia europea sobre Drogas y Crimen Organizado para que examine en detalle a qué instrumentos jurídicos de la Unión Europea se pueden adherir los países participantes en la Conferencia Europea. 
Finalmente, los participantes en la Conferencia mostraron su acuerdo en coordinar más intensamente sus actividades en el marco de las Naciones Unidas para enfrentarse conjuntamente a los abusos sexuales de los niños. 
Por lo demás, en el marco del tema del crimen organizado, los participantes en la Conferencia se ocuparon de las bandas dedicadas al tráfico ilegal de emigrantes. 
Precisamente en los últimos tiempos se producen repetidamente noticias sobre casos espectaculares de emigrantes ilegales que intentan llegar a los países más ricos de Europa y del Norte de América. 
Esta nueva ola migratoria que crece año tras año ha movido a un buen número de países a recrudecer sus normas sobre inmigración. 
Finalmente, en el marco de la primera reunión de trabajo se trató sobre la cooperación regional en cuestiones de medio ambiente. 
En este contexto, los diferentes representantes informaron sobre sus actividades en este campo, en concreto, en las organizaciones regionales europeas, la Iniciativa de Europa central, la Cooperación para el Mar Negro, el Consejo de los Estados del Mar Báltico y el Consejo de las zonas europeo-árticas del Mar de Barent. 
Los participantes en la Conferencia subrayaron que las medidas de medio ambiente se deberían coordinar entre si. Los participantes en la Conferencia acordaron para el futuro que en un primer paso la Presidencia solicite a los diversos gremios competentes para la cooperación regional, la Comisión Europea y la Agencia de Medio Ambiente, que presenten aportaciones y solucionen las dificultades surgidas. 
Durante el almuerzo tratamos aún sobre dos temas más, los acontecimientos en Kosovo y la situación en Albania, sobre lo que no voy a hablar ahora pues tenemos a continuación un debate al respecto. 
Señor Presidente, con respecto a la Conferencia Europea que se celebró ayer en Luxemburgo solamente quisiera expresar mi gran respeto por la iniciativa que ha tomado la Presidencia para poner en el orden del día de esta segunda Conferencia Europea estos importantes temas que la Sra. Ferrero acaba de plantear. 
La cuestión de la lucha contra el crimen organizado, la cuestión de la explotación sexual de los niños, la inmigración ilegal, todas estas cuestiones son de primer orden en nuestra agenda política actual. 
Por lo tanto, nos parece de la mayor importancia posible que en un foro en el que nuestros futuros Estados miembros están reunidos con los miembros de la Unión Europea, se pongan estos temas sobre el tapete. 
Ayer fue especialmente interesante que nos pudiéramos enterar de lo que nuestros futuros Estados miembros hacen o piensan hacer con respecto a este punto y cómo podemos reforzar más la cooperación mutua al respecto. 
Creo que después de la ratificación del Tratado de Amsterdam dispondremos de una serie de nuevos instrumentos para actuar con más eficacia en el ámbito transnacional, también en el círculo de los futuros Estados miembros. Pienso especialmente en lo previsto en el Tratado de Amsterdam sobre el traspaso de una serie de actividades del tercer pilar de Maastricht al primero. 
Esta Presidencia y las próximas pueden contar con el claro apoyo de la Comisión para dotarlo también de significado real. 
Si se trata de acercar Europa a los ciudadanos, entonces estos son los temas que están directamente relacionados con ello y de los que los ciudadanos, me parece, con razón se preocupan extraordinariamente. 
Presidente, estoy mirando a la pantalla que tengo delante de mi y veo que allí pone: «Conference» y allí pone Malta. 
No sé si el propósito es que se diga ahora también algo sobre Malta. 
Todos hemos podido constatar que el gobierno maltés entretanto ha vuelto a activar la solicitud, que no fue retirada hace dos años, sino que había quedado aplazada- naturalmente estoy hablando de la solicitud de ingreso en la Unión Europea- y que de hecho ha renovado la solicitud ante la Presidencia, lo que ha desembocado en el procedimiento normal por el que la Presidencia y el Consejo piden a la Comisión que dé su opinión. 
En este caso significa que se ha pedido a la Comisión que averigüe qué han significado los dos años de interrupción de la preparación para el ingreso para la actual situación política y económica de Malta. 
O sea, hemos comunicado al Consejo que trabajaremos en la actualización, la puesta al día, del «avis» que entonces, en 1993, se emitió sobre Malta, y que lo presentaremos al Consejo con una recomendación sobre la mejor manera de incorporar e integrar de nuevo a Malta en el proceso de adhesión. 
Es un poco difícil dar un plazo muy concreto. 
El Consejo aprecia que se le informe exhaustivamente sobre ello. 
Dicho de otra forma, esto significa que se vuelve a estudiar a fondo la opinión que emitimos en 1993, y se comparará con la situación actual en Malta. 
Por último, y es casi innecesario decirlo: yo mismo tuve la ocasión en Nueva York de tener una conversación con el nuevo, y al mismo tiempo, anterior ministro de Asuntos Exteriores de Malta, Guido di Marco, y le dije que nos alegramos de la renovada aspiración de Malta. 
Le dije también que el Consejo cuenta realmente con que Malta intentará hacer de esta solicitud una cuestión «by partisan» y que todo el mundo es consciente de que la solicitud que hace dos años se suspendió, cuando el actual partido de la oposición llegó al gobierno, tiene ahora nueva vida y que, por supuesto, en nuestros Estados miembros nos gustaría ver que se trata de un deseo ampliamente compartido por la población de Malta de integrarse realmente en la Unión Europea. 
El ministro me dijo entonces que esa es la firme intención de este gobierno y que éste tiene la sensación de que a medida que avance el proceso de integración será también más fácil convencer a las capas más amplias de la población de la utilidad y de la necesidad de este importante paso político. 
El segundo punto, la cuestión de la introducción del sistema fiscal del IVA en Malta, jugó entonces un papel muy importante. Incluso fue bastante determinante para la pérdida de las elecciones anteriores de la coalición que actualmente está gobernando de nuevo. 
También en esa cuestión se nos proporcionará más claridad. 
Esto es lo que puedo decir en este momento con respecto a la solicitud de Malta para ingresar en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, creo que los aspectos centrales que ha tocado la Conferencia europea son totalmente correctos y que se deben apoyar plenamente. 
Me adhiero también a lo dicho por el señor Comisario en el sentido de que es importante enfrentarse a los temas que interesan de modo especial a las personas, que provocan miedos entre ellas, justificada o injustificadamente, y que exigen una respuesta a nivel europeo. 
En lo que se refiere a Malta, va a ser sobre todo la colega Malone la que va a exponer la posición por lo que no quiero entrar aquí en detalles. 
Sin embargo, quiero hacer algunas observaciones básicas y plantear preguntas. 
Primera: creo que la vía que hemos elegido respecto a los países candidatos- con algunos negociamos en esta Conferencia europea que es como una especie de techo- es correcta y que debemos ser conscientes de ello en esta Asamblea. 
Las elecciones en Letonia, el referéndum sobre la integración de la población ruso-parlante y las elecciones en Eslovaquia, han mostrado que fue acertado incluir a esos países como candidatos a la adhesión. 
Sin embargo, debemos darles tiempo y proporcionar ciertos estímulos para que inicien las correspondientes acciones. 
Me alegra mucho que esto haya demostrado que hemos procedido acertadamente aunque en esta Asamblea alguna que otra parte lo haya cuestionado. 
Se ha demostrado que la vía de los incentives, de la ayuda en pro de mejoras en la cuestión de la democracia, del Estado de derecho y de las minorías, ha sido correcta. 
Hemos fracasado- desgraciadamente, también en esta Conferencia europea- en la participación de Turquía. 
Me pregunto cómo temas como el crimen internacional, el tráfico de drogas, etc., se pueden tratar realmente con eficacia sin la participación de Turquía. 
Aprovecho esta oportunidad para expresar mi profunda preocupación por la tensa situación existente entre Turquía y su vecino, Siria. 
Pero si Turquía no es capaz de solucionar ella misma el problema por medios pacíficos, tampoco tiene la legitimidad ni el derecho a poner en marcha acciones y actividades en otro país. 
Quiero preguntar a la Presidencia hasta qué punto fue este un tema, qué posición defiende la Presidencia en esta cuestión y si quizás existe también junto con los americanos una clara posición frente a Turquía en lo que a la relación con Siria se refiere. 
Para finalizar, quiero preguntar a la Presidencia si en la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de Salzburgo se ha planteado alguna iniciativa para incluir a otros países más allá de la Conferencia europea. 
Tanto el sudeste de Europa como los países del proceso de Barcelona se ven intensamente afectados en lo que al crimen, el tráfico de drogas y la inmigración se refiere. 
La iniciativa no ha despertado precisamente aprobación o buena voluntad. 
En principio, la considero correcta si bien quizás no se había preparado óptimamente y habría que hablar sobre los detalles. 
Pero los temas sobre los que ha hablado con razón la Conferencia Europea, afectan a problemas que a la postre solamente se pueden solucionar si al menos se incluye también a los países del Sureste de Europa y los del proceso de Barcelona. 
Señora Presidenta, le quiero preguntar si puede decir algo sobre cómo se imagina que debe ser en el futuro. 
Por lo demás, quiero repetir que los temas planteados son los temas centrales de nuestro continente. 
Deseo a la Unión Europea mucha suerte en la Conferencia europea para que podamos solucionar estos problemas. 
Señor Presidente, Señorías, tengo la sensación de que no solamente usted, señor Comisario van den Broek, sino también la Presidenta del Consejo, se han visto algo sorprendidos por el asunto de Malta, pues esperaba que dijesen brevemente algo al respecto en su Statement. 
Como vicepresidente de la delegación para Malta estoy muy agradecido de que podamos debatir aquí sobre esta cuestión. 
No obstante, esperaba una señal algo más clara por parte del Consejo, esperanza que se sustentaba también en las declaraciones realizadas por la Comisión en la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad, y que apuntaban en la misma dirección que las realizadas hoy. 
El Consejo declara ahora que está esperando a una comunicación de la Comisión para conocer primero su valoración de la situación. 
Este procedimiento sorprende ya que en otras cuestiones relativas a la ampliación siempre ha sido el Consejo quien ha tomado la iniciativa. 
Quizás el Consejo haya contribuido también a esta algo confusa situación pues en su día se consoló a Malta diciendo que tras la ampliación previa le tocaría a ella. 
De este modo, por así decirlo, se incluyó a Malta entre los países que tienen muchas más dificultades para prepararse a una pertenencia a la Unión Europea. 
En los dos años que entretanto han transcurrido, Malta no ha cerrado las puertas. 
El Gobierno ha hecho entretanto también todo lo posible para que el siguiente Gobierno, del color que sea, tenga la posibilidad de reactivar esta solicitud. 
Además, la Comisión, mediante los informes permanentes de su delegación, ha podido tomar nota sin duda también de estas señales provenientes de Malta. 
Con nuestra propuesta de resolución, queremos instar al Consejo para que envíe una señal clara a Malta de que es bienvenida y que se la incluye de nuevo en la Conferencia europea. 
Pues Malta, ya solamente por el trabajo realizado en el proceso de Barcelona, pertenece a esta ronda. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe que hemos oído en la Conferencia; el enfoque inteligente con que se abordan capítulos como la criminalidad, la explotación sexual y la inmigración ilegal será de gran utilidad cuando llegue el momento de iniciar negociaciones serias y de aplicar las nuevas competencias del Tratado de Amsterdam. 
Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda este debate para ampliar ligeramente el enfoque, porque también esta semana hemos conocido la importante noticia de que el próximo 10 de noviembre se celebrará la conferencia de adhesión, que es parte integral de la Conferencia General sobre la que hoy debatimos y que marca un principio psicológico y político importante. 
En ese sentido, en presencia del Consejo y de la Comisión, deseo hacer varias observaciones políticas. 
Mi Grupo, el ELDR, cree firmemente en una Unión política más amplia y profunda. 
Ahora que hemos traspasado el umbral con los cinco Estados más uno para noviembre, debemos reiniciar urgentemente con renovado vigor la búsqueda de la reforma de nuestras instituciones antes de la ampliación, no sea que más tarde se convierta en un obstáculo; nadie de nosotros desea que eso ocurra, pero podría ocurrir. 
En segundo lugar, políticamente, acogemos con gran satisfacción que esta semana se haya dado luz verde Chipre, como parte de ese proceso. 
Pero también esto debe añadir una nueva urgencia para que, en cumplimiento de la iniciativa política encabezada por la UE, el Consejo y la Comisión resuelvan el problema de Chipre bajo los auspicios de Naciones Unidas, no sea que, una vez más, institucionalicemos en el seno de la Unión el problema de difícil solución de la isla dividida. 
En este sentido, deseo decir al Consejo que mi Grupo lamenta los reiterados fracasos del Consejo en su intento de alcanzar un acuerdo sobre un fundamente jurídico para un protocolo financiero con Turquía. 
No es demasiado sorprendente que Turquía no participe. 
Necesitamos realmente ultimar nuestro acto jurídico a nivel del Consejo y manifestar la capacidad de unas relaciones maduras de la UE con todos los Estados de esa región. 
Mi último comentario político, en términos generales, de cara a la próxima Cumbre de Viena, es que ésta ofrecerá la oportunidad de revisar las exigencias de otros Estados aspirantes. 
Mi Grupo cree, especialmente en el contexto de la crisis política y económica rusa, que debemos revisar nuestra posición con respecto a los Estados bálticos. 
Éstos han demostrado una fuerte apuesta por la reforma y han realizado avances loables. 
Aspecto que debe ser reconocido en Viena al igual que el renovado interés en Malta. 
Señor Presidente, la elección del Sr. Adami como nuevo Primer Ministro de Malta tendrá como efecto la renovación de la solicitud de ingreso de Malta en la Unión Europea. 
El Sr. Adami declaró recientemente que su nuevo gobierno se fijará dos objetivos: el primero, la petición de ingreso de Malta en la Unión Europea; y el segundo, el saneamiento de las finanzas públicas de Malta. 
Ambos asuntos están, en cierta medida, relacionados entre sí, especialmente en el contexto de los criterios económicos establecidos en el Tratado de Maastricht, que los países aspirantes a la Unión Europea deberán cumplir en el marco del sistema de la moneda única. 
La renovación de la solicitud maltesa de incorporarse a la Unión Europea garantiza que será tratada en el contexto de la próxima ronda de negociaciones de cara a la ampliación, de conformidad con los compromisos asumidos por los Jefes de Gobierno de la UE en Corfú. 
El asunto de la incorporación de Malta a la Unión Europea será debatido en la cumbre de noviembre, y las ventajas de la incorporación a la Unión para los 370.000 habitantes de Malta serán reales y tangibles. 
Tendrán acceso a un bloque comercial sin fronteras que abarca a más de 20 países europeos, a condición de que las negociaciones de adhesión con los países de la Europa central y oriental sean fructíferos. 
La Unión Europea, con su mercado interior y la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, es una perspectiva económica positiva para un país que busca nuevos mercados para su productos de fabricación nacional. 
Malta tiene mucho que ganar si consigue acercarse más a los requisitos para convertirse en miembro de la UE. 
Las muestras de las estrechas relaciones de Malta con la UE son evidentes en la isla. 
Uno de los más sólidos argumentos de Malta para el ingreso descansa en las estrechas afinidades que existen entre las economías de la isla y de la Unión Europea. 
Muchas empresas de Malta que exportan una amplia variedad de productos semimanufacturados son propiedad de compañías británicas, francesas, alemanas e italianas. 
Esto tiene como resultado que el 66 % del negocio visible de importación y exportación maltés se realice con Estados de la UE. 
Otra importante fuente de ingresos de Malta es el turismo, que también depende para su supervivencia de los mercados de la UE. 
Muchas de las estructuras administrativas, jurídicas y fiscales ya han sido adaptadas a las normas de la Unión Europea. 
Las negociaciones de ingreso deberán superar aún otros temas espinosos, como la ayuda estatal a las empresas y las tasas sobre las importaciones, pero creo que podrán superarse. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, un objetivo de este Parlamento ha sido no permitir que esta Conferencia europea se convierta en una especie de coartada sino en revaluarla y llenarla de contenidos. 
Es un paso en la dirección correcta, si bien aún falta una estrategia coherente para un desarrollo paneuropeo que corresponda a las necesidades ecológicas y sociales y que haga justicia a las esperanzas de estabilidad y de paz que tiene este continente. 
Una política de migración errónea y muy cuestionada a nivel internacional que, en especial bajo la Presidencia austríaca ha adoptado unas sorprendentes formas, no se puede reducir al problema de las bandas dedicadas a la introducción de inmigrantes ilegales y, permítame que lo diga así, señora Presidenta, es falaz. 
En cambio, la cooperación regional es un paso importante en la dirección correcta. 
Espero que el Consejo logre desarrollar también programas comunes y que a la hora de la distribución no se limite de nuevo a diferenciar qué dinero debe fluir en tal o cuál dirección, sino a desarrollar coherente y conjuntamente las regiones. 
Espero, señor van den Broek, que su Dirección General dé por fin también un paso en la dirección correcta e incluya a PHARE y a INTERREG en un fondo común. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, intervendré sobre el tema de Malta, ya que se trata de un día importante para Europa y, estoy convencido, para Malta. 
Me alegra que este Parlamento haya aceptado la solicitud de mi grupo, la Coalición Radical Europea, orientada a inscribir en el orden del día de este período parcial de sesiones, en presencia del Consejo y de la Comisión, el punto sobre la reactivación de la candidatura de Malta a la adhesión a la Unión Europea. 
Como presidente de la delegación en la comisión parlamentaria mixta Unión Europea-Malta, he sido un observador privilegiado y atento de la vida política maltesa desde hace dos años. 
Ni que decir tiene que nuestra delegación siempre ha manifestado el mayor respeto con respecto a las posiciones expresadas por los diferentes gobiernos, ya que la voluntad popular ha de prevalecer siempre por encima de los intereses partidarios. 
No les ocultaré sin embargo que siempre he sentido que en lo más profundo del pueblo maltés existía una aspiración real de compartir con los demás pueblos europeos un mismo destino común que pasaba, en vísperas de la reunificación del continente, por la integración total en la Unión Europea. 
Estoy convencido de que después de haber procedido a algunas adaptaciones técnicas necesarias, Malta será integrada inmediatamente en el proceso de ampliación. 
Personalmente considero que, de conformidad con los acuerdos alcanzados ya en 1995 según los cuales las negociaciones de adhesión con Malta y Chipre comenzarían seis meses después de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, las negociaciones con Malta deberían poder comenzar a partir de enero de 1999. 
Deseo encarecidamente que el Consejo Europeo de Viena del mes de diciembre adopte una decisión en este sentido. 
Hay una razón suplementaria para alegrarse por la reactivación de la solicitud de adhesión de Malta. 
En el plano institucional, la vuelta de Malta implicará una aceleración del proceso de reforma institucional, condición indispensable para una ampliación con éxito a los ojos, en todo caso, del Parlamento. 
Debo recordar que, en virtud del artículo 2 del protocolo sobre las instituciones del Tratado de Amsterdam, el proceso de la reforma institucional se desencadena automáticamente en la perspectiva de una Unión de más de veinte miembros, lo que sería el caso. 
Sin Malta, la Unión, Europa, siempre quedaría un poco huérfana. 
La coexistencia mutua contribuirá de manera inexorable a un enriquecimiento recíproco de las dos partes, la europea y la maltesa, pero también será una baza importante en las relaciones entre la Unión y los Estados del Mediterráneo afectados por el proceso de Barcelona. 
Señor Presidente, en el marco del debate sobre la solicitud de adhesión de Malta, sobre lo que el señor Comisario ha constatado que se ha vuelto a activar, creo que la Unión debe prestar especial atención a los siguientes puntos: hay que recapacitar si Malta en lo que se refiere a la infraestructura está en situación de hacerse cargo de una Presidencia del Consejo. 
Un país equiparablemente pequeño como Luxemburgo, coopera a este respecto con Bélgica pero Malta no dispone de una posibilidad similar. 
En segundo lugar, considero que es absolutamente necesario volver a introducir en Malta el IVA que fue suprimido. 
Mientras que otros Estados miembros están obligados a una tasa mínima del 15 %, una cláusula de excepción en este punto supondría una inaceptable ventaja competitiva para este país. 
Para finalizar, permítame que diga unas palabras sobre la evaluación general de la Conferencia europea. 
Este instrumento se creó ante todo para tratar sobre las relaciones UE/Turquía. 
La nueva no participación de este Estado debería impulsar a los estrategas de la UE a reconsiderar su política al respecto. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a la Presidencia y a la Comisión por los informes que nos han presentado aquí hoy. 
Me alegra mucho que ayer se hayan debatido temas tan importantes como las drogas y la prostitución infantil, además de todos los demás temas de los que esta semana nos ocupamos en el Parlamento. 
Nosotros también debatimos sobre la cuestión de la armonización de la industria farmacéutica. 
Como ponente del Parlamento sobre la adhesión de Malta, estoy encantada de que Malta asistiera ayer a la Conferencia Europea y que se haya acogido tan satisfactoriamente su nueva solicitud de ingreso en la Unión Europea. 
En nombre de mi Grupo, que también acoge con satisfacción esta nueva petición de ingreso, deseo decir que también celebramos la decisión del Gobierno maltés, y que la oposición esté a favor, de celebrar un referéndum sobre la conclusión de las negociaciones. 
Es fundamental. 
Nuestro Grupo también considera importante, naturalmente, que esta renovada petición sea atendida prontamente y en fiel cumplimiento de los procedimientos adecuados establecidos en el Tratado. 
Por ello, mi Grupo ha tomado la iniciativa de hacer un llamamiento a la Comisión para que presente una opinión actualizada de la nueva solicitud de Malta y, como decía el Comisario Van Den Broek, que estudie si es posible y cómo pueden recuperar los dos últimos años en los que la solicitud se ha mantenido congelada. 
Mi Grupo defenderá asimismo, mediante enmienda, el derecho absoluto del Parlamento de expresar nuestra opinión sobre la opinión actualizada de la Comisión relativa a la renovación de la solicitud. 
Consideramos que Malta tiene una vocación natural, tanto en términos de sus instituciones democráticas, como del respeto de los derechos humanos, para formar parte integral de la Unión Europea. 
Esperamos con interés la presentación del análisis de la Comisión de los avances económicos y políticos desde que se congelara la anterior petición en 1996. 
Me han parecido interesantes las palabras del Comisario Van Den Broek sobre la situación del IVA, que es mucho más clara que aquí, pero, como el Comisario sabe, quedan otros problemas relativos a algunas pequeñas empresas y demás. 
También está la cuestión de la neutralidad, que aún no se ha tocado. 
Sé que es un tema muy delicado y polémico para Malta, al igual que lo es para otros Estados miembros, como Irlanda. 
Por último, cuando recibamos el informe actualizado de la Comisión, espero que podamos resolver con rapidez cualquier problema pendiente, para que la población maltesa decida por sí misma de una vez por todas sobre su futuro lugar en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, deseo antes que nada volver a felicitar a mi amigo el Presidente, Eddy Fenech Adami, por el reciente éxito electoral conseguido en Malta. 
Es un éxito que adquiere un mayor significado, si cabe, habida cuenta de que el electorado se ha manifestado asimismo a favor de la adhesión de Malta a la Unión Europea confirmando así la línea seguida en su momento por el anterior Gobierno del Sr. Fenech Adami y que en el año 1995 obtuvo el apoyo de nuestras Instituciones. 
La determinación y la rapidez con que el Presidente Adami ha vuelto a confirmar la candidatura de Malta para su adhesión a la Unión Europea, como uno de los primeros actos del nuevo Gobierno, no solo nos debe animar, sino también alegrar, de cara a la posibilidad de incluir a Malta en la primera ronda de negociaciones para la ampliación,. 
Efectivamente, Malta cumple mucho más que los demás países candidatos los criterios de adhesión a la Unión y confiamos en que la rápida recuperación y el restablecimiento de los criterios de Maastricht, por otra parte ya cumplidos en el reciente pasado, pueda premiar la legítima aspiración de este país a convertirse también en miembro de la Unión monetaria. 
Baste recordar que en 1995 alcanzó un déficit del 3, 9 % del PIB y una inflación del 2, 9 % y que desde hace 11 años la lira maltesa está vinculada al ecu. 
Integrada de pleno derecho en la Unión Europea, Malta será, a mi juicio, una importante cabeza de puente en la cuenca del Mediterráneo y se convertirá en el nexo natural entre las culturas y las economías de los terceros países y de la Unión Europea. 
En mi calidad de ex vicepresidente de la delegación de relaciones UE/Malta, sobre la base del convencimiento al que he llegado gracias a desempeñar dicha función y por lo que acabo de decir, ratifico la necesidad de incluir a Malta en la primera ronda de negociaciones para la adhesión a la Unión Europea en el año 2002. 
A este propósito, a mí también me gustaría conocer el punto de vista de la Presidencia en ejercicio del Consejo. 
Presidente, Señora Presidenta del Consejo, Señor Comisario, estimados colegas, por lo visto ha habido un problema de comunicación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, dado que en última instancia el Comisario ha retomado el hilo gracias a las imágenes de la pantalla. 
Del Consejo no hemos podido oír nada, pero se recogerá en la respuesta a posteriori, supongo. 
En lo que respecta a la reactivación de la solicitud de Malta, todo el mundo se alegra de ello en el Parlamento y creo que es políticamente importante para el refuerzo del proceso de Barcelona que aumente de nuevo la presencia mediterránea dentro de la Unión Europea. 
El proceso de Barcelona necesita, en efecto, un poco de refuerzo. 
Además, es una buena ilustración de que la ampliación de Europa no sólo va en dirección de Europa del Este, sino hacia el continente europeo entero. 
En segundo lugar, creo que es muy importante que la población tenga la posibilidad de pronunciarse y de hacer la distinción entre elegir un partido y elegir el ingreso. 
Respecto a esto, apoyamos por supuesto la convocatoria de un referéndum. 
Por último, no creo necesario adoptar una actitud paternalista con respecto a Malta. 
Malta es lo suficientemente fuerte como para defender sus propios intereses y creo que puede ser la ilustración perfecta de la teoría que Europa siempre ha apoyado en relación con el primer grupo y el segundo grupo, es decir, que se puede cambiar fácilmente del segundo grupo al primero. 
Ese es nuestro deseo. 
Señor Presidente, sentí una gran satisfacción al escuchar el informe del Consejo sobre las actividades de la Conferencia Europea. 
Es evidente que la conferencia ha sido minuciosa. 
Es importante saber que la conferencia está dispuesta a tratar de asuntos de gran importancia para el electorado de la Unión Europea, como son las drogas y la lucha contra el crimen. 
Es importante saber que, actualmente, los gobiernos se toman muy en serio el hecho de que la criminalidad debilita los fundamentos de una sociedad democrática. 
Me complace que la conferencia haya sabido encontrar un mecanismo para atajar estos problemas ahora, en vez de esperar a que hayamos negociado la incorporación de pleno derecho en la Unión Europea. 
Creo que supone un avance para la seguridad en el continente. 
Me complace en particular oír que la atención se está centrando en un colectivo que a menudo es ignorado por los políticos, a saber, los niños. 
La situación en Europa es francamente una afrenta a la sociedad civilizada; la explotación sexual de niños es una afrenta a la civilización, al igual que el regreso de Europa a la esclavitud. 
Evidentemente debilitaría la legitimidad democrática de la Unión Europea que el electorado comenzara a tener la impresión de que los más beneficiados de la libre circulación en el seno del mercado único son los asesinos, chantajistas, criminales, heroinómanos y pederastas. 
Debemos dejar claro que no estamos dispuestos a permitirles que abusen de lo que nosotros deseábamos que fueran unas ventajas económicas. 
Me gustaría que el Consejo manifestara cómo ve el futuro de la Conferencia Europea. 
El Sr. Swoboda ya se ha referido a algunos países que, en su opinión, deberían participar en la conferencia. 
Yo añadiría Ucrania a esa lista. 
Creo que es importante, porque Ucrania está muy ligada a occidente. 
Me gustaría que la Presidencia nos comunicara sus observaciones sobre hacia dónde nos dirigimos en la conferencia, porque puede ser una fuerza muy importante. 
Respecto a Malta, al igual que todo el mundo, acojo con satisfacción la decisión del Gobierno maltés de solicitar la adhesión a la Unión Europea. 
Pero no debemos dejarnos llevar por el entusiasmo. 
No se trata del regreso del hijo pródigo. No hay motivo para matar unos terneros bien cebados y celebrar una fiesta. 
No es más que un gobierno democrático que expresa el deseo de su pueblo. 
Nuestro entusiasmo no debe cegarnos e impedirnos ver los numerosos problemas que llegan con Malta. 
La integración a la UE sigue siendo un fútbol político, y no es la mejor forma de prepararse para convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
En segundo lugar, la Comisión identifica en su avis algunas deficiencias, especialmente en relación con la estructura económica. 
Lo que ahora debemos hacer es volver a estudiar la situación de Malta y juzgarla sobre la misma base que a cualquier otro país. 
Los comentarios- que he podido oír en el Parlamento- de que Malta se ha saltado la cola, carecen de sentido. 
Malta debe ser juzgada del mismo modo que cualquier otro país. 
Pero estamos encantados de que vuelva a formar parte de nuestra familia. 
Quiero expresarle todo mi aprecio, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, por haber puesto en el centro del orden del día de la Conferencia temas que, sin duda, son prioritarios como la droga, la pedofilia, la nueva esclavitud, temas que naturalmente merecen una profundización que esperamos poder llevar a cabo en otras ocasiones. 
Sin embargo, señora Presidenta, no puedo dejar de mostrar cierta decepción- que confío que desaparecerá tras su réplica- por el silencio guardado sobre la cuestión de la adhesión de Malta a la Unión Europea. 
También el señor Comisario que he escuchado en numerosas ocasiones en las reuniones de la comisión mixta, esta vez me ha parecido un poco más frío que las demás veces, a pesar de que non encontramos ante una concreta solicitud de adhesión por parte del nuevo Gobierno maltés. 
Nos gustaría sentir mayor calor, un entusiasmo con respecto a Malta igual al que despiertan los demás países para los cuales está prevista la ampliación. 
Malta no pide descuentos, señor Titley. 
A través de su premier, Malta ha manifestado que quiere cumplir todos los criterios de Maastricht. 
En estos dos años, es cierto, se ha constatado un distanciamiento debido al Gobierno laborista de Malta, respecto a hace dos años cuando Malta cumplía plenamente los criterios de Maastricht y ahora se trata de recuperar la situación anterior. 
La cuestión de la neutralidad que aquí se ha suscitado, ha sido puntualizada por el premier quien a dicho que la cuestión puede solucionarse. 
Malta, por lo tanto, tiene todos los papeles en regla. 
No creo que se pueda realizar un seria política para el Mediterráneo sin incluir a Malta en la Unión Europea. 
Las ventajas serían considerables, ya que la política del Mediterráneo es una de las grandes políticas que debe ser definida en los próximos años. 
Es la segunda gran frontera y no haremos frente a los problemas de las grandes migraciones si no realizamos una política seria que se perfiló en Barcelona. 
Malta es una protagonista necesaria de todo esto. Por eso apoyamos con vehemencia la adhesión de Malta a la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, antes no mencioné a Malta pues no pensaba que se iba a debatir aquí pero quiero decir que hemos aprovechado la primera ocasión. 
Sus Señorías saben que Guido De Marco ha sido el vencedor de las elecciones del 10 de septiembre y hemos aprovechado inmediatamente el primer Consejo para hablar del tema. 
Creo que ayer se dio una señal muy positiva. 
Como saben, se ha pedido a la Comisión que presente lo antes posible una redacción actualizada de su posición, el «avis» de julio de 1993, que naturalmente se tiene que revisar de nuevo. 
Además, se ha autorizado al Presidente del Consejo a transmitir al Ministro de Asuntos Exteriores de Malta un escrito de respuesta en el que se llame la atención sobre el procedimiento necesario, la actualización del «avis». 
Creo que hemos respondido de la forma más rápida y no quiero que se interprete bajo ningún concepto que tenemos algún tipo de resentimiento contra Malta. 
Quiero que quede totalmente claro. 
Por el contrario, nos alegramos de que Malta esté de nuevo a bordo, si me permiten que lo diga así. 
En segundo lugar, me voy a referir muy brevemente a Siria y Turquía. 
Naturalmente, la Unión Europea y el Consejo están preocupados por las tensiones en la región y, actualmente estamos apoyando los esfuerzos de los egipcios por tranquilizar la situación. 
En lo que se refiere a la cooperación con Europa, sus Señorías saben que en el Consejo informal de Salzburgo la Presidencia austríaca del Consejo defendió la idea de encontrar algún tipo de plataforma para incluir a los Estados que hasta el momento no han presentado ninguna candidatura y no tienen posibilidad de adhesión. 
Lamentablemente, esto fue rechazado provisionalmente en Salzburgo por muchos Estados como una idea demasiado temprana, quizás porque no se había preparado con suficiente precisión. 
Sin embargo, creo que para estos Estados- Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, etc., -en el futuro se tienen que crear posibilidades para tener una perspectiva de al menos cooperar con Europa. 
En lo que se refiere a las reformas institucionales, sobre las que asimismo se ha hablado, quiero decir que pronto vamos a tener la reunión de Portschach. 
Aunque esta cuestión no se va a encontrar en primer plano, quizás alguna que otra delegación se refiera a la cuestión de las reformas institucionales que, naturalmente, va a estar de nuevo en el orden del día tras la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
Pero, por supuesto, sabemos que la reforma institucional es una de las condiciones previas para poder acoger realmente a nuevos candidatos a la adhesión. 
En lo tocante a Chipre, quiero subrayar de nuevo que la Presidencia austríaca está muy contenta de que hayamos logrado iniciar el 10 de noviembre las negociaciones de adhesión con todos los Estados de la primera ronda- es decir, cinco más uno más Chipre. 
Esto no era algo evidente y hemos discutido hasta al final. 
Tanto más nos alegramos de que se haya conseguido. 
Naturalmente, apoyamos y esperamos que el comienzo de las negociaciones de adhesión influya positivamente sobre el proceso de negociaciones políticas y para ello estamos en muy estrecho contacto con el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. 
En lo que se refiere a Turquía, quiero indicar que la Presidencia del Consejo se sigue esforzando por llevar a buen término este tratado de asociación con Turquía y, por supuesto, están en marcha también conversaciones con unas y otras partes, si bien no hemos logrado aún ningún progreso decisivo. 
Tendremos que seguir esforzándonos al menos hasta el final de nuestra Presidencia. 
En lo tocante a la migración, quiero añadir algo. Aunque a continuación tenemos un debate sobre cuestiones de migración, no quiero que quede sin responder la afirmación de que hemos actuado falazmente. 
La Presidencia austríaca ha presentado un documento de trabajo. Han surgido algunos malentendidos pues, naturalmente, no queremos suprimir el Convenio sobre los Refugiados de Ginebra y sus instrumentos, sino que aquí hemos tratado de medidas de protección complementarias. 
Por lo demás, el tema de la migración y del asilo no es tampoco tan nuevo en la cooperación en la Unión Europea. 
Pero me voy a referir a ello en el próximo debate. 
El debate queda cerrado. 
He recibido siete propuestas de resolución sobre dicho tema, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación sobre las mismas se celebrará mañana, jueves, a las 12 del mediodía. 
La orden del día prevé el debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas a la situación en Kosovo. 
Señor Presidente, Señorías, hace exactamente tres semanas que hablé con ustedes sobre el tema de Kosovo. 
Desde entonces, la situación ha empeorado dramáticamente. 
La alta Comisaria para los refugiados, Sadako Ogata, ha visitado la última semana Kosovo, Montenegro y Albania. 
Ha informado sobre unos 200.000 refugiados y desplazados. 
Aproximadamente 50.000 de entre ellos pasan las noches en los bosques y colinas al aire libre y prácticamente cada día vienen a sumarse más. 
Los repetidos anuncios de Belgrado de cese de las luchas y de retirada de las fuerzas armadas serbias han resultado ser falsas o una maniobra táctica del Presidente Milosevic. 
En las conversaciones mantenidas con Ogata, Milosevic incluso cuestionó la existencia de una crisis humanitaria en Kosovo y aseguró que el Gobierno yugoslavo se está esforzando por paliar las necesidades de los expulsados y hacerles posible un retorno rápido. 
A ello se opone la realidad, tal como ha sido registrada por la señora Ogata y como informa permanentemente el KDOM. 
A ello se opone también lo que el Secretario General de las Naciones Unidas indicó al Consejo de Seguridad en el informe presentado anteayer, en el sentido de que las fuerzas de seguridad serbias realizan actos de terror y de violencia contra la población civil en Kosovo. 
Es algo más que evidente que si la situación no cambia con rapidez, abocaremos a una catástrofe humanitaria ante el invierno que se avecina. 
Los kosovares albaneses que están refugiados en los bosques no disponen de agua fresca, de artículos higiénicos ni de medicamentos y apenas de alimentos. 
Por ello, la situación es especialmente dramática para los niños, ancianos y enfermos. 
Tengo que repetir que la responsabilidad principal de este gran número de refugiados y desplazados radica sin ningún género de dudas en el Gobierno de Serbia y de Yugoslavia, es decir, en Milosevic. 
Por parte de las autoridades serbias y yugoslavas se alega continuamente que se defienden solamente contra terroristas y separatistas, que la ofensiva militar es sólo una respuesta a los atentados y ataques del ELK. 
Por supuesto, el ELK tiene también responsabilidad en la cada vez peor situación de seguridad, pero no hay que perder de vista las proporciones. 
Para la Unión sigue siendo válido lo que dije hace tres semanas: exigimos el cese inmediato de los actos de violencia y prontas negociaciones para llegar a una solución política de la crisis. 
Desde un punto de vista político, la Unión apoya la propuesta elaborada por los EE.UU y apoyada expresamente por el grupo de contacto de un acuerdo interino como el punto de partida más importante para una solución negociada. 
La Unión está realizando esfuerzos muy especiales en el campo humanitario. 
Al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE se pusieron de acuerdo en nombrar al embajador austríaco en Belgrado, Wolfgang Petrisch, como enviado especial de la UE para Kosovo. 
Anteayer, el Consejo adoptó también las resoluciones formales correspondientes. 
La tarea del nuevo enviado especial consiste sobre todo en coordinar las actividades humanitarias de la UE con las que realizan las organizaciones internacionales de tipo humanitario y, al mismo tiempo, en actuar como persona de contacto tanto para el Gobierno de Belgrado como entre éste y la dirección política kosovar. 
Volviendo a una iniciativa de los Ministros de Asuntos Exteriores Kinkel y Védrine, la Presidencia ha creado además en Belgrado y en Ginebra grupos de trabajo compuestos por los Estados interesados de la UE, los EE.UU, Rusia, el ACNUR, el IKRK y las misiones de observadores ECMM y KDOM. 
El objetivo es, mediante una actuación coordinada y decidida in situ, identificar localidades y pueblos a los que puedan retornar los desplazados que actualmente viven al aire libre, además con seguridad y dignidad. 
La Presidencia ha presentado además durante los últimos días a los interlocutores de la UE el Project Home. 
Esta iniciativa pretende facilitar el retorno de los refugiados que viven al aire libre en las regiones de Komorane y Lapusnik y prevé además una serie de medidas de acompañamiento generadoras de confianza. 
Todos estos esfuerzos se han visto naturalmente cuestionados por las nuevas luchas y por el miedo ante nuevas persecuciones, destrucciones y masacres. 
En este contexto, me remito a acontecimientos como los de Gornie Obrinje y localidades similares, en las que se ha torturado y asesinado a docenas de inocentes, en especial, ancianos, niños y mujeres embarazadas. 
En su reunión de ayer, el Consejo ha condenado estos actos de terror y a sus autores con la máxima energía y exigido a las autoridades de Belgrado que investiguen sin demora estos bárbaros actos y que castiguen a los responsables. 
Ha pedido además a todos los participantes que en la investigación de estos crímenes cooperen con El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. 
Además, ante las imputaciones que se repiten continuamente de que se cometen crímenes de guerra masivos, la Presidencia se viene pronunciando desde hace meses a favor del envío de un equipo de expertos forenses. 
La invitación realizada el 2 de octubre por la Universidad de Belgrado a un equipo forense de la Universidad de Helsinki representa un primer éxito, si bien modesto, de estos esfuerzos. 
Finalmente, desde el punto de vista de la Unión quiero recordar también las resoluciones sobre sanciones adoptadas por la UE. 
Estas incluyen como se sabe una prohibición de entrada para los responsables de seguridad, una congelación de los fondos en el extranjero del Gobierno serbio y yugoslavo, una prohibición de nuevas inversiones en Serbia así como una prohibición de vuelo y aterrizaje para las líneas aéreas yugoslavas. 
Unas medidas más incisivas solamente se podrán aplicar si una mayoría cualificada de los Estados de la UE está a favor de ellas. 
Independientemente de ello, existe un consenso a nivel de la UE en que las sanciones no deben afectar a la población civil ni a los Estados vecinos de Yugoslavia, que sufrirían graves dificultades en caso de un embargo a Belgrado. 
Asimismo, existe acuerdo en que se excluya a Montenegro de las sanciones acordadas allí donde sea posible. 
Sin embargo, en la última reunión del Consejo en Luxemburgo se acordó analizar las puertas de escape al régimen actual de sanciones y en presentar propuestas para cerrarlas. 
En las deliberaciones celebradas en el Consejo y en otros muchos acontecimientos de los últimos días se ha visto otra tendencia. 
En lo que a la crisis de Kosovo se refiere, se puede observar dentro de la comunidad internacional de Estados un cierto cambio de opinión. 
Cada vez se apoya más una actuación más dura por parte de la comunidad internacional. 
La resolución 1199 aprobada el 23 de septiembre por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido la primera señal al respecto. 
La actual misión del enviado especial norteamericano Holbrooke, los debates en el Consejo de Seguridad sobre el informe del Secretario General de las naciones Unidas, los preparativos de la OTAN para un posible ataque aéreo y las próximas reuniones del grupo de contacto y del Consejo de la OTAN han debido mostrar entretanto con total claridad a Belgrado que la paciencia de la comunidad internacional se está agotando. 
No hay ninguna duda de que las próximas decisiones van a ser de enorme importancia también para la Unión Europea pues, a la postre, afectan a la seguridad y estabilidad de todo el continente. 
La Presidencia, que participa en los trabajos del grupo de contacto, no quiere adelantarse a estas decisiones. 
En cualquier caso, para mí es evidente que Europa y la comunidad internacional no pueden seguir mirando de brazos cruzados cómo en Kosovo se llevan a cabo actos de violencia y masacres. 
Precisamente por ello, porque cientos de miles de personas están amenazadas por una catástrofe humanitaria, creo que es hora de dar respuestas claras si no se cumplen plenamente y sin demora las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
Presidente, permítame suscribir enérgicamente las palabras de la Sra. Presidenta del Consejo, es decir que sólo una respuesta de fuerza puede producir algún cambio en la horrible situación de los centenares de miles de personas refugiadas y desplazadas. Una respuesta de fuerza hacia Milosevic, para entendernos. 
Por lo visto, estamos condenados a una cierta impotencia. 
En el ámbito en el que la Unión Europea tiene competencias y posibilidades, en el ámbito de la presión política y diplomática, en el ámbito de las sanciones económicas, poco a poco se ha hecho lo máximo. Aunque esté muy de acuerdo con la Sra. Presidenta de que es algo preocupante ver que por lo visto no solamente cuesta algo de esfuerzo que se adopten las medidas sancionatorias, sino que se adopten de tal forma en todos los Estados miembros que se trate también de medidas enérgicas sin toda clase de posibilidades de eludirlas; pienso en particular en la prohibición de los vuelos que, que yo sepa, todavía no se respeta íntegramente en todos los Estados miembros. 
En ese punto, me parece, se han tomado ahora las iniciativas necesarias. 
Nos quedamos atrapados, y caemos en repeticiones interminables, en la cuestión de si está permitida o no una intervención humanitaria con medios militares. 
Naturalmente, no es una respuesta que con seguridad tenga que dar en primer lugar la Comisión. 
Esta puede tener una opinión al respecto, pero esa opinión no será de mucho peso. 
En este caso son los países grandes los que tienen que determinar entre ellos si se ponen de acuerdo sobre esto. 
Si no se ponen de acuerdo, y este es el caso, entonces se plantea la cuestión de si finalmente se hace basándonos en una «coalition of the willing». 
Presidente, lo que me llama la atención en toda esta discusión es que se vuelve a sembrar permanentemente una especie de confusión entre los que dicen: queremos una solución política del conflicto y con ello descartan implícitamente cualquier intervención extranjera, y los que dicen: queremos una solución política del conflicto pero esa solución no se producirá mientras que al Sr. Milosevic, que busca una solución militar, no se le haga desistir, eventualmente con la fuerza y el poder de los medios militares. 
Hemos discutido aquí tantas veces sobre las lecciones de Bosnia. 
La historia se repite, se vuelve a producir un desastre humanitario. 
Volveremos a constatar a posteriori que se debería haber intervenido antes. En Bosnia sólo se hizo posible después de 300.000 muertos. 
¿Después de cuántos muertos se hará en Kosovo? 
Desde la resolución 1199 se han sumado de 15 a 20.000 nuevos refugiados y desplazados: una resolución del Consejo de Seguridad del 23 de septiembre con una referencia al capítulo 7, que hacía un llamamiento a los partidos para un inmediato cese de las hostilidades. 
Ahora estamos a 7 de octubre y las sucias prácticas de limpieza étnica han continuado hasta el día y la hora de hoy. 
Habrá nuevas invitaciones desde Belgrado a los representantes de las Naciones Unidas, a los representantes de la OSCE, tal vez a los representantes de la Unión Europea, tal vez a los representantes del Consejo de Europa. 
Hablar, hablar, hablar, y mientras tanto siguen disparando, disparando, disparando. 
Presidente, es una expresión de frustración, pero me parece que no podemos dejar pasar ninguna ocasión para expresar nuestra disconformidad con este proceso. 
Comprendo las objeciones que Rusia tiene para intervenir militarmente. 
Comprensión en el sentido de: hay algo como una solidaridad eslava, hay algo como un parlamento ruso donde existe mucha oposición y eso en una situación y en un país que se encuentra en una profunda crisis financiera, económica y política. 
Pero, Presidente, esto no puede ser nunca una excusa para dejar que se produzca un desastre humanitario, a lo que se suma que cuando haya nuevos flujos de refugiados y desplazados no van a buscar refugio en Moscú. 
Sino que los que van a soportar la carga, aparte de los afectados mismos, las víctimas, son los países de la región o los países de Europa Occidental. 
Por lo tanto, también están en juego unos intereses muy claros para procurar que la desestabilización y el desastre humanitario, de hecho, no sigan produciéndose. 
Presidente, no tengo nada que añadir a lo que la Presidencia ha expresado en un lenguaje muy claro. 
Podemos seguir planteando preguntas, pero la única respuesta del todo determinante, es decir en qué manera aquí y ahora se va a poner fin a la violencia, sigue abierta a los que tienen el poder de decidir, de dar una respuesta clara y firme a esto. 
Señor Presidente, hace nueve años que formo parte de esta Asamblea y he escuchado muchos argumentos a favor de una política exterior y de seguridad común. 
Tengo la sospecha de que todo este tiempo no hemos hablado más que de la armonización de un proceso- unos cuantos adornos a una política que encaje en una casilla institucional. 
No hablaban de una política eficaz ni tampoco les preocupaba la eficacia de sus resultados. 
Un mes tras otro hemos oído a los diputados a este Parlamento Europeo exigir medidas cada vez más severas en Kosovo, y sin embargo descubrimos en el Consejo de Asuntos Generales que los países que representan dichos diputados no están dispuestos a emprender una acción en Kosovo. 
Cuando las cosas se ponen feas, los que hablaban más alto, permanecen de brazos cruzados. 
Es inadmisible. 
La política exterior y de seguridad común es vista como una farsa. 
A la población europea le resulta inadmisible tener que ver todos los días en sus pantallas de televisión escenas de atrocidades y masacres; contemplar los problemas de los refugiados; asistir a la desestabilización de una región de Europa, mientras crece el número de refugiados que entran en Albania y sube la presión en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, hasta el punto de que toda la región podría explotar; y la Unión Europea y el Consejo de Ministros simplemente no están dispuestos a hacer nada. 
No soy una persona que de forma instintiva hable de acción militar: soy cauto por naturaleza. 
Desde la reciente incorporación de mi hijo a las Fuerzas Aéreas británicas, la intervención militar ha dejado de ser un debate intelectual y se ha convertido en un asunto personal para mí. 
Pero no puedo aceptar que sigamos tolerando que se siga degollando a niños, mientras permanecemos sentados debatiendo con argumentos bizantinos sobre los fundamentos jurídicos. 
La resolución 1199 basta para justificar la acción militar. 
Milosevic no respeta la resolución 1199. 
¿Cuántos obstáculos más queremos inventar para excusar la inacción? 
Quiero decir al Consejo: ¿cuántas personas tienen que morir para que haga algo en Kosovo? 
¡Pasemos a la acción! 
¡Basta de palabras, basta de obstáculos, basta de debates intelectuales sobre cuántas leyes caben en la punta de un alfiler! 
¡Basta ya! 
¡Hagan algo! 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, aplaudo las palabras pronunciadas por el señor Titley. 
Así pues, podríamos aprobar de nuevo todas las resoluciones que hemos aprobado, en esta ocasión junto con los socialistas, para que podamos acabar con lo que él ha criticado aquí de tal modo. 
Muchas gracias, señor Titley, espero que hoy aprobemos una resolución que haga justicia. 
Todo lo que ha podido lograr la diplomacia con Milosevic ha sido una sonrisa cínica sobre tanta estupidez occidental. 
Toma nuestras debilidades como una patente de corso para proseguir el genocidio tanto en Bosnia como en Kosovo. 
Lamentablemente, la situación es aún mucho peor. 
Occidente ha permitido tácitamente que Milosevic asesinase al principio en Kosovo pues debía destruir el llamado ejército de liberación ELK que había sacudido con su sublevación la paz de los cementerios de Kosovo y había dirigido las miradas del mundo por fin a este régimen serbio del «apartheid». 
De repente, Rugova es el hombre más importante. 
¿Porqué no le ayudó nadie cuando organizó durante ocho años la resistencia pacífica de su pueblo esperando nuestro apoyo? 
Las lágrimas de cocodrilo que ahora vierte Occidente por Rugova, las sanciones eludidas y las amenazas vacías son señales de una chapucería política sin par. 
Y ahora está en marcha el countdown. 
Está en marcha, pero se puede preguntar ¿hacia dónde? 
¿Qué va a venir incluso después de un ataque militar que vengo exigiendo aquí desde hace tiempo? 
Sólo una administración internacional de Kosovo limitada temporalmente y que garantice a los albanos el derecho a vivir en Kosovo, les quite el miedo a ser erradicados y les conceda el derecho de administrar sus asuntos, podría crear las condiciones para unas negociaciones concretas bajo mediación occidental. 
Sin embargo, me temo que Milosevic va a retrasar las negociaciones, que el gato va a jugar con el ratón un juego terrible y que occidente al final va a acusar al ratón de no dejarse comer voluntariamente y que los pobres observadores van a tener que mirar compasivamente. 
Este va a ser el fin de este asunto, lo que lamento profundamente. 
Espero que el Consejo, la Comisión y la comunidad internacional comprendan la situación y acudan en ayuda de las personas que mueren a diario en Kosovo. 
Señor Presidente, hemos presenciado en Kosovo muchas torturas, pueblos calcinados y violentos atropellos contra hombres, mujeres y niños. 
Hemos hablado mucho, tanto en este foro como en las Naciones Unidas, pero no hemos hecho nada al respecto. 
Esta circunstancia me llena de tristeza. 
No puedo decir que me produzca una menor tristeza el hecho de que algunos de los que se han pronunciado acerca de esta cuestión demuestran una cierta comprensión, puede que incluso alberguen un deseo, para que, a pesar de todo, las fuerzas serbias puedan despedazar antes al ejército de liberación kosovar con el objeto de conseguir un Kosovo más dócil y, por lo tanto, más susceptible de seguir aceptando una unión con Serbia. 
A pesar de todas las resoluciones, tengo la impresión de que se ha preferido permitir que continuara la violencia que ha tenido lugar en Kosovo para poder, posteriormente, forzar una solución al conflicto. 
Puede que el Sr. Titley, que acaba de intervenir hace un momento, sea uno de los que han contribuido con su actuación a que la situación en Kosovo sea la que es hoy en día. 
Ahora recibe aplausos cuando dice que se debería intervenir, ¡pero cuando él pudo intervenir, cuando pudo haber exigido medidas, no hizo absolutamente nada! 
He leído en el periódico de hoy que, según el Presidente Clinton, «es hora de poner fin a la violencia en Kosovo». 
Creo que hubiera sido hora de hacerlo hace mucho tiempo. 
Exijo que el Parlamento se atreva a hablar sin ambages y que diga con firmeza que éste es el momento de actuar, que debería haber sido antes, pero que de una vez por todas es ahora el momento de proteger al humanismo y a la humanidad, de demostrar que aún le queda algo de fuerza a la democracia. 
Señor Presidente, la verdad es que yo creo que, a estas alturas, lo que sobran son arengas y mítines. 
Yo creo que hay que decir cosas muy concretas y, sobre todo, peticiones bastante exactas al Consejo. 
Todos sabemos que la situación en Kosovo empeora por momentos, todos somos conscientes de que Milosevic está a punto de conseguir sus objetivos y completar la limpieza étnica. 
También estamos seguros de que va a hacer caso omiso de la Resolución 1.199 del Consejo de Seguridad, como ha hecho caso omiso de las anteriores. 
Pero, ante esto, ¿cuál es la pregunta fundamental? 
La pregunta fundamental es si Milosevic cree realmente que la comunidad internacional está dispuesta a poner en marcha las acciones que anuncia con carácter cíclico cada dos o tres semanas. 
Y yo creo que la Unión Europea tiene cosas muy sencillas que hacer. 
Por ejemplo, el Consejo debería promover que las Naciones Unidas adopten una resolución de aplicación de la Resolución 1.199, de las acciones militares, de la intervención humanitaria. 
Y en ese sentido, creo que la Unión Europea debería llevar a cabo un debate sincero entre sus Estados miembros para que la opinión pública supiera qué gobiernos están dispuestos realmente a aplicar o no las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Porque, además, pienso también que la mayoría de la opinión pública necesita que se le dé una señal clara en ese sentido. 
También creo que el Consejo debería ser consciente de lo que el enviado especial, Felipe González, ha repetido insistentemente: la solución en Kosovo depende, como tantas otras cosas, de que Serbia sea un país democrático. 
Y en ese sentido, yo le preguntaría a la Presidenta en ejercicio del Consejo si éste está realmente dispuesto a apoyar al Sr. González y a seguir sus recomendaciones. 
Lo que sí espero es que hoy, a diferencia de hace algunas semanas, por fin este Parlamento no haga el ridículo de quedarse sin resolución sobre Kosovo, como pasó durante el mes de septiembre. 
Señor Presidente, es surrealista lo que aquí está pasando. 
Naturalmente que estamos de acuerdo en que se realice un ataque aéreo en Kosovo o contra los serbios. 
Sólo que os pregunto ¿quién debe decidirlo? 
Esto solamente puede hacerse a propuesta de la ONU, por resolución del Consejo de Seguridad a propuesta de Annan. 
Pero vosotros decís: si ellos no están en situación de hacerlo, entonces... ! 
Entonces os digo que si somos tan fuertes como afirmamos ¿por qué el señor Ruhe, el aún Ministro de Defensa en funciones de la República Federal, que está a favor de un ataque aéreo, no ha mandado a sus tropas en Bosnia que capturen a Karadzic? 
Hay 50.000 soldados. 
Se le puede coger pero no lo hemos hecho y de repente somos totalmente realistas y queremos amenazar al señor Milosevic con ataques aéreos. 
Todo el mundo sabe que esto es un ataque de los impotentes. 
Aquí tiene razón la señora van Bladel. 
Cuando se dice que se quiere poder codecidir en Kosovo, entonces hay que estar dispuesto a dejar allí durante un tiempo 30.000 soldados. 
Doris Pack, en eso tienes razón. 
Pero entonces hay que cumplirlo. 
Entonces hablaremos no sobre un ataque aéreo que no solucionará nada en absoluto sino realmente sobre el fondo del asunto y lo que tenemos que hacer. 
Os pregunto ¿por qué no lo hemos hecho en Bosnia? 
¿Por qué no hacemos que todos los que tienen que ir a La Haya vayan realmente a La Haya? 
Hemos hablado de Karadzic. 
Por eso, no os creo a nadie de vosotros cuando decís que queréis la solución. 
Sabéis que en Kosovo la situación es inaguantable. 
Pero tú, Titley, tienes no se qué acciones con Blair. 
Todos tienen acciones en Gobiernos que no podemos cobrar. 
Y de repente, nos damos aquí importancia. 
Os digo que la solución es dramática y la situación es dramática, pero no se va a solucionar por un Parlamento que es tan mojigato, que ante una situación dramática siempre huye hacia delante y nunca está en situación de llevar a cabo lo que podemos realizar. 
Por ello, os pido una resolución fuerte pero también una política fuerte en vuestros países para que vuestro Gobierno no se deje chantajear por Rusia. 
Señor van den Broek, si usted habla con tanta claridad con nosotros, entonces hablará también con igual claridad con el señor Primakov. 
La solución está también en Moscú. 
No money if there is no change in Kosovo, en el idioma que quiera. 
Tiene que decir esto a los rusos. 
Dígalo muy claramente y esto lo tienen que decir también Trittin, Fischer y todos. 
Entonces cambiará algo en Kosovo. 
Hoy, nos hacemos los valientes. 
Enseñamos los músculos. 
¿Para hacer qué? 
Vamos a bombardear para reforzar al Sr. Milosevic, para reforzar su régimen. 
Ésa es la política de Poncio Pilatos. 
Es, una vez más, negarse a ver el problema fundamental, a saber: en tanto no haya democracia en Belgrado, no habrá solución para Kosovo, como no habrá solución para toda la población de Yugoslavia. 
Habría que comprenderlo de una vez. 
Habría que comenzar a adoptar medidas, a elaborar una política. 
El Sr. Milosevic tiene la suya, que no creo que sea ocioso recordar: en Bosnia, el Sr. Milosevic lo hizo todo, día por día, para poder llegar a los acuerdos de Dayton, a una división de Bosnia; hoy, después de tres años de aplicación de este acuerdo, nadie puede pretender que dé resultados. 
Menos del 20 % de los desplazados han regresado a su país. 
Se nos habla de hermosos programas, HOME, etc., que deberían permitir a los 300.000 refugiados kosovares volver a su región. 
Milosevic no lo permitirá. 
Milosevic está haciendo en Kosovo una política de partición. 
Está dispuesto a ceder la parte no utilizable de Kosovo a cambio del 40 ó 50 % de los territorios, los que se encuentran a lo largo de la frontera de Montenegro, los que incluyen las ricas minas de Kosovo, los que, por casualidad, albergan los escasos monasterios ortodoxos, y los que, siempre por casualidad, le permitirían reforzar su control sobre un aliado siempre más reticente: Montenegro. 
Ésa es la política de Milosevic. 
Está clara. 
Frente a eso, la Unión Europea no tiene ninguna política. 
Nos comportamos de forma racista: consideramos que los serbios no tienen derecho a la democracia y seguimos, día tras día, condenándolos a ser gobernados por un régimen nacional comunista; ahora bien, lo que deberíamos hacer es derribar ese régimen. 
Mucho mejor que los misiles Exocet, mucho mejor que los misiles americanos Tomahawk, existe un misil que puede funcionar sin que se derrame una sola gota de sangre: se llama «orden de busca y captura» , traducido en la presentación de Milosevic, directamente de Belgrado a La Haya, ante el Tribunal Penal Internacional. 
Ello no requiere financiación especial. 
Se trata de una medida política que la Unión Europea puede adoptar mañana por la mañana enviando las señales adecuadas. 
Señor Presidente, lamentablemente, estamos asistiendo a una enésima tragedia en los Balcanes, la de Kosovo, pero como siempre nos limitamos a pronunciar palabras inútiles y vacías. 
En efecto, a pesar de que en este Pleno desde hace años nos empeñamos en lanzar anatemas y en confiar en esperanzas de paz, la realidad sigue siendo la misma. 
Europa no ha sabido o no ha querido desempeñar su papel político a la hora de prevenir las matanzas que siguen perpetrándose desde hace muchos meses. 
La decisión de quienes cuentan en este Parlamento, así como en las Instituciones europeas ha sido la de ralentizar, aunque sería más correcto decir paralizar, el proceso de unificación política europea, así que, hoy por hoy, sin una política exterior común Europa es un cero a la izquierda. 
Somos capaces de elaborar aburridas y repetidas resoluciones sobre los derechos humanos y de saludar con énfasis la Unión monetaria, sin embargo, lo cierto es que, sin una política concreta, nuestra moneda única no creará durante mucho tiempo ningún puesto de trabajo, del mismo modo seguiremos asistiendo vilmente durante años a atrocidades y masacres cuyas raíces se pierden en la oscuridad de la historia de los Balcanes. 
Quiero recordar que en el siglo XIV los musulmanes pasaron por el filo de la espada a todos los serbios de Kosovo y acogieron a los albaneses. 
Europa sigue siendo la Europa de cada uno de los ministros de Asuntos Exteriores, de la políticas personalizadas, de los intereses de los Estados que se consideran los más fuertes. 
Si quisiéramos realmente cumplir con nuestro deber, hoy todos nosotros deberíamos pedir que el mandato conferido al representante de la Unión Europea en Yugoslavia se cumpla sin trabas ni condiciones y que, al mismo tiempo, los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros se abstengan de mantener relaciones bilaterales con éste o aquel contendiente. 
Milosevic, de hecho, ha podido actuar tranquilamente y se ha hecho fuerte gracias a la desidia europea; la masacre de esta gente europea debe terminar de una vez, pero sólo con la intervención de una fuerza de paz de la Unión Europea, porque ya es hora de dejar sólo en manos de los Estados Unidos intervenciones que permiten a este país afirmarse continuamente como la nación dominante con respecto a los demás Estados. 
Presidente, creo que va siendo hora de trazar una línea con motivo de la situación en Kosovo. 
Nos aproximamos al momento de la acción. 
Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. 
A pesar de toda la presión internacional, no se ha puesto fin a la represión sangrienta en Kosovo. 
El informe del Secretario General Kofi Annan confirma que Belgrado hace caso omiso de las exigencias de las Naciones Unidas y la condena en ese informe no es suave. 
Se señala claramente al culpable y eso era lo que habíamos solicitado. 
La misión del enviado americano Holbrooke no ha producido nada todavía. 
Parece que Milosevic está buscando un conflicto duro, para el cual cuenta, por lo visto con el apoyo de Rusia. 
O está jugando al ratón y al gato como ya ha hecho anteriormente para hacer cualquier concesión en el último instante. 
Pero en todo caso, dejemos de participar en este tipo de juegos y tracemos, como ya he dicho, una línea clara. 
Nos alegramos de que la OTAN esté preparada para hacer cumplir eventualmente las exigencias de la ONU y para facilitar la ayuda a los desplazados, porque la necesidad en Kosovo, ya lo han dicho muchos, ha aumentado hasta niveles alarmantes y ya no podemos esperar mucho más tiempo para ayudar a los desplazados con las acciones humanitarias. 
Se aproxima el invierno, como ya ha dicho todo el mundo. 
Esto es lo que digo sobre esa eventual acción militar de la OTAN, reconociendo también que una solución política, por muy deseable que sea, se hace cada vez más improbable. 
Belgrado no mueve ficha y espera por lo visto que aceptemos la situación actual. 
Eso es inaceptable. 
El Consejo de Seguridad tiene que llegar a la conclusión en los próximos días: una intervención militar ¿sí o no? 
Si Milosevic no cede, entonces esa acción se hace inevitable por lo que a mí respecta. 
Hacemos un llamamiento al Consejo para que participe activamente en este proceso. 
Esperar más no es justificable. 
También la Unión Europea debe definirse claramente. 
Aspiramos a una solución en el marco de la ONU. 
Lo hemos dicho ya más de una vez, pero la suerte de la población de Kosovo no puede estar sujeta a unos detalles del derecho internacional público. 
Eso no lo entiende la gente de Kosovo pero tampoco lo entienden nuestros ciudadanos. 
Es de esperar que Rusia no nos obligue a elegir entre nuestros principios y el entendimiento con este país. 
En ese caso, optaría por nuestros principios. 
No hemos solicitado una intervención militar. Milosevic nos la impone, que se enfrente a las consecuencias entonces. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, lo que estamos viendo en Kosovo es una vergonzosa demostración de impotencia, tanto de la Unión Europea como de la comunidad internacional, representada por el grupo internacional de contacto así como por la ONU. 
En el Tratado de Amsterdam, que no ha sido ratificado aún por todos los miembros de la UE, en teoría disponemos en la misión de Petersberg de la posibilidad de poner en marcha acciones dirigidas a crear y mantener la paz así como humanitarias; la UE tiene la opción de encargar tales acciones a la Unión Europea Occidental que, a su vez, tendría que recurrir a los contingentes de la OTAN. 
Pero mientras no se ratifique este tratado, todo esto serán historias por venir. 
El dilema al que se enfrenta la Unión Europea es que no dispone de instrumentos de seguridad eficaces, del necesario respaldo militar, para proporcionar credibilidad a su exigencia de una solución política a la crisis de Kosovo. 
Pero la crisis de credibilidad- y esto es lo trágico- no afecta solamente a la Unión Europea sino también a la OTAN, quien hasta ahora está esperando la luz verde del Consejo de Seguridad de la ONU, pero que tiene que ser consciente de que dicha luz verde para una acción militar no se va a producir debido a la resistencia de Rusia y China. 
Mi pregunta al Consejo es- y aprecio la política de la Presidencia austríaca del Consejo para la solución política y para contribuir a superar la catástrofe humanitaria- la siguiente: ¿qué actitud va a adoptar la Presidencia del Consejo si la OTAN, para eludir esta crisis de credibilidad, interviene militarmente cuando ni siquiera en el Gobierno austríaco existe un consenso sobre nuestras opciones de seguridad? 
Señor Presidente, esta mañana hemos asistido a otra farsa, a otra comedia que ha comenzado con las noticias de televisión; hemos visto unos autocares llenos de militares- o que fingían estar llenos de militares- que, según se decía, volvían de Kosovo para regresar a Belgrado, una especie de teoría de los carromatos del circo Barnum. 
Esto es al menos lo que nos cuenta Milosevic, una de las muchas mentiras que nos dedica, habida cuenta de que cada semana nos dice que se retira. 
Después, aquí, hemos visto algunos convertidos por el camino de Damasco, ya que aquellos que hasta hace diez días seguían pensando que se podía tratar y negociar con Milosevic y que incluso han negociado con Milosevic considerándolo un estadista fundamental para los equilibrios de paz- subrayo, de paz- en los Balcanes, esta mañana los he visto convertidos en militaristas convencidos, intervencionistas acérrimos, partidarios de los bombardeos. 
Yo que, por el contrario, hace tiempo que denuncié la posición de impotencia y de inanidad de Europa con respecto a Kosovo y dado que este Parlamento advirtió en, reiteradas ocasiones el gran peligro que se corría, ahora les pregunto a todos ustedes qué vamos a hacer con Milosevic, antes y después de la intervención militar. 
¿Creen ustedes que con un bombardeo de Kosovo se resolverá el problema? 
Yo creo que con respecto a Milosevic hay que actuar inmediatamente para restablecer ese mínimo de credibilidad democrática. 
Milosevic debe ser acusado ante el Tribunal Penal Internacional; no debe ser apoyado de ningún modo ni por nadie, ni siquiera por esos ministros como el ministro de Asuntos Exteriores italiano que siguen creyendo que Milosevic puede ser un interlocutor fiable. 
Señor Presidente, los monjes de la Edad Media llamaban a la carne pescado y así tenían la conciencia tranquila cuando comían. 
Hoy, aquí dentro, hacemos casi lo mismo. 
Llamamos a los bombardeos de la OTAN empresa humanitaria y misión pacificadora. 
La hipocresía en todo su esplendor. 
Los pueblos, señor Presidente, no son animales de laboratorio para probar sobre sus espaldas la capacidad de la Unión Europea de ejercer una política exterior de guardián internacional. 
En lugar de criticar a la Unión Europea y a los Estados miembros por la ausencia de una voluntad esencial, de una voluntad política esencial para una solución pacífica del problema de Kosovo, denunciamos a los organismos de la Unión Europea porque aún no han intervenido militarmente. 
¿Desde cuándo las intervenciones militares han constituido una solución a los problemas en beneficio de los pueblos para que así se considere a dicho ataque?. 
Si queremos respetar los derechos de las personas de la provincia de Kosovo y de toda Yugoslavia, se necesita debatir, de forma inmediata, una intervención básica para una solución política. 
Señor Presidente, además de expresar nuestras frustraciones, convendría que enviáramos algunos mensajes porque tratamos de plantear la acción militar como alternativa a la política. 
Quiero recordar que el arma más efectiva de los parlamentos es la palabra y podemos enviar, en mi opinión, tres mensajes. 
Uno de ellos- fundamental- al pueblo serbio, que es la primera víctima de ese apparátchik reconvertido al nacionalismo que es Milosevic, que va sembrando sistemáticamente la destrucción- empezó en Eslovenia, siguió en Bosnia y ahora le toca a Kosovo. 
Hay que recordar que en algún momento le hemos hecho vacilar- fue en diciembre de 1996 cuando nuestro enviado especial en aquel momento, Felipe González, consiguió que Milosevic reconociera que las elecciones estaban trucadas- con el apoyo fundamental y el levantamiento del pueblo serbio contra él. 
Ahora bien, Milosevic es un apparátchik experimentado y en cuatro meses recuperó el terreno. 
Y, fundamentalmente, es un especialista de la supervivencia. 
Yo creo que, en primer lugar, hay que decir al pueblo serbio que no puede haber una solución separada en Kosovo de una real democratización de la antigua Yugoslavia, y que son ellos, precisamente, los que tienen que ser capaces de cambiar la situación. 
Yo no soy partidario de una intervención de comando que, a través de una especie de aventura de tipo James Bond, trate de llevar al Sr. Milosevic a La Haya. 
No porque me parezca mal en sí sino porque eso supondría una reacción nacionalista que le podría apoyar. 
Y yo creo que ese es el mensaje que hay que dar al pueblo serbio porque realmente se ha convertido en un paria en la comunidad internacional. 
En segundo lugar, en relación con Rusia, nosotros tenemos una relación importante con Rusia. 
El Comisario van den Broek la ha mencionado. 
Yo creo que, en este momento, en nuestra relación con Rusia también hay que plantear esta cuestión de una manera seria. 
Y, por fin, yo creo que hay otro mensaje importante de cara al Consejo y a la Comisión. 
Lo que no se puede hacer es nombrar a un enviado especial que durante tres años está vetado por el Sr. Milosevic al mismo tiempo que hay una auténtica romería, una peregrinación de responsables políticos comunitarios, a Belgrado, lo cual le permite a Milosevic explotar las divisiones que pueda haber entre nosotros y, además, le coloca en una situación de poder. 
Yo creo que en eso hay que ser coherentes. 
Si nosotros designamos enviados, son éstos los que tienen que tener la interlocución, en su caso, con Milosevic. 
Y, por fin, al Consejo hay que pedirle de una manera firme que apoye la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas- y ese es un lenguaje que entiende perfectamente Milosevic- no solamente para parar esta situación sino para conseguir una solución de modo que no tengamos que volver a quejarnos dentro de cinco meses de la próxima aventura destructiva y asesina de este señor. 
Señor Presidente, la Sra. Presidenta del Consejo ha hablado un lenguaje muy claro, especialmente sobre la pseudo-retirada de policías y de tropas como un típico espectáculo táctico de Milosevic para proporcionar a los estados del Oeste de Europa, pero también a Rusia los pretextos para no hacer nada. 
Me alegro muchísimo de que la Señora Presidenta del Consejo lo haya subrayado tan claramente y en su discurso casi mencionó la intervención de la OTAN. 
Creo al respecto que estaría muy bien que Austria solicitara en esta ocasión el ingreso en la OTAN para subrayar su grado de reconocimiento de la utilidad de la OTAN para la paz y seguridad internacional. 
En lo que respecta al Consejo, en general no nos parece que el Consejo haya actuado con mucha eficacia. 
También tenemos la impresión, el Comisario ya lo indicaba, que el miedo a los flujos de refugiados domina en el fondo la toma de decisiones y la actitud, por encima de la compasión por el enorme número de víctimas. 
Si a continuación se lee también el informe del Consejo JAI del 5 de octubre, entonces nos topamos con ese tipo de frías observaciones de que hay que mandar a unos expertos en migración a la región y que tenemos que llevar a cabo un estudio más detallado de las causas del problema de los refugiados. 
Me suena bastante absurdo, vista la gravedad de la situación. Esto pone un poco de manifiesto que la postura del Consejo quizás no esté basada en las razones adecuadas. 
Esto se desprende también del incumplimiento de las sanciones: la prohibición de los vuelos, las compañías aéreas Yugoslavas ganan dinero con ella; las inversiones, hay caminos secretos de sobra; la limitación de los visados, no se sabe cómo funciona. 
Tal vez todo esto ocurre porque los parlamentos, no solamente el nuestro, sino los parlamentos en general, tienen a menudo demasiada poca influencia en lo que realmente sucede. Y porque la indignación y las preguntas morales de los ciudadanos no tienen suficiente influencia en la política. 
Esto se desprende por ejemplo de las actas del Parlamento francés en las que se hace referencia a cómo participó el Parlamento francés, o mejor dicho, a la nula participación en la intervención de los franceses en Ruanda, por ejemplo. 
Me gustaría decir lo siguiente al Comisario: ha expresado su comprensión por la solidaridad eslava. 
Me parece que es peligroso decir algo así a los rusos. 
Porque los neerlandeses por ejemplo tampoco tenían ninguna solidaridad étnica con los sudafricanos blancos durante el apartheid. 
El derecho ha de vencer y no cualquier solidaridad étnica. 
Creo que no debemos hacer creer a los rusos que vamos a tragar eso. 
Me parece que no podemos obligar a nadie a vivir bajo una dictadura criminal y que por eso el régimen de Belgrado debe cambiar finalmente, porque antes de ese momento, realmente, no va a ocurrir nada. 
Señor Presidente, Señorías, la política exterior europea no puede consistir en demonizar sucesivamente a los países en función de los intereses americanos y de su nuevo orden mundial. 
Podemos preguntarnos además qué hacen los Estados Unidos militarmente con la cumbre de la OTAN en Europa, cincuenta años después del final de la segunda guerra mundial, y diez años después de la guerra fría. 
Que se permita por fin a los europeos gestionar los conflictos intraeuropeos y edificar ellos mismos su propio sistema de seguridad. 
Por otra parte, la actual campaña mediática mundial contra Yugoslavia es sencillamente escandalosa. 
Lo que ocurre es, con toda evidencia, deplorable en el plano humano. 
Todos estamos de acuerdo en este punto. 
Pero, la responsabilidad, ¿no corresponde también en gran medida a los terroristas kosovares que pretenden alterar las fronteras y separar Kosovo de Serbia? 
¿Por qué no se ha hablado nunca de las vejaciones infligidas a la minoría serbia de Kosovo desde hace muchos años? 
La indignación va en un solo sentido y la paz sólo puede venir si se respeta la integridad territorial serbia. 
Humillar a esta nación con sanciones no traerá ninguna solución, ni viable ni humana. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, he escuchado el debate y he oído muchas críticas y también palabras fuertes. 
Creo que todos debemos tener claro lo que queremos y cómo lo queremos lograr. 
Queremos ayudar a un pueblo que es oprimido masivamente por su Gobierno y, en parte, matado y destruidas todas sus pertenencias. 
Debemos tener claro que esto solamente lo podremos lograr si enviamos a Kosovo ayuda que sea acompañada y protegida por tropas de tierra si Milosevic no cede. Esta ayuda debe tener dos objetivos. 
Primero: proporcionar directamente in situ y en gran escala ayuda humanitaria y segundo: crear las bases para que Milosevic esté dispuesto a negociar con los albanos de Kosovo sobre una reconstrucción de Yugoslavia. 
Puede que esto haga necesario un ataque aéreo por parte de la OTAN. 
Pero una cosa debe estar clara que quizás en el debate no se ha planteado con demasiada nitidez: dos o tres ataques militares de la aviación no van a cambiar por sí mismos la grave y catastrófica situación. 
Debemos tener claro que si estamos dispuestos a actuar como comunidad internacional, como potencia protectora, de modo similar a como ocurrió en Bosnia, tendrá que hacerse durante muchos, muchos años. 
Creer que con un manotazo o una breve intervención se puede lograr algo contra sistemas estratégicos en Yugoslavia es en mi opinión un gran error. 
No sé si la Unión Europea es consciente de ello, si tiene claro que sólo puede proceder de este modo, que la OTAN y en el ámbito civil la Unión Europea, deben estar allí durante mucho tiempo. 
Al colega Oostlander sólo quiero decirle que precisamente Austria en otras intervenciones de la OTAN- por ejemplo, Bosnia- ha participado activamente. 
Por eso, no veo aquí ningún obstáculo. A este respecto, la Unión Europea debe tenerlo claro. 
Naturalmente, es bueno y apoyo todos los esfuerzos para convencer a Rusia y China. 
Pero si se hace todo lo que uno se puede imaginar y a pesar de ello no se logra un acuerdo, creo que hay que acudir en ayuda del pueblo albanés en Kosovo. 
Ya he dicho en una ocasión que no puede ser que Europa mire cómo un pueblo es degollado; esto no es compatible con mi conciencia como europeo. 
Naturalmente, también debe estar claro que esto no supone una patente de corso para las acciones del ELK aprovechando la intervención de las tropas de la OTAN o del modo que sea, sino que debe estar claro que el ELK debe mantener una actitud reservada en este sentido. 
Señora Presidenta, quizás pueda decir brevemente si está claro que si se produce una intervención militar esto no va a ser una acción a corto plazo sino que en un futuro próximo van a ser necesarias las correspondientes intervenciones también por tierra para proporcionar ayuda humanitaria y lograr a la postre una solución política en Kosovo. 
Señor Presidente, debo decir y recordar a los compañeros, al Consejo y a la Comisión que tres estados balcánicos, uno miembro de la Comunidad- Grecia- y dos estados que aspiran a formar parte de la Unión Europea- Bulgaria y Rumanía- han concluido y acordado una acción común en el asunto denominado Kosovo. 
Por consiguiente, debo subrayar la necesidad de una comunicación continua y permanente del Consejo y de la Comisión con dichos tres Estados miembros que, muy recientemente, hace diez días, formaron una fuerza militar trilateral precisamente para que dichos países, que se ven directamente afectados por los acontecimientos de Kosovo, hagan frente a cualquier tipo de repercusiones derivadas de dicha situación. 
Nuestra principal preocupación es la protección de Albania y, por supuesto, la protección de nuestras fronteras. 
Estaré de acuerdo y diré que todo lo que aquí han oído los compañeros es correcto desde el punto de vista desde el que ha sido expuesto. 
Pero la solución del problema de la región de Kosovo es por excelencia política y si se utiliza una intervención militar, cualquiera que esta sea, -no voy a entrar en detalles porque no soy militar, mi única experiencia militar es cuando realicé el servicio militar, y eso se lo dejo al Consejo y a la Comisión- deberá ser complementaria a otra actuación política que haya sido predeterminada. 
No es posible que avancemos in vacuum hacia intervenciones militares, salvo si dichas intervenciones militares se realizan en el marco de una solución política. 
Y lo más importante, me atrevería a decir, lo que debe salir de una resolución firme que habremos de votar mañana sobre el asunto de Kosovo es el mensaje al pueblo serbio. 
Dicho pueblo, que en este momento es el que rige una camarilla con sede en Belgrado, un régimen político militar, debe ver que hay una esperanza y que estamos a su lado para apoyarlo si desea encontrar soluciones que, sin embargo, deberá asumir en solitario. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, Señorías, si la situación en Kosovo no fuese tan trágica y tan terrible como es, el debate que mantenemos en este Pleno sonaría en cierto modo divertido. 
Si recordamos el debate que mantuvimos hace un mes aquí sobre el tema de Kosovo, en realidad uno no se puede imaginar que entonces los grandes pensadores de política exterior del Grupo de los Socialistas Europeos- Titley, Wiersma, Swoboda- no pudiesen prever lo que ocurre realmente en este país. 
En aquella ocasión, pudimos ver ya con exactitud qué es lo que iba a pasar. 
¿Qué ha ocurrido en el curso del último mes? 
Todo ha empeorado extremadamente, lo que se anunció y observamos ya del mismo modo en los países en los que Milosevic hizo antes exactamente lo mismo. 
Cuando hoy se ve o ayer se vio como todas las personas esperan que una posible resolución de las Naciones Unidas surta no se qué efectos milagrosos, entonces tengo que decir que me sorprende mucho. 
Las Naciones Unidas me recuerdan en este contexto cada vez más el dicho de mucho ruido y pocas nueces. 
No podemos esperar que países como Rusia o China de repente cambien su posición y su opinión sobre una situación que reina en parte en sus mismos países y ante la que actúan exactamente como ocurre en Serbia y en Kosovo. 
Recuerdo, por ejemplo, lo que hemos visto en Rusia con motivo de la guerra de Chechenia. Era una situación muy similar. 
Y también en China con sus colonias, vemos que este país procede de un modo y forma muy parecidos. 
No podemos esperar que estos países de repente cambien su opinión y, en consecuencia, a un milagro en el marco de las Naciones Unidas. 
Señora Presidenta del Consejo, usted ha dicho muy acertadamente que nuestra paciencia se está agotando. 
Creo que se debería decir que la paciencia se ha acabado ya hace mucho tiempo. 
Vemos lo que viene, vemos lo que pasa y no se puede aceptar. 
Hay sólo algunas posibilidades de solución- tengo que reconocérselo al señor Swoboda, que ha hablado muy exactamente de la posibilidad militar y de sus repercusiones. 
Pero creo que muy en primer lugar hay que mencionar siempre que una de las soluciones políticas que debe figurar en primer lugar es que el señor Milosevic venga a La Haya, no a negociar allí con él sino a decidir sobre él. 
Señor Presidente, Señorías, voy a informar extensamente al Consejo del claro estado de ánimo que se ha reflejado en el debate de hoy. 
Por supuesto, yo también soy de la opinión de que el mero uso de la fuerza militar no puede suponer automáticamente la solución de los problemas políticos. 
La experiencia de Bosnia ha mostrado en cualquier caso que hay situaciones en las que los medios militares y los ataques aéreos pueden ser necesarios para llevar a la mesa de negociaciones a las partes contendientes. 
También hay que decir esto con claridad. 
De Rusia espero precisamente una aportación constructiva para superar la crisis de Kosovo ante la influencia que puede ejercer Moscú sobre Belgrado y sus responsable papel como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Lo digo además porque Moscú debe ser consciente que Milosevic tampoco ha cumplido en modo alguno las promesas que hizo a Yeltsin. 
Respecto a la cuestión planteada por varios oradores sobre el fundamento jurídico de las sanciones militares contra la República Federal de Yugoslavia, hasta la fecha hay opiniones diferentes en la Unión Europea. 
Ya he mencionado que actualmente en las Naciones Unidas y en la OTAN están en marcha intensos debates. 
En los debates en el marco de la Alianza participan 11 de los 15 Estados, por lo que no espero que en esta cuestión se produzca una divergencia de opiniones entre las posiciones de la UE y las de la comunidad trasatlántica. 
Ante el hecho de que la situación evoluciona continuamente, en esta cuestión tan compleja me parecería erróneo que la Presidencia de la UE realizase hoy afirmaciones definitivas en una u otra dirección. 
Sin embargo, quiero subrayar que al igual que el señor Swoboda y otros conocidos representantes del Parlamento Europeo, soy de la opinión de que la comunidad de Estados no puede ver de brazos cruzados cómo en Kosovo se produce una cadena interminable de masacres y de actos de violencia amenazando allí una catástrofe humanitaria. 
Finalmente, quiero referirme aún a una cuestión que asimismo se ha planteado. 
Creo que está perfectamente justificada la pregunta de si en la aplicación de una solución negociada podría ser adecuado el envío de una tropa de paz multinacional siguiendo el ejemplo del modelo bosnio. 
Se están realizando consideraciones de este tipo pero es muy pronto para dar más detalles al respecto. 
Presidente, con mucho gusto me sumo a las palabras de la Presidencia, también a las últimas pronunciadas. 
También me gustaría decir a los que aquí han hablado del papel de Rusia, que cuando yo dije al principio: comprendo la situación rusa, no solamente a partir de la solidaridad paneslava por parte rusa sino también considerando las tradicionales alianzas que existen entre Rusia y Yugoslavia, la posición de la Duma, el efecto de precedente de una acción militar por miedo a que se repita en su propio país etcétera, que con ello sin embargo no he querido decir que se debería conceder a Rusia un derecho de veto sobre las acciones que tienen como finalidad poner fin a una situación de emergencia humanitaria, poner fin a los crímenes que se cometen contra la humanidad. 
Entonces esperamos de un país como Rusia, que consideramos un aliado, como mínimo una abstención. 
No estamos pidiendo una colaboración activa, pero nos debemos oponer a un veto de Rusia. 
De eso se trata realmente aquí. 
Mis últimas palabras, Presidente, son que creo que la comunidad internacional y también la Unión Europea, de cara a los cientos de miles de refugiados y desplazados, están obligadas a seguir señalando más los problemas y las repercusiones de una eventual intervención militar, sino a dejar claro que se trata ahora de hechos y ya no de palabras. 
Para quienes se preocupan de si ha de haber una presencia militar después: se está debatiendo de pleno. 
La OTAN no es un órgano ingenuo. 
La mayoría de los países de la Unión Europea está representada en la OTAN. 
Todo el mundo entiende que cuando hayan terminado los actos de violencia y se haya producido un efecto de choque, eso no será suficiente y que la solución política no es automática. 
Por cierto, hay modelos de sobra para esa solución política, pero no hay un clima para llegar a las negociaciones porque hay por lo menos un partido que es dominante y que ha apostado por una solución militar y no política. 
Es preciso cambiar esto. 
Pero, repito otra vez, ya no sirven más palabras, ahora se trata de hechos. 
Señor Presidente, en el acaloramiento del debate, el Sr. Cars ha hecho algunas observaciones sobre mí que quizá exceden las normas habituales del debate en esta Asamblea, aunque no serían nada excepcional en la Cámara de los Comunes británica. 
Por ello, pienso que debo responder dejando claro- como hice en mi intervención- que siempre he apoyado las soluciones diplomáticas a este problema. 
Eso no es incongruente con la defensa de la opinión de que ya hemos llegado al final del camino en este sentido. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.15 horas, se reanuda a las 11.30 horas) 
Votaciones 
Les señalo que las enmiendas 1 y 2 son inadmisibles. 
Ésa es la decisión adoptada por su presidente. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del PPE, deseo proponer que el informe Miranda sea devuelto a comisión. 
Deseo hacer hincapié en que no se trata de un reproche a la labor del Sr. Miranda y la Comisión de Control Presupuestario. 
De hecho, ayer califiqué su informe de valiente. 
Como usted decía, hay problemas con dos enmiendas. 
En cuanto a la primera enmienda, que yo presenté de conformidad con el Reglamento que exige reunir 29 firmas, obtuve 43 de cuatro grupos políticos sin ninguna dificultad. 
Me pregunto cuántas firmas y grupos políticos serían necesarios para que la enmienda sea aceptable. 
La segunda enmienda fue exactamente igual, como enmienda de grupo. 
Esta medida dará a la Comisión de Control Presupuestario la oportunidad de estudiar el texto de la enmienda y, en caso necesario, consultar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, y modificar el texto como corresponda, en cuyo caso, podría presentarse el informe con el apoyo general. 
Se nos somete una solicitud de devolución a comisión, artículo 129 de nuestro Reglamento. 
Voy a preguntar si hay un orador a favor, uno en contra y, eventualmente, oiremos la opinión del ponente. 
Señor Presidente, me permitirá que dé mi apoyo a una solicitud del Grupo del PPE. Creo, en efecto, que el informe Miranda, que ha sido objeto de un largo trabajo en la Comisión de Control Presupuestario, ha de profundizarse en la parte que afecta a este Parlamento. 
Nos negamos sin reservas a la aprobación de la gestión del Comité Económico y Social. 
Pero, sin embargo, somos más indulgentes en lo que respecta a nuestra propia institución. 
En cuanto al problema que ha planteado el Sr. Kellett-Bowman, debo decir que no es nuevo. 
Desde hace algunos días, algunas semanas, estamos asistiendo a enmiendas inadmitidas, cuando no estoy seguro de que las disposiciones de nuestro Reglamento den poder para examinar, en el fondo, las enmiendas. 
Cuando se pretende declarar inadmisible algo se plantea una moción de inadmisibilidad. 
No se declara así como así que una enmienda es inadmisible. 
Por consiguiente, por todas estas razones, doy mi apoyo a la solicitud presentada, en nombre del Grupo del PPE, por el señor Kellett-Bowman. 
Me pronuncio en contra del reenvío a la Comisión porque este es un informe muy sólido que en la comisión respectiva fue estudiado a fondo y en cuya votación votaron 23 miembros de la Comisión a favor y una única persona en contra. 
Esa es una prueba inequívoca de que este informe está apoyado por una mayoría muy amplia. 
Por lo que se refiere al tema de las enmiendas, efectivamente es verdad que dos han sido declaradas improcedentes. 
No tengo ningún problema fundamental con eso, y creo que sería una auténtica pérdida de tiempo para la Asamblea que por la improcedencia de esas dos enmiendas se reenvíe todo de nuevo a la Comisión. 
No es necesario en nuestra opinión. El informe es suficientemente bueno y sí se recogen en él los elementos de crítica al funcionamiento de nuestra propia Asamblea. 
Señor Presidente, quisiera decir también, muy brevemente, que me manifiesto contra esta petición de devolución a comisión. 
De hecho, puedo comprender las razones de procedimiento aducidas por el Sr. Kellet-Bowman, pero considero que no hay razones de fondo, substanciales, que determinen dicha devolución. 
En efecto, el informe fue debatido larga y profundamente en la comisión hace algunos meses. 
Tuvo una votación prácticamente unánime, ayer mismo tuvo un debate normal y hoy merece sólo una enmienda. 
No cabe duda de que existen esas cuestiones relacionadas con las dos enmiendas. 
De cualquier modo, incluso en relación con ese aspecto, he de subrayar que una de ellas fue rechazada incluso en la propia comisión. 
Por eso, no me parece que haya justificación alguna para que aplacemos este informe, lo que afecta, evidentemente, al normal funcionamiento de las instituciones interesadas. 
Por eso, creo que deberíamos votar a favor de examinar y votar ya este informe. 
Para una buena comprensión de la votación que va a tener lugar, quisiera señalar simplemente que la inadmisibilidad de las dos enmiendas ha sido pronunciada por el Presidente del Parlamento Europeo, tras el examen profundo de estas dos enmiendas por los servicios, y no solamente en razón de la mención nominal. 
Para su comprensión pues, la inadmisibilidad no se debe solamente al hecho de que un antiguo funcionario sea citado por su nombre. 
Vamos a proceder a la votación de la moción de devolución. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de devolución a la comisión) 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos decisiones y la resolución) 
Este reglamento del Consejo demuestra muy claramente lo complicadas que se han vuelto las ayudas en el ámbito de la política agrícola. 
El presente reglamento tiene como trasfondo una legislación comunitaria de 1984 que, entonces, no tomó en consideración la situación especial en que se encontraban los productores que no habían suministrado o vendido leche durante los años de referencia, al haber participado en otro sistema, establecido previamente por un reglamento del Consejo de 1977, cuyo objetivo era poner fin a la orientación de precios y lograr la reestructuración del sector. 
Con el paso de los años, este problema ha salido continuamente a la palestra en sentencias judiciales y reglamentos del Consejo. 
Durante el poco tiempo que lleva Suecia como miembro de la Unión Europea, también en este país se han dado casos de productores de leche que han perdido cientos de miles de coronas en concepto de ayudas por haber rellenado formularios de solicitud de un color equivocado. 
Estos ejemplos son una clara muestra de lo irracional del sistema de ayudas actual y de la gran necesidad que existe de reformar en su totalidad la política agrícola común. 
Informe Linkohr (A4-0350/98) 
El acuerdo relativo a una amplia colaboración científica y tecnológica entre los EE.UU. y la UE, cuya negociación concluyó a últimos de 1997, crea la base para avances tecnológicos históricos en las dos partes del acuerdo. 
Las enormes tareas sin solucionar existentes dentro del campo biotecnológico, entre otros, son imposibles de acometer en solitario por un país o por un continente. 
Por lo tanto resulta fundamental que se establezca una colaboración cada vez más estrecha entre continentes de modo que resulte posible coordinar la investigación entre los investigadores de mayor talento y las instituciones científicas. 
En consecuencia, representa un motivo de alegría ver que el Parlamento y su ponente, Sr. Linkohr, recomiendan una rápida implementación del acuerdo EE.UU./UE. 
Observo con satisfacción cómo se concluye este procedimiento de armonización de los signos distintivos del Estado miembro en la matriculación de los vehículos de motor y sus remolques. 
Por mínima que pueda parecer, esta medida puede facilitar la vida de los millones de automovilistas ciudadanos de la Unión Europea que cruzan cada año las fronteras interiores y exteriores. 
Al mismo tiempo, la generalización de la identificación comunitaria contribuirá a desarrollar la conciencia de pertenencia común para los 375 millones de ciudadanos de la Unión Europea. 
Y ello, tanto para cada uno de ellos como para todas y todos los que, allí donde el trabajo o el turismo conducen a nuestros ciudadanos fuera de esas fronteras, vean pasar vehículos matriculados con los colores de la Unión. 
También podemos alegrarnos por ello. 
Una queja, no obstante: la propuesta de reglamento deja a cada Estado miembro la decisión entre las placas «nacionales» y las placas «comunitarias». 
Por más que una libertad así sea una aplicación del principio de subsidiariedad, hubiera preferido un poco más de voluntarismo en este tema. 
Informe Watts (A4-0310/98) 
Dentro de la pronto larga serie de iniciativas por parte de la Comisión relativas a normas comunes en la UE para la seguridad en el mar, esta propuesta de directiva resulta tanto necesaria como especialmente pertinente. 
El interés creciente por la navegación en rutas dentro de la Comunidad entre compañías que operan con transbordadores bajo bandera de terceros países hace indispensable la elaboración de normas de seguridad idénticas para todos. 
Me alegra por ello poder dar mi apoyo al informe. 
Para hacer su informe, nuestro colega Francis Watts organizó una audición sobre la propuesta de directiva relativa a las condiciones de explotación en la Comunidad de servicios regulares de transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad. 
Es lamentable que esta audición no haya suscitado demasiado interés entre nuestros colegas. 
Se han equivocado. 
Efectivamente, la audición que tuvo lugar sobre esta propuesta de directiva, ha hecho que se señalen problemas de seguridad que permiten soñar... 
Por tanto, hay que dar las gracias a nuestro amigo Francis Watts por haber tomado la iniciativa de solicitar y organizar esta audición, en la que más de uno de los expertos presentes ha señalado, a pesar de que las reglamentaciones de la OMI prevén ya un amplio abanico de medidas de seguridad, una falta de seguridad increíble. 
En el transcurso de la audición, algunos expertos alemanes nos demostraron, con un soporte de imágenes, que de 30 transbordadores europeos destinados al transporte de pasajeros y automóviles, 8 estaban clasificados como «deficientes» o incuso «muy deficientes» en materia de dispositivos de seguridad, y que solamente a 5 de los 30 transbordadores se les consideraba en buen estado. 
Es comprensible que los armadores apenas vean con buenos ojos el informe de un diputado valiente que se compromete a fondo por una mayor seguridad para los cientos de pasajeros transportados anualmente en esos barcos. 
Pero, ¿no es función de un diputado señalar a la opinión pública unos problemas que pueden afectar a la seguridad de las personas o la de sus familias? 
Creo sinceramente que nuestro colega Francis Watts, que ha sido ya ponente de los informes sobre la gestión de la seguridad de los transbordadores de carga rodada de pasajeros y sobre el registro de las personas que viajan a bordo de naves de pasaje que operan con destino o llegada a puertos de Estados miembros de la Comunidad, ha tenido razón al proponer enmiendas que van más lejos que las propuestas de la Comisión. 
Las 2000 vidas humanas que se han perdido en las tragedias del Herald of free Enterprise, del Scandinavian Star y del Estonia, deberían bastar para movilizar a todas las instituciones europeas y empresas de transporte con el fin de hacer todo lo posible para incrementar la seguridad en esos buques, inevitables para muchos viajeros. 
En todo caso, estoy contento de que el Gran Ducado de Luxemburgo, que agrupa bajo su pabellón marítimo a unos 84 buques con una edad media de 7 años y un tonelaje bruto de 970.000 toneladas, no haya matriculado uno de esos buques y naves de pasaje de gran velocidad que transportan pasajeros. 
Porque, si ése fuera el caso, no tendría yo la conciencia tan tranquila como la tengo en este momento. 
Por todas estas razones, he votado a favor del informe del Sr. Watts esperando sin embargo que los armadores tomen en serio la advertencia que les hace el Parlamento Europeo. 
Respaldo el presente informe y el llamamiento de mi colega Laborista, Sr. Watts, para el establecimiento de normas para el funcionamiento seguro de los numerosos transbordadores que operan en aguas de la UE. 
Al igual que muchos británicos, recuerdo la trágica pérdida de vidas humanas en la catástrofe del transbordador Herald of Free Enterprise acaecido en Zeebrugge. 
Como siempre, los servicios de rescate realizaron una valerosa labor en sus intentos de salvar al mayor número posible de personas. 
No obstante, no deberíamos ponernos en el lugar de los pasajeros ni de nuestros servicios de emergencia en este tipo de situaciones. 
El establecimiento de unas normas de seguridad lo más estrictas posible es en interés de todos nosotros- pasajeros, tripulación y, sin olvidar, los operadores del transbordador que necesitan garantizar a sus pasajeros las mejores normas posibles de seguridad a bordo, si queremos que la población siga utilizando los transbordadores en sus desplazamientos por la UE. 
Espero que el sector coopere plenamente con nuestros gobiernos y la UE para seguir avanzando en la búsqueda de los más altos niveles posibles de seguridad. 
Informe Teverson (A4-0331/98) 
Como hemos dicho a lo largo del debate, la propuesta de la Comisión, en su forma modificada por algunas de las enmiendas introducidas en el informe, constituye una base de trabajo creíble para intentar establecer consensos en torno a lo que podría ser un régimen de control más fiable, transparente y eficaz. 
Objetivar criterios para determinar, de una vez por todas, la potencia y el arqueo es fundamental para comparar capacidades y productividades y apreciar el (in) cumplimiento de las obligaciones en los ámbitos de los POP. 
Pasos igualmente positivos son los de intentar uniformizar los procesos de inspección y la tipificación de las infracciones, al mismo tiempo que se procura avanzar hacia a la determinación de sanciones equiparables. 
Ahora bien, carece de claridad el intento de transferir a los Estados miembros la competencia del control de los buques en aguas no comunitarias, en particular en aguas que son objeto de convenios internacionales, intento que no va acompañado, por ejemplo, de la atribución de medios financieros suplementarios y puede tropezar con problemas de operatividad; como también están por aclarar las ambigüedades en las atribuciones y el ámbito de control de buques de terceros países, que parecen conservar una situación privilegiada que podría seguir ocasionando una competencia desleal y, naturalmente, desconfianza y oposición al régimen de control por parte de pescadores y armadores comunitarios. 
También sería útil que la posible ampliación de las posibilidades de intervención de los inspectores comunitarios fuera siempre acompañada de inspectores nacionales y que la cooperación de observadores de otros Estados miembros se hiciera sólo en inspecciones, previo aviso. 
De igual modo, el acceso on line a las bases de datos, por cuestiones de confidencialidad, debería ir precedida de solicitud previa. 
De modo que siguen existiendo desequilibrios incluso en la propuesta de la Comisión, aun modificada por las enmiendas del presente informe. 
Por eso, nos hemos abstenido en la votación. 
Esperamos, si acaso, que sea posible alcanzar consensos en el ámbito del debate que se celebre en el Consejo. 
El desarrollo de la industria pesquera en los últimos años ha hecho indispensable una modernización de los regímenes de control. 
Es algo tanto lógico como acertado. 
Desgraciadamente, la propuesta de la Comisión también debe ser vista a la luz de los problemas existentes en el funcionamiento de la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito del control pesquero. 
Es lógico que la Comisión desee ver un mayor esfuerzo controlador tras el desembarque de las capturas. 
Es también una iniciativa necesaria dentro de los esfuerzos por restablecer la confianza en los regímenes de control comunitarios. 
Un mayor control sobre las embarcaciones de pesca de terceros países también es una iniciativa loable y necesaria. 
Informe Bösch (A4-0297/98) 
Señor Presidente, el informe del Sr. Bösch es continuación, como sabemos, del informe especial nº 8/98 del Tribunal de Cuentas relativo a los servicios de la Comisión encargados de la lucha contra el fraude. 
Las conclusiones del Tribunal de Cuentas son abrumadoras pero no nuevas. 
La Comisión de Control Presupuestario tuvo ocasión de hacerlas suyas, sin que realmente reaccionara. 
Ya en una resolución de 22 de octubre de 1997, el Parlamento Europeo señaló las insuficiencias detectadas en la puesta evidencia de las irregularidades y de los fraudes así como en las investigaciones correspondientes y la falta de diligencias eficaces y coherentes a escala de la Unión Europea. 
La política de la Comisión en los casos de corrupción en sus propias filas no siempre es clara ni competente, lo que crea una tendencia a enterrar estos asuntos tanto como sea posible. 
Aprobamos esta constatación: figura todo en el texto. 
Aprobamos también la voluntad de reforzar los efectivos de la UCLAF, en especial los asignados a los trabajos de investigación, la propuesta de crear una Oficina de lucha contra el fraude, encargada de asumir- en nombre de todas las instituciones- la lucha contra el fraude así como los elementos técnicos propuestos para garantizar la indispensable independencia de este nuevo organismo. 
Lamentamos sin embargo que la Comisión de Control Presupuestario no haya aprobado nuestra propuesta de que el director de esta OLAF fuese nombrado conjuntamente por el Consejo y por el Parlamento Europeo y lamentamos también que se confirme la necesidad de un ministerio público europeo. 
Una vez más, ha de quedar claro que la eficacia de la lucha contra el fraude no reside en soluciones de naturaleza ideológica, y se nos ha dicho con frecuencia aquí, que la única solución era la creación de un nuevo organismo comunitario integrado, la de un ministerio público europeo. 
La solución es que el Parlamento- que desarrolla la función esencial- lleve un control riguroso de los servicios de la Comisión y, en especial, un control financiero, como es su vocación. 
El informe Bösch va un poco en ese sentido y por ello lo hemos votado. 
Señor Presidente, en representación del Grupo Liberal me gustaría comunicar su explicación de voto. 
Me parece importante que dispongamos de una oferta concreta sobre cómo reforzar la unidad de investigación UCLAF. 
El Parlamento ha tomado una vez más la iniciativa presentando una propuesta concreta. 
Ahora está en manos de la Comisión reaccionar ante la propuesta y presentar su oferta sobre cómo reforzar la UCLAF. 
Bien pudiera ser que el modelo actual no sea completo y que hubiera también algunas cosas que modificar. 
Al igual que otros, también hemos mantenido una discusión en el Grupo Liberal sobre cuál es el modelo correcto. 
Ha habido diversas opiniones sobre cómo hacer la estructura perfecta, lo que también ha quedado reflejado durante la votación. 
Lo que es fundamental en nuestra opinión es que se produzcan acontecimientos, que se refuerce la unidad de investigación y así podamos combatir mejor la corrupción y el fraude internos. 
Es importante subrayar que no podemos aceptar un modelo que exigiría una modificación del Tratado, pues retrasaría el proceso mucho tiempo y sería algo totalmente inaudito. 
Lo fundamental es que se produzca este fortalecimiento de la unidad y así podamos combatir mejor el fraude y la corrupción. 
En primer lugar, desearíamos felicitar al ponente por la calidad de un informe en el que da muestras tanto de una gran competencia como de un serio compromiso. 
Creemos que la denuncia que ha tenido lugar en los últimos meses de irregularidades y casos de corrupción en la Comisión Europea pone de manifiesto la necesidad de ejercer un control considerablemente más estricto sobre las actividades que se financian con fondos comunitarios, tanto en el seno de la Comisión como en los Estados miembros. 
Al mismo tiempo que la Comisión ve mermada su credibilidad, se justifican ahora las críticas acerca de su incapacidad para gestionar el dinero de los contribuyentes. 
La descripción que se hace en el informe de lo que nosotros consideramos que puede ser únicamente la punta del iceberg deja aún más claramente de manifiesto la gravedad de la situación y la obligación incondicional de la Comisión de actuar con firmeza para evitar la aparición de irregularidades y de exigir responsabilidades penales y políticas cuando se produzca este tipo de hechos. 
Tanto el informe Bösch como el informe Bontempi, sometido previamente a debate en el transcurso de este período parcial de sesiones, resaltan el importante papel que desempeña el Parlamento Europeo a la hora de lograr una mayor transparencia y de obligar a realizar esfuerzos nuevos y más eficaces para evitar que se produzcan nuevas irregularidades. 
Creemos que no se debe nunca subestimar la posición de fuerza que ocupa el Parlamento Europeo para actuar contra el fraude y para presionar la adopción de medidas por parte de la Comisión. 
La Comisión corre el riesgo de tirar piedras sobre su propio tejado si plantea obstáculos a un diálogo fluido con el Parlamento y dificulta, por lo tanto, el objetivo de la transparencia. 
En nuestra opinión, la propuesta que se recoge en el informe para crear una nueva estructura, denominada OLAF, no es, desde todos los puntos de vista, la vía correcta para abordar la cuestión de la lucha contra las irregularidades que se cometen con fondos comunitarios. 
Este tipo de soluciones carece de fundamento en los tratados y puede ser objeto de justificadas críticas al ocasionar deficiencias en el control democrático. 
Sin embargo, las principales objeciones son de carácter técnico. 
Resulta imprescindible reforzar los controles coordinando distintas soluciones, algunas de las cuales, muy interesantes, se recogen ya en varias enmiendas. 
Habida cuenta de la extrema gravedad de la situación, creemos que no se debe rechazar completamente la propuesta del informe Bösch, sino que se debería considerar como un medio para obligar a la Comisión a adoptar más medidas. 
Las acciones que ha comunicado la propia Comisión son necesarias y favorables, pero va a resultar indispensable la adopción de medidas ulteriores. 
En este contexto reviste una gran importancia el papel del Parlamento Europeo y, también en este contexto, la propuesta del informe Bösch puede desempeñar una importante labor de cara a la Comisión. 
El informe Bösch, que es continuación del informe especial del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento de la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude de la Comisión (UCLAF) , presenta conclusiones abrumadoras: desde hace diez años que existe, esta unidad no ha conseguido fijar reglas de trabajo, ni obtener la independencia y seguridad en el tratamiento de la información necesaria para un control financiero serio. 
Así, se repiten constantemente fraudes, derroches o irregularidades administrativas, tres categorías distintas que no se deben confundir- la Comisión tiene razón en señalarlo -, pero que están muy presentes las tres y dan una imagen deplorable de la construcción europea. 
El informe Bösch propone conceder un mejor estatuto de independencia a la UCLAF mediante su transformación en OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude). 
¿Por qué no? 
Esta reforma no será suficiente sin embargo, ya que el mal es más profundo. 
En este sentido, tengo la impresión con frecuencia en este debate, de que el Parlamento Europeo intentaba tranquilizar su conciencia denunciando entre los demás sus propios pecados. 
Es importante ver cómo algunas políticas europeas, con las que nuestra Asamblea es solidaria, en lo que respecta principalmente a las devoluciones agrícolas o a los fondos estructurales, producen fraude del mismo modo que la nube arrastra a la tormenta. 
Y sobre todo la eurolatría, que ha impregnado las acciones de la Comisión hasta ahora, ha suscitado un clima poco propicio para el control financiero. 
Cuando un tercero hace una crítica, se le responde: «Trabajamos por Europa; si nos critica es porque es usted un antieuropeo.» 
Mi grupo está bien situado para saberlo. 
El resultado es que Bruselas se pierde en el desorden, como todas las instituciones no controladas que se creen por encima de las leyes. 
Europa podrá considerarse adulta cuando acepte verdaderos controles exteriores, ejercidos sobre todo por las naciones. 
Pero mientras tanto, no dudo en decir, que los incondicionales del federalismo que predominan aquí, y que pretenden matar la crítica a cualquier precio, son los cómplices objetivos del fraude. 
En los últimos tiempos, por encima de los artículos tradicionalmente dedicados a los fraudes perpetrados a costa del presupuesto comunitario, la prensa se ha hecho también eco de la eventualidad de que funcionarios de la Comisión hayan podido cometer actos sancionables. 
La posibilidad de tales actuaciones explica la actualidad del informe sobre el que nos pronunciamos en el día de hoy. 
Nuestro ponente señala que la eficacia de la Unidad de coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF) sufre de un marco jurídico y organizativo estrecho que perjudica a su independencia. 
Por otra parte, no cuenta en su seno más que con apenas una treintena de funcionarios que pueden dedicarse a investigaciones. 
No resulta sorprendente decir que la UCLAF, por el momento, tiene una capacidad de acción limitada. 
La credibilidad de las instituciones y de la construcción europea hace necesaria una lucha creciente contra los fraudes en perjuicio del presupuesto comunitario y los actos delictivos cometidos por los funcionarios europeos en el ejercicio de sus funciones. 
Estoy de acuerdo con los miembros de la Comisión de Control Presupuestario que han votado el informe en que es importante mejorar con rapidez los medios de que disponen las instituciones para luchar contra el fraude y que la mejor forma de hacerlo es poner en marcha una Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) que disponga no sólo de independencia, sino también de los recursos humanos y presupuestarios necesarios. 
Por consiguiente, doy mi apoyo total al informe que se nos ha sometido. 
La unidad antifraude de la UE, conocida como la UCLAF, tiene como principal función proteger los intereses financieros de la Unión Europea. 
Es una tarea poco envidiable, especialmente si uno lee el informe anual de 1997 sobre la lucha contra el fraude en la Unión Europea, aparecido recientemente. 
Según dicho informe, el fraude con los cigarrillos en la Unión Europea superó los 1.280 millones de libras sólo en 1997. 
Trescientos treinta millones de libras de dicha suma corresponden a la pérdida de ingresos de la UE, y el resto a la pérdida en impuestos indirectos, como aranceles e impuestos sobre el consumo y el IVA dentro de los territorios nacionales de los 15 Estados miembros de la UE. 
Este único ejemplo permite hacerse una idea de la magnitud del problema al que se enfrenta la Unión Europea, si queremos derrotar a los grupos del crimen organizado que se proponen falsificar los billetes en euros a partir del 2002. 
En esa fecha, el euro inundará los territorios de 11 Estados miembros de la UE, que abarcan una población de más de 291 millones. 
Las autoridades competentes de la UE deberán estar muy bien preparadas si queremos luchar de frente contra los falsificadores del euro. 
Apoyo que se dé a la UCLAF, la Unidad Antifraude de la UE, una función coordinadora, así como que Europol, la Oficina Europea de Policía, supervise esta importantísima operación de contraespionaje. 
Deben tomarse medidas para proteger la credibilidad y la autenticidad de la moneda euro cuando sea lanzada y sustituya a las monedas nacionales. 
Habida cuenta de que los Estados miembros de la UE cuentan actualmente con diferentes estructuras para prevenir y combatir la falsificación, harán falta estructuras que intercambien la información entre todas las autoridades competentes de la UE. 
También hará falta una definición común de falsificación de moneda y deberán establecerse medidas para combatirla de una manera concertada y estructurada. 
Las disposiciones del Tratado de Amsterdam otorgan mayores poderes a Europol a través de la creación de estructuras coordinadas entre los cuerpos de policía de la Unión Europea y las autoridades competentes, al objeto de garantizar la erradicación eficaz del crimen organizado a nivel europeo. 
Estos nuevos poderes sólo son acertados y adecuados a la luz del hecho de que vivimos en un mercado internacional en el que opera la libre circulación mercancías, personas, servicios y capitales. 
No obstante, estas disposiciones pueden y deben utilizarse al máximo para garantizar la erradicación del mal que supone la presunta falsificación de la moneda del euro. 
El informe sobre la independencia, papel y estatuto de la UCLAF tiene por objeto fortalecer la lucha contra el fraude en el presupuesto comunitario. 
Naturalmente consideramos este punto de partida positivo, sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas señala una serie de irregularidades en la actual organización y función de la UCLAF. 
Sin embargo, no podemos apoyar el informe porque propone que la lucha contra el fraude, la corrupción y las irregularidades se lleve a cabo mediante la implantación de un ámbito penal europeo y la creación de un Ministerio Fiscal público para la UE. 
Nuestra opinión es que esta iniciativa supone por principio la posibilidad de una armonización de los códigos penales y de las normas de enjuiciamiento de cada país. 
El diseño jurídico de las leyes penales y de enjuiciamiento de los países miembros bajo ninguna circunstancia debe ser cuestión de la Unión. 
El traspaso adicional de competencias a la UCLAF y la asignación de más medios económicos para la contratación de funcionarios deben producirse en el marco de la lucha contra el fraude en las propias instituciones comunitarias y no ser un paso hacia un Ministerio Fiscal europeo. 
En lugar de esto, los numerosos casos de fraude y corrupción dentro del sistema comunitario deben ser motivo para que: 1) se inicie un debate con la vista puesta en suprimir una larga serie de regímenes de ayuda en los que se da este fraude, 2) se aumente la transparencia del sistema y así los contribuyentes y electores puedan ver en que se emplea el dinero. 
En el informe se hace referencia al artículo 280 del Tratado de Amsterdam, el cual abre nuevas posibilidades a la lucha contra el fraude en el plano comunitario. 
El artículo señala en su párrafo cuarto que las medidas con relación a la lucha contra el fraude «no afectarán a la aplicación de los códigos penales o las normas de enjuiciamiento de los Estados miembros». 
Este subrayado nos parece importante porque aquí queda señalado que la UE no debe inmiscuirse en las políticas nacionales en este terreno. 
La lucha del fraude en el plano comunitario no debe, sin embargo, producirse sobre la base de convenios o protocolos de iniciativa no ratificados, tal y como queda esbozado con relación a las observaciones del informe al artículo 280. 
La UE naturalmente no puede adjudicarse competencias legislativas en terrenos que no han sido ratificados por todos los Estados miembros. 
Para los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo la lucha contra el fraude, el engaño y la corrupción es un asunto de vital importancia. 
No debe existir ninguna duda de que la lucha contra el fraude de fondos comunitarios ha de tener siempre la máxima prioridad. 
En consecuencia, la coordinación de la lucha contra el fraude- tal y como es dirigida por la UCLAF- también ha de disponer de las mejores condiciones. 
En el informe se propone la creación de una nueva unidad para investigar el fraude interno en las instituciones comunitarias. 
No nos parece una solución óptima. 
Este trabajo debería ser resuelto por la UCLAF, sin embargo, disponiendo ésta de un estatuto más independiente con respecto a la Comisión. 
En la decisión de Edimburgo de 1992 se dice que «Dinamarca participará plenamente en la cooperación sobre cuestiones judiciales y de política interior sobre la base de las disposiciones del párrafo IV en el Tratado de la Unión Europea». 
Esto significa en la práctica que Dinamarca participa en esta cooperación mientras que ésta sea intergubernamental. 
Por ello los socialdemócratas daneses no pueden apoyar las ideas relativas a la creación de un ministerio fiscal común y a que con el tiempo se implante un código penal común. 
Sin embargo, tal y como queda reflejado en la reserva de Dinamarca en este terreno, tampoco queremos impedir que otros puedan reforzar la cooperación en el terreno judicial. 
Los socialdemócratas daneses han elegido por ello abstenerse en la votación de los artículos K, L y M. Sin embargo, esto no modifica que el principal objetivo del informe sea reforzar la lucha contra el fraude tanto en los países miembros como dentro del sistema comunitario. 
Por ello los socialdemócratas daneses han optado por apoyar el informe en su conjunto. 
Apoyo el informe Bösch, porque sus propuestas representan una posible vía para el avance de la UCLAF. 
En 1980, propuse que la Comunidad creara una unidad de intervención rápida. 
Por ello sentí una gran satisfacción cuando, por iniciativa de este Parlamento, se creó la UCLAF. 
Con el paso de los años, el Parlamento ha ido aumentando los recursos para el funcionamiento de dicha unidad. 
No obstante, hemos descubierto que las investigaciones de la UCLAF eran reprimidas cuando se trataba de trabajar en el seno de la propia Comisión. 
La propuesta del Sr. Bösch relativa a una OLAF independiente ofrece la solución a este problema. 
Todas las instituciones pueden ser investigadas, incluido este Parlamento, lo cual acojo con satisfacción. 
La respuesta del Sr. Santer ha sido útil y constructiva. 
La Asamblea, sabiamente, en mi opinión, se ha resistido a los intentos de emascular esta propuesta a través de enmiendas. 
Felicito al Sr. Bösch. 
Es preciso adoptar duras medidas contra la corrupción, el engaño y el fraude con recursos de la Unión Europea, tanto dentro como fuera de sus fronteras. 
Así lo muestran las recientes acusaciones de fraude y así se pone claramente de manifiesto en el informe del Tribunal de Cuentas. 
En este sentido, y de acuerdo con la propuesta recogida en el informe, podría ser favorable la creación de un órgano especial (OLAF) dotado de mayores competencias y recursos para llevar a cabo también investigaciones de carácter interno. 
A fin de garantizar verdaderamente la independencia de OLAF, la Comisión no podrá asumir las responsabilidades en materia de designación ni adoptar decisiones relativas a nombramientos, medidas disciplinarias, etc. No se deberá excluir ningún ámbito penal europeo. 
La OLAF tampoco deberá cumplir funciones de fiscalía. 
El mero hecho de que se haya entablado un debate sobre la corrupción, el engaño y el fraude con fondos de la UE es ya de por sí un síntoma de que hay algo en la UE que no funciona bien. 
La UE es demasiado grande y complicada para hacerse una idea de conjunto de la misma, por lo que resulta casi imposible de controlar. 
La medida más importante contra la corrupción, el engaño y el fraude es el establecimiento de un principio de transparencia, siguiendo el modelo nórdico, que proteja a los medios de información. 
Si se aplicara el principio fundamental de transparencia al conjunto de actividades de la UE y se protegiera el derecho de los medios de comunicación a informar, se lograría descubrir un mayor número de casos de corrupción y fraude, con lo que se aliviaría el problema. 
La Comisión vive en una torre de marfil. 
La ausencia de diálogo entre el Parlamento y la Comisión se debe sobre todo a que nuestras demandas de información y control se entienden per se como desconfianza. La causa de ello es que en la Comisión el principio de que una buena administración debe ser siempre (con pocas excepciones) accesible al público, se ha convertido en lo contrario, al menos en los sectores en los que se realizan críticas y el Parlamento quiere hacer uso de sus derechos de control. 
Todo es entonces secreto, cerrado, interno o confidencial. 
Señor Santer, le pregunto ¿qué es lo que se debe mantener en secreto frente al Parlamento en un informe interno del control financiero? 
¿Por qué no podemos saber con rapidez y sin tapujos dónde se encuentran los puntos sensibles en la entrega de los fondos? 
¿Quién tiene que ocultarnos algo? 
La cultura de la desconfianza de su Comisión ha socavado incluso los derechos que nos concede el Tratado. 
El artículo 206 prevé que la Comisión tiene que presentar al Parlamento todas las informaciones necesarias para la aprobación de la gestión. 
¿Con qué justificación no recibe el Parlamento el informe de la UCLAF o sólo cuando amenazamos con la artillería pesada del bloqueo total de los créditos para la ayuda humanitaria? 
¡Lástima que solamente parezca comprender este idioma! 
No existe sólo un problema sino una profunda crisis entre la Comisión y el Parlamento. 
Donde faltan reglas transparentes y fiables, donde no se puede detectar el coraje civil de los Comisarios para proceder contra los compadreos y las viejas cargas de los diversos departamentos de la Comisión y donde se dan largas al Parlamento durante meses, no puede existir confianza en una buena administración. 
En Alemania, la población acaba de decidir qué es lo que pasa con aquellos que sólo quieren ver pasivamente cómo pasan las crisis. 
Si la Comisión no tiene sensibilidad para ello y no reacciona del modo adecuado, deberá tener claro que en diciembre le tendremos que negar la aprobación de la gestión. 
El fraude en el presupuesto comunitario es uno de los problemas más graves en los cincuenta años de historia de la cooperación europea. 
Tanto por los perjuicios financieros que implica como- especialmente- por el enorme efecto negativo que tiene sobre la imagen de la UE entre los ciudadanos. 
Los servicios centrales de la Comisión de lucha contra el fraude, la UCLAF, son por ello un órgano comunitario de excepcional importancia para toda la Unión. 
La UCLAF ya ha resuelto tareas importantes desde la creación del servicio, sin embargo, resulta evidente que la falta de cooperación judicial entre los Estados miembros ha dificultado considerablemente el trabajo de la UCLAF. 
Y por el momento no hay perspectivas de avances esenciales. 
De ahí que otorgar a la unidad un mayor grado de independencia quizá sea uno de los pocos pasos que puedan darse por el momento para hacer ésta más operativa en sus esfuerzos frente al fraude presupuestario en la UE. 
Apoyo esta iniciativa de todo corazón. 
Respaldo la mayor parte del informe. 
Sin embargo, no comparto los objetivos de hacer de la UE un territorio penal ni de que se cree una autoridad judicial europea. 
Tampoco quiero otorgar más competencias a Europol. 
Por consiguiente, he votado en contra del informe. 
Hemos dado nuestro apoyo al informe Bösch porque en primer lugar escapa al lenguaje hueco y procede a un análisis riguroso de la corrupción interna de la Comisión. 
El ponente no intenta enmascarar la importancia del fraude y la corrupción en el seno de los servicios de la Comisión. 
En efecto, es incontable el número de programas gestionados por la Comisión, a propósito de los cuales en los últimos meses se han identificado malversaciones y desfalcos por cuantías importantes. 
El propio ponente precisa además que «los casos revelados no son sin duda más que la punta del iceberg». 
Por consiguiente, resulta totalmente inadmisible oír como el Presidente de la Comisión, señor Santer, da prueba de un humor siniestro calificando esas prácticas tan graves como «acrobacias administrativas». 
Los trabajos dirigidos en estos últimos años tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Comisión de Control Presupuestario de este Parlamento muestran un mundo hecho de opacidad, de favoritismo, de connivencia y de «omertà» , de irresponsabilidad y de impunidad; un mundo de contratos falsificados, de informes inventados, de documentos desaparecidos, de informes turbios con algunos gabinetes de consultores privilegiados. 
El informe Bösch señala que en la mayoría de las ocasiones, cuando se detecta un asunto delictivo, ni siquiera se inician los procedimientos disciplinarios y no se les someten a las autoridades judiciales competentes más que de forma excepcional. 
«La elucidación se retrasa casi sistemáticamente (... ) 
Podemos preguntarnos si la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF) no sirve en ocasiones para enmascarar determinadas artimañas». 
Un diario regional resumía esta mañana el debate de ayer titulando: «Improbables sanciones para todo tipo de asuntos» 
Como engranaje de la Comisión entre otros, esta unidad antifraude carece de independencia. 
Tiene la tendencia a proteger de forma sistemática a los funcionarios. 
Las propuestas del Sr. Bösch para reforzar esta unidad y concederle el máximo de independencia van por tanto en la buena dirección. 
La oficina cuya creación se propone habrá de trabajar en estrecha relación con el Parlamento Europeo, una de cuyas principales misiones es la del control de las actividades de la Comisión, principalmente en el plano financiero. 
Se ha visto, mediante las comisiones de investigación nombradas por esta Asamblea, cómo podríamos ser eficaces en este ámbito, por ejemplo a propósito de la forma que ha tenido la Comisión de tratar la cuestión de la EEB. 
Pero para intentar cortar esta propensión de las instituciones europeas a producir fraude a gran escala, es importante también aplicar estrictamente, y en el sentido correcto, el principio de subsidiariedad. 
Para limitar la masa de créditos incontrolados, que se reduzca al máximo la cuantía de los que han de pasar por Bruselas. 
Los controles más eficaces son aquellos que se efectúan a niveles cercanos a los contribuyentes. 
El ponente señala también la existencia de una «zona gris» que puede ocultar riesgos considerables de fraude en la legislación «técnica» y sus innumerables reglamentos y disposiciones aplicables, al igual que en el marco de la comitología, surtida por una gran cantidad de comités y otros órganos consultivos. 
A veces se toman decisiones que tienen incidencias financieras considerables. 
En este sentido, es característico que, con mucha frecuencia, sólo un pequeño número de funcionarios de las instituciones que participan en el proceso de toma de decisiones poseen una visión completa del expediente y del avance del procedimiento. 
En esas condiciones, los grupos de interés pueden presionar con bastante facilidad y salirse con la suya. 
Este excelente análisis muestra que las concentraciones abusivas de competencias y los fundamentos burocráticos a los que dan origen constituyen una fuente muy importante de fraude y de corrupción. 
En ese caso también, la respuesta adecuada es la de la subsidiariedad verdadera. 
Pero el Tratado de Amsterdam propone, por desgracia, el camino inverso. 
El mejor remedio contra el fraude y la corrupción en el seno de la Comisión consistiría en permitir la plena aplicación del principio de transparencia. 
Si la opinión pública y el periodismo de investigación tuvieran también acceso a la contabilidad de la Comisión, se desvelarían con mayor eficacia los casos fraudulentos. 
No resulta aceptable el secretismo con el que se maneja actualmente el dinero de los contribuyentes. 
Por todo ello, la solución lógica sería simple y llanamente poner punto final a las actividades de la Comisión en aquellos ámbitos donde predominan los problemas de esta gravedad. 
Informe Sisó Cruellas (A4-0241/98) 
Una red europea de transporte ofrece muchas ventajas en diferentes campos. 
Es importante fomentar ese desarrollo, sobre todo por el hecho de que la infraestructura no es operativa entre sí. 
Los temas de atención del ponente en este sentido son de gran importancia. 
Sobre todo apoyamos enérgicamente el desarrollo de una red de transporte duradera y el aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas. 
Por ello, hemos expresado nuestro voto a favor de este informe. 
Sin embargo, esto no quita que tengamos nuestras dudas de si los proyectos, en el marco de esta red europea de transportes, son realizables desde el punto de vista financiero. 
Por lo tanto, el empleo de capital particular se hace indispensable. 
Para ello es necesario que se desarrolle en la Unión un clima, en el que al particular le resulte atractivo invertir en dichos proyectos. 
La influencia del sector privado no puede limitarse a la parte financiera. 
En este sector hay un gran potencial de conocimiento disponible, que hay que aprovechar al máximo para alcanzar un máximo rendimiento social. 
Resumiendo, hemos de emplear el conocimiento y los medios disponibles para conseguir una red de transportes duradera y equilibrada. 
El informe da un buen impulso para ello. 
Los objetivos del informe del Sr. Sisó Cruellas toman como base la idea de que la UE debe colaborar en la mejora de las infraestructuras de la Europa Central y sobre todo Oriental con la mira puesta en el intercambio comercial entre la UE y la Europa del Este. 
El programa TEN, ampliado para cubrir también la Europa Central y Oriental, ha de ser visto, sin embargo, teniendo en cuenta la presión política y económica a la que la UE ha sometido a los países de la Europa del Este a raíz de la petición de determinadas inversiones en infraestructuras. 
Esta crítica no niega la necesidad de realizar inversiones cuantiosas en infraestructuras para la Europa del Este. 
En cambio, sí critica la política de transportes comunitaria. 
Los proyectos de infraestructuras, para los que la UE, por ejemplo, ha concedido ayudas a la Europa del Este a través de PHARE o del Banco Europeo de Inversiones (BEI) , velan por el interés de las grandes industrias comunitarias en abrir los mercados de la Europa Central y Oriental a sus productos a través del desarrollo de las comunicaciones este-oeste. 
La cuestión es simplemente qué repercusión tendrán estas importantes apuestas para el comercio y la industria de la Europa del Este. 
El mismo Banco Mundial ha llegado poco a poco a la conclusión de que los grandes programas de infraestructuras que deben unir áreas céntricas con áreas periféricas no aumentan de por sí el desarrollo económico de las áreas periféricas. 
Se ha visto al contrario una mayor recesión económica en las áreas periféricas al estar más abiertos los mercados locales de estas áreas a la competencia de las áreas céntricas. 
Al mismo tiempo, el BEI ha mostrado una casi total cerrazón en sus relaciones con organizaciones medioambientales de la Europa del Este como «Bankwatch» y ante la opinión pública de la Europa del Este en general a la hora de dar a conocer las consideraciones ambientales que afirma realizar antes de conceder préstamos para una serie de programas de infraestructuras en la Europa del Este. 
Por estos motivos no podemos votar a favor del informe del Sr. Sisó Cruellas. 
Por motivos históricos, las redes de carreteras, las ferroviarias y las de navegación fluvial del continente europeo, así como los puertos y aeropuertos, fueron concebidas, salvo raras excepciones, por razones nacionales. 
Hasta los años 80 no se inició una verdadera política paneuropea de transportes. 
Gracias a los esfuerzos incansables de nuestro colega Günter Lüttge, el Parlamento Europeo ha podido, con la ayuda de la Comisión, organizar conferencias paneuropeas sobre los transportes en Praga, en Creta y en Helsinki. 
Por primera vez, representantes de los pueblos del Oeste y del Este discutían y adoptaban en conjunto resoluciones políticas sobre los problemas del transporte. 
Hoy, nos enfrentamos a una nueva propuesta de la Comisión sobre la conexión de nuestra red de infraestructuras de transporte con la de nuestros vecinos del Este. 
La coordinación del proceso de evaluación de las necesidades de infraestructuras se efectúa por medio del grupo TINA, compuesto por altos funcionarios de los Estados miembros y de los países candidatos, con una secretaría en Viena. 
Todo esto está muy bien, pero yo hubiera deseado que se nos dijera en primer lugar dónde están los 14 proyectos aprobados en la posición común. 
Según creo, de los 14 puntos aprobados en el Consejo Europeo de Essen, únicamente la conexión entre Dinamarca y Suecia (Oresund) está terminada y el aeropuerto de Milán-Malpensa está terminándose, pero sin la lanzadera ferroviaria y la construcción de una conexión rápida por carretera, que no obstante exigían la Comisión, el BEI y el Parlamento Europeo. 
Pero, ¿dónde están los demás proyectos? 
Parece que se han gastado importantes sumas en estudios, y muchas planificaciones. 
Pero por lo demás, silencio absoluto. 
Silencio incomprensible cuando Willi Piecyk nos escribe en su informe que «la conclusión de la red europea de transporte necesita inversiones de al menos 400 millardos de ecus en los próximos 15 años. 
Las medidas más urgentes a realizar de aquí al año 2000 movilizarán por sí mismas cerca de 220 millardos de ecus.» 
Aún oigo a Jacques Delors defender esas redes europeas de transportes, según él, grandes creadoras de empleos y aún recuerdo las decisiones de la Cumbre sobre el empleo de Luxemburgo, pero ahora espero resultados concretos. 
Sé que hasta el momento las grandes infraestructuras nacionales han sido financiadas en gran parte a partir de fondos públicos. 
Las inversiones nacionales hubieran podido ser más importantes aún si todos impuestos y tasas que se han cargado a los transportes se hubieran destinado a inversiones en infraestructuras, pero no ha sido el caso. 
Ahora bien, todos somos conscientes de que, para realizar las redes transeuropeas, necesitamos medios financieros ingentes, medios financieros que los Estados miembros no pueden poner a disposición a corto plazo. 
Por tanto, es preciso buscar otros medios de financiación. 
Partiendo de la idea de que el Banco Europeo de Inversiones hará sin duda todo lo que esté en su mano para financiar y hacer que avance al menos una parte de los diferentes expedientes y esperando que se pongan a disposición los medios financieros de los diversos Fondos Estructurales para comenzar por fin la construcción de las redes de infraestructuras y, por ahí, crear empleos, no creo que tengamos suficientes medios financieros para sufragar los 14 proyectos necesarios y prioritarios. 
A mi juicio será necesario intentarlo todo para que los capitales privados contribuyan también a los proyectos, sin lo cual los programas corren el riesgo de prolongarse durante decenas de años, si no una eternidad, hasta llegar a satisfacer todas las necesidades y deseos bienintencionados. 
¿Es necesario prever la posibilidad de la introducción general de un derecho de peaje verdaderamente europeo si no se consigue la financiación por los medios convencionales? 
No sé nada, pero creo sinceramente que en casi todos los países es muy difícil plantear un incremento de los ingresos o gastos públicos y que es necesario buscar otras posibilidades de cofinanciación para algunos proyectos en materia de infraestructura. 
Digo todo esto porque los problemas a los que nos hemos enfrentado para hacer que avance la construcción de nuestra casa común, que es la Unión Europea, son importantes, pero resolubles, si no ocurre ningún imprevisto. 
Ahora bien, a mi juicio, el imprevisto lo tenemos delante. 
Las primeras estimaciones del Grupo TINA dejan entrever gastos suplementarios de un orden de importancia de 45 a 150 millardos de ecus. 
¿Dónde buscar esas cantidades suplementarias? ¿Podemos vincular las ayudas a algunas condiciones, por ejemplo, que el 40 % de las inversiones en infraestructuras de transporte, consideradas prioritarias, estén dedicadas al ferrocarril, el 25 % a la carretera y el 15 % al transporte combinado? 
Son preguntas que no tienen respuesta en el informe del Sr. Sisó Cruellas. 
Sin pretender oponerme a ayudas a los demás países vecinos de la Unión Europea, me pregunto si la velocidad a la que llevamos las negociaciones no es exagerada, incluso arriesgada. 
Por todas estas razones, he votado contra el informe del Sr. Sisó Cruellas. 
Informe Baldarelli (A4-0246/98) 
El continuo crecimiento del tráfico por carretera en sus diferentes componentes hace necesaria una gestión integrada de ese tráfico a todos los niveles: local, regional, nacional y europeo. 
Los progresos continuos de la informática permiten considerar de forma seria esta hipótesis. 
De ahí se desprende todo el interés de la comunicación de la Comisión y del informe que votamos en el día de hoy. 
Los desarrollos previsibles de la telemática aplicada a la red de carreteras son importantes, y sus consecuencias positivas, capaces de influir favorablemente en la calidad de vida de todos los usuarios de ésta, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y del ahorro de tiempo. 
Las ventajas posibles en los ámbitos económicos y medioambientales son también evidentes: mejor gestión temporal y espacial del tráfico, transporte multimodal ,... 
Con nuestro ponente, comparto la convicción de que el carácter positivo o negativo del saldo entre los empleos suprimidos en los sectores de producción y comercialización ya obsoletos por la aplicación de nuevas tecnologías a la red y al tráfico por carretera y los puestos de trabajo creados en este nuevo sector de actividad dependerá, en lo esencial, de la capacidad que nuestras empresas tengan para ponerse o no a la cabeza del movimiento que hoy se encuentra en estado de gestación. 
En consecuencia, suscribo íntegramente la idea de que necesitamos ayudar a aquellas y asignar con este objetivo recursos sustanciales comunitarios al desarrollo y a la puesta en funcionamiento de la telemática en el sector del transporte, en una perspectiva de creación de empleo y de desarrollo duradero. 
Informe Novo Belenguer (A4-0247/98) 
El informe del Sr. Novo es serio y riguroso en tema de tanta importancia, por lo que le felicitamos. 
Yo lamento, y no me cansaré de repetirlo, la desaparición de la mínima referencia al turismo en el Tratado de Amsterdam, porque ésta, a mi entender, resultaba necesaria para poder articular una adecuada protección de los turistas, del sector y, por supuesto, de la calidad y seguridad ambiental del lugar elegido para su descanso. Esta es la razón por la que, además, propuse la creación de una Agencia Europea de Turismo. 
El Sr. Méndez de Vigo y yo misma logramos introducir, no sin esfuerzo, y me importa subrayarlo, una enmienda conjunta en este sentido en el informe Bourlanges-Martin, ya que entendíamos, a diferencia de ciertos sectores turísticos y de otros diputados, que el turismo es mucho más que números cuantificables. Y que su desaparición del tratado revisado traería a la larga más problemas que beneficios incluso al propio sector turístico. 
Dicho esto, para que nadie se llame a engaño o a lamentos, celebro la elaboración de este nuevo informe, que intenta paliar, de algún modo, este vacío legal, aunque quede, desgraciadamente, fuera del Tratado de Amsterdam. 
Me complace que el Parlamento Europeo debata un informe relativo a la adopción de medidas comunitarias para el sector del turismo. 
Es de gran importancia desde la perspectiva irlandesa, si consideramos que la industria del turismo tiene un papel muy considerable en la creación de puestos de trabajo en la economía irlandesa. 
Según la evaluación provisional de la utilización de fondos comunitarios en Irlanda, llevada a cabo por el Instituto de Investigación Económica y Social, se habrían creado más de 30.000 puestos de trabajo en Irlanda durante el actual Programa Marco Comunitario de Apoyo 1994-1999. 
El actual programa operativo de turismo tiene una dotación de 369 millones de libras, que representa el 8 % del total del programa de Fondos estructurales que actualmente se destina a Irlanda. 
Confío en que el sector del turismo irlandés se desarrolle y prospere en los próximos años. 
La introducción de la moneda única europea debería tener un efecto positivo en este sentido. 
La desaparición de los costes de transacción en once Estados miembros de la Unión Europea, que abarcan una población de más de 291 millones de habitantes, significará que el coste de los traslados y las vacaciones se reducirán aún más posiblemente. 
La moneda única europea trae consigo una zona sin fronteras para el capital, en la que dejarán de existir las agencias de cambio y se reducirán los costes. 
La moneda única europea traerá consigo un aumento del número de turistas, lo que significará un incremento del número de puestos de trabajo en la industria del turismo de Irlanda durante los próximos años. 
El Gobierno irlandés deberá velar por que la industria del turismo irlandesa se desarrolle al máximo de su potencial. 
En breve se celebrarán negociaciones entre el Gobierno irlandés y la Comisión Europea sobre la próxima distribución de los Fondos estructurales de la UE para el período 2000-2006. 
El Gobierno irlandés deberá formular un Plan Nacional de Desarrollo que exponga nuestras prioridades sociales y de inversión económica para el período de siete años a partir de 1999. 
A la luz del hecho de que se habrán creado más de 30.000 puestos de trabajo entre los años 1994-1999 en la industria del turismo de Irlanda, resulta evidente que deberán incluirse disposiciones sustanciales en el Plan Nacional de Desarrollo con respecto a la futura financiación comunitaria y nacional de la industria del turismo de Irlanda. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe del Sr. Belenguer sobre las medidas comunitarias que afectan al turismo. 
Pensamos que no se debe empezar a armonizar las políticas turísticas de los países miembros tal y como se plantea en esta propuesta. 
La planificación de una política racional ha de quedar en manos de cada país con arreglo al principio de subsidiariedad. 
Por ello no hace falta un departamento ampliado para el turismo en la Comisión ni tampoco son precisas ampliaciones presupuestarias en este terreno. 
El informe del Sr. Novo Belenguer propone de un modo que resulta preocupante una política turística comunitaria. 
Pensamos que resulta difícil, por no decir imposible, promover quince países tan diferentes en una misma campaña. 
El Sr. Novo escribe, eso sí, en su informe que las campañas de promoción de destinos especiales nacionales o regionales en Europa (leáse UE) deben dejarse en manos de los Estados miembros y de sus oficinas de turismo nacionales y regionales. 
No podemos estar más de acuerdo y por ello precisamente pensamos que los intentos de este informe por convertir el turismo en una política comunitaria común mediante, entre otras cosas, la creación de una Dirección de turismo están completamente fuera de lugar. 
El informe de la Comisión sobre las acciones comunitarias y llevadas a cabo en el período 1995-96 con repercusiones en el turismo confirma hasta la saciedad dos aspectos esenciales. 
Por un lado, la utilidad de estas medidas, que, de forma directa o indirecta, procuran satisfacer las necesidades de un sector que, a pesar de la reducción global de la demanda de casi 10 % entre 1975 y 1995, sigue siendo determinante en la economía y en el empleo de la UE (casi el 6 % del PIB comunitario, más de nueve millones de puestos de trabajo). 
La utilidad de tales medidas permite concluir asimismo, como hemos sostenido, que se puede asegurar la cooperación en materia de intereses comunes sin que se modifique el marco jurídico vigente y demuestra el irrealismo de algunos intentos de comunitarizar la política relativa a ese sector. 
Por otro lado, resulta patente la necesidad de dar continuidad a esas acciones comunitarias, sin modificar el marco jurídico, asignando dotaciones presupuestarias propias que permitan capacidades mayores de acción directa y, simultáneamente, aumentar las sinergias con otras políticas comunitarias o nacionales o ambas a la vez (planificación, medio ambiente, cultura, artesanado, patrimonio, políticas de empleo, acciones estructurales, nuevas tecnologías). 
El informe es positivo y quisiera subrayar un aspecto, para nosotros esencial. 
De hecho, no basta con hacer constar que el sector turístico es fundamental desde el punto de vista del empleo. 
Igualmente fundamental es garantizar la calidad de dicho empleo. 
Por eso, subscribimos la conclusión que advierte de la necesidad de proyectar políticas y asignar medios financieros (para formación, entre otros aspectos) que permitan garantizar el máximo de empleo estable y reducir al mínimo los efectos de la estacionalidad e impidan la competitividad a costa de salarios bajos. 
Es cierto que el turismo genera empleo y, por lo tanto, bienestar en numerosas regiones, a pesar de lo cual me muestro muy escéptico ante la idea de crear una Dirección de turismo en el seno de la DG XXIII y de desarrollar una política turística común en la UE. 
Esta medida supondría un aumento de la burocracia y un mayor número de documentos. 
Desgraciadamente, no creo que, en la práctica, esta medida vaya a tener ningún efecto positivo en las actividades del sector turístico. 
Informe Miranda (A4-0289/98) 
Señor Presidente, como consta en Acta, cuando se produjo la huelga en esta Asamblea, afirmé que la institución estaba compuesta por sus diputados y los funcionarios. 
No todos estaban de acuerdo conmigo, pero lo sigo creyendo. 
Esta Asamblea está bien atendida por los numerosos funcionarios, a quienes saludo por ello. 
No obstante, en esta ocasión, quiero decir que existen muchos casos que revelan la burda incompetencia durante muchos años, que era moneda corriente en la DG VI (Administración). 
Esa larga letanía de negligencias y errores ha dañado la imagen de esta institución. 
El anterior Director General de Administración, Jean Feidt debería asumir la responsabilidad de dicha lamentable situación. 
Debo hacer hincapié en que hago estas observaciones sin ninguna consideración por motivos de nacionalidad ni persuasión política ni asociación a clubes o sociedades secretas, sino porque durante años- y podría enumerar los casos si dispusiera de más tiempo- esta Asamblea ha sido descuidada debido a una administración deficiente en la DG VI, y el Sr. Jean Feidt debería asumir dicha responsabilidad. 
Nuestro Grupo ha votado contra el informe Miranda, por razón de su elemento esencial, que es la aprobación de la gestión del Parlamento Europeo para el ejercicio 1996. 
Al tratarse más especialmente de la famosa prórroga de los créditos del ejercicio 1996 a 1997, el ponente toma una vez más partido por defender al ordenador abrumando al servicio jurídico y al interventor: éste sin embargo, hizo bien su trabajo al sugerir, para poner remedio a la falta de firma del Presidente del Parlamento en los plazos previstos, seguir el procedimiento de la prórroga no automática. 
Esta sugerencia no fue sin embargo seguida por la administración. 
Fue necesario esperar a finales del mes de enero de 1997 para que la administración conociera que el acta adicional nunca había sido firmada por el Presidente. 
Se solicitó entonces al antiguo presidente del Parlamento que lo firmase con carácter retroactivo, más de un mes más tarde de la fecha límite, algo a lo que éste se negó, evidentemente. 
Lo que no impidió que el Secretario General hiciera la misma propuesta, de nuevo sin éxito, a su sucesor. 
Más sorprendente aún: según las situaciones contables que circulaban entre los servicios del ordenador y del interventor, los 30, 76 millones de ecus en cuestión formaban parte sin embargo de los créditos prorrogados de acuerdo con la ley al ejercicio 1997; figuraban además como prorrogados legalmente en un documento de fecha 20 de enero de 1997 y firmado por el ordenador competente. 
Un documento que certificaba además al interventor y al Secretario General que los procedimientos requeridos habían sido concluidos, mientras que su autor, entretanto, había intentado conseguir que el Presidente del Parlamento Europeo firmase el acta adicional con carácter retroactivo, algo de lo que el Secretario General estaba al corriente... 
El ponente nos pide hoy que aprobemos la gestión de la administración del Parlamento, aunque este episodio haya demostrado la preocupante ineficacia del procedimiento de cierre de cuentas que, a pesar de la falta de firma del Presidente del Parlamento en el acta adicional, ha retenido los 30, 76 millones de ecus en las listas de créditos efectivamente prorrogados al ejercicio 1997. 
Más aún, la Comisión de Control Presupuestario, en su reunión del 25 de febrero de 1997, aprobó el cierre de cuentas de 1996, incluida la prórroga automática de los créditos en cuestión. 
Hoy, se intenta minimizar este asunto adelantando que no hay pérdida de fondos propiamente dicha, y que los Estados miembros harán lo necesario para que el presupuesto del Parlamento pueda financiar la adquisición del D3 en los plazos previstos. 
Ahora bien, la administración del Parlamento, al no someter primero el acta adicional a la firma del Presidente, no teniendo después recurso al procedimiento de prórroga no automática, intentando más tarde antedatar el acta adicional y finalmente dando por definitiva la prórroga de los créditos al ejercicio de 1997, ha faltado íntegramente a su responsabilidad que era la de prorrogar efectivamente los 30, 76 millones de ecus, respetando el reglamento financiero. 
Esta increíble sucesión de infracciones e incumplimientos graves debería sancionarse hoy rechazando la aprobación de la gestión para evitar que se reproduzcan. 
Por otro lado, felicitándose por la decisión de no dar su acuerdo a la gestión al Comité Económico y Social, mi grupo se sorprende de que el informe Miranda, deplorando la abundante presencia de lagunas en las informaciones que contiene la cuenta de gestión y el balance financiero del Comité de las Regiones y la falta de una política coherente de personal, no haya decidido hacer lo mismo para esta institución: el informe anual del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 1996 había sin embargo puesto en evidencia una serie de irregularidades en el funcionamiento de esta institución. 
He votado a favor del informe Miranda de la Comisión de Control Presupuestario sobre la aprobación de la gestión de 1996. 
Es correcto pedir responsabilidades al Comité Económico y Social puesto que se han registrado graves deficiencias e irregularidades. 
Hay que esclarecer estas irregularidades no sólo a nivel interno de la UE por medio del Tribunal de Cuentas y la UCLAF, sino, como todo parece indicar que es necesario, también a nivel externo, recurriendo a las autoridades nacionales competentes. 
Creo que en el Parlamento Europeo también hay problemas, por ejemplo, por lo que respecta a la gestión, al uso de consultorías y a las deficiencias que se han registrado con el personal cualificado en los servicios de contabilidad o en los servicios jurídicos. 
La diferencia que separa al Parlamento del Comité Económico y Social es que en el primero no existen indicios de fraude, sino fallos de carácter estructural. 
Por consiguiente, creo que se debería asignar al Tribunal de Cuentas el cometido de estudiar este caso más a fondo. 
A pesar de que ya se ha emprendido la labor en el seno del Parlamento, creo que sería positivo permitir alguna ayuda «exterior» en estos trabajos. 
El debate queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.05 horas) 
Colegas, lamentablemente no podemos iniciar la sesión, porque el primer orador será el Sr. Santer, Presidente de la Comisión, y estamos esperando a que regrese del almuerzo con el Rey de España. 
Viene de camino y no creo que tarde más de dos o tres minutos. 
Quería comunicarles el motivo de este retraso. 
(La sesión, interrumpida a las 15.05 horas, se reanuda a las 15.10 horas) 
Recursos propios 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los recursos propios y el procedimiento presupuestario. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la Comisión acaba de aprobar su informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios. 
Se trata de un informe importante. 
Importante por su contenido- volveré sobre ello- pero también por la coyuntura en la que tiene lugar. 
Pero según el artículo 10 de la decisión «Recursos propios» , el texto debería presentarse en 1999. 
Hemos decidido adelantar su presentación por una razón simple: el sistema de financiación del presupuesto de la Unión constituye una de las piezas maestras de la negociación de la Agenda 2000. 
Sin ese informe no tendríamos ninguna posibilidad de concluir esta negociación, como estaba acordado, en marzo de 1999. 
En el momento actual, al estar sobre la mesa todos los datos del problema, hago un llamamiento para lanzar un nuevo impulso en la dirección del expediente de la Agenda 2000. 
Señor Presidente, el texto aprobado en el día de hoy por la Comisión es exhaustivo, transparente, objetivo y abierto. 
Exhaustivo, ya que explora todas las pistas posibles e imaginables para una futura financiación equitativa, y diría también, una financiación suficiente de la Unión. 
Transparente, ya que no oculta ni las dificultades ni las ventajas de cada potencial decisión. 
Objetivo, ya que se basa en elementos considerados incuestionables. 
Y abierto, ya que no adelanta, en esta fase, más que opciones. 
Con este informe, la Comisión espera desapasionar y objetivar un debate difícil y políticamente delicado. 
No oculto que abordando abiertamente la problemática de los saldos netos, la Comisión produce innovaciones. 
Pienso que es necesario, ya que deseo que el debate, inevitable, se produzca sobre bases claras y objetivas. 
Debo añadir que se trata de un concepto a manejar con prudencia, y nuestro informe lo muestra claramente. 
Señor Presidente, después de algunas observaciones introductorias, permítame que le presente los grandes ejes de nuestro documento. 
Éste se articula en torno a dos temas. 
En primer lugar, el funcionamiento del sistema actual y su posible evolución. 
En segundo lugar, la problemática de los desequilibrios presupuestarios. 
La evolución del sistema actual, durante los últimos años, refleja las innovaciones introducidas por las decisiones de 1988 y de 1994 sobre los recursos propios. 
Las contribuciones son ahora más equitativas, ya que están más en línea con la capacidad contributiva de los Estados miembros, expresada por su producto nacional bruto. 
Por otro lado, las disposiciones actuales han provisto a la Unión de recursos suficientes para financiar los gastos evitando las crisis financieras que la Unión ha sufrido en el pasado. 
En ciertos aspectos, sin embargo, el sistema actual presenta algunas debilidades, de las cuales una ha sido señalada por el propio Parlamento en varias ocasiones. 
La autonomía financiera, que está en la base del concepto mismo de recursos propios, se ha difuminado de acuerdo con el incremento de la parte del presupuesto de la Unión financiada por contribuciones nacionales. 
Por otro lado, el sistema actual carece de transparencia, lo que en parte se debe a la complejidad vinculada a la corrección concedida al Reino Unido, pero también a la desnaturalización del recurso IVA que, en razón de la nivelación de la base imponible, entronca de hecho con una contribución nacional basada en el producto nacional bruto. 
El sistema presenta también dificultades de gestión, vinculadas a la percepción de los derechos arancelarios y agrícolas, que constituyen lo que se llama recursos propios tradicionales. 
Señor Presidente, si deseamos que el sistema evolucione hacia una mayor transparencia y lógica, se plantean dos opciones radicalmente diferentes. 
Una primera posibilidad sería simplificar el sistema actual. 
Ello podía adoptar la forma de un refuerzo del papel del recurso PNB, del producto nacional bruto, en el sistema de contribuciones, aunque esto vaya en contra del propio concepto de recursos propios. 
Un incremento del papel del producto nacional bruto haría sin duda más sencillo y equitativo el sistema actual, pero no contribuiría al fortalecimiento de la autonomía financiera de la Unión. 
En este contexto, al término del Consejo europeo de Cardiff, la Comisión examinó la propuesta reciente de España, apoyada por Grecia y Portugal, de introducir un elemento de progresividad en el sistema de contribuciones. 
Sin embargo, esta propuesta plantea problemas. 
Por ejemplo, el objetivo de solidaridad se persigue actualmente con los gastos del presupuesto de la Unión. 
Un planteamiento así garantiza una mayor eficacia del esfuerzo de convergencia real que una simple transferencia presupuestaria hacia los países menos prósperos. 
Una segunda opción consistiría en introducir uno varios nuevos recursos propios para ampliar la base fiscal del sistema de recursos propios. 
Se trata de una solución que este Parlamento ha planteado en varias ocasiones. 
Además de la autonomía financiera que sería mayor, las principales ventajas de la introducción de nuevos recursos propios en el sistema serían un fortalecimiento de la responsabilidad política y de la percepción por los ciudadanos. 
La lista de posibles recursos propios, propuestos o sugeridos, es larga y está enumerada en nuestro informe. 
Si se evalúa esta lista a la luz de una serie de criterios incuestionables, como la equidad entre los Estados miembros o la eficacia de la percepción, es obligado constatar que apenas hay opciones que satisfagan todos los criterios. 
Únicamente el IVA efectivo, tal como fue propuesto por el Parlamento en 1994, parece una solución a considerar a medio plazo. 
Señor Presidente, me referiré ahora a la cuestión sensible de los desequilibrios presupuestarios. 
En primer lugar, quisiera repetir de entrada, y la Comisión siempre lo ha dicho, que el concepto mismo de saldo presupuestario es difícil de delimitar y de manejar. 
No se pueden reducir los costes y beneficios de la pertenencia a la Unión Europea a un simple cálculo aritmético. 
Sin embargo, Alemania, los Países Bajos, Austria y Suecia han mencionado el compromiso de Fontainebleau que afirmaba: «la política de gastos es, a la postre, el medio esencial para resolver la cuestión de los desequilibrios presupuestarios. 
No obstante, se ha decidido que todo Estado miembro que soporte una carga presupuestaria excesiva con respecto a su prosperidad relativa, podrá proceder, llegado el momento, a una corrección». 
Si adoptamos una óptica puramente presupuestaria, estos cuatro Estados miembros han sufrido efectivamente, por razones diversas además, una degradación de sus saldos presupuestarios, que son actualmente del mismo orden de importancia o incluso mayor que el del Reino Unido antes de la corrección. 
En efecto, el Reino Unido ya no está, y lo estará probablemente menos en el futuro, tras la ampliación, en una posición singular desde el punto de vista de su saldo presupuestario y de su prosperidad relativa. 
Su caso, único al principio de los años 80, está haciéndose común. 
Por lo que respecta a la evolución futura de los saldos netos de los cuatro países mencionados, salvo el coste de la ampliación Agenda 2000 podría no tener más que efectos marginales y no necesariamente negativos sobre sus saldos. 
Sin duda, es aún pronto para poder decir con certeza lo que pasará en este ámbito, habida cuenta de que mucho depende del acuerdo final sobre las reformas de la Política Agrícola Común y de los Fondos Estructurales. 
A pesar de sus reservas relativas al propio concepto de saldos netos, la Comisión ha decidido no sortear la cuestión. 
Sin embargo, quisiera ponerlas en su contexto. 
En primer lugar, la fuente de los desequilibrios presupuestarios se encuentra del lado de los gastos presupuestarios, como se reconoció en Fontainebleau. 
En segundo lugar, si no se hubiera realizado el esfuerzo serio de control del gasto de la Unión- al que ustedes mismos han contribuido- los desequilibrios se habrían incrementado. 
Finalmente, el coste de la ampliación habrá de repartirse equitativamente en función de la capacidad contributiva de los actuales Estados miembros. 
En el caso de que hubiera un consenso para llegar a una respuesta a la cuestión de los desequilibrios presupuestarios, la Comisión ha planteado tres opciones fundamentales, que por otra parte no se excluyen mutuamente. 
Una primera opción sería la vuelta a un sistema de financiación unificado y simplificado. 
Podría haber una simplificación del sistema de financiaciones en favor de un mecanismo que estaría más fundamentado, incluso totalmente, en el recurso del producto nacional bruto. 
Una simplificación así podía englobar la supresión gradual del mecanismo de correcciones existentes. 
Segunda opción, sería posible efectuar una corrección en los gastos. 
Como ya he mencionado, el acuerdo de Fontainebleau hace hincapié en el papel que deberían jugar los gastos comunitarios en la corrección de los desequilibrios presupuestarios. 
Una parte importante del presupuesto, destinada a gastos estructurales, contribuye por supuesto a esos desequilibrios, pero de forma deliberada, habida cuenta de que se trata explícitamente de los gastos orientados a reforzar la cohesión económica y social de los Estados miembros menos prósperos. 
El otro componente máximo de los gastos se encuentra en la política agrícola común que no tiene una vocación redistributiva entre Estados miembros. 
En la medida en que la política agrícola común se encuentra en el origen de algunos desequilibrios presupuestarios, se podría considerar la reducción de la contribución comunitaria a las ayudas directas a los agricultores. 
Una opción así no significaría evidentemente una renacionalización de la Política Agrícola Común desde el momento en que los derechos de los agricultores seguirán sin alterarse y las decisiones seguirán tomándose en Bruselas. 
Una tercera opción sería la introducción de un mecanismo de corrección generalizado. 
Un mecanismo así sería de aplicación para todos los Estados miembros que cumplieran las condiciones necesarias. 
Para evitar que el monto de los recursos brutos, que deberían redistribuirse entre los Estados miembros, no explote, sería preciso proponer, bajo esta opción, un sistema de reembolso parcial de los saldos presupuestarios negativos, por encima de un cierto umbral de nivelación. 
Señor Presidente, señoras, señores, si la Comisión presenta en el día de hoy su informe sobre los recursos propios, es porque desea- repito- que todas las cartas estén sobre la mesa para la fase final de las negociaciones sobre la Agenda 2000. 
Dicho esto, la Comisión sigue siendo de la opinión de que el debate sobre los saldos presupuestarios no ha de oscurecer la reflexión sobre un sistema de financiación eficaz y justo. 
En este sentido, quisiera señalar una vez más que la Comisión presenta en su informe diferentes opciones sin expresar preferencias entre ellas. 
Finalmente, será necesario, nolens volens, tener en cuenta diferencias de procedimientos de decisión entre los gastos de la Unión y el sistema de financiación. 
En ese contexto, les recuerdo que, según la Comisión, la puesta en práctica de la Agenda 2000 no exige recursos financieros por encima del tope actual de los recursos propios, y de los que todos conocen la complejidad y lentitud institucional. 
Eso quiere decir quizá que disponemos de un margen suficiente, eventualmente hasta la próxima ampliación, para reflexionar sobre las cuestiones mencionadas en el informe y adoptar las decisiones necesarias con la seriedad y la serenidad que precisan. 
Señor Presidente, señor Presidente Santer, muchas gracias por su informe a la Comisión. 
Largo tiempo esperado, deseado con anhelo. 
Sin embargo, usted ha dicho que ha redactado el informe sin pasión. 
Habría deseado que lo hubiese redactado con pasión pues entonces quizás tendríamos ahora un documento apto para adoptar una resolución. 
En vez de ello, tenemos un abanico lleno de opciones, un abanico cualificado, pero no más. 
En el Parlamento hemos debatido teniendo muy en cuenta la finalidad y hemos constatado alguna que otra cosa en nuestra Comisión de Presupuestos. 
Nuestra posición de partida es la siguiente: hay normas contractuales que nos obligan. 
Así, el artículo 130 a dice que la Comunidad está obligada a solidaridad entre los Estados más pobres y más ricos y determina como uno de sus objetivos reducir las diferencias de desarrollo de las diversas regiones impulsando a las regiones menos favorecidas. 
Este es un aspecto. 
Otro aspecto es la capacidad de las economías de los Estados miembros, tal como usted lo ha descrito, incluso con el sistema del IVA como factor esencial para la determinación de sus participaciones en la financiación del Presupuesto de la UE. 
Si analizamos atentamente, constatamos que de hecho es así para todos los Estados miembros excepto para Gran Bretaña. 
El producto social bruto de Gran Bretaña representa el 15, 9 % del de la Comunidad pero solamente participa en la financiación del presupuesto con un 9, 9 %. 
Usted ha indicado que la causa de ello es la llamada rebaja británica. 
Aunque en el presupuesto se paga más o menos según la capacidad, hay Estados miembros que reclaman pagar menos. 
Como contramedida se propone un sistema de ingresos progresivo o una ampliación del Presupuesto por encima del límite actual del 1, 27 % del producto social bruto. 
Todo esto ha quedado reflejado en el acta de la cumbre de Cardiff. 
Los Estados miembros que piden con mayor o menor intensidad la reducción de sus aportaciones fundamentan su argumentación en el llamado concepto de contribuyentes netos. 
Usted ha dicho algo al respecto y yo no tengo que decir nada más sobre esta apreciación basada en la equivalencia y que desde un punto de vista metódico descansa sobre unos pies de barro. 
Pero una cosa está clara. Si se analiza con más detalle, se pueden ver claros desequilibrios entre los Estados miembros más ricos. 
Por ejemplo, Dinamarca, la segunda fuerza económica dentro de la Comunidad recibe considerablemente más del presupuesto que lo que aporta a su financiación. 
Al mismo tiempo, países como Suecia y los Países Bajos, con un producto social bruto menor, soportan unas cargas financieras claramente mayores que la parte que perciben del presupuesto comunitario. 
Pero si, como acabo de decir, la causa de los desequilibrios existentes no se encuentra en el lado del Debe, se tiene que encontrar necesariamente en el lado del Haber. 
Y aquí creo que en la Comisión de Presupuestos ya hemos hablado y debatido de un modo más preciso de lo que usted propone en este informe. 
Vemos que los Estados miembros tienen una participación muy diferente en las políticas comunes. 
Especialmente clara se ve esta diferencia en la política agrícola común. 
Estados miembros con una elevada proporción agrícola y una elevada proporción de estructuras agrícolas aptas para ser desarrolladas como, por ejemplo, Dinamarca o Francia, perciben independientemente de su capacidad económica unas devoluciones superiores que Estados miembros con una proporción agrícola menor. 
Así, la participación en la financiación de Suecia y Alemania en el presupuesto comunitario es el doble que su participación en la política agrícola. 
Pero como el 45 % del presupuesto va a parar a la política agrícola, es evidente que es aquí donde debe buscarse la causa de los desequilibrios existentes. 
Por ello, nos alegra que en su informe se haya ocupado también de este enfoque nuestro para reducir los desequilibrios, es decir, la cofinanciación de la política agrícola. 
En este contexto, como condición previa es importante que la tendencia en la política agrícola vaya de las garantías de precios a las ayudas directas a los ingresos y al fomento de medidas dirigidas a cuidar el paisaje y ecológicas. 
Esta tendencia se va a intensificar aún más con la Agenda 2000. 
Ya hoy, entre el 50 y el 60 % de los gastos agrícolas son de carácter estructural. 
Como estas medidas se aplican directamente in situ en los países miembros, es razonable que éstos participen en la financiación tal como es el caso en las restantes políticas estructurales. 
No se produciría pues ninguna quiebra del sistema, aspecto sobre el que usted ha llamado la atención. 
Sería un paso correcto no sólo para la lógica del desarrollo sino que también conduciría a una considerable distensión en lo que a la problemática de los contribuyentes netos se refiere. 
A todo lo que aquí se puede decir sobre nuestra propuesta sobre la que debatimos aquí por primera vez, por ejemplo, que va a impulsar también la dinámica en la política agrícola común, viene además a sumarse una ventaja indiscutible frente a todas las demás opciones que usted ha mencionado, a saber, que se puede aplicar. 
No necesita de unanimidad en el Consejo sino sólo una mayoría cualificada. 
Señor Presidente, Señorías, señor Santer, va a oír usted hoy muchas opiniones, pero hay un dato incontestable: si el producto interior bruto de la Unión crece por debajo del 2, 5 % anual, el actual techo del 1, 27 % de recursos propios va a ser insuficiente para profundizar las políticas comunitarias, mantener la política de cohesión y financiar la ampliación al este simultáneamente. 
Serán ustedes conscientes- y ahora ya hablo para el Colegio de Comisarios porque no está el Sr. Santer- de que aquí van a encontrar una fuerte corriente de opinión que les va a decir que un sistema de financiación que no contempla la progresividad fiscal y la prosperidad relativa como principios fundamentales es un sistema de financiación que, de partida, es injusto e insolidario. 
Señor Liikanen, la Comisión, donde usted está, se ha contaminado del virus de la teoría de los saldos netos y del justo retorno y, por ello, han tomado ustedes la decisión política de recomendar una redistribución de gastos para compensar los saldos netos, en vez de recomendar una redistribución de los ingresos que consagrara la progresividad fiscal. 
Pues bien, la propuesta que hoy nos presenta la Comisión no va a solucionar nada. 
No va a introducir ni un solo euro más en el presupuesto comunitario y va a condenar la acción de la Comisión a la carestía financiera y a la inacción. 
En segundo lugar, la propuesta que nos hace la Comisión es, desde cualquier punto de vista, regresiva, sea cual sea la alternativa que al final se escoja. 
La propuesta va también contra la solidaridad financiera y contra la cohesión y es injusta, como se lo van a decir en el trámite parlamentario las comisiones y los agricultores europeos. 
Es parcial, como también se lo van a decir a ustedes en el Consejo Europeo, y, además, es una propuesta bastante indigna de una institución europea que debería estar defendiendo el interés general, como me imagino que se lo dirá este Parlamento. 
Señor Presidente, no dudamos de la importancia de un debate profundo sobre el sistema de recursos propios comunitarios y vamos a analizar este documento con cierta atención. 
Ahora bien, obliga a la aclaración de algunas cuestiones previas. 
Las cuestiones financieras no se pueden desligar de la correspondiente contextualización económica. 
Y así es, si se quiere razonar con una base de justicia redistributiva y de solidaridad. 
Y éstas deberán funcionar de forma equilibrada, en cuanto a los ingresos y en cuanto a los gastos. 
Segunda cuestión: o formulamos objetivos y encontramos los medios y las formas adecuadas para hacerlos realidad, y ésa es nuestra posición, o determinamos en el punto de partida los medios y trazamos después los objetivos que se pueden alcanzar con ellos, solución que parece ser la de la Comisión, con una base extraordinariamente restrictiva, que es, como sabemos, la del 1, 27 %. 
Siguiendo la primera orientación, es posible y deseable, de hecho, un debate sobre el sistema de recursos propios, en particular con vistas a resolver las distorsiones derivadas del sistema actual, las anunciadas y también otras que se conocen. 
Con la base actual es muy difícil funcionar. 
Ahora bien, la Comisión distorsiona en cierto modo el debate, porque, antes incluso de iniciarlo, opta ya por uno de los dos caminos que propone. 
Y porque su principal preocupación parece ser la de resolver, no el problema de los recursos propios, sino los desequilibrios existentes. 
Sabe que es inviable acabar con el paquete financiero británico, sabe que el sistema del justo retorno representaría el fin del propio concepto de Comunidad y representaría el fin del principio de solidaridad, no cree, como se ha visto, en la perspectiva del sistema basado en una base progresiva y en función del PNB. 
Sólo le queda una opción: no la de los recursos propios, sino la de la reducción de los gastos, resolver este problema mediante la reducción de los gastos. 
Eso es lo que aquí nos ha traído la Comisión, lo que es lo mismo que decir nada, porque nada nuevo nos ha traído a este debate. 
Señor Presidente, señor Comisario, me alegra que la Comisión considere una cofinanciación de la política agrícola, pues la considero la vía adecuada. 
Esta propuesta afecta al meollo del problema ya que se aplica al lado del Haber del presupuesto. 
Además, tal como se ha dicho, esta opción se puede acordar con mayoría cualificada en el Consejo y no precisa de ninguna revisión unánime de la resolución sobre recursos propios. 
De este modo, el debate sobre los contribuyentes netos, tal como fue practicado por el antiguo Ministro de Hacienda, Waigel, se puede ir tranquilamente junto con él al asilo de ancianos. 
Si los Estados miembros financiasen la mitad de las ayudas directas al presupuesto agrícola de su propio bolsillo, significaría para Alemania una desgravación neta de 2.400 millones de marcos. 
Gran Bretaña se beneficiaría también considerablemente de tal reforma, unos 2.000 millones de marcos. 
En consecuencia, la rebaja británica quedaría obsoleta. 
Si se transfieren financiaciones de la Unión a los Estados miembros, entonces el presupuesto de la UE se tiene que reducir también en el correspondiente importe. 
Cualquier otra cosa supondría un aumento del presupuesto de la UE y chocaría también en Alemania con la resistencia de aquellos que tendrían que pagar la cofinanciación de su propio bolsillo. 
Por ello, no entra en consideración financiar con los créditos que quedarían libres las redes transeuropeas y la política de investigación. 
La política de empleo a gran escala debe seguir siendo como hasta ahora de la incumbencia de los Estados miembros y no pude ser financiada a nivel europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por el documento que ha presentado. 
Por primera vez tenemos un documento en la Comunidad que presenta cifras detalladas y que muestra claramente qué es realista o no en este debate. 
Al igual que la señora Müller, podemos decir que la rebaja de Waigel desde el primer momento en que se inventó fue irreal. 
Quien crea que el Parlamento portugués va a aceptar los costes que los alemanes quieren ahorrar mediante una resolución de ratificación, no pertenece a este mundo. 
Por ello, es bueno que se archive. 
También es bueno que se archive la propuesta del Gobierno español que pretende que los contribuyentes netos en el futuro paguen aún más y que la injusticia o la laguna de justicia que existe se siga ampliando aún más. 
Esto es también un sin sentido y significa solamente abrir trincheras para la base de negociación de marzo del próximo año. 
Quiero subrayar también aquí que la Unión Europea no es una Caja de Ahorros en la que todos pagan sus cuotas para recuperarlas a continuación con el máximo interés posible. 
Como la señora Haug ha dicho, somos una comunidad de solidaridad y el sistema de recursos propios tiene que hacer también justicia a esta exigencia. 
Por otro lado, hay que constatar que la laguna de justicia se ve aquí con una claridad y nitidez como en pocos casos. 
Afecta también a aquellos que gritan más alto- no me refiero siquiera a los de mi propio país sino de los Países Bajos que gritan junto con nosotros, pues si se deduce el efecto Rotterdam, entonces el balance del contribuyente neto Países Bajos es muy diferente a como siempre afirma el Gobierno de ese país. 
Por ello, estas cifras son también de gran ayuda. 
Por lo demás, habría dicho esto también aunque el señor Santer hubiese estado aquí y los luxemburgueses tienen también que escucharlo: si se calculan los costes de personal que se queden muy calladitos. 
Coincido con usted en que tienen que salirnos al encuentro cuado se trata de hacernos cargo de edificios en Luxemburgo y de que además los paguemos nosotros... 
(Aplausos )... deben quedarse muy calladitos pues nosotros somos el Fondo estructural vivo! 
Pero me voy a referir a la línea política en si: de lo que se trata es de equilibrar las descompensaciones- en Bruselas exactamente igual que aquí- que existen entre los Estados miembros de la Comunidad. 
No puede ser que un país como Dinamarca, que según el producto social bruto per cápita, es el país más rico de la Comunidad, sea un receptor neto y un país como Suecia sea un contribuyente neto. 
Algo está mal en el sistema. 
¿Dónde se encuentra el fallo? 
Precisamente allí donde se señala claramente en una de las tres opciones: en la parte agrícola. 
Se encuentra allí donde hay devoluciones. 
El 47 % de los gastos van a la política agrícola. 
Un país con una elevada proporción agrícola tiene unas devoluciones mayores por lo que es un país receptor neto. 
Los daneses no pagan injustamente pero reciben más debido a nuestra política de gastos, de modo que son receptores netos. 
Por ello, creo que esta propuesta que se ha realizado aquí de un mecanismo de corrección y que pretende no racionalizar sino cofinanciar, hacer posible la cofinanciación como ocurre con los Fondos estructurales, los créditos de investigación y con todos los créditos, señala en la dirección correcta. 
Como ha dicho la señora Haug, tiene el gran defecto de que se puede hacer realidad con una mayoría cualificada. 
Es decir, aquellos que quieran refugiarse tras el veto se van a encontrar en una posición muy mala. 
Hay que sacar a relucir un segundo tema, la rebaja británica. 
Quiero decir muy claramente que tenía su validez cuando en 1984 el 71 % de los créditos presupuestarios fluían al sector agrícola, ¡el 71 %! 
Entonces tenía su validez porque en ese tiempo la devolución de los británicos del sector agrícola se encontraba en un volumen de aproximadamente el 8-10 %. 
Hoy, los británicos, aparte de esa rebaja obtienen otra por las políticas que se han convertido en determinantes para la Comunidad después de 1984. 
Esta es por ejemplo, la política regional y estructural. 
En el futuro va a ser la ampliación al Este y, estimado Terry, digo que a mi amigo social-demócrata Tony Blair le va a ser difícil justificar porqué los británicos que exigen en voz alta la ampliación hacia el Este, tienen que recibir de los demás por ello una rebaja. Le va a ser muy difícil justificarlo. 
(Aplausos) Sé que este es un campo mucho más difícil pues aquí se trata de resoluciones unánimes, por lo que digo muy claramente que esta Comunidad siempre se ha caracterizado por no presentar exigencias radicales. 
Pero a lo que tenemos que adaptarnos tanto nosotros como nuestros colegas británicos es que tenemos que encontrar un modo inteligente de cómo podemos contribuir a lograr un out-phasen de la rebaja de la aportación para las partes que no son «agrícolas» , es decir, para las partes que pertenecen a la política regional y estructural y, en consecuencia, a la solidaridad de la Comunidad, y para las partes que pertenecen a la futura ampliación hacia el Este. 
Unas últimas palabras: creo que el paquete que se ha puesto aquí sobre la mesa es un buen paquete que complementa el de la Agenda 2000 y que puede contribuir a encontrar en marzo del próximo año un compromiso: cohesión para la cofinanciación por un lado y soluciones interesantes e inteligentes para la rebaja británica para una reforma de la política agrícola, por el otro. 
Creo que encontraremos una buena solución. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, querido Detlev Samland, ha sido el Gobierno federal actual y a su cabeza Helmut Kohl y Theo Waigel quienes han exigido la corrección del actual sistema de recursos propios. 
Otros Estados miembros se han adherido a esta exigencia y es de saludar que la Comisión presente ahora esta propuesta de reordenación y que reconozca que existe un desequilibrio. 
Hay que tener en cuenta dos aspectos para el futuro: ¿de cuántos recursos financieros dispone el presupuesto de la Unión Europea y con cuánto contribuye cada Estado miembro? 
Sólo en base a eso va a ser posible un debate a fondo sobre la parte de gastos, es decir, la Agenda 2000. 
Nadie cuestiona el principio de solidaridad, tal como está regulado en los Tratados europeos pero todavía resuenan en mis oídos las palabras pronunciadas por el colega español esta mañana. 
Constató que la UE se ha modificado y que todos en esta Asamblea hemos acordado en varias ocasiones que la UE se modifique aún más. 
Por ello, no se puede creer que este sistema pueda funcionar en el futuro tal como funciona hoy. 
Hay algunos países miembros en los que el producto social bruto ha crecido continuamente durante los últimos años pero las devoluciones a dichos países han permanecido en principio invariables. 
Los ingresos tradicionales han perdido su importancia y no han contribuido a aportar transparencia sino más bien confusión. 
Señor Samland, Theo Waigel propuso por ello limitar la aportación de cada Estado miembro a un determinado importe máximo del producto social bruto de los Estados miembros. 
Este límite, señor Samland, no es una simple rebaja sino que tiene que verse sobre todo en relación con las reformas en el sector de los gastos y esto no sólo en el sector agrícola sino también en el de la política de cohesión y estructural. 
Esta es la base de partida para una Unión mayor. 
Y ahora viene: la cofinanciación en el sector agrícola es una idea de nuestro colega Böge, pero tal como es usual cuando existen perspectivas de éxito para una idea, ésta tiene naturalmente muchos padres. 
(Agitación) No estoy de acuerdo con el resumen de la Comisión, en que ésta constata que actualmente no existe ninguna necesidad de reformar el sistema de recursos propios; en caso de una ampliación, esto sería practicable. 
Considero que no está justificado en el resumen de la Comisión. 
Señor Presidente, estamos hablando de quién va a pagar la ampliación de la UE. 
Si se recortan los recursos de la cohesión, los contribuyentes de la ampliación serán los países beneficiarios de esta cohesión. 
Si se recortan los Fondos estructurales, los contribuyentes serán las propias regiones en desarrollo de la UE. 
Si se recorta la financiación de la política agrícola de la UE, el gasto correrá a cargo de los agricultores de la Unión Europea. 
Si se transfiere la financiación de la política agrícola común a los presupuestos nacionales de los Estados miembros, serán los contribuyentes de los países de la Unión Europea quienes paguen la ampliación. 
Si Alemania contribuye en menor medida al presupuesto de la UE, el resto de los países pagará mas por la ampliación. 
Si se decide devolver una menor contribución al Reino Unido, los contribuyentes de este país pagarán más por la ampliación. 
Si se suprimen los ingresos aduaneros calculados como parte de la cuota de los Países Bajos, este país no será el contribuyente neto que dice ser en la actualidad. 
Por mi cuenta, afirmo que, si se tienen en cuenta los ingresos aduaneros, también mi país, Finlandia, es contribuyente neto. 
Agradezco la declaración de la Comisión. 
Hay que llamar a las cosas por su nombre. 
No podremos llevar a cabo una ampliación justificada políticamente sin una transferencia de ingresos económicos de todos los países de la actual Unión Europea en beneficio de los futuros Estados miembros. 
Es imposible aceptar que algún país que respalde la ampliación no contribuya a costearla. 
Con arreglo a esta declaración, debemos comenzar a esclarecer quién pagara la ampliación. 
He escuchado con atención la presentación del asunto por la Comisión y quiero decir, clara y llanamente, que esperaba más. 
¿En quién pensaban ustedes, señores de la Comisión? 
¿En Europa o en los Estados miembros? 
La Comisión formula tres propuestas que, si bien se mira, son cuatro, como los mosqueteros, y ninguna de ellas es brillante. 
De hecho, en esta ocasión y de una manera todavía más palpable que para el conjunto de la Agenda 2000, la Comisión hace unas propuestas excesivamente tímidas con miedo a irritar al Consejo y, especialmente, a algunos miembros del Consejo Europeo. 
Todos los Estados son iguales pero, obviamente, hay algunos Estados que son más iguales que otros en opinión de la Comisión. 
No cabe confundir el realismo político o el pragmatismo con rehuir responsabilidades y, a mi juicio, esto es lo que en definitiva hace la Comisión en su propuesta. 
Europa está viviendo en estos momentos una situación muy importante. 
Hemos aprobado Amsterdam. 
Está en curso la ratificación del Tratado. 
En cien días estaremos utilizando el euro, al menos financieramente. 
Planea aquí delante el ambicioso proyecto de la ampliación europea, de la Unión. 
Y, francamente, el debate que se hace en Europa no está, a mi juicio, a la altura de los retos. 
Y, a veces, se propende a centrarlo demasiado en torno al saldo presupuestario Estado miembro/Comunidad, que es una forma más o menos maquillada de reivindicar el principio de justo retorno que todos formalmente y con la boca pequeña condenamos. 
En muchos parlamentos nacionales y medios de comunicación se habla de contribuciones nacionales olvidando que no sólo no se usan desde hace años sino que el propio Tratado de Maastricht- hace ya unos cuantos años- derogó el artículo 200 que es donde estaban previstas. 
Se hace demagogia electoral en los parlamentos nacionales sobre la base de algo que no existe ni legal ni prácticamente. 
Aparte, recordemos que nadie está en la Unión Europea por motivos presupuestarios. 
Si hablamos de saldos, ¿por qué no hablar de otros saldos? ; ¿por qué no hablar del saldo comercial? ; ¿por qué no hablar del saldo financiero? 
Aquí el balance es mucho más complejo que cualquiera de las distintas interpretaciones que se pueden dar al saldo presupuestario. 
¿Cómo se valoran los beneficios políticos o económicos de pertenecer al proyecto de Unión Europea? 
A mi juicio, la Comisión debería haber tenido el coraje político de hacer propuestas que permitieran un avance político. 
No sé si es miopía o cobardía política. 
No han osado romper esa dinámica nacionalista que está realmente estropeando el ambiente europeo y deberían haber hecho, a mi juicio, una propuesta europeísta. 
Se habla de déficit democrático pero ninguna de las propuestas lo resuelve. 
Son meras contribuciones nacionales disimuladas. 
Hay que hacer un presupuesto europeo transparente y perceptible para los ciudadanos. 
Ninguna de ellas contribuye a ello. 
Es absolutamente injusto que la contribución de cada ciudadano al presupuesto europeo dependa del país europeo en que se resida y no de su renta o su riqueza. 
Estamos todos de acuerdo con este principio, teóricamente. 
¿Por qué no proponer un miniimpuesto europeo sobre la renta? 
No estoy hablando de un gran impuesto. 
Estoy hablando de un impuesto que tiene que financiar un presupuesto europeo y que, traducido en una unidad de medida, representa una taza de café al día a lo largo del año en el bar de la Universidad. 
Esto es lo que cuesta el presupuesto comunitario, 240 ecus por ciudadano. 
Y no se financiaría todo con ese impuesto que les estoy diciendo. 
Basta un impuesto muy sencillo. 
¿Por qué no separar en factura la parte comunitaria del IVA? 
Una parte, IVA nacional; otra parte, IVA europeo. 
Haríamos más transparentes y más responsables democráticamente a las instituciones europeas. 
Y si no se tiene el valor político de hacerlo, respetemos en Europa el principio de la capacidad de pago, que en los Estados europeos reemplazó al principio del beneficio como base de los impuestos en el siglo XIX- ni tan siquiera en el siglo XX, hace más de un siglo que no lo aplicamos en nuestros Estados miembros. 
Quisiera como mínimo subrayar que la Comisión no tiene más voluntad de avanzar que los propios Estados miembros y, si no podemos ir más allá y el debate debe limitarse al análisis de estas propuestas, avanzo que la mayoría de las propuestas que hace no me parecen ni tan siquiera un buen documento de análisis sino un retroceso político. 
Señor Presidente, si no me equivoco, la economía mundial se dirige hacia una situación de recesión. Al mismo tiempo, en dichas condiciones económicas, la Unión Europea se encuentra ante la difícil empresa del Euro y ante el reto de la ampliación. 
¿En dichas condiciones, qué cabría esperar de la Unión Europea y, en especial, de los países más fuertes?. 
Cabría esperar muestras de solidaridad, muestras de generosidad. 
Y aquí, en el debate que celebramos aquí dentro, vemos una lamentable imagen de ruin interés y nacionalismo. ¿Y por qué cosa vemos interesarse a Dinamarca, a Alemania, al Reino Unido y a Holanda, que representan a algunos de los países más poderosos de la Unión? 
¿Por enviar qué mensaje? 
¿Cómo nos quedará en el bolsillo más dinero del que destinamos al presupuesto de la Unión Europea? 
Creo que es una situación inadmisible, que no se corresponde ni con el clima ni con los grandes retos ante los que se encuentra la Unión Europea. 
Desde esta tribuna, desearía, simplemente, hacer un llamamiento al Gobierno griego, al Primer Ministro griego, en especial ante los peligros de una nacionalización de la política agrícola y del agravamiento de los presupuestos nacionales con los gastos de la política agrícola, para que afronten con seriedad los desafíos en vez de anunciar los inexistentes paquetes Santer que van a venir. 
Señor Presidente, evidentemente, el virus de los saldos netos financieros puede transmitir, yo también lo creo, enfermedades mortales a la Unión Europea, habida cuenta de que todos debemos recordar el saldo neto que Europa ha dado a todo el mundo y, en particular, a los más fuertes. 
Sin embargo, hay morosidades en curso y no creo que sea justo que el miedo de evocar un virus mortal nos haga ignorar este problema totalmente. 
Señor Comisario, estoy convencido, en cambio, que quizás este debate debía abrirse antes, porque ha permanecido latente demasiado tiempo. 
Ahora veo algunos riesgos y es evidente que se hablará de esta opción nº 2, la que afecta a la agricultura, porque al menos presenta la ventaja de no requerir una decisión unánime ya desde ahora. 
El riesgo está entonces en que todo el debate sobre la reforma de la Política Agrícola Común de la Agenda 2000 se aparte totalmente de esta propuesta. 
También en el Parlamento, estamos en un punto muy avanzado del debate sobre la propuesta de reforma de la OCM, y me pregunto si habrá alguien que aprovechará esta ocasión para decir: «Tiremos la toalla, volvamos a partir de cero, no se puede hacer nada». Esto podría conducir a aplazar una vez más las decisiones sobre la Política Agrícola Común que, en mi opinión, son siempre muy urgentes. 
Los desequilibrios de la Política Agrícola Común no se han inventado ahora, existen desde hace tiempo, no nos los ha recetado el médico y son el fruto de decisiones políticas. 
Recuerdo al señor Comisario Mc Sharry que, cuando en 1992, propuso la reforma, dijo: «Tenemos que redistribuir los efectos del presupuesto agrícola entre los países, los productores y las regiones». 
Se tomaron decisiones precisas en el Consejo de ministros de Agricultura- donde, con frecuencia, los ministros tienen el virus de la calculadora a la hora de tomar sus decisiones- que han impedido cumplir los objetivos originarios. 
Ahora, si al abordar este debate, el camino llevará a un salto de calidad en el contexto de todo el debate para devolver solidaridad a la Política Agrícola Común, yo digo: «Bienvenido sea el debate de hoy». 
Si, por el contrario, todo se resuelve renacionalizando el dinero, sólo al objeto de ayudar a alguien desde el punto de vista de los saldos netos, tengo que poner serias objeciones. 
Creo, en cambio, que lo que hay que hacer es volver a debatir todo el planteamiento de la Política Agrícola Común. 
Existen asimismo otras posibles alternativas para dar más espacio a la política de calidad, a las políticas estructurales que son el segundo pilar inexistente de la política agrícola nacional, sin traer a la memoria siempre y en todo caso el peligro de la renacionalización. 
Es evidente, lo sabemos, que existe el reto de la renacionalización, sin embargo, también hoy se tiende implícitamente hacia la renacionalización y, a mi juicio, una solidaridad al revés, es la peor de las renacionalizaciones posibles. 
Esto es lo que hay que debatir. 
Señor Presidente, decididamente intervengo siempre antes que el señor Liikanen con la sensación de que no me corresponde a mí. 
Creo que es de mal augurio para el informe general sobre el presupuesto del año próximo. 
Quisiera decir simplemente dos palabras sobre las propuestas de la Comisión que acabamos de conocer. 
Creo que la Comisión hace un trabajo muy interesante para resolver un problema absolutamente irresoluble, el de la cuadratura del círculo. 
Cómo satisfacer a todos los contribuyentes al presupuesto de la Unión Europea con un presupuesto que, por una parte y con razón es un presupuesto de distribución vertical que beneficia a los menos desarrollados pero que se vive como una penalización por parte de los más desarrollados y que, por otra parte y también con razón, es un presupuesto de transferencia intersectorial del 97 % de la población hacia el 3 % de la población agrícola de la Comunidad. 
Cuando se tiene un presupuesto de este orden, es evidente que todo el mundo, o al menos una gran mayoría, ha de estar necesariamente insatisfecho. 
Las soluciones consideradas por la Comisión se basan en una paradoja digna de Lewis Carroll: el impuesto que cada cual ha de aportar a la Comunidad está en función de lo que recibe de la Comunidad. 
El principio fundamental, y de la nivelación de los saldos y de la cofinanciación agrícola es: yo te doy lo que tú necesitas, a condición de que pagues lo que te doy. 
Este planteamiento es evidentemente insatisfactorio, pero la Comisión está condenada a este ejercicio. 
La única solución verdadera consiste en salir de la contradicción en la que nos sumen los Estados, a saber, el bloqueo del gasto comunitario. 
En tanto no tengamos una verdadera política comunitaria, que interese a los quince Estados miembros sobre objetivos como la protección del medio ambiente, las redes de transporte, la ordenación del territorio, los contribuyentes de la Unión Europea no se reconocerán plenamente en el presupuesto de la Unión, pero eso no puede hacerlo usted en lugar de los Estados miembros. 
Señor Presidente, solo quiero decir una cosa. 
Es muy importante que la Comisión presente en estos momentos concretos una comunicación sobre los recursos. 
Como ha dicho el Presidente Santer, es el requisito para debatir debidamente la ampliación. 
Mi Grupo opina que es muy importante que fundamentalmente ataquemos el concepto del juste retour. 
Un justo retorno basado únicamente en las contribuciones netas no puede ser la solución. 
Evidentemente, deberíamos aspirar a alcanzar una solución más equitativa, pero para ello es necesario un equilibrio norte-sur, además de un aumento escalonado de las contribuciones al presupuesto por parte de todos los Estados miembros. 
Es el enfoque que adoptaremos. 
El asunto es competencia de los Estados miembros, pero deseamos felicitar a la Comisión por haber adoptado ya una posición. 
Probablemente es acertado que la Comisión se haya limitado a exponer las diferentes alternativas, pero son esas mismas alternativas las que ahora deberán debatirse políticamente. 
Señor Presidente, quizá convenga recordar que el presente informe obedece a una obligación, que, en buena medida, ya le fue encomendada a la Comisión en Edimburgo. 
La Cumbre de Edimburgo decidió que la Comisión debe, en primer lugar, presentar un informe sobre el funcionamiento del sistema financiero, sobre el sistema de los recursos propios. 
Es una de las partes de todo este informe. 
En segundo lugar, tenemos la obligación de presentar un informe sobre el sistema de descuento británico, que también forma parte del presente informe. 
En tercer lugar, la Comisión recibió la orden de presentar un informe sobre unos posibles recursos propios nuevos. 
El informe contiene un extenso anexo sobre el tema. 
Espero que tengamos tiempo de ocuparnos de eso; tiene una extensión de aproximadamente 30 páginas. 
Ustedes han recibido el documento con mucho retraso. 
La Comisión no tomó la decisión hasta poco antes de las 12 horas. 
Por tanto, tómense su tiempo y estúdienlo en su totalidad. 
En cuanto a la cuestión del justo retorno y la transparencia, tenemos dos objetivos que no siempre son fáciles de compaginar. 
En primer lugar, estamos en contra del concepto del justo retorno. 
No existe ningún concepto en virtud del cual, cada país deba recuperar lo que aporta. 
Naturalmente nos oponemos a ello. 
Europa y la Unión Europea generan mucho valor añadido que es compartido por todos los países. 
No se puede convertir sencillamente en un ejercicio contable. 
Ése es un aspecto y está claro. 
En segundo lugar, estamos a favor de la transparencia. 
No podemos jugar al escondite con las cifras. 
Ahora hemos hecho públicas todas las cifras y además hay un anexo al respecto, en el que se explica lo difícil que resulta la cuestión de definir las diferentes posiciones netas. 
No existe ninguna solución sencilla a este problema; en el informe presentamos todas las cifras. 
Respecto al carácter del informe, quiero hacer hincapié en que hemos propuesto tres opciones con múltiples variaciones. 
Hoy, la Comisión ha decidido que las opciones presentadas en el informe son intercambiables, pueden acumularse y escalonarse en el tiempo. 
Por tanto, si hay nuevas opciones que tengan un fundamento sólido y obtienen el apoyo de la sociedad europea y de los Estados miembros, el debate está abierto. 
Haré sólo una observación sobre los elementos de algunas propuestas. 
En nuestra decisión de hoy y en nuestro informe, declaramos que las modificaciones de la carga de financiación a las que apuntan algunas de estas opiniones presentan elementos regresivos que quizá deban ser corregidos en el contexto de nuestra solución. 
Eso está claro y, antes de aplicar ninguna otra solución, debe solucionarse este elemento de ciertas características regresivas. 
No podremos hacerlo hasta que alcancemos un consenso razonable para seguir avanzando. 
La Comisión ha abierto el debate. 
Es el primer debate público sobre la cuestión. 
Estoy seguro de que proseguirá en los Estados miembros y, en su momento, podremos sacar conclusiones sobre la posibilidad de presentar una propuesta. 
Esto no es una propuesta: es una presentación del informe y de las opciones. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-0484/98 de la Sra. d 'Ancona, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, al Consejo, sobre los inmigrantes procedentes de países mediterráneos que entran en la UE; -B4-0485/98 de la Sra. d' Ancona, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre los inmigrantes procedentes de países mediterráneos que entran en la UE; -B4-0486/98 de la Sra. Schaffner, en nombre del Grupo Unión por Europa, al Consejo, sobre los inmigrantes procedentes de países mediterráneos que entran en la Unión Europea; -B4-0487/98 de la Sra. Schaffner, en nombre del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre los inmigrantes procedentes de países mediterráneos que entran en la Unión Europea; -B4-0488/98 de la Sra. Roth. y los Sres. Orlando y Voggenhuber, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre la inmigración procedente de la zona mediterránea. 
Señor Presidente, las preguntas orales en relación con la entrada incontrolada de inmigrantes procedentes de los países del Mediterráneo tienen que ver, en primer lugar, con nuestra preocupación por esta gente. 
Gente en busca de mejores condiciones de vida, huyendo de una guerra civil o de una catástrofe natural, ahuyentada por la violencia y la represión. 
De esta manera, a menudo no consiguen la libertad porque en el camino se mueren de forma espeluznante, son víctimas del tráfico ilegal o no son bien recibidos en la denominada tierra prometida. 
Señor Presidente, esto es un drama humano. 
Un drama, sin embargo, que no puede ni debe ser solucionado por nuestros colegas en los Estados miembros que más se ven enfrentados con esta forma de inmigración. 
También es nuestra preocupación y responsabilidad y necesitamos, ya lo hemos dicho tantas veces, para ello unas soluciones europeas, un política europea de inmigración. 
La lentitud del Consejo en este aspecto es desconcertante. Contrasta violentamente con el pánico que caracteriza la política en materia de refugiados en casi todos los Estados miembros. 
Es bueno que la Presidencia austriaca haya tenido el valor de poner esta cuestión en la agenda, pero es hipócrita que los ministros de justicia no quisieran tratarla por estar reñida con la Convención de Refugiados de Ginebra. 
Eso sí que es verdad y las reacciones críticas de «Amnesty» , ECRE y UNCHR estaban muy justificadas pero la postura de los Estados miembros, Señor Presidente, oculta que su propia política de asilo ya no está de acuerdo con la Convención de Ginebra desde hace mucho. 
Ha surgido una gran discrepancia entre los principios y la realidad. 
El enfoque europeo en este momento consiste en que nos volvemos cada vez más restrictivos, que las cargas no se comparten sino que se echan al vecino, que se encierra y se extradita a los solicitantes de asilo de una manera inhumana. 
Señor Presidente, no podemos seguir así. 
Hemos de poner en marcha una política europea de asilo e inmigración única. 
El documento estratégico austriaco revisado debe ser el impulso para unos planes más concretos. 
También se podría debatir si no podríamos llevar a cabo una política de acogida y de procedimiento de asilo conjunta en las fronteras europeas o justo fuera de ellas, a partir de la cual se podría repartir directamente a los refugiados por los Estados miembros. 
Este plan, presentado en esta semana por un diputado neerlandés, forzará en cualquier caso un enfoque europeo porque, Señor Presidente, de nuevo y por último, el problema mediterráneo requiere una solución europea. 
Señor Presidente, Señorías, llegará el día en que por fin podrá ser reconocido como derecho fundamental de la persona el derecho de decidir el lugar donde vivir. 
A la espera de ese día, debemos hacer algunas consideraciones acerca de los textos que nos ocupan esta tarde. 
En particular, consideramos- el Grupo de los Verdes y yo- que no se puede aceptar la propuesta de resolución por los siguientes motivos: ante todo la migración no es sólo un problema que afecta al Mediterráneo. 
En el texto presentado por el Grupo Socialista se hace referencia a un problema que parece que procede del sur, como si la migración no pudiera proceder también del este, del oeste o del norte. 
La segunda consideración se refiere a Europol. 
No nos convence la referencia a Europol y a su empeño, porque falta aún una verdadera protección de los datos, así como un contexto jurídico claro en el que se inserta la actividad de Europol en este ámbito. 
La tercera consideración que me parece oportuno recalcar, se refiere, por el contrario, a la necesidad de intensificar la lucha contra la explotación de los inmigrantes y contra la delincuencia organizada que se aprovechan del derecho de migrar. 
Por último, la migración no puede considerarse un problema de policía o de fronteras, sino un problema global, cultural y económico que, sin duda, compromete a Europa a realizar una política de desarrollo en los países de origen de los emigrados. 
Espero, por último, que se haya desvelado el misterio del documento estratégico de la Presidencia austriaca que, según se anunció, tenía que llevar la fecha de 1 de julio y que al parecer ahora se ha sustituido por otro documento que no se ha remitido todavía a este Parlamento, lo cual no nos tranquiliza en absoluto respecto a las intenciones de la Presidencia austriaca en esta materia. 
Señor Presidente, Señorías, como se ha hablado aquí en primera línea sobre el documento estratégico austríaco, quiero decir algunas palabras al respecto antes de referirme a la cuestión de las relaciones con los países del Mediterráneo. 
Como ha habido algunos malentendidos, quiero decir desde el principio que con el documento estratégico austríaco no se quiere suprimir en absoluto el Convenio sobre los Refugiados de Ginebra y sus instrumentos. 
Por el contrario, se trata entre otras cosas de sistemas complementarios de protección para los desplazados por las guerras, casos humanitarios excepcionales y otros campos no contemplados por el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados. 
También quiero indicar que el tema de las migraciones y del asilo en la cooperación en la UE no es algo tan nuevo pues ya en 1991 la Comisión Europea, en dos comunicados sobre el derecho de asilo y la inmigración, se ocupó de la determinación de una estrategia migratoria a nivel europeo. 
No me voy a referir aquí a aquella iniciativa histórica sino a presentar brevemente algunos detalles esenciales del documento estratégico. 
Existe una declaración de principios del año 1922 sobre la política migratoria. En esta declaración de principios se incluyeron algunos puntos estratégicos concretos que pretenden servir ahora también de orientación para la futura política europea de migraciones. 
Entre ellos, se encuentra la voluntad común de reducir las causas de la emigración en las regiones de origen mediante medidas adecuadas, desarrollar una política común para la protección provisional de los desplazados, combatir la migración ilegal, concluir acuerdos con Estados de procedencia y de tránsito, ratificar el Convenio de Dublín y aprobar el Convenio sobre fronteras exteriores. 
La declaración de principios no tuvo en aquella ocasión ningún efecto duradero sobre la política de migración y de asilo de la Comunidad Europea. Las declaraciones concretas de intenciones apenas se aplicaron. 
En el año 1994, la Comisión Europea desarrolló una nueva iniciativa para desarrollar un concepto político sobre las migraciones, presentando al Consejo y al Parlamento Europeo un comunicado muy amplio y sustancial sobre la política de inmigración y de asilo. 
El objetivo de aquel concepto de migración en si cerrado fue encontrar una respuesta integrada y coherente a los acontecimientos reales, determinar los elementos clave para un control efectivo de las migraciones y trazar un nuevo marco de actuación para la Unión. 
La Comisión Europea definió los elementos clave como actividades contra la presión migratoria, un control eficaz de la inmigración y fortalecimiento de la posición de los inmigrantes legales. 
Sobre el grado de aplicación de este concepto, al cabo de cuatro años se puede constatar que sólo en tres campos se han logrado unos éxitos visibles y mensurables. 
Con ello, no se quiere ignorar el resultado del trabajo en el tercer pilar, a saber, aproximadamente 70 actos jurídicos del Consejo en el sector migratorio. 
Se ha creado una obra respetable. 
Pero la Unión Europea no ha logrado realmente determinar de un modo empíricamente constatable la realidad de la migración. 
Nos parece necesario ocuparnos de nuevo de este tema y de ahí el documento estratégico austríaco. Se presentará al Parlamento lo antes posible tras una primera ronda en el grupo K4. 
Me voy a referir ahora brevemente a los países del Mediterráneo. En los últimos años, el Consejo ha aprobado una serie de actos jurídicos en relación a la inmigración ilegal, que son válidos también para las relaciones con los países del Mediterráneo. 
Una especial atención se dio aquí a las cuestiones relacionadas con la devolución de inmigrantes ilegales a su país y a los países de tránsito y se aprobaron los siguientes actos jurídicos: un documento de viaje estándar para la devolución de nacionales de terceros países, un borrador de acuerdo bilateral de devolución entre un Estado miembro y un tercer Estado y cláusulas estándar que se deberían incluir en el futuro acuerdo mixto. 
Quiero añadir que el Consejo, de conformidad con su resolución del 16 de diciembre de 1996, observa regularmente el cumplimiento real de los actos jurídicos aprobados por el Consejo en el campo de la inmigración ilegal, de la devolución, del empleo ilegal de nacionales de terceros países y de la ejecución de órdenes de expulsión. 
El Consejo sabe que el documento de viaje estándar de la UE es empleado con éxito por algunos Estados miembros en sus relaciones con terceros países. 
Además, las cláusulas estándar para la devolución sirven actualmente como base para las negociaciones sobre el Convenio de Asociación Europa-Mediterráneo con Egipto, el Líbano y Siria. 
Quiero dirigir ahora unas palabras al señor diputado Orlando sobre la Europol y los problemas planteados. 
El Consejo y su Presidencia conocen dichos problemas y se trabaja para encontrar soluciones. 
En lo que se refiere a la cooperación para el desarrollo con los países del Mediterráneo, se contempla en el llamado programa MEDA. 
Por supuesto, tenemos que realizar aquí nuestra aportación, pero este es uno de los elementos principales del llamado proceso de Barcelona y también aquí se está haciendo mucho. 
Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión comparte la inquietud del Parlamento por la afluencia de inmigrantes procedentes de países mediterráneos que intentan entrar ilegalmente en territorio de los Estados miembros. 
Como puso de manifiesto la Presidencia, este fenómeno no afecta únicamente a los Estados miembros del sur; las presiones migratorias constituyen un reto real y complejo para toda la Unión Europea. 
Detrás de este fenómeno está, en muchos casos, el crimen organizado. 
Los inmigrantes ilegales en potencia son reclutados entre aquellos que buscan desesperadamente mejores condiciones de vida y que a menudo se convierten en víctimas del tráfico de personas. 
La lucha contra este vergonzoso crimen merece atención urgente y concreta. 
Estoy totalmente de acuerdo con que la única solución viable pasa por adoptar una estrategia integral y a largo plazo, como se declara en la Comunicación de la Comisión de 1994 sobre la inmigración y la política de asilo, a la que se ha hecho referencia. 
Dicho documento identifica tres tipos de medidas: acciones encaminadas a combatir las causas de la inmigración forzosa, acciones para controlar la afluencia de inmigrantes y acciones para integrar a los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea. 
Está claro que necesitamos adoptar un enfoque que abarque todos los aspectos e incluya a todos los interlocutores de importancia. 
Las acciones de las autoridades competentes son fundamentales, pero no bastan. 
Debemos combinar las acciones coordinadas en el ámbito de la cooperación judicial y policial, la política de extranjería, la política de comercio y la ayuda al desarrollo. 
Ya se han desarrollado algunas actividades a nivel de la Unión Europea. 
En 1996 se amplió el mandato de la Unidad europea de lucha contra la droga para que incluya la lucha contra el tráfico de personas. 
Cuando Europol sea plenamente operativa, tenemos la esperanza de que dichas actividades se verán reforzadas. 
En noviembre de 1996, el Consejo aprobó el programa STOP, un programa específico sobre formación e intercambio de las personas responsables de la lucha contra el tráfico de personas. 
La Comisión ha presentado asimismo dos propuestas relativas a la protección temporal y la solidaridad entre los Estados miembros en los casos en que se produce la afluencia masiva de personas desplazadas. 
Dichas propuestas permitirán a los Estados miembros hacer frente con mayor eficacia a situaciones como a la que nos enfrentamos actualmente en Kosovo. 
La necesidad de ofrecer protección internacional a las personas que huyen de las zonas en guerra es, naturalmente, un tema distinto del de la inmigración ilegal, y el propio Parlamento tomó la iniciativa de abrir dos nuevas líneas presupuestarias destinadas a la recepción y la repatriación de dichas personas. 
Ya se ha presentado al Parlamento el primer informe provisional sobre la utilización de estas líneas presupuestarias. 
Para atajar esta afluencia de inmigrantes es fundamental mejorar la cooperación con los países terceros afectados. 
El marco para esta cooperación destinada a esa parte del globo es la Asociación euro-mediterránea. 
Uno de los objetivos básicos del programa MEDA es apoyar la transición económica y el desarrollo socioeconómico en la región mediterránea. 
Con ello, contribuimos a una mayor prosperidad en la región y esperamos reducir las presiones que empujan a la inmigración. 
Además, el MEDA puede apoyar medidas específicas en virtud de la Declaración de Barcelona, para ayudar a hacer frente a la inmigración ilegal. 
Por ejemplo, financiaremos un seminario en España destinado a la formación de la policía en este aspecto. 
También estamos respaldando una reunión en los Países Bajos sobre toda una serie de temas relacionados con la inmigración. 
Debe quedar claro que, de acuerdo con su reglamento, el MEDA no puede utilizarse para financiar medidas en los Estados miembros destinadas a la lucha contra la inmigración ilegal. 
Eso iría en contra del reglamento y, lo que es más grave, enviaría una señal política equivocada a nuestros socios mediterráneos. 
La Comisión comparte la opinión de que una mejor cooperación a nivel europeo es crucial para controlar la afluencia de inmigrantes. 
La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam proporcionará una buena oportunidad para incrementar nuestros esfuerzos y desarrollar nuevas y eficaces herramientas en todos estos ámbitos. 
Puedo asegurarles que la Comisión aprovechará al máximo estas nuevas disposiciones con el fin de ayudar a controlar la afluencia de inmigrantes, mejorar la lucha contra el tráfico de personas y también para mejorar la situación de las víctimas. 
Señor Presidente, me ha gustado oír la respuesta del Consejo y de la Comisión antes de esta intervención. 
Yo estoy de acuerdo en que hay que tomar medidas a medio plazo y medidas globales. 
Pero eso no nos puede impedir tomar medidas, hoy, sobre los problemas que tenemos y a los que nos enfrentamos. 
En algunos puntos la Unión Europea está a poco más de una decena de kilómetros del Norte de África. 
Y este estrecho margen de agua se está convirtiendo en una gigantesca fosa común para algunas de las personas que intentan cruzarla. 
Algunos mueren en el intento, no sin antes haber pagado generosamente a sus sepultureros. 
Hay centenares de seres humanos que han sufrido esta tragedia. 
No llegan a nuestros televisores si no pasa algo muy, muy grave, como lo que sucedió en las costas italianas. 
El desastre cotidiano, el desastre de cada día, apenas nos llega, apenas nos enteramos de él, es silencioso. 
Otros son detenidos y están en campos más o menos habilitados para acogerles. 
Los argelinos, por ejemplo, cuya situación no es tan distante de la que mencionaba el Sr. Comisario en relación con Kosovo, salen de su país, que se ha convertido en un polvorín, y en la Unión Europea o no vemos o no queremos ver que eso existe. 
Están agolpados, amontonados en Ceuta y en Melilla, por ejemplo, ciudades no muy lejanas de su país. 
Yo creo que la Unión Europea tiene medios para hacer frente a esta situación, más de los que algunas veces utilizamos. 
Estoy hablando- como hablaba el Sr. Comisario y como hablaba el Presidente en ejercicio del Consejo- de los mecanismos previstos en el tercer pilar para el control de tráfico de fronteras. 
Estoy hablando, evidentemente, de cooperación policial, y estoy hablando del diálogo con los terceros países para intentar luchar juntos contra este tráfico de seres humanos, para intentar luchar juntos contra todo aquello que contribuye a este desastre. 
Pero también, señor Presidente, debemos tomar medidas ya para hacer frente a la situación de las víctimas, para hacer frente a la situación de aquellos que, a través de las mafias o por propia voluntad, buscando una vida mejor, salen de sus países e intentan llegar a nuestras costas para vivir no en los países del sur de Europa, muchas veces, sino para seguir su viaje hacia el norte. 
Algunos de ellos han sido detenidos cerca de mi casa- en Cataluña, que está al norte de España -, intentando entrar en Francia, intentando llegar a los países del Norte. 
Hay que atenderlos, hay que tener centros para hacerlo, hay que tener medidas de control en el Estrecho de Gibraltar, en el Estrecho de Mesina, en los puntos más calientes y, sobre todo, no hay que mirar hacia otro lado esperando que otra vez salga en los periódicos alguna pequeña o gran cifra de cadáveres recogidos en nuestras costas, esperando que otra vez tengamos que lamentar este hecho. 
Señor Presidente, el problema de la inmigración ilegal merece una atención especial por su carácter dramático a nivel humano. 
No sólo por la pérdida de vidas sino porque numerosas personas son víctimas de bandas de traficantes organizadas, con auténticos negocios delictivos, que juegan con la desesperación y la vida de las personas. 
Ante esto es necesaria la cooperación en el seno de la Unión Europea reforzando, como se ha dicho, un intercambio de información regular sobre la cuestión de las redes criminales que organizan la inmigración ilegal. 
Lo que ocurre es que la inmigración ilegal realizada a través de bandas criminales es fundamentalmente- insisto- un delito y habrá que atacar, fundamentalmente, la organización de estas redes. 
Pero las sanciones deberán ser eficaces y para ello necesitamos la colaboración entre las Administraciones. 
El trabajo legislativo que están llevando a cabo los Estados miembros y las propias Administraciones significa un gran cambio. 
Sin embargo, para poder llegar a solucionar este problema es necesario que aceleremos la construcción de un espacio judicial y policial común y una política de inmigración y asilo en la Unión coherente y homogénea. 
Este problema es un problema de todos y, como hemos defendido en esta Asamblea en numerosas ocasiones, la cooperación podrá ayudarnos a resolverlo eficazmente. 
La cooperación debe extenderse a las Administraciones de los terceros Estados condicionando, si es necesario, las ayudas europeas a que exista en estos países una verdadera lucha a nivel gubernamental contra la inmigración ilegal. 
El Consejo y la Comisión deberán advertir a los países miembros del Magreb y del Mediterráneo que o bien toman medidas para evitar la inmigración ilegal o la Unión Europea, lamentablemente, se verá obligada a reestudiar, en la renovación del programa MEDA que tendrá lugar en 1999, la aportación comunitaria a estos países. 
Ahora bien, aquellos países que demuestren un mayor interés en regular este fenómeno, naturalmente, se verán beneficiados con un trato más favorable por parte de la Unión Europea. 
Lo mismo ocurre con los acuerdos comerciales o de asociación. 
La Unión Europea- ya se ha mencionado algo por parte de la Presidencia austríaca- no debería firmar más acuerdos en la región sin la cláusula de readmisión de inmigrantes ilegales que ayudará- en mi opinión -, notablemente, a resolver este problema. 
La solución es el control y la colaboración, y sin esta colaboración entre Administraciones esta cuestión no podrá ser resuelta y mucho me temo que, si no adoptamos medidas adecuadas, seguiremos lamentando en el futuro situaciones humanamente trágicas. 
Señor Presidente, Señorías, en primer término, quiero felicitar a los autores de esta iniciativa que me parece muy importante y loable, así como perfectamente en línea con la que es la actualidad de los problemas que figuran en el orden del día de las próximas semanas y de los próximos meses. 
La migración de los pueblos forma parte de la historia del mundo. 
No existe ningún momento en la historia de este Continente en el cual no hubieran pueblos que se desplazaran de un lugar a otro por el hambre, las guerras, las hambrunas, la miseria, las persecuciones. Por tanto, creer que se pueden parar los fenómenos migratorios construyendo fortalezas o barreras que esta vez tendrán que pasar por el centro del Mediterráneo, me parece algo totalmente ilusorio, veleidoso y estúpido. 
Es evidente que debemos hacer frente al problema como si ya no se tratara de un problema, sino de una oportunidad, habida cuenta de que la migración será el futuro del próximo siglo. 
Sería bueno que la opinión pública de nuestros países comenzara a entenderlo. Por tanto, cualquier campaña xenófoba o basada en la veleidades de control me parece una enorme culpa que recae sobre nosotros. 
Señor Presidente, tenemos que realizar un gran esfuerzo y decir que, hoy por hoy, existen muchos trabajos que ya no se realizan en nuestro Continente y que nuestros conciudadanos no quieren hacer. En consecuencia, la inmigración puede ser una gran oportunidad incluso económica. 
Por lo tanto, ya no hay que considerarla como una oferta salvaje, por eso el control es importante bajo este aspecto, sino como una inmigración de demanda debida a las que serán las futuras exigencias de nuestras economías. 
Ahora bien, si logramos dar este salto de calidad, ofreceremos un futuro de esperanza no solo a los ciudadanos de la otra orilla del Mediterráneo, sino a nuestros propios conciudadanos. 
Señor Presidente, a pesar de la tristeza que producen algunas de las intervenciones precedentes, no obstante, quiero decirles lo siguiente: la inmigración desde los países del sur del Mediterráneo hacia Europa se está convirtiendo en un problema de amplias dimensiones y consecuencias nefastas para los que intentan llegar a Europa, que tiene mucho que ver con la concepción de las políticas de cooperación norte-sur que tiene actualmente la Unión Europea. 
Mientras la inmigración aumenta debido al empeoramiento de las dificultades económicas, sociales y políticas en los países del sur del Mediterráneo y se desarrollan organizaciones criminales internacionales que trafican con inmigrantes, éstos se mueren en pateras intentando alcanzar las costas de Europa, y los Estados miembros protegen cada vez más sus fronteras con medidas represivas y, en muchos casos, tratamientos inhumanos a los refugiados. 
Es este el panorama ante el que nos encontramos. 
Pienso que ha llegado el momento en que las autoridades europeas deben actuar rápida y eficazmente para solucionar este problema. 
Ante todo, la Unión Europea debe plantearse, de una vez por todas, una verdadera política de cooperación con estos Estados del Mediterráneo. 
Una cooperación honesta y justa, no basada exclusivamente en intereses económicos, sino que trate de subsanar las causas estructurales y coyunturales de los flujos migratorios. 
En este contexto de una política de cooperación norte-sur, con una filosofía totalmente diferente de la actual, la Unión Europea debe luchar eficazmente contra la inmigración clandestina, sus redes y traficantes e implantar una política común de inmigración inspirada en los principios de cooperación y solidaridad con estos Estados y no en principios con trasfondo económico, represivo y de protección de la fortaleza europea. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera citar aquí unas palabras pronunciadas ayer en Madrid en la presentación del último libro de Sami Nair titulado «Mediterráneo hoy, entre el diálogo y el rechazo». 
Decía Joaquín Estefanía en el acto de presentación que «es falso el principio de que la economía es autónoma para tratar estos asuntos. 
Europa debe volver a la política para resolver los asuntos del Mediterráneo». Fin de la cita. 
Ojalá, señor Presidente, así sea y ojalá no lleguemos tarde, una vez más, a la cita histórica que tenemos en coherencia con nuestras propias responsabilidades. 
Señor Presidente, ya desde hace varios años, miles de ciudadanos de los países de África del Norte intentan, con los riesgos que sabemos, cruzar el Mediterráneo y llegar a nuestro continente. 
Son solicitantes de asilo, solicitantes de empleo, solicitantes de vida para ellos y sus familias. 
Todas nuestras instituciones han observado hasta el momento una actitud detestable: se les expulsa, se les devuelve, se les intenta contener, se hacen chapuzas, se improvisa en cada caso textos de circunstancia, se hacen vaticinios sobre los convenios de Ginebra... 
Aquí mismo, están en boga tartufos nacionalistas, envueltos en su pertenencia a un cristianismo de pacotilla... 
Eso está bien, los sepulcros blanqueados no están ahí, hoy. 
Pero mientras tanto, hacen fortuna los delincuentes que se dedican a pasar inmigrantes y se recoge a los ahogados por decenas entre Tánger y Algeciras. 
Hombres y mujeres, ya víctimas de esos gángsteres, son después aparcados, expulsados, humillados y asesinados por policías en aviones, ante la mirada estupefacta de los pasajeros, que no imaginaban ni siquiera que cosas como ésas pudieran suceder en nuestros países. 
Se trata de una cuestión de supervivencia. 
Se trata de comer todos los días, de trabajar, de existir, de poder enviar a sus hijos a la escuela. 
Que Europa, presa de sus propias dificultades, no se conforme con construir murallas, a riesgo de convertirse en una fortaleza. 
La civilización del beneficio y de los miopes pusilánimes bien podría enviarnos un día a todos al precipicio. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo comienza a preocuparse por la afluencia de inmigrantes ilegales procedentes del sur del Mediterráneo, y tiene razón. 
Pero en el proyecto de resolución común propone como remedio la reforma de la política de inmigración prevista por el Tratado de Amsterdam, y en ese caso, se equivoca. 
Esta reforma, que aún no se ha discutido en Francia, presenta en efecto, tres principales aspectos negativos. 
En primer lugar, la supresión de todos los controles de personas en las fronteras interiores en un plazo de cinco años, incluidos los nacionales de países terceros. 
Una medida como ésa facilitaría enormemente la inmigración ilegal procedente del sur, que sólo tendría que buscar en alguna parte un punto débil para entrar y poder repartirse después por el resto de Europa. 
En segundo lugar, el monopolio de iniciativa de la Comisión, que sería automático, también, al término de un plazo de cinco años. 
Esta medida sería peligrosa e incluso dictatorial, ya que es impensable que los gobiernos y los parlamentos nacionales no tengan en el futuro ningún derecho de propuesta en materia de inmigración. 
En tercer lugar, el paso a la mayoría cualificada por simple decisión del Consejo, que constituiría también un contrasentido. 
En efecto, la abolición de las soberanías y de las fronteras nacionales liberaría de responsabilidad a los Estados miembros. 
Nadie ganaría con ello. 
Al contrario, es preciso apoyarse en los Estados existentes para negociar una política de inmigración común, para restablecer un espacio de seguridad, pero en el respeto por la voluntad de cada pueblo y, si es preciso, por medio de cooperaciones diferenciadas entre los países interesados. 
Señora Presidenta, con un minuto y medio de tiempo para hablar, evidentemente me tendré que limitar a tres principios. 
En primer lugar, los países europeos no son países de inmigración, ya se ven enfrentados a unos problemas enormes con los extranjeros y simplemente no pueden soportar más presión inmigratoria. 
Este debe ser, en mi opinión, el punto de partida incuestionable, el principio, de nuestra política en esta materia. 
En segundo lugar, los países europeos, en efecto, tienen todo el interés en mantener las mejores relaciones con los países del otro lado del Mediterráneo, donde, efectivamente, las circunstancias políticas y económicas pueden dar motivo a una nueva ola migratoria en cualquier momento. 
En efecto, tenemos que concentrar nuestra ayuda al desarrollo lo más posible en estos países y llegar a acuerdos que no solamente excluyan una nueva inmigración, sino que incluso posibiliten, por lo menos, una política de regreso de los actuales inmigrantes legales e ilegales de Europa. 
Y en tercer lugar, sigo opinando que, en cuanto al asilo político, se debe introducir un principio de territorialidad, por el que los auténticos refugiados políticos- y eso es sólo una pequeñísima parte del total- no se acojan en Europa, sino por ejemplo en los países vecinos en el mismo continente, preferiblemente en países con una cultura en esencia igual que la del país de procedencia. 
Para tal política humana se encontrará fácilmente una amplia aprobación en todos los países europeos y en todas las capas de la población. Para la denominada política de «fronteras abiertas» seguramente no se encuentra. 
Señora Presidenta, el problema de los inmigrantes que entran en la UE procedentes del otro lado del Mediterráneo nos afecta a todos. 
La mayoría llega por mar, pero algunos lo hacen por tierra. 
Me imagino que pocos diputados, salvo los diputados españoles, sabían que la Unión Europea tiene una frontera terrestre con Marruecos, y recientemente tuve la oportunidad de visitar las dos ciudades españolas en Marruecos, Ceuta y Melilla, con mi colega Terrón i Cusí. 
Cientos de inmigrantes procedentes del África subsahariana así como de Argelia entran en estas dos ciudades españolas. 
Los primeros son refugiados económicos y los segundos son solicitantes de asilo. 
Los grupos de inmigrantes se concentran en dos campos, Calamocarro en Ceuta, que tiene unos niveles muy deficientes, y La Granja Agrícola en Melilla, que cuenta con mejores instalaciones y ha sido financiado en parte por la UE. 
Ocasionalmente, los refugiados económicos, la mayoría de los cuales habla francés o inglés, son trasladados a la Península donde se les proporciona documentación provisional, y no tardan en desaparecer con rumbo norte. 
Es algo que debe preocuparnos. 
Asi mismo, tenemos el problema de los que buscan asilo. 
Algunos de ellos, en mi opinión, tienen motivos reales para solicitar el asilo, porque son víctimas de la represiónpor parte de las autoridades y de otros colectivos en Argelia, y naturalmente no se les permite la entrada. 
Son devueltos a Argelia, donde sufren la opresión, la tortura e incluso, en ocasiones, la muerte. 
Necesitamos una política común europea sobre estos temas, como ha dicho Sir Leon. 
Es un problema europeo; no es sólo un problema mediterráneo. 
Debemos garantizar que Europol contribuye a detener a las organizaciones criminales que se dedican a este vil comercio. 
Debemos garantizar que disponemos de una legislación en materia de asilo que funcione realmente, y que aquellos que temen la tortura o la muerte puedan entran en la Unión Europea y recibir nuestra protección. 
Debemos asimismo presionar sobre los países de origen y los países de tránsito, para asegurarnos de que cumplen con su parte para ayudar a frenar esta afluencia. 
Por último, como han dicho varios oradores, debemos ayudar a eliminar las causas. 
Debemos ayudar a garantizar el desarrollo económico en los países de origen. 
Debemos garantizar que la situación política en dichos países permite a la población permanecer en él, en vez de tener que huir, abandonando sus hogares y, en muchos casos, a sus familias. 
En el clima de xenofobia que reina en Europa, resultan cada vez más difíciles; pero no desaparecerán a menos que nosotros los atajemos. 
Señora Presidenta, Señorías, el Grupo del Partido Liberal Europeo augura e insta a la Comisión y, en particular al Consejo, en el ámbito del capítulo III de la Declaración de Barcelona y, más en general, en el ámbito del tercer pilar a que encuentren cuanto antes el espacio político y práctico para hacer frente a este problema mediante la adopción de acciones específicas de control y de asistencia a los inmigrantes ilegales y a través de amplias negociaciones, y establezcan medidas específicas en materia de readmisión. 
Lo que quiero subrayar es la prioridad de coordinar a escala europea un problema que, si bien ahora afecta a los países ribereños mediterráneos de la Unión, en realidad afecta también a Europa continental que en la mayoría de los casos es la última meta de muchos de ellos. 
No tiene sentido dejar a las iniciativas de cada uno de los Estados miembros la gestión de una crisis que no ha sido nunca bilateral, esto es, apta para ser solucionada por los Estados miembros de la Unión considerados separadamente, sino global y europea. 
Sería, por tanto, oportuno poner en práctica una forma de cooperación multilateral basada en una cooperación con los terceros países, dirigida por el Consejo de Ministros, y en la adopción de una legislación comunitaria marco capaz de hacer frente de forma uniforme a la repatriación de todos los inmigrados ilegales protegiendo, siempre y en todo caso, sus derechos fundamentales y contribuyendo al mismo tiempo a la consolidación en los países de origen de un desarrollo socioeconómico basado en la democracia. 
Sólo a través de este enfoque que debería retomarse tanto en el programa MEDA como en los acuerdos de Schengen, podrán ser tutelados los derechos de los inmigrantes en el futuro, que deberán dejar de ser ilegales, sino llamados por Europa sobre la base de una nueva política laboral y una nueva legislación social, transparente, que permita integrarlos en el contexto socioeconómico europeo y valore todo su potencial. 
Señora Presidenta, las preguntas formuladas por sus Señorías, en particular la de la Sra. Schaffner, vuelven a plantear una cuestión de fondo: ¿Cómo es posible solucionar humana y civilizadamente un flujo migratorio procedente de los países desfavorecidos y, en algunos casos, destrozados por guerras étnicas, sin que exista una política común en la Unión Europea? 
La política común impediría que los Estados miembro se atribuyeran recíprocamente responsabilidades o realizaran políticas diferentes y discordantes tanto en lo referente a la acogida o la expulsión y la inserción en el mundo laboral con las consiguientes prerrogativas sociales como en lo referente a la concomitante y necesaria política de desarrollo de las actividades económicas y productivas en esos países en que todavía hoy la gente muere víctima del hambre y de la guerra. 
Hoy, no nos sirve la enésima enunciación de datos por parte de la Comisión, sino que nos sirve una firme toma de posición que implique la inmediata realización de una política común, al menos en lo que a inmigración se refiere. 
Necesitamos proyectos de cooperación y luchar contra las redes criminales que organizan verdaderos éxodos de desesperados destinados a convertirse en mano de obra barata para la delincuencia organizada y los explotadores de la prostitución. 
Señora Presidenta, creo que, hoy por hoy, no se puede hablar de la política de inmigración en general, sino que, como decía el Sr. Caccavale, hay que tomar en consideración nuevos enfoques. 
Sin embargo, es necesario, especialmente hoy, centrar nuestra atención sobre lo que está sucediendo en el sur de Europa que es la región, por un lado, más expuesta a los flujos de inmigración incluso ilegales y, por otro lado, más afectada por las reiteradas negativas a acoger a muchos inmigrantes, negativas que pueden causar, como se ha recordado, grandes tragedias en el mar. 
Y ello sobre la base de una acción no coordinada con los países del norte de África y el estímulo de la delincuencia organizada. 
El año pasado visité los campamentos kurdos del sur de Italia y todos aquellos a quienes me acerqué- kurdos de Ceilán, de Paquistán- me hablaron de los millones que habían pagado a los intermediarios para llegar a Italia y luego ir a Alemania o Holanda. 
Tenemos que pensar también en todo esto- la máxima explotación de los sueños, las esperanzas, las necesidades- como que no sólo se trata de una política de números, de una política de controles: debe ser de controles, es cierto, pero debe ser también de cooperación y, aun así, no debe implicar solamente a los países que están vigilando el sur de Europa. 
Si es justo que se nos pida- a Italia, España y Grecia, cuando esta última entre a formar parte de la zona Schengen- una atenta vigilancia de las costas, es justo también permitir a estos países, a nuestros países, estar en condiciones de cumplir correctamente una misión que es ciertamente de control, pero también de cooperación y humanitaria. 
En lo que respecta, por ejemplo, a los centros de acogida, hay que pensar realmente que, en el futuro, para conseguir acoger dignamente a los inmigrados garantizando el respeto de los derechos humanos, serán necesarios muchos centros y mucho mejores que los que existen en mi país y en otros. 
Hay que garantizar que las grandes inversiones que vamos a promover en esa zona se destinarán a mejorar las posibilidades de cooperación. 
Por último, quiero hacer hincapié en otro aspecto: los acuerdos con los países de la otra orilla. 
En este ámbito los ejemplos de acuerdos celebrados, por ejemplo, por nuestro Gobierno, son interesantes. 
Pedimos a la Presidencia austriaca o, cuando más, a la Presidencia alemana que se tomen todas las medidas que pediremos en este debate tanto a nivel de protección humanitaria y control común como para las intervenciones financieras de cooperación, antes del próximo verano- que llega pronto y para todos -, porque en esa ocasión los muertos en el Estrecho de Gibraltar o los riesgos y las condiciones inhumanas que hemos constatado en el Estrecho de Sicilia pueden deteriorar aún más, si cabe, las futuras posibilidades de cooperación humanitaria. 
Señora Presidenta, Señorías, estamos de acuerdo en que la presión migratoria del Norte de África o que pasa por el Norte de África en dirección a Europa crece dramáticamente. 
También estamos de acuerdo en que precisamente los Estados miembros meridionales son los que se ven más intensamente afectados. 
Los motivos de esta presión migratoria son conocidos desde hace mucho tiempo; no los quiero exponer aquí pues todos los conocemos. 
Afectados no se ven solamente estos Estados miembros del sur sino toda Europa, pues los países de destino se encuentran por lo general más al norte. 
En primera línea se ven afectados Alemania y Austria y la capacidad de integración y de acogida de estos países es limitada. 
Pero ¿qué hace la Unión? 
Actualmente no disponemos aún de instrumentos unitarios y suficientes para enfrentarnos de modo global a estos nuevos desafíos. 
Tenemos el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados, pero sabemos que este Convenio no es suficiente pues sólo el 10 % de los que vienen a nuestros países son tratados como asilados por el mencionado Convenio. 
Para el resto necesitamos otros conceptos, otros instrumentos para que se les pueda ayudar tanto a ellos como a nosotros. 
Felicito muy especialmente a la Presidencia del Consejo por haber presentado un concepto desarrollado con plena responsabilidad y que es muy completo. 
Me alegra que haya dicho que es necesario reducir la presión migratoria también mediante intervenciones en las regiones de crisis, que es necesario combatir el tráfico ilegal de inmigrantes y controlar la inmigración. 
No somos un recinto amurallado, pero en interés de una posible integración es necesaria una inmigración limitada y controlada. 
Se ha hablado de un control jurídico de entrada como un concepto global de la Unión y se ha hablado de una nueva protección de los refugiados pues necesitamos sobre todo una distribución de las cargas para que la integración y la acogida en Europa sean posibles. Resumiendo, un concepto global que aporte estas soluciones. 
Señora Presidenta, la aportación a la política euromediterránea es conjunta de todos los miembros de la Unión Europea y también tiene que ser conjunta de todos los miembros de la Unión Europea la aportación que se haga a los Estados miembros que tienen que afrontar estos problemas. 
Pero lo que no puede considerarse es que los cadáveres ilegales de las pateras son sólo de un Estado miembro. 
Porque afrontar ese problema es un problema de todos. 
El origen de este problema- lo sabemos- son inmorales desigualdades de renta entre el Norte y el Sur del Mediterráneo. 
Desigualdades que van de 1 a 10. 
Y los países del Sur del Mediterráneo nos están pidiendo que aportemos soluciones con intensidad y con celeridad. 
Pero el equilibrio- si queremos equilibrar- hay que hacerlo favoreciendo a esos países del Sur, dándoles ventajas, facilitándoles las tareas. 
Y no basta con que hagamos sólo promesas financieras. 
Tenemos que ser capaces de materializarlas. 
Utilicemos esas cadenas de televisión en las que hemos fabricado esa Europa de las «mil maravillas» con la que estamos engañando con un sueño europeo a los jóvenes magrebíes. 
Utilicemos esas mismas cadenas de televisión para hacer campañas informativas de disuasión, que les digan a los jóvenes magrebíes el peligro real que corren, que les hablen de la condición de esclavitud a la que condenamos en Europa a los jóvenes sin papeles. 
Causa irrisión y estupor que toda una Unión Europea se declare impotente para combatir esas mafias que explotan a los humanos que son jóvenes pobres. 
Abramos posibilidades de emigración temporal, con ofertas de trabajo y formación. 
Señora Presidenta, ¿sabe usted que estamos cerrando a los jóvenes magrebíes lo que estamos abriendo para los jóvenes de los PECO? 
Mejoremos el trato de acogida dándoles más dignidad, como seres humanos que somos. 
Esos cadáveres ilegales de jóvenes son, en gran medida, víctimas de un sueño europeo que estamos fabricando aquí, en este Parlamento Europeo, con palabras que son falsas, palabras de una Europa de las «mil maravillas» que no existe. 
Señora Presidenta, la Unión Europea es hoy un destino codiciado por numerosos ciudadanos que, procedentes de países del Este, de Iberoamérica, del norte y del centro de África, quieren atravesar sus fronteras para buscar soluciones a sus problemas vitales más inmediatos. 
Pero hoy estamos aquí hablando y examinando un fenómeno migratorio que afecta al flanco sur europeo. 
España e Italia son receptores de una emigración de carácter estructural que presiona sobre sus fronteras y que, desde el continente africano, utiliza procedimientos tan arriesgados como los que aquí se han mencionado- las pateras- que ya han ocasionado, efectivamente, miles de muertos en las costas del sur de España o del norte de África, y que da lugar a un vergonzoso tráfico humano ante el que, desde luego, no podemos permanecer indiferentes. 
Este problemas no se resuelve, Señorías, con un debate sobre si las fronteras de la Unión deben ser abiertas o cerradas ni con medidas policiales o represivas, ni se resuelve tampoco con la Convención de Ginebra o la regulación del derecho de asilo. 
El problema hay que afrontarlo desde la solidaridad humana, desde el desarrollo económico y social de los países productores de emigración y desde la estabilidad política de estos países, que deben aprovechar sus recursos humanos y naturales para hacer de la zona euromediterránea una zona equilibrada y estable. 
Los acuerdos de asociación- demasiado lentos en su negociación y ratificación -, la Conferencia de Barcelona- bienintencionada pero con pocos resultados prácticos- y los programas MEDA deben ser instrumentos válidos para esa expresión de solidaridad en el desarrollo de los pueblos mediterráneos. 
Países como Marruecos, Argelia o Túnez deben tener un tratamiento específico y prioritario en la política exterior de la Unión y en la política de cooperación. 
La Comisión y el Consejo deben incluir en sus agendas de trabajo reuniones y estudios permanentes sobre los fenómenos migratorios. 
Puedo constatar personalmente, porque vivo en una ciudad fronteriza de la Unión Europea con Marruecos como es Melilla, que el Gobierno español está haciendo un esfuerzo riguroso y serio para normalizar estos problemas, y la propia Comisión lo ha podido constatar en las visitas que ha realizado tanto a la ciudad de Melilla como a Ceuta. 
Pero se necesitan recursos. Y en esto también se debe hacer un esfuerzo para ayudar a los países europeos que tienen la responsabilidad de vigilar y controlar nuestras fronteras, labor, desde luego, a veces, nada grata. 
Y una última consideración para terminar, Señorías, sobre la inmigración ilegal. 
No hablemos más de lucha contra la inmigración ilegal. 
Hablemos de lucha contra los traficantes de seres humanos, hablemos de lucha contra los narcotraficantes. 
Nosotros no podemos ni debemos dar la impresión de considerar a los emigrantes como invasores o delincuentes porque no lo son. 
Agradezco a la señora Presidenta que me conceda la palabra al término de este debate. 
No desconoce que el Grupo Liberal ha firmado el proyecto de resolución común. 
No hemos tenido dificultad para hacerlo pero quisiera no obstante señalar algunos puntos que me interesan especialmente en lo que respecta al debate sobre los inmigrantes procedentes del sur de la cuenca del Mediterráneo. 
Hay que insistir en que es absolutamente necesario detener este flujo migratorio y que es cierto que la miseria que acaba de describirse nos preocupa a todos. 
Es preciso encontrar una solución. 
Es preciso también tomar en consideración el hecho de que el fenómeno de la inmigración tiene unas causas profundas y van más allá del aspecto puramente técnico de la cuestión del cruce de las fronteras exteriores que se ha mencionado en el día de hoy. 
Creo que se puede señalar, en este orden de ideas, la desesperación de los inmigrantes que, sin perspectiva de futuro en su propio país, no ven otra solución a su triste destino que la huida hacia los países situados al otro lado del Mediterráneo. 
Hay que esperar que las autoridades de los países del sur del Mediterráneo cooperen plenamente con los Estados miembros de la Unión Europea en el refuerzo de las medidas de control de la inmigración ilegal. 
Nosotros consideramos que el tratamiento policial y las disposiciones jurídicas aplicables a los inmigrantes ilegales no son suficientes. 
Es preciso que la política comunitaria gire más en torno a la mejora de las condiciones de desarrollo de los países mediterráneos y por consiguiente de las perspectivas de futuro para sus ciudadanos. 
Permítame que añada, para concluir, que al estar esas políticas en competencia directa con otras, para las cuales se pretende el concurso presupuestario de la Unión Europea, es preciso insistir en la importancia de una evaluación sistemática de la política de la Unión Europea con respecto a la cuenca mediterránea con el fin de hacer que esta política no sea inútil sino más eficaz. 
He visto que muchos diputados del área mediterránea han hablado y que, por ello, la cuestión de la cooperación euromediterránea es parte esencial de este debate. 
Quiero indicar que esta cooperación euromediterránea abarca tres sectores: un diálogo político, la cuestión de la economía, que naturalmente incluye también elementos socioeconómicos, y la cuestión de la cultura y otros elementos relacionados. 
En la Unión Europea nos esforzamos mucho por proporcionar ayuda a los Estados situados al sur del Mediterráneo, es decir, los Estados del norte de África. 
También intentamos concertar con ellos acuerdos de libre comercio. 
Quiero que conste también este dato. 
Sin embargo, muchos Acuerdos de librecomercio fracasan debido a ciertas cuotas. 
No quiero entrar en detalles pero creo que todos saben a qué me refiero. 
Segundo: naturalmente, tienen razón en que la mejora de la situación económica es de importancia esencial para poder atacar de raíz la cuestión de la migración. 
Todos somos conscientes y trabajamos en ello. 
En el programa MEDA hay mucho dinero para ello. 
Quiero destacar que hay suficientes créditos para ello. 
En tercer lugar, creo que en la cuestión de la migración tenemos que andar por otra vía, lo que ya he dicho al comienzo de mi exposición. 
Los fondos que nos proporciona para ello el Convenio de Ginebra para los Refugiados hoy ya no son suficientes. 
Tenemos que encontrar una vía intermedia entre la defensa frente a los delincuentes, sobre todo los que se dedican a la introducción de inmigrantes ilegales, aspecto al que aún me voy a referir, y la acogida de refugiados con una justificación humanitaria. 
Pero también tenemos que mostrar solidaridad. La pido precisamente como Presidenta del Consejo proveniente de un país que ha hecho mucho por los refugiados y que no siempre ha podido contar con la solidaridad de todos los Estados miembros. 
Permítanme que diga brevemente- la pregunta la ha planteado aquí un diputado sólo en relación con el área del Mediterráneo-que, por ejemplo, en el caso de los bosnios, como saben hemos acogido entre 85.000 y 90.000 refugiados, lo que representa aproximadamente entre un 8 y un 9 % de la población austríaca. 
Per cápita, es la máxima proporción. 
Por ello, hay que exigir más solidaridad de los demás Estados. 
Esta es la idea básica de nuestro documento estratégico que, naturalmente, tiene que ser aún debatido muy a fondo y revisado hasta que encontremos por fin un consenso al respecto. 
También es cierto que hay que decir a los Estados que aquí no sólo van a encontrar un paraíso, que entre nosotros también hay paro y que no es evidente que se pueda acoger a estos Estados. 
Exactamente lo mismo es aplicable a los países de la Europa central y oriental. 
Precisamente en mi país imperan los mismos miedos que probablemente imperan en España frente a los países del Magreb. 
Finalmente, me voy a referir a la cuestión del tráfico ilegal de inmigrantes. 
La Presidencia austríaca- en parte, en cooperación con Italia en el marco de la Asamblea General de la ONU- ha presentado un proyecto de convenio sobre este tema. 
También en el marco de la Unión Europea se trabaja muy estrechamente sobre esta cuestión pues lo consideramos importante no sólo frente a los Estados mediterráneos sino para toda el área del centro de Europa. 
Esta cuestión no fue casualmente también objeto de la Conferencia europea a la que me he referido en detalle esta mañana, de modo que no quisiera repetirme de nuevo. 
Muchas gracias, señora Secretaria de Estado. 
De conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, he recibido seis propuestas de resolución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
UE/Hong Kong 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0312/98) del Sr. Cushnahan, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo «La Unión Europea y Hong-Kong: el tiempo tras 1997» (COM (97) 0171- C4-0214/97). 
Señora Presidenta, cuando tuvo lugar la entrega de Hong Kong el 1 de julio de 1997, se manifestaron muchos temores respecto a cómo evolucionaría la situación. 
La opinión generalizada era que un fracaso de la transición tendría repercusiones de gran alcance sobre la estabilidad política y económica de la región y sobre las relaciones entre las grandes potencias. 
Tras haber hecho un seguimiento de la situación durante 15 meses, incluida una visita a Hong Kong para conocer y escuchar a una amplia muestra representativa de las opiniones, creo que el éxito de la transición ha sido mayor de lo que muchos de nosotros nos habíamos atrevido a esperar. 
No obstante, me preocupa una serie de aspectos como la implantación de la democracia, el funcionamiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, como recojo en mi informe y que el Parlamento Europeo debe seguir observando de cerca. 
La celebración de elecciones el 24 de mayo del presente año marcó un importante hito en el avance de la democracia. 
La participación relativamente alta fue una respuesta contundente a aquellos que sostienen que los residentes de Hong Kong no están interesados en la democracia. 
No obstante, dicha satisfacción se ve atenuada por el hecho de que el sistema electoral no es del todo democrático y por el poder excesivo que ostentan las elitistas circunscripciones funcionales. 
Basta con decir que los 140.000 electores de las circunscripciones funcionales eligieron a la mitad de los miembros del Consejo Legislativo, que está compuesto de 60 miembros, mientras que 2, 8 millones de electores solo pudieron votar a los 20 miembros que representan a las circunscripciones geográficas. 
Es inadmisible que a pesar de obtener una clara mayoría de los votos del pueblo, los partidos defensores de la democracia hayan logrado solamente un tercio de los escaños del Consejo Legislativo. 
Sería tranquilizador para los diputados a este Parlamento, y de otros de todo el mundo, incluido el del propio Hong Kong, que se sienten comprometidos con los principios democráticos, que se estableciera un calendario fijo y claro para que todas las elecciones se celebren por sufragio universal. 
Asimismo, una sociedad libre y democrática sólo puede existir si opera en su territorio, sin obstáculo alguno, el Estado de derecho. 
El Estado de derecho exige que todas las leyes se apliquen a todos los ciudadanos por igual, que se ejecuten de manera imparcial y que estén sometidas al control de tribunales independientes y accesibles a todos los ciudadanos. 
La aplicación del Estado de derecho exige que los poderes del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo, estén separados y sean independientes entre sí, de modo que se puedan controlar mutuamente para garantizar que ninguno de ellos abusa de su poder. 
En los acuerdos constitucionales de la RAE de Hong Kong, atípicos y hasta únicos, en los que la autonomía está amenazada por la injerencia de otros poderes, la independencia del poder judicial reviste una importancia especial al cumplir su papel de defender el Estado de derecho y llamar la atención, en caso necesario, sobre cualquier tipo de déficit democrático o constitucional que impida la aplicación del Estado de derecho a los habitantes de Hong Kong. 
Cualquier observador objetivo debería preocuparse por el hecho de que una serie de casos recientes, principalmente el asunto Xinhua, el asunto Hong Kong Standard, el asunto Ma Wai Kwan y el asunto del derecho de residencia pongan en duda la eficacia del Estado de derecho en la RAE de Hong Kong. 
Esta preocupación ha aumentado con la aprobación del proyecto de ley de adaptación de leyes. 
En lo que respecta a la protección de los derechos humanos, hay una serie de temas que me preocupan. 
La introducción del concepto de seguridad nacional es una evolución preocupante. 
Debemos garantizar que no es utilizada para reprimir la disidencia política, como se ha hecho en la República Popular China. 
La suspensión de las leyes laborales, los intentos de socavar la libertad de prensa y las implicaciones de la introducción de leyes en virtud del artículo 23 de la Ley fundamental son todas ellas señales de alerta que confirman la necesidad de vigilar la situación y asegurarnos de que no se merman los derechos humanos ni las libertades fundamentales. 
La Unión Europea debe desempeñar un papel muy importante en la evolución de Hong Kong. 
La UE debe apoyar plenamente con hechos y acciones el mantenimiento de la autonomía internacional de Hong Kong en asuntos económicos y comerciales. 
Debemos proseguir la cooperación a todos los niveles internacionales, especialmente como miembro de la OMC. 
Debemos fortalecer los actuales vínculos y establecer otros nuevos, y es de importancia fundamental y simbólica que todos los Estados miembros garanticen la libre entrada a los titulares de pasaportes de la RAE de Hong Kong y a los titulares de pasaportes BN (O). 
Nuestra estrategia debe apuntalar en todo momento de una manera coherente y continua el concepto de «un país, dos sistemas». 
Espero que el Comisario, a quien me complace ver aquí para asistir a este debate, tome en consideración las recomendaciones incluidas en el presente informe cuando elabore su propio informe anual. 
Espero con interés poder leer dicho informe y nuestra comisión responderá en su momento. 
Por último, quisiera dar las gracias a todos los que han contribuido en la elaboración de este informe. 
Acojo con satisfacción la cooperación de todo el espectro político en la comisión. 
Las opiniones recibidas del propio Hong Kong fueron de la máxima importancia. 
Creo que éste es un informe equilibrado y espero que marque el camino a seguir. 
Señora Presidenta, en estas ocasiones es habitual felicitar al ponente por su trabajo. 
Lo que quizá no es tan habitual es felicitarle con total sinceridad. 
Es un informe bueno, meditado y exhaustivo. 
Quisiera expresar mi especial agradecimiento al ponente por el modo en que ha elaborado su informe y colaborado con otros miembros de la comisión. 
El informe incluye muchas de las observaciones que hicimos en comisión. Ello ha permitido reducir las enmiendas a un mínimo, manteniendo así la coherencia del informe. 
Creo que eso es importante. Quisiera darle las gracias por ello. 
El presente informe hace hincapié en la importancia de Hong Kong para la Unión Europea e incluso para el sistema económico mundial, como hemos podido ver en las pasadas semanas. 
Pero nuestro principal mensaje tiene que ser, con toda franqueza, que reconocemos que el traspaso del poder ha sido un éxito. 
No se han confirmado los peores temores que muchos expresaron en esta Asamblea. 
La idea de «un país, dos sistemas» parece funcionar. 
Se han respetado las libertades política, de prensa y religiosa. 
No ha habido corrupción generalizada como temíamos. 
En realidad, sigue resplandeciendo el excelente servicio público de Hong Kong. 
Naturalmente hay aspectos preocupantes y el Sr. Cushnahan ha indicado algunos de ellos. 
Se ha hablado del uso de influencia política en el nombramiento de miembros de organismos consultivos estatutarios, como el negociado de viviendas. 
Es un ámbito que debe ser vigilado. 
Ha habido rumores de que en el Consejo Ejecutivo se instalarían asesores chinos en materia de seguridad. 
Me alegra saber que el Gobierno lo ha desmentido. 
Luego vino el ataque a la cadena pública de radio y televisión RTHK por un miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. 
A pesar de que el Administrador principal, Tung Chee-hwa fue poco preciso en su respuesta, el Presidente Jiang Zemin fue tajante en la condena del tráfico de influencias en los asuntos de Hong Kong. 
Me alegra comprobar que las nuevas directrices que serán introducidas en la RTHK estarán basadas en aquellas que se aplican a la BBC y otras cadenas internacionales, lo que contribuirá a garantizar su neutralidad. 
Nuestra principal preocupación ha sido siempre la existencia de la legislatura provisional. 
Debemos reconocer los avances positivos que reflejan las elecciones al Consejo Legislativo. 
Cabe celebrar la alta participación en dichas elecciones y el normal desarrollo de las mismas, aunque aún debemos hacer constar nuestra preocupación por la grave reducción del sufragio en las circunscripciones funcionales y las posibilidades de cometer abusos en la votación por estamentos de las circunscripciones funcionales mediante la inscripción de agrupaciones ficticias. 
Por ello, esperamos con interés la instauración plena de la democracia en Hong Kong lo antes posible. 
Ha habido preocupación por algunas de las decisiones adoptadas en los tribunales de Hong Kong, que el Sr. Cushnahan describe detalladamente en su informe. 
Un caso concreto es la cuestión de la inmunidad de los organismos estatales y si dicha inmunidad es aplicable a la New China News Agency. 
Esta preocupación se ha visto agravada por el caso de Emily Lau, que se ha visto involucrada en un litigio que ha durado casi 12 meses con la New China News Agency. 
Debe esclarecerse con carácter de urgencia el estatuto exacto de la New China News Agency. 
El estado de Derecho, como ha dicho el Sr. Cushnahan, es crucial para el futuro de Hong Kong. 
Otro ámbito que necesitará un seguimiento atento es la necesidad de un nuevo Consejo Legislativo que apruebe leyes sobre asuntos como subversión y traición en virtud del artículo 23 de la Ley fundamental. 
El modo en que Hong Kong resuelva este aspecto será decisivo para conservar el éxito del modelo «un país, dos sistemas». 
La mejor prueba del éxito de «un país, dos sistemas» ha sido que Hong Kong haya podido, hasta ahora, resistir a la crisis asiática, y ello sin interferencia de China, sino con su apoyo. 
Me interesaría oír las observaciones del Comisario Brittan al respecto. 
Es evidente que Hong Kong debe tener autonomía en sus asuntos económicos, pero también debe recibir el apoyo de China. 
Por último, deseo respaldar las observaciones del Sr. Cushnahan acerca de permitir la entrada sin visado en la Unión Europea a los residentes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. 
Creo que sería un importante paso adelante en el desarrollo de unas relaciones comerciales más estrechas entre la Unión Europea y Hong Kong. 
Para terminar, deseo decir que hasta ahora, todo bien; de hecho, mejor de lo que esperábamos. 
Esperamos poder seguir trabajando estrechamente con las autoridades de Hong Kong para desarrollar un futuro mejor para los residentes de Hong Kong y desarrollar el importante estatuto de Hong Kong como piedra angular de la economía asiática. 
Señora Presidenta, el Sr. Cushnahan ha elaborado un informe que, por su calidad, contribuye a mejorar la reputación del Parlamento Europeo. 
La parte B del informe nos ofrece un instructivo contexto, a la vez que proporciona un excelente apoyo para la propuesta de resolución. 
Hong Kong logró registrar un rapidísimo crecimiento económico gracias a la libertad económica a largo plazo de la que ha gozado la empresa privada, un enorme ahorro privado y el libre comercio. 
El producto nacional per cápita de Hong Kong es incluso más elevado que el de la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea. 
El éxito de Hong Kong ha desempeñado una importante labor al mostrar desde un primer momento en qué medida se podía llegar más lejos dentro de un sistema de economía de mercado que con el viejo modelo de planificación socialista. 
Hong Kong continúa siendo un modelo para un número cada vez mayor de países subdesarrollados en sus esfuerzos por salir de la pobreza. 
Esta circunstancia ha contribuido sin lugar a dudas a potenciar también las inquietudes reformistas en China. 
Antes de la cesión de Hong Kong, había muchos que pensaban que, más bien, era Hong Kong la que pasaba a hacerse cargo de China. 
Por lo que respecta a la situación actual, hemos de admitir que, al menos hasta ahora, China ha respetado esencialmente lo acordado sobre Hong Kong y su sistema económico, lo cual incluye también las libertades económicas en las que se sustenta la libertad en su sentido más amplio. 
Sin embargo, como también señala el Sr. Cushnahan, hay algunos irregularidades que son motivo de preocupación. 
Se han desvirtuado algunos elementos del sistema democrático que se había instaurado. 
La Unión Europea y el Parlamento Europeo han de realizar un férreo seguimiento de la evolución. 
Apoyando la propuesta de resolución, podremos colaborar en esta tarea. 
Igualmente, debemos esforzarnos por aliviar la situación mediante medidas en nuestros propios países, por ejemplo, aplicando una normativa generosa a la hora de conceder visados o renunciando a aplicar determinadas restricciones comerciales. 
Hong Kong ha sido durante mucho tiempo un refugio para quien llegaba a ella huyendo de la opresión y las dictaduras. 
Esta circunstancia nos obliga a continuar ejerciendo nuestra influencia en Hong Kong para que siga siendo en el futuro un bastión de libertad. 
Señora Presidenta, la comunicación de la Comisión se llama «Más allá de 1997». 
Pues bien, ya hemos dejado atrás 1997 y no se ha caído el cielo. 
Organicé una visita de diputados al PE a Hong Kong durante las elecciones al nuevo Consejo Legislativo en mayo de este año. 
Era la cuarta visita de estas características en cuatro años. 
Llegamos a la conclusión de que las elecciones fueron libres y justas, que no se ha producido ningún cambio tangible en Hong Kong y que la amplia mayoría de los ciudadanos siguen disfrutando de las libertades a las que estaban acostumbrados en los últimos años. 
Hong Kong conserva también su autonomía económica: su sólida economía ha soportado la presión de los disturbios financieros procedentes de la Tailandia de los tifones. 
Las acciones de la autoridad monetaria de Hong Kong puede que no hayan gustado a los economistas clásicos, pero su respuesta llevaba el distintivo «made in Hong Kong» y no «made in China». 
Sin embargo, como demuestra este excelente informe, es importante no pecar de ingenuos. 
Un parlamento elegido democráticamente ha sido abolido y sustituido por un nuevo Consejo Legislativo manipulado en favor de Pekín y en contra de la libre voluntad de la población de Hong Kong. 
Un poder judicial a veces indolente y las sospechas de autocensura son motivo de preocupación. 
Ha habido una rescisión gradual pero constante de las leyes sobre derechos humanos y un debilitamiento de las instituciones necesarias para su protección. 
Las nuevas orientaciones de la policía respecto a las manifestaciones, publicadas la semana pasada, son sólo el último ejemplo de ello. 
La población de Hong Kong debe denunciar claramente todo posible abuso y debemos apoyarla en esta tarea, no sólo concediéndole la libertad para entrar sin visado en la Unión Europea, sino apoyando la formación en democracia en Hong Kong. 
Existe una prisa impropia en el nuevo enfoque que Europa ha adoptado respecto a China. 
Tony Blair, como Primer Ministro de un Estado miembro, visita China esta semana y eludirá prácticamente el asunto de los derechos humanos. 
El Presidente Santer no debe demostrar la misma miopía cuando el mes próximo visite Hong Kong en representación de la Comisión. 
Vivimos en una época repleta de posibilidades políticas. 
Si queremos avanzar cautelosamente hacia nuevas relaciones con China, debemos acoger con satisfacción que China haya suscrito el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos el pasado lunes; pero por sus obras los conoceremos. 
Nuestra consigna debe ser mantener la vigilancia. 
Presidenta, lo que más nos ha sorprendido a todos realmente es que, después del traspaso de los británicos, Hong Kong haya seguido siendo uno de los mercados más libres y abiertos. 
La semana pasada, uno de los hombres más poderosos de Hong Kong, Sir Donald Chang, visitó mi país. Estuvo en La Haya y dio allí de nuevo una ilustración de la manera en que Hong Kong, como región especial administrativa dentro de China, quiere respetar la transparencia y la aplicación estricta de las leyes económicas. 
Bien es verdad que el mes pasado las autoridades procedieron a intervenir momentáneamente en el mercado de valores para impedir las especulaciones- por otra parte esto funcionó positivamente, según he leído- pero a mi juicio ha sido una acción incidental. 
Sir Donald Chang tenía una gran preocupación, que era la manera extremadamente lenta e insuficiente con que Japón está poniendo orden en el conjunto de la crisis asiática y en su propio país. 
Por último, Presidenta, es muy útil enterarnos de qué manera las actividades de la oficina de UE se han visto reforzadas y tal vez extendidas y sobre todo recibir un informe de las actividades de observación en relación con los derechos humanos. 
Querríamos tener lo antes posible un informe. 
En último lugar, señor Cushnahan, nuestra felicitación por su informe. Mi grupo parlamentario lo respalda. 
Señora Presidenta, el hecho histórico decisivo sobre el asunto que debatimos es que Hong Kong, tras 100 años de fuerte colonialismo británico, se ha vuelto a unir y es parte integrante de la gigantesca China. 
Lo que sucede desde aquel momento en esta provincia de china está, de una u otra forma, influenciado por este acontecimiento histórico. 
Estando así las cosas, me temo que el informe del Sr. Cushnahan, en los diez considerandos y en los 19 puntos de la parte de provisión, está regido e impregnado de sospecha, de desconfianza, de, diría, no buena fe sobre lo que sucede. 
Todo tiene algo, todo tiene que afrontarlo con extremismos y discusión. 
Basta decir: elecciones para el cuerpo legislativo, pero sospechosas, no democráticas, porque no es democrático el sistema electoral. 
Señor Cushnahan, ¿qué sistema electoral hay en su país? 
¿En el mío? 
¿Estamos contentos con dichos sistemas? 
¿Son completamente democráticos o antidemocráticos?. 
Pero voy más allá, señora Presidenta, me temo que este informe quiere convertir al Parlamento Europeo, a la Unión Europea en un detective. 
Qué sucede y qué debe ocurrir en Hong Kong, como si estuviese habitada por belgas, alemanes, ingleses, griegos y otros europeos. 
Está habitada por chinos y a ellos les concierne de forma principal, si no exclusiva. 
Y peca de ingenuidad al decir que lo que sucede en Hong Kong puede también, de una u otra forma, ser el motor de cambios en la gigantesca China. 
Es una ingenuidad sospechosa porque muestra que todo el interés por lo que sucede en Hong Kong es acerca de cómo se utilizará como motor de cambios, como instrumento para la intromisión en los asuntos internos de China y para la realización de cambios que sean de nuestro agrado. 
Eso no se sostiene, no ayudan las relaciones de la Unión Europea con China. 
(El ponente es interrumpido por la Presidenta) 
Señora Presidenta, lo más importante del extraordinario informe del Sr. Cushnahan es que nos muestra cómo China ha respetado esencialmente los acuerdos relativos a Hong Kong, y que esta antigua colonia británica, de hecho, goza en la actualidad de un mayor grado de democracia que durante la mayor parte del tiempo que estuvo bajo la soberanía británica. 
De esta manera se consolida la impresión que yo mismo extraje con motivo de la visita que realicé el pasado junio a Hong Kong con la delegación para las relaciones con China. 
Todo esto no quiere decir que no existan problemas. 
Se ha mencionado aquí el artículo 23 de la Ley Fundamental. 
Se podría hacer un uso abusivo de este artículo para atacar las libertades democráticas, aspecto éste que deberá ser objeto de una estrecha vigilancia. 
Los derechos sindicales constituyen un problema que está siendo sometido actualmente a examen por la OIT. 
Creo que se trata de un tema extremadamente importante en el que deberá hacerse hincapié. 
Finalmente, no podemos olvidar que Hong Kong es parte de China y, por lo tanto, depende aún en mayor medida que antes de la evolución de los acontecimientos. 
Por este motivo es importante que la ayuda de la UE no sirva para impulsar una reforma en China que cause un desempleo masivo, que acabe en un modelo de caos social al estilo ruso. 
Esta tendencia sería catastrófica y detendría toda forma de democracia en China, convirtiéndose de esta manera también en una amenaza para la situación relativamente positiva que se vive en Hong Kong. 
Señora Presidenta, hasta el momento, y conviene alegrarse por ello, China había respetado, al menos formalmente, los compromisos que ella misma había adquirido con respecto a Hong Kong. 
Sin embargo, la creación de una representación parlamentaria tal como existe en los países democráticos no es previsible antes del año 2008. 
El sufragio universal que permitirá elegir a todos los representantes de los ciudadanos durará aún diez años antes de ser efectivo. 
A lo largo de esos diez años, hemos de dar prueba de una vigilancia extrema y de una gran solidaridad con las fuerzas democráticas que trabajan en ese país. 
Hasta el momento, la administración pública ha mantenido la reputación de Hong Kong como centro de negocios transparente y no corrompido, como ha señalado muy justamente el señor Cushnahan. 
Pero esta actitud casi ejemplar, esta apertura al mundo ha de mantenerse y estimularse, en un entorno que no es realmente favorable. 
Señalemos también que es importante recibir, sin exigir visado, a los titulares de un pasaporte de la región autónoma especial de Hong Kong, al igual que los ciudadanos de la Unión Europea tienen acceso sin visado a este territorio. 
La intensidad de los intercambios, de la circulación de personas, de ideas, de capitales y de mercancías es un desafío vital para Hong Kong. 
Hemos de estar presentes, ser activos y solidarios. 
En ello va no solamente la salvación de este punto avanzado de China, sino también nuestra salvación. 
Señor Presidente, el área económica asiática y, en especial, la china, esconden un enorme potencial para la Unión Europea. 
Hong-Kong desempeña sin duda un papel político y económico clave de cara a la relación con esta región. 
Por ello, para la economía europea es de gran importancia mantener unas buenas relaciones con el Gobierno de la zona de administración especial de Hong-Kong. 
La UE tiene que realizar todos los esfuerzos necesarios para cuidar los correspondientes contactos y sobre todo actuar contra las tendencias antidemocráticas y deficiencias de Estado de derecho que se critican con razón en el informe. 
Pues sólo un orden democrático puede ser el garante de una economía independiente en Hong-Kong. 
En la cuestión relativa al acceso sin visado al espacio de Schengen no puedo apoyar al ponente, quien exige éste para todos los titulares de pasaportes HKSAR así como de pasaportes BN de Hong-Kong. 
Creo que esta cuestión se debería tratar por separado, tal como propone la Comisión. 
Señora Presidenta, todos tenemos buenas razones para seguir con el mayor empeño la evolución de Hong Kong- vista detalladamente por el ponente, por lo que lo felicito- por sí misma, por sus habitantes y por lo que puede significar para un país de la importancia de China. 
En mi caso, como portugués, hay un interés mayor, dado el relieve que esa evolución tendrá necesariamente en el proceso de integración de Macau. 
Su materialización, un cuarto de siglo después del 25 de abril de 1974, se dará en condiciones mucho más favorables desde todos los puntos de vista. 
Por un lado, en estos años ha sido posible dotar el territorio de infraestructuras y servicios con el mayor relieve para su desarrollo y para la calidad de vida de su población, incluido el aeropuerto, la universidad, el nuevo puente, la estación de tratamiento de basuras, etc. 
Por otro lado, y con significado muy especial, la Asamblea Legislativa ha venido aprobando la legislación propia del territorio, con toda la libertad y de acuerdo con los valores universales, que son también los de su población. 
Al tener ya una identidad propia en nuestros días- Macau es miembro de la Organización Mundial del Comercio y tiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea -, nos interesa absolutamente que se mantenga en el futuro. 
Pero, además de nuestro interés y del de Macau, consideramos que el interés es también para China, que tiene en Macau un espacio de apertura y desarrollo del que podrá enorgullecerse. 
Por eso, conviene que la Comisión- y, por tanto, me dirijo al Comisario- pase a dar un relieve mayor a Macau mediante su representación en Hong Kong o, preferentemente, mediante una representación en el propio territorio, cuya administración no dejaría de darle- estamos seguros- todo el apoyo que fuera necesario. 
Señora Presidenta, soy uno de los que han visitado Hong Kong después del traspaso. 
La situación ha evolucionado de modo muy diferente de lo que esperábamos hace poco más de un año. 
Entonces se pensaba que en términos económicos quizá todo iría bien en Hong Kong, pero que en términos políticos las cosas irían muy mal. 
Como han dicho mi colega Sr. Watson y muchos otros, debemos mantenernos muy atentos. 
Ésa es la utilidad de este informe sobre el aspecto político. 
En la práctica, hay que reconocer que en Hong Kong, en términos generales, se ha respetado escrupulosamente el desarrollo de la democracia- aunque limitada. 
Ahora, la preocupación es más bien por los acontecimientos económicos que se están sucediendo en esa parte del mundo. 
Si las cosas van mal económicamente, ello repercutirá negativamente sin duda sobre el plano político. 
Quisiera formular una pregunta concreta a la Comisión relativa también al tema del visado. 
Está claro que no debe preocuparnos únicamente el tema de los visados. 
Eso es cierto. 
No obstante, es una de las pocas cosas concretas en las que Europa, como conjunto, puede hacer algo más. 
Es un aspecto que me sigue preocupando, especialmente cuando oigo decir a algunos oradores que no nos tomamos en serio la cuestión del visado y que ocho países sólo permiten la entrada en Europa a los titulares de visado. 
La Comisión puede intervenir, porque Schengen será incorporado en el Tratado de la Unión Europea. 
Espero que la Comisión diga que presentará una iniciativa al respecto. 
Es la clase de solidaridad concreta que debemos mantener. 
Espero que en el informe del próximo año podamos decir que las cosas van mejor de lo que van en la actualidad. 
Señora Presidenta, señoras y señores, permítanme acoger también con satisfacción el admirable informe del Sr. Cushnahan y la propuesta de resolución. 
Quisiera comentar algunos de los puntos clave. 
En primer lugar, varios oradores, uno de los cuales ha sido el Sr. Titley, otro el Sr. Watson, también el Sr. Gahrton y el más reciente el Sr. Brinkhorst, han hecho comentarios generales sobre la naturaleza de la entrega y sobre el amplio cumplimiento por parte de las autoridades chinas de sus compromisos políticos. 
Deseo mostrar mi satisfacción por dichas declaraciones y estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. 
Quiero hacer hincapié en la notable naturaleza de lo que ha ocurrido, porque es cierto que la introducción del concepto «un país, dos sistemas» es algo único, e implantarlo con tanto éxito, como se ha hecho, supone un logro extraordinario; debemos rendir homenaje a Hong Kong y a China por ello. 
No obstante, se han hecho varias críticas y el Sr. Brinkhorst las ha resumido diciendo que debemos mantenernos muy atentos. 
La resolución aboga por la aceleración de la introducción del sufragio universal. 
En su visita a Bruselas del pasado mes de febrero, el Administrador principal, Tung Chee-hwa, dijo: «Depende de nosotros, el pueblo de Hong Kong, decidir por nosotros mismos seguir avanzando en el proceso democrático hacia el objetivo final del sufragio universal». 
Puedo asegurarles que la Comisión seguirá vigilando de cerca la evolución de la democracia en Hong Kong. 
Durante mi último viaje, declaré públicamente que Hong Kong podía ganar puntos sin grandes esfuerzos, si anunciaba cuanto antes su intención de instaurar el sufragio universal en un plazo razonable y estipulado. 
No obstante, hay que reconocer, como ha hecho el Sr. Cushnahan, los esfuerzos realizados por Hong Kong hasta ahora, mientras seguimos presionando para que presente un calendario para la plena instauración de la democracia, como nos propone el ponente y también el Sr. Pradier. 
Existen indicios de que la crisis financiera a la que se ha referido el Sr. Brinkhorst ya está animando a los que reclaman más democracia en Hong Kong. 
Puedo asegurarles que es algo sobre lo que el Presidente Santer y yo no guardaremos silencio cuando visitemos Hong Kong a principios de noviembre. 
Respecto a la cuestión del visado, la resolución del Parlamento Europeo insta a los Estados miembros a permitir la entrada sin visado a los titulares de un pasaporte de la RAE, y el Sr. Burenstam Linder ha llamado la atención al respecto. 
A pesar de que la Comisión no tiene competencia en la política de visados de la UE, que sigue siendo intergubernamental hasta que se presente una lista común sobre visados en virtud del Tratado de Amsterdam, apoyamos firmemente los esfuerzos de Hong Kong para garantizar la entrada sin visado. 
Es una manera clave para la Unión Europea de respaldar la autonomía económica de Hong Kong y reforzar el concepto de «un país, dos sistemas». 
De hecho- y puede que el Sr. Brinkhorst se haya mostrado ligeramente demasiado generoso con los Estados miembros en su declaración de la situación -, lo cierto es que los ocho países a los que se ha hecho referencia permiten la entrada sin visado únicamente a los titulares de un pasaporte BN (O) , y sólo hay dos Estados miembros que permiten la entrada sin visado a los titulares de un pasaporte de la RAE, que naturalmente son mayoría. 
Es igualmente importante que Hong Kong convenza a los países europeos de que sus procedimientos de inmigración, de vigilancia y de aduana son eficientes y fiables. 
Les hemos instado a organizar programas especiales para la visita de funcionarios nacionales europeos con esta idea en mente. 
Dichos programas ya existen y espero que ayuden a persuadir a los Estados miembros que aún necesitan ser convencidos de las ventajas de la entrada sin visado para los titulares de pasaportes de la RAE. 
Respecto a la OMC, la resolución del PE propone una cooperación estrecha entre la Unión Europea y Hong Kong dentro de la OMC, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Porto sobre hacerla extensiva también a Macao. 
La Comisión está convencida de que la economía liberal de Hong Kong, y no en menor medida su régimen comercial abierto, reforzado por su pertenencia a la OMC, servirá de ejemplo y de estímulo para seguir adelante con la reforma económica en China, a pesar de los actuales problemas relativos a la crisis financiera asiática. 
En el seno de la OMC existe una buena cooperación entre la Unión Europea y Hong Kong. 
Hong Kong es uno de los más firmes defensores de nuestra iniciativa de lanzar una ronda en el nuevo milenio, y la Comisión trata regularmente con Hong Kong sobre la invitación para que Pekín se integre en la OMC. 
Naturalmente, Hong Kong la apoya y proporciona a China un ejemplo único de las ventajas de pertenecer a la OMC. 
La resolución aboga asimismo por una mayor cooperación de cara a fortalecer las relaciones entre la UE y Hong Kong y reforzar la autonomía de Hong Kong. 
Creemos que unos nexos bilaterales más fuertes son imprescindibles para cimentar el concepto «un país, dos sistemas». 
Estamos a punto de celebrar un acuerdo de cooperación aduanera con Hong Kong, que espero que el Presidente Santer pueda suscribir en su visita a Hong Kong, al tiempo que exploramos también la posibilidad de acuerdos más ambiciosos. 
En el ámbito de las relaciones exteriores, debemos tener en consideración la sutil división de competencias entre Hong Kong y Pekín a la hora de explorar hasta dónde puede llegar Hong Kong. 
La Unión Europea sigue intentando profundizar sus relaciones bilaterales en otros ámbitos, especialmente fomentando las relaciones entre las empresas; la primera sesión plenaria de la Comisión comercial UE-Hong Kong tuvo lugar el pasado año en Bruselas, y la segunda se celebrará en Hong Kong durante nuestra visita a comienzos de noviembre. 
La propuesta insta a la Comisión a hacer un seguimiento de la autonomía y la estabilidad financiera del mercado de Hong Kong. 
La Comisión sigue de cerca la situación financiera y económica desde nuestra oficina en Hong Kong, pero también a través de las frecuentes visitas de funcionarios a la RAE y a través de las visitas de altos funcionarios públicos a Bruselas. 
Dicho seguimiento quedará reflejado en nuestro primer informe anual sobre Hong Kong, que aparecerá en breve. 
El Sr. Titley tiene razón, en mi opinión, al decir que los problemas de Hong Kong han sido enormes y que a pesar de ello, se ha sorteado la crisis mucho mejor que en muchos otros países de la región, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Burenstam Linder sobre el hecho de que han sido las políticas económicas liberales las responsables de esta situación, a pesar de todas las dificultades a las que actualmente se enfrenta Hong Kong. 
Durante este año, Hong Kong ha tomado medidas encaminadas a incrementar la liquidez, por ejemplo, reduciendo los impuestos sobre el ahorro y ampliando su mercado oficial de repos. 
Recientemente ha recurrido a la adopción de medidas más drásticas para frenar la acción de los especuladores que intentan hacer bajar la moneda para hacer subir los tipos de interés y beneficiarse de la resultante caída de los precios de las acciones. 
Las medidas a las que se refería la Sra. van Bladel son de una triple naturaleza: la decisión de comprar acciones en el mercado de valores, lo que elevó el índice bursátil en un 19 % en dos semanas; medidas adicionales para fortalecer la moneda, aumentar la liquidez y calmar la volatilidad de los tipos de interés interbancarios; y tercero, medidas encaminadas a mejorar la transparencia e imponer más disciplina en el mercado de valores. 
Estamos analizando detenidamente estas medidas y las comentaremos en nuestro primer informe anual. 
La resolución del Parlamento declara que la oficina de la CE en Hong Kong debe desempeñar un papel importante en el desarrollo de las relaciones entre la UE y China, y propone que se incremente la dotación de personal. 
Estoy completamente de acuerdo con la Sra. van Bladel en que es fundamental que la Oficina de la UE en Hong Kong sea eficiente y disponga de una buena plantilla, y recientemente se ha aumentado el personal para reforzar los recursos de la oficina. 
Por último, la resolución del PE acoge favorablemente nuestra intención de elaborar informes anuales; en estos momentos estamos ultimando el primero de ellos y esperamos presentarlo al Consejo y al Parlamento antes de finales de octubre. 
Como he dicho, el Presidente Santer y yo viajaremos a Hong Kong a principios de noviembre, por lo que la publicación de nuestro informe será muy oportuna. 
El informe analizará de cerca toda una serie de temas importantes de carácter económico, político y judicial, así como otros ámbitos que han caracterizado la vida en Hong Kong durante el primer año de la RAE. 
No es necesario decir que tendremos en consideración y que nos serán de gran utilidad las observaciones y recomendaciones que se han hecho en los informes y resoluciones del Parlamento, y en particular, el excelente informe del Sr. Cushnahan y los comentarios que se han hecho durante el debate. 
Muchas gracias, señor Comisario Leon Brittan. 
Gracias por su satisfactoria respuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-0483/98) dirigidas al Consejo. 
Damos la bienvenida a la Sra. Presidenta del Consejo, Sra. Ferrero-Waldner. 
Pregunta nº 1 formulada por Patricia McKenna (H-0832/98): 
Asunto: Malos tratos a periodistas en el Reino Unido 
¿Está el Consejo al corriente de que la policía del Reino Unido está maltratando a los miembros de la Unión Nacional de Periodistas, especialmente a los miembros freelance, no reconociendo sus credenciales, deteniéndoles por intrusión u obstrucción e incluso aplicando la ley sobre el acoso (cuya finalidad es evitar el «acecho» ), atacándoles, reteniéndoles hasta que sus plazos han pasado, impidiéndoles tomar fotografías, confiscando sus fotografías con mandatos judiciales, borrando sus grabaciones de video y restringiendo su acceso público durante las manifestaciones? 
¿Sabe asimismo el Consejo que, aunque existen directrices escritas de la policía concernientes a sus relaciones con la prensa, no se ha permitido a los periodistas que las vean? 
¿Infringen estas actuaciones los Tratados, incluyendo el Tratado de Amsterdam, en particular los artículos concernientes a Justicia y Asuntos Interiores, de los que es responsable el Consejo? 
Si desea ser tomado en serio fuera de la Unión en relación con estos asuntos, ¿encargará el Consejo a la Comisión que garantice que los periodistas puedan operar libremente dentro de la Unión Europea antes de intentar resolver este problema en otros lugares? 
Señor Presidente, me permito responder a la pregunta de la Sra. Diputada lo siguiente: respecto al trato inconsiderado y a las continuas trabas a las que se ven sometidos los periodistas que trabajan allí como corresponsales libres y a las que se refiere la señora diputada en su pregunta, tengo que constatar que se trata de un asunto que, lamentablemente, sale fuera del ámbito de competencias del Consejo. 
Por ello, puedo decir a la señora diputada que el Consejo en ningún momento se ha tenido que ocupar de este asunto. 
Para el mantenimiento del orden público en el territorio de soberanía de un Estado miembro, son exclusivamente competentes las autoridades de policía del Estado en cuestión. 
Por otro lado, tengo que subrayar que el respeto a los derechos humanos y a las libertades democráticas y, naturalmente, también el respeto a la libertad de prensa conforman sin duda la piedra angular de la totalidad de la obra de construcción comunitaria. 
Aunque el Consejo no puede excluir que a nivel local se puedan producir ciertos deslices casuales, sin embargo está profundamente convencido de que los Gobiernos de los Estados miembros se dejan guiar siempre por los principios fundamentales mencionados, sin los que la Comunidad no tendría ningún futuro. 
Sólo deseo señalar a la Presidenta en ejercicio del Consejo que existe evidencia escrita y en vídeo de dichos malos tratos. 
Cuando usted dice que no puede impedir déficits ocasionales en lo que respecta a la libertad de prensa, debería garantizar que se toman medidas para impedirlo, porque el artículo F del Tratado de Maastricht declara que la Unión Europea respetará el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
Se trata de una violación de dicho Convenio. 
Los periodistas cubrían noticias relativas a la justicia social y el medio ambiente. 
Recibieron malos tratos de la policía, sus despachos y viviendas fueron allanados, se les confiscaron los equipos y las fotografías que tomaron de las protestas han sido utilizadas como prueba contra los manifestantes. 
Es una grave violación de la libertad de prensa y de la libertad a informar sobre la actualidad. 
Si permitimos que estas acciones ocurran en un Estado miembro, ello puede desencadenar algo peor: cundirá el ejemplo en otros Estados miembros. 
La Unión Europea tiene el deber de hacer algo, si quiere respetar los Tratados de la UE y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
No basta con decir, como ha dicho la Presidenta en ejercicio del Consejo, que a veces el Consejo no puede impedir déficits ocasionales. 
Quizá usted no pueda impedir lo que ha sucedido, pero puede garantizar que no vuelva a suceder y que esto no sea una invitación para que otros Estados miembros sigan el ejemplo, porque la libertad de prensa es un aspecto de la de la democracia de suma importancia. 
Señor Presidente, señora diputada, las competencias están muy claramente determinadas y acabo de exponer- lo subrayo de nuevo- que el Consejo no está autorizado a expresarse sobre el comportamiento de las fuerzas de policía en acciones dirigidas a mantener el orden público en el territorio de soberanía de un determinado Estado miembro. 
Subrayo de nuevo que solamente las autoridades nacionales competentes están autorizadas a enjuiciar el comportamiento de las fuerzas de policía en un determinado país miembro. 
La pregunta de la señora diputada encontraría por ello un mayor eco si se plantease en la Cámara de los Comunes británica. 
Sin embargo, puedo añadir algo: existe el Consejo de Europa y el Convenio de Derechos Humanos y en el marco de la Comisión de Derechos Humanos existe naturalmente también la posibilidad de presentar una queja al respecto. 
Señor Presidente, he escuchado la respuesta inicial de la Presidenta y la que ha dado ahora. 
Me impresiona porque está regida por la táctica de Poncio Pilatos, auque se recordó a la Presidenta que hasta los Tratados prevén un tipo de intervención del Consejo. 
Pero yo desearía hacerle una pregunta complementaria. 
¿Respondería del mismo modo si dichos acontecimientos de violación flagrante de la libertad de prensa sucedieran, por ejemplo, en Hong Kong, sobre el que debatíamos hace unos instantes?. 
El informe hace referencia a dichos problemas y hemos considerado que somos muy competentes para intervenir, para debatir y aprobar y el Comisario alabó dichos puntos. 
¿Cómo, entonces, en un caso somos Poncio Pilatos y en el otro entramos «airosos» , como suele decirse, en los asuntos internos de un país?. 
Deseo que la Sra. Presidenta aclare su punto de vista y que me perdone, quizás, por mi tono, pero son exasperantes dichos fenómenos y respuestas. 
Señor Presidente, señor diputado, tengo que decirle de nuevo que existen determinadas competencias. 
El Consejo es competente para las relaciones exteriores, por lo que puede hablar, por ejemplo, de la falta de libertad de prensa en un tercer Estado. 
Pero no es competente para los asuntos internos, por ejemplo, el comportamiento de las fuerzas de policía en un Estado miembro. 
Sólo puedo repetir mi respuesta tal como se la he dado antes a la señora diputada. 
Pregunta nº 2 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0836/98): 
Asunto: Financiación del gasoducto Almendralejo-Oviedo 
¿Qué financiación han aportado las instituciones de la Unión Europea para la construcción del gasoducto que en España irá de Almendralejo (Extremadura) hasta Oviedo, dentro del programa para la distribución de gas natural en ese Estado miembro? 
Señor Presidente, señor diputado, el gaseoducto al que se refiere el señor diputado se incluye en el proyecto E4 que se expone en la decisión CE 1254/96 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de junio de 1996 sobre una serie de directrices relativas a las redes transeuropeas en el sector de la energía. 
En el marco del capítulo «Introducción de gas natural en nuevas regiones» , el proyecto E4 se ocupa de la ampliación de las redes de gas en las regiones de Galicia, Extremadura, Andalucía, el sur de Valencia y Murcia, inclusive una terminal de gas líquido en Galicia. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 6 de esta decisión, la Comisión ha determinado en su decisión del 11 de julio de 1998 los proyectos de interés común tras conocer la opinión de la comisión, de conformidad con el artículo 9. Dichos proyectos se exponen en la decisión CE 1254/96 para que se pueda prever una financiación. 
En el marco del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, el FEDER, la Comisión, por resolución del 14 de mayo de 1998 ha puesto a disposición un importe de 103, 16 millones de ecus para apoyar el proyecto de gaseoductos occidentales entre los que se incluye este gaseoducto. 
En este caso, la Sra. Presidenta del Consejo no ha utilizado la táctica de Pilatos. 
Ha sido escueta y ha contestado, efectivamente, y yo le agradezco mucho los datos que me da. 
Estamos ante un gasoducto de la máxima transcendencia socioeconómica. 
No olvidemos que es un corredor, que todo es objetivo nº 1 en los Fondos estructurales y tiene un potencial de desarrollo dormido que es necesario movilizar. 
Pero tengo algunas preguntas complementarias al respecto. 
¿Este programa que nos ha detallado es complementario de la iniciativa comunitaria INTERREG IIB referida a las redes transeuropeas de la energía? 
Y, por otra parte, ¿es complementario asimismo del gasoducto Estrecho de Gibraltar- Córdoba, a través del cuál llega a España el gas natural procedente del Magreb? 
Y, por último, ¿en estas programaciones se ha tenido en cuenta la tendencia actual hacia la disminución del consumo de gas natural que se aprecia en muchos Estados miembros de la Unión Europea? 
O, en otras palabras, ¿había previsto el Consejo tal tendencia a la disminución? 
Señor Presidente, señor diputado, se han dirigido al Consejo una serie de preguntas de detalle. 
Teniendo en cuenta lo ya expuesto, remito al señor diputado a la Comisión, quien puede proporcionar datos más precisos sobre los importes mencionados y sus preguntas, sobre todo la relativa a si esto cae también bajo INTEREG. 
Lamentablemente, no puedo darle informaciones orales al respecto, pero si lo desea responderé gustosamente por escrito. 
Pregunta nº 3 formulada por Roy Perry (H-0838/98) , de la que se hace cargo la Sra. De Esteban Martín: 
Asunto: Peticiones 
¿Puede indicar el Consejo cuántas veces han asistido representantes del Consejo a las reuniones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (bien desde el comienzo del año o desde el comienzo de la Presidencia austriaca) y de qué otros procedimientos dispone el Consejo para hacer el seguimiento de las peticiones al Parlamento, teniendo en cuenta especialmente las frecuentes alegaciones de que los Estados miembros no cumplen las disposiciones del Tratado? 
Señor Presidente, señor diputado, en lo tocante a esta muy interesante pregunta sobre las peticiones del señor diputado, tengo que subrayar que el Consejo toma nota con regularidad de las decisiones del Parlamento Europeo, inclusive aquellas que se refieren al derecho de peticiones. 
En lo que se refiere a los eventuales fallos de los Estados miembros en la observancia de las normas jurídicas de la Comunidad, hay que indicar que según el artículo 155 del Tratado es tarea del Comisario, cito: «velar por la aplicación de este Tratado así como de las normas adoptadas por los órganos en base a este Tratado». 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, agradezco su respuesta pero lamento no quedar satisfecha con la misma. 
En la pregunta hablábamos de qué medidas son las que va a adoptar el Consejo y, en concreto, si hay alguna medida por parte de la Presidencia austríaca para que, efectivamente, el Consejo esté presente en las reuniones de la Comisión de Peticiones. 
Como usted sabe, el derecho de petición es un derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión Europea y en múltiples ocasiones se da el desgraciado caso de que los Estados miembros incumplen muchas de las normas comunitarias y no hay mecanismos reales para que, efectivamente, los Estados miembros den debida respuesta a estas justas peticiones de los ciudadanos comunitarios. 
Por lo tanto, señora Presidenta, me gustaría, por favor, que pudiese decirme cuándo y si tienen estudiada alguna fórmula para que el Consejo esté presente en las reuniones de la Comisión de Peticiones. 
Señor Presidente, señora diputada, a esta nueva pregunta no puedo responder sustancialmente otra cosa que el Consejo toma nota formalmente de todas las resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo. 
Además, puedo decir que el Consejo, en caso de que se tratase de sus propias competencias, lo que, repito, es algo meramente hipotético, realizaría un análisis muy cuidadoso de todos los elementos del documento en cuestión y, si fuese necesario, adoptaría las medidas adecuadas. 
Naturalmente, el Consejo tiene un gran interés en la aplicación de las disposiciones del Tratado y del derecho de él derivado. 
Hay que indicar sin embargo a la señora diputada en este contexto que ante la división de competencias entre los órganos que se determinan en el Tratado, en primera línea es asunto de la Comisión y asimismo del Tribunal de Justicia, ocuparse de que todos los Estados miembros apliquen correctamente el derecho comunitario, a lo que se ha accedido en el presente caso. 
Soy un miembro activo y con amplia experiencia de la Comisión de Peticiones. 
En el pasado, hace algunos años, una funcionaria del Consejo asistía regularmente a las reuniones de la comisión. 
Aquella señora se limitaba a tomar apuntes, lo cual no era muy satisfactorio, pero era mejor que nada. 
En los últimos años, lo único que hemos tenido ha sido una visita ocasional de un representante del Consejo, a veces cuando el Defensor del Pueblo estaba presente, para entregar un informe a la comisión- algo que acogemos con satisfacción -, pero muy rara vez cuando se trataba de algún tema que preocupaba en particular a uno de los Estados miembro. 
La mayoría de las comisiones del Parlamento cuentan regularmente con la presencia de un representante del Consejo. 
No estamos hablando de ministros, sino de un funcionario de la representación del Gobierno que ostenta la Presidencia en ese momento. 
¿Podría esta práctica hacerse extensiva a la Comisión de Peticiones, para que podamos mantener un diálogo entre el Consejo y los miembros de la comisión, como sucede en otras comisiones del Parlamento? 
Ello ayudará a nuestros peticionarios y estará en conformidad con el Tratado de la Unión Europea y los derechos del ciudadano en virtud de dicho Tratado. 
Señor diputado, muchas gracias por esta observación. Encargaremos a la Secretaría del Consejo que se ocupe del tema. 
Voy a hablar al respecto con el Secretario General Trumpf y si es así como usted dice se encontrará sin duda una solución. 
Señor Presidente, el Consejo coincide con el Sr. diputado en que han regresado muchos menos refugiados de lo que esperaba la comunidad internacional para 1998. 
Es cierto. 
El retorno de los refugiados representa uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional en la ejecución del Acuerdo de paz de Dayton/París. 
El retorno de los refugiados nunca estuvo exento de problemas y el hecho de que la mayoría de los refugiados cuyo retorno aún no se ha realizado tienen que regresar a zonas de minorías, es decir, a regiones en las que van a constituir una minoría, complica la situación aún más. 
Muchos refugiados no quieren regresar a Bosnia o al menos a sus domicilios y localidades anteriores, incluso aunque se trate de regiones en que representan la mayoría. 
Junto a las evidentes coacciones políticas, determinante para esta actitud es la sensación de ausencia de seguridad personal y la falta de puestos de trabajo y de alojamientos. 
En consecuencia, la estrategia de la comunidad internacional está diseñada a largo plazo, si bien la tarea más importante es la mejora de la situación de seguridad in situ, por ejemplo, mediante una mejora de los servicios de policía y de las perspectivas económicas, con lo que se podría animar a los refugiados a retornar y permanecer en el país. 
El Consejo nunca va a aceptar la división étnica de Bosnia y Herzegovina. 
El Consejo apoya plenamente los ideales de pluralismo y de sociedad multiétnica contenidos en el convenio de paz, como elemento clave de una democratización total y una paz duradera. 
El Consejo quiere subrayar el derecho fundamental de todos los refugiados a regresar libremente a su región de origen que se incluye en el tratado de paz. 
Sigue apoyando ilimitadamente que se haga uso del poder del que está investido el alto representante para quitar de sus cargos a los funcionarios que violen este derecho o intenten impedir un retorno. 
El nivel de los avances en Bosnia se verá en octubre cuando la Comisión de la UE lleve a cabo su revisión semestral regular sobre la observancia de los criterios que prevé el enfoque regional de la UE y que se determinó en abril de 1997 para todos los países de los Balcanes Occidentales. 
En la última revisión realizada en abril, la Comisión ha excluído la conclusión de acuerdos de cooperación con Bosnia, Croacia y la República Federal de Yugoslavia, lo que ha justificado con una preocupación general respecto a las reformas democráticas, el respeto de los derechos humanos y de las minorías y también con las vacilaciones en la ayuda a los retornados. 
Señora Presidenta del Consejo, ha afirmado usted que el Consejo no reconocería nunca la partición de Bosnia. 
Hemos visto tantos perjurios, tantas negaciones por parte del Consejo que quizá es un poco aventurado decir una cosa así. 
Pero quisiera mencionar la cuestión de los refugiados y decir que sus palabras se parecen más a un deseo bienintencionado que a una política. 
En efecto, una vez transcurridos tres años desde los acuerdos de Dayton creo que es necesario extraer las primeras lecciones. 
Sería necesario preguntarse sobre lo que es hoy ese Estado. 
¿No es solamente una ficción? 
Señor Presidente, señor diputado, creo que una cosa se puede decir precisamente sobre Bosnia-Herzegovina: si la comunidad internacional hubiese querido quebrar su palabra tal como usted lo afirma de nosotros, entonces no habría enviado allí las tropas multinacionales ni tendría allí hoy aún un gran compromiso. 
Precisamente porque queremos llevar a la práctica Dayton, nos hemos declarado dispuestos a proseguir nuestro compromiso. 
Por primera vez desde la firma del acuerdo de Dayton, partes moderadas, orientadas por Dayton, tienen la posibilidad de controlar el ámbito legislativo en ambas unidades territoriales y a nivel nacional a todos los niveles gubernamentales. 
Por primera vez, la Presidencia colegiada del Estado ha podido apoyar conjuntamente el acuerdo de paz. 
Aunque el resultado de las elecciones a la Presidencia en la República de Srpska representa una derrota simbólica, sin embargo se ve compensado por ganancias sustanciales de las partes que apoyan Dayton a todos los niveles gubernamentales. 
Durante las próximas semanas, en la República de Srpska se va a tratar de si la coalición Sloga va a poder mantener el control sobre el Parlamento y nombrar al Jefe de Gobierno. 
Por parte de Croacia, el nuevo miembro de la Presidencia colegiada del Estado, Antejelavic, va a organizar ya en octubre un encuentro para reformar el HDZ. 
Ante estos acontecimientos, la UE realiza las siguientes consideraciones: en primer lugar, hay que aplicar medidas para garantizar la coherencia de la coalición Sloga. 
En segundo lugar, la República de Srpska debe ser mantenida al margen de las repercusiones de la crisis de Kosovo. 
En tercer lugar, en la Conferencia del partido HDZ se deben acordar reformas más concretas. 
En cuarto lugar, se deben iniciar preparativos para las elecciones municipales en el año 1999 y, finalmente, se debe garantizar la integridad y transparencia de la gestión financiera de los órganos elegidos. 
Con estas consideraciones, debería ser posible ir preparado la siguiente Peace Implementation Conference que se va a celebrar en diciembre en Madrid para seguir trabajando en favor de una Bosnia multiétnica y pluralista. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, tengo que reconocer sinceramente que tengo un cierto problema con todo este acuerdo de Dayton, sencillamente porque uno de las partes contratantes del mismo es el señor Milosevic. 
En el curso de los últimos años, hemos visto que no tiene la menor intención de respetar partes del acuerdo. 
Se han producido avances mínimos en algunos sectores. 
Los mayores avances- quizás no suficientes pero al fin y al cabo avances-los han realizado con gran diferencia los croatas, creando un consulado en Banja Luca y modificando leyes antes de tiempo, en especial en lo que se refiere al derecho de residencia de determinadas personas en la Krajina y en Eslavonia Occidental. 
Aquí se han logrado grandes avances por parte croata pero mientras una parte contratante se llame Milosevic- pues vemos en la crisis de Kosovo cómo sigue el asunto- entonces tengo que decir sinceramente que el acuerdo de Dayton en el fondo, aparte de un valor simbólico, no tiene un valor real. Por ello, habría que considerar suspender bajo determinadas circunstancias ciertos elementos del Acuerdo de Dayton mientras él sea una de las partes contratantes. 
Señor Presidente, señor Diputado, hay suficientes campos en los que el Acuerdo de Dayton ha aportado ventajas. 
La más importante ha sido que, gracias a este acuerdo, se ha logrado afianzar el armisticio y proporcionar a las partes la oportunidad de convivir de nuevo. 
Que no todo se desarrolla del modo ideal, sobre todo por parte de Milosevic, es evidente y lo sabemos, pero creo que bajo las circunstancias actuales apenas había otra alternativa. 
Es decir, suspender ahora el Acuerdo de Dayton no es en mi opinión una buena alternativa. 
Hay que fortalecer la sociedad civil y la democracia. 
Para ello es necesaria una reforma de los medios así como del sistema electoral y a este respecto hay- como usted sabe- toda una serie de proyectos que apuntan exactamente en esta dirección. 
La prosecución de las reformas económicas es otra condición para que Bosnia y Herzegovina sigan recibiendo ayuda de la comunidad internacional. 
En lo tocante al stado de Derecho, la creación de una justicia multiétnica independiente, de un aparato de policía profesional multiétnico así como la lucha contra todas las estructuras paralelas, son también condiciones previas para una Bosnia y Herzegovina democrática y aquí creo que la comunidad internacional ha logrado algunas cosas durante los últimos años. 
No digo todo, no digo que la situación no pueda mejorar mucho allí en algunos años, pero creo que hay que seguir luchando por un fortalecimiento de las instituciones comunes, también por la reforma del Consejo de Ministros y por la creación de una autoridad de control para los ingresos del Estado y de las unidades territoriales. 
Señor Presidente, quiero preguntar a la señora Presidenta si no coincide conmigo en que la reducida cifra de refugiados retornados se debe también a que los estados que les han proporcionado acogida han ofrecido a los refugiados una nueva patria de un modo realmente asombros y humanamente único. 
Sé de Austria que muchos refugiados bosnios han encontrado vivienda, trabajo e integración en la sociedad, por lo que no quieren regresas a sus casas. 
Señor Presidente, señora diputada, naturalmente, es cierto que algunos Estados, como por ejemplo, Austria, han proporcionado a los bosnios así como a otros refugiados acogida, además una generosa acogida. 
En el debate sobre la migración de hoy he dicho que entre 85.000 y 90.000 ha sido acogidos en Austria. Esto supone entre un 8 y un 9 % de la población austríaca. 
Sin embargo, nuestro objetivo debe seguir siendo el de que retorne el máximo número de refugiados posible. 
Es su patria y tienen que reconstruir su propio estado. 
Naturalmente, el retorno depende de la rapidez con que se logre restablecer la economía para que encuentren puestos de trabajo y de que se cree seguridad para que tengan garantías cuando retornen a su país. 
Pregunta nº 5 formulada por José Salafranca Sánchez-Neyra (H-0853/98): 
Asunto: Relaciones Estados Unidos-Cuba 
¿Ha tenido conocimiento el Consejo de la carta dirigida por la Sra. Albright, Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos, de fecha 3 de agosto y publicada en diversos medios de comunicación al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos Sr. Helms? 
¿Piensa el Consejo reaccionar o tomar posición alguna en relación con lo mismo? 
¿Piensa el Consejo que la interpretación que la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos hace de los términos de las Declaraciones de 18 de mayo, se corresponde con el espíritu y con las Manifestaciones hechas ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo por el Comisario Responsable en el mes de mayo? 
¿Coincide el Consejo en la apreciación de que este Acuerdo constituye una extraordinaria reafirmación de los principios que inspiran la Libertad Act? 
Señor Presidente, señor diputado, el Consejo ha tomado naturalmente nota del escrito que la Ministra de Asuntos Exteriores Albright ha dirigido al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Jesse Helms, en lo tocante a los acuerdos sobre las normas para la mejora de la protección de las inversiones y que es parte del importante abanico de medidas acordado en la cumbre UE/EE.UU del 18 de mayo celebrado en Londres. 
Pero el escrito no iba dirigido al Consejo, por lo que no sería adecuado que el Consejo respondiese. 
La Unión ha expuesto su posición sobre esta cuestión en la declaración unilateral de la UE, que es asimismo parte del abanico de medidas de Londres y que fue confirmado por el Consejo el 25 de mayo. 
En consecuencia, el Consejo espera que los Estados Unidos den los pasos necesarios que se derivan del abanico de medidas acordado en la cumbre de Londres. 
La UE cumplirá del mismo modo sus compromisos políticos. 
La Unión no puede aceptar que cualquier parte del paquete de medidas acordado en la cumbre de Londres justifique de modo alguno los principios del Liberty Act ni mucho menos la imposición de un boicot indirecto y de normas jurídicas con efectos extraterritoriales, que tienen efectos retroactivos. 
Esta es la posición de la Comisión y de los Estados miembros. 
En lo tocante a la expropiación, Sir Leon Brittan en su escrito del 18 de mayo, que es asimismo parte del abanico de medidas de Londres, dirigido a la señora Albright, ha reconocido que según informaciones de los Estados Unidos, las expropiaciones han violado en una serie de casos el Derecho internacional en lo tocante a disposiciones discriminatorias de la ley cubana 851. 
Muchas gracias, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, por su respuesta. 
Evidentemente, yo no tenía la pretensión de que el Consejo contestase a esta carta. 
Es una carta dirigida al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos por la Secretaria de Estado. 
El problema está en que en la interpretación que en esa carta se hace de los acuerdos entre la Unión Europea y los Estados Unidos se señala que esa interpretación constituye un fundamento a la filosofía y a los objetivos generales de la legislación estadounidense. 
Y me gustaría saber si la Presidencia del Consejo comparte esa interpretación. 
Yo sé que, por lo menos en la declaración unilateral que se hizo en el mes de mayo, la Unión Europea no la comparte. 
Por lo tanto, la primera pregunta que quiero formularle es la siguiente: ¿cuál es el sentimiento que los términos de esa carta produce en el Consejo? 
Y segunda pregunta: ¿cuál es el periodo de tiempo que considera necesario el Consejo para que los términos del acuerdo se cumplan y, en concreto, para que la modificación del título IV de la ley, que tiene que aprobar el Congreso de los Estados Unidos, se cumpla? 
¿Y qué piensa el Consejo si ese acuerdo y ese compromiso no se cumplen? 
Y a mí me da la impresión, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, de que, tal y como se encuentran las cosas en este momento en los Estados Unidos, el Presidente Clinton no va a ser capaz de movilizar la mayoría necesaria para obtener esa modificación del título IV de la ley. 
Por lo tanto- y para resumir -, quisiera saber, en primer lugar, si el Consejo comparte la filosofía de la carta y, en segundo lugar, cuál es el plazo de tiempo que el Consejo consideraría razonable para tomar algún tipo de medida, puesto que si los Estados Unidos no cumplen la parte que les corresponde mediante la modificación del título IV por el Congreso, ¿qué va a hacer la Unión Europea ante ese supuesto? 
Porque está muy bien buscar una solución amistosa, pero entiendo que la filosofía y el carácter ilegítimo e ilegal de esta ley no deberían cambiar por la búsqueda de una solución por vía amistosa. 
Señor Presidente, señor diputado, permítame que diga por adelantado que yo misma me encontré en Nueva York con el Ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, tanto en mi calidad como Presidenta en ejercicio del Consejo como Secretaria de Estado de Austria. 
Con tal ocasión, se vio que la parte cubana parece tener una cierta disposición- digo conscientemente lo de parece, pues primero hay que comprobarlo- para aceptar una especie de diálogo similar al diálogo sobre derechos humanos que tiene lugar entre la UE y China. 
Estamos examinándolo. 
Creo que este nuevo tipo de diálogo tendría también repercusiones positivas tanto para la relación UE/Cuba como para la relación triangular UE/Cuba/EE.UU. 
En lo que a sus preguntas en concreto se refiere, quiero decirle que actualmente no se ha previsto ninguna modificación de la posición que he expuesto. 
Pero como he dicho, si lo he interpretado bien, para el futuro veo posibilidades que apuntan en una dirección relativamente positiva. 
Quisiera preguntar a la Presidenta en ejercicio del Consejo si, en el supuesto de que entre en vigor el acuerdo de 18 de mayo- lo que en estos momentos parece improbable- puede garantizar la Sra. Ministra a la Asamblea que ello no dará lugar a la creación de serios obstáculos para los empresarios europeos que intenten continuar con sus actividades comerciales en Cuba, me refiero a los obstáculos implícitos en la carta de la Sra. Albright. 
¿Puede asegurarnos que se cumplirán las declaraciones que se han hecho en varias ocasiones ante esta Asamblea, al menos por Sir Leon Brittan? 
Señor Presidente, señor diputado, la Unión Europea tiene un gran interés en la mejora de las relaciones trasatlánticas y, sobre todo, de la Foreign Policy Cooperation, cuya efectividad se puede ver menoscabada por diferencias de opiniones en lo tocante a Cuba. 
La línea política al respecto de la Unión Europea se basa en dos aspectos. Primero: convencer a los EE.UU para que no internacionalice los problemas bilaterales, es decir, entre ellos y Cuba, aplicando una legislación extraterritorial y segundo: convencer a los EE.UU de que un diálogo crítico-cooperativo de la UE con Cuba a largo plazo va a tener más éxito para las relaciones de Cuba con la comunidad internacional que el enfoque norteamericano de emplear presiones y amenazas. 
Esto es lo que puedo responder a su pregunta. 
En realidad ya hay varias preguntas planteadas a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Quizás hay poco más que contestar, pero yo comparto la preocupación del Sr. Salafranca en el sentido de que la Comisión y el Consejo deben contestar a una carta que la Sra. Albright ha escrito al Sr. Helms. Realmente esta carta es, cuando menos, sorprendente. 
Dice que la Unión Europea se ha comprometido a no conceder préstamos, ni subvenciones, ni subsidios, ni ventajas fiscales, ni garantías, ni seguros de riesgo político, ni participación equitativa, a todos aquellos empresarios europeos que quieran hacer inversiones en Cuba. 
Estuvimos en una audiencia de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y en ella los empresarios europeos nos dijeron que están realmente preocupados y que, precisamente ese acuerdo que no está tan claro, ha distraído las inversiones en Cuba. 
Después dice otra cosa aún más sorprendente, que la Unión Europea deberá acudir a la información que tienen los Estados Unidos sobre los bienes expropiados antes de ayudar a ninguna empresa que quiera invertir en Cuba. 
A nosotros esto nos sigue pareciendo muy grave, y comprendo la respuesta que nos da la Presidenta en ejercicio del Consejo, pero, realmente, aunque sea sólo por el interés- y ya no vamos a hablar de otra cosa- de los empresarios, tantos- muchos españoles y europeos que tienen intereses en Cuba -, a nosotros nos gustaría aclarar la situación. 
Señor Presidente, señora diputada, permítame que exponga de nuevo mi opinión. 
A finales de mayo de 1998 se decía en Cuba que la Unión Europea, mediante los acuerdos de la cumbre, había aceptado el principio de la extraterritorialidad siempre criticada por ella. 
Que sobre todo seguían en vigor las disposiciones de la ley Helms-Burton que suponen numerosas limitaciones al comercio y al tráfico y, en consecuencia, seguía con plena vigencia el carácter extraterritorial del embargo de los EE.UU. La única contraprestación por parte de los EE.UU es, según La Habana, la vaga promesa de la Administración norteamericana a la UE de esforzarse por suspender el título 3 y 4 de la Ley Helms-Burton. 
Además, a comienzos de junio de 1998 Cuba advirtió a la UE frespecto de a una ayuda a los grupos de oposición y activistas pro derechos humanos; tales actividades subversivas no serían aceptadas por la administración cubana y podrían acarrear las correspondientes medidas. 
Pero precisamente los EE.UU exigen un compromiso de este tipo para demostrar al Congreso y a la opinión pública de su país que la UE no se aleja de las declaraciones centrales de la common position. 
Naturalmente, la UE no va a aceptar que una parte cualquiera del paquete de medidas acordadas en la cumbre de Londres justifique del modo que sea los principios del Liberty Act y mucho menos la imposición de boicots indirectos y normas con efectos extraterritoriales y retroactivos. 
Esta es la posición de la Comisión y de los Estados miembros. 
En la cuestión de las expropiaciones- ya lo he mencionado- Sir Leon Brittan ha tomado postura. 
Pregunta nº 6 formulada por Gerhard Hager (H-0854/98): 
Asunto: Documento estratégico sobre las políticas de migración y de asilo de la UE 
La Presidencia austriaca presentó el 1 de julio de 1998 un documento estratégico sobre las políticas de migración y asilo de la UE. 
¿En qué punto se encuentran los debates sobre el documento estratégico presentado por la Presidencia austriaca? 
¿Qué delegaciones han presentado ya su dictamen en el Comité K4 y cuál es su contenido? 
¿Ha abandonado la actual Presidencia alguna de las propuestas? 
En caso afirmativo, ¿cuáles y por qué motivo? 
Señor Presidente, señor diputado, permítame indicar primero que el documento de la Presidencia- lo que ya he dicho en el debate sobre las migraciones- es un documento de debate que pretende que se piense y recapacite más sobre cómo se pueden solucionar los problemas en el campo de la migración y del asilo. 
No pretende proporcionar una visión de conjunto sobre la futura política de la UE en estos campos sino que, de modo similar a iniciativas anteriores, como por ejemplo, la comunicación de la Comisión de 1994- sobre la que también se ha hablado hoy aquí -, se intenta garantizar que las personas que adoptan las decisiones, a la hora de determinar esta política puedan hacerlo sobre la base más amplia posible. 
Tal como se prevé en el documento, la Presidencia ha solicitado a las delegaciones que presenten hasta septiembre sus observaciones por escrito. 
Hasta ahora ha recibido aportaciones de las delegaciones alemana, griega, sueca y británica así como de la Comisión. 
La Presidencia ha revisado el documento a la luz de estas observaciones y en septiembre se celebró una reunión de la comisión K4. 
Esta versión revisada se presentará oficialmente lo antes posible al Parlamento Europeo. 
Esta es la primera versión posible que se puede entregar pues antes no se había introducido la opinión de los catorce restantes. 
Repito: quiero prevenir frente a todos los malentendidos que han surgido por falsas informaciones, sobre todo por parte de la prensa, pero también en parte, de los medios restantes. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, lamento que mi pregunta relativa al plazo de presentación haya perdido algo de actualidad pues, entretanto, es de conocimiento general. 
He seguido el debate de esta tarde y me alegro de obtener de parte autorizada una confirmación del estado actual de las informaciones. 
Sin embargo, me permito plantear la pregunta adicional de si a la inversa de lo que usted ha dicho y ha precisado también por la tarde en lo tocante a la retirada de partes de este documento, puedo suponer que las fórmulas empleadas en los artículos 41 y 132- en el campo del asilo, se podría pensar también en una forma de transición hacia unos conceptos de protección menos orientados al Estado de derecho y más políticos- siguen teniendo validez y, en caso afirmativo, me gustaría saber cuál es la posición del Consejo. 
Señor Presidente, señor diputado, no puedo responderle con detalles a cada formulación pues no tengo el texto ante mí. 
Solamente puedo decirle que se ha dado a la prensa un documento de debate y en la prensa se ha debatido sobre un documento que ni siquiera era oficial. En consecuencia, han surgido algunos malentendidos. 
Un documento que se debata oficialmente en los diversos gremios, no contendrá naturalmente formulaciones que puedan ser chocantes de alguna forma. 
Ya he expuesto hoy que ha existido un cierto malentendido: naturalmente, no se quería suprimir el Convenio sobre los Refugiados sino complementarlo allí donde es necesario. 
Esto lo he dicho también en el debate de hoy. 
En segundo lugar, el tema no es nuevo. 
Se recogió por primera vez en 1991 y fue proseguido por la Comisión en 1992 y 1994. 
Tal como ha mostrado el debate de hoy, esta cuestión es hoy tan compleja que tenemos que encontrar un medio para combatir estas actividades delictivas del tráfico ilegal de inmigrantes que, sin duda, existen. Pero, al mismo tiempo, debemos también proporcionar posibilidades humanitarias a los refugiados y acoger en el país a las personas que debemos necesariamente acoger. 
Tengo ante mí el documento sobre el que estamos debatiendo. 
No puedo evitar la gran sorpresa y decepción que me ha producido la lectura de la propuesta austríaca, una propuesta caracterizada por una excesiva represión y muy poca humanidad. 
Va a empeorar una política que ya de por sí es muy brutal en las fronteras de la UE, que da pie a la inmigración ilegal y que ocasiona también cada año la muerte de cientos de personas que intentan traspasar nuestras fronteras de manera ilegal. 
Si se aplicara el tipo de política que se defiende en este detallado documento, ello afectaría también a los refugiados que tienen verdaderos motivos para solicitar asilo, los cuales no podrían ya hacerlo al endurecerse la normativa en materia de concesión de visados o empeorar las condiciones de transporte. 
Asimismo, esta política plantearía a los países vecinos de la UE unas exigencias completamente desmesuradas para que aplicaran una política restrictiva sin precedentes, corriéndose el riesgo de que se produjera un empeoramiento de las relaciones entre los distintos países de la Europa Oriental al obligárseles a cerrar sus fronteras. 
Tengo una pregunta. 
En este documento se menciona el registro SIS con el que se controla en la actualidad a los solicitantes de asilo. 
No obstante, este registro ha puesto de manifiesto sus gravísimas deficiencias en materia de protección jurídica. 
Los solicitantes de asilo no tienen derecho a ver sus propios datos, por lo que no pueden controlar si son correctos. 
¿Podría plantearse la Presidencia la adopción de algunas medidas para reforzar la protección jurídica de los refugiados mediante un mejor control del registro SIS? 
Señor Presidente, señor diputado, creo que no es muy razonable entrar a debatir sobre un documento que ni siquiera existe oficialmente y en el que se acaban de introducir las opiniones de los demás Estados miembros. 
Hay que esperar hasta que el documento se presente oficialmente al Parlamento Europeo y entonces se podrá mantener un debate al respecto. 
Me doy cuenta de que quizá se ha producido una cierta confusión en torno a este informe, y que sólo se trata de un documento de debate. 
No obstante, existe una enorme inquietud en el Parlamento, especialmente en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, porque el Parlamento parece no haber participado desde la fase inicial, como nosotros hubiéramos deseado. 
Espero recibir garantías de que el documento revisado será presentado con tiempo para que el Parlamento lo estudie y emita su dictamen antes de la próxima reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
Asimismo quiero decir que estoy seguro de que la Presidenta en ejercicio del Consejo tiene conocimiento de que han sido numerosas las muestras de inquietud ante algunas sugerencias- aunque reconozco que no son más que sugerencias- que contiene este documento de opinión, en el sentido de que debemos modificar considerablemente el actual Convenio de Ginebra y posiblemente eliminar el derecho individual de solicitar asilo. 
Naturalmente, muchos de los refugiados que hoy llegan a Europa occidental lo hacen de un modo diferente al que se percibía hace 50 años, en tiempos del Convenio de Ginebra. 
No obstante, me parece que sus apuros y los problemas que padecen son los mismos, ya sean perseguidos por un gobierno o huyan simplemente de revueltas, de una guerra civil o del caos de la sociedad de los que las autoridades de su país no pueden protegerlos. 
Muchos de nosotros pensamos que el derecho individual debe mantenerse. 
Señor Presidente, señor diputado, respecto al primer punto: no se quiere tocar en absoluto el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados. 
Si en el primer borrador, sobre todo en el que ido a parar a la prensa, existe una formulación que provoque malentendidos, la versión revisada no contiene ningún pasaje del que se pueda deducir sinceramente una intención de este tipo. 
Segundo: el modo de proceder diseñado por nosotros, está en absoluta consonancia con la práctica general usual de no ocupar al Parlamento Europeo ya con una primera propuesta, ya que una propuesta así aún no puede tener en cuenta la actitud general de todos los Estados miembros, sino hacerlo tras un primer trato a nivel de un grupo de trabajo del Consejo. 
Este es exactamente nuestro modo de proceder. 
Tras la primera revisión, se presentará este texto al Parlamento lo antes posible. 
Pregunta nº 7 formulada por John McCartin (H-0860/98): 
Asunto: Coste de los vehículos de motor y de los seguros de vehículos en Irlanda 
¿Está informado el Consejo de la gran disparidad de los precios de los vehículos de motor y de los seguros de vehículos en la UE y no considera que esto constituye un elemento de distorsión de la competencia en el mercado único? 
¿Ha previsto el Consejo adoptar alguna iniciativa para remediar esta situación? 
Señor Presidente, señor diputado, el señor diputado indica con razón que la creación de un mercado interior para seguros de vehículos representa una prioridad desde hace muchos años. 
La tercera directiva de coordinación sobre seguros contra daños, es decir, la directiva 92/49/CEE del Consejo, ha culminado totalmente el mercado interior en el campo de los seguros. 
Excepto las directivas sobre seguros contra daños, con las que se quiere garantizar tanto el derecho de establecimiento como el libre tráfico de servicios, el Consejo ha aprobado adicionalmente normas jurídicas sobre el seguro obligatorio de automóviles. 
Con las normas jurídicas generales y específicas, se quiere garantizar que todos los ciudadanos de la Comunidad dispongan de un abanico lo más amplio posible de seguros. Esto aumenta la competencia en este campo y con el tiempo hará que los costes de los seguros desciendan. 
En lo tocante a los costes para vehículos, me remito al Reglamento 1475/95/CEE, un reglamento de la Comisión en el que se determinan ciertas normas sobre contratos de distribución en el sector del automóvil. 
Con ello, se quiere garantizar un mayor equilibrio en las relaciones contractuales entre los fabricantes, los comerciantes y los consumidores finales. 
En lo que se refiere a una posible distorsión de la competencia en el mercado interior en lo tocante a los costes de los seguros de vehículos y/o de los vehículos mismos, es asunto de la Comisión adoptar todas las medidas que considere necesarias para que se pueda garantizar un funcionamiento sin trabas del mercado interior en general y de un sector en particular. 
Agradezco a la Presidenta en ejercicio del Consejo su respuesta tan detallada. 
Quizá cometí un error al dirigir esta pregunta al Consejo, en vez de a la Comisión, porque existe una gran frustración en Irlanda, especialmente entre los jóvenes. 
En el caso de los jóvenes que buscan su primer empleo, si dicho empleo requiere conducir un automóvil en Irlanda, deberán pagar aproximadamente el equivalente a 50 ecus a la semana por el seguro. 
Si estuvieran en Bruselas o una ciudad del Reino Unido, probablemente sólo pagarían una cuarta parte de esa cantidad. 
Por lo tanto, se tiene la sensación de que la Unión Europea ha fracasado en la realización del mercado único en el ámbito de los seguros. 
El hecho de que hayamos fracasado y que el Consejo haya fracasado en la armonización del régimen fiscal, crea una situación en la que, para empezar, los vehículos de motor son mucho más caros, lo cual repercute en el sector de los seguros, pero con explicarlo no basta. 
El hecho de que las compañías de seguros del Reino Unido, Bélgica y Alemania no compitan en el mercado irlandés se debe, en mi opinión, a que la Unión Europea no ha aplicado el derecho al libre establecimiento ni el derecho a la igualdad de acceso al mercado. 
Señor Presidente, señor diputado, tal como he expuesto en mi anterior respuesta en lo tocante al sector del automóvil, la Comisión ha aprobado una serie de normas que pretenden garantizar la transparencia de los precios de los automóviles a nivel europeo. 
En este contexto, es razonable indicar que según el capítulo 5 del Tratado, en especial las normas de competencia comunitarias caen bajo el ámbito de competencias de la Comisión, tal como usted intuye. Por ello, está en una situación mucho mejor que el Consejo para responder a las preguntas del señor diputado. 
En el campo de los seguros, remito al señor diputado a la Directiva 92/49/CEE con la que se quiere regular la actividad de este sector y garantizar una mayor competencia. 
Si, a pesar de ello, en el mercado del automóvil se constatasen obstáculos, naturalmente el Consejo dedicará toda su atención a las propuestas cuya difusión considere como útil la Comisión, para aportar la correspondiente ayuda. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, ¿cree que la introducción del euro va a proporcionar más transparencia a los costes de los vehículos y de sus seguros? 
Señor Presidente, señor diputado, por supuesto que sí, es lo único que puedo decir. 
Creo que esto elevará la competitividad al aumentar la competencia. 
También descenderán los precios pues al poder comparar mejor, el consumidor podrá decidir con mayor conocimiento de causa dónde quiere comprar realmente. 
Creo que la introducción del euro va a tener a la larga unas repercusiones positivas para los consumidores. 
Señor Presidente, la distorsión ocasionada por los diferentes precios es tan grande que tenemos los siguientes fenómenos: Por ejemplo, trabajadores de Alemania en Grecia, trabajadores jóvenes que llevan a Grecia un coche que han comprado sus padres y que están finalmente obligados a entregarlo al Estado porque pueden pagar los enormes impuestos que prevé la legislación griega. 
Y existen tales ejemplos, que son dramáticos en cuanto a cifras se refiere. 
Estoy de acuerdo con el Sr. McCartin. 
Por consiguiente, desearía preguntar: ¿Puede hacerse algo por esa categoría especial?. 
Y, en cualquier caso, ¿Existe una fecha en la que también nosotros podamos decir que los precios de los coches son similares en toda la Unión Europea?. 
Porque llevamos décadas debatiendo este asunto en el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señor diputado, tengo una gran comprensión por el problema que plantea al igual que el colega anterior. 
Me permito indicar de nuevo que no es tarea del Consejo sino de la Comisión, encargarse de que el mercado interior funcione sin trabas y vigilar la observancia de las normas de competencia. 
Me permito también recordar que la determinación de las primas de seguros cae dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros. 
En lo que se refiere a la realización de mercado interior de los seguros, ruego de nuevo al señor diputado que se ponga en contacto con la Comisión, pues ésta es precisamente competente para la observancia de las normas de competencia. 
Por lo demás, pasaré gustosamente su pregunta. 
El Sr. Posselt tiene la palabra con relación al reglamento. 
Señor Presidente, sólo tengo una pregunta. 
Ha mantenido usted ahora una actitud política muy equilibrada. 
Sólo quiero preguntar por qué precisamente en la muy delicada cuestión del documento estratégico austríaco solamente ha concedido la palabra a dos representantes del Grupo de los Socialistas Europeos, a pesar de que yo fuí el primero que la pedí en el mismo segundo en que se preguntó. 
De este modo, quizás la Presidenta del Consejo tenga la errónea sensación de que aquí sólo hay críticos del documento. 
Pero hay también diputados que apoyan el documento y esto no se ha reflejado. 
Lo lamento, señor Posselt, pero he dado la palabra a los primeros en apuntarse. 
Lamento que usted no tuviera la palabra, sin embargo, según el reglamento sólo puedo dar la palabra a dos personas. 
Pregunta nº 8 formulada por Anna Karamanou (H-0862/98): 
Asunto: Contribución de los medios de comunicación al aumento de la explotación sexual de la mujer 
Según una reciente comunicación del Consejo de Europa, las mujeres constituyen las víctimas principales de la explotación sexual a través de los medios de comunicación, algo que constituye una violación importante de los derechos humanos. 
La forma en que los medios de comunicación presentan la imagen de la mujer contribuye al aumento de la explotación sexual de las mujeres en Europa; por otra parte, la trata de blancas recurre cada vez más a los medios modernos de comunicación de masas y a la utilización de las nuevas tecnologías. 
¿Puede indicar el Consejo cómo va a intervenir y qué medidas va a adoptar para solucionar este grave problema? 
Señor Presidente, señora diputada, primero quiero subrayar que el Consejo es plenamente consciente de que en esta cuestión y en el comportamiento aquí mencionado, se trata de problemas gravísimos. 
El Consejo es de la opinión de que hay que hacer todo para impedir que el crimen organizado relacionado con la prostitución se sirva de modo creciente de las tecnologías de información y comunicación más modernas. 
La Presidencia austríaca se va a esforzar por ello para que puedan concluir pronto los debates que actualmente tienen lugar sobre temas como la medida común para la lucha contra la pornografía infantil en Internet, el plan de acción de la Comunidad para impulsar el uso seguro de Internet mediante la lucha contra contenidos ilegales y perjudiciales y el programa de acción de la Comunidad para medidas destinadas a combatir la violencia contra los niños, jóvenes y mujeres, DAPHNE. 
La Presidencia confía en que los Estados miembros impulsen y encuentren una base común para la aprobación de estos instrumentos. 
La señora diputada sabe lo grande que es el ámbito de influencia de las asociaciones criminales que se sirven de la prostitución. Pues estos reprobables negocios con los que se pisotea la libertad de sus víctimas, se realizan a nivel internacional. 
Por ello, a causa de la internacionalidad de Internet, el Consejo cree que la lucha contra la prostitución organizada debe realizarse a nivel internacional, para lo que naturalmente también se ofrecen las Naciones Unidas. 
Por ello, estoy segura de que la Comunidad y sus Estados miembros van a dedicar toda su atención a las iniciativas que se adopten bajo el patrocinio de las Naciones Unidas. 
En especial, se trata del proyecto de prohibición del crimen organizado a nivel transnacional así como un protocolo sobre el comercio con niños y mujeres y el proyecto de un protocolo facultativo para un convenio sobre los derechos del niño en lo que se refiere a la venta de niños y su explotación sexual, la prostitución y la pornografía con niños. 
Quiero dar las gracias a la Presidenta por su respuesta que, sin embargo, considero que dista mucho de satisfacer no sólo a mi, sino a ella misma, puesto que por un problema tan enorme se ha hecho tan poco por parte de la Unión. 
Trágicamente poco. 
El Parlamento Europeo ha hecho reiterados llamamientos al Consejo y la Comisión para que se adopten medidas drásticas y eficaces para hacer frente a las redes internacionales de proxenetas modernos, de los modernos negreros. 
Desearía preguntar a la Presidencia qué hizo el Consejo en relación con la creación de nuevas instituciones europeas apropiadas, eficaces y capaces de desarrollar una acción común a nivel internacional y europeo y de imponer sanciones y penas en función de la gravedad del delito. 
Es seguro que a las redes internacionales de delincuentes hay que hacerlas frente a nivel internacional y multidimensional, como la misma Sra. ministra reconoció. 
En otras palabras, desearía preguntar, ¿Va a aplicar el Consejo una legislación comunitaria y medidas más allá de las fronteras nacionales para que se erradique el fenómeno, que adquiere cada vez dimensiones más explosivas y que ataca a nuestra propia civilización?. 
Y también, señora Presidenta, desearía que me informara sobre el punto en el que se encuentra la sanción del Acuerdo de Europol por parte de los Estados miembros y de qué recursos se dispone para que dicho servicio lleve adelante las numerosas obligaciones que ha de asumir. 
Señor Presidente, señora diputada, permítame que indique de nuevo que precisamente también para la Presidencia austríaca del Consejo el punto mencionado por usted es especialmente importante y que hemos adoptado también una serie de iniciativas. 
Pero antes de referirme a ello, quiero decir que en la Conferencia Europea que se celebró ayer en Luxemburgo y sobre la que ya he informado esta mañana, se debatió muy especialmente sobre esta cuestión. 
No comenzamos a hablar sobre esta problemática tan importante y a buscar soluciones sólo en el marco de la Unión Europea sino también con todos los países candidatos. 
Además, esta es también una cuestión que cae ahora bajo la competencia de Europol, lo que es de gran importancia. 
Por lo demás, quiero decir que no solamente se debería crear más burocracia sino que deberíamos intentar combatir conjuntamente y con eficiencia este cáncer al que se ha referido usted muy acertadamente. 
Permítame pues que indique que el Consejo ha aprobado en los dos últimos años numerosas resoluciones que se aplican ahora. 
Me limito a mencionar brevemente las siguientes: dos acciones conjuntas del 29 de noviembre de 1996 y del 24 de febrero de 1997 para un programa de intercambio y una medida para combatir el tráfico de personas y la explotación sexual de niños; la ampliación del mandato de Europol a la evitación y lucha contra el tráfico de personas al que acabo de referirme; el plan de acción del 28 de abril de 1997 para la lucha contra el crimen organizado; la iniciativa conjunta de la Unión Europea y de los Estados Unidos contra la trata de mujeres- nos parece importante que precisamente en el marco del diálogo trasatlántico se haya recogido esta cuestión -; y finalmente, las conclusiones del Consejo del 19 de marzo de 1998 sobre 10 principios básicos para un plan de acción propuesto por el G8 para la lucha contra la criminalidad en los sectores tecnológicos punteros. 
Aquí se nos hace una detallada descripción de cómo se transforma la identidad de las mujeres, de cómo se les tiñe el pelo o de cómo se las tatúa antes de traerlas, tal como ya se ha descrito en anteriores intervenciones. 
Resulta esencial que la Presidencia austríaca preste atención a este punto. 
Estoy satisfecha por los esfuerzos que hemos realizado, a pesar de lo cual me temo que tenemos a nuestra disposición muchísimas decisiones y poquísimas medidas de apoyo. 
Usted ha mencionado el programa Daphne. 
Me pregunto cuándo piensa el Consejo adoptar este programa. 
Por lo demás, también me pregunto si el Consejo y la Presidencia austríaca respaldan también las medidas destinadas a la rehabilitación de las jóvenes, por ejemplo, mediante el programa La Strada en Bulgaria. 
En tercer lugar, me pregunto si es cierto el dato que a veces oímos en este Parlamento acerca de los cientos de miles de chicas o niñas que son trídos a los Estados miembros de la Unión Europea procedentes de los países candidatos a la adhesión. 
Creo que tenemos que prestar todavía una mayor importancia a este punto. 
Ningún país que no haya abordado antes este tema de la manera adecuada podrá ser miembro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora diputada, creo que he intentado exponer lo mucho que precisamente la Presidencia austríaca se está enfrentando a este problema en relación con la problemática general de la lucha contra el crimen organizado. 
Objetivo de la Conferencia Este-Oeste organizada por la Presidencia austríaca sobre la trata de mujeres y que acaba de celebrarse en Viena del 1 al 3 de octubre de 1998 y en la que, por cierto, participó la Comisaria de la UE para Asuntos Interiores y Justicia, la señora Anita Gradin, era informar a la opinión pública sobre mecanismos básicos y específicos de los países en lo referente a la trata de mujeres y proporcionar también a representantes de las ONGs, y de instituciones estatales e internacionales la posibilidad de intercambiar sus experiencias en el campo de la prevención e intervención así como desarrollar más estrategias para combatir la trata de mujeres en la Europa occidental y oriental. 
El Parlamento Europeo y la Comisión Europea tienen prevista para el próximo año una campaña contra la violencia contra las mujeres. 
La Conferencia sobre el tema «trabajo policial contra la violencia ejercida contra las mujeres» organizada asimismo bajo la Presidencia austríaca y que tendrá lugar del 30 de noviembre al 4 de diciembre de este año en Baden, quiere realizar una aportación a la preparación de actividades de los Estados miembros en el año 1999. 
La Conferencia quiere que, a la luz de las experiencias internacionales, se hable sobre los estándares actuales y modelos de medidas para reprimir los actos de violencia que los hombres ejercen contra las mujeres. 
Se quiere tratar, en especial, sobre la situación procesal a la que se ven expuestas las mujeres que han sido víctimas de la violencia doméstica así como los aspectos especiales de la violencia contra las inmigrantes y su necesidad especial de protección debido a su situación económica y jurídica extraña, también de cara al trabajo policial. 
Antes he indicado que esto es un tema esencial de la Conferencia Europea, para que los Estados que se van a convertir en el futuro en miembros de la Unión Europea, presenten conjuntamente soluciones a esta problemática. 
Señor Presidente, como saben, muchos de los actos delictivos se cometen entretanto a través de Internet. 
Esto es también aplicable a la prostitución infantil y la trata de mujeres así como al tráfico de órganos que con frecuencia está relacionado con lo anterior. 
Ahora sabemos que el programa DAPHNE tiene un período de vigencia más largo hasta el año 2004, y que se quiere dotar relativamente con bastantes fondos. 
Ya que muchas cosas ocurren a través de Internet, ¿hasta qué punto se puede pensar en crear una especie de cyber police que controle el tráfico en Internet y aplique las correspondientes contramedidas para contribuir a combatir estos delitos? 
Señor Presidente, señor diputado, ha tocado ciertamente un problema muy actual al que la Presidencia austríaca del Consejo le dedica también una gran atención. 
Como Internet es un medio totalmente nuevo, tenemos que examinar exactamente todas las medidas que son posibles. 
Tenemos que ver qué se puede hacer en Internet. 
Quizás se trate también de una especie de code of conduct del usuario, pues va a ser difícil desarrollar unas determinadas normas jurídicas. 
En estos momentos estamos examinándolo muy detalladamente con expertos y esperamos elaborar aún durante la Presidencia o poco después un catálogo al respecto que presentaremos también a continuación. 
Pregunta nº 9 formulada por Astrid Thors (H-0867/98): 
Asunto: Reducción del IVA en actividades que requieren numerosa mano de obra 
El Comisario Monti propuso una vez que los Estados miembros de la UE redujeran el IVA que se aplica a las actividades que requieren numerosa mano de obra con el fin de fomentar la creación de puestos de trabajo. 
La Comisión ha realizado recientemente un análisis del impacto del IVA en el mercado interior, incluyendo los aspectos relativos al empleo. 
¿Cuándo se propone la Presidencia austriaca presentar este asunto para debate en el Consejo Ecofin? 
Señor Presidente, señora diputada, la problemática contemplada en la pregunta de la Sra. diputada es estudiada actualmente en los gremios del Consejo. 
En base a los resultados de dicho estudio, el Consejo podrá apreciar si se debe encargar a la Comisión que elabore una propuesta sobre el sector mencionado en la pregunta de la señora diputada. 
Lamento que actualmente no pueda proporcionar informaciones más detalladas. 
Yo también lamento que el Consejo no pueda ofrecer mayores explicaciones. 
Por el contrario, en los últimos días hemos podido leer en los periódicos que los Estados miembros sí han ofrecido respuestas al grupo de trabajo del Consejo. 
En primer lugar, me pregunto por qué se ha tardado tanto tiempo en solicitar la reacción de los Estados miembros a esta propuesta. 
Desearíamos señalar, sin embargo, que la Comisión presentó su comunicación el 13 de noviembre del pasado año. 
Estamos a octubre de 1998, es decir, ha pasado ya un año, a pesar de lo cual no se ha recibido ninguna noticia sobre un posible calendario. 
Además, corre el rumor de que, a pesar de los 18 millones de desempleados que hay en Europa, el grupo de trabajo del Consejo ni siquiera tiene previsto extraer conclusiones antes de que acabe el presente año. 
Somos muchos los que estamos convencidos de que ésta sería una manera de reducir el fraude fiscal y crear empleo, de pasar de una sociedad de autoservicio a una cierta sociedad de servicios. 
Señor Presidente, señora diputada, en primer lugar comparto naturalmente su preocupación por el nivel de empleo y la posibilidad de combatir el paro en todos los lugares donde sea posible. 
De esto no cabe la menor duda. 
Precisamente en unos tiempos de globalización de la economía, el Consejo es consciente de la necesidad de que hay que hacer todo lo posible para mantener el nivel de empleo y elevarlo donde sea posible. 
El Consejo es de la opinión de que la cuestión del empleo es el gran desafío para la Unión Europea en el cambio de milenio. 
Yo misma estoy profundamente convencida de que las futuras generaciones de europeos medirán la política de la Comunidad con el éxito que logre en su lucha contra el azote del paro. 
Por ello, sólo puedo indicar de nuevo que aquí se trata de un problema extraordinariamente complejo e intrincado que debe ser analizado muy a fondo con todas las implicaciones que van unidas a esta cuestión, lo que está ocurriendo actualmente. 
Se encuentra pues en una fase de estudio y en su momento se realizará una propuesta en la forma debida. 
Pero debido a la complejidad de la situación, actualmente es demasiado pronto para poder hacer declaraciones precisas sobre contenidos. 
Los impuestos constituyen sin lugar a dudas un instrumento para intentar mejorar la desesperada situación del desempleo y de crear más puestos de trabajo. 
Sin embargo, la responsabilidad de la política fiscal recae primordialmente en los Gobiernos nacionales, y sabemos que es difícil ir con la varita de la Unión Europea a enseñarles lo que hay que hacer en materia de impuestos. 
Querría referirme a la segunda parte de la respuesta que nos ha ofrecido la representante del Consejo. 
Me pregunto qué medidas generales tiene previsto aplicar el Consejo durante el resto de su Presidencia para ocuparse de una vez por todas de la cuestión que usted misma ha descrito como el gran reto ante el siglo XXI, el que plantean la reducción del desempleo y la creación de un mayor número de puestos de trabajo para la generación venidera. 
Así pues, ¿qué planes tiene la Presidencia para presentar, durante el tiempo que le queda, propuestas de este tipo? 
Señor Presidente, señor diputado, sabe que precisamente la Presidencia austríaca concede la máxima importancia a la cuestión de la lucha contra el paro y que tenemos previsto elaborar determinadas directivas para que sean aprobadas en el Consejo Europeo de Viena. 
Estas se basan- no las tengo ahora todas detalladamente ante mi- en primera línea en las llamadas best practices de los diferentes Estados, es decir, que unos van a aprender de otros. Actualmente se está examinando con gran detalle qué es lo que ha creado puestos de trabajo adicionales en los diversos países. 
Pienso en la gran flexibilidad y movilidad como se practica, por ejemplo, en Holanda, o pienso en el modelo austríaco de la llamada formación dual, donde existe un modelo de aprendizaje y al mismo tiempo la escuela profesional, es decir, la teoría y la práctica simultáneamente, lo que nos ha llevado al primer puesto en el empleo juvenil. 
Cosas similares van a ser estudiadas con todo detalle por los expertos, para que podamos recoger esos modelos con los que otros han tenido experiencias positivas. 
En este sentido apunta la directiva de la Presidencia austríaca para combatir el paro. 
Señor Presidente, en relación con las empresas de mano de obra intensiva, el problema es la competencia procedente de terceros países, países con mano de obra barata. 
Reduciendo el IVA, no mejoramos la competitividad, puesto que el IVA se aplica tanto a los productos importados, como a los de fabricación nacional. 
Por lo que lo único que haremos será ampliar un poco el mercado y ofrecer mayores oportunidades a las zonas donde la mano de obra es más barata. 
Una gran multinacional- Fruit on the Loom- está en trámites de liquidar una empresa de mano de obra intensiva con miles de puestos de trabajo, porque quiere trasladar la producción a Marruecos. 
Quisiera sugerir- y agradecería algún comentario de la Presidenta en ejercicio del Consejo- que la solución pasa por una reducción de nuestros impuestos sobre la renta y de las cargas sociales, que son demasiado elevados, de cara a mejorar la competitividad de la empresa europea. 
¿Es ésta una cuestión que compete a los Estados miembros o es la Unión Europea la que debe tomar una iniciativa? 
¿Iría en contra de nuestras obligaciones con respecto al GATT? 
Hay que hacer algo o de lo contrario nos quedaremos sin empresas de confección, calzado y sin otras de mano de obra intensiva. 
Señor Presidente, señor diputado, muchas gracias por la observación. 
Naturalmente, usted tiene razón en que precisamente estas medidas sobre las que se debate actualmente van a tener repercusiones en el marco de la globalización general. 
¿Cómo va a poder proseguir la cuestión de la reducción de los costes laborales? 
Estas cuestiones son especialmente importantes también en el marco de las negociaciones de Lomé que acabamos de comenzar. 
Naturalmente, no puedo referirme ahora en detalle a ello- tampoco soy la experta para estas negociaciones financieras -, pero puedo decirle que usted ha realizado con razón la observación de que todas las cuestiones que se traten como los impuestos, van a tener por supuesto grandes repercusiones sobre la economía global del mundo. 
Muchas gracias, señora Presidenta del Consejo. 
Son las siete y desgraciadamente me veo obligado a interrumpir el turno de preguntas. 
Lo siento por los señores miembros que han esperado pacientemente, pero así son las cosas en el Parlamento. 
Le debemos a la Presidenta del Consejo detenernos ahora para que así pueda coger su avión de regreso. 
Muchas gracias, señora Presidenta del Consejo. 
Las preguntas nº 10-29 serán contestadas por escrito. 
Las encontrarán en los casilleros de los señores miembros en el transcurso de esta noche. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Enfermedades relacionadas con la contaminación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0333/98) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (1999-2001) (C4-0340/98-97/0153 (COD) ) con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa de acción comunitaria sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (Ponente: Sr. Cabrol) 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, hemos de examinar la posición común, aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de un programa de acción comunitaria relativo a las enfermedades relacionadas con la contaminación. 
Para comprender en qué marco concreto pueden y han de ser votadas las enmiendas, resulta esencial saber que este programa no plantea luchar directamente contra la emisión de contaminantes, ni contra las enfermedades relacionadas con la contaminación, algo que ya es objeto de otras directivas. 
El presente programa tiene como objetivo inventariar los conocimientos sobre los contaminantes, reunir todos los datos relativos a las enfermedades relacionadas con los contaminantes e inventariar dichos contaminantes para informar a los Estados miembros, que están encargados de recoger los datos, y también para informar a los ciudadanos de la Unión Europea, con el fin de que éstos, que conocen los contaminantes, puedan protegerse lo mejor posible contra ellos. 
Se trata por tanto de un programa, de alguna manera, de un inventario de los contaminantes y enfermedades que provocan. 
Se trata también de un programa de información al público sobre los contaminantes y las enfermedades que de ellos se derivan. 
Eso es lo que queremos reafirmar en las enmiendas presentadas: la primera parte de la enmienda 5, las enmiendas 10, 12, 13 y 14. 
Pero este programa no contiene nada más, y por ello, para seguir en esa línea y no invadir la lucha directa contra los contaminantes o las enfermedades relacionadas con los contaminantes, no apoyaré, a título personal, las enmiendas 5, último párrafo, 9 y 16, que van más allá del presente programa. 
Por otra parte, este programa pretende poner en común las experiencias de los Estados miembros, de las organizaciones internacionales y de algunos países terceros. 
Evidentemente, un programa así habrá de ser evaluado en el transcurso de su aplicación, y su seguimiento habrá de ser controlado. 
En conjunto, la posición común nos parece satisfactoria. 
Nos felicitamos en especial de que contemple enfermedades relacionadas con todo tipo de contaminaciones, tal como habíamos solicitado en primera lectura. 
Sin embargo, este texto nos parece discutible en algunos puntos. 
Hemos observado en el artículo 1, párrafo 2a, que la información sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación comporta informaciones claras relativas a estas enfermedades, algo que no se ha adoptado en el texto de la posición común. 
Por otra parte, la duración del programa se ha establecido en tres años, cuando en el texto inicial eran cinco. 
Por ello, la financiación tal como está prevista, de 1, 3 millones de ecus por año, está globalmente limitada a 3, 9 millones. 
Podríamos aceptar esos cambios en la duración y la financiación si el proyecto no constituyera, verdaderamente, como dice la Comisión, más que un paso en este ámbito. 
Pero en el supuesto de que no fuera ése el caso, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor solicita, en las enmiendas 2 y 4, la fijación de la duración de este programa en cinco años, al igual que la determinación de una dotación financiera total de 7 millones de ecus. 
Es la enmienda 7. 
Con un programa fijado de nuevo así en su duración y su financiación, es preciso llegar más lejos, es decir, iniciar estudios epidemiológicos coordinados sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación. 
Ése es el objetivo de la enmienda 11. 
Es preciso también promover el conocimiento de comportamientos, formas de vida, hábitos alimentarios que permitan limitar los riesgos de algunas contaminaciones, como indicamos en la enmienda 15. 
Señalemos por otra parte que la Comisión considera inapropiada la referencia al artículo 228 que aparece en el texto del artículo 6 sobre la cooperación internacional, ya que se trata de una cooperación técnica y no de acuerdos internacionales propiamente dichos. 
Finalmente, quisiera insistir más especialmente en la evaluación del programa y en su seguimiento. 
La Comisión considera que la redacción de un informe en el tercer año de aplicación del programa supone un plazo demasiado corto. 
En la enmienda 8 solicitamos que este informe se redacte al término de la realización del programa. 
En cuanto al seguimiento, solicitamos a la Comisión que nos comunique, dentro de los seis meses posteriores a la aprobación de este proyecto, las medidas adoptadas para asegurar la coherencia y la complementariedad de este programa con los demás programas: salud pública, medio ambiente, investigación. 
Ése es el objetivo de la enmienda 6. 
Eventualmente también para poder proceder a los ajustes necesarios, como solicitamos en la enmienda 1. 
Esperamos así completar de forma útil el programa previsto e incrementar su eficacia, insistiendo de nuevo, para concluir, en el hecho de que nos parece esencial que este programa se vea seguido por otros proyectos más ambiciosos, que definan las medidas a adoptar para luchar de forma eficaz contra las temibles consecuencias de la contaminación. 
Señora Presidenta, quiero comenzar señalando que la oradora propiamente dicha de esta tarde debía ser la Sra. Kirsten Jensen, que está enferma. 
Esperemos que su enfermedad no tenga nada que ver con esta contaminación que podemos constatar también aquí, en Estrasburgo. 
Nos enfrentamos con un dilema clásico en relación con la UE y con la política sanitaria. 
En realidad, el ejercicio de la política sanitaria entra dentro de las competencias de los Estados miembros, no de la Unión Europea. 
Son los Estados miembros los que definen los impuestos y las disposiciones en materia de seguros aplicables en este ámbito. 
Además, sabemos que gran parte de la política sanitaria es objeto de una descentralización aún más amplia. 
Así las cosas, nos servimos con un programa como éste para despertar expectativas acerca de una intervención activa por parte de la UE contra la contaminación y su problemática. 
Sin embargo, no se trata de ninguna manera de una tarea que deba resolver la Unión Europea. 
Es obvio que, en cualquier caso, la Unión Europea tiene un papel que desempeñar, garantizando que se destinen fondos a la investigación, llevando a cabo intercambios de experiencias en el ámbito sanitario o, lo que sin duda es más importante, velando por la buena salud de su propia política mediante la integración de los aspectos sanitarios tanto en la política de transportes como en la política industrial. 
El Tratado de Amsterdam nos ofrece esta posibilidad. 
Con el programa que sometemos ahora a debate podemos hacer dos cosas: o bien dejarlo morir, que parecería ser el objetivo cuando se lee la propuesta presupuestaria de la Comisión, o bien potenciarlo lo suficiente para que, por lo menos, pueda responder a las expectativas que ha despertado. 
Nuestra alternativa es la segunda, de ahí las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente para lograr un incremento del presupuesto. 
Por mi parte, esta opción se pone de manifiesto también en el hecho de que las asociaciones de pacientes que trabajan con enfermedades relacionadas con la contaminación opinan que se trata de un programa verdaderamente útil. 
Por todo ello, proponemos que se aumente en siete millones de ecus el presupuesto de este programa. 
Como ha señalado el Sr. Cabrol con toda razón, el programa no evita de por sí la contaminación, pero hace hincapié en que existe una relación entre la contaminación y las enfermedades. 
Ojalá permita este programa lograr una política integrada más eficaz de las políticas medioambiental y sanitaria. 
Es distinto explicar a la población que no debe salir cuando hay smog que evitar este fenómeno. 
Es distinto suministrar a los niños pequeños pomadas ante la aparición de alergias que intentar encontrar una conexión entre las erupciones y la contaminación para evitar así la exposición a los elementos causantes de estas enfermedades. 
Además, es necesario comprender mejor enfermedades como el síndrome químico múltiple, o los daños que ocasionan las sustancias con efectos de trastornos hormonales. 
Estas enfermedades y su relación con la sociedad moderna representan un punto problemático. 
Por este motivo me produce también satisfacción la audiencia que mantendrá en otoño la Comisión de Medio Ambiente acerca de la evaluación del impacto en la salud. 
Somos conscientes de la utilidad de la integración de las políticas medioambiental y sanitaria. 
Deseamos erradicar en una medida cada vez mayor las emisiones de plomo y azufre que se producen en nuestras ciudades. 
Cabe esperar que esta erradicación tenga una repercusión en las enfermedades relacionadas con estas sustancias. 
En otras palabras, no se pierde nada con la integración de los aspectos sanitarios. 
Señora Presidenta, como siempre, estos programas que están perfeccionando la dimensión europea de la sanidad reciben el apoyo del Parlamento y, muy concretamente, del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Y, al mismo tiempo, hay que recordar a la Comisión que, aunque damos este apoyo pleno, también necesitamos recibir más documentación. 
Es decir, tenemos que aprovechar en este Parlamento- sobre todo de cara a la próxima fase en la que este Parlamento tendrá más poder legislativo- los documentos de base de que dispone la Comisión para la preparación de sus propuestas y así, quizás, también se podrían evitar algunas interpretaciones o intervenciones que no vengan muy al caso. 
Todos sabemos que en las políticas sanitarias la competencia de la Unión Europea es complementaria- y así lo dice el Tratado de Maastricht e insiste el Tratado de Amsterdam -, pero tenemos que transmitir a todos los ciudadanos que la Unión Europea se preocupa de estos temas y que lanza vías de trabajo de organización y de complementariedad. 
No pretendemos con estos programas, bajo ningún concepto, resolver todo el problema, pero sí poner a trabajar a todos los entes afectados, sean las clases sanitarias, sean las regiones, sean los Estados, para que todas su políticas sean concordantes y convergentes. 
Por eso, yo creo que el mensaje y el apoyo a este programa tienen que ser positivos. 
Pero también, al mismo tiempo, tenemos que dar datos y justificar ante los ciudadanos por qué se inician los programas. 
Y, entonces, da la impresión de que las acciones que vamos a emprender están en una primera fase cuando en realidad se dispone de bastante datos y se dispone de premisas para actuar concretamente. 
Porque puede dar la sensación de que si las contaminaciones atmosféricas y de todo tipo que estamos padeciendo están haciendo que edificios como las catedrales, que llevan siglos construidas, en los últimos veinte años hayan sufrido desgastes mucho mayores que durante los siglos anteriores, algo está pasando. 
Si nuestros bosques están deteriorados en un 30 % es porque algo está pasando. 
En definitiva, no debemos pensar que el ser humano soporta más que las catedrales y los bosques. Por lo tanto, aquí hay una razón para actuar y- yo diría- una razón urgente. 
Y, por supuesto, todo lo que está relacionado con las enfermedades respiratorias y las alergias es alarmante. 
El crecimiento de las alergias en los últimos diez años se ha multiplicado por 120. 
En definitiva, apoyamos las propuestas complementarias y la enmienda del profesor Cabrol y apoyamos la propuesta general de la Comisión. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, el Grupo parlamentario Liberal apoya el Informe Cabrol. 
Sin embargo tenemos dos observaciones. 
En primer lugar, en una primera lectura propuse que se fomentara el registro de las enfermedades relacionadas con la contaminación a nivel de los Estados miembros. 
Las enfermedades medioambientales son un fenómeno que preocupa cada vez más a la población. 
La existencia de un registro central de estas enfermedades daría la confianza a los ciudadanos de que pueden acudir a algún sitio con sus sospechas sobre el origen de las enfermedades o alergias. 
Los Países Bajos, por ejemplo, ya cuentan con un registro central y también en mi país, en Flandes, están en ello. 
Lamento que ni el Consejo, ni la Comisión estén por la labor y me sorprende que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se resigne a esto. 
Si hablamos en mi país de las enfermedades relacionadas con el medio ambiente pensamos en primer lugar en la contaminación del aire, por ejemplo en los alrededores de las incineradoras. 
La incidencia inquietante de niños con defectos genéticos y con casos de cáncer nos debe hacer entender que aquí se trata de enfermedades graves que incluso constituyen un riesgo para la vida. 
Este programa de acción debe hacer entender a las administraciones, a la industria y a los ciudadanos cómo determinados productos contaminantes pueden afectar a la salud humana. 
Esto debe servirnos de lección para el futuro, por ejemplo para que no se pongan incineradoras en medio del casco urbano como ha ocurrido en Drogenbos, en el extremo de Bruselas. 
Por concluir, damos la bienvenida a este programa de acción y esperamos que conduzca a una mayor comprensión y también a una mayor prevención. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, nuestro Grupo está de acuerdo con el informe del Sr. Cabrol, al que agradece su excelente trabajo. 
Poco a poco se van cubriendo las lagunas existentes en el establecimiento de una correcta y completa política de salud para la Unión Europea. 
Precisamente, este es el camino que consideramos más adecuado puesto que, efectivamente, los programas de acción van satisfaciendo esta necesidad sentida por la población y por los ciudadanos. 
Concretamente, en el caso que nos ocupa, se puede considerar que este conjunto de enfermedades constituye una especie de señal de alerta, una especie de punto de referencia para poder comprender lo que pasa con el modelo de desarrollo industrial que tenemos en la Unión Europea. 
Por ello, pensamos que es muy acertada la propuesta que se hace, así como el conjunto de enmiendas que presenta el Sr. Cabrol. 
En concreto, apoyamos las enmiendas que hacen referencia a la prolongación de la acción a cinco años y a su financiación complementaria, a la adquisición de mayor conocimiento global y, también, a la necesaria tarea de la epidemiología, a mejorar la conciencia pública y la percepción- porque así las conductas individuales y colectivas van adecuándose poco a poco -, y, por último, el Parlamento Europeo debe realizar el seguimiento necesario para que esto sea eficaz. 
Sin embargo, estamos preocupados. 
Actuamos, pero nuestro modelo de crecimiento es la causa de estas enfermedades, y habría que poner el dedo en la llaga en esta causa. 
Señora Presidenta, en primer lugar me sorprende bastante que nuestro ponente, el Sr. Cabrol, haya dicho que no va a apoyar las enmiendas núms 5, 9 y 16, pues fueron aceptadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y representan la posición de la comisión. 
Además, se trata de aspectos extraordinariamente importantes, porque una de las enmiendas se refiere a las acciones para prevenir las enfermedades relacionadas con la contaminación; otra, a la lucha contra las enfermedades relacionadas con la contaminación; y, por último, otra, a toda la cuestión de las alergias. 
Quisiera señalar señor Comisario que en la propuesta original de la Comisión iban incluidas todas ellas. 
Después de que el Consejo se reuniera, se decidió excluir esos requisitos extraordinariamente importantes. 
Espero que la Comisión haga suya la posición del Parlamento, que es la posición de la Comisión de Medio Ambiente. 
Carece de sentido llevar a cabo investigaciones para descubrir qué contaminación está relacionada con las enfermedades relacionadas con la contaminación y cuál es su causa, si vamos a limitarnos a dejar esas conclusiones en un estante y no vamos a hacer nada al respecto. 
Es extraordinariamente importante que se adopten medidas para velar por la reducción de la cantidad de enfermedades relacionadas con la contaminación. 
En cualquier ciudad de Europa se puede ver la cantidad de problemas respiratorios y alergias causados por la contaminación en nuestras ciudades. 
Debemos restituir la posición original del Parlamento y la propuesta original de la Comisión. 
No está bien llevar a cabo estudios que no vamos a aplicar. 
Corresponde a la Unión Europea abordar la contaminación que está causando problemas de salud y que se podría evitar. 
Es algo que hay que abordar; si no velamos por que se adopten medidas, no será eficaz. 
Además, hay que incluir un calendario. 
Tres años no son suficientes. 
Necesitamos al menos cinco años. 
Además, la financiación es extraordinariamente importante. 
Tenemos que aumentar la cantidad de financiación. 
Señora Presidenta, al acoger con beneplácito este informe, quisiera rendir homenaje al ponente. El Sr. Cabrol se ha granjeado sin duda alguna el respeto de este Parlamento por su compromiso con la protección de nuestros ciudadanos frente a los efectos de la contaminación. 
Reconozco que la posición común adoptada por el Consejo es un avance en esa esfera, pero, como muchos otros diputados, no me parece suficiente. 
Al reducir la duración del programa de cinco a tres años, se ha reducido en la práctica su financiación. 
En consecuencia, debemos poner en tela de juicio la sinceridad del Consejo a la hora de intentar abordar un sector gravemente preocupante en toda la Unión Europea. 
Necesitamos un programa más ambicioso. 
Yo he trabajado en la propuesta de que compartan los recursos los Estados miembros, las organizaciones internacionales y terceros países. 
Creo firmemente que se deben incluir también las opiniones de las organizaciones de enfermos. 
Muchas de dichas organizaciones están haciendo una valiosa labor recopilando información sobre los efectos de la contaminación y las enfermedades conexas. 
Una de las organizaciones de mi zona ha señalado la utilización de desinfectantes organofosforados. 
Se debe tener en cuenta la información que sólo esas organizaciones pueden facilitar. 
Cuanta más información haya de todas las procedencias, más contribuirá a la consecución del objetivo del programa para permitir a los ciudadanos de la Unión Europea protegerse lo más posible de la contaminación. 
El objetivo primordial del programa debe ser las medidas preventivas, pero éstas deben ir acompañadas del reconocimiento de las necesidades de quienes contraen las enfermedades demasiado pronto para disfrutar de la protección ahora proyectada. 
Ahora debemos aprovechar la oportunidad que tenemos. 
Existe la posibilidad de corregir esos errores. 
Un número importante de enfermedades, y en especial de cánceres, tienen su origen en la presencia de contaminantes en el aire, en el agua e incluso en la alimentación, sin que las relaciones de causa efecto estén claramente determinadas y menos aún cuantificadas. 
Ello impide, por ejemplo, que la justicia actúe con eficacia. 
Mueren personas pero no hay responsables ni culpables. 
No debemos detenernos en un único concepto de contaminación. 
Algunos medios tecnológicos se utilizan sin que se haya verificado verdaderamente su impacto sobre la salud. 
Es el caso de los campos electromagnéticos, el de las microondas que utilizan los teléfonos móviles, el del glutamato en la alimentación, y también el de los fertilizantes agrícolas que han provocado el descenso de la fertilidad humana durante los últimos treinta años en los países occidentales. 
Es escandaloso oír a un Comisario europeo decir, aquí mismo, que será el mercado el que determine si un producto es bueno o malo. 
Eso es negar el carácter indispensable de la investigación y de la prevención, y sobre todo confesar que se toma a las personas por cobayas. 
Muchas gracias al profesor Cabrol por aportar un poco de luz en este mundo pálido. 
Muchas gracias al señor McKenna por querer hacer aún más eficaz este informe. 
Señora Presidenta, el presente programa constituye una prueba real del apoyo a los esfuerzos asumidos hoy en relación a la investigación y prevención de enfermedades relacionadas con la contaminación, es decir, de condiciones medio ambientales y peligros. 
Los efectos de la contaminación no contribuyen sólo a la aparición de problemas respiratorios, sino que afectan también a enfermedades de otros sistemas que pueden manifestarse tras una exposición de muchos años y después de las posibles combinaciones entre diferentes sustancias contaminantes. 
Dichos efectos pueden ser tóxicos, infecciosos, alérgicos, cancerosos e incluso pueden ser agudos o crónicos, reversibles o no, locales o sistemáticos. 
La exposición a dichos efectos puede producirse mediante la respiración, la ingestión de comida, por absorción cutánea o directamente, como ocurre con las radiaciones. 
Debemos señalar que durante la gestación, pueden pasar sustancias nocivas, procedentes del medio ambiente, de la madre al embrión y dañarlo. 
Por consiguiente, se requiere un seguimiento epidemiológico de todos los riesgos que afectan negativamente la salud de los hombres con la manifestación de enfermedades. 
Si pensamos que no corremos el riesgo de un sólo elemento nocivo, sino de muchos al mismo tiempo, podremos suponer que su efecto acumulativo puede tener repercusiones hasta en la resistencia, en el envejecimiento, en la duración del organismo humano. 
Por tanto, se impone la investigación del fenómeno de las actuaciones patógenas entre dos o más sustancias contaminantes del medio ambiente, según se hace referencia en las enmiendas 12 y 13. 
Incluso la calidad de la alimentación está estrechamente ligada al contenido de los alimentos en diversas uniones químicas y se requiere el estudio sistemático de las consecuencias de la contaminación de los alimentos para que disminuyan dichos riesgos para la salud del ciudadano europeo, tal y como se prevé en la enmienda 15. 
Teniendo como base el intercambio de informaciones y experiencias que va a realizarse entre los Estados miembros, estoy seguro de que se hallarán nuevos datos útiles y que se sacarán conclusiones para hacer frente de forma eficaz a las enfermedades ocasionadas o relacionadas con la contaminación del medio ambiente. 
Con posterioridad, se desarrollarán acciones que comprendan tanto la difusión de las informaciones, como la información al público y a los consumidores, según se hace referencia en las enmiendas 10, 14 y 16. 
Para terminar, señora Presidenta, creo que el Parlamento Europeo debe votar en favor del programa porque contribuye directamente a la mejora de la salud del ciudadano europeo. 
Señora Presidenta, como ya sabrá el Sr. Comisario, la cuestión de las enfermedades relacionadas con la contaminación reviste mucha importancia y es de gran actualidad. 
Las enfermedades ocasionadas por la contaminación están aumentando en todos los países industrializados. 
Sin embargo, la lucha contra estas enfermedades no puede ser únicamente una cuestión de política sanitaria, sino que su prevención requiere acciones en todos los ámbitos de la política social. 
Me gustaría hablarles, a modo de ejemplo, del éxito que se ha cosechado en Finlandia en la reducción de la concentración de plomo en el ambiente. 
Es sabido que el plomo es uno de los metales pesados más peligrosos, causante, entre otras secuelas, de retrasos en el desarrollo psíquico de los niños. 
En Finlandia hemos logrado, en el transcurso de una década, un descenso espectacular de la concentración de plomo en el ambiente mediante una reducción de los impuestos sobre la gasolina sin plomo, es decir, utilizando como medio la política fiscal. 
El importante objetivo de este programa que sometemos ahora a debate es precisamente el de intercambiar experiencias acertadas. 
Respaldo firmemente la opinión del ponente para que se mantenga la duración original del programa de cinco años. 
Apoyo igualmente que se aumente la dotación financiera de este programa a siete millones de ecus. 
Señora Presidenta, después de la decisión sobre la vigilancia sanitaria, de la yo mismo fui ponente, y la relativa a la red de control epidemiológico en las enfermedades transmisibles, presentada por el profesor Cabrol personalmente, esta decisión, que adopta un programa de acción comunitario sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación, se propone poner a disposición de los Estados miembros un inventario de los datos referidos a las patologías que se derivan de agentes contaminantes, y esto con independencia de la lucha dirigida contra los agentes contaminantes, atmosféricos, hídricos y del suelo, que forma parte de otros programas. 
En el escaso tiempo de que dispongo, sólo puedo decir que apruebo por entero el excelente informe del Sr. Cabrol y que espero que las dieciséis enmiendas, destinadas a mejorar la propuesta de decisión aprobada con el consenso de todos los grupos políticos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, también sean aprobadas en esta Asamblea. 
Se trata de un primer paso hacia esos programas más ambiciosos que se han de adoptar en la lucha cada vez más difícil y dura contra la contaminación creciente en nuestro mundo, que tantas consecuencias provoca en el nivel de salud de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Permítame agradecerle, señor Cabrol, su labor sobre la propuesta y, de hecho, su apoyo a la posición común. 
La propuesta es un elemento fundamental del planteamiento global de la Comunidad en materia de prevención de las enfermedades relacionadas con la contaminación. 
Los contaminantes permanecen en nuestro medio ambiente porque no siempre es viable su reducción o limitación por razones técnicas o económicas. 
Así, pues, es necesario complementar nuestras acciones en materia de controles de las emisiones y las limitaciones de la exportación con actividades en el sector de la salud pública encaminadas a reducir el riesgo para la salud causado por las diversas formas de contaminación. 
La prevención de las enfermedades relacionadas con la contaminación mediante una mejor comprensión de cómo las causan o las agravan los contaminantes es uno de los objetivos del programa propuesto. 
También se hace hincapié en la mejora de los conocimientos. 
Ésa es una observación fundamental del Sr. Cabrol: la forma como se perciben, evalúan y controlan los riesgos para la salud. 
Las enfermedades respiratorias y las alergias, que son un motivo de preocupación cada vez mayor en toda Europa, son un sector al que se debe prestar- según la Comisión- atención muy especial. 
Convengo con la Sra. Ojala al respecto. 
Proponemos que se comparta la experiencia existente en toda la Unión, se examine la eficacia de las medidas preventivas adoptadas y se fortalezcan y fomenten las medidas que den resultados positivos. 
Tomo nota de que el Parlamento apoya en particular esa actividad. 
En la primera lectura, la Comisión aceptó cuatro de las enmiendas del Parlamento. 
Posteriormente, el Consejo adoptó una posición común y, para evitar toda ambigüedad, diré inmediatamente que la Comisión ha aceptado la posición común. 
Pero no voy a ocultar a la Asamblea que la Comisión no considera perfecta la posición común. 
Eso lo digo para la Sra. McKenna. 
La reducción del alcance y de la duración del programa es particularmente lamentable para mí, por no decir algo peor. 
Se hizo constar en acta una declaración en ese sentido. 
Sin embargo, la Comisión consideró que la transacción política en el Consejo era lo máximo que se podía conseguir en aquel momento. 
En consecuencia, la Comisión sólo puede aceptar dos enmiendas hoy: las núms. 1 y 15, que no tienen consecuencias jurídicas ni presupuestarias para el texto de la posición común. 
La Comisión no puede aceptar las otras enmiendas por las principales razones siguientes. 
Las enmiendas núms. 2 y 8 entrañan una duración para el programa superior a los tres años fijados en la posición común. 
Las enmiendas núms. 5, 10, 14 y 16 amplían el alcance de la posición común a otras esferas, además de la de la formulación de políticas. 
Con el calendario previsto no se considera viable la enmienda nº 6; en términos generales, su objetivo queda abarcado en la obligación por parte de la Comisión de velar por la complementaridad y la coherencia. 
No se puede aceptar la enmienda nº 11 porque la duración y, de hecho, los recursos financieros y el alcance del programa no permiten apoyar estudios epidemiológicos útiles y en gran escala. 
Las enmiendas núms. 3, 12 y 13 ocasionarían omisiones o incoherencias en el texto. 
Quisiera subrayar que la Comisión considera necesario que se aplique lo antes posible este importantísimo programa sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación. 
Así podremos esperar que se lleve a cabo una labor extraordinariamente útil sobre un tema que preocupa cada vez más al público. 
Lo que estamos intentando hacer en este caso es prepararnos para el nuevo programa marco. 
El objetivo de este programa es el de ver cómo podemos influir en la política relativa a ese marco de la salud pública. 
Quisiera decírselo a la Sra. Kestelijn-Sierens y a la Sra. McKenna, ya que han insistido mucho en ello. 
Lo que ahora estamos intentando hacer es formular iniciativas normativas para que, tres años después, podamos entrar de lleno en el nuevo marco y actuar mejor. 
También convengo con la Sra. Hulthén en que necesitamos mejores vínculos con la investigación. 
Eso se va a aceptar. 
En resumidas cuentas, tengo que expresar mi agradecimiento a todos los que han intervenido. 
Ahora vamos a hacer la mejor utilización de este programa y reunir todos los resultados positivos de la investigación para que podamos entrar de lleno en el nuevo marco. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Enfermedades poco comunes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0336/98) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes dentro del marco de actuación en el ámbito de la salud pública (1999-2003) (Ponente: Guido Viceconte) 
Señora Presidenta, varios miles de europeos sufren enfermedades poco comunes, algunas de carácter genético, muy graves e incluso gravísimas. 
Son millares de ciudadanos europeos que, en ciertos aspectos, parecen estar abandonados a su suerte. 
La propia investigación de la industria farmacéutica resulta totalmente inadecuada: es evidente, sin duda, que en estos casos el interés que suscitan las ganancias es menor para la industria farmacéutica, pues el mercado de estos fármacos es reducido, a causa del número escaso de enfermos. 
De aquí, desde el punto de vista humanitario y sanitario, se deriva la importancia del programa de acción comunitario sobre enfermedades poco comunes, encuadrado en las propuestas destinadas al sector de la sanidad pública europea para el cuatrienio 1999-2003. 
El Parlamento Europeo ha considerado que, ciertamente, este programa de acción es útil y lo ha mejorado notablemente en primera lectura con 28 enmiendas que, entre otras cosas, preveían la participación de las personas afectadas- los propios enfermos- y sus familiares en el programa. 
Esta puede ser una buena oportunidad para concretar una efectiva cooperación comunitaria en la elaboración de un programa sobre enfermedades poco comunes, en la optimización de las intervenciones pertinentes, después de haber compartido los conocimientos. 
Es preciso evitar la duplicación de las acciones que hacen perder tiempo y dinero y van en detrimento de la eficacia. 
De estas sugerencias, contenidas en las enmiendas presentadas en primera lectura, el Consejo ha aceptado muy pocas: de las veintiocho aprobadas por el Parlamento Europeo, el Consejo ha aceptado sólo dos en su integridad y cuatro parcialmente. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a propuesta del ponente, para la recomendación de segunda lectura ha aprobado veinte enmiendas, que de este modo están representadas y constituirán la estructura básica de la discusión en procedimiento de codecisión. 
La situación europea difiere de un país a otro. 
En algunos Estados se recogen datos y las intervenciones están más o menos organizadas, pero en otros esto no ocurre. 
También en éste, como en otros sectores, es preciso centralizar la recogida de datos actualizados y de todas las informaciones necesarias para el desarrollo, el número y la dislocación de los casos relativos a las patologías poco comunes de las que nos estamos ocupando. 
Estos datos, después de ser reunidos en una central europea, un banco de datos, tendrán que estar a disposición de todos. 
De todos modos, nos alegramos de que el Consejo haya decidido dotar al programa de una financiación para todo el quinquenio, si se tiene en cuenta que la propuesta originaria preveía una financiación sólo para el primer año. 
No obstante, el ponente ha señalado y señala el carácter inadecuado de la financiación. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha pedido un importe de 14 millones de ecus, frente a los 6, 5 propuestos para los cinco años de aplicación del programa. 
Es previsible que también sobre este punto, en el procedimiento de conciliación, se susciten las habituales diferencias con el Consejo. 
Es inútil la pretensión de tranquilizar la conciencia presentando un programa de gran valor sanitario y humanitario sin dotarlo después de una financiación adecuada. 
De este modo no se salvan las apariencias ni la conciencia y, sobre todo, no se responde a las expectativas de los enfermos y de sus familiares. 
Incluso en el tema de la comitología no hay acuerdo con el Consejo por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que prefiere un comité consultivo antes que un comité mixto de gestión y consultivo que terminaría por entorpecer la actividad de la Comisión. 
Aunque es verdad que un comité de esta índole mixta se ha previsto en otros programas de salud pública, en este programa específico, si se considera el tipo de intervención prevista, nos parece inoportuna y redundante por entero la posición asumida por el Consejo pues, entre otras cosas, al parece también la Comisión ejecutiva tiene reservas al respecto. 
Por consiguiente, volvemos a presentar la enmienda que prevé que un Estado miembro designe a un componente del comité como representante de un grupo de apoyo para los pacientes o a otra organización no gubernamental interesada. 
Por lo tanto, es muy valioso el compromiso de los médicos especialistas y de los de medicina general; el aporte de estos médicos es, sin duda, insustituible, pues los médicos de cabecera son los primeros a los que acuden las familias y los primeros responsables de un diagnóstico correcto y precoz. 
De otra parte, también en la propuesta de regulación de los medicamentos huérfanos, la Comisión recomienda recurrir a estos médicos, que son los primeros en intervenir. 
Por lo tanto, el ponente invita a esta Asamblea a sustentar sustancialmente la posición expresada en la primera lectura, para lo cual es preciso aprobar todas las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que fueron aprobadas por todas las fuerzas políticas. 
Señora Presidenta, apoyamos completamente las propuestas del informe del Sr. Viceconte así como los comentarios que ha realizado el profesor Poggiolini. 
Y, por nuestra parte, creo que la Comisión es consciente de que en una propuesta de este tipo, que intenta afrontar una problemática muy dispersa- y precisamente por eso no tiene padrinos -, es muy importante la coordinación a todos los niveles y aquí será muy necesario profundizar en estos ámbitos. 
Asimismo, yo creo que la flexibilidad de ejecución de estos programas permitirá a la Comisión en sus tres grandes bloques de acción, tanto de información como de ayuda a los grupos de apoyo a los pacientes y a las acciones para hacer frente a las agrupaciones de enfermedades poco comunes, intentar actuar sobre dos puntos que me parecen fundamentales: acciones para especializar a médicos y acciones para potenciar centros hospitalarios de referencia de alto nivel. 
Y aquí en este ámbito no podemos permitir que se extiendan absolutamente a todos los países, a todas las regiones sino que habrá que concentrar a los enfermos, habrá que concentrar esos esfuerzos sobre estos dos puntos- que a mí me parecen esenciales- aparte del resto de propuestas y acciones que están previstos en el programa 
Señora Presidenta, creo que todos los oradores estamos de acuerdo en apoyar el informe del Sr. Viceconte sobre el programa de enfermedades poco comunes. 
Y estamos dispuestos a apoyarlo porque él, en el debate y discusión de su proyecto de informe, fue muy flexible y aceptó todas las enmiendas presentadas por los Grupos. 
Enmiendas muy interesantes que no fueron al final aceptadas por el Consejo. 
Como bien dice el Sr. Poggiolini, de 28 sólo se aceptaron 2 completas y 4 parcialmente. 
Y el ponente hace muy bien- y en eso está apoyado por la Comisión de Medio Ambiente- en recuperar en esta segunda lectura las enmiendas que le parecían muy importantes. 
En el poco tiempo que tengo, voy a hacer hincapié en cuatro de ellas, que le parecen especialmente importantes al ponente y a la Comisión de Medio Ambiente: 
Primero, naturalmente, la financiación. 
Siempre sabemos que el dinero es escaso, pero si hay un programa para la atención a estas enfermedades poco comunes y no hay suficiente financiación, este programa no será efectivo. 
Y por lo tanto, el ponente propone, y la Comisión de Medio Ambiente así lo aprobó, pasar de 6, 5 millones de ecus a 14. 
Segundo, una base de datos central es muy importante. 
Hay datos en los países, pero es necesaria una base de datos central con intercambio de información. 
Siempre tenemos un contencioso en este Parlamento con la Comisión sobre la comitología. 
Y cuarto, participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familiares, que son las que realmente viven al lado del enfermo la gravedad de su enfermedad y las dificultades que tiene para afrontarla. 
Señora Presidenta, como los oradores que me han precedido, también yo quiero dar las gracias al ponente y expresar, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, nuestra opinión favorable a este informe sobre el programa de acción comunitario relativo a las enfermedades poco comunes. 
Al expresar esta opinión favorable- favorable a que se vuelvan a presentar todas las enmiendas ya aprobadas en primera lectura por el Parlamento -, quiero recordar, como ya se ha dicho en el informe, que a veces las dolencias poco comunes pueden pasar a ser muy comunes, como ha ocurrido por ejemplo con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y por lo tanto es importante invertir hoy para estar en condiciones de afrontar futuros problemas y recordar que las enfermedades poco comunes requieren esfuerzos públicos colectivos, porque sólo a gran escala es posible obtener un marco estadísticamente aceptable, y sólo un compromiso público puede dar unos resultados fiables, en vista de la falta de interés de las empresas privadas en el mercado restringido que se deriva de estas enfermedades. 
Por estas razones es necesario establecer un banco de datos europeo, y es importante adecuar la financiación prevista por la Comisión. 
También compartimos con el ponente y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor la propuesta de incluir en el programa a las asociaciones de pacientes y a sus familias. 
Señora Presidenta, el programa de acción sobre las enfermedades poco comunes que se debate viene a completar los esfuerzos realizados para mejorar la salud en la Unión Europea. 
La región en la que se centra constituye en si misma un lugar importante para asumir la acción comunitaria. 
Ello no sólo porque no conocemos los datos exactos sobre el número de personas que padecen enfermedades poco comunes sino, sobre todo, porque los medios apropiados son inexistentes, es decir, recursos, redes y organizaciones para la localización, el seguimiento y la lucha eficaz contra dichas enfermedades. 
Los objetivos del programa son, en primer lugar, la mejora de los datos, de las informaciones y de los conocimientos relacionados con las enfermedades infrecuentes; en segundo lugar, el apoyo a los grupos de prestación de ayuda; en tercer lugar, la creación de un grupo de acción inmediata en caso de aparición de casos de enfermedades poco comunes por confluencia, como sucede por ejemplo con la enfermedad Creutzfeld-Jakob y la nueva variante de la EEB CJD. 
El programa concierne a las enfermedades poco comunes, es decir, a aquellas con menos de cinco brotes por cada 10.000 personas. 
Debido a que dichas enfermedades deben combatirse con esfuerzos coordinados, se impone la aprobación del programa que se somete a votación. 
Las enfermedades poco comunes constituyen una clase muy delicada porque cada una afecta a un determinado número de personas y, debido a las repercusiones y a las consecuencias sociales que provocan, se crea la necesidad de apoyar acciones de colaboración con aquellos que las padecen y con sus familias, así como con las organizaciones que actúan en el sector de dichas enfermedades. 
Todavía es imprescindible el apoyo a medidas que estimulen e impulsen la información de los médicos y de los científicos profesionales de la salud para que mejore el diagnóstico a tiempo, el reconocimiento, la asistencia y la prevención de enfermedades poco comunes. 
Un elemento imprescindible para la coordinación de los esfuerzos es la creación de una red de seguimiento y control de las enfermedades poco comunes que proporcione datos e información al público al tiempo que debe incluir la posibilidad de prestación de ayuda inmediata. 
Para lograr los objetivos del programa, consideramos que debe fijarse el presupuesto para el período 1999-2003 en 14 millones de ECU y no, como propuso el Consejo, en 6, 5 millones de ECU. 
Para terminar, señora Presidenta, desearía pedir que el pleno votara en favor de este programa, tal y como fue elaborado en la Comisión de Medio ambiente. 
Señora Presidenta, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Viceconte por sus gestiones y al Sr. Poggiolini por substituirlo esta noche y también a todos los miembros de la comisión que contribuyeron a la preparación del informe. 
La aportación de las medidas de la Unión Europea resulta particularmente evidente en este sector. 
La baja prevalencia de estas enfermedades y los limitados medios para investigarlas científicamente no permiten prever que se logren avances rápidos para su diagnóstico, tratamiento y cura. 
En conjunto, tienen repercusiones limitadas en la opinión pública. 
Sin embargo, en modo alguno son insignificantes desde el punto de vista humano o económico y la formulación de asesoramiento y diagnóstico eficaces para la intervención sanitaria suele tener un coste desproporcionadamente mayor que en el caso de afecciones más comunes. 
De modo que resulta claramente útil que los Estados miembros se unan mediante un mecanismo comunitario para coordinar medidas que, de lo contrario, se adoptarían aisladamente. 
A este respecto convenimos totalmente con el punto de vista del Sr. Valverde López. 
La Comisión ha propuesto que el programa tenga tres objetivos a lo largo de los cinco años, a saber, aportar conocimientos sobre enfermedades poco comunes, en particular a los pacientes y a sus familiares, y a los profesionales e investigadores del sector de la salud. 
Ésa es la observación hecha por el Sr. Traketellis y yo apoyo su punto de vista. 
Es una de las principales ideas en que se basa el programa. 
También queremos fomentar medidas encaminadas a fortalecer las organizaciones de voluntarios que participan en la prestación de apoyo a las personas directa e indirectamente afectadas por enfermedades poco comunes, lo que coincide exactamente con lo que la Sra. Marinucci considera importante y convenimos con ella al respecto. 
Tenemos en funcionamiento un sistema eficaz de vigilancia para garantizar la identificación, evaluación y tratamiento rápidos de enfermedades y grupos de enfermedades poco comunes, cosa importante también. 
Ello guarda coherencia con las actividades en curso en materia de investigación biomédica y con la reciente propuesta de un reglamento sobre los medicamentos «huérfanos» utilizados para el tratamiento, la prevención o el diagnóstico de esas enfermedades poco comunes, cuyo rendimiento comercial es insuficiente. 
Sus Señorías vieron por primera vez esa propuesta el pasado mes de marzo durante la primera lectura. 
En aquel momento aprobaron 28 enmiendas, de las cuales 16 fueron aceptadas total o parcialmente por la posterior propuesta modificada de la comisión. 
Respecto de las 20 enmiendas en examen hoy, la Comisión puede aceptar 11 de ellas totalmente- las núms. 3, 12 y 16- o parcialmente: las núms. 
1, 6, 7, 9, 11, 15, 17 y 19. De las nueve enmiendas restantes, las núms. 
4, 8 y 13 no son aceptables por razones jurídicas; las núms. 
5 y 20 no son aceptables por razones de coherencia interna; las núms. 2 y 10 son inaceptablemente limitadas; la nº 18 está ya recogida en otra parte y la nº 14 es inaceptable por razones presupuestarias. 
Voy a referirme un poco más en detalle a las dos enmiendas principales: la nº 14 (el presupuesto) y la nº 15 (el comité). 
Sé que la del presupuesto es una cuestión que importa mucho al Parlamento. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha votado de nuevo un presupuesto de 14 millones de ecus para el período 1999-2003. 
Las perspectivas financieras, en su estado actual, no permiten, sencillamente, asignar esa suma. 
Desde la primera lectura se han logrado algunos avances. 
La posición común ha introducido un plan financiero de 6, 5 millones de ecus para el período de cinco años, lo que brinda al programa al menos una situación presupuestaria clara y, desde luego, se extiende más allá de 1999. 
De modo que la enmienda sobre el comité para el programa es parcialmente aceptable. 
La Comisión conviene con el Parlamento en la preferencia por un comité consultivo, en lugar de un comité mixto consultivo y de gestión, como prefería el Consejo. 
Eso forma parte de la reserva de la Comisión sobre la posición común. 
La experiencia lograda a partir de la ejecución del programa vigente revela que un comité mixto consultivo y de gestión es inapropiado y excesivo, sobre todo si tenemos en cuenta la limitada asignación presupuestaria. 
Sin embargo, la Comisión no puede aceptar que uno de los dos representantes de cada uno de los Estados Miembros proceda de organizaciones de voluntarios. 
Lo decimos desde un punto de vista jurídico. 
No está en consonancia con la decisión en materia de comitología y afectaría al derecho de los Estados miembros a designar la delegación. 
Quisiera concluir diciendo que espero que el Parlamento vote a favor del programa. 
Compartimos el deseo de aplicar medidas comunitarias para ese sector preterido y con frecuencia olvidado de sufrimiento humano real. 
Respecto de la observación formulada por el Sr. Poggiolini, la Sra. Marinucci y la Sra. González Álvarez sobre la base de datos, la redacción de la posición común no excluye la posibilidad de crear una base de datos europea de enfermedades poco comunes. 
Durante la fase de ejecución se abordará ese problema. 
Muchas gracias, señor Comisario, por esta intervención y por haber contestado a todos nuestros colegas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Actividades comunitarias en favor de los consumidores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0334/98) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0684- C4-0077/98-98/0028 (COD) ) por la que se establece un marco general de las actividades comunitarias en favor de los consumidores (Ponente: Sr. Whitehead) 
Señora Presidenta, todos damos la bienvenida al Comisario Monti en la Asamblea para que responda a este debate. 
Cuando los historiadores examinen el cuarto Parlamento democráticamente elegido y sus relaciones con la Comisión entre 1994 y 1999, creo que habrá un importante capítulo sobre la protección de los consumidores. 
Es un capítulo que comenzará con la creación de la DG XXIV y la llegada de la extraordinaria Sra. Bonino. 
Recogerá la espantosa tragedia de la crisis de la EEB, que hizo que el Parlamento estuviera a punto de votar la denegación de la confianza a la Comisión en materia de salud y seguridad públicas. 
Recogerá también la reacción del Presidente Santer en enero de 1996 ante dicha crisis y los posteriores compromisos formulados en el Tratado de Amsterdam. 
Examinará el establecimiento de un fundamento jurídico firme como marco para la protección de los consumidores y como necesario afianzamiento en un sector en el que, como todos sabemos, la Comunidad se beneficiará de la acción común para todos sus ciudadanos. 
He de decir al Comisario Monti que un sano poder compensatorio es algo que, más que nada, hará que Mercado Único represente un mercado y una comunidad no sólo eficientes, sino también informados y sanos. 
Al instar la aprobación de mi informe, yo mismo debo declarar oportunamente un interés no financiero, como miembro elegido que soy de la Asociación de Consumidores de Gran Bretaña. 
También quiero expresar mi agradecimiento a algunos aliados incondicionales, algunos de los cuales están presentes hoy aquí, en el Parlamento: el representante en la Comisión de Presupuestos de nuestra comisión, Sr. Eisma, y, muy en particular- y me alegro de que esté presente hoy -, el Sr. Pimenta. 
El Sr. Pimenta revolotea entre los partidos, pero su corazón está siempre donde debe estar, como lo está en este debate de esta noche. 
Quisiera expresar mi agradecimiento especial a mi ayudante, para quien este informe ha sido la culminación de cuatro años de labor especializada en este sector. 
Constituye para ella una apropiada introducción a su nueva vida en la Comisión. 
No tenemos tiempo que perder al debatir las propuestas de la Comisión. 
Deben ser aceptadas por el Parlamento y por el Consejo antes del fin de este año civil. 
Muchas cosas han peligrado ya por falta de un fundamento jurídico después de que el Tribunal Europeo de Justicia emitiera su fallo, incluidas las medidas especiales respecto de la seguridad de los alimentos, que atinadamente se aprobaron después del desastre de la EEB. 
Como se declara en mi informe, en este caso tratamos sólo de una cuarta parte del uno por ciento del gasto comunitario y, sin embargo, a diferencia de otros gastos comunitarios, éste beneficia directamente a los 375 millones de ciudadanos de nuestra Unión. 
Se me puede decir que no puedo dar por sentada la ratificación del Tratado de Amsterdam y, por tanto, del proyecto de artículo 153. 
Puede ser. 
Pero creo que sería una gravísima irresponsabilidad que este Parlamento y sus socios de la Unión se plantearan el presupuesto para los cinco próximos años sin comprender al menos que esos cometidos- lo esencial de lo acordado en Amsterdam: tener en cuenta el interés de los consumidores en todas las políticas y actividades, ampliar la vigilancia, promover la información al consumidor y su formación- pasarán al Consejo. 
De hecho, la última de ellas es lo esencial de lo que la Comisión está haciendo ahora, en alianza con ONG de los consumidores veteranas y embrionarias de toda la Unión. 
La llegada del euro intensifica esa necesidad de una mayor sensibilización de los consumidores. 
Un rasgo común de la opinión del Sr. Pimenta y de mi informe es la de que observamos que el papel tradicional de la Comisión al apoyar las actividades en los Estados miembros- en particular, las de la Europa meridional, donde los movimientos de consumidores no se han desarrollado ampliamente- ha resultado menoscabado por la transferencia de recursos necesarios para una Comisión que se ha visto imposibilitada para hacer lo necesario por la falta de dinero. 
La EEB ha impuesto a la DG XXIV y a la Comisión en conjunto una gran carga con el aumento del cuerpo de inspectores y las campañas de información que ha tenido que lanzar. 
Tenemos que destinar los medios proporcionados para esos encomiables fines. 
De lo contrario, este Parlamento será un simple recinto vacío. 
Tenemos que poder decir lo que es necesario. 
Por eso, en mis enmiendas propongo un aumento a lo largo del próximo período de cinco años para prevenir un deterioro real de la protección del consumidor. 
La cantidad sería de 130 millones de ecus en cinco años, frente a los 114 millones de ecus a partir de 1999 fijados en las propuestas originales. 
No es para hacer gastos imponentes ni para ganar influencia política, sino simplemente para mantener el más que demostrado apoyo de la Comisión a los movimientos de consumidores y los nuevos cometidos en materia de protección de la salud, vigilancia de los materiales y productos peligrosos, información sobre el euro y acceso a la justicia. 
Recomiendo en particular a la Asamblea la enmienda nº 16 de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, en la que se ha añadido que el acceso a la justicia para los ciudadanos de Europa es una disposición necesaria y que no se tiene suficientemente en cuenta en las propuestas originales que nos presentó la Comisión. 
Tengo algunas razones para creer que el Consejo aceptaría una enmienda en ese sentido. 
Esperamos con interés sus propuestas, tal vez la semana que viene. 
Espero que el Consejo pueda aceptar también la opinión firmemente abrigada por el Parlamento de que un presupuesto inicial de 24 millones de ecus en 1999, que aumentara en las proporciones establecidas en la Agenda 2000, produciría un plan financiero para el fundamento jurídico de entre 120 millones y 130 millones de ecus. 
No estamos diciendo aquí que sea cuestión de aumentar incesantemente. 
En mi informe he dicho que hay elementos en el presupuesto actual para los consumidores, como la financiación de EHLASS, que sobran en él. 
Corresponden a otra sección del presupuesto comunitario. 
Si se transfirieran a él, habría un ahorro en la asignación para los consumidores de más de siete millones de ecus a lo largo del período de cinco años. 
La Presidencia británica ha actuado rápidamente para deshacer los nudos causados por el fallo del Tribunal Europeo de Justicia por ella solicitado, junto con otros Estados miembros. 
Quisiera elogiar a la Presidencia austríaca, que ha demostrado extraordinaria celeridad para avanzar hacia un fundamento jurídico viable y suficiente. 
Merece nuestra felicitación por ello. 
Quisiera decir no sólo al Comisario Monti, sino también a los Estados miembros y al Consejo- a todos ellos, incluido el mío -: no traicionen a los consumidores y a los ciudadanos de Europa. 
Permitan que salga adelante esta modesta propuesta. 
Por encima de todo, no se presenten como adalides de los consumidores, con folletos lustrosos y clamor público, a no ser que tengan el valor cívico para mantener en privado lo que elogian en público. 
El único Mercado Único digno es aquel en que todos podamos seguir opciones con conocimiento de causa sobre lo que compramos y lo que comemos y cómo vivimos. 
El propósito de este informe es el de dar un pequeño paso hacia ese fin. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Philipp Whitehead no sólo como ponente, sino también como presidente del Intergrupo para la defensa de los consumidores. 
Su trabajo ha sido notable y este informe, que apruebo íntegramente, lo demuestra perfectamente. 
Este informe era muy necesario. 
Es necesario un fundamento jurídico y ha sido positivo que la Comisión lo haya presentado. 
Ahora bien, hay aspectos que se deben mejorar. 
En particular: el acceso a la justicia, que mi colega Philipp Whitehead ha mencionado. 
Las enmiendas núms. 16 y 33 son fundamentales. 
Cuando yo estuve a cargo de ese cometido en Portugal, comprobé que el acceso a la justicia era una de las cuestiones decisivas para la defensa de los consumidores. 
Sobre todo un acceso rápido y eficaz. 
En segundo lugar: ¿cómo acabar con la crisis de confianza que los consumidores europeos manifestaron en relación con las instituciones europeas, en particular con el Consejo y la Comisión, causada por la crisis de las vacas locas, pero conocida como EEB? 
Las enmiendas núms 4, 6 y 22 procuran avanzar hacia una solución para ese problema. 
Tercero: la insuficiencia de la propuesta de la Comisión en cuanto a las repercusiones del euro y de la unificación real de los mercados, sobre todo en el nivel de los servicios financieros. 
Ya existe hoy una vasta experiencia con los innumerables casos de contratos en que los consumidores han sido víctimas de publicidad engañosa o de malos contratos. 
Apoyo las enmiendas núms. 24 y 26. 
Cuarto: la aplicación efectiva de la legislación europea y su correcta aplicación en el nivel de los Estados miembros. 
Es necesario avanzar y mejorar lo que está hecho, pero la propuesta de la Comisión es defectuosa. 
Quinto: la garantía de revisión del presente programa de acción después de la ratificación del Tratado de Amsterdam, enmienda nº 21. 
Es fundamental que la Comisión presente la corrección después de la ratificación. 
Por último, el reconocimiento del decisivo papel de las organizaciones no gubernamentales y la aclaración de las reglas según las cuales se les concede el apoyo o se les atribuyen los contratos. 
Enmiendas núms. 17 y 20. 
Quisiera terminar apoyando la reflexión del ponente sobre el presupuesto. 
Creo que el marco presupuestario que la Comisión presenta para la ejecución de tan ambicioso programa no es adecuado y, por tanto, a ese respecto la Comisión tiene obligatoriamente que examinar, en el ámbito de la Agenda 2000 y de la preparación de las políticas hasta el año 2006, si quiere una política de consumidores apoyada por 320 millones de personas, que de ese modo apoyarán también la construcción europea. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, considero fundamental la aplicación de una correcta política de protección del consumidor. 
Es verdad, los consumidores bien pueden sentirse perplejos ante la suspensión de las financiaciones, como lo pide la reciente sentencia del Tribunal de Justicia, y seguramente los programas destinados a fortalecer las organizaciones de consumidores en España, Italia, Portugal y República Irlandesa perderían eficacia, si el reciente dictamen del Tribunal de Justicia continuara cuestionando cierto número de categorías de gastos discrecionales. 
El artículo 129 A del Tratado de Maastricht y el posterior artículo 153 del Tratado de Amsterdam definen algunas acciones, insuficientes si no se valora y establece un programa de intervenciones prioritarias para llevar adelante el presente cuadro general y, por último, con el presente cuadro general es posible establecer una base jurídica favorable a los consumidores, que permitirá disponer de una cantidad presupuestaria de 114 millones de ecus para los próximos cinco años. 
Con este apoyo financiero, las acciones posibles se vertebran en cuatro actividades, de gran importancia para los consumidores en sus respectivos campos: la salud y la seguridad, la protección de los intereses económicos en cuanto a productos y servicios, la educación y la sensibilización, la promoción y la representación de los intereses de los consumidores. 
Pero también es importante mantener a los grupos científicos y sostener la experimentación, para llevar adelante una campaña de información correcta y necesaria, en cuanto al acceso y la participación de los propios consumidores. 
Con gran frecuencia olvidamos que el quinquenio 1999-2003 será un período particularmente importante y difícil para el consumidor, que se encontrará con retos como la implantación de la moneda única, el desarrollo creciente de la sociedad de la información, la ampliación de la Unión Europea a los países que hoy son sólo candidatos, la información sobre la seguridad y la calidad de los alimentos. 
En conclusión, será necesario ofrecer al consumidor los instrumentos adecuados que le permitirán valorar los riesgos y, en caso necesario, apelar a la justicia: para ello, se deben agilizar las inspecciones y los controles precisos. 
Señora Presidenta, nosotros en tanto Grupo de los Verdes, estábamos muy preocupados sobre la sentencia de congelar la linea presupuestaria para la actividad de los consumidores. 
A nosotros nos hubiera interesado ampliar las actividades y dedicar más recursos para ello. 
Ese es para nosotros el punto fundamental. 
Apoyamos la propuesta de la Comisión. 
No obstante, para nosotros es muy importante que no se le concedan recursos solo a las clásicas asociaciones de consumidores sino también a las ONG. 
Les recuerdo que, por ejemplo, en la República Federal muchos recursos van a parar a la campaña «la carne es una porción de fuerza vital». 
Sin embargo se trata sociedades de marketing, que no pueden ser confundidas con asociaciones de consumidores. 
De modo que se debe procurar que de verdad se fortalezcan las asociaciones de consumidores, y eso también significa que organizaciones claves de protección del consumidor reciban dinero de esta linea presupuestaria. 
De igual modo no puede ocurrir que, por ejemplo, se retiren recursos tanto al plan de acción relativo a las enfermedades causadas por el medio ambiente como al ámbito de los consumidores. 
Por lo tanto para nosotros es de gran relevancia que también las asociaciones de consumidores críticas disfruten de esos recursos. 
El dinero debe realmente emplearse en la información de los consumidores y no en el marketing de determinados productos de la Unión europea, lo que favorece a la industria. 
Los consumidores necesitan los recursos ya que existe una muy alta demanda de información. 
Señora Presidenta, me acuerdo todavía del informe sobre las prioridades para la política del consumidor de 1996 hasta 1998. 
El ponente instó entonces a la Comisión a que no corriera demasiado de prisa. 
Sin embargo, el mismo ponente ahora sí lo hace. No solamente pide una ampliación de los medios financieros, sino también del número de ámbitos políticos en que tienen lugar las actividades en favor del consumidor. 
Soy de la opinión, que en el aspecto cuantitativo, el documento de la Comisión toma mejor en cuenta las posibilidades limitadas que hay para la política del consumidor a nivel europeo. 
La propuesta de ampliar las actividades en favor del consumidor a todos los ámbitos políticos no me parece muy realista. 
La elección de la Comisión de los ámbitos políticos del transporte y la salud pública es buena, porque está basada en la experiencia de los últimos años y conecta también con el programa de acción para los próximos años. 
La ampliación propuesta por el ponente de 114 millones de ecu a 130, en la enmienda 14, es demasiado escasa para poder abarcar todos los ámbitos políticos. 
Además, debe quedar un margen para los problemas inesperados de los consumidores. 
Una parte de este margen se debe dedicar a la representación de los intereses del consumidor con la entrada del euro. 
En este aspecto comparto la opinión del ponente. 
La mejor manera de dar cuerpo al apoyo de estos intereses es apoyando las iniciativas de las organizaciones nacionales de los consumidores en este campo. 
Esto me lleva a mi último punto. 
Aprecio el cambio en la política del consumidor por la introducción de este marco general. 
Ya no nos ocupamos del diseño de toda clase de regulaciones legales, sino del refuerzo real de la posición de los consumidores. 
La protección de los consumidores después de todo empieza con el consumidor mismo. 
Una representación más fuerte de los consumidores mejora el funcionamiento del mercado, mientras que las regulaciones legales más bien lo perturban. 
Como conclusión, quiero decir que no se debe fomentar la cantidad de actividades en favor del consumidor sino la calidad. 
Señora Presidenta, el informe Whitehead aborda la manera en que los consumidores europeos deberán protegerse cuando se adopte el euro, y cómo deberá enfrentarse la Unión con la desconfianza relacionada con la seguridad y la calidad de los productos alimenticios. 
Creo que se trata de un buen informe que ahonda en cuestiones de gran importancia. 
En mi opinión, la crisis de la EEB nos ha enseñado que, cuando se trata productos alimenticios, debemos seguir un principio de precaución, es decir, adoptar medidas incluso cuando solamente haya sospechas de que nuestros alimentos puedan influir en la salud humana. 
Deberíamos ahora establecer normas para reducir el uso de antibióticos en la alimentación de animales. 
Creo que unas normas estables y fijas aumentan la credibilidad de los ciudadanos, como ocurre también con el etiquetado que proporciona una información adecuada a los consumidores. 
Por el contrario, me opongo, por una cuestión de principio, al aumento del marco presupuestario quinquenal de 114 millones a 130 millones de ecus, como se recoge en la propuesta y plantea también el ponente. 
Creo que la Comisión ha hecho la valoración necesaria y adecuada en este caso. 
Además, considero que hay medidas de otro tipo que son tan efectivas en este ámbito como un aumento de la dotación presupuestaria. 
Creo que se corre un riesgo cuando los políticos se lanzan a decidir sobre medidas que no son completamente necesarias. 
En mi opinión, los políticos no debemos infravalorar la capacidad de la sociedad civil. 
Los propios consumidores desempeñan una gran responsabilidad. 
Existe un riesgo cuando los políticos no cesamos de insistir en resolver sus problemas. 
En estos casos, es posible que los consumidores alimenten una falsa sensación de seguridad. 
Resulta evidente que tenemos que fijarnos criterios rigurosos en materia de seguridad, pero hemos de respetar el amplio poder de que disponen actualmente los consumidores para adoptar las decisiones que consideren necesarias. 
Esta medida se traducirá en una mayor sensibilidad de los productores de cara a las exigencias del consumidor. 
Señora Presidenta, debemos trabajar en favor de los consumidores, no porque de otro modo algunos pudieran pensar que el Parlamento Europeo carece de confianza en sí mismo, sino porque los intereses de los consumidores tienen derecho a que se les preste atención. 
La Comisión aduce como fundamento de la propuesta legislativa que el marco general debe ayudar a que los intereses de los consumidores sean tenidos en cuenta en mayor medida con relación a las demás políticas y actividades comunitarias. 
Me extraña que la Comisión sólo indique la salud pública, la investigación y el transporte como ejemplos y no mencione, por ejemplo, una integración de la atención a los consumidores en la política agraria, la competencia, los servicios financieros y por último, pero no menos importante, en la política alimentaria comunitaria. 
Además, pienso que resulta sumamente lamentable que en la propuesta de la comisión se establezca la norma sobre el 50 % de ayuda. 
Esta norma hace imposible para muchas pequeñas organizaciones de consumidores participar en proyectos simplemente por no poder permitirse pagar ellas mismas la parte restante. 
También las organizaciones de consumidores de los pequeños países, entre ellas, el Consejo de Consumidores de Dinamarca, tendrán problemas con esta forma de financiación. 
La UE debe ocuparse de la política de consumidores de un modo tal que para las pequeñas organizaciones de consumidores sea también posible financieramente participar en los proyectos. 
Las organizaciones tienen sus recursos financieros unidos a soluciones y a otras partidas administrativas. 
Y también no ha de olvidarse que a menudo es la UE, más que las propias organizaciones de consumidores, la que desea iniciar campañas diferentes y que en este caso la UE necesita organizaciones de consumidores serias, como precisamente el Consejo de Consumidores danés, para dirigir estas campañas. 
Por ello no es lógico pedir a las organizaciones que cubran ellas mismas hasta el 50 %, no cuando las campañas son una prioridad comunitaria, y no necesariamente prioridad de las organizaciones de consumidores. 
Tampoco podemos consentir que la parte administrativa de las campañas de consumidores comunitarias sea a menudo tal desbarajuste que exija de los trabajadores de las organizaciones una paciencia infinita para participar en estos proyectos comunitarios. 
También se tiende a olvidar que las campañas comunitarias se sirven de la credibilidad y seriedad de las organizaciones de consumidores nacionales y europeas y que la UE en la actualidad sólo paga la mitad del precio de esta credibilidad. 
Y por último y para acabar, me gustaría dar las gracias a Phillip Whitehead porque una vez más y- como de costumbre- de modo excelente con un informe ha trabajado en favor de los intereses de los consumidores. 
Apoyo el informe completamente. 
Señora Presidenta, me complace particularmente que esta tarde esté escuchándonos el Comisario Monti que, como sabemos, es el responsable del mercado único, del mercado interior, como es mejor llamarlo pues nos dirigimos a los consumidores. 
A este mercado único, que incluye a 370 millones de ciudadanos en su condición de consumidores, todos nosotros, todas las Instituciones comunitarias, debemos darle una respuesta cada vez más adecuada a sus exigencias, y siempre en la dirección de los cambios hacia los que se encamina el mundo del consumismo. 
Estamos muy de acuerdo con las peticiones de aumentos en la financiación, expresadas por el ponente y sostenidas con empeño por el Sr. Pimenta: estas mejoras son, simplemente, el reconocimiento de una nueva condición del consumidor. 
Es el reconocimiento de una condición que debe llegar a ser el lema diario de todas las actividades públicas y privadas. 
¡El consumidor ante todo! 
Es igual que le llamemos cliente o usuario, de todos modos sigue siendo el rey: el consumidor como objetivo de la evolución de un mercado, público o privado, pues siempre pide productos nuevos o renovados y envases más sencillos, menos peligrosos, pide más información sobre lo que consume, pide etiquetas más claras, pide materiales reciclables y menos contaminantes y, por fin, pide modernidad y eficacia en los servicios: es decir, en términos globales, mayores seguridades. 
Es un consumidor que se mueve cada día más, que quiere aumentar su cultura y desea hacer mejor uso de su tiempo. 
Tal vez los hijos se dediquen a una actividad distinta de la que tuvieron sus padres y quizá no la ejerzan en su propio país, incluso en un escenario que ya no será sólo nacional sino, al menos, comunitario, la suma de los países de la Unión Europea. 
En todo este escenario, la gran novedad es la llegada del euro. 
El 1 de enero de 1999 es el primer día del euro, la nueva moneda única que cambiará por completo el modo de comprar y de practicar el consumo. 
Tenemos el deber de dar al consumidor una información exhaustiva acerca de la implantación de la moneda única, de formar a las empresas, por un lado, y de informar a los ciudadanos, por otro. 
Ayer, precisamente, en la discusión sobre el euro, pedí un aplazamiento de un año en la emisión de los billetes de 500 euros, porque podrían crear, dentro del nuevo sistema monetario, grandes dificultades para los consumidores. 
A ellos van destinados todos nuestros esfuerzos cotidianos. 
Señora Presidenta, durante el decenio pasado, la Unión Europea reforzó considerablemente su propia política respecto a los consumidores, sobre todo en vista de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. 
En el Tratado de Amsterdam están previstos nuevos desarrollos en materia de política de los consumidores y de protección de su salud. 
Estoy particularmente de acuerdo con todas las intervenciones de esta tarde que han señalado, con distintas palabras, que el consumidor es la figura central del mercado único europeo. 
La propuesta presente delimita el marco jurídico de las actividades que pueden optar a una financiación comunitaria en el ámbito de la política relativa a los consumidores y a la tutela de su salud. 
Desde hace varios decenios, las acciones emprendidas a título y en favor de la política de los consumidores de la Unión se financian a través del presupuesto comunitario. 
En el curso de este período no ha habido ninguna disposición jurídica de base destinada a financiar esas acciones ni una descripción formal de las actividades admisibles para la financiación, exceptuadas tan sólo las referencias que a ellas se hace en el artículo 129 A del Tratado de la CE de 1992. 
Ante los continuos progresos en la integración europea, se hace evidente la necesidad de garantizar a los ciudadanos de la Unión Europea, en su calidad de consumidores, que en el nuevo mercado único ampliado sus derechos e intereses tendrán una protección adecuada y que el nuevo mercado único ampliado gana en profundidad con la moneda única. 
Los intereses de los consumidores deben estar tan presentes como los de los otros sectores económicos. 
No se debe confundir este cuadro general con un programa de acción de varios años. 
Respecto de la protección de los consumidores, sin duda sería imposible anticipar con precisión sobre una base quinquenal la totalidad de los problemas que requerirán una intervención comunitaria. 
Antes de fin de año, la Comisión presentará su propio programa relativo a las prioridades para el período 1999-2001. 
Este programa ilustrará las acciones que la Comisión se dispone a emprender en los próximos tres años. 
La presente decisión constituye la base jurídica para la financiación de las actividades previstas en el programa relacionado con las prioridades. 
A consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el mes de mayo pasado, se ha hecho necesaria una rápida adopción de la presente propuesta, pues en vista de la carencia de un fundamento jurídico para los gastos, la mayor parte de las actividades del sector de la política de los consumidores y del cuidado de la salud tuvieron que suspenderse. 
Quiero dar las gracias en particular al ponente, Sr. Whitehead, por su excelente informe, por su trabajo constructivo y por la forma en que ha sabido acelerar el procedimiento interno del Parlamento, lo que hace posible que se llegue a una decisión antes de fin de año. 
En su casi totalidad, las enmiendas propuestas por el Parlamento pueden ser aceptadas por la Comisión y, al pasar, también doy las gracias al Sr. Whitehead por haber completado la lista de las actividades, en particular en lo que concierne al respeto de los derechos de los consumidores. 
No obstante, las enmiendas 12 y 16, relativas a la adaptación de esta decisión al Tratado de Amsterdam después de su entrada en vigor- enmiendas que, por otra parte, comprendo plenamente y comparto en gran medida -, son demasiado genéricas y globales desde el punto de vista de la Comisión; por consiguiente, la Comisión no puede aceptarlas en su forma actual. 
Sin embargo, nos comprometemeos en esta Asamblea a que la Comisión, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, presente una propuesta que tome en cuenta las implicaciones del Tratado en la política de los consumidores. 
En lo que respecta a la enmienda nº 13, relativa a la asignación presupuestaria, la Comisión dará al Parlamento y al Consejo toda la asistencia técnica necesaria para que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre este punto. 
Sólo quiero subrayar- y este énfasis está dirigido en especial al Consejo, más que al Parlamento Europeo- que, una vez fijada la asignación presupuestaria, su adaptación a las implicaciones del Tratado de Amsterdam parece poco probable; por lo tanto, la asignación presupuestaria tendrá que tener en cuenta, desde ahora mismo, las nuevas actividades derivadas de la puesta en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Actualmente nos encontramos en la etapa de la primera lectura, y el Consejo comunicará su propia posición sobre esta propuesta el próximo 3 de noviembre. 
Como ya he dicho, el Parlamento y el Consejo están empeñados en acelerar el procedimiento de decisión para la adopción de las propuestas que constituyen la base jurídica que permite una financiación comunitaria. 
La Comisión hará lo posible para que el Parlamento y el Consejo puedan tomar su decisión en la segunda lectura, antes de fin del presente año. 
Por último, quiero dar en especial las gracias a todos los que han intervenido: sus observaciones serán tenidas muy en cuenta en la elaboración del nuevo plan de acción trienal, ya citado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A4-0325/98) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0421/98-97/0198 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (Ponente: Sr. Anastassopoulos) 
Señora Presidenta, con la recomendación para la segunda lectura de la directiva sobre la defensa legal de los servicios criptográficos que hoy examinamos, damos el penúltimo paso para que, mediante la admisión de las dos enmiendas por el Consejo, sea finalmente posible que la directiva quede aprobada, en breve. 
De esta forma, podremos hacer frente de forma más eficaz y coordinada dentro de la Unión Europea a una actividad de piratería que constituye una amenaza real. 
Los aparatos decodificadores ilegales que produce la industria pirata se calcula que representan un 20 % del total. 
La pérdida de ingresos de los servicios criptográficos supera los 200 millones de ECUs al año y la repercusión en la industria cinematográfica europea es realmente grave, ya que el 34 % de sus ingresos procede de esta fuente. 
Asimismo, para formarnos una imagen de las actividades ilegales en dicho sector bastaría recordar que, en tan solo cuatro meses, se han producido a través de Internet más de un millón de anuncios de aparatos piratas ilegales. 
Son actividades que vician el buen funcionamiento de nuestro mercado interior uniforme, impiden el mayor desarrollo de industrias especializadas en nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas formas de comunicación para facilitar los intercambios comerciales. 
Crean problemas para la protección de los consumidores y merman la protección de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. 
La construcción de decodificadores más perfectos, con más medios de protección para hacer frente a la piratería, se ha demostrado costosa y, en última instancia, ineficaz. Porque la piratería siempre lograba adaptarse con la velocidad de la luz y neutralizar, incluso con tecnologías más avanzadas, todos los sistemas de protección. 
Por consiguiente, no quedaba sino hacer frente al problema a nivel comunitario mediante la armonización de normas de protección de los servicios constituidos y basados en el suministro de acceso condicional. 
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo, en primer lugar, pero también el Consejo, en segundo lugar, parecían haberse concienciado sobre la urgente necesidad de dicha regulación al ver que la piratería no paraba de florecer. 
Desde el Libro Verde de la Comisión hasta la segunda lectura del proyecto de directiva, que el Parlamento ha debatido con mi primer informe de mayo de 1997, apenas han transcurrido dos años, período que puede considerarse rápido para los hechos comunitarios. 
Mi segundo informe sobre el proyecto de directiva, aprobado por amplia mayoría el 30 de abril de 1998 por este Pleno, contenía 24 enmiendas. 
La Comisión, en su propuesta modificada, admitió, total o parcialmente, 18 de estas y fue básicamente secundada por el Consejo. 
El resultado fue la presentación de una postura común del Consejo mediante un texto en el que aparecen mejoras importantes en comparación con el inicial. 
Se reformularon las definiciones y adquirieron mayor claridad. 
Un nuevo artículo 1 aclaraba el ámbito de aplicación de la directiva. 
El alquiler y distribución de los aparatos ilegales se añadieron a las actividades ilegales y los datos del propósito los fijó el Consejo en su nuevo considerando 21. 
Esos valiosos datos, señora Presidenta, por mucho que hayan satisfecho a su ponente, no podían en modo alguno contrapesar la negativa de la Comisión y del Consejo a ampliar el ámbito de aplicación de la directiva. 
El Parlamento había puesto a debate por medio de sus enmiendas la protección del acceso condicional con vistas a proteger de forma general el valor económico de los servicios y no sólo garantizar el pago por su suministro. 
Sin embargo, la Comisión y el Consejo insistieron en limitarse a ese último punto. 
El desacuerdo podría agudizarse y prolongarse si el Comisario Sr. Monti no se comprometiera a encargar un estudio que verifique la viabilidad de una posible ampliación de la protección legal también a los servicios que utilizan el acceso condicional por razones diferentes a las de asegurar sus ingresos. 
Una vez realizado dicho compromiso, que anula la posibilidad de una protección más extensa en el futuro, su ponente consideró que no era necesario volver a presentar las enmiendas presentadas por el Parlamento en la primera lectura. 
Prefirió, con la enmienda 2 sobre el artículo 7, mantener abierta la puerta a una próxima etapa y, de forma más general, facilitar al Consejo, con el requisito de la admisión de sólo las dos propuestas redactadas junto con la recomendación para una segunda lectura, la aprobación en breve el proyecto final de directiva. 
Nuestra esperanza, señora Presidente, es que por mucho que la Comisión y el Consejo hayan limitado su ámbito de aplicación, la directiva ayudará a afrontar de forma más eficaz la piratería de los decodificadores. 
Y con tal propósito, tengo el honor de presentar la recomendación de una segunda lectura para que sea valorada por el Cuerpo. 
Señora Presidenta, como ha dicho el ponente, Sr. Anastassopoulos, la preocupación de este Parlamento ha sido llenar un vacío jurídico y hay que recordar que las tres instituciones han trabajado de forma muy eficaz porque, en solamente un año y dos semanas, se ha aprobado esta directiva que pretende, como ha dicho el ponente, luchar contra la piratería en materia de comunicaciones, televisión, audiovisual, etc. 
La directiva es una verdadera directiva porque no es una directiva que contenga disposiciones de carácter reglamentario- deja un amplio margen a los Estados para desarrollar la legislación, ya que los Estados pueden recurrir a la vía penal o, simplemente, a la vía de la responsabilidad civil, lo cual me parece bastante razonable. 
La directiva tiene también la peculiaridad de cubrir la materia. 
Como ha dicho el Sr. Anastassopoulos, hemos preferido, en este caso, cerrar la materia en este momento, pero dejar abierta la posibilidad, con la enmienda 2, de una revisión a corto plazo en caso de que se detectaran insuficiencias. 
Y en la Comisión de Asuntos Jurídicos, aparte de esa enmienda 2, que es una enmienda dirigida a permitir una rápida adaptación de los defectos que se denoten, hay otra enmienda, la enmienda 1, que se refiere a la consideración general de la necesidad de que el Estado proteja los servicios de carácter remunerado. 
Yo creo que es un buen trabajo el que están haciendo las tres instituciones. 
Como siempre- el Comisario Monti lo sabe -, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha mostrado siempre el mayor espíritu de colaboración. 
Creo que el Parlamento podrá aprobar mañana el texto con las enmiendas que nos propone el ponente y que, por tanto, va a suponer un paso adelante. 
Desde luego, hay que recordar que estamos en el área de la protección de ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la información, compatible, por otro lado, con el ejercicio de actividades privadas que permitan efectivamente que esa información tenga lugar. 
Yo creo que el Derecho comunitario podrá ser desarrollado pronto por los Estados miembros y con esto este aspecto quedará cubierto sin muchas dificultades. 
Señora Presidenta, permítame- y no es retórica- empezar felicitando en nombre de mi grupo, el Partido Popular Europeo, al ponente. 
Creo que, con la aceptación de las enmiendas razonables y razonadas que nos ha propuesto, esta directiva llega a buen puerto en una materia muy complicada y en muy poco tiempo. 
Y, sin duda, el rigor y la habilidad negociadora del ponente- las dos cualidades conjuntadas- han sido la razón de este éxito. 
Entrando ya en materia, la propuesta de directiva cubre una amplia gama de servicios de radiodifusión interactivos independientemente de cuál sea el medio de transmisión. 
Este mercado de servicios basados en el acceso condicional está creciendo rápidamente como resultado de la tecnología digital pero este crecimiento podría verse amenazado por el desarrollo, igualmente rápido, de la piratería, industria paralela- hoy floreciente, como nos ha señalado el ponente- que fabrica y comercializa los dispositivos que facilitan el acceso no autorizado a tales servicios. 
Además de la industria, y parafraseando al ponente, esta piratería tiene varias consecuencias adversas, no sólo la pérdida de ingresos procedentes de los abonos para los proveedores de servicios, sino también perjuicios económicos para el proveedor de acceso condicional y también para el proveedor de contenidos. 
Además, supone precios más elevados y menores posibilidades de elección para el consumidor a quien, a menudo se defrauda pues muchas veces no se le indica cuál es el origen del dispositivo pirateado que compra y se le hace creer que lo que adquiere es un dispositivo autorizado. 
Partíamos de una situación de discrepancias entre nuestros ordenamientos jurídicos que tenía gravísimas repercusiones negativas en el desarrollo de estos servicios y también- lo ha dicho el ponente- en el mercado interior. 
Así pues, en el lenguaje de la calle, la presente propuesta de directiva es un instrumento tan necesario como útil para luchar contra una, pero muy importante, de las múltiples facetas de la piratería tecnológica, aquella que, mediante ingenios técnicos, facilita el acceso a servicios codificados sin que medie el pago legalmente establecido. 
Esto caracteriza el ámbito de aplicación de la directiva, su propia estructura y su fin. 
Esta directiva no tiene por objeto proteger el acceso a cualquier servicio codificado a distancia sino que su ambición se limita a aquellos que dependen de una autorización previa cuyo propósito es garantizar la remuneración del servicio y que incluye todos los servicios suministrados sobre la base de este acceso condicional. 
Esta limitación del ámbito de aplicación- lo ha resaltado el ponente- ha originado una fecunda reflexión, una reflexión interactiva- si se me permite el juego de palabras -, entre la Comisión y el Parlamento. 
Como resultado de esta interacción, el Parlamento acepta los razonamientos expuestos por la Comisión, que desaconsejan incorporar como interés jurídico protegido el concepto más amplio del valor económico frente al actual de remuneración. 
Mañana votaremos aceptando el planteamiento del Consejo y la Comisión, y suscribiremos que, en este caso, se perdería efectividad en el instrumento jurídico al desdibujarse los contornos imperativos de los preceptos por tener que responder a realidades muy diversas. 
Esta Asamblea, al aceptarlo así, entiende que la Comisión se ha comprometido a iniciar sin demora la reflexión necesaria para que en el plazo más breve posible también encuentren protección en la normativa europea esos otros servicios en los que no existe prestación frente a pago, pero en los que, indudablemente, las actividades delictivas suponen también el quebranto a un interés jurídicamente protegible que se traduce en última instancia en términos económicos. 
Resuelta en estos términos una de las controversias que tanto nos ha ocupado a lo largo de la tramitación, y que justifica en gran medida la enmienda nº 2 de la Comisión de Asuntos Jurídicos- votada por unanimidad a propuesta del ponente en tanto que plasma la preocupación de seguimiento tan eficazmente encabezada por él- el texto de la posición común aporta claras mejoras y no sólo porque sigue las indicaciones del informe de primera lectura de este Parlamento en su función colegisladora sino porque objetivamente, técnicamente, aporta importantes mejoras. 
El ponente ha mencionado la mayor precisión del artículo 1, pero también, en términos de claridad, podríamos pasar revista a las reforzadas definiciones del artículo 2. 
Se han colmado asimismo lagunas, como incluir la actividad de alquiler y distribución de dispositivos ilícitos entre las actividades perseguidas y perseguibles, y las sanciones se adaptan mejor en su especificación actual a los distintos regímenes jurídicos nacionales. 
No podemos sino congratularnos, por ejemplo, por la sustitución de expresiones duras, concretas, demasiado técnicas, como decomiso de dispositivos ilícitos, que en algunos ordenamientos- por ejemplo, el español- sería complicado instrumentar desde la transposición de la directiva, por la más genérica de eliminación de los dispositivos ilícitos de los circuitos comerciales, que es la que figura ahora y que se erige en obligación de resultado que cada Estado miembro cumplirá en coherencia con la estructura propia de su Derecho nacional. 
Por último, el nuevo considerando incorpora el elemento de intencionalidad, que permite a las legislaciones nacionales orientar la actividad censora hacia los autores de actividades ilícitas que manifiesten una intención defraudatoria. 
Esta innovación no debe, en ningún caso, afectar a la responsabilidad civil, que en todos nuestros ordenamientos jurídicos es de carácter objetivo, es decir, independiente de cualquier tinte de subjetividad. 
En resumen, esta directiva colma de forma importante- si bien parcialmente- una laguna. 
Se trata para nosotros de una etapa en la instrumentación de una protección jurídica más amplia. 
Ahí tiene la Comisión ahora la pelota en su terreno. 
Esperamos que juegue pronto. 
Señora Presidenta, señor Comisario, se podría decir que tenemos en la Asamblea unos amigos «crípticos» , en el sentido de que se han consagrado a la criptografía. 
No sé cómo podría serles de ayuda a los intérpretes en estos momentos. 
En primer lugar, desearía decir que me parece lamentable que no hayamos retomado las enmiendas presentes en el debate de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Mediante esta propuesta lo que queríamos era penalizar los intentos deliberados de eludir esta protección. 
Lamento que no se haya tratado dicha cuestión. 
En segundo lugar, querría plantear la grave cuestión que plantean los recientes datos de acuerdo con los cuales al Estado francés se le ha unido el español a la hora de dividir el mercado con productos crípticos. 
Ya he planteado anteriormente esta cuestión al Comisario Monti. 
Lamento profundamente que no hayamos logrado ningún progreso a este respecto, sino que, por el contrario, estamos retrocediendo e incorporando estos códigos crípticos en otros ámbitos. 
Espero vehementemente que este punto forme parte del debate sobre paz, seguridad y libertad que se entablará tras la adopción del Tratado de Amsterdam. 
Señora Presidenta, Señorías, ante todo, quiero dar las gracias a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, en particular al Sr. Anastassopoulos, por la rapidez con que han examinado esta propuesta importante y difícil. 
También quiero felicitar personalmente al ponente, que ha demostrado un conocimiento profundo del tema, además de dar prueba, una vez más, de un alto sentido político. 
Como resultado, espero que se adopte y aplique prontamente la directiva. 
Me refiero en particular al retiro de la enmienda principal introducida en la primera lectura, que proponía se extendiera el campo de aplicación de la propuesta. 
Como se afirma en el informe que ilustra los motivos de la recomendación, la Comisión se ha comprometido a examinar, en un estudio específico, la utilización de los sistemas de acceso condicional para fines que no sean el de garantizar el pago de los abonos correspondientes, y a considerar las implicaciones jurídicas y económicas para el mercado único y la necesidad de introducir una específica protección legal. 
El anuncio de licitación de este estudio se ha publicado en la Gaceta Oficial el 10 de julio de 1998, y tengo el gusto de anunciar que el proyecto administrativo del correspondiente contrato está, en estos momentos, en su fase final. 
Por lo tanto, la Comisión recibe favorablemente la segunda enmienda del Parlamento, destinada a crear la base jurídica que permita una adecuación periódica de la directiva y, en particular, del importante artículo 2, dedicado a las definiciones, de acuerdo con los desarrollos técnicos y económicos. 
La primera enmienda introduce un nuevo considerando que contribuye a poner en claro los objetivos de la directiva; retoma el contenido de la enmienda nº 10 de la primera lectura, que se incorporó en la propuesta modificada de la Comisión, pero fue rechazada por el Consejo. 
Veo con satisfacción que esta enmienda ha sido sujeta a una nueva formulación y puedo anunciar que la Comisión la acogerá favorablemente. 
En el Consejo, la Comisión defenderá la nueva propuesta modificada según las enmiendas del Parlamento Europeo, y lo hará con el objetivo de convencer al Consejo para que extraiga las conclusiones debidas y adopte, a su vez, el texto así revisado. 
Doy las gracias nuevamente al Sr. Anastassopoulos y a todos los que han trabajado en lo que de verdad podemos considerar, Señora Presidenta, como un ejemplo adicional de una feliz y rápida colaboración interactiva entre nuestras Instituciones. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Reconocimiento de diplomas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0319/98) , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0422/98-96/0031 (COD) ) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos para las actividades profesionales a que se refieren las directivas de liberalización y de medidas transitorias y se completa el sistema general de reconocimiento de títulos (Ponente: Sra. Gebhardt) 
Señora Presidenta, estimados colegas, estimado señor Comisario Monti, en primer lugar quisiera dar las gracias a todos los colegas que me han apoyado en la elaboración del presente informe. 
Que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano hay votado a favor unánimemente ha facilitado las cosas para que se llegase al final. Esto otorga la mejor base para la modificación de la posición común. 
Se trata del procedimiento del reconocimiento de diplomas en los ámbitos del comercio, de la artesanía y de la industria. 
El Consejo quiere que según el artículo 3 párrafo 1, la verificación en los casos de duda se deje a elección de los Estados miembros optando entre un curso de adaptación o una prueba de idoneidad. 
Creo que esto no es más que esto es una especie de tutela burocrática. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos coincide conmigo en que la elección del procedimiento para la evaluación de los conocimientos y cualificaciones suficientes debería dejarse al solicitante. 
Quien desea establecerse y trabajar en otro país sabe evaluar por sí mismo como puede comprobar su cualificación profesional respecto de las exigencias del país receptor. 
Por ello el mismo debe poder decidir si se somete a una prueba de idoneidad o si prefiere asistir a un curso de adaptación. 
Y en la medida de los posible tampoco debe ser perjudicado por la voluntad de una burocracia que le es absolutamente ajena. 
En definitiva de lo que se trata es de remover obstáculos y no de crearlos. 
En las primeras dos directivas horizontales sobre el reconocimiento de diplomas se otorgaba a los solicitantes esa libertad de elección. 
En aras de la coherencia y de la transparencia de la legislación europea es necesario e importante elegir una normativa correspondiente para la tercera directiva horizontal, que estamos debatiendo aquí. 
Consecuentemente debemos modificar la posición común y creo que no va a suponer un coste muy alto. 
Supongo que en este momento no habrá muchos más monitores encendidos en los despachos de los diputados que colegas aquí presentes en el Pleno. 
Pensar que estamos matando el tiempo con una cuestión secundaria sería erróneo. 
La directiva de reconocimiento para el sector del comercio, de la artesanía y de la industria tiene una importancia mucho mayor. 
De 35 directivas de liberalización y de transición, que a lo largo de los años han ido devaluandose, vamos a hacer una sola. 
Cuando entre en vigor, las 35 normas van a ser derogadas de un golpe. 
Esta es la forma en la que yo entiendo la consolidación del derecho europeo. 
Así se consigue una mayor transparencia, aun cuando al profano probablemente le parezca que se hace de forma vertiginosa al darle en mano el presente texto. 
Aunque este no debería ser obligatoriamente el caso. 
Para cumplir verdaderamente con los ciudadanos deberíamos esforzarnos en el futuro por conseguir formulaciones legibles. 
De otro modo una parte de las leyes siempre ejercen un efecto amedrentador. 
Como un mal ejemplo cito la enmienda que yo misma he presentado. 
Consta de cuatro proposiciones y corrige la posición común en un solo lugar. 
Esto exige en la presentación unas 36 lineas, y solo la primera frase se convierte en alemán en un ciempiés de 82 palabras. 
La segunda llega a unas orgullosas 50 y la tercera tan solo a 30 palabras. 
Como comparación: cuando los periodistas aun medían sus despachos por palabras, uno de 500 constituía un amplio reportaje de un corresponsal sobre un evento importante acaecido muy lejos. 
O echen un vistazo a los diez mandamientos: en ellos se dice mucho con muy pocas palabras. 
Eso no se puede achacar a la pereza de Moisés, que no disponía de un procesador de textos y que con mucho esfuerzo tenía que grabar todo en piedra, simplemente el texto estaba bien formulado. 
Todo esto respecto del feo atuendo de la directiva de reconocimiento, cuyo fin es limpiar 35 antiguas normas de la mesa y con ello conseguir más claridad y una mayor seguridad jurídica. 
Considero que esto es de gran importancia. 
Otros pueden decir que la directiva es un trabajo diligentemente realizado, una reparación técnico-jurídica exitosa y nada más. 
Pero es algo más. 
Esta directiva de reconocimiento es incluso mucho más- si se encuadra correctamente. 
Ayuda a la realización de un derecho civil de la Unión Europea, la libertad de establecimiento. 
Hay que recordar que solo desde Maastricht los derechos civiles forman parte del tratado sobre el que se asienta nuestra Unión Europea. 
Tienen el carácter de derechos fundamentales pero no están lo que se dice profusamente formulados. 
Sobre la libertad de establecimiento el artículo 8a dispone: todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros- naturalmente con sujeción a ciertas limitaciones y condiciones. 
Sobre el papel se podría calificar a esta libertad de establecimiento como condicionada. 
La presente directiva conquista una poco más de verdadera libertad de establecimiento que es exigible jurídicamente. 
Esto es así: sólo se puede mover con libertad aquel que puede establecerse en el lugar de su elección y desarrollar su profesión. 
Con dos directivas hemos empezado a hacer el camino, ahora damos luz verde a las profesiones del sector del comercio, la artesanía y la industria. 
Se han eliminado las zanjas burocráticas y la enmienda introducida propicia una justicia adecuada. 
Así es el camino de los derechos civiles plasmados en papel hacia la realidad cotidiana. 
El reconocimiento de diplomas es un paso necesario en ese camino. 
No solo rompe las cadenas que impiden en ocasiones a los jóvenes ejercer su profesión sino que además es importante en la lucha contra la epidemia del paro en Europa. 
¿Por qué? 
Porque al garantizar una libertad de circulación profesional podemos intervenir en la en ocasiones perniciosa distribución del trabajo. 
Todos conocemos las viejas quejas de sectores enteros que en determinadas regiones ofrecerían trabajo suficiente, pero que no encuentran los trabajadores apropiados. 
En otra región un joven no decide aprender la profesión de sus sueños, porque al final sabe que allí no va a ser requerido. 
La libertad de establecimiento garantizada a través de la directiva que vamos a votar mañana propicia la necesaria movilidad de las fuerzas laborales. 
No se trata sólo de una necesidad económica, sino que para muchos que dependen de su profesión, supone una porción de su felicidad. 
No puedo imaginar un servicio más hermoso de la política a los ciudadanos que contribuir a la realización de sus deseos y sueños. 
Después de que con el Euro hemos completado la Unión Económica y Monetaria la mirada sobre los ciudadanos de Europa y sus derechos está despejada. 
Depende de nosotros dar vida a los derechos fundamentales. 
Creo que es desde esta perspectiva que la directiva de reconocimiento adquiere su verdadero significado. 
Pero no puede permanecer aislada. 
Hay muchas posibilidades de hacer que los derechos fundamentales europeos sean útiles a sus ciudadanos. 
Solo desde hace pocos meses, con el informe De Clerq, hemos configurado un catálogo completo. 
¡Hágamoslo realidad! 
Para finalizar debo hacer aclarar una incorrección terminológica de la enmienda. 
En algunas versiones se ha introducido en lugar del término «solicitante» el de «beneficiario». 
Solo el término solicitante cobra sentido y corresponde al demandeur que elegí en la versión original en francés. 
Pido que esto sea corregido en las versiones correspondientes. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, incluso los operadores del comercio, de la industria y del artesanado pronto podrán ver reconocidas por el Estado miembro en el que deseen establecerse las cualificaciones obtenidas en el Estado miembro de origen. 
Es un sistema general de reconocimiento, propiamente dicho, lo que estamos a punto de aprobar en segunda lectura, de acuerdo con el mecanismo de reconocimiento indicado por el Tribunal de Justicia en la sentencia «Glassopoulo». 
Este sistema se suma a las directivas 89/48CEE y 92/51CEE, que respectivamente tratan de los diplomas de escuelas superiores y de la formación profesional, de las que se está haciendo una puesta al día, para que reflejen la jurisprudencia sentada en el caso «Glassopoulo» y para llevar adelante una útil simplificación. 
La Comisión y el Consejo han aceptado las enmiendas del Parlamento aprobadas en primera lectura. 
Además, el Consejo ha introducido alguna modificación, ampliamente aceptable, como por ejemplo la flexibilización de los criterios requeridos en materia de duración de la formación, privilegiando la experiencia práctica. 
El Estado miembro, antes de autorizar el ejercicio de una actividad en los sectores de la industria, del comercio y del artesanado, tendrá que hacer tomar un examen comparativo entre los conocimientos y las competencias certificados por los diplomas y por las cualificaciones profesionales adquiridos en otros Estados miembros y las competencias requeridas por las propias normas nacionales. 
Si existe una equivalencia, el Estado tendrá que conceder el reconocimiento. 
El procedimiento debe ser llevado a cabo por el Estado miembro de destino en el plazo de cuatro meses desde la presentación de la instancia. 
En caso de rechazo, está previsto el recurso jurídico. 
Si hay diferencias entre la formación prevista por el Estado miembro de origen y la prevista por el Estado miembro de destino, el profesional interesado podrá demostrar que ha adquirido los conocimientos que faltan en un curso de equiparación o con una prueba de aptitud. 
La titularidad de la elección entre curso de equiparación y prueba de aptitud es la única diferencia que aún existe entre el Parlamento y el Consejo de Ministros. 
El Consejo, en su posición común, quiere que la elección corresponda al Estado de destino, aunque tomando en cuenta las preferencias del emigrante, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, por el contrario, ha considerado por unanimidad que la elección debe corresponder al profesional, y por dos razones: las dificultades administrativas con las que se enfrenta quien quiere que le reconozcan sus méritos en otro Estado miembro, que de otra manera se harían más pesadas aún, y la necesidad de mantener también en este caso la coherencia entre esta directiva y el sistema general de reconocimiento de los diplomas, ya llevado a cabo a través de las directivas 89/48 y 92/51, que dan al profesional emigrante la posibilidad de elegir entre stage y prueba de aptitud. 
Un último aspecto importante se refiere al procedimiento para modificar el anexo A de la directiva. 
Creo que la elección de mantener el procedimiento de codecisión ya previsto por el cuerpo de la directiva es acertado, porque a menudo en los anexos se insinúan aspectos de naturaleza legislativa que merecen un procedimiento legislativo. 
Por fin, al dar las gracias a la Sra. Gebhardt por el trabajo que ha realizado, expreso mi deseo de que el Consejo de Ministros acepte las observaciones del Parlamento Europeo y la directiva pueda ser aprobada definitivamente en un breve lapso. 
Señora Presidenta, señor Comisario, es verdaderamente necesario perfeccionar el sistema de reconocimiento de diplomas para impulsar la libre circulación y mejorar la igualdad y la protección jurídica de los ciudadanos. 
Sin embargo, el solicitante de este reconocimiento ha de poder elegir el procedimiento para demostrar su competencia, ya sea mediante un período de adaptación, ya mediante una prueba de aptitud. 
Al igual que los oradores precedentes, yo también espero que el Consejo termine por aprobar esta enmienda de la ponente. 
De este modo, el resultado final se correspondería con el carácter horizontal de la directiva. 
La reciprocidad en el reconocimiento de los diplomas y las aptitudes constituye un aspecto fundamental del desarrollo de la cooperación europea en el plano práctico. 
Se trata no sólo de la movilidad profesional, sino también de la participación de los estudiantes y de los jóvenes en los programas de formación e intercambio, así como de su voluntad de adquirir, junto con sus estudios, otras experiencias y conocimientos con vistas a la cooperación europea. 
Por ejemplo, los programas Sócrates y Leonardo, actualmente en fase de renovación, constituyen buenos instrumentos para promover la comprensión mutua y la conciencia europea. 
Sin embargo, al mismo tiempo que se cursan los estudios, es necesario también tener la seguridad de que los títulos y las aptitudes adquiridas serán reconocidos en otros países miembros. 
El problema continúa siendo la falta de información acerca del funcionamiento y de las posibilidades de un sistema de reconocimiento común. 
Se debe hacer uso de la red Eures para divulgar la información relativa a las condiciones de trabajo y a los puestos de trabajo vacantes. 
Además, la Fundación Europea para la Formación realiza una buena labor a favor del reconocimiento recíproco de las aptitudes profesionales. 
A la Comisión le conviene ahora seguir muy de cerca las experiencias y los posibles problemas prácticos que se planteen en la adaptación del sistema de reconocimiento de diplomas, y emprender las medidas adicionales que sean necesarias comparando los resultados de la investigación y los avances que se registren en este ámbito. 
Comparto ampliamente una observación que ha hecho la ponente, Sra. Gebhardt. 
A esta hora quizá los escaños del Parlamento no están ocupados, y sin embargo esta directiva, en su simplicidad y por su simplicidad, tiene una gran importancia. 
La tiene por tres razones: es una simplificación extraordinaria, concierne directamente a la Europa de los ciudadanos, y atañe en particular a la movilidad del trabajo, tan importante para potenciar las libertades del ciudadano corriente y, sobre todo, es de enorme importancia en una unión económica y monetaria. 
En una unión económica y monetaria, es importante que el trabajo tenga un alto grado de movilidad; en Europa, como bien sabemos, tenemos- y no queremos perderlo-el factor de las diversidades lingüísticas, a diferencia de Estados Unidos, pero al menos podemos y debemos reducir los obstáculos puestos por los hombres, así como todas las dificultades que esta directiva procura superar. 
Me alegra que el Parlamento esté dispuesto a aprobar la casi totalidad de la posición común adoptada por el Consejo. 
Doy las gracias a la ponente, Sra. Gebhardt, y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos por su actitud constructiva. 
La enmienda que confiere al emigrante el derecho de elección entre una prueba de aptitud y un curso de equiparación es aceptable para la Comisión. 
Se trata, sin duda, de una disposición capaz de facilitar la libre circulación de los profesionales. 
Esta directiva es importante porque, además de simplificar el derecho comunitario a través de la fusión de 35 directivas en un único texto, amplía el reconocimiento a los diplomas de algunas actividades profesionales hasta ahora no contempladas por el régimen general. 
También quiero recordar que, con mucha coherencia- creo -, esta propuesta ha recibido el apoyo de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo como contribución a la lucha contra el desempleo, un asunto en el que es tan difícil encontrar formas efectivas e incisivas de intervención: ¡ésta lo es! 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Tribunal de primera instancia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0290/98) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el proyecto de decisión del Consejo (6290/97- C4-0218/97-97/0908 (CNS) ) por la que se modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, y que tiene por objeto permitir al Tribunal de Primera Instancia dictar resoluciones actuando como órgano unipersonal (Ponente: Sr. D. Martin) 
Señora Presidenta, la ausencia de la Sra. Mosiek-Urbahn me impone esta noche la honrosa pero difícil tarea de exponer la postura mayoritaria en el seno del Grupo del Partido Popular Europeo, favorable a la propuesta de decisión del Consejo tendente a permitir que el Tribunal de Primera Instancia se constituya en juez único aun cuando, personalmente, albergo reservas frente a esta propuesta, reservas sobre las que luego volveré. 
Insistiendo en la excelente exposición que ha hecho el ponente y que, además, no es más que el colofón de la forma en la que ha llevado este complicado y controvertido informe, quiero destacar, en primer lugar, que el voto favorable del Grupo del Partido Popular Europeo, y no dudo que el de la mayoría de la Asamblea mañana, es en una manifestación de confianza frente al Tribunal y quienes lo integran, puesto que nuestra competencia sólo alcanza a emitir informe sobre la modificación del apartado cuarto del artículo 2 de la decisión del Consejo. 
Es decir, ni el Parlamento ni, por cierto, la Comisión tienen competencia institucional alguna para opinar sobre la modificación del reglamento de procedimiento. 
Sin embargo, es muy difícil evaluar la propuesta legislativa haciendo abstracción de las modificaciones del reglamento de procedimiento que lleva aparejadas e incluso las que podrá llevar aparejadas en el futuro. 
Son estas las que determinarán las circunstancias en que el citado órgano puede verse llamado a dictar una resolución en un caso determinado. 
El Parlamento, insisto, mañana firma un cheque en blanco cuyo contenido y eventuales vencimientos correrán a cargo, exclusivamente, del Tribunal y del Consejo. 
Señorías, mayor confianza no cabe. 
Retomemos ahora alguno de los argumentos esgrimidos por el ponente. 
El Grupo del Partido Popular Europeo saluda, comparte y alienta la preocupación de eficiencia presupuestaria que esta medida entraña puesto que, según las mejores estimaciones, se aumentará el 10 % de trabajo efectivo, sin aumento de coste alguno. Conseguir el máximo rendimiento de cada ecu comunitario es una preocupación constante de este Parlamento y no podemos dejar de felicitar, en este sentido, la propuesta. 
También es relevante el argumento esgrimido por los ilustres magistrados de que la mayor amenaza para la legitimidad del Tribunal es la lentitud que el funcionamiento colegial implica. 
Y ya lo ha dicho el ponente: la justicia tardía no es justicia. La legitimidad del Tribunal se verá reforzada al acortarse el tiempo del proceso. 
Y es cierto. 
Pero la justicia ha de serlo merecerlo. 
Por último, el voto favorable de mañana dejará constancia de que la Asamblea no guarda ninguna reserva frente a la capacidad y ecuanimidad del Tribunal constituido en juez único. 
Y pruebas no le han faltado, bien es cierto, a lo largo de su historia, de la oportunidad que hacen gala los Presidentes de Sala al cumplir la función de distribuir los asuntos. 
Así pues, el grueso del Grupo del Partido Popular Europeo votará a favor de la propuesta. 
Permítaseme ahora, señora Presidenta, alzar la voz de quienes albergan reservas, que mañana expresaremos en una constructiva discrepancia con la mayoría. 
Tratar de compensar con un 5 o 10 % de mayor eficacia una situación de colapso- que se prevé grave con la inminente llegada de los conflictos de marca- es una solución de mal parcheo. 
Retrasará por la misma naturaleza del funcionamiento institucional que en un futuro próximo aborde este problema de frente y por derecho. 
En la carga de agenda de las Instituciones, no olvidemos, será difícil «volver» sobre el tema. 
Según los propios magistrados citados, 150 recursos a fin de año provenientes de Alicante provocarían una grave crisis. 
Pues bien, no quiero ser Casandra, Señorías, pero con esta solución la crisis está servida. 
Pero las reticencias de quienes como yo opinamos no son sólo de orden práctico y coyuntural sino también de sustancia. 
Ha hablado el ponente de pluralismo. Es verdad, el pluralismo cultural y de herencia jurídica es uno de los cimientos de la construcción europea del Derecho. 
Y esto es particularmente cierto respecto del Tribunal de Justicia. 
No se trata de desconfianzas frente a nadie y menos frente a la Institución. Pero, que me rebata alguien que una sentencia colegiada plural tendrá, al menos en el estado actual de la construcción europea, mejor aceptación pública. 
Y, señora Presidenta, si la justicia emana del pueblo, el pueblo debe percibirla como tal. 
Y que alguien me rebata igualmente que desde la Grecia clásica una de las funciones del colegio no es sino la integración en un órgano que, en última instancia, debe hablar siempre con una voz, con la misma voz, con la voz coherente de aquellos que vienen de horizontes distintos y con muy distintas, diversas y dispares experiencias. 
Y por último, ¿no sería entendible, no es incluso predecible que, ante una situación de colapso y sin soluciones, el Tribunal y el Consejo- puesto que, como ya hemos dicho, ni el Parlamento ni la Comisión serían más que testigos impotentes- procedieran a aumentar las materias en las que puede constituirse el juez único? 
Esto sería indudablemente un ahorro, pero un ahorro a cortísimo plazo y no tendría en cuenta el coste social, además del económico, que en términos agregados ello llevaría, sin lugar a dudas, aparejado. 
Además de las soluciones que ha propuesto el ponente yo añadiría la revisión de determinados privilegios respecto de los funcionarios en relación a las costas. 
Y por fin, señora Presidenta, parafraseando a Churchill, la justicia es cara, pero si la Unión Europea debe batallar por algo es, precisamente, por esta construcción de la Europa del Derecho. 
Porque la Europa o será en Derecho o no será. 
Señora Presidenta, la verdad es que nos encontramos ante una curiosa situación: las tres personas que hemos intervenido hasta el momento, incluida yo misma, estamos en contra de la propuesta. 
Nos encontramos también ante una situación en la que los servicios jurídicos de las tres instituciones coinciden, por distintos motivos, en que no se trata de una propuesta deseable. 
Yo entiendo que el punto central de su motivación estriba, en primer lugar, en la credibilidad de la legislación comunitaria y, en segundo lugar, en que no se solucionan los problemas de efectividad. 
Y a esta falta de soluciones de cara a los problemas de efectividad ya se han referido los anteriores oradores. 
Para mí, lo importante es la defensa de una toma de decisiones colegiada, necesaria en el caso de decisiones complicadas. 
Creo que debemos abordar seriamente la cuestión de la defensa del Derecho comunitario. 
En estos días se ha celebrado aquí en Francia un congreso, un congreso político, en el que se ha atacado virulentamente el sistema legislativo comunitario, por ejemplo, por el hecho de que no se quiere aceptar que éste tiene un impacto directo en los ciudadanos. 
A pesar de los diversos ataques que sufre, el Derecho comunitario es el elemento que mantiene unidos nuestro sistema jurídico y nuestra Unión Europea. 
Sin embargo, debemos velar firmemente por el buen funcionamiento de los tribunales con el fin de lograr que los ciudadanos puedan depositar su confianza en los mismos. 
Señor Comisario, la esencia de este objetivo reside en el sistema colegiado. 
Por este motivo, y al igual que el Sr. David Martin, espero verdaderamente que podamos abordar esta cuestión sobre la función de los tribunales en la próxima CIG, preferentemente ya en Viena, o, al menos, cuando dé comienzo la mini CIG. 
Por mi parte, haré lo posible para que se alcance este objetivo durante la Presidencia finlandesa, ya que es importante con objeto de preservar una comunidad jurídica como es la UE. 
Para finalizar, querría comunicarles que una gran parte del Grupo Liberal tiene previsto votar en contra de la propuesta. 
Señora Presidenta, señor Comisario, también como alguien que conoce bien los argumentos en contra de la introducción del juez único en el Tribunal de Primera Instancia por el debate de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aunque puede que ahora los vuelva a escuchar, quisiera abogar en nombre de mi Grupo por la adopción del Informe Martin, toda vez que la Comisión de Asuntos Institucionales también ha votado en ese sentido. 
Estas son mis razones: la iniciativa de la nueva regulación proviene del mismo Tribunal, que ha explicado sus planteamientos de forma profusa ante la Comisión de Asuntos Jurídicos. La nueva regulación solo puede ser acometida a través de una resolución de la Cámara. 
El ámbito de su actividad está tan delimitado que es imposible temer por la seguridad jurídica. 
Esta nueva regulación sobre el juez único no puede ser sustituida por ninguna de las otras propuestas presentadas en relación con la dotación personal del Tribunal. 
Creo que mi último argumento es el más importante de todos y quizá no estaría de más recordar antes de medianoche que también en el ámbito de la capacidad para juzgar, y teniendo en cuenta la próxima adhesión de los países del centro y este de Europa, la Unión Europea debería empezar a prepararse para tareas de una dimensión muy diferente. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el Tribunal de Primera Instancia se enfrenta a una enorme cantidad de trabajo. 
La profundización de la integración europea y la toma de conciencia paralela, por parte del ciudadano, de los derechos que le atribuye el derecho comunitario están incrementando esa cantidad de trabajo. 
Es inevitable que esto repercuta sobre la duración media de los procedimientos judiciales, que ya ha llegado a los 29, 3 meses. 
Esto es preocupante y lo es aún más si pensamos en el contencioso que resultará de la aplicación del Reglamento nº 4094 del 20 de diciembre de 1993, sobre la marcha comunitaria. 
Por consiguiente, es necesario modificar los procedimientos y las estructuras para terminar con los retrasos y poner al Tribunal en condiciones de hacer frente al aumento del contencioso. 
Una de las propuestas es atribuir a un juez único determinadas causas de alcance limitado y reiteradas, como es el caso de los recursos de carácter personal. 
En cambio, se mantendrían sin cambios los principios por los que el Tribunal se organiza en secciones de tres o cinco jueces. La atribución al juez instructor, como juez único, seguiría siendo una opción limitada a las situaciones previstas por el reglamento de procedimiento adoptado en cada caso por salas compuestas por tres jueces. 
Las modificaciones al Reglamento de Procedimiento sometidas al Consejo de Ministros prevén una serie importante de límites y de barreras. 
El cuadro jurídico resultante permite predecir una mejora en cuanto a la duración de los procedimientos, sin que por esto se ponga en juego la autoridad de la jurisdicción comunitaria. 
En todo caso, el impacto de esta medida, como propone la Sra. Mosiek-Urbahn en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, se verificará tres años después de su entrada en vigor. 
Al dar las gracias al Sr. Martin por el buen trabajo realizado, expreso mi juicio favorable a la propuesta, que no excluye, e incluso anticipa, otras iniciativas más orgánicas y completas, las cuales necesariamente requieren un estudio más profundo y plazos más prolongados. 
Señora Presidenta, Señorías, como saben ustedes, la Comisión se ha pronunciado sobre el problema del juez único en la opinión que se ha hecho llegar a ustedes el pasado mes de junio. 
Al leer la introducción del proyecto de resolución del Parlamento, por la que felicito en particular al Sr. Martin, puedo comprobar que nuestras reacciones en lo que se refiere a la propuesta del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia son en gran medida similares. 
Y así es: ¿cómo no mostrar sensibilidad ante las preocupaciones expresadas por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia? 
En una comunidad basada en el Derecho es fundamental que el juez pueda desarrollar su tarea en plazos razonables, si no se quiere dañar la adhesión de los ciudadanos a la tarea constructiva de todos. 
Por lo tanto, es indispensable proporcionar al juez los instrumentos para que pueda trabajar de manera eficaz. 
Sin embargo, el dilema que se plantea es el siguiente: ¿el juez único constituye el instrumento más adecuado? 
Si he de atenerme a la motivación principal del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, es decir, al aumento masivo del número de contenciosos sobre marcas, tengo serias dudas sobre el tema. 
En efecto, habida cuenta de los criterios propuestos, el juez único no podrá intervenir en el tema hasta dentro de cierta cantidad de años, es decir, hasta que se haya impuesto una jurisprudencia constante. 
Por consiguiente, no hay motivo para establecer desde ahora el tipo de composición del órgano jurisdiccional para contenciosos cuyo real alcance nadie conoce aún, y más porque en 1997 no se verificó- y esto hay que recalcarlo- el aumento masivo anunciado, o sea que nadie conoce todavía su complejidad. 
Quizá sea el caso de pensar más bien en una audiencia especializada en todos los campos de la propiedad intelectual, además del sistema de juez único. 
Si considero las estadísticas presentadas por el Tribunal de Primera Instancia y el tiempo que demoran sus sentencias, tengo la convicción de que la urgencia es de otro tipo. 
Como reconoce el propio Tribunal, la eficacia del juez único podrá tener sólo un valor marginal. 
Este juez no podrá intervenir sino en causas consideradas menores, previo examen del dossier por parte de la sala. 
Sin duda, y la Comisión lo ha tenido en cuenta, cuando se leen estas estadísticas, se piensa que cualquier petición de ayuda, por modesta que sea, no debe descuidarse, pero al mismo tiempo, ¿se puede considerar razonable un alivio tan tangencial de las cargas de trabajo del Tribunal de Primera Instancia, introduciendo sin mayor reflexión una reforma tan sustantiva como la institución del juez único en el sistema jurídico comunitario? 
La Comisión ha expresado sus muchas dudas al respecto, pues piensa que hay cierto riesgo en transferir a la jurisdicción comunitaria ciertas soluciones adoptadas en los Estados miembros, es decir, en contextos perfectamente homogéneos, para poner remedio al aumento de los litigios. 
Es obvio que se trata de causas menores, como las relativas a cualificaciones de funcionarios, o bien ciertos tipos de controversias como las que se refieren a la cuota láctea o a los agentes aduaneros, mencionadas por el Tribunal de Primera Instancia, que en esencia requieren la aplicación de los principios de esas sentencias llamadas «piloto». 
Estas causas, sin duda, se podrían librar a la decisión de un juez único, pero los textos propuestos por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia van mucho más allá. 
Se refieren a los litigios sobre las marcas y sobre los productos vegetales experimentales que, por las razones ya mencionadas, incluso desde ahora no pueden considerarse como competencia del juez único. 
También abarcan el contencioso de la función pública en general, y este contencioso, que incluye las soluciones a las diversas reglamentaciones y principios generales del ordenamiento jurídico comunitario, no se puede considerar menor, en su conjunto, según el criterio de la Comisión. 
También están incluidos los recursos en causas concernientes a la responsabilidad extracontractual de las Comunidades, además de cualquier otra causa que, sobre la base de criterios un tanto vagos y poco objetivos, la sala y el juez instructor no consideraran demasiado compleja. 
Para la Comisión, el sistema propuesto en ningún caso debería ser aprobado en la forma actual. 
De cualquier modo, e independientemente de cualquier modificación que se aporte a la propuesta del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión considera prematura, sin una reflexión posterior, la adopción del principio del juez único como modalidad de funcionamiento ordinario del Tribunal de Primera Instancia en el futuro. 
Y de esto, precisamente, se trata, pues una vez adoptado el principio del juez único y si no se hace ninguna otra reforma del Tribunal de Primera Instancia, este último, para hacer frente a la enorme cantidad de trabajo, inevitablemente tendrá que ampliar las competencias del juez único mediante una simple modificación de la reglamentación de procedimiento. 
La Comisión considera que, en estas condiciones, el problema más urgente no es el del juez único sino, más bien, el de la definición de una reforma profunda de la jurisdicción comunitaria en su conjunto. 
Y así es, porque no hay que olvidar que el Tribunal de Justicia también se enfrenta con algunas dificultades y que pronto deberá hacerse cargo de las competencias derivadas del Tratado de Amsterdam, en especial en los campos del asilo y de la inmigración, campos que por su naturaleza se prestan a muchas controversias. 
Por lo tanto, la Comisión ha considerado de fundamental importancia proponer la designación de un grupo de estudio que, cuanto antes, ponga en marcha la reflexión que tendremos que realizar el Tribunal de Justicia y nosotros, para definir las reformas necesarias antes de la próxima ampliación. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.30 horas) 
Aprobación del Acta 
Se ha distribuido el Acta de la sesión de ayer. 
¿Hay alguna observación? 
Le ruego tenga la amabilidad de comprobar a qué se debe esto. 
Le doy las gracias, Señor Stockmann. 
Lo verificaremos, tal como usted lo ha pedido. 
Señor Presidente, tengo una cuestión que ya planteé en el pasado periodo de sesiones de Estrasburgo como cuestión de orden. 
El 7 de abril dirigí al Presidente de este Parlamento una pregunta escrita referente al mobiliario de los bares y restaurantes del edificio Leopold. 
Es decir, formulé la pregunta el 7 de abril. 
Ha pasado casi medio año desde entonces, señor Presidente, y todavía no he recibido ninguna respuesta. 
De modo que le dirijo a usted la pregunta. 
Me pregunto cuál es la razón de que no se me responda. 
Ya planteé este asunto como cuestión de orden en el último periodo de sesiones. 
Estamos preparando la respuesta que, espero, le llegará lo más pronto posible. 
De todos modos, me dirigiré personalmente a la Presidencia para que esto se haga con la mayor presteza. 
(El Acta queda aprobada) 
Quinto programa marco 
De conformidad con el orden del día, se tratará la recomendación para la segunda lectura, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, (A4-0324/98) , relativa a la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la aprobación de una decisión del Consejo relativa a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades y a las normas de difusión de los resultados de la investigación para la ejecución del quinto programa marco de la Comunidad Europea (1998-2002) (ponente: Sr. Marset Campos). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en esta segunda lectura, tengo que agradecer los esfuerzos de la Comisión y del Consejo a la hora de aceptar bastantes de las sugerencias que nuestra Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía hizo en su día. 
A este respecto, quiero señalar que los dos debates que han tenido lugar en comisión han estado caracterizados por la unanimidad y la coincidencia en garantizar, aún con más esfuerzos, las propuestas avanzadas por la Comisión. 
Desearía exponer brevemente cuáles son los principales temas que nuestra comisión ha creído conveniente mantener en esta segunda lectura para que la Comisión y el Consejo así lo tomen en consideración. 
Hay una primera cuestión que hace referencia a la naturaleza de la innovación que, como tal, posee la investigación científica. 
Nuestro compañero van Velzen, con toda razón, hace hincapié en el hecho de que, en algunos proyectos innovadores, se pueda obviar que la empresa solicitante no tenga más de un año de existencia operativa y se den las circunstancias de que sus componentes avalen la solvencia científica necesaria como grupo solicitante. 
De la misma forma y en el mismo sentido va otra de nuestras sugerencias, que es la que hace referencia al plazo de prefinanciación, esto es, que no sea superior a seis meses para proyectos de alta innovación tecnológica por la misma razón que exponía anteriormente. 
Y por último, en el contexto de la importancia que posee la innovación científica, voy a mencionar la última de las consideraciones sobre esta cuestión. 
Y por ello introducimos una propuesta relativa al hecho de que, en un mercado rápidamente cambiante en materia de innovación, se pueda modificar sobre la marcha un proyecto de alta innovación tecnológica. 
Pensamos que esto es importante en algunos de los sectores de investigación para poder ser competitivos. 
En otro orden de cosas, se introduce otra propuesta tendente a garantizar el derecho de la Unión Europea a la propiedad de los conocimientos derivados de los trabajos emprendidos cuando su contribución sea superior al 50 %, y no así cuando sea inferior a esta cantidad. 
También nos preocupamos por la mejor accesibilidad de la difusión y valoración de los resultados, facilitando la comunicación electrónica, a través de los medios que existen ahora, desde Internet a otros, continua, eficaz, ágil, rápida, así como también debemos mencionar la continuada petición de que se utilicen todas las lenguas de la Unión Europea. 
Y por último, queda una cuestión básica en esta segunda lectura, que procede de la sensibilidad creciente que existe en nuestra Comunidad sobre la posible comisión de fraudes. 
Yo creo que es lógica esta sensibilidad en la Unión Europea. Es importante poder hacer esta introducción de sugerencias que garanticen que no haya ninguna posibilidad para el fraude. 
Lo hemos visto últimamente en algunas decisiones de esta misma Asamblea en aspectos que son muy sensibles, como los programas humanitarios. 
Y hace ya tiempo que están llegando quejas a nuestra comisión en relación tanto con departamentos universitarios como empresas por posibles discriminaciones, por defectos en materia de igualdad de condiciones. 
Y quiero referirme a que, en la aplicación del quinto programa marco, se puedan introducir enmiendas que averigüen la posible perpetuación de irregularidades y, por ello, se tomen las oportunas medidas necesarias para ello. 
La respuesta que ha dado la Comisión sobre esta sugerencia nos sorprende porque dice que hay ausencia de marco jurídico para tomar tales decisiones. 
Nuestra opinión favorable a esta propuesta se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia europeo que, efectivamente, indica esa posibilidad. 
Y yo creo que cuando hay que garantizar el erario público, cuando hay que garantizar los intereses de la Unión, el Reglamento 2988/95 así lo permite. 
Por ello, no acabamos de comprender esta negativa cuando estamos viendo que es necesaria una mayor preocupación por estas cuestiones. 
Por ello, señor Presidente, proponemos este conjunto de medidas, esperando que la Comisión y el Consejo las acepten y se voten favorablemente en esta Asamblea. 
Señor Presidente, creo que el ponente ha sido explícito en cuanto a las enmiendas aprobadas en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y, por tanto, me evita tener que incidir en las mismas. 
Quisiera, de todas maneras, subrayar que quizá, como es una segunda lectura, convenga refrescar la memoria sobre el contenido de lo que es la difusión de resultados. 
Muchas veces hemos hablado sobre cómo se puede vincular la investigación científica y la cohesión económica y social. 
Esta es una vía fundamental para que los resultados de la investigación no queden en mercados cautivos, no queden reducidos precisamente a aquellas áreas que efectúan la investigación, sino que la totalidad del tejido industrial, inicialmente, e investigador, en general, pueda beneficiarse precisamente de esa difusión de resultados. 
Hemos tenido la costumbre muchas veces de reiterar investigaciones y de inventar la rueda demasiadas veces en distintos proyectos de investigación. 
Estimo que la difusión de resultados es un ingrediente clave para que una parte importante del tejido investigador y empresarial pueda estar disfrutando de las inversiones que efectúa la Unión Europea, no solamente en ese ámbito donde se ha efectuado la investigación sino en la totalidad del tejido económico europeo. 
Y de cara al quinto programa marco, tengo que decir que precisamente aquellos ámbitos que inciden en la difusión de resultados están escasamente admitidos y tratados desde el punto de vista presupuestario. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente por este modo especialmente constructivo y agradable de colaboración. 
Hemos llegado a la etapa de la segunda lectura y, si se examina el texto, se verá que han vuelto a incluirse las enmiendas que habíamos presentado en la primera lectura. 
Me da un poco de pena, porque tengo la sensación de que el diálogo que ha habido entre el Parlamento y la Comisario ha sido- como se suele decir- un diálogo de sordos. 
A mi juicio, el Parlamento ha puesto sobre la mesa enmiendas excelentes, pero finalmente la Comisaria no ha hecho absolutamente ningún caso de ellas, su propuesta ya estaba preparada cuando hablamos del tema en Bruselas y no ha hecho más que mantenerla. 
Así que, francamente, espero que en la segunda lectura obtengamos más apoyo del Comisario. 
En este caso, querría preguntar al Comisario Papoutsis si quizá él puede dar otro parecer distinto del que efectuó la Sra. Cresson en la primera lectura. 
El asunto en cuestión, obviamente, radica en los artículos 4, 8, 10 y 12. 
Sólo quiero señalar que los contratos de investigación con arreglo al quinto programa marco y la difusión de los resultados de la investigación son tan importantes por lo menos como el contenido del propio programa marco. 
Si los contratos no funcionan bien, ya podemos estar aquí discutiendo sobre el dinero, pero en definitiva se trata de eso. 
Es esencial que se tenga en cuenta el hecho de que la rapidez de las innovaciones- que queremos fomentar, porque suponen empleo- no permite trabajar de manera burocrática y hay que prever el carácter rápidamente cambiante de las innovaciones. 
Esto implica que hay que tener flexibilidad con la reglamentación. 
Algunas de nuestras enmiendas inciden en este sentido. 
El segundo aspecto es el siguiente: hemos observado, especialmente con motivo del estudio realizado en el Parlamento con respecto a ESPRIT y los programas de aplicación y telecomunicación (Telecommunication and Application Programs) , que aún puede hacerse mucho en el campo de la evaluación. 
Uno de los puntos cruciales radica en el hecho de que en el contrato no se establece qué criterios de evaluación de los resultados debe satisfacer un proyecto. 
Si no se establece de antemano, es difícil poder determinar después cuáles son los resultados de un proyecto. 
Por otra parte, tampoco se establecen los requisitos que se imponen al proyecto con respecto a la difusión de los resultados. 
En este sentido es preciso hacer mayor uso de la comunicación electrónica. 
Pienso que si recogemos muchas de estas propuestas en los contratos para el quinto programa marco, éste adquirirá mucha más eficacia y eficiencia. 
Por esta razón confío en que la Asamblea apruebe una vez más las propuestas y que el Comisario las asuma definitivamente. 
Señor Presidente, señorías, señor Comisario, el grupo liberal apoya la iniciativa de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía de volver a presentar en la segunda lectura todas las enmiendas del Parlamento que no han sido aprobadas por el Consejo. 
La razón es que las enmiendas del informe del Sr. Marset Campos son excelentes, al igual que el informe. 
Lamento la arrogante actitud de la Sra. Cresson en este asunto. 
En este contexto, mi grupo quiere subrayar dos aspectos. 
En primer lugar, la enmienda 5, en la que se estipula que en los contratos de investigación se dispondrá de qué manera habrá de realizarse la difusión y la utilización de los resultados de la investigación y, asimismo, que el contrato dispondrá los criterios de producción que ha de satisfacer un proyecto. 
Mi grupo apoya plenamente esta enmienda y yo mismo, en breve, volveré sobre ella en mi informe sobre la innovación y las PYME, así como sobre los temas que ha mencionado antes el Sr. van Velzen. 
Señorías, la investigación por sí sola no puede constituir nunca un objetivo en sí mismo del programa marco. 
La investigación sin utilización de los resultados y, por ende, sin seguimiento de su aplicación carece de sentido. 
Las disposiciones de la enmienda 5 pretenden solucionar este problema. 
La investigación tiene que conducir a la innovación, por supuesto, a la innovación de productos, se entiende. 
Porque es así como la investigación europea refuerza la competitividad de nuestra industria y mejora la creación de empleo. 
El segundo aspecto, señorías, se refiere a la necesidad de una adecuada gestión financiera. Esto implica la necesidad de controlar y luchar contra el fraude en los proyectos de investigación. 
En eso tenemos una obligación ante los contribuyentes europeos. 
Esto se aplica a los contratos, pero también a la Comisión. 
Aparentemente, la Comisión se retrasa una y otra vez en el pago de los proyectos de investigación; de ello se resienten sobre todo las pequeñas empresas. 
Mi grupo confía en que la directiva aprobada el pasado mes, que pretende abordar el problema de los pagos atrasados, inste a la Comisión a que regule los pagos con mayor rapidez. 
Señor Presidente, en primer lugar desearía felicitar al ponente, el Sr. Marset Campos, y a toda la comisión por haber dado con una solución tan extraordinaria. 
Creo que el ponente ha adoptado la decisión adecuada al retomar los planteamientos que se presentaron ya con ocasión de la primera lectura. 
Las opiniones de la comisión han estado más que justificadas desde un primer momento. 
Se trata de unos objetivos legítimos, muy concretos y de gran importancia, ninguno de los cuales ha surgido de manera espontánea. 
En mi opinión, resulta muy extraño que no se haya podido contar con la aprobación del Consejo. 
Por ejemplo, los procedimientos consensuados acerca de proyectos innovadores han de estar dotados de una verdadera flexibilidad, tal como expone el ponente. 
El mercado de la investigación se transforma con gran agilidad, por lo que el aprovechamiento de los resultados de las investigaciones ha de ser también muy rápido. 
Esta circunstancia requiere, pues, cierta flexibilidad en estos procedimientos consensuados. 
Creo que es extremadamente importante prestar atención a la lucha contra el fraude. 
Esta lucha debería acogerse a un planteamiento preventivo que englobara la totalidad de las ayudas económicas concedidas por la UE y, por supuesto, también las ayudas destinadas a la investigación. 
Esta prevención en la lucha contra el fraude debería tener un carácter general y uniforme en todas las actividades de la Unión, así como lograr una regulación lo suficientemente clara y rigurosa a nivel general. 
Aunque supongo que el fraude es menos común en el ámbito de la investigación que en otros campos, debemos estar también atentos a esta cuestión. 
Estamos hablando de la confianza que han depositado los ciudadanos en el funcionamiento de la UE y en el uso que ésta hace de sus recursos. 
Señor Presidente, en lo que respecta a la investigación y al desarrollo tecnológico, Europa sigue presentando carencias bastante evidentes: una dispersión grave de los esfuerzos en ese sentido, una insuficiente vertebración entre la investigación y sus aplicaciones, una dificultad de coordinación entre los diversos actores implicados, una débil normativa en cuanto a la divulgación de los resultados obtenidos, una inversión demasiado limitada. 
Es indiscutible que, en la época de globalización en que vivimos, nuestro retraso es, cuando menos, preocupante. 
Por lo tanto, se percibe la necesidad vital de promover la innovación y coordinar la realización de los diversos programas específicos, sobre todo asociando a ellos empresas, centros de investigación y universidades, para así asegurar la coherencia y la continuidad de los métodos, de las sinergias favorables a la innovación. 
Se advierte la exigencia de una mayor transparencia y la importancia de una normativa clara, es preciso crear un marco horizontal simple para promover el progreso científico que, en consideración de las responsabilidades que los programas específicos implican para su realización, abarque medidas adecuadas para promover la innovación y para asegurar la transferencia de tecnologías, que además integre y garantice una coordinación eficaz con las actividades previstas por los programas específicos, y favorezca la participación de las pequeñas y medianas empresas. 
Habrá que asegurar un positivo intercambio de experiencias, una difusión de los resultados, la transferencia de tecnología mediante la mejora de las leyes existentes, en particular a través del aprovechamiento más intenso de los centros de enlace y de innovación, además de la racionalización de los sistemas de bancos de datos. 
Hay que dar una importancia mayor al desarrollo del potencial humano en el contexto de la innovación, incentivando la formación, la movilidad y los intercambios de investigadores y científicos, en particular para las PYME y, a la vez, se deben reforzar los contactos entre las comunidades académicas, científicas e industriales. 
Por último, vaya una nota de preocupación por el futuro del programa marco de investigación, en cuanto al paso atrás, que se está perfilando en lo que respecta a la asignación y la implícita penalización para la investigación básica, con el particular peligro de que se acentúe el fenómeno de emigración de los investigadores europeos, riesgo que obligadamente debe ser evitado. 
Señor Presidente, en primer lugar, querría agradecer al ponente la excelente cooperación y el adecuado plazo de tiempo que ha permitido que este informe pudiera ser incluido en las deliberaciones del quinto programa marco, por lo que respecta a la mediana empresa. 
Son justamente las pequeñas y medianas empresas las que con frecuencia resultan más innovadoras y las que crean los empleos de los que tanta necesidad tenemos para remediar las actuales dificultades por las que atraviesa Europa. 
Como son altamente innovadoras, pero también relativamente pequeñas, tienen más dificultades que las grandes empresas para acceder a los programas europeos. 
Por esta razón, hago un llamamiento a la Comisión, a que continúe las iniciativas que ya ha iniciado para facilitar el acceso, en particular, en lo relativo a seguir simplificando los trámites administrativos, acortar plazos y justificar la decisión en caso de denegación, lo cual es un cuestión de pura cortesía. 
Además, como señala muy bien una de las enmiendas, implica una atribución seria del dinero de los contribuyentes, que haya un control, pero no que se trate inmediatamente a cada solicitante como un criminal potencial, como a veces ha ocurrido o se ha tenido la impresión. 
Por último, abogo por que, al igual que en el programa marco, introduzcamos una definición flexible del concepto de PYME. 
Por supuesto, debemos ponernos de acuerdo sobre unos límites, pero por encima y por debajo de ellos hay un cierto margen de maniobra para la flexibilidad, que se puede aplicar simplemente sin tener que debatir exhaustiva y largamente al respecto. 
Señor Presidente, el proceso de solicitud de los proyectos de investigación es complicado y arduo, por lo que debemos lograr su simplificación a fin de mejorar las posibilidades de participación de las pequeñas y medianas empresas. 
Nos encontramos con que ha surgido una nueva profesión cuya función fundamental es la de rellenar formularios de solicitud. 
Y, además, las decisiones de denegación y las exposiciones de motivos han de presentarse también por escrito. 
No se puede hacer suficientemente hincapié en la importancia que reviste el aprovechamiento de la tecnología informática en la comunicación entre las distintas partes de los proyectos. 
Espero que el Consejo tenga en cuenta esta petición del Parlamento, ya que la informática nos permitiría también reducir la burocracia y el agarrotamiento administrativo. 
De esta manera, el investigador podría disponer de más recursos para llevar a cabo su tarea de investigación. 
En la lucha contra el fraude es preciso establecer unas normas claras que permitan una intervención rápida y eficaz en caso de irregularidades. 
Quien corra a cargo de las investigaciones deberá tener a su alcance todos los medios de actuación posibles para intervenir en caso de irregularidades, en vez de negársele el acceso a la totalidad de los documentos existentes, como indican algunas informaciones recientemente aparecidas. 
Así pues, se debe aumentar la transparencia, pero no a costa de la protección de datos. 
Finalmente, desearía expresar mi agradecimiento al ponente del informe, puesto que este documento constituye una parte muy importante de este quinto programa marco que, ojalá, podamos poner en marcha de acuerdo con el calendario establecido. 
Señor Presidente, los aspectos de participación y difusión en la ejecución de la política comunitaria de ciencia e investigación son fundamentales para países como Portugal. 
En primera lectura tuve ocasión de expresarme más extensamente sobre el informe Marset Campos. 
Esta vez, voy a limitarme a un solo aspecto: las PYME. 
Portugal ha sostenido en el Consejo, en consonancia, por lo demás, con la mayoría del Parlamento, la importancia de que se mantenga la definición de PYME en el nivel de los 500 trabajadores. 
Sólo así se garantizaría en los países pequeños la participación de las empresas más innovadoras y dinámicas en los proyectos de investigación. 
No lo consideró así el Consejo, que en su posición común del pasado mes de junio, se atuvo a la letra de la definición de PYME de la recomendación de 1996, o sea, al límite de 250 trabajadores. 
Perdida esa batalla, conviene ahora ganar la guerra. 
Y la guerra es las PYME. 
Se trata de una cuestión eminentemente política, el protagonismo que es preciso dar a las PYME a lo largo de la ejecución del programa marco y de sus programas específicos. 
De la victoria en esta guerra depende el fortalecimiento del tejido europeo en la esfera de la ciencia, depende su capacidad de innovación y flexibilidad. 
Small sigue siendo, en este caso, beautiful. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, antes de nada deseo dar las gracias al Parlamento Europeo y, en especial, al ponente Sr. Marset Campos por el trabajo realizado en la exploración de una postura común del Consejo en una segunda lectura que contribuye a hacer más manifiestas y comprensibles las normas de participación y difusión. 
De esta forma, hoy disponemos de un texto que tiene en cuenta tanto la experiencia adquirida en los anteriores programas marco como los objetivos del quinto programa marco. 
La Comisión comprende las inquietudes del Parlamento Europeo contenidas en las enmiendas presentadas en una segunda lectura. 
A pesar de todo esto, la Comisión, por las razones a las que se ha hecho referencia en la primera lectura, no las puede admitir. 
Efectivamente, determinadas enmiendas, o bien tienden a introducir normas de gestión diaria en textos de principio llamados a constituir el marco en el cual se moverá el conjunto de la política para la investigación- y me refiero a las enmiendas 7 y 10 -, o bien son cubiertas ya por las disposiciones existentes, como las enmiendas número 1, 2 y 11. 
Asimismo, la Comisión considera que para otras enmiendas, como las número 3, 4, 5, 8 y 9, las normas de participación no constituyen el instrumento legal adecuado para considerarlas admisibles. 
Sin embargo, en lo que se refiere más especialmente a la lucha contra el fraude, la Comisión se propone iniciar próximamente los trabajos que deban finalmente conducir a la regulación reglamentaria sectorial que afecta especialmente a la investigación, de conformidad con lo previsto en el reglamento del Consejo sobre la defensa de los intereses económicos de la Comunidad. 
En conclusión, la Comisión opina que la Comunidad debería ser la propietaria de aquellos resultados que provengan de medidas cuyo coste haya asumido de forma exclusiva, según se hace referencia, por ejemplo, en la enmienda número 6. 
Las normas de participación y difusión constituyen una fase indispensable en vista de la aplicación del próximo programa marco. 
En este momento, el objetivo de la Comisión es la puesta en marcha a ritmo intensivo del quinto programa marco. 
Y, asimismo, tiene como objetivo garantizar la continuación de las actividades de investigación de la Comunidad. 
Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con ustedes en que debe facilitarse el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los programas de investigación y tecnología. 
Sin embargo, el quinto programa marco está claramente orientado a dichas empresas. 
Ahora, en lo que se refiere a la definición de pequeñas y medianas empresas existe, de hecho, una postura común del Consejo. 
Pero, sin embargo, la Comisión ha asumido la realización de un examen más allá de este asunto para que encontremos la mejor solución y definición posibles para garantizar la mayor participación posible de las pequeñas y medianas empresas en los programas de investigación y tecnología. 
Cuento con su ayuda para materializar este objetivo y aprobar conjuntamente el programa marco, que dispone de los medios necesarios para hacer frente a los desafíos a los que está llamado a responder. 
Señoras y señores parlamentarios, en nombre de la Comisión Europea y, en especial, en nombre de mi compañera, la Sra. Edith Cresson, les agradezco su atención y la colaboración que hemos tenido hasta ahora. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
A4-0340/98 del Sr. W. G. Van Velzen, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por que se aprueba un programa marco plurianual de actividades en el sector de la energía (1998-2002) , -A4-0335/98 del Sr. W. G. Van Velzen, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por que se adopta un programa plurianual de estudios, análisis, previsiones y otros trabajos conexos en el sector de la energía (1998-2002) (Programa ETAP) , -A4-0323/98 del Sr. W. G. Van Velzen, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por que seadopta un programa plurianual (1998-2002) de actividades en el sector nuclear relativas a la seguridad del transporte de material radiactivo así como al control de seguridad y la cooperación industrial para el fomento de determinados aspectos de la seguridad de las instalaciones nucleares en los países participantes actualmente en el programa TACIS (Programa SURE) , -A4-0339/98 del Sr. Adam, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, por la que se aprueba un programa plurianual de medidas tecnológicas para el fomento y la utilización limpia y eficiente de los combustibles sólidos (1998-2002) , -A4-0322/98 del Sr. Soulier, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se aprueba un programa plurianual destinado a fomentar la cooperación internacional en el sector de la energía (Programa SYNERGY) (1998-2002). 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, en primer lugar quiero felicitar al Comisario por la presentación del programa marco. 
Es una iniciativa extremadamente importante porque de esta manera somos capaces de agrupar todos los programas energéticos en un sólo programa marco. 
Pienso que, por un lado, es importante evitar que haya duplicidades y por otro lado es necesario reforzar la transparencia y la inteligibilidad del programa energético. 
La existencia de multitud de pequeños programas sectoriales hace obviamente muy difícil tener una visión general del contenido de los diferentes programas y distinguir entre SAVE, ALTENER, SYNERGY y otros tantos. 
Pienso que con el programa marco satisface una demanda importante, tanto del Consejo como del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, es evidente que un programa marco de energía tiene repercusiones. No se hace así como así. 
En primer lugar, implica la necesidad de reforzar la coordinación horizontal dentro de la DG XVII para garantizar la coherencia de los programas, pero, en segundo lugar- algo que en realidad nos parece más importante -, es necesario establecer una coordinación horizontal entre las DG. 
Voy a dar dos ejemplos para ilustrar por qué es tan importante esto. 
Señor Presidente, todos sabemos que después de Kyoto será necesario efectuar economías en el sector energético. 
A este respecto, la política energética desempeña un papel fundamental. 
No puede ser que la política energética sea parte de la política de medio ambiente porque entonces los dos objetivos restantes de la política energética, la seguridad del abastecimiento y la competitividad de los precios, quedan subordinados a los objetivos de medio ambiente, cosa que no deseamos en absoluto. 
Pero, naturalmente, está claro que en este terreno aún tienen que suceder muchas cosas. 
Así pues, pienso que debemos velar por que la política energética desempeñe un papel más prominente para contribuir consecuentemente a los objetivos de Kyoto. 
El segundo ejemplo es la situación actual en Europa Central y Oriental. 
La ampliación está al caer. 
No hay acervo comunitario, ni en el ámbito de la energía ni en el de los asuntos nucleares. 
Esto significa también que el sector energético debe desempeñar un papel importante a este respecto. 
Por ello es importante que, con respecto a su colega Hans van der Broek en la DG I A, el comisario Papoutsis tenga en sus manos un instrumento para imponer la coordinación horizontal. Pienso que es una iniciativa digna de aplauso y, por tanto, espero que el Comisario haga uso de los nuevos instrumentos de que dispone. 
Señor Presidente, naturalmente, también era necesario establecer los fundamentos jurídicos para los otros dos programas menores: ETAP y SURE. 
ETAP, en este sentido, tiene una gran importancia porque proporciona los datos que se necesitan para poder poner en práctica una política energética a largo plazo. 
Con respecto al programa marco energético, en general hemos sido un poco más ambiciosos. 
En particular, se reclama más atención para dos aspectos: el primero, la producción combinada de calor y electricidad y el segundo, la aplicación de la directiva relativa al gas y la electricidad. 
El apartado 1 g) de la enmienda 9 es muy importante. 
Esperamos que el Comisario nos tenga regularmente informados a este respecto sobre la aplicación de la directiva del gas y la electricidad, porque consideramos que tiene un interés fundamental. 
Otro punto es el cuarto guión de la enmienda 9, también muy importante, porque permite ampliar aún más el alcance de la coordinación horizontal, no solo en la Unión europea sino en otras instituciones, como por ejemplo el Banco Europeo de Inversiones, que puede realizar muchos proyectos; en este sentido, sería sumamente útil algún tipo de orientación por parte de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la energía nuclear nos sigue preocupando. 
En el programa SURE hemos hecho un esfuerzo gigantesco entre todos para velar por que el nivel de la seguridad sea lo más elevado posible. 
Pero confío en que la coalición entre el SPD y los Verdes que se ha creado ahora en Alemania no conduzca a que los socialistas modifiquen la postura que habían mantenido hasta ahora con respecto a la energía nuclear. 
Pienso que en tal caso nos ocuparemos de la política de coalición nacional y para eso no podemos aprovechar el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, mi intervención atañe al procedimiento de consulta sobre un programa plurianual denominado SYNERGY destinado a promover la cooperación internacional en el sector de la energía. 
Con este programa perseguimos tres objetivos principales: ayudar a los países terceros a elaborar, a formular y a aplicar políticas energéticas, promover la cooperación industrial en el ámbito de la energía entre nuestra Unión y los países terceros, y coordinar las acciones exteriores de la Unión Europea en el campo de la energía. 
Este programa ya está funcionando. 
La manera en que la Comisión cumple con esta tarea es, por lo demás, sumamente notable, señor Comisario. 
Consejos y formación en materia energética, análisis de las previsiones, diálogo, intercambio de información, mejora de los marcos de la cooperación, formación de recursos humanos, todo se encuentra actualmente en marcha. 
Sin embargo, seamos claros, SYNERGY no es un programa que se ocupe de la construcción de una central eléctrica, por ejemplo, o que permita reformar un sector del gas en su conjunto. 
No, este programa es un programa modesto: 36, 4 millones de ecus durante cinco años, lo que demuestra que tendría un alcance bastante limitado si previera realizaciones concretas. 
De hecho, el objetivo es participar en la reflexión general y en el análisis prospectivo y permitir a determinados proyectos echar a andar, antes de ser relevados por los grandes programas tales como PHARE, TACIS o MEDA. Por lo demás, nosotros hemos hecho votos para que se aclare este carácter complementario. 
Lo que hace la especificidad de este programa, al que prestamos gran interés, es que constituye un punto de intercambio, un centro de experiencia y de conocimientos que sirve para ayudar a los países terceros a dominar su producción y su consumo de energía. 
Sólo quisiera insistir en dos o tres puntos. 
Actualmente sabemos que el consumo de energía en el mundo acusa un constante aumento. 
Escuchaba en la televisión lo que decían a propósito del agujero en la capa de ozono, que no cesa de aumentar. 
Deberíamos tener constantemente presentes las preocupaciones en materia de energía, o más bien, siempre estar pensando en ellas. 
Esta progresión del consumo energético va a continuar, efectivamente, con moderación en los países de la OCDE, pero de manera mucho más acentuada en Asia y América Latina y, aunque en menor proporción, en la cuenca mediterránea. 
En segundo lugar, tenemos necesariamente que concertarnos con los demás, ya que los recursos no son inagotables y los europeos se encuentran en una situación de dependencia energética, lo que influye en su seguridad. 
Queda de manifiesto que ayudar a América del Sur o a Asia a concebir políticas energéticas más racionales, más respetuosas con el medio ambiente sólo puede resultar benéfico para todo el planeta en su conjunto y afecta directamente a nuestra seguridad. 
Ultima observación, SYNERGY no es un programa totalmente nuevo. 
Ya desde 1995 nos hemos dotado de una base jurídica, y los créditos de este programa tienen cierta tendencia a disminuir, cuando, lo reitero, SYNERGY es de esencial importancia en materia de cooperación internacional, esencial para hablar con los demás, y no he dicho «para hablar con los extranjeros». 
Es por ello que expresé el deseo, en una enmienda, de que los créditos totales del programa marco de la energía vinculado a SYNERGY se fijen en un 18 %, sin lo que estos créditos podrían recortarse aún más. 
Para concluir, diría que este programa es manifiestamente un programa modesto, pero que ha demostrado sus posibilidades. 
Con pocos medios, ha logrado hacer cosas interesantes y tener un alcance concreto. 
En relación con otros grandes programas tales como SAVE y ALTENER, los otros dos componentes mayores del programa marco de la energía, puede parecer secundario, pero ello significaría olvidar que es el único que se encarga de los aspectos exteriores de la política energética. 
Señor Presidente, cuando hablamos de energía, nos referimos a un modo de vida y a una política de seguridad. 
Como ya se ha apuntado aquí, está creciendo el consumo de energía a pesar de que no se renuevan los recursos energéticos. 
Esta circunstancia puede suponer un fuerte golpe para el modo de vida de los habitantes de los países industrializados. 
También cabe esperar que aumente la dependencia energética de la UE. 
Cada vez es mayor la cantidad de energía que la UE importa de terceros países. 
Este hecho se debe al bajo coste de los recursos energéticos tradicionales. 
Los combustibles fósiles son baratos, incluso diría que demasiado baratos, puesto que no incentivan una transformación de los fundamentos de la producción energética. 
En el año 2020, la dependencia de la importación del petróleo habrá crecido en la UE hasta un 90 %, la del carbón aumentará a un 80 % y la del gas a un 70 %. 
Cabe preguntarse ahora si éste es el escenario que deseamos, el escenario al que aspiramos. 
Si no queremos vernos sometidos a este grado de dependencia, hemos de emprender rápidamente medidas para producir energía en el territorio de la UE. 
Además, las regiones de producción energética son, con frecuencia, inestables. 
El petróleo nos llega principalmente del Oriente Próximo, mientras que el gas procede de Rusia. 
Si no logramos actuar, no habrá alternativas a la producción de estas regiones. 
La Comisión ha elaborado ahora un programa marco común para los distintos programas energéticos. 
Se trata de un buen fundamento jurídico para la utilización de los recursos de la UE. 
Sin embargo, nuestro punto de partida debería ser un mayor uso de los recursos de la UE a favor de estos subprogramas, ya que, si no hacemos nada, seremos dependientes desde un punto de vista estratégico de la producción energética de países inestables. 
Además, de cara al aprovechamiento energético nos enfrentamos con otras limitaciones con las que se han comprometido los países de la UE, y que también deberán tenerse en cuenta. 
Tenemos el Acuerdo de Kioto, mediante el cual intentamos evitar el cambio climático. 
Si no se hace nada para evitarlo, la UE no logrará alcanzar los objetivos que se establecieron en dicho acuerdo. 
De hecho, los Estados miembros no han emprendido todavía medidas para evitar las emisiones de dióxido de carbono. 
El programa marco expone de manera muy deficiente las medidas relativas al ahorro energético y, en especial, presta muy poca atención al hecho de que este ahorro nos debe permitir influir en el modo de vida de las personas. 
Esta cuestión se aborda mejor en la comunicación que elaboró la Comisión como resultado del Acuerdo de Kioto, que recoge unas exigencias radicales para transformar el modo de vida que deberían tomarse en consideración en todos los programas energéticos de la Unión. 
Además, en el programa marco se trata deficientemente la cuestión de la política fiscal. 
Esta política representa un medio indirecto para influir en el ahorro energético, y podría constituir, quien sabe, la manera más eficaz de ahorrar energía, ya que, si bien el mercado tiene muy presente el ahorro tecnológico, el factor decisivo para los consumidores es el precio, y en el precio se puede influir por medio del ahorro. 
Por lo que respecta a cada uno de los programas, el programa CARNOT para mejorar la eficacia energética es muy modesto y se basa, principalmente, en el intercambio de información. 
Debemos reflexionar si, después de todo, merece la pena la aplicación de estos programas pequeños de dotaciones tan reducidas. 
Propongo que, cuando la Comisión se pronuncie por primera vez acerca de la aplicación de este informe, sometamos a reflexión la conveniencia de este programa. 
Por lo que respecta a las alternativas, éstas ya están presentes en el programa marco. 
La más importante es Altener, a la que nos referiremos más adelante, si bien, a título personal, creo que, si no actuamos, va a ser verdaderamente difícil alcanzar una cuota de recursos energéticos renovables del 12 % sobre la producción total de energía. 
Por consiguiente, crece el consumo energético y aumenta la dependencia de las importaciones. A este paso no va a ser posible alcanzar ni los objetivos establecidos en el Acuerdo de Kioto, ni el objetivo del 12 % para las fuentes de energía renovables que se recoge en Altener. 
A este respecto, desearía que el Comisario Papoutsis abandonara la retórica del pasado martes, cuando se mostraba esperanzado y confiado acerca de estos objetivos. 
Para la Comisión sería mejor partir del principio de que no se va a alcanzar este objetivo. 
Admitamos los hechos y reconozcamos que los Estados miembros no han asumido un compromiso real de cara a dichos objetivos. 
Señor Presidente, podría adherirme casi completamente a lo que ha afirmado el Sr. Seppänen. 
Me ha parecido muy correcto, sobre todo su alusión a los peligros que entraña la creciente dependencia de las importaciones. 
Por otra parte, la Comisión también se ha expresado a este respecto en repetidas ocasiones. 
En este contexto, quiero decir lo siguiente: cuando esté en circulación el euro y se produzca un aumento drástico de los precios energéticos, esto no sólo entrañará un riesgo para la política energética, sino también para la política monetaria. 
No tenemos tiempo ahora para discutir sobre ello, pero creo que es razonable. 
Querría agradecer muy sinceramente a los ponentes, Sres. van Velzen, Adam y Soulier, la elaboración de estos tres informes. Están muy bien hechos. 
También querría felicitar expresamente a la Comisión por la presentación de este razonable programa plurianual del sector energético, que, como ya se ha dicho, crea más transparencia y reagrupa distintos programas. 
También celebro que se mencione explícitamente en un programa la cuestión de las salvaguardias, es decir, la vigilancia del material nuclear de la antigua Unión Soviética. 
Aunque no mueve mucho dinero, no obstante, es un programa que puede aumentar sustancialmente nuestra seguridad. 
Es necesario criticar- aunque no es culpa de la Comisión, sino de nuestros fundamentos jurídicos- que nos encontremos con una mezcolanza de artículos legales que no son realmente comprensibles para un observador normal. 
Un programa se basa en el artículo 35, otro en el artículo 130 S, un tercero en un artículo del Tratado Euratom. 
Así están las cosas. 
Repito, no es un reproche a la Comisión, sino a la Unión Europea, que hasta ahora no ha sido capaz de aunar en un solo capítulo todos los asuntos energéticos- como, por ejemplo, las redes europeas- ni de otorgar al Parlamento Europeo plenos poderes de codecisión. 
No obstante, seamos honestos, aquí estamos, dando nuestra opinión. 
Se nos consulta, pero nadie tiene que tener realmente en cuenta lo que decimos aquí. 
A esto se le llama consulta: das tu opinión, se traduce en once idiomas y a continuación va a parar a la papelera. 
Sé que la Comisión se toma muy en serio lo que decimos, pero no tiene la obligación de hacerlo. 
Esta situación es sumamente insatisfactoria y, querría destacarlo aquí, es extremadamente importante para nosotros que la política energética tenga su propio fundamento jurídico que otorgue al Parlamento plenos poderes de codecisión. 
En cuanto a los fondos del programa, ya se ha dicho que son relativamente escasos. 
Yo he hecho un cálculo. 
Supongamos por un momento que en la Unión Europea se destinan alrededor de 150 000 millones de ecus anuales a inversiones en el sector de la energía. 
Si mis estimaciones son correctas, este programa representa un 0, 03 % de las inversiones energéticas totales. 
No es abundante, pero hay que hacerse una idea clara de con qué medios podemos movernos. 
Por esta razón, querría aprovechar la ocasión para sugerir que no sólo nos ocupemos de la financiación del programa, sino también de la «financial engineering». 
No se me ocurre otra expresión mejor, pero también se usa el término inglés. 
Es una técnica consistente en ganarse a los bancos como aliados en la política energética para que prefinancien proyectos que están en la frontera de la rentabilidad, mientras que los elementos que comportan un riesgo especial están cubiertos por el sector público. 
Pido a la Comisión y a la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo que den más importancia al tema. 
Quizá podamos desarrollar técnicas que ya existen en parte para fomentar las inversiones energéticas en la Unión Europea. 
Doy las gracias una vez más a la Comisión por la recapitulación y a los ponentes, y espero que sigamos trabajando en estos temas en el futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero agradecer a los tres ponentes sus trabajos sobre un programa que, aunque es muy modesto económicamente, es de extraordinaria importancia. 
Por las razones que todos conocemos la energía no está en el Tratado: pero está en sus manos, en su Dirección General XVII, señor Comisario, el tema más importante de la economía. 
Sin energía no hay calidad de vida alguna; sin energía no hay producción. 
Realmente, si tenemos en cuenta las actividades mundiales, el primer negocio del mundo es el petróleo. 
Entre las diez primeras empresas del mundo, más de la mitad son energéticas, y ya era hora de que la DG XVII acometiera unos trabajos que son un principio, un embrión, pero que deberán ser muchísimo más. 
Y quiero decirle, señor Comisario, que hace más quien quiere que quien puede, y ustedes tienen muchas funciones que realizar. 
Todos los problemas de medio ambiente están de alguna manera vinculados con la energía o, por lo menos, el 80 % de los grandes problemas. 
Y yo creo que la DG XI trabaja con una visión corta. 
Ustedes deben estudiar las soluciones, y por eso me parece muy importante el programa ETAP. 
Hemos liberalizado mercados- electricidad y gas -, pero ustedes deben estudiar hacia dónde vamos. 
Está en juego, un poco, la seguridad del abastecimiento aunque ahora haya recursos y muy baratos; está en juego la eficiencia energética- como se ha dicho -, pues la intensidad energética de Europa es altísima. 
Tenemos que utilizar menos energía en nuestra producción y ustedes tienen la obligación de hacer trabajos para todo el mundo, y también desde esta Asamblea intentaremos, en la Comisión de Presupuestos, que sus dotaciones económicas sean mayores. 
Voy a referirme ahora al carbón. Tenemos que tener muy en cuenta el carbón. 
Europa es muy pobre en recursos. 
Si descontamos el Reino Unido, un poquito Holanda, que tiene gas, y, por supuesto, Noruega, los demás países tenemos muy pocos recursos. 
España tiene una dependencia exterior del 70 %, y lo poco que tenemos- sea bueno o malo- lo hemos de utilizar. 
Por eso el programa CARNOT me parece tan importante. 
Con la ampliación se incorporarán países que utilizarán mucho carbón. 
Dediquen ustedes atención al carbón, señor Comisario. 
No ha terminado la utilización del carbón; el 50 % de la electricidad que se produce en todo el mundo se genera con carbón; en Estados Unidos, más del 50 %; 
China va a crecer mucho; y también la India. 
Necesitamos una combustión limpia, pero, sobre todo, necesitamos una combustión eficiente. 
Y, realmente, los temas de medio ambiente, tan vinculados a la energía, deben ser declaraciones oficiosas y se deben abordar con la tecnología. 
El quinto programa marco- yo soy ponente sobre el programa específico «Energía y medio ambiente» -, pero también los programas de energía y los medios de que usted va a disponer en el futuro- estoy segura- contribuirán a ello. 
En cualquier caso, felicidades a los ponentes y a la Comisión- a la DG XVII- por sus trabajos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción por la propuesta del Comisario Papoutsis de agrupar todos los programas energéticos en un solo programa marco. 
Mi grupo ha subrayado en muchas ocasiones la necesidad de hacerlo y nos congratulamos de la iniciativa, aunque haya llegado un poco tarde. 
Por supuesto, quiero felicitar a todos los ponentes de esta mañana por sus excelentes informes. 
Estimados colegas, un programa marco de medidas energéticas ofrece la ventaja de poder desarrollar una clara estrategia de actuación en el ámbito de la energía. 
Con ello se evitan la duplicación de programas. 
También es posible aprovechar mejor los escasos presupuestos. 
Mi grupo lamenta que el Consejo sistemáticamente asigne fondos insuficientes a los programas destinados a la eficacia energética y al fomento de la energía sostenible. 
Esto se opone diametralmente a los compromisos contraídos por la Unión en Kyoto. 
Sin contar con más medios para la investigación en materia de nuevas tecnologías energéticas no es posible cumplir los objetivos fijados en Kyoto. 
Por otra parte, en la Agenda 2000 se señalan como prioritarios los programas SAVE y ALTENER. 
¿Qué quiere decir con esto la Comisión? 
Porque el Consejo ha recortado drásticamente el presupuesto para estos programas. 
¿Cuáles son las prioridades? 
Es de esperar que la próxima ampliación de la Unión haga reflexionar al Consejo. 
Porque sólo en inversiones en los países de Europa Central y Oriental, nuestros euros rentarán el doble. 
Estimados colegas, la futura situación energética en Europa y en el mundo está determinada sobre todo por los problemas medioambientales. 
El grupo liberal lleva abogando desde hace años por un enfoque integrado de energía y medio ambiente. 
A juicio de mi grupo, el próximo paso que debe dar la Comisión es un programa marco de energía y medio ambiente teniendo como denominador común el «desarrollo sostenible». 
Señor Presidente, el presente programa marco energético es una muestra palpable del gran perjuicio que supone que no haya un capítulo específico dedicado a la energía. 
El programa marco energético no es coherente bajo ningún concepto; tiene distintos fundamentos jurídicos, tal como ha mencionado ya el Sr. Linkohr. 
La dotación financiera es mísera y ridícula- sobre ese aspecto no hay nada que discutir-. 
De este modo no podemos de ninguna manera cumplir nuestras obligaciones y nuestros compromisos de Kyoto, ni se dará el impulso necesario a la innovación, ni nos libraremos mínimamente de nuestra dependencia de la importación de energía. 
Lo que es aún más sorprendente es la tentativa tan desesperada de integrar un poco, por así decir, la energía nuclear en el ámbito de la energía normal a través del programa SURE. 
De eso trata Euratom, de modo que ya no tenemos absolutamente nada que decir al respecto. 
Después se habla de salvaguardias para el transporte nuclear. 
Es innegable que la salvaguardia es muy importante, pero en esto no tiene nada que ver. 
Por lo que se refiere al transporte de material nuclear, en la propuesta de la Comisión echo en falta en primer lugar un sistema de notificación uniforme y la obligatoriedad de informar. 
No prevemos absolutamente nada al respecto, como justamente pusieron de relieve los escándalos de la primavera pasada en mi país, cuya consecuencia ha sido que hasta ahora se hayan prohibido todos los transportes de material nuclear. 
Después, debería haber un criterio uniforme sobre qué exigencias imponer a los contenedores de residuos nucleares. 
Es decir, no es aceptable que sólo valgan simulaciones por ordenador, algo que últimamente resulta muy moderno y que, además, está prohibido en América. 
A este respecto debo decir al Sr. van Velzen, que quiso decir que de repente estamos a favor de los experimentos con animales, lo cual es absurdo, naturalmente. 
Pero hay una prueba de caída, hay una prueba de fuego, etc. Los contenedores de transporte por carril que se utilizan actualmente en la UE son absolutamente diferentes y en gran parte no satisfacen las exigencias, y están prohibidos precisamente por esta razón. 
Esto podría significar que a pesar de todo tendríamos un programa marco energético, por una parte, con un aumento absoluto de medios financieros que deberíamos vincular a fundamentos jurídicos uniformes, en lugar de gestionar aquí y allá, y, por otra parte, debemos ocuparnos del apartado de la energía nuclear. 
Aquí debemos preocuparnos en definitiva de cómo eliminar los residuos, es decir, deberíamos gastar una cantidad de dinero. 
¿Qué hacer con los residuos nucleares existentes? 
Se trasladan de un país a otro y nadie sabe dónde. 
Luego está la idea de las técnicas de transmutación o la idea de la vitrificación. 
Deberíamos invertir nuestros esfuerzos y nuestros medios, y no limitarnos a tratar ligeramente el tema en el contexto del sector energético y de transporte. 
Todo esto serían tareas futuras, y lo echo en falta en la presente propuesta. 
Lo lamento mucho. 
Veo la buena voluntad de la Comisión, pero sólo con eso no nos encaminamos en la dirección correcta. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Bloch von Blottnitz en que, al formular o intentar formular una política energética, debemos contar con ese fundamento jurídico coordinado y- me gustaría proponer- un Comisario que se ocupe de ello. 
Eso sería muy sensato. 
Se nos dice que el resultado de la liberalización será un combustible más barato. 
Sin embargo, soy escéptica respecto de que, con el Gobierno actual, eso se consiga en mi Estado miembro. 
Hay, sencillamente, demasiadas partidas para que sea eficaz. 
La dependencia de las importaciones es enorme y será aún mayor en el año 2020. Un orador ha hablado de una dependencia energética total del 70 %: 90 % del petróleo; 80 % del carbón; 40 % del gas. 
Otro orador ha dicho que tendremos que depender de importaciones procedentes de países muy inestables: eso debe preocuparnos. 
En relación con las energías renovables, hay muchas posibilidades, pero se dispone de pocos fondos y se está haciendo muy poco. 
En el Reino Unido el poder del grupo de interés nuclear consiguió eliminar un programa excelente de hidroelectricidad. 
El Consejo de Hidroelectricidad disponía de muchos terrenos para más programas, pero se acabó con ése. 
El grupo de interés nuclear era demasiado fuerte. 
Después hubo un programa maravilloso del profesor Salter de la Universidad Edimburgo. 
Inventó el llamado «Pato de Salter» , una forma barata de producir energía con las olas. 
La parte del mundo a la que represento es totalmente idónea para ello, como también para la energía eólica, que se ha desarrollado muy poco: la verdad es que podríamos seguir el ejemplo de Dinamarca respecto de su desarrollo de la energía eólica. 
La industria nuclear acabó con el «Pato de Salter» diciendo que no sería eficaz. 
En el último año el Cuerpo de Inspección Nuclear del Reino Unido pasó 136 días en Dounreay, en mi circunscripción. 
Si se hacen cálculos, se ve que cada inspector representaba un gasto de 5.000 libras esterlinas al día. 
En sus conclusiones, formularon 23 graves acusaciones contra Dounreay. 
De modo que no se deben enviar los residuos a Dounreay creyendo que se va a eliminarlo de forma inocua. 
Recientemente, se comunicó a la Cámara de los Comunes, cuando ya había sucedido, que en Dounreay se habían admitido residuos procedentes de Georgia por el bien de la seguridad de Europa. 
Resultó que, cuando llegaron allí, el Cuerpo de Inspección Nuclear, que había pasado 136 días quejándose de los vertidos en el mar, en un recipiente de residuos y en tierra, había anulado la licencia. 
La Comisión de Investigación en materia de Comercio e Industria de la Cámara de los Comunes se mostró crítica con esa actitud hermética. 
Volviendo al «Pato de Salter» , Tony Benn, que era Secretario de Estado de Energía, reconoció que había inducido a error a la Cámara de los Comunes para que creyese que la energía nuclear era segura, barata y de carácter no militar. 
Resulta que en junio de este año se reconoció que el Gobierno había enviado, para fines militares, 73 kilogramos de material apto para utilizaciones bélicas a Aldermaston. 
Hay que poner fin a ese hermetismo. 
Por favor, no permitan que sus países envíen residuos a Dounreay, pues carece de permiso para reprocesarlo. 
Señor Presidente, hace falta un cambio radical de rumbo en la política energética comunitaria, en la que el objetivo final sea la transición más rápida posible a la sostenibilidad, cuando las fuentes de energía renovables se conviertan formalmente en objetivo clave de la política energética y los precios de la energía reflejen claramente los costes ambientales reales. 
Sin tales objetivos el programa marco carecerá de las visiones necesarias. 
Además de una contribución cero a las emisiones de CO2, las fuentes de energía renovables aseguran el abastecimiento a largo plazo y alejan la amenaza del aspecto geopolítico. 
Las experiencias danesas son unívocas. 
Los buenos resultados obtenidos han permitido posibilidades de crecimiento estables a iniciativas populares privadas con marcos económicos seguros para los consumidores sin intervención del estado. 
Las directivas, el sistema centralizado y la liberalización constituyen de hecho una amenaza potencial para un crecimiento estable del empleo de energías renovables. 
En su lugar, es preciso un esfuerzo amplio en el que las soluciones energéticas del futuro surjan de iniciativas locales, tanto de grupos de consumidores concienciados como de instituciones y pequeñas empresas, mientras que los duros requisitos actuales de administración y la considerable financiación propia de los programas energéticos han llevado a una concentración en torno a instituciones establecidas y grandes empresas de fuerte capitalización que no necesitan subvención. 
Recibiría con agrado un programa marco basado en estas directrices y así recomiendo que se apoyen las enmiendas verdes contra la energía atómica, especialmente la enmienda 17. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro compañero Alain Pompidou, coordinador del Grupo Unión por Europa en el ámbito que hoy nos ocupa, ha debido ausentarse de este hemiciclo y ruego le disculpen. 
Me corresponde expresar la posición de nuestro Grupo en este debate común relativo a la energía. 
A modo de introducción, quiero destacar las tres direcciones a las que responde el programa marco en el sector de la energía, que se instaurará por un período de cinco años, de 1998 a 2002, y destinado también a la transparencia, la coherencia y la coordinación de las acciones realizadas por la Unión Europea; contribuyendo con ello a la seguridad de los abastecimientos, la competitividad y la protección del medio ambiente. 
El programa marco tiene tres objetivos fundamentales: ofrecer una base jurídica estable a las acciones realizadas por la Unión; fortalecer la coordinación de todas las acciones que competan a la Dirección General de la Comisión encargada de la energía; instaurar un nuevo marco de coordinación para las acciones llevadas a cabo en el campo de la energía que dependan de otras políticas comunitarias relativas, entre otros, a los Fondos estructurales, los programas de ayuda exterior, o los programas de investigación. 
Nuestro Grupo apoyará las propuestas del ponente destinadas en primer lugar a asegurar un seguimiento exhaustivo de la aplicación de la Directiva de 1998 relativa al gas, con vistas a garantizar el éxito total del mercado interior de la energía, tanto en el interés de las empresas europeas como de los hogares. 
En segundo lugar, apoyaremos las propuestas destinadas a destacar el papel que merecería desempeñar el programa marco para la energía en favor del proceso de ampliación. 
Por último, en tercer lugar, apoyaremos las propuestas destinadas a incrementar la transparencia del seguimiento, subrayando el hecho de que los créditos presupuestarios asignados al programa marco para la energía deberían permitir aceptar los retos que plantea la próxima década. 
Por otra parte, nuestro compañero van Velzen ha permitido mejorar el programa ETAP gracias a las enmiendas que tratan de fortalecer los análisis prospectivos y el seguimiento del mercado en ambas direcciones: la primera se refiere a la liberación progresiva del mercado de la electricidad y del gas, la segunda cuyo fin es garantizar una mayor seguridad del transporte de materias radioactivas, especialmente con vistas a la ampliación hacia los países que ya participan en el programa TACIS. 
Cuenta con nuestro apoyo. 
En relación con el informe de André Soulier, posee el gran mérito de asegurar para los años 1998-2002 la cooperación internacional en el ámbito de la política energética, gracias a que se mantiene el programa SYNERGY, al que apoyamos sin restricción alguna. 
Señor Presidente, evidentemente, es positivo alcanzar un nivel de seguridad muy alto, tanto en el ámbito nuclear como en cualquier otro campo. 
Estimo que el sector nuclear francés, que posee un alto nivel de fiabilidad, debe servir de referencia en la materia. 
No obstante, me gustaría que se reflexionara con un poco más de profundidad la cuestión de la energía. 
Formo parte de la gente que piensa que la energía nuclear, cualquiera que sea el nivel de seguridad que se aplique, es una verdadera espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. 
Algunas son objeto de frecuentes debates, otras, extrañamente, se mantienen en silencio: el riesgo humano, claro está, que vería un error de manipulación provocar una catástrofe de la envergadura de Chernobil; el riesgo tecnológico vinculado al envejecimiento de los materiales. 
¿Quién nos dice que nuestros sucesores, responsables políticos, en 20 o 40 años tendrán la sabiduría de renovar los equipos nucleares? Especialmente en caso de crisis económica grave y crónica. 
El riesgo terrorista, que no es inexistente y, por último, el riesgo de guerra, del que no se habla jamás. 
Explíquenme, Señorías, en caso de conflicto, ¿cuáles serían los primeros blancos de posibles misiles? 
Los centros de producción de la energía, claro está, y, por ende, las centrales nucleares. 
Todas las centrales nucleares son, pues, susceptibles de ser destruidas cualquiera que sea su fiabilidad. 
Por lo demás, hace ya mucho tiempo que se admite que no existe el riesgo cero. 
La conclusión me parece evidente: es preciso dejarla, progresivamente, claro está, pero es preciso dejar la energía nuclear. 
Señor Presidente, felicito a los ponentes y al Comisario Papoutsis, que no ha tenido una tarea fácil en este caso. 
Nunca tiene una tarea fácil, dado que las consecuencias de la energía se extienden a varias comisiones. 
Ha sido muy interesante ver que había tanto consenso esta mañana. 
Me siento extraordinariamente europeo después de oír el mismo discurso más o menos en once lenguas diferentes, aunque con algunas diferencias de énfasis y con opiniones claramente diferentes sobre los asuntos nucleares. 
Acogemos con beneplácito el marco. Brinda como un fundamento jurídico. 
Tras haber luchado con el presupuesto de los programas sobre energía en los dos últimos años, yo era consciente de esa ausencia. 
Nos brinda ese fundamento jurídico para un período fijo, aunque, como el Sr. Linkohr, abrigo algunas reservas sobre la ausencia de un fundamento jurídico uniforme. 
El presupuesto es inadecuado. 
También lamento, como oradores anteriores, que los Estados miembros no incluyeran un capítulo sobre la energía durante los debates en Amsterdam. 
La energía presenta otros aspectos, además de los puramente medioambientales. 
El Sr. Adam ha indicado claramente las posibilidades de exportación para la tecnología relativa al carbón. 
Me gusta su calificación de «eficiente e inocuo». 
Tal vez no se traduzca bien en todas las lenguas, pero en inglés resulta muy expresiva. 
En este marco no van incluidos todos los aspectos de la energía. 
Faltan algunos de los aspectos de Euratom, así como la investigación, los Fondos estructurales, MEDA y aspectos importantes de PHARE y TACIS. 
Los de ayuda al desarrollo, agricultura, transporte y fiscalidad son sectores que tienen, todos ellos, consecuencias para el de la energía. 
Si se hace una reestructuración de las comisiones en el Parlamento, no se debe caer en la trampa de pensar que una Comisión de Medio Ambiente podría hacerse cargo del examen de todos los aspectos de la energía. 
Son necesarios debates muy complejos sobre la energía, en caso de que se haga algún tipo de reestructuración, lo que podría ser una idea interesante. 
He dicho antes que el Tratado Euratom era una forma muy eficiente de promover la energía nuclear, sobre la que tenemos opiniones diversas. 
Necesitamos un acuerdo intergubernamental que nos ofrezca algo similar en la esfera de la energía renovable y de la eficiencia energética. 
He planteado mis propuestas ante Sus Señorías. 
Tal vez «carta» sea una palabra mejor que «tratado» y, desde luego, más asequible. 
Espero que el Comisario haga algo a este respecto. 
Pronto le ofreceremos un instrumento para animarlo a llevar a cabo una labor a ese respecto. 
Me complace que ahora se vaya a incorporar parte de la labor de Euratom a un marco amplio sobre la energía, de modo que un comité de gestión englobará la labor de SURE. 
Se debe continuar y estimular. 
Resulta totalmente absurdo que tengamos dos Tratados diferentes sobre algo tan fundamental y complicado como la energía. 
A la vez que planeamos la ampliación hacia el Este, crece nuestra dependencia de la energía exterior. 
Debemos aspirar a garantizar la seguridad en el suministro energético. 
Creo que es primordial desarrollar unos niveles de seguridad igual de rigurosos para las centrales nucleares y para el transporte de materiales radiactivos. 
Debemos incorporar estos requisitos en las negociaciones para la adhesión de los nuevos países. 
Hay que aplicar los objetivos de la Carta de la Energía en lo relativo a la cooperación entre la Europa oriental y la UE en materia de seguridad, medio ambiente y energía. 
El aumento en el uso de la producción combinada de calor y electricidad constituye un método eficaz para aproximarnos a los objetivos establecidos en Kioto, así como para contribuir de manera favorable a la política medioambiental de la UE. 
De este modo es posible potenciar en los países de la Unión Europea una utilización rentable con arreglo al coste y a la eficacia, tanto a corto como a largo plazo. 
El consumo de la producción combinada depende en gran medida de los objetivos nacionales de los distintos Estados miembros, a pesar de lo cual es necesario también realizar esfuerzos en el plano de la UE. 
La Unión debería intentar promover la producción combinada como un elemento más, dejando que sea el mercado el que decida cuál es el combustible más competitivo. 
Si el objetivo es la reducción de las emisiones de efecto invernadero, la solución al problema energético básico se podrá encontrar únicamente en la energía nuclear y en los recursos energéticos renovables. 
Señor Presidente, creo que, desde el punto de vista social, nos enfrentamos con dos grandes misiones en el ámbito energético. 
La primera consiste en incentivar las fuentes de energía sostenibles a largo plazo y respetuosas con el medio ambiente, sobre todo las relacionadas con el entorno biológico, como los combustibles de leña, los pélets, las briquetas y el biogás, para lograr así unos recursos energéticos sostenibles. 
Nuestra segunda misión es el abandono de la energía nuclear, el petróleo y el carbón, al ser todas ellas fuentes energéticas no sostenibles a largo plazo. 
Es importante lograr la simultaneidad de estos objetivos para que podamos, en nuestra condición de representantes de los ciudadanos, incentivar el desmantelamiento de la energía nuclear y el uso de los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, con lo que el mercado encontraría el estímulo necesario para la adopción de fuentes energéticas renovables. 
Si se lleva a cabo esta tarea adecuadamente y con firmeza, podremos incentivar a largo plazo, y conseguir para las generaciones venideras, un mercado energético sostenible con combustibles respetuosos con el medio ambiente. 
Señor Presidente, cuando escuchamos las intervenciones de los oradores en este foro, oímos las palabras medio ambiente, planificación a largo plazo, seguridad y carácter sostenible de los sistemas energéticos, y oímos también decir que estas palabras han de ser la base de todo desarrollo. 
Esta circunstancia debe implicar necesariamente que la mayoría de los aquí presentes tiene previsto votar hoy a favor de las enmiendas presentadas por los Verdes. 
Estas enmiendas se basan, precisamente, en ingredientes como el medio ambiente, el carácter sostenible, la seguridad y la planificación a largo plazo. 
En Suecia estamos comenzando en estos momentos a desmantelar la energía nuclear. 
De acuerdo con el nuevo Gobierno alemán, este desmantelamiento va a tener lugar también en este país. 
Llegado este momento, también la UE deberá adaptarse a la realidad y demostrar un poco de confianza en el futuro. 
La UE no puede aferrarse indefinidamente a la industria nuclear, sino que debe desprenderse de ella e invertir en el desarrollo y en el futuro, esto es, en las fuentes energéticas renovables. 
¡Pero en este escenario no habrá cabida para la energía nuclear, el petróleo o el carbón! 
Por consiguiente, espero que la mayoría de ustedes dé su apoyo a la Sra. Bloch von Blottnitz, quien ha presentado, en nombre del Grupo de los Verdes, estas enmiendas para lograr el desmantelamiento de la energía nuclear. 
Señor Presidente, el sector energético está en pleno movimiento. 
Se ha liberalizado aún mas el mercado del gas y la electricidad. 
En el futuro seremos aún más dependientes de las fuentes de energía fuera de la Unión. 
Por tanto, somos decididos defensores del ahorro energético y del fomento de las energías alternativas. 
Es preciso hacer todo lo posible para incrementar sustancialmente el porcentaje relativamente escaso de utilización de las fuentes de energía renovables. 
Para alcanzar un porcentaje del 12 % o incluso un 15 % en el año 2020 es necesaria un política agrícola y fiscal complementaria. 
También es necesario impulsar la investigación acerca de la mejora y el posterior desarrollo de la energía solar. 
La coordinación e integración a través de un programa marco es conveniente con vistas a unificar los diferentes programas energéticos. 
Es una buena cosa que con el programa marco propuesto se garantice, en la medida de lo posible, un seguimiento activo de los avances producidos, incluidos análisis y pronósticos. 
En lo que respecta a las actividades en el sector nuclear, no podemos ser suficientemente cautos. En la medida en que haya buenas perspectivas para las fuentes de energía alternativas, que son mucho más seguras y que ofrecen muchos menos problemas a la hora de eliminar los residuos, éstas gozan de nuestra preferencia. 
Estamos de acuerdo con el ponente en lo que respecta al incremento de la seguridad nuclear en los países candidatos a la adhesión. 
Señor Presidente, la decisión relativa a la utilización de la energía futura en Europa es, en efecto, una de las cuestiones más cruciales de la Unión Europea. 
Tengo la impresión de que la Comisión aún no ha reconocido plenamente la importancia de la cuestión energética. 
Es cierto que hay que admitir algunos enfoques dignos de elogio, como, por ejemplo, el anuncio de la aplicación del Libro Blanco de las fuentes de energía renovables. 
Pero con los medios financieros casi inexistentes del programa ALTENER II no puede conseguirse el cambio energético. 
Hay cinco razones para dicho cambio energético. 
Las razones medioambientales están claras. 
Son razones de creación de empleo, razones de conservación de los recursos y razones del mercado de exportación, que no podemos dejar en manos de Japón y Estados Unidos. 
El punto más importante es que actualmente se provocan guerras en torno a los recursos energéticos, y con la escasez de recursos energéticos estas guerras son aún más enconadas. 
La energía nuclear con toda seguridad no es la solución. 
Precisamente durante las últimas semanas hemos oído hablar de los problemas de un reactor en Francia, el Estado nuclear por excelencia, donde ni siquiera había seguridad del abastecimiento. 
Ayer vino de Chernóbil el anuncio escalofriante de que es posible un accidente mayor que el de 1986. 
Las enmiendas de la Sra. Bloch von Blottnitz constituyen, pues, una corrección crucial de este programa. 
Señor Presidente, voy a comenzar agradeciendo a los ponentes su trabajo y después querría concentrarme en dos puntos. 
Por una parte, quiero referirme al fundamento jurídico. 
Como alguno de mis predecesores ya ha mencionado, es muy bueno que hayamos establecido un fundamento jurídico con este programa plurianual de energía para un período de cinco años al menos. 
Pienso, no obstante, que es una muleta que servirá de apoyo sólo por algún tiempo. 
Lo que realmente necesitamos es introducir un capítulo sobre la energía en el Tratado, en el cual se incluyan todas las energías, de modo que se consiga una verdadera igualdad de oportunidades entre todas ellas y no, como hasta ahora, una promoción y preferencia más que considerable de la energía nuclear frente a todas las demás. 
Considero que, con tal capítulo energético, podríamos solucionar mucho más fácilmente también lo que el Sr. van Velzen ha mencionado: crear un acervo comunitario en este sector, con normas uniformes, disposiciones, determinando qué centrales eléctricas- y no hablo solamente de centrales eléctricas nucleares- deben crearse, cómo deben adoptarse las medidas de seguridad. 
De este modo, podríamos contribuir a una mejora de la transparencia de costes en el mercado común de la electricidad. 
Una central eléctrica que transforma energías renovables en electricidad necesita en caso de emergencia al servicio de bomberos local. 
Una central nuclear requiere una cantidad de medidas de seguridad, y puede suceder que una zona entera quede inhabitable en caso de que se produzca un accidente. 
El segundo punto que querría abordar es la necesidad de una política energética sostenible para la consecución de los objetivos de Kyoto. 
En este terreno no podemos conformarnos con declaraciones de palabra. 
De lo contrario, no lograremos cumplir los objetivos de Kyoto, y encima descuidaremos otro, a saber, orientar nuestra economía europea hacia una conciencia moderna de conservación de los recursos, del medio ambiente y del clima. 
Como los americanos piensan muy a corto plazo y aún no han reconocido que una conversión de la economía en medidas de ahorro energético, en utilización de energías alternativas, aporta realmente mucho más de lo que cuesta en un primer momento, como europeos tenemos la oportunidad, no solamente de adelantarnos diciendo que queremos preservar el medio ambiente, sino de innovar nuestra propia industria. 
Dada la escasez de recursos, la necesidad imperiosa de la innovación siempre es mucho mayor que cuando se podía tirar del saco sin fondo y no era necesario preocuparse de cómo emplear la energía y los otros recursos. 
Permítanme terminar con una frase que ya dije aquí en esta Cámara con motivo de la aprobación de la directiva sobre el carburante. 
La política industrial moderna es una política del medio ambiente y, en aras de un mejor desarrollo de la Unión, debemos integrar la política energética en la política del medio ambiente. 
Señor Presidente, la integración en un programa marco de las acciones dispersas en las esferas de los estudios y análisis de la cooperación internacional, de las energías renovables, de la eficiencia energética, de la utilización eficiente de los combustibles sólidos y de la seguridad nuclear corresponde claramente a una estrategia adecuada para el desarrollo del sector. 
Como los informes van Velzen, Soulier y Adam tratan exhaustivamente, cada uno, de dichos programas y muy bien, sólo diré que espero ver todos los programas ahora en vigor, incluidos ALTENER y SAVE, integrados en el primer programa marco para la energía, aunque sé que en el Consejo hay quien no lo quiere. 
Estos programas, fuera o dentro del programa marco, deberían en cierto modo seguir con el presupuesto reforzado, pues dista de haberse alcanzado la convergencia en esa esfera y la cohesión en Europa, además de económica y social, debe ser también energética. 
Por otro lado, la política energética de la Unión ha de tener la claridad y la fuerza suficientes para sobrepujar a los lobbies nucleares. 
Termino diciendo que, con la inclusión del artículo 130 en lo relativo al medio ambiente en el proceso de codecisión, creo que es ventajoso que el fundamento jurídico para el programa sea doble, el artículo 235 y el 130. 
La calidad del programa marco ha de mejorar por fuerza, si se hace hincapié en la dimensión medioambiental y también con una intervención más plena del Parlamento en las decisiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, cordialmente, muchas gracias por el intento de reunir distintos aspectos energéticos de la política europea. 
Sé lo difícil que resulta esto, porque la política energética en la práctica es un terreno minado. 
Querría añadir algo con respecto a dos puntos. 
En primer lugar, sobre la utilización de la energía nuclear: la mayoría de los países de la Unión Europea ha renunciado a ella, y algunos países que la han utilizado anteriormente ahora están preparandose para prescindir de ella. 
Uno de los Estados miembros más grandes lo hará a grandes pasos. 
Por lo tanto, no puede ser que dentro de un programa en el que se incluye todo se dediquen los fondos asignados sólo a la investigación en el campo de la seguridad de la energía nuclear. 
Opino que debemos completar esta medida para fomentar de manera activa los esfuerzos realizados por los países que ya no utilizan la energía nuclear. 
No puede ser que todos fomentemos la energía nuclear de unos pocos, al contrario, todos debemos poner énfasis claro y complementario en la supresión de la energía nuclear. 
El segundo aspecto: el presupuesto no representa más que un pequeño consuelo para la política energética en Europa. 
Con eso no se puede llevar a cabo el cambio energético. 
Tenemos que complementar este programa con propuestas legislativas; por un lado, sobre la fiscalidad de la energía; por otro, sobre el fomento de las energías renovables mediante la adopción de una directiva sobre la electricidad a escala europea. 
Por esta razón, Sr. Comisario, quisiera rogarle una vez más- teniendo en cuenta también el cambio de gobierno en Alemania- que emplee todos los medios a su alcance para volver a presentar la propuesta de un impuesto sobre la energía en Europa, de modo que se ponga sobre la mesa lo más pronto posible una propuesta para la electricidad a escala europea. 
Señor Presidente, en tan poco tiempo me voy a referir exclusivamente al programa CARNOT. 
El Sr. Adam no está aquí pero quiero felicitarle. 
Pero la felicitación es, en primer lugar, para la Comisión Europea, que presenta este programa marco plurianual de actividades en el sector de la energía que es un esfuerzo por coordinar y por enfocar coherentemente los distintos sectores. 
En cuanto al programa CARNOT, yo creo que hacía falta un programa que fomente las exportaciones de tecnologías limpias de combustión del carbón, que fomente la diseminación de los resultados y la cooperación dentro de la Unión Europea y a nivel internacional, sobre todo en otros países europeos donde el componente del carbón es importante y tienen que renovar en gran parte todo su sector y adaptarlo a los requerimientos medioambientales que nos exigimos todos. 
Sin embargo, señor Comisario, quiero aprovechar el tiempo que me queda para hacer una reflexión general sobre la situación de la investigación del carbón, porque yo creo que es preocupante. 
En este sector tecnológico, como en muchos otros sectores industriales, hay que tener siempre una vista a medio y a largo plazo, y, en este momento, la situación es incierta. 
El Consejo decidió que lo que quedaba en los presupuestos del Tratado de la CECA para acero y para carbón- que es de lo que estamos hablando ahora- debería asumirse por la Unión e integrarse. 
Y, sin embargo, los datos que da la propia Comisión sobre la investigación del carbón muestran que estamos en una situación nula. Y ahora estamos discutiendo el quinto programa marco. 
La Comisión ha propuesta incluir de nuevo esta investigación en ese programa, que será un programa de futuro, y, sin embargo, salvo Alemania, señora Estevan Bolea, salvo Alemania, incluyendo España, todos los demás países están en contra de la inclusión de la investigación del carbón en el quinto programa marco. 
Entonces, sería una pena, señor Comisario, que este acervo científico, justamente en temas de combustión limpia y eficiente del carbón- porque el nivel tecnológico europeo yo creo que es importante, está a la altura y, en algunos temas, por encima de lo que sucede en el mercado internacional- se pudiera perder. 
Es cierto que un país puede seguir investigando por su cuenta pero, justamente, la riqueza de toda esta investigación ha sido esa cooperación europea hasta ahora y a mí y a otros nos gustaría que siguiera siendo así. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, antes de nada desearía dar las gracias a los tres ponentes, el Sr. van Velzen, el Sr. Soulier y el Sr. Adam por su excelente trabajo. 
La propuesta de la Comisión para el programa marco de la energía es de vital importancia para el desarrollo futuro de una política energética comunitaria. 
Dicho programa promueve tres objetivos estratégicos. 
En primer lugar, la creación de una base legal estable muchos años de duración para las actividades en el sector de la energía. 
En segundo lugar, un marco coherente, completo y flexible para todas las actividades en el marco de la política energética. 
Y, en tercer lugar, la más completa coordinación de las actividades energéticas asumidas en el marco de otras políticas comunitarias. 
Hoy, como saben, nos encontramos ante grandes desafíos en el sector de la energía. 
Nuestra mayor prioridad es, de cualquier forma, garantizar el abastecimiento. Por ello debemos proceder a una mejor explotación de las fuentes endógenas de energía y, al mismo tiempo, desarrollar la colaboración internacional. 
Más concretamente, como también señala el Sr. van Velzen, en vista del proceso de ampliación, dicha colaboración es crucial para que los países candidatos se adapten al acervo comunitario en el sector de la energía. 
Asimismo, se necesitan medidas urgentes para mejorar la competitividad de la industria europea. 
La creación de un mercado interior de energía rentable constituye, en cualquier caso, una contribución muy importante en este sentido. 
Asimismo, concedemos gran importancia al hecho de garantizar la compatibilidad de nuestra política energética con los objetivos medio ambientales de la Comunidad. 
Para tal fin, se requieren medidas eficaces en el sector de la producción, pero también en la utilización de la energía. 
Para hacer frente de forma eficaz a estos grandes desafíos energéticos, la política energética comunitaria debe concentrarse más en objetivos concretos, debe ser más completa y, en cualquier caso, ser más coordinada que las otras políticas comunitarias. 
Y, aparte de esto, la política energética de la Unión debe tener una clara dimensión internacional, ya que la energía constituye un fuerte elemento de colaboración internacional, cuya importancia política dio a conocer el Sr. Soulier con su excelente trabajo y con su intervención de hoy en el Pleno. 
Y ello, por una parte, exige un planteamiento completo pero, por otra, mejores medios de coordinación y colaboración entre las partes implicadas. 
Y así llego al objetivo principal del programa marco de la energía, esto es, garantizar la cohesión y la trasparencia así como la rentabilidad de las acciones combinadas en el marco de la política energética. 
Me agrada de forma especial que el Parlamento Europeo esté de acuerdo con este planteamiento de la Comisión y creo, así al menos se desprende de los primeros indicios, que el Consejo comparte este punto de vista. 
Ahora, en lo que concierne al tema de la financiación, planteado por muchos de los que han tomado la palabra- he anotado al Sr. Linkohr, a la Sra. McNally y al Sr. van Velzen -, desearía decir que nuestra propuesta va acompañada de un informe financiero que señala que debería destinarse al programa marco de la energía una cantidad indicativa de 213.000.000 ECU. 
Sin embargo, permítanme añadir que, personalmente, encuentro escasa dicha cantidad. 
En cualquier caso, el presupuesto, como saben, lo fijará la autoridad competente sobre una base anual. 
Por ello, depende en gran medida de ustedes, del Parlamento Europeo, que se garanticen las sumas suficientes para cubrir las actividades controvertidas. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, la Comisión Europea estará de acuerdo con muchas de las enmiendas que han propuesto. 
Por razones de claridad me referiré por separado a cada informe. 
En primer lugar, en lo relativo al informe del Sr. van Velzen sobre la decisión marco, la mayoría de las enmiendas propuestas aclaran la propuesta de la Comisión. 
En principio, en lo que se refiere a la ampliación estoy completamente de acuerdo en que la energía representa un papel importante en el proceso de ampliación. 
Por ello, la Comisión admite la enmienda número 5. 
En lo referente a la liberalización del mercado de la energía, estoy completamente de acuerdo en que debe concederse especial importancia a la aplicación y al seguimiento de las directivas. 
Y, en consecuencia, puedo admitir las enmiendas número 1, 2 y 4. 
Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con la propuesta para la adopción de un programa separado en lo relativo al seguimiento del mercado interno. 
La Comisión ya ha procedido a realizar todas las actuaciones propuestas en el marco de un nuevo subprograma, ya que, en virtud del Tratado y de las directivas relativas al mercado interno, tiene dicha obligación. 
Ya estamos trabajando para poner en funcionamiento dicho mecanismo. 
Asimismo, el seguimiento del mercado interno constituirá una parte del programa ETAP. 
En consecuencia, no puedo estar de acuerdo con la parte IF de la enmienda número 9. 
Sin embargo, querría señalar que la parte E reduce la flexibilidad del programa CARNOT y, por ello, no podemos admitirla. Sin embargo, el resto de la enmienda número 9 es admisible. 
Las enmiendas número 3, 6 y 11, destinadas a una mayor coordinación y transparencia, también son admisibles. 
Sin embargo, en relación con los recursos disponibles, la Comisión no puede estar de acuerdo con la última frase de la enmienda número 8, dado que dicha enmienda se adelanta a las futuras perspectivas financieras. 
Sin embargo, la Comisión puede admitir la primera parte de la enmienda número 8, así como la enmienda número 7, con una pequeña modificación sintáctica. 
Asimismo, la Comisión no puede admitir la enmienda número 14 porque ello crearía un problema de equilibrio en el conjunto de la propuesta. 
Asimismo, quiero decir que, en principio, no estoy de acuerdo con el contenido de las enmiendas 12, 13, 15 y 16, pero creemos que dichas enmiendas ya están cubiertas por el programa y, por ello, preferimos la actual formulación. 
Asimismo, no podemos admitir las enmiendas número 17, 19 y 21 al no ser conformes con el punto de vista de la Comisión sobre la energía nuclear, mientras que las enmiendas 18, 20 y 22 no son compatibles con las previsiones institucionales de los Tratados. 
Asimismo, no podemos admitir la enmienda número 23 porque ya está cubierta por la propuesta inicial. 
Pero permítanme, en este, punto hacer un comentario sobre la energía nuclear. 
Mientras exista esta forma de energía, es nuestra obligación, obligación de la Unión Europea, según se desprende del Tratado EURATOM, velar por la mayor seguridad posible. 
Como es sabido, cada país puede elegir el tener o no esta forma de energía. 
En cualquier caso, como Comisión Europea, como saben, también intentamos promover nuevas formas de energía para crear un nuevo equilibrio energético para el futuro. 
Y ahora paso al programa ETAP. 
La Comisión puede admitir la mayoría de las enmiendas propuestas. 
Es decir, admitimos las enmiendas 1, 2, 3 y 5. 
Especialmente, la enmienda número 2 es, en principio, admisible, salvo que, sin embargo, creo que deberíamos añadir a las organizaciones de consumidores en la lista de aquellos que podrían participar en el programa. 
En lo referente a la enmienda número 4, el objetivo del análisis en relación con las fuentes de energía renovables es muy importante, pero ya está cubierto por las acciones específicas del programa ALTENER. 
Sin embargo, deberá existir una coordinación entre los programas ETAP y ALTENER en dicho sector y, naturalmente, en ese sentido la Comisión Europea se compromete a supervisar la mejor coordinación posible de estos dos programas. 
En tercer lugar, en lo referente al programa SURE. 
La Comisión admite las enmiendas número 1, 2, 3, 4, 5 y 7, ya que aclaran los objetivos del programa y subrayan la necesidad de una mayor transparencia. 
Más concretamente, en lo relativo a la enmienda número 3 sobre los modelos comunes de seguridad- y de esta forma desearía realmente responder al Sr. Bloch von Blottnitz -, la Comisión está hoy en posición de admitir, a pesar de que es evidente que entra, principalmente, en la competencia de los Estados miembros, el contenido de dicha enmienda en lo relativo a los modelos comunes de seguridad. 
En cualquier caso, la Comisión cree que el programa SURE podría alentar aún más la colaboración entre los Estados miembros. 
Asimismo, la Comisión admite, con ligeros cambios en la formulación, la enmienda número 6 sobre la colaboración industrial con los países de la Comunidad de Estados Independientes y con Rusia, es decir, los países que pueden beneficiarse del funcionamiento y la utilización del programa TACIS. 
A nuestro parecer, es necesario hacer hincapié en el hecho de que dicha colaboración debe conducir a la aplicación de especificaciones de seguridad altas y equivalentes. 
La Comisión no puede admitir las enmiendas 8 y 11 porque no son conformes con sus puntos de vista sobre la energía nuclear. 
Asimismo, no podemos admitir las enmiendas número 9 y 10 ni las conclusiones a las que llega en lo relativo al transporte de material nuclear. 
En principio, podemos admitir la enmienda número 12, pero consideramos que ya queda cubierta con la enmienda número 7. 
En lo referente al programa SYNERGY, podemos admitir todas las propuestas por la Comisión de Energía, salvo la enmienda número 1. 
Más concretamente, la Comisión admite las enmiendas 2, 3 y 4. 
No admitimos la enmienda número 1 porque creemos que simplemente limita la flexibilidad en las subvenciones, flexibilidad que es necesaria si tenemos en cuenta la velocidad que han adquirido hoy en día las evoluciones en todo el mundo. 
Por último, en relación con el programa CARNOT, me complace comprobar que el Parlamento Europeo está de acuerdo sobre la gran necesidad de un programa en el sector de la utilización del carbón puro. La Comisión puede admitir las enmiendas número 1, 2 y 4. 
La Comisión no puede admitir la enmienda número 3 para el período del programa y del presupuesto porque ello tendría como resultado la reducción de la flexibilidad en la aplicación del programa y, además, considero de excepcional importancia que se garantice que el período de duración será el mismo para todos los programas que integren el programa marco pero, aparte de esto, estaré de acuerdo con el Sr. Adam en que debe garantizarse la difusión de los resultados de la investigación en dicho sector. 
Asimismo, no podemos admitir la enmienda número 5 por razones obvias, dado que equipara las ex-Repúblicas de la Unión Soviética con los países de Europa del Este, con los que hemos concluido acuerdos conjuntos de colaboración. 
La colaboración con los países que comprende el programa TACIS en el sector de los combustibles sólidos es, de cualquier modo, importante. 
Sin embargo, debe mantenerse el marco oficial creado para dicha colaboración. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, deseo agradecer una vez más a los ponentes Sres. van Velzen, Soulier y Adam por su admirable trabajo. 
Como han oído, la Comisión puede admitir la mayoría de las enmiendas propuestas. 
Antes de finalizar, desearía, si me lo permite, señor Presidente, requerir su atención para los dos programas restantes del programa marco de la energía, es decir, el programa SAVE y el programa ALTENER. 
Estoy convencido de que nuestra colaboración con los ponentes, Sra. Bloch von Blottnitz y Sr. Robles Piquer, para esos dos programas será igual de constructiva que la colaboración que hemos tenido en los programas actuales que debatimos. 
Gracias a los esfuerzos del Parlamento, el Consejo de Energía del 13 de noviembre estará en posición de impulsar de forma considerable el programa marco de la energía y valorar al mismo tiempo los aspectos políticos del tema. 
Veo cerca la adopción de decisiones finales en el Consejo en lo relativo a la decisión marco y a los programas ETAP, SURE, SYNERGY Y CARNOT, así como veo el futuro de este Consejo de la Energía y la constatación de la voluntad política en lo relativo al apoyo de los programas SAVE y ALTENER. 
Señor Presidente, permítame una breve pregunta. 
Considero que existe una patente contradicción entre el anuncio de querer fomentar más las energías renovables- y en eso le creo plenamente -, y las previsiones presupuestarias tan sumamente ridículas- que, de acuerdo con su propuesta, serán de 11 millones, después de que en el anteproyecto de presupuesto se hablara de 22 millones -, que considero son en extremo dolorosas y lamentables. 
Esperemos que podamos aumentar un poco esta cantidad. 
Ahora se oye como justificación que más de 11 millones no se pueden administrar. 
Para mí es totalmente inexplicable, habida cuenta de las grandes necesidades que deben cubrirse precisamente en la comercialización en el mercado en el sector de la biomasa, la energía fotovoltaica y las grandes posibilidades de fomento de las exportaciones para pequeñas y medianas empresas en este sector. 
Quizá pueda usted aún pronunciarse sobre este extremo, porque este argumento no me parece concluyente. 
Señor Presidente, me complace la posibilidad que me concede para responder a la pregunta del distinguido Sr. Parlamentario. 
De hecho, yo también estoy de acuerdo en que no se necesita dar un mayor impulso en lo referente a la utilización de las fuentes renovables de energía y a la difusión de las nuevas tecnologías que pueden impulsar dicho sector. 
La Comisión Europea, en su propuesta para el presupuesto y en el informe financiero, se limita a aquella cantidad que, de acuerdo con las previsiones y demandas actuales, podemos considerar que se explotará de forma suficiente y correcta. 
Y eso es lo que hemos propuesto, sin que ello signifique, sin embargo, que en el futuro queramos seguir solamente con esa cantidad de financiación. 
No obstante, como saben, la autoridad presupuestaria- el Parlamento y el Consejo- opina de forma diferente ya que ha insertado dicho programa en el marco global de las perspectivas financieras. 
Por tanto, en este sentido, depende de ustedes, del Parlamento Europeo y el Consejo, decidir la cuantía de la financiación y, por supuesto, el grado de prioridad política que se quiere dar al tema de las fuentes renovables. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
(Se interrumpe la sesión hasta las 12.00 horas) 
Bienvenida 
Queridos colegas, acogemos hoy a una delegación de Moldavia, para la cual solicito una muy calurosa bienvenida. 
Quiero precisar que esta delegación está dirigida por el Vicepresidente del Parlamento moldavo, Sr. Valeriu Matei, así como por el Ministro de Asuntos Exteriores de Moldavia, Sr. Nikolae Tabacaru. 
Votaciones 
Para empezar, la idea de un programa de acción en el ámbito comunitario sobre enfermedades relacionadas con la contaminación no nos gusta. 
Consideramos superfluo e inadecuado dar competencias a la Comisión en este campo. 
Sería mucho mejor coordinar los esfuerzos dentro de una cooperación intergubernamental bajo los auspicios de la OMS, pues las enfermedades relacionadas con la contaminación no se limitan sólo al territorio comunitario. 
Cuando se trata de situaciones que demandan una cooperación europea específica, ésta debe producirse en la sección europea de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Copenhague. 
Con la segunda lectura del informe del Sr. Cabrol, sin embargo, sólo tenemos posibilidad de expresar nuestras opiniones sobre cada enmienda. 
Adoptamos por ello una postura pragmática y votamos a favor del aumento presupuestario y las enmiendas relativas a los informes de evaluación extraordinarios de la Comisión mientras que no apoyamos una solicitud de acciones adicionales, de las que deba ocuparse la Comisión. 
Desde hace muchos meses, hemos tenido que ocuparnos de propuestas relacionadas con la salud pública. 
Quiero reiterar lo que ya he dicho sobre las competencias del Sr. Cabrol en este ámbito. 
Asimismo, quiero afirmar de nuevo mi apoyo a las pertinentes propuestas de nuestro compañero. 
Ya expliqué el sentido de mi voto y la importancia de aplicar una política determinada en la lucha en contra de las enfermedades relacionadas con la contaminación y, por ende, la lucha en contra de la contaminación. 
Este verano numerosas ciudades de la Unión Europea experimentaron de nuevo picos de contaminación. 
Esta agravación de la situación no parece tender a mejorar. 
Es tanto más importante darse cuenta de la urgencia cuanto que el agua despierta numerosas inquietudes. 
El caso de contaminación que ha experimentado Francia estas últimas semanas no son, a mi juicio, específicas a Francia y no pueden ser consideradas como un problema francofrancés, sino como un problema europeo e incluso mundial. 
Del mismo modo, si no puedo comprender la actitud del Consejo respecto a los márgenes presupuestarios disponibles, no creo que sea razonable borrar de un plumazo las disposiciones que habíamos recomendado, recientemente, en el marco del programa de acción relativo a las enfermedades relacionadas con la contaminación. 
En espera de que una política global en el ámbito del medio ambiente dé sus primeros resultados, Europa tiene el deber de gestionar los riesgos vinculados con la contaminación y sus consecuencias en el ámbito de la salud. 
Es importante que las personas que padecen enfermedades poco comunes no sean olvidadas y reciban ayuda. 
Por principio esta ayuda debe llevarse a cabo en el ámbito intergubernamental bajo los auspicios de la OMS. 
Las personas que padecen enfermedades poco comunes no viven sólo en la UE; además, no deseamos darle a la Comisión competencias en este campo. 
Votamos en contra de las enmiendas relacionadas con la creación de un banco de datos común, la comitología y programas de reciclaje. 
Sin embargo, votamos a favor de las enmiendas que precisan el texto. 
A pesar de nuestra postura, adoptamos una postura pragmática y votamos a favor del aumento presupuestario. 
Tomo nota de que la Comisión acepta una financiación quinquenal para las enfermedades poco comunes. 
No obstante, todavía queda por hacer lo esencial, puesto que de ahora en adelante se trata de proporcionar los medios a esta orientación política. 
Por otra parte, no puede sino aprobarse la acción comunitaria que desea poner en marcha nuestro compañero Guido Viceconte en el ámbito de las enfermedades poco comunes. 
Este sentido común, que en este caso no tiene nada de peyorativo, responde a una lógica relacionada con el escaso número de personas afectadas por este tipo de enfermedades, entre las que algunas son especialmente graves. 
Asimismo, la batería de disposiciones propuesta por el ponente me parece tener la posibilidad de responder a las necesidades de investigación en este ámbito en particular, a menudo ausente de las preocupaciones inmediatas de los Gobiernos nacionales. 
Con ello no quiero acusar en modo alguno a éstos, pero no tenemos más remedio que reconocer que las cuantías necesarias para que progrese el conocimiento de los especialistas requieren de inversiones que los Estados solos no pueden liberar de sus créditos. 
Por tanto, Europa tiene que intervenir. 
Por último, considero que la propuesta de asociar a este programa a todas las personas afectadas por estas enfermedades poco comunes va en la dirección correcta, y puede permitir ayudar a esas familias y esos voluntarios, a menudo abandonados a su suerte en su vida diaria. 
Esperemos que por fin la toma de posición del Parlamento Europeo ayude a crear una muy necesaria sensibilización de las opiniones públicas. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe anteriormente mencionado. 
Sin embargo, recalcamos que la cuestión de la comitología no está resuelta. 
Nos remitimos a la declaración de la Comisión sobre comitología, según la cual la Comisión propondrá a la autoridad legisladora modificar las disposiciones sobre comitología en todos las actas anteriores para así adecuarlas al nuevo acuerdo sobre comitología. 
Quiero felicitar al Sr. Viceconte por su excelente informe sobre las enfermedades poco comunes, al que doy mi total apoyo. 
Comparto plenamente su análisis sobre la importancia de este expediente y la urgencia de aplicar un verdadero programa comunitario en este ámbito. 
En efecto, el expediente de las enfermedades poco comunes, al igual que el de los medicamentos huérfanos (que próximamente se abordará en comisión parlamentaria y- espero- en el Pleno antes de que termine la legislatura) conciernen realmente a la política pública. 
Las investigaciones sobre estas enfermedades y los tratamientos necesarios no resultan rentables para los laboratorios farmacéuticos. 
Por ello, se muestran reticentes a dedicar recursos financieros a la investigación. 
Sin embargo, estas enfermedades denominadas «poco comunes» sólo son poco comunes para aquellos que no las padecen. 
Y ninguna pretendida característica poco común puede justificar dejar enfermos sin tratamiento so pretexto de falta de rentabilidad. 
Los enfermos, por su parte, ¡la padecen al 100 %! 
Por tanto, incumbe a la responsabilidad del poder de la opinión pública aportar una forma de coacción a los laboratorios farmacéuticos en virtud de una obligación de «servicio público de la salud». 
Esta coacción, esta responsabilidad, debe, claro está, acompañarse de un apoyo que permita estimular la investigación en estas direcciones. 
Por tanto, a este respecto, es esencial disponer de un presupuesto consecuente. 
Este programa, al igual que el de los medicamentos huérfanos que debatiremos próximamente, debe dotarse, pues, de medios presupuestarios bastante importantes para suscitar- lejos de la dispersión habitual- verdaderas iniciativas. 
Asimismo, algún día será preciso pensar en orientar los programas comunitarios relativos a la salud para dirigirlos hacia un apoyo directo a la investigación y no solamente en hermosas operaciones de sensibilización. 
Por último, para luchar contra la inevitable dispersión de los programas comunitarios nos es preciso abordar la cuestión de la comitología. 
Los arcanos de esta ciencia oculta no nos interesan aquí. 
Lo que importa, es que se adopten efectivamente los modos de gestión que permitan financiar los proyectos en función de su calidad y no según la nacionalidad de los participantes. 
Por tanto, me parece que se impone un control parlamentario y una mayor transparencia. 
Mi grupo aprueba el informe Anastassopoulos, porque gracias a las negociaciones persistentes y a la vez prudentes del ponente se ha alcanzado un compromiso según el cual los objetivos del Parlamento, que aún no han sido tomadas en consideración en el texto actual de la Directiva al haber sido rechazadas por el Consejo y la Comisión, serán objeto de seguimiento por parte de la Comisión, al menos en el sentido de que, por medio de propuestas de investigación, se puede examinar cómo podría ponerse en práctica en el futuro el reglamento propuesto por el Parlamento. 
Se trata de extender la protección de los servicios de control del acceso en el sector las comunicaciones electrónicas, de modo que no solamente se garantice una remuneración adecuada, sino que también se pueda garantizar el valor económico del mismo ante intervenciones técnicas abusivas. 
Aprobamos la decisión del ponente, tras la explicación del Comisario competente, en el sentido de querer trabajar en favor de la labor del Parlamento, de no poner en peligro la realización de la directiva por persistir en la aprobación de las enmiendas del Parlamento. 
Periódicamente, destaco aquí los progresos logrados por la armonización europea: la moneda única, la libertad de circulación, la uniformidad de las protecciones sociales, la lucha por una salud pública de calidad... 
Sin embargo, existe un ámbito en el que por el momento no podemos garantizar la igualdad a todo el conjunto de nuestros nacionales. 
Los diplomas, certificados y otros títulos profesionales son reconocidos de diversas maneras según se elija ejercer en su país de origen o en otro país de la Unión Europea. 
Desde la Directiva del 8 de febrero de 1996, se han hecho progresos considerables, especialmente en los sectores jurídicos y médicos. 
Sin embargo, todavía quedan por incorporar al sistema establecido complementos indispensables, sobre todo en los sectores relacionados con las empresas industriales. 
Hasta ahora, la duración de la formación recibida siempre ha primado sobre el conjunto de las competencias adquiridas. 
Por tanto, ya es hora de acabar con esta falta de equidad que impide cada año a un gran número de jóvenes ejercer su libre derecho a la movilidad. 
La lucha contra el paro y en favor de la creación de puestos de trabajo estables es la preocupación constante en el conjunto de las decisiones que el Parlamento Europeo ha de tomar con la Comisión. 
En éste, como en muchos otros ámbitos, el liberalismo puede aportar respuestas y soluciones. 
Una mayor liberalización del reconocimiento de los diplomas, lejos de suscitar servicios o producciones de menor calidad, puede, por el contrario, permitir repartir mejor en el conjunto de los quince Estados miembros competencias que actualmente suelen dejarse de lado en su país de origen. 
No cerremos la puerta del empleo a los jóvenes que están dispuestos a expatriarse, a condición de que se quiera reconocer, sin demasiadas complicaciones administrativas o burocráticas, las formaciones adquiridas en el país de origen. 
Esta es la razón y la perspectiva por las que apruebo el informe Gebhart. 
Esta nueva lectura del informe de la Sra. Gebhardt me aporta algunos motivos de satisfacción, visto que el Consejo ha aceptado las enmiendas de nuestra Asamblea, prueba manifiesta de nuestra capacidad de influir en determinadas decisiones y disposiciones. 
Ahora, hay que velar por la aplicación de esta directiva a escala nacional, ya que, en éste como en muchos otros ámbitos, uno cosa es legislar a nivel comunitario y otra es traducir esta voluntad inicial en hechos. 
Como quiera que sea, el reconocimiento de los diplomas es un instrumento que funciona relativamente bien, y tanto mejor. 
Asimismo, creo, al igual que nuestra compañera, que es preciso dejar al candidato la posibilidad de elegir entre la prueba de aptitud y el curso de adaptación. 
No obstante, si se han registrado progresos notables en este ámbito, yo me interrogo sobre las condiciones en las que van a poder ejercer su profesión las personas en posesión de esta equivalencia. 
Los problemas relativos a las contribuciones, la libertad de residencia en otro Estado miembro son muy reales y no parecen tender a mejorar, al menos en algunos países de la Unión Europea. 
Voy a apoyar este informe encaminado a mejorar el reconocimiento de los títulos académicos, tan laboriosamente conseguidos por los ciudadanos, en toda la UE. 
Demasiadas personas, incluidos ciudadanos de mi circunscripción, han padecido en el pasado discriminación en la práctica, porque habían obtenido sus títulos académicos en otro país de la UE distinto del aquel en el que les gustaría trabajar. 
El Mercado Único, que seguimos esperando ver funcionar en todos sus aspectos- capitales, bienes y servicios -, debe ser aplicable también a las personas que buscan trabajo en un país de la UE distinto del suyo. 
Sin embargo, en la práctica vemos trabas burocráticas que se pide a los ciudadanos que salten, como, por ejemplo, la de que se les pida que sigan un nuevo curso en su país de adopción a fin de practicar una profesión para la que ya están capacitados. 
Si los poderes existentes en la Unión Europea creen que podemos negociar el reconocimiento de las normas relativas a los bienes objeto de transacción entre Europa y otras partes del mundo, ¡no parece que los Gobiernos y la Comisión carezcan de dotes para acordar un reconocimiento mutuo de los títulos académicos entre nuestros propios países de la UE! 
Ante todo, deseo felicitar a nuestro ponente. 
A continuación, es motivo de alegría el hecho de que el Consejo retome casi integralmente en su posición común las enmiendas adoptadas por nuestro Parlamento en primera lectura. 
Observemos que estas enmiendas atañen todos los puntos fundamentales, entre los que se encuentra, especialmente, la definición del «directivo de empresa» y la obligación para la Comisión de presentar un informe al cabo de cinco años sobre la aplicación de la directiva. 
Al abrogar las directivas de «liberalización» y «transitorias» , este texto responde a la preocupación de simplificar y clarificar la legislación comunitaria en vigor relativa al ejercicio de estas profesiones. 
De este modo, permitirá, de conformidad con el fallo emitido en 1990 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 1990 en el asunto Vlassopoulou, el reconocimiento de los diplomas que no cubre el régimen general. 
Este objetivo es esencial, ya que contribuye muy concretamente a la realización del principio de la libre circulación de las personas sobre el territorio comunitario. 
Señora Presidenta, quiero que conste en Acta mi voto contrario a la enmienda nº 6 del informe Marset Campos que acabamos de votar, sobre la participación de las PYME en el programa de investigación. 
No se trata de un detalle. 
No he tenido ocasión de hablar antes y quiero hacerlo ahora. 
Esta enmienda pretende modificar las normas que rigen la publicación de los resultados de la investigación parcialmente financiada por la Unión Europea para que sea más fácil llevar al dominio público el producto de las investigaciones. 
Si tal cosa sucediera, las PYME se sentirían menos motivadas a participar en el programa marco de investigación, y no más motivadas. 
Es importante que haya una fuerte protección de la propiedad intelectual, con el fin de que las PYME que tienen un horizonte restringido para el desarrollo de sus «productos» puedan participar de verdad y me alegra que también la Comisión haya reaccionado negativamente ante la enmienda nº 6, que no me parece positiva. 
Es extraño que el Consejo no haya logrado un acuerdo con el Parlamento sobre la transparencia en la lucha contra el fraude. 
Necesitamos normas claras y transparentes para que ayuden a todos los interesados a trabajar con eficacia. 
El Consejo y la Comisión están dando largas a las propuestas del Parlamento y no podemos tolerarlo. 
El informe de nuestro compañero, Sr. Campos, responde a dos exigencias de nuestro Parlamento, por lo que seguiré la opinión de su autor. 
Más allá de la mera difusión de los resultados de la investigación, los esfuerzos deben centrarse, claro está, en su contenido. 
Por ejemplo, es lamentable que los proyectos, especialmente innovadores, se encuentren tan retrasados respecto de los retos que se van a poner en juego en los años venideros. 
Me es preciso, una vez más, denunciar la diferencia entre los discursos y los actos. 
En un ámbito tan específico y aleatorio, se trata de ser capaz de apostar por el futuro. 
No es con esta sempiterna timidez de parte de las administraciones, pero también de los inversores, que Europa puede esperar desempeñar un papel importante en el sector de las nuevas tecnologías. 
Asimismo, me adhiero al deseo del ponente cuando expresa la necesidad absoluta de demostrar transparencia en la lucha contra el fraude. 
Sin querer polemizar, tenemos derecho a interrogarnos. 
Esta observación no sólo es válida únicamente para el sector de la investigación. 
Concierne a todos los programas de intervención de la Comunidad Europea. 
En varias ocasiones, nuestro Parlamento se ha expresado unánimemente de cara a intensificar la lucha contra las diversas formas de criminalidad, más especialmente la delincuencia financiera. 
Sería absurdo que esta voluntad, manifestada por las diferentes instancias, no se extienda al control de la utilización de los fondos comunitarios, incluidos los destinados a la investigación. 
Por último, comparto la opinión de Pedro Marset Campos sobre la implantación de dispositivos más sencillos para reforzar y coordinar con mayor eficacia a los equipos que participan en los proyectos. 
Los ajustes que pedimos no son insensatos. 
Me parece que corresponden a las expectativas de una mayoría de protagonistas que pueden interesarse en el quinto programa común de investigación y desarrollo. 
Espero que el Consejo y la Comisión tomen en cuenta estas observaciones que no tratan sino de mejorar el dispositivo existente. 
Nuestros contactos en el mundo de la investigación nos hacen saber claramente que los programas de investigación de la UE tienen un contenido cada vez más burocrático para los propios investigadores. 
Si el verdadero objetivo es la defensa de la investigación, el mejor modo de utilizar estos recursos sería remitiéndolos de nuevo a los consejos nacionales de investigación. Los programas de investigación de la UE son bienintencionados, pero ineficaces y burocráticos. 
La investigación no se beneficia de estos programas, por lo que se debe lograr la supresión de los mismos. 
Informe Whitehead (A4-0334/98) 
Como ya manifesté anteriormente en este hemiciclo, hoy reitero la misma posición: sin la confianza del consumidor en los productos y servicios, el mercado interior no puede funcionar adecuadamente. 
Así se reconoció también en el Consejo de Luxemburgo en la Declaración sobre la seguridad alimentaria, tras el escándalo de la EEB. 
Pero este enfoque armonizado y de protección de los consumidores, de su derecho de reparación y de acceso a la justicia, del establecimiento de métodos eficaces de control e inspección internacionales exige un incremento en el presupuesto comunitario. 
Además, la pronta entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y de su artículo 153 así lo demanda, ya que de otro modo dejarían de funcionar con el rigor requerido tanto los comités científicos como los controles de validación, lo que sería una tragedia para el consumidor. 
La Europa de los Ciudadanos es en muchos aspectos la Europa de los Consumidores y por ello apoyo también con mi voto la elaboración de una política alimentaria sostenible en interés de los consumidores. 
El informe relativo a la implantación de un marco general para las actividades comunitarias en pro de los consumidores contiene una serie de iniciativas que pueden desvelarse beneficiosas para la protección de los consumidores. 
Por ello no me disgusta el contenido del informe. 
Sin embargo, me abstendré en la votación porque la protección y la salud de los consumidores deben ser por principio una cuestión nacional y no un campo en el que deba mandar la UE. 
En los comentarios al informe se subraya que las organizaciones de consumidores deben disponer de mejores oportunidades para colaborar activamente al establecimiento de la política de consumidores. 
Del mismo modo queda claro que el marco general debe aportar la ayuda financiera necesaria para garantizar una alta calidad y métodos de control e inspección efectivos con relación a la protección de los consumidores y de su salud. 
Por principio considero importante destacar el papel de las organizaciones de consumidores y la protección de los consumidores en general y creo que esto puede contribuir a fomentar la seguridad de los alimentos y su calidad, sin embargo, esto no modifica mi opinión de que la política de consumidores, en línea con la política sanitaria, social, etc., debe ser una cuestión puramente nacional. 
Que la implantación del mercado interior ha imposibilitado en gran medida una política nacional de consumidores es un argumento a favor de la necesidad de asegurarles a los estamentos políticos nacionales el derecho a mantener y aprobar nuevas normas que vayan más lejos de las normas comunitarias en el área y no como ahora y en el futuro, en el que la UE dictará normas de armonización completas. 
En una larga serie de casos ha quedado claro que la atención a la función del mercado interior prevalece sobre la atención a los intereses de los consumidores. 
Las tres «directivas de cosméticos alimenticios» sobre colorantes y otros aditivos en los alimentos muestran con toda claridad que los estándares comunitarios en el campo de la protección de los consumidores a menudo son considerablemente más bajos que los de la legislación nacional. 
Así Dinamarca, en vista de la elaboración de la lista positiva comunitaria, hubo de elevar los valores límites para una larga serie de aditivos alimentarios a pesar de la extendida sospecha de que parte de estas sustancias pueden ocasionar reacciones alérgicas en niños. 
Este ejemplo muestra con toda claridad que la protección de los consumidores y su salud debe ser una prerrogativa nacional y no una cuestión comunitaria. 
Se debe hacer mayor hincapié en la importancia que revisten la política de los consumidores y las cuestiones sobre la seguridad y la higiene de los productos en todas las actividades del ámbito social, también a nivel europeo. 
La normativa de la UE en materia de protección de los consumidores ha de ser una normativa mínima, lo cual quiere decir que cualquier Estado miembro deberá tener derecho a aplicar normas más estrictas al respecto. 
Informe David Martin (A4-0290/98) 
Queremos agradecer al ponente la excelente labor que ha desarrollado con motivo de este importante informe. 
Creemos que es necesario encontrar una solución a la difícil situación que ha ocasionado la gran acumulación de trabajo en el Tribunal de Primera Instancia, con el fin de permitir a este órgano desempeñar sus funciones de un modo eficaz y serio. 
Por lo tanto, es posible considerar aceptable, en estas circunstancias, la propuesta que se ha presentado para adoptar en determinados casos el procedimiento de juez único. 
En todo caso, el uso que se haga de este procedimiento ha de tener un carácter restringido y ser objeto de un control extremadamente minucioso, a fin de poder mantener adecuadamente la seguridad y la legitimidad jurídicas de los procesos. 
La introducción del procedimiento de juez único constituye una medida justificada únicamente por la acumulación de trabajo que se registra en el Tribunal de Primera Instancia. 
Por lo tanto, no se podrá recurrir a este procedimiento, por cuestión de principio, en otros contextos más generales. 
El Tribunal de Primera Instancia afronta ahora una enorme acumulación de casos y, cuando empiecen a llegar en tropel las apelaciones contra decisiones relativas a marcas de fábrica, se espera que aumente aún más. 
Es evidente que se trata de una situación insostenible. 
Sin embargo, la decisión propuesta de permitir a un solo juez decidir sobre un número limitado de casos no es la solución. 
Aunque se muestra a favor de sectores claramente definidos sobre los que puedan tener jurisdicción jueces únicos, la propuesta adolece de vaguedad y su ámbito de aplicación resulta poco claro. 
Se puede ampliar el ámbito de aplicación de la decisión propuesta sin recurrir de nuevo al Parlamento Europeo o al Consejo. 
Es esencial que se mantenga el carácter multinacional y colegiado del Tribunal. 
Un aumento del diez por ciento en la eficiencia no resolverá los enormes problemas que afrontan el Tribunal y el sistema judicial comunitario. 
Ni siquiera es una solución temporal. 
Sería claramente prematuro aprobar la decisión en su forma actual. 
Es necesaria una revisión más radical y urgente, incluido un aumento del número de jueces y la introducción de salas especializadas. 
Así, pues, he votado en contra de la propuesta. 
Hemos optado por votar en contra de este informe, en parte por motivos de seguridad jurídica, en parte atendiendo a una perspectiva de principio antifederalista. 
El informe Martin implica la aprobación de la propuesta del Consejo, si bien su origen hay que buscarlo en el Tribunal de Primera Instancia, con el fin de lograr que el propio Tribunal pueda ser operativo con un sólo juez. 
Es evidente que, si se reduce el número de magistrados con el único objetivo de lograr un Tribunal de Primera Instancia más manejable, aumentará también el riesgo de que se cometan errores y, por lo tanto, abusos judiciales. 
En la actualidad, el Tribunal de Primera Instancia se ocupa principalmente de las cuestiones de competencia, la normativa en materia agrícola, las ayudas estatales, las reglas de protección en materia de política comercial, los contenciosos relativos a los Fondos estructurales, las disposiciones antidumping, el derecho inmaterial y los conflictos entre las instituciones y su personal. 
En nuestra opinión, no se puede considerar que quede garantizada la seguridad jurídica al no precisarse de manera suficiente las restricciones propuestas en la normativa de los juicios por lo que respecta a los casos de los que podrá hacerse cargo el juez único. 
Sin embargo, la solución no estriba en aumentar o reducir el número de jueces, sino en lograr un carácter más restrictivo a la hora de transferir competencias de los Estados miembros a la legislación comunitaria. 
Esta circunstancia debe ser sometida a examen de manera particular por aquella mayoría del Parlamento que, con una frecuencia cada vez mayor, propone solucionar prácticamente todos los problemas mediante la adopción de decisiones supranacionales. 
Otra solución consiste en el traspaso de competencias de carácter decisorio de la UE a los parlamentos nacionales. 
Esta medida aliviaría mucho la carga de trabajo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Acojo con satisfacción la propuesta del Tribunal para modificar los trabajos del Tribunal de Primera Instancia. 
Este Tribunal se enfrenta con una enorme carga de trabajo, como consecuencia de la cual los procesos judiciales registran unos retrasos que resultan inaceptables. 
Me muestro favorable a las propuestas concretas que permitan al Tribunal desempeñar sus funciones dentro de unos plazos razonables. 
Sin embargo, una mayor eficacia de los trabajos no debe traducirse en deficiencias en materia de seguridad jurídica. 
Si el Tribunal entabla un proceso con un único juez, no podrá tratarse de ningún caso que plantee la mínima controversia desde el punto de vista jurídico. 
No puedo votar a favor de este informe puesto que considero que una reducción del número de magistrados en el Tribunal de Primera Instancia entraña un riesgo evidente por lo que respecta a la seguridad jurídica. 
Sin embargo, reconozco las buenas intenciones del informe en el sentido de que las modificaciones propuestas lograrían una mayor eficacia en un gran número de casos. 
Hemos votado no al informe del Sr. van Velzen sobre un programa marco de acciones dentro del sector energético. 
Lo hemos hecho porque pensamos que es preciso un cambio radical de rumbo en la política energética comunitaria. 
Resulta obvio que el objetivo final debe ser directamente la transición más rápida posible a la sostenibilidad. 
Esto significa promover del modo más enérgico posible las energías renovables y soluciones acertadas desde el punto de vista medioambiental. 
Además, pensamos que es un escándalo que la propuesta no tenga base jurídica en el artículo 130 S del Tratado. 
Si la base jurídica de todo este campo sensible y políticamente importante no permite la incorporación de consideraciones de índole ambiental, entonces de ningún modo debe diseñarse una legislación comunitaria en este campo. 
Legislando en el campo energético, sin el artículo 130 S como parte de la base jurídica, se enmite, en nuestra opinión, una señal negativa sobre las prioridades de la Comunidad. 
El objeto de la propuesta es uniformar y optimizar la política energética comunitaria. 
El informe de la Comisión de Energía refuerza estos objetivos en lo que a la centralización de la política energética y el fortalecimiento de la autoridad comunitaria en este campo se refiere. 
El sistema de suministro energético danés es único, por estar gestionado por los consumidores y corre el riesgo de ser destruido si el suministro energético debe ser optimizado siguiendo el modelo comunitario, gestionado por el productor. 
Por ello hemos apoyado las enmiendas presentadas por Los Verdes. 
En cuanto al empleo de tasas, las apoyamos cuando se trata del campo medioambiental y en tanto que el producto de éstas vuelva a los países miembros. 
El firmante opta por votar no al informe van Velzen. 
Uno de los motivos esenciales de esta decisión es que me parece que el informe Van Velzen acepta completamente las directivas comunitarias de liberalización de gas y electricidad. 
Ya hemos visto en el campo eléctrico las primeras consecuencias negativas de la directiva sobre electricidad, no sólo para el medio ambiente, sino también para la democracia. 
Los propietarios suecos de la central nuclear de Barsebäck se remiten a la directiva sobre electricidad en un intento por eludir la ley del parlamento sueco relativa al fin de la energía nuclear en Suecia. 
Con ello la posibilidad de una política energética nacional ha sido suprimida notoriamente por la UE en provecho de las fuerzas libres del mercado en un campo que por motivos de índole medioambiental y de suministro debe estar en gran medida sometido a un control democrático- un control democrático que sólo veo que los parlamentos y autoridades nacionales puedan llevar a cabo de manera efectiva. 
El enfoque unilateral presente en la directiva sobre gas y electricidad de la energía como un artículo que debe poder ser intercambiado libremente destruye en gran medida la posibilidad de mantener y desarrollar nacionalmente una política energética, en la que, por ejemplo, la supresión de la energía atómica y térmica en beneficio de las fuentes de energía renovables sea objetivo prioritario. 
Hemos votado en el día de hoy en contra del informe del Sr. Van Velzen. 
De acuerdo con la exposición de motivos del informe, el objetivo general del programa ETAP es asegurar que las decisiones nacionales y las decisiones comunitarias en cuestiones energéticas se adopten sobre una base analítica común, es decir, sobre la base de estudios económicos comunes de previsiones energéticas comunes y teniendo en cuenta la dinámica de los sistemas energéticos. 
Esto inspira mucha confianza. 
Sin embargo, un gran sistema común puede llevar fácilmente a encorsetar las ideas y a imponer una ortodoxia analítica. 
Un programa de análisis semejante satisface muy fácilmente los intereses de la política industrial. 
Nos gustaría advertir que la industria de la energía atómica o sus intereses no han apoyado las centrales de producción eléctrica a base de petróleo o de carbón cuando estas se autoevaluaron ante la necesidad de desarrollar fuentes de energía renovables. 
Puesto que de las exposiciones de motivos de las enmiendas de la Comisión de Energía se desprende que éstas han sido planteadas para reforzar aún más la política energética centralizada en la UE, debe votarse en contra de éstas. 
Además, pensamos que puede ponerse en duda que en suma sea tarea de la UE poner en marcha un programa como el programa ETAP. 
La política energética debe descentralizarse lo más posible y el programa ETAP sólo tiene sentido si la política energética está centralizada en el plano comunitario, lo que fortalece a los grandes actores actuales. 
Si la UE quiere emplear dinero en trabajo de análisis, la UE debe reforzar la multiplicidad y apoyar a instituciones de análisis y personal de base independientes. 
El que hoy hayamos votado en contra del informe del Sr. Van Velzen viene motivado por el hecho de que el programa SURE servirá para desarrollar y no para acabar con la producción de energía atómica. 
En nuestra opinión, la producción de energía nuclear debe finalizar y los programas que no vayan dirigidos a este fin deben ser rechazados. 
En cuanto al transporte de materiales radiactivos resulta obvio que todos los transportes deben ser realizados de forma responsable. 
Sin embargo, pensamos que de ningún modo deben efectuarse transportes de materiales nucleares de centrales nucleares. 
Antes preferiríamos que el tratamiento y el posible depósito de la basura radioactiva se produjera en el mismo lugar en el que ésta se produce. 
Deben evitarse los transportes radiactivos. 
Informe Adam (A4-0339/98) 
El programa Carnot debe apoyar la utilización de combustibles sólidos- carbón especialmente- de una forma en la que se produzca la menor emisión posible de dióxido de carbono y de otras sustancias contaminantes. 
El objetivo es promover acciones tecnológicas para un uso limpio y efectivo de los combustibles sólidos. 
Es un objetivo excelente, sin embargo, ¿resulta suficiente a largo plazo? 
En su lugar y a largo plazo, queremos alejarnos de un suministro de energía basado en la quema de combustibles fósiles. 
A corto plazo, sin embargo, es necesaria la quema de carbón, gas y petróleo para evitar algo peor- especialmente un suministro basado en la energía nuclear. 
Nos abstenemos en la votación de la propuesta, pues no conocemos las perspectivas y objetivos definitivos de la propuesta. 
¿Seguiremos quemando carbón sin freno? 
¿Se trata del medio ambiente o de la política industrial? 
Hemos tomado nota de la propuesta del ponente para incrementar el presupuesto de este programa de política energética de 4, 1 a 7, 4 millones de ecus. 
Desgraciadamente, en este Parlamento siempre ha existido la mala costumbre de que el o la ponente en cuestión pida un aumento de los recursos para el ámbito de referencia de su informe. 
Estos aumentos se piden al mismo tiempo que en las administraciones públicas de toda Europa tienen lugar reducciones de actividades y recortes de personal a causa de restricciones presupuestarias. 
Creemos que, en este contexto, se deben restringir las actividades del Parlamento y poner fin a las continuas exigencias rutinarias de incrementos de recursos para las partidas presupuestarias. 
Informe Soulier (A4-0322/98) 
El propósito del programa SYNERGY es contribuir a A) diseñar, elaborar y poner en marcha una política energética en terceros países, B) promover una cooperación industrial entre la Comunidad y terceros países en el campo energético y C) reforzar la coordinación de las medidas energéticas comunitarias ante terceros países. 
Apoyar a terceros países en la elaboración de una política energética parece a primera vista muy razonable. 
En cambio resulta más difícil ver lo razonable de que la UE sacrifique recursos en los restantes campos. 
La industria energética de la UE no necesita ayudas públicas ni que «se refuerce la coordinación» , sea lo que sea lo que esto signifique. 
Además, existe una cierta confusión sobre los límites de los campos de actuación del programa con relación a otros programas comunitarios. 
En general, el programa resulta un poco innecesario, los recursos probablemente podrían ser empleados mejor en el desarrollo de energías renovables y programas que desarrollen el ahorro energético. 
Por ello votamos no al informe. 
En relación con los programas plurianuales en el sector de la energía hoy examinados, acogemos favorablemente el espíritu de estos programas y apoyamos todos los esfuerzos encaminados al desarrollo de la investigación en este sector. 
Austria se ha pronunciado, al igual que otros Estados miembros de la UE, sobre la base del acervo comunitario, contra la construcción de centrales nucleares. 
A nivel europeo, las tareas centrales de Euratom deben ser garantizar e incrementar la protección de la salud y la vigilancia de la seguridad. 
Por esta razón, concedemos prioridad al progreso científico dirigido a la mejora de la seguridad global de la energía nuclear. 
Ello incluye la elaboración de normas de seguridad a nivel comunitario en el sector de la energía nuclear. 
Por eso mismo es preciso imponer con mayor fuerza el empleo de formas innovadoras de producción de energía, de energías renovables como la biomasa, la energía solar, eólica e hidráulica, como verdaderas alternativas a la energía nuclear. 
Es imprescindible clausurar inmediatamente las centrales nucleares peligrosas. 
Por consiguiente, es necesario entender conforme a estas premisas nuestro voto a los informes parlamentarios correspondientes. 
Resolución común sobre Kosovo 
Señora Presidenta, hemos celebrado hoy una votación muy satisfactoria sobre Kosovo, por la cual, contrariamente a lo sucedido en la última sesión, puedo felicitar a los grupos de esta Cámara. 
Sobre todo querría agradecer a los ecologistas, que han presentado una propuesta que hemos podido rechazar por muy amplia mayoría. 
Han presentado una propuesta en la cual querían poner el voto del Consejo de Seguridad como condición previa para una intervención humanitaria y militar. 
Eso se ha rechazado por una mayoría tan aplastante que podemos decir que esta Cámara ha dado un voto inequívoco para una intervención militar en Kosovo sobre la base de la situación jurídica actual. 
Querría decirles que, si no se lleva a cabo esta intervención militar, en un tiempo no muy lejano se producirá una masacre en masa. 
Por ello, confiamos en que en el próximo Pleno podamos tratar ya de las medidas que adoptar después de que se haya producido con éxito la intervención militar. 
A mi juicio, los pasos que será preciso dar deben poner la totalidad del poder ejecutivo y judicial en Kosovo en manos de los representantes elegidos por la población. 
Anuncio mi voto favorable a la resolución común sobre Kosovo, presentada por varios grupos políticos del Parlamento, pero pido que vaya acompañada por una firme invitación a que intervengan en la zona las Naciones Unidas y la OTAN, después del irresponsable «no» al negociador norteamericano. 
Se confirma una vez más que el jefe del Estado serbio no comprende más lógica que la de la fuerza. 
Es preciso obras de inmediato, si mañana no se quiere pagar un precio aún más alto. 
Nosotros pediremos al Gobierno italiano que obre en estrecha concordancia con los demás países europeos y con Estados Unidos, poniendo a disposición su territorio para la tal vez inevitable intervención militar, destinadas a llevar a las partes a una negociación y a un razonable entendimiento pacífico. 
La situación en Kosovo y la parálisis europea demuestran una vez más, como si fuera necesario, la urgencia de una Europa política. 
Ser una gran potencia económica, dotada sobre todo de una moneda única, es importante, pero ello no garantiza ni la paz, ni la seguridad, ni siquiera la democracia. 
Para ello es preciso, en efecto, una diplomacia europea común, una fuerza militar común y, por ende, una autoridad política europea para decidir qué quiere Europa. ¡Estamos muy lejos de ello! 
Cada Estado trata de jugar su papel, si no su carta, sin preocuparse verdaderamente del otro... y el Presidente serbio... muestra su júbilo. 
Podía esperarse que la triste cuestión bosnia rindiera sus frutos... Nada de eso... 
Es dramático e irrisorio a la vez. Europa se deshonra al dejar que se cometan matanzas de civiles y sirviendo a los tiranos. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor de la decisión relativa a la situación en Kosovo. 
No es la primera decisión que el Parlamento aprueba. 
Un sin fin de resoluciones de las asambleas democráticas de Naciones Unidas, OTAN, UEO, OSCE y UE han condenado duramente la conducta serbia. 
Occidente debe reaccionar ahora. 
Sería deseable que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fuera consciente de su responsabilidad y aprobara una resolución en la que la fuerza respaldara las eternas amenazas. 
Sin embargo, si esto se ve impedido por una lealtad mal entendida hacia Rusia, entonces otros políticos responsables- preferiblemente europeos- habrán de encargarse de ello. 
No sólo es nuestra credibilidad la que está en juego. 
Es la vida humana. 
El FPÖ considera que las resoluciones de las Naciones Unidas para una intervención de la OTAN son suficientes. 
Es esencial contribuir a una resolución rápida del conflicto, para impedir otro derramamiento de sangre. 
Por esta razón, el FPÖ apoya plenamente la propuesta de resolución, pero señala no obstante que no está de acuerdo con el apartado 8, puesto que esta ayuda humanitaria y financiera debe llegar fundamentalmente a los países limítrofes con el centro de la crisis, que la necesitan para tener una capacidad de admisión lo más grande posible de refugiados. 
De esta forma, se impedirá que Austria tenga que hacer frente a la mayor parte del flujo de refugiados en la UE. 
Resolución común sobre los emigrantes 
Señora Presidenta, en mi intervención de ayer sobre la cuestión de la inmigración ilegal procedente del Sur, expuse a nuestra Asamblea por qué, a juicio del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, la reforma prevista por el Tratado de Amsterdam podía agravar los problemas en lugar de resolverlos. 
Ahora quisiera decirle cuál es la propuesta nos hubiera gustado encontrar en la resolución votada por el Parlamento Europeo y que, lamentablemente, no estaba. 
Es preciso darse cuenta de que en un espacio europeo unificado y desprovisto de control de las personas en las fronteras internas, tal como lo propone el Tratado de Amsterdam, el nivel de seguridad global será siempre el del eslabón más frágil. 
En cambio, mantener controles nacionales permite limitar los riesgos al mismo tiempo que responsabiliza a cada Estado que sabe que, si por debilidad acepta ilegales, luego no podrá deshacerse de ellos a costa de sus vecinos. 
Sin embargo, ello no es suficiente. 
Ya han penetrado en nuestros territorios numerosas personas ilegales, creando graves problemas. 
Y si su número aumenta, pueden desestabilizar nuestras sociedades. 
A este nivel, Europa puede ser útil. 
Es preciso preparar bastos programas de retorno al país, en los que los Estados europeos participarían de manera voluntaria. 
Pienso, no obstante que la mayoría aceptaría participar puesto que sería en su interés. 
Evidentemente, es necesario que los candidatos al retorno también sean voluntarios. 
Y para que lo sean, se requiere que las condiciones del retorno y de la reinserción local sean atractivos, es decir que, lamentablemente, van a costar caras o relativamente caras. 
Pero, es preciso hacerse a esta idea. 
Siempre costará menos que conservar a estas personas no integradas en el seno de nuestras sociedades. 
Asimismo, sobre la base voluntaria de cooperaciones diferenciadas, creo que los Estados vecinos deberían ayudarse mutuamente a cuidar sus fronteras cuando se trata del interés común y sin poner en tela de juicio la responsabilidad de cada uno sobre sus fronteras interiores o exteriores. 
¿No deberían Francia, Austria y, también, por qué no, Suiza iniciar un programa común para ayudar financieramente a Italia a cuidar de sus fronteras exteriores? 
Una iniciativa semejante me parece de sentido común. 
Señora Presidenta, he dado mi aprobación al texto, pero pienso que debemos mejorarlo aún considerablemente, sobre todo, en lo que respecta a las cuotas que debemos determinar para el reparto de las cargas personales. 
A mi juicio, el problema es que hablamos mucho de estos temas, pero olvidamos la cuestión verdaderamente esencial en este asunto. 
Por lo tanto, acojo favorablemente el documento estratégico austriaco tan criticado, porque aporta elementos completamente nuevos al debate, porque es honesto y porque explica claramente que nosotros debemos ocuparnos tanto de la prevención de las causas que motivan los desplazamientos como de la reducción de las cargas y del reparto equitativo de las cargas, puesto que actualmente vivimos en una Europa, en la que, por ejemplo, Baviera y Austria ya limitan con el Mediterráneo y España con los países de Europa Central y Oriental. 
Aquí solamente puede servir la verdadera solidaridad y no, como decimos en alemán, el principio de San Florián: el rayo, que caiga en la casa del vecino. 
Nos hemos abstenido en la votación de la propuesta de codecisión, pues no podemos apoyar la elaboración de una política de asilo e inmigración común en la UE sobre la base del párrafo IV del Tratado de la Unión. 
Igualmente nos oponemos a Schengen y Europol, citados también en la propuesta. 
Por supuesto creemos que los inmigrantes deben ser tratados correctamente y apoyamos una política de refugiados nacional y humana. 
Los socialdemócratas hemos votado en el día de hoy a favor de una decisión sobre la cuestión de la inmigración. 
Debemos colaborar en la lucha de la inmigración ilegal y la delincuencia organizada unida a la inmigración ilegal. 
Además, debemos encargarnos de que los inmigrantes y refugiados que residan en la Unión dispongan de la protección necesaria. 
Esto se logra estableciendo colectivamente algunos derechos mínimos para inmigrantes y refugiados. 
Con todo, debemos advertir que Dinamarca mantiene una reserva sobre la cooperación supranacional en lo relativo a inmigración y asilo. 
Esta reserva sólo puede ser modificada en un eventual referéndum en Dinamarca. 
He votado a favor de esta resolución por las numerosas propuestas positivas que en ella figuran para abordar el problema de la inmigración ilegal mediante el aumento de la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea y la reducción de las actividades de las organizaciones delictivas que prestan asistencia para la entrada ilegal y la promueven. 
También elogio las propuestas encaminadas a mejorar la asistencia humanitaria a los inmigrantes ilegales, que con frecuencia son las víctimas desventuradas de los delincuentes que explotan su necesidad. 
Sin embargo, otros diputados laboristas británicos y yo no podemos apoyar el considerando F, que injustamente deplora el límite de cinco años para la integración plena de las políticas de asilo e inmigración, pese a que los Gobiernos de todos los Estados miembros lo acordaron en el Tratado de Amsterdam. 
Tampoco podemos apoyar el párrafo 2, que, con una orientación similar, pide la creación de una política de inmigración y asilo común en la UE. 
En consonancia con lo que hemos declarado anteriormente, consideramos que la UE no debe desarrollar una política común en materia de refugiados e inmigración. 
Declaro terminadas las explicaciones de voto. 
Se levanta la sesión, se reanudará a las 15 horas. 
La sesión, interrumpida a las 13 horas, se reanuda a las 15 horas. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
Señora Presidenta, expresamos nuestra emoción ante la trágica muerte de Semira Adamu. 
Su desaparición trágica es también, e incluso ante todo, pone de relieve un profundo malestar de nuestras sociedades ante los innumerables nacionales de países terceros que, para huir de la miseria, la persecución, la violencia o las violaciones, a menudo no encuentran vías legales para hacerlo. 
Las pocas medidas adoptadas hasta la fecha para encontrar una salida aceptable a la problemática planteada en la presente resolución y la lentitud que caracteriza la búsqueda de soluciones humanas no hacen sino traducir la turbación de nuestras sociedades ante las víctimas del reparto desigual de las riquezas y la privación de los derechos y libertades. 
La presente resolución está menos destinada a señalar con el dedo al Estado miembro en el que se produjo el drama fatal para la Sra. Semira Adamu, Estado miembro que debe, claro está, realizar la investigación judicial que se impone y llevarla a su fin, que a insistir en la necesidad de inscribir las medidas futuras en el pleno respeto de las disposiciones de la Convención de Ginebra relativas a los refugiados. 
Señora Presidenta, señorías, hace dos semanas, Semira Adamu, una joven nigeriana, murió de modo violento con motivo de su expulsión forzosa de Bélgica. 
Pienso que está justificado que en el Parlamento expresemos nuestra profunda conmoción por este drama y pienso que está justificado que juzguemos lo que ha ocurrido. 
Es extremadamente importante, como ha dicho el Sr. Goerens, que la justicia belga aclare por completo las circunstancias y las responsabilidades de la muerte de Semira. 
También es importante, pienso, que el Gobierno belga suprima definitivamente los aspectos más duros de su política de asilo. 
Pero la muerte de Semira sitúa a la Unión Europea frente a su responsabilidad. 
Semira no es la primera víctima de una política de refugiados restrictiva de los Estados miembros de la Unión y de la propia Unión. 
Ya ha habido muertos y heridos en otros países a causa de la dureza de las condiciones de la expulsión. 
Por otra parte, no es la primera vez que el Parlamento Europeo, junto con muchas organizaciones de derechos humanos, ha dado la voz de alarma a causa de la tendencia a endurecer constantemente la política de asilo y refugiados a nivel europeo. 
En este contexto, creo que no tiene mucho sentido volver a debatir de nuevo íntegramente todas las posiciones del Parlamento Europeo en defensa de una política de asilo y refugiados más humana. 
Pienso que la muerte de Semira ha de hacernos plantear inmediatamente dos problemas muy importantes que debe debatir el Consejo. 
En primer lugar, Semira estaba huyendo de un matrimonio forzado en Nigeria. 
Ya sé que muchas personas dudan de que eso sea verdad, pero no creo que sea asunto nuestro juzgarlo. 
Sí es asunto nuestro volver a instar a todos los Estados miembros a que apliquen la Convención de Ginebra con generosidad y que ofrezcan protección a todas las mujeres que sean víctimas de atentados como la violación, el matrimonio forzado o la mutilación sexual. 
No es necesario que Europa tenga que esperar a una revisión de la Convención de Ginebra a nivel mundial. 
El Consejo puede tomar la iniciativa y me alegra mucho que el comisario Gradin nos haya dado su apoyo en el transcurso de esta semana. 
En segundo lugar, la difícil decisión de repatriar a las personas también puede llevarse a cabo con humanidad. 
La repatriación de los solicitantes de asilo no debe convertirse en una deportación forzada en la que se expulse a las personas con violencia. 
Es necesario llevar a cabo una política de repatriación humana con un seguimiento intensivo, en la que se proporcione a las personas el tiempo, los medios y la ayuda necesaria para preparar el regreso. 
También puede acompañarse de medidas de acogida en el país de origen y el ofrecimiento de garantías de su seguridad. 
La cooperación internacional, señorías, es algo más que meras cláusulas de retirada de normas o contratos de ejecución. 
Así pues, es imprescindible que todos los países de la Unión revisen drásticamente su política de expulsiones. 
Es también un objetivo urgente para el Consejo. 
Los Estados miembros de la Unión y la propia Unión tienen el derecho y la obligación de decidir sobre el derecho de estancia de los refugiados. 
A nuestro juicio esto debe hacerse a nivel europeo. 
Pero en mi opinión también existe una alternativa más humana a la «Europa fortaleza» que tenemos ahora sobre el tapete europeo. 
Señora Presidenta, pido su benevolencia para una cuestión de orden porque el escritor portugués- y por lo tanto europeo- José Saramago acaba de ser distinguido con el Premio Nobel de Literatura. 
Dado que es un ciudadano europeo, me gustaría que, desde la Asamblea, se pidiera a la Presidencia que le enviara un mensaje de felicitación y de agradecimiento por su obra. 
Señora Presidenta, tenía veinte años. 
No aceptaba ser expulsada. 
Unos policías la mataron en un avión de Sabena. 
Así de sencillo. 
Claro está, hubo protestas, manifestaciones, una dimisión, que por lo demás honra al Ministro en cuestión, y solicitantes de asilo que pagan con su vida las denominadas formalidades de salida. 
Ya ha habido otros casos, en Francia y en otros lugares, casos de los que se ha hablado y casos de los que nunca se hablará. 
Un extranjero en trámites de expulsión pasa por un centro de retención. 
Me temo que pocos de nuestros compañeros hayan tenido la curiosidad de ir a ver de cerca cómo es un centro de retención. 
Los locales no son necesariamente mazmorras insalubres, con la paja húmeda de los calabozos. 
¡No, no! 
Detrás del aeropuerto Charles De Gaulle, hay un centro de retención con la posibilidad de tener habitaciones, una salón de lectura, una sala de reunión, la televisión. 
Pero, he aquí que les conducen manu militari entre dos gendarmes y les dejan entre las manos de una administración, sin contactos, sin recursos, sin abogado, sin la posibilidad de modificar el curso de los acontecimientos, sin nada más que esperar la expulsión que, naturalmente, no tarda en producirse. 
El trámite toma de unas horas a unos días. 
El Estado- con E mayúscula- toma disposiciones de las que no da cuenta a nadie. 
Aquí no se tienen derechos de los que valerse, ni siquiera los derechos humanos. 
No hay tribunal, no hay juicio, no hay apelación, no hay defensa. 
La maquinaria funciona, el rodillo compresor avanza y aplasta todo lo que se le pone por delante. 
Si apenas manifiestan un relativo desacuerdo con la decisión tomada, se les esposa, se les ponen trabas en los tobillos y son conducidos por funcionarios, todos con muy buenas notas por parte de sus superiores, con los miramientos que se imaginan, en furgón celular, al pie de la escalerilla del aparato. 
Así se hacen las cosas en Europa. 
Un extranjero en situación de expulsión concierne ante todo la seguridad y el orden público. 
Pues bien, señora Presidenta, Señorías, esto tiene que cambiar. 
Los Ministros del Interior de la Unión tienen que darnos cuentas, a nosotros y a los que nos han enviado aquí. 
Estas exacciones se practican en nuestro nombre, es en nuestro nombre que se perpetran estas infamias. 
Nuestra petición al Consejo de venir aquí en un plazo muy breve para explicarnos con precisión cuál es la política que se sigue, qué medidas se toman y, por último, qué penas incurren los asesinos de Semira Adamu, no es una mera petición, es una exigencia. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del PPE quiero decir que estamos profundamente consternados por la trágica muerte de Semira Adamu. 
Confiamos en que la investigación judicial esclarezca las circunstancias de este trágico hecho y determine las responsabilidades. 
La trágica muerte de Semira Adamu demuestra la necesidad de adoptar una política de asilo responsable. 
Esto implica tener en cuenta por una parte una política de derecho de asilo que se ajuste a lo previsto en la Convención de Ginebra de 1948, así como a los compromisos contraídos dentro de la Unión Europea y al Acuerdo de Schengen. 
A este respecto queremos subrayar la necesidad de que sea una política eficiente y que respete la dignidad humana y los derechos fundamentales de todas las personas. 
Creo que hay dos elementos, dos líneas directrices que debemos esforzarnos por mantener: la política de asilo e inmigración debe apoyarse en una organización lo más adecuada posible de la inmigración legal y el ofrecimiento de protección a aquéllos que están amenazados o necesiten protección. 
Por otra parte, esta política debe estar orientada también a prevenir y combatir la inmigración ilegal. 
En este sentido hay que combatir sobre todo a los que organizan el comercio y el tráfico de seres humanos y a los que abusan de la situación de los pobres inmigrantes. 
Ahora bien, una persona que reside ilegalmente en un país debe poder ser expulsada de él. 
No podemos eludir este hecho. 
Por supuesto, que al hacerlo se respeten los derechos humanos es de importancia fundamental para la organización de la política de asilo e inmigración en todas sus vertientes. 
Este respeto debe garantizarse tanto en el procedimiento de asilo como en la expulsión de las personas que residen ilegalmente en el país. 
También es importante que los que solicitan asilo gocen de seguridad jurídica con celeridad. 
Pero tampoco podemos obviar el hecho de que el Gobierno belga ha asumido su responsabilidad tras la muerte de Semira Adamu y debemos felicitarlo por ello y por su declaración de que humanizará y adaptará su política en esta materia. 
Señora Presidenta, señoras y señores, a veces se oye desde nuestras filas la reivindicación de que «Europa debe tener alma». 
Europa tiene alma, y se expresa en su pensamiento universal. 
Desde siempre, la condición ha sido la xenofilia, el amor al extranjero, la apertura y el respeto, y la curiosidad por el extraño. 
En la terrible muerte de la Sra. Adamu podemos ver cómo muere el alma de Europa. 
La xenofobia se ha convertido en una plaga en nuestro continente. 
Casos como la muerte de esta mujer pueden repetirse todos los días. 
Eso no debe asombrar a nadie en una Unión en la cual desde hace años se socava sistemáticamente el derecho de asilo. 
No debe asombrar nadie, cuando incluso hay tentativas de desvirtuar la Convención de Ginebra, cuando es posible implantar prácticas de expulsión que entrañan una ofensa a los derechos humanos. 
Si permitimos esto, no solamente tendremos que responder de otras muertes, sino que el alma de Europa morirá también, y después ya no nos será posible recuperarla. 
Señora Presidenta, una vez más tenemos que denunciar y condenar el uso de la violencia en las expulsiones forzadas de inmigrantes por parte de los cuerpos de seguridad de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
No es tampoco la primera vez que se denuncia la técnica de la almohada para ahogar los gritos de los expulsados. 
Todos recordarán que Amnistía Internacional lo ha hecho en repetidas ocasiones y, lamentablemente, se hizo caso omiso de esta realidad. 
Este método habitual en Bélgica, utilizado por sus autoridades policiales para silenciar los gritos de los refugiados expulsados, ahogó definitivamente la vida de Samira Adamu. 
Se trata de un atentado inequívoco contra la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos, y hay que decirlo con contundencia y claridad, al margen de los eufemismos habituales. 
Lamentamos y condenamos de la manera más enérgica el uso de estas prácticas a la vez que solicitamos sanciones contundentes a los responsables. 
Constatamos, por otra parte, que este triste acontecimiento no es más que la puesta en evidencia de los aspectos represivos de la política de inmigración y asilo llevada a cabo en la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, quiero destacar, en este contexto, la imperiosa necesidad de que los malos tratos sexuales sean tenidos en cuenta como factor para obtener el asilo político, hecho que no se ha valorado, ni siquiera, en la expulsión de esta joven, que se veía obligada a casarse con un polígamo de 65 años. 
Desde un punto de vista más general, me parece preocupante el hecho de que la Unión Europea esté llevando a cabo una política de restricción masiva del flujo de inmigrantes, que pone de manifiesto la idea de fortaleza- como ayer ya dijimos en un debate de similares características- que inspira las medidas que se adoptan. 
Asimismo, merece especial preocupación el documento de la Presidencia austríaca, dado a conocer recientemente, en el que se constata una grave amenaza para el ya mermado derecho de asilo. 
En este sentido, queremos manifestar nuestra convicción de que toda política de asilo que se desarrolle en el seno de la Unión Europea debe estar inequívocamente vinculada a la Convención de Ginebra. 
Por último, quiero hacer hincapié y repetir una vez más, ante esta Asamblea, que la política de inmigración y asilo debe estar inspirada en medidas políticas solidarias y no en medidas económicas. 
El primer paso para resolver el problema de la inmigración es afianzar en la Unión Europea una verdadera política de cooperación generosa y solidaria que ayude... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señoría, lo lamento, pero ya se ha excedido en un minuto de su tiempo. 
Señora Presidenta, el 22 de septiembre, una joven nigeriana murió en Bélgica, asfixiada por la indiferencia, asfixiada por la violencia, asfixiada por el egoísmo. 
Tenía veinte años y había huido de Nigeria porque le habían impuesto un matrimonio forzado. 
Ella esperaba que en un país de la Unión Europea encontraría un refugio, el consuelo, la esperanza. 
Ella creyó que en nuestros países se respetaban esos valores universales que son la paz, la libertad, la igualdad. 
¡Pobre Semira! 
Lo que ella ignoraba es que nuestros países son demasiado a menudo herméticos al sufrimiento, a las tragedias individuales o colectivas. 
Todos han ratificado la Declaración universal de los Derechos Humanos y todos han suscrito la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados. 
Todos tienen, claro está, sus propias leyes sobre el asilo, las expulsiones, la inmigración. 
La ley belga, llamada Van De Lanotte, ha sido objeto de todas las críticas, de todos los sentimientos de rebelión. 
Dicha ley permite detener en centros cerrados, durante períodos a menudo muy largos, a hombres, mujeres y niños que no responden a los criterios definidos por la Oficina de extranjeros. 
El drama de Semira ha estremecido a nuestra sociedad, al mismo tiempo que preserva los principales lineamientos políticos de la ley, Bélgica ha procedido a algunas adecuaciones para hacerla más respetuosa de la persona humana y, claro está, para prohibir la utilización de la almohada. 
Toca a la Unión Europea hacer todo lo que esté a su alcance, a la mayor brevedad posible, para definir una verdadera política común europea en materia de asilo e inmigración. 
Señora Presidenta, en el asunto de la muerte muy lamentable de la Sra. Adamu se han dicho hoy tantas mentiras, tantas falsedades, que antes que nada quiero recordar dos hechos. 
Primero: la Sra. Adamu, dicho sea con todos los respetos, solicitaba asilo de modo fraudulento, y se jactaba abiertamente de que en Bélgica se habían tragado su historia de un matrimonio forzado. 
Esto se desprende, entre otros, del sorprendente testimonio del reverendo Herman Boon, cura castrense del aeropuerto de Zaventem. 
Además, hay que recordar el hecho de que la Sra. Adamu había estado antes durante un tiempo sin ser molestada en absoluto en casa de un amigos en Lagos, después se había trasladado sin ningún problema a la capital togolesa de Lomé para, desde allí, también sin problemas de ningún tipo, coger un avión hacia Europa. 
Desde luego, no era una refugiada bona fide, al contrario. 
Segundo hecho: si la Sra. Adamu, empujada por un colectivo de extrema izquierda contra las expulsiones pudo impedir no menos de cinco veces una expulsión totalmente legítima recurriendo a chillidos y resistencia, esto significa que la política de asilo es demasiado relajada, y no lo contrario. 
Las cifras lo demuestran. 
En mi país, la mayor parte de los solicitantes de asilo cuya petición se rechaza, es decir, los defraudadores, perdonen el término, no son repatriados, sino que se esfuman en la ilegalidad. 
Desde 1990 hasta ahora la cifra se calcula en unas 100 000 personas, lo que no es un asunto baladí. 
Por último debo decir que estoy totalmente estremecido por las calumnias que han tenido que sufrir los policías que deben acompañar a los solicitantes de asilo expulsados, que ahora son las víctimas, porque se les ha tachado de asesinos y se les ha insultado, incluso en esta Cámara. Estas personas tienen que desempeñar su trabajo en las circunstancias más difíciles y merecen todo el apoyo. 
El hecho de que también hayan sido calumniados por el ex ministro de Asuntos Interiores, el socialista Tobback, me parece sencillamente escandaloso, porque no ha sido la policía, ni siquiera ha sido el Vlaams Block, sino el socialista Tobback, el gran jefe de los socialistas aquí presente, quien ha descrito a los refugiados, y cito de su libro «Zwart op wit» (» Negro sobre blanco» ), como «pájaros que vienen a anidar aquí porque es más fácil que pescar o cultivar la tierra en su tierra». 
Yo no me atrevería a decir eso, son palabras de Tobback. 
Recuerdo que en Bélgica no dimitió ningún ministro cuando en el verano de 1996 se encontraron las cuatro criaturas del caso Dutroux, nadie dimitió cuando en Ruanda fueron abatidos de modo espantoso diez paracaidistas, nadie dimite cuando en mi país, con la regularidad de un reloj, hay víctimas de violación, rapto o muerte a manos, por ejemplo, de solicitantes de asilo o inmigrantes ilegales. 
Termino con una pregunta: ¿a lo mejor hay víctimas de primera y victimas de segunda de una política condenada al fracaso? 
Señora Presidenta, la resolución no debe ocultar nuestras propias carencias en la vía de la armonización de las políticas de asilo e inmigración. 
¿Qué hemos hecho desde hace años? 
Declaraciones, pero casi nada concreto. 
Nos dimos buena conciencia en el Tratado de Amsterdam decidiendo que, al cabo de los cinco años de la ratificación, sería preciso adoptar un mínimo de normas en este campo. 
Con ello, Europa demostraría que no es una mera máquina económica, sino que también es capaz, estando unida, de aceptar el difícil desafío que plantea el atractivo que ejerce nuestra sociedad sobre aquellos que un régimen político, la pobreza, la violación de los derechos fundamentales, llevan a huir de su país de origen. 
Si Europa no hace su deber, si el Consejo de Ministros no avanza en este expediente, habrá, desgraciadamente, otras Semira Adamu. 
Señora Presidenta, el hecho principal es que una muchacha de 20 años ha sido asesinada de forma espantosa por organismos estatales. 
Lo que ha dicho hace poco un compañero, joven en edad, es inadmisible, es hacer de abogado del diablo, de abogado en favor de los delitos y de los delincuentes. 
Y los delincuentes no son simplemente los organismos policiales, sino los organismos ejecutivos, el gobierno, la legislación belga, la legislación, en general, que rige la Unión Europea en materia de asilo, de emigrantes, de extranjeros, son los marcos que diseña el Consejo de la Unión Europea en los que se aplican dichas legislaciones. 
Y debemos acabar con ello y, aunque aumenten el dolor y la cólera en torno a dicho problema, debemos tener sangre fría para velar porque, desde hoy, se realice un control diario sobre el cómo y el qué habrá de modificarse y sobre cómo humanizar dicha legislación asesina que está en vigor. 
Señora Presidenta, «el Oriente bárbaro y el civilizado Occidente» , así dijo hace pocos días el nuevo Primado de la iglesia griega. 
Y sus palabras parecen proféticas. 
Se demostró que era la barbarie. 
Está en el corazón del civilizado Occidente. Y debemos cambiar ese corazón, no arrancarlo, cambiarlo para que sea, de hecho, civilizado y no invoque a los humanismos, a los derechos humanos y demás cuentos. 
Señora Presidenta, no quiero dejar pasar sin contestar la intervención del Sr. Ephremidis, quien dice que en Bélgica sólo hay muertes que afectan a los ilegales y que la legislación en Bélgica no es conforme con la Convención de Derechos Humanos o con la legislación europea. 
Eso no se puede decir así como así, tampoco en el Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, Señorías, teniendo en cuenta que mi colega Anita Gradin expuso, el pasado martes, con claridad y por extenso a este Parlamento la posición de la Comisión, permítame, señora Presidenta, no volver a repetir las palabras de mi colega, si bien no dejo de expresar también, personalmente, mi tristeza por lo sucedido. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señora Presidenta, señorías, en la primera semana de septiembre estuve todo el tiempo en Eslovaquia como miembro de un equipo internacional para evaluar in situ la situación preelectoral. 
Fui testigo tanto de las dudas sobre la limpieza de las inminentes elecciones como de los fantásticos esfuerzos de los partidos democráticos y de las ONG por velar por unas elecciones abiertas, limpias y correctas. 
Con la asistencia masiva a las urnas y con las votaciones que han realizado, los eslovacos han demostrado claramente su apego a la democracia, al Estado de derecho, a la libertad y la justicia. 
También el propio transcurso de las elecciones de dos días y el recuento de votos han sido muy esperanzadores. 
Un traspaso de poderes inmaculado, una formación de gobierno rápida y un enfoque enérgico de las reformas necesarias para adaptarse a nuestro acervo deben permitir a los eslovacos ser reconocidos como candidatos a la adhesión. 
Los eslovacos, señora Presidenta, merecen que la Comisión y el Consejo reconozcan totalmente que la coyuntura política ha cambiado. 
Señora Presidenta, me alegra que podamos volver a celebrar un debate sobre Eslovaquia con un enfoque muy positivo. 
Espero que en el futuro sea el último debate de urgencia sobre Eslovaquia y que volvamos a poder hablar sobre este país con normalidad. 
Esta es la consecuencia de las elecciones del 25 y el 26 de septiembre, que se han celebrado satisfactoriamente. 
También estuvo presente en ellas una pequeña delegación de observadores del Parlamento Europeo, y hemos podido comprobar que las elecciones han transcurrido de forma ordenada, bien organizada y, como nos gusta decir en inglés, «fair». 
Con ello se ha establecido un margen para efectuar una nueva evaluación de Eslovaquia y un nuevo debate sobre la cuestión de si este país se incorporará al primer grupo de candidatos a la adhesión. 
Partimos de la base de que en la situación que ahora surge, el próximo gobierno y el nuevo parlamento anunciarán un programa de reformas políticas. Reformas políticas dirigidas a reforzar la estructura democrática del país, a proteger los derechos de las minorías y a regular mejor los medios de comunicación independientes y libres. 
Si lo consiguen, desaparecerán los principales obstáculos a las negociaciones de adhesión en lo que respecta a Eslovaquia. 
Esperamos que el próximo gobierno y también los partidos parlamentarios tomen buena nota de que el programa de reformas políticas es muy importante para la Unión Europea porque el año pasado, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión y el Consejo hemos presionado para que se lleve a cabo el programa de reformas políticas. 
Si se llevan a cabo las reformas, debemos empezar seriamente las promesas que hemos hecho a Eslovaquia formal e informalmente. 
Desde luego, nos hallamos ante un problema de tiempo y llamo la atención a este respecto. También en la resolución se presta atención a este problema. 
Desde un punto de vista formal, el 6 de noviembre se publican los informes de evaluación de la Comisión. 
Es evidente que la Comisión no tendrá tiempo suficiente para analizar la nueva situación política en Eslovaquia. 
Tampoco es probable que el nuevo gobierno presente un programa concreto de reformas políticas y aún es más improbable que se lleven a cabo en toda una serie de asuntos. 
Probablemente, la transición en Eslovaquia llega demasiado pronto para la Cumbre de Viena y entonces no se podrá tomar ninguna decisión sobre si Eslovaquia pasará a formar parte del primer grupo de países que entrarán en la UE. 
Hacemos un llamamiento al Parlamento Europeo, a la Comisión y al Consejo para aplicar cierta flexibilidad y a considerar, ya que en Viena no parece posible, si en la cumbre Viena no se podría ya formar un juicio adecuado sobre las reformas políticas, para eventualmente en primavera hacer una especie de evaluación intermedia extraordinaria de Eslovaquia en los aspectos que hemos impuesto como condición, es decir, minorías y estabilidad democrática. 
Después, durante la Presidencia alemana, el Consejo aún podrá decidir si incluir a Eslovaquia en el primer grupo. 
Sería un gesto muy poco adecuado por parte de este Parlamento y de la Unión Europea que, después de todo lo que hemos pedido a Eslovaquia, tengamos al país esperando hasta diciembre del próximo año. 
Señora Presidenta, las elecciones celebradas en Eslovaquia el 25 y 26 de septiembre han invertido las relaciones anteriores. 
La población eslovaca ha demostrado su madurez política destituyendo al Presidente Meciar y permitiendo a la coalición democrática obtener la mayoría. 
Eso supone un adiós al despotismo y la arbitrariedad postcomunista y un éxito particular para nuestro partido hermano, el democrata-cristiano, que constituye la fuerza principal en la nueva mayoría gubernamental. 
Así pues, el Parlamento Europeo felicita justificadamente a la población eslovaca por este resultado electoral. 
Es de esperar que a partir de ahora se formará rápidamente un gobierno sólido y estable. 
La oposición victoriosa del SDK se ha aunado en la voluntad de derrocar a Meciar. Agrupa fuerzas tan dispares como democratacristianos, liberales, antiguas fuerzas de izquierda reformadora comunista y el partido de la coalición húngara. 
Es un grupo heterogéneo que debe mantener su cohesión. 
No obstante, hay una gran oportunidad de que de ella se forme un Gobierno que cumpla los criterios de adhesión fijados en Copenhague, sobre todo la consecución de la estabilidad institucional como garantía de orden democrático y legal, la protección de los derechos humanos, así como el respeto y la protección de las minorías. 
La Unión Europea está llamada ahora a apoyar a Eslovaquia, para que pueda cumplir los criterios de adhesión políticos. 
El cambio político en este país favorece la integración de Eslovaquia en la Unión Europea y representa un elemento bienvenido de estabilidad en Europa Central. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo ha expresado en repetidas ocasiones su descontento con el desarrollo democrático en Eslovaquia, y éste fue en definitiva el motivo de que el país no fuera admitido en el primer grupo de países candidatos a la adhesión. 
No obstante, creo que todo descontento y toda crítica deberían presentar también la otra cara, en este caso, percibir y evaluar equitativamente la disposición, las modificaciones positivas y los avances realizados. 
Las elecciones en Eslovaquia han sido, como yo mismo pude comprobar, justas y correctas. 
Ahora, se nos plantea la cuestión de si la Unión está en condiciones de responder rápida y decididamente a esta situación y de efectuar una evaluación en consecuencia. 
Creo que la presente resolución es demasiado vaga, demasiado expectante, demasiado prudente. 
Mi grupo cree en la posibilidad de una admisión más rápida de Eslovaquia en el primer grupo, precisamente en esta situación en la que las nuevas fuerzas democráticas pueden necesitar todo el apoyo en su camino hacia la democracia, y también en su camino hacia Europa. 
Señora Presidenta, al igual que han manifestado otros colegas en sus intervenciones, yo quiero felicitarme de que las elecciones generales que han tenido lugar el pasado mes de septiembre en Eslovaquia se hayan celebrado en unas condiciones aceptables y puedan, seguramente, ser un paso firme para que el país tenga un sistema democrático y de Estado de Derecho digno de tales nombres. 
Si eso es así, qué duda cabe, Eslovaquia estará muy cercana al primer grupo de países que está ya negociando su adhesión a la Unión Europea. 
Y, desde este Parlamento, debemos congratularnos no solamente de constatar esa realidad sino de pensar que quizás, de alguna forma, las opiniones que esta Asamblea ha emitido- también la Comisión Europea y por supuesto el Consejo- a la hora de determinar los grupos de países y los procesos en que iban a negociar su adhesión hayan tenido eco entre la sociedad y la opinión pública de Eslovaquia que, finalmente, ha optado por ese camino de democracia y de respeto del Estado de Derecho. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, no soy muy partidario de determinar negociaciones con los países asociados en tardes de jueves como ésta, pero creo que realmente hoy podemos hacer una feliz excepción después de la gran decisión de cambio que han tomado las electoras y electores eslovacos. 
Creo que para la Sra. Stenzel es más bien secundario si fueron los demócrata cristianos u otros partidos los que obtuvieron la mayoría de los votos. 
En mi opinión, lo que es fundamental es que se ha dado una señal clarísima en dirección a «más Europa». 
A este respecto, debo agradecer cordialmente, como copresidente de la Comisión mixta parlamentaria, a las señoras y señores diputados de la OSCE, del Consejo de Europa y de este Parlamento, que con su participación como observadores en las elecciones, han contribuido ampliamente a que se hayan desarrollado a entera satisfacción. 
Creo que ésta es también la ocasión de recordar que la decisión del Parlamento Europeo de dejar la puerta abierta para Eslovaquia, pese a las recomendaciones en sentido contrario de la Comisión, fue correcta, y que finalmente el electorado eslovaco ha respondido a ella. 
No obstante, tendremos que atenerlos a lo que el próximo gobierno y las próximas mayorías en Eslovaquia hagan en el futuro. 
Esperamos un control parlamentario normal de los servicios secretos. 
Queremos, como se convino, una ley sobre las lenguas minoritarias, y creo también que será necesaria otra forma de cultura política en Eslovaquia distinta de la imperante hasta ahora. 
Creemos que las señales dadas hasta el momento en esta dirección son muy alentadoras y tendremos que aportar nuestra contribución como comisión mixta parlamentaria y como Parlamento Europeo para que estas relaciones modificadas sean distinguidas consecuentemente con un refuerzo de la cooperación. 
Señora Presidenta, señoras y señores, una participación electoral del 84 % habla por sí sola. 
Yo mismo estuve tres días como observador de las elecciones en Eslovaquia, y allí se podía sentir el entusiasmo de la gente al acercarse a las urnas. 
También me pareció muy positivo comprobar que los interventores políticos tuvieron una excelente formación, que en ocasiones duró hasta cinco horas y gracias a la cual, con ayuda de vídeos, se preparó el escrutinio de manera óptima. 
Se ha notado que la juventud ha participado de buen grado en estas elecciones y que, finalmente, los interventores oficiales, que habían sido juzgados con mucho escepticismo, controlaron verdaderamente hasta el final. 
Por eso creo que estas elecciones constituyen un paso de gigante hacia adelante. 
Desde la perspectiva actual puede afirmarse con la conciencia tranquila que las elecciones se desarrollaron de modo correcto y ordenado, que se hizo posible la formación de nuevas mayorías y que Eslovaquia tiene una verdadera oportunidad de continuar de modo consecuente su camino hacia Europa. 
Observamos que la población está fuertemente inclinada hacia Europa. 
Cuando las elecciones han puesto de relieve que al mismo tiempo se presentaba otra candidatura votada tan sólo por muy pocas personas, mientras que un 84 % votaba la candidatura de los 17 partidos que se presentaban conjuntamente, se comprende que el pueblo de Eslovaquia ha tomado una decisión objetiva y emocionalmente correcta. 
Pido también a la Comisión que actúe para que el hecho de que Eslovaquia haya celebrado sus elecciones sobre una base democrática tenga repercusiones en consonancia con ello. 
Señora Presidenta, aun corriendo el riesgo de resultar repetitiva, creo que hay motivos para afirmar que el pueblo eslovaco ha llegado a la conclusión de que en una democracia es posible cambiar el futuro. 
Los eslovacos han mostrado su voluntad de pertenecer a la Comunidad Europea y han comprendido la diferencia que existe cuando se goza de una democracia que funciona. 
Este hecho nos produce satisfacción. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con el Sr. Bösch en que es importante obtener resultados también en el ámbito gubernamental, no sólo en lo relativo al buen funcionamiento de la administración y a la estabilidad democrática, sino también por lo que se refiere a la resolución del problema de las minorías. 
Albergo algunas inquietudes acerca de este punto tras haber escuchado ciertos informes sobre Eslovaquia. 
Si bien hemos de esperar los resultados que se produzcan a este respecto, nuestros puntos de vista y el debate de hoy constituyen un gesto claro para el pueblo eslovaco: gracias por este resultado. 
Finalmente, quería dar a conocer nuestra gran sorpresa al comprobar que no se invitó a Finlandia a participar con observadores electorales. 
Señora Presidenta, en marzo de este año el Parlamento expresó su preocupación sobre la situación política en Eslovaquia. 
La dimisión del presidente Kovac, y después la dimisión del primer ministro Meciar llevaron a un situación cada vez más preocupante. 
La actitud antidemocrática de Meciar y su partido contra la oposición y la minoría húngara produjo muchas críticas desde el extranjero. 
Aún no hace mucho, Eslovaquia era candidato a entrar en la OTAN y en la Unión Europea. 
Desgraciadamente, bajo la política de Meciar, Eslovaquia se apartó política, jurídica y económicamente de nuestras normas europeas, con lo cual el país se ha excluido a causa de su situación política del primer grupo de potenciales Estados miembros. 
Afortunadamente parece que los tiempos están cambiando. 
Con las importantes elecciones para el Consejo Nacional a finales de septiembre, el partido del primer ministro Meciar ha sufrido una aplastante derrota, con lo cual finalmente la oposición eslovaca disfruta de una ocasión única para enderezar mucho de lo que se torció en la época de Meciar. 
La alta participación en las elecciones demuestra que también la población está convencida de la necesidad del cambio. 
Meciar perdió la confianza de su pueblo, pero su partido sigue siendo el mayor. 
No obstante, no todo el trabajo está hecho con este triunfo electoral de los partidos contrarios a Meciar. 
A la oposición le espera una difícil tarea. 
La puerta de la Unión Europea sigue estando abierta para Eslovaquia, siempre que haya un partido democrático en el poder. 
La situación es delicada, porque la oposición, antes y durante las elecciones, ha pretendido una sola cosa, hacer un frente anti-Meciar. 
Ahora bien, no hay acuerdo sobre un programa político. 
En Eslovaquia, los poderes económicos y políticos están estrechamente vinculados. 
Aunque la oposición haya asumido el poder político con la victoria en las elecciones, el poder económico sigue en gran parte en manos del club de amigos de Meciar. 
Por eso, la oposición debe revocar numerosos nombramientos políticos, analizar la legitimidad de las privatizaciones y recuperar la confianza del extranjero. 
Tendrá que demostrar que puede velar por la estabilidad. 
Para iniciar la recuperación en Eslovaquia es necesario que estos partidos de la oposición elaboren un programa político en el que doten de contenido los puntos concretos. 
De esta manera se convertirán en una verdadera coalición. 
Además, tendrán que trabajar unidos durante cuatro años. 
Los eslovacos requieren imperativamente la ayuda y el apoyo político y financiero del Parlamento Europeo. 
Juntos pueden trabajar de manera constructiva por conseguir que Eslovaquia, exactamente a semejanza de su anterior socio, Chequia, pueda ingresar en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, el pueblo eslovaco ha demostrado, mediante su elevado número de votantes y su comportamiento cívico y pacífico con ocasión de las recientes elecciones parlamentarias, un firme compromiso con la democracia y una voluntad de utilizar esa oportunidad democrática para dar un cambio en la vida política de la República Eslovaca. 
La Comisión anima a Eslovaquia a aprovechar plenamente la oportunidad así creada para abordar los problemas subrayados en la opinión de la Comisión de julio de 1997 que han obstaculizado su proceso de adhesión. 
Esperamos que el Gobierno saliente facilite el proceso de formación de un nuevo gobierno y que, por el bien de Eslovaquia, se lleve a cabo ese proceso rápidamente y evitando demoras innecesarias. 
Se espera que haya una rápida mejora en el clima político que acerque más a Eslovaquia a la Unión Europea desde el punto de vista de la democracia. 
La Comisión Europea está firmemente comprometida con la facilitación del proceso de integración de Eslovaquia en la Unión; anima al futuro gobierno a acelerar los preparativos para la adhesión dando pruebas de un compromiso claro con vistas a eliminar los obstáculos indicados en dicha opinión y abordar las prioridades con vistas a la adhesión. 
Se anima al nuevo gobierno a que consolide e intensifique el impulso de reforma política, incluido el sector de la protección de las minorías, y fomente la confianza y la estabilidad en instituciones estatales fundamentales, incluida la presidencia. 
Es necesario restablecer prontamente y mantener el equilibrio macroeconómico y proseguir urgentemente la reforma económica, en particular en el sector financiero, la transparencia en el proceso de adopción de decisiones y una mejor administración de las empresas. 
Como saben Sus Señorías, la Comisión está preparando actualmente el primer informe periódico sobre la labor realizada. 
Tendremos en cuenta los cambios habidos en Eslovaquia en la fase más avanzada posible de dicho proceso. 
Pero aún no se ha formado gobierno, por lo que de momento es demasiado pronto para emitir juicios definitivos. 
Muchas gracias, señor Comisario Pinheiro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señora Presidenta, estamos preocupados por una de las grandes mujeres de esta Cámara. 
Taslima Nasreen fue galardonada aquí con el Premio Sajarov por su obra, y yo diría que por compromiso político y con los derechos humanos. 
Obtuvo el Premio Sajarov, vivió cuatro años en el exilio, ahora ha vuelto a Bangladesh y allí es objeto de persecución. 
Nos produce verdadera consternación que partidos fundamentalistas como Jamal-e-Islami organicen en Bangladesh desde el 14 de septiembre manifestaciones diarias contra la Sra. Nasreen y exijan su ejecución. 
Estamos inquietos por el hecho de que la policía de Bangladesh haya emprendido una caza contra ella, después de que un tribunal de Dacca haya cursado una nueva orden de detención, que incluye también la incautación de sus bienes, renovando la acusación de blasfemia realizada en 1994, y estamos consternados por la nueva orden de recompensa de 33.000 FF. 
¿Por qué se la persigue? 
En esencia, ha despertado la ira de los fundamentalistas de Bangladesh porque ha salido en defensa de los derechos de las mujeres en contra de algunas tradiciones del Islam. 
Oímos cada vez más comunicaciones procedentes de Bangladesh sobre las actuaciones brutales y arbitrarias de la policía y sobre la incapacidad de los órganos del Estado de defender los derechos de las víctimas de la violencia. 
Todo ello nos produce consternación y nos causa más preocupación el hecho de que la Sra. Nasreen deba esconderse, que sea perseguida e incluso amenazada de muerte. 
Por lo tanto, insto a la Comisión y al Consejo y, sobre todo, Sra. Presidenta, a este Parlamento, que hagan algo en defensa de esta gran mujer de esta Cámara, como he dicho, de la ganadora del Premio Sajarov. 
Dentro de dos semanas, una delegación parlamentaria se trasladará a Bangladesh con motivo de la catástrofe de las inundaciones. 
Es otro problema, pero en las conversaciones con el Gobierno considero que es un deber de la delegación abordar la situación de los derechos humanos y abogar por que la Sra. Nasreen tenga libertad de movimientos. 
Señora Presidenta, en 1994, el Parlamento Europeo otorgó el Premio Sajarov a la Sra. Taslima Nasreen. 
En su libro «Lajja» , que puede traducirse por «Vergüenza» , describe la vida de una familia hindú y expone el extremismo musulmán, la intolerancia contra la minoría hinduista y la discriminación cotidiana de las mujeres en un mundo dominado por los hombres. 
El libro fue prohibido en su país. 
Aduciendo una supuesta ofensa contra los sentimientos religiosos, los encausados pueden ser sentenciados a penas de cárcel de hasta dos años. 
Después de cuatro años, la Sra. Nasreen ha renunciado a su exilio y está de vuelta en Bangladesh. 
¿Ha sido una ligereza por su parte dar este paso? 
En las páginas de Internet justifica por qué ha vuelto a casa. 
Por un lado está la nostalgia de su patria y la vinculación a una tierra que le es demasiado importante para que caiga en manos de los extremistas. 
Por otro lado está su madre, aquejada de un grave cáncer. 
Quería estar a su lado en lo que presumiblemente iban a ser sus últimas semanas de vida. 
Nada más entrar la Sra. Nasreen con nombre falso y de incógnito en Bangladesh, las calles se llenan de manifestantes. 
Hay informaciones reservadas de graves disturbios. 
Se pone precio a su cabeza- como ha señalado el Sr. Telkämper- y vuelven a circular consignas de ejecución iniciadas por las autoridades espirituales musulmanas fanáticas. 
Así que la vida de Taslima Nasreen está de nuevo en peligro. 
Aún no está claro cuánto tiempo puede imponerse el gobierno liberal frente a los fundamentalistas. 
Pedimos a la primera ministra, la Sra. Hasina, que invoque los derechos humanos consagrados en la Constitución para proteger la vida de la Sra. Nasreen. 
La exigencia de que se presente voluntariamente ante la justicia es un arma de doble filo, en vista de la posible pena de cárcel, con las presiones incontrolables y con los malos tratos que son de temer por parte de los extremistas, a los que apenas se puede reprimir. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, espero que el Premio Sajarov tenga el valor internacional necesario y ayude a esta valiente luchadora a que su integridad física y su vida queden fuera de peligro. 
Señora Presidenta, lo han dicho ya otros colegas: después de cuatro años de estar fuera de su país, Taslima Nasrin ha vuelto a su tierra por razones personales, puede que sea por el agravamiento de la enfermedad de su madre o por la nostalgia de su propio país. 
Ha vuelto y la vuelven a amenazar de muerte. 
Habría que preguntarse en qué les ha ayudado, a ella y a la otra colega de la que después se hablará- Leyla Zana, que sigue presa en las prisiones turcas, además, con dos años más de prisión por haber escrito un artículo -, el haber obtenido el Premio Sajarov. 
Por lo tanto, yo creo que debería ser muy importante, por parte de las Instituciones europeas, presionar enérgicamente en este caso al Gobierno de Bangladesh para impedir que los fanáticos acaben con la vida de una mujer que ha defendido los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular. 
Para este Parlamento es muy importante la defensa de los derechos humanos en general y la defensa de los derechos de las mujeres, y sobre todo en esos países, en particular. 
Debería presionar la Comisión o, en su caso, el Consejo enérgicamente a ese país para impedir que ocurra algo. 
Malasia 
Señora Presidenta, los recientes acontecimientos en Malasia y, más en concreto, las penosas vicisitudes del anterior Viceprimer ministro Anwar Ibrahim son una prueba más de la convicción de que los regímenes autoritarios y antidemocráticos acaban devorando a sus propios hijos. 
Esto no tiene nada que ver con las presuntas o no presuntas diferencias de cultura o civilización, tiene todo que ver con la adopción de la arbitrariedad como principio rector. 
El primer ministro de Malasia y su Gobierno no pueden esperar que se acepte su Estado como un interlocutor político digno si infringen los más elementales derechos humanos. 
La Ley de seguridad interior (Internal Security Act) , que hace posible la detención prolongada sin mandato judicial, está en contradicción con los principios más elementales de los derechos humanos. Lo mismo que la discriminación penal de homosexuales, las amenazas, las persecuciones, las detenciones de las personas críticas, los malos tratos a los detenidos, el rechazo de la defensa de oficio y mucho más. 
Mi grupo se adhiere al llamamiento al Gobierno malayo de que acabe con estos comportamientos e insta al Consejo y a la Comisión a mantener los derechos humanos como piedra angular de sus relaciones con Malasia. 
Señora Presidenta, la detención de Anwar Ibrahim, antiguo Viceprimer Ministro y aparente heredero de Mahathir Mohamad, junto con 11 socios, demuestra el poco aprecio que hoy se tiene a las libertades democráticas y a los derechos humanos en Malasia. 
Pese a su condición anterior, cuando el Sr. Anwar compareció ante el tribunal, tenía un ojo amoratado y otras señales de malos tratos físicos. 
Es probable que las acusaciones de actos sexuales antinaturales y corrupción sean invenciones para justificar su eliminación y encarcelamiento, mientras que el motivo real sea el de eliminar a un rival cuando el prestigio del Primer Ministro se ha resentido gravemente de la crisis económica del Extremo Oriente. 
Sin embargo, independientemente de ello, el castigo de actos homosexuales entre adultos aquiescentes mediante azotes y una condena de hasta 20 años de cárcel es indignante. 
En absoluto son el Sr. Anwar y sus amigos los primeros políticos que sufren a manos de las autoridades malayas. 
Un conjunto de leyes draconianas amenazan a los disidentes y a los periodistas que dicen lo que piensan y personas como Lim Guan Eng, diputado de la oposición, ya están encarcelados por sedición; 
Irene Fernández, presidenta de una organización de mujeres, está procesada por publicar alegaciones de malos tratos en centros de inmigración; 
Param Kumaraswami, relator especial de las Naciones Unidas, afronta un juicio por difamación y la condena al pago de 25 millones de dólares por parte de dos empresas malayas y el Gobierno se niega a reconocer su inmunidad. 
Ha habido amplias manifestaciones en Malasia y en el Parlamento Europeo debemos pronunciarnos claramente a favor de la liberación del Sr. Anwar Ibrahim y sus colegas y de todos los presos políticos y la abolición de leyes que deniegan el derecho a la libertad de expresión u otros derechos básicos. 
Nos preocupa profundamente la situación económica y sus consecuencias para los pueblos de Malasia y de toda el Asia sudoriental, pero debemos seguir elevando la voz contra la violación flagrante de derechos humanos y políticos fundamentales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en los últimos tiempos nos hemos enterado por los medios de comunicación del terrible y escandaloso abuso hacia el Viceprimer Ministro Anwar Ibrahim y hemos oído las acusaciones completamente grotescas contra él. 
Un representante de la Fundación Adenauer tuvo la posibilidad de visitarle hace algunos días y pudo confirmar efectivamente las peores sospechas. 
Creo que habría que echar aquí un breve vistazo a la historia de Malasia y destacar lo que dijo hace casi 15 años el fundador de la independencia de Malasia y una de las grandes personalidades de toda la zona asiática, Tunku Abdul Rahman, acerca de Mahathir Mohamad: puso en guardia contra él, señalando que se trataba de un gran demagogo que podría provocar un gran perjuicio a Malasia. 
Creo que en el caso de Mohamad Mahathir se han cumplido los peores presagios. 
Es uno de los mayores demagogos y quizá uno de los más grandes maestros en deshacerse de los competidores inoportunos o de todo aquel que pueda acceder al poder. 
El último obstáculo a su toma de poder absoluta en Malasia era sin ninguna duda el Viceprimer Ministro Anwar, uno de los expertos económicos más destacados de toda la zona, también conceptuado por varios periódicos como uno de las verdaderas esperanzas para el futuro de Malasia y, en estas circunstancias, uno de los que aún podría hacer algo en esta época de grave crisis económica. 
Naturalmente, el caso Anwar indica también que algo falla en la situación jurídica de Malasia. 
Ya se ha señalado que la Ley de seguridad interior (Internal Security Act) permite detener a una persona sin mandato judicial durante un periodo de hasta 60 días en caso de que se sospeche- y esto hay que dejar que se deshaga en la boca- que amenaza la seguridad nacional o la economía de Malasia. 
Por otro lado, el ministro de Interior puede expedir una orden de detención de hasta dos años sin intervención de los tribunales. 
Tenemos que protestar en contra de esta medida y defender a este hombre. 
Señor Presidente, Malasia ha estado durante estos últimos años bajo el brillo del auge de su economía, y las violaciones de los derechos humanos se han pasado por alto, y no digamos la Ley de seguridad interior, una ley de la época colonial que siempre criticamos, desde que estoy en este Parlamento, y que demuestra que Malasia no es un Estado democrático de derecho. 
Ahora estamos indignados por la detención del ex Viceprimer Ministro Anwar Ibrahim, y de otras once personas detenidas con él en virtud de la Ley de seguridad interior, así como del Sr. Nallakarupan, hombre de negocios. 
Nos tememos que puedan sufrir malos tratos durante su detención. 
¿Por qué? 
Esta Ley de seguridad interior es una ley arbitraria. 
Una mera sospecha permite efectuar detenciones. 
Esta pena puede prolongarse de forma indefinida. 
Actualmente hay encarceladas 200 personas, y exigimos su inmediata liberación. 
Asimismo, condenamos el código penal malayo, que establece penas de hasta veinte años de cárcel y castigos corporales por mantener relaciones homosexuales con consentimiento mutuo entre adultos. 
Algunas personas han sido detenidas en virtud de esta situación legal, y pedimos al Estado que proceda conforme a derecho y ponga en libertad a estos hombres de inmediato. 
Señor Presidente, la mayoría de las personas creen que la situación en el Irán ha cambiado recientemente, pero sigue siendo en gran medida la misma. 
He de decir que durante el primer año del nuevo Presidente ha habido 260 ahorcamientos públicos, centenares de presos políticos ejecutados en secreto; siete personas lapidadas hasta la muerte en público, por no hablar de las lapidadas en secreto. 
Muy recientemente, las autoridades han presentado una nueva legislación para la creación de hospitales distintos para cada uno de los sexos. 
Las mujeres estarán en uno, los hombres en otro. 
Las mujeres serán tratadas sólo por doctoras y los hombres por doctores. 
Como sabemos, la inmensa mayoría de los pacientes de los hospitales son mujeres. 
Es así por diversas razones, una de las más importantes es la de que son las que dan a luz. 
El número de pacientes va a ser muy superior al de doctores disponibles, la mayoría de los cuales son hombres. 
Hay que abordar esa situación. 
No puede haber hospitales para un solo sexo. 
El caso es que el Irán ha cambiado muy poco en tiempos recientes. 
Lo único que ha cambiado es su actitud en materia de relaciones públicas. 
La condena a muerte de Salman Rushdie no ha sido levantada en realidad. 
Señor Presidente, el motivo de esta resolución sobre Irán es el hecho de que de nuevo se han dictado dos sentencias de muerte contra fieles Bahai en el país. 
Si nos damos cuenta, desde 1979, es decir, desde el comienzo del régimen islámico en Irán han muerto 200 personas de esta religión, y desde 1992 nada ha sucedido en cuanto a protestas internacionales, aunque desde este verano sí se han vuelto a producir. En julio volvió a haber una ejecución de una de estas personas. 
Comprenderán que tenemos un temor especial de que los dos nuevos encausados sean ejecutados también. El primer y principal llamamiento de la resolución es un llamamiento dirigido a Irán para que no emprenda de nuevo este camino, que admita la libertad religiosa y que no ejecute a ninguna persona por motivos de religión. 
Eso va en contra de todos los convenios internacionales del mundo occidental, y pienso en muchos más países. 
Tampoco en Asia se demuestra mucha comprensión. 
Así pues, este es el objetivo principal y el más importante de la resolución. 
Pero quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi más honda preocupación por lo que está ocurriendo en Irán. 
Porque, en estos momentos, Irán presenta dos caras. 
Una cara que aparenta un poco más de tolerancia, una situación ligeramente mejorada, el conocido espectáculo del Sr. Cook y el ministro iraní de Asuntos Exteriores en Nueva York; por otro lado, una represión que no disminuye en absoluto, pero que se vive de puertas para adentro. 
Hay multitud de indicios y signos, pero ahora se mantienen a escondidas, por ejemplo, las sentencias de muerte que se siguen dictando en general y que antes se ejecutaban en lugares públicos con las cámaras en acción, actualmente se llevan a cabo en lugares cerrados. 
Alguien me dijo incluso que la lapidación ahora es con piedras más pequeñas, no con piedras grandes. 
Francamente, no sé que es peor, si ser lapidado en un lugar cerrado con piedras pequeñas o en un lugar público con piedras grandes. 
Otro aspecto es la represión contra las mujeres a la que se acaba de aludir. 
Desde hace poco se plantea un asunto de extrema gravedad, porque ahora las mujeres no pueden ser atendidas por médicos del sexo masculino, con lo cual muchas mujeres han muerto en zonas donde no hay mujeres médicos. 
El problema fundamental es que la situación aparenta ser mejor de lo que es, que no debemos dejarnos engañar y que debemos conocer toda la verdad sobre Irán y mantener nuestra voz de protesta hasta que la situación se arregle, no sólo de puertas para afuera, sino de puertas para adentro también. 
Y en Irán las cosas siguen sin arreglarse en lo que respecta a los derechos humanos. 
Señor Presidente, en vista de lo dicho por otros colegas, me preocupa la situación en el Irán porque tenemos la información suficiente para imaginarnos lo que puede pasar en el ámbito político. 
Sabemos que un régimen de Estado violento genera violencia y resistencia, y nuestra atención puede quedar limitada a lo que pasa con las mujeres, con los sindicalistas, con otros grupos religiosos pero, en realidad, debemos centrarnos en la evolución del derecho fundamental a la asociación y a la expresión política. 
¿Y qué podemos hacer al respecto desde la Unión Europea? 
Yo creo que este diálogo crítico ha fracasado y tenemos que dudar que efectivamente haya habido cambios respecto de la posibilidad de que la gente pueda tener opiniones políticas sin ser reprimida. 
Entonces, yo hago aquí un llamamiento para que centremos nuestra atención en la necesaria evolución política. 
Señor Presidente, se trata de una cuestión similar a la ya planteada, la eterna cuestión de los seguidores de la fe Bahai. 
Los iraníes afirman reiteradamente que son enemigos de la patria, porque el centro de la religión Bahai se encuentra efectivamente en Israel. 
Es el pretexto que se utiliza siempre. 
No obstante, deberíamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que recobren libertad religiosa de que gozaban antes de llegada al poder de Jomeini, libertad de que deben poder volver a disfrutar. 
Ha habido buenos indicios, pero desgraciadamente ese instante se ha vuelto a desvanecer. 
Ruego encarecidamente que volvamos a empezar, puesto que nuestras protestas de entonces surtieron efecto. 
Creo que debemos volver a elevar nuestra protesta, con la esperanza de que, una vez más, pueda servir de algo. 
Señor Presidente, una de las cosas que me llena de orgullo, por el hecho de ser europeo y de pertenecer a la Unión Europea, es nuestra clara oposición a la pena de muerte, postura que deseamos seguir manteniendo en esta parte del mundo. 
Lo que está ocurriendo en Irán es espantoso. 
Naturalmente, no se trata sólo de personas ligadas a la relegión Bahai, sino de tantísimas otras víctimas que también han sido asesinadas por las autoridades iraníes. 
Hemos de llamar la atención sobre este hecho en toda su amplitud. 
Entre otras consecuencias, estos hechos arrojan sombras sobre la religión de la que el poder en Irán dice ser el máximo exponente. 
No quiero creer que los musulmanes reaccionan, o pretenden reaccionar, de la misma manera que estos señores de Irán. 
Creo que debemos condenar con mayor claridad estas acciones y resaltar que estos hechos no sólo son contrarios a una idea humanitaria, sino también a todo principio religioso bienpensante. 
La pena de muerte en los Estados Unidos 
Señor Presidente, pedimos que la condena a muerte de Rocco Derek Barnabei, cuya ejecución se ha fijado para el próximo 28 de octubre en el estado norteamericano de Virginia, quede sin efecto o, al menos, se suspenda. 
Rocco, un joven de 31 años, nieto de un emigrante italiano, está acusado de haber matado a una mujer, su novia, en 1993. 
Las condiciones económicas no le han permitido disponer de una defensa adecuada. 
Se han descubierto nuevos elementos probatorios por los que- me han dicho- se podría modificar la sentencia de culpabilidad. 
Por lo tanto, que se conceda al condenado el derecho de demostrar su posible inocencia. 
En cualquier caso, la pena de muerte no es admisible. 
Además, la resolución del 3 de abril de 1998 de la 54ª Asamblea de Naciones Unidas pide que se establezca una moratoria de las ejecuciones hasta la completa abolición de la pena de muerte. 
Esta resolución no debe encontrarse, una vez más, con oídos sordos, como no debe considerarse una vacua afirmación de principios la decisión del Consejo de Asuntos Generales, del 29 de junio de 1998, en la que se exige una acción constante e incisiva de la Unión Europea en el plano internacional contra la pena de muerte. 
¡Que se salve la vida de Rocco Derek Barnabei! 
Ningún tribunal, ningún juez, ningún poder puede disponer de la vida de una persona. 
No se podrá decir que se respetan plenamente los derechos fundamentales en los países en que no se haya terminado con esta horrenda barbarie que aún perdura. 
Señor Presidente, este año, por segundo año consecutivo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución en la que se pedía a los Estados que aún tienen la pena de muerte que impusieran una moratoria sobre las ejecuciones con vistas a abolirla. 
Los Estados Unidos son, desde luego, uno de los países que deben la mayor cantidad de dinero a las Naciones Unidas. 
Como país supuestamente civilizado, pasa por alto totalmente la opinión internacional. 
Resulta totalmente inaceptable que perpetre los mismos actos barbáricos que países como el Irán: se encuentra, básicamente, en la misma categoría que el Irán. 
Pese a que se considera la fuerza de policía moral del mundo, está asesinando a personas todos los años... y lo considera correcto. 
Hay que enviar un mensaje firme y hay que obligarlo a cumplir con su obligación a este respecto. 
En este caso, en particular, resulta infame que, aunque han salido a la luz nuevas pruebas, se haya denegado un nuevo juicio. 
Se trata de alguien con cuya vida se va a acabar y se le deniega el derecho a presentar nuevas pruebas y a tener un juicio justo. 
Reviste importancia fundamental que los Estados Unidos se adhieran a los principios de los derechos humanos. 
Quisiera que Mary Robinson, la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ejerza presiones sobre los Estados Unidos para abolir la pena de muerte. 
Ya hace mucho que un país supuestamente civilizado debía haber suprimido semejante acto bárbaro. 
Señor Presidente, en situaciones análogas, en nuestros países muchas veces se entablan batallas- aunque sin vencidos- y cada una de ellas despierta una sensación de malestar. 
De una parte, existe la certeza de realizar un acto justo, porque toda batalla contra la pena de muerte se traduce en un fortalecimiento de la dignidad humana; de otra, no obstante, se advierte incluso una impresión de oscuro remordimiento por todos los que, aun condenados a muerte, no tienen un auditorio tan sensible como esta Asamblea. 
Hoy, aquí, nos encontramos ante un caso particular, inmediato: nos referimos a nuevas posibles pruebas y, además, a una defensa que no ha sido la adecuada y que hoy, en cambio, podría ser más precisa. 
Sin embargo, considero que debemos partir de la decisión del Consejo de Asuntos Generales, destinada a reforzar la acción internacional de la Unión Europea contra la pena de muerte, porque estos casos particulares son, cada día más, el objeto de una política decidida y de una exigencia ante Estados Unidos y las Naciones Unidas a fin de que se establezca una moratoria sobre las penas de muerte, moratoria que tendrá que desembocar, naturalmente, en la abolición de la esta pena. 
Señor Presidente, Señorías, no hay mucho que agregar a lo dicho por quien me ha precedido en el análisis de este tema. 
No obstante, hay que hacer hincapié en que el caso de Rocco Derek Barnabei presenta dos aspectos: uno es la condena general, clara, definida y concordante que la Unión Europea, y no desde hoy, ha pronunciado respecto a esta bárbara pena; el otro es el caso específico, aun dentro de la hipótesis rechazada de que se pudiera considerar lícita la pena de muerte. 
En este caso no se garantizaron los derechos de defensa ni el pleno ejercicio de la prueba, constitutivos de la base misma de un ordenamiento jurídico como el estadounidense, que tan a menudo exalta sus garantías y que tan a menudo prefiere dejar libres a los culpables antes que condenar a los inocentes. 
Precisamente sobre este punto hemos de apoyarnos para pedir la anulación o, si no se pudiera, al menos la suspensión de esta condena. 
Leyla Zana 
Señor Presidente, al otorgar el premio Sakharov a Leyla Zana, nuestro Parlamento ha tomado claramente posición en contra de la violación de los derechos humanos en Turquía y en favor de una solución negociada y política de la cuestión kurda. 
Lo hacemos en nombre de valores universales, pero también aprovechando la experiencia de las situaciones conflictivas que existen en Europa, tales como la de Irlanda del Norte, y en el mundo, y de su resolución. 
Queda de manifiesto que los dirigentes de Ankara se niegan a escuchar este mensaje de las fuerzas democráticas y progresistas de la Unión. 
Peor aún, las nuevas condenas que acaban de pronunciar en contra de Leyla Zana y que amenazan a numerosos responsables del HADEP demuestran que estos dirigentes se encierran en una estrategia represiva y militar que no tiene salida. 
En esta situación, nuestro Parlamento debe no solamente dar testimonio de su solidaridad humana, fraternal, a nuestra compañera Leyla Zana y a todas aquellas y aquellos que son víctimas de medidas represivas, sino también reafirmar su apoyo contundente a todas las fuerzas que luchan en Turquía en favor de la democratización de su país. 
Este es el sentido de la resolución que hemos presentado y que reclama especialmente la liberación inmediata de Leyla Zana y de todos los presos políticos así como la resolución política y pacífica de la cuestión kurda mediante negociaciones directas con los representantes de ese pueblo. 
Señor Presidente, el caso Leyla Zana, desgraciadamente, es sintomático de la situación general en que se hallan los kurdos en Turquía. 
Cada vez que se visita la zona se oye decir al PKK que este es el último combate. 
Por parte turca se responde lo mismo, que ésta es la última ofensiva contra el PKK. 
El porqué no se ha llegado a una solución hasta el momento obedece a varias razones. 
Por una parte, las fuerzas kurdas están divididas; por otra parte hay zonas de retirada y ayudas del exterior. 
Apoyo, pues, la exigencia contenida en la resolución de que es preciso hallar una solución política para el problema kurdo, ya que hasta ahora no ha tenido éxito la solución militar. 
Lo peligroso que resulta retrasar la adopción de una solución política lo demuestra la situación actual, con una escalada de graves tensiones entre Turquía y Siria. 
En una ocasión visité a la Sra. Leyla Zana en la cárcel. 
Se la mantenía presa para sentar ejemplo. 
Considero inadmisible que un país que aspira a la adhesión a la UE pueda encarcelar a las personas por sus convicciones políticas. 
Señor Presidente, me alegro de que todo el Parlamento sea unánime en el asunto de Leyla Zana. 
En el minuto de intervención que me corresponde sólo puedo hacer notar que en los dos últimos años hemos tratado este asunto al menos cinco veces en el orden del día de este Parlamento y que es realmente lamentable que no se haya hecho nada por mejorar su situación. Ha ganado el Premio Sajarov instituido por nosotros. 
Se le ha impuesto una pena adicional de dos años de cárcel. 
Por supuesto, no se trata tan sólo de ella, de Leyla Zana, sino de todos los demás kurdos y miembros de los llamados partidos políticos prohibidos que son detenidos y condenados a prisión durante largo tiempo. 
Es una violación de los derechos humanos en Turquía ante la que no podemos sino protestar. 
Lo único que podemos hacer es seguir bombardeando al Gobierno turco con nuestras convicciones sobre la violación de los derechos humanos. 
La semana que viene, cuando esté de visita con un grupo ecologista en Ankara con el Sr. Demirel, le presentaré esta resolución y le pediré personalmente que comente esta resolución de nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, ante todo quiero expresar en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo el apoyo a esta resolución presentada por los colegas del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica; se trata de un apoyo que significa recordar el esfuerzo que como Verdes hemos hecho para que, a través de Leyla Zana, llegue una señal concreta del apoyo del Parlamento Europeo al pueblo kurdo. 
Es verdaderamente increíble que hoy- después de que el Parlamento Europeo quiso, a través de la persona de Leyla Zana, demostrar que en Turquía no se respetan los derechos del hombre- se condene a esta mujer a otros dos años de cárcel por haber escrito un artículo, se trate a otros diputados kurdos de la misma manera y se encarcele a otras personas sólo porque han expresado sus ideas. 
Es evidente que sería una señal de extrema debilidad por parte del Parlamento Europeo si no reforzara, incluso con este voto, el significado del Premio Sajarov otorgado a Leyla Zana. 
Espero, pues, que el Parlamento sepa captar el significado de la resolución presentada por los colegas del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, y que sobre esta base se puedan crear las condiciones para comprometer adecuadamente al Gobierno turco en estos temas. 
No podemos admitir que, mientras ocurren estas cosas, se produzcan al mismo tiempo intentos de diálogo que no aclaran el significado de los derechos del hombre dentro de Turquía. 
Ante una situación de empeoramiento de las condiciones- y no de mejora, sin duda- nosotros, la Unión Europea y el Parlamento Europeo, no podemos ignorar el compromiso asumido en otras resoluciones y con la concesión del Premio Sajarov a Leyla Zana y debemos mantener con energía que no puede haber, ni en Europa ni en otros países del mundo, naciones que no respeten la dignidad del hombre, que no respeten las ideas de los demás y que utilicen la prisión como instrumento de la lucha política. 
Georgia 
Señor Presidente, hasta ahora se ha hablado mucho de muchas y diversas cuestiones referentes a los derechos humanos. 
El caso de Georgia es, no obstante, un caso totalmente particular por una razón. 
En abril de este año, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estudió concretamente el caso de algunos prisioneros, obviamente con la intención de que sirviera de ejemplo a otros casos. 
Porque la verdad es que el trato general de los presos en las cárceles de Georgia es sencillamente escandaloso. 
Tengo el honor de trabajar en el Grupo de Helsinki de Georgia desde hace tiempo, y obtengo de ahí todas las informaciones directas. 
Es espantoso de lo que se entera uno allí. 
Por eso es bueno que las Naciones Unidas se ocuparan del caso. 
Redactaron un informe que fue aprobado con la exigencia clara al Gobierno de Georgia de que pusiera término a esta situación escandalosa, en particular en el caso de las tres personas que menciono en la resolución. 
Las Naciones Unidas se interesaron en repetidas ocasiones, pero Georgia no se ha dignado responder. 
El Gobierno se calla. 
Creo que ya va siendo hora de que, como europeos, alcemos la voz. 
No debemos olvidar que nuestra voz se toma muy en serio en Georgia. 
Sería pues muy bueno, casi un favor a Georgia, que nos ocupemos de este tema y pidamos al Gobierno de Georgia, tal como se afirma en la resolución, que dé inmediato cumplimiento a las exigencias de las Naciones Unidas, después de largos y serios estudios sobre la base de una amplia documentación. 
Espero solamente que se acepte bajo esta forma, porque es el único modo de causar algún efecto real. 
Señor Presidente, señorías, el Sr. von Habsburg ya ha dicho que se trata de un problema fundamental. 
En efecto, se ha comprobado que la firma de acuerdos de asociación y de cooperación provisionales no implica automáticamente una mejora de la situación de los derechos humanos en los Estados asociados, como prevé la Comisión Europea de Derechos Humanos. 
Aunque la Comisión sigue afirmando que estos acuerdos son necesarios como contribución a la mejora de la situación de los derechos humanos, este no es el caso. No ha pasado nada. 
El acuerdo provisional con Georgia se firmó hace ya mucho tiempo, y desde entonces no ha cambiado nada. 
En mi opinión, en la construcción de la sociedad democrática, la judicatura democrática y las condiciones humanas en las cárceles son un ámbito especialmente sensible. 
Ucrania y Rusia tienen un plan de acción en este ámbito a través del programa TACIS. Georgia no. 
Por lo tanto, es importante que también Georgia lleve a cabo un programa de acción para la democracia en cooperación con el Consejo de Europa a través de TACIS. 
Celebro que el Sr. von Habsburg apoye nuestras enmiendas si la primera se incluye como añadido. 
Con la segunda enmienda, introduciríamos una modificación verbal. 
Señor Presidente, la Comisión ha seguido el caso de Taslima Nasreen muy de cerca desde 1994, cuando se vio obligada a abandonar su país para escapar de la persecución y de las amenazas de muerte. 
El artículo 1 del nuevo Acuerdo de Cooperación que se va a concluir con Bangladesh hace una clara referencia al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre ellos, figura, naturalmente, la libertad de palabra y de expresión, como piden las resoluciones parlamentarias. 
Puedo asegurar a Sus Señorías que, una vez concluido dicho acuerdo, la Comisión supervisará estrechamente su aplicación global con atención especial a la situación en materia de derechos humanos. 
Entretanto, la Comisión está preparando un programa de derechos humanos para Bangladesh de unos 1, 5 millones de ecus, que se ejecutará antes del final de este año. 
Las acciones que nos proponemos financiar corresponden principalmente a los sectores de derechos de las mujeres y de los niños y formación de los votantes. 
La ejecución de ese programa correrá a cargo de diferentes ONG especializadas en cuestiones de derechos humanos. 
Respecto de las resoluciones sobre Malasia, la Comisión deplora los recientes acontecimientos en Malasia, en particular la detención del Viceprimer Ministro Anwar Ibrahim en virtud de la llamada Ley de Seguridad Interior, que permite la detención indefinidamente renovable sin juicio. 
También deploramos los malos tratos infligidos al Sr. Anwar Ibrahim durante su detención, así como la detención de un importante número de partidarios de Anwar, también con arreglo a la llamada Ley de Seguridad Interna. 
Así, pues, la Comisión se asocia plenamente a la declaración hecha por la Presidencia, en la que se expresa la preocupación de la Unión por esos incidentes y se pide a las autoridades de Malasia que garanticen el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de Anwar Ibrahim y otros detenidos. 
La liberación de algunos de los presos es un paso positivo, como también el reconocimiento del Sr. Anwar Ibrahim por un médico independiente. 
Sin embargo, la Comisión está profundamente preocupada por las actuales restricciones aplicadas por las autoridades malayas a los derechos de reunión, libertad de expresión y comunicación. 
La Comisión ha dado instrucciones a su delegación acreditada en Malasia para que siga de cerca la evolución de la situación en ese país. 
Respecto de la pena de muerte, la Comisión conoce perfectamente la sensibilidad que despierta la imposición de la pena de muerte y considera que, en todos los casos, se deben respetar las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los demás instrumentos internacionales. 
No hace falta decir, porque lo hemos reafirmado con mucha frecuencia, que estamos firmemente en contra de la pena de muerte, en cualquier situación. 
En el caso del Irán, la Comisión está preocupada por la continua y grave violación de los derechos humanos de los Bahai y pide a las autoridades iraníes que se abstengan de pronunciar sentencias de muerte por razones de credo o apostasía religiosos. 
Además, la Comisión lamenta profundamente la ejecución del Sr. Ruhu ' llah Rawhani el 21 de julio de 1998. 
El 5 de agosto de 1998 se hizo una gestión UE-Troika a ese respecto ante el Gobierno iraní en Teherán. 
Sin embargo, he de decir que nos satisficieron las aclaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores del Irán en Nueva York el 24 del pasado mes de septiembre sobre la amenaza de muerte (fatwa) a Salman Rushdie. 
Las garantías ofrecidas son un paso muy positivo para eliminar uno de los impedimentos a unas mejores relaciones con el Irán que se persiguen en el nuevo diálogo Unión Europea-Irán. 
En el caso de los Estados Unidos, la Comisión cree que el sistema jurídico entraña las garantías necesarias para una administración de justicia normal y objetiva, con referencia particular al derecho a una defensa apropiada y la existencia de procedimientos de apelación. 
Respecto del caso particular de Rocco Barnabei, la Comisión puede aportar la siguiente aclaración, obtenida de fuentes oficiales de los Estados Unidos. 
En primer lugar, al contrario de lo que se indica en el proyecto de resolución que hoy tenemos ante nosotros, no hay una fecha para la ejecución fijada en este caso y es probable que se tarde en fijar. 
En segundo lugar, se nos ha informado de que el Sr. Barnabei es un ciudadano americano y no, como se ha dicho, italiano. 
En tercer lugar, las recientes crónicas periodísticas sobre un rechazo del caso por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resultan ser inexactas. 
El Sr. Barnabei acaba de iniciar todas sus apelaciones y falta mucho para que se celebre una vista ante el Tribunal Supremo. 
Todo me hace pensar que, en realidad, el Tribunal no ha celebrado ninguna vista sobre este caso, porque aún no ha llegado el momento para que lo haga. 
Según esa información, no parece haber nada irregular en este caso y su proceso de apelaciones. 
No obstante, seguiremos atentos a ese asunto y reiteraremos a los Estados Unidos, como lo hemos hecho en tantas ocasiones, que estamos absolutamente en contra de la imposición de la pena de muerte. 
La Comisión comparte las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo sobre la suerte de la Sra. Leyla Zana y ha insistido varias veces ante las autoridades turcas en que hagan un gesto significativo en ese caso determinado. 
La nueva condena de la Sra. Zana por el Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara el 17 de septiembre es particularmente preocupante, pues tiene consecuencias inevitables para la situación de la libertad de expresión en Turquía. 
Como saben Sus Señorías, la Comisión sigue de cerca todos los aspectos de la situación en materia de derechos humanos en Turquía. 
En ese marco, la Comisión conviene plenamente con las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Luxemburgo en diciembre de 1997, que recordaban que «el fortalecimiento de los vínculos de Turquía con la Unión Europea depende también de la aplicación por ese país de las reformas políticas y económicas que ha iniciado, incluido el alineamiento de la situación en materia de derechos humanos y las actitudes al respecto con las que están en vigor en la Unión Europea... » 
En todos su contactos con las autoridades turcas, y pese a la decisión adoptada por Ankara de suspender cualquier diálogo político con la Unión Europea, la Comisión está decidida a seguir expresando sus preocupaciones sobre esos asuntos. 
En cuanto a la situación en Georgia, los tres presos a que se hace referencia en la propuesta de resolución fueron condenados en 1995 por asesinato y actos terroristas. 
Las condiciones en las que fueron juzgados y también el estado de las cárceles de Georgia han recibido muchas críticas dentro y fuera de Georgia. 
Un importante paso adelante fue la decisión adoptada el pasado noviembre por el Parlamento de Georgia de abolir la pena de muerte. 
A raíz de ello, se conmutaron las sentencias de muerte al Sr. Gelbajiani y al Sr. Dokvadge. Ahora están cumpliendo 20 años de cárcel. 
Sé que, cuando la delegación del Parlamento Europeo al Cáucaso meridional se reunió con el Presidente Shevardnadze en junio, se habló con franqueza del estado de las cárceles de Georgia. 
El Parlamento y el Defensor del Pueblo de Georgia están supervisándolo activamente. Es una señal prometedora para el futuro. 
La Comisión opina que Georgia ha logrado importantes avances en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, en particular su parlamento, pero que debe seguir fortaleciendo el imperio de la ley. 
El Acuerdo de Asociación y Cooperación, que entrará en vigor- esperamos- el próximo año, nos brindará una plataforma para abordar esas cuestiones directamente, mediante el diálogo político y mediante reuniones del Comité de Cooperación Parlamentaria. 
Señor Presidente, el Sr. Comisario no ha abordado el problema planteado aquí por tres diputados sobre la degradación de la situación de las mujeres en Irán, en especial el hecho de que ya no puedan ser atendidas por médicos varones cuando la realidad es que no hay muchas mujeres que ejerzan la medicina en Irán. Al mismo tiempo, se esta llevando a cabo una verdadera segregación, en autobuses y otros lugares. 
Por tanto, llamamos la atención del Sr. Comisario sobre este extremo y le rogamos que tenga cuidado de no dar la impresión de que la situación ha mejorado, porque, desde luego, en lo que respecta a las mujeres, ha empeorado. 
Opino que eso debe quedar muy claro en la resolución. 
Señora diputada, me refería a la cuestión de la resolución, no a los discursos en el Parlamento. 
Pero, si Su Señoría pregunta cuál es la posición de la Comisión, puedo, sin consultar a mis colegas, asegurarle que se trata de algo absolutamente inaceptable. 
Como sabe Su Señoría- y esto afecta también a otros debates celebrados hoy en el Parlamento -, el Tratado de Amsterdam rechaza cualquier discriminación, como también lo harán otros tratados futuros. 
Así, pues, no hace falta decir que debemos luchar por eso en todas las circunstancias y en particular cuando afrontamos casos claros. 
No cabe la menor duda sobre la posición de la Comisión. 
Gracias, Sr. Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
De Coene, Caudron y la Sra. Van Lancker, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el anuncio del cierre de las empresas Levi Strauss en Gits, Wervik, Deurne (Bélgica) y en La Bassée (Francia) ; -B4-0916/98 de la Sra. Aelvoet, los Sres. Lannoye y Wolf, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el paro de la producción en las factorías Levi Strauss en Gits, Wervik, Deurne y La Bassée; -B4-0929/98 del Sr. Chanterie, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el plan de reestructuración de Levi Strauss; -B4-0942/98 de la Sra. Elmalan y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, sobre la reestructuración del grupo textil Levi Strauss. 
Señor Presidente, Señorías, el asunto Levi Strauss nos demuestra una vez más cuán devastadores pueden ser desde el punto de vista humano, social y económico, los efectos de una globalización mal dominada. 
Así es, más allá de las razones oficialmente invocadas por Levi Strauss, se plantea efectivamente otra vez el problema de los traslados de empresas y el de dumping social. 
El plan de reestructuración anunciado por Levi Strauss prevé el cierre de cuatro de las doce factorías que pertenecen a esta empresa en Europa. 
Tres están situadas en Bélgica y una en Francia, La Bassée, distrito de Nord-Pas-de-Calais, región ya fuertemente afectada por el paro. 
Estos cierres acarrearán cerca de 1.500 despidos, de los cuales 530 en Francia. 
No se puede permanecer insensible e inerte ante tales anuncios. 
Además, se tiene el derecho a interrogarse sobre lo bien fundado de estos cierres cuando uno se entera de que algunas de estas factorías generan beneficios, sin contar que pudieron beneficiarse de ayudas de la Unión Europea o de los Estados. 
No olvidemos que además de los dramas humanos, sumamente dolorosos, a resultas de estos cierres, se mina toda una economía local. 
¿Se sabe que Levi Strauss está instalada en La Bassée desde hace 30 años? 
Es cierto que se nos anuncia un procedimiento de consulta con los comités de empresa afectados, pero esta consulta es obligatoria gracias a una Directiva que obliga a las multinacionales a consultar previamente a los representantes sindicales antes de emprender toda reestructuración. 
Por ello, sin dejar de respetar la libertad de gestión de las empresas, debemos ser sumamente vigilantes en la materia. 
Debe hacerse todo lo posible por encontrar alternativas a los procedimientos de despido. 
No obstante, permítaseme dudar, a este respecto, de la eficacia de la pseudo-solución de las 35 horas tal como se ha propuesto en Francia. 
Yo más bien preferiría una reflexión tomando como base las cargas sociales, rodeada de los parapetos necesarios para evitar los efectos de ganga. 
Para justificar su decisión, Levi Strauss invoca la producción excesiva. 
Sin embargo, al mismo tiempo, nos enteramos de que esta compañía ha firmado un contrato con un subcontratista turco cuyos costes de producción serían bastante menos elevados. 
Por tanto, se trata, de facto de un traslado de empresas. 
Pero como tenemos que tomar en cuenta todas las eventualidades, si desgraciadamente se confirmara el cierre de las factorías, pedimos insistentemente que se tomen en consecuencia medidas contundentes. 
Les recuerdo sobre todo que el sector de La Bassée, y de manera general la región Nord-Pas-de-Calais, ya experimenta graves dificultades económicas y sociales. 
Por tanto, tiene derecho a esperar un acompañamiento de reconversión digna de ese nombre. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, desde hace mucho tiempo, las multinacionales como Levi Strauss ya no viven dentro de nuestra comunidad, sino fuera. 
Se rigen por un código de aislamiento, con su propia tecnología punta e incluso su propia democracia, en particular la democracia de sus accionistas, ni más ni menos. 
Las consideraciones humanas y sociales no cuadran con ese patrón porque sólo hay un ideal: el del beneficio. 
Naturalmente esto tiene que ver con el hecho de que los costes laborales son muy elevados. 
Eso es cierto, pero es totalmente insuficiente. 
Podemos comparar: en Reino Unido, los costes laborales ascienden a 11 dólares por hora; en Hungría, a 3 dólares por hora; en China, a 0, 56 dólares por hora. 
Así pues, debe hacerse algo más que simplemente señalar que los costes laborales son elevados. 
El 14 de julio, el Parlamento Europeo señaló que el plan de la Comisión en relación con este sector era insuficiente, que debe ser mucho más práctico y, sobre todo, mucho más concreto. 
Me remito a la resolución de compromiso, pero sobre todo al punto 7. En él se pide a la Comisión que facilite una relación completa de todas las subvenciones concedidas a Levi Strauss. 
Si se proporcionaron o no ayudas en el marco de las industrias textiles y de confección Retex, en el marco de los programas TACIS, PHARE, ESPRIT, así como en el marco de los Fondos estructurales. 
La Comisión conoce desde hace tiempo esta cuestión y me gustaría tener una respuesta clara. 
Señorías, les señalo que el Sr. Vandemeulebroucke, que va a dejar el Parlamento al cabo de 18 años de presencia, acaba de pronunciar su última intervención. 
Tuve el gusto de celebrar sesión con él como Presidente de Grupo, hace ya algunos años, y todos le deseamos buena suerte. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, Levi Strauss, la empresa fabricante de pantalones vaqueros, quiere cerrar sus instalaciones a finales de este año, tres en Bélgica, una en el norte de Francia, con el resultado de que 1461 personas perderán su puesto de trabajo a finales de este año. 
Esta acción de Levi no puede interpretarse sino como una acción perversa. Porque primero se organiza fuera de la Unión Europea una producción excesiva, para después poder invocar la sobreproducción como factor principal del cierre de las factorías. 
Levi Strauss es demasiado justa como para admitir que la empresa tiene un problema de comercialización, al menos, según datos de los informes del consejo de administración, desde los últimos diez años existe ese problema de comercialización, pero no se ha hecho nada para solucionarlo. 
Así pues, las personas que están situadas en los niveles más bajos de la cadena, los trabajadores de a pie, deben pagar el precio de no haber tomado en su momento las iniciativas necesarias. 
También podemos señalar que, en 1997, las factorías Levi Strauss obtuvieron, sólo en Bélgica, más de 430 millones de beneficios netos. Que la propia empresa podía haber reservado 380 millones de la reserva financiera para la reestructuración, así como haber reservado una cantidad aún mayor para ofrecer a los trabajadores un doble sueldo en el año 2002. 
Así que no son unos pobretones, no están en la miseria. Es una empresa perfectamente capaz de mantener abiertas sus fábricas en el norte de Francia y en Bélgica. 
Además, los trabajadores de Bélgica y del norte de Francia han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar su puesto de trabajo. Han aceptado recortes horarios con reducción de salarios. 
Han admitido una flexibilidad extra y no les ha servido de nada. 
Por eso pedimos, como grupo socialista, que, cuando mañana los sindicatos presenten su plan alternativo, Levi lo discuta verdaderamente, lo tome verdaderamente en consideración, para que haya al menos una oportunidad de ofrecer un futuro a la empresa, también en nuestros pagos. 
He presentado, junto con los diputados Gérard Caudron y Anne Van Lancker, un proyecto de resolución, porque hay mucho trabajo por hacer en la cuestión del empleo europeo. 
Así que podemos hacer algo en la práctica, y los colegas del grupo liberal afirman que esto no es un acontecimiento importante. 
No, por favor, tenemos que hacer más estricta la directiva en materia de despidos colectivos. 
Tenemos que hacer más estricta la directiva relativa a los comités de empresa. 
Además, hay otro punto más en nuestra agenda política. 
La Unión Europea puede echar una mano a los Estados miembros para rebajar los costes laborales. 
Para eso es necesario que coordinemos nuestra política fiscal en materia de sociedades y de rendimiento de capital. 
Sólo así podemos poner freno a la competencia mortífera en materia fiscal. 
Pedimos que los esfuerzos de la Comisión Europea y, en especial, del comisario Monti sean seguidos por los Estados miembros y que se llegue a un acuerdo en la materia. 
Señor Presidente, la empresa Levi Strauss tiene el propósito de cerrar varias fábricas en Bélgica y Francia y despedir a un total de 1.461 empleados. 
La empresa no experimenta pérdidas, sino todo lo contrario. 
A lo largo del pasado año generó beneficios por valor de cientos de millones de francos belgas. 
Nos hallamos ante una política de deslocalización de la empresa. 
Se abrirán nuevas instalaciones en Turquía, y en Hungría incluso se ha duplicado la producción. 
Desaprobamos la estrategia de reestructuración anunciada por la dirección con el pretexto de una producción excesiva, cuando ha aumentado la producción en los países de salarios bajos. 
También se habla de celebrar una audiencia de los trabajadores. 
Esta audiencia, o la promesa de ella, es una burla, puesto que la reestructuración prácticamente está preparada y lo que anuncia es más bien un simulacro de audiencia. 
Los trabajadores cuentan con nuestra solidaridad, por lo que, en primer lugar, exigimos que se paralice el proyecto. 
En segundo lugar, pedimos a la Comisión que pida la restitución de las subvenciones otorgadas en estos cinco últimos años con cargo al presupuesto de la Unión Europea o de los Estados miembros a las empresas subvencionadas, en caso de que estas empresas emprendan procedimientos de despido colectivo a pesar de los beneficios. 
En tercer lugar, pedimos al Gobierno belga que ponga en marcha las disposiciones de ejecución en materia de despidos colectivos y que imponga sanciones financieras en caso de cierres y despidos improcedentes. 
Opino que estas medidas son necesarias en interés de los trabajadores y para reducir el desempleo en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el martes 29 de septiembre de 1998 será recordado por los trabajadores de Levi Strauss como un martes negro, porque dentro de dos semanas 1.500 trabajadores serán despedidos, aunque la dirección más de una vez había dicho este año que no habría ningún despido. 
El cierre y los despidos deben tener en cuenta las obligaciones legales que rigen en Bélgica y en la Unión Europea. 
Pero estas obligaciones no pueden ser tomadas como una formalidad. 
Es un gesto hipócrita hacia los trabajadores presentar una propuesta para arrinconarla, cuando la propuesta de hecho ya es una decisión de la empresa y sólo tiene que llevarse a cabo. 
En nombre del PPE, afirmo que, en cuestión de información, todos los trabajadores deben recibir una información correcta. 
En el caso de Levi Strauss existen dudas al respecto. 
En cuestión de consultas o de asesoría, los trabajadores deben tener la oportunidad de presentar sus propuestas o alternativas, que deben considerarse y debatirse seriamente. 
Hay dudas de que la dirección de Levi Strauss esté dispuesta a tomar en consideración tanto lo uno como lo otro. 
El objetivo de todo el diálogo y de la ronda de negociaciones debe ser mantener el mayor nivel posible de empleo. 
En segundo lugar, debemos pensar en la situación de las fábricas afectadas y en la evolución de toda la compañía. 
No se comprende que una empresa con beneficios cierre las factorías que están entre las más productivas del grupo. 
Desde luego, no se trata de cerrar las viejas fábricas de un único lugar, supuestamente por razones de sobreproducción, cuando al mismo tiempo se están abriendo nuevas fábricas en otro sitio. 
En tercer lugar, deberían establecerse reglas más estrictas en relación con el cierre de fábricas y el despido colectivo. 
Para concluir quiero decir lo siguiente: no se crea ningún paraíso económico en un cementerio social. 
Las empresas tienen una responsabilidad con la sociedad, algo que Levi Strauss ha olvidado por completo. 
Señor Presidente, Señorías, unas semanas antes de anunciar el cierre de cuatro factorías de las doce que posee en Europa, tres en Bélgica y una en Francia, la dirección de Levi Strauss se felicitó de que sus beneficios se hubieran cuadruplicado en cuatro años, alcanzando más de 5 mil millones de francos en 1996. 
¡Qué puede importarle, entonces, las consecuencias de más de 1.500 despidos para los trabajadores afectados y sus familias, pero también para la economía de la región, o la tasa de paro ya tan alta! 
Más aún, Levi Strauss anuncia igualmente despidos en otras factorías, al mismo tiempo que aumenta su capacidad de producción en los países con salarios bajos. 
Después de Renault en Vilvorde, Levi Strauss toma el camino del desguace, una decisión tanto más inaceptable que los asalariados habían hecho importantes esfuerzos por mejorar la productividad. 
Después de Vilvorde, la actitud de Levi Strauss pone una vez más de manifiesto los resultados de una política europea que privilegia, en el marco del Tratado de Maastricht, la competencia y la liberalización de los capitales cuyas consecuencias son las reestructuraciones y los traslados de empresas. 
Son los beneficios en contra del empleo y el progreso social, es la crisis financiera que socava todas las economías. 
Cómo no alegrarse, en esas condiciones, de la réplica de los trabajadores de todas las factorías europeas del grupo y de su manifestación del 5 de octubre, que ha permitido aniquilar las tentativas de división de la dirección y obtener los primeros resultados. 
Nuestro Grupo, que condena la decisión de Levi Strauss, saluda la determinación de los asalariados y de sus organizaciones sindicales. 
Pedimos a la dirección que se retracte de su decisión y negocie con los sindicatos para preparar una solución de sustitución a los cierres, gracias especialmente a una reducción del tiempo de trabajo, lo que permitiría preservar los puestos de trabajo. 
Al mismo tiempo, proponemos que se concedan nuevos derechos a los trabajadores y que los comités de empresa europeos se refuercen para luchar en contra de los traslados de empresas que ponen en competencia a los pueblos jugando con las diferencias sociales y salariales. 
Pero, sobretodo, la decisión de los directivos de Levi Strauss y la reacción de los trabajadores muestran de nuevo que es necesario y posible reorientar de manera progresista la construcción europea liberándola de la dominación de los mercados financieros, democratizándola y dándole como objetivo central el responder a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. 
Señor Presidente, permítaseme en primer lugar expresar el pesar de la Comisión ante el propuesto cierre de cuatro unidades de Levi Strauss en Bélgica y Francia y la pérdida de más de 1.400 puestos de trabajo. 
Permítaseme también dar información complementaria a Sus Señorías sobre algunos aspectos relacionados con el anuncio de Levi Strauss y, en particular, sobre la forma como se están haciendo las cosas. 
La dirección de Levi Strauss entabló la semana pasada conversaciones con los representantes de los trabajadores en los niveles nacional y europeo y, al parecer, dichos representantes están preparando ahora propuestas con vistas a encontrar soluciones para el cierre o el despido de los trabajadores que probablemente se vean afectados. 
Así, pues, debemos acoger con beneplácito que las partes interesadas estén sentándose por fin en torno a la mesa para examinar la situación actual. 
Es de esperar que esas conversaciones den resultado y contribuyan al menos a aliviar las repercusiones sociales de los cierres. 
Parece haberse respetado adecuadamente la legislación pertinente de la Unión Europea. 
Las directivas sobre despidos colectivos y sobre el Comité de Empresa Europeo han demostrado una vez más ser instrumentos útiles para velar por que se adopten y apliquen en un marco social adecuado las decisiones que afectan gravemente a los intereses de los trabajadores. 
La Comisión conoce, desde luego, las críticas expresadas en el sentido de que las normas relativas a la composición del Comité de Empresa Europeo pueden ocasionar un desequilibrio en la representación numérica de los trabajadores. 
El año próximo la Comisión evaluará el funcionamiento de la Directiva sobre el Comité de Empresa Europeo y de ella formará parte inevitablemente el examen de la forma como se abordan cuestiones como ésta. 
Pero, aunque parece que en este caso se han observado adecuadamente las disposiciones de esas dos directivas, sigue existiendo la cuestión general de cuál puede ser la forma mejor de abordar las crisis importantes en las empresas y de evitar los cierres. 
La previsión de los cambios en el mercado y sus efectos dentro de las empresas es decisiva. 
Requiere procedimientos de información y consulta mucho más permanentes, orientadas hacia el empleo y de amplias miras, en comparación con los requisitos que imponen gran parte de las normas actuales al respecto. 
A eso se debe la iniciativa actual de la Comisión sobre «Información y consulta a los trabajadores en la Comunidad Europea». 
Estamos esperando la decisión final de la UNICE, la semana que viene, sobre si entablará negociaciones con la CES sobre esta cuestión. 
La Comisión cree que lo ideal es que los interlocutores sociales europeos decidan hacerse cargo de esa tarea que les incumbe primordialmente. 
Pero, si no hay un acuerdo entre ellos, la Comisión presentará una propuesta de legislación apropiada sobre ese sector. 
La previsión es también un elemento fundamental de la Estrategia Europea para el Empleo. 
El 14 de octubre, la Comisión aprobará propuestas en relación con las directrices sobre el empleo para 1999, junto con la evaluación de la aplicación por parte de los Estados miembros de la Estrategia para el Empleo acordada y un informe en el que se indicarán los sectores en que los resultados de Europa en materia de empleo tienen posibilidades reales de mejorar en el futuro. 
Un anuncio como el que Levi Strauss hizo la semana pasada siempre es lamentable. Esperamos que las conversaciones actuales propicien soluciones aceptables para las personas interesadas. 
Cierres como ése subrayan una vez más la necesidad de trabajar en pro de una aplicación plena de la Estrategia Europea para el Empleo a fin de prevenir el desempleo de larga duración y promover nuevos puestos de trabajo. 
Por último, en cuanto a la petición del Sr. Vandemeulebroucke de datos sobre un posible apoyo prestado a Levi Strauss, lamento que no sea posible. 
Pero intentaremos cumplir con el período de un mes establecido en la resolución, aunque incluso un mes es muy poco tiempo. 
Haremos todo lo posible, porque es políticamente importante que la Asamblea y todos nosotros sepamos si se han concedido fondos europeos a Levi Strauss. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las 7 propuestas de resolución siguientes: 
Señor Presidente, Señorías, sucede que Estados Unidos debe a las Naciones Unidas unos 1.600 millones de dólares que no han integrado los presupuestos ordinarios para el mantenimiento de la paz. 
¿Cómo se puede juzgar este hecho? 
Se podría emitir un juicio que me permitiré denominar geopolítico. 
Después de la caída del imperio soviético, las funciones de policía internacional exigen una delicadeza bastante mayor. 
Para evitar que Estados Unidos sea el que las asuma, la única solución es que esas acciones estén bajo el mandato de Naciones Unidas. 
Por consiguiente, es muy inquietante la falta de pago, por parte de Estados Unidos, de las sumas que debe a Naciones Unidas, porque parece el anuncio de una deliberada devaluación de la función de este importantísimo organismo internacional, quizá para que Estados Unidos lo sustituya con el fin de orientar toda la política internacional de un modo acorde con los intereses particulares de este país. 
Señor Presidente, el 27 de junio de este año, Glyn Ford y yo asistimos a una vigilia delante de la Embajada de los Estados Unidos en Londres para protestar contra el impago por parte del Gobierno de los Estados Unidos de sus deudas para con las Naciones Unidas. 
Deben 1.550 millones de dólares, lo que equivale, aproximadamente, a las dos terceras partes del presupuesto total de las Naciones Unidas. 
En el Reino Unido hay una campaña de masas. 
Ciento diez diputados al Parlamento han firmado en apoyo de esa vigilia, más 58 lores y 27 diputados al Parlamento Europeo. Los Gobiernos de Francia y de la República de Irlanda se sumaron también a la campaña a partir de esa fecha. 
El hecho de que ahora contemos con apoyo de todos los Grupos para esta resolución revela la intensa oposición existente en esta Asamblea a la iniquidad del impago por parte de los Estados Unidos. 
Las Naciones Unidas son una organización mundial muy importante. Sus cometidos han aumentado con su papel de mantenimiento de la paz y, por mi experiencia en Sri Lanka, adonde llevé miles de documentos sobre personas desaparecidas, sé que las Naciones Unidas necesitan más fondos. 
Cuando Alex Smith y yo entregamos los documentos sobre personas desaparecidas en Sri Lanka, sólo cuatro personas de las Naciones Unidas se ocupaban de las desapariciones en todo el mundo. 
Se debe aumentar el presupuesto de las Naciones Unidas, no reducirlo de la injustificada forma como lo hacen los Estados Unidos. 
Deberían dar un ejemplo mucho mejor. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra sobre este asunto con más sentimientos encontrados de lo que en mí es habitual. 
Si bien reconozco que el comportamiento del Congreso de los Estados Unidos es reprensible, me interesan más los problemas en detalle que afronta la reforma de las Naciones Unidas y todo el proceso de administración en el nivel mundial. 
En el Parlamento debemos ocuparnos de las cuestiones relativas a cómo encontrar nuevos recursos para financiar las Naciones Unidas que no dependan de este problema del veto americano y de la renuencia a la hora de pagar de los Gobiernos nacionales. 
Me gustaría que los diputados tuvieran la oportunidad de dar su opinión a la hora de proporcionar dichos recursos para que, como diputados, tengamos cierta sensación de propiedad en las Naciones Unidas. 
Si bien estoy de acuerdo con los objetivos de lo que intentamos hacer, dudo mucho que un debate de once minutos por el procedimiento de urgencia sea la forma idónea de que el Parlamento aborde este asunto. 
Actualmente la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa tiene ante sí un informe sobre toda la cuestión de la reforma y la administración de las Naciones Unidas. 
Dudo también que vaya a conseguir el cambio de un solo voto en el Congreso de los Estados Unidos, aun cuando alguien tan distinguido como Christine Oddy les grite desde la otra orilla del Atlántico. 
Estoy de acuerdo con lo que el Parlamento está intentando hacer, pero repito que el mecanismo que hemos elegido corre un grave riesgo de menoscabar nuestro crédito a ese respecto y limita nuestra capacidad para influir. 
Recomiendo la resolución a la Asamblea, pero espero que ésta vuelva a ocuparse del asunto con mayor sensatez y reflexión y tal vez con una posible nueva idea en alguna fase durante el resto de este mandato. 
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con el Sr. Spencer en que quizás debamos actuar con más inteligencia. 
Una resolución puede ser poco para un problema de estas características. 
También nosotros fuimos críticos en su momento con la actual estructura de las Naciones Unidas. 
Creemos que debe ser más independiente, más transparente, que debe trabajar por eliminar el derecho de veto. 
Es decir, creemos que debe haber más democracia en las Naciones Unidas. 
Pero no se nos ocurre pedir a los países de la Unión Europea- que son donantes netos- que retiren fondos, porque sabemos que su trabajo por la paz y el trabajo humanitario es importantísimo. 
Por eso estoy de acuerdo con el Sr. Spencer en que han de buscarse soluciones mejores. 
En todo caso- y permítaseme una broma al final, aunque el Sr. Comisario no esté -, a algunos nos gustaría muchísimo poderles decir a los Estados Unidos: miren ustedes, el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas dice que quien no paga pierde el voto, y, por una vez, podríamos actuar como ellos actúan habitualmente y decirles que pierden el voto. 
Pero no se preocupen, en este Parlamento somos muy ponderados, somos muy demócratas y no le vamos a quitar el voto a los Estados Unidos. 
Le vamos a pedir al Congreso de los Estados Unidos que, por lo menos, acepte la petición del Sr. Clinton de liberar una parte de los fondos que debe a las Naciones Unidas, al margen de que continuemos trabajando por una solución más imaginativa, como proponía el Sr. Spencer. 
Señor Presidente, la política de los Estados Unidos en este asunto es peligrosa. 
Se trata precisamente de eso, de política, ya que al no pagar su deuda de 1 600 millones de dólares, este país ejerce presiones para intentar dirigir la política de las Naciones Unidas y evitar así que se emprendan las necesarias reformas que debe afrontar este organismo. Pero me parece que en este Parlamento estamos todos de acuerdo sobre este punto. 
Las Naciones Unidas son un organismo importante que debe evolucionar. 
Esta evolución requiere reformas pero, mientras los Estados Unidos no paguen, es muy difícil que se introduzca ningún cambio de importancia. 
El resto de los países ya ha pagado su contribución a las Naciones Unidas. 
A pesar de que sufren graves problemas económicos, muchos de estos países ya han pagado su cuota, y esto es algo que también deberían hacer los Estados Unidos. 
De hecho, las Naciones Unidas desempeñarán una de las funciones clave en un nuevo ordenamiento mundial «verde». 
No puede ser que un sólo país pueda dictar sus designios y dirigir la política a nivel mundial, sino que esta tarea deberá recaer en las Naciones Unidas para evitar precisamente que se pueda producir una situación como la ya mencionada. 
Señor Presidente, Bill Clinton puede perfectamente echar todas las culpas del mundo al Japón, al Congreso americano o a la crisis del sistema financiero mundial. 
Pero la deuda de 1.500 millones de dólares, o más, de los Estados Unidos con las Naciones Unidas tiene otras razones de naturaleza política y, sobre todo, como también se ha dicho ya aquí, en este Pleno, tiene que ver con la desvalorización de las propias Naciones Unidas para valorizar más de la cuenta el papel de los Estados Unidos como policía del mundo. 
Resulta que el Japón, pese a sus dificultades internas y en una situación de profunda recesión, es un país cumplidor de sus compromisos internacionales y nada debe a las Naciones Unidas; resulta que la novela de pornografía política entre el Presidente Clinton y el Congreso sólo más recientemente ha subido de tono; y resulta que, aún hace cuatro meses, la euforia bolsista y las perspectivas de crecimiento de la economía mundial seguían en alza, como también era excelente la salud de la economía americana. 
Ahora bien, la deuda de los Estados Unidos con las Naciones Unidas no es de ahora. 
Es una deuda conscientemente acumulada a lo largo de años. 
Los americanos no pagaron porque no quisieron, como tampoco contribuyen al fortalecimiento del FMI con los 18.000 millones de dólares que corresponden a su cuota. 
Es un precedente gravísimo, es un pésimo ejemplo de quien pretende encabezar el mundo y pone en entredicho todas las acciones de ayuda humanitaria y de mantenimiento de la paz, con lo que compromete el propio futuro de las Naciones Unidas. 
Por desgracia, la actual situación de debilidad política de la presidencia americana, que desacredita a ese país en el concierto de las naciones, no garantiza un desenlace positivo y rápido para esta situación. 
Pero la presión de la comunidad internacional sobre los Estados Unidos, con la Unión Europea a la cabeza, no debe aflojar. 
Señor Presidente, que algunos países- Estados Unidos en primera línea- no paguen a Naciones Unidas la totalidad de las contribuciones correspondientes es una muestra del mal que sufre la organización internacional. 
No se puede sino criticar a esos países deudores, porque su incumplimiento reduce la disponibilidad global de Naciones Unidas y, por lo tanto, su posibilidad de mantener la paz; y también es criticable la actitud, porque su ejemplo- ¡y qué ejemplo, tratándose de la primera potencia mundial! -podría llevar a otros a actitudes similares, en un efecto dominó, con un traumático estancamiento de todas las actividades de Naciones Unidas, y además induciría a ser mucho más cautos, para no decir reticentes, a los países que, en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas han participado, como es el caso de Italia, en misiones de paz. 
No obstante, la representación de Alianza Nacional invita a esta Asamblea no sólo a pronunciarse sobre los países que no cumplen sino también a investigar los verdaderos motivos de la crisis en que está ese organismo internacional. 
Para nosotros, se trata de motivos de orden ético, estructural y político: de orden ético, porque son notorios los distintos episodios de derroche, y a veces de corrupción, nepotismo y clientelismo que se han producido en un palacio que, en este aspecto, cada vez es menos cristalino; de orden estructural, porque la maquinaria organizativa y del personal ha adquirido características de elefantiasis y burocratización, lo que impide decisiones rápidas y eficaces; de orden político, por último, porque la mayor parte de las resoluciones de Naciones Unidas son letra muerta y lo seguirán siendo hasta que se determine un único brazo ejecutivo o sanciones ejemplares alternativas que hagan respetar esas resoluciones. 
Señor Presidente, como saben Sus Señorías, la Comunidad es una importante entidad financiadora de proyectos realizados con los fondos, los programas y los organismos de las Naciones Unidas. 
Ahora bien, en calidad de observadora, no contribuye a los presupuestos generales de las Naciones Unidas. 
No obstante, en conjunto, los Estados miembros de la Unión Europea contribuyen con casi el 36 % del presupuesto de funcionamiento de las Naciones Unidas y con casi el 39 % del presupuesto de esa organización dedicado a acciones de mantenimiento de la paz, niveles que son bastante superiores a la parte del producto nacional bruto mundial correspondiente a la Unión Europea, que se cifra en el 30, 08 %. 
Además, los Estados miembros de la Unión Europea pagan lo que les corresponde íntegramente, a tiempo y sin condiciones y la Unión Europea tiene interés en insistir en que los demás miembros de las Naciones Unidas cumplan de la misma forma con sus obligaciones internacionales. 
La actual crisis de pago afecta a la eficacia de las Naciones Unidas, pone en riesgo las actuales gestiones de reforma de las Naciones Unidas y es profundamente injusta para los demás financiadores. 
Desde el 31 de agosto de 1998 los Estados Unidos deben a las Naciones Unidas 1.613 millones de dólares, que corresponden al 60 % de los retrasos en los pagos a las Naciones Unidas. 
El Congreso americano aprobó una legislación que autoriza el pago de 926 millones de dólares. 
Con todo, el Presidente deberá vetar esa legislación, ya que en ella figura una disposición que impide el apoyo a organizaciones que defienden el aborto. 
Además, aunque fueran ejecutadas, esas unidades cubrirían sólo el 57 % de los importes que los Estados Unidos deben a las Naciones Unidas. 
La Unión Europea ha manifestado repetidas veces su preocupación por esa legislación americana, que establece pagos insuficientes y en condiciones inaceptables. 
La Unión Europea ha hecho gestiones sobre esa cuestión y la Presidencia de la Unión, los Estados miembros y la Comisión seguirán abordando este asunto ante el Gobierno americano y los miembros del Congreso siempre que se les presente la ocasión. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Vamos a interrumpir la sesión durante un cuarto de hora para que nuestros compañeros puedan ocupar su lugar y proceder a la votación. 
(La sesión, interrumpida a las 17.15 horas, se reanuda a las 17.30 horas.) 
Pasamos a la votación. 
Después de la votación sobre Eslovaquia 
Señor Presidente, en mi apresuramiento para participar en la votación he pulsado el botón de la Sra. Reding en lugar del mío. 
Quisiera hacer constar que sólo he votado una vez, pero no en mi escaño. 
Señor Presidente, lo único que puedo suponer es que, con la prisa por unirse a los socialistas, el Sr. Cassidy se ha olvidado de decírnoslo. 
Pues, como parece haber conservadores que se suman a todos los Grupos de este Parlamento, ¿por qué no a los socialistas? 
Señor Cassidy, ¿va usted a unirse al Partido Laborista? 
Entro en la Asamblea, ¡y aquí está! 
No creo que el Partido Laborista pueda dar un bandazo tan a la izquierda. 
Señor Presidente, me complace mucho que tantos colegas presten atención al escaño que ocupo en la Asamblea. 
Por desgracia, el PSE no tiene aún la suerte de contar conmigo entre sus filas. 
Señor Presidente, la pregunta que podría formular es la siguiente: ¿hay alguna diferencia entre el antiguo y el nuevo laborismo y entre el nuevo laborismo y los demócratas cristianos? 
Señor Presidente, quisiera simplemente indicar, para que conste en acta, que esta tarde nuestro colega el diputado al Parlamento James Moorhouse se ha unido a los liberales demócratas. 
Estoy impaciente por darle la bienvenida la semana que viene como miembro de nuestro Grupo. 
Señor Presidente, en la tribuna nos visita una delegación de la comisión para asuntos europeos del Parlamento del Estado federado de Alta Austria, a la cual envío un cordial saludo. 
(La sesión, interrumpida a las 17.45 horas, se reanuda a las 18.00 horas) 
JET 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A4-0311/98) de la Sra. Ahern, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0013- C4-0137/98-98/0063 (CNS) ) por la que se aprueban las modificaciones de los estatutos de la Empresa Común Joint European Torus (JET). 
Señor Presidente, el proyecto de fusión de la UE acaba de concluir una actividad de diseño de ingeniería de seis años con un costo de casi 1.000 millones de ecus. 
Entretanto, se espera que el Congreso de los Estados Unidos cancele pronto la participación de ese país en el reactor termonuclear experimental internacional, proyecto de fusión con un costo de 6.000 millones. 
En julio de este año, los Estados Unidos no pudieron firmar la propuesta prórroga del ITER-EDA, esencialmente porque en este momento el Congreso de los Estados Unidos no esta dispuesto a aportar más dinero para que continúe la participación de su país. 
Los equipos de diseño de la fusión de Estados Unidos están en San Diego, Naka (Japón) y Garching (Alemania). 
Pero, ¿qué fundamento jurídico existe ahora para su mantenimiento y continuación o incluso el pago de sus salarios? 
Esa cuestión es particularmente decisiva, dado que en diciembre de 1996 el Tribunal Europeo de Justicia emitió un fallo en el sentido de que la diferencia de trato a los empleados del proyecto europeo común de fusión (JET) era ilegal. 
La propuesta de la Comisión va encaminada a aplicar el fallo del Tribunal modificando los estatutos de JET para eliminar los elementos discriminatorios. 
Según la decisión del Consejo de 1978 sobre la creación de JET, el proyecto debía concluir en 1990. 
Desde entonces se han acordado diversas prórrogas del proyecto, la más reciente hasta diciembre de 1999. 
Los Estatutos de JET disponen que el personal cedido por las organizaciones anfitrionas, la Agencia de Energía Atómica del Reino Unido, seguirán en servicio en esa organización. 
El personal cedido por otros miembros de JET lo fue temporalmente desde sus laboratorios nacionales y todos sus miembros recibieron contratos temporales de Euratom. 
Al considerar esa diferencia de trato una forma de discriminación injustificada por razones de nacionalidad, el personal presentó una serie de demandas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
EN 1987 el Tribunal falló que existía, efectivamente, discriminación, pero que estaba justificada por el carácter temporal de la Empresa Común. 
Los cambios en las disposiciones relativas a la dotación de personal son importantes, aun cuando sólo se aplicarán a los nuevos contratados hasta 1999 y no se espera que se contrate a nadie. 
Constituirán un modelo para un posible sistema de personal de JET después de 1999 con una nueva estructura jurídica. 
Para poner fin al actual sistema ilícito, se propone un nuevo sistema uniforme de cesión de personal de los miembros de la Empresa Común. 
En el futuro, todo el personal que se pueda contratar aún tras la modificación de los estatutos conservará el empleo en las organizaciones miembros. 
La nueva formulación dispone que sólo se contratará a una categoría de personal nuevo, a saber, el personal cedido por sus laboratorios nacionales. 
Pero en la propuesta de la Comisión no figura en absoluto la forma precisa como se aplicarán esos cambios ni- cosa aún más sorprendente- las nuevas condiciones de servicio que se aplicarán al personal nuevo de JET, sino que se dejan al arbitrio del Consejo de JET, por considerarlas- es de suponer- simples medidas de aplicación. 
Eso no puede ser. 
Ahora ha quedado claramente demostrado que la falta de transparencia y rendición democrática de cuentas de la fusión ha tenido consecuencias desastrosas y probablemente haya menoscabado, de hecho, el propio proyecto. 
La idea de que el salario y las condiciones del personal en un proyecto financiado en gran medida con cargo al presupuesto de Euratom sean decididas por un organismo que no hace la menor rendición de cuentas a una mitad de la Autoridad Presupuestaria, a saber, el Parlamento Europeo, es, sencillamente, inaceptable. 
Hay otro problema. 
La primera parte del nuevo apartado 4 del artículo 8 dice así: «El personal puesto a disposición por la organización de origen se destinará a la Empresa Común y seguirá estando empleado por su organización de origen durante el período de contratación en las condiciones establecidas por estas organizaciones». 
El apartado 7 del artículo 8 dice: «Todos los gastos de personal, incluido el reembolso de los gastos relativos al personal incurridos por la organización de origen [... ] correrán a cargo de la Empresa Común». 
¿Por qué se propone este peculiar sistema? 
Simplemente, porque, si las organizaciones matrices tuvieran que pagar el componente del salario nacional- como hacen en el caso de los profesores de las Escuelas Europeas y de todos los expertos nacionales cedidos que trabajan en las instituciones comunitarias -, se pediría, en la práctica, a los Estados miembros que aportaran un aumento neto en el presupuesto ya acordado para la fusión, perspectiva que no les haría gracia. 
Si bien hay acuerdo para enmendar los Estatutos de JET en consonancia con el fallo del Tribunal Europeo de Justicia, se debe consultar al Parlamento cualquier propuesta basada en el Tratado Euratom para ampliar la vida de JET más allá del año 1999. 
Sería completamente inaceptable hacer de esa prórroga, con consecuencias tan importantes para el presupuesto de la UE, una medida de ejecución dentro de este programa concreto, a partir de acuerdos contractuales confidenciales con las asociaciones nacionales. 
Respecto del reembolso de los salarios nacionales de los expertos nacionales cedidos con cargo al presupuesto de la Comunidad para Euratom, algo así es normalmente ilegal en la Comisión, es decir, contrario al Reglamento Financiero, ya que mezcla las partes A y B del presupuesto. 
El plan JET puede sortearlo, porque se hará mediante una serie de contratos con asociaciones nacionales para la prestación de servicios. 
Establece un notable precedente para la renacionalización de la administración pública europea. 
La Comisión de Presupuestos ha añadido su opinión sobre este informe, pero no es todo lo estricta que sería de esperar normalmente de esa comisión. 
Me gustaría saber si se debe a que algunos miembros de la Comisión de Presupuestos están adoptando actitudes electoralistas. 
Me refiero en particular al Sr. James Elles, en cuya circunscripción se encuentra la empresa JET. 
Me gustaría que fuera tan estricto con JET en su circunscripción como suele serlo en las consideraciones presupuestarias de la Unión Europea. 
Señor Presidente, debo confesar que ha habido muchos momentos durante el discurso de la Sra. Ahern en que me preguntaba si estaría refiriéndose al informe que lleva su nombre. 
Quisiera señalar a la atención de Sus Señorías el párrafo 1 del proyecto de resolución legislativa, que dice: «El Parlamento Europeo aprueba la propuesta de la Comisión». 
Ésa es, en verdad, la propuesta de resolución que figura en el informe. 
El Grupo Socialista acoge con beneplácito la propuesta de la Comisión con vistas a la modificación de los estatutos de JET. 
Situemos este asunto en un marco más razonable. 
La situación relativa al personal se remonta a un buen número de años atrás. 
Tal vez deberíamos reflexionar sobre que las condiciones de empleo para diversas personas pudieron parecer en aquel momento razonables y, desde luego, fueron aceptadas por todas las personas empleadas, pero eso fue hace 20 años, tal vez más. Las condiciones cambian. 
Así, pues, no deja de ser razonable que, a lo largo de ese período de tiempo, surgieran situaciones en las que el personal británico estuviera insatisfecho con la situación y llevara el caso ante los tribunales. 
La resolución ha sido, en verdad, tortuosa y el hecho de que haya tardado tanto no habla a favor de la Comisión, ni del Consejo de JET ni de nadie. 
Comenzamos a examinar este asunto en el Parlamento anterior, no en éste. 
Al menos hemos avanzado algo. 
No hemos podido concluir los acuerdos para todo el personal por la sencilla razón de que aún hay casos pendientes en el Tribunal. 
Por eso, la situación sólo es aplicable al personal nuevo. 
Los acuerdos que- posiblemente-serán aplicables a partir de diciembre de 1999 son- me parece a mí- muy razonables. Espero que sean aceptables para el personal. 
Desde luego, si no lo son, hay procedimientos vigentes por los que se pueden cambiar de nuevo. Espero que no se tarde tanto. 
En el informe se hacen muchas observaciones sobre el programa de fusión, pero no son pertinentes para este debate concreto. 
Sin embargo, puesto que se han hecho muchas observaciones, tal vez deba yo decir que algunos en esta Asamblea creemos que el programa de fusión debe continuar. 
No estamos seguros de cómo va a resultar, como tampoco lo estamos de ninguno de los programas de investigación que tenemos. 
Pero ha logrado avances considerables. 
Si Sus Señorías quieren más información, puedo asegurarles que pueden coger el teléfono y ponerse en contacto con quienes trabajan en JET y pedir información al director. 
Yo nunca he tenido dificultad alguna para obtener información alguna sobre el proyecto en ningún momento. 
Eso es lo que los diputados deben hacer, si quieren la información. 
Es muy fácil. 
He de reconocer que el informe más reciente que tengo sobre el dictamen del Consejo Científico de JET es un poquito difícil de entender. 
Voy a abordarlo telefoneando al director y preguntándole si no se puede expresar en un lenguaje ligeramente más comprensible para los diputados a este Parlamento. 
Ésa es la actitud que necesitamos, no una gran arenga sobre los aspectos obscuros, que no ayuda a nadie en este debate. 
Ésa es la actitud del Grupo Socialista. 
Acogemos con beneplácito la propuesta de la Comisión. 
Esperamos que muy pronto se resuelvan los desacuerdos entre el personal. 
Creemos que han trabajado denodadamente, que han trabajado muy satisfactoriamente. En el Grupo Socialista les deseamos lo mejor. 
Señor Presidente, quisiera elogiar a la Sra. Ahern por la brevedad de su informe. 
Sin embargo, no puedo decir lo mismo por sus difamaciones del Sr. Elles, que están fuera de lugar, en particular porque no está presente para darles respuesta. 
Espero que la Sra. Ahern reconsidere lo que ha dicho. 
Parece ser que, cuando se creó JET, el acuerdo original era un intento programático de trato justo tanto para los empleados del Reino Unido, en relación con sus colegas del Organismo de Energía Atómica del Reino Unido, como del personal de otros Estados miembros, para intentar garantizar la continuidad de los derechos de empleo para todos. 
Sin embargo, no tardaron mucho en revelarse las diferencias de salario y condiciones entre el personal de JET y del Organismo de Energía Atómica del Reino Unido y no resulta extraño que este último quisiera un mejor trato. 
Comparto la opinión del Sr. Adams de que es una lástima que se haya tardado tanto en resolverlo. 
Sin embargo, me parece que la presente propuesta de la Comisión es básicamente una operación correctora para modificar los Estatutos y remediar la situación para los futuros contratados. 
Parece ser una solución típicamente europea, bastante elegante, que sólo es aplicable en el futuro, por lo que no tiene consecuencias presupuestarias aquí y ahora. 
Es particularmente astuta, ya que el futuro de la investigación sobre fusión, una vez que concluya la fase actual de JET el año próximo, está envuelta en una nube de incertidumbre. 
El único aspecto seguro parece ser la sistemática predicción de que la fusión llegará a ser una importante fuente de energía renovable dentro de 50 años. 
Hace veinte años, se decía que iba a ocurrir dentro de 50 años. 
Está claro que Tribunal Europeo de Justicia estaba en lo cierto al concluir que no se trata de un proyecto a corto plazo, aunque aún no se ha aclarado el sentido que se da a la palabra «temporal». 
La situación pone de relieve los riesgos de tener cualquier tipo de empleo que tenga un salario diferente, si se desempeña en el nivel europeo y no en el nacional. 
Por ejemplo, las propuestas en esta Asamblea de un estatuto común para los diputados los expondría a la crítica de los diputados al parlamento nacional de su propio país, si se pagara mucho más a los diputados al Parlamento Europeo. 
En otras palabras, apoyo el principio de que, para quien esté en comisión de servicio- y, al fin y al cabo, nosotros estamos aquí para un período de cinco años -, el sueldo debe corresponder a los niveles nacionales, pero el reembolso de los gastos debe estar en un nivel común. 
Ése me parece el planteamiento justo y equitativo. 
El otro aspecto de fondo de este conjunto de propuestas de la Comisión figura tanto en la exposición de motivos del informe como en la opinión de la Comisión de Presupuestos. Es el de que, aunque la mayor parte del costo corre a cargo del presupuesto europeo, las instituciones europeas no tienen la mayor parte de la capacidad de decisión. 
Insto a que se examine eso cuando el proyecto pase a su próxima fase. 
Señor Presidente, no por esperadas desde hace mucho tiempo dejan de ser necesarias y positivas estas modificaciones del estatuto, tanto las que ha recomendado el Tribunal de Cuentas como las resultantes de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia para eliminar aquellas cláusulas discriminatorias que contravengan la legislación. 
Atendiendo a las nuevas formulaciones, éstas disponen la existencia de una única categoría para el nuevo personal que se reclute, es decir, el personal destacado en los laboratorios nacionales. 
Así pues, aún falta otra parte, la que establece cómo se deben aplicar las modificaciones al nuevo personal. 
En la propuesta de la Comisión no se recoge ninguna de las nuevas disposiciones referentes al servicio, y esta circunstancia se echa en falta. 
Ahora se dejan estas disposiciones al criterio del consejo de JET, probablemente con la suposición de que representan únicamente medidas de aplicación, lo cual no es cierto. 
Se ha propinado un golpe a la transparencia y a la responsabilidad democrática del programa de fusión, y esto se debe corregir. 
No creo que debamos contentarnos con poder llamar por teléfono a JET y pedir información, sino que pienso que se deben hacer las cosas un poco mejor. 
No estamos hablando de otra cuestión que de la vigilancia y el control de JET por parte del Parlamento, algo que, hoy por hoy, es muy deficiente. 
Hemos de poder desplegar una mejor vigilancia en torno a los programas de fusión de la UE, habida cuenta de la extrema complejidad a la que ya se ha referido el Sr. Adam. 
Se trata de un asunto muy complicado desde un punto de vista técnico. 
No cabe duda de que en el Parlamento estamos muy al corriente de esta cuestión gracias a los informes que hemos elaborado, como el de la Sra. Plooij-van Gorsel, pero, ¿qué grado de conocimiento tiene, por ejemplo, el Consejo, que es el que toma las decisiones? 
Resulta difícil responder a esta pregunta. 
El Grupo de los Verdes presentó una serie de enmiendas en comisión para lograr, sencillamente, un mayor compromiso por parte del Parlamento que le permitiera ahondar su conocimiento en la materia. 
Pienso que ha sido lamentable el rechazo de estas enmiendas en comisión, ya que creo que podrían haber sido muy positivas y necesarias. 
No obstante, es posible que aún podamos volver a tratar sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo al Parlamento y a la ponente, la Sra. Ahern, su labor sobre la propuesta de la Comisión. 
Como saben Sus Señorías, proponemos la aprobación de varios cambios que el Consejo de JET quiere hacer en los Estatutos de la Empresa Común. 
Algunos de ellos son adaptaciones técnicas. 
Un cambio importante es la introducción de un nuevo sistema para proporcionar personal al proyecto como respuesta a las conclusiones del Tribunal de Primera Instancia de que ciertos aspectos del sistema en vigor son ilícitos. 
Como saben Sus Señorías, la Empresa Común expirará al final de 1999, por lo que esas modificaciones propuestas sólo serán aplicables en principio durante un período de tiempo limitado. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y la Comisión de Presupuestos del Parlamento han aprobado la propuesta sin modificación, por lo que confío en que Sus Señorías sigan sus recomendaciones y apoyen nuestra propuesta de aprobación de las modificaciones de los Estatutos de la Empresa Común JET. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
CEE/San Marino: protocolo de acuerdo 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del la recomendación (A4-0238/98) del Sr. Habsburg-Lothringen, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre el protocolo (6788/97- C4-0262/98-97/0022 (AVC) ) al Acuerdo Común de Cooperación y de Unión Aduanera entre la Comunidad Económica Europea y la República de San Marino tras la adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia a la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, la presente recomendación se refiere al acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Económica Europea y San Marino. 
Quizá deberíamos exponer a grandes rasgos el contexto histórico sobre la forma en que se alcanzó este acuerdo. 
Se firmó el 16 de diciembre de 1991, y su objetivo era reforzar y desarrollar las ya estrechas relaciones entre la Comunidad Económica Europea y la República de San Marino. 
En virtud de dicho acuerdo se establece una unión aduanera entre las partes contratantes y se instaura una cooperación lo más amplia posible en los distintos sectores: industria, servicios, protección del medio ambiente, turismo, comunicación, información y cultura, así como política social. 
De su administración se encarga un comité de cooperación que ejerce su actividad según el modelo de numerosos acuerdos similares suscritos con la Comunidad Europea, por lo que en principio no debería causar ningún problema especial. 
El acuerdo se firmó en 1991. 
El 27 de noviembre de 1992 se firmó en Bruselas un acuerdo provisional sobre el comercio y una unión aduanera que entró en vigor el 1 de diciembre de 1992. 
No obstante, el procedimiento de ratificación por los doce Estados miembros duró más de cinco años. 
Se trataba de un acuerdo en el que los Estados miembros realmente no tenían grandes intereses nacionales que defender, quizá con excepción de Italia. 
Tampoco había objeciones importantes en contra y, sin embargo, aunque no había problemas, este «acuerdo menor» , por llamarlo así, se dejó en el olvido y se descuidó durante un largo período, hecho éste no muy correcto. 
Puede ser que a un ciudadano cualquiera de la Unión Europea que no vive en la inmediata vecindad de San Marino no le interese excesivamente lo que allí suceda. 
No obstante, no podemos olvidar que los ciudadanos de San Marino sí están sumamente interesados por lo que sucede aquí, por cuál es la evolución en la Unión Europea. 
Realmente es una vergüenza que hayan tenido que pasar cinco años hasta la ratificación efectiva del acuerdo en los Estados miembros. 
Así pues, esta situación se prolongó así durante mucho tiempo y, mientras tanto, otros Estados miembros se habían adherido a la Unión Europea o habían presentado sus candidaturas de adhesión: Austria, Finlandia y Suecia. 
Esto produjo una nueva situación, porque había que incluir un añadido al Protocolo. 
No hay que olvidarlo: de nuevo, esta situación se prolongó durante relativamente mucho tiempo. 
Yo mismo fui nombrado ponente en febrero de 1997. 
El informe se terminó en junio de 1997, y volvió a arrinconarse hasta el 3 de junio de 1998, es decir, tardó un año más, sin que nadie se preocupara realmente por el tema, excepto- he de decir- aquí en el Parlamento. 
Ahora, gracias a Dios, el tema se debate hoy en el Pleno y, esperamos, seguramente se aprobará mañana por la mañana en la votación. 
Quizá aún tengamos que decir algo de San Marino: es un país maravilloso, muy pequeño, pero muy interesante, que ha mantenido su independencia durante los siglos como casi ningún otro Estado pequeño en Europa. 
Aún podría añadir uno o dos hechos históricos más: cuando Napoleón ofreció a San Marino la posibilidad de aumentar su tamaño a costa de sus vecinos, San Marino rechazó esa oferta en una consulta popular y decidió mantenerse en sus dimensiones. 
Por esta razón posteriormente tuvo la posibilidad de participar en el Congreso de Viena como parte contratante y de colaborar realmente, contribuir activamente, y ya entonces destacó su independencia particular, su posición particular. 
No debe olvidarse tampoco que en una fecha posterior- durante la segunda guerra mundial- San Marino, que se encuentra en medio de Italia, rodeada por un régimen fascista, no reparó en gastos ni esfuerzos por ofrecer a todos los refugiados y necesitados que pudo refugio y protección. 
Es decir, los habitantes de San Marino han demostrado siempre una total y plena independencia, han demostrado siempre un carácter excepcional, que han mantenido hasta la actualidad. 
Otro aspecto que se debe mencionar y destacar hoy es el hecho de que San Marino ha sido uno de los pocos pequeños Estados europeos que ha rechazado ser un paraíso fiscal, y por ello siempre se ha entendido y se ha llevado muy bien con su vecino mayor y más próximo, Italia. 
En este contexto, me parece importante señalar que no podemos olvidar lo verdaderamente próximo que está San Marino de nosotros. 
Siempre hablamos de 11 países, en realidad siempre son uno o dos más. 
En definitiva, San Marino utiliza la lira como moneda. 
En el fondo, es el duodécimo país que forma parte realmente de la zona del euro. 
Deberíamos considerar este punto y orientar en consecuencia nuestros intereses hacia San Marino. 
Resumiendo, realmente es una desgracia que los Estados miembros de la Comunidad de los Doce hayan tardado tanto en ratificar un acuerdo contra el cual no había de antemano especiales críticas u objeciones. 
El Parlamento Europeo emitió el 9 de junio de 1992 una opinión favorable al acuerdo de unión aduanera y cooperación. 
Puesto que el protocolo adicional sólo se refiere a aspectos formales, considero de todo punto y espero fervientemente que el Parlamento Europeo dé mañana su voto positivo a este país, para que esta larga y no muy bonita historia tenga un final feliz, para que las relaciones con San Marino sean mejores. 
¡Hay que hacer algo! 
Permitanme añadir- algo de lo que me congratulo- y comunicarles que la representante de San Marino, la Sra. Laura Bolonia, ha estado hoy en este Parlamento, para informarse precisamente del curso dado a este informe. 
Permítaseme comenzar agradeciendo al ponente su informe y las palabras que acaba de pronunciar. 
Un dictamen positivo del Parlamento Europeo constituye un importante paso adelante en la conclusión de un largo proceso de ratificación y acerca más la aplicación real del acuerdo. 
Este acuerdo, firmado en diciembre de 1991, será el eje en el proceso de profundización y ampliación de nuestras relaciones con San Marino. 
Además de sus disposiciones aduaneras y comerciales, el acuerdo permite una ampliación de la cooperación en diferentes sectores, incluida la política social. 
La Comisión lamenta que el acuerdo no haya entrado aún en vigor. 
Espero que los parlamentos nacionales concluyan pronto los procedimientos de ratificación, con frecuencia complejos, para permitir la aplicación efectiva, en un futuro próximo, del acuerdo con ese hermosísimo país. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A4-0321/98) de la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (97) 0735- C4-0197/98-98 (0012 (CNS) ) relativa al programa estadístico comunitario 1998-2002. 
Según mis cálculos, Su Señoría se ha excedido en un 20 % del tiempo que le correspondía, pero, como sus intervenciones resultan siempre tan entretenidas, no nos importa. 
Señor Presidente, la estadística puede ser muy aburrida, pero también es muy importante. 
Eurostat elabora estadísticas que, la mayoría de las veces, sirven de base para las decisiones que adoptamos. 
Somos los políticos quienes utilizamos la estadística de una u otra manera. 
Por este motivo reviste tanta importancia, por ejemplo, elaborar de manera correcta las estadísticas, hacerlas comparables, etc. Eurostat se enfrenta con una tarea cada vez más difícil a la hora de proporcionar estos datos estadísticos necesarios para hacer un seguimiento de los exigentes criterios políticos que plantea la UE. 
El Tratado de Amsterdam otorga más poder a la UE, lo que significa que deberemos adoptar un número cada vez mayor de decisiones políticas, y que, por lo tanto, necesitamos una mejor base para esta toma de decisiones, tanto por lo que respecta a los ámbitos ya existentes anteriormente, como a los más recientes; esta tarea ha de corresponder a Eurostat. 
Hay que recordar también que las relaciones entre Eurostat y las autoridades nacionales se fundamentan en el principio de subsidiariedad. 
En el documento de la Comisión se afirma que «el actual nivel de recursos no permite satisfacer todas las necesidades». 
En cierta medida, resulta lamentable que debamos establecer prioridades en lo referente a las decisiones políticas cuya responsabilidad recae en la Unión Europea. 
En la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía nos hemos centrado por una parte en lo relativo a la investigación y al desarrollo tecnológico y, por la otra, en la cuestión de la energía. 
Uno de los puntos importantes que queremos destacar es que Eurostat ha de ser accesible por lo que respecta a la difusión de la información en el mundo de la investigación, de los logros obtenidos y del uso que de ellos se puede hacer en las distintas circunstancias como una muestra de innovación. 
Estas condiciones son aplicables también al sector energético. 
Para poder ejercer una política adecuada en materia energética y medioambiental, es indispensable contar con una misma base estadística y poder realizar comparativas a fin de adoptar decisiones acertadas, necesarias, para alcanzar un desarrollo sostenible que tenga presente, entre otros compromisos, la estrategia adoptada en la Conferencia de Kioto sobre el cambio climático. 
En este orden de cosas, la estadística es muy útil, provechosa y necesaria. 
En consecuencia, Eurostat precisa recursos para hacer frente a estos retos, lo cual reviste una gran importancia si tenemos en cuenta la gran cantidad de decisiones nacionales que están pasando a adoptarse a nivel de la UE. 
Señor Presidente, desearía comenzar felicitando a la ponente, la Sra. Lulling, por haber prestado una gran atención, entre otros, a los aspectos que hemos abordado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Existe una creciente necesidad de mejorar la estadística en este ámbito, especialmente tras la Cumbre de Luxemburgo. 
Tenemos actualmente ante nosotros la tarea de supervisar las directrices que se establecieron en dicha cumbre, directrices que pasan ahora a ser planes nacionales de actuación. 
En la comisión hemos establecido bastantes prioridades a favor de los puntos que recaen dentro de nuestro ámbito de competencia, el empleo, pero también hemos abordado el ámbito social y la educación. 
Estos puntos se refieren, naturalmente, a los cuatro pilares de Luxemburgo. 
Se refieren a una estadística de las medidas activas y pasivas en la política del mercado laboral; se refieren al tiempo trabajado anual y semanalmente. 
En este contexto, es importante disponer de información específica por sexos para ver, por ejemplo, la cantidad de trabajo no pagado y quién es el que ha realizado este trabajo. 
Éstas han sido, pues, algunas de nuestras prioridades. 
Por lo que respecta al ámbito social, se deberían realizar con mayor frecuencia estudios sobre el presupuesto doméstico. 
Igualmente, son necesarios datos estadísticos sobre el acceso y la demanda de plazas de guardería y sobre las bajas por maternidad o paternidad. 
En el campo de la educación, es importante estudiar la transición de la formación profesional al mercado de trabajo con el fin de comparar las cifras de fracaso escolar en los distintos Estados miembros, sin olvidar la apertura del empleo reservado a discapacitados a las leyes del mercado laboral. 
He aquí, pues, algunas de las prioridades de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Abogamos por una mejor información estadística en este ámbito por parte de Eurostat, habida cuenta en especial de las nuevas tareas resultantes de la Cumbre de Luxemburgo. 
Señor Presidente, señor Comisario, merecen todo el apoyo los objetivos de mejora y ampliación estadística establecidos en el programa comunitario para el período 1998-2002, cuando, como subraya la Sra. Astrid Lulling, hay que afrontar imperativos de la mayor importancia: la ampliación, el funcionamiento de la moneda única con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la reforma de la Política Agraria Común, la preparación del régimen definitivo del IVA o incluso, por ejemplo, el desarrollo y el acompañamiento del mercado del trabajo. 
Por haber sido yo el ponente de opinión de la Comisión REX, se comprenderá que subraye de forma particular la necesidad de que la recogida de la información estadística en otros países, empezando por algunos muy próximos, tenga la misma calidad. 
Al estar los países de la EFTA ya cubiertos por el sistema, la mayor urgencia corresponde sin duda, como se nos dice debidamente, a los países de la Europa central y oriental candidatos a la adhesión, pues sólo así será posible prepararla de un modo adecuado. 
Está justificado por toda clase de motivos que se les dé el apoyo necesario. 
Pero en una economía global, en la que cobran relieve cada vez mayor las empresas multinacionales, no podemos quedarnos limitados al espacio europeo. 
Además, no podemos limitarnos a los movimientos de mercancías en un mundo en el que cobran un relieve cada vez mayor otros movimientos económicos, como las prestaciones de servicios y las corrientes de capitales, con la inversión extranjera. 
En cualquier caso, hay que encontrar un equilibrio correcto entre la necesidad de tener la mejor información posible, por un lado, y, por otro, la necesidad de no imponer una carga demasiado onerosa a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas, y a los ciudadanos en general. 
Entre otras cosas, porque, conforme a nuestra experiencia, cuando se pide demasiado, se recibe menos o con mala calidad. 
Por último, nunca estará de más subrayar que las estadísticas, que son un bien público, tienen que estar accesibles a todas las personas, incluidos los empresarios modestos o los estudiantes, por lo que no es aceptable la política cada vez mas rigurosa que exige su compra, con lo que se las limita a estratos seleccionados con mayor poder adquisitivo. 
Además de un interés general de las economías, están en entredicho igualmente valores de una sociedad democrática, en la que se exige la participación consciente de los ciudadanos debidamente informados. 
Creo que ése es un aspecto que también es preciso señalar. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la propuesta para el programa quinquenal estadístico contiene una serie de proyectos interesantes. 
De su aplicación podrían surgir ideas realmente valiosas. 
Durante el periodo de validez del programa anterior ya aumentó considerablemente la demanda de estadísticas armonizadas, en particular en relación con los criterios de convergencia. 
Creo que para nosotros constituye una base de decisión sumamente importante. 
Esto justifica las exigencias de la Comisión de unas estadísticas de elevado nivel cualitativo y comparabilidad, las hace comprensibles y merecedoras del apoyo del Parlamento. 
No obstante, hay que señalar algo a lo que ya han hecho alusión algunos oradores: esto comporta una carga burocrática enorme para muchas pequeñas y medianas empresas. 
Es evidente lo que ello implica. 
Lo que parece urgentemente necesario es una fase de consolidación, un periodo de respiro. En el nuevo programa quinquenal debería hacerse énfasis en esto. 
Igualmente conveniente sería el nombramiento de un mediador propio encargado de todo lo relativo a las cargas derivadas de las estadísticas. 
Hace dos días precisamente decidimos en el Parlamento Europeo que es necesario mantener las cargas para las empresas en las notificaciones obligatorias al Banco Central Europeo al nivel más bajo posible. 
Un mediador como órgano de control con competencias correspondientes podría velar por el cumplimiento de tales principios. 
Sería una instancia de recurso para los afectados, tanto en lo que respecta a un nivel de detalle desproporcionado o a las normas de calidad. 
No dejemos que los medios estadísticos y las cargas derivadas nos impidan ver lo factible. 
Para el futuro y para el presente programa quinquenal necesitamos una regulación más que urgente. 
Es preciso evitar el peligro de imputar al sistema estadístico total unas cargas inútiles, puesto que, sin la actitud cooperativa de los afectados y, en consecuencia, también de las empresas, no es posible proporcionar ninguna estadística de gran valor cualitativo. 
Por ello, nuestro objetivo fundamental debería ser convencer a las empresas. 
Deben ganarse la confianza de que verdaderamente sólo se solicitará lo que es imprescindible. 
Eso debería efectuarse- cosa que debería objeto de reflexión- de manera voluntaria y completarse eventualmente con un sistema de incentivos, en vez de actuar con castigos y amenazas. 
Por otro lado es necesario considerar cómo podemos impulsar la automatización e impedir una duplicación de tareas. 
Muestras, sondeos de opinión y de mercado; en mi opinión, interesa reflexionar sobre la forma en que podemos obtener estadísticas con mayor rapidez y eficacia. 
Señor Presidente, uno de los aspectos más importantes de este informe, si no el más importante, es la petición que en él se hace a Eurostat para que elabore estadísticas por sexos. 
Así pues, acojo con satisfacción esta clasificación estadística por sexos. 
Por el contrario, echo en falta una referencia al hecho de que la información estadística debe también elaborarse de manera que permita su adaptación a la información geográfica, para que Eurostat pueda constituirse en parte integrante de la cooperación europea en esta materia. 
Podríamos dar a conocer la información que existe en nuestros países en materia de estadística, con lo que sería más fácil realizar estudios comparativos. 
Espero que se presente a la mayor brevedad una comunicación a este respecto que nos permita disponer de normas comunes para difundir mejor la información. 
El Comisario Bangemann ha prometido una comunicación de estas características y, de hecho, en el esbozo de esta comunicación se menciona expresamente a Eurostat como una de las partes colaboradoras. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha perseguido una mejora de las estadísticas en los ámbitos del empleo y del mercado de trabajo. 
Se trata de un sempiterno problema, pero, de hecho, creo que ya se ha dado con una solución. 
De acuerdo con los datos de que dispongo, en la actualidad no solamente hacemos un uso más frecuente de la estadística- Eurostat recopilará datos cada mes -, sino que contamos con información estadística más uniforme gracias a la aplicación del convenio de la OIT. 
Me pregunto cuáles son las mejoras necesarias. 
Entre éstas figura, quizás, la necesidad de elaborar estadísticas también a nivel regional, si bien, por otro lado, sólo podrán ser utilizadas a título de información geográfica. 
En otro orden de cosas, hemos aspirado a lograr también durante esta legislatura una mejora de la red europea de información relativa al uso de estupefacientes. 
Espero que Eurostat y esta red puedan entablar una cooperación en el futuro que nos permita establecer unos conceptos comunes y conseguir de las autoridades la información que sea necesaria. 
Para finalizar, querría señalar que no hay mayor mentiroso que una mala estadística. 
En mi país tuvimos experiencias en este sentido cuando se facilitaron a Eurostat los datos relativos a los delitos con violencia, que incluían tanto los homicidios cometidos como los intentos frustrados. 
Después de su publicación, la prensa británica difundió el dato de que Helsinki era la ciudad más violenta, al haber proporcionado todos los demás países estadísticas únicamente sobre los casos de homicidio consumado. 
Tenemos un viejo proverbio que dice: «Mentiras, mentiras malditas y estadísticas». 
¡Que no sea así en el futuro! 
Los argumentos desarrollados por la ponente, Sra. Lulling, en favor de una dotación presupuestaria suficiente para sostener el programa estadístico comunitario 1998-2002 son plenamente convincentes. 
EUROSTAT debe tener la posibilidad de paliar la falta de eficacia de las oficinas estadísticas nacionales que, además del hecho que carecen de los medios para cumplir eficazmente su misión, muy a menudo se encuentran bajo la influencia del Gobierno, que prefiere ignorar las cifras o, peor aún, manipularlas para mejor hacer creer a los ciudadanos que, al fin y al cabo, » Todo va muy bien, señora Marquesa... ». 
¿Se sabe, por ejemplo, que Bélgica, para no citar sino a mi país, el Ministerio de Empleo y Trabajo habla de aproximadamente 500.000 personas en paro en todo el país, lo que constituye una burda desinformación, ya que el ministro sólo contabiliza a las personas con paro total e indemnizados por estar en busca de empleo? 
La honestidad intelectual exigiría añadir a éstos las personas con indemnización de paro que no piden empleo, las personas en paro que no deben presentarse al control, los jubilados anticipadamente, los que reciben el subsidio mínimo para vivir, es decir, todas las personas que están a cargo de la asistencia pública, lo que no tienen domicilio fijo, las personas dadas de baja por minusvalía que dependen de la seguridad social y los que se benefician de pensiones por concepto de accidentes de trabajo que pagan las compañías de seguros. 
Con ello, se pasaría de la cifra anunciada de 500.000 a la de 1 millón de personas sin empleo. 
¿Se sabe que en Bélgica es imposible conocer el número de inmigrantes en situación irregular o saber lo que cuesta la política de inmigración a los contribuyentes? 
¿Se sabe que en Bélgica, si bien se conoce el volumen de intercambios comerciales con los países extranjeros, no se sabe lo que los valones compran a Flandes, así como se rechaza todo tipo de censo lingüístico en Bruselas y en la periferia de la capital. 
Señorías, para una mejor transparencia y verdadera democracia, sería deseable, en mi opinión, que EUROSTAT recibiera los medios para responder a nuestras legítimas interrogantes. 
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a la ponente, la Sra. Lulling, la calidad de su informe. 
Además de la Comisión de Asuntos Económicos, doce comisiones participaron en la elaboración del dictamen parlamentario sobre el proyecto de programa de estadísticas de la Comunidad presentado por la Comisión. 
Ello atestigua con toda evidencia el interés conferido por esta institución a la implantación de un sistema de estadísticas comunitarias coherente, transparente y fiable. 
La Comisión se congratula de ese empeño. 
Como ocurre con otras instituciones de la Unión Europea, Sus Señorías están convencidos de que no es posible un buen funcionamiento democrático de nuestras instituciones sin buenas estadísticas comunitarias. 
Antes de presentarles el dictamen de la Comisión sobre el informe de la Sra. Lulling, permítanme algunas consideraciones sobre las estadísticas comunitarias. 
Durante el último decenio ha habido un fortalecimiento considerable de su papel. 
Numerosas decisiones políticas importantes exigen un nivel muy riguroso de comparabilidad y, por tanto, un elevado grado de armonización de las estadísticas comunitarias: la institución de la Unión Económica y Monetaria, como es natural, pero también, por ejemplo, la Política Agraria Común, la cohesión económica y social y la política presupuestaria. 
Bastaría con analizar, aunque sólo fuera, el informe aprobado en la última reunión de la Comisión sobre la posible modificación del sistema de recursos propios para que todos pudiéramos comprender la importancia de tener estadísticas fiables y comparables. 
Durante el último programa estadístico quinquenal, la primera prioridad se centró, evidentemente, en las estadísticas relacionadas con los criterios de convergencia, que se ultimaron a tiempo y con la calidad necesaria para que sirvieran de base a la decisión de los días 2 y 3 del pasado mes de mayo. 
Otra prioridad importante para EUROSTAT ha sido la preparación de datos estadísticos para la cumbre sobre el empleo que se celebró en noviembre de 1997 y la elaboración de los indicadores que permitieran un acompañamiento de las directrices para el empleo en ella aprobadas. 
La Comisión optó por conferir a los Estados miembros el cometido de toda la tarea de recogida de datos estadísticos, de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
Así, se creó una organización según una estructura de red con los sistemas de estadísticas de los Estados miembros. 
Dicha red establece colegialmente los métodos de armonización por adoptar y su aplicación se beneficia plenamente de la experiencia de casi 70.000 técnicos estadísticos que en ella trabajan. 
En el marco de su empeño con vistas a la eficacia de la gestión de los recursos a su disposición, EUROSTAT, junto con sus socios nacionales, aplicó una serie de medidas destinadas a mejorar la productividad, a limitar el volumen de datos presentados por las empresas- y, en particular, por las pequeñas y medianas empresas -, a adoptar los métodos que presenten la mejor relación costo/eficacia, a mejorar la calidad global de sus productos y, por último, a evaluar los resultados de estos últimos. 
Por lo que se refiere al informe de la Sra. Lulling, la Comisión no puede dejar de subscribir las mejoras propuestas, en particular en la esfera del empleo, del medio ambiente, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y también en la esfera de las estadísticas relacionadas con el futuro régimen del IVA. 
Ahora bien, la Comisión no puede subscribir las enmiendas núms. 5, 7 y 8 y parcialmente la 9, por las siguientes razones. 
La enmienda nº 5 es redundante respecto de la enmienda nº 4. 
Conviene subrayar a ese respecto que la independencia científica de los técnicos estadísticos es uno de los principios fundamentales consignados en el Reglamento nº 322/97 del Consejo relativo a las estadísticas comunitarias. 
Ese principio está consagrado también en el nuevo artículo 285 del Tratado de Amsterdam. 
La Comisión no puede subscribir la enmienda nº 7, dado que pretende mantener el cometido de evaluación de este programa. 
Eso no excluye, evidentemente, la posibilidad de recurrir a un experto o a expertos independientes para que presten asistencia respecto de esa tarea, como establece la comunicación de la Comisión SEM 2000. 
La Comisión tiene igualmente la intención de recurrir al Comité Consultivo Europeo de Información Estadística en el Ámbito Económico y Social (CEIES) , en el que están agrupados los representantes de los usuarios. 
La enmienda nº 8 no parece tener cabida, dado que los llamados «otros ámbitos» quedan comprendidos en el programa. 
Por último, la Comisión no subscribe la primera parte de la enmienda nº 9, dado que EUROSTAT no es competente para la elaboración de previsiones. 
En conclusión, permítanme recordar la importancia de este nuevo programa de estadísticas comunitarias 1998-2002. 
La Comisión se congratula de la excelente cooperación entre nuestras dos instituciones, lo que constituye un excelente augurio para la aplicación que se hará en breve del artículo 285 del Tratado de Amsterdam, que dispone la institución del proceso de codecisión en la esfera de las estadísticas. 
Añadiré también, en relación con la pregunta sobre la independencia de EUROSTAT, que la Comisión tiene el prurito de no influir políticamente en EUROSTAT en ningún sentido. 
Así quedó patente, por lo demás, cuando EUROSTAT tuvo que publicar sus estadísticas para la Unión Económica y Monetaria y fue una decisión explícita de la Comisión, no sólo en relación con este asunto, sino también como prurito en su práctica corriente. 
Señor Presidente, creo que en mi calidad de ponente debo reaccionar a lo que acaba de decir el señor Comisario a propósito de algunas enmiendas. 
Estoy de acuerdo en decir que las enmiendas 4 y 5 se sobreponen. 
Si no le gusta que se diga que el trabajo debe permanecer independiente de las presiones políticas, puedo considerar retirar la enmienda 5 porque en cierto sentido duplica la precedente. 
Lo que no impide que también pueda votarse y dejar al Consejo la posibilidad de elegir una u otra. 
En lo que concierne a la enmienda 7, estoy un poco sorprendida de que quiera usted evaluar su propio trabajo. 
En efecto, se trata de un trabajo que exige una evaluación independiente y cita usted para llevarlo a cabo al Comité Económico y Social. 
Yo conozco muy bien el Comité Económico y Social por haber sido durante un cierto tiempo lo que podría llamarse la «puta» intelectual de los sindicalistas, y puede decirle que no veo a ese Comité hacer una evaluación de sus estadísticas. 
Puede, cuando mucho, si presenta usted un informe, proporcionar una apreciación, pero ésta no será un informe de evaluación. 
En lo que se refiere al presupuesto, sé que pueden hacerse necesarios créditos complementarios. 
Si no son necesarios, tanto mejor, pero, si se revelara que lo son, es preferible decir que queremos que existan los medios para hacer frente a estas necesidades. 
Por lo que concierne a la enmienda 9, yo creo, señor Presidente, que hay un malentendido. 
En efecto, no pedimos a EUROSTAT que haga previsiones en cuanto a la evolución de los gastos agrícolas. 
Pedimos estadísticas «que permitan» a los responsables de las decisiones políticas establecer previsiones en la materia. 
No es EUROSTAT el que hará dichas previsiones, pero necesitamos esas estadísticas para permitir el establecimiento de previsiones en cuanto a la evolución de los gastos agrícolas en los diferentes ámbitos. 
Por tanto, creo que hay allí un malentendido. 
No obstante, espero que el Parlamento me seguirá mañana en la aprobación de estas enmiendas que son, a nuestro juicio, necesarias e importantes. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
En cierta ocasión pedí que los resultados de las votaciones se indicaran con mayor lentitud, con el fin de poder anotarlos. 
Quisiera saber si sería posible que para las votaciones que aparecen en pantalla se pueda disponer después de una versión por escrito, a fin de poder contrastar los resultados. 
Me han dicho que los servicios pueden facilitarle una lista de las votaciones en cualquier momento después de que se hayan celebrado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.05 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quisiera tener una respuesta de la Mesa sobre el problema siguiente: ayer tratamos, ciertamente, las cuestiones de urgencia y entre ellas había una cuestión de urgencia presentada por mí sobre la situación en Georgia. 
Tras la votación constaté con estupefacción que a diferentes diputados- naturalmente, no a mí- se les había enviado una carta, firmada por un funcionario de este Parlamento, con el membrete oficial de este Parlamento, y con la sugerencia de no votar a favor. 
Sólo quisiera saber si ya se ha llegado tan lejos como para que los burócratas de aquí puedan determinar ya hoy la conducta de voto de los diputados y pido que se investigue esto. 
Querido colega, tomamos nota de ello y le agradeceríamos que pudiera facilitarnos esa carta. 
Señora Presidenta, en la página 58 del Acta se reproducen unas palabras habidas entre el Presidente y ciertos diputados, relativas a quiénes son en la actualidad miembros del grupo conservador británico. 
Lamentablemente, las observaciones del Presidente están reflejadas en el Acta pero sin todo su ingenio y humor. 
¿Podríamos tener una transcripción literal? 
¿Podría decirnos el Grupo del Partido Popular Europeo si los Sres. Donnelly y Stevens integran o no ese Grupo en la actualidad? 
Deduzco que ayer entraron en él y salieron varias veces. 
Tendríamos que saber oficialmente cuál es su situación actual. 
Señor Kerr, su intervención no se refiere al Acta sino a las Actas literales de las sesiones. 
Estamos aprobando el Acta. 
Señora Presidenta, mi comentario también se refiere al Acta, porque veo que el Vicepresidente Martin ha sido capaz de borrar del Acta sus alusiones a una llamada telefónica al nº 10 de Downing Street para pedir instrucciones de voto. 
Si los Vicepresidentes tienen esa posibilidad- y le deseo la mejor de las suertes -, ¿también la tienen otros diputados? 
Dicho sea de paso, señor Kerr, el Grupo del Partido Popular Europeo sigue como ayer, tal cual. 
Tampoco esto forma parte del Acta, sino de las Actas Literales de la Sesión. 
Señora Presidenta, por supuesto, haré un comentario sobre el Acta, página 21. 
El Sr. Cassidy, al parecer, se ha ido al otro lado del hemiciclo. 
Querría yo que la Presidencia me hiciera una aclaración porque, de acuerdo con The Guardian en su edición de hoy, John Stevens y Brendan Donnelly, miembros del Grupo del Partido Popular Europeo, fueron expulsados y después readmitidos por el Partido Conservador; más tarde, renunciaron y después, tras un apresurado compromiso, se les persuadió de que debían quedarse. 
¿Podría alguien, por favor, decirle al electorado de Gran Bretaña si ahora estas dos personas están en el Grupo del Partido Popular Europeo o son independientes? 
Estimados colegas, están confundiendo ahora una y otra vez el Acta con el Acta literal de la sesión. 
Sólo estamos aprobando el Acta. 
Hemos escuchado lo que ustedes han dicho, pero, al parecer, nadie más tiene algo que decir sobre el Acta. 
Señora Presidenta, quiero dejar claro, para sentar precedente en esta Cámara, que si algunas de Sus Señorías quieren comportarse como colegiales, deben hacerlo fuera. 
Algunos de nosotros tenemos trabajo aquí. 
(Reacciones diversas) 
Cada cual tienen su propio punto de vista de las cosas. 
(El Parlamento aprueba el Acta.) 
Señora Presidenta, usted ha mencionado la posición común relativa a la directiva sobre las garantías de los bienes de consumo. 
En la primera lectura fue competente para opinión la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Debería serlo también en la segunda lectura. 
Esto no se ha mencionado. 
Aclararemos esto. 
Votaciones 
Señora Presidenta, tras la discusión que tuvimos la noche de ayer con el Comisario, desearía introducir una modificación oral a la enmienda 7. 
Las demás enmiendas pueden votarse juntas. 
Nosotros hemos solicitado, en efecto, una evaluación independiente, a su vez, de un informe independiente de evaluación del programa, y el comisario declaró que es la Comisión la que debe elaborar dicho informe, lo cual es comprensible. 
Desearía, con el acuerdo de la Asamblea, proponer la supresión, en el primer párrafo, del término «independiente» por «facilitará una evaluación intermedia... » , así como la supresión, en el segundo párrafo, del término «independiente» por «presentará un informe de evaluación adecuado sobre la ejecución del programa» , añadiendo, como prometió el comisario, los términos «teniendo en cuenta el dictamen de expertos independientes». 
Les rogaría que aceptaran esta modificación oral, la cual está justificada, y podríamos, con esta modificación, y con el acuerdo de la Asamblea, votar en bloque las enmiendas 7 a 14. 
Es muy dudoso que la UE tenga que destinar tantos recursos a las instalaciones para la investigación de la fusión, JET. 
Esos recursos deberían invertirse en fuentes energéticas renovables. 
Por eso he votado en contra del informe. 
Carne de porcino 
De conformidad con el orden del día se procede a la declaración de la Comisión sobre el tema de la carne de porcino. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores diputados, para dejarlo claramente establecido desde el principio: la razón fundamental de las dificultades que actualmente tenemos en el sector porcino reside, ciertamente, en el hecho de que los años 1996 y 1997, extraordinariamente favorables para la producción de carne de porcino, han empujado a los agricultores a aumentar de forma masiva sus existencias de carne de porcino. 
A esto se añade que la producción holandesa tras la extinción de la peste porcina ha vuelto a salir de lleno al mercado. 
Ambas cosas, sumadas, han conducido en este año a un aumento de la producción europea de cerdos cifrada en 17, 2 millones de toneladas, lo cual significa un crecimiento de cerca de 1 millón de toneladas de carne de porcino o un 6 % frente a 1997. 
Esta tendencia debe ejercer inevitablemente una enorme presión sobre el mercado europeo de carne de porcino. 
Pero la situación se ha agudizado aún más en las últimas semanas mediante la caída casi completa de las exportaciones, extraordinariamente importantes, a Rusia, mediante el debilitamiento de la demanda en los mercados del lejano oriente así como también mediante la creciente competencia de otros países exportadores, sobre todo, de los EE.UU. y de Canadá. 
Por parte de la Comisión hemos adoptado una serie de medidas encaminadas a apoyar el sector porcino. 
En mayo se volvieron a implantar las restituciones por exportación de carne de porcino no deshuesada, tanto fresca como congelada. 
Esto estabilizó entonces el mercado durante varias semanas. 
Pero cuando los precios continuaron descendiendo, la Comisión elevó a finales de julio estas restituciones en un 50 % e introdujo las mismas restituciones para la carne deshuesada. 
Esta medida continuó ejerciendo también efectos muy positivos sobre las exportaciones. 
Sin embargo, cuando la exportación a Rusia retrocedió drásticamente, tal como he dicho, bloqueándose totalmente a mediados de agosto, los precios europeos de mercado descendieron casi 10 ECUS por 100 kilogramos en el transcurso de tres semanas. 
Para preservar de daños directos a los exportadores prolongamos en primer lugar por 60 días el período de validez de las licencias de exportación a Rusia. 
En la última reunión del comité de gestión de carne de porcino se decidió introducir rápidamente una subvención para el almacenamiento privado, que se concede desde el 28 de septiembre. 
Esta acción permite al comercio congelar a costa de la Comunidad carne de cerdos recientemente sacrificados y almacenarla durante cuatro, cinco o seis meses. 
Sin embargo, los productos congelados deberán exportarse en todo caso a terceros países tras la salida de almacén. 
No obstante, una parte de las cantidades almacenadas así como los gastos por esta acción se han de cargar a los créditos de la OCM a la exportación que están previstos para el sector de la carne de porcino. 
En el marco de esta acción es posible el almacenamiento de cerca de 70.000 toneladas de carne para el ejercicio presupuestario de 1999. 
Quisiera destacar que los comerciantes pueden integrar de manera apropiada el almacenamiento en sus actividades de exportación, lo cual va a contribuir también a mejorar su competitividad en los mercados de los terceros países. 
Algunos diputados están a favor de otro aumento de las cantidades de restitución y lo han solicitado. 
En este contexto he de objetarles a ustedes que una elevación de las restituciones, en especial para las exportaciones a Rusia, no tendrá sentido mientras el mercado ruso se halle totalmente cerrado y no tengamos allí ningún socio con el que podamos firmar contratos de exportación. 
Los demás mercados de terceros países no necesitan por ahora unas restituciones más altas. 
Evidentemente, vamos a observar con mucha exactitud el desarrollo futuro del mercado europeo de carne de porcino y, en todo caso, seguiremos deliberando sobre esto en la próxima reunión del comité de gestión que, ciertamente, tendrá lugar ahora, el día 14 de octubre, y en cuanto se vuelvan a abrir los mercados rusos revisaremos también las restituciones. 
Quisiera concluir con una puntualización que quizá no sea tan bien acogida por algunos de ustedes. 
A pesar de la crisis actual que- tal como he dicho ya al comienzo- ha de ser atribuida sobre todo al crecimiento de las existencias de porcino, existen todavía, precisamente ahora, organizaciones oficiales, servicios de asesoramiento, autoridades regionales e incluso gobiernos, que instan a los agricultores a que amplíen ahora la producción de cerdos en vez de restringirla. 
Hablando francamente, considero que éste es un mal consejo. 
En efecto, aunque la Comisión puede temperar y amortiguar un aumento transitorio de la producción, no puede proteger al sector de los descensos de precios que surjan a causa de sobreproducciones estructurales. 
Señor Comisario, nos acaba de dar usted ahora la relación de medidas que la Comisión ya ha tomado para solucionar esta grave crisis del porcino. 
Y ha señalado usted también que esto se debía, entre otras cosas, al gran crecimiento que ha habido. 
Pero, mire usted, este crecimiento no ha sido igual en todos los países, luego las soluciones no pueden ser las mismas en un país en el que la sobreproducción es de un 104 % que en otros donde el grado de abastecimiento es superior al 470 %. 
En cuanto a las medidas que ha mencionado, éstas son mejorables y, además, hay otras que usted no ha señalado. 
En restituciones a la exportación se ha hecho un esfuerzo y se ha incluido la carne deshuesada- eso se lo agradecemos -, y también en el tema del almacenamiento privado, pero 70.000 toneladas es muy poca cantidad, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos otra reserva de más de 600.000 del año pasado y tenemos disponible todavía la de este año. 
Además, hay otras dos medidas a las que usted no ha hecho alusión y que yo quiero resaltar: la OCM se rige dentro de un mercado liberal, y nosotros le decimos aquí que se aplique el artículo 3 que establece que, cuando las caídas de precios son excepcionales, se pueden aplicar las compras en régimen de intervención, y no se puede poner como excusa- como se ha hecho por parte de los funcionarios de la Comisión- el precio, porque éste viene fijado en el artículo 5 en relación al precio base comunitario. 
Por lo tanto, pueden aplicarse las compras en régimen de intervención. 
Además, tenemos el régimen de ayudas comunitarias, el régimen de la ayuda alimentaria. 
Esto se puede aplicar a todas las ONG, a las asociaciones benéficas, a la República Dominicana- donde ha habido una catástrofe impresionante -, en Rusia también se podría hacer. 
Soluciones hay, señor Comisario. 
Vamos a ser valientes y vamos a tomarlas. 
En una situación excepcional de mercado deben tomarse medidas excepcionales. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer al Sr. Fischler su explicación y creo que el análisis que ha realizado es, en el fondo, correcto. 
El ciclo del cerdo no es noticia. 
Los presentes en esta sala que hayan estudiado algo de economía, saben que este ciclo se trata en prácticamente todos los libros de economía. 
Lo que hace especial al ciclo en este momento es que coincide con la crisis de Rusia y Asia. 
Creo que el sector porcino puede estar, en general, orgulloso de tener un coste tan bajo. 
Si vemos que en un presupuesto de 41.000 millones, los gastos en 1997 fueron de 168 millones y ahora, en 1998, probablemente estén en torno a los 330 millones, ésta es, entonces, una prestación inmejorable. 
Así mismo, creo que las medidas extraordinarias que se han adoptado están completamente justificadas. 
En situaciones de necesidad debe hacerse algo excepcional. 
La Comisión señala que un hecho fundamental es que la producción porcina haya aumentado tanto y ahí subyace la verdadera causa. 
Eso seguramente es así. Ante una mayor oferta, bajan los precios. 
No obstante, ¿no sucede esto por la política de la Comisión de bajos precios en el sector de los cereales? 
¿Y no se agravará más esta problemática en los próximos años con la bajada aún mayor de esos precios propuesta en la Agenda 2000? ¿Cuál será entonces, según la Comisión, la influencia en la producción de carne de vacuno? 
Al igual que todas las clases de carne que se producen con la ayuda de muchos tipos de grano, obtendrán, creo, beneficios claros en relación con otros tipos de carne ¿Cuenta la Comisión con una política a largo plazo a este respecto? 
Una segunda pregunta: si las noticias son exactas, con motivo de las elecciones, se dará a los granjeros americanos entre seis y siete milllardos extraordinarios de dólares ¿Qué va a hacer la Comisión ante esto? 
¿Va a reaccionar? 
La última pregunta: si puedo creer lo que aparece en los periódicos neerlandeses, el Comisario Fischler ha ponderado mucho la política porcina de los Países Bajos. 
Esa política contiene, entre otras cosas, un sistema de cuota porcina ¿Es partidario el Sr. Comisario de extender esto a toda Europa? 
Señora Presidenta, señor Comisario, desde el final del verano hemos asistido a una caída vertiginosa del precio de la carne de porcino tanto en la Unión Europea como en el plano mundial. 
El sector de la producción comunitaria- y en concreto la pequeña producción familiar- se halla en situación de emergencia. 
¿Qué ha ocurrido? 
En primer término, existe una sobreproducción europea, como usted ha dicho, señor Comisario, debida, en gran parte, a la extensión irresponsable de algunas explotaciones de ganado. 
La oferta europea ha pasado, así, de 16 millones a 17, 2 millones de toneladas entre 1996 y 1998, es decir: se ha producido un aumento del 9 %. 
Paralelamente, en Estados Unidos se ha podido constatar un incremento del ganado porcino del orden del 8 % en dos años, lo que ha permitido a los norteamericanos, que aplican precios que resisten a toda competencia, conquistar mercados exteriores en detrimento de la Unión Europea: estamos en plena guerra económica. 
La situación también se explica por las crisis asiática y rusa, que privan al mismo tiempo a la Unión Europea de un mercado prometedor. 
Hoy se constata un estancamiento del consumo de carne de porcino en la Comunidad, debido a una fuerte competencia de las demás carnes blancas. 
La Comisión debe ahora recurrir a soluciones drásticas para evitar que la crisis persista y se complique. 
Se impone la necesidad de adoptar medidas urgentes. 
En primer término, hay que adaptar el nivel de las restituciones a la exportación a las necesidades de la reconquista de los mercados, en particular del mercado ruso. 
En segundo término, es conveniente iniciar rápidamente una campaña de promoción intracomunitaria para sensibilizar a la opinión pública y reactivar el consumo europeo. 
En tercer término, hay que acabar con las reservas de carne existentes en la Unión Europea, adoptando el principio de una ayuda humanitaria, concretamente para Rusia, sin por ello poner en entredicho los circuitos comerciales actuales e hipotecar los circuitos futuros. 
En cuarto término, es conveniente controlar la oferta y la demanda, así como la producción, y gestionar la crianza de manera racional. 
En quinto lugar, hay que procurar que la producción porcina no se transforme en un gran negocio que ya nada tenga que ver con la agricultura, el desarrollo rural y el respeto a las normas medioambientales. 
Pero temo que, en cuanto a este último punto, ya sea demasiado tarde. 
Señora Presidenta, la actual crisis del mercado del porcino tuvo como origen un desajuste entre la oferta y la demanda, derivado del incremento de las granjas industriales. 
Posteriormente, la fuerte reducción de las exportaciones originada por la crisis rusa dio una amplitud sin precedentes a la crisis del mercado. 
Las víctimas de esta crisis serán las pequeñas y medianas explotaciones. 
La Comisión debería proponer medidas para corregir esta situación, mediante ayudas específicas a las pequeñas y medianas explotaciones y medidas para desincentivar las granjas industriales. 
Con todo, el mayor problema reside en que estos efectos de la crisis rusa pueden repetirse también en otros sectores. 
A este respecto, lo más grave, según mi parecer, es que la Comisión se va quedando sin instrumentos para gobernar estas crisis porque propone generalizar, como único instrumento, el almacenamiento privado como mecanismo de intervención exclusivo en la mayor parte de los sectores. 
El tejido social del mundo rural europeo no puede permitirse destruir su base- las pequeñas y medianas explotaciones- ni destrucciones de empleo adicionales. 
En consecuencia, la Comisión tiene el deber de corregir los efectos sociales de la crisis estructural del porcino dando ayudas a las pequeñas explotaciones y desincentivando las granjas industriales. 
Y quiero llamar la atención sobre los últimos acontecimientos, pues un mínimo ejercicio de responsabilidad exigiría de la Comisión revisar algunas propuestas que está haciendo en relación con las distintas OCM. 
Cualquier OCM, para merecer ese nombre, debe contar con instrumentos de regulación de mercado para hacer frente a alternancias cíclicas en la producción o para hacer frente a crisis coyunturales en todos los sectores. 
No en balde mis compañeros de comisión están pidiendo un esfuerzo excepcional ante medidas cada vez más inútiles. 
Señora Presidenta, señor Comisario, debería haber comenzado usted con la valoración que usted ha expuesto al final. 
En el mercado del porcino cada cual sabe de dónde procede esta crisis. 
Incluso ahora las asociaciones de agricultores y las cámaras se están esforzando todavía aquí por llevar adelante el desarrollo del sector del porcino y difunden en sus escritos que deberíamos recuperar de una vez las cuotas de mercado de Holanda que se han perdido allí a causa de la peste porcina. 
Lo mismo ha de decirse, naturalmente, de Holanda y de otros países miembros. 
En éstos se intenta impulsar la industrialización en el sector del porcino e incluso, a ser posible, con dinero estatal. 
La presión de mercado que surja después debe eliminarse mediante una elevación de las subvenciones a la exportación. 
En el camino quedan el contribuyente que tienen que pagar todo esto, las pequeñas explotaciones y la crianza adecuada a la especie. 
Tenemos que oponernos a este desatino y, señor Pérez, le voy a contradecir en un punto- y esto se refiere también a la resolución común que nosotros no hemos suscrito -, no debemos apoyar el desatino de instituir aquí un régimen común de mercado para la carne de porcino con intervenciones estatales que conducirán a que en este ámbito tengamos también excedentes de manera constante. 
Hemos de procurar que el mercado se limpie y se separe de los que han acometido la expansión, y nosotros hemos de procurar a través de medidas que la crianza adecuada a la especie y la explotación campesina de cerdos no se vean relegadas, a causa de esto, al último lugar. 
Esto significa que a nivel europeo hemos establecer con carácter vinculante para todos los Estados miembros que la producción industrial agrícola no es una medida privilegiada de producción y que no debe establecerse en el espacio rural como otras producciones agrícolas, sino que debe ser tratada como industria y debe establecerse en zonas comerciales con las correspondientes disposiciones de emisión que tienen que cumplir también las demás explotaciones comerciales e industriales. 
El régimen de privilegio ha de reducirse a una agricultura adaptada a la superficie y esto significa también una cría de cerdos en base a la superficie. 
Por lo demás, tenemos que apoyar el mercado regional. 
Con mi producción de cerdos- admito que es algo reducida- con comercialización directa no me encuentro afectado por esta crisis. 
Tampoco me veo afectado por el hundimiento de los mercados en Rusia o en Asia, sino que mis mercados están delante de mi puerta y la gente que quiere comprar en mi explotación, porque no se ocupan de Asia ni de Rusia y que tampoco piensan que deben consumir más carne porque se ha impulsado la producción agroindustrial, se quedan en su nivel de la misma manera que yo me quedo en el mío. 
Yo tampoco he hecho ninguna expansión. 
Por esta razón creo que esta crisis está fabricada en casa. 
Pero indica también que precisamente la orientación hacia la exportación y hacia el mercado mundial implica peligros porque luego pequeños agentes nos revolucionan todo y, en realidad, esto puede ser regulado razonablemente en el gran mercado interior europeo. 
Por consiguiente les ruego que dejen que este excedente de porcino se regule por sí sólo y protejan a aquellos que no deben ser relegados al último lugar, es decir, las explotaciones familiares campesinas que, de lo contrario, saldrán perdiendo. 
Señora Presidenta, en primer lugar, felicito a la Comisión por la declaración de esta mañana sobre la crisis en el sector porcino de toda Europa. 
El hecho de que recibiéramos esta declaración significa que la Comisión reconoce que existe un serio problema dentro de la industria porcina en la Unión Europea. 
En mi propia circunscripción de Irlanda del Norte, la situación es, quizá, aun peor que en otras partes de Europa. 
Se ha agravado, incluso, por el incendio que en junio destruyó una de las factorías de procesamiento. 
Sé que la Comisión, probablemente, es consciente de esto. 
El resultado fue una acumulación de cerdos en las granjas durante julio y agosto. 
A pesar de los esfuerzos de los políticos, no se encontró ninguna solución a este problema ni en Irlanda del Norte, ni en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Londres, ni en Bruselas. 
Fueran donde fuesen, se les decía: «Lo siento, pero todos están de vacaciones». 
Los cerdos no saben de vacaciones: hay que alimentarlos y tuvimos un serio problema. 
No es nada bueno ir a ver a la gente y decirle: «Lo siento, pero todo el mundo está de vacaciones en Bruselas». 
Aunque considero que todos deben disfrutar de sus vacaciones, en el futuro tendría que haber en todo momento un funcionario de adecuada capacidad en cada cabinet de Bruselas, una persona que pueda adoptar una decisión política, si se produce una crisis en algún lugar de la Unión Europea. 
Una situación como esta no contribuye a dar una buena imagen de la Unión Europea. 
Sé que las soluciones no son fáciles. 
Sé que la crisis de Rusia ha empeorado la situación, pero simplemente empezar con la introducción de restituciones a la exportación y ayudas al almacenamiento privado no basta. 
Necesitamos un mecanismo mejor para detectar los problemas antes de que se produzcan. 
La industria porcina es importante: mantiene en las granjas a la gente joven, que sin esta actividad se marcharía de allí. 
También implica una buena cantidad de puestos de trabajo fuera de las granjas. 
Me temo que la industria porcina, en mi región, está en una situación tal que podría no sobrevivir a la crisis actual. 
Pido, pues, a la Comisión, que se organice un grupo de trabajo que analice la situación, que pueda asegurar que esto no se repetirá y que estamos en condiciones de desarrollar una política a largo plazo para el futuro de la cría de porcinos en toda la Unión Europea. 
Señora Presidenta, la industria del porcino en Irlanda del Norte se ha visto más castigada que todos los demás sectores de la agricultura que ya están crisis, como sabe el Sr. Comisario. 
En medio de esta crisis, en una sola noche, la industria del porcino quedó despojada del 40 % de su capacidad de matanza y elaboración. 
Una factoría Malton nueva, que costó 10 millones de libras, se quemó hasta los cimientos. 
Una industria que ya estaba en crisis, con una pérdida del 40 % de su capacidad corre el peligro de un colapso total. 
¿A qué representación del Gobierno del Reino Unido ha recibido el Sr. Comisario en esta emergencia calamitosa? 
¿Cuántas peticiones de ayuda financiera se han recogido? 
Si hubiera ocurrido esto en cualquier otra parte de la Unión Europea, y el 40 % de una industria hubiera desaparecido, el correspondiente Gobierno nacional habría pedido, y obtenido, una ayuda sustancial. 
La industria del porcino es una joya en la corona de la agricultura de Irlanda del Norte. 
Y está a punto de hundirse, como ha dicho mi colega, y de dejar de ser viable, si de inmediato no se le hace llegar una ayuda. 
Los criadores de cerdos piensan en el suicidio, y algunos ya han llegado a él como resultado de los problemas: la situación es desesperada. 
Pido al Sr. Comisario que de inmediato envíe a uno de sus funcionarios a Irlanda del Norte, para que vea por sí mismo la tragedia y la gravedad de la situación. 
La agricultura es la mayor industria de Irlanda del Norte. 
Su producción significa ingresos de 2.280 millones de libras y da trabajo al 10 % de la mano de obra total. 
Toda la industria está en crisis. 
Los ingresos de las granjas están heridos de muerte. 
En 1997 bajaron un 38 % respecto de 1996, hasta los 203 millones de libras. 
Y este año se espera una caída mayor en los ingresos de las granjas, hasta llegar a los 50 millones de libras. 
Tan terrible es la gravedad de la situación. 
Estamos esperando que Europa haga algo por nosotros. 
Señora Presidenta, originariamente fui yo quien planteó esta cuestión. 
Me alegra que tantas personas en esta Asamblea, y también el Sr. Comisario, sepan cuál es el problema y conozcan su gravedad. 
No se trata de agricultores que no pueden ganarse la vida. 
Se trata de agricultores que pierden dinero con rapidez y están en peligro de quedarse sin casa y sin su propio trabajo. 
Los agricultores de Europa piensan que la Unión Europea es la responsable de la agricultura. 
Gastamos 17 mil millones cada año en las cosechas agrícolas. 
Gastamos 5 mil millones por año en el ganado. 
Logramos conseguir 2 mil millones extra cuando la industria de la carne bovina tuvo problemas, aun cuando el sector porcino es dos veces más grande: en la Unión Europea la carne de cerdo que se consume duplica la cantidad de carne bovina. 
En el sector lácteo gastamos 3 mil millones. 
En la carne porcina sólo gastamos 300 millones, aunque se trata de un sector que es dos veces más grande que el bovino. 
Es de extrema importancia que tomemos nota de la situación y busquemos soluciones de emergencia, porque estamos ante una emergencia. 
A Su Señoría Graefe zu Baringdorf, que piensa en estas cosas con seriedad, debo decirle que están afectadas grandes factorías agrícolas, pero que las que estarán allí cuando la crisis termine son las grandes factorías agrícolas. 
Los que van a desaparecer son los agricultores más pequeños y vulnerables. 
Hoy no estamos hablando a favor de las grandes factorías agrícolas. 
Pedimos unas medidas de emergencia para los pequeños agricultores, que están en una situación catastrófica y se hundirán antes de que la crisis termine de desarrollarse. 
Señora Presidenta, señor Comisario, querría expresarle mi agradecimiento por su declaración, en la que ha ofrecido una explicación exhaustiva del porqué de la sobreproducción que se registra en el sector porcino. 
La decisión de la Comisión de respaldar el almacenamiento privado es correcta, pero no es suficiente. 
Para dar salida a las enormes existencias de carne porcina es imprescindible aumentar las ayudas a la exportación, a fin de permitir colocar el excedente en los mercados mundiales. 
Y es necesario encontrar los fondos necesarios a este fin. 
Además, se debe reducir la producción de carne de porcino en la UE para responder mejor al consumo y a las posibilidades de exportación que ya existen en la actualidad. 
La responsabilidad de estos recortes recae en los Estados miembros que han aumentado su producción durante los dos últimos años por encima del crecimiento del consumo. 
Ante esta situación, los Gobiernos que siguen alentando a aumentar todavía más la producción dan muestras de una verdadera irresponsabilidad. 
Con el recorte de la producción hay que hacer también hincapié en su impacto medioambiental, por lo que se deberá reducir la producción, especialmente, en las regiones que planteen un riesgo ecológico. 
Me gustaría preguntar al Sr. Comisario si es posible hacer uso de las ayudas medioambientales de la Unión Europea para reducir la producción de carne de porcino que suponga una carga excesiva para el medio ambiente. 
Es urgente lograr un equilibrio de la producción, ya que, de no ser así, este equilibrio vendrá determinado por la quiebra de numerosísimas empresas. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, la crisis de la producción de carne de porcino es insoportable para los pequeños y medianos productores. 
La misma debe conducir a la adopción de medidas eficaces, de común acuerdo con la Comisión y los Estados, para permitir que las explotaciones atraviesen sin problemas esta difícil situación. 
¿Pero cómo se puede aceptar, en el momento que Europa acusa un excedente de 600.000 toneladas, que se autorice la instalación de enormes granjas industriales que suscitan la oposición de las poblaciones vecinas y de los propios agricultores? 
¿No es necesaria una moratoria europea para este tipo de instalaciones? 
La situación actual, en Europa y en resto del mundo, debe desembocar, efectivamente, en una política de control de la producción a través de una verdadera organización común de mercado. 
Ello es imprescindible para garantizar una renta decente a los explotadores familiares, en el marco de una producción de dimensión humana, generadora de empleos, y que garantice el respeto al medio ambiente y la ocupación equilibrada del territorio. 
¿Pero quién, en el ámbito de los organismos de la Unión, tendrá la voluntad y la valentía para orientar de manera diferente la política agrícola comunitaria y combatir a ese, cito, «liberalismo desmedido» , que, según el Presidente del COPA, es el causante de la crisis? 
¿Se puede creer que la Comisión está dispuesta a actuar eficazmente en tal sentido y contra la caída de los precios de la carne de porcino, cuando propone una evolución idéntica de los precios en el sector de los cereales, de la leche y de la carne de bovino, cuando propone, sin un verdadero mecanismo de equilibrio, la ampliación a países donde los precios agrarios son entre un 30 % y un 60 % inferiores a los de la Unión y cuando la misma continúa esta huida hacia delante ultraliberal, negociando la apertura del mercado europeo a los Estados Unidos y al Mercosur? 
¿Acaso no es urgente liberarse de este dogma que regula el mercado y replantear la reflexión sobre la reforma de la PAC y de la Agenda 2000? 
No partimos de cero. 
Al adoptar, hace algunas semanas el informe Cunha, sobre la reforma de la PAC, nuestro Parlamento perfiló el marco de una política agraria diferente, mucho más preocupada por las necesidades de la sociedad en materia de rentas decentes, de empleos, de calidad de la alimentación y del medio ambiente, de equilibrio de los territorios y de cooperación internacional. 
Esta es la orientación que hoy debería estar en el centro de las discusiones del Consejo y de nuestro Parlamento. 
Señora Presidenta, como muchos de los parlamentarios, he estado en contacto con productores de porcino de mi circunscripción durante la semana pasada. 
He descubierto que muchos de ellos están al borde de la ruina económica. 
Las personas que habían adquirido compromisos a largo plazo para proporcionar un producto de primera calidad de pronto se encuentran con que los cerdos que antes se vendían a un precio de entre 34 y 40 libras, ahora se venden a 10 ó 12 libras. 
No piden subsidios ni caridad, sino ayuda. 
Hay muchas maneras de ayudar a nuestros productores de porcino. 
Podemos aportar un plan de garantía de créditos de exportación. 
Podemos pensar en una retirada del mercado financiada. 
Podemos pensar en la forma de controlar a los nuevos exportadores en el mercado. 
En cuanto a lo dicho por el Sr. Fischler sobre el mercado ruso, la de Rusia es una situación inquietante y nuestro mercado del porcino está en una situación inquietante. 
De modo que podríamos enviar al pueblo ruso al menos nuestros cortes de carne más baratos. 
Mandémosle esa carne, pongámosla en el mercado ruso, dejemos que los rusos usen esa carne para alimentar al pueblo y aliviemos la presión en nuestros propios mercados. 
Hay otras posibilidades. 
Los productores de porcino británicos tienen problemas adicionales a causa de la adopción unilateral de normas de cría de ganado. 
Debemos asegurarnos de que esas normas son las mismas en toda la Unión Europea. 
También debemos asegurarnos de que las importaciones que se hagan a la Unión respeten esas normas. 
Por último, las normas sobre etiquetado tienen que hacerse más rígidas, para que la carne de porcino con el tiempo llegue a imponerse por su propia calidad. 
Así los grandes hipermercados no se atreverán a cambiar de proveedores para obtener precios más bajos. 
Mis productores de porcino no quieren caridades sino que les den una oportunidad. 
Señora Presidenta, a estas alturas del debate, las causas de la crisis han sido abordadas ampliamente, sin embargo, quiero ofrecer mi modesta aportación, al objeto de tratar de señalar algún remedio. 
Los primeros remedios son de carácter institucional, son los más simples y ya se ha hecho alusión a ellos: ante todo, por lo tanto, el recurso al almacenamiento privado y a las restituciones a la exportación, aunque el Sr. Comisario evita esta medida, pues no la considera viable, ya que no habiendo demanda, no hay exportaciones y, en consecuencia, no se producirían restituciones. 
¿Cuáles serían las demás medidas? 
En primer término, subsiste el peligro de que cada uno piense en sus problemas y, entonces, sería necesaria una acción de sensibilización dirigida a los Gobiernos de los Estados miembros para que, presos por cierto pánico y demagogia, no comiencen a adoptar medidas unilaterales, yo diría, unidireccionales que, con todo, serían simples paliativos. 
La segunda propuesta a la Comisión sería oponerse resueltamente a la gestión de la oferta para reequilibrarla y coordinarla; asimismo, habida cuenta del estrecho marcaje que hacen los Estados Unidos a la Unión Europea con respecto a todas las cuestiones que afectan a nuestras relaciones internacionales, ¿por qué no aprovechamos la ocasión para comprobar si realmente los Estados Unidos están ayudando a sus productores de manera indebida respecto al panel de la OCM? 
Y además, comprobar atentamente las causas más profundas de la crisis en Rusia y en Japón para tratar de prevenir ulteriores efectos; por último, apurar la responsabilidad solidaria de las grandes empresas agroalimentarias. 
En definitiva, no podemos resignarnos a la profecía bíblica de siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas: cuatro años de precios altos, seguidos por cuatro de precios bajos, provocarían, señor Comisario, una catástrofe. 
Señora Presidenta, el viernes pasado también yo estuve con los agricultores de mi circunscripción. 
Todos están angustiados por la actual caída de sus ingresos, en particular los del sector porcino, cuyos animales están llegando a precios tan bajos en el mercado que con cada cabeza pierden dinero. 
Los agricultores británicos- por lo común un grupo de gente muy flemática, cumplidora de la ley- no son nada proclives a las manifestaciones, como muchos de sus pares en otros países. 
Para que ellos se echen a la calle, como lo hicieron en Blackpool la semana pasada, durante la reunión del Partido Laborista, o para que bloqueen un puerto para impedir que entre carne de porcino en el Reino Unido, como lo hicieron hace unas semanas en Immingham, en mi circunscripción, la situación tiene que ser verdaderamente desesperada. 
Cuando viajo por mi circunscripción de Lincolnshire, a menudo veo en el campo que los cerdos disfrutan de una vida activa, normal, y de un gran bienestar. 
Sus criadores sienten gran amargura por los precios bajísimos que están recibiendo en la actualidad por sus animales, unos precios que no se reflejan en lo que cuesta la carne en los supermercados que importan carne de animales criados con mucho menos cuidado. 
Los agricultores necesitan ayuda ahora para llegar hasta la Navidad. 
Varias medidas a corto plazo se pueden adoptar con rapidez para aliviar esta situación. 
Las restituciones a la exportación traerán alivio, pues permitirán que los productores busquen un mercado fuera de la Unión Europea. 
Las ayudas al almacenamiento privado pueden ser un alivio en estas circunstancias de sobreabastecimiento del mercado a corto plazo. 
Sin embargo, cuando esa carne se comercialice tendrá que exportarse o utilizarse para un abastecimiento de emergencia fuera de la Unión Europea- posiblemente en Rusia, como se ha dicho -, con el fin de evitar que se reproduzca el problema del sobreabastecimiento. 
La garantía de créditos de exportación puede contribuir a que los exportadores vean reducidos sus riesgos y compitan fuera de la Unión Europea con una mayor confianza de encontrar nuevos mercados. 
Un programa de comercialización intensivo para toda la Unión Europea, semejante al que se introdujo para la carne de bovino hace dos años, para el que elaboré el informe al Parlamento, también podría tener un papel importante en el incremento del consumo y, por lo tanto, en la reducción de los excedentes. 
También hay que ayudar a los agricultores que se quieran retirar de este sector. 
Estas medidas tendrían que aplicarse por igual en toda la Unión Europea, para que tengamos la seguridad de que ninguno de los Estados miembros obtiene una ventaja indebida. 
A través de esta Cámara, pido a la Comisión y al Consejo que adopten decisiones y emprendan una urgente acción después de la reunión del 14 de octubre. 
Los agricultores europeos necesitan ayuda ahora. 
No pueden esperar otros dos o tres meses para que pongamos manos a la obra. 
Señora Presidenta, querido señor Comisario, ciertamente todo está dicho, pero aun no por todos. Por esta razón voy a ser breve. 
Me referiré a cuatro puntos. 
En primer lugar, los precios del porcino para los campesinos han descendido más fuertemente que lo que refleja el mercado. 
Habría que llamar también la atención sobre esto. 
En segundo lugar, señor Comisario, usted no ha dicho nada acerca de la valoración de los recientes recuentos de cerdos. 
Usted dispone ciertamente de buenos números, pues su asistente en materia de porcino ha aprendido en mi granja. 
Por eso es una persona tan competente. Lo digo para que esto se exponga aquí alguna vez. 
En tercer lugar, ahora sería la mejor ocasión, y en esto estoy de acuerdo con el Sr. Graefe zu Baringdorf, para llevar a la práctica la directiva sobre el nitrato y para considerar las elevadas existencias de animales en la Comunidad para que éstas vuelvan a ser llevadas a un volumen normal, de suerte que la superficie de producción de pastos y la superficie de producción de estiércol guarden una relación adecuada entre sí. 
Esta es la mayor posibilidad que ahora tenemos. 
En mi caso está sucediendo así, esto está claro. 
Todos hemos realizado estas cosas hace tiempo. 
Sólo los de Baja Sajonia se encuentran, naturalmente, en un grave retraso. 
Y a pesar de todo uno de ustedes ha llegado a Canciller federal en Alemania. 
En esto verán ustedes que entre nosotros todo es posible. 
En cuarto lugar, deberían estudiar la reducción del precio del cereal, qué influjo y qué estímulo ejerce la reducción fuerte del precio del cereal sobre la economía de refino. 
Los campesinos buscan un mayor valor añadido. 
Esto está totalmente claro y entonces no podremos salir en absoluto del dilema. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, sólo quiero subrayar dos cosas, no sin antes manifestar, para evitar malentendidos, que comparto el hecho de que esta mañana estemos debatiendo este tema y que subsiste la necesidad de adoptar alguna medida que nos ayude a superar esta etapa de dificultades. 
Sin embargo, señor Comisario, quiero decir muy francamente que no me ha sorprendido su última declaración y que creo que debemos hacer una distinción entre las que son las causas estructurales que originan esta crisis y las que, por el contrario, son las causas contingentes que la han agravado. 
El mercado ruso, por ejemplo, ha agravado la crisis originada por un exceso de producción y por la desacertada política llevada a cabo por algunos Estados miembros. 
Esta política debe ser corregida, porque podría penalizar aquellas zonas tradicionalmente productoras de carnes porcinas, utilizadas sobre todo para productos de calidad y para productos transformados- jamones, fiambres, etcétera- que podrían pagar el precio de los errores cometidos en materia de demanda de producción. 
Lo segundo que quiero decir es que podemos intervenir perfectamente con medidas contingentes, no obstante, tenemos que tratar de no utilizar esta crisis para ir hacia una reglamentación del sector que, hasta ahora, siempre ha sabido arreglárselas sin medidas de tipo asistencial; debemos tratar de evitar que, a raíz de una crisis coyuntural del sector, se tome la clásica dirección asistencial. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, quisiera darles las gracias por este debate, pues se me ha preguntado si les puedo mostrar cómo ha evolucionado la producción. 
Aquí ven ustedes la producción de la primera mitad de 1998 comparada con la primera mitad del amo 1997. 
En Holanda la producción ha aumentado un 17, 9 % -ya he explicado que ello está condicionado por la peste porcina del año pasado -, en España ha aumentado un 7, 8 %- de esta suerte, España es el segundo país productor de porcino de la Unión Europea- y en Portugal ha aumentado también en más del 7 %. 
También hay estados en los que la producción incluso ha disminuido, por ejemplo, en Italia, en Luxemburgo y en Finlandia. 
En Alemania la producción ha crecido un 4 %. 
Quisiera referirme ahora brevemente a las preguntas que han planteado ustedes: acerca de la pregunta, tan específica, que se refiere al incendio de Irlanda del Norte, quisiera decir que el Gobierno británico, en primer lugar, ha solicitado una subvención nacional, que está en estudio, para este ámbito. 
En segundo lugar, en la medida en que estamos informados, esta firma ha adquirido entretanto un matadero sustitutivo. 
En tercer lugar, en caso de necesitarse ayudas estructurales para la reconstrucción, éstas han de llevarse a efecto en el marco de los programas estructurales. 
En cuarto lugar, no digan ustedes que no hemos estado a disposición. 
Incluso en agosto ha habido dos debates con mis servicios sobre esta cuestión. 
Paso ahora a la cuestión que ha sido planteada por el Sr. Hallam acerca de que deberíamos hacer programas FOOD AID para Rusia. 
Creo que en este punto deberíamos hablar primero con los rusos. 
Seguramente sería contraproducente que realizásemos una oferta- esto lo han intentado ya algunos- cuando los rusos no desean esto, en absoluto. 
Hasta ahora el Gobierno ruso nos ha manifestado que otorga una importancia prioritaria a que se produzcan de nuevo las exportaciones normales a Rusia. 
Más aún, si esto se tomase en consideración, tendríamos primero, evidentemente, que aclarar esto a nivel internacional para evitar que un programa de ayuda alimentaria se cargue a costa de nuestras exportaciones y tengamos luego dificultades adicionales. 
Sobre todo, deberíamos aclarar también cómo se financia un programa semejante. 
Por consiguiente, en principio, y de entrada, no estamos en ningún caso en contra de tal programa, pero primero es preciso aclarar las condiciones. 
Además, consideramos de la máxima importancia que en caso de conceder estas ayudas recibamos garantías de que esta ayuda va a beneficiar a los que realmente la necesitan y no a cualquier otro. 
Paso ahora a la cuestión de la continuidad de los precios entre los precios de los productores y los precios de los supermercados: si ustedes constatan en sus países que ésta no se da, entonces constituye una debilidad en la competencia, que no cabe achacar a la Comunidad, sino que en este punto las asociaciones de consumidores y otras organizaciones deben velar por que esto funcione. 
Pasemos ahora a aspectos de más largo plazo. 
En nuestras propuestas relativas a la Agenda 2000 nos hemos ocupado mucho de la cuestión de cómo se desarrollará en el futuro la relación de competencia entre la carne de porcino y la carne de vacuno. 
Puesto que creemos, ante todo, que la carne de porcino- como todos los tipos de carne blanca- va a tener más ventajas que inconvenientes en el futuro, por eso mismo creemos que es necesario realizar un corte más decisivo en los precios de la carne de vacuno, para que se mantenga el equilibrio. 
Tendencialmente se da más bien una demanda de carne de porcino. 
Creo que ustedes no deberían acometer ningún balance en el que consideren separadamente los miles de millones que la Comunidad paga por los cultivos vegetales y hagan como si esto no tuviera nada que ver con la carne de porcino. 
Lógicamente, hay muchos productores de porcino que reclaman precisamente las primas por cultivos, porque justamente ellos producen sus cereales y sus piensos. 
En lo que respecta al apoyo a los productores norteamericanos existe el anuncio del Presidente Clinton de ayudar más intensamente de forma global a la agricultura norteamericana, que actualmente se encuentra en una especie de crisis, sobre todo en el cultivo de cereales. 
Sin embargo, lo que rige para nosotros, debe regir también, evidentemente, para los norteamericanos, en concreto, que ellos deben atenerse también a los compromisos acordados del GATT. 
Es evidente que también observaremos esto con suma atención. 
Si de alguna manera comprobásemos que esto no debiera ser así procederíamos en consecuencia. 
La cuestión de la orientación del mercado la veo, de hecho, de manera diferente a como se ha expuesto antes. 
Ciertamente, no queremos poner obstáculos a los mercados locales y regionales, los cuales, como ha expuesto de manera muy impresionante el Sr. Graefe zu Baringdorf, funcionan con independencia de la crisis, sino que, por el contrario, queremos fortalecer y apoyar estos mercados regionales. 
Pero no podemos comercializar toda la producción europea exclusivamente en mercados regionales, sino que existen además otros mercados que no podemos descuidar sin más. 
En un punto les doy la razón y vuelvo así a la pregunta del Sr. Mulder. 
Lo que se ha propuesto en Holanda para la reducción está en relación directa con la directiva relativa a los nitratos. 
Este es el intento de Holanda por llevar a la práctica en el ámbito de la producción de porcino la directiva relativa a los nitratos y así ha sido presentada por el gobierno holandés. 
Sin embargo, todos ustedes saben cuántos Estados miembros no han trasladado la directiva relativa a los nitratos. 
Estoy gustosamente dispuesto a volver pedir hoy y aquí, sobre la base de este debate, a los servicios competentes y a mi colega, la Sra. Bjerregaard, que adoptemos en este punto la posición pertinente frente a los Estados miembros, pues creo que ésta es la mejor protección para asegurar la producción autóctona en Europa. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
El debate queda cerrado 
Procedemos ahora a la votación. 
Propuesta de resolución común sobre la crisis en el sector de la carne de porcino 
(El Parlamento aprueba la resolución.) 
Señora Presidenta, la imagen de fuertes fluctuaciones de los precios en el sector porcino es conocida. 
No por nada, hablamos en economía de un ciclo del cerdo. 
Con la desaparición del importante mercado ruso, los problemas actuales del mercado porcino son muy serios. 
Esto ya se ha mencionado. 
Por ello, es positivo que el Parlamento Europeo se haya pronunciado sobre este asunto. 
Apoyamos el llamamiento hecho a la Comisión para que adopte medidas adicionales. 
De ahí que hayamos votado a favor de la resolución. 
Pero, ¿qué entendemos por medidas adicionales? 
La formulación general de las recomendaciones muestra que en el Parlamento existen distintos puntos de vista sobre las mismas. 
Hay ideas para, al igual que la prima Herodes de los terneros, implantar una regulación sobre subvenciones por el sacrificio de lechones. 
Estamos totalmente en contra. 
Semejante regulación es éticamente inaceptable y no hace ningún bien a la imagen del sector. 
Otras posibilidades que se han mencionado son la intervención de la carne de cerdo y la rebaja del peso en canal. 
Tenemos nuestras dudas sobre semejantes regulaciones. 
Por ello, la organización de mercado de la carne de cerdo debe modificarse, se trata de un asunto de larga duración. 
No nos parece acertado convertir, a causa de la crisis actual, esta sencilla organización de mercado en una compleja. 
Aconsejamos a la Comisión que comience por hacer un uso óptimo de los instrumentos existentes, aunque éstos sean limitados en una organización de mercado sencilla. 
No obstante, con una regulación sobre el almacenamiento privado y un aumento de las subvenciones a la exportación, la Unión sí puede contribuir a solucionar los problemas. 
Así mismo, la Comisión debe vigilar atentamente por que las normas de apoyo, que distintos Estados miembros han adoptado, no se opongan a las reglas europeas. 
Los Estados miembros que han aprobado normas unilaterales de apoyo merecen un trato particularmente duro. 
Entre otras cosas, pienso en los préstamos sin interés y la contribución a la conservación de la producción excedentaria. 
Éste es un proceso sin fin. 
El Grupo ARE no ha firmado esta resolución denominada «común» , presentada por los Grupos del PSE, del PPE, UPE y GUE/NGL. 
Dicha resolución nos ha sorprendido por su falta de sustancia. 
En efecto, este texto nos parece una constatación- ciertamente justa, pero vacía- de la crisis actual del sector de la carne de porcino, y sobre todo esta resolución se abstiene de sacar enseñanzas de la crisis y no contiene ninguna propuesta concreta, a pesar de ser necesario y urgente para los productores que sufren el azote de esta crisis. 
Dicha crisis era previsible, como consecuencia de la combinación de una industrialización incontenible de la producción porcina, del mantenimiento durante cuatro años de precios artificialmente atractivos que fomentaban la sobreproducción y de la ausencia de una verdadera política europea de control de la producción. 
La caída brutal de los precios de la carne de porcino, unida a la pérdida de mercados a la exportación, concretamente tras la crisis rusa, no son más que los síntomas de la fragilidad estructural del sector, suscitados por la falta de voluntad política y cierto clientelismo. 
Cada crisis del sector porcino elimina a los productores más pequeños en beneficio de los industriales, principales responsables de la situación actual. 
No es con las pobres y tímidas propuestas de esta resolución, que se contenta con pedir la perpetuación ciega del sistema existente sin siquiera cuestionar los fundamentos de la política seguida hasta ahora, como la Comunidad podrá dar una respuesta satisfactoria a las preocupaciones de los criadores. 
El Grupo ARE había propuesto adoptar medidas claras con miras a un control real y duradero de la producción. 
La desconcentración de la producción, que daría prioridad a la calidad sobre la cantidad, es también una de nuestras prioridades. 
Dentro de este espíritu, el Grupo apoya el mantenimiento, por la Comisión, de la prohibición de las subvenciones destinadas al aumento de las capacidades de producción en las zonas de excedentes estructurales. 
Habría que alentar a la Comisión a privilegiar las ayudas acordadas al productor para fomentar métodos de ganadería extensiva que respeten la vinculación con el suelo y que utilicen alimentos de origen comunitario. 
Finalmente, el Grupo ARE considera que cualquier medida particular de ayuda al sector debe estar condicionada a las necesidades propias de cada región por medio, a su vez, de medidas relativas a la comercialización, la transformación, la protección del medio ambiente, la desconcentración de la producción, la reconversión de las empresas, e inscribirse en una estrategia global de control de la producción y tendente a lograr la calidad. 
No obstante, votaremos positivamente dicha resolución, para manifestar nuestra preocupación ante la envergadura de esta crisis y nuestra solidaridad frente a los agricultores afectados. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor de la codecisión sobre la carne de porcino. 
Esto se ha hecho considerando que la decisión en general es aceptable. 
Ciertos productos que se exportan, entre otros lugares, al Extremo Oriente, no reciben ayudas a la exportación. 
Esto supone una discriminación de los productores en cuestión. 
Por ello defendemos la ayuda al almacenamiento privado de los productos que no reciban ayudas a la exportación. 
Por supuesto pensamos que a largo plazo la mejor forma de equilibrar el mercado es mantener a los animales en buenas condiciones y tener en cuenta el medio ambiente. 
Abogamos por una reforma que suponga una aproximación de los precios a los precios del mercado mundial y un recorte de las ayudas a la exportación. 
El mercado de la carne de porcino está en situación excedentaria. 
En efecto, las exportaciones de la Unión Europea hacia los mercados asiáticos y ruso representan cerca del 40 % del volumen total exportado hacia los terceros países. 
Los dos mercados conocen situaciones económicas particularmente preocupantes y ya no están en condiciones de abastecerse al mismo nivel cuantitativo que antes. 
En el plano interior, una epizootia (peste porcina) ha hecho estragos, estos dos últimos años, en dos Estados miembros: los Países Bajos y España. 
Pero la erradicación casi total de esta enfermedad ha permitido restablecer el nivel de producción de estos dos Estados miembros al nivel de los años anteriores. 
A pesar de que era previsible la generación de un excedente, la Comisión, en lugar de analizar las carencias de la OCM del sector de la carne de porcino, nos citaba como ejemplo, por el contrario, el caso de la producción porcina, para justificar su propuesta de reforma de la OCM de la carne de porcino (almacenamiento privado, eliminación de la intervención pública, reducción del precio a la producción, etcétera). 
Tanto aquí como fuera, es de buen tono condenar sistemáticamente la intensificación de la producción agraria y en particular la de los talleres agrarios de explotación intensiva, como se ha desarrollado, concretamente, en el ámbito de la producción porcina. 
Pero- y deseo recordarlo- los agricultores no son responsables de esta situación. 
Desde hace muchos años la Comisión ha llevado a cabo una política que favorece dicha intensificación en zonas próximas a los lugares de abastecimiento de alimentos para ganado. 
Sabemos que para producir carne de porcino a unos precios competitivos en el mercado mundial es necesario reducir al máximo el coste de la alimentación. 
La Unión Europea, al privilegiar las importaciones de proteínas vegetales, como las tortas de soja, de mandioca, etcétera (el autoabastecimiento de la Unión Europea en proteínas vegetales sólo alcanza el 15 %) , y las importaciones de productos de sustitución de los cereales (alimentos de gluten de maíz) sin ningún tipo de impuesto a la importación, es directamente responsable de la concentración de la crianza alrededor de los puertos de abastecimiento de su litoral oeste. 
La ventaja en el plano competitivo de que disponían estas regiones de producción costera ha sido tan elevada, que la producción europea se ha deslocalizado totalmente, y se ha concentrado en zonas limitadas (Países Bajos, Bélgica, Bretaña, Dinamarca) , lo cual ha acarreado las consecuencias que conocemos en el plano del medio ambiente y riesgos de epizootia. 
Pero esta intensificación también ha tenido un efecto nefasto para los propios agricultores. 
Efectivamente, estos últimos han tenido que efectuar importantes inversiones en alojamiento de alta tecnología para los animales. 
Cuando se analiza la situación de la agricultura francesa, por ejemplo, se constata que los productores de carne de porcino forman parte de las categorías de agricultores más endeudados. 
En la situación de depresión del mercado a la que asistimos, los productores tienen la obligación de producir, incluso con pérdida, y de vender su producción a precios muy bajos. 
¿Qué ocurre con el consumidor? 
Hoy, después de varias semanas en las que el precio del kilo ha sido inferior a seis francos/kg. de peso en vivo, los precios al consumo siguen siendo los mismos. 
Los intermediarios aprovechan, en realidad, esta situación, y la baja de los precios de la materia prima no repercuten en beneficio de los consumidores. 
No desearía concluir sin dejar de subrayar las graves consecuencias que tienen para los criadores algunas disfunciones de la Comisión. 
Nuestro colega Jim Nicholson, diputado de Irlanda del Norte, nos ha comunicado la situación dramática que este verano ha conocido su región debido a las carencias de la Comisión. 
En Irlanda del Norte, uno de los dos mataderos de cerdos se incendió durante el verano y ya no estaba en condiciones de realizar la matanza de cerdos. 
El único matadero que quedaba, a pesar de funcionar a pleno rendimiento, no podía paliar esta deficiencia, y los productores no podían hacer sacrificar sus animales. 
Era preciso que la Comisión autorizara la matanza de los cerdos de Irlanda del Norte en la República de Irlanda. 
Pero la Comisión estaba de vacaciones... 
En Bruselas no había ningún responsable. 
Nadie podía tomar una decisión. 
Y mientras tanto los animales sobrepasaban su peso óptimo. 
Esta situación trágica nos demuestra una vez más los efectos negativos de un sistema de decisión de tipo tecnocrático, muy alejado de las realidades del medio. 
Finalmente, desearía subrayar el interés que reviste una propuesta presentada por nuestro colega Edouard des Places. 
En la opinión que había remitido el año pasado sobre la comunicación titulada Agenda 2000, había señalado que era necesario aplicar el principio de un seguro sobre los ingresos. 
Este sistema tiene la ventaja de estar autorizado en el marco de los acuerdos del GATT-OMC. 
Ahora bien, a medida que la Comisión presenta reglamentos sobre la Agenda 2000, constatamos que dicha propuesta sigue sin ser tenida en cuenta. 
Sin embargo, si los productores de carne de porcino hubieran tenido la posibilidad de suscribir este tipo de seguro, cofinanciado por la Unión Europea, durante el período anterior, en el que los precios eran más elevados, podrían afrontar mejor la situación de mercado que hoy conocemos. 
En lugar de una reforma de la PAC y de las principales OCM centrada en una disminución de los precios y en su compensación parcial a través de subsidios, pedimos a la Comisión que estudie seria y rápidamente la creación de nuevas herramientas que permitan a los agricultores disponer de ingresos estabilizados. 
¿La Comisión es capaz de imaginar algo distinto que el desmantelamiento progresivo de la PAC que está aplicando? 
¿Es capaz de proponer a los agricultores europeos otras perspectivas y no contentarse con sufrir las consecuencias de la evolución del dólar y de los precios mundiales de las materias primas agrarias? 
Si la respuesta es «no» , entonces el traspaso de competencias de que se ha beneficiado ya no se justifica. 
El euro y la PAC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0320/98) de la Sra. Schierhuber, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre 
I.la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece el régimen agromonetario del euro (COM (98) 0367- C4-0406/98-98/0214 (CNS) ); 
II.la propuesta de reglamento del Consejo relativo a las medidas transitorias para la introducción del euro en la política agrícola común (COM (98) 0367- C4-0407/98-98/0215 (CNS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la implantación del euro en la Unión Europea implica muchas modificaciones, adaptaciones y cambios que afectan también a la agricultura y al sistema agromonetario hasta ahora existente. 
El sistema que existía hasta ahora tenía por objeto amortiguar las oscilaciones monetarias que pudieran tener repercusiones sobre la renta de los campesinos. 
Mediante un tipo de conversión, el denominado «tipo verde» , se intentaba mantener relativamente estables las rentas de una manera extremadamente complicada y costosa. 
Gracias a la moneda única este mecanismo de compensación no será necesario en el futuro en la zona euro. 
El 1.1.1999, una vez que se hayan fijado los tipos de cambio, desaparecerá este oneroso sistema. 
No obstante, habrá que seguir manteniendo un sistema agromonetario para aquellos estados que no participen en la moneda común. 
Por esta razón, la Comisión propone derogar los reglamentos del sistema agromonetario existentes hasta ahora y sustituirlos por dos reglamentos nuevos. 
Creo que la Comisión ha elaborado un buen sistema que, como ya se ha dicho, será más fácil de manejar y, en última instancia, resultará también más barato. 
Por un lado, estos dos reglamentos deberán regular la transición desde el sistema vigente hasta ahora hasta el nuevo régimen y, por otro, habrán de regular el sistema entre los INS y los PRE-INS. 
Quisiera destacar en este momento cuán importante es la introducción del euro para los campesinos europeos, pues éstos son precisamente quienes necesitan un entorno político-monetario estable. 
Permítanme hacer referencia a la masiva devaluación de la lira que tuvo lugar en el año 1995 y que, entre otras cosas, produjo grandes pérdidas entre los campesinos austríacos. 
Si ahora las rentas no van a estar más expuestas al peligro de una oscilación monetaria dentro de la zona euro, esto aumenta, en mi opinión, la seguridad en el mercado interior y en el mercado de los terceros países. 
Permítanme decir algunas palabras sobre el nuevo mecanismo agromonetario de los PRE-INS. 
La Comisión establece distinción entre precios y otras subvenciones, por un lado, y las subvenciones directas, por otro. 
Puesto que en cada oscilación monetaria pequeña no se puede llegar enseguida a una compensación se ha establecido un margen. 
En lo que respecta a los precios se ha establecido que una revaluación monetaria sensible debe ser, al menos, del orden del 2, 6 %, para que se produzca una denominada pérdida de renta, que luego, en último término, debe ser compensada también. 
En el caso de las subvenciones directas esta tasa se cifra en el 0, 5 %. 
Sobre el 2, 6 % quisiera decir todavía que esta cantidad rige ya también en el sistema actual, porque ha sido aprobada mediante un reglamento del Consejo. 
Sobre las innovaciones en el sistema de financiación: también aquí existe una diferencia entre precios, otras subvenciones y subvenciones directas. 
En las subvenciones directas la Unión concederá también en el futuro el 50 % de las aportaciones aunque el Estado miembro prescinda de su aportación. 
Sin embargo, en el caso de los precios sucede de otra manera: en el futuro éstos se concederán sólo cuando el Estado miembro cofinancie y, ciertamente, a partes iguales. 
Los pagos están configurados en una serie decreciente y se extinguirán a los tres años. 
Este sistema rige también en su totalidad para el cambio de los INS al euro, es decir, en el momento de la fijación de los tipos de cambio. 
En este punto quisiera destacar solamente que en el primer año se llegará a un pago compensatorio del 100 % por parte de la Unión en las subvenciones directas, en la medida que se produzca una revaluación de al menos el 0, 5 %. 
La introducción de la moneda común constituye un paso importante y posee una gran relevancia de cara a un ulterior desarrollo e integración de Europa. 
Con esto nos hemos acercado un paso más a la realización del mercado interior. 
Yo, personalmente, no considero a la Unión Europea como una mera comunidad económica, sino también como una comunidad solidaria. 
Por esta razón apoyo la prestación de ayuda de la Comisión a los campesinos de aquellos Estados miembros que, precisamente, no participan en la moneda común. 
Estos no han de obtener de ello ninguna ventaja, pero tampoco ningún perjuicio, pues al final los campesinos no deben ser los perdedores, porque sus gobiernos hayan decidido no participar transitoriamente en el euro. 
Como se ha dicho, la nueva regulación del presupuesto comunitario ahorrará en definitiva muchísimo dinero. 
Sin embargo, la financiación de un razonable período de transición debe estar asegurada en beneficio de los campesinos. 
Por último, aguardo y espero de la Comisión que si se produjeran todavía dificultades imprevistas en la fecha de introducción del euro, se reaccione ante ellas de manera rápida y eficaz. 
Señor Presidente, la moneda única, el euro, por supuesto permitirá el ahorro de sumas importantes: la mayoría de los países de la Unión Europea no pedirán pagos de compensación agrícola después del 1 de enero. 
La «cuota verde» , como la llamamos, irá a los países que no estén en «Eurolandia» , las fluctuaciones preparadas de la actual libra verde terminarán y se verán reemplazadas por un tipo de cambio basado en el valor diario que se declare. 
Los países de la Unión Europea que no estén en «Eurolandia» tendrán una fórmula de compensación hasta el año 2002, es decir, en los siguientes tres años. 
Me interesa asegurar que los agricultores necesitados de compensaciones no verán demorados sus pagos. 
Si nuestro objetivo es ayudar cuando bajan los ingresos agrícolas, no habrá ayuda alguna si el pago se demora hasta que los agricultores hayan terminado en la ruina. 
La ayuda directa propuesta, cuando hay una revaluación de más del cincuenta por ciento, tiene que llegar a los agricultores, y no demasiado tarde, para favorecerlos. 
Hay que añadir algo más: mi país, el Reino Unido, sufre en la actualidad el alto tipo de cambio de la libra en las cuotas de intercambio. 
Las importaciones de bajo precio entran en grandes cantidades y tenemos problemas económicos. 
Podría darse la misma situación en «Eurolandia» , si desarrollamos el libre comercio con América del Norte. 
Debemos pensar de verdad en el coste de la PAC en nuestras negociaciones. 
Para terminar, apoyo las enmiendas propuestas. 
Creo que todos estaremos de acuerdo. 
Mi enhorabuena al ponente. 
Señor Presidente, señor Comisario, apoyo de lleno, naturalmente, lo que nuestra colega, la Sra. Schierhuber, ha expuesto aquí de manera tan excelente. 
También ha hecho referencia a algunos puntos, en uno de los cuales quisiera profundizar. 
Está muy claro que la agricultura es la que más frecuentemente ha sufrido bajo las oscilaciones de valor de las monedas y que por ello ha tenido que experimentar también considerables oscilaciones y descensos en las rentas. 
Pero ahora me he alarmado a causa de un documento que ha publicado el Bundesrat alemán y que afirma que la actual regulación de compensación no es justa ni adecuada para proteger a los campesinos de las pérdidas que también ha mencionado ya el Sr. Wilson. 
En el documento se ha partido de que el 1 % de compensación asciende a 600 millones de marcos y que nosotros trabajamos con una banda de oscilación del 2, 6 %. 
Por consiguiente, en un país determinado donde tenga lugar esta oscilación del 2, 6 %, en los precios agrícolas, por ejemplo, en Alemania- tal como afirma el Bundesrat alemán- se pueden producir pérdidas del orden de 1.500 millones. 
Me alarmé con esto y me dije que hoy debería exponer esto aquí. 
No quisiera aparecer ante mis electores y que se me pregunte por qué nadie ha abierto la boca. 
Por consiguiente, quisiera preguntarle ahora a usted y a su equipo: ¿puede ocurrir esto y, en tal caso, no habrá que renegociar una vez más la compensación? 
Señor Presidente, señor Comisario, mis felicitaciones a la Sra. Schierhuber por un informe de tamaña importancia. 
De acuerdo con la propuesta de la Comisión, la Unión pagará durante el primer año a todos los Estados miembros que permanezcan al margen del euro una diferencia del cien por cien, en forma de subvenciones directas, por las pérdidas de ingresos que registren dichos países. 
Creo que esta propuesta sentaría un precedente. 
Cuando se incorporen a la Unión, es poco probable que los nuevos Estados miembros pasen directamente a formar parte de la zona del euro. 
¿Está previsto compensar automáticamente a estos países, que también permanecerán al margen del euro, al cien por cien y en forma de subvenciones directas durante el primer año por las pérdidas de ingresos que ocasione el distinto valor de sus monedas nacionales? 
Las monedas nacionales han servido para proteger la producción alimentaria de los distintos países. 
Ahora, el euro deja al descubierto las divergencias en materia de competitividad y las diferencias de precios de los productos alimenticios. 
En países de la Unión, como Dinamarca y Suecia, que no se incorporarán al territorio del euro, el reciente debilitamiento de sus monedas nacionales, por ejemplo en relación con el marco finlandés, se ha traducido en la correspondiente ventaja competitiva para su producción. 
De acuerdo con el informe que ahora se somete a debate, desaparecerá el riesgo de distorsión comercial que ocasiona el sistema monetario en el sector agrícola. 
Sin embargo, los países que no participen en el euro obtendrán ventajas competitivas gracias al valor variable de sus monedas, lo cual creo que no se ha dejado lo suficientemente claro en los preparativos del euro. 
Por todo ello, me gustaría preguntar a la Comisión si tiene previsto realizar un seguimiento del valor de las monedas no integradas en el euro y de sus repercusiones en los países competidores y en las actividades dentro del territorio del euro. 
Finalmente, desearía señalar que, con la excepción de Alemania, los mayores rivales de Finlandia en el campo de la exportación son, precisamente, estos países que permanecerán al margen del euro, por lo cual se trata de una cuestión importantísima para nosotros. 
Por lo demás, creo que el euro es positivo, ya que ofrece la posibilidad de protegerse frente a la agitación actual de los mercados de divisas. 
Muchas gracias, señora Anttila. 
Señorías, voy a dar ahora la palabra al Sr. Hallam pero antes debo advertirle al Sr. Hallam que el viernes del último Plenario esta Presidencia constató su ausencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, ciertamente, hace ya meses nos presentó usted a su debido tiempo propuestas encaminadas a una nueva regulación del sistema agromonetario. 
Esto va a ser necesario después de que se introduzca el euro como moneda única y usted no necesitaba ser advertido de esto en algunas cartas de diputados que iban dirigidas a la galería para ganarse voluntades en el sector de la agricultura. 
Expertos del sistema extremadamente complicado de los pagos compensatorios agromonetarios sabían que estos pagos compensatorios no van a ser necesarios para los agricultores de Eurolandia, como lo ha explicado de manera óptima nuestra ponente, la Sra. Schierhuber. 
No obstante, pueden darse para los campesinos de los Estados miembros a los que se denomina PRE-INS, si las monedas de estos países son revaluadas frente al euro. 
Aquí reside para mi el quid de la cuestión. 
Quiero plantear la pregunta de cómo es que Estados miembros que conscientemente no participan en el euro han de recibir de las arcas comunitarias el 50 % de las cantidades que eventualmente se obtengan para la ayuda compensatoria y que incluso un Estado miembro pueda quedarse sin la concesión de la parte nacional de las subvenciones. 
Con la introducción del euro desaparecería de golpe toda la problemática agromonetaria y nosotros podríamos ahorrar aun mucho más dinero. 
No quisiera, con toda seguridad, que resultaran castigados los campesinos de los países que no quieren entrar en el euro. 
Pero no comprendo por qué la decisión de estos países de no colaborar haya de costar eventualmente cientos de millones a los demás Estados miembros. 
Creo que deberíamos intentar encontrar una solución en el marco de la financiación de la UE, pues, ciertamente, estos países no pueden tocar en dos pianos a la vez. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, en primer lugar quisiera dar cordialmente las gracias a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero también, sobre todo, a la Sra. Schierhuber en su calidad de ponente, por este excelente informe. 
Me alegro mucho de que la ponente y la comisión hayan aceptado también de manera positiva los objetivos principales de la reforma de la Comisión, que son los siguientes: En primer lugar, se trata de una simplificación sustancial de los regímenes existentes. 
En segundo lugar: con la introducción del euro y con la nueva situación monetaria así creada queremos adaptar el régimen existente. 
En tercer lugar: queremos adaptar el sistema a las respectivas situaciones del mercado y, además, queremos evitar las desventajas en las rentas de nuestros campesinos. 
Para la realización de estos objetivos la Comisión ha propuesto derogar los tipos de conversión verdes y sustituirlos por tipos de conversión para los países que no participen aun en el euro y por tipos de conversión irrevocables para los estados participantes. 
Igualmente, para los PRE-INS proseguirá el sistema de los hechos generadores y se mantendrá con modificaciones minúsculas el sistema de las ayudas compensatorias agromonetarias. 
Celebro mucho que todas estas propuestas sean bien acogidas por el Parlamento Europeo, como ya se puso de manifiesto también el martes en el debate del Informe Langen. 
El Sr. Funk ha manifestado reservas en relación con la franquicia y con el denominado umbral de activación. 
La franquicia del 2, 6 % no es nada nuevo, en absoluto, sino que está contenida ya en el actual sistema, y está siendo aplicada ya ahora. 
Esta franquicia es, por decirlo así, la contrapartida a un planteamiento global a la hora del cálculo de las pérdidas de renta que resultan en las respectivas monedas nacionales de un retroceso de los precios o de las ayudas no directas. 
Mediante el cálculo global se corre el riesgo de una supercompensación y por esa razón hemos previsto este 2, 6 %. 
Pero esto, a su vez, no tiene nada que ver con el denominado umbral de activación del 0, 5 % que también se halla incluido en el actual sistema. 
Este umbral tiene como objeto impedir que en el caso de cambios muy pequeños se produzca la obligación de una compensación, pues esto conduciría a la absurda situación de que los costes administrativos serían superiores a lo que el campesino podría recibir. 
La propuesta de la Comisión constituye, en conjunto, un ejemplo de cómo una concepción que tienda a la simplificación puede incrementar al mismo tiempo la transparencia y una mejor comprensión de una propuesta. 
Paso a cada una de las enmiendas, las cuales, salvo una excepción, se refieren solamente a los considerandos. 
Constato con satisfacción que todos los demás artículos son apoyados por la ponente. 
Pero como los considerandos de la propuesta tienen una conexión precisa con los artículos respectivos y fueron redactados también en esa dirección y puesto que, además, se limitan a las aclaraciones estrictamente necesarias, preferiría mantener la formulación actual. 
Permítanme que pase solamente a la enmienda nº 6 que se refiere a los estados-aún-no-participantes. 
Este es un aspecto importante de la propuesta. 
La enmienda apunta a una formulación que actualmente no está en consonancia con el artículo correspondiente. 
No obstante, la Comisión está absolutamente dispuesta a exponer en las discusiones del Consejo las reservas que se expresan en la enmienda. 
En lo que respecta a la enmienda nº 8 sobre el artículo 4, sigo manteniendo que la modificación de los criterios de adaptación a la situación del mercado a la hora del cálculo del recorte de las ayudas agromonetarias ha de ser competencia de la Comisión y del Comité agromonetario. 
En definitiva, se trata aquí de adaptaciones puramente técnicas que, sobre todo, deberían acometerse también sin dilación para que no ocurra precisamente lo que acabamos de criticar antes, es decir, que se produzcan retrasos a la hora de calcular y pagar las subvenciones. 
Esta es la única finalidad que perseguimos con esto. 
Finalmente, y para terminar, quisiera concluir dando las gracias al Parlamento y agradeciendo una vez más el apoyo amigable en esta reforma que asegura una total e inmediata adaptación de la Política Agrícola Común al gran paso que significa la Unión Monetaria en el marco de la construcción europea. 
Gracias, muchas gracias a usted, señor Comisario. 
Le invito a que, todavía antes de pasar a la votación, escuche una intervención, por el tiempo de un minuto, de la Sra. Schierhuber que como ponente me ha pedido la palabra. 
Señor Presidente, señor Comisario, he escuchado con mucha atención sus explicaciones. 
En realidad, la intención de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha aceptado por unanimidad todas las enmiendas, no era la de modificar el texto, es decir, la propuesta de la Comisión sino llevar a cabo solamente una profundización del mismo. 
Pido que en la próxima ocasión se reflexione una vez más sobre esto en este sentido. 
Muchas gracias, señora Schierhuber. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba ambas resoluciones legislativas) 
El Grupo I-EDN ha votado positivamente este informe, ya que se han aprobado las seis enmiendas que el mismo había propuesto en comisión. 
Estas seis enmiendas recuerdan que uno de los principios fundamentales de la PAC es el de la equidad entre los agricultores de los Estados miembros de la Unión Europea, y subrayan la necesidad de velar para que la aplicación del euro no penalice a los agricultores de los Estados miembros y sobre todo a aquellos que pertenecen a los Estados que deben integrar la moneda única. 
Muy a menudo se ha dicho y repetido que los agricultores se beneficiarían del euro gracias a la ausencia de las llamadas devaluaciones competitivas. 
En los hechos, cuando se conocen las propuestas de la Comisión, se constata que no se ha efectuado ningún estudio sobre los efectos del euro en la renta de los agricultores. 
Y lo que aún es más sorprendente es que estas propuestas establezcan que no se concederá ninguna ayuda compensatoria cuando dicho importe es inferior al 0, 5 % de revaluación y que las ayudas no se aplicarán en el caso de los importes a los que se ha aplicado una tasa inferior a la nueva tasa durante los 24 meses anteriores a la vigencia de dicho reglamento. 
Ahora bien, ¿qué constatamos actualmente? 
Asistimos a una crisis financiera mundial que se ha iniciado este verano. 
Las repercusiones de esta crisis son ya importantes en materia de paridad de las monedas, entre aquellas que participan en el euro y el dólar. 
Sabemos que los precios mundiales de las materias primas agrarias se fijan en dólares. 
Un euro fuerte penalizará, por lo tanto, las importaciones agrarias europeas. 
¿Qué harán nuestros agricultores cuando vean que sus precios en euros descienden, aun cuando los precios de base en dólares continúan estables? 
En las propuestas de la Comisión referentes a la Agenda 2000 sólo se habla de baja de precios y, por lo tanto, de una fuerte disminución de la renta de los agricultores, puesto que la revaluación de las indemnizaciones compensadoras será débil, en espera de las negociaciones de la OMC. 
Temo, por consiguiente, como todos los colegas de mi Grupo, que la agricultura europea se vea muy afectada por la aplicación del euro. 
¿Por tanto, cuál será, en estas condiciones, el futuro del espacio rural europeo? 
En lugar de formularse la pregunta, en este momento se discute en la Asamblea Nacional francesa, de manera absolutamente surrealista, una ley de orientación agraria por la que se establecen contratos territoriales de explotación, con el único objeto de incentivar al agricultor a convertirse en funcionario de las Direcciones departamentales de agricultura. 
¡Pero eso es otra historia! 
Temo mucho, en todo caso, por el futuro de una profesión que sigue siendo el elemento que consolida nuestra sociedad europea. 
Productos agrarios y agroalimentarios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0280/98) del Sr. Mulder, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre una política de calidad para los productos agrarios y agroalimentarios. 
Señor Presidente, cuando estos días hablamos aquí sobre la política agrícola europea, hay realmente dos tendencias principales en el debate. 
En primer lugar, la política agrícola debe cambiar. 
En segundo lugar, los alimentos que producimos deben ser más seguros y más respetuosos con los animales. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de este Parlamento intenta con este informe dar una determinada orientación a esta discusión. 
En primer lugar, la Comisión dice claramente que da igual lo que se proponga sobre las primas compensadoras, el agricultor y horticultor medio siempre preferirán obtener un ingreso del mercado vía precios que cumplimentando todo tipo de formularios para obtener ayudas. 
Una de las posibilidades que vemos para obtener mejores precios es no centrarse en la cantidad de los alimentos, sino en su calidad. 
La Comisión también lo ha reconocido ya. 
No es una idea nueva. 
A principios de los años noventa, la Comisión presentó una propuesta sobre producciones biológicas, producciones biológicas vegetales y dentro de poco, ojalá, una propuesta sobre las producciones biológicas de origen animal. 
No obstante, por más vueltas que le podamos dar, acertada o erróneamente, en este momento existe alrededor de un dos por ciento de mercado agrícola europeo para los productos biológicos. 
La segunda propuesta que ha efectuado la Comisión es hacer más hincapié en los productos regionales. 
Estupendo. 
Como Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pensamos que también debe insistirse mucho más sobre esta cuestión, debe existir una mayor promoción de las ventas de estos productos, fondos de promoción y todo lo que tenga que ver con ello. 
Seguramente, esto puede mejorar todavía. 
Así mismo, ocupa aún un pequeño segmento del mercado. 
Si las estadísticas que la Comisión nos ha entregado son correctas, en este momento es del 8 por ciento. 
Eso significa que el 90 por ciento de todos los productos agrarios que se producen en Europa, llegan al mercado en cualquier fase de la producción. 
Un productor contamina mucho, el otro no. 
El mercado ya se ha adaptado un poco. 
En Europa existen numerosas denominaciones de calidad. 
Creo que la Comisión acaba de elaborar un estudio sobre esta cuestión. 
Por el momento hay unas 1500 denominaciones de calidad. 
Destaca un segmento de estas denominaciones de calidad. Éste es el segmento de la producción integrada, que en este momento comienza en toda Europa. 
Es el concepto que en inglés se denomina from the stable to the table. 
Cada eslabón de la cadena de producción es controlado. 
Como Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, consideramos que debe favorecerse esta forma de producción. 
El consumidor quiere saber qué tiene en la mesa y para los agricultores es atractivo saber qué criterios deben cumplir para producir. 
Ello significa también que ante la multiplicidad de denominaciones de calidad puede lograrse una mayor transparencia si se adopta una marca comunitaria europea. 
Ésta es la parte más destacada del informe. 
Abogamos por una denominación europea de calidad para el tramo superior del mercado de este 90 por ciento que todavía queda. 
Esto no significa que se anule toda marca nacional o regional o cualquier otra marca de calidad existente. 
No, cada uno puede producir lo que quiera, pero una reclamación expresa debe ser verificada. 
El sistema debe basarse, en primer lugar, en que los agricultores y los horticultores puedan participar voluntariamente en él. 
Debe efectuarse un control independiente, bien sea por los organismos públicos, bien sea por un organismo que cuente con la aprobación de la administración. 
Por último, no hace falta que signifique un coste extra para el presupuesto europeo. 
Esto deberá realizarse a cargo de los sectores interesados. 
Lo único que pedimos al presupuesto europeo, como Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, es algún dinero extra para la promoción de este tipo de productos ¿Por qué, señor Presidente, es también importante esta política de calidad? 
En primer lugar, porque el mercado de Europa camina hacia un mercado mundial cada vez más libre. 
Me parece totalmente injustificado que se pida a los agricultores y horticultores europeos que sean cada vez más ecológicos, que produzcan de una forma cada vez más respetuosa con los animales y que, al mismo tiempo, el mercado se abra a productos de agricultores de otras partes del mundo que no tienen que cumplir los mismos requisitos. 
Esto es competencia desleal y pedimos a la Comisión que se hable en la OMC de este tipo de cualificación de los productos, de estas marcas de calidad. 
Señor Presidente, me congratulo con el Sr. Mulder, ya que ha elaborado un buen informe, en el bien entendido que el mismo debe servir como base de trabajo para el futuro y siempre y cuando no nos detengamos aquí, satisfechos de lo que ha hecho la Comisión. 
Yo no estoy satisfecho de lo que ha hecho la Comisión, a pesar de lo que dicen algunos funcionarios de la Dirección General VI, o sea, que con la política de calidad toda la Política Agrícola Común ya no sigue la orientación fordista de antes. 
Creo que esto es verdad sólo en parte: seguimos teniendo una Política Agrícola Común excesivamente orientada a la cantidad. 
Si no comenzamos a introducir las nociones de calidad en las Organizaciones comunes de mercados desacoplando las ayudas de las toneladas de producto, el espacio real para las políticas de calidad, de responsabilidad de los productores sigue siendo demasiado pequeño. 
Esto no quita que la Comisión haya dado alguna señal positiva, por ejemplo, el logotipo, el pasado mes de agosto, para los productos DOP y IGP. 
También he visto que en la página inicial de la Dirección General VI en Internet hay un nuevo sitio dedicado a los productos de calidad y sé que se están estudiando medidas de promoción. 
En más de una ocasión he podido escuchar los informes de la Organización de los Consumidores Europeos (BEUC) en la Comisión de Agricultura del Parlamento. Los consumidores están en contra de los productos de calidad y no consiguen entender que existan normas al respecto, las interpretan como una medida proteccionista en favor de los productores con vistas a obtener beneficios y engañar al consumidor. 
Esto significa que todavía nos queda mucho espacio por conquistar y una batalla cultural por presentar y creo que, en este sentido, las propuestas del señor ponente en pos de una categoría de la calidad basada en criterios medioambientales, son propuestas muy interesantes. 
Lo cierto es que nosotros hablamos de estos temas y luego, en la Agenda 2000, no se concede bastante espacio a la calidad entendida en sentido medioambiental. 
Los incrementos del Reglamento nº 2078 son muy pequeños y sobre todo no nos convence esa idea de asociar los factores medioambientales cuando se supeditan las ayudas a las rentas a la discrecionalidad de los Estados miembros. 
Existen asimismo medidas de promoción que no aumentan lo suficiente. 
Nosotros ya tenemos registrados a escala europea 500 productos típicos DOP y IGP, pues bien, creo que serán unos extraordinarios embajadores para promocionar la manera de producir y de consumir de Europa en todo el mundo y, por tanto, deben ser el instrumento para apoyar nuevas acciones de promoción a escala internacional. 
Por último, estoy de acuerdo con el Sr. Mulder: es preciso que la Comunidad defienda con la máxima atención las políticas de calidad en los foros internacionales. 
En el OCM se habla de la carne a las hormonas y de alimentos transgénicos como si fueran televisores: no creo que esto se pueda aceptar. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo ha apoyado el informe del Sr. Mulder. 
Le damos las gracias por el trabajo realizado en la Comisión de Agricultura; ha optado por no volver a presentar enmiendas en el Pleno precisamente porque ha estado de acuerdo con ese votación y en nuestra lista de votaciones rechazamos modificaciones, porque el trabajo de perfeccionamiento ya se había realizado en la Comisión de Agricultura. 
Quiero tan sólo recalcar algunos aspectos muy significativos del informe. 
El primero se refiere a la necesidad de disponer de una estrategia global en materia de política de calidad a través de una normativa específica que se inscriba en la línea de sistemas de producción integrados y que recupere plenamente la noción de calidad. 
Hablamos muy a menudo de calidad pensando únicamente en que un producto no tiene que perjudicar a la salud. 
La calidad es algo más complejo y tenemos que tratar de recuperar plenamente este principio. 
El segundo aspecto se refiere a la defensa de nuestros productos típicos en la Organización Mundial del Comercio. 
El tercer punto importante se refiere, en mi opinión, a la promoción de nuevas categorías profesionales para defender y fomentar la calidad, así como a la necesidad de invertir más recursos en la promoción de productos típicos y de calidad. 
Desde este punto de vista, no se ha hecho casi nada, hay que hacer más, pero sin crear más burocracia. 
Señor Presidente, señor Comisario, desearía comenzar felicitando al Sr. Mulder por este importante informe que demuestra su conocimiento acerca de la cuestión que nos ocupa. 
Los consumidores son víctimas de la confusión ante tanto certificado de calidad, de producción o de origen. 
Por este motivo, respaldo abiertamente el sistema coordinado que menciona el Sr. Mulder en su informe, que permitiría regular a nivel de la Unión Europea las certificaciones de calidad ya existentes y los criterios para su obtención. 
Esta medida no impide en absoluto que se lleven a cabo tareas o políticas locales y regionales en defensa de la calidad, ya que se trata también de una labor muy necesaria. 
En Finlandia se acaban de establecer las bases de la política nacional para la calidad de los productos alimenticios. 
Se trata de una colaboración entre todos los componentes del proceso económico en este ámbito, con objeto de garantizar la calidad desde los campos de cultivo hasta la mesa del consumidor. 
En esta labor en defensa de la calidad debemos incorporar también a los comercios, que, actualmente en Finlandia, compiten entre sí atendiendo únicamente al precio y olvidando por completo la importancia que reviste la elevada calidad de los productos. 
La calidad ha de pagarse a un precio más alto, habida cuenta de que su producción también es más cara. 
Apoyo al Sr. Mulder cuando propone en su informe la creación de una clasificación cualitativa europea basada en criterios medioambientales, ya que la Unión Europea no podrá nunca competir en el mercado global si no es gracias a la elevada calidad y al precio superior que esta calidad permite. 
Señor Presidente, pensaba que la calidad de mi intervención valdría dos minutos, pero, por lo visto, ya me han cortado con el rótulo europeo. 
En cualquier caso, quisiera decir que estuvimos de acuerdo con las posiciones adoptadas por el Sr. Mulder, seguimos sosteniendo que una de las normas de calidad es el sabor del producto, seguimos diciendo que, al mismo tiempo que defendemos el sabor, tenemos también que defender el marco ético en que se fabrica el producto. 
La Comisión por sí sola no puede resolver este problema: se trata de un problema de cultura en el que también deben participar los consumidores. 
Habrá que alertar a las asociaciones de consumidores para que ellas mismas vigilen los productos que se consumen. 
No me parece que sea un problema acuciante, en la medida en que la esperanza de vida en Occidente ha aumentado drásticamente y ha causado incluso un problema político. 
Por tanto, no estamos ingiriendo veneno todos los días y no soy presa de esa histeria que mueve a considerar que lo que consumimos es veneno. 
Pero, como defiendo, de hecho, la calidad, como considero que se debería respetar la calidad y que se debería evitar la «macdonaldización» del mundo, quisiera al mismo tiempo pedir que no se burocratice demasiado este proceso. 
Y que, al mismo tiempo, la defensa del sabor sea defendida en la Organización Mundial del Comercio y contra el mal gusto de muchos pueblos, que culturalmente ingieren cualquier cosa. 
Defiendo la calidad europea como calidad real de lo que me gusta comer y eso es lo que considero calidad. 
Gracias, señor Rosado Fernandes, le advierto que esta Presidencia no tiene ningún interés en recortar 30 segundos de su elocuencia. 
Por lo tanto- pese a que el reloj ha advertido- yo no le he advertido con el martillo. 
Hubiera esperado a que cumpliera esos dos minutos porque siempre es muy agradable escucharle. 
Señor Presidente, señor Comisario, les traigo recuerdos de las regiones más septentrionales de la Unión. 
Resulta paradójico que, a pesar de sufrir las condiciones climáticas más desfavorables, nosotros produzcamos productos alimenticios de mejor calidad que otras regiones de condiciones más benévolas. 
Este hecho se debe a que los nuestros son cultivos familiares donde no se practica la producción industrial. 
Es una modalidad de producción ecológica. 
En nuestros países, el invierno y el frío son los responsables de que haya menos residuos de insecticidas que en los países meridionales. 
En nuestros países se controla la prohibición del uso de hormonas y antibióticos de una manera distinta a como se hace en los países de condiciones climáticas más favorables. 
El libre comercio dentro de la UE ha empeorado la calidad de nuestros productos alimenticios y, por este motivo, apoyamos todas las certificaciones de calidad, medio ambiente o contenidos que mejoren la protección de los consumidores y sus posibilidades a la hora de elegir los productos. 
Señor Presidente, usted ha dicho antes que no se puede comercializar todo en los mercados regionales. 
Pero lo que estamos discutiendo aquí es precisamente lo contrario de lo que hemos tratado antes. 
Antes se trataba no de vender calidad en el mercado mundial, sino excedentes que sólo podrán ser colocados si los protegemos con precios y dinero. 
No tengo nada en contra de que vendamos calidad en el mercado mundial cuando se trate de competir. 
Vino austriaco, vino francés, jamón de Parma, en estos casos hay que emplear en el mercado mundial la misma lógica que en el mercado regional. 
Lo que quiero decir es que debemos tender a la calidad y no a la eliminación de excedentes procedentes de un territorio que se cuenta entre los mayores territorios del mundo que importan productos alimentarios. 
No tenemos excedentes. 
Los tenemos allí donde la intervención los provoca. 
Desde este punto de vista este informe es muy importante: debemos lograr una producción orientada a la calidad y ojalá que se produzca para el mercado mundial, pero entonces, por favor, sin ayudas estatales, sino encontrando también en el mercado mundial clientes y zonas que quieran consumir estos productos. 
Una puntualización para terminar. Señor Fischler, naturalmente que dependemos también del resto del mercado en nuestros productos de calidad. 
Si ahora se hunde el mercado del porcino es, naturalmente, mucho más difícil mantener en precio el mercado regional de calidad que cuando el precio, en conjunto, es estable. 
En consecuencia, no nos encontramos totalmente desligados y tenemos también interés en un desarrollo cualitativo del mercado. 
Señor Presidente, nuestra política de calidad de los productos agrarios y alimenticios, aunque reciente, es incompleta. 
Ésta se basa en tres reglamentos referentes, desde 1991, a las producciones biológicas vegetales, con la ampliación en curso del reglamento a las producciones animales, y desde 1992, a las indicaciones geográficas protegidas y a las certificaciones de especificidad. 
El informe del Sr. Mulder, a quien felicito por este importantísimo trabajo, propone dos ejes interesantes con miras a una ampliación de esta política. 
Primeramente, propone la adopción de una reglamentación que mejore la transparencia y la veracidad de las marcas. 
Dicho informe especifica que los controles deben ser efectuados por organismos acreditados por los Estados miembros y realmente independientes de la producción y del comercio. 
A continuación propone la introducción de un signo europeo de calidad basado en el respeto de criterios medioambientales de producción. 
Considero, señor Mulder, que debe recordarse que la calidad es una noción global que no puede reducirse a un componente único, ya sea la higiene, la estética, el sabor o la ausencia de residuos. 
En relación con los productos agrarios, la calidad está vinculada a la variedad, a los métodos de producción, al medio ambiente y a los métodos de conservación. 
En cuanto a los productos transformados, ésta está vinculada a la calidad inicial y a los métodos de transformación. 
Para completar esta noción, mi Grupo propone introducir las nociones de calidad nutritiva y de salud óptima en la enmienda 8. 
Con respecto al control, la experiencia en materia de agricultura biológica demuestra que los controles deben ser rigurosos para evitar las distorsiones de competencia en el ámbito de las importaciones de los terceros países, pero también entre los Estados miembros. 
Eso es lo que justifica la enmienda 8, que preconiza que los controles deben ser equivalentes para los productos importados y armonizados para los productos comunitarios. 
Para concluir, desearía decir que entre dos extremos- la agricultura biológica y la agricultura industrial- existe un espacio para una vía intermedia, pero heterogénea, que debe ser reglamentada en beneficio del consumidor y de los productores que practican la agricultura integrada. 
Un reglamento completo debería especificar las modalidades de producción, así como las modalidades para la concesión de una marca europea, que debería autentificarse por un logotipo único con miras a suscitar y merecer la confianza de los consumidores. 
Señor Presidente, todos hablan del concepto de calidad, pero éste reviste, en realidad, componentes muy diferentes. 
Algunos hablan de calidad sanitaria del producto, y, en este punto, la crisis de la EEB nos demuestra que el consumidor es cada vez más sensible a dicho componente. 
Otros hablan de calidad organoléptica de un producto, y otros, finalmente, de calidad ligada a la tradición de los productos regionales. 
Nuestro ponente, a quien deseo agradecer vivamente por su informe, ha analizado bien los dos primeros componentes, que son particularmente sensibles entre los consumidores de los Estados miembros del Norte de la Unión. 
El Grupo Europa de las Naciones ha presentado, por su parte, tres enmiendas al informe de nuestro colega, con el objeto de reforzar el tercer componente del concepto de calidad. 
En efecto, debido a la mundialización de los intercambios, el mercado de materias primas agrarias tiende a estar cada vez más dominado por la noción de precio. 
Pienso, señor Presidente, que el concepto de calidad «tradición» representa, por su parte una oportunidad considerable para el espacio rural europeo. 
El mercado de los productos agrarios ya no está, pues, ligado al precio, sino al territorio. 
En Francia tenemos una larga tradición de productos de denominación de origen controlada. 
El Instituto Nacional de Denominaciones de Origen ha permitido el desarrollo de la viticultura de calidad, la creación y la conservación de la calidad de algunos quesos, embutidos, y constatamos que en aquellos lugares en los que la producción está vinculada a un producto de denominación de origen, ello permite mantener la valorización agraria en la zona de producción. 
El mantenimiento de esta valorización en las áreas de denominación permite a la vez proteger los empleos agrarios y evitar una desviación nefasta para el medio ambiente de los métodos de producción, protegiendo la biodiversidad. 
Algunas denominaciones de queso requieren la utilización de leche procedente de razas lecheras específicas; en la viticultura sólo pueden utilizarse las cepas tradicionales. 
Estos ejemplos demuestran muy bien que este componente de productos de calidad, regionales y tradicionales constituye una oportunidad para ciertas zonas de producción en el espacio rural europeo. 
Ya es hora de que en el seno de la Unión Europea tengamos, como lo subraya el informe, una verdadera política de calidad de los productos agrarios y alimenticios. 
Esta política debe englobar todos lo aspectos del concepto de calidad. 
Es imprescindible combinar estos tres componentes, a fin de poder responder a la vez a las exigencias del consumidor, a las de la industria de transformación, pero también a la necesidad de un mayor equilibrio del mundo rural. 
El empleo, señor Presidente, sólo se desarrollará en el espacio rural si la agricultura se muestra capaz de adaptar su producción a las exigencias de los consumidores y de los diferentes operadores del sector y de proteger al máximo el valor añadido cerca de los lugares de producción. 
Señor Presidente, señor Comisario, la especificidad cultural se encuentra en gran medida no sólo en la manera de alimentarse, sino también y sobre todo en aquello que comemos y bebemos. 
Las denominaciones de origen deben basarse en criterios cualitativos muy precisos, ya sea en cuanto al origen o a la manera de producir. 
De ese modo, garantizamos la supervivencia de las especificidades culturales, pero, además, mantendremos un potencial de actividad económica importante en las zonas del mundo rural que no poseen otras producciones u otras alternativas. 
Desde hace dos años, desde la Conferencia de Cork, hacemos hincapié en la necesidad de proteger los empleos en el mundo rural y buscamos medios coherentes para lograrlo. 
Las producciones de origen y de calidades específicas son una respuesta concreta. 
Esta mañana se ha hablado de la crisis porcina. 
Es cíclico. 
¿Cuál es la alternativa? 
Por ejemplo, para producir jamón de Ardenas es preciso que los cerdos se críen y engorden en Ardenas, con cereales producidos en esta misma región, y que la carne sea tratada de acuerdo con un pliego de condiciones preciso para cada fase de producción, de la granja al plato del consumidor. 
Eso no quiere decir, naturalmente, que con respecto a las producciones masivas, sin referencias de origen, todo esté permitido. 
La seguridad, la calidad de los productos alimenticios no debe ser objeto de ningún tipo de laxismo. 
La salud humana se garantiza ante todo por la manera de alimentarse y concretamente por la calidad de los productos puestos a disposición del consumidor. 
No voy a recordarles el laxismo culpable de las autoridades británicas competentes en la criminal problemática de la «vaca loca». 
Espero que todos los responsables de Europa hayan entendido que el interés de rentabilidad de unos pocos nunca debe prevalecer sobre los imperativos sanitarios de la gran mayoría. 
En ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, habría que renunciar a las especificidades de las producciones de calidad que valorizan las tradiciones regionales, para convertirlas en producciones masivas, comunes y amoldadas a las exigencias del mercado mundial. 
La generalización nunca creará tantos empleos y no satisfará tanto al consumidor como el mantenimiento de las especificidades regionales. 
Señor Presidente, señor Comisario, nuestro colega, el Sr. Mulder, ha presentado un informe muy bueno sobre la política de calidad para los productos agrarios y agroalimentarios. 
Pero un buen número de marcas regionales de calidad apenas podrá ser identificado ya por el consumidor en el mercado interior y, por esta razón, deberíamos celebrar todos que se proponga con carácter complementario una regulación europea. 
La protección del medio ambiente y de los animales juega un papel cada vez más importante entre los consumidores de Europa. 
Sin embargo, como representante de una gran asociación de mujeres quiero poner un gran interrogante a la cuestión de si un etiquetado doble- es decir, un sello de calidad regional y europeo- va a implicar también la disposición a pagar precios más elevados por estos productos agroalimentarios. 
Mi experiencia es que el ciudadano está dispuesto a pagar precios finales más altos por la ropa, por la vivienda, por el auto o por viajes que justamente por los productos alimentarios. 
Pero el etiquetado doble tampoco tiene por qué conducir al encarecimiento. 
En las negociaciones que se realicen en el seno de la OCM tenemos que mostrar claramente a los norteamericanos como modelo europeo de agricultura un código europeo de prácticas agrícolas correctas en la agricultura integrada, cosa que ha sido mencionada también por muchos oradores. 
Sin embargo, es preciso explicar a nuestros ciudadanos que quien exija más protección del medio ambiente, más protección de los animales, debe estar también dispuesto, en consecuencia, a pagar un precio razonable por los productos que se obtengan en estas condiciones superiores. 
Mediante una marca europea de calidad queremos ayudar a los consumidores del mercado interior a reconocer las marcas de calidad nacionales y regionales, como tales, de otros países miembros, pues éstas dicen algo acerca de la calidad especial de tales productos alimentarios. 
De esta manera, a través de una marca de calidad que no conoce una consumidora española que compre productos alemanes puede estar enteramente segura de una manera facilísima de que tales productos alimentarios cumplen exigencias estrictas y transparentes. 
Las marcas de calidad europeas reconocidas deberán satisfacer requisitos básicos muy determinados y creo que con esta propuesta del Sr. Mulder podemos abrir a estos productos un mercado mucho mayor. 
Actualmente existen dos categorías europeas de calidad para productos agroalimentarios, el cultivo ecológico y la protección comunitaria de especialidades tradicionales. 
En el Parlamento quisiéramos ampliarlas aún más a una tercera categoría para productos ecológicos que cumplan los criterios de la protección del medio ambiente y de la protección de los animales. 
De esta manera podremos responder a la demanda de los consumidores de productos agrícolas compatibles con el medio ambiente y lograr también un rango adicional a la tan discutida y no suficientemente definida producción integrada. 
Señor Presidente, yo también creo que el tamaño, la forma y la apariencia de los productos alimenticios no son los únicos criterios por los que habría que juzgar la comida. 
No concuerdo con el Sr. Rosado Fernandes muy a menudo en esta Asamblea, pero estoy plenamente de acuerdo con él en que el sabor, la sazón y el valor nutricional son las verdaderas referencias de la calidad de los alimentos. 
Hace poco estuve en Polonia, en una reunión del Comité Parlamentario Mixto. 
Después de tres días de trabajo muy intenso, me sentía notablemente bien y sana. 
Cuando pienso en esto, se lo atribuyo a la excelente calidad de la comida que disfruté durante esos tres días: fruta fresca, verduras, pescado fresco y carne y el pan más delicioso que haya probado jamás. 
Sin embargo, en la Unión Europea solemos considerar que Polonia tiene una agricultura poco eficiente. 
Tenemos que prestar atención a los métodos agrícolas dentro de la Europa de los quince y a nuestra definición de la calidad. 
Si se produce intensivamente, el producto insípido que tiene buen aspecto no ofrece una verdadera calidad, cosa que hasta los hipermercados están empezando a reconocer. 
Los alimentos producidos naturalmente y no contaminados por el uso excesivo de pesticidas, etcétera, la comida con sabor y valor nutricional genuinos es, cada día más, lo que los consumidores europeos exigen, con toda razón. 
Los agricultores, los fabricantes de alimentos y los supermercados europeos tendrían que adaptarse para satisfacer esa demanda. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, enhorabuena al Sr. Mulder por su informe. 
La política de calidad es imprescindible para la agricultura europea, aunque hay que decir que en la definición de la calidad existen constantemente diferencias de criterio. 
La producción de calidad debe redundar también en el precio y en las rentas de los campesinos. 
Permitanme indicar que durante la crisis de la EEB, justamente en Austria los productos que procedían de una producción de marca de calidad con garantía de origen no sufrieron ningún descenso. 
Aunque actualmente no es posible tener una marca europea única de calidad, habría que seguir avanzando por esta vía tal como se afirma en el punto 8 de nuestra resolución. 
La gran mayoría de los campesinos de Europa no vive en situaciones privilegiadas. En consecuencia, no tienen la posibilidad de aumentar significativamente sus rentas ampliando la producción. 
Por esta razón, sólo la producción de calidad y su carácter inconfundible pueden ser el supremo criterio para la agricultura europea, y el pertinente aseguramiento de esto es imprescindible en el marco de las próximas negociaciones de la OCM. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, también yo he tomado nota con gran interés del informe del Sr. Mulder sobre la política de calidad para los productos agrarios y agroalimentarios. 
Por mi parte no puedo menos que celebrar por principio los argumentos que se exponen en el mismo. 
Seguramente, todos los puntos de la propuesta de resolución de ustedes merecerían también el interés especial y la apreciación especial de la Comisión, sin embargo quisiera concentrarme aquí sólo en los dos capítulos principales de su informe. 
En primer lugar: en lo que respecta a la introducción de un sello europeo de calidad mediante el cual se coordinen las marcas de calidad que ya existen quisiera llamar especialmente la atención sobre un punto. 
Por principio, a la hora de implantar una nueva legislación hay que analizar primero si los problemas que se plantean pueden ser eficazmente regulados o no en el seno del marco jurídico existente. 
Permítanme que en este contexto traiga a la memoria el concepto de legislación de la Comisión, que fue expuesto en 1985 en el Libro Blanco sobre la culminación del mercado interior. 
Según este concepto, desde entonces se proponen normas comunes armonizadas sólo para la protección de la salud y del consumidor, para la protección del medio ambiente y para lealtad en las prácticas comerciales. 
Lo que no caiga bajo estas normas armonizadas, ha de ser regulado a través del reconocimiento mutuo de los regímenes, normas o especificaciones técnicas de los estados particulares. 
Mediante la obligación de comunicar las normas y especificaciones técnicas a la Comisión es posible valorar si el objetivo que se persigue, es decir, la eliminación de los obstáculos técnicos al comercio, se ha logrado en la Unión. 
Si los sellos de calidad difieren mucho en su contenido en los diferentes Estados miembros pueden constituir un obstáculo de no pequeña relevancia para el comercio intracomunitario. 
Esto se pone de manifiesto en la actividad de los servicios de la Comisión y en diversas sentencias del Tribunal de Justicia. 
Por esta razón, al inicio de los años 90 el legislador europeo dictó un marco jurídico para denominaciones de origen protegidas, datos geográficos protegidos, especialidades tradicionales garantizadas así como para el cultivo ecológico. 
Esto se justificaba por la mayor eficacia de una medida común frente a las medidas particulares de los Estados miembros o, si ustedes prefieren, por el valor añadido europeo. 
Por el contrario, se rechazaron proyectos sobre datos cualitativos o sobre la certificación de características específicas de productos, con excepción de las especialidades tradicionales. 
En el momento actual la Comisión no puede apreciar si ha cambiado algún elemento relevante en los fundamentos que entonces condujeron a aquella decisión. 
Incluso las experiencias no satisfactorias habidas con la ECO-etiqueta europea muestran esto, lo cual no significa que en el futuro no hagamos un seguimiento atento de las tendencias. 
Permítanme ahora que me refiera brevemente a la segunda propuesta principal que prevé una nueva categoría europea de calidad sobre la base de criterios relativos al medio ambiente. 
Como ustedes saben, para la producción integrada existen ya numerosas medidas comunitarias, estudios y programas de investigación, una ayuda específica en el marco de la organización común de mercado, por ejemplo, para la fruta y las verduras, así como la financiación de las medidas medioambientales en la agricultura en el marco del Reglamento 2078. 
Incluso estos ámbitos van a ser reforzados en el marco de la Agenda 2000. 
Por consiguiente, deberíamos proseguir estas reflexiones en este ámbito y desarrollar, por ejemplo, directrices en las que se tome en cuenta la variedad de los productos, las diferentes formas económicas, las peculiaridades locales, y el modo de empleo de las tecnologías que se utilicen. 
Estoy firmemente convencido de que el desarrollo ulterior de la agricultura integrada podrá aportar un auténtico valor añadido al medio ambiente, incluso en el sentido de una utilización sostenible del suelo. 
Pero, precisamente por esto es necesaria, ante todo, una estrategia clara. 
Si de esta estrategia global surge la conveniencia de una etiqueta europea de calidad y si se logra mediante medidas comunes una coherencia suficiente, entonces puede resultar también absolutamente adecuada la introducción de una etiqueta europea de calidad. 
En la situación actual me parece todavía un tanto prematuro emitir una opinión definitiva sobre esto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Felicitamos al Sr. Mulder por la aprobación de su importante informe. 
Señor Presidente, tengo aún otra pregunta para el Sr. Fischler, antes de que se ausente. 
En el punto 5 hemos votado ahora a favor de que los productos animeles sean incluidos en el Reglamento nº 2092/91 sobre el cultivo ecológico y que se haga sin más dilación. 
Usted sabe que sobre esto existe desde hace tiempo una propuesta común de la Comisión y del Parlamento que, no obstante, el Consejo no incluye en el orden del día. 
Aprovecho una vez más esta ocasión para instarle a usted y al Parlamento a que ejerzan presión en este punto para que esta propuesta llegue al orden del día ahora, al menos durante la Presidencia austriaca, ya que la agricultura ecológica juega en su país un papel muy importante, por lo cual yo les felicito. 
Señor Presidente, señor Diputado, señoras y señores, estoy gustosamente dispuesto a exponer a la actual Presidencia el deseo del Parlamento. 
Pero también puedo afirmar que la Presidencia me ha comunicado ya que su voluntad es tratar todavía este punto durante la actual Presidencia. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Mulder sobre productos agrarios y agroalimentarios. 
Esto se ha hecho considerando que el informe en general es aceptable. 
Apoyamos la implantación de una marca de calidad europea, que incluya la atención al bienestar de los animales y al medio ambiente. 
Con todo, consideramos importante precisar qué se quiere decir con bienestar de los animales y medio ambiente. 
Deben establecerse normas concretas y los países que no cumplan las disposiciones perderán el derecho a utilizar la marca. 
Muchos países miembros aún ven la calidad como algo unido al sabor. 
Pensamos que la calidad también es el bienestar de los animales y el medio ambiente. 
Es importante actuar con transparencia ante los consumidores en lo que a esta marca se refiere. 
En distintos Estados miembros se han introducido marcas de calidad para productos procedentes de la agricultura integrada. 
A fin de aumentar la transparencia para el consumidor, el Sr. Mulder aboga por que se estudie si esos productos pueden acogerse a una marca general de calidad europea. 
Como subgrupo neerlandés simpatizamos con la idea y, por eso, hemos apoyado el informe Mulder. 
Queremos hacer algunas observaciones sobre esta cuestión. 
Por una parte, un logo europeo no puede reemplazar a las etiquetas de calidad existentes en el ámbito nacional, regional y local, a lo sumo, puede completarlas. 
Cada región tiene sus propios valores paisajísticos y culturales, y sus problemas medioambientales. 
Por eso, la normativa sobre la agricultura integrada y las correspondientes indicaciones de calidad sólo pueden ser armonizadas parcialmente a nivel europeo. 
Además, el éxito de una etiqueta depende de la confianza que los consumidores tengan en ella. 
Las indicaciones de calidad existentes han construido, mientras tanto, una imagen digna de confianza. 
La cuestión es si el consumidor tendrá la misma confianza en una banderita europea. 
Por otra parte, solamente podemos estar de acuerdo con una marca europea de calidad si, de hecho, se propone algo que tenga contenido. 
Por tanto, los productos concernidos deben tener una clara plusvalía respecto de los productos agrarios corrientes, no sólo en el ámbito de la calidad intrínseca, sino también respecto de la cuestión de la protección del medio ambiente. 
De otro modo, la etiqueta europea de calidad no es nada más que un truco ordinario de venta. 
En resumidas cuentas, apoyamos la elaboración de un estudio sobre las posibilidades de una etiqueta europea de calidad. 
Nuestra opinión definitiva sobre la indicación de calidad europea depende del resultado concreto. 
Con ello, hay dos asuntos de importancia. 
Debe haber espacio suficiente para las indicaciones nacionales y regionales de calidad. Debe ir sobre productos que supongan una clara ventaja para la protección del medio ambiente en comparación con los productos agrarios corrientes. 
Objetivo 2: énfasis en la creación de empleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0213/98) del Sr. Vallvé, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la comunicación de la Comisión sobre las nuevas programaciones regionales para 1997-1999 en virtud del objetivo nº 2 de la política estructural comunitaria- énfasis en la creación de empleo (COM (97) 0524- C4-0641/97). 
Señor Presidente, señora Comisaria, vamos a debatir este aspecto del Objetivo 2 en su programación para los años 1997-1999. 
Me pregunto si tiene mucho sentido el debate de esta comunicación, que fue presentada por la Comisión hace casi un año- concretamente el 14 de noviembre de 1997. 
Se trataba de analizar el período de 1997-1999, pero el documento nos llegó cuando ya había transcurrido casi un tercio del período correspondiente. 
Por otra parte, no se puede ocultar que el debate de este documento tiene lugar cuando la Comisión de Política Regional ha elaborado ya los cinco informes correspondientes a la Agenda 2000 y que éstos serán debatidos, precisamente, esta semana próxima en comisión. 
Pero creo que es positivo que aprovechemos este debate para hablar de política regional, ya que en este Parlamento no se hace mucho, y a ello la Unión Europea, no hay que olvidarlo, destina el 34 % de su presupuesto. 
Quiero agradecer aquí, especialmente, la presencia de la Sra. Comisaria, que ha venido para este informe. 
Lo cual no me extraña, porque su dedicación a los trabajos de la Comisión de Política Regional ha sido constante. 
No voy a aprovechar este informe sobre los años 1997-1999 para hablar de lo que en el futuro puede y debe ser la política regional de la Unión Europea, para analizar la Agenda 2000. 
No lo voy a hacer. 
Ello será objeto de futuros debates en esta misma Asamblea y, posiblemente, en el período parcial de sesiones de noviembre. 
Quiero destacar las modificaciones que se introdujeron para aplicar el Objetivo 2 en los años 1997-1999, que inciden, sobre todo, en factores inmateriales, en el desarrollo de empresas- especialmente las PYME -, en la innovación y el desarrollo de los productos, en la formación y en la cualificación profesional y, también, en aquellas medidas que han tenido que adoptarse para la protección del medio ambiente. 
Yo creo, señora Comisaria, que con estos cambios se deja atrás la utilización de los Fondos estructurales- y concretamente del Objetivo 2- para la realización de infraestructuras que actuaba de algún modo como suplencia del Objetivo 1. 
El Objetivo 2 es la reconversión de las zonas industriales, y la palabra «reconversión» se mantiene en la Agenda 2000. 
Reconversión que amplía su ámbito: lo que se refería sólo al ámbito industrial abarcará también las zonas rurales, las áreas urbanas y las zonas de pesca. 
El objetivo de reconversión es un instrumento fundamental para el fomento y la mejora de la cohesión económica y social en el marco de la Unión Europea. 
Es evidente que la máxima prioridad en el período referido, 1997-1999, es la creación de empleo. 
Es una meta fundamental en una Europa que- no debemos olvidarlo- tiene 18 millones de ciudadanos que no encuentran un puesto de trabajo. 
Por otra parte, hay que lamentar que no haya existido una evaluación coordinada con las actuaciones que algunos Estados miembros estaban ya llevando a cabo sobre aquellos grupos sociales que pueden verse amenazados en el futuro por el paro de larga duración. 
Quiero insistir en los cuatro factores prioritarios: la competitividad, el desarrollo de la investigación, la formación e igualdad de oportunidades, y la protección del medio ambiente. 
Ellos revisten una gran importancia de cara a la reconversión y el desarrollo de unas estructuras económicas regionales competitivas. 
Pero no puedo dejar de lamentar que el incremento del gasto se haya hecho básicamente en el capítulo de investigación y desarrollo, no aumentando, prácticamente, en los demás capítulos. 
Los programas 1997-1999 revisten, evidentemente, una continuidad respecto a los de 1994-1996. 
Y hay que destacar que la nueva orientación del Objetivo 2 para el año 1997- esta es una de las ventajas de analizar los informes con retraso- ha permitido constatar un pleno aprovechamiento de los recursos disponibles. 
La aplicación del principio de adicionalidad y su comprobación en el momento de aprobar el programa sigue, a veces, presentando problemas. Y ello exige una clarificación y definición de los condicionantes. 
También, el principio de cooperación debe reforzarse. 
Y es fundamental el papel de las autoridades regionales y de los interlocutores sociales, como me consta que la Comisaria ha previsto ya para el futuro. 
Es también importante destacar que la vecindad de las zonas Objetivo 2 con zonas Objetivo 1 debe ser un criterio valorado adecuadamente. 
Finalmente, quiero agradecer las enmiendas que se han presentado, aunque es voluntad de este ponente no incorporar las que hagan referencia al proyecto de Agenda 2000. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales elaboró una opinión conjunta para los informes Vallvé y Howitt, que ya se discutió la semana pasada y que se refiere al ajuste de los programas de los Fondos estructurales hasta finales de 1999 y a las nuevas programaciones regionales de 1997 a 1999 en relación con el Objetivo 2. 
Lo que tienen en común esos informes es una propuesta de revisión a medio plazo de las intervenciones estructurales de la Unión Europea y, como decía el ponente, Sr. Vallvé, estamos a la mitad de ese tiempo. 
Compartimos con el ponente, con el Sr. Vallvé, su preocupación por que en la práctica el empleo sea el objetivo prioritario de esta propuesta. 
Y para ello creemos que es necesario que se potencien los cuatro sectores de los que él habló: las PYME- más del 80 % del empleo de la Unión Europea está en las pequeñas y medianas empresas -, el medio ambiente- yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente y sé muy bien que hay sectores muy importantes en los nuevos yacimientos de empleo, potenciando el medio ambiente, y sería muy importante tenerlo en cuenta -, la investigación y el desarrollo, y, desde luego, la igualdad de oportunidades- que las mujeres, de una vez por todas, tengan las mismas oportunidades que los hombres. 
También compartimos las críticas a la falta de evaluación del período anterior, que nos permitiría hacer propuestas para el futuro en mejores condiciones. 
Se han visto las dificultades que en el pasado ha tenido la participación de las autoridades medioambientales y de los agentes sociales en cada una de las programaciones, y tampoco hay una evaluación real del papel que los nuevos yacimientos de empleo han tenido en el gasto de estos Fondos estructurales para la creación de empleo, sobre todo en regiones en declive industrial como es la mía- yo soy asturiana. 
Por eso, creemos muy importante que en el futuro, en esta reforma en curso que se va a discutir la semana próxima, se tenga en cuenta la necesidad de la puesta en práctica horizontal de los principios de transparencia, participación, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible- sólo se dedica a desarrollo sostenible un 5, 2 %-, y un equilibrio entre la política de fomento del empleo y políticas económicas que no destruyan empleo porque, a veces, las políticas económicas destruyen empleo. 
También creemos que la importancia concedida a los fondos para infraestructuras debe ser menor, porque el empleo que crean es a corto plazo, y que debe haber más fondos para los nuevos yacimientos de empleo, porque el empleo que crean es un empleo a más largo plazo. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, deseo expresar nuestro apoyo incondicional al actual programa de medidas para combatir el paro en las regiones europeas que sufren un declive industrial. 
Lo apoyamos porque crear empleo y terminar con el flagelo del paro tiene que ser la prioridad absoluta de nuestros programas de Fondos estructurales; lo apoyamos porque la gente que vive de las minas de carbón, de las industrias textil, del acero y de armamento no ha pedido esas olas de perturbación económica que han tocado de muerte a sus comunidades, y nadie puede pedirles que reconstruyan sus economías sin ayudas públicas; lo apoyamos porque este gasto de 9 mil millones de ecu- más de 7 mil millones de libras- representa las prioridades de la gente en cuanto a la forma en que se deben gastar los fondos europeos. 
Doy la enhorabuena al Sr. Vallvé por su informe, y a la vez señalo que en muchos puntos concuerda con mi informe paralelo sobre las directrices para las zonas Objetivo 1 y 5b para el mismo período. 
Estamos de acuerdo en la necesidad de asegurar una adhesión más estricta a los objetivos de igualdad de oportunidades y de protección del medio ambiente en todos los programas. 
El 5 % para el medio ambiente: esto significa que el 95 % del dinero puede estar dañando nuestros recursos naturales, y esto no es nada bueno. 
Estamos de acuerdo en la necesidad de apoyar la elaboración de directrices que aseguren la presencia de los temas comunes en los programas de cada uno de nuestros países, y la necesidad de una consulta plena sobre estas directrices por parte de la Comisión Europea. 
Espero que durante esta mañana la Comisaria tenga ocasión de garantizarnos que un nuevo conjunto de directrices estará preparado para el 31 de diciembre. 
Estamos de acuerdo en que la demora en la aplicación de los programas del primer período- el 12 % del dinero se imputa al ejercicio siguiente- ocasiona un perjuicio inaceptable a las regiones y localidades que esperan demasiado tiempo y después se ven en la obligación de gastar demasiado rápido. 
En cuanto a mi país, consideramos que el Reino Unido es el mayor beneficiario de este programa: unos 2.700 millones de ecu, más de 2 mil millones de libras. 
Más de 150.000 pequeñas y medianas empresas británicas reciben ayuda gracias a estos fondos. 
Con poco más o menos el 14 % de toda la inversión pública de la Francia metropolitana en este programa, se demuestra, fuera de dudas, el valor de la red de seguridad, que sostenemos en la programación del siguiente período, para evitar la desaparición repentina de este nivel de ayuda tan significativo. 
Doy las gracias a la Comisión por haber escuchado lo que teníamos que decir. 
Los socialistas apoyaremos la gran mayoría de las enmiendas presentadas hoy a la Cámara. 
En particular, respaldamos las conclusiones de nuestros colegas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, en las que sostienen que hay que dar más dinero a las nuevas fuentes de empleo, incluido el sector de las cooperativas, proyectos sobre el medio ambiente e iniciativas de desarrollo local. 
Estamos de acuerdo con ellos en que la completa falta de valoración del número de beneficiarios discapacitados es un notorio fallo en la consecución de la igualdad de oportunidades, de la que tan a menudo habla la Comisión. 
Permítanme explicar en qué puntos tenemos que estar en desacuerdo. 
Primero, no podemos apoyar enmiendas específicas que aparten la pesca marítima o las áreas urbanas de las prioridades especiales, sean cuales sean nuestras simpatías personales, porque esto representa un paquete equilibrado en el que no se puede pretender que un interés especial esté por encima de cualquier otro. 
Segundo, no podemos apoyar propuestas de multiplicación de financiaciones o de criterios respecto de la nueva normativa de Fondos estructurales. 
Este debate se está haciendo en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y sería prematuro resolver esos temas hoy. 
Tercero, no criticaremos específicamente a la Comisión por realizar gastos inferiores a los previstos o porque no se ha ocupado adecuadamente de los objetivos horizontales. 
Compartimos las preocupaciones, pero preferimos trabajar junto a la Comisaria para abordar constructivamente las causas de estos problemas en el futuro. 
Por último, en nuestra resolución del 14 de febrero de 1996, expresamos a la Comisaria nuestras demandas para este programa. 
Me complace ver que se ha respondido ampliamente a ellas. 
El 14 de febrero es el Día de San Valentín, un día para que los enamorados se hagan cumplidos. 
Con el mayor respeto a la Sra. Wulf-Mathies, aún cuando no podemos hoy garantizar tan estrecha relación entre el Parlamento y la Comisión, le damos las gracias y la enhorabuena por su trabajo, tan importante, en la puesta en marcha de este programa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, distinguidas señoras y señores, en principio celebro, como el ponente Sr. Vallvé, el establecimiento de líneas directrices sobre las prioridades de la Comisión. 
Éstas han de contribuir a un equilibrio entre la política económica, la creación y mantenimiento de puestos de trabajo y las restantes políticas específicas de la Unión. Éstas últimas han sido mencionadas ya: la competitividad, el apoyo a las PYME, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, así como la innovación y la igualdad de oportunidades. 
Las medidas del nuevo Objetivo 2 siguen siendo enormemente importantes para la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo. 
Causa satisfacción la continuidad que se está mostrando entre los diferentes nuevos programas frente a los anteriores períodos de programación. 
Sin embargo es preciso decir críticamente que la calidad de los programas sigue sin responder a las expectativas y que los resultados de las revisiones intermedias no se hacen aprovechables con suficiente antelación para las planificaciones futuras. 
El principio de adicionalidad y su evaluación siguen causando problemas a causa de la deficiente aportación de los documentos necesarios. 
Por nuestra parte celebramos la introducción de condiciones para el segundo tramo. 
No obstante, habría que simplificar claramente las nuevas disposiciones sobre las evaluaciones. 
Apoyamos a la Comisión en su intención de conceder a los Estados miembros un mayor margen de maniobra en la conexión entre los criterios nacionales de los Estados miembros y los criterios comunitarios. 
No consideramos justificado el temor del ponente de que este espacio de maniobra pudiera ser objeto de abuso por los Estados miembros. 
En mi opinión, el planteamiento subsidiario de la Comisión significa aquí un paso adelante en la dirección correcta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, los cuatro sectores, es decir, las empresas pequeñas y medianas, el medio ambiente y el desarrollo sostenido, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el campo del desarrollo y la investigación, son ambitos idóneos para la creación de empleo. 
Especialmente quiero señalar el sector medioambiental, con nuevos productos y nuevos sistemas ecológicos, como un sector del futuro que va a necesitar buena técnica medioambiental en todo el mundo. 
Evidentemente que esto lo vamos a aprovechar y nos preocuparemos por ser pioneros en este campo. 
No obstante, hay algunas dificultades. 
Las subvenciones tienen que utilizarse mejor. 
No puede ser que en un proyecto haya sillas vacías y dinero sin usar durante meses o medio año. 
Deben mejorarse las evaluaciones mediante verdaderas descripciones de consecuencias medioambientales e igualdad entre los sexos en todos los programas, de modo que se sigan las reglas impuestas sobre igualdad de oportunidades, medio ambiente y desarrollo sostenido. 
En el nuevo Objetivo 2 quiero apoyar especialmente a las zonas costeras e insulares, es decir, las antiguas zonas del Objetivo 5b. 
Por mi parte, voy a dar mi apoyo a la enmienda 4 que trata del aumento de la influencia nacional. 
Señor Presidente, la Unión Europea cuenta con cerca de 20 millones de desempleados, situación extremadamente angustiosa. 
Por consiguiente, la cuestión del empleo constituye un reto relevante. 
Los resultados de la cuarta fase del programa del Objetivo 2, cuya prioridad es la creación de empleos, son relativamente satisfactorios. 
Pero aún queda mucho por hacer. 
Podemos deducir algunas conclusiones del informe. 
Pero más allá de este balance parcial, interroguémonos sobre las propuestas de la Comisión relativas al futuro Objetivo 2. 
La reserva de rendimiento podría, en nuestra opinión, perjudicar los efectos de la prórroga de los programas para garantizar la necesaria continuidad de estos últimos. 
Escepticismo también en cuanto a la fijación de los porcentajes indicativos de reparto del volumen de las intervenciones de los programas entre las diferentes prioridades y en cuanto a la excesiva diversidad de este objetivo que podría perjudicar su coherencia y su eficacia. 
Finalmente, es imprescindible mantener una ayuda sustancial a las regiones en declive industrial para permitirles continuar un desarrollo que la mayoría de ellas ya han iniciado, y que una reducción de las ayudas podría comprometer seriamente. 
En conclusión, sepamos aprovechar las enseñanzas del actual Objetivo 2 para optimizar los efectos de las intervenciones del futuro nuevo objetivo para el empleo. 
Muchas gracias, señor Donnay. 
Señorías, voy a dar ahora la palabra, en nombre del Grupo de la Coalición Radical Europea, al Sr. Manuel Escolá Hernando. 
El Sr. Manuel Escolá Hernando interviene por primera vez en este hemiciclo. 
Permítanme que le dé la bienvenida y, como he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y su trayectoria, permítanme también que augure que su colaboración aquí va a ser muy positiva en el trabajo conjunto en este Parlamento y en la perspectiva de colaborar en el avance de la Unión Europea. 
Señor Presidente, como muy bien ha dicho, intervengo por primera vez en este Parlamento, en nombre del Grupo de la Alianza Radical Europea, para mostrar nuestro apoyo a este informe. 
Especialmente, quisiéramos hacer hincapié en la idea que se recoge en el apartado 18 del mismo y que compartimos plenamente al referirse a la propuesta presentada por la Comisión para el nuevo objetivo 2. 
Y esta idea que compartimos es el temor a la discrecionalidad que puede introducir el hecho de aumentar tan significativamente el margen de maniobra de los Estados si se mantiene la propuesta de combinar criterios comunitarios y criterios nacionales a la hora de elegir las regiones teóricamente idóneas para recibir las ayudas del nuevo Objetivo 2. 
Esta fórmula, Señorías, podría ser interpretada por algunos como una dejación de responsabilidad, por parte de la Comisión, en beneficio de los intereses políticos internos de cada Estado miembro. 
Incluso podríamos hablar de una cierta renacionalización de las políticas estructurales, cuya consecuencia podría ser no sólo la distorsión de los resultados buscados por la Comisión con la creación del nuevo Objetivo 2 sino incluso el viciar de origen su objetivo fundamental, es decir, el apoyo a las regiones en declive y con dificultades estructurales. 
Podría darse el caso, Señorías, de que zonas idóneas para ser elegidas como Objetivo 2 quedaran fuera, y otras que no lo fueran tanto, por intereses políticos internos de los Estados, fueran elegidas. 
En este sentido, vemos imprescindible una mayor objetivación de los criterios de selección por parte de la Comisión para el futuro Objetivo 2. 
Señor Presidente, el objetivo 2 de los Fondos estructurales merece una consideración muy especial, por ser de gran importancia, pero de muy difícil aplicación correcta. 
Al tratarse de zonas industriales en declive, hay que ver con toda cautela si se trata de industrias con perspectivas y, más concretamente, hay que ver unidad por unidad si se trata de empresas viables. 
En caso afirmativo, se debe dar el apoyo directo indispensable, en la aplicación correcta del «capítulo de las industrias obsolescentes». 
De no ser así, es decir, de no ser industrias o empresas competitivas a medio o largo plazo, interesa a todos- desde luego, interesa a los trabajadores- encontrar opciones substitutivas válidas, en un mundo competitivo en el que no es de esperar ni sería deseable que se volvieran a cerrar las fronteras. 
Al estar ahora el objetivo 2 orientado también a la recuperación urbana, hay que tener presente también que se trata de un propósito que no será alcanzable, si no hay políticas claras de promoción equilibrada de los países. 
Si se persiste, como sucede en mi país, en la aplicación de políticas de polarización o, como mucho, de bipolarización, concentrando todas las actividades de mayor calidad y dinamizadoras en una o dos ciudades sólo, seguirán dándose aflujos de población y no dejará de haber problemas sociales delicados, de exclusión e inseguridad. 
Entonces resultarán insuficientes, en una «lucha contra la marea» , todas las corrientes financieras, nacionales y de la Unión Europea, que hacia allá se dirijan. 
La experiencia comparada en Europa es muy clara, pues no tienen problemas de esa naturaleza los países que disponen de una red urbana equilibrada, apta para fijar a las poblaciones en sus regiones de origen, con lo que también se consigue un mejor aprovechamiento de sus recursos. 
No cabe duda de que se atenderán siempre los problemas sociales padecidos por personas que no tienen culpa de las políticas equivocadas, pero no se puede dejar de avanzar hacia soluciones de fondo, de las que todos nos beneficiaremos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, la política estructural es siempre también política del mercado de trabajo. 
Tenemos un circuito en las regiones. 
Las personas residen precisamente donde hay trabajo. 
Pero donde trabajan de mejor grado es en las regiones que además de trabajo tienen un entorno intacto, es decir, ofrecen una naturaleza cuidada, sana, una buena infraestructura y rápidas comunicaciones de transporte entre el puesto de trabajo y la vivienda. 
Un puesto ideal de trabajo implica también un entorno cultural. 
La escuela, la formación y el perfeccionamiento profesional deben estar asegurados y debe haber también una oferta cultural recreativa para el tiempo libre. 
Si una de estas ruedecillas desaparece en este circuito, entonces se producen desequilibrios y regiones enteras se desangran. 
Donde no hay trabajo no residen personas y, al contrario, donde no hay personas tampoco hay trabajo. 
Aquí debe operar la política estructural y nosotros debemos considerar todo el entorno y no sola y exclusivamente el puesto aislado de trabajo. 
Si contemplamos la construcción de una carretera, veremos grandes máquinas y veremos a pocos trabajadores directamente en el sitio, pero esta carretera es una arteria vital para la región. 
La evaluación de cada uno de los programas nos ha mostrado que a donde afluyen dineros de la UE, allí afluyen también adicionalmente recursos de cofinanciación y también, en especial, recursos procedentes del sector privado. 
Por cada millón de ECUS de cofinanciación de la UE los Estados miembros contribuyen por su parte con 2 millones y el 20 % de todos los recursos proceden del sector privado. 
Por consiguiente, se pone en marcha una enorme fuerza de expansión. 
Tenemos que contemplar el planteamiento a largo plazo y apoyo la opinión del ponente, el Sr. Vallvé, de que un período temporal de tres años es demasiado corto. 
En este punto es preciso que tengamos una visión de conjunto para que las personas de Europa puedan configurar de manera digna su vida. 
Señor Presidente, al quedar básicamente un año para la finalización del período programático al que nos referimos, casi lo único que podemos hacer es sacar conclusiones y enseñanzas para el nuevo período programático. 
Por tanto, es importante- y esa es mi primera observación- que se van a crear, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión, para el período al que nos referimos, 880.000 puestos de trabajo en las regiones del Objetivo 2. 
La cifra podría ser mayor, pero evidentemente también podría ser menor. 
Y, en consecuencia, yo expreso mi satisfacción por ello. 
En segundo lugar, expreso mi satisfacción por el hecho de que nos hemos concentrado en cuatro prioridades, la competitividad, la protección del medio ambiente, la igualdad de los sexos y la innovación, que considero muy importantes. 
Al mismo tiempo, existen, sin embargo, problemas a los que se debe hacer frente, y a los cuales se han referido los compañeros, en lo relativo a la calidad de los programas y a la estimación a priori de los puestos de trabajo que van a crearse. 
Ahora, para el nuevo período programático, nosotros, como Partido Popular Europeo, debo decirles- lo saben- que tenemos muchas dudas sobre el esfuerzo que realiza la Comisión para afrontar el nuevo Objetivo 2 y los problemas de las industrias y de las regiones agrícolas que tienen problemas de reconversión. 
Dicho esto, consideramos, sin embargo, necesario, como cabía esperar, que exista una garantía de que tendremos una cobertura, dentro del reglamento, del 10 % -hablo en términos de población- a nivel europeo para las regiones rurales y del 5 % para las agrícolas. 
Asimismo, estamos a favor de la propuesta de la Comisión de que existan, de forma simultánea, criterios nacionales y comunitarios para la elección de dichas regiones. 
Lo impone el principio de subsidiariedad. 
También estamos a favor de la propuesta de la Comisión de que exista una red de seguridad, esto es, una reducción máxima del orden del 33 % para las regiones que estén cubiertas por los objetivos 2 y 5B. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quisiera dar mis más cordiales gracias al diputado, Sr. Vallvé, y también a todos los demás que han tomado parte en el debate, por la discusión tan constructiva y por el informe tan extraordinariamente constructivo. 
Celebro el gran acuerdo entre la Comisión y el Parlamento tanto en lo que respecta a las directrices como a los puntos principales objeto de fomento para el período 1997-1999 del Objetivo 2. 
En realidad nuestro objetivo prioritario debe ser ayudar a las regiones que se encuentren en un proceso de cambio estructural a crear puestos de trabajo duraderos. 
Celebro también de manera especial que ustedes apoyen las propuestas de reforma de la Comisión sobre la concentración, la descentralización y la simplificación y que ustedes reconozcan en su informe que la Comisión se ha esforzado ya en el segundo período de fomento del Objetivo 2 por llevar directamente a la práctica las lecciones extraídas del pasado. 
No puedo menos que estar de acuerdo también con ustedes cuando en el proyecto de resolución afirman que la concentración ha de lograrse a través de la solidaridad. 
También la acogida positiva de las directrices sobre el Objetivo 2 en tanto medios de apoyo de los planes de desarrollo de los Estados miembros fortalece la argumentación de la Comisión sobre la reforma de los Fondos estructurales. 
Me gustaría aclarar una vez más aquí que nosotros pretendemos, en primer lugar, ultimar el nuevo período de programación antes de finales de año y ustedes saben por nuestro procedimiento para las directrices sobre el Objetivo 2 que nosotros hacemos siempre esto en estrecho diálogo con la Comisión de Política Regional y con el Parlamento, razón por la cual coincidimos también en los objetivos. 
Con su exigencia de cuantificar más fuertemente los objetivos en el futuro, ustedes saben que están matando mosquitos a cañonazos. 
Para el período 1997-1999 hemos puesto ya en manos de los Estados miembros un marco metodológico para la estimación anticipada de los efectos sobre el empleo. 
Por consiguiente, es preciso mejorar en el futuro los indicadores y la evaluación. 
Por esta razón, permítanme poner una vez más de manifiesto, precisamente a causa del comentario del Sr. Diputado, que la reserva de eficacia puede generar estímulos en ese sentido, pues no faltan indicadores, ni tampoco faltan sugerencias de la Comisión, pero faltan posibilidades de lograr también a través de esto, por ejemplo, a través de tales instrumentos, un efecto estimulador. 
La Comisión está de acuerdo con ustedes en que también hemos de procurar mejorar el fomento de los puntos principales de las directrices: competitividad, pequeñas y medianas empresas, innovación, medio ambiente y fomento de la igualdad de oportunidades. 
Sin embargo, creemos que nuestras propuestas en los nuevos reglamentos sobre los Fondos estructurales, en concreto, de establecer estímulos financieros sobre puntos comunitarios de interés, como el medio ambiente o las mujeres, son más eficaces que las cuotas, tanto más cuanto que tenemos que procurar también no estorbar nosotros mismos mediante tales cuotas el planteamiento bottom up que estamos llevando adelante en la política regional. 
Permítanme que en relación con la cuestión de la coherencia del nuevo Objetivo 2 me refiera una vez más de forma breve a nuestro planteamiento, pues en las intervenciones del debate se puso de manifiesto la preocupación de que estas cosas no casan entre sí. 
Lo digo una vez más: en todos estos ámbitos- regiones industriales, espacios rurales, zonas de pesca, ámbitos urbanos problemáticos- se trata respectivamente del mismo asunto, en concreto, de las ayudas encaminadas a controlar el cambio estructural y a la creación de puestos de trabajo en ámbitos diferentes a los sectores de crisis en los que tenemos que luchar contra la pérdida de puestos de trabajo. 
Los criterios nacionales, flexibles en un 50 %, que se contienen en el proyecto de reglamento y la mayor flexibilidad en la selección de las regiones proporcionan a los Estados miembros el necesario espacio de maniobra para responder a las peculiaridades nacionales y regionales y para utilizar también criterios complementarios, tal como se ha pedido repetidas veces en la discusión. 
La Comisión no comparte la preocupación de ustedes en el sentido de que la combinación que se ha propuesto de criterios comunitarios, por un lado, y de criterios flexibles nacionales, por otro, proporcione a los Estados miembros demasiado espacio de acción y pueda conducir a abusos. 
Sin embargo, quisiera destacar que la Comisión hará todo lo posible para impedir que el planteamiento regional bottom up se vea perjudicado por la sectorialización y la fragmentación nacionales. 
Creo que en esta cuestión es importante confiar también en el apoyo del Parlamento y aquí podemos calmar las preocupaciones que se han manifestado aquí por parte del Sr. Vallvé y de otro orador. 
Creo que es importante superar la competencia entre las políticas sectoriales e incluso la competencia entre espacio rural y espacio urbano mediante la integración de los ámbitos de fomento y utilizar las sinergias que hoy se están ofreciendo de muchas maneras. 
Somos unánimes respecto de la importancia del partenariado. 
Quisiera indicar expresamente una vez más aquí que la introducción de las corporaciones territoriales, de tipo local y regional, y de los interlocutores sociales, la participación de la organizaciones no gubernamentales, por consiguiente, también de las organizaciones ecologistas, y de más mujeres en los comités de seguimiento, deben asegurar en el futuro una mayor cercanía al ciudadano y deben asegurar también una más amplia movilización en favor de nuestros objetivos comunes. 
Por esta razón, desde nuestro punto de vista el nuevo principio del partenariado tiene una función clave tanto para el mejoramiento de la eficacia como también para la visibilidad de la ayuda comunitaria. 
En la cuestión de la simplificación coincidimos en gran medida. 
Permítanme eliminar un malentendido: en el futuro a la hora de los cambios de prioridad dentro de los puntos principales de los programas el órgano decisivo ha de ser el comité de seguimiento. 
En este punto hemos reducido fuertemente también la influencia de la Comisión para eliminar el fastidio burocrático. 
Permítanme que para terminar diga una palabra sobre la adicionalidad. 
Tanto en la comunicación de la Comisión como en el informe del Sr. Vallvé se han puesto claramente de manifiesto los problemas que hemos tenido con la aplicación de la adicionalidad. 
Por esta razón, por medio de la reforma queremos simplificar las cosas y aumentar la controlabilidad. 
Cuando en el futuro la adicionalidad sea una parte del proceso de negociación a la hora de la elaboración de los programas podremos asegurar mejor que hasta ahora que los Estados miembros y la Comisión se pongan de acuerdo en una definición común de lo que ha de significar esta adicionalidad y garanticen su comprobabilidad. 
Por lo demás, el cumplimiento del principio de adicionalidad no debe ser comprobado anualmente en adelante, sino solamente tres veces durante todo el período de la ayuda. 
Esto significa, por un lado, menos burocracia, y posibilita al mismo tiempo la eficiencia necesaria, para que podamos asegurar que las ayudas estructurales constituyen un elemento estratégico adicional para el desarrollo regional y que no sustituyen a los recursos presupuestarios nacionales. 
En este sentido quiero darles mis más cordiales gracias por el apoyo prestado no sólo al informe, sino también a la discusión celebrada en el Pleno. 
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies. 
El debate queda cerrado. 
Antes de proceder a la votación, tiene la palabra el Sr. Kellett-Bowman para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. Advierto que el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones ha solicitado que se hagan seis votaciones nominales, con todo lo que ello implica en materia de tiempo y recursos. 
Y han dejado a uno solo de sus miembros para que se cerciore de que así lo haremos. 
Señor Kellett-Bowman, la votación nominal ha sido solicitada reglamentariamente. 
Esta Presidencia no puede hacer nada más que cumplir las normas reglamentarias. 
No tengo potestad para hacer otra cosa, pero sus palabras constarán en las actas. 
Señor Presidente, deseo simplemente responder con una frase al Sr. Kellett-Bowman. 
A la vista de la discusión y de las votaciones, nos felicitamos de haber solicitado votaciones nominales. 
Una de nuestras enmiendas ha sido aceptada, otras han sido rechazadas por escasos votos, y pensamos que hemos hecho bien al mantener dicha solicitud. 
Muchas gracias, señor Berthu. 
Esta Presidencia ha advertido ya que la propuesta había sido hecha según el Reglamento y, por lo tanto, que no había lugar a ninguna modificación. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Voto a favor de la enmienda 4 porque deseo una mayor flexibilidad, especialmente en lo concerniente a la ayuda estatal. 
El informe del Sr. Vallvé se presenta como un díptico. 
Su primera parte trata de realizar un balance del Objetivo 2 en las 60 regiones idóneas para el período 1989-1993. 
El ponente constata honradamente que nos encontramos en la más completa nebulosa: «raramente se dispone de datos» y los indicadores de resultados «no están estandarizados». 
La más elemental actitud de rigor tendría, por lo tanto, que haber llevado al ponente a distanciarse con respecto a las evaluaciones globales poco realistas que la Comisión ha puesto en circulación sobre el número de empleos creados o mantenidos debido a la existencia de programas de Objetivo 2. 
Naturalmente, el Sr. Vallvé reconoce que «estas cifras deben cogerse con pinzas, porque faltan informaciones o éstas no son comparables, porque se trata de estimaciones y porque falta el vínculo de unión con los objetivos... ». 
«Puesto que la canalización de estos programas es excepcional- añade el ponente -, resulta difícil evaluar su grado de consecución». 
Sin embargo, asume finalmente una cifra global fijada con fines propagandísticos, ya que no existe una significación estadística pertinente, de 450.000 a 500.000 empleos netos atribuidos a los programas del Objetivo 2. 
La realidad es que nadie está en condiciones de apreciar el efecto real de estos Fondos estructurales, muy importantes en materia de empleos. 
Nosotros habíamos propuesto una enmienda que recoge exactamente las reservas expresadas por el propio ponente en su exposición de motivos, que, curiosamente, el autor no ha tomado en consideración... 
La segunda parte del informe del Sr. Vallvé se refiere a las perspectivas del nuevo Objetivo 2. 
El ponente se interroga sobre la heterogeneidad del nuevo objetivo y parece utilizar un eufemismo cuando declara que «pone en tela de juicio el optimismo de la Comisión en lo que se refiere a su capacidad de alcanzar una coherencia en un objetivo tan dispar». 
Teme, por otro lado, que el margen de maniobra dejado a los Estados miembros pueda ser utilizado para introducir criterios inadecuados a la hora de elegir entre regiones teóricamente idóneas para cumplir con los objetivos poblacionales fijados por la Comisión. 
Lamento que el ponente olvide totalmente la importancia del litoral marítimo de los Estados miembros de la Unión Europea, que, sin embargo, constituye una de las principales características de los países del Oeste de nuestro continente. 
El riesgo de desertización, en efecto, es real en muchas regiones, en particular en aquellas cuya desventaja periférica se agravará aún más. 
El turismo estival no puede por sí solo mantener permanentemente la vida de nuestras costas. 
Una lógica meramente regional, que instaure diferencias importantes en cuanto al régimen de un sector costero a otro, podría causar efectos profundamente perturbadores. 
Por lo tanto, debe permitirse a los Estados miembros que dispongan de la flexibilidad necesaria para que puedan fomentar una ordenación equilibrada de su territorio y hacer frente al riesgo de desertización progresiva de ciertas regiones. 
Con este fin, la repartición geográfica propuesta, del 10 %, del 5 %, del 2 % y del 1 % respectivamente, no puede interpretarse de manera rígida. 
Nuestro Grupo ha presentado varias enmiendas que van en este sentido. 
Esta flexibilidad es particularmente importante en las zonas tributarias de la pesca, donde es esencial poder continuar compensando las diferentes exigencias impuestas a los pescadores, mediante una intervención bien canalizada de la ayuda estructural, condición necesaria para la eficacia y la continuidad de una política común de pesca equitativa. 
De lo contrario, ni siquiera vale la pena seguir hablando de PCP: no será más que caparazón vacío. 
Es interesante, finalmente, tomar nota de las dudas- ¡qué prudentes! -del ponente liberal, como es el Sr. Vallvé, frente a la relación empleo/subvenciones públicas. 
Es paradójico que no haya pensado en señalar que la mejor manera, para los Estados, de salvaguardar o de crear empleos era reduciendo su fiscalidad y atenuando las exigencias administrativas que imponen a las empresas y, para la Unión Europea, fomentar mejor el comercio equitativo. 
Por todas estas razones, nuestro Grupo no ha podido apoyar este informe. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0355/98 del Sr. Pex, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 2085/97/CE por la que se establece un programa de apoyo, incluyendo la traducción, en el ámbito del libro y de la lectura (Programa ARIADNA) (COM (98) 0539- C4-0544/98-98/0282 (COD) ) -A4-0356/98 del Sr. Pex, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 719/96/CE de 29 de marzo de 1996 que se establece un programa de apoyo a las actividades artísticas y culturales de dimensión europea (Programa CALIDOSCOPIO) (COM (98) 0539- C4-0545/98-98/0283 (COD) ). 
Señor Presidente, me satisface poder y tener que hablar hoy sobre la prórroga para el año 1999 de los programas culturales ARIADNA y CALIDOSCOPIO. 
ARIADNA es un programa de apoyo comunitario en el ámbito del libro y la lectura, incluyendo las traducciones. 
El programa se formuló para el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1998. 
En total, en estos dos años presupuestados, la Unión Europea ha prestado apoyo a la traducción de alrededor de trescientos trabajos literarios, a la difusión de la literatura tras la traducción de unos ochenta autores de las regiones lingüísticas más pequeñas a las lenguas más extendidas en Europa, a la realización de más de sesenta proyectos de cooperación que han sido ejecutados por bibliotecas, asociaciones culturales, etc. y al reciclaje de más de 900 traductores literarios. 
En resumidas cuentas, ARIADNA ha funcionado muy bien y, por consiguiente, el programa debe continuar. 
El segundo programa cultural, CALIDOSCOPIO, se refiere al apoyo comunitario a las actividades artísticas y culturales que tienen una dimensión europea. 
Este programa fue adoptado para el período comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1998. 
En total, el programa CALIDOSCOPIO ha prestado apoyo durante este período a 420 proyectos culturales. 
En la elaboración y realización de estos proyectos, han estado implicadas unas 1500 instituciones culturales de los quince Estados miembros de la Unión, de la Asociación Europea de Libre Cambio y de los países de Europa Central y Oriental. 
Además de eso, el programa ha contribuido a las actividades de 50.000 artistas creadores o ejecutantes y otros profesionales activos en el sector cultural. 
Ha dado lugar a la participación de 20.000 jóvenes en las actividades artísticas y culturales, a la difusión de casi 10.000 espectáculos y exposiciones, a 600 plazas de prácticas y a otras muchas actividades. 
En resumidas cuentas, el CALIDOSCOPIO, ha prestado un apoyo nada desdeñable al desarrollo y mantenimiento de las actividades artísticas y culturales en la Unión. 
Por consiguiente, sería escandaloso que el ARIADNA y el CALIDOSCOPIO finalizaran el 1 de enero de 1999 y que, hasta un año después, el 1 de enero del 2000, no comenzara un nuevo programa. 
La solución de la Comisión Europea, que, por otra parte, ha ocasionado este error, de iniciar en 1999 acciones experimentales para salvar el año, no pudo efectuarse a causa de una sentencia del Tribunal de Justicia, en la que se estableció que no existe una base jurídica para tales acciones experimentales. 
Sin embargo, el fin de semana del 12 y 13 de septiembre se realizó un milagro en Linz, en Austria. El Comisario Oreja y el Secretario de Estado de Cultura de Austria, el Sr. Wittmann, lograron convencer al Consejo de Ministros de Cultura de la necesidad de que continúen los programas actuales. 
Gracias a la colaboración de todos los miembros de la Comisión de Cultura y de la Comisión de Presupuestos de este Parlamento, el presupuesto para 1999 se ha adaptado en un tiempo récord y se ha discutido una propuesta para otorgarle una base jurídica. 
Estas decisiones se han adoptado de forma unánime. 
No obstante, por motivos técnicos, en la propuesta de la Comisión aparecen cantidades mucho más bajas que las pactadas en el acuerdo interinstitucional, cosa que lamento mucho. 
La prórroga está decidida sobre la base de las cantidades de 1998. 
De ahí que las propuestas de hoy contengan una enmienda para aumentar las cantidades al nivel de 1998. 
El Parlamento debe, por tanto, hacer los deberes de la Comisión y en este caso lo hacemos gustosamente. 
Para mayor claridad, nombro las sumas: para el ARIADNA, 4, 1 millones de ecus, y para el CALIDOSCOPIO, 10, 2 millones de ecus. 
Con la decisión que, ojalá, se adopte dentro de poco, ambos programas culturales continuarán el año que viene. 
En el año 2000, esperamos iniciar una nueva combinación de programas problablemente con una nueva estructura: el primer programa marco de cultura para el periodo 2000 a 2004. 
El Consejo tiene ahora la palabra. 
La decisión, adoptada unánimemente por los Ministros de Cultura, debe ser reafirmada. 
Desgraciadamente, el Consejo solamente puede decidir por unanimidad. 
En la última sesión del COREPER no se estuvo evidentemente a la altura de la decisión de los Ministros de Cultura, ya que hubo algunos Estados miembros que pusieron reparos. 
Por tanto, insto al Consejo y a todos los Estados miembros a que adopten esta decisión antes de la primera lectura del presupuesto en el Parlamento, de forma que las sumas de nuestro presupuesto, con una indicación provisional todavía, puedan concretarse de forma efectiva. 
Señor Presidente, sólo quiero decir unas palabras acerca de lo que ha dicho el Sr. Pex. 
Lo más importante para nosotros es convencer de una vez a los gobiernos de que con la conclusión de los preparativos para el euro entramos en una nueva fase del desarrollo europeo en la que no sólo la economía, sino también la cultura, van a gozar de una prioridad decisiva. 
Parece que esto no ha sido totalmente entendido todavía en las más altas esferas y de ahí estos diversos aplazamientos, estas diversas dificultades, que siguen surgiendo en los programas culturales. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Pex por insistir en que al menos después del cambio de milenio dispongamos, por fin, de programas culturales que mantengan la gran diversidad de la cultura europea. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, ustedes saben que con las propuestas de prórroga de CALIDOSCOPIO y ARIADNA la Comisión desea la continuidad de las acciones culturales comunitarias en el año 1999. 
El objetivo es cubrir el tiempo que resta hasta la aprobación del primer programa marco cultural de la Comunidad Europea para el período del año 2000 al 2004. 
Al principio la Comisión había previsto para el año próximo como transición entre la primera generación de CALIDOSCOPIO y ARIADNA y el nuevo programa marco que está previsto para el año 2000, medidas preparatorias que deberían orientarse ya hacia los puntos principales del nuevo programa marco. 
Sin embargo, después de que el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de mayo decidiera que cada tarea comunitaria necesita un fundamento jurídico, la Comisión ha preferido renunciar a las medidas que estaban planeadas, prorrogar el tiempo de vigencia de ambos programas y velar así, al menos, por la continuidad. 
Un objetivo especial a este respecto, y a ello se ha referido de forma digna de agradecimiento el ponente, ha sido el de no dañar el éxito de la cooperación que se ha practicado hasta ahora en el ámbito cultural y que se ha llevado a cabo bajo la forma de partenariados y redes de orientación cultural. 
El 21 de septiembre los tres órganos, bajo la modalidad de un triple diálogo informal, se pusieron de acuerdo acerca de la prórroga del periodo de vigencia de CALIDOSCOPIO y de ARIADNA para 1999 y, en concreto, bajo las mismas condiciones y con la misma dotación de medios que en 1998. 
Puesto que la Comisión, en interés de la coherencia con el anteproyecto de Presupuesto para 1999, ha partido de una cantidad más baja en sus propuestas, estas propuestas deben modificarse ahora en el marco de los procedimientos legislativo y presupuestario y ustedes deberán decidir enseguida respecto de la parte que les compete. 
No puedo menos que sumarme al llamamiento del Sr. Pex y del Sr. von Habsburg en el sentido de que deberíamos cerrar este capítulo con una señal positiva. 
Quisiera dar las gracias al Parlamento, en especial al ponente y presidente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, el Sr. Pex, por su constructiva colaboración. 
También quiero darles las gracias por haber hecho posible en tan breve tiempo esta mejora que redundará en provecho de la acción cultural de la Comunidad en 1999. 
Con ello han vuelto a demostrar ustedes qué valor atribuyen ustedes a la cultura en el marco de la integración europea, y yo quisiera subrayar que la subsidiariedad y la diversidad van juntas, pero que esto no excluye precisamente que nosotros seamos conscientes conjuntamente de esta subsidiariedad y que las subrayemos también, precisamente, a través del intercambio y a través de la visibilidad de nuestras acciones comunitarias. 
Señor Presidente, pido perdón al Sr. Presidente y a la Asamblea por abusar de la paciencia de que siempre ha hecho gala el Sr. Presidente. 
En este caso, quiero hacer una intervención que tiene que ver, en mi opinión, directamente con estos dos informes que estamos discutiendo, el informe Caleidoscopio sobre el apoyo a las actividades artísticas y culturales y el informe, también del Sr. Pex, sobre un programa de apoyo, incluyendo la traducción, en el campo de los libros y de la lectura, el programa Ariadna. 
Lo digo, señor Presidente, porque ayer, el comité del Premio Nobel ha otorgado el Premio Nobel a un gran escritor europeo, a don José Saramago, de nacionalidad portuguesa, residente en España, hijo adoptivo de mi isla de Lanzarote, donde reside, y me gustaría, de alguna forma, transmitir mi petición al Presidente del Parlamento de que se envíe desde este Parlamento un saludo al Sr. Saramago que, además, ha estado visitando este Parlamento y participando en estas actividades. 
Muchas gracias, señor Medina. 
Usted sabe que hay un adagio español que dice que «por mucho pan, nunca es mal año». 
Por lo tanto, sus palabras son bienvenidas, pero consta en las actas que ayer, inmediatamente después de conocerse la concesión, yo me dirigí al Pleno del Parlamento en el mismo sentido. 
Y no lo olvidaré, seguro, esta cuestión cuando nos despidamos hoy. 
Por lo tanto, las palabras del Sr. Medina se incorporan, obviamente, a las actas, y estoy seguro de que vendrán a reforzar la autoridad de las que yo pronuncié ayer y de que, efectivamente, el Presidente del Parlamento se dirigirá al Sr. José Saramago. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Señorías, felicito al Sr. Pex por su excelente trabajo desde la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación que presidente. 
Celebro mucho la propuesta legislativa de hoy sobre la prórroga de los programas CALIDOSCOPIO y ARIADNA. 
La Comisión de Cultura criticó ya antes del verano que el año 1999 sin programas culturales y sólo con proyectos piloto implicaría un recorte del presupuesto cultural del orden del 40 %. 
Gracias a la intervención del Secretario de Estado, el Dr. Peter Wittmann, se ha logrado que en la reunión informal del Consejo de Cultura en Linz, celebrado el 11 de septiembre de 1998, se adoptase el acuerdo político de prorrogar ambos programas por un año. 
Gracias a la intervención especial del presidente de la Comisión de Cultura, el Sr. Pex, aprobamos ya el 14 de septiembre el presupuesto, pertinentemente modificado, en la comisión y el 21 de septiembre se produjo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión el acuerdo político de prorrogar por un año los programas CALIDOSCOPIO y ARIADNA. 
Este acuerdo contiene que los recursos presupuestarios se mantendrán en el nivel de 1998, es decir, en 14, 3 millones de ECUS y no en 10, 9 millones de ECUS, como se dice en la propuesta de la Comisión. 
Estoy muy segura de que el Parlamento aprobará esta justificada propuesta y que también el Presidente del Consejo, el Dr. Wittmann, logrará que en el Consejo de Ministros de Cultura del 17 de noviembre de 1998 se produzca el acuerdo sobre los 14, 3 millones de ECUS. 
Esta prórroga de los programas constituye un ejemplo espléndido de la excelente colaboración entre el Parlamento Europeo y la Presidencia austriaca del Consejo. 
El Parlamento ha agotado el orden del día. 
El Acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al principio de la próxima sesión. 
Señorías, antes de cerrar la luz del hemiciclo me corresponde esta grata tarea de agradecer la paciente y eficiente colaboración de los servicios de la Asamblea. 
Pero, permítanme también que, aprovechando esta situación que crea los viernes de comunicación amistosa, les exprese un sentimiento que estoy seguro que, al menos en sus líneas generales, voy a compartir con todos ustedes, y es que esta semana ha sido una semana en el que el azul de la bandera de la Unión Europea se ha teñido un poco diríamos del color de la Península Ibérica, del color de la bandera portuguesa y de la bandera española porque hemos tenido dos acontecimientos que entiendo que vienen a enriquecer el patrimonio cultural y el patrimonio político. 
Aunque sea de dos vertientes tan diferentes. En el patrimonio cultural- lo acaba de recordar el Sr. Medina -, se acaba de conceder con todo merecimiento el Premio Nobel al Sr. Saramago. 
Es, efectivamente, un reconocimiento a su calidad literaria, pero también es un reconocimiento a la lengua portuguesa, uno de los patrimonios culturales de nuestra institución. 
Una lengua importante no sólo por su historia, sino una lengua importante por su contribución actual en esta Casa, en esta institución, pero también como una mano lingüística extendida de solidaridad y cooperación hacia América del Sur. 
Creo que debemos felicitarnos por este hecho. 
Pero también por el otro, Señorías- y este me toca un poco más de cerca -, y es porque esta semana hemos tenido la presidencia del Jefe del Estado español, del Rey Juan Carlos. 
Y creo que todos hemos coincidido en el recibimiento cálido y todos hemos coincidido también en subrayar con fuerza el valor de sus palabras europeístas. 
A un observador superficial podría extrañarle que republicanos y monárquicos hayamos expresado conjuntamente un mismo sentimiento, pero digo una observación superficial porque el Rey Juan Carlos, Señorías, es un demócrata y no un demócrata pasivo, un demócrata que para quien tenga una memoria histórica reciente pero honesta no se le puede escapar la contribución positiva que hizo a la transición en paz de la dictadura a la democracia en España. 
Y, además, estuvo al frente de la defensa de nuestra Constitución democrática cuando un 23 de febrero hubo un intento de golpe de Estado. 
Señorías, he querido hacer esta reflexión porque la contribución en lo cultural y en lo político que han hecho esas dos personalidades viene a coincidir con el trabajo modesto y cotidiano que hacemos nosotros aquí y, al menos a mí, personalmente, me renueva en la confianza en el futuro de la Unión Europea. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.45 h.) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 9 de octubre de 1998. 
Comunicación del Presidente 
Es para mí un inmenso placer poder compartir hoy con ustedes mi alegría por la concesión del Premio Nobel de la Paz a John Hume y David Trimble. 
A lo largo de los años, el Parlamento Europeo ha sido constante en su apoyo al proceso de paz en Irlanda del Norte. 
El camino hacia la paz no está asegurado. 
Del mismo modo en que la concesión del Premio Nobel de la Paz a John Hume y David Trimble debe fortalecer a la población de Irlanda del Norte en su búsqueda de la paz, el galardón debe reforzar también nuestra solidaridad y la de la comunidad internacional en su conjunto con el proceso de paz. 
Aquí, en el Parlamento Europeo, saludamos orgullosos a nuestro colega John Hume. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, aprecio y agradezco sus amables palabras. 
Estoy segura de que todos nuestros colegas compartirán nuestra gran satisfacción y nuestro orgullo por este honor sin igual que se le rinde a John Hume y a David Trimble. 
Después de toda la angustia y desesperación de los últimos 30 años, éste es un tributo maravilloso a la fe que hemos tenido siempre en la tesis de John Hume de que la no violencia en el camino hacia la paz en Irlanda del Norte era el único camino posible. 
Deseo expresarle, señor Presidente, mi agradecimiento y unirme a todos nuestros colegas al manifestar nuestra inmensa alegría y nuestro apoyo a John Hume y David Trimble en la labor que están realizando en Irlanda del Norte. 
Señor Presidente, quizá sea conveniente esperar un minuto más hasta que el propio Sr. Hume esté presente, ya que entonces se lo podremos decir en persona, en representación de nuestros grupos. 
Señor Presidente, creo que no sólo tenemos que felicitar al propio Sr. Hume, sino también al pueblo irlandés por el hecho de que, gracias al acuerdo del Viernes Santo, vuelva a haber posibilidades para la paz. 
Creo que es positivo, señor Presidente, que mañana, cuando estemos aquí, en esta Casa, el Presidente del Grupo, el Sr. Martens, no sólo felicite de nuevo al Sr. Hume, sino que, a través de él, también felicitemos a todas las personas que ahora tienen la posibilidad de hacer realidad la paz. 
Muchas gracias, señora Oomen-Ruijten. 
Si he optado por hacer esta manifestación al principio de la sesión, ello se debe a que no tenía la seguridad de que el Sr. Hume pudiera llegar en la próxima media hora, y me pareció que este momento del inicio de la sesión era el más solemne para hacer esta manifestación en presencia de todas sus Señorías. 
Lo cual no quiere decir que no se pueda repetir la felicitación al Sr. Hume cuando ya se encuentre entre nosotros. 
Señor Presidente, yo quería, en nombre de mi Grupo, felicitar también al Sr. Hume, nuestro colega, ya que hemos sido testigos de cómo ha venido trabajando durante todos estos años por la paz en Irlanda. 
Y voy a aprovechar esta oportunidad para felicitarnos, en nombre del Parlamento Europeo- que ha elaborado tantas resoluciones sobre el tema-de que un sangriento dictador como Augusto Pinochet esté hoy a las puertas de la justicia en Londres y podamos tener la oportunidad de exigirle cuentas por haber conculcado los derechos humanos, por haber llenado de sangre la democracia chilena, por haber producido la muerte del Presidente Allende. 
Yo creo que todos los demócratas europeos y del mundo estamos hoy esperanzados de que no siga existiendo la impunidad. 
Esperamos que todas las instituciones judiciales y gubernamentales estén a la altura de las circunstancias y colmen la esperanza de que no queden impunes estos crímenes. 
Esperamos que algún día el Tribunal Penal Internacional pueda ejercer totalmente su jurisdicción sobre los que atentan contra la humanidad y cometen crímenes de genocidio y contra los derechos humanos. 
Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad de felicitar a John Hume, a quien el pasado viernes le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. 
Porque provengo de las circunscripciones fronterizas y represento a una parte de esa provincia histórica del Ulster, me embargó una gran emoción, al igual que a la población de Irlanda, cuando tan acertadamente le fue concedido el Premio Nobel de la Paz a John Hume. 
En todas sus ruedas de prensa y todas sus entrevistas del viernes y el sábado pasados, John Hume se mostró magnánimo. 
Dijo que el premio era para la población del Ulster. Que era para todos aquellos que han contribuido a llevar adelante el proceso de paz que culminó en el acuerdo de paz del Viernes Santo. 
Espero sinceramente- al igual que todos en esta Asamblea- que este premio fortalezca el proceso de paz y nos conduzca al día en que en Irlanda del Norte tendremos paz con justicia. 
John Hume ha dedicado 30 años de su vida a este objetivo, con la hábil ayuda y el firme apoyo de su mujer Pat- y quisiera rendir homenaje también a ella. 
John Hume siempre ha sido un hombre recto, aunque él nunca haya presumido de ello. 
Deánaim comhghairdeas ó mo chroí le John Hume as ucth na dúise Nobel a bhuachan. 
Bí se tuillte go maith aige tar éis 30 bliain ag obair thar ceann na síochána. 
Señor Presidente, también me gustaría felicitar en nombre de mi Grupo al Comité del Premio Nobel en Oslo por una elección tan noble y equilibrada. 
Mi Grupo propuso unánimemente a los dos para la obtención del Premio Nobel y me alegra que la elección haya sido precisamente doble, pues de este modo la atención fundamental recaerá en la idea de paz sin tomar partido por un único bando. 
En este Parlamento conocemos a John Hume y vemos en él a un hombre que ha trabajado de modo consecuente por la paz, en cualquier caso, durante los 19 años en los que he mantenido trato con él en este Parlamento. 
Cuando llegue mañana, podremos rendirle homenaje. 
Mi Grupo también ha tenido en varias ocasiones la oportunidad de reunirse con David Trimble y sólo tiene palabras de elogio para la parte protestante del proceso de paz. 
Demostró un inmenso coraje personal en Westminster cuando con seis miembros de su grupo en contra y sólo tres a favor apostó por la paz. 
No sé cuántos presidentes de grupo en esta sala presentarían propuestas de hallarse en una minoría tan llamativa dentro de sus grupos. 
Pienso que el Sr. Trimble ha realizado un esfuerzo muy noble y por ello me parece totalmente justo que el Comité del Premio Nobel conceda equitativamente el premio a ambas partes del conflicto. 
Mi grupo ha sido el primero del Parlamento en celebrar unas jornadas de estudio en Belfast. 
Quiero recomendarles a todos los demás grupos que celebren jornadas de estudio en Belfast, que conozcan esa bella región y que busquen el modo de que juntos podamos dar saludar al proceso de paz en Belfast, pues se lo tienen merecido después de tantos años de guerra. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo ELDR, felicito de todo corazón a nuestro colega John Hume por el reconocimiento del que ha sido objeto por su coraje, su coherencia de análisis y su perseverancia política y personal durante muchos largos y difíciles años en Irlanda del Norte. 
En nombre de mi Grupo, estoy completamente de acuerdo con las palabras del senador George Mitchell de los Estados Unidos, quien también ha contribuido personalmente de manera importante durante casi tres años a la búsqueda de la paz en Irlanda del Norte. 
El senador dijo que sin John Hume no habría habido realmente ningún proceso de paz, y respecto a David Trimble observó que sin él no habría habido ningún acuerdo de paz. 
Ambos han demostrado, cada uno a su manera, un gran valor. 
Les felicitamos. 
Señor Presidente, deseo manifestar mi gran decepción por haber dado paso a este acto antes de la llegada de John Hume. 
Hemos notificado al Gabinete de la Presidencia que nos encargaremos de que el Sr. Hume esté presente dentro de unos 20 minutos. 
Parece una farsa decir todas estas palabras y rendirle homenaje en su ausencia. 
Lo lamento mucho. 
Es muy lamentable, y habríamos prestado un gran servicio al Parlamento y rendido un gran homenaje a uno de nuestros diputados de haber podido decir estas cosas en su presencia y ofrecerle el reconocimiento y el tributo que merece. 
No tengo intención de rendir homenaje al Sr. Hume en su ausencia. 
Lo haré aquí, si usted me lo permite, cuando llegue o lo haremos en nuestro Grupo. 
Él pertenece a nuestro Grupo y le felicitaremos personalmente en su presencia por haber recibido el Premio Nobel de la Paz. 
Señor Presidente, espero que usted haga lo propio cuando llegue dentro de pocos minutos. 
Señora Green, si hubiese usted llegado unos minutos antes, habría oído que yo intenté asegurarme, mediante consultas con su gabinete, de que el Sr. Hume llegaría a tiempo para escuchar estas intervenciones. 
Pero su propio gabinete, hace un minuto, antes de entrar en la sala, no pudo asegurarme la hora de llegada del Sr. Hume. 
Por eso tomé esta decisión, que comuniqué justo antes de que usted entrase en el hemiciclo. 
Señor Presidente, quiero sumarme a todos aquéllos que ya han hecho uso de la palabra para decir también, en nombre de mi Grupo, cuán felices estamos de que el Sr. Hume haya obtenido este premio, que tiene totalmente merecido. 
Nos sumamos a ellos. 
Así mismo, procuraremos que durante la reunión de esta tarde del Grupo Socialista reciba en mano una carta de nuestro Grupo. 
Quisiera, igualmente, adherirme al segundo punto que nuestro colega, el Sr. Puerta, ha abordado, a saber, que estamos en un momento político especialmente importante en la Unión Europea, es decir, la decisión del Gobierno británico de detener al general y dictador Pinochet. 
En lo que a esto se refiere, se trata de una cuestión política muy importante, en la que este Parlamento ha trabajado durante años. 
Por supuesto, resulta particularmente desafortunado que esta semana sea una semana en la que normalmente no tenemos debate de actualidad en que este tema pueda ser planteado. 
Viendo que están muy implicados dos países europeos, a saber, Gran Bretaña y España, mi Grupo pide que procuremos adoptar una declaración en el Parlamento Europeo. 
Le pedimos que procure que este asunto ocupe un buen lugar en la Mesa. 
Así mismo, quiero felicitar, en nombre de todo mi Grupo, al Gobierno británico por su valiente hazaña, ya que, por fin, con ella tenemos la esperanza de poder tratar con mano dura a personas que han cometido crímenes terribles, incluso cuando desempeñaban las más altas funciones políticas. 
/Aplausos) 
Señor Presidente, aparte de felicitar al Sr. Hume por haber recibido el Premio Nobel de la Paz junto con el Sr. Trimble, quiero indicar, como han señalado ya otros oradores, que este fin de semana se ha producido un acontecimiento importante y es que las autoridades británicas han dado cumplimiento a una petición de detención del general Pinochet por parte de las autoridades judiciales españolas. 
Esa decisión de las autoridades británicas está conforme con las reiteradas peticiones de este Parlamento en el sentido de que se persigan los delitos cometidos bajo la dictadura chilena, tanto en su país como fuera de él, y suponen un reforzamiento del espacio judicial europeo. 
Concretamente, quiero señalar que en Chile solamente se ha perseguido el delito contra una ciudadana norteamericana, con motivo del atentado contra el general Letelier, pero ha habido más de cuarenta ciudadanos europeos asesinados por la dictadura chilena y, hasta ahora, no se ha emprendido procedimiento judicial ninguno contra ella. 
Por lo tanto, si el gobierno chileno no castiga a los delincuentes, es lógico que las autoridades europeas lo hagan. 
Y exhorto al gobierno español a que presente inmediatamente la solicitud de extradición del general Pinochet para que éste pueda comparecer en España en las numerosas causas judiciales abiertas contra él. 
Señor Presidente, hace algún tiempo nuestro colega Jarzembowski dirigió una pregunta a la Comisión en la que preguntaba si era cierto que el servicio secreto norteamericano escuchaba conversaciones del Parlamento Europeo y de la Comisión y si leía los mensajes de correo electrónico. La Comisión confirmó esto entonces. 
Ahora le pregunto a usted, señor Presidente: ¿Hasta qué punto ha adoptado usted medidas para procurar que esto no vuelva a ser posible? Efectivamente, ni siquiera naciones amigas, pero con las que mantenemos una competición económica, deberían escuchar las conversaciones ni leer los mensajes de correo electrónico. 
No digamos de otras naciones con las que no estamos vinculados por la vía de la amistad. 
Por consiguiente, ¿qué medidas técnicas se han emprendido en este sentido en los edificios nuevos de Bruselas y Estrasburgo? 
Señora Bloch von Blottnitz, me permito llamar su atención sobre el hecho de que esta Asamblea ya ha celebrado un debate sobre esa materia y no ha querido adoptar resolución alguna sobre el tema. 
(Protestas de la Sra. Bloch von Blottnitz) No, señora Bloch von Blottnitz. 
Repito que esta Asamblea ya ha mantenido un debate sobre el asunto y no ha adoptado ninguna resolución al respecto, por lo que difícilmente puedo hacer cumplir resoluciones que no se han adoptado. 
Naturalmente que en el nuevo edificio las instalaciones tendrán todas las garantías posibles para que no se produzcan interferencias, no sólo de este tipo sino de ningún otro. 
Esto está incluido en el cahier de charges y naturalmente se cumplirá en la medida en que sea técnicamente posible. 
Aprobación del Acta 
Señor Presidente, yo también deseo añadir mis felicitaciones al Sr. Hume y al Sr. Trimble por la concesión del Premio de la Paz y manifestar el deseo de que no sea un galardón prematuro. 
Intervengo en relación con el Acta del pasado viernes, en la que consta que yo intervine sobre el tema de la pertenencia al Partido Conservador británico. 
A pesar de que siempre me alegra hablar de ese tema, el motivo principal de mi intervención fue para comentar el éxito de un diputado laborista que había conseguido que se suprimiera del Acta literal sus observaciones sobre la necesidad de llamar al número 10 de Downing Street para saber cómo debía votar. 
Formulé entonces la pregunta siguiente: ¿está abierta esta posibilidad a otros diputados? 
Quiero que esto conste en Acta. 
Verificaremos cuál fue el contenido de su intervención y lo incluiremos en el Acta. 
Señor Presidente, sólo deseo que conste en Acta que estaba presente el día 6 de octubre, que intervine en el turno de palabra y que también participé en la votación. 
Esto no aparece en el Acta. 
Ruego que se haga constar debidamente. 
Señor Presidente, yo quería asociarme a las palabras de felicitación del presidente Puerta y de nuestro colega Medina porque Augusto Pinochet Ugarte esté detenido en Londres, pero quisiera subrayar dos aspectos que me parecen importantes. 
El primero, que la obligación de los Gobiernos de los Estados miembros es colaborar con la Justicia sin ningún tipo de condición y, en ese sentido, evidentemente, que cuando se pida la extradición de este señor por parte de la Justicia española todos esperamos que el Gobierno español actúe en consecuencia. 
Pero yo, sinceramente, señor Presidente, no me quiero resignar- refiriéndome a lo que decía la colega Aelvoet- a este orden del día. 
Yo haría un llamamiento, si usted me lo permite, a que se plantee en los órganos correspondientes que los presidentes de nuestros Grupos reflexionen sobre la posibilidad de incluir un punto específico para que este Parlamento se pronuncie con una resolución sobre la detención del general Pinochet, sobre la detención del dictador Pinochet, y sobre la necesidad de que los Estados miembros y sus Gobiernos colaboren con la Justicia. 
Yo creo que debemos ir un poco más allá de lo que estamos haciendo en estos momentos- creo que es posible- y que los presupuestos pueden dejar lugar a la política y, en este caso, a la solidaridad. 
Así que yo quisiera que se planteara esta posibilidad para que se introduzca en el orden del día un punto específico cuando sea oportuno. 
(El Acta queda aprobada) 
Bienvenida 
Tengo gran placer en saludar al Sr. Raymond Langhendries, Presidente de la Cámara de Representantes de Bélgica, que se encuentra en la tribuna oficial. 
El Sr. Langhendries ha asistido a una reunión que hemos celebrado esta mañana con los presidentes Violante, Fabius y Fischer como preparación a la reunión de presidentes de Parlamentos europeos en Viena a principios de diciembre en la que él preparará la ponencia principal. 
El Sr. Moorhouse me ha informado de que se ha adherido al Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Señor Presidente, sólo observé que el Sr. Moorhouse se encuentra demasiado a la izquierda para encontrar su puesto en el moderno Partido Laborista. 
Señor Presidente, tras haber hecho ese comentario, desearía informar al Partido Laborista que el Sr. Moorhouse ha encontrado evidentemente la verdadera tercera vía, que es la democracia liberal. 
Le daremos la bienvenida a nuestro Grupo mañana. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes, al que no se ha incorporado ninguna modificación. 
(El orden de los trabajos queda aprobado) 
Señor Presidente, hace un cuarto de hora le he preguntado si se podía presentar una propuesta en relación con el orden del día de esta semana, a fin de discutir la detención del general y dictador Pinochet. 
No he obtenido respuesta alguna y usted ha dicho que no había peticiones en relación con el orden del día. 
Desde luego que he formulado esta petición. 
Señora Aelvoet, como usted sabe bien, según el Reglamento yo no puedo hacer esta propuesta en este momento. 
Podré hacerla una vez consultados los presidentes de los Grupos políticos. 
Más adelante, después de hacer esa consulta, la propondré o no, según vea si hay o no mayoría sobre el asunto, y la Asamblea puede modificar el orden del día en ese momento. 
Ahora no puedo hacerla porque no se ha pedido a tiempo ni los presidentes de Grupo, hasta ahora, se han manifestado al respecto. 
Tiene la palabra la Sra. Oomen-Ruijten. 
Señor Presidente, el hecho de que algunos Grupos no se lo hayan pedido significa que no consideramos necesario hacerlo esta semana. 
Señor Presidente, el Reglamento señala que debemos presentarle las cuestiones una hora antes de que empiece la sesión; esto no ha sucedido. 
Por tanto, no lo estimamos necesario. 
Por eso, señora Oomen-Ruijten, lo que pienso hacer es consultar, después de terminar este inicio de sesión, a los presidentes de los Grupos políticos y ver exactamente cuál es su posición y si hay o no mayoría sobre la propuesta correspondiente. 
Señor Presidente, como líder de mi Grupo, puedo comunicarle ahora que, puesto que se ha planteado el asunto, opinamos que sería más adecuado celebrar un debate propiamente dicho sobre el particular durante el próximo período parcial de sesiones. 
Me pide la palabra el Sr. Carnero, que ya ha hecho su propuesta. Y creo que no habla en nombre de su Grupo. 
Tiene la palabra, pues, la Sra. Lulling. 
Señor Presidente, mañana figurará en el orden del día el informe del Sr. Giansily, sobre la expiración del Tratado CECA. 
La secretaría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y yo misma atrajimos la atención de la Secretaría, a comienzos de la semana pasada, sobre el hecho de que mi opinión no se había reproducido correctamente en dicho documento. 
Solicité que se volviera a imprimir el documento. 
Pese a todo, observo que en la distribución, y en todas partes, sigue figurando el documento con mi opinión toda cortada. 
Le pido que ponga inmediatamente remedio a esta situación. 
Señora Lulling, los servicios me han dicho que se ha dado orden de hacer un corrigendum. 
Espero que esté listo lo antes posible. 
Señor Presidente, la cuestión es que yo he escuchado por estos altavoces que «como el Sr. Carnero no habla- parece ser- en nombre de su Grupo, no le voy a dar la palabra». 
A mí eso no me parece correcto, señor Presidente. 
Yo tengo un mandato de diputado y me parece que puedo expresar las opiniones y la propuesta que considere oportunas y, en este caso, además, estoy convencido de que mi Grupo y gran parte de esta Asamblea reclama que haya una resolución felicitándonos por la detención de Pinochet y, además, instando a los Gobiernos a que cumplan con su obligación. 
Señor Carnero, ya hemos escuchado su opinión, como hemos escuchado también la de otros diputados. 
Haré uso de mis facultades en el momento más adecuado y haré la propuesta a la Asamblea después de hacer las consultas pertinentes. 
Es el procedimiento que está establecido en este caso y, como siempre, nos atendremos a él. 
Señor Puerta, ¿quiere hacer usted uso de la palabra o cree que no es necesario? 
Señor Presidente, yo solamente quiero dejar patente y claro que, como presidente de Grupo, he manifestado la esperanza de que las instituciones judiciales y gubernamentales aprovechen a fondo esta ocasión para acabar con la impunidad del general Pinochet y pienso que tiene que haber una posición de todos los grupos políticos para hacer un debate serio y a fondo, y en ese sentido, en principio y salvo lo que opine mi Grupo en una reunión de todo el Grupo, estoy de acuerdo con la Sra. Green en plantear un debate en las mejores condiciones en la próxima sesión. 
Señor Presidente, quiero que la Sra. Lulling esté tranquila puesto que su opinión en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos acerca de mi informe ha sido aprobada por unanimidad e íntegramente, sin la más mínima modificación, por la Comisión de Presupuestos. 
Por consiguiente, puede incluirse en la votación final sin la menor dificultad. 
Transporte de mercancías peligrosas: consejeros de seguridad 
De conformidad del orden del día, se procede al debate del informe (A4-0351/98) del Sr. Koch, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la armonización de los requisitos del examen de aptitud de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable (COM (98) 0174- C4-0242/98-98/0106 (SYN) ). 
Señor Presidente, la propuesta de directiva que vamos a debatir es una consecuencia lógica de la Directiva 96/35 del Consejo respecto a la armonización de los requisitos de examen para la formación de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas. 
Puede decirse incluso que la directiva que se va a transponer es innovadora en el sentido de que es el primer texto, dentro del derecho comunitario derivado sobre transportes, que trata de la seguridad y se refiere a la vez a los tres medios de transporte terrestre, que son la carretera, el ferrocarril y las vías navegables. 
Por su objeto, la directiva está en la línea de las medidas para prevenir los riesgos inherentes al transporte de productos peligrosos, imponiendo, a las empresas correspondientes, la designación de unos consejeros de seguridad que posean una cualificación profesional adecuada y cuya misión sea limitar dicho riesgo de accidentes fomentando todas aquellas medidas que puedan contribuir a que se respeten las normativas aplicables al transporte de sustancias peligrosas y al establecimiento de unas condiciones óptimas de seguridad. 
El Grupo Socialista puede suscribir el objetivo perseguido en este caso, aunque queden por dilucidar algunas cuestiones. 
Así, en algunos países, la mayoría de los conductores profesionales han hecho un examen y cursos de reciclaje para obtener un certificado de formación especial ADR. 
Y por este hecho se benefician de un aumento de salario bastante sustancial. 
¿Podrán hacer valer sus conocimientos para acceder a la profesión de consejero de seguridad? 
En los anexos se fijan claramente las funciones del consejero de seguridad, cuyo certificado de formación tiene una validez de cinco años. 
Puesto que los transportes de materias peligrosas y, por lo tanto, los riesgos de accidente están aumentando de forma impresionante, nos preguntamos si no habría sido oportuno introducir además la idea de reciclaje anual, a fin de que los consejeros de seguridad puedan poner al día sus conocimientos en materia de seguridad. 
Otra pregunta que uno se puede plantear es sobre la obligación que se impone a las empresas de transporte de mercancías de designar a uno o varios consejeros. 
En las grandes empresas ello no supone ningún problema. 
Pero, ¿qué pasa con las pequeñas empresas que tienen pocos empleados? 
Se puede admitir que el consejero de seguridad sea designado entre el personal de la empresa o que lleve a cabo su misión como experto independiente. 
Pero cuando sea el propio jefe de la empresa el que está autorizado a ejercer la función de consejero de seguridad, habrá que procurar exigirle la cualificación profesional necesaria. 
Sea como fuere, la afirmación de la Comisión de que la directiva no conllevará cargas ni costes suplementarios se ha de valorar con prudencia. 
Aunque los Estados miembros no puedan ya notificar a la Comisión en los plazos previstos las disposiciones de sanción, habría sido interesante conocer el tipo de sanción que prevé la Comisión por su parte. 
En cualquier caso, el Gran Ducado de Luxemburgo contempla, para las infracciones de la directiva, penas de prisión de entre 8 días y 5 años y multas de entre 10.000 francos y 1 millón de francos o bien una de estas penas únicamente. 
¡Atentos los aficionados y que viva la subsidiariedad! 
Señor Presidente, de vez en cuando- pero con una frecuencia mucho mayor de lo deseable -, el mundo se ve sobresaltado con noticias de accidentes ocurridos en el transporte y en la manipulación de mercancías peligrosas. 
Ya sea con explosivos, gases, materiales radiactivos, aceites minerales o substancias líquidas o sólidas, los accidentes en las carreteras, los ferrocarriles o las vías navegables son una constante que provoca pérdidas de vidas y daños ecológicos. 
La entrada en vigor del Espacio Económico Europeo multiplicó, como era de esperar, el volumen de los intercambios comerciales entre los Estados miembros firmantes, con millares y millares de camiones, cisternas, contenedores y vagones que circulan cargados de mercancías peligrosas. 
Es posible reducir esos riesgos imponiendo a las empresas especializadas de ese sector normas de control, seguridad y peritaje técnico de alto nivel. 
Como las empresas tienen que designar hasta el 31 de diciembre de 1999 uno o más consejeros de seguridad, carecía de sentido que no se armonizaran las normas y el contenido de los exámenes y los esquemas de formación profesional a que están sujetos. 
Se evita así la distorsión de la competencia y se garantiza un alto nivel de preparación de dichos consejeros para abordar situaciones y materias peligrosas. 
Así, pues, felicitamos al Sr. Koch por su informe y apoyamos las diez propuestas de enmienda presentadas, pero no podemos dejar de lamentar que el Consejo no haya acogido a tiempo las propuestas del Parlamento Europeo, que disponían que, siempre que hubiera un accidente, el consejero de la empresa interesada estaría obligado a elaborar un informe en el plazo de seis meses y también que los Estados miembros estarían obligados a presentar un informe anual a la Comisión sobre los accidentes ocurridos en sus territorios. 
Señor Presidente, este informe estudia los requisitos del examen de aptitud de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas. 
Por supuesto, vamos a votar a favor del informe aunque, como grupo político, nos parece falto de decisión; sin embargo, quizás no sea responsable de esto nuestro colega el Sr. Koch, sino la Comisión y el Consejo. 
No se describen con detalle las requisitos científicos, y principalmente, no menciona nada sobre la personalidad, la credibilidad y especialmente sobre las posibles relaciones que puedan tener estos consejeros de seguridad con cualquier lobby económico o industrial. 
Y es comprensible para todos ustedes qué entiendo exactamente con esto, y creo que es a esto a lo que debemos dar más importancia. 
Motivado por la presencia de nuestro estimado Comisario, el Sr. Kinnock, debo decir que en este informe debería haber algo más de cuya ausencia no es responsable el Sr. Koch, ya que la propuesta de la Comisión no lo incluye. 
No se trata sólo de las condiciones de seguridad en el transporte, señor Comisario. 
Se trata también de a dónde van estos productos peligrosos, y especialmente los radiactivos. ¿Dónde se entierran? 
¿En qué condiciones? Señor Comisario, me imagino que estará informado, porque ha habido un comunicado oficial del Gobierno búlgaro, de que se han recogido champiñones radiactivos en Bulgaria y ahora están investigando sobre si se debe a un mal enterramiento de los residuos o a una fuga de la central nuclear de Kozlondui que todavía está en funcionamiento. 
¡Me pregunto si no debía mencionarse esto en el informe! 
Señor Presidente, estimados colegas y señor Comisario Kinnock, seré breve a la hora de hablar sobre este excelente informe y esta sobresaliente iniciativa. 
Todas nuestras iniciativas en materia de seguridad han sido bien recibidas entre la población europea. 
Las normas y los estándares son recibidos gustosamente, ya se trate de coches, barcos, trenes o aviones. 
Nuestro día a día está marcado por un número demasiado elevado de accidentes, lo que hace que las mejoras sean bienvenidas. 
En el punto 9 del informe queda descrita la cooperación entre los países miembros y la Comisión. 
Estoy firmemente convencido de que nosotros, a pesar de que sea responsabilidad de los países miembros garantizar la implementación, estamos obligados a disponer de algún tipo de informe anual, una discusión anual de cómo están transcurriendo las cosas. 
Estamos obligados a vigilar si se lleva a la práctica lo que hemos acordado. 
No hay nada que moleste tanto a la gente como ver a su vecino o a su competidor hacer trampa. 
Una cosa es la enseñanza y el examen, otra cosa es el modo de garantizar la seguridad en el día a día. 
Estoy seguro de que la Comisión logrará por el camino de la voluntariedad que los países miembros se unan a semejante régimen. 
Quiero decirle al Sr. Kaklamanis que si logramos sólo aprobar e implementar el informe elaborado por el Sr. Koch habremos alcanzado algo. 
Creo que no debemos comenzar ahora a mencionar lo que falta. 
Eso habremos de hacerlo otro día. 
En mi opinión, los países miembros son quizá más lentos de lo que creemos a la hora de poner en práctica estos tipos de normas comunes. 
No obstante, quiero desearle a la Comisión mucha suerte y por supuesto apoyo la propuesta. 
Señor Presidente, en primer lugar permítame dar las gracias al ponente Koch por este excelente trabajo. 
Estimo que él ha mejorado la propuesta anterior en muchos aspectos. 
Es evidente que quienes trabajamos con asuntos relacionados con los transportes muchas veces hemos comprobado que una de nuestras misiones más importantes es la de facilitar la libre circulación, sin fronteras, dentro de la Unión. 
Esto es de enorme importancia para los transportes de mercancías. 
Justamente por eso apostamos fuertemente tanto por el proyecto de RTE como por la ampliación de relaciones al otro lado del antiguo telón de acero. 
Cuando esto ocurra, tenemos que ser conscientes también de que pasarán cada vez más mercancías peligrosas a través de esas fronteras. 
Entonces será importante que sepamos que quienes manejan esas mercancías tienen calificaciones y conocimientos necesarios para hacerlo. 
Los diferentes países tienen legislaciones de variado alcance. 
Es importante que la armonización que se está haciendo se realice dentro del ámbito de la mayor seguridad posible, dependiendo de la diversidad de mercancías peligrosas que pasan continuamente a través de las fronteras. 
También por este motivo se ha ampliado el derecho comunitario en distintas etapas para dar la misma legislación a todos los países miembros en relación con el tratamiento de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 
Creo importante subrayar en este contexto que tienen que existir normas similares en las fronteras exteriores de la Unión. 
A la luz de esto, permítanme hacer al Comisario dos preguntas relativas a las fronteras exteriores. 
La primera: ¿van a regir también las reglas de los países miembros de la UE para los países que tienen acuerdos del EEE con la UE? 
La segunda: ¿qué reglas van a aplicarse a los transportes de mercaderías peligrosas desde los países candidatos a la adhesión de la antigua Europa del Este cuando esos transportes se dirijan a alguno de los países miembros de la UE? 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Koch por el excelente trabajo que ha llevado a cabo en la redacción de este informe sobre la armonización de los requisitos del examen de aptitud de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 
Creo que es del máximo interés tener personas especializadas y bien preparadas que planifiquen el transporte de mercancías peligrosas, porque en muchas ocasiones ha sido la inexperiencia y la falta de preparación al manipular las mercancías peligrosas a la hora de ser transportadas la causa del accidente. 
Muchas veces nos quedamos satisfechos por el hecho de que los vehículos que transportan mercancías peligrosas pasen a cierta distancia de los núcleos de población, y creo que la seguridad debe basarse más que en por dónde circula el vehículo, en las características técnicas de dicho vehículo y en la técnica de transporte usada. 
Yo viví de cerca un accidente de estas características que se produjo hace años en la provincia de Tarragona, España, y fue horrible. 
Al explotar el vehículo se creó una enorme lengua de fuego que recorrió una gran distancia a gran velocidad, calcinando todo cuanto encontraba a su paso, personas, animales, vegetación, edificios, etc. Por eso es necesario buscar realmente la seguridad en el medio de transporte y en la logística de dicho transporte. 
Para que sea muy difícil, o prácticamente imposible, que se produzca un accidente porque, si se produce, en muchos casos no se pueden calcular los efectos que tendrá ni su alcance, tanto en lo que respecta a los daños a las personas como a los daños ecológicos. 
Por eso doy la bienvenida a esta propuesta, que creo es muy importante y dará lugar a mayor seguridad en el transporte. 
Señor Presidente, permítame, en primer lugar, agradecer a la Comisión de Transportes y en particular al ponente, Sr. Koch, esta útil contribución a la mejora de la propuesta de la Comisión sobre el examen de aptitud de los consejeros de seguridad. 
Como sabrá la Asamblea, la directiva de 1996 relativa a los consejeros de seguridad ya garantiza que todas las empresas, cuyas actividades incluyan el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, están obligadas a nombrar como mínimo a un consejero de seguridad que deberá haber seguido una formación profesional especial y haber superado un examen corroborado por un título. 
No obstante, aún no se han acordado cuáles serán los requisitos mínimos para este examen, y la actual propuesta viene a corregir este importante aspecto. 
Me complace observar el apoyo a la propuesta de la Comisión que, en general, se ha puesto de manifiesto una vez más en el debate de hoy y que también recoge el informe Koch. 
También me complace afirmar, por consiguiente, que la Comisión puede aceptar la enmienda 1, ambas partes (una y dos) , las enmiendas 2, 4, 5, 7, 9 y 10, puesto que son coherentes con los objetivos de la propuesta. 
Las enmiendas restantes deben ser rechazadas, pero únicamente por la sencilla y llana razón de que son innecesarias, porque ya están contempladas en la directiva de 1996, como en el caso de la enmienda 1, parte tres, y la enmienda 6, o porque ya están previstas en alguna otra parte de la propuesta actual, como en el caso de las enmiendas 3 y 8. 
He escuchado atentamente a todos los oradores del debate, y quisiera decir al Sr. Sindal que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, y al Sr. Kaklamanis que no sólo lo que dijo el Sr. Sindal sobre avanzar con la seguridad de esta propuesta legislativa, sino también que muchos de los temas que acertadamente plantea su Señoría serían mejor atendidos por mi colega Ritt Bjerregaard, la Comisaria de Medio Ambiente, y naturalmente por la DG XI. Estoy seguro de que en ambos casos le escucharían complacidas y le proporcionarían una respuesta constructiva. 
En lo que respecta a las preguntas del Sr. Stenmarck, puedo darle lo que creo que serán buenas noticias: los países de la Europa central y oriental, incluidos, evidentemente, todos los que han solicitado su incorporación en la Unión, ya están contemplados en la correspondiente Directiva marco ADR, el acuerdo sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera, y además, se presentará una propuesta de legislación comunitaria para incluir esta propuesta en la ADR. 
Es lo que podríamos denominar un enfoque «de doble seguridad» , y sé que se ajusta a los deseos manifestados por el Sr. Stenmarck. 
La amplia sintonía entre la Asamblea y la Comisión es una prueba más de la fructífera colaboración entre la Comisión de Transportes y mis colegas de la DG VII. Estoy agradecido por ello y me complace recomendar a la Asamblea el informe del Sr. Koch. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad del orden del día, se procede al debate del informe (A-0352/98) del Sr. Konrad, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 82/714/CEE, de 4 de octubre de 1982, por la que se establecen las prescripciones técnicas de los barcos de la navegación interior (COM (97) 0644- C4-0066/98-97/0335 (SYN) ). 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, estimados colegas, con vistas a la creación de un mercado único, precisamente y, en especial, antes de la ampliación de la Unión Europea hacia el este, es necesario velar por que en nuestras vías navegables no rijan criterios diferentes en materia de seguridad, de medio ambiente y en materia social; que tampoco rijan diferentes procedimientos de autorización o documentos diferentes que sean importantes para la navegación interior. 
La directiva que se ha presentado ahora tiene por objeto contribuir a lograr una unificación. 
La navegación interior en Europa es y sigue siendo un modo de transporte evidentemente respetuoso con el medio ambiente y cargado de futuro. 
Se afirma que aquí existen aún reservas de capacidades y es preciso aprovecharlas. 
Es importante hablar de la navegación interior pues la navegación interior ya no transporta solamente mercancías masivas, sino que en este ámbito se han creado entretanto posibilidades de transportar también mercancías muy técnicas y de alto valor. 
Así, por ejemplo, cabe transportar vehículos nuevos, pudiéndose transportar cientos de vehículos al mismo tiempo. 
Esto significa, naturalmente, y desde mi punto de vista también me parece correcto, que ahora con la apertura de los mercados a la Europa del este se van a producir también incrementos de capacidades. 
Precisamente éste es el punto del que tenemos que hablar. 
Aquí hemos de adoptar acuerdos, de manera que en el marco de un cambio todos los participantes sean encaminados hacia las nuevas condiciones. 
En coincidencia con la Comisión Central para la Navegación por el Rin y con la Comisión Económica de las Naciones Unidas la directiva que se ha presentado puede contribuir a lograr a un nivel uniforme de los barcos de navegación interior a nivel europeo, contribuyendo considerablemente a la armonización. 
Para nosotros en el Parlamento ha sido importante- por lo demás, una exigencia muy antigua- que junto a las disposiciones sobre la actividad económica de transporte de mercancías se hayan incluido también en esta directiva barcos de transporte de pasajeros. 
Por consiguiente, en el futuro la directiva regirá también para los barcos de pasajeros a partir de 12 personas. 
Considero esto un paso importante y acertado. 
En nuestras vías navegables de Europa deseamos tener una flota moderna, competitiva, con la mayor seguridad posible para los barcos, pero también para el pasaje, y deseamos también hacer realidad en Europa estándares medioambientales claros y acordados. 
Queremos lograr todo esto sobre el trasfondo de una liberalización de este mercado. 
Lo digo expresamente: para el Grupo del PPE y también para mí, como ponente, constituye un imperativo absoluto que se abran los mercados y que logremos también aquí una liberalización. 
Precisamente aquí, en el sistema de tarifas, es necesaria la liberalización, para generar también aquí más mercado. 
Para mí es del todo importante que en los acuerdos que adoptemos no acumulemos ahora estándares demasiado altos que no sean alcanzables en esta forma, en especial por parte de los países candidatos a la adhesión, al menos en los próximos años si es que no en los próximos decenios. 
Un punto importante para mí, y por eso menciono este tema, ha sido que en la audiencia que celebramos en la Comisión de Transportes, el punto de la ampliación hacia el este y el diálogo con los países candidatos a la adhesión se han puesto de manifiesto, pues en esta audiencia han estado también en la mesa los europeos del este- el canal Danubio-Meno-Rin es aquí la palabra clave- y han discutido las cosas con nosotros. 
El temor fue el siguiente: no pongamos a tanta altura las cosas pues de lo contrario parecerá como si los viejos Estados miembros quisieran en cierto modo levantar barreras y organizar un proteccionismo. 
Esto no es así, ni tampoco tiene que ser así. 
Creo que la directiva que se ha presentado y el informe hablan otro lenguaje. 
Estamos abiertos a la competencia, los mercados están abiertos, la Europa del este es bienvenida y la navegación interior se va a acreditar a través de la competencia. 
Señor Presidente, mis credenciales para hablar sobre canales se basan simplemente en el hecho de que el canal Forth and Clyde comienza en Bowling, en las proximidades de Clydebank, en mi circunscripción, y llega hasta Grangemouth. 
El Comisario proviene de un país en el que existe un canal muy importante, el Llangollen, que es muy utilizado por los turistas. 
Es importante tener en cuenta que las vías navegables representan un medio de transporte muy viable. 
Quizá en el Reino Unido no se han utilizado en todo su potencial- una situación que realmente deberíamos proponernos cambiar. 
En lo que respecta al canal Forth and Clyde, nos disponemos a utilizar fondos del Milenio y de los Fondos estructurales para modernizarlo e intentar regenerarlo. 
Volviendo al tema del informe Konrad, es un informe excelente. 
El Grupo Socialista quisiera felicitar al Sr. Konrad por este informe que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Transportes y Turismo. 
Es un informe específicamente técnico, cuyo objetivo es actualizar los requisitos técnicos para el transporte de mercancías peligrosas por vías navegables. 
Tanto la propuesta, como el informe de la comisión tratan sobre dichos aspectos técnicos, pero, en mi opinión, el ponente ha sabido explicar las complejidades de los tres diferentes regímenes que existen en Europa para el transporte de mercancías peligrosas por vías navegables. 
El ponente ha explicado con gran elocuencia el funcionamiento de estos tres diferentes regímenes. 
Uno es la Comisión Central del Rin, el primer organismo transnacional, el primer organismo auténticamente europeo, establecido a raíz del Congreso de Viena y confirmado a través del Convenio de Mannheim en 1836. 
Tras haber trabajado en mi propio informe, que es similar al del Sr. Konrad, me ha impresionado mucho la gestión de la Comisión del Rin y que ésta haya logrado el acuerdo en una zona transnacional e incluso imponer que su cuerpo de policía supervise el cumplimiento de las normas para embarques y cargamentos en el Rin. 
La adaptación de las normas técnicas y de seguridad a los más altos niveles posible es de la máxima importancia. 
Los avances que se han producido en la Europa del Este, en particular la conexión del Danubio y el Rin a través de un canal en 1992, dieron lugar a la creación de un segundo organismo, la Comisión del Danubio. 
Junto con la ampliación, es importante que alcancemos un acuerdo, la armonización y la normalización de las mejores prácticas y condiciones. 
Y lo que es aún más importante, como declara en su informe el Sr. Konrad, es que las vías navegables serán en muchos aspectos un medio de apertura para la Europa central y oriental en el futuro. 
Es algo que debemos tener en cuenta en el contexto de la ampliación. 
Las normas relativas al Rin son muy eficaces. 
Tuvimos una audiencia sobre este asunto con los representantes del Rin y del Danubio que acudieron a la comisión. 
El claro mensaje fue que en este caso disponemos de buenas normas de funcionamiento y queremos que las mejores prácticas se adopten para el resto de Europa. 
En estos momentos, la Comisión está participando. 
No sé si el Comisario Kinnock participa personalmente, pero la Comisión está tomando parte en las conversaciones de Ginebra sobre este asunto, averiguando qué será necesario para poder proceder a la armonización de procedimientos normalizados para los buques que operan en las vías navegables. 
Es algo de una importancia crucial. 
El informe Konrad es de gran valor para dichas conversaciones. 
Su aprobación facilitará la actualización de los requisitos técnicos y la implantación de un sistema uniforme. 
El otro tema que no será tan fácil es alcanzar el reconocimiento mutuo de los certificados de patrón de barco, etc. El Sr. Konrad destaca este aspecto en su informe. 
Es un asunto sobre el que deberemos volver en el futuro. 
Señor Presidente, al igual que los anteriores oradores, debo volver a la audiencia que celebramos en la Comisión de Transportes y Turismo. En ella, constatamos la importancia de la navegación interior y relacionamos distintos asuntos. 
Los informes, tanto del Sr. Konrad como del Sr. McMahon, han sido respaldados por nosotros, pero son sólo elementos que muestran el importante lugar que debemos otorgar a la navegación interior. 
Señor Comisario, podemos estipular ahora las prescripciones técnicas, pero todavía falta algo que forma parte de esta cuestión: los buques de carga, y esto lo hemos vuelto a ver tras el reciente accidente ocurrido en un lago de Cataluña. Por lo demás, estoy de acuerdo con el ponente. 
No obstante, señor Comisario, además de las prescripciones técnicas, debemos contar con una política adecuada para la modernización de la flota. 
Eso implica una prima continua al desguace y, en segundo lugar, una mejor infraestructura. 
Sobre esto, señor Comisario, todavía no hay absolutamente nada. 
El Sr. McMahon ya lo ha señalado. 
Especialmente en las comunicaciones con Europa Oriental, y esto es importante, debemos contar con una mejor infraestructura para la navegación interior; y en las RTE no figura ningún proyecto y tampoco en las acciones de ayuda a Europa Oriental. 
Esta situación debe cambiar rápidamente. 
Señor Presidente, como sus Señorías sabrán, el objetivo de la propuesta de la Comisión es actualizar la Directiva 82/714/CEE, de acuerdo con los avances técnicos realizados desde 1982. 
La propuesta se basa en las últimas normas técnicas que se aplican en el Rin; creará un único conjunto de normativas para todos los barcos de navegación interior que operan en la Comunidad y proporcionará seguridad a los participantes de este sector, incluidos los astilleros que operarán en un mercado único y liberalizado. 
Actualmente, como sabrá la Asamblea y como ya hemos oído en el debate, existen dos grupos de normativas para los barcos de navegación interior en la Unión Europea: las aplicables al Rin y aquéllas aplicables en las demás vías navegables. 
A pesar de que el certificado del Rin permite a los barcos el acceso a las vías navegables comunitarias, el certificado comunitario no permite el acceso al Rin. 
Habida cuenta de que las operaciones en el Rin representan más de la mitad del transporte por vías navegables en Europa y las normas técnicas aplicables se encuentran entre las más estrictas del mundo, la Comisión cree que el conjunto de normativas uniformes que ahora se propone para toda la Unión beneficiará a todo el sector. 
Este avance supone una mejora hasta situarnos al nivel de las normas del Rin; significa el reconocimiento automático entre el certificado comunitario y el certificado del Rin para los barcos de navegación interior; y la claridad y uniformidad resultante beneficiará también, naturalmente, las negociaciones con los países candidatos de la Europa central y oriental, cuyos niveles técnicos deberán, evidentemente, ser adaptados antes de la futura adhesión a la Unión; un punto al que se han referido varias de sus Señorías en el transcurso del debate. 
La propuesta permite a la Comisión actualizar regularmente los anexos de la directiva, con la ayuda de un comité que estará compuesto por representantes de los Estados miembros. 
Este mecanismo garantizará que las normativas aplicables en la Unión tengan plenamente en cuenta las normas técnicas más modernas, en particular, aquéllas desarrolladas en el contexto del Rin. 
Con este telón de fondo, la Comisión acoge con satisfacción el informe de la Comisión de Transportes y Turismo, elaborado muy hábilmente, como hemos oído, por el Sr. Konrad, así como la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, redactada por el Sr. Miller. 
La reacción de dichas comisiones demuestra el alto grado de concienciación entre sus Señorías sobre el potencial del transporte por vía navegable en Europa, como acaba de decir el Sr. McMahon. 
Asimismo presentan una imagen muy clara de la necesidad de modernización y armonización de las normas técnicas en beneficio del sector de la navegación interior. 
Las enmiendas presentadas apoyan y refuerzan la propuesta de la Comisión. 
Me complace decir, por tanto, que seis enmiendas pueden ser aceptadas con pequeñas modificaciones en su redacción según los casos. 
La enmienda 4, no obstante, que pide que la Comisión notifique al Parlamento Europeo a intervalos regulares sobre los importantes cambios introducidos en los anexos de la directiva, no puede ser aceptada, porque la actual normativa sobre comitología, que deberá ser revisada, no prevé la notificación regular al Parlamento sobre los trabajos de los comités creados sobre la base del procedimiento de cooperación. 
La Comisión, naturalmente, está dispuesta a informar al Parlamento en cualquier momento, pero no puedo incluir un compromiso formal en los artículos de la presente directiva, sencillamente por este motivo de procedimiento. 
La actual iniciativa podría contribuir al funcionamiento eficaz y de alta calidad del transporte por vía navegable, lo cual, naturalmente, es muy deseable para la competitividad económica y la sostenibilidad. 
Agradezco, por consiguiente, al Sr. Konrad y al Sr. Miller su trabajo y a este Parlamento su constante comprensión y apoyo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección de las aguas contra la contaminación agraria 
De conformidad del orden del día, se procede al debate del informe (A-0284/98) de la Sra. McKenna, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la aplicación de la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura y sobre las medidas adoptadas con arreglo a la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (COM (97) 0473- COM (98) 0016- C4-0040/98). 
Señor Presidente, a pesar de la Directiva sobre la utilización de nitratos de 1991, cuyo objetivo era proteger las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, hemos avanzado muy poco. 
De hecho, a pesar de que todos los Estados miembros debían presentar planes de acción antes de finales de 1995, nueve Estados miembros, entre los que se incluye el mío, Irlanda, no lo han hecho. 
Esta actitud irresponsable demostrada por los gobiernos de los Estados miembros respecto a la protección del medio ambiente no debe tolerarse. 
En algunos casos, la Comisión se muestra demasiado indulgente con los gobiernos de los Estados miembros que hacen caso omiso de las directivas comunitarias sobre la protección del medio ambiente. 
Hay que obligar a dichos gobiernos a cumplir fielmente y cuanto antes la directiva de 1991. 
No entiendo por qué no se han iniciado ya procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no han aplicado dicha directiva o no lo han hecho correctamente. 
Los nitratos causan graves problemas de salud. 
La existencia de nitratos en el agua potable se considera un problema de salud pública para los seres humanos, porque el nitrato se reduce rápidamente a nitrito en el organismo. 
Esto provoca la incapacidad de transportar oxígeno a los tejidos. 
La reducción de la capacidad de transportar oxígeno se manifiesta especialmente en los niños hasta la edad de seis meses, y es la causa del comúnmente conocido «síndrome del niño azul». 
Existe además otro grave problema con el nitrato, cuando éste reacciona con componentes presentes en el estómago para formar productos cuyos efectos cancerígenos se han demostrado en muchos animales. 
En la UE, la concentración de nitrato en el agua está regulada por dos directivas: la Directiva de 1975 relativa a las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable y la Directiva de 1980 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
Ambas establecen una concentración máxima admisible de 50 mg/l. A pesar de que en la actualidad se acepta ampliamente ese nivel por razones de salud pública, Greenpeace está haciendo una campaña a favor de un límite aún más estricto de 10 mg/l, especialmente para tener en cuenta sus repercusiones sobre la salud en los niños. 
También las organizaciones de las Naciones Unidas- OMS y FAO- defienden este nivel máximo, porque es la concentración en el agua potable segura para los lactantes alimentados con biberón. 
Aparte de los problemas de salud pública, debemos tener en cuenta aquéllos relativos a la eutrofización. 
Consiste en el aumento del contenido de compuestos nitrogenados y fosforados en el agua, lo que origina un crecimiento acelerado de algas y otras formas de vida vegetal que ocasiona un desequilibrio entre los organismos presentes en las aguas superficiales. 
Esto tiene un efecto de arrastre no sólo sobre la biodiversidad de los mares y de las aguas, sino también sobre el turismo, debido a los graves problemas de la floración de algas tóxicas y la mortandad de peces, etc. Por tanto, aunque se detenga y se invierta la tendencia actual hacia una ganadería intensiva, deberán transcurrir de 20 a 30 años para que las aguas superficiales y subterráneas de Europa vuelvan a ser seguras. 
En algunas zonas podrían ser necesarios 40 o 50 años antes de que se restablezca una situación ecológicamente segura. 
A pesar de que todos los Estados miembros debían presentar programas de acción antes del 28 de diciembre de 1995, hasta la primavera de 1998 sólo lo habían hecho seis Estados miembros, a saber, Austria, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia. 
Mi país, Irlanda, sostiene que no existe ningún problema en lo que respecta a los nitratos, pero el último estudio de las zonas costeras, publicado en diciembre del pasado año, presenta unos resultados muy alarmantes. 
Lo más alarmante fue el alto porcentaje de contaminación por nitratos con un 40 % de las 242 afluencias examinadas que presentaban niveles de 25 mg/l o más y en 15 casos por encima de 100 mg/l, lo que supera ampliamente los límites comunitarios. 
El último informe de Eurostat presenta dos Estados miembros en los que los niveles de nitratos han aumentando, a pesar de que ello supone un incumplimiento de las directivas. 
Dichos países son Alemania e Irlanda. 
En lo que respecta a la aplicación de la Directiva sobre nitratos, las regiones que se muestran menos dispuestas a resolver el problema- a pesar de ser las que tienen el mayor problema- son los Países Bajos y Flandes. 
Muestran un desinterés total por la situación, y es evidente que deben examinarse los métodos agrícolas que utilizan y reducirse el número de animales por hectárea, debido al problema del estiércol. 
Quisiera llamar su atención sobre la enmienda 13, presentada por el Grupo Socialista. 
Esta enmienda busca fondos para hacer frente a las instalaciones a gran escala para gestionar los residuos animales. 
Su objetivo es obtener una subvención comunitaria por valor del 25 % del coste. 
En los Países Bajos se intentó esta medida, pero no tuvo éxito. 
Me gustaría conocer la opinión de la Comisión. 
Los agricultores vuelven a solicitar más fondos para atajar problemas que ellos mismos han creado. 
Eso no es aceptable para los contribuyentes europeos. 
Quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al ponente de la Comisión de Medio Ambiente. 
En la Comisión de Agricultura nos tomamos este asunto muy en serio. 
No es frecuente que los Estados miembros hagan caso omiso de un reglamento comunitario, pero en buena parte, es lo que sucede en este caso, porque la mayoría de los Estados miembros han avanzado muy despacio en este ámbito. 
Por ello, nos parece sorprendente que, en su informe, la Comisión no haya llegado realmente hasta el fondo para averiguar por qué los Estados miembros no han aplicado debidamente esta directiva. 
La Comisión no se ha esforzado en colaborar, y esperamos que en lo sucesivo se muestre menos autoritaria, intente obtener mayor cooperación y sepa persuadir a los Estados miembros para que alienten al sector agrícola a tomar medidas al respecto. 
Los propios agricultores y ganaderos no reconocen el problema. 
Sé perfectamente que son muchos los que piensan que la eutrofización, por ejemplo, es un problema que no es causado necesariamente por el sector agrícola. 
He visto con mis propios ojos lagos en las montañas de Escocia en cuyos alrededores no hay otra agricultura que los pastizales para unas pocas ovejas y, sin embargo, existe eutrofización en los lagos. 
Es un tema complejo que nadie conoce realmente: mayor número de horas de luz solar es a menudo uno de los argumentos que se presentan. 
La Comisión de Agricultura cree que la Comisión podría haberse esforzado más para obligar a los Estados miembros e intentar que esta directiva sea más eficaz en el futuro. 
Debe ser más eficaz y reconocemos esa deficiencia. 
La propia directiva necesita mejoras importantes, debido a la falta de avances realizados, y la Comisión de Agricultura opina que debe darse a conocer mejor toda la problemática, para que el sector agrícola reaccione como parte de la reforma de la política agrícola en su conjunto. 
Señor Presidente, el mayor problema de la Directiva relativa a los nitratos- tal como dijo la Sra. McKenna- no es la directiva en sí sino la falta de ejecución de ésta en los países miembros. 
Todavía hay varios países que aún no han puesto en marcha legislaciones nacionales de cara a garantizar aguas subterráneas más limpias. 
La intención no puede ser dar carpetazo en los países miembros a las rígidas normas medioambientales aprobadas en la UE. 
El que algunos países hagan caso omiso de la política común resulta devastador para la lealtad entre los países miembros. 
Esto causa problemas a los campesinos si los gastos de reducción de las emisiones de nitrógeno recaen sólo sobre algunos campesinos. 
No es lógico que campesinos que producen de modo más responsable desde el punto de vista del medio ambiente se encuentren en peor situación a la hora de competir. 
Resulta absolutamente necesario que todos los países miembros sean presionados para poner en práctica la Directiva relativa a los nitratos para que la carga quede repartida equitativamente. 
Los países que no hayan ejecutado la Directiva relativa a los nitratos a tiempo, no deben ser recompensados con ayudas de la UE más altas que los países que ya hayan llevado a la práctica la directiva. 
Además, esto significaría que la UE tira el dinero. 
Cuando la política de medio ambiente no se cumpla, debe introducirse la cross-compliance, tal como aparece propuesta en la Agenda 2000. 
El último punto que quiero mencionar es la situación sumamente criticable en cuanto a la presentación de datos a la Comisión. 
Desde el Parlamento, hemos de apoyar a la Comisión en su trabajo de presión sobre los países miembros. 
Debe ser un requisito que los países miembros faciliten cifras correctas a la Comisión para que así puedan elaborarse estudios generales sobre el modo como la Directiva relativa a los nitratos funciona en la práctica. 
Además, las cifras dadas serán una herramienta efectiva en la lucha por lograr una adecuada implementación de la Directiva relativa a los nitratos en todos los países. 
Ésta también es lamentablemente la causa principal de que esta información no se esté dando. 
La Comisión difícilmente puede acusar a un país miembro de eludir la directiva si no existen los más mínimos datos al respecto. 
Es necesario presionar a los países miembros para garantizar una buena puesta en práctica y una mejor información a la Comisión en lo que se refiere a la Directiva sobre los nitratos si se quiere que ésta tenga alguna relevancia. 
Distinguido señor Presidente, señoras y señores, el presente informe se ocupa de los informes de la Comisión relativos a la aplicación de la denominada directiva de los nitratos. 
Escuchen y asómbrense, esta directiva existe desde 1991. 
Los problemas que existen en relación con los nitratos no son nuevos, ciertamente, y mucho menos lo son los planteamientos de solución que aquí se proponen. 
No nos debemos dejar amedrentar por eso. 
Nos deberíamos concentrar en avanzar por el camino que se ha tomado. 
Al mismo tiempo, deberíamos renunciar a querer reinventar el mundo. 
En principio todos estamos de acuerdo. 
Ahora se trata de trasponer de manera consecuente la directiva a los Estados miembros y de darle aplicación. 
No se trata de modificarla. 
El Parlamento Europeo debería animar a la Comisión a proceder con más energía contra los Estados miembros que no hayan cumplido aún sus compromisos derivados de la directiva. 
En ocasiones el juego se hace aburrido. 
Por un lado, de determinadas esquinas se escucha una y otra vez la exigencia de más subsidiariedad, pero, por otro lado, los Estados miembros no quieren o no son capaces de realizar su aportación comunitaria en los ámbitos, como aquí, en la política de medio ambiente, en los que la cooperación comunitaria es indiscutiblemente necesaria. 
Las enmiendas presentadas por mi Grupo tienen por objeto apoyar las demandas en pro de que se trasponga y se aplique de manera consecuente la directiva. 
No tiene mucho sentido sobrecargar la resolución del Parlamento. 
No cabe, por ejemplo, imponer de manera coactiva unas normas de buenas prácticas agrícolas, si éstas no están siquiera definidas aún a nivel europeo. 
Incluso la exigida limitación del número de animales por hectárea debería estar de más, una vez que los Estados miembros apliquen la directiva. 
Seguimos rechazando de manera decidida que en este informe se dicten ya criterios de la Agenda 2000. 
Sabemos, ciertamente, que en este momento la Agenda debe ser debatida. 
Tales exigencias difuminan más bien la dirección de choque del Parlamento y no son más que agua sobre los molinos de los apóstoles de la subsidiariedad que blanden la divisa de «mirad, ahora los de Bruselas quieren dictar también hasta el número de vacas en el prado». 
Deberíamos concentrarnos e insistir en que se haga lo que sea necesario y esto está dicho ya clara e inequívocamente en la directiva sobre los nitratos. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el Grupo Liberal aprobará el informe de la Sra. McKenna. 
El análisis que realiza nuestra colega sobre la situación en los Estados miembros es bastante crítica, pero justificada, teniendo en cuenta que, a no menos de once Estados miembros, una directiva de 1991 les trae total o parcialmente sin cuidado. 
Esto se aplica, por lo menos, a Flandes, donde la situación es grave. 
No puedo contradecir a la ponente cuando habla de falta de voluntad política en esta región. 
El problema no se soluciona haciendo, sin más, caso omiso de la norma europea. 
Eso ha sucedido hasta ahora en Flandes, donde el plan de acción de abonos sólidos, por ejemplo, para el año 1998, prevé que el abonado de los pastizales sea el doble de la norma europea. 
¿Cómo debemos enfocar este problema? 
Las normas europeas deben aplicarse estrictamente. 
Partiendo del principio «el que contamina paga» debemos tratar y gravar, antes que la producción de abonos sólidos, los excedentes de este producto. 
Dejemos que sea el propio sector, en primera instancia, quien decida cómo solucionar el problema. 
Si no tiene éxito, quizá entonces debamos establecer una reducción obligatoria del número de animales en determinadas regiones. 
No obstante, intentemos primero las otras opciones. 
Estimada colega, su informe ha provocado un gran revuelo en Flandes y ha vuelto a acelerar las negociaciones relativas a un nuevo decreto sobre abonos sólidos. 
Por lo pronto, le doy las gracias por ello. 
Señor Presidente, la protección del medio ambiente es actualmente una prioridad para la mayoría de los Estados miembros, y los ciudadanos europeos son cada vez más conscientes de su potencial social y económico. 
Los agricultores, que en su mayoría son los guardianes y gestores del campo, están respondiendo positivamente adaptándose a las cambiantes orientaciones medioambientales, muchas de las cuales suponen un desembolso, por el que merecen recibir compensación. 
En ninguna otra parte existe el mismo compromiso positivo respecto a la gestión del medio ambiente como en mi país, Irlanda. 
Irlanda, como país agrícola, depende en mayor medida que ningún otro Estado miembro de la UE de las exportaciones agrícolas. 
Nuestros productos alimenticios de calidad están estrechamente relacionados con nuestro entorno natural de pastos. 
Nuestro turismo, y en particular nuestro turismo agrícola, están estrechamente ligados al campo. 
El empleo en los sectores de alimentación y de turismo depende de nuestra imagen de calidad. 
Es equivocado y perjudicial sugerir que el gobierno y los agricultores son indiferentes a la protección del medio ambiente. 
El gobierno ha respondido positivamente a los comentarios de la Comisión con respecto a la concentración de nitratos en las aguas subterráneas y ha establecido que el fósforo representa una amenaza mayor. 
En ambos casos, el gobierno, las organizaciones agrícolas y los agricultores se han propuesto eliminar cualquier posible amenaza para el medio ambiente y, en particular, para la calidad del agua subterránea. 
Basta con contemplar el interés de Irlanda en el plan de protección del entorno rural y el número de agricultores que participan en dicho plan para darse cuenta de hasta qué punto nos sentimos comprometidos en Irlanda con el entorno natural. 
Un último comentario: sin agricultores no habría medio ambiente. 
No existirían guardianes del entorno natural, y quisiera aconsejar a todos a que mediten sobre este particular. 
Señor Presidente, estamos ante un problema de salud pública- la ponente ya lo ha dicho-y ante un problema de incumplimiento sistemático del Derecho comunitario. 
De salud pública porque ya en el año 1975 las directivas que tienen que ver con la calidad de las aguas preveían que el nivel de nitratos no sobrepasara los 50 miligramos/litro, y algunos países como Bélgica y los Países Bajos lo sobrepasan en 100 miligramos/litro. De salud pública porque la Organización Mundial de la Salud y la FAO dicen que no hay que llegar a los 50 miligramos/litro sino que, para la seguridad de los lactantes, no habría que pasar de los 10 miligramos/litro. 
E incumplimiento sistemático del Derecho comunitario porque la directiva prevé, además de elegir zonas vulnerables que deben aplicar buenas prácticas agrícolas, dos programas de acción- uno que tendría que acabar el año próximo y otro en el 2003- y respecto de esos dos programas de acción, sólo seis Estados miembros han presentado en 1998 algo que pudiera parecerse a un programa de acción. 
Por lo tanto, hay un incumplimiento claro del Derecho comunitario. 
Yo comprendo la preocupación del ponente de la Comisión de Agricultura- y también la preocupación de algunos compañeros de la Comisión de Agricultura que presentaron enmiendas- cuando plantea que debiera haber más información a los agricultores, que debiera haber ayudas, que debiera, quizá, haber, por parte de la Comisión Europea, una posición menos autoritaria. 
Sin embargo, a nosotros nos parece que la Comisión Europea ha hecho bien en abrir expedientes de infracción porque es la única manera de convencer a los gobiernos de que tomen medidas con respecto a los nitratos en el agua potable. 
La salud pública ha de ser defendida por nosotros- como muy bien dice el Tratado y como muy bien nos ocupamos de repetir-y el cumplimiento del Derecho comunitario es una garantía no sólo para los consumidores sino para el futuro de la propia Europa. 
Por lo tanto, a nosotros nos parece que deben abrirse los expedientes de infracción y debe, en todo caso, ayudarse a los agricultores y a los Estados miembros a que pongan en práctica ésta y otras directivas que tienen que ver con la salud pública. 
Señor Presidente, estimados colegas, está claro que en los Países Bajos, por distintos motivos, nadie está contento con las conclusiones que muy brillante y justificadamente ha expuesto mi colega, la Sra. McKenna: ni el movimiento ecologista, ni los agricultores, ni el Gobierno. 
Si no ocurre nada, si no se interviene de forma drástica, en el año 2002 los Países Bajos no cumplirán, ni mucho menos, directrices tales como las establecidas en la directiva relativa a los nitratos. 
El propio Gobierno neerlandés lo ha reconocido. 
Muy pocas veces ha estado tan claro el mensaje de un informe. Gobierno neerlandés, ministro Pronk, ¡hagan algo! 
Más grave todavía, la seguridad de que, hacia el año 2002, los Países Bajos pueden enfrentarse a una multa diaria de 500.000 florines. 
Este verano, el Gobierno neerlandés pudo utilizar como pretexto el hecho de que estaba cesante. 
Para los Países Bajos: una vergüenza, no lo puedo decir de otra forma. 
Un pobre consuelo: finalmente pagará quien contamina. 
Señor Presidente, vengo de una región en la que, por el momento, ningún pozo suministra agua potable: Flandes. 
Quiero señalar, parafraseando lo que nuestro anterior orador ha dicho aquí sobre la agricultura, que sin una buena agua potable no hay una industria ganadera y tampoco salud pública. 
Estoy, por tanto, satisfecha con el informe de la Sra. McKenna, y espero que Flandes deje de formar parte de los malos alumnos de Europa en lo que respecta a la lucha contra la contaminación del agua potable producida por nitratos. 
De momento, tenemos unas concentraciones de nitratos en el agua potable cuatro veces superiores a las permitidas o previstas. 
Me remito, y eso ahorra tiempo, señor Presidente, a lo que la Sra. Kestelijn ha dicho sobre este asunto. 
Sin embargo, a pesar de que la Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra Flandes en dos ocasiones, en 1995 y en 1997, la situación todavía no ha mejorado. 
Si la comparo con Dinamarca, que también partía de una mala situación, siento vergüenza. 
Solamente puedo decir que no es culpa mía. 
La mayor parte de la población no lo quiere así, pero la mayoría que en este momento está en el poder en Flandes cede ante los grupos de presión agrícolas y esto ha obligado a que en 1995 se adoptara un plan de acción de abonos sólidos que no responde en absoluto a las exigencias que se han manifestado en la directiva. 
No se recoge nada en cuanto a normas, nada en cuanto a un código de buenas prácticas agrícolas. 
No se han incluido zonas vulnerables, pero eso lo entiendo, señor Presidente, ya que toda Flandes es una zona vulnerable, una gran zona vulnerable. 
El programa de acción no es en absoluto suficiente. 
Ahora, señor Presidente, pregunto a la Comisión: ¿Cómo van el seguimiento de las cartas y los procedimientos de infracción? 
¿Se va a confiar realmente en la buena voluntad?. Porque ya no creo en la buena voluntad del sector. 
Constato que el sector está en crisis y que, a pesar de todo, debemos afirmar que no se ha hecho ningún uso de ésta para adoptar medidas evidentes tales como, por ejemplo, la limitación de la producción porcina. 
Señor Presidente, las limitaciones sólo no serán suficientes, y estoy convencida de que una agricultura menos intensiva y más respetuosa con la propia agricultura y con los animales es, a fin de cuentas, lo mejor para las personas. 
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, felicitar cordialmente a la Sra. Maes por su primer discurso. 
Lo que ha dicho coincide con lo que yo pienso. 
El objetivo del abonado es fomentar la fertilidad de la tierra de cultivo; esto implica que no deben producirse más abonos sólidos que los que las plantas puedan absorber. 
Es, por tanto, muy importante evitar que los nitratos lleguen a las aguas subterráneas y a las aguas superficiales. 
La aplicación de la Directiva 91/676/CEE tiene aquí mucho que ver. 
La aplicación de esta directiva se encuentra en una situación muy lamentable. 
Hace años, todos los Estados miembros estuvieron de acuerdo con la norma de los 50 mg de nitratos por litro de agua subterránea. 
Sin embargo, en la mayoría de los Estados miembros no se ha llegado a nada. 
En algunos Estados miembros incluso nunca se han hecho planes, de modo que hasta el Tribunal Europeo ha tenido que intervenir. 
Es preciso, por tanto, que todos los Estados miembros se tomen en serio la aplicación de la directiva. 
También los Países Bajos, que en este asunto no son el buen chico que tan a menudo pretenden ser. 
No obstante, la responsabilidad del problema actual no se encuentra sólo en la agricultura, sino también en el consumidor, que consume mucha carne a un precio relativamente bajo. 
Todo esto ha sido muchas veces fomentado en el pasado por la Administración Pública. 
Esta ganadería intensiva genera naturalmente algunos problemas. 
Por otra parte, si detuviéramos ahora el abonado, los nitratos continuarían llegando a las aguas superficiales incluso transcurridos veinte años. 
En resumidas cuentas, las verdaderas soluciones son a largo plazo y desde ahora deben mejorar rigurosamente. 
Señor Presidente, la cuestión de los nitratos en el agua es real, pero forma parte de un problema mucho más amplio y global que intentaré exponer aquí. 
Desde hace cincuenta años, nuestros paisajes y recursos naturales se han visto sistemáticamente deteriorados por unas prácticas agrarias intensivas y contaminantes. 
Han sido necesarios cinco mil años para configurar nuestros campos. 
Han bastado cincuenta años para estropear sus más bellos frutos. 
Desde hace cincuenta años se vacía el campo de sus agricultores, se arrancan los setos, se desecan las charcas, se esparcen venenos por el suelo, se apelmaza la tierra impidiendo que respire, se impide, por último, que el agua de lluvia se infiltre hasta las capas freáticas. 
En lugar de penetrar en el suelo, el agua discurre por la superficie y arrastra el humus hasta el río más cercano. 
En mi región, Normandía, la erosión de los suelos se lleva hasta veinte toneladas de humus por hectárea y año en algunas zonas. 
Las consecuencias de estos métodos irresponsables son múltiples, pero pueden citarse algunas de las más graves. 
El productivismo intensivo ha vaciado el campo de una gran parte de sus agricultores y ha contribuido considerablemente, por otro lado, a saturar las zonas urbanas. 
Se trata, por lo tanto, de un auténtico problema de planificación del territorio. 
Los plaguicidas, herbicidas, fungicidas y otros productos químicos son además espermicidas. 
En efecto, desde que comenzó su utilización masiva, estos venenos han reducido a la mitad la fertilidad humana en los países occidentales. 
Las relaciones de causa a efecto son hoy por hoy médicamente irrefutables. 
Se trata, por lo tanto, de un gran problema de salud pública. 
Llueva o no, las capas freáticas tienen muchas dificultades para regenerarse, para recargarse. 
Su bajo nivel, por tanto, hace que los contaminantes, por ejemplo los nitratos, tiendan a concentrarse. 
La reducción de los recursos hídricos y de su potabilidad es especialmente preocupante, cuando se sabe, además, que esta agua será uno de los más importantes retos estratégicos del próximo siglo. 
Señoras y señores, Señorías, ya no estamos viviendo hace cincuenta años, al terminar la guerra, cuando las numerosas penurias podían justificar un verdadero esfuerzo por las cantidades a producir. 
Esto ya no ocurre hoy en día. 
Hace ya mucho tiempo que tendríamos que haber reorientado dichos esfuerzos de la cantidad a la calidad. 
Pero desde los años 50 tenemos los dedos pillados en un engranaje infernal, autoalimentado por las multinacionales agroquímicas y por los bancos. 
No, ¡los agricultores no son responsables de esta situación! 
La mayoría de ellos han sido incluso las primeras víctimas, estrangulados simultáneamente por dos lazos: el del endeudamiento y el de la carrera de las subvenciones. 
Los que más han luchado por respetar el medio ambiente se han dejado la vida en ello, tanto en el sentido literal como en el figurado, por cierto: basta con ver las tasas de suicidio de las poblaciones agrarias. 
Ahora bien, es obligado reconocer que la Unión Europea es corresponsable de esta situación. 
Lo cierto es que no está en situación de dar lecciones a los Estados miembros en el terreno del medio ambiente, ella que, desde hace tiempo, favorece sistemáticamente, a fuerza de subvenciones, los métodos intensivos. 
Para terminar, todo aquello que pueda favorecer una mayor concienciación siempre se acepta bien, y el trabajo de la Sra. McKenna es digno de elogio. 
Pero estoy realmente convencido de que la respuesta a todas estas cuestiones se encuentra fundamentalmente en algunos medios bancarios e industriales que, por desgracia, Señorías, son mucho más influyentes que nosotros. 
Señor Presidente, la lenta aplicación de las directivas relativas al medio ambiente constituye un verdadero problema para la UE y, como ya se ha afirmado en distintas intervenciones, esta aplicación ha sido especialmente parsimoniosa por lo que respecta a la directiva sobre los nitratos. 
Como también se ha dicho ya aquí, la agricultura moderna es la mayor fuente de emisiones y el principal causante de la eutrofización de las aguas. 
Únicamente nos damos cuenta de los problemas de la eutrofización cuando ésta aparece en nuestras playas y embarcaderos. 
Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el mar Báltico. 
Ahora, los ciudadanos exigen que se ponga verdaderamente coto a la contaminación y a la eutrofización de este mar. 
No podemos seguir echando la culpa de esta eutrofización, como hemos venido haciendo hasta el momento, únicamente a los países bálticos y a Polonia, puesto que las estadísticas muestran que también los países de la UE son culpables de esta situación. 
Por este motivo, es necesario que prestemos a este asunto la atención que merece y que emprendamos medidas al respecto. 
Desearía resaltar de manera especial que tampoco Finlandia ha elaborado ningún plan al respecto, si bien este país se ha comprometido a reducir las emisiones de nitratos en un cincuenta por ciento. 
Esta circunstancia reviste una especial importancia si tenemos en cuenta nuestra línea costera, incluidos los sistemas hidrológicos interiores. 
Hoy por hoy, aún puedo beber agua del lago a cuyas orillas se encuentra mi casa de campo. 
La política agrícola de la Agenda 2000 constituye un importante instrumento para controlar las emisiones agrarias. 
Solamente se deben conceder ayudas directas cuando se respeten las normas vigentes. 
Hay que destinar ayudas medioambientales de carácter específico para el mundo rural allá donde se emprendan medidas serias y se mejore la situación del entorno ecológico. 
Señor Presidente, en principio podemos apoyar perfectamente el proyecto de resolución del informe de la Sra. McKenna. 
Ahora bien, cuando se revise, quizás tengamos que hacer alguna autocrítica a cómo elaboramos nuestros informes. 
Quizás las exigencias de mayor transparencia por parte de la Comisión tampoco las cumplimos en nuestros informes, y así cuando hablamos de que algunos Estados miembros cumplen, y otros no cumplen, tal vez tendríamos que denunciar concretamente los Estados miembros que incumplen y aquellos que cumplen en algunas condiciones. 
Por lo tanto, en el apartado al que hacemos referencia, yo hubiera aconsejado que se hubiera mencionado aquellos tres Estados- que son Suecia, Austria y Finlandia- que cumplen el nivel general de exigencia de su agua subterránea. 
Y también habría que haber destacado que sólo cuatro Estados miembros han transpuesto la Directiva, y esos son Dinamarca, España, Francia y Luxemburgo. 
Creo que en estas sesiones, que son de control de los Estados miembros, hay que especificar y hay que entrar en la transparencia. 
Hablar de un Parlamento que manifiesta su indignación... , quizás las personas nos indignamos, y quizás las instituciones tengamos que utilizar otras expresiones. 
Y así tendríamos que analizar nuestra propia resolución, y no es crítica concreta a un proyecto, sino quizás al trabajo que realizamos. 
Y llegamos al punto en el que coincido plenamente con todos los colegas que han intervenido: la discrecionalidad que tiene la Comisión de iniciar los expedientes, pues quizás deja mucho que desear y este Parlamento sí debe manifestar su preocupación porque la Comisión no cumpla con mayor eficacia esta obligación de obligar a cumplir la legislación comunitaria por parte de los Estados miembros. 
Su discrecionalidad es excesiva. 
Creo que el hacer cumplir los códigos de buenas prácticas agrícolas puede ser la pieza fundamental. 
Y con respecto al último párrafo del informe de la Sra. McKenna, que habla de «exigir la producción de energía en pequeñas instalaciones» , quizás encontraría un mayor eco si hablásemos de promover y de dar incentivos para estos objetivos. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones de nuestra colega, la Sra. McKenna, a pesar de venir de un país que tiene muy malos rendimientos. 
El par de errores que aparece en el informe McKenna, en cuanto a la situación en los Países Bajos, no afecta en absoluto a las muy justificadas reclamaciones dirigidas a este país. 
Como liberal, no soy partidario de prohibiciones y órdenes, pero resulta que en los Países Bajos no se puede solucionar el problema de los abonos sólidos sin utilizar estos instrumentos. 
Este Estado miembro ha intentado todo para solucionar esta dificultad, aunque no ha querido reducir el censo ganadero. 
La imposición de un gravamen sobre los excedentes de abonos sólidos ha sido uno de los métodos utilizados, pero parece no ser óptimo para los Países Bajos. 
Todavía nos sobran catorce millones de kilos de abonos sólidos que no nos podemos quitar de encima. 
Quisiera que esta lección sirviera a otros países que tienen el mismo grave problema. 
Reconozco que cada país debe poder buscar sus propias soluciones óptimas, pero debemos afrontar una cosa: sencillamente, producimos demasiado en la Unión Europea. 
Tenemos un censo ganadero demasiado amplio y, por ello, es inevitable una reestructuración de la ganadería. 
No podemos perder más tiempo. 
Señor Presidente, es evidente que muchas veces las directivas de la Comisión no se basan en estudios que reflejen toda la realidad agraria, toda la realidad ambiental, de toda Europa. 
Yo procedo de una zona de Portugal en la que difícilmente, muy difícilmente, tenemos una cabeza por hectárea. 
Hay otras zonas de Portugal en las que muchas veces hay cinco cabezas por hectárea. 
Véase la diferencia, en un pequeño país tan pequeño como el nuestro, entre la agricultura del Norte, que es de pequeña dimensión, y la agricultura del Sur, de mayor dimensión. 
Es evidente que en un país como el mío, con grandes diferencias de clima, con épocas de sequía, como ahora tenemos, con épocas de lluvias intensas en el invierno, la única época en que de hecho hay un clima estable es el verano. 
Para producir en el verano es necesario regar. 
Para regar es necesario abonar, porque, si no se abona, no hay cosecha. 
Por tanto, el problema portugués no se plantea de la misma forma que se plantea para Suecia o para Holanda. 
Se plantea de una forma completamente diferente, en la medida en que, cuando se echan los nitratos a la tierra no es exactamente en verano, cuando hay menos posibilidades de contaminación de la capa freática. 
Ahora bien, son necesarios métodos agrarios adecuados. 
Pero, ¿cómo compatibilizar los métodos agrarios adecuados con la supervivencia de los agricultores en el campo? 
Por un lado, hay un modelo europeo de agricultura; por otro, hay un rigor casi inquisitorial de la pureza de sangre europea. 
¿Cómo compatibilizarlos? 
Es importante encontrar la solución para ese problema: en primer lugar, mediante la educación. 
La educación es importante para que quienes visitan el campo no lo ensucien. 
En segundo lugar, hay industrias contaminantes, como los lagares y las explotaciones intensivas. 
Por último, también sería fundamental que se pensara en el biogás, lo que sería una forma de aplicar y desarrollar la agricultura aprovechando lo que ensucia nuestros campos. 
Y no se ha hecho. 
Señor Presidente, celebro que de nuevo tengamos posibilidad de debatir este importante tema. 
El alcance del problema de los nitratos es alarmante. 
En el 22 % de la superficie agraria europea aparecen concentraciones superiores a los 50 mg por litro que son el valor sanitario normalmente aceptado. 
En realidad, esta cifra- como mencionó también la señora ponente- debería quedar reducida a 10 mg por litro tanto para el agua potable como para las aguas de superficie tal y como recomiendan la OMS, la FAO y Greenpeace, considerando que este nivel de concentración puede garantizar el agua potable para los niños. 
No debemos olvidar que el problema de los nitratos es un grave problema de salud pública y considerando las muy serias repercusiones tanto para la salud como para el medio ambiente del problema de los nitratos, las peticiones del informe encaminadas a la solución del problema resultan demasiado vagas. 
Que los Estados miembros no hayan puesto en práctica la legislación aprobada en este campo supone una clara irresponsabilidad. 
Por supuesto que como todos los demás apoyo totalmente una petición a la Comisión para que acelere los procedimientos de infracción. 
Sin embargo, esto tampoco basta. 
Debemos pedir a la Comisión que modifique radicalmente la política agrícola comunitaria, de modo que a la agricultura le resulte atractivo minimizar la eutrofización de las aguas producida por nitratos. 
En primer lugar, esto requiere una ayuda mucho mayor aumentando los fondos provenientes del presupuesto de la política agraria común para que la reconversión a la agricultura ecológica resulte atractiva a las explotaciones agrícolas convencionales. 
Además, una reconversión semejante y tan amplia a la agricultura ecológica en la UE implicará innumerables beneficios para el medio ambiente y para la salud. 
Es importante señalar que la Directiva relativa a los nitratos no basta por sí sola para tener aguas limpias en la UE. 
Por ello me gustaría pedir a la Comisión que tome la iniciativa a la hora de introducir tasas comunes sobre el nitrógeno en la UE, entendiéndose como condición para éstas que el beneficio que produzcan vuelva a los Estados miembros. 
Tales tasas pueden ser un medio de promover los objetivos de la directiva relativa a los nitratos. 
Espero que teniendo en cuenta estas observaciones, el Parlamento Europeo dé su apoyo al informe puesto que sus peticiones suponen un paso importante en la dirección correcta. 
Señor Presidente, no hay ninguna duda de que la contaminación producida por nitratos se debe fundamentalmente al abuso de los abonos en los cultivos agrarios y a la ganadería intensiva. 
Y, claro, como es excesiva la cantidad de nitratos, las plantas no pueden consumirlos, atraviesan el terreno, contaminan las aguas subterráneas y la consecuencia es doble. 
Por un lado eutrofización: eutrofización en los ríos, en las zonas costeras y en los mares con todas sus consecuencias y, por otro lado, peligro para la salud pública en el agua potable porque, como ya sabemos todos, los nitratos se reducen a nitritos en el organismo y los nitritos transforman la hemoglobina en metahemoglobina. 
La consecuencia es que no se transporta bien el oxigeno desde los pulmones a los tejidos y esto es especialmente peligroso para los bebés. 
No hay ninguna duda de que los objetivos de la directiva, que apuntan a la reducción y previsión de la contaminación producida por nitratos, eran correctos. 
Desgraciadamente los Estados miembros no han respondido en la medida en que debían y, me entristece mucho más el hecho de que mi propio país no haya respondido. 
Porque, aunque ha determinado cuatro regiones vulnerables, aún no ha decidido de qué forma las va a proteger, ni ha presentado programas de acción al respecto. 
Creo que la Comisión Europea debe controlar la aplicación de las distintas directivas con mayor decisión porque no es posible tener calidad de vida sin proteger el medio ambiente. 
Señor Presidente, Señorías, la lucha contra la contaminación de las aguas subterráneas exige una estrategia integrada mediante la lucha contra los diferentes orígenes de dicha contaminación, ya sea agrícola, industrial de diversos tipos o doméstica. 
Por eso nos parece adecuada la referencia que se hace en el informe a la realización de investigaciones que permitan evaluar el peso relativo de las diversas fuentes contaminantes de las aguas subterráneas. 
En el ámbito de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos, resulta, de hecho, urgente una rápida transposición de la legislación comunitaria a los derechos nacionales, que ya debería estar concluida incluso. 
Ahora bien, quisiéramos decir que su aplicación práctica debería ser consensuada para atender las especificidades nacionales o regionales, cosa que, por lo demás, procuramos introducir en algunos aspectos del informe mediante enmiendas a su texto. 
Nos hemos permitido, por ejemplo, subrayar la necesidad de prestar atención especial a ciertas zonas agrarias fácilmente identificables y conocidas, algunas ya citadas aquí en determinados Estados miembros, donde las situaciones son graves y hace mucho que los valores de contaminación sobrepasaron el nivel admisible. 
Ése es el resultado de métodos intensivos que vuelven, al menos a plazo, sus agriculturas más fuertes desde el punto de vista de la competencia, ya sea por los aumentos de productividad que así obtienen o por los apoyos agrarios comunitarios a que más fácilmente tienen derecho. 
Se trata sin duda- incluso porque en algunos casos son zonas particularmente vulnerables- de una situación que se debe atender de forma inmediata y prioritaria. 
De forma general, consideramos también que las intervenciones necesarias y adecuadas para situaciones muy diversificadas exigen igualmente un conocimiento pleno y total, ya sea en relación con los diversos cultivos y sistemas de producción o en relación con las situaciones concretas existentes en los diversos Estados miembros y en las diversas regiones, a fin de impedir discrepancias artificiales, privilegios indirectos y el agravamiento de las injusticias. 
Particularmente en lo relativo al número de cabezas de ganado por hectárea, hay que prestar- es otro ejemplo- atención particular, ya que las decisiones tienen que tener en cuenta valores absolutos y relativos y atender a las estructuras de tenencia de la tierra de las diversas regiones. 
Por otro lado, también en relación con ese aspecto, consideramos, por el contrario, que (además de la propuesta de creación de instalaciones de producción de biogás, con la que estamos de acuerdo) en todas las explotaciones pecuarias se deberían crear, con los apoyos e incentivos adecuados, instalaciones debidamente fiscalizadas para la recogida y el tratamiento de estiércol, aspecto que no se recoge explícitamente en el texto del informe, pero que esperamos que se introduzca mediante la aprobación de una enmienda que presentamos. 
Señor Presidente, deseo comenzar haciendo referencia muy brevemente a dos mujeres. 
En primer lugar, a mi colega Ritt Bjerregaard, que lamentablemente tuvo un accidente muy desagradable en su casa hace un par de semanas y ha sufrido heridas de cierta consideración. 
La buena noticia es que se recupera satisfactoriamente y esperamos volver a tenerla entre nosotros en breve. 
El contratiempo que está sufriendo es, en parte, la causa de mi presencia aquí esta noche para asistir a este debate fascinante. 
En segundo lugar, deseo felicitar a la Sra. Maes por su intervención inaugural. 
Hoy es su primer día en este Parlamento. 
Ha logrado intervenir a las dos horas de convertirse en diputada. 
Ha logrado hablar durante tres minutos, a pesar de que el tiempo que se le había asignado era de dos minutos, por lo que sus electores pueden sentirse muy satisfechos por el hecho de que en vez de una diputada, han conseguido una diputada y media, y estoy seguro de que es un buen presagio para el futuro. 
Le deseo mucha suerte en su carrera en este Parlamento. 
Agradezco a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y, en particular, a su ponente, la Sra. McKenna, este oportuno informe de propia iniciativa que centra la atención en la necesidad urgente de garantizar el cumplimiento de la directiva sobre nitratos de 1991. 
Según el dicho, las ruedas del Señor muelen muy despacio, pero las ruedas del Señor parecerían propulsadas por cohete si las comparamos con los procedimientos de transposición y aplicación de los Estados miembros. 
El informe destaca acertadamente la lentitud de la aplicación de esta directiva. 
Como ya dijo Ritt Bjerregaard, la Comisión considera la actual situación injustificable y completamente inaceptable. 
La resolución presentada a la Asamblea pide a la Comisión que acelere sus procedimientos de infracción, y esta noche intentaré explicar detenidamente cuáles han sido exactamente los avances realizados desde el informe sobre la aplicación. 
Parece que los Estados miembros comienzan a tomarse en serio sus obligaciones, pero aún de manera insuficiente. 
Se han corregido tres de las cinco transposiciones no realizadas; se han implantado dos de los tres códigos de buena práctica que faltaban; y se han elaborado los tres informes que faltaban. 
Pero hasta ahora, sólo dos de los siete Estados miembros sin ninguna zona vulnerable han hecho sus designaciones y sólo dos de los diez que no habían cumplido sus programas de acción- la aplicación crítica- los han establecido. 
Es evidente que el progreso realizado se debe únicamente al estricto cumplimiento y también es evidente que la actual situación es completamente inadecuada. 
La Comisión intensificará, por tanto, su estrategia. 
Se han abierto treinta y dos casos contra 13 Estados miembros- todos excepto Finlandia y Suecia -, de los cuales 9 se han cerrado debido al progreso alcanzado. 
En el caso de los programas de acción, el dictamen motivado emitido en el momento del informe ya está en manos del Tribunal de Justicia. 
Asimismo, se han emitido otros siete dictámenes motivados y tres cartas de notificación formal, muchos de los cuales terminarán este año ante el Tribunal de Justicia si no se toman las medidas oportunas. 
La Comisión también proseguirá sin pérdida de tiempo las propuestas para el pago de sanciones. 
Me consta que ni siquiera estos esfuerzos, a pesar de que son enérgicos, satisfarán del todo a algunas de sus Señorías. 
En realidad, la propia Comisaria no está del todo satisfecha con la situación, como pueden imaginarse los diputados que la conocen. 
Pero debemos esforzarnos para garantizar que los Estados miembros aplican la directiva del Consejo que ellos mismos aprobaron por votación. 
Si se muestran lentos o reacios, lo único que podemos hacer es recurrir a nuestros mejores esfuerzos, como sabrán todos los diputados de esta Asamblea. 
Algunos oradores han dicho que para que se aplique debidamente la directiva necesitamos, como Comunidad, ayudar a los agricultores con fondos adicionales. 
Francamente, a la Comisión no le convence este argumento: va completamente en contra del principio del que contamina paga. 
A pesar de que proporcionamos fondos para proyectos piloto encaminados a reducir la contaminación por nitratos, no proporcionamos ninguna financiación por cumplir con los requisitos obligatorios. 
Las medidas ambientales del sector agrícola, por ejemplo, apoyan una serie de planes contra la contaminación por nitratos, pero únicamente cuando produzcan un beneficio ambiental por encima de los requisitos de la directiva. 
Mientras tanto, apoyamos la solicitud contenida en el informe de la Srta. McKenna para que la Comisión elabore un informe anual. 
Es fundamental para identificar públicamente a los Estados miembros que se niegan a avanzar. 
Permitirá además a este Parlamento hacer un seguimiento de los procedimientos de incumplimiento. 
No obstante, creemos que una comunicación sobre la promesa de una solución efectiva- podría tener un título más acertado- al problema de los nitratos, que sugiere el informe, podría proporcionar una excusa más para retrasar la aplicación. 
Puesto que consideramos que debemos centrar firmemente toda la atención en garantizar que la directiva se aplica debidamente, somos reacios a proporcionar dicha comunicación, porque podría convertirse en otra excusa para el retraso. 
Espero que su Señoría comprenda nuestra motivación en este caso. 
La integración es otra preocupación básica, y la referencia a la misma es oportuna en vista del reciente compromiso de integración que asumieron los Jefes de Gobierno en el Consejo de Cardiff. 
Se han realizado avances considerables en la integración del medio ambiente en los Fondos estructurales, en lo que la Comisaria Wulf-Mathies ha colaborado estrechamente, como ya demuestra la propuesta de incrementar la parte proporcional que el Fondo Europeo para el Desarrollo de las Regiones destina al medio ambiente. 
Respecto a la política agrícola común, las medidas de medio ambiente en el ámbito agrícola son una prueba inequívoca de progreso. 
Desde que la actual Comisión asumió su mandato, se han realizado intensos esfuerzos para desarrollar y establecer estas medidas que incluyen ayuda a la agricultura orgánica. 
Dichas medidas dan fe de la labor del Ritt Bjerregaard y serán reforzadas en la Agenda 2000, que también continúa con el desacoplamiento de ayuda de la producción y propone nuevos instrumentos de posible interés ambiental. 
La estrategia de integración incluye también, evidentemente, la participación de los Estados miembros y de este Parlamento, así como de la Comisión. 
Acojo con satisfacción el informe como una prueba más del estrecho interés del Parlamento en una política que garantice el agua sana y potable. 
Una de las principales prioridades de la Comisaria Bjerregaard es sin duda asegurarse de que la actual legislación y la nueva política de aguas que la sigue se apliquen debidamente. 
La firme posición que el Parlamento ha adoptado y sigue adoptando sobre este asunto, como demuestra una vez el presente informe, será de gran ayuda para dicho esfuerzo de la Comisión, y tanto mis colegas como yo, expresamos nuestra gratitud por ello. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Perturbaciones endocrinas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0281/98) de la Sra. Jensen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre sustancias químicas que provocan perturbaciones endocrinas. 
Señor Presidente, sabemos que los productos químicos pueden provocar casos de envenenamiento agudo además de alergias, cáncer y daños cerebrales. 
Sin embargo, en los últimos años también se ha visto que los productos químicos pueden afectar a nuestra salud y a nuestras capacidades de reproducción lentamente, por lo que hemos de poner en duda tanto los valores límites como el modo de clasificación por grupos en el que hemos regulado los productos químicos en la UE. 
Con la directiva sobre biocidas algunos creyeron quizá que la UE había acabado de regular los productos químicos, ¡de ninguna manera! 
Por ello este informe de iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente. 
Tenemos normas para los productos químicos utilizados en la agricultura y para los productos químicos utilizados en el lugar de trabajo. 
Sin embargo, no sirve de nada limitar la regulación de los productos químicos a estos ámbitos relativamente fáciles de controlar, cuando los productos químicos influyen también en nuestro tiempo libre, en las guarderías o en otros lugares que no se rigen por las normas. 
El uso extendido de productos químicos sintéticos es un fenómeno de posguerra. 
No puedo olvidar cómo el Museo de Historia Contemporánea, sito en Berlín Oeste, celebró con una exposición a mediados de los años setenta la fabricación de la primera blusa verde clara hecha de materiales sintéticos y producida en masa. 
A lo largo de los años en los que he trabajado con la legislación química europea he intentado conseguir que los hombres que toman decisiones me prestaran atención y les he preguntado si sabían que éste era un asunto que podía influir en sus capacidades de reproducción. 
Éste ha resultado ser un argumento que ha logrado abrirles los ojos. 
En mi informe comienzo también enumerando los posibles efectos en los hombres para abordar a continuación los efectos en las mujeres y en los niños. 
La capacidad reproductora no es la única amenazada. 
Los científicos hablan de sistemas inmunitarios debilitados. 
Las cifras de esperma caen, mientras que aumenta el número de casos de cáncer de testículos y cáncer de mama. 
Las personas desarrollan formas de alergia que los incapacitan totalmente y los niños muestran dificultades de conducta que posiblemente tienen su origen en la presencia de sustancias químicas sintéticas en el medio ambiente. 
Sabemos por algunos casos graves de medicación incorrecta ordenada por el médico que ha habido embriones que han sido dañados en el vientre de la madre, y que en algunos casos los daños se manifestaron por primera vez al llegar los jóvenes a la edad reproductiva. 
Hay otros brotes de enfermedades. Está teniendo lugar una feminización dentro del mundo animal, en la que, por ejemplo, un par de gaviotas hembras se juntan en torno a una nidada de huevos estériles y experimentos con animales indican que dosis muy pequeñas en un momento muy determinado durante el embarazo pueden ser fatales y de ahí la discusión de hasta qué punto la peligrosidad radica en la dosis o en el momento de exposición. 
En los últimos tiempos, la Comisión ha presentado difusas comunicaciones en lo que respecta a la presencia de los ftalatos en los mordedores para bebés. 
En este caso, el principio de cautela tuvo por efecto prohibiciones nacionales, pero ninguna regulación comunitaria común. 
La tendencia apunta a los valores límites, aunque esto sea tan discutido en estos casos, y prácticamente no hay ejemplos de que la Comisión cumpla el requisito del tratado de emplear el principio de cautela. 
La Comisión ha admitido el pasado mes que la evaluación de riesgos no funciona y no cabe más que estar de acuerdo en esto cuando sólo una parte insignificante de los 100.000 productos químicos que ya se comercializan han pasado una evaluación sanitaria o medioambiental. 
Este sistema no funciona y por ello el informe de la Comisión de Medio Ambiente va encaminado hacia la clasificación por grupos. 
Además, nos preguntamos si lo más obvio no sería dar la vuelta a la carga de la prueba y así quien quiera comercializar las sustancias, muestre también la inocuidad de éstas. 
De esta forma la industria dispondrá de un estímulo bastante mayor para examinar e informar sobre sus propios productos. 
Las disposiciones del Tratado de Amsterdam sobre la sostenibilidad y el énfasis en el principio de cautela posibilitan intervenir en interés de la salud y del medio ambiente, teniendo estos principios prioridad en la aprobación de productos químicos individuales o tipos de productos. 
Nosotros proponemos, en consecuencia, que la Comisión presente una lista de las sustancias que pueden perturbar las hormonas. 
La Comisión debe examinar toda la legislación comunitaria para ver si disponemos de los recursos suficientes para intervenir ante las sustancias que perturban las hormonas. 
La Comisión debe hacer uso de su sistema de evaluación de riesgos en esta importantísima lucha y utilizar de modo consecuente la clasificación por grupos. 
La Comisión debe hacer propuestas sobre el cambio de la carga de la prueba. 
La Comisión debe apoyar la investigación en campos prioritarios como estudios a largo plazo de la calidad del esperma y apoyar la investigación sobre el motivo del aumento en los casos de cáncer de mama y cáncer de testículos. 
La UE debe utilizar el principio de cautela y por ello contemplar la eliminación de las sustancias que al mismo tiempo sean cancerígenas, provoquen alergias o irriten las vías respiratorias. 
Cuando este informe fue tramitado en la Comisión de Medio Ambiente, obtuvimos algunas respuestas muy poco satisfactorias de los funcionarios de la Comisión, por lo que espero que las respuestas de esta tarde sean más claras. 
Señor Presidente, Señorías, los perturbadores endocrinos son sustancias que actúan principalmente imitando la acción de las hormonas naturales o interfiriendo con su metabolismo. 
Se trata en particular de los plaguicidas y de determinados medicamentos. 
Por mi parte, dudo en apoyar sin reservas al ponente, aunque se haya dedicado a un tema especialmente difícil. 
¿Por qué? 
Porque los datos científicos siguen siendo contradictorios y requieren un análisis detenido y un planteamiento experimental riguroso e independiente. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Investigación, yo insistiría en la ausencia de una relación directa científicamente demostrada entre la exposición a los disruptores endocrinos y los efectos sobre la salud. 
De ahí la importancia de que se realicen estudios epidemiológicos en profundidad sobre las poblaciones expuestas, a fin de precisar el riesgo de posibles cánceres, las perturbaciones endocrinas en la mujer, la influencia sobre la tasa de fertilidad en el hombre, basada no en el recuento de espermatozoides tal como aparece en todos los estudios actuales y que depende de variaciones individuales o estacionales, sino basada en la calidad del esperma. 
De ahí la necesidad, asimismo, de unos estudios experimentales realizados en laboratorio para investigar los efectos sinérgicos entre varias sustancias, con miras a demostrar un relación dosis-efectos, que es la única manera de demostrar la existencia de una relación directa entre los disruptores endocrinos y sus efectos sobre la salud. 
En este caso, el recurso al principio de cautela debe ir unido al principio del examen de experiencias y conducir al establecimiento de un sistema de vigilancia. 
Esta es la óptica desde la que he presentado varias enmiendas cuyo objeto es conseguir una mayor coordinación de las iniciativas nacionales en materia de investigación, la creación de una red de investigación conectada con el CCI y una mayor comparabilidad de los resultados gracias a un sistema de clasificación que permita la prevención necesaria en función del grado de exposición. 
Aparte de las enmiendas lingüísticas referidas a las recomendaciones nos. 7, 29 y 31 del ponente, yo presentaría una enmienda oral sobre la recomendación nº 28 del ponente, cuyo fin es poner de relieve la existencia de una relación dosis-efectos, paso indispensable para no limitarse a simples argumentos de presunción y para adoptar las medidas que se impongan en virtud de unos argumentos experimentales objetivos e independientes. 
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, en su opinión sobre este sensible tema, se ha limitado conscientemente a las sustancias nocivas de origen agrícola. 
Se trata de sustancias fitosanitarias que con frecuencia han llamado ya la atención a causa de otros daños sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. 
La comisión especifica en su informe una lista de 25 productos fitosanitarios, autorizados en la Unión, que se hallan bajo sospecha de que dañan el sistema hormonal de los seres humanos y de los animales. 
En otras 4 sustancias, entre ellas la Atracina y el Diurón, se ha demostrado ya de forma inequívoca un efecto hormonal. 
Tales sustancias deben ser retiradas inmediatamente de la circulación. 
Debemos actualizar rápidamente los procedimientos de autorización de los pesticidas e introducir un examen de compatibilidad con el medio ambiente con relación a estos efectos hormonales. 
Nuestra comisión ha exigido que en el procedimiento de examen de compatibilidad con el medio ambiente no sólo se comprueben las sustancias pesticidas activas, sino también sus residuos y sustancias adicionales. Efectivamente, precisamente las sustancias adicionales, como suavizantes y emulgentes, son conocidas en otros ámbitos de la industria química por su efecto nocivo sobre el sistema hormonal. 
Es asombroso que en el ámbito de los pesticidas la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural plantee unas exigencias más estrictas que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Espero que el Pleno acepte las enmiendas que hemos presentado de nuevo para que después del urgente endurecimiento de los procedimientos de autorización se restrinja la difusión, tan extendida, de las sustancias con efectos hormonales nocivos. 
Quiero instar a la Comisión y a los Estados miembros a que en caso de duda actúen con arreglo al principio de precaución y a que retiren del mercado los pesticidas con efecto hormonal. 
Permítanme unas palabras dirigidas a mi colega, el Sr. Pompidou. 
A veces tengo la impresión de que antes de pasar a actuar tenemos que investigar hasta la muerte. 
No es comprensible que no reaccionemos hasta que el niño se haya caído ya al pozo. 
De ahí mi sugerencia a la investigación de que nos apoye con más rapidez en esto. 
Realmente, no puedo menos que celebrar el informe de la Sra. Jensen. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Socialistas deseo, en primer lugar, respaldar las observaciones que ha hecho la ponente. 
Nos ha presentado una evaluación muy clara de los peligros que supone esta nueva amenaza química. 
Una vez más, en nombre de los Socialistas, quiero decir que votaremos a favor de este informe mañana y esperamos que se emprendan medidas a nivel de la Unión Europe sobre los productos químicos que imitan a las hormonas y que, como se ha demostrado, causan todo tipo de extraños problemas de salud y de reproducción en peces, aves y otros animales salvajes. 
Estos productos químicos llamados disruptores endocrinos- no moduladores endocrinos, como algunos quieren que se les conozcan- están presentes en muchos plásticos diferentes y muchos otros productos, entre los que se incluyen los envoltorios de alimentos, pinturas y pesticidas. 
Ciertamente se teme- y existen investigaciones científicas serias que lo apoyan- que dichos productos químicos sean responsables de la aparente disminución de la calidad del esperma entre los hombres de muchos países occidentales. 
Sus efectos a largo plazo podrían ser incluso más graves, como hipospadias y testículos retenidos, además de toda una serie de problemas de reproducción tanto en hombres como en mujeres, sobre lo que debemos tomar medidas ahora. 
Muchos de los productos químicos que pueden estar en el origen de este problema aún no han sido debidamente analizados. 
Desconocemos su verdadero poder o sus repercusiones. 
Los efectos más importantes conocidos hasta ahora parecen ser durante el período de desarrollo del feto, más que en los adultos. 
Los efectos que hemos presenciado en el entorno natural tendían a aparecer en el agua y afectar a peces, moluscos, algunas aves y otros animales que se alimentan de la fauna marina. 
Pero eso no es ninguna excusa para no adoptar el principio cautelar y tomar medidas para proteger la vida humana ahora. 
Por este motivo, en nombre del Grupo de los Socialistas, espero que la Comisión Europea atienda a las peticiones contenidas en este informe, elabore una lista de sustancias que se sabe que son imitadoras de las hormonas, comience a eliminar gradualmente dichas sustancias o reduzca a un mínimo su utilización, comience a analizar la legislación sobre el control de la contaminación y la legislación sobre la calidad del agua para garantizar que esas sustancias se reducen a un mínimo o son erradicadas completamente del medio ambiente, y que dedique realmente algunos esfuerzos a un programa de investigación que estudie los auténticos mecanismos de la disrupción endocrina. 
Por último, debemos reconocer que estamos limitados y no disponemos de ninguna prueba aceptable de reconocimiento internacional que identifique la actividad imitadora de hormonas de los productos químicos. 
Éste es un tema clave sobre el que la Comisión debe trabajar y que debe impulsar cuanto antes, junto con los investigadores norteamericanos y japoneses. 
Los efectos a largo plazo de estos productos químicos son ciertamente muy graves en base a los datos de que disponemos. 
Son difíciles de predecir, pero en base a los efectos que tienen sobre los seres vivos con ciclos de vida mucho más cortos que los seres humanos, resulta evidente que deberíamos estar seriamente preocupados y dispuestos a adoptar medidas. 
El Parlamento continuará exigiendo a las demás instituciones comunitarias que se emprendan medidas, que se realice un esfuerzo internacional para atajar lo que a todas luces es un problema mundial. 
La Unión Europea se encuentra en una posición ideal para iniciar dicha acción. 
Hacemos un llamamiento a la Comisión para que tome medidas. 
Señor Presidente, creo que es importante, ante la opinión pública, que repitamos una vez más que se trata de un informe de iniciativa de este Parlamento, y este Parlamento no es un órgano científico, sino político, y lo que hacemos es transmitir nuestra preocupación a la Comisión Europea para que estudie si esta preocupación que hay en el ambiente está fundamentada o no. 
Y ésta es la primera aclaración que hay que hacer. 
En segundo lugar, comparto las aclaraciones y comentarios que ha hecho el colega Pompidou: no podemos transmitir los mismos a la población sin que estén suficientemente justificados científicamente. 
Tampoco podemos transmitir, a través de nuestro debate, porque nos sean temas más queridos y que hemos tratado en otras ocasiones, toda la culpa, o una gran parte de ella, a los pesticidas. 
Sin embargo, sí es importante que instemos, diríamos que con cierta premura, a la Comisión a que ponga en marcha todos sus mecanismos. 
Por supuesto el Quinto Programa Marco de acción debería acoger alguna acción en este sentido. 
Y yo creo que tampoco podemos dejar de indicar que existen equipos de investigación independientes en la Unión Europea que están trabajando en estos temas hace bastantes años. 
Soy profesor de la Universidad de Granada y me consta que en la Facultad de Medicina de Granada, desde hace más de diez años, hay un excelente equipo de investigación trabajando en estos temas y sobre unos productos que no se mencionan en la resolución, que son productos que entran a formar parte de tratamientos de ortodoncia. 
Dicho esto, creo que tampoco, en una resolución, podemos hacer afirmaciones de carácter general sobre los efectos negativos de las sustancias químicas, porque al final son estas denuncias genéricas lo que queda. 
Tenemos que pensar que también hay muchas sustancias químicas que son muy positivas. 
Sin ir más lejos, en estos días, los premios Nobel que se han concedido en el ámbito de la Medicina han sido por el descubrimiento de los mecanismos de un producto tan tradicional como la nitroglicerina, que se venía utilizando- y usted, señor Presidente, de esto sabe mucho- desde hace bastantes años; y los mecanismos por los cuales actúan estos productos en la pared de los vasos sanguíneos han sido un importante descubrimiento en las últimas décadas. 
Por lo tanto, no podemos cargar las tintas de forma genérica en los productos químicos en general. 
Lo que sí es muy importante es el apartado 35 de la resolución de nuestra ponente, en el que se pide a la Comisión Europea que revise los procedimientos de salida al mercado de los productos químicos con esta intencionalidad. 
Esto sí, creo yo, que es una conclusión muy importante. 
Señor Presidente, quisiera intervenir por una cuestión de procedimiento, para evitar que cualquiera se aproveche de la interpretación. 
Mi colega Valverde López ha hecho alusión al NO, que es de hecho el monóxido de nitrógeno. 
Los intérpretes, sin ser culpa suya, lo han traducido por «nitroglicerina» , que es un peligroso explosivo. 
Hay que decir muy claramente que es el monóxido de nitrógeno el que está en el origen del premio Nobel, y no la nitroglicerina. 
Señor Pompidou, el Parlamento no es un centro científico, es un órgano político. 
Señor Presidente, se utilizan más de 100.000 productos químicos sintéticos, pero sólo una fracción de éstos ha sido analizada sobre sus efectos de disrupción endocrina. 
Algunos de los que han sido examinados han sido prohibidos en occidente, pero se siguen utilizando en países en desarrollo. 
Porque destruyen las células que producen hormonas naturales. 
Deterioran las funciones reproductivas. 
Afectan al peso y a la temperatura del cuerpo. 
Y lo que es más importante, sabemos que tienen efectos que se transmiten de madre a hijo. 
Los encontramos en las emisiones industriales, en pesticidas, detergentes, plásticos, productos enlatados y en artículos para el aseo personal. 
Conocemos sus efectos sobre animales. 
En los Grandes Lagos se han visto afectadas unas 16 especies. 
En el Reino Unido, como ha señalado el Sr. Bowe, se han visto afectados peces y caracoles. 
En los Estados Unidos se han visto afectados los caimanes. 
Existen vías de exposición de los humanos a dichos productos químicos. 
A través de la matriz, de la leche materna, al beber agua contaminada, la absorción a través de la piel de champús, etcétera y de la inhalación e ingestión de pulverizadores pesticidas. 
No disponemos de pruebas firmes de que afecten a los humanos, pero existen muchos indicadores como la disminución de la calidad del esperma y el aumento de cáncer de testículo y de mama. 
En diciembre de 1996, la Comisión afirmó que no existía motivo de alarma. 
Los Demócratas Liberales de esta Asamblea apoyan este informe y, en particular, el llamamiento de que se adopte un enfoque de cautela, la petición de más investigaciones y de sus implicaciones sobre el presupuesto para el Quinto programa marco y la necesidad de cooperación internacional. 
Felicitamos a la Sra. Jensen por esta iniciativa. 
Creemos que tenemos el deber respecto a futuras generaciones de actuar ahora y garantizar que no se sigue extendiendo la utilización de dichos productos químicos. 
Señor Presidente, estimados colegas, nosotros queremos felicitar también a la Sra. Jensen por su informe. 
Es importante que el Parlamento Europeo haya emprendido, por fin, una iniciativa, pues me parece que la Comisión ha escondido su cabeza debajo de la arena e ignora los problemas. 
Lo que nosotros necesitamos es que se actúe por fin a nivel europeo y tanto más cuanto que la situación de los datos es más que alarmante. 
Cada vez nos llegan informaciones más impresionantes. Así, por ejemplo, se sabe entretanto que los suavizantes pueden penetrar también en la cadena alimentaria pues pueden ser absorbidos en los productos alimentarios ricos en grasas. 
Conocemos también las noticias alarmantes acerca de que estas sustancias endocrinas son cancerígenas. 
Somos conscientes de que necesitamos abandonar de una vez el PVC a nivel europeo. 
Considero también escandalosa la manera con que la Comisión trata el material de datos sobre ftalatos en los juguetes infantiles. 
Aunque se sabe desde febrero que al menos hay tres sustancias que son altamente tóxicas la Comisión no ha emprendido ninguna iniciativa. 
Por el contrario, se realizan manipulaciones en los resultados de la investigación o, mejor dicho, se modifican los métodos de investigación para que la Comisión no actúe. 
Esto es más que malo, pues aquí se deja de lado el principio de precaución y porque aquí se pone en juego de manera negligente la salud de los niños. 
Por esta razón, yendo más allá del informe de la Sra Jensen, hemos exigido que estos ftalatos altamente tóxicos sean retirados del mercado inmediatamente. 
Existen alternativas a éstos, de manera que no los necesitamos. 
Quisiera indicar también en este momento a los colegas que solicitaremos una votación nominal sobre esto, pues es muy importante que aumentemos ahora la presión en este sentido sobre la Comisión. 
Y vamos a exigir- y esto es esencial para nosotros- que hasta que se consiga abandonar el PVC, se prescriba una etiqueta para estas sustancias para que los consumidores puedan informarse, al menos, sobre los peligros y nosotros logremos así que la presión sobre la industria para que busque alternativas sea más fuerte aún. 
Señor Presidente, durante mi niñez en la Austria ocupada por las cuatro potencias no sólo había que mostrar un salvoconducto cuando había que ir de un sector a otro, sino que al regreso, si se vivía, como yo, en el sector norteamericano, se era fumigado siempre con DDT, muchas personas varias veces al día. 
Entonces se veía solamente a corto plazo que el DDT mataba las pulgas, los piojos y los demás insectos que había en Europa después de la guerra. 
Lo que no se pensó entonces, y hoy no siempre se tiene en cuenta suficientemente, es que junto a un efecto a corto plazo de los productos químicos existe también otro efecto a largo plazo. 
Por esta razón, quiero dar las gracias a la Sra. Jensen por su informe, porque ha llamado la atención del Parlamento, la atención de la opinión pública y también, como espero, señor Comisario, la atención de la Comisión, sobre el hecho de que pensar a corto plazo en el ámbito de la autorización de los productos químicos constituye un error y que con frecuencia sólo tras algunos años, quizá incluso después de decenios, podemos advertir qué modificaciones se han producido en el medio ambiente, en los animales y, finalmente, también en los seres humanos por el empleo de productos químicos. 
Hoy muchos de estos productos químicos de hace treinta o cuarenta años están prohibidos. 
Muchos otros están aún ahí y no disponemos de los métodos para comprobarlos, ni de un etiquetado adecuado para muchas cosas, ni disponemos- algo que es mucho más importante, pues muchas cosas se transmiten a través del viento o del agua- de los acuerdos internacionales necesarios para abandonar los productos químicos. 
Sobre los productos químicos difícilmente eliminables se está negociando actualmente a nivel internacional con el fin de lograr una lista por medio de la cual se pueda planificar un abandono rápido. 
Yo instaría a la Comisión a que esta lista permanezca provisionalmente como una lista abierta y que se le puedan añadir aquellas sustancias que todavía están siendo investigadas ahora y cuyos efectos nocivos sobre el sistema endocrino de los animales o probablemente también sobre los seres humanos sean constatables. 
Tenemos en la Unión el principio de cautela que es profesado en muchos discursos y en muchas declaraciones de labios para afuera. 
Ahora se trata de transponer realmente este principio de cautela a la legislación relativa a la seguridad en el puesto de trabajo, a la seguridad de los consumidores y a la seguridad de nuestro medio ambiente, y se trata, sobre todo, de reforzar la investigación pues las consecuencias para la salud que hoy ya se pueden observar, seguramente con algo más de investigación podrán ponerse absolutamente en consonancia con lo que hoy prescribe ya el principio de precaución. 
Señor Presidente, Señorías, muchos estudios han puesto de manifiesto que la introducción en el medio ambiente de determinadas sustancias químicas, entre las 100.000 que se conocen, puede provocar consecuencias muy preocupantes para los animales, así como para el ser humano al alterar el funcionamiento del sistema endocrino. 
Dichas sustancias como, por ejemplo, los pesticidas, el DDT y sus derivados- productos industriales, medicamentos- y las sustancias contaminantes en general, consideradas nocivas o presuntamente perjudiciales por el Convenio sobre la protección del medio ambiente marino del Atlántico nororiental (Convenio OSPAR) o por el grupo de trabajo de la OCDE, actúan imitando la acción de las hormonas naturales y, en consecuencia, alteran el equilibrio natural de los organismos. 
En el ámbito de los conocimientos actuales se han comprobado fenómenos preocupantes: peces que durante su ciclo vital cambian de sexo, aumento notable de la esterilidad en el ser humano debida a la fuerte reducción del número y la calidad de los espermatozoides, difusión sin precedentes de disfunciones del tiroides y de otras glándulas internas en amplias capas de la población, así como efectos cancerígenos para las personas. Se ha constatado un aumento, de otro modo inexplicable, del cáncer de testículos y de próstata. 
Los expertos, sin embargo, no se han mostrado unánimes a la hora de establecer una relación directa entre la exposición a estas sustancias y dichos fenómenos. 
Por tanto, teniendo en cuenta los estudios existentes a escala internacional sobre este tema, es necesario elaborar una estrategia de investigación a escala europea tendente a profundizar los conocimientos no solo sobre la calidad del esperma, sino sobre el sistema nervioso, las variaciones y los efectos de dichas sustancias en el sistema de las glándulas internas del ser humano y las consiguientes alteraciones de la calidad y cantidad de hormonas producidas. 
En consecuencia, es preciso que la Comisión garantice que todo producto químico vaya etiquetado de forma fácilmente comprensible en lo que a su contenido de sustancias extrañas al medio ambiente se refiere, y asegure que se indique la clase de riesgo. 
Y termino congratulándome con la ponente, Sra. Jensen, del excelente trabajo realizado y confiando en que la resolución se apruebe por amplio consenso. 
Señor Presidente, señoras y señores, indudablemente nuestra colega, la Sra. Jensen, tiene el mérito de haber abordado un importante planteamiento y de haberlo llevado adelante con buenas propuestas. 
Sin embargo, el manejo de este planteamiento es difícil, ya que la base empírica, es decir, el conjunto de datos, no es simplemente chocante, como afirma nuestra colega, la Sra. Breyer, sino que es francamente contradictorio y flojo. 
Éste es el problema. 
Por eso, investigar y coordinar la investigación es una tarea prioritaria en este punto. 
Me parece que para la Unión Europea- lo ha dicho ya nuestro colega, el Sr. Valverde López- lo más importante es que en el quinto programa marco se establezcan las oportunas prioridades de investigación. 
Como ponente de este programa específico voy a apoyar esto y espero que no sea cierto que el Consejo, tal como se dice, no haya decidido ya los programas específicos, aunque el programa marco no haya entrado aún en vigor. 
El Centro de Investigación Común de la Comunidad podría desempeñar la función de centro de coordinación y de dirección de esta investigación y podría prestar asesoramiento en la creación de una red europea de investigación. 
Por lo demás, es urgentemente necesario que la Comisión, de acuerdo, a ser posible, con la OCDE, presente una definición provisional de los factores disruptivos del sistema endocrino a fin de mejorar de manera decisiva la comparabilidad de los datos empíricos. 
Por esta razón, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía ha elaborado con gran cuidado su opinión, y lamento que su aceptación por parte de la comisión competente para el fondo se realice de manera poco decidida. 
Quiero dar las gracias a nuestro colega, el Sr. Pompidou, por haber reintroducido una serie de propuestas, a mi juicio, muy buenas, que nosotros habíamos realizado. 
En nuestra opinión, ya es hora de realizar esfuerzos coordinados de investigación. 
En este ámbito el accionismo resulta contraproducente tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ecológico. 
Deberíamos cuidarnos de practicarlo, aunque debemos actuar. 
Señor Presidente, estimados colegas, las sustancias químicas que van a parar al medio ambiente podrían constituir una posible causa de las disrupciones del sistema endocrino. 
Por consiguiente, es absolutamente necesario analizar los productos químicos en relación con sus efectos sobre el sistema endocrino. 
En caso de resultar peligrosos, la consecuencia ineludible deberá ser su prohibición o su sustitución. 
Sin embargo, es importante que tales medidas de precaución o tales contramedidas puedan apoyarse en una evaluación del riesgo que esté científicamente fundamentada. 
No obstante, en este momento no se puede hablar de una prueba científicamente segura en lo que respecta a los efectos de las sustancias químicas sobre el sistema endocrino. 
En las enmiendas que he presentado en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, así como en la Comisión de Derechos de la Mujer, he intentado poner adecuadamente el acento. 
Así, a mi juicio, la Comisión debería elaborar una estrategia de investigación que ayude a remover la inseguridades que existen en el ámbito de los factores disruptivos del sistema endocrino. 
Las medidas que se apoyen únicamente en presuntos nexos causales tienen necesariamente una eficacia dudosa. 
Por esta razón, soy partidaria de mantener la cabeza fría a pesar de todas las preocupaciones. 
Nuestra divisa debería ser, no caer en la pura acción, sino invertir nuestras energías en la ampliación de nuestra base científica. 
Sobre esta base, obtenida así, podremos actuar después de manera finalista en la protección de la salud. 
Debemos seguir esta manera de proceder en atención a los ciudadanos adultos de la Unión Europea a los cuales no queremos amedrentar, sino informar, y la protección de cuya salud debe ser nuestro objetivo prioritario. 
Señor Presidente, deseo comenzar expresando el agradecimiento de la Comisión por la iniciativa del Parlamento de abordar el tema de la disrupción endocrina y por el trabajo de la ponente, Sra. Jensen. 
Asimismo deseo asegurar a la Asamblea que la Comisión comparte las preocupaciones manifestadas aquí a lo largo del debate, así como en el informe de la Sra. Jensen. 
Esta claro que los científicos deben investigar las sospechas relativas a los efectos nocivos para la salud pública y otros seres vivos de la exposición a determinados productos químicos para obtener más información esencial. 
También los políticos comprometidos con el principio de cautela deben evaluar dichas sospechas. 
Por ello, la Comisión propondrá una estrategia para abordar el tema de los disruptores endocrinos, y se declara dispuesta a aceptar las líneas generales de esta propuesta de resolución que defiende un incremento de la investigación de cara a mejorar el marco legislativo, la publicación de la información y la participación en los esfuerzos internacionales para resolver el problema. 
Como pone de manifiesto el informe de la Sra. Jensen, es evidente que la investigación es vital, si queremos ampliar nuestros conocimientos sobre este fenómeno de la disrupción endocrina. 
La Comisión está trabajando estrechamente con los Estados miembros y la OCDE para ayudar a desarrollar un enfoque armonizado para la realización de análisis y pruebas de los productos químicos que causan disrupción endocrina. 
Asimismo, se ha comenzado a financiar proyectos dentro del Cuarto programa marco sobre I+D, como se ha señalado en el debate, y este tema figurará entre las prioridades del Quinto programa marco, que se iniciará en breve. 
La Comisión desempeña además un papel clave en la tarea de reunir a investigadores de diferentes proyectos para que intercambien información y coordinen sus actividades. 
Desde el punto de vista de la regulación, será necesario, naturalmente, que la política se base en el debido asesoramiento científico y que se proporcionen los medios para responder con rapidez y eficacia a las preocupaciones específicas cuando de repente empiecen a aparecer pruebas. 
La Comisión, por consiguiente, puede apoyar las peticiones de la propuesta de resolución de examinar la suficiencia de la actual legislación y, en caso necesario, adaptarla convenientemente para abordar el tema de la disrupción endocrina. 
De forma similar, sobre la base del principio de cautela, prevemos la necesidad de consultar a los comités científicos de la Comisión para que emitan una opinión científica independiente en los casos de exposición directa o indirecta del consumidor a productos químicos que pudieran ser disruptores endocrinos. 
Los comités científicos, naturalmente, tienen la función de proporcionar una opinión científica independiente y no la de coordinar las actividades reguladoras de los Estados miembros. 
Continuando con el tema de la mejora del marco legislativo, existen varios conceptos, como los propuestos para etiquetar los requisitos y para la evaluación de riesgos, que están siendo contemplados activamente en el marco de la política global sobre productos químicos. 
Hay que recordar también que uno de los requisitos para emprender acción legislativa es llegar a un acuerdo sobre los métodos de prueba, como la enmienda presentada a la Directiva 91/414 sobre los productos fitosanitarios, y el establecimiento de una lista definitiva de sustancias disruptoras endocrinas. 
En el contexto internacional, existe la clara necesidad de coordinación para aunar recursos, evitar duplicación de los trabajos y facilitar la armonización de cualquier acción reguladora, sin olvidar tener en cuenta los factores del comercio internacional. 
Con este fin, en junio del presente año, la Comunidad Europea suscribió un protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes en el maco del Convenio ECE de 1979 relativo a la contaminación atmosférica transfronteriza prolongada. 
La Comunidad participa actualmente en las negociaciones para crear un instrumento global sobre los POP. 
La Comisión también está desarrollando un papel activo en varias iniciativas internacionales relacionadas con la investigación, junto con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, el PNUMA, la OCDE y con representantes de los Estados Unidos de América y Japón, bajo los auspicios del Foro intergubernamental sobre la seguridad de los productos químicos. 
Asimismo, en el marco del Acuerdo de coordinación científica y tecnológica entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que fue suscrito recientemente, se ha identificado la disrupción endocrina como uno de los cuatro proyectos prioritarios. 
Como espera la Asamblea, la Comisión apoya el llamamiento que hace el informe de la Sra. Jensen a favor de una comunicación pública efectiva. 
Naturalmente, la percepción de los riesgos por parte del público difiere a veces de aquélla de la comunidad científica y, en el caso de los disruptores endocrinos, la inquietud del público puede deberse, en cierta medida, a una falta de información clara y exhaustiva sobre el fenómeno, así como sobre las medidas que se están llevando a cabo para subsanarlo. 
Por consiguiente, será necesario hacer pública información fiable a través de los canales apropiados de una manera más eficiente y eficaz, como recomienda el informe. 
Por último, deseo asegurar al Parlamento que la Comisión analizará recomendaciones para acciones a corto, medio y largo plazo que aborden los puntos principales planteados en la propuesta de resolución. 
Reitero mi agradecimiento a la Asamblea y a la Sra. Jensen por proporcionar un informe de gran calidad y la oportunidad de estudiar un tema de creciente importancia, no sólo en esta Asamblea, sino también, espero, entre la amplia opinión pública que, por razones obvias, se muestra muy interesada en este tema. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Biodiversidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0347/98) del Sr. Sjöstedt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una estrategia de la Comunidad Europea en materia de biodiversidad (COM (98) 0042- C4-0140/98- SEC (98) 0348- C4-0155/98). 
Señor Presidente, el empobrecimiento de la biodiversidad es uno de nuestros grandes problemas medioambientales que tenemos que resolver. 
Desgraciadamente, hoy no existen indicios de que las amenazas directas o indirectas a las plantas y a los animales vayan a disminuir. 
Por el contrario, hoy nos encontramos en una situación enormemente grave en esta materia. 
Para enfrentar estos problemas se ha creado dentro de la ONU el Convenio sobre Biodiversidad, que ha sido firmada tanto por los quince Estados miembros de la Unión como por la propia Unión. 
Todos los Estados miembros de la Unión trabajan hoy con planes de acción especiales para intentar cumplir con las numerosas obligaciones contenidas en la convención. 
Esos planes de acción tienen diferente carácter, pero todos los países están trabajando con ellos. 
Lo que ahora tenemos frente a nosotros es la propuesta de la Comisión para una estrategia política de la UE a fin de cumplir con las obligaciones de la convención. 
Mi informe es la respuesta a esta comunicación. 
Se puede decir que la competencia está compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea. 
Como base de este informe, como su hilo conductor, está la idea de que hay que integrar los argumentos sobre la biodiversidad en otros campos políticos. 
Quisiera subrayar la importancia de esto puesto que la sola protección de algunos sectores- aunque cumplamos con la directiva Habitat y otras cosas de suma importancia- son totalmente insuficientes para alcanzar el nivel de exigencias contenido en la convención. 
En la comunicación se propone el establecimiento de planes especiales de acción en cinco sectores. 
Se trata de los recursos naturales- incluidas la directiva Habitat y la «directiva aves» -de la agricultura, de la pesca, de la política regional y planificación física y de la cooperación al desarrollo. 
A grandes rasgos, creo que la comunicación de la Comisión es buena. 
Es de buena calidad, se proponen buenas medidas, se presenta una buena orientación, pero, al mismo tiempo, es bastante general. 
Cabe decir que lo difícil viene ahora cuando se ponga en práctica. 
Se puede decir que en política hay dos maneras de no hacer las cosas. 
Una de ellas es decidirse a no hacerlas y la otra es decidirse a hacerlas pero, aún así, no hacerlas. 
Aquí hay un evidente riesgo, viendo otros aspectos del trabajo de la Comisión, de que llegue a ser muy difícil pasar de la palabra a la acción y asumir las consecuencias de lo expresado aquí. 
Por eso, opino que son importantísimas la propia forma de proceder, es decir, cómo se va a trabajar con esto en el futuro y la realización de una verdadera evaluación. 
Es preciso que los planes de acción que ahora se aprueben sean enormemente concretos, que se incluyan plazos, por ejemplo, en relación con determinadas especies particularmente amenazadas. 
También es necesario que se hagan programas de acción completos. 
En la comunicación de la Comisión echamos en falta al menos dos cosas, esto es, que no se considera necesario hacer planes de acción tanto para los transportes como para la energía. 
En este contexto, se alude al trabajo sobre los aspectos climáticos y sobre la lluvia ácida, pero no es suficiente. 
Yo, como ponente, y la comisión por unanimidad, queremos tener también planes de acción para estos dos sectores. 
Además, queremos que la Comisión informe de vuelta al Parlamento Europeo para que no tengamos solamente la posibilidad de observar sino también de influir en el trabajo futuro que se deberá evaluar continuamente. 
También quisiéramos que cuando se discutan los planes de acción, se haga en un procedimiento abierto a influencias de movimientos ecologistas y a expertos nacionales. 
En relación con esto, tengo dos preguntas directas para el Comisario. 
La primera se refiere a la información. 
¿Qué influencia tendrá el Parlamento en los planes de acción, van a volver a nosotros para que podamos ejercer nuestras influencias? 
La otra pregunta se refiere al sector de los transportes y la energía. 
¿Están ustedes preparados para elaborar también planes de acción en estos sectores? 
Si ahora miramos un poco hacia el contenido político, el principal problema de la política de la UE en esta materia es que grandes sectores de la política de la Unión en aspectos clave, por ejemplo las redes de transportes y la política pesquera, afectan actualmente a la biodiversidad. 
Muchas cosas que hacemos son directamente dañinas si las comparamos con las obligaciones que emanan de la convención. 
Obviamente, la principal misión tiene que ser enmendar esta política. 
En relación con la ampliación de la UE tenemos una responsabilidad especial. 
Sabemos que muchas regiones en Europa del Este gozan hoy de una riquísima biodiversidad. 
La mayor riqueza europea se encuentra hoy en países que solicitan su adhesión a la UE. 
También hay riesgos relacionados con la integración. 
El hecho de que esos países tengan una biodiversidad tan rica depende, en parte, de sus bajos niveles de desarrollo, por ejemplo en agricultura. 
Uno de los grandes riesgos es que cuando los países tengan que reformar su política industrial, lo que conllevará enormes y drásticos cambios para muchos de ellos, la biodiversidad podrá verse gravemente afectada. 
Tendremos que ser muy cuidadosos para que esto no ocurra. 
Creemos, además, que también hay que tener más cuidado con las inversiones en infraestructuras, por ejemplo, la forma como el BEI presta dinero a los países miembros. 
También queremos que se tomen en cuenta diferentes partes del informe en distintas materias, que no me es posible tratar aquí. 
Señor Presidente, los millares de formas de vida, esta sorprendente variedad es la consecuencia de la biodiversidad que ha creado la propia naturaleza viviente en una de sus expresiones más importantes. 
Constituye la quintaesencia del equilibrio dinámico de las distintas formas de vida y de los distintos ecosistemas. 
Es también una fuente importante de riqueza económica y está en relación directa con la calidad de vida del ser humano porque afecta a su entorno cotidiano y a sus posibilidades de ocio y también forma parte de su patrimonio natural. 
Desgraciadamente, las leyes físicas que crearon un equilibrio dinámico de las formas de vida en nuestro planeta han sido violadas por las múltiples actuaciones de los hombres. 
Estas actuaciones humanas han acelerado en los últimos años la disminución de la biodiversidad. 
Con todo, tenemos posibilidades de intervenir favorablemente; pero hacen falta incentivos para localizar y neutralizar las distorsiones en muchos ecosistemas. 
Es preciso definir la estrategia para la gestión de la biodiversidad, tanto a nivel comunitario como mundial, para lograr una coexistencia armoniosa entre el desarrollo económico y la biodiversidad. 
Por otra parte, este es un elemento fundamental básico del modelo del desarrollo sostenible que fomenta la Comunidad, pero también deriva del Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. 
En el marco de la Agenda 2000, la incorporación de esta estrategia a las distintas políticas de la Comunidad es de importancia primordial. 
En líneas generales, la política se desarrolla en cuatro ejes temáticos. 
Primer eje, la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. 
La conservación de los ecosistemas y de las especies en su medio natural es condición sine qua non. 
Naturalmente, la protección debe darse también en las regiones no protegidas, con la aplicación de medidas, tanto in situ como ex situ. 
El reparto de los beneficios resultantes de la utilización de recursos genéticos es el segundo eje. 
La creación de un marco jurídico y, paralelamente, la protección del uso y del desarrollo de los recursos genéticos es un incentivo importante encaminado al reparto de los beneficios resultantes de la utilización de estos recursos. 
Paralelamente deberá analizarse también la adopción de medidas financieras positivas y disuasorias. 
Terminando, señor Presidente, añadiría el tercer eje: investigación, supervisión e intercambio de información, y el cuarto: educación, formación y sensibilización. 
Concluyendo, el objetivo general será poner de relieve la importancia de la biodiversidad para el futuro de la humanidad como fuente de riqueza, tanto económica como ecológica, y principalmente como un componente de la vida en nuestro planeta. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, la presente comunicación de la Comisión sobre un plan de acción para la conservación de la biodiversidad dice muy poco sobre el ámbito de la pesca. 
Por esta razón, la Comisión de Pesca presentó a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor las siguientes conclusiones para que las incluyera en su resolución. 
Así, pues, la Comisión de Pesca insta a la Comisión a crear un grupo científico de trabajo, cuya función ha de ser la de elaborar un plan de acción para el estudio de las interrelaciones entre la pesca y el ecosistema marino. 
Con esto queremos subrayar que es preciso elaborar un plan sobre la biodiversidad en la pesca para hacer frente a intereses sectoriales y asegurar que se incluyan más decididamente los aspectos ecológicos en el sector de la pesca. 
Por lo demás, instamos a la Comisión a aplicar en la explotación de los recursos pesqueros el principio de cautela que se estableció en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el mantenimiento y la explotación de los recursos pesqueros extraterritoriales y de las especies de larga migración. 
Queremos urgir a que todas las organizaciones regionales que sean competentes en materia de explotación piscícola en la UE apliquen también este principio de cautela. 
Queremos que se intensifiquen las medidas conservacionistas en todos los acuerdos pesqueros que firme la Unión Europea. 
Queremos que la Comisión exponga cómo pueden hacerse realidad los objetivos que se han establecido en la estrategia para la conservación de la diversidad de especies y queremos ser consultados a este respecto por la Comisión. 
Para asegurar nuestros recursos pesqueros y el valioso producto alimentario que es el pez, no debemos perder más tiempo a la hora de establecer y poner en práctica una estrategia que sea compatible con el medio ambiente, sea sostenible y no exonere de su responsabilidad a las personas que se dedican a la pesca. 
En cualquier caso los resultados de la investigación obtenidos hasta hoy en este ámbito son insuficientes. 
Señor Presidente, la especial gravedad de la situación se hace patente, cuando se piensa que existen alrededor de 20 a 30 millones de especies de seres vivientes, de las cuales sólo 1, 4 millones han sido descubiertas y descritas científicamente y que en los próximos 25 años 1, 5 millones de especies habrán sido exterminadas. 
Definitivamente, es preciso actuar. 
Por esta razón, a nosotros, los de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, nos resulta incomprensible por entero que el Consejo no haya firmado aún el reglamento, aprobado por el Parlamento y la Comisión, sobre la comercialización de especies vegetales, que la Comisión apoye sólo a regañadientes, fastidiosamente y de manera ineficaz la cooperación entre los programas nacionales de los Estados miembros, los bancos de genes y el sector informal, que incluso en el seno de la DG VI se juegue con la idea de dejar expirar en 1999 el único programa integrado para la conservación, caracterización, recogida y aprovechamiento de la diversidad genética en la agricultura. 
Por el contrario, para conservar la diversidad de especies necesitamos fomentar modalidades extensivas de producción y de cultivo ecológico. 
En el futuro es necesario también hacer realidad iniciativas comunitarias europeas y el fomento específico de programas precisamente en el marco de la Agenda 2000 y no impulsar la amortización financiera y de personal de los proyectos. 
Lamentablemente, ésta es la situación en este momento. 
La diversidad de especies es todavía muy grande en los países candidatos a la adhesión, es preciso fomentarla y apoyarla con gran celeridad y extender los programas a estos países. 
Las dos últimas opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural han sido elaboradas por mi colega, el Sr. Graefe zu Baringdorf, y yo, en calidad de representante suyo, he tenido el honor y el placer de exponer aquí mi posición al respecto. 
Señor Presidente, al igual que los anteriores oradores, debo reiterar que las investigaciones más recientes sobre la difusión de especies extrañas en los hábitats naturales indican un retroceso constante de la biodiversidad, sobre todo en Europa. 
Las causas de este retroceso se conocen perfectamente y obedecen a formas de agricultura y explotación del suelo extremadamente intensivas, a la fragmentación de los hábitats debida a las infraestructuras, en particular de transporte y urbanización, así como al turismo de masas y a la contaminación del agua, el aire y el suelo. 
Por tanto, en aplicación del Convenio sobre la biodiversidad, es muy importante que, gracias a esta Comunicación, la temática de la biodiversidad se integre en las políticas comunitarias. 
Sin embargo, a pesar de la gran incidencia de las políticas de transporte y de turismo en la conservación de los ecosistemas, dicho texto sostiene que no es necesario aplicar planes de acción específicos en materia de transporte y turismo, «ya que la elaboración y la fijación de las estrategias comunitarias en materia de cambio climático y acidificación... junto con la aplicación de procedimientos adecuados de evaluación de las repercusiones ambientales, deben bastar para alcanzar los objetivos de biodiversidad también en el ámbito de estas políticas.» 
Esta decisión impide, por una parte, la aplicación de procedimientos adecuados de control en los sectores mencionados por los órganos europeos y, por otra, limita las posibilidades de la Comunidad de promover y desarrollar políticas afines. 
Por estas razones, señor Presidente, la Comisión de Transportes y Turismo, al igual que la Comisión de Medio Ambiente, pide que se prevean planes de acción específicos también en los sectores del transporte y del turismo. 
En particular, la Comisión de Transportes y Turismo desea hacer hincapié en los siguientes puntos: el ilimitado crecimiento de los transportes y del turismo; el problema de los flujos de transporte actualmente canalizados hacia zonas donde la biodiversidad es muy elevada; la necesidad de pasar de la carretera a los ferrocarriles, al objeto de reducir el impacto medioambiental, según el Convenio Internacional sobre los Alpes; la necesidad, como propone la Comisión, de una internalización de los costes externos; el hecho de que en el Acuerdo de Kyoto se indican objetivos concretos que requieren políticas adecuadas de transportes; la incidencia de las infraestructuras de transporte en la biodiversidad; la necesidad de una atenta evaluación del impacto medioambiental, así como de una evaluación de la estrategia medioambiental en lo que a las redes de transporte transeuropeas se refiere. 
La Comisión de Transportes y Turismo pide que no se construyan nuevas infraestructuras que afecten a las áreas protegidas por la red NATURA 2000 y que el turismo sea sostenible y no perjudique a la biodiversidad siendo a dicho efecto necesario establecer los límites superiores de capacidad de carga de las zonas sensibles. 
Por todo ello, señor Presidente, pedimos un etiquetado ecológico para el turismo sostenible y, al margen de la Comisión de Transportes y Turismo, quiero resaltar la necesidad de que se respeten las indicaciones de la Comisión de Investigación y de la Comisión de Medio Ambiente en lo que se refiere al posible impacto originado por los organismos modificados genéticamente. 
Señor Presidente, estamos debatiendo un informe muy importante que, entre otras cosas, trata de la herencia que nuestra generación va a dejar a las venideras en el campo de la biodiversidad. 
El ponente ha hecho un interesante informe que ha sido completado con muchas buenas ideas y aportaciones de otras comisiones y de diputados en particular. 
Creo que en esta materia existe una gran unidad de criterios en el Parlamento. 
Voy a limitarme a algunos comentarios. 
La diversidad biológica, de la que todos somos tan dependientes, está directamente relacionada con otros aspectos medioambientales. 
Por ejemplo, la lluvia ácida y los óxidos de azufre y de nitrógeno han diezmado la biodiversidad en muchos lagos del Norte de Europa, entre otros países, en Suecia. 
La decisión del Parlamento en la primavera pasada sobre disminución de las emisiones hasta niveles que tolere la naturaleza, poco a poco tendrá efectos en la biodiversidad. 
Ayer muchos periódicos suecos incluían reportajes sobre la amenaza que supone para las barreras de coral el anormal calentamiento de los mares. 
Es obvio que esto también constituye una grave amenaza para la biodiversidad. 
Puede haber una relación entre el efecto invernadero, que hemos debatido muchas veces aquí en el Parlamento, y el fuerte aumento de la temperatura de los mares. 
Posiblemente las normas para la conservación de la biodiversidad pueden servir de apoyo a las medidas encaminadas a disminuir los riesgos en esta materia. 
También deseo destacar la importancia que tiene para la biodiversidad el derecho de propiedad y su diversificación. 
A menudo han sido intereses personales en el cuidado y conservación de la naturaleza los que han posibilitado una rica variación biológica. 
Sin embargo, hay situaciones en los que la atención a biótopos únicos puede llegar a ser una carga tan grande para los propietarios privados que es razonable que el estado actúe y los compense por las pérdidas que puedan haber sufrido. 
Pero el respeto a la propiedad privada va a favorecer a largo plazo la biodiversidad. 
También podemos ver buenos resultados cuando se usan medios económicos de gestión para estos efectos. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía ha destacado en su informe el papel de la biotécnica como complemento para mantener e incluso recuperar la diversidad biológica. 
Opino que son puntos de vista muy interesantes que tienen que ser tomados en cuenta en el futuro, aunque las propuestas esta vez fueron rechazadas en la comisión. 
Señor Presidente, estoy en mangas de camisa porque hace un calor tremendo en esta sala. Tampoco es bueno para la biodiversidad que el clima de esta sala esté tan mal regulado. 
Quizá usted pueda hacer algo. 
Pese a ello, creo que la comunicación de la Comisión sobre biodiversidad tiene una enorme importancia por afectar al núcleo de la política europea de protección de la naturaleza. 
Estoy satisfecho con esta comunicación, pero solamente como un primer paso. 
Sabemos que la Comisión va a formular planes de acción para la conservación de los recursos naturales, la agricultura, la pesca, la política regional y la cooperación económica. 
Esta lista- y esto lo señala justificadamente el ponente, el Sr. Sjöstedt- no está completa. 
El transporte y la energía no figuran en ella. 
Lo encuentro muy lamentable porque justamente estos sectores tienen una importante influencia en la biodiversidad. 
Así mismo, opino que estos planes de acción para el transporte y la energía deben realizarse. 
Estoy muy interesado en conocer la reacción del Comisario Kinnock ante nuestras preguntas relativas a esta cuestión. 
Si observamos cuál es ahora la situación, la integración de la protección de la naturaleza y los otros sectores resulta todavía totalmente necesaria. 
Un ejemplo reciente: la Unión otorga en Creta una subvención a las ovejas que conduce al sobre pastoreo y a la erosión, con consecuencias devastadoras para la biodiversidad. 
Opino que debe ponerse fin al respaldo de proyectos similares que tienen consecuencias directamente negativas para la biodiversidad. 
Como ponente para el presupuesto en materia medioambiental, me he esforzado por lograr una mejor integración de la protección del medio ambiente y de la naturaleza en otros sectores. 
Por tanto, he propuesto que los fondos estructurales también puedan utilizarse en la red Natura 2000 y en la aplicación de las directivas sobre hábitats y aves silvestres. 
Espero que en la sesión plenaria del próximo jueves, a la hora de votar el presupuesto, se siga esta idea de la Comisión de Medio Ambiente. 
Esto supondrá un enorme paso adelante en la protección de la naturaleza europea y una buena utilización de la integración de la biodiversidad en la política estructural. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el ponente en su preocupación por los efectos que la agricultura intensiva, las redes transeuropeas, la reducción de los recursos pesqueros, y tantas otras actuaciones en el ámbito de la economía de Europa, pueden tener sobre los recursos naturales y la biodiversidad. 
Y quiero plantear con él la necesidad de- respetando el convenio que hemos firmado los Estados miembros- planes de acción rápidos, inmediatos y que el Parlamento conozca. 
Y como no hay mejor cosa que poner un ejemplo para ver cómo la biodiversidad peligra, este fin de semana, en mi país, en la provincia de León, visité un bosque que, en unas maniobras militares, se vio quemado en 5.000 hectáreas, un bosque del que desaparecieron las especies vegetales, las especies animales y que probablemente no volverán a aparecer hasta dentro de 50 años. 
Si no somos rápidos en plantear planes de acción, será muy difícil mantener la biodiversidad, mantener la vida tal y como nosotros quisiéramos hacer. 
Señor Presidente, la biodiversidad está amenazada desde muchos sitios. 
En el último número de la revista malaya Third World Resurgence se describe cómo algunas grandes empresas occidentales están exterminando la biodiversidad en la agricultura mediante el uso de técnicas de manipulación de genes y mediante las patentes. 
Este problema también fue destacado en la cuarta Conferencia de Bratislava a comienzos de este año, con asistencia de las partes de la Convención sobre Biodiversidad. 
Muchos delegados expresaron allí su inquietud por la llamada tecnología de exterminio, es decir, la manipulación genética patentada de semillas haciéndolas estériles en la próxima generación. 
El objetivo es, se comenta, hacer biológicamente imposible para los campesinos reproducir sus propias cosechas, apropiándose las grandes empresas de todo a través de la manipulación genética y de las patentes. 
A la luz de todo esto, quiero dar mi apoyo especialmente al punto 43 del informe del ponente en el que se establece que todos los estados deberán tener derecho soberano sobre sus recursos genéticos y que éste debe ser un principio superior cuando la UE firma acuerdos en el campo de las patentes. 
Señor Presidente, como defensor del medio ambiente europeo, hoy me siento avergonzado. 
Me preocupa que muchos de los Estados miembros no hayan hecho aún sus deberes. 
No todos hemos elaborado un programa de acción nacional en cumplimiento de nuestros compromisos de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
A los europeos nos gusta criticar a países de otras partes del mundo que continúan destruyendo sus bosques naturales o convirtiéndolos en tierras de cultivo. 
Por otro lado, nuestros bosques fueron convertidos hace siglos- algunos fueron destruidos y son muy pocos los ecosistemas forestales que quedan en la UE. 
Lamentablemente, no mostramos gran interés cuando se trata de reconvertir los bosques a su estado natural. 
La implementación de las directivas sobre los hábitats y sobre las aves también están bloqueadas. 
El éxito del establecimiento de la Red Natura 2000 ha sido hasta ahora muy limitado. 
Siete países no han preparado aún sus planes de conversión, entre los que se encuentran Francia, Alemania y Luxemburgo. 
Es realmente embarazoso. 
Espero que la estrategia forestal en la que tanto está trabajando la Comisión nos brinde ahora la oportunidad de establecer zonas protegidas en cumplimiento de nuestros compromisos en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
No repitamos el error que se cometió con el anuncio de Natura 2000. 
Nadie ha propuesto aún un plan de financiación serio para Natura 2000. 
Señor Presidente, la Comisión ha señalado en su comunicación sobre biodiversidad que se ha ideado una estrategia comunitaria para modificar la situación en Europa. 
Hasta el momento, las medidas adoptadas son insuficientes para combatir el deterioro de la biodiversidad de Europa. 
Me alegra el interés de la Comisión por la naturaleza europea. 
Este problema transfronterizo justifica una acción colectiva de los Estados miembros. 
Sin embargo, la política de la Comisión respecto de la biodiversidad debe ser coherente. 
La Comisión todavía financia actividades que tienen una influencia negativa para la biodiversidad. 
Por lo que se refiere a las actividades necesarias en el marco de la PAC, las RTE o la política regional, en mi opinión, se debe compensar el daño mediante, por ejemplo, el establecimiento de espacios naturales extraordinarios. 
Naturalmente es muy insatisfactorio que la propia Comisión debilite la fortaleza de sus medidas relativas a la conservación de la biodiversidad. 
Por ello, ruego a la Comisión se tome en serio las observaciones que figuran en la resolución. 
Por último, no puedo dejar de señalar que algunos asuntos aparecen dos veces en la presente resolución. 
La combinación de algunos párrafos sobre pesca, sobre RTE y sobre las evaluaciones periódicas previstas ha dado lugar a una resolución clara. 
Señor Presidente, creo que todos apoyamos esta comunicación, de la Comisión que refleja la preocupación de las Instituciones comunitarias por cumplir los convenios internacionales así como por cumplir otra de nuestras obligaciones, la de hacer de la política de medio ambiente una dimensión de restos de políticas. 
Y también tenemos que transmitir un mensaje a los Gobiernos nacionales, regionales y locales, puesto que las políticas a estos niveles tienen que ser convergentes y concordantes con las de la Unión Europea. 
Y aquí hay varios ámbitos que ofrecen grandes oportunidades y tenemos que llamar la atención de todos los ciudadanos, porque no es sólo responsabilidad de las autoridades sino de todos y cada uno de nosotros, porque como consumidores podemos tener una elección positiva en este ámbito, y también como actores de la democracia local, para apoyar a aquellas comunidades que realmente defiendan la biodiversidad biológica. 
Pero lo más importante de toda la comunicación es esta llamada de atención general para que ningún responsable político pueda sentirse ajeno a esta preocupación general. 
Y también quiero apoyar de forma muy expresa las conclusiones del ponente. 
Señor Presidente, deseo felicitar al ponente, Sr. Sjöstedt, y a las Comisiones de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, de Transportes y Turismo, de Pesca, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía por sus opiniones y por el exhaustivo informe que se esta noche se somete a la consideración de la Asamblea. 
Está claro que este Parlamento se ha propuesto promover activamente la integración de los intereses ambientales en todos los ámbitos, y la Comisión acoge con satisfacción el apoyo dado a la comunicación sobre biodiversidad en las opiniones de las comisiones y, también en el presente informe. 
Con la presentación de dicha comunicación, la Comisión ha emprendido la integración de los intereses en materia de biodiversidad en las políticas e instrumentos comunitarios. 
Ahora estamos comenzando a desarrollar planes de acción y otras medidas para implantar la estrategia sobre biodiversidad. 
El informe Sjöstedt será, evidentemente, de utilidad en este proceso. 
Sólo quisiera añadir que los planes de acción, aunque muy útiles y oportunos, no son requisitos imprescindibles para una política y prácticas medioambientales eficaces, como estoy seguro que comprenderán sus Señorías. 
En el ámbito de los transportes, por ejemplo, tenemos un compromiso con la sostenibilidad. 
Eso significa una acción, como han apuntado los participantes en el debate, en un amplio frente, ya se trate de fomentar la utilización del transporte por ferrocarril para pasajeros y mercancías; o de asegurar un acuerdo eficaz con Suiza; o de la introducción de políticas de precios justas y eficaces por la utilización de la infraestructura de transportes; o la reducción de emisiones; o una serie de otras estrategias, ninguna de las cuales entra claramente en la definición de planes de acción para la protección y el fomento de la biodiversidad, a pesar de que todas ellas son sumamente valiosas para garantizar la sostenibilidad ambiental a través de mejores políticas de transportes. 
Estoy seguro de que me comprenden. 
El presente informe, aparte de su naturaleza generalmente agradable y su eficacia del análisis, incluye algunas peticiones que la Comisión no podrá satisfacer. 
Una vez que haya explicado nuestro pensamiento, espero que la Asamblea comprenda por qué no podemos aceptar todas las partes del informe. 
Primero, en el apartado 14 se solicita que el Parlamento Europeo y el Consejo aprueben un plan de acción- o al menos, que todos los planes de acción sean sometidos a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo. 
No obstante, consideramos que semejante procedimiento retrasaría innecesariamente la aplicación de la estrategia. 
Habíamos previsto que la Comisión aprobara los planes de acción en la forma de comunicaciones al Parlamento y al Consejo, pero no necesariamente para que sean sometidos a su aprobación. 
Las propuestas legislativas que puedan contener dichos planes de acción deberán ser aprobadas, evidentemente, según los procedimientos legislativos. 
Segundo, en el apartado 16 se exige a la Comisión que desarrolle planes de acción específicos para los sectores del transporte y de la energía, a los que ya he hecho referencia. 
En nuestra opinión, muchas de las preocupaciones en materia de biodiversidad en estos ámbitos ya están contempladas en las estrategias relativas a los cambios climáticos y la acidificación que tratan sobre las correspondientes emisiones que pueden repercutir sobre la biodiversidad, y en las propuestas existentes o previstas sobre evaluación ambiental. 
Aparte de esto, la Comisión no considera necesario desarrollar nuevas acciones políticas de envergadura para integrar la biodiversidad en los instrumentos correspondientes en dichos ámbitos. 
Tercero, en el apartado 43 se solicita que algunos principios contemplados en el Convenio sobre Diversidad Biológica deben prevalecer sobre otros acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad, por ejemplo, aquéllos en virtud del régimen de la Organización Mundial del Comercio. 
La posición de la Comisión es que los acuerdos en materia de medio ambiente están al mismo nivel que los acuerdos comerciales y deben aplicarse de una manera coherente entre sí. 
No existe una jerarquía de normas a priori. 
En cuarto lugar, el considerando J sugiere que la Unión Europea debe compensar los perjuicios que pudieran ocasionar las redes transnacionales, la política agrícola común y la política regional. 
La posición de la Comisión es que la estrategia comunitaria sobre biodiversidad debería contribuir a evitar que la política de redes, la política agrícola y la política regional ocasionen daños a la biodiversidad, por lo que no debería existir ninguna necesidad de nuevos mecanismos de compensación. 
Ni que decir tiene que la Comisión agradecería a esta Asamblea que tomara en consideración estos elementos. 
Respecto a las preguntas específicas formuladas por el ponente: ha preguntado qué sistema utilizaremos para informar al Parlamento sobre el cumplimiento de la estrategia. 
La Comisión informará regularmente al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación de la estrategia. 
En junio, el Consejo de Medio Ambiente solicitó que el primero de estos informes estuviera disponible antes de junio 2000. 
Evidentemente, dicho informe también será presentado al Parlamento. 
Luego está la pregunta que formuló el Sr. Sjöstedt sobre consultar no sólo a expertos de los Estados miembros, sino también a las ONG y otras partes interesadas sobre lo que él describe como planes de acción nacionales. 
No estamos hablando de planes de acción nacionales; se trata de planes de acción comunitarios y como consecuencia de ello tienen un valor añadido. 
La respuesta a su pregunta es que nos proponemos consultar con la misma energía y la misma minuciosidad que en el caso de la compilación de la propia estrategia. 
Nadie negaría que fue una operación de gran alcance en la que las redes ya han quedado firmemente establecidas y que serán explotadas plenamente velando por el cumplimiento sistemático y sincero de los planes de acción. 
Espero que esto satisfaga las exigencias del Sr. Sjöstedt y de sus colegas. 
No hay ninguna duda, como han dicho varios diputados en éste y en muchos otros debates, de que la biodiversidad es fundamental para la vida en la tierra. 
También es evidente que ahora está siendo erosionada más rápidamente que en ninguna otra época de la historia del planeta. 
La Comunidad tiene el deber legal, moral y en su propio interés de asumir su responsabilidad y cooperar con terceros países en los esfuerzos por cambiar esta tendencia. 
La cooperación con los Estados miembros y con un público más amplio en este proceso es evidentemente vital para garantizar que en conjunción con los esfuerzos nacionales, la aplicación de una estrategia comunitaria sobre biodiversidad contribuye a invertir esas tendencias negativas e incluso destructivas, habida cuenta de que la biodiversidad se está reduciendo no sólo en la Comunidad, sino también en todo nuestro continente y en todo el mundo. 
Sé que esta Asamblea comparte esta convicción de que hay que poner fin a esta destrucción e invertir el proceso. 
Expreso el reconocimiento de la Comisión por el modo en que este Parlamento continúa manifestando esta convicción a través de iniciativas de gran utilidad como el informe del Sr. Sjöstedt. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.30 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quiero disculparme por mi ausencia de ayer. 
Se debió a que Air France notificó a mi agencia de viajes la anulación de mi vuelo desde Londres. 
En realidad, el vuelo salió, pero entonces yo ya volaba hacia Basilea y no llegué aquí hasta las 19.30 horas, en lugar de a las 17.00, en que se iniciaba la sesión. 
Me gustaría saber si podrían sus servicios enviar una nota a Air France para pedirle que no vuelva a hacer una cosa así. 
Sin embargo, he de decir que logré llegar aquí a tiempo para la representación de Don Giovanni en la Ópera de Estrasburgo. 
Agradezco a la ciudad de Estrasburgo que me haya permitido a mí y a otros diputados asistir a una representación espléndida. 
Señora Presidenta, mi nombre no figura en el Acta. 
Desearía que se incluyese porque ayer estuve presente. 
Quiero señalar exactamente lo mismo, señora Presidenta. 
No veo que mi nombre figure en el Acta, y las personas que están a mi lado pueden confirmar que estuve presente, al menos, físicamente. 
Señora Presidenta, mi nombre tampoco figura en el Acta, y ayer yo también estuve presente. 
Le agradecería que añadiese mi nombre al Acta de ayer. 
Se introducirá la correspondiente rectificación. 
(El Acta queda aprobada) 
Les comunico que cinco Grupos políticos, concretamente el Grupo del Partido Socialista Europeo, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica y el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, han presentado una solicitud por la que piden que se celebre un debate de urgencia, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento, sobre la detención del general Pinochet en el Reino Unido, el jueves de las 15.00 a las 16.00 horas. 
Yo quisiera informarles ante todo sobre los pasos que habría que seguir, puesto que el orden de los trabajos ya quedó aprobado ayer y, por lo tanto, habría que modificarlo. 
En caso de que se apruebe la solicitud de los Grupos citados, se aplicaría el procedimiento previsto en el artículo 47 del Reglamento. A saber: se convocaría esta mañana una reunión de la Conferencia de Presidentes. 
La decisión adoptada en el transcurso de esta reunión debería comunicarse al Parlamento al comienzo de la sesión de esta tarde. 
El plazo de presentación de escritos de objeción vencería hoy a las 20.00 horas y, en su caso, la votación de los mismos tendría lugar al comienzo de la sesión de mañana. 
Los plazos de presentación se establecerían del modo siguiente: las propuestas de resolución podrían presentarse hasta las 16.00 horas de hoy y las propuestas de resolución común y enmiendas, hasta el miércoles a las 16.00 horas. 
Señora Presidenta, ayer se celebró un debate preliminar a este respecto. 
Después de que los Presidentes de Grupo se reunieran anoche, muchos de los Grupos acordamos aprovechar la oportunidad que nos brinda esta semana para celebrar un debate inmediato de carácter político en esta Asamblea. 
Está claro que lo más pertinente es un debate de urgencia, dado que no se trata de una cuestión sobre la que necesitemos una declaración del Consejo o de la Comisión. 
Todos nosotros consideramos que se debía plantear esto ante la Asamblea. 
Lamento que se deba hacer mediante un procedimiento tan burocrático como el que acaba usted de describir. 
Si eso es lo único que permite nuestro Reglamento, sea. 
Mi Grupo se pronuncia a favor. 
Señora Presidenta, deseo intervenir en contra, no sin antes dar la siguiente explicación a mis compañeros en esta Asamblea. 
Quisiera decirles que, en las últimas horas, se han producido en mi país decisiones significativas desde el punto de vista judicial a los efectos de este debate. 
El juez instructor, por una parte, ha modificado el auto de detención. Por otra parte, la fiscalía ha recurrido el tal auto sobre la base de que, a su juicio, el juez carece de competencias. 
Y, en último término, el juez ha abierto un plazo para que las partes implicadas- los acusados y el fiscal- se pronuncien sobre una eventual petición de derecho de asilo. 
Por consiguiente, yo creo que debemos dejar trabajar a la justicia y, solamente después de que la justicia se haya pronunciado, hacer nuestras interpretaciones políticas. 
Por lo tanto, me parece inoportuno, en estos momentos, interferir en el trabajo de la justicia y yo pido a los compañeros de esta Asamblea que sepamos hacer compatibles el clamor a la independencia del poder judicial con, precisamente, iniciativas políticas que, tomadas a destiempo, no sirven más que para presionar sobre la independencia del poder judicial. 
Señora Presidenta, este Parlamento, desde hace mucho tiempo, está exigiendo el procesamiento del general Pinochet. 
Normalmente, tenía que haberse hecho en su país, Chile, pero al parecer, como consecuencia del mantenimiento de las dictaduras, esto no ha sido posible en Chile. 
En este momento tenemos un espacio judicial europeo previsto por los Tratados comunitarios y, por tanto, de lo que se trata es de la aplicación y puesta en marcha de ese espacio judicial europeo. El Parlamento no va a interferir en los procesos judiciales, pero debe aprovechar esta oportunidad para resaltar la unidad de todos nuestros pueblos y de todos nuestros gobiernos en la lucha contra esa forma de terrorismo internacional que son las dictaduras, el genocidio y la crueldad con la que el general Pinochet ha actuado contra su pueblo y contra ciudadanos europeos- en este momento, según las últimas evaluaciones, son casi 100 los ciudadanos europeos asesinados por el Gobierno del general Pinochet. 
Por lo tanto, este Parlamento debe pronunciarse inmediatamente sobre el tema. 
Una vez escuchadas las intervenciones de un orador a favor de la solicitud y de otro en contra, se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Decisión sobre la urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede a la decisión sobre la solicitud de debate de urgencia relativa a la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/4/CE del Consejo y a la propuesta de reglamento del Consejo por la que se modifica el reglamento del Consejo relativo a la prórroga de las medidas de excepción temporales aplicables a Alemania y Austria. 
Señora Presidenta, la propuesta de directiva en cuestión se refiere a una excepción de la norma sobre tiendas libres de impuestos aplicable a Austria y Alemania. 
Desde 1997, existe un vacío jurídico en este aspecto, ya que el plazo de vigencia de dicha norma se extendía sólo hasta diciembre de 1997. 
Por consiguiente, nos ha sorprendido un poco que la propuesta no se haya presentado hasta septiembre. 
Prácticamente no hemos tenido tiempo de examinarla, si bien consideramos que el tema es importante. 
Por consiguiente, yo propongo que se rechace el procedimiento de urgencia. 
Procuraremos presentar un informe en la sesión de noviembre y, en cualquier caso, como más tarde en la de diciembre. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Presupuesto 1999- Expiración del Tratado CECA- Presupuesto CECA 1999 
Señora Presidenta, ayer protesté porque en el informe del Sr. Giansily no se había reproducido íntegramente mi opinión en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
El Presidente dijo que se publicaría un corrigendum. 
Ahora bien, una vez distribuida el Acta, he visto que figura el informe del Sr. Giansily, pero no las opiniones de las comisiones. 
¡Esto es inadmisible, señora Presidenta, y le ruego que haga imprimir correctamente dicho documento! 
Se examinará la cuestión que usted plantea, señora Lulling. 
Señora Presidenta, Señorías, el total de la rúbrica 5 «Gastos administrativos» ha sido fijado en 4.700 millones de euros, con un aumento del 4 % respecto al año 1998, equivalente a 182 millones de euros. 
De esta cantidad, 1. 579, 5 millones de euros representan el presupuesto de todas las «demás instituciones» , con un incremento de casi el 1, 55 % respecto al año 1988. 
Se trata de un incremento claramente limitado, prueba del rigor en que todas las «demás instituciones» se ha inspirado a la hora de elaborar sus respectivos presupuestos, de un rigor protagonizado sobre todo por nuestro Parlamento que soporta aproximadamente los 3/5 de este importe. 
A pesar de la opción de compra del edificio IPE IV en Estrasburgo, nuestro Parlamento ha limitado sus gastos haciendo registrar un aumento de apenas el 1, 70 %. 
Creo que hay que recalcarlo porque demuestra el extremo equilibrio mostrado por los órganos administrativos del Parlamento y por la Comisión de Presupuestos, por una institución que ha captado la señal de seriedad, de rigor y de austeridad. 
Éste es un presupuesto que tanto para el Parlamento como para las «demás instituciones» presenta algunas peculiaridades: es el primer presupuesto en euros, es el presupuesto que marcará durante su vigencia el paso al año 2000, con todas las repercusiones informáticas que de ello se derivan, es el presupuesto que acompañará la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y que verá las elecciones al Parlamento Europeo, con los gastos conexos tanto de los diputados como del sector de la información. 
Paso ahora a analizar cada uno de los presupuestos comenzando por el nuestro. 
El presupuesto del Parlamento asciende a 923.799.000 euros, con un margen no utilizado de casi 21 millones, lo que confirma que no hemos considerado este margen como un objetivo, sino como un techo de gasto. 
Las decisiones más significativas han sido las previsiones de un nuevo capítulo y de un nuevo artículo- el 390 con una nomenclatura apropiada- que albergará el nuevo Estatuto de los asistentes de los diputados, actualmente en curso de definición por la comisión competente y el Consejo. 
Ayer por la tarde, en la Comisión de Presupuestos, tras la reunión de la Mesa, la comisión ha considerado oportuno aprobar una enmienda después de haber examinado las decisiones del Consejo de Presidencia, en el ámbito de sus competencias... 
Perdone que le interrumpa, señor Ponente, pero quisiera rectificar este punto. 
No fue una decisión de la Conferencia de Presidentes, sino de la Mesa del Parlamento. 
Me temo que en la Asamblea todavía subsiste una cierta confusión. 
Señora Presidenta, tiene usted toda la razón, se ha tratado de un lapsus, ya que quería decir la Mesa del Parlamento Europeo. 
Después de haber examinado las decisiones de la Mesa, nuestra comisión, en el ámbito de sus competencias, ha aprobado por mayoría una enmienda que, por una parte, reconoce que los reembolsos de los gastos de viaje de los diputados deberán pagarse sobre la base de los costes reales, detallando dichos costes y, por otra, vincula el cumplimiento de esta decisión al Estatuto de los diputados que deberá presentarse a este Parlamento el próximo 15 de diciembre. 
Creo que la solución aprobada en la comisión es globalmente equilibrada porque afronta el verdadero nudo de la cuestión: un Estatuto de los diputados que, al no existir, crea disparidades de tratamiento, desigualdades e injusticias. 
El verdadero nudo es éste, centrarse en los gastos de viaje es pura demagogia. 
En consecuencia, nos hemos ocupado de resolver este nudo aprobando esta enmienda y confiamos que sirva para que el Consejo, junto con la comisión competente de este Parlamento, pueda llegar cuanto antes a una solución que el Parlamento desea desde hace tiempo y que fue ratificada en la última Cumbre. 
En lo que se refiere a las nuevas elecciones, su consecuencia en el presupuesto será de unos 17 millones de euros, totalmente en línea con los años anteriores. 
En cuanto al personal, demostrando también en este caso un gran equilibrio, nos hemos limitado a prever sólo 10 nuevos puestos temporales, de los cuales sólo 5 son de grado A para prestar apoyo a los órganos parlamentarios implicados en el proceso de ampliación. 
Se han realizado significativos progresos en el sector informático, aunque quedan todavía algunas cosas por hacer, en particular en lo concerniente a las aplicaciones E-mail a nivel intra e interinstitucional, y hay que precisar mejor los efectos del paso al año 2000. 
Por eso se ha considerado oportuno desbloquear 5 millones de euros consignados en la reserva mediante una enmienda presentada por los presidentes de los dos mayores Grupos y por mí que será examinada mañana. 
En cuanto a la política inmobiliaria, se ha decidido ejercer la opción de compra del edificio IPE IV con una financiación por una duración de 10 años. 
Esto confirma el paralelismo con el edificio D3 en Bruselas y, obviamente, conlleva un gasto significativo con cargo al presupuesto de 10, 8 millones de euros. 
Por otra parte, se ha producido un ahorro de 8, 3 millones de euros debido a un canon anual del edificio D3 más favorable que lo previsto. 
Es la prueba de una política que, globalmente, comporta una sensible reducción de los gastos para los inmuebles. 
Esto ya ha sucedido en 1999 y seguirá en los años venideros. 
En lo que respecta al Defensor del Pueblo, se ha tomado nota de su mayor volumen de trabajo y, de acuerdo con el Consejo, se han autorizado 6 nuevos puestos, de los cuales 3 consignados en la reserva, en espera de un plan de reestructuración de su secretaría que contemple asimismo la necesidad de transformar muchos puestos temporales en permanentes. 
En este sentido, quiero recalcar que el presupuesto del Defensor del Pueblo deberá constituir a partir de ahora una sección separada. 
Esto se ha previsto en la modificación del Reglamento financiero, examinada en la Comisión de Presupuestos, y considero que se trata de una exigencia objetiva. 
En lo que respecta al Tribunal de Justicia que había solicitado un notable aumento de puestos para los servicios de traducción, de acuerdo con lo autorizado por el Consejo, hemos asignado 10 nuevos puestos de traductores-lingüistas LA a los servicios de traducción y cuatro nuevos puestos B5 de correctores de pruebas. 
En lo que respecta al Tribunal de Cuentas, el presupuesto se ha incrementado en un 11, 69 %, tras la decisión de autorizar la ampliación de sus inmuebles, cuyas condiciones requerían este compromiso, motivo por el cual se ha previsto una financiación de 5 años por un total de 25 millones de euros. 
Hemos consignado los primeros 5 millones correspondientes a 1999 en la reserva, en espera de las conclusiones sobre el acuerdo interinstitucional que preveía este gasto en las perspectivas financieras al menos en la propuesta de la Comisión, y en espera asimismo de que el Tribunal estudie las posibles soluciones alternativas a la construcción de un hemiciclo que despierta algunas perplejidades, teniendo en cuenta los muchos hemiciclos presentes en los inmuebles sitos en Luxemburgo. 
En lo que atañe a los Comités, esto es, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, hay que recalcar que este último ha visto ampliamente aumentadas sus competencias por el Tratado de Amsterdam, por lo que hemos decidido incrementar el gasto para reuniones, de conformidad a lo que resultaba en la ejecución del presupuesto de 1998. 
En lo que respecta a la Estructura Organizativa Común, nos consta que el protocolo 16 prevé su supresión. 
Dicho protocolo se aplicará en cuanto entre en vigor el Tratado de Amsterdam y hemos solicitado a ambos Comités que establezcan un plan para llevarla a cabo. 
Confiamos en que esto sea posible, habida cuenta de la necesidad de evitar duplicidades de gasto y de disponer de una política de personal homogénea que reafirme la cooperación interinstitucional. 
Por último, en lo relativo a la política inmobiliaria de los dos Comités, hemos acogido con satisfacción su deseo, expresado formalmente, de ocupar, según había sugerido este Parlamento, los edificios Belliard I y II que precisan una renovación y una transformación. 
Hemos previsto los importes de dicha reestructuración y recordamos que esta vía debe ser seguida cuanto antes por ambos Comités, por lo que ante todo tomarán posesión de los dos edificios y, sólo en el caso de que estos no fueran suficientes, como parece, de una parte del edificio Atrium. 
Estos son los aspectos más significativos de los presupuestos de las «demás Instituciones». 
Creo que globalmente hemos realizado un buen trabajo y por ello deseo dar las gracias a los colegas de la Comisión de Presupuestos confiando en que el Pleno ratifique las decisiones adoptadas por dicha comisión. 
Muchas gracias, señor Viola. 
Yo quisiera aprovechar la ocasión para resaltar muy especialmente un hecho: nuestro presupuesto aparece denominado por primera vez en euros, con lo cual, después de veinte años, se abandona el ecu. 
Señora Presidenta, Señorías, el presupuesto de la CECA, que, como cada año, es objeto del informe que tengo el honor de presentarles, va acompañado, esta vez, de otro informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la expiración del Tratado. 
En mi opinión, estos dos informes están relacionados, ya que responden a varios hechos que deseo subrayar y que considero que no van en el sentido de lograr una mejor política comunitaria y una mayor solidaridad entre las naciones de Europa. 
En primer término, debe recordarse que el año pasado, en el mismo período, nuestra Asamblea, por sólo algunos votos, y en contra de la opinión del ponente- es decir, yo mismo -, se pronunció en favor de la eliminación de la exacción obligatoria sobre el volumen de negocios de las industrias del acero y del carbón. 
Más allá del símbolo que eso representa, es decir, más allá de la eliminación de la única contribución financiera de carácter estrictamente solidario que vinculaba entre sí a las industrias europeas del carbón y del acero, se ha agotado definitivamente el manantial de dinero fresco que alimentaba con creces el presupuesto de la CECA, al considerarse que la reestructuración de estas industrias estaba prácticamente terminada y que las provisiones eran suficientes para abonar hasta 2002 el fondo de gestión, hasta 2007 las provisiones para compromisos, hasta 2019 el fondo de garantía, hasta 2021 la reserva especial y hasta 2026 el antiguo fondo de pensiones. 
De hecho, las sumas de dinero para financiar la CECA se elevan a 1, 200 millardos de euros, lo que será más que suficiente para hacer frente a los vencimientos hasta 2002, para hacer frente a la expiración del Tratado y para pagar al último jubilado hasta 2026. 
¿Cabe pensar que hoy este sector es un sector definitivamente floreciente? 
En primer lugar, no hay que olvidar que sigue perdiendo empleos. 
En dicho sector se perderán probablemente 11.000 empleos, entre 1998 y 1999. 
Es posible, sin duda, teniendo en cuenta el importantísimo volumen de las provisiones, emplear créditos adicionales- conforme a la opinión emitida por la Comisión de Presupuestos -, para la asignación de 3 millones de ecus suplementarios destinados a las ayudas a la readaptación, con el fin de ayudar- como lo establece el artículo 56 del Tratado CECA- a la creación de nuevas actividades capaces de garantizar la reutilización productiva de la mano de obra que quede disponible. 
Dentro de este mismo espíritu, es posible y deseable que se respete la propuesta de la comunicación del 9 de junio pasado, que permitiría transferir 60 millones de euros del presupuesto operacional de la CECA al presupuesto general de la Unión, a fin de reforzar iniciativas comunitarias (RECHAR II y RESIDER II). Estos dos programas son capaces, de aquí a finales de 1999, de absorber los fondos de que se trata, y se inscriben plenamente en una perspectiva de mantenimiento del empleo. 
Finalmente, por iniciativa de nuestro colega Joan Colom I Naval, el apartado 12 de la propuesta de resolución sometida a la aprobación de ustedes solicita a la Comisión que destine créditos del programa PHARE a actividades vinculadas con los sectores del carbón y de la siderurgia de los países candidatos a la adhesión. 
Basta con pensar en Polonia o en Rumania, para entender la legitimidad de esta demanda. 
En efecto, al aceptar en 2002 la desaparición de esa extraordinaria herramienta que ha sido la CECA, es decir, justo antes de realizar la ampliación, la Unión Europea cierra a los europeos del Este el acceso a un instrumento que ha permitido fundar la Unión. 
¿Era eso necesario? 
En cualquier caso, hoy es evidente que con la dirección que se ha tomado estos últimos meses, y sobre todo en Amsterdam, por la vía de la devolución después de 2020 de los haberes de la CECA, se resuelven definitivamente varios puntos. 
El primero se refiere a la certeza de que la CECA expirará el 23 de julio de 2002 y que el supuesto que se nos propone, según el cual el patrimonio de la CECA y la gestión de éste se podrán ceder a las restantes comunidades, es la salida más probable con vistas a los últimos días de la CECA. 
El segundo punto se refiere a los aspectos vinculados con la política económica e industrial. 
La Comisión de Presupuestos aprueba sin restricciones la propuesta de la Comisión, tendente a emplear la totalidad del producto del interés de dicho patrimonio para fomentar la investigación en los sectores del carbón y del acero. 
Finalmente, el tercer punto que quiero subrayar remite al deseo de nuestra comisión de constatar, con respecto a los derechos de propiedad industrial, que la difusión de los resultados frente a las PYME constituye un elemento de los programas de investigación sectorial. 
Para concluir en relación con estos dos informes, debo admitir que han obtenido el apoyo casi unánime de los miembros de la Comisión de Presupuestos, contrariamente a lo ocurrido el año pasado, cuando el problema de la tasa había dividido nuestra Asamblea. 
Los dos textos sobre la CECA para 1999 están, por lo tanto, ampliamente consensuados, y su aprobación, el jueves, no debería plantear ninguna dificultad importante. 
Deseo dar las gracias, por otra parte, a los ponentes de opinión de las demás comisiones, la Sra. Graenitz, el Sr. Blak y la Sra. Lulling, que han enriquecido con su participación y su contribución el informe de la Comisión de Presupuestos. 
Subrayo, a la atención de la Sra. Lulling, que su informe forma parte del informe final, a pesar de las dificultades técnicas que parecen haber existido en el momento de su impresión. 
De común acuerdo con los servicios de la sesión, desearía ahora comunicar la opinión del Grupo UPE sobre el proyecto de presupuesto relativo al ejercicio para 1999. 
El presupuesto sobre el que debemos pronunciarnos en primera lectura será un presupuesto difícil. 
Difícil, debido al actual contexto de rigor y de incertidumbre. 
Difícil, también, porque, aun cuando se trate del último presupuesto que se inscribe en el marco de las perspectivas financieras y del Acuerdo interinstitucional de 1994, nuestra tarea consiste en hacer el esbozo de los futuros presupuestos y en superar las dificultades financieras, a riesgo de tener que renunciar a toda ambición. 
Al preparar el presupuesto para el ejercicio de 1999, no debemos ignorar que todas las hipótesis son posibles y que, si bien todo es posible, no estamos, en cambio, seguros de nada. 
¿Se prorrogará el Acuerdo interinstitucional en 1999, y en qué condiciones? 
¿Las próximas perspectivas financieras serán suficientes para garantizar el incremento de los gastos? 
¿En caso de que fracase su renegociación, la nueva aplicación del artículo 203 del Tratado y de la tasa máxima de incremento se realizará en condiciones aceptables para el Parlamento? 
Lo cierto, en este caso, es que en materia presupuestaria se impone al legislador un régimen de rigor. 
Por otro lado, el Parlamento Europeo se comprometió a ello al aceptar, en su resolución del mes de marzo sobre las orientaciones presupuestarias para 1999, un presupuesto cuya tasa de crecimiento no rebasaría la de los presupuestos nacionales. 
Por un lado, se trata de un rigor impuesto y, por otro, de un rigor libremente consentido. 
En todo caso, hay que ponerse de acuerdo con respecto a una aplicación correcta de un régimen de rigor en el gasto. 
La interpretación del Consejo, que no hace más que especular con los niveles de infrautilización de los gastos, sobre todo en el ámbito de las políticas internas, es inaceptable. 
En efecto, el Consejo desea una reducción generalizada del conjunto del gasto, y, con este fin, ha presentado un proyecto de presupuesto artificioso, en el que confirma, ciertamente, la dotación agrícola y los créditos de los Fondos estructurales, pero bloqueando mediante reducciones significativas cualquier progreso en las rúbricas 3 y 4, sobre todo en favor de la investigación, es decir, las políticas internas y las acciones exteriores. 
No nos engañemos. 
Si el proyecto de presupuesto presenta un aumento global de los créditos para pagos del 2, 8 % y de los créditos para compromisos del 6, 1 % en relación con el ejercicio anterior, en realidad- al mantener el presupuesto al 1, 10 % del techo del PNB, cuando se podría utilizar la tasa del 1, 27 %, limitando los gastos de las rúbricas más decisivas para el desarrollo de la Unión Europea en los próximos años a los techos de las rúbricas establecidas por el Acuerdo interinstitucional -, el Consejo está preparando la asfixia de los próximos presupuestos. 
El rigor programado significa sacrificar el futuro, lo cual es inaceptable. 
El rigor debe ser compatible con las perspectivas de desarrollo, y el presupuesto para 1999 debe preparar los presupuestos futuros, es decir, permitir que la Comunidad haga frente a sus compromisos y sobre todo a la ampliación. 
Por eso nosotros apoyamos el análisis del ponente, tendente a constituir reservas especiales, con la finalidad de establecer bases de cálculo viables para las próximas perspectivas financieras del período 2000-2006, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo interinstitucional. 
Al igual que el ponente, nosotros deseamos un acuerdo con el Consejo sobre estas reservas especiales, ya que lo que está en juego es la supervivencia de los futuros presupuestos. 
Si se renueva el Acuerdo interinstitucional, debe hacerse sobre bases suficientes para que las próximas perspectivas financieras garanticen el desarrollo de políticas comunitarias, y, en caso de que fracase la renegociación del Acuerdo interinstitucional, el hecho de volver a aplicar el artículo 203 del Tratado no debería condenar a la Unión Europea al estancamiento programado de sus gastos. 
La elección es clara, y nosotros la aprobamos. 
Sin embargo, no deseamos que el afianzamiento de sus prerrogativas conduzca al Parlamento a hacer una excepción nefasta respecto a los gastos agrícolas, al fijar como objetivo la limitación de los créditos muy por debajo del techo de la línea directriz, buscando, de hecho, reducir las necesidades financieras reales de la PAC. 
La finalidad del presupuesto no debe ser ni reformar la PAC ni limitar el crecimiento de los gastos agrícolas, sino establecer la financiación correcta, respetando las disposiciones del Acuerdo interinstitucional y de procedimientos ad hoc. 
Añadiré un comentario sobre el problema planteado por la consignación en la reserva de los fondos destinados a la ayuda humanitaria- problema sobre el cual el Pleno deberá invalidar o confirmar la posición de la Comisión de Presupuestos, y decir, en cierto modo, si la carta del 9 de octubre del Sr. Jacques Santer al Presidente de nuestra Asamblea es suficiente para permitirnos absolver a los gestores de ECHO por sus torpezas, que han desembocado en el informe de la UCLAF, del que todos hablan, pero del cual, por el momento, los diputados no tienen conocimiento-. 
La simple lectura de las respuestas de la Comisión a los diputados sobre las cuestiones que afectan al presupuesto provoca, a veces, un verdadero sentimiento de rebelión. 
Hace diez meses, por ejemplo, que los Sres. Papoutsis y Liikanen se devuelven la pelota porque el primero de ellos es incapaz de imponer a sus servicios la obligación de respetar una disposición legislativa votada hace un año por la Comisión de Presupuestos, y luego por el Parlamento, ya que ello incomoda al director responsable del servicio y porque a éste le trae absolutamente sin cuidado la votación del Parlamento. 
Las respuestas estereotipadas, de tipo «sovietiforme» , sustituyen ahora a las respuestas deferentes del principio. 
El desprecio que manifiestan los funcionarios frente a los diputados de esta Asamblea no puede conducirnos sino a radicalizar nuestras posiciones. 
El escándalo de ECHO demuestra una cosa: si algunos funcionarios de la Comisión hacen lo que quieren, es porque sus comisarios están muy ocupados en cuidar su imagen personal- me refiero a ECHO -, como para perder tiempo en dirigirlos, y también porque los malos hábitos crean una especie de nueva idiosincrasia en virtud de la cual se desarrolla la ideología del «si no me han visto no me van a coger» , que socava la credibilidad de la Comisión. 
En este Parlamento y, en todo caso, en nuestro Grupo, no estamos dispuestos a hacer creer a los electores que jugamos a «si tú hablas, yo también hablo» , y, por lo tanto, esperamos saber exactamente lo que ha ocurrido en torno a ECHO, antes de tomar posición. 
De manera general, el Consejo, la Comisión y, desgraciadamente, también este Parlamento sufren el síndrome de Fontainebleau, puesto que ahora cada uno se las da de una Margaret Thatcher cualquiera, puesto que cada uno piensa que el Estado que representa debe recuperar su participación, sin tener en cuenta las políticas comunitarias que estaban basadas en la solidaridad. 
Insistiremos largamente en esta cuestión cuando hablemos del informe sobre los recursos propios. 
Pero desearía desde ahora, en nombre de mi Grupo, abonar el terreno. 
Considerando que la política agrícola común es la causa de ciertos desequilibrios, y basándose, entre otros, en los acuerdos de Fontainebleau, la Comisión establece en sus propuestas la reducción de la contribución comunitaria a las ayudas directas a los agricultores, así como la aplicación de una práctica de cofinanciación de estas ayudas directas entre los tesoros públicos nacionales y el presupuesto de la Unión Europea. 
El resto de la política agrícola común, tal como la conocemos, se diluiría entonces en la nebulosa de una política estructural de tipo agrícola. 
Es evidente que este género de propuesta, por más atractiva que parezca al principio, permitiría a determinados Estados miembros reducir la parte que deben a la Unión Europea, en detrimento de la política agrícola común. 
Por una parte, la misma exigiría una renacionalización parcial de la política agrícola y, por otra, pondría fin a cierta solidaridad europea, como ya ocurrió el año pasado, cuando se votó, como he subrayado al inicio de mi intervención- en contra de mi propuesta en calidad de ponente para el fondo -, suprimir la exacción CECA durante los cinco últimos años de existencia del presupuesto propio de esta institución. 
Tras el abandono de este único impuesto comunitario, la Comisión propone ahora malograr la única política integrada de la Unión Europea. 
¿La Europa de los mercaderes podría convertirse, entonces, en la Europa de los regatones? 
¿Creemos realmente que después de haber hecho fracasar la CIG, después de haber despachado Amsterdam y Luxemburgo, hay que orientarse hacia el desmantelamiento de la única política comunitaria, porque los Gobiernos socialistas de Gran Bretaña y de Alemania llevan a cabo a una escalada ultraliberal en materia de impuestos? 
Aún se está a tiempo de reflexionar y de interrogarse seriamente sobre lo que nos preparan los tecnócratas que hacen surf sobre la ola de la moda de los tiempos. 
Señor Presidente, a medida que avanza el procedimiento presupuestario para 1999, resulta claro que en 1999 seguirá existiendo el amplio consenso existente entre las instituciones en los últimos años sobre la estabilidad presupuestaria general para la Unión. 
Todas las instituciones convienen en que hay que mantener el rigor presupuestario. 
Al mismo tiempo, hay que respetar las obligaciones de la Unión, en particular respecto de las decisiones del Consejo Europeo de Edimburgo. 
Prosiguen los debates sobre algunos aspectos. 
Por lo que se refiere a los gastos obligatorios, la Comisión tiene una carta rectificativa en su orden del día para el 28 de octubre. 
Evaluará lo más rigurosamente posible las probables necesidades de gastos suplementarios. 
Con la carta rectificativa correspondiente a 1999 y la carta, recientemente transmitida al presupuesto rectificativo y suplementario correspondiente a 1998, todos los elementos están sobre la mesa, con lo que la Autoridad Presupuestaria podrá lograr un acuerdo global para 1998 y 1999, a más tardar, el 24 de noviembre, día en que se celebrará el Consejo de Presupuestos. 
Pero este ejercicio presupuestario no consiste sólo en cifras. 
También entraña otras importantes mejoras en la gestión financiera de la Unión y quisiera exponer brevemente tres. 
En primer lugar, se ha establecido el presupuesto para 1999 a partir del nuevo acuerdo interinstitucional respecto del fundamento jurídico. 
El procedimiento presupuestario ya ha revelado que el acuerdo funciona. 
Al mismo tiempo, actividades nuevas y experimentales pueden aún atraer financiación inicial con cargo al presupuesto comunitario. 
La Comisión y las organizaciones interesadas se beneficiarán de esta claridad a la hora de ejecutar el presupuesto. 
Han sido éxitos importantes para el Parlamento en la esfera presupuestaria. 
En segundo lugar, también se están logrando avances importantes en relación con las subvenciones comunitarias. 
Hay una comunicación de la Comisión en la que se imponen reglas mínimas claras sobre la publicidad y la adopción colectiva de decisiones en el caso de todas las subvenciones comunitarias. 
Es el resultado de muchas iniciativas parlamentarias. 
El Sr. Brinkhorst y el Sr. Tillich han dedicado muchos esfuerzos a esa esfera y tomo nota con interés de que Barbara Dührkop Dührkop sigue la misma orientación. 
Las nuevas reglas de la Comisión entran en vigor para la ejecución del presupuesto para 1999 y se están adoptando medidas para examinar esa cuestión con los beneficiarios reales y potenciales e informarlos al respecto. 
Una tercera cuestión se refiere a la posible utilización de los recursos operativos para fines administrativos. 
En particular, las Oficinas de Asistencia Técnica (o «BAT» , según la abreviación francesa). 
Tengo entendido que el Parlamento Europeo quiere cambiar ciertos usos inmediatamente para mejorar la transparencia y el control. 
La Comisión comparte esos objetivos. 
Lamento que no se desprenda con suficiente claridad de su reciente comunicación sobre las Oficinas de Asistencia Técnica, pero debe continuar la labor para velar por que las decisiones a corto plazo sean también un paso adelante hacia la solución a medio plazo. 
La Comisión ha expuesto ideas en su comunicación y en su documento de trabajo sobre la renovación del Reglamento Financiero. 
Con todo ello pretende establecer un vínculo claro entre las decisiones sobre los recursos financieros y humanos necesarios para cada acción comunitaria. 
Por último, el Parlamento se prepara para votar la introducción de importantes créditos suplementarios en el presupuesto para 1999 mediante su enmienda puente. 
Entiendo su función en el proceso negociador con vistas al próximo acuerdo interinstitucional, pero, si dicho acuerdo y la anulación de los créditos puente no llegara con suficiente antelación, en algún momento de 1999 la Comisión tendría que pedir más fondos a los Estados miembros. 
Permítaseme concluir expresando mi sincero respeto por la extraordinaria labor de los ponentes, Sra. Dührkop Dührkop y Sr. Viola, y del presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland. 
Como este es un debate conjunto en el que también se examinan los informes del Sr. Giansily sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, quisiera añadir otras observaciones sobre este tema. 
Respecto de las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA, tomo nota de que están surgiendo soluciones que cuentan con la aprobación del Consejo y del Parlamento en muchos sentidos. 
Parece haber quedado zanjada la cuestión de la administración del patrimonio de la CECA por las Comunidades existentes y la financiación de las actividades de investigación en el sector del carbón y del acero con cargo a los intereses producidos por dicho patrimonio. 
Además, hay que examinar más por extenso la cuestión de la propiedad del patrimonio, las cuestiones relativas a la futura ampliación de la Unión y a la distribución de la financiación para investigación entre los sectores. 
La Comisión presentará otra contribución a esos debates antes del final de este año. 
Por lo que se refiere al presupuesto operativo para 1999, la Comisión comparte las lamentaciones expresadas por el Sr. Giansily ante el hecho de que el Consejo no parezca dispuesto a aprobar la transferencia de fondos al presupuesto general para fortalecer las iniciativas comunitarias RESIDER y RECHAR. 
Tomo nota de que el proyecto de dictamen prevé ya otra solución basada en el artículo 56 del Tratado CECA. 
La verdad es que tal vez deba la Comisión orientarse en esa dirección, si bien hay que examinar detenidamente las posibilidades de absorción. 
La Comisión examinará de nuevo, como propone el Sr. Giansily, los fondos para investigación en materia de carbón y acero. 
Esos fondos deben disminuir gradualmente hasta el nivel sostenible a medio plazo después de la expiración del Tratado CECA. 
Permítaseme expresar de nuevo mi agradecimiento al ponente, Sr. Giansily, por su importante labor. 
Señor Presidente, en dos minutos se puede decir muy poco sobre lo que representa la Política Exterior y de Seguridad de la UE para el Parlamento Europeo. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa ha inscrito, no obstante, en el presupuesto, los puntos que consideramos esenciales. 
El respeto de los derechos humanos, y la instauración de la democracia y la promoción de los procesos de paz deben ser un aspecto significativo de todos los programas, sobre todo en relación con los países candidatos a la adhesión, tanto en el marco del programa euromediterráneo MEDA, como en los dirigidos a la Europa oriental. 
La interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre los fundamentos jurídicos de los programas en favor de la democracia y los derechos humanos ha suscitado una gran inquietud entre la opinión pública, ya que se trata precisamente de programas desarrollados por un gran número de ONG y que actúan en la base. 
Afortunadamente, la concertación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento permitió rectificar este aspecto en el mes de julio. 
Un objetivo análogo, o sea, la construcción y fortalecimiento de la sociedad civil, es el que se persigue con la creación de una línea presupuestaria separada para el llamado proceso Royaumont, que tiene por objeto la organización de este programa en la Europa central y meridional y, por consiguiente, abarca a países candidatos a la adhesión, países asociados, Estados miembros y también los Estados de la ex-Yugoslavia. 
El mismo objetivo se promueve también con el apoyo al master en derechos humanos, dedicado a la formación y el conocimiento sobre los derechos humanos y en el que ya participan numerosas universidades. 
Nuestra comisión y las demás comisiones competentes hemos presentado asimismo propuestas encaminadas a reforzar la cooperación con América Latina, Asia y Suráfrica, ya sea directamente o a través de los Institutos habilitados para este fin. 
Los acontecimientos que han rodeado la detención del ex-Presidente chileno Pinochet indican cuán precarias son aún las condiciones democráticas en América Latina. 
También deseamos dar apoyo a los Tribunales Internacionales contra los Crímenes de Guerra que están actuando en estos momentos en La Haya y en Ruanda. 
El Centro de análisis y evaluación para la prevención de los conflictos y la preparación de la paz ha comenzado sus trabajos y deseamos apoyarlo. 
Ayer debatimos en la Comisión de Presupuestos si este capítulo debería estar destinado a las relaciones exteriores, a las experiencias exteriores o a alguna otra cuestión. 
Lo que queremos es que nuestras medidas estén al servicio de la política exterior de la Unión Europea y que esto contribuya también a su difusión. 
) Señor Presidente, en este estadio de la presentación del presupuesto se tratan sólo los gastos no obligatorios para el sector agrícola. 
Como ponente de opinión del presupuesto agrícola de 1999, considero mi tarea cuidar de que el buen procedimiento que pusieron en marcha los colegas Tillich y Mulder con el presupuesto de 1998, se aplique también en este presupuesto, y que si hace falta se siga aclarando más aún. 
Por eso no es correcto, por ejemplo, recoger frases en nuestra resolución relacionadas con el presupuesto de 1999 sobre la reducción o al menos la estabilización de los gastos agrícolas. 
Debemos por ello tomar en consideración la última estimación realizada por la Comisión sobre los gastos futuros, que presentará al Consejo y al Parlamento un día de éstos en su nota rectificativa. 
Ahora ya está claro que actualmente los mercados internacionales se encuentran muy expuestos a cambios, lo que influirá sin duda en los gastos agrícolas. 
Esto demuestra la exactitud de nuestro nuevo enfoque presupuestario. 
En la aprobación del presupuesto partimos de los gastos más recientes en relación con las evoluciones del mercado y de las divisas. 
El año pasado uno de los problemas más importantes era la cuestión de si se debía hacer algo con la compensación excesiva, aún supuesta por entonces, sobre todo de los agricultores británicos. 
Es bueno que se vele, también a través de la Comisión de Agricultura, por que nuestra política sea firme y segura, ya que el mercado mundial se encuentra de nuevo en un punto bajo y la bajada del valor de la libra esterlina ha afectado también profundamente a las asignaciones por hectárea. 
En este presupuesto llama la atención el fuerte incremento de los gastos para políticas complementarias, lo cual constituye en sí una sana evolución política y agraria si los gastos satisfacen por lo menos el objetivo fijado. 
Al respecto, la Comisión debe presentar urgentemente al Consejo y al Parlamento el informe de evaluación acordado, de lo contrario estaremos caminando a tientas en la posterior ampliación. 
Señor Presidente, Señorías, la economía tiene un papel central, sobre todo en la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Por esto hemos intercedido con insistencia en favor del programa estratégico para el mercado interior y, en particular, del «nuevo enfoque». 
Éste significa que es preciso conseguir, en el ámbito de la normativa, que la autorización en un país de los productos que se venden en Europa, implique su autorización automática en los demás países. 
Necesitamos que este procedimiento se aplique también en el ámbito de las telecomunicaciones. Éste desempeña precisamente un papel importante en la creación de nuevos puestos de trabajo y, en este contexto, quisiéramos impulsar sobre todo el comercio electrónico. 
Dado que también se trata de una innovación en el ámbito de la formación, es necesario mejorar la utilización de las redes de telecomunicaciones. 
Con el programa IDA nos proponemos impulsar, en particular, las conexiones entre escuelas, administraciones, pequeñas y medianas empresas, hospitales públicos, y transmitir estos nuevos conocimientos. 
Evidentemente, también pueden producirse efectos nocivos. 
Ya sabemos que Internet plantea muchos problemas. 
Por esto, el Parlamento Europeo aboga por un incremento de los recursos destinados a este ámbito. 
Otro punto importante es la construcción de las redes europeas de transporte. 
A mi modo de ver, las inversiones en este ámbito no sólo crean empleo a corto plazo en la construcción de dicha infraestructura, sino que también abren oportunidades absolutamente nuevas como resultado de sus repercusiones para este sector. 
Finalmente, el aspecto más importante tal vez sea el de la formación profesional y la formación continua. 
El programa LEONARDO es un programa muy importante que permite que los jóvenes aprendices visiten también otros países y trabajen en sus empresas, y éste es la base para salir adelante. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía ha trabajado intensamente en el examen del presupuesto de 1999. Esto obedece a dos motivos. 
En primer lugar, en el ámbito de la energía es necesario intensificar el apoyo que prestamos desde Europa a las energías alternativas y cumplir así los compromisos que suscribimos en Kyoto. 
El segundo aspecto se refiere a la política de investigación. En este ámbito nos enfrentamos, obviamente, con la tarea de plasmar en el presupuesto de 1999 el Quinto Programa Marco de Investigación. 
Ambos objetivos obtuvieron un apoyo mayoritario en la Comisión de Presupuestos, que yo quiero agradecer a la Ponente, en particular, y a las y los colegas de la Comisión de Presupuestos, en general. 
Era urgentemente necesario un incremento de los fondos destinados a ALTENER y SAVE, como el que ahora se ha aceptado, y lo hemos conseguido. 
La situación es más difícil en lo que se refiere al Quinto Programa Marco de Investigación. 
Hasta el día de hoy no se ha adoptado una decisión, de manera que en el momento del examen en primera lectura no disponemos de un fundamento jurídico. 
Yo quisiera instar encarecidamente al Consejo desde aquí a que haga todo lo posible para que en la próxima reunión del 10 de noviembre sea posible alcanzar una solución que cumpla también los requisitos jurídicos. 
La cláusula de la guillotina no es legítima y está en contradicción con el Tratado. 
Esperamos que el Consejo presente propuestas adecuadas al respecto. 
No obstante, aun así se ha conseguido- este es el gran servicio que ha prestado la Comisión de Presupuestos en el procedimiento presupuestario- que podamos disponer de un margen de maniobra para que los planteamientos del Parlamento puedan tener también una traducción financiera. 
Es un éxito importante, a mi parecer, que refuerza la posición negociadora del Parlamento en el procedimiento de conciliación. 
Éste se habrá completado en cualquier caso en uno u otro sentido antes de la segunda lectura, tanto si alcanzamos una solución como si no, de manera que entonces la situación estará clara. 
Yo quisiera pedir, finalmente, que el próximo año dediquemos una atención muy especial al Centro Común de Investigación. 
Ayer volvimos a tratar en la Comisión de Presupuestos este tema, con respecto al cual nos pronunciaremos en la resolución, y es urgente que el Parlamento adopte una posición clara al respecto. 
Finalmente, yo quisiera agradecer una vez más la buena colaboración. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Presupuestos ha hecho suyas, en su totalidad o en sus aspectos esenciales, más de dos terceras partes de las enmiendas de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
El objetivo de las mismas es conseguir los recursos necesarios para fomentar la apertura de los mercados de terceros países y la penetración en los mismos de los productos y servicios de la Unión Europea, un objetivo tradicional de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Por otra parte, conseguimos que fuesen aceptados nuestros planteamientos en el sentido de que la ayuda financiera a los países de la Europa central y oriental y del área mediterránea es prioritaria y necesaria, pero sólo tendrá sentido si estos países pueden utilizarla como un medio para la autoayuda. 
El Consejo, en colaboración con la Comisión, debería prestar mayor atención en sus futuros proyectos de presupuesto a la situación actual de las estructuras receptoras, sobre todo en los países candidatos a la adhesión. 
La reserva de unos 200 millones para actividades económicas exteriores que ha previsto la Sra. Dührkop en este contexto apunta en la dirección adecuada y permite una mejor distribución de los recursos disponibles. 
Las enmiendas de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores que volvemos a presentar ahora persiguen tres objetivos. En primer lugar, la reintroducción de una partida suficiente para la ayuda humanitaria a Kosovo y, en segundo término, una advertencia a Turquía, los programas SÓCRATES, LEONARDO y USER EUROPE y la ayuda financiera extraordinaria para Azerbayán. 
En segundo lugar, una ampliación necesaria de la cooperación económica con Asia, América Latina y Suráfrica y también la cooperación con los grupos económicos y sociales, con las Cámaras de industria y de comercio, con las asociaciones empresariales, los sindicatos, los agricultores, las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones de consumidores y de protección del medio ambiente. 
Una cooperación policéntrica, si quieren llamarla así, que incluya también a las fuerzas vivas de la economía y la sociedad. También se deberían prever ya los correspondientes comentarios. 
Finalmente, la apertura de los mercados, con líneas presupuestarias para la apertura de mercados en Japón. 
Yo quisiera dar las gracias a la Sra. Dührkop, por su receptividad, la acogida favorable que ha dispensado a nuestras propuestas y la excelente colaboración, y también al presidente de la Comisión de Presupuestos, Detlev Samland, por su paciencia con mi empecinamiento. 
Finalmente, también quiero manifestar mi especial agradecimiento a los asesores de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, Christian Augustin y Francisco Gomes Martes, por su extraordinaria colaboración. 
Señor Presidente, Señorías, dos objetivos fundamentales han guiado a la Comisión de Política Regional respecto del presupuesto para 1999: ante todo, garantizar el respeto íntegro de los compromisos subscritos en Edimburgo. 
La solución adoptada sigue en lo fundamental ese objetivo. 
La Comisión de Política Regional había manifestado también dudas en cuanto al nivel de pagos y había presentado propuestas encaminadas a garantizar una liquidez adecuada. 
La solución aprobada va encaminada a asegurar dicha liquidez, aunque por vías diferentes. 
Esperemos que así sea. 
El segundo objetivo fundamental de la Comisión de Política Regional consistía en restablecer las asignaciones para las iniciativas comunitarias. 
Para esta comisión, sigue siendo discutible que el Consejo proponga cortes por igual en las iniciativas comunitarias con el argumento de que hay retrasos en su ejecución, pero que nunca se han determinado ni distinguido plenamente. 
Para la Comisión de Política Regional, dada esa indefinición, se deberían haber establecido las iniciativas comunitarias junto con las asignaciones inicialmente determinadas y, por su parte, la iniciativa PEACE debería haber obtenido cien millones más, pero no a costa de cortes en las demás iniciativas. 
Así, pues, hay que hacer constar y lamentar que no se haya satisfecho plenamente esa orientación de la Comisión de Política Regional, ya que la propuesta que hoy examinamos no establece la recuperación total de las asignaciones para las iniciativas comunitarias. 
) Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor quiero en primer lugar darle las gracias de corazón a la Sra. Dührkop Dührkop por su excelente colaboración. 
Está claro que es partidaria de un presupuesto verde y que siente simpatía por el medio ambiente. 
Una muestra de ello es que el presupuesto para medio ambiente se ha aumentado en casi un 5 por ciento con respecto a las cifras del Consejo. 
En lo referente a la verderización del presupuesto total hemos alcanzado mucho, sobre todo en relación con los Fondos estructurales, porque ahora los Fondos estructurales también pueden utilizarse para la puesta en marcha de HABITAT y de la directiva aves; un gran punto ganado. 
Si los restantes miembros de esta Casa están dispuestos a apoyar las enmiendas aprobadas ya por la Comisión de Presupuestos, estaremos desde luego muy satisfechos. 
Pese a ello, he presentado un par de enmiendas en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Se trata de la partida presupuestaria «bosques tropicales» y se trata también de los programas de cooperación con terceros países. 
Como Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, hemos propuesto- y también se ha aceptado- que el 10 por ciento de MEDA debe dedicarse al medio ambiente. 
Sería lógico que esto también contara para PHARE y TACIS. 
Esa enmienda no se ha aceptado en la Comisión de Presupuestos y por ello la hemos presentado de nuevo para la votación en la reunión plenaria. 
Sólo habrá más consistencia en el presupuesto cuando prolonguemos la línea hacia TACIS y PHARE. 
Por último, Presidente, soy de la opinión de que los aspectos medioambientales no sólo deben ser evaluados en todos los terrenos políticos de la Unión Europea, sino que también deben ser integrados sistemáticamente en las actividades cotidianas internas de las instituciones europeas. 
Por medio de una enmienda al informe Viola intentamos crear un plan de acción para una administración interna más ecológica en todas las instituciones europeas, entre las cuales se encuentra nuestro propio Parlamento Europeo. 
Energía, movilidad, reciclado, todos esos aspectos deben manifestarse en la familia interna de las Instituciones Europeas. 
Si mejoramos de esta manera nuestro propio comportamiento, podemos conseguir que nuestras instituciones se conviertan en un ejemplo para otras organizaciones, no sólo en Europa sino también en el mundo entero. 
Señor Presidente, he de decir que la propuesta inicial de la Comisión fue ligeramente decepcionante para nosotros, en particular en el sector cultural, en el que había una reducción del 43 %. 
Sin embargo, la Comisión de Presupuestos, y en particular Barbara Dührkop Dührkop, que comprende la necesidad de un sector cultural fuerte en la UE, le han concedido prioridad. 
La comisión les está extraordinariamente agradecida al respecto. 
La Comisión de Cultura está dividida en tres partes: educación y juventud, sector cultural y audiovisual, e información. 
Durante todo el proceso hemos estado intentando basarnos en los principios de apertura y transparencia. 
Nuestra tarea ha sido la de establecer criterios y después permitir que se produzca la libre competencia. 
Naturalmente, todo el proceso ha resultado afectado este año por informes contradictorios sobre la interpretación del fallo del Tribunal respecto del fundamento jurídico, pero, de un modo o de otro, hemos conseguido encontrar una vía para superarlo. 
Se ha iniciado un nuevo planteamiento, la creación de una Europa del saber, que ha encontrado expresión en una nueva línea presupuestaria llamada «connect» : ideada también por Barbara Dührkop Dührkop. 
Dicha línea brindará una oportunidad de cooperación entre los diferentes programas. 
Permitirá una flexibilidad y una fluidez mucho mayores, en particular entre las líneas presupuestarias cultural y educativa. 
En el sector educativo, nos complace poder resolver los problemas relativos a las lenguas minoritarias y esperamos con interés que la Comisión proponga un fundamento jurídico al respecto. 
Las líneas culturales fueron el mayor quebradero de cabeza y siguen siéndolo. 
Me refiero, naturalmente, a los programas Caleidoscopio y Ariane. 
El problema planteado corresponde a la escala temporal: esos programas debían expirar en 1998 y, naturalmente, la aplicación del nuevo programa cultural no comenzará hasta el año 2000. 
De modo que nos encontramos con un retraso de un año y nos preocupaba mucho perder el impulso obtenido mediante dichos programas. 
Nos complace que la Comisión y el Consejo vayan aceptando nuestra idea y hemos dejado fondos reservados y preparados para un acuerdo al respecto; expresamos de nuevo nuestro agradecimiento a Barbara Dührkop Dührkop por velar por que, si se logra ese acuerdo y cuando así sea, haya fondos disponibles. 
En el sector audiovisual, estamos ligeramente decepcionados por que no se hayan asignado más fondos para las acciones experimentales encaminadas a desarrollar un sector audiovisual más fuerte y vibrante en Europa. 
Por último, sobre el sector de la información en conjunto: los Gobiernos de Europa hablan de crear una Europa más atenta a las necesidades de sus ciudadanos. 
Creo que deben abrir los ojos, porque ya tenemos una Europa atenta a las necesidades de sus ciudadanos. 
El problema es que los ciudadanos no lo saben, razón por la cual hemos de formular una mejor política informativa. 
Reviste importancia decisiva, en particular durante el período de introducción de la moneda única, que así sea y espero que se invierta la extravagante votación en la Comisión de Presupuestos sobre la reducción de los fondos para las acciones descentralizadas. 
A fin de cuentas, la Comisión de Cultura tiene muchos motivos de satisfacción y agradecemos a Barbara Dührkop Dührkop su valeroso apoyo. 
Señor Presidente, Señorías, como ponente de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, desearía ante todo dirigirme a nuestro ponente general, la Sra. Dührkop Dührkop, para decirle hasta qué punto nos congratulamos por la atención que ha prestado a nuestras preocupaciones. 
En la Comisión de Libertades Públicas teníamos cinco prioridades, que prácticamente están todas satisfechas. 
La primera de nuestras prioridades- y desearía agradecer, además de a la Sra. Ponente, a nuestro colega, el Sr. Brinkhorst, que ha desempeñado un papel pionero en este ámbito- es la creación del Fondo europeo para los refugiados. 
La creación de dicho fondo presupuestario es de buen augurio para la prosecución de la política en este ámbito estratégico para la Unión Europea, en esta materia, que pronto pertenecerá al primer pilar y que es objeto de discusiones políticas sobre la repartición de los gastos. 
Segunda prioridad de nuestra comisión: la prosecución de las acciones para luchar contra la violencia con respecto a las mujeres y a los niños, el «turismo sexual» y la utilización delictiva de Internet. 
Señora Ponente, usted ha tomado en consideración nuestra petición en este ámbito particularmente sensible, y le damos las gracias por ello. 
Tercera prioridad de nuestra comisión: la integración de los inmigrantes y la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Estas líneas presupuestarias se encontraban en una posición delicada debido a la falta de fundamento jurídico, y usted ha propuesto tanto desde el punto de vista de su formulación como en el plano de los importes una solución que nos satisface. 
Cuarta prioridad: nosotros insistimos, desde hace años, para que se acepte incluir en el presupuesto una línea «Europol» , porque consideramos que una parte de los créditos destinados a Europol debe figurar en el presupuesto de la Unión, aun cuando se le aplique la mención «p.m.» , y le damos las gracias por haber tomado nota de esta petición. 
Debemos lamentarnos en cuanto a la cooperación en el ámbito judicial y de los asuntos interiores. 
Nosotros deseábamos un programa para ayudar a los Estados miembros a ponerse de acuerdo en los medios para luchar contra la delincuencia urbana, en particular la delincuencia originada por las bandas de jóvenes. 
Es probable que yo no haya sido lo suficientemente convincente, ya que- y es lo único que lamento- se nos ha rechazado dicho programa. 
Señor Presidente, nuestra comisión no es muy gastadora. 
Pero miramos al futuro por lo que al Tratado de Amsterdam se refiere. 
De modo que a ese respecto la Comisión de Asuntos Institucionales se sintió muy complacida de que fuera posible adaptar, en realidad, el nuevo presupuesto a las nuevas prioridades. 
Nuestro colega el Sr. Deprez acaba de mencionarlo en relación con las libertades públicas. 
Es importante que demos orientación sobre Europol y sobre los refugiados europeos para que quede claro que, una vez que el primer pilar reciba el aspecto del tercer pilar, podamos hacerlo en realidad. 
También es importante que el Tratado de Amsterdam tenga en cuenta las nuevas normas en materia de comitología. 
A ese respecto apoyamos plenamente la orientación que debemos examinar junto con la Comisión y el Consejo, a saber, que en materia de comitología habrá cometidos compartidos entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Ésa será una de las tareas peliagudas del futuro. 
Una jerarquía de normas de la Comunidad Europea es la esencia de la Comunidad del futuro. 
Sobre esa clase de democracia y rendición de cuentas es sobre la que la Comisión debe adoptar una posición enérgica. 
Señor Presidente, el procedimiento que había seguido hasta ahora la comisión de Control Presupuestario consistía en presentar cada año, en el mes de octubre, una resolución sobre la ejecución del Presupuesto del ejercicio en curso para su votación en el Pleno. 
El resultado era una confusión o una colisión con las deliberaciones sobre el presupuesto para el ejercicio siguiente. 
En consecuencia, este año la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Presupuestos decidieron seguir un nuevo procedimiento, a saber, que nuestra comisión elaboraría una opinión más completa en relación con las deliberaciones sobre el presupuesto del año siguiente y solicitaría a la Ponente y a la Comisión de Presupuestos que la tomasen en consideración en sus deliberaciones. 
Yo quiero agradecer a la Ponente, señora Dührkop Dührkop, que así lo haya hecho. 
Ahora quisiera añadir algunos comentarios sobre las deliberaciones presupuestarias y también sobre el Presupuesto de 1998. 
Desde este verano contamos con una decisión sobre los fundamentos jurídicos. Esto ha aclarado la situación y ha disipado de manera definitiva las incertidumbres de años anteriores. 
Yo quisiera volver a instar, no obstante, al mismo tiempo a la Comisión y al Consejo a que empiecen a actuar en relación con aquellos aspectos para los que nos aseguraron que se adoptarían dentro del año 1998 los fundamentos jurídicos que todavía faltan con vistas al Presupuesto de 1998 y también al de 1999. 
En relación con el procedimiento ad hoc, yo quiero apoyar la posición del señor Sonneveld. 
El año pasado se introdujo un procedimiento ad hoc, el procedimiento Tillich-Mulder. 
Con ello creíamos haber logrado introducir por fin un cálculo de costes realista en el ámbito de los gastos agrícolas, mediante una nota rectificativa presentada por la Comisión a finales de otoño, que permitiera disponer de un fundamento real para las deliberaciones presupuestarias. 
Por consiguiente, si la Comisión presentase este año una nota rectificativa, cabe la posibilidad- el procedimiento así lo prevé- de que dicha rectificación requiera un montante más elevado, o sea, que éste puede ser más bajo pero también más alto. 
Así lo hemos contemplado. 
En lo que se refiere a la categoría 3, yo quisiera hacer una advertencia a la Comisión. 
En el procedimiento de elaboración del presupuesto de 1998 decidimos crear el mecanismo de ayuda tecnológica a las PYME, con la esperanza de que esto tuviera repercusiones sobre el empleo. 
Yo ruego a la Comisión que informe periódicamente sobre la transposición de esta medida, toda vez que el fundamento jurídico no se decidió hasta este verano. 
Una última observación sobre la categoría 4: la propia Comisión señala en algunos documentos internos que ha encontrado considerables dificultades para la utilización de los fondos de MEDA y PHARE. 
Es necesario que la Comisión adopte las medidas necesarias para conseguir progresos en este aspecto. 
Señor Presidente, ante todo quiero agradecer a la señora ponente su labor. 
En nombre de la Comisión de Pesca, debo manifestar que en líneas generales estamos satisfechos por el trabajo realizado con el presupuesto; nos convencen las líneas directrices en materia de acuerdos internacionales; estamos contentos de que se mantenga la acción específica en favor de la pesca artesanal a pequeña escala y de la pesca costera; por encima de todo estamos convencidos de que la acción del Parlamento en favor de la pesca artesanal ha permitido crear proyectos relacionados con el empleo, sobre todo juvenil, así como con la asistencia en tierra a los pescadores. 
Estamos, por el contrario, perplejos ante algunas propuestas en materia de control, ya que en este sector se constata una reducción de las financiaciones, y estimamos que la línea B2-901 es insuficiente. 
En consecuencia, hemos presentado una enmienda- aumento de 41 al 45 millones de ecus- relativa a la posibilidad de asignar créditos a la línea B2-901 para el control. 
Señor Presidente, Señorías, yo quiero expresar mi agradecimiento a la Sra. Dührkop Dührkop, que ha continuado el proceso de feminización del presupuesto iniciado en los último años y ha inscrito en las líneas presupuestarias el gender mainstreaming, o sea, la incorporación de la igualdad de oportunidades a las políticas en todos los ámbitos. 
Sin embargo, la aplicación consecuente de esta política todavía está por llegar, como se desprende de numerosos documentos de trabajo relativos a los presupuestos de 1998 y 1999, hecho que puedo confirmar por lo que respecta al ámbito de competencias de la Comisión de Derechos de la Mujer, según se desprende de la extensa correspondencia mantenida con quince Comisarios. 
Otros puntos centrales de nuestra opinión son el Cuarto Programa de Acción en favor de la Igualdad de Oportunidades entre las Mujeres y los Hombres, y la lucha contra la violencia. 
En estos momentos se está debatiendo el programa DAPHNE, pero yo quisiera recordar que esta Asamblea, concretamente 350 diputadas y diputados, apoyó con la declaración de mayo la petición de que se celebre un Año europeo y se desarrolle una campaña contra la violencia contra las mujeres. 
Por razones que no nos explicamos, la Comisión de Presupuestos no hizo suya esta propuesta de enmienda de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Hemos presentado una nueva enmienda y yo confío en que todas y todos los colegas la apoyen de manera coherente con su voto afirmativo. 
Señor Presidente, en la opinión de la Comisión de Peticiones manifestamos que el marco financiero previsto para los trabajos de la Comisión y del Defensor del Pueblo debe corresponder a las tareas que tenemos encomendadas. 
El derecho de todo ciudadano y toda ciudadana a presentar peticiones y hacer llegar sus quejas sobre las instituciones europeas a los representantes de los ciudadanos está inscrito en el Tratado de la Unión Europea. 
El Tratado de Amsterdam otorga un fundamento todavía más sólido a la ciudadanía de la Unión. 
La transferencia de una parte de los asuntos de interior y de justicia del ámbito del Tercer Pilar al del Primer Pilar tendrá repercusiones para las competencias y el alcance de la actividad de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo. 
El derecho de petición y de queja es un instrumento importante para una Europa democrática. 
Por consiguiente, en el marco de las propuestas con vistas a la racionalización de las estructuras de las comisiones parlamentarias, nosotros advertimos contra cualquier intento de rebasar el objetivo previsto y concentrar la actividad exclusivamente en las tareas legislativas y presupuestarias. 
La definición de las políticas no puede y no debe verse limitada por la aplicación de planes de ahorro. 
La Comisión de Peticiones solicita una consideración prioritaria en el marco de la modificación del organigrama y expresamos la necesidad de disponer de recursos para mejorar la aplicación de la informática a las comunicaciones y al intercambio de documentos con los ciudadanos y ciudadanas. 
Apoyamos las peticiones del Defensor del Pueblo, que consideramos objetivamente justificadas. 
La solución que se propone, a saber, la consideración del presupuesto del Defensor del Pueblo como una institución separada, permite la creación de plazas de personal adicionales. 
Agradecemos esta sugerencia a la Comisión de Presupuestos y al Sr. Viola. 
Esto nos permitiría seguir consolidando y ampliando esta institución tan importante para la democracia. 
Señor Presidente, yo quisiera agradecer en primer lugar al ponente del informe de la Comisión de Presupuestos sobre la expiración del Tratado CECA, Sr. Giansily, que haya incorporado todas las conclusiones de mi opinión, que fueron adoptadas por unanimidad por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, en su propuesta de resolución, adoptada también por unanimidad por la Comisión de Presupuestos. 
Si todos los colegas apoyan nuestras propuestas razonables y justificadas, los fondos de la CECA, que proceden en su mayor parte de las aportaciones realizadas por las industrias del carbón y del acero desde 1992, podrán destinarse a partir del 2002 a la investigación con miras al futuro en favor de dichas industrias. 
Yo expongo claramente en mi informe que el potencial del acero como materia prima sólo se aprovecha en un 20 %, o sea, que el acero tiene un gran futuro en el aspecto cuantitativo, pero sobre todo también cualitativo. 
La industria del acero no es una «industria crepuscular» y si está en condiciones de responder, mediante un mayor esfuerzo en el ámbito de la investigación, a las demandas de los clientes de aplicaciones cada vez más diferenciadas, sus perspectivas de futuro serán de hecho muy grandes. 
Toda vez que el Consejo Europeo de Amsterdam ya decidió destinar los réditos de las reservas obtenidos a partir del 23 de julio del 2002 a un fondo de investigación en favor de los sectores relacionados con la industria del carbón y del acero, la solución lógica y también la más sencilla y evidente es, a mi parecer, la transferencia del patrimonio de la CECA a las restantes Comunidades. 
El Tratado CECA de 1952 tiene un mayor contenido social y un mayor rigor en materia de política de competencia y también dispone de un sistema estadístico ejemplar. 
Por consiguiente, pedimos a la Comisión que presente en el momento oportuno propuestas para la integración de estos instrumentos de eficacia probada en el marco organizativo de la UE. 
Sería, de hecho, una irresponsabilidad y una lástima que perdiésemos estos instrumentos de la primera Comunidad Europea. 
Señor Presidente, la expiración del Tratado CECA nos sitúa ante una tarea muy difícil, ya que en éste se acordó un plazo máximo de vigencia del mismo, pero no se previó la forma que debía adoptar su conclusión. 
Yo puedo suscribir gran parte de lo que ha manifestado la oradora que me ha precedido. 
Para la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía es, obviamente, de especial importancia que los recursos destinados a la investigación sigan estando disponibles. 
El análisis de la investigación en el ámbito del acero y el carbón indica que su influencia sobre el desarrollo de la industria europea es particularmente importante, dada su especial proximidad a la industria, y que también ha contribuido extraordinariamente a reforzar la competitividad de esta industria europea frente a la industria estadounidense y también frente a la japonesa. 
Sería una lástima que la Comisión no presentase las propuestas necesarias para que esta investigación pueda continuar, por un lado, y puedan seguir utilizándose los instrumentos y conocimientos desarrollados, y para que, por el otro lado, en el caso de una ampliación, los Estados en cuestión puedan participar también en estos programas de investigación específicos, en particular también relación con el carbón. 
Señor Presidente, la historia deja sentir su presencia entre las paredes de este Parlamento. 
No sólo tramitamos los presupuestos para el próximo año de esta institución y de todas las demás instituciones, también volvemos la vista al inicio de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero para hacer el ejercicio anual de dejar cerrada la parte económica del viejo tratado. 
En la propuesta presentada aparece la idea de que las rentas del capital de la CECA deben ser destinadas a programas de investigación dentro del sector del carbón y del acero. 
Sin embargo, esto no es suficientemente ambicioso. 
Quizá sea precisamente este sector el que hoy atraviesa una situación más difícil en Europa. 
Si debemos cumplir los objetivos del Tratado de Amsterdam sobre un crecimiento basado en el desarrollo sostenible y el respeto por el individuo, entonces ha de pensarse en nuevos caminos. 
Debemos pensar en más viviendas, en investigación y debemos pensar en mucho más empleo. 
Es lo que Europa necesita y también lo que necesitan los europeos. 
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera comenzar mi intervención recordando dos hechos que son motivo de satisfacción. 
Por un lado, quiero felicitar en nombre de la Presidencia al diputado John Hume que ha sido galardonado, junto con David Trimble, con el Premio Nobel de la Paz de 1998. 
Yo creo que el Parlamento puede enorgullecerse con razón de contar con tales diputados en sus filas. 
En segundo lugar, yo quisiera resaltar también que el presupuesto de 1999 se expresa por primera vez en euros, lo cual deja bien patente que la Unión Económica y Monetaria pronto será una realidad y contribuirá a una mayor aproximación de Europa. 
El Parlamento ha manifestado de manera reiterada una crítica, a saber, que la reducción de los recursos previstos en el proyecto de presupuesto no siempre está en consonancia con las declaraciones políticas del Consejo en relación con los correspondientes ámbitos, sobre todo en el caso de las rúbricas 3 y 4. 
El Consejo de Presupuestos no adoptó por lo tanto sus decisiones sin tomar en consideración las prioridades establecidas por el Consejo, sino contemplando también los demás principios presupuestarios que acabo de citar. 
Esto explica la reducción de los recursos incluso en algunos ámbitos que el Consejo considera prioritarios, en consonancia con el rigor presupuestario que procuramos mantener en todo momento. 
Permítanme que manifieste, no obstante, que en el procedimiento de deliberación en el Consejo deberían realizarse particulares esfuerzos para garantizar la necesaria coordinación entre los diferentes intereses en juego. 
En este sentido, es particularmente importante para mí escuchar y, naturalmente, también comprender los aspectos que preocupan de manera especial al Parlamento. 
Evidentemente, los trasladaré a las deliberaciones del Consejo. 
A título de ejemplo, puedo citar la petición de que se alcance un acuerdo en relación con el Quinto Programa Marco de Investigación o la continuidad de KALEIDOSKOP y ARIANE, a fin de garantizar en la práctica una política cultural rigurosa. 
También me congratulo de que Sus Señorías hayan planteado el tema de los presuntos fraudes e irregularidades recientemente descubiertos. 
El Consejo está tan preocupado como el Parlamento Europeo por estas presuntas irregularidades y posibles fraudes, sobre los que ya se informó exhaustivamente hace poco. 
Para el Consejo es de la máxima importancia que los recursos a disposición de la Comunidad Europea se desembolsen correctamente y de manera que no dé lugar a ningún tipo de sospechas. 
En tanto que parte de la autoridad presupuestaria, el Consejo se siente absolutamente responsable ante el contribuyente por la forma en que se utilizan los fondos públicos. 
Asimismo, en su calidad de institución europea, el Consejo tiene el firme convencimiento de que no se puede permitir que conductas indignas pongan en entredicho el ideal europeo. 
El Consejo tiene, por lo tanto, un gran interés en que la Comisión investigue con detenimiento y con rapidez estos casos y en que se extraigan las debidas conclusiones de la información obtenida. 
El Consejo examinará el 23 de noviembre, a la vista del informe especial nº 8/98 del Tribunal de Cuentas, las posibilidades de seguir mejorando la eficacia de la UCLAF, después de los progresos considerables que ya se han conseguido. 
El Consejo tiene conocimiento asimismo de las reflexiones, estudios e informes actualmente en curso, en particular el informe del Sr. Bösch, con vistas a una posible reforma del estatuto de la UCLAF. 
En relación con este tema, yo quisiera resaltar finalmente que los beneficiarios de la ayuda de ECHO no son responsables en ningún modo de las posibles deficiencias administrativas. 
En todo el mundo hay personas necesitadas que dependen de estos fondos previstos para ellas. 
No tengo la menor duda de que todas las partes tendrán debidamente en cuenta las necesidades de estas poblaciones en el curso del procedimiento presupuestario. 
Por último, pueden tener la seguridad de que trasladaré sus reflexiones a las posteriores deliberaciones del Consejo, tal como acabo de exponer. 
También quisiera manifestarles mi confianza en que conseguiremos adoptar, mediante el diálogo constructivo continuado con los representantes del Parlamento y también con la Comisión, un buen presupuesto para 1999, que sea favorable para los habitantes de Europa. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, voy a hablar en términos generales sobre la posición de mi Grupo. 
Varios oradores posteriores entrarán en más detalles. 
Quisiera comenzar de la forma habitual expresando el agradecimiento a los ponentes: la Sra. Dührkop Dührkop, el Sr. Viola y, desde luego, el Sr. Giansily también, cuyo informe ha contado con el apoyo de nuestro Grupo, con las pequeñas enmiendas incorporadas en comisión. 
A la luz de las observaciones del Presidente en ejercicio de que no nos ajustamos tanto a la realidad como el Consejo, he de decir que en julio éste dio a conocer sus decisiones: uno de los problemas planteados en julio fue el de que no celebramos un diálogo sobre el APP, porque en la conciliación se dedicó todo el tiempo a la cuestión del fundamento jurídico. 
De modo que es una gran lástima que no celebráramos los debates que deberíamos haber celebrado. 
Del mismo modo, no hemos dispuesto del procedimiento ad hoc que necesitábamos. 
Se trata de un fallo en las comunicaciones entre nuestras dos instituciones que se debe rectificar el año próximo. 
Ahora bien, agradezco al Presidente en ejercicio la labor que ha llevado a cabo respecto del fundamento jurídico. 
Se ha agradecido. 
Ha contribuido al establecimiento del presupuesto para el año próximo, en las categorías 3 y 4 sin lugar a dudas. 
Lo consideramos un presupuesto prudente, un presupuesto razonable. 
Hemos intentado hacer reducciones en los casos en que las consideramos necesarias. 
El problema para el Consejo es la reserva estratégica, el presupuesto puente del que ha hablado la Sra. Dührkop Dührkop. 
No vamos a dejar margen alguno. 
Como saben Sus Señorías, es nuestra política de seguridad, como ha dicho la Comisión. 
Es nuestra garantía, porque, si no logramos un acuerdo interinstitucional, debemos tener una posición de repliegue. 
Dígamoslo claramente: la Agenda 2000 depende de la perspectiva financiera. 
La perspectiva financiera depende de un acuerdo interinstitucional. 
Desde nuestro sector de la Asamblea, queremos que haya un acuerdo interinstitucional, pero, si no podemos llegar a un acuerdo al respecto, debe quedar claro que volveremos al artículo 203. 
Pero, para poder aplicar el artículo 203, necesitamos las finanzas para los años futuros. 
Como ha dicho el Comisario, si adoptamos esa estrategia, la Comisión tendrá que recurrir a los recursos propios procedentes de los Estados miembros a comienzos del año. 
Existe una forma de eludirlo que el Consejo debe examinar. 
Lo dijo el Sr. Samland en uno de nuestros debates: a saber, que antes del final de este año necesitamos lograr un acuerdo entre nuestras instituciones, según el cual, si no se logra un acuerdo interinstitucional, la base para la aplicación del artículo 203 en el futuro será el importe máximo del gasto correspondiente al año 1999. 
Si el Consejo pudiera aceptar eso, podría resolver algunos de los problemas que tienen los Estados miembros. 
Sé que tienen esos problemas porque no cesan de ponerse en contacto con nosotros, en este sector de la Asamblea. 
Ahora tenemos más gobiernos socialistas que nunca y no cesan de ponerse en contacto con nosotros para decirnos que no es una buena idea. 
Tenemos que explicarles la estrategia una y otra vez. 
Paso ahora a los diferentes sectores. 
La Sra. Dührkop Dührkop ha abordado las categorías 1 y 2. 
Quisiera añadir el papel desempeñado por el programa de paz cofinanciado por la Unión Europea en Irlanda del Norte. 
El Parlamento y el Consejo- y la Unión en general- tienen motivos para sentirse muy orgullosos del papel desempeñado por ese dinero. 
John Hume ha contribuido a velar por que todos los años tengamos argumentos a favor de ello. 
Sumemos nuestras felicitación a la expresada por el Presidente en ejercicio a John Hume. 
Sobre la categoría 3, una de las razones por la que todo ha resultado tan fácil ha sido la de que el fundamento jurídico nos ha resuelto muchos de nuestros problemas. 
Las recomendaciones hechas por la ponente sobre los programas experimentales y sobre las acciones preparatorias han ocupado gran parte del debate. 
No hemos debatido sobre las líneas pequeñas. 
Me ha sorprendido mucho lo fácilmente que llegamos a una conclusión sobre las cantidades de dinero para los programas experimentales, etc. La inmensa mayoría de las acciones correspondientes a esas líneas que han desaparecido se han asignado a otras líneas. 
De modo que, a fin de cuentas, entre la Comisión, el Consejo y la ponente se ha llevado a cabo una labor correcta para superar el problema del fundamento jurídico. 
Es de esperar que ya se haya resuelto y que podamos seguir adelante y disponer en el futuro de un fundamento mejor para el presupuesto. 
Sobre el Quinto Programa Marco, seguimos buscando una solución. 
Si bien la Comisión de Presupuestos votó el AAP, puede resultar, a fin de cuentas, demasiado cuantioso. 
Si logramos un acuerdo en el que represente menos que el AAP- y, si adoptamos una actitud realista, probablemente así sea- y si después reducimos esa cifra en la segunda lectura, puede haber un desfase y eso afectará a nuestra estrategia para el presupuesto puente. 
Una cosa que se me ocurre- y que no se ha debatido en nuestro Grupo- es la de que podríamos tener que afrontar el Quinto Programa Marco en el presupuesto para 1999 a fin de velar por que se mantenga el margen en un absoluto mínimo. 
Respecto de la categoría 4, quisiera referirme en primer lugar a Turquía. 
La votación en comisión fue clara. 
Es una partida simbólica en esa línea, con 50 millones de ecus en reserva. 
Pero no hay fundamento jurídico para esa línea. 
Como lo consideramos una declaración política más que una acción de sentido común votar la línea, votamos a favor en comisión y lo aceptamos. 
Después nuestro Grupo ha examinado ese asunto y nuestra posición sería la de no apoyar esa línea, ni apoyar siquiera los 50 millones de ecus en reserva, porque no hay fundamento jurídico. 
Nuestro problema estriba en cómo hacerlo, porque no hay enmiendas para suprimir la línea. 
Si conseguimos una votación por partes, eso es lo que en este sector de la Asamblea haremos respecto de la línea sobre Turquía. 
Sobre ECHO, en comisión votamos contra la asignación de fondos a la reserva y nos mantenemos en esa posición. 
Independientemente de las declaraciones hechas en otros lugares respecto de la presión que se ejerce sobre la Comisión, hemos de decir que la labor llevada a cabo por el Sr. Liikanen y la Sra. Gradin para intentar resolver este problema ha pasado inadvertida en realidad en muchos sectores. 
Queremos rendir tributo a la labor que han llevado a cabo. 
Nos pareció improcedente dejar en la reserva los fondos para la ayuda humanitaria amenazados para el próximo año: con ello castigábamos a las personas que necesitaban esos recursos. 
Si fuéramos a poner en la reserva los gastos de los Comisarios interesados- o incluso los salarios de las personas interesadas- lo entendería, pero no lo hicimos. 
Mi Grupo y yo consideramos que poner en la reserva los fondos para la ayuda humanitaria es exactamente lo que no se debe hacer. 
Así, pues, vamos a votar contra esa enmienda y, si nosotros votamos contra ella, no conseguirá 314 votos, por lo que los fondos volverán a la línea. 
También en la categoría 4 hay dos partidas que el Sr. Cunningham ha mencionado, y otros mencionarán, y que han inspirado preocupación: una es la de los bosques tropicales y la otra la relativa a las minas antipersonal. 
Quisiera explicar por qué votamos como lo hicimos. 
Para los bosques tropicales ha habido 50 millones de ecus para los dos- si no tres- últimos años. 
Todos los años se aprovechan, con arreglo al procedimiento Notenboom, fondos no gastados con cargo a esa línea. 
Este año, se aprovecharán, con arreglo al procedimiento Notenboom, 11 millones de ecus con cargo a la línea relativa a los bosques tropicales. 
Ésa es la razón por la que nuestro Grupo ha votado a favor de los 40 millones de ecus. 
Algo similar ha ocurrido con las minas antipersonas. 
Aceptamos la reducción propuesta por la ponente porque hay muchas otras líneas que tienen el mecanismo de financiación para la eliminación de las minas en las zonas en que constituyen un peligro para las personas. 
Hemos acordado con la ponente en la resolución que la Comisión debe hacer alguna declaración concreta sobre dichas zonas. 
¿Cuál es la situación en relación con los bosques tropicales? 
¿Necesita 50 millones de ecus o 40 millones de ecus? 
Sobre las minas antipersonal, ¿de verdad necesitamos una plétora de líneas para esa acción o se pueden concentrar en un sector? 
Si la Comisión nos ofreciera una aclaración al respecto, sería de enorme ayuda. 
También en la categoría 4, tenemos un problema con los plátanos. 
Siempre hemos tenido un problema con los plátanos. 
La firma del Tratado de Roma se aplazó 24 horas por los plátanos. 
La ronda final del GATT no concluyó hasta que la UE hubo ultimado su acuerdo sobre los plátanos. 
Incluso en nuestro Grupo tenemos problemas al respecto. 
La realidad es que la mayoría de nuestro Grupo votará contra la enmienda encaminada a asignar los fondos a la línea. 
Se trata de un sector en el que existe mucha confusión y, si la Comisión pudiera- repito- aclarar la diferencia entre los «gastos» en la categoría 4 a este respecto y los «gastos» en el FED y por qué tiene que hacerse en uno y no en el otro, nos ayudaría. 
Sobre el informe del Sr. Viola, la mayoría de sus aspectos se podrán aceptar sin problemas. 
Lo único que no se podrá aceptar sin problemas el jueves es los subsidios para los diputados y el Estatuto. 
Nuestro Grupo se dividió en la votación de anoche y estoy seguro de que se dividirá en la votación del jueves. 
He de declarar ahora que el Grupo Socialista no tiene una posición definitiva. 
Si bien lo examinamos y votamos la semana pasada, estoy seguro de que esa posición cambiará el jueves. 
Estoy seguro de que se verán manos levantadas en varias direcciones en las diversas votaciones de la semana que viene. 
Por último, señor Presidente, el Tribunal de Justicia. 
Votamos en contra de un aumento de personal en él, porque somos coherentes. 
Todos los Grupos políticos han adoptado una política de denegación de aumentos de personal en todas las instituciones, lo que debe ser aplicable también al Tribunal de Justicia. 
Señor Presidente, este debate presupuestario es el último de esta Asamblea antes de las elecciones del año próximo y, de hecho, cuando volvamos para examinar lo relativo al año 2000, debemos contar con un acuerdo interinstitucional y una perspectiva financiera que serán diferentes de los que tenemos hoy. 
Antes de pasar a mis observaciones sobre los presupuestos institucionales y el presupuesto de la Comisión, deseo hacer dos observaciones generales sobre el presupuesto para 1999 en conjunto. 
En primer lugar, creo que constituye una señal del sentido de la responsabilidad del Parlamento que haya dejado grandes márgenes en el presupuesto. 
Cierto es que la estrategia global será la de asignar a la reserva algunos de los fondos en el margen, pero hemos dicho con toda claridad, desde el punto de vista de nuestro Grupo, que no son fondos que se vayan a comprometer: son para fortalecer la posición negociadora del Parlamento con vistas a la perspectiva financiera y el acuerdo interinstitucional. 
Tenemos un presupuesto que es muy riguroso: ha revelado que, a lo largo de un período de siete años, las cifras sobre las que ahora vamos a votar son muy diferentes de la perspectiva financiera que negociamos en 1992. 
Pero se trata de novedades inesperadas: como ha dicho el ponente para el presupuesto de la Comisión, la PAC está perfectamente dentro de las directrices, y se ha seguido sin gastar y sin comprometer gran parte de los Fondos estructurales, por lo que se han devuelto a los contribuyentes. 
Mi segunda observación sobre el presupuesto en conjunto es la de que hay un peligro real de que pasemos a un período en el que el presupuesto anual carezca de la menor pertinencia, en el que haya programas multianuales con arreglo a los cuales se han decidido las cifras año tras año y una perspectiva financiera que ha asignado fondos para un período avanzado en el futuro. 
Ésa es la razón por la que, en relación con las negociaciones sobre el futuro de la perspectiva financiera, queremos decir con absoluta claridad que habrá la suficiente flexibilidad en la asignación de los fondos y en la estructura de la perspectiva financiera. 
De lo contrario, sería mejor volver al artículo 203 y al proceso presupuestario anual, en el que el Parlamento puede tener su pertinencia real. 
Pero debemos velar por que el presupuesto anual sea un procedimiento en el que podamos examinar las cifras y no el estado actual de cosas. 
He tenido la sensación de que hemos estado hablando de pequeños importes y no de las cuestiones más importantes que nos preocupan en la Unión Europea. 
Sobre todo, debemos evitar una rigidez que podríamos calificar de soviética en nuestra forma de establecer nuestros presupuestos de la Unión Europea en el siglo XXI. 
Permítaseme pasar ahora a las observaciones sobre otras instituciones. 
Deseo felicitar a nuestro ponente, Sr. Viola. 
Cuando hay cuestiones realmente delicadas sobre las que la Asamblea tiene que decidir, la de ponente sobre el presupuesto no es tarea fácil. 
Pero en el Grupo PPE no hemos adoptado la posición de mostrarnos absolutamente rígidos: en los casos en que haya motivos justificados para aumentar el personal, como el Tribunal de Justicia nos convenció respecto de su caso, hemos votado a favor de esos créditos para la creación de 10 nuevos puestos. 
También queremos asegurarnos de que el año próximo, cuando vuelva el Parlamento después de las elecciones europeas, dispondremos de un sistema adecuadamente organizado de tecnología de la información, razón por la cual vamos a votar a favor de sacar todos los créditos de la reserva sobre tecnología de la información. 
La cuestión más delicada es claramente los gastos de viaje, respecto de los cuales nosotros, como Grupo, hemos sostenido hasta ahora- y supongo que ésa será la posición el jueves- a favor de la transición global de la Comisión de Presupuestos que vincula la cuestión de los costos de los gastos de viaje teniendo en cuenta el costo real para los subsidios de los diputados con la cuestión global del Estatuto. 
La inmensa mayoría de nosotros creemos que lo más sensato es lograr un acuerdo global al respecto, vinculado con nuestra firma del acuerdo interinstitucional al final del mes de marzo del año próximo, a fin de que tengamos un medio verdaderamente firme y satisfactorio mediante el cual los diputados sepan cuáles son sus derechos y deberes y después sabremos cómo vamos a pagar nuestros gastos de viaje en el próximo Parlamento, porque es de ilusos pensar que disponer simplemente de una decisión transicional- que la Mesa decidió anoche- es algo que podamos mantener en un futuro Parlamento y con lo que resolver nuestros problemas. 
Nos gustaría que se resolviera y se decidiese tan pronto como fuera posible sobre el Estatuto a partir del informe Rothley. 
Paso al presupuesto de la Comisión. 
Felicito a la ponente, Sra. Dührkop Dührkop, en nombre de mi Grupo. 
Sé perfectamente que no es fácil pilotar ese tipo de cosas por la Asamblea. 
A este respecto hay tres aspectos que destacan desde nuestra perspectiva particular. 
En primer lugar, aún hay algunos aspectos menores que queremos incluir y que la Comisión de Presupuestos no ha incluido, relativos a cuestiones tales como los centros de información- puedo asegurar a la Sra. Morgan que el jueves votaremos a favor de eso (B3-0301) -, la enfermedad de Alzheimer, el turismo y los bosques tropicales: se trata de cuestiones que queremos que formen parte del presupuesto que se apruebe, porque sabemos que este año las disposiciones sobre el fundamento jurídico no han facilitado nuestras decisiones en cuanto a cómo decidir lo que son proyectos experimentales y lo que son acciones preparatorias. 
Es de suponer que resulten más fácil ahora, al pasar a un proceso diferente. 
El primer año es siempre el más difícil. 
En segundo lugar, sobre el presupuesto exterior, anoche en la Comisión de Presupuestos votamos una propuesta de mi Grupo sobre Rusia. 
Queremos asegurarnos de que se han reservado créditos para que podamos responder a la solicitud de ayuda humanitaria que el Sr. Primakov ha hecho a las instituciones de la Unión Europea. 
No sabemos qué va a suceder, pero se deberían reservar esos créditos para que la Autoridad Presupuestaria pueda adoptar medidas concretas, en caso de que resulten necesarias. 
Ése es el objetivo de esa enmienda. 
Se trata de una cuestión que ha causado mucha preocupación real, pero se planteó porque en el Grupo PPE consideramos que era inaceptable que nosotros, como diputados, tuviéramos que ir a examinar un determinado informe en las oficinas de la Comisión y que no pudiésemos examinar, en realidad, dicho documento como diputados en la sede del Parlamento. 
Conque ésa fue la condición más importante que pusimos al desbloqueo de los fondos para la ayuda humanitaria. 
Intencionadamente o no, muchos diputados a esta Asamblea lo han exagerado, porque no votaron a favor. 
En la enmienda se decía que eso dependía de la segunda lectura. 
Era una reserva táctica. 
Ahora el Sr. Santer- y agradezco profundamente al Presidente de la Comisión la carta que ha enviado- ha satisfecho esas dos condiciones y esta noche voy a proponer a mi Grupo que desbloqueemos la reserva de esta línea para la votación del jueves. 
En mi opinión, ha sido una victoria importante para el Parlamento con vistas a lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de la Comisión. 
Ésa es la única forma como podemos en el futuro infundir confianza de verdad a nuestros ciudadanos en el proceso financiero. 
Señor Presidente, estamos entrando en el último año de este ciclo presupuestario. 
En términos presupuestarios, se puede decir que el Parlamento ha logrado grandes avances, junto con la Comisión y el Consejo. 
Ahora nos hemos afianzado como una institución creíble. 
Este año los pagos con cargo al presupuesto serán aproximadamente los mismos que el crecimiento global de los presupuestos nacionales. 
Por lo que se refiere al acuerdo sobre el fundamento jurídico, ahora hemos hecho exactamente lo que prometimos. 
Por desgracia, aún no se puede decir lo mismo del Consejo. 
Agradezco la labor de esta Presidencia, como siempre lo he hecho con la de todas las Presidencias, pero hay un problema estructural en el Consejo. 
El problema estructural es el de que el de Asuntos Generales, como reconoce la propia Presidencia, ha dejado de ser un Consejo de arbitraje. 
Los Ministros de Asuntos Exteriores han perdido el control global de las políticas generales de la Comunidad. 
Eso significa que el Consejo de Presupuestos, en este caso concreto, sigue siendo el órgano contabilizador que siempre ha sido. 
La Sra. Dührkop Dührkop, nuestra muy creativa ponente para este año, nos ha brindado un ejemplo: Leonardo. 
Hemos visto ejemplos similares en las diferentes posiciones sobre la agricultura. 
Sigue siendo necesario abordar ese problema. Espero que la Presidencia tenga más éxito en la segunda lectura que en la primera. 
Es un problema estructural y, a no ser que logremos avances al respecto, no creo que el presupuesto pueda ser en el futuro el instrumento normativo que fije realmente las prioridades correctas. 
La primera prioridad, fijada por la Sra. Dührkop Dührkop en su planteamiento general, es la de que debemos prepararnos para el período 2000-2006, con perspectivas financieras- es de esperar- y un acuerdo interinstitucional total. 
Pero, para lograrlo, el Parlamento tiene que prepararse. 
Así, pues, hemos seguido la estrategia global que entraña el establecimiento de una reserva general... no para utilizarla en términos financieros, sino para utilizarla como base para el próximo período. 
En vista de lo cual también yo he apoyado la enmienda: no porque queramos simplemente aumentar la cantidad de dinero, sino porque queremos enviar una señal concreta. 
Si eso significa que al final debamos reducir la cantidad para ajustarnos a la estrategia global, espero que se pueda hacer. 
He de formular otra observación simplemente, en materia de asuntos exteriores, relativa a Turquía. 
Nuestro colega el Sr. Wynn ha dicho que resulta muy claro que una vez más el Consejo no ha sido muy coherente respecto de Turquía. 
Este país debe formar parte de una estructura global para la Unión Europea. 
La cooperación financiera es la que aún carece de fundamento jurídico. 
Vamos a presentar una enmienda para que en la resolución sobre el presupuesto se diga claramente que esperamos que el Consejo lo proponga. 
Si hay un Estado miembro que lo bloquea, espero que el Consejo pueda al final llegar a un acuerdo al respecto. 
Un presupuesto debe reflejar prioridades. 
A ese respecto nos hemos sentido muy satisfechos de que respecto de una de las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo- el asilo y los refugiados- el Parlamento haya adoptado una iniciativa apoyada por todos los Grupos de esta Asamblea. 
Cuenta con ese apoyo porque creemos que la creación de un fondo europeo para los refugiados puede señalar el comienzo de una política de solidaridad. 
Hago un llamamiento especial a la Presidencia. 
Tal vez no se hayan entendido bien algunos de los aspectos del documento de la Presidencia sobre Ginebra. 
Pero es importante entender que la solidaridad debe empezar siendo financiera. 
Si queremos tener una política encaminada a compartir la carga global, la Comunidad Europea debe tener un instrumento a mano. 
Ésos fueron los antecedentes de los debates de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
Algunos de los diputados a esta Asamblea adoptamos la iniciativa de intentar de verdad formular proyectos experimentales. 
Espero que el Consejo cree un fundamento jurídico el año que viene. 
Entonces ese fundamento jurídico será la base para una política en materia de asilo y de refugiados que pueda por fin figurar en el primer pilar y ser una política real de la Unión Europea. 
Sobre la cuestión de ECHO, sólo quiero repetir lo que otros han dicho antes. 
Es importante que adoptemos un planteamiento real de fondo. 
Agradecemos mucho la labor de los Comisarios Liikanen y Gradin. 
Pero sigue existiendo un problema en la Comisión en conjunto. 
Sobre ese fondo se debe abordar la cuestión de ECHO. 
Como Grupo, nos oponemos a que se coloque a la UCLAF aparte. 
Creo que el Comisario lo sabe. 
Pero queremos dar una señal. 
También votaremos a favor de su desbloqueo en la reserva y su inclusión en la línea. 
No se trata de jugar con las cuestiones humanitarias. 
Se trata, sencillamente, de que en la primera lectura es importante dar una señal concreta. 
Respecto de los subsidios de viaje, estoy empezando a hartarme de toda esa cuestión, como muchos de nosotros. 
Pero nuestro Grupo ha adoptado una posición muy concreta- que comparten muchos, pero no todos -, a saber, la de que ninguna otra organización tolera que los gastos de viaje sean superiores a los costos reales. 
En vista de lo cual el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas ha estado pidiendo durante mucho tiempo que se tengan en cuenta los gastos reales. 
Naturalmente, comprendemos que debe haber un Estatuto, pero se trata, primordialmente, de un cometido del Consejo. 
En esta fase no podemos hacer nada mejor que adoptar una posición concreta que sea por fin una valerosa y dé una señal en el sentido de que esta Asamblea está en orden. 
Estimados colegas, recuerden hace aproximadamente dos años, cuando debatíamos en esta Asamblea el presupuesto de 1997, la declaración del año 1996, tanto del Consejo como de la Comisión, para superar cuantas objeciones tuviera entonces el Parlamento Europeo. 
Nos dijeron que ese presupuesto, o sea, el del 97 era el último presupuesto riguroso. 
No sólo no se respetó ese compromiso, sino que los siguientes presupuestos, como este de 1999, se han adaptado a las órdenes de una falsa UEM y se han sometido a las decisiones de los banqueros. 
Han puesto en el blanco la Política Agrícola Común. 
No sólo los gastos para la agricultura europea han bajado al 46 %, sino que ya se está lanzando la renacionalización parcial de la Política Agrícola Común, teniendo como protagonistas de esta peligrosa estrategia para la cohesión política de Europa, a los gobiernos neoliberales, que se suponen socialistas, de los Sres. Schöder y Blair. 
La diferencia entre el sur pobre y el norte rico se acentuará aún más y nuestros agricultores se van a encontrar en un callejón sin salida. 
La cohesión social de Europa y la salud pública están una vez más en el blanco. 
Las actividades de formación a favor de las asociaciones de trabajadores aparecen reducidas en relación con el año 98 también en relación con los pagos, y han bajado de ocho a seis millones de ecus. 
El diálogo social tiene un aumento mínimo, apenas 50.000 ecus. 
La solidaridad entre las generaciones se reduce casi a la mitad, no sólo en cuanto a las obligaciones sino también en cuanto a los pagos, estos se reducen de 4 a 2, 4 millones de ecus. 
Mínimo es el ascenso en los pagos para combatir la violencia que sufren los niños, los adolescentes y las mujeres- línea B3-4109- de 2 a 3 millones de ecus. 
En los temas de la salud los pagos se ven reducidos en comparación con el año pasado, no sólo para los temas de formación y de lucha contra el cáncer sino también para los temas de lucha contra el SIDA. 
En el empleo, en las líneas B5-502, B5-512, el aumento es sólo de un millón y medio y de 4, 7 millones respectivamente. 
Los pagos para las actividades contra la utilización de minas antipersona se reducen en un 1, 5 %. 
Los intérpretes y los operadores de conferencias también están en el blanco del nuevo presupuesto. 
Las líneas presupuestarias correspondientes se han recortado en un millón y medio de ecus. 
Lo siento, pero personalmente, como no socialista, no puedo votar a favor de un presupuesto así. 
Doy mi enhorabuena a la Sra Dührkop Dührkop por el trabajo y por el esfuerzo realizados, pero tengo una filosofía diferente de la suya, de la del Consejo y de la filosofía de la Comisión. 
Señor Presidente, ante todo quiero felicitar a los ponentes, entre otras cosas por el empeño que han demostrado ante la complejidad de los presentes informes. 
Se debe abordar el presente proceso presupuestario según dos perspectivas distintas pero inseparables: como previsión normal de ingresos y gastos para el próximo ejercicio y como referencia para el nuevo marco financiero que se iniciará con el final de este mismo ejercicio. 
A la luz de esa doble perspectiva, comprobamos que la Comisión- y más aún el Consejo- nos presentan un presupuesto de gran austeridad y que, en cuanto al porcentaje del PNB, es muy inferior al del presupuesto de 1998. 
Con ello se pretende dar continuidad y fortalecer una estrategia orientada a dar ejemplo en materia de cumplimiento de los criterios de convergencia y del Pacto de Estabilidad, para garantizar un nivel de gastos bastante inferior al plafond de recursos propios establecidos en Edimburgo, a fin de darle continuidad en el próximo período financiero, y para garantizar un margen importante de economías con vistas a la preparación de la ampliación. 
El hecho de que el valor final de este presupuesto- después de esta primera lectura y sin tener en cuenta las reservas especiales- sea inferior a lo que consta en la Agenda 2000 para los quince Estados actuales y para el próximo marco financiero, asocia inevitablemente al Parlamento Europeo con aquella estrategia y le impide formular con claridad las prioridades que deberían serle propias. 
Por eso, no ha de extrañar que hoy, y por nuestra parte, nos alejemos, como siempre lo hacemos, de semejante estrategia y de sus consecuencias en el nivel presupuestario, al tiempo que subrayamos desde ahora mismo que el problema no es tanto que no vayamos a votar el jueves cuanto lo mucho más que queda por votar. 
En efecto, y a título de ejemplo, la lucha contra el desempleo sigue sin recibir la respuesta debida; por otro lado, se ha establecido este nuevo presupuesto sin haber tenido en cuenta mínimamente la crisis financiera mundial y la necesidad de que se adopten medidas comunitarias de ámbito interno y orientadas al exterior, en particular para Rusia y para América Latina. 
A ese respecto, y como se comprenderá, la propuesta aprobada en comisión y que fija una reserva especial de 500 millones para Rusia no da solución cabal al problema, porque no se trata sólo de Rusia y porque considero que se debería examinar ese asunto independientemente de las estrategias de reservas especiales. 
En cuanto a éstas y, más en general, a la estrategia que encarnan en el sentido de la creación de un presupuesto virtual y de referencia, opinamos que, dado el marco presente y con vistas a prevenir la posibilidad de que no se llegue a firmar el nuevo acuerdo interinstitucional, resulta, de hecho, ventajoso adoptarlas. 
Por eso, apoyamos a la ponente en este importante ámbito, entre otras cosas por el carácter restrictivo de lo que se propone para 1999 y que antes he mencionado y porque, por esta vía, el Parlamento Europeo subvierte de alguna forma la alineación con la estrategia a medio plazo a que antes he hecho referencia. 
Unas palabras para subrayar nuestra insatisfacción ante el retroceso habido en lo relativo al proceso ad hoc. 
De hecho, es indispensable otra colaboración entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Al detenerme también en algunos aspectos fulcrales de este proceso presupuestario, he de decir algunas palabras sobre los fundamentos jurídicos. 
A ese respecto apoyamos también, en lo esencial, la posición adoptada por el Parlamento Europeo, sin perjuicio de considerar que se sacrifican líneas presupuestarias en las que habíamos puesto empeño particular, en particular en la esfera social. 
Pero, aun así, consideramos que el acuerdo tripartito a que se ha llegado permite salvar algo importante que, de lo contrario, se perdería igualmente. 
Por nuestra parte, lamentamos, entre otras cosas, que líneas como las destinadas a los trabajadores migrantes, al turismo y a la pequeña pesca costera se hayan quedado por el camino. 
Permítaseme abordar algunas cuestiones más concretas. 
Me congratulo, ante todo, del cumplimiento en general del Acuerdo de Edimburgo en lo relativo a las acciones estructurales. 
En cuanto a la colocación en la reserva de algunos importes de las autorizaciones y de los pagos relativos a los Fondos estructurales, podemos aceptarla sin mayor dificultad, ya que se tiene presente su negociación en cuanto a su futura utilización y porque también va asociada a los niveles reales de utilización de los fondos por parte de los diferentes Estados miembros. 
A nuestro entender, es correcto que no paguen justos por pecadores. 
En cuanto al corte de 500 millones de ecus en los pagos, aunque resulte técnicamente comprensible, habríamos preferido, en la primera lectura, que se hubiera sumado a los 250 millones de ecus dejados en reserva. 
Hablemos ahora de las otras dos cuestiones que también se desprenden de las votaciones celebradas en la Comisión de Presupuestos y ambas en la esfera de la cooperación. 
La primera tiene que ver con la ayuda humanitaria y con el ecu. 
Consideramos que el camino seguido no ha sido el más adecuado. 
Con la estrategia adoptada, al elegir semejante rúbrica y al colocar en una fase inicial el importe total de esas ayudas en la reserva, y condicionada por la Comisión para la satisfacción de algunas condiciones, el Parlamento Europeo acaba yendo por lana y saliendo trasquilado. 
Ante la respuesta positiva, pero de alcance limitado, del Presidente Santer, y ante la situación maximalista de que se coloque todo en la reserva, el Parlamento Europeo, para no enredarse él mismo en dificultades, acaba no teniendo otra opción que la de acatar esa respuesta como satisfactoria y prescindir, así, de todo instrumento de presión futura en materia de tan gran alcance. 
Otra seria la situación, si, como siempre hemos sostenido, esa reserva hubiera sido más limitada (aunque importante). 
La declaración del Consejo ahora pronunciada en cuanto a esa materia, que aplaudimos, debería también movernos a hacer algo en este proceso presupuestario respecto de esta cuestión. 
Segunda cuestión, también en la esfera de la cooperación; tiene que ver con la anulación de la línea relativa a la producción de plátanos por los países ACP. 
Se trata de un asunto particularmente delicado y, naturalmente, votaremos contra esa propuesta aprobada por la Comisión. 
Unas últimas palabras para decir que consideramos de la mayor importancia la cuestión de los gastos correspondientes a los diputados a esta Asamblea. 
Pero no es para nosotros la cuestión más importante. 
Las cuestiones más importantes son otras. 
Por nuestra parte, hemos contribuido positivamente, en varias instancias de esta Asamblea, a la resolución de esta cuestión que exige un consenso y, por eso mismo, manifestamos nuestra disponibilidad para compartir ese mismo consenso de una forma que no sea demagógica. 
Señor Presidente, Señorías, ¡lo hemos conseguido, el presupuesto se tiene en pie! 
Por lo cual yo quiero manifestar, en primer lugar, mi más sincero agradecimiento a las y los ponentes. 
En el procedimiento ha habido también muchos momentos dolorosos, sobre todo en lo que se refiere a la nueva orientación de las líneas presupuestarias atendiendo al fundamento jurídico. Esto ha afectado de manera particular al ámbito social. 
La tan debatida reserva de los fondos de ECHO ha tenido como resultado que la Comisión esté obligada a poner a nuestra disposición el informe de la UCLAF y todos los informes que ésta elabore en el futuro. 
Todavía recuerdo muy bien algunas conversaciones informales con cuatro Comisarios y un Secretario General y también otras conversaciones mantenidas en la Comisión, en las que me replicaron reiteradamente que no podíamos examinar los documentos porque había razones jurídicas que lo impedían. 
El Parlamento ha conseguido que el artículo 206, cuya interpretación se había trastocado, vuelva a aplicarse como es debido. 
Sin embargo, con la carta del señor Santer no se han cumplido todavía todos los requisitos. Por este motivo, mi Grupo político vuelve a presentar nuestra enmienda original por la que se solicita que se establezca una reserva del 30 % en el ámbito de la ayuda de ECHO para la Europa central y oriental, con objeto de tender en cierto modo un cable a la Comisión de Control Presupuestario y darle tiempo para valorar exhaustivamente la carta del señor Santer y examinar con detenimiento el informe de la UCLAF. 
Con vistas al futuro, sería interesante que la Comisión concretase los problemas de personal que ha expuesto repetidamente en este contexto- aun a sabiendas de que en el caso de ECHO no se trataba de un minipresupuesto normal- y que los examinase con la Comisión de Presupuestos, en la línea de los mecanismos Liikanen o de otras soluciones. 
Pasando al tema de los gastos de viajes, siguiendo el lema que dice: «¡Una vez perdida la fama, ya todo vale! », la Mesa nos presentó una nueva norma que sólo podría calificarse como un chiste si el asunto no fuese tan serio. 
La propuesta de nuestro Grupo, que luego recibió el apoyo de los señores Dankert, Brinkhorst y Fabre-Aubrespy, obtuvo un respaldo mayoritario en la votación de ayer. 
Es un buen punto de partida. 
No obstante, la modificación añadida que pide una vinculación con el estatuto desvirtúa los aspectos positivos y está en contradicción con la primera parte. 
Por esto es importante la participación de cada diputada y cada diputado en la votación del jueves en el Pleno. 
Ésta demostrará si el Parlamento es capaz de asumir su propia organización y reforma o no. 
Por desgracia, el Grupo de los Verdes no está representado en la Mesa. 
El debate de ayer sobre nuestra propuesta demostró, no obstante, que sólo con el concurso del Grupo de los Verdes será posible una nueva regulación de la compensación de los gastos, de los gastos de viaje en este caso concreto. 
Mi Grupo político persigue desde hace tres años el objetivo de garantizar las pensiones de las personas empleadas en las instituciones europeas. 
Se ha puesto de manifiesto una dramática laguna en la cobertura, que exige una nueva orientación. 
Gracias a la buena colaboración mantenida con el Sr. Viola y la Sra. Dührkop se presenta ahora una propuesta común de todos los grupos políticos con vistas a la creación de un fondo de pensiones que cubra todos los nuevos derechos de pensión a partir del 1 de enero de 1999. 
Por primera vez se constituirá una reserva que permita cubrir la laguna en la cobertura. 
Este es un ejemplo de política presupuestaria sostenible y previsora, y sólo nos queda confiar en que sea posible alcanzar pronto un acuerdo con el Consejo en relación con este tema. 
Señor Presidente, Señorías, desearía, a mi vez, felicitar ante todo a Barbara Dührkop Dührkop por el excelente trabajo que ha realizado en unas condiciones- este año- particularmente difíciles, relativo a un presupuesto que es, también, el último de esta legislatura y que, por lo tanto, tiene una significación muy especial, sobre todo si se piensa en el vencimiento del Acuerdo interinstitucional. 
Desde este punto de vista, he suscrito- y nuestro Grupo ha suscrito- una de las estrategias que proponemos en dicho documento, y que consiste en recordar al Consejo los términos del compromiso político, moral, incluso jurídico, vinculado con la conclusión de un nuevo Acuerdo interinstitucional. 
Desearíamos que la iniciativa que proponemos, en tanto que Comisión de Presupuestos, al Parlamento, pueda aprobarse el jueves, para demostrar que este Parlamento no cederá y que está dispuesto a sacar partido de sus poderes para aplicar lo que nos ha parecido ser un buen instrumento de trabajo, y que ha dado muestras de su eficacia. 
Me felicito asimismo del acuerdo sobre los fundamentos jurídicos. 
Pienso que hemos despejado la vía para lograr un acuerdo global, que permitirá, con respecto a muchas líneas y numerosos proyectos que revisten especial importancia para el futuro de la Unión Europea, tener una visión, digamos, más sana de las cosas. 
Espero que, por su lado, el Consejo, contrariamente a lo que ocurría hasta ahora, haga todo lo posible para que los reglamentos sean aprobados y para que no se pueda especular con los poderes presupuestarios del Parlamento, en detrimento de sus poderes legislativos. 
En cuanto al presupuesto propiamente dicho, mi Grupo y yo estamos particularmente insatisfechos debido al hecho de que algunos hayan querido mezclar los conceptos. 
Nosotros desempeñamos un papel presupuestario y un papel de control presupuestario. 
Pienso que todo lo relacionado con el control debe ejercerse con el mayor rigor posible, si queremos instituciones más sanas, más transparentes y en condiciones de responder mejor a las expectativas de los ciudadanos. 
Si hay un problema, sea de fraude o de mala utilización de los fondos comunitarios, deberá aclararse con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, pero no debemos actuar movidos por la emoción o para efectuar una operación mediática, ya que siempre queda bien aparecer en la prensa y en los diarios. 
No hay que mezclar los criterios y usar los créditos de 1999 para pedir cuentas de lo ocurrido con los créditos de 1993 y 1994. 
Pienso que no es bueno jugar a este juego. 
Más allá de la enmienda que consigna en la reserva los créditos de ECHO, existían otros instrumentos, y pienso que son precisamente dichos instrumentos los que han incidido para desembocar en una decisión, en mi opinión, muy prudente. 
Cuando se trata de proteger un conjunto de intereses, incluyendo los intereses de los presuntos culpables de algunos hechos, pienso que hay que actuar con cierto respeto. 
Así se ha hecho. 
Naturalmente, nosotros hemos contribuido a ello, y es nuestro papel en tanto que responsables del control presupuestario- no del presupuesto- lo que se habría tenido que poner de relieve. 
Cuando, en un debate presupuestario, escucho críticas como las que ha hecho un diputado eminente de nuestra Asamblea, el Sr. Giansily, me dan ganas de responderle, como decía hace treinta años el general De Gaulle: «¡Sí a las reformas, no al desorden! ». 
Por lo tanto, pienso que, desde este punto de vista, mezclar los conceptos es hacer un flaco servicio a Europa. 
Espero sinceramente que, de aquí al jueves, pongamos las cosas a punto. 
En todo caso, ese es el deseo de nuestro Grupo, para poner fin a ese chantaje frente a uno de los programas fundamentales y más importantes que la Unión Europea haya logrado desarrollar en seis años. 
Naturalmente, en cuanto al resto, señor Liikanen, ahí le esperamos; y también a mis colegas, para que se aclaren los demás casos. 
En efecto, no se pueden llenar las páginas de los diarios con un caso, cuando existen otros que se pasan completamente por alto. 
Es, en cierto modo, como si dependiera de la cara del cliente. 
Solucionemos entonces este caso, si es que existe, y aprovechemos para solucionarlos todos. 
Por lo tanto, sinceramente, queridos colegas, digo: votemos con sensatez, y votemos como lo exige la dignidad de este Parlamento. 
Señor Presidente, como lo ha recordado nuestro ponente, la singularidad del presupuesto para 1999 reside en que será el último que se apruebe en el marco de las actuales perspectivas financieras. 
Esta circunstancia lleva hoy a la Comisión de Presupuestos a proponernos, no un presupuesto, sino un documento de negociación con miras a concluir, en su caso, un futuro Acuerdo interinstitucional con el Consejo. 
Primer absurdo: esta circunstancia ha llevado a la Comisión a proponer acciones estructurales hasta alcanzar el total del techo de la rúbrica, a fin de que las dotaciones decididas en Edimburgo puedan ser efectivamente comprometidas, en su conjunto. 
El Consejo tiene razón al preconizar, probablemente porque es el único que conoce el verdadero valor del dinero, que el sistema de rigor general también debe aplicarse a las acciones estructurales. 
El Parlamento, por su parte, continuará privilegiando las acciones estructurales: + 16, 6 % de aumento en compromisos, a pesar de la infrautilización generalizada de estos créditos. 
Los gastos presupuestarios distintos de las acciones estructurales y de las políticas internas han sido estrictamente delimitados por la Comisión, liberándose márgenes importantes en relación con 1998. 
El Consejo ha incrementado este esfuerzo de rigor. 
Así, los gastos agrícolas, el eterno chivo expiatorio de nuestra Asamblea, son los únicos que registran un crecimiento cero en relación con 1998. 
En términos reales, estos gastos acusan incluso un descenso en relación con 1998, y este año sólo representarán el 42, 2 % del total de los compromisos. 
Las políticas internas, que el Consejo no había exonerado del esfuerzo de rigor, han sido incrementadas por la Comisión de Presupuestos en más de 300 millones de ecus, por un importe global de 6, 15 millardos de ecus, es decir: + 7 %. 
Estamos lejos de nuestras orientaciones de la primavera, que preconizaban una subida máxima del 2, 5 al 3 % en relación con el año pasado. 
La creación de las cuatro reservas especiales, por un importe total de 1, 6 millardos de ecus en compromisos y de 4 millardos de ecus en pagos es inaceptable. 
Se trata de un «farol» de nuestra Comisión de Presupuestos, que quiere presionar al Consejo, puesto que la misma rechaza un proyecto de presupuestos fijado en el 1, 09 % del PNB. 
Me niego a que otra vez los contribuyentes de nuestros Estados sirvan de rehenes al Parlamento Europeo en el marco de una estrategia de enfrentamiento con el Consejo. 
El proyecto de presupuesto está artificialmente fijado en el 1, 17 % del PNB, a fin de servir de base de cálculo para el período 2000-2006, pero ello se traduce por una subida del 7 % en relación con 1998, y del 12, 5 % si se toman en cuenta solamente los gastos no obligatorios. 
Nosotros condenamos, finalmente, la escandalosa maniobra que, en comisión, ha suprimido las ayudas a los productores de plátanos de los países ACP, y el supuesto ultimátum lanzado a la Comisión a través de la consignación en la reserva de los créditos de la ayuda humanitaria. 
Es con ocasión de la votación sobre la aprobación de la gestión cuando será conveniente juzgar el escándalo de ECHO. 
Dos palabras, para terminar, sobre el Informe Viola: nos felicitamos de que, por fin, se haya aprobado nuestra enmienda sobre el reembolso del coste real de los gastos de viaje. 
Pero debe quedar claro que se trata de una medida de transparencia que no debe estar ligada a un posible estatuto. 
Corresponde a los Estados miembros modificar, en su caso, la dieta de los diputados europeos, en función de la situación de sus diferentes representantes y de la apreciación que tienen de su papel y de su importancia. 
Señor Presidente, lo que hoy se nos propone no es un presupuesto, es un ejercicio de abultamiento presupuestario, es un montgolfier de créditos. 
En el momento en que la inflación está controlada- ésta es prácticamente inexistente -, en que los Estados naciones están sometidos a normas obligatorias en relación con la aplicación del euro, el presupuesto de la Unión Europea dilapida el dinero. 
El proyecto de presupuesto establece el 6 % de aumento en créditos para compromisos y cerca del 3 % de incremento en créditos para pagos. 
¡Más del 7 % en compromisos y cerca del 4 % en pagos es lo que contempla el presupuesto que va a ser votado por el Parlamento Europeo, que, es verdad, siempre está dispuesto cuando se trata de no reparar en gastos! 
Esto no se justifica en modo alguno. 
La masa principal de los gastos agrícolas disminuirá en términos reales. 
Por otra parte, en su documento sobre la reforma de las finanzas comunitarias, la Comisión propone reducir las ayudas directas a las rentas agrícolas en el marco del FEOGA-Garantía, lo que supone una verdadera transferencia de cargas de la Unión Europea hacia los Estados. 
¿Cómo puede explicarse, en estas condiciones, el aumento global de la masa presupuestaria? 
¡Y bien! , en primer término, debido al abultamiento de los Fondos estructurales: + 18 % en créditos para compromisos, + 9, 5 % en créditos para pagos. 
Estas cifras están desprovistas de todo realismo y rigor. 
La Unión Europea abre de par en par las ventanillas del clientelismo regional, sin tener ninguna consideración para con los contribuyentes, sin temer al despilfarro en el que desembocará la prodigalidad presupuestaria. 
En segundo término, debido al abultamiento presupuestario de las políticas internas: + 8 %, a pesar de que la aplicación del principio de subsidiariedad debería incumbir a la responsabilidad de los Estados, de las regiones o de las colectividades territoriales. 
Finalmente, existe un abultamiento presupuestario respecto a las acciones exteriores: + 5 % de aumento. 
En este caso, también habría mucho que decir. 
¿Qué razones tiene la Unión Europea para estar orgullosa de sus acciones humanitarias, que multiplican las operaciones y los puestos de trabajo ficticios? 
Lo único que no es ficticio en materia de acciones humanitarias es el tren de vida de aquellos que se ocupan de las mismas y la autopublicidad de aquellos que las dirigen. 
¿Qué razones tiene la Unión Europea para estar orgullosa de sus proyectos TACIS y de sus acciones en la ex Unión Soviética, cuando comparte con el FMI la responsabilidad de haber dado a Rusia los buenos consejos y los buenos dirigentes que han supuesto su hundimiento económico y social? 
¿Qué puede decirse de la ayuda alimentaria que ahora propone la Comisión de Presupuestos, cuando en todos los sitios en que se han realizado ayudas alimentarias, éstas han terminado de desorganizar los circuitos de producción y de distribución? 
Injustificado desde el punto de vista de las políticas internas, perjudicial para las acciones exteriores, fuente de despilfarro para los Fondos estructurales, el abultamiento presupuestario cuesta caro a los contribuyentes: 95 millardos de francos únicamente a los contribuyentes franceses, es decir, la tercera parte del impuesto sobre la renta, con un aumento anual de casi el 4 %, o sea, superior a las demás grandes masas presupuestarias del presupuesto francés. 
En estas condiciones, los diputados del Frente Nacional votarán en contra de este proyecto de presupuesto, de este proyecto de presupuesto de la Europa de Maastricht y de Amsterdam, que va en contra del interés de los contribuyentes y de los ciudadanos. 
Premio Nobel de la Paz 
Señorías, ayer, al comienzo de la sesión, tuve la oportunidad de expresar la gran satisfacción de la Asamblea ante la concesión del premio Nobel a nuestro colega el Sr. John Hume. 
(Vivos y prolongados aplausos) Muchos diputados expresaron el deseo de que nuestro colega oyera sus felicitaciones directamente, por lo que propongo que un miembro de cada Grupo haga extensiva la felicitación a nuestro colega durante un minuto. 
Después le concederé a él el uso de la palabra. 
Hoy podemos hacer lo que ayer fue imposible. 
Señor Presidente, me complace enormemente poder rendir tributo, en nombre del Grupo Socialista, a nuestro colega y camarada, John Hume, a quien, como saben Sus Señorías, se ha concedido el premio Nobel de la Paz. 
La contribución de John Hume al proceso de paz en Irlanda del Norte es sin duda la base sobre la que descansa el Acuerdo del Viernes Santo, que, según esperamos todos, conducirá a una paz larga y duradera en Irlanda del Norte. 
Rendimos tributo a John y a la inmensa labor que ha llevado a cabo, pese a las adversidades que su familia y él han superado durante tres decenios en busca de una solución pacífica en Irlanda del Norte. 
Al decir todo esto, rendimos tributo también a David Trimble, que comparte el premio Nobel con John este año, por el valor que ha demostrado en los últimos tiempos al avanzar hacia el acuerdo de paz para Irlanda del Norte. 
Pero a John, nuestro querido John, que ya hace años que es miembro de nuestro Grupo, queremos decirle lo orgullosos que estamos de él, lo difíciles que han sido estos años, cómo comprendemos que ha sufrido ataques físicos él mismo, pero también mordaces ataques personales, a consecuencia de sus gestiones para iniciar el proceso de paz. 
Así se lo ha reconocido el premio Nobel y- lo que es más importante- el Acuerdo del Viernes Santo, lo que constituye- lo sabemos- un testimonio y un tributo a la labor que ha llevado a cabo. 
Nos complace mucho compartir este momento contigo; es un momento maravilloso para nosotros. 
Te lo agradecemos, te felicitamos y deseamos que sea un estímulo para luchar y seguir luchando por la paz en Irlanda del Norte. 
Todos nosotros estamos contigo en eso. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo y con el orgullo de ser irlandesa, quisiera rendir tributo a John Hume y decir lo que nos complace y encanta que por fin haya la recompensa y el reconocimiento con la concesión del premio Nobel, para él y para David Trimble. 
Después de una época de gran angustia y dolor en nuestro país, éstos son los buenos tiempos, John, y, gracias a Dios, estás ahí para disfrutarlos y disfrutar los tributos de tus amigos y colegas y de tus compatriotas en este momento de tu vida. 
No olvidamos tampoco la gran tenacidad que has demostrado en los 30 últimos años para intentar lograr la paz. 
Tu vía de la no violencia ha logrado por fin, gracias a Dios, para siempre la paz por la que todos hemos rezado en Irlanda del Norte durante muchísimos años. 
Nuestra felicitación más calurosa para ti. 
El país está orgulloso de ti. El mundo está orgulloso de ti y en particular también, desde luego, este Parlamento del que eres un distinguido diputado. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo ELDR y en el mío propio, quiero felicitar calurosamente a nuestro colega el Sr. Hume. 
El Sr. Hume ha demostrado, a lo largo de toda su vida adulta y en circunstancias muy difíciles, el compromiso más coherente con la vía constitucional en política. 
También ha aportado un profundo análisis personal a la política de una sociedad dividida. 
Se basa, sobre todo, en un sentido de la tolerancia, del pluralismo y del respeto: respeto de las tradiciones divergentes y diferentes. 
Ese análisis es el que ha llegado a ser la piedra angular del proceso de paz. 
El Sr. Hume ha corrido también personalmente graves riesgos por la paz. 
Tuvo el valor de hacer entrar en ese proceso, arrostrando muchas críticas, a Gerry Adams y al Sinn Fein, que son parte importante de la situación en evolución de Irlanda del Norte. 
Su premio de esta semana, que, según ha tenido la generosidad de reconocer, es una señal del respeto ante la nueva situación de la propia Irlanda del Norte, es muy merecido. 
Felicito personalmente a él y a su esposa, Pat, que siempre lo ha apoyado, por este logro. 
Deseo, en nombre de mi Grupo, felicitar calurosamente al Sr. David Trimble y reconocer su papel. 
Cito al Senador George Mitchell de los Estados Unidos, que desempeñó un papel enormemente importante en ese proceso. Sostuvo- con razón, me parece a mí- que sin John Hume no habría proceso de paz y sin David Trimble no habría habido acuerdo de paz. 
Así, pues, es apropiado que esos dos hombres, a sus distintos modos, mediante sus diferentes trayectorias políticas largas y recientes, hayan recibido ese hermoso reconocimiento de este modo. 
Señor Presidente, constituye un gran privilegio y honor para mí, en nombre del Grupo Unión por Europa, felicitar muy calurosamente al Sr. Hume por su importante logro al obtener el premio Nobel de la Paz. 
Deseo felicitarlo a él y a su esposa, que durante muchos años tuvo que resistir junto a él en una vigilia muy solitaria. 
He observado muy de cerca al Sr. Hume durante los numerosos años en que ha estado intentando promover la paz con justicia en Irlanda del Norte. 
Hubo un tiempo, en particular, en que tenía muy pocos amigos: no era nada bien recibido en la mayoría de las puertas a las que llamaba para defender a personas que merecían lo que ahora damos por descontado aquí hoy. 
Observé a John Hume cuando, de joven y con un pequeño grupo de seguidores leales y entregados, intentaba despertar las conciencias de muchas personas. 
Hizo un gran descubrimiento, al principio, aquí, en el Parlamento Europeo. 
Fue aquí donde comprendió cómo podían cooperar los Estados miembros unos con otros después de una época muy difícil durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 
Llevó consigo esa experiencia a su patria, a Irlanda, y preguntó por qué, si los alemanes, los franceses y otros podían hacerlo en Europa, no podíamos hacerlo en Irlanda del Norte. 
Fue una lección de Europa que dio resultado en Irlanda. 
Europa respondió firmemente a la petición del Sr. Hume de que lo ayudara a hacerla realidad. 
Espero muy encarecidamente que el reciente reconocimiento- muy merecido y muy apreciado- que el Sr. Hume ha recibido del grupo Nobel constituya otro incentivo para el Sr. Trimble y todos los demás que están allí dispuestos a seguir hasta el final del camino, conscientes de que cuentan con todo el apoyo no sólo del Parlamento, sino del mundo entero. 
Bien hecho, John. 
Te deseamos buena suerte en todo lo que estás intentando hacer. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, yo también quiero expresar, en nombre del Grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, la emoción que hemos sentido con la atribución del Premio Nobel a nuestro estimado colega. 
Vemos a John Hume como un hombre de paz, un hombre de tolerancia, un hombre ejemplar que ha sabido ser un explorador de la paz, ha ido por delante de los demás, varios años por delante, siempre con riesgo personal, siempre comprometido, siempre convencido. 
Y nos ha dado un ejemplo a todos. 
Para Europa, la situación irlandesa era una herida terrible en lo más interno de su propio cuerpo político. 
Y la decisión de hombres como John Hume ha hecho posible ver esa luz, ver esa esperanza. 
Algunos dicen «todavía no está conseguida plenamente la paz y la normalización democrática en Irlanda del Norte ', pero él ha hecho irreversible ese objetivo de la paz y de la normalización política. 
Pensamos, como todos los Grupos parlamentarios, que este premio, más que prestigiar a John Hume prestigia al propio Premio Nobel. 
El Premio Nobel tiene más importancia cuando personas como John Hume reciben el Premio de la Academia. 
Por eso, hoy nosotros compartimos, como diputados europeos, el premio de John Hume. 
Su talante, su modestia, su compañerismo hacen que nos sintamos hoy con él en familia, más allá de los protocolos que puede tener una institución. 
Y estamos seguros de que contará con todo el Parlamento Europeo para seguir trabajando por la paz en todos los rincones de Europa y del mundo. 
Muchas gracias a John Hume. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes y en particular de mi colega Nuala Ahern, quisiera felicitar calurosamente al Sr. Hume por este honor. 
Es un honor no sólo para el Sr. Hume personalmente, es también un gran honor para esta Asamblea que un diputado haya recibido el premio Nobel de la Paz. 
Sigue ahora los pasos de otros grandes hombres de paz: por ejemplo, Nelson Mandela. 
También es un honor para todas las demás personas que han laborado en pro de la paz en Irlanda del Norte. 
Hace menos de cinco años, cuando llegué a este Parlamento, la situación seguía siendo muy difícil para John Hume y había mucha oposición de los medios de comunicación más importantes de algunos países, incluido el mío, a las iniciativas que había adoptado. 
Se ha demostrado que tenía razón y lo que hizo fue sin lugar a dudas correcto. 
Ha hecho avanzar la paz. 
Debemos asimilar la enseñanza que de ello se desprende y que es la de que iniciativas muy valerosas adoptadas por personas que han de afrontar críticas implacables contra ellas, sus familias y sus seguidores, pueden resultar extraordinariamente importantes para lograr la paz cuando al final resultan ser acertadas. 
Como han dicho muchos, aún no tenemos la paz en Irlanda del Norte, pero estamos acercándonos a ella y espero que la generación que está creciendo en Irlanda del Norte, en particular los jóvenes, tenga derecho a hacerlo en una sociedad desmilitarizada en la que no se consideren las pistolas como la norma, sino como algo inhabitual. 
John Hume habrá contribuido a eso. 
En nombre del Grupo de los Verdes, lo felicito de lo más calurosamente por lo que ha logrado. 
Ha enviado un mensaje claro a otras personas del mundo sobre la necesidad de que actuemos con valentía. 
Es la única vía para avanzar. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea y en nombre propio, desearía, con fervor y convicción, expresar nuestra admiración y nuestro reconocimiento a John Hume. 
Con visión, con paciencia, con coraje, usted ha sabido, señor John Hume, mantener el rumbo y, hoy, alcanzar el objetivo. 
Esperemos que el acuerdo de paz sea sólido y permanente. 
Usted nos ha servido de ejemplo, y para nosotros, diputados, usted es y seguirá siendo un ejemplo. 
Estamos orgullosos de tener un hombre como usted en nuestras filas. 
Usted también ha encarnado un mensaje de esperanza, de tolerancia. 
Ciertamente, la tolerancia debería ser la regla en toda Europa: es uno de nuestros valores fundamentales. 
Desgraciadamente, aún quedan zonas negras en Europa. 
Irlanda del Norte era una de estas zonas. 
Gracias a usted, abrigamos nuevamente una gran esperanza. 
Gracias, desde el fondo del corazón, gracias. 
Señor Presidente, en mi nombre y en el de mi Grupo, deseo felicitar de lo más calurosamente a un colega, a alguien con quien he trabajado como diputado a este Parlamento durante más de nueve años. 
Felicito sincera y de lo más calurosamente por el premio recibido no sólo a John, sino también a su esposa, Pat, a la que conozco muy bien, la verdad. 
La verdad es que hay ocasiones en que, si se quiere que se haga algo, con quien hay que ponerse en contacto es con Pat y no con John. 
Quisiera también felicitar a mi dirigente, David Trimble, que ha demostrado una notable entereza y un valor extraordinarios como dirigente del Partido Unionista del Ulster. 
Conozco mejor que nadie los riesgos que ha corrido y, de hecho, los desafíos que aún tiene ante sí. 
No debe pasar inadvertido su valor. 
(Aplausos) También deseo decir que, por haber participado en la vida política de Irlanda del Norte en los 25 o 26 últimos años, conozco las dificultades, los riesgos y los desafíos y sé lo que ha sido avanzar a duras penas por un camino largo y solitario en los 30 últimos años en Irlanda del Norte. 
He de hacerme eco de las palabras de mi dirigente de entonces: simplemente esperaba que no fuera demasiado pronto. 
Todos esperamos- y por ello rezamos- que no sea demasiado pronto y que estemos en un camino por el que no haya vuelta atrás por los 30 años que hemos vivido. 
Tenemos un imperativo ante nosotros. 
Si bien puede haber aún mucho camino por recorrer, estoy convencido, desde luego, de que no habrá vuelta atrás ni mirada atrás. 
He de decir que John y yo y, de hecho, el Sr. Paisley hemos demostrado con nuestra cooperación en este Parlamento lo que se puede lograr, lo que es posible y cómo podemos lograrlo. 
Ese imperativo está ahí para que todos lo afrontemos. 
Conozco al dirigente de mi partido y conozco a John y sé que el dirigente de mi partido y Seamus Mallon estarán en Bruselas en el miniperíodo parcial de sesiones a comienzos de noviembre. 
En este Parlamento tenemos una oportunidad de reconocer la labor, la tarea y los logros que tenemos ante nosotros. 
Concluyo felicitando a John de nuevo y deseándole toda clase de éxitos con el premio. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, estoy, evidentemente, muy emocionado hoy y agradezco a todos Sus Señorías su caluroso apoyo. 
Evidentemente, me he sentido muy honrado de haber obtenido este premio, pero no lo considero simplemente un premio personal. 
Deseo expresar mi profundo agradecimiento a los diputados de mi Grupo aquí y a los diputados de otros Grupos que me designaron para ese premio. 
Como he dicho, no lo considero simplemente un premio personal: lo considero una profunda expresión de la buena voluntad internacional y del apoyo a la paz en nuestras calles. 
No me cabe duda de que fortalecerá la voluntad de nuestro pueblo de continuar con la enorme tarea de acabar con una lucha de siglos y aportar una paz duradera a nuestro pueblo. 
Durante todo el proceso de paz me sentí muy agradecido por el enorme apoyo que dicho proceso ha recibido de esta Asamblea y de las instituciones de la Unión Europea y, en particular, del programa para la paz y la reconciliación, que esta Asamblea hizo suyo unánimemente y que tanto está contribuyendo en el nivel de la base. 
Es tan positivo, que merece ser estudiado ahora por otras regiones de Europa. 
Pero lo más importante de todo es que, por lo que a mí respecta, el proceso de paz en Irlanda del Norte ha recibido la inspiración más importante del ejemplo de esta Asamblea. 
Cuando llegué aquí por primera vez en 1979- cuento esta historia con frecuencia- di un paseo por el puente que enlaza Estrasburgo con Kehl. 
Me detuve y pensé: hace treinta años, si me hubiera detenido en el puente y hubiese dicho: «No te preocupes, aunque ha habido 25 millones de muertos por segunda vez en un siglo y durante siglos estos pueblos de Europa se han matado mutuamente, ahora ya todo ha acabado y dentro de 30 años estarán todos unidos» , me podrían haber enviado a un psiquiatra. 
Pero así ha sido. 
No olvidemos que, como hemos visto, la Unión Europea es el mejor ejemplo en la historia del mundo de la resolución de un conflicto. 
La filosofía que creó la Unión Europea y la paz de Europa es una filosofía- si se estudia- que constituye la esencia de nuestro acuerdo: respeto de la diferencia y de la diversidad, creación de instituciones que respeten dicha diversidad, pero que permitan a todas las secciones cooperar en pro de sus intereses y economías comunes: derramar su sudor, no su sangre. 
De ese modo comienza el auténtico proceso curativo de derribar las barreras de siglos y se desarrolla una nueva sociedad. 
Ésa es la filosofía de la Unión Europea y es la filosofía de la paz auténtica y- podríamos añadir- es la filosofía que debemos transmitir a las zonas del mundo en que existen conflictos. 
No debemos enviar ejércitos, debemos transmitir una filosofía. 
La que tenemos en este recinto es una filosofía que resolverá los conflictos en todas partes, porque, a fin de cuentas, todos los conflictos estriban en lo mismo: en considerar la diferencia una amenaza. 
Lo que todos debemos aprender es lo que los pueblos de Europa han aprendido y estamos aprendiendo en Irlanda del Norte: la diferencia- ya sea de raza, de religión o de nacionalidad-es un accidente del nacimiento y no es algo por lo que debamos entrar en conflicto, es algo que debemos respetar. 
Muchas gracias por su apoyo hoy. 
(La Asamblea, en pie, dedica una ovación al orador) 
Votaciones 
Señor Presidente, se impone, en efecto, una armonización de la versión francesa del texto. 
Se estila hablar de " principe de précaution» , y, por tanto, hay que rectificar el apartado 7. 
En el apartado 29 de la versión francesa se exige que la Unión garantice un " recensement du sperme» , lo cual, en el conjunto de la Unión Europea, plantearía algunos problemas. 
Yo propongo, por lo tanto, que se sustituya por " recensement des prélèvements de sperme». 
Sin duda, será necesario adaptar también, por consiguiente, otras versiones lingüísticas. 
Finalmente, en el apartado 31, segundo guión, habría que sustituir el término "anomalies de genre» por" anomalies sexuelles». 
Señor Presidente, puedo tranquilizar al Sr. Pompidou diciéndole que estoy de acuerdo en sus dos primeras objeciones. 
Sin embargo, no puedo valorar la tercera objeción y por ello diré que si lo que propone el Sr. Pompidou se adecua al texto original danés y es igual a lo que figura en el texto original, entonces también apoyo su tercera enmienda oral. 
Sin embargo, si existe alguna diferencia, no la apoyo. 
Cuando veo lo que las hormonas hacen a ciertas personas, me parece que la OSCE es la organización apropiada. 
No obstante, velaremos por que se corrija. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Votamos a favor de este informe con gran alegría pues se trata de una mejora de los métodos actuales de evaluación de las circunstancias medioambientales. 
Lo fundamental es que la evaluación medioambiental haga su aparición en el proceso mucho antes y así tome en cuenta muchos más factores que evaluaciones anteriores. 
Por ello esta evaluación, además de la atención al medio ambiente, puede también ahorrar recursos económicamente, es decir, esta propuesta une consideraciones tanto económicas como medioambientales en sus esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible. 
Pues la aspiración ha de ser en todos los aspectos lograr un buen medio ambiente. 
Votamos en contra del informe del Sr. Koch sobre la armonización de los requisitos del examen de aptitud de los consejeros de seguridad, pues no es un campo que deba ser cuestión de la UE. 
En nuestra opinión, es tarea de los parlamentos nacionales elaborar los requisitos del examen de aptitud de las titulaciones, y la emisión de certificados no es cuestión de la UE, sino que debe seguir siendo vigilada por las instituciones educativas nacionales. 
De la misma forma opinamos que el principio de subsidiariedad debe ser aplicado precisamente en tales ámbitos políticos. 
Desearía ante todo felicitar a nuestro colega Koch por la importancia y seriedad de su trabajo. 
Se trata, en efecto, de una cuestión particularmente grave e importante que atañe a la seguridad cotidiana y a la vida de millones de nuestros conciudadanos, que viven cerca de carreteras, vías férreas y fluviales, pero también a todos los demás, desde el momento en que conocemos el alcance potencial de los daños causados por las catástrofes químicas, bacteriológicas y nucleares. 
Esto demuestra una vez más la importancia del papel de Europa en relación con estos importantes expedientes, así como la importancia del papel del Parlamento Europeo. 
Sería necesario que nuestros conciudadanos estuvieran mejor informados al respecto. 
Concretamente, pedimos consejeros en materia de seguridad en todas las empresas, con la misma formación. 
Apruebo el informe sin reservas, sobre todo porque además de la seguridad, esta armonización reducirá las distorsiones de competencia. 
Si pudiéramos, dentro del mismo espíritu, lograr una armonización de las condiciones de trabajo de los conductores, también avanzaríamos, en este caso, en el plano de la seguridad y reduciríamos la distorsión de competencia. 
¡Que el impulso que ha dado este informe continúe! 
En nuestra sociedad, lamentablemente, ya no se puede prescindir de sustancias peligrosas en la mayoría de los aspectos. 
El uso de estas sustancias hace inevitable su transporte. 
Vistos los riesgos que lleva consigo este transporte, es imprescindible rodear este transporte de la precaución necesaria. 
Para hacer esto posible, debe concurrir en las personas que intervienen a título profesional como asesores el suficiente conocimiento y la destreza que se requieren. 
En vista de que gran parte del transporte tiene un carácter internacional, interesa prestarle atención en un marco europeo. 
Considerando esto, he dado mi conformidad a la propuesta de la Comisión y a la mayoría de las enmiendas, para armonizar así las exigencias que se plantean en la formación de estos asesores dentro de la Comunidad. 
Para un nivel de seguridad coherente y elevado es necesario que las exigencias sean altas para todos los asesores. 
Lamento que en la propuesta final se haya partido de exigencias mínimas en lugar de normas uniformes. 
Esto amenaza con sacar del mercado a países que llevan a cabo un riguroso régimen de examen. 
Después de todo, si los certificados son válidos en toda la Comunidad, alguien se inclinará rápidamente a elegir el camino más fácil y con ello realizar el examen menos riguroso. 
A pesar de mis dudas acerca de la posible desigualdad en la dificultad de los exámenes, creo que esta propuesta significa una mejora con respecto a la situación existente y por eso la he apoyado. 
Señor Presidente, Señorías, nosotros hemos apoyado el Informe McKenna, como es lógico, ya que el Parlamento Europeo ha dejado claro hoy que es preciso expulsar rápidamente de la agricultura a quienes contaminan las aguas subterráneas. 
La resolución insta firmemente a la Comisión a que no siga actuando con laxitud en relación con el tema de los nitratos. 
Pone los pelos de punta pensar que siete años después de la entrada en vigor de la directiva relativa a los nitratos, todavía se ignore y no se sancione en la UE la superación de los niveles máximos. 
La República Federal de Alemania participa de esta actitud y esperamos que el nuevo Gobierno modifique esta situación. 
La Comisión Europea no se ha preocupado de aplicar los programas de acción para aliviar las cargas que afectan a las aguas subterráneas. 
Ha cedido frente al lobby de las asociaciones de agricultores, que obtienen beneficios a corto plazo a expensas de la conservación de una naturaleza no contaminada. 
El cuadro de concentraciones de nitratos señala a la UE como una zona en estado ecológicamente crítico. 
Prácticamente el 90 % de las superficies dedicadas a usos agrícolas en la UE superan el nivel de referencia de concentración de nitratos en las aguas freáticas. En casi una cuarta parte de las mismas ésta incluso supera claramente el nivel máximo. 
Incluso con una importante reducción de la ganadería intensiva, tendrían que transcurrir todavía más de veinte años antes de que las aguas subterráneas y superficiales de la UE recuperen un estado medianamente saludable. 
La responsabilidad recae en primer lugar sobre los Estados miembros que ceden demasiado a las presiones del lobby agrario y no transponen las correspondientes disposiciones de la directiva, pero también sobre la Comisión Europea, que cierra los ojos frente a los contaminadores de las aguas. 
La Comisión Europea tiene que exigir a los Estados miembros que apliquen de manera rigurosa los niveles máximos de concentración en forma de estiércol que establece la Directiva y también debe denunciarlos- esto es muy importante- ante el Tribunal de Justicia Europeo en caso necesario. 
Por otra parte, deben suspenderse las ayudas de la UE a los agricultores que no cumplan las disposiciones relativas a los nitratos. 
También se solicita que se establezca un nivel máximo para las concentraciones de nitrógeno que pueden aplicarse en forma de estiércol y de abonos químicos, como el ya se ha introducido en algunos Estados miembros. 
Debemos velar por el cumplimiento de los principios de prevención. También está en juego la protección de la diversidad de las especies y del equilibrio de los mares y lagos. 
Siempre es difícil tratar una cuestión a propósito de la cual las pasiones nacionales dominan la razón. 
Y cuando se toca el problema de la agricultura pisamos terreno «minado». 
Por consiguiente, deseo felicitar a Patricia McKenna por la calidad de su informe. 
Sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones que van más allá del estricto marco de la contaminación agrícola de las aguas. 
En primer lugar, es necesario recordar que la situación actual del agua es el resultado de una política aplicada desde hace muchos años: la política cuyo principio básico era la subvención de la producción intensiva y, por lo tanto, el de una excesiva utilización de abonos. 
Pienso, en conciencia, que si continuamos en la dirección actual, o ligeramente modificada, de la política agrícola común no habrá cambios respecto a los riesgos ecológicos que corren tanto el medio ambiente como el consumidor. 
Para obtener resultados tangibles, es preciso reorientar la política agrícola común, en beneficio de nuestra agricultura y, por tanto, de los agricultores. 
El Gobierno francés, con Louis Le Pensec, ha iniciado este cambio. 
Es un acto valiente, desde el momento en que conocemos la capacidad de reacción de algunos agricultores. 
No obstante, hay que señalar que muchos de ellos parecen haberse dado cuenta de la importancia de lo que está en juego, conscientes de que debe avanzarse en este ámbito, ya que quizás el consumidor-ciudadano no desee subvencionar ciertos abusos. 
Por lo tanto, creo que es vital, en el marco de la Agenda 2000, que se tome conciencia de la importancia de fomentar una agricultura de calidad, respetuosa del medio ambiente. 
Pero si bien confieso que me preocupa, en parte, la determinación de algunos responsables de avanzar en este sentido- debido a ciertos lobbies particularmente activos -, pienso que vale la pena dar la batalla. 
Está en juego el interés de todos. 
Queridos colegas, nuestra Asamblea ha empleado un discurso algo desfasado en relación con los responsables políticos nacionales en el ámbito de la agricultura. 
Las mentalidades cambian. 
Se trata de aprovechar esta oportunidad y de afirmar nuestra voluntad de reformar la política agrícola y rural de la Unión, con la preocupación permanente de defender y de fomentar la agricultura europea, garantizando, al mismo tiempo, el mejor servicio a los consumidores. 
El informe de la Comisión pone de relieve el incumplimiento casi completo por parte de todos los Estados miembros de las disposiciones de la Directiva relativa al agua de 1991. 
Niveles excesivos de nitratos en el agua potable pueden causar una reacción en la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno por el cuerpo y pueden ser carcinogénicos. 
A consecuencia del crecimiento incontrolado de algas, los niveles altos pueden acabar «sofocando» los ecosistemas. 
El Ministro de Medio Ambiente de Irlanda, Noel Dempsey, debe cumplir las disposiciones de la directiva y hacer públicos los resultados del estudio más reciente del Gobierno sobre los niveles de nitratos en el agua potable de Irlanda. 
El Gobierno de Irlanda dice que en el período 1992-93 se llevó a cabo un programa extenso de control para determinar la amplitud del problema en Irlanda y que los resultados de dicho control revelaron concentraciones muy inferiores a los niveles permitidos. 
Añade que actualmente se está haciendo un estudio complementario. 
Si bien puede que el problema no sea tan grave en Irlanda como en otros países, no podemos permitirnos el lujo de mostrarnos complacientes. 
La economía de Irlanda ha crecido casi la mitad desde 1992. 
Sabemos que tenemos un problema con el fósforo, pero, ¿tenemos ahora un problema con los nitratos? 
El Ministro debe concluir lo antes posible el estudio complementario de control y hacer saber al público si los niveles de nitratos en el agua potable de Irlanda siguen siendo inferiores a los niveles recomendables. 
Si es así, debemos aplicar totalmente la directiva de 1991. 
Carece de sentido que el Gobierno de Irlanda subscriba la legislación europea, si no se esfuerza por cumplir con sus obligaciones. 
Si bien, como muchos diputados, abrigo reservas sobre la cantidad de tiempo dedicado en este Parlamento al debate sobre informes de iniciativa propia, la preocupación de la Sra. McKenna por el escaso cumplimiento de la Directiva relativa a los nitratos justifica, desde luego, la utilización del procedimiento. 
Comparto la argumentación de la Sra. McKenna. 
Se debe a la reciente experiencia de lo desastroso que puede ser para el medio ambiente el escaso cumplimiento de la Directiva relativa a las aguas subterráneas en mi circunscripción. 
Por fortuna, una investigación pública consiguió evitar el peligro, pero no fue gracias a mi Gobierno. 
Me complace que se hayan incoado ahora procedimientos por infracción. 
El informe de la Sra. McKenna pone de relieve la ejecutoria, a veces pésima, de nuestros Gobiernos nacionales a la hora de aplicar las medidas de protección medioambiental. 
Estoy de acuerdo con la opinión expresada por el Comisario Kinnock de que la situación actual es gravemente inadecuada. 
Sin embargo, no comparto su opinión de que son los agricultores y sólo ellos quienes deban pagar. 
La aplicación requiere algo más que medidas legislativas. 
A la Comisión le resulta fácil decir que el mundo debe estar más limpio y los agricultores deben pagarlo. 
Si no se brinda más financiación, no se alcanzarán los beneficios que aportará la Directiva relativa a los nitratos. 
Señor Presidente, éste es un informe extraordinariamente importante por las consecuencias para la salud. 
Me alarman profundamente algunas de las enmiendas aprobadas hoy. 
En la enmienda nº 11 se dice que «así, pues, se necesitan datos científicos más sólidos antes de formular la legislación pertinente» sobre la fijación de valores límite. 
No cabe la menor duda de que eso es completamente contrario a un planteamiento precautorio que, en primer lugar, debe procurar por que, aun sin datos científicos más sólidos, se adopten medidas precautorias para velar por la protección de la salud de las personas y por el medio ambiente. 
En cuanto a otras enmiendas, como las núms. 6 y 8, es evidente de dónde proceden y que determinados intereses creados han tenido que ver con ellas: la industria del plástico y el Sr. Pompidou, que probablemente apoye esos intereses. 
Es evidente que esas enmiendas debilitan el informe, porque los departamentos de investigación de la industria deben participar en la investigación. 
Aunque la propia industria tiene todas las posibilidades para emplear a investigadores expertos, a la hora de proteger la salud de las personas, en la enmienda nº 11 se pide que primero haya pruebas científicas sólidas. 
Hay un contradicción total entre las dos. 
Es evidente que lo primero que hay que adoptar es el planteamiento precautorio. 
Me ha sorprendido mucho que no se haya aprobado nuestra enmienda nº 2, porque es extraordinariamente importante en lo relativo a las substancias químicas tóxicas que persisten y se acumulan en los organismos y que tienen efectos graves e irreversibles en la salud y el medio ambiente. 
Pedíamos que se adoptara inmediatamente la decisión de eliminarlas progresivamente y no entendemos por qué no es aceptable eso. 
También consideramos que el etiquetado es un requisito esencial y se debe introducirlo inmediatamente. 
No entiendo por qué no puede el Parlamento aceptar semejante cosa. 
En primer lugar, tenemos que proteger la salud de las personas y, en segundo lugar, tenemos que poner la información a disposición del público para brindar al consumidor la oportunidad de decidir si comprar o no algo que puede ser dañino para la salud. 
Hay muchas contradicciones en esto, la principal de las cuales es la contradicción existente entre el planteamiento precautorio y la idea de que primero se disponga de pruebas científicas más sólidas. 
Es evidente que la industria cuenta con suficientes pruebas sólidas para intentar contrarrestar las actividades de los movimientos medioambiental y sanitario. 
El Parlamento tiene un deber para con la salud del consumidor y el medio ambiente: el de proteger ante todo sus intereses. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en contra de dos enmiendas de los Verdes sobre la inmediata eliminación del PVC y de tres ftalatos. 
Este voto negativo no obedece necesariamente a que los Verdes estén equivocados, sino a que el informe de iniciativa ya contiene una petición a la Comisión para que presente una ponencia para la eliminación de las sustancias que perturban las hormonas. 
En el informe del ponente se ha planteado un gran número de posibles efectos nocivos de sustancias químicas en el sistema hormonal humano. 
Recalco lo de «posibles» efectos porque todavía no se ha demostrado que estos efectos se den también efectivamente. 
La ciencia todavía no ha llegado tan lejos como para que se haya podido probar de manera clara y convincente que existe una relación directa entre estas sustancias químicas y los cambios en el sistema hormonal humano. 
Eso no quita que esté satisfecho con la atención que se ha dedicado a este tema. 
Los posibles efectos de estas sustancias no son escasos. 
Si es cierto que estas sustancias químicas causan un aumento de determinados tipos de cáncer, hacen disminuir la fertilidad o amenazan la vida en gestación, se debe hacer algo al respecto. 
La vida humana es digna de ser protegida. 
Por precaución en este sentido, está bien que tengamos más claridad sobre estas sustancias. 
Felicito a la ponente, ya que no ha dejado que influyeran en la redacción de su informe los argumentos emocionales. 
En el informe recalca la importancia de la investigación. 
En muchos de los Estados miembros de la Unión Europea se está llevando a cabo un extenso análisis sobre el efecto de diversas sustancias químicas. 
Nos debemos unir a ellos. 
Antes de que haya una clara evidencia sobre el efecto exacto de las sustancias que se tratan, es difícil tomar decisiones drásticas sobre la retirada del mercado de determinados productos. 
Por tanto, no he apoyado las enmiendas de los Verdes sobre los ácidos ftálicos. 
Sobre las enmiendas del Sr. Pompidou quisiera decir que a mi modo de ver estos temas se tratan lo suficiente en la resolución. 
Para evitar formulaciones ambivalentes e imposibles he votado en contra de sus enmiendas. Las restantes enmiendas las he apoyado. 
Una vez más, la razón más importante para votar a favor de este informe y esta resolución es la gravedad de las transformaciones que posiblemente podrían causar las sustancias químicas. 
Están teniendo lugar alteraciones en el medio ambiente y en la capacidad de reproducción. 
Por ello existe una creciente inquietud ante el efecto que tienen las sustancias químicas con efectos similares a las hormonas. 
La población está preocupada. 
Esta preocupación se traduce en portadas en los periódicos. 
La Comisión, en cambio, titubea y la legislación queda coja. 
Una legislación que, por lo demás, resulta absolutamente necesaria. 
Ésta debería seguir los deseos de los consumidores, que son que se utilice el principio de cautela y que el objetivo final sea la eliminación de las sustancias o que al menos se garantice un etiquetado adecuado en el que aparezca incluida una clasificación por categorías de riesgo, si se ha llevado a cabo una evaluación de los riesgos. 
Si no se ha evaluado los riesgos de las sustancias, debe quedar reflejado que no se ha realizado la evaluación. 
¡Los consumidores tenemos derecho a vivir sin venenos! 
Me gustaría felicitar a la Sra. Kirsten Jensen por su informe de iniciativa, que destaca la importancia del principio de cautela y encierra una serie de recomendaciones prácticas que bien pudieran ser un buen, pero también necesario, trampolín desde el que seguir avanzando. 
Quiero destacar especialmente las ideas sobre normas de etiquetado, estudios científicos independientes, que no estén en el bolsillo de los intereses de la industria, eliminación de productos químicos y nuevos y mejores procedimientos de pruebas. 
También recomiendo encarecidamente la exigencia del punto 19 relativa a la máxima transparencia con relación a la legislación en materia medioambiental. 
Un convenio aprobado recientemente sobre el acceso de la opinión pública a las informaciones medioambientales con relación a la legislación en materia de medio ambiente subraya este punto. 
Espero que el debate de hoy y la postura del Parlamento Europeo envíen una clara señal a la Comisión sobre la eliminación y la modificación de la legislación- ¡se lo debemos a los consumidores europeos! 
Siempre se pueden pedir pruebas científicas más concluyentes. 
Esto, sin embargo, no soluciona los problemas sino que únicamente retrasa todo y no beneficia ni a la legislación ni al objetivo primordial. 
Ya no es una cuestión de datos más o menos concluyentes o más o menos dudosos, sino de la cautela en lo que a la legislación se refiere, una cautela que ni siquiera es necesario que suponga gastos adicionales para la industria. 
En Dinamarca estamos muy familiarizados con este debate, especialmente en lo relativo a la presencia de ftalatos en juguetes. 
Dinamarca desea prohibir la utilización de los ftalatos desde noviembre de este año, sin embargo, quizá se enfrente a una acción judicial si esta prohibición es puesta en marcha. 
La Sra. Bjerregaard y la Sra. Bonino pidieron anteriormente este mismo año una intervención de urgencia para prohibir los ftalatos empleados en hacer más flexibles los productos plásticos. 
Sin embargo, el Sr. Bangemann y quizá una serie de intereses de la industria calificaron esta acción de reacción desmesurada y pidieron más evidencias científicas que la justificaran. 
La Comisión esperó un informe holandés. 
Éste llegó y absolvió a los ftalatos. 
El problema es que los análisis científicos, especialmente aquéllos que no son independientes, pueden demostrar cuidadosamente lo que uno quiera. 
El resultado depende de los condicionamientos previos en los que se base el análisis. 
Un informe similar, llegado desde Austria, desaconseja el empleo de los ftalatos. 
¿Por qué no es éste el informe al que la Comisión presta atención? 
No necesitamos más retrasos, sino una legislación que tome en cuenta a los consumidores y el principio de cautela. 
Aunque el fundamento de un informe no se somete a votación, el fundamento en el que se basa la Sra. Jensen se aleja hasta tal punto de los datos científicos y crea la impresión de que lo que se está votando en el Parlamento es dicho fundamento, que por esto yo he votado en contra de dicho informe. 
En muchas ocasiones anteriores he intervenido ante esta Asamblea a propósito de la cuestión de la biodiversidad y los asuntos biotécnicos. 
La biotecnología es una nueva forma de innovación que, en términos generales, es digna de beneplácito, pero al mismo tiempo se deben crear mecanismos de control para salvaguardar el interés y la política públicos. 
Cualquier debate que se celebre en el nivel de la Unión Europea con vistas a dilucidar qué legislación se debe aplicar al respecto debe celebrarse en unas condiciones ecuánimes y equilibradas. 
El problema que veo en el debate que se está celebrando sobre la biotecnología es el de que los bandos opuestos- a favor o en contra de las invenciones biotecnológicas están cayendo en el sensacionalismo respecto de los méritos o deméritos de los adelantos biotecnológicos. 
Para los agricultores, que son los custodios de nuestros recursos de la tierra y responsables ante la sociedad de garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos reviste la mayor importancia que se pongan los beneficios de la ciencia y la investigación a disposición del sector y en él se apliquen. 
Dice mucho a favor de quienes gestionan nuestros recursos de la tierra que hayan estado a la vanguardia en la aplicación de la tecnología moderna que ha contribuido a mejorar la inocuidad y la calidad de los alimentos. 
Conviene tener presente que los recursos de la tierra productiva del mundo permanecen constantes y gran parte de ellos no dan fruto con los métodos agrarios establecidos. 
Sólo mediante la investigación permanente y la aplicación de la nueva ciencia, incluida la biotecnología cuya inocuidad esté demostrada, se puede aprovechar plenamente las posibilidades de esos recursos. 
La biotecnología no es un descubrimiento reciente. 
Se ha aplicado, en grados diversos, desde el decenio de 1970. 
Ahora hay una mayor comprensión de sus posibilidades y beneficios para la Humanidad. 
Es una de las tecnologías fundamentales del siglo XXI, por lo que tenemos la obligación de utilizarla de forma cuidadosa y planificada. 
Como se debe hacer al aplicar cualquier nueva investigación, la transparencia y la información idónea a los consumidores son importantes. 
Apoyo plenamente la necesidad de un etiquetado de todos los alimentos genéticamente modificados para que los consumidores puedan decidir en última instancia comprarlos o no. 
El futuro de nuestros sistemas agrarios y de la propia profesión de agricultor, la salud de nuestros ciudadanos y de los que trabajan en el sector de los alimentos dependen de la modernización y del desarrollo de nuestras estructuras agrarias de forma equilibrada y ecuánime. 
En este informe se señala que es necesario tener en cuenta la cuestión de la biodiversidad en la reforma de la Política Agraria Común anunciada en el programa de la Agenda 2000. 
La estrategia subraya también el papel ecológico de las zonas rurales y la utilización de métodos agrarios que favorezcan la biodiversidad. 
Apoyo esas recomendaciones en principio. 
Respecto de los organismos genéticamente modificados y las posibles de su liberación para la biodiversidad, se propone que se aborde ese asunto mediante legislación nacional con arreglo a la cual se permitiría explícitamente a los Estados miembros que adoptaran medidas más estrictas que las impuestas en el nivel de la Unión Europea. 
No comparto precisamente ese planteamiento, porque creo que la Unión Europea- por mediación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo- debe tener la necesaria previsión para legislar de forma estricta y razonada. 
Creo que se debe abordar este asunto en el nivel de la Unión Europea para garantizar la uniformidad de las normas que se apliquen en todos los Estados miembros y territorios de la propia UE. 
Presupuesto 1999- Expiración del Tratado CECA- Presupuesto CECA 1999 (continuación) 
De conformidad con el orden del día se procede a la continuación del debate sobre el presupuesto de 1999 de la CECA. 
Señor Presidente, el presupuesto que ahora sometemos a debate sigue una línea muy responsable y disciplinada, que no ha sido óbice para que se hayan destinado recursos suficientes a las partidas más importantes. 
Desearía expresar mi agradecimiento a la Sra. Dührkop-Dührkop, al Sr. Viola y al Sr. Giansily por su buena labor. 
Por lo que respecta al Parlamento, me muestro en primer lugar satisfecho por el refuerzo de la oficina del Defensor del Pueblo, destinado a sentar las bases para el desarrollo de esta nueva y valiosa institución. 
En segundo lugar, el presupuesto recoge también la reforma del pago de las indemnizaciones a los diputados. 
Este pago se realizará con arreglo a los costes reales en que se haya incurrido. 
La decisión en lo relativo a la situación de los Estados miembros y a la igualdad entre los mismos pasa ahora a ser responsabilidad del Consejo. 
En este orden de cosas se suscita igualmente la cuestión de la doble representación. ¿Puede la misma persona ejercer, simultáneamente y con plena dedicación, el cargo de diputado en dos parlamentos distintos, en dos lugares distintos? 
El presupuesto de la Comisión recoge la asignación a la reserva de una excepcional cantidad de créditos. 
Esta práctica parece generalizarse más y más cada año. 
La mayor reserva es la que se debe aplicar a los Fondos estructurales, por valor de 1 500 millones de ecus. 
El problema reside en el reducido uso que se hace de los recursos de los Fondos estructurales y la acumulación de los mismos hacia el final del período de planificación. 
Y no es que falten las necesidades, lo cual demuestran claramente el enorme desempleo y las diferencias regionales que se registran en Europa. 
El problema reside en la pesada y confusa gestión burocrática de los créditos. 
La Comisión y los Estados miembros hacen uso en la gestión de los Fondos estructurales de una burocracia que no guarda ninguna relación con el importe de los recursos que se utilizan. 
La reserva más llamativa desde una perspectiva política es la correspondiente a la ayuda humanitaria, habiéndose asignado a dicha reserva los 330 millones de euros de esta partida con el fin de permitir a la Comisión llevar a cabo las investigaciones y aplicar las medidas oportunas. 
Si se tratara de cualquier otro crédito, esta reserva sería comprensible, pero no deja de sorprender que el Parlamento pretenda presionar a la Comisión a costa de las necesidades de las personas que pasan sufrimientos. 
Esperemos que la carta del Sr. Santer y las medidas adoptadas por la Comisión logren resolver rápidamente esta situación. 
Otra notable reserva es la relativa al programa TACIS. 
La condición para liberar esta reserva pasa por que la Comisión presente ante el Parlamento una estrategia global para solucionar la aguda crisis económica y gubernamental que atraviesa Rusia. 
Creo que se trata de una exigencia utópica. 
El francés Montesquieu expuso hace ya trescientos años la separación del Estado en tres poderes que continúa siendo la base del Estado de derecho en el mundo occidental. 
Con arreglo a este reparto, es necesario separar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial ya que, de lo contrario, los ciudadanos se verían expuestos a arbitrariedades. 
Creo que quizás deberíamos someter a reflexión en el futuro esta distribución en tres poderes o, lo que es lo mismo, en qué medida el Parlamento Europeo representa un órgano legislador y de control y en qué medida debe intervenir en la aplicación operativa. 
Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a quienes han preparado los diferentes informes. 
Si examinamos el presupuesto del año pasado, de unos 83.500 millones de ecus se pagaron 40.000 millones de ecus con cargo a la Política Agrícola Común, que es uno de los elementos fundamentales del presupuesto anual. 
La Política Agrícola Común es parte integrante de la Unión Europea y va encaminada a mantener a los agricultores en la tierra, proteger el suministro de alimentos de la Unión Europea e intensificar el desarrollo rural. 
Esa política funciona desde 1962 y durante todo ese tiempo su administración centralizada a corrido a cargo de la Comisión. 
Así debe continuar. 
Me refiero a esta cuestión en relación con la reciente publicación por la Comisión de las posibles opciones para el gasto futuro de la financiación de la Unión. 
Una de las opciones que se está examinando y que me alarma un poco es la de que el 25 % de los apoyos directos a la renta de los agricultores de la Unión Europea sean pagados directamente por el erario de los Estados miembros de la Unión. 
Se trata de una propuesta peligrosa por varias razones. 
En primer lugar, sólo convendría a los Estados miembros que no dependen del sector agropecuario, mientras que tendrían efectos devastadores para los países que tienen un sector agropecuario importante. 
El sector agropecuario es tres veces más importante para la economía de Irlanda que el de muchos de los demás Estados europeos. 
El año pasado Irlanda recibió unos 1.500 millones de libras irlandesas con cargo a la Política Agrícola Común. 
Si llegara a aplicarse, esa propuesta conduciría a la renacionalización de la PAC. 
Tendría efectos horrendos, en el sentido de que los diferentes Gobiernos de la UE se lanzarían a un proceso de sobrepuja mutua en relación con las cantidad de subvenciones que podrían asignar a los agricultores nacionales. 
Una cosa debe quedar suficientemente clara: la renacionalización de la PAC provocaría una fragmentación de la propia PAC que iría en contra de los objetivos de la política económica y social de la Unión. 
Por otra parte, si la Unión Europea se enajenara a los económicamente débiles y marginados de una sociedad, muchos de los cuales son en mi país agricultores, nunca podría prosperar, pese a su éxito económico. 
Hay que trabajar más en relación con los dos males que representan el desempleo de larga duración y la privación social. 
La decisión de reducir la asignación para los programas con cargo a los Fondos estructurales en 1999 no se debe, desde luego, acoger con beneplácito. 
En particular, quiero acoger con beneplácito la propuesta de aportar otros 100 millones de ecus para la paz y la reconciliación, a la que tantas veces ha hecho referencia hoy nuestro premio Nobel, John Hume. 
Me encanta, pero debemos mirar hacia el futuro: no hay una previsión para el futuro. 
Ahora que se han puesto los cimientos, nos corresponde a todos nosotros encontrar fondos suplementarios para fomentar la paz en Irlanda del Norte mediante el proceso de paz y reconciliación, que tanto éxito ha tenido. 
Señor Presidente, disciplina y más disciplina es la cantinela política que se repite en la actualidad, una y otra vez, en el mundo económico del euro. 
Esta disciplina neoliberal, propia de una política con una sola alternativa, afecta a las personas, no al capital o al mercado. 
En este mercado sagrado, la disciplina es sinónimo de deflación y no es, por lo tanto, ninguna tercera vía. 
El capitalismo global y electrónico ha consagrado el mercado más allá de la política, es decir, de la disciplina. 
Por medio de la política se gobiernan las personas, no el mercado o el capital. 
Por este motivo, las personas no pueden depositar su confianza en una política que no crea alternativas. 
Los récords que se baten en la loterías bursátiles se pagan con un desempleo de masas. 
La política monetaria es monopolio del Banco Central Europeo. 
Debemos lograr someterlo al control de un órgano democrático, un consejo de política financiera, de empleo y social. 
Las consecuencias de la devaluación del dólar no se circunscriben únicamente a la política monetaria. 
Quiero llamar la atención sobre un punto del presupuesto, y no lo hago movido por esta cuestión en sí, sino por el planteamiento que se esconde tras la misma. 
El Parlamento Europeo establece en el presupuesto condiciones para la concesión de ayuda correspondiente al programa TACIS a Rusia. 
Para permitir que la UE continúe enviando esta ayuda, que ha tenido una mayor importancia para las consultorías occidentales que para la propia Rusia, se exige a este país que prosiga con la denominada política de reformas. 
En Rusia, reforma y pobreza son términos que van de la mano. 
Reforma y pobreza son sinónimos, igual que reforma y especulación, o reforma y corrupción. 
Así pues, el Parlamento Europeo expresa en esta resolución su deseo de que se mantengan en Rusia la pobreza, la especulación y la corrupción antes de ofrecerle nueva ayuda técnica del programa TACIS. 
En la práctica, esta circunstancia significará con toda probabilidad el fin de nuestra ayuda a Rusia. 
Puede que sea algo positivo si la única alternativa pasa por continuar las reformas que exigimos y por seguir dando nuestro apoyo político a la Administración enferma y corrupta de Yeltsin. 
La mejor política de derechos humanos exigiría acabar con el apoyo que la UE presta a Yeltsin. 
Este señor carga sobre sus hombros con más víctimas en Rusia y en Chechenia que Pinochet en Chile. 
Cuando imponemos nuestras condiciones a otros sobre cuál debe ser su actitud, sería conveniente que nos miráramos de vez en cuando en el espejo y que empezáramos por reformarnos a nosotros mismos. 
Con esto me estoy refiriendo a los sueldos y a las indemnizaciones de los gastos de viaje de los diputados del propio Parlamento Europeo, cuyas bases han de reformarse con carácter de urgencia. 
Un político nórdico no puede ganar al mes por desempeñar un cargo público más de 10 000 ecus, que son por ejemplo mis ingresos netos actuales en este Parlamento después de pagar todos los gastos correspondientes. 
Para enfrentarnos con esta cuestión necesitamos una política de una sola alternativa, que los gastos se reembolsen con arreglo a los costes reales. 
Debemos seguir el camino que ha trazado la Comisión de Presupuestos. 
Es necesario lograr un reglamento para los diputados, y no nos queda tiempo que perder. 
Señor Presidente, una observación sobre lo que acaba de decir el Sr. Seppänen. 
Evidentemente, en el fondo no es posible aceptar que los gastos de viaje se incluyan en las dietas y este es un tema que debería quedar resuelto esta semana. 
Yo quisiera añadir, no obstante, unas palabras en relación con el debate general: ya no nos encontramos en una situación en la que se pueda decir sencillamente que cualquier ahorro es bueno y una desregulación es excelente, sino en un momento en el que la expiración del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero demuestra- y este es en realidad el tema que me preocupa- que el radicalismo de los últimos quince años en favor del mercado ha exigido sacrificios inútiles. 
En vez de dar continuidad a dicha Comunidad Europea del Carbón y del Acero en forma de una agencia de política industrial, que abordase de manera realmente constructiva el problema del sector de la energía y las materias primas, se ha procedido sencillamente a su disolución, con la declaración de que el mercado ya se encargará de lo demás. 
Ahora nos enfrentamos con el problema de qué hacer con las enormes reservas acumuladas. 
Lo correcto sería que éstas beneficiasen a dicho sector y tenemos que empezar a plantearnos qué tipo de política podemos desarrollar para ofrecer a este sector un apoyo orientado a la consecución de los objetivos en materia de política industrial y a la sostenibilidad de la vida. 
Señor Presidente, el año que viene se emplearán en la UE casi 100 millardos de ecus o 750 millardos de coronas danesas. 
La aportación danesa superará los 15 millardos de coronas danesas en el cambio de siglo. 
Los daneses pagaremos ahora a la UE más de lo que reciben la agricultura y otros sectores daneses de la UE. 
Una familia típica compuesta por el padre, la madre y dos hijos deberá pagar 11.000 coronas de la aportación anual. 
El problema no es sólo que sea un seguro caro. 
El problema es que muchos fondos comunitarios no previenen, sino que causan daños. 
Consumidores y contribuyentes fiscales pagan un alto precio por productos que promueven el empleo de pesticidas y estimuladores del crecimiento que llevan a nuevos gastos para su almacenaje y destrucción sin que los agricultores tengan unos ingresos adecuados por su trabajo diario. 
El efecto neto es probablemente que pagamos directamente para destruir nuestras aguas. 
Piensen en que pasaría si se detuvieran todas las ayudas a la destrucción y se hiciera que nuestra aportación a la UE contribuyera a la reconversión a la explotación ecológica y a crear un desarrollo sostenible en países y regiones pobres o piensen en qué pasaría si el presupuesto y la contabilidad se realizaran de forma tan transparente que los representantes elegidos por el pueblo pudiéramos controlar cada anexo y los consumidores pudiéramos ver cuánto y a quién se ha concedido. 
¿Por qué no colocar toda la contabilidad comunitaria en Internet, señor Liikanen, y hacer así más difícil a los corruptos vivir de las subvenciones comunitarias? 
En este Parlamento podemos dar ejemplo el jueves poniendo orden en todo lo relacionado con nuestros viajes, pasando finalmente sólo a reembolsar los gastos realizados. 
Recomiendo a todos que voten nuestra enmienda al informe Viola. 
Es la trigésimoctava vez que la presentamos y espero también que sea la última. 
Señor Presidente, tras el examen de este presupuesto que obedece a los principios de rigor impuestos por las contingencias actuales, es natural que nos preguntemos: ¿Los ciudadanos europeos pagarán una vez más personalmente el coste de la Unión? 
Después de Edimburgo, donde se tomó la decisión de llevar el presupuesto de la Unión Europea para la cohesión económica y social al 0, 46 % del Producto Interior Bruto, hoy asistimos a la presentación de un presupuesto riguroso que se justifica por las exigencias de colaborar en los esfuerzos que los Estados miembros están haciendo en el ámbito del euro, así como de prestar apoyo estructural a la ampliación. 
Nos preguntamos cómo se podrán paliar las dificultades que encuentran los distintos Estados miembros en el ámbito de la cofinanciación de los proyectos en este período de rigor que preconiza para el próximo año una disminución de 500 millones de ecus sólo en créditos de pago, pero sobre todo nos preguntamos cómo se podrá convencer al ciudadano comunitario de que justifique la solidaridad comunitaria en favor de las nuevas democracias de los países del Este que deben hacer frente a necesidades masivas en el ámbito del desarrollo infraestructural, del medio ambiente, del sector productivo y de los recursos humanos. 
La Comisión ha optado por una solución drástica al canalizar la totalidad de los Fondos estructurales y del Fondo de cohesión hacia los imperativos de la ampliación que para nosotros, miembros de Alianza Nacional, es, sin duda, necesaria e ineludible, sobre todo si consideramos que los PECO acaban de liberarse del yugo comunista, y necesita ser respaldada por una unión política que, en perenne y culpable retraso, serviría al menos para poner orden en las políticas y las exigencias, a menudo divergentes, así como por una reforma institucional que consiga por fin que los ciudadanos puedan hacer oír su voz y que sitúe al Parlamento Europeo en el vértice del proceso legislativo y de toma de decisiones. 
Los ciudadanos europeos necesitan señales fuertes, así como saber que están respaldados por representantes que atienden sus intereses y necesidades. 
La actualidad, por desgracia, nos remite a casos de mala gestión de los créditos asignados a los programas PHARE y TACIS e incluso a casos de fraude e irregularidades como el de ECHO. 
Por último, quisiera romper una lanza por la función pública europea, hoy por hoy, amenazada por la reducción forzosa de su personal, por la congelación de sus recursos humanos y por la redefinición de los regímenes de seguridad social y de pensiones. 
¡Cuidado, porque una Función Pública desmotivada y penalizada sería peligrosa de cara a la eficacia y la independencia de las propias Instituciones! 
Señor Presidente, permítame que, más allá del formalismo y de la cortesía parlamentaria, felicite muy sinceramente a la ponente. 
Llevo ya bastantes procedimientos presupuestarios y puedo decir que éste es sin duda uno de los más pacíficos en lo que se refiere a conflictos y frustraciones entre comisiones y grupos, al menos en lo que es responsabilidad del ponente. 
También quisiera recordar y subrayar que se trata de la primera ponente general del Grupo Socialista. Primera en femenino. 
Y, asimismo, el primer diputado ibérico que desempeña esta función. 
Entrando en materia, cumpliré un doble objetivo: por una parte, como ponente sobre el Acuerdo interinstitucional y las perspectivas financieras y, por otra, como representante del Grupo Socialista. 
Mi Grupo me ha pedido que me centre en el vínculo entre el Acuerdo interinstitucional, las perspectivas financieras y el presupuesto en curso, el que estamos discutiendo- una de las ideas básicas de la ponente y de nuestro Grupo Socialista. 
Aunque el Secretario de Estado se haya ausentado, estoy convencido de que los representantes del Consejo se lo transmitirán. 
Además, he visto en la tribuna a suficientes miembros y funcionarios de la Comisión de Presupuestos para estar seguro de que llegará al Consejo lo que les voy a decir. 
Señor Presidente, nadie más convencido que yo de la utilidad genérica de un Acuerdo interinstitucional presupuestario y de unas perspectivas a medio plazo. 
Hay quien añora los sempiternos conflictos de los presupuestos anteriores a 1988. 
No llegaré a decir aquello de que el Señor nos libre de vivir tiempos interesantes, pero prefiero guardar mi excitación para otras ocasiones y motivos y mantener en lo posible la paz presupuestaria. 
Creo que los acuerdos de 1988 y de 1993 significaron un progreso. 
Fueron un acuerdo sobre grandes opciones que posibilitó el desarrollo armónico de las principales políticas de la Unión Europea en paz y serenidad en unos importantes momentos de cambio, como el objetivo del mercado único, de la moneda única, etc. Una paz y una serenidad que también se requieren para afrontar los retos de los primeros años del siglo XXI, incluyendo la preadhesión y quizás incluso la adhesión. 
En su día critiqué- no retiro ni una palabra de ese día- las carencias de la propuesta de la Comisión y evidencié lo endeble de algunas de las hipótesis en que se asienta. 
No insistiré. 
Pero sí voy a señalar que las perspectivas financieras que nos propone la Comisión tienen dos aspectos negativos relevantes hoy: si se aplicara estrictamente el artículo 203 del Tratado y el incremento del Producto Nacional Bruto fuera del 2, 5 % anual, como supone la Comisión, los presupuestos de los Estados miembros deberían- digo bien- disminuir anualmente en un 1, 1 % para igualar la propuesta de cifras que nos hacen ustedes. 
Un porcentaje superior- por ejemplo, que la disminución fuera sólo del 0, 5 %- o incluso cualquier porcentaje positivo supondría que la opción del artículo 203 resultaría más ventajosa que las perspectivas financieras de la Comisión. 
Por otra parte, las propuestas significan que el Parlamento Europeo decidirá a lo largo de este período- 2000-2006- sobre unos 20 millardos de euros menos en gastos no obligatorios de lo que permitiría el mencionado artículo 203 y, además, lo podría hacer, lo haría, en una nueva hipótesis sin restricciones a partir del artículo 203. 
¿A cambio de qué cabe esperar ese sacrificio de las competencias del Parlamento? 
La respuesta es elemental y lo hemos dicho ya varias veces: a cambio de poder político. 
Hay dos terrenos de avance: por una parte, la resolución de viejos contenciosos, como el de la clasificación, que se arrastra desde 1982, pero, sobre todo, la flexibilidad. 
Diría que ésta, flexibilidad, es la palabra clave, que incluye cláusulas de revisión y algunas posibilidades de transferencias entre categorías o de prórrogas. 
Debemos definir y estamos abiertos a estudiar cualquier fórmula. Pero sepan, señores del Consejo, que sin flexibilidad no habrá acuerdo. 
El Consejo parece no entender que para firmar un Acuerdo interinstitucional hacen falta por lo menos dos partes, normalmente tres, pero por lo menos dos, y una de estas dos somos nosotros, el Parlamento. 
Lo mismo sucedió la vez anterior. 
Tardamos año y medio en elaborar el Acuerdo. 
Tras Edimburgo, la Presidencia británica creía que se había acabado la negociación, pero el Acuerdo lo firmó la Presidencia belga un año después. 
La próxima Presidencia belga es en el año 2001. 
Espero firmar antes, pero, si no hay flexibilidad, les anticipo que quizás lleguemos al 2001. 
Vista la falta de diálogo del Consejo y desconfiando de su capacidad de reacción, nos hemos visto obligados a introducir con la ponente general unas enmiendas- las que llamamos de estrategia- que agoten el techo de las diversas rúbricas. 
Su objetivo, su vocación real- lo sabemos, lo hemos explicitado siempre- no es ciertamente ser gastadas sino, simplemente, provocar el síncope de los Directores o Directoras Generales de Presupuestos de los Estados miembros. 
O mejor dicho, sin bromas, su objetivo es que el Parlamento cumpla realmente su deber de dejar al nuevo Parlamento Europeo, al que se elija en junio de 1999, bien un Acuerdo suficiente y flexible, bien una base de gastos no obligatorios adecuada para que el nuevo Parlamento pueda definir sus prioridades presupuestarias con holgura si ha de hacerlo empleando el artículo 203. 
No nos vengan ahora con acusaciones de que malgastamos. 
Después de muchos aspavientos resultó que el año pasado- o el ejercicio en curso de 1998- los Estados miembros aumentaron sus presupuestos más de lo que el Parlamento Europeo aumentó el presupuesto comunitario. 
O sea, que no nos vengan con esto, señores del Consejo. 
Este Parlamento ha sido ahorrativo y ustedes lo saben. 
Ha gastado unos 80 millardos de ecus menos de lo que habíamos firmado con ustedes para el período 1988-99. 
Si lo hubiéramos puesto en una caja de ahorros, ahora podríamos pagar la ampliación al contado, pero lo devolvimos a los Ministros de Hacienda, señores del Consejo. 
Pero no tienen ustedes ninguna garantía de que el Parlamento que salga elegido en junio siga esta senda ahorrativa. 
Tómenlo en cuenta y apúntenselo. 
Si llegamos al Acuerdo, ustedes y nosotros sabemos perfectamente que hay medios en el Tratado y en el Reglamento financiero para acabar con los inconvenientes dolorosos que estas enmiendas pueden suponer para la tesorería de los Estados miembros. 
En este contexto se entiende que me opusiera a una enmienda que pretende crear una reserva de 500 millones de euros para emergencias en Rusia y la antigua Unión Soviética. 
Su finalidad es loable, sin duda alguna, pero carece de todo fundamento legal y contraviene el acuerdo sobre fundamentos jurídicos que firmamos el 17 de julio pasado. 
Yo llamaría a mis colegas, a los que la propusieron ayer, a la reflexión. 
Perderemos credibilidad si esta enmienda se aprueba en sesión plenaria. 
Si se aprobara, debilitaría, minaría la capacidad de negociación, la credibilidad de esta institución en las negociaciones en curso sobre el Acuerdo interinstitucional. 
Por lo tanto, yo les pido que reflexionen y que no la apoyen en el Pleno. 
Otro punto al que quisiera aludir es el de la famosa reserva del 100 % de los créditos operativos D. A mi juicio se ha tomado una de las acciones externas más positivas de la Unión Europea, nuestra ayuda humanitaria de emergencia, como rehén para la solución de unas irregularidades que no guardan proporción alguna con la sanción. 
Se ha dicho que decir esto es hacer demagogia. 
En fin, no comparto, evidentemente, ese criterio. 
Creo que tomar estos créditos y ponerlos en la reserva sí es hacer demagogia. 
Eso sí que es pura demagogia. 
No se puede pedir que se actúe en Kosovo o en Rusia y poner al mismo tiempo los créditos necesarios en una reserva que empieza el 1 de enero y que, por lo tanto, nos impide actuar en Kosovo o en Rusia el 1 de enero. 
La única explicación plausible, a mi juicio, es que es más fácil votar en público esa reserva que asumir las consecuencias políticas que se impondrían en el procedimiento de aprobación de la gestión si realmente se cree en lo que se afirma. 
Contra lo que algunos dicen aquí, esta es una forma de rehuir las responsabilidades políticas del Parlamento. 
El Parlamento tiene una vía que es la aprobación de la gestión, no el procedimiento presupuestario. 
Dos puntos finales muy personales, Señorías: en primer lugar, quiero apoyar las propuestas que hacemos en la Comisión de Presupuestos e incluso llevarlas al máximo para todo lo referente a programas de desactivación de las minas antipersonas y, al mismo tiempo, felicitar a la ponente por su fórmula para resolver la financiación en favor de las lenguas minoritarias. 
Dicho esto, permítanme que excite el celo de la Presidencia en ejercicio del Consejo para que de aquí a diciembre avancemos hacia las soluciones que exige el presupuesto de la Unión Europea para estos años. 
Señor Presidente, he apreciado en el trabajo de la ponente que tiene gran interés en que se prosiga el procedimiento que elegimos el año pasado para establecer el presupuesto de agricultura. 
Me parece muy importante, porque el presupuesto agrícola debe poder basarse en las mejores estimaciones disponibles. 
En segundo lugar, se aumenta así la influencia del Parlamento y eso es bueno para la democracia. 
Por tanto, es por ello prematuro en este estadio decir ya que el presupuesto agrícola debería seguir estable o tal vez incluso que debería reducirse. 
Lo más importantes para mí es que la Comisión- y con ella la Unión Europea- deben atenerse a los compromisos. 
Si es así que los gastos resultarían más elevados de lo previsto, entonces es lamentable, pero si resultaran más bajos, entonces eso se aprovecharía también automáticamente. 
Debemos partir de que tenemos que hacer los presupuestos tan realistas como sea posible y al mismo tiempo debemos atenernos a los compromisos que hemos contraído. 
No puedo por menos que decir una cosa referente al presupuesto agrícola. 
El año pasado pedimos explícitamente a la Comisión que nos explicara una importante línea presupuestaria: las políticas complementarias. 
Éstas son importantes sobre todo porque en el futuro se hablará cada vez más de cross compliance en lo referente a los complementos de ingresos. 
Entonces solicitamos a la Comisión un informe sobre esas políticas, informe que también llegó en el último momento, justo antes de la segunda lectura. 
Era, sin embargo, un informe que constaba exclusivamente de estadísticas, algo sin importancia. 
¿No sería posible para la Comisión hacer por una vez un análisis de lo que han sido los métodos ecológicos agrícolas con más éxito en los Estados miembros? 
¿Cómo es posible que sólo cinco de los quince países de la Unión Europea hagan uso de las líneas presupuestarias para las políticas complementarias mientras que todo el mundo habla de un medio ambiente mejor y cosas por el estilo? 
Ésas son las cosas esenciales que nosotros, creo, debemos saber para la preparación de la próxima ronda de Agenda 2000 y todo este tipo de cosas. 
Por tanto, quisiera tener un compromiso de la Comisión en el sentido de que ofrecerá aún amplia información sobre la línea presupuestaria para las políticas complementarias. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito la oportunidad de hablar brevemente en este debate. 
Acojo con particular beneplácito las propuestas que figuran en el proyecto de presupuesto de un aumento del 8, 8 % en las consignaciones que aporten una financiación adecuada para la ronda actual de Fondos estructurales. 
Creo que eso es importante. 
No hace falta que recuerde a la Asamblea la importancia de los programas estructurales como un instrumento para el desarrollo económico y social de las regiones. 
Espero que esos programas continúen en el futuro. 
Sin embargo, deseo, en particular, dejar una señal en el marco de los futuros presupuestos de la UE, en particular en el período 2000-2006, y rechazar propuestas procedentes de la Comisión con vistas a una renacionalización de la Política Agraria Común. 
Hay que parar en seco a los responsables de esa herejía. 
La filosofía económica y social de la Unión Europea está claramente expuesta en su Tratado. 
A esos nuevos y autodesignados arquitectos de la reconstrucción europea les digo lo siguiente: están haciendo un flaco favor al concepto de solidaridad europea y socavando los cimientos que nos han hecho llegar a donde hoy estamos en la Unión Europea. 
Desde una perspectiva agraria, este Parlamento es consciente ahora de las graves amenazas que se ciernen sobre el modelo agrario europeo basado en la explotación familiar. 
Somos conscientes del papel de los agricultores como garantes de la seguridad y calidad de los alimentos. 
Somos conscientes de la grave amenaza que para la infraestructura rural de Europa representa la despoblación rural. 
Hemos presentado propuestas para abordar muchos de esos problemas. Ahora debemos oponer resistencia a quienes quieren denegarnos el apoyo para aplicar las políticas necesarias con vistas a abordar esos tremendos problemas europeos. 
Señor Presidente, las dificultades ligadas a la aplicación de la moneda única en 1999 influyen en los presupuestos nacionales y en el presupuesto comunitario. 
Los sectores que corren mayor peligro en el marco de estos presupuestos rigurosos, incluso en el plano comunitario, son los de la educación, la protección social y el empleo. 
No podemos discutir el presupuesto de 1999 ignorando el documento de la Comisión Europea sobre la financiación futura. 
Presionada por Alemania, la Comisión ha presentado varias opciones, con el objetivo de reequilibrar las contribuciones nacionales al presupuesto comunitario. La Comisión busca satisfacer a Alemania, sin temer ir en contra de los principios fundamentales de la construcción europea, como es la solidaridad financiera. 
También se trata, en particular, tanto del caso de la extensión a otros países de la disminución de la contribución británica como de la renacionalización parcial de las ayudas a los agricultores. 
Alemania, que ha iniciado estos proyectos, parece no ser la indicada para exigir pagar menos, a la vista de las ventajas económicas y comerciales que le procura el mercado único. 
Su excedente comercial debería superar los 500 millardos de francos en 1998, y una parte importante del mismo repercutiría en el mercado comunitario. 
Un verdadero «record». 
Comparto la apreciación reciente del futuro ministro alemán de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer. 
Alemania es, tanto material como políticamente, el principal beneficiario neto del proceso de integración europea. 
En estas condiciones, no se justifica que se le hagan nuevos regalos. 
Más allá de las discusiones presupuestarias entre los Estados miembros, con el avance potencial del principio del justo retorno, que nuestro Parlamento ha criticado siempre, Europa da una triste imagen a los pueblos de los Estados miembros y de los países candidatos, y este principio es la negación de la Unión Europea. 
Yo propongo un análisis diferente. 
Hay que dejarse de cálculos mezquinos, cuyo único objetivo es satisfacer el apetito de los financieros, e invertir la lógica del presupuesto comunitario, basándolo en el principio de solidaridad. 
Solidaridad con los sectores con mayores dificultades y las regiones más pobres. 
Solidaridad con los pueblos europeos, respondiendo a sus necesidades en materia de empleo, de poder adquisitivo, de protección social. 
Solidaridad con los pueblos de los países candidatos, respetando sus logros y sus demandas, sin imponerles el acervo comunitario. 
Para garantizar esta solidaridad, es imprescindible utilizar los créditos comunitarios de otra manera; por ejemplo, concentrándolos en los sectores en crisis, las regiones más retrasadas, llegando al tope de las ayudas a los agricultores, desarrollando las políticas en materia de empleo y de formación. 
Pero también hay que disponer de nuevos ingresos, sin que recaigan sobre la renta de los contribuyentes, buscando, por ejemplo, recursos en los mercados financieros, que se han beneficiado ampliamente con la liberalización de capitales. 
¿Por qué no puede crearse un nuevo recurso comunitario basado en la imposición de las transacciones financieras? 
Señor Presidente, quisiera, desde luego, hacer una pequeña contribución a este debate. 
Felicito a los ponentes y a todos los participantes. 
Acojo con beneplácito el continuo apoyo al programa especial para Irlanda del Norte. 
Quisiera agradecer a la Comisión de Presupuestos la forma como ha controlado esta cuestión en esta ocasión. 
No ha habido el desmadre de los dos últimos años. 
En Irlanda del Norte el Programa de Paz y Reconciliación ha desempeñado una función excelente. 
Ha creado nuevas ideas y mostrado formas nuevas de avanzar. 
Sin embargo, hay que tener presente también todo el futuro de los Fondos estructurales y en los seis a nueve próximos meses va a haber en este Parlamento una batalla de cuidado cuando debatamos la Agenda 2000 y todo el conjunto de reformas. 
Si bien seguimos dando el máximo apoyo al sector agropecuario, en toda la Unión Europea ese sector está sangrando y agonizando. 
En mi zona, nunca en mi vida había visto una situación peor para los agricultores. 
Es una situación insoportable. 
Seguimos entregando todo ese dinero, por lo que hemos de preguntar: ¿adónde va a parar? 
¿Va a donde debe ir? ¿O, si no, dónde está el fallo? 
No cabe duda de que el momento para examinarlo es en los seis a nueve próximos meses. 
Los agricultores no pueden continuar como hasta ahora. 
Si permitimos que continúe la situación actual, vamos a destruir todo el tejido de la sociedad rural. 
El dinero mismo no resolverá este problema. 
Necesitamos una nueva idea sobre adónde vamos. 
Necesitamos un nuevo examen de nuestros mercados. 
Tenemos que adoptar una posición positiva sobre el camino por el que avanzar. 
Pido a la Comisión que lo tenga en cuenta. 
Se debe mantener la defensa de nuestras pequeñas explotaciones familiares y de nuestra estructura de explotaciones rurales. 
Señor Presidente, quisiera examinar algunos aspectos que, a tenor de la verdad, representan proporcionalmente sólo una mínima parte del presupuesto, aunque tienen una gran importancia para el Parlamento Europeo y para sus relaciones con los ciudadanos europeos. 
Me refiero a las políticas sociales y a la política en el campo de la formación. 
Desde este punto de vista, este año el presupuesto era especialmente difícil y yo, al igual que mis colegas, estoy muy satisfecha por el acuerdo alcanzado sobre los fundamentos jurídicos. 
Dicho acuerdo, pese a ser positivo de cara a las relaciones interinstitucionales y aunque por fin arroja nueva luz sobre las posibilidades jurídicas y la transparencia del presupuesto, ha puesto a la ponente en un gran dilema. 
En lo que respecta al importe disponible para proyectos piloto y acciones preparatorias, la señora ponente ha realizado un trabajo excepcional, ya que ha sabido interpretar las exigencias de todas las comisiones, así como las expectativas de este Parlamento y, sobre todo, de los ciudadanos. 
Las llamadas «otras acciones sociales» acaban siendo casi siempre la cenicienta del presupuesto, aunque ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de reconocerse en esta Europa y de tener la esperanza de que sus problemas serán afrontados. 
Durante los trabajos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y en la Comisión de Presupuestos, hemos anticipado en cierto modo el Tratado de Amsterdam. 
A tenor de la verdad, esperaba que también el Consejo, en su primera lectura, hiciera una valiente operación de este tipo. 
No lo ha hecho, sin embargo, lo hemos hecho nosotros. 
Confío en que en la segunda lectura las modalidades de valoración de las decisiones del Parlamento por parte del Consejo no sean las tradicionales, sino que se respeten los compromisos que ha asumido el Consejo en cuanto a la definición del acuerdo sobre los fundamentos jurídicos. 
En particular, creo que es importante haber tratado de dar una respuesta positiva a todo el mundo del asociacionismo y del voluntariado que en estos años se ha esforzado notablemente para hacer frente a los problemas que ni el presupuesto comunitario- aunque no es una de sus competencias- ni los Estados miembros son capaces de resolver. 
El último aspecto al que quiero referirme es el de la formación. 
Como ha dicho la señora ponente esta mañana, la formación y la educación son el futuro de nuestros jóvenes, son el instrumento que les permitirá reconocerse en esta Europa sin fronteras y esperar realmente un futuro mejor. 
Deseo, por último, dar de nuevo las gracias a la ponente, porque creo que en un presupuesto tan difícil ha hecho lo imposible, mejor dicho, mucho más que lo imposible para dar respuestas positivas a todo el mundo. 
Señor Presidente, creo que hay que felicitarse por este presupuesto y por las notables mejoras introducidas por nuestra ponente general. 
Desearía limitarme a hacer tres tipos de observaciones. 
La primera, para subrayar el cambio de la estructura de este presupuesto. 
Cuando se miran los equilibrios de los gastos, nos damos cuenta de que prácticamente se llega a una igualdad entre los gastos de política agrícola y los gastos de acciones estructurales. 
Creo que se trata de un cambio considerable, encaminado a calmar, en parte- pero sólo en parte -, los temores de aquellos que consideran que tradicionalmente el presupuesto ha estado excesivamente concentrado en la agricultura, es decir, en realidad, en el 3 % de la población. 
Sin embargo, las políticas internas no estructurales ocupan un lugar insuficiente, y hay materia para realizar acciones comunes en este ámbito, si se quiere que todos los contribuyentes de la Unión se vean reflejados en el presupuesto. 
La segunda observación es para decir que este presupuesto es un presupuesto de austeridad, que debería serlo, pero que no debe serlo para siempre. 
Pienso que hemos querido ajustarnos a un aumento del gasto extremadamente limitado, aun cuando el aumento de los créditos para compromisos en materia estructural da una impresión algo diferente, e incluso si, por las razones estratégicas que se han expuesto, hemos consignado algunos créditos en reserva, con el fin de influir en las negociaciones interinstitucionales. 
A pesar de estos dos elementos, vemos que mantenemos el rumbo de la austeridad y de un aumento comparable al de los presupuestos nacionales. 
Esta situación no durará eternamente, y desearía que abandonáramos la idea de que, en la Unión Europea, estamos condenados a tener un presupuesto cuyo aumento estaría calcado del presupuesto de los Estados miembros, cuando incluso la Unión Europea se amplía constantemente y cuando las competencias de la Unión Europea, las políticas que tenemos que financiar, también aumentan en proporciones considerables. 
No se puede medir por el mismo rasero el presupuesto de una Unión Europea en constante expansión en el plano geográfico y político y unos presupuestos nacionales que se elaboran en un marco estabilizado. 
Con miras al futuro, creo que es muy importante que, en las negociaciones interinstitucionales, logremos una mayor flexibilidad. 
Pienso que el hecho de reconocer que una mayor flexibilidad entre las categorías también significa una mejor gestión, una asignación óptima de los recursos, beneficiaría a todos, al Consejo y a la Comisión. 
Dicho esto, el Parlamento no debe ignorar que una mayor flexibilidad también quiere decir una verdadera codecisión, y que si en el futuro desempeñamos un papel más importante en el campo de los gastos obligatorios, será preciso aceptar que nosotros también tengamos una verdadera codecisión respecto a los gastos no obligatorios. 
Por lo tanto, debe hallarse un equilibrio, y espero que el Acuerdo interinstitucional que queremos negociar permita lograrlo. 
Finalmente, desearía insistir en las exigencias que supone una buena gestión. 
Nunca estaremos lo suficientemente atentos a las cuestiones de personal. 
Hay que quitarse de la cabeza la idea- que, sin embargo, está presente en nuestras resoluciones y en nuestros textos- de que se podrá continuar gestionando la Unión Europea ampliada, con los mismos medios administrativos y con el mismo personal. 
¡También en este caso debemos ser audaces! 
Señor Presidente, otro presupuesto de austeridad, otro presupuesto elaborado con un telón de foro de desacuerdo en relación con la futura financiación de la Unión Europea- un ejercicio que se repite todos los años- denota cierta rutina. 
El presente debate, sin embargo, no debería hacernos olvidar dos aspectos importantes. 
Uno se refiere a nuestra voluntad de que la Unión esté más próxima a las preocupaciones de los ciudadanos, y, en este sentido, la voluntad de proximidad estaría condenada a ser papel mojado si los responsables de la ejecución presupuestaria no sacaran las enseñanzas de las disfunciones hechas públicas recientemente. 
Es ocioso añadir que cada error en la materia hace aún más escéptico al ciudadano, al cual, por otro lado, se le predica las virtudes de la austeridad. 
No se podría pretender, y es mi segundo punto, compartir las preocupaciones de nuestros conciudadanos si, por el hecho de que los fundamentos jurídicos sean insuficientes, o incluso no existan, ramas enteras de la cooperación al desarrollo, del compromiso social, estuvieran paralizadas. 
Espero que el Acuerdo interinstitucional acabe con una situación que, en el mundo asociativo, ha bloqueado la acción de las personas más comprometidas de nuestra sociedad y privado de ayuda a aquellos que más la necesitaban. 
La rutina no debería tampoco hacernos olvidar que el cierre del ejercicio, cuyo presupuesto votaremos pasado mañana, coincidirá con el paso del segundo al tercer milenio. 
El año 1999, año «bisagra» , que nos exigirá aún más en relación con la transformación de nuestras sociedades y con la manera en que pensamos aceptar los grandes retos, no podrá ser realmente útil sino en la medida en que nuestra capacidad de gestión de nuestro pasado, y en particular del siglo XX, quede intacta. 
En este orden de ideas, no puedo menos que felicitarme de que la Comisión de Presupuestos haya aceptado nuestra enmienda a propósito de la reedición de las actas de Nuremberg en las diferentes lenguas de la Unión Europea. 
Aunque las sumas destinadas a este efecto puedan parecer insignificantes, testimonian la voluntad de sustituir nuestra memoria humana por nuestra memoria histórica, ya que la memoria humana falla, y la historia bien enseñada y entendida constituye la mejor vacuna contra la contaminación revisionista y negacionista. 
Señor Presidente, quiero usar este breve tiempo para comentar dos detalles del presupuesto. 
Como todos saben, los detalles pueden tener consecuencias muy grandes. 
Hace casi un año que presenté una propuesta aquí en el Parlamento sobre la realización en 1999 de una campaña en contra de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. 
Se aprobó por una gran mayoría aquí en el Parlamento, y la Comisión de Derechos de la Mujer presentó una propuesta para financiar una campaña en el ámbito de la UE con un presupuesto muy, muy pequeño, cinco millones de ecus. 
Esto ha sido rechazado por la mayoría de la Comisión. 
Por eso ahora espero, realmente, que cuando votemos el presupuesto podamos volver a incluir esos cinco millones de ecus para estos efectos, puesto que es algo que afecta a cientos de miles de mujeres en nuestros países miembros, quienes consideran que éste es un asunto de gran importancia, cosa que también estima la mayoría del Parlamento. 
Si se piensa que esto recargaría el presupuesto, puedo recordarles que también se dispusieron cinco millones extraordinarios para la participación en una exposición mundial en Hannover. 
Es algo que podemos hacer, una redistribución que creo que apreciarían las mujeres europeas. 
También quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi satisfacción porque esta tarde se ha decidido que los reembolsos de viajes deberán corresponder a costes reales. 
Evidentemente que hay problemas si se relaciona esto con un estatuto, puesto que, en mi opinión, representamos a nuestros electores que están en casa y no a las instituciones de la UE ante nuestros electores. 
) Señor Presidente, algo acerca de dos temas importantes, acerca de la estrategia general del presupuesto, primero las subvenciones. 
Ya es hora de que el Parlamento ponga en orden los asuntos de las subvenciones. 
En las evaluaciones para 1998 aprobó ya una enmienda que basaba los gastos de viaje y de estancia en gastos efectuados realmente. 
Después de transcurrido más de año no se ha regulado nada todavía. 
En gran parte se puede reprochar esto a la Mesa que, al menos hasta ayer por la tarde, parecía incapaz de abordar las subvenciones de forma efectiva. 
Los propios miembros de la Comisión de Presupuestos tomaron con razón las riendas. 
La enmienda de Dankert y otros, que ayer por la tarde ha sido adoptada por la Comisión de Presupuestos, contiene excelentes propuestas. 
Lamentablemente se ha añadido, impulsado por el PPE entre otros, que las subvenciones van a un Estatuto del Personal. 
Una mala interconexión, puede pasar aún mucho tiempo antes de que el Consejo apruebe ese estatuto. 
Hago un llamamiento a todos los colegas que ya no admiten más dilación en la reforma de las subvenciones para que anulen esta interconexión. 
Luego la estrategia general. 
El debate sobre el presupuesto de 1999 parece hacer las veces de una palanca en las negociaciones sobre las perspectivas financieras para los años 2000-2006. 
Para dejar la máxima libertad de acción al Parlamento, la ponente quiere recoger en el presupuesto de 1999 íntegramente como reservas los márgenes por debajo del techo de gastos. 
El Parlamento daría así una señal completamente errónea. 
La Unión Europea no se puede sustraer a la disciplina presupuestaria que pide a los países de la UEM. 
Las negociaciones sobre un Acuerdo interinstitucional pretenden controlar los gastos. 
Es inaceptable que el Parlamento opte por una alternativa que lleva a la maximización de los gastos en 1999 y después de 1999. 
Señor Presidente, voy a referirme concretamente a dos enmiendas. 
En primer lugar, respecto de la B1-3800. 
Debemos aumentar la financiación para fomentar el consumo de carne de bovino; debemos hacer propaganda de la carne de bovino; debemos reducir la cantidad de carne de bovino almacenada con cargo a intervención, que tan cara resulta. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural presentó estas enmiendas y la Comisión de Presupuestos las rechazó. 
Desde entonces, hemos tenido la confirmación de la pérdida de nuestro mercado ruso: el año pasado 400.000 toneladas de carne de bovino europea fueron a Rusia. 
Este año van a tener que quedar almacenadas, lo que resulta oneroso, además de las 580.000 toneladas que ya lo están. 
¡Una enorme montaña de carne de bovino de mil millones de toneladas! 
La Comisión de Presupuestos rechazó una propuesta para aumentar la promoción de la carne de bovino a fin de reducir ese almacenamiento con cargo a la intervención. 
Si votamos esos fondos suplementarios, podríamos ahorrar costos de intervención: probablemente hasta 100 millones de ecus. 
Gastemos 20 millones de ecus para ahorrar 100 millones de ecus: eso tiene sentido económicamente. 
En segundo lugar, espero que apoyemos la línea B2-518N, que contribuiría a financiar la creación de puestos de trabajo en el futuro en relación con la explotación de la lana de oveja. 
Los criadores de ovejas de toda Europa están experimentando graves problemas. 
Si al menos pudiéramos lograr valor añadido para la lana de oveja, además de la carne, sería una ayuda para nuestras zonas rurales. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, este puede llegar a ser, en conjunto, un presupuesto sólido y yo quiero expresar mi agradecimiento a la ponente por la dedicación con que ha impulsado el procedimiento presupuestario. 
Se trata de un presupuesto de transición a las próximas perspectivas financieras y que también debería contribuir a introducir la flexibilidad necesaria en el futuro Acuerdo interinstitucional. 
Yo creo que la política presupuestaria y financiera sólida que ha definido el Parlamento en los últimos años debería allanar el camino para que el Consejo pueda alcanzar con pragmatismo los acuerdos necesarios con el Parlamento en las próximas semanas. 
En lo que respecta a la categoría 1, yo creo que el objetivo ha de ser seguir desarrollando el procedimiento Tillich-Mulder, con objeto de que los gastos agrícolas queden plasmados con la máxima precisión y exactitud, pero de manera que los compromisos suscritos se encuentren a la vez debidamente enraizados en el presupuesto. 
La aplicación de este procedimiento ha dado buenos resultados. Sin embargo, yo también quisiera añadir que éste sólo podrá consolidarse a la larga y recibir el apoyo de la Asamblea si, por una parte, se procede a la necesaria adaptación respetando la disciplina presupuestaria, pero a la vez también se deja un margen para un aumento o una reducción durante el proceso de decisión hasta que se alcance la decisión definitiva. 
El procedimiento Tillich-Mulder- lo digo con toda firmeza- no es un instrumento para la manipulación unilateral de los gastos agrícolas. 
Señora Ponente, en la Comisión de Presupuestos modificamos ayer un poco el texto de su propuesta de resolución original. 
Ésta incluía algunas formulaciones que por fuerza habían de generar desconfianza entre sus destinatarios hacia los cantos de sirena de la Agenda 2000 e inducirles a contemplar también con un cierto escepticismo el procedimiento Tillich-Mulder por este motivo. 
Yo quisiera añadir un comentario sobre dos aspectos particulares que nos preocupan en relación con este presupuesto y que naturalmente son de especial interés público, toda vez que la preocupación general no está motivada tanto por el procedimiento presupuestario en sí, sino por la utilización de los recursos resultantes, a la vista de los actuales problemas en el contexto de ECHO y de MED y TACIS, por citar estos tres ejemplos. 
La Comisión de Presupuestos ha consignado en la reserva los créditos de ECHO y ha vinculado su desbloqueo a dos condiciones. 
En el ínterin hemos recibido una carta del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, que yo acojo con satisfacción. 
No obstante, también quiero añadir que se trata de promesas para el futuro. 
Ya sabemos por la experiencia en otras comisiones y comisiones de investigación que las promesas para el futuro se hacen con objeto de aplazar las dificultades presentes. 
En consecuencia, señor Comisario Liikanen, yo habría deseado que usted nos aclarase hoy en el Pleno cómo se propone satisfacer la Comisión la segunda condición, o sea, el tema de la entrega de los documentos relacionados con los contratos ficticios a las autoridades judiciales competentes en cada caso. 
¿Los han entregado ya? 
¿Se proponen hacerlo? 
Yo quiero decirles a todos los colegas que no se trata de retener la ayuda humanitaria como rehén. 
Disponemos de mucho tiempo hasta la segunda lectura. Pero si hoy ya nos ablandamos, esto nos conducirá en el fondo a un difícil procedimiento de aprobación de la gestión en el mes de diciembre. 
Por esto es aconsejable que le indiquemos a la Comisión que las condiciones son dos y que debe cumplirlas. De lo contrario, mantendremos los créditos en la reserva hasta la segunda lectura. 
Sin duda será necesario aclarar todavía algunos aspectos, también en relación con la resolución. 
Finalmente, unas últimas palabras sobre el Informe Viola y las estructuras de compensación de los gastos de los diputados. 
Voy a decirlo con claridad: sin un estatuto, todo se quedará en un mero esbozo. 
En segundo lugar, la propuesta de la Mesa no resuelve el problema, sino que en realidad sólo conduce al absurdo con su evidente trato de favor hacia determinados grupos. 
Se mantiene, en cierto modo, un problema como un medio para resolver otro problema anterior. 
La enmienda que aprobó ayer la Comisión de Presupuestos responde, por consiguiente, al intento de obtener el respaldo de la mayoría de la Asamblea con objeto de que podamos avanzar, sin reproches mutuos, en la búsqueda pragmática de una solución sólida, no sólo en lo que se refiere a los gastos de viaje, sino para el conjunto de las bonificaciones y compensaciones y para la definición del estatuto jurídico de los eurodiputados. 
Señor Presidente, el proyecto de presupuesto de la Unión Europea para 1999 es especialmente severo, un presupuesto riguroso, restrictivo, un presupuesto alineado con la dura política presupuestaria que impone la marcha hacia la UEM y el Acuerdo de estabilidad. 
Una vez más la Comisión y el Consejo se convierten en la expresión de la política monetaria a costa de la política social y de los derechos sociales de los trabajadores. 
Ni la Comisión ni el Consejo han aprendido nada de la crisis financiera mundial que aún continúa y que está amenazando ya a la economía real, al desarrollo y al empleo. 
No han aprendido nada de las consecuencias dramáticas de la política de moderación a costa de los ciudadanos europeos. 
Los agricultores, especialmente los del sur, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios e industriales, los jóvenes y los pensionistas han llegado al límite. 
No soportan más austeridad. 
Señor Presidente, con estas perspectivas financieras y con presupuestos así la situación de los ciudadanos y de los Estados más pobres de la Unión no puede mejorar. 
El Parlamento Europeo, como único órgano electo de la Unión, debe, algún día, expresar esencialmente a los ciudadanos europeos y enviar un mensaje esencial de condena de esta política, debe exigir echar abajo esta política votando en contra de este riguroso presupuesto contrario al pueblo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer término desearía decirles que el presupuesto que vamos a votar el jueves por la mañana presenta la característica particular de incluir un importe muy elevado para la investigación y el desarrollo, importe que representa, naturalmente, una cifra puramente teórica por tratarse, en cierto modo, de un juego interno del Parlamento Europeo, a saber: un compromiso entre la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y la Comisión de Presupuestos, sobre la base del anteproyecto de presupuesto presentado por la Comisión. 
De hecho, la conciliación entre el Parlamento y el Consejo de Ministros ha fracasado. 
Debo decir que la situación, tal como se presenta, no nos incita al optimismo. 
En efecto, esperábamos que, justo antes de las votaciones en Comisión de Presupuestos, se llegaría a un acuerdo en el procedimiento de conciliación. 
Desgraciadamente, es evidente que estamos muy lejos de ello, hasta tal punto que hoy no puedo garantizar- y personalmente soy bastante pesimista- que logremos un acuerdo antes de la segunda lectura del presupuesto, lo que nos pondría en una situación extremadamente difícil. 
¿Cómo se podría dar un fundamento jurídico a los gastos de la investigación que deberíamos iniciar el 1 de enero de 1999 si no mediara un acuerdo con el Consejo? 
Mi pesimismo se basa en la diferencia entre las posiciones del Parlamento y del Consejo- 16, 3 millardos para el Parlamento y 14, 3 millardos para el Consejo, ¡nada menos! -, pero también y sobre todo en el clima en el que se desarrolla esta conciliación. 
En efecto, no se tiene realmente la impresión de que el Consejo de Ministros busque un acuerdo en la materia. 
Por una parte, está completamente frenado por la revisión de las perspectivas financieras. 
El Consejo de Ministros desea imponer al Parlamento una cláusula que va en contra de los derechos que los Tratados confieren a este último. 
Por otra parte, se tiene la impresión de que, a pesar de todo, el Consejo de Ministros quiere avanzar con mucha prudencia, como si ya estuviera convencido de que las perspectivas financieras serían todavía más desfavorables que la situación actual en el plano de los recursos. 
Nos encontramos, pues, en un callejón sin salida, y no excluyo que intentemos, en su caso, un acuerdo con el Consejo sobre la base de un sólo año, en este caso 1999, a fin de aplazar el acuerdo global para los cuatro años siguientes del programa marco, tras la revisión, precisamente, de las perspectivas financieras. 
Por lo tanto, deberemos pensar en ello seriamente en el momento de la votación, el jueves, de los presupuestos para investigación, y procurar que la Comisión, que es un intercesor importante entre el Consejo y el Parlamento- pero también y sobre todo el Consejo -, ejerzan las presiones necesarias sobre los ministros de Investigación. 
Finalmente, estaría atento al hecho de que la operación de phasing in (reducción progresiva) de la CECA en el presupuesto del programa marco de investigación es todavía ampliamente deficitaria, puesto que no estamos seguros de que el programa marco incluirá la investigación referente al carbón. 
Señor Presidente, no voy a entrar en detalles de los distintos artículos y capítulos del presupuesto- mis Sres. colegas los han analizado suficientemente -, me voy a limitar a expresar determinadas reflexiones generales sobre el papel del presupuesto y sobre cómo este se desarrolla. 
Realmente, un análisis del presupuesto de la Unión Europea a lo largo de su historia permite constatar que ha contribuido al desarrollo de políticas que han afectado a la evolución de la Unión. 
Es decir, ha sido básicamente, un instrumento de ejercicio de política y su expresión a distintos niveles así lo demuestra. 
La Política Agrícola Común y su evolución, el tema de los Fondos estructurales y del esfuerzo por la convergencia, la política exterior de la Unión Europea y la forma en la que se ha financiado, a veces sin obstáculos de tipo burocrático, y que, consiguientemente, ha podido ser eficaz las pocas veces en que se ha utilizado; todo esto demuestra que el presupuesto de la Unión Europea es, básicamente, un órgano de política. 
Pero el objetivo de la creación del la UEM, cuyo logro hizo necesario el ejercicio de una política presupuestaria contraccionista a nivel nacional, ha provocado que prevalezca la idea de que es necesario que también el presupuesto de la Unión sea igual de riguroso unilateralmente. 
Así, el presupuesto ha seguido una lógica de corta duración que poco a poco está alterando su funcionamiento básico y está llevando a pensar en ahorrar los ingresos o, más exactamente, en que los Estados miembros reduzcan su contribución presupuestaria al presupuesto de la Unión. 
Es decir, llegamos a los niveles de 1988, en cuanto a los índices del producto nacional bruto, tal como han mencionado anteriormente mis Sres. colegas. 
Lo que es alarmante no es el rigor del presupuesto por si mismo, que necesariamente conducirá a evitar las exageraciones y a la inscripción y utilización correctas de los créditos. 
Lo que es alarmante es el desarrollo que empieza a observarse, que, por una parte, en nombre de la contribución financiera neta, en una interpretación algo arbitraria de lo que significa exactamente y, por otra, en nombre del principio de subsidiariedad, también definido arbitrariamente, va a quitar, en cierto modo, del presupuesto la posibilidad de funcionar en el marco de la UEM dando apoyo y de equilibrar suficientemente las consecuencias que se deban a diferencias de desarrollo regional de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es decir, el presupuesto deja de tener un papel activo y se vuelve algo completamente pasivo y contable. 
El Parlamento Europeo, que puedo decir que es el guardián de la política real que debe seguir el presupuesto, ya que este es su papel, se ha concienciado claramente de la necesidad de la elaboración y ejecución sanas del presupuesto. 
El actual presupuesto esto demuestra. 
Una prueba de esto es el reciente acuerdo sobre las bases jurídicas que ya está aplicando el presupuesto bajo debate. 
La importancia de este acuerdo es grande y ya han empezado a verse sus resultados. 
Basta, por supuesto, con que se aplique consecuentemente y que no conduzca a excepciones fragmentarias a costa de la credibilidad del Parlamento. 
Porque lo que ha conseguido este acuerdo, señor Presidente, ha sido quitar de en medio muchas situaciones intermedias y que no eran completamente acordes con el espíritu de la Unión Europea, situaciones que hacían uso de fundamentos jurídicos por razones propias, sin que los hubiera aprobado nadie. 
No es, pues, el rigor presupuestario un fin en si mismo. 
El presupuesto de 1999 es muy importante porque puede ser el trampolín para formar las perspectivas financieras. 
Debemos, pues, ser excepcionalmente cuidadosos con el modo en que lo vamos a elaborar. 
E, igualmente, debemos deshacernos un poco de la lógica contable que, desgraciadamente, tiende a imponerse por parte del Consejo. 
Señor Presidente, hace años, cuando elaborábamos el presupuesto, empezábamos por la política que queríamos aplicar. 
Es decir, decíamos qué objetivo tenía la Unión Europea, qué política quería aplicar, y después encontrábamos los recursos. 
Desgraciadamente, ahora, lo hacemos al revés y decimos: tenemos este dinero disponible; ¿qué podemos hacer con él? 
Esto no ayuda a la Unión Europea, y menos en la fase crítica que estamos atravesando, un periodo que está cambiando todo y que va a exigir una acción real positiva por parte de la Unión Europea; de alguna manera debemos volver a pensar en cómo vamos a hacer que el presupuesto de la Unión Europea vuelva a desempeñar su papel político real. 
Señor Presidente, ya se ha dicho aquí en el día de hoy que con el presupuesto de la Unión Europea se envía un mensaje significativo a sus ciudadanos sobre las cuestiones que esta Unión considera importantes. 
Yo creo que uno de los mensajes más importantes que deberíamos enviar es que la Unión se hace cargo también de aquellos ciudadanos europeos que corren el riesgo de quedar excluidos de la sociedad por motivos relacionados con el desempleo, la pobreza, las incapacidades, la falta de vivienda o cualquier otro problema. 
En el presupuesto que ahora sometemos a debate se presenta un nuevo apartado sobre las medidas preparatorias para evitar la marginación social. 
Se han asignado diez millones de euros durante el próximo ejercicio en favor de estas medidas. 
En el futuro, cuando el Tratado de Amsterdam entre en vigor y tenga un valor vinculante también a este respecto, deberemos estar dispuestos a dedicar importes mucho más cuantiosos. 
El Consejo de Europa ha lanzado una campaña para la solidaridad global. 
Espero que tanto la Unión Europea como sus Estados miembros asuman sus responsabilidades al respecto. 
Finalmente querría transmitir al Sr. Liikanen los saludos de la reunión de intergrupos. En dicha reunión sí que han comprendido la razón por la que no ha podido estar presente el Sr. Comisario. 
Señor Presidente, habla por sí solo el hecho de que yo, naturalmente, tenga alguna nostalgia por el 203 desde el presupuesto de 1980, pero al mismo tiempo no puedo negar que las perspectivas financieras han llevado en gran medida a la calma presupuestaria y al equilibrio presupuestario también en las relaciones interinstitucionales y, por tanto, también en Europa como tal. 
De ahí que lamente extraordinariamente que en este momento haya ministros de Finanzas que cuando ven que no llegan al límite consideran ahora que el presupuesto se debe manejar con crecimiento cero. 
Es como si un bicho del milenio les hubiera picado para que atrasaran el reloj a 1980 y antes. 
Ya hay algunos que incluso han anotado en sus propios presupuestos nacionales el crecimiento cero. 
Naturalmente, eso es del todo inconcebible. 
Pero eso no puede ser y tampoco tiene por qué ser. 
Si observo cómo se ha desarrollado el presupuesto los años anteriores entre Parlamento y Consejo, entonces veo que se ha tratado de un desarrollo muy controlado, que se ha acercado mucho al crecimiento cero, que incluso habría estado por debajo si el Consejo no hubiera decidido- y que por tanto es una resolución del Consejo- llevar a cabo un gran incremento de los Fondos estructurales- al que por lo demás doy la bienvenida- que ha causado este crecimiento extra. 
El Parlamento no ha pecado tampoco los años anteriores de gastos exagerados. 
También nosotros hemos estado extraordinariamente controlados en el proceso presupuestario. 
Pero eso no significa que ahora se pueda decir que para los años venideros el crecimiento cero deba quedar inamovible. 
Nosotros estamos a favor de la ampliación. 
Aunque la Comisión ya ha realizado algunos cálculos en relación con los gastos de la ampliación, no está claro a cuánto ascenderán exactamente esos gastos. 
A mi parecer, la Comisión se halla en el lado precavido del cálculo. 
Además ocurre- cuando observo los mercados agrícolas, y el problema de la carne lo acaba de tratar mi vecino de atrás -, que la política agraria parece generar menos golpes de suerte de los que generaba en el pasado. 
Hay aún pagos en los Fondos estructurales que aparecen en las cuentas a partir del 2000 y que no se han recogido en las perspectivas financieras. 
Así pues, en resumen, no es posible hacer frente a todos los retos que tenemos ante nosotros si al mismo tiempo nos comprometemos a un crecimiento cero que de momento es tan popular para una minoría del Consejo. 
Creo que solucionaremos situaciones mucho más graves que las situaciones que hemos conocido al principio de la década de los ochenta en torno al presupuesto. 
Deberemos intentar conducir por aguas bien navegables ese presupuesto manteniendo el papel de la autoridad presupuestaria, que son tanto el Parlamento como el Consejo, y no la minoría del Consejo. 
Por eso aplaudo que la Sra. Dührkop haya propuesto no rebajar la base financiera para las negociaciones 2000-2006 hacia donde nos llevan las perspectivas financieras para 1999. 
La diferencia es unos cuatro mil millones de ecus, o euros, como se llamarán después. 
No queremos de ningún modo- también se ha dicho aquí más de una vez- que se gaste esa cantidad, pero sí queremos que siga habiendo libertad de acción para la política presupuestaria, libertad que amenaza con perderse por la postura de algunos ministros de Finanzas. 
El presupuesto debe poder entrar con confianza en el siglo XXI para dar las oportunidades a la Unión Europea en el siglo XXI. 
Quiero hacer todavía un par de observaciones sobre el sistema de subvenciones para costes de transporte de los miembros. 
Debo dirigirme a usted también aquí, porque me pregunto muy sinceramente de qué parlamento es en realidad esta Mesa. 
El Parlamento ha encargado a la Mesa que venga con una propuesta para la subvención real de los costes de transporte. 
La Mesa se decidió por un sistema en el que resulta en los tres puntos que, junto a los gastos de transporte se conceden pagos. 
Antes eso se ocultaba en la subvención para costes de transporte, ahora eso aparece explícito en la propuesta. 
Presidente, si usted quiere crear dificultades al respecto en unos cuantos Estados miembros, éste es el camino adecuado. 
Recuerdo el arresto del Tribunal de Justicia relacionado con un lord inglés por esta subvención para costes de transporte. 
Si los jueces tienen que volver a examinarlo más de cerca, ése sistema está condenado de antemano. 
Así pues, la Mesa no ha cumplido su tarea. 
El Sr. Böge acaba de decir: tengo una solución mucho mejor. 
Yo aplazo cualquier solución hasta la siega del pepino. 
Me decido por los costes reales, pero no los introduzco hasta que no se haya llevado a cabo un estatuto. 
Eso lo ven los democristianos como una posición negociadora. 
Me parece una mala posición negociadora. 
Creo que lo único que podemos hacer es aprobar una propuesta en la que se basa la resolución de la Mesa, a saber, la subvención de costes reales para viajes ya hechos. 
Se han presentado las enmiendas para ello. 
La Comisión de Presupuestos ha dado ayer un paso, que por lo demás después ha vuelto a ser rectificado por el complemento del Sr. Böge. 
Ése no es ningún compromiso, porque estamos fundamentalmente en desacuerdo entre nosotros. 
Deberá entonces ser así que ya no se subvencionarán los costes de viaje reales. 
Por último, Presidente, ya se acaba de mencionar hace un momento, pero en aras de la plena claridad política, otra vez Turquía. 
El Grupo socialista ha propuesto suprimir la reserva en la línea para la colaboración financiera con Turquía. 
Eso es una consecuencia directa de la resolución del Tribunal para exigir un fundamento legal para los presupuestos. 
No se puede negar: aquí no hay ningún fundamento legal, y eso tiene como consecuencia que esa reserva debe anularse. 
Lamento que algunos saquen de esto conclusiones políticas. 
Ésa no puede ser la intención. 
Es la consecuencia férrea de aquello que también el Consejo mismo ha intentado poner en práctica en el presupuesto. 
Señor Presidente, Señorías, el presupuesto para 1999 es un presupuesto que corresponde a la ejecución de las actuales políticas europeas, tal como quedaron consagradas en el Acuerdo Interinstitucional en el que se materializó el conjunto de medidas Delors II. Como tal, se puede considerarlo globalmente un buen presupuesto. 
Quiero expresar aquí unas palabras sinceras de agradecimiento a nuestra ponente, Barbara Dührkop, que, con inteligencia y perseverancia, ha hecho un trabajo excelente. 
Ahora bien, quisiera subrayar los siguientes aspectos: el presupuesto para 1999 respeta íntegramente los importes previstos para el capítulo II relativo a los Fondos estructurales, cuya aplicación, hablando globalmente, ha resultado un éxito. 
Hoy los países de la cohesión están en el grupo del euro o, en el caso de Grecia, caminan hacia él. 
Buena prueba de ello es lo sucedido en mi país, Portugal. 
Hace diez años habría sido impensable que hoy Portugal formara parte del grupo de los fundadores de la moneda única. 
Nuestro extraordinario impulso de crecimiento prueba que las políticas europeas de desarrollo regional, acompañadas de la apertura y la creación del gran Mercado Único europeo, si se aplican correctamente, son un instrumento insubstituible de la cohesión y del desarrollo armonioso. 
Al negociar el próximo acuerdo interinstitucional y la Agenda 2000 debemos tener en cuenta estos resultados; de lo contrario, habrá una ruptura del modelo de desarrollo europeo que se ha aplicado de muchos años a esta parte. 
Quiero subrayar también con agrado que, en este capítulo de los Fondos estructurales, la propuesta de presupuesto del Parlamento consagra un fortalecimiento de las asignaciones dedicadas al apoyo a las regiones ultraperiféricas, que en mi país se aplicarán a las Azores y a Madeira. 
Por lo que se refiere a la agricultura, las políticas plasmadas en este presupuesto no corrigen los actuales desequilibrios entre agriculturas y agricultores. 
Espero que los debates en curso sobre la reforma de la PAC permitan acabar con esa injusticia escandalosa. 
Por lo que se refiere a las políticas internas, el Parlamento Europeo, mediante su propuesta, refuerza los programas de acción encaminados a la defensa del medio ambiente, el fomento de las energías renovables, la protección de los consumidores, el intercambio entre escuelas, la recuperación del patrimonio histórico, la integración social de los grupos profesionales o sociales con dificultades específicas, la igualdad entre hombres y mujeres, el papel de las organizaciones no gubernamentales, la promoción del empleo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, etc. 
En el fondo, el Parlamento ha hecho lo que el Consejo se negó a hacer. 
Ha analizado los programas y las políticas que dan un rostro humano a la Unión Europea, ha comprobado sus niveles de ejecución, ha sido exigente y ha aprobado las asignaciones necesarias para su continuación. 
El Consejo de Ministros, de forma incoherente, que puedo clasificar incluso de estúpida y cínica, había reducido brutalmente esos programas, pese a lo cual los Jefes de Estado o de Gobierno le dedican elogios en los comunicados del Consejo Europeo. 
Por lo que se refiere a la política exterior, quiero subrayar el papel del Parlamento Europeo y de mi Grupo político, que han exigido la aclaración de los escándalos y robos habidos en el programa ECHO. 
La Comisión ha intentado encubrir esas gravísimas desviaciones para proteger no se sabe bien a quién y, si no hubiera sido por la decisiva actuación del Parlamento en este caso, no habría transparencias ni la futura creación de un organismo independiente con más poderes que la actual UCLAF. 
Dos palabras finales: una para apoyar la enmienda propuesta de la línea de los bosques tropicales en el sentido de restablecer el importe de 500 millones de ecus. 
La última para apoyar la reserva global estratégica que permitirá partir para el presupuesto 2000 con una base razonable, en caso de que el Parlamento Europeo y el Consejo no lleguen a un acuerdo en cuanto a la Agenda 2000. 
Señor Presidente, Señorías, para empezar yo quisiera repetir lo que ha manifestado el colega Böge en relación con ECHO. 
Ambos sabemos que este año no podremos dar por zanjado el asunto de los presuntos casos de fraude y sería importante que usted nos ofreciese una indicación clara de que se toma en serio esta cuestión. 
Dentro de pocos días se celebrará en Austria una cumbre sobre la aproximación de la Unión Europea a los ciudadanos y yo creo que, en ese contexto, también estamos autorizados a preguntarnos por la proximidad a los ciudadanos del presupuesto de la Unión. 
Estos días he leído lo siguiente en el Financial Times, cito del inglés: Opening up the whole budget to make it more simple, more fair and more transparent is a political nightmare, far easier to keep it complicated. 
(Hacer más accesible el presupuesto con objeto de simplificarlo y de que sea más equitativo y transparente es una pesadilla política; resulta mucho más sencillo mantener su complejidad.) 
Yo acojo con manifiesta satisfacción en este contexto el informe de la Comisión Europea sobre la financiación de la Unión por medio del sistema de los recursos propios. 
Ya expresé en comisión que la Comisión hubiese podido resaltar más nítidamente su posición, pero aun así se trata de un excelente informe. 
En él también se examinan exhaustivamente las propuestas concretas para la financiación de la Unión, la transparencia de los ingresos para las ciudadanas y ciudadanos de la Unión, y su rentabilidad y posibilidades de control. 
Se trata de un primer paso en la dirección adecuada. 
Señor Liikanen, yo quisiera expresarle mi deseo de que siga avanzando de manera consecuente en esta dirección. 
Por lo que respecta a los gastos, sobre los que tendremos que adoptar finalmente una decisión el jueves, yo quisiera resaltar sobre todo, como un aspecto positivo desde el punto de vista de la proximidad a los ciudadanos, la solución alcanzada bajo la Presidencia austriaca en relación con el problema del fundamento jurídico. 
Todas las líneas presupuestarias cuentan ahora con un fundamento jurídico y se podrán desembolsar los fondos. 
Tras muchos años de tira y afloja en torno a los fundamentos jurídicos, las ciudadanas y ciudadanos de Europa pueden tener la confianza de que los recursos que se consignan en el presupuesto también se transpondrán y se desembolsarán. 
Yo creo que el Parlamento Europeo ha demostrado también en este contexto que somos un interlocutor claro y bien dispuesto. 
En cualquier caso, hemos suprimido unas dieciséis líneas presupuestarias que carecían de fundamento jurídico, por un montante de unos 124 millones de ecus. 
El propósito de nuestra ponente era lograr una mayor aproximación entre algunas políticas y las aspiraciones de la Unión. 
Recuerden el caso del programa Leonardo, que parecía ser prioritario en Cardiff y luego se recortó en 100 millones de ecus. 
Recuerden las políticas exteriores, en cuyo contexto se incrementaron los fondos para PHARE, aun a sabiendas de que no es posible su total absorción. 
Yo creo que este ha sido el mérito de nuestra ponente en el procedimiento de elaboración del presupuesto para 1999. 
Yo quiero felicitarla sinceramente por ello. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a la ponente la excelente labor que ha llevado a cabo y, de hecho, felicitar al pequeño grupo de expertos de la Comisión de Presupuestos que trabajan denodadamente y aplican muchos conocimientos especializados a todo este asunto y también al excelente personal de la Comisión, que tiene mucha paciencia. 
A veces el talante en esas reuniones puede ser muy combativo y a veces innecesariamente. 
No obstante, a veces veo todo el aparato como una gran locomotora que arrastra una carretilla, un poco como niños que juegan a las tiendas a veces, porque no hay tanta enjundia en eso como la gente cree. 
Este uno por ciento es lo único de lo que tratamos. 
En cambio, los Gobiernos nacionales, elegidos por menos cantidad de personas y con mandatos inferiores a los nuestros en muchos sentidos, controlan el 50 % del gasto público de toda la Unión Europea. 
Si se examinan los periódicos más importantes, se ve que a nadie le preocupa el efecto que tendrá en la bolsa decisión alguna de las que adoptamos. 
Si vemos «World Business Today» , no nos encontraremos con comentario alguno sobre la importancia de las decisiones que adoptamos aquí: en todo caso, con algún chiste sobre nosotros. 
Es importante que digamos que, como todo este presupuesto de la Unión Europea es tan pequeño, tiene poca repercusión. 
El único sector en el que tiene repercusión es el agropecuario, en el que los beneficiarios reciben dinero de verdad: seis millones de agricultores de toda la Unión Europea reciben dinero de verdad. 
Por otra parte, si se examinan los Fondos estructurales, mientras que en la agricultura la media es de 5.000 ecus por explotación familiar en toda la Unión Europea, suponiendo que la cifra de agricultores sea de siete millones, el gasto con cargo a los Fondos estructurales representa entre 200 y 300 ecus por habitante en esas regiones. 
Es una cantidad de dinero relativamente pequeña. 
No obstante, acogemos con beneplácito que el presupuesto agrario sea tan importante como es. 
En relación con la agricultura, permítaseme decir brevemente que todos los sectores agropecuarios están pasando, como ha dicho el Sr. Nicholson, por una mala época, pese a que se está gastando dinero de verdad. 
Debemos examinarlo de nuevo para ver que ha de deberse más que nada a la comercialización y la elaboración y a nuestras reglamentaciones comerciales, porque la profusión de dinero no está resolviendo el problema. 
Durante los diez últimos años, el gasto agrario se ha mantenido en el mismo nivel mientras que el número de agricultores se ha reducido de unos 12 millones hace diez años a seis millones hoy. 
En términos reales, hemos mantenido el gasto sin resolver sus problemas. 
Debemos decir a los agricultores que hemos hecho un auténtico esfuerzo y hemos aplicado recursos reales. 
Por otra parte, en los niveles nacional y europeo existe una tendencia lamentable a decir que debe haber un equilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe. 
Si se va a hacer ese tipo de cálculo, debemos hacerlo en un frente más amplio. 
En primer lugar, hemos de fijarnos en los países que hacen la mayor contribución. 
Son los países que más ganan con el Mercado Único y que tienen un excedente en su balanza comercial con otros miembros de la Comunidad. 
Debemos señalarlo. 
Si ampliamos la Comunidad, los países que más pagan en este momento probablemente sean los que más van a beneficiarse de la ampliación. 
Unas políticas convienen a algunas partes de la Comunidad; otras, a otras. 
No vamos a resolver el problema reduciendo el tamaño del presupuesto y haciéndolo más pequeño. 
Se resolverá, como han dicho el Sr. Christodoulou y el Sr. Bourlanges, formulando nuevas políticas. 
Necesitamos un presupuesto mayor para la Unión Europea. 
Lo necesitamos, porque tenemos una aspiración mayor que la de financiar simplemente la agricultura y recaudar unos céntimos en impuestos. 
Estamos intentando crear una auténtica unión política y, si ésta va a ser sólo una Unión de reglamentación, se enajenará a la gente común y corriente. 
Basta con ver la repercusión que tuvieron los 100 millones de ecus en Irlanda del Norte. 
Dos comunidades eran antieuropeas y las dos se han reconciliado en gran medida gracias al gasto de pequeñas cantidades de dinero. 
Muchas gracias, señor McCartin. 
Me admira su dedicación. 
Señor Presidente, estimados colegas, éste es el último presupuesto de esta legislatura. 
Para mí ha sido la primera legislatura en este Parlamento y en esta Comisión de Presupuestos. 
Me ha causado mucha admiración la sólida pericia que existe en el plano técnico y en el presupuestario, la dedicación de los colegas en la Comisión de Presupuestos, e inmediatamente debo añadir que esta pericia y esta dedicación a mi modo de ver no ha tenido el suficiente impacto político en las grandes opciones políticas de Europa. 
Hemos cumplido una tarea muy importante, pero esto no es suficiente como autoridad política. 
Todo esto tiene mucho que ver con la existencia del Acuerdo interinstitucional. 
Piet Dankert ha recordado su historia, las ventajas y los inconvenientes: un acuerdo que de cualquier modo contiene una restricción voluntaria de nuestras prerrogativas presupuestarias. 
De él depende en los próximos meses para este Parlamento hacer una profunda consideración entre las ventajas y los inconvenientes de un nuevo Acuerdo interinstitucional. 
Los informes de nuestro colega Colom i Naval contienen suficiente materia como un manual fiscal de cara a un control de un eventual resultado de negociación. 
Estoy de acuerdo con el colega Bourlanges en que la noción de flexibilidad entre los capítulos debe tener aquí una posición central. 
Señor Presidente, estimados colegas, el presupuesto de 1999 nos prepara bien para la negociación final antes del Acuerdo Interinstitucional. 
Las reservas extras que se incorporan ofrecen una buena base de disminución en el caso de que debamos o queramos cambiar al artículo 203. 
Los próximos seis meses son, por tanto, cruciales no sólo para el presupuesto de este Parlamento, sino para el futuro de la Unión Europea. 
El Acuerdo interinstitucional, las perspectivas financieras, Agenda 2000 y la discusión de los recursos propios están a la orden del día y, en realidad, están unidos entre sí de manera indisoluble. 
En el caso de la discusión de los recursos no podremos esquivar ningún problema. 
El conjunto debe estar en la agenda, tanto los gastos, gastos estructurales agrícolas, como los ingresos. 
También las rebajas que se han otorgado en el pasado deben ser estudiadas y contrastadas con las causas que están en la base de estas rebajas. 
Deben ser actualizadas. 
Debo decirle que no quedé satisfecho con el primer debate que pudimos mantener al respecto en nuestra Comisión de Presupuestos con motivo del presupuesto. 
Se debe evitar a toda costa que el Parlamento Europeo participe en la renacionalización de la gestión europea y de la política europea. 
Precisamente, como Parlamento Europeo, debemos intentar estar por encima de los intereses nacionales y de esa manera ejercer una fuerte presión en el Consejo Europeo para intentar superar la regla de la unanimidad y, sin embargo, lograr un paquete considerablemente nuevo. 
Por último, colegas, Europa ha perdido lamentablemente bastante credibilidad. 
John Hume ha hablado aquí sobre el noble proyecto que en realidad es Europa. 
Si hay un punto en el que podemos dar el ejemplo de credibilidad, ése es nuestro propio estatuto. 
Sigamos trabajando en él, por favor, al cien por cien para realizar antes del final de año un saneamiento de las subvenciones de viajes y nada menos que un nuevo estatuto para el personal. 
En vísperas de las elecciones les debemos esto a los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, la ponente ha realizado muy brillantemente un ejercicio presupuestario complicado. Complicado porque coincide en el tiempo con la discusión de la Agenda 2000, con la reforma financiera de la Unión, con la negociación del Acuerdo interinstitucional, es decir, con muchos ingredientes que la ponente debe combinar en el mismo plato, cocinar todo junto y hacer que finalmente sea comestible para los ciudadanos de la Unión. 
Creo que va por buen camino y que podremos conseguir un plato aceptable para todos. 
Hace bien la ponente en movilizar al Parlamento sobre un hipotético fracaso en la negociación del Acuerdo interinstitucional. 
Si esta negociación finalmente no fuera fructífera, nos veríamos enfrentados a un artículo 203 en las peores condiciones para nosotros. 
Por eso sus enmiendas puente, que comprometen el margen disponible de las categorías, son, en primer lugar, una solución imaginativa para reforzar el papel del Parlamento Europeo, poniendo al Consejo ante su propia incoherencia y, en segundo lugar, una demostración de que el techo del 1, 27 % de los recursos propios es ridículo y de que no sirve para profundizar las políticas comunitarias. 
Hoy en día creo que la Comisión de Presupuestos es más consciente de esta insuficiencia gracias a las propuestas de la Sra. Dührkop. 
En esta misma estrategia querríamos contemplar la disminución de 1.500 millones de euros en créditos de compromiso y otros 500 millones de euros en créditos de pago en la categoría II de los Fondos estructurales. 
Sin embargo, es imposible que esa reducción no plantee por lo menos un determinado temor y dudas. 
La ponente denomina este mecanismo el «flag and amount» , ligando así una reserva en la categoría II al grado de ejecución de los créditos en cada uno de los Estados miembros. 
En teoría, esto primará el esfuerzo presupuestario y la buena ejecución. Sin embargo, no se debe olvidar que, por primera vez, este Parlamento va a aceptar una alteración de los Acuerdos de Edimburgo que podría llevar, en el peor de los casos, a problemas de pago en el objetivo 2 en 1999. 
Bien es cierto que, desde un punto de vista presupuestario, la estrategia es coherente con la negociación interinstitucional que está pendiente. 
Pero al final vamos a depender de variables que no controlamos, como es la aprobación o no por parte del Consejo de un presupuesto rectificativo y suplementario o, más simplemente, de cómo evolucione la transferencia Notenboom. 
Es decir, vamos a dar al Consejo una baza negociadora sin guardarnos nosotros ninguna baza. 
Es, por tanto, arriesgado y tal vez deberíamos aprovechar que el Comisario Liikanen está entre nosotros para obtener mayores precisiones de la Comisión sobre cómo prevé que evolucionen los créditos de pago en 1999. 
Si no es así, si la evolución prevista no es suficientemente buena, tal vez la práctica política y la presupuestaria sigan en este tema caminos diferentes. 
Finalmente, quiero expresar mi más sincero reconocimiento por el talante abierto y conciliador con que la ponente ha manejado todo el trámite parlamentario. 
Señor Presidente, quisiera centrar mis observaciones en los dos informes excelentes que ha presentado el Sr. Giansily. 
Como ha dicho esta mañana, a diferencia de años anteriores, ha habido unanimidad de opiniones en la Comisión de Presupuestos. 
Hace dos años, como ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios para el presupuesto de la CECA, dije: «Más que nada, lo que necesitamos saber es que no hay planes para transferir ninguno de los fondos de la CECA a otros programas y que la financiación excedentaria será considerada herencia legítima de la CECA, el fundamento de su futura existencia, sea cual fuere la forma que adopte». 
Ahora estamos examinando esa futura existencia. 
En un período en que la Comunidad del Carbón y del Acero sigue afrontando grandes problemas, hemos de examinar los cambios en los mercados mundiales, el colapso de las economías del Extremo Oriente y la invasión de acero en Europa, que está socavando nuestra industria siderúrgica, los efectos de la ampliación, de las constantes pérdidas de puestos de trabajo y nuestra necesidad de modernizar la tecnología. 
Me encanta que la Comisión haya propuesto que se utilice el artículo 4 para tener en cuenta las preocupaciones del Parlamento y que ese dinero no se pierda en el presupuesto ni esté sujeto a procedimientos complicados y costosos y que de ese modo podamos mantener, concretamente, la fijación de objetivos en relación con los fondos CECA. 
Sin embargo, no me encanta precisamente que el Consejo no demuestre el mismo espíritu de cooperación. 
Al no autorizar la transferencia de 30 millones de ecus a fin de poder comprometer consignaciones al final del presupuesto para el año próximo, el Consejo deja de apoyar los objetivos expresados por el Parlamento de ayudar a crear puestos de trabajo en zonas que padecen las consecuencias de los cierres sectoriales, principios de los que tan claramente se hace eco el Tratado de Amsterdam. 
Espero que la Comisión se esfuerce al máximo, de conformidad con los artículos 49 y 56 del Tratado, para utilizar sus poderes con vistas a aplicar las propuestas por otros medios. 
La repercusión de estos fondos en los programas sociales y de investigación será importante. 
Quiero recordar a la Asamblea que en 1999 se prevén pérdidas de 17.000 puestos de trabajo en la industria del carbón y del acero. 
Para los países candidatos, resulta evidente que la inclusión de sus industrias del carbón y del acero con tecnología poco avanzada y exceso de mano de obra tendrá repercusiones importantes en la Comunidad. 
Igualmente claro resulta que la necesaria modernización tendrá enormes consecuencias sociales para las regiones interesadas, ya que hay una inmensa concentración geográfica de la producción. 
Se trata de la dependencia de un solo sector. 
El Parlamento ha expresado su comprensión de los problemas y su deseo de adoptar medidas positivas. 
Espero que ni la Comisión ni el Consejo se muestren en modo alguno menos comprometidos con esos problemas y que, comenzando con este presupuesto y continuando durante todo el proceso de cambio que acompañe al fin de la CECA, se presenten aquí medidas positivas, directas y eficaces para que las ejecute la Comisión y que cuenten con el apoyo del Consejo. 
Queremos velar por que se dedique el dinero de la CECA a ayudar a la reestructuración de las comunidades a las que la industria del carbón y del acero ha prestado sus servicios. 
Al fin y al cabo, ésa es la herencia que nos deja. 
Debemos velar por que los ciudadanos de esas comunidades tengan un futuro. 
Muchas gracias, señor Presidente, yo sólo quisiera referirme brevemente a los dos informes del señor Giansily sobre el Tratado CECA, aunque, naturalmente, uno también siente el impulso de responder de inmediato a las intervenciones de alguno que otro colega. 
Sin embargo, no voy a hacerlo ahora. 
El Tratado CECA no expirará, de hecho, hasta dentro de tres años, pero el Parlamento ya hace bastante tiempo que se pregunta: ¿qué se hará luego? 
Sin duda ya se ha cumplido el objetivo político de la CECA, a saber: contribuir a garantizar la paz en Europa por medio del control supraestatal del sector del carbón y del acero, que era decisivo para la reconstrucción económica después de la guerra. 
Esto se ha conseguido. Pero tampoco son insignificantes sus logros en el ámbito de la política económica. 
El Tratado CECA ha llegado a convertirse en su conjunto, a lo largo de las pasadas décadas, en un recurso muy flexible, eficaz y, por lo tanto, también muy útil para el seguimiento y apoyo político-económico y político-social a la transformación estructural de las industrias del carbón y del acero. 
Sobre la base del mismo se crearon algunos instrumentos específicos de política económica y social que fueron de gran ayuda para las industrias y las regiones productoras de carbón y de acero en su difícil proceso de adaptación. 
Sin estos instrumentos hubiese sido mucho más difícil llevar a cabo la dramática transformación estructural en estos dos sectores de manera socialmente sostenible. 
Sé bien de lo que hablo, ya que soy originario de una de estas regiones productoras de carbón y acero, y vivo en una de ellas. 
Todos sabemos, no obstante, que la reestructuración de la industria del carbón y del acero todavía no se ha completado y que en estos sectores se siguen suprimiendo puestos de trabajo, proceso que posiblemente aún se acelerará en el futuro. 
Además, con la integración de los primeros países de la Europa central y oriental en la Unión Europea volverá a aumentar la importancia de los sectores del carbón y del acero. 
Esto nos reafirma en nuestra posición de que no podemos limitarnos a clausurar la CECA y suprimirla sin que nada la sustituya. 
La propuesta de nuestro colega Giansily, aprobada por la Comisión de Presupuestos, consiste en integrar progresivamente en el presupuesto el saldo restante y las reservas acumuladas por la CECA, como capital para la creación de una futura «Fundación del carbón y del acero» dedicada a promover la investigación, siempre sobre la base de la transparencia y la unidad del presupuesto, sin ceder en modo alguno las competencias de la Unión Europea a ningún tipo de organización multilateral. 
Por consiguiente, y a la vista de los aspectos que acabo de exponer, hemos presentado nuestra propuesta en el contexto del Presupuesto CECA 1999. 
Instamos encarecidamente al Consejo a que abra el camino para la financiación de actividades de reconversión en la industria y las regiones productoras de carbón y de acero. 
Nosotros queremos destinar la ayuda para la creación y reconversión de puestos de trabajos a la formación inicial y continua de las trabajadoras y trabajadores de estas regiones. 
Confiamos en que el Consejo apruebe la partida de 30 millones de euros para 1999 e incluya en el presupuesto rectificativo y complementario los 30 millones correspondientes a 1998. 
Nos anima el propósito de dar un impulso adicional empleo. Las regiones productoras de carbón y de acero necesitan muy especialmente nuestra ayuda. 
Señor Presidente, ésta es probablemente la labor más importante que el Parlamento lleva a cabo en todo el año. 
Así, pues, he lamentado mucho esta mañana que, cuando la Sra. Dührkop Dührkop estaba presentando un trabajo al que ha dedicado un año entre bastidores, el Presidente le haya metido prisa. 
Ha sido lamentable. 
Quiero abordar los dos asuntos polémicos de los presupuestos de hoy. 
El primero es el escándalo en ECHO, que afecta a la ayuda humanitaria. 
Algunos dirían- y así lo hicieron algunos anoche en la Comisión de Presupuestos- que no debemos mezclar la labor llevada a cabo por la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Presupuestos. 
El caso es que cuatro organismos participan en el escenario europeo para intentar luchar contra el fraude y las irregularidades: el Tribunal de Cuentas, la UCLAF y el Parlamento mediante la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Presupuestos. 
Si la Comisión de Control Presupuestario no recibe satisfacción, esta Asamblea puede hacer pupa en la votación sobre el presupuesto. 
Quiero reconocer el mérito del Sr. Fabra y de la Sra. Müller por la labor que han llevado a cabo en relación con ECHO. 
Es lamentable que las organizaciones no gubernamentales, quienes paguen las consecuencias sean las personas que trabajan para nosotros y con esta ayuda. 
Pero, si examinamos la forma como está estructurado el presupuesto, como a la Comisión le gustaría que hubiera líneas «marco» en el presupuesto, resulta muy difícil lograr repercusiones en determinados sectores concretos. 
De modo que los débiles padecen las consecuencias junto con los fuertes. 
El Presidente de la Comisión debe de haberse sentido muy violento al tener que escribir esa carta enviada a la Comisión de Presupuestos. 
Se ha referido a malentendidos. 
La realidad es que no se trataba de malentendidos; eran cuestiones de principio. 
Ésa es la razón por la que la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Presupuestos adoptaron una actitud enérgica. 
Si es necesario meterse en refugios a prueba de bombas para leer los informes de la UCLAF, es que deben de ser explosivos. 
Esta Asamblea tiene el poder para destituir a toda la Comisión, cosa que nunca ha ocurrido. 
Creo que, cuando examinemos el Tratado en el futuro, podríamos modificarlo para conceder al Presidente de la Comisión el poder para destituir, si lo considera oportuno, a uno o dos de los miembros de la Comisión. 
Paso ahora al presupuesto del Parlamento Europeo: los gastos de los diputados a esta Asamblea. 
En 1979 la incapacidad del Consejo, en una cumbre, a la hora de acordar un salario para los diputados al PE hizo que la Mesa pusiera en funcionamiento una solución provisional. 
Dicho acuerdo provisional fue el de compensar a los diputados al PE con salarios inferiores a los de otros mediante un sistema de gastos de viaje bastante generoso. 
Ese sistema provisional ha funcionado durante 19 años. 
Es una gran lástima que estemos ahora discutiendo sobre un estatuto de los diputados. 
En el presupuesto para 1980 introdujimos una inscripción con vistas a un estatuto de los diputados. 
Seguimos esperando ese estatuto. 
Comprendo que el Consejo actual nada tuvo que ver con el problema en su origen, pero espero que dicho Consejo y su sucesor inmediato formulen un estatuto justo para los diputados a esta Asamblea. 
No puedo apoyar propuesta alguna, a no ser que se me garantice que los diputados a este Parlamento peor pagados no van a verse perjudicados por las propuestas presentadas a la Asamblea. 
Señor Presidente, yo voy a centrar mi intervención en la categoría 4, correspondiente a la política exterior. 
Todavía seguimos bajo los efectos de las decisiones de Cannes y yo sigo manteniendo la opinión de que el Consejo no adoptó unas decisiones acertadas en Cannes. 
Allí se decidió que nuestra política exterior debía concentrarse sobre todo en nuestros vecinos directos de la Europa central y oriental y del área mediterránea. 
Yo tengo, hoy como ayer, algunas dudas al respecto por dos motivos. 
En primer lugar, dudo que siempre esté realmente bien invertido el dinero que se destina allí; estas dudas más bien se incrementan en el caso de MEDA, en particular. 
En segundo lugar, esto tiene una consecuencia que el Consejo resuelve cada año con brutalidad, para lo cual, lamentablemente, también cuenta a menudo con el apoyo de la Comisión. 
Cada vez se introducen nuevos recortes en el ámbito de la política clásica de ayuda al desarrollo, o sea, la dirigida a los más pobres entre los pobres. 
Yo me congratulo de que la Comisión de Presupuestos y el Parlamento en general no se sumen a esta política y de que sigamos considerando importante también la solidaridad con las gentes de Asia, América Latina y África. 
La línea presupuestaria B7-6000- cofinanciación de las acciones de las ONG- es de especial importancia a mi parecer. 
En este ámbito trabajan personas que, con mucho idealismo y con muchos recursos propios, proponen continuamente proyectos, que nosotros nos limitamos a apoyar. 
El término cofinanciación ya lo indica y esto también constituye, en mi opinión, una garantía de que el dinero se empleará de manera muy eficiente. 
Seguimos encontrándonos con el problema de la absoluta infradotación de personal de la oficina que examina estas solicitudes y yo quisiera instar una vez más a la Comisión a que mejore la dotación de esa oficina administrativa. 
Unas palabras sobre ECHO desde el punto de vista de la política de ayuda al desarrollo. 
Yo creo que es favorable para la política de ayuda al desarrollo que aclaremos el escándalo con toda franqueza. En efecto, tenemos problemas para que nuestra población comprenda que sigamos dedicando fondos a la política de ayuda al desarrollo cuando en casa también hay restricciones y más aún si, además, no podemos demostrar que ese dinero está bien invertido. 
Esto agudizará los problemas de aceptación. 
Por consiguiente, a mí me han decepcionado mucho las declaraciones que han hecho el Comisario Marín y la Comisaria Bonino sobre este tema en los últimos días y las pasadas semanas. 
No obstante, hagamos lo que hagamos, seguiremos teniendo una escasez de fondos en la categoría 4 y tendríamos que meditar muy detenidamente a qué vamos a destinar estos recursos escasos. 
Por esto, yo también soy contrario a que, además, se cofinancien con cargo a los mismos ámbitos que no tienen ninguna o casi ninguna relación con la política de ayuda al desarrollo. Me refiero al asunto de los plátanos. 
En este contexto existe un contencioso, motivado fundamentalmente por consideraciones de política agrícola y que, a mi parecer, no se ha resuelto de manera satisfactoria, y ahora se cogen recursos de la categoría 4, o sea, recursos que en realidad deberían beneficiar a los más pobres, y se subvenciona con ellos a la industria del plátano. 
Este dinero no va a parar, en efecto, a los pequeños agricultores. Por esta razón, yo presenté una enmienda por la que se propone excluir a las empresas multinacionales de esta línea presupuestaria en el fundamento jurídico. 
La Comisión la rechazó. Es decir, que los fondos irán a parar a manos de las multinacionales. 
Sustraer dinero a los pobres para entregárselo a las multinacionales bananeras- me es indiferente que sean de denominación europea o americana- es una política equivocada. 
Por consiguiente, yo considero acertada la propuesta de la Comisión de Presupuestos de que estos fondos no se obtengan de esta línea presupuestaria y que, por el contrario, nos planteemos, si podrían obtenerse de la categoría 1 o del Fondo Europeo de Desarrollo, en el que cada año tenemos superávit. 
Una última observación sobre el tema de la política de población- la línea B7-631 del Presupuesto- un ámbito importante que el Parlamento ha apoyado siempre. 
Hemos tenido muchas dificultades con el fundamento jurídico en relación con esta cuestión y hemos dejado claro que la política de población no tiene nada que ver con el aborto, sino que deben escogerse otros métodos. 
La Comisión de Presupuestos propone ahora que se modifique el título de esta línea presupuestaria. 
Yo quisiera hacerle una pregunta al señor Comisario Liikanen: ¿cuál es la posición de la Comisión en relación con la modificación del título de una línea presupuestaria, habida cuenta de que contamos con un fundamento jurídico? 
¿No cree que modificar continuamente los títulos a posteriori, cuando ya disponemos del fundamento jurídico, es buscarnos nuevos problemas? 
¿Y qué opinan los expertos de la Comisión sobre esta propuesta? 
Yo acogería con satisfacción una respuesta del señor Comisario sobre su posición en relación con este punto. 
Señor Presidente, no necesitaré tres minutos para comunicarle mi sorpresa. 
En efecto, mi colega Le Gallou y yo hemos presentado cerca de un centenar de enmiendas a la Comisión de Presupuestos, enmiendas motivadas por tres líneas directrices. 
Primeramente, el respeto a las competencias comunitarias y al principio de subsidiariedad; en segundo término, el respeto a los valores morales, que afianzan toda civilización; en tercer término, el respeto a la transparencia, es decir, a una utilización razonable, detallada y bien identificada de los fondos públicos, ya que debemos informar a todos los contribuyentes europeos. 
Ahora bien, constatamos que se ha producido una mayoría de connivencia para negarse a rendir cuentas a los europeos, precisamente en el momento en que los hechos de actualidad nos ponen en conocimiento que en el seno de la Comisión se ha producido una malversación por valor de varios millones de ecus, y que se han robado fondos de créditos asignados a la cooperación internacional. 
Curiosa concepción de la cooperación, curiosa concepción de la moralidad y de la salud pública, ya que las ayudas a las asociaciones se distribuirán con total falta de transparencia. 
Nosotros queríamos evitar que los fondos públicos pudiesen servir para todo, concretamente para subvenciones, como ocurre con algunos organismos que tienden a legitimar lo que es ilegal, por ejemplo la inmigración clandestina o el uso de la droga. 
Nosotros también queríamos garantizar la noción de preferencia comunitaria, es decir, garantizar una prioridad de las ayudas a los ciudadanos de los Estados miembros, que es lo menos que podría hacerse. 
También esto se nos ha negado. 
Así, por ejemplo, la formación profesional no estará destinada exclusivamente a los trabajadores y a los aprendices de la Comunidad. 
Por consiguiente, una vez más, pagaremos por el mundo entero. 
Nosotros queríamos asimismo impedir que los fondos públicos sirvieran para la campaña electoral de algunos candidatos o partidos. 
Esta preocupación tampoco ha sido recogida por nuestros colegas, de todos los sectores. 
Así pues, los federalistas, o más bien los fusionistas, podrán seguir beneficiándose de una campaña permanente en favor del euro o de la integración forzada de los Estados en una entidad supranacional única, bautizada con el nombre de Euroland. 
Euroland, parece el nombre de un parque de atracciones, pero mucho menos divertido: se trata, en realidad, de un verdadero cuestionamiento de la democracia y del principio de subsidiariedad, es decir, de nuestras libertades individuales, de las de nuestras regiones y de las de nuestras naciones. 
) Señor Presidente, los que todavía están aquí escuchando están macerados por las muchas decenas de discursos. 
Sin embargo, quiero fijar brevemente la atención en uno de los sectores más bonitos: el turismo. 
Este mes aparecen los resultados de la comisión de hombres y mujeres sabios que han estudiado el turismo y el empleo. 
Las expectativas de crecimiento ajustadas a la baja en muchos países, también en la Unión Europea, exigen una especial atención para sectores que pueden crear nuevos puestos de trabajo. 
Y el turismo es uno de esos sectores. 
Al mismo tiempo debemos constatar que por la devaluación en gran número de países en el sur y el este de Asia, la competencia será aún mayor para nuestra industria turística. 
A eso se le suma ahora el dólar que está más débil. 
Pienso sobre todo en el turismo de congresos, sumamente importante para el empleo en nuestros países. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que reaccione prontamente ante las próximas recomendaciones de la comisión de hombres y mujeres sabios. 
El Presidente austriaco del Consejo nos ha dicho que confiemos en que para finales de año será aprobado el programa de acción para turismo que tenemos sobre la mesa. 
Con esto se creará el fundamento jurídico necesario. 
En esta situación sería una oportunidad perdida el hecho de que no recogiéramos en el presupuesto una modesta cantidad para este fin. 
Desgraciadamente, tanto la Comisión como el Consejo han fallado hasta ahora en este punto. 
Tengo una pregunta concreta a la Comisión y al Presidente del Consejo y es si podemos contar con que propondrán enérgicamente una modificación en el presupuesto- de ser necesario y dependiendo de lo que resulte ahora- para generar también «trabajo» de este punto. 
Me refiero a que muchas personas- todavía demasiadas- que están sin trabajo en nuestros países, tienen derecho a ese trabajo. 
Espero con ansiedad una respuesta concreta a la pregunta que he dirigido a la Comisión y al Presidente del Consejo. 
Quisiera comenzar expresando mi complacencia por la amplia participación en este debate: llevamos aquí más de cinco horas. 
Muchos participantes tienen otros compromisos ahora, por lo que sólo unos pocos han podido resistir la presión para marcharse. 
Por eso sólo voy a contestar a las respuestas formuladas por los diputados que están presentes ahora. 
En primer lugar, sobre la cuestión del turismo, no puedo adoptar una posición sobre las conclusiones que la Comisión adoptará a partir de un informe que aún no se ha presentado. 
Lo estudiaremos detenidamente y después la Comisión informará- estoy seguro- al Parlamento sobre las medidas complementarias. 
En segundo lugar, sobre la cuestión del fundamento jurídico y el título de la línea presupuestaria, no he podido recibir el necesario asesoramiento jurídico, pero mi posición es la de que lo que importa es el fondo del asunto. 
Si la acción tiene un fundamento jurídico, el título de una línea presupuestaria es secundario. 
Así, pues, el fondo de la acción debe tener un fundamento jurídico. 
En tercer lugar, la pregunta formulada por el Sr. Samland, presidente de la Comisión de Presupuestos, y otros sobre los documentos transmitidos a las autoridades luxemburguesas. 
Durante el debate he consultado a nuestros servicios y puedo leer los cuatro puntos del texto francés de que dispongo sobre la llamada cuestión de los contratos ficticios. 
«En primer lugar, se han sometido al ministerio fiscal elementos pertinentes relativos a los cuatro contratos de que se trata, es decir, contratos ficticios; en segundo lugar, el ministerio fiscal ha recibido los elementos relativos a las vinculaciones existentes entre un funcionario y los contratos de que se trata; en tercer lugar, el informe de la UCLAF ha sido transmitido en su totalidad; en cuarto lugar, para evitar toda ambigüedad, el ministerio fiscal tiene acceso a cualquier otro documento que estime oportuno para la instrucción del expediente». 
Naturalmente, se reconoce la cooperación de la Comisión: se comunicará al ministerio fiscal cualquier documento que el mismo estime oportuno. 
Señor Presidente, dada la importancia del tema, yo quisiera hacerle una última pregunta al Sr. Liikanen: ¿a qué se refería cuando ha hablado del «Tribunal» ? Yo le ruego que aclare a qué Tribunal se refiere. 
) Señor Presidente, yo también había planteado una pregunta al Consejo. 
Puesto que el Consejo, junto al Parlamento, es la autoridad presupuestaria, agradecería obtener una respuesta del Consejo. 
Si no es posible ahora aceptaría gustoso la promesa de que la tendré por escrito. 
«Parquet» significa «autoridades judiciales de Luxemburgo» en este caso. 
No se refiere a ningún otro tribunal, sólo a la autoridad judicial de Luxemburgo: el «parquet Luxembourgeois». 
Por lo que veo, el señor representante del Consejo responderá por escrito. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Avances de la Unión en 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate (A4-0357/98) de la Sra. Spaak, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el informe del Consejo de Europa al Parlamento Europeo sobre los avances de la Unión Europea en 1997 (en virtud del artículo D del Tratado de la Unión) (C4-0411/98). 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Representante del Consejo, el informe elaborado por el Consejo, en aplicación del artículo D, para el año 1997, se limita a una simple enumeración formal de las actividades legislativas, u otras actividades, realizadas en dicho año. 
No tiene en cuenta las críticas del Parlamento Europeo y no hace ninguna evaluación de los progresos realizados ni de los problemas encontrados o de los déficits todavía existentes, y ello, a pesar de que incluso el artículo D encomienda al Consejo Europeo la misión de dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo. 
Es lamentable que el verdadero impulso venga dado, por ejemplo, por ciertos Jefes de Estado y de Gobierno, como lo demostró la carta de los Sres. Chirac y Kohl con ocasión del Consejo Europeo de Cardiff. 
La Comisión de Asuntos Institucionales ha decidido, por lo tanto, reflexionar sobre los elementos que le parecían estar encaminados a dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo. 
En este sentido, apoyo la enmienda del Sr. Corbett, tendente a modificar el procedimiento a través de un debate del Parlamento Europeo sobre el informe anual del Consejo, inmediatamente después de su presentación, sin remitirlo a la comisión competente para el fondo. 
Pido al Consejo- no sé si está presente o si está escuchando- que nos dé su opinión al respecto. 
Paso, señor Presidente, a la segunda parte de mi intervención. 
Con la aplicación de la Unión Económica y Monetaria y la perspectiva de la ampliación, no podemos aplazar más la respuesta a las preguntas que oímos tan a menudo desde hace años: ¿por qué Europa? , ¿qué Europa? y ¿qué ambicionamos para esta Europa? 
La semana pasada, la presidenta, la Sra. Ferrero Waldner, con ocasión de su participación en los trabajos de la Comisión de Asuntos Institucionales, nos dijo que compartía esta preocupación y que la Cumbre de Pörtschach la había incluido en su orden del día. 
Hace años que no se efectúa este ejercicio. 
En efecto, éste hubiese revelado la ausencia de consenso, y, con el fin de evitar enfrentamientos peligrosos, los Estados miembros han preferido, durante décadas, echar mano, en el plano institucional, de la política del más bajo común denominador. 
Este procedimiento está hoy agotado. 
La opinión pública apoya el impulso político de los Padres fundadores, porque, después de dos guerras atroces que habían unido a vencedores y vencidos en un mismo desastre, los pueblos aspiraban a la paz y al restablecimiento de la democracia. 
Así pues, se han sucedido dos generaciones durante las cuales la Comunidad Europea aplicaba la libre circulación, el mercado único, la moneda única, ratificaba Tratados y daba su acuerdo para que La Unión estuviera compuesta por quince Estados miembros. 
Se trata de un formidable balance, pero durante este tiempo, los ciudadanos europeos sufrían cierres y deslocalizaciones de empresas, así como las dificultades relacionadas con los criterios de convergencia, y asistían impotentes a los acontecimientos que se desarrollaban en Europa, en Bosnia, en Albania y en Kosovo. 
El vínculo se había roto. 
No llegaban a entender las razones de esta gran aventura, porque, como decía el Presidente Delors, uno no se enamora de una moneda única. 
Hoy el objetivo- hay que recordarlo con firmeza y claridad- consiste en que la Unión Europea es un proyecto político único en el mundo, porque se basa en la paz y la democracia y sobre unos valores: los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos y las generaciones, el establecimiento de un modelo de sociedad que tiende al mayor desenvolvimiento posible de los pueblos que forman parte de ella. 
Un magnífico ejemplo de estos valores nos lo ha dado, esta mañana, John Hume, quien nos ha dicho que una de las cosas que Europa y el Parlamento Europeo le habían enseñado era el respeto a la diferencia y a la diversidad. 
A partir de este objetivo, recordado y compartido por todos, cobra todo su sentido la reflexión sobre el tipo de institución que necesitamos. 
Añado que la próxima discusión sobre el presupuesto tendrá la misma urgencia y que deberá tomar en consideración los mismos criterios de finalidad de la Unión. 
El método intergubernamental no ha dado los resultados esperados en el plano institucional. 
Este es el gran fallo del Tratado de Amsterdam. 
Saquemos las consecuencias volviendo al método comunitario, cuya eficacia ha sido reconocida por lo que respecta a la redacción del Tratado de Roma, del Acta Única y al Comité Delors. 
La próxima reforma institucional deberá estar terminada antes de las primeras adhesiones, para que éstas se realicen con trasparencia, con la preocupación de no retrasar ni comprometer su éxito. 
Los objetivos de esta reforma deberán formar parte del acervo comunitario. 
Estos son, señor Representante del Consejo, señor Comisario, algunos de los desafíos que aguardan a la Presidencia austríaca, ¡a la cual le deseamos buena suerte! 
Muchas gracias, señora Spaak. 
Hemos de esperar que el Consejo escuchara también lo que usted dijo. 
) Señor Presidente, mañana escucharemos la declaración anual del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, sobre los planes de la Comisión Europea para 1999; entre tanto, ese discurso se llamará el State of the Union. 
Hoy debatimos los avances que se han realizado en 1997. 
La Sra. Spaak ha realizado un excelente informe al respecto y, por lo demás, me habría parecido mejor si se hubiera hecho una combinación del debate sobre este informe y el debate sobre el State of the Union. 
Las miradas hacia delante son más convincentes cuando también se puede mirar de manera positiva hacia atrás. 
En ese punto la resolución y el informe de la Sra. Spaak tienen unos cuantos sólidos asuntos críticos. 
Así constata la Sra. Spaak que el Consejo no ofrece una buena panorámica de su informe de 1997 y en realidad sólo ofrece una enumeración de resoluciones que se tomaron ese año. 
En relación con el Tratado de Amsterdam, la ponente plantea que la posición del Parlamento de que aún se necesitan unas cuantas reformas para la ampliación, es reconocida en la carta de Chirac y Kohl, que la Comisión, entre tanto, ha creado un grupo de trabajo bajo la dirección del antiguo Comisario Frans Andriessen para buscar soluciones al respecto, pero que el Consejo ha hecho muy poco. 
¿Qué hace el Consejo en este campo? 
Esperamos con interés lo que saldrá de la cumbre informal de Austria. 
Un tercer punto crítico es que en 1997 no se consiguió realmente ningún progreso en temas cruciales, como la política exterior y la seguridad interna. 
La paralización es tan grande como antes. 
En ese contexto, Presidente, quiero poner sobre la mesa otra vez, adelantándome al debate de mañana, mis prioridades para la cumbre informal. 
En primer lugar debe surgir una solución para la paralización permanente en política exterior. 
El único método para ello es la ruptura de la unanimidad. 
Para esto, al menos se necesita un apéndice en el Tratado de Amsterdam. 
Una segunda prioridad es el déficit democrático, que en relación con las tareas legisladoras del Parlamento ya ha sido solucionado en parte. 
A nuestro juicio se deben eliminar también los últimos impedimentos. Ésos están sobre todo en el ámbito de la agricultura. 
También allí debe mejorarse el Tratado. 
La tercera prioridad se refiere al ámbito de Justicia y de Interior y a la lucha contra la criminalidad internacional. 
También allí debe perfeccionarse el Tratado y también allí se deberá tomar una resolución durante la cumbre informal. 
La cuarta prioridad se refiere a los recursos propios. 
Ésa es una cuestión que amenaza con paralizar todo el asunto en un futuro cercano. 
Nos parece que se debe encontrar una clave mejor y de tipo neutral para repartir las entregas más honestamente. 
También eso deberá ser discutido en la cumbre de Austria. 
La quinta prioridad se refiere al problema de los refugiados y de los solicitantes de asilo. 
Opinamos que se deben repartir más justamente entre los Estados miembros y que también se deben tomar ahora resoluciones sobre el asunto de una vez por todas. 
También ése sería un tema que se debería tratar en la cumbre informal de Austria. 
Por último, como dice la Sra. Spaak, se deben solucionar, naturalmente, los problemas institucionales. 
Sobre todo el problema del transfuguismo y el problema de la unanimidad. 
Bien, Presidente, habría estado mejor si esto se hubiera expuesto más claramente, también en el informe del Consejo acerca de 1997. 
Si se hubiera reconocido que aún no se ha llegado muy lejos, habría sido una base mejor para alcanzar mejoras y confiamos de corazón que la Presidencia austriaca vea la ocasión de dar un par de pasos vigorosos hacia delante. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también critico la falta de declaraciones de intenciones y objetivos políticos en el informe del Consejo. 
A veces tengo la impresión de que el Consejo se está convirtiendo cada vez más en una asamblea de quince Jefes de Gobierno, cuyas intenciones y objetivos políticos se centran exclusivamente en los intereses particulares de sus Estados. 
Yo creo que se trata de una tendencia peligrosa, puesto que el Consejo es el centro político de la Unión Europa y de él debería partir la iniciativa política en favor de una mayor integración europea. 
Por consiguiente, yo pienso que existen algunos temas decisivos que deberían concretarse en forma de declaraciones de intenciones y orientaciones políticas. 
El primero es el claro reconocimiento de que en verdad deseamos la ampliación de la Unión Europea. 
A veces yo tengo la impresión de que el objetivo de la ampliación se convierte en un bonito discurso y que muchos se alegrarían en última instancia si al final no llegara a tener lugar. 
Este es el primer objetivo claro que debe abordar la Unión Europea, el Consejo, y también todos nosotros. 
El segundo es la Agenda 2000. 
Cada vez escucho más voces, incluida la del Presidente del Parlamento, que indican que ésta no se podrá adoptar dentro del plazo previsto. 
Tenemos que ser conscientes de que la Agenda 2000 es el objetivo inmediato con vistas a la ampliación y también para poder mantener la capacidad de decisión interna de la Unión Europea. 
El tercer punto es la introducción del procedimiento de decisión por mayoría. 
Este es el requisito necesario para garantizar en el futuro la capacidad de decisión de la Unión Europea. 
Estos objetivos deben abordarse de inmediato y yo espero que el Consejo recupere su impulso político en favor de Europa y de una mayor integración. 
Señor Presidente, Señor Comisario, señores miembros del Consejo, al preparar esta intervención he hecho un viaje en el tiempo hasta 1997. 
Entretanto, he reparado en que estamos casi en 1999. 
La utilidad de este tipo de informes, excepto en cuanto a su calidad, que me permite felicitar a nuestra colega, la Sra. Spaak, depende del momento en que se aprueban. 
Deseo y espero que sobre este mismo tema no vuelva a haber un nuevo viaje en el tiempo, cosa de la que estoy casi segura. 
Pero pasemos al contenido. 
El párrafo 11 de este informe versa sobre la reformulación de la cooperación reforzada introducida por el Tratado de Amsterdam. 
Si no recuerdo mal, el Pleno ya aprobó el informe Méndez de Vigo Tstasos y, más recientemente, el informe de nuestro colega Firschenschlager, cuyas soluciones son contrarias, o me parecen contrarias, a las que aquí se proponen. 
La aprobación de este informe, tal como está a ese respecto, puede provocar alguna perplejidad, sobre todo a sus destinatarios. 
Estaría bien evitar contradicciones de esa naturaleza. 
En todo caso, debo decir que el proceso de profundización de la Unión se debe hacer respetando de la voluntad de los Estados. 
Hablamos de una Europa de ciudadanos y de Estados, aunque con ciertas competencias delegadas y como tales aceptadas. 
La cooperación reforzada puede representar una vía para alcanzar el objetivo de la integración europea. 
Así, pues, consideramos que se debe mantener el mecanismo establecido en el Tratado, porque, a nuestro modo de ver, no es la causa principal y fundamental de la inoperancia del nuevo Instituto de Cooperación Reforzada. 
En cuanto a la reforma institucional, también se aborda en el presente informe y, en primer lugar, nos referimos a la propuesta de reactivación del método comunitario, en particular por lo que se refiere a las modalidades de revisión de los Tratados. 
Lamentamos no encontrar en este informe referencia alguna substancial al papel de los parlamentos nacionales, al contrario de lo que se desprende expresamente de la resolución Giovanni, aprobada por la Comisión de Asuntos Institucionales y que será votada mañana. 
Para nosotros, el camino de la profundización y de la ampliación pasa por la adhesión de los pueblos de los Estados, mediante sus representantes elegidos. 
En cuanto a las deliberaciones del Consejo, en este informe se propone el refuerzo de la votación por el método de mayoría cualificada. 
No se discute que, para lograr una mayor eficacia del funcionamiento de las instituciones de la Unión, se pueda llegar a ampliar el ámbito de sus competencias e incluso reforzar el peso institucional de sus deliberaciones. 
Pero, en mi opinión, siguen existiendo sectores, de entre los que destaco los de carácter constitucional, sobre los que, en nuestra opinión, se debe seguir decidiendo por unanimidad. 
Esta norma puede fortalecer, a nuestro juicio, la solidaridad y la cohesión política entre los Estados que constituyen la Unión. 
El equilibrio institucional descansa ciertamente en la transferencia, por parte de los Estados, de algunas de las competencias de que son titulares a las instancias comunitarias, mediante una delegación consentida y aceptada. 
Señor Presidente, la ponente, como es natural, no dirige nuestra atención hacia los progresos de la Unión en 1997, sino hacia los numerosos problemas no resueltos que tenemos pendientes, y expresa la impaciencia y la insatisfacción del Parlamento, tal como ya ha quedado de manifiesto en docenas de resoluciones de esta Asamblea, sin demasiado éxito, todo sea dicho. 
No hemos conseguido ejercer una auténtica presión política sobre el Consejo y la Comisión. 
Nuestras resoluciones corren cada vez más el riesgo de convertirse en un lamento general. 
Un repaso al año 1997 aclara en cualquier caso las causas de esta insuficiente capacidad de actuación de la Unión. 
La causa reside, en efecto, en el fracaso de la reforma de las instituciones en Amsterdam y también en una Conferencia Intergubernamental que se ha convertido progresivamente, como instrumento y como procedimiento, en un foro para las luchas de intereses nacionalistas. 
El Consejo Europeo empieza a parecerse a un consejo de príncipes feudales. 
El Parlamento debe ejercer una mayor presión política y presionar con mayor firmeza a la Comisión y al Consejo para que levanten el bloqueo a la ampliación al Este, el bloqueo al desarrollo de la Unión política y el bloqueo a la construcción de una democracia europea. 
Señor Presidente, Señorías, desearía dar las gracias a nuestra ponente, la Sra. Spaak, por el informe que ha elaborado y por la manera en que lo ha elaborado, y, dentro de este espíritu, hacer hincapié en nuestra decepción en el seno de la Comisión de Asuntos Institucionales, frente a la amplitud de todo lo que se podría haber hecho y que no se ha hecho, de todas las ideas que, mañana, tendremos la oportunidad de recoger en el documento De Giovanni, las cuales, en nuestra opinión, siguen siendo actuales, a la vista de la evolución de la Unión en 1997, incluso en 1998 y más allá. 
Por lo tanto, pienso que las críticas que contiene el informe podrán estimular la reflexión de la Comisión, ya que el Comisario Oreja y el Parlamento desean trabajar juntos para poder lograr un proyecto común, cualquiera sea la forma que éste revista, y espero fervientemente que el Consejo acepte esta manera de actuar. 
Algunos apartados de esta resolución se dirigen a las tres instituciones. 
Yo mismo suscribo el texto, en su conjunto. 
Llamo la atención de mis colegas y la del Comisario sobre un apartado concreto que me parece importante en el contexto de una política exterior y de seguridad, que constituye uno de los eslabones más frágiles de nuestra Unión, como lo demuestra el hecho de que, en Maryland, por un lado, y en Belgrado, por otro, las dos grandes cuestiones- como de costumbre- de las políticas exteriores escapen totalmente a la Unión Europea, así como a cada uno de sus miembros. 
Llamo, pues, la atención de ustedes sobre un apartado de esta resolución que menciona las medidas que podrían tomarse, y que estarían encaminadas, en nuestra opinión, a fortalecer el peso de la Unión en el mundo. 
La primera medida es la creación de un cuerpo militar y civil, o más bien militar, de intervención de la Unión Europea como tal; la otra es la idea de dotar a la Unión de una diplomacia común gracias a la creación de embajadas comunes en aquellos lugares donde estén representados al menos cuatro países. 
Señor Presidente, el informe del Consejo Europeo sobre los progresos de la Unión enumera, de forma descriptiva, las medidas tomadas en 1997 y, desde este punto de vista, no presenta sino más bien un interés histórico. 
El mismo nos recuerda, sin embargo, que el tiempo pasa y que el proyecto de Tratado aprobado en junio de 1997 por el Consejo de Amsterdam aún no ha sido objeto, en Francia, de ningún debate parlamentario y, menos aún, popular. 
Es cierto que no corresponde realmente a ninguna demanda de los ciudadanos y que nadie, en la clase política francesa, ve la manera de explicar la finalidad de integración de este Tratado. 
Ahora bien, a partir del momento en que el Consejo Constitucional francés creía necesario revisar la Constitución, nuestro Gobierno ya no podía actuar, como en muchos otros países, en los que, desgraciadamente, se ha eludido el debate. 
Pero si se muestra sinceramente a los ciudadanos franceses la verdadera naturaleza del Tratado de Amsterdam, es muy posible que ellos mismos o sus diputados lo rechacen de una manera u otra. 
Ello planteará, con miras al futuro, el problema de buscar otro método de preparación de los Tratados europeos, capaz de garantizar que, en lo sucesivo, correspondan a las peticiones de los ciudadanos. 
Este método no consistirá, ciertamente, en hacer actuar a los comités de sabios, como lo propone la ponente, o en una mayor intervención del Parlamento Europeo, sino en asociar mejor a los Parlamentos nacionales, de manera formal, a cada etapa de la negociación. 
Señor Presidente, cuando esbozamos en nuestra comisión nuestras ideas sobre Europa, la señora ponente nos respondió con la frase: «Esa no es nuestra Europa.» 
Esta frase me ha venido a la memoria al leer su informe, que es un texto coherente en sí mismo y de muy alto nivel. 
Sin embargo, está inspirado por una filosofía que difiere totalmente de la nuestra. 
Nosotros rechazamos un avance incontrolado hacia la integración. 
Interpretamos los magros resultados de Amsterdam como un indicio de que los ciudadanos están poco dispuestos a aceptar una mayor integración. 
El contenido de los informes anuales sobre el fraude, el fracaso de las oposiciones y las noticias que se acumulan casi a diario sobre malversaciones en relación con diversos programas nos parecen indicativos de que la capacidad de gestión de la Unión ha alcanzado su límite. 
Sabemos que la mayoría de los ciudadanos no desean una ampliación precipitada a los países vecinos. Por consiguiente, nosotros habríamos deseado que el informe hubiese dedicado mayor atención a la posición de los ciudadanos, a sus deseos y preocupaciones, y al tema de su participación. 
En este sentido apuntaban también las enmiendas que presenté y que fueron rechazadas por mayoría en comisión. 
En efecto, si no queremos que los conceptos de transparencia y proximidad a los ciudadanos se conviertan en palabras vacías, tendremos que demostrar con ejemplos concretos que tenemos en cuenta los deseos de los ciudadanos y nos los tomamos en serio. 
Permítanme que exponga mediante un pequeño ejemplo cómo se aplica este principio en la práctica. 
Cuando mi asistente solicitó hace unos días, en mi nombre, un documento de la Comisión, que por otra parte se citaba en la respuesta a una pregunta, el técnico se negó a entregárselo, alegando que los diputados sólo hacían un mal uso de ellos en cualquier caso y que «estaba hasta la coronilla». 
Si este es el trato que reciben los diputados, no resulta difícil imaginar cómo deben tratar a los ciudadanos. 
Es posible que se trate de un caso aislado, pero yo estoy convencido de que las posibilidades de mejorar la aceptación de la Unión entre los ciudadanos pasan por los detalles. 
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera hacer tres observaciones en relación con el Informe Spaak, que constituye en cierto modo una preparación para la conversación que mantendremos mañana con el Presidente Santer y con el Canciller austriaco Klima y en cuyo contexto vamos a adoptar la resolución De Giovanni. 
En primer lugar, quiero empezar por agradecer sinceramente a la señora Spaak su compromiso en favor de su Europa, la cual debo añadir, puesto que se acaba de hacer referencia a ello, que yo creo que también es nuestra Europa común. 
Es cierto que en esta Europa común todavía quedan muchas cosas por hacer. 
Es necesario darle mayor profundidad y ampliarla. Necesitamos unas instituciones fuertes, como también señala el informe. 
Necesitamos una moneda común fuerte. 
Necesitamos más soluciones y también soluciones más convincentes, sobre todo en el ámbito del Segundo y el Tercer Pilar. 
Kosovo, la lucha contra las drogas y la lucha contra los abusos contra la infancia, por citar sólo algunos temas, son palabras clave que indican cuán necesaria es una Europa común fuerte. 
En segundo lugar, debo hacer una crítica al Informe Spaak. 
Yo echo en falta, y tengo la práctica seguridad de que también la colega Spaak y todos nosotros echamos en falta una mayor atención al tema de los derechos humanos. 
La enmienda 8, que ha presentado la Sra. Lenz en nombre de nuestro Grupo, pide un fundamento para una política de derechos humanos de la Unión Europea. 
Yo espero que mañana obtengamos un amplio respaldo en favor de dicha enmienda. 
Unos días atrás presentamos en Viena un proyecto de investigación del Instituto Europeo de Florencia titulado «Derechos humanos para el año 2000». 
Con esa ocasión, constatamos que Europa ha avanzado mucho en el ámbito de los derechos humanos en los últimos años, pero también que todavía queda mucho, muchísimo por hacer para que los europeos podamos hacer realidad debidamente nuestra aspiración de honrar verdaderamente los derechos humanos. 
El tercer tema y la tercera observación guardan relación indirecta con algo que se ha evocado repetidamente hoy y en los últimos días. 
El tema de la «aproximación de Europa a los ciudadanos» es, de hecho, un punto absolutamente central. 
Por esto yo procuro hacer referencia siempre a este caeterum censeo, a la manera del antiguo Catón. 
Necesitamos que los fondos europeos se administren con integridad. 
Estos días estamos recibiendo muchas cartas en relación con el tema de los derechos humanos y la consignación en la reserva de los créditos destinados a las ONG. 
Muchas de estas organizaciones no gubernamentales, que tienen planteamientos convincentes en relación con el tema de los derechos humanos y que hacen mucho en favor de los mismos, protestan con razón contra la posibilidad de que se les retiren los fondos para su labor. 
Sin embargo, no se trata de quitarles nada a las ONG, sino todo lo contrario. 
Lo que queremos, y por lo que debemos velar, es que los fondos para los necesitados no sean desviados a los bolsillos de quienes buscan el propio beneficio mediante prácticas dudosas y fraudulentas. 
Por esto en el segundo guión del punto 8 de la propuesta de resolución del Informe Spaak se pide un mayor control en esta Europa común. 
Señor Presidente, quisiera plantear dos asuntos. 
Uno es el del marco financiero. 
Resulta muy claro que todo el desarrollo de la Unión Europea va a depender de las finanzas para el siglo próximo y recientemente la Comisión ha presentado una nueva perspectiva financiera y una nueva división financiera de los cometidos entre los países de la Comunidad Europea. 
El párrafo 15 de la resolución indica muy claramente que la nueva financiación de la Unión Europea debe permitir que las palabras esenciales sean las de solidaridad y cohesión continuas. 
Al presentar varias opciones, la Comisión ha ofrecido cierta idea del futuro. 
Ha sido valiente respecto de la cuestión de la agricultura, por ejemplo. 
También ha resultado muy claro que varios planteamientos permanentes- como una rebaja al estilo de la británica para otros cuatro países- no funcionará. 
Por esa razón, es muy importante demostrar que este Parlamento quiere rechazar el concepto de «juste retour» para el futuro. 
En segundo lugar, Schengen. 
Los párrafos 22 a 24 versan sobre la justicia y las cuestiones de interior. 
Debe preocuparnos mucho por que la división de Schengen entre el primero y el tercer pilar no se haya producido aún. 
Lamento que la Presidencia no esté presente, porque, si el Tratado de Amsterdam entra en vigor sin un acuerdo, el resultado neto será el de que todo permanecerá en el tercer pilar. 
Quisiera preguntar a la Comisión cómo juzga la situación; si así está sucediendo, podemos olvidarnos de la libre circulación de trabajadores, de la libre circulación de personas y del comienzo de una política común en materia de asilo y de inmigración. 
¿Cómo es que quince meses después de la firma del Tratado de Amsterdam no hay un sólo acuerdo a la vista para la división entre el primero y el tercer pilar sobre la cuestión de Schengen? 
Ésa es mi pregunta muy en serio a la Comisión. 
Señor Presidente, pienso que la mayoría de nosotros suscribe el informe que examinamos. 
La ponente derriba puertas abiertas con el tronco del árbol que esconde el bosque, ya que hoy la Unión Europea no sufre una crisis de crecimiento, sino una verdadera invalidez. 
La Europa de hoy es la Europa de los banqueros, de los mercaderes, de los eurócratas y de veinte millones de parados. 
A esta Europa del dinero, los nacionalistas europeos, que represento en este hemiciclo, prefieren la Europa de las personas, de la solidaridad social. 
Sin embargo, los Padres fundadores de Europa, hace casi medio siglo, no nos engañaron. 
Nos habían advertido, al bautizar como «Mercado Común» la Europa de los seis. 
No obstante, su obra no habrá sido inútil. 
Al acercar a los pueblos europeos, habrán sido los idiotas útiles, por utilizar palabras de Lenin, que iniciaron un movimiento irreversible, que lanzaron un tren que ningún timbre de alarma puede parar. 
No se trata de hacer descarrilar este tren. 
Pero para expresarme como el excelente escritor francés Guillaume Faye, ya es hora de apremiar a los conductores para que, por fin, este tren avance para las personas y no para el dinero. 
Señor Presidente, quiero centrar mis observaciones en la sección de la política exterior y de seguridad común en el informe Spaak. 
Al leer dicho informe, me gustaría saber si ha sido producto de políticos de la Comisión de Asuntos Institucionales o de académicos que viven en torres de marfil intelectuales. 
No me parece que lo que aquí figura tenga relación necesariamente con lo que descubro en el mundo real. 
Pasando al párrafo 17, dice que la Unión no desempeña un papel político en la escena internacional. 
Evidentemente, eso carece de sentido. 
Naturalmente que la Unión Europea desempeña un papel en la escena internacional. 
Podemos discutir su importancia, pero resulta absurdo decir que no desempeña papel alguno. 
De modo similar, dar a entender que en las tabernas y los clubes de Bolton el público está preocupado por eso en su vida cotidiana es también exagerar bastante. 
Lo que mis electores me dicen que les interesa es que la Unión Europea desempeñe un papel mucho más firme en la prevención y gestión de crisis y en las operaciones de mantenimiento y de establecimiento de la paz. 
De modo que debemos concretar lo que nuestros ciudadanos desean. 
Pasando al párrafo 19, lo que parece darse a entender es que, si tuviéramos mejores acuerdos institucionales, podríamos haber resuelto la crisis de Kosovo. 
La verdad es que no sé como ha podido sugerir nadie semejante idea. 
Respecto de Kosovo, lo que ha faltado- si es que ha faltado algo- ha sido voluntad política. 
Sean cuales fueren los acuerdos institucionales de que se disponga, no habrá la menor diferencia. 
El cuarto guión del párrafo 20 parece dar a entender que la Comisión de Asuntos Institucionales cree que la Unión Europea es un miembro de la OTAN. 
Desde luego, la Unión Europea no es un miembro de la OTAN. 
Ciertos Estados miembros de la Unión Europea son miembros de la OTAN. 
Así, pues, no entiendo qué quiere decir la Comisión de Asuntos Institucionales. 
En lo que deberíamos centrarnos es en velar por que se apliquen las disposiciones del Tratado de Amsterdam y de la Declaración de Berlín sobre la identidad de defensa europea. 
Por último, pasamos al párrafo 21. 
Sé que se trata de algo que el Parlamento no cesa de aprobar en sus resoluciones, pero, ¿de verdad creemos que existe una demanda por parte del público de un cuerpo europeo de intervención militar? 
Ya tenemos la OTAN; ya tenemos diversas organizaciones en torno a la UEO: operaciones conjuntas, Eurocorps, la Brigada angloholandesa, etc. 
¿Qué haría un cuerpo europeo de intervención que no hicieran los otros? 
Debemos cesar de perseguir esos callejones intelectuales sin salida y abordar cuestiones prácticas que garanticen la defensa de la Unión Europea y una mayor seguridad de sus ciudadanos. 
La verdad es que esa sección sobre la política exterior y de seguridad común no lo logra. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, yo quiero, en primer lugar, felicitar a la Sra. Spaak por su trabajo. 
Pienso que el espíritu del artículo D del Tratado de la Unión Europea era intentar distanciarse lo suficiente respecto a los debates y a los problemas cotidianos para poder reflexionar con carácter general sobre el sentido de lo que es la acción europea. 
Eso es lo que yo he entendido que debía ser el informe que el Consejo Europeo realiza cada año, un informe sobre el progreso de la Unión y que responde precisamente al papel que corresponde al Consejo Europeo de carácter impulsor y orientador de la política general de la Unión. 
Yo coincido con la apreciación que hace la Sra. Spaak respecto del informe y debo decir que también comparto su decepción. 
Creo que no hay más remedio que reconocer una vez más, y a pesar de las críticas que se hicieron el año pasado y en años anteriores tanto por el Parlamento como por la Comisión, que en realidad este informe del Consejo lo que hace es limitarse a presentar un balance de actividades de carácter meramente fáctico y que muchas veces le falta un alcance político como debiera ser conforme al propio espíritu del Tratado. 
Quizá en vez de recordar lo que significa una acción política sería preferible que se ofreciera esa visión de conjunto que nos permitiera profundizar sobre los distintos temas y ver qué impulso puede recibir la Unión Europea en la perspectiva del futuro. 
En este sentido, comparto también el análisis de la Sra. Spaak sobre la importancia de algunos objetivos alcanzados durante el pasado año en el ámbito de la construcción europea y concretamente lo que significa la firma del Tratado de Amsterdam, el lanzamiento de la Agenda 2000 y la preparación de la Unión Económica y Monetaria. 
En realidad, los desafíos a que hay que hacer frente en cada uno de estos campos son bien conocidos y la responsabilidad que tenemos todos es la de ver cómo se puede situar al ciudadano en el centro de nuestras preocupaciones, cómo se puede reanudar con cuestiones tan importantes como el crecimiento y el empleo y cómo se puede preparar la Unión Europea para su ampliación, tanto en sus aspectos financieros como en sus aspectos institucionales. 
Es evidente que estos debates siguen siendo de gran actualidad. 
La Comisión tiene la intención de aportar distintas respuestas- respuestas concretas- mediante acciones que se inspiren precisamente en esos objetivos. 
Si me refiero ahora, por ejemplo, a la conclusión del Tratado de Amsterdam, es evidente que el largo proceso de negociación ha desembocado en un texto que ha sido criticado en muchas ocasiones- yo mismo lo he hecho. 
Yo vine al Parlamento- a la Comisión de Asuntos Institucionales, donde estaba la Sra. Spaak- directamente de Amsterdam, es decir, que el mismo 18 de junio de 1997 terminamos a las cuatro y media de la mañana y vine al Parlamento a las diez de la mañana para explicar mi reacción. 
Y yo manifesté en aquel momento una decepción que, probablemente, es mucho más matizada en este momento, con el transcurso del tiempo, porque había una serie de cuestiones y me parecía que si se hubieran mantenido los proyectos que estaban encima de la mesa una semana antes, probablemente hubiéramos conseguido unos resultados distintos a los que se lograron como consecuencia de unas modificaciones que se introdujeron en las últimas 72 horas. 
Pero, de todas formas, quiero decir que junto a esa decepción- que estaba más viva, probablemente, en ese primer momento-el transcurso del tiempo a mí me ha hecho ver las cosas con una mayor serenidad y ver la parte más positiva que hay en el resultado del Tratado. 
He oído aquí algunas voces que son muy negativas respecto al mismo. 
Yo creo que, si destacamos algunos aspectos positivos, podemos subrayar- como hace la Sra. Spaak -, por ejemplo, un tema que es muy importante y que se ha mantenido a lo largo de toda la vida de las Instituciones y del Tratado desde 1958, que es el equilibrio institucional. 
A mí me gusta mucho esa forma que tiene la Sra. Spaak de subrayar el tema del equilibrio institucional. 
Yo me acuerdo cómo una persona por la que yo tenía gran respeto, Emile Noël, que fue tantos años Secretario General de la Comisión, se refería siempre a la magia del equilibrio de las Instituciones, y creo que esa es una de las cosas que tenemos que salvaguardar, especialmente ahora, en la perspectiva de la ampliación. 
La ampliación no puede introducir un desequilibrio. Había un equilibrio con seis. 
Hay un equilibrio con quince. Tiene que haber un equilibrio con veinticinco. 
Y también creo que hay que recordar los esfuerzos que se han hecho para reforzar el papel de los derechos fundamentales y el impacto de la sociedad en la Unión Europea sin olvidar las respuestas que de la Unión espera el ciudadano. 
Todo el tema de los derechos fundamentales, que estaban en cierta forma fuera del Tratado, de alguna manera se han incluido en el Tratado en la reforma que se ha hecho en Amsterdam. 
Y esto creo que son unos ejemplos de gran calado, así como todo lo que se refiere al empleo, que estaba fuera y en este momento está dentro, y a la creación de un gran espacio de seguridad y justicia, llamado en gran parte a ser «comunitarizado». 
El Sr. Brinkhorst- no está aquí ahora- se ha referido hace un momento a este tema. 
Esta es la voluntad de la Comisión, pero yo confío y espero que también sea la de los Estados miembros. 
¿Cuál es una aportación importante que se ha hecho en el Tratado? 
Schengen, que estaba fuera del Tratado, ahora está dentro. 
Yo creo que eso ya es una aportación muy importante. 
No fue posible incluirlo en su momento en el Tratado, por eso quedó fuera. Y eso era una anomalía, eso era una extravagancia. 
En este momento Schengen está dentro del Tratado. 
Evidentemente, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? 
Y la inquietud del Sr. Brinkhorst, que yo comparto, es la de ver si se engarza en el primer o en el tercer pilar, porque, evidentemente, si no hiciéramos nada quedaría en el tercer pilar, y hay unos temas que deben seguir siendo intergubernamentales, como son, por ejemplo, materias de cooperación penal o materias policiales, pero hay otros temas que deben estar en el primer pilar. 
Probablemente, éste es uno de los temas en los cuales los cambios de última hora en Amsterdam impidieron que en un plazo de tiempo- tres, cuatro, cinco años- se pudiera pasar a una «comunitarización» simplemente por una decisión por mayoría. 
Sin embargo, el cambio que se introdujo en el último momento fue que esa decisión se adoptase por unanimidad, lo cual quiere decir que, a los cinco años, un solo Estado puede bloquear que se produzca esa transmisión hacia lo comunitario, y eso, evidentemente, fue un paso atrás, pero sí fue un paso hacia adelante que lo que en Maastricht estaba fuera del Tratado- porque estaba simplemente bajo el sombrero de la Unión Europea -, en este momento ya lo tenemos dentro del Tratado, y ahora habrá que ver cómo se produce ese engarce. 
Por otra parte, la reforma de los instrumentos de la PESC permitirá- y así lo esperamos- que la Unión pueda expresarse en la escena internacional con una sola voz. 
Se ha dicho hace un momento que ha habido algunos avances en temas de política exterior y de seguridad común. 
Es evidente. 
Lo que ocurre es que, probablemente, no basta simplemente con los instrumentos. 
Los instrumentos están. Lo que hace falta es que haya una voluntad política de actuar en materia de política exterior, y esa es otra cuestión. 
Lo que probablemente es lamentable es que, en el aspecto institucional- y lo señala la Sra. Spaak -, los resultados hayan sido poco esperanzadores. 
Es cierto que el Parlamento ha conseguido una ampliación sin precedentes de sus competencias, como colegislador, pero no se han resuelto algunos problemas importantes, algunos problemas que existían ya desde hace tiempo y que, sin embargo, no hubo tiempo para resolverlos en Amsterdam, y esa es la razón por la que están pendientes temas tan importantes como una generalización del voto por mayoría cualificada, la ponderación del voto en el Consejo o el número de Comisarios y, por consiguiente, ahí hay unos temas incompletos. 
Y aparecen enumerados claramente en el propio Tratado y, por consiguiente, sabemos que esto va a exigir una nueva Conferencia Intergubernamental que, además, debe hacerse pronto. 
Esperamos que el Tratado de Amsterdam entre pronto en vigor. 
Pero todavía no lo está y, por consiguiente, es quizá prematuro hacer un balance y hacer nuevos proyectos de reforma, pero es evidente que hay que prepararse para poder contestar, en primer lugar, a las propias cuestiones que aparecen en el Tratado, a los temas que el propio Tratado nos pide que contestemos, ya se trate de cuestiones institucionales- las que he mencionado hace un momento- o temas de seguridad, por ejemplo, todo lo que afecta a la integración de la Unión Europea Occidental dentro de la Unión Europea. 
Eso exigirá también, en su momento, una Conferencia Intergubernamental. 
Y es evidente que para ello hace falta una cosa, y es que cada institución trabaje y haga su labor de conformidad con el Tratado, y buscar eso que repetimos tantas veces, es decir, soluciones eficaces, democráticas y de futuro. 
Y en ese sentido, la Comisión ha anunciado ya, en la Agenda 2000, que desea que una nueva Conferencia Intergubernamental se pueda reunir inmediatamente después del año 2000. 
Por otra parte, la llegada del euro, la puesta en marcha de negociaciones de ampliación y la Agenda 2000 son también proyectos a largo plazo que, aunque iniciados en 1997, comprometen al futuro. 
Y en esos temas hemos trabajado en buena armonía Parlamento y Comisión. 
Y termino, señor Presidente, es evidente que estas cuestiones desbordan claramente el marco que impone un año natural, e incluso el de una legislatura. 
Yo estoy seguro de que estos desafíos- yo confío- estarán presentes en las reflexiones de los Jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen en Pörtschach los próximos días 24 y 25, y esperemos que en esa reunión haya oportunidad de lanzar una reflexión de conjunto sobre la misión de la Unión Europea en el siglo XXI. 
No tengo nada más que decir, únicamente- si me permiten- una palabra. El Sr. Hager se ha referido antes a un documento que ha pedido a la Comisión y al que no se ha querido contestar. 
Yo le pido que me haga llegar ese deseo y yo procuraré dar respuesta inmediatamente a esa petición que ha hecho. 
Ignoro cuáles son las razones por las cuales no se ha tenido en consideración una petición que ha hecho un parlamentario. 
Por tanto, me pongo a su disposición y con mucho gusto intentaré contestar a esa pregunta porque, probablemente, habrá habido un malentendido para que no se le haya dado respuesta a esa petición. 
De todas formas, lo único que le puedo decir es que, como estoy en uso de la palabra aquí en este momento, aunque no sea quizá el Comisario responsable, con mucho gusto me ofrezco a intentar dar una respuesta a la petición que ha planteado el Sr. Hager. 
Señor Comisario, yo le agradezco sinceramente su ofrecimiento. 
Sin embargo, lo que me preocupa no es el hecho de que no se facilitase el documento, sino la manera en que fue denegado. 
Concretamente, que se le dijera a un funcionario que se hace sistemáticamente un mal uso de los documentos de la Comisión y que el técnico dijese que está «hasta la coronilla» -cito literalmente- de lo que hacemos con ellos los diputados. 
Yo he protestado únicamente contra esto. 
Sin embargo, le facilitaré gustoso información más precisa, aunque prefiero no hacerlo en el Pleno. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.15 horas. 
Acuerdo multilateral para las inversiones (AMI) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el Acuerdo multilateral para las inversiones (AMI). 
Señor Presidente, Sir Leon Brittan, usted ha descrito el telón de fondo sobre el cual volvemos a repetir el debate sobre el Acuerdo multilateral para las inversiones y también ha expuesto los diferentes puntos de vista e intereses, que en parte son muy distintos. 
También se ha referido a la posición que ha manifestado Francia y al Informe Kreissl-Dörfler. 
Permítame que comente algunos puntos. 
Todos se refieren a un aspecto que usted ha mencionado. 
Este es prácticamente el único interrogante que todavía queda pendiente. 
Yo comparto por otra parte su opinión- si bien se trata de mi opinión personal y no pretendo afirmar con ello que ésta coincida con la posición de la mayoría de mi Grupo político- en el sentido de que necesitamos un acuerdo internacional para las inversiones y que éste debería ofrecer un elevado nivel de protección, y agradezco, asimismo, que la Comisión formulase y propusiese la «cláusula REIJO» ; ¡esto ha sido todo un éxito! 
No obstante también hemos cometido errores y deberíamos aprender de los mismos, ya que se celebrarán nuevas rondas de negociaciones- usted lo ha mencionado -, es de esperar que en el marco de la OMC, y además va a inaugurarse la próxima ronda de la OMC. 
Yo tengo la impresión y el temor de que la gran incertidumbre y las grandes críticas que se están manifestando- en parte de manera justificada- están relacionadas con dos cuestiones. 
La primera es la siguiente: la incertidumbre va en aumento, va ganando terreno la impresión de que la globalización o las tendencias internacionales, las instituciones internacionales que existen, están vaciando de contenido la soberanía nacional. 
Podemos percibirlo entre los americanos y entre nosotros se puede observar una tendencia parecida. 
A menudo seguimos el ejemplo de los americanos y a mí me parece que en este caso también les seguimos un poco, en vez de contradecirles, lo cual sería- a mi modo de ver- la mejor posición para Europa. 
Usted tiene razón cuando afirma que lo que en realidad debe interesarnos es fortalecer la posición internacional de Europa, y este sería un camino para ello. 
No obstante, la segunda dificultad que yo veo consiste en que no sabemos abordar debidamente los temas sensibles. 
No hemos aprendido a incluir siempre los temas sensibles, como la cultura, el medio ambiente o la política agraria, cuando celebramos negociaciones internacionales, con lo cual los debatimos siempre sólo en términos negativos. 
Siempre nos limitamos a decir que no queremos que se incluyan, lo cual es acertado, que queremos preservar el acervo comunitario, lo cual también es acertado; esta es nuestra posición. 
Pero tenemos el temor permanente de que los acuerdos socaven progresivamente nuestra posición, ya que los otros, nuestros contrincantes por decirlo así, son listos. 
Siempre damos por sentado que son más listos que nosotros, que la Unión Europea. Yo creo que en este contexto tenemos que aprender a actuar con una estrategia muy abierta y quizá también a transmitir que tanto la Comisión Europea como también el Parlamento Europeo son capaces de formular con gran firmeza posiciones europeas muy adecuadas. 
Finalmente, un último punto: también me preocupa que si no conseguimos, las organizaciones no gubernamentales comiencen a asumir progresivamente funciones parlamentarias y esto es algo que yo no quisiera que ocurriese, ya que sigo creyendo profundamente en la democracia parlamentaria. 
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera reiterar en primer lugar la declaración de principios de la señora Mann, que ha hecho una observación personal en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, a saber, que necesitamos un acuerdo internacional para las inversiones. 
Por otro lado, no deberíamos andarnos con rodeos: lo necesitamos. 
La otra cara de los temores a la globalización y a muchas otras cosas es, en efecto, el deseo de protegerse frente a posibles tendencias erróneas. 
Cualquiera que desee que se invierta en el Tercer Mundo también debe velar por que quienes inviertan allí y desembolsen su dinero- precisamente a la vista de la experiencia que hemos vivido con la crisis asiática, por ejemplo-cuenten con un marco protector para las inversiones. 
También tenemos que dejar de hacer de ello una ideología. 
Es algo que yo puedo comprender, también aquí en el Parlamento Europeo se simplifican mucho las cosas y se ven demonios por todas partes. 
No, un acuerdo internacional para las inversiones es necesario. Por esto el Grupo del Partido Popular Europeo dice bien claro: necesitamos un acuerdo multilateral. 
En segundo lugar, es preciso compensar un desequilibrio que ahora existe entre los derechos y los deberes de los inversores. 
El Parlamento Europeo debe participar también plenamente en este aspecto y, Sir Leon Brittan- a usted le gusta que le alaben y yo también voy a hacerlo ahora -, usted se está encargando de que así sea. 
Permítame que añada que nosotros manifestamos claramente que es necesaria una pronta conclusión de las negociaciones en el marco de la OMC. 
Paralelamente será necesaria una reflexión en la OCDE. 
En efecto, es legítimo que en la OCDE reflexionemos sobre cuál puede ser la situación en la OMC: con 134 países en la OMC, ¿cuándo será posible que llegue a ser un éxito si no estamos dispuestos a dotarla también de un marco? 
Finalmente, una última observación: el Gobierno francés es un gobierno soberano. 
Puede dejarse presionar por los Verdes tanto como le plazca. 
Pero, en última instancia, como país industrial, tampoco podrá evitar una clara adhesión a nuestro propósito común. 
Por consiguiente, a mí me gustaría que los Grupos políticos pudiésemos discutir de manera un poco más reposada y distendida sobre la mejor manera de conseguirlo. 
Señor Presidente, con el Acuerdo multilateral en cuestión de inversiones se quiere aumentar la libertad de las inversiones internacionales, proteger éstas y crear un mecanismo de solución de conflictos entre gobiernos e inversores. 
Todo ello una cuestión positiva, creo, por diferentes razones. 
En primer lugar, se pone fin a los más de 1.800 acuerdos bilaterales referentes a inversiones en el extranjero. 
Éstos serían, por tanto, sustituidos por un gran acuerdo transparente. 
Eso procurará un marco más seguro jurídicamente y así llevará a un aumento de la fórmula de inversión, lo que generalmente conduce a un crecimiento económico y bienestar mayores. 
En segundo lugar, me parece lógico que un acuerdo multinacional en materia de comercio sea complementado con un acuerdo multinacional en materia de inversiones. 
El comercio y las inversiones están, después de todo, estrechamente unidos entre sí. 
Cui bono: ¿quién se beneficia? 
En primer lugar las multinacionales. 
¿Y por qué no? 
¿No tienen el derecho a un tratamiento igualitario como un ciudadano normal? 
¿Y, por tanto, derecho a medidas protectoras y compensación en caso de expropiaciones u otras medidas privadoras de la propiedad? 
Pero los países en vías de desarrollo también se beneficiarán de este acuerdo. 
Las inversiones exteriores crean puestos de trabajo que de otra forma no existirían. 
Además, el crecimiento provoca efectos de spill over en los nuevos sectores de exportación, animados por la inversión extranjera, entre otras de las multinacionales, para toda la economía en general. 
Por lo demás, los hechos corroboran esto. 
Un solo ejemplo: el incremento salarial en Taiwán y Corea del Sur. 
Mientras que los sueldos por hora de los trabajadores en 1975 totalizaban por término medio el 6 % de estos mismos sueldos en los Estados Unidos, en 1995 habían subido respectivamente al 34 % y al 43 %. 
Esta evolución positiva es una consecuencia directa de las inversiones. 
Naturalmente, hay fallos, pero no tienen nada que ver con el acuerdo de inversiones. 
Desde luego, hay países que para atraer inversiones no tienen ningún respeto con las normas sociales y medioambientales. 
Estos países no necesitan, sin embargo, ningún acuerdo, porque en su mayor parte se trata de regímenes autoritarios. 
La solución, por tanto, no consiste en socavar o impedir el acuerdo multilateral, sino más bien en la democratización política de esos regímenes; con otras palabras, lo que se necesita junto a la liberalización económica, es la liberalización política, o junto al AMI debe venir un AMD, un acuerdo multilateral en materia de democracia. 
La conclusión es que la mayoría de la crítica es exagerada, sí, ya se ha demostrado injustamente que tiene ciertas deficiencias el proyecto de acuerdo. 
En las negociaciones sobre el acuerdo se debe incluir de inmediato a los países en vías de desarrollo. 
Es recomendable que las negociaciones continúen de ahora en adelante en el marco de la Organización Mundial del Comercio y que el AMI se active según los principios de la Organización Mundial del Comercio. 
El procedimiento contencioso debe ser más equilibrado para que el país de acogida también tenga la posibilidad de interponer una querella contra los inversores. 
La última palabra. 
Nos parece necesario democratizar el AMI y adaptar el texto de proyecto actual en algunos puntos. 
Pero, por lo demás, sigo estando convencido de que el acuerdo sobre inversiones internacionales debe llegar tan pronto como sea posible. 
Señor Presidente, durante los diez últimos años el crecimiento de la inversión directa se ha duplicado con respecto al de los intercambios internacionales. 
Esta constatación se refiere a todos los productos y afecta a todos los sectores económicos, de ahí la idea, lanzada desde principios de la década de los 90, de un Acuerdo multilateral para las inversiones (AMI). 
Ahora bien, si bien es evidente que la necesidad de un marco multilateral se hace sentir cada vez más, como lo han dicho los oradores anteriores, es preciso señalar que los Estados Unidos siempre han privilegiado la realización de estas negociaciones en el seno de la OCDE, entre países industrializados, mientras que la Unión Europea intenta llevarlas al ámbito de la OMC, organización mundial que reúne al conjunto de los países afectados por estas inversiones, incluyendo los PVD. 
El AMI consiste en proteger los derechos de los inversores y en garantizar sus reglas de funcionamiento. 
Pero las propuestas presentadas no respetan la excepción cultural por la que Europa ha luchado en el seno del GATT. 
Éstas no respetan los procesos de integración utilizados por la Unión para la entrada progresiva de los países de Europa Central y Oriental en el mercado único europeo. 
No respetan tampoco las normas sociales y medioambientales que la Unión se impone, así como tampoco el derecho soberano de los Estados de la Unión Europea de decidirlas. 
Finalmente, este acuerdo desearía imponer el reconocimiento de las leyes extraterritoriales norteamericanas, cuya aplicación a ciegas nosotros rechazamos. 
¿En qué marco hay que continuar o no estas negociaciones? 
En el ámbito de la OCDE, cada Estado negocia en su propio nombre, y los Estados Unidos buscan también desunir a los Estados de la Unión. 
Por el contrario, si la Unión otorga a Sir Leon Brittan un mandato de negociación sobre esta cuestión en el marco de la OMC- y ese es nuestro deseo -, este mandato deberá incluir las cláusulas de excepción, concretamente la de excepción cultural, arrancada en reñida lucha por el Gobierno Baladur en 1994, así como las demás cláusulas que no queremos. 
Hay que entender que los Estados Unidos tratan, a través de la OCDE, de volver a coger con una mano lo que han cedido con la otra en el seno del GATT, y también tratan de romper nuestro marco social y medioambiental, para dirigirse cada vez más hacia un liberalismo absoluto. 
La posición del Grupo UPE es continuar en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, constato que la Comisión se empeña en apoyar la filosofía del AMI, que reconoce todos los derechos a los inversores privados, todos los deberes a los Estados, y somete a nuestros países a la dominación de los Estados Unidos. 
Recordaré que el 11 de marzo pasado nuestro Parlamento solicitaba a los gobiernos que no aceptaran el AMI en su forma actual. 
Este proyecto de tratado ha suscitado una importante movilización de las fuerzas progresistas y de los creadores de nuestros países, la cual ha dado sus frutos. 
Tras una suspensión de seis meses de negociaciones, el Gobierno francés, por su parte, a través de su Primer Ministro, ha considerado que este acuerdo no era susceptible de ser reformado, y ha anunciado que Francia no reanudaría las negociaciones del AMI. 
Desearía, señor Comisario, que retirara la apreciación peyorativa que ha expresado con respecto al Gobierno francés. 
Esta decisión de gran alcance tiene valor de ejemplo para todo gobierno que se preocupe de su soberanía. 
Pero este éxito de la acción no debe llevar a relajar la vigilancia. 
El AMI no debe sustituirse por un nuevo refrito inspirado por los mismos principios, como el PET, que usted ha negociado sin mandato, Sir Leon Brittan, en Londres, el 18 de mayo pasado, lo que como mínimo considero un abuso de poder. 
Francia ya ha indicado que no se sentía en absoluto vinculada por esta negociación. 
Formulo, pues, la pregunta, y desearía, esta vez, obtener una respuesta: ¿qué valor puede tener una declaración concluida por un solo comisario, sin mandato de los Estados miembros? 
El contenido del AMI debe, por lo tanto, ser descartado. 
Toda nueva negociación debe desarrollarse sobre una base totalmente nueva, en un marco distinto del de la OCDE, que agrupa a los países más ricos. 
Es imprescindible reconocer la soberanía de los Estados con respecto a sus alternativas de desarrollo, sus políticas social, cultural, fiscal. 
No son las multinacionales norteamericanas o japonesas las que deben dirigir el mundo, sino los gobiernos designados por los pueblos. 
En las últimas elecciones en Francia, en Gran Bretaña, en Suecia, en Alemania, se ha expresado el rechazo del liberalismo y una voluntad de cambio. 
La Unión Europea y los acuerdos internacionales deben tenerlo en cuenta, de lo contrario acabarán por ser enérgicamente rechazados por los pueblos. 
Finalmente, deberían efectuarse con transparencia nuevas negociaciones, cuyo marco podría ser el de la ONU o el de la OMC: los pueblos, los diputados, las asociaciones, deben conocer las grandes cuestiones que comprometen el futuro de su país. 
Señor Presidente, el Primer Ministro Jospin fue el único que actuó debidamente la semana pasada. 
Anunció la retirada de Francia de las negociaciones sobre el AMI en el marco de la OCDE. 
En mi calidad de ponente sobre el fundamento jurídico del AMI, yo acojo este hecho con suma satisfacción, señor Kittelmann. 
La resolución del Parlamento Europeo dejó bien claro en el mes de marzo que el proyecto de acuerdo no sólo tiene graves deficiencias, sino que apunta incluso en la dirección equivocada en muchos aspectos, ya que sitúa, por ejemplo, los derechos de los inversores por encima de todo. 
En consecuencia, instamos a que no se permitiese la firma del acuerdo en esos términos. 
La respuesta de la Comisión fue, sin embargo, increíblemente decepcionante. 
Pero aun así, la resolución del Parlamento Europeo, la amplia movilización internacional de centenares o incluso millares de grupos de ciudadanos interesados, organizaciones no gubernamentales y sindicatos, en Europa y en todo el mundo, se ha demostrado eficaz, señor Rübig, al igual que el fundado informe que presentó la Sra. Lalumière al Gobierno francés y también las importantes señales emitidas por los Verdes franceses. 
Sir Leon Brittan, usted tiene ahora la prueba inequívoca de que los políticos europeos, los Gobiernos europeos y la sociedad civil europea no comparten su orientación librecambista. 
Extraiga las debidas consecuencias, entierre el AMI, o sea, déjelo ad acta. 
Jospin dijo la semana pasada, muy acertadamente, que este AMI no se puede reformar. Por consiguiente, tampoco tiene sentido trasladarlo dentro de poco al marco de la OMC. 
Ésta, en efecto, dista mucho de ser democrática y también necesita con urgencia una reforma. 
En la situación actual, los países en desarrollo tendrían una vez más el papel de observadores, con fatales consecuencias para ellos. 
Aun así, lo que es evidente- escuchen bien, Señorías- es que necesitamos un acuerdo internacional para la regulación y el control de las inversiones, que se han disparado y siguen creciendo. 
Los interrogantes decisivos son sin embargo: ¿quién tomará parte en las negociaciones? 
¿Las partes más débiles tendrán derecho a intervenir en igualdad de condiciones? 
¿Todos los Parlamento afectados, incluido el Parlamento Europeo, tendrán derecho de codecisión? 
Y ¿cuál será luego su contenido? 
Esto es lo decisivo. 
Por esto el acuerdo no puede rebajar las normas medioambientales y sociales. 
Tiene que consagrar la dirección política sobre la economía e instaurar los controles democráticos como norma. 
Le ruego que transmita esta petición en París, Sir Leon. 
Ya que siempre sacan a relucir a los países en desarrollo: éstos ni siquiera estaban presentes en la mesa de negociaciones. 
¡Lean primero los textos, por favor! 
Señor Presidente, el AMI, tal como lo ha concebido la OCDE, ha muerto. 
No juguemos con las palabras, no perdamos más tiempo con un texto que ya no goza de ninguna credibilidad. 
Francia, con razón, ha rechazado definitivamente este AMI, tras el excelente informe de Catherine Lalumière, que ha demostrado hasta qué punto este supuesto acuerdo intentaba asestar un golpe fatal a los logros sociales, culturales y medioambientales. 
Mejor aún, Francia ha dicho en voz alta lo que piensan, en voz baja, en Europa, algunos gobiernos, sindicatos, ONG e incluso miembros de la Comisión. 
Desde hace algún tiempo, los focos se concentran en el AMI. 
¡Pero cuántos acuerdos de este tipo, elaborados por la OCDE, resultaron inaplicables! 
Pienso, por ejemplo, en la construcción naval. 
Inaplicables, porque han sido preparados en la sombra por personas totalmente apartadas de la realidad. 
Personas, sin duda, muy competentes, pero quizá demasiado seguras de sí mismas, hasta el punto de sustituir a los responsables políticos y de tomar las decisiones que les corresponde tomar a estos últimos. 
Eso lleva a este tipo de institución a una deriva, donde la tecnocracia domina la política y, en el fondo, la democracia. 
Por eso yo me pregunto sobre el papel de la OCDE, y pienso que hoy no hay que dudar en plantearse el problema de su existencia. 
Usted sabe, señor Presidente, que el castillo de la Muette, en París, sede de esta organización, hoy se ha convertido quizá en lo que era la Bastilla a finales del siglo XVIII, es decir, un símbolo que ha perdido toda utilidad. 
Estoy personalmente convencido de que la disolución de la OCDE debería acompañarse obligatoriamente de un fortalecimiento de la OMC. 
Es allí y no en otro lugar donde deben desarrollarse este tipo de debates sobre las inversiones. 
Pero si queremos ser lo más eficaces posible- y pienso, en particular, en las negociaciones del milenio -, debemos entonces reflexionar sobre el control democrático de la Organización Mundial del Comercio. 
Por eso deseo que nuestro Parlamento decida dotarse de una comisión poderosa y totalmente implicada en el seguimiento de los trabajos de la OMC, a semejanza de lo que ya se hace en el Senado norteamericano. 
Si el Gobierno francés ha asestado un golpe fatal al concepto del AMI de la OCDE, es para reconstruir mejor un nuevo diálogo, agrupando esta vez a todos los actores, grandes y pequeños, que participan en la mundialización de la economía. 
Una vez más, señor Presidente, ello debe efectuarse en la OMC y no en otro lugar. 
Señor Presidente, he escuchado con atención al Comisario Brittan, pero desearía recordar que hemos sido unos de los primeros en alertar a la opinión sobre el carácter pernicioso del proyecto AMI, elaborado por la OCDE, sobre todo porque ponía en tela de juicio el indispensable papel regulador de los Estados, instauraba una nueva jerarquía jurídica entre los actores internacionales, privilegiando a los inversores, y porque mantenía al margen de la negociación a los países en desarrollo. 
Desearía saludar todas las iniciativas parlamentarias y extraparlamentarias, entre las cuales figura la del Sr. Lanoye, la cual suscribo, y que han sabido movilizar a una gran parte de la clase política europea contra un proyecto de tratado poco razonable e imposible de enmendar. 
Tal como había sido elaborado, éste no habría permitido, en la práctica, la defensa de los intereses y de las especificidades europeas más importantes (excepciones culturales, normas sociales y medioambientales preeminentes, inaceptabilidad de las legislaciones extraterritoriales). 
Creo que estas iniciativas han contribuido a una evolución notable de la posición de algunos Estados miembros- entre ellos Francia- ¡y me felicito por ello! 
Sería muy útil que se definiera un marco reglamentario claro, que se definieran reglas del juego armonizadas y completas, por lo que algunos Estados miembros consideran que debe reanudarse esta negociación, pero sobre bases totalmente nuevas y en un marco adecuado, es decir, asociando a todos los actores. 
¡Esta reacción no es en absoluto epidérmica, señor Comisario! 
El debate debe, pues, desplazarse de la OCDE a la OMC. 
Pero no debemos olvidar que las normas de la OMC no forman parte de las preocupaciones sociales y medioambientales aceptadas por nuestros pueblos. 
Por lo tanto, habrá que estar muy vigilantes: el Consejo deberá ser extremadamente preciso en la redacción del nuevo mandato que otorgará a la Comisión, y nosotros- el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales- no deberemos apartarnos de ella, para así poder controlar muy estrictamente la aplicación del mismo, a fin de que, a la larga, el flujo de las inversiones se oriente de modo que resulte beneficioso para nuestras poblaciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, primero se intentó elaborar a puerta cerrada durante años un acuerdo internacional cuyo objetivo era lograr el absoluto predominio del capital financiero. 
Este intentó fracasó transitoriamente debido a una indiscreción de Canadá. 
Era un intento de desactivar la legislación nacional, social y medioambiental conseguida tras procesos de lucha de varios años. 
El programa del AMI tiene una estructura que deja patente para todo demócrata con cuánta rapidez se podrían perder los derechos democráticos fundamentales. 
Nos encontramos ante un gigantesco reparto a escala mundial. 
Actualmente, las empresas multinacionales ya no obtienen sus ganancias principalmente de la producción, sino que hasta un 70 % de las mismas proceden de la especulación con el dinero. 
Es un sistema que tiene que ir mal por fuerza y en parte ya va mal, y que conduce al desempleo y la miseria masivos en beneficio de unos pocos. 
El AMI es un instrumento para librar a estos especuladores hasta del riesgo residual mínimo y sepultar el último resto de la soberanía de los Estados nacionales. 
Yo estoy seguro de lo que digo ¡Por esto no tengo la necesidad de interrumpirles! 
Señor Presidente, podríamos aplicar al AMI una fórmula simple: todos los derechos para las multinacionales, todos los deberes para los Estados. 
Ahora bien, en una época en que algunas multinacionales cuentan con presupuestos más importantes que algunos Estados de la Unión Europea, no estoy segura de que sean las multinacionales las que tengan necesidad de que se las proteja, como lo pide el Sr. De Clercq. 
El hecho de haber debatido y votado el Informe Kreissl-Dörfler honra a nuestro Parlamento, lo cual ha permitido alertar a nuestros Estados, haciendo patentes los peligros que el Acuerdo multilateral para las inversiones supone para la propia democracia. 
Ya que si, en Francia, son los hombres y las mujeres cultos quienes han reaccionado inmediatamente para defender la excepción cultural, enseguida nos hemos dado cuenta de que este AMI afectaba a todos los sectores y que, una vez que se firmara el acuerdo, ningún Parlamento nacional podría, en el futuro, aprobar un texto que no se ajustara a las disposiciones del AMI. 
Como ha declarado el Primer Ministro, Lionel Jospin, los cuestionamientos de este proyecto de acuerdo no se refieren a aspectos sectoriales o técnicos, sino a la propia concepción de esta negociación, y plantean problemas fundamentales con respecto a la soberanía de los Estados, obligados a vincularse de manera irreversible. 
¡Irreversible! 
Una cosa es consentir delegaciones de soberanía en el marco de nuestra Comunidad, en un proceso controlado por Estados, en una aventura histórica, tal como la concebimos y formamos actualmente, y que para nosotros reviste una importancia considerable; otra cosa es consentir cesiones de soberanía a intereses privados. 
Por consiguiente, para nosotros, que hemos hecho campaña contra el AMI, la decisión de Lionel Jospin de abandonar la mesa de negociaciones constituye una gran satisfacción, y no se trata de una reacción epidérmica, como ha dicho el Sr. Brittan, sino de una decisión meditada detenidamente, tomada tras el excelente trabajo de la Sra. Catherine Lalumière, nuestra colega. 
¿Eso significa que estamos en contra de cualquier acuerdo? 
No. 
Pero deseamos fervientemente que ninguno de los acuerdos que se perfilan en el horizonte, ya se llamen AMI, Nuevo mercado transnacional, o Asociación económica transatlántica, sea elaborado en secreto y constituya una cesión de los derechos de los pueblos a intereses financieros privados. 
Que los próximos debates se desarrollen, por ejemplo, en la OMC, donde podrán expresarse los países en vías de desarrollo, que ya no se encontrarán frente a un hecho consumado. 
En una palabra, que la democracia pueda tener todavía sentido y perspectivas de futuro. 
Señor Presidente, doy la bienvenida a lo manifestado por el Comisario Leon Brittan. 
Las críticas al AMI se basan en conceptos erróneos. 
No se trata de crear privilegios para los inversores extranjeros sino de dar garantías para un tratamiento igualitario. 
Por ejemplo, según un acuerdo de protección a las inversiones, un país puede adoptar las normas medioambientales que desee en tanto esas normas no sean utilizadas para discriminar a las inversiones extranjeras. 
A diferencia de lo que opinan algunos críticos, el AMI no significa que se faciliten movimientos de capital de corto alcance. 
El objetivo es todo lo contrario, es decir, facilitar las inversiones de largo plazo. 
Especialmente para los países en vías de desarrollo este tipo de inversiones es, a menudo, mejor que préstamos de corto plazo o meras inversiones de cartera desde el extranjero. 
Este capital de corto alcance, como todos sabemos, puede desaparecer en una situación económica insegura y provocar, consecuentemente, procesos difíciles. 
Puesto que normalmente son las mejores empresas las que se pueden dedicar a inversiones internacionales, también es posible que esas empresas ofrezcan mejores condiciones sociales. 
Normalmente esas empresas transfieren capacidad técnica o científica además de que ofrecen mejor apoyo al desarrollo a largo plazo que, por ejemplo, las transferencias públicas. 
Existen más de 1600 acuerdos bilaterales de protección de inversiones. 
El AMI puede reemplazar esta jungla por algo más transparente. 
Los países que no se quieran adherir no necesitan hacerlo. 
En la medida en que las críticas al AMI conduzcan al cese de las negociaciones, se dañarán las inversiones de largo plazo en los países en vías de desarrollo. 
Aún en mayor grado se dañarían si un AMI renegociado llegase a implicar, en lugar de no- discriminación, lo que algunos críticos parecen desear, esto es, que se obligue a las empresas extranjeras a cumplir con mayores exigencias que a las nacionales. 
Ya que no es posible obligar a los inversores privados a invertir, el flujo se llegaría a cortar causando un perjuicio de carácter general. 
Dado que actualmente muchos países en vías de desarrollo están tan interesados en llamar la atención de los inversores extranjeros que ofrecen subvenciones a las empresas extranjeras, un acuerdo que representara mayores exigencias significaría, por el contrario, frenar los esfuerzos de estos países para hacerse atractivos. 
El objetivo de impedir el AMI es, para muchos críticos en los países industrializados, quizás, justamente impedir las inversiones internacionales. 
Por ejemplo, muchos creen que si las empresas no pueden invertir en el extranjero entonces van a invertir más en casa. 
Sin embargo, esta clase de proteccionismo puede tener el efecto contrario. 
Las empresas que no pueden invertir en el extranjero, por ejemplo para dar apoyo a iniciativas en el mercado, pueden también tener dificultades para desarrollarse en el plano nacional. 
Quizás fue un error desde el comienzo llevar esas negociaciones a la OCDE, una organización que tiene un círculo limitado de miembros y sólo unos pocos países en vías de desarrollo, lo cual puede suscitar sospechas. 
Como dijo el Comisario Leon Brittan, posiblemente las negociaciones puedan realizarse de mejor manera en la Organización Mundial de Comercio, aunque ésta principalmente vale más para el comercio que para las inversiones. 
Señor Presidente, la decisión del gobierno francés de retirarse de las negociaciones del AMI, dentro de la OCDE, es realmente una decisión valiente y muy satisfactoria, entre otras cosas, porque el acuerdo que estaba tomando forma era totalmente inaceptable ya que daba unilateralmente derechos a empresas transnacionales a costa de la democracia, pero también porque la decisión francesa demuestra que la democracia funciona, que la voluntad popular puede triunfar. 
No hay nada que diga que todo tenga que ser ultraliberal y que haya que favorecer a las empresas transnacionales. 
Por eso es la decisión francesa tan importante. 
Lo extraño es que más gobiernos dentro de la UE que se denominan «gobiernos de izquierdas» no hayan seguido el ejemplo francés, por ejemplo, el gobierno sueco. 
Por el contrario, éstos han aceptado la filosofía esencial existente en el AMI. 
Ha llegado la hora de anular las propuestas existentes y comenzar nuevamente desde el comienzo con puntos de partida diferentes y más ecológicos, comenzar de nuevo en un foro que dé espacio a los países del Tercer Mundo. 
Señor Presidente, creo que los discursos maravillosos sobre las virtudes del liberalismo no van a devolverle la salud a un proyecto que, manifiestamente, está muy enfermo. 
Tras la decisión del Gobierno francés de abandonar las negociaciones, me parece bastante claro que no se cumplen las condiciones políticas para continuar las mismas. 
Llamo la atención de ustedes sobre el hecho de que el Gobierno francés no está solo. 
El Gobierno belga tiene grandes dudas después de lo ocurrido en París, y el futuro gobierno de Alemania también se interroga sobre la pertinencia de un proyecto que tiene muchos defectos. 
Se habla de transferir la negociación a la OMC. 
En primer lugar, desearía recordar que la OMC no es el templo de la democracia y que los Estados pequeños, los Estados del sur, no tienen casi la oportunidad de expresarse en el seno de la OMC. 
Por lo tanto, es necesario, como lo ha sugerido el Sr. Sainjon, revisar también el funcionamiento de la OMC. 
Por otro lado, no sirve de mucho trasladar el debate si no se cambia el proyecto de base. 
En este sentido, me preocupo mucho cuando escucho al Comisario Brittan insistir, en todas las reuniones, en su fe en las virtudes del proyecto actual. 
Ahora bien, desearía esquematizar este proyecto con una imagen. 
Personalmente, considero que es una mala película. 
Una birria. 
El hecho de cambiar los decorados, añadir figurantes en las escenas culminantes, no lo convertirá en una buena película, sobre todo si el guión sigue siendo el mismo, si los actores principales son siempre los mismos y si la dirección sigue siendo iniciativa de las multinacionales. 
Por lo tanto, creo que es imprescindible, si existen futuras negociaciones en un nuevo marco, que las condiciones de las mismas se discutan democráticamente entre nosotros y que el Comisario Brittan y la Comisión Europea dispongan de un mandato claro, controlado democráticamente; de lo contrario, corremos realmente el peligro de equivocarnos completamente de debate. 
Señor Presidente, es cierto que será necesario un acuerdo sobre las inversiones, pero no cualquier acuerdo. 
El proyecto actual de tratado AMI lleva a límites caricaturescos la marca del ultraliberalismo. 
Nos dicen que se trata de proteger a los inversores no nacionales, quienes tendrían mucho que temer a los Estados. 
Pero esta protección se antepondría a los derechos de los ciudadanos nacionales y a los derechos de los Estados. 
Los inversores no nacionales tendrían la posibilidad de oponerse a cualquier política y acción gubernamentales que significaran una disminución de sus beneficios. 
Tendrían derecho a una protección integral y constante, imponiendo una interdicción absoluta a los Estados, no sólo en relación con posibles medidas de nacionalización, sino también en relación con toda medida de efecto equivalente, con, por añadidura, una cláusula que haría irreversible cualquier medida de liberalización decidida por un gobierno. 
¿Cómo se ha podido llegar a negociar esta monstruosidad? 
¿En la OCDE han creído que la ciencia y el dinero organizan la paz del mundo? 
No, la paz del mundo es el resultado del acuerdo de los gobiernos democráticos que la organizan y protegen. 
En el marco de esta paz, los inversores pueden prosperar con la condición de no destruir, vilipendiar o tergiversar los acuerdos democráticos. 
La opinión pública se ha dado cuenta de esta evidencia. 
En pocas semanas, se ha puesto en contra de este proyecto de acuerdo, a pesar de su apariencia atrayente, ya que se trataba de garantizar que en el futuro todo sería libre y que no existiría discriminación alguna, salvo algunas excepciones, sobre todo culturales y audiovisuales, que los Estados- malos alumnos- podrían obtener con la condición de que lo pidan formalmente. 
Cuando se dice que todo será libre y que no existirá discriminación alguna respecto a los inversores extranjeros, ¿eso está dirigido a los Estados no democráticos? 
Claro que no. 
Se sabe perfectamente que pueden firmar tratados sin ninguna intención de respetarlos, salvo que se les declare la guerra. 
Nos acercamos, pues, a la verdadera razón que está en el origen de esta negociación. 
Se trata, en realidad, de facilitar las inversiones extranjeras en los países democráticos desarrollados, sin importar que los inversores procedan directamente de las sociedades multinacionales o, indirectamente, de las diferentes mafias o dictaduras que existen en el mundo. 
Pero entre los países democráticos que están en la mira se encuentran evidentemente los de la Unión Europea, ya que constituyen un inmenso mercado que está organizándose socialmente, para convertirse en una fuerza democrática sin par en el mundo, capaz de dar la mayor preeminencia posible a los derechos humanos. 
Pero ocurre que la democracia lleva tiempo y que aún no hemos definido todas nuestras normas medioambientales, todas nuestras normas de protección de los consumidores, ni siquiera los aspectos sociales mínimos. 
Tampoco contamos con instituciones centrales lo suficientemente fuertes como para que puedan hacer respetar nuestras opciones y realizar las negociaciones con una sola voz. 
Puede comprenderse, entonces, que algunos tengan prisa por crear las condiciones capaces de destruir esta construcción democrática, imponiendo otras leyes, como la del dinero, o incluso la de los Estados Unidos. 
Se trata, por lo tanto, de un mal proyecto. 
Se ha elaborado al margen de la sociedad civil y democrática, como lo ha demostrado el informe de Catherine Lalumière. 
Por consiguiente, hay que abandonarlo, no por reacción epidérmica- Sir Brittan -, sino para volver luego a intentarlo en el marco, por ejemplo, de la OMC. 
Señor Presidente, permítame que agradezca en primer lugar a Sir Leon Brittan su incansable contribución a la objetividad del debate. 
Yo creo que lo más importante es examinar cuál es en realidad el objeto del acuerdo. 
Le agradezco al señor Kreissl-Dörfler su constatación inequívoca de que es necesario un acuerdo. 
Yo creo que también podemos constatar que la política se enfrenta con exigencias cada vez mayores. 
Se repite continuamente que tenemos que controlar la globalización. 
El señor Kittelmann ha dicho hoy que el Parlamento Europeo también debe participar en la definición de las normas para los crecientes intercambios mundiales. 
Por esto yo quisiera romper una lanza en favor del acuerdo multilateral para las inversiones y yo creo que habría que desmitificar todo el proyecto. 
En efecto, su finalidad es sólo que las condiciones no sean peores para los inversores extranjeros y las inversiones extranjeras que para los nacionales. 
Este es el enunciado y yo creo que todos deberíamos suscribirlo. 
Queremos garantizar unas normas exigentes, una liberalización razonable de la regulación de las inversiones y un procedimiento eficaz para dirimir los conflictos. 
Yo creo que es necesario que los conflictos se diriman de manera satisfactoria en este ámbito. 
Las negociaciones que se están desarrollando en relación con el AMI han generado una creciente demanda de información por parte de la opinión pública. También se ha reconocido la importancia del tema. 
Las inversiones transfronterizas se han convertido entre tanto en el motor más importante de la economía mundial. Datos convincentes así lo demuestran. 
Los flujos anuales de inversiones se han multiplicado por diecisiete en los últimos trece años y han pasado de 25.000 millones de dólares estadounidenses a 424 millones. 
Sólo en mi país, Austria, un 8 % del producto interior bruto corresponde a inversiones procedentes del extranjero. Esto asegura muchos puestos de trabajo. 
En todo el mundo existen al menos 1.500 acuerdos en vigor para este tipo de inversiones. 
Es evidente, por lo tanto, que ha aumentado enormemente la necesidad de crear un marco jurídico adecuado. 
Un marco jurídico como el que ya tenemos, por otra parte, desde 1947 para el tráfico de mercancías, con el acuerdo del GATT, y desde 1995 para el tráfico transfronterizo de servicios. 
El presente proyecto garantiza la igualdad de trato para los nacionales y también el régimen de nación más favorecida. 
Ofrece al empresario francés, por ejemplo, la seguridad de que sus competidores en el mercado no gozarán de ventajas competitivas debido a factores discriminatorios vinculados a la localización. 
Señor Presidente, el acuerdo AMI iba a tener consecuencias en todo el mundo. 
Por eso es también que casi todo el mundo ha reaccionado en contra de este acuerdo. 
Quinientas sesenta organizaciones de sesenta y siete países se han unido en un llamado conjunto para exigir mayor transparencia, mayor apertura, discusiones más libres y participación de la sociedad civil. 
Quiero felicitar a todos, incluidos mis colegas del Parlamento Europeo, quienes han colaborado para mostrar la verdadera cara del AMI. 
¿Qué hemos aprendido con esto? 
¿Qué han aprendido con esta discusión la Comisión, los negociadores, entre otros el Comisario Leon Brittan y quizás también Burenstam Linder? 
Pues bien, simplemente que así no se pueden hacer las cosas. 
Un tratado de inversiones no debe limitar las posibilidades sino, por el contrario, debe facilitar la realización de los acuerdos medioambientales internacionales que han sido aprobados. 
Por esta razón, los acuerdos deben señalar claramente que los objetivos medioambientales son de carácter superior. 
Del mismo modo, los acuerdos internacionales tienen que supeditarse a los acuerdos y planes de las grandes conferencias de la ONU, incluso en el sector de las inversiones. 
Además, hay que dejar establecido que en un acuerdo multilateral de inversiones los derechos humanos tienen que ir antes de los derechos de las empresas. 
Sólo entonces, creo yo, que ustedes podrán tener éxito con un acuerdo de esta naturaleza. 
Existe un grado de consenso mayor sobre esta cuestión de lo que los protagonistas desean reconocer. 
El hecho es que la mayoría, pero no todos los que han hablado, ve la conveniencia de un acuerdo internacional sobre inversiones y está en lo cierto. 
Está en lo cierto porque constituye una caricatura absurda presentar semejante acuerdo, siempre que sea del tipo adecuado, como algo que simplemente beneficie a las empresas multinacionales. 
En absoluto. 
Si nos preocupan las personas que están sufriendo las consecuencias de la crisis asiática, si nos preocupa que en un país como Indonesia haya, literalmente, millones de personas que ahora están por debajo de la línea de la pobreza por culpa de dicha crisis, tenemos que interesarnos por atraer inversión a esos países, porque ésa es una de las formas de lograr la recuperación. 
Mientras no haya un marco adecuado que permita a la gente invertir de forma segura, no se atraerá a la inversión. 
Ésa es la realidad de la situación. 
No se puede forzar la inversión. 
Se puede hacer lo que se quiera. 
Se puede chillar y se pueden gritar lemas desde el cielo, pero la gente no invertirá, a no ser que esté convencida de que existe la posibilidad de conseguir un rendimiento. 
Ésa es la razón por la que redundará en pro de los más pobres del mundo que haya un marco adecuado para la inversión. 
Eso no significa que deba haber cualquier acuerdo. 
La cuestión es qué acuerdo debe haber y dónde debe estar el foro. 
He de decir, en particular a la Sra. Moreau, que algunos de los que han hablado en respuesta a la declaración de la Comisión parecen haber decidido lo que iban a decir antes de oír dicha declaración y parecen haber hecho observaciones completamente injustificadas respecto de ella. 
En particular, he dicho desde el principio que, por lo que a nosotros se refiere, el foro primordial para semejante acuerdo debe ser la OMC y debe serlo porque allí es donde los países en desarrollo están presentes y donde se pueden atender más plenamente sus preocupaciones. 
Lo he dicho con toda claridad y en muchas ocasiones anteriores. 
Naturalmente, hay que ver lo que ha sucedido en la OCDE en el marco de esa opinión. 
No he formulado observación peyorativa alguna sobre el Gobierno francés. 
Si eso ha oído Su Señoría, ha oído algo que no he dicho. 
Debe retirarlo, porque no he dicho nada semejante. 
El hecho es que lo que ahora hemos de examinar, si tenemos que acudir ahora a la OMC- cosa probable y de la que siempre he sido partidario, en cualquier caso -, es, de hecho, una de las enseñanzas que se desprendieron de la negociación celebrada en la OCDE. 
No rechazo esa negociación por considerarla inválida o inapropiada. 
El caso es que esa negociación se inició con arreglo a un mandato que contó con el apoyo unánime de los Estados miembros, todos ellos Gobiernos democráticos, después de que se celebraran debates en este Parlamento también, no con arreglo a una orden irresponsable y de un abuso de poder de la Comisión. 
Eso es absurdo. 
El año pasado el Consejo de Ministros elogió los avances logrados y pidió que se siguiera avanzando. 
De modo que no ha sido una travesura por nuestra parte haber seguido adelante, sino una negociación responsable en un foro responsable. 
Era legítimo que los Estados miembros- incluidos todos y cada uno de ellos- creyeran que una negociación en la OCDE podía constituir una plataforma a partir de la cual se podía pasar a las negociaciones en la OMC y que podía aportar enseñanzas. 
Todo eso está claro. 
He dicho con claridad ante esta Asamblea una y otra vez- y la más reciente hoy, para quienes estén dispuestos a escuchar-que nosotros, en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea, no estábamos dispuestos a concluir una negociación y a firmar un acuerdo que no ofreciera una protección adecuada para las preocupaciones que se han expresado sobre el medio ambiente, sobre los asuntos audiovisuales y otros asuntos culturales y sobre la observancia de las normas laborales de la OIT. 
No concluimos las negociaciones y no vamos a concluirlas sin reflexionar sobre las preocupaciones legítimas de los Estados miembros por esos asuntos, porque en eso estriba el mandato. 
La única cuestión era la de si existía una posibilidad razonable de concluir esas negociaciones con un acuerdo aceptable o no. 
Creo que nunca sabremos la respuesta a esa pregunta, porque es probable que las negociaciones no concluyan de ese modo. 
No sé cuál sería la respuesta, pero lo que sí sé es que no existe el menor fundamento para dar a entender que la Comisión llegaría a un acuerdo, ¡cuando hemos dicho expresamente que no lo haríamos sin atender las preocupaciones legítimas y razonables que se han expresado! 
Ahora bien, puede ser que el escenario pase a la OMC. 
He dicho que lo consideramos, en cualquier caso, el foro preferible y el lugar principal en que se debería celebrar una negociación. 
Para lograrlo, debemos convencer a todo el mundo de que debe haber una nueva ronda del Milenio y tenemos que convencer a la gente de que en ella debe haber una negociación sobre la inversión. 
Podremos hacerlo y rendiremos cuentas al respecto a los Gobiernos, democráticamente elegidos, de la Unión Europea y, como un distinguido orador ha tenido la generosidad de decir, la Comisión reconoce también sus obligaciones para con el Parlamento Europeo. 
Una cosa que debo decir- y que, según se ha dicho, es peligrosa- es que se ha hablado mucho de soberanía. 
¿Qué significa? 
Por lo que a la soberanía se refiere, cualquier acuerdo internacional sobre cualquier asunto representa, en cierta medida, la aceptación de una limitación de la soberanía. 
El acuerdo por el que se crea la Unión Europea es una expresión de la limitación de la soberanía. 
El Tratado de Maastricht limita la soberanía, el Tratado de Amsterdam limita la soberanía, pero lo han subscrito gobiernos democráticamente elegidos con el apoyo de parlamentos democráticamente elegidos, porque creen que podemos llegar a un acuerdo internacional que redunde en nuestro beneficio y gracias a él lograr algo que los gobiernos por separado no pueden lograr. 
Si se toma au pied de la lettre ese argumento sobre la soberanía, como se ha hecho hoy, no se podría subscribir acuerdo internacional alguno sobre nada. 
Naturalmente, se puede desear que haya disposiciones en los acuerdos que permitan la retirada de ellos en un momento determinado y con determinadas condiciones. 
Eso es razonable y puede o no ser apropiado en este caso. 
Pero el argumento sobre la soberanía es un recurso a las emociones y una contradicción respecto de todo lo que hemos logrado en la Unión Europea en los 40 últimos años, porque, si hubiera prevalecido dicho argumento, nunca habríamos comenzado y ninguno de Sus Señorías estaría hoy aquí. 
Valoro su presencia y espero que podamos trabajar conjuntamente para lograr los resultados idóneos en el lugar idóneo, pero sólo podremos hacerlo si hablamos con claridad y desechamos algunas de las emociones que han teñido indebidamente un asunto importante y sobre el que es necesaria más luz y un poquito menos de acaloramiento. 
Señor Presidente, desearía insistir en las palabras que he pronunciado y que el comisario ha corregido. 
He oído la apreciación según la cual el Gobierno francés habría tenido una reacción epidérmica frente al AMI. 
Una reacción epidérmica, en francés, es una reacción irreflexiva. 
Por eso es por lo que considero que se trata de una apreciación peyorativa en relación con mi Gobierno, elegido democráticamente, como los demás. 
Por otro lado, varios colegas han recogido esta expresión; por eso he pedido al Sr. Brittan que la retire. 
Llegados a este punto, no tengo la intención de reabrir el debate. 
Voy a conceder brevemente el uso de la palabra sólo a dos oradores. 
Señor Presidente, Sir Leon Brittan, todos los presentes saben perfectamente que los tratados internacionales, como también ocurre con el Tratado de la Unión Europea, limitan la soberanía en determinados ámbitos. 
Nosotros tampoco tenemos nada que objetar contra ello. 
Sin embargo, lo que ha dicho el Sr. Jospin y también decimos nosotros es que este tratado, este AMI, limita la soberanía de un Estado en un grado extraordinario, que ya no es comparable con la limitación de la soberanía que impone el Tratado de la Unión Europea, por ejemplo. 
Dicen que en este caso se busca, de hecho, un trato preferente en el ámbito de las inversiones, ¡magnífico! 
Pero la UE es mucho más que un simple mercado interior. 
Lo que está en juego es un proyecto común para Europa. 
Esta es la diferencia decisiva. 
A cambio de ello estamos dispuestos a ceder gustosos una parte de la soberanía, pero no a cambio de un AMI bajo su presente forma. 
Yo espero que estén de acuerdo conmigo en este aspecto. 
Si así fuese habríamos avanzado un paso decisivo. 
Señor Presidente, yo no sé si usted comparte mi impresión. 
Hace un momento yo he tenido a ratos la impresión de que estaba en una sesión de la Asamblea Nacional Francesa y no del Parlamento Europeo. 
Sir Leon Brittan, yo quisiera apoyarle en un punto y hacerme eco de su convencimiento. 
Sin un acuerdo multilateral para las inversiones no habrá inversiones. 
Yo les ruego a todos los del bando izquierdo, que hablan con tanta vehemencia de cara a la galería, que se lo expliquen a los países del Tercer Mundo cuando no haya inversiones. 
Cuando quieren invertir su propio dinero, su dinero privado, en algún sitio, también ustedes piden garantías. 
Además, el acuerdo se modificará, se está renegociando. 
Pero si el Tercer Mundo deja de recibir luego un apoyo a través de las inversiones, habrán causado ustedes un daño que irá más allá de la obstaculización de un acuerdo por meras razones ideológicas. 
El debate queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.15 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A-0364/98) del Sr. Lance, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de motores diesel destinados a la propulsión de vehículos (CON (97) 0627- C4-0194/98-97/0350 (CON) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, exactamente en este día hace casi un mes acordó este Pleno, en tercera lectura, la legislación para turismos y vehículos industriales ligeros. 
En los últimos quince años se han reducido en un 95 % los valores límite de emisión de gases de escape de turismos y vehículos industriales ligeros en Europa. 
Ahora estamos debatiendo sobre los vehículos industriales pesados, los camiones y los autobuses. 
Hay que constatar a este respecto que sólo había una tímida legislación, aunque no tan tímida como la de los turismos. 
La consecuencia de ello es que, por el momento, el 50 % de todas las emisiones de óxido nítrico y de todas las emisiones de partículas producidas en Europa proceden de camiones y autobuses y no de los automóviles, mucho más numerosos. 
Los camiones y autobuses son sólo una parte de los vehículos que circulan por las carreteras, aproximadamente unos 200 millones. 
Ahí tiene que haber algo que no va bien, y en efecto es así, concretamente debido a que hasta ahora no es necesaria una instalación de depuración de gases de escape para camiones y autobuses. 
Las ligeras reducciones de los valores límite han podido ser asimiladas por los productores adaptando un poco la tecnología del motor, cambiando los inyectores, el ajuste de los motores, esto es, sin un tratamiento específico dirigido a las emisiones de gases. 
Por ello me pregunto: ¿podemos seguir aceptándolo todavía cuando estamos estableciendo valores límite rigurosos para las emisiones de gases de los turismos y de los vehículos industriales ligeros como para que sea absolutamente necesaria la instalación de un catalizador en la salida de gases? 
Mi respuesta es no. 
Necesitamos urgentemente una legislación sobre gases de escape para camiones. 
Por ello la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor va más allá de la fase 2000, que se sigue basando en la sola mejora de los motores, estableciendo una segunda fase a partir del 2005, que obligará a instalar de un catalizador que reduzca a) el óxido de nitrógeno y b) las partículas de humo, especialmente. 
Esto no es una utopía, sino el estado de la técnica. 
Ya hay automóviles con catalizadores que reducen la emisión de óxido de nitrógeno. 
Existen programas de prueba completos que, por cierto, también son subvencionados por el Gobierno Federal Bávaro, por el TNO de los Países Bajos, e incluso Fiat Iveco lo hace en Suiza conjuntamente con la Oficina General de Medio Ambiente de ese país. 
Hay una combinación de filtros para la reducción del nitrógeno y hay filtros para partículas. 
En Paderborn se realizan experimentos desde hace medio año y los resultados muestran claramente que los valores límite que nosotros proponemos son realistas y alcanzables. 
Repetiré nuevamente el objetivo central de esta segunda fase 2005: queremos que los sistemas de tratamiento de gases de escape se instalen en fábrica también en los vehículos industriales pesados y en los autobuses. 
Por lo demás, desde el punto de vista del precio también sale rentable, porque la producción en masa, naturalmente, lo reduce. 
Por ahora se calcula un costo de producción de 3000 Ecus. 
Pero el efecto decisivo ha sido que, como hasta ahora sólo se había intentado ajustarse a los valores límite para los gases de escape mediante mejoras en la tecnología del motor, el consumo ha aumentado porque sólo se aspiraba a reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y no de dióxido de carbono. 
Como ahora se instalará un catalizador para óxido de nitrógeno, es decir, como se reducirán las emisiones de óxido nitrógeno mediante un catalizador, podremos reducir aproximadamente en un 10 % el consumo de los camiones. 
Creo que un 10 % menos de consumo en los camiones cuando está creciendo el tráfico de vehículos pesados en Europa es ya una contribución a la reducción de dióxido de carbono en Europa. 
Por tanto, junto al efecto del tratamiento de los gases se consigue también un ahorro en el consumo de vehículos pesados. 
Naturalmente, además de esto proponemos que aumenten el mantenimiento y el control hasta equipararse con el de los turismos y los vehículos industriales ligeros. 
En función de esto, señor Comisario, quisiera pedirle que demuestre un poco de coraje y que no decida lo que ya existe. 
En septiembre hubo una gran feria de camiones. 
El lema fue: los productores de camiones listos para Euro III. Los visitantes pudieron convencerse de que los productores de camiones cumplen las normas de Euro III dos años antes de que sea legalmente obligatorio. 
No podemos ir y decir: nosotros acordamos esto que desde hace dos años es ya técnicamente realizable. 
No, debemos ser más ambiciosos. 
Tenemos que preocuparnos de que los vehículos pesados, de los que no podemos prescindir, sean lo más respetuosos con el medio ambiente como sea posible. 
Señor Presidente, no quiero emplear mucho tiempo de la Asamblea, pero primero me gustaría mucho felicitar al Sr. Lange por su continuación de la labor sobre estos asuntos muy técnicos e importantes. 
Como ponente sobre la calidad del aire, quiero simplemente destacar la importancia de estos asuntos para la calidad del aire. 
Probablemente este informe tenga que arrostrar las consecuencias de los títulos largos y difíciles, pero es una medida muy importante en la lucha por mejorar la calidad del aire y, por consiguiente, la salud de nuestros ciudadanos. 
Los valores límite que se están fijando en la primera directiva sobre la contaminación atmosférica, que actualmente está entre la primera y la segunda lectura en esta Asamblea, dependen de todo el conjunto de medidas del programa Auto-oil, del que esto forma parte intrínseca, en realidad. 
Las directivas relativas a la calidad del aire establecen límites para las emisiones en el año 2005 y en el año 2010. 
De modo que el texto que estamos debatiendo esta noche es una pieza muy necesaria de ese rompecabezas. 
En Gran Bretaña, el 80 %, aproximadamente, de nuestras mercancías es transportado ahora por carretera, en comparación con el ferrocarril, las vías fluviales y otros medios. 
Así, pues, los camiones pesados tienen consecuencias importantes para la salud de nuestros ciudadanos. 
La mayoría de los camiones pesados funcionan con motores diesel y éstos son los causantes de una gran cantidad de contaminación en forma de partículas y óxidos de nitrógeno. 
También contribuyen a la formación de ozono y de niebla tóxica estival. 
Conocemos perfectamente esos problemas. 
Varias de las enmiendas apoyadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se refieren en particular a las partículas y al óxido de nitrógeno y reconocen la diferencia entre los contaminantes emitidos en las ciudades y los que emiten los medios de transporte de largo recorrido. 
Las investigaciones que se han hecho sobre las partículas, o humo negro, subrayan la necesidad de fijar el plazo del año 2005 en esta propuesta, precisamente para que la industria tenga que crear los dispositivos anticontaminación necesarios, como las trampas para partículas, y disponga del período de tiempo para poder hacerlo. 
Hace poco aprobamos la legislación que impone la utilización de combustibles con poco contenido de azufre a partir del año 2005. 
Éste es el otro aspecto lógico de esa ecuación. 
No debemos escuchar las voces que piden un aplazamiento. 
En conclusión, quiero subrayar simplemente lo esencial que es mantener los limites más estrictos posible de las emisiones, como hemos impuesto en otros aspectos del programa Auto-oil. 
Garantizar la salud de nuestras generaciones futuras es uno de los aspectos más tangibles de la labor que hacemos aquí, en el Parlamento Europeo, para atender las necesidades y los deseos de nuestros ciudadanos. 
Apoyo plenamente las enmiendas del Sr. Lange y su labor sobre un sector muy técnico. 
Señor Presidente, señor Comisario, me alegro de que en los últimos meses hayamos podido discutir e incluso aprobar un buen número de informes interesantes en esta Asamblea, en parte en el procedimiento de codecisión que tiene como objetivo dar un sentido al mercado interior también en el ámbito del transporte y la movilidad. 
Porque si nosotros tenemos claro que el mercado interior es un éxito, entonces hemos de dar por sentando que queremos movilidad. 
Yo quisiera que haya movilidad, y no sólo de personas, sino también de bienes y servicios. 
Este es el sentido del mercado interior. 
Esta es la respuesta al reto global y por esto necesitamos y queremos en Europa valores calculables de cara a la movilidad, pero también de cara a los transportistas, los cuales en el futuro querrán y tendrán que recibir una buena cantidad de dinero para circular con vehículos equipados con depuración de gases. 
Para ello necesitamos, no obstante, valores fiables y calculables. 
No estoy del todo seguro si es la Comisión la que titubea o si más bien no es en el fondo el Consejo quien siempre se muestra irresoluto y exclama, dios mío, dios mío, no podemos aprobar unos valores tan rigurosos. 
Creo que los que titubean están en ambos sitios. 
Quisiera felicitar al ponente por el documento que nos ha presentado. 
Lo apoyaremos gustosamente. 
Quisiera resaltar una vez más que el sistema de diagnóstico a bordo es para mí una cuestión importante. 
Pero no menos importante es para mí que este sistema no nos lleve automáticamente a un capó bloqueado electrónicamente de modo que mis pequeños y medianos empresarios no tengan ningún tipo de acceso a tales aparatos electrónicos de mando. 
Le estaría muy agradecido, señor Comisario, si usted, en el caso de que recibiese el encargo de nuestra parte y de que lo aceptase, siguiese trabajando en el futuro en ese documento concerniente a los DAB, para que se asegure que las pequeñas y medianas empresas puedan realizar también trabajos de mantenimiento. 
Quisiera insistir en que el Programa Auto-Oil fue el punto de arranque. 
Tuvimos socios obstinados, el Parlamento ha dado una buena prueba de que la competencia ha llegado a esta Asamblea. 
La hemos aceptado gustosamente, y también gustosamente la hemos compartido con ellos. 
Señor Presidente, según era de esperar, el colega Lange ha vuelto a entregar un informe excelente. 
Las enmiendas a la propuesta de la Comisión que se recogen en el informe están completamente en línea con las enmiendas que el Parlamento Europeo realizó también en aquel tiempo a través del procedimiento de conciliación cuando tratábamos de la otra parte del programa Auto-oil, a saber: los turismos y los vehículos industriales ligeros. 
Ahora hablamos, pues, de camiones. 
Se trata de los sistemas obligatorios para el diagnóstico a bordo, de la perdurabilidad de los esquemas de limpieza de emisiones y de las normas obligatorias en el 2005. 
Cuando miro el informe Lange, las propuestas y las normas para el año 2005 de combustible diesel me parecen realistas. 
Pero si partimos de las técnicas best available, entonces la calidad del aire puede mejorarse aún algo más. 
La esperanza es, por tanto, que los camiones puedan cumplir las normas sin problemas en el año 2005 gracias a las tecnologías en continuo y rápido desarrollo, incluso sin ninguna tecnología depuradora, como los catalizadores. 
Por eso la enmienda del colega Hautala me parece más ambiciosa. 
Acabamos de hablar sobre ello en el Grupo liberal, y la mayor parte de mi Grupo opina que debemos apoyar la enmienda del colega Hautala. 
Debemos ser un poco ambiciosos, subir un poco más nuestras normas, porque entonces tendremos una buena posición de arranque para el procedimiento de conciliación con el Consejo. 
También confío en que la Comisión, habiendo aprendido entre tanto de las experiencias en el programa Auto-oil, nos apoyará en esos objetivos más ambiciosos en relación con las emanaciones de los motores diesel. 
Si alcanzamos esto, ya habremos andado un buen trecho para llevar a cabo la integración del medio ambiente en el sector de transportes. 
Señor Presidente, el Sr. Lange sigue dando muestras con su labor de un enorme conocimiento en la materia, esta vez en el ámbito de los vehículos pesados. 
A nadie le resultará difícil comprender la importancia que reviste purificar las emisiones de los autobuses y los camiones. 
No obstante, desearía que fuéramos un poco más ambiciosos por lo que respecta a una cuestión en particular, la relativa a la emisión de partículas. 
El Sr. Eisma acaba de afirmar que, si logramos hacer uso del mejor concepto tecnológico disponible, podremos proponer de cara al año 2005 un valor límite ligeramente más riguroso para las partículas. 
A aquellos que alberguen dudas sobre este hecho quizás les interese saber que, según parece, la propia organización de la industria automovilística, ACEA, considera que se trata de un objetivo posible desde un punto de vista técnico. 
He visto estos documentos con mis propios ojos. 
Lo que ya es otra historia es que intenten en cierto modo eludir requisitos de carácter vinculante. 
Sin embargo, como ya hemos demostrado en este Parlamento con motivo del programa Auto-Oil, deseamos enviar un mensaje claro a la industria por lo que, como ya ha propuesto el Sr. Lange, lo que queremos son unos valores límites de carácter vinculante. 
Lo importante ahora es que prestemos una gran atención a las decisiones adoptadas en el programa Auto-Oil. 
Estamos logrando la incorporación al mercado de combustibles más limpios y con una menor concentración de azufre, que son precisamente los combustibles que precisa una tecnología más avanzada en el sector automovilístico. 
Hemos dado a entender que queremos una nueva generación de catalizadores; queremos filtros que eliminen las partículas peligrosas para la salud humana. 
De hecho, ya es posible encontrar estos avances tecnológicos en el mercado. 
Así, por ejemplo, la mayor cadena de supermercados del Reino Unido, TESCO, ha decidido equipar a todos sus vehículos con unos filtros de partículas muy avanzados que hacen posible verdaderamente la reducción de las emisiones de partículas si, además, se utiliza combustible diesel con una baja concentración de azufre. 
Señor Presidente, señor Comisario, Bernd Lange ha escrito un informe muy bueno sobre la reducción de las emisiones de los vehículos pesados. 
Estoy de acuerdo con él en la mayoría de los puntos y quiero apoyar sus propuestas. 
Sin embargo, opino que sus exigencias son demasiado ambiciosas en un aspecto. 
Ha propuesto que el límite máximo de emisiones de óxidos de nitrógeno será de 2, 0. Yo propongo que dicho límite sea de 3, 0. 
La organización automovilística ACEA ha manifestado que es posible disminuir las emisiones de nitrógeno en un 30 por ciento de aquí al año 2005, contando desde el nivel de 5, 0 gramos en el año 2000. 
Esto significaría 3, 5 gramos por kilovatio/hora. 
No obstante, al mismo tiempo aumenta el consumo de carburantes lo cual es problemático, entre otras cosas, desde el punto de vista del efecto invernadero. 
Hemos debatido mucho este asunto en el Parlamento y es otro de los objetivos medioambientales. 
A pesar de esto, sin embargo, creo que se podría ir aún más lejos que lo que se propone y que se podría bajar hasta 3, 0 gramos por kilowatio/hora. 
En cuanto a la propuesta Auto-Oil, que yo considero un gran éxito del Parlamento, los ponentes Lange y Hautala hicieron un gran trabajo. En ella se utilizaron estudios que demostraron que estábamos pisando terreno muy firme cuando presentamos las diferentes propuestas, entre otras, las referentes a la calidad de los carburantes. 
Tratándose de motores diesel, todavía se están realizando vastos estudios experimentales. 
Opino que se deben evaluar esos estudios y posteriormente presentar propuestas que se basen en ellos. 
Finalmente, quiero dar mi apoyo a las propuestas de Langer sobre incentives económicos, es decir, la posibilidad de usar medios económicos de gestión para lograr exigencias quizás aún más severas que las que él mismo ha fijado. 
Señor Presidente, las diferencias de opinión que tenemos el Sr. Lange y yo de tanto en tanto no me impiden alabar la calidad de su informe. 
Para nosotros es también un estímulo interesante. 
Pero como ya ha sido dicho durante la discusión, la Comisión- y, por cierto, los Estados miembros también- parte tras las primeras deliberaciones de un concepto sustancialmente distinto. 
Respecto de los turismos y de los vehículos industriales ligeros nos decidimos, tras una larga discusión, a proponer una segunda fase con valores indicativos. 
Esto se cambió. 
Pero creemos, dado que los tests necesarios aún no nos han proporcionado todos los datos, que no sería sensato- sobre todo tampoco en el sentido de un mejor aprovechamiento de las posibilidades técnicas- fijar ahora de modo vinculante los valores para el 2005. 
Y tanto más, señor Lange, cuanto que nos hemos comprometido a proponer antes de finales de 1999 los valores para una segunda fase. 
Esto significa que tenemos, o sea, que la industria tiene todavía cinco años de tiempo. 
Tenemos tiempo todavía para tener en cuenta los resultados del Programa Auto-Oil-2. 
Entonces tendremos más datos. 
Sobre todo tendremos una mejor coordinación internacional. 
Queremos fijar esos valores a escala internacional, de modo que solicitamos su comprensión si la Comisión no puede aceptar una transformación fundamental del plan como la que ustedes proponen. 
Creo que no es ninguna profecía afirmar que los Estados miembros se inclinarán más bien hacia nuestro planteamiento. 
Por ello quisiera ocuparme ahora brevemente de las distintas enmiendas. 
Podemos aceptar en su totalidad dos enmiendas, concretamente la 11 y la 12, y podemos aceptar en lo fundamental cuatro enmiendas, es decir, se debería revisar su formulación, y para ello tenemos aún tiempo, y son las enmiendas 6, 16, 17 y 24. 
Podemos además aceptar parcialmente cinco enmiendas, que son la 3, 5, 7, 8 y 20. 
Se refieren a la necesidad de utilizar combustible de alta calidad para el cumplimiento de los estándares futuros de emisión de gases- enmienda 3, segunda parte -, y a la necesidad de vincular los estándares futuros con las exigencias de durabilidad, esto es la enmienda 5. 
De todos modos queremos hacer un paquete que, naturalmente también incluya- esto lo digo por el Sr. Florenz- las exigencias de los DAB. 
Esto debe constituir un paquete uniforme, porque un elemento apoya al otro. 
Dado que aspiramos a una regulación internacional, podemos aceptar sin problemas la número 7, la 8, segunda parte, y la 20. Representan un apoyo al plan de un ciclo de controles internacionalmente armonizado. 
Por las razones que he mencionado a título general no aceptamos las otras propuestas. 
Creo que, como estamos ahora en la primera lectura, no será necesario que entre en las razones del rechazo de cada una de las propuestas de enmienda. 
Este es el punto en que ahora nos encontramos. 
Veamos, pues, lo que decida el Consejo. 
Es posible que en la siguiente sesión se adopte una posición común, de modo que podamos seguir avanzando con relativa rapidez en las deliberaciones. 
Entonces vendría la segunda lectura. 
Luego veremos lo que ocurrirá en el subsiguiente segundo asalto. 
La Comisión está relativamente tranquila al respecto, porque creemos que esta propuesta significará, en cualquier caso, una mejora muy notable. 
En esto, naturalmente, el Sr. Lange tiene razón. 
Durante mucho tiempo hemos obviado este tema, todos nosotros, por cierto. 
No recuerdo que el Parlamento nos haya presionado para avanzar en este tema. 
Pero bueno, esto no debe ser una excusa para nosotros. 
Ahora estamos avanzando. 
Pienso que quizás avanzamos incluso más deprisa. 
Si, como ha señalado el Sr. Lange, la técnica ha avanzado con igual rapidez, es muy posible que durante el año 1999 formulemos propuestas obligatorias para el 2005 que se aproximen bastante a lo que el Sr. Lange propone ahora. 
Pero como esto lo queremos hacer precisamente en 1999- lo cual no es por negligencia, sino por la conciencia de que aún tenemos tiempo y de que lo deberíamos aprovechar-no necesitamos mantener una gran lucha entre nosotros en torno a los principios. 
Señor Presidente, señor Comisario, permítanme una pregunta más. 
Usted es un comisario muy experimentado y, por así decir, atrapado en las instituciones europeas. 
¿Podría aclararme de nuevo en qué porcentaje de casos la Comisión entrega una propuesta en el plazo anunciado? 
En segundo lugar: Si usted presenta la propuesta para la fase 2005 lo más pronto en otoño de 1999, y dado que, precisamente, el período de desarrollo de los motores para camiones es aproximadamente el doble de largo que el de los motores para turismos, esto es, aproximadamente de cinco años ¿cuánto calcula usted que durará el período legislativo en vista de la experiencia de Auto-Oil-1, donde duró más de dos años? 
Señor Presidente, creo que cumplimos bastante bien los plazos. 
No tengo una visión de conjunto por lo que sólo puedo hablar del ámbito de que me ocupo, ya que lo conozco con exactitud. 
Puede ocurrir alguna vez que una propuesta que habíamos prometido se presente uno o dos meses después, pero conmigo se cumplen los plazos con exactitud. 
Como yo soy el responsable de ello, gracias a Dios, presentaré, la propuesta antes del final de 1999. 
Depende de ustedes la rapidez con que la discutan. 
No quiero hacerles reproches, además de que no es de mi competencia. 
Si no recuerdo mal, nosotros presentamos la propuesta en diciembre de 1997 y se está discutiendo ahora. 
Naturalmente, ha pasado un tiempo relativamente largo, pero como tuvimos que discutir durante mucho tiempo sobre cuestiones de detalle y esto no es necesario en la nueva propuesta- o eso espero, al menos -, podría suponer que la cosa estará lista para aprobación antes de un año. 
Como la industria también sigue los debates cuando hacemos una propuesta y se entera de lo que le concierne, cumplirá más o menos con los cinco años. 
No encuentro que esto sea una cuestión decisiva. 
Lo podremos hacer, sobre todo, precisamente si obtenemos una normativa que tenga una validez internacional más amplia. 
Esto es de gran importancia para la industria que, justo en este ámbito, está más presente internacionalmente que en otros. 
Creo que se puede intentar. 
Tomo su intervención, Sr. Lange, nuevamente como reto para ser todo lo puntuales que sea posible. 
Señor Presidente, una rectificación. Efectivamente, la Comisión aprobó la propuesta en diciembre de 1997, pero sólo seis meses después llegó la propuesta al Parlamento. 
Los 200 metros que separan la Comisión del Parlamento significaron seis meses de tiempo. 
Señor Presidente, para que esto no se quede así sin más, debo mencionar que nosotros, como es habitual, hacemos llegar al Consejo los documentos. 
Si el Consejo trata el asunto con la rapidez pertinente o no, es algo que está fuera de nuestras manos. 
Nada de que nosotros ahora seamos los culpables. 
El Consejo no puede pronunciarse ahora porque no está. Como suele decirse: Les absents ont toujours tort. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Bangemann. 
No creo que sea el momento de resolver la cuestión sobre quién tiene la culpa exactamente de los 200 metros que exigieron durante bastantes meses. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.15 horas. 
Emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura del informe (A4-0358/98) del Sr. Cabrol, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común del Consejo sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos debidas al uso de disolventes orgánicos volátiles en determinadas actividades industriales C4-0389/98-96/0276 (SYN) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta propuesta de directiva tiene el fin de reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles o COV, emisiones que se deben a la utilización de disolventes, productos orgánicos volátiles ellos mismos que se emplean en numerosas actividades industriales. 
El reto consiste en conseguir reducir en un 67 % las emisiones con respecto a 1990. 
La propuesta de directiva propone para ello tres medios diferentes. 
El primer medio se refiere al respeto de los valores límite de emisión. 
Éstos se mencionan en el Anexo II A. Así pues, para cada sector industrial se indican unos umbrales, unos valores a los que deben ajustarse las empresas. 
El segundo medio reside en la posibilidad que se da a los Estados miembros de introducir unos planes nacionales que produzcan, para el conjunto de los sectores industriales, los mismos resultados que el primer medio. 
El tercer medio consiste en la aplicación de unos planes de reducción que se definen en el Anexo II B, autorizando a cada empresa bien a utilizar disolventes que contengan menos COV, bien a cambiar de procedimientos o de material de tratamiento, o bien a recurrir a una combinación de ambos métodos para llegar a los mismos resultados que aplicando el primer medio. 
En la posición común se incluyeron algunas enmiendas que se correspondían con una mejora deseada por el Parlamento, pero otras enmiendas no están recogidas y la Comisión de Medio Ambiente propone que se voten las enmiendas que no están recogidas o, más bien, que se vuelvan a votar. Dichas enmiendas son las que cito a continuación. 
La enmienda nº 1, aunque un poco falta de realismo, pide la supresión total de las emisiones en lugar de limitarse a la máxima reducción posible. Las enmiendas nos. 
2 y 8 confirman nuestra preocupación de velar por la salud de las personas que, por su profesión, están expuestas a los disolventes orgánicos. 
La enmienda nº 3 pide la adecuación a la Directiva 96/61/CE así como la aplicación de las mejores técnicas disponibles. 
La enmienda nº 4 pide la inclusión de los disolventes utilizados por pintores de la construcción y por particulares que hacen trabajos caseros o «de bricolaje» , que representan el 30 % de las emisiones. 
La enmienda nº 5 propone examinar en qué medida las empresas que no sobrepasen los umbrales establecidos por la directiva podrían quedar cubiertas por futuras normativas. 
La enmienda nº 6 tiene por fin que algunos Estados miembros sean autorizados a mantener disposiciones más estrictas. 
La enmienda nº 7 pide que se alarguen hasta dos años los plazos de adaptación a las normas por parte de algunas empresas ya existentes. 
La enmienda nº 9 va destinada a permitir la medición de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles por cualquier método equivalente a la medición continua, lo que deja a las empresas la facultad de elección, a condición de que, sea cual sea el método, el resultado sea equivalente. 
La enmienda nº 10 va destinada a permitir la inclusión de los vagones y remolques en el apartado de «recubrimiento de un vehículo» , cláusula más fácil de aplicar por los profesionales y con unos resultados igual de eficaces. 
La enmienda nº 12 fija en tres años el plan de gestión de disolventes, lo cual parece fácilmente aplicable y más comprensible que pedir un plan de gestión anual. 
Por último, la enmienda nº 13, que por error lleva mi nombre y que, en realidad, ha sido presentada por el PPE, insiste en el principio de las mejores técnicas disponibles ya mencionadas en la enmienda nº 3. 
No obstante, aunque algunas de estas enmiendas hayan sido aceptadas dentro de la Comisión de Medio Ambiente, yo, por mi parte, a título absolutamente personal, deseo recordar, puesto que no siempre se me ha comprendido en estos casos, que personalmente me opondría a la segunda parte de la enmienda nº 11, la cual, debido a la limitación del umbral de consumo de disolventes, podría acarrear dificultades para la industria del cuero, así como a la enmienda nº 14, la cual, por otra parte, ha sido ya rechazada por la Comisión de Medio Ambiente y vuelve a ser propuesta por el PPE, porque esta enmienda rechaza los planes nacionales, que tan útiles son. 
Creo que la enmienda nº 15 ha sido retirada. 
Para terminar, no me queda sino recordar, señor Presidente, señor Comisario, Señorías, que esta directiva afecta a más de 400.000 empresas y a 10 millones de puestos de trabajo en sectores industriales muy diferentes. 
Merece pues que le dediquemos toda nuestra atención, lo mismo que a los riesgos que podría implicar en materia de puestos de trabajo para esas empresas el hecho de que aplicáramos medidas demasiado estrictas o que no tuvieran en cuenta la realidad. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar agradecer al ponente su excelente labor. 
Su primer informe en la primera lectura era muy equilibrado y presentaba un nivel muy alto de protección para la salud humana y el medio ambiente, al tiempo que reconocía las necesidades de la industria y las dificultades que encuentra- las pequeñas y medianas empresas sin lugar a dudas- para lograr algunos de los niveles establecidos en esta propuesta. 
Creemos que la posición común es en gran medida aceptable. 
Ha aceptado en su mayor parte gran número de las enmiendas que presentamos en la primera lectura. 
Pero no nos parece perfecta. 
El ponente ha abordado muy atinadamente algunas de las deficiencias de la posición común y el Grupo Socialista apoyará, desde luego, las enmiendas que ha presentado. 
Esperamos que la Comisión lo haga también. 
Otros colegas y yo hemos complementado sus enmiendas con otras, con vistas a colmar algunos de los agujeros por los que algunos COV podrían seguir escapando de la posición común y causándonos problemas. 
Por último, creo que la Comisión debe apoyarnos e instar al Consejo a aprobar esas enmiendas. 
No cabe duda de que propiciarán una importante mejora de las propuestas técnicas que figuran en la directiva, seguirán fortaleciendo la protección para la salud humana y el medio ambiente y establecerán plena y adecuadamente un terreno de juego igual para todos en toda la Unión, en particular para las pequeñas y medianas empresas, de modo que puedan alcanzar los objetivos de dichas propuestas y al mismo tiempo seguir siendo empresas viables, eficaces y que funcionen. 
Quisiera instar a la Comisión y al Consejo a que acepten estas enmiendas y nos ofrezcan una directiva de la que podamos estar orgullosos todos en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señoras y señores, con esta propuesta de posición común el Consejo ha mejorado sustancialmente el documento original de la Comisión. 
En opinión de nuestro Grupo, la posición común representa una reglamentación ponderada, tanto ecológica como económicamente, sobre la reducción de las emisiones de COV. 
Con las medidas propuestas se puede lograr el objetivo de reducir por lo menos en un 50 % respecto de 1990 para el área de la UE las emisiones de compuestos orgánicos volátiles originadas por la utilización industrial y comercial de disolventes orgánicos en los países industriales más importantes hasta el año 2010. 
Por ello, esta Directiva es una medida importante para reducir las sustancias precursoras de ozono troposférico y con ello para la lucha contra la contaminación veraniega en Europa. 
Como dijo el profesor Cabrol, se ha logrado una normativa practicable para las cerca de 400.000 empresas europeas, en su mayoría medianas respecto de los procedimientos de autorización y de registro. 
También las numerosas enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura han contribuido sustancialmente a esas mejoras. 
Limitar los denominados programas nacionales de reducción a los que ya existen sigue siendo un éxito a medias del Parlamento Europeo. 
Desgraciadamente, el Grupo Socialista ha dejado de apoyar nuestra propuesta de eliminar completamente los programas nacionales de reducción en la segunda lectura. 
Los programas nacionales de reducción son inútiles para la protección del medio ambiente europeo. 
Una prueba de la ineficacia de los programas nacionales de acción y de reducción es, para mí, el informe de la Comisión Europea sobre la ejecución de la directiva de los nitratos. 
Me resulta del todo incomprensible por qué la Comisión Europea se aferra al instrumento de los programas nacionales a pesar de todas las experiencias negativas. 
Tendremos oportunidad de examinar en los próximos años los resultados de esas medidas. 
El ponente, profesor Cabrol, ha admitido de manera loable algunas enmiendas que no fueron consideradas ni por la Comisión ni por el Consejo, pero que eran especialmente importantes para nosotros, como por ejemplo la petición de una reglamentación adicional para la comercialización de productos que contengan disolventes, de modo que nuestro Grupo puede apoyar en lo fundamental las presentes enmiendas. 
Señor Presidente, lo avanzando de la noche llama la atención ante la importancia de la propuesta que tramitamos. 
Es un asunto vital, en buenas condiciones o en malas condiciones, quizá de muerte, para muchas personas que trabajan con COV o están expuestos a ellos. 
Existen, por tanto, buenas razones para dar las gracias tanto a la Comisión como al Consejo por no haber sucumbido a la tremenda presión desplegada por la industria para hacer que se diera carpetazo a este asunto. 
Estas sustancias son lo que podría denominarse doblemente peligrosas. 
Por un lado, tienen efectos cancerígenos, producen daños cerebrales y muchos otros daños por contacto directo, es decir, a las personas que trabajan con estas sustancias. 
Existe un riesgo considerable en una larga serie de ambientes de trabajo. 
Por otro lado, si se produce su emisión a la naturaleza, originan cambios químicos o físicos y entre otros, crean una capa de ozono. 
Aunque una capa de ozono semejante a 10 kilómetros de altura es buena y necesaria, en la superficie terrestre es nociva. 
Tanto las personas como los animales pueden sufrir daños. 
Las elevadas concentraciones de ozono pueden ser motivo de riesgos para la salud de muy diversa índole. 
Diversos estudios demuestran que el punto máximo de las concentraciones de ozono ha tenido como resultado dolencias tales como asma, enfermedades de la vista, cefaleas constantes y en algunos casos extremos, fallecimientos. 
Con la directiva y el informe del Sr. Cabrol hemos dado un paso más en la dirección correcta. 
El ELDR no puede apoyar todas las enmiendas porque no pensamos que todas signifiquen avances. 
Sin embargo, hay una enmienda que quiero destacar especialmente y es la enmienda nº 1, pues ésta es la única solución al problema. 
No podemos protegernos de los problemas que suponen los COV. 
No sirve de nada. 
Hemos de acabar con ellos. 
El objetivo es simple: los COV deben ser sustituidos por un producto mejor y esto es precisamente lo que sugiere la enmienda nº 1. 
Señor Presidente, estimados colegas, creo que la Sra. Dybkjær acaba de aludir otra vez con mucho acierto a los peligros de esos compuestos orgánicos volátiles, y por parte de mi Grupo he de decir que no estamos muy satisfechos con el compromiso al que se ha llegado. 
Nos parece más que laxo, de forma que no se puede hablar realmente de un planteamiento ambicioso. 
Si se piensa que la posición común sólo establece que aquello que está ya vigente en la República Federal Alemana desde 1987 se aplicará a la UE tan sólo a partir del 2007, entonces nos debe parecer ridículo porque esto significaría que los valores vigentes en Alemania se pondrían en práctica 20 años después. 
Pienso que esto contradice todas aquellas mentiras que aseguran que estamos ante una propuesta que abre verdaderamente una nueva vía. 
Sin embargo, me parece que el Parlamento ha tomado dos iniciativas que son dignas de apoyo: en primer lugar una directiva sobre pinturas, porque sabemos que un tercio de todas las pinturas son parcialmente causantes de esos compuestos orgánicos volátiles. 
El objetivo debe ser el desarrollo y aplicación en un futuro de cada vez más pinturas sobre una base soluble en agua en lugar de una base de materias orgánicas. 
En segundo lugar, y este es para mí un verdadero deseo: es fundamental que tomemos una iniciativa dirigida a las personas dañadas por disolventes. 
La Sra. Dybkjær se ha referido hace un momento al problema que representan estas sustancias cancerígenas particularmente para las personas que tienen contacto con ellas o que tienen que ver con ellas en el trabajo. 
Si se piensa que a menudo esas personas resultan dañadas para toda su vida, no podemos sino poner todo de nuestra parte para que los afectados adquieran también más derechos, y debemos movilizarnos decididamente para conseguir más seguridad, especialmente para los trabajadores y trabajadoras, a fin de reducir drásticamente el número de los afectados por las sustancias disolventes. 
No puede ser que hoy en día expongamos a las personas a ese negligente perjuicio para su salud. 
Señor Presidente, la presente directiva constituye un paso más hacia una estrategia de lucha contra el ozono que es absolutamente necesaria dentro de la Unión Europea. 
Todos sabemos que la superficie de la Unión se haya cubierta constantemente por una capa de ozono troposférico y que esa capa de ozono aumenta a nada que intervengan pequeños factores hasta el punto de afectar a la salud o de llegar, en las superficies abiertas, al extremo de afectar tanto a las plantas que origina grandes daños en la agricultura. 
Que habríamos debido ser más estrictos nos lo ha venido a mostrar toda una serie de Estados miembros. 
No tiene nada de extraño, por tanto, que el Parlamento haya presentado otra vez una enmienda en la que se dice: «los Estados miembros que estén más adelantados que la Comunidad en la sustitución de disolventes orgánicos peligrosos, podrán conservar sus disposiciones más estrictas.» 
Creo que será necesario continuar con esa estrategia, al menos para verificar si no se podrían abandonar más rápidamente los compuestos orgánicos volátiles- quizás incluso antes del 2007- especialmente en la industria de pinturas, porque ya están a su disposición muchas alternativas, o ir en las empresas a sistemas más cerrados de modo que no se liberen tantas sustancias dañinas. 
Pienso también que es muy importante no preocuparse sólo de la salud de la población en general, sino dedicar una atención especial a aquellas personas que trabajan en las fábricas y talleres donde hay que tratar con sustancias tales. 
Deberían hacerse programas para ellos, para devolverles la salud o para evitar que empeoren. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando a Cabrol por este nuevo informe que está bien hecho pero al que, a pesar de todo, le falta algo. 
Deseo subrayar lo que Dybkjær dijo al comienzo: lo más importante en esto tiene que ser que reemplacemos totalmente esas sustancias. 
El objetivo tiene que ser la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles. 
Pertenecen a un tiempo pasado, tenemos que encontrar nuevas soluciones técnicas para esos problemas. 
Para poder hacerlo, no podemos solamente decir que es asunto de las grandes empresas cumplir con esta directiva. 
Parece extraño, pero la mayoría de las empresas de este sector son pequeñas o medianas, y ahora les estamos dando una posibilidad de hacer excepciones. 
Opino que esto aparece un poco contradictorio en esta directiva. 
También opino que es lamentable que ahora que tenemos una posibilidad concreta de mostrar ejemplos de cómo asociamos medio ambiente y empleo- de lo que tantas veces hemos hablado anteriormente- no lo hagamos plenamente en un documento como éste. 
Sabemos que hay soluciones técnicas para obtener sustancias de reemplazo de los compuestos orgánicos volátiles. 
También deberíamos ser un poco más valientes en lo que respecta a nuestras propias directivas para el futuro. 
Las soluciones que estamos proponiendo pertenecen al pasado y, de modo alguno, al futuro, lo cual es lamentable. 
En cualquier caso, el medio ambiente no reconoce límites entre empresas pequeñas y medianas. 
No es que el medio ambiente diga: » Vaya, veo que esas emisiones vienen de una empresa pequeña entonces probablemente no son muy peligrosas». 
No; las emisiones afectan del mismo modo independientemente del tamaño de las empresas. 
Finalmente, sólo un deseo, una esperanza de que de aquí en adelante tratemos de mostrar un poco más de creatividad cuando busquemos soluciones para el futuro y eliminemos esas sustancias que deberían pertenecer al pasado. 
Señor Presidente, la Comisión quisiera felicitar a la comisión, pero especialmente al ponente por el cuidadoso y detallado examen que ha hecho de la posición común tomada por el Consejo. 
Somos de la opinión de que la posición común aclara y fortalece la propuesta original sin cambiar los objetivos básicos ni, sobre todo, el planteamiento técnico. 
Se mantiene en un alto nivel de protección al medio ambiente y a la salud y se intenta también, no obstante, tener en consideración los efectos para la industria. 
Por ello voy a limitarme a dirigir algunas observaciones más precisas sobre las 15 enmiendas. 
Podemos aceptar las enmiendas 8 y 9 en su totalidad, las enmiendas 10 y 13 en lo fundamental y la enmienda 11 parcialmente. 
Todas estas enmiendas aportan mejoras de contenido o de redacción. 
Se eliminan malentendidos, se aportan más informaciones o se añaden exigencias razonables. 
Las otras enmiendas, desgraciadamente, no las podemos aceptar. 
No queremos apoyar las enmiendas 14 y 15, que minan la posibilidad de planes individuales por parte de los Estados. 
Tengo que decir a la Sra. Schleicher que nosotros, en vista de las objeciones que ha puesto el Parlamento en primera lectura, hemos podido mover al Consejo a reducir el margen de acción para la puesta en práctica de esos planes estatales individuales e introducir condiciones añadidas en el artículo 6. 
Creo que ahora este mecanismo flexible está tan claramente delimitado que podemos funcionar con él. 
Por lo que respecta a las enmiendas 3 y 7, quisiéramos evitar incompatibilidades entre el acto jurídico propuesto y la Directiva 96/61. 
La enmienda 7 conduciría, en nuestra opinión, a una discrepancia inoportuna entre las definiciones de un anexo existente, y la enmienda 3 sembraría confusión respecto del concepto de las mejores técnicas disponibles. 
La enmienda 12 pretende reducir la frecuencia de la realización de balances de sustancias disolventes. 
No queremos respaldar esto porque la utilidad de los balances disminuye notablemente si se realizan en períodos más largos de tiempo. 
La Comisión comparte plenamente las observaciones que se hicieron en el debate sobre los daños para la salud y sobre los daños ya acaecidos, especialmente para el caso de personas que trabajan con sustancias disolventes. 
Pero como no nos ocupamos en esta propuesta de los riesgos para la salud relacionados con la profesión, no podemos aceptar la enmienda 2. 
Podemos, a cambio, en el marco de la enmienda 8, que aceptamos, emprender un intercambio de información con el Parlamento que nos facilitará los posibles pasos a dar. 
En dos nuevos considerandos se apremia a la Comisión a tomar más iniciativas. 
El primero es el nº 4 y el segundo el nº 5. 
Respecto del primero ya hemos empezado a trabajar, pero ahora no queremos comprometernos a terminar los trabajos en una determinada fecha porque aún no podemos preverla. 
Por lo que concierne al nº 5, no queremos emprender nada. 
Por debajo de los valores umbral no tenemos por ahora la intención de legislar nada. 
No apoyamos la enmienda 6 porque las disposiciones necesarias según las cuales los Estados miembros pueden establecer normativas más estrictas están contenidas ya en el Tratado CE. 
Esto lo digo especialmente por la Sra. Graenitz. 
La Comisión cree, pues, que la directiva propuesta junto con las enmiendas del Parlamento aceptadas hoy constituye un instrumento efectivo, aplicable y equilibrado para la lucha contra el ozono troposférico contaminante y que contribuirá a lograr un alto nivel de protección del medio ambiente y de la salud. 
Una observación marginal: me he alegrado especialmente de que la Sra. Breyer haya aludido a la situación legal existente en la República Federal desde 1987, porque esto demuestra lo progresista que entonces era el Gobierno federal. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.15 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.00 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Tiene la palabra el Sr. Schierhuber. 
Señor Presidente, ¡me llamo Schiedermeier! 
Señor Presidente, ayer por la tarde encontré en mi casilla el acta de la sesión del lunes día 19, y he observado que, aunque estuve presente y firmé, mi nombre no figura en la lista de asistencia. 
Pido por favor que se corrija el error. 
Señor Schiedermeier, tenemos que pedirle disculpas a usted dos veces. 
La primera porque, habida cuenta de la distancia y de mi edad, no le había reconocido y, la segunda, porque, efectivamente ha habido un error en el Acta que será corregido. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, mi nombre no figura en la lista de las presencias de ayer, siendo que, naturalmente, estaba presente. 
Por tanto, pido una rectificación. 
Gracias. 
Estado de la Unión- Reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los días 24 y 25 de octubre 
Señor Presidente, es para mí un gran placer dar la bienvenida al Parlamento, en nombre de mi Grupo, al primer Canciller de Austria que ostenta la Presidencia del Consejo Europeo. 
Le expreso mi sincero agradecimiento por estar aquí para participar en nuestro debate anual sobre el estado de la Unión y escuchar nuestras opiniones sobre el futuro de Europa. 
En mi opinión, es una señal muy oportuna que nuestros Jefes de Estado y de Gobierno se reúnan en una sesión informal para tratar sobre el rumbo que sigue Europa. 
Es una señal de confianza- en realidad, de la creciente confianza y madurez de nuestra Unión- que la reunión del próximo fin de semana se centre en ofrecer a los ciudadanos europeos la sensación de pertenencia a esta Unión, hacerles sentir que la asociación en la que estamos involucrados tiene un valor para ellos. 
Como así es, naturalmente. 
Hemos hablado muchas veces, pero sobre todo durante el último año, de la necesidad de devolver Europa a sus ciudadanos, de crear una Europa de los ciudadanos. 
Bellas palabras, pero ¿qué significan exactamente? 
Creo que una Europa de los ciudadanos significa paz, prosperidad y seguridad. 
Si Pörtschach puede infundir nueva vida en la visión de una Europa unida marcando el camino a seguir en estos tres conceptos- paz, prosperidad y seguridad -, establecerá una agenda nueva e importante para los próximos años. 
Este fin de semana podemos proseguir por el excelente camino emprendido en Amsterdam el pasado año. 
Amsterdam marcó unas pautas de lo que la Europa de los ciudadanos podría significar realmente, de lo que podría llegar a ser, porque aprobamos que la Unión asumiera el papel de creadora de empleo, respaldamos la dimensión social, creamos una amplia competencia en la lucha contra la discriminación, fortalecimos las oportunidades en materia de medio ambiente, protección del consumidor y de la salud e insistimos en reforzar la cooperación entre las autoridades responsables de la lucha contra el terrorismo y las drogas. 
Son los temas que afectan a la vida de las personas. 
Son los temas que perseguíamos en Amsterdam. 
Ahora, en un mundo económica y políticamente cada día más inestable, ha llegado el momento de avanzar en el fortalecimiento de Europa; de analizar los ámbitos en los que la sociedad espera de nosotros que seamos activos y creativos. 
Por ejemplo, como tanto se ha mencionado aquí hoy, nunca ha sido tan evidente la necesidad de una política exterior y de seguridad común dinámica. 
Las 15 economías de la Unión Europea, en vísperas de la empresa monetaria más emocionante e innovadora de la época moderna- el lanzamiento del euro -, están pidiendo una mayor coordinación económica para hacer frente a las turbulencias económicas mundiales y estimular el crecimiento interior. 
Europa no es un fin en sí mismo. 
Europa es una herramienta para resolver los problemas a los que nos enfrentamos en todo el continente y en todo el mundo. 
También en este sentido, nos encontramos en el momento oportuno. 
En las últimas semanas y meses hemos apreciado la urgente necesidad de liderazgo político en el mundo. 
Con las turbulencias económicas que prevalecen desde el Lejano Oriente hasta Rusia, con la creciente presión sobre las economías y las monedas latinoamericanas, hemos comprobado la falta de liderazgo político. 
La política japonesa va tambaleándose de crisis en crisis. 
El Presidente Yeltsin ha luchado por mantener un gobierno- cualquier gobierno- en el Kremlin y todos nos hemos visto obligados a asistir al trauma personal e institucional de la Presidencia estadounidense. 
Es Europa la que está promoviendo la innovación de las estructuras económicas y monetarias del mundo. 
Es el euro el que está creando un importante elemento nuevo que favorece a Europa en medio de dicha turbulencia económica. 
Y son los líderes europeos los que están articulando la necesidad de nuevas normas apropiadas a nivel mundial y de estructuras reformadas a nivel mundial que den forma, coherencia y racionalidad al mercado mundial. 
Pero también es el momento en que la confianza en todo el mundo está bajo mínimos y en que muchos están confusos sobre el lugar y la dirección hacia la que les lleva el mercado mundial. 
Es el momento en que tenemos la oportunidad de demostrar que en Europa podemos proporcionar liderazgo en un mundo inestable. 
Las preguntas que esperan respuestas son las mismas en todos los Estados miembros, y también son los mismos los problemas que exigen respuestas en las negociaciones europeas: cómo crear puestos de trabajo en un mercado mundial; cómo reformar los sistemas de prestaciones sociales de Europa sin negar ayuda y apoyo a los que de verdad los necesitan; cómo salvar el medio ambiente para el futuro; cómo combatir las lacras del racismo, las drogas y el terrorismo; cómo formar y volver a formar a las personas para poder hacer frente al reto de la tecnología de la información; en una palabra, cómo crear una economía dinámica, próspera con justicia social. 
Creo en una Unión Europea fuerte. 
Creo que las instituciones comunitarias deben ser eficaces y eficientes. 
Debemos continuar modificando, perfeccionando y democratizando nuestras instituciones, si queremos inculcar en el corazón de las políticas y entre los funcionarios de la Unión un talante abierto y la voluntad de afrontar los retos de la democracia moderna. 
Pero entre la población de nuestros Estados miembros, el debate institucional hace tiempo que ha sobrepasado su fecha de caducidad. 
Para nosotros es y sigue siendo importante, como debe ser. 
Funcionamos dentro de las instituciones. 
Estamos sujetos a sus reglamentos y, a menudo, nos sentimos atrapados por una cultura de participación en la administración política que está anticuada y que con frecuencia se considera deficiente. 
Por ello, inevitablemente y como no podía ser de otra manera, aspiremos a cambios. 
Es una característica común a todos los parlamentos, especialmente los nuevos como el nuestro. 
Pero ya es hora de que dejemos claro que Europa no consiste en crear instituciones. 
Debe consistir en garantizar un continente europeo más amplio, estable y pacífico para todos nosotros; no crear instituciones- sino crear una Comunidad de valores compartidos; no crear instituciones, sino un futuro para nuestros jóvenes. 
A menudo se nos echa en cara que no tengamos grandes ideas. 
Europa es una gran idea, y su génesis y motivación no son menos fuertes que en el inicio. 
Como decía John Hume ayer en su conmovedora declaración ante esta Asamblea, Europa es el mayor modelo de resolución de conflictos que jamás ha conocido este mundo. 
Pero hoy la Unión tiene aspiraciones aún más elevadas. 
Aquellos que echen una mirada que no sea demasiado superficial al entorno global en el que trabajamos, no podrán dejar de ver el significado de la Unión Europea; su capacidad de actuar juntos en nombre de sus 370 millones de ciudadanos; el potencial de su economía con la moneda única; su capacidad de brindar una posibilidad coherente a su juventud a través de la acción coordinada en favor del empleo de cara al futuro; sus tradicionales tolerancia y apertura y su sofisticado modelo social. 
Si logramos compaginar todo esto con un modelo mayor y más extendido de cooperación en asuntos exteriores y de seguridad, de manera que puedan evitarse las Bosnias y los Kosovos de este mundo- no sólo ponerles fin, una vez que han iniciado, sino evitarlos -, en ese caso estaremos ofreciendo algo realmente nuevo para el futuro. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, creo que podemos asegurar, señor Presidente del Consejo, que todos compartimos su creencia en un modelo europeo de economía social de mercado. También compartimos su creencia de que la Unión Europea no puede acabarse en un mercado único y una moneda europea común. 
La Unión Europea necesita un nuevo impulso de energía europea. 
Pero, sobre todo, necesita que sus ciudadanos le concedan credibilidad. 
En nombre de mi grupo, le agradezco expresamente que nos haya ilustrado con claridad sobre los objetivos de Pörtschach. 
Los parlamentarios no siempre han entendido claramente de qué trataba esta cumbre. 
Ahora bien, sí les quedaba claro de qué no trataba. 
No se pueden tomar decisiones, no se puede anticipar ninguna reforma institucional, lo único que se puede es fijar orientaciones para la cumbre de Viena y, por supuesto, lanzar señales, señales que refuercen la credibilidad de la Unión Europea. 
Así lo espero, en cualquier caso. 
Existe la posibilidad de que reciba usted en Pörtschach al nuevo canciller federal de Alemania, lo cual es motivo de vivo interés por nuestra parte. 
Tras su invitación, por supuesto, todo el mundo espera que informe sobre sus objetivos de política económica, que explique cómo va a dirigir la política económica de la economía más importante y fuerte de la Unión Europea. 
Ha invitado usted al Sr. Schröder y, según los últimos acontecimientos, hubiera sido conveniente invitar al superministro, Sr. Oskar Lafontaine, porque no está claro quién lleva la voz cantante en materia de política económica en Bonn: ¿Gerhard Schröder u Oskar Lafontaine? 
En cualquier caso, al ciudadano, lo que le interesa, desde luego, es la credibilidad de esta política económica, sobre todo la credibilidad de la moneda europea, en la que ha centrado usted sus reflexiones. 
En la cumbre de Pörtschach, debemos plantear una pregunta- espero que usted la plantee -: ¿qué posición tiene el nuevo gobierno de Bonn con respecto a la independencia del Banco Central Europeo? 
¿Tiene alguna intención de intervenir? 
¿Qué postura se tiene sobre la reducción fiscal de la economía, la reducción fiscal de la economía de las clases medias, que son las que más impuestos pagan y las que más puestos de trabajo pueden crear? 
Partimos de la base, señor Presidente, de que los pronósticos coyunturales se han revisado a nivel mundial y que Europa está en una buena posición. 
El euro ha demostrado ser un baluarte contra las turbulencias financieras, y ahora se trata de fortalecer la confianza de los ciudadanos en este euro. 
Si en Pörtschach no se expresa claramente la creencia en una cultura de estabilidad sostenible, en un Banco Central Europeo independiente y en la contención presupuestaria, no solamente en la voz común que el euro puede representar en la OMC y en los organismos internacionales, me temo que, dadas las circunstancias, la confianza de los ciudadanos en esta moneda común se debilitará, si no se pierde del todo. 
También hay que obtener credibilidad para la Unión Europea cuando se pone la seguridad en primer plano. 
El ciudadano necesita tener una sensación de seguridad. 
Seguridad ante la delincuencia internacional, seguridad ante la emigración incontrolada. 
En este sentido, la incorporación al derecho comunitario de una política de asilo e inmigración y visados, prevista en el Tratado de Amsterdam, constituye un paso adelante. 
Pero hay que hacer más. 
Hay coordinar mejor el sistema judicial penal, ya en vísperas de la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
También el proceso de ampliación de la Unión Europea debe considerarse como un factor de seguridad política. 
El comienzo de negociaciones concretas en siete capitales durante la presidencia austríaca es, como acertadamente ha dicho usted, una señal positiva. 
Sería de desear, señor Presidente, que en la cumbre de Pörtschach se adoptara una declaración sobre los objetivos del proceso de ampliación, por qué queremos extender el espacio de libertad, seguridad y derecho, para consolidar Europa desde su centro. 
Un proyecto que, teniendo en cuenta la situación en Rusia, tiene gran importancia. 
Si tenemos presente este objetivo de exportar seguridad, nuestros conciudadanos podrán identificarse más fácilmente con el proceso de ampliación. 
Los ciudadanos europeos que representamos aquí en esta Cámara podrán identificase más fácilmente con una política exterior y de seguridad común. 
Las muestras de debilidad de la Unión Europea en los Balcanes o en Oriente Medio no han contribuido gran cosa a fortalecer la confianza de los ciudadanos en esta Unión. 
No obstante, prevengo contra la ilusión de que el nombramiento de un Sr. o una Sra. PESC solucionará el problema. 
Detrás de un Sr. PESC debe haber una voluntad política común. 
En este contexto hago un llamamiento dirigido a usted, que no debe tomar como algo personal, sino en su contenido. 
Por último, quiero señalar que la decisiones deben ser claras y transparentes para los ciudadanos europeos. 
El lema original de la cumbre de Pörtschach, la subsidiariedad, se ha quedado ahora un poco corto, dada la rapidez con que cambian los centros de gravedad en la política europea. 
Pero el Parlamento Europeo ha formulado algunas reflexiones sobre el tema de la subsidiariedad. 
En primer lugar, -tal como ha señalado usted- no debe ser una coartada para la renacionalización. 
Debe haber decisiones adoptadas por mayoría cualificada, que deben ser compartidas por el Parlamento Europeo. 
Debe garantizarse la cooperación permanente entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. 
Sobre todo, se trata de volver a conferir credibilidad a la UE en su conjunto y a sus instituciones. 
Esto es muy importante, teniendo en cuenta las irregularidades en la Comisión y en el Parlamento. 
Le pido que dé prioridad a la cuestión del Estatuto para el Parlamento Europeo. 
Pensemos en una frase que quizá es algo inusual en boca de un diputado democratacristiano conservador, pero que viene como anillo al dedo a esta ocasión, una frase de Lenin: la confianza es buena, el control es mejor. 
Señor Presidente, la nuestra es una Unión que ha demostrado ser capaz de logros extraordinarios cuando combina visión con voluntad política. 
Lamentablemente, también es capaz de causar gran decepción cuando dichas cualidades están ausentes. 
Visión y voluntad política nos han conducido a los albores del lanzamiento del euro dentro de 71 días. 
A nivel interno y externo, nuestras relaciones económicas están predestinadas a alcanzar un nuevo plano. 
Como zona consagrada a la estabilidad, podemos ejercer una gran influencia positiva sobre el panorama mundial, especialmente en tiempos de crisis. 
Mi Grupo cree que para ello, la Presidencia debe elaborar propuestas que garanticen que el Banco Central Europeo, junto con el Consejo del Euro 11, la ayuda de la Comisión y dando cuenta a este Parlamento, desarrolla plenamente la representación del euro de cara al exterior. 
Tras haber realizado tantos esfuerzos para crear esta poderosa unidad monetaria federal, no debemos disipar su efecto internacional por falta de visión y voluntad. 
Al querer potenciar el papel internacional del Banco Central, mi Grupo también espera del Banco más transparencia en su formulación de políticas. 
De lo contrario, tememos que podrían aumentar las tensiones entre las autoridades políticas y las monetarias, especialmente si disminuye el ritmo del avance económico. 
El Grupo ELDR también insta encarecidamente a los Estados miembros que cumplen los criterios, a saber, Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, a que se unan al euro. 
Existen pocos ámbitos en los que nuestras pretensiones políticas y nuestros esfuerzos reales estén en mayor contraste que en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. 
Una vez más, la crisis de Kosovo pone de manifiesto el vacío que existe entre las aspiraciones y los resultados. 
Kosovo, a pesar del reciente avance, sigue oscilando peligrosamente al borde de un desastre humanitario. 
Su alto el fuego es frágil, sus perspectivas políticas, inciertas. 
El Grupo ELDR cree que la Unión y la comunidad internacional deben mantener la presión sobre el Sr. Milosevic, y deben estar preparadas, en caso necesario, para respaldar esto con la firmeza creíble de una intervención militar. 
Las expectativas razonables, pero no satisfechas de muchos de nuestros ciudadanos de que nunca más debemos presenciar en territorio europeo lo que vemos en Kosovo, resta credibilidad a la Unión Europea. 
Mi Grupo cree que la política exterior es un ámbito en el que sin duda necesitamos más Europa, incluida una Europa con seguridad y capacidad de defensa. 
La ampliación nos reta a todos a volver a descubrir la misión fundamental de Europa. 
El gran premio en juego se llama estabilidad política y seguridad en un continente más amplio. 
El Grupo ELDR acoge con satisfacción la decisión de iniciar la Conferencia sobre la adhesión a nivel ministerial el mes próximo. 
Habida cuenta de que nos aguarda un difícil debate sobre la futura financiación de la Unión y la Agenda 2000, no debemos deslizarnos hacia un debate árido, parcial y estrecho sobre política presupuestaria que nos conduzca hasta la exclusión de una visión más amplia. 
Una vez más, a la espera de la ratificación del Tratado de Amsterdam, la misma lógica es válida para la reforma institucional. 
Este asunto asume ahora una nueva urgencia, porque va directamente al corazón de la clase de Unión a la que deseamos que se unan los Estados candidatos. 
Para el Grupo ELDR se trata de una Unión más amplia y a la vez más profunda con una misión política y social, además de económica, pero también con la capacidad institucional para llevarlo a cabo. 
Acogemos con satisfacción que se haya dado luz verde a Chipre, pero ello exige ahora un compromiso más profundo dirigido por la UE para resolver ese problema bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Ello exigirá la capacidad imparcial de tratar con todos los poderes políticos de la región. 
En este sentido, lamentamos el continuo fracaso del Consejo respecto a la presentación de un protocolo financiero para Turquía, y hoy preguntamos cómo se propone la Presidencia desbloquear esta desafortunada situación. 
La Cumbre de Viena revisará las exigencias de otros Estados candidatos. 
Mi Grupo alaba, en particular, los avances realizados por los Estados bálticos, en el ámbito económico en Lituania, y en los derechos humanos en Letonia. 
Observamos asimismo con satisfacción el avance de la situación en Eslovaquia y el renovado interés de Malta. 
La perspectiva de incrementar la cooperación en el ámbito de la política de inmigración y asilo merece ser aplaudida. 
La acción concertada puede tener un efecto positivo, a condición de que no esté basada en los valores del mínimo denominador común ni se aparte del enfoque fundamental del Convenio de Ginebra de 1951 sobre la solicitud de asilo como un derecho humano individual. 
Acogemos con satisfacción el gran paso dado en la elaboración de un estatuto para el establecimiento de un tribunal penal internacional como ente permanente para llevar ante la justicia a los acusados de crímenes contra la humanidad, y solicitamos que se siga adelante con el trabajo preliminar. 
Por último, nos sigue preocupando la lucha contra el fraude en la Unión, un tema con muchas posibilidades de debilitar las instituciones. 
Creemos que es importante mantener el sentido de la proporción, pero también que cuando existan anomalías, se garantice plena transparencia, algo que hasta ahora, lamentablemente, no se ha hecho o se ha escatimado. 
Necesitamos un proceso de investigación más independiente. 
El estado de la Unión demuestra que cuando tenemos visión política y voluntad, alcanzamos nuestros objetivos, y cuando nos faltan dichas cualidades, no lo hacemos. 
Aprendamos esta lección y pongámosla en práctica. 
Señor Presidente, Europa aborda una etapa decisiva para su futuro y se hace necesario y urgente un nuevo impulso político. 
A juicio de nuestro Grupo, las Instituciones de la Unión Europea tendrán que desarrollar su esfuerzo en tres direcciones: construir un modelo de sociedad, acometer la reforma institucional con el horizonte de la Unión Política, y reforzar la solidaridad interna extendiéndola a los países de la ampliación. 
Un modelo de sociedad con los grandes objetivos del pleno empleo, la preservación del medio ambiente y el gobierno democrático de la economía. 
En este modelo se inscriben la propuesta de la semana laboral de 35 horas en Francia y la perspectiva de una nueva política energética en Alemania, que podrían tener una dimensión europea más allá de la actual Unión Monetaria, algunas de cuyas condiciones son contradictorias con la dimensión social. 
En cuanto a las reformas institucionales, esperamos por parte de la próxima Cumbre algo más que un mensaje retórico. 
Apostamos por la transparencia y la participación. 
Deseamos compromisos sobre el equilibrio- un nuevo equilibrio- entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo; sobre el fortalecimiento de la legitimidad democrática y el desarrollo de una verdadera ciudadanía europea siempre compatible con la existencia de los Estados miembros. 
Antes de la próximas elecciones europeas debería estar disponible un proyecto institucional y político para que los ciudadanos puedan expresar su opinión en las elecciones. 
La Unión Europea debe afirmar su papel en el mundo con una política exterior y de seguridad común capaz de promover sus propias posiciones y de conseguir la paz y los derechos humanos en Europa y en todos los continentes, sin las hegemonías financieras y militares que definen hoy la globalización. 
Una paz que ya se está consiguiendo en Irlanda del Norte con el final del terrorismo y el diálogo político del que ha sido abanderado nuestro colega y reciente Premio Nobel John Hume. 
También debemos señalar que en España y, en particular, en el País Vasco ha nacido la esperanza con el reciente cese de la violencia y el crimen por parte de los terroristas. 
Si esto fuera definitivo se abre la posibilidad de avanzar hacia una plena normalidad democrática. 
Este próximo fin de semana se celebran elecciones en el País Vasco en un clima de paz que nosotros apoyamos totalmente, y que debe apoyar el Parlamento Europeo. 
Finalmente, manifestamos que la nueva frontera de la ampliación no puede realizarse a costa de la solidaridad interna. 
Sería un grave error que haría peligrar la propia supervivencia de la Unión. 
Por eso expresamos nuestra disconformidad con el documento de opciones sobre el sistema de recursos propios presentado recientemente por la Comisión. 
En nuestra opinión, se trata de una propuesta que renacionaliza políticas que hoy ya son comunes e impide el camino hacia la cohesión económica y social europea. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, nuestro Grupo le apoya fuertemente en su visión de una política de empleo europea, pero también le decimos que plantear un proyecto de futuro es el principal reto de la Presidencia austríaca, que no debe resignarse a ser recordada como el prólogo de la Presidencia alemana. 
Señores Presidentes de la Comisión y del Consejo, estimados colegas, casi todas las elecciones del año pasado han demostrado sin lugar a dudas que la gente en Europa desea unas nuevas mayorías políticas que se distancien del mito de que la administración política tiene que hacer lo menos posible y que las fuerzas del mercado, en una perspectiva de flexibilización, liberalización y desregulación, ya solucionarán los problemas sociales. 
El próximo gobierno rojo y verde de Alemania se une en este sentido a Gran Bretaña y Francia. 
Las instancias políticas tienen el cometido de mantener la sociedad habitable para todos sus miembros con perspectivas de un trabajo, un medio ambiente sano, unos derechos de participación emancipados. 
Queremos ver a más mujeres en las fotos de familia de la Unión cuando se celebra una cumbre en alguna parte de Europa. 
Para unos estados nacionales aislados es imposible imponer un margen de decisión política en una economía global cuyo rumbo apenas se corrige, y si una cosa ha quedado clara en los últimos meses es que eso es una necesidad absoluta. 
Es justo allí donde la unión política tiene que emplear su poder para forzar regulaciones por todo el mundo político. 
Por lo tanto, nos alegramos de que gracias al gobierno francés el acuerdo multilateral de inversiones en su forma actual haya desaparecido en la papelera y eso también está con las mismas palabras en el nuevo acuerdo de gobierno alemán. 
Respecto a esto, Señora Stenzel, también una mayoría en este Parlamento Europeo ha dicho claramente que se tiene que poder entablar un diálogo con el Banco Central Europeo. 
Si eso ya es demasiado para los conservadores, entonces ya no sé en qué tiempo vivimos. 
Para concluir, nuestro colega Voggenhuber hablará de la cumbre de Pörtschach pero me gustaría acabar con dos cosas. 
El drama de la política exterior, que se hace otra vez visible con respecto a Kosovo, consiste realmente en que no hay una política exterior común. 
Por otro lado, queremos que la Comisión- y creo que en ese aspecto el Parlamento ha hecho un trabajo preparatorio excelente- sea más transparente y que gobierne mejor, de modo que se limiten determinados incidentes fraudulentos. 
Respecto a eso, es de la mayor importancia que la Comisión tenga el valor de defender una administración eficiente, bien estructurada y controlable democráticamente. 
Sólo una administración bien dirigida, que no recurra permanentemente a cientos de consultores y a subcontratas de toda índole, puede dar una respuesta a esto. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo Europeo, señor Presidente de la Comisión, en vísperas de la cumbre informal de Pörtschach, la primera cumbre cuya presidencia asume Austria, ¿cuál es el estado de la Unión? 
Ante todo quisiera saludar los esfuerzos que han sido desplegados por la Presidencia austriaca en un determinado número de ámbitos que me gustaría desarrollar, si tuviera el tiempo necesario. 
Este es el caso, por ejemplo, de los derechos del hombre. 
Recientemente estuvimos, en Viena, varios diputados europeos asistiendo a las ceremonias del cincuentenario de la declaración universal de los derechos humanos en las que participaba Austria y podemos dar testimonio de los esfuerzos de este país. 
Asimismo, en el ámbito de la cultura y del audiovisual, Austria se esfuerza en hacer progresar varios expedientes. 
Quisiera alargar la lista, pero sobre todo quisiera hacer hincapié en las preguntas que invariablemente se plantean de nuevo y nos inquietan cada día más. 
En Pörtschach, señor Canciller, como acaba de decirlo, va a hablar del porvenir de la Unión, de sus objetivos y de su razón de ser. 
De acuerdo. 
Esta reflexión fundamental es necesaria, pero ya desde ahora sabemos que uno de los elementos de ese porvenir es la próxima ampliación. 
Ahora bien, se percibe, entre los responsables de la toma de decisiones y en la opinión pública, temores y cierto malestar. 
Usted mismo, señor Canciller, dijo en Luxemburgo, el pasado mes de marzo, que la ampliación es sin duda alguna una necesidad, pero que no suscita la euforia. 
Sin disimular las dificultades, ¿no es necesario actualmente insistir más en los progresos y los lados positivos de la ampliación? 
Un mensaje de su parte en ese sentido sería muy bien recibido. 
Ya empezó, esta mañana, a darnos este mensaje optimista, sin dejar de ser realista. 
En lo relativo a la necesaria reforma de las instituciones, corolario de la ampliación, sé que espera la ratificación definitiva del Tratado de Amsterdam para dedicarse realmente a este asunto. 
Pero no parece ser demasiado pronto para hacer avanzar ideas innovadoras en lo relativo al funcionamiento del Consejo de Ministros, sin olvidar la necesaria coordinación entre los diferentes Consejos de Ministros. 
En lo relativo al funcionamiento del Parlamento Europeo- e insisto en el carácter necesario de un estatuto de los diputados europeos- en lo relativo al funcionamiento de la Comisión propiamente dicha- el señor Presidente de la Comisión habló de ello hace un momento. 
Asimismo, el fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas, especialmente en el seno de la zona euro, con los medios institucionales necesarios a esta coordinación y a la representación de la zona euro allende nuestras fronteras. 
En un tercer ámbito importante, el de las finanzas de la Unión, la Presidencia austriaca puede aportar una contribución muy valiosa, trátese de los recursos o de los gastos. 
Para los gastos, permítanme recordar con particular insistencia la necesaria solidaridad que debe seguir siendo una de las principales líneas de conducta de la Unión. 
La solidaridad no debe, evidentemente, autorizar los despilfarros, pero el rigor presupuestario no debe prevalecer en detrimento de la solidaridad a la que asocio una exigencia a la que ustedes conceden un gran valor, la justicia social. 
En cuanto a los recursos, es el momento de reflexionar en un abanico de modificaciones de la base tributaria. 
¿Es preciso conservar el IVA o buscar recursos basados en los ingresos? 
Es una verdadera pregunta que se formula ahora. 
¿Cómo evitar, ya que para nosotros sería un error, la renacionalización de las políticas comunes y especialmente de la PAC? 
¿Es preciso hacer un gran empréstito europeo para favorecer las inversiones que crean empleo, cuando se sabe que el empleo es nuestra prioridad? 
Por último, ¿puede evitarse revisar el modo de cálculo de las contribuciones de nuestros diferentes países? 
Estos son los temas importantes en los que hay que reflexionar con toda prontitud. 
Para terminar, señor Presidente, mencionaré rápidamente la PESC. 
Una vez más, la Unión se ha mostrado vacilante y ausente en la escena internacional en estos últimos meses. 
Esperemos que, en diciembre, la designación del señor o la señora PESC, un hombre político o una mujer política- insisto en la palabra política- brindará la oportunidad de dar, por fin, un verdadero impulso a esta política esencial para el porvenir de la Unión. 
Señor Presidente, la Cumbre de Pörtschach experimentará dificultades para desenredar la madeja de problemas institucionales en los que se ha ensartado la Unión. 
La moneda única va a entrar en vigor en medio de la tormenta financiera, cuando aún no se han aportado numerosos complementos, lógicos, pero que los Estados no parecían haber previsto. 
La ampliación no podrá hacerse si no se pone en tela de juicio el monolitismo europeo y el volumen del acervo comunitario, un acervo que, por lo demás, progresa día a día. 
Contradicción que resume todas las demás, la Unión parece no querer escapar a sus problemas sino huyendo hacia adelante convirtiéndose en un super-Estado, acrecentando así un déficit democrático que no es un mito o un lema apresurado, sino una realidad vivida por todos los pueblos de Europa. 
Ante tal volumen de problemas institucionales, el Tratado de Amsterdam toma la dirección errónea, la del super-Estado que reduce la calidad del control democrático en Europa. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones piensa, por el contrario, que la primera urgencia consiste en restablecer el control de la Unión por sus pueblos. 
Desgraciadamente, este género de propuesta siempre se traduce en más procedimientos comunitarios, más reglas unificadas para los ciudadanos, más marginación de los Estados-naciones. 
Este método no es el correcto, lo que hace es agravar el mal. 
Nosotros pensamos, por el contrario, que es preciso apoyarse más en las democracias nacionales, las que mejor suscitan la participación de los ciudadanos y, a partir de esas democracias nacionales, controlar mejor a la Unión. 
Nuestra orientación es tan profundamente diferente de la que hoy día se sigue en este recinto, que nos ha parecido imposible contentarnos con enmendar uno u otro punto de la resolución de la comisión institucional que se someterá a votación al finalizar este debate. 
Por ello, nuestro Grupo ha introducido una resolución de propuesta detallada, totalmente diferente, que es también un programa en favor de una Europa de las naciones, por una Europa fundada en sus democracias nacionales, las únicas capaces de representar debidamente nuestros valores en el mundo futuro. 
Señor Presidente, Señorías, hay al menos dos maneras de evaluar el estado actual de la Unión: la primera es la que ayer rechazó la Sra. Spaak, la manera burocrática y meramente formal de enumerar las actividades legislativas o de otro tipo desarrolladas durante el período examinado; la segunda es la que evalúa los procesos de la Unión a la vista de la realidad internacional y de la situación económica y social de los Estados miembros, al objeto de reflexionar sobre la naturaleza política del proyecto europeo y de definir mejor los objetivos. 
Si optamos por este segundo punto de vista, debemos constatar con amargura que no se ha realizado ningún progreso. 
El Tratado de Amsterdam es una de las causas de este estancamiento, de esta parálisis política, aunque no es la única, ya que la otra es la mala voluntad de los Gobiernos, y el sistema intergubernamental no ha demostrado ser el más apto para superar la dificultad existente en el plano institucional. 
Según ya hemos manifestado, el Tratado de Amsterdam es uno de los frutos más insípidos que ha producido el bajo perfil de la Presidencia británica, mientras que los objetivos de la Unión deben ser redefinidos y readaptados en función del profundo cambio producido por la moneda única y la ampliación. 
Si nos queremos limitar a enumerar formalmente lo que se ha hecho, entonces debemos denunciar con lucidez y firmeza el estado comatoso del empleo que no avanza si no en las declaraciones, por desgracia, sólo verbales de los gobernantes. 
Una vez más la Unión no ha sido capaz de responder de forma conjunta, como debía, a los retos del conflicto de Kosovo; no se ha presentado ninguna propuesta común a nivel diplomático; para tratar de resolver la cuestión, no se ha adoptado ninguna iniciativa concreta para colocar en el platillo de la balanza de las negociaciones el peso de la Unión. 
La ONU como condición previa, la OTAN como garantía: éstas son las referencias de casi todos los Gobiernos para conjurar una implicación directa de sus responsabilidades. 
¿Y Europa? 
¿Y nuestra política exterior y de seguridad? 
¿Qué ha pasado con la preconizada célula de planificación y de análisis que actuando en una perspectiva realmente conjunta garantice coherencia y eficacia a nuestra política y mejore ante los ojos de la opinión pública la visibilidad de la política exterior de la Unión? 
Mientras no pongamos en marcha la Unión Política tendremos la ventura de repetir cada año este emblemático ceremonial del debate, inútil, sobre el estado de la Unión. 
El estado de la Unión debería ser abordado al fin construyendo la política común europea. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, creo que la Cumbre de Pörtschach será una ocasión importante para reabrir un debate político institucional. 
Todos sabemos que en Pörtschach no se tomarán decisiones y que se trata de una Cumbre informal, sin embargo, en cierta forma, este hecho puede servir para comprobar la voluntad política en materia de desarrollo de la Unión. 
En mi opinión, se lograría un gran resultado si Pörtschach afrontara, en vísperas de la ampliación y después del euro, los temas de la profundización de la Unión y de la nueva situación de Europa en el mundo, aya que es evidente que deberemos hacer frente a los problemas tanto de la representación externa de Europa como de un proyecto de relación entre estabilidad y desarrollo. 
En efecto, si es posible hablar del empleo como una de nuestras aspiraciones, ¿cómo podemos construir una relación entre Europa y las políticas de empleo si no creamos una relación entre estabilidad y desarrollo? 
Pienso en un espacio de libertad, de seguridad y de justicia en el cual, señor Presidente, circulan personas de carne y hueso- no sólo bienes- con sus respectivos problemas concernientes al trabajo, los derechos, las garantías jurisdiccionales, la seguridad y los derechos fundamentales. 
¿Qué hacer para que todo esto quepa en un nuevo equilibrio entre dimensión nacional y dimensión supranacional, imprescindibles ambas? 
Ahí está el punto. 
La Sra. Green se ha referido a la necesidad de que los ciudadanos adviertan su pertenencia a Europa, sin embargo, es precisamente en un espacio de libertad, seguridad y justicia en que se puede concretar mejor dicha pertenencia. 
En consecuencia, hay que desarrollar la construcción de la democracia europea y establecer un nuevo equilibrio entre todas las Instituciones de la Unión. 
Es preciso saber qué hace cada cual. 
Éste es el motivo por el cual en nuestra resolución, siguiendo el programa de los trabajos fijado en Cardiff, hemos subrayado la importancia del principio de subsidiariedad para la organización de la democracia; no lo hemos demonizado, sin embargo, hemos marcado algunos límites. 
En la resolución que vamos a votar mañana hemos dicho no a la subsidiariedad como excusa para una renacionalización de las políticas; no a la idea de una dimensión residual de las competencias de la Unión, no a un posible egoísmo de la subsidiariedad y hemos hecho hincapié en la relación entre la subsidiariedad y la solidaridad, así como entre la subsidiariedad y la cohesión. 
Hemos lanzado un importante mensaje político a los parlamentos nacionales trabajando en esta resolución junto con sus representantes. 
Esto implica un cambio, ya que debemos superar la antigua- mutua-desconfianza. 
Pues bien, creo que es extremadamente importante reducir las zonas grises y poner el acento en los momentos de cooperación. 
Por último, señor Presidente, se ha hablado- lo ha hecho también el Sr. Santer- de la redefinición de un proyecto político institucional. 
Estoy de acuerdo con su formulación: hace falta a la vez más Europa y menos Europa. 
A mi entender, también es necesaria una Europa política. 
Por ejemplo, en el ámbito de la política exterior son necesarias instituciones apropiadas y para el empleo hace falta disponer de la posibilidad de tomar decisiones a escala europea, al igual que precisamos más facultades para la ejecución de las decisiones precisamente para crear un nuevo equilibrio entre los Estados y la Unión, porque esto es un problema real. 
Por tanto, hace falta menos gestión particularista. 
Todas las Instituciones deben ser más democráticas y más eficaces, no en balde hemos insistido en la proporcionalidad. 
Finalmente, quisiera manifestar que pueden lograrse algunas cosas sin modificar los Tratados y otras no. 
La modificación implica un nuevo procedimiento de reforma de los Tratados y esperamos- y lucharemos en este sentido- que, tras la ratificación del Tratado de Amsterdam, la Comisión tome la iniciativa con miras a una concertación entre las distintas Instituciones sobre la reforma de los Tratados. 
Señora Presidenta, en este momento en el que estamos discutiendo el estado de la Unión es oportuno traer a colación una comparación que se ha hecho de nuestra Unión con una catedral gótica, y el Presidente del Consejo sabe bien lo que es una catedral gótica porque tiene una de las catedrales góticas más bonitas de Europa. 
Las catedrales góticas eran una obra de muchas generaciones. 
Se empezaban con un estilo y se acababan con otro. 
Yo creo que, en este momento, la Unión Europea es, efectivamente, una catedral gótica porque, además, está a medio construir: tenemos pilares en los que no se apoya nada, tenemos pasarelas que no llevan a ninguna parte e incluso tenemos espacios que no están cubiertos con ningún tipo de fondos comunitarios. 
En este momento, además, se dice que la Unión Europea crece en los momentos de crisis; es decir, va muy lentamente en los momentos normales y, cuando hay una crisis, se acelera y se refuerza. 
Yo creo que en las diferentes intervenciones- en la intervención del Presidente del Parlamento, en la intervención del Presidente del Consejo y en la intervención del Presidente de la Comisión- se ha señalado que, precisamente una de las estructuras que habíamos construido con otra finalidad, el euro, nos ha permitido resistir la crisis financiera internacional. 
El euro se hizo para otra cosa, pero gracias al euro nuestras bolsas y nuestras monedas se han mantenido, con lo cual yo creo que esta afirmación es verdad también, es decir, la Comunidad Europea en este momento ha crecido y en este momento la crisis financiera ha reforzado la naturaleza de la Unión. 
Pero, claro, el gran problema que tiene la Comunidad es que, como una buena catedral gótica, no está terminada todavía. 
Yo creo que por lo menos vamos a necesitar dos o tres generaciones más, y en este momento nos encontramos con la necesidad de ampliar su tamaño. 
Las catedrales góticas se empezaban con una pequeña iglesia románica, que luego se iba ampliando y ampliando y llegaban a cubrir todo el perímetro de la antigua ciudad, como es el caso de la catedral de Viena, por ejemplo. 
Pues bien, en este momento tenemos que ampliar nuestra catedral para meter a estos países que están entre el Báltico y el Mediterráneo- son ciento y pico millones de personas -, que tienen derecho a estar aquí y que tenemos que conseguir que entren. 
Entonces, hay una solución muy simplista: decir «bueno, como esta gente no cabe dentro de nuestra catedral, vamos a tirarla abajo y quedarnos todos en campo descubierto». 
La fórmula es decir «vamos a cargarnos la Política Agrícola Común, vamos a cargarnos los fondos comunitarios, vamos a cargarnos las políticas comunitarias y tendremos un gran campo abierto en el que estaremos todos». 
Es decir, esto se llama- hay una expresión alemana que se suele traducir al castellano- tirar al niño junto con el agua de la bañera. 
Entonces, sinceramente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, nuestra preocupación es que, si seguimos por esa línea, al final no tendremos catedral ni tendremos casa donde almacenar. 
En este momento hay discusiones por fracciones infinitesimales del presupuesto comunitario. 
Hay países que, por ejemplo, tenían un puerto nacional, que ahora se ha convertido en puerto comunitario, que se quejan de que aportan demasiado al presupuesto comunitario. 
Creo, señor Presidente, que éste no es el momento de discutir por fracciones infinitesimales sino de seguir adelante con el gran proyecto que tenemos con objeto de que podamos construir una verdadera casa para toda Europa. 
Señora Presidenta, Señor Presidente del Consejo, Señor Presidente de la Comisión, en nombre de nuestro grupo parlamentario le doy la bienvenida, ahora que usted toma la palabra por primera vez en este Parlamento. 
También le quiero dar las gracias por haber rendido homenaje al histórico trabajo del canciller Helmut Kohl. 
Este debate sobre el Estado de la Unión tiene lugar en un clima de inseguridad. 
La mundialización y globalización provocan intranquilidad, las turbulencias financieras, primero en el Sudeste asiático, después en Japón, América Latina, en Rusia, pero también en las bolsas de América y Europa, dan la impresión de que la economía mundial ya no puede ser dirigida. 
El mercado reacciona cada vez menos racionalmente y nos demuestra cómo los sistemas económicos dependen el uno del otro. 
Sin embargo, a pesar de esta sensación de crisis generalizada, el pesimismo se ve moderado por el hecho de que Europa haya podido mantener una gran estabilidad alrededor de su zona del euro. 
¿Quién hubiera dicho hace unos años que las monedas más débiles del Sistema Monetario Europeo iban a resistir las especulaciones y las diferencias de tipos de cambio del dólar? 
Nuestros países juntos han recuperado la soberanía monetaria que cada uno por separado había perdido. 
Aunque ha habido escepticismo en unos, hostilidad en otros e indiferencia en muchos más, podemos estar felices de que hayamos dirigido nuestros esfuerzos hacia esta unión monetaria. 
Creo que ahora estamos en condiciones de contraer nuevos compromisos. 
Ahora debemos, los once Estados miembros que participan, dar a nuestra moneda única, el euro, un estatus fuera de nuestras fronteras, sobre todo con respecto al G7, de modo que el euro de verdad tenga peso en el comercio mundial. 
Pido también un impulso político para las negociaciones de ampliación. 
Espero que la conciencia del interés mutuo siga existiendo. 
La Unión, que en el ámbito económico, monetario y social va teniendo una estructura fuerte pero que sigue siendo una enana en todas las decisiones diplomáticas y estratégicas, debe preguntarse, ahora que vemos que los Balcanes son más que nunca una región explosiva, si las disposiciones del Tratado de Amsterdam que posibilitan una actuación diplomática conjunta no deben aplicarse anticipadamente. 
Creo que nuestros conciudadanos siguen dando gran importancia a las dos libertades fundamentales, la libertad y la seguridad. La libre circulación de personas y trabajadores, y esto sin tener que temer por el crimen y la inseguridad. 
Esta es la base de nuestro sistema democrático. 
Nuestro grupo parlamentario pregunta si no es posible que la armonización de la legislación sobre la seguridad interior se realice de forma acelerada. 
Las prioridades para Pörtschach y para Viena están muy claras para nosotros. 
Nos damos cuenta de que la Unión sin instituciones fuertes y democráticas en un futuro con 27 Estados miembros tiene el germen dentro de si de un empobrecimiento de los logros alcanzados en cincuenta años. 
Este Parlamento siempre ha insistido- y el Sr. De Giovanni lo ha mencionado- en el método comunitario, por el que se implican en las reformas las tres instituciones políticas y los parlamentos nacionales. 
Seguimos convencidos de que sólo las decisiones por mayoría pueden salvaguardar al Consejo de una parálisis. 
La Comisión sigue siendo una institución imprescindible. 
Su independencia y su derecho de iniciativa han de quedar preservados. 
Esperamos que este Parlamento reciba nuevas competencias legislativas, que tenga la nueva responsabilidad de la investidura de la Comisión. 
Nos parece legítimo que el Consejo acepte que se inicien las negociaciones sobre el estatuto de los miembros de este Parlamento. 
Quiero terminar de una manera optimista. 
Mantenemos en las tres instituciones siempre un debate optimista sobre el Estado de la Unión. 
Me parece también que ayer se recibió aquí un mensaje emocionante de John Hume, que participó en el significado histórico de la reconciliación en Europa. 
Por mi parte, me gustaría rendirle hoy también un homenaje y decir que su mensaje debe ser aceptado por todos nosotros como un mensaje verdaderamente esencial para Europa. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, Señorías, tiene su sentido que hoy hagamos balance de la situación de la Unión Europea, así como del futuro y de la proximidad a los ciudadanos, porque el descontento es grande. 
A mi juicio no basta con celebrar grandes conferencias en las que se intercambian grandes palabras, muy televisivas, eso sí, pero sin resultado. 
Por eso quisiera, señor Canciller y Presidente del Consejo, que en Pörtschach quedase muy clara una cosa: los objetivos, los calendarios y los proyectos concretos de la Unión Europea ya existen. 
Lo que falta ahora es la valentía de tomar las decisiones y, sobre todo, la valentía de los gobiernos nacionales a la hora de tomar las decisiones. 
El problema de la Unión Europea no es el tan denostado centralismo de Bruselas, sino la escasa capacidad de decisión, la deficiente capacidad de resolver los problemas de los gobiernos nacionales y, por consiguiente, del Consejo. 
Lo que yo desearía en Pörtschach es que se dieran señales políticas claras sobre los problemas principales. 
Un rotundo sí a la ampliación de la Unión Europea, sobre todo a las condiciones que hemos establecido en Europa, con unas fechas que permitan a los países estar en condiciones de cumplir sus compromisos, aun cuando ello requiera un coste político y financiero. 
Una clara profesión de reforma de las instituciones, de mejora de nuestras estructuras de toma de decisiones, de modo que sigamos manteniendo nuestra capacidad de decisión, y un rotundo sí a nuestra política exterior y de seguridad común, que merece este nombre también en la práctica, en interés de la paz en este continente y en todo el mundo. 
El centro de poder de la Unión Europea es el Consejo, los jefes de gobierno y los gobiernos nacionales. 
Deben actuar, deben decidir, y ahí radica el déficit de nuestra situación actual. 
De ahí mi llamamiento a que durante su presidencia se subsane este déficit sustancial. 
Nosotros, el Parlamento Europeo, los diputados y la Comisión estaremos encantados de ayudar a impulsar el proyecto de integración en interés de todos los ciudadanos. 
Pero principalmente les corresponde a ustedes, a los gobiernos nacionales. 
Señora Presidenta, el resultado del debate que estamos celebrando sobre la financiación del presupuesto anual de la Unión Europea tiene una importancia fundamental para el rumbo de la Unión durante los próximos años. 
El rumbo que ha tomado este debate es profundamente deprimente para aquellos de nosotros que queremos una Unión Europea que sea capaz de influir positivamente sobre el desarrollo no sólo de los actuales 15 Estados miembros, sino también de las nuevas democracias de la Europa central y oriental que han solicitado su incorporación en nuestra Unión. 
La reaparición del antiguo planteamiento Thatcher de querer recuperar los fondos- a pesar de que dicho planteamiento viene ahora de capitales nacionales diferentes que en la era de la Sra. Thatcher- sigue amenazando con debilitar los cimientos básicos de la Unión, tal y como sucedió en los años ochenta. 
El único éxito destacado de la política común de la Unión ha sido, y sigue siendo, la Política Agrícola Común. 
Esta política está siendo revisada y reformada en el marco de las propuestas generales de la Agenda 2000. 
No obstante, una vez más, se están realizando esfuerzos para desmantelar la Política Agrícola Común, y ello en unos momentos en que los agricultores de todos nuestros países están pasando por unas dificultades sin precedentes. 
La propuesta de volver a nacionalizar el 25 % del presupuesto de la PAC no es nada menos que el desmantelamiento parcial de la Política Agrícola Común. 
Presentarlo como algo distinto es falso y engañoso. 
Debemos oponernos a un cambio de rumbo tan fundamental de una de las auténticas políticas comunes que existen en la Unión, y deben oponerse no sólo los que apoyan el desarrollo de la agricultura europea, sino también aquellos que apoyan los principios básicos que sustentan la existencia de la Unión Europea. 
Las propuestas de la Agenda 2000 han puesto en marcha una revisión en profundidad de los Fondos estructurales y de la PAC. 
Dicha revisión debe conducir a una reforma de la PAC y de las políticas estructurales de cara a prepararnos para la ampliación, pero también, para servir mejor a los intereses de las personas afectadas por dichas políticas en cada uno de nuestros Estados miembros. 
La viabilidad futura de las explotaciones agrícolas familiares de todos nuestros países está amenazada por una serie de factores, como la crisis de la EEB y la competencia, a menudo desleal, de terceros países. 
La PAC y otros instrumentos de que dispone la Unión deben ser movilizados ahora para proteger los intereses de nuestros agricultores y productores de alimentos. 
En unos momentos en que se está dando prioridad a la política de desarrollo rural y a la protección del medio ambiente nacional, conviene que nos preguntemos si quedará alguien que viva en nuestras zonas rurales para aplicar dichas políticas. 
La agricultura y la producción de alimentos son los elementos fundamentales de las economías de las zonas rurales en todas partes de la Unión. 
Por último, la PAC es fundamental para la supervivencia de la explotación agrícola familiar, y debemos oponernos a los esfuerzos encaminados a desmantelar o volver a nacionalizar esta política. 
Señora Presidenta, apreciamos la voluntad del Presidente en ejercicio del Consejo de progresar en la vía de una auténtica unión política, al servicio del empleo y del desarrollo del modelo social. 
Pero, ¿cómo no destacar la diferencia entre sus intenciones y el comportamiento de nuestras instituciones ante los problemas actuales? 
Consideramos especialmente indispensable que la instituciones europeas asuman sus responsabilidades ante la crisis financiera internacional y la disminución tan sensible del crecimiento que va a seguirla. 
Los Estados han auspiciado una euforia culpable diciendo que con el euro ya no hay que hacer ningún esfuerzo y que el euro nos protegerá de manera duradera. 
Este es un total error de apreciación y corremos el riesgo de que el día de mañana sea doloroso. 
El Parlamento Europeo tiene, pues, el deber de llamar la atención del Consejo y la Comisión. 
La situación nos obliga a revisar las repercusiones del pacto de estabilidad presupuestaria y la política monetaria de la Unión Europea de acuerdo con las diversidades nacionales. 
La Comunidad va a tener que tomar iniciativas para apoyar la actividad económica y, sobre todo, formar un proyecto de desarrollo duradero. 
Por ende, se requiere una verdadera coordinación de las políticas económicas, bajo control democrático. 
Es preciso movilizar los instrumentos de la solidaridad y la Unión debe definir con toda urgencia su posición en materia de regulación de la economía mundial. 
Para continuar con estos objetivos, recomendamos una corresponsabilidad entre el Consejo, la Comisión y nuestros órganos parlamentarios. 
La resolución de la comisión institucional tiene razón en recomendar el voto por mayoría cualificada y equilibrar la subsidiariedad mediante la solidaridad. 
Sin embargo, se interna, a nuestro juicio, en una dirección equivocada al querer confiar a la Comisión lo esencial del poder ejecutivo. 
La Comisión no puede avanzar sin un Consejo que asuma sus responsabilidades políticas. 
El propio Parlamento Europeo tiene el deber de profundizar el debate público sobre las opciones fundamentales de política económica, financiera y social, en cooperación con los cargos electos nacionales y la sociedad civil. 
Nuestra Asamblea no ha cumplido con esta tarea. Por tanto, debe replantearse sus deberes hacia los ciudadanos y los protagonistas sociales, con el fin de permitir a éstos participar mejor en nuestro sistema institucional. 
Sin embargo, la lista de los temas nos indica que más bien se va a hablar de lo divino y lo humano. 
Muchos de nosotros nos tememos que este encuentro sea el paseo más caro de la historia de la Unión Europea. 
Señor Presidente del Consejo, cuando los políticos hablan del futuro, suelen acordarse de las promesas que han hecho y de las obligaciones que les depara el presente. 
Desde luego en la Unión no faltan promesas incumplidas y obligaciones incumplidas. 
Desde Maastricht se nos promete subsanar el enorme déficit democrático, fortalecer los principios del parlamentarismo y de los principios del Estado de derecho. 
La gente aún sigue esperando, porque el Consejo todavía no es capaz de imponer transparencia a su legislación. 
El déficit democrático de la Unión Europea sigue teniendo un nombre. Se llama Consejo. 
Desde Amsterdam se nos promete superar las barreras interiores para la ampliación de la Unión. 
Sabemos que para ello es necesaria una reforma en profundidad de sus instituciones. 
Sin embargo, hasta ahora el Consejo no ha elaborado ningún calendario vinculante. 
En su lugar a menudo se avivan los miedos contra la ampliación hacia el Este. 
Desde la decisión sobre la Unión Monetaria se nos promete dar una dimensión social a la unificación europea, hacer una unión política y desarrollar un espacio social a partir de la Europa de las finanzas y los mercados. 
Sin embargo, las ideas políticas para luchar contra el paro no han tenido correspondencia en hechos. 
No hay una política económica coordinada, hasta ahora no se ha puesto fin al dumping social y fiscal en toda Europa. 
Las cumbres se convierten cada vez más en un mercadillo de luchas de intereses nacionalistas. 
Señor Presidente del Consejo, de algo somos conscientes acerca del futuro de Europa. 
Somos conscientes de que sólo saldrá adelante como democracia europea, que debe superar la separación de Europa, que puede avanzar hacia una Europa de paz social. 
La cumbre de Pörtschach se evaluará en función de que los hechos concretos abran un poquito más el resquicio de la puerta hacia ese futuro. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, año tras año, el informe sobre el estado de la Unión entrega el mismo mensaje de autosatisfacción. 
Se nos hace creer que «euroland» dejaría a Francia al abrigo de los desórdenes mundiales, de la amenaza de una recesión internacional, de las fluctuaciones del mercado de los cambios. 
En realidad, todas las perspectivas de crecimiento económico están siendo revisadas a la baja, no solamente en Francia, sino también en Alemania, y cabe preguntarse si en 1999 se cumplirá con el criterio del 3 % de déficit público. 
A propósito de las relaciones económicas internacionales, recordemos por otra parte lo que se anunció con motivo de la Ronda de Uruguay, que debía crear, en diez años, cien o doscientos mil millones de dólares de riquezas suplementarias, sobre todo en el sudeste de Asia y en los países emergentes, que sin duda alguna habrían sido de provecho para Europa. 
Recordemos también las promesas del Sr. Delors, quien, en 1994, al contestar a una pregunta que le formulé, me aseguró que la fase preparatoria del euro no tendría un carácter recesionista y el himno a la alegría del pasado 2 de mayo, sólo perturbado por la coartada Trichet que, exactamente a las 15 horas, debía anunciar lustros de prosperidad. 
Felizmente, sin embargo, estamos protegidos por los Tratados de Maastricht y Amsterdam, gracias a los cuales los europeos que no pueden hacerlo ahora, podrán hacer juntos absolutamente todo lo que ya no quieran hacer solos. 
De todas maneras, con o sin pretexto jurídico, saben que los dirigentes franceses les ofrecerán sin pedir nada a cambio lo que ustedes ni siquiera se atreven a pedirles, y luego de obtenerlo, escucharán a esos pseudo dirigentes presentar sus renuncias como éxitos para Francia. 
Señor Presidente de la Comisión, su mensaje me parece, no obstante, impregnado de cierto hastío, porque nadie ignora el carácter artificial de esta construcción europea. 
Tarde que temprano, ya no podrá usted escapar a la verdadera pregunta: ¿para qué sirve todo esto? 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, Señorías, la carta que hace unos meses enviaron a Tony Blair el canciller Kohl y Jacques Chirac, en la que reivindicaban mayor proximidad a los ciudadanos, representaba la opinión de muchos ciudadanos. 
La lista de los déficit de la Unión en la conciencia pública es larga. 
Piense usted por ejemplo en los titulares más recientes. 
Una Unión de asuntos fraudulentos, de reuniones secretas del Consejo, una Unión incapaz de actuar al unísono en política exterior, en favor de una política exterior y de seguridad común. 
Una Unión en la que 18 millones de parados desmienten el modelo de «buenas prácticas». 
Las expectativas despertadas por esta carta sobre la subsidiariedad, de 3 de noviembre de 1998, nos han acompañado hasta la cumbre de Pörtschach. 
En Pörtschach ya no se habla de proximidad al ciudadano. 
Con el argumento mortal de la renacionalización se ha enterrado antes de nacer un debate lleno de contenido sobre la subsidiariedad. 
Vamos, no se quería ninguna discusión sobre la Agenda 2000 o sobre los contribuyentes netos. 
Y, sin embargo, son estos los problemas del futuro que quieren dejarse de lado en los debates. 
En Pörtschach no se puede hablar de las reformas institucionales de la Unión, porque el Tratado de Amsterdam aún no está ratificado. 
En realidad, creo yo, a la presidencia del Consejo no le resultaría tan incómodo no tener que abrir la caja de Pandora con estos argumentos. 
En Pörtschach, me temo, no ha tenido ninguna gana de quemarse los dedos con temas tan calientes. 
En consecuencia, se han quedado al margen. 
Sin embargo, habría mucho que reformar, aún sin modificación del Tratado. 
Sería la ocasión de dar una señal para Europa con un poco más de coraje. 
Si Pörtschach se convierte en la cumbre de las oportunidades perdidas- piense usted, señor Presidente, en la pérdida de credibilidad y el desencanto que desemboca en la pregunta «para qué». 
Depende, sin duda alguna, de dos avanzadas de esencial importancia. 
La primera se refiere a la necesidad de definir, codificar, validar, a través de una consulta democrática, la naturaleza del contrato entre la Unión y sus ciudadanos, alrededor del modelo social europeo, de nuestros valores. 
Necesitamos definir, aclarar el objetivo permitiendo recuperar la adhesión de los europeos, legitimar nuestra acción, dar a la audacia necesaria los cimientos que requiere, de verificar los términos de la adhesión de los nuevos miembros. 
Asimismo, debemos darnos la posibilidad de ejercer nuestra responsabilidad, asumir nuestro papel de fuerza motriz, en el desorden mundial, para contribuir a una mejor regulación. 
En esta perspectiva lejana, ¿qué esperamos de Pörtschach a medio plazo? 
No grandes declaraciones. 
Se trata de un Consejo Europeo informal. 
¡Bravo! 
Haga un Consejo Europeo informal, señor Presidente, eso es lo que esperamos de usted. 
El orden del día está ya muy recargado. 
Este Consejo Europeo es bienvenido. 
Necesitaremos otros. 
Este no es sino el inicio del proceso. 
A continuación, también debe lograr en Viena, cuyo calendario está muy recargado con los planes nacionales de acción en favor del empleo, tratar el tema de la representación del euro en el exterior. 
No sobrecargue aún más el calendario. 
Más allá de este Consejo Europeo informal, de las grandes orientaciones, también deberá discutir este tema con la Comisión, con el próximo Parlamento Europeo. 
Es preciso tenerlo presente. 
¿Qué esperamos de Pörtschach? 
Será preciso empezar a hablar, sin embargo, de estos temas de futuro que se perfilan detrás de lo que pone en juego el aspecto institucional. 
Y no nos conteste: esperemos la ratificación de Amsterdam. 
Porque, lo sabe usted bien, para algunos países, y especialmente para el mío, no basta con decir, ratifiquen, luego negociaremos. 
Sabemos bien que los temas que se encuentran en juego son temas de peso, que los plazos son cortos, mientras que el proceso de ampliación ya está en marcha. 
Algunos países, entre los que se cuenta el mío, necesitan, para ratificar Amsterdam, que se den garantías en lo relativo al calendario y al método que se utilizará para esta reforma de las instituciones, ya que no nos basta con lo que contiene por ahora el Tratado de Amsterdam. 
Mencionemos ahora las grandes orientaciones relativas a las instituciones tal como las deseamos, tomando como base las propuestas del Presidente de nuestra comisión institucional. 
Sí, el Consejo «Asuntos Generales» requiere una reforma. 
Ya ha entablado usted la reflexión sobre este tema. 
¡Bravo! 
Hay que ir hasta el fondo de la reflexión, transformar el Consejo «Asuntos Generales» en un Consejo únicamente de los asuntos exteriores y la defensa, y establecer un verdadero órgano de coordinación con los ministros de alto nivel que se reúna una vez por semana. 
Es preciso darle un gran peso. 
El peso adquirido por el Consejo ECOFIN debe equilibrarse. 
No tengo nada en contra de los ministros de Economía y Finanzas, pero no constituyen el vector de la transformación social. 
Y, luego, en el equilibrio Consejo/Comisión, debemos atenernos al equilibrio previsto inicialmente por los autores del Tratado. 
Es un equilibrio justo. 
No interpretemos más de lo necesario tal o cual disposición de los Tratados en favor de una u otra institución. 
Esta no ha sido hasta ahora la opción de los Jefes de Estado y de Gobierno, y no es justo. 
Sencillamente necesitamos una Comisión fuerte y un Consejo fuerte. 
Necesitamos en ese sentido que la Comisión recupere su sistema colegial y supere el marco de un pacto de no agresión en el que nos da la impresión de que evoluciona a veces. 
No mencionaré el Consejo del euro y, sin embargo, habría mucho que decir, especialmente sobre el diálogo que deberemos entablar con éste. 
Una última palabra sobre la subsidiariedad. 
Este principio no debe servir de pretexto para la renacionalización. 
Debe servir la eficacia y la cohesión, pero no lo lograremos a través de la definición de bloques de competencias. 
Existen numerosos ejemplos que demuestran que debemos actuar a todos los niveles, cada uno en su esfera de competencia. 
Señora Presidenta, ante este debate sobre el estado de la Unión y la Cumbre informal de Pörtschach, yo creo que hay dos preguntas que cabe formularse. 
La primera, cuál es el estado real de la Unión y la segunda, qué cabe esperar de esta Cumbre informal de Pörtschach para salir del estado en que nos encontramos. 
Yo creo, señora Presidenta, que después de los últimos procesos electorales en algún Estado miembro y después de las declaraciones del Primer Ministro de un pequeño pero rico Estado miembro, también de la Unión Europea, en las que amenazaba con emitir un veto al conjunto de la Agenda 2000 si no recibe un cheque como el cheque británico, lo menos que se puede decir es que estamos asistiendo a una renacionalización del debate comunitario. 
Yo creo, señora Presidenta, que estamos poniendo demasiado el acento en una visión- que es legítima- de Europa, la del saldo neto, la del contribuyente neto, la del beneficiario neto, de la Europa de lo tangible y de lo contante y sonante. 
Pero Europa, señora Presidenta, es algo más- por decirlo con una frase de Madariaga- que el saldo del carbón y del acero. 
Lo que está pasando es que por poner demasiado el acento en esta visión- repito- legítima de Europa, estamos cayendo en una hipertrofia de lo inmediato, en una hipertrofia del presente y estamos olvidando lo fundamental, que es la Europa de los valores, la Europa de la paz, la Europa de la comprensión, la Europa de la concordia y la Europa de la solidaridad; sí, también de la solidaridad, señor Santer, porque en este Parlamento usted ha oído esta mañana que somos muchos los que pensamos que el informe de la Comisión sobre el futuro de los recursos propios, señor Santer, constituye una ruptura con la línea de la solidaridad, una vuelta atrás en las posiciones tradicionales de la Comisión y un confuso ejercicio en el que se mezclan los ingresos y los gastos y donde, al referirse ustedes a políticas comunitarias, están afectando a competencias de este Parlamento. 
Europa tiene que salir de su letargo y tiene que dar un paso en la buena dirección y ¿cómo puede hacerlo? 
Pues reforzando su dimensión interna a través de sus variantes de mercado interior y unión económica y monetaria y afirmando su proyección externa porque la Unión Europa tiene que ser algo más que el ente que paga y firma los cheques de los grandes dramas contemporáneos. 
¿Qué se puede esperar de la Cumbre de Pörtschach? 
Pues la verdad es que no hay que ser demasiado optimista. 
Primero, no habrá conclusiones operativas, pues es una Cumbre informal. 
Y lo que pide este Parlamento es, realmente, que se introduzca el método comunitario. 
El Presidente del Parlamento ha explicado cuáles son las obligaciones que corresponden naturalmente, en primer lugar, a este Parlamento. 
Por su parte, la Comisión tiene que dejarse de querellas internas- no olvidemos que el caso ECHO ha puesto de manifiesto querellas entre cuatro Comisarios- y ponerse decididamente, en un tándem armónico con este Parlamento, a marcar un rumbo al proyecto de integración europea. 
El Consejo tiene que poner orden en la prioridad de los objetivos a alcanzar, tiene que poner un poco de coherencia y rigor en la acción de sus distintas manifestaciones y tiene que comprender, de una vez por todas, que si cada Estado miembro no busca su ventaja en la ventaja común tendremos que ceder parcelas de soberanía a otras potencias que se han dado cuenta perfectamente de las ventajas que comporta la unión y la integración. 
Estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de los objetivos expuestos por el Presidente en ejercicio del Consejo pero quisiera solamente hacer una pequeña rectificación en lo que se refiere al mito. 
El mito es un ingrediente fundamental de la vida humana pero lo que tenemos que hacer es sustituir los mitos falsos por mitos verdaderos, y mitos verdaderos son aquellos que respetan la realidad y a la vez no se contentan con ella, que no ejercen violencia sobre lo que es pero que aspiran a más y que no consideran suficiente lo que existe, sino que lo completan con lo que imaginamos y con lo que deseamos, señora Presidenta, y lo que deseamos es que Europa- como ha dicho el Presidente Martens- no frustre sus aspiraciones al liderazgo mundial en el siglo XXI. 
Señora Presidenta, voy a decir un par de palabras sobre la propuesta de resolución de De Giovanni y de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Es una resolución de marcado corte federalista. 
Si se realizase, la Unión habría dado un paso hacia los «Estados Unidos de Europa». 
¿Por qué es esto un problema? 
Porque es algo que no se desea en nuestros Estados miembros. 
Por ejemplo en el Norte de Suecia, de donde yo vengo, casi nunca se hacen peticiones para fortalecer la Comisión o para que se integre la UEO en la UE. 
Si se mide la actitud del pueblo sueco hacia la Unión Europea, es sólo una mínima parte, incluídos aquellos que ven la participación en la UE de forma positiva, que desean semejante evolución. 
Por el contrario, lo que siempre surge como el verdadero problema de la Unión es la falta de democracia y de control democrático de la legislación. 
En relación con esto, también creo que se deberían poner exigencias para lograr una democratización global, basada en que los parlamentos nacionales controlen, en un plazo prudente, el trabajo legislativo real. 
Señora Presidenta, la resolución de De Giovanni de la Comisión de Asuntos Institucionales contiene una serie de puntos para la reunión cumbre extraordinaria. 
La mayoría de esos puntos van demasiado lejos en su afán integrador. 
Por ejemplo el punto 22 dice que estamos estableciendo las bases para la integración de las facultades de la UEO en la UE, esto es, una militarización de la UE que se contradice totalmente con los criterios de la mayoría del Grupo de los Verdes acerca de la construcción de una Europa pacífica y desmilitarizada. 
Los verdes de Suecia, entre otros, vamos a votar a favor de la resolución alternativa presentada por el Movimiento Junio danés, puesto que éste responde mejor a los deseos de mejorar la legitimidad democrática y hace de la subsidiariedad una realidad, tal como se manifestó en la Cumbre de Cardiff. 
Desgraciadamente, muchas de las propuestas de enmiendas de mi propio Grupo son de tal naturaleza que mis colegas y yo no podemos votar a favor de ellas, entre ellas la propuesta de enmienda que quiere dar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas competencia para conocer de asuntos internos de carácter jurídico. 
Dado que éstas son competencias de los países miembros, es obvio que no votemos a favor de tales propuestas. 
) Señor Presidente, quiero recordar primero y sobre todo, y eso es importante en este debate sobre el estado de la Unión, que existe algo como la sentencia del Tribunal de Karlsruhe, de la que se desprende que la Unión Europea es una unión de estados y de ningún modo un superestado europeo en desarrollo. 
Creo que este hecho y esta sentencia en esta sala siempre serán insuficientemente repetidos y confirmados. 
En segundo lugar, quiero pedir la atención de la Presidencia del Consejo por el hecho de que muchas partes de la toma de decisiones europea no sólo son poco claras y poco transparentes, sino también fundamentalmente antidemocráticas. 
Es el caso por ejemplo de los altos funcionarios que ostentan un poder demasiado grande, nombrados por un colegio político, es decir la Comisión Europea, pero también es aplicable a la realización de numerosas directivas europeas. 
En mi país, Flandes, sigue habiendo por ejemplo un problema enorme en cuanto a la trasposición al derecho belga de la directiva europea de 19 de diciembre de 1994, relativa al derecho de voto de los ciudadanos europeos. 
Tanto el Tratado de Maastricht como la misma directiva vinculante fueron aprobadas en mi país por mayoría simple, aunque una modificación de la constitución sobre el derecho de voto sólo se podría haber hecho en Bélgica con una mayoría parlamentaria de dos tercios. 
Esa prioridad fáctica una directiva europea sobre la constitución belga significa por lo tanto que una instancia europea puede ignorar las constituciones de los Estados miembros, lo que, por lo menos en mi opinión, no es acorde con la correcta interpretación de la Unión como unión de estados según el espíritu de la sentencia vinculante de Karlsruhe. 
En concreto, en Flandes se plantea el problema de que el derecho de voto de los ciudadanos de la UE en Bruselas y en el Brabante flamenco nos llevará en la práctica a una verdadera limpieza étnica en detrimento de los flamencos neerlandófonos. 
Por lo tanto, nadie en esta sala podrá sorprenderse cuando resulte, por ejemplo en las elecciones del año que viene, que Europa lamentablemente no tendrá buena acogida en Flandes. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, lo que algunos han calificado de cumbre del debilitamiento de la Unión Europea, puede- y, desde luego, debe- concluir como una cumbre del fortalecimiento de la Unión Europea. 
Y esto no quiere decir que la UE deba asumir todas y cada una de las competencias; no, hemos de discernir claramente lo que queda como tarea nacional o regional. 
Pero aquello que la Unión pueda y deba asumir, debe hacerlo con más compromiso y eficacia. 
Uno de estos ámbitos, por ejemplo, es la política exterior y de seguridad, sobre la que ya se ha hablado hoy aquí. 
En los últimos tiempos hemos visto diversos ejemplos de cómo la Unión Europea, cuando lleva una línea común, clara y decidida, puede conseguir resultados. 
En Kosovo, ya hemos hablado de ello en más de una ocasión, si la Unión Europea tuviera una posición unánime y actuara en coordinación con la OTAN, habría conseguido que Milosevic se doblegara. 
Si seguimos manteniendo una posición unánime- eso creo yo- Milosevic y la UCK se doblegarán e iniciarán conversaciones de paz. 
Sobre el proceso de ampliación, hemos dicho a la población de Eslovaquia y Letonia: sí, queremos negociar con vosotros, pero antes tenéis que conseguir ciertos resultados en materia de democracia, respeto de los derechos humanos y derechos de las minorías. 
Ambas poblaciones lo han hecho, lo cual indica nuestra eficacia. 
También indica que ahora nos toca a nosotros dar muestras de que hemos entendido sus esfuerzos, que los respetamos y apoyamos. 
Señor Presidente del Consejo, ha hablado usted de las importantes decisiones de crear un Sr. o Sra. PESC. 
Yo también creo que es una decisión importante. 
Debe quedar claro que necesitamos una personalidad fuerte, pero también una personalidad que sea capaz de coordinación y concertación con los miembros de la Comisión y los distintos países. 
Una forma de proceder no coordinada produciría más perjuicios que beneficios. 
Esto debe tenerlo claro el Sr. o la Sra. PESC. 
Señor Presidente, ha dejado claro que la economía social de mercado es un modelo, un modelo que hemos adoptado no sólo en Europa. 
Ayer mismo volví de Rusia, donde he podido observar como los asesores ultraliberales, en su mayoría de origen americano, han metido en un puño no sólo a los rusos, sino también a Europa, y han sembrado la confusión, de modo que tenemos mucho que corregir. 
Por supuesto, es la propia Rusia la que tiene mucho que corregir lo que ha provocado una economía de mercado totalmente libre, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones que han predominado en los últimos diez años en Rusia. 
Una última observación, señor Presidente del Consejo. 
El Sr. Medina ha comparado la Unión Europea con una catedral gótica. 
A veces más bien nos parece un edificio posmoderno con columnas griegas, piazzas italianas, patios españoles y portugueses, jardines ingleses y franceses, gótico alemán, barroco austríaco. 
Un complejo de edificios así puede resultar atractivo, pero para ello, en última instancia, ha de un plan que unifique. 
Espero, señor Presidente, que en Pörtschach se consiga convencer a todos los maestros de obra que hay en Europa- por desgracia, aún hay pocas maestras de obra- que deben construir, cada uno con su estilo, un edificio común. 
Señora Presidenta, me ha parecido captar, sobre todo en la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo, un nuevo acento con respecto a un problema de gran relieve e importancia, el desempleo que es un problema que afecta a todas las sociedades desarrolladas, mejor dicho, especialmente a éstas. 
Es un nuevo elemento porque hasta ayer, en este Pleno y fuera de él, se decía que el problema del empleo es una responsabilidad nacional de cada uno de los Estados y no de la Unión que, evidentemente, tiene otras cosas en que pensar. 
Finalmente se descubre, o quizás se vuelve a descubrir, que también la Unión tiene algo que decir y ante todo algo que hacer. 
La razón política intenta volver allí donde la ideología librecambista había intentado echarla. 
Cierto que estamos ante la toma de conciencia de la existencia de un problema, al faltar todavía las líneas de solución, sin embargo, ya es algo, mejor dicho, sería algo si se abandonara la convicción ideológica que convierte las instituciones públicas en simples guardianes de lo que el mercado sería capaz de hacer por sí mismo, como si la política económica no fuera, en cambio, la culminación necesaria para la introducción de la moneda única. 
El Consejo constata, por el contrario- y me congratulo con el Consejo- la necesidad de hacer seguir al euro un armonización de las políticas económicas que tengan como objetivo, además de la estabilidad, la lucha contra el desempleo que humilla a quien lo padece y convierte en culpable también a quien- instituciones y personas- mira los problemas quizás vertiendo una lágrima, pero sin emplear el cerebro. 
El Evangelio dice: «No quien dice Señor, Señor, sino quien cumple la voluntad del Padre... » 
Ahora bien, todo esto vuelve a plantear el problema de instituciones operativas, un problema que, sin embargo, no está relacionado tanto con la reforma de lo que ya existe cuanto con la creación de lo que todavía no existe. 
La política exterior de la Unión, hasta este momento considerada una veleidad, es una prueba significativa de ello: mientras las Instituciones no se muevan- y por desgracia, no se aprecian grandes movimientos en este sentido- no hay mucho que esperar. 
La política exterior sin un verdadero gobierno, sin un ejército común, es como mucho un ejercicio de oratoria que por descontado sabe enseguida a una fastidiosa impotencia. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, Señorías, agradezco la ocasión de celebrar este debate en profundidad para poder hacer partícipes de sus opiniones y sus orientaciones a los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Pörtschach. 
Hay un entendimiento básico común de que no puede ni debe producirse una renacionalización sino, como hablamos en Cardiff, que debe debatirse el futuro de Europa. 
Hay una amplia mayoría en el Parlamento Europeo que es favorable a que debatamos los llamados centros de gravedad políticos de una política económica mejor coordinada para la estabilidad y el empleo en Europa, así como que reflexionemos sobre la contribución responsable de Europa a la estabilidad de los mercados mundiales económicos y financieros, y sobre las cuestiones de seguridad interior; a este respecto no estoy satisfecho de la rapidez de los avances en este terreno de libertad, derecho y seguridad en Europa. 
También debemos debatir la cuestión de una Europa más consciente en materia de política exterior y de seguridad común. 
A mi juicio está claro que la designación de una personalidad política con la mayor capacidad de coordinación posible y de pragmatismo político, como un alto comisario para la política exterior y de seguridad común no puede ser todo. 
Pero también debemos tomar en serio este proceso, porque deben darse más pasos para reforzar en la práctica el papel de Europa en el mundo. 
Tampoco quiero compartir su opinión, estimado señor Frischenschlager, de que hayamos determinado con exactitud la dirección común y presentado calendarios en todos los ámbitos políticos. 
Pienso, por ejemplo, que es importante, y permítame esta observación, que pidamos a los ministros de finanzas que nos elaboren perspectivas y calendarios previsibles en cuanto a la cuestión de una armonización gradual de la política fiscal. 
No porque opine que debemos aspirar a una igualación de los tipos impositivos en Europa, sino porque opino que debemos construir un sistema que permita que en el futuro no sólo contribuyan a la financiación de los gastos estatales aquellos que no pueden evadirse, es decir, los consumidores y los trabajadores, sino que encontremos un sistema en el que los que tienen mucha movilidad- es decir, el capital -, aporten una justa contribución a la financiación de nuestros gastos estatales y europeos. 
Por supuesto, creo que también abordaremos la cuestión de una comunicación y una coordinación mejores, así como la cuestión de una mejor eficacia, al igual que el inicio de un proceso de legitimidad democrática fortalecida, y, lo digo muy claro, señora Presidenta, la cuestión de la subsidiariedad, que no está en el orden del día. 
Ahora bien, la subsidiariedad, entendida como un camino en dirección a la renacionalización, nunca ha sido nuestra idea. 
Subsidiariedad quiere decir fortalecer la política común en aquellos ámbitos en los que los ciudadanos europeos encuentran ventajas y un valor añadido de las decisiones adoptadas a nivel comunitario. 
Pero también quiere decir, que, por ejemplo, en el ámbito de la política cultural, de igual modo que tenemos estas modernas catedrales formadas a partir de muchas bases culturales distintas, la nacionalidad europea, el alma europea, puede ser algo más, sin que esto signifique que la identidad cultural regional y nacional pueda o deba destruirse. 
En cada decisión, es de esperar, tendremos que examinar el protocolo de Amsterdam sobre la subisidiariedad correspondiente a las competencias comunes para ver si hay valor añadido para los ciudadanos, tarea esta que se ha propuesto la Comisión. 
En los parlamentos nacionales podría debatirse un informe anual sobre la subsidiariedad de la Comisión para acabar con un sentimiento, a mi modo de ver totalmente injustificado, de que en Europa se toman muchas decisiones que sería más conveniente no tomar a nivel europeo. 
Pienso que debemos prepararnos bien para la cumbre de Viena, y prometo una vez más que la Presidencia austriaca hará todo lo posible por realizar un avance sustancial en la Agenda 2000, y para ello apelo a la voluntad común de los Estados miembros para que autoricen este avance. 
Pienso también que para los parlamentarios europeos sería muy bueno haber solucionado estas cuestiones como signo positivo de que hay capacidad de solución en las elecciones europeas y no como signo de debilidad de que no estamos preparados y no somos capaces de aplicar las reformas internas necesarias. 
También pienso que sobre esa señal de posicionamiento favorable al proceso de ampliación al principio de las negociaciones en noviembre en Viena celebraremos un debate sincero y abierto sobre el informe de la Comisión sobre los progresos de la Unión. 
Celebro sobremanera, sin por ello querer entrometerme en la política interna de Eslovaquia, que los ciudadanos eslovacos hayan favorecido en sus elecciones el camino de democracia, de legitimidad del Estado de derecho y, en consecuencia, el no quedar aislados- lo cual se ha visto después ratificado a posteriori como postura política adecuada del Parlamento Europeo. 
Pienso también que, si para esa fecha hay un estatuto para los parlamentarios, también abordaremos el tema y nos ocuparemos de él en Viena. 
Iniciaremos el debate, porque es razonable haber conseguido un reglamento para los diputados antes de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Tenemos por delante mucha labor en común. 
Deseo que tengamos éxito, porque la idea de Europa lo merece, y me alegro de que en diciembre pueda debatir con ustedes por segunda vez los temas de la cumbre de Pörtschach, que ya habrá acabado, y de Viena. 
Muchas gracias. 
(Aplausos) 
Le agradezco profundamente esta intervención, señor Canciller, y me parece que el señor Presidente de la Comisión también desea dirigirnos algunas palabras. 
Con mucho gusto le doy el uso de la palabra inmediatamente. 
Señora Presidenta, Señorías, me limitaré sencillamente a contestar algunas preguntas para disipar un determinado número de malentendidos que han podido suscitar las intervenciones de algunas Señorías. 
Ante todo, el informe que la Comisión presentó en el marco de la decisión sobre los recursos propios no contiene ni propuestas, ni orientaciones de la Comisión en lo relativo a los futuros recursos propios. 
En cambio, el Consejo Europeo de Cardiff pidió a la Comisión que examinara algunos elementos de reflexión, precisamente para facilitar el debate sobre la negociación en el marco de las propuestas de reforma de la Agenda 2000. 
Por tanto, la Comisión no ha hecho de ningún modo propuestas de renacionalización de la política agrícola común por iniciativa propia. Tampoco propuso tener en cuenta los saldos netos para fijar las contribuciones netas. 
La Comisión sólo cumplió con su deber señalando pistas de reflexión posibles para facilitar las negociaciones en los diferentes Estados miembros. 
Si, por casualidad se llegara, a nivel de los Estados miembros, a un acuerdo sobre todo el conjunto del paquete de medidas y sobre las perspectivas financieras, entonces, y sólo entonces, la Comisión, aplicando su derecho de iniciativa, haría propuestas concretas. 
Sin embargo, hasta ahora, la Comisión sólo ha señalado a los negociadores pistas de reflexión posibles en un sentido o en otro. 
Ahora, toca a los Estados miembros y al Consejo pronunciarse. 
Quisiera con ello disipar todo malentendido. 
Por lo demás, señora Presidenta, Señorías, apoyo a todos aquellos que me dijeron que, para asegurar su porvenir, la Unión Europea debe estar más próxima de los ciudadanos. 
Ustedes saben que este ya era el tema de mi discurso de investidura ante su Parlamento Europeo, y apoyo todos los esfuerzos de la Presidencia austriaca en ese sentido. 
Europa no es un mero mercado y el euro no es un fin en sí mismo, pero son instrumentos importantes para definir y promover un modelo europeo de sociedad, un modelo de crecimiento basado en el espíritu de solidaridad, en el que la cohesión económica y social debe seguir siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra construcción europea. 
Ese es el espíritu en el que debe situarse el debate sobre la subsidiariedad, a mi juicio, subsidiariedad y solidaridad son las dos caras de una mismo moneda, dos caras indisociables si realmente se desea construir una Europa más próxima a los ciudadanos. 
Por lo demás, estoy convencido de que Europa puede cumplir con sus responsabilidades en el plano internacional, en el contexto que usted señaló, señor Presidente del Consejo Europeo. 
No obstante, me temo que una vez más Europa no puede aprovechar la ocasión que se presenta y que los proyectos compartidos por la gran mayoría de entre ustedes se pierdan en los arcanos de la burocracia. 
Este es el gran peligro, el gran riesgo, y sé de qué estoy hablando, habida cuenta de los debates que se llevan a cabo en diferentes Consejos de Ministros. 
Es allí donde debe intervenir el Consejo Europeo, donde la reflexión iniciada por los Jefes de Estado y de Gobierno puede dar nuevos impulsos, precisamente para que Europa pueda asumir sus responsabilidades de cara a sus propios ciudadanos, pero también sus responsabilidades en relación con sus socios y en el plano internacional. 
Si ésta es la dirección que se toma en Pörtschach, ¡no cabe duda de que Europa ganará credibilidad de cara a los ciudadanos! 
He recibido dos propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señor Presidente, espero que las intervenciones posteriores a los discursos finales de la Comisión y del Consejo tengan algo más de contenido que las intervenciones que los han precedido. 
Resulta verdaderamente importante señalar que la Europa en la que vivimos no es una Europa acabada, sino una Europa en permanente transformación. 
El éxito de esta transformación estará condicionado por nuestra capacidad para responder a los desafíos que plantee el futuro. 
Así pues, resulta imprescindible entablar un debate permanente para esclarecer, como estamos haciendo en estos momentos, si la línea que hemos elegido es la más adecuada. 
En comparación con otros continentes, resulta claro que Europa ha salido bien parada de los problemas económicos, cada vez más graves, que han convulsionado el mundo entero. 
En un mundo devastado por las crisis, la estabilidad europea es un valor que aprecian también aquellos que, por distintas razones, han venido oponiéndose a la cooperación europea. 
Esta circunstancia queda patente, por ejemplo, en las encuestas que muestran al mismo tiempo un aumento de la popularidad de la moneda única y un descenso del apoyo de los ciudadanos a la Unión Europea, la madre del euro. 
Una política económica y monetaria común exige una mayor coordinación económica por parte de los Estados miembros con el fin de garantizar también en el futuro una evolución favorable. 
En la política económica hay que prestar especialmente una gran atención a la cooperación europea en los ámbitos que merecen una mejor valoración por parte de los ciudadanos. 
Hay que potenciar el modelo europeo de sociedad, lo cual implica una mejor integración de las actividades sociales, ecológicas y económicas. 
Los esfuerzos para mejorar la situación actual del empleo han de ocupar un lugar clave en esta política económica. 
A este respecto, debemos expresar nuestro agradecimiento tanto a la precedente Presidencia del Reino Unido como a la actual Presidencia austríaca por haber abordado estas cuestiones con un mayor ímpetu que hasta la fecha. 
Desgraciadamente, la crisis económica internacional también crea presiones en Europa. 
Esperamos con especial interés que Rusia consiga solucionar su actual crisis económica y política a la mayor brevedad posible. 
La iniciativa de la dimensión septentrional de la UE, que se someterá a debate antes de que finalice el presente año, establecerá una cooperación planificada y a largo plazo entre Rusia y la UE. 
En la cooperación económica con Rusia hay que hacer hincapié en lo indispensable que resulta una verdadera transformación de las estructuras, por ejemplo en los sectores bancario y administrativo. 
A este fin es preciso reorientar el programa de cooperación TACIS destinado a Rusia. 
Ha llegado el momento de transformar este programa de manera que pueda responder a las necesidades actuales. 
La solución no estriba en la congelación de los recursos del programa TACIS, sino, insisto, en una orientación más adecuada de dicho fondos. 
Gracias, señora Myller, y en atención a los señores diputados inscritos en este debate, quisiera decir que el señor Canciller y el señor Presidente de la Comisión tenían que dejarnos imperativamente. 
Esta es la razón por la que deseaban intervenir en este momento del debate, sin embargo, la señora Ministra de Asuntos Exteriores está presente y escucha con toda atención las intervenciones de los señores diputados, así como el señor Comisario Fischler. 
Señora Presidenta, nos pide que hablemos en el desierto, pero en este Parlamento ya estamos acostumbrados a ello. 
Añado que este desierto está muy poblado, puesto que contamos con la presencia de la señora Ministra. 
Quisiera aprovechar los dos o tres minutos de los que dispongo para, simplemente, enviar un mensaje. 
Actualmente tenemos el sentimiento de que en el plano institucional pasa algo bastante extraño en esta Unión Europea. 
Registramos cierta progresión de consenso respecto a la idea de que son necesarias reformas institucionales, pero al mismo tiempo, ese consenso tiende a reducirse a aspectos estrictamente obligados. 
En realidad, mientras más avanzamos en el debate institucional, más tenemos la impresión de que la materia por reformar se desvanece, desaparece ante nuestros ojos, tanto así, que el proceso se reduce a una «reformilla» sobre la ponderación de los votos, a una extensión microscópica de la mayoría cualificada y mejorar del organigrama de la Comisión. 
Creo que esta doble evolución es preocupante y que no podemos aceptar reformas a la baja. 
Bien es cierto que en esta Unión Europea lo que está en juego no es el mero acondicionamiento marginal de tres instituciones, sino el concepto general de la Unión. 
¿Cómo podemos funcionar, qué debemos hacer juntos, con qué medios y qué políticas, a fin de cuentas, queremos estar juntos? 
Esta ausencia de reflexión fundamental entraña la deriva que mencioné hace un momento, entraña una deriva minimalista hacia reformas casi inexistentes. 
Creo que es hora de alarmarse ante esta deriva, de protestar contra esta evolución preocupante, ya que la ampliación exige de nosotros una reforma fundamental, no solamente de los textos sino de nuestros hábitos, de nuestra administración y de nuestra voluntad política. 
Como decía el antiguo Primer ministro francés, Raymond Barre, «En la Unión Europea, mientras más locos estamos, menos reímos». 
Señora Presidenta, la Cumbre informal del próximo fin de semana y la de diciembre, revestirán una gran importancia para la vida política europea. 
Por lo demás, las elecciones europeas de junio de 1999 y la renovación de la Comisión están cerca. 
Por ende, el debate político en Europa se acelera. 
Respecto al fondo, pienso que los recientes resultados electorales nacionales han dejado claramente de manifiesto la aspiración de nuestros ciudadanos a una política voluntarista, por ejemplo, en materia de empleo, el rechazo a dejar al mercado lo esencial de las decisiones políticas, la exigencia de conservar y desarrollar un modelo social rudamente adquirido en el curso de este siglo a través de las luchas obreras. 
Por tanto, será preciso ofrecer a los ciudadanos verdaderas opciones de sociedad, tanto a nivel nacional como europeo. 
A este efecto, también debemos conseguir los instrumentos políticos y estoy de acuerdo con el señor Presidente Santer cuando dice que gobernar Europa compromete a todos los protagonistas, nacionales y europeos. 
Quisiera hablar de cuatro aspectos de la manera de gobernar Europa. 
Primeramente, todavía no hay partidos políticos europeos dignos de ese nombre. 
El artículo 138 A del Tratado de Maastricht sigue siendo más o menos letra muerta. 
Es sabido que en la vida política nacional son los partidos los que estructuran y dinamizan esta vida política. 
No ocurre nada semejante a escala europea. 
¿Quién es el culpable? 
La responsabilidad incumbe a los partidos nacionales. 
Estos deberían ser conscientes de la necesidad de construir partidos europeos fuertes, con medios para decidir por mayoría, con aparatos eficaces y estructuras democráticas. 
En segundo lugar, la ciudadanía europea, otro aspecto de la democracia europea, tiene muchas dificultades a adquirir consistencia. 
La participación de los ciudadanos comunitarios no nacionales en las elecciones europeas y municipales es insuficiente en todos los países de la Unión europea. 
Este es un verdadero defecto de la democracia europea. 
En tercer lugar, algunos creen poder mejorar la democracia multiplicando las asambleas, por ejemplo, añadiendo a las asambleas que ya tenemos, una asamblea de diputados nacionales, responsables de verificar el cumplimiento de la subsidiariedad. 
Es absurdo. 
Todo lo que va a lograr es hacer el proceso más opaco. 
En cuarto lugar, ¿cómo poder hacer más interesante la vida política europea añadiendo un poco de imaginación sin modificar los Tratados? 
Señora Presidenta, la asociación Nuestra Europa, dirigida por Jacques Delors, propuso que en las próximas elecciones europeas, los partidos europeos participen bajo un nombre en pos de la futura presidencia de la Comisión. 
Ni Jacques Delors, ni los miembros de su asociación, de la que formo parte, no son, digamos, unos extravagantes. 
Si se hace esta propuesta, es porque se ha comprobado una disminución de la participación electoral. 
Ahora bien, de acuerdo con la época, tenemos interés en personalizar la política europea y la personalidad europea más en boga desde el punto de vista político es y será, además, el Presidente de la Comisión. 
Pienso que tiene un muy mal efecto democrático sustraer la atribución de esta tarea al proceso democrático. 
Señora Presidenta, me adhiero con placer a las declaraciones del Sr. Bourlanges y señalo que el enfoque de reforma minimalista de la Unión Europea choca con las expectativas de sus ciudadanos. 
Europa se considera cada vez más como un espacio uniforme. 
Las fronteras interiores han caído y, consecuentemente, los ciudadanos esperan un nivel equivalente de seguridad, protección de la delincuencia organizada y de la inmigración ilegal que el que tenían en sus respectivos países. 
Desde hace tiempo disfrutamos en Europa de un espacio económico único y eficiente, pero hasta ahora a este espacio económico le falta el espacio jurídico correspondiente, que regule y proteja la economía desde una dimensión social. 
En esto se centran las expectativas de los ciudadanos. 
Consideramos la ampliación hacia el Este como una excelente ocasión histórica de nuevo ordenamiento de Europa, pero que debe ir unida a la esperanza de trasladar nuestros niveles de democracia, seguridad y Estado de derecho a los países candidatos, para que no sólo supongan una base de operaciones ampliada para las mafias del Este. 
El Tratado de Amsterdam, obviamente, supone un enorme paso adelante, pero a la vez entraña un gran programa de trabajo para la Unión Europea. 
En última instancia, hemos de reconocer que no ha supuesto más derechos para el Parlamento, sino que ha ido acompañado de un déficit palpable de legitimación democrática. 
En este Tratado se traspasan a la Comunidad competencias esenciales de política interior, se retira la competencia legislativa directa de los parlamentos nacionales y se pone en manos del Consejo, que tiene una legitimidad democrática indirecta, y no se concede al Parlamento Europeo ningún poder de codecisión digno de mención. 
Todo ello constituye un déficit democrático que debe ser corregido. 
En el nuevo Tratado, la Comisión dispone de un derecho de iniciativa ampliado, incluso de monopolio de la iniciativa después de cinco años, y deberá tener presente que ha de utilizar este monopolio en interés de todos y no en interés de unos pocos. 
La protección temporal de los refugiados, por ejemplo, no sólo debe ampliar a gran escala la reunificación de las familias, sino que también debe velar por un correcto reparto de los flujos de refugiados. 
Por tanto, un espacio de libertad, seguridad y Estado de derecho implica más solidaridad en la libertad, más seguridad para los ciudadanos que no deben fracasar ante el empecinamiento de la soberanía nacional. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, el futuro de Europa plantea importantes preguntas a las que no deben darse respuestas pequeñas. 
En el debate de hoy estamos hablando de los problemas reales y, acertadamente, no llevamos a cabo ningún simulacro de combate. 
Adaptar la UE al siglo XXI significa seguir avanzando progresivamente en el proceso de integración iniciado, también con las reformas institucionales, significa no detenerse en lo ya alcanzado y en ningún caso significa renacionalización. 
El problema del debate de la subsidiariedad consiste en que los Tratados de Maastricht y de Amsterdam han trasladado el aparato de poder de la UE a las políticas comunitarias y que este hecho, sencillamente, no ha sido entendido todavía por la política nacional. 
Los asuntos europeos, entre tanto, son cuestiones de política interna, que deben solucionarse de modo común con la UE. 
Ante todo, los gobiernos deben decir abiertamente a sus ciudadanos: sí, queremos y debemos tomar decisiones conjuntas a nivel europeo, porque es bueno para el país y por que el país ya no puede solucionar por sí solo los problemas centrales. 
El euroescepticismo que experimenta parte de la población proviene de la postura de aquellos que se rigen por el lema: si mañana sale el sol, lo ha traído nuestro país, si nieve y truena, la culpa es de la UE. 
¡Se trata de la autoafirmación de Europa! 
La globalización y la creciente división del trabajo internacional ya sólo pueden verse configurados e influenciados por una Comunidad con instrumentos sólidos. 
En muchos ámbitos, necesitamos la vuelta a la política, ya que en los años 80 y 90 se creyó demasiado en la desregulación y en que la única solución era el mercado. 
El modelo europeo sigue siendo un modelo estatal. 
El euro era un hito, la política de empleo común debía ser el siguiente. 
Deseo a la Presidencia austriaca mucho éxito en esta andadura y me despido, como es costumbre en la zona de Ruhr, de donde procedo, con un cordial «Glück auf» : «¡suerte!» 
Señora Presidenta, la unión monetaria va a cambiar Europa, va a constituir un marco jurídico para el mercado interior financiero europeo y además va a nivelar el camino hacia la unión política. 
Sin ella, la Unión Europea no puede ponerse en marcha hacia la realización de la Agenda 2000 y la ampliación al Este. 
Ahora bien, también necesitamos que se desarrolle el espíritu comunitario. 
La esperanza depositada por el escritor alemán Peter Schneider en su Europa soñada cada vez se ve más defraudada por la dinámica de que el mercado interior que funciona con la moneda única no encuentra correspondencia en otros terrenos políticos. 
Cada mercado necesita un marco de ordenamiento para que la sociedad no sufra perjuicios y, debo recordar, el dinero está al servicio de la gente. 
Por tanto, con la unión monetaria la Unión Europea ofrece una oportunidad histórica para afrontar con éxito las consecuencias de la globalización. 
La crisis en Rusia y en otras regiones del mundo, por una parte, y el desarrollo positivo de la estabilidad de los precios, por otro, subrayan la especial importancia del euro para la estabilidad monetaria europea e internacional. 
La zona del euro formada por once países es como un faro en el revuelto mar de las turbulencias monetarias y financieras. 
No obstante, no debemos echarnos para atrás, sino que debemos organizar la estabilidad social al mismo tiempo que la monetaria. 
No sólo los mercados necesitan confiar en Europa, también la gente lo necesita. 
Por tanto, de lo que se trata es de configurar y coordinar la unión monetaria en los terrenos político, social, económico y de empleo. 
A este respecto, insto a la Presidencia del Consejo y a la Comisión a que incluyan definitivamente al Parlamento en pie de igualdad en la coordinación de la política económica y de empleo y a que concluyan de común acuerdo con nosotros el acuerdo interinstitucional, de modo que podamos participar en estos pasos importantes de la Unión que necesitamos. 
Como Parlamento, hemos organizado el diálogo democrático con el Banco Central Europeo, se ha llevado a cabo el primer diálogo monetario, pero ahora hay que dar pasos en el terreno político, al igual que hay que dar pasos a nivel internacional. 
No sólo en el terreno del Banco Central, sino la Unión Europea, y fundamentalmente los once países de la zona del euro, deben pronunciarse con una sola voz, incluyendo la participación del Consejo y del Parlamento. 
Necesitamos medidas contra el dumping social y fiscal, contra los oasis fiscales y a favor de una reducción de la imposición fiscal a las empresas. 
El euro desarrollará su propia dinámica y se establecerá en los mercados y entre la población. 
Además, necesitamos una organización de las medidas para una economía real, de modo que esta zona del euro de once países nos ayude a partir del 1 de enero de 1999 a una mejora constante de la situación de la Unión. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, este debate está marcado por el examen de la Agenda 2000, la continuación de los elevados niveles de desempleo y la aparición de preocupantes señales de recesión económica. 
Sobre la Agenda 2000 conviene señalar que sólo tiene sentido, si contribuye al fortalecimiento de la cohesión económica y social en la Unión Europea. 
Ahora bien, las propuestas que están encima de la mesa nos hacen temer que se pueda caminar en la dirección contraria. 
Hay que reequilibrar la PAC para dar soluciones equitativas a todos los sistemas agrarios europeos, en particular a los más periféricos y desfavorecidos, que son los más amenazados por la Organización Mundial del Comercio. 
Si no fuera así, corremos el riesgo de hacer una reforma para los agricultores más eficientes y poner en peligro el modelo europeo de agricultura. 
No se puede hacer la financiación de la ampliación al Este a costa de los Fondos estructurales, o sea, de las regiones y de los ciudadanos más pobres de dicha Unión. 
Las propuestas existentes tampoco nos tranquilizan a ese respecto. 
La propuesta de financiación recientemente presentada por la Comisión va en el sentido de la renacionalización de políticas comunitarias, lo que parece revelar una actitud minimalista de Europa frente al fortalecimiento y la profundización que son necesarios. 
En cuanto al problema del desempleo, hay que decir que aún no se ha visto nada palpable y en una escala que pueda invertir tan dramática situación. 
Se debe superar la vacilación que ha habido entre soluciones keynesianas y soluciones monetaristas y se debe encontrar un policy mix que ayude a superar la crisis. 
Por último, la recesión económica. 
Al contrario de la última recesión, ésta no ha afectado hasta ahora a la Unión Europea tan dramáticamente como a sus principales competidores. 
Sin embargo, las incertidumbres sobre la evolución de la situación aconsejan una atención intensificada por parte de la Unión para que no se vea cogida por sorpresa y también aconsejan que los Gobiernos de Estados miembros, como en el caso de mi propio país, dejen de pronunciar discursos de color de rosa sobre la situación económica en que nos encontramos. 
Por todo esto, esperamos mucho de la Presidencia austríaca y de la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno que se celebrará la semana próxima. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la mañana. 
Votaciones 
Será un período de votaciones breve porque, debido al diluvio de peticiones de los grupos políticos para realizar votaciones separadas a la resolución sobre la Conferencia Cumbre Extraordinaria, ha sido necesario retrasar a mañana la votación sobre dicho asunto. 
Y ello debe preocupar a los grupos políticos, porque creo que quizás necesitaríamos fijar un plazo de tiempo más corto para la presentación de peticiones de votaciones separadas. 
Señor Presidente, como puede ver, me encuentro en la Asamblea. 
Mi observación va dirigida a usted, porque sé que el tema le interesa mucho. 
Se trata de las comunicaciones. 
El jueves envié un mensaje por correo electrónico desde el nuevo ordenador del Parlamento en Bruselas a mi despacho. 
Después de tener que recurrir a varias personas de la administración, el mensaje llegó por fin hoy a mi despacho. 
No creo que sea un buen ejemplo de progreso en la Unión que un mensaje electrónico tarde casi 5 días en llegar desde Bruselas hasta mi despacho en mi circunscripción. 
Tengo entendido que la culpa es del servidor Groupwise que el Parlamento utiliza para esta tarea. 
Debido a que el Vicepresidente Haarder ya está estudiando este asunto, quizá podría ir un poco más lejos y asesorarnos si estamos recibiendo un buen servicio y si ha habido otras quejas de esta naturaleza. 
Esta propuesta forma parte de la política global comunitaria en materia de contaminación atmosférica. 
Trata de las instalaciones fijas que emiten disolventes orgánicos. 
La propuesta presta especial atención a la contaminación atmosférica y a sus consecuencias para la salud pública. 
No obstante, los aspectos que pueden estar asociados con el ambiente interno del lugar de trabajo, el medio laboral, no han sido retirados. 
Por ello los socialdemócratas daneses hemos apoyado las enmiendas de la comisión relativas a los posibles efectos sobre la salud humana en general y a la exposición profesional en particular. 
Yo doy mi apoyo al informe. 
Se necesitan normas más estrictas respecto a los compuestos orgánicos, especialmente en sectores de utilización intensiva, como el de las limpiezas y de los productos disolventes y conservantes. 
Doy mi apoyo al informe con la condición de que los Estados miembros tengan derecho a mantener y establecer reglas más estrictas, es decir, con la condición de que se apruebe la propuesta de enmienda 6. 
Debe aplicarse el principio de la cautela, vale decir, que no se usen sustancias químicas si hay un mínimo riesgo para la salud o el medio ambiente, y el principio de la substitución, es decir, que si existen sustancias menos peligrosas, su uso debe ser obligatorio. 
Las experiencias recogidas en los sistemas sanitarios de todos los países han demostrado que los compuestos orgánicos volátiles en sí mismos son perjudiciales para la salud pública. 
Además, estos compuestos contribuyen a la creación de ozono, lo cual ocasiona también problemas sanitarios. 
Por ello, una reducción de estas sustancias es una iniciativa importantísima en el marco de la prevención de muchas enfermedades, especialmente de las vías respiratorias. 
El Parlamento ha contribuido positivamente durante su primera lectura a la mejora de esta propuesta en una serie de puntos. 
Especialmente, en lo referido a la exigencia de que se tomen en cuenta los disolventes orgánicos provenientes de pinturas. 
Es un motivo de alegría ver que la posición común adoptada por el Consejo cumple los requisitos más importantes de la primera lectura realizada en el Parlamento. 
sobre el informe Lange (A4-0364/98) 
La propuesta de directiva para reducir las emisiones de gases de escape de los vehículos industriales pesados forma parte de una estrategia global comunitaria y deriva de las directivas relativas a la reducción de las emisiones de los vehículos de pasajeros y los vehículos comerciales ligeros, aprobadas recientemente por el Parlamento y el Consejo mediante procedimiento de conciliación. 
Esta nueva legislación es un logro para un aire más limpio en Europa. 
El nuevo conjunto de propuestas aprobadas va mucho más allá del texto original incluido en las recomendaciones de la Comisión Europea, y ciertamente garantizará que los nuevos vehículos de pasajeros y los vehículos comerciales ligeros serán menos contaminantes en el futuro que en el pasado. 
El Parlamento Europeo también ha logrado imponer combustibles de mejor calidad en este nuevo acuerdo revisado. 
Los combustibles con menor contenido en azufre son un elemento integral en esta serie de propuestas encaminadas a reducir el volumen de emisiones de los motores diesel. 
Se reducirá considerablemente el contenido en azufre del combustible y el nuevo combustible se adaptará fácilmente a las nuevas tecnologías de reducción de las emisiones de los vehículos comerciales, así como de los sistemas de depuración de gases de escape. 
Debemos recordar que la Conferencia de Kioto estableció un calendario mundial estricto para la reducción de las emisiones de CO2 y otros contaminantes peligrosos relacionados para ayudar a corregir los efectos sobre la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. 
La legislación que hoy nos ocupa es una parte intrínseca del programa de reformas que aplica la Unión Europea en cumplimiento de las directrices establecidas por los participantes en la Conferencia de Kioto. 
Las emisiones de CO2 procedentes de los vehículos industriales pesados son responsables del incremento de las emisiones procedentes del tráfico por carretera. 
Dichos vehículos deberán, por consiguiente, ser incluidos en la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 lo antes posible. 
Asimismo deben proponerse incentivos fiscales para garantizar que los vehículos comerciales cumplen los nuevos requisitos y los vehículos más viejos son acondicionados, al objeto de cumplir los estrictos plazos de conformidad con esta nueva legislación. 
Doy la bienvenida al informe sobre normas más rigurosas para las emisiones de los vehículos diesel. 
Éste completa decisiones anteriores adoptadas por el Parlamento sobre reducción de emisiones y mejor calidad de los carburantes, etcétera, para coches y camiones ligeros. 
En general es un buen informe y he votado a favor de él. 
He votado a favor de la propuesta de enmienda 26 de Hautala encaminada a reducir aún más los niveles de emisión, con una nueva fecha de control, el año 2005. 
Se ha visto anteriormente, por ejemplo en relación con los debates acerca del momento para establecer catalizadores, que si se da a la industria automovilística una decisión y una fecha, ella cumple. 
sobre el informe Spaak (A4-0357/98) 
El informe de la señora Spaak sobre los progresos de la Unión en 1997 pide que la próxima adaptación de los Tratados europeos con vistas a la ampliación sean la oportunidad de experimentar un método de decisión más comunitario, bajo el impulso de comités de sabios. 
Pide que la Comisión, que de este modo se ve colocada entre los sabios, elabore un primer proyecto de reformas antes de finales de este año. 
El método de los comités de sabios parece sumamente controvertible a juicio de los miembros de mi Grupo. Por regla general, sirve sobre todo para tratar de poner a los ciudadanos ante el hecho consumado, en nombre de una verdad que viene de arriba. 
Por lo demás, no me explico por qué esta idea no se retoma en la resolución De Giovanni sobre el porvenir político de la Unión. 
Quizás el Presidente De Giovanni experimente, él también, dudas. 
En cuanto al Parlamento Europeo, carece de cualquier papel legítimo de codecisión en esta revisión, en la que no serviría sino para apoyar, como de costumbre, a los grupos de presión más federalistas. 
Los Parlamentos nacionales deben emitir propuestas y pronunciarse antes del Consejo final, según las modalidades propias a cada país, mediante la votación de la atribución de un mandato de negociación explícita a su gobierno. 
Por último, la Comisión no debería desempeñar en este asunto más que un papel de ejecución y no de iniciación. 
Sin embargo, visto que en este caso la actual Comisión parece haber preparado proyectos de reforma para el período posterior a Amsterdam, que los publique, así, por lo menos, los franceses que deberán debatir próximamente la ratificación de este Tratado verán con más claridad cuáles son sus verdaderas finalidades, tal como se interpretan en Bruselas. 
No estamos dispuestos a abandonar los principios de colaboración reforzada que se describen en el Tratado de Amsterdam. 
Por esta razón, no podemos dar nuestro apoyo al contenido del punto 11. 
Tampoco estimamos que la coordinación de las políticas de defensa tenga que hacerse de otro modo que el mencionado en el Tratado de Amsterdam. 
Opinamos que, en primer lugar, la Unión debe coordinar los esfuerzos por mantener la paz por medio de la UEO. 
Ser miembro de la OTAN no es obstáculo para que la Unión Europea actúe independientemente en este campo. 
La no-participación en alianzas militares de algunos Estados miembros tampoco es un impedimento. 
Por estos motivos, no podemos dar nuestro apoyo al contenido del punto 20, inciso 4. 
Las negociaciones de la ampliación se iniciaron hace ya unos meses. 
Por lo tanto, es necesario que nos organicemos para un futuro con los 13 nuevos Estados miembros. 
Por esta razón, cada día es más indispensable determinar con precisión las reglas destinadas a asegurar un nuevo equilibrio. 
De todos los peligros que corremos, creo que el más serio es el de dispersión de los órganos decisorios y la disgregación de las decisiones de la Unión Europea y de sus políticas comunes. 
Por ello apruebo las observaciones del informe Spaak, en especial cuando subraya la necesidad de prever, lo antes posible, una reforma institucional de la Unión Europea previa a la próxima ampliación. 
Hay que establecer un calendario apretado para remediar el efecto negativo provocado entre los ciudadanos europeos por la Conferencia Intergubernamental. 
Además, esto ha de llevar a que nos preguntemos quién es el más autorizado para ocuparse de este tipo de negociaciones: ¿los Estados miembros reunidos o, directamente, un órgano democráticamente elegido en el ámbito europeo? 
Tal como se han concretado hasta ahora, las negociaciones han mostrado muy poca capacidad de llegar al fin establecido. 
Es decir que, en adelante, se necesita un avance concreto, sin el que ningún preparativo podrá intensificarse. 
La simultánea apertura de negociaciones de adhesión y de reforma institucional es una necesidad. 
El mínimo atascamiento en el fracaso de la Conferencia Intergubernamental condenaría las negociaciones ya emprendidas y paralizaría todos los esfuerzos de los candidatos. 
Es decir que votaré a favor del informe Spaak, a la vez que subrayo con fuerza toda la importancia de la búsqueda del equilibrio institucional. 
Los socialdemócratas daneses nos hemos abstenido en la votación del informe de la Sra. Spaak. 
No estamos de acuerdo con los deseos expuestos en algunos ámbitos. 
El Tratado de Amsterdam nos parece bueno y queremos ver cómo funciona en la práctica. 
Las reformas institucionales no deben detener el proceso de ampliación. 
En este informe que hoy nos ocupa en el Parlamento Europeo, la ponente, Sra. Spaak, pide que se lleve a cabo una reforma institucional antes de la prevista ampliación de la Unión Europea. 
Sabemos que las negociaciones entre la Unión Europea y los seis miembros aspirantes procedentes de la Europa central y oriental elegidos para incorporarse a la Unión Europea a principios del próximo siglo comenzarán el próximo mes de noviembre. 
El Presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, ya ha declarado que se celebrará otra conferencia intergubernamental para reformar los actuales Tratados europeos de cara a garantizar que el proceso de ampliación se desarrolla de una manera estructurada. 
Lo que está diciendo, básicamente, es que los procedimientos de toma de decisiones en el seno de la Unión Europea deberán modificarse, si queremos que la Unión Europea funcione eficazmente cuando Polonia, la República Checa, Hungría, Eslovenia, Estonia y Chipre se incorporen a la UE. 
Estoy completamente de acuerdo con el principio general de que se reformen los procedimientos de toma de decisiones de la Unión Europea, pero cualquier reforma deberá hacerse de una manera equilibrada y transparente. 
El Acta Única Europea introdujo el procedimiento de cooperación y el Tratado de Amsterdam ha ampliado el poder de codecisión del Parlamento Europeo en muchos ámbitos de la actividad política, económica y social. 
Apoyo la continuación de este proceso. 
No obstante, en informes del Parlamento Europeo de años atrás se ha sugerido que debe reducirse el tamaño de la Comisión Europea. 
Recuerdo el informe Bourlanges, anterior a la Conferencia Intergubernamental de 1996, que sugería que debía reducirse el tamaño de la Comisión Europea a sólo diez miembros. 
Como consecuencia de las negociaciones relativas al Tratado de Amsterdam, se acordó que los cinco Estados miembros más grandes de la Unión Europea perderán uno de sus dos candidatos a la Comisión Europea cuando se celebre la próxima ronda de negociaciones sobre la ampliación. 
Creo que eso es muy importante, especialmente desde la perspectiva de los Estados miembros más pequeños, como Irlanda, que reconocen la importancia de conservar a un candidato a la Comisión Europea. 
Desde 1973, los Comisarios irlandeses han ocupado carteras influyentes e importantes como las de Asuntos Sociales, Agricultura, Política de Competencia y Transportes, y sería muy injusto que, en el futuro, Irlanda se quedara sin el nombramiento de su Comisario. 
Lo que estoy diciendo aquí, para que conste en Acta, es que cualquier futura conferencia intergubernamental debe conservar el derecho de los Estados miembros pequeños a nombrar a un miembro de la Comisión Europea en todo momento. 
Lindqvist (ELDR) , Eriksson, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL) , Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V) , Krarup y Sandbæk (I-EDN) , por escrito. 
(DA) 1997 fue el año en el que, entre otras cosas, fue firmado el Tratado de Amsterdam y más de 50.000 personas se manifestaron contra la UE en Amsterdam, mientras que los negociadores- dentro de sus edificios- pensaban que velaban por los intereses de la población. 
Pensamos que 1997 supuso un retroceso y no un avance dentro de los campos que trata el informe, es decir, el Tratado de Amsterdam, el euro, la PESC, y los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior, sólo por mencionar algunos, y por ello no podemos apoyar de ninguna forma el informe de la Sra. Spaak. 
El Tratado de Amsterdam no es, como ya se ha mencionado, un proyecto de los pueblos, al igual que tampoco lo es la UEM. 
En 1997 había una amplia oposición al euro, una oposición que sigue viva hoy a finales de 1998, pocos meses antes de la introducción de la moneda. 
El poder legislativo debe retornar a los parlamentos nacionales y no ser transferido a un tribunal comunitario, que en muchos sentidos legisla más que juzga. 
Nos oponemos a que se ejecuten ciertas disposiciones del Tratado de Amsterdam antes de que éste sea ratificado. 
Pensamos que esto es una muestra de falta de respecto hacia los parlamentos nacionales y con ello hacia la población de los países en los que el tratado no ha sido ratificado. 
¿Cómo puede pretender el Parlamento Europeo representar a la población «europea» cuando no se quieren respetar sus procesos democráticos? 
Opinamos que la cooperación europea debe realizarse en el ámbito interestatal y no podemos dar nuestro apoyo a esta manifiesta defensa de una evolución hacia los «Estados Unidos de Europa». 
El informe aboga por un incremento de las decisiones tomadas por mayoría calificada en el Consejo de Ministros y por un aumento de influencia del Parlamento Europeo, lo que conlleva falta de claridad sobre quiénes son los responsables de las decisiones adoptadas políticamente en cada uno de los países miembros. 
El informe también va más allá de lo que prescribe el Tratado de Amsterdam en lo referente a política internacional y de defensa común. 
Damos nuestro apoyo a la colaboración conforme a los informes de Petersburgo sobre mantenimiento de la paz, solución de conflictos y acciones humanitarias, pero no en cuanto a una defensa militar común y tampoco al establecimiento de fuerzas comunitarias de intervención, tanto civiles como militares. 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo ha apoyado el informe Spaak, aunque con serias reservas. 
No hemos apoyado el apartado 8 en el que se pide la ampliación de la votación por mayoría cualificada para todas las decisiones, excepto aquéllas de naturaleza constitucional. 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo también siente preocupación por los apartados del informe Spaak relativos a la PESC. 
Hemos apoyado las enmiendas 1 hasta 3 de Gary Titley, en nombre del Grupo Socialista. 
El rechazo de la enmienda 2 por el Parlamento ha sido sorprendente. 
Hacía la observación obvia de que cualquier fracaso en los esfuerzos de la UE por resolver la crisis de Kosovo se debe mucho más a la falta de voluntad política que a consideraciones institucionales. 
El apartado 20, según ha sido aprobado por el Parlamento, sugiere que la Unión Europea es miembro de la OTAN. No lo es. 
El futuro de la Unión Europea afecta directamente a los ciudadanos de sus Estados miembros y más generalmente a los ciudadanos de Europa. 
Especialmente a quienes son las primeras víctimas de la política contraria al pueblo, contraria a los trabajadores, neoliberal de la Unión Europea. 
Afecta a los millones de parados, a los millones de pobres y de indigentes, de mujeres y de jóvenes, a los cientos de millones de trabajadores que se enfrentan al ataque por todos los frentes de la Unión Europea por la supresión de sus derechos básicos y fundamentales. 
Pero el Consejo Europeo, a pesar de su, tan anunciada, mayoría socialdemócrata, permanece fiel a sus ideas monetarias neoliberales y sigue la misma política que sus predecesores. 
Punto de referencia también de este Consejo será la conclusión del mercado interior único y de la UEM, la fiel aplicación del Acuerdo de Estabilidad y la concentración en los índices nominales de Maastricht. 
Es decir, la conclusión de los objetivos del ataque contra las rentas del pueblo, la seguridad social y los derechos de los trabajadores. 
Los líderes de la Unión Europea no sólo no se han sensibilizado ante la reacción del pueblo y la resistencia de los trabajadores, no sólo no han sacado las conclusiones adecuadas de la crisis que azota a la economía mundial y de los agudos casos de crisis en una serie de países y de regiones como en Rusia, en Asia sudoriental y en Latinoamérica, sino que intentan salvaguardar los monopolios y las grandes empresas tanto de su enemigo interno, es decir de los movimientos populares y de los trabajadores, como de sus rivales internacionales, y también de los propios Estados miembros que, en el marco del ejercicio de sus derechos principales, podrían poner obstáculos a la aplicación de sus alternativas. 
Por esta razón los temas centrales del Consejo Europeo van a ser los temas de seguridad interior, fomentando la incorporación de Schengen que se adoptó en el Tratado de Amsterdam y la ayuda a las autoridades policiales a nivel europeo, la ayuda a la PESC y el fomento de los cambios institucionales necesarios que institucionalizan los principios de la geometría variable, la supresión del veto y de la unanimidad y la generalización de la norma de la mayoría. 
Con la ampliación de la Unión Europea y con las alternativas de la «Agenda 2000» , se intenta cazar dos pájaros de un tiro. 
Por un lado la conquista de nuevos mercados del capital europeo, la reducción del «coste» de la Unión, con la drástica reducción de las contribuciones de los países más desarrollados, la reducción de los fondos más que insuficientes de que dispone la Unión Europea para el desarrollo y la agricultura, la transferencia de las responsabilidades de las consecuencias de la política económica en los Estados miembros que, a la vez, con la disciplina presupuestaria que se ha impuesto, va a significar la limitación de los gastos para servicios como la educación, la salud, y la política social, y la disponibilidad de recursos hacia las grandes empresas monopolísticas. 
Por otro lado se aspira desarmar a los movimientos populares y a los Estados miembros de medios de resistencia, a nivel nacional e internacional, y al fomento de nuevos acuerdos internacionales contrarios al pueblo, como el Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones, que fomenta la autonomía de las inversiones extranjeras frente al poder estatal y consolida los intereses de los «inversores» frente a las reivindicaciones del movimiento laboral y popular. 
Víctimas de estos objetivos van a ser los pueblos de los estados que van a anexionarse a la Unión Europea, ya que para su adhesión es condición indispensable que los gobiernos de estos estados acepten el llamado «acervo comunitario» , es decir, el marco institucional, jurídico y funcional de la Unión Europea. 
Resistirse a estas opciones y a esta política es un camino en una sola dirección para los trabajadores de todos los Estados miembros de la Unión y también de los países que van a anexionarse. 
La lucha de los trabajadores contestará a las opciones de los monopolios y abrirá el camino a la otra Europa, a la Europa real del futuro, que prestará servicio a sus intereses, a los de los hombres y no a los del capital. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, intervengo en mi calidad de ponente del informe sobre la navegación interior y quiero hacer la siguiente observación: a menudo se producen cambios en los comunicados de prensa de la Cámara; por ejemplo, en la edición en lengua alemana del lunes por la tarde de los servicios de prensa del Parlamento no se incluyó el informe sobre la navegación interior. 
Esto, por otra parte, dio lugar a protestas de los periodistas germanófonos aquí en el hemiciclo. 
Quiero insistir en estas protestas y declararlo públicamente en nombre de los diputados de habla alemana. 
En el Parlamento decidimos cómo se lleva a cabo la labor de información. 
Así pues, insto encarecidamente a que la presidencia garantice que esto se solucione lo antes posible y que no vuelva a producirse en el futuro. 
Señor Konrad, he señalado con gran cuidado las observaciones que ha formulado y, por supuesto, averiguaremos y veremos lo que debe suceder para que en el futuro no existan los problemas a los que nos referimos. 
Yo he tenido la misma experiencia. 
El servicio de prensa en alemán se ocupa del presupuesto, los informes, las relaciones exteriores. 
Ya no quedan trazas de esta labor. 
Por tanto, insto urgentemente a que los comunicados de prensa en alemán se publiquen de nuevo en su totalidad, al igual que en inglés y en francés, y que contengan lo que ha dicho el ponente. 
No podemos tolerarlo. 
Señor Schwaiger, ya he tenido la oportunidad de responder al señor Konrad que tengo en cuenta todo cuanto ha dicho. 
Personalmente, si quieren, debido a que, en el marco de la presidencia, tengo la responsabilidad de informar, nunca dudé de que es un sector en el que, desgraciadamente, todavía tenemos problemas. 
Siempre lo he dicho, tanto en la Presidencia como en informes destinados a los compañeros, que todos han recibido. 
Sé muy bien que aún tenemos muchos problemas en dicho sector. 
Es uno de nuestros grandes asuntos en los que, desgraciadamente, no hemos conseguido ser eficaces y precisos y observaremos dicho aspecto con muchísima atención. 
Lo siento, porque los compañeros alemanes se enfrentan a dichos problemas. 
No son los únicos pero, en cualquier caso, es muy molesto que compañeros que consumen mucho tiempo para presentar aquí informes muy buenos u otros trabajos no consigan ni siquiera una proyección fundamental. 
Señor Presidente, muchas gracias por esta declaración. 
También quiero darle las gracias porque se ha destacado usted como uno de los vicepresidentes que más ha velado por la transparencia, por intentar funcionar con una adecuada labor de publicidad a fin de que los intereses generales no se vean reducidos a temas como los gastos de viaje, los escándalos y similares. 
Debemos informar oportuna y suficientemente a los periodistas y usted, como vicepresidente, ha hecho mucho a este respecto y la información que acaba de proporcionarnos nos anima. 
Aprovechamos la ocasión para transmitir a los periodistas la declaración personal que acaba de hacer. 
Considero que es un signo positivo y alentador, y esperamos que continúe en esta dirección. 
Por ello estoy especialmente contento de que dirija usted el debate de este tema, y creo que hemos tenido motivo para dirigirnos precisamente a usted. 
Se lo agradezco mucho. 
(La sesión, interrumpida a la 1 a.m., se reanuda a las 3 a.m.) 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Kosovo. 
En nombre del Consejo, tiene la palabra la Sra. Ferrero-Waldner. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, aquí estamos en el Parlamento por última vez desde hace dos semanas discutiendo el problema de Kosovo, y desde entonces se han producido acontecimientos que al menos dejan un resquicio a la esperanza. 
La postura decidida de la Unión Europea y de la comunidad internacional en su conjunto, reflejada en los resultados del debate sobre el grupo de contacto de los Balcanes y sobre todo en las nominadas decisiones act del 13 y el 16 de octubre, ha dejado claro a Belgrado que la paciencia de la comunidad internacional con respecto a la política de Kosovo ha llegado a su límite, como ya señalé en el último debate celebrado aquí. 
Yugoslavia ha de contar con que sufrirá serias consecuencias si no cumple los compromisos contraídos. 
En los acuerdos concluidos por el Presidente Milosevic el 13 de octubre con el Sr. Holbrooke, enviado especial estadounidense, vemos una base de solución política del problema de Kosovo: ni más, ni menos. 
La decisión de la OTAN de 16 de octubre, en la que se emplazaba a Milosevic a que retirase las unidades militares y la policía especial, con un plazo hasta el 27 de octubre, demuestra que no se tolerará una desviación por parte yugoslava de los compromisos adquiridos. 
Los elementos más importantes del acuerdo, que será sancionado el 15 de octubre por el Consejo Permanente de la OSCE y firmado el 16 de octubre por los ministros de Asuntos Exteriores Geremek y Jovanovic, son los siguientes: en el transcurso de las próximas semanas se estacionará un grupo de observadores, no armado, de unas 2000 personas, la llamada Kosovo Verification Mission, la misión de verificación de Kosovo, bajo la dirección de la OSCE y en estrecha cooperación con la OTAN. 
La KVM supervisará el cumplimiento de la Resolución 11/99, adoptada el 23 de septiembre por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La UE ofrecerá una contribución sustancial y clara a la KVM, y también para paliar las situaciones de emergencia humanitaria. 
La Unión Europea ha participado activamente en la aplicación del acuerdo y ha dado ya sin mayor tardanza los primeros pasos necesarios para posibilitar un desenlace sin problemas. 
Precisamente en estas horas, el comité político del Consejo se reúne para discutir las medidas que debe adoptar ahora la UE. 
Con 1000 observadores o incluso más, la UE constituirá el grueso de la misión. 
Será especialmente importante garantizar la seguridad de los observadores una vez estén allí. 
Para la OSCE, radicada en Viena, la realización de la KVM representa un reto extraordinario. 
Una larga lista de Estados miembros ya ha prometido enviar contingentes; Austria mandará unas 50 personas. 
El núcleo duro de la KVM está compuesto por la Kosovo Diplomatic Observer Mission (KDOM). 
Ya saben que la Unión Europea participa con la European Community Monitoring Mission (ECMM). 
Esta supervisión sobre el terreno se completará además por una supervisión del espacio aéreo ya en funcionamiento de la OTAN. 
En segundo lugar, existe un calendario con fechas concretas que establece el plan para suscribir un acuerdo provisional entre el gobierno central de Belgrado y los representantes de los albaneses kosovares. 
Hasta el 2 de noviembre deberá celebrarse un acuerdo sobre los elementos principales para una solución política. 
La base para ello es el grupo de contacto de los Balcanes de la UE y el documento suscrito por la presidencia de la OSCE sobre el estatuto de Kosovo. 
En tercer lugar, hasta el 3 de noviembre se proyecta fijar los procedimientos y normas para la celebración de unas elecciones generales para elegir un parlamento provincial y órganos de autogobierno local, así como tribunales bajo la supervisión de la OSCE en el plazo de los próximos nueve meses. 
En cuarto lugar, Serbia garantizará a los albaneses de Kosovo y a otros grupos de población de Kosovo la igualdad plena de derechos nacionales y religiosos dentro de ordenamiento jurídico de Yugoslavia. 
De importancia especial, también para crear la confianza necesaria en la población albanesa y para una autonomía eficaz, se añadirá la creación de una policía local, bajo la jurisdicción de los municipios y que deberá estar constituida proporcionalmente según las etnias. 
La situación humanitaria en Kosovo fue una de las razones fundamentales por las cuales la comunidad internacional vio necesaria una actuación rápida y enérgica. 
Evitar lo peor constituye una de las prioridades de la Presidencia austriaca. 
Ayer, Austria presentó en Viena las actividades de la UE ya realizadas y los proyectos con respecto al regreso de los refugiados. 
Esperamos que estas medidas encuentren un amplio respaldo en el próximo Consejo de Asuntos Generales. 
Sobre las actuales prioridades, el regreso de los refugiados que han perdido sus hogares, la instalación ante el próximo invierno, la ayuda a las personas que provisionalmente han sido acogidas por allegados y la ayuda básica para los próximos meses de invierno han creado un cierto entorno de acogida para los que quieren regresar. 
Emplearemos todas nuestras energías a favor de esta causa. 
La Unión Europea ha pedido desde hace tiempo que el baño de sangre acabe lo antes posible. 
Para nosotros, el único camino viable es encontrar una solución de negociación política. 
Al mismo tiempo, naturalmente, la violencia debe cesar total y definitivamente, es decir, primero debe llegarse a un alto el fuego, aunque en principio sea sólo informal, por ambas partes. 
Al mismo tiempo es preciso mejorar rápida y fundamentalmente la situación humanitaria. 
Cuando se cumplan estas dos condiciones, podrá tenerse en cuenta entonces la tercera prioridad. 
Como primera prioridad: el 23 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas aprobó la Resolución 11/99, que insta inequívocamente a Belgrado al cese de las hostilidades así como a la retirada de las tropas militares y de la policía especial. 
La OTAN está preparada a partir de ahora para una intervención militar, en caso de que el Presidente Milosevic no cumpla las condiciones establecidas por escrito de aquí al 27 de octubre. 
Sobre la segunda prioridad, la situación humanitaria: la misión del enviado especial de la UE en Kosovo, el embajador de la presidencia, Wolfgang Petrisch, consiste sobre todo en coordinar las actividades humanitarias de la Unión Europea con las de las organizaciones humanitarias internacionales y al mismo tiempo actuar como enlace tanto con el gobierno de Belgrado como entre éste y los representantes kosovares. 
Para garantizar la coordinación de las actividades internacionales, la Presidencia ha constituido grupos de trabajo en Belgrado y en Ginebra. 
El objetivo es identificar pueblos y localidades mediante un procedimiento concentrado y determinado in situ, en los cuales los desplazados, que ahora están viviendo a la intemperie, puedan regresar y hacerlo con seguridad y dignidad. 
La ayuda humanitaria se vería facilitada enormemente. 
Ya he presentado aquí el Project Home de la Presidencia, cuyo fin es facilitar el regreso de los desplazados. 
Entretanto se han puesto en marcha proyectos de trabajo concretos. 
Teniendo en cuenta las acusaciones cada vez más graves- por ambas partes-de que se han cometido crímenes de guerra masivos, desde masacres en masa hasta crímenes contra la humanidad a mujeres y niños, la Presidencia ya ha exigido desde hace meses que se envíe un equipo internacional de expertos médico-forenses experimentados a Kosovo, para aclarar estas gravísimas acusaciones. 
La invitación a un equipo médico forense de la Universidad de Helsinki por parte yugoslava constituye, me permito decirlo, un éxito de la Presidencia. 
El equipo llegó ayer a Belgrado y hoy lleva a cabo la primera ronda de conversaciones con el enviado presidencial. 
Pasado mañana iniciará su actividad en Kosovo. 
Otro punto que me parece de gran importancia es la represión de los medios de comunicación independientes en la República Federal de Yugoslavia. 
Desde hace unos días, el gobierno, bajo pretexto de una amenaza militar exterior, clausuró algunas emisoras de radio y prensa independientes. 
La Presidencia reaccionó ante esta medida inmediatamente, con una declaración efectuada el 15 de octubre y una protesta del enviado presidencial ante el ministerio de Asuntos Exteriores de Belgrado el 16 de octubre. 
Los representantes de los medios de comunicación independientes están en contacto permanente con la Presidencia, con diferentes embajadas, la OTAN, las Naciones Unidas y la OSCE. 
Debemos dejar claro a Belgrado que estas actitudes son incompatibles con la pertenencia a organizaciones internacionales como el Consejo de Europa o la OSCE y que son gravísimamente juzgadas por la comunidad internacional. 
La nueva ley de medios de comunicación, que fue decidida por el Parlamento serbio, entraña una serie de disposiciones que restringen la libertad de prensa. 
Esto es sumamente preocupante. 
Por último, el procedimiento decidido y coordinado por la comunidad internacional ha dado resultados. 
Ahora, no obstante, ha llegado el momento de que los acuerdos del presidente Milosevic se respeten y se cumplan también las exigencias de la Resolución 11/99 del Consejo de Seguridad. 
En caso de incumplimiento, se sigue amenazando con intervenciones militares puntuales contra objetivos serbios. 
La responsabilidad de que esto se produzca, con todas las consecuencias que ello entraña para la población yugoslava, corresponde a Milosevic. 
Esto lo hemos dejado claro con la mayor claridad. 
La comunidad internacional, y también la Unión Europea, que se halla tras las distintas sanciones decididas, ya no está dispuesta a permanecer como espectadora viendo cómo los refugiados se ven amenazados de hambre y de congelación y cómo se lleva a cabo el bloqueo de la población civil o cómo se producen masacres y otras crueldades. 
Confiamos en que podamos alcanzar progresos concretos de aquí al próximo debate parlamentario sobre Kosovo en el Parlamento Europeo. 
Para seguir avanzando será necesario que siga la actuación común de la Unión Europea, del Consejo, la Comisión y el Parlamento, la OSCE, la OTAN y las Naciones Unidas, así como otros interlocutores internacionales que intervienen en la estabilidad y en la suerte de la población de esta zona. 
Señor Presidente, seré breve tras la elaborada exposición de la Presidencia, y me limitaré a decir que la Comisión, en estrecha colaboración con la Presidencia, también está realizando grandes esfuerzos para averiguar qué otra contribución podemos hacer a la situación humanitaria que, naturalmente, es de máxima prioridad. 
Tenemos fondos disponibles para esto, es cuestión de coordinación. 
Como acaba de decir la Presidencia, nos mantenemos en estrecho contacto no sólo con ella, sino también con el Alto Comisionado para los Refugiados para garantizar la puesta en marcha del regreso de las personas desplazadas y de los refugiados. 
Es un proceso lento y difícil, porque exige además un entorno seguro. 
A pesar de que podemos celebrar que lo peor de la violencia y de los enfrentamiento haya quedado atrás desde el acuerdo entre el Sr. Holbrook y el Presidente Milosevic, no estamos seguros de que la situación se mantenga; es absolutamente necesario mantener la vigilancia. 
Creemos que el General Clark, Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, ha dejado perfectamente claro al Presidente Milosevic qué se le exige exactamente en términos militares, especialmente respecto a la retirada que, hasta ahora, no ha sido completada. 
Mientras no se cumpla, continúa existiendo el peligro de que vuelvan a aflorar las hostilidades, con todo el sufrimiento humano que ello conlleva. 
Mientras tanto, la Comisión, atendiendo a las peticiones recibidas, continúa preparando propuestas para el Consejo encaminadas a endurecer la política y el paquete de sanciones que se vienen aplicando desde hace ya bastante tiempo, pero que contienen algunas lagunas que hay que llenar. 
Seguiremos trabajando en ello. 
Junto con la Presidencia, repudiamos y condenamos la ley que aprobó ayer el parlamento yugoslavo que impide a varios periódicos independientes publicar sus opiniones y a emisoras de radio transmitir programas en lengua serbia desde emisoras extranjeras. 
Es una expresión clara del clima político que se respira estos días en Yugoslavia, donde los derechos y las libertades fundamentales- y especialmente la libertad de prensa- son objeto de una opresión constante; situación que continúa. 
Sólo espero, junto con la Presidencia, que la situación se estabilice, que realmente se efectúe la retirada. 
No es sólo un requisito para el regreso en paz de los refugiados y de las personas desplazadas, sino que además es absolutamente necesario permitir a los colaboradores de la ayuda humanitaria realizar su labor sin poner en peligro su integridad física. 
Es de la máxima importancia que la misión de verificación de 2.000 personas pueda trabajar en condiciones seguras. 
Por último, aunque no por ello menos importante, la ausencia de violencia y el cumplimiento de las obligaciones del Presidente Milosevic también determinarán el clima político en el que, al final, habrá de negociarse una solución política. 
Junto con la Presidencia, repito que la única solución definitiva que vemos al problema de Kosovo es una solución política. 
El único problema es si también el Presidente Milosevic es de la misma opinión. 
Es algo que está por ver. 
Señor Presidente, no hace falta decir que en el Grupo Socialista estamos encantados con el progreso sobre el que ha podido informarnos la Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Felicitamos a la Presidencia por todos sus esfuerzos durante las últimas semanas. 
Estamos encantados de que en Kosovo comience a vislumbrarse una solución y de que el Presidente Milosevic parece haber aceptado, finalmente, el principio de autodeterminación para Kosovo y, por consiguiente, tenemos una base sobre la que avanzar. 
Todos estamos muy interesados en que el mensaje que se emite desde esta Asamblea sea que el alto el fuego debe respetarse en todo el territorio de Kosovo. 
El asesinato de cuatro policías serbios durante el fin de semana, supuestamente a manos del ELK, sólo favorece a los que desean socavar este proceso. 
Por ello, debemos dejar claro que todas las partes deben respetar el alto el fuego. 
También debemos tener presente lo que podríamos denominar el factor CNN, es decir, una vez que dejamos de ver esto en nuestras pantallas de televisión, pensamos que se ha resuelto el problema. 
Hoy debemos volver a tener claro que estamos asistiendo al principio, no al final, del proceso. 
Será necesario un esfuerzo importante para mantener a Milosevic dentro de este acuerdo y, como hemos visto y como han mencionado la Presidenta en ejercicio del Consejo y el Comisario van den Broek, una de sus primeras actuaciones ha sido prohibir los medios de comunicación independientes en la República Federal de Yugoslavia, una prueba inequívoca de que no ha abandonado sus viejos trucos. 
No podemos olvidar que ha sido sólo la amenaza creíble de una intervención militar lo que ha obligado a Milosevic a acudir a la mesa de negociaciones, por lo que debemos mantener esa amenaza. 
Por ello es importante que se cumplan los plazos, en particular, el 2 de noviembre. 
Debemos tener presente que la retirada de las fuerzas armadas de la escena entrañaría el riesgo de que Milosevic juegue al ratón y al gato. 
¿En qué momento retiráis vuestras fuerzas armadas? 
Por ello debemos insistir en que se cumplan los plazos. 
Es asimismo el principio en el sentido de que ahora necesitamos- y ya lo hemos visto todo antes en Bosnia- el compromiso incondicional de la comunidad internacional de cara a la estabilidad, la seguridad y la reconstrucción de Kosovo. 
Los países no pueden abandonar la escena pensando que la misión está cumplida: la misión ni siquiera ha empezado a cumplirse, y debemos avanzar partiendo de eso. 
Me gustaría que, como ha indicado el Comisario van den Broek, la Unión Europea endureciera las sanciones y trabajáramos en una nueva resolución de la ONU que vaya más allá de la 1199 y deje perfectamente claro que podría hacerse uso de la fuerza militar si Milosevic no cumple cada una de las condiciones de este acuerdo. 
De lo contrario, descubriremos que dentro de seis meses estaremos de vuelta con los juegos. 
Realmente no quiero que se repitan las tragedias, especialmente de las últimas tres o cuatro semanas, cuando la situación sobrepasó lo que cualquier ser humano estaría dispuesto a escuchar y dispuesto a presenciar. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, yo no estoy tan predispuesto como mi predecesor a ver progresos donde no los hay. 
Por consiguiente, quiero decir que no veo ningún acercamiento, no veo ningún punto de inflexión en la trágica situación de Kosovo. 
Todos los políticos occidentales han caído de nuevo en la trampa de Milosevic. 
¿Qué es lo que parece, si no, el resultado de las negociaciones de Holbrooke? 
Más tarde o más temprano hubiera podido dar algún fruto esta primavera. 
En este tiempo, en el que ha seguido habiendo bombardeos de pueblos kosovares, que han producido nuevos refugiados, hemos enviado 2000 observadores de la OSCE. 
¿Qué van a hacer, qué pueden hacer? 
La promesa de una eventual retirada de los militares serbios no puede verificarse en la realidad ¿Quién nos hará creer en ella? 
¿Quién puede imponerla? 
Sin uniforme, los militares que se queden no son identificables. 
También siguen allí las fuerzas policiales serbias, que desde hace años cometen actos criminales en el país. 
Los observadores de la OSCE no están armados. 
No se garantiza su protección, no digamos ya la de los observadores albaneses. 
El reclutamiento de estos observadores me parece de lo más dudoso. 
¿Quiénes son? 
¿Qué los capacita? 
He hecho averiguaciones en Alemania. 
Se les contrata en Alemania con 6.000 DM mensuales más 100$ diarios, lo que representa 10.000 DM mensuales para cada observador. 
Muchos se dejan engatusar por algo así y se internan en lo desconocido. 
A muchos que me han preguntado les he dicho que no lo hagan. 
¿Alguien se cree realmente que los aviones de la OTAN que sobrevuelan Kosovo ofrecen protección a alguien? 
Esto resulta, una vez más, un maldito «deja vu». 
El destino de los soldados de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina, que por su propia seguridad iban armados- los observadores de la OSCE no van armados ni siquiera por su propia seguridad -, es de saludar. 
Supongamos por un momento que la misión de observación transcurre sin incidentes, tal como he esbozado, y por supuesto sin resultados, como todo el mundo sabe. 
Se han prometido elecciones dentro de nueve meses, pero ¿a quién va a votar la población? ¿A qué agrupación? 
¿Cree cualquiera que sea razonable, dentro o fuera, que hay un resultado de negociación aceptable entre Milosevic y los albaneses antes de que se acabe el plazo? 
Las negociaciones son la táctica de Milosevic, su estrategia de supervivencia política. 
Se negocia desde hace tanto tiempo, que al final nos cansaremos de que los tozudos albaneses no se dejen llevar por él a la mesa (de negociaciones). 
Agotaremos nuestro potencial de amenaza, pero los soldados serbios estarán en seis horas de vuelta en Kosovo, cuando quiera Milosevic. 
La OTAN necesita otros seis meses antes de decidirse a hacer algo. 
Los políticos occidentales están muy ciegos al creer que Milosevic cambiará de actitud en Kosovo, cuando al mismo tiempo están viendo, como han descrito ustedes, que prohíbe en su país todos los medios independientes, y ayer impone una ley en el parlamento que castiga con penas incluso las retrasmisiones de noticias de la CNN y de la «Deutsche Welle» en la radio y en la televisión. 
De esta suerte no hay nadie que quiera defender los derechos de los albaneses. 
Ni siquiera nadie que salga en defensa de los derechos humanos de la propia población serbia. 
Los pisotea todos. 
Señora Presidenta del Consejo, cree usted que dentro del sistema jurídico yugoslavo de algún modo se puede garantizar algo, en una Yugoslavia que está tan alejada de la democracia, que nadie se lo puede imaginar, a millas de distancia, a siglos de distancia. Francamente, esto es un poco ingenuo, y es una irresponsabilidad para con los albaneses. 
Si aquí se dice que hay esperanza, que la próxima vez haya algo mejor que comunicar: las esperanza es lo último que se pierde, pero no está justificada, por que lo que ocurre en Kosovo es que Milosevic es la causa del problema, no su solución. 
Señor Presidente, la Sra. Spaak tiene desgraciadamente toda la razón. 
El ambiente de la sala durante el debate de estos asuntos ha sido triste, y había motivo para ello. 
Las generaciones futuras recordarán nuestra impotencia en Bosnia y en Kosovo de la misma manera que nuestros padres recuerdan la impotencia durante los primeros años de Hitler cuando éste se aprovechó de la debilidad de las potencias occidentales. 
Picasso plasmó la tragedia en su Guernica. 
Quizá un artista pinte dentro de algunos años una obra similar y la bautice Srebenica. 
Por muy incomprensible que suene, Srebenica fue peor que Guernica y sucedió en nuestro tiempo, coincidiendo con nuestra designación para cuidar de nuestro continente. 
Y fueron nuestras tropas las que fallaron y se vieron abandonadas. 
Si el conflicto vuelve a desencadenarse en Kosovo por culpa de la debilidad del Oeste, volveremos a hacernos la pregunta: ¿Cuántos cadáveres tiene que haber sobre la mesa antes de que llegue la ayuda? 
Sé bien que es la OTAN y no la UE la que tiene a su alcance las medidas militares de presión. 
Sin embargo, casi todos nuestros países participan en la OTAN, tenemos algo que denominamos unión política y compartimos la idea de que debemos hablar con una sola voz. 
¿Qué han hecho nuestros países para lograr que la OTAN actúe más rápidamente? 
No podemos culpar a la OTAN ni menos aún a los Estados Unidos. 
Muy al contrario, debemos alabar y dar las gracias a los EE.UU., quienes están en condiciones- no como nosotros- de intervenir, cuando nosotros nos vemos cada vez más desunidos a causa de divisiones e intereses específicos nacionales. 
Espero que el Consejo de Ministros haga un análisis a fondo de la situación y aprenda de las trágicas consecuencias de esta división. 
Un país miembro ni siquiera quería cumplir las sanciones contra el tráfico aéreo, sobre las que existía acuerdo, otro país miembro ha mostrado extrañamente sus reservas y actuado como freno. 
Sí, señor Presidente, son Gran Bretaña y Francia los países en los que estoy pensando, sin embargo, la actuación de mi propio país, Dinamarca, no es mejor. 
A causa de un referéndum perdido en 1992, Dinamarca carga con una reserva carente de perspectivas de futuro, que impide a nuestro gobierno participar en la toma de decisiones sobre eliminación de minas, evacuación y acciones humanitarias, luego tampoco somos mejores. 
Lo que resulta incomprensible es que siga habiendo gente con miedo a que la cooperación sea excesiva. 
Cualquiera puede ver que el riesgo es precisamente el contrario, que ésta quede en nada. 
Y que nosotros sólo logremos recoger y contar los cuerpos una vez producida la catástrofe y recibir el flujo ingente de refugiados, con lo que encima le haremos a Milosevic el mayor favor de todos. 
Estimado Comisario, ¿podemos estar seguros de que se está haciendo todo lo posible para ayudar al mayor número de personas posible, incluyendo también a las que se encuentran refugiadas en las montañas, aunque el FLK y los serbios comiencen a dispararse mutuamente? 
¿Podemos estar seguros de que esto no acabará como Srebenica, donde aquellos que debían ayudar dejan el lugar ante la menor amenaza abandonando a la gente a su suerte? 
Viajo a Kosovo el sábado, señor Comisario, sé que allí se está haciendo un trabajo fabuloso, sin embargo, ¿tienen el respaldo necesario? 
Me gustaría que se me contestara a esta pregunta. 
Señor Presidente, los debates sobre todo lo derivado de la disolución de Yugoslavia a menudo se caracterizan por su tono elevado. 
En la actualidad, el problema más agudo es Kosovo. 
Conlleva riesgos para la estabilidad y la seguridad de toda la región, amenaza y pone en peligro a la misma Unión Europea si el conflicto se extendiera hacia el sur. 
Por tanto, se requiere la mayor serenidad, porque muy a menudo se escuchan las voces más potentes por parte de quienes no se enfrentan a ningún peligro directo. 
Hay una prórroga de diez días del ultimátum de la OTAN y un acuerdo frágil que, por tanto, puede ser violado por ambas partes. 
Pero es un primer paso positivo, también los subrayó la Presidencia. 
Es sabido que a dichos acuerdos siempre reaccionarán los fanáticos intentando boicotearlos. 
Es una razón más para insistir. 
Son indudables los brutales ataques serbios contra no combatientes, la violación de los derechos humanos, el intento de Belgrado de amordazar a la Prensa. 
Pero también es un hecho la intransigencia del denominado ejército de liberación que limita las posibilidades del moderado Rugoba. 
Asimismo, quizás debamos pensar que la limitación sistemática precedente por parte de Occidente a todo el pueblo serbio simplemente fortaleció a los fanáticos y nacionalistas, y si es cierto lo que afirma la oposición serbia no nacionalista sobre Milosevic, esto es, que sigue convencida de que todos están contra los serbios y de que todos deben luchar por sobrevivir. 
La Unión Europea debe, por medio de todas las presiones diplomáticas posibles, apoyar el acuerdo alcanzado y exigir el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos en Kosovo, junto con las reformas a las que se hizo referencia. 
Todos están de acuerdo, y el Ministro británico de Exteriores lo señaló de nuevo ayer, en que no hay razón para la independencia. 
Sin embargo, una intervención militar de la OTAN en un país independiente, fuera de su jurisdicción y sin el dictamen conforme de todos los miembros legales del Consejo de Seguridad, no es algo tan sencillo. 
Hay otras formas de intervención, que la Presidencia indicó y refirió con gran cuidado. 
Si mostramos estabilidad también se logrará el entendimiento político y, de esta forma, los kosovares se resarcirán con los nuevos acuerdos al tiempo que el pueblo serbio se despojará más fácilmente de los fantasmas del pasado que lo dominan. 
Es un hecho, Presidente, que se trata de un acuerdo con ciertos puntos y ciertos plazos. 
Es muy interesante que, aún de forma provisional, se pare el derramamiento de sangre y la violencia aunque a veces sea mutuamente violado por parte de elementos fanáticos irresponsables. 
Sin embargo, señor Presidente, dicho acuerdo tiene marcas y desventajas. 
Es un acuerdo impuesto por la presión exterior, por la amenaza del uso de la violencia extrema, hasta la intervención militar exterior. 
En segundo lugar, tiene la marca de la parcialidad porque, aunque hablamos de enfrentamientos, nos referimos sólo al hecho de establecer y prever obligaciones- también aquí dentro- sólo para una de las partes e ignoramos la otra. 
Es decir, como si no existieran dos partes que, bien o mal, se enfrentan, justa o injustamente, por una u otra parte. 
Y, por último, señor Presidente, dependerá de la evolución real de dicho acuerdo el que nos podamos alegrar del mismo, igual que antes de ayer nos alegramos del acuerdo alcanzado en Irlanda: Todo el Parlamento aplaudió levantado durante diez minutos aquel acuerdo. 
Se necesita un acuerdo semejante que, de forma sincera, conduzca a la solución pacífica, política y justa para todas las partes y no unilateralmente. 
Señor Presidente, como ya reiteré hace un mes en este Pleno, lo que hoy sigue patente es la falta de una acción de la Unión Europea en el momento en que se está tratando de lograr un acuerdo. 
Además de esto hay que resaltar que durante más de diez años no ha habido ninguna verdadera acción en favor de la paz y en particular de la acción no violenta de la población albanesa liderada por el Presidente Rugova. 
Es a partir de esta consideración que debemos manifestar que, tras diez años de intentos de fuerza y de acción no violenta por parte de la población albanesa para obtener unos derechos sacrosantos, hemos llegado a unos enfrentamientos que eran prácticamente inevitables. 
En este sentido, no podemos dejar de subrayar el importante significado del frustrante papel de la Unión Europea en el conflicto. 
En realidad, ha habido una delegación en los Estados Unidos y en la OTAN. 
Esto, sin duda, ha de contemplarse en el contexto más amplio de la falta de una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, sin embargo, no podemos dejar de subrayar el frustrante papel de la Unión. 
Tampoco en esta etapa se han utilizado hasta el fondo las potencialidades: ¿por qué, por ejemplo, el negociador europeo Sr. González no ha respaldado al negociador norteamericano Sr. Holbrooke? 
Quizás la Unión Europea estaba preocupada no por las condiciones de los refugiados, sino sólo por el riesgo de que los refugiados albaneses de Kosovo podían entrar en Europa? 
¿Es ésta la única preocupación que tenemos? 
Evidentemente, esto demuestra la poca atención que se depara a lo que está sucediendo en la región de los Balcanes y la falta de una verdadera política orientada a implicar toda la región balcánica en el futuro proceso de ampliación hacia el Este de la Unión Europa. 
Estos son, a mi entender, los problemas reales que debemos recalcar. 
Dicho esto, sin embargo, no podemos sino considerar positivamente el hecho de que el 14 de octubre se haya alcanzado un principio de acuerdo que incluye el alto el fuego inmediato, la retirada de las fuerzas yugoslavas del territorio y la presencia de 2.000 observadores. 
Con todo, nos parece grave que esto no sea el fruto de una verdadera negociación, sino sólo el resultado de la amenaza de bombardeo de la OTAN. 
Lamentablemente, esto demuestra las intenciones de Milosevic y la escasa capacidad de diálogo. 
Nosotros creemos que es necesario garantizar una retirada total e inmediata, así como que es preciso tratar de evitar cualesquiera enfrentamientos, y por ello tenemos que reiterar las responsabilidades no solo de Milosevic, sino también, en su caso, del ELK. 
Nuestra preocupación es que el cese de las hostilidades no sea sólo y únicamente un cese, sino una verdadera premisa de cara a un diálogo que lleve a la solución definitiva del conflicto de Kosovo, a partir de su autonomía, y para tratar de solucionar todos los problemas de la región de los Balcanes, teniendo en cuenta lo que actualmente está sucediendo en Serbia- se han clausurado varios diarios independientes- y en Macedonia desde donde nos llegan señales en absoluto alentadoras. 
Señor Presidente, Señora Presidenta del Consejo, Señor Comisario, ante todo quiero decir al Sr. Titley que hay que tener mucho valor para decir que en estos días se ha encontrado una solución al problema de Kosovo, que ha habido progresos. 
Pienso que, después de todos los intentos que algunos de nosotros hicimos durante los últimos meses, hay que rendirse ante la evidencia y, tal vez, pedir al Consejo y a la Comisión que vuelvan a la realidad. 
Y la realidad es hoy la renuncia permanente de la Unión Europea ante el drama, ante la tragedia de Kosovo y Serbia, una renuncia similar a la de Europa ante lo que ocurría en Checoslovaquia, después en Austria y más tarde en todas partes durante el decenio de 1930. 
Pienso que es verdaderamente escandaloso que los estadounidenses sean los que han puesto manos a la obra en Kosovo, mientras la Unión Europea parece renunciar a cualquier intervención, a cualquier política y a cualquier objetivo político. 
Mientras este señor Milosevic esté en Belgrado, no habrá paz para los albaneses ni para los serbios ni para los húngaros ni para los gitanos ni para nadie en la pequeña república de Yugoslavia. 
Es necesario, hoy, hacer frente a este problema, organizarse para abatir a este régimen nacional-comunista. 
Aunque les disguste, los amigos socialistas, que con razón se felicitan por las acciones legales emprendidas contra el Sr. Pinochet, tendrían que tener, por fin, el valor de empezar a hacer lo necesario para que Milosevic sea llevado ante el Tribunal de La Haya lo más pronto posible, para que serbios y albaneses, juntos, puedan reconstruir una democracia y resolver sus problemas, que corresponden al campo de la convivencia, mientras nuestro problema- repito- consiste en apoyar o no a un régimen nacional-comunista. 
Señor Presidente, Señorías, la situación en Kosovo sigue siendo problemática y confusa y la actitud de Milosevic absolutamente inaceptable. 
Pese a la atenta vigilancia de la OTAN y a la presencia sobre el terreno de algunos observadores de la OSCE, según la prensa de estos últimos días, se han reanudado los bombardeos en Kosovo. 
Por lo tanto, nuevas tragedias y más personas obligadas a abandonar sus hogares para refugiarse en los bosques. 
Entre otras cosas, debido a la reanudación de los combates, la ONU se ha visto obligada a suspender el envío a la región de algunos convoy humanitarios. 
Según fuentes albanesas, los serbios, en lugar de retirar sus tropas, estarían enviando nuevas fuerzas a Kosovo incumpliendo totalmente las condiciones dictadas por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Mientras tanto, el conflicto está asumiendo un cariz cada vez más grave y difícil para los cerca de 60.000 refugiados en los bosques y para todas las demás personas, entre las que se cuentan muchísimos niños, que buscan la salvación y la paz a través de un éxodo masivo hacia los países de Europa central y hacia Italia. 
De hecho, sólo en Italia, han desembarcado más de 1.500 kosovares en las costas de Apulia con todas las evidentes dificultades en términos de acogida y asistencia. 
Una vez más la Unión, al ceder su autoridad a otros organismos internacionales, no ha tenido el valor y la capacidad de definir una mínima estrategia europea de política exterior y de seguridad común demostrando que no logra mantener una actitud coherente e incisiva en este conflicto. 
Todo está en manos de la ONU y de la OTAN. 
Hoy, un diario italiano reproducía una entrevista al Sr. Tony Blair, quien subrayaba, quizás a modo de provocación, la necesidad y la urgencia de establecer una sola figura que represente a la Unión Europea ante la OTAN, una especie de ministro de Exteriores de la Unión Europea. 
Por contra, hasta hoy, la única contribución concreta de la Unión Europea es la misión de observadores de la OSCE que, además, tiene dificultades para establecerse en Kosovo. 
Se hablaba de 2.000 observadores, sin embargo, según los datos de que dispongo, son unos 200 o 300, con todo, no están llevando a cabo su cometido. 
En realidad, Europa sigue ausente mientras las fuerzas serbias tardan en retirarse aprovechando las incomprensiones y las disputas existentes en el seno de la OTAN, mientras Mladic y Karadzic continúan en paradero desconocido eludiendo la justicia internacional y mientras se sigue permitiendo a las autoridades serbias asfixiar a la prensa clausurando con pretextos sin fundamento todos los periódicos que disienten del régimen. 
Nos preguntamos por qué la Unión Europea, tan atenta a las cuestiones relativas a los derechos humanos, no está realizando una política más eficaz y decisiva. 
Mientras un pueblo entero está padeciendo injusticias y sufrimientos indecibles, seguimos con los debates estériles e interminables, las notas de protesta, las censuras verbales, los grupos de estudio. 
Y termino, señor Presidente, afirmando que hay que hacerse promotores de iniciativas mucho más contundentes. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Dupuis que augura una orden de detención internacional contra Milosevic, al objeto de poner término a una política de guerra a ultranza y, yo diría, criminal. 
) Señor Presidente, verdaderamente me parece que hasta ahora el ambiente de la discusión ha sido un poco marcado. 
Se hacen comentarios sombríos sobre lo que Holbrooke, también gracias a nuestra colaboración, ha realizado, como si no hubiera habido ningún progreso en las últimas semanas. Lo rechazo. 
Creo que lo que vemos ahora, con todas las dudas que ustedes puedan tener, seguramente es un cierto progreso y yo ciertamente no hubiera querido calificar el tirar bombas como un progreso. 
Me alegro de que ese momento no haya llegado. 
Hace dos semanas estuve aquí todavía en la angustiosa espera de que la OTAN iba a intervenir en el conflicto de Kosovo. 
Expresamos entonces ya nuestro apoyo a la línea dura con respecto al régimen de Belgrado, pero al mismo tiempo esperábamos que esto no llevara a una fractura dentro de las Naciones Unidas y que se pudiera tal vez encontrar una solución política todavía. 
Lo quiero subrayar de nuevo. 
Hemos dicho siempre: ante todo hay que esforzarse por una solución política. 
Esta ha sido nuestra línea y lo sigue siendo. En contra de la violencia, la violencia sólo como último medio. 
Dos semanas más tarde podemos ser moderadamente optimistas. 
La amenaza de una intervención militar y la calidad negociadora de Holbrooke han hecho reflexionar a Milosevic en el último momento, aunque él lo presentara, como de costumbre, como una victoria y actuó «en passant» contra los medios independientes. 
La semana que viene las tropas serbias tienen que haber desaparecido de Kosovo. 
Esto marcha con dificultades, lo estamos viendo, y persiste el riesgo de que los grupos que tienen interés en ello hagan estallar el conflicto de nuevo. 
Por lo tanto, la amenaza de la OTAN ha de seguir pero también habrá que presionar al UCK para que no viole la tregua. 
Ambas partes son responsables del cumplimiento de los acuerdos. 
Desaprobamos la provocación de cualquier parte. 
Los serbios tienen que ceder en un Kosovo autónomo, pero a los albaneses habrá que dejarles claro de nuevo que en lo respecta a nosotros, no habrá independencia. 
Con ese fundamento, después del total cumplimiento de la resolución 1199 de la ONU, pueden empezar las negociaciones sobre el futuro de Kosovo sin condiciones previas. 
Ahora es importante que la OSCE pueda instalarse lo más rápidamente posible. 
Hay que darse prisa con el destacamento de observadores para reducir el riesgo de incidentes. 
Estoy de acuerdo con quienes han expresado sus preocupaciones sobre los riesgos que vuelven a correr estos mismos. observadores Creo que en las próximas semanas habrá que estudiar bien cómo se puede proteger lo mejor posible a estas personas. 
Nos alegramos también de que la Unión haya liberado fondos para la ayuda humanitaria. 
Esperamos que el Consejo General dé lo más pronto posible el necesario fundamento jurídico para ello, pero al mismo tiempo también han de poner en marcha lo antes posible esa ayuda. 
Lo que se ha conseguido ahora lo podríamos calificar como la solución menos mala, pero sí es una solución que puede significar el punto de partida de un proceso con el que se pueden solucionar también los problemas en torno a Kosovo. 
En todo caso, es una solución. 
No he oído en las palabras de los colegas críticos a mi alrededor cuál hubiera sido una solución que funcionara. 
Es una solución frágil, se impone por lo tanto una vigilancia y su realización no se puede dejar sólo en manos de las partes involucradas en el conflicto. 
Se necesita y se desea una implicación permanente de la comunidad internacional y sobre todo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, espero que no lo tomen a mal si no comparto su optimismo, porque eso me plantea un problema. 
Los últimos años y, ante todo, el comportamiento del Sr. Milosevic en los últimos años nos han servido de lección. 
En realidad, también nuestro comportamiento de los últimos años debería servirnos de lección. 
Si cuando la situación de Kosovo empeoró hubiéramos evaluado la situación en su verdadera gravedad, podríamos haber compartido ahora este optimismo con mayor facilidad. 
Pero hemos dejados sueltas las riendas durante mucho tiempo, y durante mucho tiempo no hemos sabido reaccionar, o muy poco. 
Hemos esperado hasta que la casa se ha quemado del todo para llamar a los bomberos. 
Gracias a Dios podemos determinar que el incendio va extinguiéndose poco a poco. 
Pero el fuego sigue ahí sin lugar a dudas, y en realidad debería ser tarea nuestra seguir insistiendo y señalando que el fuego existe de verdad y no se ha extinguido. 
En este contexto, lamento verdaderamente que en este debate no se haya escuchado ni una sola vez el concepto de autodeterminación de los pueblos. 
Pienso que deberíamos sostener este concepto y reavivarlo como principio arraigado, no sólo entre nosotros, sino también en la OSCE. 
Hemos descuidado, en la guerra que se desencadenó al iniciarse la disolución de la antigua Yugoslavia, aplicar oportunamente los principios del derecho de autodeterminación de los pueblos, y volvemos a descuidarlo ahora. 
Sr. Wiersma, lamento tener que decirle que algunos conceptos que utiliza no son otra cosa que neocolonialismo, porque enumera usted unas condiciones previas para la población de Kosovo sobre las que ellos mismos deberían decidir. 
Usted impone las condiciones y dice que no puede imaginarse una autonomía en independencia, pero eso no nos corresponde a nosotros decidirlo, sino que es un asunto que tienen que decidir los propios interesados. 
Deberíamos ser muy precavidos si lo anticipamos en la práctica. 
Permítanme que haga otra observación: debemos esforzarnos por apoyar los factores que son estables en esta región. 
El domingo pasado se celebraron elecciones en Macedonia y se destituyó al régimen paleocomunista. 
Es cada vez más probable- aun queda la segunda vuelta dentro de dos semanas- que haya un nuevo gobierno, que desde el principio de la confrontación electoral ha afirmado que, desde luego, quería mantener una actitud radicalmente diferente con la población albana en Macedonia. 
Muchos de los candidatos son macedonios- sobre todo los que pertenecen a la alternativa democrática- y espero que aquí, en la vecindad inmediata de Kosovo, en el futuro se construya una región de estabilidad. 
Desde el lado europeo debemos apoyar consecuentemente estos esfuerzos. 
Permítanme, para finalizar, que aborde el ceterum censeo, que nos es tan increíblemente necesario: no debemos olvidar que la causa de todos los males se llama realmente Milosevic, y que no se puede negociar con él, sino negociar sobre él, y esto, además, en la Haya. 
Opino que los europeos debemos dar las gracias una vez más a los Estados Unidos por esto. 
Deseo expresar el aprecio del Grupo Liberal por los acuerdos conseguidos por Holbrooke y Milosevic y sus observadores. 
Pero he tomado nota de que lo que dijo el Comisario van den Broek, que la retirada militar aún no se ha completado y, agregó, que se acentúan las limitaciones a la libertad de información y de expresión en Belgrado. 
Por eso es muy provechoso que la OTAN ahora esté dispuesta a intervenir si Milosevic no cumple con sus obligaciones a más tardar el 27 de octubre. 
¿Podemos confiar en que así sea o hay riesgo de que se sigan dilatando los plazos? 
Estaría muy agradecido si la Ministra respondiera a estas preguntas. 
La intención es que ahora Milosevic negocie con los líderes kosovares. 
Pero, señora Ministra, ¿no es así que los kosovares van a esas negociaciones con las manos atadas? ¿pueden tener como objetivos la libertad y la independencia? 
¡La respuesta a esta pregunta es no! 
Pueden negociar un aumento de la autonomía pero están obligados por la UE y la OTAN a aceptar a Milosevic como jefe de estado desde el comienzo. 
¿No es precisamente así, señora Ministra? 
Los liberales europeos queríamos que las negociaciones hubiesen sido sin condiciones. 
Opinamos que es un gran error que no haya sido así. 
Señor Presidente, Señorías, dos semanas después, nos encontramos ante un escenario ligeramente distinto: una vez más se ha preferido tratar con Milosevic y considerarlo como una parte de la solución del problema de los Balcanes, en este caso de Kosovo, como en el pasado de Bosnia y antes de Croacia. 
Considero que una vez más se ha escogido el camino equivocado, en primer lugar, porque una vez más Europa se ha actuado como los últimos de la clase, los que se han quedado mirando y han esperado que el papá americano viniera a solucionar nuestros problemas; una vez más, Europa, enana política e incapaz de expresar su capacidad de iniciativa política a la vuelta de la esquina de su casa; en segundo lugar, porque no creo que con este acuerdo, arrancado con los dientes a Milosevic, lograremos que demuestre una actitud responsable. 
Milosevic ya ha realizado una limpieza étnica en Kosovo; ya ha agredido y expulsado a los kosovares y quemado al menos 700 pueblos en esa región. 
Me pregunto y les pregunto a sus Señorías cómo es posible restablecer el statu quo anterior, me pregunto y les pregunto si podemos fiarnos de un hombre que ha demostrado una vez más, en este último suceso, ser un criminal, un asesino de mujeres y niños y ha demostrado que no es una parte de la solución, sino que, en realidad, es el problema, el verdadero problema de los Balcanes, el verdadero problema de Kosovo, el verdadero problema de Yugoslavia. 
No habrá paz ni en Kosovo ni tampoco en otro lugar, mientras Milosevic lidere el régimen yugoslavo. 
Reitero mi petición de que se adopte una actitud extremadamente firme con respecto a Milosevic y que Europa proponga que sea procesado por los crímenes de guerra y conducido ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya. 
Señor Presidente, yo tengo muchas dudas de que podamos felicitarnos por lo realizado por la comunidad internacional en las últimas semanas y creo que habría que volver por pasiva la siguiente frase: «Milosevic ha sido obligado a negociar». 
¿No será que Milosevic ha obligado a negociar a la comunidad internacional? 
Ni siquiera se ha negociado con Milosevic el cumplimiento de la resolución 1199 del Consejo de Seguridad, sino los puntos que él ha considerado oportunos. 
De hecho, tras los acuerdos, las cosas siguen igual. 
Por ejemplo, los verificadores que van a enviarse a Kosovo, ¿no terminarán convirtiéndose en rehenes? 
Imaginemos que Belgrado no cumple lo acordado. 
Con 2000 verificadores sobre el terreno, ¿la comunidad internacional, la OTAN, se va a atrever a intervenir militarmente? 
Es una trampa, y una trampa que puede ser mortal. 
¿Se acuerda el Consejo del objetivo de democratizar Yugoslavia? 
¿Se le va a hacer caso al Sr. González de una vez por todas? 
O ¿vamos a quedar presos del Sr. Holbrooke y de su laberinto? 
Cierto, esta vez sí, Sr. Dupuis- yo estoy de acuerdo con usted -, Milosevic es un criminal internacional y tiene que ser juzgado por el Tribunal de la Haya. 
Señor Presidente, Señorías, en dos ocasiones he expresado mi opinión y la de mis compañeros acerca de Kosovo: recordando, por un lado, la responsabilidad abrumadora de Milosevic, pero también la de las autoridades europeas y francesas- Delors, Santer, Mitterrand- que en tiempos alentaron a este hombre en contra de las aspiraciones de los pueblos esloveno y croata, federalistas por ideología, y por otro, la ilegitimidad con que la OTAN- organización que en otros tiempos se había cuidado muy bien de apoyar a los pueblos que luchaban contra el comunismo- intervendría, sin duda para agravar tan sólo la situación en los Balcanes y hacerla aún más confusa. 
Con mucha atención he escuchado ayer los elogios dedicados a nuestro colega Hume, Premio Nobel de la paz, por su acción a favor de un acuerdo en Irlanda del Norte. 
En su emotiva respuesta, que despertó el aplauso unánime, incluido el nuestro por supuesto, más allá de nuestras divergencias en otros campos, declaró que en todo el mundo, en lugar de mandar tropas o bombarderos, era infinitamente preferible exponer su filosofía del respeto de las diferencias y así llegar en todas partes a arreglos similares a los del drama irlandés. 
Sé muy bien cuán difícil es esto. 
Razón de más para ponernos a trabajar. 
Por lo tanto, propongo que, con la supervisión o el aliento directo del propio Sr. Hume, se organicen misiones de paz a fin de solucionar la situación del Oriente Próximo en nuestra Europa que, por tener los lazos que todos sabemos que tiene con Israel y los palestinos, no puede permanecer apartada de ello. 
Como es natural, también habrá que preocuparse por la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Líbano. 
Es necesario, asimismo, actuar en bien de la paz en Sudán, donde se está produciendo un verdadero genocidio, y donde los cristianos y los animistas del sur están condenados a la hambruna y a la guerra civil, que hace estragos en el norte. 
Pero lo que está más cerca de nosotros, desde luego, es Kosovo. 
Una misión Hume debe ir allí, y pronto. 
No dudo de que nuestro Parlamento, concordante con los aplausos de ayer, se empeñará en inducir al Consejo a que evite no sólo la destrucción y las muertes al pueblo serbio, sino también una verdadera catástrofe en toda la región. 
Señor Presidente, comparto la opinión de mis colegas sobre el valor del acuerdo y la denuncia de los crímenes cometidos y confío en que no tendremos que esperar veinticinco años para hacer comparecer a algunos criminales ante la Justicia. 
Los puntos con los que, por el contrario, no estoy de acuerdo son el análisis y el futuro. 
Desde este punto de vista, mostramos varias carencias: las muestran el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Ahora bien, a mi entender, unas Instituciones tan importantes no pueden limitarse a denunciar y ratificar el acuerdo alcanzado- sobre todo gracias a la intervención de los Estados Unidos- para luego comprometerse, como usted ha dicho perfectamente, a aplicar los acuerdos. 
Como de costumbre, nosotros ponemos el dinero y los hombres, sin embargo, en mi opinión, el problema estriba en que estamos siguiendo la cuestión de los Balcanes por partes. 
Y aquí nos estamos engañando. 
Si decimos que el problema es un partido entre dos contendientes, Milosevic y Kosovo, nos estamos engañando. 
Sabemos que el problema más dramático es saber cómo otorgar o no otorgar a un pueblo la libertad de expresarse plenamente a través de sus derechos humanos, políticos, civiles y sociales, a partir de un derecho fundamental, es decir, la cultura y la lengua. 
Sin embargo, a mi entender, lo que no es convincente es pensar que eliminando, por decirlo así, a Milosevic, el problema queda resuelto. 
¡Ni hablar! 
El conflicto de los Balcanes subsiste como enfrentamiento- en el sentido de choque- entre nacionalismos de distinto orden que siguen candentes. 
Uno de ellos podría ser el nacionalismo comunista de Milosevic, el otro el nacionalismo de la gran Albania, y ya hemos visto lo que sucedió en Bosnia. 
Entonces, el quid está en saber cómo la Unión Europea afrontará el tema de la paz y de la estabilidad en los Balcanes mediante una estrategia diferente. 
Debemos estudiar y reflexionar sobre la necesidad de abordar dicha cuestión en su conjunto, mientras nos esforzamos en aplicar los acuerdos dificultosamente alcanzados y en lograr un verdadero alto el fuego y una retirada total de las tropas especiales de Milosevic. 
¿Por qué no empezamos a sopesar la idea de una conferencia internacional sobre la cuestión de los Balcanes en su conjunto que incluya a todas las partes implicadas, es decir, muchos países diferentes- Serbia, Albania, Macedonia, Montenegro y Bosnia -, así como a sus minorías internas? 
Considero que ésta es la forma de empezar a cooperar. 
No se puede pedir que la Unión Europea haga más y, luego, permanecer aferrados a un análisis demasiado acotado. 
Muchísimas gracias, señor Presidente (en castellano) , señoras y señores diputados, se ha hablado mucho de que el acuerdo con Milosevic no es la solución ideal. 
Eso, indudablemente, es cierto. Ahora bien, deberíamos tener presente que, aunque Milosevic haya roto muy a menudo sus promesas en el pasado, también en muchas ocasiones las ha mantenido, naturalmente, bajo presión. 
Pensemos, por ejemplo, en las disposiciones de Dayton. 
Por consiguiente, es difícil valorar cómo se puede juzgar su cambio de actitud en el conflicto de Kosovo. 
Pienso que toda la comunidad internacional está obligada a mostrar decisión y a adoptar las medidas adecuadas en caso de que no se cumplan los términos del acuerdo. 
Es decir, no puede descartarse la amenaza de una intervención militar de la OTAN, y eso ha dado lugar a la firma del acuerdo. 
Pienso que debemos mantener esta presión política. 
También es muy importante la misión de la KVM. 
De esto se ha hablado relativamente poco en el debate. 
Pero, francamente, 2000 personas en Kosovo es una cantidad enorme y he de decir a este respecto que algunos diputados sostienen que la UE es muy poco visible. 
La Unión Europea tendrá más de 1000 personas en esta misión, mientras que los americanos sólo contribuyen con 200. 
De modo que esa afirmación no es correcta. 
En segundo lugar, en el debate se ha vuelto a afirmar que sólo han intervenido los americanos. 
Es verdad que Holbrooke ha negociado este acuerdo, pero Holbrooke ha negociado en función de nuestras instrucciones, sobre todo, como saben, en el grupo de contacto. 
La última reunión del grupo de contacto se celebró en Londres, en el aeropuerto, donde se ensayó este último intento conjunto por parte de la UE y por parte de los EE.UU. 
¿Por qué? 
Porque también estaba la Federación rusa, lo cual tiene significación política. 
Pero ahora tenemos este acuerdo político, aunque, naturalmente, me parece muy importante que la prisión militar siga existiendo. 
A este respecto quisiera refutar brevemente que esta KVM sea poco visible. 
Siempre se ha achacado que la UE es poco visible en este terreno. 
Yo quisiera señalar que la cuestión de quién debe dirigir esta misión todavía no está claramente decidida. 
Un americano tiene la presidencia, sí, pero al mismo tiempo en Bruselas hay un comité político que examina la cuestión de si debería o no haber un representante suplente que participase por parte de la UE. 
Quisiera referirme también a la cuestión de la seguridad de los observadores, que también se ha planteado en el debate. 
Pienso que constituye un aspecto extraordinariamente importante y delicado de la KVM. 
Por supuesto que los observadores deben estar desarmados. 
Por ello me parece especialmente importante que la OSCE y la OTAN colaboren estrechamente entre sí. 
Ahora bien, hay que tener clara una cosa: Milosevic ha aceptado siempre que haya una limitación de la soberanía. 
Al menos es un primer paso. 
Junto a las supervisiones sobre el terreno también estas las supervisiones aéreas por parte de la OTAN: aquí vuelve a producirse una acción conjunta. 
Por último, algo que ha mencionado el diputado británico: Gran Bretaña también está dispuesta a volver a introducir una propuesta de resolución en el Consejo de Seguridad. Ayer se debatió el tema y hay una cierta posibilidad de que hoy se acepte una resolución del Consejo de Seguridad, que representará para todos nosotros una cierta base de acción. 
Resumiendo, señor Presidente, una vez más: todos sabemos que no es un acuerdo perfecto, pero, dadas las circunstancias, hasta cierto punto es una solución que permite fundamentalmente una cosa: el regreso de los refugiados. 
Sólo por eso ya debe parecernos una reivindicación importante, que además seguirá apoyándose en la amenaza de intervención militar. 
Esperamos- no estamos del todo seguros- que Milosevic reconozca la gravedad de la situación y emplee el tiempo otorgado para negociar y no para volver a quebrar el acuerdo. 
Señores, quiero quejarme porque se retira la Presidenta del Consejo. 
No veo razón para continuar mi intervención, porque ni el Comisario competente está presente ni tampoco el Consejo. 
Por consiguiente, para hacérselo también más fácil al resto de compañeros, porque no se nos concede el derecho a los parlamentarios que nos toca ser últimos de tener al menos una respuesta por parte del Consejo o de la Comisión ya que ni el Comisario Van den Broek está aquí, ni tampoco la señora Presidenta, que, por supuesto, desarrolló todos sus puntos de vista con gran comodidad aunque sólo había dos oradores por parte del Parlamento Europeo. 
Lo agradezco mucho y, habiéndome quejado, renuncio a la palabra. 
) Señor Presidente, no puedo continuar el debate de la forma en que se lleva a cabo, con tópicos y delirios y expresando los puntos de vista de cada país por separado como si fueran el punto de vista de la Unión Europea. 
Lo acontecido en Kosovo puede ser un paso positivo o puede no ser nada. 
Incluso puede ser un error. 
Y el mismo interrogante se plantea también con respecto a Bosnia, también se planteará mañana en Tetobo y pasado mañana en otras regiones que por primera vez escuchan a cuantos impetuosos oradores nos solucionan aquí los problemas a la ligera y en un abrir y cerrar de ojos. 
Yo, Presidente, echo de menos una política-marco coherente y global para el nordeste de Europa o, como solemos decir, los Balcanes. 
Ni el Consejo ni la Comisión la tienen. 
Debería elaborarla lo más rápidamente posible; ha hecho lo mismo para otras regiones mucho más alejadas y, por supuesto, deberá ser una política con una perspectiva a largo plazo, europea y comunitaria. 
Entonces se valorará consecuentemente. 
De otra forma, siempre reaccionaremos de forma espasmódica. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Sarlis, no puede usted pasar por alto que el Sr. Comisario está aquí presente y en representación de la Comisión. 
Señorías, quisiera antes que nada subrayar la postura del Consejo y de la presidencia del Consejo. 
No porque sea una postura austriaca y, desde luego, no por razones de partidismo político, sino porque a mi juicio se trata de la reflexión correcta. 
Vengo diciendo desde hace mucho tiempo que sin la amenaza de una intervención miliatr no se alcanzará una solución pacífica en Kosovo. 
La idea sostenida por algunos acerca de que la intervención debería llevarse a cabo en cualquier circunstancia me parece una posición errónea. 
Nadie sabe las consecuencias de un ataque aéreo. 
Todo lo que tenemos que hacer ahora deberíamos hacerlo exactamente igual después de un ataque aéreo, con las muchas, muchas desventajas que ello acarrearía, y que hay que tomar en consideración también, si no se consigue establecer ninguna disposición. 
Una de las desventajas es- quiero subrayar expresamente que el lunes estuve en Moscú y hablé con diputados de la Duma, con el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores y otros- que debemos hacer todo lo posible, tras la caída del telón de acero y el comunismo, para incluir a Rusia en un sistema de seguridad europeo. 
No obstante, dije que, incluso en caso de que Rusia introduzca un veto, hay que estar preparado para, en caso necesario, llevar a cabo la intervención militar. 
Ahora bien, es una ingenuidad, es incluso peligroso, es jugar con fuego, creer que de alguna manera se puede dejar a Rusia al margen o, es más, que habría que provocar todavía más a Rusia. 
Las fuerzas nacionalistas en Rusia esperan tal intervención para poder cambiar consecuentemente el clima en Rusia. 
Todos sabemos, para traer a colación el ejemplo de un oso, que un oso enfermo o herido a menudo es más peligroso que un oso sano. 
Provocar deliberadamente a Rusia me parece una postura totalmente equivocada. 
Mientras sea posible tener a Rusia de nuestro lado, como ha dicho la Secretaria de Estado, asociarla a la búsqueda de una solución pacífica, sin desviarnos del objetivo, esa me parece la postura correcta. 
El Consejo mantiene esta postura. 
Hay que dejar claro que aquellos que estén en Kosovo serán protegidos. 
Si surgen problemas, es preciso proporcionar protección militar y policial para las instalaciones, para los proveedores de la ayuda. 
No podemos poner en juego la vida de estas personas. 
Pero tiene que quedar claro que, cuanto más podamos alcanzar los objetivos sin ayuda militar, con ayuda civil, mejor. 
Tampoco hay que olvidar lo que sucede en un país, en una población que es bombardeada. 
Esto, como ya he dicho, no sólo serviría de apoyo a las fuerzas nacionalistas, por ejemplo, en Rusia, sino que afianzaría a Milosevic en su posición. 
Si tomamos ese camino, esto hay que tenerlo en cuenta. 
Así pues, señor Presidente, no deberíamos jugar con fuego, sino asirnos a una línea razonable y dura al mismo tiempo, como hemos hecho en el pasado. 
Tenemos que seguir por esa misma línea común. 
Señor Presidente, espero que en el Consejo haya personal para estudiar en cada caso lo que hemos dicho en ausencia de la Presidenta del Consejo misma. 
El Comisario hace un momento ha subrayado con razón que realmente no tiene confianza en los acuerdos con Milosevic. 
Tiene toda la razón. 
Ha visto ya tantas firmas de Milosevic y está curado de espanto. 
Dice también con razón que los cooperantes van a hacer un trabajo extraordinariamente peligroso. Me pregunto cada vez más, ese grupo que llamamos en este momento verificadores, ¿quiénes son? 
Para mi sorpresa, mi ayudante en prácticas, una chica de 22 años, me contó que en una visita a la OTAN había oído: podéis participar, venid como verificadores. 
Me parece realmente irresponsable que se emplee sin más a unas personas en un trabajo peligroso para el cual no ha habido ni siquiera un entrenamiento militar, y encima sin armas, y también, como hemos podido oír, apelando a los serbios para que ayuden a evacuarles en caso de emergencia. 
Fíjense, que se apela a los mismos que juegan un papel extraordinariamente peligroso para evacuar eventualmente a unas personas jóvenes, sin armas, sin entrenamiento, etcétera. 
Son naturalmente auténticos rehenes entonces. 
En un periódico neerlandés vi una bonita caricatura de un alegre Saddam Hussein con los pies encima del escritorio diciendo por teléfono a Milosevic: enhorabuena por tus 2.000 rehenes sin armas, vamos a pasárnoslo bien con ellos. Efectivamente, así están las cosas realmente. 
En su día mandamos a los cascos azules. 
Por lo menos eran militares. Pero se hizo también de una manera que fácilmente podían ser tomados como rehenes. 
Ahora lo empeoramos un poco más. 
Me pregunto si esta es realmente una buena política y si Holbrooke, también en nombre de la Unión Europea, como he entendido, no era capaz de llegar a un resultado mejor. 
Creo, lamentablemente, que hemos de entender que Milosevic y otros sólo pueden ser convencidos con una postura mucho más clara de fuerza, aunque tampoco me encanta el empleo de la violencia si puede ser evitada de alguna forma. 
Sin embargo, hemos de entender que en los Balcanes el dinero y las buenas palabras ya no sirven para mucho. 
Por lo tanto, me parece muy penoso que la Casa esté tan dividida todavía. 
Así estaba también en los últimos años con Bosnia. 
Siempre ha ocurrido que los socialdemócratas, con el apoyo de la extrema izquierda, han hecho una política que trataba a Milosevic más o menos con consideración. 
Simplemente no lo entiendo. 
Hay un trasfondo de una tendencia anti-militarista, pero yo diría: la defensa del estado de derecho requiere realmente algo más. 
Espero que en un momento dado esta Casa supere esa división. 
Por cierto, la Presidenta del Consejo tiene una tarea particularmente desagradable. 
Fíjense que se ha visto obligada a decir aquí: se ha agotado la paciencia, como también dijo hace dos semanas. 
Ahora me pregunto: ha mencionado unas fechas, el 27 de octubre y el 3 de noviembre, para entonces debe haber pasado de todo. ¿No se presentará de nuevo el 4 de noviembre ante nosotros? 
Se ha agotado la paciencia como ocurrió hace dos semanas, hace cuatro y hace seis. 
Eso es realmente poco creíble. He de decir que me parece muy penoso que el Sr. Wiersma en su intervención diga sin más: los kosovares no pueden conseguir la independencia. 
Me suena demasiado patriarcal. 
No se puede vivir bajo una dictadura criminal aunque quisiéramos que Kosovo siguiera formando parte de Yugoslavia. 
Esto no se puede contar de una forma tan barata. 
Señor Presidente, tengo algunas observaciones. 
En primer lugar, se ha demostrado que la diplomacia tiene posibilidades, basta con tener paciencia, con insistir. 
Tiene posibilidades en Yugoslavia, en Palestina, en Irlanda y no se necesita recurrir a las armas a la menor de cambio. 
En segundo lugar, han sido de nuevo los Estados Unidos y no la Unión Europea, a pesar de que Yugoslavia está al lado, quienes han entrado en ese obstinado y difícil juego de negociaciones, correlaciones, presiones hasta que llegó dicha solución, que no incluía la intervención militar. 
El tercer punto en el que deseo hacer hincapié es que, seguramente, existen fuerzas que quieren minar la aplicación del paquete acordado tanto por una parte como por la otra, como hemos visto con el asesinato de serbios hace pocos días. 
Por ello, la comunidad internacional, todas las fuerzas que interviene en dicho proceso, deben mirar hacia ambos lados. 
No sólo hacia uno. 
En cuarto lugar, es importante que insistamos en el marco en que se desarrollará la evolución de Kosovo que, por una parte, significa plena autonomía y, por otra, respeto de las fronteras existentes en los Balcanes. 
Y el último punto va dirigido al Sr. Bangeman. 
Desearía preguntar por qué la Unión Europea, la Comisión y todos nosotros nos movilizamos e incluso hacemos uso de la amenaza militar con respecto a Kosovo, a los albaneses de kosovo, y, cuando se trata del Chipre ocupado o de los kurdos, la Comisión está preparada no sólo para amenazas, no sólo para presiones políticas, sino que efectúa golpes de estado para proceder a subvenciones destinadas a Turquía. 
Es lamentable, es una vergüenza para la Unión Europea, una vergüenza para el Sr. Santer y para todos los comisarios. 
Señor Presidente, es bueno tener esperanza, pero no debe sustituir a la realidad ni impedirnos verla. 
Quiero ser optimista, pero temo que Milosevic siga jugando al ratón y al gato. 
Creo que se ha envalentonado debido especialmente a la inacción de las Naciones Unidas. 
A pesar de que reconozco que ha habido problemas con China y Rusia, no puedo evitar sentir un cierto cinismo cuando comparo y contrasto la respuesta de la ONU en Kosovo con la respuesta que dio en la Guerra del Golfo. 
Evidentemente, si Kosovo fuero un país rico en petróleo como Kuwait, la ONU habría actuado de manera diferente. 
No hemos aprendido la lección de Bosnia-Herzegovina. 
Debido a la dilación, cientos de miles de personas murieron innecesariamente en la limpieza étnica. 
Pero una vez que los EE.UU. y sus aliados europeos emprendieron la acción, la situación cambió radicalmente. 
No debemos olvidar este aspecto, especialmente si Milosevic incumple el acuerdo alcanzado por mediación de los EE.UU. y no respeta las resoluciones de la ONU en la letra y el espíritu. 
Su incumplimiento sólo debe tener una respuesta y ésta es la opción militar. 
Lamento decirlo, pero creo que es el único lenguaje que entiende y es lo que conducirá a la resolución de esta crisis en particular. 
Muchas gracias, señor Cushnahan. 
El debate queda cerrado. 
Crisis económica en América Latina 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la crisis económica en América Latina. 
Tiene la palabra el Sr. Bangemann en nombre de la Comisión. 
Señor Presidente, la situación actual en el mundo, especialmente la económica, pero también la financiera, plantea una serie de quiebras que tienen repercusiones obvias en América Latina. 
Hay una diferencia entre la situación económica real y la situación de los mercados financieros. 
Esta situación es especialmente clara en países (por ejemplo, de América Latina) que presentan una situación económica relativamente estable, con perspectivas abiertas, pero que al mismo tiempo están amenazados por las incertidumbres financieras. 
Como esto es así, como existe esta diferencia, no debemos reaccionar en exceso con respecto a estas inseguridades. 
Naturalmente, podemos determinar objetivamente algo que nadie puede ignorar, que la inseguridad en los mercados financieros globales de determinadas regiones del mundo (entre ellas, también América Latina) ha llevado a situaciones explosivas. 
Pero, no obstante, al mismo tiempo hemos de señalar que la actual situación económica y las perspectivas en los países latinoamericanos deben evaluarse con optimismo, es decir, que hay dos evaluaciones de la situación diferentes, según los elementos de partida. 
Lo que sí tienen en común ambas, quizá, es el reconocimiento de que no debemos contribuir a que se produzca una self fulfilling prophecy, una autoprofecía cumplida, es decir, que juzguemos desfavorablemente las perspectivas económicas de América Latina a partir de las inseguridades financieras y contribuyamos así a que se agrave la situación económica real de la zona, porque los datos muestran un panorama totalmente diferente. 
En 1997, el rendimiento económico de América Latina fue el más elevado desde hacía décadas. 
El crecimiento medio de la región ascendió a más del 5 %. 
El producto interior bruto per cápita ascendió a más del 3 % y la inflación remitió en todos los países- desde luego, no a un nivel que a nosotros nos sirva de referencia -, pero es importante señalar que se dio tal tendencia. 
Todo ello fue reflejo del aumento de las inversiones, de un flujo masivo de capital. 
Me permito recordar que en la época en la que en la que se hablaba de la década perdida, el flujo de capitales era muy considerable. 
Hoy en día tenemos la tendencia inversa, y a partir de los datos hay motivos para considerar la situación de otro modo, si se toma en consideración la situación financiera. 
Todos los gobiernos latinoamericanos se han planteado como objetivo conseguir una estabilidad económica global por medio de reformas, y la gran mayoría de esos gobiernos ha llevado a cabo en ocasiones reformas radicales, basadas en una administración saneada de las finanzas y en la apertura económica. 
Por consiguiente, la Comisión opina que podemos hablar de un fundamento sólido desde el cual se pueden abordar los actuales problemas financieros. Por supuesto, la recesión económica en Asia- en menor grado en Rusia- repercute en la región. 
La repercusión difiere en función de las relaciones económicas de los países con la región asiática. 
Brasil desarrolla el 12 % de su comercio exterior con Asia; Chile envía el 25 % de sus exportaciones a Asia, y Perú hace lo mismo en un 13 %. 
Esto implica que, indudablemente, algunos países se ven más afectados que otros por la recesión económica en Asia y que, pese a una mayor diversificación y a la creciente importancia de la industria de transformación y del sector de servicios, las exportaciones de materias primas siguen desempeñando un papel importante y, por tanto, motivan la propensión a la inestabilidad financiera de algunos países. 
Por eso, es inevitable que la recesión económica asiática se refleje en la balanza por cuenta corriente de estos países. 
El peligro no estriba en eso. 
Estamos convencidos de que este retroceso puede contrarrestarse. 
El peligro inmediato reside en la posibilidad de que se produzca un debilitamiento de las monedas latinoamericanas. 
Debido a la pérdida de confianza de los mercados internacionales de capitales, y también debido a la creciente conciencia del riesgo, tanto la crisis financiera asiática como la más reciente crisis en Rusia han hecho que las monedas latinoamericanas sean muy susceptibles a los movimientos de capital potencialmente desestabilizadores. 
Por esta razón, Brasil ya ha adoptado duras medidas contra la especulación, y Chile, México y Colombia seguirán con toda seguridad su ejemplo. 
La decisión y la rapidez de esta reacción demuestran que las regiones están mejor armadas que antes para hacer frente a los retos que impone la globalización de los mercados financieros. 
Argentina es, entre otras, un ejemplo sobresaliente de cómo los esfuerzos internacionales conjuntos pueden ofrecer apoyo a un país. 
Pese a la lentitud de crecimiento de los últimos meses también en Argentina, creemos que este país dispone de una sólida base económica y que ahora se ponen de relieve las reformas introducidas anteriormente en esta década, de modo totalmente positivo. 
Por ello, a principios de este mes había un gran peligro de que la inestabilidad financiera a escala mundial entrañara unas exigencias excesivas para la economía nacional. 
Por ello, el 5 de octubre, el Banco Mundial, para tranquilizar a los inversores y en vista de la actitud vacilante de los bancos extranjeros, manifestó su disposición a conceder a Argentina los fondos necesarios, en préstamos por valor de 5.700 millones de dólares. 
Con ello se garantiza que Argentina pueda hacer frente a sus obligaciones financieras hasta finales de marzo del año que viene. 
Esta es una señal indiscutible de que la comunidad internacional, si es necesario, puede ayudar a otros países, de modo que tenemos buenas razones para evaluar el futuro económico de América Latina de modo realista y, por ende, positivo. 
No obstante, deben llevarse a término y en profundidad las reformas políticas, y sobre todo económicas, que se emprendieron en muchos países latinoamericanos desde finales de los años 80. 
Sería suicida extraer la conclusión, en vista de las dificultades, de que estas reformas deben concluir y que hay que adoptar otra política. 
Por ello, la Comisión dará su apoyo a todo aquello que contribuya a continuar estas reformas. 
Esta es la única oportunidad que tiene este continente. 
Saben ustedes que, en la práctica, concretamos estos esfuerzos en muchos ámbitos: en el ámbito de la cooperación industrial y, por supuesto, en el ámbito de la cooperación tradicional, sobre todo política, pero también económico-financiera, en caso necesario. 
Con esta declaración, debemos contribuir también a que no se llegue a un colapso que no estaría justificado por razones económicas reales, sino que estaría provocado únicamente por una reacción excesiva. 
Nos parece que lo más importante del debate es cómo evitar que se produzca esta reacción. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Comisario por las informaciones que acaba de facilitarnos. 
Realmente, este debate es una buena ocasión para hacer un repaso de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, y el hecho de que se estén iniciando contactos para preparar la fase final de acuerdos de liberalización comercial con Mercosur, Chile y México revelan que el interés de la Unión por acentuar y profundizar los acuerdos es real y no una mera voluntad de acercamiento. 
También es real el esfuerzo que las economías latinoamericanas han realizado para modernizarse, combatir la inflación y hacer frente a sus compromisos internacionales como, por ejemplo, el pago de la deuda. 
Precisamente en el final de este siglo, los crecimientos empezaban a ser muy notables, abriéndose las expectativas de una vigorosa recuperación económica. 
Más inversión internacional y un mayor crecimiento, un buen comportamiento de los esfuerzos de integración, una notable estabilidad política y la profundización democrática hacían prever que el reparto de los beneficios podría paliar el drama de la dualidad de las sociedades latinoamericanas. 
Sin embargo, en pocas semanas, gran parte de estos beneficios- el Comisario se refirió a ello- se han venido abajo como consecuencia de una crisis que, con seguridad, contiene algunos elementos virtuales que han contribuido a agudizar el pánico. 
En algunos casos, las consecuencias son desgarradoras para estas economías que todavía tienen problemas estructurales y que, en algunos casos, ni tan siquiera habían comenzado a sentir la bonanza de los crecimientos espectaculares de otros países. 
Tras una década de intensificación en nuestras relaciones, puede afirmase- eso sí- que existe una confianza mutua y que América Latina espera de nosotros algo más que una hermosa declaración de intenciones. 
A mi Grupo le preocupan los ciudadanos, la estabilidad social y la democracia. 
Por eso queremos que se manifieste una voluntad política activa. 
¿Qué quiere decir esto? 
Que abordemos de una vez por todas el debate sobre el funcionamiento del sistema financiero internacional en una economía prácticamente globalizada. 
La resolución común está en esa línea y, al menos, es una contribución positiva para incorporar dosis de tranquilidad y confianza a los mercados más castigados por la crisis. 
Pero esta resolución debe materializarse con rapidez. 
Mi Grupo anima a la Comisión a tomar la iniciativa porque la dimensión de nuestra economía, de nuestro sistema financiero, de nuestra cuota de mercado mundial, de nuestro desarrollo social y de nuestros beneficios- que también hay que hablar de ello- nos reconoce un liderazgo que no debemos dudar en ejercer precisamente en las situaciones que, como la que analizamos en este momento, provocan intranquilidad mundial y desconfianza por la escasa operatividad de las instituciones monetarias internacionales en la resolución de estas crisis, y por acogerse, como siempre, a las recetas tradicionales. 
Señor Presidente, la crisis económica que tiene su origen en los países asiáticos, y que se ha extendido gravemente a Rusia y ahora muestra síntomas de contagio en América Latina, es cierta y ello no obedece a razones objetivas, como de manera muy nítida ha expuesto el Comisario Bangemann. Lo que no ha dicho el Comisario es que, mientras tanto, la Unión Europea, sus instituciones comunes y prácticamente todos los Estados miembros no han intervenido en el debate ni, evidentemente, en la aportación de soluciones, demostrando un silencio que nadie puede entender y menos aún nuestros socios latinoamericanos. 
Porque si es grave que el Parlamento Europeo no haya encontrado una oportunidad hasta el momento presente para debatir la situación, más lo es que la Comisión Europea haya carecido por completo de iniciativa y el Consejo no haya podido adoptar ninguna decisión al respecto. 
Sería una gran contradicción pretender reclamar un papel en el concierto internacional, como la mayor potencia económica que somos, y aspirar, por lo tanto, a asumir las responsabilidades y el protagonismo que el euro nos puede otorgar en los ámbitos económicos mundiales y, al mismo tiempo, carecer de la amplitud de miras que nos exige el mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir o, incluso, olvidar la percepción, coherente con nuestros intereses, de que América Latina constituye la única zona emergente que hasta el momento no ha sido sacudida por la crisis. 
Y debemos tener en cuenta que, esta misma mañana, la Comisión ha rebajado en seis décimas nuestras perspectivas de crecimiento para el próximo año. 
Las reformas estructurales que, con gran esfuerzo, esos países han decidido afrontar a lo largo de la presente década les han permitido encarar los ataques de la especulación con unos fundamentos económicos sólidos, producto del desarrollo de políticas económicas sanas. 
La disciplina fiscal, monetaria, la liberalización y la integración regional han sido los fundamentos esenciales de las políticas económicas en América Latina durante los últimos años. 
Sin ellos, a estas alturas, se habría pagado ya un precio incalculable. 
Precisamente ahora hay que insistir y reafirmar la necesidad de huir de la tentación de poner obstáculos al libre flujo de capitales, incurriendo en prácticas proteccionistas obsoletas a finales del siglo XX. 
Ciertamente que la expansión de la nueva realidad de la globalidad en la economía mundial tiene para nosotros un límite: los valores de la democracia, la solidaridad y la cohesión social. 
Y precisamente en esta coyuntura, nosotros no podemos dejar de resaltar las consecuencias sociales que adicionalmente se presentan como producto de la inestabilidad financiera. 
Y por eso, desde mi Grupo parlamentario, aplaudimos las voces que clamaron en la reciente Cumbre Iberoamericana de Naciones por abrir un debate que nos permita establecer reglas mínimas de conducta en lo que se refiere a los grandes flujos relacionados con la actividad económica y financiera. 
En este contexto, el desbloqueo en la aportación norteamericana a los recursos del Fondo Monetario Internacional, unido a la rebaja de los tipos de interés, constituyen sin duda elementos ciertamente positivos, pero no suficientes. 
Por su parte, España ha aportado 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para la constitución de un fondo de reserva o fondo de contingencia para América Latina. 
Por eso comprenderán que me congratule de que esa iniciativa se haya recogido en la propuesta de resolución conjunta con la que concluirá este debate con el ánimo de ampliarla al conjunto de la Unión y a los Estados miembros. 
La Comisión Europea tiene ahora la responsabilidad de profundizar en las iniciativas y de proponer otras medidas. 
Dicho sea de paso, señor Comisario, me parece reseñable mencionar la bajísima ejecución de los fondos del presupuesto comunitario para América Latina- apenas un 2 % en los primeros seis meses de este año. 
Y al Consejo hemos de instarle a que afronte de manera decidida los procesos abiertos de mutua y gradual liberalización comercial. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero agradecer la declaración y el interés mostrado por el Comisario Bangemann y por la Comisión en relación con un tema que afecta a la estabilidad económica y financiera internacional. 
Yo me he preguntado por la causa de este efecto progresivo en esta crisis económica y financiera internacional que ha afectado tan directamente a las economías latinoamericanas. 
En primer lugar, constatamos su fragilidad. Son economías que aun están saliendo de un largo proceso de conflictos internos, de endeudamientos excesivos, y que, efectivamente, como se ha puesto de relieve aquí, han hecho un inmenso esfuerzo, por una parte, para conseguir una estabilidad, instituyendo regímenes democráticos, y, por otra parte, para sanear sus economías, haciendo, además, un gran esfuerzo de apertura al exterior. 
Este esfuerzo de apertura al exterior había dado hasta ahora buenos frutos cuando se había compaginado con un buen acceso a los mercados exteriores y, además, como ha señalado el Comisario Bangemann, el flujo inversor ha sido muy positivo. 
Pero según una serie de datos- por ejemplo, los precios de las materias primas han caído en un 32, 9 % para el caucho, un 31, 8 % para la lana, un 9, 3 % para el maíz y un 14, 6 % para el algodón -, por una parte ha habido un descenso brutal en las expectativas de crecimiento económico, que se han reducido a la mitad del año pasado a éste, y, por otra, una reducción de su participación en el comercio y en la producción, que ha llegado a ser, por ejemplo, de un tercio en las exportaciones en Chile o de un 23 % en las exportaciones en Perú. 
Evidentemente, es necesario recomponer esta situación y, sobre todo, es necesario recomponerla desde un ámbito financiero que devuelva la confianza internacional hacia estas economías y ello- entendemos- se ha de hacer a través de dos elementos básicos: en primer lugar, no se trata en ningún caso de intentar apartarse del proceso de internacionalización y apertura de los mercados en el ámbito internacional y, en segundo lugar, hay que asegurar una auténtica estabilidad política, social y económica, que ya se ha emprendido, insistiendo en los procesos de transparencia y de ayuda a estas economías. 
Por ello, y con esto acabo, quiero sumarme al llamamiento que se ha hecho para que las instituciones comunitarias y la Comisión Europea, que, por desgracia, y a pesar de faltar pocos días para la instauración del euro, aún no tienen la debida presencia en las instituciones financieras internacionales, intervengan más eficazmente. 
Señor Comisario Bangemann, se dará usted cuenta de que todos los diputados que hemos intervenido hasta este momento le estamos hablando en español, porque, lógicamente, hay una sensibilidad especial por América Latina, que sabemos compartida por numerosos colegas de la Asamblea, pero le estamos hablando desde una dimensión europea. 
No somos catastrofistas. 
Y no queremos hacer desde nuestra condición de europeos- en mi caso como portavoz de un grupo de izquierda- ninguna reflexión catastrofista, pero sí queremos manifestar nuestra preocupación. 
Después de la llamada década perdida de los años ochenta, el ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional aplicó un mecanismo coercitivo que llevó a un espejismo de recuperación y de crecimiento. 
En la actualidad comprobamos que la realidad es muy diferente y hay una gran fragilidad en América Latina ante el efecto de la crisis rusa y asiática. 
No solamente fragilidad psicológica sino una fragilidad estructural. 
Esta situación no augura nada bueno en países que han sufrido una larga serie de regímenes autoritarios. 
Nosotros consideramos que las responsabilidades adquiridas desde nuestra dimensión europea nos obligan a responder a estos importantes desafíos de pérdida real de la producción, destrucción de empleo, caída de salarios. 
Esto no va solo, va acompañado de fuga de capitales, de temor, por parte de la inversión extranjera o externa, a la insolvencia del sector privado y de cierta degradación del tejido social, que va avanzando y que no permite imaginar un horizonte prometedor en una región que, por razones históricas y culturales, está muy cerca de la realidad europea. 
Desde mi Grupo pensamos que las consecuencias de la crisis en el marco de la globalización pueden llevar a un deterioro social muy fuerte en regiones que acaban de salir de conflictos, incluso sangrientos, y que, en muchos casos, están iniciando procesos de reconstrucción interna muy importantes. 
Por eso nosotros apelamos a la Comisión y aceptamos la responsabilidad, desde el Parlamento, no sólo de reflexionar sino de actuar. 
Debemos trabajar responsablemente y no sólo por egoísmo eurocéntrico, aunque es cierto que la crisis latinoamericana se puede convertir en una incertidumbre adicional para la economía europea si nuestra visión de solidaridad no actúa urgente y decididamente por el futuro. 
La presencia de la Unión Europea, además, puede significar un equilibrio con la presencia del Japón y de los Estados Unidos, y esto puede contribuir a mejorar el marco de la mundialización de la economía. 
Nuestro Grupo no defiende una posición simplista de abandonar a la política y a la solidaridad las políticas económicas. 
Propugnamos un ajuste social con dimensión humana, pero sabemos que si pasamos por alto la economía iremos a la lógica de los costes crecientes y de los beneficios nulos. 
Por ello, estamos de acuerdo con la resolución que hoy va a votar el Parlamento e instamos a la Comisión a que participe activamente en todos esos procesos de integración regional, en un apoyo decidido y solidario a América Latina que permita que haya sociedades estables y democráticas con un alto grado de desarrollo. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la crisis que están atravesando en estos momentos cada vez más regiones del mundo, entre ellas América Latina, no es un cáncer, sino la consecuencia lógica de una economía mundial desquiciada. 
Por tanto, no hay ningún peligro de contagio ante el que podamos inmunizar con vacunas financieras, como propone la resolución de compromiso de algunos grupos. 
Por el contrario, están vacunas sólo llevan el agua a los molinos de aquellos que llevan años enriqueciéndose desenfrenadamente en América Latina. 
Todos los cambalaches y trapicheos que se han producido, sin ir más lejos, en los bancos brasileños en los últimos diez años sólo merecen el calificativo de acción criminal. 
Me acuerdo, por ejemplo, del famoso asunto de la carpeta rosa hace dos años. 
En él se vieron implicados políticos como António Carlos Magalhaes o el anterior presidente Sarney, que habían recibido transferencias ilegales durante años, y sin embargo no se llegó a celebrar ningún proceso, porque estos mismos políticos votaron en contra de que se constituyera una comisión de investigación. 
Los grandes bancos privados quebraron en serie, el Estado asumió la deuda, los balances se falsificaron sin ningún miramiento y los pequeños ahorradores perdieron sus ahorros. 
Si en tal situación se pide más liberalización, menos controles y ninguna medida con el fin de que- cito- «los inversores recuperen la confianza» , es como encomendar las ovejas al lobo. 
Quien sólo ofrece fondos para saldar la deuda exterior, lo único que hace es que el círculo vicioso vaya más deprisa. 
En vista de la creciente pobreza en América Latina, sería cínico si perdiéramos la oportunidad de poner frenos al carrusel financiero. 
Es necesario que el dinero fresco y las nuevas inversiones sigan en América Latina, al menos deben tener un tiempo mínimo de permanencia, deben servir de apoyo a la producción local y fomentar el consumo local. 
En la Cumbre Iberoamericana de la semana pasada en Lisboa, el mismo presidente Cardoso se mostraba dispuesto, con respecto a la crisis, a recordar sus propios vínculos con el pasado. 
Incluso propugnaba establecer un impuesto sobre los movimientos de capital a corto plazo y que la recaudación se destinara a un programa contra la pobreza. 
Esto es lo que se pretende también con el impuesto Tobin. 
No obstante, la confianza no se gana con especuladores sin escrúpulos, sino con inversores que tengan miras a largo plazo. 
Si aprueban nuestras enmiendas, que van en ese sentido, Señorías, estaríamos dispuestos a apoyar su resolución. 
Señor Presidente, gracias, señor Comisario, por sus explicaciones. 
Señorías, imaginemos una situación en la que un país sufre una fuerte subida de tipos de interés, una caída estrepitosa de la Bolsa, un crecimiento de la deuda nacional, pánico en los inversores financieros, amenaza de devaluación de la moneda; en definitiva, una verdadera crisis de confianza y derrota de las reformas económicas en marcha. 
Pues bien, este escenario imaginario se ha hecho realidad en muchos países asiáticos durante el año pasado, se ha extendido a Rusia en verano y ahora refleja la situación a la que se enfrenta Brasil con la amenaza de contagiar a otros países de América Latina. 
El miedo, Señorías, es libre, y mucho más el miedo financiero. 
Si no frenamos este efecto dominó, nada garantiza que mañana no afecte a los Estados Unidos o a la propia Unión Europea, a pesar de tratarse de economías solventes. 
Confiemos, por otro lado, en que este posible efecto dominó quede paralizado gracias a la base económica sólida y democrática generalizada en Sudamérica, conseguida gracias al apoyo de los diferentes acuerdos firmados con la Unión Europea. 
A nuestro juicio, Señorías, es necesario tomar medidas al respecto tanto a largo plazo, con la reforma del marco institucional del sistema financiero internacional salido de Bretton Woods, como a medio plazo, promoviendo una mayor transparencia y regulación de los organismos financieros, y con medidas a corto plazo, con fórmulas de apoyo financiero inmediato como las que ha puesto en marcha el Estado español creando un fondo de financiación para Brasil, propuesta a la que inmediatamente se han sumado los Estados Unidos ofreciendo líneas de crédito a aquellos países expuestos a un posible contagio financiero y a la que esperemos se sume también la Unión Europea de forma contundente y con celeridad. 
Y digo de forma contundente por la urgencia de actuar ante la posibilidad de una crisis sistemática en América Latina que conlleve una retirada global de su capital extranjero y genere una fuerte recesión a escala regional. 
Señor Presidente, la importancia de la crisis económica que afecta a los países de América latina, como también a la casi totalidad de los países de economía emergente, y la amplitud de las consecuencias que tendrá sobre las economías europeas, en particular sobre la de los países de la zona euro, hasta hoy se ha subestimado en exceso por parte de los europeos. 
Aquí mismo, nos han abrumado con esa frase hecha del escudo del euro y de la excepción europea, como si Europa pudiera seguir siendo una isla de estabilidad, a raíz de una interpretación errónea de la importancia del comercio intracomunitario, como si se procurase conjurar la crisis y los efectos que tendrá sobre nosotros mediante un optimismo de aire infantil y poco responsable. 
Nuestro primer trabajo de representantes responsables, por el contrario, consiste en considerar las realidades de la crisis tal como son, aun cuando se corra el riesgo- es verdad- de que resulte más delicada de lo previsto la implantación del euro y nos veamos llevados a preguntarnos si es oportuno el lanzamiento de una nueva moneda en plena tormenta financiera internacional. 
La declaración que el Comisario Bangemann acaba de hacer sobre América latina representa, al menos en parte, un paso hacia ese indispensable regreso al realismo del que vemos, aquí y allá, signos diversos. 
El Sr. Junker, Primer Ministro luxemburgués, declara que el euro no es un escudo eterno. 
El Sr. Amartya Sen, Premio Nobel de economía 1998, expresa sus temores de que una política monetaria única y únicamente guiada por preocupaciones antiinflacionistas tenga en Europa efectos devastadores ante una baja duradera de los tipos de interés estadounidenses. 
La crisis financiera asiática y latinoamericana y sus efectos sobre el valor del dólar podrían constituir, sin duda, el primer choque asimétrico que afectara a los distintos países de la zona euro. 
Sus economías- recordémoslo- aún están lejos de ser homogéneas. 
Por ejemplo, las economías ibéricas se verían tocadas antes y mucho más que las de los otros países, en caso de una crisis latinoamericana importante. 
En estas circunstancias se podrá juzgar si el euro desempeña de verdad un papel de escudo, o si el conjunto de los países de la zona euro puede aguantar la gran separación entre las fuertes obligaciones de la moneda única y los impactos que cada uno de esos países sufrirá a causa de la crisis, con una amplitud, unos sectores y un calendario diferentes. 
Ya será imposible no plantearse la pregunta de si, en los distintos países que conformarán la zona euro, este momento es el verdaderamente oportuno para privarse de medios monetarios flexibles y acostumbrados a los ajustes en las situaciones críticas, cuando, al parecer, estamos frente a una crisis financiera mundial de gran envergadura. 
Señor Presidente, la situación económica general de los países de América latina no es buena: no es buena en las repúblicas bananeras explotadas por las compañías norteamericanas; no es buena en los países en que las guerrillas comunistas se dedican al pillaje, a la violación y al asesinato. 
En Perú, el así llamado «Sendero luminoso» masacra pueblos enteros. 
En Colombia, sobre todo en Caguán, las fuerzas armadas revolucionarias de la extrema izquierda colombiana se nutren de los cánones pagados por los traficantes de droga, cuyos cultivos y comercio protegen. 
Un solo país, al que se devolvió a la senda de una buena economía, manifiesta su buena salud en todos los campos. 
Ese país es Chile. 
Y el modelo chileno constituirá, en adelante, un ejemplo no sólo para todos los demás países de América latina, sino también para los de África y para Rusia. 
El boletín de la Embajada de Francia, que he consultado ayer en Internet, señala que el crecimiento es continuo, como lo confirma la estabilidad de los precios, de la moneda y de las finanzas públicas. 
Chile es el país donde se invierte y donde las reservas financieras aumentan. 
En 1973, el balance era muy otro. 
El dictador marxista Allende había arruinado a ese país, que después de las huelgas de los camioneros, asistía a las manifestaciones de las amas de casa. 
En todas partes las bandas armadas de la extrema izquierda imponían su violencia y repetían sus asesinatos: como en 1936 en España, donde la derecha mayoritaria, la de la CEDA del Sr. Gil Robles, veía impedida su actividad y asesinados a sus dirigentes y militantes, sin mencionar los horrores anticatólicos. 
Entonces, un oficial republicano se rebeló: el general Pinochet. 
Se rebeló, como Franco en otros tiempos, para evitar el dominio del comunismo que, allí como en todas partes, se disponía a crear sus «gulags» y a llenar las fosas comunes. 
El ejército y la policía se enfrentaron entonces con el terrorismo y la violencia de la subversión con métodos de guerra y con lamentables abusos de todo tipo. 
Y bien, con el pretexto de que la tortura está institucionalizada y se aplica ampliamente en Israel, ¿se preparan a encarcelar mañana, en Londres o en Madrid, al Sr. Benjamin Netanyahu, cuyo ejército ha matado a más palestinos rebeldes que los revolucionarios muertos por el ejército chileno? 
¿Se piensa detener al general Sharon en Washington o en París, por todas las represiones feroces que encubrió con su autoridad? 
Aquí nadie deja de clamar por el estado de derecho, pero la emboscada de la conspiración hispano-británica contra el general Pinochet viola cínicamente todas las normas del derecho internacional. 
Sin embargo, no se ha constituido ninguna comisión de investigación ni tribunal del pueblo para juzgar los ochenta años de terror rojo en el mundo y a los responsables de 200 millones de muertos, si a las víctimas de las guerras se suman los 100 millones de muertos por las hambrunas organizadas y por las ejecuciones en masa del comunismo, horizonte insuperable de la esclavitud moderna. 
Señor Presidente, permítame que haga un par de observaciones a la intervención del Sr. Kreissl-Dörfer. 
Por su puesto, tiene toda la razón cuando señala que la corrupción es una de las causas de la inestabilidad de la economía. 
Desde luego, es evidente que hay Estados corruptos y, también se puede decir, dictaduras militares. 
El Sr. Antony ha hecho alusión antes a un país que fue anteriormente una dictadura militar. 
Ahora bien, también hay países regidos con normalidad que son propensos a la crisis económica. 
Hay muchas causas que pueden ser el motivo. 
En América Latina lo estamos experimentando en estos momentos. 
Hay una psicología de los mercados financieros, que aparentemente no tienen confianza en los tipos de cambio fijos, como Brasil. 
El capital se escurre, al igual que en Asia o en Rusia. 
Esto es una cuestión psicológica. 
No tiene una base económica. 
El Sr. Bangemann lo ha señalado acertadamente. 
Asimismo, hay algo sobre lo que los Estados tienen escasa o nula influencia, a saber, la caída de los precios de las materias primas. 
La ventaja de que Europa tenga petróleo barato constituye una ligera catástrofe para México, Venezuela y otros Estados. 
Esto no tiene nada que ver con la corrupción, sino con la caída de los precios de las materias primas, que nos debería dar pie a reflexionar: ¿cómo podemos conseguir estabilizar a la larga los precios de las materias primas? 
Otro motivo ante el cual no se puede hacer nada es la supresión de los mercados asiáticos para América latina,. 
Con la supresión de los mercados asiáticos y la devaluación de las monedas en Asia, las mercancías latinoamericanas en Asia son una competencia barata adicional en esta región. 
Por ello, opino que debemos afrontar este problema de modo totalmente práctico. 
Verlo de modo práctico significa que en este momento Brasil debe estabilizar su situación. 
Brasil es la clave económica de Iberoamérica. 
Me remito al apartado 9 de nuestro acuerdo, en el que pedimos un fondo especial- ya se ha discutido algo así -, apoyado por las instituciones financieras internacionales, para ayudar a Brasil a salir de su difícil situación actual. 
Si Brasil entra en crisis, si tiene que devaluar su moneda, toda la región sufriría las consecuencias. 
Estaríamos donde estábamos a principios de los años 80, a saber, ante una situación catastrófica, que no significa si no que la gente de la calle, el pueblo latinoamericano, debe pagar el precio por la incapacidad de los financieros de mantener el orden mundial en los países. 
Por lo tanto, pido que apoyemos la resolución y que apoyemos todos los esfuerzos realizados por la Comisión, el Consejo y demás instituciones para ayudar a la economía brasileña en estos momentos. 
Esto no exonera de las medidas internas que deben adoptarse en estos países y a las que con gusto contribuiremos. 
Señor Presidente, quiero agradecer como siempre la presencia positiva y activa del Comisario Sr. Bangemann. 
En los últimos años, tras la crisis de la deuda, los países iberoamericanos han hecho un notable esfuerzo, no sólo político sino también económico, de ajuste estructural, que ha comportado enormes costes sociales. 
Da la casualidad, señor Presidente, de que estos países, a pesar de haber aceptado en sus acuerdos de cooperación con la Unión Europea la cláusula democrática, son los peor tratados, en términos absolutos, por el presupuesto comunitario. 
No sólo no gozan de esas ventajas presupuestarias, sino que tampoco gozan del régimen comercial preferencial del que disfrutan, por ejemplo, los países del Convenio de Lomé. 
Con motivo de esta crisis, los países iberoamericanos han sido doblemente penalizados: no sólo han sido víctimas del ajuste, sino que lo han sido también del sistema al que han tenido que ajustarse siguiendo nuestros consejos. 
Es evidente que la solución a esta crisis trasciende el alcance y los límites de la Unión Europea, pero es evidente también, señor Comisario, que se pueden hacer muchas cosas a nivel comunitario. 
El Sr. Marín, el Comisario responsable, sabe que ha tenido y que sigue teniendo el apoyo, ciertamente modesto, de este diputado para cuantas iniciativas ha querido emprender al objeto de reforzar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. 
Pero tengo que decirle, señor Comisario, que en este caso he echado en falta una respuesta diligente, eficaz y precisa de la Comisión. 
La Unión Europea, en estos momentos difíciles, no puede ni debe eludir su concurso, ni puede dar tampoco la callada por respuesta. 
Es lamentable, señor Bangemann, que la Comisión, sin tomar en consideración los nuevos acuerdos con Chile, México y Mercosur, los desafíos que plantea la Cumbre de Río del próximo año y esta situación de crisis que viven las economías latinoamericanas, proponga año tras año las mismas cantidades en las principales líneas presupuestarias para América Latina, sin tener ni siquiera en cuenta el crecimiento vegetativo que supondría adaptarlas al crecimiento de la inflación. 
Por eso comparto en este sentido la preocupación expresada por la Sra. Miranda, y espero que los grupos políticos que han intervenido en este debate- como el del Sr. Puerta o el de la propia Sra. Miranda, puesto que la ponente general del presupuesto pertenece a su grupo político- puedan apoyar las enmiendas que tanto la Sra. Miranda como yo mismo hemos presentado al proyecto de presupuesto para el año que viene y que mi Grupo ha hecho naturalmente también suyas, como viene haciéndolo en los últimos ejercicios presupuestarios. 
Y espero también, señor Presidente, que tras este debate la Comisión le eche un poco de entusiasmo y de imaginación al tema y reflexione sobre las posibilidades de proponer, a nivel comunitario, no una declaración, sino un conjunto de medidas presupuestarias, de inversiones, de incremento de los créditos del Banco Europeo de Inversiones, de prestación de garantías comunitarias, comerciales también, y que manifieste de alguna manera la solidaridad del Viejo Continente con sus viejos y, sobre todo, pacientes amigos de América Latina. 
Señor Presidente, señor Comisario, no cabe duda de que la crisis financiera y económica en América Latina está relacionada con la crisis asiática y rusa de la que es una consecuencia, aunque presenta algunas peculiaridades. 
Hay una diferencia evidente entre, por un lado, los propósitos- todos buenos -, los poderes y la fuerza de las partes implicadas- la comunidad internacional, el Fondo Monetario, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial- y, por otro, los resultados, absolutamente inadecuados, alcanzados. 
Esto demuestra que quizás el tratamiento no es el correcto. 
No creo que hay que seguir atiborrando de aspirinas que tienen efectos desastrosos, a América Latina; sin embargo, quizás sería necesario recetarle un tratamiento de antibióticos, o sea, adoptar- utilizando la expresión del Sr. Kreissl-Dörfler- un planteamiento diferente. 
Hay que tomar decisiones enérgicas para romper el círculo vicioso de la deuda que genera más deuda y condonar las deudas de una vez por todas. 
Hacen falta intervenciones respetuosas de los derechos humanos, es necesario respetar el desarrollo justo tanto en Europa como en América Latina, sin utilizar dos pesos y medidas. 
Por último, es preciso evitar una liberalización excesiva que sólo sirve para agravar los efectos negativos, y dejarnos de una vez de Fondos de garantía asignados sin condiciones que han contribuido al desastre en Rusia. 
Señor Presidente, no hace mucho tiempo América Latina era una de las esperanzas de la economía mundial. 
Hoy, la crisis económica y financiera de la zona no sólo ha traído serias consecuencias para la población. 
Los países latinoamericanos son dependientes de modo extraordinario de la evolución de los precios de las materias primas, y se comprueba que los mercados financieros internacionales se han visto fuertemente sacudidos por esta crisis. 
Podemos afirmar justificadamente que la zona del euro hasta ahora ha reaccionado con gran estabilidad a la crisis internacional. 
Pero debemos tener bien claro que la afluencia de problemas económicos a nivel mundial no dejará de tener repercusiones a escala europea si no se adoptan medidas coordinadas a nivel internacional. 
Será preciso afrontar los problemas de raíz, para combatirlos y para conseguir una reactivación de la economía mundial. 
El nivel de los tipos de cambio reales es a veces demasiado elevado. 
Se trata de mejorar la calidad del sistema de gestión, del sistema de vigilancia y, sobre todo, del sistema de finanzas a nivel internacional. 
Señor Presidente, queridos colegas, señor Comisario Bangemann, poco importa que los fundamentos de la auténtica economía sean eficaces, como usted decía al inicio de su intervención, porque en una economía monetaria, una economía de mercado, la enfermedad siempre viene del lado del dinero. 
Es el lado del dinero lo que, de algún modo, debemos curar, si queremos impedir que la crisis financiera se extienda y domine la economía real. 
La pregunta es ¿qué estamos haciendo para lograrlo? 
La respuesta es que nosotros, el mundo desarrollado, estamos haciendo muy poco, y sin embargo pedimos a América Latina que lleve la carga del ajuste. 
¿Qué hace América Latina? 
América Latina está haciendo muchas cosas. 
Brasil ha subido sus tipos de interés al 50 %. 
Podemos apreciar los efectos que esto tendrá posiblemente sobre su economía real. 
El año próximo, Brasil tendrá una tasa de crecimiento negativa, del- 2 % o- 3 %. 
Podemos hacernos una idea de cómo esto agravará la pobreza y la misera en aquel país, que ya son considerables. 
Ahora les pedimos nuevos esfuerzos. 
Les pedimos que reduzcan el déficit de Brasil, que es del 7 %, hasta el 2 % o 3 %, como si fueran a unirse al euro. 
Podemos comprender los efectos que ello tendrá sobre los servicios públicos: significará quitar los alimentos de la boca de niños hambrientos. 
Eso es lo que implica esta presión. 
Les amenazamos con una repetición del ataque especulativo a su moneda. 
Les decimos que los especuladores están esperando a ver qué haremos el 25 de octubre, después de las elecciones, cuando se anuncien las nuevas medidas. 
¿Qué pueden hacer ellos? 
Ya están pasando hambre, qué más pueden hacer para salvar el sistema financiero de occidente, señor Comisario? 
¿Qué podemos hacer nosotros para salvar nuestro propio sistema? 
El Presidente Cardoso habló en favor de introducir un impuesto Tobin. 
Durante cuatro años hemos venido hablando de un impuesto Tobin, pero no hemos avanzado en absoluto. 
Debemos tener un fondo para socorrerlos. 
¿A cuánto ha de ascender dicho fondo? 
A entre 40 y 100 millones de dólares, dicen los especialistas; esos fondos no existen en las instituciones financieras, señor Comisario. 
Es un error pensar que sólo hablamos por el bien de Brasil. 
Si Brasil se derrumba, cualquier persona con conocimiento de causa le dirá que caerá Wall Street, y si cae Wall Street, las consecuencias para Europa serán terribles. 
Señor Comisario, es por nuestro propio bien por lo que tenemos que defenderlos y debemos defenderlos a nuestra costa y no a su costa. 
Cuando escuchamos los ominosos sonidos que llegan de América Latina no pregunte «¿por quién doblan las campanas? »; doblan por usted. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, permitánme que señale otro aspecto que cabe añadir a las consideraciones políticas y económicas. 
Todos respiramos a principios de los años 90 cuando se decía que la prosperidad económica había llegado a América Latina, que la década perdida de los 80 se había acabado. 
Junto a la bonanza económica, que además ha sido muy diferente en cada país, se estabilizaron también los gobiernos democráticos en todos los países, excepto en Cuba, lo cual me parece que es muy importante para nosotros. 
Por supuesto, esto ha transcurrido con grandes sufrimientos políticos, con crisis sociales y, todavía, con graves violaciones de los derechos humanos. 
Pero era importante que la democracia y el crecimiento económico encontraran su camino y llegaran poco a poco a toda la población, al menos en forma de cierta estabilidad política. 
Ahora la crisis económica y financiera asiática también ha llegado a América Latina, y las estructuras todavía frágiles se ven debilitadas y amenazadas. 
No debe suceder que, a causa de las nuevas crisis financieras, la población empiece a dudar de las estructuras democráticas, estructuras que de todos modos son claramente insuficientes. 
La decepción que se produce al romperse la cadena democracia-Estado de derecho-bienestar y las expectativas que genera debería sernos familiar aquí en Europa. 
Europa, la UE y los partidos democráticos, por su parte, han proporcionado mucha ayuda. 
Por encima de todos los problemas que nos ha traído el cambio en Europa del Este y de todos los problemas conexos, no debemos olvidarnos de estos socios, sobre todo no deberíamos olvidar los peligros que entraña tal decepción. 
Lo débil que es esta pátina lo muestra actualmente el debate sobre Pinochet, aunque afecte a un país, Chile, en el que la democracia está establecida. 
El Mercosur al que se aspira tampoco debe resultar la víctima de la situación. 
Aquí también debemos apadrinar un poco el proceso y debemos atacar públicamente todas las violaciones de derechos humanos derivadas de las crisis económicas y sociales, aunque aparentemente sean ámbitos muy separados. 
Seguramente, los mercados latinoamericanos son mercados con futuro para nosotros. 
Pedimos a la Comisión que tenga en cuenta estos hechos en las iniciativas que se están adoptando ahora, sobre todo en la medida en que en las denominadas instituciones financieras internacionales y mundiales se ha corrido la voz de que existe tal conexión. 
Señor Presidente, pese al optimismo reflejado en la declaración del señor Comisario, no cabe duda de que la crisis financiera que afecta a América Latina no puede sino suscitar alarma y preocupación en la Unión Europea. No solo por el necesario papel que Europa debe desempeñar en el proceso de cooperación monetaria internacional, sino también porque la Unión Europea está unida a esta vasta región de América centromeridional por lazos de siglos y siglos de cultura, lengua, religión, civilización y quizás porque, hasta ahora, no se ha hecho todo lo que podía hacerse para consolidar una relación privilegiada con ese mercado. 
Saludamos ciertamente con satisfacción la idea de un paquete financiero para América Latina, dirigido a la creación de nuevos puestos de trabajo y al crecimiento del consumo interior. 
Seguimos con la misma satisfacción la tendencia de crecimiento que se ha registrado en los últimos meses, sin embargo, es evidente que las reformas para lograr la estabilidad económica y la transparencia financiera son una necesidad improrrogable que debemos vigilar a fin de que la pérdida de confianza de los mercados financieros no debilite las monedas de América Latina. 
¿Cómo afrontar los retos que nos depara el futuro? 
El Banco Mundial ya ha ayudado a Argentina; obviamente, podría hacer lo mismo con respecto a los demás Estados. 
Sin embargo, la Unión Europea no puede dejar de desempeñar su papel consolidando la cooperación política, acordando una intervención más eficaz, haciendo todo lo posible para que no se frene la circulación de capitales en América Latina y se lleven a cabo, en cambio, severos controles para evitar especulaciones, animando a los nuevos inversores con incentivos dirigidos, en particular, a las pequeñas y medianas empresas, vigilando el respeto de los derechos humanos y el restablecimiento de los principios democráticos. 
Si la Unión Europea no consigue desempeñar un papel clave en la construcción de un nuevo sistema monetario internacional, la tan celebrada instauración del euro corre el riesgo de convertirse en un medio desastre, una especie de Ferrari sin motor, apto para estar en un escaparate, pero que nunca podrá embocar el largo camino de la solidaridad internacional. 
Señor Presidente, la actual crisis económica mundial demuestra a todas luces que pocos países son inmunes a las consecuencias de las turbulencias económicas que se producen en otras partes del mundo. 
Asia es importante, pero sólo el 1 % de las exportaciones de América Latina van destinadas a Rusia. 
No obstante, se ha visto seriamente afectada por la huida de capitales desencadenada por la situación en Rusia. 
Si América Latina se hunde en una crisis profunda, ello tendrá inevitablemente consecuencias muy graves sobre la economía estadounidense y supondrá la amenaza de una crisis mundial más grave que ninguna otra desde antes de la guerra, lo que podría devastar a Europa. 
Se esperaba que la baja inflación y la mejora de los niveles de crecimiento en América Latina proporcionarían la base para un progreso real y, como decía el Sr. Bangemann, la tasa media de crecimiento en 1997 superó el 5 %. 
Muchos observadores lo atribuyeron a la liberalización, la privatización, la desregulación, etc., lo que alentó la entrada de capital. 
No obstante, la actual crisis demuestra que dichas políticas dejan a los que las practican vulnerables ante unos acontecimientos que escapan completamente a su control. 
Como dijo el Director Ejecutivo del FMI, Michel Camdessus: «En ocasiones, uno tiene la impresión de que los mercados no distinguen debidamente a los buenos jugadores.» 
A pesar de que sería totalmente equivocado considerar una vuelta a las economías cerradas o al proteccionismo estrecho, existe la necesidad de un reglamento consensuado internacionalmente para impedir los enormes y repentinos flujos de capital, especialmente de los fondos a corto plazo, y la necesidad de elaborar unos tipos de interés coordinados a nivel mundial. 
También debe tomarse en consideración un reajuste de los vencimientos o la cancelación de enormes deudas exteriores, que en el caso de América Latina se pasaron de un total de 83.000 millones de dólares en 1975 a 627.000 millones de dólares en 1996. 
Los programas de ajuste estructural, la liberalización y las reformas fiscales también han conducido a menudo a recortes en sanidad, educación y servicios sociales, así como del gasto destinado a paliar la pobreza; programas que deberían haberse evitado en el pasado y a los que debemos oponernos en el futuro, si no queremos que se incremente rápidamente la pobreza y siga cayendo la demanda. 
Nos incumbe a nosotros, en Europa, adoptar políticas, como la bajada de los tipos de interés, el fomento del crecimiento y la provisión de la ayuda financiera adecuada; pero no limitarnos a ayudar a los ricos y a los especuladores. 
La crisis en América Latina y en el mundo en su conjunto debería alertarnos sobre la necesidad de cuestionar las políticas neoliberales, que se han convertido en la sabiduría convencional, e intentar construir un nuevo modelo de desarrollo que incluya una regulación a nivel mundial, un nuevo acuerdo financiero internacional, una reforma de las instituciones financieras internacionales y un nuevo orden que permita invertir la tendencia hacia una desigualdad cada vez mayor y una creciente pobreza. 
Señor Presidente, aprecio mucho la declaración del señor Comisario Bangemann y, al igual que todos o casi todos los colegas, creo útil subrayar que las violentas turbulencias financieras que han castigado todos los mercados en estos últimos meses y que tienen su origen en la crisis asiática antes y en la rusa después, podrían tener efectos negativos especialmente graves en la economía de América Latina. 
Este posible proceso es aún más preocupante a la vista de los esfuerzos realizados por la mayor parte de los países en los últimos años para estabilizar sus respectivas economías y establecer las condiciones para incorporarse a los mercados mundiales satisfactoriamente. 
Dichos procesos de ajuste han requerido notables sacrificios por parte de las poblaciones latinoamericanas, también en términos de reducción de las rentas reales y de los estándares de vida. 
Sin embargo, empiezan a vislumbrarse los primeros resultados positivos y prueba de ello es el creciente interés de los operadores económicos por esta región tanto en lo que se refiere a los flujos financieros como en lo que respecta al comercio y las inversiones productivas. 
Lamentablemente, la valoración no es igual de positiva en cuanto a los Estados que se proclaman amigos de América Latina, en particular la Unión Europea. 
A título de ejemplo, se puede subrayar el punto muerto en que se halla el proyectado acuerdo de cooperación con Mercosur y Chile, aparte del acuerdo con México. 
En realidad, pese a los esfuerzos de la Comisión y el apoyo de nuestro Parlamento, el egoísmo y la miopía de algunos Estados miembros más interesados por la protección de determinados intereses agrícolas que proyectados hacia una visión de amplio alcance de las situaciones económicas y, por tanto, políticas a escala mundial, impiden emprender iniciativas que podrían tener efectos muy importantes ante todo para América Latina y también para Europa. 
Mientras es preciso denunciar con firmeza este inaceptable estancamiento, es asimismo necesario estimular a la Comisión y al Consejo a fin de que hagan todo lo posible, incluso a través de medidas financieras, para consolidar los resultados logrados hasta ahora y evitar que los esfuerzos realizados por América Latina se plasmen en una nueva e insoportable década perdida. 
Por ejemplo, y refiriéndome a las cifras mencionadas por el Sr. Katiforis, mientras parece totalmente contraria a cualquier principio de sana conducción de la política económica la idea de utilizar las posibles reservas excedentes de los bancos centrales europeos para fines internos, unas reservas que podrían generarse una vez instaurado el euro, por el contrario, parece razonable que parte de estos importes se emplearan, de acuerdo con las demás Instituciones internacionales, para ofrecer una ayuda financiera extraordinaria a América Latina, al objeto de evitar, como ya se ha recalcado, que los problemas de esos países se conviertan muy pronto en los nuestros. 
Señor Presidente, me gustaría sacar tres lecciones de esto. 
La primera es que, en un mundo que se ha vuelto muy interdependiente, los fenómenos de contagio exigen que se otorgue prioridad a los esfuerzos de cortafuego, si se me permite la expresión. 
Disponemos de escasos recursos, que son los medios de intervención del Fondo Monetario, y los hemos dilapidado. 
Ir en ayuda de Yeltsin, en las condiciones en que se ha hecho, ha sido una dilapidación. 
Y ya no tenemos esos medios para consagrarlos a los países que, por su parte, demuestran que tienen un Estado, una organización de mercado, que no es perfecta- ninguna lo es en ninguna parte- pero que, comparada con el vacío ante el que se halla Rusia, es totalmente distinta. 
Esta es, pues, la primera lección que debemos sacar: ante todo hay que detener el contagio. 
La segunda lección que hay que extraer es que los problemas de la balanza de pagos o de falta de créditos no son simplemente problemas de crédito ni de anticipo de los efectivos necesarios. 
Es preciso que haya un marco, una cultura, un conjunto de instituciones que funcionen. 
Un mercado no es una selva. 
El mercado es el producto de una construcción jurídica y política, sometida a la ley. 
Eso es un mercado. 
Y los que hoy- es la tercera lección -, a la vista de que los fracasos que vemos son consecuencia de comportamientos colectivos no controlados, esos que hoy quieren liquidar todo el sistema denunciado y reemplazarlo, no dicen con qué lo reemplazarán, pero se sabe que piensan en sistemas que no han dado absolutamente nada. 
El sistema del proteccionismo, lo que durante veinte años ha venido llamándose tercermundismo, no dio ningún resultado. 
Miles de millones se han entregado para ayuda de los regímenes que nada hicieron para asegurar el desarrollo de sus pueblos: y todo esto en nombre de la tranquilidad de conciencia. 
Por lo tanto, creo que la integración en una economía mundializada, según reglas muy precisas, a fin de cuentas es el mejor desenlace, en conclusión, para garantizar el desarrollo. 
El ejemplo de Chile así lo demuestra. 
Hay otros ejemplos, además, y el hecho de que en un momento dado se produzcan fallos, debidos a causas muy determinadas, no debe impulsarnos a renunciar. 
Se sabe bien cuál es el motivo por el que las cosas fallaron en Japón, en Tailandia y en otros sitios. 
La causa, más que una mala gestión en esos países, ha sido la entrada de capitales a corto plazo que se retiraron ante la primera situación de fracaso y, desde ese momento, los encadenamientos colectivos llevaron a una situación difícil. 
A esto es a lo que hay que poner remedio y ésta es la lección que debemos extraer. 
Hay que tener el cuidado de no tirar al niño con el agua del baño. 
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Convergencia de los sectores de telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0328/98) del Sr. Paasilinna, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el Libro Verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación (COM (97) 0623- C4-0664/97). Ponentes de opinión (Procedimiento Hughes) : Elly Plooij-Van Gorsel, Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía; 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, sería sumamente gracioso que debatiéramos detalladamente cómo un proceso técnico indiscutible y positivo puede ser víctima de la ideología de desregularización, independientemente de la capacidad del mercado o del comportamiento de los usuarios o espectadores, independientemente, sobre todo, de los que se considera y se reconoce como necesario para el fortalecimiento económico de la producción y explotación de contenidos europeos. 
A juicio de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, el informe presentado, además de poner de relieve la radiodifusión pública y el correspondiente protocolo de Amsterdam, es decir, con una programación que no está establecida por un comisario europeo, debe contener los siguientes aspectos: las denominadas obligaciones de «must carry» para el usuario de la red en favor de los programas ofrecidos por los programadores públicos, una coordinación equilibrada de los medios de comunicación, del derecho de competencia y de las telecomunicaciones como base de la seguridad jurídica y de las inversiones, la validez constante de los principios de regularización como el pluralismo, la diversidad cultural, la protección de la juventud y la producción y distribución de una oferta de calidad, también en un mundo donde no haya escasez de frecuencias, y la exigencia de presentar un proyecto de directiva sobre la propiedad de los medios de comunicación y sobre la garantía del pluralismo, porque en vista del incremento de los canales de difusión, todas las formas de comunicación electrónica, el acceso a los derechos de retransmisión constituye una importante base para crear poder de mercado y, por tanto, debe someterse a controles democráticos. 
Pienso que aún nos quedan algunas tareas, por ejemplo, completar y corregir en este sentido la presente resolución de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, me pregunto cómo es posible que siempre se produzca de nuevo esta extraña combinación de marxismo vulgar y de mentalidad especuladora cuando discutimos sobre la sociedad de la información. 
La tecnología es el motor del cambio, señora Plooij-van Gorsel, pero no es así. 
No es tan sencilla la cosa con las fuerzas productivas y las relaciones de producción- tampoco lo es en Marx, por otra parte, pero este es otro tema-. 
De igual modo, por sí solas, las buenas estadísticas no nos sirven. 
Necesitamos investigaciones cualitativas. 
Debemos entender lo que pasa. 
Hasta que no se entienda eso no se pueden preparar estadísticas. 
Hacer suposiciones vagas sobre dónde están las oportunidades de mercado no ayuda a abrir mercados; lo que ayuda a abrir mercados es una buena regulación, seguridad de las inversiones, normas claras. 
Una buena regulación no debe ser la palabra clave para tratar la ideología de la desregulación como se ha tratado hasta ahora. 
En este contexto, aplaudo el informe del Sr. Paasilinna. 
Con su tratamiento específico y su informe sobre la convergencia arroja cierta luz en la oscuridad que desgraciadamente aporta el informe de la Comisión y con ello sienta las bases de un debate que puede responder verdaderamente a la pregunta ¿que es una buena regulación? 
Tan sólo dos palabras, información y comunicación, pueden ser en la práctica una mina de oro, un arma o una palanca para la participación democrática. 
Esto depende de cómo funcione en el sector respectivo, de cuáles sean las necesidades y las expectativas de la gente y de cómo las correspondientes normas sirvan para apoyar, crear y delimitar las necesidades y expectativas, porque, naturalmente, pecaría de liberalismo vulgar creer que simplemente hay que dejar correr la situación y que algo bueno saldrá de ella. 
La realidad tampoco es así. 
Señor Presidente, tomo la palabra en sustitución del Sr. Hory del Grupo ARE, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Suscribo todo lo que él dice y me voy a expresar en francés, que es el idioma en el que hemos discutido esta intervención. 
Señor Presidente, en este dictamen, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos se ha fijado como primer objetivo el estudio de los problemas jurídicos que plantea el fenómeno de la convergencia. 
Este fenómeno, en esencia, es el resultado de los desarrollos técnicos de la digitalización y la compresión, que permiten el uso de distintos tipos de infraestructuras para transmitir en forma independiente contenidos de distinta naturaleza. 
Esta no especialización de las infraestructuras sin duda contradice la distinción tradicional entre las telecomunicaciones y la radiodifusión, y suscita un debate sobre la evolución reglamentaria deseable en este sector. 
Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha considerado importante la adopción de un enfoque funcional que no se limite a las tres opciones propuestas por el Libro Verde de la Comisión. 
Por este motivo, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha propuesto un modelo para el futuro que, a la vez que mantiene la distinción tradicional entre infraestructura y contenido, procura simplificar el esquema reglamentario. 
El nuevo marco propuesto se subdivide en cinco sectores distintos. 
Uno, la oferta de infraestructuras: acceso a los recursos y modalidades de interconexión. 
Dos, la operación de una red: encaminamiento y transporte del contenido de la comunicación. 
Tres, la gestión de los sistemas de acceso: asignación de números y direcciones Internet, sistemas de navegación, incluidas las guías electrónicas de programas. 
Cuatro, el contenido general: es decir, el contenido de los programas de televisión y de Internet, incluidos los derechos de la propiedad intelectual. 
Cinco, el contenido específico: es decir, oferta de servicios como la telefonía vocal y el acceso a Internet. 
Asimismo, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos destaca que no basta la exclusiva aplicación de la legislación comunitaria en materia de competencia, cuyo objetivo es remediar, a posteriori, la formación de cárteles y el abuso de las posiciones dominantes, a causa de la rapidez de los cambios tecnológicos, para responder con eficacia al movimiento importante de alianzas y de vínculos verticales en el seno de la industria. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, pues, considera necesario ampliar las normas de suministro abierto del tipo ONP (oferta de red abierta) cada vez que la existencia de cuellos de botella implique el riesgo de limitar la competencia entre las empresas y ponga en peligro la protección de los consumidores. 
Por consiguiente, se invita a la Comisión a hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar en el futuro la compatibilidad de los decodificadores de televisión digital en Europa y se le pide que elabore un proyecto de directiva que ponga fin a las carencias aún existentes, sobre todo en las protecciones establecidas por el derecho del consumo a los consumidores de bienes y servicios ofrecidos a través de las nuevas tecnologías. 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al Sr. Paasilinna por su excelente informe. 
El Libro Verde y el informe definen convergencia como la evolución conjunta y la intercambiabilidad de redes y canales de comunicación y, además, la integración de distintas tecnologías en las nuevas formas de aplicaciones y servicios. 
También tratan sobre la convergencia del contenido, al que me referiré más tarde. 
Las divisiones del pasado en los ámbitos técnicos de telefonía vocal, teledifusión y nuevos servicios han dado paso a un complejo marco legislativo y regulador que ha surgido a raíz de la variedad de tecnologías diferentes que se aplican. 
Dichas tecnologías hacen una distinción entre una llamada telefónica, una emisión por televisión y el acceso a una página de Internet, distinción muy pronunciada en términos de acceso y contenido. 
En términos tecnológicos y de la red, dichos servicios se seguirán proporcionando de forma similar a la de hoy, pero las tecnologías aplicadas serán predominantemente digitales, en vez de analógicas, y utilizarán predominantemente la fibra óptica y los satélites, en vez de ser eléctricas, por cable y de estar basadas en la teledifusión terrestre. 
Por consiguiente, los mecanismos de difusión no afectarán demasiado el modo en que estos servicios son difundidos o consumidos. 
No obstante, proporcionarán y ofrecerán nuevos servicios de una forma y una naturaleza que eliminarán los límites tradicionales que existen entre las medios corrientes de comunicación. 
El contenido, al menos tecnológicamente, será tratado indiscriminadamente. 
Por ello, ¿por qué deberíamos, como reguladores, discriminar entre las diferentes formas de contenido, a parte de calcular el valor añadido, proteger los derechos de autor y proporcionar seguridad, cuando los límites entre las formas tradicionales de contenido desaparecerán? 
De hecho, estamos asistiendo a una convergencia del contenido. 
¿Es una videoconferencia entre cuatro personas una llamada telefónica con visión, o es una emisión de televisión en directo para destinatarios múltiples? 
¿Se trata de un nuevo servicio que no debería ser incluido en la reglamentación europea de telefonía o teledifusión, sino tratado como un nuevo servicio, al igual que la venta por Internet? 
Creo que no es ni lo uno ni lo otro. 
Creo que debemos acoger con satisfacción la revisión que el próximo año llevará a cabo la Comisión para aunar las comunicaciones en un marco regulador único. 
Basada en su Libro Verde sobre convergencia y la respuesta del Parlamento en la forma del informe Paasilinna, proporcionará un marco que contendrá una reglamentación ligera y sencilla para promover objetivos económicos e industriales, como la competencia y la interoperabilidad. 
Asimismo potenciará el concepto y la aplicación del servicio universal, de manera que todos tengan acceso a la información y se mantenga la diversidad cultural. 
El Libro Verde de la Comisión y la respuesta del Parlamento apoyan dichos argumentos. 
Recomiendo a la Asamblea el informe del Sr. Paasilinna. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, la globalización y la convergencia son palabras clave de esta época. 
Por eso, el Libro Verde tiene como objetivo principal la revisión del marco jurídico tradicional para formularlo con una perspectiva de futuro. 
La Comisión inició el debate en diciembre del año pasado. 
La considerable participación de representantes de los medios de comunicación, de las asociaciones de consumidores, de la industria en la consulta organizada con 270 contribuciones, así como, hasta julio de 1998, con más de 80.000 visitantes en las páginas de Internet, muestran claramente cuán importantes son los intereses, y cuán importante también es la necesidad de actuar en este contexto. 
Las soluciones propuestas alcanzan, según los diferentes intereses de los implicados, desde la confianza en las fuerzas desreguladoras del libre mercado, a través de la reglamentación parcial de los ámbitos específicos, hasta la exclusión de los ámbitos determinados servicios que afectan al «servicio público». 
En este debate, defiendo el punto de vista de que estamos al comienzo de una evolución cuyas repercusiones aún no pueden verse claramente ni con la mejor voluntad. 
Los pronósticos sobre las futuras relaciones de utilización de los servicios digitales son todo menos coincidentes. 
Es demasiado pronto para formular declaraciones terminantes, ya que aún hay muchas variables desconocidas. 
Por ello debemos prestar atención para que el debate no se vea sesgado por un desplazamiento unilateral del equilibrio y que en el futuro se pueda obstaculizar así un mercado potencial para Europa. 
Quiero felicitar sinceramente al ponente por su primer informe en este parlamento, en el que se ha esforzado por establecer un equilibrio entre las diferentes reivindicaciones. 
Solicita a la Comisión- cito- «que se adopte una actitud prudente en la reglamentación de los nuevos servicios: únicamente debería introducirse una reglamentación cuando y donde ésta resulte necesaria para salvaguardar los intereses de los consumidores» y- sigo citando- «y únicamente si la autorreglamentación por el sector industrial basada en esos principios no fuera suficientemente eficaz». 
No puedo sino estar de acuerdo con el ponente. 
No obstante, hay algunos puntos, aunque sólo sean algunos, en los que difiero. 
Hay una intención excesiva de centrar el debate en la cuestión de los resultados de la convergencia en los contenidos que en esta fase del debate puede tener efectos negativos. 
Por supuesto, estoy a favor de que se reconozca la evaluación actual, señor Kuhne, de la radiodifusión pública, pero en este debate hay que tocar todos los ámbitos, y además equilibradamente. 
Debe crearse un clima positivo, de modo que cada uno encuentre su sitio en la futura evolución, y con ello me refiero al papel futuro de la radiodifusión pública y privada en este entorno cambiante. 
Estamos en el primer año del debate, que se extenderá durante dos o tres años a través de medidas elaboradas por la Comisión. 
Por ello, en este estadio inicial, abogo por que no se obstruya el camino con obstáculos precisos. 
Estamos en el comienzo de la búsqueda de las mejores soluciones para todos los interesados. 
Señor Presidente, permítame dar dos ejemplos actuales de convergencia. 
Hoy se realizó por primera vez en la historia de la humanidad, o al menos de Europa, una transmisión en directo por Internet de una sesión parlamentaria, a saber, el debate sobre el futuro en el pleno del parlamento finlandés. 
Gracias a mi ordenador portátil pude seguirlo en tiempo real desde aquí en Estrasburgo. 
En la Laponia finlandesa, personas que trabajan en la radio lapona, han creado una página de Internet que posibilita a los lapones de Suecia, Finlandia y Noruega producir programas de forma simple y barata y mantener los contactos más allá de las fronteras. 
En Finlandia, los lapones son cuatro o cinco mil de un total de cinco millones de habitantes. 
Quiero nombrar estos ejemplos para que en el sector de la información nos liberemos de la idea de que la imitación del pensamiento americano conduce al éxito. 
Por el contrario, tenemos que hacer como, entre otros, los productores de cine daneses y seguir valientemente nuestros propios caminos y así garantizar la diversidad y el acceso a todos los grupos. 
Por el momento nuestra misión es garantizar el acceso a canales a grupos minoritarios, apostar por el periodismo y dar espacio a pequeños productores. 
La escasez de canales es transitoria y vemos, cada día más, que el incremento de la especialización es algo posible. 
Muchos han señalado en sus intervenciones que tenemos que estar preparados para afrontar una disminución de las reglamentaciones. 
Las reglas generales de la UE deberán aplicarse, en mayor grado que hasta hoy, en estos sectores. 
Pero, queridos amigos, esto requiere también que una parte del sector de las telecomunicaciones sea más transparente, los precios por ejemplo. 
Comparto la opinión de que éste es un sector interesante en el que aún no es posible dar todas las respuestas y en el que el desarrollo puede ser vertiginoso. 
Ésta es una de las causas por las que el Grupo ELDR y yo no podemos dar nuestro apoyo a la propuesta de enmienda 13, que sostiene la continuación de la televisión principalmente como un medio de información y elaboración. 
Puedo comprobar también que, desgraciadamente, hoy no debatiremos el informe Ryynänen sobre bibliotecas y sociedad de la información, sino que lo haremos el viernes. 
Finalmente quisiera manifestar, a usted señor Presidente y a los ponentes, que la traducción de las propuestas de enmiendas 1 a 4 es totalmente incomprensible en sueco, mi lengua materna. 
Muchas gracias, señora Thors. 
Tomamos buena nota de sus observaciones sobre las enmiendas en sueco. 
Haremos que se examinen. 
Señor Presidente, en primer lugar y ante todo, deseo presentar mis respetos al ponente por la elaboración y presentación del informe. 
No podemos negar que los avances en el sector de las telecomunicaciones y en la tecnología de la información se acercan a lo asombroso. 
Entre los nuevos productos que salen al mercado se encuentran los servicios bancarios y las compras que se realizan desde casa a través de Internet, la transmisión de la voz a través de Internet, el envío de datos a través del correo electrónico y el acceso a la Red Mundial desde un teléfono móvil y la utilización de conexiones inalámbricas a hogares y empresas para conectarse con la red fija de telecomunicaciones, la emisión a través de la red de noticias, deportes, conciertos y otros servicios audiovisuales. 
Dichos avances representan ejemplos concretos de una sociedad de la información que tiene el potencial de afectar a las vidas de todos los ciudadanos de la Unión. 
También ponen de manifiesto el importante cambio y la gama y diversidad de las telecomunicaciones tradicionales y los servicios de los medios de comunicación. 
Los cambios descritos en el Libro Verde tienen el potencial de mejorar considerablemente la calidad de vida de todos los ciudadanos de Europa. 
Tendrán además el efecto de favorecer el proceso de integración de las regiones de Europa en el corazón de la economía europea. 
Debe introducirse una legislación mediante reglamentación para supervisar el funcionamiento del nuevo sector en evolución del comercio electrónico, porque el bien general puede no estar siempre protegido si se aplican normas de mercado sin ninguna traba. 
Respecto al tema separado, aunque relacionado, del pluralismo de los medios de comunicación, apoyo la reciente iniciativa del Gobierno irlandés de mantener el libre acceso a los principales acontecimientos deportivos para todos los telespectadores. 
Es un compromiso del Gobierno irlandés y es un programa de gobierno, y se introducirá legislación, dando así prioridad a este importante objetivo social. 
El deporte debe seguir siendo un medio de expansión para toda la sociedad, sin consideración de clases ni extracción social. 
Debe introducirse una legislación que garantice el principio de igualdad de acceso a todos los telespectadores de nuestros principales eventos deportivos, como el hurling o el fútbol, las finales irlandesas y, naturalmente, el Grand National irlandés. 
Debemos reconocer que los nuevos conglomerados de los multimedias no cejan en su intento de adquirir los derechos para la transmisión de muchos eventos deportivos de todo el mundo. 
Los Estados miembros de la Unión no deben perder de vista el hecho de que la diversidad cultural y regional sólo puede protegerse si los acontecimientos deportivos nacionales son accesibles a todos los telespectadores que deseen verlos. 
Señor Presidente, el debate en Pleno sobre el informe Paasilina tiene un aspecto que considero de la mayor importancia y quisiera poner de relieve. 
Este informe fue aprobado en comisión con 49 votos a favor, dos votos en contra (los de nuestro Grupo) y una abstención. 
Las razones por las que votamos en contra son muy claras. 
La convergencia de los sectores de las telecomunicaciones, de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información en el marco de la sociedad de la información no puede, a nuestro juicio, ser una forma de tratarlo todo como meras mercancías y borrar las especificidades e identidades culturales, con lo que se pueden poner en tela de juicio cuestiones como la de la creación y los derechos de autor, la de la propiedad intelectual y el concepto fundamental de servicio público en esas esferas. 
Preocupados y convencidos de la corrección de nuestras posiciones, presentamos, para que se examinaran en Pleno, ocho propuestas de enmienda que van orientadas en el sentido de las razones que nos movieron a votar en contra, aparentemente aislados del resto de los diputados. 
Curiosa y significativamente, el ponente tuvo el valor de presentar 16 propuestas de enmienda a su informe, por lo que lo felicitamos, algunas de las cuales revelan preocupaciones idénticas a las nuestras, aunque con formulaciones con las que no nos identificamos totalmente. 
Pero el papel de las autoridades públicas, el (cito) «componente esencial del servicio público» y la preservación de la diversidad cultural están presentes como preocupación, cosa de la que nos congratulamos. 
Por eso, nos reservamos la posición que adoptaremos al final para el destino que este Pleno debe dar a las enmiendas que se le proponen y que reflejan una perspectiva que supera la mera consideración economista, mercantil, economicista o financiera, recuperando en cierto modo las posiciones de las Comisiones de Cultura y de Asuntos Sociales que no fueron aceptadas por la Comisión. 
Señor Presidente, mañana tendremos que dar respuesta al tema central planteado por el Libro Verde de la Comisión: ¿qué impacto tendrá el hecho de que los sectores audiovisual y de telecomunicaciones utilicen tecnologías comunes y, sobre todo, revolucionarias? 
No hay que ser un experto en el asunto para imaginar las consecuencias que tal acontecimiento tecnológico tendrá sobre nuestra vida diaria, unas consecuencias no sólo económicas y jurídicas sino también culturales y sociales. 
En estas circunstancias, la amplitud de esta tarea no debe inducirnos a bajar los brazos sino todo lo contrario, y doy la enhorabuena a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial por haber reconocido la necesidad de una normativa europea. 
En este sentido, hago extensiva mi enhorabuena a la contribución del Sr. Kuhn, ponente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, con un trabajo que es ejemplo de claridad y precisión, y al aporte del Sr. Hory que, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, ha elaborado con inteligencia y talento una reflexión de fondo sobre las implicaciones jurídicas del dossier. 
Es necesaria, pues, una separación neta entre la normativa aplicable a las infraestructuras de comunicación electrónica y la relativa al contenido. 
El mantenimiento dentro del Estado de una normativa comunitaria y la aplicación de una normativa más flexible en los servicios mixtos interactivos propuestos por la red Internet responden a exigencias de interés general y a que se consideren las preocupaciones culturales. 
Esto nos lleva a privilegiar una suma de las opciones 1 y 2 propuestas por el Libro Verde, tal como se apoyó en la Conferencia de Birmingham. 
Pero es necesario que se mantenga la actitud vigilante, porque la tecnología avanza con mayor rapidez que la decisión política y, ante los conceptos evolutivos, es grande la tentación de fortalecer el derecho de competencia o de adoptar la religión del ultraliberalismo. 
Además, la Unión Europea, que ya ha perdido la batalla de Hollywood, corre el riesgo de perder la guerra de Silicon Valley, si nuestros diferentes Estados miembros no advierten cuán grande es la urgencia de recuperar el control tecnológico aplicando una política común multimediática. 
Así haremos que no sea cierto lo dicho por la consejera del presidente Clinton, Sra. Irina Magaziner, cuando declaró: «Internet no es un recurso internacional sino el fruto de inversiones americanas». 
Señor Presidente, deseo comenzar dando mi enhorabuena a mi colega el Sr. Paasilinna. 
Me consta el cuidado y las amplias consultas que ha dedicado a la elaboración de su informe. 
Le alabo por ello. 
Colegas, cuando analizamos temas como éste, es normal mirar al futuro. 
Pero quiero ilustrar mis comentarios sobre el trabajo del Sr. Paasilinna y las propuestas de la Comisión volviendo mi mirada al pasado, a un libro escrito por Mark Twain que se llama Un yanqui en la corte del rey Arturo. 
El yanqui era un ingeniero de telecomunicaciones que en Estados Unidos sufrió un golpe en la cabeza y fue transportado a la época del rey Arturo. 
Se sirvió de la información y de los conocimientos de que disponía para intervenir en las guerras de la época, principalmente para salvar el pellejo- todo hay que decirlo -, más que por ninguna idea filantrópica. 
Gracias a su experiencia práctica comprendió la importancia del acceso a las redes y a los servicios. 
Sabía, al igual que el Sr. Paasilinna, que estas propuestas no tratan sólo sobre tecnología, tratan sobre cómo la tecnología puede solucionar las necesidades de los ciudadanos y consumidores. 
Pero el yanqui ya sabía- y cito de la propuesta de resolución- «que la convergencia de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología de la información se debe de reflejar en la reglamentación de tal manera que no se obstaculice la interoperabilidad de las distintas tecnologías». 
Creo que era un aspecto crucial en tiempos del rey Arturo y que será crucial no sólo en el futuro, sino también ahora. 
El Libro Verde y el ponente sólo pueden hacer conjeturas ante la rapidez con que se suceden los cambios. 
Otros oradores se han referido a los cambios que todo este mundo de las telecomunicaciones y la teledifusión y la transmisión de datos ha experimentado en un espacio de tiempo relativamente corto. 
Lo que parece perfectamente claro es que el mercado puede proporcionar algunos de estos servicios, pero existe la necesidad de un reglamento claro a nivel europeo sobre gran parte de todo esto, para garantizar que el sector europeo se mantiene en la vanguardia de estos cambios. 
El yanqui de Connecticut no estaba especialmente interesado en las normas de competencia. 
Él disponía de toda la información y por motivos comprensibles, se la reservó para él. 
Pero el ponente- al igual que la Asamblea y la Comisión- está interesado en que la regulación sea clara, que haya que pagar un precio por medidas anticompetitivas, pero que las necesidades de los ciudadanos y los consumidores no se pierdan de vista. 
Les recomiendo el informe del Sr. Paasilinna. 
También recomiendo al Comisario y al ponente- y a todos los interesados- que lean la obra de Mark Twain. 
Es sorprendentemente premonitor y realmente vale la pena leerla. 
Señor Presidente, el Libro Verde sobre la convergencia, aborda un tema de gran importancia y, yo diría, que el principal interrogante que plantea respecto a la necesaria redefinición del marco normativo es la alternativa entre tres opciones. La primera opción es la de modificar la normativa existente manteniendo aún separados los distintos sectores; la segunda se basa en establecer una nueva normativa ampliatoria para los servicios a medida que estén disponibles; la tercera, más ambiciosa, es definir un nuevo marco global. 
Comparto el planteamiento del Sr. Paasilinna y, en particular, el apartado 4 de las conclusiones que opta por la tercera alternativa, esto es, el marco único. 
En realidad considero que deberíamos, en un plazo razonable quizás no muy corto, pasar de una perspectiva legislativa vinculada al medio de transmisión, al hardware, al tipo de transacción y, por tanto, al usuario, al valor añadido de la transacción. 
Para llegar a esto, sin embargo, será necesario seguir trabajando en la puesta al día de la normativa existente, así como en la definición de las nuevas exigencias de un marco legal formuladas por los nuevos medios y, en este sentido, pienso en la iniciativa relativa a Internet lanzada por el Comisario Bangemann, sobre la que hablaremos en la próxima reunión plenaria. 
Resumiendo, ya que el tiempo apremia, ¿cuáles son los dos puntos de referencia que deberemos tener en cuenta con vistas a una orientación hacia un sistema unitario de normas? 
El primero es la interoperabilidad, la promoción, por tanto, de redes abiertas, de plataformas estándar. 
Europa, pese a no desempeñar un papel clave en este sector, debe mantener su estatura y creo que el Quinto programa marco le servirá de ayuda. 
La segunda regla es la de la competencia. 
Si, por una parte, la gran capacidad de transmisión, facilitada por las tecnologías digitales, permitirá reducir la presión sobre la falta de un medio de transmisión y la utilidad pública, por otra, pueden manifestarse nuevas formas de monopolio, público y privado, me refiero en particular al caso Microsoft que, en estos días, acapara nuestra atención, y no excluyo que las normas de competencia deben ser revisadas precisamente por las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología, al objeto de volver a orientar las alianzas en este sentido. 
Señor Presidente, el Libro Verde de la Comisión presenta opciones abiertas, pero con todos sus extremos unidos por un criterio de fondo, la convergencia de medios de transmisión ha de desembocar en la convergencia de los contenidos. Esto equivale a tratar las obras de la cultura como si fuesen una mercancía más. 
Esta orientación liberal es particularmente grave, pues asestaría un golpe a la creación, a la información, al servicio público, y terminaría por poner en tela de juicio tanto las políticas culturales como la legislación relativa a los derechos de autor y a la propiedad intelectual. 
El informe Paasilinna reconoce ciertos riesgos y peligros en esta orientación, pero se basa sobre todo en el respeto al derecho a la competencia. 
Por otra parte, es significativo que se hayan rechazado las enmiendas positivas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
Por consiguiente, mi grupo ha presentado enmiendas que, todas ellas, se fundan en el principio de que las obras culturales, en especial las de cine y televisión, no se pueden tratar como cualquier otra mercancía. 
Es indispensable mantener una normativa específica del sector audiovisual, y así lo justifica la apuesta por la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad cultural, las culturas minoritarias y la defensa del interés general. 
La normativa actual- que debemos mejorar y no suprimir- tendría que completarse con una directiva sobre el pluralismo y la concentración de medios que tome en cuenta todas las formas de comunicación. 
Citaré a un compatriota del Sr. Bangemann, para hacer honor a la francofilia que él a su vez me dedica; me refiero a Walter Benjamin- pido excusas por la pronunciación -, quien dice: «dejemos que las cosas sigan su curso y tendremos una catástrofe». 
Él lo dice y yo pienso como él. 
Si adopta estas enmiendas, nuestro Parlamento expresará su voluntad de oponerse a las orientaciones ultraliberales de la Comisión, tal como ha contribuido a que fracasara el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, uno de cuyos objetivos- recordémoslo- era la liberalización del sector del audiovisual. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, me dirijo sobre todo a ustedes dos, pues tienen una larga experiencia parlamentaria y gubernativa, para llamar su atención sobre la divertida circunstancia que estamos viviendo. 
Estamos examinando un informe Paasilinna que viene con una veintena de enmiendas de un tal Sr. Paasilinna, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Y me pregunto: ¿cuál de los dos Paasilinna es el bueno, el Paasilinna I o el Paasilinna II? 
Como en el cine: Rambo I, Rambo II. Debe tratarse de una saga nórdica que desconozco. 
Aunque quizá mañana el verdadero Paasilinna nos diga qué línea seguirá el Paasilinna ponente respecto de las enmiendas Paasilinna presentadas sobre el informe Paasilinna. 
¡Reconozcamos que es un tanto difícil hacerse con el mundo de las tecnologías de la información! 
Personalmente, estoy con el Paasilinna I y en contra del Paasilinna II. Lo digo para que quede claro en la mente de todos. 
Más allá de este ejercicio, que no era retórico, porque me parece algo contradictorio, Sr. Paasilinna, reconózcalo, digo que incluso el Paasilinna I, al que personalmente apoyo, me parece que está algo más aquí de lo que se podía esperar. 
Nos enfrentamos a un reto mundial. 
En Europa tenemos 20 millones de ordenadores. 
En Estados Unidos hay 70 millones. 
Silicon Valley está a punto de lavarnos el cerebro a todos, como ha dicho con razón mi compañera Leperre-Verrier, y aquí estamos, a punto de decir que quizá se podría... 
Tendríamos que haber concedido al Sr. Bangemann una libertad mucho mayor para que este punto fuera el primero en la Agenda, en bien de nuestros países, de la investigación, etcétera. 
Me gustaría, Sr. Bangemann, que el Libro Blanco, en su momento, estuviese más a la altura y nos diera a conocer el gran reto que debemos enfrentar. 
O bien lo enfrentamos, o bien estaremos- como ya lo estamos, sin duda-dominados por los estadounidenses. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente Paasilinna por este excelente trabajo. 
Sin embargo, tengo que decir que algunos pasajes de la traducción sueca son de difícil comprensión. 
Estas materias que se tratan aquí son muy interesantes, a saber, la evolución hacia la sociedad de la información. 
Deseo destacar sólo tres aspectos, a los que también hace referencia el informe. 
El primer asunto trata de las diferencias en el desarrollo que podemos observar entre EE.UU. y Europa. 
EE.UU. tiene una ventaja tecnológica indudable. 
Las empresas americanas tienen muchos mayores éxitos que las correspondientes europeas. 
Podemos preguntarnos si esas diferencias en la competitividad tienen que ser compensadas con alguna forma de programa de desarrollo para la industria europea a fin de disminuir la ventaja americana. 
Yo opino que no. 
Es evidente y totalmente conforme a la teoría sobre las ventajas relativas que un país sea dominante en algunos sectores. 
Esta superioridad se equipara con el dominio de los otros países en otros sectores totalmente diferentes. 
En los Países Nórdicos, por ejemplo, actualmente tenemos dos empresas líderes mundiales en telefonía móvil. 
Opino que el hecho de que EE.UU. tenga ventaja en Internet y ordenadores no es algo que deba preocuparnos. 
El otro aspecto se refiere a las reglamentaciones dentro del sector. 
En esto comparto la opinión del ponente en cuanto a que las reglamentaciones no son perjudiciales y no impiden el desarrollo tecnológico. 
En realidad está bien estudiado que las reglamentaciones en muchos casos aceleran las fuerzas innovadoras en algunos rubros. 
Creo que también hay que tratar de reglamentar principalmente el manejo de Internet ya que la red se utiliza para cometer nuevos tipos de delitos. 
Tratándose del uso normal de Internet creo, no obstante, que es muy difícil alcanzar reglamentaciones con sentido. 
Es, más o menos, como tratar de impedir una conversación entre personas en una muchedumbre. 
Se necesitaría, en principio, un controlador para cada individuo. 
Una reglamentación completa de Internet necesitaría, en principio, controlar todos los ordenadores, lo cual es obviamente imposible. 
El tercer aspecto que deseo destacar es el papel de las empresas public service. 
Estoy totalmente de acuerdo con el ponente en que tenemos que tener un sector public service para que no se impongan las empresas comerciales y, consiguientemente, a menudo, el mal gusto. 
Además, tenemos en Europa y EE.UU. ejemplos nefastos del uso que se hace de los medios de comunicación privados, especialmente la televisión, con fines políticos específicos. 
No se necesita ser paranoico para ver que en esta concentración de la propiedad yace una posible amenaza para la democracia. 
Señor Presidente, tanto el Comisario como nuestro colega Paasilinna han hincado el diente en un tema muy difícil; nuestros elogios por su esfuerzo y labor en ese terreno. 
Las evoluciones tecnológicas van tan rápidas que los PC, las televisiones, etcétera pueden desempeñar funciones que considerábamos imposibles hasta hace poco. 
Pero naturalmente también hay conferencias entre la red fija y la móvil y vemos que se puede llamar por teléfono por cable, etcétera. 
En resumidas cuentas, la legislación tradicional está cambiando. 
La respuesta es a menudo una reglamentación independiente del tipo de la tecnología, pero me gustaría pedir al Comisario que mencione algunos puntos en los que consiste la reglamentación del tipo de tecnología. 
Presidente, los agentes del mercado mientras tanto están inmersos en toda clase de procesos de integración como fusiones, alianzas, etcétera. 
Naturalmente, habrá que evitar que surjan grandes monopolios o agentes del mercado con una posición dominante. 
La elección del consumidor no puede limitarse y eso sobre todo es importante cuando el acceso de los clientes transcurre por unos sistemas de acceso condicionales, incluso por «decoders». 
Por lo tanto, pregunto al Comisario si quiere aplicar en este punto una rígida ejecución de las reglas de la competencia. 
El UMTS, el sucesor de la, en Europa tan exitosa, telefonía GSM, es un ejemplo de un sistema de convergencia. 
¿Sabe el Comisario en este momento cómo va a ser el reparto de las frecuencias en los Estados miembros? 
Eso me parece de una importancia esencial. 
Pero la convergencia, Señor Presidente, también tiene que ver con una sintonía internacional. 
Es muy importante que ahora la «business community» se ocupe de este punto en el marco del pacto sobre Internet. 
¿Pero qué hacemos en el ámbito del dominio público? 
¿Cuál es el papel de la política? 
¿Nos puede indicar el Comisario cuál es la situación actual en cuanto al papel de la política en este terreno? 
Por último, se trata de la confianza del consumidor en el terreno de la privacidad. 
Por lo tanto, me parece que es de gran importancia que la directiva de la firma electrónica pase lo más pronto posible por el Parlamento y espero que se trabaje con dinamismo en ella. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con nuestro ponente en que el problema de la convergencia no es técnico, legal o económico. 
Es, ante todo, político y afecta a los derechos individuales, al empleo, a la diversidad cultural, a la protección del consumidor, asuntos que no pueden dejarse a disposición del mercado. 
Sin embargo, en condiciones de desestructuración del sector público en las ramas convergentes, en conexión con la concentración intensificada del espacio y la creación de enormes grupos monopolistas a nivel planetario, con las compras y fusiones que se realizan, crece la preocupación sobre la suerte de los derechos de los ciudadanos. 
El Libro Verde, a la luz de dichas evoluciones, debería, en primer lugar, estudiar y dar a conocer la relación de la convergencia con la marcha de control del mercado por parte de intereses monopolistas, la perspectiva de la cumplimentación vertical del sector, la imposición de políticas restrictivas y de control de los recursos y servicios decisivos, las consecuencias para el empleo y las relaciones laborales, sugerir medidas de protección del servicio general y del derecho de acceso de los ciudadanos al amplio espectro de servicios, de disuasión del crecimiento técnico del coste, etc. 
El progreso tecnológico, señor Presidente, es necesario y, de una u otra forma, seguirá adelante. 
Sin embargo, no podemos, en su nombre, anular los derechos de los ciudadanos y fomentar los intereses del mercado y de los monopolios. 
Señor Presidente, el Sr. Dell ' Alba ha resumido perfectamente mis sentimientos, los que había planteado aquí en el debate. 
Naturalmente, podía hacerlo mucho mejor que yo, porque si yo lo dijera como él, el ponente, que ha llevado a cabo una labor encomiable, y alguno que otro, podrían sentirse ofendidos. 
Pero este debate me ha recordado el primer debate que mantuvimos sobre lo que denominamos sociedad de la información. 
Entonces se plantearon exactamente los mismos argumentos: los que poseen y no poseen la información, el papel social de los monopolios públicos, la cuestión de cómo aplicar el derecho de competencia, una serie de temores que hoy en día han demostrado ser infundados, cuando se mira a este ámbito de la sociedad de la información, es decir, fundamentalmente, la telecomunicación. 
La lectura de Mark Twain ofrece un buen ejemplo: el éxito de los mecanismos de mercado es como Huckleberry Finn cuando se ve obligado a pintar la cerca. 
Lo hace con tal entusiasmo y pasión que todos los amigos que le observan opinan que debe ser un placer inmenso pintar la cerca y le pagan para poder hacerlo ellos también. 
Esto quiere decir que lo que se plantea no es la cuestión de la regulación, sino una tendencia que se deriva de las necesidades de los individuos y de la tecnología. 
Nadie, señor Kuhne, puede definir la convergencia. 
En el informe se aduce que no hemos proporcionado ninguna definición. 
Esta es la postura típica del jurista, que primero necesita una definición antes de intentar algo, en lugar de ocuparse de la vida, de lo que realmente sucede. 
La convergencia no es ningún descubrimiento de la Comisión, y desde luego no es mío, como ultraliberal, sino que es algo que se realiza día a día. 
Afirmar que la convergencia, si es que se da, se refiere solamente a la técnica y no a los contenidos, es fundamentalmente falso. 
Por supuesto que hoy en día se pueden encontrar contenidos en lo que antes se denominaba el ámbito de las telecomunicaciones, que antes estaban en el ámbito de la televisión. 
Uno de los problemas, señor Kuhne, si me permite decirle, es que los entes de televisión públicos se han dejado representar en este debate por personas que de alguna forma poco tenían que ver con ellos. 
El ponente del Tribunal Constitucional federal era director de la radiotelevisión del norte. 
Esto es contraproducente para el debate. 
¿Por qué? 
Por ejemplo, dice usted que la calidad debe decidir. 
Sólo puedo contestarle: si quiere poner un listón de calidad- y estoy dispuesto a emplear el tiempo necesario, también con la Sra. Pailler, especialmente con ella, para mirar los contenidos de la televisión pública noches enteras- es decir, si quiere poner el listón de calidad, debe prohibir la mitad, al menos la mitad de los contenidos. 
Y aún peco de optimismo. 
Por ejemplo, Walter Benjamin- así se pronuncia en alemán- era un completo individualista. 
Era, si se quiere, en sentido amplio, una persona de izquierdas. 
Ahora bien, nunca le hubieran contratado en la televisión pública. 
Nunca. 
Porque era mucho más individualista que esta gente. 
Eso dice el Sr. Wibe, que se ha ido- eso está muy bien, dejar caer algún argumento en un debate con la Comisión y luego marcharse; me parece increíble -, bueno, también ha dicho que se necesitan emisoras públicas, porque pueden hacer evaluaciones políticamente neutrales. 
Por supuesto que hay emisoras privadas que hacen política. 
Ya lo hemos vivido en Italia. 
Pero también hay emisoras públicas que hacen política, señor Kuhne. 
Porque por las mañanas enciendo la radio, no la televisión, y en tres segundos ya sé que lo que escucho sólo puede ser la WDR, porque se trasluce la coloración política de este ente. 
Así que, por favor, no me venga con el argumento de que se necesita una radiotelevisión pública por neutralidad política. 
Ese es un mito total y absoluto y nada más, por no decir que es una mistificación destinada al público. 
Lo que tenemos hoy es algo muy distinto. 
En un primer debate con el Parlamento he intentado llamar la atención sobre la conveniencia de no dejarnos llevar por el debate. 
En primer lugar, los entes públicos tienen derecho a existir. 
Naturalmente, lo tienen cuando cumplen una función. 
Si leen correctamente el protocolo de Amsterdam, podrán comprobar exactamente lo que en él se dice: que ningún artículo puede quedar sin vigor, no puede ser. 
Las normas de la competencia siguen vigentes. 
Si los Estados miembros quieren hacer uso del derecho de gestionar entes públicos, primero deberán definir cuál es el objetivo del ente público. 
Pero no quiero seguir, de lo contrario cometeré el mismo error que han cometido ustedes, es decir, centrarme en esas cuestiones. 
Hay otras cuestiones. 
Tenemos una fusión no sólo de la tecnología de los distintos sectores de los medios de comunicación y las telecomunicaciones, sino, de igual modo, de los contenidos. 
No recuerdo quién ha afirmado en el debate- creo que ha sido la Sra. Thors, y el Sr. Hendrick también ha hecho alusión a lo mismo- que hoy en día se puede acceder a todos los contenidos posibles a través de Internet. 
Se puede llamar por teléfono a través de Internet. 
La cuestión que nos interesa ahora no se refiere a la garantía de existencia de los entes públicos. 
Es un poco como una discusión sobre política agrícola en el contexto de la política económica, donde cada agricultor preguntara: ¿podrá mi hijo ser agricultor también en el futuro? 
Van ustedes ahora a un ente y oyen a los periodistas: ¿tenemos futuro? ¿podrá mi hijo ser redactor o jefe de sección en un ente público? 
No sé lo que es, señor Wolf, la acusación hace poco de marxismo vulgar. 
Evidentemente se lo ha tomado muy a pecho. 
Lo que es, no sé, quizá es corporativismo vulgar o algo así. 
Pero no se trata de eso. 
Se trata de si podemos aplicar las normas que hoy usamos para el teléfono, cuando ofrecemos y nos ofrecen servicios telefónicos a través de Internet. 
Se trata de qué normas se utilizarán, por ejemplo, para celebrar contratos de compra a través de Internet. 
El Sr. Van Velzen lo ha señalado acertadamente y realmente ese es el problema. 
Pero, ¿se dice algo de eso en el informe? 
Se ocupan ustedes de fantasmas, de cosas que no van a ocurrir en ningún caso. 
Así, he dicho que en lo que respecta a la desregulación de las telecomunicaciones, no va a suceder que repercuta desfavorablemente en el consumidor. 
Por el contrario: cuando se ven las tarifas telefónicas- que no son impuestos, son precios -, cuando se ven las diferentes ofertas, se comprueba que todo el mundo sacará grandes ventajas de ello. 
Entre tanto, los anteriores monopolios equilibran las pérdidas de empleo que se producen en principio, porque se trataba de puestos de trabajo improductivos. 
Hoy mismo tenemos un balance positivo. 
Sra. Pailler, como militante de un partido comunista ha reflexionado usted consecuentemente sobre estas cuestiones. 
Contamos con que en los próximos años, en algunos sectores- entre ellos, el de las telecomunicaciones- se incrementará la creación de empleo. 
En la Unión tenemos ya cerca de medio millón de nuevos puestos de trabajo, y de aquí al año 2005 contamos con crear un millón y medio más. 
Si no creamos las condiciones para ello, este mercado se verá disputado por otros. 
Hoy, si se quiere aceptar una oferta en Internet, ya no cabe distinguir en la práctica de dónde viene la oferta, y si queremos hacer todo lo imposible porque queremos utilizar las normas restrictivas de la telefonía clásica, ya podemos despedirnos. 
Esto no nos pasará a nosotros. 
Ese es verdaderamente el problema. 
Por eso hemos planteado las cuestiones en un Libro Verde. 
Admito que aquellos a quienes hemos enviado el Libro Verde han sido bastante conservadores en sus respuestas. 
Lo son, bueno, no quiero ofenderla, aunque no la ofendo por motivos personales. 
Estoy más que dispuesto a colaborar con usted, sólo que la respuesta que han dado ustedes al Libro Verde es insuficiente, salvo algunas excepciones, para apoyarnos en nuestras demandas. 
¿Señor Gallagher? 
Ya no está. 
Los acontecimientos deportivos, que ha mencionado aquí con gran aplomo, ya los hemos regulado. 
Dentro de un año se presentará una norma de la Unión Europea que deja a los Estados miembros la posibilidad de declarar de acceso libre determinados acontecimientos deportivos de carácter extraordinario. 
Ya no hace falta mencionarlo aquí. 
Se ha incluido con gran aplomo como contribución al debate, y algunos parlotean sobre ello porque queda bien. 
Se puede decir que, por ejemplo, si el Newcastle United juega contra- ahora no se me ocurre ningún club- digamos contra el Dublin algo, este juego debe ser de acceso libre. 
Por supuesto, esto ya está decidido así. 
El problema no es ese. 
El problema es: este juego, si ha de ser de recepción libre, ¿tiene que ser accesible sólo a través de un ente público o puede serlo a través de una emisora privada? 
Se ha dicho que primero debemos ver cómo se desarrollan las cosas, y debemos reaccionar con rapidez. 
Eso es verdad. 
Pero tenemos dos tendencias que no podemos dominar. 
Primero, la rápida evolución de la tecnología y luego, como ha dicho Carsten Hoppenstedt, el hecho de que vivimos en un sistema global. Es decir, ya no podemos establecer normas sólo para nosotros. 
Todavía no han reconocido ustedes- si me permiten que se lo diga- que la regulación clásica general de que disponemos no es suficiente en este caso por dos razones. 
Primero, porque nunca podemos ser tan rápidos como el progreso técnico. 
Como mínimo necesitamos dos años para adoptar una directiva, y entonces puede que todo vuelva a ser totalmente distinto. 
Segundo: incluso aunque lográramos mantener el ritmo de velocidad, nunca conseguiríamos una regulación global. 
Por ello nos esforzamos por llevar a cabo normas globales con la participación del sector privado para Internet. 
Esto hubieran sido respuestas o contribuciones al debate que nos hubieran ayudado a continuar. 
Espero que en los próximos debates sea posible hacerlo. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por su variopinta intervención, ya que al menos no entran ganas de echarse a dormir. 
Sin embargo, me gustaría señalar que no puede existir ninguna sociedad de la información, ni europea ni mundial, sin derechos. 
Se trata de un punto al que no queremos renunciar. 
Por este motivo existen las normas de tráfico y existen tantas otras normas. 
En este informe no hay ningún fantasma de los que menciona el señor Comisario, ya que tenemos en la actualidad enormes multinacionales de carácter global que operan en estos sectores y que mueven más dinero que muchos países de la UE. 
La cuestión más importante reside en saber cómo vamos a actuar de manera conjunta para garantizar el funcionamiento de la cultura y de la actividad empresarial, de la pequeña y de la gran empresa. 
Éste es el motivo por el que necesitamos algún tipo de marco. 
Creo que no estamos en desacuerdo acerca de esta cuestión, lo cual es importante. 
Señor Paasilinna, no he discutido que necesitemos una reglamentación. 
Es más, en mis conclusiones he dicho que necesitamos una normativa que sea adecuada al progreso técnico, a la rapidez de los cambios y a la globalización. 
Esto es lo que necesitamos. 
Esto es una reglamentación. 
Pero es algo distinto de las normas, directivas, y reglamentos tradicionales que hemos elaborado aquí por lo general. 
Ese es el problema. 
Muchas gracias, señor Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10 horas. 
Tercera fase de la UEM 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0341/98) del Sr. Giansily, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre las reservas en divisas extranjeras en la tercera fase de la UEM. 
Tiene en primer lugar la palabra como ponente y por el tiempo de cinco minutos el Sr. Giansily. 
Señorías, ¿de qué sirven las reservas en divisas de los Bancos Centrales? 
Es la pregunta que está detrás del debate mantenido en la Subcomisión de Asuntos Monetarios y en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, con motivo de este informe de iniciativa que tengo el honor de presentar a Sus Señorías. 
En primer lugar, estas reservas permiten intervenir en el mercado de divisas cuando hay fuertes perturbaciones y, sobre todo, ataques contra una moneda determinada, esencialmente ventas masivas que hacen bajar los precios. 
En segundo término, las reservas se usan para la cubrir los déficit exteriores de la balanza de pagos. 
Una vez recordado esto, veamos lo que dice el Tratado de fundación del Banco Central Europeo, en cuyo artículo 30.1 se establece que el Banco Central Europeo recibirá de los Bancos Centrales nacionales reservas de divisas distintas de las monedas de los Estados miembros, de ecus, de posiciones de reserva en el Fondo Monetario Internacional y de derechos especiales de giro, hasta un montante equivalente a los 50.000 millones de euros. 
Naturalmente, la desaparición de la necesidad de tener reservas en divisas para las once monedas que, en aplicación del principio de fungibilidad, se convertirán en subdivisiones del euro el 1 de enero próximo, puede hacer pensar que una buena parte de las reservas en cuestión será inútil, y que el presunto excedente de reservas se podría utilizar para algo distinto.