El gobierno debe, tal y como él mismo ha prometido, buscar medios pacíficos para solucionar el proceso recorriéndolo hasta su final. 
No debe culpar a los extranjeros que ahora están siendo deportados continuamente. 
Esperamos que el acuerdo va a contribuir a la prosperidad, de la que todos nos beneficiamos, y sobre esta base espero que reciba todo el apoyo de esta Asamblea. 
Señor Presidente, deseo reconocer el trabajo y esfuerzo realizado por la ponente de este informe, la Sra. Miranda. 
Ya en 1995 este Parlamento reconoció la necesidad de ampliar y profundizar el ámbito del acuerdo que hasta el momento regula las relaciones entre la Unión Europea y México, ya que dicho acuerdo- que era de abril de 1991- no cumple de manera satisfactoria las nuevas necesidades surgidas entre los firmantes, y se pronunció a favor de una estrategia de negociación enfocada a la celebración de un nuevo acuerdo político, comercial y económico que incluyera un diálogo político fortalecido y la liberalización progresiva y recíproca del comercio de mercancías y servicios y de las condiciones de inversión. 
Deseo destacar como elemento esencial del acuerdo la inclusión de la cláusula democrática, inexistente en el acuerdo marco de 1991. 
Por esta cláusula, los firmantes se comprometen a un cumplimiento de obligaciones en materia de respeto de los derechos humanos, así como en temas sociales y medioambientales- temas que son muy importantes en estos países del continente americano-. 
En caso contrario, permite suspender la vigencia del acuerdo. 
Pero en cualquier caso deseo destacar textualmente el párrafo que considero clave en esta recomendación: » la necesidad imperiosa de que la determinación aplicada en materia económica fuese de la mano de una voluntad firme de promover un equilibrio social más justo y un sistema político auténticamente democrático, pluralista y respetuoso de los derechos humanos». 
Esto es lo que deseamos de verdad para México, un país tan importante para la Unión Europea, y un país tan querido especialmente para todos los hispanohablantes. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Miranda. 
El grupo liberal aprobará el Acuerdo interino. 
No fue un estudio fácil el de la situación de los derechos humanos en México, ya lo sabemos, baños de sangre en Acteal, paralización de las deliberaciones con el EZLN, impunidad, y actividad sin obstáculos de bandas paramilitares. Todos estos siguen siendo elementos de preocupación. 
Sin embargo votaremos a favor. 
Las elecciones, después de todo, han dado el primer paso hacia un pluralismo político y, además, el Acuerdo interino incluye una cláusula democrática y se atiende a la cooperación en el campo de la llamada " civil society». 
Sin embargo es preciso seguir atentos, y es muy ilustrativo, por ejemplo, lo que le cuesta al Gobierno de México aceptar la democracia en las cláusulas de los derechos humanos. 
Por eso debemos desarrollar mecanismos de control, y la cláusula de los derechos humanos no debe ser letra muerta. 
Debemos utilizar la cláusula y todo el Acuerdo como un instrumento de renovación para México. 
La Unión debe instar al Gobierno mexicano a que solucione pacíficamente el conflicto de Chiapas. Además la extensa colaboración entre las ONG tiene que acabar con las violaciones a los derechos humanos. 
Quiero hacer una pregunta al Comisario: ¿cómo piensa asegurar la Comisión que se aplique eficazmente la cláusula de los derechos humanos? 
Doy ánimos a la Comisión para que presente un informe anual sobre la situación de los derechos humanos. 
Señor Presidente, como casi siempre ocurre con temas delicados- se lleva discutiendo sobre este tema desde hace mucho tiempo, se reciben informaciones del Gobierno mexicano, se reciben informaciones de las Organizaciones No Gubernamentales pro derechos humanos, etc.-, la decisión es difícil. 
Hay razones para votar «sí» al dictamen conforme. 
Entre ellas yo quisiera destacar: el papel que Europa debe desempeñar en Latinoamérica en general y en México en particular; que México debe diversificar su comercio y sus relaciones, que no sean, como hasta ahora, en un 90 % con los Estados Unidos, ampliando así ese comercio con Europa; que hay lazos culturales afectivos, sobre todo con los españoles- los españoles no olvidaremos la acogida de México a determinados españoles después de la Guerra Civil Española -; y que se va profundizando en la democracia. 
Además, hay un párrafo del informe de la Sra. Miranda de Lage que deja claramente especificado que con este acuerdo se abren las puertas a la cooperación en temas que tienen que ver con la asistencia financiera a programas sociales, programas para las comunidades indígenas, programas en favor de los derechos humanos. 
También algunas de las conclusiones de la opinión del Sr. Salafranca dejan claro que tiene que haber un seguimiento del cumplimiento de esos derechos humanos. 
Sin embargo, como decía al principio, también hay razones para votar «no». 
Tengo aquí un informe de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos- por cierto un informe muy serio -, que hizo entrevistas no sólo a los indígenas, no sólo a las personas que viven, como Don Samuel Ruiz, cerca de los indígenas, sino también a los miembros del Gobierno y al procurador de derechos humanos Sr. Madrazo, que conocimos en uno de los viajes de la Delegación. 
Ellos dedican el informe a José Tila López y a Trinidad Cruz, asesinados después de estar con ellos informándoles de lo que ocurría. 
Si recordamos también la matanza de Acteal y las circunstancias que la rodean, podemos concluir que también hay razones para votar que «no». 
Sin embargo, nosotros creemos que quizá una abstención activa, que no significa ignorar lo que ocurre, sino que significa hacer un seguimiento continuado del «después» de los acuerdos, sea quizá la postura más acertada. 
Sobre todo, señor Comisario, si conseguimos que haya mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de la cláusula democrática y de derechos humanos y si conseguimos que haya también un informe que, antes del acuerdo global, nos permita saber la evolución de los derechos humanos y del cumplimiento de esos derechos humanos en México. 
Señor Presidente, cuando exigimos la inclusión de una cláusula de derechos humanos en el nuevo acuerdo con México, el gobierno lo calificó como injerencia inaceptable en los asuntos internos. Con el mismo argumento se está expulsando actualmente a los observadores internacionales. 
Las maniobras de distracción de este tipo dañan nuestra confianza en una mejora futura de las relaciones. 
Y la gente de México tienen puestas grandes esperanzas en las nuevas relaciones UE/México, precisamente en el campo de los derechos humanos. 
No debemos frustrar esas esperanzas. 
La cláusula no debe convertirse en un adorno retórico sin consecuencias, y el acuerdo no puede ser una absolución general del gobierno. 
Sabemos que el gobierno de México necesita la aprobación del acuerdo para obtener un signo de reconocimiento internacional, ya que su prestigio en su propio país no hace más que caer incesantemente, y nosotros aprobaríamos con satisfacción el acuerdo si beneficiase a los derechos humanos. 
Un paso importante sería un rápido informe sobre la situación de los derechos humanos. 
¿Puede la Comisión proporcionar a corto plazo un informe de tales características al PE? 
¿Va la Comisión a presentar un informe anual al Parlamento? 
¿Va a dejar que participen grupos de defensa de los derechos humanos en su elaboración? 
¿Va a estar integrada la delegación in situ de la UE por alguien que se ocupe especialmente de los derechos humanos? 
¿Cómo va a involucrar la Comisión a la sociedad civil mexicana en el diálogo político? 
Sin estos elementos no nos va a ser posible dar la aprobación al acuerdo global. En ese caso tampoco tendría ningún sentido el acuerdo provisional. 
Por ello necesitamos informaciones concretas que no se apoyen únicamente en comunicados oficiales de México, porque hasta ahora desgraciadamente ha habido enormes diferencias entre las palabras y la realidad. 
Al respecto somos culpables tanto nosotros como la sociedad mexicana. 
Señor Presidente, en los últimos años se han producido en México cambios notables a nivel político y económico. 
Así, por ejemplo, México ha pasado a ser miembro del NAFTA. Mientras que la exportación de los Estados Unidos a México ha aumentado considerablemente, la de la Unión Europea ha disminuido. 
En general México depende mucho de los Estados Unidos. 
Existen razones económicas suficientes, por lo tanto, para revisar el Acuerdo marco de 1991 por medio del Acuerdo interino propuesto ahora. 
En la futura aprobación del Acuerdo global se procederá, paso a paso, a una liberalización de los mercados recíprocos. 
Con respecto a estos Acuerdos hay que hacer una serie de observaciones. 
Corroboro los motivos económicos que tiene la Unión Europea de querer reforzar, naturalmente, la posición competitiva con respecto a la de los Estados Unidos. 
Debo señalar, asimismo, que la balanza comercial entre la Unión Europea y México sigue siendo muy deficiente. 
La cuestión es si México puede mantener en este momento una competencia más libre con la Unión Europea. 
La Unión Europea tendrá que hacer examen de conciencia y deberá abrir el mercado comunitario a la exportación mexicana. 
Me gustaría saber si la Comisión y el Consejo tienen también esta intención. 
Junto a esto no debemos pasar por alto las grandes diferencias entre pobres y ricos en México, y que, a pesar de esto- o quizás deba decir, precisamente por esto- el crecimiento económico es cada vez mayor. 
Es positivo que el Acuerdo preste atención a la colaboración en el campo de los asuntos sociales y de la pobreza, así como a cuestiones de los refugiados. 
La cuestión es si esto es suficiente para que la población se beneficie del Acuerdo. El tiempo nos lo dirá. 
Sigamos este proceso cuidadosamente, por consiguiente, y mantengamos el contacto no sólo con el Gobierno mexicano, sino también con las organizaciones sociales que se enfrentan a la realidad cotidiana. 
Esto me conduce a la cuestión de los derechos humanos. La realidad social muestra una imagen dolorosa. 
Menciono la situación en Chiapas, donde los escuadrones de la muerte han asesinado a miles de indígenas. Existe todavía la sospecha de que estos escuadrones tengan contactos con tropas del Gobierno. 
La cláusula de los derechos humanos, que se ha aceptado en el Acuerdo, es un hecho nuevo con el que debemos estar satisfechos. 
Concluyo diciendo que la aprobación de este Acuerdo interino es la mejor táctica por ahora. Pero hay que ser muy prudentes, tanto con la demasiada ambición de la Unión Europea, como con la poca democracia y reparto de la prosperidad que existe en México. 
Señor Presidente, en marzo formé parte de una delegación británica para estudiar las violaciones de los derechos humanos en Chiapas en el sur de México y esta tarde, cuando debatimos el acuerdo entre la UE y México con su cláusula de derechos humanos, quiero describir la situación allí existente. 
Otros siete mil soldados han sido reclutados desde diciembre, en un pueblo que visite había un soldado por familia, el ejército establecía sus cuarteles de forma ilegal y, en muchos casos, en colegios, echando a los profesores y privando a los niños de su educación; había muchas pruebas de que grupos paramilitares actuaban junto con las fuerzas de seguridad, haciendo la guerra sucia contra la población civil, simbolizada en la masacre de Acteal donde he oído que hubo un derramamiento de sangre durante siete horas sin que las fuerzas de seguridad, que se encontraban a trescientas yardas, hicieran lo más mínimo; ataques injustificados y virulentos se producían contra los valientes defensores de los derechos humanos; el cura católico fue acusado de violar a una mujer anciana, de celebrar misas negras, de bendecir armas cuando lo único que él y sus colegas intentaban hacer era llevar ayuda humanitaria hasta el final de las líneas divisorias. 
Los observadores internacionales son expulsados sistemáticamente y la ayuda internacional se obstruye deliberadamente, y hay una guerra económica contra la población indígena que desplaza hasta 17.000 personas de sus tierras. 
Felicito a la ponente, la Sra. Miranda, por presentar este acuerdo provisional, permitiéndonos hacer uso de las cláusulas democrática y derechos humanos antes de considerar el acuerdo completo. 
Solicito al Parlamento Europeo y a la Comisión que establezcamos un mecanismo permanente para seguir y evaluar la situación de los derechos humanos en Chiapas y en el resto de México, uno que incluya ONGs involucradas en la defensa de los derechos humanos y que les ofrezca el apoyo directo y reforzado de la Unión Europea. 
Al gobierno mejicano le digo: nos dicen que quieren acabar con la excesiva militarización, desarmar a los grupos armados, recibir la ayuda internacional de buena fe y promover los derechos humanos de la población indígena. 
Nosotros en Europa podemos trabajar con ustedes para conseguir esos objetivos. 
Que lo hagan es una prueba de su compromiso con este acuerdo. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Ana Miranda de Lage por su informe y propongo sin vacilación que este Parlamento emita un dictamen conforme al acuerdo negociado entre la Unión Europea y México. 
Con él se contribuirá a la recuperación de la importación de las relaciones económicas entre las dos partes, pues no puede dejar de preocuparnos la pérdida relativa que hemos llegado a tener, por ejemplo, como socio comercial, con un descenso del 11 % en 1990 al 6 % en 1996. 
Así ha sido, naturalmente, a consecuencia de la situación de preferencia comercial de otros países, socios que México tiene como miembro de una zona de libre comercio, como miembro que es del TLC. 
Pero las perspectivas creadas por dicha zona son, a su vez, un factor de atracción suplementario, por lo que Europa debe estar en condiciones de beneficiarse más ampliamente de los efectos del crecimiento que se esperan para los países miembros. 
Además del comprensible interés europeo, habría también un gran interés mexicano, con un aumento de oportunidades en el mayor mercado mundial, el mercado europeo, y una consiguiente dependencia menor de un solo país, los Estados Unidos de América, que cuentan con una porción del comercio mexicano que aumentó del 69, 3 % en 1993 al 75, 5 % en 1996. 
Conviene subrayar, por lo demás, que el acuerdo con la Unión Europea abarca esferas- desde las compras públicas a la competencia, pasando por la propiedad intelectual y el respeto de los principios democráticos- no consideradas en el marco del TLC, que entraña tan sólo una visión fundamentalmente comercial. 
La preocupación política, expresada después en el artículo 1, debe contribuir a disipar las reservas de algunos, frente a las dificultades que han sentido las autoridades del país. 
No se trata, pues, de desconocer problemas: al contrario, se trata de abrir una vía que contribuirá a su resolución. 
En la esfera económica, es de subrayar lo establecido para las compras públicas, esfera que, aun siendo de interés para las dos partes, podría ser particularmente interesante para los empresarios europeos, con buenas oportunidades en un mercado que, según se espera, llegará a tener una expansión notable a ese respecto. 
Señor Presidente, Señorías, el Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea y México, que hoy se somete a ratificación de este Parlamento, constituye una etapa esencial en el ambicioso recorrido que iniciamos hace ya tres años y que deberá culminar con la aprobación del Acuerdo global de colaboración económica, coordinación política y cooperación. 
Ambos Acuerdos se ubican en el marco de la estrategia europea hacia América Latina que diseñamos en 1995 y que está desembocando en la adopción de políticas adaptadas a los diferentes actores de la región en función de sus particularidades y circunstancias específicas. 
En este contexto, la nueva realidad mexicana ha impulsado a la Unión Europea a definir una relación diferente de naturaleza estratégica, basada en la reciprocidad y en la asociación, construida sobre la base de intereses compartidos: el interés de contribuir a la construcción de una comunidad internacional asentada sobre los principios democráticos, el Estado de Derecho y el pleno respeto a los derechos humanos, el interés de reafirmar en el debate internacional que es posible concluir acuerdos comerciales bilaterales compatibles con la Organización Mundial de Comercio; el interés de dinamizar nuestras economías y, por ende, de promover el crecimiento del comercio mundial y el interés, finalmente, de consolidar nuestras respectivas presencias en zonas geográficas mutuamente necesarias. 
Así lo entendió este Parlamento cuando, ya en 1995, la diputada Miranda presentó su informe, que es lo que nos permitió en último término dar el impulso político necesario para avanzar hacia objetivos más ambiciosos. 
En ese sentido, una vez más, la Comisión, señora Miranda, quiere felicitarla y tengo que señalarle que, en cuanto a la descripción del marco político y de los motivos- con mayúscula- que justifican que el Parlamento Europeo dé el sí al Acuerdo, la Comisión Europea comparte plenamente sus argumentos. 
Quiero reflexionar ahora brevemente sobre algunos asuntos que algunos de ustedes me han planteado. 
En primer lugar, hoy estamos hablando del Acuerdo interino, y el Acuerdo interino tiene como objetivo habilitar a la Comisión a llevar a cabo las negociaciones para el establecimiento de una zona de libre cambio y de libre comercio entre la Unión Europea y México. 
Naturalmente, por responder a algunas de sus dudas, el Parlamento Europeo tendrá que dar su última palabra cuando las negociaciones estén concluidas, porque el Acuerdo global definitivo tendrá que ser objeto también de decisión. 
Naturalmente, ustedes tienen perfectamente la posibilidad- como decía el Sr. Salafranca y el Sr. Bertens y como tú señalabas, no sé si también el Sr. Howitt y el Sr. Newens -, ustedes tienen la posibilidad de establecer un mecanismo de control, tienen la posibilidad de debatir, de dialogar y de reunirse. 
Entrando en los argumentos que se han empleado a favor o en contra de la aceptación del Acuerdo, no va a sorprenderles lo que les diré porque me conocen suficientemente. 
Yo, entre el diálogo y la ruptura, prefiero el diálogo, porque ¿qué sentido tendría decir que no? 
¿Es que por decir que no a México vamos a resolver automáticamente el problema de Chiapas? 
No. 
Yo les diría incluso a los que tienen reticencias y plantean la abstención activa o positiva, que optando por el diálogo y aceptando la cooperación podemos, a través de la negociación, resolver algunos problemas en este nuevo marco de cooperación política. 
Y además les diré una cosa: he tenido una entrevista directa con los representantes de CONAI y, particularmente, con el obispo Samuel Ruiz. 
La CONAI es partidaria de este Acuerdo. 
Es decir, la organización que integra la defensa del indigenismo en Chiapas es partidaria de este Acuerdo, porque ve un mecanismo útil en este diálogo político. 
Finalmente, quiero recordarles que ya la troika, en el Grupo de Río, tuvo una sesión muy intensa en Panamá en la que mexicanos y europeos intercambiaron puntos de vista acerca del problema de Chiapas. 
Y fue sumamente útil. 
Les quiero recordar también que, en el propio Parlamento, ustedes organizaron una audiencia sobre el tema de Chiapas, en la que intervinieron la sociedad civil, las ONG y también el Gobierno mexicano, y eso es de agradecer. 
Al menos con nosotros, con la Unión Europea, el Gobierno mexicano está respetando las reglas. 
Por consiguiente, independientemente de las reservas que se puedan tener en el tema de los derechos humanos y de la situación de Chiapas- y nadie niega que allí se plantea un problema no sólo de indigenismo sino también de marginación, de pobreza -, este Acuerdo, debido a la cláusula democrática y a los mecanismos de cooperación política, establece también elementos de interlocución sumamente útiles en nuestras relaciones privilegiadas con los mexicanos. 
Termino aludiendo a algo que me parece importante y que han señalado la mayoría de los diputados: el México de la era Zedillo va a ser un México diferente. 
Yo he sido heredero del acuerdo de 1991 y el México de la Administración Salinas no es el México de la Administración Zedillo. 
Esto hay que reconocerlo. 
Y se ha producido una evolución impensable hace algún tiempo. 
Se refería el Sr. Howitt a la matanza de Acteal, pero esta matanza, realizada por fuerzas paramilitares, ha tenido también consecuencias políticas en México. 
Se produjo la destitución del ministro del Interior y del Gobernador. 
Conociendo la historia del PRI, el que el Presidente de la República cese al ministro del Interior y al Gobernador del Estado supone un cambio cualitativo en la forma de hacer política que hay que reconocer. 
En consecuencia, entre el sí con abstención, el sí por razones de visión política, el sí por razones de problemas de equilibrio económico, la Comisión considera que éste es un instrumento sumamente útil para organizar un diálogo político sobre una materia delicada, como son los derechos humanos y los problemas del indigenismo en México, y que bien utilizado, con respeto y con sentido de la utilidad, puede ser sumamente útil para resolver este problema. 
En la parte relativa a la visión de futuro en términos económicos, comparto la descripción que ha hecho el Sr. Salafranca en su intervención. 
México es muy interesante para nosotros por la razón que usted señalaba: es una plataforma sólida, que está recuperándose del «efecto tequila» y que, dentro del complejo ALCAN, significa una oportunidad notable para la Unión Europea, que es lo que queremos aprovechar. 
Muchas gracias, señor Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Código aduanero comunitario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0149/98) de la Sra. Peijs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2913/92 por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (Tránsito) (COM (97) 0472- C4-0489/97-97/0242 (COD) ). 
Presidente, el informe de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo, acerca del fraude en el tránsito aduanero, da lugar a la reforma del Código aduanero comunitario. 
El inminente desarrollo completo del mercado interior, la creciente complejidad, la automatización rezagada de los servicios aduaneros, y los impuestos indirectos extremadamente altos en algunos productos, causa problemas en la tramitación del tránsito aduanero. 
Estamos hablando de productos como el tabaco, uno de los llamados productos delicados, del que se pueden obtener muchas ganancias si de camino supuestamente se pierde y se vende en el mercado negro. 
La Comisión propone algunas medidas para que la legislación sea más transparente y sencilla. Esto lo apoya el Parlamento de todo corazón. 
Con respecto a esto, pues, no hay ningún malentendido. Las medidas que la Comisión quiere adoptar se pueden dividir en tres grupos: la revisión de la legislación, mejor colaboración entre los servicios aduaneros y los Estados miembros, y la automatización de la comunicación entre los servicios aduaneros, es decir, el nuevo sistema de tránsito informatizado. 
No se puede digerir que, en una época en la que la Comisión maneja tantos programas para incitar a la vida empresarial a la automatización, nos introduzcamos en el siglo XXI con unos servicios aduaneros que presentan una tecnología del siglo XX. Calculo que necesitaremos tres años más, señor Comisario, y que tendrá que ser en el 2003 y no en el 2000. 
¿Es cierto que un país tan crucial como Alemania ha abandonado el sencillo proyecto piloto? 
¿Cómo piensa resolver esto la Comisión? 
No voy a entrar en detalles. El punto más importante de las propuestas de la Comisión es que quiere modificar el Código aduanero y transferir la formulación de las disposiciones hacia el procedimiento del Comité del Código aduanero. 
El Parlamento, naturalmente, ve las ventajas que tiene la Comisión con este sistema, principalmente mayor flexibilidad y rapidez. El Parlamento colaborará, por consiguiente, en lo que le sea posible. 
Pero el Parlamento ve también desventajas, por ejemplo que las disposiciones pueden cambiarse regularmente, lo que supone inseguridad para algunas partes del mercado, sin que exista ninguna posibilidad para el Parlamento ni para la vida empresarial de intervenir en estos cambios. 
En principio la Comisión puede tomar decisiones muy drásticas, y creo como ponente que no hay que dejar que las tome el Comité. 
Los dos ejemplos más importantes de esto son las normativas de garantía, incluido el test de fiabilidad, artículo 94, y la limitación de las posibilidades que tienen los Estados miembros para introducir procedimientos simples, artículo 97. 
¿Por qué no respalda el Parlamento completamente las propuestas de la Comisión que, por otra parte, parecen tan razonables? 
Una vez más, en el procedimiento del Comité, el Parlamento está completamente fuera de juego. 
En sí mismo no es ningún desastre, y puede, por otra parte, que haya ventajas. 
Sin embargo he decidido seguir recogiendo puntos esenciales en el Código, y para esos asuntos dejar al Comité solamente las disposiciones de ejecución. 
Mi postura sería otra, señor Comisario, si se garantizase la participación clara del mundo empresarial en los cambios eventuales que pudiera introducir la Comisión, por ejemplo incluyéndola en el Código. 
Y no la participación sucedánea que se ofrece ahora y que no da ninguna oportunidad a la industria 
Ya que no se garantiza una regulación mejor en ninguna parte, he intentado que en el informe haya un equilibrio justo entre la flexibilidad y el control democrático por parte del Parlamento Europeo. 
Dejando de lado que para nosotros esto es un requisito justo, el Parlamento ha cooperado extraordinariamente, tanto con el Consejo como con la Comisión. 
Por eso estamos convencidos de que ambas partes comprenderán la posición del Parlamento basado en argumentos democráticos. 
Sabemos que el Comisario es un buen demócrata y tenemos confianza en el resultado final. 
No hace falta regatear con el Parlamento en cuestiones relativas a la democracia. 
En las conversaciones con la Comisión y el Consejo está claro que la Comisión no puede aceptar los artículos 92 y 97. 
Parece que el Consejo respalda al Parlamento en el artículo 92. 
De igual modo la Comisión de Control Presupuestario de nuestro Parlamento comunica en su carta del 22 de abril que quiere seguir mis propuestas. 
Ya que parece que la posición común se aproxima a la posición del Parlamento, ruego al Comisario que con urgencia ajuste su posición de acuerdo con la del Parlamento y el Consejo. 
El Artículo 97 es más difícil, pienso yo, y eso que precisamente el artículo 97 es un punto crucial para el Parlamento. 
Para modificar este artículo la Comisión tiene que dirigirse en un futuro al Parlamento. 
No queremos que se haga en un Comité de procedimiento. Eso garantiza, principalmente, que la vida empresarial disfrute de alguna oportunidad cuando se produzcan cambios esenciales. 
En este punto no estoy preparado para llegar a un compromiso, señor Comisario. 
Así que confío en su buena voluntad. 
Afectaría a la esencia de nuestra representación popular si la Comisión Europea no intentase hacer algo por la vida empresarial. 
Señor Presidente, permítame solamente sacar a relucir un asunto de principios que yo suelo tocar cuando hablo de este tema. 
Es el de saber dónde está el límite para la competencia de este Parlamento. 
La propuesta de la Comisión apunta a simplificar los procedimientos aduaneros. 
Una parte importante de esta simplificación es que se quiere trasladar las normas que actualmente están en el propio código aduanero, es decir, en la propia constitución, a un procedimiento de comité. 
La ponente es un poco escéptica al respecto. 
Ella señala que bien puede significar mayor flexibilidad pero que hay peligro en ello. Por una parte el comité puede de modo inesperado decidir a favor de las empresas y por otra, y tal vez ante todo, un procedimiento de comité significa que este Parlamento ya no tendrá derecho a coparticipar en asuntos relativos a procedimientos aduaneros en caso de tránsito. 
Permítanme decir que en este asunto tengo un criterio un poco diferente, a pesar de que políticamente estoy a la izquierda de la ponente. 
Mi posición esencial es que este Parlamento tiene que ocuparse de dar normas orientadoras de carácter general, es decir, marcos. 
Después hay que dejar que comités de expertos y autoridades se dediquen a los detalles. 
Creo que uno de los problemas de nuestro Parlamento es que justamente nos ocupamos demasiado de detalles en materias en las que realmente carecemos de competencia básica. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que es peligroso dejar que grupos de expertos se ocupen de los detalles. 
Es como decimos en Suecia: " en los detalles se esconde el diablo». 
Sin embargo, creo que aún así, no hay que exagerar esos peligros ya que un comité de expertos evidentemente debe conocer las condiciones de la industria y el comercio. 
No creo que sea posible imaginarnos un comité de expertos, que realmente conozca los detalles de esto, que presente propuestas que signifiquen grandes sorpresas para la industria y el comercio. 
En cuanto al control del Parlamento, está claro que un comité de expertos puede irse por un camino opuesto al del Parlamento y el Consejo, pero entonces tenemos la posibilidad de modificar las directivas o las ordenanzas en esas materias. 
Permítanme señalar un problema que puede ocurrir. 
Se trata de la propuesta de enmienda 5 de la ponente que se ocupa de la excepción de presentar garantías económicas. 
En pocas palabras, la Comisión quiere traspasar esto al comité y dejar que éste decida qué empresas son dignas de confianza. 
La ponente establece una serie de reglas. 
Entre otras cosas, dice que los transportes por el río Rhin o sus afluentes gozarán de excepción permanente. 
Sólo me pregunto si realmente es razonable que se escriba en la ley que justamente el tránsito por una determinada vía de agua gozará de una excepción de carácter general. 
Me faltan conocimientos sobre el tema pero con esto quiero ilustrar los problemas que se producen cuando se detalla demasiado en los textos legales. 
En general, no tengo nada más que objetar a este magnífico informe de la ponente. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la ponente porque en su informe ha elaborado en detalle unas propuestas muy constructivas. 
En el tráfico existe, por una parte, el problema del fraude, que es muy considerable. 
Sólo en el último año hemos tenido 5.162 casos, con un perjuicio que se eleva a la suma de mil cuatrocientos millones de Ecus; esta es una cantidad considerable y para el presupuesto de la UE supone una carga enorme. 
Frente a aquél existe, por otra parte, la entrega diaria de bienes en proporciones descomunales. 
La aduana tiene el deber de asegurar los controles, de ocuparse de un desarrollo sencillo y de recaudar los pagos legales correspondientes. 
Tanto los emisores como los receptores desean que sus mercancías sean trasladadas del punto a al punto b de la forma más sencilla y barata posible, y el transportista también quiere transportar las mercancías del mismo modo. 
Debemos tener en cuenta que en la UE, en primer lugar, giran pequeñas empresas, PYMES, por ello el procedimiento para la mayoría del tráfico de mercancias debe ser diseñado de la forma más sencilla posible. 
Existen, por supuesto, sectores especialmente sensibles como, por ejemplo, el tabaco, alcohol y el sector agrícola. En estos casos el procedimiento debe ser muy estricto y se debe hacer todo lo posible para que no se produzcan desviaciones. 
Pero con estos procedimientos sensibles para una pequeña porción del intercambio de mercancías no se deben olvidar los grandes flujos de mercancias, para los que el procedimiento debe ser sencillo y finalista. 
Señor Presidente, ante todo deseo congratularme con el Parlamento y, en especial, con la ponente, Sra. Peijs, a quien le agradezco el magnífico trabajo realizado, así como el excelente informe sobre esta materia tan sumamente técnica. 
La revisión de las disposiciones del Código aduanero comunitario en materia de tránsito es una cuestión que reviste mucha importancia, ya que sienta los principios básicos para una profunda reforma de los regímenes aduaneros que han sido objeto de numerosos fraudes y han ocasionado notables pérdidas financieras tanto para el presupuesto de la Comunidad como de los Estados miembros y de los operadores económicos. 
Las propuestas de la Comisión relativas a la reforma del tránsito coinciden con las recomendaciones de la Comisión temporal de investigación del Parlamento. 
Nuestro objetivo es velar por los ingresos públicos y ofrecer a los operadores fiables seguridad, flexibilidad y un terreno sin obstáculos en que puedan competir en igualdad de condiciones. 
La mayor parte de las enmiendas presentadas por la Sra. Peijs está en esta línea y pueden, por tanto, ser aceptadas por la Comisión, con dos excepciones. 
La primera es la enmienda 3, que se refiere a la liquidación del régimen de tránsito. 
La normativa actual no es suficientemente clara en lo que respecta a las obligaciones de las autoridades aduaneras y las responsabilidades de los operadores. 
La Comisión propone a este propósito que la responsabilidad del operador finalice en el momento en que éste cumpla las obligaciones contraídas, es decir, en el momento de la presentación de las mercancías y de los documentos a la oficina de aduanas de destino. 
De este modo, la liquidación se realizaría en el lugar de destino, a pesar de que el control del desarrollo normal de la operación tendría lugar en el país de partida. 
La enmienda propuesta por la señora ponente no especifica el momento en que el operador queda liberado de sus obligaciones y, por ello, no mejora la situación actual. 
En efecto, la liquidación seguiría estando supeditada a un acto administrativo de la oficina de aduanas de partida. 
La segunda enmienda que la Comisión no puede aprobar es la 7, relativa a los procedimientos simplificados de tránsito que los Estados miembros pueden establecer, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, o aplicar a las operaciones de tránsito dentro de su territorio nacional. 
La Comisión reconoce la necesidad de asegurar la flexibilidad en el ámbito de los Estados miembros, sin embargo, considera que los principios básicos del régimen de tránsito han de respetarse en todo caso, en particular las disposiciones en materia de garantía. 
Pues bien, la enmienda presentada por la Sra. Peijs conlleva que el respeto de dichos principios básicos no sea necesario en caso de procedimientos simplificados aplicados a los movimientos de tránsito nacionales. 
En otras palabras, podrían transportarse mercancías en régimen de tránsito- por ejemplo, desde Hamburgo hasta Munich- sin respetar el sistema de garantía de tránsito comunitario o, incluso, sin ninguna garantía. 
No obstante, ¿cómo podemos garantizar en un mercado sin fronteras interiores que estas mercancías no acaben en Viena o en París? 
En un mercado único tienen que aplicarse las mismas disposiciones de garantía a los movimientos de tránsito que se realizan entre Estrasburgo y Stuttgart, habida cuenta de que, en ambos casos, están en juego los mismos intereses financieros. 
En consecuencia, el punto de vista de la Comisión al respecto, en materia de garantías, se acerca más al espíritu de las enmiendas 4 y 5 de la Sra. Peijs, tendentes a garantizar una mayor uniformidad en la aplicación de las disposiciones de garantía. 
No me voy a detener en comentar todas las demás enmiendas que, como acabo de decir, la Comisión puede acoger, pero voy a responder a todas las posibles preguntas. 
Quisiera añadir dos puntos complementarios: una de las razones por que aceptamos la mayoría de las enmiendas presentadas estriba en que compartimos el objetivo de intentar definir la normativa de referencia en el Código para reducir el espacio de la normativa que se deriva del Comité. 
El otro punto que deseo aclarar se refiere al grave e importante problema de la informatización. 
Como el Parlamento y la Sra. Peijs saben perfectamente, la puesta en marcha del nuevo sistema informatizado de tránsito- new computerized transit system- ha sufrido retrasos, debidos principalmente a problemas con el adjudicatario. 
Por tanto, ya es imposible poner en marcha el new computerized transit system en 1998. 
La Comisión y los países participantes han acordado una nueva estrategia en cuanto a la puesta en marcha del sistema. 
La idea es introducir las funciones básicas primero en los 5 países seleccionados- Países Bajos, Alemania, Suiza, Italia y España- a fin de que los servicios centrales, red y bancos de datos, sean operativos a finales del primer trimestre de 1999, al objeto de que el sistema pueda estar funcionando totalmente a principios del año 2000 al menos por lo que se refiere a los 5 países que acabo de mencionar. 
Muchas gracias, señor Monti. 
Me pide la palabra la Sra. Peijs. 
¿Es para una pregunta? 
Señorías, les recuerdo que sólo pueden hacer preguntas y no abrir un nuevo debate. 
Formule su pregunta lo más rápidamente posible, señor Rübig. 
Señor Presidente, sólo quiero hacer una pregunta: ¿cuánto ahorro proporciona el sistema actual a la economía de Europa? 
En cuanto a Alemania, puedo confirmar que la idea es introducir las funciones básicas primero en los 5 países seleccionados, entre los cuales figura Alemania, al objeto de que los servicios centrales estén funcionando a finales del primer trimestre de 1999, a fin de que el sistema pueda llegar a ser totalmente operativo a principios del año 2000, al menos por lo que respecta a los 5 países que he mencionado. 
Estamos siguiendo muy de cerca esta operación para que no surjan más retrasos. 
La última pregunta referida a la valoración de los efectos cuantitativos del beneficio para el sistema es muy difícil contestarla. 
A la vista de las evaluaciones técnicas- sabemos que el asunto se ha debatido con todas las partes interesadas- los beneficios son considerables. 
No estoy, sin embargo, en disposición de ofrecer aquí estimaciones cuantitativas precisas. 
Señora Peijs, sin lugar a dudas, el tema de la amplitud de los plazos es un problema y por ello, ponemos tanto énfasis en la informatización, al objeto de acortar estos plazos. 
Por último, en cuanto al punto que se refiere al procedimiento simplificado propuesto en una de las enmiendas, he de decir que para la Comisión esa enmienda hubiera sido más aceptable si se hubiera encontrado- quizás todavía se pueda- la manera de prever el mismo nivel de garantía, un nivel adecuado de garantía. 
Como he puesto de manifiesto en mi intervención, lo que nos preocupa es la falta de garantías, sobre todo en un contexto que, evidentemente, ya no logra distinguir entre tránsito dentro de un Estado miembro y tránsito entre Estados miembros. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.44 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuido. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, sólo quisiera señalar que durante la votación de la recomendación Rothley, sobre la primera enmienda, la 26, mi voto no ha sido registrado. 
Era un voto en contra. 
Muy bien. 
Lo registraremos, señor Delcroix. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, tomo la palabra para una cuestión de orden en relación con una reunión que se celebrará los días 14, 15 y 16 de mayo en Turnbury, en la circunscripción de mi colega el Sr. Smith. 
La celebrará el llamado grupo Bilderberg. Se trata de un grupo muy extraño, porque no permite que la prensa asista a sus reuniones ni que nadie se inmiscuya en ellas. 
Mi cuestión de orden se refiere al registro central de los diputados. 
Quisiera pedir a la Mesa que informe a los diputados de que, si participan en dicho grupo, deben declararlo en los «intereses de los diputados». 
Así se velará por que haya la misma transparencia en este Parlamento que en otros, como el de Gran Bretaña, cuyos diputados por el Partido Laborista- es decir, Tony Blair, Giles Radice y Denis Healey- han declarado sus intereses en las actividades del grupo Bilderberg. 
Confío en que otros diputados a esta Asamblea tomen nota de ello y hagan lo propio. 
Gracias, señor Falconer. 
Hemos tomado buena nota. 
Señora Presidenta- de conformidad con el artículo 127 del Reglamento, en relación con la aplicación de los artículos 97 y siguientes -, yo acojo con satisfacción que la Conferencia de Presidentes haya decidido incluir en el orden del día de la sesión de hoy el debate sobre los dramáticos acontecimientos que están teniendo lugar en Kosovo y sobre los ensayos nucleares en la India, en lugar de la comunicación del Consejo y la Comisión sobre la seguridad en las ciudades. 
Aun así, yo considero, al igual que muchos colegas de la Asamblea, que la seguridad en las ciudades europeas también es un asunto importante y urgente. Precisamente este mismo fin de semana, la mafia rusa ejecutó a un joyero en Viena. 
Yo creo que es importante que en el próximo período parcial de sesiones se debata la declaración de la Comisión sobre este asunto. 
Señora Presidenta, ayer se nos contó en esta Asamblea un incidente espantoso en Turquía, en el que civiles desconocidos hirieron con disparos a un activista muy destacado en pro de los derechos humanos: de hecho, el Presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía, Akin Birdal, en su oficina de Ankara. 
Muchos de los diputados a esta Asamblea conocemos a Akin Birdal como persona que, con gran valor e integridad, ha encabezado la lucha para fomentar y fortalecer los derechos humanos en Turquía. 
Como saben Sus Señorías, ésa es una de nuestras exigencias más importantes a las autoridades turcas. 
Quisiera pedirle que hable con el Presidente Gil Robles inmediatamente y le pida que transmita a Akin Birdal, que se encuentra en estado crítico, y a su familia, en primer lugar, nuestra solidaridad y, en segundo lugar, nuestro deseo de que se recupere. 
En segundo lugar, debe escribir al Gobierno de Turquía para instarlo a presentar ante la justicia con la mayor rapidez a quienes han perpetrado ese acto y también a aceptar las críticas que con frecuencia se le han hecho en esta Asamblea sobre las recurrentes violaciones de los derechos humanos en Turquía. 
Ese tipo de actividades paramilitares debe cesar. 
Muchas gracias, señora Green. 
Creo que el Presidente tiene previsto hacer estas gestiones, especialmente a raíz de la intervención de la Sra. Roth de ayer, aunque naturalmente, le hablaré de ello, como puede imaginar. 
Nombramientos al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial sobre los nombramientos al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (Ponente: Sra. Randzio-Plath). 
Señora Presidenta, el Banco Central Europeo podrá iniciar su actividad el 1 de julio de 1998 y empezar a preparar una política monetaria única eficaz e independiente para la zona del euro integrada por once Estados miembros. 
Éste es el resultado de las audiencias a los candidatos al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo celebradas en el Parlamento Europeo. 
Yo recomiendo que se confirmen los seis nombramientos. 
Los candidatos lograron convencernos de su integridad personal, la idoneidad de su experiencia profesional adecuada y su gran competencia técnica. 
Mantienen posiciones claras sobre la política económica y monetaria, que concuerdan con los objetivos del Banco Central Europeo que establece el Tratado. 
El Banco Central Europeo tendrá, en este sentido el Comité Ejecutivo que se merece. 
Todos los candidatos resaltaron la primacía de la estabilidad de precios, si bien a la vez también señalaron que dicho objetivo puede considerarse alcanzado con una tasa de inflación del 2 %. 
Las tasas de inflación históricamente bajas registradas en Europa permitirán, por lo tanto, que el Banco Central Europeo no se vea obligado a inaugurar su mandato con una política de subida de los tipos de interés para demostrar su credibilidad. 
Según se desprende de las manifestaciones de los candidatos, tampoco es de esperar una excesiva rigidez de la política de tipos de interés como prueba de su independencia y fiabilidad. 
El Banco Central Europeo podrá apoyarse en la confianza en los bancos centrales nacionales. 
En efecto, quien ha de definir, en definitiva, la futura política monetaria única es el Sistema Europeo de Bancos Centrales y no únicamente el Banco Central Europeo y su Comité Ejecutivo. 
Todos los candidatos mostraron en las audiencias una clara prudencia frente a una posible contribución adicional de la política monetaria a la lucha contra el desempleo más allá de la consecución de la estabilidad de precios. 
Destacaron y expusieron que la estabilidad monetaria constituye la mayor contribución del Banco Central Europeo a la lucha contra el desempleo en la zona del euro. 
Sólo en una situación de garantía de una duradera estabilidad de los precios se podrían tomar en consideración otras medidas como la reducción de los tipos de interés a corto plazo. 
Todos los candidatos y candidatas manifestaron, además, con mayor o menor claridad, que tienen presentes las disposiciones de los artículos 105 y 2 del Tratado, que incluyen entre las funciones del Banco Central Europeo, además del objetivo prioritario de la estabilidad de precios, el apoyo a las políticas económicas generales en la Comunidad con miras a contribuir a la consecución de los objetivos de la Comunidad, tal como se establecen en el artículo 2 del Tratado. O sea, un alto nivel de empleo y la cohesión económica y social. 
Manifestaron que todos estos aspectos son lo bastante importantes como para que no tengan ninguna duda al respecto. 
Cómo puede concretarse este apoyo será un tema que deberá examinarse en el contexto del diálogo monetario con el Banco Central Europeo. 
Con este objeto, la obligación democrática de rendir cuentas, tal como prevé la resolución que aprobamos en Estrasburgo por la que se establece dicha obligación para las instituciones monetarias, permite esperar que el Banco Central Europeo ofrezca explicaciones sobre el ejercicio de su discrecionalidad en materia de política monetaria. 
Todo ello, a su vez, exige y permite el ejercicio de la misma. 
A diferencia de la legislación americana relativa al banco emisor, el Tratado de Maastricht establece que el objetivo primordial del Banco Central Europeo será mantener la estabilidad de precios. 
El banco emisor americano tiene, en cambio, como objetivos tanto la estabilidad de precios como el crecimiento y el empleo. 
Por consiguiente, la política monetaria que de ello se desprende es asimismo distinta, como también lo es, obviamente, la función que debe cumplir. 
En este sentido, la política monetaria americana ha podido contribuir de manera más adecuada a impulsar en los últimos años una combinación idónea y equilibrada de políticas en favor de las inversiones, el crecimiento y la creación de empleo. 
Los candidatos expresaron su convicción de que la política monetaria puede apoyar, como he dicho, el crecimiento y el empleo, toda vez que ésta, al garantizar la estabilidad de precios, cierra el paso a cualquier expectativa inflacionaria y asegura, así, la estabilidad macroeconómica y, sobre todo, un bajo nivel de los tipos de interés a largo plazo. 
De las audiencias se desprende claramente que el Banco Central Europeo- y el candidato a la Presidencia del BCE también insistió particularmente en ello- hará uso de su discrecionalidad en el ámbito de la política monetaria una vez que se haya alcanzado el objetivo en materia de inflación y existan visos de probabilidad de que dicha tendencia se mantenga. 
En este sentido, estará abierta la posibilidad de que la política monetaria apoye la política económica también en la zona del euro, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, y de que cumpla asimismo otros objetivos que tiene asignados y a los que el Parlamento Europeo concede especial atención en el examen del Informe económico anual y de las orientaciones de la política económica. 
Estas cuestiones ocuparán un lugar especialmente destacado en el diálogo monetario entre el BCE y el Parlamento Europeo. 
Tendremos que pedir al Banco Central Europeo que explique sus decisiones en el ámbito de la política monetaria, con objeto de poder evaluar si contribuyen a una combinación de políticas equilibrada. 
También esto dará la medida del acierto de la elección de candidatos, desde nuestra perspectiva. 
Por esto es tan importante el diálogo efectivo con el Parlamento Europeo. 
Lo ocurrido en el Consejo Europeo del fin de semana del 2 y 3 de mayo no contribuyó a fomentar la confianza de la opinión pública en la independencia del Banco Central Europeo. 
Las audiencias celebradas en el Parlamento Europeo han ayudado a superar este efecto desfavorable y en este sentido han sido también una medida generadora de confianza, en favor de los intereses de la opinión pública europea, pero también en interés del futuro Banco Central Europeo. 
Es cierto que el Tratado de Maastricht prevé el nombramiento político de los candidatos y candidatas. 
Y está bien que así sea. 
Pero esta decisión política se ha visto envuelta en un procedimiento que ha causado una impresión desfavorable, ya que ni la edad ni la nacionalidad de un candidato pueden considerarse un requisito para el éxito de la política monetaria única y, en consecuencia, el Tratado no los incluye, con razón, entre los criterios de selección, y sólo hace referencia a la competencia personal y técnica. 
El mandato indiviso de ocho años del Presidente del BCE constituye una garantía de su independencia personal. 
El Parlamento ha resaltado repetidamente este hecho. 
Por esto, en la audiencia con Wim Duisenberg deseábamos obtener también la seguridad de que sólo él, y nadie más que él, decidirá sobre la conclusión de su mandato. 
(Aplausos) El candidato dejó claro que no considera que su independencia esté comprometida en ningún sentido. 
Su firmeza, la claridad de sus argumentos y la nitidez con que se expresó resultaron convincentes, y con ellas dejó patente que la influencia política de los Gobiernos sobre la política monetaria acaba con el nombramiento político y la creación del Banco Central Europeo, y a partir de ese momento se inicia su independencia de las instrucciones políticas. 
En este sentido, la audiencia puso de relieve que no debe admitirse una renacionalización de los procesos de decisión y que el procedimiento de toma de decisiones por unanimidad ha forzado una vez más hasta el límite la capacidad de resistencia de la Unión Europea y ha puesto a prueba la paciencia de la población y su comprensión de los procesos de integración europea. 
¡Es necesario modificar este procedimiento! 
Queremos manifestar explícitamente nuestra satisfacción por el hecho de que, con el nombramiento de la Sra. Hämäläinen, también se incorpora una mujer al Comité Ejecutivo del BCE, con lo cual se amplía el número de mujeres que podrán hacer valer su opinión en los organismos de decisión importantes. 
(Aplausos) Las audiencias y también el futuro diálogo monetario contribuirán a la credibilidad y la fiabilidad del sistema democrático europeo, pero también las del futuro Banco Central Europeo. 
En este sentido, es positivo que el debate sobre el Informe anual del futuro Banco Central Europeo vaya acompañado un debate sobre el Informe económico anual y las orientaciones de política económica, y que todos los candidatos se hayan manifestado conformes con la periodicidad trimestral del diálogo monetario. 
Sigue siendo negativo, obviamente, el rechazo a que se hagan públicas las actas de las reuniones del BCE al cabo de cinco años, ya que esta publicidad es necesaria para garantizar una mayor transparencia de la política monetaria. 
Las audiencias han puesto de manifiesto, a mi parecer, que con la confirmación de los candidatos se inicia una nueva etapa, en la que la primera autoridad federal europea deberá dar explicaciones y responder al Parlamento Europeo, en interés de la comunicación con la opinión pública europea. 
Ambas partes, el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo, deberán estar a la altura de esta gran responsabilidad y demostrar que la asumen. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, ésta es la segunda fase de las consultas que se iniciaron el 2 de mayo, cuando formulé ante el Parlamento Europeo la recomendación relativa a que 11 países habían cumplido las condiciones necesarias para la aprobación de la moneda única. 
Permítaseme también informar de que, en consonancia con las tradiciones democráticas que valoramos en este continente, era adecuado que este Parlamento pudiese desempeñar tan importante papel en ese importante acontecimiento. 
Tras ese debate, en el que intervinieron casi 50 oradores, este Parlamento votó por mayoría abrumadora a favor de esos once países. 
El Presidente del Parlamento comunicó los resultados de esa histórica votación al Consejo, por lo que he de decir, en nombre del Consejo, lo mucho que valoramos el dictamen de este Parlamento. 
Permítaseme comunicar oficialmente que, en consonancia con las opiniones del Parlamento, el Consejo decidió por unanimidad que 11 países se incorporaran a la moneda única. 
A consecuencia de esas decisiones históricas, en las que el Parlamento Europeo ha desempeñado su papel plenamente, la visión de los fundadores de la Unión en la Conferencia de Mesina, en la que se pidió la coordinación de las políticas monetarias que permitiera la creación y el desarrollo de un mercado común, será una realidad el 1º de enero. 
Será una moneda única que abarcará una quinta parte, aproximadamente, del comercio mundial. 
Recuérdese también que dicha moneda única está destinada a lograr la estabilidad que nos permitirá alcanzar nuestros objetivos comunes de mayor empleo y mayor prosperidad para los pueblos de Europa. 
Nuestro objetivo para Europa es la consecución de altos niveles de crecimiento y empleo y la condición para ello, en una economía mundial en la que los países tienen que atraerse fondos de inversión de todo el mundo, es la estabilidad con baja inflación. 
A la necesidad de lograr dicha estabilidad se debe la decisiva importancia de los nombramientos para el Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, como acaba de reconocer la ponente del Parlamento hace unos minutos. 
El 1º de julio se creará el Banco Central Europeo, que se hará cargo de la política monetaria de los Estados miembros participantes el 1º de enero del año próximo, y, naturalmente, el Tratado exige que el Consejo nombre a un presidente y un vicepresidente y hasta cuatro miembros más del Consejo Ejecutivo. 
El Consejo ha recomendado que se nombre primer Presidente del BCE al Sr. Wim Duisenberg para un período de ocho años. 
Este Parlamento ya ha tenido la oportunidad de escuchar las respuestas dadas por el Sr. Duisenberg ante él. 
El Parlamento tiene ahora ante sí las propuestas detalladas que hemos hecho, incluida la propia declaración personal del Sr. Duisenberg sobre sus propósitos. 
El Sr. Duisenberg adoptará sus decisiones respecto de su retiro y este procedimiento es conforme, plenamente conforme, con el Tratado. 
El Consejo recomienda que el Sr. Christian Noyer sea nombrado Vicepresidente para un mandato de cuatro años y que se nombre para el Consejo Ejecutivo a las siguientes personas: el Sr. Otmar Issing para un mandato de ocho años, el Sr. Tommaso Padoa-Schioppa para siete años, el Sr. Eugenio Domingo Solans para seis años y la Sra. Sirkka Hämäläinen para cinco años. 
He de decir al Parlamento que, sean cuales fueren los datos que Sus Señorías hayan recogido en los últimos días sobre cada uno de los miembros, sus opiniones y sus observaciones, se debe considerar esta cuestión en el marco del compromiso que figura en el Tratado de que se haga la presentación de informes y la rendición periódica e idónea de cuentas ante el Parlamento Europeo. 
Permítaseme recordar al Parlamento la importancia que le concedemos en la tarea de velar por que el Banco Central Europeo informe adecuadamente a los ciudadanos de Europa por mediación de este Parlamento. 
El Banco Central Europeo debe presentar su informe anual a este Parlamento, además de al Consejo y a la Comisión. 
El Presidente del Banco Central Europeo debe presentar, en el futuro, el informe anual ante el Parlamento, además de al Consejo; el Presidente del Banco Central Europeo y otros miembros de su Consejo pueden ser convocados ante las comisiones de expertos de este Parlamento y, naturalmente, se consultará a este Parlamento sobre todos los nombramientos futuros para el Consejo del Banco Central Europeo. 
En la resolución del Parlamento del 2 de abril figuraban algunas propuestas útiles y constructivas sobre la aplicación en la práctica de este Tratado. 
En particular, acojo con beneplácito la propuesta de Sus Señorías de que se invite a los miembros del Consejo Ejecutivo a participar en reuniones parlamentarias trimestrales sobre la evolución de la situación monetaria y económica. 
Ésta es una vía idónea para avanzar. 
Es una señal positiva para los ciudadanos de Europa. 
Los europeos, como ha dicho la ponente hace tan sólo unos minutos, necesitan tener confianza en el nuevo Banco Central, confianza en su independencia, confianza en su adecuada rendición de cuentas y eso es lo que estamos intentando lograr mediante la colaboración entre el Parlamento y los Gobiernos. 
Permítaseme hacer otra observación de importancia para el futuro a largo plazo: el movimiento en pro de una mayor transparencia en la política monetaria está cobrando ahora mucha fuerza en todo el mundo económico; se trata de una idea a la que ha llegado su momento. 
Ahora se reconoce que la claridad de objetivos y el establecimiento de reglas operativas, que es fundamental para la credibilidad de la adopción de decisiones en materia de política monetaria moderna, requiere también el respaldo de una mayor transparencia de la dirección económica para velar por la consecución y fortalecimiento de la máxima credibilidad. 
El mes pasado, todos los países representados en el Comité Provisional del FMI propusieron un nuevo código de la práctica monetaria y financiera, que requiere una mayor transparencia. 
Ese nuevo impulso en pro de la transparencia y la rendición de cuentas es ahora una fuerza en pro del cambio, pues se reconoce en todo el mundo. 
Acojo con beneplácito el papel del Parlamento Europeo en su futuro diálogo con el Banco Central Europeo, que será importante para velar por que haya una presentación idónea de informes a una institución elegida democráticamente. 
Como conclusión, he de decir que nunca debemos perder de vista que las disposiciones relativas a la moneda única van encaminadas a la consecución de un fin: el de lograr la estabilidad que nos brindará los altos niveles de crecimiento y empleo que necesitamos y queremos para Europa. 
Como Parlamento y como Gobiernos, no debemos perder de vista nunca nuestros deberes y cometidos con vistas a incluir a los que ahora están excluidos y ayudar a volver al trabajo a los 18 millones de desempleados que necesitan, merecen y deben tener apoyo. 
Desde sus comienzos en la búsqueda de la paz, su nacimiento en los compromisos subscritos en Mesina, hace 43 años, ese movimiento en pro de una mayor coordinación e integración económicas, movimiento encaminado a la consecución de crecimiento, empleo y prosperidad mayores en toda Europa, está llegando ahora a una nueva fase de adopción de decisiones esta mañana. 
Insto al Parlamento y a los Gobiernos a que sigan trabajando en cooperación para hacer que esas nuevas instituciones funcionen y velar por que sea el comienzo de otro capítulo en el progreso de Europa. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, quisiera acoger con el mayor beneplácito las palabras del Ministro de Hacienda británico. 
Oír al Presidente en ejercicio expresar su apoyo al papel que el Parlamento Europeo desempeñará a lo largo de los años en la supervisión del Banco Central Europeo resulta muy grato para todos los sectores de esta Asamblea. 
El Parlamento Europeo ha actuado de forma muy responsable al celebrar las audiencias de los seis candidatos. 
Nuestro criterio fue el de velar por que todos los candidatos se comprometieran con la estabilidad de los precios y la independencia y, de hecho, los seis candidatos cumplieron con esa obligación. 
Pero en el Grupo Socialista hacemos también mucho hincapié en el pleno respeto del artículo 105 del Tratado, según el cual, cuando se haya logrado la estabilidad de los precios, el Banco Central Europeo contribuirá a la consecución de los objetivos más amplios de la Unión Europea, en particular en materia de creación de puestos de trabajo y crecimiento. 
También hacemos mucho hincapié en la cuestión de la rendición democrática de cuentas. 
Ésta desempeñó un papel decisivo para nosotros en las audiencias y se formularon preguntas minuciosas al respecto a todos los candidatos. 
Tenemos que velar por que, además de la consecución del control de la inflación en un nivel bajo, la política monetaria haga su contribución a la lucha contra el desempleo. 
Me ha complacido que el Presidente en ejercicio así lo haya dicho esta mañana. 
Respecto de la rendición democrática de cuentas, oímos las opiniones del Sr. Duisenberg sobre cómo nos relacionaremos con el Banco Central Europeo en el futuro. 
En nombre del Grupo Socialista, quisiera decir hoy que debemos reunirnos con Wim Duisenberg antes de la suspensión estival de la labor de este Parlamento para formular y dar cuerpo en detalle a la forma como el Parlamento Europeo se relacionará con el Banco Central Europeo en el futuro. 
No debemos permitir que quede para un momento posterior de este año. 
Es necesario que empecemos a formular y elaborar el método de funcionamiento para velar por la rendición democrática de cuentas. 
Quisiera hacer unas observaciones sobre el procedimiento y sobre las audiencias. 
El lunes por la noche el Grupo Socialista expresó una reserva sobre uno de los candidatos. 
Sé que ello irritó a algunos diputados a esta Asamblea. 
El fin de las audiencias de confirmación es el de escuchar a los candidatos y evaluarlos objetivamente, no desde el punto de vista nacional ni político, sino por sus opiniones como posibles miembros del Banco Central Europeo. 
Así lo hizo nuestro Grupo y no suspenderemos el juicio sobre ninguno de dichos candidatos simplemente por la importancia histórica de este momento. 
Así, pues, el lunes expresamos nuestra reserva sobre uno de los candidatos. 
Ahora bien- y esa observación la hice el lunes -, anoche nuestro Grupo examinó esa cuestión detenidamente y consideramos que los seis candidatos serán miembros competentes del Banco Central Europeo y hoy vamos a votar a favor de los seis. 
Creemos que este Consejo Ejecutivo debe desempeñar un papel decisivo con vistas a la creación de confianza en el euro entre nuestros ciudadanos. 
La forma como debe hacerlo es la de fijar tipos de interés que mantengan la estabilidad y también, como ha dicho el Presidente en ejercicio, fijar tipos de interés que garanticen el crecimiento y el pleno empleo en la Unión Europea. 
Queremos una política de tipos de interés que favorezca a todos nuestros ciudadanos y no sólo al centro rico de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, queridos colegas, las audiencias que hemos realizado nos han permitido sacar algunas conclusiones interesantes. 
Los seis candidatos responden ampliamente a los criterios de selección enunciados en el Tratado. 
Todos ellos tienen un excelente nivel, evidentemente, con las diferencias individuales que, en ocasiones, pueden sorprender, pero de las que hay que desconfiar. 
Los profesores saben que los alumnos más aventajados no siempre hacen las carreras más brillantes, y todos conocemos casos de candidatos modestos que, más tarde, han destacado como auténticas personalidades. 
Si Harry Truman hubiera tenido que someterse a nuestro jurado, probablemente no habría obtenido las mejores calificaciones. 
No pecaré de cruel recordando a mis colegas socialistas el concepto tan poco halagüeño que tenían de algunos de nuestros Comisarios a los que hoy cubren de elogios. 
Segunda observación. A juzgar por sus respuestas tanto orales como escritas, los seis candidatos tienen una visión relativamente coherente de su futura misión. 
A pesar de algunos intentos de nuestros colegas de poner de manifiesto alguna que otra contradicción entre sus respectivas declaraciones, está claro que se trataba más de matices, fruto de experiencias diversas, que de auténticas divergencias. 
La homogeneidad del futuro equipo dirigente no debería preocuparnos demasiado. 
Quisiera añadir aquí que los socialistas no son los únicos que han hecho hincapié en la necesidad de que, una vez que se hayan cumplido los objetivos de estabilidad, los demás objetivos de la política económica deberían asimismo ser objeto de la atención del banco, y creo que la mayoría de los candidatos han defendido este punto de vista. 
Conviene, en tercer lugar, hacer una constatación interesante, y positiva para el Parlamento, a saber, que todos los candidatos han reconocido la necesidad de mantener relaciones privilegiadas con el Parlamento Europeo. 
Para todos ellos, el Parlamento es la institución ante la que se personarán para dar cuenta de sus actos, dar explicaciones, declarar sus intenciones y para pronunciarse sobre las diferentes tesis. 
Todos asumen la necesidad de transparencia, todos reconocen la accountability como el contrapunto normal de su independencia y de su considerable poder. 
Todos, con pequeños matices, han reconocido que el Parlamento Europeo y no los parlamentos nacionales, será objeto de su atención privilegiada, pero asimismo han hecho hincapié en el papel que seguirán desempeñando, ante los parlamentos nacionales, los bancos centrales, que no desaparecerán. 
En este sentido, a través de los gobernadores de los bancos centrales, que seguirán existiendo, se entablarán las relaciones con los parlamentos nacionales, lo que se ajusta perfectamente a la filosofía de la subsidiaridad y de la conjunción federalista. 
Quisiera expresar aquí mi sincero agradecimiento al Presidente en ejercicio del Consejo, por haber expresado algo que actualmente tiene mucha importancia a la luz de la crisis asiática: " la transparencia es una condición básica para la credibilidad de cualquier política monetaria hoy en día». 
Me alegra que así se haya reconocido hoy y que, al mismo tiempo, se reconozca al Parlamento Europeo su vocación, y espero que seamos dignos de participar en este diálogo de la manera más responsable posible. 
Deseo agradecer también a todos los que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial han contribuido a convertir estas audiencias en un ejercicio responsable, serio y objetivo y, de este modo, señora Presidenta, respetando su deseo de que seamos concisos, termino aquí. 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, los pasados 7 y 8 de mayo, bajo la firme, aunque cortés, autoridad del presidente Karl von Wogau, procedimos a la audición de los seis candidatos al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, en un clima de confianza y de estima recíprocas. 
Creo que debemos preguntarnos acerca de la decisión del Consejo respecto de los candidatos y hacernos tres preguntas. 
¿Son los mejores, son apóstoles de la estabilidad, y formarán un equipo coherente? 
A la primera pregunta, yo respondería lo siguiente: el candidato a la presidencia es manifiestamente y ante todo el candidato de los gobernadores. 
Si lo han elegido a él, es porque lo consideran el más capacitado para dirigir este formidable cambio del sistema bancario europeo. 
Todos sabemos perfectamente que, en nuestros grupos políticos y nuestros partidos, elegimos siempre al que nos parece el mejor para defender nuestros ideales y nuestros intereses. 
Por analogía, no veo por qué debería ser de otro modo en el caso de los banqueros centrales. 
En realidad, no comprenderíamos por qué se aplicaría el principio de Peter a una institución como ésta. 
Confieso que la falta de precisión, que voluntariamente ha mantenido sobre la duración de su mandato, me deja dubitativo. 
Pero, sin duda, ha hecho suya la fórmula de François Mitterand, que decía que sólo se sale de la ambigüedad en detrimento propio. 
Sea como fuere, al final de esta audición, nada hace dudar ni de su competencia ni de su integridad. 
Y esta observación sobre la competencia y la integridad es válida para las otras cinco personalidades escuchadas. 
A la segunda pregunta: ¿Son apóstoles de la estabilidad monetaria? 
Creo que entre los seis reinó la unanimidad en favor de que la inflación se mantenga entre el 0 y el 2 %. 
En realidad, lo sorprendente hubiera sido que uno u otro nos anunciara que su modelo es el Banco Central albanés y su formidable sistema de préstamos piramidales. 
O que su deseo más preciado es una repartición de la inflación para la satisfacción, algo sádica, de arruinar a los ahorradores. 
Tranquilizados sobre este punto, podemos pasar a la tercera pregunta: ¿Formarán un equipo coherente? 
Sin duda se han mostrado bastante complementarios, pero como todos los equipos, será juzgado por sus resultados. 
Es el motivo por el que, personalmente y también nuestro Grupo, creo que de manera unánime, hubiera preferido una votación conjunta sobre el grupo de candidatos al que, naturalmente, según todas las hipótesis, habríamos dado un voto ampliamente favorable. 
Por consiguiente, nuestro Grupo no rechazará a ninguno de estos candidatos, por tener todos un nivel excelente, una notable experiencia y porque a todos ellos les precede una reputación digna de elogio. 
Señor Presidente, Señorías, el sábado día 2 de este mes, este Parlamento celebró la constitución de la Unión Monetaria con 11 Estados miembros de la Unión. 
La Unión Monetaria comporta una moneda única, el euro. 
Con esta decisión se ha consolidado un nuevo e importante avance en la dimensión económica y monetaria de la Unión, que también tiene una enorme importancia política. 
La emisión de moneda comporta soberanía, y la moneda única europea expresa una soberanía europea que deberá llevar a una mayor profundización en la dimensión política de la Unión. 
Lamentablemente, después de la decisión del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo en el momento de proponer al presidente y vicepresidente y a los otros cuatro miembros del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, introdujo elementos de desconcierto. 
Lo que debía ser presentado como un logro histórico quedó, ante la opinión pública, distorsionado por una querella que nunca debería haberse producido. 
Felizmente, la sustancia superó a la forma y la comunidad financiera internacional ha mostrado su aceptación clara de la Unión Monetaria y el euro, y el equipo propuesto mereció los mejores parabienes por parte de las instituciones económicas y financieras más destacadas y de más prestigio a nivel internacional. 
En relación con las audiencias realizadas en el Parlamento Europeo, quiero expresar que el Grupo Liberal apoya las propuestas del informe presentado por la presidenta de la Subcomisión de Asuntos Monetarios, la Sra. Randzio-Plath. 
Y en cuanto a la propuesta específica del presidente, destacamos nuestro máximo respeto a su independencia, incluyendo el mandato para el cual ha sido propuesto. 
En la audiencia, el actual presidente del Instituto Monetario Europeo confirmó sus cualidades y personalidad, que ya conocíamos precisamente por sus intervenciones como presidente del Instituto Monetario Europeo. 
Nosotros celebramos su independencia ante cualquier presión que pudiera limitar el cumplimiento de los objetivos encomendados por el Tratado de Maastricht al Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, comienza una nueva y muy importante etapa para consolidar el euro. 
El Banco Central Europeo es la pieza fundamental para el cumplimiento de los objetivos que le ha encomendado el Tratado y nosotros velaremos por que este proceso y su transparencia se cumplan, y por que se cumplan también los compromisos que tales miembros han establecido en las correspondientes audiencias. 
Señora Presidenta, la misión y la categoría del Banco Central Europeo han sido definidas en función de la finalidad atribuida a la moneda única: atraer los capitales hacia los mercados financieros, en detrimento de lo social y de la democracia, cuyo déficit se hace dramático y es cada vez menos aceptado por los pueblos. 
La estabilidad de los precios, que es la misión fundamental encomendada al Banco Central Europeo, se ha logrado mediante la reducción de la creación monetaria y del crédito, para favorecer una mejor rentabilidad de los capitales. 
Esto destruye el empleo y aumenta los déficits públicos. 
Esta lógica de guerra económica, en nuestra opinión, debe dar paso a una lógica de cooperación, especialmente en el plano monetario. 
Para ello es necesario adoptar un enfoque totalmente distinto del BCE, que debería estar centrado en torno al crecimiento y al empleo. 
Debe establecerse la transparencia y el control democrático de la actividad del Banco Central Europeo, especialmente a través de un control por parte del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales y del sometimiento a debate público de los grandes desafíos. 
En este sentido, la polémica en torno a los nombramientos al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo es, cuando menos, sorprendente. 
A juzgar por algunos comentarios al respecto, hubiera sido preferible aceptar sin rechistar el abuso de autoridad de los banqueros centrales, que habían decidido poner a su candidato a la cabeza del BCE. 
Pero el Tratado prevé que sean los Jefes de Estado y de Gobierno los que designen al Comité Ejecutivo, y creo que es conveniente reafirmar la primacía de las naciones sobre aquélla de los bancos. 
Señora Presidenta, en primer lugar tenemos que recordar una vez más lo siguiente: una gran mayoría de nuestro Grupo político votó en favor de la introducción puntual del euro con la participación de once Estados miembros. 
Lo digo de entrada porque estamos debatiendo en un contexto de rumores mediáticos, donde cualquier interrogante concreto queda difuminado por la pregunta de si se está a favor o en contra del euro. 
Ahora estamos debatiendo una cuestión concreta: ¿qué posición debemos adoptar con respecto al resultado de la audiencia? 
Esto requiere, entre otras cosas, que tengamos claro qué somos en realidad. 
¿Somos una comisión de selección de personal? 
No. 
¿Somos un consejo del Banco Central? 
Seguro que no. 
Somos una representación política de la población. 
Esto significa que debemos ocuparnos del programa político que encarnan los candidatos. 
Si fuésemos una comisión de selección de personal, nuestro voto tendría que ser afirmativo. 
En efecto, los candidatos demostraron ser personas honestas. 
Si fuésemos un consejo del Banco Central, también deberíamos emitir una señal positiva, pues lo contrario atizaría la especulación. 
Sin embargo, en nuestra calidad de representantes políticos de la población debemos examinar tres aspectos. 
En primer lugar, cómo valoramos el procedimiento de designación, que el propio Sr. Duisenberg declaró que había causado una mala impresión. 
Esta mala impresión no se ha disipado, a mi parecer. 
Pese a todos los esfuerzos para borrarla, subsiste el hecho de que el Sr. Duisenberg se sintió obligado a asegurarnos que no fue objeto de ningún tipo de presión política. 
Esto deja una impresión desagradable. 
En segundo lugar, es preciso constatar que el procedimiento de designación se desarrolló a toda prisa y de manera mucho más restrictiva de lo que establece el Tratado. 
También esto causa una mala impresión. 
Luego tenemos el gran problema de la política monetaria. 
El Tratado admite un pequeño margen de discrecionalidad, que es más amplio de lo que están dispuestos a reconocer los candidatos. 
¡No se puede equiparar sencillamente la lucha contra la deflación con la desactivación de la inflación! 
Sin embargo, esto es lo que hicieron la mayoría de los candidatos, excepto el Sr. Padoa-Schioppa. 
Nuestras enmiendas expresan este matiz. 
Es necesario que se reconozca la diferencia, a pesar de la necesidad de argumentos que contrarresten la tesis, difundida por los populistas de derechas, de que el euro es una moneda blanda. 
Finalmente, también debemos tener presente que los candidatos exponen sus argumentos sobre la transparencia y la responsabilidad democrática con la mirada puesta sobre todo en los mercados financieros y la opinión pública en general y se proponen mantener sólo un diálogo blando con el Parlamento. 
Por lo tanto, la respuesta sólo puede ser negativa. 
Nuestro Grupo político tiene una visión distinta al respecto, que no depende del análisis, sino de cuáles son los interrogantes a los que realmente podemos dar respuesta desde aquí. 
Señora Presidenta, queridos colegas, con ocasión de la creación del Banco Central Europeo, es el deber de nuestra Asamblea afirmar claramente su misión de único órgano legítimo de control democrático del nuevo poder monetario europeo y, al mismo tiempo, destacar, también con la misma claridad, su compromiso en favor de la construcción económica y monetaria europea en cumplimiento de los Tratados. 
Éstos prevén que el Comité Ejecutivo del Banco sea nombrado por los Jefes de Estado y de Gobierno, es decir, por una instancia política. 
Asimismo prevén que el Banco Central Europeo debe ser independiente. 
El compromiso que han alcanzado en Bruselas, a decir verdad, con cierta dificultad, los Jefes de Estado y de Gobierno, y habida cuenta de la declaración oral del Sr. Duisenberg, garantiza el cumplimiento de estas disposiciones de los Tratados. 
Las precisiones facilitadas por el futuro presidente del Banco Central Europeo ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento, reafirma la convicción en la independencia del Banco, sin poner en cuestión el gentlemen's agreement de Bruselas. 
Por tanto, creemos que no favorece un lanzamiento eficaz del euro volver sobre los plazos y las condiciones de dicho acuerdo. 
Deseamos que nuestro debate de hoy no dé pie a ello. 
En lo que respecta a la función de control democrático que ejerce el Parlamento Europeo, ésta ha sido asumida con la máxima resolución a través del procedimiento de audición que ha permitido a su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios escuchar detenida y seriamente a cada candidato. 
En este sentido, no habría necesidad de buscar ningún efecto de demagogia al reconocer que el órgano de control democrático ha desempeñado su papel con seria eficacia. 
Todos los candidatos que se han sometido a la audición han demostrado, con cualidades personales diferentes y complementarias, que disponen de la competencia y de la integridad necesarias para ejercer sus funciones. 
Además, han dado la impresión de que juntos pueden formar un equipo que merece la confianza de nuestro Parlamento. 
Por consiguiente, compartimos plenamente las conclusiones pertinentes del informe de la Sra. Randzio-Plath en favor de la aprobación de estas seis candidaturas. 
Sólo nos queda expresar dos deseos: en primer lugar, que en el futuro, los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo se sigan prestando al diálogo necesario con el Parlamento Europeo con la disponibilidad de que han hecho gala durante las audiencias. 
A continuación, que el poder monetario establecido encuentre rápidamente un complemento y un contrapeso en la definición de los instrumentos presupuestarios y fiscales que den al Consejo de Ministros la posibilidad de garantizar una gestión económica eficaz de la Unión en favor del crecimiento y del empleo, en el contexto de estabilidad garantizado por el Banco. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones asistí la semana pasada a todas las audiencias con los candidatos aspirantes al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 
Había diferencias notables en el modo de responder tanto las preguntas por escrito como las preguntas orales. 
Algunos candidatos sabían muy bien cómo debían manejar las preguntas. 
Duisenberg, Issing, Padoa Schioppa y Hämäläien ofrecían claras respuestas ya fuera por escrito o verbalmente y mostraron de manera convincente clara, dentro del tiempo disponible, estar bien o muy bien cualificados para su función. 
El aspirante a Vicepresidente, el Sr. Noyer, y el Sr. Domingo Solans defraudaron en este sentido. 
¿Qué consecuencias debemos vincular a eso? 
Si se trata de un informe con control marginal o del enjuiciamiento de un equipo como conjunto, tengo pocas dificultades con el informe- algo libre- para comprobar que se trata de un buen equipo. 
Si se trata de un informe serio y se nos pide un examen concienzudo de cada candidato por separado, surge sin embargo un problema. 
¿Podemos distanciarnos lo suficiente de la nacionalidad y la ideología política de los candidatos propuestos? 
Yo tengo mis dudas al respecto. 
Tampoco por parte del Consejo parece que en los nombramientos se tuvieran en consideración en primer lugar las capacidades y cualidades, sino la distribución regional. 
En cualquier caso un alemán, un francés, un italiano y luego otros 3 miembros de otro país, pero naturalmente bien repartidos. 
¿Así se obtiene el mejor equipo? 
El Sr. Duisenberg es un socialdemócrata neerlandés. 
Ni lo uno- la nacionalidad neerlandesa -, ni lo otro- ser socialdemócrata -, le cualifican para esta función. 
Lo que sí es relevante es que es un banquero con experiencia en un banco central, que sabe conseguir la estabilidad de precios, que no se arredra ante la llamada a capítulo de los gobiernos de manera concienzuda y consecuente, durante 8 años lo ha hecho en los Países Bajos, sabe informar al público y se comunica con el Parlamento Europeo de modo relajado y transparente. 
Por lo visto, el Gobierno francés cree que la nacionalidad de un presidente de banco importa bastante. 
Es un poco extraño que ahora exista un consenso manifiesto acerca del sucesor del Sr. Duisenberg. 
Por lo visto, ya no importan los próximos 4 a 8 años de experiencia profesional. 
Por otra parte, ello nos ofrece la posibilidad de reunir información exhaustiva sobre la vida y milagros del Sr. Trichet. 
Tenemos por lo menos 4 años- ojalá sean 8- para prepararnos la audiencia con el Sr. Trichet. 
La ponente, Sra. Randzio-Plath, ha optado por no emitir un juicio diferenciado de cada candidato por separado. 
Opta por una evaluación para cada miembro por igual: breve y general. 
Pensándolo mejor, eso es muy insatisfactorio y tampoco hace justicia a los candidatos. 
Después de todo, los candidatos no son iguales. 
La única posibilidad que existe ahora de expresar esa desigualdad es manifestarla durante la votación. 
Señora Presidenta, la independencia del Banco Central Europeo no significa el aislamiento, la soledad o la irresponsabilidad de la primera institución realmente federal de la Unión Europea. 
No obstante, las disposiciones institucionales recogidas en el Tratado de Maastricht y las disposiciones que siguieron posteriormente constituyen un punto de partida mínimo. 
En este equilibrio institucional inicial, los poderes de decisión confiados a los responsables políticos deben ser utilizados plenamente. 
Existe, en primer lugar, el poder de nombramiento del Comité Ejecutivo del Banco Central. 
Puesto que dicho nombramiento tiene un carácter político, los Jefes de Estado o de Gobierno no podían ni debían limitarse simplemente a dejar constancia de una cooptación que hubiera tenido lugar entre los banqueros centrales. 
Debían tener en cuenta, asimismo, el equilibrio geográfico de la zona del euro. 
De cara al futuro, corresponderá al Consejo del euro y al Consejo Ecofin instaurar un diálogo con el Banco Central. 
Luego está el poder de consulta de nuestro Parlamento. 
Creo que hemos culminado con éxito esta primera etapa. 
La seriedad, la profesionalidad con que hemos preparado, conducido y, hoy, evaluamos estas audiencias, debe contribuir a asentar la legitimidad y la autoridad de nuestra institución como interlocutor parlamentario privilegiado del Banco Central Europeo. 
En el desempeño de dicho poder, nuestra estrategia se basará en la prevención, y no en el conflicto, de lo que alegro. 
En cuanto a la evaluación propiamente dicha de la prestación de los candidatos, mi Grupo dará prioridad a dos preguntas. 
¿En qué condiciones prevén ustedes el diálogo con nuestro Parlamento? 
Se trata de la cuestión de la responsabilidad democrática. 
¿Cómo interpretan el artículo 105 del Tratado, que dice que, una vez alcanzada la estabilidad de los precios, se le pedirá que apoyen políticas económicas de la Unión Europea y sus objetivos establecidos en el artículo 2 del Tratado? 
En una palabra, un nivel elevado de empleo. 
En base a estos dos puntos debemos mantener un diálogo intenso con el Banco Central. 
La evaluación de los seis candidatos que hoy llevamos a cabo es una ocasión única que se nos brinda, habida cuenta de la duración variable de los mandatos de los miembros del Comité Ejecutivo. 
Sus prestaciones habrán sido variables, pero todas ellas han demostrado de manera manifiesta una gran independencia y una gran coherencia de pensamiento. 
Por lo demás, los juicios variarán en función de los hábitos que unos y otros puedan tener en el desempeño de este tipo de ejercicio. 
Aunque no nos corresponde calificarlos, permítanme, sin embargo, conceder una mención especial al Sr. Padoa-Schioppa. 
Tras este buen inicio, nos atañe ahora adaptar nuestros calendarios y nuestras estructuras para que, en torno a las grandes orientaciones de la política económica, seamos los controladores vigilantes de una política monetaria que sea compatible con una coordinación de las políticas económicas al servicio, en primer lugar, del empleo. 
Señora Presidenta, Señorías, deseo hacer algunas reflexiones que se derivan de la experiencia vivida en estas audiencias tan sumamente interesantes e importantes. 
En lo que se refiere al procedimiento seguido por el Consejo entre el sábado día 2 y el domingo día 3 de mayo, deseo manifestar ante todo que lo que importa es tomar nota de que los mercados, es decir, los ahorradores europeos, han acogido con satisfacción los nombramientos y, por tanto, el Parlamento Europeo- expresión de la voluntad popular- debe tener en cuenta también este hecho que demuestra una voluntad favorable al euro, probablemente, muy superior a lo que muestran los sondeos de opinión. 
En el contexto político, sin embargo, será necesario sopesar la actitud del Consejo, además de reflexionar sobre un proceso de toma de decisiones farragoso, poco transparente y sometido al continuo chantaje del principio de la unanimidad, aspecto totalmente antihistórico a la vista de la progresiva afirmación de la dimensión europea común. 
Los colegas que me han precedido ya han abordado- en especial la señora ponente- el tema del compromiso en pos de la estabilidad de precios. 
Voy a hacer ahora algunas consideraciones acerca de otro tema que se ha planteado, esto es, la responsabilidad del Banco Central Europeo. 
La cuestión reviste una importancia extraordinaria, habida cuenta de que responde tanto a las exigencias de control democrático y de transparencia como a las exigencias relacionadas con el fortalecimiento de la reputación y la credibilidad del propio Banco Central Europeo. 
Por eso, en mi opinión, es fundamental centrarse más en los comportamientos adecuados para estos fines que en las reglas formales que podrían conducir a dar sólo una respuesta burocrática y superficial, así como a poner en peligro la independencia y el buen funcionamiento de la política monetaria. 
A lo largo de nuestras audiencias se ha planteado asimismo la cuestión del reforzamiento global del gobierno de la economía europea, cuestión que ya no puede aplazarse más, no solamente porque hace falta mejorar el equilibrio entre la política monetaria y las demás políticas económicas, sino también porque, a raíz de la Unión Económica y Monetaria, se esta imponiendo una dimensión común de problemas que, hasta ahora, se han considerado nacionales. 
En este contexto, por ejemplo, podría detenerme largamente- aunque no lo haré- en la necesidad de acelerar las formas de coordinación en el ámbito de las políticas fiscales. 
En conclusión, señora Presidenta, considero que puede emitirse un juicio no sólo positivo, sino también muy satisfactorio sobre el equipo propuesto para el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 
Evidentemente, esto supone una buena premisa para que la puesta en marcha del euro tenga éxito. 
Señor Presidente, las audiencias en el Parlamento y la votación de confirmación que hoy celebraremos sobre el Presidente, el Vicepresidente y los miembros del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo constituyen para esta Asamblea la última fase importante en el comienzo de una empresa muy importante e histórica para Europa. 
La calidad de las actuaciones en la Asamblea ha devuelto- no me cabe duda- cierta dignidad al proceso de nombramiento, que, por desgracia, a causa de los prolongados y bastantes duros intercambios del 2 de mayo en el Consejo Europeo, quedó bastante empañada al comienzo. 
La recomendación del Consejo a la Asamblea, en consonancia con el Tratado, establece un mandato de ocho años para el Sr. Wim Duisenberg como candidato a la presidencia del Banco Central. 
Hoy aprobaremos una resolución en la que confirmaremos el nombramiento del Presidente en esas condiciones. 
No tenemos objeciones al respecto. 
Sin embargo, reconozco que la referencia a un mandato de ocho años para el Presidente no es para nosotros sino una ficción, ya que, evidentemente, no es probable que el Sr. Duisenberg ocupe el cargo todo ese período, como él mismo ha reconocido. 
En una declaración del 2 de mayo, el Sr. Duisenberg explicó que, en vista de su edad, no quería ocuparlo durante todo el mandato, pero añadió que en el futuro la decisión de dimitir sería suya y de nadie más. 
Nuestras audiencias contribuyeron a una comprensión más plena de ese asunto. 
El candidato a presidente se propone, si se lo permite su salud, ocupar el cargo al menos hasta que se haya hecho el paso de los billetes y monedas metálicas nacionales a euros. 
Además, declaró que no se proponía dimitir en un momento determinado. 
A otras preguntas añadió: » Puedo asegurar a Sus Señorías que no hay una vinculación entre el mandato de un director ejecutivo o vicepresidente y de cualquier otro. 
No existe, que yo sepa, vinculación... ni la menor vinculación». 
Desde el punto de vista de la completa independencia y discreción que debe acompañar a ese alto cargo, esta última cita constituye una importante garantía. 
En vista de ello, el Grupo Liberal subraya la conveniencia de la continuidad en la dirección del Consejo del Banco y opina que se debe evitar una temprana o simultánea sucesión del Presidente y del Vicepresidente. 
Naturalmente, la última palabra la tiene el propio Sr. Duisenberg. 
Acepto su garantía de que no existe vinculación alguna entre el mandato de un nombramiento y el del otro. 
Pero en el Grupo Liberal pensamos que no puede haber una forma más gráfica de confirmarlo esencialmente que la de que permanezca en su cargo para velar por una transición sin problemas del primer nombrado como Vicepresidente al sucesor de éste en el cargo. 
Señor Presidente, con el procedimiento de hoy, el Parlamento Europeo participa en la constitución del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, de un órgano que, tal como han demostrado también las audiencias que han precedido, va a ser independiente de los órganos de control político y democrático de los Estados miembros y de la propia Unión Europea, mientras que dependerá de centros de poder encubiertos, como ha mostrado la conciliación política de Bruselas, de un órgano que se considera a sí mismo obligado a aplicar una dura política monetaria con vistas a la estabilidad monetaria y al mantenimiento de bajos tipos de interés, ignorando esencialmente las consecuencias que tiene esta política en la situación social de los ciudadanos de la Unión. 
En nombre de todos aquellos que pagan de una forma dramática las consecuencias de esta política liberal antipopular, nos negamos a legalizar con nuestro voto este órgano y el papel que se le ha asignado. 
Señor Presidente, espero que no vuelva a repetirse jamás el procedimiento de elección del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 
En especial, la exigencia de unanimidad entre los Estados miembros es desastrosa, y lo único que consigue es que alguno de los países grandes pueda hacer chantaje a otros países. 
Afortunadamente, el acuerdo extraoficial para repartirse el período de mandato del presidente del banco no es más que parte de una representación carente de valor, ya que no debería tener ninguna vinculación jurídica. 
Quede, pues, como un aviso de que no se puede someter la política monetaria en los países del euro a los intereses nacionales. 
Desearía realizar alguna observación crítica acerca de las audiencias. 
En primer lugar, las personas elegidas han mostrado en cierta medida una sorprendente reserva frente a las exigencias relacionadas con la transparencia del Banco Central Europeo. 
Wim Duisenberg ha llegado tan lejos como para afirmar que la publicación de las actas del Comité Ejecutivo podría tener lugar en un plazo no inferior a dieciséis años. 
No podemos aceptar esto. 
El Parlamento Europeo debe emprender inmediatamente negociaciones a este respecto con los miembros del Comité Ejecutivo. 
Las candidatos elegidos han hecho también hincapié en una lucha contra la inflación más estricta, incluso, que la contemplada en el Tratado de Maastricht. 
Ojalá sean las audiencias de la última semana, no obstante, un punto de partida para el diálogo que entablarán el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo. 
En este diálogo habrá que encontrar un equilibrio entre los objetivos en materia de inflación y de empleo. 
Igualmente, se deberá dejar de manifiesto que el Banco Central, que ha sido definido como el más independiente del mundo, se verá obligado a justificar en el futuro sus decisiones tanto ante el Parlamento Europeo, como ante la opinión pública. 
El Parlamento Europeo se halla aquí ante un desafío más que suficiente. 
Estoy convencida de que la opinión pública también aprobará la importancia que reviste el Parlamento Europeo en el control del Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, en nombre de Alianza Nacional, deseo manifestar el consenso y la satisfacción que nos inspiran todas las candidaturas propuestas y, entre las mismas, me gustaría subrayar la candidatura especialmente prestigiosa del doctor Padoa Schioppa. 
Sin embargo, he de hacer hincapié en la necesidad de que se revisen algunos mecanismos en el ámbito de los futuros nombramientos del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 
En realidad, de la misma manera que existe un contexto de consenso casi general, existe una insatisfacción general por parte del Parlamento. 
En efecto, con arreglo a los principios democráticos, el Parlamento debe desempeñar un papel más determinante en las decisiones que como ésta tienen consecuencias directas en cada una de las economías de los Estados miembros. 
Hay que admitir la posibilidad de reexaminar y valorar más detenidamente a los candidatos que en un primer análisis no ofrecen un plan ejecutivo de su enfoque con respecto a las políticas monetarias, el control democrático y la transparencia de las tareas que deben realizar en nombre y en interés de la Unión Europea. 
Reitero, como ya afirmé en la sesión del pasado 2 de abril, mi total acuerdo con la autonomía del Banco Central, pero es indispensable que, además de prever un diálogo con el Parlamento Europeo y un diálogo en el momento del nombramiento del Comité Ejecutivo y a la hora de tomar las decisiones monetarias de especial relevancia estratégica, se pase a una situación de cohesión política que por sí sola permitirá evitar el riesgo de encontrarse ante un gigante tan sólo económico, pero carente de toda dignidad política. 
Presidente, antes de que tuviéramos la semana pasada las audiencias con los candidatos del Banco Central Europeo sabíamos, por supuesto, que desde el punto de vista jurídico no teníamos ningún derecho de veto contra los candidatos. 
Entre tanto está claro que desde el punto de vista político ese derecho de veto sí que existe. 
Ninguno de los candidatos puede funcionar como miembro del Comité Ejecutivo si él o ella no tienen la confianza de la gran mayoría de este Parlamento. 
Incluso dentro de este Parlamento resulta que ese importante hecho no ha trascendido lo suficiente. 
Eso lo han aclarado las discusiones acerca de uno de los candidatos que era claramente inferior a los otros. 
¿Qué conclusiones podemos sacar ahora de estas sesiones informativas? 
En primer lugar que merece la pena llevar una buena preparación. 
Mi Grupo ha solicitado hace algunos meses especialistas europeos de prestigio que funcionaban como ponentes y sparring partners para los encargados de interrogar entre los socialdemócratas. 
Hemos encargado a especialistas independientes que hicieran perfiles políticos de todos los candidatos. 
Algunos de nosotros se han asesorado en los Estados Unidos dentro del Senado y del FBI sobre las experiencias norteamericanas. 
El planteamiento de las audiencias ha funcionado bien. 
Nuestro propio enfoque de nombrar para cada candidato un encargado, siempre de un Estado miembro distinto al del propio diputado, que llevara la dirección en la sesión de preguntas, merece ser imitado sin discusión. 
Lo que hacían otros Grupos, a saber, que el interrogatorio lo llevara preferentemente un compatriota del interrogado, que de alguna manera se sentía orgulloso de la amistad o de las actividades comunes con el candidato, es evidente que no debería repetirse. 
En segundo lugar, en mi opinión resultó que estaba de manera suficientemente clara en la conciencia de todos los candidatos la importancia de la transparencia, la comunicación activa y las buenas relaciones con el Parlamento Europeo. 
De nuevo, hace algunas semanas nosotros, como socialistas, tuvimos que mantener una dura lucha en torno al informe Randzio-Plath para recalcar la necesidad de transparencia, porque muchos colegas conservadores asociaban la transparencia del BCE con el quebrantamiento de su independencia. 
Esos malentendidos se han suprimido ahora claramente. 
Incluso en las actas del Banco Central Europeo veo que se ha llegado de forma anónima a un acuerdo. 
En tercer lugar, en las audiencias se ha dejado muy claro que en este momento se ha alcanzado la estabilidad de precios, cuya necesidad fue suscrita claramente por mi Grupo, y que el BCE se confrontará inmediatamente con la cuestión de cómo dará forma a su tarea secundaria, a saber, el apoyo a la política económica común. 
Desgraciadamente he de constatar que las respuestas a esta pregunta fueron siempre demasiado imprecisas. 
Parecía como si para los banqueros de los bancos centrales la renta sólo pudiera subir. 
Mi última conclusión es que los candidatos exhibían una conciencia suficiente de las inestabilidades que la política monetaria a nivel europeo lleva consigo y no venían con las tradicionales soluciones nacionales para los problemas europeos. 
Esta sinceridad de espíritu me hace a mí mismo tener suficiente confianza en la fertilidad del diálogo constante que comenzaremos con el BCE. 
Para el Parlamento ése diálogo se convertirá en una de sus tareas más importantes. 
Es un reto fascinante que aceptaremos gustosos. 
Presidente, al escuchar al Sr. Metten, a uno se le queda un desagradable sabor de boca. 
Como si los socialistas fueran los únicos en este Parlamento que defienden la franqueza y la transparencia cuando se trata del Banco Central. 
No dejemos que nadie sea presa de malentendidos, el PPE estaba sólo en contra de que el Parlamento pudiera echar por tierra la política del Banco Central. 
Quisiera recordar también por un momento las palabras excesivamente duras que el Sr. Metten ha utilizado para echar por tierra a uno de los candidatos, o mejor dicho, para abstenerse en la votación, pero mañana o esta misma tarde volverá a votar a favor. 
Extraño, Presidente, creo el Sr. Metten no es consecuente con sus críticas. 
Presidente, en lo que respecta a la audiencia, las respuestas del Sr. Duisenberg a mis preguntas me tranquilizaron. 
Él mismo determinará- dice- cuándo dejará su cargo. 
Le parece absurdo hablar ahora de la nacionalidad de su sucesor, no digamos ya del nombre. 
A pesar de la frecuente limpieza de dientes por consejo del Sr. Duisenberg, a nosotros todavía no nos ha desaparecido del todo el mal sabor de boca del fin de semana del 2 y 3 de mayo. 
Resulta que el ser presidente en semejante caso debe ser abordado también como algo realmente profesional. 
La desconfianza sigue estando un poco presente en las cabezas y los corazones de las personas. 
Para borrar toda duda en las personas, hago un llamamiento desde aquí al Sr. Duisenberg para que siga por lo menos hasta el 2003 para mostrar con ello de manera irrefutable la independencia del Banco Central Europeo con respecto a la política. 
Las respuestas a las preguntas acerca de la responsabilidad democrática conforman un punto central para el Parlamento. 
El candidato a presidente está dispuesto a comparecer cuatro veces al año ante el Parlamento Europeo. 
El informe trimestral será entonces objeto de debate. 
El vicepresidente Noyer dice ver también la importancia de esta responsabilidad. 
Los presidentes de los bancos centrales nacionales pueden explicar la política monetaria en los parlamentos nacionales. 
Es comprensible por parte del Sr. Duisenberg el hecho de no acceder a los deseos del Parlamento francés de hacer comparecer a los propios miembros de la junta directiva del BCE en los parlamentos nacionales. 
Imagínense, el Sr. Duisenberg en la Assemblée francesa, Marianne se caería de su virginal pedestal. 
Una observación y una pregunta. 
Mi observación es ésta: desde el punto de vista neerlandés la Ley monetaria de 1987 deberá ser modificada por ley y ésa sería una ocasión excelente para utilizar el nuevo recurso del referéndum, porque todo ciudadano neerlandés está relacionado con el florín. 
Ésta es la ocasión para preguntar al pueblo neerlandés: ¿quieren ustedes renunciar por mayoría al florín o no? 
Ésa es mi observación. 
Se ha dado suficiente poder a los más de 40.000 que prescribe la ley para poder iniciar un referéndum. 
Mi pregunta. Tras los pasos de los dos oradores neerlandeses que me han precedido: ¿estamos emitiendo un juicio sobre un presidente que va a dimitir por libre voluntad soberana en mitad del trayecto, por propia voluntad soberana, o emitimos un juicio sobre un Presidente que hace uso de su soberanía- la Sra. Peijs se ha pronunciado en el mismo sentido- quedándose 8 años? 
Porque existe esa ambigüedad: el Presidente del Gobierno ha hablado en ese sentido, pero el Ministro de Hacienda en otro muy distinto. 
Señor Presidente, durante el debate acerca de la designación del Banco Central Europeo y de su directorio, los miembros del Parlamento Europeo han mencionado en numerosas ocasiones que este banco deberá aspirar a imprimir a sus actividades la mayor transparencia posible, así como a mantener en todo momento informado al Parlamento acerca de sus trabajos. 
Desearía abordar esta cuestión desde la otra perspectiva, es decir, en el sentido de que esta transparencia redunda en beneficio del propio banco y resulta, sobre todo en esta primera fase, imprescindible. 
Para alcanzar con éxito sus objetivos, el Banco Central Europeo necesita no sólo la confianza de los mercados, sino también la de los ciudadanos. 
En este punto, el Parlamento Europeo podría colaborar con el Banco Central como un buen socio. 
Un diálogo abierto con el Parlamento ofrece al banco la respuesta ciudadana que necesita y reduce los prejuicios que los ciudadanos pudieran albergar contra éste. 
Espero que los miembros que salgan elegidos para ocupar el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, todos los cuales cuentan con mi apoyo, comprendan los beneficios que se desprenden de la transparencia y de la democracia. 
Señor Presidente, me complació y honró asistir a todas las audiencias de los gobernadores del Banco Central y los cinco miembros restantes del Consejo Ejecutivo celebradas en Bruselas la semana pasada. 
Dichas audiencias fueron un éxito resonante para el Parlamento Europeo y, por tanto, para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Además, creo que nuestras audiencias contribuyeron un poco a mitigar la apariencia de incertidumbre que caracterizó la reunión celebrada por el Consejo en Bruselas el fin de semana anterior, en la que la elección final de Duisenberg y Trichet para un mandato de 12 años en la dirección del BCE fue un éxito, pero la naturaleza del acuerdo en que se basó dejó que desear. 
¿Por qué fueron un éxito las audiencias del Parlamento? 
En primer lugar, nuestro interrogatorio forense propició el toque a rebato por parte de Wim Duisenberg respecto de su independencia. 
El Sr. Duisenberg no estuvo dispuesto a repartirse el cargo con nadie. 
Se le ha encomendado un mandato de ocho años y sólo él decidirá la fecha de su marcha. 
En segundo lugar, Wim Duisenberg hizo constar, como también la Sra. Hämäläinen y el Sr. Issing, que, de conformidad con el artículo 105 del Tratado, una vez establecido y garantizado el principio primordial de la estabilidad de los precios, constituye una obligación y no simplemente una opción sabiamente ejercida utilizando todos los instrumentos disponibles que el BCE apoye los amplios objetivos de la Unión Europea para fomentar el crecimiento y el empleo. 
Hay 18 millones de desempleados, como acaba de decir el Presidente en ejercicio Gordon Brown. 
Dicha obligación puede entrañar la reducción de los tipos de interés en toda «Eurolandia» para estimular el crecimiento. 
En tercer lugar, el PE estableció un diálogo claro y futuro con el presente consejo del BCE. 
Como acaba de exhortarnos el ministro de Hacienda británico Sr. Brown, celebraremos audiencias trimestrales intensas con el BCE no para obstaculizar su independencia ejecutiva, sino para invocar la necesaria rendición democrática de cuentas a la que incluso ese augusto y poderoso órgano debe someterse: la verdad es que va a ser «augusto» para los ciudadanos. 
A ese respecto, deploro el editorial de The Times del lunes, que, con su habitual ignorancia, menospreció la futura importancia del PE para lograr una rendición democrática de cuentas. 
El Parlamento Europeo está llegando a la mayoría de edad. 
Después de esas audiencias, le están apareciendo las primeras canas y dentro de unos meses las éminences grises del Parlamento iniciarán su histórica tarea de entablar un diálogo periódico con el BCE. 
Ésa es la tarea que situará para siempre al Parlamento Europeo en el mapa político. 
A partir de lo revelado por las audiencias, creo que estamos a la altura de esa tarea y espero con interés y agrado la cooperación del Parlamento Europeo con el equipo del Sr. Duisenberg en pro del futuro común y apasionante de Europa. 
Señor Presidente, Señorías, yo creo que debemos felicitar al Consejo, ya que ha propuesto un excelente Comité Ejecutivo fundacional para el BCE. 
Con ello ha cumplido plenamente y en todo con sus obligaciones de conformidad con el artículo 109 a del Tratado. 
El ulterior debate sobre la duración del mandato del futuro Presidente resulta innecesario, a mi parecer, pues el Sr. Duisenberg ha sido designado para un mandato de ocho años, lo cual está en conformidad con el Tratado. 
El Tratado prevé, por otra parte, la decisión por unanimidad del Consejo; por lo tanto, la designación es una decisión política y, por consiguiente, es preciso negociar los nombres de las personas. 
La independencia del Comité Ejecutivo la garantiza exclusivamente la imposibilidad de una reelección. 
Éste es un tema que ni siquiera abordamos, en realidad, con el Sr. Duisenberg, sino que sólo se habló de la duración del mandato. 
En la audiencia quedó de manifiesto que se nos han presentado seis excelentes candidatos y profesionales. 
Hubo algunas diferencias en sus manifestaciones y su presentación ante el Parlamento, pero la competencia de los candidatos es en conjunto absolutamente indiscutible. 
Todos manifestaron que proponen una combinación de control de la oferta monetaria y objetivos en materia de inflación como el instrumental más importante para garantizar la estabilidad del valor interno del euro. 
Lo cierto es que el objetivo principal, de conformidad con el artículo 105, es la estabilidad del valor del dinero y que el empleo sólo puede ser una consecuencia de la misma, en contra de lo que ha expuesto la Sra. Randzio-Plath. 
Sólo un euro estable, una coordinación de la política financiera y el estricto cumplimiento del artículo 104, en el contexto del Pacto de estabilidad, ofrecen una garantía continuada de éxito. 
La inflación no resuelve ninguno de los problemas del mercado de trabajo y así se dijo claramente en la audiencia. 
Permítanme una última observación dirigida al colega Metten. 
Los colegas del Grupo socialista y comunista han puesto en duda la calificación de un candidato. 
Yo tengo la impresión- y esto también quedará patente en la votación- de que esto no obedece a una objeción realmente importante en cuanto a su idoneidad, sino al hecho de que dicho candidato fue asesor del Presidente demócrata cristiano de un Estado federal y también colaboró durante muchos años con la Federación empresarial. 
Yo les ruego que dejen de lado estos argumentos y que se sumen al voto afirmativo en favor de un Consejo Ejecutivo razonable y adecuado. 
Señor Presidente, estimados colegas, creo que la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial ha llevado a cabo, de una forma tan ejemplar que honra a nuestro Parlamento, la labor de las audiencias de los candidatos a la administración del Banco Central. 
Para los propios candidatos el Tratado determina que son personalidades paneuropeas de prestigio reconocido y de capacidad profesional. 
En nuestra apreciación la nacionalidad no juega ningún papel y no debe jugarlo pero, por supuesto, debe desempeñarlo en su concepción de la política económica. 
Esto es algo que no es posible ignorar. 
Pero todas estas cosas, señor Presidente, quizás sean temas de una importancia secundaria ante el hecho de que ya haya en el mundo dos grandes bancos centrales, uno es el nuevo Banco Central Europeo y el otro es la Reserva Federal de los Estados Unidos. 
Esperamos que estos dos grandes organismos colaboren en la estabilización del sistema monetario internacional y en la economía mundial. 
Sin embargo, comparando los objetivos estatutarios de los dos organismos me veo obligado a reconocer la supremacía del organismo americano. 
Los objetivos que fija el estatuto del Banco Central Europeo son unilaterales y están formulados con un poco de torpeza. 
Con las prisas por firmar la necesidad de la estabilidad de los precios, que naturalmente todos compartimos cuando se ejerce de una manera lógica y responsable, los que redactaron el estatuto olvidaron el objetivo técnico principal de cada banco central de proporcionar dinero a la economía y relegaron el empleo a una posición completamente secundaria. 
Por el contrario, el estatuto del Federal Reserve comienza por la necesidad autónoma de que el banco central procure dinero a la economía cuidando por igual la estabilidad de los precios, el empleo y la altura adecuada de los tipos de interés. 
Este carácter unilateral del estatuto o bien ha obligado o bien ha permitido a los candidatos presentar un frente unitario en el tema de la estabilidad de los precios y esencialmente, como otros Poncios Pilatos, lavarse las manos en cuanto al tema del empleo. 
En este tema hubo matices. 
El papel del Parlamento, en el marco de la aceptación general de todos los candidatos y en el marco del respeto, claro, de la independencia del banco central, es el de mostrarles que con la política monetaria que van a ejercer tendrán que corregir la unilateralidad del estatuto y moverse en la dirección de la Reserva Federal americana. 
Quiero creer que éste era el sentido de los juicios que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos formula sobre los candidatos y espero que las voces de crítica que se han escuchado sean tenidas en cuenta por los futuros miembros del Comité Ejecutivo. 
Señor Presidente, hasta el día de hoy la estabilidad de los precios la han cargado sobre sus espaldas los 20-30 millones de parados. 
Ya es hora de que una parte de este peso lo levante una política económica y monetaria más eficiente, más sensible y que los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo desempeñen su papel en esto. 
Señor Presidente, los diputados británicos del Grupo del Partido Popular Europeo se proponen votar contra el nombramiento del Sr. Duisenberg y del Sr. Noyer. 
No es un voto contra ellos personalmente: es un voto contra el acuerdo concertado en la Cumbre de Bruselas de los días 2 y 3 de mayo. 
Tampoco es un voto contra la Unión Monetaria. 
Sus Señorías saben que yo nunca lo toleraría. 
Al contrario, es un voto a favor del éxito de la moneda única. 
Dicho éxito depende no sólo de la credibilidad del nuevo Banco Central, sino también de la credibilidad de todas las instituciones europeas y muy en particular del crédito de esta Asamblea. 
El 30 de abril votamos por abrumadora mayoría contra cualquier modificación del mandato de ocho años del Gobernador y contra la fijación por adelantado de la nacionalidad de su sucesor. 
Menos de tres días después, el Consejo nos tiró a la cara esas votaciones. 
Las posteriores observaciones que el Sr. Duisenberg improvisó ante nosotros no modifican en absoluto ese hecho. 
Sé que muchos de Sus Señorías comparten la indignación al respecto. 
Unos han hablado claramente y después han guardado silencio. 
Otros han procurado ocultar- y debería darles vergüenza- su sumisión a los Jefes de Gobierno al criticar al Sr. Solans. 
Ésa es la vía de los cobardes. 
Algunos de nosotros debemos tener el valor de revelar lo que este Parlamento cree, pero no puede decir. 
Señor Presidente, el Tratado, como todos ustedes saben, contiene un diseño claro sobre el funcionamiento del Banco Central Europeo, en el cual sobresale la autonomía e independencia de este Banco Central, que debe ser inmune a todo tipo de presiones o instrucciones políticas. 
Pero, al mismo tiempo, el Tratado reserva un momento esencial para el momento político, esto es, el momento del nombramiento. 
Nombramiento que corresponde al Consejo, pero que prevé también la expresión del parecer del Parlamento tras sesiones de audiencia o interrogatorio de los candidatos propuestos por el Consejo. 
Pues bien, en estos momentos yo tengo la satisfacción de poder afirmar que el Parlamento Europeo ha desempeñado su tarea de manera correcta, permitiendo corregir la mala impresión que había causado la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del fin de semana precedente. 
Las respuestas dadas por el Sr. Duisenberg ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial han permitido disipar dudas sobre algunos aspectos que habían quedado oscuros en la Cumbre, en particular sobre la eventual retirada del Sr. Duisenberg. 
Leo directamente del Acta literal de la sesión: » I do not intend to stand down at a specific moment in time» , decía el Sr. Duisenberg. 
E insistía: » I want to emphasize that the decision to step down will be my decision and mine alone». 
Creo que es una clarificación importante, sobre todo en relación con la observación que ahora nos hacía el Sr. Stevens. 
El segundo punto al que me quiero referir es de especial importancia para el Parlamento y, fundamentalmente, para aquellos diputados con una sensibilidad progresista o de izquierdas, y es el relativo a la disposición de los candidatos a hacer compatible la función esencial de mantener la estabilidad de precios, de mantener un nivel bajo de inflación, con los objetivos generales de la política económica impulsada por la Unión- o que debe ser impulsada por la Unión -, orientada fundamentalmente al crecimiento y a la creación de empleo. 
Ha sido éste un ámbito de consideraciones en el cual hemos obtenido en general respuestas satisfactorias de los seis candidatos, aunque con las lógicas diferencias de matiz. 
En tercer lugar, hay un punto que es especialmente importante para nosotros, y es el de las relaciones con el Parlamento Europeo, que a partir de ahora va a ser el interlocutor privilegiado, debe ser el interlocutor privilegiado en la tarea de control democrático del futuro Banco Central Europeo. 
Igualmente, en este campo hemos obtenido respuestas satisfactorias de todos los miembros, asegurándonos además un punto que era importante: el papel de interlocutor privilegiado del Parlamento Europeo. 
Los Parlamentos nacionales tendrán su función con los Gobernadores de los Bancos centrales nacionales, que continuarán existiendo, naturalmente, a nivel nacional. 
Y por último, hay un tema que también es muy importante para nosotros: el de la transparencia e información pública sobre las decisiones de política monetaria y sobre los fundamentos de las mismas. 
Éste es un punto esencial, muchas veces afirmado como esencial por nuestra parte, en el cual hemos obtenido respuestas satisfactorias. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hace 128 años ya se planteó en Europa en cierta ocasión el tema de la ocupación de un cargo. 
En aquel caso, en España. 
El Gobierno francés envió un telegrama a Bad Ems que, como resultado de algunas modificaciones introducidas, permitió crear el estado de ánimo adecuado para justificar la preparación para la guerra. 
Ahora ha vuelto a producirse una disputa por la designación para un cargo, que también ha enfrentado sobre todo a alemanes y franceses. 
Sin embargo, los dos contrincantes principales se reunieron al cabo de dos días en Aviñón y planificaron cómo deseaban seguir configurando el futuro de Europa. 
Esto permite apreciar con toda claridad, a mi parecer, la enorme diferencia con aquella ocasión anterior, o sea, cuánto hemos avanzado en Europa. 
Ahora se discute en instituciones comunes sobre cuestiones que antaño provocaron guerras y luego todos vuelven a sentarse para seguir trabajando juntos. 
Esto expresa plenamente el alcance de la estabilidad política que hemos logrado actualmente en Europa. 
Esta estabilidad política también pone los cimientos para la estabilidad de la política económica y monetaria que deseamos alcanzar en el marco de la Unión Monetaria Europea. 
No se trata sólo de una opción personal, sino que el Tratado de Maastricht y el Pacto de estabilidad establecen un marco, con los requisitos de independencia del Banco Central y del conjunto del Sistema de Bancos Centrales, etc., que asienta ese propósito sobre un fundamento sólido. 
Sin embargo, también deberíamos dejar claro que es preciso defender la independencia del Banco Central Europeo. 
En el documento del Sr. Duisenberg figura la primera fecha en la que podría dejar el cargo, pero no la fecha definitiva. 
Por consiguiente, su definición de la situación es correcta cuando afirma que dentro de cuatro años se habrá avanzado y estaremos en condiciones de defender la independencia del Banco Central Europeo si cualquier Gobierno nacional llegase a ejercer una presión impropia sobre su Presidente y su buen equipo. 
Permítanme que añada una última observación. 
La enorme irritación que suscitó la designación para el puesto de Presidente de la Comisión y que ahora ha vuelto a repetirse tiene una sola causa: se trata de cuestiones que, hoy como ayer, deben decidirse por unanimidad. 
El Parlamento debe insistir, por lo tanto, en la próxima ronda de conversaciones institucionales para que el Consejo pueda decidir estos nombramientos por mayoría en el futuro, lo cual evitaría la repetición de situaciones parecidas. 
Señor Presidente, desearía agradecer a la Sra. Randzio-Plath el excepcional trabajo que ha realizado con motivo de este valioso informe. 
El Banco Central Europeo va a disponer de la mayor libertad de actuación del mundo, y su directorio está compuesto por políticos de grandísima envergadura. 
Por lo tanto, está claro que no puede haber poder sin responsabilidades. 
Ni el dinero ni, de manera particular, la política monetaria son en absoluto neutrales. 
Tienen algo de caliente, de eléctrico, es poder puro y duro que afecta a todos y a cada uno de los ciudadanos de la Unión. 
Las audiencias son importantes. 
No nos hemos pronunciado atendiendo a criterios políticos, ya que en ese caso habría habido cinco candidatos inadecuados desde nuestro punto de vista. 
Para muchos de nosotros, hay un candidato que no reúne los requisitos. 
Hay que decir que el sistema bancario es extremadamente sensible si no soporta siquiera la abstención del Parlamento acerca de un único miembro del Comité Ejecutivo. 
El aspecto favorable del asunto es que, de esta manera, hemos entablado un estrecho diálogo con el Banco Central y, sin ningún lugar a dudas, nos mostraremos estrictos a la hora de abordar las políticas en materia de economía y de empleo. 
A modo de aviso, no vayan a creerse que el Parlamento se va a convertir, como si de un medio de prensa se tratara, en un canal de difusión del Banco Central Europeo. 
El Parlamento creará un orden de procedimientos y aportará los marcos socioeconómicos en los que deberá practicar su política monetaria el BCE. 
Estimo extremadamente importante que el BCE informe en sus evaluaciones no sólo sobre su política monetaria, sino también sobre la medida en que esta política apoya a la hora de la verdad la política económica. 
Su objetivo fundamental es la mejora de la situación del empleo, que representa el principal problema de la Unión. 
El euro no podrá ser en todo momento una moneda estable si se basa en un desempleo tan masivo como el actual. 
Algunos de los candidatos al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo han reconocido que la política monetaria podría repercutir de distinta manera en las diversos países participantes en este proyecto. 
De todos es sabido que los países afrontan en momentos distintos los diversos ciclos económicos. 
Los ciclos económicos y la situación del empleo son distintos para los países pequeños, como Finlandia, y para los países grandes. 
El Banco Central Europeo deberá tener en cuenta también la posibilidad de alteraciones asimétricas a la hora de definir una política monetaria adecuada para Europa. 
Acabamos de emprender la cooperación con el Banco Central Europeo. 
Creo, y así lo espero, que será una cooperación buena, fructífera y significativa. 
Presidente, basándonos en el currículum vitae de los candidatos y en sus respuestas orales y por escrito a nuestras preguntas, hemos podido comprobar que cada uno de los candidatos propuestos merece nuestro apoyo. 
Estoy convencida de las cualidades de estos cinco hombres y de la única mujer, de su integridad, su determinación y la aplicación del Tratado en todos sus aspectos y de su útil experiencia para el cumplimiento digno de su mandato. 
Todos los candidatos han dado muestras de su disposición a estar en permanente diálogo como Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo con nuestra Casa Europea. 
Los candidatos además han mostrado de antemano que están dispuestos a funcionar como equipo. 
Después de haber oído a los candidatos y haber leído las conclusiones del Consejo Europeo, sólo podemos comprobar que se respetaron el Tratado y los estatutos del Banco Central Europeo. 
Por ello votaré con agrado a favor del nombramiento de cada uno de los candidatos. 
Desgraciadamente no puedo manifestar ese mismo agrado sobre la marcha del Consejo Europeo. 
La población europea tiene pocas palabras de alabanza para quien es responsable de la mala preparación de este Consejo y para quien incluso en un momento histórico como éste no logra reprimir su necesidad de dar preferencia al prestigio nacional de su país sobre un interés común europeo bien entendido. 
Pero los jefes de Gobierno que han llegado a reunir la paciencia y el valor político de almorzar durante horas y hacer así posible el resultado que hoy respaldaremos, ésos sí que se merecen nuestras felicitaciones. 
Esas felicitaciones son extensibles también para los que han organizado el trabajo en nuestra Comisión de Asuntos Económicos. 
Espero, colega Metten, que en la próxima ocasión los Grupos conserven la libertad política de organizarse cada uno internamente como ellos mismos lo consideren oportuno. 
El procedimiento de toma de decisiones del Consejo debe ser modificado, naturalmente. 
No puede permitirse por más tiempo que un solo país pueda vetar las resoluciones de nombramiento. 
Señor Presidente, la creación del euro es uno de los acontecimientos de mayor relevancia. 
Será una nueva moneda de referencia de una gran potencia económica, a la que el euro obligará- así lo espero- a volverse una gran potencia política. 
El euro estará gestionado por un Banco Central independiente y las audiencias que celebramos con los miembros designados para su dirección fueron algunos de los momentos culminantes de la vida del Parlamento Europeo. 
Pero el proceso de elección de la dirección del Banco Central por el Consejo fue lamentable. 
Ahora bien, el crédito de los miembros designados y la solidez de las economías europeas fueron suficientes para que los mercados financieros disiparan el recuerdo de decisiones nacionalistas que no deben- así lo esperamos- repetirse. 
Ésta no es, en conjunto, la dirección ideal que esperaba que este Consejo Europeo nos presentase. 
Como es natural, no tuve la misma apreciación de todos los candidatos. 
Pero las audiencias que celebramos nos permitieron obtener las necesarias garantías de que todos los miembros de la dirección, en particular el Presidente Wim Duisenberg, reconocen que la legitimidad y la credibilidad del Banco Central Europeo y la fortaleza del euro estarán tanto mejor garantizadas cuanto mejor sea su rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo y cuanto más profundo sea el diálogo monetario que vengan a establecer con nosotros. 
Todos los miembros oídos nos dieron garantías de ser grandes conocedores de la materia y de una integridad comprobada a lo largo de su vida. 
Quisiera felicitar en particular a la Sra. Hämäläinen, no sólo porque cumplimos años el mismo día, sino sobre todo por el placer que me da ver a una mujer en la dirección del Banco Central Europeo. 
Esperemos que en el futuro se le unan otras, como es natural en la democracia. 
Así como nosotros pudimos conocer mucho mejor la dirección del Banco Central Europeo, también ésta comprendió, desde luego, que para nosotros la política monetaria no es neutra y que los diputados europeos, en contacto con los parlamentos nacionales, estarán atentos y vigilantes para que el Banco Central Europeo desempeñe en su funcionamiento todas las funciones que el Tratado le encomienda: estabilidad de los precios, pero también lucha contra el desempleo, apoyo al crecimiento económico y la cohesión económica, social y regional en Europa. 
Señor Presidente, permítaseme comenzar felicitando a la Sra. Randzio-Plath por sus incansables gestiones como ponente y a los diputados y al personal de la Secretaría del Parlamento por su labor. 
Una moneda única lograda mejorará el Mercado Único, lo que contribuirá al crecimiento y la consecución de altos niveles de empleo, acordes con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. 
A largo plazo, propiciará la estabilidad monetaria y económica y una inflación baja. 
Creo que este Parlamento se ha comportado con dignidad. 
Nuestras gestiones el jueves y el viernes de la semana pasada, durante las audiencias, han ofrecido a nosotros y al mundo una vislumbre de los sentimientos y mentalidades de nuestros futuros gobernadores del BCE, de un modo que nunca se había visto. 
El compromiso de transparencia es, como ha dicho el Presidente en ejercicio en su anterior intervención, una idea cuyo momento ha llegado. 
Además, todos los candidatos expresaron su compromiso con diversas formas de rendición democrática de cuentas, cosa que debemos acoger con los brazos abiertos. 
Todos los candidatos eran competentes y algunos de ellos sostenían opiniones que algunos de nosotros no compartíamos. 
Pero afirmar, como lo ha hecho el Sr. Stevens, que votar contra la presidencia del Sr. Duisenberg es una ayuda para el euro o para el papel de este Parlamento es una deformación de la verdad y un engaño. 
Las observaciones del Sr. Stevens son más que nada una cortesía para con su dirigente, el Sr. Hague, en Westminster. 
Todos somos europeos y las decisiones adoptadas en esta Asamblea van encaminadas a favorecer los intereses de Europa en conjunto: ésta no es una organización intergubernamental. 
Estamos en el umbral de una era en la que en los próximos años participarán- estoy convencido- los 15 Estados miembros: una era que brindará empleo y prosperidad a Europa de un modo nunca visto y atribuirá a los ciudadanos de Europa un peso y una influencia en el mundo acorde con su importancia. 
Espero con impaciencia su llegada. 
Señor Presidente, Señorías, el primer fin de semana de mayo fue un momento histórico para la Unión Europea. 
La Unión Europea enfiló el rumbo hacia el siglo XXI con la decisión de la introducción de la moneda común en once de los quince países miembros el 1 de enero de 1999. 
Este acontecimiento histórico se vio ensombrecido, sin embargo, por el debate sobre la designación del futuro presidente del Banco Central Europeo. 
En los medios de comunicación acabó ocupando el primer plano únicamente la pregunta sobre si el mandato de Wim Duisenberg durará cuatro u ocho años. 
Yo lamento profundamente que haya sido así. 
Ése no era y no es en realidad el tema más importante. 
Es acertado que los mandatos de los seis miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo sean de distinta duración. 
Se estableció así para evitar que en el siguiente relevo todo el equipo rector dejase a la vez sus puestos. 
Esto garantiza la transmisión de las experiencias acumuladas. 
Por lo tanto, una menor duración del mandato no merma en absoluto la independencia del Banco Central Europeo. 
Ésta se manifestará en su actuación cotidiana. 
También es acertado que la designación de la cúspide del Banco Central Europeo sea una decisión política. 
No hay ningún país del mundo donde no sea así. 
Sin embargo, el Banco Central Europeo será totalmente independiente en su actuación. 
¿Cuál fue la causa última del desastre del primer fin de semana de mayo? 
Lo cierto es que la preparación de la reunión del Consejo del 2 de mayo de 1998 no fue óptima. 
Como es sabido, es tarea de la Presidencia de turno preparar intensamente con antelación las decisiones sobre nombramientos, que deben adoptarse por unanimidad. 
La Presidencia luxemburguesa había empezado a trabajar en ese sentido, concretamente con una propuesta muy próxima a la solución que ahora se ha alcanzado. 
La Presidencia británica prosiguió luego estos esfuerzos. 
Lamentablemente, la propuesta que el Primer Ministro británico, Tony Blair, presentó finalmente el 2 de mayo a los Jefes de Estado y de Gobierno durante la comida, no obtuvo la aceptación general. 
Una reunión de urgencia con los Jefes de Gobierno neerlandés y francés, que, cada uno por su lado, mantenían bloqueada la decisión con la defensa de sus respectivos candidato, resultó lamentablemente infructuosa. 
Al fin, el Canciller federal alemán Helmut Kohl se vio obligado a asumir el papel de mediador y aportó la solución que ahora tenemos sobre la mesa, en el curso de una reunión que se describiría luego como la comida más larga del mundo y que duró desde las 14.00 horas hasta las 3.00 de la madrugada. 
Por ello, Helmut Kohl merece nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. 
(Aplausos contenidos) Con la designación de Wim Duisenberg, el primer presidente del Banco Central Europeo será el candidato que deseaban 14 países miembros y también el candidato deseado por el Parlamento Europeo. 
Esto es particularmente importante precisamente en los primeros años decisivos del Banco Central Europeo. 
El Sr. Duisenberg acumuló experiencia académica en los primeros años de su vida profesional. 
A continuación entró en contacto con el mundo de la política monetaria internacional como resultado de su trabajo en el Fondo Monetario Internacional. 
Fue Ministro de Finanzas neerlandés y luego desempeñó con mucho éxito la Presidencia del Banco Central neerlandés. 
Actualmente es Presidente del Instituto Monetario Europeo. 
Wim Duisenberg reúne, por consiguiente, los requisitos más adecuados para ocupar el cargo de primer Presidente del Banco Central Europeo, tarea a la cual podrá aportar la experiencia de toda una vida. 
También debemos tomar en consideración, por otra parte, que todo un equipo tomará posesión de sus cargos y el Presidente del Banco Central no adoptará sus decisiones a solas, sino que éstas serán adoptadas por un equipo. 
Éste cuenta con un excelente capitán en la persona del presidente Wim Duisenberg. 
El equipo contará, además, con otros dos miembros de mucho peso: Padoa-Schioppa, de Italia, un hombre extraordinario, a quien todos conocemos, y Otmar Issing, primer economista del Banco Federal Alemán, catedrático y autor de obras fundamentales sobre política y teoría monetarias. 
Yo mismo tuve que estudiar sus textos antes de empezar a ocuparme de los temas de política monetaria. 
En la audiencia, me sentí obligado a decirle que en realidad no debería ser yo quien examinase al profesor Issing, sino él a mí. 
Es decir, que se trata de una persona eminente. 
El profesor Issing ha sido designado para un mandato de ocho años y, por lo tanto, estará presente durante los ocho primeros años. 
Por otra parte, sabemos- también el colega Donnelly lo sabe- que las decisiones sobre los tipos de interés no serán adoptadas en última instancia únicamente oír el Presidente y el Comité Ejecutivo, sino que los decidirá el Comité Ejecutivo y el conjunto del Consejo de Gobierno del Banco Central, en el cual también estarán representados Trichet y Tietmeyer. 
En otras palabras, la andadura se iniciará con un equipo excelente. 
Yo sólo puedo recomendar el voto afirmativo para el mismo. 
Señor Presidente, este debate y, de hecho, las sesiones del Parlamento han sido una prueba de rendición democrática de cuentas y de creación de consenso que dice mucho a favor de este Parlamento. 
Eso significa que las futuras relaciones entre el Parlamento y el Banco Central Europeo serán las más idóneas. 
Creo hablar en nombre de todo el Consejo de Ministros al felicitar a este Parlamento por la forma excelente como se han desarrollado dichas sesiones. 
Tan sólo quisiera añadir dos cosas. 
En primer lugar, el martes transmitiré a los Ministros de Hacienda no sólo el voto del Parlamento, sino también sus opiniones. 
Le diré lo que creo que han dicho aquí todos los oradores- la opinión de Sus Señorías, mi opinión, la opinión de todo el Consejo de Ministros- de que se debe confirmar- y se confirmará- el Tratado en todos los sentidos. 
En segundo lugar, transmitiré la idea de que ésta es una operación de consulta que no es el fin, sino el comienzo, de un proceso. 
La transparencia y la rendición democrática de cuentas a las que casi todos los oradores se han referido en sus intervenciones es, en mi opinión y en vista de estas sesiones, absolutamente esencial, no simplemente en sí misma, porque es buena para el funcionamiento de la moneda única, sino también porque contribuirá a una mayor estabilidad que permitirá la consecución de niveles altos de crecimiento y empleo en Europa. 
Así, pues, dado que la consulta ha sido eficaz y lo será en el futuro, insto a Sus Señorías a que transmitan sus consultas a los Ministros de Hacienda europeos y al Consejo Europeo con la orientación de los discursos pronunciados hoy aquí. 
Señor Presidente, yo estoy preocupado por no haber sido capaz de distinguir entre la ironía y las manifestaciones serias en la intervención del Sr. von Wogau, si he de guiarme por la reacción del Sr. Brok. 
Presidente, la Sra. Peijs me ha atacado en dos puntos. 
En primer lugar dice que el PPE siempre ha estado a favor de una transparencia mayor. 
No tiene buena memoria. 
Invito a todo el mundo a leer su discurso en el anterior informe Randzio-Plath, eso da una respuesta definitiva. 
En segundo lugar, acerca de lo consecuente con mis soy con mis convicciones en lo relativo a la crítica que he expresado hacia un par de candidatos. 
Invito a todo el mundo a consultar el resultado de las votaciones principales y entonces se verá lo consecuentes que son mis convicciones. 
Señor Presidente, a la vista de la alusión del colega Wolf, yo quiero decirle que le haré llegar con mucho gusto el texto escrito de mi anterior intervención. 
Si la contrasta con los hechos reales, si pregunta, por ejemplo, a Gordon Brown si realmente ocurrió como digo, constatará que el Presidente en funciones del Consejo, Gordon Brown, ratifica mi descripción de los hechos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Cooperación euromediterránea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
Señor Presidente, Señorías, en estos días, el proceso euromediterráneo está haciendo frente al difícil e importante momento de su reanudación, tras la debilidad demostrada en Malta, el complicado acuerdo con Jordania, el retraso de la ratificación de los acuerdos euromediterráneos ya celebrados, los dramáticos acontecimientos en Argelia, el bloqueo del proceso de paz, la compleja candidatura de Chipre y, por último, la difícil suspensión de los programas MED. 
El diálogo euromediterráneo volverá a ponerse en marcha en Palermo, donde el próximo mes de junio tendrá lugar la Cumbre informal de ministros de Asuntos Exteriores que deberá abrir el camino- se espera que más fácil- hacia la próxima Conferencia de Berlín. 
Este relanzamiento parte con buenos augurios: ante todo la reanudación de los programas MED y, en consecuencia, una recobrada confianza en la posibilidad de devolver una vez más a la sociedad civil y con financiaciones adecuadas la fuerza necesaria para unir las dos orillas del Mediterráneo. 
Otra señal positiva es la inminente celebración del Foro euromediterráneo que no es más que la ultimación de la Declaración de Barcelona. 
A pesar de estos buenos augurios, sigue existiendo, sin embargo, el riesgo de que el difícil proceso de paz entre Israel y Palestina, que también en estos días está poniendo de manifiesto todas sus problemáticas y la falta de una adecuada representación diplomática europea en las negociaciones dirigidas desde Washington, repercuta negativamente- como ya sucedió en Malta- en la iniciativa europea de consolidar el diálogo con la ribera meridional del Mediterráneo. 
La cuestión de Oriente Próximo aparece en el proceso de Barcelona pero, inevitablemente, pesa muy negativamente en su desarrollo y sigue siendo quizás uno de los puntos más débiles del propio proceso. 
Si la política exterior común de la Unión no está todavía a la altura de estos cometidos, quizás el futuro Foro euromediterráneo podrá servir de ayuda para mantener abierta la vía del diálogo entre todas las partes. 
Hoy estamos debatiendo también el relanzamiento de los programas MED. 
Mi deseo es que el mismo sea total y efectivo. 
Su culminación se logrará en cuanto se supere del todo la etapa de emergencia y actuando conforme a lo que el año pasado votó este Parlamento a raíz del informe del Sr. Fabra Vallés. 
El relanzamiento total del diálogo euromediterráneo a través de la cooperación descentralizada culminará, de hecho, sólo cuando se relancen todos los programas MED, en particular los dirigidos a conseguir una mayor implicación de la sociedad civil y de las pequeñas y medianas empresas ribereñas. 
La eficacia sólo se podrá lograr cuando la Comisión Europea se dote del personal suficiente y se excluya claramente de la participación en los nuevos programas a los operadores que en el pasado adquirieron compromisos de cofinanciación y luego no los respetaron. 
Espero que la Comisión se haya dado cuenta del elevado coste- no sólo en términos financieros cuantificables, sino también en términos difícilmente cuantificables que ocasiona la pérdida de confianza en las Instituciones europeas de los terceros países mediterráneos y sobre todo de la sociedad civil- que se ha originado a raíz de la inevitable suspensión de los programas MED, suspensión que, para entendernos, fue justamente decidida por el señor Comisario Marín y eficazmente supervisada por la Comisión de Control Presupuestario de este Parlamento, que emitió su opinión favorable sobre la reanudación de la programación descentralizada sólo después de que la Comisión prestara suficientes garantías de cara al relanzamiento de una correcta programación y gestión financiera. 
Me he detenido en el relanzamiento de los programas MED, puesto que es el que ha propiciado el debate que hoy estamos llevando a cabo, que anticipa el debate sobre la situación en Oriente Próximo, previsto para junio. 
El Grupo del Partido Popular Europeo, obviamente, no va a substraerse a este debate por considerarlo útil y oportuno. 
En lo que se refiere a los temas específicos, los colegas de mi Grupo que van a intervenir después de mí, los abordarán más en detalle. 
En conclusión, considero muy útil y oportuno llegar a una resolución común compartida por todos. 
Por lo que atañe a nuestro Grupo, creo que este objetivo podrá lograrse fácilmente si se alcanza un acuerdo sobre la resolución común, que podría traducirse en dos simples enmiendas orales consensuadas que aclaren el considerando G y pongan al día el apartado 10 que hoy podría ser objetivamente superado. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme antes de nada recordar la importancia de las acciones de la Unión Europea en favor de los países mediterráneos asociados. 
Tan sólo en el marco del programa MEDA, y hasta 1999, estamos hablando de 3, 4 millardos de ecus. 
Este dinero está destinado a ayudar allí donde los problemas sean más graves, o sea en el ámbito de los servicios esenciales de base para el bienestar de la población. 
La prioridad está atribuida a proyectos en el ámbito de la educación, la formación profesional y la salud. 
Aunque esté totalmente de acuerdo con la Comisión sobre los principios de base, no por ello dejan de plantearse algunos interrogantes sobre la puesta en práctica de estos principios y algunas preguntas sobre la manera de gastar el dinero puesto a disposición en el presupuesto de la Unión. 
En este contexto, todos sabemos que aún no ha llegado la hora de la verdad. Aunque en estos momentos, en una demostración ejemplar de transparencia por parte de la Comisión, ésta nos facilita, a través de Internet, las cifras de ejecución de la programación presupuestaria para el Mediterráneo. 
Bueno es. 
Las cifras son excelentes en cuanto a compromisos de crédito, pero la cuestión va más allá. 
¿Se podrán respetar estos compromisos? 
¿Se gastará el dinero puesto a disposición? 
En otras palabras, ¿se respetará lo prometido? 
¿O nos encontraremos en el futuro con los mismos problemas con los que tropezamos en los programas PHARE y sobre todo en TACIS?. 
Esta es la cuestión sobre la cual se juzgará al final a la Comisión. 
El informe del Tribunal de Cuentas, presentado hace pocas semanas, sobre la cooperación financiera y técnica con los países terceros mediterráneos puede suscitar algunas dudas tales como la insuficiencia de los recursos humanos puestos a disposición por la Comisión para llevar a cabo la ejecución de los programas y la falta de claridad, por un lado, entre los distintos servicios de la Comisión y, por otro, entre la sede de la Comisión en Bruselas y las delegaciones territoriales. 
Y concluye dicho informe del Tribunal de Cuentas diciendo que estos problemas se podrían agravar si perdemos de vista la importancia de los compromisos en el marco de MEDA, así como el ambicioso ritmo de pagos. 
¿Cuál es la respuesta de la Comisión ante este riesgo? 
Y fíjense que estamos hablando del programa MEDA, en el que no existía ningún problema y todo era supercorrecto. 
La segunda preocupación concierne a los programas de cooperación descentralizada, es decir, los programas MED. 
Aquí se trata de saber si la Comisión tiene previstas todas las acciones necesarias para dar seguimiento a las resoluciones del Parlamento sobre los programas MED. 
Es bueno que estos programas de cooperación se hayan relanzado sobre nuevas bases. 
Sin embargo, y en este contexto, hay tres preguntas: ¿respetará la Comisión todas las condiciones formuladas por el Parlamento? 
¿Actuará la Comisión de tal manera que se puedan recuperar todos los importes de los proyectos parados por irregularidades? 
¿Transmitirá la Comisión a las autoridades judiciales todas las informaciones de que disponga para definir las eventuales responsabilidades penales? 
Señor Presidente, señor Comisario, me pregunto si será necesario recordar que esta es una condición sine qua non para la autorización de la aprobación de la gestión de 1996. 
Señor Presidente, cuando en el año 1995 se celebró la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, seguida por otras reuniones ministeriales y, más tarde, por la Conferencia de Malta en 1997 y los Foros civiles de Barcelona en 1995 y de Nápoles en 1997, los augurios entonces expresados por parte de las instituciones gubernamentales y parlamentarias, así como de la sociedad civil estuvieron unánimemente a favor de una más estrecha y proficua cooperación mediterránea. 
No podemos, en efecto, infravalorar el hecho de que la cuenca del Mediterráneo, además de representar un fenómeno geográfico, es una zona estratégica desde el punto de vista geopolítico, cada vez más sensible a los flujos migratorios, y de interés creciente para las relaciones económicas, comerciales y culturales. 
Sin embargo, el balance de estos tres últimos años, no nos satisface en absoluto. 
Habiendo sido miembro de la delegación parlamentaria presidida por el Sr. Gutiérrez Díaz en la Conferencia de Malta de 1997, reconocemos que muchos problemas, también de índole política, representan un obstáculo o al menos un freno para la puesta en marcha de una cooperación sustancial en algunas zonas de la cuenca del Mediterráneo. 
Así y todo, consideramos que dichos obstáculos no deben convertirse en una coartada para paralizar un proceso de cooperación que es cada día más urgente e inaplazable. 
Compruebo, por el contrario, a raíz del compromiso suscrito por los Socialistas, los Liberales, la Izquierda y Alianza Radical, que se intenta relegar la actuación de la Unión Europa a un papel expectante y, cuando menos, dirimente. 
Nosotros, en cambio, creemos que la Unión Europea debe jugar un papel mucho más importante desarrollando, sobre todo, una capacidad de mediación que ha de ir mucho más allá de la simple y pasiva constatación de los problemas que afligen la democracia de algunos terceros países de la cuenca del Mediterráneo, sin tener debidamente en cuenta que, luego, los efectos nocivos repercuten en todo el sistema euromediterráneo. 
También nosotros condenamos contundentemente la sistemática violación de los derechos humanos y civiles y comprobamos con pesar que los procesos de paz, son cada vez más difíciles; sin embargo, debemos observar con realismo y sentido de la responsabilidad estos fenómenos de tanta envergadura y complejidad, en especial los que datan de tiempos remotos. 
No cabe duda de que el conjunto de todas las razones de carácter político, religioso, económico y cultural puede inducir a creer que desenredar la madeja sea un trabajo arduo, sin embargo, es en estas circunstancias que se miden el papel y la capacidad de nuestra Institución. 
Nuestra tarea de mediación y nuestro papel de cara a promover una cooperación más estrecha y fructífera deben basarse en estos datos objetivos que no tienen que ser motivo de ruptura y de discriminación, sino de nuestra atenta reflexión, al objeto de encontrar soluciones más apropiadas y responsables. 
Señor Presidente, voy a hablar del principal bloqueo del proceso de Barcelona, la crisis de Oriente Próximo. 
Recordemos la imagen de Isaac Rabin durante su última reunión- ¡y qué reunión! -entonando con una conmovedora lucidez la canción pacifista que él mismo prohibiera en otros tiempos. 
En aquella época, aún tan cercana, era visible la esperanza de una dinámica de paz, tanto en Israel como en Palestina, hasta tal punto había avanzado la conciencia de la interdependencia de estos dos pueblos. 
Una fórmula, que el Presidente Arafat tenía en gran estima, resumía perfectamente este interés mutuo: los Territorios a cambio de la paz. 
La política irresponsable del Sr. Netanyahu está a punto de aniquilar esta esperanza y esta dinámica, hasta el punto de rechazar un plan del principal aliado de Israel que, modestamente, pide una retirada militar del 13 % de Cisjordania. 
¿Obligar a los Estados Unidos a desentenderse? 
¿Provocar la exasperación de los palestinos? 
Ni unos ni otros parecen estar dispuestos, hoy por hoy, a dar motivos para enterrar oficialmente el proceso de Oslo. 
¿Pero cuánto tiempo podrá mantenerse esta situación sin precedentes? 
Espero que la Unión Europea, ante un desafío tan importante y ante una crisis tan aguda, sepa hacer uso de todo su peso. 
Las reticencias tradicionales de algunos dirigentes europeos a hacer algo que pueda molestar a su aliado norteamericano están en este caso fuera de lugar. 
Se trata de ejercer una presión común sobre aquel que amenaza gravemente la paz, con el fin de reemprender la puesta en marcha de los acuerdos de Oslo. 
También es el momento de que Europa demuestre a los que dudan, la utilidad de su participación plena en las negociaciones decisivas, en las que deberán abordarse los problemas más candentes, en particular, el de las colonias, el de los refugiados, el de Jerusalén y, naturalmente, el del Estado palestino. 
He aquí un excelente ejemplo de diplomacia europea común al alcance de la mano. 
Por la paz y por Europa, deseo de todo corazón que llegue a concretarse y que salga adelante. 
Señor Presidente, señoras y señores, no quiero repetir lo que se ha dicho sobre el papel del proceso de paz en Oriente Próximo a propósito de los acuerdos euromediterráneos, porque creo que todos estamos de acuerdo al afirmar que hay un núcleo duro que puede desbloquear o no la situación. 
Creo que, en general, en cuanto al problema euromediterráneo, hay que saber y comprender que Europa no podrá desempeñar el papel fundamental para deshacer las contradicciones, a menos que se dote de las armas necesarias para llevar a buen puerto esta política. 
Por tanto, queda demostrada la necesidad de una política exterior común, que esté dotada de estructuras comunes, precisamente por el hecho de que Europa paga, pero es incapaz de ejercer presión política para concretar los fines, ya sea en materia de derechos humanos o cuando se trata de otros problemas y, si me lo permiten, quiero llegar a otro ejemplo; el problema argelino. 
Estamos asistiendo a transformaciones extraordinarias en la región, sobre todo en Marruecos, y al mismo tiempo vemos cómo el problema argelino es un segundo núcleo duro que congela todo el proceso por la sencilla razón de que actualmente en Argelia, y a pesar de todos los procesos emprendidos, las contradicciones son tales que Europa deberá empeñarse a fondo a tres niveles. 
En primer lugar, decir que el problema económico y social de Argelia, impuesto por el Banco Mundial, es también un problema de Europa y que Europa debe desencadenar esta política. 
En segundo lugar, decir que una política contra el terrorismo de cualquier signo en Argelia, sólo puede llevarse a cabo si se respetan los derechos humanos. 
En tercer lugar, tener en cuenta a la sociedad civil: en Argelia hay que aprender a contar hasta tres. 
No están sólo los militares por un lado y los integristas por otro, sino que también está la sociedad civil, existe algo aparte de esta diabólica dicotomía, y Europa debe comprometerse también. 
Si no comprendemos eso, no podremos asumir nuestro papel de una Europa que sepa imponer una idea de lo social y de la libertad. 
Señor Presidente, creo que efectivamente todos podemos coincidir en este momento en que, a lo largo del debate, se está viendo con claridad la importancia de hacer respetar, concretar y poner en práctica tanto las conclusiones de la Conferencia de Barcelona, de noviembre de 1995, como las de Malta, de abril de 1997. Y ello para desbloquear la parálisis que sufren en estos momentos las propuestas contenidas en estas resoluciones. 
El resultado de ambas Conferencias resulta vital para la preservación de la paz en la cuenca del Mediterráneo y su desarrollo económico y social, lo que sin duda alguna beneficia la relación que se mantiene con la propia Unión Europea. 
Aplaudimos, por otro lado, la decisión tomada por la Comisión de relanzar e impulsar los programas MED, URBS, MEDIA y CAMPUS, tal y como solicitamos desde este Parlamento, puesto que resultan programas necesarios para estrechar la colaboración euromediterránea. 
Debemos destacar que la asociación euromediterránea cobra mayor importancia si cabe en la actualidad, debido al bloqueo que sufre el proceso de paz en Oriente Medio y que atenta contra las conclusiones acordadas en la Conferencia de Barcelona. 
Por ello, el Foro parlamentario EUROMED, que tendrá lugar a lo largo del presente año, adquiere especial relevancia, ya que deberá reforzar y complementar el proceso de Barcelona, hacer cumplir sus resoluciones y aumentar el diálogo político. 
A pesar de todo lo expuesto, señor Presidente, y estando como estamos de acuerdo con las conclusiones de Barcelona, quiero resaltar que todo reforzamiento de la asociación euromediterránea debe tener en cuenta principalmente las consecuencias que conllevan para las regiones del Objetivo 1 de la Unión Europea; regiones que se encuentran, como todos ustedes saben, en su mayoría en la cuenca mediterránea y cuya actividad industrial es semejante a la de los países terceros asociados. 
Concretamente, nos referimos a la industria textil, la cerámica y la agrícola. 
Un libre comercio sin tener en cuenta estas regiones no haría más que perjudicarlas y poner en peligro algo tan básico para el ideal de la Unión Europea como es la cohesión económica y social. 
Señor Presidente, los programas de cooperación descentralizados que los países de la Unión Europea deseaban desarrollar para ayudar a estructurar mejor las asociaciones comerciales entre el norte y el sur del Mediterráneo y contribuir a la estabilidad de la zona euromediterránea, volverán a reemprenderse una vez que se haya hecho balance de las acciones realizadas y de las modalidades de su ejecución. 
Es importante que conozcamos, que sepamos qué acciones concretas, generadoras de qué efectos estabilizadores, han hecho posible los programas MED, especialmente en el ámbito fundamental del desarrollo de las PYME. 
¿Han sabido impedir la debilitación de los sectores agrícola y pesquero a través de la adopción de códigos de conducta para prevenir contra los posibles efectos de desorganización de las estructuras? 
La puesta en marcha de los programas MED debe ser ejemplar. 
¿Se han corregido las graves irregularidades que el Tribunal de Cuentas constata en su informe de 1996, a propósito de la gestión de dichos programas por parte de la Comisión, y en caso afirmativo, cuáles han sido las medidas correctoras? 
Les recuerdo que la Comisión había subcontratado la totalidad de la gestión administrativa y financiera de los programas MED a una asociación de Derecho internacional belga sin ánimo de lucro, la ARTM, creada por la Comisión y cuyos recursos procedían exclusivamente de los contratos que ésta le concedía. 
Dicha delegación de competencia de la Comisión a un tercero, sin fundamento jurídico, sin decisión de principio, sin concurso para los contratos, concedidos la mayoría de las veces de forma amistosa, creando gravísimas confusiones de interés, siendo los mismos gabinetes de asesores los que participan a la vez en la concepción de los programas, en la elaboración de las propuestas de financiación, en la gestión de la ARTM y en el seguimiento técnico de los programas, ha sido justamente denunciada por el Tribunal de Cuentas, así como la endeble concepción de los programas y la mala adaptación de los instrumentos de gestión y de seguimiento de la Comisión. 
Este tipo de prácticas, por evidentes razones de transparencia, está proscrito en la mayoría de los Estados miembros, porque es una fuente inagotable de abusos financieros, malversaciones y de prácticas de nepotismo. 
¿No existe el riesgo de que la multiplicación de los programas gestionados a nivel de la Comisión y la ampliación constante de su campo de acción desemboquen, en la mayoría de los casos, en una total falta de control? 
Queremos conocer detalladamente las soluciones que ha adoptado o piensa adoptar el Consejo para garantizar la utilización eficaz de los fondos comunitarios MED y restablecer la transparencia de su utilización. 
Señor Presidente, al ir disminuyendo la euforia que ha despertado la Unión Monetaria europea, es imprescindible volver a ocuparse de la política exterior común que, sin lugar a dudas, no presenta aspectos tan alentadores. 
Esto se puede constatar sobre todo en la cuenca del Mediterráneo que continúa considerándose como la periferia de Europa, así como la fuente de las crisis futuras y actuales que ensombrecen sus extraordinarias potencialidades. 
Por otra parte, no está de más mencionar que el Sacro Imperio Romano, hoy tan recordado como modelo de la construcción europea, fracasó precisamente por su incapacidad de unir la realidad centroeuropea y la mediterránea. 
El pasado puede enseñar algo también para el presente. 
En la última posguerra, volvió a producirse la marginación del Mediterráneo y sus efectos, sin duda, nocivos son fácilmente apreciables. 
Con Barcelona pareció que el curso podía reanudarse de forma positiva, no obstante, la siguiente Conferencia de Malta hizo perder las ilusiones. 
En este contexto, hasta ahora han ido funcionando las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y cada uno de los terceros países mediterráneos, pero se tienen dudas de que esto pueda revestir una importancia fundamental en el contexto general de la política euromediterránea. 
Nuestra resolución, que augura su relanzamiento, acaba siendo una veleidosa lista de quejas, atenuada por algunos motivos de esperanza como el desbloqueo de los fondos MEDA, la reunión cumbre de los 27 ministros de Asuntos Exteriores y la puesta en marcha del Foro parlamentario EUROMED. 
Pese a que estos avances no deben subestimarse, no es ciertamente así como se abordó el proceso de la Unión Monetaria europea, porque si hubiera sido así, probablemente, hoy no oiríamos ni siquiera hablar de él. 
En definitiva, sin una política exterior común para Europa, del mar del Norte al Mediterráneo, realmente, los cambios serán mínimos y las resoluciones como ésta se repetirán sin despertar grandes expectativas. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio. Quisiera agradecerle, en particular, que haya planteado la cuestión del intento de asesinato en Turquía. 
Como probablemente sepa, se planteó en esta Asamblea el martes y se ha vuelto a plantear esta mañana. 
Señor Presidente, Señorías, señor Henderson, Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros, quería comenzar mi intervención recordando un dato que a veces se olvida. 
Hasta hace apenas dos años y medio, hasta la Conferencia de Barcelona, la política mediterránea de la Unión Europea tenía un alcance relativamente modesto y limitado. 
Les ofrecíamos, a cada país tercero mediterráneo, simplemente una serie de concesiones comerciales y una cantidad de ayuda financiera con carácter bilateral. 
Por consiguiente, muchos ámbitos de gran importancia no figuraban siquiera en aquella relación. 
Me estoy refiriendo al diálogo político, transición económica, libre cambio, cooperación cultural y cooperación con la sociedad civil. 
La ayuda financiera tenía también un carácter convencional. 
Eran unos protocolos financieros, normalmente de desembolso lento y con unas prioridades que fundamentalmente estaban decididas por la Unión sin un espíritu real de asociación entre el norte y el sur del Mediterráneo. 
La Conferencia de Barcelona supuso un cambio radical de orientación y allí establecimos una estrategia de asociación formulada y ejecutada de manera conjunta con nuestros socios mediterráneos, basada precisamente en compromisos libremente adquiridos por todos. 
La asociación es un proyecto de largo alcance que abarca ahora a todos los sectores de interés común, desde las cuestiones políticas y de seguridad a través de la cooperación económica y financiera hasta la dimensión social, cultural y humana. 
No debe sorprender pues a nadie que el paso a este nuevo sistema haya comportado ciertas dificultades de rodaje, de puesta en marcha, que la Comisión no puede ocultar. 
En primer lugar, no es un secreto que el reglamento MEDA estuvo bloqueado en el seno del Consejo durante ocho meses por razones estrictamente políticas que todos ustedes conocen. 
Este reglamento estuvo ocho meses paralizado en el Consejo debido a la situación que se generó respecto al problema de nuestras relaciones con Turquía y al veto de un Estado miembro. 
En segundo lugar, el aumento exponencial de la ayuda en la Cumbre de Cannes coincidió con un momento en que políticamente no era posible aumentar ni siquiera mínimamente los recursos humanos de la Comisión para ejecutar dicha ayuda. 
La Cumbre de Cannes, que produjo un aumento muy considerable en el programa MEDA, se celebró justo en el momento en que el Consejo y el Parlamento Europeo estaban estableciendo el crecimiento cero para la Comisión Europea en términos de personal. 
Y luego, es verdad que, debido a los problemas que detectamos en la gestión de los programas de cooperación descentralizada, yo mismo tomé la decisión de suspenderlos hasta que verificáramos completamente su transparencia y su buena gestión. 
Hoy tenemos una política con objetivos coherentes y ambiciosos a largo plazo, que están basados en el establecimiento del libre comercio, el apoyo a la transición económica y la promoción de las inversiones directas. 
En una palabra, en este momento- y es bueno que se produzca este debate en el Parlamento Europeo- nos encontramos en la fase que llamaría de velocidad de crucero. 
El programa MEDA, con sus dificultades, con el problema de la contaminación del proceso de paz, que existe también y que nos crea muchas dificultades en la gestión cotidiana, ha alcanzado, después de dos años y medio, su velocidad de crucero. 
En primer lugar, hemos conseguido firmar ya cinco acuerdos euromediterráneos, y los demás están progresando rápidamente, aunque no puedo ocultar que existen dificultades en la parte relativa al comercio agrícola y a la readmisión de inmigrantes ilegales. 
La negociación agrícola y la cláusula de readmisión de inmigrantes ilegales se han convertido en los dos problemas políticos mayores de las negociaciones de los acuerdos de asociación. 
Y aun así, tengo que decir que hay que ser coherentes: pedir que se realice la política euromediterránea, o estar a favor de la política euromediterránea, a condición de que los países de la zona no vendan en el mercado comunitario un tomate o una lechuga o un pepino es simplemente estar en contra de la política mediterránea. 
No se puede pedir una cosa y lo contrario al mismo tiempo. 
Eso conviene precisarlo desde este momento. 
La política euromediterránea, en términos comerciales, supone un coste para la economía comunitaria. 
No comprenderlo así es negar la evidencia del proceso mismo. 
En cuanto a los programas indicativos nacionales, se ha avanzado sustancialmente ya que están todos aprobados. 
Lo que ocurre es que, naturalmente, hay un desequilibrio, que ha sido señalado con justicia, entre los créditos de compromiso y los créditos de pago. 
Naturalmente, el equilibrio final habrá que encontrarlo al final del proceso, pero tengo que señalar que, en lo que concierne a los créditos de pago, muchas de las operaciones de créditos de pago están vinculadas a operaciones de ajuste estructural y, en consecuencia, ese dinero se pagará si los países, en materia de ley de privatización, de transformación de la legislación bancaria, de saneamiento del sector público, cumplen con el objetivo del programa macroeconómico que han firmado con el Banco Mundial y con la Unión Europea. 
Si no cumplen, evidentemente esas cantidades no se pagarán, porque el no pagar, en este caso concreto, es precisamente la obligación de la Comisión. 
Eso tengo que dejarlo claro desde este momento, porque ya he tomado una decisión negativa respecto a un país mediterráneo que no ha cumplido su ley de privatizaciones, y eso me ha llevado a la obligación de decir: esto hace que no podamos pagar el programa de ajuste, aunque estamos en negociaciones. 
Quisiera confirmarle, señor Wurtz, algo que es de libro: el problema del peace process está contaminando gravemente el proceso de Barcelona. 
Ustedes no saben los milagros que tenemos que hacer muchas veces para seguir haciendo funcionar el comité de Barcelona, simplemente porque la situación en el Oriente Próximo pesa muy negativamente en el conjunto del proceso. 
El objetivo nuestro es conseguir en Palermo, cuando se haga la reunión cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de ambas partes, descontaminar en la medida de lo posible el proceso de Barcelona. 
No es posible repetir lo que sucedió en Malta, donde tuvimos que levantarnos sin ni siquiera un comunicado final. 
No podemos seguir así, porque esto es muy negativo y nos crea muchas dificultades. 
Debo hacer ahora algunas consideraciones que me interesa señalar para ir rápidamente. 
Lo que dice el Tribunal de Cuentas de que faltan recursos humanos es totalmente cierto. 
Es verdad que la decisión del Parlamento en favor de MEDA, de instalar lo que se llama los apoyos técnicos y administrativos, nos está ayudando, y esto ha sido ya puesto en marcha en la sede y en cada delegación, pero en el tema del personal nos encontramos de nuevo con una situación donde es muy difícil que la Comisión explique lo que pasa. 
Porque el Tribunal de Cuentas constata que nos falta personal, el Parlamento Europeo constata que nos falta personal. 
Si este año, en el mes de octubre, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo deciden que haya crecimiento cero, la respuesta ya la tienen ustedes para el año que viene: seguiré sin tener personal. 
Por consiguiente, yo voy a decir otra vez en el mes de octubre al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros: si ustedes han constatado que me falta personal, denme personal, y si no me lo dan ya tienen la respuesta para el año que viene: no tengo personal. 
Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? 
Hemos relanzado el programa de cooperación descentralizada y en esto, como hemos explicado y volveremos a explicar en la Comisión de Control Presupuestario, en lo que concierne al informe del Sr. Fabra, hemos satisfecho todas las condiciones del Parlamento Europeo, todas menos una. 
Simplemente porque no tenemos personal. 
Y esa condición es la de la gestión directa de los programas. 
Lo que hemos hecho- y es cierto porque se ha publicado en el Boletín Oficial de las Comunidades- ha sido subcontratar con una asistencia exterior, por un lado, la gestión técnica y, por otro lado, la gestión financiera. 
Y esto se ha hecho mediante un procedimiento de licitación público que se conoce, a través del Boletín y de Internet, y ello se ha sometido a las nuevas condiciones contractuales del contrato blindado que aprobó la Comisión en julio del año pasado. 
Porque no tenemos personal y de todas maneras hemos tomado el máximo de precauciones, que es separar la gestión técnica y la gestión financiera. 
Van a trabajar de una manera independiente y además el contrato que ha hecho la Comisión lo ha limitado exclusivamente a dos años para ver cuál es su funcionamiento. 
Naturalmente, yo desearía que en el presupuesto de octubre, para poder gestionar directamente estos programas, nos dieran más personal. 
En lo que se refiere a la decisión de llevar o no estos expedientes a las autoridades judiciales, la Comisión dirigirá un informe sobre la cuestión a la Comisión de Control Presupuestario el próximo día 20 de mayo durante el debate sobre la aprobación de la gestión del presupuesto del 96. 
En lo relativo a Argelia, motivo de inquietud para el Sr. Cohn-Bendit, nos encontramos precisamente en una situación en la que hay que decidir si tomamos un rumbo u otro con el Gobierno. Porque precisamente esta semana se encuentra una delegación de mi servicio, de la Dirección General, en Argel intentando saber qué hacemos. 
Porque este es un problema que tiene que ver también no con los compromisos sino con los pagos; no es un secreto que en este momento tenemos congelados 400 millones de ecus de la línea Argelia, de los protocolos mediterráneos y del nuevo programa MEDA. 
Y el problema que tenemos conviene que lo diga allí. 
Si se abre un concurso para hacer un programa de desarrollo rural en Argelia, y por sus condiciones de seguridad no se presenta nadie al concurso ¿qué puede hacer la Comisión? 
Yo no puedo obligar a la asistencia técnica de los Estados miembros a ir, porque se niegan. 
No puedo obligar a la asistencia técnica que trabaja normalmente en Bruselas porque es un país en el que consideran que, por razones internas, es muy complicado trabajar. 
No obstante, estamos trabajando esta semana en Argel, al objeto de poder encontrar una solución. 
Y luego hay otro elemento que explica el retraso en la ejecución de los programas, que nunca se dice pero que yo tengo que decir: el retraso en la ratificación de los acuerdos de asociación por parte de los Estados miembros. 
Yo me he vuelto a dirigir a los ministros de Asuntos Exteriores porque la media de ratificación de los acuerdos mediterráneos- el primero ha sido el caso de Túnez- es de dos años y cuatro meses en los parlamentos nacionales. 
Y el acuerdo con Marruecos todavía no ha sido ratificado por todos los parlamentos nacionales. 
Por consiguiente, la parte de MEDA relativa a comités de cooperación simplemente no se puede poner en marcha. 
Y no se puede poner en marcha mientras no se produzca la ratificación por parte de los Estados miembros. 
Y en ese sentido yo espero que nuestros Estados miembros intentarán llegar el 6 de junio a Palermo con una situación que sea explicable. 
Tengo que decirle que el caso que más preocupa es el de Marruecos. 
Por no citar el caso de Palestina o el caso de Israel u otros casos. 
En conclusión, no olviden que- y yo creo que este es un debate pacífico para otra Conferencia Intergubernamental- mientras sigamos aplicando la disposición del Tratado de Maastricht en materia de acuerdos mixtos, es muy difícil trabajar en el terreno de la ejecución de los acuerdos de cooperación. 
Porque a mí me pasa en MEDA, pero en PHARE y TACIS ocurre exactamente lo mismo. 
La media de ratificación en los parlamentos nacionales se sitúa en este momento entre dos años y medio y tres años. 
Lo cual es gravísimo desde el punto de vista de la imagen general de la Unión Europea. 
No podemos hacer otra cosa porque el Tratado dice lo que dice, pero yo espero que en el futuro todo el sistema de acuerdos mixtos- porque es de puro sentido común -, tendrá que revisarse en el marco de una nueva Conferencia Intergubernamental porque, créanme, trabajar así es muy, muy difícil. 
Gracias, señor Comisario, por sus palabras. 
Quiero señalar que estoy muy de acuerdo, sobre todo, con la última parte de su intervención puesto que me ahorra decir algunas cosas que pensaba decir. 
Me parece justo empezar subrayando nuestra satisfacción por la puesta en marcha de los programas MED, tan caros a este Parlamento, muy atento siempre a que los ciudadanos de la Unión puedan participar en iniciativas comunitarias descentralizadas. 
Se han puesto en marcha- y hay que subrayarlo- atendiendo a las peticiones que esta Asamblea transmitió a la Comisión. 
Como señaló el Sr. Samland, presidente de la Comisión de Presupuestos- que, dicho sea de paso, no es famosa en esta sede por su amabilidad o por ser especialmente caritativa -, el nivel de transparencia que ofrece la Comisión en este campo es ejemplar, y creo que debería servir de ejemplo para otros programas de cooperación que tenemos en marcha. 
Es también muy positivo el alto nivel de ejecución de los MEDA. 
Y hay una pregunta en este sentido que yo quiero transmitir: ¿es coherente el hecho de que, con este alto nivel de ejecución, los recursos económicos propuestos para 1999 signifiquen una disminución para cumplir los acuerdos de Cannes? 
¿Qué efecto tiene esto para la continuidad de los programas después de 1999? 
Yo creo que una reducción en el plazo inmediato de los recursos económicos para los programas MEDA, a pesar de su alto nivel de ejecución, es una señal política negativa. 
La situación en Israel nos preocupa a todo el mundo. 
El representante del Consejo ha dicho que la situación política en Oriente Medio no debe hacernos olvidar nuestros objetivos a largo plazo. 
Evidentemente, queremos que los objetivos a largo plazo de la Conferencia de Barcelona se cumplan, pero si no sabemos cómo poner en marcha los acuerdos que tenemos firmados con la Autoridad Nacional Palestina porque no se sabe ni siquiera en qué territorios se pueden aplicar, difícilmente podemos negar lo que el Sr. Comisario decía tan claramente: el no cumplimiento de Oslo contamina el proceso de Barcelona. 
Quiero terminar en el tono positivo con que he empezado, celebrando que el foro parlamentario Euromed vaya a tener lugar. 
Señor Presidente, desde mi condición de español y además de ciudadano fronterizo con un país amigo como Marruecos, ya que vivo en Melilla y por lo tanto también a muy pocos kilómetros de la frontera con Argelia, me considero especialmente sensibilizado con las cuestiones que afectan a las dos riberas del Mediterráneo. 
La semana próxima, la delegación para el Magreb de este Parlamento efectuará una visita a Marruecos y Mauritania para impulsar el diálogo político y parlamentario con estos países desde el espíritu de la Conferencia de Barcelona y del Acuerdo de Asociación con Marruecos que, por cierto, tiene en marcha un ambicioso plan de desarrollo del norte al que convendría prestar una debida atención. 
Los problemas de la deuda, de la inmigración, de la droga, del desconocimiento cultural de unos y otros, y la desconfianza y la lógica inquietud ante los movimientos integristas que, desgraciadamente, manchan de sangre países como Argelia, exigen un esfuerzo mutuo de colaboración y ayuda. 
Para ello, se han instrumentalizado diversos procedimientos como los que nacen de los programas MEDA y los que nacen también de los acuerdos bilaterales de desarrollo económico, cultural y social. 
Que la cooperación mediterránea tenga buenos resultados depende de las partes interesadas. 
Las instituciones europeas deben poner los medios necesarios para que las ayudas lleguen a estos países con la mayor celeridad y transparencia en su gestión y para que una adecuada política de información permita que a los programas previstos tengan acceso, en régimen de igualdad, las empresas, entidades o particulares que estén interesados en ellos. 
En el ámbito de la cooperación regional y local, sería muy deseable que los terceros países mediterráneos hicieran verdaderos esfuerzos para la participación de la sociedad civil en el ámbito de los derechos y libertades, de la igualdad de trato de las mujeres y una especial atención a los jóvenes, así como una agilización de sus administraciones, descargándolas de burocracia, y haciendo más transparentes sus acciones. 
La visita a Argelia que realizamos una delegación de este Parlamento aportó muchas experiencias y nos llevó a la conclusión de que junto a la cooperación económica, con las dificultades que nos ha explicado el Sr. Marín, debe existir también una profunda cooperación política, imprescindible para hablar sin tapujos del terrorismo, de los derechos humanos y de la cooperación social y cultural. 
El Parlamento Europeo ha ofrecido este diálogo político que ya hemos iniciado en el seno de la delegación para el Magreb. 
Para ello es preciso, como ha expresado el Sr. Marín, que los acuerdos de asociación funcionen con eficacia. 
Es muy importante, como aquí se ha dicho, la agilización del proceso de ratificación de los Parlamentos nacionales, incluida la de los acuerdos que están en vías de negociación, como es el caso de Argelia. 
Estos acuerdos constituyen el instrumento básico para enmarcar el diálogo político que no debe terminar, desde luego, en la firma y la ratificación de los mismos. 
Presidente, dentro de tres días partiré para Egipto como ponente para el acuerdo de asociación pero soy consciente de que la intención política de la iniciativa de Barcelona corre peligro y con ella el desarrollo de una zona de estabilidad. 
El Sr. Henderson acaba de ilustrarnos la impotencia del Consejo en su relato, que ya no se puede seguir promoviendo por más tiempo la ratificación de los acuerdos ya en marcha. 
Sin embargo, eso es esencial, como también acaba de decir el Sr. Marín. 
Agricultura. 
¿Qué se hace para mantener en armonía la adaptación de la política agrícola comunitaria, en vísperas de la ampliación, con los deseos legítimos en lo referente a la exportación agrícola en el norte de África? 
Derechos humanos. 
Marruecos está haciendo grandes avances, pero otros países se quedan retrasados. 
También ahí se debe hacer algo. 
Terrorismo. 
Estoy de acuerdo con que en muchos países se llevan a cabo actividades terroristas, pero continuamente se menciona a Londres, de donde salen iniciativas con tendencia terrorista hacia los países del norte de África. 
Se menciona a Londres cada vez más. 
Londres guarda silencio. Londres debe hacer algo. 
Sólo Bélgica ha hecho algo. 
Por último, es incorrecto relacionar toda la política mediterránea con el bloqueo del proceso de paz en el Oriente Medio. 
Me parece incorrecto. 
Señor Presidente, resulta evidente que hay que acelerar el proceso de negociación con los países mediterráneos, de lo contrario, existirá el gran riesgo de que los Estados Unidos, que ya cuentan con una amplia presencia en la región, terminen por regentarlo todo. 
La zona afectada es una zona sensible en el ámbito de la estabilidad y de la paz y es también una vasta región que tiene vocación comercial. 
Y aunque lamento el proteccionismo europeo en el ámbito agrícola, que impide una auténtica integración, lamento del mismo modo o más, la actitud de algunos países afectados, que parecen haber perdido de vista los principios de paz, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho que se incluyen en el proceso de Barcelona. 
Es cierto que la Unión Europea es, en parte, responsable de la lentitud y de la mala gestión de los programas, por no hablar de las malversaciones financieras y de los controles insuficientes de la gestión de los proyectos. 
Las divisiones entre los Quince, a veces comprensibles, pero a menudo perjudiciales para una auténtica prosperidad de la región mediterránea, no favorecen en nada la solución de los problemas de migración, los problemas sociales, los problemas de medio ambiente, los problemas culturales ni de los problemas de seguridad y de terrorismo. 
Es evidente que Europa debe invertir más en el proceso de paz de Oriente Próximo y en la solución de la crisis que por la que atraviesa Argelia. 
Reconozcamos que Europa no siempre ha desempeñado un papel principal en la crisis argelina. 
Ya sea debido a posiciones políticas diferentes de cara a la solución del conflicto o por razones económicas, el resultado es muy decepcionante. 
El terrorismo causa más estragos que nunca, al igual que las violaciones de los derechos humanos, y pienso también, naturalmente, en la tortura y en el gran número de desaparecidos. 
La Declaración de Barcelona implica que todos los países que la suscribieron, respeten los principios de paz, de democratización y de los derechos humanos, en un espacio de libertad y de diálogo con la sociedad civil. 
Deseo de todo corazón que Europa amplíe su colaboración con los países mediterráneos y acelere los procedimientos de ratificación de los acuerdos. 
Pero, asimismo, hago un llamamiento a dichos países para que cooperen en mayor medida con Europa. 
Todos saldremos ganando con ello, y juntos contribuiremos a favorecer la estabilidad, la prosperidad y la paz. 
Señor Presidente, el proceso de diálogo iniciado en la Conferencia de Barcelona ha representado un nuevo esquema de diálogo regional entre los pueblos del Mediterráneo, comprometidos en la consecución de tres grandes objetivos: la estabilidad política, la seguridad sobre la base del reforzamiento de las instituciones democráticas y el desarrollo económico. 
Pero actualmente ese diálogo de asociación tiene un déficit de credibilidad. 
La erosión que sufre es constante por la situación del Próximo Oriente, la vulneración de los derechos en Turquía y la inestabilidad en Argelia. 
Por lo que respecta al Próximo Oriente el proceso de paz ha tropezado con el bloqueo puesto por el Gobierno de Israel y la falta de compromiso de este país para una próxima reunión en la cual proseguir los esfuerzos pacificadores. 
Esa actitud revela un desprecio ostensible a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, de los Acuerdos de Oslo y a los principios aceptados en la Conferencia de Madrid sobre el Próximo Oriente. 
La Unión Europea debe exigir el cumplimiento por parte de Israel de esos compromisos. 
Si esto no sucede, deberá replantearse los límites de nuestro acuerdo con Israel, cuyo Gobierno está poniendo en peligro la estabilización y la integración de la región. 
En otro orden de cuestiones, debe exigir igualmente el fin de las violaciones de los derechos humanos en Turquía y apoyar a los demócratas argelinos. 
La estrategia futura de la Unión Europea deberá examinar tanto su papel en el proceso de paz de Oriente Medio como su papel político en el área mediterránea unida por antiguos lazos históricos, culturales y humanos. 
La Unión Europea no debe ser sólo un socio económico, sino también un mediador político. 
Se juega con ello no sólo la credibilidad del diálogo mediterráneo, sino también de la propia construcción europea como proyecto político. 
El debate se reanudará esta noche. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra para plantear una cuestión reglamentaria relativa a la imposición de la regla relativa al 50 % de las votaciones nominales. 
Como recordará, informó usted a esta Asamblea de que ese nuevo procedimiento iba a funcionar durante un período experimental de tres meses. 
Ya ha transcurrido dicho período de tres meses. 
Permítame preguntarle si va a presentar a la Asamblea algún cambio en los procedimientos para que después la Asamblea vote al respecto. 
Estamos a punto de examinar el nombramiento del Consejo del Banco Central. 
Se ha dado mucha importancia a la transparencia en el funcionamiento del Banco Central Europeo. 
Es más que lógico que los diputados a esta Asamblea esperen la misma transparencia en la labor de la Mesa. 
Quisiera decirle, señor Presidente, que, aunque parezco ser el único en poner objeciones a esas imposiciones, puedo asegurarle que muchos diputados a esta Asamblea de todos los Grupos políticos están tan preocupados como yo por la imposición de reglas por parte de una Mesa que no rinde cuentas ante esta Asamblea. 
Así, pues, quisiera concluir preguntándole si va a presentar a esta Asamblea procedimientos que consagren la obscena y boba regla actual del 50 %, como ha hecho con el actual sistema de votación. 
Señor Falconer, presentaré ese asunto a la Mesa en una de las próximas sesiones para que pueda revisar el sistema, una vez transcurrido el período de tres meses. 
No tengo intención de privar a la Mesa de la facultad de revisar el sistema después de que lo hemos practicado durante tres meses. 
Presidente, ayer, en la votación del informe Pirker, hubo una enmienda de los Verdes cuyas dos partes fueron aceptadas por una mayoría de este Parlamento. 
Éstas eran complementos o modificaciones del párrafo 8 existente. 
Después el Presidente de la sesión de ese momento hizo votar el párrafo 8 original. 
Entonces intervine en el Pleno para decir que esto sólo podía significar que había sido adoptado lo que era compatible con las enmiendas aceptadas. 
Ahora resulta que en el texto aprobado, no se ha recogido una parte esencial de la enmienda aprobada. 
Contra eso tengo que protestar formalmente. 
Eso va en contra de toda práctica parlamentaria y también contra las normas de esta Asamblea. 
Por eso pido una rectificación, de tal manera que se haga justicia a la votación emitida aquí por una mayoría. 
Señora Aelvoet, se verificará el Acta para averiguar qué ha pasado, a pesar de que este no es el momento de hacer observaciones sobre el Acta. 
Pero el asunto es tan importante que se verificará. 
Señor Presidente, sigo sin aclararme del todo. 
¿Está usted diciendo a esta Asamblea que va a consultar a la Mesa para que examine la decisión sobre el sistema de votación, pero no va a presentar dicha decisión a la Asamblea en general? 
¿Está usted dispuesto a presentar a la Asamblea en general alguna recomendación de la Mesa? 
Ésa ha sido mi pregunta. 
Los diputados a esta Asamblea tienen derecho a debatir y votar esos asuntos en sus Grupos y votar sobre ellos en esta Asamblea. 
No puede usted cambiar la situación sin violar los derechos de los diputados. 
Vuelvo a preguntarle si estoy en lo cierto al entender que, según ha dicho usted, va a presentar el asunto a la Mesa. 
Ya ha habido la posibilidad de revisar el período de tres meses. 
Yo pensaba que la Mesa lo habría examinado el mes pasado. 
Sin embargo, si lo va a presentar de nuevo a la Mesa, ¿está usted diciendo que va a presentar la decisión de la Mesa a esta Asamblea? 
Señor Falconer, cuando un diputado o cualquier persona reclama sus derechos, lo primero que tiene que hacer es conocerlos. 
Por tanto, léase el Reglamento, que es donde están los derechos de los diputados en esta Asamblea. 
Y el Reglamento, tal como está ahora, confiere esa competencia a la Mesa, y no al Pleno. 
Hay una manera muy fácil de hacerlo de otro modo: proponiendo una modificación del Reglamento. 
Yo no me voy a oponer. 
Proponga una modificación del Reglamento, como puede hacerlo cualquier diputado, para que sea el Pleno el que tome esas decisiones y no la Mesa. 
Mientras el Reglamento diga que las toma la Mesa, yo estoy obligado por el Reglamento, lo mismo que usted y que los 626 diputados que estamos aquí, y tengo que hacerlo cumplir porque a eso me obliga el artículo 5. 
Votaciones 
Señor Presidente, la coordinación de las Derechas Europeas no ha participado en la votación, porque no estaba de acuerdo con el principio del Consejo Directivo ni con su composición. 
Señor Presidente, antes de avanzar en la conclusión de la votación del Sr. Duisenberg, quisiera preguntarle a usted si el Sr. Duisenberg se encuentra aquí para manifestar su respeto hacia el Parlamento Europeo en el momento en que vamos a votar nuestra posición sobre su nombramiento o no en el Banco Central Europeo. 
¿Está aquí el Sr. Duisenberg? 
Señor Alavanos, no lo veo y me dicen que no está en este momento. 
Le recuerdo que hoy no se trata de un nombramiento sino de un parecer favorable a su nombramiento que, en todo caso, corresponderá al Consejo. 
(El Parlamento aprueba la recomendación) 
Señor Presidente, había pedido la palabra antes de que usted procediera a la votación nominal. 
Lamento que no haya atendido a mi solicitud, a pesar de que había sido percibida. 
Es práctica común cuando nos pronunciamos sobre los nombramientos, que lo hagamos en votación secreta. 
Es el caso, por ejemplo, de los nombramientos del Tribunal de Cuentas. 
Debemos emitir un dictamen sobre las personas que han sido propuestas para el Banco Central Europeo. 
Creo que lo normal sería que nos ajustáramos a la práctica común y que, incluso por votación nominal, se hiciera con papeletas secretas. 
Señor Fabre-Aubrespy, como miembro de la Comisión de Reglamento, usted sabe que la votación secreta debe ser solicitada por una quinta parte de los diputados antes del inicio de la votación. 
No he recibido ninguna solicitud en ese sentido de la quinta parte de los diputados. 
Además, no se trata de una elección, ni tampoco de un nombramiento, sino de un dictamen en vista del cual, el Consejo Europeo decidirá si nombra o no nombra. 
Por tanto, las disposiciones a las que hace referencia no son aplicables. 
Señor Presidente, yo no estoy dispuesto a decir lo que han dicho nuestros señores colegas. 
Como he votado en contra de esta recomendación y del sentido de esta recomendación quiero justificarlo porque me he dado cuenta de que el Parlamento ha hecho un parlamentario... 
(El Presidente interrumpe al ponente )... se ha entregado lo más sagrado a un tal Sr. Duisenberg que nos menosprecia y que no está aquí presente... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Por un problema de escaño- que todavía no he encontrado la ubicación -, quiero señalar que he estado presente en la última votación y que mi voto es «sí». 
Ruego que lo tengan en cuenta. 
También quiero señalar que en los escaños previstos no disponemos de micrófono, por lo que resulta muy difícil dar a conocer que uno ha estado presente. 
Señor Presidente, por tanto, ruego que me computen entre los votos a favor, que he estado presente y, si fuera posible, que pusieran algún micrófono en estos escaños. 
Señora Izquierdo Rojo, eso estará resuelto en cuanto tengamos el nuevo hemiciclo. 
Mientras este hemiciclo tenga los sitios que tiene, se privilegiará a los que han llegado primero. 
Señor Presidente, yo no quisiera dejar de señalar en modo alguno lo siguiente- y también será preciso recordarlo con la máxima insistencia en el próximo debate presupuestario -, a saber: ahora vamos a votar estas diferentes propuestas en relación con el programa SAVE de fomento de la eficacia energética en el marco del procedimiento sin informe. 
Sin embargo, seguro que todos son conscientes de que la inclusión de estos seis países en el programa SAVE es, en realidad, un engaño, pues no habrá ni un céntimo para ello. 
Señora Bloch von Blottnitz, este no es el momento de una explicación de voto ni de un debate. 
Iniciamos la votación. 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las seis propuestas de decisión) 
Señor Presidente, usted nos ha recordado, con razón, que este texto requería la mayoría cualificada. 
Acabamos de votar sobre una enmienda al primer considerando, enmienda que ha sido rechazada, pero creo que ahora usted debe someter a votación el texto original de este primer considerando, para ver si, efectivamente, obtiene la mayoría. 
Señor Fabre-Aubrespy, el texto del Tratado precisa que las enmiendas de la segunda lectura deben ser aprobadas por mayoría cualificada, solamente las enmiendas. 
El texto en sí no es sometido a votación. 
No debe votarse y ello, por otra parte, a raíz de una idea expresada por un Presidente francés en el marco de las negociaciones relativas al Tratado de Maastricht. 
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada) 
Señor Presidente, simplemente quisiera señalar a la atención de la Asamblea que el Sr. Cabrol, ponente sobre la publicidad del tabaco, es, en realidad, el tercer ponente de este Parlamento que ha abordado ese asunto y el único que ha conseguido sacarlo adelante, por lo que esta Asamblea debería felicitarlo. 
Recuerdo que están prohibidas las manifestaciones en la tribuna. 
Señor Presidente, una vez más vemos que los servicios permiten que las cámaras de televisión filmen manifestaciones en esta Asamblea. 
Resulta de lo más lamentable y la Mesa debería hacer algo al respecto y velar por que se impartan órdenes firmes para que no se dé publicidad a las manifestaciones ilegales en esta Asamblea. 
(Reacciones diversas) 
Señor Presidente, yo recojo la propuesta del orador que me ha precedido y solicito a la Mesa de Presidentes que considere por qué ayer, en el momento de la votación del informe del Sr. Rothley, varios colegas de la prensa, de las agencias Reuters, APE, AFP, Nordfoto, entre otras, fueron expulsados de la tribuna y por qué los servicios del Parlamento impidieron, según parece, que la emisora de televisión italiana RAI retransmitiera imágenes de la votación. 
Yo considero que se trata de un acto de censura... 
... y le ruego encarecidamente que se ocupe de examinar qué valor concede esta Cámara, que se define como democrática, a la publicidad y al derecho de información de la prensa, de los medios de comunicación. 
Señor Presidente, recomiendo encarecidamente, como ya hice en anteriores ocasiones, que se mire hacia la parte derecha del hemiciclo, donde a menudo tenemos que hacer aspavientos para obtener el uso de la palabra. 
Deseo añadir tan sólo algo a sus afirmaciones. 
Si bien es cierto que las manifestaciones en el Pleno están prohibidas, no es menos cierto que los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre lo que acontece en el Parlamento Europeo. 
Hay que decir, además, que una de las pocas ocasiones en que el Parlamento aparece en la televisión de los Estados miembros, especialmente en Italia, es cuando se produce alguna manifestación. 
Por lo tanto, ruego que se preste mayor atención a los servicios que informan sobre los trabajos parlamentarios. 
Mis queridos colegas, presento mis disculpas a la Sra. Muscardini. Soy corto de vista. 
Pasamos a continuación a la votación del proyecto de decisión. 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Señor Presidente, acabo de llevarme una sorpresa. 
He abierto la carpeta con las enmiendas en finés y me he dado cuenta de lo que contiene son enmiendas al informe del Sr. Viceconte sobre la prevención de las enfermedades poco comunes. 
Desearía corregir ahora un malentendido fundamental como es éste. 
En mi informe no se trata en absoluto sobre enfermedades poco comunes, sino sobre enfermedades muy generalizadas. 
Cada año mueren cuarenta mil personas en la Unión Europea como consecuencia de la contaminación atmosférica, por lo que, en este caso, ha tenido lugar un lamentable malentendido. 
Verificaremos, evidentemente, las traducciones para asegurarnos de que todo está en orden. 
Le hago saber que hay dos fes de erratas, una en la versión española y la otra en la versión portuguesa. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, quiero invitar al Grupo Socialista, y en particular a la ponente en la sobra, Sra. van Putten, a que retire la enmienda 51. 
Y esto porque, si se aprueba la enmienda 52, presentada por el Grupo de los Verdes y que cuenta con mi pleno apoyo, estaremos seguros de que los criterios de rigurosidad de esta etiqueta ecológica europea no serán, sin duda alguna, inferiores a los de las etiquetas nacionales. 
Pues bien, si, como espero, se aprobará la enmienda 52, la enmienda 51, aunque no es incompatible con ésta última, sin embargo, crea distorsiones, ya que se refiere a criterios vagos como la notoriedad y la larga duración. En consecuencia, da pie a elementos de distorsión en un reglamento que se perfila muy bueno, especialmente si la Comisión, en segunda lectura, acogerá nuestras enmiendas. 
Invito, por lo tanto, al Grupo Socialista a retirar la enmienda 51 y, si esto no fuera posible, voy a invitar al Pleno a votar en contra. 
Deseo recordar que ya votamos a favor de la enmienda 50, presentada por el Grupo Socialista. 
Entiendo perfectamente las preocupaciones de la colega, Sra. van Putten, a quien le agradezco su contribución a los trabajos realizados para llevar adelante este reglamento en la comisión, no obstante, le ruego que retire la enmienda 51. 
No, Presidente, sigo pensando que como complemento van muy bien juntas y que esto ofrece más posibilidades a nuestra postura negociadora para la segunda lectura con respecto a la Comisión y al Consejo. 
Desgraciadamente, me gustaría ponerme de su parte pero en este caso no puedo. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, cuando votamos a favor del euro el pasado día 2 de mayo, en mi intervención en el Pleno en Bruselas, hablé de un barco que, por fin, había zarpado para cumplir sus cometidos institucionales. 
Hoy, hemos dotado a ese barco de los oficiales de marina necesarios para su navegación; y hablo de oficiales, porque los marineros somos todos nosotros, los ciudadanos europeos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo cotidiano. 
El nombramiento de los 6 miembros de la cúpula del Banco Central Europeo y de su primer presidente era el acto más importante para hacer funcionar la moneda única. 
Sólo un minuto después de dicha votación, hemos permitido la puesta en marcha del euro confirmando las propuestas de los Estados miembros relativas a los nombres de los 6 directivos del Banco Central Europeo para los próximos años. 
Ahora, les miramos con confianza, pese a que sabemos que la tarea que les espera no es ni operativa ni temporalmente fácil. Valoramos su competencia que se deriva de otros cargos anteriores y, sobre todo, valoramos su autonomía respecto a las interferencias políticas que podrían entorpecer el trabajo del Comité Ejecutivo, tal como se señala claramente en los Tratados. 
Al mismo tiempo, confiamos en una mayor implicación del Parlamento Europeo en los futuros trabajos del Banco Central Europeo. 
En efecto, el Parlamento- conviene recordarlo- es la única Institución comunitaria de carácter electivo, es decir, nombrada directamente por los ciudadanos, ante los cuales debe responder y a los que debe informar a diario sobre las próximas actividades de la cúpula. 
Por último, esperamos que se alcance una rápida solución en lo que respecta al nombramiento del nuevo presidente del BERD (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) , cargo que está vacante desde hace unos meses. 
También en esa ocasión, nos encontraremos ante una elección que, por desgracia, no es competencia de este Parlamento, sino del Consejo de ministros de Economía y Finanzas, una elección coherente con el espíritu comunitario de crear un equipo cuyos miembros obren en sintonía con miras a la consecución de los objetivos comunes. 
Señor Presidente, la ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, Sra. Randzio-Plath, nos ha explicado hace un momento que las audiencias de los candidatos al Comité Ejecutivo del futuro Banco Central Europeo le habían permitido formarse una opinión muy positiva. 
Todos los candidatos estiman que en Europa, prácticamente, ya se ha alcanzado el objetivo de estabilidad de los precios, lo que debería contribuir en el futuro a permitir unos tipos de interés bajos. 
Asimismo, según las audiencias, la competencia financiera de los candidatos, al igual que la herencia de seriedad que los bancos centrales legarán al BCE, debería garantizar la credibilidad de este último y contribuir así a tipos de interés bajos. 
No obstante, opinamos que no deben ocultarse los factores adversos, que son muy poderosos y que, sin duda, tenderán a mantener en la zona del euro unos tipos de interés estructuralmente más altos de lo necesario. 
En efecto, habida cuenta de que esta zona será económicamente heterogénea y habida cuenta de que también será psicológicamente heterogénea, ya que no existirá una opinión pública europea unificada que apoye masivamente al Banco Central, este último se enfrentará contantemente a divergencias mucho más fuertes que en el seno de un Estado nacional. 
Deberá perpetuamente compensar este déficit de credibilidad mediante tipos de interés más altos que la media potencial de los tipos nacionales, si éstos existieran aún. 
Además, como la estabilidad de los precios será una de las prioridades del BCE, éste deberá reaccionar cada vez que exista el peligro de que se produzca un cambio imprevisto de la situación, porque puede desestabilizar toda la zona. 
También aquí tendremos un factor de sobreestimación automática de los tipos de interés. 
Ahora bien, una vez más, esta situación no será accidental. 
Derivará de la propia concepción de la unificación monetaria europea, que situará al Banco Central único en medio de una zona heterogénea. 
Será uno de los precios que habrá que pagar por el euro, al que, actualmente no parece dársele demasiada importancia, pero que los ciudadanos descubrirán cuando se vean inmersos en el nuevo sistema. 
Señor Presidente, yo he votado afirmativamente la recomendación de la Sra. Randzio-Plath sobre el nombramiento de los seis candidatos al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 
Sin embargo, no quisiera ocultar que a pesar de todo tengo bastantes dudas por lo que se refiere a la conformidad del procedimiento de designación. 
Sin duda, cabría preguntarse qué políticos de alto rango, como el Sr. Chirac o el Sr. Kohl, o de segunda línea, como el Sr. Weigel, u otras personas, como el Sr. Tietmeyer, fueron los responsables de que se siguiera el citado procedimiento. 
Yo creo que lo más importante es constatar que es verdaderamente necesario que se modifiquen las disposiciones del Tratado al respecto. 
Yo querría dirigir la siguiente petición al Consejo y muy especialmente a la futura Presidencia alemana del Consejo: si queremos que las ciudadanas y ciudadanos europeos consideren en el futuro el euro como una moneda fiable y estable, es preciso que las personas que presten sus servicios en el Banco Central europeo sean seleccionadas mediante un procedimiento que inspire la máxima confianza a las ciudadanas y ciudadanos. 
Esto significa, en primer lugar, que es necesario abandonar la norma de la unanimidad. 
No puede ser que un Estado miembro no acepte la decisión sobre la persona que debe proponer el Consejo hasta el final de una larguísima comida, como acaba de ocurrir. 
En segundo lugar, es imprescindible que quede claro que el Parlamento Europeo no debe limitarse a emitir sólo una recomendación. 
En el futuro, el Parlamento Europeo debe poder escoger a los candidatos, y por el mismo procedimiento que el Consejo, o sea, por mayoría. 
De este modo, los candidatos seleccionados gozarán también de la confianza de la población y de la opinión pública. 
Señor Presidente, los diputados del Grupo de Derechas Europeas no han participado en la votación sobre el Banco Central Europeo, porque no aprueban ni el abandono de las monedas nacionales, ni la devolución de la soberanía monetaria a un colegio de expertos apartados de los pueblos. 
A este respecto, quisiera estar seguro de que aquellos que hoy se entusiasman por el euro, no serán los mismos que, mañana nos expliquen que hay que sustituirlo por el dólar. 
Me explico. 
En 1987, nos propusieron el mercado único y, en 1992, nos dijeron que había que añadir una moneda única europea al mercado único europeo. 
Hoy, el Comisario Brittan, entre otros, en particular, miembros de la Presidencia británica, nos dicen que habría que crear un mercado único transatlántico. Y bien, si consiguen sus objetivos y si nos encaminamos hacia un mercado único transatlántico, no dudo de que esas mismas personas nos dirán, en el 2004, 2005 o 2006, que a este mercado único transatlántico habrá que añadir una moneda única transatlántica que, evidentemente, sólo podría ser el dólar. 
Por ello, si hoy hemos defendido el franco, es para poder evitar mejor el dólar mañana. 
Presidente, doy la bienvenida a la aprobación por parte del Parlamento Europeo del nombramiento del Sr. Duisenberg como Presidente del Banco Central Europeo. 
El Parlamento Europeo ha logrado hoy superar con gran mayoría la mezquindad del Consejo Europeo. 
En este marco quiero recalcar la importancia de la enmienda aceptada del ELDR, que hace un llamamiento para evitar una sucesión antes de lo previsto- y también simultánea- tanto del Presidente como del Vicepresidente. 
Al aceptar la enmienda, el Parlamento Europeo da una clara señal de que la continuidad de la dirección en el Comité Ejecutivo del Banco Central debe seguir garantizada. 
Además, la enmienda recalca que sólo- y repito sólo- el Presidente o un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central pueden decidir cuándo dimitir y que desde fuera no se puede cambiar el mandato de la persona respectiva, todo esto conforme al espíritu del Tratado. 
Para finalizar, opino que el procedimiento de nombramiento seguido en los recientes 2 y 3 de mayo ha resultado altamente insatisfactorio, y que en el futuro se debe mejorar, si con el tiempo se quiere reforzar la confianza del público en el euro. 
El macabro debate político de las semanas pasadas pide más competencias del Parlamento Europeo en este terreno. 
Se debe aceptar que el Consejo Europeo no cederá voluntariamente el poder de nombramiento. 
Por consiguiente, hay que infundir en el ciudadano de Europa más democracia. 
Dado que Suecia no participa en la UEM, nos abstenemos en el nombramiento de las personas señaladas más arriba. 
Son los países participantes los que deberán decidir si la competencia y orientación política de esas personas son adecuadas para esos cargos de confianza. 
Desgraciadamente estamos avanzando hacia la moneda común " euro» y hacia la Unión Económica y Monetaria con un aumento del déficit democrático, con un Banco Central Europeo omnipotente e incontrolable y un Parlamento Europeo que es como un vegetal y como una comparsa. 
El dos de mayo se convoca al Parlamento Europeo en sesión extraordinaria, por primera vez en sábado, para aprobar las decisiones del Consejo ECOFIN sobre los 11 países que participarán en el " euro» que el Parlamento Europeo, las aprobará o las rechazará el Parlamento Europeo no cambiaría absolutamente nada, ya que su opinión era solamente consultiva. 
No puedo estar de acuerdo con la línea de la Presidencia de nuestro Parlamento de participar en estas ceremonias, aunque sea sin poderes, aunque sea sin competencias, para garantizar algunas migas de la campaña publicitaria sin precedentes que se está realizando sobre el " euro». 
Nosotros no debíamos haber estado de acuerdo en la construcción de una Europa Económica y Monetaria sin un Parlamento con poderes que expresase la soberanía de los pueblos de Europa. 
Por esta razón también yo preferí no estar en la " fiesta escolar» que se decidió en el último momento, única y exclusivamente para los medios de comunicación de masas, fiesta que en mi opinión, ridiculizaba en vez de reforzar al Parlamento Europeo. 
Hoy, en la Sesión Plenaria de Estrasburgo, se supone que vamos a aprobar la administración del Banco Central Europeo. 
En la audiencia que tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y a la pregunta de " qué va a hacer en caso de que el Parlamento Europeo no apruebe su nombramiento como presidente» , el Sr. Duisenberg contestó que no es su problema, es problema del Consejo. 
Y el Consejo por medio de su Presidente, del Ministro de Economía Sr. Brown, ha confirmado hoy por la mañana que el papel del Parlamento es " consultivo». 
Avanzamos, fundamos un Banco Central Europeo y a la vez retrocedemos hacia un Parlamento-sombra, que recuerda los parlamentos de antes de la revolución francesa que ejercían un papel consultivo ante el monarca. 
Y en este caso, el nombramiento de la dirección del Banco Central Europeo, no voy a participar y me abstendré de votar. 
Obviamente votamos a favor de la recomendación sobre el nombramiento de presidente, vicepresidente y demás miembros de dirección del Banco Central Europeo, puesto que la moneda única europea influye en el desarrollo de todos los países europeos. 
Por tanto, queremos por todos los medios ayudar a que la UEM llegue a ser un proyecto exitoso ya que esto beneficiará a todos los ciudadanos de Europa, incluídos los suecos. 
Lo sucedido el pasado 2 de mayo en la Cumbre de Bruselas ha suscitado no pocos descontentos y ha dejado un sabor muy amargo. 
Los trapicheos entre Estados han relegado a un segundo plano el nacimiento del euro y la importancia del acontecimiento. 
Sin embargo, el debate sobre a quién corresponde la autoridad de decidir ha merecido la pena. 
Ha tenido lugar, pero ha sido desagradable y demasiado nacionalista. 
Algún día habrá que reemprenderlo con calma. 
Efectivamente son los políticos los que deben decidir y no los gobiernos. 
Luego, el Parlamento ha cumplido con su deber con una audiencia de gran calidad. 
¿Debemos mostrarnos hoy severos con esta o aquella candidatura? 
Esta cuestión se planteó en la Comisión de Asuntos Económicos y, personalmente, el lunes por la noche, me abstuve en el momento de la votación sobre uno de los candidatos. 
Fue una advertencia necesaria. 
Pero hoy, no tenemos ningún motivo importante para no validar al equipo propuesto. 
Para mañana, debemos exigir un auténtico control del Parlamento y, sobre todo, una marcha determinada hacia la Europa política. 
Mientras mayor es la calidad de los técnicos, más reconocida es su independencia y más debe " el político» garantizar sus responsabilidades en nombre de los ciudadanos a los que representa. 
Es el desafío de los próximos cinco años. 
La resolución del Parlamento Europeo relativa al nombramiento del presidente y de los miembros del BCE ha permitido, en cualquier caso, constituir un equipo de técnicos monetarios, cuyas cualidades profesionales han obtenido el reconocimiento de todos. 
El objetivo general que se desprende de sus audiencias sigue siendo el cumplimiento estricto del Tratado, a saber, la búsqueda absoluta de la estabilidad del euro. 
Por otra parte, hay que destacar que " la independencia» del BCE sigue siendo un aspecto ambiguo y vago. 
¿Independencia con respecto a quién? 
Pero aunque los debates organizados desde hace dos días hayan permitido a los diputados abordar un abanico de temas bastante amplio, que van de la situación personal de los candidatos hasta su concepción del papel del BCE, pasando por cuestiones técnicas sobre la masa monetaria o la paridad euro/dólar, sigue siendo especialmente difícil pronunciarse sobre la competencia " teórica» de cada uno en base a una simple audición. 
Deberemos apreciar la competencia de todos ellos en el día a día, en el marco de la puesta en marcha y de la aplicación de las políticas monetarias y de las soluciones encontradas para responder a las fluctuaciones que no dejarán de sacudir los mercados financieros. 
Ciertamente es loable preconizar la estabilidad monetaria con el fin de instaurar un entorno económico " sano» , pero en ningún caso debemos perder de vista el objetivo que debe seguir siendo prioritario tanto a los ojos de los políticos, como de los monetaristas: la reducción del paro. 
Porque, en definitiva, para conservar la credibilidad entre la opinión pública- y recuerdo que los elegidos tenemos el deber defenderla -, es imprescindible que la política llevada a cabo aporte soluciones eficaces a los veinte millones de excluidos que son los parados, porque a éstos poco les preocupa la independencia y el control de una institución europea encargada de la cuestión monetaria, pero sí les preocupa saber cómo pueden reconquistar una calidad y un nivel de vida decentes. 
Añadiré, por último, que es prematuro preocuparse de la edad del presidente del BCE, porque ¿por qué hablar de sucesor si lo acaban de nombrar? 
Esperemos que se implante una política que funcione en las mejores condiciones. 
Motor de la construcción europea durante años, Francia ha perdido la práctica. 
Aún tiene la capacidad de obtener una apariencia de compromiso, pero en los grandes temas, a pesar de las gracias que han precedido al nombramiento del Sr. Duisenberg a la cabeza del BCE, su poder se limita a eso. 
Ni la causa europea ni nuestro país han salido engrandecidos de este folletín. 
Los abajo firmantes nos hemos abstenido en la votación sobre el informe precedente, por las siguientes razones: 
Somos contrarios al proyecto de UEM como tal; todos los proyectos anteriores de unidades de valores o de cambios fijos, o de ambos, han fracasado.-Suecia no participa en la UEM y por eso no tenemos motivos para juzgar los nombramientos de personas a cargos dentro del BCE. 
Estimamos que la política económica de austeridad de la UEM puede conducir a inquietud social y política dentro de la UE y por eso es un gigantesco proyecto de alto riesgo. 
La UEM excluye también una economía con bases " verdes» , sostenible en el largo plazo. 
Los seis candidatos propuestos que formarán la dirección del Banco Central Europeo tienen que seguir esta política económica establecida en la constitución. 
En la ronda de preguntas ninguno de ellos ha dado la menor señal que pueda interpretarse como preocupación por aspectos ecológicos y sociales; todos representan la línea " dura». 
Además, los candidatos han contestado una vez más un NO a la pregunta sobre si la actividad del BCE va a caracterizarse por su transparencia y por someterse a las influencias democráticas. 
Todos los candidatos a la dirección del BCE defienden la independencia del banco, al mismo tiempo que se oponen a que el Parlamento Europeo les pueda exigir cuentas de sus actos. 
Todos insisten también en la necesidad de que todas las actividades del banco tengan lugar a puerta cerrada, lo que impide al Parlamento Europeo y a los pueblos de Europa mantenerse informados de lo que ocurre. 
El " chalaneo» que ha tenido lugar sobre la duración del período de la presidencia del BCE y la forma cómo se ha consultado al Parlamento Europeo son indignos y humillantes. 
Como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo, acojo con beneplácito las decisivas decisiones que los dirigentes europeos adoptaron durante el fin de semana del 1 al 3 de mayo y que han dado la luz verde final a la introducción de una moneda única europea en Europa. 
Acojo con beneplácito que 11 países vayan a formar parte de la nueva moneda, que abarcará a una población de más de 290 millones de personas. 
Si sólo seis o siete países hubieran formado parte de la moneda nueva, el resultado habría sido simplemente la creación de una Europa de dos velocidades. 
Me complace que Irlanda haya pasado a formar parte de la nueva moneda, porque el resultado va a ser una reducción de los costos de las exportaciones para nuestros fabricantes. 
No cabe duda de que uno de los resultados de nuestra integración en el régimen europeo de moneda única va a ser una reducción de los tipos de interés, lo que constituye una buena noticia para las pequeñas y medianas empresas, y la eliminación de los costos de las transacciones constituirá una buena noticia para la industria turística irlandesa. 
El Banco Central Europeo será dirigido en los 12 próximos años por dos de los banqueros con mayor experiencia de Europa: el Sr. Duisenberg y el Sr. Trichet. 
Esos dos caballeros tienen credenciales impecables en materia de finanzas y administración bancarias internacionales y tienen las dotes idóneas para encabezar el Banco Central Europeo. 
El debate sobre el nuevo director del Banco Central Europeo no debe empañar los logros alcanzados hasta la fecha con vistas a la creación de una nueva moneda única europea. 
Sin embargo, debemos recordar también que quedan por delante dificultades reales respecto de la participación irlandesa en una nueva moneda única europea. 
Ahora los tipos de interés están controlados por el Banco Central Europeo. 
Así, pues, para que Irlanda tenga éxito en el marco de una moneda única, debemos seguir siendo competitivos en el mercado, mantener bajos los precios y velar por que la inflación se mantenga en un nivel bajo. 
En conclusión, confío en que Gran Bretaña pase a formar parte de la nueva moneda en un futuro próximo, porque la industria británica lo desea y porque, mientras Gran Bretaña se mantenga fuera de la nueva zona del euro, perderá muchas posibilidades de atraerse inversión extranjera directa. 
Los socialdemócratas daneses nos abstenemos en la votación sobre los miembros de la dirección del Banco Central Europeo. 
Votamos a favor de la lista de países que pueden alcanzar la moneda única, porque aparece en la reserva danesa que no impediremos a otros que la alcancen. 
No obstante, pensamos que es difícil tomar postura sobre la calidad de la dirección por la que se van a regir los países que dispondrán de la moneda. 
Nos abstenemos, pues incluso hay diferencias sobre el resultado de las consultas a los candidatos. 
Votar a favor sería ir más allá de la posición clara y fundamental que adoptamos el 2 de mayo. 
La designación del Presidente del BCE ha sido ratificada ya por los mercados y las opiniones públicas, lo que constituye un factor muy importante de apreciación, también en el plano democrático. 
El semimandato de Duisenberg, aunque desvaloriza la presidencia, puede valorizar la institución, cuya dirección es, por lo demás, competente y se ha mostrado en general convincente. 
Además, las sospechas inspiradas harán que la institución esté más vigilante. 
Y es positivo que, por la afirmación de superioridad de la voluntad política que el proceso de nombramiento revela, la principal misión del BCE- el control de la estabilidad de los precios- pase a situarse ahora en una perspectiva más vasta de estabilidad, equilibrio y cohesión de la Unión Europea en su conjunto. 
En cualquier caso, no vale la pena cavilar sobre el pasado, sino comenzar a rellenar con «carne» el «esqueleto» de la Unión Europea, completándolo en la esfera política y social. 
Se nos ha consultado acerca del nombramiento del presidente del Banco Central. 
Simplemente consultado. 
No tenemos nada que decidir, lo que da una idea del alcance de nuestro poder y revela, en cambio, la amplitud de la soberanía del Banco Central Europeo. 
Éste tiene la plenitud de su competencia, la autonomía de dicha competencia y la exclusividad. 
La independencia total que le ofrece el artículo 107 del Tratado de Maastricht significa la ausencia de control. 
Por otra parte, es revelador y angustioso presenciar los esfuerzos desplegados por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial para mendigar a un alto funcionario, en esta ocasión, el Sr. Duisenberg, unas migajas de audiencia. 
Cito: " ¿Con qué frecuencia, señor Presidente, estaría dispuesto a comparecer ante la comisión competente del Parlamento? ». 
Cabe destacar lo de " estaría dispuesto... ». 
El Sr. Duisenberg responde que está dispuesto a venir cada trimestre. 
En su gran mansedumbre, aceptará incluso " toda invitación a las reuniones de las comisiones». 
Pero en lo que se refiere a la responsabilidad del BCE, sólo se la imagina " ante el gran público». 
Concretamente, esta responsabilidad se pondrá en juego a través de "una política de comunicación abierta y transparente» , lo que no debería entrañar sanciones demasiado severas del" gran público »... 
El presidente Duisenberg acepta incluso que el BCE sea " responsable ante el Parlamento» , y lo hace además con una sinceridad que nadie pone en duda. 
A la decimonovena pregunta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que decía así: "En la hipótesis de que el Parlamento Europeo recomendara rechazar su nombramiento, ¿desearía seguir aspirando al cargo? », a lo que ofreció una respuesta que no podía ser más clara :" No puedo pronunciarme sobre esta cuestión». 
¿Existe realmente alguna responsabilidad cuando el responsable se niega abiertamente a salir, tras ser cuestionada su responsabilidad? 
Todos pueden verlo, el BCE sin control es completamente soberano. 
Aunque el gobierno económico y monetario de Europa ya no depende de la democracia, sino de la oligarquía. 
También aquí tenemos un retroceso de la historia institucional de Europa. 
La audiencia de los candidatos al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y la votación para su aprobación en el Parlamento Europeo constituyen ciertamente un momento político importante en la integración indispensable de la UEM y del euro. 
Sin embargo, exactamente este momento nos recuerda los déficits políticos de la marcha, hasta ahora, de la unificación europea. 
El voto del Parlamento Europeo es simplemente de opinión. 
Los parlamentos nacionales no tienen competencia para juzgar el nombramiento de la gobernación del Banco Central Europeo, mientras que juzgan el nombramiento del gobernador de su propio Banco Central, tal como ha hecho recientemente el Parlamento griego. 
Así los gobiernos nombran la cúpula del Banco Central Europeo, frecuentemente con intercambios de baja calidad, y el control parlamentario se escapa de los parlamentos nacionales y no va al Parlamento Europeo. 
De esta manera se muestra otra de las contradicciones que deriva de la insuficiencia de la marcha, hasta ahora, de la unificación política de Europa. 
Esta contradicción será cada vez más sensible según avance el desarrollo de la UEM. 
Y deberemos enfrentarnos a ella en breve: o la UEM no conduce a una nueva unificación política, de forma federal, de Europa y entonces deberemos preocuparnos por su futuro, o real e inevitablemente hacen a este objetivo y entonces debemos decirlo claramente y prepararnos adecuadamente. 
Con esta lógica prefiero abstenerme en la votación, naturalmente sin poner en tela de juicio la conveniencia de las personas que se nos proponen y aún menos la importancia histórica que tiene esta UEM por si misma y por la moneda común. 
Nos congratulamos del voto expresado, mediante el cual el Parlamento Europeo ha hecho otra contribución relevante a la credibilización del euro. 
Así fue después de que participáramos en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en la apreciación de los currículos y el interrogatorio a los seis candidatos propuestos. 
Al haber formulado con toda libertad un juicio positivo sobre todos ellos, contribuimos al fortalecimiento de la credibilidad proporcionada por el mercado y a hacer olvidar la forma menos afortunada como se desarrolló la Cumbre de Bruselas, credibilidad que no resultará mínimamente menoscabada por una salida voluntaria del Sr. Duisenberg (pues no entrañará violencia alguna del Tratado). 
La credibilidad del euro se verá también reforzada con la rotatividad acordada en la Cumbre, con la previsión ya hecha de la fecha de participación de un miembro portugués en la Comisión Ejecutiva, además de la participación permanente del Gobernador del Banco de Portugal en el Consejo del Banco, órgano que se reunirá al menos diez veces al año y al que corresponderán siempre las decisiones de fondo con el mayor relieve, mediante votaciones por mayoría simple (en principio) e igual ponderación de los votos. 
Tras la «fundación» y la designación de los «fundadores» del euro, el proceso de instalación del primer directorio del BCE acabó superando, con un indeseado inmediatismo y oportunidad, las precisiones más pesimistas. 
Al espectáculo montado para impresionar a la opinión pública siguió un espectáculo por todos reconocido como triste, pero en el que pocos son los que subrayan el aspecto revelador de la falta de mecanismos y procedimientos democráticos. 
Por nuestra parte, no queremos discutir sobre personas, sobre el reparto de influencia entre los «grandes» , las combinaciones y los «pasteleos». 
Casi por una cuestión de higiene mental, de preservación de la política como pedagogía, nos hemos abstenido en esas votaciones que nada deciden, que son una «simulación» , que continúan la misma escenificación «para que la opinión pública vea» , incluso con la incapacidad para ocultar lo que no se les quería mostrar, y que es urgente denunciar, mostrando que se están tomando las decisiones lejos, cada vez más lejos, de los ciudadanos, de ciudadanos informados y responsablemente participantes. 
La mayoría de nuestro grupo político ha votado en contra de todos los directores designados porque considera que la política monetaria y las prácticas del Banco Central que encarnan programáticamente la totalidad de los candidatos, con una pequeña matización en favor del Sr. Padoa-Schioppa, son inaceptables y requieren una urgente revisión. 
La lucha contra la inflación cuando no hay inflación no es un proyecto de política monetaria razonable, mientras que sí lo es, en cambio, evitar las tendencias deflacionarias. 
Incluir a los bancos centrales en el principio de publicidad general y de la " publicidad especializada» de los mercados financieros, en particular, es una trivialidad, mientras que todavía está pendiente, en cambio, la tarea de inscribir la independencia del Banco Central en el marco democrático de un diálogo monetario estructurado, que debería institucionalizarse tanto a escala europea como a escala nacional. 
Una minoría apreciable de nuestro Grupo político no ha considerado razonable emitir un voto negativo en estas circunstancias tan críticas. 
Una vez que el Parlamento Europeo ya ha emitido su voto favorable a los nombramientos, los Verdes haremos uso de todas las posibilidades de configuración de la voluntad parlamentaria y de todas las formas del diálogo institucionalizado para intentar que se corrijan en el futuro estas ideas políticas maestras. 
Tenemos el convencimiento de que una formulación clara y precisa de las diferencias- tal como la hemos expresado en nuestras enmiendas (que han sido rechazadas por la mayoría de la Asamblea) y mediante nuestra abstención en la votación- es el punto de partida adecuado para los debates que tendremos que desarrollar con el Consejo Ejecutivo del BCE en los próximos años. 
En este sentido, ahora tenemos que apostar por la posibilidad de aprovechar al máximo la tenue e incipiente disposición al diálogo que, a pesar de todo, manifestaron los candidatos. 
En cualquier caso, nosotros no nos retiraremos a lamentarnos en un rincón, sino que nos proponemos trabajar todavía más activamente para intentar exponer nuestras posiciones y exigencias críticas en el marco del diálogo que deberá tener lugar entre el BCE y el PE. 
El sentido de la presente explicación de voto también es extensivo a las siguientes votaciones sobre el nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE. 
Señor Presidente, la decisión adoptada en esta Asamblea hace de hoy un gran día para la democracia y para la salud de los ciudadanos de toda Europa. 
Evidentemente, los Verdes habrían preferido que se fortaleciera esta directiva, pero sabemos que la táctica del grupo de intereses de la industria tabaquera era la de intentar conseguir que se incluyera una enmienda para que, cuando regresara al Consejo, la mayoría de éste la cambiara por una presión excesiva de Alemania, en particular. 
El Gobierno de Alemania estaba presionada por la industria de los medios de comunicación impresos y de los periódicos, porque afrontaban la perspectiva de perder una enorme cantidad de dinero de la publicidad del tabaco. 
Presionaron a varios Estados miembros para que cambiaran de postura en el Consejo. 
Me parece atroz que los intereses creados de los gobiernos y los países pasen totalmente por alto la salud de los ciudadanos de toda Europa. 
No cabe la menor duda de que la publicidad del tabaco tiene efectos atroces en los jóvenes en particular. 
Cuando se examinan las consecuencias para la salud del tabaco y del hábito de fumar, resulta evidente que el número de personas que mueren a consecuencia del tabaco es muy alto. 
Por ejemplo, una organización de Irlanda llamada ASH calcula que la industria tabaquera y su atroz campaña para lograr que cada vez más jóvenes adquieran el hábito de fumar mata a seis veces más personas en Irlanda todos los años que los accidentes de tráfico, los accidentes laborales, las drogas, los asesinatos, los suicidios y el SIDA. 
No cabe la menor duda de que el hábito de fumar es un peligro para la salud. 
Cualquier clase de publicidad que promueva algo que es un peligro para la salud debe ser inaceptable para una sociedad civilizada. 
Me alegro de que hoy la industria del tabaco no se haya salido con la suya y de que el Parlamento haya antepuesto los intereses de la salud de los ciudadanos de toda Europa a los intereses creados. 
Por desgracia, en los dos Grupos mayores del Parlamento Europeo, muchos de los diputados alemanes cedieron ante el cabildeo de esos intereses creados y antepusieron los intereses del dinero a los de los ciudadanos y su salud. 
Sin embargo, nos alegramos de que esta directiva haya salido adelante. 
No es perfecta, pero al menos es algo. 
Los Verdes nos hemos encontrado en una posición difícil al intentar no enmendarla, porque sabíamos cuál sería el resultado final. 
Es evidente que las tácticas de algunos diputados a esta Asamblea han sido bastante siniestras, la verdad: intentar incluir enmiendas e intentar conseguir que personas conscientes en materia de salud votaran a favor de ellas. 
Llegado el momento, ¿apoyarían esos diputados dichas enmiendas en otra situación? 
No lo creo. 
Señor Presidente, no he votado a favor de la posición común por dos razones. 
La primera es relativa al fundamento jurídico. 
Nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos ha demostrado claramente que el Tratado no contiene ningún fundamento jurídico que permita prohibir pura y simplemente la publicidad de artículos- hoy, el tabaco y mañana, por ejemplo, el vino- que son elaborados a base de productos agrícolas no prohibidos, sino todo lo contrario, e incluso ampliamente subvencionados en el marco de la Política Agrícola Común, como es el caso del tabaco. 
No se trata hoy de estar a favor o en contra de los fumadores, a favor o en contra de la lucha contra el cáncer. 
Es totalmente esquizofrénico, si no hipócrita, crearse una aureola sanitaria votando a favor de la prohibición de toda publicidad de los productos de tabaco. 
Nadie comienza a fumar debido únicamente a la publicidad y nadie deja de fumar porque se prohíba toda la publicidad, una prohibición que, digámoslo de pasada, beneficia a los monopolios del Estado que producen los cigarrillos más perjudiciales para la salud. 
Como la prohibición de la publicidad en la Comunidad amenaza con destruir miles de puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres, especialmente en mi país, y ello en beneficio de las multinacionales de terceros países, he renunciado a la hipocresía y he votado en contra. 
Aconsejaría, por otra parte, al Comisario Flynn que se manifieste en favor de la creación de puestos de trabajo para las mujeres con la misma pasión y el mismo ahínco de que ha hecho gala en este hemiciclo en favor de la prohibición de la publicidad y de la destrucción de los puestos de trabajo. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe Cabrol. 
Sin embargo, deseo someter a su atención la actitud adoptada por el señor Comisario Flynn cuando intervino al final del debate sobre este informe. 
En realidad, quiero censurar esta actitud: el Comisario Sr. Flynn se pronunció en contra de las ayudas a los productores de tabaco, en una arenga bastante acalorada, en búsqueda de los aplausos de una parte de este hemiciclo. 
No obstante, el asunto de las ayudas a los productores de tabaco no figuraba en el orden del día de este debate. 
Creo que los dos asuntos han de diferenciarse como, por otra parte, hizo la Comisión que decidió mantener las ayudas a la producción de tabaco, tema que vamos a debatir en un próximo informe del Parlamento. 
En segundo lugar, creo que en este hemiciclo un Comisario está obligado a expresar las posiciones de la Comisión en cuanto órgano colegiado y no a expresar opiniones personales. 
Yo conozco su opinión personal y la respeto, pero él, por su parte, debe respetar al Parlamento Europeo y nuestras reglas de trabajo. 
En consecuencia, señor Presidente, le ruego que transmita mi censura al señor Comisario Flynn y que le pida, si es posible, una respuesta a su actitud. 
He votado la posición común del Consejo relativa a la publicidad y al patrocinio de los productos del tabaco porque considero que no debemos fomentar el consumo de productos del tabaco por medio de la publicidad, por las consecuencias nocivas para la salud, especialmente en la juventud. 
Pero este es un tema completamente distinto del lugar del tabaco en la Política Agrícola Común. 
Una supuesta anulación de las ayudas al tabaco, como proponía ayer el Comisario Sr. Flynn, crearía un problema social tremendo, desertizaría regiones semimontañosas enteras de la Unión Europea y no reduciría el consumo ni en un cigarrillo. 
Simplemente beneficiaría a las importaciones- especialmente de Estados Unidos- a costa de la producción comunitaria. 
He votado sobre las cuestiones esenciales, en particular el fundamento jurídico, en contra de la posición que ha vencido. 
Por una razón de fondo: mientras la producción y venta de productos del tabaco siga siendo una actividad legal, ninguna razón hay para prohibir su publicidad. 
Pero ésta debe mencionar claramente los peligros del consumo y favorecer la libertad de elección. 
Por lo demás, hay publicidad sobre los perjuicios del tabaco. 
Por una razón antifundamentalista: yo, que dejé de fumar hace diez años, no comprendo el furor integrista contra los fumadores por parte de personas que parecen querer imponer una moral y no lo tolero. 
Por una razón política: el Comisario Flynn asoció expresamente esta decisión con las medidas contra la producción de tabaco en la Unión Europea y contra el apoyo a los productores agrícolas de tabaco. 
Se trata de una posición abusiva que no tiene en cuenta las repercusiones económicas y sociales desfavorables de semejante medida, que no protege los intereses europeos frente a los Estados Unidos de América y, por último, no va asociada con ninguna reforma a fondo de la PAC a favor, en particular, de las producciones agrícolas, frutícolas, hortícolas, oleícolas y vitivinícolas de los países meridionales. 
Después de más de cinco años de estancamiento legislativo en lo relativo a uno de los dossiers más delicados del Parlamento Europeo, nos encontramos a punto de conseguirlo. 
Nuestra votación de hoy debería permitir prohibir la publicidad del tabaco en la Unión Europea. 
Es una decisión fundamental en favor de la salud pública y que expresa perfectamente nuestra voluntad de lucha contra todas las causas de dependencia, cualesquiera que éstas sean. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, por fin y gracias a los esfuerzos del profesor Cabrol, hemos logrado un consenso en favor de suprimir todas las formas de publicidad y de patrocinio del tabaco. 
La amplia mayoría que hemos alcanzado es el mejor compromiso actualmente posible, porque tiene en cuenta el equilibrio entre los intereses existentes. 
Se han concedido mejoras y excepciones sectoriales importantes en el tiempo, para evitar todo perjuicio económico peligroso para la agricultura, la prensa, etc. 
Por ello, respaldo formalmente la posición común adoptada en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, tal y como ha sido presentada en la recomendación del informe Cabrol. 
Invito a todos mis colegas defensores de la salud pública a dar muestra de la misma firmeza. 
Como médico especializado en otorrinolaringología, quisiera volver sobre algunos aspectos que nos han llevado a tomar esta decisión, en absoluto abusiva o desproporcionada, con respecto al reto que representa para la salud pública. 
La publicidad del tabaco va dirigida a una población cada vez más joven. 
Esta última se ha convertido en el principal objetivo de los fabricantes, que quieren así asegurarse los mercados de mañana y sustituir a los 500.000 fumadores que mueren cada año en Europa. 
No podemos, so pretexto de la libertad de expresión, tolerar esta influencia sobre el comportamiento de los jóvenes que no miden los riesgos que corren. 
Los Estados Unidos vienen adoptando, desde 1995, medidas severas con respecto a los menores y a los jóvenes adultos. 
No permitamos que los fabricantes norteamericanos hagan ahora en la Unión Europea lo que ya no se les permite en su país. 
Era importante conseguir frenar definitivamente el alcance de la publicidad del tabaco, en particular, la destinada a estimular esta demanda y a incrementar este tipo de consumo. 
El tabaco, directa o indirectamente, causa más víctimas cada año que los accidentes de tráfico, el alcoholismo, las drogas y los suicidios juntos. 
Hemos sabido unirnos para crear la moneda única. 
Sepamos hoy movilizarnos para limitar el consumo de este producto potencialmente peligroso y que supone un importante problema para la salud. 
El informe del Sr. Cabrol presenta en muchos sentidos un contenido razonable al que podemos adherirnos con facilidad. 
Hemos apoyado en el día de hoy una serie de enmiendas que si hubieran sido aprobadas, habrían implicado que la directiva fuera transformada en una recomendación. 
Lo hicimos porque pensamos que no hay base legal para el informe del Sr. Cabrol, sin embargo, puesto que su contenido es bueno, nos gustaría haberlo aprobado como una recomendación. 
Tanto los propios servicios jurídicos del Consejo como la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento han alcanzado la misma conclusión, y puesto que nos preocupa mucho defender el derecho de los Estados miembros a ser ellos mismos quienes legislen, sólo podemos apoyar el informe del Sr. Cabrol como una recomendación. 
En la última ocasión en que se examinó esto en el Parlamento Europeo, me opuse a la propuesta de prohibir la publicidad del tabaco por considerarlo una censura. 
Me preocupaba que a una prohibición de la publicidad del tabaco siguieran prohibiciones de la publicidad de otros productos alentadas por quienes tienen miras muy estrechas y ultraconservadoras. 
Si bien adopté mi decisión por razones libertarias auténticas, después he cambiado de opinión. 
Mi indignación ante el comportamiento manipulador de la industria tabaquera, que da muestras de una insensible indiferencia para con la ética y la salud pública, ha podido más que mis reservas anteriores. 
Ciertos productores de tabaco han puesto la mira cínicamente en los jóvenes. 
Aumentaron el contenido de nicotina de algunos de sus productos para hacer que los jóvenes contrajeran la adicción para toda la vida. 
Ponen la mira en los jóvenes con anuncios seductores sin preocuparse por los perjuicios a largo plazo que infligen a su salud. 
Los beneficios tienen prelación respecto de las preocupaciones humanitarias. 
No puedo aceptar esos métodos y por estas razones voy a apoyar la prohibición de la publicidad del tabaco. 
El tabaco es un veneno, mata a cientos de miles de seres humanos al año y es el origen de lesiones o graves enfermedades de millones de personas. 
Sabemos que una prohibición pura y simple estaría justificada desde el punto de vista de la salud, pero que no es viable. 
Por ello no se puede prohibir la producción ni el consumo de tabaco. 
Existe una contradicción y una hipocresía insoportables en el hecho de que sólo se prohíba la publicidad, mientras que se sigue promoviendo la producción mediante subvenciones, cuyo importe supera al de los gastos sanitarios. 
¡Más de mil millones de ecus al año! 
Se impone coherencia en las decisiones. 
A pesar de esta hipocresía, que deploro, votaré a favor de la prohibición de la publicidad, a la espera de que se aprueben otras medidas posteriormente. 
Tras seis años de deliberaciones, el Consejo ha adoptado, por fin y aunque por un margen muy justo, su posición común en favor de la prohibición total de la publicidad del tabaco. 
Personalmente, estoy a favor de una aprobación del proyecto tal cual, sin ninguna enmienda. 
En realidad, la cuestión del tabaco es una de las prioridades que se imponen en materia de salud pública. 
Es cierto que la prohibición de la publicidad no constituye más que un paso, pero hoy podemos darlo. 
Por ello, adoptemos una posición decidida y aprobemos el informe Cabrol. 
Por otra parte, creo que si aprobamos las enmiendas, daríamos ocasión a los que se oponen al principio de la prohibición a poner en juego el proyecto en su conjunto, y no deseo correr un riesgo semejante. 
Por último, en cualquier hipótesis, se ha previsto explícitamente que los Estados miembros que deseen adoptar disposiciones vinculantes con mayor rapidez, puedan hacerlo. 
Por tanto, cada uno puede asumir sus responsabilidades, si estima que el texto se queda corto en lo que respecta al calendario. 
El voto efectuado hoy es un voto histórico. 
El Parlamento, la representación directa de la ciudadanía europea, ha conseguido, tras nueve años de lucha, imponer democráticamente su criterio al aceptar hoy sin modificaciones la posición común del Consejo. 
Hoy es un día histórico para la salud de todos los ciudadanos, a pesar de que los españoles del PP hayan votado a favor de incitar al consumo del tabaco y de sus dramáticas secuelas para la salud. 
En un día como hoy, una se congratula de pertenecer a este Parlamento, como ya manifesté, en nombre del Grupo Socialista, en el debate de ayer. 
A pesar de que la posición común no aclara plenamente todos los aspectos y a pesar de que el fundamento jurídico es controvertido, yo no he votado favorablemente ninguna enmienda porque pienso que debemos emitir una señal en el ámbito de toda la Unión, que indique que concedemos una gran importancia a la salud de los ciudadanos y ciudadanas. 
Quiero felicitar cordialmente al profesor Christian Cabrol por el excelente trabajo que ha realizado en la preparación de esta segunda lectura de la propuesta de directiva relativa a la prohibición de la publicidad de los productos del tabaco en la Unión Europea. 
Comparto las mismas convicciones que él sobre este texto. 
Con su decisión de luchar en favor de la salud en primer lugar y de la salud por encima de cualquier otro interés, ha optado por defender una posición política valiente. 
Seis años después de la primera lectura, el Consejo ha alcanzado, finalmente, una posición común. 
Este texto es el resultado de difíciles negociaciones. 
Los detractores de esta propuesta de directiva abogan por el cambio de su fundamento jurídico. 
No comparto su punto de vista. 
Se trata de una problema de salud pública, se trata, también, de un problema de armonización de las normas relativas al ejercicio de la publicidad en el conjunto del territorio comunitario. 
En este sentido, el artículo 100 A me parece perfectamente acorde. 
Si para algunos diputados y algunos Estados, el fundamento jurídico constituye un problema real, y no solamente un pretexto, se consultará al Tribunal de Justicia y éste se pronunciará. 
El Parlamento, por su parte, debe pronunciarse en un ámbito político. 
Y es lo que ha hecho hoy, precisamente el día siguiente a la aparición del informe anual de la OMS, que establece en 3, 5 millones de muertes el número de víctimas del tabaco en todo el mundo al año, y que estima en 10 millones el número de esas muertes en 2020. 
Este crecimiento está directamente relacionado con el aumento previsible del consumo, especialmente en los países en vías de desarrollo. 
Dicho informe insiste, por otra parte, en el hecho de que, globalmente, el número de casos de cáncer tiende a disminuir y que debería estabilizarse antes del 2005, a excepción del cáncer de pulmón, que es el único que aumenta. 
Me congratulo del resultado de esta votación que marca la voluntad de nuestra institución de proteger la salud de la juventud y de las próximas generaciones. 
Es un gran paso adelante el que hemos dado en el ámbito de la protección de la salud pública. 
El Parlamento Europeo puede congratularse por haber corroborado hoy el inicio de la prohibición total en la Unión Europea de la publicidad del tabaco. 
A pesar de que, con sus largos períodos transitorios, se trata de una solución de compromiso poco satisfactoria, en este caso lo mejor sería enemigo de lo bueno. 
Dando muestras de inteligencia, el Parlamento se ha abstenido de presentar una sola enmienda a la solución que se fraguó, tras varios años de esfuerzos, en la reunión que mantuvieron los Ministros de Sanidad el pasado diciembre. 
De este modo, el Parlamento ha logrado evitar al lobo vestido con piel de cordero, es decir, a aquellos diputados- prácticamente todos de nacionalidad alemana- que intentan echar por tierra, tergiversando argumentos sanitarios y jurídicos, todo proyecto encaminado a la prohibición de la publicidad del tabaco. 
La oposición a la prohibición de la publicidad la ejercen instancias como la industria tabaquera o las grandes empresas de publicaciones, las cuales despliegan un enorme poder económico. 
Los legisladores de la Unión Europea han demostrado poder soportar hasta las presiones más poderosas. 
Además, éste es también el último momento para legislar en materia de prohibición de la publicidad del tabaco. 
Dentro de algunos años se producirá la adhesión de los países de la Europa Central y Oriental, los cuales se oponen a la restricción del mercado. 
La Unión debe mostrarles también a ellos que su objetivo es fomentar, en serio, la sanidad de sus ciudadanos. 
En mi calidad de no fumador activo desde el nacimiento, lejos de mí el propósito de apoyar el consumo de tabaco y menos aún la intención de pasar por alto sus posibles riesgos. 
Por esto también me tomo muy en serio la preocupación que se manifiesta al respecto. 
Sin embargo, yo abogo por una política sincera y directa, y por lo tanto no puedo apoyar la propuesta de directiva sobre la prohibición de la publicidad del tabaco. 
La decisión a favor o en contra del consumo de tabaco es una cuestión fundamental y como tal debe abordarse. 
Es una hipocresía pronunciarse contra la publicidad del tabaco y aceptar al mismo tiempo las subvenciones al tabaco de la Unión Europea. 
Nos encontramos ante una actuación colateral que apunta hacia otro objetivo muy distinto y dudoso. En efecto, la información sobre las mercancías que pueden adquirirse legalmente forma parte de los principios inherentes a la ordenación de una economía de mercado y, por lo tanto, es parte integrante de un mercado interior. 
Esto concuerda con el concepto de un consumidor mayor de edad que sabe hacer un uso adecuado de la información. 
La prohibición de la publicidad que se propone abre peligrosas perspectivas para nuestra economía de mercado. 
¿Por qué no prohibir, entonces, la publicidad de los huevos? 
¿O de las marcas de automóviles? 
Por no mencionar ya la de las bebidas alcohólicas o el café. 
La Unión Europea se propone garantizar la libre circulación de mercancías y servicios y realizar el mercado interior. 
La prohibición de la publicidad del tabaco no es, sin embargo, el camino adecuado para conseguir estos objetivos declarados. 
Cualquier producto cuya libre venta esté autorizada también tiene que poder anunciarse. 
En mi calidad de consumidor, yo tengo derecho a saber qué productos existen en el mercado y qué ofrece cada uno. 
No existe ningún fundamento jurídico que sustente la prohibición de la publicidad del tabaco en todo el ámbito de la UE. 
Nadie discute que fumar es perjudicial para la salud. 
En los envoltorios de los cigarrillos se advierte de la nocividad de este hábito. 
Sin embargo, las restricciones tienen que guardar proporción con el objetivo alcanzado. 
Esto ciertamente no ocurre en el caso de la prohibición de la publicidad del tabaco, tal como la prevé la posición común del Consejo. 
Yo temo asimismo un efecto en cascada que no se detenga en la publicidad del tabaco: luego podría seguir la prohibición de la publicidad de las bebidas alcohólicas, de los coches veloces, de medicamentos y juegos. 
¿Dónde trazaremos el límite? 
Señorías, informar de manera razonable a la población sobre los riesgos del consumo de tabaco es una solución mucho más adecuada y eficaz para reducir el tabaquismo entre la población europea que las prohibiciones de la publicidad, que distorsionan la competencia. 
Por lo tanto, deberíamos concentrar más la atención en los programas de acción en el ámbito de la salud, como por ejemplo el programa " Europa contra el cáncer». 
El tabaco es la primera causa de las enfermedades y muertes que pueden evitarse. 
Dentro de los países miembros de la UE más de 500000 muertes pueden relacionarse con el tabaco; de ellas, 200000 se deben a enfermedades cardiovasculares. 
Las investigaciones científicas demuestran que la propaganda del tabaco tiene un efecto favorable en el consumo de tabaco de las personas. 
También hay investigaciones que demuestran que la prohibición de la propaganda del tabaco unida a otras medidas preventivas e informativas, disminuyen los hábitos fumadores. 
Un asunto que se discute es si la directiva propuesta implica una limitación a la libertad de expresión y, en consecuencia, a la Constitución. 
Consultas hechas a expertos demuestran que no es así. 
No hay razones de peso en contra de la propuesta de prohibición de la propaganda directa e indirecta del tabaco. 
Por eso he votado favorablemente el informe. 
Si bien todos nosotros queremos que haya una reducción espectacular de la publicidad del tabaco, resulta lamentable que la necesidad de una mejor educación de los jóvenes haya quedado ensombrecida por el argumento, superficialmente atractivo, de una prohibición total de la publicidad del tabaco. 
Si la Comisión se toma en serio su política contra el hábito de fumar, mejor sería para ella y para el público europeo que se centrara en programas de educación en lugar de buscar publicidad por medios mal concebidos y mal ejecutados. 
Resulta evidente que no se ha examinado esta cuestión con todo el detenimiento necesario, pues el artículo 100 A no es el fundamento jurídico mediante el cual se debe abordar la publicidad del tabaco. 
En mi opinión, semejante manipulación del Tratado socava el crédito de la UE. 
También es injusto acusar a los diputados que están sinceramente convencidos de que el fundamento jurídico de esta propuesta no es el adecuado de estar controlados por los fabricantes de cigarrillos. 
He escuchado los argumentos expuestos no sólo por los fabricantes, sino también por los organizadores de campañas contra el hábito de fumar y por los sindicatos que representan a los trabajadores empleados en esa industria de mi circunscripción. 
Sigo convencido de que una prohibición total no es la respuesta al problema del consumo de tabaco y de que, en cualquier caso, no se conseguirá a partir de un fundamento jurídico injustificado. 
La opinión de los médicos es unánime: el consumo de tabaco constituye un riesgo para la salud desde el primer cigarrillo. El afectado es el propio fumador, pero también los fumadores pasivos que le rodean. 
Los expertos lo han demostrado: la publicidad directa e indirecta del tabaco influye sobre todo a la juventud, a la que se incita a que se inicie en el consumo de esta droga. 
Por esto una gran mayoría del Parlamento Europeo ha elaborado, con el apoyo de la mayoría del Consejo de Ministros de Sanidad europeo, una directiva europea que prohíbe la publicidad del tabaco. 
A pesar de la compacta oposición de la industria tabaquera, que lo ha intentado todo, mediante una campaña masiva de relaciones públicas, para intentar modificar la decisión de los políticos, ha acabado por imponerse la razón. 
Tras un plazo de transposición de tres años, que permitirá la adaptación de las estructuras económicas, quedará prohibida en Europa la publicidad directa e indirecta del tabaco y también el patrocinio. 
Cada año mueren en Europa alrededor de 548.000 personas como consecuencia del tabaquismo. 
Luxemburgo, con 654 víctimas, se inscribe sin duda dentro de la tendencia general. 
Es necesario reducir, por lo tanto, el peligroso consumo de tabaco y sobre todo evitar que los jóvenes- ¡a quienes se dirigen específicamente muchos anuncios de tabaco! -se inicien en este hábito nocivo para la salud. 
Puesto que está demostrado que muy pocas personas comienzan a fumar después de los 20 años, reforzar la prevención entre los niños y jóvenes es un acto de racionalidad política en favor de la salud de la población. 
Yo voto con pleno convencimiento, y con el apoyo moral de los médicos luxemburgueses y de la Fondation luxembourgeoise contre le cancer, en favor de la prohibición de la publicidad del tabaco. 
Se considere o no deseable introducir normas por las que se prohíban los anuncios de tabaco, la directiva propuesta no debe promoverse. 
Tanto la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos del Parlamento como los servicios jurídicos del Consejo han concluido que la Comunidad no tiene competencia para dictar la directiva- ni con el artículo 100 A ni con ningún otro artículo del tratado como base jurídica. 
Si se aprueba la directiva, es en gran medida verosímil que se interponga un recurso ante el Tribunal de Justicia en el que se pida que el acto sea declarado no válido de acuerdo con los artículos 173 y 174 del Tratado. 
Después de esto, debe ser tarea de cada Estado miembro adoptar una decisión sobre la eventual implantación de tales normas. 
De ahí que vote a favor de la propuesta del Sr. Nassauer y de los refrendarios de declaración de intenciones sobre el rechazo de la posición común adoptada por el Consejo. 
Lo que hoy se dirime va mucho más allá de la prohibición de la publicidad del tabaco. 
Yo rechazo dicha prohibición por consideraciones de fondo sobre el procedimiento que ha seguido la Comisión de Medio Ambiente, cuyo resultado final es que el Parlamento Europeo se desentiende de un importante procedimiento legislativo europeo. 
En efecto, nos estamos privando de la posibilidad de debatir en esta Cámara un proyecto que el Parlamento Europeo ya examinó hace más de seis años en un contexto totalmente distinto. 
Sin embargo, todavía pesa más en nuestra posición el hecho de que, con el procedimiento que se ha elegido, el Parlamento Europeo realiza un acto legislativo que ciertamente queda fuera del ámbito de sus competencias legales. 
Ninguna de las competencias reconocidas actualmente a la Unión Europea admite una prohibición tan general de la publicidad directa e indirecta de un producto cuyo consumo, además, no sólo no está prohibido, sino que, por el contrario, la Unión Europea ha contribuido incluso durante décadas a financiar su producción con ayudas europeas, al tabaco y a los productos del tabaco, por ejemplo. 
Nosotros nos sentimos comprometidos más bien con el principio de subsidiariedad, que nada tiene que ver con un centralismo compacto de la UE, en virtud del cual un legislador europeo de Bruselas no se considera autorizado a intervenir en todos y cada uno de los temas. 
Finalmente, debo añadir que apoyamos plenamente el objetivo de quienes se toman en serio los riesgos para la salud que entraña el tabaquismo. 
Sin embargo, quisiéramos que la Unión Europea y el Parlamento Europeo siguiesen un camino distinto y sobre todo jurídicamente admisible para conceder a este objetivo la importancia que se merece. 
Como no fumador, no tendría ninguna dificultad en unirme a todos aquellos que hoy votarán, con mucho entusiasmo, a favor de la prohibición total de la publicidad del tabaco. 
Si no voy a seguir las recomendaciones de nuestro ponente, el profesor Cabrol, es porque no estoy convencido de que dicha prohibición dé el resultado esperado. 
En lugar de concentrar todas nuestras fuerzas para intentar convencer a nuestros ciudadanos de que no fumen, en lugar de educar a nuestros jóvenes para que vivan y aprendan a valorar la publicidad, elegimos la vía más fácil, es decir, la prohibición, y les demostramos una vez más que, por ejemplo, tienen edad para votar a los representantes del pueblo, pero que para todo lo demás, siguen siendo menores de edad. 
La prohibición de la publicidad sobre el tabaco es, por consiguiente, la vía más fácil. 
¿Pero adónde nos conduce? 
¿Va a reglamentarse realmente todo lo que, de cerca o de lejos, induzca mediante la publicidad indirecta al consumo de tabaco? 
En mi opinión, nos esforzamos por amor al arte. 
Para un cumplimiento consecuente, ¿vamos a prohibir las escenas en las que las estrellas de cine aparezcan fumando en las películas, vamos a prohibir la publicidad de las aguas de colonia que lleven el nombre de un puro, de un actor o de un deportista famoso que fuma? 
Pienso sinceramente que nuestras legislaciones nacionales nos dan suficientes medios para reglamentar la publicidad de cualquier cosa y, aquí, me uno a nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y a los servicios jurídicos del Consejo que afirman ambos que el artículo 100 A no puede ser el fundamento jurídico de una prohibición de la publicidad del tabaco. 
Estoy convencido de que la prohibición de la publicidad de los productos del tabaco perjudicará a los pequeños productores y sólo conseguirá repartir las cuotas de mercado de los grandes productores de estos productos, pero no tendrá ningún efecto sobre el consumo directo. 
Me temo, por otra parte, que una prohibición de la publicidad de los productos del tabaco sea una etapa en la vía de la prohibición futura de otros productos como, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. 
¿Es esto lo que queremos? 
Para terminar, me alzo contra nuestra hipocresía que consiste, por un lado, en subvencionar a los productores europeos de tabaco por valor de miles de millones de ecus y, por otro, en prohibir la publicidad que permita vender ese mismo tabaco. 
Yo lamento que las importantes enmiendas del Parlamento Europeo al Informe Cabrol no hayan obtenido la mayoría suficiente. 
Yo creo que la posición común no tiene ningún fundamento jurídico en el Tratado de la Unión Europea. 
Perfectamente consciente de las consecuencias tan negativas del tabaquismo, nuestro Grupo sólo puede estar a favor de una reglamentación estricta de la publicidad y la promoción de los productos del tabaco. 
Sólo una reducción de la publicidad y de la promoción traerá consigo un descenso del consumo de tabaco. 
Todo el mundo sabe que en lo que respecta al consumo de tabaco, los hábitos suelen adquirirse al final de la adolescencia o al inicio de la edad adulta. 
En este sentido, aprobamos la reglamentación relativa a la publicidad y la promoción del tabaco. 
La utilidad de una reglamentación europea es el resultado de la necesidad de evitar una especie de deslocalización de la publicidad hacia los Estados miembros más permisivos. 
Son muchos los acontecimientos deportivos y culturales que transmiten los medios de comunicación y que llegan a una audiencia que abarca al conjunto de los Estados miembros. 
Hay que evitar, por consiguiente, que la publicidad prohibida en algunos Estados miembros, sea difundida sin ningún control desde otros a través de los medios de comunicación. 
No obstante, nuestro Grupo quiere recordar su posición respecto a la producción europea de tabaco. 
Un gran número de diputados procedentes de Estados miembros no productores desean regularmente suprimir toda ayuda a la producción de tabaco. 
Ahora bien, hay que recordar que la Unión Europea es ampliamente deficitaria y que importa mucho más tabaco del que exporta. 
La eliminación de las ayudas al cultivo de tabaco europeo provocaría su total desaparición. 
Las importaciones aumentarían, con consecuencias negativas para el equilibrio comercial de la Unión Europea, y sin el menor efecto sobre el consumo. 
La producción de tabaco es una de las que exigen más mano de obra. 
Sería aberrante suprimir estas ayudas, porque ello tendría un efecto devastador sobre las zonas rurales especialmente sensibles. 
El informe Cabrol, por último, plantea un importante problema de Derecho. 
A pesar de que, en el fondo, el ponente se siente movido por las mejores intenciones, avala la elaboración, por parte de la Comisión, de una directiva que está en total contradicción con el orden jurídico establecido, es una operación de desbordamiento de las competencias nacionales que viola abiertamente el principio de subsidiaridad. 
La protección de la salud pública es, en realidad, competencia exclusivamente nacional, que no depende del ámbito comunitario y que, por consiguiente, no puede ser objeto de ninguna directiva. 
Este precedente es sumamente peligroso: puede abrir la vía a una intervención activista de la Comunidad, sobre la base de la votación por mayoría en la práctica totalidad de los ámbitos que son competencia de los Estados miembros. 
Crea, por tanto, un clima de inseguridad jurídica, al demostrar que las instituciones europeas hacen poco caso del Derecho al que están sujetas, al extralimitarse en sus competencias y considerar que el Derecho está a disposición de las mayorías de turno. 
El fiel cumplimiento de los procedimientos es una garantía de democracia y es fundamental que jamás modere la vigilancia que asegura que las decisiones importantes, que repercuten en la vida cotidiana de los ciudadanos, se toman de conformidad con las reglas libremente aceptadas. 
Por consiguiente, el fundamento jurídico sobre el que se basa un texto tiene siempre una gran importancia. 
Por ello, la naturaleza de la intención y, en este caso, la utilización que puede hacerse del argumento jurídico en una táctica dilatoria no son indiferentes. 
La coherencia de las decisiones políticas que toma nuestro Parlamento está ligada a nuestra credibilidad y a nuestra eficacia, y debemos mantener nuestro nivel de exigencia ante los retos para la salud pública con el valor político que nos dicta la necesidad. 
Por otra parte, el entorno tecnológico no deja de repercutir sobre las prácticas comerciales, y cuando las técnicas de apoyo de la información (y de la publicidad) permiten franquear las fronteras, esta armonización real de las normas del mercado no puede considerarse anodina. 
A beneficio de este preámbulo de principios, entre una sociedad en la que la libertad (de los más fuertes y más afortunados) es un dogma y no una conquista que protege a los más vulnerables, y una sociedad en la que la responsabilidad se convierte en una virtud política, aunque sea amenazante para algunos intereses financieros, se impone la elección de hoy. 
Esta elección no equivale a eliminar las cuestiones culturales difíciles de la pedagogía que deben concebirse para ayudar a los jóvenes a construir sus normas de comportamiento y de consumo, ni las cuestiones normalmente delicadas y políticamente perversas de la implicación económicamente fructífera de los Estados en la industria del tabaco y de otros azotes para la salud pública (el alcohol, la fiscalidad de los ingresos de la prostitución... ). 
Pero 10 años de reflexión, de maduración, de dudas, es el tiempo que tarda un niño en hacerse adolescente y descubrir, sin estar preparado a dosificar y a dominar estos placeres pasajeros y perniciosos, como si las generaciones precedentes no hubieran sabido abrirle otros caminos que conducen al sueño. 
El acercamiento de las legislaciones encaminado a frenar este tipo de incitaciones no representa una audacia demasiado grande. 
Sepamos al menos asumirla. 
La directiva del Consejo sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano tiene una gran importancia y se debe garantizar su aplicación real. 
Es significativo que en la segunda lectura se haya votado la enmienda Marinucci que traslada el cobre de la Parte B a la Parte C del Anexo, tal como imponen los datos científicos, pero a la vez ofrece la posibilidad de modificar los valores y de clasificar los parámetros, basada en la evolución de los conocimientos científicos. 
¿Quién no estaría a favor de la conservación de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano? 
Este objetivo debe movilizar la energía de los Estados, de los colectivos locales, de las empresas y de los particulares. 
Ahora bien, en la práctica, la realización de los objetivos fijados, supone la definición de parámetros claros, pertinentes y mensurables. 
En este trabajo de definición y de clasificación, aún hace falta que las decisiones tomadas se correspondan con la realidad y que no estén basadas en apreciaciones más ideológicas que científicas. 
En este sentido, creemos que las disposiciones del apartado B del Anexo 1, relativas al cobre, que aparecen en la posición común, que no se corresponden con el estado de la ciencia ni con los conocimientos ciertos sobre los efectos que el cobre puede tener sobre el organismo. 
Por este motivo nos ha parecido especialmente oportuno votar a favor de las enmiendas 31 hasta 34 que nos han sido presentadas. 
Una amplia mayoría de nuestros colegas comparte nuestro punto de vista, y sólo podemos felicitarnos por ello, sobre todo, si tenemos en cuenta que en la práctica no existe actualmente ningún material que pueda sustituir fácilmente y sin riesgos al cobre para conducir el agua hasta el consumidor. 
Esta mañana, el Parlamento Europeo ha dado muestras de realismo y de seriedad a propósito de lo que, ciertamente, es una cuestión técnica, pero de consecuencias económicas nada desdeñables. 
Examinada según el procedimiento de codecisión, esta propuesta de directiva ya había sido ampliamente mejorada por el Parlamento Europeo en la primera lectura de diciembre de 1996. 
Las negociaciones en el seno del Consejo se han finalizado en un plazo bastante satisfactorio. 
¡¡Ha bastado un solo año!! 
En comparación con otros textos, hay motivos para felicitarse por ello. 
Pero, lo más importante es que la posición común del Consejo ha incluido algunas enmiendas fundamentales del Parlamento, como: 
la solicitud de que se establezcan métodos de muestreo armonizados para medir la concentración de plomo en el agua, que yo presenté en nombre del Grupo PPE en la primera lectura. 
Es un punto fundamental, porque es imperativo disponer de datos comparables entre los Estados; -la definición de los puntos de conformidad: el Consejo ha mantenido mi enmienda aprobada en primera lectura. 
En el caso de las aguas suministradas por una red de distribución, el punto de conformidad debe ser " el grifo que normalmente se utiliza para el consumo humano» , lo que permite evitar los controles de conformidad en los grifos de jardín... 
Esto va a facilitar mucho la aplicación de esta directiva.Sólo quedan algunos puntos de la posición común que aún pueden ser mejorados. 
En lo que respecta al cobre, la enmienda aprobada en primera lectura no ha sido retomada por la Comisión Europea ni el Consejo. 
Observemos que ni la una ni el otro han proporcionado al Parlamento argumentos que justifiquen esta decisión. 
En nombre del Grupo del PPE, acojo con satisfacción la aprobación de hoy de esta enmienda, encaminada a trasladar el cobre del Anexo B, productos químicos, al Anexo C, que contiene el hierro y el manganeso. 
Este cambio de anexo significa que, en caso de que se sobrepase la concentración de cobre, al igual que en el caso de todos los parámetros recogidos en el Anexo C, se aplicará el apartado 2 del artículo 8, según el cual, los Estados miembros deberán poner en marcha medidas correctivas lo más rápidamente posible al objeto de restablecer la calidad de las aguas. 
Ello representa una garantía fundamental para la calidad de las aguas potables. 
El Grupo del PPE está asimismo satisfecho por la aprobación de las enmiendas relativas a: 
los valores paramétricos relativos a algunas sustancias químicas, como los trihalometanos o los parámetros físicos, como la radiactividad que, naturalmente, deberá ser tomada en consideración a la luz de la directiva Euratom; -la solicitud de un estudio sobre las sustancias susceptibles de perturbar el sistema endocrino. 
Insisto en el hecho de que es cierto que aún no disponemos de datos científicos suficientes. 
Pero deseo que se dé un fuerte impulso a los programas de investigación puestos en marcha por la Comisión. 
Éstos responden al principio preventivo que se ha impuesto la Unión en materia medioambiental y en materia de salud pública.En lo que respecta al plomo, los Estados miembros deberán proporcionar un informe sobre la incidencia que las conducciones de plomo tienen sobre la calidad del agua. 
Disponen de un plazo de cinco años para poner a punto un plan que prevea su sustitución. 
Ello constituye una buena solución, que concede un plazo razonable para prever las medidas necesarias a la luz de dichas incidencias. 
Naturalmente sería deseable que estos planes sean cifrados y el gasto programado, pero ello será competencia de cada uno de los Estados miembros. 
Quiero recordar que para el parámetro " plomo» , los Estados miembros (principalmente el Reino Unido, Francia, España, Italia, Portugal, Bélgica e Irlanda) que cuentan con una red de distribución de agua compuesta, en parte, por conducciones de plomo, deberán realizar un enorme esfuerzo financiero (entre 35.000 y 50.000 millones de ecus para el conjunto de la UE). 
Por último, las posibilidades de excepción que ofrece la posición común son reducidas y se enmarcan más estrictamente en el tiempo. 
Hay motivos para felicitarse por ello. 
Conviene, no obstante, en casos excepcionales, dejar a los Estados miembros la posibilidad de solicitar a la Comisión Europea la extensión de una excepción. 
Felicito cordialmente a nuestro ponente, el Sr. Ken Collins, por el trabajo que ha realizado en el transcurso de la primera lectura y de esta segunda lectura. 
El abastecimiento de agua es principalmente un asunto de carácter nacional. 
La escasez, los problemas ambientales, las catástrofes naturales y cosas por el estilo lo hacen de carácter europeo y global. 
Por eso puedo apoyar una política de aguas común con la condición de que los países miembros puedan tener mayores exigencias. 
Esto se propone también en la directiva. 
Por eso he votado favorablemente el informe. 
Señor Presidente, es importante que la calidad del agua quede protegida y que se mejore en toda la Unión Europea. 
La población tiene derecho a esperar que, por lo menos, sea así. 
Estimo que es útil fijar normas, pero son los Estados miembros los que tienen que aplicarlas, pues tienen que mejorar sus normas y darles mayor rigor. No hace falta decir que hay mucho que mejorar en esta esfera. 
Tenemos que buscar la manera de suprimir todo contacto con las tuberías de plomo y cada Estado miembro debería preparar propuestas que nos permitan alcanzar ese objetivo. 
La directiva sobre aguas destinadas al consumo humano es una de las iniciativas legislativas de primerísima importancia dentro de la política medioambiental de la UE. 
Entre los elementos más importantes de la directiva está el principio preventivo y el principio de que quien contamina paga. 
Son criterios fundamentales en los que estamos obligados a insistir si queremos garantizarles aguas limpias también de ahora en adelante a los consumidores. 
Constituye un motivo de alegría ver que la Comisión, el Consejo y el Parlamento han mantenido una colaboración eficaz para elaborar unas claras disposiciones de la directiva que merecen un respaldo total. 
Nuestro Grupo ha votado a favor de la posición común del Consejo sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 
No obstante, es necesario establecer una jerarquía en materia de política de aguas, con el fin de, a un mismo tiempo, garantizar la seguridad del abastecimiento de agua, depurar las aguas contaminadas y atajar cualquier nueva disminución de la calidad del agua. 
Estos tres ejes políticos deben ser gestionados de manera simultánea, teniendo como objetivo la satisfacción de las necesidades del consumidor. 
Se trata, por consiguiente, de verificar la coherencia de las propuestas y de garantizar un control eficaz de la conformidad, y ello en base a datos y métodos de análisis fiables. 
En consecuencia, es conveniente que los Estados miembros cumplan los objetivos marco fijados, mediante la aplicación de las técnicas y tecnologías apropiadas. 
En este sector del agua, al igual que en muchos sectores del medio ambiente, es necesario aplicar al máximo la subsidiaridad para poder resolver los problemas de la manera más eficaz. 
No obstante, sobre todo en lo que respecta a la depuración de las aguas contaminadas, es necesario facilitar la cooperación entre los Estados miembros, ya que las cuencas hidráulicas no conocen los límites administrativos artificiales, como son las fronteras de los Estados. 
Todos sabemos que el Rin, después de haber atravesado Suiza, Francia, Alemania y los Países Bajos, desemboca en el Mar del Norte. 
Toda veleidad de establecer normas en materia de calidad de las aguas destinadas al consumo humano, no serviría de nada si nos olvidamos de esta cooperación entre los Estados. 
En vez de dejar que las instituciones europeas endurezcan cada vez más las normas, lo que importa es favorecer este tipo de cooperación, con el fin de permitir que se tome el máximo de decisiones a nivel local, aplicando efectivamente el principio de subsidiaridad, y garantizar la puesta en práctica de las medidas y las tecnologías mejor adaptadas. 
Me complace apoyar este informe de mi colega el Sr. Collins. 
La calidad del agua es, evidentemente, un asunto que preocupa gravemente a todos y cada uno de los ciudadanos europeos. 
Es bueno que los Gobiernos de la UE hayan aceptado casi 40 de las enmiendas de este Parlamento desde la primera lectura. 
Constituye un buen ejemplo de cooperación entre los ministros de los ciudadanos, democráticamente elegidos, y sus diputados, democráticamente elegidos, para mejorar las normas relativas a la protección del consumidor. 
Sin embargo, apoyo las enmiendas del ponente encaminadas a limitar el margen de tolerancia concedido a los Estados miembros respecto del complimiento de las normas en materia de calidad del agua de la UE. 
Tiene razón al decir que, si bien se les debe permitir establecer normas nacionales más estrictas que las impuestas por la legislación de la UE, los países deben estar obligados a cumplir unas normas mínimas de la UE en pro de los consumidores. 
En esta Asamblea estamos con frecuencia muy atareados legislando sobre cuestiones que, aunque sean importantes para un grupo u otro, no siempre afectan a muchas personas en su vida diaria. 
Este informe debe recibir el apoyo de la Asamblea para que todo el mundo en la UE sepa que también actuamos para velar por la salud y la protección de su medio ambiente: tengo entendido que en Escocia, de donde es oriundo el Sr. Collins, se llama con frecuencia «agua de vida» al whisky, pero su informe revela que conoce lo importante que es velar por que el agua potable, la verdadera agua de vida, sea lo más inocua posible. 
Este tipo de informes no deben pasar por este Parlamento. 
El Parlamento carece de competencia para imponer directrices sobre, por ejemplo, la cantidad de radioactividad en el agua potable. 
El Parlamento debe decidir líneas directrices generales pero después tiene que dejar que las autoridades expertas se ocupen de los detalles. 
Un defecto básico en el funcionamiento de este Parlamento es que justamente se dedica demasiado tiempo a los detalles (dentro de materias en que el Parlamento carece de competencia) , y demasiado poco a las directrices generales. 
El Parlamento tiene que señalar objetivos; las autoridades expertas tienen que decidir sobre los medios para alcanzar esos objetivos. 
Recomendación del Informe Miranda de Lage (A4-0156/98) 
Me he negado a dar mi voto favorable al acuerdo Unión Europea- Méjico por la situación de los derechos humanos, en concreto en la región de Chiapas. 
Desgraciadamente el Gobierno de Méjico muestra una posición dura, deja que se desarrolle un genocidio a costa de la región en cuestión, pone obstáculos a los observadores internacionales: por supuesto debo observar que es importante que haya una cláusula de derechos humanos, pero no son pocas las veces que esta se ve soslayada, de acuerdo con la experiencia de otros países. 
Al igual que ustedes, me felicito de que la celebración del acuerdo interino, sobre el que hemos emitido un dictamen conforme, permita iniciar en breve negociaciones comerciales entre la Unión Europea y México. 
Se ha reconocido que la modernización de la economía mexicana y su inclusión en el TLCAN hacían necesaria la reforma del acuerdo marco de cooperación, suscrito en 1991 entre la Comunidad Europea y México, que sigue en vigor. 
Por otra parte, la Unión Europea no podía permanecer indiferente ante el recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, ante el aumento de las desigualdades y el alcance de la pobreza en México, tras los acontecimientos de Chiapas y la crisis financiera de diciembre de 1994. 
Como dice nuestra ponente, el nuevo acuerdo prevé tres modalidades de cooperación con el objetivo de favorecer la democratización de la sociedad mexicana y que no figuraban en el acuerdo marco de 1991. 
Todos nos felicitamos por ello. 
No obstante, es obligado constatar con la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, que hasta el día de hoy, los denominados mecanismos previstos en el diálogo político no prevén la participación de la sociedad civil. 
Se trata de una laguna que, en mi opinión, se debe colmar. 
A mi modo de ver, el acuerdo global deberá, necesariamente, precisar los procedimientos que garanticen la participación activa de las ONG y otras asociaciones y organizaciones de la sociedad civil en el diálogo político. 
En términos más generales, es muy importante que ambas partes den al acuerdo definitivo un contenido efectivamente operativo a la cláusula democrática. 
Hablando del acuerdo definitivo, no puedo concluir sin decir que comparto plenamente la opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Es imperativo que el Parlamento Europeo conserve el poder de dar su dictamen conforme sobre el conjunto del acuerdo, una vez que se conozcan los resultados de las negociaciones que se iniciarán en breve. 
Somos partidarios de una amplia colaboración económica, política y sociocultural e intercambio con México. 
A pesar de esto, no hemos votado favorablemente este informe. 
Consideramos que México, en la situación actual, no cumple con las exigencias de respeto a los derechos humanos. 
En México, especialmente en la provincia de Chiapas, se violan permanentemente los derechos humanos. 
Muchos activistas sindicales y de los derechos humanos han sido asesinados por grupos paramilitares que están indirectamente relacionados con el ejército. 
México viola también en muchos casos los derechos humanos en relación con el tratamiento que da a algunas minorías nacionales pertenecientes a los pueblos indígenas. 
Los diputados comunistas y afines al grupo francés se pronuncian en favor de la suspensión del acuerdo de asociación y de cooperación entre la Unión Europea y México. 
Preconizamos esta medida excepcional a petición de numerosas personalidades de Chiapas y de México, en general, y en apoyo de las causas que ya tuve ocasión de exponer ante esta tribuna el pasado 15 de enero, el día siguiente a la terrible masacre de Acteal. 
Por tanto, no votaremos en favor del informe. 
Desde comienzos de año, las graves violaciones de los derechos humanos, la militarización de la región y la presencia de grupos paramilitares son moneda corriente. 
La población vive en un clima de violencia y de tensión constantes. 
Aumenta el riesgo de nuevos enfrentamientos, en la medida en que los auténticos instigadores de la masacre de Acteal no han recibido ningún castigo hasta el día de hoy. 
Decenas de indígenas han sido encarcelados por haberse manifestado o porque han participado en la creación de estructuras municipales autónomas de conformidad con los Acuerdos de San Andrés de febrero de 1996. 
El Gobierno mexicano parece querer ignorar el plan de reforma de la Constitución en lo que respecta a los derechos y las culturas indígenas, que fue redactado por la " Comisión por la Concordia y la Paz» que fue legalmente constituida. 
Esta actitud va en contra del espíritu de los acuerdos de San Andrés, que responden a la voluntad de buscar soluciones a través del diálogo. 
El acuerdo de asociación entre México y la Unión Europea había sido elaborado en este contexto. 
Aprobarlo hoy equivaldría a ser fiador de una política totalmente diferente. 
Suspender la aplicación puede ayudar a devolver el respeto de los compromisos: es lo que nosotros proponemos. 
Informe Peijs (A4-0149/98) 
La reforma del código aduanero, preparada desde hace mucho tiempo, es muy oportuna ante el anuncio chocante de las pérdidas que ha sufrido el presupuesto comunitario a causa de los fraudes a gran escala. 
Europa debe adaptarse a este marco legislativo. 
En realidad, el mercado único y la libre circulación de mercancías no han sido creados para facilitar el tráfico a gran escala de las organizaciones criminales. 
Los diversos fraudes aduaneros ascienden a unos 2.000 millones de ecus en el año 1997. 
En un contexto de restricciones presupuestarias en la mayoría de los Estados miembros, el anuncio de semejantes pérdidas repercute muy negativamente sobre la imagen de la Unión y sobre la de las administraciones nacionales. 
La reforma del código aduanero, marco de referencia de futuras propuestas e iniciativas de la Comisión en este ámbito, es, por consiguiente, bien acogida y necesaria. 
Los funcionarios de las administraciones aduaneras están pidiendo desde hace mucho tiempo una simplificación de la legislación y de los procedimientos por los que se rige su trabajo. 
Las empresas podrán aplicar con mayor facilidad textos transparentes y simplificados. 
Además, las disposiciones del código aduanero deben poder ser adaptadas con mayor facilidad y rapidez. 
Estos aspectos de la reforma propuesta van claramente en la dirección acertada y permitirán reducir considerablemente las posibilidades de fraude. 
En primer lugar, el control democrático debe estar garantizado: es importante que el afán de aceleración de los procedimientos no conduzca a una situación en la que el Parlamento Europeo pierda toda posibilidad de control democrático. 
La racionalización de los procedimientos de modificación no debe significar una reducción de las posibilidades de consulta de las empresas afectadas, la incertidumbre sobre el contenido de los reglamentos de aplicación de la Comisión ni las tomas de decisiones en las que se excluyan a los órganos elegidos. 
Para paliar el tiempo necesario para la reacción mediante consulta al Parlamento Europeo, las propuestas de la Comisión deberán ser, al un tiempo, explícitas, detalladas y lo suficientemente flexibles para evitar modificaciones reiteradas. 
En segundo lugar, evitar la confusión: la simplificación de los procedimientos debe reducir el tiempo de reacción de las administraciones ante situaciones nuevas. 
En definitiva, debe permitir tapar rápidamente escapatorias en las que no se había pensado y evitar así fraudes a raíz de lagunas de la legislación. 
Por otro lado, los cambios reiterados y poco espaciados en el tiempo pueden sembrar la confusión entre las administraciones y perjudicar a las empresas afectadas, que deben adaptar constantemente sus métodos de trabajo. 
Este clima de confusión es tan propicio al fraude como las lagunas en los textos. 
Es el motivo por el que los plazos complementarios solicitados mediante un procedimiento de consulta al Parlamento Europeo no tienen necesariamente una repercusión negativa. 
Al aprobar las modificaciones propuestas por la ponente, el Parlamento adopta una posición de justo término medio entre la racionalización de los procedimientos y la exigencia de control democrático, al tiempo que aumenta considerablemente la eficacia futura del sistema. 
Cuando un día se haga, o si se hace, la verdadera historia de esta escalada liberalizadora, se reconocerán con certeza las gestiones de los profesionales aduaneros para intentar moderar esa saña contra los reglamentos y los mecanismos vinculados con la defensa de economías basadas en espacios nacionales, contra los fraudes que tan rápido han aprovechado las «facilidades» y las prisas para liberalizar. 
Además de haber sido, como clase profesional, víctimas próximas y mayores de un proceso para el que, por lo demás, se habían preparado mediante la formación y la dotación técnica. 
En la actual revisión del Código Aduanero, de nuevo se ilustra lo que ha sido la postura general. 
Parece haberse pasado por alto y haberse menospreciado las reservas y las propuestas de los profesionales aduaneros, en particular en lo relativo a las modalidades de representación de los declarantes con vistas a proteger los intereses superiores del Estado. 
En cualquier circunstancia, se debería salvaguardar el reconocimiento de los agentes oficiales como interlocutores esenciales en el sector aduanero, muy en particular en el nivel del cobro de impuestos y en la lucha contra el fraude, y por lo que parece apostarse es por poner en entredicho la propia existencia de esa actividad y de quienes en ella trabajan. 
Nuestro voto ha estado, evidentemente, marcado por la posición de fondo de defensa del interés público en que seguimos considerando el papel de los agentes oficiales y de todos los profesionales de ese sector en la lucha contra los excesos de la desreglamentación de los procedimientos y del acceso indiscriminado a ellos, en el marco de una lucha urgente contra el fraude que, por lo demás, está al servicio de intereses que pasan por sobre todas las fronteras. 
En mi calidad de antiguo miembro de la Comisión parlamentaria de investigación sobre el fraude arancelario, yo apoyo por principio cualquier iniciativa encaminada a mejorar la eficacia e impermeabilidad al fraude del procedimiento. 
No obstante, he votado con reparos en favor de la presente renovación del Código Aduanero. 
Yo abogo por una reordenación razonable y administrable de la legislación aduanera de la UE. 
Las nuevas normas deben responder a las exigencias de las iniciativas SLIM y Fiche d ' Impact. 
Por otro lado, también es necesaria la participación de todos los implicados- servicios de aduanas, vendedores y compradores, transportistas y también los bancos y compañías de seguros- en el proceso de configuración de la voluntad colectiva. 
Informe Pollack (A4-0161/98) 
Presidente, he aprobado de corazón los tres informes acerca de la acidificación. 
Aplaudimos las propuestas de la Comisión y las enmiendas del Parlamento. 
Hasta ahora podemos estar bastante satisfechos con la política contra la acidificación. 
Ya desde la década de los 70 se vienen tomando medidas en Europa para controlar las emanaciones de azufre y óxidos de nitrógeno. 
Y esa política es efectiva. 
A pesar del creciente consumo de energía las emanaciones de estas dos sustancias han disminuido. 
¡Enumeremos nuestros logros! 
Las reducciones de más del 50 % desde 1980 no son excepciones para la mayoría de los Estados miembros. 
Incluso probablemente se consigan las reducciones programadas para el año 2010 de óxidos de azufre y de nitrógeno como consecuencia de las nuevas normas para los gases de escape de los coches. 
Eso es esperanzador. 
Sin embargo, por desgracia no podemos ser exclusivamente positivos. 
Las contaminaciones por polvo fino y por amoniaco son muy persistentes. 
La contaminación de partículas, o bien el polvo fino, conforman una clara amenaza de la salud de la humanidad. 
Por eso me complace que ahora se hayan redactado finalmente para esto unos objetivos de calidad. 
He de decir en seguida que me parecen altamente acertados. 
Como se sabe, las partículas se liberan sobre todo en el tráfico. 
Si el crecimiento del tráfico continúa así, como los años anteriores, las emanaciones de partículas también seguirán creciendo. 
Muy preocupante, porque una sola partícula puede ser fatal para determinados grupos de riesgo. 
Los valores límites que hay ahora en la propuesta de la Comisión, tendrán que ser «valores deseables». 
La contaminación de amoniaco se da sobre todo en la agricultura y es muy diferente según las regiones. 
Ciertamente necesitamos para esto objetivos de calidad, pero una política encaminada a los resultados tendrá que encargarse aquí de las reducciones. 
Una industria ganadera menos intensa parece la única solución real. 
La política nacional es aquí la respuesta, porque hay muchas diferencias entre la intensidad de la contaminación entre los diversos países. 
Mi conclusión es: la estrategia de acidificación que sigue la Comisión tiene buen aspecto, pero en mi opinión se necesita una estrategia complementaria de partículas. 
Doy ánimos por ello a la Comisión, ya que reducir el tráfico de vehículos no es una tarea fácil. 
Quienes votamos a favor del informe Hautala, obviamente apoyamos de nuevo el informe de la Sra. Pollack, ya que la calidad del aire que respiramos es parte sustancial de la protección de nuestra salud. 
Todos somos conscientes de los efectos nocivos que para la salud pública y el medio ambiente tienen los contaminantes contemplados en esta Directiva y la urgencia de que los valores límite sean vinculantes. 
Uno de los méritos de esta Directiva es precisamente apoyarse para ello en los nuevos valores guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud. 
Pero como el tiempo del que dispongo es escaso, quisiera centrarme ahora en dos puntos, a mi entender mal resueltos en el texto hoy debatido. 
Uno es la importancia que adquieren en las islas menores de la Unión o que forman parte de un archipiélago el número y el emplazamiento de las estaciones de medición, ya que ésta será con toda probabilidad la única fuente de medición y, por tanto, de información ciudadana. 
La otra cuestión es saber cómo se establecerán las mediciones en las zonas de acogida turística que, como mínimo, triplican su población durante la temporada vacacional o en zonas con una población menor a los 250.000 habitantes. 
De conformidad con la ponente, hemos introducido varias enmiendas para cubrir este vacío legal, ya que todo ciudadano tiene los mismos derechos en todo y, por supuesto, en la calidad del aire que respira. 
Voy a votar a favor de este informe hoy, pues las personas que nos enviaron aquí para que las representáramos tienen el derecho a esperar que respaldemos medidas encaminadas a limpiar el aire que todos respiramos. 
A principios de este siglo, mi circunscripción del Gran Manchester fue una de las partes de la Gran Bretaña industrial que se benefició de la legislación relativa al aire puro promulgada por nuestros gobiernos. 
Pero hoy nos damos cuenta no sólo de que la contaminación atmosférica puede perjudicar a nuestros hijos y a nuestro distrito, sino también de que la contaminación de una nación puede ser arrastrada por el viento y dañar el medio ambiente internacional. 
Este informe de mi colega la Sra. Pollack representa un ejemplo clásico del principio relativo al pensamiento global y la acción local simultánea. 
Se deben utilizar las normas uniformes de medir la contaminación atmosférica en toda la UE para informar a las autoridades y al público localmente de la contaminación atmosférica que han de afrontar cada día. 
Ese tipo de información periódica puede constituir un incentivo real para que nuestros Gobiernos e industrias reduzcan los niveles de contaminación. 
Junto con medidas nacionales, tales como el compromiso que el Gobierno británico contrajo en la reciente Cumbre de la Tierra de Kyoto de abordar los niveles de contaminación, la legislación de la UE puede también añadir una baza a nuestro arsenal en la lucha en pro de un aire puro para las generaciones futuras. 
Informe Hautala (A4-0174/98) 
Las propuestas de directiva relativas a una reducción del contenido de azufre en determinados combustibles líquidos, constituyen uno de los elementos de la acción prevista en el marco de la estrategia comunitaria de lucha contra la acidificación. 
El dióxido de azufre (SO2) es uno de los contaminantes que contribuyen a la acidificación como resultado del sedimento de sustancias acidificantes en cantidades demasiado elevadas para los suelos o las aguas afectados. 
Los efectos de dichos sedimentos ácidos dependen, notablemente, de las características y de la sensibilidad de los colectores y, naturalmente, de la cantidad de los sedimentos. 
En resumen, hay que observar que la combustión del carbón es la principal causa de las emisiones de SO2. 
Cabe sorprenderse de que este hecho no se haya tenido en cuenta. 
De la misma manera, es posible interrogarse sobre el hecho de saber si es pertinente fijar los límites generales muy bajos con posibilidades de excepción, y si no sería más racional proceder de manera inversa, fijando niveles bajos para zonas delicadas. 
La cuestión de los combustibles utilizados en las refinerías es asimismo importante de destacar. 
Las refinerías ya vienen siendo sometidas a limitaciones estrictas de las emisiones de dióxido de azufre. 
¿Es razonable, por tanto, añadir una obligación complementaria? 
En conclusión, el texto que nos ha sido presentado conduce a inversiones importantes en unidades de desulfuración, a las que numerosas regulaciones limitan las emisiones de SO2 ya existentes, por lo que sería preferible y más eficaz alcanzar una nueva estrategia general de lucha contra la acidificación y la fijación de límites máximos nacionales que tengan en cuenta la variación geográfica de los sedimentos ácidos. 
Hemos votado favorablemente el informe por su contenido fáctico, pero, aún así, reaccionamos en contra de la modificación, hecha contra la voluntad del ponente, de la base jurídica desde el artículo 130s al 100a, porque restringe la posibilidad de que los países adopten medidas medioambientales más severas. 
A pesar de que no siempre he compartido sus posiciones, quiero felicitar a la Sra. Hautala por su informe y el trabajo que ha realizado. 
Me alegra que nuestro Parlamento haya aprobado la enmienda encaminada a modificar el fundamento jurídico de este texto. 
En mi opinión, el artículo 100 A constituye un fundamento mucho más justo para un texto que establece los valores límite de azufre en determinados combustibles líquidos en un afán, por una parte, de luchar contra la acidificación y, por otra, de evitar las distorsiones de la competencia actualmente existentes en el mercado europeo de los carburantes pesados. 
El contenido de azufre varía mucho de un Estado miembro a otro; no solamente antes del tratamiento de dichos combustibles, porque éste depende de la región de la que proceden (el Golfo Pérsico, el Mar del Norte... ) , sino también después del tratamiento, ya que las normas varían considerablemente entre los diferentes Estados. 
En este sentido, deseo recordar que el apartado 4 del artículo 100 A permite a los Estados miembros la aplicación de disposiciones nacionales más estrictas si así lo justifican razones medioambientales. 
Espero que la Comisión Europea tenga en cuenta esta votación y revise su propuesta en este sentido. 
Globalmente, el texto de la Comisión Europea era equilibrado y no necesitaba mejoras importantes. 
En nombre de mi Grupo político, lamento que el ámbito de aplicación de esta directiva se haya hecho extensivo al gasoil y al diesel marítimo, y que se haya endurecido la norma preconizada por la Comisión Europea relativa al gasoil. 
Estas enmiendas no son realistas económicamente y no están justificadas desde un punto de vista medioambiental. 
No obstante, estoy satisfecha de la aprobación de las enmiendas encaminadas a que el Parlamento Europeo participe en los procedimientos de información. 
Por otra parte, la Comisión Europea deberá presentar, antes de fin de año, propuestas relativas a los instrumentos económicos que podrían contribuir a reducir las emisiones de dióxido de azufre. 
Este enfoque habría merecido estar presente en esta propuesta desde hoy. 
Informe Poggiolini (A4-0119/98) 
El consumidor y posiblemente también muchos productores se sienten desorientados ante el gran número de etiquetas ecológicas que existente (parece que hay más de 50 en todo el mundo). 
Se manipula descaradamente la conciencia ecológica de los ciudadanos en más de un sentido. 
Por lo tanto, sería conveniente, sin duda, que disponer de una etiqueta ecológica en la que pudiese confiar el consumidor al menos en el ámbito del mercado interior europeo. 
No parece que esto vaya a poder conseguirse en un futuro próximo. 
En efecto, la UE no sólo se enfrenta con la diversidad de los sistemas nacionales existentes, sino que, además, también tiene que luchar contra la publicidad " ecológica» engañosa. 
Esto también explica que la etiqueta ecológica europea, que existe desde hace más de cinco años, sea prácticamente desconocida entre los consumidores; casi nadie conoce el símbolo de la flor rodeada del campo de estrellas. 
La responsabilidad recae también sobre los Estados miembros donde no ha cuajado la transposición del primer Reglamento. 
El nuevo enfoque que ahora se adopta debería ser más serio, gracias a la creación de un " Organismo Europeo de Etiquetado Ecológico». 
Debemos esperar que así sea, en interés de los consumidores. 
Sobre todo, es necesario que se establezca una coordinación entre las etiquetas nacionales y la etiqueta europea. 
Los países con criterios ecológicos rigurosos no desean renunciar, naturalmente, a su propia etiqueta ecológica para introducir otra de menos peso. 
Luxemburgo, que no dispone de una etiqueta ecológica propia y que importa muchos de sus productos, acogería con suma satisfacción que llegase a aplicarse finalmente el presente reglamento. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor de una revisión del sistema de la etiqueta ecológica. 
Una etiqueta común para la UE, basada en los mismos criterios rigurosos, por los que hoy se rigen las eficaces etiquetas nacionales, es el objetivo a medio plazo. 
Hasta que la etiqueta ecológica comunitaria funcione conforme a su fin y esté distribuida en todo su conjunto, las marcas nacionales deben poder seguir funcionando en su lugar. 
La alternativa entre varias flores en lugar de una flor no es práctica. 
En su lugar, apoyamos que el consumidor reciba mayor información del motivo por el que se adjudica la flor. 
Hemos votado para que no se prohíba el sistema nacional de etiquetado ecológico que se usa actualmente, como "el cisne nórdico» ," el halcón peregrino» y " la buena elección ecológica» , sustituyéndose por la flor comunitaria. 
Estimamos que el sistema de etiquetado ecológico existente puede mantenerse paralelamente. 
Sería un error adoptar una etiqueta ecológica comunitaria que implique la prohibición de un sistema que funciona bien y que es apreciado por la gente. 
" El cisne nórdico» es un ejemplo de etiqueta que actualmente se usa en diversos países y a la que se ha llegado mediante la colaboración interestatal. 
Etiquetas de este tipo necesitan confianza popular y conexión con el movimiento ecologista. 
Los sistemas que han tenido éxito en esos dos aspectos no deberían desterrarse para dar paso a la flor comunitaria. 
Esta propuesta es reprobable desde el punto de vista de los consumidores. 
Los distintos sistemas de etiquetado pueden coexistir. 
En este caso es preferible la competencia al monopolio. 
En relación con la propuesta por la que se revisa el sistema de concesión de una etiqueta ecológica europea, me gustaría mencionar dos puntos que son, a mi modo de ver, iniciativas muy positivas: 
La propuesta de la Comisión contiene iniciativas fundamentales sobre la desburocratización del procedimiento para que la concesión de la etiqueta ecológica pueda tener lugar más rápidamente. 
Sólo así puede garantizar la etiqueta ecológica una mayor competitividad de los productos que se hacen merecedores de la etiqueta. 
El informe del Parlamento propone que el campo de aplicación del reglamento se amplíe para incluir también las prestaciones de servicios. 
Se trata de una iniciativa especialmente relevante, que podrá ser un motivo de alegría para, entre otras, las empresas artesanales- por ejemplo, cuando una empresa modesta haga un esfuerzo especial por emplear productos respetuosos con el medio ambiente. 
Informe Whitehead (A4-0153/98) 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega aborda un complemento necesario a lo que aprobamos hace ya dos años, a propósito de la Directiva sobre la Televisión sin fronteras. 
Se trata de la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información. 
Aunque existe un consenso total en lo que respecta a la violencia y a la necesidad de regularla, a través de una serie de procedimientos, en el plano de la pornografía me permitiría ir más allá que nuestro colega e incluso de lo que ha dicho el conjunto de nuestros colegas. 
Hay quien ha afirmado que era necesario realizar una reflexión más profunda sobre la pornografía. 
En efecto, a pesar de que existe un consenso total para prohibir y perseguir la pornografía en la que participen menores o que sea susceptible de ser vista por menores, en el caso de la pornografía como tal, en la que participan adultos y que es vista por adultos, aún no existe consenso a la hora de considerar que es una afrenta a la dignidad humana. 
Ahora bien, el tema del informe es la protección de los menores y de la dignidad humana. 
Dejo ahora de lado la cuestión del erotismo, que puede tener un cierto nexo con el arte. 
En lo que respecta a la pornografía, queridos colegas, no se trata de libertad de expresión ni de arte, sino de un comercio que produce beneficios de manera escandalosa en el conjunto de nuestras sociedades y ello a escala mundial. 
Espero, por tanto, el momento en que toda pornografía sea considerada por el conjunto de nuestras sociedades como una afrenta a la dignidad humana y espero el momento en que, no sólo a nivel europeo, sino también a nivel internacional, a nivel de los derechos humanos de la ONU, se exija el establecimiento de normas éticas que sitúen esta noción de pornografía al margen de la sociedad mundial. 
La redacción de un Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana fue, en sí, algo excelente y he sentido una auténtica satisfacción al conocer el informe de nuestro colega Whitehead. 
Quiero felicitarle, porque su texto no solamente es coherente, sino además da prueba de pragmatismo sobre las reflexiones enunciadas. 
Una cosa es poder ejercer un control sobre las difusiones de cualquier naturaleza en el ámbito audiovisual, y otra esperar controlar la expansión de la red Internet. 
En el caso de esta última, sólo podemos tomar la asociación de los prestatarios y proveedores de la red mundial. 
Pero debemos ser lúcidos. 
Este planteamiento que permita proteger a los individuos de cara a la información, es difícil y aleatorio. 
Para ser eficaces, debemos movilizar a todos los agentes afectados por este problema de las afrentas a la dignidad humana, para los menores, naturalmente, pero también para todo ser humano. 
Cada día nace un nuevo sitio en el que el odio y la violencia son los únicos temas. 
Para luchar contra este flagelo, nuevo fenómeno, no en la forma, sino en sus medios de difusión, es conveniente, como he dicho anteriormente, no sólo hacer una campaña entre los profesionales de la difusión, sino también sensibilizar a los internautas con el fin de que se movilicen para ganar este combate indispensable encaminado a preservar los espacios de libertad y de tolerancia. 
La preparación de este informe por el Sr. Whitehead es oportuna. 
Es importante reconocer que la rápida expansión de la sociedad de la información, en particular de la red Internet, plantea cuestiones graves y, en particular, el uso indebido de ese sistema por grupos siniestros. 
Debemos introducir medidas especialmente para proteger a los niños y hacer resaltar la dignidad humana. 
Apoyo las propuestas del Sr. Whitehead de autorregulación de la industria y de los prestadores de servicios y acceso. 
Sin embargo, la autorregulación por sí sola no es suficiente. 
Se debe complementar con la legislación nacional y de la UE que facilite las acciones judiciales contra los responsables del uso indebido de la red Internet para prácticas inmorales e inaceptables. 
Agradezco al ponente su trabajo metódico y exhaustivo y no puedo por menos que estar de acuerdo con él. 
Como él nos ha recordado, " los nuevos servicios son demasiado pluriformes, demasiado innovadores para adaptarse a un reglamento que venga de arriba, como el que conocemos en el desarrollo de la radiodifusión europea.» 
Debemos aspirar a algo distinto. 
La Comisión nos sugiere la autorregulación, al tiempo que se solicita la cooperación del sector para establecer códigos de conducta y evaluar su eficacia a nivel nacional. 
Por su parte, la Comisión se compromete a apoyar y respaldar establecimiento de estos marcos nacionales de autorregulación y a fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias entre la policía y las autoridades judiciales de los Estados miembros y con sus equivalentes en otros países. 
Además, la Comisión invita a los Estados miembros a participar activamente en el apoyo de la autorregulación eficaz entre los proveedores de servicios. 
Esta propuesta debe ciertamente ser apoyada y puesta en práctica; impone además una fuerte vigilancia. 
Es el motivo por el que apoyo plenamente al ponente cuando observa que las prácticas nacionales variarán en función de las culturas de cada país, lo que hace necesario prever una cierta convergencia de los códigos de conducta. 
Asimismo será necesario volver a examinar regularmente dichos códigos de autorregulación nacionales, evaluar su eficacia y ver, en el futuro, si es previsible una posible reglamentación. 
Yo voy a votar favorablemente el informe del colega Whitehead, pero no por ello dejo de ser consciente de que apenas será una gota de agua sobre la proverbial piedra ardiente. 
Todos sabemos que los niños y los jóvenes están expuestos actualmente a una enorme prueba y contaminación moral e intelectual por efecto de las abundantes representaciones violentas y otros productos deleznables que pueden encontrarse en Internet y otros servicios audiovisuales. 
Sabemos que esto provoca en muchos casos graves trastornos del comportamiento ético y deficiencias en el desarrollo intelectual que les marcarán para toda la vida. 
No obstante, también sabemos que en un sistema liberal, y dada la difusión e interconexión en redes de los medios de comunicación a escala mundial, no existe prácticamente ninguna manera de defenderse contra ello. 
En efecto, nadie desea restringir la libertad de comunicación y nadie podría hacerlo aunque quisiera. 
Por lo tanto, no existe ningún medio capaz de proteger por la fuerza a los jóvenes y los niños. 
Además, sería catastrófico para los tiempos modernos que fuese necesario recurrir a las armas sin posibilidad de defensa. 
El reglamento que propone la Comisión y el informe de Philip Whitehead expresan, por lo tanto, la voluntad de inaugurar la vía difícil de una estrategia de moralización a largo plazo, que a la vez no menoscabe la libertad. 
En efecto, se trata como máximo de una estrategia a largo plazo, compuesta de muchos pequeños pasos: " un comienzo de convergencia blanda» , como se dice en la exposición de motivos, con normas internacionalmente aceptadas, sistemas de evaluación, autocontrol de los principales productores, pero también una política activa a escala europea en el ámbito judicial y policial. 
Estamos en los albores de una toma de conciencia. 
Es preciso oponer al dominio global de la comunicación una voluntad internacional común de autorregulación y también de control. 
Los socialdemócratas daneses votamos a favor del informe del Sr. Whitehead. 
La propuesta de la Comisión de recomendación del Consejo es una buena iniciativa. 
Y constituye un motivo de alegría que se centre tanto en el principio de autorregulación. 
Este asunto es un buen ejemplo de un problema que no puede solucionarse satisfactoriamente a escala nacional. 
Los nuevos medios de comunicación transfronterizos hacen imprescindible soluciones internacionales. 
Nos alegramos de que en este asunto el Consejo haya tomado en serio la problemática de la base jurídica y reformado la propuesta originaria, de modo que se adecue mejor al apartado 3 del artículo 130. 
Constituye para mí una gran alegría que la Comisión haya presentado una propuesta que contiene un llamamiento a los Estados miembros en favor de una autorregulación nacional, que garantice los derechos fundamentales de los menores de edad con relación a los servicios audiovisuales y los servicios de información. 
Los menores de edad son un grupo especialmente vulnerable, que merece especiales medidas protectoras en este campo que es difícil de regular. 
De ahí que animar a llevar a cabo una autorregulación nacional sea también el mejor medio. 
Sin embargo, si las medidas deben funcionar de manera efectiva, debe existir también una coordinación en el ámbito europeo. 
Particularmente debe vigilarse si las medidas tienen el efecto deseado y, por lo tanto, también estoy muy satisfecho con las propuestas al respecto y que aparecen en el informe. 
Éste merece un respaldo total y por ello voto a favor. 
Señor Presidente, tengo mucho gusto en votar hoy a favor de este informe de mi colega el Sr. Whitehead. 
La amenaza que representan para nuestros niños las escenas obscenas que se exhiben en la red Internet está ahora reconocida ampliamente. 
De hecho, las medidas para prevenir que los niños tengan acceso a ese material por mediación de los nuevos medios electrónicos forman parte de los programas que en Gran Bretaña van encaminados a aumentar el acceso a la red Internet en las escuelas. 
Dado el número y la variedad de esos nuevos medios electrónicos, el informe argumenta atinadamente que una legislación de la UE de abajo arriba sería, al menos de momento, inviable. 
En cambio, se debe ofrecer a las empresas que se dedican a esas nuevas tecnologías la posibilidad de demostrar que se toman en serio las preocupaciones de los consumidores sobre el material obsceno. 
Las grandes inteligencias de las que dependen los servicios de Internet deben ponerse a trabajar para bloquear el acceso de los niños a esa clase de material. 
También respaldo la idea de que se establezcan directrices comunes para hacer posible la identificación y el etiquetado de los contenidos ilegales y perjudiciales. 
Sin embargo, como señala el Sr. Whitehead, si al cabo de dos años vemos que esas directrices plantean problemas, debemos reservarnos el derecho a examinar la posibilidad de adoptar medidas reguladoras. 
La industria debe saber que, si bien respaldamos los avances hacia una sociedad de la información en la que la tecnología esté disponible para todos, estaremos vigilantes para velar por que nuestros hijos no tengan acceso al material obsceno exhibido por empresas sin escrúpulos. 
Informe Hulthén (A4-0162/98) 
Los informes Hautala, Pollack y Hulthén son todos ellos relativos al problema de la contaminación atmosférica. 
En una sesión plenaria anterior, aprobamos disposiciones restrictivas que incluían la mejora de la calidad de los combustibles mediante una reducción de las emisiones de sustancias contaminantes. 
Siguiendo esta lógica, nuestro Grupo ha votado a favor de estos tres informes. 
Actualmente existen soluciones adaptadas que permiten reducir las emisiones de sustancias contaminantes: se trata, entre otros, de los biocombustibles. 
Aprovecho la ocasión para recordar, una vez más, algunas de mis reticencias relativas a la propuesta de la Comisión Agenda 2000. 
En lo que respecta a los grandes cultivos, no se ha previsto nada para favorecer la utilización de productos agrícolas con fines no alimentarios. 
Los biocombustibles constituyen un mercado para la agricultura, son beneficiosos para el medio ambiente y no deben desaparecer porque la Comisión se haya " olvidado» de ellos. 
La agricultura europea ha desarrollado una cadena de biocombustibles y no sería bueno que una serie de decisiones arbitrarias reduzcan a la nada estos esfuerzos. 
Por último, en el ámbito de la técnica, quiero recordar que los constructores europeos de automóviles ponen de relieve que la reducción del contenido de azufre de los combustibles es técnicamente indispensable para el buen funcionamiento de los nuevos dispositivos para reducir la contaminación instalados en los automóviles: tubo de escape catalítico, purgador de partículas, etc. 
La reducción del contenido de sustancias aromáticas de las gasolinas parece imprescindible. 
En la combustión, las sustancias aromáticas contenidas en la gasolina se descomponen, sobre todo, en benceno, que es cancerígeno. 
Por ello es indispensable reducir a los límites técnicos aceptables el contenido de sustancias aromáticas y, de este modo, las emisiones de benceno. 
Los biocombustibles, por la ausencia de azufre y de sustancias aromáticas, permiten reducir el contenido general de contaminantes de los combustibles, lo que responde a las exigencias técnicas deseadas por los constructores europeos de automóviles. 
Informe Perry (A4-0166/98) 
Señor Presidente, respecto al documento de la Comisión, el presente informe plantea buenos interrogantes acerca de la evaluación de los programas anteriores y de los programas actuales, pero, en mi opinión, no llega lo suficientemente lejos. 
Un enfoque puramente cuantitativo no es suficiente. 
Hay que saber quién es el auténtico beneficiario de estos programas. 
El ponente comparte con la Comisión, en mi opinión, un poco demasiado, la ilusión de que una introducción masiva de las nuevas tecnologías de la información sería susceptible de remediar muchos males en el colegio. 
Francamente, no lo creo así. 
Creo que deberíamos ocuparnos con suma atención y decisión del fracaso escolar que causa estrago en todos nuestros países, preguntarnos por qué existe este fracaso escolar y cómo remediarlo. 
No quiero decir que las nuevas tecnologías no puedan aportar nada en este ámbito, pero creo que es una ilusión peligrosa limitarse a esperar la salvación de estas tecnologías. 
Por otra parte, es perfectamente seguro que los intercambios entre los alumnos de todas las edades en el seno de la Unión, que son deseables, sólo darán frutos si los jóvenes en cuestión dominan su lengua materna. 
Ahora bien, ¿por qué tantos intercambios o programas no dan los frutos esperados? 
También aquí, la causa es que empezamos la casa por el tejado. 
En primer lugar, deberíamos garantizar las condiciones que permitan el interés de los intercambios. 
Además, surgió la confusión en todos estos informes entre las nociones de instrucción, de formación, de Europa del conocimiento, etc., y me parece que hay una palabra que brilla por su ausencia. 
Es la palabra cultura y, en particular, esta famosa cultura general sobre la que deberíamos poder intercambiar entre nuestros países, con el fin de dar a muchos jóvenes, y no solamente de las capas más favorecidas, acceso a la cultura general que es la única que hace posible, básicamente, que los intercambios sean realmente todo lo prometedores que cabe esperar. 
A propósito de la dimensión europea en la educación, lamento mucho que no se destinen medios a la realización de una serie de encuentros, estudios o a la adquisición de material audiovisual moderno. 
Todos los grandes fenómenos de la historia europea han tenido, a la vez, una unidad en nuestros diferentes países y una diversidad, por ejemplo, el monacato, las universidades, etc. Sería muy interesante introducir la dimensión europea en este plano de la cultura. 
En 1999 vencerán los tres programas comunitarios en materia de educación, de formación y de juventud. 
A través de su comunicación, la Comisión Europea nos presenta sus orientaciones para las futuras acciones en estos ámbitos para el período 2000-2006. 
Nos propone un número limitado de objetivos (aumento del acceso de los ciudadanos a los recursos educativos, puesta en marcha de proyectos piloto y amplia difusión de buenas prácticas educativas). 
Podemos reconocer que las intenciones son buenas, aunque hayan sido formuladas de un modo evasivo. 
Por mi parte, no considero que la Comisión haya tenido en cuenta realmente las posiciones que nuestra Asamblea ha defendido en infinidad de ocasiones. 
En este sentido, ¿qué decir de las necesidades de los grupos desfavorecidos, sobre los que el texto guarda silencio? 
De acuerdo con nuestro ponente, deben incrementarse las posibilidades de participación en los programas. 
Con demasiada frecuencia, los candidatos se topan con una gestión confusa y con una selección " económica». 
La Comisión no aporta ninguna solución. 
Y sin embargo, se trata aquí de una reivindicación tradicional de nuestro Parlamento. 
En lo que respecta a los medios presupuestarios de esta Europa del conocimiento, siempre reivindicamos un aumento importante. 
Ahora bien, no se da ninguna cifra. 
No obstante, seamos lógicos; a través de una política educativa eficaz, damos a los jóvenes la oportunidad de integrarse en el mercado laboral. 
Por ello, debemos impulsar y consolidar, mediante grandes medios, esta política educativa. 
La reciente publicación de las propuestas de la Comisión sobre los programas educativos de la UE para después del año 2000 ha brindado una útil base para el debate. 
Apruebo su insistencia en el fomento del aprendizaje a lo largo de toda la vida y en el apoyo a las políticas de empleo de los Estados miembros. 
También apoyo su compromiso de formular un concepto de ciudadanía basado en valores básicos comunes y su reconocimiento de la necesidad de aumentar las aptitudes lingüísticas y las propuestas de aumento de la cooperación educativa con los países de la Europa central y oriental. 
Sin embargo, espero que la Comisión tome nota de las propuestas del Parlamento en el sentido de que el plan de estudios debe incluir materias europeas, un programa aparte para los jóvenes con un objetivo más amplio de lucha contra la exclusión y el racismo, y de que la UE debe tomar la delantera en el fomento de la tecnología nueva y la sociedad de la información. 
Cuando tuve el honor de participar en un proyecto Comenius en una escuela de mi circunscripción, comprendí de la forma más vívida el valor de los programas educativos de la UE para contribuir a la integración europea. 
Era la escuela St Paul's de Dooradoyle, en Limerick, y las asociadas eran escuelas de Gumbach (Austria) y Trieste (Italia). 
Los profesores y los alumnos de dicha escuela dieron muestras de un gran compromiso, exhibieron muchas aptitudes, dedicaron mucha energía y entusiasmo a fomentar la cooperación y el entendimiento cultural mutuo europeos. 
La verdad es que fue un placer participar en esa experiencia y contribuyó a aumentar mi apoyo a la continuación y la ampliación de los programas educativos de la UE. 
Esta comunicación tiene el objetivo de lanzar el debate sobre las orientaciones de las futuras acciones comunitarias en los ámbitos de Educación-Formación-Juventud para el período 2000-2006. 
Se trata, en efecto, de la nueva generación de programas o acciones que se emprenderán o de la continuación de los programas Sócrates (educación) , Leonardo (formación) y la Juventud con Europa. 
Nuestro ponente ha realizado un excelente trabajo que no puedo por menos que aprobar. 
El tema es vasto e importante, y lamento que la Comisión no nos haya dejado más tiempo y, sobre todo, que no tenga una visión más precisa del futuro en este ámbito. 
¿Continuarán existiendo los tres programas por separado o serán refundidos en un marco más general? 
¿Qué análisis nos proporciona el estudio del pasado? 
¿Pueden incrementarse los recursos presupuestarios o bien debemos contentarnos con actuar en el marco limitado de las finanzas actuales? 
Las respuestas a todos estos interrogantes condicionarán nuestras propuestas. 
Estos programas educativos ya son bien conocidos en nuestros diferentes países, se trata de conservar el acervo y de ampliar los efectos. 
Hay que fomentar la movilidad e integrar las nuevas tecnologías. 
La experiencia de los net days ha sido muy positiva, y hablo al respecto en calidad de representante elegida del Paso de Calais, donde gracias a esta iniciativa, hemos podido ayudar a las escuelas y a los colegios a equiparse de material informático. 
Son logros que hay que tener en cuenta en los nuevos programas y/o en las nuevas acciones. 
Asimismo sería conveniente una mayor integración de los interlocutores sociales, animarlos a colaborar más intensamente con el mundo educativo (y viceversa) , con el fin de facilitar el paso de la educación a la formación y para que los programas sean más enriquecedores para los participantes. 
Se trata aquí de llevar a la práctica las conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo sobre los Jóvenes y el Empleo. 
Debemos, además, abordar la juventud como un todo, lo que implica acciones o un programa fuera del aspecto de educación y formación. 
Nos hemos abstenido en la votación ya que consideramos que el texto de la Comisión era mejor. 
Sin embargo, compartimos el criterio que se presenta en la enmienda 2 donde se manifiesta preocupación por el desequilibrio social observado en las solicitudes de ingreso a los programas de estudio. 
Opinamos que este desequilibrio no se soluciona incrementando las asignaciones presupuestarias. 
Los programas comunitarios vigentes en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud concluirán a finales de 1999, tras un período de vigencia de cinco años. 
El objetivo declarado de la Comunicación "Por una Europa del conocimiento» es, por lo tanto ," presentar las orientaciones de las futuras acciones comunitarias en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud para el período 2000-2006». 
Yo pienso que es adecuado que las preocupaciones principales no se limiten a las "medidas de fomento del empleo» , sino que concedan igual importancia a las" medidas de fomento de los conocimientos». 
En efecto, la formación es algo más que un instrumento de las políticas del mercado de trabajo. Por esto, el concepto amplio de formación, tal como ya se define en el Libro blanco, también define la orientación de los programas. 
Es preciso partir de los resultados obtenidos en los tres programas, ya que la continuidad es indispensable precisamente en el ámbito de la formación. 
Mirar al futuro y proponer nuevas ideas es importante, pero los programas Sócrates y Erasmus, y también " Juventud con Europa» , han llegado a ser programas con una enorme demanda positiva y deben seguir siéndolo. 
Yo acojo con satisfacción el proyecto de la Comisión de definir con claridad los objetivos y las medidas, y de simplificar, sobre todo, las medidas administrativas. 
No obstante, también será necesario que se mantengan los órganos nacionales que llevan a cabo la coordinación de los programas actuales, a fin de garantizar la continuidad de las acciones comunitarias. 
Es preciso simplificar el acceso a los programas de movilidad, para lo cual no bastará un aumento moderado de los recursos presupuestarios, como prevé la propuesta de la Comisión. 
A mi parecer, sería preciso duplicarlos para poder mejorar la utilización de los programas y alcanzar un nivel de utilización del 10 % como mínimo, como también es el objetivo de la señora Comisaria Cresson. 
Sólo así podremos hacer realidad el objetivo de una Europa del conocimiento y fomentar el conocimiento para todos. 
El 4 de junio, la Comisión ya presentará al Consejo el proyecto de los nuevos programas y al mismo tiempo éstos podrán empezar a examinarse sin demora en el Parlamento Europeo y en la Comisión de Educación. 
Sería una especial satisfacción para mí que la posición común pudiese adoptarse durante la presidencia austriaca, o sea, antes de finales de 1998. 
En la propuesta de informe, en el punto N, se escribe lo siguiente: " La comprensión por las diferentes culturas se puede fomentar dando una dimensión europea a los programas de estudio nacionales». 
Es absurdo incluir de esta manera artificial un capítulo sobre la dimensión europea en los planes de estudio de los países miembros, por orden de la UE. 
En nuestras escuelas suecas, por ejemplo, siempre hemos tenido una dimensión europea. 
Tanto dentro de las ciencias sociales como en historia, nuestros alumnos estudian a Carlomagno, Napoleón, la Comuna de París, el desarrollo del imperialismo europeo, la evolución del movimiento obrero y de la democracia, etc. 
Actualmente existe una dimensión europea y global en la enseñanza en los países comunitarios. 
Tengo la certeza de que los propios Estados miembros pueden responder por la enseñanza de sus ciudadanos sin indicaciones moralizadoras de la Unión Europea. 
(La sesión, interrumpida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Quisiera avisar a todos Sus Señorías y a todos cuantos intervengan en el debate que tenemos un tiempo limitado. 
Ya esta mañana no ha sido posible oír íntegramente todas las intervenciones previstas por haberse superado los tiempos estipulados. 
A fin de que se puedan debatir, antes del turno de preguntas, los tres primeros puntos del orden del día, a saber, el informe Tindemans, la declaración del Consejo sobre los ensayos nucleares en la India y las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre Kosovo, a fin de que se pueda hacer todo ello con la presencia del Consejo, he de recordar a todos Sus Señorías la necesidad de respetar escrupulosamente el tiempo de uso de la palabra. 
Política de defensa común 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0171/98) del Sr. Tindemans, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la instauración progresiva de una política de defensa común de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, llama la atención el hecho de que desde 1945 el problema de la seguridad y la defensa en Europa ha estado una y otra vez en primer plano, pero casi siempre siendo motivo de discordia. 
No puedo más que enumerarlo y me disculpo por ello. 
1947: el Pacto de Dunquerque entre Gran Bretaña y Francia, 1948: el Pacto de Bruselas; el Pacto de Dunquerque entre los países del Benelux, 1949: la creación de la OTAN. 
En 1951 llega la CECA y en 1954 se intenta crear una comunidad europea de defensa. 
En 1954 se funda la Unión Europea Occidental con los países del Pacto de Bruselas, pero eso da lugar a la inclusión de la República Federal de Alemania, a la que se le permite crear un Bundeswehr. 
En los años sesenta llega el plan Fouchet con tres versiones. 
En 1970 se empieza con la colaboración política. 
En 1976 llega un informe, solicitado por el Consejo Europeo, que lleva mi nombre, y en él aparece la frase: no se puede pensar en una Unión Europea sin una política exterior y de defensa común. 
Luego viene Maastricht. 
En Maastricht se decide dar a la Unión Europea una política exterior y de seguridad común. 
Bueno, ya habíamos alcanzado los 15 miembros en 1994. 
Ahora se negocia con cinco más uno y la presión para la seguridad probablemente seguirá creciendo. 
En la Conferencia Intergubernamental de 1996 no se solucionaron los problemas institucionales, allí se esperaban propuestas, y en Amsterdam, en 1997, tampoco. 
Ahora estamos aquí. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa decidimos dedicar a la seguridad y a la defensa un informe de iniciativa. 
La Mesa del Parlamento estuvo de acuerdo. 
El mundo, naturalmente, ha cambiado desde la implosión de la Unión Soviética y los acontecimientos en Europa Central. 
Teníamos la resolución de Maastricht, había que solucionar aún muchas cosas en el aspecto institucional y en la comisión intentábamos llegar a un acuerdo. 
Los miembros de la comisión recordarán que esto dio lugar a buenas discusiones pero también a dificultades, de tal forma que hubo división. 
La primera parte se dedicaría a la seguridad, la segunda parte a la defensa. 
Esa primera parte ya se ha aprobado hace más de un año. 
Ahora tratamos de la segunda parte, la defensa, y hemos sido llamados a este Parlamento para pronunciarnos mañana al respecto. 
En Maastricht, sin embargo, se decía que la Unión Europea Occidental formaría de ahora en adelante el pilar europeo de la OTAN, de ahí que estemos confrontados con grandes problemas. 
De un lado nos encontramos con una unión económica y monetaria. 
Ésta es una iniciativa fantástica, si se me permite decirlo. 
Por ella tendremos influencia en la economía mundial, estaremos al mismo nivel con la zona de influencia del dólar y la zona de influencia del yen. 
La importancia de esa UEM puede ser difícilmente sobrevalorada. 
Por tanto, es también impensable que semejante entidad económica y monetaria no se interese por los acontecimientos internacionales, incluidos aquellos que tienen influencia en la coyuntura económica. 
Esto es sencillo, esto sería absurdo, esto es impensable. 
Con la futura ampliación de la Unión Europea tendremos que reflexionar aún más sobre esas cuestiones. 
Cómo ayudar a garantizar la paz en Europa sin caer en las antiguas antítesis o ententes y al mismo tiempo dar credibilidad a la política exterior que se apuntalaría con una política de seguridad y defensa. 
Ésa es la gran cuestión. 
Amsterdam no trajo el esclarecimiento deseado. 
Ahora intentamos unos y otros llevarlo hacia delante, transmitir por tanto nuestras ideas, sobre todo al Consejo, pero naturalmente también a la Comisión. 
Por tanto, se ha realizado un informe y ya lo hemos aprobado en la comisión. 
En mi opinión, este informe está justo entre la situación actual europea y el ideal que sería deseable desarrollar de la personalidad europea. 
Quiere aportar claridad y transparencia en la relación entre la OTAN, la Unión Europea y la Unión Europea Occidental. 
Quiere aclarar cómo ve este Parlamento, directamente elegido, los objetivos de una defensa justificada, en qué dirección debe encaminarse una evolución sensata si Europa quiere evitar o solucionar situaciones críticas, también en lo concerniente a la integridad territorial o la defensa de los intereses legítimos. 
La concepción europea de paz es algo que afecta también a los países vecinos y a fin de cuentas al mundo entero. 
El informe propone crear un Libro Blanco anual sobre defensa. 
Sugiere la creación de un aparato policial europeo en contacto con los departamentos de justicia y asuntos de interior y con una unidad de planificación permanente pero limitada en la Unión Europea. 
Aboga por un acercamiento entre esa Unión y la Unión Europea Occidental como se sugiere o se propone en los Tratados, a nivel de ministros, de parlamento, assemblée, funcionarios y aboga por una entidad de planificación para una política exterior donde según una resolución anterior debería efectuarse esa colaboración. 
Este informe no soluciona todo, eso está claro, pero sienta las bases para una credibilidad, una fiabilidad y una autoconciencia en Europa. 
Me atrevo a decir como última frase de esta breve introducción, señor Presidente, que quien rechace esto- la fiabilidad, la credibilidad y la autoconciencia en el terreno de la seguridad y la defensa- rechaza de hecho la idea europea, no quiere que se lleve a cabo una personalidad europea, también en ese terreno. 
Señor Presidente, la Comisión de Presupuestos ha tomado conocimiento con muchísimo interés del informe del Sr. Tindemans. 
Si bien, desde luego, nosotros sólo estamos aquí en una segunda línea de este punto, es importante- aunque quizá mucho de lo que hay en el informe Tindemans sólo podrá realizarse en el futuro- el hecho de que en este instante el Parlamento ya tiene una clara imagen de lo que esto significará financiera y presupuestariamente. 
Es importante que en el marco del Tratado de Amsterdam la problemática del segundo pilar se financie dentro del marco del presupuesto europeo. 
Hemos tenido que luchar mucho por ello, pero se ha realizado. 
Pero también está claro que si se trata de las misiones de Petersberg, si se trata de la directiva europea para el armamento, si se trata de la integración de nuevos servicios, allí de momento no se puede hablar, desde luego, de suficiente espacio en el presupuesto europeo. 
Vemos, sobre todo como nuestra tarea, procurar que desde el primer instante, igual que ha ocurrido con la creación del Banco Central Europeo, el Parlamento se involucre en la preparación y en la elaboración de planes que tengan lugar en ese momento. 
Por tanto, es también un intento de crear espacio por parte del Parlamento para poder ejercer desde el primer instante la influencia- como ha ocurrido también en otros terrenos- que le corresponde al Parlamento. 
Estamos totalmente de acuerdo con el Sr. Tindemans en que tras la realización de una Unión Monetaria Europea, no puede detenerse la evolución política europea. 
Es en ese marco también donde la Comisión de Presupuestos ha colocado unas cuantas notas a pie de página. 
Nos alegra mucho que el Sr. Tindemans haya estado dispuesto a presentar en el marco de su informe las dos enmiendas específicas que yo he presentado como ponente para la Comisión de Presupuestos. 
Presidente, ésa es la aportación de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando al Sr. Tindemans por la conclusión de esta tarea, extraordinariamente difícil, y agradecerle el criterio extraordinariamente flexible con que ha abordado este debate y que haya estado dispuesto a aceptar las observaciones de otros miembros de la comisión. 
Este informe es sin lugar a dudas una contribución importante al debate. 
Es importante, porque no es pura fantasía, sino que está firmemente asentado en el marco de las instituciones existentes encargadas de la seguridad y la defensa de Europa, en particular la OSCE y la OTAN. 
Respeta las obligaciones de los miembros actuales para con el Tratado del Atlántico Septentrional. 
También encaja firmemente en las disposiciones del Tratado de Amsterdam y en las Declaraciones de Petersberg, Berlín y Madrid. 
Además, señala algunas de las dificultades que hemos de superar en ese ámbito en el futuro: las dificultades planteadas por la relación entre la UEO y la UE, por no hablar de las que se plantearían, si alguna vez se integraran esos dos órganos. 
También indica los problemas de una identidad europea en materia de defensa, si hemos de concebir alguna vez alguna forma de acción independiente en el marco de la Declaración de Berlín: el hecho de que estemos desaprovechando nuestra capacidad de transporte, las comunicaciones por satélite y los servicios de información. 
También subraya lo importante que es intentar conseguir una política común en materia de armamento, porque, sin una base tecnológica eficaz, nunca tendremos una identidad europa efectiva en materia de defensa, sin por ello dejar de reconocer que estamos muy interesados en el desarme. 
Lo más importante es que reconoce las diferencias en la nueva situación en materia de seguridad: el hecho de que ahora las operaciones de mantenimiento de la paz sean tan importantes para la prevención de los conflictos. 
Nuestra principal preocupación es la de que el informe Tindemans no ha logrado un equilibrio apropiado a ese respecto. 
Debemos insistir más en el mantenimiento de la paz y la prevención de los conflictos; debemos insistir más en lograr una coordinación entre otros países de fuera de la Unión Europea y nosotros. 
Con frecuencia se dice que la política consiste en dar soluciones del pasado a problemas actuales. 
Hasta cierto punto, hemos adolecido de ello en este informe. 
Por ejemplo, en este momento el ejército británico está más plenamente comprometido que en ningún momento desde la segunda guerra mundial. 
¿Cómo hemos de abordar ese problema cuando hablamos de ampliar las fuerzas encargadas del mantenimiento de la paz? 
El informe Tindemans comete también el error de dar por sentada la integración de la UEO y la UE, mientras que el Tratado sólo menciona la posibilidad de que se llegue a ella. 
La expresión relativa a nuestra acción independiente es demasiado poco precisa. 
Es evidente que debemos asentarla en las Decisiones de Berlín. 
Por último, hemos de tener también presente que no debe preocuparnos demasiado la armonía del proceso, sino la eficacia del resultado. 
En materia de defensa, debemos velar por que podamos caminar antes de poder correr. 
Tenemos que asumir lo establecido en el Tratado de Amsterdam antes de avanzar más en este debate. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Informe Tindemans se debate en una fase muy interesante del desarrollo de la Unión Europea. 
La integración en el ámbito de la política económica y monetaria se ha completado en lo esencial con la decisión del 2 de mayo. 
Es preciso constatar que la Unión Europea se ha convertido en una comunidad de paz sin parangón en la historia gracias a la integración interior alcanzada. 
Sin embargo, hasta ahora no ha manifestado fuera de sus propias fronteras la misma capacidad que ha demostrado para garantizar la paz interior. 
En los debates con nuestros ciudadanos se constata, no obstante, a menudo un alto grado de decepción por el hecho de que la Unión Europea no esté en condiciones- lo digo así porque todavía no dispone de los instrumentos para ello- de velar por la paz fuera de sus propias fronteras. 
Yo pienso que, en una fase decisiva como la actual, es acertado que un hombre como Leo Tindemans haya tomado la iniciativa de promover un debate de estas características, igual que ya hizo en los años 70 con su informe sobre la Unión Europea. 
Realmente deberíamos situar el tema en ese contexto. 
Con el desmoronamiento del sistema comunista y la superación del enfrentamiento entre bloques en Europa vuelven a ser posibles las guerras regionales clásicas. 
Sin embargo, todavía no hemos encontrado una respuesta frente a ellas. 
Hasta ahora hemos confiado en que la OTAN, que en realidad no fue concebida con este fin, nos resuelva la papeleta. 
En Bosnia hubo una oportunidad de paz cuando una potencia militar con credibilidad, o sea, Estados Unidos, respaldó las iniciativas de paz. 
No podemos contar con que los americanos cumplan siempre esta tarea por nosotros en el futuro. 
Es una gran hipocresía acusar continuamente a los americanos de ser los policías mundiales, mientras nosotros nos las damos de grandes diplomáticos. 
Es preciso que desarrollemos también capacidades adecuadas con vistas a un " reparto de la carga» en Europa y en interés de la credibilidad de la solidez de la Alianza Transatlántica. 
Esto exige, a mi parecer, que agotemos las posibilidades que ofrece el Tratado de Amsterdam, si bien tengo mis dudas de que éstas sean suficientes. 
Leo Tindemans señala, por ejemplo, que la Unidad de planificación y alerta rápida es de una importancia decisiva. 
¿Podremos disponer al fin- igual que en el ámbito de la política intracomunitaria- de una institución que formule propuestas desde una perspectiva comunitaria? 
El Consejo de Ministros podrá rechazarlas luego, pero tendrá que examinarlas y debatir una posición planteada desde la perspectiva comunitaria. 
Dicha Unidad de planificación y alerta rápida, cuya creación prevé el Tratado de Amsterdam, debe concebirse de manera que no se convierta en un COREPER-3 o en una nueva organización que reúna a los responsables políticos y sus representantes. 
Debe incluir a la Comisión y debe definirse de manera que no sea la expresión de un conjunto de posiciones nacionales, sino que represente una posición común. 
Varios otros ejemplos apuntan en la misma dirección. 
¿Qué sentido tiene, por ejemplo, una estrategia que requiera la unanimidad del Consejo Europeo? 
Cuando se trata de cuestiones fundamentales en las que es posible alcanzar un acuerdo unánime, todo va bien. 
Pero cuando se entra en los detalles, empiezan a surgir dificultades y no se consigue avanzar. 
Por consiguiente, sólo deberían adoptarse decisiones generales, que el Consejo podrá desarrollar luego juntamente con la Comisión mediante acciones adoptadas por mayoría. 
En resumen, el potencial existe, sólo falta aprovecharlo en la práctica. 
Señor Presidente, queridos colegas, felicito al Sr. Tindemans por su excelente y destacado informe sobre la instauración progresiva de una política de defensa común de la Unión Europea. 
En el momento en que Europa se amplíe hasta la dimensión de todo un continente y se ponga en marcha la moneda única, cómo no tomar conciencia de su incapacidad para desempeñar un papel político en el panorama internacional, que esté a la altura de su poder económico y que, sobre todo, responda a las numerosas expectativas de los países de los continentes africano, americano y asiático, que se sienten unidos a Europa por la historia y la cultura. 
Dichos países esperan mucho de una Europa que, habiendo renunciado a toda hegemonía, desee desempeñar plenamente su papel de factor de equilibrio y de paz en las relaciones internacionales. 
La Unión Europea no podrá asumir este papel, a menos que pueda dotarse progresivamente de una política de defensa común que garantice su integridad territorial y sus intereses vitales, así como su capacidad de participación en operaciones de prevención de conflictos o de mantenimiento de la paz. 
Para responder a este desafío, nuestro colega Tindemans propone acercar las estructuras de la Unión Europea Occidental a las de la Unión Europea, de cara a una integración, en su momento, de ambas instituciones, convirtiéndose de algún modo la UEO en el cuarto pilar de la Unión Europea. 
Este enfoque tiene el mérito de ser pragmático y progresivo. 
Pero sólo tendrá éxito si la Unión Europea reafirma su voluntad política de dotarse de infraestructuras de defensa que en la actualidad están cruelmente ausentes y que, lamentablemente, la hacen demasiado dependiente de la logística de la Alianza Atlántica. 
Aunque los Estados Unidos admiten que, bajo ciertas condiciones, pueda hacerse uso de las fuerzas de la UEO sin la participación norteamericana, haciendo uso de las infraestructuras de la Alianza, no se trata más que de la manifestación de una abstención positiva de la que ellos conservan la llave. 
¿Tienen los Estados que actualmente constituyen la Unión Europea la voluntad de seguir avanzando en la creación de una defensa común realmente independiente? 
La Europa europea de la que hablaba el General De Gaulle. 
¿Tienen la voluntad de dotarse de los medios, cuya infraestructura, especialmente de comunicaciones vía satélite y de coberturas por radar, son indispensables para el ejercicio de esta independencia? 
¿Tienen, sobre todo, la voluntad de dotarse de instituciones políticas legítimas y democráticas que permitan concebir y poner en práctica esta política común de defensa? 
En función de este objetivo a largo plazo, sin duda inalcanzable a corto plazo, deberán ser discutidas las propuestas de fortalecimiento de la UEO y su integración progresiva en la Unión Europea, presentadas por nuestro colega Tindemans. 
Nuestro Grupo, en su mayoría, apoya este planteamiento, aunque insiste en el hecho de que no puede ser impuesto a los Estados de la Unión que, por ahora, no deseen integrarse. 
La instauración progresiva de una política común de defensa debe encontrar su lugar en el marco de las cooperaciones reforzadas, tal y como lo propone el Tratado de Amsterdam. 
Las propuestas concretas expuestas por el Sr. Tindemans constituyen una excelente base de negociación para avanzar por esta vía. 
Le doy las gracias a su autor. 
Señor Presidente, en calidad de antiguo presidente de la Asamblea de la UEO, tuve el honor de conocer al ponente Leo Tindemans al final de los años ochenta, cuando era ministro belga de Asuntos Exteriores. 
Más tarde dedicó diez años de su vida a Europa, pero su determinación, su aspecto, a la vez visionario y pragmático, siguen invariablemente marcando su personalidad. 
Creo, asimismo, que es la única manera de hacer avanzar a Europa en el ámbito de la seguridad y la defensa, ámbito en el que, por una parte, las lagunas son manifiestas y denunciadas como tales cuando surge alguna crisis, como la de la antigua Yugoslavia, y en el que, por otra parte, los medios susceptibles de colmar las mencionadas lagunas brillan por su ausencia. 
La distancia que nos separa de los objetivos en cuestión y que están recogidos en el Tratado de Maastricht es considerable y, hay que reconocerlo, ni los gobiernos de los Quince en su totalidad ni las mentalidades de nuestros pueblos están preparados para asumir las tareas que hay deben llevarse a cabo para garantizar la defensa territorial de Europa y prevenir conflictos en las regiones periféricas. 
Los grandes desafíos, como la prevención de los conflictos, la indispensable emancipación de Europa en el seno de una alianza transatlántica y sin romper los lazos que nos unen a los Estados Unidos, la integración progresiva de la Europa de la defensa y de la Unión Europea Occidental en el marco institucional, han sido bien abordados en el presente informe. 
El gran mérito de este debate es el de hacer hincapié en el carácter político del avance hacia una mayor seguridad, que sitúe a los europeos, comenzando por las autoridades políticas, ante su responsabilidad, que consiste en considerar en lo sucesivo a nuestra Unión Europea como una comunidad de destino. 
Si este reconocimiento fuera compartido sin ambigüedad, podrían alcanzarse con mayor rapidez las ideas expuestas por Leo Tindemans. 
Señor Presidente, lo que está muy claro para todos es que el fin del enfrentamiento bipolar pone de manifiesto la necesidad de articular un nuevo modelo de seguridad paneuropeo. 
Un modelo desde el que se pueda garantizar la paz, consolidar la estabilidad, prevenir los conflictos y gestionar las crisis que puedan surgir. 
A la Unión Europea le interesa objetivamente la construcción de ese nuevo modelo de seguridad en nuestro continente. 
Pero a la vez debería ser consciente de que la construcción de ese modelo sólo será posible si la Unión pone todo su empeño y cuenta para ello con una verdadera política exterior y de seguridad común. 
Ahora, para que esa política exterior sea efectiva, es también imprescindible que bajo su cobertura cuente con una política de defensa. 
Está claro que los avances que en esa dirección han registrado el Tratado de Maastricht primero y el de Amsterdam después, son positivos pero insuficientes. 
Hablamos de una política de defensa que no esté basada en un concepto clásico, sino en una definición renovada, y que se guíe por los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki y la Carta de París. 
Una política de defensa, en fin, que no tenga carácter ofensivo, que sea cooperativa y compartida. 
Una política de defensa que no cree nuevos gastos sino que maximice la utilidad de los existentes y favorezca en todo caso su reducción. 
Una política de defensa que además sea útil para coordinar las industrias de armamentos existentes, disminuyendo la independencia con respecto a terceros y sometiendo a control las ventas que se puedan hacer fuera de la Unión. 
En esa dirección, yo creo que sería necesario coordinar a las fuerzas armadas de los países miembros para llevar a cabo las llamadas misiones Petersberg. 
Y desde luego yo soy partidario de la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea. 
En ese marco, sin duda alguna, yo creo que hay que ver la relación con la Alianza Atlántica, que es una institución que en estos momentos está presente, como todos sabemos, en el marco de la seguridad en Europa, pero que no debería ser la única institución de esa seguridad. 
Por otra parte, también debería plantearse en esa dirección un reequilibrio en los términos de seguridad y defensa en la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Señor Presidente, el informe ignora el hecho de que en Europa existen concepciones distintas en cuanto a los proyectos más idóneos en el ámbito de la seguridad. 
Además, sería un burdo error que, durante la ratificación del Tratado de Amsterdam, el Parlamento Europeo intentase desempolvar proyectos que fueron descartados por la propia Cumbre de Amsterdam. 
La idea de que la UE podría garantizar la seguridad en Europa mediante una política de defensa común procede de los tiempos de la guerra fría; una época que, sin embargo, ya hemos superado. 
La UE goza de enormes ventajas frente a las instituciones de la guerra fría. 
¿Por qué nos resistimos, de hecho, a hacer uso de ellas? 
Dispone de instrumentos para la integración de unas relaciones de buena vecindad. 
Puede compensar los desequilibrios, puede construir unas relaciones económicas muy estrechas y ofrecer, sobre esta base, una cooperación económica y un apoyo financiero realmente sólido a sus vecinos. 
Estos instrumentos capacitan también a la UE para asumir la responsabilidad mundial necesaria para garantizar la supervivencia común en el planeta. 
Por el contrario, una identidad de defensa obligaría a Europa a vivir peligrosamente, pues los problemas del mundo actual ya no pueden resolverse mediante enfrentamientos, amenazas y provocaciones. 
En los últimos días acabamos de asistir a una nueva provocación de este tipo, con la nueva carrera para dotarse de una maquinaria de destrucción eficaz que ha desencadenado la India con su ensayo nuclear. 
Los Verdes rechazamos decididamente este tipo de medidas de creación de empleo, al servicio del complejo industrial armamentista de los Estados de la Unión, y proponemos que se refuercen, por el contrario, los proyectos de desarme y reconversión. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, el Sr. Tindemans no tenía que demostrarnos que es un visionario, no tenía que demostrarnos que es obstinado. 
Creo que no ha querido demostrarnos que se siente un poco decepcionado, pero creo que sus conclusiones así lo han dejado entrever a quien haya querido entender. 
El informe que hoy nos presenta ciertamente no es el informe que él quería; ciertamente no es el informe que yo quería y que mi Grupo quería; es un informe que ha encontrado muchas dificultades hasta poder llegar hoy a la sesión plenaria, y me permito observar que ha habido una cierta ironía en la intervención de mi encantador colega británico, Sr. Titley. 
En lo relativo a las relaciones entre la UEO y la Unión Europea, el deseo del Sr. Tindemans es, ciertamente, la rápida integración de estas dos instituciones, y creo que ése es también el deseo de la mayoría de los colegas de este Parlamento, pero ciertamente no es el deseo de los colegas Socialistas- lo han demostrado a lo largo de todos los procedimientos de enmiendas -, del mismo modo que el deseo de disponer rápidamente de un cuerpo europeo de intervención para el restablecimiento y el mantenimiento de la paz era el deseo, estoy seguro de ello, de la mayoría de los colegas de este Parlamento, pero no de los miembros del Grupo Socialista ni de los miembros del Grupo de los Verdes, como lo han demostrado rechazando las enmiendas presentadas en este sentido. 
Quisiera felicitar sinceramente al Sr. Tindemans por haber resistido todo lo que ha podido, y le pido, al igual que a todos los colegas, que mediante la aprobación de algunas enmiendas que aún figuran en este informe, intenten reforzarlo en el último momento. 
Creo que debemos ser conscientes de que si los británicos no están actualmente en la Unión Monetaria es porque han esperado- y creo que se equivocan- hasta poder entrar con una libra esterlina más fuerte con respecto al euro. 
Eso no ocurrirá. 
Hoy no tienen ningún interés en incorporarse a una Unión Europea de defensa y de seguridad, porque aún no han comprendido las ventajas que podrían sacar de ello. 
Creo, sin embargo, que la mayoría de los europeos y la mayoría de los colegas lo han comprendido desde hace tiempo. 
No queremos volver a ver en los próximos meses- esperamos que no, pero en el supuesto de que los acontecimientos evolucionen de manera trágica -, no queremos que los europeos tengan que soportar, como lo han soportado durante tres años, una Europa impotente, una Europa de la vergüenza frente a Bosnia. 
Es necesario que en los próximos meses estemos en condiciones de reaccionar y, sobre todo, de impedir que el dictador, que se mantiene en el poder en Belgrado después de haber organizado las tragedias de Croacia y Bosnia, pueda organizar una tercera en Kosovo. 
Con el Tratado de Amsterdam y con las misiones de Petersberg tenemos la obligación, y no solamente la facultad, de dotarnos rápidamente de los medios necesarios para intervenir en operaciones de mantenimiento y de restablecimiento de la paz. 
No es un deseo, no es algo visionario, es algo que debemos hacer sin pérdida de tiempo. 
Señor Presidente, en los años setenta el Primer Ministro y ministro de Exteriores de Bélgica dio nombre al Informe Tindemans sobre la elección por sufragio directo al Parlamento Europeo y sobre una Unión política. 
En aquel entonces los planes fueron rechazados en Dinamarca. 
No tenían ninguna posibilidad, se dijo. 
Hoy casi todas las propuestas del informe Tindemans han sido aprobadas. 
Y hoy presta así nuestro Primer Ministro belga su nombre a un informe sobre un Ministerio de Defensa comunitario común, una producción armamentística común y un ejército común. 
El mismo Niels Helveg junto con la mayoría de los políticos daneses, ha estado en contra de cada uno de los pasos del informe Tindemans y, aún así, han votado a favor de cada " resto del pasado» al fin y al cabo. 
Del mismo modo, el gobierno danés votará en su momento a favor de un ejército común si Dinamarca vota sí al Tratado de Amsterdam- de otro modo sería la primera vez que un gobierno hubiera permanecido firme. 
El informe Tindemans sobre un ejército común es serio y peligroso. 
Propone una construcción gradual en total acuerdo con el Tratado de Amsterdam. 
En caso de ataque a un país comunitario, es la OTAN la que debe defendernos, sin embargo, todas las otras guerras son asuntos de la UE. 
La Unión puede enviar tropas donde y cuando quiera con el propósito que quiera. 
La limitación no es jurídica o geográfica. 
Hay sólo un límite político, ya que debe existir unanimidad para desplegar las tropas. 
Una mayoría simple en el Parlamento danés puede renunciar a la reserva de Dinamarca frente lo militar y tomar parte en acciones militares tras una decisión concreta, también con mayoría simple en el Parlamento. 
La excepción danesa permite también expresamente a los otros países proseguir con un ejército común. 
Dinamarca será así el único país que no ha vetado acciones militares en nombre de la Unión. 
El informe Tindemans, como vemos, no es sólo un papel que explica lo que está sucediendo. 
El informe Tindemans va a repetir el ejercicio con relación a la Unión Occidental. 
Espero que el Sr. Tindemans venga a Dinamarca antes del referéndum y explique si él es simplemente- utilizando las palabras del Sr. Niels Helveg- un " resto del pasado». 
A mi modo de ver, el informe Tindemans actúa más como una mirada al futuro que se creará si votamos sí al tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, precisamente cuando India acaba de realizar tres pruebas nucleares, cuando China continúa sus experimentos, cuando otros países trabajan para dotarse o desarrollar su armamento nuclear, nuestro ponente realiza la proeza de hablar de la defensa de Europa, sin que jamás aparezcan en el presente informe las nociones de disuasión nuclear o armamento nuclear. 
Y sin embargo, se trata de un ámbito crucial para la seguridad de Europa, porque, lamentablemente, ni los buenos sentimientos ni la buena voluntad pueden garantizar en el futuro la seguridad dentro y fuera de nuestros países. 
Lamento asimismo que no aparezca un deseo real de emancipación de Europa con respecto de los Estados Unidos de América y, por consiguiente, de la OTAN. Al contrario, en un espíritu de sumisión, de dependencia y de debilidad, Francia ha dado públicamente muestras de vasallaje con el restablecimiento del mando de la OTAN, a pesar de que la amenaza soviética ha desaparecido. 
Pensamos que la Unión Europea Occidental debería convertirse en una herramienta de emancipación y no en un instrumento al servicio del nuevo orden mundial y de la voluntad hegemónica de la Administración estadounidense. 
Pero para ello sería necesario dotarse de medios presupuestarios, tecnológicos y humanos y poner fin al desmantelamiento de nuestros ejércitos y al desarme moral. 
Deberían reafirmarse una serie de principios: la creación de un nuevo tratado denominado " de alianza europea» que agrupe, además de a los países de la Unión Europea, a una alianza de Estados europeos, independientes, independientes en primer lugar, naturalmente, de los Estados Unidos de América y, a continuación, de las estructuras de la OTAN, la aplicación de la norma preferencia europea en todos los ámbitos del armamento, instauración de una política presupuestaria que permita a Europa encontrar su seguridad y su independencia, sus libertades, y la toma en consideración de las nuevas amenazas, como el terrorismo o las amenazas bacteriológicas, el desarrollo de las estructuras de formación, de las estructuras de organización, de protección civil y, por último, una definición de las normas que permitan la puesta en marcha de la disuasión nuclear francesa en beneficio común de una alianza europea. 
Lamentamos que estas reflexiones no hayan tenido la posibilidad de aparecer en este informe. 
Señor Presidente, ante todo yo querría felicitar sinceramente al colega Tindemans por su informe. 
El Sr. Tindemans se lo está explicando ahora al colega Bonde, quien- a mi parecer- no debe haberlo leído. 
De lo contrario no habría reaccionado como si con él se pretendiera imponer algo a los países como tales. 
Sin embargo, aunque el Sr. Tindemans esté impartiendo ahora esta lección de repaso, tampoco es preciso que me escuche, puesto que en cualquier caso ya sabe todo lo que pueda saber yo. 
La política de seguridad europea tiene tres pilares. 
El primero es la política de seguridad preventiva, cuyo objeto es evitar e impedir las crisis. 
El segundo pilar es la Política Exterior y de Seguridad Común que, en mi opinión- y en esto le doy toda la razón al colega Tindemans -, necesita el respaldo de una política de defensa común. 
El tercer pilar es, a mi modo de ver, el desarme. 
La reducción del armamento en la Europa actual puede contribuir mucho a la seguridad. 
Los tres pilares no se han desarrollado suficientemente y una de las diferencias entre el colega Tindemans y yo posiblemente sea que él presta demasiado poca atención a los pilares A y B, o sea, la prevención y el desarme. Esto no significa, empero, que el segundo pilar no sea importante. 
Tenemos que desarrollar conjuntamente esta Política de Seguridad Común en el seno de la UE, pero también en colaboración con Estados Unidos, con Rusia y Ucrania, y con los Estados de la cuenca mediterránea. 
¿Por qué es importante y razonable una Política Exterior y de Seguridad Común de estas características, respaldada por una política común de defensa? 
En primer lugar, está el tema de la credibilidad: cuando tenemos que habérnoslas con un Milosevic- y también tenemos que enfrentarnos con tipos como él, Sra. Schroedter -, no basta con limitarse a hablar y demostrar buena voluntad, porque él no hará otro tanto mientras pueda contar con que detrás de las palabras no están también las armas, como último recurso. 
En segundo lugar, necesitamos hablar con una sola voz. 
Tenemos demasiadas organizaciones que trabajan sin coordinación entre ellas. 
La UE, la UEO, el Grupo de contacto, para recordar sólo el caso de Kosovo y de Yugoslavia, la OTAN y varias otras instituciones, demasiadas instituciones con composiciones demasiado diversas, lo cual impide hablar en estos momentos con una sola voz. 
En tercer lugar, yo considero muy importante la europeización. 
No la europeización en contraposición a Estados Unidos, sino una europeización que conceda mayor peso dentro de la Alianza a los países europeos, me refiero a todos los que quieran participar. 
La europeización, sobre todo en el ámbito de la llamada política de defensa de baja intensidad- por esto es sumamente importante la propuesta del colega Tindemans sobre la policía, y también el compromiso -, es una tarea que debemos asumir nosotros mismos en primer lugar y que no podemos dejar en manos de otros. 
Otro punto es el aumento de la democracia. 
La cooperación y más adelante, en algún momento, también la integración de la UE y la UEO requerirán, además, más democracia y una ampliación de las competencias y la influencia de esta Cámara en dicho ámbito. 
Finalmente, el colega Titley ha comentado con razón que tenemos que aprender a andar antes de aprender a correr. 
Sin embargo, existen muchísimas crisis que nos obligan a aprender a correr deprisa para poder prestar ayuda. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Tindemans por su extraordinario informe. 
Éste es el resultado de un difícil equilibrio, continuación lógica del diálogo en torno a una política de seguridad común. 
La Unión Europea tiene una clara dimensión en materia de política de seguridad, independientemente de que las actividades de la Unión del futuro tengan un componente de seguridad directamente militar. 
De hecho, los conceptos de seguridad y de defensa se superponen en parte. 
Resulta claro que la simple creación de relaciones de dependencia entre los distintos agentes aumenta la seguridad y la estabilidad de nuestro continente. 
Hay que recordar que en el fondo la integración europea es, por su naturaleza y sus objetivos, un amplio proyecto de seguridad en el que caben, como ya establecía el Tratado de Maastricht, los planteamientos en materia de defensa. 
La definición del papel de la Unión Europea Occidental como elemento integrante de la defensa común está relacionado de manera primordial con las ampliaciones parcialmente simultáneas de la OTAN y de la UE. 
Con la aceptación por parte de la OTAN de nuevos países miembros procedentes de la Europa Central y Oriental, esta organización se vuelve más heterogénea pero, al mismo tiempo, ve reforzado su denominado pilar europeo. 
Aunque se puede sostener que el interés de los PECO por formar parte de la OTAN se concentra en gran medida en la seguridad militar, cabría señalar también que, con su adhesión a la OTAN, se refuerza el papel de ésta como una organización regional y de seguridad colectiva. 
Resulta indispensable que la Unión reflexione también sobre su propio papel. 
Con objeto de esclarecer la futura situación de la UEO y de potenciar sus actividades, es necesario volver a evaluar el papel de los países asociados y de los países observadores de la organización. 
Si en el futuro se encomendaran expresamente la aplicación de las operaciones militares a la UEO, resulta indudable que quedaría poco claro el papel de aquellos países observadores que persiguen una participación activa. 
Considero que en un futuro próximo todos los países involucrados, y entre ellos el mío, Finlandia, deberían participar en las actividades de la UEO mediante su adhesión a ésta en pie de igualdad y de pleno derecho. 
Naturalmente, esta misma circunstancia afecta también a los próximos Estados miembros de la Unión. 
Las denominadas operaciones de tipo Petersberg, incluidas en el Tratado de Amsterdam a iniciativa de Finlandia y de Suecia, ofrecen a la totalidad de los Estados miembros de la Unión la oportunidad de participar en operaciones de gestión de crisis regionales, a la vez que dan pie al desarrollo de una defensa común. 
El desarrollo de una capacidad funcional para la gestión de crisis es una condición para el desarrollo de la defensa común, aun si esta gestión de crisis no está siempre directamente relacionada con la defensa. 
Se debe considerar también como un paso hacia una identidad europea más homogénea en materia de política de seguridad. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Tindemans y, como los demás colegas, estimo que ha realizado un extraordinario trabajo, sobre todo teniendo en cuenta las grandes resistencias que ha encontrado a lo largo de su camino. 
Creo asimismo que él habría querido y pretendido hacer mucho más de lo que, finalmente, ha logrado hacer y que, por lo tanto, ha sido muy penoso para él llegar a este punto con resultados, hay que reconocerlo, modestos desde el punto de vista de quien considera este tema- la política de defensa común- una pieza fundamental y si se deja de pensar en que Europa no sólo es la Europa de la moneda única. 
La Unión Europea Occidental debe integrarse en la Unión Europea. Éste es el primer paso y, en este sentido, me parece que el Sr. Tindemans ha sido extremadamente claro. 
Tenemos ante nosotros lo que sucedió en Bosnia, donde fue necesaria la intervención americana. 
No debemos olvidarlo nunca. 
Es un hipócrita quien afirma que los americanos son los gendarmes del mundo porque los europeos se dedican a la diplomacia. 
Esto sólo demuestra la impotencia de Europa y la hipocresía de los Estados europeos que siguen siendo unos enanos políticos y unos egoístas en su fuero interno. 
Además, quien ha dicho que el informe Tindemans tendría que haber dedicado más espacio a la prevención y menos atención al tema de las intervenciones, ha adoptado un enfoque hipócrita porque, si bien es cierto que la prevención es prioritaria respecto a todo- esto está claro- no es menos cierto que Europa está obligada a una pura palabrería, ya que, en realidad, no existe la posibilidad de intervenir en caso de conflictos regionales como, por ejemplo, en Bosnia o en Albania hace unos meses. 
En este momento, para Europa se abre el camino a los destinos comunes: esto es algo que los Estados europeos no pueden sino entender. 
Cualquiera que crea que pueden existir todavía el imperio británico o las potencias francesas y alemanas sólo se forja ilusiones. 
Podemos y debemos contribuir al futuro de Europa en la paz y la estabilidad. 
Señor Presidente, un visionario fidedigno debe ser realista y por eso el Sr. Tindemans ha sido un excelente ponente de un informe desde luego muy bueno. 
La Unión en principio debe ser capaz de poder actuar por sí sola militarmente. 
Eso no significa una sustitución, sino más bien un complemento a la OTAN. 
Una Unión Europea adulta debe poder acentuar su política exterior con medios militares, también cuando los Estados Unidos no estén allí guardándonos las espaldas. 
El ponente ha planteado con claridad en su informe que la política de defensa común no tiene sentido sin una política exterior común. 
Muchos Estados miembros todavía bloquean la composición efectiva de la PESC y el realismo por tanto está en su lugar en lo que respecta a la defensa. 
En lo posible los Estados miembros deben utilizar la OTAN, joint task forces, si lo desean. 
Por lo demás, la Unión no debe construir, siempre y cuando sea posible, una estructura militar paralela. 
Los ciudadanos de Europa no desean presupuestos más elevados en defensa. 
Con razón se aboga aquí por pasos concretos. 
Los ministros de Defensa deben poder reunirse también en una asociación y los servicios de la Comisión en relación con seguridad y defensa deben reforzarse y el PE debe deliberar ahora más regularmente con el Secretario General, el Presidente y la asamblea de la UEO. 
Por último, señor Presidente, como Presidente de la subcomisión implicada, apoyo la propuesta en el informe de cambiar el nombre de la subcomisión, ahora de seguridad y desarme, por el de Subcomisión de Seguridad y Política de Defensa. 
El desarme en principio forma parte de eso, naturalmente. 
Señor Presidente, creo que el ponente Sr. Tindemans ha realizado una gran labor a pesar de que la naturaleza del tema es tal que es como explorar en aguas desconocidas. 
Porque allí donde paran las opciones políticas de los gobiernos y del Consejo, allí hay un lugar para muchos proyectos, para muchas ideas. 
Quizás este sea el papel del Parlamento, a lo mejor hicimos esto también con la Unión Política, Económica y Monetaria en otras épocas. 
De todas formas, en mi opinión, debemos esforzarnos y esmerarnos en conquistar y en concluir lo que hemos conseguido hasta ahora antes de abrirnos a otros caminos que tienen dificultades especiales, como es la defensa. 
A mi modo de ver, los problemas que se presentan también en la Antigua Yugoslavia tienen relación no con la falta de un aspecto defensivo de la Unión Europea, sino con la incapacidad de proceder a determinadas opciones, o tienen que ver con opciones equivocadas, las cuales fueron el problema de la cuestión de Bosnia. 
Y en este sentido de dar una importancia especial, de consolidar lo que en la actualidad hay, quisiera plantear una pregunta al Comisario Sr. Van den Broek, quien está siguiendo pacientemente todo este debate. 
No sólo en Amsterdam sino también en el Tratado existe ya el concepto de las fronteras exteriores, existe el concepto de la integridad de la Unión, existe el concepto de la política de solidaridad mutua. 
Quería preguntar al Sr. Van den Broek: ¿hay fronteras de la Unión hacia oriente sólo hacia occidente, hacia el norte y hacia el sur?. 
¿Hay integridad de la Unión? 
Si hay todo esto, ¿Por qué esta indiferencia? 
Quizás sea más un tema del Consejo; pero querría saber su opinión. 
¿Por qué esta indiferencia de las altas Instituciones de la Unión en una serie de dudas que se dan hoy en día por parte de Turquía hacia islas que todos saben que pertenecen a un país miembro y a toda la Unión Europea? 
Querría una respuesta del Sr. Van den Broek. 
Señor Presidente, en primer lugar, me resulta totalmente increíble que se aclame aquí al Sr. Tindemans por su visión del futuro. 
No comprendo cómo se puede considerar que tiene visión del futuro alguien que vive en la Era de las Tinieblas, que cree en los bloques militares, la militarización mundial y el imperialismo. 
Es una idea ridícula. 
Respecto de la cuestión del imperialismo, resulta bastante claro en el párrafo 4 de este documento que «el objeto de una política común de defensa es el de proteger los intereses de la Unión en todas las zonas, incluida la seguridad de los abastecimientos». 
Eso es vergonzoso. 
Se dice que se quiere una política de defensa y un sistema de defensa no para protegerse contra posibles agresores, sino para proteger los intereses propios y egoístas. 
Que algo así suceda en este Parlamento resulta absolutamente escandaloso. 
Irlanda va a celebrar un referéndum sobre el Tratado de Amsterdam. 
Nuestro Gobierno y los principales partidos políticos están diciéndonos que el Tratado de Amsterdam nada tiene que ver con la defensa. 
Y, sin embargo, el Tratado de Amsterdam da, como dice el Sr. Tindemans, una perspectiva más creíble a una política común de defensa, dado que fortalece el vínculo orgánico entre la Unión Europea y la Unión Europea Occidental, creado por el Tratado de Maastricht. 
La Unión Europea Occidental es una alianza militar comprometida con la disuasión nuclear. 
Además, el apartado 7 del artículo J del Tratado de Amsterdam, protocolo anejo al Tratado, fue una adición irlandesa encaminada a impedir que el pueblo irlandés conociera las consecuencias reales del Tratado de Amsterdam. 
Dice que la Unión Europea, junto con la Unión Europea Occidental, examinará conjuntamente las necesidades futuras para fortalecer la cooperación mutua al cabo de un año de la entrada en vigor de dicho Tratado para dar a la UEO, » como parte integrante del desarrollo de la Unión» , un marco organizativo. 
Resulta bastante evidente que lo que se está haciendo en este caso es militarizar la UE, convertirla en una alianza militar, cuyo objetivo principal es el de proteger sus intereses egoístas y lograr un acceso fácil a los recursos mundiales. 
Señor Presidente, la indispensable observación inicial de reflexión sobre la defensa europea es que la defensa colectiva de los Estados miembros de la Unión Europea no es de la incumbencia de esta última, sino de los Estados y de las alianzas, de las que algunos Estados son miembros. 
Por este motivo lamento que en el informe Tindemans se utilicen algunas nociones ambiguas e inadecuadas, como por ejemplo, la legítima defensa de la Unión Europea. 
Dicho esto, interrogarse hoy sobre la defensa europea equivale a plantearse una serie de cuestiones. 
La cuestión de saber si la Europa de los Quince constituye realmente el marco más idóneo para comprender realmente los problemas de defensa actual de nuestro continente ante las nuevas amenazas que han tomado el relevo de la amenaza soviética. 
La cuestión de saber si una política europea de defensa debe ir encaminada a hacer entrar a todo el mundo en un corsé rígido o encaminada a organizarse en torno al concepto de geometría variable, habida cuenta de las voluntades tan heterogéneas de los Estados miembros en materia de defensa. 
La cuestión de las relaciones entre la Unión Europea y la UEO. 
El Tratado de Amsterdam no prevé la integración de la segunda en la primera y, globalmente, mantiene intactas las relaciones actuales. 
Sólo incluye dos innovaciones: la incorporación en la PESC de la cooperación en materia de armamento y de las misiones de Petersberg. 
Huelga decir que la política de armamento es competencia intergubernamental. 
En el sector de las industrias de defensa y debido a su carácter específico, es importante hacer prevalecer con toda claridad la lógica de la soberanía sobre la lógica del mercado. 
La Agencia Europea de Armamento debe tener como objetivo el mantenimiento en Europa de una capacidad autónoma de investigación y de producción del más alto nivel tecnológico, en particular, de cara a la competencia norteamericana especialmente agresiva. 
El informe Tindemans menciona asimismo la movilidad aérea estratégica, la información espacial y las comunicaciones vía satélite. 
Se trata realmente de ámbitos en los que la constitución de polos europeos de competencias, organizados entre los Estados que lo deseen, permitirá hacerse con el control especialmente de la información y poner fin a nuestra dependencia de los Estados Unidos. 
Son además ámbitos en los que la magnitud de los costes derivados de los proyectos justifica, en virtud del principio de subsidiaridad, los programas comunes, cuya financiación deberán mantener en el tiempo los Estados miembros que libremente decidan participar. 
Los Estados miembros apegados a su tradición de neutralidad, que representan la tercera parte de los Quince, aunque han aprobado la inclusión en el Tratado del conjunto de las misiones de Petersberg, han rechazado claramente la garantía de defensa colectiva instituida por el Tratado de Bruselas entre los miembros de la UEO. 
El artículo 17 del Tratado de Amsterdam, por otra parte, refleja las profundas divergencias que separan a los Estados miembros en el plano de la política de defensa. 
Aparte de la cuestión de los Estados que desean mantener su neutralidad, el Tratado indica que la defensa común debe buscarse a través de la integración de la UEO en la Unión Europea y, al mismo tiempo, que esta última ya se ha realizado en el marco de la OTAN. 
Estas divergencias legítimas son la propia esencia de Europa, y es fundamental respetar la voluntad de los pueblos y de los Estados, sobre todo en un ámbito tan delicado como el de la defensa. 
El informe Tindemans, acertadamente, hace hincapié en que toda política de defensa común está subordinada a una identificación clara de los intereses comunes y propone que se intente poner éstos de manifiesto en un Libro Blanco del Consejo. 
Destaca asimismo la necesidad de dar consistencia a la identidad europea de seguridad y de defensa, sobre la que la Cumbre de Berlín ha previsto... 
(El Presidente invita al orador a concluir) Estas dos orientaciones nos parecen importantes y reciben nuestra aprobación. 
Señor Presidente, Señorías, me congratulo con el Sr. Tindemans por el trabajo realizado y el enfoque dado a su informe, cuyo contenido compartimos plenamente. 
Qué duda cabe de que se podía hacer mucho más y pedir una mayor aceleración del proceso de defensa común, sin embargo, el ponente ha querido que la unidad y el consenso llegaran a su máximo. 
Quizás, gracias a su experiencia de hombre de Gobierno, no se ha equivocado. 
La política de defensa común no puede caminar a golpes de mayorías que también hubiera podido buscar y conseguir. 
De todos modos es muy significativo que este debate se celebre precisamente hoy, en el mismo día en que nuestro Pleno ha expresado su parecer favorable a los candidatos propuestos por el Consejo a la cúpula del Banco Central Europeo. 
Tal vez para el Parlamento es la mejor manera de responder a las justas críticas de quien teme que la Unión Europea sea sólo un conglomerado de intereses financieros y monetarios. 
Tenemos que reiterar una vez más que la unión monetaria sin la unión política es un absurdo, un esfuerzo inútil para los pueblos europeos. 
El corolario indispensable de la unión política es, sin duda alguna, la política exterior y de seguridad común y, relacionada con esta última, una estrategia militar y de armamentos común. 
En la actualidad, Europa está viviendo un momento importante, un momento feliz. 
Después de la moneda única deberá haber, cuanto antes, una política de defensa común para que Europa pueda garantizar la paz también fuera de sus límites. 
El esfuerzo del Sr. Tindemans me recuerda el profuso empeño demostrado en este Parlamento por el llorado Sr. Spinelli que, desde estos mismos escaños desde los cuales hoy se ponen frenos que no siempre se pueden compartir, defendía y luchaba para que Europa se convirtiera en sujeto político y, en consecuencia, se dotara de una política exterior y militar común. 
La delegación de Alianza nacional, partido italiano democrático y moderado, votará a favor del informe para reafirmar su propia opción europeísta y reiterar la necesidad de que hay que hacer las elecciones indispensables para dignificar política e internacionalmente a nuestra Europa. 
Señor Presidente, ante todo quiero saludar el ejemplo de nuestro colega, el Sr. Tindemans, porque se le ha acusado aquí de visionario y yo creo que es un ejemplo de tenacidad y de ilusión. 
Es un hombre, quizá el más veterano de todos nosotros tanto en el Consejo como en el Parlamento, y a mí me parece que es un cumplido decir que tiene todavía una visión de futuro porque verdaderamente él ha luchado no sólo por la Europa unida políticamente y la Europa de la moneda única, sino también por la Europa de la seguridad y la defensa. 
Y en relación, concretamente, con este informe, quiero manifestar, en nombre de los socialistas españoles, que siempre hemos tenido una actitud favorable al mismo, porque nosotros cuando formulamos el decálogo sobre seguridad y defensa, en el momento en que convocamos el referéndum sobre la OTAN antes de entrar en la Comunidad, siempre dijimos que hacía falta resucitar la UEO y afirmar la identidad europea de defensa. 
Y el Tratado de Maastricht suscitó una esperanza positiva en la medida en que formuló la política exterior y de seguridad- se mencionaba que la política de defensa llegaría en su momento -, y el Tratado de Amsterdam ha dado un tímido paso más con las misiones llamadas Petersberg y la posibilidad de incorporar la UEO sin reformar los Tratados. 
Pero no solamente se trata aquí de hablar de Tratados, se trata también de hablar de la realidad. 
Y la realidad es que en esta Asamblea nos hemos quejado muchísimas veces de lo que está pasando en algunas partes de Europa- concretamente con la disolución de la antigua Yugoslavia y los Balcanes -, y yo creo que esa escuela de la realidad nos tiene que afirmar también en algo muy concreto, y es que ahí hemos aportado todos los esfuerzos divididos, y la división ha demostrado que somos incapaces. 
Lo que no acabo de comprender es por qué, si somos incapaces de resolver nuestros problemas y de hacer frente a nuestras responsabilidades, tenemos que criticar a otros. 
En este momento, mi país está celebrando históricamente el centenario de la guerra hispano-norteamericana y no creemos que haya que acusar sistemáticamente a los norteamericanos de nuestros fallos. 
Primero tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas y somos nosotros quienes tenemos que definir la política de defensa. 
Por último, señor Presidente, estamos en un momento en que hemos dado un paso decisivo esta misma semana para construir la Unión Económica y Monetaria. 
¿Por qué no consideramos que éste es el momento también de que hablan el Tratado de Maastricht y el de Amsterdam para dar un paso sustancial en la seguridad y en la defensa, no sólo para proteger y defender lo nuestro, sino también para asumir nuestras responsabilidades en la estabilización y en la pacificación de nuestro continente y también en relación con el resto de la Humanidad? 
Por esa razón, apoyamos el informe del Sr. Tindemans. 
Señor Presidente, este informe nos incita a subrayar una vez más nuestro aprecio por los conocimientos y el interés de Tindemans. 
La distinción entre política de seguridad y política de defensa se ha hecho menos nítida a causa de que ha disminuido el riesgo de una agresión armada a los miembros de la UE, en la fase en la que nos encontramos actualmente, al mismo tiempo que el riesgo de crisis en nuestra vecindad ha aumentado. 
Las crisis pueden, no obstante, derivar en profundas enemistades. 
No podemos negar que complicaciones en Rusia por ejemplo, pueden derivar inmediatamente en un agravamiento de la situación política de defensa. 
Europa necesita tanto una protección limítrofe intimidatoria como capacidad para actuar con fuerza para controlar crisis. 
La OTAN es la base para la cooperación europea en materia de defensa. 
Una cooperación defensiva más activa dentro de la UE no se desarrollaría para reemplazar sino para complementar la OTAN. 
Se necesita este complemento. 
En todo caso, a la cooperación de defensa europea dentro de la UEO le ha faltado fuerza. 
El impedimento no se debe tanto al freno aplicado por países nuevos que están fuera de alianzas militares cuanto a la falta de una voluntad política fuerte en el seno de la UE. 
No ha habido una fuerza parecida a la que ha impulsado a la UEM. 
Un trabajo defensivo que funcione tiene que basarse también en una política de relaciones internacionales común, pero aquí la UE no ha llegado muy lejos. 
El informe de Tindemans nos da motivos para reflexionar sobre esto. 
El asunto es si Europa puede confiar plenamente en la OTAN y, consecuentemente, en el compromiso de EE.UU. Nos podemos imaginar que semejantes crisis y amenazas pueden surgir cuando, siendo acordes las concepciones de EE.UU. y de la UE, EE.UU. carece de motivos para intervenir en Europa del modo que quisiéramos. 
Una ampliación importante de la UE disminuye al parecer la congruencia entre la UE y la OTAN, lo cual fortalece la necesidad de colaboración en materia de defensa en el ámbito comunitario. 
La Unión Europea apunta a fomentar la paz en Europa. 
En esta tarea la UE ha sido un éxito total. 
El trabajo por la paz continúa mediante la ampliación hacia el Este. 
Esta naciente colaboración ya ha dado frutos importantes. 
Para ganarse la adhesión a la Unión Europea los países solicitantes se esfuerzan en fomentar los derechos humanos, resolver conflictos internos y conflictos entre ellos y también con otros países. 
Esto es importante. 
No es solamente en los Balcanes donde el mosaico étnico podría acarrear graves complicaciones. 
Esta es una versión moderna, actual, de la motivación por la paz en el ámbito de la UE. 
Para una corriente de opinión en mi país, por ejemplo, hay motivos suficientes para destacar la gran importancia que la UE sigue teniendo para desarrollar la paz en Europa. 
La tragedia de los Balcanes, es decir, fuera de Europa y del círculo de países solicitantes de adhesión, demuestra todo lo malo que puede suceder en caso contrario. 
Estimado señor Tindemans, he leído y he escuchado todo cuanto ha dicho y quiero darle mi cordial enhorabuena. 
No hay ninguna duda de que el Parlamento Europeo va a aprobar su informe. 
Sin embargo, por desgracia para usted que se ha esforzado tanto, desgraciadamente para el Parlamento Europeo, y por desgracia para los pueblos de Europa, los señores del Consejo lo van a tirar a la papelera. 
Los señores del Consejo no han conseguido ponerse de acuerdo sobre el Presidente del Banco Europeo, ridiculizando al euro incluso antes de empezar. 
De verdad, ¿cree usted que se van a poner de acuerdo en este tema tan importante? 
No se interesan por la política exterior común y por la defensa de Europa. 
No se interesan por lo que conviene a Europa. 
No se interesan por los pueblos de Europa. 
Miran por el interés de los bancos y de los banqueros. 
Mire que ha ocurrido en Dayton. 
Los americanos tomaron su decisión y el Sr. Van den Broek, a pesar de sus esfuerzos, simplemente paga del Fondo de la Comisión. 
En Chipre, en Oriente Medio, en Kosovo, en el Egeo el Sr. Holbrooke y el Sr. Miller hablan y deciden y Europa simplemente ejecuta sus decisiones. 
No quiero desilusionarle. 
Le deseo que su informe tenga buena suerte; pero me temo que no la va a tener. 
Señor Presidente, me congratulo con el Sr. Tindemans por su buen hacer y sobre todo por la tenacidad y la paciencia demostradas a la hora de elaborar este excelente informe: un informe controvertido, no por su contenido, sino porque a esta Europa le es cada vez más difícil abordar serena y seriamente un asunto como el de su seguridad y defensa, pese a que sabe que de su solución depende, sin duda y en gran medida, el éxito de su proceso político. 
Su desazón se demuestra con la proliferación de las instituciones en que delega este tema que no sabe cómo abordar. 
Como han recordado otros oradores, disponemos de al menos 4 instituciones: la Unión Europea, la UEO, la OSCE y la OTAN que, si bien en teoría deberían cooperar entre sí, en realidad se encuentran enfrentadas entre sí e interfieren la una con la otra. 
Por si esto fuera poco, la UEO- que debería convertirse en su brazo militar- está a la espera de integrase en la Unión Europea en ese momento decisivo en que, si y cuando, los Gobiernos decidirán que esta operación puede realizarse. 
No quisiera que pasara lo que sucede en Los novios de Manzoni, o sea, que en opinión de unos pocos o de muchos, » este matrimonio no se puede celebrar». 
Además, hace seis años, tratando de convencer a la opinión pública de que era posible conseguir lo mejor, se inventó el acuerdo de Petersberg para llevar a cabo las misiones de paz: de éstas, en seis años, no se ha realizado ninguna y me pregunto cuándo se llevará a cabo al menos una de ellas. 
Por último, he de decir que el informe Tindemans es una piedra valiente lanzada en el estanque de la desidia política. 
Señor Presidente, a continuación de los señores colegas, yo también voy a felicitar al Sr. Tindemans porque bajo unas formulaciones muy delicadas y elaboradas que su experiencia política de muchos años le permite, consigue dejar entrever lo que quiere, es decir la evolución a posteriori de la Unión Europea hacia un organismo político-militar policial-terrorista. 
Su punto de partida no son criterios personales sino criterios de clases. 
Esto es lo que expresa. 
El capital financiero, el gran capital monopolístico, las compañías multinacionales tienen que poder digerir- sin molestias- todo lo que están conquistando con la unión monetaria y todas las demás consecuencias que regulan hoy la Unión Europea. 
Ahí es donde apuntan la creación de fuerzas de intervención especial extraordinaria, de programas de armamento, de industria de armamento militar, de centros aéreos de información, etc, la confusión OTAN- UEO- PESC todo esto con gastos de los contribuyentes europeos. 
Y por supuesto se plantea una cuestión: Bien, No va a tener esta Unión Europea una política de defensa? 
Sin embargo no se menciona claramente quién es el enemigo y en contra de quién está. 
No existe ni siquiera la excusa " Unión Soviética, Pacto de Varsovia» y deja sobreentender que el enemigo es el pueblo, su rebelión bajo esta política opresiva. 
Ustedes quieren reprimirla y basándose en esto quieren tener la libertad de intervenir en donde, dentro y fuera del perímetro de la Unión Europea, se ven afectados- dicen- sus intereses, es decir, los de su capital internacional. 
Y una última cosa, señor Presidente, ya que se está hablando mucho sobre el Sr. Milosevic... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Presidente, el pasado año, en el transcurso de las negociaciones del primer informe del Sr. Tindemans en favor de una política de seguridad común en Europa, formulé el deseo de que la ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa central y oriental no vaya de la mano con una ampliación idéntica de la OTAN, teniendo en cuenta que los intereses europeos y norteamericanos son cada vez más divergentes y que ya va siendo hora de que los pueblos de Europa tomen las riendas de su destino. 
Mi deseo ha sido atendido por lo que le doy las gracias al ponente, que defiende la integración de la UEO en la Unión Europea y la adhesión a la UEO de los futuros países miembros de la Unión, lo que deberá hacerse en estrecha colaboración con la CEI, aunque no le guste a los Verdes, estipendiados para acrecentar la sujeción de las naciones europeas al gigante americano, tanto en el plano económico- a fin de cuentas, su grotesca actitud a propósito de la votación sobre la patente de los inventos en biotecnología es una ilustración que no podría ser más elocuente -, como en el plano militar, como demuestran sus enmiendas al excelente informe del hombre de Estado Tindemans. 
Europa pronto tendrá su moneda. 
Pronto tendrá también un ejército. Es el precio de nuestra independencia. 
Señor Presidente, después de escuchar el análisis marxista del colega Kaklamanis sobre los bancos europeos y de la toma de posición de clase del colega Ephremidis, temo que mi intervención será poco lucida, ya que sólo voy a referirme al Informe Tindemans. 
Yo también quiero felicitar al colega Tindemans por haber asumido esta tarea tan difícil. 
Ha sido un trabajo difícil, Señoría, he podido constatarlo a través de la colaboración que hemos mantenido en nuestra Comisión. 
Es preciso formular una política de defensa común para quince Estados libres y soberanos y para entre 75 y 80 partidos políticos- desconozco el número exacto de partidos políticos que están representados en esta Cámara -, los cuales representan, sin embargo, posiciones muy distintas. 
Éstas tienen su origen en tradiciones diferentes en el ámbito de la política de defensa y yo creo que una política de defensa común sólo podrá tener éxito si estamos dispuestos a aceptar esta diversidad de tradiciones y a respetarla en la formulación de nuestra política. 
Yo quisiera citar tres principios que considero importantes y que rebasan lo que usted ha escrito en su informe, por lo cual nos proponemos presentar varias enmiendas. 
Primero: deberíamos intentar definir una nueva política de defensa que esté enraizada en una nueva política de seguridad y que se guíe más por los modelos colectivos de seguridad, como la OSCE, que no por los modelos de la guerra fría, como la OTAN y la UEO. 
Segundo: la resolución preventiva de los conflictos y una espiral de desarme- no de rearme -, que convendría volver a impulsar, pueden constituir en estos momentos un instrumento de defensa más eficaz en determinadas circunstancias que cualquier posible arma de múltiple uso no desarrollada aún. 
Tercero: si nos proponemos desarrollar nuestra propia política de defensa no será para aligerar la carga del presupuesto americano, sino como justa expresión de nuestra identidad. 
Señor Presidente, por una cuestión de orden en relación con el tiempo de uso de la palabra. 
Yo quisiera pedirle que en adelante sea mucho más generoso con el tiempo asignado al colega Ephremidis, ya que raras veces puede tener uno el gusto de escuchar un viejo discurso estalinista. 
Considero que esta intervención ha sido un poco abusiva, pero, como el humor también hace falta de vez en cuando, está perdonado. 
Señor Presidente, ¿Le debo algo al Sr. Brok? 
Le pago. 
Si le debo algo, le pago con un cheque bancario. 
En euros, cuando circulen... 
Estaba a punto de decir que podía concederle la palabra al final del debate por alusiones personales. 
Pero como ya la ha tomado, no hay motivo para dársela al final del debate. 
Señor Presidente, estos días en los que 56 Ministros de Asuntos Exteriores -! 56! -y de Defensa de 28 países europeos, de los cuales 10 son miembros de nuestra Unión, han participado en la Reunión de la Unión Europea de Occidente bajo presidencia griega en la bellísima Rodas; dos enviados americanos, los Sres.. Holbrooke y Gelbard estuvieron yendo y viniendo entre Belgrado y Pristina, intentando desesperadamente encontrar una terapia para la herida sangrante de Kosovo entre Serbia y Albania. 
En el texto de muchas paginas de conclusiones que publicaron ayer los numerosos Ministros de la UEO expresaron entre otras muchas vaguedades, su intranquilidad y su disposición a impulsar una aproximación realista y clara para enfrentarse al problema. 
Sin embargo es característica la diferencia entre las dos manifestaciones, paralelas temporalmente, de la diplomacia internacional: en la primera, la de Rodas, hay tiempo, lujo y lentitud ceremoniosa. 
Falta la sensación del tiempo y sobre todo la obligatoriedad de soluciones concretas. 
Sucede justo lo contrario con las ideas-incursiones sobre el terreno de los enviados americanos. 
A menudo, por la precipitación y la búsqueda de soluciones practicas no evitan complicaciones peligrosas e injusticias. 
Debemos dar las gracias al Sr. Tindemans que con celo apostólico insiste en movilizar a Europa hacia la formación de una política de defensa común. 
Ya desde 1975 está luchando en esta dirección, proclamando desde entonces que sólo así Europa puede defender sus valores y adquirir su base política. 
Justo en el momento en que aplaudimos el comienzo de la UEM y la institución del euro, la arrastrada y vacilante marcha hacia la PESC, la falta de claridad sobre la incorporación de la UEO como brazo defensivo, a pesar de los deseos de Maastricht y las medias palabras de Amsterdam, son unos pesos suspensivos que obstaculizan la integración de Europa. 
En un mundo de desarrollos rápidos, como es el actual, los retrasos son terriblemente peligrosos. 
Y ya hemos tenido la amarga experiencia. 
Personalmente, puedo formular un único desacuerdo con el informe Tindemans: la formación de una política de defensa común no debe ser progresiva gradualmente, tal como dice el texto. 
Es de prioridad inmediata. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de nuestro colega Tindemans constituye un indicio muy positivo, ya que por fin vuelve a presentarse un documento que destaca claramente la responsabilidad de la Unión Europea de velar por su propia seguridad. 
En efecto, ¿qué propone el informe? 
En teoría, tenemos desde Maastricht una Política Exterior y de Seguridad Común. 
La práctica es una tragedia, como todos sabemos. 
¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el objetivo? 
¡El objetivo es que no nos limitemos a condenar el uso abusivo de la fuerza en el ámbito de la política, sino que impidamos que tenga posibilidades de prosperar! 
Podremos conseguirlo si la Unión Europea deja atrás por fin la política de seguridad monoestatal para agrupar, por el contrario, el potencial político, económico y en último término también militar de la Unión en favor del control de las crisis y del mantenimiento de la paz. 
Éste es el primer punto. 
El segundo punto que yo querría resaltar es el siguiente: desde Maastricht estamos intentando alcanzar el objetivo de una Política Exterior y de Seguridad Común y hemos manifestado nuestra voluntad de transformar la Unión Europea Occidental en un instrumento de la Unión Europea. 
¡Deberíamos dejar de limitarnos a hablar de ello, para poner al fin manos a la obra! 
Finalmente, como último punto: muchos prefieren confiar a Washington la seguridad de la Unión Europea y delegársela. 
¡Yo pienso que una lástima! En efecto, la política de seguridad americana se preocupa ante todo, legítimamente, de la defensa sus propios intereses. 
En segundo lugar, la política de seguridad americana depende con muchísima frecuencia de la situación política interior del momento. A veces esto puede llegar a constituir un verdadero riesgo para la seguridad de Europa. 
Por consiguiente, tenemos que seguir intentando alcanzar el objetivo de la Política Exterior y de Seguridad Común, y debemos fusionar la UE y la Unión Europea Occidental en favor del control de las crisis y del mantenimiento de la paz, no sólo en Europa, sino como una aportación a escala mundial. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Tindemans es una declaración de guerra militarista de este Parlamento a la política de paz. 
El informe lo ha escrito algún agente de la industria armamentística cuyo país no ha estado nunca en el grupo de los que afrontan en primera línea la amenaza bélica. 
Los Sres. Tindemans y Titley quieren que se produzcan lejos, detrás de todos los frentes, las armas destinadas a los que tendrán que luchar en primera línea cuando los valores fundamentales de la UE que establece el presente informe sean objeto de mofa. 
El pleno empleo no es uno de estos valores fundamentales de la UE. 
Mi país no ha sido nunca invadido. 
¿Cuántos de ustedes, de aquellos de ustedes que ahora planifican una industria armamentística, un rearme y una doctrina militar comunes, pueden decir lo mismo? 
¿Son ustedes, fabricantes de armas en sus casas, de alguna utilidad en el momento de la verdad a aquellos que, aun siendo aliados suyos, pueden verse envueltos en un conflicto armado en contra de su voluntad? 
Me gustaría decirles a todos los locos por las guerras que sufrieron un trauma por una invasión o por la guerra de las Malvinas que no intenten presionarnos a los países neutrales hacia una alianza militar en aras de la defensa común de la UE. 
Son ustedes demasiado malos como soldados como para darnos consejos a los demás acerca de lo que significa la seguridad. 
En observancia del Reglamento, quiero decirle al Sr. Brok que, al estar al servicio de la empresa Bertelsmann, no tiene ningún derecho de decirnos a los eurodiputados imparciales cómo debemos llevar a cabo nuestra intervención. 
Señora Presidenta, el informe se llama " Instauración progresiva de una política de defensa común de la Unión Europea» , pero el contenido rezuma criterios y retórica de la guerra fría. 
El informe se basa en que los conflictos y los problemas se resuelven con medios militares. 
La política de seguridad nacional e internacional se compone de diferentes partes: de política internacional, de ayudas al desarrollo, de comercio, de paz y solución de conflictos, de desarme, de refugiados y de defensa militar. 
La política de seguridad no es, en consecuencia, lo mismo que una defensa militar. 
Me parece apartado de la realidad escribir un informe con el contenido del de Tindemans. 
Para muchos analistas, inclusive para la asamblea política de la UEO, la realización de una política de defensa común se eliminó de las agendas hace mucho tiempo con motivo del Tratado de Amsterdam. 
Me resulta muy extraño que el Parlamento, que no tiene poder de decisión sobre la defensa común, presente nuevamente una propuesta sobre el tema, en contra del Consejo de Ministros. 
La defensa común parece una cantilena: si se repite muchas veces tal vez llegue a ser verdad. 
En la perspectiva moderna de la seguridad lo más importante es la seguridad de las personas. 
Las amenazas contra las personas pueden ser desde las catástrofes medioambientales hasta la exclusión social. 
En los tiempos que vivimos los conflictos entre los estados son cada vez más aislados. 
En cambio, son cada vez más comunes los conflictos en el interior de los estados. 
Esos conflictos se fundamentan principalmente en contradicciones sociales con signos étnicos o religiosos, o con ambos. 
Tales conflictos no pueden resolverse con métodos militares ni con pólvora y balas. 
En la euforia federalista no se debe olvidar que Inglaterra, Dinamarca, Irlanda. Austria y Suecia no aceptan una defensa común como la propuesta por Tindemans. 
En Suecia todavía el 70 por ciento de la población dice no a una defensa común. 
Señora Presidenta, la Unión Europea sólo tendrá un peso si vas más allá de lo que ha conseguido hasta ahora. 
Por primera vez tenemos la oportunidad de consolidar libremente la Unión, sin presiones externas extremas- como la que existía durante la guerra fría, con la amenaza de un ataque nuclear aniquilador -, sobre tres pilares, a saber, la Comunidad Europea clásica, la Unión Económica y Monetaria, y a la vez también la unión política. 
Esto incluye también la voluntad, esbozada en el Tratado de Amsterdam, de definir una Política Exterior y de Seguridad Común y también una Política de Defensa Común. 
Así lo prevé el Tratado de Amsterdam, que el Parlamento austriaco ratificará muy pronto, consciente de la responsabilidad que supone el ejercicio de la próxima Presidencia del Consejo. 
Hasta ahora la Política Exterior y de Seguridad Común y también la Política de Defensa Común han sido inexistentes, rudimentarias e indefinidas. 
Esto resulta insatisfactorio a la vista de los conflictos regionales que existen en Europa. 
Yo quisiera recordarle a la oradora que me ha precedido que los problemas de seguridad en Europa no se limitan lamentablemente sólo a las catástrofes naturales. 
La dependencia de la voluntad de Estados Unidos de cumplir las funciones de policía en las crisis europeas, en el marco de la OTAN, no sólo es indicativa de la debilidad de la posición europea hasta la fecha, sino que también representa una carga casi inadmisible a largo plazo para dicho país. 
La tendencia apunta hacia un distanciamiento de Estados Unidos de las crisis europeas y la necesidad de que la UE asuma una mayor responsabilidad. 
El Informe Tindemans indica, por consiguiente, el camino hacia una independencia europea también en el sentido más restringido de la política de defensa. 
Por lo tanto, es lógico- también desde la perspectiva de Austria- que impulsemos la plena integración de la Unión Europea Occidental en la UE y que contribuyamos a hacer realidad una Política de Defensa Común europea. 
Sin embargo, ésta no puede y no debe desarrollarse por contraposición a la OTAN. 
Once de nuestros catorce socios europeos desean plasmar la identidad de seguridad y defensa europea en el marco de la OTAN. 
La UEO depende en muchos aspectos de las capacidades y la logística de la OTAN. 
Los abanicos de tareas de la UEO y de la asociación para la paz en el marco de la OTAN se superponen en gran parte. 
Debería evitarse, por consiguiente, una duplicación innecesaria de los mecanismos existentes. 
Para nosotros es esencial la colaboración solidaria en la construcción de una política de seguridad y defensa común. Los procesos de ampliación de la UE y de la OTAN deben contemplarse bajo este prisma. 
El Informe Tindemans ofrece también una buena base al Consejo y a la Comisión para la definición de una política en esta línea. 
Señora Presidenta, hay tres puntos por los que no puedo aceptar los planteamientos del informe del Sr. Tindemans. 
En primer lugar, creo que la imagen de seguridad que éste ofrece es, en su mayor parte, anticuada, y se basa en el supuesto de los conflictos internacionales y en el uso de la fuerza como solución de los mismos. 
De las veintisiete guerras o conflictos que han tenido lugar durante 1996, únicamente una, la disputa entre la India y el Pakistán por la región de Cachemira, ha tenido un carácter internacional. 
Los conflictos europeos requieren de manera especial el desarrollo de la gestión de crisis y de la pacificación. 
A este respecto, creo que es favorable la iniciativa de los Ministros de Asuntos Exteriores de Finlandia y Suecia. 
En segundo lugar, el informe no aborda suficientemente la seguridad paneuropea ni, de manera especial, el desarrollo de la seguridad entre los países de la UE y Rusia. 
Entre otros aspectos, esta cooperación se presenta necesaria para el desarrollo de la región báltica y de las zonas marítimas septentrionales. 
En tercer lugar, la idea de transformar la Unión Europea en una asociación de carácter defensivo tampoco sirve a las aspiraciones de ampliación de la UE. 
En mi opinión, el hacer hincapié en las aspiraciones militares de la UE dificultará la ampliación, tanto por lo que respecta a los países vecinos de Rusia, como a Chipre. 
Señora Presidenta, Señorías, ¿recuerdan ustedes una de las respuestas del Presidente francés Sr. Chirac a las protestas contra las pruebas nucleares? 
¡Sirven también para ustedes- dijo- para su seguridad y para su defensa! 
Lamento que, en ese momento, los demás jefes de Gobierno no tomaran al pie de la letra al Presidente de la República francesa, así como que en Amsterdam no insistiéramos para llegar a un resultado realmente nuevo en lo que se refiere a la política de defensa. 
No fue así y tuvimos un resultado decepcionante. 
En el fondo, a mi entender, el auténtico significado del informe Tindemans es éste: el Parlamento Europeo le dice al Consejo Europeo, al Consejo de Ministros «ha llegado el momento de incluir este difícil asunto en el orden del día». 
No vuelvan la espalda, no escapen, dejemos de dar el vergonzoso espectáculo que dimos con ocasión de la tragedia de Bosnia. 
Estamos a punto de pasar de 15 a 26 miembros, y no podemos hacerlo sin antes alcanzar un nuevo modelo, el de la identidad internacional de la Unión Europea, de una política de defensa común. 
Qué duda cabe de que será difícil, muy difícil, pero no hay otra alternativa. 
Yo al menos estoy convencido de ello. 
El Sr. Tindemans ha sido considerado un visionario, pero, a mi juicio, es realista. 
Son visionarios e incluso peligrosos los que, mirando al pasado, sólo saben volver a proponer una situación que ya conocimos. 
Entonces, lo que mantenemos del pasado son las diferencias lingüísticas y culturales, la enorme riqueza de nuestra Unión Europea, pero dejamos allí donde están sus peores resultados: las dictaduras, las guerras, las ideologías racistas y los nacionalismos. 
Hay que mirar hacia delante con cierta valentía. 
Hace algún tiempo, en el funeral de un funcionario de la Unión Europea Occidental, desaparecido prematuramente, había una corona de flores de sus compañeros. 
Junto con una afectuosa dedicatoria al difunto, aparecía una curiosa firma en francés: » Los amigos de la Unión Europea Accidental». 
Nosotros, sin embargo, necesitamos una verdadera unión de los pueblos y de los Estados y no un accidente de la historia. 
Señora Presidenta, Señorías, la UEO está ampliando su capacidad operativa gracias a la optimización interna. 
La UEO está en camino de convertirse así en un instrumento europeo eficaz para la gestión de las crisis, en consonancia con la ampliación de sus tareas desde 1992. 
Por consiguiente, es importante que acompañemos este proceso desde el Parlamento, tal como estamos haciendo hoy. 
La UEO debe cumplir, a mi entender, la doble tarea de apoyar, por un lado, la integración de los nuevos socios de Europa Oriental y de fortalecer, por el otro lado, el pilar europeo de la Alianza euroatlántica. 
En este contexto, es sumamente importante que las relaciones de la UEO con la UE y también con la OTAN se definan con la sensibilidad necesaria. 
Esta sensibilidad es necesaria en las relaciones entre Europa y América, pero también por lo que respecta a diferentes Estados miembros de la UE, como Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda, Austria y Suiza, donde la construcción de un brazo militar de la Unión Europea topa cuando menos con reticencias por muy diversas razones. 
Sin embargo, yo le aseguro al colega danés Sr. Bonde que no es en absoluto nuestra intención influir mediante el presente debate sobre el referéndum que se celebrará el 28 de mayo en Dinamarca. 
El Tratado de Amsterdam concede a Dinamarca, al igual que a cualquier otro país, la posibilidad de mantenerse al margen de las acciones militares. 
No obstante, sería un error, creo yo, que no nos tomásemos en serio precisamente las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas de los Estados neutrales. 
Por otro lado, yo también comprendo muy bien la posición de Estados Unidos, que aboga- la última vez fue en Corfú- por que se mantenga el compromiso por el cual la OTAN sólo pondrá recursos colectivos autónomos a disposición de la UEO cuando así lo exija una misión urgente en el marco de la PESC con motivo de una crisis. 
Yo también soy firmemente contrario a que se otorguen a la UEO capacidades de planificación e intervención autónomas de carácter fundamental y permanente en el marco de la OTAN. Sin embargo, por otro lado, tampoco es admisible- lo digo también pensando en el Grupo Europa de las Naciones- que la UEO articule una influencia mundial europea al estilo de París al margen de la OTAN y sin una coordinación transatlántica. 
El único objetivo puede ser controlar en el futuro las crisis- en los Balcanes, por ejemplo- mediante una PESC que se limite a la ejecución de acciones comunes de carácter operativo, humanitario y de garantía de la paz en el marco de la UEO. 
Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias a McKenna, Theorin y Ojala por sus intervenciones que, en mi opinión, han sido pequeñas luces en un debate, por lo demás, bastante oscuro y sombrío. 
Esto me afecta del mismo modo que cuando el otro día realmente leí el informe Tindemans. 
Desgraciadamente, las enmiendas presentadas a este informe tampoco me han hecho más feliz. 
Este informe es una iniciativa del Parlamento Europeo. 
Por eso opino que sería profundamente lamentable que ésta fuera la señal que este Parlamento, elegido por el pueblo, quiere enviar a nuestros electores. 
Por ejemplo, no se toman para nada en cuenta algunos nuevos aspectos, ni siquiera las políticas de los cuatro estados neutrales, los cuales, al fin y al cabo, también son miembros. 
Espero realmente que rechacemos este informe. 
Señora Presidenta, yo también quisiera felicitar al ponente por la preparación de su oportuno informe. 
El Sr. Tindemans tiene razón en señalar que no todos los Estados miembros de la UE están dispuestos a laborar en pro de una política común de defensa, pese a que en Amsterdam se consideró la UEO parte integrante del desarrollo de la UE. 
En el Tratado de Amsterdam, al desarrollarse una política exterior y de seguridad común más eficaz, se subrayó la importancia de vínculos institucionales y organizativos más estrechos entre la UE y la UEO, incluida la evolución de las misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz de Petersberg. 
Acojo con beneplácito las referencias que figuran en el informe al papel de las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas, del Consejo de Cooperación Euroatlántica, de la Asociación para la Paz y a la importancia de la creación de una agencia europea de armamento. 
El informe señala también la importancia del objetivo del desarme mundial y el Pacto de Estabilidad y acoge con beneplácito el proyecto de código de conducta de la UE en materia de comercio de armas. 
Sin embargo, hay sectores del informe con los que no estoy de acuerdo. 
La integración de la UEO en la UE no es una propuesta realista para un futuro inmediato. 
No acepto que el objeto de una política común de defensa sea el de proteger los intereses de la Unión en todos los sectores, incluida la seguridad de los abastecimientos. 
Además, no estoy de acuerdo con que las cuestiones de seguridad y de defensa pasen a depender de la autoridad de un Comisario ni con que la Unidad de planificación de políticas y de alerta rápida prepare un informe para su aprobación por el Consejo Europeo. 
Tampoco debe la UE dedicarse a firmar acuerdos de cooperación militar con Rusia y los países de la CEI. 
Tampoco es una opción viable la de modificar el Tratado de la Unión Europea para incluir en él el artículo 5 de la UEO. 
Por estas razones, en la forma actual del informe- subrayo: en su forma actual -, lamento no poder votar a favor. 
Señora Presidenta, no pertenezco al grupo de diputados que están felicitando aquí al Sr. Tindemans. 
El informe, en su forma actual, parece olvidar que hay cuatro miembros de la Unión no alineados militarmente y que su consentimiento es necesario para hacer realidad los sueños del Sr. Tindemans y de otros de integración de la UEO en la UE. 
Por otra parte, a iniciativa de Suecia y Finlandia, se hizo, como ya se ha dicho, una mejora del Tratado de Amsterdam, a saber, la inclusión de las misiones Petersberg. 
Eso significa que los países no alineados están tan interesados como todos los demás en la formulación de una política común de defensa. 
La defensa común y la acción común dependerán en última instancia de la geopolítica y de los intereses nacionales. 
Eso es aplicable a los Estados miembros grandes y a los pequeños, como reveló la incapacidad para abordar correctamente la crisis yugoslava. 
Por mi parte, yo acogería con beneplácito el envío de tropas a Kosovo, si fallaran otras posibles soluciones. 
Finlandia, al ser en la actualidad el único miembro de la Unión que tiene una frontera común con Rusia, considera de la mayor importancia el desarrollo de relaciones mutuamente beneficiosas y pacíficas con ese país, en marcado contraste con la estrategia de la OTAN. 
Portugal podría tener una opinión diferente al respecto. 
Las decisiones sobre la política europea de defensa no deben ser adoptadas en Washington, como ha ocurrido en el pasado. 
La deficiencia de la redacción actual del informe consiste en combinar falsos sueños con buenas palabras. 
Si no se aprueban las propuestas de enmiendas socialistas, muchos de nosotros tendremos que votar en contra de todo el informe. 
Señora Presidenta, creo que soy el último orador en nombre de esta Casa en este fascinante debate, no es el primer debate sobre este tema y tampoco será el último. 
Este debate es fascinante gracias a los informes progresistas del colega Tindemans, que lleva décadas ocupándose de este tema. 
Era y sigo siendo escéptico acerca de las posibilidades de desarrollar una política de defensa real en el marco de la Unión. 
No me opongo por principio, pero considero sensato dejar este punto a la OTAN, que es para lo que está. 
Además, tampoco me parece sensato enganchar el caballo detrás del carro conceptual. 
La discusión acerca de la defensa del propio territorio ha quedado un poco en un segundo plano los pasados años debido a una discusión mucho más importante acerca del papel de la OTAN, la Unión Europea y la UEO cuando se trata de controlar una crisis. 
A mí me interesa por tanto mucho más la cuestión de si la Unión será capaz de ejecutar las llamadas misiones Petersberg cuando se presente la ocasión. Entonces se tratará de controlar una crisis en cualquier sitio. 
Ése es también el núcleo, en mi opinión, de un debate militar a nivel nacional. 
El desarrollo de esta opción, de la que también se han sentado ya las bases en Amsterdam, y el prepararse para esa posibilidad, deberían obtener prioridad en los próximos años. 
También se trata del desarrollo práctico de la relación entre la Unión Europea y la Unión Europea Occidental en este terreno. 
Lo que necesita la Unión sobre todo, y yo lo he dicho con frecuencia, es la experiencia práctica y positiva. 
Con semejante experiencia en el terreno del control de una crisis eventual, acaso se vea también la defensa común. 
La Unión debe aprender a confiar en sí misma en cuanto a problemas de seguridad. 
La implantación del euro procurará también ciertamente por la necesaria dinámica en este terreno. 
La unión económica provoca la unión política, eso se ha dicho muy a menudo. 
Creo que a los expertos en seguridad de este Parlamento les sale al paso un futuro soleado en lo que a eso respecta. 
Lo último que quiero decir ya se ha dicho muy a menudo. 
La mejor contribución de la Unión Europea a la seguridad en Europa es su ampliación. 
Ahí no interviene ningún instrumento militar. 
La prueba de que el scope de los instrumentos de seguridad de la Unión Europea es grande debe, en mi opinión, seguir siendo el punto de partida en el debate de este Parlamento acerca del papel que tiene la Unión en la seguridad. 
Señora Presidenta, quisiera expresar también mi gran estima por el informe del Sr. Tindemans acerca de la política de defensa común en la Unión Europea. 
No me sorprende la calidad del informe y tampoco la tendencia al compromiso cuando pienso en la sabiduría, propia del Sr. Tindemans, adquirida durante un largo período de responsabilidad gubernamental y en el Ministerio en Asuntos Exteriores. 
Recuerdo muy bien también los informes de mano del Sr. Tindemans en los que siempre ha hablado en defensa de la activación de una clara política exterior y de seguridad común como objetivo final de una poderosa Unión Europea. 
Y ciertamente después del paso que se ha dado recientemente en dirección a la unidad monetaria común, la PESC se merece actualmente, creo, una atención extraordinaria y renovada y debemos capitalizar en el impulso cohesivo que también saldrá de la unión monetaria común para llegar a un política exterior y de seguridad más común. 
El valor de actualidad de este informe Tindemans en realidad no habría podido ser mayor. 
Ya he nombrado algunas razones con anterioridad. 
Pero a eso se añade que en el pasado, en una discusión semejante sobre la política de defensa europea, podíamos referirnos a los trágicos acontecimientos en la antigua Yugoslavia y señalábamos las lecciones que debían aprenderse. 
Pero hoy ya no es posible hablar de manera abstracta sobre este tema, porque Europa se enfrenta de nuevo a una situación en la que, si no se toman medidas de precaución a tiempo, podremos llegar a ver una repetición de los horrores de un conflicto étnico. 
Luego hablaré más detalladamente sobre la situación en Kosovo. 
Sin embargo, me parece que en el marco de este debate hay que intercambiar también opiniones al respecto, porque hay muchos puntos de referencia con las observaciones que se han planteado por el Sr. Tindemans en su informe. 
Las consecuencias políticas, económicas y también humanitarias de una escalada bélica, de una propagación del conflicto en Kosovo, afectarán directamente a los intereses de los Estados miembros y de los países candidatos de la Unión Europea. 
Con esto no estoy pensando en último lugar en la posibilidad de que vuelva a ponerse en marcha una corriente de refugiados enormemente grande. 
La absorción de una situación semejante ha sido también a menudo tema de debates en esta Casa. 
Ayer hablé con la Sra. Ogata, Alta Comisaria para los Refugiados de las Naciones Unidas, que me informó de que dentro y fuera de Bosnia-Herzegovina todavía hay aproximadamente 1, 8 millones de expatriados y refugiados para los que todavía no hay ninguna solución a la vista. 
Pero también en otros terrenos tendremos que mantenernos ocupados mucho tiempo con la consolidación de la lenta mejora de la situación en Bosnia-Herzegovina. 
Por eso también hay muchas razones para poner en marcha todos los medios de que dispone la Unión o de los que pueda disponer para evitar que empeore la situación en Kosovo y las regiones limítrofes. 
Con ello quiero aludir también honestamente a una posible contribución de la Unión Europea Occidental a las iniciativas que pretenden limitar tanto como sea posible el riesgo de propagación. 
En este sentido estoy pensando desde luego en medidas en favor de la antigua república yugoslava de Macedonia y más en especial en Albania. 
Como el Sr. Tindemans también indica, la Unión Europea no ha aprovechado el año pasado la oportunidad de desempeñar un papel dominante en el conflicto de Albania a través de la Unión Europea Occidental. 
Por lo demás, todo mi elogio a Italia que por aquel entonces, sólo tres meses después del debate europeo, ha logrado con el apoyo de un grupo de países estar allí presente con una unidad de estabilidad y, en efecto, ha ayudado a estabilizar la situación. 
Pero eso sí que era tarea de la Unión Europea y de la Unión Europea Occidental, pensando también en lo que se fijó en el Tratado de Amsterdam con respecto a las llamadas misiones Petersberg, para tomar una posición rectora en la solución de la crisis de entonces que había surgido en Albania con motivo de los escándalos de la economía piramidal. 
Pero actualmente se presenta una situación comparable, mas la cuestión es si ahora hay suficiente voluntad política para dar un contenido efectivo al aspecto de seguridad de la política exterior y de seguridad común. 
Esta tarde ya se ha hecho mención con anterioridad, creo que ha sido el Sr. Lambrias, a la reunión de la UEO en Rodas que ha tenido lugar ayer y anteayer. 
Pero los resultados de esa reunión no indican que se hayan acordado iniciativas espectaculares. 
Surge entonces la cuestión de si no se había incluido en el discurso que se solicitaría a la Unión Europea Occidental el emprender en cualquier caso un análisis de la situación de seguridad allí, unido a unas cuantas recomendaciones sobre el modo en que la Unión Europea Occidental podría contribuir de forma eventual a la seguridad de la región. 
Es correcto y es sensato que también en el marco de la OTAN se mire esta cuestión. 
Pero por qué no iban a poder formar parte de las posibilidades una contribución específica de la Unión Europea, de la Unión Europea Occidental. 
El que no se produzcan actividades concretas y directas convierte en muy teórico un intercambio de opiniones acerca del lugar de la Unión Europea Occidental en la arquitectura de la seguridad europea. 
En el informe del Sr. Tindemans se menciona la identidad europea de seguridad y defensa. 
Y todo esto visto también sobre el telón de fondo del lugar que ocupa la Unión Europea Occidental en la Alianza Atlántica. 
La cuestión es, y con ello enlazo de hecho con las observaciones que acaba de hacer el Sr. Wiersma, si es tan sensato comenzar una amplia discusión entre nosotros acerca de una política de defensa común cuando todavía no hemos podido avanzar ni un paso en el terreno de la política exterior común, mucho menos en el terreno de la política de seguridad común. 
¿No sería preferible orientar a la Unión en primer lugar y concentrarse en dar contenido a aquello que se entendía, también en el Tratado de Amsterdam, como las llamadas misiones Petersberg: misiones que propician la paz, también peacemaking, acciones humanitarias y semejantes? 
Si esto no forma parte de las posibilidades o lleva a una actividad concreta, entonces uno se puede preguntar si dentro de la Unión Europea se debe hacer grandes ilusiones acerca de la identidad de defensa europea. 
Cuando hablamos de identidad de defensa y unimos esto a la protección de la independencia y la integridad territorial de un territorio, entonces creo que nadie se opondrá en esta Asamblea a que la Alianza Atlántica, la OTAN, tiene una primera responsabilidad en esto y que también la seguirá teniendo en un futuro previsible. 
Pero de lo que hablamos aquí- y en lo que Amsterdam ha avanzado de hecho- es de emprender nosotros mismos una acción, también con medios militares si se trata por ejemplo del control de una crisis regional. 
Entonces repito mi pregunta: ¿debemos ir otra vez detrás de los acontecimientos este año, en el que hay amenaza de crisis en Kosovo, después de haber abandonado esa posibilidad hace un año en Albania? 
Y luego nos preguntaremos por qué no se tomaron a tiempo medidas de precaución. 
Igual que el Sr. Tindemans, la Comisión, en sus recomendaciones que precedieron a la Conferencia Intergubernamental, ha abogado por la desaparición de la Unión Europea Occidental dentro de la Unión Europea. 
De esta manera se podría alcanzar una mejor sintonía, también entre los medios diplomáticos, políticos, económicos y militares de los que dispone la Unión. 
Si la Unión, basándose en aquello que se ha acordado en los Tratados, tanto en Maastricht como en Amsterdam, y lo que se ha firmado por todos los Estados miembros sin excepción en relación con la política exterior y de seguridad común, no lograra formular y llevar a cabo una política exterior y de seguridad más combativa basándose en esos textos de los Tratados- eso es apoyado por los medios militares con la prevención de la crisis como objetivo -, entonces, en nuestra opinión, la credibilidad de toda la política exterior y de seguridad común se vería fuertemente afectada. 
Precisamente ahora que la Unión ha puesto en marcha el proceso de ampliación, esta credibilidad no puede ponerse en juego. 
También, y más que nada, una Unión Europea ampliada deberá tomar una posición política que concuerde con su envergadura económica e intereses y deberá ser también capaz de defender estos intereses con todos los medios que estén a su alcance. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Pruebas nucleares en la India 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre las pruebas nucleares en la India. 
Señora Presidenta, el 11 de mayo el Gobierno de la India anunció que había llevado a cabo tres pruebas nucleares subterráneas. 
Posteriormente la Presidencia hizo pública la siguiente declaración: » La Presidencia expresa su consternación ante la noticia de que la India haya llevado a cabo hoy una prueba nuclear. 
La Unión Europea está completamente comprometida con la aplicación del Tratado sobre la no proliferación y del Tratado de Prohibición Total de Pruebas, que pretende desalentar la proliferación de armas nucleares. 
La Unión Europea tiene mucho interés en la paz y la estabilidad del Asia meridional y le preocupa el riesgo de proliferación nuclear y de cohetes. 
La Presidencia va a procurar que en el Comité Político del 12 de mayo los Estados miembros examinen las consecuencias de esa prueba» , cosa que en su momento se hizo. 
El Gobierno de la India ha anunciado hoy haber llevado a cabo otras dos pruebas, que, según ha dicho, completan la serie prevista. 
Se han llevado a cabo dichas pruebas con manifiesto desprecio para con la opinión internacional. 
Se trata de un paso profundamente inoportuno que tan sólo puede servir para desestabilizar la seguridad en esa región. 
Las pruebas son contrarias al proceso de desarme con el que la inmensa mayoría de la comunidad internacional está comprometida. 
El Comité Político acordó que la Unión Europea debía hacer gestiones ante los Gobiernos de la India y del Pakistán. 
Se está haciendo hoy. 
La consigna en el Asia sudoriental es la de que debe haber moderación. 
La Unión Europea seguirá instando al Pakistán y a la India a que resuelvan sus diferencias mediante un diálogo bilateral, que es lo único que infunde una esperanza realista de una solución de las cuestiones que aún los dividen. 
En el Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el 25 de mayo se examinarán las consecuencias para las relaciones Unión Europea-India. 
En dicho Consejo la Unión Europea decidirá la respuesta que ha de dar. Pero debe ser mesurada y proporcionada. 
Señora Presidenta, señor Ministro, sólo dispongo de dos minutos y en dos minutos hay que ser breve. 
Las cinco pruebas nucleares que India acaba de realizar- acabamos de saber que ha habido dos más esta mañana, tras las tres pruebas de antes de ayer- son de extrema gravedad. 
La India mantiene un conflicto territorial no resuelto con dos de sus vecinos: uno es China, una potencia nuclear reconocida, y el otro, Pakistán, una potencia nuclear en potencia y puede que incluso clandestina. 
Pero China y Pakistán- a pesar de que, según tengo entendido, aún no lo han ratificado- firmaron ambos en septiembre de 1996 en Nueva York el CTBT (tratado de prohibición total de las pruebas) y hasta ahora lo han respetado. 
Se trata aquí, por tanto, de un acto de desafío y de una etapa en una escalada hacia un tratamiento no pacífico del conflicto. 
El peligro es extremado. 
A diferencia de lo que han dicho muchos comentaristas sobre este tema, señor Ministro, personalmente, no estoy sorprendido. 
El discurso explicativo de la India cuando se negó a firmar el CTBT ya era significativo y precursor. 
La India tiene actualmente un gobierno vehementemente nacionalista, cuya instauración hemos lamentado la práctica totalidad de los que nos encontramos aquí, pero el hecho de que se hayan podido realizar cinco pruebas en menos de dos meses tras la llegada al poder de este gobierno, demuestra claramente que todo estaba dispuesto y que es la obra de toda una nación. 
Es posible que este gran país, que tiene una cultura tan antigua y destacada y que no se puede visitar, como me ha pasado a mí, sin comenzar a amarlo, expresa de este modo el sentimiento de ser olvidado o despreciado por la comunidad internacional y su falta de confianza en las capacidades de esta comunidad para conducir procesos de solución pacífica de los conflictos. 
Aunque muchos países han reaccionado con cólera, pero también con seriedad y gravedad, hemos podido ver como la República Rusa dijo poco después, y estoy ironizando, " que no se podían prever sanciones contra la India, porque es un cliente demasiado bueno». 
El liderazgo estratégico norteamericano en el mundo está en crisis, ha sido burlado por la India y por Pakistán, que recientemente ha realizado la prueba de un misil, o por el Sr. Netanyahu. 
La responsabilidad de Europa, señor Ministro, se hace por ello más acuciante. 
¿Seremos capaces, todos juntos, de imponer las sanciones económicas y diplomáticas necesarias? 
¿Seremos capaces, Francia y Gran Bretaña, de impulsar el lanzamiento del plan de desarme nuclear total que propone la Comisión de Camberra y que es el único que puede calmar las tensiones regionales del subcontinente indio, a condición de que sean los Grandes los que den el primer paso? 
La actualidad internacional no espera a nuestras vacilaciones procedimentales. 
Señor Ministro, la primera gran iniciativa de la Unión Europea en política exterior y de seguridad deberá ser nuclear. 
Es una emergencia. 
Señora Presidenta, según el orden del día, el Consejo va a hacer una declaración sobre las pruebas nucleares en la India seguida de preguntas. 
Yo, inocente de mí, supuse al leerlo que se nos permitiría formular preguntas al Consejo. 
Tan sólo quería pedir al Consejo que me refrescara la memoria: ¿expresó la misma consternación cuando Francia llevó a cabo sus pruebas nucleares? 
¿Condenó a Francia por hacerlo? 
Señoría, yo supongo que tenemos el mismo orden del día para la sesión de hoy y el mío dice lo siguiente: Declaración del Consejo sobre las pruebas nucleares en la India, seguida de preguntas, Declaración del Consejo sobre Kosovo, seguida de debate. 
Según tengo entendido, los Grupos políticos han decidido que la declaración vaya seguida de un debate en vez de preguntas y, por consiguiente, han presentado la lista de oradores. 
Creo que así se decidió también de común acuerdo en los Grupos políticos. 
Lamento de verdad no poder concederle ahora el uso de la palabra para hacer una pregunta, pero esto es lo que se decidió. 
Señora Presidenta, mi Grupo quisiera condenar esas pruebas, pero al mismo tiempo reconocemos que ha sido una explosión política en respuesta a un programa de un partido político y en esa medida convengo con el Sr. Smith en que es un caso muy similar, en realidad, a las últimas pruebas francesas. 
Así, pues, me parece que requiere una respuesta política. 
La verdad es que no debería ser necesario ir por ahí explotando bombas en el mundo para atraer la atención de la comunidad internacional y temo que durante demasiado tiempo la Unión Europea haya dado muestras de ceguera para con el Asia meridional. 
En opinión de mi Grupo, no es sensato intentar pasar por alto una cuarta parte del mundo, ya sea a propósito de las cuestiones nucleares o de las relativas al cambio climático, en las que la India y China representan también un papel fundamental. 
Quiero formular, si se me permite, dos preguntas a la Presidencia: ¿tendría a bien examinar la posibilidad de convocar una cumbre regional sobre la seguridad en el Asia meridional? 
Ésa me parece a mí una respuesta más útil que las propuestas americanas de sanciones, aunque supongo que las dos podrían aplicarse paralelamente. 
En segundo lugar, ¿acudirá el Presidente en ejercicio a la Comisión de Asuntos Exteriores al final de este mes, el día siguiente al de la reunión del Consejo a que se ha referido, ya que vamos a examinar el informe André-Léonard sobre el nuevo Acuerdo de Asociación Unión Europea-India y nuestras opiniones al respecto podrían verse afectadas, naturalmente, por lo que suceda en las próximas semanas? 
Creo que la Presidencia británica debe desempeñar un papel fundamental en la desactivación de un incidente desafortunado antes de que llegue a ser un desastre regional. 
Señora Presidenta, voy a intervenir en nombre de mi Grupo político para condenar esta iniciativa del Gobierno indio, así como en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores en mi calidad de ponente en lo referente al acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la India. 
Nuestra comisión, por otra parte, como ha mencionado el Sr. Spencer, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, estaba a punto de dar su conformidad a un documento de orientación de la Comisión con vistas al relanzamiento y al reforzamiento de la cooperación entre la Unión Europea y la India. 
Evidentemente, sin embargo, a la vista de las decisiones tomadas por el nuevo Gobierno indio en relación con las pruebas nucleares, tendremos que reexaminar el proyecto relativo a dichas relaciones, así como reconsiderar nuestra posición que, en otros momentos, era ampliamente favorable. 
A la luz de los nuevos acontecimientos, la próxima semana, el día 9 de mayo, por más señas, vamos a debatir este punto en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y, sin apartarnos del ámbito de las competencias de dicha comisión, sopesaremos, junto con la Comisión, la eventualidad de adoptar medidas económicas con respecto a la India y, en su caso, la manera de coordinarlas y organizarlas. 
Les recuerdo que nuestra comisión es muy partidaria del carácter multilateral de las eventuales acciones económicas a emprender, y contraria a las iniciativas bilaterales. 
Por otro lado, si la Unión Europea tiene un indudable interés en mantener las mejores relaciones económicas y comerciales con la India y si podemos de algún modo ser sensibles a las preocupaciones de este país por el reconocido estatus de potencia nuclear de China, que tampoco ha suscrito la prohibición de las pruebas nucleares, no podemos permanecer indiferentes al peligro de una escalada del armamento nuclear que esta decisión conlleva. 
Las decisiones de los Estados Unidos y Japón y la posibilidad de imponer sanciones, requieren una rápida toma de posición también por parte de la Unión Europea. 
Y esto será, sin duda, lo que pedirá nuestra Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
En lo que respecta al Parlamento, les recuerdo que éste siempre se ha mostrado a favor de medidas consensuadas a escala internacional y, en consecuencia, creo que el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, son los foros donde deben adoptarse cualesquiera eventuales decisiones multilaterales. 
Señora Presidenta, las cinco pruebas nucleares, entre tanto, no hacen el asunto más agradable y minan el impulso para el desarme nuclear que se había iniciado desde el final de la guerra fría y la firma del TICE y la prolongación del Tratado de no proliferación. 
India es un país barrera, eso es cierto, pero también está en la antesala de una peligrosa inestabilidad en la región. 
Spencer tiene mucha razón cuando dice: no es sólo militar, sino sobre todo política. 
India debe ser amonestada, de acuerdo, pero debe ser también una advertencia para los demás países. 
En tratados recientes los Estados con armas nucleares se han comprometido al desarme nuclear. 
En su lugar, los Estados Unidos siguen realizando pruebas subcríticas y el Tratado START II no es ratificado por la Duma Rusa. Es de la mayor importancia que todos los Estados implicados tomen parte en el desarme que finalmente puede tener lugar ahora. 
La condena parcial a India no es acertada, naturalmente, ya que todos los países implicados deben ser advertidos de hecho por ese suceso. 
Sólo a través de un enfoque conjunto podremos alcanzar nuestra meta. 
Señora Presidenta, jamás insistiremos lo suficiente en la gravedad y la irresponsabilidad de la decisión del nuevo Primer Ministro indio. 
Amenaza con desencadenar un proceso de consecuencias imprevisibles, en una región en la que vive más de un tercio de la humanidad y que fue escenario de varias guerras en el transcurso de los últimos decenios. 
Es un desafío a la comunidad internacional, indigna del prestigio que ese gran país supo ganarse en el pasado. 
Creo que ha llegado el momento de relanzar el debate sobre las armas nucleares y sobre su eliminación efectiva en todos los países, sin excepción. 
Cuando suscribieron el Tratado de no proliferación, las potencias nucleares declaradas se comprometieron solemnemente- artículo 6 del Tratado- a trabajar también por la realización de este objetivo. 
Es la condición para una no proliferación radical universal y controlada. 
Deseo asimismo servirme de esta tribuna para hacer un llamamiento a todos los movimientos y personalidades pacifistas que comparten la convicción de que la lucha por el desarme sigue siendo, o vuelve a ser, una necesidad de la máxima actualidad. 
Unámonos. 
Examinemos juntos qué iniciativas debemos tomar para expresar una firme protesta contra estas pruebas y movilizar más ampliamente a la opinión pública sobre los retos que suponen para la paz. 
Señora Presidenta, en efecto, creo que las pruebas nucleares que India ha llevado a cabo, entre tanto cinco veces, son un gran paso en la dirección equivocada. 
Toda la región está patas arriba. 
Véanse las reacciones de Pakistán. 
También China ha reaccionado sonoramente. 
Además, se ve que esta decisión ha suscitado muchas reacciones en todo el mundo y con razón. 
En ese sentido no estoy nada tranquila con las palabras de la Presidencia que dice: debemos reaccionar de forma moderada. 
Yo diría: reaccionemos claramente y con medios diplomáticos y también con medios dirigidos a la economía. 
En ese contexto creo que, en efecto, debemos examinar minuciosamente el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea e India, sobre todo en lo relativo a la cesión de tecnología delicada. 
Creo que tenemos que mirar realmente cómo lo manejamos, sobre todo en el marco del informe de la Sra. André-Léonard. 
Por el otro lado, desde luego, no se puede acentuar lo suficiente la hipocresía de las cinco potencias nucleares que no han hecho nada en lo referente al desarme, aunque también estaba previsto en el Tratado de no proliferación. 
No han hecho más que señalar con el dedo a los otros que siguen con la proliferación- lo que me parece desde luego especialmente negativo -, pero sin tomar ellos mismos ninguna responsabilidad para el desarme; lo siento, con eso no se puede convencer al mundo. 
Sólo seremos creíbles como Unión Europea, y aquí me dirijo tanto a Gran Bretaña como a Francia, en la medida en que ellos también tomen iniciativas en la materia. 
Todavía no he visto nada de eso. 
Señora Presidenta, las cinco pruebas nucleares subterráneas que llevó a cabo India provocaron, naturalmente, una onda de choque en el mundo entero. 
El Tratado para la prohibición general de pruebas de armas nucleares no es aplicable a India ya que India no ha ratificado este Tratado. 
Hemos de ser honestos, India se siente amenazada por Pakistán y por China y a menudo tiene razón con la toma de posición ante esta amenaza. 
La cuestión no es sólo si los quince países de la Unión hablarán con una sola voz internacionalmente, sino que la cuestión es también qué haremos a partir de la próxima semana, porque entonces se votará en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa la firma del acuerdo de cooperación. 
La cuestión es, entonces, qué posición se va a adoptar, es decir, si renunciaremos a esa firma mientras India no haya firmado la no proliferación. 
Eso quiere decir también al mismo tiempo que tendremos que ejercer una política mucho más activa a fin de poder poner fin de una vez por todas, como decía Magda Aelvoet, a la hipocresía de los países con armas nucleares. 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, la inquietud que puede provocar el anuncio de la proliferación del arma nuclear es comprensible, pero no sirve de excusa para todas las hipocresías. 
El Presidente del Consejo, ministro británico, pertenece a un gobierno que dispone del arma nuclear, lo que, evidentemente, resulta más cómodo cuando se la quiere prohibir a los demás. 
Hemos podido saber que los Estados Unidos de América emprenderán sanciones contra la India en nombre de la moral, naturalmente, como siempre, a pesar de que los Estados Unidos son el único Estado que ha utilizado el arma nuclear contra la población civil de Hiroshima y Nagasaki. 
¿Puede explicarme, señor Presidente del Consejo, en nombre de qué sería justo, moral y decente que, en esta zona, China disponga del arma nuclear, e inadmisible, inmoral y escandaloso que la India también disponga de ella? 
¿No celebró, en su momento, el partido Comunista, al que pertenece el Sr. Wurtz, la adquisición por parte de Stalin de la bomba atómica? 
¿No cree usted más bien, señor Presidente del Consejo, que la respuesta al problema de la proliferación nuclear debe ser política? 
Debemos aprovechar las buenas relaciones que mantenemos con todas las partes implicadas para intentar, mediante una mediación, disminuir la tensión en la región. 
En cuanto a las grandes potencias, no pueden sustraerse a las normas de conducta que pretenden imponer a los demás. 
Cualquier otra posición será percibida por el resto del mundo como un dictado inadmisible e hipócrita. 
Señora Presidenta, son muy graves las pruebas que ha realizado la India, ellas pueden ser el inicio de una nueva carrera armamentista nuclear en el mundo. 
Evidentemente que esto exige reacciones tanto políticas como populares. 
La UE tiene que reaccionar, no sólo con palabras sino que también con hechos. 
Los ciudadanos de la UE tienen que hacer lo mismo que a propósito de las pruebas nucleares francesas, es decir, reaccionar con todos sus instrumentos. 
El gobierno sueco ha suspendido hoy, con efecto inmediato, un acuerdo de cooperación con la India por novecientos millones de coronas suecas. 
Sin embargo, también es importante recordar que el argumento indio para no firmar el pacto de no proliferación fue que no contenía un artículo sobre desarme nuclear total. 
Este es un argumento que hoy tiene que volverse en contra de la India y debe usarse si realmente lo que alegaban era serio. 
Sin embargo, también es importante recordar que todas las potencias nucleares deben ser tratadas igual. 
Hoy, en realidad, incumplen el compromiso de reducir sus armas nucleares que contrajeron en el artículo 6 del Tratado de no proliferación. 
Esto es algo que hay que tener en cuenta cuando reaccionamos en contra de las pruebas nucleares indias. 
Señora Presidenta, desde la reanudación de las pruebas nucleares en Mururoa bajo los auspicios del Presidente francés Chirac, naturalmente podía esperarse que un comportamiento así fuera imitado por países de Asia y de otras partes del mundo. 
Por aquel entonces aceptamos la existencia de armas nucleares con mala conciencia, señora Presidenta, a causa de su efecto disuasorio. 
Pero que se una el orgullo nacional a la posesión de semejante arma, eso es, desde luego, el colmo. 
Parece que los políticos nacionalistas han tranquilizado hace mucho tiempo sus conciencias con la idea de que el interés nacional y el honor nacional puede justificar todo. 
Contra ese tipo de política hemos inventado- nuestros predecesores políticos han inventado- la integración europea contra el nacionalismo, porque, de hecho, el nacionalismo significa guerra. 
Ésas son observaciones que ya han sido expresadas antes aquí por personas como Helmut Kohl y Mitterrand. 
De ahí que la Unión Europea haya de ser la primera en condenar ese peligroso comportamiento machista de India. 
Sería de gran interés si la población india también se diera cuenta de que su Gobierno ha metido la pata y que eso no le ha reportado ninguna ganancia. 
En lo que respecta a las medidas financieras y económicas es inevitable que colaboremos con otros que estén dispuestos a tomarlas, como Norteamérica y Japón, para ver cuál debe ser nuestro papel para asegurar la paz en ese territorio de acuerdo con aquellos que son capaces, en efecto, de ejercer una presión financiera y económica. 
Con mucho gusto deseo al Consejo la rapidez y eficacia, como también se desea en el informe Tindemans, para dar una buena respuesta a este asunto y de esa manera desempeñar un papel normal y respetado en el escenario mundial. 
Señora Presidenta, como ponente de la asociación reforzada entre la Unión Europea y la India, me ha disgustado sobremanera la actitud incomprensible y peligrosa de la India. 
Las cinco pruebas nucleares han cambiado radicalmente la perspectiva que el Parlamento Europeo podía adoptar sobre la asociación reforzada. 
Nuestras relaciones pretendían ser exhaustivas y aportaban el apoyo político necesario a la voluntad declarada por ambas partes de dotar de mayor eficacia su cooperación. 
La India acaba de empeñar seriamente el capital de confianza recíproca que se había forjado desde hace algunos años. 
Yo alentaría, por consiguiente, a la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa a estimar que las actuales circunstancias ya no se prestan para un fortalecimiento de la asociación, sino al contrario, a una interrupción momentánea del proceso, hasta que la India renuncie definitivamente a las pruebas nucleares, suscriba y ratifique los tratados de no proliferación y de prohibición total de las pruebas nucleares y contribuya activamente a la mejora de las relaciones entre los Estados de la región y más especialmente con Pakistán. 
Este 25 de mayo, la Comisión de Asuntos Exteriores tendrá la ocasión de debatirlo en el marco de mi informe. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, al igual que los oradores que me han precedido, yo considero funesto que la India haya realizado dichos ensayos nucleares y que en el propio país no se haya elevado ninguna crítica. 
Con estos antecedentes, las sanciones anunciadas suscitarán seguramente una reacción de resistencia, más que la comprensión de que un gran país democrático debe cumplir también un papel de modelo en la región. 
Una exhibición de fuerza tal vez consiga un efecto momentáneo en el ámbito de la política interior, pero el alcance del estropicio en el ámbito de la política exterior es incomparable. 
Un Estado que no es capaz de eliminar la pobreza en su propio país no debería buscar el prestigio político interior mediante demostraciones de este tipo. 
Lo último que necesita un país en desarrollo es un rearme mundial. 
Ya en la actualidad, la India dedica a los gastos militares el 12, 5 % de su presupuesto y Pakistán, el 27 %. 
Sin embargo, exigir ahora sólo a la India la suspensión de las pruebas es una medida poco prometedora a la vista de la carrera armamentista que se está desarrollando en la región. 
La comunidad de naciones debería preguntarse, además, si no relajó aliviada su actitud tras la conclusión de los ensayos nucleares franceses en el Pacífico, en vez de exigir con firmeza la adhesión de otros Estados a los actuales Tratados. 
Señora Presidenta, gracias por la oportunidad de dar una breve respuesta a las observaciones que se han formulado en este breve pero importante debate. 
Quisiera decir a quienes han formulado preguntas que los aspectos que se han puesto de relieve serán examinados como parte del orden del día el 25 de mayo en el Consejo de Asuntos Generales, cuando examine la respuesta que ha de dar la Unión. 
Hay dos inexactitudes que deseo corregir. 
Una es la de que hubiera sensación de desatención en la India: no puedo aceptar que haya habido la menor desatención por parte de la Unión. 
De hecho, la Presidencia ha mantenido un diálogo político con la India durante el mes pasado y se ha examinado una gran diversidad de cuestiones. 
Pero, aun cuando hubiera una sensación de desatención, no creo que eso justifique en modo alguno la actitud del Gobierno de la India al llevar a cabo esas pruebas nucleares. 
La segunda inexactitud ha sido una observación formulada por la Sra. Aelvoet, quien me ha atribuido la afirmación de que la respuesta del Consejo sería moderada. 
La verdad es que no he dicho que fuera a haber una respuesta moderada. 
Lo que he dicho en realidad es que debe haber una respuesta mesurada y proporcionada, cosa muy diferente. 
El punto importante del debate es el de que ha sido una oportunidad para que todos nosotros nos centráramos en ese asunto, para que pensáramos en la forma como debe responder la Unión y para proponer opciones a fin de que el 25 de mayo el Consejo pueda deliberar sobre las medidas que se deben adoptar. 
Pero, sobre todo, debemos procurar prestar la atención apropiada al Tratado sobre la no proliferación y al Tratado sobre la Prohibición Total de Pruebas y que éstos constituyan el marco para nuestro debate del 25 de mayo. 
Nuestro objetivo principal debe ser el de formular una respuesta apropiada para influir al máximo en el Gobierno de la India y también hacer todo lo posible para garantizar la estabilidad y la moderación en la región del Asia sudoriental. 
El debate queda cerrado. 
Orden del día 
Señorías, los debates de esta mañana y de esta tarde se han retrasado mucho, como podrán comprobar si consultan el orden del día y la hora. 
Por consiguiente, nos vemos en la necesidad de ajustar el orden del día de esta tarde y esta noche, y yo les propongo que quede como sigue. 
De conformidad con el orden del día, de las 17.30 horas a las 19.00 horas está previsto el turno de preguntas. 
Yo les propongo que a las 21.00 horas, o sea, después del descanso, se proceda a la continuación del debate sobre la cooperación euromeditarránea, que no quedó concluido esta mañana. 
A continuación seguiría el debate sobre Kosovo, el Informe Caudron sobre la competitividad de la industria europea, el informe de la Sra. Mann sobre una iniciativa europea en el ámbito del comercio electrónico, y luego las recomendaciones para la segunda lectura del Informe Hendrick sobre un procedimiento de información en el ámbito de las normas y reglamentaciones técnicas, la recomendación para la segunda lectura van Velzen sobre la portabilidad de los números entre operadores y la preselección del operador y, finalmente, el Informe Collins sobre el etiquetado de los productos alimentarios producidos a partir de organismos genéticamente modificados. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Reconozco las tremendas dificultades en que nos hemos metido con el orden del día. 
Evidentemente, no tiene sentido que se haga una declaración sobre Kosovo y se celebre un debate unas horas después, cuando, según tengo entendido, el Consejo no estará aquí. 
Quisiera proponer que el Consejo y la Comisión hagan la declaración sobre Kosovo, que intervenga un orador de cada Grupo, como estaba previsto, y que con ello concluya el debate. 
Quienes ocupamos puestos inferiores en la lista estamos dispuestos a sacrificarnos, siempre y cuando pueda haber una declaración de cada Grupo, para que podamos celebrar un debate sobre Kosovo, acabar ahí y después pasar al turno de preguntas. 
Señoría, acabo de calcular rápidamente cuánto tiempo nos llevaría proceder como usted propone y, en consecuencia, propongo un compromiso. 
Podemos invitar al Presidente del Consejo y a la Comisión a que abran ahora el debate sobre Kosovo y celebrar el debate más tarde, tal como he propuesto antes. 
Señora Presidenta, Kosovo es en estos momentos uno de los principales problemas políticos que tenemos en Europa y un importante foco de tensión. 
Se nos dijo que sería preferible hacerlo hoy, ya que estaba prevista una declaración del Consejo y, por consiguiente, el debate quedó fijado para hoy cuando se estableció el orden del día el lunes. 
Luego ayer, a las 17.00 horas, cuando no quedaba casi nadie en el hemiciclo, se anunció, casi como un golpe de mano, la modificación del orden del día de hoy, y ahora nos encontramos con que, después de intercalar el debate sobre los ensayos nucleares, ahora tocaría proceder, de hecho, al debate sobre Kosovo. 
¡Una declaración del Consejo sin debate en realidad no es más que una conferencia de prensa del Consejo! 
Para esto no hace falta un Parlamento Europeo, si las aportaciones al debate han de quedar relegadas a la noche. 
Lo que ha propuesto el Sr. Titley es en verdad el compromiso mínimo aceptable. 
También en este caso, sólo lo aceptamos de muy mal grado, pero lo que usted plantea, no es un compromiso, sino la propuesta inicial. 
Señoría, en ese caso se vería recortado, sin embargo, el tiempo destinado al turno de preguntas. 
Señora Presidenta, yo sólo querría señalar que ya se ha aplazado tantas veces el turno de preguntas porque a algunos señores no les gustan las preguntas, que yo propondría que se proceda ahora al debate sobre Kosovo, sencillamente porque es lo más lógico. 
En efecto, se trata del problema más acuciante para nosotros. 
En cualquier caso, ya es un absurdo que nos hayamos ocupado de un tema no europeo en vez de debatir un problema de importancia decisiva como es el de Kosovo. 
Por consiguiente, yo le ruego encarecidamente que considere esta propuesta. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Hoy los Presidentes de la República Federal y de Kosovo han acordado reunirse en Belgrado. 
Eso ha creado, naturalmente, una situación totalmente nueva. 
Sería ridículo examinar esa situación sin la presencia del Consejo. 
Abundo en la propuesta del Sr. Titley de que lo aplacemos todo, porque carece de sentido examinar esa cuestión sin la presencia del Consejo. 
Muchas gracias. 
Si he interpretado bien sus palabras, podríamos proseguir como sigue: se dará comienzo al debate sobre Kosovo y los portavoces de los Grupos políticos dispondrán del tiempo de uso de la palabra previamente asignado. 
Yo les ruego, sin embargo, que también lo respeten. 
Se procederá a la primera ronda de intervenciones y el debate continuará por la noche. 
En cuanto al tiempo, esto nos llevará unos 15-20 minutos, con lo cual el turno de preguntas quedará, no obstante, recortado. 
De conformidad con el orden del día, el turno de preguntas debía iniciarse a las 17.30 horas. 
Sin embargo, se reducirá el tiempo destinado al mismo y a las 21.00 continuaremos con los siguientes puntos del orden del día. 
Si no hay más observaciones, se procederá como acabo de exponer. 
Kosovo 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre Kosovo. 
Señora Presidenta, le agradezco la oportunidad de participar en este debate sobre Kosovo. 
Antes, cuando ha habido un intento de reorganizar el orden del día, he tenido alguna dificultad con su colega sobre las preguntas. 
Espero que entienda que parte de ese acuerdo es que se reducirá la duración del torno de preguntas por el debate sobre Kosovo. 
Hay una espiral de violencia en aumento en Kosovo que es muy preocupante. 
Apenas hay día en que no haya noticias de enfrentamientos. 
No cabe duda de que las fuerzas serbias de seguridad están atrincheradas. 
La intervención del ejército yugoslavo, que hasta hace poco se había mantenido a distancia, es otra novedad preocupante. 
El deterioro de la situación en materia de seguridad subraya aún más la urgente necesidad de un proceso político que entrañe un diálogo pleno y sin condiciones. 
Es triste que por el aumento de la violencia resulte más difícil de alcanzar el objetivo del diálogo sin condiciones. 
Sin embargo, como muchos han de reconocer, no puede haber otra forma de resolver la crisis satisfactoriamente. 
Como todos sabemos, en los Balcanes ha habido ya demasiados derramamientos de sangre. 
La rápida y firme respuesta de la comunidad internacional ha constituido una señal decidida de que no estamos dispuestos a volver a ver los atroces actos que presenciamos en los Balcanes al comienzo de este decenio. 
Hemos reconocido que fuimos demasiado lentos a la hora de actuar en el pasado y estamos decididos a no cometer de nuevo los mismos errores. 
La Unión Europea ha hecho suyas enteramente las medidas adoptadas por el Grupo de Contacto, que envió al Presidente Milosevic, en Belgrado, el mensaje tangible de que la comunidad internacional no toleraría los brutales actos de represión y violencia cometidos por su policía y sus fuerzas de seguridad en la provincia de Kosovo al final de febrero. 
No resulta creíble, sencillamente, que el Gobierno de Belgrado justifique semejantes acciones como legítimas medidas antiterroristas, cuando tantos niños y mujeres son víctimas de ellas. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea ha expresado con claridad su firme oposición a la utilización del terrorismo para lograr fines políticos. 
Ahora los niveles de desconfianza entre los dos bandos es tal, que, para que alguna forma de diálogo tenga una posibilidad realista de dar resultados positivos, resulta claramente esencial alguna forma de facilitación internacional. 
Así, pues, la Unión Europea ha nombrado a Felipe González representante ante la ARY para que actúe, además de cumplir el mandato de Presidente en ejercicio de la OSCE, como su representante personal. 
Hasta ahora la respuesta de Belgrado a la misión del Sr. González ha sido decepcionante. 
Sigue afirmando que el de Kosovo es un asunto interno. 
Pero nosotros rechazamos esas alegaciones. 
Existen graves preocupaciones en materia de derechos humanos, que no conocen fronteras. 
La situación en Kosovo plantea también graves riesgos para la seguridad de los Estados vecinos y para la estabilidad de la región en conjunto. 
Los Gobiernos de dichos Estados que están expuestos a verse más afectados, a saber, Albania y Macedonia, han adoptado una actitud constructiva en relación con Kosovo, que es muy digna de beneplácito. 
Reconocemos sus preocupaciones y seguiremos trabajando con ellos para buscar formas de impedir que la situación de Kosovo afecte a su seguridad. 
Ya hemos aumentado el número de observadores de la misión de la Comunidad Europea en la frontera de Albania con Kosovo y también hemos situado observadores en Macedonia. 
Tenemos el firme deseo de que la República Federativa de Yugoslavia ocupe el lugar que le corresponde en la familia europea de naciones y desempeñe un papel pleno en la comunidad internacional. 
El Presidente Milosevic se encuentra ante una alternativa clara: elegir la vía de la paz y la reconciliación mediante el diálogo o continuar por la vía de la violencia y el enfrentamiento cada vez mayores y afrontar el aislamiento internacional permanente y cada vez más profundo. 
Presidenta, me uno con agrado a la exposición de la Presidencia. 
Quiero añadir que la Comisión está también fuertemente convencida de que sólo y exclusivamente un diálogo y las negociaciones, implicando en las mismas a observadores internacionales o aquellos que puedan facilitar el proceso, ofrecen una oportunidad de solución y que, por consiguiente, no es aceptable que el Presidente Milosevic siga manteniendo que éste es un asunto interno y que puede rechazarse cualquier intervención del exterior. 
Pero eso significa también, al mismo tiempo, que es grande la posibilidad de una mayor escalada del conflicto, sobre todo después de que el Presidente Milosevic haya organizado un referéndum con un resultado previsible y en el que la población se ha puesto también en contra de, digamos, la injerencia internacional,. 
Por tanto, a la comunidad internacional le quedan dos caminos. 
En primer lugar, aumentar la presión. 
La Comisión está actualmente ocupada con la puesta en práctica de las resoluciones adoptadas dentro del Grupo de Contacto con respecto a la congelación de los saldos positivos exteriores de la República Federal de Yugoslavia y simultáneamente también el freno de ayuda para inversiones. 
Tal propuesta llegará al Consejo dentro de poco. 
En segundo lugar, la Comisión también ha analizado todas las medidas positivas que el Presidente Milosevic puede tomar en caso de que efectivamente esté dispuesto a colaborar. 
Pienso en la ayuda que deseamos otorgar para la realización del acuerdo de enseñanza que se ha efectuado. 
Pienso en la ayuda humanitaria que se da a pesar de la oposición política de Milosevic. 
Pero pienso también en los privilegios comerciales que se le pueden prometer a Milosevic en el caso de que colabore. 
Pienso en la asistencia técnica en el marco del programa PHARE al que Serbia no puede acceder en la situación actual. 
También pienso en el acuerdo comercial y de cooperación que ya se le había prometido a Serbia por entonces si se atenía a las recomendaciones del informe González. 
En resumen, aquellos que acaso tengan la sensación de que en ningún caso se estimula al Presidente Milosevic a colaborar en una solución pacífica de este conflicto pueden pensar que en ese punto hay ofertas suficientes. 
Pienso también, además, en las sanciones norteamericanas que podrían levantarse. 
También pienso en la admisión otra vez dentro de la OSCE y de las Naciones Unidas. 
En resumen, toda una serie de medidas positivas que podrían devolver a Serbia al marco de la comunidad internacional, pero donde por lo visto todavía prevalece el interés de Milosevic por Kosovo. 
Presidenta, concluyo con una observación más, y ésa es en realidad la segunda medida de precaución que ha tomado la comunidad internacional en esta situación ante la posibilidad de una escalada mayor. La Unión Europea debe asumir también su responsabilidad en la toma de medidas de precaución cuando se trate de proteger las fronteras de Albania y la antigua república de Macedonia. 
La OTAN tiene puesto el ojo ahí. 
Lo sabemos. 
A nosotros también nos parece que la Unión Europea Occidental debe investigarlo y debe llegar también con recomendaciones eventuales, de manera que no volvamos a caer en situaciones en las que surjan conflictos por traspasar fronteras, también con las grandes oleadas de refugiados que esto traerá como consecuencia, y en las que la Unión Europea podría reprocharse el haberse preparado demasiado tarde e incluso haber tomado medidas en contra. 
Señora Presidenta, yo le agradezco que haya aceptado el compromiso que ha propuesto Gary Titley en su propio perjuicio. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, yo puedo suscribir en principio sus declaraciones. 
En particular, desearía destacar las manifestaciones del señor Comisario sobre el proyecto de actuación que yo, como parlamentaria, describiría como " del palo y la zanahoria» , esto es, un proyecto que prevé también medidas positivas. 
No porque el Sr. Milosevic nos sea particularmente simpático, sino porque a pesar de todo tenemos que intentar salvar la situación por todos los medios posibles, mientras todavía no se ha producido una escalada de la crisis. 
No voy a mencionar ahora los errores de omisión cometidos en el pasado. 
Por otro lado, esto sólo tendrá sentido si el Sr. Milosevic también tiene claro cuáles serán las consecuencias si actúa de determinada manera. 
Y yo también apoyo plenamente, señor Comisario, sus declaraciones en relación con la interrupción de las inversiones. 
Me parece justo que Yugoslavia esté pasando por un momento un poco más crítico por efecto de unas sanciones dolorosas. 
Pero éstas sólo le dolerán si son realmente generales y si todos las cumplen, y los contactos con Rusia son, desde luego, particularmente necesarios en este sentido. 
Yo quiero expresar asimismo nuestro claro respaldo al proyecto en nombre de mi Grupo político. 
Las sanciones tienen que ser dolorosas, pero por otro lado también debe verse recompensada, en el sentido más literal del término, la disposición de Milosevic a desarrollar una política razonable. 
También aprobamos rotundamente el apoyo a Albania y a la antigua república yugoslava de Macedonia. 
Yo acojo igualmente con gran satisfacción la intervención de la UEO en este contexto, que también guarda relación con el informe que hemos debatido ampliamente antes. 
Tenemos que adoptar todas las medidas pertinentes en este contexto. 
Yo pienso, asimismo, que sería muy importante una intervención policial concertada, ya que es sencillamente imposible que la policía serbia suscite la confianza y credibilidad suficientes entre los albaneses de Kosovo. 
Finalmente, yo considero que es muy importante que también se mantengan conversaciones con las fuerzas destacadas en Bosnia, pues la no intervención en Albania y en la antigua república yugoslava de Macedonia supone una invitación a un reavivamiento de los conflictos. 
En este sentido, yo respaldo las comunicaciones y sobre todo el paquete de medidas que ha expuesto el señor Comisario. 
Señora Presidenta, un profesor albanés de Kosovo, un gran europeo, el Sr. Uschkin Hoti, languidece desde hace algún tiempo en una cárcel serbia por haber propuesto, ya desde hace años, una solución europea negociada para Kosovo. 
En nuestra resolución, pedimos también su liberación inmediata. A la vez, deberíamos acoger sus propuestas como una exhortación, pues no nos encontramos ante una escalada repentina de un conflicto, sino que lo cierto es que en Kosovo se practica desde hace años la discriminación sistemática, la tortura, el destierro y hasta el genocidio. 
Todo empezó en 1989, cuando Milosevic suprimió dictatorialmente la autonomía de Kosovo, contraviniendo la Constitución yugoslava de aquella época. 
En estos momentos ya tendríamos que tener claro que el Sr. Milosevic es el principal responsable de lo que está ocurriendo allí y que lo que allí se comete no son atentados aislados contra los derechos humanos, sino crímenes contra la humanidad. 
Por esto yo agradezco mucho la enmienda 3 del Sr. Swoboda, que así lo expresa. 
Los crímenes contra la humanidad no pueden considerarse nunca un asunto interno, menos aún que los atentados contra los derechos humanos. 
En mi opinión, el lugar que le corresponde al Sr. Milosevic y sus esbirros se encuentra más bien frente el Tribunal de La Haya y no en una sala de negociaciones. 
Tiene que quedar claro que es preciso intentar alcanzar, obviamente, una solución negociada. 
En este sentido, el proyecto del palo y la zanahoria es sin duda adecuado. 
Sin embargo, yo tengo que decir que a veces echo en falta el palo. 
Sobre todo tiene que estar claro que apenas es posible hacer mella en Serbia mediante las sanciones- el Sr. Van den Broek lo señaló con toda claridad hace algún tiempo -, sino que es necesario hacerle comprender de verdad que si este genocidio continúa acabará por autoexcluirse de la comunidad internacional, con todas las consecuencias. 
En Kosovo hacen falta no sólo observadores internacionales, sino también una fuerza internacional de paz que supervise el restablecimiento de la autonomía, a fin de que los albaneses de Kosovo puedan decidir, mediante la libre autodeterminación, una solución negociada entre ellos y Belgrado. 
De hecho, yo creo que los crímenes actuales no cesarán mientras no nos decidamos a tener una presencia en Kosovo, mediante observadores, mediante la Delegación de la UE prevista desde hace ya largo tiempo y, si es posible, mediante una fuerza de paz. 
No deberíamos temer adoptar sanciones independientes desde la Unión Europea. 
Evidentemente, es necesario el Grupo de contacto, pero tampoco debemos convertirnos en sus rehenes. 
Quien haya seguido la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Finanzas del G-8 del pasado fin de semana en Londres habrá podido observar que se produjo una división en relación con este tema, porque Rusia se mostró absolutamente reacia a participar en las medidas, lo cual significa que Moscú da cobertura a este genocidio. 
Tenemos que tener claro que esto obstaculiza también la labor del Grupo de contacto. 
Por esto, además del Grupo de contacto, es preciso que la Unión Europea se manifieste claramente con una sola voz. 
Señora Presidenta, según noticias que tengo de Belgrado, ayer por la noche se alcanzó un acuerdo, con mediación americana, entre los presidentes Milosevic y Rugova para encontrarse en Belgrado y allí, solos y sin una agenda predeterminada, discutir el marco para continuar las intensas negociaciones a más bajo nivel. 
Estoy sorprendido de que Henderson no lo dijese, ni siquiera parecía estar informado de esto; en cualquier caso, no lo comentó. 
Creo que se ha dado un paso muy grande. 
Milosevic ha aceptado así que el problema de Kosovo es un asunto federal y no solamente de la República Serbia. 
Por su parte, Rugova, en todo caso, en lo que atañe a la reunión en Belgrado, ha abandonado su demanda de participación internacional en las negociaciones. 
Estimo que hay que dar la enhorabuena a Holbrooke por sus éxitos. 
Las cosas que él se ha visto precisado a aceptar para lograr el acuerdo, por ejemplo una disminución de las sanciones, las irán sabiendo poco a poco el Consejo de Ministros de la UE y Henderson. 
Como dijo Henderson, el conflicto armado en Kosovo se ha ido agravando. 
Por ejemplo, dos patrullas de la policía han sido atacadas recientemente, una de ellas incluso en Pristina. 
El camino entre Pristina y Pec ha sido cerrado, hay noticias de ataques de artillería a aldeas en Kosovo y cada día muere gente en combates. 
Esto hace que lo que ocurre allí tenga que ser calificado como una guerra de baja intensidad, que constituye un peligro para la paz y la seguridad en toda la región. 
Evidentemente, esperamos que las negociaciones entre Milosevic y Rugova sobre libertad y autonomía para los albaneses de Kosovo signifiquen un apaciguamiento de los combates, ojalá su cese definitivo. 
Sin embargo, no podemos estar seguros de ello. 
Existe el riesgo de que una, la otra o ambas partes del conflicto, utilicen la situación de negociación para manifestar su desacuerdo mediante un aumento de la violencia. 
Sé que desde el Parlamento puedo contar con apoyo para exhortar a las partes a dejar de lado la violencia y demostrar con hechos que queremos dar una oportunidad a las negociaciones y a la paz. 
Señora Presidenta, ciertamente la situación en Kosovo aumenta la preocupación por el agravamiento de la crisis en toda la Península Balcánica. 
Pero hay que señalar que la presión unilateral en Belgrado no conduce a solución alguna. 
Refuerza la intransigencia de las organizaciones extremistas de los albanohablantes que ambicionan sólo la independencia y obstaculiza la aproximación realista al problema por parte de las fuerzas moderadas de los albaneses de Kosovo que constituyen la gran mayoría. 
El Parlamento Europeo tiene que llamar las cosas por su nombre. 
Debe proclamar a los cuatro vientos que las fronteras existentes son respetables e inviolables. La utilización de la violencia o la amenaza de la utilización de la violencia no conducen hacia soluciones, y en las relaciones internacionales son inadmisibles las sanciones y los embargos a los pueblos y, en conciencia, no se pueden admitir. 
Sólo un dialogo sincero entre las autoridades de Serbia y los dirigentes de la minoría albanesa en Kosovo puede conducir hacia una solución que garantice la inviolabilidad de las fronteras, el respeto a los derechos humanos y a los derechos de las minorías. 
Al terminar, tengo dos observaciones que hacer al Sr. Presidente. 
Primero, ya se ha anunciado la aceptación por parte del Sr. Rugova de la invitación del Sr. Milosevic a visitar Belgrado el 15 de mayo con vistas a encontrar una solución dialogada. 
¿No lo considera el Sr. Presidente un progreso digno de mención? -Segundo, el Primer Ministro de Albania ha propuesto que Kosovo constituya un tercer estado miembro de la Federación Democrática de Yugoslavia. 
¿Considera el Sr. Presidente que esta postura de Albania es constructiva? 
¿La creación de un nuevo estado en los Balcanes? 
Señora Presidenta, pienso que los habitantes de Kosovo tienen la misma dignidad que los montenegrinos y que, por tanto, ellos también deben obtener un estatuto que sea equivalente, pero, desde luego, dentro de las fronteras existentes de la nueva federación de Yugoslavia. 
Sin una fórmula así temo que no será posible ninguna solución pacífica definitiva, pero el problema inmediato es, en efecto, llevar a la mesa de negociación a las personas y hacer que acepten la designación de una mediación internacional. 
Apoyo completamente la sentencia que plantea que los derechos humanos y los derechos de las minorías nunca pueden ser reducidos a un asunto interno; por lo demás, toda la situación allí demuestra que tiene consecuencias inmediatas para los países vecinos, pensemos en Macedonia, pensemos en Albania y cómo responden a esto. 
En segundo lugar creo que si hablamos tanto de estímulos como de sanciones, debemos tener cuidado con el nivel de las sanciones, que afecten a Serbia y no a Montenegro, porque unas cuantas sanciones económicas difícilmente se pueden llevar a cabo con respecto a una federación sin que todas sus partes soporten las consecuencias. 
Eso mientras que Montenegro adopte una actitud bastante más abierta, y yo justamente opino que la oferta de Montenegro debería aceptarse, de tal forma que dentro de la federación se busque una solución y no todo dependa de Serbia como tal. 
Hay un único punto concreto sobre el que quisiera fijar la atención por un momento y es el problema de la presencia de emigrantes albaneses y de refugiados albaneses en los Estados miembros. 
Todos sabemos que muchos de ellos están relacionados con la compra y suministro de armas que van a parar a Kosovo. 
En ese campo, los Estados miembros no aprovechan muchas ocasiones de entrar en contacto con estos albaneses, de organizar reuniones con ellos, de hacer visibles y posibles otras perspectivas. 
Ésa no es una imagen ideal, en Alemania ha tenido lugar una reunión así con mucho éxito. 
Por tanto, creo que es muy útil que debamos intentar orientar en buena medida este punto- el difícil pero real potencial de los albaneses de Kosovo que están con nosotros- como parte de una política conjunta. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, deseo formular algunas preguntas. 
Muchos elementos extraños hacen pensar que los atentados del UCK podrían ser una gigantesca manipulación organizada y orquestada por los servicios de Belgrado. 
¿Disponen el Consejo y la Comisión de información sobre este particular? 
¿Piensan realizar una investigación sobre esta cuestión? 
Señor Presidente del Consejo, usted afirma que el Gobierno de Belgrado ha dejado de tener credibilidad. 
¿Pero ha podido tenerla alguna vez, siendo uno de sus miembros el Sr. Seselj? 
Una tercera pregunta: como ha dicho el Sr. Posselt, el liderazgo kosovar demuestra a veces una serie de debilidades. 
No obstante, cuenta, en prisión, con una serie de personajes muy importantes e inteligentes, que hemos tenido ocasión de conocer y con los que hemos podido conversar. 
Han sido condenados a raíz de procesos, y podemos imaginarnos las condiciones en las que éstos se han desarrollado. 
En particular, el Sr. Hoti ha demostrado tener las ideas bastante claras sobre el futuro de Kosovo y el futuro de las relaciones entre Kosovo y Serbia. 
¿Han previsto la Comisión y el Consejo la adopción de medidas encaminadas a la puesta en libertad del Sr. Hoti y de otros prisioneros políticos en Kosovo? 
Cuarta pregunta: La Unión Europea acostumbra a intervenir cuando ya se ha declarado la crisis. 
¿No va siendo hora de prever medidas antes de que estalle la crisis, y de trabajar por el establecimiento de bases logísticas para una fuerza de peace keeping y de peace making, de enviar directamente a observadores a la frontera entre Albania y Kosovo y entre Macedonia y Kosovo para, en caso necesario, impedir que se lleven a cabo operaciones de manipulación del Gobierno de Belgrado? 
Señora Presidenta, Señorías, el conflicto en Kosovo, consecuencia de la fibrilación que sigue afectando al universo de la antigua Yugoslavia, corre el riesgo, como en el caso de Bosnia, de convertirse en tragedia, con sus corolarios de limpiezas y contralimpiezas étnicas. 
La delegación de Alianza Nacional considera que las revueltas populares que se han producido en dicha región, dependen más del régimen iliberal y despótico que detenta el poder en Serbia que del anhelo de la población de Kosovo, de origen y cultura albaneses, de formar parte de Albania. 
Sin embargo, cualquier europeísta que se precie de serlo, se ve embargado por una sensación de impotencia al comprobar que, una vez más- ante la perspectiva de una guerra étnica y no sólo étnica que podría desencadenarse en una región que está muy cerca de nuestras fronteras- Europa duda si erigirse en interlocutor autorizado entre las partes. 
En realidad, para ser creíble, un interlocutor debe poner sobre la mesa de negociación también su peso político y las posibles consecuencias de la falta de acuerdo entre las partes. 
Y he aquí, que llegamos al punto crucial del problema en lo que respecta a la Unión Europea que, mientras no se dote de una política exterior común, tendrá poco o ningún peso específico en la solución de los conflictos, incluso los más cercanos a sus fronteras. 
Y así, nos enteramos de los intentos del mediador americano, Sr. Holbrooke, que se reúne con el Presidente serbio Milosevic y con el Presidente albanés, mientras que Europa continúa reflexionando todavía sobre si el conflicto de Kosovo es un conflicto interno de la Federación Serbia o puede asumir las características de una confrontación entre Estados. 
Señor Presidente del Consejo, la delegación de Alianza Nacional considera improrrogable la reforma institucional del sistema de votación en el Consejo y, por ende, la supresión de la unanimidad en cuanto a las decisiones de política exterior. 
El debate se interrumpe en este punto. 
El debate interrumpido se reanudará después de las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0464/98). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Señorías, empezamos este turno de preguntas 30 minutos más tarde del horario previsto en nuestro orden del día y aprobado por todos ustedes. 
Ahora, a la hora de empezar y teniendo en cuenta que no podremos alargar este debate más allá de las 19.10 horas, se me piden dos palabras por cuestiones de orden. 
Voy a conceder esas peticiones de palabra porque el Reglamento así lo dice. 
Pero les pido a ustedes que tengan en cuenta que el tiempo que van a utilizar será en detrimento de aquellos que tienen formuladas preguntas. 
Señor Sarlis, tiene usted la palabra para una cuestión de orden durante el tiempo máximo de un minuto. 
Señor Presidente, soy orador inscrito sobre Kosovo y le ruego que me diga cuando va a continuar el debate. 
Me doy cuenta y respeto que deben hacerse preguntas; pero debe decirnos cuando vamos a hablar de Kosovo porque no es posible- llevo en el Parlamento Europeo 9 años- que se tachen ponentes que han sido anunciados y aprobados por el partido. 
Le voy a pedir que nos diga sobre que hora continuará el debate sobre Kosovo y espero que el Sr. Presidente del Consejo organice oportunamente sus viajes y su regreso para estar presente en este debate. 
Pero incluso si no lo está, nosotros debemos efectuar este debate. 
Señor Sarlis, por favor, escúcheme. 
Usted ha participado en la aprobación del orden del día. 
Esta Presidencia no tiene ninguna responsabilidad en que los trabajos se hayan retrasado. 
Los debates continuarán esta noche a las 21.00 horas. 
Ahora, señor Sarlis, yo no puedo nada más que ofrecerles a ustedes la oportunidad de que empecemos el turno de preguntas ahora ya con dos minutos más de retraso. 
Por lo tanto, señor Sarlis, sepa usted que el debate continuará a partir de las 9 de la noche. 
El Sr. Dupuis tiene la palabra para una cuestión de orden. 
Tiene usted un minuto. 
Muy brevemente, señor Presidente. 
Creo que se ha producido un equívoco, porque habíamos acordado la celebración de un minidebate entre los representantes de los Grupos y, por tanto, una introducción de la Comisión y del Consejo, una exposición de opiniones de los diferentes Grupos y una respuesta del Consejo y de la Comisión. 
De no ser así, este ejercicio carecería de sentido, evidentemente. 
Pero esta cuestión debe usted hablarla con el presidente de su Grupo, porque la organización de este debate no la hizo esta Presidencia sino que la realizaron los presidentes de los distintos Grupos. 
Esta Presidencia, actualmente, no puede hacer nada más que administrar el tiempo que le ha sido atribuido. 
Y el tiempo que le ha sido atribuido está ya en retraso. 
Señoría, este presidente ha estado durante 30 minutos esperando poder empezar el turno de preguntas. 
Les ruego que aquellas diferencias que ustedes tengan con la organización del trabajo las vehiculicen ustedes a través de los presidentes de sus Grupos, que son los que establecen el orden del día. 
Los presidentes de sesión no hacemos nada más que intentar administrar aquello que nos ha sido atribuido y, en algunos momentos, hacerlo como hoy con el inconveniente de que ustedes están descontentos porque no han podido intervenir, y esta Presidencia está descontenta porque no ha podido empezar a la hora que correspondía. 
Señorías, aquí doy ya por terminada esta cuestión y empiezo el turno de preguntas al Consejo, como les he dicho, con 33 minutos de retraso, que no podremos recuperar en su totalidad porque el Sr. Henderson tiene que ausentarse y los diputados de esta Asamblea tenemos otras responsabilidades. 
La pregunta nº 1 de la Sra. Ulla Sandbæk, que reglamentariamente le había sido atribuida al Sr. Bonde que no nos honra con su presencia, decae. 
Pregunta nº 2 formulada por Lyndon Harrison (H-0388/98): 
Asunto: Participación de las PYME en el mercado interior 
¿Cree el Consejo que la tan esperada Directiva sobre retrasos en los pagos de deuda comercial y el Programa de capital riesgo para las PYME recientemente publicado impulsarán a estos agentes vitales y creadores de empleo a participar más decisivamente en el mercado interior? 
El retraso de los pagos inhibe la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y actúa como una barrera para la participación plena de las pequeñas empresas en el Mercado Único. 
La Comisión transmitió una propuesta de directiva del Consejo para luchar contra el retraso de los pagos en las transacciones comerciales y presentó sus propuestas al Consejo de Industria del 7 de mayo. 
El Consejo espera con interés el debate de la directiva en una reunión del grupo de trabajo antes del final de la Presidencia del Reino Unido. 
La cumbre sobre el empleo, celebrada en Luxemburgo los días 20 y 21 de noviembre, acogió con beneplácito la iniciativa del Parlamento Europeo sobre el fortalecimiento de los recursos presupuestarios asignados al empleo y pidió a la Comisión que hiciera propuestas oficiales para su rápida aprobación por el Consejo. 
El 21 de abril, el Consejo dio su respaldo político a una propuesta de un máximo de 420 millones de ecus a lo largo de tres años para tres líneas de medidas, incluido un mecanismo de capital de riesgo gestionado por el FEI y destinado, en una primera fase de puesta en marcha, a PYME con gran potencial de crecimiento. 
La Comisión ha preparado un proyecto de documento sobre el capital de riesgo y la creación de empleo en la Unión Europea, en el que analiza el mercado del capital de riesgo en toda la Unión Europea, en comparación con los Estados Unidos, y concluye con un plan de acción en el que se esboza la labor suplementaria necesaria en los niveles europeo y de los Estados miembros. 
El Consejo espera que esas medidas estimulen en particular a las empresas pequeñas e innovadoras, que tan decisivas son para el crecimiento y el empleo en toda la Unión Europea. 
Agradezco profundamente al Presidente en ejercicio esa respuesta tan positiva, porque sé que el Gobierno británico ha concedido prioridad para su semestre a este asunto. 
Puede que no se logre ahora, pero espero que se transfiera a la Presidencia austríaca y se lleve a buen término, porque esta cuestión del retraso de los pagos es, en verdad, el flagelo de las pequeñas empresas de toda Europa. 
Recientemente- esta semana, de hecho -, hemos recibido el último informe Grant Thorton, que demuestra los enormes períodos de espera para los pagos que siguen afligiendo a las empresas pequeñas de los Estados meridionales de la Unión Europea. 
Pero incluso en el Reino Unido se siguen pagando con retraso la mitad de las facturas. 
En el 50 % de los casos es intencionado y las PYME tienen que esperar un 50 % más que las grandes empresas para cobrar. 
Si podemos desbloquear este problema para las empresas pequeñas de la Unión Europea, los dividendos en empleos y en posibilidades de que nuestros ciudadanos puedan volver al trabajo serán inmensos. 
Quisiera agradecer a mi amigo su pregunta complementaria. 
Creo que es una cuestión muy importante. 
Creo que hay muchas empresas pequeñas en toda la Unión Europea que con frecuencia no se atreven a aceptar ciertos contratos porque piensan que no se les pagará en un plazo razonable; así, pues, acabarían encontrándose con problemas muy graves de liquidez que en algunos casos extremos podrían provocar la ruina de las empresas. 
Si se quiere mejorar la competitividad en general en la Unión Europea, cosa que todos- espero- deseamos, ése es un sector importante que debemos abordar. 
Espero que el proyecto de directiva sea un avance importante en la mejora de la situación en la que esas empresas pequeñas trabajan y la formulación de directrices claras para los sectores mayores del mercado, en el sentido de que, cuando subscriban contratos con empresas pequeñas, deben hacer los pagos en un plazo razonable. 
Si lo hacen, y si esta directiva los ayuda a hacerlo, creo que daremos un gran paso en la mejora de la competitividad potenciando el sector de las empresas pequeñas. 
Quisiera acoger con beneplácito la respuesta del Presidente en ejercicio a la pregunta de mi colega y abundar en la parte relativa al capital de riesgo. 
Se trata de un problema muy grave para las empresas pequeñas. 
La Unión Europea habla mucho de su apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero una de esas empresas precisamente de mi circunscripción ha encontrado grandes dificultades para conseguir fondos del Banco Europeo de Inversiones precisamente para ampliar sus actividades y brindar más puestos de trabajo en una zona del objetivo 5b. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si podría darme garantías de que se facilitará más el acceso de dichas empresas a esa clase de financiación. 
Muchas gracias, señora Hardstaff. 
Señor Henderson, como puede usted ver, este turno de preguntas está empezando con buen pie porque todo son felicitaciones. 
Esperemos que, a lo largo de la hora y 10 minutos que tenemos a nuestra disposición, siga recibiendo usted tantas felicitaciones. 
¿Quiere usted responder a la pregunta de la Sra. Hardstaff. 
Agradezco a mi otra amiga su pregunta complementaria, que abarca- me parece- otro aspecto de la cuestión. 
Plantea, en efecto, el importante aspecto de que, dadas las dificultades iniciales que tienen las pequeñas y medianas empresas y que ha puesto de relieve el Sr. Harrison, deben tener una garantía o el convencimiento de que se les pagará a tiempo. 
Si no pueden reunir el capital para financiar un proyecto determinado que podría entrañar una inversión suplementaria, aun cuando consideraran viable el contrato y pensasen que cobrarían, podrían no disponer de la liquidez inicial para poder hacer tal vez una pequeña modificación de su equipo, o cualquier cosa semejante, para poder cumplir con el contrato. 
Así, pues, cualquier medida que ayude a una empresa pequeña a obtener capital de riesgo es una medida muy conveniente y espero que podamos sacarlo lo más adelante posible, logrando los avances necesarios para poder dar ese apoyo suplementario al sector de las empresas pequeñas de toda la Unión. 
Pregunta nº 3 formulada por James Nicholson (H-0390/98): 
Asunto: Disparidad entre la libra esterlina y la libra irlandesa 
¿Reconoce el Consejo la situación comercial desfavorable a la que se enfrentan actualmente los comerciantes de Irlanda del Norte debido a la seria disparidad existente entre la libra esterlina y la libra irlandesa. 
¿Tiene influencia el Consejo de comunicar cuándo podrá aliviar mejorarse la situación actual? ¿Puede decir si va a tomar medidas para asegurar un comercio justo e igualitario entre ambas jurisdicciones? 
El Consejo reconoce la importancia de la estabilidad de los tipos de cambio para el funcionamiento efectivo del Mercado Único. 
Como se reconocía en las amplias directrices económicas de 1997, una gestión eficaz de la política macroeconómica crea las condiciones para que haya tipos de cambio estables en la Comunidad. 
En la reunión del ECOFIN celebrada el 1º de mayo, los Estados miembros reafirmaron su compromiso con la aplicación de políticas económicas orientadas hacia la estabilidad. 
Señor Presidente, también yo quisiera dar hoy la bienvenida aquí al Presidente en ejercicio y agradecerle su respuesta... pese a su brevedad. 
Naturalmente, la realidad es que la diferencia entre la libra británica y la libra irlandesa ha llegado a ser nada menos que del 22 %. 
Como Irlanda del Norte es la única parte del Reino Unido que tiene una frontera terrestre con otro país de la Unión Europea, esa diferencia es inmensa. 
Está afectando a los minoristas y a las gasolineras y está eliminando puestos de trabajo en las zonas fronterizas entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y causando perjuicios muy graves a los comerciantes de esa zona. 
Me gustaría saber, en particular, si el Presidente en ejercicio o su Gobierno o, de hecho, el Consejo estarían dispuestos a examinar la posibilidad de encargar un estudio sobre los efectos de esa situación. 
Ya se acerca el momento en que se introducirá la moneda única en los otros Estados miembros. 
Teniendo en cuenta que el Reino Unido no va a participar en dicha moneda única y la República de Irlanda sí, ¿tendría a bien examinar los efectos perjudiciales que de ello se derivarán para los minoristas y todas las empresas de Irlanda del Norte, aun cuando en esta fase sea como mirar una bola de cristal? 
Su Señoría plantea una cuestión importante y que los ciudadanos de su circunscripción sienten claramente. 
Las diferencias de tipos de cambio entre la libra irlandesa y la libra británica siempre han tenido efectos en la zona fronteriza entre la República e Irlanda del Norte. 
Recuerdo que no hace mucho la relación era la inversa exactamente. 
Puedo asegurar a Sus Señoría que el ECOFIN está comprometido con la supervisión de los movimientos de los tipos de cambio, a medida que avanzamos hacia una zona de moneda única y su relación con otras divisas a las que afecta. 
También puedo decir- y esto no es algo que corresponda al Consejo- que el propio Gobierno británico supervisará los movimientos de la situación económica entre los países de la moneda única y el Reino Unido, incluidas, evidentemente, la República de Irlanda y esa parte del Reino Unido que es Irlanda del Norte. 
Su Señoría ha de saber que el objetivo declarado del Gobierno del Reino Unido es el de que debe haber un período durante el cual pueda producirse la convergencia entre la economía determinada por la libra y la economía determinada por la moneda única. 
Pero, además, el Gobierno del Reino Unido llevará a cabo su propio análisis. 
En el ECOFIN se plantearán esos análisis, lo que contribuirá a la creación de un esquema para la supervisión por parte del Consejo. 
Pregunta nº 4 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0393/98): 
Asunto: Creación de la Agencia Europea para la Seguridad en la Aviación Civil 
¿Puede informar el Consejo sobre la posible creación de una Agencia Europea responsable de la seguridad en la aviación civil? 
En diciembre de 1996, la Comisión Europea hizo una recomendación sobre una decisión del Consejo por la que se autorizaba a la Comisión a iniciar negociaciones sobre la creación de una Agencia Europea para la Seguridad en la Aviación Civil. 
Posteriormente el Consejo ha estado examinando activamente esa cuestión. 
El Consejo reconoce la necesidad de lograr un nivel muy uniforme de seguridad en la aviación en Europa, por lo que apoya la creación de esa Agencia. 
Los órganos del Consejo están avanzando en su labor a partir del supuesto de que la Agencia para la Seguridad adopte la forma de una organización internacional basada en gran medida en el sistema común de autoridades de la aviación. 
Se ha consultado a las partes interesadas reconocidas en el nivel europeo y éstas apoyan la rápida creación de esa Agencia para la Seguridad. 
Se espera que el Consejo de Transportes examine en su sesión de junio una decisión sobre un mandato negociador. 
Efectivamente, después de oír al Consejo tengo la impresión de que estamos bastante de acuerdo en que estamos ante un proyecto, el de esta Agencia, de enorme transcendencia, quizás no a corto plazo, pero sí desde luego a largo plazo. 
Y no sólo ya por lo que pueda suponer de mejora de las condiciones de a bordo, sino fundamentalmente por los certificados de garantía que pueda suponer para todo el sistema aéreo. 
Las dudas que podíamos tener no han sido del todo resueltas en la intervención del Consejo. 
Por eso, le preguntamos al Consejo si no cree que, a nivel del Consejo o por lo menos de algún miembro del Consejo, se pudiera presentar alguna dificultad en cuanto a la concepción global de esta Agencia, si va a ser un organismo exclusivamente comunitario o si realmente va a tener una mayor ampliación, por ejemplo, a los países del Este. 
¿Supone esto una dificultad y cómo la resolvería el Consejo? 
Agradezco a Su Señoría su pregunta complementaria. 
Es un aspecto evidente, que debe estar sujeto al examen del Consejo. 
Existe la opinión de que debe ser lo más amplia posible para que se puedan supervisar, examinar a fondo y acordar las normas de seguridad más estrictas sobre ese amplio sector. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si la conferencia, en la que, como ha dicho, se va a crear una agencia, se examinará también la seguridad dentro de las aeronaves. 
Desde hace muchos años existe la norma de que sólo se puede llevar un bulto como equipaje de mano dentro del avión. 
Yo viajo mucho en avión y he advertido que la mayoría de las compañías aéreas no respetan dicha norma. 
Es uno de los factores principales de inseguridad dentro de una aeronave en caso de accidentes o dificultades. 
¿Va a adoptar medidas para velar por que se incluya ese problema en las negociaciones y en los preparativos para la agencia? 
La verdad es que es algo que corresponde a las compañías aéreas. 
Yo sé que en varias ocasiones he pecado en ese sentido. He intentado llevar conmigo demasiadas bolsas y a veces el personal de la compañía aérea me ha dicho que dejara la bolsa en la escalera para que la metiesen en la bodega. 
Ésa es una de las cuestiones que podría abordar la Agencia para la Seguridad. 
Lo que se pretende es que tenga competencias en todos los sectores de la seguridad en la aviación- en particular, los aeródromos y el control del tráfico aéreo -, pero, desde luego, también en el sector a que se ha referido Su Señoría. 
Señor Presidente, yo también vuelo a menudo como piloto y he observado que, contra lo que se piensa, las zonas de intersección, sobre todo las de Eurocontrol, a menudo no se ajustan a las normas de seguridad. 
Yo creo que se requieren nuevas disposiciones normativas en este ámbito, que sienten las bases para un convenio común europeo basado en el uso de los mismos programas y equipos. 
En segundo lugar, el programa GPS nos ofrecerá nuevas posibilidades de navegación. 
Yo estuve hace poco en Moscú, donde podríamos contar con el apoyo adicional del sistema GLONASS. 
Esto supondría el inicio de una nueva era en el campo de la navegación aérea. 
¿En qué medida figura entre las tareas de la nueva Agencia la definición de nuevas normas de seguridad para los proyectos futuros? 
Su Señoría ha planteado una cuestión muy pertinente. 
Espero, desde luego, que las atribuciones de la Agencia para la Seguridad abarquen las correspondientes al examen de las repercusiones de la nueva tecnología en muchos sectores de la seguridad de la aviación y la capacidad para hacer recomendaciones sobre los ensayos de nueva tecnología y sobre la imposición de normas de seguridad más estrictas. 
Pregunta nº 5 formulada por Alan Gillis (H-0395/98): 
Asunto: Blanqueo de dinero 
A la vista de las actividades ilegales llevadas a cabo por empresas no residentes registradas en Irlanda, ¿qué medidas piensa tomar el Consejo en el marco de las políticas europeas contra las drogas para convencer al Gobierno irlandés de que cierre estas empresas que él mismo ha reconocido que se dedican al blanqueo de dinero? 
Desde 1991 está en vigor una directiva del Consejo sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para fines de blanqueo de dinero. 
La Comisión redacta informes periódicos sobre la aplicación de dicha directiva y los presenta al Parlamento Europeo y al Consejo. 
La Comisión no ha presentado hasta ahora propuesta alguna para cambiar la legislación sobre el blanqueo de dinero. 
Por lo que se refiere a la pregunta concreta formulada por Su Señoría, los órganos del Consejo no han examinado el problema a que se refiere. 
Quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio. 
Me ha defraudado mucho que esta importantísima cuestión no ocupe un puesto superior en el orden del día. 
Casi podríamos considerarlo un escándalo, de hecho, dado que centenares de miles de ciudadanos de la UE- la mayoría de ellos muy jóvenes- están viendo completamente destruidas sus vidas por los magnates de las drogas, que logran fortunas inmensas con la ayuda en muchos casos de una inadecuada legislación sobre sociedades. 
La mayoría de esos jóvenes acaban muy pronto en la tumba. 
En el Parlamento hemos concedido la máxima prioridad a toda la cuestión de las drogas. 
En vista de ello, quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si no cree que debería también conceder la máxima prioridad al blanqueo de dinero y la lucha contra las drogas y el tráfico de drogas, teniendo presente que la Unión Europea apenas tiene fronteras ahora y existe la libre circulación de dichos traficantes. 
Estoy muy de acuerdo con la observación formulada por Su Señoría. 
No cabe duda de que existe una vinculación entre el suministro de drogas para su uso indebido y el blanqueo de dinero procedente de los beneficios de las drogas y a veces la consecución de la financiación para adquirirlas, de hecho. 
Quisiera decir a Su Señoría que, si cree que no se aplican los reglamentos actuales, debería señalarlo a la atención de las autoridades. 
La Presidencia ha concedido la máxima prioridad a toda esa cuestión de la lucha contra el comercio de drogas y actividades conexas, como el blanqueo de dinero. 
En la Conferencia Europea se creó un grupo de expertos para que examinara la forma de combatir el uso indebido y el tráfico de drogas en una zona que no se limita a la Unión Europea, sino que abarca también los países que desean adherirse a la Unión Europea, algunos de los cuales son con frecuencia países de tránsito desde los puntos de procedencia de las drogas, por lo que están vinculados con la asignación de recursos financieros para comprarlas u obtener beneficios con ellas. 
Es una prioridad máxima y estoy seguro de que en la Cumbre de Cardiff habrá interés por abordar esa cuestión. 
Ha sido una cuestión destacada. 
Es una cuestión que afecta mucho a los ciudadanos: los padres, y no sólo ellos, en toda la Unión Europea están aterrados ante la posibilidad de que sus hijos entren en contacto con drogas y acaben siendo consumidores de ellas. 
No me cabe duda de que darán pleno apoyo a las medidas que la Unión Europea- o cualquiera de los Estados-nación de la Unión Europea- puedan adoptar para luchar contra ese comercio perverso. 
Yo fui ponente sobre el tema de la ampliación al Este y la seguridad interior. 
Como resultado del vasto programa de privatización, al cual se suma una implantación vacilante del Estado de derecho, estamos asistiendo a un enorme blanqueo de dinero en los países candidatos que, además, también incluye el blanqueo de fondos procedentes de la Unión Europea, que luego vuelven a transferirse. 
¿Se está tomando en consideración el tema del blanqueo de dinero en el diálogo estructurado con los Estados de Europa Central y Oriental y en la preparación de la adhesión? 
El colega Schmid del Grupo socialdemócrata incorporó esta cuestión a mi informe. 
Es preciso que los países candidatos también adopten medidas enérgicas contra el blanqueo de dinero antes de su adhesión. 
Su Señoría tiene toda la razón en cuanto al diálogo que existe y que debe seguir existiendo entre la Unión y los países que desean adherirse a ella sobre toda la cuestión de la lucha contra ese comercio de drogas y el problema conexo del blanqueo de dinero. 
Espero poder tranquilizar también a Su Señoría poniendo de relieve que, como parte del proceso de selección, es necesario que los países que desean adherirse a la Unión cumplan el acervo de la Unión. 
Dicho acervo abarca el sistema bancario y uno de los elementos del sector bancario que es importante al respecto es el de seguir las reglamentaciones bancarias que, dicho en términos muy sencillos, obligan a las personas a declarar la procedencia de grandes cantidades de dinero que depositen en el sistema bancario. 
No sé si ello es aplicable ya a algunos de los países que desean adherirse a la Unión. 
Puede que así sea en algunos sectores y en algunos bancos. 
Pero, como unidad bancaria, formará parte de la selección en el sector bancario y puede ser una importante protección. 
Señor Presidente del Consejo, la norma legislativa contra el blanqueo de dinero que usted ha citado no se aplica en Gibraltar, ni tampoco en Jersey, ni en Guernsey, ni en la Isla de Man, a pesar de que todos son territorios de soberanía británica, y no es aplicable en algunos pequeños Estados, como Andorra, Mónaco y el Estado del Vaticano. 
¿Ha examinado el Consejo cómo podrían cerrarse estas brechas, que son importantes en la práctica, ya que allí se concentra el blanqueo de dinero en Europa? 
No quiero responder sobre los territorios concretos a que se ha referido Su Señoría. 
Sin aviso previo y sin un análisis detallado de la situación en cada zona, no sería correcto que lo hiciera. 
Sin embargo, en términos generales, puedo decir que a los sectores bancarios extraterritoriales les interesa mucho cumplir los reglamentos normales aplicados internacionalmente. 
Si se descubre que no cumplen dichas normas, habrá una falta de confianza en su capacidad para encajar en el resto del sistema bancario mundial, lo que los privaría de muchos depósitos que les resultarían atractivos. 
Por ejemplo, sé que en la isla de Man se han hecho toda clase de gestiones para que quede claro que el nivel de reglamentación requerido en ella es el mismo que en la City de Londres. 
Se puede discutir la reglamentación de la City de Londres, pero las autoridades de la isla de Man, por ejemplo, están muy interesadas en velar por que así sea. 
También el Gobierno de Gibraltar ha adoptado medidas para tranquilizar a cualquier posible inversor en el sentido de que allí se aplican las mismas normas internacionales que en otros lugares. 
De modo que esas autoridades son conscientes, por su propio interés comercial, de que deben cumplir las normas internacionales. 
Eso debe ser una garantía para los inversores y también debe disuadir a cualquier posible blanqueador de dinero que crea que puede resultarle más fácil hacerlo allí que en uno de los sistemas bancarios del resto de la Unión Europea. 
Pregunta nº 6 formulada por David Bowe (H-0400/98): 
Asunto: Consejo de Ministros de Medio Ambiente del 23 de marzo de 1998 
¿Está satisfecho el Consejo con los resultados del Consejo de Medio Ambiente del 23 de marzo de 1998? 
En caso negativo, ¿por qué no? 
Me complace informar de un resultado muy satisfactorio del Consejo de Medio Ambiente celebrado el 23 de marzo. 
El Consejo adoptó cuatro posiciones comunes principales, acordó cuatro conjuntos de conclusiones e hizo importantes avances en diversos sectores fundamentales, tales como los del cambio climático y la calidad del aire. 
Esa labor ha de ser una contribución valiosa a la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos de Europa. 
Gran parte de ese éxito se debió a la disponibilidad a tiempo de los dictámenes del Parlamento, gracias a la labor de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, de la que Su Señoría es- lo sé- miembro. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su felicitación a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Se la transmitiré a mis colegas. 
Convengo con el análisis que ha hecho de la primera reunión del Consejo de Medio Ambiente durante su Presidencia. 
Es un excelente paso adelante para desechar los últimos vestigios de la idea que se tiene del Reino Unido como el «hombre sucio de Europa». 
Sin embargo, quisiera preguntar qué más hará la Presidencia- pues éste es sólo un primer paso- o cree haber hecho ya durante esta Presidencia para lograr más avances en la esfera del medio ambiente y borrar completamente esa idea de que el Reino Unido sea «el hombre sucio de Europa». 
Agradezco a Su Señoría su pregunta. 
En este momento la Presidencia y el Consejo han concedido la máxima prioridad a toda la cuestión del medio ambiente. 
Además de los aspectos a los que ya me he referido en mi respuesta inicial, me complace también que se hayan acordado posiciones comunes sobre tres directivas relativas a los vertederos, las emisiones de las camionetas ligeras y las emisiones de componentes orgánicos volátiles de ciertos procesos industriales. 
Según tengo entendido, ya hay un dictamen del Parlamento sobre esas cuestiones. 
El Consejo acordó también conclusiones sobre el cambio climático, en las que se evalúan los resultados de la Conferencia de Kyoto, celebrada el pasado mes de diciembre, y estableció las prioridades principales para la labor que se ha de hacer en materia de permisos negociables de emisión y otras cuestiones antes de la próxima conferencia de las partes que se celebrará en Buenos Aires en noviembre. 
Se trata de elementos importantes de la labor que se ha llevado a cabo para mejorar nuestro medio ambiente en toda Europa y espero que den un poco de impulso a toda esa cuestión a fin de que la comisión de Su Señoría y, de hecho, las futuras presidencias del Consejo puedan llevar a cabo su labor. 
Quisiera dar la bienvenida al Presidente en ejercicio en este otro lugar y preguntarle si comparte mi preocupación por que el Consejo oficioso de Medio Ambiente y Transportes haya indicado su deseo de introducir un impuesto al queroseno que tendría efectos dramáticos en el transporte aéreo. 
¿No cree el ministro que, en realidad, el transporte aéreo es probablemente uno de los medios de transportar a personas y mercancías por toda Europa más inocuos para el medio ambiente y que sería un error poner la mira así en el transporte aéreo? 
¿No cree también que la imposición de un impuesto al queroseno, que, según tengo entendido, es el deseo, desde luego, del Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido y de otros Estados de toda Europa, tendría consecuencias muy perjudiciales en una forma de transporte inocua para el medio ambiente y en las economías locales y las personas que ocupan puestos de trabajo en los aeropuertos y en las compañías aéreas? 
Siempre es un gran placer atender a una pregunta de Su Señoría, ya sea en esta Asamblea o en otro lugar. 
Sé que está muy interesada en las cuestiones que estamos examinando. 
No hay ni que pensar que la Unión ponga la mira en un sector determinado de la actividad económica y lo obligue a hacer una contribución mayor que otros sectores a los asuntos medioambientales. 
El principio importante a ese respecto es el de que todos los sectores de la actividad económica deben supervisar y examinar detenidamente y en todas las ocasiones las repercusiones medioambientales de todo lo que hagan. 
De hecho, el Tratado de Amsterdam obliga a la Unión a que lo tenga en cuenta en cualquiera de las medidas que adopte. 
Espero poder tranquilizar a Su Señoría diciéndole que en este momento el asunto a que se refiere es una propuesta. 
Todos los diversos organismos que examinarán dicha propuesta debatirán sus efectos para ver si es probable que se obtenga el resultado deseado. 
Cuando hayamos analizado esa cuestión más a fondo y hayamos celebrado más consultas al respecto, estaré en mejores condiciones para adoptar una postura más definitiva. 
Estoy seguro de que Su Señoría volverá a formular una pregunta similar, si no en este lugar en otro. 
Sé que la Sra. McIntosh tiene que dividir su tiempo entre dos parlamentos en estos días, pero me gustaría saber si está al corriente de que hoy a la hora del almuerzo el Parlamento ha votado contra la idea de un impuesto al queroseno y los diputados laboristas a este Parlamento han apoyado esa posición por consejo del Gobierno de Su Majestad. 
Me gustaría saber si el ministro acogería con beneplácito esa decisión. 
Señor Henderson, tiene usted la palabra por si desea responder a esta pregunta. 
Usted está en su derecho de responder o no, señor Henderson. 
Esta Presidencia le invita a tomar la palabra, pero es una cuestión que sale del ámbito explícito de la pregunta formulada en primer lugar. 
Por lo tanto, es usted quien debe decidir si responde o no a la intervención-pregunta del Sr. David Martin. 
Señor Presidente, no puedo resistirme a una de sus invitaciones. 
He de decir a Su Señoría que no conocía esa decisión, pero el Consejo la tendrá en cuenta en sus deliberaciones. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 7 y 8 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 7 formulada por Pedro Marset Campos (H-0405/98): 
Asunto: Situación en Palestina 
Ante el comportamiento inaceptable del Presidente del Gobierno de Israel, Sr. Netanyahu, en la reciente visita del Ministro en funciones de la Unión Europea, Sr. Cook, ¿no estima el Consejo que la Unión Europea debe adoptar una conducta más firme, con todas sus consecuencias, de apoyo decidido a los Acuerdos de Paz de Oslo y a las Resoluciones de la ONU instando a Israel a que respete todas las resoluciones de la ONU y de su Consejo de Seguridad? 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para hacer que se cumplan las resoluciones de la ONU y para garantizar el respeto de las mismas por el Gobierno israelí? 
Pregunta nº 8 formulada por Sören Wibe (H-0414/98): 
Asunto: Sanciones económicas contra Israel 
Pienso que el ministro británico de Asuntos Exteriores, Sr. Cook, ha actuado muy valientemente en su reciente visita a Israel/Palestina. 
Por el contrario, el primer ministro israelí no mostró ninguna voluntad negociadora sino que actuó de una forma muy arrogante. 
¿Considera el Consejo que deben adoptarse iniciativas más concretas respecto a Israel, tal vez en forma de sanciones económicas, para hacer que respete el acuerdo de paz que ha firmado? 
La actitud del Consejo para con el proceso de paz del Oriente Medio está basada firmemente en la legalidad internacional, incluidas las resoluciones 242, 338 y 425 de las Naciones Unidas. 
A lo largo de los años, el Consejo ha instado constantemente a Israel a que cumpla dichas resoluciones. 
El Consejo está firmemente convencido de que el proceso de Oslo y el principio de tierra por paz representa la mejor perspectiva para una solución que ofrezca justicia a los palestinos y seguridad a los israelíes. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, agradezco la respuesta que ha dado pero la considero insuficiente por la siguiente razón: hace 50 años que se creó el Estado de Israel y también hace 50 años que la ONU se comprometió con la constitución del Estado de Palestina. 
Israel tiene un gran aliado que es Estados Unidos, con su lobby, mientras que Palestina debería recibir de nosotros una ayuda especial, tanto por la paz en Oriente Próximo como por el futuro del Mediterráneo. 
¿No piensa el Consejo que debería incrementarse la intervención de la Unión Europea para poder tener- como siempre ha sido- una visión de solidaridad y una visión de escrupuloso cumplimiento de la legalidad internacional, frente a la actuación del presidente Netanyahu que continuamente pone obstáculos a este proceso de paz? 
Estoy muy de acuerdo con la observación formulada por Su Señoría de que es necesario y oportuno que la Unión Europea participe. 
De hecho, tiene la obligación de intentar hacer todo lo que pueda para resolver las diversas diferencias en el Oriente Medio. 
No recuerdo haber asistido a reunión alguna del Consejo durante este último año en que no haya habido un examen de las actividades que se podrían emprender en nombre de la Unión para intentar hacer una contribución al proceso de paz. 
Durante la Presidencia, ha habido dos visitas al Oriente Medio, la segunda por parte del Primer Ministro Sr. Blair, gracias a la cual se celebró una conferencia en Londres en la que hubo un intento de profundizar más el proceso de paz. 
La conferencia de Londres fue importante porque restableció el diálogo. 
Ahora existe la oportunidad de que se mantenga un diálogo más profundo a petición del Gobierno de los Estados Unidos. 
Según tengo entendido, el mandato hecho público por el Gobierno de los Estados Unidos es aceptable en líneas generales para el Presidente Arafat. 
En este momento el Gobierno de los Estados Unidos está haciendo gestiones, con el apoyo de la Unión Europea, para intentar convencer al Sr. Netanyahu para que también participe en esas conversaciones. 
Hemos contado con la ayuda del nuestro representante especial, que en el pasado reciente ha llevado a cabo una extensa labor en nombre de la Unión en el Oriente Medio. 
Dado que somos los mayores donantes a esa zona, reviste importancia decisiva que también ejerzamos nuestra obligación política de intentar contribuir al proceso de paz y sigamos presionando al máximo a las partes interesadas para intentar lograr que concierten un acuerdo. 
Quiero dar las gracias al Presidente del Consejo tanto por su respuesta como, especialmente, por las gestiones de la Presidencia inglesa en esta materia que yo verdaderamente aprecio. 
En todo caso, me pregunto, igual que Marset Campos, si no necesitamos medidas un poco más concretas, en forma de presiones políticas y económicas en contra de Israel, para inducir al país a participar en el proceso de paz. 
Quiero formular una pregunta concreta: ¿Ha exhortado o exigido el Consejo a Israel, durante su Presidencia, para que permita a los millones de refugiados palestinos, que desde hace generaciones viven en campamentos de refugiados fuera de Israel, volver a su antigua patria? 
¿Se ha exigido por ejemplo a Israel que devuelva las propiedades que le fueron robadas al pueblo palestino en la guerra de 1948? 
Creo que hay que poner este tipo de exigencias concretas para inducir a Israel a cambiar su peligrosa conducta actual. 
Agradezco a Su Señoría su pregunta. 
En muchas ocasiones durante esta Presidencia el Consejo ha intentado presionar a las partes en el Oriente Medio, incluido el Primer Ministro Netanyahu, para intentar convencerlas de la necesidad de que adopten medidas respecto de la cuestión a que se ha referido Su Señoría y, de hecho, de muchas otras cuestiones. 
Es importante lograr avances poco a poco, si ésa es la única forma de lograrlos. 
Muchos de quienes participan o conocen las circunstancias reconocen que debe haber, en realidad, un tipo de diálogo que aborde simultáneamente las diversas cuestiones políticas y económicas para que se den pasos adelante como parte de un proceso con el que todas las partes estén comprometidas. 
El problema de intentar hacer hincapié en una parte es el de que los avances de forma irregular no siempre son permanentes y con frecuencia propician una situación en el futuro inmediato en la que hay una regresión respecto de los avances que se habían logrado. 
Por eso es necesario un diálogo más amplio que abarque las cuestiones políticas y económicas. 
Hemos instado al Gobierno israelí a participar en esa iniciativa americana más reciente. 
Al menos, se ha reanudado el diálogo- en cierta medida- después de las conversaciones de Londres. 
Pregunta nº 9 formulada por Anna Karamanou (H-0411/98): 
Asunto: Escenarios bélicos en juegos electrónicos infantiles 
Según una reciente investigación del diario griego Kacimeriní, la industria bélica ha encontrado en el mercado de los juegos un terreno abonado para extender sus planes empresariales, ayudándose de la tecnología de las simulaciones. 
A través de escenarios bélicos y campos de batalla virtuales, se educa a los niños en las técnicas de la guerra, el uso de la violencia, la astucia y el engaño, para que se conviertan en los modernos superguerreros. 
Los desiertos del Iraq y de Kuwait constituyen el decorado de juegos como «Desert Tank» ,» Super Battletank» ,» M1 Abrahams» y «Desert Strike» , en los que se invita a los jugadores a conducir carros de combate y helicópteros de guerra y destruir los refugios de los «terroristas infieles». 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para que se proteja la salud psíquica de los niños frente a especuladores y belicistas de todo tipo? ¿De qué modo piensa intervenir para que se transmitan a las nuevas generaciones los valores europeos de amor a la paz y rechazo de la guerra y la violencia como medios de solución de las diferencias? 
El Consejo ha estado examinando dos propuestas sobre temas conexos. 
En primer lugar, un proyecto de decisión para un plan de acción multianual de la Comunidad con vistas a fomentar la utilización inocua de la red Internet. 
El plan de acción promoverá varias medidas contra la violencia y el material ilegal en la red Internet, incluidos, en primer lugar, sistemas para calificar o clasificar el material según su nivel de violencia, por ejemplo. 
Los padres podrán utilizar los llamados programas de filtrado, que pueden bloquear el acceso al material que se haya calificado de violento. 
En segundo lugar, servicios de consulta telefónica directa para los usuarios de la red Internet a fin de que comuniquen el material ilegal, lo que permitirá a las autoridades encargadas de imponer el cumplimiento de la ley que lleven ante la justicia a sus autores. 
En tercer lugar, otras medidas de sensibilización para que los padres tengan conocimiento de los instrumentos de que disponen para la protección de sus hijos. 
El Consejo está examinando también una propuesta de recomendación sobre la protección de los menores y la dignidad humana en los servicios audiovisuales e informativos. 
En dicha propuesta se recomienda que los Estados miembros establezcan voluntariamente marcos nacionales para la protección de los menores en las esferas de la teledifusión y la radiodifusión y de los servicios en línea, en particular alentando a las partes interesadas- usuarios, consumidores, empresas y autoridades públicas- a participar en la formulación y aplicación de medidas para ese fin. 
También se recomienda la creación de marcos autorreguladores y códigos de conducta en el nivel nacional para los servicios en línea. 
Espero que el Consejo y el Parlamento puedan seguir cooperando estrechamente respecto de dichas medidas para velar por que se aprueben lo antes posible. 
Señor Presidente del Consejo, por su respuesta saco la impresión de que no se está confrontando el tema con la atención que su gravedad exige. 
No es posible confrontar, más bien como insignificante, el hecho de que la educación de la nueva generación de los ciudadanos europeos literalmente haya escapado de los Órganos Institucionales y se encuentre en las manos de los especuladores y especialmente de aquellos que se benefician de la cultura del comportamiento violento de los jóvenes y de aquellos que por medio de los video juegos y de los CD-ROM- y no me refiero sólo al Internet en este momento- esencialmente implican a nuestros jóvenes en proyectos bélicos y literalmente los instruyen en las artes bélicas- diría- a la antigua Esparta. 
Estamos siendo testigos cada día del aumento del comportamiento infantil violento y de la criminalidad y creo que el Consejo tiene que pensar en medidas más serias que la simple recomendación: Creo que el estatuto jurídico a nivel de la Unión Europea no cubre este tema, que considero de importancia capital, como también considero que son mínimas las compras tan peligrosas como las de los video juegos. 
Señor Presidente del Consejo, hay un artículo en relación con esto en el Economist de enero de 1998 que le recomendara que lo estudiara. 
Agradezco a Su Señoría su pregunta complementaria. 
Creo que hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas. 
La verdad es que no puedo añadir nada más a lo que ya he dicho sobre las medidas. 
Lo considero práctico, pero sé que hay muchos millones de personas en toda la Unión Europea que están muy preocupadas por esta cuestión. Ésa es la razón por la que es importante que presentemos propuestas para hacer lo posible en sentido práctico con vistas a intentar crear un ambiente mejor para tecnologías como, por ejemplo, la red Internet. 
Su Señoría plantea dos cuestiones importantes. 
Hay un aspecto muy real: el de que los padres puedan adoptar medidas en la red Internet para bloquear el material que no quieran que sus hijos vean. 
A mí me resulta difícil manejar un vídeo adecuadamente y por lo general tengo que pedir a mi hijo que me enseñe a manejarlo, pero ésa es una tecnología muy sencilla comparada con la de la red Internet. 
Es una cuestión muy real y tal vez las autoridades públicas podrían ofrecer a los padres asesoramiento sobre cómo podrían dominar esa tecnología. 
Sobre la cuestión de lo que deba suceder a los autores del material que contravenga la ley: si se trata de una contravención de la legislación existente, se debe denunciar a las autoridades y a las autoridades judiciales de toda la Unión corresponderá determinar si hay o no fundamento para presentarlos ante la justicia. 
Sobre si cambiará o no la situación después del Tratado de Amsterdam, la Comunidad tiene, además, la obligación de velar por que cualquier medida que adopte no sea discriminatoria y eso se tendrá presente en cualquier actividad que adoptemos como Unión para intentar contrarrestar los efectos de algunos de esos productos perjudiciales que figuran en la red Internet. 
Pregunta nº 10 formulada por Hans Lindqvist (H-0416/98): 
Asunto: Armonización de la marca ecológica comunitaria 
En Suecia tenemos la suerte de disponer de tres sistemas fiables de marca ecológica: Bra Miljöval, Svanen y KRAV. 
La marca ecológica ha alcanzado en Suecia una dimensión desconocida en otros Estados miembros. 
Ello es el resultado de un trabajo consciente del movimiento ecologista para estimular la demanda de productos con marca ecológica y del gran interés de un número creciente de consumidores con conciencia ecológica. 
La UE se dispone a prohibir las marcas ecológicas suecas. 
Según una nueva propuesta de directiva, sólo se permitirá la marca ecológica de la UE y se prohibirán las marcas ecológicas independientes como Bra Miljöval. 
A pesar de los intensos esfuerzos realizados desde 1992, el sistema de la UE sólo ha concedido unas pocas licencias. 
El sistema tiene tantas deficiencias que no ha resultado atractivo ni para los poseedores de la licencia ni para los consumidores. 
De acuerdo con la información de que dispongo, no se prevé la participación de las organizaciones ecologistas en el foro consultivo dependiente de la Comisión. 
En vista de esto, ¿qué medidas se propone adoptar el Consejo para poner fin a los empeoramientos causados por la Comisión en el ámbito del medio ambiente? 
Un objetivo de la propuesta de la Comisión para la división del Reglamento 880/92, por el que se creó una marca ecológica comunitaria, es el de garantizar una mayor coherencia y complementaridad entre ese plan y otros que están en marcha en la Comunidad. 
La propuesta no va encaminada a prohibir otros planes en marcha en los niveles nacional o regional. 
Antes bien, el efecto del artículo 11 del nuevo reglamento propuesto sería el de que, al cabo de cinco años, las marcas nacionales quedarían limitadas a los grupos de productos respecto de los cuales no haya criterios establecidos con arreglo al plan de la Comunidad. 
El grupo de trabajo del Consejo ha celebrado un debate inicial sobre la propuesta, al que asistieron representantes de la Comisión, y ésa fue una de las cuestiones sobre las que varios Estados miembros expresaron preocupación. 
En el momento actual no está previsto celebrar más debates sobre la propuesta. 
Justamente hoy hemos debatido un informe sobre este asunto en el Parlamento. 
El Parlamento aprobó la exigencia de que no podrán empeorarse las normas nacionales por el hecho de que se establezcan reglas comunitarias de aplicación general. 
Se dijo muy claramente que después de un período de cinco años se tiene que poder garantizar que el etiquetado ecológico comunitario será al menos tan severo como el que se aplica en los mejores programas nacionales de etiquetado ecológico. 
Mi pregunta complementaria es: ¿Apoya el Consejo esta resolución del Parlamento y qué conclusiones saca el Consejo en general del debate parlamentario, tan provechoso, de hoy? 
Como sabe Su Señoría, y le agradezco su pregunta, no ha habido el apoyo necesario en el Consejo para semejante propuesta. 
En este momento no puedo decir si el Consejo aceptaría o no modificaciones propuestas por la comisión de la que forma parte Su Señoría: hasta hoy no se ha aprobado. 
Pero es algo que el Consejo tiene ante sí y al Consejo y a los Estados miembros corresponderá hacer una evaluación de las repercusiones de las propuestas en el plan general y ver si se ha satisfecho o no su reserva original. 
Pregunta nº 11 formulada por Maj Theorin (H-0417/98): 
Asunto: Defensa militar común 
El Tratado de Amsterdam deja fuera la cuestión de una defensa militar común y de una integración inmediata d la UEO en la UE. Por el contrario, las misiones humanitarias, las operaciones de mantenimiento de la paz, la alerta temprana y la solución de conflictos se consideran cuestiones comunes importantes. 
A pesar de ello, en el Parlamento se están presentando constantemente propuestas relativas a una defensa común. 
¿Piensa el Consejo que una defensa militar común será una realidad en un futuro próximo? 
Después de la ratificación del Tratado de Amsterdam, el nuevo artículo 17 del TUE establecerá que «la política exterior y de seguridad común abarcará todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión, incluida la formulación progresiva de una política común de defensa, de conformidad con el segundo inciso, que podría propiciar una política de defensa común, en caso de que el Consejo Europeo así lo decidiera». 
Así, pues, previa aprobación de esa decisión por los Estados miembros «de conformidad con los requisitos constitucionales respectivos» , el nuevo Tratado se refiere a la política común de defensa como a una posibilidad futura con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo. 
Al entrar en vigor el Tratado, ese texto determinará los parámetros con los que la Unión abordará la cuestión de la defensa común. 
Gracias por responder a mi pregunta. 
Es totalmente cierto lo que dice el representante del Consejo, está así en el articulado y está así también en if the council so decides. 
Que las palabras se escribiesen después del Tratado de Maastricht también se debe, evidentemente, a que una serie de países comunitarios hoy no dan su apoyo a una defensa común. 
Hay muchos que han dejado en claro que el Tratado de Amsterdam implica que el asunto de la defensa común, con la redacción actual, se pospondrá por mucho tiempo. 
Se trata de Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Austria y Finlandia, países que dicen no estar dispuestos a participar en una defensa común en su forma actual. 
Según mi interpretación, la respuesta del Consejo es que la defensa común no se llevará a efecto en un futuro cercano. 
Quisiera agradecer a Su Señoría su pregunta. 
Espero poder tranquilizarla en el sentido de que el Consejo tiene actualmente la capacidad para debatir la política exterior y de defensa y, de hecho, así lo hace en muchas ocasiones. 
Pero los artículos a que se refería la pregunta original versaban sobre la defensa común. 
La posición que se aprobó en Amsterdam es aceptable para todos los países de la Unión. 
Permite un debate, permite todas las acciones comunes viables con arreglo a las misiones Petersberg, en los casos en que sea necesario actuar para mitigar una crisis o para cualquier otro fin. 
La de la defensa militar es una cuestión que se debe determinar en otro foro. 
Existen opiniones diferentes al respecto. 
En la Unión Europea existen asociaciones diferentes sobre asuntos de defensa y no preveo cambio alguna a ese respecto en el futuro inmediato. 
Muchas gracias, señor Henderson. 
Nos quedan exactamente 5 minutos del tiempo límite que habíamos acordado. 
Le propongo que demos respuesta conjunta a las preguntas núms. 12 y 13. 
Estoy seguro de que la brevedad a la que usted nos tiene acostumbrados y también la disciplina de los Sres. Newens y Gahrton nos van a permitir que terminemos a las 19.10 horas, como habíamos acordado. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 12 y 13 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 12 formulada por Arthur Newens (H-0419/98): 
Asunto: Acuerdo entre Iraq y las Naciones Unidas 
¿Tiene la Presidencia en ejercicio la intención de formular una declaración sobre la forma en que se está llevando a la práctica el reciente acuerdo entre las Naciones Unidas e Iraq respecto a las inspecciones sobre el terreno de las armas de destrucción masiva y al aumento de los suministros de ayuda alimentaria, médica y humanitaria? 
Pregunta nº 13 formulada por Per Gahrton (H-0455/98): 
Asunto: Embargo a Irak 
En una Conferencia de la UE sobre ayuda humanitaria que se celebró a principios de abril, la comisaria Bonino expresó fuertes críticas al embargo a Irak por sus negativas consecuencias humanitarias. 
¿Comparte el Consejo la opinión de la Sra. Bonino de que el embargo a Irak afecta a personas inocentes en mayor medida que al régimen de Saddan? 
¿Se propone el Consejo tomar la iniciativa para que se adopten medidas para mitigar o levantar el embargo a Irak? 
Las inspecciones por parte de la UNSCOM de los lugares problemáticos se reanudaron el 6 de marzo. 
Avanzaron con la plena cooperación iraquí, si bien con algunos retrasos burocráticos. 
Poco después siguieron las inspecciones de los lugares presidenciales el 26 de marzo y el 4 de abril, para las que no se encontraron dificultades importantes. 
El programa de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas con arreglo a la resolución 1153 del Consejo de Seguridad no entrará en vigor hasta que el Gobierno del Irak haya presentado a las Naciones Unidas un plan de distribución y ambas partes hayan dado su conformidad a dicho plan. 
Los alimentos y las medicinas nunca han estado sujetos a las sanciones. 
De conformidad con el programa de alimentos por petróleo de las Naciones Unidas, el Gobierno iraquí puede exportar grandes cantidades de petróleo para financiar la adquisición de artículos para fines humanitarios. 
Tras la publicación de las recientes recomendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas para mejorar el plan de alimentos por petróleo, el Irak podrá, con arreglo a la siguiente fase del programa, más que duplicar el volumen de sus exportaciones de petróleo hasta 5.300 millones de dólares de los Estados Unidos a lo largo de un período de seis meses. 
La reciente reunión de la Unión Europea, en la que se examinó la situación humanitaria en el Irak, demostró el continuo compromiso de la Unión Europea y de la comunidad internacional de hacer todo lo posible para ayudar al pueblo iraquí. 
Lamentablemente, dicho compromiso no es compartido por el régimen iraquí. 
El régimen dispone de amplios recursos, con arreglo al programa humanitario de las Naciones Unidas, pero prefiere no utilizarlos para ayudar a los iraquíes de a pie. 
La UE seguirá apoyando las gestiones de las Naciones Unidas a fin de convencer al Gobierno del Irak para que despliegue los recursos de que dispone con vistas a atender del mejor modo posible las necesidades del pueblo iraquí. 
Las condiciones para el levantamiento de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas al régimen iraquí son claras: cuando el Irak cumpla con todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, se podrían levantar las sanciones. 
¿Reconoce, no obstante, el Presidente en ejercicio que el acuerdo concertado con el Irak por el Secretario General de las Naciones Unidas no ha propiciado aumento alguno del nivel de importaciones de alimentos y suministros médicos, que representan tan sólo una tercera parte del volumen importado antes de que se aplicaran las sanciones, lo que ocasiona muchas privaciones y numerosas muertes, de las que, naturalmente, el dictador iraquí tiene en parte la culpa? 
¿Tendrá a bien transmitir por los conductos apropiados los graves retrasos burocráticos ocasionados por el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas y también la exclusión de gran cantidad de artículos, incluidas cosas tales como microscopios, gafas, espátulas, termómetros y vaselina, que no se pueden considerar suministros militares y están afectando a las secciones más vulnerables de la población, no a Sadam Husein y su clientela particular? 
Agradezco a Su Señoría su pregunta, pero he decirle que es Sadam quien está utilizando a los niños para hacer política. 
El Gobierno iraquí siempre ha tenido capacidad para disponer de alimentos y suministros a cambio de petróleo, que se reforzó con el acuerdo logrado gracias a la mediación del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Si el Irak cumple las muy razonables condiciones que se han fijado, seguirá disponiendo de dicha capacidad. 
El representante del Consejo dice que es Sadam quien usa a los niños para " jugar a la política». 
Todos aquí seguramente estamos convencidos de que el régimen de Saddan es un repugnante régimen dictatorial, pero, aún así, es demasiado simple culparlo por todo lo que ocurre. 
Hay informes de muchas organizaciones humanitarias, que de ningún modo apoyan al régimen de Sadam, sobre las horrorosas consecuencias del boicot. 
Mi pregunta se produjo porque también la Comisaria Bonino se ha dado cuenta de que las consecuencias son espantosas. 
¿No es así que el Consejo tiene que tomar en consideración los efectos reales del boicot y no solamente echarle la culpa a Saddan? 
Por eso quiero preguntar lo siguiente: ¿Cuáles son exactamente las condiciones que deben ser cumplidas? 
¿Cómo se sabe si Iraq ha cumplido con las condiciones de Naciones Unidas? ¿Cómo será posible probar que no hay ni una sola arma ilegal en Iraq? 
Si bien agradezco a Su Señoría su pregunta, permítame decirle que la razón por la que el mecanismo del intercambio de alimentos y suministros médicos por petróleo está disponible es la de que el Consejo y nuestros aliados internacionales en las Naciones Unidas son conscientes de las posibles repercusiones para una sociedad de no tener acceso a esas importantes mercancías. 
Por eso se han hecho toda clase de gestiones para permitir al Irak adquirir el equipo y los suministros necesarios. 
El Irak es el que ha optado por no cumplir las muy razonables condiciones que el Secretario General de las Naciones Unidas ha fijado y reiterado en su reciente propuesta al Gobierno iraquí. 
Ese mecanismo siempre ha estado disponible. 
Sigue disponible y corresponde al Irak responder a una posición muy razonable en nombre de su pueblo, que necesita desesperadamente dichos suministros. 
Muchas gracias, señor Henderson. 
Señorías, al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas núms. 14 a 38 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
Expreso mi agradecimiento al Sr. Henderson. 
Tiene la palabra el Sr. Papakyriazis para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, la cuestión de procedimiento que quiero plantear es obvia. 
Quiero expresar mi disgusto y protestar, porque no hemos tenido tiempo de analizar más preguntas. 
Por supuesto me hago cargo de su situación, la respeto enormemente, pero ésta es la realidad. 
También tomo en cuenta que un debate como el de Kosovo es una razón muy importante para este retraso; pero hay un problema, señor Presidente, espero que se haga cargo y planteo una pregunta que no es sólo retórica, es sustancial: si yo considero que mi pregunta es de actualidad y es seria y dado que su debate se ha aplazado por esta razón concreta, ¿puedo volver a formularla en la próxima sesión? 
Señor Papakyriazis, dos cuestiones. 
La primera: el orden del día se establece en la reunión de los presidentes de Grupo. 
Por lo tanto, aquellas reclamaciones que usted tenga sobre el orden del día, le agradecería que usted la transmitiera a su representante en las reuniones de los presidentes de Grupo. 
Esta Presidencia ha estado hoy durante media hora esperando poder empezar el turno de preguntas. 
Por lo tanto, yo le agradeceré extraordinariamente que cualquier observación que quiera usted hacer sobre esta cuestión, de la cual sólo soy administrador, la traslade a la presidenta de su Grupo. 
La segunda cuestión es que si usted retira su pregunta puede formularla de nuevo. 
Pero si usted no la retira, su pregunta le será respondida por escrito, como he dicho antes, dentro de las próximas 48 horas. 
Por lo tanto, señor Papakyriazis, tiene usted la posibilidad de tener una respuesta por escrito dentro de las próximas 48 horas, o bien retirar su pregunta y, en este caso, entrará de nuevo en el turno de preguntas, pero yo no le puedo dar ninguna seguridad de que esta pregunta sea vista en el Plenario. 
(La sesión, interrumpida a las 19.15 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Cooperación euromediterránea (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto de las preguntas orales al Consejo y a la Comisión sobre los acuerdos de asociación euromediterráneos. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, los titulares de las noticias de esta mañana son del siguiente tenor: " Extremistas judíos apuñalan a palestinos en Jerusalén y la aviación israelí bombardea el Sur del Líbano con el resultado de cuatro muertos entre la población civil». 
¡Estos son los elementos del proceso de paz que aplica el Sr. Netanjahu! 
No nos engañemos: el proceso de paz entre Israel y Palestina se encuentra en un punto muerto absoluto, por no decir que ya no existe. 
El Acuerdo de Oslo, la base de este proceso de paz, ya no es respetado por el Gobierno israelí. 
Debemos tomar nota de este hecho pues afecta de modo muy sensible a la totalidad de la cooperación euromediterránea. 
Al principio de la cooperación, hemos intentado separar la cooperación euromediterránea del proceso de paz. 
Espero que hoy todo el mundo tenga claro que esto no es posible. 
Si queremos avanzar en la cooperación euromediterránea, entonces tenemos que inmiscuirnos también en el llamado proceso de paz. 
Tenemos que decir algunas palabras cuando se negocia entre Israel y Palestina. 
Señor Vicepresidente, quiero mencionar un segundo punto que nos ha turbado mucho en los últimos tiempos y que está asimismo estrechamente relacionado con el proceso de Barcelona. 
Me refiero a Argelia. Creo que la delegación del Parlamento Europeo ha abierto una puerta de diálogo con Argelia. 
En este Parlamento, muchas cosas se ven hoy con otros ojos. 
Sobre todo, los colegas que estuvieron allí y que nos han presentado un extenso informe, pudieron corregir toda una serie de informaciones erróneas. 
Debemos proseguir consecuentemente por esta vía. 
Tenemos que buscar la cooperación con nuestros colegas en la Asamblea Nacional argelina y apoyar el proceso de democratización iniciado con éxito en Argelia con las elecciones. 
No podemos hacer mucho pero debemos estar dispuestos a hacer lo que realmente podemos, es decir, ayudar a Argelia escuchando sus preocupaciones e indicando que estamos dispuestos a cooperar con ellos, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo, no en Argelia sino en nuestros países, en Europa. Pues hasta hoy hemos mantenido una actitud muy despreocupada en esta cuestión y hemos dejado que el terrorismo prosperase. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, es realmente una sesión importante para el Parlamento Europeo, ya que se refiere al futuro y a la importancia del programa MEDA y de sus aspectos complementarios. 
No hay ninguna duda de que tanto este programa en su conjunto como los programas MED complementarios son un instrumento importante- quizás el más importante- para el éxito de la política mediterránea, de una política que- además lo ha dicho usted muchas veces hoy por la mañana y estoy de acuerdo con usted, señor Vicepresidente de la Comisión- se enfrenta a algunos problemas, principalmente porque en el importante lugar del Mediterráneo hay focos de crisis. 
No hay objeción; por el contrario creo que en esta Asamblea estamos de acuerdo en que el programa MEDA no sólo debe avanzar sino también cubrir el mayor espectro posible en lo que concierne al Mediterráneo. 
Y no cabe duda que la contribución del programa MEDA con lo que puede lograrse por medio del programa MEDA en encontrar soluciones políticas puede ser grande. 
Sin embargo, los focos de crisis que en este momento caracterizan el Mediterráneo, en Turquía, en Chipre, en Oriente Medio, en Argelia, no pueden combatirse sólo con medidas económicas; hacen falta también soluciones políticas, hacen falta propuestas políticas. 
Esto lo digo dirigiendome al Consejo. 
No basta con quejarnos de la existencia de problemas. 
No basta con constatar que muchas veces no estamos presentes. 
Debemos dar un paso más. 
Debemos formular propuestas, y estas propuestas pueden formularse. 
Muchas veces hablamos y hablaremos aun más sobre la cuestión de Oriente Medio, es una cuestión importante. 
Pero no es suficiente constatarlo, debemos presentar propuestas concretas, que cubran no sólo las relaciones bilaterales entre Israel y la Autoridad Palestina, sino también al resto de los países de la zona, como Siria, Líbano, incluso Jordania, países que son factores importantes para la paz y la estabilidad en Oriente Medio. 
Hablamos y hablaremos aun más de Argelia y, estoy de acuerdo con mi colega el Sr. Sakellariou en que el Parlamento Europeo ha abierto una gran puerta; ahora está en manos del Consejo y de la Comisión- y, señor Comisario, me alegro de que haya enviado un grupo a Argelia- para aprovechar en la práctica esta apertura. 
No basta con decir que el islamismo es un anatema. 
Debemos encontrar la forma, la manera correcta de enfrentarnos a él. 
Señor Presidente, señor Comisario, igual que en 1992, también hoy proponemos en general colaboración y ayuda en el Mediterráneo a nivel económico; esta vez, por supuesto, a niveles algo mejores. 
Pero como entonces, también ahora emergen y surgen cuestiones políticas y reivindicaciones frente a las cuales la Unión Europea continúa estando aturdida o siendo contradictoria, cobarde o ausente, aunque ahora, claro, propone un diálogo incierto. 
Sin embargo en Argelia la están buscando, del Sahara occidental está ausente, en Oriente Medio es, esencialmente, espectadora, en Chipre degrada políticamente su positiva intervención originaria, frente a Turquía unas veces mantiene su " posición firme» sin una efectividad visible y otras tolera una implicación inadmisible de este país en las cuestiones internas de la Unión, como recientemente hizo con el singular veto que ejerció Turquía sobre programas comunitarios en islas griegas habitadas. 
Señor Presidente, no hace falta continuar. 
Creo que mientras no exista realmente una política exterior común que garantice seguridad, integridad, paz, libertad y codesarrollo, este intento de hoy correrá el peligro de fracasar como aquel intento de 1972 que habíamos llamado " Política Mediterránea Colectiva» , quizás de una manera algo pacifista. 
He recibido siete propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señor Presidente, quiero simplemente responder brevemente al argumento de esta mañana. 
No pierdan de vista que, al fin y al cabo, el programa euromediterráneo de la Conferencia de Barcelona apenas tiene dos años de vida, que un programa tan a largo plazo como es la creación de una zona de libre cambio es algo que va a exigir mucho más tiempo y que estos dos años han sido dos años de rodaje, y de rodaje muy difícil. 
No pierdan de vista, como les decía antes, de dónde venimos y dónde estamos. 
El primer año de ejecución del programa MEDA, el Parlamento Europeo tomó la decisión de establecer una reserva negativa del 20 %. 
El año pasado fue del 10 %. 
Este año no hay reserva negativa. 
Además, los programas mediterráneos de cooperación descentralizada, que habían creado problemas, han sido relanzados. 
Es decir, por primera vez tenemos el programa MEDA completamente operacional. 
Hay muchas cosas que todavía no funcionan bien, por supuesto, pero lo importante es saber que el programa está en este momento en velocidad de crucero. 
Por otra parte, no podemos olvidar algo que es evidente y a lo que han hecho alusión el Sr. Sakellariou y el resto de los oradores. 
Mientras la ausencia de paz en Oriente Medio continúe contaminando el proceso de Barcelona, podremos trabajar bien en el segundo pilar, es decir, los acuerdos de asociación. Pero no podremos trabajar normalmente en el primer pilar- seguridad, paz y estabilidad, medidas de confianza y Carta del Mediterráneo- por razones obvias. 
En cuanto al tercer pilar- conferencias sectoriales y sociedad civil -, nuestro trabajo es muy difícil porque ustedes saben que el año pasado tuvimos que cancelar al menos tres conferencias sectoriales porque venían unos, no venían otros y, si venían unos, no venían otros. 
Por consiguiente, se trata de un tema muy serio. 
Yo espero que el día 6 en Palermo seamos capaces entre todos de resolver esta situación. 
El ejercicio que pretende la Comisión Europea es precisamente desvincular la Conferencia de Barcelona de los altibajos del proceso de paz, porque mientras sigan intercambiándose reproches unos a otros, es muy difícil trabajar en el día a día. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Kosovo (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre Kosovo. 
Señor Presidente, no he pedido la palabra para intervenir en el debate, como se suele hacer en general, sino porque esta tarde abreviamos el debate sobre Kosovo en un momento en que reinaba cierta confusión porque estábamos procurando obtener declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo y de la Comisión, así como la intervención de diputados de los grupos políticos. 
En plena confusión el Sr. Cars hizo una pregunta al Sr. Henderson, el Presidente en ejercicio, acerca de una reunión que había oído que se iba a celebrar entre el Sr. Milosovic y el Sr. Rugova para procurar resolver algunos de los problemas de Kosovo. 
El Sr. Henderson no pudo responder entonces a la pregunta del Sr. Cars. Ahora me ha pedido que confirme que esa reunión va a tener lugar y que la presidencia, a última hora de esta tarde, ha formulado la siguiente declaración: 
" Es una buena noticia que Milosovic y Rugova se reúnan personalmente el viernes. 
Esa reunión ha sido posible gracias a la intensa presión ejercida por la Unión Europea, el grupo de contacto y otros miembros de la comunidad internacional de una y otra parte, que desde hace dos meses están insistiendo en que se entable un diálogo positivo. 
Todos hemos instado al Presidente Milosovic a que intervenga sin ambages en el proceso político necesario. 
Esperamos ahora que ambas partes aprovechen plenamente esta oportunidad de entablar un diálogo político constructivo, en particular las autoridades de Belgrado, que en su calidad de gobierno tienen la responsabilidad primordial de buscar una solución negociada». 
Estoy seguro de que este Parlamento reaccionará con entusiasmo a la noticia que acabo de dar, pues es exactamente lo que queríamos obtener. 
El Sr. Henderson me ha pedido que indique que lamenta no haber podido contestar directamente al Sr. Cars, debido a las circunstancias que han concurrido en este caso. 
Tengo entendido que esta reunión única de Belgrado será el preludio de negociaciones que comenzarán en Pristina dentro de una semana y que seguirá habiendo reuniones semanales a continuación. 
Estamos, por lo tanto, ante un acontecimiento muy importante en el historial de esta controversia. 
Es exactamente lo que los diputados del Parlamento Europeo querían conseguir. 
Señor Presidente, debo expresar mi protesta por segunda vez por la forma en que se ha desarrollado el debate sobre Kosovo. 
Por razones que desconozco, se ha interrumpido el debate sobre Kosovo porque deba seguir el turno de preguntas. 
No quiero atribuir responsabilidades a su señor colega, que ejercía la Presidencia del Parlamento, pero en cualquier caso, alguien tiene la culpa o alguien no hace bien los cálculos en cuanto al tiempo. 
No puede ser que haya temas que se extiendan, en el caso concreto los problemas de la India, y que acabemos nosotros, que hemos sido inscritos por nuestros partidos, sin poder hablar. 
Para empezar quisiera decir que la intervención del Presidente del Consejo no nos ha informado sobre el encuentro que se ha fijado para su celebración el 15 de mayo entre el Sr. Rugova y el Sr. Milosevic y debo decir que por lo menos nuestro colega nos transfiere lo que ya algunos de nosotros sabíamos en la Asamblea, es decir, que este encuentro ya estaba decidido. 
Me alegro de que también ayudase la Unión Europea al logro de este encuentro; pero me sorprende que el Sr. Hamilton no haya hecho ninguna alusión a los esfuerzos para que se lleve a cabo este encuentro. 
Se ha olvidado también de recordar que el que ha creado y ha desempeñado el primer papel para este encuentro no ha sido el representante de la Unión Europea, el Sr. González, sino que ha sido el Sr.Holbrooke, enviado especial americano, quien ha organizado el encuentro RugovaMilosevic. 
Creo que deberíamos- y me dirijo al Consejo que no escucha, claro -, proteger por lo menos al Sr. González, un Primer Ministro muy próspero, de que le nombremos representante e intermediario, y que las dos partes no se ocupen y no tengan sus contactos por medio del Sr. González, sino que funcionen por medio del intermediario americano. 
Claro que el encuentro es un nuevo progreso, una evolución en la dirección correcta; pero, señor Presidente, tengo que decirle que en este país sigue habiendo episodios sangrientos. 
Igualmente, otro desarrollo positivo es la decisión de la Unión Europea Occidental en Rodas, en donde unánimemente los Ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea Occidental dijeron que, por un lado, debe mantenerse la integridad territorial de Yugoslavia, por otro lado, paralelamente debe terminar el terrorismo y los yugoslavos deben hacer algo para que haya un dialogo esencial. 
Por tanto las propuestas que ha formulado la Unión Europea Occidental deben recibir apoyo. 
No hacen falta palabras y no es necesario el engaño que hay por parte del Consejo hacia el Parlamento Europeo. 
Y cierro, para que no toquen el silbato, diciendo que el Sr. Van den Broek ha sido muy positivo y muy modesto en su intervención. 
He recibido siete propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Competitividad de la industria europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0138/98) del Sr. Caudron, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la competitividad de la industria europea (SEC (96) 2121- C4-0025/97). 
Llegado al término de mi informe, iniciado hace algunos meses, deseo decir, y puedo decir, que no es justo e incluso en muchos sentidos es injusto. 
Por supuesto, para mí no se trata esta tarde, al término de todo este trabajo, de ignorar o no citar nuestras debilidades. 
Citaré cinco de ellas, entre otras. 
Primera debilidad, la insuficiencia, desde hace varios años, de nuestras inversiones públicas y privadas que sin ninguna duda ha frenado la innovación y los beneficios de productividad de nuestra industria. 
Segunda debilidad, unas carencias serias en el ámbito de las tecnologías de la información y de la producción de bienes informáticos así como en el ámbito de las biotecnologías. 
Tercera debilidad, una fiscalidad gravosa, con frecuencia injusta y que a menudo supone un freno a la competitividad de nuestra industria. 
Cuarta debilidad, una mala visibilidad de la industria europea con relación a sus competidores, ya sean americanos o japoneses. 
Quinta debilidad, entre otras, una gran dificultad de adaptación de la totalidad de nuestras sociedades al conjunto de mutaciones tecnológicas, y esto abarca a todos los sectores y a todas las personas. 
Estos problemas son importantes y necesitan, tanto por parte de la Unión Europea como por parte de los Estados, la adopción de medidas claras, comprensibles, sencillas y bien delimitadas en el tiempo. 
En mi informe, propongo algunas que he articulado en torno a dos ejes. 
Primer eje, las mutaciones necesarias del entorno de la industria europea. 
Hago aquí siete propuestas. 
Primera propuesta, la aplicación de una política económica global de la Unión Europea, con coordinación de las políticas económicas de los Estados. 
Esto ya está en curso, sin duda, pero se pueden hacer las cosas mucho mejor en este ámbito. 
Segunda propuesta, la coordinación de las políticas fiscales, en particular para luchar contra todas las formas de dumping fiscal y todas las demás desregulaciones. 
Tercera propuesta, la modernización de nuestras administraciones públicas en nuestros Estados, en busca de una eficacia administrativa, que es sin ninguna duda una de las claves de la mejora del entorno de las empresas con la vuelta a la verdadera noción de servicio público. 
Cuarta propuesta, el fortalecimiento y la mejora del mercado interior con el euro que, como todo el mundo sabe, va a desempeñar una función muy importante al mismo tiempo que será un fantástico estímulo de ciudadanía europea. 
Quinta propuesta, el estatuto de la sociedad europea, que es preciso sacar finalmente de los circuitos de decisión con el fin de favorecer la constitución de grandes grupos europeos y de grandes grupos industriales. 
Sexta propuesta, una política comercial de la Unión que ya no sea embrionaria y que permita en especial hacer que nuestros competidores del resto del mundo respeten las reglas de la competencia internacional. 
Séptima propuesta, finalmente, y ello sin poner en tela de juicio nuestra movilización a favor de las pequeñas y medianas empresas, no hay que olvidar que, al lado de las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas tienen un importante papel que jugar en el desarrollo de la economía mundial y que la investigación y el desarrollo tecnológicos dependen en gran medida de las grandes empresas que, solas, tienen el medio para situarse suficientemente arriba en el proceso de investigación/desarrollo. 
Vamos ahora al segundo eje, el de las propuestas que afectan a la adaptabilidad interior de la empresa. 
En primer lugar, la introducción masiva de las tecnologías de la información. 
El ordenador ha de convertirse en un instrumento universal para las relaciones en la empresa, entre las empresas y entre las empresas y los ciudadanos. 
En segundo lugar, la formación, que ha de ser mejor considerada, en especial por los empresarios, y digo además que podría considerarse que esta formación se integrase también en las modalidades en discusión sobre la reducción del tiempo de trabajo. 
Por lo demás, en lo que hace referencia a las modalidades de reducción del tiempo de trabajo, es conocido el debate que nos divide en cierta medida, y debo decir que, a título personal, si, como ponente, no puedo apoyar la enmienda del GUE sobre este punto, doy mi apoyo como socialista francés a la enmienda 4 de la Izquierda Unitaria Europea. 
En tercer lugar, las empresas han de estar en condiciones de adaptarse a las variaciones de los mercados a las que están sometidas. 
En resumen, la solución que consiste con frecuencia en eliminar pura y simplemente las reglamentaciones para hacer adaptable el mercado de trabajo, se dice, esta solución, estas propuestas, digo yo, no son ni realistas ni aceptables socialmente y digo que sólo podrán darse a la empresa las posibilidades para adaptarse en el momento en que los asalariados vean garantizada una base intangible de derechos sociales así como una serie de certezas en cuanto al reparto de los frutos del crecimiento y del progreso. 
Finalmente, cuarto y último punto, al ser cada vez más corto el ciclo de vida de los productos, la protección por patente en Europa ha de integrar estos nuevos datos. 
Aquí, es necesaria una reforma rápida. 
Éstos son, Señorías, los frutos de mi reflexión y de nuestro trabajo colectivo, tanto en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, como vía Internet, que me ha servido mucho en la redacción de este informe. 
No tengo la pretensión de haber realizado un trabajo de revolucionario, pero espero simplemente haber contribuido a que avance el debate y a que éste sea más amplio, para salir del tradicional confinamiento entre dos o tres puntos, ideológicamente demasiado puros, o duros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Caudron por las buenas propuestas que ha presentado. 
La industria europea continúa destacando por sus procesos de producción de elevado nivel, su capacidad profesional y su experiencia. 
Aunque sus conocimientos científicos y técnicos se sitúan a la cabeza mundial, registramos un retraso en el sector de la tecnología de la información, especialmente por lo que respecta a sus aplicaciones y a su contenido. 
De este modo, la formación y el desarrollo versátil e intelectual representan también los puntos de partida de la competitividad económica. 
Por esta razón, debemos prestar especialmente atención al desarrollo de los sistemas educativos, al apoyo al profesorado y a la creación de un entorno innovador. 
Es preciso potenciar también la investigación europea de alto nivel, para evitar que nuestros investigadores se marchen, por ejemplo, a centros de investigación y universidades estadounidenses en busca de un buen sueldo. 
El refuerzo de la competitividad industrial y la mejora de su productividad no pueden tener lugar de ninguna manera a costa de una flexibilización o de recortes del mercado. 
Europa no será competitiva mientras se vea obligada a luchar contra el problema del desempleo, que no es más que un derroche de recursos. 
El poder de Europa reside en su variedad de pueblos y culturas. 
Tenemos un mejor nivel de formación, de igualdad entre los sexos y de seguridad social. 
Éstos son los fundamentos de una sociedad de la información sostenible. 
En la sociedad de las redes informáticas, la producción de contenidos constituye la actividad comercial que registra un mayor desarrollo. 
Así pues, Europa debería crear nudos de redes versátiles y flexibles, en cuyo marco se podría desarrollar la industria de los contenidos a través de invenciones, innovaciones e investigaciones, al mismo tiempo de carácter local y mundial. 
La productividad de la economía europea parece estar estrechamente relacionada con los niveles de inversión. 
Las inversiones del sector público se han movido especialmente en unos niveles sorprendentemente bajos. 
Así pues, la Comisión debería presentar una propuesta para crear el marco de una nueva política industrial europea. 
Espero que se ofrezcan directrices basadas en medidas para promover tanto la inversión pública como la privada. 
Debemos poder proporcionar también mecanismos de actuación y financiación de capital riesgo a los sectores industriales innovadores que creen nuevos puestos de trabajo. 
De hecho, es necesario librar de la presión fiscal a las actividades basadas en la mano de obra, desplazando la imposición hacia otros sectores, como el comercio especulativo de divisas. 
Señor Presidente, quiero felicitar a Caudron por haber recibido generosamente e incorporado en el informe los puntos de vista que desde hace mucho tiempo, y con gran dedicación, hemos estudiado en la Comisión de Asuntos Económicos. 
También quiero elogiarlo por la eficiente manera de recabar puntos de vista en la industria y también por tomarlos en cuenta, lo cual considero inteligente. 
También quiero dar la enhorabuena a la Comisión, porque hoy existe un informe bueno y sincero sobre la situación en que nos encontramos. 
La competitividad debe ser analizada en un contexto global, tal como lo ha hecho la Comisión. 
También es importante discutir la competitividad de la industria europea, puesto que una buena parte de nuestro bienestar descansa en ella. 
La mayor parte de las exportaciones de la UE está constituida por productos industriales. 
La industria tiene un papel decisivo para gran parte del sector de los servicios que requiere altos niveles de capacitación. 
Estamos satisfechos en el Grupo PPE porque se comparte el análisis de la importancia que tienen unas buenas condiciones marco y los incentivos. 
En estos tiempos en que los cambios son cada vez más veloces, una normativa sostenible, predecible y de largo plazo es condición para mejorar el clima empresarial. 
Opinamos que las medidas provisionales, reglas especiales para determinados ámbitos o para una política empresarial selectiva, son ineficaces, caras y, a largo plazo, destructivas del espíritu empresarial. 
La conformación del sistema fiscal, las normas del mercado laboral y las infraestructuras son, en un sentido muy amplio, decisivas para el crecimiento, el empleo y la competitividad. 
Esto implica también que hay que derribar las barreras actualmente existentes para el crecimiento de las pequeñas empresas. 
Se necesitan reformas estructurales. 
La globalización de la economía aumenta la necesidad de reformas. 
Como he dicho, nuestro Grupo obtuvo apoyo para la mayoría de sus propuestas de enmiendas, pero nos hubiera gustado que se hiciese más hincapié en la importancia del buen funcionamiento de los mercados, donde hay que intensificar las medidas contra las subvenciones estatales y los monopolios que desvían la competencia. 
Tiene que aumentar la exposición a la competencia, mejorando el cumplimiento de las contrataciones públicas y las privatizaciones, junto con la continuación de la liberalización y la desregularización de los mercados. 
Digo esto puesto que tiene importancia para la industria y el comercio. 
Los problemas están bien planteados y el documento de la Comisión, al que consecuentemente damos la bienvenida, es una importante tarea para los Estados miembros de la UE. 
Pero no podemos perder tiempo, los deberes deben ser hechos ahora, si son serias nuestras intenciones de acabar con el desempleo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe del Sr. Caudron se sitúa en la perspectiva de la competitividad, tal como la Comisión la defiende y procura imponer horizontalmente. 
Una competitividad basada en una adaptabilidad cada vez mayor y aparentemente sin límites de los salarios, es decir, de los asalariados, en una desreglamentación aún mayor de los mercados, sobre todo de la fuerza de trabajo, en una aceleración, si fuera posible, del proceso de privatizaciones, en el ejemplo de los Estados Unidos con su dispersión salarial y desprotección social, en las sospechas sobre las ventajas y los costos de la reducción de la jornada laboral. 
Es cierto que defiende- y felicito por ello al Sr. Caudron- muchos aspectos positivos, que podríamos considerar moderadores: la mejora de la formación profesional, un mayor apoyo a la investigación y a la innovación, las críticas a una estrategia que se asienta exclusivamente en la flexibilidad laboral, la necesidad de la inversión pública y su importancia y la preservación de las empresas públicas y del servicio público. 
Nos habría gustado mucho una actitud menos obediente y moderaciones y correcciones estratégicas más fuertes. 
Con esa intención hemos presentado enmiendas y esperamos que el ponente las acoja con beneplácito, aunque ya hemos tenido aquí algunas respuestas: no todas positivas, pero, en cualquier caso, las que lo han sido podrán- creo yo- mejorar aún más este informe. 
Felicito al ponente. 
Señor Presidente, creo que no se haría justicia al Sr. Caudron si se le dijese sencillamente que se trata de un informe muy precavido y poco sistemático. 
Sin embargo, se debería recordar que en el informe Delors de 1993 se debatió la problemática en toda su amplitud y contradicción y deberíamos recordar también el capítulo décimo, en el que al menos se formuló el esbozo de una consecuencia estratégica, la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo. 
Creo que el debate adolece- y el Sr. Caudron no ha podido solucionarlo a pesar de las numerosas y razonables consideraciones- de que al menos tenemos que determinar dos cosas de nuevo. 
En primer lugar, el concepto de la industria se puede configurar perfectamente al igual que industria y artesanado se pueden delimitar en lo tocante a las reparaciones. Han surgido nuevas ramas de la industria que no se parecen en nada a las antiguas, como por ejemplo, en la producción de contenidos, en la sociedad de la información o en el sector de los transportes y telecomunicaciones, que proporcionan un contenido totalmente nuevo al concepto del entramado industrial que emplea con razón el Sr. Caudron. 
En segundo lugar, tenemos que recapacitar más exactamente sobre el rango y contenido del concepto de competitividad. 
No se trata solamente de costes sino también de calidad y, sobre todo, de utilidad para otros, no tanto de excedentes de exportación, y aún menos en un gran espacio económico europeo cuya cuota de exportaciones se encuentra por debajo del 10 %. 
El Sr. Caudron se ha referido a problemas reales, la debilidad de las inversiones. 
Sin embargo, creo que no deberíamos silenciar que en los últimos 15 años, tanto en el sector público como en el privado los cost cutters, las personas que quieren reducir los costes a cualquier precio, han llevado la voz cantante y han actuado a su antojo, con los desastrosos resultados que se pueden ver. 
Además, en lo tocante a las tecnologías del futuro hay que indicar que Europa está regalando la ventaja que tenía en las tecnologías de medio ambiente y que aún tiene en parte. 
Por ello, como miembro de un pequeño grupo político, quiero exponer aquí los ejes de la gran estrategia analítica que se podría aplicar alternativamente y que coincide en algunos puntos con lo propuesto por el Sr. Caudron, pero que va algo más lejos. 
En primer lugar, en el ámbito europeo necesitamos urgentemente algo así como un gouvernement économique que controle realmente las diversas dimensiones del dumping- el fiscal, el social y el ecológico- y que aplique nuevas condiciones de desarrollo para la industria con una nueva política de economía de mercado. 
Necesitamos también una renovación del modelo social y de consenso europeo, que es una condición para las innovaciones así como un factor de productividad. 
Si ahora se levantan quejas por la falta de innovación, no se debería olvidar quién ha provocado esta falta de innovación. 
Creo que ha sido la política desreguladora neoliberal que provoca miedo a toda la gente e impide la innovación. 
En tercer lugar, se encuentra el necesario eje de la transformación social-ecológica que emplee sistemáticamente las tecnologías, procedimientos y recursos de futuro en dirección a la revolución de la eficiencia y de la suficiencia y a una reorientación de la economía a las necesidades locales y regionales. 
De este modo, podríamos mantener por fin un debate práctico y no el antiguo debate sobre la cuestión de " política industrial sí o no» o el debate reiniciado por la Sra. Carlsson sobre el sentido y finalidad de la deregulación, pues estos son falsos debates. 
Señor Presidente, dos minutos es realmente poco tiempo para un tema de tanta importancia, pero debo agradecer al Sr. Caudron su excelente informe que coloca claramente a la política industrial comunitaria entre los principales ejes de la construcción europea. 
El informe del Sr. Caudron abre numerosas pistas de reflexión. 
Mencionaré dos o tres. 
En primer lugar, la importancia que ha de concederse a la complementariedad cada vez más operativa entre PYME y grandes grupos industriales. 
Sabemos todos que los cerca de dieciséis millones de PYME en Europa son en la actualidad los principales vectores de creación de empleos y que dependen o cooperan en su mayoría con grandes empresas. 
Por consiguiente, es preciso a mi juicio, estimular las sinergias y, por qué no, considerar la creación de un estatuto de sociedad europea con el fin de ser más eficaz en la competencia internacional. 
Segunda pista de reflexión, creo que esta evolución ha de acompañarse necesariamente de una obligación por parte de la Unión de favorecer la investigación, la innovación y la formación, que son condiciones esenciales para luchar contra el desempleo y progresar en el plano social, gracias también a los progresos tecnológicos. 
Esto nos lleva a la cuestión de la financiación necesaria para alcanzar estos objetivos, tanto por medio del capital público como privado. 
Creo que el capital riesgo ofrece posibilidades concretas para contribuir al desarrollo de empresas innovadoras. 
Quizá conviene también hacer hoy un planteamiento sereno de la cuestión de los fondos de pensiones y de su cooperación al desarrollo económico y del empleo. 
Naturalmente, ello exigiría una deontología severa, ya que estos fondos tienen por vocación participar en el pago de las jubilaciones. 
Me hubiera gustado manifestarme sobre el tiempo de trabajo y su reducción, pero me faltaría tiempo. 
Creo sin embargo que se trata en ese caso de un problema muy importante ya que afecta simplemente al empleo. 
Digo que es preciso ante todo evitar las rigideces estériles que llevan a un callejón sin salida. 
Todo es movimiento en la vida, y la organización del trabajo en la actualidad, en especial la duración del tiempo del trabajo, exige y exigirá adaptaciones, flexibilidad, e incluso tomando como base el año. 
Hubiera deseado hablar de armonización de la fiscalidad y de muchas otras cosas que coinciden con el análisis del Sr. Caudron, que mi grupo apoyará, naturalmente. 
Señor Presidente, creo que el hecho de que, con el mismo crecimiento, los Estados Unidos generen más puestos de trabajo tanto con mayor como con menor creación de valor, es algo esencial. 
Ante un paro de 18 millones de personas, hay que establecer una relación directa entre la competitividad y la creación de puestos de trabajo. 
La industria competitiva crea más puestos de trabajo. 
El sector en el que Europa tiene una auténtica necesidad de recuperar terreno a escala comunitaria y nacional es la investigación industrial. 
Los esfuerzos deberían dirigirse mucho más intensamente al aprovechamiento comercial. 
Debido a las carencias existentes en la coordinación de las políticas de investigación de los Estados miembros, se pierden unos efectos sinergéticos valiosísimos. 
En especial, en las tecnologías de la información, una política de investigación y desarrollo muy bien dotada y coordinada, podría contribuir esencialmente a una mejora de la competitividad de la industria europea. 
Señor Presidente, Caudron señaló siete puntos en su informe. 
Yo voy a destacar tres cosas que no están allí, pero que podrían haber estado. 
La primera se trata de los motivos por los que EE.UU. ha tenido un crecimiento mayor que Europa en los últimos cinco años. 
Estoy sorprendido de que nadie haya nombrado el hecho obvio de que EE.UU. no ha tenido un programa de convergencia. 
EE.UU. no ha tenido la misma política monetaria que Europa. 
EE.UU. tampoco ha tenido la misma tenaz orientación para combatir la inflación. 
Mi segundo punto se refiere a los impuestos. 
En el informe se mencionan los impuestos exclusivamente como algo que frena el crecimiento y la productividad. 
La única teoría que apoya esto es la que dice que los impuestos disminuyen el deseo de trabajar de la gente. 
Pero esta teoría, al fin y al cabo, casi no podría aplicarse a la situación actual en Europa. 
¡No se trata de que a los 20 millones de desempleados les falten ganas de trabajar! 
Aquí, opino, se debió insertar que los impuestos retornan a los ciudadanos, en forma de subsidios o de apoyos al sector público, y que de esta forma ellos contribuyen a aumentar la demanda, que es el motor más poderoso de las innovaciones. 
Además, echo en falta un punto sobre el significado de la cada vez más injusta repartición de los ingresos. 
Un persona rica tiene una propensión marginal al consumo cercana a cero; la de un pobre es casi uno. 
Cuando la distribución de los ingresos se hace cada vez más dispareja, lo que desgraciadamente ocurre actualmente en Europa, disminuye automáticamente la demanda. 
A su vez disminuye la producción y el crecimiento y, en consecuencia, las innovaciones. 
Echo en falta esos tres puntos, tanto en el informe del ponente como en la comunicación original de la Comisión. 
Señor Presidente, quería en primer lugar felicitar al Sr. Caudron por su informe, un informe interesante y que enriquece la reflexión sobre la competitividad de la industria europea. 
Porque la prioridad primera de nuestra sociedad es el empleo, y la industria- no lo olvidemos- es la base en nuestra sociedad para el crecimiento, para el bienestar y para la generación de empleo en nuestro entorno. 
Por tanto, la competitividad de la industria europea es una necesidad básica para nuestro propio modelo socioeconómico y para el propio bienestar de la sociedad europea. 
La moneda única va a favorecer esta competitividad, porque, por un lado, crea una situación de estabilidad para la inversión, consolida el mercado interior y disminuye los costes de cambio para las empresas y, por otro, nos lleva también a escenarios de bajos tipos de interés, que sirven también para mejorar la financiación y la competitividad de la empresa europea. 
Todo esto es necesario pero no suficiente, porque también estamos en un entorno de globalización, que hay que considerar como una oportunidad, pero que exige una competitividad y una adaptación más rápida de la industria europea. 
Y la verdad es que no podemos competir basándonos en una flexibilidad del mercado de trabajo y una reducción global de la masa salarial como premisas básicas de esa competitividad. 
Hay que buscar otro tipo de medidas para hacer que la industria europea pueda aprovechar la oportunidad de esta globalización, y para ello son necesarias medidas como, por ejemplo, apostar claramente por la innovación. 
En estos momentos, en Europa, a nivel de investigación básica estamos muy avanzados, pero cuesta que esto se traduzca en lo que es innovación en la industria, en lo que es el producto y su proceso de producción, y hay que dar pasos para crear este puente que permita mejorar la competitividad. 
Hay que apostar por una coordinación de políticas económicas, incluidas las fiscales, que creen escenarios que favorezcan la inversión y la competitividad de la industria europea; hay que apostar también por un marco de política industrial europea que, por ejemplo, conlleve aspectos, como los que comentaba el Sr. Sainjon, de crear sinergias, incentivos para crear sinergias entre las pequeñas y medianas empresas europeas, instrumentos financieros innovadores que fundamentalmente favorezcan el desarrollo del capital-riesgo para que esta innovación pueda avanzar. 
Yo creo que también es positiva una política de competencia como la que se está llevando a cabo. 
Terminaría con estas palabras: fundamentalmente, formación de nuestros recursos humanos. 
En estos momentos, la energía se puede comprar; la tecnología se puede comprar y desplazar; las materias primas se pueden comprar y desplazar, pero nuestra competitividad y nuestro futuro, fundamentalmente, dependen de nuestras personas. 
Por tanto, formación, formación y formación como objetivo de competitividad. 
Señor Presidente, la iniciativa de la Comisión y el informe del Sr. Caudron, al que felicito por él, sobre la competitividad de la industria europea tienen la mayor actualidad, pues su fomento es la única vía que se debe seguir en un mundo en el que, con ventajas generales, se van abriendo progresivamente las fronteras. 
Lo importante en primer lugar era situar el problema en una perspectiva correcta y el ponente tiene razón al subrayar en la exposición de motivos que la reciente victoria del mercado no debería propiciar la renuncia a la «acción pública en el nivel regional, nacional o europeo». 
Por lo demás, en este decenio precisamente fue en el que se incluyó en el Tratado de Maastricht un capítulo sobre la industria, no en el sentido de que se defendiera la participación pública en las actividades productivas (salvo rarísimas excepciones) , sino en el de que fuera indispensable su intervención para eliminar imperfecciones y crear economías externas, pues sólo así se consigue la explotación plena de las posibilidades que ofrece el mercado. 
No obstante, la referencia a las naciones en el nivel regional y europeo debería haberse reflejado en los considerandos y en los apartados de la resolución, en la defensa de las políticas estructurales, que, al promover zonas más desfavorecidas, contribuyen al fomento de factores de competitividad hasta ahora menos explotados (por lo que no hay sólo una justificación de índole social y política para la política regional). 
Sin negar en modo alguno la importancia de los grandes grupos y de las grandes coaliciones, mencionada por ejemplo en el apartado 22, como han dicho el Sr. Carlsson y el Sr. Sainjon, consideramos que se debería haber subrayado en dicho apartado- o en otro- el papel de las pequeñas y medianas empresas (mencionadas sólo en un considerando, el considerando D) , en muchos casos muy competitivas (las más competitivas incluso) tanto en el mercado europeo como en los demás mercados más desarrollados, por ejemplo en los Estados Unidos y en el Japón. 
Por lo demás, tienen, como se dice atinadamente en los considerandos, una función complementaria de las grandes unidades y a ellas se refieren más las acciones de apoyo mencionadas en el informe y en la resolución, pues las grandes empresas no precisan tanto dichas medidas. 
Por último, debería haber merecido una mayor profundización (me parece reductora la formulación del considerando H) la problemática de la flexibilización del mercado laboral, que no pone en entredicho, evidentemente, la necesidad de apoyos sociales y constituye un factor indispensable de creación de nuevas oportunidades, por lo que los diputados europeos, como representantes de todos los ciudadanos, deben estar preocupados no sólo por quienes tienen empleo, sino también por todos cuantos carecen de él, muchos de ellos jóvenes en busca de un primer empleo. 
A todos éstos nada dirá un «modelo social» europeo que sea rígido e irrealista, con las mejores formulaciones (idealistas) en el Tratado y en otros textos, pero que en la práctica no propicia la dinamización empresarial indispensable para la creación de empleo, lo que provocará, por lo demás, reacciones globales de rechazo de algo que conviene salvaguardar: el modelo social europeo correcto. 
Señor Presidente, el debate ha mostrado que hemos logrado progresos con las discusiones que mantuvimos en los años pasados sobre conceptos como competitividad, productividad, deregulación, flexibilidad, etc. Quiero felicitar al Sr. Caudron por su informe, pues aunque no refleje en todos los puntos su opinión personal, sí muestra muy bien que hemos desarrollado en cierto sentido líneas comunes en el concepto y en la reflexión. 
Esto es ya de por sí positivo. 
Por supuesto, siempre habrá opiniones divergentes, pero son cada vez más minoritarias. 
El Sr. Wibe que, lamentablemente, se ha ido, ha realizado aquí una descripción casi admirable de la clásica teoría socialista que creo ni siquiera es compartida por el Sr. Wolf, lo que ya significa algo. 
Siempre hay conceptos procedentes del pasado que son defendidos con gran ardor, pero que no nos sirven para avanzar pues no pueden obtener una mayoría y, sobre todo, porque no se pueden aplicar. 
La última semana, sobre la base de nuestro informe, que es hoy también objeto del informe Caudron, mantuvimos un debate sobre la competitividad con el Consejo de Ministros de Industria y en lo esencial estuvimos de acuerdo. 
Ya hemos realizado suficientes análisis y desarrollado conceptos. 
Ahora hay que comenzar en un punto determinado a aplicar una política europea común que tendrá determinaos efectos, positivos o negativos, eso ya se verá. 
Enzarzarse en la teoría, por ejemplo, sobre si la deregulación ha creado o destruido puestos de trabajo, lo considero relativamente inútil ante las experiencias que, por ejemplo, hemos tenido en las telecomunicaciones. 
Como todo el mundo podrá leer en las estadísticas, hay en lo esencial dos sectores en los que surgen nuevos puestos de trabajo en Europa, el sector de la sociedad de la información en sentido amplio y el de la biotecnología, es decir, dos modernos campos tecnológicos que, gracias a Dios, ocupamos de nuevo después de haber perdido algo de tiempo. 
No voy a echar las culpas a nadie; un debate de este tipo tiene que mantenerse durante algún tiempo para que las personas se acostumbren, pero ahora hemos recuperado de nuevo terreno. 
Existe otra posibilidad que hemos introducido en el debate y que el Sr. Caudron también ha mencionado: el Benchmarking. 
Por una consideración muy simple, hemos escogido dos ejemplos: Nueva Zelanda e Irlanda. 
En primer lugar, se trata de pequeños países que no han comenzado a un elevado nivel industrial sino que más bien tienen unas estructuras agrícolas y se encuentran en la periferia. 
Por así decirlo, Nueva Zelanda se encuentra en la periferia del mundo e Irlanda en la de Europa. 
Ambos países han logrado este cambio con gran éxito. 
Han creado más puestos de trabajo, sobre todo mejor pagados, no sólo puestos de trabajo que, por así decirlo, combaten las necesidades más directas sino puestos de trabajo con perspectivas para la vida de las personas. 
Estos ejemplos no se pueden transferir al cien por cien a otros países, pero se ve claramente cuáles tienen que ser las grandes líneas de una acción de este tipo. 
Respecto a la cuestión de la investigación y desarrollo, la innovación y el papel de las pequeñas y medianas empresas, están en marcha entretanto suficientes acciones que debemos proseguir. 
Aún no han finalizado los debates sobre el quinto programa marco de investigación. 
El señor que lo ha dicho se ha ido. 
El problema es siempre que las personas que necesitan una aclaración se van, mientras que las que no la necesitan, se quedan. 
Por ejemplo, hemos aplicado nuestra investigación desde hace mucho tiempo a productos y procedimientos cercanos al mercado, a cosas que tienen repercusiones directas. 
Desde hace años, nos hemos alejado de la consideración de que la investigación es algo abstracto que debe tener lugar lo más lejos posible del mercado. 
En las pequeñas y medianas empresas, tenemos ahora los primeros enfoques visibles que sigue con gran atención mi colega Christos Papoutsis. 
La flexibilidad de los mercados de trabajo es, por supuesto, un problema algo crítico, pues todos creen que pueden avanzar con el desmontaje de los derechos sociales, a pesar de que esto reduce a su vez la calidad de vida. 
Si se examina esto en detalle- creo que no hay afirmaciones generales que sean correctas- se pueden constatar algunas cosas. 
En nuestro Libro Blanco hemos comenzado a examinar más detalladamente y a preguntar cuál es la situación de los puestos de trabajo que no precisan de una cualificación especial. Es decir, puestos de trabajo que- aunque se insista mucho sobre la cualificación, lo que en nuestra opinión es importante y correcto- tienen que existir pues hay personas que no pueden o quieren superar esa cualificación, pues puede haber de todo. 
Una sociedad que solamente puede realizar ofertas de puestos de trabajo a un determinado nivel de cualificación, no es ideal. 
Por cierto, hemos perdido estos puestos de trabajo mucho más intensamente que los EE.UU. Lo interesante es que nuestra productividad laboral es superior que en los EE.UU porque hemos perdido estos puestos de trabajo de baja cualificación. 
Pero si queremos mantenerlos o aumentarlos, entonces tenemos que reducir para ello la carga fiscal. 
Esta es una posibilidad muy normal y sencilla. 
Lamentablemente, hasta hoy no lo ha hecho ningún país miembro, es decir, tenemos que recapacitar sobre cómo podemos mover a los países miembros a que apliquen en la práctica esta parte de la reforma fiscal. 
En la otra consideración- reducción salarial, sí o no- siempre he defendido la opinión de que una mera práctica de ahorro de costes, reducción de los salarios o supresión de puestos de trabajo hasta en el sector existencial de una empresa, es muy peligrosa pues de este modo pierde un potencial que necesitará cuando las cosas vayan mejor. 
Vemos ahora en la industria europea que se crean nuevos puestos de trabajo porque la competitividad ha aumentado y ahora se puede producir mejor. 
Así pues, solamente reducir los costes, solamente ahorrar, es sin duda erróneo. Pero reducir costes innecesarios, por ejemplo, en el " input» general, en la energía o en las telecomunicaciones, es un concepto correcto. 
Debido al mercado energético monopolístico de la Unión, tenemos unos costes de energía superiores que en los EE.UU. Pero para la industria, que necesita mucha energía, esto significa una desventaja competitiva. 
Quiero decir al Sr. Wolf, a pesar de que no quiero hurgar en sus heridas, pues soy demasiado liberal y, en consecuencia, demasiado humano para hacerlo, que elevar el precio de la gasolina en Alemania a 5 marcos significa naturalmente que se pierdan puestos de trabajo. 
Esto no tiene nada que ver con técnica de medio ambiente. 
Naturalmente, con la técnica de medio ambiente podemos hacer algo, pero si disparamos hacia arriba de tal modo los costes de la energía, lo que quizás se podría justificar en el sentido de una política de medio ambiente, debemos soportar las consecuencias negativas que esto tendría sobre los puestos de trabajo. 
Es decir, como todo en la vida humana, hay que encontrar compromisos y a veces tenemos que marcar prioridades. 
Entretanto, he llegado al convencimiento de que si queremos que un debate sobre la competitividad y los puestos de trabajo tenga sentido, debemos tener el valor de marcar prioridades. 
No tiene sentido decir: hagamos ahora política medioambiental a gran escala mientras que siempre afirmamos que el paro es nuestro problema número 1 y nuestros sistemas sociales ya no están en situación de eliminar el paro. 
La observación del Sr. Caudron de que personalmente defendería gustosamente esta reducción del horario de trabajo me incita a realizar una observación. 
Se puede reducir la jornada laboral individual si se introduce una mayor flexibilidad en la ley de jornadas máximas y si se está dispuesto a ello. 
Entonces, esto incluso puede elevar la productividad. 
Pero una reducción general de la jornada laboral sin flexibilizar las leyes sobre jornadas máximas, conduce inexorablemente- sólo hace falta conocer las cuatro reglas aritméticas- a un aumento de los costes laborales y, en consecuencia, a la pérdida de puestos de trabajo. 
A veces, uno tiene la sensación de debatir con sordos pues no se aceptan sencillamente determinados conocimientos básicos. 
Pero, gracias a Dios, hemos avanzado. 
Muchas gracias por el eco tan positivo que ha encontrado el informe presentado por la Comisión y que vamos a presentar en el futuro anualmente. 
Espero que de este debate y otros posteriores surja lo que hemos constatado conjuntamente en el Consejo de Ministros. 
Tenemos que hacer algo ahora. 
Hemos hablado realmente durante suficiente tiempo. 
Incluso aunque nos equivoquemos será mejor que no hacer nada. 
Comencemos aunque se oponga a todas las teorías del Sr. Wolf, pues creo que a la postre lo decisivo en la política son los resultados y no si alguien tiene o quiere tener razón teóricamente. 
Esto siempre se puede intentar y hay extraordinarias batallas al respecto. 
Pero estas batallas no ayudan a un solo parado. 
Por ello, creo que deberíamos empezar a hacer algunas cosas que han mostrado entretanto tener un gran éxito y cuando veamos los resultados, entonces podremos seguir viendo. 
No hay que practicar una política que en diez años repita los mismos errores sino que debemos aprender de las experiencias a hacer algo y al cabo de dos o tres años ver los resultados. 
Entonces veremos que no es tan mala nuestra posición. 
En lo que se refiere a la competitividad, hemos mejorado considerablemente y superamos en algunos aspectos tanto a los EE.UU como al Japón. 
El euro contribuirá también considerablemente a la competitividad de la industria europea. 
No existe, pues, ningún motivo para el pesimismo sino para actuar. 
Si es este el resultado del debate, habremos ayudado a muchas personas. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Comercio electrónico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0173/98) de la Sra. Mann, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (97) 0157- C4-0297/97) sobre una Iniciativa europea de comercio electrónico. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a mis colegas por su intensa cooperación y disposición al compromiso que ha hecho que tengamos ante nosotros un informe que esperemos pueda consolidar algo la política de la Unión Europea en el campo del comercio electrónico. 
Quiero dirigir también mi agradecimiento a las comisiones participantes, a la Comisión, al Consejo, las empresas, los sindicatos y las asociaciones de consumidores, con los que estuve siempre en diálogo. 
Acreedora a un agradecimiento especial es la Secretaría de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, que ha trabajado día y noche participando en la elaboración de este informe. 
El comercio electrónico y el tráfico comercial tiene una relevancia creciente para las empresas y ciudadanos de la Unión Europea. 
Sin necesidad de realizar grandes inversiones, a las empresas se les abre el mundo como plaza comercial. 
En principio, las PYMES son las que más se pueden beneficiar de ello. 
En cualquier caso, existen aún muchas inseguridades jurídicas y no existe un entorno óptimo para los compradores ni para los vendedores. 
Objetivo de la comunicación de la Comisión es iniciar una serie de medidas que permitan desarrollar plenamente el potencial que tiene el comercio electrónico para el mercado interior. 
La comunicación de la Comisión debe entenderse como respuesta a la iniciativa del Gobierno de los EE.UU., presentada personalmente por Clinton el 1 de julio de 1997 y transmitida en directo en la CNN y en la C-SPAN. 
Se ha establecido un ambicioso calendario que prende definir hasta el año 2000 el campo de actuación. 
La plaza del mercado electrónico es un lugar virtual en el que se intercambian informaciones y se cierran contratos, donde se compra y se paga, donde se demanda y donde deben existir normas vinculantes. 
Es casi como en la vida real, pero existen diferencias. 
La plaza del mercado electrónico es una parte de Internet. 
Esta " cyber-realidad» es un universo en sí con fuertes raíces en el mundo real, pero también con unas características muy propias que deben ser incluidas en una política comercial global de la Unión Europea. 
Nos encontramos ante un cambio paradigmático que va a afectar profundamente a las estructuras existentes. 
La Unión Europea debe aprovechar en esta ocasión sus oportunidades. 
Su potencial con un mercado interior unitario es gigantesco. 
Mi informe contiene un claro mensaje que mis colegas han apoyado: tanta regulación como sea necesaria y razonable, pero no regular por el mero afán de regular. 
La seguridad jurídica que actualmente existe en el mundo virtual de Internet es muy frágil. 
Va a ser necesario proporcionar más seguridad jurídica a esta plaza del mercado electrónico. 
Hasta ahora, solamente existen inicios de enfoques que están en las cabezas de unos pocos especialistas, para lograr una coexistencia afortunada entre los sistemas jurídicos nacionales, europeos e internacionales. 
Va a ser absolutamente necesaria una armonización o un reconocimiento de estándares en este campo a nivel internacional. 
En este contexto, he presentado una propuesta que insta a la Comisión a que firme con los estadounidenses un acuerdo en el sentido de un reconocimiento recíproco en el campo de la protección de los datos. 
La directiva sobre la protección de los datos tiene que convertirse en derecho nacional hasta el 1 de octubre. 
Nos tememos que se produzca de nuevo un valor no coherente. 
Quiero instar a la Comisión para que presente lo antes posible una propuesta sobre el modo de evitarlo. 
El marco jurídico debería ser flexible y adaptable. 
La autoregulación puede ser un método elegante para alcanzar y conservar la flexibilización en la plaza del mercado electrónico. 
No obstante, exige una elevada responsabilidad de los actores afectados que debe ir más allá del carácter de unas normas no vinculantes. 
En el derecho privado, en el de responsabilidad civil y en especial en el contractual, se deben reflejar estándares éticos. 
La Unión Europea debe desempeñar un papel activo en los preparativos de esta necesaria regulación. 
He estado de acuerdo en muchos puntos con mis colegas. 
Hemos insistido e intentado también formular respuestas al respecto, que esperamos recojan la Comisión y el Consejo. 
Necesitamos una directiva de carácter horizontal. 
Esta directiva tiene que presentarse en los próximos dos meses. 
Debe abarcar sobre todo los campos del derecho de responsabilidad civil, publicidad, comunicaciones comerciales, profesiones liberales y marcas. 
Necesitamos además una coordinación internacional en muchos sectores. 
Creemos que esta coordinación internacional debe ir más allá de la propuesta que ha presentado el Sr. Bangemann en el marco de la Carta internacional. 
Apoyamos las propuestas de la Comisión en el marco de la OMC y de los domain names, así como la iniciativa sobre la Carta internacional, si bien con un alcance más amplio. 
Mi propuesta sobre un single point of coordination en la Comisión para el campo del comercio electrónico, podría apoyar este proceso. 
Quizás sería adecuado extenderlo a la totalidad del campo de la información. 
Independientemente de ello, necesitamos una armonización fiscal. 
Se nos ha presentado una comunicación que la Comisión dirije al próximo Consejo ECOFIN. 
Sospecho que esta iniciativa, tal como ahora está formulada, no va a ser suficiente para llegar a una armonización fiscal razonable sino que la primera sensación tras un análisis primario es que se trata de un disparo precipitado que no va a dar en el blanco. 
Espero con atención las respuestas del Comisario Bangemann al respecto. 
Presidente, Comisario, Señorías, en primer lugar, y en nombre de la Comisión REX, me gustaría felicitar a la Sra. Mann por su excelente informe acerca de este crucial asunto. 
El desarrollo del comercio electrónico depende de que haya una legislación buena y minuciosa, siguiendo las pautas de la sencillez y seguridad, según principios que se prefieren en todo el mundo, visto que el comercio electrónico será principalmente un comercio internacional. 
El marco legal mundial para el comercio electrónico debe ser claro, transparente, sencillo, debe utilizar una tecnología neutral, debe estimular la competencia, y además debe ofrecer suficiente protección tanto al consumidor como al productor. 
El mercado debe estimular el crecimiento del comercio electrónico, y el exceso de normativas o la utilización de normativas equivocadas puede cortar de raíz la potencia del comercio electrónico. 
Ha de regularse el comercio electrónico. Si no, esto va a retrasar que se solucionen un cierto número de importantes y delicados asuntos internacionales como, en primer lugar, la cuestión de qué hacemos con la recaudación de impuestos. 
La Sra. Mann ya ha hablado sobre esto. 
La neutralidad fiscal en el comercio electrónico disfruta de un amplio apoyo en Europa y en los Estados Unidos, y no debe existir discriminación alguna entre la prestación de servicios tradicional y la electrónica. 
El querer darle un tratamiento distinto conduce a la existencia de irregularidades en el comercio y, por lo tanto, a competencia desleal. 
Mi segundo punto es el de la intimidad. 
El consumidor tiene que estar seguro de que el entorno electrónico es fiable. 
Debería ser natural la compra electrónica de productos, sin que para ello tuviese que existir un registro completo de datos personales. 
Los pagos pequeños se efectúan normalmente en metálico sin que se registren los datos personales. 
Se produce de forma anónima y del mismo modo debería ocurrir on-line. Esto me conduce a mi último punto. 
¿Cuál es, en realidad, la posición de la Comisión acerca de la recaudación del IVA a operaciones realizadas a través de Internet? 
Le hago esta pregunta, Comisario Bangemann, porque he oído que la Comisión presenta un sistema de control para facturar el IVA electrónicamente. 
Me parece muy controvertido si consideramos la protección de datos y de la intimidad y el deseo de muchos de que no se imponga el IVA a las operaciones realizadas a través de Internet. 
Espero con interés la respuesta del Comisario a esta cuestión. 
Señor Presidente, señor Comisario, no me parece necesario reiterar la importancia creciente del comercio electrónico y de su prometedor futuro. Lo ha hecho perfectamente la Sra. Mann, cuyo informe merece todos los elogios. 
En mi calidad de ponente de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, me corresponde recalcar los puntos más sobresalientes de las pautas de apoyo a la investigación y el desarrollo de cara a facilitar el crecimiento del comercio electrónico. 
Considero que, sin duda, fue positivo liberalizar el mercado de las telecomunicaciones para facilitar la bajada de los precios gracias a la competencia. 
Esto, sin embargo, no es suficiente, ya que, por un lado, es necesario ampliar el número de usuarios, ayudar a quienes invierten en el desarrollo de las aplicaciones y el software, ayudar a las pequeñas y medianas empresas que quieren proyectarse a escala internacional a través de la telemática, estimular a las administraciones a que se alfabeticen con los ordenadores, al objeto de ofrecer así- a través de las nuevas tecnologías- también mejores servicios a los ciudadanos, desarrollar la cultura de la interacción con los ordenadores no sólo a través de la escuela y del centro de trabajo, sino también a través de nuevos tipos de formación y de implicación dirigidos a todas las edades. 
Además del estímulo de cara a la ampliación del mercado, es preciso mantener competitiva e innovadora la industria europea de los equipos de telecomunicación. 
Si bien es cierto que en la industria de los ordenadores perdimos la partida frente a los Estados Unidos, en lo que respecta a la industria de las telecomunicaciones la competencia me parece que sigue abierta todavía. 
Es la competencia que más cuenta: el futuro se juega más en la interconexión de todo con todo que en la computarización. 
Es por eso que quiero recordar sólo algunos aspectos de la investigación: la tecnología de la conmutación, del acceso estadístico, de la compresión de los datos, la transmisión en banda ancha tanto por cable como por satélite, los nuevos terminales multimedia y, por ultimo, el trabajo sobre los estándares para permitir que la industria europea participe en la definición y el éxito de estos nuevos estándares en el mercado. 
Finalmente, deseo recordar un punto, en mi opinión muy importante para la promoción del comercio electrónico a escala mundial- como ya observó la Sra. Mann- que debatimos con carácter previo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, que no es otro que el de la cooperación internacional por Internet. 
Es indispensable fortalecer la confianza del usuario y evitar un crecimiento caótico- lleno de controversias y de lecciones aprendidas por error o frustración- y, evidentemente, garantizar también el acceso equitativo a las redes a los europeos, evitar el excesivo control americano, en el fondo perjudicial para todos. 
Ya hemos empezado a listar los temas. Estoy seguro de que con respecto a dichos temas, que precisan una mayor cooperación internacional, encontraremos en el Comisario Sr. Bangemann a una persona muy dinámica y deseosa de llegar a soluciones no de carácter burocrático, sino que permitan el desarrollo equilibrado del mercado. 
Señor Presidente, empezaré en primer lugar felicitando a la Sra. Mann por su excelente informe y, sobre todo, por la estupenda colaboración. 
Gracias a su método de trabajo tenemos entre manos un informe muy bueno con el que nosotros, como Unión Europea, podemos cumplir una parte de nuestro, digamos, papel dirigente en este campo. 
Señor Presidente, Internet es el motor de la rápida entrada en escena del comercio electrónico. 
Existen grandes oportunidades para Europa en este terreno y, cuando hablamos de trabajos y empleos, siempre es bueno mirar de nuevo a las cifras. 
Percibimos, por ejemplo, que el sector de servicios y el de software crece anualmente un 10 %. 
Este crecimiento significa la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo en Europa al año. 
Es decir, con otras palabras, ofrece muchísimas oportunidades, pero naturalmente tenemos que crear condiciones. 
Tenemos que ocuparnos de que exista formación y reciclaje, que haya más flexibilidad. 
Pero también tenemos que procurar que disminuyan los obstáculos. 
Señor Presidente, pienso que la introducción del euro se convertirá en un fuerte estímulo para el comercio dentro de la Unión Europea. 
Los consumidores serán capaces de comparar mejor los precios y, a la inversa, el comercio electrónico además puede contribuir a la aceptación del euro, teniendo en cuenta que este comercio disminuye las barreras para comprar en el extranjero. 
Las normas europeas deben dar al consumidor la suficiente confianza para utilizar el comercio electrónico, y que él o ella puedan disfrutar más, de esa manera, de las ventajas del comercio interno. 
Un elemento esencial en todo esto es el respeto a la intimidad del consumidor, y los anteriores oradores ya se han referido a esto también. 
Debe supervisarse cuidadosamente la ejecución de las directrices de la UE para la protección de datos, que se convertirá hacia octubre de este año en un reglamento. 
El libre tráfico de servicios electrónicos dentro de la Unión Europea es una condición esencial para un buen funcionamiento del mercado interno. 
Hay que evitar que, cuando se discrepa en los reglamentos nacionales, se redunde en un mercado europeo fragmentado, y creo que la comunicación de la Comisión es un buen primer impulso hacia un enfoque europeo, y que merece una elaboración más detallada. 
Quisiera instar al Comisario a que presente una propuesta rápidamente para que se siga una directriz acerca de la prestación de servicios en la sociedad de la información. 
Señor Presidente, se necesitan con premura programadores informáticos con buena formación. 
La Unión Europea tiene que poner toda la carne en el asador para que desaparezca esta deficiencia, al igual que frente al trasfondo de la cuestión del milenio. 
Al mismo tiempo se ofrecen buenas oportunidades para que encuentren empleo muchos jóvenes europeos que están a punto de elegir una formación. 
Me pregunto, por eso, si la Unión Europea y La Comisión Europea no podrían desempeñar un cierto papel de informadores en este terreno. 
Para la pequeña y mediana empresa, señor Presidente, el comercio electrónico ofrece grandes oportunidades. 
El comercio electrónico ofrece a las PYMES la posibilidad de tener al alcance mercados nuevos y distantes, y de encontrar nuevos segmentos del mercado a costes reducidos. 
Las empresas, sin embargo, se tendrán que preparar bien a través de métodos de formación y reciclaje. 
Pienso que el quinto programa marco también puede jugar un papel importante en este punto. 
Pero un asunto importante, Presidente, y esto ya ha sido repetido por los anteriores oradores, es, naturalmente, la cuestión de la fiabilidad. 
Es esencial que el consumidor tenga confianza en el comercio electrónico. Sin esto no funcionará. 
Además se pueden hacer preguntas tales como: ¿qué sucede con la firma electrónica? 
¿Hasta qué punto es correcta? 
¿Qué sucede con el dinero electrónico? 
¿Qué hay de la responsabilidad? 
También pienso que el derecho a la contratación y el reconocimiento de contratos tienen una importancia esencial. 
También es muy importante, naturalmente, que obtengamos finalmente seguridad en torno a la cuestión de los impuestos. Ya se ha mencionado esto. 
Tenemos que llegar a conclusiones con respecto a este punto. 
En los próximos días tenemos que responsabilizarnos de un programa legislativo y de toda una gestión política y eso exige actividades internacionales. 
Me gustaría saber si el Comisario puede asegurar que los Estados Unidos vayan a aceptar ahora el documento propuesto. 
Al grupo EVP este documento le parece una propuesta extremadamente importante, y nos gustaría apoyarla de todo corazón. 
Pero todo el mundo sabe que nosotros no avanzamos mucho con el documento si los Estados Unidos no lo aceptan. 
Quizás pueda decir usted algo al respecto. 
A mí sólo me queda decir, señor Presidente, que el grupo EVP está de acuerdo con la resolución y el informe de la colega Erika Mann. 
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar a la Sra. Mann por haber preparado y presentado un excelente informe. 
Mi Grupo respalda sin reservas la propuesta encaminada a estimular el vigoroso crecimiento del comercio electrónico en la Unión Europea. 
Los Estados Unidos y el Japón han empezado ya y, por lo tanto, la Unión Europea no puede quedar rezagada. 
Necesitamos trazar nuestro propio camino para el futuro. 
El reciente incremento del comercio electrónico se debe fundamentalmente al Internet. Por lo tanto, está al alcance de cualquiera en cualquier lugar. 
Si los Estados Unidos consiguen lo que quieren, estaríamos ya a punto de instituir una zona franca comercial en Internet. 
Necesitamos saber con qué peligros nos enfrentamos, identificarlos claramente y dar publicidad a los beneficios. 
Hace dos años las ventas a consumidores por conducto del Internet ascendieron a unos 600 millones de dólares y para el año 2000 es posible que asciendan a 200 mil millones de ECUS en todo el mundo. 
Me parece que el mensaje es claro. 
Ese sector ofrece una enorme gama de oportunidades, sin contar el potencial de desarrollo y de puestos de trabajo. 
Ahora bien, ¿qué seguridades puede darme hoy la Comisión de que todos los beneficios del comercio electrónico favorecerán a la parte occidental y noroccidental de mi país?. 
Insto a que haya una discriminación positiva en favor de esas zonas ultraperiféricas y a favor de las empresas pequeñas y medianas que operan en ellas o, lo que es aún más importante, que tienen el potencial necesario para operar en ellas. 
El elevado costo de las telecomunicaciones ha erigido una importante barrera para todo el comercio electrónico en Europa. 
Confío en que la institución de un conjunto de medidas de liberalización dé por resultado precios más bajos y más flexibles. 
Como se trata de un empeño transfronterizo, es esencial que se alcance el consenso en el plano mundial y que se establezca un marco reglamentario favorable para el comercio electrónico. 
Uno de los principales obstáculos que hay que superar requiere la creación de un ambiente de confianza para todos los usuarios de Internet en sus transacciones. 
Es esencial que haya la debida educación y las debidas cualificaciones. 
No menos esenciales son las cuestiones relativas a la ciberdelincuencia, la seguridad y la protección de los datos. 
Para acabar, diré que los negocios que se efectúan por conducto del Internet abarcan todos los sectores, desde la venta al por menor hasta los pagos electrónicos, la publicidad y el mercado entre empresas. 
El desarrollo de un mercado masivo basado en Internet podría alcanzar proporciones colosales si se abarata el acceso y se garantizan los pagos electrónicos. 
Una ciberpolicía de Europol podría ser un factor esencial. 
Señor Presidente, Comisario, deben estar hartos de escuchar continuamente las mismas historias, pero nosotros, como representantes de los diferentes grupos, queremos transmitirles nuestro mensaje. 
Me temo que mi mensaje va en la misma dirección que lo que ya han oído con anterioridad. 
El informe Mann es bueno, principalmente debido al amplio enfoque de la problemática. 
El comercio electrónico puede llegar a ser la personificación del libre tránsito de bienes, ya que desde el ordenador mismo se pueden hacer compras en cada país, yo ya he empezado a practicar y tengo que decir que es grato experimentar que ya no es necesario tomar en cuenta el aspecto territorial del comercio. 
A veces es difícil, al menos para medio analfabetas como yo. 
Pero lo que es simple es comparar precios y la llegada del euro facilitará aún más este proceso. 
Considerando el rápido desarrollo de Internet y el carácter transfronterizo del comercio electrónico es muy importante que se colabore a nivel internacional para formular un marco normativo. 
Pero, para que esto se pueda producir, Europa tiene que tener su propia Asamblea en orden y ese problema es realmente urgente. 
Pienso que el poner en orden nuestra propia Asamblea no es un asunto que deba abordar solamente la Comisión. Al contrario, pienso que la Comisión Europea ha hecho muy buenos adelantos al respecto, pero sin embargo los Estados miembros no estamos en la misma onda. 
Para adquirir una posición fuerte de competencia en el comercio electrónico es muy importante que funcione bien el mercado interno. 
Con otras palabras, deben cumplirse los requisitos para este comercio. Voy a repetirlos una vez más. 
Uno de estos requisitos es que el consumidor tenga confianza en la seguridad de los medios de comunicación, por ejemplo en transacciones monetarias es extremadamente importante. 
Otro requisito es que se garanticen los datos privados, es decir, que se haga uso de sólidas tecnologías de control. 
Creo que necesitamos un código para solucionar los conflictos del comercio y, junto a esto, necesitamos aún un par de cosas que ya se han descrito fabulosamente en el informe Mann, tales como estimular la destreza informática en todas las capas de la sociedad, estimular la conexión a la red y, con ello, evitar que se produzcan diferencias en el uso que la población hace de Internet. 
Otro aspecto sería el de promover el desarrollo de las PYMES y estimular a los talentos jóvenes. 
Señor Presidente, señor Comisario, en mis conversaciones con las pequeñas empresas he experimentado que la cuestión del capital a riesgo es un problema acuciante, a pesar de las iniciativas que hemos acometido a nivel europeo. 
América ha propuesto que haya una zona de libre comercio en Internet, y quizás sea interesante a corto plazo, ya que, si ahora tomamos medidas demasiado deprisa y los Estados miembros adoptan medidas fiscales, estamos en el camino equivocado. 
En primer lugar debemos conquistar nuestro propio lugar en la red y, por eso, es necesario impedir que los Estados miembros tomen medidas que a largo plazo son perjudiciales para la creación de un sistema europeo uniforme. 
Con arreglo a eso quisiera secundar la pregunta de la Sra. Plooij en relación al IVA. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Mann por su laborioso informe. 
El crecimiento del comercio electrónico suscita numerosas y complicadas cuestiones, relacionadas con la protección de los consumidores, el empleo, la imposición fiscal y el temor a la marginación. 
Un comercio electrónico libre de regulación saca a relucir la cuestión de las responsabilidades: ¿en quién recae la responsabilidad cuando existe la posibilidad de obtener instrucciones para la fabricación de bombas, o cuando el estuche del disco compacto que hemos encargado nos llega vacío? 
La Comisión debería esclarecer rápidamente los problemas relacionados con la protección de los derechos de autor, las marcas registradas, la publicidad engañosa o los datos personales. 
En muchos sectores, el comercio electrónico será más rentable que el tradicional. 
Sus consecuencias pueden ser serias para la situación de desempleo. 
Podría ocurrir como en mi país: la actividad bancaria por medios electrónicos ha hecho desaparecer más de la mitad de los puestos de trabajo. 
Las inversiones han reducido aún más los niveles de empleo. 
Se trata de una situación complicada. 
Cuando hablamos de libertad de elección en el ámbito del comercio, esta elección debería incluir también a los trabajadores, para que pudieran elegir también entre tener trabajo o no tenerlo. 
Es cierto que se crean nuevos puestos de trabajo, pero los antiguos empleos están desapareciendo a gran velocidad. 
Por lo tanto, hay que encontrar nuevos servicios que creen empleo y valor añadido sin que acaben con el resto de los puestos de trabajo. 
Es fácil aplicar una racionalización que acaba con los puestos de trabajo. 
He sido director general y sé que la racionalización es una de las medidas más fáciles. Lo difícil es crear un puesto de trabajo completamente nuevo, he ahí nuestro desafío, el desafío de Europa. 
Por consiguiente, es necesario crear nuevas actividades comerciales, habida cuenta de que, al contrario de lo que ocurre con el consumo de alimentos, el consumo de contenidos no parece tener límites. 
Es cierto que el comercio electrónico también desplaza los centros de actividades a las regiones más apartadas. 
Las personas de edad avanzada y los discapacitados pueden encargar sus compras a condición de que dispongan de un ordenador equipado con un módem. 
Por este motivo es preciso considerar el equipo informático y la conexión a la red de información como un derecho ciudadano. 
Únicamente una red de ámbito europeo podría crear un verdadero mercado interior en nuestro continente, a la vez que representaría un verdadero índice del nivel de la sociedad europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no hace mucho tiempo, unos 5 a 10 años, los ciudadanos de Europa no sabían qué significaba Internet. 
Si contemplamos la evolución producida, podemos afirmar que somos testigos de una revolución en el campo del intercambio de datos y, en consecuencia, de una revolución de nuestra sociedad y de la convivencia humana. 
Sin embargo, me atrevo a afirmar que nos encontramos al inicio de un proceso de transformaciones muy complejo. 
Paso a paso descubrimos nuevos campos de aplicación para las telecomunicaciones. 
En la primavera de este año, he publicado un libro sobre este campo y hoy, cuando lo leo de nuevo, tengo que constatar que algunos capítulos y pasajes del libro ya están anticuados. 
Creo que debemos superar estos obstáculos que se colocan continuamente así como los aspectos cambiantes. 
Por este motivo, agradezco la comunicación de la Comisión así como la extraordinaria dedicación de la ponente, Erika Mann, y también de Wim van Velzen por la iniciativa europea para el comercio electrónico. 
Internet no solamente se puede emplear para un mero intercambio de datos y envío de informaciones sino que es adecuado también para las modernas transacciones comerciales y la realización de operaciones que se pueden ejecutar con sencillez, rapidez y a unos precios favorables. Se abren unas enormes posibilidades y ofertas de empleo tanto a los consumidores como a las numerosas pequeñas y medianas empresas. 
Por lo demás, estos nuevos servicios ofrecen unas prestaciones totalmente nuevas. 
Apoyo el objetivo de prescribir un marco europeo para el comercio electrónico y evitar una fragmentación del mercado interior. 
Deseamos acuerdos internacionales y una coordinación común. 
Ya he expresado en repetidas ocasiones mis felicitaciones a la Sra. Mann por la calidad de sus informes. 
Es de nuevo un ejemplo que un debate de este tipo con el Parlamento puede ser también muy aleccionador para nosotros pues obtenemos importantes sugerencias nuevas. 
Quizás es aún más importante que grandes partes del informe muestren coincidencias con las posiciones defendidas hasta ahora la Comisión, lo que es muy importante pues a la hora de negociar sobre las regulaciones con otros interlocutores comerciales y competidores, tenemos que hablar con una sola voz para lograr nuestros objetivos. 
En el fondo estamos algo orgullosos de que en esta cuestión del electronic comerce hayamos sido desde el principio un poco los " opinion leaders» , quizás no en el sentido de que este tema desempeñe entre nosotros ya un gran papel- en los EE.UU. se encuentra también en los inicios- sino más bien de cara a la consideración de lo que esto puede significar para este desarrollo y qué se debe hacer para fomentarlo. 
Ya en julio de 1997, en la Conferencia de Bonn nos ocupamos de una serie de cuestiones que se encontraban entonces en el primer plano del interés y adoptamos una serie de medidas legislativas que ya existen hoy. 
En este contexto, quiero indicar que no deben aplicarse siempre solamente medidas legislativas. 
Se puede utilizar también todas las demás posibilidades, como autocompromisos de los participantes, una regulación política de consenso, lo que he propuesto ya a escala internacional, y cosas similares. 
Esto nos será de ayuda en nuestro debate con los EE.UU., pues los EE.UU. no siempre están a favor de autocompromisos muy liberales y de largo alcance sino, tal como muestra el ejemplo de la inscription, a veces son mucho más duros y rígidos de lo que somos en la Unión. 
Pero en cualquier caso podemos decir que si encontramos este consenso político y si existe una cierta equivalencia de los contenidos, entonces lo importante no es tanto la forma. 
Esto es también aplicable, por ejemplo, a la protección de los datos. 
Tenemos una buena directiva al respecto, es decir, una medida legislativa. 
Si en los EE.UU. se recapacita más en hacer algo en el sentido de un autocompromiso, lo importante son los contenidos y no el modo de llegar a ellos. 
La Carta que hemos propuesto- el Sr. van Velzen ha preguntado cuál es la opinión de los norteamericanos- ha encontrado un amplio asentimiento. 
La estamos preparando. 
En el Consejo tenemos un grupo de trabajo. 
Hemos invitado a la industria norteamericana y europea a una primera round table. 
Por supuesto, se ampliará a otras industrias de otros países. 
Tenemos contacto con todas las organizaciones internacionales que desempeñan un papel al respecto y con los norteamericanos estamos en contacto permanente. 
Al principio hubo algunos malentendidos pues los norteamericanos creyeron que queríamos crear algo así como una nueva autoridad internacional con una reglamentación estricta. 
Pero cuando lo aclaramos desaparecieron las dudas. 
Sin duda, aún quedan cuestiones abiertas a las que aún tenemos que enfrentarnos, pero si queremos lograr unos avances prácticos globales, tenemos que poner en marcha el proceso ahora, pues el mismo peligro que puede surgir entre nosotros para el mercado interior, puede surgir también a escala mundial. 
Podría ser que estas nuevas posibilidades no se utilicen como se podría porque a las personas les preocupe que no se logre crear a escala global una base fiable para la utilización. 
Por el momento, en principio nos ocupamos de las mismas cuestiones a las que se ha referido la Sra. Mann, es decir, la protección y seguridad de los datos, la firma digital y la protección de los consumidores- sobre ambos aspectos, hemos presentado entretanto medidas legislativas -, los derechos de autor, impuestos y aranceles- a lo que me voy a referir en detalle más adelante -, "content illegal y harmful» así como" internet governants». 
Es decir, se trata de cuestiones en parte técnicas, pero no por ello menos importantes, sobre cuál es el mejor modo de utilizar Internet. 
Me alegraría si con los conocimientos materiales que existen aquí en el Parlamento fuese posible una cooperación con ustedes. 
Permítanme decir algo sobre cuatro puntos, pues han salido a colación en el debate. 
Podemos recapacitar sobre esa instancia de coordinación. 
En realidad, ya lo hemos hecho. 
Tenemos un grupo en el que están representados todos los Comisarios que tienen algo que ver con la sociedad de la información. 
Si así se quiere, se le puede proporcionar una cierta estructura para que todo el mundo sepa a quién puede dirigirse. 
En segundo lugar, la Comisión apoya también la propuesta USA de una duty free zone- así se bautizó -, si bien llama a equívoco pues en realidad se trata de aranceles, es decir de " customs». 
La propuesta consiste en no introducir nuevos aranceles y en estabilizar la situación tal como está hoy. 
No vemos ningún problema en ello y próximamente vamos a llegar a una solución de esta cuestión. 
En lo que se refiere a la cuestión de los impuestos, hemos adoptado dos posiciones. Por un lado hemos dicho "No discrimination» , es decir, ningún nuevo impuesto adicional- impuestos bit o como quieran llamarlo- y por otro" no privilege» , es decir, cualquier regulación fiscal aplicable al comercio con servicios o mercancías en Internet debe tener formas similares, al igual que los tiene offline. 
Tomemos un ejemplo práctico: si para un libro que se pide a través de Internet no hay que pagar IVA mientras que para un libro que se paga en una librería hay que pagar IVA, se trata de una discriminación absoluta del comercio normal que no se puede admitir. 
Las consideraciones que por lo visto se encontraban detrás de algunas observaciones críticas no son una posición de la Comisión sino que son las primeras consideraciones de una Dirección general que se ha aproximado a este asunto en gran medida por propias consideraciones fiscales y menos pensando en Internet. 
Por ello, nadie tiene porqué excitarse. 
Ya lo arreglaremos. 
Naturalmente, también queremos evitar una dispersión del mercado interior. 
Está totalmente claro. Por lo demás, estamos convencidos de que con el comercio electrónico el mercado interior puede ganar mucho peso. 
Se trata de una red global. 
En lo que se refiere a los puestos de trabajo, se pueden exponer realmente éxitos en cadena. 
Existe una empresa Alfa Cie Metallurgy Company, based in the east of France, specialized in mechanical parts. 
This entreprise has expanded from 40 to 400 employees in 3 years, broadened its client base from 1 to 23 countries, reduced time to market for new products from 6 to 1 week, improved reliability etc. 
Hay pues una gran cantidad de ejemplos que muestran que precisamente las pequeñas y medianas empresas tienen nuevas posibilidades. 
Al colega irlandés quiero decirle que Irlanda es el ejemplo de que con el uso de tales posibilidades ha surgido una dinámica totalmente nueva en la economía y para la creación de puestos de trabajo. 
Por ello, si yo fuese irlandés no me preocuparía de que esto no sea de provecho para Irlanda. Ya lo ha sido en gran medida hasta hoy. 
Por supuesto, tenemos que crear una serie de normas jurídicas de carácter técnico. 
Por ejemplo, la protección de los datos es algo muy importante. 
La gente piensa que esto es solamente algo para ciertas personas preocupadas por la protección de los datos y que tienen algunas ideas raras en sus cabezas. 
No es así. Para todos los consumidores va a ser un aspecto decisivo si emplea o no el electronic comerce. 
Si no se garantiza, muchas personas renunciarán al empleo de estos nuevos servicios. 
Es evidente que en este campo tenemos que llegar a unas normas a escala mundial, pues una protección de los datos solamente en Europa o en los EE.UU. no sirve de nada si los datos se emplean globalmente. 
Pero, como he dicho, esto es posible pues no se trata de diferencias en el procedimiento sino, a la postre, de contenidos. 
Se puede ver con gran claridad la creación de nuevos puestos de trabajo allí donde ya existen cifras estadísticas: en 1996, en los EE.UU. trabajaban en la industria IT 7, 4 millones de empleados. 
En un año, de 1995 a 1996, se crearon en esa industria 230.000 nuevos puestos de trabajo. 
Tales cifras existen también en parte para Europa. 
Aunque los análisis solamente sean fragmentarios, se puede decir que tenemos un campo en el que crean nuevos puestos de trabajo y, por cierto, se aseguran también los ya existentes. Son considerables los potenciales de ahorro y, en especial, los avances que se pueden lograr en la productividad, lo que permite mantener un nivel salarial relativamente elevado. 
Por ejemplo, el hecho de que haya mejorado la competitividad de la industria naval europea, se debe exclusivamente a que se han introducido tales procedimientos modernos. 
Si, en el sentido del " Outsourcing» , esto se toma además como red de información entre las empresas del sistema y los proveedores, se crea aquí realmente una nueva competitividad. 
El hecho de que, por el momento, en lo que al uso se refiere estemos algo por detrás de los EE.UU., se debe a diversas cosas, entre otras, los costes- lo que ya se ha mencionado -, pero sobre todo a la gran difusión del PC. 
Por cierto, en el futuro esto va también a cambiar pues se va a poder acceder a Internet de modo muy diferente, no sólo a través de un PC, sino por ejemplo, también de aparatos de televisión. 
Así pues, si este acceso es más fácil y barato, en Europa se pondrá en marcha una dinámica sensiblemente mayor a la experimentada hasta ahora por los EE.UU. Por ello, no me preocuparía. 
Podemos recuperar el terreno si proseguimos nuestros esfuerzos del mismo modo que hasta ahora. 
Esta es la condición previa. 
Pero no tengo ninguna duda de que, entretanto, todos los países miembros van a ver que esto es importante. 
El Parlamento lo ve claramente así, lo que demuestra este informe. 
Me alegra que haya aparecido de nuevo la Sra. Mann. 
Me he sentido muy solo cuando desapareció. 
Esto muestra lo mucho que dependo de su cooperación. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones internas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40151/98) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica por tercera vez la Directiva 83/189/CEE (C4-0035/98-96/0220 (COD) ), por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas (Ponente: Sr. Hendrick). 
Señor Presidente, el rápido ritmo de expansión de los nuevos servicios de información requiere que se encuentren formas innovadoras de reglamentarlos en la medida necesaria sin perjuicio para su desarrollo, o que se readapten las normas vigentes que puedan resultar anticuadas o contraproductivas. 
Es posible que en algunos casos sea necesaria la legislación comunitaria, pero la mayor parte de las nuevas normas provendrán de los propios Estados miembros. 
Como la Comisión indica en su propuesta, se corre el riesgo de que los Estados miembros promulguen normas contradictorias o incompatibles entre sí, dañando con ello el mercado interior al restringir la libre circulación de productos y de servicios. 
Por eso es indispensable que haya coordinación en esta esfera concreta. 
En segundo lugar, la conservación de normas específicas de determinados sectores. En tercer lugar, la necesidad de garantizar la libertad de establecimiento. 
En cuanto a la posición común propiamente dicha, a primera vista- a pesar del apoyo relativamente amplio de la Comisiónhe de decir que es frustrante. 
Una sola enmienda, una enmienda relativamente poco importante, ha quedado inalterada. 
Sin embargo, aunque la relación de las enmiendas haya sufrido modificaciones sustanciales, la mayor parte de los puntos enunciados por el Parlamento se han tenido en cuenta. 
La preocupación de nuestra instrucción por los aspectos culturales la comparte el Consejo, que ha descartado específicamente toda injerencia de procedimiento en la esfera audiovisual y de política cultural. 
Se han examinado otros aspectos específicos de sectores concretos, como por ejemplo los servicios financieros, de una forma que indica un análisis convergente de lo que se requiere para que una actitud reglamentaria sea eficiente. 
La mayor parte de las cuestiones planteadas por el Parlamento en relación con aspectos formales o jurídicos han sido tomadas en cuenta o, si no, han quedado resueltas. 
Ahora bien, no se puede decir que todo sea absolutamente satisfactorio. 
Por ejemplo, he presentado cinco enmiendas para esta segunda lectura, todas las cuales se refieren a cuestiones que ya planteé en la primera lectura. 
La enmienda 1 pide que la Comisión siga esforzándose por adaptar las normas según sea necesario para responder a la evolución del sector. 
Me parece que esto es importante porque la directiva no debe ser considerada como algo estático, sino más bien como un instrumento flexible para reglamentar los servicios de la Sociedad de Información. 
La enmienda 2 se refiere al establecimiento de un grupo consultivo de expertos. 
Estimo que las consultas de amplio ámbito son esenciales y que el asesoramiento de expertos será cada vez mas importante en una esfera cuya complejidad técnica aumenta continuamente. 
Me gustaría que se expresara el firme compromiso de consultar a expertos de la industria y del sector académico, de ser posible reunidos en un grupo. 
La enmienda 3 se refiere a la libertad de establecimiento de un operador de servicios. 
Si no se permite la libertad de establecimiento, se erige un obstáculo importante para la operación eficaz del mercado único. 
En efecto, las normas fijadas en un Estado miembro podrán utilizarse para impedir que organizaciones de otro Estado miembro puedan asentarse en dicho país. 
Con la enmienda 4, tanto la Comisión como otros Estados miembros tienen derecho a presentar opiniones detalladas que expliquen por qué estiman que las medidas previstas podrían crear obstáculos para la libre circulación de mercancías. 
Si el Estado miembro en cuestión no toma en consideración esas opiniones, tiene que dar motivos claros que expliquen por qué no puede hacerlo. 
Esta disposición se aplica únicamente a los aspectos de la directiva relacionados con los servicios de la Sociedad de Información. 
La enmienda 5 se refiere de nuevo a las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento de operadores de servicios, y está justificada por los motivos que ya he mencionado. 
Me parece que las enmiendas son realistas; me parece también que son minimalistas, y que están encaminadas a conseguir el máximo consenso y, en consecuencia, espero que obtengan una mayoría calificada mañana en el Parlamento. 
Confío en el apoyo de este Parlamento para la segunda lectura. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las normas y las reglamentaciones técnicas son un instrumento de política económica extraordinariamente importante. 
Se trata de proporcionar transparencia y de fomentar la comunicación. 
Voy a diferenciar entre dos niveles. Por un lado el horizontal, donde se trata de las actividades de los países miembros y, por otro, el nivel europeo. 
Me parece muy importante incluir en estas consideraciones a los países que desean la adhesión y poner en marcha la comunicación con el " resto del mundo». 
También es muy importante el nivel vertical. 
Creo que en este nivel hemos logrado ciertos progresos con la armonización pero que el sistema de reconocimiento recíproco ha aportado también muchas ventajas. 
Un tercer nivel, la obligación de informar, puede representar a la postre también la base para el libre tráfico de mercancías. 
Mi consideración es si no es razonable dejar que estos sistemas coexistan. 
Para nosotros, es importante que el mercado pueda reaccionar con rapidez y a unos costes favorables. 
La cuestión es cómo se puede apoyar la creación de normas europeas. 
Creo que sería razonable crear una task force para estas nuevas normas. 
También debería reflejarse en el programa marco de investigación para poder reaccionar a tiempo ante los cambios que se adivinan. 
Para ello necesitamos infraestructura, si bien quizás sólo sea necesario reorganizar de nuevo la infraestructura ya existente y, naturalmente, también necesitamos formación. 
Señor Presidente, voy a ser breve si bien con ello no hago justicia a la importancia y calidad del informe. 
Pues si en este campo, como en el de las mercancías, logramos que se apruebe una norma de este tipo, lo que ahora es posible gracias a los esfuerzos del Parlamento, se evitará una dispersión del mercado que no se podría evitar de ningún otro modo, tal como nos muestra la experiencia. 
Se trata, pues, de un asunto muy importante sobre el que hoy tratamos. 
Pero, ante el tiempo de que disponemos y como en el fondo estamos de acuerdo en todo, me puedo limitar a expresar mis felicitaciones al ponente y a comunicar que recogemos todas las enmiendas que ha presentado, de modo que esperamos que en un tiempo muy breve tendremos una propuesta sensiblemente mejorada como fundamento jurídico. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Portabilidad de los números entre operadores y preselección del operador 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40127/98) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/33/CE (C4-0104/98-97/0250 (COD) ) en lo que se refiere a la portabilidad de los números entre operadores y a la preselección del operador (Ponente: Sr. W.G. van Velzen). 
Señor Presidente, estimado Comisario, distinguidas señoras y señores, en primer lugar quisiera dar las gracias a mis colegas por la buena y grata colaboración y, en lo que respecta al Parlamento, por la rapidez con la que hemos podido hacer la segunda lectura. 
Después de que sobretodo las empresas se hayan beneficiado de la liberalización en el sector de las telecomunicaciones, me agrada que con esta propuesta, en relación a la portabilidad de los números entre operadores y a la carrier preselection tal como se nos presenta, también el consumidor normal, finalmente, pueda sacar los frutos del proceso de liberalización. 
La propuesta pretende que se introduzca la portabilidad de los números entre operadores y la preselección del carrier. 
De este modo los consumidores podrían conservar su número de teléfono, en el caso de que cambien de compañía telefónica y, además, pueden elegir un nuevo operador al teclear un sencillo código en cada conversación. 
Señor Presidente, estoy totalmente convencido de que con estos instrumentos se avivará de una forma sólida la competencia entre las compañías telefónicas y, en la mayoría de los casos, esto conducirá a que los precios bajen, y estas son naturalmente buenas noticias para el consumidor, con toda seguridad si además de esto también aumenta el servicio. 
Señor Presidente, en nombre de la ECON se ha presentado una enmienda, y es esencialmente importante, para un sano desarrollo de la competitividad en el mercado de las telecomunicaciones, que a los usuarios no se les induzca a que cambien de operador. 
A comienzos de enero ya hemos visto los efectos que ha acarreado esto y, por eso, las instituciones nacionales de reglamentación deben velar por que la tarifación de la interconexión para la preselección del carrier sean razonables, y que los posibles costes directos que deba pagar el consumidor no le desanimen a utilizar este servicio. 
En vista de esto su ponente ha presentado una enmienda que, por cierto, ha sido aceptada por la ECON. 
Además, señor Presidente, mantengo la postura de que los gastos sean razonables, tal como aparece en la directriz de interconexión, y esto significa, pues, que se debe tener en cuenta la posición dominante en el mercado de determinados grupos. Esto no es válido, naturalmente, para los que acaban de llegar, los grupos nuevos, pequeños. 
Quisiera pedir a la Comisión Europea, por consiguiente, que se estreche la vigilancia en la introducción de la portabilidad de los números entre operadores y la carrier preselection. 
Aplaudiría el hecho de que la Comisión informase anualmente acerca de esto al Parlamento Europeo. 
Es de elogiar al Comisario que ayer la Comisión haya detectado nuevamente que cinco Estados miembros no llevaban a cabo, o no correctamente, ni el sistema de licencias ni la directriz de interconexión. 
Señor Presidente, me gustaría hacer, sin embargo, una observación acerca del número común de emergencia 112, y tengo que expresar un poco mi frustración en este punto. 
Hace unos meses ya hice unas preguntas acerca de esto a la Comisión y entonces recibí una respuesta que yo llamaría así: vagas promesas. 
Después de eso hemos hecho nuevas preguntas y hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna. 
El uso del número de emergencia 112 en la Unión Europea debería haber sido operacional a más tardar el 31 de diciembre de 1996, según la disposición del Consejo del 6 de agosto de 1991, pero de los meses pasados, señor Presidente, se desprende que la utilización del número de emergencia deja todavía mucho que desear en la práctica. 
Así, algunos extranjeros en un cierto número de Estados miembros tienen problemas con el número 112, ya que el personal de las centrales de emergencia domina pocas lenguas. 
¿Cómo me puedo hacer entender como neerlandés si estoy en Grecia, en el caso de que tenga que marcar un número de emergencia? 
Además parece ser que en algunos Estados miembros se ha introducido el número de emergencia, pero siguen funcionando también los números antiguos. 
Le quiero llamar la atención al hecho de que en los coches de la policía belga sigue inscrito el antiguo número de emergencia. 
Belgacom publica listas donde se desprende que el número 112 no existe. 
Por eso digo yo, Presidente, que la existencia paralela de dos números de emergencia, uno nacional y otro europeo, no coincide con la idea de tener un único número de emergencia europeo. 
Pienso también que con esto se va a perder el efecto simbólico que debería de tener para nuestros ciudadanos. 
Me gustaría preguntar lo siguiente al Comisario: ¿en qué Estados miembros no se ha introducido todavía el número de emergencia 112? 
Si el Comisario no dispone de la información real, sería tan amable de procurar que se abra rápidamente una investigación. 
Segunda cuestión, ¿qué pasos, qué acciones debe emprender el Comisario para procurar que los Estados miembros cumplan su deber, tal como se indica en esta disposición? 
¿Qué le parece a él que el personal de las centrales de emergencia en los Estados miembros dominase al menos tres lenguas, las más habladas, para poder atender al pobre turista? 
Para finalizar, me resta comunicar que por supuesto mi grupo aprobará la posición común complementada con las enmiendas. 
Señor Presidente, supongo que el Sr. van Velzen está ya cansado de escuchar mis felicitaciones. 
A estas horas de la noche nos pasamos el tiempo felicitándonos unos a otros, y el único que nos escucha es el Comisario. 
Sea como fuere, estamos a punto de colocar una de las últimas piezas del rompecabezas del mercado interior de telecomunicaciones, y felicito sinceramente al ponente por ello. 
Poco tengo que añadir a sus observaciones, de no ser que coincido con ellas acerca de la necesidad de reconocer la fusión de los mercados de telecomunicaciones con teléfonos móviles y con estaciones telefónicas fijas. 
La situación está evolucionando con tanta rapidez que desde el punto de vista del consumidor, le tiene sin cuidado que las llamadas telefónicas se hagan desde un teléfono móvil o desde un teléfono fijo, siempre que sean eficientes y baratas y que pueda hablar por teléfono cuando quiera. 
A mí me parece que es muy razonable que haya portabilidad de los números en la esfera de los teléfonos móviles lo antes posible. 
Espero muy sinceramente que la Comisión pueda formular alguna observación sobre el particular. 
Sé que el famoso examen de esta cuestión tendrá lugar en 1999, pero realmente no podemos subordinar a ese examen todas las cuestiones que nos interesan. 
Tenemos que conseguir que cuando se fusione el mercado, contemos con reglamentos y con un marco legislativo adaptado a la fusión. 
Mi segunda cuestión se refiere a algo que el ponente ha mencionado en la explicación de motivos: la utilización del número 112. 
Quisiera añadir otra pregunta a las que el ponente formula al Sr. Bangemann: ¿hay alguna prueba de que en determinados países, los consumidores que utilizan un teléfono móvil para hacer una llamada de urgencia, sea al número 112, sea a otro número, tienen que pagar por esa llamada? 
Si no posee usted esa información le agradeceré mucho que me responda por escrito. 
Es preciso que obremos con mucha más precaución de la que parece sugerir la explicación de motivos del ponente para cambiar los números de las llamadas de urgencia de los diferentes países para que se utilice únicamente el número 112. 
El escenario que describe el ponente es sumamente intranquilizador, pero quizá yo llegaría a una conclusión diferente: en vez de acelerar el proceso, lo que necesitamos hacer es consagrar mucho más tiempo y esfuerzo a un programa de educación pública a fin de que podamos estar seguros de que, antes de que adoptemos una medida final e irrevocable, los consumidores y los ciudadanos- en particular las personas de edad y los que no estén tan acostumbrados a utilizar el teléfono- sepan con seguridad cuáles son los números de urgencia y qué procedimiento hay que seguir para utilizar esos números de urgencia, tanto en el caso de los teléfonos móviles como en el caso de los teléfonos fijos. 
Por todo lo antedicho insto a que procedamos con precaución y agradeceré mucho que se conteste a la pregunta que he formulado. 
Por lo demás, apoyo el informe del Sr. van Velzen y se lo recomiendo al Parlamento. 
Señor Presidente, es cierto lo que ha dicho la Sra. Read. 
No tenemos que felicitarnos de nuevo por haber trabajado muy bien conjuntamente. 
Lo que el ponente propone es también aceptable para nosotros. 
Solamente quiero responder a las preguntas. 
Como el mismo Sr. van Velzen ha dicho, si se acepta la enmienda que ha propuesto ocurrirá que los países miembros no podrán imponer a los participantes del mercado que hasta ahora no tienen un considerable poder en el mismo, la orientación de costes en la retribución por la preselección del operador. 
Pero esto lo ha dicho él mismo y no necesitamos discutir más al respecto. 
Lo formularemos del modo correspondiente. 
En lo que a la introducción del número 1-1-2 se refiere, en este momento solamente no se ha llevado a la práctica en Grecia. 
Por este motivo proseguimos con el procedimiento contra Grecia. 
Contra los otros países miembros que originariamente tampoco lo han hecho, no se puede proseguir el procedimiento porque de facto ya no tiene objeto. 
Pero queremos tomar muy en serio lo que la Sra. Read ha dicho. 
Tenemos que hablar con las autoridades reguladoras y de otro modo también con los países miembros que introducen ahora este nuevo número 1-1-2 para que hagan publicidad y lo den a conocer, pues de lo contrario surgirá una situación muy extraña: existirá un nuevo número pero no lo conoce nadie. 
El antiguo número que es conocido ya no se puede utilizar. 
Esto debe ir un poco paralelamente y es perfectamente factible. 
A la exigencia de que las centrales de llamadas de urgencia trabajen al menos en tres idiomas comunitarios, se puede responder como lo haría radio Eriwan con un " en principio sí» , pero va a ser muy difícil llevarlo a la práctica pues si ni siquiera las torres de control de los aeropuertos están en situación de hablar en inglés- este es el único idioma que hay que hablar allí- tengo mis dudas de si funcionaría en estas centrales con tres idiomas comunitarios. 
Pero se puede estudiar el asunto, podemos propagarlo y ver hasta dónde llegamos, pues estos números de teléfono son utilizados por personas que están de visita o que no hablan el idioma del país. 
Creo que estas eran las cuestiones sobre las que quería hablar. 
Espero que siga con prontitud la decisión definitiva. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Etiquetado de determinados productos alimenticios fabricados a partir de organismos modificados genéticamente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0181/98) del Sr. K. Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (98) 0099- C4-0227/98-98/0811 (CNS) ) relativo a la indicación obligatoria, en el etiquetado de determinados productos alimenticios fabricados a partir de organismos modificados genéticamente, de información distinta de la prevista en la Directiva 79/112/CEE. 
Señor Presidente, es una lástima que el ponente no esté aquí, pues quiero exponer la posición del Grupo del PPE sobre el informe Collins. 
El viernes de esta semana vamos a celebrar un memorable aniversario. 
El Reglamento sobre los novel food llevará un año en vigor sin que las ciudadanas y ciudadanos hayan podido extraer del mismo consecuencias prácticas. 
Esto se debe sin duda a que actualmente no tenemos aún normas ejecutivas en vigor y a que los productos que se encuentran ya masivamente en el mercado- maíz y soja modificados genéticamente- fueron sacados del Reglamento sobre los novel food porque la Comisión interpretó que no se trata de nuevos productos. 
En aquella ocasión, esto me enojó, pero me parece positivo que ahora se haya propuesto que se etiqueten también estos productos. 
Señor Bangemann, usted ha sido criticado mucho durante los últimos años en relación con este dossier. 
Ahora tenemos la ocasión de alabarle por haber presentado esta propuesta y creo que en su totalidad no es tan mala como a veces se afirma. 
Hay algunos puntos sobre los que podemos discutir. 
El Grupo del PPE apoya de modo general las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor pero se puede ser de opiniones diferentes. 
Por el contrario, hay que determinar unos valores muy bajos. 
A este respecto el Comité Científico para la Alimentación Humana tiene que realizar propuestas. 
Podría ser de ayuda una lista de productos que no tienen que ser etiquetados, pero creo que ningún partido debería aferrarse a una idea fija en este asunto sino que tiene que ser posible un compromiso. 
Personalmente, soy de la opinión de que la norma discrecional propuesta por la Comisión- es decir, si no se sabe si se contienen productos modificados genéticamente, se debe etiquetar con la observación " puede contener» , no es tan estúpida. 
Mi ruego principal a la Comisión e indirectamente también al Consejo de Ministros es el siguiente: ¡pónganse por fin de acuerdo! 
Todos tienen que ser capaces de realizar compromisos. 
Todos tienen que renunciar a partes de sus posiciones extremas. 
No puede ser que las ciudadanas y ciudadanos, a pesar de la existencia de un reglamento, tengan que esperar a normas ejecutivas. 
Necesitamos una decisión clara para que la industria y los consumidores sepan dónde están y para ello todas las partes tienen que realizar compromisos. 
Señor Presidente, a esta hora será un poco mas permisivo sobre el tiempo de uso de la palabra, sobre todo porque el ponente está sin duda muy ocupado comiendo espárragos que espero no sean genéticamente manipulados. 
Señorías, señor Comisario, hace ahora un año, casi día por día, que el reglamento novel food está aplicándose, al menos en teoría porque en la práctica, es totalmente inoperante. 
Todas son preguntas que no tienen respuesta satisfactoria hoy, en todo caso, en las propuestas de la Comisión. 
Ésta intenta salir del callejón sin salida proponiendo un nuevo reglamento para el etiquetado, que completa la directiva de 1979 y que se aplica a la soja y al maíz genéticamente manipulados, puesto en el mercado mucho antes el reglamento novel food. 
¿Qué propone la Comisión? 
Opta por un sistema basado en la detección de ADN modificado o de proteínas modificadas en el producto final suministrado al consumidor. 
Eso significa de hecho, concretamente, que aproximadamente el 50 % de los alimentos transformados escaparán a cualquier etiquetado porque el ADN o las proteínas modificadas serán transformadas o destruidas en el producto final. 
No es lo que desea el consumidor. 
El consumidor quiere conocer el origen del producto, quiere saber si ha intervenido la ingeniería genética. 
Por el contrario, eso es lo que desean los industriales, que tienen mucho miedo de que los consumidores rechacen sus productos. 
Éste es el problema planteado. 
¿Qué se puede hacer? 
Hay una alternativa, que además menciona la Comisión. 
Consiste en analizar los productos brutos al principio de la cadena y en garantizar el producto, mediante un certificado de origen, cuando no está genéticamente modificado, y por supuesto en seguir todos los productos derivados hasta los productos terminados. 
Éste es el método que proponemos nosotros, los Verdes, en el Parlamento Europeo. 
Hemos presentado enmiendas en este sentido y quisiéramos añadir a esta propuesta que sean los proveedores de productos genéticamente manipulados los que s hagan cargo de todos los análisis. 
Sería escandaloso que los que garantizan productos no transformados tuvieran que soportar el coste de los análisis. 
Muchas gracias, señor Lannoye. 
La Mesa, con una interpretación muy indulgente del Reglamento, acepta que nuestro ponente, el Sr. Collins, sea substituido en catastrophe por nuestro colega el Sr. Bowe. 
Pero para ello se basa en una interpretación muy indulgente, por lo que hace constar que, en circunstancias semejantes, al menos la solicitud de substitución debe llegar a la Mesa con la oportunidad y el tiempo debidos y no justo en el momento de adoptar la decisión. 
Señor Presidente, esta propuesta es importantísima porque da, a una situación que el año pasado era sumamente confusa, un grado de claridad que hubiera debido tener desde hace mucho tiempo. 
La cuestión del etiquetado de los alimentos genéticamente modificados es una cuestión de importancia fundamental si queremos mantener la confianza del público en el desarrollo de la industria biotecnológica y en la comercialización de productos biotecnológicos. 
El problema que hemos tenido es que, antes de que se promulgara la directiva sobre nuevos alimentos, ya había en el mercado productos derivados de maíz y soja genéticamente modificados. 
Por lo tanto, se había producido un vacío jurídico y a esos productos no se les aplicó ningún procedimiento eficaz de etiquetado. 
La propuesta original de la Comisión, que todavía se está discutiendo en el Consejo, procura resolver alguno de los problemas relativos al etiquetado de productos genéticamente modificados. 
He de decir, sin embargo, que si uno analiza la propuesta de la Comisión, comprueba que tiene de todo: hay partes que son buenas y otras que son malas. 
En particular, me opongo a la parte de la propuesta de la Comisión en la que se sugiere que haya una etiqueta que diga " puede contener». 
A mí me parece que una etiqueta que diga " puede contener» no puede sino crear confusión, desconfianza y recelos entre el público. 
En consecuencia, el Parlamento ha presentado una propuesta que aclarará la situación y hará que los productos que contengan un elemento genéticamente modificado que se pueda identificar por medio de ensayos razonables, a un precio razonable y con un grado de exactitud razonable, lleven una etiqueta adecuada. 
Esto engendrará cierto grado de confianza en el mercado y es de suponer que engendre también cierto grado de simpatía y de comprensión entre el público, que alentará la continua producción de productos genéticamente modificados y a la industria biotecnológica en general. 
No hay que subestimar la importancia de la confianza pública cuando se establezca un marco claro en el que pueda desarrollarse la industria biotecnológica. 
Los marcos jurídicos son apropiados y sumamente importantes, y tiene que haber estabilidad jurídica y claridad, pero, además, es preciso que haya confianza pública si se quiere conseguir que esos productos se comercialicen de forma adecuada. 
La propuesta que el Parlamento tiene ante sí proporciona normas y reglas que son claras, comprensibles, que se basan en sólidos conocimientos científicos y que facilitan al público la información que requiere para poder elegir con conocimiento de causa. 
Es evidente que si adoptamos esas normas y esos reglamentos y los aplicamos a productos del mercado, un número considerable de productos de los supermercados corrientes llevarán una etiqueta. 
No me parece que ese hecho deba suscitar entre nosotros temores o preocupaciones. 
Deberíamos alegrarnos de que el público reciba información, sobre cuya base pueda elegir entre los productos que se le ofrecen. 
Habiéndosele proporcionado esa información y una confianza tranquila en el producto, estoy seguro de que en el caso de algunos de los productos que al principio llegaron al mercado- me refiero, por ejemplo, a la pasta de tomate modificado genéticamente que en la actualidad se vende en el Reino Unido a razón de 2 latas por cada lata de pasta de tomate corriente- veremos cómo poco a poco se establece la preferencia del público por los productos genéticamente modificados, una vez que el público se convenza de que son inocuos, de buena calidad, fiables, seguros y que no representan en modo alguno la voluntad de una gran empresa biotecnológica que procura sacar provecho de un producto peligroso que pueda amenazar la salud del consumidor. 
Creo que el público, una vez que tenga ante sí el producto etiquetado y que vea los beneficios que se derivan de la utilización de productos genéticamente modificados en el mercado, llegará a la conclusión de que el trabajo que estamos efectuando esta noche- los pocos elegidos que estamos aquí esta noche, de los muchos que podrían estar presentes- constituye un importante paso adelante hacia una organización más lógica, más sana y más sensible de los mercados europeos. 
Una organización en la que los productos biotecnológicos se granjearán la aceptación pública como productos normales, sensibles, sanos y aceptables, en contra de la opinión actual que los considera con suspicacia, recelo, desconfianza y como si fueran un producto de alguna ciencia esotérica e inaceptable. 
Espero que la Comisión se entere de lo que decimos y se muestre dispuesta a modificar su propuesta, porque sabemos lo que piensa el público. 
Permítanme que se lo diga una vez más: si queremos vender esos productos, necesitamos que lleven etiqueta. 
No quiero referirme a lo que el Sr. Liese ha dicho. 
Sólo quiero recordarle que el Reglamento sobre los " novel food» fue aprobado en la forma que aceptó el Parlamento. 
En aquella ocasión, cuando en el Parlamento se entonaban grandes cánticos triunfales, dije que era un poco precipitado y que yo no consideraba que este reglamento fuese muy práctico. No he ocultado en absoluto mi opinión. 
Se me ha criticado en aquella ocasión por ello y ahora se me vuelve a criticar porque entonces realicé esa advertencia. 
Pero quizás sea este el papel de un Comisario. 
Esto me lleva directamente al asunto del que hoy se trata. 
Naturalmente que nosotros también queremos contribuir a una solución. Hemos partido de dos condiciones básicas. 
Primera: independientemente de qué procedimiento o criterio se elija, debe basarse en conocimientos científicos. 
Sabemos que estos conocimientos evolucionan. 
Ninguna constatación científica perdura más de 10 ó 20 años, pero si renunciamos totalmente a una guía científica, nos encontraremos en el mundo de la discrecionalidad. 
Se puede hacer lo que se quiera. 
En nuestra opinión, esto no es razonable ni tampoco corresponde a un Estado de derecho. 
No puedo imponer a nadie una obligación que, por así decirlo, me la saco de la manga. 
En segundo lugar, debemos prever un etiquetado que proporcione informaciones al consumidor, con las que pueda hacer algo y le digan algo. 
En la primera cuestión nos encontramos entretanto en concordancia con el estado de los debates en el Consejo. 
Ya lo veremos más tarde. 
Tras arduos debates, el Consejo ha decidido basarse en conocimientos científicos. 
En tres cuestiones tiene una opinión diferente a la nuestra, a saber, en la cuestión de un umbral, de un mínimo y de una lista negativa. 
Si en estas dos cuestiones se basa en conocimientos científicos, esto significa que en estos momentos no se puede adoptar ninguna decisión. 
Lo digo con toda claridad. 
Pero si a la postre somos obligados por el Parlamento y el Consejo a hacer algo así, entonces tenemos que hacerlo. 
No queremos oponernos a ello. 
Estoy dispuesto a hacerlo, pues es la opinión de la mayoría. 
En la tercera cuestión, la del may contain soy de otra opinión que el Parlamento. 
El "may contain» tiene toda una serie de ventajas, por cierto, también para el consumidor, pero sobre todo para la pequeña empresa que no está en situación de hacer todo lo que es necesario para colocar quizás una etiqueta con la observación" no contiene». 
Todas estas empresas, para estar seguras de que no les va a venir un aluvión de reclamaciones por daños y perjuicios, etiquetarán con la observación " contiene». 
Señor Bowe, verá que ya hoy según nuestros cálculos se tendrá que etiquetar aproximadamente el 60 % del processed food y si se quiere estar seguro, quizás el 90 o el 100 % se deberá etiquetar de este modo. 
Esto es una zero information para el consumidor pues si no tiene ninguna posibilidad de comprar un producto " sin organismos modificados genéticamente» porque los fabricantes están más o menos obligados a asegurarse frente a cualquier riesgo de responsabilidad civil, entonces ya no hay informaciones para el consumidor. 
Repito que esta es mi posición. 
La he defendido desde el principio. 
Señor Liese, es cierto que se me ha criticado. 
Entretanto mucha gente ve, también entre los Verdes- aunque quizás no es este el apoyo que uno desea, pero es bueno que me apoyen en esta cuestión -, lo peligroso que es lo que la mayoría hace aquí. En este contexto, quiero contar una anécdota de Baviera. 
Cuando en una ocasión se achacó a un miembro bávaro del Parlamento que había aplastado con la mayoría una posición muy razonable, respondió que podía ser que los otros fuesen más razonables "pero nosotros" semos» mayoría». 
Espero que esto se pueda traducir del modo adecuado en todos los idiomas. 
Así pues, ustedes son mayoría y ahora vamos a ver cómo nos las arreglamos con el Consejo. 
Por supuesto, la Comisión no va a oponerse a un compromiso, pero no nos pueden tomar a mal si decimos en voz alta y con claridad que bajo estas y aquellas circunstancias no es practicable una solución o que no va a aportar al consumidor las informaciones que desea. 
Este es el problema, no la confianza. 
Coincido en ello con sus Señorías. 
El tiempo y la costumbre harán sin duda que desaparezca este miedo en el que en parte vivimos. 
Sin embargo, queda un interés justificado por parte del consumidor que quiere saber si contiene o no organismos modificados genéticamente. 
A este interés no le hacemos a la postre justicia. 
Esta es mi opinión y hasta ahora también la opinión de la Comisión. 
Señor Presidente, tengo una precisión que solicitar al Comisario. 
En el proyecto de reglamento, sin duda hay un error, o una imprecisión, ya que se habla de los productos que habrían sido colocados en el mercado y etiquetados antes de la entrada en vigor del reglamento. 
La palabra inglesa es «products». 
Supongo que se trata, de hecho, de existencias o de suministros anteriores. 
Se trata de lo que ya está almacenado. 
Pero si es «productos» , el término es ambiguo. 
En mi opinión, aquí no es posible un malentendido, pues la frase de relativo dice claramente " que estaban en el mercado antes de la entrada en vigor». Es decir, se trata de un stock o de un producto, pero tiene que haber estado en el mercado antes de la entrada en vigor. 
Esto está totalmente claro. 
Si se trataba de un stock o sólo de un " produit» que quizás sólo se encontraba en el proceso de producción, es igual, de lo que se trata es del momento. 
Señor Presidente, quisiera hacer una breve pregunta al Comisario. 
Si la Comisión quiere que el público acepte sus productos, ¿por qué no da al público lo que desea, que es sencillez y claridad? 
Acabemos con el " puede contener». 
¿Por qué quieren decir ustedes que un producto " puede contener»? 
Den al público lo que quiere, sencillez y claridad. 
Dejen al público que escoja lo que quiera. 
Tengan confianza en el público. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se suspende la sesión a las 22.38 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la Sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, permítame que, a pesar de que es jueves- un juego de palabras que quizás sólo los escandinavos entendemos- pedir que se corrija el protocolo. 
Falta mi nombre, aunque yo puedo probar que estuve presente en las votaciones. 
Por tanto, pido una rectificación. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, quisiera referirme ante usted y el Parlamento a una observación que formulé en el Acta del martes, acerca de su decisión de pedir que se quitaran las banderas y los símbolos que había en esta sala. 
Hice constar en el Acta que no había recibido usted lo que otros oradores recibieron: aplausos y comentarios. 
Sigo pensando que el Acta era poco justa en su redacción, porque me pareció que usted, cuando desempeñaba la Presidencia, lo hacía con mucha autoridad. 
Me parece que el Acta debería haberlo hecho constar. 
Señor Killilea, su observación naturalmente es un cumplido por el que estoy obligado a darle las gracias, pero no creo que sea un tema del Acta dar la imagen de las resonancias de las observaciones o de la forma en que las sesiones son o no son dirigidas. 
Mejoras en el funcionamiento de las Instituciones 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0117/98) del Sr. Herman, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre las mejoras en el funcionamiento de las Instituciones sin modificar los Tratados- Por unas políticas comunitarias más abiertas y democráticas. 
Señor Presidente, Señorías, la experiencia del pasado ha mostrado que las mejoras institucionales aportadas por las sucesivas modificaciones de los Tratados habían sido, en su mayor parte, más que el resultado de las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental, la consagración de las prácticas establecidas previamente, bien por acuerdos institucionales, bien como consecuencia de decisiones del Tribunal de Justicia- por ejemplo, la utilización de la sentencia sobre la isoglucosa- o por el uso extensivo de procedimientos existentes para ensanchar las grietas entreabiertas, como ocurrió en el marco del procedimiento presupuestario. 
Se ha podido observar asimismo que la adquisición de nuevos poderes por parte del Parlamento se ha llevado a cabo más que a través de avances discontinuos, por medio de una evolución gradual. 
En diversas materias, hemos pasado de la fase de la información a la de consulta, de la consulta a la cooperación, de la cooperación a la codecisión, de la codecisión a la codecisión simplificada y a veces incluso directamente al dictamen conforme. 
Las propuestas que se les someten están fuertemente inspiradas por este enfoque, son más modestas y menos espectaculares, sin duda, pero, a primera vista, serán más eficaces a largo plazo. 
Las propuestas de este ponente se inscriben, por otra parte, en una línea que la Comisión de Asuntos Institucionales ha seguido con continuidad y perseverancia. 
Al decir esto, me estoy refiriendo concretamente al informe de la Sra. Anglietta sobre la comitología, al informe del Sr. Anastassopoulos sobre el sistema electoral común, al informe de la Sra. Theato sobre la mejora del control presupuestario, al informe de la Sra. Randzio-Plath sobre el control democrático del BCE. Se trata de un conjunto de propuestas del Parlamento que apuntan a un mismo objetivo: mejorar el funcionamiento de las instituciones sin modificar los Tratados. 
Por una parte, las exigencias del calendario en cuanto a la realización de la Unión Monetaria y, por otra, la necesidad de profundizar el examen de otros problemas me han impulsado a presentar este informe en dos partes. 
Por ahora sólo tratamos la primera parte, por razones de urgencia, puesto que hay que aprovechar la oportunidad de la realización de la Unión Monetaria para llevar a cabo lo que el Tratado de Amsterdam no pudo plasmar. 
En el marco de la elaboración del Tratado de Amsterdam se había decidido, en efecto, no abordar ninguna cuestión referente a la Unión Monetaria. 
La impresión general era que si se abría esa " caja de Pandora» , se crearían una serie de dificultades. 
Es cierto que en el momento en que se estaba preparando el Tratado de Amsterdam, los problemas de la crisis, del desempleo, tenían prioridad, y era muy peligroso abordar los problemas monetarios, fuertemente cuestionados en algunos países. 
Por eso se dejó de lado este grupo de cuestiones, y se reconoció que el objetivo general del Tratado de Amsterdam era mejorar el control democrático y la transparencia. 
Pero el Parlamento no abordó el grupo de cuestiones sobre la Unión Monetaria. 
Sin embargo, se admitió que, en aquellos casos en que era imprescindible una mayor coordinación de las políticas económicas- por ejemplo, en la problemática del desempleo -, había que hacer participar al Parlamento en el procedimiento de consulta; pero se obvió el grupo de cuestiones monetarias. 
Esto era, pues, lo que había que paliar de inmediato, y este es el propósito de nuestro informe. 
Nosotros proponemos consagrar lo que ya se hace con la Comisión, pero no con el Consejo. 
La Comisión, en efecto, ha tomado la iniciativa de consultarnos. 
Ésta nos ha consultado y sigue haciéndolo; ayer lo ha hecho nuevamente. 
En la Comisión de Asuntos Económicos se nos ha consultado sobre las recomendaciones relativas a las grandes orientaciones de política económica, lo que en nuestra jerga se denomina " GOPES». 
Por lo tanto, se nos consulta sobre estas orientaciones, pero se trata de una consulta informal. 
Nosotros pedimos que el Consejo y la Comisión, junto con el Parlamento, creen un procedimiento en el marco de un nuevo Acuerdo Interinstitucional para oficializar lo que hoy existe en la práctica. 
Este es el alcance esencial del informe de hoy, al que seguirán otras propuestas, en una segunda parte. Apelo a la benevolencia de ustedes sobre el hecho de que este informe es sólo parcial. 
Había que solucionar lo más urgente. 
A continuación, desearía decir a mi colega, la Sra. Randzio-Plath, que las alusiones del informe al control democrático del Banco Central no hacían referencia, en el momento en que fue redactado, a su propio informe. 
No se trata de avanzar menos que ella, y voy a pedir dentro de un momento que, en las enmiendas, se introduzca una referencia a su informe, para demostrar que estamos en la misma onda. 
Señor Presidente, el informe es de gran importancia, pues desde el inicio de la segunda fase de la Unión Monetaria, el Parlamento Europeo exige la conclusión de un Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea para superar el déficit democrático en el procedimiento relacionado con el exceso de déficit y sobre todo con los rasgos básicos de la política económica y su supervisión. 
El Parlamento Europeo tiene que poder codecidir con claridad no sólo en otros campos sino precisamente en el de la Unión Económica y Monetaria. 
El 1 de enero de 1999 no sólo comienza la Unión Monetaria sino también la Unión Económica. 
No puede ser que la coparticipación del Parlamento Europeo se cuestione ya solamente por el principio de unanimidad. Por ello, la Comisión de Asuntos Económicos ha subrayado que en este campo se debe llegar a acuerdos interinstitucionales. 
Tenemos también que recapacitar hasta qué punto va a ser posible lograr mediante este acuerdo una coordinación aún mejor de las políticas económicas en la Unión Europea, pues un desequilibrio entre la Unión Económica y la Monetaria tal como hoy existe, es perjudicial para la Unión Europea en lo que se refiere a superar el paro en masa, estimular las inversiones y crear también puestos de trabajo. 
Con razón se indica que la carencia de coordinación económica en la Unión Europea ocasiona pérdidas de crecimiento que no nos podemos permitir. 
Por ello, el Consejo Europeo debe adoptar la iniciativa en este campo y responder positivamente a las peticiones del Parlamento Europeo concluyendo un acuerdo o, en cualquier caso, acordando un procedimiento concreto de cooperación. 
Señor Presidente, la reciente decisión de paso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y al Pacto de Estabilidad, con la creación del euro, representa un avance cualitativo en la creación de un poder político supranacional, al que falta, sin embargo, una institucionalización y una legitimación coherentes y democráticas. 
Éstas, después de haberse transferido los poderes de los Estados a la Unión Europea, sólo pueden radicar en el Parlamento Europeo, por manifiesta insuficiencia e impotencia para el control de los parlamentos nacionales. 
Por otro lado, todos los observadores, ya sean favorables o críticos respecto de la Unión Europea, señalan que la unificación monetaria sin una efectiva coordinación de las políticas económicas dentro de la Unión y sin un presupuesto apto para promover la cohesión económica y social y una fiscalidad europea, representa un peligro o, en todo caso, impide que se extraigan todas las virtualidades de la moneda única. 
Además, todos están preocupados con un modo de garantizar la responsabilidad política y la accountability de las instituciones de la Unión Económica y Monetaria, sin perjuicio de la independencia técnica del Banco Central Europeo. 
Para ese conjunto de preocupaciones el informe Herman constituye una excelente primera respuesta que consiste en decir que, frustrada la esperanza de reforma institucional del Tratado de Amsterdam, hay que seguir la vía de la aplicación de los Tratados, todos los Tratados, explorando a fondo las posibilidades que ya confieren para mejorar la eficacia de la acción de la Unión Europea y el control democrático a cargo del Parlamento elegido por sufragio directo y universal. 
Así es, y será, si hay voluntad política tanto en el caso del Parlamento Europeo, cuya labor debe mejorar y cuyas atribuciones ya han aumentado, como en el de los gobiernos y las fuerzas políticas nacionales, que no deberán permanecer en el nacionalismo estrecho que ensombreció el Consejo Europeo fundador del euro. 
Uno de los métodos que se deben seguir es el de los acuerdos interinstitucionales propuestos, desde luego, para garantizar el control y la intervención efectiva del Parlamento Europeo en los mecanismos ya previstos en el Tratado, que, si hay voluntad política, permitirán lanzar las bases de un verdadero «gobierno económico». 
A eso habrá que sumar los mecanismos que, paralelamente, el Tratado y los acuerdos ya obtenidos introdujeron en materia de empleo, con vistas al reequilibrio de lo económico por lo social. 
Otras varias esferas importantes escapan a un efectivo control democrático del Parlamento Europeo. 
Es preciso poner en práctica las propuestas del informe Herman, que corresponden a la voluntad de superar las graves lagunas del control democrático que subsisten en muchos sectores de la política económica y social en el nivel europeo. 
Dichas lagunas son tanto más graves cuanto que en las condiciones institucionales de la Unión Europea se agrava la conocida tendencia en el nivel nacional a vaciar el poder efectivo de los parlamentos en beneficio de los ejecutivos o de meros poderes fácticos de la economía, de los lobbies, de las corporaciones profesionales, del capital financiero transnacional, etc., por lo que se refiere a la programación económica y social, al acompañamiento y al control democrático de las decisiones y a la evaluación periódica de sus repercusiones. 
El informe Herman se orienta hacia la vía que propicia una influencia real del Parlamento Europeo y yo quiero apoyar y acoger con beneplácito esa vía, al tiempo que señalo que también es cometido nuestro promover la participación de los ciudadanos, los interlocutores sociales y los agentes sociales y asociativos en el proceso de decisión de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la jornada del día 2 de mayo fue una jornada histórica. 
Si no fuera porque el término «histórico» ha sido manoseado en muchas ocasiones, sin duda lo podríamos utilizar en este caso también. 
Yo creo que es una jornada sólo comparable a la que vivimos hace ya muchos años en Roma cuando se firmó el Tratado CEE. 
Dentro de muchos años nos daremos cuenta del paso de gigante que ha dado la construcción europea con el lanzamiento del euro. 
La verdad es que esa noche del 2 de mayo lo menos que se puede decir de los Jefes de Estado y de Gobierno es que no anduvieron muy finos, pero yo creo que no hay que elevar la anécdota a categoría. 
Creo que, además, el Parlamento Europeo ha dado pruebas de una enorme responsabilidad a la hora de contribuir también al lanzamiento del euro, y creo por tanto que este es el momento de ponerse a trabajar. 
Y esto es lo que hace el informe de nuestro colega Fernand Herman, ponerse a trabajar. 
Desde hace mucho tiempo, señoras y señores diputados, casi desde los antepasados del Sr. Anastassopoulos, todas las ideas de la ciencia política y de la sociología política van en una misma dirección. Por utilizar las palabras de Montesquieu, » crear una disposición de cosas tal que el poder frene al poder» , que no exista ningún poder autónomo, absolutamente independiente y que no responda ante nadie. 
El sistema que hemos creado, que creó el Tratado de Maastricht al establecer un Banco Central Europeo, es un sistema que no responde ante nadie, y precisamente por garantizar su libertad y su independencia no se ha puesto en el Tratado un contrapeso de poder. 
Lo que pretende el informe del Sr. Herman es que, salvaguardando la autonomía del Banco Central Europeo, quienes representamos a los pueblos de Europea estemos informados de lo que sucede y podamos transmitir a los rectores del Banco Central Europeo cuáles son nuestras impresiones. 
Esto es muy importante porque, en la resolución que aprobamos en este Parlamento el pasado 20 de noviembre, fundamentamos la Unión Europea como unión de Estados y unión de pueblos. 
Por tanto, el que este Parlamento esté informado, sea consultado, transmita su opinión, es algo importante para garantizar la responsabilidad democrática. 
Eso es lo que pretende el Sr. Herman en su informe y en especial en el proyecto de acuerdo interinstitucional. 
Por eso mi Grupo lo va a apoyar, porque está convencido de que eso será bueno para que el Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo puedan colaborar eficazmente. 
Lo vamos a apoyar. Y vamos a apoyar también algunas de las enmiendas presentadas que mejoran el texto. 
Es un buen texto, señor Presidente, como decía al principio de mi intervención, para comenzar a trabajar. 
Señor Presidente, Señorías, aplaudo con convicción y en todas las ocasiones los principios de la apertura y la democracia en el funcionamiento de las instituciones democráticas. 
No obstante, cada vez que se habla de estas cuestiones, se habla también, en lo esencial, de dos aspectos o dos vertientes: el proceso comunitario de adopción de decisiones y las formas de control y de información de las instituciones comunitarias, en particular del Parlamento Europeo, en cuanto a las cuestiones pendientes. 
En cuanto a la primera, no quisiera dejar de señalar que el día 2 de mayo ocurrieron hechos que considero históricos. 
Yo misma voté la recomendación del Parlamento Europeo sobre la creación del euro. 
Pero, sobre esa materia, se debaten y se abordan las cuestiones relativas al proceso de adopción de decisiones, me refiero a las cuestiones de unanimidad frente a mayoría. 
Uno de los aspectos que más chocó a cierta opinión pública, e incluso a algunos políticos, fue la demora en la adopción de la decisión. 
Como se suele decir en mi país «¡Hay que ver! ¡Once horas!» 
Pues, ¡sí! 
¡Once! ¡Y podrían haber sido más! 
Lo importante, desde mi punto de vista, es que los países concertaran sus opiniones y llegasen a una decisión final. 
Hay sectores, Señorías, en que, en mi opinión, se debe preservar esa regla en la adopción de decisiones. 
Por lo que se refiere a la participación democrática de las instituciones comunitarias, aplaudo el informe de nuestro colega el Sr. Herman y lo considero un paso importante con vistas a la sensibilización, no sólo de los diputados al Parlamento Europeo, sino también- quisiera aprovechar la ocasión para destacarlo- de los parlamentos nacionales. 
Considero, en verdad, que los parlamentos nacionales deben tener un papel importante respecto del control de las decisiones y su acompañamiento, así como de las informaciones que se consideran adecuadas para una correcta participación de todos en decisiones que a todos respectan. 
Soy de los que creen que Europa será tanto más rica, tanto mejor, tanto más adecuada para todos los ciudadanos, si todos, sin excepción, los que tienen responsabilidades políticas y fueron elegidos por sus ciudadanos tienen acceso a la participación y a la información respecto de decisiones que- repito- a todos respectan. 
En consecuencia y para concluir, considero que el informe es un buen paso, un buen medio, un buen mecanismo para que se inicie ese camino de la democraticidad de las instituciones comunitarias. 
Señor Presidente, el pasaje del texto del Sr. Alban- a quien felicito -, consagrado a la Unión Económica y Monetaria, cobra una nueva dimensión tras la designación de los once países que forman parte de la Unión Económica y Monetaria y tras el dictamen positivo emitido por el Parlamento Europeo sobre la composición del directorio del Banco Central Europeo. 
Personalmente- y querría decirlo ante esta Asamblea -, lamento la importancia que se ha dado a las peripecias ocurridas en cuanto a la designación del presidente Duisenberg. 
Los medios de comunicación y algunos diputados han evaluado mal lo que era esencial, es decir, el lanzamiento de una etapa decisiva en la construcción europea, y lo que era accesorio: la insuficiente preparación del Consejo respecto a la solución de un problema que estaba sobre la mesa desde hacía más de un año. 
Pero volvamos, precisamente, a lo esencial. 
El Parlamento Europeo, por primera vez en su historia, y ello significa un gran progreso para su legitimidad, se convierte en el interlocutor exclusivo de una institución tan poderosa como el Banco Central Europeo. 
Exclusivo frente al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales. 
Lo que le falta- y ese será el objeto del futuro informe del Sr. Herman, es demostrar su capacidad con respecto a esta nueva responsabilidad, como es, por ejemplo, la de convertirse, a través de los contactos con el Banco Central Europeo, en un intermediario frente a los ciudadanos y a las tendencias expresadas. 
El propio Sr. Schioppa ha declarado, en su excelente discurso, que el Banco Central Europeo tendrá necesidad de explicar sus acciones no sólo a los operadores de mercado, sino también a las instituciones comunitarias, a la opinión pública y a los órganos informativos. 
El Parlamento Europeo, a través de sus comisiones competentes, deberá organizar estas relaciones. 
Finalmente, cómo no habríamos de congratularnos de la convicción en la que han insistido varios directores cuando han manifestado con determinación que la necesidad de la Unión Económica y Monetaria dependerá de los progresos institucionales de la Unión Europea para lograr unas instituciones más fuertes y mejor integradas, lo que debería obligarnos a clarificar los objetivos de la Unión. 
Señor Presidente, yo también desearía unirme a las felicitaciones dirigidas al Sr. Herman. Las propuestas que nos expone son absolutamente útiles. 
El Sr. Herman señala la necesidad de reforzar el papel de control del Parlamento Europeo con respecto a cuestiones fundamentales como la Unión Económica y Monetaria y en particular la coordinación de las políticas económicas, pero también con respecto a las políticas de competencia, a las políticas comerciales exteriores e incluso a la rehabilitación, en cierto modo, de la cuestión referente a la política social. 
Por lo tanto, se trata de un informe absolutamente útil, y que se sitúa muy bien en los momentos actuales que atravesamos. 
Por otro lado, debo decir que todos los problemas del control en sentido estricto del Banco Central Europeo han ido en detrimento de la importante cuestión de la coordinación de las políticas económicas, y es sorprendente que demos una proyección espectacular a un dictamen sobre la designación de las personas que integran el directorio, que no atañe al fondo, cuando actualmente no nos expresamos sobre el contenido mismo de las decisiones que deben tomarse en materia de coordinación. 
Quizá la coyuntura económica favorable no nos deje ver la importancia de este asunto. 
Sólo habrá control democrático del Banco Central Europeo si paralelamente se pone en juego, dentro de una concepción de equilibrio de las instituciones y del funcionamiento de éstas, una capacidad de cooperación de las políticas económicas nacionales. 
Eso supone un poder capaz de dialogar con el Banco Central Europeo. 
Desde este punto de vista, aprecio el hecho de que en el informe se le pida al Banco Central Europeo que anuncie claramente sus objetivos, incluyendo los objetivos que no incumben estrictamente a su responsabilidad, como el crecimiento- y yo añadiré el empleo -, de tal manera que el diálogo entre el Parlamento Europeo y dicha institución sea fecundo y que se la pueda juzgar con conocimiento de causa. 
Dicho esto, permítanme subrayar dos limitaciones de su análisis. 
Primeramente, éste supone que el Parlamento Europeo sea capaz de representar un papel político sobre el fondo de las opiniones políticas y económicas. 
En segundo lugar, usted no aborda la cuestión de sus relaciones con la sociedad civil y con sus actores sociales, y se limita a un procedimiento interno de las instituciones. 
Lamento que no se aplique la propuesta que votamos con ocasión de la presentación, aquí mismo, de mi informe de 1996. 
Y la habíamos votado mayoritariamente, es decir, que el Parlamento Europeo debate las opciones de política económica incluso antes de la recomendación de la Comisión y de la decisión del Consejo. 
Yo había propuesto una conferencia anual de nuestro Parlamento con representantes de la sociedad civil. 
Su texto propone una resolución interna posterior a una recomendación de la Comisión. 
¿Por qué el Parlamento Europeo no quiere asumir su papel político más a fondo? 
Es un interrogante. 
Quiero decir- y termino con esto- que para reflexionar sobre la coherencia entre los objetivos sociales de la Unión y las opciones de política monetaria y financiera tenemos la absoluta necesidad de dialogar mucho más con los actores sociales, con los representantes de la sociedad civil. 
Esta es la limitación de su informe, el cual, no obstante, es excelente. 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Asuntos Institucionales, el ponente sabe que yo no me incluyo entre aquellos que, siguiendo el ritual del Parlamento, expresa sus felicitaciones y cumplidos a todos los ponentes. 
En el caso del Sr. Herman, no lo hago por tradición sino por el respeto muy personal que tengo ante su autorizada voz en el debate que tiene lugar sobre la democratización en la UE. 
Considero que este informe es muy importante. 
Por un lado, el mérito de este informe radica en presentar un diagnóstico, lo que se ha convertido en algo raro, sobre el déficit democrático en la UE y, por otro, en presentar una serie de propuestas con una estrategia muy clara, a lo que me puedo adherir. 
No obstante, quiero decir algunas palabras sobre la estrategia básica del ponente. 
En el diagnóstico falta la segunda parte del informe. 
Originariamente, se justificó alegando que se tenía que presentar el 2 de mayo. 
Ya ha pasado el 2 de mayo, quizás esta decisión no fue muy acertada, pero como he dicho, tendremos que tratar esta segunda parte del informe. 
Creo que la parte esencial de este diagnóstico consiste en que el ponente muestra de modo muy claro que de modo creciente se sustrae a los Parlamentos nacionales el control parlamentario de cada vez más campos sin que se transmitan al Parlamento Europeo. 
Creo que esta es una constatación fundamental porque la opinión pública no lo tiene aún suficientemente claro. 
Significa que la cadena de legitimación de la UE se ha roto hace ya mucho tiempo. 
Significa que la opinión pública ya no tiene una visión del orden institucional; significa que se elude el derecho de los ciudadanos a un control parlamentario y, en consecuencia, público, del poder ejecutivo. 
Esto me lleva a criticar también aquella práctica, aquella estrategia pragmática que el ponente propone para ampliar los derechos parlamentarios y superar el déficit democrático. 
La actual estrategia de abrir vías, de continua negociación, de realizar nuevas interpretaciones o de estirar al máximo, ha logrado sin duda éxitos en la historia de la UE, pero creo que el ponente no ve que esta estrategia no ha podido impedir que el hueco existente entre la centralización en Europa y la democratización de la UE sea cada vez mayor, que la cadena de legitimación se rompa cada vez con mayor frecuencia, que hayan surgido grandes inseguridades jurídicas en el entramado institucional de la UE, que el orden institucional sea cada vez más opaco para la opinión pública, que con esta estrategia no ha surgido ningún orden fundamental republicano y que ningún... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, el ponente, el Sr. Herman, y lo felicito por ello, hace resaltar algunos puntos (que figuran ciertamente entre los más importantes) que no satisfacen al Parlamento Europeo, tras el Acuerdo de Amsterdam, y sobre todo propone una vía para tratar de colmar dicho déficit. 
Sin por ello negar mi apoyo, ni mucho menos, la pregunta que me formulo es esta: ¿qué se puede hacer? 
Se pedían muchas cosas en Amsterdam, se esperaba que Amsterdam diera respuestas más adecuadas para Europa. 
No fue así... Pienso que estas respuestas deben darse, porque de lo contrario esa Europa de veinte, de veinticinco, no se realizará. 
Dicho esto, las dos preguntas que deseo formular en este debate- y las formulo al Sr. Herman, que conoce bien mi posiciónson las siguientes. Primeramente, ¿podemos seguir, a posteriori, con la letanía de nuestros temas de desacuerdo, que deberían haber provocado una reacción más enérgica por nuestra parte en el momento de la adopción, en el momento en que dimos nuestro acuerdo político al Tratado de Amsterdam? 
En segundo lugar, ¿los acuerdos interinstitucionales son la fórmula idónea, cuando no hay respuesta por la otra parte? 
Lo hemos visto perfectamente con el Banco Central... 
¿No habíamos contraído, no obstante, un compromiso a favor de un acuerdo interinstitucional? 
Ciertamente; pero, de hecho, ¡no tuvimos respuesta! 
¿Se trata acaso de una buena fórmula cuando la otra parte no tiene la voluntad de ponerse de acuerdo con nosotros? 
Estas son las dos preguntas que deseaba formular, a la par que felicito al ponente. 
Señor Presidente, el Informe Herman deplora que en las políticas europeas todavía existan ámbitos en los que el control democrático escape a los Parlamentos nacionales, sin ser sustituido por el control del Parlamento Europeo, y propone, para remediar esta situación sin modificar los Tratados, celebrar acuerdos entre las instituciones europeas, en los diversos sectores, para ampliar los poderes del Parlamento Europeo. 
En primer término, la situación de ausencia de control democrático es, evidentemente, condenable, pero si- con razón- nos quejamos de ello, por lo menos no habría que dejar que la misma se agravara. 
Ahora bien, esto es lo que pasará con el proyecto de Tratado de Amsterdam, que la mayoría de esta Asamblea aprueba y que, sin embargo, hará retroceder la democracia en Europa, al despojar a los Parlamentos nacionales de sus poderes, sin ofrecer ningún otro tipo de control democrático equivalente. 
Por ejemplo, permítanme recordarles que el nuevo Título IV TCE del Tratado de Amsterdam quitará todo poder de decisión a los Parlamentos nacionales en materia de inmigración, sin establecer ningún control que lo sustituya, por lo menos durante cinco años, y sólo existirá el control, insuficiente, del Parlamento Europeo. 
Estas lagunas no podrán colmarse mediante simples acuerdos interinstitucionales, que tienen precisamente la particularidad de prepararse en la oscuridad, de obviar a los Parlamentos nacionales y de no ser ratificados por los pueblos. 
Ha de cambiarse de métodos y de objetivos. 
El Grupo Europa de las Naciones piensa que para colmar el déficit democrático en Europa será necesario que un futuro nuevo Tratado- repito: un Tratado, y no acuerdos interinstitucionales- dé un nuevo espacio a los Parlamentos nacionales en el propio seno del proceso de decisión europeo. 
Y en este sentido, lamento, una vez más, que los diputados europeos hayan manifestado hace pocos días una nueva actitud de ostracismo, al excluir por principio a los Parlamentos nacionales del control del euro. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Tratado de Amsterdam es un importante progreso en el camino hacia la democratización de la Unión Europea, un camino que debemos proseguir. 
La Conferencia Intergubernamental estuvo de acuerdo en que las instituciones comunes deben hacer uso de todas sus posibilidades para mejorar su modo de trabajo sin modificar los Tratados. 
Existen márgenes de actuación y el informe Herman menciona de modo ejemplar temas que para nosotros son preferenciales. 
Primero: Unión Económica y Monetaria. 
Saludamos expresamente esta disposición al diálogo pero no debe depender exclusivamente de la buena voluntad del correspondiente director del Banco. 
Por ello, queremos un Acuerdo Interinstitucional que incluya también la participación parlamentaria en el procedimiento de coordinación de la política económica. 
Segundo: tanto en la política de economía exterior como en la de competencia, el papel del Parlamento sigue siendo débil. 
Los actuales procedimientos de información precisan de mejora. 
Los Acuerdos Interinstitucionales deben determinar asimismo los detalles. 
Tercero: empleo y política social. 
La lucha contra el paro y el desarrollo del modelo social de Europa debe gozar de prioridad absoluta. 
El Tratado de Amsterdam lo confirma. Hace del Parlamento un colegislador con los mismos derechos en amplias campos de la política social. 
No obstante, existe una laguna democrática allí donde los acuerdos de los interlocutores sociales a nivel europeo deben ser aplicados por resoluciones del Consejo. 
El que no se prevea que el PE participe, está en crasa contradicción con el principio de que los actos legislativos precisan siempre de la legitimación parlamentaria. 
Debe crearse una obligación de este tipo al menos a un nivel informal, lo que también hace necesario un Acuerdo Interinstitucional. 
Por lo demás, sabemos que una profundización de la democratización en Europa significa seguir consecuentemente con las reformas. 
Presidente, la toma de decisiones con motivo del euro ha vuelto a dejar claro que el índice democrático de la Unión Europea necesita mejorarse urgentemente. 
Desde luego dimos unos importantes pasos hacia adelante en el Tratado de Amsterdam. 
Creo que dentro de poco habrá un 80 por ciento de la legislación y del presupuesto bajo control del Parlamento Europeo pero esto no quita, y nuestro colega Herman lo ha descrito en su informe, que quedan todavía ámbitos importantes que no están bajo ese control. 
La política agrícola, la política pesquera, la política comercial común, la política referente a la codecisión, la política de cooperación al desarrollo, todos estos sectores no están todavía bajo ese control democrático. 
Tardará hasta la siguiente ronda de modificación del tratado para que se pueda hacer algo al respecto. 
Nuestro colega Herman ha presentado una propuesta muy buena para intentar mejorar ese control en este intervalo de tiempo mediante la celebración de acuerdos interinstitucionales. 
Me parece una propuesta muy buena y creo que no solamente deberíamos hacer eso en el ámbito que está descrito en el informe sino también en otros ámbitos. 
Por otra parte, esto no es óbice para que nos encarguemos de apoyar una modificación en los Tratados antes de que se adhieran algunos otros Estados miembros. 
Presidente, tal vez debemos emplear otro acicate porque yo misma estoy pensando que poco a poco deberíamos dejar de colaborar en las decisiones, y lo podemos hacer en el procedimiento de opinión, que no se controlen democráticamente, ni por los parlamentos nacionales, ni por nuestro Parlamento. 
Como punto final me gustaría subrayar que se debería mejorar la cooperación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
Muchos parlamentos conocen las denominadas comisiones mixtas. 
En los Países Bajos no se conoce esto todavía y realmente espero que el nuevo Congreso de Diputados que se acaba de elegir ponga en marcha dicha comisión mixta de modo que, tanto desde los parlamentos nacionales como desde el Parlamento Europeo, se puedan controlar mejor las penumbras de la cooperación institucional. 
La propuesta del Sr. Herman la quiero apoyar enérgicamente y su informe merece hoy aquí un amplio apoyo del Parlamento entero. 
Señor Presidente, su neerlandés está avanzando mucho, enhorabuena. 
Presidente, colegas, a este Parlamento le gusta quejarse y a menudo se queja de la lentitud en la toma de decisiones europeas y también recorremos senderos del futuro, como es nuestra obligación. Nos gusta marcar la pauta del porvenir. 
A pesar de todo resulta que la realidad europea progresa más rápido de lo esperado. 
Las promesas de un diálogo continuo entre la dirección del Banco Central Europeo y este Parlamento me parecen un buen y feliz ejemplo de ello. 
Mi grupo parlamentario y yo seguiremos contribuyendo en el futuro, como hemos hecho hasta ahora, a la mejora de la apertura, de la transparencia y de la obligación de responder que está a la cabeza de todas las instituciones de la Unión. 
Algunas de esas instituciones empiezan a comprender que los pueblos sólo seguirán aceptando la Unión con la condición de que se cumpla de antemano con la obligación de responder, lo que se denomina en inglés " accountability». 
La Comisión lo comprende, parece que la dirección del Banco Central Europeo lo comprende también. 
Colegas, me gustaría terminar comunicándoles mi convicción de que es el Consejo, y por lo tanto el reflejo de algunos gobiernos de los Estados miembros, el que tiene la mayor dificultad de evaluar cuál es su obligación para asegurar la calidad democrática de la Unión entera. 
Junto con el ponente y con los colegas vigilaremos que lo hagan cada vez mejor en el futuro. 
Señor Presidente, la delicada transferencia de competencias del plano nacional al plano comunitario y la casi total ausencia de mecanismos de control de las decisiones en él adoptadas ha creado una situación incomparable que podemos caracterizar como de triple déficit democrático: 
en el ámbito de las instituciones de la Unión, en particular con la concentración de la iniciativa legislativa en la institución con particulares competencias ejecutivas, y del poder legislativo en las instituciones que en el plano nacional ostentan el poder ejecutivo y ahora con el Banco Central Europeo, al crearse un órgano sin el menor control; -en el marco nacional, con particular vaciamiento de las competencias tradicionales de los parlamentos nacionales; -y, por encima de todo, en el nivel de los ciudadanos, al alejarlos de las decisiones, en particular de las de mayor alcance.Así, no es de extrañar que un número cada vez mayor de personas en todos los países expresen reservas y críticas. 
El ponente ha habido de afrontar, así, un trabajo simultáneamente meritorio y- convengamos en ello- de alcance limitado. 
Meritorio, porque reconoce el nivel global de las deficiencias, pero, aun así, intenta reducir su alcance al nivel comunitario. 
De limitado alcance, exactamente por su profundidad y globalidad y por su carácter estructural. 
Consciente de esas limitaciones, también yo me refiero a tres aspectos que me parecen insuficientemente abordados en el informe. 
En primer lugar, la necesidad de una articulación más estricta con los parlamentos nacionales, en particular por parte del Parlamento Europeo. 
Segundo aspecto: el indispensable abandono por el Parlamento Europeo de una perspectiva corporativista en el marco de su relación con las demás instituciones comunitarias. 
Por último, y en conjunción con los dos aspectos anteriores, la urgencia de una mayor y más efectiva participación de los ciudadanos en los procesos de adopción de decisiones, en particular de los que tienen normalmente menos capacidad para influir en ellos. 
Señor Presidente, el informe de Herman que resalta las deficiencias democráticas de la Unión, es digno de elogio. 
Este informe demuestra con gran nitidez lo que ya sabíamos, es decir, qué es lo que cojea tratándose del control democrático: la legitimidad democrática, la apertura y la transparencia. 
Este problema es grave, también en lo referente a la UEM, el euro y la política económica. 
Intentar compensar los fracasos democráticos con sucesivos arreglos provisionales quizá sea como " gritar en el desierto». 
Sin embargo, de cualquier modo tengo que apoyar el acuerdo institucional que se propone en el informe ya que contribuye, al fin y al cabo, a que se haga algo para paliar las deficiencias democráticas. 
También voy a votar por las propuestas de enmiendas del Grupo I-EDN que señalan que semejante acuerdo requiere consultas con los países miembros y también mayor injerencia y consultas con los parlamentos nacionales. 
Pero la deficiencia real es, como es sabido, la ausencia de apoyo ciudadano para, por ejemplo, la UEM y la ausencia de diálogo. 
Señor Presidente, quisiera rendir homenaje al ponente que está siguiendo una dirección que este Parlamento ha seguido siempre: aceptar los Tratados según están redactados, reconocer sus deficiencias y procurar interpretarlos de la forma más imaginativa que sea posible, procurando utilizar los Tratados como si estuvieran confeccionados con material elástico a fin de sacar de ellos todo lo que quepa sacar razonablemente. 
El Sr. Herman es un veterano de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Sabe muy bien lo que es posible y lo que no es posible a ese respecto, y hoy nos ha presentado otro producto admirable de su trabajo. 
Ahora bien, nuestro colega del Grupo Europa de las Naciones pretende que todo eso es antidemocrático, que se está modificando la constitución mediante arreglos secretos a puerta cerrada entre las instituciones. 
Al fin y al cabo, lo que se está haciendo sólo se puede hacer en el contexto de los Tratados. 
No es posible modificar los Tratados. 
Los Tratados, según quedaron ratificados por todos nuestros parlamentos nacionales, no se pueden modificar mediante arreglos secretos. 
Sin embargo, siempre existe la posibilidad de interpretar los Tratados y de preferir una interpretación a otra diferente. 
Es perfectamente natural que lo hagamos. 
Es algo que el Parlamento ha hecho ya en el pasado con mucha pericia y que nosotros estamos haciendo una vez más. 
Un acuerdo interinstitucional no tiene nada de antidemocrático: es un acuerdo entre los gobiernos electos que se reúnen en el Consejo, por una parte, y el Parlamento elegido directamente, por otra. 
Se trata de un acuerdo concertado públicamente, cuyo texto se somete a votación en una votación pública en el Parlamento electo. 
Eso no tiene nada de antidemocrático. 
Lamento sobremanera que el Grupo EDN- cuya sigla me parece que significa oficialmente Grupo Europa de las Naciones pero que, en realidad, debería significar Grupo Euroescéptico de Neolectores- opine de esa manera. 
Estoy seguro de que la inmensa mayoría del Parlamento Europeo apoyará la resolución que nos ha sido presentada. 
Señor Presidente, el informe Herman es oportuno y se caracteriza por la pertinencia a que nos tiene acostumbrados este inteligente e incansable colega. 
Primero, porque, después de la entrada en la tercera fase de la Unión Monetaria, resulta aún más necesaria la democratización de la política económica. 
Después, porque el Tratado de Amsterdam por sí solo no ha resuelto este problema, porque la esfera económica y monetaria ha quedado fuera de la negociación. 
Pero sabemos que resulta cada vez más difícil sacar zumo de las conferencias intergubernamentales, aun exprimiéndolas al máximo. 
Un acuerdo interinstitucional para hacer intervenir al Parlamento Europeo en la cadena de legitimación de las decisiones va a la par, y en crescendo, con el advenimiento de una política económica que, tras la estela de la moneda única, será cada vez más común forzosamente. 
Una moneda única independiente es la señal misma de la emancipación de una sociedad civil europea, a la que dicha moneda simboliza más que poder político alguno. 
Otra razón para que el único representante de esa sociedad civil- el Parlamento Europeo- sea llamado a la primera fila de la participación política. 
Así, un acuerdo interinstitucional puede ser el medio adecuado para colmatar las brechas de los Tratados. 
Por lo demás, en algunos de los casos descritos, la intervención del Parlamento Europeo ya se ha hecho de forma oficiosa. 
Y la institucionalización de la participación del Parlamento Europeo la semana pasada, sin ir más lejos, fue admitida por el Consejo, en particular, respecto de la Agenda 2000. 
Por tanto, todos tienen conciencia de que es necesario que la más importante tarea sea, en primer lugar, la democratización. 
Agradezco al Sr. Herman su trabajo. 
Señor Presidente, me referiré principalmente a la falta de control democrático que caracteriza al Tratado Euratom. 
No se trata de una cuestión abstracta, sino de una cuestión muy concreta. 
Las cuestiones nucleares forman una parte importante de las actividades de la Unión Europea, y las facultades de la Comisión con arreglo al Tratado, especialmente en el contexto de los acuerdos internacionales, son muy amplias. 
El problema actual de la no proliferación en la India es un problema de actualidad. 
Es paradójico que el papel del Parlamento Europeo en esta cuestión sea mínimo, o, más bien, inexistente. 
Ésa es una situación que ya no se puede aceptar en 1998, cuarenta años después de la firma del Tratado Euratom. 
Por eso me alegra mucho que el Sr. Herman se haya referido a esa situación en los párrafos 15 y 16 de su informe. 
Nos encontramos ahora ante una cuestión específica, la cuestión de la KEDO (Organización para el desarrollo energético de la península coreana) , que tiene aspectos de geopolítica y de energía, seguridad y no proliferación nuclear, pero respecto de la cual el Parlamento Europeo desempeña un papel muy marginal. 
Me alegra que esté aquí el Comisario Oreja y aprovecho la oportunidad para instarle a que tome la iniciativa de aceptar que se instituya un procedimiento de consulta formal sobre la importante cuestión de la KEDO. 
Espero también que este Parlamento apoye la enmienda 3, que pide a la Comisión que proporcione información acerca de las consecuencias financieras de esta importante cuestión antes de firmar el acuerdo. 
Creo que he podido tratar de todas estas cuestiones en algo menos de un minuto y medio. 
Señor Presidente, en mi opinión los procedimientos de acuerdos internacionales son muy dudosos desde el punto de vista democrático. 
En primer lugar, en ningún país democrático se puede modificar la constitución de esta manera. 
Las modificaciones de este tipo tienen que hacerse abiertamente y ser controlables por los ciudadanos. 
En segundo lugar, el Parlamento Europeo no puede reemplazar la influencia de los parlamentos nacionales. 
Los parlamentos nacionales se basan en lo que llamamos el principio de soberanía popular, es decir, son la institución esencial para la legislación en la vida de los estados. 
El Parlamento Europeo por el contrario está maniatado y apresado en una complicada estructura en la que los ciudadanos carecen de influencias reales y en que la apertura que existe en los sistemas nacionales, no existe aquí. 
Además, históricamente los parlamentos nacionales han sido plasmados por partidos y movimientos en su lucha por los derechos democráticos y civiles. 
Po el contrario, el Parlamento Europeo ha sido creado desde arriba y su tragedia es que carece de base popular. 
En tercer lugar, una verdadera democratización de la Unión exige una reforma radical de toda su estructura. 
El poder de la Comisión debería disminuir puesto que los funcionarios no deben tener poder político, no deben ser equiparados con las personas de elección popular. 
El poder de los parlamentos nacionales debería aumentar. 
También el poder del Consejo, formado por representantes de los gobiernos que tienen responsabilidad ante los parlamentos de sus respectivos países, debería ser mayor 
Finalmente, toda la organización de la Unión tendría que reducir notablemente su tamaño. 
Es erróneo e improductivo que en las instituciones comunitarias, incluido el Parlamento, decidamos sobre una cantidad enorme de detalles y reglamentos. 
Deberíamos concentrarnos con todas nuestras fuerzas, en cambio, en los grandes problemas y asuntos de toda Europa. 
Señor Presidente, a mí también me parece que el informe del Sr. Herman es un buen informe, particularmente algunos aspectos que no han mencionado los anteriores oradores: la necesidad de controlar el poder en el plano europeo, que es donde los parlamentos nacionales lo han perdido; la necesidad de que haya un mayor control parlamentario sobre la política agrícola y comercial y, en particular, la admisión de que el propio Parlamento Europeo tiene que ser más abierto y más eficaz. 
A menudo criticamos las deficiencias y el déficit democrático de otras instituciones, pero no somos tan críticos cuando se trata de la nuestra. 
Eso es inevitable, pues tenemos el pensamiento puesto en la Unión Económica y Monetaria y por eso acojo incluso con satisfacción las observaciones del Sr. Herman acerca de la responsabilidad democrática del Banco Central de rendir cuentas. 
Preferiría que el Banco fuera objeto del debido control político, pero al parecer nos hallamos todos, o casi todos, obnubilados por la nueva religión del " banquismo central» y lo máximo que podemos esperar es que, cuando el Banco embauque a los pueblos de Europa, tenga que venir ante el Parlamento Europeo para rendir cuentas. 
Ahora bien, hay un importante obstáculo que se opone a todo posible control del Banco Central por este Parlamento y a la posibilidad de que el Banco pueda rendirnos cuentas, y ese obstáculo se plasma en la declaración del Sr. Duisenberg durante las entrevistas, cuando dijo que las actas sólo se deberían hacer públicas después de 16 años. 
Me parece que eso es totalmente inaceptable. 
Los Gobernadores del Banco Central están nombrados por un período fijo y no podemos quitarlos de en medio por malos que sean. 
Al menos tienen eso en común con los diputados del Parlamento Europeo. 
No se les puede eliminar y, por lo tanto, es totalmente inaceptable que sigan actuando como si fueran miembros de alguna célula religiosa que no tiene que rendir cuentas más que al Dios de los Mercados. 
Estimo que las actas del Banco Central deberían estar a disposición de este Parlamento dentro de un plazo de semanas, y no después de un período de 16 años. Si no podemos comprobar qué dirección siguen las deliberaciones en un plazo mucho más corto, creo que el concepto íntegro de la rendición de cuentas es ilusorio. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo tiene que luchar por sus derechos democráticos. 
Así ha sido en el pasado y seguirá siendo en el futuro. 
Los Acuerdos Interinstitucionales son una vía excelente para lograr en campos importantes para el Parlamento Europeo los derechos a los que es acreedora una Europa democrática. 
En su excelente informe, Fernand Herman ha mostrado en algunos importantes campos dónde existen posibilidades y qué es lo que debemos perseguir en los próximos tiempos. 
Quiero dirigir nuestra atención a algunas otras grandes cuestiones que nos van a ocupar los próximos meses y años, en las que el Parlamento Europeo desea y tiene que estar más vinculado de lo que permite el actual derecho en vigor derivado de los Tratados. 
En los campos de la PAC y de la política estructural común, nos encontramos ante grandes reformas. 
Tenemos que negociar para los próximos años una nueva perspectiva financiera y para todos estos campos me parece importante que el Parlamento Europeo se vincule en el proceso decisorio como corresponde a una Unión democrática. 
Tendremos que luchar por estos derechos. 
En un campo muy importante, el de la estrategia o los acuerdos de preadhesión, la Presidencia británica se ha declarado dispuesta a conceder al Parlamento aquellos derechos y posibilidades que aún no tenemos según el actual derecho en vigor. 
Espero de la Presidencia austríaca que conceda al Parlamento Europeo de modo similar en las grandes cuestiones de futuro la posibilidad de participar en el proceso decisorio. 
Señor Presidente, quedan sólo dos semanas para que Dinamarca vote el tratado de Amsterdam. 
Una de las razones para que muchos daneses estén considerando en estos días votar en contra es que sienten que el sistema es cerrado, burocrático y poco democrático. 
En muchos sentidos pienso que el sistema comunitario es bastante mejor de lo que da a entender su reputación. 
El Parlamento es bastante más abierto que la mayoría de los parlamentos nacionales. 
La burocracia de la Comisión apenas es mayor que las burocracias de otros países. 
Sin embargo, esto no quiere decir por supuesto que no debamos hacerlo mucho mejor de lo que lo hacemos en la actualidad. 
Hay muchos problemas de los que ocuparse y siempre debemos ver si no podemos hacerlo mejor y de un modo más abierto y democrático. 
Cuando queremos crear más apertura y democracia en la UE, entonces resulta a menudo una buena idea establecer acuerdos entre instituciones. 
No obstante, hay al menos un campo, que se menciona en el sobresaliente informe del señor ponente en el cual no deseo acuerdos entre instituciones que puedan aumentar la influencia del Parlamento Europeo. 
Se trata del diálogo social. 
El diálogo social está todavía en sus inicios y es importante que dejemos en manos de las partes del mercado laboral alcanzar un acuerdo entre ellas y lograr establecer una cooperación. 
No debemos inmiscuirnos en esto de ninguna manera. 
Ahora, cuando también el Reino Unido se ha visto incluido por el protocolo social, existen aún mayores razones para permanecer a la expectativa. 
Existe ahora la esperanza de que las negociaciones cobren de veras velocidad. 
Ya no hay algunos que se anotan ventajas competitivas manteniéndose fuera. 
En pocas palabras, voto a favor del buen informe del señor ponente, puesto que contiene tantos elementos positivos y puesto que nunca debemos dejar de investigar el modo en que la UE puede hacerse más abierta y democrática. 
No obstante, no me gusta la intromisión en el diálogo social, ¡no toquemos la caja registradora! 
Señor Presidente, también yo desearía felicitar al Sr. Herman por su extraordinario informe. 
Los nuevos y enormes desafíos del proceso de integración europea, como la ampliación de la Unión hacia el Este y la moneda única, exigen una actitud política persistente en la que desempeñe un papel absolutamente primordial la información a los ciudadanos. 
Desde este punto de vista, resulta imprescindible el análisis de las instituciones. 
La transparencia y el carácter democrático son términos difícilmente definibles cuando se habla de la Europa de los ciudadanos. 
Son las personas quienes construyen Europa, no las instituciones de la UE ni los Estados miembros. 
A pesar de ello, aún está muy poco claro el papel de los ciudadanos, como legitimadores de los procesos, en los denominados grandes proyectos de la UE. 
En la situación en que se encuentra la Unión Económica y Monetaria, el poder de decisión nacional se ha desplazado a los agentes del Banco Central Europeo, que no se hayan sometidos a control par parte de ningún órgano democrático. 
Resulta algo tragicómico que el examen de la UEM en los órganos comunitarios haya tenido lugar detrás de obstáculos alambrados y a puertas cerradas, a escondidas de la gente. 
Durante el fin de semana consagrado a la UEM, los medios de comunicación han hecho un seguimiento inusitadamente exhaustivo del examen del Parlamento Europeo, ya que es el único órgano que ha llevado a cabo dicho examen a puertas abiertas. 
A fin de corregir el déficit democrático, sería importante que se potenciara la colaboración entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales para garantizar los denominados intereses comunes parlamentarios. 
Si no se produjera una reforma de las instituciones ante los grandes desafíos que se avecinan, ni siquiera un aumento de la transparencia podría cimentar de manera verosímil la Europa de los ciudadanos. 
El fatal varapalo de la Cumbre de Amsterdam por lo que respecta al control democrático comunitario y a la renovación de las instituciones influirá indudablemente en el calendario de la ampliación de la Unión. 
¿Cómo podrán ofrecer los ciudadanos su apoyo a la ampliación de la UE si, a pesar de los folletos multicolores que reparte la Comisión, todos pueden ver que ni los órganos de la Unión ni los Gobiernos nacionales demuestran una voluntad política para llevar a cabo un verdadero cambio, y que la transparencia no parece ser más que una palabra sin sentido? 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero felicitar al Sr. Herman por su excelente informe, que se sitúa en la línea de las iniciativas del Parlamento para que el sistema europeo sea cada vez más democrático y responsable, sobre todo cuando las disposiciones del Tratado dejan espacios de incertidumbre respecto a la cantidad o a la calidad del control democrático. 
El Tratado de Amsterdam ha supuesto progresos importantes en materia de codecisión- y lo ha puesto de relieve esta misma mañana el ponente -, tanto en cuanto a su ámbito de aplicación como a sus procedimientos, al nombramiento de la Comisión Europea, al control parlamentario en la ejecución del presupuesto y a la actividad ejecutiva en general. 
Y recuerdo a este respecto que la Comisión está preparando el proyecto de revisión de la decisión sobre comitología de 13 de julio de 1987. 
También quisiera evocar el papel creciente de los parlamentos nacionales y de la conferencia de los órganos especializados de los parlamentos, la COSAC. 
El desarrollo de este proceso de participación de los parlamentos nacionales y una cooperación estrecha entre representantes democráticamente elegidos a los niveles europeo y nacional se ha visto favorecido, indudablemente, por un clima de colaboración muy positivo que se ha establecido entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. 
Y me ha parecido muy oportuna también, en este sentido, la mención que ha hecho el Sr. Herzog sobre el papel que debe desempeñar la sociedad civil y la propuesta de celebrar encuentros periódicos. 
El tema que plantea el ponente es reforzar los poderes del Parlamento o, como se dice en el texto propuesto, su mayor participación en sectores esenciales de la política de la Unión, a través de medidas que no modifiquen los Tratados vigentes pero que garanticen, por lo menos hasta la nueva Conferencia Intergubernamental, el control democrático. 
A mi juicio, la mayor parte de las medidas propuestas son de gran utilidad y abren perspectivas para acuerdos que deben negociarse a nivel institucional. 
En ese sentido, esperamos con mucho interés la segunda parte del informe que ya nos ha anunciado el Sr. Herman. 
Creo, por ejemplo, que, en materia monetaria o de política exterior, sin cuestionar las disposiciones del Tratado hasta la próxima Conferencia Intergubernamental, el Parlamento Europeo debe poder ejercer plenamente el derecho de control. 
Se trata de sectores demasiado importantes para el futuro de la Unión como para poder prescindir de un eficaz control democrático. 
Naturalmente, no se trata ni de forzar las disposiciones del Tratado ni de crear obstáculos que retrasen las decisiones, ya que éstas deben ser adoptadas con rapidez. 
Pero sería fundamental eliminar los obstáculos que impiden, en la práctica, que el Parlamento Europeo exprese plenamente su punto de vista, que deberá ser tenido en cuenta, como es lógico, por las demás instituciones. 
Por ello, es necesario buscar y crear ese espacio de interpretación, como ha dicho el Sr. Corbett, y ese es también- entiendo- el propósito del ponente. 
Por otra parte, creo que se debe evitar la fragmentación excesiva de los acuerdos interinstitucionales. 
El informe propone una serie de sectores en los que los acuerdos deberían- por así decirlo- acompañar a los Tratados. 
Y esos sectores han sido bien identificados por el ponente, pero me pregunto si es indispensable hacer un acuerdo específico para cada uno de ellos y si no es mejor definir, conjuntamente, algún principio que pueda ser de aplicación general en lugar de negociar normas concretas sector por sector. 
Pero me limito a formular una pregunta, yo no tengo la respuesta. 
Creo que es un tema que podemos tomar en consideración. 
También me parece que los acuerdos interinstitucionales no deberían desnaturalizar ciertas disposiciones del Tratado. 
Me refiero, por ejemplo, al problema de la aprobación de los acuerdos por los interlocutores sociales. 
No me parece que haya que complicar el procedimiento de aprobación que, como bien se sabe, tiene un carácter yo diría casi notarial. 
Las instituciones pueden decidir aprobar o no este tipo de acuerdos pero, desde luego, lo que no pueden es decidir su modificación. 
Me pregunto si el Parlamento Europeo- que ha de valorar si quiere o no tales acuerdos- no tiene ya suficientes capacidades para expresarse políticamente, tanto durante la negociación como al final de la misma. 
Y, además, tenemos que recordar que la política social, en lo fundamental, no se lleva a cabo a través de ese tipo de acuerdos, sino a través de los otros procedimientos del Tratado. 
Les recuerdo que el Presidente Santer se vio obligado a convocar una cumbre de los interlocutores sociales para comprobar la disponibilidad de éstos para utilizar, en temas específicos, los acuerdos sociales. 
No voy a insistir en detalles de este excelente informe. 
Quiero, con estas observaciones, mostrarles que he estudiado con profundidad el informe Herman porque merece la pena ser examinado con toda atención. 
Además, también quiero decirles que se inscribe dentro de las iniciativas tomadas por la Comisión de Asuntos Institucionales, con el objeto de que el Tratado de Amsterdam se aplique de la manera más adecuada y, sobre todo, para garantizar la democracia en las decisiones de la Unión, que es la preocupación que, no solamente en este informe, sino desde hace muchos años tiene siempre el Sr. Herman, y siempre da pistas importantes para poder seguir avanzando en la buena dirección. 
La Comisión Europea sigue con la mayor atención y la más completa disponibilidad este proceso, continuador de las orientaciones ya expresadas por este Parlamento en enero de 1986. 
En la resolución de aprobación del Acta Única Europea- lo recordará el Sr. Herman -, el Parlamento Europeo asumió un compromiso, lleno de realismo, al acoger los nuevos Tratados y contribuir a mejorar la construcción europea, tanto a través de reformas como mediante una aplicación inteligente y con visión de futuro de las normas existentes. 
Señor Presidente, constato que hoy el Parlamento sigue en esta misma línea. 
Hemos visto cómo las intervenciones han puesto en evidencia una amplia mayoría a favor de estas tesis y, por eso, quiero reiterar mi felicitación al ponente. 
Pero no quiero concluir sin evocar- se ha hablado mucho del día 2 de mayo- los días 8 y 9 de mayo: el reciente congreso del Movimiento Europeo 50 años después del Congreso de Europa de La Haya de 1948. 
Y quiero expresar la necesidad que se ha puesto allí de relieve en muchas de las intervenciones- y muy especialmente en la del Presidente de este Parlamento- al decir que no debe concluir este siglo sin lanzar una gran iniciativa que permita crear el marco institucional que corresponda al gran progreso que se ha producido en Europa a lo largo de los últimos años. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Política de información y comunicación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0115/98) del Sr. Pex, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la política de información y comunicación de la Unión Europea. 
Señorías, deseo señalar que estamos algo retrasados en nuestro debate. 
Ahora bien, deseamos vivamente poder votar el informe del Sr. Pex a las 12.00 horas. 
Por lo tanto, pido a todos nuestros colegas que respeten estrictamente su tiempo de uso de la palabra, y sabré recordárselos si es preciso. 
Señor Pex, tiene la palabra durante seis minutos, y usted será el primero en dar ejemplo. 
Señor Presidente, la Unión Europea ha asignado 27 eurocéntimos por ciudadano europeo en su presupuesto para informar al ciudadano sobre todo lo que pasa en Bruselas y Estrasburgo. 
No es mucho. Eso significa que hay que emplear cuidadosamente estos escasos fondos y que debemos hacer de todo para procurar alcanzar la mayor eficacia posible en las actividades de comunicación y de información. 
La Comisión de Presupuestos de este Parlamento y más tarde también la comisión de cultura se han esforzado los últimos años en mejorar esta política de información. 
Esto ha conducido al informe de iniciativa que hoy tengo el gusto de presentarles. 
El informe lleva mi nombre, pero el texto es el fruto de una buena cooperación entre todos los miembros de la comisión de cultura, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Asuntos Institucionales y de la comisión de asuntos jurídicos. 
Agradezco a todos mis colegas por la buena cooperación y sobre todo por sus aportaciones. 
Resumiendo, mi informe trata de lo siguiente. 
En primer lugar, la mejora real de la coordinación de las actividades en el ámbito de la comunicación. 
En segundo lugar, mejorar realmente la coordinación de las actividades entre las diferentes instituciones de la Unión Europea, en especial entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
También se puede implicar en esto a las otras instituciones. Es sobre todo este punto el que ha suscitado dificultades en el pasado. 
A mi juicio, la política estaba demasiado enfocada- y lo está aún a veces- a mostrar la belleza de la propia institución y demasiado poco enfocada a la necesidad de información del ciudadano. 
En tercer lugar, la descentralización de las actividades al nivel de los Estados miembros y de las regiones dentro de los mismos. 
El mensaje de Bruselas no llega a todas partes. 
Si se quiere que el mensaje llegue, la traducción del mensaje a la cultura y a la comprensión local es necesaria. 
Esto significa que las oficinas nacionales, tanto de la Comisión como del Parlamento, han de hacer más y por lo tanto, siendo así, es importante que estas oficinas se reorganicen. 
En cuarto lugar, la puesta en marcha de las denominadas Casas de la Unión Europea, que son una combinación de las agencias nacionales del Parlamento y de la Comisión a fin de facilitar al ciudadano la posibilidad de conseguir la información en un solo sitio. 
Es importantísimo que las Casas de Europa elijan una ubicación fácilmente reconocible y accesible para el ciudadano. El ciudadano tiene que poder entrar como en una tienda. 
Por si tiene necesidad de ello, dentro tiene que encontrar ventanillas separadas del Parlamento y de la Comisión. 
Pues, pese a toda cooperación sigue en pie que cada institución europea debe poder mantener y desarrollar su propia responsabilidad. 
En quinto lugar, la mejora de la calidad de la información. Esto se realiza también mediante las modernas técnicas de comunicación, la mejora de los servicios audiovisuales y haciendo un buen uso de la tecnología electrónica de la información. 
La política de comunicación no es un fin en si mismo. 
Se trata de que el ciudadano se interese por lo que Europa hace y significa para él. 
En los Países Bajos se dice: "el campesino no come lo que no conoce» , y también :" lo que no se conoce, no se ama». 
Se desprende de todas las encuestas que el ciudadano no está muy interesado en el tema europeo y que no sabe mucho de las instituciones. 
Esto se desprende sobre todo de la encuesta más importante: las elecciones europeas. 
En mi país en 1994 hubo un índice de participación de sólo un 35 %. 
¿Cómo será esto en 1999 en caso de una política inalterada? 
Se trata de despertar el interés del ciudadano por Europa y después proveer de manera adecuada la necesidad de información. 
La organización de las actividades comunes de ambas instituciones requiere una atención especial. 
Acabo de hablar de la necesidad de una coordinación auténtica, eso significa que esto no se puede quedar en meras palabras de buena cooperación, como era el caso hasta hace poco. Se trata de que la organización, la gestión y el control se diseñen de tal forma que se pueda hablar de unas acciones realmente coordinadas. 
En esto hay que distinguir entre la gestión política y la ejecución. 
Según el reglamento del Parlamento la responsabilidad política de la política de comunicación reside en la comisión de cultura del Parlamento. 
La ejecución de las actividades informativas específicas del Parlamento forma parte de la competencia de la Oficina del Parlamento. 
Y las acciones informativas generales que se realizan junto con la Comisión forman parte de la competencia de un grupo de trabajo interinstitucional de acciones informativas permanentes que se ha de constituir. 
Esta es una estructura clara que en el fondo ya existe bajo la buena dirección del Sr. Anastassopoulos. Pero hay que aprovecharla más específicamente para facilitar una fijación y una ejecución de la política eficaces. 
La ventaja de este enfoque es que mañana podemos empezar con la puesta en marcha de la nueva política. 
Un elemento práctico de la cooperación entre la Comisión y el Parlamento es hacer uso común de la infraestructura de comunicación. 
Pienso al respecto en los servicios audiovisuales y las facilidades para la prensa. 
Cooperar en este campo significa ahorro de costes y mayor eficacia y más prestación de servicios a la prensa. 
Necesitamos buenos canales de comunicación. 
Me he esforzado por hacer funcionar la relación con Euronews sobre una nueva base e intensificar esa relación. 
Esto naturalmente puede ocurrir con otras cadenas de televisión, sobre todo a nivel regional y local. 
" Europe by satellite» puede desempeñar una función especial en ello. 
También aquí se necesita una política enfocada al cliente. 
Quiero terminar dando las gracias a la secretaría de mi Comisión y a mis colaboradores, por el mucho trabajo realizado. 
Espero que todos los implicados en esta política, en primer lugar los miembros de este Parlamento, quieran participar en este pensamiento enfocado al cliente: poner a los ciudadanos en el centro y las instituciones al fondo, a su servicio. 
Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha prestado sobre todo atención a la cuestión institucional de una política de información moderna y eficiente. 
En el fondo el tema es sencillo. 
La Unión Europea tiene una obligación de informar basada en los Tratados y que es inherente a sus competencias y objetivos. 
El ciudadano tiene derecho a una información correcta sobre lo que hacemos por él. 
Efectivamente, ninguna otra organización internacional en el mundo tiene una repercusión tan directa en la vida diaria del ciudadano. 
En un grupo de trabajo de 1993 presidido por mi, ya se señaló la falta de dirección estratégica para la política de información. 
Nos falta un mensaje general que tengan todas las instituciones europeas en común y en el que los ciudadanos se reconozcan. 
Si se quiere que ese mensaje llegue, entonces tiene que expresarse clara y sencillamente. 
Si se quiere que se entienda, entonces también tiene que reflejar la realidad y esto significa que el mensaje debe reflejar al ciudadano una imagen correcta e inequívoca de la Unión Europea. 
¿Quién tiene que ser el portador de este mensaje? 
Sin duda la Comisión y el Parlamento, ambos juegan un papel. 
En relación con la comunicación la Comisión Europea, como instancia supranacional y guardiana de los Tratados, mantiene un papel precursor. 
Pero el Parlamento, cuyo impacto y papel sigue en aumento, debe saber desempeñar su propia tarea de comunicarse con el ciudadano. 
No solamente en cuanto a la política entera de la Unión, sino también y sobre todo en cuanto a su propia aportación al proceso europeo de integración y su impacto en la vida de la Unión. 
O dicho brevemente: nosotros como Parlamento debemos demostrar al ciudadano que la política se hace para él y no al revés. 
Presidente, estimado Comisario, Señor ponente, en nombre del grupo parlamentario socialista quisiera felicitarle sinceramente por su informe y estas no son palabras obligadas o gratuitas porque usted sabe mejor que nadie que este informe no se ha realizado sin que hubiera resistencias. 
Usted mismo ha hecho un resumen muy bueno de lo que contiene este informe y el punto conflictivo era naturalmente la cooperación entre la Comisión y el Parlamento, en lo que se refiere a las actividades comunes en el ámbito de la comunicación y de la información. 
Por supuesto, en el momento en que se empieza a preparar más concretamente y cuando se le da una forma estructural, entonces se hieren sensibilidades y se es muy susceptible sobre esos modelos de cooperación. 
Sin embargo, esos modelos son muy acertados porque se trata de utilizar muy eficazmente algunos medios y, como ha dicho por cierto el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, de hacer que la comunicación con el ciudadano se optimice lo máximo posible en vista de los pocos medios que tenemos. 
Finalmente, después también de una intervención de nuestro muy estimado Presidente se ha podido presentar una propuesta a la Comisión que se encuentra dentro de los márgenes de los Tratados y en la que pedimos la creación de un grupo de trabajo permanente de información por medio de una propuesta de la Comisión. 
Eso es un asunto de por sí pero en el grupo parlamentario socialista siempre nos ha sorprendido un poco que, sobre todo los aspectos estructurales y organizativos, provoquen tanta disputa cuando en el fondo hemos hablado tan poco sobre la comunicación en sí, sobre los desafíos en sí. 
Porque lo que constatamos hoy en relación con Europa, en relación con las instituciones europeas, en relación con este Parlamento, es que hay muchos sentimientos negativos, que la información facilitada es incompleta, que el lenguaje que manejamos no se entiende y en eso hemos de trabajar y efectivamente también por eso, Señor Pex, hemos presentado tantas enmiendas en el informe en un momento dado, pero usted ha sido tan correcto y tan deportivo y también se ha hecho eco de estas ideas y lo ha adoptado todo. 
Para nosotros esto es, por lo menos, tan importante y queremos responder un momento respecto a la administración de este Parlamento y respecto a algunos que creen que hay que reaccionar, por ejemplo a la información negativa e incompleta de este Parlamento, de una forma defensiva. 
Que hay que reaccionar a través de un sistema como la " fiche d ' alerte» o algo así, pero nosotros sabemos una cosa: si los medios de comunicación facilitan información incompleta o, lamentablemente, negativa, entonces no vamos a solucionarlo con medidas defensivas sino al contrario, solamente podemos anticiparnos con la mayor transparencia, con la gran apertura que presentamos, con estructuras sencillas y una toma de decisiones sencilla. 
Si no, lo demás fracasa y esa es más o menos la postura de nuestro grupo parlamentario socialista. 
Hemos intentado incluir esto en el informe del Sr. Pex y se ha conseguido. 
Como punto final, nos parece que el informe está ahora equilibrado y las enmiendas o van en contra del informe o son innecesarias. 
Señor Presidente, en un informe que había presentado a la Presidencia sobre una política de información para el Parlamento Europeo el 21 de marzo de 1995, había propuesto, entre otras cosas, la elaboración de un informe de la Comisión competente de la Juventud, Cultura, Educación, Medios de Comunicación y Deportes y un debate anual en la Sesión Plenaria sobre este importante tema. 
Han sido necesarios, sin embargo, tres años enteros para llegar al debate de hoy. 
En este tiempo, el tema de la información no ha dejado de ocuparnos vivamente y la Presidencia ha avanzado en una serie de acciones que han trazado una nueva política. 
Nuestro punto de partida fue el gran déficit de comunicación que separa a la Unión Europea de sus ciudadanos. 
No soy un ciego partidario de las encuestas, pero cuando en todas las encuestas, en una serie de años, del 60 al 70 % de los ciudadanos declara ignorancia o información insuficiente sobre el acontecer europeo, no puede dejar de considerarse crítico el problema para la democracia en Europa. 
¿Sobre qué Europa de los ciudadanos y sobre qué participación de los ciudadanos puede darse una conversación seria en estas condiciones? 
Para empezar a delimitar de alguna manera este importante déficit de comunicación, dimos una importancia fundamental al desarrollo de la colaboración con la Comisión Europea, que tiene la responsabilidad más general de la información sobre la actividad europea. 
La Comisión respondió y se creó un grupo interinstitucional de trabajo bajo la presidencia del Sr. Oreja y del ponente. 
Este grupo ha trabajado duramente todos estos últimos años y ha sentado las bases de una coordinación más metódica, para una política más sistemática. 
Términos como la cooperación, la desconcentración, el diálogo con los ciudadanos y una comunicación sin características propagandísticas han adquirido un nuevo significado. 
El programa Prince para las tres acciones capitales en el sector fue útil como laboratorio para aplicar en la práctica nuestras nuevas ideas y nuestros nuevos métodos para intentar explotar la nueva tecnología en rapidísimo desarrollo. 
Y nos satisfizo el que nuestra colaboración inicial con la Comisión adquiriera finalmente una dimensión trilateral, puesto que los gobiernos de 11 países miembros firmaron acuerdos con nosotros y participan en el intento ya común. 
Gracias al espíritu de colaboración que han mostrado siempre el Comisario Sr. Oreja, y también sus señores colegas, y por el cual les estamos agradecidos, así el ámbito de nuestros movimientos ha sido trazado básicamente y ha sido probado en la acción. 
Y en este marco general se encuentra el informe que con tanto retraso estamos debatiendo hoy. 
Señor Presidente, ciertamente el problema de nuestra comunicación con los ciudadanos sigue existiendo. 
Es tremendo. 
Y los pocos progresos que se han señalado no bastan para limitar sensiblemente el déficit. 
Necesitamos más medios. 
Los, aproximadamente, 100 millones de ecus anuales no representan más que el presupuesto de una compañía europea media que normalmente anuncia un producto. 
Necesitamos aun mejor colaboración con la Comisión, aun mejor coordinación. 
Hace falta todavía una mejor colaboración con los gobiernos y los gobiernos deben dejar de reivindicar por su cuenta todos los éxitos y de presentar a la Unión Europea como el chivo expiatorio en todos los fracasos. 
Hace falta todavía explotar más las nuevas tecnologías y un acceso mucho mayor a la televisión, que constituye para el 70 % de los ciudadanos la principal y única fuente de información. 
Creo que lo principal es que no debemos decepcionarnos por las dificultades y tenemos que insistir. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los ciudadanos de la Unión Europea se verán enfrentados dentro de muy poco tiempo a ese importante plazo electoral para Europa, como es la renovación del Parlamento, sin olvidar, naturalmente, la renovación de la Comisión. 
Desgraciadamente, no estoy segura de que la política de comunicación que hoy se aplica haya cumplido sus objetivos, ya se trate de una política especializada o de una política destinada al gran público. 
¿Quién conoce el funcionamiento de las instituciones? 
¿Quién conoce el contenido de los Tratados? 
¿Quién conoce los desafíos de la ampliación? 
¿Quién conoce nuestras decisiones? 
Solamente los agricultores conocen los preocupantes proyectos de la PAC. En este sentido, sus organizaciones son excelentes intermediarias. 
Por consiguiente, la información es algo posible. 
Entonces, intentemos hacer tomar conciencia al gran público de los logros y de las ventajas de la Unión Europea, para clarificar su elección y suscitar la adhesión a la construcción europea, de acuerdo con sus deseos. 
En todas las asambleas, los objetivos de la comunicación son objetivos políticos, y atañen, por tanto, a la democracia y a la autoridad de su ejecutivo. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación es también, como su nombre lo indica, la comisión de los medios de comunicación: por tanto, tiene el deber de reflexionar y de opinar sobre esta política. 
Nuestro Grupo se ha esforzado al máximo en este trabajo, y, si bien siempre ha apoyado la tesis del ponente Pex, que consistía en optimizar los medios puestos en común en el plano institucional, nosotros hemos defendido, sin embargo, la idea de que el Parlamento no tenía necesariamente que transmitir, en el plano político, los mismos mensajes que la Comisión. 
En efecto, la diversidad de opiniones prepara al público para que comprenda lo que está en juego. 
El ponente había propuesto un comité de información europeo: una especie de ejecutivo de la política de comunicación. 
Yo nunca he sostenido esta idea, y hoy resulta que su adopción no tendría valor legislativo vinculante. 
En esta situación, nuestro Grupo político reconoce el valor de la reflexión global llevada a cabo sobre esta importante cuestión y felicita al ponente, el Sr. Pex, por el trabajo realizado: nuestro Grupo comparte los importantes objetivos que han sido determinados, objetivos de descentralización, de cooperación interinstitucional, de intensificación de los contactos con los ciudadanos, de utilización eficaz de los fondos, de búsqueda de la transparencia. 
Todo esto reviste para nosotros capital importancia. 
El mensaje fundamental del Tratado de Amsterdam era obligar a la Unión Europea a intensificar los contactos con los ciudadanos. 
Tratemos de aplicar nosotros mismos el Tratado y preparemos a los ciudadanos para que entiendan las decisiones que les afectan. 
No desearía concluir sin reiterar mis felicitaciones al ponente. 
Señor Presidente, este informe ha creado desde el principio cierto malestar, como lo ha demostrado la intervención en sesión pública- muy poco frecuente- del Presidente, el Sr. Gil-Robles, quien ha considerado que el texto era contrario al Tratado y al Reglamento del Parlamento. 
Tras ser modificado, la ambigüedad subsiste. 
Si de lo que se trata es de que la política de información sea más eficaz, basta entonces con estudiar- respetando el Reglamento del Parlamento- las mejoras que pueden aportarse en cuanto al funcionamiento de las Direcciones Generales competentes, en relación, evidentemente, con la Mesa del Parlamento. 
Por otra parte, muchas sugerencias del Sr. Pex son interesantes a este respecto. 
El informe, sin embargo, va más lejos. En el punto 16 pretende dar cierto poder a un órgano ad hoc, pero el mismo debe presentar, en este caso, garantías de objetividad. 
Esto no es así. 
La composición del grupo de trabajo, compuesto esencialmente por representantes políticos y no por funcionarios, revela una presencia exclusiva de los dos grandes grupos políticos de esta Asamblea. 
Esta situación es inaceptable para un órgano que va más allá del estudio y de la búsqueda de mejores medios de comunicación, que, no obstante, debería ser su único cometido, como había sugerido el Presidente del Parlamento, el Sr. Gil-Robles, pero que la Comisión de Cultura no ha aceptado. 
Tal como se presenta en el punto 16 del informe, con sus competencias específicas, este grupo de trabajo, cuya institucionalización propone el informe, podría quizá transformarse en Ministerio de Información de la Unión Europea, un ministerio que, además, carecería de control democrático. 
El pluralismo es esencial en la sociedad de la información, pero no se trata de una noción de dos velocidades, que implique, por una parte, el control directo por el PSE y el PPE y, por otra, un vago informe mensual, destinado a los demás grupos políticos, sobre las actividades llevadas a cabo por el organismo. 
Por consiguiente, si la mayoría de esta Asamblea no vota la enmienda sobre el pluralismo que nosotros proponemos, lamentándolo mucho yo votaré, evidentemente, en contra de este informe. 
Señor Presidente, la política de información es un elemento esencial de la cultura democrática, pero también es una cuestión de poder. 
El modo cómo una institución se comporta en este contexto proporciona información sobre su calidad democrática. 
La historia previa de este informe, los insuficientes objetivos y la composición del grupo de trabajo muestran muy claramente que la mayoría de esta Asamblea considera la política de información como una mera cuestión de poder. 
El resultado es la tendencia a confundir información y propaganda y también la representación del Parlamento con la autorepresentación de los grupos políticos mayoritarios. 
Señor Presidente, hay que leer con atención lo que dice el apartado 6 del informe. Según dicho apartado, la política de información debe garantizar " que los ciudadanos europeos reciban unas informaciones cualitativamente buenas, en su caso seleccionadas, que correspondan a sus inquietudes e intereses y les transmitan una imagen positiva de la Unión Europea». 
¿Es tarea de la política de información del Parlamento Europeo transmitir a los ciudadanos una imagen positiva o aquellos conocimientos que les permita hacerse un juicio propio e independiente? 
La actitud que tiene esta Asamblea sobre esta cuestión se puede ver en los acontecimientos de los últimos días, en que los grupos políticos mayoritarios han tomado unas manifestaciones de protesta totalmente normales y que en la historia de los Parlamentos se han producido cientos de veces, como motivo para anunciar el hundimiento de la democracia. 
No entregar a las cadenas de televisión las imágenes de estas manifestaciones de protesta y expulsar a los fotógrafos de la tribuna es muestra de una actitud que no se detiene ni ante la censura y que no quiere informar a los ciudadanos sino indoctrinarlos. 
Creo que con este modo de actuar, el Parlamento Europeo no queda muy bien parado. 
Señor Presidente, al tomar la iniciativa de estudiar el problema de la información de las instituciones europeas, la Comisión de Cultura ha realizado un trabajo útil. 
No obstante, si bien todos están convencidos de su necesidad, la realización concreta de este proyecto no es tarea fácil. 
Hay que dar las gracias al Sr. Pex por haberse dedicado a ello, y a los colegas de la Comisión de Cultura y de la Comisión de Asuntos Institucionales por haber sorteado, junto con él, algunos obstáculos. 
Sin embargo, más allá de las distorsiones de imagen de que Europa y sus instituciones son víctimas, hay que distinguir lo que guarda relación con la información de los ciudadanos de la política de comunicación propiamente dicha. 
El hecho de ayudar a que nuestros ciudadanos puedan tener una mejor percepción de las instituciones europeas y puedan conocer mejor las decisiones que se toman, guarda relación con la información, mientras que la comunicación, en términos políticos, incumbe a los grupos políticos y a los propios diputados. 
Nuestro mandato nos obliga a aprender a transmitir el mensaje y a explicar nuestras opciones. 
Ninguna política de comunicación institucionalizada puede sustituirlo. 
Por otro lado, la simplificación de las instituciones, y el hecho de que sean más inteligibles para los ciudadanos, haría que las relaciones de éstos con Europa, a veces conflictivas, fuesen más fáciles. 
Se trata de una cuestión ineludible, pero que rebasa el marco de este debate. 
En cuanto al problema, en particular, de la creación de un grupo de trabajo permanente, mi Grupo tiene sus reservas. 
Sin embargo, dicha oficina no puede concebirse sin una representación de todos los grupos políticos. 
Por lo tanto, votaremos las enmiendas que tengan dicha orientación. 
Esta es la condición sine qua non de una verdadera política de la información. 
Presidente, usted quiere votar a las 12, yo le pido que explique claramente porqué este informe de nuestro colega Pex el viernes de la semana pasada no estaba todavía disponible en el reparto y porqué hasta ayer no se podían conseguir las enmiendas. 
¿Qué poderes desean dificultar el curso parlamentario normal? 
Por regla general el ciudadano contempla críticamente la cada vez más progresiva integración europea. 
Si el gobierno nacional ya está muchas veces lejos de las vivencias del ciudadano, el abismo entre el ciudadano y las instituciones europeas es aún más grande. 
Dado que Europa va teniendo cada vez más competencias, es necesario que este abismo se haga más pequeño. 
Por eso estoy satisfecho con el informe tan claro del ponente Pex. 
En la preparación para las elecciones europeas de 1999 es necesario, entre otras cosas, que el ciudadano sepa que su voto en estas elecciones tiene un valor real. 
Además, tenemos que señalarle que la cada vez más progresiva integración europea no es una lucha librada, en la que el ciudadano sólo puede seguir a los políticos. 
Tengo unas preguntas y observaciones en relación con el contenido del informe. 
En el informe se señala acertadamente la deficiente información sobre la política de la Unión. En el informe se afirma que la falta de un apoyo exitoso para la política europea es la causa de ello. 
Hasta cierto punto esto es verdad. 
Si el ciudadano no sabe lo que se decide o sobre lo que se decide a nivel europeo, no se entusiasmará rápidamente. 
Sin embargo, aquí sí cabe hacer una relativización. 
Algunas veces se afirma que una información mejor convencerá a los ciudadanos de la ventajas de la Unión. Por medio de una política de información más clara el ciudadano entenderá " automáticamente» lo bueno de la integración europea. 
Entonces me pregunto qué clase de información se dará al ciudadano. 
¿Con el servicio de información mejorado se va a dar al ciudadano una información realmente objetiva o solamente es propaganda para fomentar más la integración europea? 
Naturalmente, sigue siendo una incógnita si con la apertura sobre la toma de decisiones europea los ciudadanos se convencerán en efecto de la ventajas. 
Con la apertura también podrán ver mejor las desventajas. 
El núcleo de la resolución contiene una propuesta a la Comisión para que presente una propuesta legislativa con el fin de integrar los servicios de información de la Comisión y del Parlamento. 
Parece bueno en sí porque de esta manera se le puede informar al ciudadano sin ambigüedades. 
Cómo le queda claro al ciudadano lo que distingue una institución de otra, me parece sin embargo una difícil tarea. 
En la evaluación mencionada esto merece también atención. 
Presidente, se desprende ya desde el primer punto de la exposición del informe de nuestro colega Pex la mentalidad de la que está impregnada este documento y a veces este Parlamento. Cito: " Por lo general, los ciudadanos europeos no se muestran muy entusiasmados con el desarrollo de la integración europea. 
Una de las razones principales parece ser la falta de comunicación con Bruselas y Estrasburgo, así como la falta de información de las instituciones europeas». 
Quien es crítico con el funcionamiento de las cosas en la actual Europa oficial, por lo tanto o es un imbécil o está mal informado si entiendo bien el informe. 
De aquí se desprende, dicho con todo el respeto, una cierta euro-arrogancia. 
Por ejemplo en mi propio país, Flandes, existía durante años un prejuicio positivo bastante generalizado compartido por mi, hacia la construcción europea. 
Si este prejuicio positivo se desmorona ahora, no es porque la gente esté mal informada sino lo contrario, es porque la gente está siendo mejor informada. Y porque a pesar de toda la propaganda europea parcial y continua comprueban por medio de hechos muy concretos que por ejemplo el tan elogiado principio de la subsidiariedad se pisotea sistemática y continuamente a propósito. 
Por ejemplo que Europa y mi propio país van a imponer quién va a tener derecho de voto, que las instituciones europeas no tienen ni el más mínimo respeto por las leyes lingüísticas de Flandes, que Europa huye de los referendum como de la peste, que la tan elogiada ampliación ni mucho menos conduce siempre a mayor eficacia. 
Quien quiera conseguir más entusiasmo de los ciudadanos europeos por el proyecto europeo, no tiene que gastarse miles de millones, tiene que empezar por respetar más a los pueblos europeos que sí quieren cooperar estrechamente pero que no quieren saber nada del molde unitario europeo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Pex por haber conseguido con su intervención personal que este punto figure en el orden del día del Parlamento. 
Se trata de una esfera esencial que hemos descuidado durante años y años, porque la falta de visión dentro de la Unión Europea, en particular dentro de sus Estados miembros, ha sido lamentable y porque había y sigue habiendo una necesidad de encauzar mejor la actividad de la DG X y nuestra propia política de información en el seno del Parlamento. 
Tenemos un enorme volumen de trabajo que hacer, cosa que no es sorprendente si nos fijamos en la forma en que algunas de las oficinas de la Comisión trabajan en los Estados miembros. 
Me referiré concretamente a la catástrofe de la Oficina de Cardiff de la Comisión en Gales. 
Hace años que ese edificio está erigido, orgulloso de sí mismo. 
Durante 15 años no hemos oído ni siquiera un susurro procedente de esa Oficina. 
¿Cómo ha podido permitir la Comisión que semejante situación dure tanto tiempo? 
¿Cómo ha podido la Comisión aceptar semejante inactividad? 
De los bolsillos de los contribuyentes han salido miles y miles de libras para mantener ese edificio, un edificio totalmente silencioso, que no ha dicho nada al pueblo de Gales acerca de la Unión Europea. 
No es eso solamente: la Oficina ha tenido la frescura de facilitar a las oficinas de los diputados de este Parlamento las solicitudes de información presentadas a la Comisión. 
El jueves pasado pude averiguar lo que esa Oficina está haciendo en favor del Día de Europa: nada, absolutamente nada. 
Lo que quisiéramos saber ahora es lo siguiente: ¿hasta qué punto sucede lo mismo en las demás oficinas que tenemos en los Estados miembros? 
Por fin la Comisión está empezando a reaccionar y pronto nombrará a alguien para que haga algo, pero ha tardado casi un año en nombrar a alguien para la Oficina de Cardiff. 
Para cuando llegue un sustituto, habremos perdido la posibilidad de aprovechar la oportunidad de la presidencia británica, y habrá finalizado ya la Cumbre de Cardiff. 
El informe del Sr. Pex impedirá que vuelva a plantearse una situación como ésa. 
La DG X está cambiando y mejorando, y hay algunos ejemplos excelentes de comunicación directa, especialmente por mediación de Internet. 
Permítanme que les dé un ejemplo: la Unión Europea ha gastado el 10 % de lo que gastó Pepsi Cola para explicarnos la diferencia que hay entre que sus latas de refresco sean azules en vez de coloradas, y me parece que este ejemplo nos ayudará a poner las cosas en su debida perspectiva. 
Señor Presidente, en la propuesta sobre el futuro de la política de información y comunicación de la Unión Europea que el Parlamento debe votar figuran algunos aspectos importantes que quiero destacar. 
Pero antes tengo que felicitar al ponente Peter Pex por su audacia inicial, pero también por la flexibilidad que ha demostrado en este largo y complicado proceso. 
La flexibilidad es la que ha permitido llevar a término este informe que versa sobre un tema de gran importancia para todas las instituciones de la Unión. 
El texto que vamos a votar es el posible. 
Pero, si no falta la voluntad política de las instituciones- y ése es un aspecto decisivo -, puede ser un instrumento excelente para reforzar en los ciudadanos una vivencia europea. 
Los aspectos esenciales que quiero destacar son los siguientes: el lanzamiento de una cooperación habitual entre la Comisión y el Parlamento y también de éstos con las otras instituciones; un control mayor por parte del Parlamento de la formulación y la ejecución de esas políticas; una mayor transparencia ante el ciudadano; y, por último, la mejora de la eficiencia de la política de información y de la relación costos/resultados. 
Pero quisiera destacar, señor Presidente, un aspecto que el informe no menciona, que es el papel insubstituible de los órganos de información regionales y locales en la mediación entre las instituciones y los ciudadanos. 
Al determinarse la prensa como uno de los grupos destinatarios, se debe abrir un espacio específico para los medios de información más próximos a los ciudadanos, porque son los que transmiten a las instituciones el pulso de la vida local y los que saben traducir al lenguaje concreto los mensajes políticos de la Unión. 
Si no lo hacemos, desperdiciaremos un aliado precioso. 
La atención que el informe propone prestar a las emisoras regionales de televisión debe entrañar la utilización de las iniciativas que existen en el terreno, en particular la CIRCOM regional, que agrupa 376 emisoras regionales de 38 países de Europa. 
Las elecciones europeas de 1999 serán la próxima gran prueba para la seriedad de nuestro esfuerzo con vistas a mejorar la idea que los europeos tienen de Europa. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, ante todo quiero felicitar al presidente Pex por el excelente trabajo y, en particular, por la delicada tarea de mediación que ha tenido en la elaboración de este informe. 
Una política de información eficaz y orgánica constituye un instrumento fundamental para asegurar que los ciudadanos comprendan cuáles son los valores en los que se basa la Unión Europea, qué objetivos se ha fijado y qué esfuerzos exige la concreción de esas metas. 
Sin duda, sólo con una información clara, continua y transparente se puede hacer que los ciudadanos sean conocedores, conscientes y partícipes de los mecanismos y de la complejidad de la construcción europea, y se pueden obtener resultados y contribuciones a veces inesperadas. 
Por lo tanto, es necesario que el ciudadano esté en condiciones de acceder con facilidad a las fuentes de información, para animarlo a que se entere de más cosas, a que profundice y se acerque a las instituciones, en lugar de ver en ellas entidades inaccesibles e incomprensibles. 
O sea que es importante identificar, por un lado, los mejores sistemas para comunicar y, por otro, los contenidos a transmitir. 
Considero que los sistemas de transmisión de la información siempre han de tomar en cuenta, ante todo, el principio de fácil acceso, y es de desear que haya una coordinación de las estructuras en las que el Parlamento y la Comisión puedan unir, materialmente, sus respectivos recursos técnicos y sus respectivas infraestructuras. 
Este mismo sentido tiene la idea, expresada por el ponente, de la descentralización de los puntos de información, para que resulten ágiles los contactos incluso con los habitantes de zonas alejadas de las grandes capitales. 
En cuanto a los contenidos, es importante considerar, en primer término, los objetivos de los grandes temas, de la dirección en que se desarrolla la Unión Europea y el papel fundamental que los ciudadanos desempeñan en esta evolución. 
En segundo lugar, hay que considerar la función que cada una de las instituciones- Comisión y Parlamento- cumple, cuáles son los objetivos comunes y cuáles los propios de ambos órganos, cuáles son las distintas responsabilidades que les incumben. 
La cooperación entre Parlamento Europeo y Comisión es muy importante, sobre todo para identificar las acciones de información sobre los grandes temas, para coordinar el aporte específico de cada una de las dos instituciones. 
No obstante, el previsible refuerzo de las acciones de coordinación ha de dejar a cada institución una autonomía suficiente y debe salvaguardar la diferenciación de los papeles y de las responsabilidades propias. 
Así es como, si se teme que el ciudadano no consiga distinguir al Parlamento de la Comisión, la solución no estará en unificar la imagen sino, por el contrario, en poner en clara evidencia los distintos papeles. 
Al respecto, hay que subrayar que al Parlamento, más que a cualquier otra institución, en su calidad de Asamblea de representantes directamente elegidos por los ciudadanos, le compete la tarea de hacer públicas las decisiones tomadas por la Cámara y por los distintos órganos que la componen, respetando y reflejando la diversidad de las opiniones que se expresan en su interior. 
Una información viva y plural es el elemento básico del debate democrático. 
El Parlamento tiene que ser la garantía de ello. 
Señor Presidente, querría comenzar señalando que el Grupo de los Liberales tiene previsto votar a favor del presente informe. 
El futuro de la Unión Europea depende del apoyo de sus ciudadanos. 
Ni siquiera una buena política informativa puede poner remedio a una estructura confusa o a la adopción de malas decisiones, pero el descontento de los ciudadanos se debe principalmente a las distancias que les separan de la UE. 
Es difícil hacerse una idea de los vínculos entre el burocrático aparato de toma de decisiones en Bruselas y la vida cotidiana de las personas. 
El gran desafío de la política de información y comunicación de la UE consiste en superar el abismo que separa a las instituciones de la UE de sus ciudadanos. 
A este fin, es necesario que la información se transforme en una comunicación en ambas direcciones, y el puente que une los dos lados se construye únicamente mediante la cooperación, tanto a nivel de las instituciones comunitarias como de los Estados miembros. 
Las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen nuevas posibilidades para lograr una eficaz comunicación interactiva. 
Es necesario regionalizar la información de la UE, acercarla a los ciudadanos mediante los puntos de información y los medios de comunicación regionales. 
Las bibliotecas, por ejemplo, representan lugares excepcionales para desempeñar esta función. 
Naturalmente, también es importante que, en toda actividad comunicativa, el mensaje comunitario sea lo más claro e inteligible posible. 
Presidente, el Parlamento Europeo no tiene mucho éxito con su política de información. 
No hay ninguna duda al respecto en esta Casa y a la pregunta de por qué es así las opiniones están bastante divididas lamentablemente. 
Pero le puedo asegurar que no contribuye a la credibilidad de nuestra política de información que los servicios del Parlamento Europeo quiten las cámaras cuando ocurren cosas que no son del agrado de una parte importante del Parlamento o que se tomen otras medidas para evitar que la prensa se entere. 
Dicho con toda sinceridad, no solamente ha pasado esta semana, sino que pasa a menudo aquí. 
Esto no contribuye a la credibilidad de la política de información. 
Este Parlamento es también extraordinariamente diestro en no mirarse a si mismo cuando critica la política de información, sino en echar la culpa con bastante facilidad a otros, mientras que contribuiría a la credibilidad de este Parlamento si enseñara de vez en cuando sus dientes en los momentos en que lo puede hacer. Me refiero a la investidura de la Comisión o a la unión aduanera con Turquía. 
Si atendemos algún día a la política de los edificios del Parlamento o al hecho de que tengamos que reunirnos en diferentes sitios, se lo puedo asegurar, no contribuye a la credibilidad del Parlamento hacia fuera. 
O sea, apenas se puede luchar contra eso con una política de información, ni siquiera si intentas hacerlo en conjunto con la Comisión Europea. 
Eso solamente tendrá sentido si este Parlamento utiliza su capacidad autolimpiable, si saca brillo a su credibilidad, esa será la mejor manera de convencer a los electores de la idea europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, yo también quiero felicitar encarecidamente al Sr. Pex por este más que necesario informe. 
Europa, sus ventajas palpables, sus objetivos y perspectivas tienen que acercarse mucho más a las ciudadanas y ciudadanos si se quiere que sea su Europa. 
Se trata de democracia y del derecho a información. 
De los actos públicos que llevamos a cabo en nuestros países sabemos cuánta inseguridad y desconocimiento existe hoy aún sobre el tema de Europa. 
Existe un gran déficit de información, por cierto, también de los Gobiernos nacionales, y una clara desproporción entre los éxitos de la UE y su imagen. 
Durante mucho tiempo, el interés por Europa se ha centrado en los acontecimientos negativos y los escépticos han ganado terreno. 
Tal como se ha dicho aquí, no se han dado a conocer realmente, por ejemplo, los derechos de codecisión del Parlamento Europeo después de Amsterdam. 
¿Qué ciudadanas o ciudadanos saben qué derechos legislativos tiene el Parlamento? 
¿Conocemos el éxito que han tenido las grandes campañas europeas? 
¿Se han realizado evaluaciones de esas campañas y se han debatido con nosotros? 
¿Cómo se ha podido llegar a una desconfianza tal ante la legitimidad democrática de las decisiones a nivel europeo? 
Creo que necesitamos una estructura más eficiente de mediadores in situ y las informaciones sobre las decisiones del PE tienen que difundirse con rapidez. 
También debemos prestar atención al volumen e idioma de los materiales informativos, en especial, en lo referente a los grupos objetivo, que necesitan urgentemente nuestra información. 
Quiero decir claramente que no me puedo imaginar que la eficiencia se pueda elevar aún mucho más mediante hermosas pero costosas casas de Europa o más gremios adicionales en Bruselas, sino más bien mediante una mayor descentralización de los trabajos de información. 
Aquí son especialmente adecuados los " Euro-Infopoints» que han tenido gran éxito. 
Hay que ampliarlos, están cercanos a los ciudadanos y reducen la distancia de las ciudadanas y ciudadanos a la información. 
Los Ayuntamientos están dispuestos a contribuir en este campo. 
Aprovechemos la oportunidad de las corporaciones territoriales e iniciemos por fin una ofensiva por la idea de Europa. 
Señor Presidente, se habla mucho de la necesidad de acercar la UE y sus instituciones a la población, sin embargo, quizá se trate en la misma medida de que las instituciones y, con ello, también el Parlamento Europeo salgan al encuentro de la población y se orienten por ahí sobre el orden de prioridades de sus intereses, de que se hagan más comprensibles y transparentes, y de que quizá sean también un poco menos aburridas. 
Deben tratar de lograr que la gente se interese por los temas europeos, provocarles mayores ganas de informarse de las cosas y con ello motivarles a tomar posturas y proporcionarles también la sensación de que vale la pena tener posturas. 
Esto también tiene importancia para la democracia, como dijimos aquí anteriormente esta mañana. 
Y precisamente la posición de los parlamentos nacionales y el esfuerzo a escala europea podrán contribuir a que los pueblos tenga una mayor conciencia de los temas europeos. 
Hace falta un diálogo humano. 
Diálogo no significa sólo campañas, puesto que este concepto de " campaña» me suena casi a violación psicológica. 
La política futura en el campo de la información debe implicar tomar en serio a los pueblos y comportarse ante cada país con tino. 
Señor Presidente, el ponente considera con razón que la política de información de la UE tiene que ser más eficaz. 
Pero ¿qué quiere decir con ello? 
Saca la conclusión de que con un aumento de la eficiencia se debería superar la negativa opinión que se tiene sobre Europa, por lo que habría que forzar el proceso de integración europeo. 
No comparto ese análisis. 
No es una política de información deficiente la que aumenta continuamente el abismo entre los ciudadanos de Europa y las instituciones sino las insuficientes respuestas a las cuestiones más actuales de Europa, por ejemplo, los 18 millones de parados. 
Mientras que el ponente destaca la variedad lingüística de los ciudadanos de la UE, en la Comisión de Asuntos Institucionales se discute sobre si el esperanto puede ser el futuro idioma unitario de Europa. 
Mientras que el ponente destaca la importancia de las imágenes, diputados solicitan que se supriman las cámaras en la sala de Plenos. 
Mientras el ponente subraya la importancia de unos textos jurídicos comprensibles, declaran diputados que no les es posible comprender lingüísticamente los textos de los reglamentos presentados para la reforma agraria. 
Estos ejemplos muestran que las exigencias planteadas no coinciden con la realidad. 
No es el envase lo que tiene que brillar sino que el contenido debe ser el correcto. 
Si se entiende así la política de información de las instituciones... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, la Comisión de Cultura quiere coordinar las políticas de visitas y de información de las instituciones comunitarias. 
A primeras puede sonar atractivo, sin embargo, no lo es necesariamente. 
Una cierta coordinación e intercambio de ideas puede ser bastante buena, sin embargo, debemos recordar que las instituciones son unidades independientes. 
La gente debe tener la posibilidad de poder distinguir entre el Tribunal de Justicia y el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Cuando los visitantes viajan hasta aquí, a menudo dicen que van a la UE, sin embargo, no hay ninguna razón para que corroboremos que esto tenga que ser la misma cosa. 
En este asunto tenemos únicamente una responsabilidad ante el Parlamento Europeo. 
Los demás seguro que se las apañarán. 
Debemos hacer que los visitantes entren al Parlamento, y así puedan ver con qué apertura trabajamos. 
Por ejemplo, las sesiones de nuestras comisiones son abiertas en contraste con las de los parlamentos nacionales. 
Los visitantes deben tener acceso a nuestros locales de trabajo, de modo que se lleven la impresión de una institución democrática y abierta. 
He pedido a menudo a la gerencia administrativa del Parlamento que ponga unos locales en condiciones a disposición de los visitantes. 
Sólo los socialdemócratas daneses reciben probablemente al año hasta 3.000 visitantes y son sólo cuatro miembros. 
Debemos encontrarles un sitio y ha de ser preferiblemente un local de reunión determinado, en el que los partidos puedan colocar sus puestos y ordenadores. 
Nuestra política de información tiene dos elementos fundamentales. Por un lado, debemos informar sobre nosotros mismos y para ello sí que también se han destinado fondos, sin embargo, debemos estar disponibles, además, a los representantes del público, entre ellos, a la prensa. 
Me ha llamado la atención escuchar a compañeros en los dos días precedentes quejarse de que otros miembros se vistieran de un modo idiota y de que los medios de comunicación se interesaran por lo que estos miembros querían manifestar con ello. 
Me parece completamente estúpido que en un Parlamento elegido por voto popular hubiéramos de tener algún interés en limitar el acceso de la prensa a nuestras sesiones oficiales. 
Señor Presidente, este informe es una amplia recopilación de las contribuciones que han hecho los distintos grupos en esta cuestión en torno a la información, constituyendo de este modo una importante muestra de cooperación parlamentaria. 
Si tenemos en cuenta que la actividad informativa representa una cuestión clave en la Sociedad de la información, y que tiene lugar principalmente a través de los medios de comunicación de masas, nos hallamos pues ante un asunto de la máxima importancia, ya que toda la legitimidad de la Unión descansa sobre la imagen que tengan de nuestras actividades los ciudadanos, que son, a fin de cuentas, los que nos han elegido. 
Luchamos contra profesionales de la comunicación, contra los sistemas publicitarios de gigantescas empresas, por lo que a veces parece sencillamente desesperado imaginar cómo se podría hacer publicidad del poder para que llamara la atención de los ciudadanos, los cuales aún dependen en cierta medida de la toma democrática de decisiones, tanto a nivel nacional como europeo. 
Creo que debemos seguir desarrollando la información, ya que los fondos que destinemos a este ámbito son poco significativos en comparación con los que se destinan, por ejemplo, a las campañas mundiales de comercialización de algún refresco o de un producto de marca. 
De acuerdo con todo lo anterior, parece como si la democracia se hubiera dejado arrastrar río abajo por la corriente informativa, al mismo tiempo que las multinacionales acaparan la atención mundial, introduciéndose en algunos países ya en las escuelas primarias. 
Mientras tengamos todo esto presente, avanzaremos por el camino adecuado. 
Señor Presidente, mi propio condado, Essex, es la puerta de entrada a Europa, el condado en que se hallan puertos importantes como Tilbury y Harwich con aeropuertos como Stansted y Southend, uno de los principales beneficiarios de la conversión de las industrias de defensa en Europa, de la adaptación industrial, de la pesca y de los fondos sociales. 
A pesar de todo ello, demasiado a menudo no se conoce a mi condado más que por sus famosos euroescépticos. 
Por eso me permitiré darles dos buenas noticias en el debate de esta mañana. 
En primer lugar, la Unión Europea ha anunciado esta semana que habrá un nuevo Centro Europeo de Información que se ocupará de la comunidad comercial junto con el Consejo del Condado de Essex. 
Essex era un agujero negro en el sistema de Bruselas, con muchas empresas locales pequeñas que dejaban de trabajar antes incluso de haber tenido la oportunidad de ocuparse de las exportaciones, licitaciones y programas de la Unión Europea. 
Este nuevo Centro les dará acceso directo y libre a toda la documentación europea. 
Les ayudará a comprender los requisitos de la legislación de la Unión Europea y las oportunidades para encontrar financiación. 
Les ofrecerá un medio de comunicación con otras empresas de la red de 232 centros que hay en los países de la Unión Europea. 
En segundo lugar, el 28 de abril tuvimos una reunión de autoridades locales y de representantes del sector docente y del sector comercial de toda la parte oriental de Inglaterra. 
En la reunión se convino en mejorar la coordinación de la información europea. 
Éstas son, a mi juicio, dos buenas noticias y me alegra comunicárselas esta mañana a mis colegas. 
Señor Presidente, para ser breve, diré que ya era hora de que el informe del Sr. Pex llegara al Pleno. 
La resolución de compromiso presentada obtuvo el apoyo unánime de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, que contó con la presencia del ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos y de los servicios de la DG III y de la DG X del Parlamento y de la Comisión. 
Yo también la apoyo. 
Pido, simplemente, que nuestro Parlamento esté vigilante para que este órgano europeo que creamos, además de las tareas de coordinación de las cuestiones comunes de información, pueda ejercer un control sobre esta política de información y de comunicación que deseamos fervientemente. 
Habría que evitar, con el pretexto de llevar a cabo una descentralización- lo que, por otra parte, es deseable -, privatizar en realidad este sector y confiarlo a oficinas externas, compuestas por expertos exteriores a la Comisión y al Parlamento, sin que exista, por lo tanto, ninguna forma de control. 
Eso también haría posible que se produjesen innumerables abusos, que resultarían perjudiciales. 
Así pues, debemos estar atentos al hecho de que los representantes que compondrán este órgano ejerzan su mandato político con total independencia y con firmeza. 
Señor Presidente, Señorías, seré telegráfico en mi intervención, aunque confieso que el importante informe del Sr. Pex merecería un largo comentario. 
Quiero felicitarle por su iniciativa. 
Comparto con él la preocupación sobre la necesidad de que las instituciones europeas promuevan y desarrollen una política informativa activa y eficaz. 
No es tarea fácil. Y no lo es por la propia complejidad técnica de las decisiones que se adoptan a nivel comunitario y por un hecho estructural, y es porque es difícil hablar en Europa de la existencia de una opinión pública a nivel europeo. 
Existen opiniones públicas nacionales, pero es difícil poder transmitir a nivel comunitario y para una opinión pública comunitaria el contenido de las decisiones de nuestras instituciones. 
El mensaje esencial que se desprende del informe del Sr. Pex es que las actividades de información del Parlamento y la Comisión deben coordinarse más. 
Y así, en su informe subraya con acierto que la Comisión y el Parlamento tienen objetivos comunes pero también diferenciados y que, en consecuencia, la política de comunicación debe desarrollarse bien en común o bien de forma diferenciada por cada Institución. 
En consecuencia, comparto plenamente su punto de vista de que hay que coordinar y colaborar mejor allí donde esta coordinación y colaboración sea posible, dentro del respeto de la autonomía institucional que permita a cada uno desarrollar eficazmente su tarea. 
Respecto a los dos capítulos que nos presenta en su informe, no voy a hacer ningún comentario respecto a la política de información de la Comisión porque estoy de acuerdo y, en parte, son políticas que ya estamos llevando a cabo. 
Me centraré por consiguiente en la segunda parte del informe, en torno a los mecanismos para asegurar la cooperación entre el Parlamento y la Comisión. 
Les confieso que aquí tenemos ciertas reservas en relación con alguna parte del apartado 16 del informe. 
En primer lugar, se invita a la Comisión a presentar una propuesta legislativa antes del 30 de septiembre de 1998 para crear un grupo de trabajo interinstitucional. 
Quiero decirles que me parece difícil que la Comisión pueda adoptar una propuesta de naturaleza legislativa sobre este tema en dicho plazo. 
Hay que examinar toda una serie de cuestiones previas de índole jurídica, técnica e institucional antes de poder estar en condiciones de formular una propuesta en este sentido. 
Y por otra parte, constato que el propio ponente tampoco solicita en su informe que la propuesta se presente en virtud del artículo 138 B, que es el cauce previsto en el Tratado para solicitar de la Comisión la propuesta de actos comunitarios. 
En tercer lugar, me parece que la institución de un grupo de trabajo, como el que se menciona en el informe, puede ser una idea correcta y que comparto plenamente, pero entiendo que no es necesario que para llevarla a la práctica se cree ningún nuevo órgano. 
Está funcionando bien y está dando sus frutos, y es necesario que funcione cada vez mejor. 
A mi juicio, no es preciso en este momento crear nuevas estructuras institucionales para desarrollar eficazmente una mejor coordinación en la política de información. 
Respecto a las Casas de la Unión Europea, sí quiero decirle únicamente una cosa, y es que el Parlamento y la Comisión pueden tener su sede en un mismo edificio o en edificios próximos, y ése es un buen criterio. 
Comparto ese objetivo. Es exactamente la política que estoy haciendo desde que soy responsable de esta área. 
Lo que hay que hacer es evitar duplicaciones y estoy seguro de que, juntos, conseguiremos establecer y compartir archivos, bibliotecas y salas de conferencia. 
Y respecto a las demás cuestiones que menciona en el apartado 16, estoy de acuerdo con el conjunto de iniciativas Euronews, » Europa por Satélite» , Unión Europea de Radiodifusión, CD-ROM. 
En todos estos puntos, comparto plenamente la posición del ponente. 
Y termino diciéndoles que éstas son las reflexiones que me merece este importante informe del Sr. Pex, que tiene el enorme valor de plantear temas importantes y urgentes que afectan a la política de información y de comunicación de las Instituciones europeas con los ciudadanos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Bienvenida 
Tengo el gusto de dar la bienvenida, en nombre del PE, al Sr. Dan Tichon, Presidente del Parlamento del Estado de Israel, la Knesset, quien acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
Votaciones 
Señora Presidenta, los diputados recordarán la pregunta que formulé ayer al Presidente de este Parlamento, quien me contesto que sería la Mesa, y solamente la Mesa, la que examinara y tomara decisiones acerca del 50 % de asistencia a las votaciones de este Parlamento en las votaciones nominales. 
Eso es lo que nos dijo el Presidente. 
Como diputados de este Parlamento, estimamos que eso no es democrático. 
Estimamos que la Mesa está adoptando decisiones que pueden tener efectos decisivos en el futuro, pues se está creando un precedente. 
Por eso hemos decidido protestar de esta manera. 
Ésta es la única forma de protesta que tenemos a nuestra disposición para quejarnos de la forma en que la Mesa se está ocupando de esta crisis concreta. 
En consecuencia, pido que se tome nota de que estoy presente en esta sala durante esta votación nominal. 
Es posible que desee votar en otras ocasiones, pero en esta ocasión lo único que quiero es que se tome nota de que estoy presente. 
Insto a los demás diputados a que hagan lo mismo. 
Muy bien; gracias, señor Falconer. 
Antes de la votación de la enmienda 17: 
Señora Presidenta, deseo que se tome nota de que estoy presente en la sala. 
Señorías, una Presidencia de sesión sin una intervención del Sr. Falconer no sería tal. 
Ahora tenemos esta simpática costumbre, que aceptamos con humor. 
Señor Falconer, tomamos nota de que no participa en la votación, pero de que está presente. 
(El Sr. Falconer solicita de nuevo la palabra) Señor Falconer, no puedo concederle nuevamente la palabra. 
Después de la votación de la enmienda 18: 
Sí, señor Falconer, sigue en el hemiciclo, puedo verle. 
¿Insiste, señor Falconer? 
Si es realmente para una cuestión de orden, será la última. 
Señora Presidenta, eso no es lo que dicen las instrucciones de la Mesa. 
Las instrucciones de la Mesa dicen que usted lo anunciará en el momento de la votación. 
Quiero que se sepa que estaba presente en el momento de la votación y, por lo tanto, quiero que se indique así antes de que tenga lugar la votación. 
Eso es lo que dicen las instrucciones, así que haga el favor de obedecer a sus propias instrucciones. 
Señor Falconer, para ganar tiempo, le prometo que miraré cada vez para comprobar que está presente, pero como comprenderá no puedo seguir este juego. 
Hay muchas enmiendas. 
Veo que está en el hemiciclo; tanto si vota como si no, sé que está presente, he tomado nota. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Falconer, le concedo la palabra, con la condición de que sea la última cuestión de orden. 
Señora Presidenta, si los del otro lado de la sala y otros diputados de este Parlamento desean balar como corderos y conducirse como corderos cuando alguien les dice los que tienen que hacer, y si luego siguen ciegamente las instrucciones que han recibido, ¿cómo puede esperar su electorado que esas personas le representen debidamente? 
¿Cómo puede tener el electorado confianza en este Parlamento cuando a sus propios representantes se les ordena lo que tienen que hacer? 
Señora Presidenta, ha dicho usted que no quería participar en mi juego. 
Ahora bien, el Sr. Falconer no ha comenzado el juego. 
El juego lo comenzó la Mesa. 
Fue la Mesa la que dio estas instrucciones, no el Sr. Falconer. 
Insto a los diputados de este Parlamento a que dejen de conducirse como corderos. 
Señor Presidente, como las enmiendas del Grupo del PPE y del Grupo Socialista están muy cercanas en sus objetivos, estamos de acuerdo con la enmienda del Grupo Socialista si éste está de acuerdo en colocar detrás de la palabra Rusia la palabra " democrática». 
La frase sería entonces del siguiente tenor: considera necesario que la Unión Europea respecto a una Rusia democrática... » 
(El Presidente constata que no hay objeción a que se tome en consideración la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, se trata de una enmienda oral, la cual tiene dos partes. 
Tengo delante de mi el texto francés. 
El considerando G empieza " Inquiet du non respect par Israel des engagements....» 
La primera parte de la enmienda oral consiste en el cambio de esta frase por la frase: " Convaincu qu ' Israel doit respecter ses engagements... » 
La segunda parte de la enmienda es incluir al final, tras la frase "novembre 1995» , la frase :" et des accords d ' Oslo». 
Le doy las gracias, señor Dimitrakopoulos. 
¿Hay alguna objeción a que se tome en consideración esta enmienda oral? 
Señora Presidenta, en nombre de mi grupo político solamente quería adherirme a esta enmienda oral y apoyarla plenamente. 
(El Presidente constata que no hay objeción a que se tome en consideración la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, todos sabemos que ayer se decidió entablar un diálogo entre la población de Kosovo y la República Federativa de Yugoslavia. 
Por lo tanto, recomiendo que se hagan los siguientes cambios en el apartado 3. 
Eso es todo en relación con el apartado 3. 
(El Presidente constata que más de once diputados se oponen a que se tome en consideración la enmienda oral) 
Señorías, hay algo que no entiendo. 
Se solicita que se tome en consideración una enmienda oral. Al principio no han protestado. 
Considero que la actitud de ustedes es completamente tonta. 
Primero escuchan y luego dicen: " No, no quería oirla». 
Es totalmente contradictorio. 
Estábamos en el marco del procedimiento. 
No se puede volver a empezar desde el principio. 
Algún día habrá que explicar bien el Reglamento a Sus Señorías. 
Cuando se redactó la resolución no sabíamos lo que estaba sucediendo entonces en Belgrado. 
No conocíamos los hechos que ha expuesto ahora el orador. 
Se nos hubiera debido dar la posibilidad de, por lo menos, alegar argumentos en favor de la propuesta antes de que fuera rechazada. 
Lamento no haber tenido esa posibilidad. 
Es evidente que no vamos a iniciar un debate sobre este punto. 
Todos son conscientes de que se ha respetado perfectamente el Reglamento en la materia. 
Nos hemos encontrado ante una enmienda oral, de la que desgraciadamente, por razones circunstanciales, los colegas no habían tenido conocimiento previo. 
Esto es lo que ocurre en tales casos. 
Concederé la palabra a la Sra. Pack, quien les explicará las razones de la oposición a la enmienda oral. 
Solamente quiero indicar que desde ayer no hay hechos nuevos. 
Ayer a mediodía sabíamos que los Sres. Rugova y Milosevic se querían encontrar mañana. 
No sabemos más. 
Por ello, no tenemos que añadir nada más. 
Esperamos que este diálogo comience sin condiciones previas, tal como se dice en la resolución. 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Señora Presidenta, desearía manifestar con respecto a esta enmienda 4, relativa a la reducción del tiempo de trabajo, que, habida cuenta del debate en curso en varios países de la Unión Europea y de las votaciones celebradas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, no puedo solicitar, como ponente, que se la apoye. 
Sin embargo, como autor del informe, apoyo dicha enmienda. 
Considero que la Asamblea ha sido informada. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, muy brevemente. 
El tercer guión hace referencia a un documento de trabajo que, entre tanto, fue sustituido por la resolución de la Sra. Randzio-Plath; por lo tanto, habría que actualizarlo. 
Solicito la benevolencia de la Asamblea para que se modifique como sigue: " Vista su resolución de 2 de abril de 1998, doc. A40110/98». 
Solicitaré la palabra dentro de un momento en relación con el apartado 9, para proponer una enmienda oral mínima. 
(Durante la votación de las enmiendas, el Sr. Falconer solicita repetidamente la palabra) 
No, señor Falconer; habíamos convenido que la anterior era la última cuestión de orden que solicitaba. 
Me atengo a ello, y creo haber sido muy paciente. 
(El Sr. Falconer insiste- Protestas de la Asamblea) Señor Falconer, es realmente muy desagradable. Se lo digo claramente. 
¡Le pido que cese de insistir! 
Todos los Presidentes de sesión que han pasado por esta tribuna han demostrado tener mucha paciencia. Pero ahora, se ha acabado. 
Deseo que sigamos votando. 
Sobre el apartado 9 
Señora Presidenta, le propongo sustituir dos palabras por una, no por razones de economía, sino para evitar que haya posibles divergencias de interpretación entre el informe de la Sra. Randzio-Plath y el mío. 
Propongo sustituir "y que» por" para». 
(El Presidente constata que no hay objeción a que se tome en consideración la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Felicito al Sr. Herman. 
Pido disculpas al Sr. Pex, pero lo avanzado de la hora no nos permite votar ahora su informe. Se votará esta noche, a continuación del debate de actualidad. 
Les deseo buen apetito y ¡concedo la palabra al Sr. Falconer! 
(Reacciones diversas) 
Señora Presidenta, espero que respete usted mis derechos y confío en que lo haga. 
Es evidente que el Sr. Blak no quiere respetarlos, pero eso es una cuestión que corresponde juzgar a su electorado. 
Mi pregunta era la siguiente: ¿cuántas personas se han puesto en contacto con los servicios de la Presidencia para indicarles que iban a estar en la sala pero que no iban a votar? 
Éste es mi primer punto. 
Mi segundo punto consistía en preguntar si dichos servicios podrían determinar si esas personas seguían en la sala. 
Estimo que esto es una cuestión de orden legítima. 
Forma parte del procedimiento que hemos adoptado. 
Sé que una persona me dijo que había hecho constar que iba a estar en la sala. 
No he visto a esa persona en la sala durante la votación, y por eso quiero preguntar cuántas otras personas hicieron lo mismo para hacer constar su protesta. 
Señor Falconer, le responderé de inmediato. 
Le puedo asegurar que en el transcurso de las votaciones se comprueba la presencia de los diputados. 
Señora Presidenta, en nombre del- estoy segura de ello- 99.9 % de mi Grupo, quisiera darle gracias por su paciencia, por su buen humor y por su dignidad en la dirección de esta votación. 
Gracias, señora Green. 
Aprecio mucho sus palabras. 
Señora Presidenta, yo también quisiera agradecerle su paciencia. 
También quisiera dar gracias al Sr. Falconer por defender los derechos de los diputados. 
Me congratulo, al igual que nuestro ponente, de la posición común del Consejo por la que se organiza la introducción de la portabilidad de los números entre operadores de telecomunicaciones y la preselección del operador. 
Se trata de dos medidas importantes para garantizar el buen funcionamiento de la competencia en el sector y, por lo tanto, para promover los intereses del consumidor. 
La fecha límite del 1 de enero para la mayoría de los Estados miembros me parece igualmente adecuada. 
Lamento, sin embargo, al igual que nuestro ponente, que la Comisión no presente ninguna propuesta tendente a introducir la portabilidad de los números en el sector de la telecomunicación móvil. 
Insisto asimismo, al igual que el ponente, en la necesidad de hacer operacional en todos los países de la Unión el número de emergencia 112. 
Pienso que la Europa de los ciudadanos se realiza mejor a través de medidas prácticas de este orden que a través de un número creciente de grandes declaraciones. 
Informe K. Collins (A4-0181/98) 
A la vista del título complicado de la propuesta de reglamento del Consejo que se nos somete, no está de más recordar que el objeto del texto sobre el que vamos a pronunciarnos ahora es indicar con precisión qué productos fabricados a partir de soja o maíz modificados genéticamente deben etiquetarse como tales y, en su caso, cómo debe hacerse concretamente. 
En mi opinión, es esencial que hoy adoptemos una posición firme en favor de una indicación clara en el caso de dichos productos, sobre todo teniendo en cuenta que este reglamento servirá probablemente de referencia para las medidas concretas, largamente esperadas, relativas al etiquetado de los nuevos alimentos e ingredientes. 
No podemos bajar ahora nuestra guardia, a la vista de los esfuerzos que hemos tenido que realizar para obtener la adopción del principio de un etiquetado específico adicional lo más completo posible en el marco de la adopción del reglamento sobre nuevos alimentos. 
Por consiguiente, apoyo firmemente las enmiendas propuestas, tendentes a reforzar el fundamento de la indicación dirigida al consumidor, así como a clarificar el contenido de las mismas. Apoyo en particular la puesta a punto de una evaluación científica más perfeccionada de la presencia de OMG; la eliminación de un posible etiquetado del tipo "puede contener» , en favor de una indicación clara" contiene un producto OMG» , y la posibilidad, cuando resulte necesario, de un etiquetado abreviado " modificado genéticamente» , que tiene la ventaja de no ser excesivamente largo o complejo y a la vez de ser suficientemente claro. 
Voto a favor de este informe que obligará a etiquetar algunos alimentos que contienen organismos genéticamente modificados. 
Me hubiera gustado que el informe fuera aún más lejos. 
Que quede bien claro que, como científico que soy, mi opinión es que los organismos genéticamente modificados se prestan al consumo público. 
Ahora bien, como ha quedado tristemente demostrado en muchas ocasiones, la ciencia y los científicos no son infalibles. 
Quisiera que la legislación comunitaria permitiera que los consumidores que tienen una opinión diferente de la mía pudieran ejercer la facultad de elección en las tiendas y los supermercados europeos. 
Por eso es necesario el etiquetado, porque no prohíbe el consumo de organismos genéticamente modificados pero preserva el derecho de la persona a elegir. 
Los socialdemócratas daneses no apoyamos el informe porque empobrece el etiquetado de los OMG. 
Retirando la posibilidad de marcar los alimentos con el tenor: " puede contener» se traiciona el deseo de los consumidores de información. 
Originariamente la propuesta del Parlamento Europeo es que se etiquete precisamente en casos de duda. 
Con ello, se garantiza una auténtica elección a los consumidores que realmente no desean alimentos que incluyan OMG. 
Informe Tindemans (A4-0171/98) 
Señora Presidenta, voy a emitir la explicación de voto en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. Se refiere a un informe que ha modificado totalmente la política de esta Asamblea. 
Los Verdes se incluyen entre aquellos que, al igual que algunos otros pocos grupos políticos, no son de la opinión de que sea necesario estar armado hasta los dientes para hacer realidad una Europa democrática, ecológica y social. 
Por ello, condenamos que a pesar de las masivas protestas de una minoría en esta Asamblea durante el proceso de ratificación de Amsterdam y a pesar del hecho de que Estados neutrales sean miembros de la Unión Europea, se haya puesto en el orden del día un informe de este tipo. 
Significa que esta iniciativa del Parlamento Europeo se ocupa de cosas que van mucho más allá del Tratado de Amsterdam, interfiriendo de este modo negativamente en el proceso de ratificación de los Estados neutrales pero que, sobre todo, van en contra del sentido de la libertad de decisión de las ciudadanas y ciudadanos europeos. 
No hemos recibido ningún mandato de los ciudadanos para esto. 
Hay una grave modificación en esta confusión. 
Al final, no ha quedado claro que la denominación de nuestra comisión "Subcomisión de Seguridad y Desarme» se ha modificado en" Subcomisión de Seguridad y Defensa». 
También esto va mucho más allá del Tratado de Amsterdam. 
En nombre de los Verdes protesto enérgicamente contra los intentos de modificar los procedimientos en la Unión Europea mediante iniciativas y en contra de la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos europeos. 
La política de seguridad y la de relaciones internacionales se componen de diferentes elementos: política exterior, ayuda a países en desarrollo, comercio, paz y de solución de conflictos, política de desarme, política de asilo y defensa militar. 
La política de seguridad no es, por consiguiente, lo mismo que la defensa militar. 
En una perspectiva moderna de la seguridad, la seguridad de las personas está en el centro. 
Las amenazas contra las personas pueden ser desde catástrofes medioambientales hasta exclusión social. 
Los conflictos entre los estados son cada vez menos frecuentes. 
Por el contrario, cada vez son más comunes los conflictos dentro de los estados. 
Esos conflictos se basan especialmente en contradicciones sociales con rasgos étnicos o religiosos. 
Tales conflictos no pueden resolverse con métodos militares. 
Muchos países de la UE no aceptan una defensa común. 
En Suecia el 70 por ciento de la gente la rechaza. 
El Tratado de Amsterdam ha sacado por largo tiempo de las agendas la realización de una defensa común. 
El Parlamento no tiene poder de decisión sobre defensa común. 
Se necesita unanimidad en el Consejo de Ministros para decidir en esta materia. 
No podemos apoyar el informe. 
He votado en contra de este informe porque, aunque quiero que la Unión Europea se encamine hacía una política de defensa y exterior común como parte de una Europa federal, no puedo apoyar como base de esa política la disuasión nuclear. 
El armamento nuclear de Francia y de Gran Bretaña debe desaparecer de conformidad con el artículo 6 del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, y en consonancia con el fallo pronunciado por la Corte Internacional de Justicia en 1966. 
Después podremos ocuparnos de desarrollar una política común de defensa. 
Soy partidario de que desarrollemos una política de defensa de la Unión Europea. 
Estimo que eso es parte indispensable de la integración europea. 
En consecuencia, apoyo sin reservas las propuestas contenidas en el informe del Sr. Tindemans. 
Ahora bien, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. McKenna durante su intervención en el debate. 
La Sra. McKenna ha alegado una vez más, sin razón, que el Tratado de Amsterdam establece una política de defensa europea, lo que estaría en contradicción con la neutralidad irlandesa. 
Eso no es así. 
El Tratado de Amsterdam respeta completamente las actuales políticas de defensa y seguridad de cada Estado miembro. 
Esto significa que el Tratado se compromete específicamente a respetar la neutralidad irlandesa. 
Sólo se puede establecer una política de defensa de la Unión Europea si es objeto de un acuerdo unánime en una futura reunión del Consejo. 
Además, dicha política requeriría la modificación de los Tratados de la Unión Europea y, por consiguiente, sería objeto de un referéndum en Irlanda. 
La Sra. McKenna debería cesar de formular alegaciones engañosas como las que ella y sus colegas han hecho cada vez que había un referéndum en Irlanda. 
Desgraciadamente, el hecho de que se haya demostrado una y otra vez que carecían de fundamento, no impide que sigan reiterando sus alegaciones. 
Tampoco estoy de acuerdo con sus observaciones personales acerca del Sr. Tindemans. 
Se trata de observaciones destempladas, ofensivas e indiscretas. 
El Sr. Tindemans es el padre espiritual de la Unión Europea y nadie en este Parlamento ha hecho más que él por instaurar la reconciliación y una paz permanente en Europa. 
Sería mejor que la Sra. McKenna y sus colegas siguieran su ejemplo, en vez de criticarle. 
El drama yugoslavo ha demostrado hasta qué punto la Unión Europea, incapaz de imponer su autoridad en sus propias fronteras, sigue siendo un " enano» político y continúa dependiendo en cuanto a su propia seguridad del aliado norteamericano. 
Después de Maastricht, y a pesar del Tratado de Amsterdam, la política exterior y de seguridad común es aún muy embrionaria. 
La última crisis del golfo Pérsico, que ha visto una vez más a los Estados miembros de la Unión Europea hablar y actuar en orden disperso e incluso contradictorio, no es más que el último ejemplo que conocemos. 
El estado de la Europa de la defensa no es muy bueno. 
¿Cómo podría ser de otra manera, cuando el único interés y sentido de una política de defensa es ser complemento de una política exterior digna de ese nombre? 
Tras la aprobación del euro, que confirma su posición como primera potencia comercial del mundo, la Unión Europea avanza muy lentamente en la vía de una verdadera política exterior y de seguridad común. 
Ciertamente, el Tratado de Amsterdam ha permitido realizar algunos progresos en la materia. Por desgracia, dejando incluso de lado el nacionalismo sombrío y con intereses contradictorios de algunos Estados miembros, éstos aún no cuentan en este ámbito con ninguna doctrina ni programa comunes. 
¿Cuánto tiempo hará falta todavía para que algunos Estados miembros entiendan que su opinión se oirá mejor, que sus intereses estarán mejor defendidos y que su contribución a la instauración de la paz y de la democracia será más eficaz cuando hablen con una sola y enérgica voz en nombre de la Unión Europea, cuando apliquen una política exterior y de seguridad común y dispongan de unas fuerzas armadas integradas para apoyar su diplomacia? 
En este contexto, ha de constatarse, al igual que nuestro ponente, que en vísperas de su quincuagésimo aniversario- ¡y por muchos años! -la Unión Europea Occidental está llamada a ser un punto de unión como parte integrante del desarrollo de la Unión Europea. 
Comparto su impresión de que en esta fase no existe otro medio, si se quiere progresar en la vía de la edificación de una política de defensa común, más que el desarrollo de programas comunes y de medidas concretas de cooperación, utilizando lo mejor posible todas las oportunidades que ofrecen los Tratados. 
Según ha sido aprobado, el informe Tindemans refleja una doctrina que corresponde, por lo menos parcialmente, a actitudes de la guerra fría. 
Teniendo en cuenta el Tratado de Amsterdam y los cuatro países no alineados en el plano militar, es ilusorio hablar de la posibilidad de integrar en la Unión a la UEO. 
En la actualidad, Finlandia es el único Estado miembro de la Unión que tiene una frontera común con Rusia. 
No consideramos a Rusia como país enemigo y confiamos en que los vínculos entre la Unión y Rusia se fortalezcan, creando una zona aún mayor de paz, estabilidad y prosperidad. 
No consideramos que el recurso a los medios militares sea la respuesta primordial a los problemas con que nos enfrentamos en la vecindad inmediata de la Unión. 
Ése era el razonamiento que inspiró la iniciativa de Finlandia y Suecia de incluir la cuestión de Petersberg en el ámbito de la Unión. 
El informe Tindemans no se basa en una idea clara de las necesidades de Europa en materia de defensa y seguridad. 
Por eso hemos tenido que votar en contra del informe. 
Los socialdemócratas daneses hemos optado por votar en contra del informe. 
El informe Tindemans contempla en su base a la UE como una potencia militar y en sus recomendaciones va aún más lejos en los esfuerzos por convertir a la UE en la superpotencia regional sustentadora de las normas. 
El informe concluye que las iniciativas de la Unión con relación a los problemas surgidos en, entre otros lugares, Oriente Medio y los Balcanes han sido demasiado débiles, que se tomaron demasiado tarde, y que el papel natural del Parlamento Europeo como participante responsable no ha quedado igual de claro para la Comisión y el Consejo de Ministros. 
En esto no podemos estar en desacuerdo como socialdemócratas. 
Sin embargo, la solución del informe a este problema que se propone pasa por, entre otras cosas, una rápida integración de la Unión Occidental en la UE. 
Una UE como potencial superpotencia militar representa un paso en la dirección equivocada para una Europa unida y pacífica. 
El informe plantea, además, una serie de puntos que acelerarían la integración de la UEO en la UE y reforzarían el perfil de defensa común, que Tindemans reclama con tanta energía. 
El señor ponente no tiene con todo ninguna solución a los problemas de la UE para explicar esto ante los países vecinos, que tendrán problemas con una UE que se rearma militarmente. 
Igual que una política de defensa común en sus últimas consecuencias implicará que las fuerzas de ataque nuclear francesas y británicas se ponga bajo jurisdicción comunitaria. 
De ahí que hayamos- y con nosotros otros del grupo socialdemócrata- optado por votar en contra del informe. 
Una identidad de seguridad europea común existe ya bajo la forma de la OTAN y la OSCE. 
Europa no tiene necesidad de una nueva. 
Hemos votado por el rechazo del informe Tindemans, puesto que implica un notable paso hacia la militarización de la UE, lo cual, desgraciadamente, confirma los temores sobre la orientación de la cooperación comunitaria que muchos de nosotros hemos señalado desde hace tiempo. 
A través del informe Tindemans el Parlamento apoya la idea de que la UE se desarrolle para llegar a ser una superpotencia, en principio con los mismos objetivos que la mayoría de las superpotencias en la historia, es decir, defender con armas exclusivamente sus propios intereses, incluidos los intereses de sustentación. 
El informe significa también que se considera que la UE tiene derecho a actuar como una " policía mundial» que, de acuerdo a su conveniencia, interviene militarmente en los asuntos propios de otros países. 
Somos partidarios de un orden jurídico internacional que incluya también acciones por la paz de carácter militar, del tipo que la ONU y la OSCE vienen realizando hace tiempo. 
También podemos imaginarnos diferentes formas de refuerzo del papel de la ONU y la OSCE en el marco de la Carta de Naciones Unidas. 
Por el contrario, nos oponemos a que superpotencias aisladas o bloques regionales, fuera del marco de la ONU, por cuenta propia, se dediquen a intervenir militarmente, para lo cual, desgraciadamente, Tindemans allana el camino. 
También es evidente que la concepción de política de defensa del informe Tindemans no deja espacio en el marco de la UE para ausencia de alianzas al estilo sueco. 
Desgraciadamente, ésta también es una confirmación de los temores que anteriormente hemos señalado. 
Finalmente queremos destacar lo extraño que resulta que en la versión sueca del título del informe de Tindemans se traduce defence policy como política de seguridad, lo cual es una inexactitud tan grave que da una idea muy falsa de lo que realmente trata el informe Tindemans. 
Resolución sobre los acuerdos euromediterráneos 
¿Acaso es necesario repetirlo? 
El mar Mediterráneo es para nosotros un mar interior. 
Nuestras relaciones, y la calidad de éstas con todos los países ribereños, son vitales, ¡tanto para ellos como para nosotros! 
Ello supone asociaciones y acciones voluntaristas, dentro del respeto de nuestras diferencias, de nuestras obligaciones, de nuestras respectivas historias... 
Hace algunos años que el enfoque ha mejorado, a pesar de que hubo demasiados retrasos, "mezclas de géneros» y a veces un espíritu de superioridad por nuestra parte, sin olvidar algunos" toques» de neocolonialismo. 
Nadie posee la " verdad revelada» con respecto a Argelia, Marruecos o a Medio Oriente. 
Naturalmente, todos están de acuerdo en decir que es imprescindible erradicar el terrorismo, perfeccionar la democratización, reactivar el proceso de paz. 
Se pueden tener ideas, sugerencias, y defenderlas con fervor, pero también hay que saber escuchar a aquellos que están en contacto con estos graves y dramáticos problemas. 
No se trata de ser laxistas, ni de renegar de nada, ni de tener aires de superioridad: ¡estas deben ser nuestras líneas directrices europeas! 
Y ello sin olvidar que hay que exigir a los Estados de la Unión Europea que ratifiquen rápidamente los acuerdos firmados, que hay que asignar los medios financieros necesarios, ayudar a los países del Sur, abrir nuestros mercados, pero también hay que exigir que se reconozca nuestro peso político en la búsqueda común de soluciones. 
Creo en nuestro éxito si sabemos dotarnos- y sólo con esta condición- de los medios políticos. 
La cooperación euromediterránea, lanzada por la Conferencia de Barcelona en noviembre de 1995, es un elemento de estabilidad sostenible y de desarrollo económico de toda la región. 
En efecto, la Unión Europea debe promover el crecimiento para reducir el desempleo en la región y para que disminuya la presión inmigratoria, lo que contribuirá en general a la estabilidad y a la seguridad de los países del Mediterráneo. 
Las repercusiones de esta estrategia serán positivas para la seguridad europea. 
Europa está descubriendo una idea fundamental: un ecu invertido en Asia crea empleo, riqueza y seguridad en Asia, en tanto que un ecu invertido en el Mediterráneo crea seguridad para toda Europa. 
Por este motivo la Comisión Europea debería poner en marcha nuevamente, lo más rápido posible, la cooperación descentralizada detenida durante tanto tiempo. 
¿Cuándo se propone la Comisión Europea reactivar la aplicación de los programas MED? 
Estos programas no funcionan por mediación de los gobiernos nacionales, sino gracias a una cooperación multilateral descentralizadas a nivel regional y local. 
En otros términos, son importantísimos, porque permiten que surjan lazos directos entre las personas, los grupos y las organizaciones que comparten los mismos intereses y que tiene las mismas metas, ya sea dentro de la UE y con los asociados mediterráneos o entre éstos. 
Así se podrá incentivar el desarrollo económico, a través de la formación de una clase dirigente y empresarial que represente los diversos estratos sociales y no sólo las posiciones de una minoría privilegiada. 
Esto sería bueno no sólo para la región mediterránea sino para Europa en su conjunto. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor de la propuesta de codecisión sobre los acuerdos euromediterráneos. 
Hemos hecho esto teniendo en cuenta que es importante apoyar los proyectos de la UE en este terreno. 
Debemos contribuir a asegurar un desarrollo pacífico de los países limítrofes del Mediterráneo, tanto en lo que se refiere al comercio y la democracia como a los derechos humanos. 
Una carencia de la propuesta de codecisión es que no se hace suficiente hincapié en los derechos humanos. 
Los socialdemócratas daneses queremos pedir a la Comisión que presente lo antes posible una propuesta de estrategia de cómo promover el respeto de los derechos humanos en la zona del Mediterráneo. 
Además, es importante para los socialdemócratas daneses que se presione a la Comisión para aumentar los créditos para fomentar el respeto de los derechos humanos en la zona. 
No es suficiente que se hayan asignado 9 millones de ecus a tales iniciativas. 
Los fondos deben ser de una magnitud tal que las actividades puedan ampliarse y los programas puedan ser de mayor envergadura. 
Señor Presidente, Señorías, con todos los respetos ante los esfuerzos de la Comisión a la hora de poner en marcha el programa MEDA y los programas MED-MEDA, tengo que criticar un punto específico en nombre de mi grupo político. 
Los programas MED han sido detenidos por el Comisario Marín a pesar de que no había puntos de crítica contra los mismos, sencillamente por la razón de que había que reaccionar ante las numerosas anomalías. 
De este modo se han detenido buenos proyectos por causa de un fracaso de la Comisión. 
Este modo de proceder es profundamente apolítico y muestra la impotencia del Comisario. 
Desgraciadamente, su intervención en el debate de ayer fue también una gran lamentación. 
Por ello, quiero rogar a la Comisión que en el futuro impida en casos similares tales comportamientos. 
Detener buenos programas no sirve de consuelo por la mala ejecución de programas. Por el contrario, los daños son aún mayores. 
Sólo puedo esperar que la Comisión ejecute ahora a mayor velocidad los programas MED. 
Como se dice, el Mediterráneo es " más que un mar». 
Europa está unida al menos en tres aspectos con la totalidad del área del Mediterráneo, inclusive el antiguo "Ponto Euxino» : económicamente, mediante los flujos comerciales en ambas direcciones, geográficamente, por la pertenencia de la orilla norte de la cuenca del Mediterráneo, ante todo Estados miembros de la Unión Europea y, sobre todo, históricamente por una larga historia de interacción e interdependencia, en la que Europa Occidental durante mucho tiempo ha desempeñado el papel del" pariente pobre» antes de que desde el Renacimiento formulase un " derecho de representación en exclusiva» y en el siglo XIX impusiese una posición predominante con prácticas coloniales y semicoloniales. 
Las rivalidades de las grandes potencias europeas han contribuido esencialmente a fragmentar las estructuras políticas y sociales en la orilla sur y oriental del Mediterráneo (así como en la zona del Mar Negro). 
Finalmente, los crímenes del holocausto llevado a cabo por la Alemania de Hitler, han contribuido decisivamente a que Israel y Palestina estén enzarzados en una lucha política existencial casi insoluble. 
La Unión Europea no puede retirarse para desempeñar solamente el papel del observador en el área del Mediterráneo. 
Tampoco puede aligerarse la tarea limitándose a los "problemas más simples» para dejar los" más complicados» a los EE.UU. Esto no es un alegato en pro de actuar en solitario sino de hacer realmente lo que a uno le corresponde en una cooperación y debate abiertos. 
Resolución sobre Kosovo 
Señora Presidenta, quiero subrayar que he votado en favor del informe sobre Kosovo aunque me tuve que enojar muchísimo sobre el modo como se dirigió ayer el debate. 
No creo que tenga sentido mantener un debate de este tipo si los representantes del Consejo y de la Comisión no están presentes y en parte ya no estuvieron por la tarde. 
También creo que fue algo difícil, pues el Consejo y la Comisión no tienen por lo visto ningún conocimiento de los nuevos acontecimientos en este campo, pues no se han hablado al respecto. 
Al menos es cuestionable el modo del aplazamiento y que se adelantase el, sin duda, interesante e importante debate sobre la India. 
A pesar de ello, estoy convencido de que se tiene que seguir debatiendo en este sentido y que no se debe perder de vista al auténtico culpable, que se encuentra en Belgrado y no en Pristina. 
En el año 1989, Milosevic suprimió en contra de la Constitución la autonomía de Kosovo y, sin duda, es también culpable en los crímenes contra la Humanidad que actualmente se cometen en Kosovo, por lo que creo no debe estar en una mesa de negociaciones sino ante el Tribunal de Justicia de la Haya. 
Nos hemos abstenido en la votación de la resolución sobre Kosovo. 
Nuestra abstención se debe al punto 6, en el que se exhorta al Consejo de Seguridad de la ONU, la OSCE, la OTAN y la UEO a tomar las medidas necesarias para impedir que el conflicto se extienda. 
Estimamos que este exhorto sólo debe hacerse al Consejo de Seguridad de la ONU y a la OSCE, que toman decisiones a partir de análisis de carácter político. 
La solución del conflicto de Kosovo no es un asunto militar, sino que un asunto político y diplomático. 
Con todo, opinamos que la resolución, en general, hace un análisis correcto de la situación política actual. 
En nuestras resoluciones siempre subrayamos la necesidad de apoyar a las fuerzas democráticas en Kosovo. 
Tanto más lamentable es que, según mis informaciones, este año no se haya subvencionado ni un solo proyecto con el programa PHARE-Democracia. 
Por ello, en nombre de mi grupo político, quiero preguntar a la Comisión qué es lo que pretende hacer en un próximo futuro con el programa de democracia para la sociedad civil en Kosovo. 
En el caso de que la Comisión necesitase propuestas al respecto, nuestro grupo político está en situación de presentárselas. 
Informe Caudron (A4-0138/98) 
El informe del Sr. Caudron hace hincapié, con razón, en la calidad del documento de trabajo redactado por los servicios de la Comisión sobre La competitividad de la industria europea. 
Este trabajo debería sin duda realizarse periódicamente, de tal modo que, utilizando los mismos criterios de referencia y las mismas tablas de análisis, proporcionase un conjunto de datos económicos sobre la evolución de la industria europea y la eficacia real de las medidas adoptadas para apoyarla. 
Este documento pone en entredicho algunos prejuicios sobre el declive, tantas veces denunciado, de la industria europea, y bosqueja un cuadro de sus cualidades y puntos débiles: empresas todavía demasiado " nacionales» y fragmentadas, fiscalidad inadecuada, mercado único que aún no lo es completamente, excesiva rigidez del mercado de trabajo y entorno administrativo demasiado complejo. 
Asimismo, el documento pone de relieve nuestras responsabilidades en la materia. 
La aprobación del euro, cuya entrada en vigor constituirá ciertamente una baza para las empresas europeas, que por fin pueden librarse de los excesivos gravámenes administrativos y financieros en el ámbito cambiario, contribuirá a mejorar el entorno financiero de las mismas. 
Nos corresponde ahora reactivar las inversiones tanto públicas como privadas- que hemos descuidado demasiado en el decenio que acaba- y aplicar el Libro Blanco de 1993 sobre " Crecimiento, competitividad y empleo» , especialmente en materia de financiación y de ayuda a la financiación de las infraestructuras de transportes y de telecomunicaciones. 
Debemos llevar a cabo, igualmente, la coordinación y la armonización de las políticas fiscales. 
En efecto, es imprescindible que los Estados miembros estén en condiciones de evitar la competencia fiscal salvaje y de reorientar la fiscalidad en beneficio de las empresas, disminuyendo las cargas que gravan el trabajo. 
Con el fin de que nuestras empresas puedan estar en condiciones de afrontar mejor los desafíos de la apertura de los mercados y de la globalización de los intercambios, debemos adoptar lo antes posible un estatuto de sociedad europea. 
Al igual que el ponente, considero, en efecto, que ello contribuirá a dar un paso psicológicamente importante en el reconocimiento de la dimensión europea de las empresas. 
Por lo tanto, voto claramente a favor del informe que se nos somete. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Caudron sobre la competitividad de la industria europea. 
Pensamos que el informe contiene reflexiones positivas sobre el modo de garantizar que la industria europea sea más competitiva. 
Sin embargo, no podemos apoyar el punto de vista del señor ponente de que todos los países deben tener una carga similar de sus empresas en lo que concierne a requisitos medioambientales. 
Conforme al párrafo 4 del artículo 100 A del tratado, cada país miembro debe tener la oportunidad de establecer la legislación medioambiental que el país miembro pudiera considerar necesaria con atención a la viabilidad, la salud y el bienestar, y de ahora en adelante la política medioambiental se basará de manera creciente en el artículo 130, que da a entender que los países pueden tomar como base las normas mínimas comunitarias. 
Somos también contrarios a la postura del señor ponente sobre la armonización de la política fiscal (punto 15). 
Nos distanciamos enérgicamente de toda forma de armonización del impuesto sobre la renta. 
Informe E. Mann (A4-0173/98) 
Señora Presidenta, en vista del rápido incremento de las telecompras en toda Europa, apoyaré la propuesta de la ponente de que dichas compras las regule en el plano internacional la Organización Mundial del Comercio. 
También es de importancia esencial que se adopten medidas para conseguir que las compras por televisión se rijan por normas de calidad para el consumidor muy rigurosas. 
Hay que proteger a los consumidores contra la adquisición de productos defectuosos o peligrosos. 
Veo que la ponente sugiere que la Comisión investigue si es posible o no es posible someter a impuestos a las compras por conducto de Internet. 
Quisiera indicar que toda decisión de ese tipo que adoptemos no debe estar encaminada sencillamente a disuadir a los consumidores de la Unión Europea de que adquieran artículos baratos a base de someter esos artículos a impuestos. 
Más bien debemos esforzarnos por conseguir que en la Unión Europea haya precios más bajos y más transparentes para que los productos provenientes de fuera de la Unión no ofrezcan ya una alternativa interesante. 
Es de esperar que la introducción de la moneda única contribuya mucho a conseguirlo. 
Ahora bien, también se puede conseguir mucho mediante la armonización de las diversas tasas del IVA, por ejemplo. 
Informe Herman (A4-0117/98) 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Herman sobre la reforma del funcionamiento de las instituciones sin modificar los Tratados contiene un razonamiento muy sorprendente, y lamento que en este hemiciclo no se reaccione en contra. 
En relación con la cuestión principal del informe, es decir, el control de la Unión Económica y Monetaria, se nos explica hipócritamente que la escasa solidez del control democrático es insoportable, que es algo que se sabe desde el principio, pero que los negociadores del Tratado de Maastricht no querían " recargar la barca» y que los de Amsterdam tampoco quisieron hacer nada por miedo de volver a abrir la caja de Pandora. 
Dicho de otra manera, para evitar suscitar un nuevo debate, era mejor tolerar una situación indefendible. 
El resultado es que hoy, en vísperas de la entrada en vigor de la moneda única, todos se preocupan por la poca solidez del control democrático y que el Parlamento Europeo no tiene más remedio que inventar urgentemente medidas secundarias para hacer creer que los ciudadanos tendrán algo que decir. 
El Informe Herman propone concretamente realizar las reformas mediante acuerdos llamados " interinstitucionales» entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Estos acuerdos no tienen en absoluto la validez de un Tratado, pero permiten que los partidarios de la integración se entiendan entre ellos para ampliar progresivamente los poderes del Parlamento Europeo, de tal modo que pueda crearse una situación que más tarde se presentará como un hecho reconocido. 
Nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente, con este tipo de razonamiento. 
El Informe Herman no hace más que sacar a luz la manipulación permanente de estos últimos años, destinada a no hacer aceptar más que una discusión fragmentaria, a diferir constantemente un debate completo sobre la materia y a impedir que los pueblos se pronuncien con total conocimiento de causa sobre el proceso de unificación monetaria. 
Si son necesarias medidas complementarias a esta unificación monetaria, que se discutan y que se sometan claramente a sufragio universal. 
No podemos votar favorablemente este informe puesto que tiene la orientación de que el Parlamento Europeo será el camino para lograr el control democrático del Banco Central Europeo y otras materias políticas. 
Básicamente, esto significa un debilitamiento de los parlamentos nacionales que tienen en muchos Estados miembros el doble de legitimidad democrática que el Parlamento Europeo. 
La participación popular en las diferentes elecciones en los países en el ámbito de la UE es elocuente. 
Para perfeccionar el funcionamiento de la responsabilidad democrática en la UE es mejor que los miembros del Parlamento Europeo sean nombrados por los parlamentos nacionales. 
En la Europa de hoy, los debates políticos democráticos tienen lugar en torno a las elecciones a los parlamentos nacionales. 
Desde su primera elección por sufragio universal directo en 1979, el Parlamento Europeo es realmente la emanación y el representante de los pueblos de la Unión. 
Preocupado por enjugar el déficit democrático de las instituciones europeas, nuestra ambición constante es dotar a nuestra Asamblea de todas las atribuciones que corresponden a un verdadero Parlamento en un Estado democrático de Derecho. 
Conferencias Intergubernamentales para revisar los Tratados: la construcción europea avanza poco a poco en esta vía. 
Sin embargo, debemos constatar que los textos de Maastricht y de Amsterdam van ciertamente en buena dirección, pero que a pesar de ello siguen siendo insuficientes en la materia. 
Los pueblos de la Unión Europea se impacientan. 
Algunos de ellos- con pocas esperanzas respecto a una mejor transparencia y a un mayor control democrático en el funcionamiento de las instituciones europeas, muchas veces percibidas como una maquinaria tecnocrática insensible a sus legítimas aspiraciones- prefieren en lo sucesivo abstraerse en sí mismos. 
Tras el Consejo extraordinario de Bruselas y la aprobación de la moneda única, el informe que examinamos hoy llega en un momento oportuno y propone algunas medidas que, a pesar de ser sólo transitorias, constituyen, sin embargo, un paliativo necesario para el persistente déficit democrático. 
A la espera de una futura y necesaria nueva Conferencia Intergubernamental, se impone la conclusión de acuerdos de cooperación institucional en los ámbitos de competencias en los que la desaparición del control de los Parlamentos nacionales no ha sido sustituida por el del Parlamento Europeo. 
En efecto, debe quedar claro para todos que los pueblos de la Unión no aceptarán que cuestiones tan cruciales como la Unión Económica y Monetaria, el Pacto de estabilidad y crecimiento o la política económica exterior- cuyas repercusiones presentes y futuras en el empleo y en el aspecto social en los Estados miembros todos conocen- escapen a un control real de sus representantes europeos. 
Al llevar a la práctica las diferentes propuestas de acuerdos interinstitucionales contenidas en la presente resolución, las instituciones europeas contribuirán de una manera significativa a reducir la incomprensión que separa a muchos de nuestros conciudadanos de una construcción europea que, no obstante, muchos de ellos desean. 
Los socialdemócratas daneses nos abstenemos en la votación del informe del Sr. Herman, aunque es importante que se considere regularmente cómo puede hacerse más abierto y más democrático el funcionamiento de la UE sin modificar los tratados. 
Y es correcto señalar a los acuerdos entre instituciones como un importante medio de alcanzar este objetivo. 
El informe contiene varias propuestas positivas. 
Apoyamos las ideas sobre mayor apertura y control democrático sobre el Banco Central Europeo y la política económica dentro de la zona euro en general. 
Aunque Dinamarca mantiene una reserva legal vinculante sobre la participación en la tercera fase de la UEM, tenemos gran interés en que lo se decida en estos ámbitos, se decida de manera tan abierta y democrática como sea posible. 
El punto 6 del informe contiene, sin embargo, una redacción que puede interpretarse como si los compromisos en el campo del empleo que se contrajeron en Amsterdam y Luxemburgo carecieran de contenido concreto. 
Éste no fue nuestro parecer. 
Los compromisos mencionados son contribuciones importantes al fortalecimiento de la política de empleo en Europa y los resultados ya han comenzado muy modestamente a dejarse ver. 
Nos gustaría, además, subrayar que no podemos sumarnos a la idea de una intromisión del Parlamento Europeo en el diálogo social. 
El diálogo social debe ser apoyado y consolidado, y el mejor modo de hacer esto, en nuestra opinión, es dar libertad a las partes sociales para que ellos mismos negocien hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes. 
Para fortalecer la democracia, mejorar la apertura, aumentar la participación popular y, por consiguiente, aminorar las críticas en contra de la UE, se necesita una reforma desde las bases que este informe no lleva a efecto. 
El poder de los parlamentos nacionales tiene que aumentar, tanto en cuanto a propuestas como a trabajos continuados y control. 
También tiene que aumentar el poder del Consejo. 
Por el contrario, el poder de la Comisión tiene que disminuir sensiblemente. 
Su derecho a la exclusividad para presentar propuestas es inaceptable. 
Es como si solamente la oficina del ayuntamiento tuviera derecho a presentar propuestas en los municipios, una idea absurda. 
El poder del Parlamento Europeo no tiene que aumentar ya que nos conduciría a un sistema federal. 
Sin embargo, la forma de trabajo del Parlamento Europeo tiene que mejorarse, perfeccionando su contacto con la gente, menos tiempo en Bruselas, más tiempo en los países de origen, más contacto directo con los parlamentos nacionales, más materias de principios, mayor concentración en los grandes asuntos políticos y fuera con todos los asuntos de detalles. 
Tiene que eliminarse el antidemocrático sistema de distribución de tiempo de las intervenciones a través de los jefes de Grupos. 
Hay que crear un modelo más democrático que dé a todos los parlamentarios posibilidad de intervenir en los asuntos que les interesan. 
Los tiempos de intervención también tienen que adecuarse a la importancia de las materias. 
Dedicar dos semanas a detalles pero dos horas y media al asunto más importante durante toda la legislatura, el debate sobre la UEM, es un ejemplo del desequilibrio actual. 
Deseo dar las gracias a nuestro colega, Fernand Herman, por el informe de iniciativa propia que ha elaborado sobre las mejoras en el funcionamiento de las instituciones sin modificar los Tratados. 
El déficit democrático que afecta, en general, a las instituciones de la Unión Europea y las soluciones que pueden aportarse están perfectamente expuestas en el mismo. 
Al igual que nuestro ponente, pienso que las mejoras institucionales más sustanciales han sido sobre todo el resultado de prácticas establecidas sobre la base o bien de acuerdos interinstitucionales, o bien de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, o incluso sobre la base de una utilización extensiva de procedimientos existentes, y no el resultado de modificaciones formales de los Tratados. 
El papel del Parlamento Europeo debe ser reforzado urgentemente en dos ámbitos: la política social- particularmente importante desde el punto de vista de los ciudadanos europeos- y la Unión Económica y Monetaria. 
Insisto en el problema de la responsabilidad democrática en los ámbitos económico y monetario, en los que el Parlamento Europeo no desempeña, según los Tratados, ningún papel formal. 
No obstante, no hay que dejar de lado los ámbitos de la política comercial común, de los acuerdos internacionales y de la política de competencia. 
Con miras al futuro, será conveniente incluso ampliar nuestra reflexión al ámbito de la política exterior, de la cooperación policial y judicial. 
Nuestro ponente preconiza la conclusión de un acuerdo interinstitucional. 
Comparto plenamente su punto de vista. 
(La sesión, interrumpida a las 13.27 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0498/98 de la Sra. Günther y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Sudán; -B4-0506/98 del Sr. Telkämper y la Sra. Aelvoet, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Sudán; -B4-0523/98 del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación política en Sudán y la grave crisis de los derechos humanos en el sur del Sudán; -B4-0534/98 de los Sres. Bertens y Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Sudán; -B4-0539/98 del Sr. Hory y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Sudán; -B4-0541/98 del Sr. Newens, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Sudán; -B4-0552/98 de los Sres. 
Señora Presidenta, Sudán se encuentra en medio de una zona en la que, con frecuencia, la estabilidad es muy inestable. 
Superficialmente, se trata de una lucha de culturas: los musulmanes-árabes en el norte y los no musulmanes en el sur. 
Por este motivo, el Estado islámico del Irán apoya a Jartún, pero también China- si bien, más para enojar a los EE.UU.- mientras que los Estados vecinos tienen un cierto miedo pues un Sudán fundamentalista unido les parece peligroso, ya que esta chispa religiosa podría saltar, por así decirlo, a la población musulmana de los Estados vecinos. 
La esperanza que va unida a las conversaciones de Nairobi consiste en que en esta ocasión quizás se logre un compromiso desde una posición de debilidad de ambas partes, pues en las conversaciones de hace medio año que se aplazaron sin resultados, se encontraba sobre la mesa más o menos el mismo plan. 
Se quiere llegar a un acuerdo sobre una especie de federación entre el norte y el sur durante un período transitorio y preguntar a las personas al cabo de algunos años mediante referéndum cómo quieren ser gobernadas. 
Una señal de impotencia de la Unión Europea y del resto de la comunidad internacional es que se está agradecido por poder ayudar a la población que padece penurias, de lo que serían responsables los que gobiernan en el país. 
Señora Presidenta, si habla de Sudán, está hablando de mi familia. 
Mis dos hijos nacieron allí y yo tengo algo con ese país. 
Por lo tanto, el ver otra vez a 400.000 personas en el umbral de la muerte por el hambre, me afecta, pero le afecta a todo el mundo. Sobre todo cuando se sabe que la causa es que no se decrete el alto el fuego, ni por parte del partido del gobierno, ni mucho menos por parte de los rebeldes del sur. 
La Unión debe aumentar la presión. Tiene que convencerse para que reanude las iniciativas de paz, y las hay por doquier. 
Todas las medidas de presión, me parece, están permitidas- la vida de entre 400.000 y 500.000 personas está en peligro -, incluido el bloqueo de dinero del FMI y del Banco Mundial. 
Entretanto la misma Unión no debe incumplir la parte humanitaria. 
Por eso, al respecto quiero dar las gracias al Comisario Marín y en todo caso a la Comisión, por su ECHO-vuelo de 8, 8 millones de ecus en concepto de ayuda de emergencia. 
No puede decrecer la atención hacia los desamparados sudaneses. 
Señora Presidenta, a veces tenemos en el orden del día cuestiones que denominamos urgentes y la gente se pregunta: " ¿dónde está la urgencia del asunto?» 
No hay duda alguna de que el Sudán se encuentra en una situación de urgencia, aunque hayamos discutido ya la trágica situación de ese país en muchas ocasiones. 
Las imágenes de las pantallas de televisión de Europa son, a veces, lo que suscita la atención de la gente acerca de las tragedias humanas, como por ejemplo la continua crisis del Sudán, y tenemos toda la razón del mundo si una y otra vez volvemos a ocuparnos de ese país. 
Ahora bien, no somos los únicos, pues en la Asamblea Paritaria de países ACP celebrada recientemente en Mauricio, todo el mundo quedó agradablemente sorprendido cuando se registró una firme mayoría de países de África, el Caribe y el Pacífico que, por petición suya, habían votado separadamente de la UE y que condenaban a los sudaneses. 
No basta con eso. 
Tenemos que buscar una solución a largo plazo y permanente. 
Por eso es tan instructivo el ejemplo de Eritrea y Etiopía, que se hallaban en una situación análoga no hace mucho tiempo, y por eso debemos acoger con satisfacción la perspectiva de que haya un referéndum que refuerce el derecho de libre determinación del Sur. 
Señora Presidenta, en los 15 últimos años se calcula que han perecido un millón de personas en la guerra civil entre el Norte y el Sur del Sudán, y que centenares de millares de personas corren peligro de morir de hambre como consecuencia, en parte, de una sequía que ha durado dos años, y en parte también de las hostilidades armadas. 
En la región más afectada de todas, la de Bahr-al-Ghazal, se dice que fuerzas apoyadas por las facciones del Norte han quemado almacenes de cereales y cosechas, y que en muchos sitios se prohíbe toda entrega de ayuda alimentaria de emergencia, mientras que la gente se ve obligada a comer sus semillas almacenadas y las hojas de sus cultivos, y sucumbe en número enorme. 
En este conflicto sin piedad se ignoran totalmente los derechos humanos, y es indispensable que incrementemos la acción de la comunidad internacional para ver si podemos evitar una tragedia aún mayor de la que ha ocurrido ya. 
El Gobierno sudanés posee un deplorable historial de crueles represiones en el Norte y en el Sur, aparte de sus operaciones militares: encarcela, tortura y ejecuta a su propio pueblo y a los pueblos vecinos, y recurre al terrorismo contra ellos. 
El Gobierno sudanés ha ignorado las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. 
En esas circunstancias, no queda más remedio que mantener las sanciones contra la ayuda para el desarrollo, pero no contra la ayuda humanitaria. 
El país necesita desesperadamente la paz y, por lo tanto, es triste que hayan cesado las conversaciones que tenía lugar esta semana en Nairobi. 
La paz, sin embargo, sólo es posible sobre la base de la aceptación del derecho de los pueblos del Sudán a la democracia y a una libre determinación democrática. 
Tenemos que acoger con satisfacción el hecho de que se haya llegado a un acuerdo para suprimir algunas restricciones sobre la ayuda alimentaria destinada a los que se hallan en situación de necesidad extremada, pero hay que mantener toda la presión posible a fin de que la ayuda humanitaria llegue a todos los lugares en que es necesaria. 
La Unión Europea ha aportado ya una importante contribución, pero tenemos que pedir que se intensifiquen los esfuerzos a fin de aliviar en lo posible esta deplorable catástrofe humana. 
Ésa es la finalidad de esta propuesta. 
Señora Presidenta, todo el mundo sabe por lo tanto que la sequía de los últimos años sólo ha agudizado claramente el problema de la guerra en Sudán. 
Hay que solucionar, lo principal, la lucha contra el hambre y hay que fomentar la paz, por lo tanto, colaborando en las negociaciones de paz. 
Sabemos que el resultado conseguido en el marco de la IGAD es todavía incompleto en este momento, que a ambas partes les queda por recorrer bastante camino. 
Sin embargo, creo que es importante que demos señales desde la Unión Europea, o sea que esperamos más resultados en el marco de la IGAD. 
En segundo lugar, la Unión Europea debería tomar la iniciativa sobre el problema de la escasez de alimentos que es acuciante ahora y para lo cual hay ahora afortunadamente un acceso posible, para encargarse de que los alimentos lleguen temporalmente a la población hambrienta. 
Señora Presidenta, desde hace cinco años me vengo ocupando de este asunto en la Asamblea Paritaria ACP-UE. 
Lamentablemente, hasta ahora no se ha producido nada positivo para la población en el Sudán. 
Es urgentemente necesario un armisticio y que todas las partes celebren negociaciones. De lo contrario no se logrará nada, ya que las negociaciones parciales no han aportado hasta ahora ningún éxito. 
Hay que respetar los derechos humanos y la democracia así como el derecho de autodeterminación de la población en el sur del Sudán. Necesitamos urgentemente ayuda humanitaria antes de que los próximos cientos de miles de personas que están expuestas indefensas a estas presiones, se mueran de hambre. 
Son necesarias sanciones contra el Gobierno del Sudán, pero no sólo por parte de la UE sino de la comunidad internacional para aumentar la presión y proteger a los Estados vecinos. 
Señora Presidenta, como sus Señorías saben la Comisión cesó desde 1989 toda ayuda al desarrollo al Sudán debido a la persistente falta de respeto a los derechos humanos, a la ausencia de democracia y a una falta de esfuerzos significativos para negociar un final pacífico a la guerra civil de este país. 
Ante la falta de señal de cambio real y a menos que un progreso sustancial se lleve a cabo en relación con el proceso de paz y el respeto a los derechos humanos, no existe base para que la Comisión modifique su posición. 
No obstante, la Comisión sigue muy de cerca el desarrollo de la situación humanitaria en el sur del Sudán. 
En 1997, la Comisión ha sido el mayor donante de fondos con una ayuda de 23 millones de ecus que, añadidos a los bilaterales donados por los Estados miembros, representan el 65 % de toda la ayuda humanitaria recibida por el Sudán. 
En noviembre de 1997, una decisión de 6, 7 millones de ecus, del montante total de 23 que acabo de señalar, fue acordada para el Sudán en favor del programa alimentario mundial. 
Hay que señalar que una buena parte de los alimentos que están siendo distribuidos actualmente en Bahr al Ghazal, en el sur, son parte de esa contribución. 
El 23 de marzo de este año, la Comisión aprobó una decisión de 11, 8 millones de ecus en la forma de un plan global de ayuda humanitaria para responder a las necesidades de los poblaciones víctimas de la guerra en el Sudán. 
Esta ayuda, la de este año, 1998, está llevada a cabo por 35 organizaciones no gubernamentales y cubre esta vez tanto el sur como el norte del país, y se concentra esencialmente en los sectores médico, de seguridad alimentaria y sanitario, sobre todo agua potable. 
Esta decisión incorpora igualmente una reserva de un millón de ecus que se está utilizando para financiar complementariamente algunas actividades en Bahr al Ghazal, siempre en el sur del Sudán. 
La situación continúa siendo, sin embargo, muy preocupante en la parte norte de esta misma región, lo cual, además, puede verse agravado con la llegada de la estación de las lluvias que podrían dificultar, como ocurrió en el pasado, el envío de ayuda humanitaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Macartney y Weber, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la posibilidad de la nueva puesta en servicio de la central nuclear eslovaca de Mochovce; -B4-0509/98 de los Sres. Bloch von Blottnitz y Voggenhuber, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la puesta en servicio de la central nuclear eslovaca de Mochovce; -B4-0515/98 de la Sra. Flemming y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo sobre la puesta en servicio de la central nuclear eslovaca de Mochovce; -B4-0524/98 del Sr. Papayannakis y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la central nuclear de Mochovce; -B4-0536/98 del Sr. Eisma, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la puesta en servicio de la central nuclear de Mochovce; -B4-0542/98 de la Sra. Graenitz, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la puesta en servicio de la central nuclear eslovaca de Mochovce. 
Señora Presidenta, la resolución sobre Eslovaquia es un texto de transacción. 
Creo que todos nosotros tenemos reservas acerca de algunos de sus puntos. 
Por ejemplo, tengo reservas acerca del considerando F. Un aspecto que debemos señalar a la atención de nuestros colegas eslovacos, si están escuchándonos como creo que lo estarán, es que no estamos individualizando a Eslovaquia en particular como objeto de crítica. 
En este Parlamento mi Grupo formuló una propuesta para tratar también de Dounreay en Escocia, porque desde muchos puntos de vista la situación es igual de mala allí. 
Cuando decimos que las autoridades eslovacas no han dado ninguna respuesta clara al problema del almacenamiento de residuos nucleares, que es lo que decimos en el apartado 5 de la resolución, es evidente que eso también se puede aplicar a otros muchos países. 
Lo que quisiera decir es que la resolución es un conjunto de medidas interrelacionadas. 
Por ejemplo, si tomamos el considerando H que expresa dudas acerca de la seguridad de la central de Mochovce junto con los apartados 2 y 3, comprobaremos que estos tres textos juntos constituyen una petición razonable para que el estudio de evaluación que, según entendemos, se publicará dentro de dos o tres semanas, tenga en cuenta todas las críticas formuladas y los problemas encontrados. 
Juntos, todos estos textos representan un conjunto de medidas preparado con responsabilidad, equilibrio y justicia, y por lo tanto merece nuestro apoyo. 
Señora Presidenta, la historia de la energía nuclear en la Europa oriental es una única calamidad, independientemente de si se trata de reactores chatarra en Bohunice, en Chernobil, en Mochovce o en otros sitios. 
Esta calamidad va siendo acompañada desde hace años por las preocupadas resoluciones del Parlamento Europeo, que en lo esencial se reducen a ir a la zaga de los acontecimientos y a intentar reducir a medias los riesgos. 
Con poco éxito, tal como muestra la historia previa de la central nuclear eslovaca. 
Una central nuclear construida sin containment, en la que se han demostrado innumerables fallos y que va a ser una copia a lo grande aún no comprobada de una central nuclear rusa. 
Incluso para el observador más neutral tiene que estar claro entretanto que la estrategia de la Unión Europea consistente en reequipar las centrales nucleares de la Europa central y oriental para ponerlas al nivel de los estándares occidentales ha fracasado y creo que la causa de ello debería estar clara para todos. 
Mientras en la Unión Europea no se imponga el convencimiento de que la energía nuclear no se puede hacer segura y que se tiene que diseñar para el futuro una política energética sin energía nuclear, iremos a la zaga de los acontecimientos. 
Nuestras exigencias centrales son: no a la puesta en servicio de la central nuclear eslovaca, desconexión del reactor chatarra de Bohunice y no a la reducción de los estándares de seguridad en Europa en el marco de la ampliación hacia el Este hasta que se imponga por fin este convencimiento. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a todos los colegas que han contribuido a que se hiciese posible esta resolución conjunta así como a los explotadores de la central nuclear de Mochovce y a todas las ONG que han estado dispuestas a informarnos ampliamente. 
Por supuesto, es de la incumbencia de cada Estado soberano decidir sobre el empleo de su energía primaria pero, a más tardar, desde Chernobil sabemos que todos somos vecinos de todas las centrales nucleares y cualquier vecino tiene el derecho a exigir en el empleo de una tecnología tan peligrosa los estándares de seguridad que son algo evidente en Alemania, Francia o Gran Bretaña. 
Esto se incluye en el acquis communautaire. 
Si no se observan los estándares de seguridad más estrictos posibles, no se podrá producir una adhesión a la Unión Europea. 
Dos comisiones internacionales de expertos han examinado Mochovce en las últimas semanas. 
Era algo evidente que se iba a esperar a poner en marcha Mochovce hasta que se presentasen los resultados y que se iban a eliminar antes de la puesta en servicio los fallos eventualmente detectados. 
Pero no, los explotadores comunicaron a la atónita opinión pública que en cualquier caso van a comenzar con el servicio de prueba el 21 de julio. 
Esto no se puede aceptar. 
No se nos ha respondido tampoco en lo tocante a los residuos nucleares, pues sin duda no es posible una venta a Rusia. 
Allí existe una ley muy estricta. 
Ni Austria ni la UE pueden obligar a Eslovaquia o a cualquier otro país a cooperar con nosotros, pero el respeto de los resultados de las dos comisiones de expertos podría ser el inicio de la creación de estructuras internacionales para lograr una mayor transparencia en cuestiones nucleares y si actuase así, Eslovaquia se haría acreedora no solamente al agradecimiento de Austria sino de toda la Unión Europea. 
Señora Presidenta, nuestro proyecto de resolución pide los mínimos programas lógicos a Eslovaquia: una evaluación y la promesa de que las conclusiones de esta evaluación se respetaran. 
Les recuerdo, sin embargo, que en Mochovce ya se han señalado desde la evaluación anterior 201 puntos de seguridad deficiente, algunos de ellos absurdos, como la falta de aislamientos, material oxidado, falta de protección en caso de incendio. 
Creo, pues, que tenemos derecho a intervenir y pediremos a Eslovaquia que no se avance en la puesta en funcionamiento de esta fábrica, no es un tema sólo de Eslovaquia, sabemos muy bien que es un tema de toda Europa, diría incluso que es un tema mundial. 
Y seríamos más convincentes, señora Presidenta, si también nosotros comunicásemos un programa de sustitución de energía nuclear en toda Europa y si, por supuesto, prometiéramos una ayuda fiable a Eslovaquia para pasar más fácilmente el periodo en que necesite energía hasta que abandone también ella la energía atómica. 
Presidenta, no es la primera vez que hablamos aquí sobre Mochovce. 
Ya hace más de tres años estábamos ya también aquí para formular nuestra opinión sobre los mismos temas. Creo que la seguridad de las centrales nucleares de Europa central y oriental nos ocupará aún muchos años más. 
La situación en Eslovaquia se hace todavía más urgente si miramos a la central nuclear de allí porque dentro de apenas unas pocas semanas las autoridades eslovacas quieren poner la central nuclear de Mochovce en marcha. 
Estamos muy preocupados porque todavía no hay claridad sobre el almacenaje de los residuos nucleares y sobre la seguridad de la instalación misma. 
Por lo tanto, quiero insistir a las autoridades eslovacas en que pospongan la puesta en marcha mientras dure la falta de claridad. 
Por eso es tan importante que hoy nos pronunciemos como Parlamento. 
Dentro de unas semanas tendrá lugar una comisión parlamentaria mixta entre el Parlamento Europeo y Eslovaquia que debe recibir un buen cometido de todo el Parlamento. 
Presidenta, espero que todos adoptemos esta resolución con unanimidad de modo que esa delegación nuestra que dentro de poco va a hablar en Eslovaquia, sepa cómo están las cosas en el Parlamento al respecto y también a qué se enfrentarán las autoridades eslovacas. 
Señora Presidenta, muchas personas me han preguntado porqué se ha presentado ahora una resolución de urgencia sobre Mochovce. 
Creo que es necesaria por los siguientes motivos: las visitas y controles realizados las dos últimas semanas por expertos independientes internacionales, han mostrado que se han logrado progresos, no en último lugar porque han fluido allí créditos del programa PHARE. 
Pero también han mostrado que aún no se han aclarado todas las cuestiones. 
Sobre todo, la evaluación aún no ha concluido. 
Han mostrado que aún existen problemas sin solucionar, en especial, que no existe ningún containment en sentido clásico y que no se han examinado las instalaciones en lo tocante a si en caso de un accidente grave, como en Three Mile Island o en Chernobil, se puede garantizar la seguridad. 
Me permito recordar que en la región de los Alpes siguen aún notándose las consecuencias de la radiación de Chernobil. 
Por otro lado, me parece necesario que los resultados de todas estas visitas se presenten antes del comienzo del servicio de prueba, de modo que se puedan realizar las eventuales mejoras con anterioridad y no después. 
En este contexto, tengo que indicar también, que me parece extraño que se haya excluido de estas visitas a un experto. 
Precisamente, este experto estuvo en la central nuclear de Greifswald y aporta valiosas experiencias. 
También quiero indicar que en el último Consejo de Ministros, que se ha ocupado de la integración y de cuestiones relacionadas con la ampliación, se trató el tema de Mochovce y de la desconexión de Bohunice si se dispone de otras fuentes de energía. 
Todos consideraron necesario desconectar centrales nucleares que no son seguras. 
Nuestro ferviente anhelo es la seguridad de la población en Eslovaquia, de los Estados que están realizando reformas, de la Unión Europea y de todas las personas en Europa. 
Deseo- creo que al igual que todos nosotros- que no se den en Eslovaquia unos pasos irreversibles que puedan poner en peligro esta seguridad. 
Señora Presidenta, este Parlamento tiene que respetar el derecho de Eslovaquia, que es un país soberano, a determinar su propia política energética y a operar una central nuclear si lo desea. 
No está de más indicar que Eslovaquia ha firmado todas las convenciones internacionales, que formaba parte de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica entre 1993 y 1996, y que el Sr. Lipar, Jefe de la autoridad reguladora, es vicepresidente del Comité de coordinación de la asistencia en materia de seguridad nuclear, que funciona en el marco de la DG XI de la Comisión Europea. 
A causa de una resolución anterior de este Parlamento, las obras de Mochovce se han llevado a cabo sin la asistencia financiera de la Unión Europea. 
Uno de los resultados de ello es que no hay ningún acuerdo internacional jurídicamente vinculante para cerrar el reactor 1 de Bohunice cuando la central de Mochovce esté en servicio. 
En este Parlamento recae la responsabilidad principal por esa situación. 
Hay que indicar a favor de Eslovaquia que las obras se han desarrollado no solamente con ingenieros del país y con asistencia de diseñadores rusos, sino también con la participación de Siemens, EDF, Westinghouse y Framatome, todos los cuales son expertos de países occidentales en la esfera nuclear. 
Las obras se han llevado a cabo respetando las normas fijadas por Risk-Audit, organización establecida por autoridades alemanas y francesas en materia de seguridad nuclear. 
Se ha efectuado un estudio. 
Las noticias que he recibido indican que el resultado del estudio es favorable, pero tenemos que esperar hasta que dispongamos del estudio antes de llegar a una conclusión sobre el particular. 
El estudio se recibirá en junio y la fecha que tengo para el comienzo de las actividades de Mochovce es julio. 
La mayor parte de lo que se dice en esta resolución no tiene nada que ver con las circunstancias que prevalecen en Mochovce. 
En el plano europeo, lo que necesitamos y todavía no tenemos es normas que todos los países tengan que aplicar para velar por la seguridad de sus reactores nucleares. 
Señora Presidenta, todos queremos que los países del centro y este de Europa vayan progresando económicamente y que tengan centrales nucleares seguras. 
Como queremos que sean seguras todas las centrales nucleares del mundo, las minas de carbón, las fábricas y todas las instalaciones. 
He oído aquí muchas frivolidades y me sorprende, señora Presidenta, que la gente hable sin tener conocimiento de lo que dice. 
Yo soy miembro de la Delegación de Eslovaquia. 
Nos han dado muchas explicaciones. 
Creo que son soberanos para hacer lo que les parezca pertinente y que ellos son los responsables de proteger a los eslovacos, a sus vecinos y a toda Europa. 
Este Parlamento, en 1995, negó toda ayuda. 
Fue un gran error, pero no tienen derecho a decir las cosas que están diciendo ahora. 
Por eso yo, señora Presidenta, no apoyaré algunos puntos de la resolución. 
Señor Eisma, no habrá una total aprobación, porque la resolución no es muy correcta. 
Eslovaquia importa el 15 % de la electricidad, está creciendo mucho y necesita ayuda. 
Les deseo muchos éxitos y que su central de Mochovce funcione bien y con seguridad. 
Señora Presidenta, Señorías, una carta dirigida por los diputados austríacos al Gobierno eslovaco, por una parte, y a los diputados del Parlamento Europeo, por otra, expone los posibles peligros que supone la puesta en funcionamiento de los reactores de segunda generación de la central de Mochovce, en Eslovaquia. 
Deseo recordar, en nombre del Grupo UPE, que, en primer lugar, la República eslovaca ratificó en 1995 el Convenio sobre seguridad nuclear, aprobado por la AIEA en 1994. Este Convenio entró en vigor en 1996. 
En segundo lugar, la modernización de las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Mochovce, aunque no haya sido subvencionada por el BERD- y que, por lo tanto, no se beneficia directamente de los créditos europeos -, ha sido objeto de una financiación que afecta al conjunto de Europa. 
La misma ha sido confiada a empresas eslovacas, a un consorcio compuesto por checos, franceses, miembros de la República Federal de Alemania y rusos. 
Y el nivel de seguridad establecido es ahora idéntico al de las unidades occidentales de tecnología similar y responde a los criterios de la AIEA. 
Expertos internacionales han confirmado recientemente que se habían tomado todas las precauciones en materia de seguridad de las instalaciones modernizadas. 
En este contexto, no podemos menos que sorprendernos frente a los términos utilizados en la carta dirigida al Primer Ministro eslovaco. 
Eslovaquia debe garantizar la producción energética necesaria para el consumo de su población. No puede decir " no» a Mochovce. 
Ahora no tiene ninguna razón para hacerlo, en la medida en que se han tomado todas las precauciones en materia de seguridad nuclear, con miras a la puesta en funcionamiento de los reactores de segunda generación, que desde ahora son tan seguros como los reactores utilizados en la Unión Europea. 
Esperemos, pues, los resultados de la auditoría del mes de junio y dejemos que los eslovacos, que son soberanos en este ámbito, lleven a cabo la puesta en funcionamiento de una central que cumple con todas las normas de seguridad necesarias, en beneficio de su población. 
Señora Presidenta, la puesta en servicio de la central nuclear de Mochovce es una decisión de amplias consecuencias para el futuro de la producción de energía de origen nuclear. 
En ningún Estado miembro de la Unión Europea ni en los EE.UU. se habría autorizado este reactor por motivos de seguridad. 
La industria nuclear coloca sus obras de riesgo directamente en las fronteras de la UE. 
Esto es un cínico juego con la seguridad de toda Europa. 
A ello viene a añadirse que por primera vez estamos confrontados directamente con la situación de que la puesta en servicio de una cuestionable central nuclear tiene también un trasfondo estratégico electoral. 
El Primer Ministro eslovaco, Vladimir Meciar, quiere mostrar al mundo decisión y fuerza antes de las elecciones en otoño. 
Quiere poner en servicio la central a pesar de que reconocidos expertos opinan que una nueva construcción sería de menor coste que una remodelación para lograr los estándares de seguridad internacionales. 
Durante estos días, una comisión de expertos ha examinado la central y el resultado se va a presentar próximamente. 
Propongo que el Parlamento Europeo invite a esos expertos a un " hearing» sobre estándares de seguridad. 
La política energética eslovaca no tiene credibilidad. 
Recuerdo que el Gobierno eslovaco prometió originariamente que cuando Mochovce se pusiese en servicio se iban a cerrar los dos peligrosos bloques de Bohunice. 
Esta fue también la base para que el banco alemán Hermesbank concediese un crédito para suministros de Siemens destinados a la terminación de Mochovce. 
En contra de todas las promesas, Bohunice va a ser reequipado con más de 150 millones de ecus en lugar de cerrado. 
En las últimas semanas, Eslovaquia ha declarado que va a dejar en servicio Bohunice aunque se ponga en marcha Mochovce. 
Esto es un engaño claro al Parlamento Europeo y al Hermesbank. 
Ante estos acontecimientos, esta resolución está formulada muy precavidamente y debe tomarse como un mínimo. 
Señora Presidenta, voy a ser breve y me limitaré a plantear dos cuestiones. 
Me gustaría decir a la población de Eslovaquia que la energía nuclear puede ser, desde muchos puntos de vista, una forma de energía " limpia» pero que se trata de una forma de energía que no perdona los errores. 
Por eso se inquietan los vecinos y comprendo a este respecto la posición de Austria. 
Vengo del sur de Inglaterra y he tenido que acompañar a oficiales de salud medioambiental a Francia para que visitaran las centrales nucleares francesas. 
Ése es el tipo de inquietudes que la energía nuclear suscita en el público. 
Sin embargo, he de decir a este Parlamento que, en mi calidad de vicepresidente del Comité mixto parlamentario con Eslovaquia, ayer me reuní con oficiales de seguridad de Eslovaquia y de la Junta Eslovaca de Electricidad. 
No tengo la menor duda de que toman muy en serio sus responsabilidades y creo que debemos acoger con satisfacción la decisión del Gobierno eslovaco de invitar a un grupo de expertos independientes para que inspeccionen esa central. 
Si esos expertos independientes dictaminan que la central no es peligrosa, tendremos que respetar el dictamen y, de igual manera que a menudo aprobamos propuestas en términos condenatorios contra Eslovaquia, es natural que respetemos también las buenas noticias que nos lleguen de ese país. 
Señora Presidenta, Señorías, recordarán que, después de la independencia, las autoridades eslovacas decidieron finalizar la instalación de los dos primeros reactores con asistencia occidental, para lo cual solicitaron un préstamo de Euratom y otro préstamo del BERD. 
A raíz de esta solicitud, la Comisión impulsó, en los años 1994 y 1995, un importante programa de modernización de estos reactores. 
El programa constaba de un gran número de medidas que, una vez puestas en práctica, habrían garantizado un nivel de seguridad perfectamente homologable con el de Occidente. 
No obstante, antes de que la Comisión y el BERD se pronunciaran acerca de los préstamos, el Gobierno eslovaco decidió retirar sus solicitudes de préstamo y financiar la instalación de los reactores con otros recursos. 
El proyecto se llevó efectivamente a cabo, principalmente con la asistencia de la República Checa y de Rusia, y en él participaron también algunas empresas occidentales a través de créditos bilaterales a la exportación. 
A consecuencia de ello, la Comisión dejó de participar en la gestión del proyecto y en la definición del programa de mejora de la seguridad. 
En el dictamen sobre Eslovaquia, dentro de la Agenda 2000, y en la Asociación para la adhesión de Eslovaquia, la Comisión ha hecho referencia a la necesidad de que la central nuclear de Mochovce funcione con arreglo a las normas internacionales de seguridad, y de llevar a cabo un programa realista para cerrar la central de Bujovice. 
La participación de la Comunidad en este proyecto se limita actualmente al apoyo de las autoridades eslovacas. 
El programa PHARE está financiando un proyecto dedicado a la revisión de las unidades de Mochovce por expertos de la Unión Europea, bajo la dirección de Risk Audit, que es una empresa efectivamente constituida por organizaciones independientes de técnicos en seguridad de Francia y Alemania. 
Con objeto de evaluar la seguridad de la central, la Comisión coincide con el Parlamento sobre la importancia de que los expertos tengan acceso a toda la documentación relacionada con el programa de modernización y otros detalles relevantes de la central. 
Esta evaluación, hecha por estas organizaciones independientes que acabo de señalar, podría estar disponible a finales de 1998. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Presidenta, el asesinato del obispo Juan José Gerardi es visto por muchos como un atentado al proceso de paz. 
El monseñor ha jugado un papel importante en la apertura de los expedientes de los asesinatos y atentados en los tiempos de la guerra civil. 
Acabar con esta impunidad es esencial para la consolidación de ese proceso de paz y por eso los autores de este asesinato deberían ser encontrados y castigados rápidamente. 
La comisión de alto nivel, como se le llama, que fue constituida por el gobierno debe realizar su trabajo con rapidez y credibilidad. 
Mantener la credibilidad es esencial para el progreso del proceso de paz mismo. 
El asesino o los asesinos han intentado perturbar, es lo que presumimos, ese proceso de paz. 
No deben lograrlo. 
La Unión tiene que hacer un llamamiento a los partidos guatemaltecos para proseguir por el camino hacia esa paz difícil y duradera. 
La Unión estaba presente para condenar la guerra civil, ahora la Unión ha de estar en Guatemala para fomentar la paz y mantenerla. 
Señora Presidenta, quisiera también expresar nuestra más enérgica condena por el asesinato de Monseñor Gerardi y expresar, en nombre de mi Grupo político, nuestra solidaridad con la comunidad católica y con el conjunto del pueblo de Guatemala. 
Creo que la resolución de compromiso recoge de forma satisfactoria no sólo la meritoria acción pastoral de Monseñor Gerardi, sino también su firme y decidido compromiso en favor de la democracia, de los derechos humanos y del proceso de paz en Guatemala, cuyo Gobierno ha expresado su firme voluntad de identificar a los culpables de este odioso crimen y ponerlos a disposición de la justicia. 
A estos efectos, como ha señalado el Sr. Bertens, ha creado una comisión que esperamos que pueda actuar de la forma más rápida y más diligente posible. 
Yo creo, señora Presidenta, que si nos hiciésemos la pregunta de a quién beneficia y a quién perjudica este asesinato, nadie puede dudar del duro golpe que ha supuesto para todos aquellos que se han empeñado y que se han comprometido en este proceso de paz en Guatemala, que tan difícil ha sido de alcanzar. 
Por eso yo entiendo, señora Presidenta, que la mejor manera de rendir tributo de admiración y de respeto a la memoria de Monseñor Gerardi y también a los ideales por los que ha entregado la vida sería que la Unión Europea no cejase en sus empeños- y me dirijo en estos momentos a la Comisión y a su representante, el señor Marín- para que continúe movilizando como siempre el mejor de sus esfuerzos en apoyo de este proceso de paz en Guatemala. 
Señora Presidenta, creo que en muchas ocasiones en esta sesión hemos hablado de la impunidad y de cómo a veces los asesinatos se dirigen a aquellos que defienden los derechos humanos. 
Creo que el informe de Monseñor Gerardi, que contiene más de cinco mil expresiones de aquellos que vieron vulnerados sus derechos en la época anterior, es precisamente un informe que va contra la impunidad. 
Lo que pretende el informe de Monseñor Gerardi es que no vuelvan a ocurrir hechos como los que han tenido lugar en Guatemala. 
De hecho, cuando él terminó su informe dijo: » ya me puedo morir tranquilo. 
Que nunca más vuelva a ocurrir algo así en Guatemala». 
Por lo tanto, tienen razón otros compañeros que han intervenido en que lo necesario es que permanezca el acuerdo de paz, pero que permanezca el acuerdo de paz sin impunidad. 
En el transcurso de esta tarde vamos a discutir también de los derechos humanos en Colombia. 
Más de tres defensores de derechos humanos han sido asesinados, dos de ellos después de hablar con los diputados europeos. 
Nos parece gravísimo que haya esa impunidad que permite que desaparezcan continuamente aquellos que defienden los derechos humanos en cualquiera de estos países. 
La Comisión- como decía el Sr. Salafranca- ha de hacer el esfuerzo que esté en su mano para evitar que esto ocurra. 
Señora Presidenta, señor Vicepresidente de la Comisión, señoras y señores diputados, como ya se ha dicho, en la noche del pasado 26 de abril, en la ciudad de Guatemala moría asesinado Monseñor Gerardi, obispo auxiliar de la diócesis de Guatemala. 
Al lamentar y condenar este crimen hay que expresar la solidaridad a los familiares, a los colaboradores y en general al pueblo de Guatemala. 
Monseñor Gerardi había coordinado- como se ha dicho- los documentos que reflejaban las violaciones de los derechos humanos en aquel país durante los años de conflicto armado, y las conclusiones de ese trabajo acababan de ser presentadas a la opinión pública. 
Hay que ser sin duda algo prudentes, no especular en estos momentos, y sí exigir al Gobierno de Guatemala y a la justicia de aquel país que concluyan sus investigaciones. 
Sin duda, estamos expectantes ante las conclusiones a las que deben llegar esas investigaciones. 
Hechos violentos de esta naturaleza no pueden quedar impunes y no pueden ser utilizados interesadamente por nadie para ser instrumentalizados contra los acuerdos de paz, acuerdos con los que están comprometidos el Gobierno de Guatemala, la mayoría de los partidos y organizaciones civiles de aquel país, y el grupo de países amigos que apoyaron el diálogo que concluyó con los acuerdos de paz. 
También la Unión Europea debe seguir prestando su apoyo político y económico a esos contenidos del proceso de paz en Guatemala. 
Un hecho tan doloroso y condenable no puede poner en cuestión la imagen de un país, pero nos preocupa como expresión de una violencia todavía muy presente en la sociedad guatemalteca. 
El pueblo de Guatemala se merece el mejor futuro de los posibles después de algunas decenas de años de enfrentamiento armado y violencia. 
Con la paz en Guatemala también culminaba un proceso de pacificación en todo el área centroamericana. 
El pueblo guatemalteco merece todo nuestro apoyo por su apuesta por la solución de los conflictos con instrumentos de diálogo y no con el uso de la violencia. 
Confiamos en que el proceso por esclarecer el crimen cometido en la persona de Monseñor Gerardi concluya de forma más satisfactoria que otros procesos abiertos como fue el asesinato del político Jorge Carpio Nicol o el jurista González Dubón. 
Señora Presidenta, los Gobiernos y el ejército de Guatemala son los responsables de la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de la población. 
Este fue uno de los resultados principales del informe de 1000 páginas del REMHI, bajo la dirección del Obispo Juan Gerardi. 
Esto no les ha gustado a muchos que querían hacer borrón y cuenta nueva con el pasado dijo Gerardi en una de sus últimas entrevistas. 
El brutal asesinato de Gerardi tiene lugar en un contexto de permanente impunidad. 
Tras los Tratados de paz, ni las fuerzas armadas ni los servicios secretos fueron depurados. 
El informe menciona por fin a los autores por su nombre y exige consecuencias. Aquí se incluye una disolución inmediata de los aparatos de represión militares y civiles, la persecución penal de los paramilitares, acabar con la impunidad e indemnizaciones a las víctimas. 
REMHI devuelve a las personas su dignidad. 
Los ayudantes tienen que estar protegidos, también en el campo. 
La UE apoya muchos proyectos en Guatemala, entre otros, la creación de unas nuevas fuerzas de seguridad. 
Debe asegurarse con todos los medios que no va a parar ninguna ayuda a los violadores de los derechos humanos de la vieja escuela. 
Deberíamos apoyar la creación de una comisión internacional que contribuya a aclarar totalmente el destino de los desaparecidos. 
Señora Presidenta, todos hemos sentido la muerte del Obispo, que representa una gran pérdida para el pueblo guatemalteco. 
Precisamente en un momento así deberíamos pensar en que su obra debe ser proseguida. 
Pero la injerencia internacional no tiene sin duda ningún resultado. 
El Gobierno guatemalteco ha mostrado en los últimos tiempos cuánto se está esforzando por establecer el orden y la tranquilidad. 
Al cabo de 30 años de guerra civil, es sencillamente impensable que esto se haga de un día a otro. 
Aunque no conozco tan bien al pueblo guatemalteco como mi amigo KreisslDörfler, temo que los guatemaltecos sean tan orgullosos que más bien hagan lo contrario de lo que nosotros queramos si nos injerimos demasiado en sus asuntos. 
Por el contrario, debemos hacer todo para administrar la herencia de este Obispo y no escatimar esfuerzos para alcanzar sus objetivos. 
Colombia 
Señora Presidenta, el asesinato de Eduardo Umaña nos ha sacudido profundamente. 
Este repentino crimen político es hasta ahora el peor golpe contra el movimiento de los derechos humanos y la totalidad de la oposición en Colombia. 
Una serie de nosotros conocía personalmente a este abogado de muchos años de experiencia profesional. 
Por sus últimos casos tuvo que pagar con la vida, lo que ya se le anunció. 
Pues el abogado más notable de Colombia defendía desde hace 20 años consecuentemente y sin compromisos a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. 
Es un secreto a voces que son fuerzas del Estado y del ejército las que se encuentran detrás del asesinato. 
Quien a pesar de ello, fomenta la cooperación económica con Colombia y concede reducciones arancelarias mediante el SPG, se hace también culpable de una demencial espiral de violencia que fomentan los que obtienen beneficios de ella. 
Ayer por la tarde, 30 soldados entraron en las oficinas de Justicia y Paz y de otras oficinas de derechos humanos con órdenes de registro para, por lo visto, buscar terroristas. 
Estas intimidaciones de personas que defienden los derechos humanos son totalmente inaceptables y el Consejo debería distanciarse claramente de esta política de Colombia. La Comisión debe revisar y condicionar toda su cooperación con Colombia. 
De lo contrario, no solamente se cerrarán las bocas de las personas que defienden los derechos humanos en Colombia sino que además se las asesinará. Señor Comisario, me alegraría si en una ocasión respondiese también a las preguntas. 
Sé que usted es un maestro de diplomacia, pero una respuesta sería perfectamente adecuada. 
Señora Presidenta, como médico tengo que lamentar que se haya desarrollado una vertiente de la epidemiología en América Latina que se llama epidemiología de la violencia. 
No es un hecho natural. 
No es como el resto de las enfermedades, que tienen su estudio epidemiológico, sino que está causada, esta epidemia, por el soporte de Norteamérica a las dictaduras que han sufrido estos países. 
Europa se distingue, por el contrario, por estar defendiendo continuamente los derechos humanos, por defender la justicia, la igualdad y por ello yo creo que es nuestra responsabilidad el que se note la diferencia entre la influencia norteamericana, que siembra cadáveres, y la influencia de la Unión Europea, que siembra la paz y la concordia. 
Por ello, la Comisión debería actuar enérgicamente para esclarecer y aplicar las consecuencias necesarias. 
Señora Presidenta, con tristeza, con pesar y con rabia, y también con un sentimiento de frustración, una vez más hablo en esta Asamblea para condenar la violencia, todas las violencias que se practican en Colombia, pero también en el mundo. 
Una violencia terrorista que se está cebando en los defensores de derechos humanos, que ha asesinado a Eduardo Umaña Mendoza, como dos días antes segó la vida de María Arango Fonnegra y de Jesús María Valle Jaramillo, y así hasta un largo etcétera. 
Una violencia terrorista que asesinó también al exministro de Defensa, a diputados, a modestos concejales, a periodistas, a campesinos, a mujeres y a niños. 
O sea, a todos. 
Una violencia que se practica en nombre de la justicia- ironía- o para pedir justicia; una violencia que chantajea y secuestra, una violencia que es fascista, narcoterrorista y mafiosa, que amenaza a los que creen en la democracia y en el Estado de Derecho y no se resignan ante este estado de cosas porque creen que hay vías para la paz, y que son tan generosos que son escudos humanos para luchar por la democracia, por la paz y por la libertad sólo con el diálogo. 
Señora Presidenta, quiero destacar, como contrapunto y esperanza, el esfuerzo de miles de colombianas y colombianos que, con profundas convicciones democráticas y desde opciones ideológicas diferentes, están dando una auténtica lección de dignidad humana y de heroísmo cívico en una situación difícil y compleja. 
Dentro de unos días se celebran elecciones presidenciales. 
Es importante, necesario e imprescindible, que el proceso se desarrolle con tranquilidad. 
La paz no puede esperar mucho más. 
Debemos estar vigilantes y apoyar los esfuerzos y sobre todo tenemos que pedir a los grupos violentos que abandonen la violencia, que entiendan que su hora ha pasado y que, a no ser que quieran matar a todos, tienen que entender que con la democracia se gana y con la violencia se pierde siempre. 
Señora Presidenta, al igual que la oradora anterior, solamente puedo subrayar que- a pesar de que lo hemos condenado con frecuencia- tenemos que llamar la atención sobre vergonzosos hechos que se cometen continuamente ante todo en Colombia, un país de la violencia, tal como lamentablemente tenemos que decir. 
Con Eduardo Umana Mendoza se ha asesinado en un breve período de tiempo al tercer defensor activo de los derechos humanos. 
Tenemos realmente que exigir que se proteja mejor la actividad de estos representantes de los derechos humanos en su trabajo. 
El Gobierno no logra imponerse, pero la violencia no es una solución, ni mucho menos para el pueblo que es el que más padece en este país, pues Colombia es conocido entretanto como un Estado donde impera la violencia, sin que el pueblo tenga la culpa de ello. 
Las elecciones del 31 de mayo no van a detener tampoco los asesinatos, tal como muestra el asesinato del antiguo general Fernando Landazabal, quien asesoró al candidato a la Presidencia Andrés Pastrana en lo tocante a su futura estrategia de paz. 
Otros candidatos se encuentran en la lista de la muerte en uno y en otro lado. 
De este modo no se crea democracia ni se aporta ninguna solución. 
Invocamos a los Gobiernos, a los candidatos y a todos los partidos para que lleguen por fin a unas soluciones políticas pacíficas y lleven por fin al pueblo la democracia y la paz. 
Señora Presidenta, el " U.S. State Department» en su reciente comunicación sobre los derechos humanos ha manifestado que la situación en Colombia es mala y eso quiere decir algo. 
Ha señalado sobre todo la cultura de la impunidad como un empeoramiento de la situación allí. Hemos visto a qué puede conducir eso. 
Los activistas de los derechos humanos hacen un trabajo importante, también en Colombia. 
El Estado colombiano se beneficia con esto. 
Creo que la Comisión y el Consejo deben dar otra vez una clara señal al gobierno colombiano para dejar claro que va en serio. 
La propuesta de resolución de hoy solicita acertadamente un informe de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 
Nuestro acuerdo con Colombia tiene una cláusula de derechos humanos y eso es por algo. 
Solicito también la atención del Consejo, que se reúne el próximo 18 de mayo, sobre esto. 
Turquía 
Señora Presidenta, Señorías, de nuevo tiene el Parlamento motivo para expresar sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos y la libertad de opinión en Turquía. 
Lo hacemos sin sobrevalorar arrogantemente nuestras posibilidades y sin minimizar los propios problemas existentes dentro de la Unión Europea. 
Pero el cobarde atentado contra el Presidente de la Asociación pro derechos humanos, Birdal, y los procesos contra miembros de la antigua Refah en relación con la expresión de opiniones políticas, son realmente un terrible acontecimiento. 
Los Estados democráticos están convencidos de que la prohibición de partidos apenas puede solucionar problemas. 
Sobre todo, no sustituye el debate interno en Turquía con los que piensan de otra manera, por ejemplo, con el partido de Erbakans y el partido sucesor, Fazilet. 
Por buenos motivos, los Estados democráticos son muy precavidos con la prohibición de partidos, pues tales prohibiciones caen con facilidad en la reputación de ser ellas mismas antidemocráticas y de menoscabar la actividad política y la libertad de opinión. 
Turquía está pasando un proceso de normalización al que la Constitución laica de Kemal Ataturk no puede hacer justicia pues, en mi opinión, esta Constitución no deja un margen suficiente para la actividad religiosa de las personas y la libertad de opinión. 
Ni con la prohibición de partidos ni con penas de cárcel se puede impedir que se produzca este proceso de normalización y este problema lo deben solucionar la misma sociedad y los partidos turcos. 
El respeto de los derechos humanos ha mejorado en algunos campos durante los últimos años. 
No queremos ocultarlo. 
A pesar de ello, es estremecedor que los atentados contra periodistas y defensores de los derechos humanos no se persigan con la necesaria intensidad y se aclaren. 
El Primer Ministro, Yilmaz, ha prometido aclarar el cobarde atentado contra el Sr. Birdal. 
Esperemos que sea así. 
Lo mismo es aplicable al Sr. Erdogan, alcalde de Estambul, condenado a diez meses por expresarse políticamente. 
En nuestra opinión, esto no es aceptable a la larga. 
Por ello, exigimos al Gobierno turco y al Parlamento que hagan por fin realidad la libertad de opinión y de conciencia. 
Señora Presidenta, he tenido la oportunidad, como pienso que muchos de ustedes también la habrán tenido, de reunirme con el Sr. Akin Birdal, Presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía. 
Su mirada reflejaba tristeza, una tristeza muy comprensible ya que en un país como Turquía no sólo hay que ser valiente o incluso temerario, sino también obstinado, para dedicar su vida a la defensa de la de los demás. 
El atentado del que ha sido víctima no me sorprende. 
Pienso que el Sr. Birdal también se lo esperaba. 
El Sr. Birdal había sido objeto de numerosas amenazas y nunca pudo obtener ningún tipo de protección policial. 
Espero sinceramente que el Sr. Birdal pueda sobrevivir y continuar sus actividades. 
Me dirijo a las autoridades turcas, con el fin de que los autores de este atentado sean llevados ante la justicia. 
Turquía, signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede continuar su política de represión y de persecución a periodistas, magistrados, diputados, defensores de los derechos humanos, kurdos o simples ciudadanos. 
La sentencia dictada contra el Sr. Erdogan, alcalde de Estambul, es otro triste ejemplo, si fuese necesario. 
Turquía debe comprender que siempre existirán personas como Birdal, Erdogan, Leila Zanna, para proclamar con fuerza que a la libertad no se la mata. 
Señora Presidenta, los atentados, los arrestos de intelectuales, de políticos y de periodistas, la inmunidad de las actividades paraestatales y de las organizaciones paramilitares, la vigilancia policial y la penalización de la vida política, las persecuciones políticas, los episodios montados, la banalización de la política y de la democracia; desgraciadamente esta es, en la actualidad, la realidad política de Turquía. 
El ataque contra el Sr. Akin Birdal, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos es el producto de un clima político malsano que favorece y alimenta la violencia y la actividad paraestatal a costa de los derechos humanos y democráticos del pueblo turco. 
Además, con el pretexto del peligro islámico existente o no, ha comenzado una persecución en contra de los adversarios políticos del régimen, régimen que no ha vacilado al abolir todo un partido, no vacila en fabricar incluso sentencias judiciales para alejar de la vida publica a cuadros políticos, como al Sr. Erdogan, alcalde de Estambul. 
Estamos a la expectativa sobre cual va a ser la suerte de Recai Kutan, que ha sido elegido hoy por la mañana Presidente del partido Fazilet. 
El Parlamento Europeo debe emprender una acción urgentemente y obligar al gobierno turco a respetar los derechos de su pueblo y a mantener las responsabilidades que resultan tanto de la Unión Aduanera como de sus otros compromisos internacionales. 
Exigimos la revelación inmediata de los culpables del atentado contra Akin Birdal. 
Exigimos también la revocación de la sentencia del Tribunal de Seguridad Estatal contra el alcalde de Estambul y de los 16 hombres de negocios. 
Exigimos la excarcelación de todos los presos políticos de Turquía. 
Los derechos humanos no son sólo un asunto interno de ningún país. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, querido Akin Birdal, estamos conmovidos, estamos indignados, estamos tristes y estamos furiosos por el brutal atentado asesino del que has sido víctima. 
Esperamos que te restablezcas, que hoy, mañana y pasado mañana seas el antiguo Akin Birdal, siempre valiente, siempre decidido y siempre lleno de esperanza, siempre humano, alegre y, sobre todo, inquebrantable. 
Este atentado contra tí, Akin, ha sido un atentado contra la democracia en Turquía, contra los derechos humanos, contra todas las personas que luchan por una Turquía democrática, un atentado contra todas las personas que están a favor de una solución política de la cuestión kurda, pues no debemos olvidar que la democratización de Turquía va unida directamente a la solución política de la cuestión kurda. 
Exigimos al Gobierno turco que se tome por fin en serio- realmente, por fin- la protección de los derechos humanos y no solamente lo anuncie a modo de letanía sino que cree realmente en Turquía una sólida base para los derechos cívicos y humanos- libertad de opinión, de prensa, libertad para fundar partidos- y esto tiene que ser válido para todos, inclusive los miembros del partido Fazilet. 
Exigimos que se inicie por fin el diálogo, pues sólo el diálogo puede conducir a una solución política. 
La solución militar no es ninguna solución. 
Lo que le ha pasado a Akin, les pasa a diario a muchas personas. 
La violencia tiene que acabar. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el motivo del debate de hoy y de la resolución ha sido la condena de algunos políticos del antiguo partido Refah. 
Ya es suficientemente negativo que un país crea que los enfrentamientos políticos tengan que ir a parar a los tribunales, que el enfrentamiento político con el Islam, con el Islam fundamentalista, tenga que solucionarse con sentencias de los tribunales. 
Pero aún peor: se ha venido a sumar un hecho aún más increíble con el atentado contra Akin Birdal. 
Como ya han dicho varios oradores: Birdal ha sido y es- esperemos que siga siéndolo- un luchador infatigable y denodado en favor de los derechos humanos en Turquía, pero también más allá, pues es un brillante ejemplo. 
A pesar de que sabía y sentía que le podía ocurrir algo así, no ha cejado en su lucha por los derechos humanos. 
De ahí nuestra apelación conjunta a Turquía. 
Turquía desea adherirse a la Unión Europea y quizás no todo haya transcurrido tan bien en las conversaciones- desde nuestro punto de vista, sin duda que no- que sobre todo mantuvo el Consejo en el otoño del año pasado. 
Independientemente de ello, tenemos que decir claramente que solamente podemos aceptar en la Unión Europea una Turquía que, aparte de otras muchas cosas, respete los derechos humanos. 
Turquía debe tener presente una cosa: entre el respeto de los derechos humanos se incluye también que se proteja a las personas que trabajan y luchan por los mismos. 
Estoy convencido- soy un optimista- de que nadie del Gobierno ni del ejército se alegra de este atentado contra Birdal. 
Pero esto no es suficiente. 
El deber de Turquía no solamente consiste en no alegrarse sino en hacer todo lo posible para impedir tales atentados y esta es la condición previa para que Turquía pueda ser acogida como miembro de la Unión Europea. 
Esto lo debe tener claro el Gobierno turco. 
Señora Presidenta, los dos temas que estamos debatiendo hoy, el atentado contra Akin Birdal, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y la condena del alcalde de Estambul, Sr. Erdogan, tienen un común denominador: La singular concepción del sistema turco, especialmente del ejército turco, sobre los derechos humanos. 
El intento de asesinato de Birdal es la culminación de los ataques y las persecuciones que había sufrido hasta ahora, en muchas ocasiones con aliento e instigación de las autoridades, por su sensibilidad hacia los derechos humanos. 
El régimen de Turquía no puede tolerar el descontento, la protesta, la concepción diferente. 
Por otra parte, la condena del alcalde de Estambul, muestra el intento de imponer ese estado secular por medio de la violencia. 
El fundamentalismo, sin duda, constituye un peligro para la democracia; pero la democracia real no se defiende con condenas y violencia. 
Exageraciones, como la condena a prisión del alcalde porque leyó un poema, en lugar de debilitar sus posturas, las refuerzan entre el amplio público, por supuesto en la medida en que estas posturas son realmente fundamentalistas. Debe, pues, estar claro. 
El camino de Turquía hacia Europa pasa, obligatoriamente, por el respeto de los derechos humanos. 
Esperemos que el gobierno turco pueda moverse en esta dirección. 
Presidenta, por muy fundada que sea la crítica de Turquía a la Unión Europea, que se siente abandonada en el marco del MEDA, el marco de la unión aduanera y en el marco de la adhesión, no nos exonera de la obligación de seguir insistiendo en que Turquía respete los derechos humanos y en relación con esto nos afectan el atentado a Birdal y la condena a diez meses de prisión del alcalde de Istambul porque en un discurso político habría puesto interrogantes al estado seglar. 
Es increíble que alguien pueda ser condenado por ello y esperamos por lo tanto que las autoridades turcas hagan todo lo posible para llevar al juez a quien haya cometido el atentado a Birdal. 
Esperamos también que se declare nula la condena del tribunal con respecto a Erdogan. 
Como punto final, Presidenta, insistimos al gobierno turco en que se ocupe de la legislación que hace falta para una progresiva democratización basada en el principio de la libertad de expresión. 
Por lo que se refiere a esto no tengo nada que añadir a lo que ha observado Claudia Roth al respecto. 
Señora Presidenta, es evidente que me sumo a la presente resolución que con razón denuncia las preocupantes violaciones de los derechos humanos más elementales y de la libertad de expresión en nuestro país vecino, Turquía. 
Aunque añado que en lo que respecta a libertad de expresión, ya no siempre está garantizada en nuestros países europeos cuando se defienden por ejemplo mis opiniones políticas. 
Sin embargo, permítame decir que esta resolución evita muy cuidadosamente el fondo de la cuestión, como por cierto también se da el caso cuando se trata del otro abonado a las violaciones de los derechos humanos, la república popular de China. 
El fondo de la cuestión es que la Unión Europea como conjunto y los Estados miembros por separado nunca han hablado francamente a Turquía cuando esa franqueza significase algo más que una protesta sobre papel. 
Este mismísimo Parlamento aprobó la unión aduanera con Turquía por unos años, y además hasta el año 2000 una ayuda europea de entre 14 y 15 mil millones de francos, sin ni siquiera poner realmente las más mínimas condiciones de suspensión. 
No obstante, se sabía entonces tan bien como hoy cómo estaba el tema de los derechos humanos en Turquía, se sabía que el ejército turco mantiene una parte de Chipre ocupada y que se le aplica en Turquía como poco un genocidio cultural al pueblo kurdo, por nombrar esos ejemplos. 
Añado que con esta resolución volvemos a perder una oportunidad para decir al gobierno turco y al pueblo turco que queremos mantener las mejores relaciones con nuestro país vecino y con nuestro pueblo vecino, pero que Turquía nunca podrá entrar en la Unión Europea simplemente porque Turquía cultural, histórica, étnica y geográficamente no es un país europeo. 
Si no nos atrevemos a decirlo, más tarde los problemas serán mayores y pienso en este aspecto, no en último lugar pero no de menor importancia, en el problema de los millones de obreros turcos e inmigrantes temporales en Europa. 
Malasia-Indonesia 
Presidenta, la situación en Indonesia en las últimas semanas y sobre todo también en los últimos días se ha desbordado completamente. 
El régimen actúa durísimamente contra los manifestantes y ya han caído decenas de muertos por ello. 
Eso es completamente inaceptable. 
Ayer dijo Suharto por primera vez que reflexionaría sobre su dimisión cuando ya no hubiera confianza por parte del pueblo. 
Va siendo hora de que lo haga porque esa confianza se ha perdido claramente. 
La crisis económica de la que este régimen es responsable se hace recaer sobre la gente de Indonesia. 
Debo decir con sinceridad que el FMI exige de Indonesia unas medidas que no mejoran realmente la situación para la población, sino que incluso conducen a más pobreza. 
Nadie señala la responsabilidad del régimen y de la pandilla de amigos de su alrededor que se han enriquecido seriamente en los últimos decenios. 
Al mismo tiempo miramos a Malasia donde hay miles y miles de personas procedentes de Indonesia que como refugiados han ido allí más o menos recientemente. 
Otros llevan allí ya más tiempo y se les deporta en masa a Indonesia, donde seguramente algunos de ellos corren mucho peligro sin miramientos por su persona ni por sus motivos de haberse refugiado. 
Realmente, habrá que poner fin a esta situación. 
Señora Presidenta, los decenios de poder político absoluto, de enriquecimiento familiar y de una falta total de interés por la suerte de los ciudadanos indonesios han llevado a estos últimos a la perdición y a la desesperación. 
Ya no tienen nada que perder, excepto a un presidente. 
Esperemos entonces, como dice la Sra. Van Dijk, que Suharto efectivamente saque determinadas conclusiones. 
Su manipulada reelección completamente anti-democrática inició ya una época de terror absoluto. 
Los problemas financieros han empeorado todavía más y a causa de la inquietud política y de la forma de actuar de las tropas de Suharto, me parece que el FMI y el Banco Mundial tal vez tienen que revisar sus ideas. 
El Parlamento Europeo debe hacer, como es habitual, un llamamiento claro a los líderes indonesios a la democratización y quizá también a los sucesores de Suharto, y el Consejo y la Comisión deben suspender todo apoyo, a excepción del apoyo humanitario por cierto, y también el gobierno americano debe hacer lo mismo de manera convincente. 
Un postura clara en esta crisis tendrá el mayor efecto. 
Se trata de un país gigantesco y creo que podemos evitar unos problemas gigantescos si actuamos así. 
Señora Presidenta, en enero de este año yo formaba parte de la delegación del Parlamento Europeo que fue a Malasia en misión de determinación de hechos. 
Estábamos en ese país en lo más agudo de la crisis financiera y bursátil. 
No pudimos sino simpatizar con las autoridades de Malasia que tuvieron que enfrentarse con las consecuencias de esos problemas, entre los cuales figura la situación de los trabajadores inmigrantes que representan un millón de personas en una población de 22 millones. 
Pueden imaginarse lo mucho que lamentamos la noticia de la inaceptable repatriación de decenas de millares de trabajadores extranjeros, principalmente indonesios, como consecuencia de la crisis económica, y lo mucho que sentimos enterarnos del fallecimiento de ocho indonesios que estaban detenidos en centros para inmigrantes ilegales. 
También nos enteramos con pesar de que se amenazaba con encarcelar a Lim Guan Eng, con cuyo padre nos reunimos cuando era líder de la oposición, por la sencilla razón de que había manifestado su repulsa en público por el trato dado a la conocida víctima de un caso de violación. 
Privar a Lim Guan Eng de su escaño en el Parlamento sencillamente porque ha criticado levemente a su Gobierno es una violación de los principios de la libertad democrática. 
Por otra parte, también nos parece discriminatorio que la hija del Primer Ministro, Marina Mahathir, no haya sido molestada por las autoridades aunque ella también ha criticado al Gobierno de cuando en cuando. 
Diré incidentalmente que nuestra delegación quedó muy impresionada por ella y por la labor de su fundación en la lucha contra la epidemia de SIDA en Malasia. 
Para acabar creo que procede poner de relieve que el comercio sostenible y el desarrollo económico y de las inversiones no se pueden conseguir si no se instituye la democracia, el Estado de derecho, la sociedad civil y los derechos humanos. 
Estamos dispuestos en todo momento a ofrecer nuestra amistad a Malasia para conseguir tan meritorias ambiciones y metas. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la situación económica y política en Indonesia está quedando totalmente fuera de control. 
El Grupo del PPE apela al Gobierno indonesio para que detenga sin demora los ataques de la policía y del ejército contra manifestantes pacíficos y para que proteja a la minoría china frente a los ataques de los alborotadores. 
Ya se ha producido una serie de asesinatos contra la minoría china y es tarea de la policía detener estos asesinatos. 
Pero me temo que la situación en Indonesia solamente se pueda controlar si la capa política dirigente abre realmente el camino para una auténtica democratización. No es suficiente con que el Presidente se vaya sino que lo haga toda una capa dirigente. 
Para finalizar, permítanme que dirija una apelación a las autoridades malayas y al Tribunal Supremo para que respeten el derecho de libre expresión de opinión, precisamente de los diputados. 
Tenemos confianza en el Tribunal. 
Esperamos que esté justificada. 
Tibet 
Señora Presidenta, no podemos sino manifestarnos hondamente afectados por el hecho de que un número cada vez mayor de activistas tibetanos adopte el recurso extremo de dejarse morir en una huelga de hambre. 
No podemos sino comprender que todo esto es consecuencia de la desesperación del pueblo tibetano al cabo de cuarenta años de ocupación china y de lucha no violenta. 
Frente a esta situación y frente a sus peticiones- recordemos que son peticiones presentadas sobre todo en Naciones Unidasde reanudar la discusión sobre el Tibet, en base a las resoluciones 59, 61 y 65- nombramiento de un relator especial para investigar la situación en el Tibet y organización, por parte de China, de un referéndum bajo el control de Naciones Unidas para que se exprese la voluntad del pueblo tibetano- frente a todo esto, creo, no podemos ignorar que es necesario que hagamos un gesto de solidaridad con el pueblo tibetano y, por lo tanto, que pidamos con energía que la cuestión del Tibet se inscriba cuanto antes en el orden del día de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas y que se escuchen las otras demandas de los militantes tibetanos. 
Señora Presidenta, Señorías, el problema del Tibet hoy más que nunca es actualidad. 
Al respecto, Naciones Unidas, como ya antes se ha dicho, puede y debe adoptar al menos tres medidas: primero, reanudar la discusión sobre el Tibet sobre la base de sus propias resoluciones pasadas; segundo, nombrar un relator especial para esa región; tercero, pedir a China que organice un referéndum que asegure el derecho de autodeterminación del pueblo tibetano. 
Esto pedían y piden, y con ellos todo el pueblo tibetano, las seis personas en huelga de hambre a las que la policía india, con diversos pretextos, impidió continuar con su protesta. 
Tiene una importancia particular la segunda de esas peticiones, el nombramiento del relator de Naciones Unidas, al que debe añadirse- resulta lamentable que, a pesar de la petición presentada hace un tiempo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión no se hayan ocupado hasta ahora- el nombramiento de un representante de la Unión Europea para el Tibet. 
En definitiva, la Unión Europea no puede continuar mostrándose fuerte con los débiles y débil con los fuertes. 
Señora Presidenta, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, nuestro Parlamento no puede hacer otra cosa sino constatar que su política, sus propuestas, son sistemáticamente rechazadas por el Consejo y la Comisión, con excepción de las medidas y de las iniciativas colaterales positivas del Comisario Marín. 
No hemos tenido ningún resultado en relación con nuestra petición de liberación de todos los prisioneros políticos del Tíbet, con la liberación del Panchen Lama, con el respecto de los derechos humanos, con la creación de una comisión de investigación, con la designación de un alto representante de la Unión para el Tíbet, con las negociaciones entre el Tíbet y China. 
Ni siquiera hemos logrado, como nuestros amigos norteamericanos, la liberación, o mejor dicho, la expulsión, de algunos conocidos disidentes como el Sr. Wei Jingsheng o el Sr. Wang Dan. 
La Unión Europea no obtiene nada, y, después de tantos meses e incluso años de requerimientos del Parlamento, podemos comprobar que existe realmente, en todo caso por parte del Sr. Brittan y de muchos miembros del Consejo, una verdadera obstrucción con respecto a las solicitudes del Parlamento. 
Creo que se podría poner muy bien en boca del Sr. Brittan, parafraseándolas, las palabras que dijo Churchill en la época del fascismo en Italia: " Si hoy fuese italiano, sería fascista». 
El Sr. Brittan podría decir como su famoso colega Churchill: " Si hoy fuese chino, sería comunista, o nacional-fascista» , que es lo mismo. 
Señora Presidenta, comprendo las razones que han impulsado a los presentadores a elaborar este texto y concuerdo en una parte, incluso en una gran parte, de lo que proponen. 
No obstante, señalo que en este momento, por primera vez, la Troika está cumpliendo una visita al Tibet, y estará allí varios días. 
Pensamos que sería oportuno esperar a que termine esta visita, y a continuación convocar al Consejo para informar de los resultados, porque creo que podrían añadir nuevos elementos a la posición del Parlamento; después de esto, nuestro Grupo estará dispuesto a mantener una discusión con el Consejo y a preparar una resolución en la que se tomen en cuenta todos estos elementos: una resolución global que vuelva a plantear la demanda esencial, es decir, las negociaciones directas y sin condiciones pedidas por el Dalai Lama, además de muchos otros puntos que ya han mencionado los que me precedieron en la palabra. 
Pienso que el paso de verificar lo que haya deducido la Troika en esta visita es importante, precisamente porque es la primera vez que acude a ese lugar. 
Éste es el primer punto. 
Naturalmente, nuestro Grupo es solidario con los activistas que, en estos momentos, están empeñados en una dramática huelga de hambre, y damos el testimonio y la seguridad de nuestro compromiso en llevar adelante el problema del Tibet con una discusión política y una resolución más completa. 
También quiero decir unas palabras sobre el texto relativo a los órganos. 
Pensamos que no tenemos elementos para hacer una valoración. 
También al respecto, queremos recordar que dentro de pocas semanas la delegación del Parlamento viajará a China. 
Quizá, más que votar una resolución sobre la que no tenemos información segura, es oportuno encargar a la delegación del Parlamento que plantee el tema y trate de obtener datos durante su visita. 
De otro modo no comprendo qué encargamos a estas delegaciones que hagan. 
Cuando vuelva, si se confirman estos datos, prepararemos una resolución sobre el tema. 
Ésta es la posición del grupo socialista. 
Señora Presidenta, las dos resoluciones que se someten al Parlamento Europeo se añaden a las casi cincuenta resoluciones aprobadas desde 1994 que acusan a China. 
Ningún Estado del mundo conoce un trato de esta naturaleza. 
La Comisión y los Estados miembros se preocupan por desarrollar buenas relaciones con China, lo cual no excluye, por otra parte, ciertos desacuerdos, concretamente con respecto a la cuestión de los derechos humanos. 
Por desgracia, el Parlamento Europeo, presionado por algunos diputados, va a contracorriente de esta tendencia; lamentablemente, ante la indiferencia de la mayoría, somos apenas veinte en defenderla en el hemiciclo. 
La resolución sobre el Tíbet se basa en hechos ocurridos en la India. 
En cuanto a la resolución sobre la venta de órganos, la misma se hace eco de una campaña que carece de pruebas, orquestada en los Estados Unidos y en Alemania. 
El aliento a las tendencias separatistas que inspira la resolución sobre el Tíbet, sobre todo a través de la referencia a un gobierno tibetano en el exilio, pone en entredicho una norma internacional elemental: el respeto de la integridad territorial de cada país. 
Se trata de una actitud peligrosa, que no contribuirá en absoluto a mejorar la situación. 
La paz, al igual que el diálogo sobre los derechos humanos, implica el respeto recíproco, en particular cuando se trata de un país como China, con más de un millardo de habitantes. 
Por eso pido a mis colegas que rechacen estas dos resoluciones sobre China. 
Tráfico de órganos en China 
Señora Presidenta, detenciones arbitrarias, condenas de muerte, ejecuciones, extracción de órganos, este es el escenario aterrador que debe cesar de inmediato en China. 
Las ejecuciones de prisioneros van en constante aumento: 2.100 ejecuciones en el año 1995, según Amnistía Internacional. 
Por temor a que ello comprometa sus inversiones, la comunidad internacional se abstiene de condenar las violaciones de los derechos fundamentales, o lo hace con desgana. 
Sabemos que hoy el sistema carcelario chino es totalmente impenetrable. 
Se extraen órganos a los detenidos, para luego venderlos y trasplantarlos sin el consentimiento de la persona afectada o de su familia. 
Puesto que la Unión es incapaz de tomar medidas con respecto a estas violaciones, la delegación parlamentaria que próximamente debe viajar a aquel país tendrá que emplear todo su poder de convicción para poner fin a estas prácticas infames. 
Mientras tanto, la Comisión debe examinar la cuestión relativa a la elaboración de un texto legislativo europeo sobre el comercio de órganos. 
Nosotros pedimos a la Comisión y al Consejo que tomen todas las iniciativas necesarias, en el plano internacional, para acabar con este comercio odioso. 
Señora Presidenta, el Sr. Colajanni ha sacado a colación el tema de la visita de la delegación del Parlamento Europeo a China, y me aprovecharé de la ocasión para preguntar a Sus Señorías cuántas semanas hay en un año. 
La respuesta es que hay 53. 
¿Y cuándo ha ido a China nuestra delegación? 
La semana del aniversario de Tian An Men. 
Esto se debe a nuestro Secretario, a nuestra delegación para las relaciones con China. 
Esto es nuestro Parlamento, éste es el modo de atender nuestro pedido, nuestra denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la denuncia que hacemos hoy de un hecho abominable- pues no se puede calificar de otra manera- que afecta al Tibet: ésta es la respuesta a Tibet, Turquestán y Mongolia interior, a la suerte de mil trescientos millones de chinos que, hasta que no se pruebe lo contrario, no viven en democracia. 
Es hora de terminar con eso de decir que esperaremos algo. 
Los tibetanos esperan desde hace cuarenta años y no han tenido ninguna respuesta; los chinos esperan desde hace cincuenta años, desde la Larga Marcha, y no han visto ningún progreso en materia de derechos humanos. 
Ya podemos seguir lamentándonos de la India, de sus experimentos nucleares. 
Nadie está de acuerdo con los experimentos nucleares, pero así como Francia o Inglaterra se enfrentaron en el decenio de 1930 a un régimen nazi, India- que es una democracia imperfecta, nadie lo niega- se enfrenta al mayor imperio totalitario del mundo: ¡y hay quien querría que renunciase a la posibilidad de defenderse! 
También me gustaría que se reflexionara un poco sobre todo esto. 
Señora Presidenta, creo que estamos ante dos hechos muy graves, que se producen en muchos lugares del mundo. Primero: el uso continuo de la pena de muerte como inhumano método para responder a la delincuencia; segundo: el comercio internacional de órganos. 
Son dos hechos que se producen en muchos lugares del mundo, pero que se concentran en un mismo país, China. 
Si alguien tiene dudas acerca de la existencia de la pena de muerte en China- ¿habrá quien lo niegue? -, es evidente que para alguien dentro de esta Cámara todavía China representa un faro de democracia y de comunismo. 
El otro tema que es importante destacar es que la lógica de la mercantilización, que caracteriza a todo el mundo, también está caracterizando, sin duda, a China. 
Tenemos datos lo bastante válidos como para demostrar que en China a una lógica de represión se asocia una lógica de mercantilización del cuerpo humano: un criterio mercantil que se difunde por todo el planeta, y que incluso hemos favorecido en nuestros países, con la lógica de las patentes de organismos vivos. 
Señor Presidente, espero que no me confunda con el Sr. Falconer cuando ahora me refiera a la asistencia. 
En primer lugar, quiero indicar que el Sr. Avgerinos no está presente. 
Es la persona a la que se encargó que realizase una revisión de las urgencias. 
En las urgencias siempre estoy presente, pero a él le he visto en raras ocasiones. 
No me sorprende que en sus propuestas se planteen algunas peregrinas ideas. 
Pero respecto a la urgencia, si se observan los acontecimientos en China, si se escucha lo que los oradores anteriores han informado sobre lo que, supuestamente, ocurre allí en el campo del tráfico de órganos y sobre lo que informan también diversas organizaciones, como China Watch o la sociedad Fresenius, uno se siente en cierto sentido como en una película de terror. 
Se ejecutan penas de muerte por encargo y los condenados son ajusticiados de tal modo que determinados órganos queden incólumes para ser vendidos luego al por menor. 
El número de penas de muerte, los ajusticiamientos y también los procedimientos empleados son considerados como secreto de Estado. 
La nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está redactada de tal modo que en los procesos no es posible una defensa justa de los acusados y que algo tan evidente como la observación de los procesos es sencillamente imposible. 
El Parlamento Europeo se ha pronunciado siempre en favor de los condenados a muerte y en contra de la pena de muerte. 
Naturalmente, ante tales terribles hechos, no debemos callarnos. 
Debemos adoptar claramente postura. 
Por ello, creo que solamente es natural que planteemos tales requerimientos mínimos, como el de que se finalice con este tipo de prácticas. 
Las Naciones Unidas, que este año se van a ocupar por fin de la trata de esclavos- al menos así se dice- además, como consecuencia de una resolución del Parlamento Europeo, deberían crear una comisión de investigación internacional y el Consejo y la Comisión deberían hacer todo lo que esté en su mano, para detener al menos a las empresas europeas que están envueltas en ello. 
Además, nuestra delegación permanente debería tocar este tema en su visita a China. 
Le doy las gracias, Señoría. 
Quiero decir que ayer el Sr. Avgerinos y yo estábamos invitados a una reunión, en la que él me pidió que lo justificara. 
Creo que en estos días tiene algún problema. 
Señor Presidente, me referiré a la cuestión de la pena de muerte y a su macabra explotación en la República de China, lo que nos coloca ante una fase extraordinaria de horror rutinario. 
Al menos por lo que se refiere a esta cuestión, instamos a este Parlamento a que abandone su tradición de no permitir que los hechos obstaculicen el camino de la conveniencia política y económica. 
Los hechos- no la propaganda, que en la actualidad se manifiesta en la dirección opuesta- son abrumadores. 
Millares de personas ejecutadas en la República Popular de China son objeto de una explotación de la mayor crueldad imaginable, para atender a la creciente demanda de órganos transplantados, procedente de personas ricas del Japón y de los países occidentales. 
El mes pasado pedimos sin éxito a los representantes diplomáticos de China en Bruselas, el Sr. Huang Daosheng, el Sr. Wang Wen y el Sr. Wei Min, que nos facilitaran pruebas documentadas que refutasen esa terrible práctica. 
Aún las estamos esperando. 
Para nosotros, ha llegado el momento de pasar a la acción, a no ser que tengamos que concluir que en este Parlamento, actuar con equilibrio moral significa que no hay que poner nunca a prueba nuestros valores más sagrados. 
Pena de muerte en Birmania 
Presidente, también en Birmania se dictan sentencias de muerte. 
La semana pasada se condenaron a muerte a seis presos que Amnistía Internacional considera claramente presos políticos, pero antes ya han muerto en prisión otros veinte presos que también tienen que ser considerados como presos políticos. 
Según parece, esta es otra forma de condenar a muerte o de ejecución, pero de hecho se produce. 
Además, el ejército birmano actúa con mano dura contra las minorías étnicas y ejecuta a gente sin que medie ningún tipo de proceso. 
Queremos insistir al gobierno birmano para que suspenda las penas de muerte y que en todo caso ponga fin a las ejecuciones, con o sin condena. 
La gente tiene derecho a un proceso justo y se debe poner en libertad a los presos políticos. 
De verdad está siendo hora que insistamos dentro de la Unión Europea a las empresas privadas para que no inviertan más en Birmania y que retiren sus inversiones. 
Presidente, el gobierno militar de Birmania sigue persiguiendo sin reservas a los adversarios políticos. 
A finales de abril se condenó a muerte a dos estudiantes. 
Forman parte de un grupo de cuarenta personas que fueron detenidas en enero a causa de actividades de oposición. 
Entretanto, se condenó a los otros treinta y ocho a penas que varían de tres a catorce años. 
En los últimos años han fallecido más de veinte personas en la cárcel. 
O sea, sabemos lo que esto puede significar. 
La semana pasada se dictaron de nuevo seis penas de muerte. Todos eran ciudadanos birmanos que Amnistía Internacional considera presos políticos. 
Ahora son ocho penas de muerte y treinta y ocho encarcelamientos graves en unos pocos meses con todos los peligros que acarrean las penas de prisión. 
Es bueno que el Comisario Marín esté en ello. 
Suspendimos en 1996 el sistema preferencial para Birmania después de una serie de graves actos violentos por parte del gobierno militar. 
En los Estados Unidos y también en el Congreso americano se quiere dar paso a una suspensión de inversiones. 
En febrero pedimos en esta Casa si no deberíamos decretar más medidas, entre las cuales una suspensión de inversiones. 
¿No va siendo hora de que llevemos a cabo esa suspensión de inversiones junto con los Estados Unidos y que forcemos así al gobierno birmano a que respete la democracia y los derechos humanos y sobre todo para darle a la Sra. Aung San Suu Kyi, que ya lleva seis años como presidenta electa presa en su casa, el derecho a ocupar el sillón que le corresponde, es decir la presidencia de su país? 
Señor Presidente, Señorías, más de una vez este Parlamento ha tomado en consideración el dramático problema de la pena de muerte. 
Siempre hemos sido inflexibles con Estados Unidos, lo somos con la República Popular de China, aunque a algunos no les guste demasiado, y más aún- si es posible- debemos serlo con Birmania, por muchas razones: la primera es la violación de las mínimas garantías procesales reconocidas en todos los Estados de derecho; la segunda es el carácter de los delitos- puramente políticos y de opinión- que se imputan a los condenados; la tercera, la sistematicidad con que se aplica ese instrumento, no de condena sino de mera y simple represión de la discrepancia, hasta el punto de que el Ejército es acusador, juez y verdugo, todo a un mismo tiempo. 
La Unión Europea no puede dejar de poner en marcha todas las acciones necesarias, útiles y oportunas, incluidas las sanciones económicas más duras, para dar fin a esta situación intolerable. 
Señor Presidente, voy a responder en bloque a las distintas resoluciones sobre las distintas cuestiones que han sido abordadas por sus Señorías. 
En lo que concierne a Guatemala, la Comisión comparte el dolor y la indignación del Parlamento Europeo por el asesinato de Monseñor Juan Gerardi, prelado al que tuve la posibilidad, como muchos de ustedes, de conocer personalmente porque, como saben, la Unión Europea ha estado fuertemente implicada en el proceso de pacificación de Guatemala y ahora, recientemente, en el proceso de paz. 
Este es un crimen que, como otros, siempre que se producen en materia de derechos humanos, es un atentado frontal contra el propio proceso de paz, y todavía mucho más por el simbolismo que supuso el asesinato de Monseñor Gerardi justamente cuando acababa de depositar su informe respecto a la verdad de la terrible guerra civil que se ha producido en los últimos 30 años en este país. 
¿Cómo operar? 
En este momento, la Unión Europea ya ha hecho las correspondientes intervenciones en materia de cooperación política con este país, y es evidente que tenemos que replantearnos, en términos generales, -y será una buena oportunidad porque el próximo mes de junio se reúne el nuevo comité consultivo que acompaña el proceso de paz, que esta vez tendrá lugar seguramente en Washington con el Banco Iberoamericano de Desarrollo -, cómo se están produciendo estas cosas, el por qué y, sobre todo, también invitar al Gobierno guatemalteco, a las fuerzas políticas y a la opinión pública a que hagan un esfuerzo para que se plasmen y se desarrollen verdaderamente los acuerdos de paz que, en algunos de sus aspectos, están conociendo un retraso realmente preocupante. 
En consecuencia, vamos a seguir señalándole al Gobierno guatemalteco la necesidad, primero, de que se identifique a los autores del crimen y, luego, de que se vaya poco a poco recomponiendo el espíritu de los acuerdos de paz y no se vuelvan a repetir asesinatos como éste. 
¿Qué decir de Colombia y qué decir de los asesinatos de Umaña, Arango y Fernando Landazábal? 
Comparto la descripción que han hecho los oradores en materia de derechos humanos en Colombia, y particularmente la Sra. Miranda. 
El problema de Colombia es bien simple. 
En este momento, estamos en vísperas de las elecciones- que tendrán lugar el próximo día 26 de mayo -, y están ocurriendo cosas realmente graves en este país. 
Los derechos humanos en Colombia tendrán que ser el resultado directo de la paz. 
Si no hay paz, mucho me temo que esta situación de desarticulación interna del país continuará. 
En consecuencia, la primera obligación del próximo presidente, no frente a la comunidad internacional sino, sobre todo, frente al propio pueblo colombiano es buscar la paz, resueltamente la paz, para que se terminen todas las causas que están provocando este tipo de atrocidades. 
Porque hay atrocidades de los paramilitares, hay atrocidades de la guerrilla, hay atrocidades- yo creo- en una situación en que ya resulta muy difícil definir quién es el responsable, con lo cual se genera este espíritu de impunidad que crea este tipo de situaciones. 
En cualquier caso, como saben, las autoridades colombianas han creado un comité especial dentro de la Fiscalía general de la nación que va a investigar estos asesinatos. 
Estaremos pendientes de sus conclusiones. 
Entretanto, ¿cómo operar? 
En este momento, lo más que podemos hacer- y queremos hacerlo y así lo hemos dicho, incluso por nuestra propia cuenta, sin esperar a Naciones Unidas- es mantener la Oficina de derechos humanos en Bogotá que se encarga del seguimiento de la situación. 
Ello no cambia radicalmente la situación interna, pero no es poco mantener una oficina que hace el seguimiento de lo que allí acontece. 
Y para eso, como sabe, hemos tomado la decisión- que no teníamos obligación de tomarla porque nuestro compromiso era sólo por un año- de renovar por otro año más la participación de la Unión Europea en esta oficina que depende de la relatora especial de las Naciones Unidas, la Sra. Robinson. 
Por otro lado, hay algo de lo que nos tendremos que ocupar en el futuro: la manera de incrementar nuestra cooperación con Colombia en el ámbito judicial. 
Es cierto que es una solicitud ya hecha por las autoridades colombianas, pero resultaría bastante interesante poder ver cómo, en este aspecto de la cooperación judicial, podemos ir, poco a poco, progresando de cara al futuro. 
Pero- insisto- salga lo que salga de las elecciones, gane quien gane las elecciones en Colombia, la primera prioridad es la búsqueda de la paz, lo cual va a suponer negociaciones importantes y, a partir de ahí, que se vaya reduciendo la tensión que existe en este país y que produce situaciones tan difíciles de comprender como las que se han producido en los últimos tiempos. 
En cuanto a Turquía, la Comisión condena también el atentado contra el Sr. Akin Birdal, defensor de la causa de los derechos humanos en Turquía y, obviamente, la Comisión también desea, conjuntamente con el Parlamento Europeo, que se localice rápidamente a los autores de este acto y se les haga comparecer ante la justicia. 
Ustedes saben que el Primer Ministro, Sr. Yilmaz, el Viceprimer Ministro y numerosos ministros y diputados han condenado también este atentado. 
Y por otra parte, la Comisión comparte la inquietud del Parlamento Europeo sobre las repercusiones del juicio contra el alcalde de Estambul a propósito de la libertad de expresión en Turquía. 
Igualmente, estamos preocupados por las manifestaciones hechas en enero pasado debido a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de Turquía de ordenar la disolución del Partido de la Prosperidad, al que pertenecía el Sr. Erdogan. 
Y a la Comisión le preocupa, naturalmente, que este tipo de decisiones tengan repercusiones negativas en el pluralismo democrático y la libertad de expresión en Turquía. 
Y por lo que se refiere al contexto más general de nuestras relaciones con este país, la Comisión, lógicamente, se adhiere plenamente a las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo, que recordó que la consolidación de los vínculos de Turquía con la Unión Europea depende también de que prosigan las reformas políticas que se han iniciado en este país, especialmente, el alinear las normas y prácticas en materia de derechos humanos con las de la Unión Europea. 
Y a pesar de la decisión de Ankara de suspender, en principio, cualquier diálogo político con la Unión Europea, la Comisión tiene intención de seguir comunicando a sus interlocutores turcos las preocupaciones que abriga la Unión Europea a este respecto. 
En cuanto a Malasia, la crisis económica en el sudeste asiático tiene consecuencias sociales graves para la población de los países afectados, principalmente el desempleo y la emigración. 
Durante los últimos meses, la Comisión ha estado plenamente comprometida en un diálogo continuo con los beneficiarios y otros donantes sobre la forma de aumentar nuestro apoyo a la región. 
Actualmente, y después de la Conferencia ASEM en Londres, estamos reconsiderando, dentro de la Comisión, nuestros programas de cooperación con esta zona y con este país, al objeto de destinar fondos adicionales para los países más gravemente afectados. 
Y por lo que se refiere a la condena del miembro del Parlamento Lim Guan Eng, la delegación de la Comisión en Malasia seguirá de cerca este caso y la apelación que en este momento se ha producido al Tribunal Federal. 
Y por lo que se refiere a la situación en los campos de detención malasios, totalmente saturados, la Comisión también comparte la preocupación de los miembros de este Parlamento ante los informes de malos tratos y violaciones de los derechos humanos. 
Por consiguiente, quiero garantizarles que nos estamos asegurando de que se transmitan estas preocupaciones- respecto a los campos de refugiados- a las autoridades malasias, y que vamos a instar al Gobierno a seguir cooperando con el Alto Comisionado para los Refugiados y las distintas ONG en la asistencia a los refugiados. 
Respecto a Indonesia, claro que estamos también inquietos y preocupados por la situación por la que atraviesa Indonesia y por el uso de la violencia que están haciendo las fuerzas de seguridad en la represión de las últimas manifestaciones habidas en este país, y que como saben ha provocado ya la muerte de algunos estudiantes en Yakarta. 
La Comisión se mantiene en contacto con el Gobierno sobre la cuestión de los derechos humanos, y tengo que decirles que, finalmente, hemos conseguido que en junio se cofinancie un seminario sobre derechos humanos en Yakarta organizado por la actual Presidencia del Consejo de Ministros y la Comisión nacional indonesia de derechos humanos. 
Esta será la primera vez que en Indonesia se haga un debate abierto sobre los derechos humanos con la coparticipación de la Unión Europea y la Comisión nacional indonesia de derechos humanos. 
Es sólo un paso, pero es un paso importante. 
En lo que se refiere a las ayudas directas al pueblo indonesio, debido a la situación económica, ha habido ya una misión sobre el terreno para verificar la realidad de la situación. 
La primera valoración que se ha hecho- de este equipo que está trabajando- es muchas veces la diferencia entre lo que se ve mediáticamente por los medios de comunicación y luego el estudio profundo de la realidad. 
No hay, a pesar de las imágenes que hemos visto de muchas gentes que se acercaban a los camiones a coger arroz o alimentos de primera necesidad, verdaderamente una escasez generalizada de alimentos. 
Hay algunas bolsas de penuria en alimentos, en agua potable, logística y distribución, sobre todo en las zonas más vulnerables del país y respecto a las partes más vulnerables de la población y ahí ya estamos empezando a trabajar en materia de ayuda de emergencia. 
Pero insisto, la situación en principio no parece tan dramática como se presentaba en función de las imágenes que habíamos visto. 
En cuando al Tíbet, la cuestión del Tíbet se plantea regularmente, y la dimensión religiosa de la identidad tibetana es un tema permanente dentro del diálogo con China sobre derechos humanos, y seguirá siendo así. 
La Comisión va a evaluar cuidadosamente los resultados de la reciente visita de la troika de embajadores de la Unión Europea a Tíbet y naturalmente informará al Parlamento lo antes posible. 
En lo que concierne a la venta de órganos en China, primero el antecedente. 
Hay un diálogo específico sobre derechos humanos entre la Unión Europea y China que arrancó en 1997. 
Este diálogo ha contribuido a obtener algunos resultados concretos, especialmente en relación con la participación de China en los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
El tema de la pena de muerte y, en particular, las condiciones jurídicas y administrativas que rigen las ejecuciones, se ha tratado en el marco de este diálogo y se seguirá planteando en el futuro. 
En cuanto al tráfico de órganos humanos, de que informan los medios de comunicación internacionales, la Comisión planteará el problema a las autoridades chinas en el marco del diálogo sobre derechos humanos y sobre la base de un análisis pormenorizado de los hechos. 
La Comisión recuerda, sin embargo, y esto no quiere decir en absoluto que no nos preocupe, que las intervenciones en esta materia son competencia de los Estados miembros, ya que como saben ustedes el artículo 129 del Tratado no confiere a la Comunidad Europea facultades legislativas en esta materia. 
Sin embargo, insisto, independientemente de que la Comisión no tenga competencias institucionales, estamos siguiendo de cerca la labor de las organizaciones internacionales competentes; el Consejo de Europa, a nivel europeo, está trabajando sobre ello y apoya la cooperación entre los Estados miembros en este punto. 
Como ustedes saben, el grupo europeo sobre ética en la ciencia y en las nuevas tecnologías- que sustituye al grupo sobre implicaciones éticas de la biotecnología- emitirá en 1998 un dictamen sobre los aspectos éticos del funcionamiento de los bancos de tejidos humanos. 
Y por último, una vez ratificado el Tratado de Amsterdam, la Comisión podrá estudiar las posibilidades de trabajar en este campo, es decir respecto a las normas que tienen que adoptarse en materia de circulación o transferencia de órganos. 
Tal vez sea esta la ocasión para plantear de una forma general no sólo el problema de la circulación o transferencias ilegales de órganos procedentes de China, en el supuesto de que se confirmara este tipo de comercio, sino de cualquier otro país. 
En cuanto a Birmania, ustedes saben que en la Comisión hemos deplorado permanentemente las violaciones generalizadas de los derechos humanos en este país, y somos conscientes de las recientes sentencias de pena de muerte que han sido dictadas contra seis presos. 
Sin embargo, pensamos que puede haber una esperanza para estas condenas de muerte en el sentido de que ninguna sentencia de muerte ha sido ejecutada desde 1998. 
Esperemos que la Junta Militar continúe en esta línea y al menos no decida ejecutar a estos seis prisioneros. 
En lo que concierne a la posibilidad de prohibir inversiones, como señalaba la Sra. Maij-Weggen, no existe por parte de la Unión Europea ninguna posibilidad de prohibir inversiones privadas de las empresas europeas, y fuera del juicio moral y fuera del juicio ético que se pueda establecer por cada uno de nosotros, no existe en este momento ningún instrumento que permita actuar a este nivel. 
En cualquier caso, las relaciones nuestras con Birmania están en el punto que ustedes conocen: no hay relaciones. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Señor Presidente, cuando nos ocupamos de las denominadas urgencias tratamos de cosas que uno puede muy bien aducir que no tienen nada de urgentes. 
Sin embargo, aquí tenemos una posibilidad de exponer nuestros puntos de vista y de aportar una contribución decisiva a una decisión urgente que se adoptará dentro de diez días, cuando se pida al Consejo de ministros de asuntos generales de la Unión Europea que respalde una iniciativa franco-británica encaminada a aprobar un código de conducta apropiado para la exportación de armamentos. 
Es difícil imaginar algo que sea más importante para el futuro a largo plazo de un mundo azotado por conflictos de todo tipo. 
Las armas europeas son responsables de la muerte y la invalidez de muchas personas, y tenemos que pedir al Consejo que respalde esa iniciativa y que la extienda a todos los Estados miembros, y no solamente a los dos Estados miembros que la proponen. 
También tenemos que decir que la Unión Europea no puede resolver por sí sola todos esos problemas, y que necesitamos el apoyo de los Estados Unidos, de Rusia y de China. 
La adopción de un código de conducta europeo dista mucho de ser un gesto banal para este Parlamento. 
Al contrario, representa un campo en el que la Unión Europea puede ponerse a la cabeza del mundo. 
Señor Presidente, desde el principio de la presidencia británica, Tony Blair ha dicho que Gran Bretaña iba a elaborar un código de conducta sobre la exportación de armas y nosotros los verdes lo hemos celebrado particularmente. Por fin se iba a tomar una iniciativa a nivel europeo. 
Cuando Bélgica elaboró su ley de exportación de armas en 1991, el argumento eterno por parte belga para no ir más lejos fue que esta cuestión debía arreglarse en el conjunto europeo, ya que si no, iba a haber una desventaja comparativa para Bélgica. 
Por lo tanto, ahora había de verdad esperanza de que Europa fuera a aprovechar la ocasión. 
Lamentablemente hemos de constatar que las propuestas elaboradas hasta ahora por la presidencia británica junto con Francia, son rotundamente desilusionantes. 
En la reunión del APC en Mauricio del 20 al 23 de abril hemos podido ver que una mayoría tanto de los europeos como de los representantes del APC también han tomado cartas en el asunto. 
Han denunciado con claridad que el código, en su forma actual, no va a tener ningún impacto en las regiones inestables, ni en los países que dedican una parte desproporcionada de su presupuesto a gastos militares y ni siquiera en países que violan los derechos humanos. 
También se lamenta mucho el hecho de que la propuesta no incluya expresamente en la regulación la venta de armas cortas, esas armas cortas que justamente en África causan estragos,. 
En el ámbito relacionado con el procedimiento quedan también unos cuantos problemas porque un Estado miembro que niega un permiso de exportación, tiene que avisar a los otros pero no se dice en qué periodo de tiempo. 
No hay un certificado final común, o sea, los múltiples certificados que siempre han traído el caos seguirán existiendo y el problema de los fabricantes de armas en terceros países que trabajan con una licencia de una empresa de un Estado miembro ha quedado completamente fuera. 
En lo que respecta a nosotros hacemos aquí un llamamiento muy serio para que este código todavía se haga vinculante y lleno de significado. 
Señor Presidente, cuando nos enteramos de la iniciativa francobritánica para establecer un código sobre el comercio de armas, se tenía la sensación de que aquí la zorra predicaba y entonces no están los pollos seguros. 
Me parece que la resolución del Parlamento significa efectivamente que estamos dispuestos a vigilar los pollos y a fortalecer esta iniciativa por parte francobritánica donde se pueda. 
Naturalmente no es de recibo que si algunos países se comportan decentemente de cara a la exportación de armas, es decir dejar de hacerlo, otros llenen ese hueco. 
Entonces el resultado es en realidad cero, incluso moralmente hablando. 
Hay mucha necesidad de combatir este cinismo. 
Ganar dinero de miserias es un asunto grave al que el Parlamento debe enfrentarse y es muy bueno que el Parlamento se muestre tan unánime sobre esta resolución, de modo que el Consejo y también los otros sepan que los representantes de los ciudadanos europeos en este aspecto no tienen dudas sobre lo que hay que hacer. 
Hasta ahora siempre ha habido acciones muy blandas, por ejemplo contra Serbia donde ya existía una sobreproducción de armas en el propio país. 
Una prohibición de la exportación de armas a Serbia por ejemplo es una conjetura que en el fondo no nos sirve de nada. 
Al respecto es mucho mejor trazar una línea general con los criterios que se deben aplicar, también en los casos en que económicamente es menos atractivo comportarse decentemente. 
Señor Presidente, todo este tipo de propuestas tienden a menudo a tener un carácter simbólico y por eso señalo con énfasis que en uno de los últimos puntos de la resolución se habla de la necesidad de luchar contra la exportación ilegal de armas. 
Porque podemos regular todo muy bien legalmente, pero si no se procura luchar realmente contra la exportación ilegal de armas de forma eficaz, entonces no llegamos a ningún sitio. 
Por esta razón me parece particularmente positivo que esta resolución termine con ese punto. 
Presidente, los tres oradores anteriores ya han verbalizado parcialmente lo que yo hubiera querido decir. Los liberales están decepcionados por lo que ha resultado en la práctica. 
No hace falta que los países acepten la vinculación. Se queda en declaraciones políticas sin valor alguno, no se imponen sanciones. 
Sólo están obligados a informarse mutuamente. 
¿Qué ganamos ahora? 
El Parlamento tiene que dejar claro que esto es demasiado poco. Que la propuesta actual no se merece el nombre de política ética, como dijo la presidencia británica todavía a principios de este año. 
El escándalo relacionado con Sierra Leona y la negativa americana, encima, de suministrar armamento al Reino Unido por los deficientes controles de exportación tendría que ser para Europa una señal clara y, por cierto, también para los británicos. 
Esforcémonos ahora por fin de verdad en elaborar una regulación europea vinculante en relación con el comercio de armas. 
Por eso, el grupo parlamentario liberal se alegra de que esta resolución se defina claramente pidiendo al Consejo que elimine las debilidades de las propuestas. 
La transparencia, Señor Presidente, y las consultas multilaterales entre todos los Estados miembros son elementos esenciales para una política común. 
Cualquier concesión en este ámbito a la denominada soberanía de los Estados miembros hace de la regulación europea una ridiculez. 
Hago un llamamiento a la Comisión por lo tanto, y también a la próxima presidencia austriaca, para que continúe el trabajo de los británicos si terminamos con un compromiso débil en esta presidencia. 
Como punto final, espero que el G-8 en su próxima reunión llegue a acuerdos internacionales y sobre todo que los Estados miembros de la Unión que están allí presentes se sumen a las propuestas de adoptar el código OAS. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista quisiera manifestar nuestra satisfacción por la iniciativa de la Presidencia británica de establecer un nuevo código de conducta para el comercio de armas. 
No hay duda alguna de que hace ya tiempo que deberíamos tener un código de conducta que rigiera la venta de armamentos, para que las armas de la Unión Europea no se utilizasen para la represión interna o la agresión externa. 
Ese código sería importante no solamente para realzar los derechos humanos fuera de nuestra Unión sino también para dar a nuestras empresas del sector de la defensa igualdad de posibilidades de acción en la esfera de las exportaciones de armas. 
Ofrecer precios más bajos que los demás, cuando el sector de defensa de un país se ofrece a suministrar armas que otro Estado miembro no ha querido aceptar por su precio, es algo que no debería ya tener razón de ser. 
El proyecto más reciente del código, además de definir las circunstancias de la represión interna o la agresión externa que provocarían la negativa a la exportación, dice que debe tenerse en cuenta si la exportación propuesta perjudicaría gravemente el desarrollo económico y social del país receptor. 
Además, los Estados miembros se reservarían el derecho de instituir políticas nacionales de exportación más restrictivas, al mismo tiempo que se esforzarían por adoptar la lista común de equipo militar abarcado por el código. 
De todos modos, es de esperar que los informes anuales al Consejo previstos se utilicen como base de deliberación y escrutinio en el Parlamento Europeo. 
Hay que esforzarse más por luchar contra las exportaciones ilegales de armas. 
Se requiere una supervisión más rigurosa de los intermediarios de armas y de la utilización final de los armamentos. 
El próximo paso consistirá en ampliar los principios del código a países como Rusia, China y los Estados Unidos. 
Sin embargo, el hecho de que estemos a punto de promulgar un código histórico de conducta en materia de exportaciones de armas, que espero quede aceptado el 25 de mayo, es un signo positivo para todos los que se esfuerzan por conseguir un mundo más seguro. 
Señor Presidente, entretanto todo el mundo de esta Asamblea, exceptuando al Sr. Truscott, ha comprendido que este code of conduct para las exportaciones de armas, festivamente anunciado por la Presidencia británica, solamente es una mera fachada para la industria armamentística. 
No pretende impedir o evitar la exportación de armas sino mejorar la cooperación europea en este sector con una mejora especial de la posición de la industria armamentística británica dentro de dicha cooperación. 
El aspecto central de la Presidencia británica, es decir, la protección internacional de los derechos humanos se detiene exactamente allí donde se encuentra la protección de las exportaciones de armas. 
El código propuesto permite que se prosigan las exportaciones a Turquía y permite también a la industria armamentística británica enviar armas a Indonesia y a Sierra Leona a pesar del embargo. 
Ante esta nueva situación, la Cámara de los Diputados alemana ha aprobado una simplificación de las normas nacionales sobre exportación de armas, para mejorar la posición exportadora de Alemania en este campo. 
La Presidencia británica ha defraudado a todos los que se pronuncian por una reducción eficaz de las exportaciones de armas. 
Por ello, exigimos a la Comisión que presente un borrador que contenga las claras exigencias que se han planteado aquí con frecuencia en esta Asamblea y que las ONG también han destacado. 
Señor Presidente, Señorías, tanto dentro como fuera de la Unión Europea se viene, en los últimos años, reclamando insistentemente una mayor transparencia en las exportaciones de armas convencionales. 
En este sentido, la Unión Europea ha tomado la iniciativa al fijar en un código de conducta sobre la transferencia de armas convencionales normas comunes de comportamiento. 
Este proyecto de código de conducta pretende determinar un conjunto de principios partiendo de los cuales se tomen todas las decisiones relativas a las exportaciones de armas, así como aportar un marco de acción bien definido dentro del que pueda discutirse cada caso de transferencia de armas. 
El proyecto de código establece también los criterios que se emplearán para evaluar todas las exportaciones de armas. 
Sin embargo, ha de quedar claro que la responsabilidad final de las exportaciones de armas corresponde a los gobiernos nacionales. 
La Unión Europea tiene un gran interés en que estos principios se acepten ampliamente, incluso por los principales exportadores de armas a nivel mundial. 
Y contar con un acuerdo que abarque a toda la Unión Europea y que tenga un enfoque interno coherente resulta importante a la hora de ejercer presión sobre terceros para que adopten prácticas similares. 
Se han conseguido progresos en la redacción del proyecto de código, especialmente en lo relativo a los instrumentos jurídicos apropiados para la adopción del mismo y la elaboración futura de ocho criterios. 
Quedan- no lo vamos a negar- obstáculos de importancia, y la Presidencia ha ofrecido la posibilidad de que se celebren otras consultas limitadas entre capitales durante los próximos días, tras lo cual se presentará un informe al Consejo- el próximo día 25 o 26 de mayo- en el que se va a hacer un balance de la situación y se presentarán- me imagino- por parte de la Presidencia una serie de soluciones de compromiso. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Bianco, D ' Andrea, Castagnetti, Burtone, Carlo Casini, Graziani, Colombo Svevo, Ebner, Filippi, Poggiolini, Secchi y Viola, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, relativa a la resolución sobre los aluviones en Campania (Italia) - (B4-0530/98) de los Sres. Vinci, Pettinari, Bertinotti, Manisco, Castellina, Puerta y Moreau, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, relativa a los aluviones en la región italiana de Campania- (B4-0535/98) del Sr. Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, relativa a la tragedia que se abatió sobre la región italiana de Campania- (B4-0549/98) de los Sres. 
Señor Presidente, en mi calidad de presidente de un Parque Nacional en el Estado español, el de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, no puedo sino lamentar el desastre que se ha producido, o que puede producirse, en buena parte del Parque Nacional de Doñana, el más importante y extenso de Europa, declarado patrimonio de la Humanidad. 
Ante esta circunstancia, creo que es necesario en primer lugar recalcar la necesidad de una coordinación de todas las administraciones afectadas en la zona, tanto aquellas que tienen competencias en materia de industria y de minas- el origen de la catástrofe se encuentra precisamente en el almacenamiento de aguas residuales de la purificación de minerales -, como también las que tienen competencias en la protección directa del espacio natural. 
Creo que hay que manifestar también la necesidad de incrementar nuestra solidaridad con todos los afectados que han sido perjudicados por las aguas contaminadas que han invadido la zona. 
Y en este sentido creo que, en el futuro, deben preverse estas situaciones y evitar los almacenamientos de sustancias peligrosas que pueden dañar espacios naturales como el de Doñana. 
Señor Presidente, una vez más ha ocurrido una catástrofe medioambiental impensable, esta vez en una región valiosa y delicada en el sur de España, en Andalucía. 
El parque nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está ahora gravemente dañado. 
Más de cinco millones de m3 de aguas contaminadas y ecológicamente peligrosas provenientes de una mina, se han derramado sobre grandes áreas al romperse un muro de contención. 
También se han arruinado más de 2000 hectáreas de terrenos agrícolas. 
El hecho de que la mina andaluza sea explotada por una compañía sueca es doloroso y a la vez comprometedor. 
Políticos verdes suecos participaron el domingo pasado en una gran manifestación en Andalucía, en la que había más de 10000 personas. 
La manifestación fue organizada por organizaciones por la paz y medioambientales. 
Conjuntamente con los verdes en Andalucía, el Partido del Medio Ambiente sueco también ha exigido que la empresa Boliden asuma su responsabilidad jurídica y económica, indemnice a los afectados y financie el saneamiento y recuperación de la región. 
Sin embargo, no es sólo Boliden que tiene responsabilidad, sino que hay muchos que están implicados en ésta, una de las peores catástrofes ecológicas en Europa. 
En el año 1996 una organización local obtuvo un informe, conseguido clandestinamente por un técnico que había sido despedido, sobre los problemas de los muros de contención. 
El 27 de febrero de 1996 se denunció a la empresa ante la Comisión que, no obstante, consideró que no había riesgos. 
Toda la investigación fue archivada después de haber oído solamente a las autoridades locales. 
Boliden ha construido los diques sin autorización. 
También ha habido grietas en los muros de contención que han sido denunciadas, pero no se ha hecho nada. 
¡Ahora tenemos que asumir solidariamente la responsabilidad! 
La Comisión tiene que actuar y ayudar a los afectados. 
Señor Presidente, ante todo deseo expresar mi solidaridad con las víctimas de las inundaciones de Italia y sumarme al apoyo que han mostrado todos los Grupos políticos a la hora de redactar esta resolución sobre el Parque de Doñana. 
Y es importante que la Comisión Europea encuentre los medios para acordar una ayuda de urgencia y que trabaje en estrecha colaboración con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para reprogramar los Fondos estructurales y de cohesión en apoyo del plan que se está preparando para descontaminar, restaurar y reforzar la protección del medio ambiente en el entorno del Parque de Doñana. 
Y es hora- creo- de seguir el consejo de la comisión de científicos que ha sido nombrada y acelerar al máximo los trabajos de retirada de lodos tóxicos para evitar que esta contaminación se extienda de forma irreversible. 
Señor Presidente, señor Comisario, como dijo mi compañera Carmen Díez de Rivera en el inicio de esta sesión, y como acaba de decir José Luis Valverde, nosotros deploramos profundamente lo ocurrido en Italia porque el bien más preciado es la vida humana, y eso está fuera de toda duda. 
Pero Carmen Díez de Rivera pedía que se prestara atención a la catástrofe de Doñana, y es lógico que lo hiciera. 
Nosotros decimos desde ahora que vamos a votar a favor de la resolución común, porque esa resolución común hace referencia al Derecho comunitario, se solidariza con los afectados, pide ayudas de expertos y económicas a la Unión Europea y plantea que deben de unirse todas las administraciones para poder afrontar el problema. 
Ahora bien, hay tres enmiendas que presentamos nosotros, junto con los compañeros del Grupo de los Verdes y de los Liberales, Doña Carmen Díez de Rivera y el Sr. Collins, presidente de la Comisión de Medio Ambiente. 
Y son tres enmiendas que nos parecía muy oportuno que estuvieran en la resolución común y que no están; voy a defenderlas a pesar de no tener mucho tiempo. 
En primer lugar, los grupos que defienden el medio ambiente deben estar en esa comisión de autoridades locales, de expertos y demás, porque llevan muchos años defendiendo Doñana de los peligros y porque saben mucho de Doñana. 
En segundo lugar, debe crearse una comisión de investigación y la depuración de responsabilidades. 
Aquí nadie es responsable, y nosotros vemos unos cuantos responsables. 
Vemos responsables a la Confederación Hidrográfica, que hoy dice en la prensa, en un estudio, que los acuíferos que alimentan Doñana corren grave peligro; vemos responsable a la Junta de Andalucía, al Gobierno de la nación. 
Y en la tercera enmienda, nosotros también vemos responsable a la Comisión Europea. 
En el año 1996 se presentó una queja por la CEPA, la Comisión Europea pidió información al Gobierno español, se fió de lo que le decía el Gobierno español y archivó la queja, con lo que la Comisión Europea tiene también una cierta responsabilidad con lo que ocurre en Doñana. 
Termino diciendo que probablemente aprenderemos algo de esta catástrofe: que cuesta muchísimo más devolver su ser a lo que se destrozó, que haber tomado medidas preventivas. 
Y naturalmente la empresa minera era la primera obligada a tomar medidas preventivas. 
Señor Presidente, la Comisión debe contribuir, con su mayor esfuerzo, tanto a reparar una situación que sigue hoy amenazando al Parque de Doñana- una de las más importantes joyas del patrimonio ecológico del territorio de la Unión -, como a prevenir que en el futuro se produzcan desastres similares. 
El Parlamento, al pronunciarse sobre esta resolución común que, en nombre del Grupo Socialista tengo el honor de proponer, debe saber tres cosas. 
Primero, que la rotura de la presa de la empresa Boliden, en las proximidades de Doñana, y el consiguiente vertido de lodos tóxicos, es un hecho tan grave y supone un riesgo tan alto que la Comisión no solamente debe poner en marcha su máximo apoyo económico y técnico, sino que éste no debe detenerse en el momento en que cese el riesgo para el Parque, sino prolongarse en el medio plazo hasta la total recuperación económica de los sectores afectados. 
Segundo, que hasta este momento no se ha producido daño en el territorio del Parque y que el causado en el ecosistema no tiene, hasta ahora, el carácter de irreparable. 
Tercero, que sin embargo es urgentísima la retirada del producto tóxico vertido, pues cada día que pase sin conseguirse constituirá un riesgo altísimo y creciente. 
Señor Presidente, las administraciones españolas están colaborando mutuamente en la solución del problema y cuentan para ello con un solvente asesoramiento científico, pero es de enorme importancia que el apoyo de la Comisión- que ya ha anunciado en España la señora Comisaria- se acentúe y se prolongue en las líneas que plantea nuestra propuesta de resolución. 
Italia 
Señor Presidente, Señor Comisario, quiero formular el deseo de que la tragedia que se consumó el 5 de mayo, con una avalancha de lodo que destruyó varios pueblos, provocó centenares de víctimas y dejó sin hogar a millares de personas, sirva de advertencia para poner en marcha una nueva política de suelos, no sólo en Italia sino en toda Europa. 
Sé que la Comisión ya ha tomado algunas medidas que pueden ser importantes; espero que se usen Fondos estructurales para realizar una recuperación y restauración de estas comunidades, pero mi mayor deseo- lo recalco- es que la Unión Europea y la Comisión puedan sacar adelante, de modo global en toda Europa, golpeada por estas tragedias- acabamos de hablar del Parque Nacional de Doñana -, una política adecuada que evite estos desastres, que causan dolor y víctimas. 
Señor Presidente, 145 muertos y 135 desaparecidos, a la vez que crece todos los días la primera de estas cifras en un balance cada vez más trágico. 
Sin duda no es de la incumbencia de este Parlamento determinar las responsabilidades más inmediatas de los hechos trágicos que han caído sobre tres provincias italianas: desorganización de los servicios de primeros auxilios, empleo de medios inadecuados y comportamientos limítrofes con la criminalidad por parte de las administraciones locales y estatales. 
De esto se está ocupando la justicia italiana. 
El Parlamento Europeo debe atender la más vasta y comprometida tarea de movilizar recursos y tecnologías comunitarias en un plano preventivo de saneamiento hidrológico de un territorio devastado durante un cuarto de siglo de abusos, corrupción e incuria ambiental. 
Pero éste no es un problema dramático sólo para Italia; como se ha demostrado por la reciente catástrofe ecológica de España, otros países de la Comunidad están expuestos a calamidades funestas similares, ocasionadas únicamente por una demencial y delictiva explotación del suelo. 
Que la alarma en una región italiana se convierta en alarma para toda Europa, que las instituciones de esta Europa, más allá de la autoexaltación triunfalista por la moneda única, se preocupen hoy, no mañana, por defender los derechos más elementales de sus ciudadanos, amenazados por la lógica del beneficio y del pillaje medioambiental. 
Señor Presidente, tomo la palabra hoy en esta Asamblea para expresar mis sinceras condolencias, para recordar la tremenda catástrofe que tan profundamente ha golpeado a la comunidad no sólo italiana sino también europea. 
Los desastres naturales que hace poco se han producido en la región de Campania fueron, sin duda, excepcionales, pero al mismo tiempo no podemos afirmar con certeza que hayan sido imprevisibles. 
Hace años y años que se denunciaba ante las autoridades locales, y también por parte de ellas, el total descuido hidrogeológico de las zonas afectadas por los desastres que hoy recordamos aquí. 
Lo que nos ha dejado atónitos son dos hechos, sobre los que con justeza ha llamado la atención el Presidente de la República Italiana: el primero es la determinación inmediata de las responsabilidades políticas, más que jurídicas, que a veces se ha visto como meramente instrumental, en lugar de nacer de una voluntad verdadera de esclarecer los hechos; el segundo es el intento de hacer de la tragedia de Campania un pretexto para satisfacer intereses político-partidistas nacionales, que corren el riesgo de tener muy poco que ver con una real reorganización de las competencias en la gestión del suelo. 
Muchas veces he sostenido que el problema del Sur de Italia más que un problema nacional lo es de toda la Unión Europea. 
Por consiguiente, la Comisión debe considerar la posibilidad de destinar recursos comunitarios a la financiación de programas, ya sean de reconstrucción o bien de restauración de las actividades productivas de la zona. 
Pero, al mismo tiempo, no podemos olvidar que Italia, aunque hace poco haya entrado con mucho ruido y plenamente en la moneda única- como ha dicho hace un momento el Sr. Manisco -, debe demostrar que se merece de veras las ayudas que, no me cabe duda alguna, le dará la Unión Europea. 
Señor Presidente, ya se ha recordado el terrible alcance de la tragedia de Campania: 150 muertos, 150 desaparecidos, de los que casi no se puede pensar que estén aún con vida, cuatro pueblos deshechos o dañados, dos provincias- Avellino y Salerno- gravemente perjudicadas, la destrucción del suelo. 
Está claro que hay responsabilidades y que se investigarán. 
Antes de la aflicción- que el Parlamento Europeo ya ha expresado en su sesión de apertura de este periodo- hoy es el momento inmediato de la solidaridad, de la solidaridad concreta. 
Quiero poner el acento sustancial en esta última, incluso porque me ha impresionado muy positivamente la intervención del Comisario Monti en la sesión inicial de este periodo de sesiones, cuando habló de la posibilidad de intervenciones concretas. 
Sobre esto quiero hacer hincapié, sobre esto querría una respuesta del Comisario Marín, sobre la posibilidad de utilizar fondos regionales no aplicados a sus destinos originarios. 
¿Podemos obtenerlos por una decisión de la Comisión? 
Como es lógico, habrá que establecer fines precisos y controles, además de una concertación extremadamente límpida entre las autoridades nacionales, las regionales y las comunitarias, pero siempre con la idea de una gestión ágil, que no se quede demasiado estancada entre los obstáculos burocráticos. 
Esto representaría, naturalmente, la solidaridad concreta de Europa hacia los pueblos perjudicados por la catástrofe que acabamos de recordar. 
Tratemos de proporcionarla y así contribuir al renacimiento de la vida en esos pueblos tan dulces, tan hermosos y también tan infortunados por los acontecimientos que a lo largo de los años han sufrido. 
Señor Presidente, después de escuchar las intervenciones de los colegas campanos que me han precedido, creo que es un deber no repetir las mismas observaciones y las mismas consideraciones que surgen espontáneas de quienes como ellos, como yo, hemos estado en esos lugares y de ellos provenimos, de quien ha vivido con esa gente el drama de la desesperación, del profundo dolor y la gran dignidad que estos pueblos han sabido expresar. 
Quien haya seguido a través de los programas de televisión- muchísimos, por cierto -, no sólo nacionales sino de toda Europa, habrá podido advertir en los ojos de esas personas una gran desesperación, pero también una gran dignidad, que tal vez sea lo que más impresionó a los reporteros acostumbrados a los lamentos, aunque surjan de un profundo dolor. 
Pues bien, a esa dignidad debemos darle una respuesta, porque es difícil hoy responder a los muertos; hay que dar una respuesta a los supervivientes, que son quienes la necesitan, o mejor aún, sin eufemismos, habría sido un deber que el Estado italiano, como asimismo toda la colectividad comunitaria, hubiera dado respuestas en el momento oportuno de verdad, para no contarlos ahora entre los desaparecidos, como futuros muertos, o entre los fallecidos, como víctimas seguras. 
Mi pedido va en la misma dirección que el del Sr. De Giovanni: que se ayude a esta gente a comprender cuáles pueden ser los instrumentos oportunos para restablecer la economía de esas zonas. 
Cito un solo ejemplo: Sarno, donde el hospital, hoy destruido, no es sólo un punto neurálgico para la atención sanitaria territorial, sino también el centro económico de la zona, porque allí viven y trabajan 400 personas, lo que significa que toda la economía de esa comarca quedará afectada seriamente si no se relanza de inmediato. 
Ahora es el momento de dar otra salida, gracias a la disponibilidad expresada por el Comisario Monti, a esos recursos, a esos fondos estructurales que, previstos para el objetivo 1, muchas veces se han señalado como no asignables a gastos determinados, pero siempre programables. Ahora es el momento de ayudar a la región, a la comarca, ahora las instituciones locales deben volver a programar estos recursos con un procedimiento ágil, que permita su uso inmediato, con una optimización incluso de las inversiones, porque no se debe atender tan sólo a lo inmediato de estos sucesos, sino que hay que hacer una programación de peso para liberar a esa zona de la angustia del mañana y para brindar más seguridades y esperanzas a la vida y a un sentido social que debe confortarnos a todos el día en que comprobemos cómo se han concretado las actuaciones. 
Éste es el compromiso que pido, en nombre de mi Grupo y de los colegas de Campania, para que se traduzca en una realidad concreta y no en una solidaridad de palabra. 
Señor Presidente, sin duda estamos todos profundamente afectados y todos expresamos nuestra condolencia a las familias de las víctimas, porque suman casi 300 entre muertos y desaparecidos, muchísimos heridos y miles de personas sin hogar. 
Pero una vez más, frente a desastres naturales debemos decir que la desgracia no tiene nada de natural, porque la tragedia es la consecuencia de una acción humana y política que ha provocado el desequilibrio hidrogeológico en Italia, y hoy pequeños hechos de naturaleza normal pueden provocar desastres. 
Ahora estamos frente al caso en que es necesario saber evitar hechos naturales semejantes a través de una seria política preventiva. 
Por este motivo debemos pedir a las autoridades italianas una atención estable y definitiva ante todo de las personas que han quedado sin hogar e, inmediatamente después, un esfuerzo preventivo, mediante la elaboración de un mapa actualizado de los peligros posibles en todas las regiones italianas con riesgo hidrogeológico y, sobre todo, habrá que solicitar del Gobierno un nuevo y necesario ordenamiento de las competencias en la gestión del suelo. 
Por este motivo, pedimos también a la Comisión que examine la posibilidad de emplear fondos comunitarios, además de los nacionales y regionales, para enfrentarse a estos problemas. 
Señor Presidente, creo que la terrible tragedia ocurrida en Campania debe servir de advertencia y también como señal de alarma para las instituciones europeas y para todos los Gobiernos de los Estados miembros. 
Como advertencia, porque creo que en adelante es urgente determinar los instrumentos de protección civil comunitarios para intervenir con la oportunidad que, lamentablemente, no hemos podido decidir por nosotros mismos en nuestro país. 
En este sentido, me uno a la llamada del Sr. De Giovanni y pido que la Comisión responda a las circunstancias: hay una emergencia trágica en Campania, hay una demanda de fondos, se necesitan esos fondos para que renazca la vida en una zona de la Comunidad Europea. 
Creo que es imprescindible superar de verdad las formas burocráticas y tratar de resolver este problema. 
También debemos dar la alarma porque es evidente- lo ocurrido en Italia lo demuestra- que, si en lugar de una seria política de protección del suelo se aplica un insensato criterio de mal uso del propio suelo, se crean las condiciones para estas tragedias. 
Pido que la Comisión se ocupe de que prontamente se consiga hacer lo que no se ha hecho en muchos países de la Comunidad Europea: conocer y controlar bien los peligros de las zonas expoliadas, para que no se vuelvan a producir tragedias tan terribles como la que ha ocurrido en mi tierra. 
Señor Presidente, Señorías, por un error burocrático nuestro Grupo no ha presentado una resolución sobre este tema, pero se ha asociado, como es obvio, a la resolución que votaremos a continuación, y que considero importante para dar testimonio no sólo de la solidaridad sino también de la necesidad de que, ante tales problemas, tengamos capacidad de decisión a nivel europeo, pues sin duda estos asuntos se integran cada vez más en ese tejido común europeo que intentamos construir. 
Desde este punto de vista, creo que hay dos probabilidades: o estas manifestaciones nuestras se convierten en hechos puramente rituales- como a menudo ocurre -, o bien la Unión Europea debe demostrar no ya solidaridad, sino más bien que en determinados campos, en particular en la gestión del suelo europeo, es capaz de elaborar una política a la altura de la situación. 
En los últimos años hemos terminado con el equilibrio que nos apartaba de las catástrofes y nos permitía un aporte inmediato y concreto en casos como éste u otros similares, que infortunadamente se producen. 
Pienso que estas catástrofes deben hacernos reflexionar: en el breve plazo, para poder activar estos instrumentos que también demuestran a los ciudadanos que Europa no es un ente abstracto, sino que puede responder a estas demandas, a estas necesidades objetivas; y a medio y largo plazo, para poner en marcha operaciones concretas de planificación, para la defensa y gestión rigurosa del suelo. 
Incluso sería útil en ocasiones que los Estados miembros contaran con medidas a nivel europeo. 
Señor Presidente, una vez más tenemos que llorar por las víctimas de catástrofes naturales. 
En el caso del reciente aluvión que dañó varios pueblos de Campania, la conmoción es mayor por el alto número de víctimas y porque entre ellas hay jóvenes y niños. 
La delegación de Alianza Nacional suscribe la resolución común y expresa sus condolencias a las familias de las víctimas, aunque ya se imagina lo que responderá el Comisario competente sobre la petición de ayuda por parte de la Comisión: que no existe una partida en el presupuesto de la Unión Europea que, precisamente, prevea ayudas inmediatas y concretas a las poblaciones damnificadas. 
Alianza Nacional, por lo tanto, pide que en el próximo presupuesto de la Unión Europea, que ya está en una fase avanzada de su elaboración, se inserte ese renglón. 
Además, al lamentar el carácter incompleto de la resolución común- que, si los colegas italianos de otros Grupos hubieran tenido la delicadeza de consultarnos informalmente, habríamos podido señalar -, pedimos que se permita al Gobierno y a la Región de Campania desviar una parte de los Fondos estructurales previstos para la región a fin de usarlos en la reconstrucción y el saneamiento de los suelos. 
Infortunadamente, el suelo italiano en gran parte se ve presa de especulaciones edilicias, planes reguladores municipales, provinciales y regionales, preparados en muchos casos para satisfacer la lógica del clientelismo y el poder de los partidos, y es víctima del progresivo abandono de las zonas de colinas y montañas, pues la gente no puede ya habitar en esos sitios, bien porque no cuentan con el apoyo suficiente de los programas del Gobierno, o bien porque desde los barrios periféricos de las grandes ciudades llega la tentación- tantas veces descubierta como una falsedadimpulsada por las estrategias comerciales de los medios, que divulgan la tesis de que el nivel de vida urbano es infinitamente mejor que el rural. 
Para terminar, Señor Presidente, ¿cómo no advertir en este descuido, en esta violencia hecha a la tierra, un signo típico de nuestra civilización, que lo ha desacralizado todo y tiende a meterlo todo dentro de lógicas racionales y científicas? 
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar respondiendo a la resolución sobre las inundaciones de Campania, teniendo en cuenta que, en relación con el otro desastre ecológico, aquí se produjeron víctimas humanas que naturalmente lamentamos y la Comisión quiere presentar a las familias de los afectados su más sincero pésame. 
Y en este sentido, habiendo dicho esto, tengo que pasar a explicar exactamente lo que se puede hacer en los dos casos. 
En primer lugar, por circunstancias que no vienen al caso, pero ésa es la realidad, en el debate presupuestario del año pasado se tomó la decisión de suspender la línea presupuestaria que se ocupaba precisamente de las ayudas de urgencia en casos de catástrofe. 
En consecuencia, esto es lo que hay y, a menos que decidan ustedes reintegrar esta línea presupuestaria, hoy por hoy no se puede actuar por el procedimiento de urgencia. 
En segundo lugar, sí cabe actuar por el procedimiento de políticas estructurales. 
Y en este caso, por lo que se refiere a la región de Campania, debo señalarles que efectivamente la Comisión ha estado discutiendo de lo que se puede hacer en Campania, y ésta es una zona que cumple plenamente los requisitos del Objetivo 1 de los Fondos estructurales. 
Por consiguiente, las zonas afectadas pueden beneficiarse de las medidas de rehabilitación que están previstas en el programa operativo multifondo del Fondo de Desarrollo Regional Europeo. 
Por otro lado, también el FEOGA-Garantía puede contribuir con medidas en favor del desarrollo rural y contra el abandono de las tierras cultivables y ocuparse de la repoblación forestal. 
Y por último, también es posible que el Fondo Social pueda financiar actividades de formación profesional, sobre todo en materia de prevención. 
En lo que se refiere al Parque Nacional de Doñana, quiero señalar que, naturalmente, en este momento la Comisión está recibiendo información de las autoridades españolas y de las autoridades autonómicas en la parte que son competentes. 
En este sentido, se ha producido un primer contacto oficial recientemente, en Nueva York, entre la Comisaria, mi colega Bjerregaard, y la ministra española, Sra. Tocino, aprovechando la reunión sobre desarrollo sostenible. 
La respuesta que les puedo dar respecto a lo que se puede hacer es que, efectivamente, la zona cercana del Parque Nacional de Doñana que está afectada por el desastre también se encuentra dentro del Objetivo 1 del FEDER. 
Aunque hay que tener en cuenta que- y nos gustaría hacer esta precisión muy claramente en el caso de Campania y en el caso de Doñana- debido a la ausencia de línea presupuestaria para las catástrofes naturales puede surgir la tentación permanente de, siempre que se produzca una catástrofe, recurrir al FEDER, pero que éste no está preparado reglamentariamente para ayudas de urgencia. 
Quiero dejarlo claro. 
No obstante, sí se puede, como decía el Sr. Valverde, hacer un ejercicio inmediato de reprogramación de modo y manera que se dé prioridad a los desastres que se han causado en el entorno del Parque Nacional de Doñana. 
Eso sí es posible hacerlo y la Comisión, de hecho, ya está en contacto con las autoridades españolas y las autoridades de la Junta de Andalucía para realizar este ejercicio, y se han intercambiado la última semana cartas con este fin. 
En consecuencia, será posible también dar respuesta a esta situación. 
En lo que se refiere a una de las enmiendas que ha sido defendida por la Sra. Laura González, quisiera decirle lo siguiente: el sistema de queja es siempre un procedimiento contradictorio y no solamente en el caso de Doñana o de Campania. 
En consecuencia, en el caso de Doñana, como en cualquier otra queja que se abra en el procedimiento comunitario, la Comisión nunca la puede archivar unilateralmente. 
Es siempre a través de un procedimiento contradictorio. 
Y lleva usted razón en su observación. 
Hubo una queja que se depositó por parte de la organización que usted señalaba. 
La Comisión dio traslado al Gobierno español de esta queja, y el Gobierno español respondió el 31 de enero de 1997 diciendo las medidas que había tomado. 
La Comisión trasladó la respuesta del Gobierno español al demandante. 
El demandante se dio por enterado y, antes de proceder al archivo definitivo, que fue el 25 de marzo de 1997, el demandante que usted señalaba todavía tuvo dos meses, según el procedimiento comunitario, para reabrir el expediente. 
Nunca pidió la reapertura del expediente. 
Quiero decirle eso a título de información y para señalarle que, en el procedimiento comunitario, no se puede archivar ninguna queja si previamente no hay un procedimiento contradictorio, cosa que es lógica. 
El debate conjunto queda cerrado. 
A continuación votaremos sobre las cuestiones de actualidad y urgencia más importantes. 
Votaciones (continuación) 
Señor Presidente, para mi propia información le agradecería que me indicara si, con arreglo a los artículos relativos a las votaciones por 50 %, las votaciones nominales sobre problemas de urgencia y las votaciones nominales sobre el informe Pex cuentan para ese 50 %. 
Con esto acabamos las votaciones. 
El Informe Pex sobre la política de información de la Unión Europea preconiza con una sorprendente tranquilidad de conciencia que el objetivo de esta política es "sensibilizar al ciudadano europeo con respecto a la causa de la integración europea» (considerando A) , que su eficacia constituye" una condición sine qua non para la adhesión de la mayoría de los ciudadanos europeos al proceso de integración» (considerando B) , y que es necesario intensificarla " frente a los grandes retos que esperan a la Unión Europea en los próximos meses» (considerando C). 
Por nuestra parte vemos en ello todos los fundamentos, no de una política de información honesta, sino de campañas de propaganda tendentes a convencer a los ciudadanos de que no existe otra opción posible que las que para ellos han definido los eurócratas. 
Con nuestras enmiendas a este informe, que han sido rechazadas por el Parlamento Europeo, nosotros pedíamos que se elaborara por fin un código de buena conducta para definir, con respecto a los gastos de información, principios de transparencia, de neutralidad, de respeto del pluralismo y de asociación de los interlocutores. 
Este código debería comprender cuatro capítulos. 
En primer término, las campañas de información no deben interferir con las campañas electorales nacionales. 
No debería poder organizarse en ningún Estado miembro, durante los seis meses anteriores a un referendo o a unas elecciones legislativas, europeas o presidenciales, ninguna campaña de información financiada por la Unión o por organismos que ésta subvenciona. 
En segundo lugar, las campañas de información no deberían consistir en desarrollar unilateralmente una opinión particular sobre una tesis que no cuenta con la aprobación de todos. 
Las mismas deben permitir que se expresen todas las opiniones que reflejen las tendencias políticas representadas en el Parlamento Europeo. 
Las instituciones de la Unión, sus administraciones, sus oficinas de representación y agentes en el ejercicio de sus funciones deberían presentar siempre informaciones neutras y objetivas. 
En ningún caso deberían interferir, directa o indirectamente, en un debate nacional. 
Finalmente, un comité deontológico, formado por representantes de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo y por representantes de los Parlamentos nacionales, debería dar su opinión previa sobre las campañas europeas de información y conocer, concretamente, antes de ser difundidos, los mensajes informáticos, las comunicaciones radiofónicas y los anuncios publicitarios televisivos. 
En tercer lugar, las campañas de información deberían realizarse en estrecha asociación con todos los interlocutores. 
No se debería lanzar en el territorio de un Estado miembro ninguna acción sin el acuerdo previo de las autoridades de dicho Estado y sin que las mismas estén asociadas a su desarrollo. 
No debería efectuarse ninguna reunión pública en un Estado, en el marco de una acción de información de la Unión Europea, sin que se invitase a participar en ella a los diputados de todas las tendencias. 
Las obras, periódicos y documentos de cualquier naturaleza, editados por las instituciones europeas o por organismos vinculados contractualmente con éstas, deben conceder, si tienen que aludir a determinadas opiniones, un espacio equitativo a las diferentes tesis representadas en el seno del Parlamento Europeo. 
En cuarto lugar, las campañas de información deben atenerse a las normas sobre la transparencia de las financiaciones. 
Las instituciones europeas deberían publicar a finales de año, en documentos separados puestos gratuitamente a disposición del público: la lista exhaustiva de las acciones de información realizadas, mencionando sus referencias y costes; la lista exhaustiva de las organizaciones subvencionadas para las acciones de información, de comunicación y de educación, o que reciben subvenciones que puedan servir para este fin; la lista exhaustiva de los expertos que reciben diferentes formas de remuneración y que participan en campañas de información, cuando no figuren oficialmente como personal asalariado europeo. 
Para terminar, las instituciones europeas deberían rehusar financiar partidos políticos, en el plano nacional o europeo, o asociaciones vinculadas a estos partidos, aun cuando se tratase supuestamente de acciones meramente informativas. 
También deberían rehusar financiar o subvencionar acciones que podrían beneficiar a determinados partidos. 
El comité deontológico antes citado debería hacer todo lo que esté en sus manos, con una vigilancia particular, por el respeto de estos principios de transparencia. 
Si el informe se hubiese ocupado del problema esencial en relación con la falta de apertura dentro de la UE, habría sido un informe muy bueno y valioso sobre la política de información y comunicaciones de la UE. 
Sin embargo, se puede abusar de la información haciendo de ella un medio de poder en la sociedad y fácilmente se le puede reemplazar y usar como propaganda. 
Entre líneas se ve que ésta es la forma cómo se quiere que la información y la comunicación tengan lugar en el ámbito de la UE. 
Simplemente se quiere difundir la imagen de la infalibilidad de la UE. 
Obviamente que estoy de acuerdo en que las instituciones comunitarias deben ser más abiertas y menos burocráticas. 
Un buen comienzo habría sido la introducción del principio de la publicidad y de cuidadosos procedimientos de archivo y registro de correspondencia. 
Sin embargo, esto no está en el informe. 
Tomando en cuenta la situación en el pleno del Parlamento Europeo esta semana, en que hay propuestas para prohibir que equipos de televisión filmen durante las votaciones, queda claro que muchos quieren impedir, mediante la censura, que el debate político en el Parlamento Europeo llegue hasta los ciudadanos. 
Por el contrario, parece que lo que se quiere es que la comunicación se haga de antemano, a través de campañas de información orquestadas. 
Opino que éste es un camino erróneo. 
Muchos puntos del informe se refieren a que los ciudadanos están mal informados acerca de la forma cómo trabaja la UE y que por eso no son partidarios de ella. 
No son las instituciones en sí las que constituyen el problema principal sino que es su política la que ocasiona las críticas a la UE. 
Son dos cosas diferentes. 
Los socialdemócratas daneses nos abstenemos. 
1.La apertura ante el público y la prensa es mucho más importante que los folletos de las instituciones comunitarias.2.Las instituciones comunitarias son entidades independientes. 
La gente debe tener la posibilidad de poder distinguir entre el Tribunal de Justicia y el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
No debemos corroborar los prejuicios de muchos de que todo es la misma cosa.3.No debemos volver a tener material informativo conjunto para la Comisión y el Parlamento Europeo y dentro del Parlamento Europeo existen diferentes opiniones políticas que normalmente pueden ser subrayadas ante el público en general y los visitantes.4.Tampoco estamos a favor de la propuesta por la que se institucionaliza el grupo informal de trabajo sobre política informativa entre el Parlamento y la Comisión. 
El informe formula una política de información para la UE. 
La primera pregunta que nos hacemos es por qué se necesita una política de este tipo. 
¿No están satisfechos los ciudadanos con la Unión? 
El informe es totalmente inaceptable. 
En él se confunden información, comunicación y propaganda. 
Expresiones tales como que grandes grupos de población que " tienen sentimientos negativos hacia Europa» tienen que ser rectificados por medio de la información, nos traen desagradables recuerdos de la propaganda política de imperios fracasados. 
Es evidente que se necesita información, pero ella debe tener bases diferentes de aquellas que se contienen en el informe si se quiere que el recelo sea reemplazado por la confianza Por estos motivos he votado en contra del informe. 
El debate sobre la política de información vuelve puntualmente, como ocurre en cada legislatura en los últimos cuarenta años, sin que nunca, más que en un caso, se haya conseguido modificar sustancialmente la relación entre ciudadanos e Instituciones comunitarias o sensibilizar de un modo más intenso la opinión pública acerca de la actividad de esta Asamblea. 
El único caso en que dio resultados fue el de la campaña publicitaria multimedia, organizada conjuntamente por el Parlamento y la Comisión para preparar las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal directo. 
Con esto no quiero decir que las distintas acciones emprendidas de cuando en cuando hayan sido negativas. 
No obstante, quiero hacer dos observaciones: 
1.La actividad rutinaria de las dos Instituciones ha crecido enormemente. 
Las acciones contempladas han sido útiles, sin duda, porque han proporcionado más información. 
Sin embargo, creo que el nudo del asunto no está en la cantidad de información sino, más bien, en su calidad y en su capacidad intrínseca de convertirse en comunicación, es decir, de transmitir un mensaje para el " gran público» , o presentar la imagen positiva de la Institución, o incluso ilustrar metafóricamente una acción o una toma de posición. 
Un ejemplo emblemático de lo que afirmo nos lo ha ofrecido el programa de información para los ciudadanos de Europa (PRINCE).En mi región, a la que siempre presto una atención especial, el ciudadano común, el funcionario local o el mundo femenino, por ejemplo, no han tenido noticia de la existencia de este programa, aunque los datos informáticos que brindan los gestores del propio programa hayan sido satisfactorios. 
Pero si el gran público no se entera del mensaje, es porque no ha habido comunicación sino una información, que hasta puede ser perfecta, bien seleccionada, cuidada de un modo particular, pero sin que esto implique al ciudadano común. 
2.La segunda observación se refiere al problema de las sinergias que hay que concretar entre la Comisión y el Parlamento y dentro de la propia Comisión, entre las distintas Direcciones Generales y los diversos Servicios. 
En lo relativo al primer aspecto, es necesario que las dos Instituciones emprendan acciones de comunicación conjuntas, con el fin de maximizar los esfuerzos para la transmisión de mensajes dedicados a los objetivos comunes, como son el euro, la ampliación, el Acuerdo de Schengen, y demás. 
Las consecuencias del segundo aspecto están ante los ojos de todos. 
Casi todas las Direcciones Generales de la Comisión, además de la Presidencia, publican y difunden información. 
Probablemente sería más útil una coordinación, para evitar la dispersión y la distorsión de las noticias. 
El ciudadano se pierde entre los recovecos de las informaciones que se dan a conocer, y no sabe a quién tiene que dirigirse para profundizar en un tema u otro.Para terminar, diré que la mejor información, el mensaje más específico, la comunicación más clara provienen de la mejor política, del mejor funcionamiento, de la mayor eficacia y transparencia. 
El paro y la ampliación propagan la alarma y la inquietud. 
En estos problemas se debe concentrar intensamente no sólo la comunicación sino, sobre todo, nuestra voluntad política de solucionarlos. 
Como el Presidente me ha retirado la palabra al finalizar mi aportación al debate, quiero finalizar por escrito mi posición. 
He declarado que no tiene que brillar el "envoltorio» sino el" contenido». 
Si la política de comunicación de las instituciones se entiende solamente en el sentido de que su contenido solamente se modifica mediante un envoltorio brillante, no es acreedora al nombre de información sino que se trata de manipulación. 
Saludo con satisfacción la opinión del ponente de que este Parlamento debe tener total apertura y transparencia respecto a su forma de trabajar (punto E). 
Además, el ponente tiene toda la razón cuando escribe que las campañas de información no pueden ser tales que exclusivamente desarrollen una posición específica de una propuesta que no goza de aceptación general (punto H). 
Sería conveniente que las instituciones de la UE cumplieran con esto. 
No es especialmente modesto ni democrático que las instituciones de la UE hagan propaganda, con dinero de los contribuyentes, solamente para conseguir más poder para la UE, a favor de los Estados Unidos de Europa, de un mayor federalismo, de la adhesión a la UEM, etcétera. 
Hacer una campaña, por ejemplo con la figura del " capitán Euro» , para convencer acerca de los beneficios del euro, es menospreciar la inteligencia de los ciudadanos y su manera de formarse un concepto político. 
Muchos ciudadanos tienen claras aprensiones en contra de la UE. 
Más burocracia, mayor distancia entre los ciudadanos y sus representantes políticos y derroche del dinero de los contribuyentes hacen que muchos ciudadanos, con justa razón, duden de la UE como proyecto. 
El escepticismo de los ciudadanos en contra de la UE no se debe a ignorancia. 
Por el contrario, se debe a que consideran que no pueden influir en la organización y se debe a que temen que una UE federal llegue a ser profundamente antidemocrática y burocrática, dirigida por las fuerzas del mercado. 
Se trata de valoraciones políticas y no de ignorancia de quienes son contrarios a la UE. 
Si los responsables políticos de las instituciones comunitarias no comprenden esto, jamás se podrá perfilar una estrategia de información y comunicación que logre una comunicación en los dos sentidos con nuestros ciudadanos. 
En mi opinión, desgraciadamente faltan en el informe de Pex los criterios reseñados más arriba. 
Competencia en el transporte aéreo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (Doc.A4-0141/98) del Sr. Scarbonchi, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Consejo: 
I.por el que se modifica el Reglamento (CEE) No. 3975/87 por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo (COM (97) 0218- C4-0258/97-97/0137 (CNS) ); 
II.sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas en el sector de los transportes aéreos entre la Comunidad y los países terceros (COM (97) 0218- C4-0259/97-97/0138 (CNS) ) -Ponente de opinión: Sr. Ribeiro, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
El Tratado de Roma, mediante sus artículos 85 y 86, facilitó a la Comunidad el fundamento jurídico para evaluar las alianzas y las fusiones. 
El artículo 87 establece la aprobación de cualquier reglamento de aplicación necesario " para la aplicación de los principios» enunciados en dichos artículos. 
La legislación secundaria, acumulada con el tiempo, dota a la Comisión de la competencia y de los poderes para examinar aquellos casos en los que no se respeten las normas de competencia, pero excluyó, inicialmente, el sector de los transportes. 
Entre las medidas aprobadas en diciembre de 1987 con el primer paquete de liberalización, figuran los Reglamentos 3975 y 3976, aunque su ámbito de aplicación fuera limitado. 
El primero confería a la Comisión poderes para aplicar las normas de competencia en el sector de los transportes aéreos, para aplicar sanciones y conceder exenciones, únicamente en lo que respecta al tráfico entre Estados miembros. 
El segundo Reglamento permitió a la Comisión aprobar las exenciones por categorías para determinadas prácticas, pero según las condiciones descritas en el artículo 85 del Tratado. 
¿Cuáles son los objetivos de la propuesta de la Comisión? 
La Comisión considera que desde 1989 se han producido determinados hechos nuevos: la liberalización del mercado aéreo intracomunitario desde 1997; la fragilidad del aspecto exterior, que sólo se basa en acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y países terceros; y el futuro desarrollo de los acuerdos con los Estados Unidos y los países de Europa Central y Oriental, lo que exige más que nunca el establecimiento de un marco preciso frente a las incoherencias y al vacío actuales. 
Estos hechos vienen a añadirse a las razones aducidas en 1989 con respecto a la inseguridad jurídica de las compañías aéreas. 
Por esta razón, para mejor hacer frente al nuevo contexto reglamentario liberalizado, con el fin de proteger los intereses de los consumidores, de proteger a las compañías aéreas de pequeñas y medianas dimensiones y de garantizar una competencia equilibrada entre los operadores europeos o no europeos, la Comisión pide los mismos medios de actuación con respecto a los transportes ofrecidos entre la Comunidad y un país tercero que en las líneas comunitarias. 
La primera propuesta ampliará el ámbito de aplicación a todos los servicios de transporte aéreo, incluidas las rutas internacionales. 
Se ha añadido un nuevo artículo 18 bis con el fin de resolver cualquier conflicto jurídico con los países terceros, obligando a la Comisión a celebrar consultas con las autoridades competentes antes de decidir retirar una exención. 
Sin embargo, la red de acuerdos bilaterales de servicio aéreo entre los Estados miembros, los países terceros y las compañías nacionales representa un reto jurídico temible para las normas de una competencia homogénea y compatibles en el sector. 
Queda por ver cómo se establecerá en la práctica esta competencia contradictoria. 
Una segunda propuesta de reglamento de la Comisión tiene por objeto permitir eximir de la aplicación del artículo 85, durante un período de tiempo determinado, a ciertas categorías de acuerdos entre compañías, de decisiones de asociaciones de empresas y de prácticas concertadas en rutas aéreas internacionales. 
Las decisiones de la Comisión pueden referirse a la planificación conjunta, a la coordinación de la capacidad y de los horarios, así como al reparto de ingresos, a las consultas sobre el precio de los billetes, al reparto de períodos horarios y a la explotación de un servicio en común. 
Estas dos propuestas representan cambios importantes en lo que respecta a la aplicación de las normas de competencia de la Comunidad Europea en el sector de los transportes aéreos, en particular en su dimensión internacional. 
Estas propuestas mejorarán considerablemente las competencias de la Comisión en cuanto al control de las alianzas entre las compañías aéreas. 
A pesar de las reservas expresadas por varias compañías, la Comisión, desde ahora, puede reclamar la competencia, en virtud del artículo 89 del Tratado- y tiene incluso la obligación de hacerlo en su calidad de guardiana de los Tratados encargada de aplicar el derecho comunitario al respecto-. 
La ventaja principal de nuestras propuestas para todas las partes afectadas- compañías aéreas, gobiernos, gabinetes jurídicos, Comisión Europea y, naturalmente, pasajeros- será facilitar garantías jurídicas uniformes en toda la Unión Europea y favorecer, en el seno de la Unión, la posición de las compañías de trasportes de la aviación civil. 
Entre las enmiendas propuestas, el objetivo de las tres enmiendas principales aceptadas por la Comisión de Transportes, las enmiendas 4, 5 y 6, es dotar de una mayor coherencia a la reglamentación comunitaria, recogiendo la formulación y la ampliación del reglamento relativo a la aplicación de las normas de competencia al sector de los transportes marítimos. 
La enmienda 4 delimita la competencia de la Comisión, que sólo puede aplicar las normas de competencia al tráfico que depende de un aeropuerto comunitario. 
Esta enmienda clarifica el ámbito de competencias de la Comisión, que no tendrá jurisdicción en el caso de una alianza o de un acuerdo comercial entre dos compañías no europeas, y que no afecte al tráfico aéreo comunitario. 
El objetivo de la cuarta y quinta enmiendas es clarificar el procedimiento aplicable en caso de que los acuerdos bilaterales entre dos compañías (una de la Unión y otra de un país tercero) estén en conflicto con las normas de competencia de la Comunidad Europea. 
La presente propuesta de reglamento especifica que, en caso de conflicto, la Comisión debe consultar a las autoridades competentes del país en cuestión. 
Con respecto a las enmiendas 1 y 3, que proponen nuevos considerandos referentes a la seguridad aérea, a los servicios públicos y comerciales, me opondré a ellas en la votación. 
Las acepto porque el sentir que se expresa es compartido por todos, aunque jurídicamente no me parecen realmente adecuadas en el contexto de estos dos reglamentos. 
Para concluir, diré dos palabras sobre las tres enmiendas presentadas por el Grupo del PPE. 
No soy favorable a las mismas porque van en contra del interés europeo, del interés de los consumidores, del espíritu de competencia leal que debe animarnos, en todo caso en este sector del tráfico aéreo. 
Las compañías aéreas se oponen a este reglamento ya que piensan que es contrario a sus propios intereses, al existir la posibilidad de que las autoridades " anti-trust» de la Comisión Europea persigan de pleno derecho cualquier acuerdo entre las compañías aéreas de la Comunidad Europea y un país tercero cuando las prestaciones sean contrarias a las normas de competencia. 
Pido, por lo tanto, a mis colegas que no desaprovechen esta nueva oportunidad para dotar a la Comisión de procedimientos y poderes claros y no equívocos a fin de garantizar la aplicación uniforme de las normas de competencia en toda Europa, independientemente de la compañía aérea o de la alianza de que se trate. 
Estas son las razones, queridos colegas, por las cuales presentamos estas propuestas, que han sido votadas y aprobadas por la Comisión de Trasportes y Turismo. 
Señor Presidente, como encargado de redactar la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, tengo la satisfacción de haber participado en este trabajo, del que felicito al Sr. Scarbonchi. 
Esa satisfacción es el resultado de que hayamos podido contribuir a que se incluyan o refuercen en la propuesta que se presenta al Pleno algunos aspectos de los transportes aéreos que consideramos de la mayor importancia y que son siempre de referencia pertinente cuando se proyectan modificaciones en los reglamentos relativos a normas de competencia y a acuerdos y prácticas concertados. 
Nos referimos a la cuestión de la seguridad que, en ese tipo de transporte, se debe considerar prioritaria en el marco de las normas comunitarias e internacionales de la competencia. 
Nos referimos también a los llamados servicios de interés general, amparándonos en el artículo 7 D del Tratado en proceso de ratificación, por considerar que en el caso de las regiones periféricas e insulares, en particular las Azores, las Canarias y Madeira, se deben abordar los servicios de transporte aéreo como servicio publico. 
Nos referimos también a las preocupaciones y la prevención de los efectos que las transformaciones en curso y la liberalización en el mercado comunitario de la aviación pueden tener en el plano del empleo y de los derechos de los trabajadores del sector, así como de los usuarios, con atención particular a la situación de las compañías de pequeña y mediana dimensión. 
Nos referimos también, por último, al ámbito de los reglamentos que se proponen, que deben ser aplicables a los transportes con origen o destino en uno o más aeropuertos del espacio comunitario, así como a los procesos de consulta y resolución de posibles conflictos normativos, que no deberán excluir de la participación a representantes de los Estados miembros interesados. 
Señor Presidente, el transporte aéreo es un sector esencial en plena expansión; cada año es mayor el número de personas que toman el avión. 
Gracias al incremento de la competencia, el importe de los billetes en la Unión Europea- al menos en algunas rutas- sigue bajando y cada vez son más numerosas las personas que pueden volar. 
Nuestra obligación es proteger los intereses de los pasajeros procurando que haya cada vez más compañías de aviación pequeñas que se establecen y que se amplían y oponiéndonos a que las grandes compañías de aviación dominen enteramente el mercado y supriman toda competencia. 
Por eso tenemos que esforzarnos por conseguir que, en las zonas en las que el transporte aéreo es un medio esencial de transporte, las posibilidades de transporte aéreo no queden eliminadas o perjudicadas por una competencia excesiva. 
En mi opinión, hay que felicitar a la Comisión por los esfuerzos que ha desplegado a fin de convencer a los Estados miembros de que anulen sus acuerdos bilaterales y permitan que la Comisión negocie en nombre de toda la Comunidad Europea. 
Por lo tanto, en nombre del Partido de los Socialistas Europeos, tengo el placer de brindar nuestro apoyo esta noche al ponente. 
La Comisión posee facultades en esas esferas que, en nuestra opinión, son convenientes y es necesario que ampliemos. 
Las enmiendas del Sr. Jarzembowski en nombre del Partido Popular Europeo parecen respaldar el enfoque comunitario más bien que el enfoque a base de Estados miembros individuales, pero estimamos que tendrían el efecto contrario. 
La finalidad de las enmiendas, en nuestra opinión, circunscribe la competencia de la Comisión a aplicar normas de competencia a su derecho a negociar acuerdos. 
Estimamos que eso no es aceptable. 
Un efecto, por ejemplo, sería la omisión de las rutas del Atlántico. 
De hecho, en el informe de mi amigo y colega- me refiero al informe del Sr. Seal sobre los efectos del tercer paquete de liberalización- se indica que sigue habiendo una serie de obstáculos que evitarían el ingreso de nuevas líneas aéreas. 
Esos obstáculos afectarían a esferas como la asignación de pistas de embarque y desembarque y determinadas alianzas entre redes de compañías. 
Por eso no estamos de acuerdo en que el Sr. Jarzembowski tiene razón cuando se esfuerza por limitar la aplicación por la Comisión de normas de competencia a su actual mandato. 
El Sr. Jarzembowski sabe muy bien que eso limitaría la capacidad de realizar progresos a Suiza y a los países de la Europa central y oriental, cosa que todos lamentaríamos. 
En consecuencia, apoyamos las demandas de la Comisión de que se le den más derechos para negociar, por ejemplo, los acuerdo de cielos abiertos. 
Toda limitación del actual mandato de la Comisión está en contradicción con nuestra petición de promover la ampliación de dicho mandato. 
Para acabar, estimamos que el ponente- y también la Comisión- merecen que les apoyemos a mejorar la aviación en la Unión Europea y en otros lugares, porque estimamos que sus propuestas conseguirán que haya una competencia leal, serán positivas para el consumidor y serán buenas para las compañías de aviación competitivas. 
Se las recomiendo al Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en el Grupo del Partido Popular Europeo nos parecen en principio correctas las propuestas de la Comisión de ampliar las normas de competencia en el tráfico aéreo a las relaciones con terceros Estados, ya que la regulación interna y externa están vinculadas entre si materialmente y esto hace necesario una regulación unitaria. 
Pero la Comisión intenta dar en parte el segundo paso antes que el primero, pues sólo cuando el Consejo haya transmitido totalmente a la Comunidad la competencia para la conclusión de acuerdos de tráfico aéreo con terceros Estados- lo que apoyamos como Grupo del Partido Popular Europeo -, será entonces oportuno transmitir a la Comunidad las atribuciones en exclusiva para las normas de competencia en las relaciones con terceros Estados. 
No se puede dar el segundo paso antes del primero. 
¿Está dispuesto el Consejo- pregunto al Gobierno británico e indico al Sr. Watts que hable con el Sr. Prescott -, está dispuesto su Gobierno a transferir la competencia a la Comunidad? 
Creemos que ante la complicada situación del tráfico mundial sería adecuado que la Comunidad regulase en nombre de todos los Estados miembros el acuerdo sobre tráfico aéreo. 
Pero el Consejo no está dispuesto a ello ni tampoco he visto que la Presidencia británica haya presentado la correspondiente propuesta en el Consejo de Ministros de Transporte. 
Desde hace años, la Comisión está pidiendo que se le transmitan las competencias, pero la Presidencia británica tampoco lo ha hecho. 
Pero si se niega esto a la Comisión, entonces tampoco se podrán ampliar las normas de competencia a las relaciones con terceros Estados porque se intensificará aún más el cruce de competencias de la Comunidad y de los Estados miembros en perjuicio de las compañías de navegación aérea. 
Esto no lo queremos. 
Señor ponente Scarbonchi, si, tal como nosotros hacemos, la AEA apoya estas enmiendas, tiene que ser en interés de las compañías de navegación aérea europeas pues sabe lo difícil que es llegar en la AEA a un acuerdo, ya que normalmente la British Airways, KLM, Sabena y Lufthansa prefieren combatirse. 
Pero si la AEA llega a un acuerdo común, hay muchos indicios de que sea correcto. 
Por ello, rogamos a los demás grupos políticos que apoyen nuestras tres enmiendas. 
Señor Comisario, en este contexto le rogaría nos proporcionase informaciones más exactas sobre las decisiones que piensa adoptar sobre el acuerdo de cooperación entre British Airways y American Airlines. 
Apoyamos sus esfuerzos para que esto se haga solamente bajo unas condiciones que reduzcan la posición dominante de las dos empresas en el transporte trasatlántico de y a London Heathrow y que creen unas condiciones de competencia leal en las rutas trasatlánticas. 
Señor Comisario, usted se ha decidido ahora de repente a revisar las alianzas existentes y también las nuevas, para comprobar hasta qué punto están permitidas según el derecho de competencia. 
Lo consideramos positivo, no nos preocupa en absoluto. 
Por el contrario, creemos que hay que revisar unitariamente las alianzas. 
Hoy o la próxima semana- tal como ha anunciado en la Comisión de Transportes y Turismo- debería presentar sus directrices sobre la valoración y trato a dar a las alianzas de tráfico aéreo y discutirlas con nosotros. 
Sabemos que el derecho de competencia es su campo, pero creo que sería importante debatir sobre las directrices. 
Tengo un cierto temor sobre lo que haga para lograr reducir o impedir las distorsiones de la competencia. Señor Comisario: queremos abrir el mercado a la competencia entre las compañías de navegación aérea. 
No queremos bajo ningún concepto sustituir la competencia- que puede ser defectuosa- por intervenciones del Estado. 
Pero, sobre todo, no debemos distorsionar la competencia con injerencias del Estado o incluso con reglamentaciones que parcelen el mercado. 
Por ello, señor Comisario, estamos muy interesados en ver si nos puede usted decir algo sobre cómo quiere formular sus principios. 
Por lo demás, en la mayoría de los casos estamos detrás de usted, al contrario que el Consejo. 
Señor Presidente, a la hora de revisar las alianzas de compañías de navegación aérea, la Comisión Europea no debería perder de vista la competitividad a nivel mundial de estas empresas europeas. 
Las alianzas estratégicas representan hoy un medio esencial para fortalecer la competitividad global de la navegación aérea europea. 
Por ello, nuestras líneas aéreas deberían ser apoyadas en este proceso de reestructuración por las autoridades. 
Lamentablemente, con frecuencia no se puede hablar de un apoyo sino que se les imponen unas condiciones muy costosas para la autorización de alianzas, como la supresión de " slots» o la limitación de frecuencias. 
La Comisión solamente debería intervenir allí donde se produzca realmente una violación del derecho de competencia. 
En su política de competencia, no debe iniciar acciones cuyas repercusiones perjudiquen a la economía de la navegación aérea europea y que puedan poner en dificultades en especial a las pequeñas compañías europeas. 
Señor Presidente, Señorías, la liberalización de los transportes aéreos, concluida en abril de 1997, con la introducción del derecho de cabotaje, provocó una profunda modificación, con lo que ese sector pasó también a funcionar de acuerdo con las reglas del mercado. 
Ahora bien, conviene recordar que en la legislación comunitaria existe un conjunto de cláusulas que garantizan a los Estados miembros y a la Comisión la posibilidad de intervenir para afrontar determinadas situaciones y necesidades. 
En ese sentido, y teniendo en cuenta la importancia del sector para la economía europea, para el empleo y para las vinculaciones internas e intraeuropeas y que el transporte aéreo desempeña un papel relevante en el fortalecimiento de la cohesión económica y social, al permitir enlaces rápidos entre las regiones y, muy en particular, el acceso a las regiones periféricas insulares, la legislación comunitaria consagró la posibilidad de que se impusieran obligaciones de servicio público y se concertasen acuerdos de explotación conjunta entre compañías áreas para garantizar dichos enlaces. 
Pese a lo antes expuesto, en algunos casos no se ha cumplido con dichas obligaciones por conflictos laborales, entre otras causas, con lo que se ha puesto en entredicho la libertad de circulación desde esas regiones y hasta ellas y la cohesión económica y social. 
Me refiero concretamente a los acontecimientos que frecuentemente, y hace aún muy pocos días, afectaron a las regiones ultraperiféricas de Madeira y las Azores. 
Así, pues, creo que una compañía aérea que tiene la exclusividad de una ruta determinada a consecuencia de un servicio público y que para ello recibe una compensación financiera por el Estado, en pro de los intereses de la cohesión económica y social y de la accesibilidad de dicha región, ha de prestar esos servicios y servir a esas regiones de forma correcta y profesional. 
En todo caso, creo que, independientemente de la actitud egoísta e incalificable de los pilotos que anteponen los intereses privados a los de las poblaciones y de los restantes trabajadores de la empresa, el Gobierno debería abrir el sector a la competencia entre las compañías aéreas, con los mismos requisitos de calidad y seguridad y los mismos apoyos financieros a fin de compensar a los habitantes de las islas por el aislamiento y la distancia. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como ustedes saben, es para mí un gran placer presentarme ante ustedes. 
Hoy mi intervención concierne dos propuestas legislativas que la Comisión les ha sometido hace alrededor de un año, así como, naturalmente, al Consejo de Ministros. 
Nuestra intención es aplicar directamente las normas de competencia, es decir, los artículos 85 y 86 del Tratado al sector de los transportes aéreos entre la Comunidad y los países terceros. 
Pero antes de efectuar algunas clarificaciones, desearía dar las gracias y felicitar muy cálidamente al ponente. No sólo ha realizado un excelente trabajo, sino que, además, ha redactado algunas enmiendas que la Comisión se congratula en recoger, puesto que mejoran el propio texto de nuestra propuesta. 
Además de mis felicitaciones al ponente, naturalmente, también felicito a la Comisión de Transportes y Turismo. 
Ya he tenido la oportunidad de presentar pormenorizadamente- en mis intervenciones ante la Comisión de Transportes y Turismo, en diciembre del año pasado y, por segunda vez, el 20 de abril de este año- el contenido de nuestra propuesta. 
Por lo tanto, no lo repetiré. 
Mientras tanto, el Comité Económico y Social, por su parte, se pronunció casi unánimemente en favor de nuestra propuesta. 
Además, me felicito de poder constatar que el proyecto de opinión que la comisión parlamentaria ha aprobado, al parecer por amplia mayoría, se pronuncia muy favorablemente sobre nuestras propuestas. 
Agradezco sinceramente por ello una vez más al ponente. 
Asimismo, la opinión emitida por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial se orienta en este sentido, y doy las gracias al Sr. Ribeiro por su trabajo. 
Como ustedes saben, señoras y señores, actualmente el Reglamento 3975 de 1987 determina los procedimientos de aplicación de los artículos 85 y 86 con respecto a las compañías aéreas, pero únicamente dentro de la Unión Europea. 
Cuando se concluyen acuerdos entre compañías aéreas de la Unión Europea y compañías norteamericanas, o de países terceros, se plantea un problema, porque la Comisión, a pesar de ser competente, ya que el artículo 89 nos da dicha competencia, no ha recibido el instrumento adecuado para gestionar este género de casos. 
Consecuencia inmediata de esta situación: procedimientos largos, difíciles, complicados, puesto que hay que tratar estos casos con las autoridades nacionales. 
Por ejemplo, tratamos el caso British Airways-American Airlines con las autoridades británicas, además de hacerlo con las autoridades norteamericanas, naturalmente. 
Lo mismo ocurre con el caso LufthanzaUnited-SAS. El Bundeskartellamt trata también el caso en cuestión, al igual que la Comisión, con los Estados Unidos. 
Por otro lado, les llamo la atención sobre el hecho de que el asunto puede complicarse más. 
Supongamos por un instante que el acuerdo entre Alitalia y KLM se cerrara. 
Las dos compañías tienen alianzas diferentes con las compañías norteamericanas. 
Será entonces necesario, sobre la base de nuestro Reglamento de 1987, examinar la alianza entre Alitalia y KLM y, sobre la base del Reglamento 95, las dos alianzas con compañías norteamericanas. 
¡Imaginen ustedes la complejidad que eso supone, ya que dos autoridades nacionales diferentes se ocuparán también del mismo caso! 
Por consiguiente, se dará usted cuenta, señor Jarzembowski, que es urgente que dispongamos de instrumentos adecuados, puesto que las alianzas son muy numerosas; no sólo las alianzas transatlánticas, sino también las alianzas con compañías asiáticas y demás. 
Por lo tanto, existe una gran necesidad de poder disponer de los mismos, en el interés de las compañías. 
Actualmente, no podemos remediar el hecho de que se pierda mucho tiempo. 
Ello obedece a que el procedimiento es demasiado complicado, demasiado largo, por falta de instrumentos adecuados que permitan tratar los casos con rapidez y de manera transparente, como ocurre con las cuestiones marítimas. 
No veo por qué no nos podríamos poner de acuerdo para dotar a la Comisión de estos instrumentos. 
Podemos preguntarnos la razón por la cual esto no ha sido posible. 
Y bien, porque algunas compañías aéreas no lo desean, y practican el lobbyng frente a su gobierno para que esto no ocurra. 
Es lo que sucede aún hoy. Lo lamento, ya que las compañías van en contra de sus propios intereses. 
Desearía ahora decir dos palabras sobre nuestra segunda propuesta, a la cual el Sr. Ponente ya se ha referido, es decir, las exenciones de grupos. 
En este caso la necesidad de dicho instrumento es cada vez más evidente también respecto al aspecto externo. 
Me permito, por consiguiente, insistir ante ustedes para que el informe del Sr. Scarbonchi sea aprobado- espero que por una amplia mayoría -, a fin de dar una señal clara y precisa al Consejo de Ministros, que, hasta ahora, se ha negado a tratar nuestras propuestas: o bien las ha bloqueado, o bien no las ha tratado debido a la presión de las compañías aéreas. 
Me referiré ahora a las enmiendas. 
He dicho hace un momento que la Comisión puede aceptar las tres enmiendas del Sr. Scarbonchi. Mejor aún, las recibimos complacidos, ya que mejoran el texto. 
Hay otras enmiendas, como la que trata sobre el servicio público, etcétera. Al igual que el ponente, pienso que las mismas cubren preocupaciones reales que hay que saber reconocer, pero que realmente no forman parte del debate de hoy. 
Por lo tanto, lejos de no admitir que existen buenas razones para no olvidarnos de ellas, desearía que se aceptara que estos elementos fueran separados del resto del debate, pero, naturalmente, tomo nota de ellos. 
En cuanto a las enmiendas del Sr. Jarzembowski, al igual que el ponente, no puedo aceptarlas. Señor Jarzembowski, las mismas tendrían por efecto bloquear aún más la situación, mientras que los problemas están ahí, son reales. 
Aun cuando avancemos, será necesario cierto tiempo para que el reglamento entre en vigor. 
Mientras tanto, se están tratando toda una serie de alianzas, y habrá otras. 
Por consiguiente, cuando más rápido dispongamos de estos instrumentos, mejor será. 
Ahora es necesario pronunciarse muy claramente sobre esta necesidad, sacar las consecuencias de ello, dar una señal firme al Consejo de Ministros. 
Eso es exactamente lo que esperamos del debate de ustedes y de la posición del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, termino aquí. 
Doy una vez más las gracias por el excelente trabajo del ponente y de sus colegas. 
He pedido al Sr. Comisario que nos diga algo más sobre el procedimiento que se va a aplicar a las alianzas de navegación aérea. 
Quizás pueda hacerlo por escrito o hablar próximamente conmigo al respecto. 
Tenemos poco tiempo pero creo que los principios rectores de los acuerdos de navegación aérea son una cuestión central, por lo que debemos estar más en contacto. 
Señor Presidente, pido disculpas, pero como me he dado cuenta que el tiempo pasaba, he concluido mi intervención. 
Naturalmente, señor Jarzembowski; pero lo mejor será, sin duda, que yo vuelva a su comisión, para hablar de ello pormenorizadamente. 
Estoy a su disposición, como de costumbre. 
Por otra parte, puedo informarle que muy probablemente la Comisión adoptará una posición formal sobre las dos alianzas y que volverá a tratar este asunto a mediados de junio. 
Si desean darme otra oportunidad, antes de esta fecha, para informarles más ampliamente, ello depende de ustedes. Estoy a su disposición. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Código de conducta para los sistemas informatizados de reserva (SIR) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (Doc.A4-0089/98) del Sr. Van Dam, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2299/89 relativo a un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva (SIR) (COM (97) 0246- C4-0418/97-97/0148 (SYN) ). 
Señor Presidente, Señor Comisario, estimados colegas, los Computer Reservation Systems, o sistemas informatizados de reserva- los llamaremos SIR de ahora en adelante- constituyen una parte relativamente desconocida, pero muy poderosa del transporte aéreo. 
Estas redes enormes y rápidas se encargan de la parte del león del volumen de negocios del transporte aéreo. 
El 85 % de las plazas de las líneas regulares se vende mundialmente por los cinco SIR privados. 
El SIR más antiguo, el SABRE, que fue desarrollado por American Airlines, tiene incluso más beneficios ahora que American Airlines misma. 
Las compañías que no participan en ningún SIR están muy limitadas en sus posibilidades de vender billetes. 
Los SIR ofrecen también a sus abonados- que son las agencias de viajes- y a los viajeros la ventaja de una rápida información y reserva. 
Hacen falta garantías para que el cliente reciba información objetiva cuando pregunta por las opciones en una agencia de viajes. 
Desde 1989 existen unos códigos de conducta europeos para garantizar esa objetividad. 
Los SIR y las compañías aéreas están obligados a una igualdad de trato de todas las partes implicadas. 
La propuesta de la Comisión Europea que debatimos ahora, pretende mejorar el funcionamiento de los códigos de conducta. 
Para ello incluye a los abonados, o sea las agencias de viajes, para fomentar la información veraz y evitar las reservas incorrectas. 
Un valioso elemento nuevo lo constituye la posibilidad de integrar en la oferta los productos de transporte ferroviario, en especial los trenes de alta velocidad. 
Me parece de gran importancia que los viajeros en las distancias cortas y medianas consideren de verdad la alternativa del tren. 
Volar cuesta mucha energía y contamina; razones de sobra para considerar coger el tren si la diferencia de tiempo no es demasiado grande. 
La inclusión del transporte ferroviario en los SIR debe realizarse con las condiciones necesarias. 
Las enmiendas 2, 4, 6 y 10 que se refieren a esto, pretenden la igualdad de condiciones entre los vuelos y los servicios de ferrocarril rápidos. 
Las compañías aéreas y sus alianzas mantienen la posibilidad de vender ellas mismas los billetes sin ofrecer información neutral. 
El viajero sí debe poder ver que compra en un servidor determinado, por eso la enmienda 1. 
Este principio se aplica en la enmienda 9 a Internet. 
Las posibilidades de reservar billetes a través de esa red mundial están creciendo rápidamente. 
Hojeando las páginas de Internet debe mantenerse visible quién es el que ofrece la información. 
Los SIR disponen de unas cantidades gigantescas de información sobre el mercado, entre las cuales las cifras de ventas de las agencias de viaje. 
Esta información la ofrecen de forma electrónica, pero como sólo ofrecen el paquete completo, solamente las compañías aéreas de fuerte capital pueden permitirse comprarlo. 
De este modo consiguen una ventaja en las negociaciones con las agencias de viajes. 
Estas quisieran disponer de algunas partes de la información, por ejemplo sólo las relacionadas con la región donde operan. 
La enmienda 7 abre esa posibilidad mediante una compra selectiva que así estaría al alcance del sector de los viajes. 
Un escollo en la tarificación actual es el hecho de que cada reserva suponga unos costes para la compañía aérea. 
La enmienda 8 lo limita a los trayectos para los que realmente se ha expedido un billete. 
La enmienda 13 procura que la vinculación entre el billete y el trayecto quede asegurada. 
La Comisión de Transportes propone en la enmienda 11 que se siga diferenciando si el viajero tiene que hacer transbordo, con un tiempo de espera o si el avión sólo hace escala. 
Viendo el conjunto quiero sacar las siguientes conclusiones. 
El código de conducta desempeña desde 1989 una función importante, pero había motivos para una mejora y una actualización. 
La propuesta de la Comisión contiene unas mejoras sustanciales que benefician sobre todo a los viajeros pero también a las agencias de viajes. 
La propuesta abre con razón la posibilidad de que se enfoquen los servicios de ferrocarril rápidos en distancias menos largas como alternativa a los viajes en avión. 
Para llevar a la práctica la alternativa del tren, se deben cumplir unas condiciones, como un acuerdo entre el SIR y la empresa ferroviaria. 
Para evitar que el cliente crea indebidamente que recibe una oferta neutral, debe mantenerse visible que hace una consulta en una compañía aérea determinada o alianza. 
Internet se está desarrollando como un nuevo canal de distribución de billetes de avión. 
Allí también debe mantenerse visible con qué vendedor ha conectado el cliente. 
Los SIR tienen una posición poderosa, tanto en el ámbito del marketing como en el ámbito de la información de marketing. 
No puede convertirse en una posición de monopolio de hecho porque solamente las compañías de fuerte capital pueden comprar esa información. 
La última conclusión: en el ámbito de la mejor información posible al cliente y de la lucha contra las reservas duplicadas o ficticias, puede haber algunas mejoras. 
Les estoy muy agradecido a la Comisión de Transportes y a todos los otros implicados por su colaboración. 
El Comisario Kinnock lamentablemente no puede asistir a este debate por la hora en el orden del día. Ha sido tan amable de escribir que mi informe le parece de muy alto nivel. 
En cualquier caso he intentado tratar este importante tema con el máximo rigor posible. 
Para ello me parece de gran importancia que el viajero en el futuro pueda optar conscientemente entre el avión y el tren. No sólo la competencia leal, sino también la protección de la naturaleza y del medio ambiente se benefician con ello. 
Señor Comisario, señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cuando antes se quería hacer un viaje, uno tenía que ir a una ventanilla. 
Entonces, allí uno tenía que hojear enormes mamotretos más o menos engorrosos y con más o menos éxito para llegar al objetivo buscado. 
Entretanto, el ordenador se ha hecho cargo de este trabajo aligerándolo considerablemente. 
Con esta nueva posibilidad técnica, tenemos la oportunidad de recibir una gran cantidad de informaciones así como una selección muy en el sentido de los consumidores, además a un precio más favorable. 
Sin embargo, debemos despedirnos de la creencia o esperanza de que el ordenador es siempre objetivo. 
No es así, estos ordenadores son una auténtica caja de trucos y entretanto hay muchos miles de personas que tienen solamente la tarea de manipular estos ordenadores en el sentido de uno u otro oferente. 
De este modo, no solamente las líneas aéreas sino también oficinas de viaje han intentado presentar a los clientes una objetividad tras la que en realidad sólo se encuentra la persecución de beneficios. 
Naturalmente, esta persecución de beneficios no es nada malo pero no ha aportado nada a los consumidores. 
Las propuestas presentadas, también las del colega van Dam, son muy razonables. 
También veo que en el modal split del viajero en el transporte por ferrocarril, necesitamos esta conexión para que sepamos pulsando sencillamente un botón qué es lo más favorable, más barato y también menos contaminante. 
Creo que diputados del Parlamento Europeo también se benefician de ello, si bien sólo de modo accesorio. 
Un último punto: hoy no se va a concluir la revisión de tales sistemas. 
Se tiene que repetir en intervalos regulares pues habrá sin duda algún que otro especialista que intentará eludir estas normas. 
Lo más importante es felicitar al ponente pues ha presentado un excelente informe que ha sido aprobado unánimemente en la comisión. 
Como algunos países se encuentran en precampañas electorales, es muy agradable poder decir que un informe ha sido aprobado unánimemente, pues era realmente objetivo. 
Señor van Dam, muchas gracias por su informe. 
La reforma del código de conducta es muy razonable pues refuerza la objetividad de las informaciones. 
Lo más importante es que se han añadido los trenes de alta velocidad para que el ciudadano pueda saber con qué ruta es más razonable tomar el tren que volar. 
Y esto es lo que queremos lograr en trayectos cortos: utilizar más el tren que el avión, para descongestionar el espacio aéreo y mejorar la protección del medio ambiente. 
Representa, pues, una gran ventaja. 
A diferencia de la Comisión, considero razonable la indicación de los vuelos code-sharing. 
Comparto aquí la opinión del ponente pues se ha acreditado en la práctica como positivo. 
Finalmente, me parece correcto que reunamos los tres actos jurídicos para que sean más fácilmente legibles y comprensibles para el consumidor. 
Por ello, la codificación es un asunto que debe perseguir la Comisión. 
Creo que podemos ser de una opinión: tenemos una buena propuesta, mejorada por las propuestas del colega. 
Espero que la Comisión las recoja. Entonces podremos estar todos contentos. 
Señor Presidente, para comenzar quisiera dejar claro que desconfío un poco de este tipo de reglamentaciones. 
Creo que dentro de la UE tenemos que cuidarnos de no regular en detalle con mucha frecuencia. 
Sin quererlo podemos crear una situación de mercado sin visión de futuro, en la que, con ayuda de la legislación, conservemos un orden de cosas establecido. 
Estoy convencido de que si la UE no se hubiese entrometido en el problema de los sistemas de reservas, el mercado habría resuelto esto automáticamente. 
Las agencias de viajes y las compañías aéreas son muy conscientes de que el servicio al cliente es una de sus principales herramientas de competencia. 
Ésta es mi posición de principios. 
Al mismo tiempo, también se puede comprobar que esto no es un fenómeno nuevo ya que el código ha existido desde 1989. 
Mi posición un poco más práctica respecto del informe es que deseo empezar felicitando al ponente por su excelente trabajo. 
A pesar de mi posición básica, opino que tanto la Comisión como van Dam han logrado encontrar un equilibrio extraordinariamente importante en esta materia. 
Opino que lo provechoso de este informe es que los ferrocarriles formarán parte del sistema de reservas. 
Tal vez no se piense mucho en ello en este contexto, pero éste puede ser uno de los pasos más importantes hacia la liberalización del sector de los ferrocarriles. 
En el futuro los ferrocarriles van a competir mano a mano con la aviación y los consumidores van a poder hacer muy claramente una elección entre el tren y el avión. 
Esto esta en concordancia con las empresas de ferrocarriles que en el futuro actuarán, en mucha mayor medida que hoy, en un mercado mucho más expuesto a la competencia. 
Un asunto primordial de este informe también tiene que ser el de las tarifas. 
Quiero subrayar que los ferrocarriles deberán solventar sus costes para participar en el SIR. 
No podemos subvencionar nuevamente los ferrocarriles sin hacerlo también con los otros medios de transporte. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme ante todo, en nombre de mi colega Neil Kinnock, felicitar al ponente Sr. van Dam por su informe. 
No sólo ha conseguido usted introducirse en los misteriosos tecnicismos del lenguaje de los sistemas informatizados de reserva, sino que también ha conseguido proponer una serie de enmiendas que mejoran sustancialmente la propuesta. 
Los sistemas informatizados de reserva son bases de datos de gran complejidad, utilizados para ofrecer a una amplia gama de abonados- agencias de viaje, operadores turísticos, hoteles, compañías de transbordadores y alquiler -, los medios para que accedan a la información sobre compañías aéreas y otros servicios y, al mismo tiempo, facilitar la reserva y expedición de billetes. 
A este Parlamento le interesará saber que los sistemas informatizados de reserva son considerados como los mayores usuarios mundiales de servicios informatizados, y ofrecen acceso instantáneo a los servicios de más de 140.000 agencias de viaje en todo el mundo. 
En la Unión Europea hay cuatro sistemas importantes, y uno de ellos tiene una cuota de mercado de más del 70 % en 10 de los 15 Estados miembros. 
Y naturalmente esta elevada concentración es la que ha provocado la inquietud de la autoridad legislativa. 
Pero la normativa comunitaria también permitió tratar de ello sobre la base del derecho de la competencia. 
Aunque el código ha funcionado muy bien, la revisión que hemos efectuado recientemente nos hace pensar que necesita algunas mejoras, a la vista de los últimos avances que se han producido con Internet o los trenes de alta velocidad. 
Y esta es la base de la propuesta de la Comisión para modificar el código y que el Sr. van Dam ha puesto de manifiesto en su informe. 
Como les decía al principio, la mayoría de las enmiendas propuestas van a modificar el texto vigente de forma muy constructiva. 
En consecuencia, la Comisión puede aceptar las enmiendas propuestas por el Sr. van Dam, en nombre de la Comisión de Transportes, salvo en dos puntos: 
Primero: la 2ª parte de la enmienda nº 8, que trata de la información sobre facturación en soporte magnético, en opinión de la Comisión, no podemos aceptarla. 
Por lo que se refiere a la información y los derechos, pensamos que todos los soportes de facturación deberían recibir el mismo trato, y la enmienda propuesta daría un trato diferente al soporte magnético. 
Además, entendemos que es superfluo proponer que a las compañías aéreas participantes no se les carguen derechos por reservas que han rechazado. 
Segundo: la enmienda nº 11, relativa a la clasificación de los vuelos, en opinión de la Comisión, tampoco puede ser aceptada. 
La Comisión proponía una nueva clasificación, con objeto de tener en cuenta los recientes avances en el sector de la aviación. 
Volviendo al antiguo sistema de clasificación, como pretendían su comisión y el Sr. van Dam, pensamos que no se tienen en cuenta estos cambios que se han producido en el sector de la aviación. 
Aparte de estos dos puntos, como le he señalado, la Comisión considera que el Sr. van Dam ha hecho un trabajo excelente y deseo felicitarle y también darle las gracias a la Comisión de Transportes y Turismo por la utilidad de sus trabajos sobre esta cuestión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Comercialización de las semillas- Aplicación del Reglamento (CE) No. 1467/94 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los dos informes siguientes del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural: 
Doc.A4-0128/98 sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifican las Directivas 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE y 70/458/CEE relativas a la comercialización de las semillas de remolacha, las semillas de plantas forrajeras, las semillas de cereales, las patatas de siembra, las semillas de plantas oleaginosas y textiles y las semillas de plantas hortícolas, y al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas (COM (97) 0403- C4-0459/97-97/0217 (CNS) ).-Doc A4-0129/98 sobre el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1467/94 del Consejo, de 20 de junio de 1994 (COM (97) 0327- C4-0492/97). 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, en el primer informe sobre la directiva relativa a la comercialización de las semillas de remolacha, las semillas de plantas forrajeras, las semillas de cereales, las patatas de siembra, las semillas de plantas oleaginosas y textiles y las semillas de plantas hortícolas, dicho algo más brevemente, la Ley sobre la comercialización de semillas, no hace mucho tiempo logramos introducir una modificación y mantuvimos un positivo debate con la Comisión. 
En aquella ocasión se trató de lograr una autorización simplificada de las semillas de conservación para intentar al menos limitar la erosión genética de las variedades de plantas útiles amenazadas. 
Ustedes saben que estas directivas de carácter agrícola se tratan de conformidad con el artículo 43 y que el Parlamento Europeo es solamente una instancia que debe ser oída. 
Si presentamos nuestras enmiendas sobre estas directivas y la Comisión afirma tras tomar nota de ellas que lamentablemente no puede recogerlas y luego votamos en la votación final sobre nuestra propuesta, nos quedaremos fuera de juego. 
El Consejo puede ignorar entonces en su resolución las indicaciones de fondo del Parlamento. 
Pero si mediante un modo procedimental logramos suspender la votación final y llegamos a un compromiso con la Comisión de modo que exista una posición común de la Comisión y el Parlamento, entonces- también según el artículo 43- tendremos una posición relativamente fuerte en el sector agrícola pues el Consejo solamente puede rechazar por unanimidad esta posición común. 
Pero la unanimidad en el Consejo es algo raro. 
Esto solamente ocurrió una vez cuando quisimos modificar el fundamento jurídico- señor Fischler, usted recordará que se trataba del etiquetado de carne de vacuno, cuando usted accedió al artículo 100a pero el Consejo se decidió luego unánimemente por el artículo 43, pero concluyó luego el asunto compromiso a compromiso sólo para lograr la unanimidad frente a la Comisión y al Parlamento. 
Espero que logremos también coincidencia en esta pequeña enmienda y lleguemos de este modo a un buen resultado, pues en esta ocasión no se trata de la autorización simplificada de semillas de conservación, es decir, de variedades antiguas, de variedades regionales, sino de un procedimiento simplificado en el reconocimiento de semillas certificadas o de semillas de base para la reproducción. 
La Comisión ha realizado durante algún tiempo ensayos y ha llegado al resultado positivo de que en el reconocimiento oficial pueden intervenir también peritos o inspectores externos, que sólo es necesario un control a un nivel superior por parte de instancias estatales en un marco determinado y que no se resienta por ello el reconocimiento de las semillas y la calidad que se certifica de este modo. 
Solamente hemos realizado unas pequeñas modificaciones. 
Por un lado, exigimos que se defienda a algunos de los que trabajan aquí. 
Se debe lograr mediante una mayor responsabilidad personal. 
Hemos realizado propuestas en la cuestión de cuántas reservas de plantas se deben inspeccionar realmente por el control oficial y qué debe ocurrir en caso de contravención. 
Sospecho que podemos ponernos de acuerdo con la Comisión. 
El Grupo de los Socialistas Europeos ha presentado una enmienda referente a la prestación de juramento, pero prefiero nuestras modificaciones aprobadas unánimemente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
El segundo informe que presento aquí está en relación con esta Ley sobre la comercialización de semillas. 
En una negociación de dos años con la Comisión podríamos lograr éxitos, sobre todo en la cuestión de la autorización de semillas que padezcan intensamente bajo la erosión genética. 
Se trata de un programa comunitario sobre el mantenimiento, descripción, recolección y empleo de recursos genéticos en la agricultura. 
El Parlamento propuso a la Comisión este programa en 1993 después de que en Río se constató que la biodiversidad es uno de los fundamentos esenciales de las posibilidades de civilización de la humanidad en este planeta. 
Así pues, tenemos en marcha un programa dotado con una línea presupuestaria que pretende dar cuentas sobre la variedad genética de las plantas y animales útiles en la agricultura. 
En este contexto, se deben hacer esfuerzos para garantizar no solamente la variedad genética- posiblemente, también la ampliación- con bancos de datos y de genes sino también para apuntar en la práctica agrícola a esta variedad genética. 
Lamentablemente, la Comisión ha iniciado este programa con algunos titubeos. 
De los 20 millones de ecus puestos a disposición en cinco años, se ha suspendido incluso totalmente la línea presupuestaria de 1997. Por lo visto, se debe a que no hay suficiente personal. 
Algo incomprensible, pues en otros campos hay personal que podría dedicarse a ello. 
Pero, por lo visto, este programa no es uno de los mascarones de proa de la DG VI. Espero que el Comisario me informe enseguida al respecto y me alegraría si me corrigiese. 
El programa tiene una considerable reputación en el contexto internacional. 
Cuando en 1996 se celebró en Leipzig una Conferencia de la OMS sobre la diversidad genética, la UE era la única región del mundo que pudo presentar un programa de este tipo. 
Fue interesante ver como se pavoneó hacia el exterior con razón la Comisión. 
Lo he apoyado en esta conferencia. 
Pero creo que entonces hay que extraer las necesarias consecuencias en el seguimiento y aplicación de este programa. 
Permítanme que añada una consideración: tenemos que interrelacionar más intensamente este programa con los programas que se deducen del Reglamento 2078 o con programas sobre un uso del paisaje compatible con el medio ambiente, de modo que se garantice esta conservación y apoyo in situ de la diversidad genética mediante estos programas. 
Y si dotamos a estos programas de un soporte económico, tal como se prevé en la Agenda 2000, en el sentido de una ayuda estructural y adoptamos las medidas para que los productos que son elaborados en base a una variedad especial de estos animales y plantas sean demandados como calidad especial en los mercados regionales, entonces surgirá una estabilidad que no se limitará- voy a decirlo drásticamente- a una conservación tipo museo de la variedad genética y a un jardín botánico perdido en el paisaje, sino que representará una base económica para las explotaciones agrícolas. 
Ante todas las posibles y necesarias medidas compensatorias, estoy convencido de que el núcleo de nuestros esfuerzos debe orientarse a asegurar la base económica de la actividad agrícola también mediante el empleo de variedades especiales en el mundo animal y vegetal. 
Sólo entonces tendremos a la larga la necesaria estabilidad. 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo quisiera felicitar la Sr. Graefe zu Baringdorf por sus dos excelentes informes. 
Hay muchas cosas que irritan a nuestros ciudadanos cuando tienen la impresión de que la Unión Europea está imponiendo nuevas normas o suprimiendo derechos antiguos sin justificación. 
Por lo general esas impresiones son erróneas: son resultado de una grave distorsión de los hechos, efectuada por nuestros periódicos sensacionalistas. 
Ahora bien, la propuesta de limitar la disponibilidad de variedades tradicionales de semillas, particularmente en el caso de las frutas y verduras utilizadas por jardineros aficionados así como las utilizadas comercialmente por pequeñas explotaciones agrícolas, ha originado una profunda oposición por parte de entidades tan conocidas y respetadas como la Asociación de Investigaciones Henry Doubleday. 
Se ha expresado reiteradamente la preocupación de que la gran riqueza de variedades que sigue existiendo en los países de la Unión Europea pueda quedar reducida como resultado de la política comunitaria oficial a unas cuantas variedades corrientes de semillas en toda Europa. 
Por eso el Grupo Socialista acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de facilitar la inclusión de nuevas especies en la lista de especies reconocidas. 
Los agricultores comerciales también están preocupados por la posibilidad de que puedan salir perdiendo y de que se les obligue siempre a adquirir un número limitado de variedades de semillas caras en las grandes compañías de producción de semillas. 
Represento en mi circunscripción a algunas de esas compañías y reconozco el valor del trabajo que realizan para crear variedades de semillas y cultivos resistentes a las plagas, que estén especialmente adaptadas a climas y terrenos determinados. 
Ahora bien, hay que encontrar el debido equilibrio entre sus intereses, los intereses de los cultivadores comerciales y no comerciales, y la necesidad de certificar las semillas para fines de conservación, es decir, las semillas de plantas que son útiles para la biodiversidad. 
Las propuestas de la Comisión en favor de simplificar el proceso de inspección de esas semillas deberían recibir en principio buena acogida, pero el Grupo Socialista comparte las inquietudes del ponente y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en su conjunto, que estiman que debería haber salvaguardias adicionales para asegurarse de que las inspecciones son efectuadas por personal imparcial y cualificado. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el Sr. Graefe zu Baringdorf ha dicho ya algunas cosas sobre las vías decisorias. 
Yo quiero limitarme a las cuestiones relacionadas con las semillas y a la comercialización de las semillas. 
Sabemos que las semillas son un importante elemento para la agricultura y que constituye también la base para la producción de alimentos. 
El suministro de unas buenas semillas es también condición previa para el aseguramiento de la alimentación. 
A su vez, la calidad de las semillas determina también- además esencialmente- la calidad de los alimentos que se van a elaborar más adelante, en gran medida independientemente de los pasos de elaboración. 
Por estos motivos, el control de las semillas y plantas cobra una gran importancia. 
En la mayoría de los países estamos hoy acostumbrados a que el reconocimiento de las semillas lo realice sobre todo la administración pública, lo que hace que este control sea algo engorroso. 
Ante este trasfondo, la Comisión ha presentado esta propuesta para simplificar los controles. 
El fortalecimiento de la propia responsabilidad en este sector tiene una gran importancia. 
Se debe incluir a los criadores y reproductores más intensamente en este sistema de reconocimiento. 
La simplificación es algo deseable. 
Simplificación significa también que inspectores no oficiales puedan realizar los controles prescritos. 
Naturalmente, en este contexto los empleados de las empresas semilleras deben desempeñar un papel especial, lo que ha subrayado el Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Están predestinados a aportar sus conocimientos y pericia especialmente en los controles. 
No obstante, existe el peligro de conflictos de intereses que hay que prevenir. 
En total, el Grupo del PPE puede aceptar el informe. 
Contiene los necesarios complementos. 
Señor Graefe zu Baringdorf, muchas gracias, en especial por su tenacidad. 
Señora Presidenta, quiero felicitar en primer lugar al Sr. Graefe zu Baringdorf por su primer informe en cualquier caso, que es excelente. 
Estoy de acuerdo en que debe haber un control que pueda garantizar que las semillas que se pongan a la venta tengan la calidad apropiada y cumplan los requisitos. 
Mi pregunta al señor Comisario es: ¿Puede ahora una empresa de semillas realizar sus análisis en cualquier lugar de Europa, siempre que el laboratorio esté reconocido? ¿Es verdad que no sólo son los propios laboratorios nacionales homologados, los que pueden realizar estos análisis como ciertos países pretenden? 
Un par de observaciones sobre la diversidad de nuestras semillas. 
Me distancio algo de las declaraciones del Sr. Graefe zu Baringdorf, pues si se desea un mercado de semillas, uno está entonces obligado a tener una cierta calidad y se debe velar cuidadosamente por que la semilla a la venta tenga también la cualidad que se pretende. 
De ahí que se deba ser prudente con la gran diversidad que hay. 
Debe cuidarse de que todo lo que hay en los bancos de genes no salga a la venta y arruine nuestros mercados, tanto el mercado mundial como el mercado europeo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el objetivo de uno de los dos reglamentos, que hoy debatimos en el marco del informe del Sr. Graefe zu Baringdorf, es coordinar, apoyar y promover, en el plano comunitario, las actividades de conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario. 
Estos recursos genéticos están constituidos por el conjunto de las variedades vegetales y animales tradicionales, que corresponden, en general, a zonas geográficas o a regiones concretas. 
Los mismos representan una gran variedad, una gran diversidad de patrimonios genéticos, de plantas o de animales rústicos y robustos, y están, en todo caso, mucho mejor adaptados a la instauración del desarrollo sostenible en agricultura, que muchos de nosotros defienden, mejor adaptados que algunas nuevas creaciones- me refiero sobre todo a los organismos modificados genéticamente -, cuyo único objetivo es conseguir una rentabilidad siempre mayor y, no nos engañemos, un aumento de los beneficios para algunos grandes grupos industriales. 
El informe del Sr. Graefe zu Baringdorf, que nosotros aprobamos y a cuyo autor felicito, de paso, en nombre de mi Grupo, subraya, con razón, el interés que para nosotros reviste el hecho de proteger variedades de especies vegetales o animales, para conservar genes que podrían ser útiles respecto a la agricultura del futuro. 
Este informe también subraya- más indirectamente, pero lo hace- el papel del servicio público comunitario de esos bancos y redes de conservación, lo que, a priori, es una buena cosa. 
Dicho esto, no puedo dejar de pensar que con la protección legal de las invenciones biotecnológicas, que el Parlamento aprobó el pasado martes, asistiremos paradójicamente a la vez a la comunitarización de las cargas financieras relacionadas con la conservación de los genes y, a través de las patentes tecnológicas, a la privatización del beneficio sacado de estos mismos genes que se habrán conservado gracias al dinero del contribuyente europeo. 
Pero pensarán, sin duda, que soy malintencionada. 
Señora Presidenta, para empezar quisiera felicitar al ponente por sus dos informes. 
No hay duda de que nos están dando mucho que pensar. 
Algunos casos planteados en mi propia circunscripción me impulsan a decir que tenemos que producir semillas de la máxima calidad. 
Para conseguirlo tendremos que instituir firmes medidas de inspección in situ. 
A nadie le gustan las medidas de inspección, pero es la única manera de que el control se pueda llevar a cabo debidamente. 
Tenemos, pues, que contar con medidas de inspección, pero es preciso que no sean excesivamente burocráticas, porque ese es uno de los problemas que más molesta a los agricultores. 
Las medidas tienen que estar estructuradas de forma que obtengan la confianza no solamente de los productores sino también de todos los que participan en la industria. 
Tenemos que velar por que haya un equilibrio entre los productores comerciales y los productores no comerciales. 
Tengo la convicción de que el muestreo aleatorio es algo que no nos queda más remedio que admitir en nuestra vida. 
Es un concepto que no es agradable ni fácil, que suscitará objeciones entre algunos, que no gustará a otros, pero que forma parte de la vida; así son las cosas a veces. 
Tenemos que dar pruebas de sensibilidad respecto de las necesidades de los productores de semillas, y por eso insto a que este reglamento concreto se promulgue y cumpla de forma cuidadosa y sensible. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, me felicito de que la Comisión simplifique el procedimiento de certificación de las semillas destinadas a la reproducción. 
Será preciso que, a través del ejercicio serio de los controles de que son responsables, los Estados demuestren ser dignos de la confianza que los demás Estados y la Comisión, garante de los Tratados, han depositado en ellos. 
Es necesario que a través de un ejercicio absolutamente correcto de los diversos controles nos quitemos de encima, por fin, la fobia de los fraudes de todo tipo, que, como un cáncer, minan la confianza en nuestra Europa en construcción. 
A menudo se oye decir que Europa se ocupa " demasiado» de todo. 
Yo considero que Europa desempeña su papel de responsable, garantizando el control de la conservación y de la protección del patrimonio mundial común, como son las semillas. 
Además, en los decenios y los siglos venideros, estas semillas deberán servir de patrón de referencia para remediar ciertas desnaturalizaciones de las especies vegetales que habrán sido sometidas a manipulaciones genéticas y respecto de las cuales no se pueden prever los efectos nefastos o perversos que, en ciertos casos, podrían tener dichas prácticas, que no son siempre necesarias para el bienestar de la persona. 
Una vez más, habrá que estar vigilante para no permitir que algunos errores se vuelvan irreparables, por falta de precaución. 
Por lo tanto, nos incumbe a todos los responsables ser claros en los inventarios y en la gestión de las muestras, con el fin de no olvidar ninguna especie de base ni variedad primaria de estas especies. 
Señora Presidenta, señor Comisario, creo que con este gran informe estamos en la buena vía. 
Señora Presidenta, antes que nada quisiera dar gracias al ponente y también a la Comisión por haber planteado de nuevo esta cuestión. 
Es importantísimo que preparemos un inventario actualizado del estado y la naturaleza de la base de recursos genéticos en la agricultura. 
También es necesario que conservemos y protejamos esos valiosos recursos de semillas y de animales. 
Muchas variedades de semillas, cereales y vegetales, no son ya de uso cotidiano. 
Tenemos que hacer todo lo que podamos por protegerlas y conservarlas por si en el futuro hubiera que utilizarlas. 
Permítanme que les dé el ejemplo del actualmente famoso Banco Internacional del Arroz, en el que las investigaciones sobre cruces de muchas variedades de arroz locales o que ya no se usan ha permitido desarrollar una nueva variedad que en la actualidad mejora el rendimiento en un 700 %. 
Otras posibilidades análogas se aplican a los animales. 
Por ejemplo, algunas especies raras de ganado, casi desaparecidas, pueden ofrecer características de resistencia a las enfermedades y de mejora de la producción de alimentos cuando se las cruza con otras especies convencionales. 
O sea que tenemos que invertir esfuerzo y dinero, no solamente para llevar registros y efectuar inventarios, sino también para constituir bancos de genes y para conservar lo que todavía poseemos. 
Además, habrá que alentar a las personas interesadas a que sigan criando esos animales raros. 
Esto requerirá apoyo financiero, pues esa actividad es un trabajo desinteresado que no se hace pensando en el dinero. 
Para acabar, en mi opinión uno de los aspectos más importantes de la conservación de semillas y animales son las posibilidades cada vez mayores en la esfera de la biotecnología que esos recursos genéticos pueden proporcionar para beneficio absoluto de una población mundial en rápida expansión, gran parte de la cual ya está subalimentada en muchas regiones del hemisferio meridional. 
La investigación a través de la biotecnología nos proporcionará también semillas y plantas que puedan sobrevivir y ser productivas en zonas áridas y estériles de suelo poco profundo y temperaturas por encima de lo normal. 
La investigación biotecnológica tiene que continuar y hay que dotarla de los recursos financieros adecuados. 
Señora Presidenta, me gustaría comenzar dando las gracias al señor ponente por su acertado informe. 
Es importante que sean diseñadas normas comunes para el campo de la certificación, tanto en lo que se refiere a los tipos de semillas como a las estructuras de control. 
Debe garantizarse con todo que no se pierda la confianza en el sistema de certificación permitiendo que todo lo comprendido entre cielo y tierra pueda ser certificado. 
En primer lugar, será demasiado caro, puesto que el proceso de certificación de nuevos tipos de semillas es tan lento como costoso. 
Los tipos de semillas que vayan a certificarse deben poder ser utilizados para el cultivo. 
En segundo lugar, el tiempo de tramitación de una certificación se verá prolongado de manera innecesaria si todos los tipos de cereal silvestre deben ser certificados. 
El propósito de una certificación, entre otras cosas, ha de ser someter a prueba nuevas especies, que sean resistentes a enfermedades de las plantas, de modo que pueda reducirse el uso de productos de fumigación. 
Otra cosa importante en mi opinión es cerciorarse de que la labor de control tenga lugar en circunstancias fiables. 
Se ha de garantizar que haya un control estatal sobre los inspectores. 
Hemos de garantizar que los agricultores de todos los países miembros logren el mismo tratamiento por parte de los inspectores. 
Nos parece un poco preocupante el desarrollo encaminado a una modalidad arbitraria de concesión del control. 
Esto no puede repercutir ni en interés de los agricultores ni de los consumidores. 
Señora Presidenta, en la propuesta de enmienda 1 propone el ponente que los nuevos inspectores presten juramento antes de recibir su licencia oficial. 
Personalmente no puedo apoyar esta propuesta. 
No sé exactamente cómo es en otros países, pero al menos en los países nórdicos hay solamente un grupo profesional que presta juramento, los jueces. 
Desgraciadamente sería ridículo si también obligásemos a los controladores de patatas y semillas de flores a prestar tal juramento. 
Además, no tendría ninguna importancia llegado el momento de aplicar una pena en el caso de, por ejemplo, un control erróneo o fraudulento. 
Exigir juramentos a los inspectores es, creo yo, desgraciadamente, complicar demasiado las cosas. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y, en especial, a usted, señor Graefe zu Baringdorf, por el trato realmente constructivo dado a la propuesta de la Comisión. 
Había que garantizar la adaptación de siete directivas sobre semillas de finales de los años sesenta y comienzos de los setenta para proporcionar más claridad, simplificar y también facilitar la comercialización de semillas dentro de la Unión Europea. 
La propuesta tiene tres objetivos. 
Primero: ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones actuales relativas a la ejecución de pruebas a plazo, con las que se quieren averiguar alternativas para la mejora de las disposiciones establecidas en estas directivas. 
Segundo: facilitar la inclusión de nuevas plantas en la lista de plantas contempladas por la directiva. Tercero: determinar las disposiciones sobre la adecuación de nombres de variedades. 
Con la propuesta de la Comisión se simplifican además los procedimientos para el reconocimiento oficial de semillas en lo tocante a aquellas cláusulas por las que las plantas que están destinadas a la producción de semillas no tengan que ser necesariamente controladas por los representantes oficiales de las autoridades sino también por otros inspectores. 
Como inspectores de semillas pueden actuar en el futuro también independientes que sean encargados para esta tarea por productores, reproductores, preparadores y comerciantes de semillas. 
En este contexto, quiero indicar que a la pregunta planteada por el Sr. Kofoed se debe responder con un «sí». 
El amplio apoyo que ha encontrado la propuesta en el Parlamento es una prueba clara de que estamos en la vía correcta. 
Por ello, voy a hablar sólo sobre el único aspecto que ha ocasionado ligeras controversias, es decir, la visita sobre el terreno. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf ha llamado la atención sobre el procedimiento según el artículo 43. 
Cada institución debe responder plenamente de su función. 
Sin embargo, no es mi deseo personal, ni tampoco el de mis colegas, infravalorar el procedimiento de elaboración de opiniones solamente porque se trate de eso, de opiniones. 
Por el contrario, allí donde sea posible y esté justificado objetivamente, nos ocuparemos de las propuestas que se presenten en el Parlamento. 
Por ello, me alegro de poder comunicarles que la Comisión puede aceptar sin limitaciones la enmienda nº 4, relativa a la evaluación del nuevo procedimiento en el plazo de cuatro años. 
También puede recoger en la forma propuesta por el ponente la enmienda nº 1, sobre la prestación de juramento de los inspectores por su actividad, así como la enmienda nº 5, si bien con una pequeña modificación. 
Sin embargo, somos de la opinión de que ambas enmiendas, consideradas conjuntamente, no tienen un sentido muy lógico. 
La enmienda nº 2 es aceptable para la Comisión si se complementa diciendo que se tiene en cuenta la decisión modificada de 1995 que prevé en determinados casos una reducción de las inspecciones oficiales al 5 o al 15 %. 
La Comisión también puede aceptar el principio de la enmienda nº 3, que dice que en caso de infracción de las disposiciones en materia de inspecciones sobre el terreno por parte de los inspectores autorizados, se deben adoptar medidas. 
Pero como, en opinión de la Comisión, las medidas previstas en la enmienda pueden ser poco equilibradas, se deberían examinar aún en un estudio más amplio. 
Por lo demás, por motivos de seguridad jurídica, se debería revisar la redacción de la enmienda y adaptarla al lenguaje pertinente. 
Permítanme que me refiera al segundo punto de este debate conjunto. 
Expreso también al ponente mi agradecimiento por el vivo interés en el Reglamento 1467 del año 1994 y les puedo asegurar que el dictamen del Parlamento Europeo sobre cómo se debe proseguir con el Reglamento 1467, va a ser de gran valor para la Comisión a la hora de realizar sus consideraciones. 
Además, quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural por la positiva acogida del informe de la Comisión. 
El informe muestra que el reglamento mencionado hace posible que en los países miembros se realicen importantes trabajos que pueden contribuir a los objetivos de la política agrícola común, en especial en lo que se refiere a la relación existente entre agricultura y protección del medio ambiente. 
Gracias a este reglamento, Europa puede coordinar sus esfuerzos de conservación y de un empleo de los recursos genéticos de la agricultura conforme al medio ambiente. 
Los resultados van a ser difundidos sobre todo por Internet. 
Esto está reconocido en todo el mundo, sobre lo que ha llamado la atención el Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Los importantes trabajos para la conservación, descripción, uso y recolección de los recursos genéticos en la agricultura europea, que se financian en el marco del Reglamento 1467, han reforzado considerablemente nuestra posición en las negociaciones internacionales sobre la biodiversidad en la agricultura y sobre los recursos genéticos para la agricultura. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf ha indicado en su informe que hay que elevar los créditos presupuestarios para el reglamento 1467 y reforzar el personal destinado a su aplicación. 
La Comisión conoce perfectamente los problemas derivados de ello y en lo que se refiere al personal puedo indicar de nuevo que en la Dirección General VI seguimos teniendo grandes dificultades para poder atender del modo adecuado todas estas tareas. 
En lo tocante a lo que se ha dicho aquí en repetidas ocasiones de que sería posible realizar sin dificultades todas estas tareas mediante redistribuciones del personal, sólo quiero decir que mantengo mi palabra que ya empeñé en una ocasión, por la que estamos dispuestos en cualquier momento a someter a la totalidad de la DG VI a un screening público. 
Que luego venga alguien y nos diga de qué puestos podemos prescindir o cuáles podemos cambiar. 
Aquí existe un problema, por lo que solamente puedo apelar a la autoridad presupuestaria para que apoye la propuesta de la Comisión, vista la reconocida importancia del Reglamento. 
Quiero expresar de nuevo mi agradecimiento al Parlamento por el interés y la positiva acogida dispensada a este informe. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El ponente ha pedido la palabra. 
Señora Presidenta, quiero referirme brevemente a dos aspectos. 
Por un lado, la cuestión de la prestación de juramento. 
En nuestro país es usual que se pida juramento a las personas que se hacen cargo de tareas de incumbencia estatal. 
Esto sea quizás algo especial. 
No se trata solamente de un compromiso sino de garantizar la independencia frente a posibles intereses. 
Se trata de inspectores que trabajan también en empresas de semillas. 
En el informe se ha llamado también la atención al respecto y de lo que se trata es reforzar esta independencia frente a posibles presiones. 
En segundo lugar, tengo que plantearle una pregunta, señor Fischler. 
En el segundo informe se dice que consideramos adecuado que se ofrezca a estos países este programa- y yo lo amplío también a los programas del Reglamento 2078- ya en la fase de transición, en la de adhesión. 
No quiero de usted ahora ninguna promesa que además no puede hacer. 
De lo que ahora se trata es de aproximarse al problema pues, debido en parte a un cambio de la agricultura, en estos países se podrían perder recursos que tendríamos que recuperar luego con grandes esfuerzos. 
Por ello, una oferta de este tipo a estos países durante la fase de transición me parece que es muy razonable en el sentido de los objetivos del programa y de los demás programas que quieren impulsar una agricultura compatible con el medio ambiente. 
En el marco del proceso de preadhesión y de las nuevas posibilidades de ayuda de las que se va a disponer a partir del año 2000, se ha proyectado tratar como prioridades principales el fortalecimiento del sector transformador, de las administraciones y de las medidas medioambientales agrícolas, previéndose 500 millones de ecus para finalidades agrícolas para los 10 países candidatos. 
Estoy dispuesto a poner sobre la mesa al menos este tema y a llamar la atención de estos países sobre la importancia de este punto, sobre todo ahora, en que se trata de determinar los programas en conversaciones con estos Estados. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.40 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, si usted me lo permite voy a hacerle una pregunta a la Mesa en relación al Acta. 
Ayer por la tarde se votó bajo su dirección sobre mi informe y agradezco a los miembros los 225 votos emitidos, de los que 168 fueron a favor de mi informe. 
En la sesión de por la mañana vio usted que allí había más de 400 miembros de esta Asamblea para la votación. 
Recuerdo haber votado siempre con regularidad, a la una y media, y a veces también a las dos menos cuarto. 
Ayer, antes del comienzo de la votación, indicaron que la votación terminaría a la una y cuarto. 
Me gustaría preguntar si la Mesa tiene la intención de implantar un horario de votaciones que esté cambiando continuamente. 
En alguna ocasión hemos votado hasta la una, en otras ocasiones hasta la una y cuarto, y otras veces hasta la una y media. 
Esto implica cierta arbitrariedad. 
Siento que soy una víctima a causa de que las votaciones cesaran a la una y cuarto. 
Me gustaría pedir a la Mesa que presente una propuesta para que las horas de las votaciones sean fijas, de modo que podamos descartar que vuelva a suceder algo así. 
Hemos fijado las horas para las votaciones, pero no los temas para el período de votaciones; abordamos el mayor número posible de asuntos durante el turno de votaciones, pero, si nos falta tiempo, los informes sobre los que no se haya votado pasan automáticamente al próximo turno de votaciones. 
Señor Presidente, quisiera simplemente aportar una precisión que tal vez haya pasado inadvertida al Sr. Pex. 
Desde hace ya un buen rato podemos leer en el orden del día: » Jueves por la tarde, 17.30 horas, votaciones sobre las urgencias y continuación de las votaciones de la mañana». 
Comprendo que haya podido pasarle inadvertido, querido colega, pero creo que es muy importante y no queda más remedio que programar nuestros trabajos teniéndolo en cuenta. 
El Presidente de la sesión del jueves por la mañana, que teóricamente podía haber interrumpido los trabajos a las 13 horas justas, pero, gracias a cierta flexibilidad de la Asamblea, pudo prolongarlos hasta las 13.15 horas, esperaba de todo corazón que se podría votar el informe Pex. 
No fue así. 
Pero todo el mundo sabía que, si no se votaba antes de las 13.15 horas, se votaría el mismo día por la tarde. 
(El Acta queda aprobada) 
Presidente, no haré ninguna observación acerca del Acta, pero sí quisiera que me prestase su atención, no sólo Usted sino también todos los colegas de esta Asamblea, ya que hoy tenemos entre nosotros a alguien que celebra su cumpleaños con una cifra redonda. 
Es la Sra. Ursula Schleicher, que también preside muy frecuentemente la sesión de los viernes. 
Pienso que quizás estaría bien, Presidente, si felicitásemos con un caluroso aplauso a nuestra afable y experta colega. 
Gracias, señora Oomen-Ruijten. 
Feliz cumpleaños, Sra. Schleicher. 
Votaciones 
La enmienda nº 1 aprobada y presentada por la Comisión de Agricultura y la enmienda nº 5 del Sr. Fantuzzi se contradicen y no son compatibles. 
Prefiero la enmienda nº 1 aprobada por la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural. 
Si he entendido bien, la Comisión ha dado a entender que aunque puede aceptar ambas, sin embargo las enmiendas no son compatibles ni tampoco se pueden complementar. 
Así pues, debemos decidirnos y yo estoy a favor de la enmienda nº 1. 
Después de la votación sobre las enmiendas 
Señor Presidente, antes de la votación sobre la resolución legislativa quiero garantizar de nuevo que las modificaciones que la Comisión ha realizado en las enmiendas nº 2 y 3 no son de naturaleza sustancial sino de redacción, es decir que estos cambios estén en consonancia con lo que aquí votamos, de modo que tengamos una posición común del Parlamento y de la Comisión. 
Si hace gestos afirmativos con la cabeza, podemos votar ahora. 
La Comisión ha asentido. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) Informe (A4-0129/98) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (97) 0327- C4-0492/97) sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1467/94 del Consejo, de 20 de junio de 1994 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, la Comisión Europea quiere ampliar el ámbito de funcionamiento de las normas de competencia a las comunicaciones aéreas internacionales. 
Si el Consejo se decide por esto, la Comisión obtendría la competencia exclusiva para evaluar el Acuerdo de colaboración entre las compañías aéreas europeas y las extranjeras. Una competencia que la Comisión comparte hoy en día con los Estados miembros. 
La situación actual origina, según la Comisión, inseguridad jurídica para las compañías aéreas. 
Las normas de competencia europeas para la navegación aérea pretenden evitar que se limite de forma ilícita la competencia entre compañías aéreas en el mercado interior liberalizado. 
De este modo no está permitido, por ejemplo, acordar tarifas dentro del Mercado de la Unión Europea. 
A nivel mundial tampoco se habla de un mercado liberalizado, al contrario. 
El transporte aéreo europeo se apoya, por regla general, en precisos tratados bilaterales. 
No se puede hablar que se apliquen normas de competencia en un mercado como ese. 
Además el sector de la navegación aérea es, a menudo, únicamente una parte del todo en las negociaciones bilaterales. 
Por regla general se establecen packages deals. 
En mi opinión es preferible la situación actual con competencias compartidas entre la Comisión y los Estados miembros. 
Los Estados miembros mantienen la competencia dentro de ciertas fronteras para firmar acuerdos de navegación aérea con terceros países. 
La Comisión puede intervenir, en base al artículo 89 del Tratado, cuando el acuerdo limita demasiado la competencia, y tras consultar al Estado miembro implicado. 
La inseguridad jurídica de las compañías aéreas se puede disminuir si los Estados miembros y la Comisión empiezan a colaborar mejor. 
Reconozco que esta colaboración todavía no se desarrolla bien. 
Pero esto es porque, tanto los Estados miembros como la Comisión, están definiendo aún sus competencias en la nueva situación que se ha creado debido a las alianzas de navegación aérea. 
Espero que en el futuro se desarrolle mejor la colaboración entre la Comisión y los Estados miembros. 
Por estas razones he votado en contra de la propuesta de la Comisión. 
Sabida es la importancia que concedemos al principio de subsidiariedad, que deja a cargo de los propios Estados la regulación de los asuntos que les incumben, puesto que su acción sería más eficaz que una intervención de las instituciones europeas. 
En vista de ello, la cuestión de los acuerdos entre los Estados miembros y terceros países en materia de transporte aéreo no requiere, a mi entender, una ampliación demasiado importante de los poderes reconocidos a la Comisión. 
Ahora bien, mediante estas dos propuestas de reglamento, la Comisión desearía disponer de poderes suplementarios para aplicar las normas comunitarias de la competencia a los transportes aéreos entre la Comunidad y terceros países. 
He de recordar que actualmente el Consejo tan sólo ha encomendado a la Comisión un mandato para instruir los expedientes relativos a los servicios aéreos prestados dentro del Espacio Económico Europeo. 
La adopción de las propuestas de la Comisión en su forma actual equivaldría a fortalecer sus poderes en las relaciones entre los Estados miembros y terceros países. 
Por mi parte, considero, Señorías, que semejante extensión de los poderes de la Comisión sería como mínimo prematura. 
En efecto, actualmente no existe una política exterior común en la esfera del transporte aéreo. 
Además, del debate de fondo a ese respecto sólo han resultado un número limitado de mandatos de negociación. 
Por lo demás, quisiera añadir que aún no se ha concluido ningún acuerdo con un país que no forme parte del espacio económico europeo. 
En conclusión, sería lamentable que, mediante el subterfugio de sus propuestas de reglamento, la Comisión intentara ampliar sus poderes de una forma que podríamos calificar de «indirecta» para poder intervenir en una esfera que, de momento, es competencia soberana de los Estados, exceptuados los casos en que la Comisión disponga de un mandato de negociación. 
Por eso, me parecería más oportuno limitar, en una primera fase, el alcance de los poderes de la Comisión exclusivamente a los países respecto de los cuales el Consejo le ha encomendado un mandato de negociación. 
Informe Graefe zu Baringdorf (A4-0128/98) 
La propuesta de la Comisión que se nos presenta permite una simplificación del procedimiento de certificación de las semillas destinadas a la multiplicación. 
Las modalidades consideradas establecen una participación más marcada de los productores en los procedimientos de control. 
Las inspecciones oficiales llevadas a cabo por los servicios de certificación serán substituidas en parte por verificaciones de las que se responsabilizarán los propios productores. 
No podemos por menos de felicitarnos del propio principio que inspira esta simplificación. 
No obstante, será necesario verificar la aplicación correcta de ese autocontrol para evitar posibles discriminaciones entre productores de los diferentes Estados miembros. 
Así, pues, es indispensable disponer que los agricultores encargados de esos autocontroles apliquen un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros. 
Además, sería necesario establecer sanciones graves en caso de que se observaran fraudes o manipulaciones. 
Hay que velar a la vez por garantizar un fortalecimiento de la responsabilidad personal de los controladores y evitar que se vean sometidos a presiones excesivas por parte de las empresas o de los propios agricultores. 
Nuestro Grupo apoya todas las enmiendas propuestas y en particular la que dispone que la dirección de los controles corra a cargo de técnicos jurados. 
En efecto, dadas la estacionalidad de los productos agrícolas y la obligación de utilizar mano de obra temporera para hacer los autocontroles, es necesario que su dirección corra a cargo de técnicos jurados. 
En realidad, sólo de esa forma se podrá reforzar la responsabilidad personal de la dirección, en caso de fraude o manipulación de las verificaciones. 
Quisiera también señalar una incoherencia. 
En efecto, después de haber adoptado en el informe Rothley sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas el principio de la patentabilidad de las semillas y al tiempo haber limitado el privilegio del agricultor, nuestro Parlamento ha de votar hoy un informe sobre el fomento en el nivel comunitario de las actividades de conservación, caracterización, recogida y utilización de los recursos genéticos en la agricultura. 
El informe que hoy examinamos va encaminado a promover centros de preservación de los recursos genéticos y facilitar la información en el nivel europeo. 
¿No se impedirá o se reducirá así la producción de semillas en las explotaciones, por una parte, y no se financiarán y, por otra, promoverán centros de preservación de recursos genéticos en provecho exclusivo de las multinacionales productoras de semillas? 
Delincuencia mediante tarjetas de pago 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0164/98) del Sr. Schmid, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acción común adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea (5683/98- C4-0136/98-98/0906 (CNS) ) sobre disposiciones para un mejor intercambio de información, relativa a la delincuencia en el pago mediante tarjetas, entre cuerpos de seguridad de los Estados miembros y entre dichos cuerpos y el sector de las tarjetas de pago cuando esa información sea necesaria para investigar delitos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, junto al paro, el miedo a la delincuencia es entretanto una de las grandes preocupaciones de la gente. 
En este contexto, el crimen organizado representa un problema creciente. 
No obstante, está muy difundida la suposición no totalmente correcta de que el crimen organizado se expresa en lo esencial en crímenes espectaculares. 
Igualmente difundido está el error de que el crimen organizado es cometido en lo esencial por organizaciones que no pertenecen a nuestra nacionalidad sino que vienen del extranjero. 
Ambas cosas son falsas. 
En el fondo, el crimen organizado no es otra cosa que la comisión sistemáticamente organizada y repetida también de pequeños actos delictivos con el objeto de lograr un beneficio. 
La mayoría piensa en el tráfico de drogas. 
Sin duda, el tráfico de drogas se incluye aquí, pero es solamente una parte de lo que tratamos. 
Por ejemplo, aquí se incluye el robo o falsificación sistemática de tarjetas de crédito. 
Voy a aclararlo en base a un ejemplo. 
Si, por ejemplo, se comete el robo de un bolso en Bruselas, puede ser que lo haga un drogodependiente para comprar droga. 
Pero también puede ser que especialistas en robos de bolsos vuelen a esta ciudad para trabajar sistemáticamente allí durante un día y por la noche estén de nuevo en el avión volando a otro continente. 
Las tarjetas robadas son enviadas a algún lugar de Asia. 
Allí se compra con ellas y las mercancías son convertidas de nuevo en dinero a través de organizaciones de peristas. 
Se trata de crimen organizado. 
Este se da de modo creciente en el sector de las tarjetas de crédito. 
Según apreciaciones de las autoridades de policía, los daños ascienden a aproximadamente 1.000 millones de dólares USA por año. 
Es mucho dinero. 
Las técnicas empleadas van desde el uso indebido- falsificando las firmas -, pasando por la modificación de las tarjetas hasta la falsificación total. 
Estos mil millones de dólares USA de los que he hablado son introducidos de nuevo en el sistema de circulación del dinero y tras operaciones de blanqueo de capitales acaban en empresas de apariencia totalmente seria. 
El Gobierno británico ha difundido una propuesta de acción conjunta para facilitar el trabajo de la policía en este campo. 
Esta propuesta pretende que se puedan intercambiar con mayor rapidez las informaciones sobre la delincuencia con tarjetas de crédito, por ejemplo, sobre nuevos modi operandi y aspectos similares. 
Este intercambio de informaciones no sólo debe ser rápido entre las autoridades de policía sino que debe existir una mejor información recíproca entre la industria de tarjetas de crédito y la policía. 
Ambas cosas son correctas. 
Nuestra comisión se ha pronunciado en favor de esta medida. 
Pero al mismo tiempo decimos que no tiene mucho sentido construir para cada tipo de delito en el campo del crimen organizado un sistema de información propio. 
Sería más lógico- el colega Schulz hablará después al respecto- que Europol se encargase de este asunto con la mayor rapidez en lugar de construir estructuras paralelas. Esto crea solamente confusión. 
Segundo: lo que aquí se ha propuesto está bien pero no es suficiente. 
Para poder proceder con eficacia contra la delincuencia con tarjetas de crédito, necesitamos al menos otras dos medidas. 
Por un lado, la unificación de las características de seguridad en la tarjetas de crédito. 
Lo que la mayoría de ustedes quizás no sepan es que cada tarjeta de crédito tiene sus propias características de seguridad en base a las cuales se puede constatar si se trata de una falsificación o no. 
En parte no son visibles, a veces lo son bajo una luz ultravioleta y en parte son conocidas solamente por los iniciados. 
El problema es que cualquier organización de tarjetas de crédito que emite una tarjeta, emplea para ello otras características. 
Esto significa que aquellos que aceptan en un negocio tarjetas de crédito, tendrían que conocer 8, 10 o más diferentes características de seguridad y esto no lo hace nadie. 
Lo que necesitamos es una unificación, de modo similar a como ocurre con los billetes de banco, donde existen dos o tres características que conoce cualquier cajero. 
A este respecto necesitamos al menos en la Unión Europea propuestas de la Comisión, pues tiene que regularse legalmente. 
Con frecuencia, también se cree que la industria de tarjetas de crédito hace todo lo imaginable para impedir una manipulación de las tarjetas. 
En realidad lo que hace es un cálculo de costes-beneficios de modo similar a como ustedes quizás recapaciten si merece la pena concluir un seguro o quizás correr el riesgo porque a largo plazo es más barato que pagar un seguro. 
De modo similar actúan las organizaciones de tarjetas de crédito. 
Por ello, hasta hoy no tenemos lo más seguro que podría existir, es decir, no pagar con la firma sino que el proceso sea el mismo que existe en los cajeros automáticos: en estas tarjetas de plástico se encuentra un chip y se firma con una secuencia de cuatro cifras que sólo uno conoce, es decir, chip y PIN. 
Pero esto presupone que en los restaurantes y tiendas existan aparatos en los que se pueda introducir el código. 
En Francia esto es usual desde hace mucho tiempo con el empleo de la Carte bleu, pero en otros países no. 
En Francia no se ha hecho por motivos de seguridad sino de acaparamiento del mercado. 
Pero es igual, lo importante es el resultado. 
La industria de tarjetas de crédito se opone a esto en parte con el argumento de que una tienda en la India no podría aportar el dinero para comprar un aparato de este tipo y que si se introdujese algo así frenaría la difusión de las tarjetas de crédito. 
No existe pues un interés automático de la industria en lograr los estándares más elevados de seguridad. 
Pero existe un interés comercial. Debemos tener un gran interés en combatir el crimen organizado allí donde sea posible pues supone a la postre un peligro para la sociedad. 
Por ello necesitamos en este campo unas propuestas legales. 
Para finalizar, repito que lo que ha propuesto el Gobierno británico es un paso en la dirección correcta pero que no es suficiente. Instamos a la Comisión para que lleve a la práctica nuestras exigencias de mayor alcance. 
Señor Presidente, Señorías, quiero expresar mis felicitaciones al colega Schmid por la presentación de este informe. 
Su exposición muestra que es un profundo conocedor de la materia. 
Permítanme que para comenzar diga que tras la lectura de su informe, yo estaría en situación de dedicarme a otras cosas diferentes a la de ser diputado del Parlamento Europeo, pues si no fuese ilegal se podría ganar mucho dinero con ello. 
El Sr. Schmid ha analizado muy minuciosamente las condiciones técnicas de esta forma de criminalidad. 
Su informe denuncia un peligro muy importante consistente en el hecho de que debido al progreso tecnológico que tiene lugar también en los pagos sin dinero, allí donde se logran aparentes simplificaciones surgen al mismo tiempo nuevos peligros de manipulación si no se definen claramente los límites y el marco de unos estándares que hagan controlable la utilización de esta nueva técnica, no sólo por el usuario sino también por el productor de las condiciones técnicas previas. 
De este modo, el Sr. Schmid ha llamado la atención sobre el aspecto central. 
La industria de tarjetas de crédito- expresado en el ejemplo de Francia- tiene interés en que se simplifique el consumo con ellas y que el mayor número posible de personas puedan consumir cada vez más fácilmente en una economía cada vez más entrelazada internacionalmente y, en consecuencia, que sean seducidas al consumo. 
Pero entonces, la parte que más se beneficia debe adoptar también las medidas para que se proteja al consumidor suficientemente. 
Empleando un ejemplo clásico, el Sr. Schmid acaba de mostrar cómo el cierre de un mercado de un país miembro protege al mencionado país miembro así como a los consumidores pero, por otro lado, atenta contra las normas de competencia de nuestra Comunidad. 
Aquí se puede ver que el desarrollo de una nueva economía integrada en la Unión Europea esconde también toda una serie de peligros. 
Uno de los peligros a los que me quiero referir es el hecho de que hasta ahora no hemos construido en la Unión Europea ningún sistema de seguridad coherente. 
Si se quiere introducir en un nuevo sistema propio los registros de datos que son necesarios para crear unos estándares equiparables de seguridad, se tratará del enésimo sistema que creemos en la UE. 
Para la protección frente al crimen organizado no solamente existe un sistema de seguridad en el campo de las tarjetas de crédito sino, por ejemplo, también el sistema de información de Schengen o el de información aduanero. 
Existe además el sistema de información europeo que recoge una serie de datos de los demás sistemas. 
Así pues, existe el peligro- lo que ha sido criticado en repetidas ocasiones en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores- de que se construyan varios sistemas diferentes pero que en parte recojan los mismos datos. 
En este caso, sería mucho más razonable que transmitiésemos la protección y el desarrollo de estrategias para la protección frente a los abusos a la institución competente para ello, a saber, la Europol. 
Si queremos que Europol sea una instancia de registro de datos y la organización de la Unión Europea encargada del intercambio de datos con un claro control de su protección, entonces no tiene sentido que no se ocupe precisamente del fraude con tarjetas de crédito, una rama en crecimiento del crimen organizado. 
Por ello, como complemento esencial a lo que el colega Schmid ha dicho, exijo lo siguiente: en lugar de adjudicar a la Europol frecuentemente temas de carácter político, como por ejemplo, el del contrabando nuclear, con el que no tiene nada que ver pues es menor de lo que se supone, sería mejor transmitir a esta instancia, por ejemplo, la competencia del campo expuesto por el Sr. Schmid. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar el Sr. Schmid por su excelente informe. 
Por cierto, no es de extrañar, pues proviene de Baviera y de allí vienen siempre unas cosas muy buenas. 
Este informe muestra claramente en un sector especial toda la problemática del crimen organizado a nivel mundial. 
Este tiene una ventaja decisiva. 
En unos tiempos en los que se está produciendo una explosión de conocimientos, donde prácticamente a diario surgen nuevas técnicas, hay aún Gobiernos que en tales casos siempre llegan demasiado tarde y mal. Sólo cuando ya todo ha pasado se comienza a reaccionar. 
Pero mientras eso ocurre, ya se ha robado el caballo. 
Este es el problema y es bueno que precisamente en un campo que afecta directamente al ciudadano, el de las tarjetas de crédito, se llame la atención al respecto. 
Hoy nos encontramos ante una dimensión totalmente nueva, una lucha a nivel mundial contra un crimen organizado a nivel mundial al que, sin embargo, se oponen las condiciones políticas. 
Antes de la Segunda Guerra Mundial quizás había veinte Estados que realmente significasen algo. 
Hoy, solamente en la ONU tenemos 190. 
Muchos de nosotros- lo sé, pues antes estuve en la Comisión de Desarrollo y Cooperación- ni siquiera conocen su nombre. 
Estos Estados están cada vez más en el punto de mira del crimen organizado y de determinadas sectas peligrosas; son comprados, surgiendo de este modo una nueva situación en la totalidad de las relaciones internacionales. 
Además, tenemos aún que enfrentarnos al problema del gran capitalismo especulativo internacional. 
Según un informe del Banco Mundial, estos grupos disponen hoy de una suma que oscila entre 800 mil millones y un billón de dólares. 
Si se cree en las noticias, próximamente se producirá una gran crisis internacional, como la de 1992. 
Por ello, debemos actuar en el frente más amplio y hoy se trata de crear seguridad en el sector de las tarjetas de crédito. 
Pero no debemos detenernos sino avanzar pues se avecinan unos peligros aún mucho mayores. 
Se aproxima una gran lucha internacional contra fuerzas criminales que están organizadas internacionalmente, que no respetan ninguna ley y que siempre son más rápidas que aquellas que son decentes. 
Felicito al Sr. Schmid por haber llamado la atención al respecto. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, tras la acción "sign against crime» por la que nos ocupamos de la criminalidad en Bruselas, hoy lo hacemos de" vote against crime». 
Apoyamos plenamente el informe del Sr. Schmid. 
Creo que es urgentemente necesario actuar con consecuencia en contra del crimen organizado. 
Esta semana deberíamos haber mantenido aquí un debate pero que fue aplazado debido a la urgencia de otro tema. 
Confío en que podamos mantener ese debate con el Consejo y la Comisión en el próximo período parcial de sesiones de Estrasburgo. 
En Alemania se han introducido bandas de niños procedentes de Rumanía con el encargo de robar carteras. 
Si por la noche no lograban robar un determinado número de carteras, se les quemaban los labios con cigarrillos o se les cortaban las pantorrillas con cuchillas de afeitar. 
Los organizadores han sido detenidos. 
Con ello vemos que a nuestras ciudades se aproximan unos peligros totalmente nuevos en el campo de la criminalidad. 
En estos robos de bolsos, naturalmente se roban también tarjetas de crédito con las que se defrauda, perdiéndose de este modo sumas enormes, lo que es totalmente inaceptable para nosotros. 
De ahí mi propuesta- y si se está mucho de viaje, se puede ver por ejemplo en los Estados de la ASEAN- de dotar a las tarjetas de crédito de fotos del titular de la misma, de modo similar a los carnets de los ferrocarriles alemanes, donde se puede ver enseguida si aquel que está ante uno es el titular del carnet. 
Además, eventualmente, se debería dotar a estas tarjetas de una huella dactilar, de modo que personal formado pueda comprobar con gran rapidez aparte de la firma si una tarjeta de crédito es presentada por el titular legítimo. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión saluda este debate sobre el informe del Sr. Schmid por dos motivos. 
En primer lugar, es importante que el Parlamento Europeo pueda expresarse sobre las cuestiones relacionadas con la cooperación en los campos de Justicia e Interior ya antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
En segundo lugar, el informe del Sr. Schmid y las enmiendas allí contenidas deben ser motivo para un concienzudo examen por parte del Consejo debido a su calidad. 
En breve, la Comisión saluda este proyecto de acción común. 
Debe considerarse como un instrumento práctico que facilite el trabajo a todos aquellos que están ocupados en los Estados miembros de las pesquisas relacionadas con el fraude con tarjetas de crédito. Y esto, respetando la esfera privada y los derechos humanos. 
Nos satisface en especial que esta iniciativa se base en un proyecto financiado con créditos presupuestarios de la Unión Europea, dicho más exactamente, con créditos que el Parlamento y el Consejo han puesto a disposición para el apoyo de iniciativas en los campos de Justicia e Interior. 
Quiero llamar además la atención sobre lo siguiente: esta iniciativa debe verse como una medida concreta para aplicar el plan de acción de la Unión Europea dirigido a combatir el crimen organizado y que esta Asamblea ha tratado suficientemente. 
La Comisión está concluyendo sus consideraciones en relación con el mandato encomendado a ella en el marco del plan de acción de elaborar propuestas sobre acciones contra el fraude y la falsificación de medios de pago de todo tipo, es decir, inclusive tarjetas de crédito, y de examinar entre otras cosas la introducción de hechos punibles unitarios para determinados actos. 
Todas estas iniciativas, entre las que debe contarse también el acuerdo de Europol que esperamos entre en vigor este año, mediante el que Europol puede tener por fin un margen de actuación completo, muestran que la Unión Europea quiere proceder decididamente contra estas actividades criminales en el área de la Unión Europea. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Obviamente opinamos que es importante actuar para combatir la delincuencia en la industria de las tarjetas de crédito. 
De la exposición de motivos del informe se deduce claramente que la propuesta va a concentrarse en la fabricación de tarjetas de crédito, su distribución, producción de lectores y otros servicios relacionados con las tarjetas de crédito, todos ellos aspectos importantes. 
La pregunta que nos hacemos es, sin embargo, si este problema tiene alguna relación específica con la UE. 
Estimamos que no la tiene. 
Las medidas que se nombran aquí son todas internacionales. 
No sólo en los países de la UE hay tarjetas de crédito. 
Por este motivo opinamos que Europol no debe encargarse de estos asuntos sino que es Interpol, organismo de cooperación policial internacional, quien debe hacerlo. 
Los fraudes con tarjetas de crédito son de carácter internacional y por eso son una tarea para Interpol. 
Por este motivo hemos votado en contra del proyecto. 
Uso de antibióticos en la alimentación animal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
Cabrol, Pasty, Azzolini y Santini, en nombre del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre los antibióticos en los alimentos para animales; -B4-0463/98- O-0102/98 de la Sra. Schierhuber y los Sres. Sonneveld, Goepel, Böge y Funk, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre las normas que rigen la utilización de antibióticos en los alimentos animales; -B4-0468/98- O-0113/98 del Sr. Souchet, en nombre del Grupo de Independientes por una Europa de las Naciones, a la Comisión, sobre las normas que rigen la utilización de los antibióticos en los alimentos para animales; -B4-0470/98- O-0115/98 de las Sras. 
Señor Presidente, señor Comisario, sabemos que cada vez más crece el problema ocasionado por las bacterias resistentes a los antibióticos. 
Es un problema para la sanidad humana, especialmente tratándose de enfermedades que antes eran bastante inofensivas y que hoy tienden, a veces, a ser difícilmente curadas con ayuda de los antibióticos comunes. 
Una de las razones de que sea así es que actualmente se usan muchos antibióticos, tanto en la sanidad humana como en la animal. 
Pero se debe también al hecho de que a menudo usamos antibióticos para prevenir enfermedades o para curar " pequeñas» enfermedades, mezclando antibióticos en los piensos y dándoselos diariamente a los animales. 
Podríamos, en cambio, proporcionar a los animales buenos cuidados y buen ambiente. 
Para eso, tendríamos que abandonar el uso de antibióticos en los piensos. 
Tampoco debe permitirse el encubrir un mal ambiente animal dándoles diariamente una dosis de antibióticos. 
Es una manera inadecuada de usar nuestras posibilidades. 
Además de existir motivos de protección animal para erradicar los antibióticos, tenemos que limitarlos, tanto como sea posible, para que en el futuro podamos usarlos en el combate de las enfermedades humanas. 
Por consiguiente, los esfuerzos deben encaminarse a la prohibición del uso regular de antibióticos y otras sustancias médicas en los piensos como estimulantes del crecimiento o para prevenir enfermedades. 
Creo que es importante que se investigue más y se obtengan nuevas pruebas en esta materia. 
Ya sabemos mucho hoy pero nunca se puede estar suficientemente seguro. 
Un argumento que suelo escuchar es que no está suficientemente probado. 
Pero aunque algunos piensan que no sabemos lo suficiente, en este contexto debería regir el principio de la cautela, es decir, la sola sospecha de que esto conduce a largo plazo a problemas graves para la salud humana debería hacer que erradiquemos el uso de antibióticos en los alimentos animales. 
Algunos países miembros hace tiempo que ya han establecido este tipo de prohibiciones. 
Sabemos por experiencia que ha dado buenos resultados; se puede conseguir una producción igualmente efectiva aún siendo más cuidadoso con el ambiente animal. 
Quisiera una vez más dirigir la pregunta a la Comisión y al Comisario Fischler: ¿Qué piensa hacer la Comisión para aumentar los conocimientos sobre la relación existente entre los piensos con antibióticos y las bacterias resistentes a los antibióticos? 
¿Piensa la Comisión preparar medidas para disminuir o prohibir el uso de los piensos con antibióticos dentro de la Unión? 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, Señorías, los antibióticos son un buen ejemplo de cómo un invento enormemente beneficioso se puede convertir en una bomba de relojería genética. 
El antibiótico= anti vida- " contra la vida» fue inventado en la Segunda Guerra Mundial y fue utilizado primero por los aliados como una beneficiosa ayuda para los heridos, luego en los casos graves de enfermedad y en operaciones salvando la vida de personas. 
Después fue empleado terapéuticamente en el campo animal y, finalmente, prescrito de tal modo que los médicos lo recetan para cualquier resfriado. 
Lo interesante es que las peligrosas bacterias no se destruyen, que con este remedio no sufren un jaque mate. 
Por el contrario, las bacterias reaccionan con mutaciones, resistiendo y la reacción a ello ha sido desarrollar continuamente nuevos antibióticos, entrando en una dinámica cada vez más rápida. 
Luego, todo este asunto enloquece: se ha comenzado a mezclar este importante remedio para heridos y enfermos de un modo profiláctico, es decir, preventivo, en los alimentos para animales pues este producto reprime enfermedades latentes en los rebaños de animales, pero sobre todo en rebaños que son criados de un modo no adecuado a la especie y antiecológico. 
Estos antibióticos tienen sus mayores efectos en el aumento de la producción pues reprime enfermedades que, de otro modo surgirían. 
Ahora, toda esta dinámica se acelera aún más. 
También en los animales surgen resistencias en el ámbito profiláctico. 
La invención de nuevos antibióticos se produce cada vez con mayor rapidez y en intervalos cada vez menores. 
Tenemos toda una serie de antibióticos que en la mayoría de las enfermedades de animales no sirven ya para nada. Está en marcha una bomba de relojería pues aunque no hay una relación directa entre los antibióticos en el ámbito veterinario y en el humano, sí existe una indirecta ya que la " vida» se vuelve resistente contra los medicamentos empleados y nos amenaza en forma de gérmenes patológicos. 
Señor Comisario, esto podría adquirir unas dimensiones similares a las de la EEB. 
Creo que es urgente que la Comisión ponga manos a la obra en el trabajo científico y que haga por el momento de modo preventivo lo que ya ha hecho Suecia, es decir, prohibir el empleo de antibióticos de modo profiláctico en los alimentos para animales y elaborar bases científicas para poder salvarnos también en las negociaciones con la OMC. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el 80 %, aproximadamente, de los antibióticos producidos en el mundo y destinados a los animales son distribuidos, al parecer, en la alimentación animal. 
Ésa es la conclusión de un informe de la Comisión Interprofesional e Interministerial de la Alimentación Animal en Francia. 
Dicho de otro modo: casi la totalidad de los alimentos completos para animales de cría reciben suplementos de antibióticos. 
Después de la crisis de la EEB, los consumidores no comprenden que los animales reciban sistemáticamente alimentos que invariablemente contienen antibióticos, pese a que los riesgos son evidentes, según los estudios recientes de la OMS, que demuestran que la utilización sistemática de antibióticos en las fases de engorde- como ya se ha dicho- puede tener consecuencias negativas, como la aparición de capas bacterianas que se vuelvan resistentes a los antibióticos y resulten muy difíciles de eliminar. 
Así, pues, la resolución común pide a la Comisión que aproveche la experiencia de los Estados miembros que han prohibido ciertos antibióticos para verificar la inocuidad de todos los antibióticos utilizados en la alimentación animal. 
También se pide a la Comisión que formule, al mismo tiempo, normas científicas estrictas para prohibir, llegado el caso, esos productos como aditivos alimentarios o incluso como medicamentos, pero también que aplique dicha prohibición a las importaciones de terceros países. 
Todo ello en virtud del principio, imperativo, de precaución, cuyo respeto se debe estipular expresamente, cuando se revise la directiva, a fin de garantizar a la vez la salud y la seguridad de los consumidores y los intereses de los productores. 
Esto es lo que tengo que decir sobre el contenido de esta resolución. 
No obstante, para llevar la lógica hasta sus últimas consecuencias, quisiera añadir que, para garantizar la salud y la seguridad de los consumidores, no basta con dejar de utilizar permanentemente los antibióticos en la alimentación animal; además, hay que aplicar la directiva sobre los contenidos máximos de residuos en las carnes. 
Se puede muy bien no alimentar habitualmente los animales con alimentos que contengan suplementos de antibióticos y, aun así, superar las dosis máximas autorizadas al aplicar a los animales tratamientos contra enfermedades. 
Así, pues, es indispensable fortalecer también los controles de residuos de antibióticos en las carnes y las canales dentro de la Unión Europea y en las importadas de terceros países. 
Ese problema se inscribe en la misma lógica que lo que nos enfrenta a los países que siguen autorizando, por ejemplo, las hormonas como factor de crecimiento permanente en la cría de ganado, cosa que el consumidor europeo no desea. 
Así, pues, haríamos bien, creo yo, en apoyar enmiendas que completarían la resolución en ese sentido. 
Para concluir, quisiera formular una pregunta al Comisario Fischler. 
Tengo entendido, señor Comisario, que la Comisión ha encargado estudios sobre la antibiorresistencia de los microorganismos y sobre los residuos de antibióticos en las carnes, en el marco, si mis informaciones son exactas, de las promesas de transparencia en materia veterinaria formuladas durante la labor de la Comisión de Investigación sobre la EEB. 
¿Podría comunicarnos, señor Comisario, esos informes? 
Señor Presidente, Señorías, después de los estragos causados por la epidemia de las vacas locas y la inmensa inquietud que ha suscitado legítimamente en nuestros conciudadanos europeos, no debemos transigir nunca más con lo que se llama el principio de precaución. 
Es absolutamente necesario que se emprendan con urgencia estudios serios para determinar cuál es la responsabilidad de los antibióticos utilizados en la alimentación animal, pero también en las actividades hospitalarias y médicas relativas a los fenómenos de resistencia a los antibióticos que están apareciendo y que nos inquietan. 
En efecto, en toda Europa se observa, por desgracia, una recrudescencia de la tuberculosis que ha inspirado inquietudes en el nivel científico. 
Si en el futuro hubiera una epidemia bacteriana importante, podría ser que ya no dispusiéramos de las armas para luchar contra ese flagelo y los riesgos que representa. 
Así, pues, es necesario acelerar los estudios que se están emprendiendo actualmente en el Comité Científico de la Alimentación Animal. 
También sería necesario que todos los países, antes incluso de que se aplicara una reglamentación europea, establecieran una vigilancia epidemiológica de las resistencias a los antibióticos siguiendo la utilización de los antibióticos en la cría de ganado, a fin de promover, en espera de una reglamentación más estricta, una utilización racional de los antibióticos, limitar las cantidades globales aplicadas, como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo mejorar los métodos higiénicos en la cría de ganado, como antes ha dicho muy atinadamente el Sr. Olsson. 
La utilización de los antibióticos no debe ser simplemente el medio para compensar métodos ganaderos inadecuados. 
Por otra parte, es necesario también controlar mejor la utilización de los antibióticos por parte de los facultativos de medicina general, porque todos sabemos que la cantidad global de antibióticos utilizada en la medicina humana es muy superior a las cantidades de antibióticos utilizados como aditivos en los alimentos para animales. 
Debemos velar también por que las reglamentaciones previstas pongan fin a las distorsiones de la competencia que pueden existir hoy en el Mercado Interior. 
La Sra. Barthet-Mayer ha recordado muy oportunamente también la necesidad de generalizar en el nivel europeo el control de las cantidades de residuos que subsisten en las carnes. 
Y, naturalmente, debemos luchar en la Organización Mundial del Comercio para que no se apliquen sólo en Europa las disciplinas que nos imponemos en pro de la salud humana, sino que las apliquen también los terceros países que nos suministran carne y alimentos para el ganado. 
En esas condiciones, como todos los Grupos que han intervenido comparten en gran medida esas opciones, nuestro Grupo, que es cosignatario de la resolución común, la apoyará y apoyará también las enmiendas presentadas por el Grupo Europa de las Naciones y que ha defendido antes la Sra. Barthet-Mayer. 
Señor Presidente, he participado plenamente en la redacción de esta propuesta de resolución conjunta sobre los antibióticos en los alimentos para animales. 
Espero que, después de este debate, la Asamblea le dé todo su apoyo. 
Los alimentos que contengan medicamentos o aditivos antibióticos tienen un único fin en las unidades grandes: tratar los animales enfermos. 
Dichos alimentos deben utilizarse solamente para ese fin terapéutico; se deben utilizar sólo con licencia y supervisión estrictas. 
Ésa es la única forma práctica de administrar un tratamiento en el caso de un brote epidémico en las unidades grandes. 
Por ejemplo, sería casi imposible tratar una unidad de cría y engorde de cerdos de 5.0- 10.000 cerdos, pongamos por caso, de cualquier otra forma que administrándoles los medicamentos en la comida y el agua potable. 
No sería posible atrapar e inyectar a miles de cerdos todos los días durante una semana tal vez. 
De modo que la aplicación del tratamiento mediante la alimentación es la única forma en la práctica. 
Sin embargo, se deben aplicar normas y códigos metodológicos estrictos en todos esos casos. 
De hecho, tengo mucho gusto en decir que en la mayoría de los Estados miembros que conozco ya se aplica ese sistema. 
Creo que hay muchos elementos en ese código de conducta, algunos de los cuales se podrían exponer en líneas generales del modo siguiente. 
Los compuestos mezclados con medicamentos sólo pueden ser fabricados por empresas registradas tras recibir una prescripción veterinaria de los servicios veterinarios estatales, en la que se detallen completamente el número de animales por tratar, los períodos de tratamiento y las dimensiones del lote. 
Sólo se debe fabricar la cantidad especificada en la prescripción oficial. 
Se deben registrar cuidadosamente los números de los lotes de esos alimentos desde su fabricación hasta su entrega y utilización finales en la granja para garantizar las máximas posibilidades de localización. 
No se debe añadir medicación a los alimentos destinados a los animales durante un mes antes de su sacrificio. 
El sistema de la caja o el almacenamiento cerrados se debe aplicar al fabricante y en la granja donde se vayan a almacenar y utilizar los alimentos. 
Todos los medios de transporte, camiones y recintos de almacenamiento deben ser lavados mediante percolación antes de que se vuelvan a utilizar con alimentos no medicados. 
Las autoridades veterinarias competentes deben hacer análisis pre mortem de muestras de orina y sangre y post mortem mediante muestras de riñones y de carne para garantizar la máxima seguridad de los alimentos. 
La utilización de alimentos medicados por razones profilácticas o de potenciación del crecimiento no puede seguir formando parte de la gestión, como ocurre actualmente en algunos sistemas de alimentación y en algunos Estados miembros. 
Se debe conceder un período limitado a esas granjas para que cambien de métodos. 
No se deben utilizar alimentos medicados para apoyar o respaldar una mala gestión de las granjas o niveles deficientes de salud y bienestar animales. 
Conviene observar que la utilización excesiva e indebida de antibióticos no es exclusiva de los granjeros y la industria agropecuaria: hay muchos testimonios de que la clase médica no está libre de culpa en materia de prescripción excesiva. 
No obstante, la utilización de antibióticos en la cría de ganado nunca debe comprometer ni poner en riesgo la salud de los seres humanos. 
La utilización indebida de los antibióticos para fines profilácticos o terapéuticos nunca debe substituir una buena gestión. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, la utilización de antibióticos en la producción animal puede darse de dos formas: la introducción de antibióticos en la alimentación animal y el recurso a los antibióticos para fines terapéuticos en el marco de la medicina veterinaria. 
En el plano de la reglamentación, existe una directiva que establece la lista de los productos autorizados como aditivos en la alimentación animal, además de un reglamento en el que se establece un procedimiento comunitario que permite fijar límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal. 
Así, pues, como es totalmente concebible que la utilización abusiva de antibióticos pueda provocar el desarrollo de resistencias tanto en los animales como en el hombre, es necesario aplicar una política que permita limitar su utilización a lo estrictamente necesario. 
Para ello, hay que controlar, por tanto, no sólo la utilización de antibióticos en la alimentación, sino también su utilización para fines terapéuticos. 
Así, pues, es indispensable tener en cuenta los límites máximos de residuos de substancias farmacológicamente activas para los productos alimenticios de origen animal, incluidos la carne, el pescado, la leche, los huevos y la miel. 
Se deben fijar dichos límites máximos con arreglo al principio de precaución a fin de preservar la salud pública. 
A este respecto quiero denunciar la actitud ambigua que prevalece actualmente en la Unión Europea. 
Así, por ejemplo, algunos antibióticos autorizados por la reglamentación comunitaria como coccidiostáticos están prohibidos en Suecia como aditivos para los alimentos destinados a los animales, pero autorizados como medicamentos veterinarios, sin que se observen las normas comunitarias relativas a la evaluación de los límites máximos de residuos. 
Ahora bien, dichos límites máximos son esenciales para poder controlar la utilización correcta de los medicamentos veterinarios, según la modulación de la prescripción veterinaria, mientras que la utilización de los aditivos está estrictamente limitada por la reglamentación y controlada en el nivel de los alimentos. 
En consecuencia, pedimos encarecidamente a la Comisión que exija la aplicación de dichos límites máximos de residuos en todos los Estados miembros. 
También es indispensable exigir la aplicación de esas normas para todas las importaciones de productos alimenticios de origen animal procedentes de terceros países, incluidos la carne, el pescado, la leche, los huevos y la miel. 
Dichas normas sobre residuos deben estar claramente formuladas en el marco de los acuerdos internacionales y, en particular, en el de la OMC. 
He de recordar que la producción animal ocupa un lugar muy importante en la agricultura europea y que no se deberían imponer a nuestros ganaderos condiciones de producción que les impidieran seguir compitiendo con productos importados de terceros países que no respetaran las mismas condiciones ni las mismas limitaciones que ellos. 
Así, pues, es esencial a este respecto no limitarse a tener en cuenta la utilización de antibióticos en la alimentación animal, sino que es necesario, además, globalizar nuestro criterio incorporando al análisis los antibióticos utilizados en la medicina veterinaria. 
Si los estudios científicos demuestran un desarrollo de las biorresistencias a consecuencia de la utilización de los antibióticos en la cría del ganado, será esencial, señor Presidente, conseguir el respeto por todos de las normas de resistencia: no sólo por los productores de todos los Estados miembros de la Unión Europea, sino también en la totalidad de las importaciones procedentes de terceros países, a fin de preservar los intereses de los agricultores europeos y la protección de los consumidores europeos. 
Señor Presidente, durante el período de sesiones de Estrasburgo de febrero se dio un importante paso en el campo de los alimentos para animales más sanos. 
Éste fue consolidado mediante el voto a favor del Parlamento Europeo de una enmienda- de la que fui autor- al informe del Sr. Poisson por la que se prohíbe, entre otras cosas, el uso de antibióticos en alimentos para animales destinados a objetivos de nutrición específicos. 
Los numerosos y repetidos informes sobre las posibles consecuencias para la salud son demasiado serios para que ser ignorados. 
Con el uso de antibióticos- como también se dijo antes durante este debate- existe el peligro de que las bacterias se vuelvan resistentes. 
Se vuelven resistentes a los medicamentos que se utilizan para sanar a las personas enfermas. 
Nos arriesgamos a acabar llegando a una situación en la que muchas personas mueran de enfermedades que antes pudimos tratar fácilmente con antibióticos. 
Además, está el hecho reconocido de que si los agricultores mantienen los establos en buenas condiciones higiénicas, el empleo de antibióticos es totalmente innecesario. 
Un punto importante para la futura reforma de la política agraria será por ello garantizar que las normas sobre estándares de los establos sean de tal naturaleza que el empleo de antibióticos esté de más. 
En el momento actual, varios Estados miembros ya han prohibido el empleo de antibióticos en piensos, entre otras cosas, teniendo en cuenta que los resultados de los análisis que existen de la OMS. 
Estos análisis señalan que el empleo de antibióticos puede tener grandes costes para el tratamiento de enfermedades en humanos. 
La OMS recomienda, por tanto, que cese el uso de antibióticos. 
Una de las causas de cartel de la UE es la libre movilidad de artículos, entre otras cosas. 
Todos los Estados miembros deben poder colocar libremente sus artículos dentro de la UE. 
Esto significa que tenemos la responsabilidad y el compromiso de garantizarles a los consumidores que los artículos han sido producidos de un modo responsable. 
Los consumidores deben poder elegir confiadamente los productos comunitarios sin tener que preocuparse sobre si la producción se produce de un modo que puede acarrear catástrofes para la salud de los ciudadanos, catástrofes que al aparecer pueden acarrear un número mucho mayor de muertes y ser de mayor envergadura que la crisis de la EEB. 
En este contexto no debe olvidarse que la UE también es parte del mercado mundial. 
Es preocupante que en muchos lugares del mundo se utilicen grandes dosis de antibióticos en alimentos para animales como sustancias estimuladoras del crecimiento para animales. 
Es importante por supuesto hacer más estrictas las normas en la UE. 
También debemos trabajar orientados a lograr mejores normas en el mercado mundial. 
Tengo tres puntos claves en mi lista de peticiones. El primero es pedirle al Consejo que tome nota de la recomendación del Parlamento Europeo por la que se prohíbe el empleo de, entre otras cosas, antibióticos en piensos destinados a objetivos de nutrición específicos. 
El siguiente punto clave es que la Comisión haga que se elabore lo más rápidamente posible una lista de los tipos más dañinos de sustancias antibióticas que promueven el crecimiento y logre su prohibición. 
En último caso, normalmente todos estos tipos de antibióticos acabarán entrando en la lista de sustancias prohibidas, de modo que logremos poner fin al empleo de estas sustancias dañinas para la salud. 
Me gustaría pedirle al señor comisario y a la Comisión que pongan en marcha un trabajo orientado a métodos alternativos para el cuidado de animales de granja, que puedan sustituir y hacer innecesario el consumo actual de estimuladores antibióticos del crecimiento. 
Estos pasos deben ser tomados si debemos poder mirarles a los ojos a los consumidores europeos. 
El Parlamento Europeo debe contribuir a garantizar que los alimentos sanos no se conviertan en un concepto hueco. 
Permítaseme decir por último que me gustaría pedirle al señor comisario que en primer lugar conteste a lo que se propone realizar para promover una producción animal más humana y sostenible. 
En segundo lugar: ¿cuándo podemos esperar resultados concretos de la investigación sobre el empleo de antibióticos en los piensos animales? 
¿Qué formas de control y medidas preventivas ha introducido la Comisión entretanto? 
En tercer lugar: ¿Ha emprendido la Comisión en la actualidad una revisión de la directiva en cuestión sobre empleo de antibióticos en piensos animales? 
En cuarto lugar: ¿Piensa proponer la Comisión en la actualidad como consecuencia de esto una prohibición del empleo de antibióticos en piensos animales? 
Lo que hoy hacemos es votar a favor de una propuesta de codecisión. 
Me gustaría pedirles a todos que lo hagan. 
Es un paso algo prudente el que damos, sin embargo, es un paso en la dirección adecuada en el camino hacia alimentos para animales mejores y más sanos. 
Lo fundamental es, sin embargo, que la Comisión comprenda también de lo que se trata y ofrezca una respuesta positiva. 
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por concederme la ocasión de exponer la posición de la Comisión sobre la problemática de los residuos de medicamentos en los alimentos para animales así como sobre el empleo de productos antimicrobianos- hablo pues de un grupo mayor, no sólo de antibióticos- en la alimentación animal. 
En las preguntas se ha mencionado el último informe del National Consumer Council con el título " Farm policies and our food- the needs for a change». 
Es conocido por nosotros y actualmente está siendo estudiado por los diversos servicios de la Comisión. 
Como sus Señorías saben, las medidas para el control de determinadas sustancias y residuos en los animales vivos y en sus productos están reguladas en la directiva del Consejo 23/96. 
Según ésta, los Estados miembros tienen que elaborar todos los años planes sobre residuos con el fin de comprobar los medicamentos para animales, inclusive sustancias antibacterianas, pesticidas y contaminantes del medio ambiente. 
En el marco de estos planes de control, se debe comprobar la observancia de unos valores máximos determinados a nivel comunitario para las sustancias mencionadas. 
La directiva prevé unos controles especiales para el empleo de antibióticos en la alimentación animal. 
El artículo 8 de esta directiva indica que los Estados miembros a partir de 1998, es decir, a partir de este año, tienen que publicar los resultados de los análisis sobre los residuos. 
En base a los resultados proporcionados por los Estados miembros, la Comisión presentará el próximo año al Parlamento y al Consejo un informe. 
Si en los alimentos de origen animal provenientes de terceros países se sobrepasan los valores máximos prescritos, en la directiva 675/90 se determina que se tiene que realizar en las fronteras exteriores de la Comunidad un control más intenso y concreto de varios envíos consecutivos del mismo origen. 
Respecto a los productos antimicrobianos en los alimentos para animales, la prohibición de antibióticos exigida por el Parlamento se incluyó expresamente en el proyecto de directiva sobre alimentos para animales para finalidades alimenticias especiales, de modo que el empleo de antibióticos está regulado exclusivamente por la directiva sobre aditivos 524/70. 
Esta ha sido entretanto modificada cinco veces en el sentido de un aumento de la seguridad del consumidor. 
No voy a referirme en detalle a las numerosas normas, en parte complicadas, que se han determinado para la producción, la comercialización y el empleo de aditivos. 
Respecto a la cuestión sobre la que hoy debatimos, una cosa está clara: en su solicitud, junto a las informaciones técnicas, los fabricantes tienen que proporcionar información sobre los residuos así como sobre si se pueden derivar riesgos para la salud humana del empleo de antibióticos. 
Antes de que el Comité Permanente de Alimentación Animal apruebe su empleo, las solicitudes de los fabricantes son examinadas por parte del Comité Científico de Alimentación Animal. 
Actualmente, a nivel comunitario están autorizados para algunas especies animales los siguientes productos: pacitracina, espiramicina, virginiamicina, flavofosfolipol, tilosina, monensina, salinomicina y avilamicina. 
La virginiamicina para cerdos, la pacitracina para pollos de cría y cerdos y la avilamicina para pavos, no tienen que ser autorizados por los Estados miembros. 
En el empleo en estas especies animales, las tres sustancias no cumplen aún todos los criterios, pero hasta hoy no hay nada que indique que la sustancias mencionadas representen un peligro para la salud animal o humana. 
Hasta hoy la Comisión ha demostrado que prohíbe aditivos si existe una sospecha científicamente justificada de que exista un peligro para las personas o animales. 
Esto se demuestra entre otras cosas en que desde 1970 hemos prohibido en total 16 antibióticos. 
Los últimos, como saben, han sido la avoparcina y la artacina. 
Además, la Comisión va examinar cuidadosamente todos los aspectos relativos a la formación de resistencias y si son transmisibles de animal a animal o del animal al hombre. 
La última modificación de la directiva sobre aditivos ordena que todas las sustancias prescritas antes de 1988, tienen que ser sometidas a un nuevo control sistemático a partir de septiembre del año 2000. 
Esto es en especial aplicable a seis de las ocho sustancias mencionadas. 
A partir de octubre de 1999, solamente existirán autorizaciones para un período máximo de diez años a nivel comunitario. 
Ya no existirán autorizaciones nacionales como actualmente es posible para la virginiamicina o la pacitracina y la avolamicina. 
En el Tratado de adhesión de 1997, se autorizó a Finlandia a mantener la prohibición de la espiramicina y la tilosina. 
Según el Tratado de adhesión, Suecia puede mantener su prohibición general de antibióticos y otras sustancias antimicrobianas en la alimentación animal hasta finales de este año. 
Hasta que expiren los plazos, en base a las justificaciones científicas que deben proporcionar Finlandia y Suecia, la Comisión decidirá sobre una eventual prohibición a nivel comunitario. 
Lamentablemente, tengo que comunicarles que las justificaciones proporcionadas hasta ahora por Finlandia no han convencido al Comité Científico de Alimentación Animal. 
Las justificaciones proporcionadas por Suecia para una prohibición general en la alimentación animal, están siendo estudiadas actualmente por el grupo de trabajo multidisciplinario " sustancias antimicrobianas». 
En base a la cláusula de protección del artículo 11 de la Directiva sobre aditivos, en Dinamarca se ha prohibido este año la virginiamicina. 
Sin embargo, este artículo prevé que en lo tocante a estas prohibiciones, los Estados miembros en cuestión tienen que presentar las correspondientes justificaciones, sobre las que decide luego el Comité Permanente de Alimentación Animal de la Comisión. 
La Comisión tiene claro que ni nuestros criadores de animales ni los fabricantes de aditivos aceptarían una prohibición sin la correspondiente justificación científica. 
Los ganaderos se considerarían perjudicados frente a la competencia externa y los fabricantes nos abrumarían con una avalancha de procesos judiciales si no se pudiese demostrar la certeza de nuestra actuación. 
También el derecho internacional nos obliga a aplicar criterios científicos. 
Asimismo, hay que tener en cuenta los temores de los consumidores. 
Por ello, necesitamos una base científica correcta para nuestras decisiones. 
En casos justificados de duda, la Comisión puede aplicar el principio de la prevención, tal como ha hecho ya en el caso de la avoparcina. 
En el marco de sus programas de investigación, la Comisión alienta a la ciencia para que desarrolle alternativas que puedan sustituir en el futuro estos antibióticos en la alimentación animal. 
Cito aquí la palabra clave de " probióticos». 
Actualmente, los expertos competentes están examinando un primer proyecto. 
Unas mejores condiciones de cría pueden suponer también un gran avance. 
Si se pudiesen optimizar, el empleo de antibióticos en la alimentación animal ya no sería interesante económicamente. 
Por su parte, para tener en cuenta las objeciones crecientes de los consumidores, la industria de alimentos para animales se ha declarado dispuesta a llevar a cabo un programa para el control de la evolución de las resistencias bacterianas. 
Este " monitoring» que está en marcha estos días, analiza si y en qué medida existe en los animales útiles un aumento de resistencias bacterianas frente a productos que se emplean en el campo veterinario y de los cuales, algunos pertenecen a la misma familia, como los antibióticos, que están autorizados en la medicina humana. 
Para ello, este año se han puesto a disposición unos 900.000 ecus. 
En abril de 1998, el Comité Científico de Dirección de la Comisión acordó la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario sobre el tema de la formación de resistencias y que, probablemente, presentará a finales de este año los correspondientes resultados. 
El grupo de trabajo se ocupará en especial del problema del aumento de resistencias desde un aspecto transversal. 
Se someterán a un análisis crítico todos los campos de aplicación en los que se emplean sustancias antibióticas, es decir, en la medicina humana y veterinaria así como en la alimentación animal. 
El grupo de trabajo analizará entre otras cosas las siguientes cuestiones: primera, el empleo y abuso de productos antimicrobianos en la medicina animal y humana; segunda: la cuestión de los gérmenes resistentes y multiresistentes y tercera: los factores responsables del aumento de las resistencias. 
El Comité de Dirección sigue con esta iniciativa la orientación dada sobre este tema por la Organización Mundial de la Salud en su Conferencia de octubre de 1997 en Berlín. 
La valoración científica final del grupo de trabajo, pondrá a la Comisión en situación de poder enjuiciar con una sólida base científica las solicitudes de los diversos Estados miembros relativas a la prohibición de antibióticos en la alimentación animal. 
Asimismo, hay que atender las objeciones de los representantes de profesiones sanitarias así como de los consumidores en lo tocante al desarrollo de resistencias bacterianas. 
En los casos en los que la valoración científica de los riesgos sea insegura o deficiente, la Comisión se dejará guiar en cualquier caso por el principio de prevención 
Debo advertir a los visitantes que nuestro Reglamento impide cualquier manifestación desde la tribuna. 
Por lo tanto, debo rogarles que se mantengan en silencio y que no expresen ninguna manifestación, ni de aprobación ni de desaprobación. 
En caso contrario, me vería obligado a desalojarles de la tribuna. 
Estoy seguro de que esta ha sido una manifestación muy espontánea y que voy a contar con su silencio durante su presencia aquí. 
La votación tendrá lugar al final del debate. 
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo al Comisario su declaración. 
Sin embargo, sigue quedando mucho por hacer para disipar la preocupación en aumento de los ciudadanos de toda la Unión Europea sobre la aparición de cepas de bacterias resistentes a la mayoría de los antibióticos provocada por las dosis excesivas aplicadas a los animales y a los seres humanos. 
Cuando redacté la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a la legislación sobre los alimentos, dicha preocupación se reflejó en el hecho de que no sólo no hubiera oposición a mi propuesta de que sólo se utilizaran los antibióticos para tratar enfermedades en los animales y no como profilaxis sistemática, sino que, además, se le diera en la comisión una redacción más rigurosa. 
Se acordó la tesis de que, para eliminar cualquier necesidad de esa utilización profiláctica de los antibióticos, son esenciales niveles altos en materia de cría y bienestar de los animales. 
Para el Partido de los Socialistas Europeos, la cuestión esencial en este caso es la salud humana más que los posibles efectos en el mercado de la carne. 
Ya hemos visto todo lo que puede suceder al mercado de la carne cuando se pasa por alto la seguridad de los consumidores, supuestamente para proteger el mercado. 
No obstante, mi Grupo estaba dispuesto a aceptar la resolución común en su totalidad, incluido el párrafo 5, pese a que dicho párrafo no le satisfacía del todo, con vistas a lograr el mayor consenso posible. 
Sin embargo, como el Grupo Europa de las Naciones ha abandonado el consenso al rechazar varias enmiendas, el PSE se siente justificado para votar contra el párrafo 5 a fin de que la resolución común se centre en la cuestión real que incumbe a esta Asamblea: la necesidad de reducir la utilización de antibióticos en los animales y en la cadena de la alimentación humana al mínimo absoluto necesario para tratar casos concretos de enfermedades en determinados animales y manadas, mientras se hacen otras investigaciones y se intercambia información. 
Señor Presidente, también yo querría expresar mi agradecimiento al Comisario Fischler. 
Nada logra persuadir tan fácilmente a las personas como las largas letanías de términos científicos, aunque todavía siguen existiendo dudas. 
Es un hecho que en toda la UE se recurre ampliamente a los antibióticos, tanto con fines veterinarios como para acelerar el crecimiento de los animales. 
Como se ha comprobado, las bacterias se habitúan a los antibióticos tras años de uso y se vuelven resistentes a los mismos. 
En los últimos años se ha lanzado una hipótesis en el sentido de que estas bacterias resistentes podrían pasar al ser humano que come la carne, debilitando así también su capacidad de resistencia contra las enfermedades contagiosas. 
A pesar de que en medios científicos se discuta en torno a un problema tan difícil de demostrar como es éste, debemos abordar esta cuestión ahora. 
Algunos de los veterinarios opinan que debe prohibirse tajantemente el uso de los antibióticos para acelerar el crecimiento. 
Es cierto que aún no hay evidencias concluyentes, pero también es seguro que el ser humano, último eslabón de la cadena alimenticia, no sabe en realidad cuántos botes de antibióticos está degustando junto con su chateaubriand o su hamburguesa de McDonald's. 
Finlandia y Suecia obtuvieron en el momento de su adhesión la libertad de prohibir el uso de determinados antibióticos en los forrajes para animales. 
Sin embargo, en muchos otros países se utilizan antibióticos que figuran como seguros en las listas de la Comisión. 
Tal como ha dicho el Comisario, la Comisión considera que no se puede prohibir el uso de antibióticos sin que existan pruebas suficientes de que son origen de serios perjuicios para la salud. 
Pero entonces, ¿quién está en condiciones de definir qué perjuicio es lo suficientemente grave para la salud humana? 
¿No basta sólo con la sospecha de que existe un riesgo? 
Los ciudadanos de la Unión se desplazan libremente de un país a otro, hacen viajes de negocios y de placer. 
Resulta difícil creer que solamente los suecos y los finlandeses dispongan de exigencias rigurosas por lo que respecta a la calidad de los alimentos. 
No se puede colocar a los consumidores en una posición distinta dependiendo de cada país. 
Creo que la UE debería aplicar plenamente el principio de cautela, principalmente cuando se trata de garantizar la salud de los ciudadanos, y mantenerse firme en el uso de antibióticos en los forrajes para animales. 
Señor Presidente, señor Comisario, la cuestión planteada, entre otros, por el Sr. Olsson acerca del uso de antibióticos en el forraje para animales se somete a examen en un momento muy oportuno. 
Está cerca de expirar la excepción que se concedió a Suecia y a Finlandia a este respecto, por lo que se debería someter a reflexión en toda la UE la posición que hay que adoptar al respecto. 
Desearía felicitar al Comisario Fischler por la respuesta tan detallada y extraordinaria que nos ha ofrecido. 
Los antibióticos son unos medicamentos que se cuentan entre las mejores invenciones de este siglo en la lucha contra las enfermedades. 
Los antibióticos han sido un enorme beneficio para toda la humanidad. 
Sin embargo, una de las características de los microbios es la rapidez con que pueden desarrollar cepas resistentes a determinados antibióticos. 
Por este motivo, se deben crear constantemente medicamentos para poder superar el problema que ocasionan precisamente estas cepas. 
La agricultura intensiva de hoy en día dificulta las condiciones de crecimiento de los animales. 
Con demasiada frecuencia, el número de animales en las unidades de cría es grande y las instalaciones son estrechas y propicias para la propagación de enfermedades. 
Éste es el motivo por el que se intenta evitar la aparición y la propagación de enfermedades, entre otros métodos, aumentando el volumen de antibióticos en los forrajes de los animales antes de que aparezca la propia enfermedad. 
Esta utilización de antibióticos al azar es común en la UE, pero aún lo es más en las potencias de la producción agrícola industrial, como los Estados Unidos. 
Como consecuencia de todo esto, se ha generalizado tanto el uso de antibióticos que surgen a velocidades vertiginosas nuevas cepas de microbios resistentes, lo cual reviste, por otra parte, considerables perjuicios para la salud. 
Por este motivo, el examen de esta cuestión precisamente ahora entraña tanta importancia. 
La cuestión implica tomar parte realmente a favor de la reforma de la política agrícola de la UE y de la creación de una política agrícola europea. 
Se trata de saber si queremos imitar el modelo americano de producción agrícola, en el que, entre otras cosas, se hace un uso amplio de antibióticos y hormonas. 
En tal caso, las cuestiones en materia de salud pública quedan, obligatoriamente, en un segundo plano. 
¿O preferimos desarrollar una agricultura europea sobre una base sostenible desde los puntos de vista ecológico y ético, y producir en grandes cantidades productos alimentarios de alta calidad y saludables, con arreglo a métodos aceptables? 
Éstas son las alternativas que se deben sopesar durante las negociaciones de la Agenda 2000. 
El uso de antibióticos en los forrajes para animales constituye un grave problema relacionado con el desarrollo sostenible. 
Es un claro ejemplo de cómo la codicia de hoy en día, en este caso en forma de alimentos más baratos, hace peligrar seriamente las posibilidades de las generaciones venideras para luchar contra las enfermedades provocadas por los microbios. 
Por todo ello, doy mi apoyo a esta propuesta de resolución de común elaboración. 
Señor Presidente, estamos ante un problema de la agricultura industrial de carácter intensivo. 
Cuando la producción se lleva a cabo en grandes unidades, los índices económicos son a menudo más importantes que la salud de las personas. 
La producción porcina y avícola de Holanda constituye un problema particular en la UE. 
Estamos sometiendo a debate la utilización de antibióticos para cebar animales. 
Tenemos pruebas de que se ha hecho caso omiso de los planteamientos científicos al examinar el uso de hormonas para el crecimiento destinadas a la alimentación de animales. 
Si bien está prohibido su uso, en la UE se venden hormonas para el crecimiento por valor de 1 500 millones de ecus. 
En esta cuestión, la línea de actuación de los países nórdicos es mejor que la de la UE. 
El mercado interior no garantiza la salud de las personas. 
Debemos reconocer que la Comisión no cuenta con recursos para solucionar este problema. 
El control se encuentra ante todo en manos de los Estados miembros, y la Comisión no debería impedir esta circunstancia. 
Señor Presidente, sabemos que los antibióticos son nuestras medicinas más importantes y, a menudo, las únicas para curar enfermedades bacterianas. 
Actualmente una de las mayores amenazas a la salud en el mundo, y también en la UE, es la de las bacterias que han desarrollado resistencia contra los antibióticos, debido a su uso inadecuado y desmedido, especialmente tratándose de animales, pero, obviamente, también respecto de las personas. 
Las bacterias se han hecho resistentes contra los antibióticos y se contagian de los animales a las personas, incluso a través de los alimentos. 
No entiendo por qué la Comisión no puede usar el mismo argumento para los antibióticos en los piensos como el que usa para las hormonas en la discusión con la OMS, es decir, que rija el principio de la cautela. 
Todos sabemos cuán difícil puede ser demostrar algo mediante la investigación, es decir, que debe haber pruebas contundentes, como dijo el Comisario. 
Aún así, hay informes, entre otros de la OMS del otoño de 1997, en los que se señalan cuatro bacterias resistentes, entre otras salmonella y coli, que causan grandes problemas de salud pública. 
Se dice que esas bacterias han recibido demasiados antibióticos y han desarrollado defensas que han modificado su dotación genética. 
Por tanto, tenemos cuatro bacterias, muy, muy peligrosas que proliferan aquí en Europa. 
Además, sabemos que el gobierno e investigadores suecos con ayuda de colegas internacionales, han demostrado que al menos una de esas bacterias, los enterococos, se han hecho resistentes a causa de los piensos con antibióticos. 
También he leído que la comisión de agricultura del parlamento inglés recientemente ha presentado un informe en el que se recomienda la prohibición tajante de antibióticos en la alimentación animal. 
Se dice que se tienen pruebas casi definitivas de que las bacterias resistentes se pueden transmitir a las personas. 
Creo que aquí tiene la Comisión una posibilidad de aplicar el principio de la cautela, lo cual opino que debería hacer. 
No hay motivos, después de lo de la EEB, para que aceptemos los grandes riesgos que implican los antibióticos en los alimentos animales. 
En Suecia, se prohibió el uso hace más de diez años. 
¿Qué se han visto obligados a hacer los agricultores allí? 
Se han visto obligados a invertir y trabajar con metas a largo plazo para mejorar el cuidado y el ambiente de los animales. 
El Comisario no mencionó explicitamente la forma de tratar a los animales en Europa. 
Es allí donde está todo el problema: la concepción industrial de cómo tratar a los animales, los malos ambientes, la masificación. 
Evidentemente que es en esta materia donde tiene que empezar el trabajo. 
Opino que en este campo la Comisión tendrá que estar en la vanguardia, si quiere que tengamos confianza en su política agrícola para los consumidores y para quienes van a comer los productos que nos da la agricultura. 
Señor Presidente, el uso a gran escala de antibióticos en el mundo de la ganadería es motivo de preocupación. 
Desde hace tiempo los microbiólogos nos están previniendo del surgimiento de bacterias resistentes, que van a parar al ser humano a través del consumo de carne. 
Debido a ellas el ser humano puede volverse insensible ante antibióticos de uso humano. 
Este es un hecho extremadamente alarmante, principalmente en casos de enfermedad en donde solamente es eficaz un grupo de antibióticos. 
Por eso es muy importante que se reduzca el uso de antibióticos en la ganadería. 
Se perfectamente que no se conocen muy bien los riesgos que entrañan determinadas sustancias. 
Pero el conocimiento que se ha adquirido, acerca del peligro de resistencia utilizando una sustancia como la avoparcina, da lugar a que se sea muy prudente con otras sustancias. 
Los antibióticos deben seguir utilizándose para combatir las enfermedades. 
Pero debe someterse a discusión la administración continua de estos medicamentos a través de la alimentación animal. 
Esto concierne, ciertamente, a sustancias que muestran gran similitud con los antibióticos de uso humano. 
Al mismo tiempo que se debe reducir el uso de los antibióticos en la alimentación animal, hay que estimular el estudio de alimentos alternativos. 
No debemos olvidar que los alimentos alternativos cumplen un papel muy útil. 
Las investigaciones han demostrado que la ganadería neerlandesa produce un 6, 5 % más de nitrógeno y fosfato si no se utilizan esos alimentos alternativos. 
Además empeora el crecimiento y la transformación del alimento de un 4 a un 8 %. 
El sector mismo, entretanto, ha comenzado a desarrollar alternativas, tales como ácidos orgánicos y oligoacáridos. 
Además es muy importante que se de paso a una industria ganadera menos intensiva, que dependa menos de un uso persistente de medicamentos. 
También es necesario que se agudice el procedimiento de ratificación para el uso de antibióticos. 
Es curioso, a la luz de esta discusión, que se sigan permitiendo todavía antibióticos para uso preventivo, sin que se examine si hay peligro de resistencia. 
Ya sean antibióticos de uso preventivo o curativo, siguen siendo antibióticos que presentan riesgos de resistencia. 
En el caso de que se necesiten estimuladores del crecimiento antimicrobianos para combatir infecciones, abogo en favor de que se registren como medicamentos para animales, de modo que se examine si hay peligro de resistencia. 
Para concluir, la reducción de las bacterias resistentes no es una batalla perdida. 
Los estudios han demostrado que un uso menor de los antibióticos conduce a un descenso del número de bacterias resistentes. 
Pero abordemos el asunto con energía. 
Hay suficientes razones para ello desde el punto de vista de la salud pública. 
Señor Presidente, el Grupo Socialista saluda con beneplácito esta resolución, aunque consideramos que pudo haberse hecho un poco más severa y algo más rigurosa. 
Se ha hablado mucho en este debate de los riesgos para las personas, que se transmiten restos de productos de los antibióticos a las personas, pero evidentemente que el grave problema aquí es la salud de los animales. 
En cualquier caso hay tres motivos para limitar el uso de antibióticos. 
El primer motivo ha sido tratado por casi todos los oradores, es decir, que si se usan demasiados antibióticos se pueden desarrollar bacterias resistentes. 
Esto está totalmente claro y probado científicamente. 
Sin embargo, hay también otro motivo que debemos tomar en cuenta. 
Se trata de la influencia en el sistema inmunológico de los animales y los hombres. 
Por ejemplo, se ha podido comprobar una creciente frecuencia de alergias en las personas en los últimos decenios. 
No se saben las causas exactas de esto pero una teoría posible es que se debe al creciente uso de antibióticos cuando los niños son pequeños. 
Esto significa que las enfermedades que antes se dejaban para que el sistema inmunológico del cuerpo las combatiera, ahora se le entregan a los antibióticos. 
De este modo se debilita el sistema inmunológico. 
Está claro que los efectos a largo plazo de esto son totalmente desconocidos. 
El tercer motivo contra el uso de antibióticos es más hipotético, pero de hecho hay quienes han empezado a preguntarse si, en el largo plazo, esto puede afectar también a la dotación genética. 
Obviamente que no hay una influencia directa de los antibióticos en los genes pero hay una relación indirecta ya que los antibióticos pueden afectar la selección natural, es decir, el propio proceso evolutivo de la naturaleza. 
Las consecuencias a largo plazo de esto son totalmente desconocidas. 
Como muchos oradores han dicho, Suecia y Finlandia, con gran sabiduría y desde hace muchos años, han prohibido los antibióticos en la alimentación animal. 
Echo en falta realmente en esta resolución algunas palabras de elogio a esta sabia política. 
Lo único que hay en esta resolución está en el punto 5, donde hay una propuesta de la UPE a la Comisión para estudiar si nuestra prohibición ha dañado el mercado de la carne. 
Tengo que decir que este punto, que los socialistas votaremos en contra, implica que ante todo preocupa el bienestar del mercado, la salud pública está en segundo lugar. 
Es evidente que nuestros ciudadanos y todos aquí opinamos que la salud pública debe estar en primer lugar. 
Quiero finalizar diciendo que hay una opinión que crece claramente dentro de la ciencia médica en contra del uso de antibióticos. 
Lo mejor es una prohibición generalizada de su uso, casi lo mejor es que al menos los países que tienen esta prohibición la puedan mantener en el futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, como muchos han dicho, creo que debatimos algo que tiene mayores riesgos para la salud que la EEB. 
Además de hablar de la resistencia de las bacterias, podemos notar que en determinados casos ellas se han vuelto más agresivas, por ejemplo, las de los hospitales. 
La economía no debe estar antes de la salud. 
El Comisario tenía noticias buenas y malas en su exposición. 
Las buenas eran que una vez más escuchamos que iba a regir el principio de la cautela. 
El asunto, sin embargo, es saber cuándo y cómo va a empezar a regir. 
Creo que es importante que modernicemos la directiva sobre aditivos en la alimentación de los animales tomando como punto de partida lo que queremos en la resolución. 
En segundo lugar, es provechosa la comisión interdisciplinaria que trabajará hasta el fin de este año en el estudio del abuso de antibióticos. 
Espero solamente que el asunto no muera allí y que por eso tengamos una demora en la revisión de la directiva de aditivos. 
La mala noticia era que el Comisario Fischler un a vez más repitió que Finlandia, desgraciadamente, no ha presentado pruebas suficientes. 
Estimado Comisario, ¿no podemos también en este caso aplicar el principio de la cautela tratándose de la continuación de la prohibición de Suecia y Finlandia? 
También estuvo mal, como dijo un orador recientemente, que no se mencionase el buen ambiente para los animales. 
¿No constituye un valor en sí el tener un buen ambiente para los animales? 
Tomaremos una decisión de carácter político. 
La historia se repite: en el plano verbal y general hablamos de buena salud animal y del principio de la cautela, pero cuando llegamos al dinero y las leyes, entonces ya no valen. 
Hemos oído una enorme lista de mucinas. 
Sin embargo, no debemos olvidar que también existe riesgo de resistencia cruzada. 
No podemos creer en semejante división técnica, que algunas se prohíban y otras se permitan. 
Finalmente quiero agradecer a otros Grupos que han apoyado a mi colega Olsson y las iniciativas del Grupo ELDR en este debate, de modo que presionamos conjuntamente a la Comisión en esta materia. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por las reacciones tan numerosas y positivas que ha provocado la posición que he expuesto aquí en nombre de la Comisión. 
Creo que la Comisión, con la política que ha practicado en los últimos años ha demostrado que está dispuesta a aplicar el principio de prevención y, naturalmente, seguirá haciéndolo. 
Sólo quiero referirme brevemente a algunos asuntos. Primero: varios oradores han planteado la cuestión de la multiresistencia y de la resistencia cruzada. 
En este contexto quiero indicar que precisamente estos fenómenos están intensamente relacionados con el uso que se dan en la medicina a los antibióticos, aspecto sobre el que, por ejemplo, el diputado Graefe zu Baringdorf ha llamado con razón la atención. 
Deberíamos aclarar que lo que queremos es evitar riesgos adicionales por el empleo de tales sustancias en la alimentación animal. 
Ahora bien, no se debe despertar la sensación de que el empleo de antibióticos en los alimentos para animales es la única causa del problema al que hoy nos enfrentamos. 
En segundo lugar, quiero recordar- ya lo he dicho al exponer mi opinión- que la valoración de lo que se concedió a Finlandia y Suecia en el Tratado de adhesión está en marcha y que en el curso de este año se va a realizar una valoración final. 
En tercer lugar, quiero recordar que el Comité Científico de Dirección ha creado un grupo de trabajo multidisciplinario que debe proporcionar hasta finales de año unos resultados científicos. 
A continuación, la Comisión presentará al Parlamento lo antes posible una valoración global de la opinión de los comités científicos. 
Naturalmente, ustedes pueden acceder a todos los resultados científicos. Queremos ser transparentes, por lo que no hay aquí ningún problema. 
Pero creo que no debemos despertar en ningún caso la impresión de que queremos someter a presión a los científicos sino que éstos necesitan un cierto tiempo para poder realizar esta evaluación. 
Finalmente, quiero indicar que precisamente en el ejemplo de la avoparcina hemos demostrado nuestra disposición a actuar del modo correspondiente tan pronto como surgen dudas de cualquier tipo que hagan necesario actuar de ese modo. 
Estaríamos mal aconsejados si actuásemos sin base científica. Probablemente nos equivocaríamos, con lo que causaríamos a la agricultura y a la industria alimenticia unos grandes daños. 
Para finalizar, quiero indicar que en todas las consideraciones que realizamos sobre hasta qué punto se pueden emplear estos aditivos, no debemos dejar de lado la causa real del problema que en parte se debe a la ganadería masificada. 
Por ello, en relación con las propuestas que hemos presentado en la Agenda 2000 en lo tocante a las ayudas a las inversiones de las explotaciones agrícolas, a la hora de desarrollar y elaborar los programas de desarrollo rural dedicaremos una especial atención al principio que hemos establecido allí, consistente en fomentar más intensamente una ganadería con una cría de animales adecuada a la especie. 
Este enfoque debemos apoyarlo todos pues, visto desde un punto de vista económico, el empleo de tales sustancias antimicrobianas será cada vez menos interesante. 
Señor Presidente, permítame que plantee una breve pregunta adicional al Comisario Fischler. 
Este grupo de trabajo multidisciplinario creado por el Comité Directivo ¿se va a ocupar también del problema de que como consecuencia de manipulaciones genéticas se va a provocar voluntaria o involuntariamente casi como producto residual una resistencia contra los antibióticos? 
Hay estudios que demuestran que en el tratamiento de la leche se está desarrollando de modo dirigido una resistencia de bacterias contra los antibióticos, para no dejar que los residuos que eventualmente queden en la leche se vuelvan eficaces. 
¿Son estudiados también estos problemas por este grupo de trabajo? 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero dar las gracias al Comisario Fischler por las respuestas. 
Estimo que fueron bastante completas y en algunos puntos bastante satisfactorias. 
En cuanto al problema de los restos de sustancias, creo que estamos, en lo esencial, de acuerdo. 
También quiero agradecer a todos los colegas que tan provechosamente nos han apoyado en este debate. 
Al mismo tiempo estoy algo intranquilo. 
Por eso quiero formular una pregunta al Comisario. 
Él dijo que un buen ambiente para los animales puede hacer que no necesitemos usar antibióticos. 
Tengo gran respeto por la investigación científica y comparto la opinión del Comisario de que es necesaria, pero la elección entre un buen ambiente animal y el uso de la investigación es en realidad de carácter político. 
Tenemos que seguir impulsando este asunto en el Parlamento y en la Comisión. 
¿No se compromete a esto el Comisario? 
Señor Presidente, me gustaría pedirle al señor Comisario que conteste a la siguiente pregunta: Si ahora Finlandia y Suecia- y también Dinamarca, donde también se han hecho estas consideraciones- quieren establecer una prohibición contra los antibióticos, ¿permitirá la Comisión que el Tribunal de Justicia dirima estas cosas, o qué tiene pensado? 
Tengo la impresión de que no se está tan receptivo al uso del principio de cautela. 
Señor Presidente, en primer lugar respecto a la pregunta del diputado Graefe zu Baringdorf: en estos días se está determinando de modo definitivo en este grupo de trabajo multidisciplinario qué temas se pueden y se van a tratar. 
Hay un amplio catálogo de temas. 
Uno de ellos es el siguiente: Identification of the factors involved in the increase in antimicrobial resistance. 
Su pregunta se podría tratar muy bien bajo este punto. 
Lo pondré en conocimiento de las instancias competentes de la DG XXIV. 
Segundo: no queremos que decida el Tribunal Europeo de Justicia sino que primero vamos a dejar que sean los científicos los que emitan un juicio sobre la solicitud sueca y la finlandesa. 
No debemos adelantarnos al resultado sino esperar al de esta valoración científica. 
Respecto a la pregunta del diputado Olsson, no creo que esto sea tanto una cuestión de realizar más investigaciones. 
Creo que en lo tocante a las condiciones de cría existen ya muchos datos. 
Se trata más bien de crear un entorno económico que permita a los agricultores llevar a la práctica estas formas de cría compatibles con el modo de vida de los animales. 
En mi opinión cuanto más adecuado a la forma de vida de los animales es un sistema de cría, tanto menores son los gastos en veterinario. 
Sin embargo, los costes de inversión son mayores. 
Pr ello, si en el marco de nuestra Agenda dedicamos una mayor ayuda a estas formas de cría en relación con otras, entonces es mayor el estímulo para pasar a esa forma de cría. 
Pero si es necesario realizar investigaciones adicionales en el marco de los programas de investigación en curso, es decir, si los Estados miembros y los diversos institutos de investigación presentan los correspondientes proyectos, nada se opone a que se realicen nuevos estudios. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Propuesta de resolución común sobre los antibióticos en la alimentación animal 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Control de medidas en el marco de la reunificación alemana (Informe del Tribunal de Cuentas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0144/98) del Sr. Garriga Polledo, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe Especial nº 4/97 del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de ciertos aspectos de las medidas alemanas de reunificación que implican pagos de compensación del FEOGA y restituciones a la exportación, al que se adjuntan las respuestas de la Comisión (C4-0348/97). 
Señor Presidente, el Sr. Garriga no puede estar hoy entre nosotros por razones de índole médica, por lo que, con su autorización, seré yo el que presente su informe sobre el Informe especial del Tribunal de Cuentas, que ha auditado ciertos aspectos de la unificación alemana, referentes a pagos compensatorios y restituciones a la exportación realizados en 1992. 
El Informe especial del Tribunal de Cuentas analiza las medidas aplicadas para integrar la agricultura de la antigua República Democrática Alemana en la Política Agrícola Común en tres sectores: la erradicación de la leucosis, las restituciones a la exportación- sector bovino y vacuno- y la reducción de la producción láctea. 
El Tribunal de Cuentas llega al convencimiento de que se ha producido, primero, acumulación de subsidios en los tres casos, aunque no precisa la cantidad que supone esa acumulación. 
Un ejemplo fácil de esta acumulación de subsidios nos viene dado al analizar y relacionar las medidas adoptadas para erradicar la leucosis, la LVE. 
Examinemos las restituciones concedidas a la exportación vacuna y las compensaciones otorgadas por la reducción de la producción láctea, como consecuencia de la aplicación del sistema de cuotas: se sacrifica la vaca, que padece la enfermedad, y se recibe una compensación; asimismo, se contabiliza el sacrificio del animal como reducción de la producción lechera, y se cobra de nuevo por este concepto; y, por último, como la vaca no había desarrollado la enfermedad y se la considera apta para la venta fuera de la Unión Europea- para evitar la caída de precios en el mercado comunitario -, se exporta y se cobra de nuevo por exportación. 
Además, se mencionan irregularidades en el programa de erradicación de la leucosis. 
En los controles financieros sobre el programa de erradicación de la LVE, en los nuevos Länder, se descubre que se incluyen en el programa animales sacrificados antes de 1991, se presentan solicitudes de subvención para animales no sacrificados, se presentan dobles solicitudes por el mismo animal y se presentan solicitudes por animales sacrificados fuera de plazo. 
Resalto que la Comisión establece por ello las correcciones financieras debidas. 
Para analizar la situación, es necesario tener presente la resolución del Parlamento del 4 de abril de 1990, en la que se subraya el papel que la Comisión debe jugar para facilitar la unificación, y su participación en los gastos de la reconstrucción económica de la República Federal de Alemania, como solidaridad hacia este pueblo. 
El Tribunal de Cuentas olvida el objetivo político decidido por Alemania y aceptado por la Comisión y el Consejo: integrar los cinco nuevos Länder en la Comunidad. 
Ello implica la aplicación de la Política Agrícola Común en todo su alcance, sin transición y de manera retroactiva, todo ello con el menor coste comunitario posible y sin perturbar el mercado comunitario. 
La situación del mercado en la República Federal de Alemania era grave, especialmente en el sector del vacuno. 
Tarea nada fácil pero con una sola conclusión: el resultado de la operación fue un éxito. 
Y se han investigado los programas de erradicación de la leucosis, se han impuesto las multas correspondientes y también se han impuesto correcciones financieras por las exportaciones y otras por ciertas irregularidades. 
Respecto a la acumulación de subsidios, no hay objeción a indemnizar por sacrificar a un animal y después por exportar su carne. 
En el primer caso la ayuda va al propietario, en el segundo al exportador. 
Y, además, contabilizar el sacrificio del animal como reducción de la producción láctea. 
En los tres casos se contemplan ayudas establecidas para casos diferentes. 
Da la casualidad de que se yuxtaponen, pero quede claro que cada ayuda tiene su base jurídica y su objetivo. 
Por fin, se observa a lo largo del informe del Tribunal de Cuentas un punto de mira muy estrecho, excesivamente estrecho. 
Se han obviado muchas consideraciones específicas tales como la ausencia de un período transitorio y la retroactividad de determinadas medidas. 
Por todo ello, señor Presidente, hay que felicitar- ya que se ha conseguido el objetivo político que se pretendía- al Estado alemán y a las instituciones europeas. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, hoy, 15 de mayo de 1998, nos ocupamos de un acontecimiento histórico que ocurrió hace ocho años largos: la unificación alemana. 
Fue y sigue siendo un hecho histórico. 
Hoy nos ocupamos de un aspecto parcial muy pequeño que solamente pudo surgir debido a esa situación. 
Con frecuencia nos hemos ocupado de cosas que están muy atrás en el tiempo. 
Pero esto solamente tiene un sentido si existe el peligro de que el hecho de que nos ocupamos se pueda repetir de forma similar, ya que se trata de un fallo del sistema. 
En este caso, según las informaciones de la Comisión y del Tribunal de Cuentas, sobre las que hemos debatido a fondo en la comisión durante largo tiempo, no existe dicho peligro. 
A demanda del presidente de nuestra comisión, el mismo Tribunal de Cuentas ha comunicado que es muy improbable que surja de nuevo una situación similar. 
Por ello, todo esto tiene una importancia histórica aunque este informe no alcance totalmente la importancia histórica de la unificación alemana, sin querer por ello entrar en materia con el ponente. 
Es el pasado de lo que nos ocupamos. 
No obstante, quiero realizar algunas observaciones que están más bien dirigidas al Tribunal de Cuentas que a la Comisión: si uno se ocupa de un caso de este tipo- no se puede ocultar todo sólo porque se trataba de una situación histórica especialentonces se deberían elaborar quizás más rápidamente los informes. 
Es sintomático que nos ocupemos ahora del tema. 
No se debe a que nosotros hayamos sido muy lentos sino a que ha durado una eternidad hasta que se ha llegado a un informe del Tribunal de Cuentas desde que surgieron las primeras críticas a los innegables hechos y hasta que se ha finalizado este informe y nos ha sido transmitido. 
Esto ocurre con frecuencia, por lo que sólo quiero criticar este punto. 
Si el Tribunal de Cuentas quiere contribuir sólidamente a nuestro trabajo, debe tener un interés al igual que el Parlamento en que debatamos lo más próximamente posible en el tiempo, para que no se rechace una crítica justificada con el argumento de que eso pasó en alguna ocasión pero que entretanto todo ha cambiado. 
No siempre se puede comprobar tan fácilmente como en este caso si entretanto todo ha cambiado. 
Expreso mis felicitaciones al ponente aunque no esté presente, por el trabajo realizado. 
Sólo podemos extraer todos junto las mismas conclusiones: si hubiésemos recibido algo antes el informe, entonces podríamos habernos ocupado del tema antes y quizás el interés habría sido algo mayor al que hoy despierta. 
El informe fue aprobado unánimemente en la comisión. No hay enmiendas al respecto. 
Diría que el Sr. Fabra Vallés ha expuesto los hechos extensamente y sólo podemos adherirnos a los mismos. 
Señor Presidente, comprendo que Alemania es un contribuyente neto en la UE. 
Comprendo muy bien que los alemanes quieran que se les devuelva más dinero de sus contribuciones a la UE. 
Es natural que si se destinan 11 000 millones de ecus del contribuyente alemán al resto de los países, éste quiera contribuir en menor medida al presupuesto de la UE. 
Por el contrario, no puedo comprender que Alemania estafe dinero de la UE recurriendo a planteamientos falsos. 
La idea fundamental del Tribunal de Cuentas es que ha habido una acumulación de pagos compensatorios por las mismas vacas. 
En mi opinión, el ponente, el Sr. Garriga Polledo, hila demasiado fino en esta cuestión. 
Afirma que los beneficiarios del solapamiento en el pago de ayudas no han sido necesariamente las mismas personas. 
El problema básico estriba en el hecho de que se ha pagado más de una vez por las mismas vacas. 
Las responsabilidades políticas hay que aplicarlas con arreglo a las disposiciones de la UE. 
Aún no me ha quedado claro si se ha vendido carne de vacuno con leucemia a Rusia o a algún otro socio comercial de la antigua RDA. 
No se ha desmentido este punto ni en la relación del tribunal de Cuentas, ni en el presente informe. 
Sabemos que tras el sacrificio de las vacas con EEB, se ha importado en numerosas ocasiones carne procedente de Inglaterra para suplir la demanda. 
Debido a la peste porcina, en los Países Bajos se sacrificaron diez millones de cerdos, y en Alemania varios millones. 
Me pregunto qué ha pasado con la carne tras los sacrificios. 
¿Ha controlado la Comisión de la manera debida el uso que se ha hecho de esta carne? 
Tengo una gran estima por la labor del Sr. Fischler, y le dejo a él la tarea de esclarecer qué ha ocurrido con esta carne después del sacrificio que motivó la peste porcina. 
No comprendo que se presente para su aprobación un informe que presenta carencias. 
Así, el ponente no sabe por qué Alemania no está obligada a devolver los once millones que le exige la Comisión, sino sólo un millón. 
Este asunto se debería haber aclarado antes de la aprobación del informe. 
Señor Presidente, sin duda es encomiable que determinados objetivos que este equilibrado informe menciona se hayan logrado sin unos grandes gastos adicionales a cargo de la Comunidad. 
La Comunidad ha realizado aquí- quiero subrayarlo -, una satisfactoria aportación a la integración de la agricultura de los nuevos países a las estructuras de la política agrícola común. 
Hay que saludar que la Comunidad haya participado de este modo en los costes de reestructuración de la economía de la RDA demostrando su solidaridad con el pueblo de la RDA. 
Tanto más lamentable es que el informe del Tribunal de Cuentas muestre en este campo tan sensible ciertas tendencias a una gestión errónea por parte de la Comisión. 
Junto a considerables retrasos en los controles y unas ayudas retenidas injustamente, ni siquiera los diversos programas de ayuda han sido coordinados correctamente entre si. 
El Tribunal de Cuentas critica en su informe que los agricultores podrían haber solicitado tres diferentes ayudas por el sacrificio de uno de sus animales, lo que, naturalmente, habría permitido una percepción múltiple. 
Precisamente de cara a los gigantescos desafíos organizativos a los que se va a enfrentar la Unión en un futuro próximo, tales acumulaciones de ayudas no deben ser posibles en el futuro. 
¿Cómo pueden tener confianza en la Unión Europea los ciudadanos de los Estados miembros ante la repetición de tales irregularidades? 
Señor Presidente, Señorías, quiero felicitar al Sr. Garriga Polledo por su informe sobre el informe especial del Tribunal de Cuentas relativo al examen de diversos aspectos de acciones realizadas en los años 1990 y 1991 en el marco de la unificación alemana. 
No necesito subrayar lo difícil y compleja que fue en su totalidad la unificación alemana. 
Tampoco necesito subrayar que la unificación fue la única decisión correcta en esa única situación histórica. 
Tuvimos que integrar a los nuevos " Länder» alemanes en el derecho comunitario sin período de transición. 
Como se podrán imaginar, en relación con la Política Agrícola Común esto fue todo lo contrario que sencillo. 
Expreso mi agradecimiento al Sr. Garriga Polledo por haber reconocido expresamente esta circunstancia en su informe. 
Para la integración de la antigua RDA se acordaron en total tres medidas. 
Primera: la financiación del programa para el sacrificio de vacas que estaban infectadas de leucosis. 
Segundo: la introducción de una regulación para el aprovechamiento de la carne mediante una restitución especial por exportación ya que esta carne es perfectamente adecuada para el consumo humano. 
Tercero: el pago compensatorio por el sacrificio de reses para mantener la cuota láctea. 
Estas medidas coincidían plenamente con la resolución del Parlamento sobre la reunificación de abril de 1990. 
En su informe, el Tribunal de Cuentas es de la opinión de que como consecuencia del solapamiento de medidas se ha producido una acumulación de ayudas e irregularidades en la aplicación de programas. 
Echa de menos además que en la compensación por exportaciones no se haya diferenciado según aspectos de calidad. 
No obstante, a este respecto debe tenerse en cuenta que la cabaña vacuna de la Alemania oriental era sencillamente demasiado grande para hacer posible desde un principio la observancia de la regulación de las cuotas lácteas. Además, en parte estaba afectada por leucosis. 
La Comisión tenía que controlar esta difícil situación con rapidez y llevó a cabo las tres medidas que he mencionado. 
A las correspondientes medidas les eran aplicables diversas condiciones de ayuda. 
El número de animales afectados no siempre era el mismo ni tampoco el de los favorecidos. 
El hecho de que algunos animales se beneficiaran de las tres medidas no representa una infracción de las disposiciones jurídicas comunitarias. 
Por ello, en opinión de la Comisión, la conclusión del Tribunal de Cuentas de que se ha producido una acumulación ilícita de ayudas, no es correcta en absoluto. 
En lo que a las irregularidades se refiere- esto es también aplicable al apartado 5 de la propuesta de resolución -, tras sopesar todos los datos disponibles, la Comisión ha previsto una rectificación financiera para Alemania de 6, 9 millones de marcos. 
La Comisión se encuentra precisamente recaudando este importe del Gobierno Federala alemán y en diciembre de 1997 ha deducido ya la mitad de la suma- en concreto, 3, 4 millones de ecus- de los pagos para los programas de amortización para 1996. 
La otra mitad se deducirá en el segundo semestre de 1998 del mismo modo de los pagos de los programas de amortización para el año 1997. 
En lo que se refiere a la ausencia de diferenciación de las restituciones por exportación en base a criterios de calidad, la Comisión indica que, cito, " una calidad sana y usual en el mercado es el único criterio que existe para las restituciones por exportación, por lo que no era adecuada ninguna otra diferenciación». 
Me alegra que el ponente comparta la mayoría de los argumentos de la Comisión, en especial, en lo tocante a la acumulación mencionada por el Tribunal de Cuentas. 
Para superar los retrasos en los controles financieros in situ en el marco de los programas de amortización de la LVE, la Comisión introdujo sin demora controles especiales una vez que tuvo noticia de posibles irregularidades en este campo. 
Lamentablemente, la Comisión solamente dispone de medios limitados de programas cofinanciados para los controles in situ. No obstante, se ha marcado en este campo unos objetivos ambiciosos. 
Además, quiero añadir que se llevan a cabo continuamente controles administrativos sistemáticos, en especial, mediante la comparación de los informes técnicos de los Estados miembros con los informes financieros definitivos. 
Para finalizar, quiero agradecer al ponente por haber tenido en cuenta los problemas que tuvo que superar la Comisión en esa difícil situación en relación con la integración de la antigua RDA en la Política Agrícola Común. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Producción combinada de electricidad y calor 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0145/98) de la Sra. Estevan Bolea, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la Estrategia comunitaria para promocionar la producción combinada de electricidad y calor (CHP) y para eliminar los obstáculos a su desarrollo (COM (97) 0514- C4-0596/97). 
Señor Presidente, Señorías, la cogeneración es la producción simultánea de electricidad y calor, o electricidad y vapor, y yo creo que es muy importante para problemas que nos ocupan en esta Asamblea constantemente, como la contaminación de la atmósfera, que es el más frágil de los ecosistemas que configuran el planeta Tierra y nuestra vida en él. 
La cogeneración permite ahorrar mucha energía, y quiero decirles, Señorías, que la energía más limpia es la que no se consume. 
Por lo tanto, Europa tiene que avanzar en la aplicación de más cogeneración. 
Hace muchos años que se efectúa esta técnica. 
La industria del papel está haciendo cogeneración desde hace más de 50 años. 
Pero lo que ha cambiado ahora es la tecnología. 
Tenemos tecnologías mucho más avanzadas, con unos rendimientos más altos, y eso nos permite decir que deberíamos impulsar mucho la cogeneración. 
Por otra parte, en la Unión Europea estamos intentando promocionar el consumo de gas por muchísimas razones: porque es una tecnología más limpia que el carbón o que el petróleo, por ejemplo; porque hemos de comprar gas a los nuevos productores- por ejemplo, a Rusia, Azerbayán o los Emiratos Árabes- puesto que hay grandes reservas en el mundo, y porque su rendimiento es más alto. 
En este momento, la cogeneración representa en la Unión Europea el 9 %. 
La Comisión pretende en su comunicación que, en unos años, hacia el 2005, se llegue al 18 %. 
No es fácil, Señorías. 
Esos obstáculos son los que tenemos que remover. 
Y si tantas ventajas tiene, puesto que el rendimiento energético es alto y ahorramos contaminación y energía, ¿por qué no tiene un mayor desarrollo? 
Pues porque nada es fácil en el complejo mundo de hoy con la globalización, con el desarrollo económico, con la liberalización de los mercados eléctricos y energéticos y, en consecuencia, habrá que ver cómo se puede fomentar todo ello. 
Hay muchos autoproductores, pero las compañías eléctricas también tienen su potencia y, en consecuencia, ¿cuál es la clave de todo? 
La clave, como siempre, Señorías, está en los precios. 
En los años pasados, para fomentar estas tecnologías- que, como les digo, tienen todo ventajas y prácticamente ningún inconveniente -, estos kilowatios hora se pagaban muy bien, por encima del precio medio. 
Pero, evidentemente, las compañías eléctricas tienen sus plantas y tampoco pueden paralizarlas para que se use sólo la energía de los autoproductores. 
En consecuencia, quiero llamar la atención sobre el apartado 8 de la resolución de mi informe donde se dicen dos cosas que a mí me parecen muy importantes. 
La primera, señor Presidente, que en los mercados eléctricos liberalizados tenga preferencia la electricidad producida en estas instalaciones industriales, pero, al mismo tiempo, también se dice que a precios de mercado, no con subsidios, porque ya estamos subsidiando el carbón nacional, estamos subsidiando las energías renovables, estamos subsidiando otros aspectos de los componentes de los precios eléctricos. 
Por lo tanto, los autoproductores, los que hacen cogeneración, tendrán que competir en los mercados. 
Acabamos de aprobar en Bruselas, en la última sesión, la directiva sobre liberalización del gas. 
Se ha liberalizado también el mercado eléctrico. 
Y en este mercado es donde tienen que actuar los autoproductores. 
La del gas es una energía limpia- no tanto como la hidráulica, por ejemplo, u otras renovables como la eólica -, y necesitamos un impulso de la Comisión. 
También lo necesitamos para las energías renovables. 
Todas las enmiendas que se presentaron fueron aprobadas en la Comisión de Energía, señor Presidente, menos una de ellas, que la Sra. Ahern ha vuelto a presentar y que yo no voy a apoyar porque no es realista. 
Como voluntad, podemos decir lo que queramos. 
Pero si no hay una realidad física, todo eso tendrá muy poco sentido. 
Por lo tanto, la enmienda que han presentado los Verdes al apartado 11 yo no lo voy a apoyar, pero sí las demás. 
Y quiero decir que, dentro de estas ventajas de la cogeneración, hay una muy importante, que es la desalinización de agua de mar. 
Las empresas eléctricas tienen ya grandes rendimientos en el gas utilizando ciclos combinados, que es la segunda parte de la cogeneración, pero deberíamos aprovechar el gas y estas técnicas para desalinizar agua de mar. 
Aquí hay un gran mercado tecnológico para la Unión Europea, y todo el Mediterráneo y el mundo necesitará agua, que será el gran problema del siglo XXI. 
Señor Presidente, mi grupo político saluda también la intención de la Comisión de fomentar más intensamente la producción combinada de electricidad y calor. 
La técnica es conocida desde hace mucho tiempo si bien solamente se ha empleado para grupos de emergencia en hospitales, etc. Ha estado además demasiado poco difundida en el campo de la planificación urbana donde, debido a determinados tiempos mínimos de puesta en marcha, choca siempre con obstáculos. 
Pero las ventajas son palmarias. 
Junto a la necesaria exigencia de energías renovables, representa una aportación muy buena para alcanzar mejor los objetivos político-energéticos de Kioto. 
Se ha dicho con razón que es razonable porque conduce a un mejor uso de las energías primarias y a una reducción de la contaminación del aire. 
Pero, sobre todo, ofrece nuevas posibilidades interesantes en la agricultura, en la industria y, en especial, en las pequeñas y medianas empresas para una utilización combinada con la biomasa. 
Esta es una perspectiva muy interesante para reducir también los costes energéticos de las pequeñas y medianas empresas y contribuir a un suministro energético autárquico en terceros países. 
Quiero también indicar que hay modelos muy interesantes para utilizar mejor los residuos agrícolas, sobre todo en la viticultura, mediante una tecnología combinada que aprovecha la biomasa y la producción combinada de electricidad y calor. 
Me alegra que se haya logrado un acuerdo por el que se reconoce que los explotadores de instalaciones nucleares son productores cualificados de electricidad. 
Estimadas y estimados colegas del PPE, lamento que hace poco lo hayan rechazado con motivo de la directiva sobre el gas, cuando se trató de determinarlo legalmente. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión para el fomento de la producción combinada de calor y electricidad en la UE constituye una importante iniciativa en materia de política energética. 
Quisiera felicitar también a la ponente del informe, la Sra. Estevan Bolea, por la labor que ha realizado en la elaboración del presente informe. 
Un mayor aprovechamiento de la producción combinada de energía es también un método eficaz para acercarnos a los objetivos que se establecieron en Kyoto. 
Así pues, ya es hora de que veamos este sector productivo como una de las cuestiones estratégicas de la UE, principalmente porque no podemos permitirnos echar a perder ni uno solo de los medios de que disponemos para reducir y evitar los daños que ocasiona el efecto de invernadero. 
El obstáculo que impide un mayor uso de la cogeneración es la apertura aún deficiente de los mercados eléctricos. 
Los productores de electricidad pueden seguir limitando la incorporación de nuevos agentes al mercado. 
Esta circunstancia motiva que muchos proyectos, razonables desde un punto de vista comercial, dejen de ser rentables. 
Además, las instalaciones de producción combinada de calor y electricidad han de tener derecho a obtener el gas en el mercado libre, independientemente de las dimensiones de las plantas. 
El libre acceso al gas constituye un factor fundamental de rentabilidad para la construcción de centrales privadas y de pequeñas dimensiones. 
En la cogeneración se puede utilizar como carburante masa biológica, carbón y gas. 
Sin embargo, la Unión debería aspirar a fomentar la producción combinada en su aspecto global, dejando que sea el mercado el que tome la decisión de elegir el combustible más competitivo. 
Se afirma que la cogeneración reduce las emisiones de gases de invernadero aumentando el beneficio total de las instalaciones. 
Hay que recordar que éste sería el caso especialmente si se llegara a utilizar biomasa renovable que no produjera dióxido de carbono. 
No basta con presionar a favor del gas como el único combustible, particularmente si tenemos en cuenta que en la directiva sobre el gas se pretende limitar el acceso de las pequeñas instalaciones al mercado. 
La producción combinada de calor y electricidad se ha venido utilizando en la industria durante más de cincuenta años. 
La promoción de la cogeneración está estrechamente vinculada a los distintos objetivos nacionales de cada país. 
A pesar de ello, necesitamos también que se realicen esfuerzos a nivel comunitario y que se registre una contribución por parte de la industria. 
Tal como se señala en el informe, la producción combinada de calor y de electricidad constituye una táctica del sector de la energía eléctrica que permite promover a corto y medio plazo, de manera considerable y rentable, una utilización eficiente de la energía en la Unión Europea, así como influir favorablemente en la política de la UE en materia de medio ambiente. 
Señor Presidente, por lo que respecta al sector energético, es posible distinguir determinadas tendencias en la UE. 
En primer lugar, la demanda de energía crece a un ritmo anual que puede acercarse al 1 %. 
Este dato implica que, si no lo remediamos, también aumentarán los distintos tipos de emisiones. 
En segundo lugar, el grado de autosuficiencia energética de la UE caerá desde el 70 % actual hasta un 30 % en el año 2020. 
En tercer lugar, aumentará la proporción de la electricidad, que se sitúa ya en un 40 %, en la producción total del sector energético. 
Y en cuarto lugar, parece realista suponer que asistiremos a un rápido incremento del uso del gas o, más concretamente, del gas importado. 
Es posible influir en todas estas macrotendencias de manera positiva mediante el incremento de la producción combinada de calor y electricidad. 
Esta opción mejora la eficacia del uso energético en los países de la UE y ahorra los recursos, a la vez que reduce las emisiones y la creciente dependencia de la energía importada. 
Sin embargo, la producción energética no recae dentro del ámbito de actuación de la UE. 
Los principales protagonistas son los Estados miembros, los cuales pueden contar en sus acciones con el apoyo de la Comisión. 
Hasta el momento, este apoyo ha sido modesto, centrándose principalmente en declaraciones y discursos. 
El programa CARNOT, destinado a mejorar la eficacia de los combustibles, no dispone prácticamente de recursos, por lo que tampoco hay apenas fondos para propagar el uso de la producción combinada de calor y electricidad. 
En esta cuestión, la UE no es más que la fachada: la responsabilidad recae en los Estados miembros. 
Señor Presidente, nos encontramos al final de un siglo en el que hemos derrochado más recursos energéticos que en toda la historia anterior de la Humanidad. 
Por estos recursos se han producido y se producen guerras. 
Las consecuencias para el medio ambiente son hoy perfectamente visibles. 
Ya es hora de que reestructuremos radicalmente la totalidad de nuestro sistema energético. 
Esta va a ser sin duda una de las cuestiones centrales del próximo siglo. 
Europa depende actualmente al 50 % de energías ajenas, una situación que representa un problema no sólo desde un punto de vista ecológico y social sino también de la política de paz. 
La ampliación de los sistemas de producción combinada de electricidad y calor es, por ello, un paso esencial en la dirección correcta para lograr una autarquía energética en la Unión Europea. 
Pero la eficacia política de estas medidas de política energética solamente tendrá éxito si se da preferencia a las energías renovables frente a las de origen fósil, con el objetivo lejano de una sustitución total. 
Esto se debería garantizar sobre todo mediante estímulos fiscales y un acceso justo al mercado de la electricidad. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, Señorías, ayer nos ocupamos mediante el procedimiento de urgencia de la política energética y de cuestiones de seguridad en el campo de la energía nuclear. 
Todos sabemos que en el mercado interior hay que aplicar el acquis communautaire, por lo que la decisión de explotar centrales nucleares es de la incumbencia de cada Estado miembro. 
Sin embargo, me parece importante que el Parlamento Europeo llame continuamente la atención sobre la seguridad y, sobre todo, que en lo referente a la generación de energía dé preferencia a las formas de energía alternativas. 
Creemos que la obtención de la energía del futuro es un tema muy especial al que tenemos que dedicar aún mucha más atención. 
Aquí se incluye la producción combinada de electricidad y calor. 
Quiero felicitar encarecidamente a la Sra. Estevan Bolea por su informe, que destaca muy bien lo importante que es la producción en este campo así como su uso en centrales combinadas de electricidad y calefacción. 
Creo que en este campo son posibles dimensiones totalmente nuevas. 
Las perspectivas de pasar del 9 al 18 %, es decir, de duplicar la proporción actual de la producción combinada de electricidad y calor respecto a la totalidad de la generación bruta de corriente eléctrica de la Comunidad, me hacen confiar en lo que se refiere a una utilización ahorrativa y adecuada de nuestros recursos. 
Apoyo, por ello, el camino que adopta la Comisión en el Libro Blanco " política energética para la Unión Europea». 
Desde hace algún tiempo existe también una liberalización muy intensa en el mercado interior de la electricidad. 
Desde hace pocos días no existe sólo el mercado interior de la energía sino también un mercado liberalizado del gas. 
Estos dos sectores combinados entre si abren unas posibilidades totalmente nuevas. 
Este marco proporciona un acceso, en su mayor parte libre, al mercado y una competencia que es de saludar y que aporta numerosas ventajas a la economía. 
Creo que de este modo Europa puede ser mucho más competitiva en el concierto internacional y que también de este modo existe la oportunidad de crear numerosos puestos de trabajo. 
Y en este contexto, hay que dar una especial importancia a la producción combinada de electricidad y calor. 
Precisamente la producción combinada de energía eléctrica y de calor que surge en la combustión de los motores, aporta la ventaja de una doble utilidad y tiene, por ello, un rendimiento energético muy elevado. 
Por ello, las empresas distribuidoras deberían dar preferencia a esta forma de energía. Considero que este pasaje del informe es especialmente importante. 
La producción combinada de electricidad y calor garantiza una producción de energía eficaz y ecológica. 
Hay que eliminar a la mayor brevedad todos obstáculos económicos, jurídicos y administrativos que se encuentran en su camino, para asegurarle el lugar que se merece así como una proporción suficiente del mercado en el mercado interior. 
Sin embargo, no quiero olvidar indicar que las energías renovables en general, al igual que el ahorro de energía, representan un aspecto central y que son para Europa una oportunidad totalmente nueva. 
Señor Presidente, Señoría, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la Sra. Estevan Bolea, por la importante aportación que ha realizado al debate sobre la comunicación de la Comisión. 
Los cambios climáticos globales nos colocan ante unos nuevos desafíos políticos generales. 
Varios oradores han indicado con razón que en Kioto se llegó en diciembre de 1997 un acuerdo para intensificar el compromiso en este campo mediante la determinación de unos objetivos concretos de reducción de las emisiones. 
La Unión Europea se ha comprometido a reducir en un 8 % sus emisiones de gases con efecto invernadero hasta el período 2008-2012, tomando como referencia el año 1990. 
Para lograr este objetivo, la Comunidad debe hacer uso de todas las posibilidades de que dispone. 
La producción combinada de electricidad y calor es una de las posibilidades para mejorar la eficacia energética y reducir de este modo las emisiones. 
El potencial de la producción combinada de electricidad y calor para la producción de energía en Europa es sin embargo poco utilizado hasta ahora. 
La proporción en la totalidad de la producción bruta de electricidad es actualmente sólo del 9 %. 
La Comisión ha propuesto duplicar esta proporción hasta el año 2010. 
Si la Comunidad quiere alcanzar realmente este objetivo, la estrategia expuesta en la comunicación de la Comisión es de la mayor importancia. 
Tanto el mercado interior de la electricidad como el del gas se encuentran ante su plena realización. El Parlamento Europeo ha realizado al respecto unas valiosas aportaciones. 
En total, hay que contar con que la liberalización repercuta positivamente sobre la producción combinada de electricidad y calor. 
Sin embargo, para los explotadores de instalaciones que trabajan con este principio pueden derivarse ciertos problemas como consecuencia de la creciente competencia y de los menores precios para la electricidad derivados de ello. 
Por ello, en los próximos años va a ser absolutamente necesario vigilar de cerca las consecuencias de las nuevas reglas de competencia sobre los mercados de la energía y, en su caso, adoptar las correspondientes medidas. 
La Comisión se alegra de que la ponente se adhiera a la propuesta de determinar un objetivo provisional. 
Este es uno de los elementos principales de la estrategia de la producción combinada de electricidad y calor. 
Podremos discutir aún sobre el valor exacto. 
Para la Comisión, lo importante es tener un objetivo que sea ambicioso pero también realista. 
La idea de elevarlo hasta el 25 % hasta el año 2010 y no como la Comisión propone, al 18 %, es decir, duplicarlo, me parece demasiado ambiciosa. 
Me alegra poder constatar que la ponente coincide con la Comisión en que las ayudas a la producción combinada de electricidad y calor tienen que hacerse respetando plenamente los principios del mercado interior. 
En este contexto, hay una serie de diferentes instrumentos y procedimientos con cuya ayuda se puede impulsar la producción combinada de electricidad y calor sin que por ello se produzcan distorsiones de la competencia. 
En lo tocante a la enmienda presentada, me permito indicar que en el reglamento propuesto sobre los fondos regionales tienen prioridad la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables. 
Definir estas prioridades para las regiones del objetivo 1 y para las acciones a llevar allí a cabo es, en cualquier caso, tarea de los Estados miembros, quienes tienen que presentar a la Comisión propuestas concretas y no a la inversa. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se precede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señorías, el Parlamento ha agotado el orden del día. 
El Acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al principio de la próxima sesión. 
Antes de dar por cerrado nuestro trabajo, permítanme que cumpla esta agradable obligación de agradecer a los servicios de la Asamblea- los ujieres, los servicios de interpretación, los de traducción y publicaciones, que los tenemos más alejados, los servicios de la secretaría de la Asamblea- su colaboración y su trabajo. 
No hay duda, Señorías, de que la suma de los dos Plenarios que hemos tenido este mes, en Bruselas y aquí, podemos decir sin que sea una utilización exagerada que han sido Plenarios históricos. 
Hemos abierto con una gran mayoría la puerta a la moneda única y también con una gran mayoría se ha aprobado el Directorio del Banco Central Europeo. 
A nadie escapa la gran importancia que esto tiene. 
Pero como ha dicho en palabras muy sencillas y directas nuestro Presidente, el Sr. D. José María Gil-Robles, a partir de ahora los ciudadanos europeos llevarán a Europa en el bolsillo, y todos sabemos cuán importante es llevar a Europa en el bolsillo. 
Pero nosotros, Señorías, creemos que esto, con ser importante, no es suficiente. 
Debemos conseguir que los europeos lleven también a Europa en el corazón, y para esto, Señorías, hemos de seguir trabajando conjuntamente con amplias mayorías para que no defraudemos sus aspiraciones de participación democrática y de justicia social. 
Señorías, estoy seguro de que seguiremos trabajando en este camino y, por lo tanto, les despido, les deseo un buen y merecido fin de semana. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.00 h.) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 15 de mayo de 1998. 
Elogio póstumo 
Señoras y señores diputados, profundamente emocionado, cumplo con el deber de honrar la memoria de nuestro colega Francisco Lucas Pires. 
El profesor Lucas Pires, diputado a nuestro Parlamento desde la adhesión de Portugal, Vicepresidente dos veces de nuestra institución, prestó el brillo de su inteligencia y su cultura al ideal de la construcción europea y enriqueció el debate parlamentario con la contribución de la experiencia histórica de una de las naciones más antiguas de Europa. 
El ejemplo de Francisco Lucas Pires, cuyo último acto público fue el de la inauguración del pabellón de la Unión Europea en la «Expo 98» , permanecerá entre nosotros como un modelo de civismo europeo, el de un hombre profundamente comprometido con las causas de su país, que supo en todo momento comprender y defender los imperativos de la construcción europea. 
En su honor, la bandera de nuestra Unión ondea a media asta. 
Pido a Sus Señorías un minuto de silencio en su memoria. 
(El Parlamento guarda un minuto de silencio) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 15 de mayo de 1998 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, yo sólo quisiera recordar, para que así conste en el Acta, que la policía francesa mantuvo una excelente vigilancia durante el último período parcial de sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo, con una presencia visible en los alrededores de los edificios del Parlamento. 
Señor Presidente, los empleados de la compañía Air France han anunciado una huelga, a partir del próximo lunes, de una duración de 15 días. 
Si esa huelga se materializa, los diputados europeos no podremos llegar a Estrasburgo para el próximo Pleno. 
¿Ha tomado la Presidencia alguna medida en previsión de lo que pueda ocurrir? 
Señor Medina, la única medida que yo puedo tomar- y que estoy tomando- es recordar continuamente a las autoridades francesas- la última semana, al ministro correspondiente- la situación lamentable en que se encuentran los medios de desplazamiento hasta Estrasburgo. 
Naturalmente que, en vista del anuncio de huelga, volveré a dirigirme a él solicitándole que tome las medidas extraordinarias que hagan falta 
Señor Presidente, estoy segura de que va usted a mencionarlo y de que Sus Señorías compartirán la alegría que sentimos en Irlanda por la ratificación de nuestros dos referéndums. 
(Vivos aplausos) Ha sido una victoria aplastante para el Acuerdo de Belfast, una victoria un poquito menos aplastante, pero aún así del sesenta por ciento, para el referéndum sobre el Tratado de Amsterdam y ahora esperamos que en Dinamarca haya un resultado similar en los próximos días. 
Señora Banotti, lo ha expresado usted mejor de lo que podría haberlo hecho yo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, de conformidad con la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Anexo V del Reglamento, que hace referencia a la impresión y distribución de los informes del Tribunal de Cuentas, quisiera recordar que en el Tratado de Amsterdam se hace hincapié repetidamente en la transparencia. 
Sin embargo, yo me he estado preguntando últimamente si las exigencias de transparencia y publicidad se cumplen como es debido en nuestra Cámara. 
En primer lugar, es absolutamente incomprensible que, a pesar de que según la información de que disponemos el Presidente recibió hace aproximadamente un mes un informe provisional oficial del Tribunal de Cuentas sobre las dietas de los diputados y la Mesa tiene conocimiento del mismo desde el 13 de mayo, ni la totalidad de los Grupos políticos ni los diputados hayan recibido aún este importante documento y hayan tenido que conocer sus detalles a través de la prensa. 
Tengo que decir que esta manera de proceder refleja, a mi parecer, una actuación totalmente irresponsable por parte del Presidente y de la Mesa que nos hace recelar un poco. 
(Exclamaciones del Sr. Wijsenbeek) Nosotros solicitamos la inmediata publicación interna y externa del citado informe y pedimos que se nos comunique si existen otros informes adicionales o algún anexo al mismo. 
En segundo lugar es totalmente inaceptable- calle la boca un momento, señor Wijsenbeek- que se discuta y se decida a puerta cerrada, con la exclusión de nuestro Grupo, del Grupo ARE y de la Unión Democrática Europea, sobre un tema que afecta a todos los diputados de todos los Grupos. 
Nuestro Secretario general ha sido expulsado del hemiciclo esta mañana, motivo por el cual solicitamos una reunión extraordinaria de la Conferencia de Presidentes, porque es inaceptable que decisiones y debates de tal alcance, que en realidad nos afectan a todos, se adopten en un organismo en el que no están representados todos los Grupos de la Asamblea. 
(Aplausos) En tercer lugar, protestamos con la máxima firmeza contra el aplazamiento sistemático y la obstaculización de las reformas necesarias y largo tiempo solicitadas en esta Cámara, unas reformas que son urgentemente necesarias si el Parlamento Europeo desea tener credibilidad y que sus peticiones de mayores competencias obtengan aceptación. 
(Agitación) El informe del Tribunal de Cuentas hace referencia precisamente a dichas irregularidades... 
(El Presidente retira el uso de la palabra a la oradora) 
Señora Roth, cuando se cita un artículo, hay que empezar por leerlo. 
Lo que el artículo que usted ha invocado obliga a publicar son los informes especiales del Tribunal de Cuentas, acompañados de las respuestas de las instituciones. 
El documento a que usted se está refiriendo son unas observaciones preliminares y no un informe. Y por tanto, la Mesa de esta Asamblea, que es el órgano competente, todavía no ha publicado sus respuestas. 
En segundo lugar, señora Roth, todos los Grupos políticos han recibido un ejemplar del informe en el día de ayer. 
Esas observaciones preliminares se han enviado a todos los Grupos políticos. 
Y por tanto, naturalmente, si usted quiere contárselo a los miembros de su Grupo, como cualquiera de los demás presidentes lo puede hacer, está en su mano. 
No ha sido ocultado, está en su poder. 
Lo que yo no puedo hacer es difundir un documento confidencial, que tiene que examinar la Mesa, antes de que ésta lo sepa. 
Los primeros que tienen que tenerlo son los vicepresidentes y son los primeros que lo han tenido. 
Léase usted el Reglamento. 
No lo que el Grupo Verde quiere leer, sino lo que dice el Reglamento. 
Y si lo quiere usted modificar, modifíquelo por los cauces oportunos. 
Mientras no se modifique, yo lo cumplo. 
Señor Brinkhorst, ¿va a hacer alguna observación sobre el Acta? 
Señor Presidente, en relación con lo que acaba usted de decir: comprendo que a la Mesa le gustaría examinar este asunto, pero creo que tenemos derecho a saber pronto qué está ocurriendo. 
La prensa no cesa de atacarnos en Alemania, en los Países Bajos y en otros países. 
De modo que, desde ese punto de vista, espero que comprendan que existe cierta preocupación sobre esas cuestiones. 
Comprendo lo que usted dice, pero lo primero que tengo que hacer es aplicar el Reglamento. De acuerdo con el Reglamento, yo he dado a conocer las observaciones, que no informe- vuelvo a repetirlo -, a la Mesa en primer lugar, que es la competente para conocerlo y, en segundo lugar, cuando ha habido preguntas sobre ese informe, lo han tenido todos los Grupos políticos. 
Por tanto, se publicará cuando el informe sea definitivo, no ahora que es provisional. 
Diríjase usted a su presidente de Grupo que se lo dará. 
Me pide la palabra el Sr. Wijsenbeek por alusiones personales. 
¿A qué alusiones se refiere, señor Wijsenbeek? 
Señor Presidente, en virtud del artículo 108, referente a hechos personales: 
Hablando de callar la boca, todos sabemos quiénes son los que continuamente la están abriendo para levantar sospechas contra colegas competentes y honorables, porque Los Verdes se han propuesto basar su campaña electoral en dichos recelos, y por esto he abierto la boca. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden del día 
Les recuerdo que, en su sesión del 12 de mayo pasado, el Parlamento decidió que el informe (A4-0188/98) del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades para la ejecución del 5º programa marco, se incluyera al final del orden del día de hoy. 
Señor Presidente, por lo que veo, se ha anulado la comunicación de la Comisión sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Quisiera formular una pregunta. 
Dados los últimos acontecimientos de Indonesia, es urgente que se trate aquí la situación de todos los presos políticos, en particular los timorenses y su dirigente político Xanana Gusmão. 
Pregunto, señor Presidente, si ese asunto- el primero que figura en el orden del día- ha quedado anulado o pasa a otra fecha oportuna. 
Efectivamente, se aplaza para otra fecha, porque la Comisión prefiere en este momento hacer su declaración relativa a las urgencias sobre el tema de la preparación del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio en Cardiff. 
Por tanto, si no hay más observaciones, aprobamos esta modificación del orden del día y pasamos a tratar esta cuestión. 
Preparación del Consejo Europeo de Cardiff 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 1998 en Cardiff. 
Señor Presidente, permítaseme decir, al comienzo de mi intervención, que presentaré mis disculpas si lo que digo sobre Cardiff no es tan interesante o apasionante como las cuestiones de orden que Sus Señorías acaban de oír. 
Considero un privilegio poder oír un intercambio de opiniones tan apasionante y enérgico. 
Es un tributo a la salud de la democracia en nuestro continente. 
Estoy aquí esta tarde porque dentro de dos semanas se reunirá el Consejo Europea en Cardiff, lo que constituirá la culminación de nuestra Presidencia. 
Hemos intentado utilizar la Presidencia para demostrar el cambio de actitud de Gran Bretaña para con la Unión Europea. 
El Gobierno de Gran Bretaña llegó al poder decidido a mostrar que Gran Bretaña había pasado a ser un socio comprometido y constructivo dentro de la Unión Europea. 
Creo que nuestra Presidencia ha puesto de relieve nuestro éxito al hacer esa transformación de la actitud de Gran Bretaña para con Europa. 
Dos de nuestras prioridades fundamentales eran las de lograr que la ampliación empezara con buen pie y que se pusiese en marcha la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Ya se han cumplido esas dos prioridades. 
Supongo que habrá que preguntarse si nos queda bastante que hacer en Cardiff para evitar que la Cumbre sea un anticlímax respecto de los logros que ya han caracterizado los históricos hitos de nuestra Presidencia. 
Me complace decir al Parlamento Europeo que en el Consejo Europeo de Cardiff vamos a tener órdenes del día repletos, apretados e importantes. 
Durante la Cumbre examinaremos la reforma económica, la Agenda 2000 y el futuro del proyecto europeo. 
También estudiaremos algunas de las formas en que Europa puede influir en los sectores que afectan directamente a nuestros ciudadanos: la delincuencia y el medio ambiente. 
También en esa cumbre daremos la bienvenida- y por última vez- al Presidente Mandela, que se unirá a los Jefes de Estado o de Gobierno de Europa en el almuerzo el segundo día de la Cumbre. 
Vamos a reunirnos con él, a petición suya, para que, antes de que abandone su cargo, pueda decir adiós a los dirigentes de Europa, que tan estrechamente han colaborado con él durante su dirección de Sudáfrica a fin de conseguir uno de los mayores logros para la democracia y la tolerancia étnica que hemos visto en nuestra generación. 
Antes de que lleguemos a ese punto en el Consejo, habremos concluido una ingente labor. 
Permítaseme comenzar con la cuestión de la reforma económica. 
Llegamos a la Presidencia con la determinación de que, durante toda ella, el del empleo fuera un asunto fundamental y recibiera la máxima prioridad. 
En Cardiff concluiremos gran parte de la labor que hemos estado llevando a cabo durante los cinco últimos meses. 
Examinaremos los avances que han ido logrando los Estados miembros en materia de Mercado Único y acordaremos nuevas acciones que nos ayuden a avanzar hacia una economía eficaz y competitiva en una sociedad no excluyente y en la que todo el mundo tenga la oportunidad de contribuir y participar con su trabajo. 
También preparamos un debate sobre el programa en materia de competitividad. 
Para que Europa prospere a largo plazo, debemos crear unas circunstancias en las que las pequeñas y medianas empresas puedan prosperar. 
Deben poder tener acceso a la financiación que les permita prosperar. 
Hay que liberarlas de papeleo innecesario. 
En Europa no hay escasez de creatividad e imaginación. 
Debemos brindar la oportunidad para que dichas creatividad e imaginación se expresen mediante el espíritu empresarial, que aportará a Europa prosperidad y puestos de trabajo. 
También examinaremos los planes de acción en materia de empleo formulados por los Estados miembros desde el Consejo extraordinario de Luxemburgo. 
Éste va a ser el primer Consejo Europeo que tendrá ante sí los planes de acción de cada uno de los Estados miembros sobre cómo se proponen fomentar el empleo y reducir el desempleo. 
Queremos ver qué conclusiones y enseñanzas se desprenden de dichos planes. 
Queremos velar por que todos los Estados miembros puedan compartir los procedimientos óptimos de otros Estados miembros en sus políticas de empleabilidad, adaptabilidad de los mercados laborales e igualdad de oportunidades en el mercado. 
Naturalmente, dichos planes de acción plantean difíciles cuestiones normativas: sobre cómo debemos reformar nuestros sistemas fiscal y de asistencia social para que salga a cuenta trabajar y sobre cómo podemos posibilitar que las mujeres combinen el trabajo con la familia. 
Para lograrlo, debemos velar por compartir los procedimientos óptimos en cada uno de esos sectores. 
El Consejo Europeo de Cardiff concederá prioridad también a un debate provisional sobre las cuestiones relativas a la Agenda 2000: la reforma de los Fondos estructurales y la reforma de la Política Agraria Común, la disciplina en nuestros procedimientos presupuestarios y la forma de adaptar la Unión Europea a fin de que también nosotros estemos preparados para la ampliación para la que tantos candidatos están preparando ahora sus economías y sus sociedades. 
Desde que la Comisión publicó en marzo sus propuestas detalladas sobre la Agenda 2000, nuestra Presidencia ha lanzado un intenso programa de trabajo para hacer avanzar el debate sobre las propuestas de la Comisión. 
A lo largo de varias reuniones del Consejo, los ministros han examinado esa labor y han debatido sus relaciones. 
En el Consejo de Asuntos Generales celebramos, hace tan sólo dos días, un debate de dos horas sobre el informe de la Presidencia acerca de la marcha de los trabajos sobre la Agenda 2000 y ese extenso debate, en el que participaron todos los Estados miembros, resultará muy valioso a la Presidencia a fin de preparar un texto para el Consejo Europeo que pueda infundir autoridad y orientación a los funcionarios de la Comisión y del Consejo con vistas a hacer avanzar la Agenda 2000. 
Tenemos muy presente que el Parlamento Europeo quisiera que se adoptaran las decisiones a ese respecto antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
Nuestro objetivo será el de lograr conclusiones positivas en Cardiff concordantes con un calendario que permitiese la celebración de un Consejo Europeo extraordinario en la primavera de 1999 para adoptar las decisiones finales sobre la Agenda 2000. 
También quisiera subrayar que un tema fundamental de Cardiff será el de demostrar que, durante toda nuestra Presidencia, hemos procurado hacer que Europa trabaje en pro de los ciudadanos y velar por que nos centremos en cuestiones que preocupan a nuestros ciudadanos y que les afectan directamente. 
Si la Cumbre europea da resultados positivos, será sólo porque los ciudadanos que contemplen a los Jefes de Gobierno vean que aquello de lo que están hablando y sobre lo que están decidiendo es pertinente para sus vidas. 
No debemos dar la idea de que en la reunión del Consejo Europeo se examinan cuestiones que sólo interesan a los políticos. 
Se debe ver que sacan adelante un orden del día que es pertinente para las preocupaciones y la vida de las familias comunes y corrientes de Europa. 
En Cardiff vamos a centrar la atención en dos cuestiones determinadas: la mejora del medio ambiente y la lucha contra la delincuencia. 
La reunión conjunta de los Consejos de Transportes y Medio Ambiente que celebramos en abril- la primera reunión conjunta de ese tipo entre los encargados del medio ambiente y de los transportes en la historia de la Unión- reveló cómo podemos integrar las preocupaciones medioambientales en la formulación de otras políticas europeas. 
El Consejo examinará en Cardiff un informe de la Comisión sobre cómo podemos velar por que ese precedente de combinación de la estrategia medioambiental y la política de transportes llegue a ser la regla en toda la labor de la Unión Europea y no la excepción. 
El Consejo examinará también los avances que hemos logrado en la lucha común contra la delincuencia, en particular en la labor que estamos llevando a cabo ahora mediante la Conferencia Europea con todos los países candidatos para velar por que los Estados miembros actuales y los futuros cooperen ahora- no después de que pasen a ser miembros de la Unión Europea, sino ahora- en relación con los problemas comunes del tráfico transfronterizo delictivo que afecta tanto a unos como a otros. 
De modo que va a haber un orden del día muy recargado para Cardiff. 
Va a haber mucho que hacer y espero haber demostrado que gran parte del orden del día versará sobre medidas prácticas y concretas que demuestren a nuestros ciudadanos que se están logrando avances reales. 
Pero, al tiempo que sacamos adelante dicho orden del día práctico, es importante que mantengamos ante nosotros la idea del tipo de Europa que estamos intentando crear. 
Tras haber reunido a todos los Jefes de Gobierno de Europa, parece lo más lógico que encontremos sitio en ese atestado orden del día para que aborden la cuestión del tipo de Europa que estamos intentando construir. 
Y ésa es la razón por la que en este Consejo Europeo, a diferencia de la mayoría de los recientes, los Jefes de Gobierno celebrarán, durante su almuerzo, un debate abierto sobre el tipo de Europa que deseamos en el próximo siglo y sobre cuál podría ser su modelo, sobre las otras cosas que debemos hacer para crear una Europa que pueda funcionar y funcione bien con 26 miembros, frente a los seis miembros con los que Europa comenzó. 
Y, en particular, cómo debemos sacar adelante esas cuestiones institucionales que quedaron pendientes en Amsterdam, pero que son necesarias, para reformar las estructuras y los procesos de adopción de decisiones de Europa a fin de hacerla apta para la nueva Europa más amplia que habrá en el primer decenio del próximo siglo. 
Se trata de una tarea apasionante. 
No creo que muchos ciudadanos de nuestros países hayan comprendido aún el inmenso paso histórico que la ampliación representa para Europa. 
Muy pocos de nuestros ciudadanos entienden aún que en algún momento de los diez próximos años habrá una Europa que se extenderá desde Portugal hasta Polonia, desde Escocia hasta Sicilia, una Europa que será casi el cincuenta por ciento mayor en superficie y una tercera parte mayor por el número de habitantes y consumidores dentro del Mercado Único. 
Se trata de un tremendo salto cuantitativo para Europa. 
Por eso, es apropiado que, cuando nos reunamos en Cardiff, encontremos tiempo para reflexionar sobre lo que eso significa para Europa y qué tipo de Europa y modelo para Europa podemos ofrecer que responda mejor a la idea constante de los actuales miembros y la anhelante aspiración de los nuevos miembros a integrarse en la familia democrática de naciones que hemos construido. 
Si celebramos un debate positivo sobre ese tema, tendremos un orden del día para Cardiff con el equilibrio adecuado entre avances prácticos y detallados y debate iluminado sobre el modelo de Europa para el futuro. 
Estoy deseoso de escuchar esta tarde las aportaciones del Parlamento Europeo sobre cómo podemos sacar adelante las dos partes del orden del día en Cardiff. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señoras y señores diputados, ante la perspectiva del próximo Consejo Europeo de Cardiff, esta tarde desearía hacer un breve repaso de la situación actual en lo que respecta a la integración europea. 
Me referiré, asimismo, a los grandes temas políticos que se despejan de cara a la Cumbre de Cardiff, antes de esbozar algunas pistas de reflexión sobre el futuro. 
Hoy quiero, en primer lugar, dirigirles un mensaje de optimismo. 
Cuando se aproxima el Consejo de Cardiff, creo que sobre la Unión sopla un viento de éxito y de progreso, levantado por la inminente introducción del euro y de la Unión Económica y Monetaria. 
Cuando se aproxima Cardiff, me parece que vuelve y crece la confianza; el balance macroeconómico es estable y elocuente, los tipos de interés son bajos, la inflación es mínima, los gastos públicos son controlados de cerca, la reactivación afecta a numerosos sectores, la reforma económica en lo que respecta a la oferta comienza a dar frutos y aparecen los primeros indicios de una disminución del paro. 
Añadamos a eso que la ratificación del Tratado de Amsterdam se producirá próximamente, que las propuestas detalladas que hemos presentado en el marco de la Agenda 2000 están sobre la mesa de negociaciones y que se ha lanzado el proceso de ampliación. 
¿No es todo ello prueba de que la Unión Europea está en marcha, que cumple sus compromisos, que respeta los plazos, que avanza por la vía acertada? 
Señor Presidente, acojo con satisfacción que este programa de la Comisión sea sometido a una evaluación. 
En estrecha cooperación con el Parlamento y las Presidencias sucesivas de la Unión- y aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a la Presidencia británica por los numerosos esfuerzos realizados -, nuestras instituciones están desempeñando plenamente su papel motriz en este potente movimiento hacia una mayor integración. 
El mensaje político que Europa dirige hoy al resto del mundo es de una claridad cristalina: puede actuar y actúa. 
Políticamente, debemos aprovechar este instante. 
Pero hay un punto que considero aún más importante: descubro que existe un consenso político cada vez mayor, aquí y en los Estados miembros, sobre los medios necesarios para combatir los problemas estructurales restantes. 
Los planes nacionales en favor del empleo, aprobados en el Consejo Europeo de Luxemburgo, son especialmente importantes en este contexto. 
Por sí solos, son una prueba de la profusión de buenas ideas, de la convergencia de las políticas de lucha contra el paro en torno a orientaciones comunes y de la movilización conjunta con los interlocutores sociales. 
Detecto asimismo la existencia de una voluntad política común de culminar rápidamente el mercado interior, de conformidad con nuestro plan de acción en favor de un mercado único. 
Y me complace especialmente constatar justamente que la transposición de la reglamentación comunitaria mejora. 
Veo también que todos sentimos la necesidad de una Unión netamente más emprendedora, una Unión que sea capaz de hacer suyas las ideas y las tecnologías nuevas y de desarrollarlas en el seno de la Unión; capaz de ayudar a las pequeñas empresas a levantar el vuelo, crecer y prosperar, capaz también de suprimir toda la burocracia inútil y de dejar madurar nuestros talentos creativos; capaz, en definitiva, de crear empleo y prosperidad sobre la marcha. 
Estos temas estarán sin duda muy presentes en Cardiff. 
Por último, siento también que la mayoría de nosotros tiene la convicción de que podemos perfectamente hacerlo mejor en el ámbito de la Justicia, Asuntos de Interior y de la PESC; bastaría con encontrar colectivamente la voluntad política necesaria. 
Los debates previstos en Cardiff versarán sobre la reforma económica, la Agenda 2000, la ampliación y nuestras prioridades exteriores. 
Asimismo, tendremos la ocasión de hablar del medio ambiente, en particular, de cómo incluir mejor el medio ambiente en la elaboración de otras políticas comunitarias. 
Todas nuestras instituciones deben avanzar rápidamente para alcanzar este objetivo. 
Supongo que se tratará también de los progresos realizados por la Comunidad y los Estados miembros en cumplimiento de los compromisos que han suscrito en virtud del protocolo de Kioto sobre la reducción de gases de efecto invernadero. 
Y me complace especialmente que se haya previsto tiempo para un debate sobre la dirección y el futuro desarrollo de la Unión Europea, los desafíos que deberá superar, la necesidad de ganarse la confianza de nuestros pueblos y la visión que necesitaremos para lograrlo. 
El debate sobre la reforma económica abordará todo el abanico de políticas necesarias para reforzar y maximizar las ventajas de la Unión Económica y Monetaria. 
Naturalmente, el objetivo es promover el empleo a través de una mayor competitividad y cohesión social y en un contexto de estabilidad macroeconómica. 
Entre otros temas, trataremos también sobre la aprobación de las grandes orientaciones económicas que permitan culminar este excelente procedimiento, mediante una intensificación de la vigilancia microeconómica para seguir de cerca el grado de integración de los mercados de productos, de servicios y de capitales en toda la Unión, de cara a incrementar las ventajas de la moneda única. 
El Consejo Europeo examinará también los proyectos realizados relativos a los planes de acción nacionales en favor del empleo. 
Es cierto que aún nos encontramos en una fase interina, pero estoy impresionado por la determinación de todos nuestros Estados miembros a hacer funcionar el proceso. 
En Cardiff analizaremos la situación de los principales temas que se plantean actualmente: el aumento de la capacidad de inserción profesional, la promoción de la igualdad de oportunidades, la mejora de la adaptabilidad de los mercados de trabajo, la creación de un clima favorable para el desarrollo y el crecimiento del espíritu de empresa, en particular, de las pequeñas empresas. 
Este proceso constructivo dará lugar a una evolución mutua y multilateral, a una emulación colectiva gracias a la presión por parte de los rivales. 
Antes de Viena, es decir, bajo la Presidencia austríaca, deberemos salvar cuatro etapas para mejorar la estrategia del empleo. 
En primer lugar, deberemos definir los indicadores y una terminología comunes. 
En segundo lugar, alentar a los Estados miembros a incluir sus planes de acción en favor del empleo en sus presupuestos nacionales. 
En tercer lugar, reforzar la cooperación y la aplicación con los interlocutores sociales y, por último, establecer nexos entre los planes de acción nacionales en favor del empleo y los proyectos financiados por el Fondo Social Europeo. 
El pasado 18 de marzo, la Comisión presentó sus propuestas legislativas para la Agenda 2000. 
En otoño, dichas propuestas serán completadas con un informe sobre el funcionamiento del sistema de los recursos propios. 
Se darán, entonces, todos los elementos necesarios para tomar una decisión respecto a todas estas medidas con pleno conocimiento de causa, porque debemos tomar decisiones legislativas antes de la elección del nuevo Parlamento Europeo. 
Y lo que es más, debemos encontrar modalidades prácticas que permitan al Parlamento el pleno desempeño de sus funciones, como ya hiciera la vez anterior, de conformidad con el apretado calendario que nos ha sido impuesto. 
Ya se han iniciado las primeras negociaciones intensas bajo la Presidencia británica. 
Las diferentes opiniones que he escuchado refuerzan mi convicción de que nuestro tren de medidas es equitativo y equilibrado. 
En Cardiff tomaremos nota de los progresos alcanzados. 
El acuerdo deberá ser total o, de lo contrario, no habrá acuerdo. 
No obstante, espero que podamos constatar la existencia de una amplia convergencia de opiniones en varios ámbitos: la necesidad de profundizar en la reforma de la Política Agrícola Común, la necesidad de reformar los Fondos estructurales sobre la base de la concentración, la simplificación y la delimitación clara de responsabilidades; las disposiciones sustanciales de preadhesión en los sectores de la agricultura, las intervenciones estructurales, la ayuda a la inversión y la ayuda administrativa para preparar a todos los candidatos a asumir el acervo comunitario; un marco financiero equilibrado que permita la financiación de las reformas y la ayuda de preadhesión, que respete la disciplina presupuestaria y que deje suficiente margen para financiar la primera oleada de adhesiones; por último, hay que negociar un nuevo acuerdo interinstitucional que esté basado en la fructífera colaboración que reinó entre las dos instancias presupuestarias en el transcurso del pasado ejercicio. 
Si podemos avanzar sobre esta base, deberíamos poder realizar importantes progresos durante este año. 
En este sentido, deseo que el Consejo Europeo se comprometa en Cardiff y fije los plazos para todo el proceso. 
En Cardiff haremos balance de los considerables progresos alcanzados en la aplicación de las conclusiones de Luxemburgo sobre la ampliación. 
Desde el último Consejo Europeo, se ha lanzado con éxito el proceso global de ampliación. 
El 12 de marzo se reunió en Londres la Conferencia Europea, abriendo así oficialmente el foro que deberá reunir a los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados europeos aspirantes a su adhesión que comparten sus valores y sus objetivos internos y externos. 
La Comisión Europea lamenta que Turquía aún no haya confirmado su intención de participar en esta conferencia y espera que dicho país, socio muy importante, se decida próximamente a participar en los trabajos en curso en este marco. 
Por otra parte, se ha iniciado el proceso de adhesión con once países candidatos y han comenzado las negociaciones con seis de ellos. 
Consideramos que la puesta a punto de la asociación comercial es una etapa fundamental de la adhesión con los diez países candidatos de la Europa central y oriental. 
Del mismo modo que las estrategias nacionales instauradas por dichos países, las asociaciones comerciales para la adhesión han abierto la vía al éxito de las negociaciones y de su integración en la Unión Europea. 
Me limitaré a recordar el alentador resultado obtenido en la última cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, celebrada el pasado 18 de mayo en Londres. 
El acuerdo político que se ha alcanzado al más alto nivel permite solucionar el conflicto comercial engendrado por las leyes Helms-Burton y d ' Amato. 
Esperamos que los compromisos asumidos por el Gobierno de los Estados Unidos reciban el pleno respaldo del Congreso. 
Señor Presidente, cuando, al inicio de mi mandato como Presidente de la Comisión, anuncié mi política de " Actuar menos, pero actuar mejor» , me propuse trazar una línea directriz general para nuestros trabajos. 
En otras palabras, me propuse mantener lo fundamental- el derecho de iniciativa de la Comisión- entre nuestras prioridades clave, en plena conformidad con los principios de subsidiaridad y de proporcionalidad. 
La Comisión presentará al Consejo Europeo un informe sobre la situación. 
El informe lleva por título: Les faits [los hechos] y constata una fuerte disminución de nuevas propuestas legislativas a partir de 1990. 
Hemos incrementado las consultas a los interlocutores de la Comisión, hemos mejorado la calidad de la legislación, hemos simplificado también dicha legislación, hemos informado mejor a nuestros ciudadanos y la transposición está mejorando. 
Pero el informe constata, asimismo, que, con demasiada frecuencia, nos vemos obligados a actuar en ámbitos que no deberían ser competencia de la Comunidad, que son incesantes las presiones que nos incitan a legislar, procedentes, sobre todo, de los Estados miembros- y a veces, incluso, del Parlamento Europeo -, en particular, en los ámbitos técnicos, sobre todo por parte de los Estados miembros que más agitan el banderín de la subsidiariedad. 
Por último, sucede que las propuestas simples y llenas de sentido común que presentamos son, a veces, transformadas después en actos jurídicos de una complejidad que estaría dispuesto a calificar de " bizantino-kafkiana». 
La Comisión debe seguir desempeñando su papel político con firmeza y total independencia. 
Debe seguir siendo la guardiana del Tratado. 
Presentaremos propuestas encaminadas a profundizar y ampliar la integración europea en el campo que abarcan los Tratados. 
Ése es nuestro papel, que ha sido nuevamente confirmado por el Tratado de Amsterdam. 
No obstante, debemos saber hacia dónde nos dirigimos y debemos también encontrar los medios y tener la oportunidad de convencer a las demás instituciones de que nos encontramos en la vía acertada. 
En este sentido, si examinamos nuestro balance político, hay algo que se desprende con toda claridad: generalmente, los progresos reales se realizan en los ámbitos en que la Comisión desempeña su papel de motor y de iniciadora, haciendo uso de su derecho de iniciativa. 
Por ello digo sí a la subsidiariedad, sí a una Unión Europea más política y mejor definida, pero digo no a los que quieren valerse de la subsidiaridad para frenar el proceso de integración europea, y digo no, con mayor determinación aún, a aquellos que intentan alterar el equilibrio institucional de nuestra Unión. 
Señor Presidente, quiero hacer de la Unión Europea la primera plataforma mundial del comercio y de la inversión internacional. 
Quiero que juntos construyamos un modelo europeo de crecimiento y de prosperidad que sea realmente universal, que ofrezca oportunidades, asociaciones comerciales, así como la participación a los interlocutores sociales y a todos los agentes de la sociedad, y que repose sobre la igualdad de oportunidades y la equidad. 
Para lograrlo, debemos avanzar constantemente, y opino que necesitamos una nueva reflexión para dar un nuevo impulso al diálogo social y a la Europa social; nuevas ideas sobre lo que entendemos por " interés público» ; nuevos conceptos sobre la pertinencia del mercado mundial como referencia económica; nuevos métodos encaminados a incluir la ética, las ciencias y el medio ambiente en nuestro proceso de elaboración de políticas; una visión más amplia del comercio, que abarque el medio ambiente y los derechos sociales, una intensificación del carácter multilateral, porque siempre ha jugado a nuestro favor en el pasado y seguirá haciéndolo en el futuro; un fortalecimiento de nuestra capacidad de actuar resueltamente en el exterior. 
También creo que ha llegado el momento de que reflexionemos, una vez más, sobre nuestros colectivos: la Comisión, pero también el Parlamento, y sobre los trabajos del Consejo. 
El reto nunca ha sido tan evidente; se trata de que la Unión Europea cree un sistema institucional mejor que ningún otro del mundo, en otras palabras, un sistema más ágil y más reactivo, mejor adaptado, más eficaz, democrático, completamente transparente, que responda mejor a las expectativas de nuestros ciudadanos, que despierte su interés y que les anime a participar en mayor medida en el proceso de integración europea y, por último, que sea capaz de tomar, sin pérdida de tiempo, las numerosas decisiones que implican los vastos intereses europeos. 
En definitiva, señor Presidente, necesitamos una armadura de legislaciones, de relaciones exteriores y de cooperación que sean para la Unión un auténtico triunfo institucional en el nuevo milenio. 
Estoy convencido de que el Consejo Europeo de Cardiff constituirá una nueva etapa importante hacia estos audaces objetivos. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, al comienzo de la Presidencia británica, el primer Ministro británico pidió una Europa que trabajara en cooperación como un equipo. 
Tony Blair dijo que la misión de la Presidencia del Reino Unido era la de «hacer que Europa trabaje en pro de los ciudadanos». 
Cuando se acerca la cumbre de Cardiff y el fin de la Presidencia británica, en el Grupo Socialista estamos firmemente convencidos de que el Gobierno británico ha cumplido su palabra. 
Los puestos de trabajo y la empleabilidad han recibido la atención que merecen. 
Se ha logrado el acuerdo para el lanzamiento de una moneda única el 1º de enero del próximo año. 
El proceso de ampliación ha comenzado y la Presidencia no ha dejado de velar por que se iniciara con firmeza la labor sobre cuestiones difíciles como la reforma de la Política Agraria Común y los Fondos estructurales. 
Pero espero que todos los procedimientos legislativos respecto de la Agenda 2000 se hayan aplicado en junio de 1999, a más tardar, y que este Parlamento Europeo participe plenamente en todos los procedimientos. 
También hay que mencionar los avances logrados con vistas a la creación de una Política Exterior y de Seguridad Común más eficaz. 
Quisiera felicitar al Sr. Cook en particular por su iniciativa respecto de un código de conducta sobre las exportaciones de armas. 
Se han logrado avances en esos y muchos otros sectores, pero quisiera referirme en particular a que la Presidencia británica ha tenido en realidad una presencia física muy real en el Parlamento Europeo. 
Por ejemplo, he estado documentándome un poco y me ha complacido mucho descubrir que los ministros británicos han acudido a todas las sesiones plenarias durante la Presidencia. 
Ha habido dieciséis comparecencias que han abarcado treinta debates diferentes; ha habido cuarenta y ocho comparecencias de la Presidencia en comisiones y al final de la Presidencia habrá habido más de ochenta comparecencias ministeriales británicas. 
Constituye un buen ejemplo y, si algo indica una ruptura clara con el Gobierno anterior, es esa presencia muy tangible de este Gobierno en el Parlamento Europeo. 
Cuando se acerca la cumbre de Cardiff, no sólo debemos hacer balance de lo que se ha logrado, sino que, además, debemos- y tal vez sea más importante- mirar hacia el futuro. 
Debemos centrar la atención en las cuestiones que nos llevarán de Cardiff a Viena y el primer puesto en el orden del día del Grupo Socialista debe ser la cuestión de la economía y el empleo. 
Acogemos con el mayor beneplácito que los gobiernos nacionales hayan presentado los planes de empleo propugnados en la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo. 
Sin embargo, la tarea urgente es la de velar por que se apliquen dichos planes lo más rápida y eficazmente posible. 
Naturalmente, los planes diferirán de un Estado miembro a otro, pero es importante que reconozcamos la necesidad de temas comunes entre nuestros diversos planteamientos. 
Por ejemplo, para que Europa en conjunto prospere en la economía mundial tenemos que competir eficazmente en dicha economía mundial. 
La competitividad no es una opción que o se toma o se deja; al contrario, la competitividad es un requisito previo esencial para el éxito económico sostenible. 
Al mismo tiempo, hemos de reconocer que hay varios factores que determinan si podemos o no competir eficazmente. 
Algunos de ellos son las aptitudes, la adaptabilidad y la motivación de nuestra fuerza de trabajo, el grado en el que podamos desarrollar un espíritu empresarial e innovador e invertir en nuestra economía para el futuro. 
Así, pues, es esencial que todos reconozcamos la importancia de la investigación y la innovación y de la ciencia en general. 
A ese respecto quisiera instar al Consejo a que asigne los fondos apropiados para el Quinto Programa Marco sobre investigación y desarrollo tecnológico. 
Por último, como diputado al Parlamento Europeo por Cardiff, me siento inmensamente orgulloso de que la Cumbre europea se celebre en la capital de Gales. 
Hoy, Cardiff aparece como una auténtica ciudad europea. 
Es una ciudad orgullosa de sus tradiciones, pero que también mira con optimismo hacia el futuro. 
De hecho, dado que esta Cumbre se produce al final de una Presidencia que será considerada- no me cabe duda al respecto- un éxito resonante, no podría haber un anfitrión mejor para ella que la ciudad de Cardiff. 
Queremos que haya un gran éxito porque- reconozcámoslo- la Presidencia lo necesita en este momento. 
Como diputado británico, siento cierta tristeza- no enojo ni antagonismo político- al oír repetidas referencias a la falta de éxito de esta Presidencia en la dirección de la Unión Europea. 
La clave para todas las presidencias europeas es la capacidad para dirigir. 
¿Hasta qué punto puede un Ministro de Asuntos Exteriores cuyo prestigio está relativamente de capa caída en su país tener derecho a hablar en nombre de la Unión Europea? 
Hasta ahora esta Presidencia ha hecho poco para luchar contra la falta de influencia de la Unión, en nuestro propio umbral incluso. 
No hemos logrado gran cosa en Argelia, Israel, el Oriente Medio ni, como ha dicho el Presidente de la Comisión, en Turquía. 
Por desgracia, esta Presidencia quedará para la Historia como la responsable del nombramiento peor organizado de un alto funcionario desde el punto de vista internacional: el del Presidente del Banco Central Europeo. 
Si, cuando resultó evidente el problema, se hubiera reconocido antes la necesidad de transacción, se podría haber evitado y se habrían evitado perjuicios muy graves. 
Se habría evitado que el proyecto de UEM en conjunto quedara en ridículo, como ocurrió los días 2 y 3 de mayo. 
De hecho, en aquel momento todo el sistema político de la Unión Europea quedó en ridículo. 
Seamos más positivos, queremos que haya éxito. 
¿Qué se podría lograr en Cardiff para redimir esta Presidencia tristemente desacreditada? 
En primer lugar, hay que lograr avances reales respecto de la Agenda 2000. 
Como todo el mundo ha dicho hasta ahora, la Agenda 2000 es importante. 
Es importante porque la Organización Mundial del Comercio y sus negociaciones comenzarán a principios de 1999, como se acordó en Ginebra la semana pasada. 
En este momento parece como si la Unión Europea estuviera esperando recibir presiones exteriores, en las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio, para forzar la reforma de la PAC. 
La verdad es que llevamos muchos años hablando de la reforma de la PAC y ya es hora de que empecemos a lograr avances de verdad para que se pueda hacer la ampliación. 
La ampliación es probablemente la cuestión más importante que afronta Europa en el momento presente. 
Debemos tender nuestra mano amistosa, porque hace nueve largos años desde que el Muro de Berlín empezó a desplomarse. 
No sólo hay que revisar las políticas en vigor, sino también examinar cómo se van a adoptar en el futuro las decisiones en la Unión Europea. 
Son cuestiones importantes, señoras y caballeros, y espero que el Consejo las haga avanzar en Cardiff. 
El tercer aspecto realmente importante, como ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, es el empleo. 
Necesitamos una sociedad no excluyente y eso significa que debemos abordar algunos de los actuales y rígidos reglamentos. 
La cifra de veinte millones de desempleados representa una mala ejecutoria y también en materia de creación de puestos de trabajo es lamentable la ejecutoria en el nivel europeo. 
Necesitamos flexibilidad, una menor presión fiscal, un comercio más libre y una reducción de los costos sociales. 
En primer lugar, de acuerdo con los deseos manifestados por el Canciller Kohl y el Presidente Chirac durante la pasada cumbre franco-alemana, una reactivación política de la reforma institucional de la Unión Europea, que se dejó completamente de lado durante la adopción del Tratado de Amsterdam. 
No solamente debe producirse dicha reforma antes de la culminación de las negociaciones de adhesión en curso, sino que además sería de gran utilidad que los actuales procedimientos de ratificación del Tratado de Amsterdam den paso rápidamente en orientaciones claras. 
Resulta difícil hacer comprender a las opiniones públicas la necesidad de nuevas delegaciones de competencias a las instituciones europeas, habida cuenta de que su arquitectura definitiva no ha sido precisada, ya se trate, especialmente, de la ponderación de las votaciones por mayoría cualificada, de la participación de los parlamentos nacionales en la elaboración de políticas relativas al segundo y al tercer pilar o, incluso, de la instauración de un mecanismo fiable que garantice el cumplimiento del principio de subsidiaridad. 
Por último, la Cumbre de Cardiff deberá despejar las orientaciones políticas relativas a la negociación de lo que se denomina Agenda 2000. 
Se debe tranquilizar a los agricultores de la Unión Europea sobre el futuro de la PAC y su financiación. 
Ahora bien, hasta ahora no han obtenido las garantías que esperaban. 
Los agricultores no se oponen a una reforma de la PAC que persiga una mayor equidad en el reparto de las ayudas, pero no quieren verse sacrificados en aras del libre intercambio mundial o de las presiones financieras impuestas por la ampliación. 
Asimismo, los actuales beneficiarios de los Fondos estructurales deben recibir garantías respecto a la aplicación de políticas comprometidas que refuercen la cohesión social y territorial de la Unión Europea. 
Por último, la Cumbre de Cardiff, que se anticipa a la aplicación del Tratado de Amsterdam sobre la convergencia de las políticas en materia de empleo, deberá examinar los programas de acción presentados por los diferentes Estados miembros. 
Es importante que éste no sea un mero ejercicio formal y que el Presidente en ejercicio del Consejo no se limite a recoger las copias de los diferentes alumnos de la clase Europa y que el profesor se limite a poner una calificación más o menos alta. 
Lo que necesitamos es la aplicación eficaz de una estrategia común en materia de creación de empleo, que debería estar orientada hacia una disminución importante de las cargas que pesan sobre la mano de obra menos cualificada, la armonización de los tipos del IVA, que deberían ser reducidos en el caso de las actividades que incorporan una parte importante de salarios y cargas sociales, y una fuerte promoción del desarrollo de los sectores creadores de empleo: PYMEs, artesanado, profesiones liberales y servicios asociativos de proximidad. 
Aparentemente existe un amplio consenso sobre todas estas cuestiones que, efectivamente, han sido incluidas en el orden del día de la Cumbre de Cardiff, pero, de Consejo en Consejo, constatamos que dicho consenso no se concreta realmente en realizaciones tangibles y perceptibles de estas buenas intenciones. 
Por ello, deseamos que, por fin, se dé respuesta a las grandes expectativas de nuestros conciudadanos europeos. 
Esperemos que la Cumbre de Cardiff no sea motivo de decepción para ellos. 
Señor Presidente, la inclusión del problema del empleo en el orden del día de la Cumbre de Cardiff demuestra que ya no es posible eludir las exigencias sociales y democráticas que se elevan de nuestros países. 
A pesar de que hace decenios que se viene anunciando la prosperidad, nuestros pueblos constatan amargamente un crecimiento del paro y de la pobreza. 
Lo que es bueno para los mercados financieros es malo para ellos. 
Las recomendaciones sobre el empleo y el crecimiento, a las que limitaré mi intervención, constituyen una primicia que debemos acoger con satisfacción. 
Dichas recomendaciones, sin embargo, se ven atenazadas por la marcha hacia la moneda única, que incluye el objetivo de reducir el coste del trabajo y de los gastos públicos. 
Por ello se da prioridad a las medidas de los planes nacionales encaminadas hacia la adaptabilidad, es decir, la flexibilidad e, incluso, la desregulación. 
Nosotros opinamos que hay que ir en otra dirección, que dé prioridad a la rentabilidad social, en vez de a la rentabilidad financiera, que dé prioridad al desarrollo humano y sustituya la competencia por la cooperación. 
Algunas medidas anunciadas por los Estados miembros siguen este planteamiento. 
En Francia e Italia, el compromiso del proceso de reducción de la jornada laboral. 
En Francia, además, el empleo para los jóvenes. 
A nivel europeo, la decisión de créditos bonificados por el BEI. 
Con esta idea en mente, presentamos tres series de medidas que deben fomentarse en favor de una competitividad real, que esté basada en fundamentos sanos. 
En primer lugar, naturalmente, la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario, pero también, la armonización al alza de la legislación de la protección social, el desarrollo de la formación durante toda la vida, con la organización de períodos de práctica con titulación, itinerarios de aprendizaje y la promoción de los servicios públicos. 
Proponemos medios de financiación con vistas a aligerar las cargas financieras de las empresas, y no las cargas sociales. 
Usted ha se ha referido, señor Presidente, a la burocracia. 
Es cierto que esa burocracia existe y que los gastos financieros suponen un enorme peso para la contabilidad de las empresas. 
Por ello, proponemos la idea de una política de créditos a índices selectivos para el empleo, una fiscalidad que prevenga la especulación con el impuesto Tobin, un control democrático de las ayudas públicas al empleo, al objeto de que éstas no sean utilizadas para despidos, una acción decidida contra el dumping social y las deslocalizaciones, que se han hecho tanto más urgentes después de la marcha contra el trabajo infantil. 
Opinamos que los márgenes establecidos en la actual coyuntura deben favorecer el progreso social y no ser destinados exclusivamente a la reducción de los déficits públicos, lo que frena el crecimiento y, por tanto, los ingresos públicos. 
Por último, deben instaurarse nuevos derechos, poderes reales de los trabajadores, de sus sindicatos y, más generalmente, de los ciudadanos. 
Los comités de empresa europeos, por ejemplo, deben tener poder de intervención y no solamente el derecho a ser informados. 
Estas propuestas, en nuestra opinión, pueden ser la respuesta a los grandes retos de nuestro tiempo. 
Creemos que está a punto de nacer una toma de conciencia, para la que la desgracia no es una fatalidad. 
Y nuestro Grupo se propone emplearse a fondo y contribuir a este fin, tomando el relevo del movimiento social en el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, mientras escuchaba su intervención me ha venido a la memoria un refrán de mi tierra: "Nim dir nix vör, dann slei dir nix fehl» , que en alemán significa" no te propongas hacer nada, así no errarás en nada». 
Durante su Presidencia se han planteado abundantes iniciativas y actuaciones, tal como ha señalado nuestro colega el Sr. colega David. 
En lo que se refiere a la ejecución, me gustaría poder contradecir las palabras del señor Provan, pero lo cierto es que la comida más larga de la historia fue un desastre en este sentido. 
Consideremos, por ejemplo, el tema del Convenio sobre la exportación de armamento: yo me congratulo de que adoptasen dicha iniciativa, ¡pero el resultado no se ha visto! 
Sólo nos queda esperar que sea posible mejorarlo y adoptar unas normas multilaterales de obligado cumplimiento en el curso de las reuniones anuales, que siempre se acuerda celebrar. 
Yo tengo la impresión de que se han acelerado algunos procedimientos, con muchos aspavientos, pero a expensas del contenido político. 
A la Presidencia también le cabe una parte de la responsabilidad por el estado de la Unión y no puede escudarse sencillamente en sus artes de presentación y formulación. 
El problema central es, en efecto, el siguiente: si queremos ofrecer algo a las personas corrientes, tenemos que ofrecerles una política que responda a sus intereses. 
Tenemos que demostrarles que la política europea satisface mejor sus intereses y que los recuentos geográficos no les favorecen. 
Los recuentos geográficos de quiénes componen Europa no darán de comer a los parados, no crearán empleos y tampoco abrirán nuevas perspectivas. 
La Presidencia británica- y esto ha vuelto a quedar claro en su intervención- no tiene un proyecto claro, lo cual también significa que tampoco es posible imputarle, obviamente, ningún fracaso. 
En la política de empleo no se aprecia una ruptura clara con el modelo político neoliberal fracasado, que ha vuelto a ofrecernos el señor Provan; en esto sí que puedo contradecirle. 
Dice que la desregulación y la reducción de los salarios crearán más puestos de trabajo y acabarán fomentando milagrosamente el crecimiento algún día. 
¡Esto ya ni ustedes mismos se lo creen! 
En Luxemburgo se cometió el pecado de reducir en gran parte la política de empleo a una política del mercado de trabajo. 
Francia e Italia se quedaron solas. 
La creación de nuevos puestos de trabajo por medio de la reducción de la jornada de trabajo, una nueva política económica, una reforma fiscal mediante la introducción del impuesto ecológico no figuran en la agenda. 
Según se desprende de los Planes nacionales de acción presentados, en algunos Estados miembros existe, al parecer, el riesgo de un retorno al procedimiento de Essen. 
En este sentido, señor Santer, yo creo que la Comisión tiene sin duda la responsabilidad de decirlo así con toda claridad en el momento de la evaluación y de exigir rectificaciones que permitan alcanzar un procedimiento realmente obligatorio, a fin de que los objetivos no se queden sólo sobre el papel, sino que también se apliquen y estén dotados de recursos presupuestarios y de medidas, y no sean sólo objeto de reflexiones filosóficas. 
De nada nos sirven tampoco unas medidas que ya se están aplicando de todos modos o cuya aplicación depende de otros, de los municipios, por ejemplo. 
Necesitamos como mínimo acciones enérgicas contra el paro juvenil, que en las presentes condiciones no se están adoptando. 
Nosotros nos tomamos muy en serio la negativa que acaba de formular el Presidente de la Comisión: el abuso del principio de subsidiariedad en aras de la renacionalización beneficia fundamentalmente a la derecha y, en último término, a sus poco apetecibles defensores. 
Tenemos que hacer frente común contra esto. 
Señor Presidente, el Presidente en ejercicio ha dicho que dentro de dos semanas va a producirse un acontecimiento muy importante. 
No hace falta que le recuerde que dicho acontecimiento será contemplado, naturalmente, por toda Europa, millones de televidentes, cuando Escocia se enfrente a Brasil en el partido de inauguración de la Copa del Mundo. 
Estoy seguro de que el Presidente en ejercicio hará suyos mis mejores deseos para el equipo escocés. 
Aplaudo su entusiasmo por la cumbre de Cardiff, que seguirá a dicho acontecimiento. 
Tal vez podría decir que nuestro imperativo como políticos es hacer que la cumbre de Cardiff sea tan importante para los ciudadanos como la Copa del Mundo. 
Se me puede contestar que es algo muy difícil, pero hay muchos aspectos de las decisiones que se adoptarán durante el año próximo, aproximadamente, que van a ser de profunda importancia para los ciudadanos. 
El imperativo para la Presidencia británica y la austriaca y cualquier otra lograda es el de la aceptabilidad. 
¿Cómo hacemos para que la Europa que estamos intentando construir resulte aceptable a los ciudadanos? 
Creo que la elección de Cardiff para la celebración de la Cumbre ha sido afortunada. 
Los ciudadanos de Gales demostraron el año pasado que estaban dispuestos a ejercer su derecho democrático a la libre determinación, por lo que Cardiff va a ser por primera vez en su historia la sede de una asamblea democrática. 
La semana pasada, sin ir más lejos, los ciudadanos de Irlanda volvieron a votar a favor de que se den importantes pasos adelante en materia de democracia y creo que estamos en el comienzo de un nuevo desarrollo en el que participa mi país, Escocia. 
Antes de que se celebre la Cumbre de Cardiff, habrá también otra cumbre no oficial de algunas de las naciones sin Estado de Europa que se están inspirando en el ejemplo de Gales y de Irlanda del Norte, la República de Irlanda y Escocia. 
Presentarán otra idea de Europa, pero no estará limitada a cuestiones de cambio constitucional, porque creemos que hay cuestiones muy importantes que unen a los numerosos pueblos y regiones de Europa. 
Me alegro mucho de que el Presidente en ejercicio del Consejo y el Presidente de la Comisión subrayen la importancia de la Agenda 2000. 
Podría tener repercusiones muy profundas en los ciudadanos de Europa y la aceptabilidad de todo el proyecto europeo. 
Quisiera rogar que, sea cual fuere el resultado de Cardiff, se nos dé suficiente tiempo para estudiar en el Parlamento Europeo las consecuencias del plan que se proponga en ese momento. 
Sé que es una tarea ingrata para la Comisión y para el Consejo, pero necesitamos que en este caso salga bien. 
La relativa al desempleo- y no podría estar yo más de acuerdo con el Presidente de la Comisión- es la tarea fundamental que afrontamos. 
Si conseguimos contrarrestar el desempleo y resolver el problema que plantea y producir una economía de crecimiento en Europa, todo el proyecto europeo demostrará haber valido la pena. 
Si fracasamos, la gente se preguntará para qué servía todo esto. 
Tan sólo dos últimas observaciones: la resolución que la Asamblea tendrá ante sí mañana acoge con beneplácito el Tribunal Penal Internacional como una reforma importante en pro de cuya consecución mi Grupo ha laborado muy activamente. 
La última observación que quisiera hacer, al resumir el imperativo para la Presidencia del Reino Unido y haciéndome eco de las observaciones hechas por el Sr. Pasty y otros, es el de que la reforma institucional no puede permanecer paralizada y creo que sería un gran estímulo que durante la Cumbre de Cardiff lográramos un estatuto común para que los diputados a esta Asamblea no resultasen discriminados por razones de nacionalidad. 
Todos debemos disfrutar de las mismas condiciones; se nos eligió con independencia de mandato. 
Señor Presidente, señor Ministro, hace poco celebramos en este Pleno la moneda única. 
¿Cuándo vamos a celebrar la consecución de la unión política, la única vía para convertir a Europa no sólo en una zona de libre cambio, regida o por los intereses particulares de los Estados o por algunas multinacionales, sino más bien en una verdadera Europa de los ciudadanos con objetivos comunes y un futuro más seguro y sereno? 
Nosotros pedimos que en la Cumbre de Cardiff haya por fin un avance concreto de cara a la consecución de la unión política y por eso es necesario entablar un debate en torno al nuevo orden institucional europeo: sin duda, más poder decisorio para el Parlamento Europeo, pero también la creación de un nuevo organismo que, por lo menos al principio, represente a todos los Estados miembros en el plano de la defensa común, la lucha contra la delincuencia organizada, la defensa de los 20 millones de desempleados y de los 40 millones de nuevos pobres, un organismo que empiece a reflexionar sobre cómo realizar la política exterior de la Unión. 
En realidad, el Consejo de Ministros representa a los diferentes Gobiernos y no representa una voluntad común europea. 
Hoy, al no existir este organismo, la política exterior debería depender no sólo del Consejo, sino ante todo del Parlamento Europeo, representante de todos los ciudadanos europeos. 
La lucha contra la delincuencia organizada nunca se podrá llevar a cabo si EUROPOL, por ejemplo, va a seguir bloqueda de hecho por la ausencia de una visión de conjunto de los Estados miembros. 
Si Cardiff va a ser igual a las demás cumbres o va a dar pasos extremadamente insignificantes, correremos el riesgo de conseguir una Europa incomprendida por los ciudadanos que, sin duda, ven en el euro una esperanza y que al mismo tiempo, sin embargo, viven con angustia la falta de una orientación política que proporcione a la economía objetivos concretos, ya que, en realidad, la ausencia de una orientación política convierte en muy incierto el relanzamiento económico. 
No es suficiente decir que Maastricht obligó a la estabilidad y que, hoy por hoy, la estabilidad permite la aplicación de tipos muy inferiores a los de antes, si después, en realidad, en cada uno de los Estados miembros encontramos sistemas bancarios que, en algunos casos, operan de forma completamente diferente respecto a lo que expresamos con mucho entusiasmo y énfasis el pasado 2 de mayo en este Pleno. 
Si la falta de una unión política, según los resultados electorales de éste o aquel país, puede llevar a replantear el problema cíclico- Europa existe o no existe como entidad supranacional o no es siempre... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando personalmente al Presidente en ejercicio por su éxito al lograr un código de conducta sobre las exportaciones de armas. 
Dicho código de conducta establece algunos principios importantes que representan un importante paso adelante en la contribución de la UE a la paz y la estabilidad en el mundo. 
El código de conducta constituirá también un marco más claro para la racionalización de la industria europea de defensa, que, a su vez, propiciará una mayor interdependencia y hará que el afán por hacer ofertas nacionales más bajas que la competencia resulte obsoleta en el futuro. 
También quisiera felicitarlo porque nunca haya dejado de hacer avanzar el orden del día en materia de derechos humanos durante su mandato como Presidente en ejercicio. 
En particular, el éxito que tuvo al presentar dicho orden del día a los chinos y el logro de avances en el orden del día en relación con China es uno de los éxitos de esta Presidencia. 
Es evidente que el éxito mayor ha sido el de continuar la orientación formulada en las conclusiones sobre el proceso de ampliación. 
No sólo se inició a tiempo el complejísimo proceso de negociaciones, sino que, además, se lanzó la Conferencia Europea de tal modo, que inmediatamente se puso a examinar los asuntos directamente pertinentes para los ciudadanos europeos, en particular los de las drogas y la delincuencia. 
Ésos fueron logros considerables, pero es importante que, ahora que hemos lanzado el proceso, no permitamos que otras prioridades políticas como la moneda única releguen la ampliación a un segundo plano, donde correría peligro de quedar empantanada en debates técnicos. 
De modo que es importante, a mi juicio, que la Cumbre de Cardiff envíe varios mensajes claros. 
En primer lugar, debe enviar una señal clara de nuestro continuo compromiso con el proceso de ampliación. 
En segundo lugar, debe reiterar los compromisos del Consejo y de la Comisión de mantener informado al Parlamento sobre el proceso de ampliación y reconocer el importante papel que puede desempeñar. 
Quisiera recomendar a las presidencias futuras la reunión que el Sr. Henderson celebró con las mesas de las comisiones parlamentarias mixtas como vía por la que avanzar. 
En tercer lugar, tenemos que evaluar los avances logrados respecto del examen preliminar del acervo comunitario y la evolución de la estrategia de preadhesión. 
Espero que se pueda prestar atención especial a la dimensión social en los países de la Europa central y oriental, que reviste importancia particular. 
Debemos velar por que el primer informe anual de la Comisión, que está previsto para fecha posterior de este año, llegue a tiempo y según el calendario previsto. 
Por último, como han dicho otros oradores, debemos sacar adelante las propuestas de la Agenda 2000, porque es muy importante para que mantengamos la ampliación bien encaminada que concluyamos los procedimientos legislativos antes de junio de 1999. 
Así, pues, tiene que lograrse un acuerdo político en la Cumbre de Viena, a más tardar. 
Por lo demás, quisiera felicitar a la Presidencia británica por continuar la orientación dada en las conclusiones de Luxemburgo al proceso de paz en el Oriente Medio. 
El Grupo Socialista reconoce las inmensas gestiones hechas por el Secretario del Foreign Office británico y el Primer Ministro británico en pro de la reanudación de dicho proceso y para aplicar las conclusiones de Luxemburgo, en particular al señalar a la atención del Gobierno israelí la desacertada decisión de continuar con esos asentamientos y la necesidad de que el bando palestino formule una estrategia económica. 
Por ultimo, espero que la Cumbre de Cardiff apoye las elecciones bosnias. 
Se trata de otro paso en el proceso de paz y estabilidad en la Antigua Yugoslavia y espero que apoyemos dichas elecciones al máximo. 
Quisiera comparar la Presidencia de la Unión Europea con el Grand National o el Derby británicos. 
Para tener éxito, es importante poder acabar la carrera. 
Más importante aún es para tener éxito acabar, como está haciendo el Gobierno británico, con estilo y garbo de sobra. 
Señor Presidente, es evidente que las circunstancias en las que se debaten las políticas de empleo no son las mismas que en los años precedentes. 
La Unión Monetaria ya es un hecho. 
Los planes nacionales de empleo ya están presentados y la convergencia económica ha creado un clima de confianza que resulta alentador para el crecimiento del empleo. 
Esta Presidencia ha tenido la suerte de culminar un largo proceso de la construcción europea. 
Hay Estados, como es el caso de España, que, desde una política rigurosa desde el punto de vista económico y social, ya están viendo los frutos de su acción de Gobierno y para crear empleo- que será siempre mejor que repartirlo- las fórmulas están suficientemente enunciadas y repetidas desde la Cumbre de Essen hasta la Cumbre de Luxemburgo. 
Nos encontramos, señor Presidente en ejercicio del Consejo, a las puertas del siglo XXI. 
La revolución tecnológica, la globalización de la economía y los grandes mercados exigen que los Estados hagan un importante esfuerzo en el ámbito de la educación y la formación. 
La garantía de los puestos de trabajo está en función de la cualificación y formación y en función también de que los centros educativos expidan títulos profesionales que correspondan a las demandas del mercado de trabajo. 
Quiero poner el acento también en la absoluta necesidad de que el diálogo social sea el terreno de juego para adecuar la organización del trabajo a los nuevos tiempos en el campo de la estabilidad del empleo, la formación permanente o la reordenación del tiempo de trabajo. 
No creo, por ejemplo, que sea adecuado que los Gobiernos decidan la reducción de la jornada, cuando precisamente es la propia dinámica de la productividad de la empresa o su propia dimensión las que pueden dar las pautas para que sean los trabajadores y los empresarios quienes puedan llegar a acuerdos en este sentido. 
Finalmente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en la creación de puestos de trabajo hay que implicar a toda la sociedad, y los planes de empleo presentados por países como España o Italia hacen hincapié en la necesidad de responsabilizar también a las autoridades regionales o locales. 
Los servicios de empleo deben acercarse a las necesidades de los empresarios y trabajadores y buscar también, en los nuevos yacimientos de empleo, posibilidades para emplear a aquellos que, desesperadamente, buscan un puesto de trabajo. 
El paro y el subempleo son fuentes de exclusión, pobreza y desesperanza. 
Los ciudadanos ya están hartos de discursos y promesas. 
El euro y los planes de empleo son instrumentos para que el objetivo sea que los ciudadanos vean hecho realidad el derecho de trabajar en la sociedad próspera y solidaria que todos queremos hacer de esta nueva Europa que estamos construyendo. 
Señor Presidente, en primer lugar acojo con beneplácito la oportunidad de felicitar a la Presidencia del Reino Unido por su éxito en nombre de todos nosotros en la Unión Europea. 
Le deseo un continuo éxito durante las dos próximas semanas y que Cardiff sea como el final del Grand National como ha dicho el Sr. Titley. 
El hecho de que el Presidente en ejercicio sea pelirrojo no nos autoriza en modo alguno a compararlo con «Red Rum» , que fue uno de los más resistentes en la carrera del Grand National. 
Si no recuerdo mal, ganó tres veces en total. 
He de decir que la Presidencia del Reino Unido vino acompañada de gran entusiasmo, energía y gran calidad de la capacidad organizativa que todos nosotros agradecemos mucho. 
Me alegro, en particular, de que en todas las ocasiones respetara el papel del Parlamento y de sus diputados. 
Quisiera agradecer al Gobierno del Reino Unido y a su Primer Ministro sus inmensos esfuerzos para guiar el proceso de paz en mi país hasta llegar al punto en que se encuentra en el momento presente. 
Como todo el mundo sabe, recibió un respaldo en masa de todos los ciudadanos de la isla de Irlanda la semana pasada. 
La reunión en la cumbre de Cardiff brinda una oportunidad ideal para que la Unión Europea evalúe cuál es la forma mejor como puede contribuir al proceso de paz y reconciliación que recibió un apoyo tan abrumador por parte del pueblo irlandés y el referéndum. 
La Unión ha prestado considerable apoyo político y práctico a dicho proceso a lo largo de los años y espero encarecidamente que la Presidencia británica vele por que en Cardiff se tenga debidamente en cuenta esos importantes acontecimientos de las últimas semanas. 
Recientemente, la Comisión presentó un conjunto de propuestas que, entre otras cosas, pedían una reforma de la PAC, los Fondos estructurales y toda la política presupuestaria de la Unión. 
La cumbre debe centrarse en la elaboración de directrices políticas amplias sobre dicho conjunto de propuestas, que van a tener importantes repercusiones no sólo en el funcionamiento de las instituciones europeas, sino también en la vida diaria de los ciudadanos en los próximos años. 
Es importante, por ejemplo, que los dirigentes europeos reafirmen su compromiso con el fundamental papel desempeñado por las explotaciones agrarias familiares en la política agraria y de desarrollo rural. 
Cualquier reforma de la PAC debe ir encaminada a la preservación y el fomento de la continuidad de las explotaciones agrarias familiares como fundamento del sector agrario europeo. 
Igualmente importante es que se examine la reforma de la PAC paralelamente a la reforma de los Fondos estructurales, porque un componente esencial de la política estructural en toda la Unión debe ser la preservación de los niveles actuales de población en las zonas rurales y en las zonas relativamente aisladas de la periferia de la Unión. 
Sólo se puede lograr eso reconociendo que la agricultura seguirá desempeñando el papel capital en las zonas rurales en el futuro previsible y que la política estructural debe ir encaminada a la potenciación al máximo del desarrollo de los sectores conexos tales como el agroturismo, la elaboración de alimentos y la preservación de zonas medioambientalmente delicadas. 
Por último, vuelvo a decir a la Presidencia del Reino Unido: siga con su excelente labor, ahora que faltan dos semanas, y recuerde que la última valla es también importante para negociar antes de llegar a la línea de meta, como- estoy seguro- hará. 
Señor Presidente, resulta claro que el interés de la reunión que van a mantener en Cardiff los dirigentes de los países de la Unión Europea se va a centrar en el modo de reducir el desempleo y en cómo se piensa llevar esto a la práctica. 
Es positivo que en el futuro se puedan evaluar mejor las medidas nacionales en el ámbito de la creación de empleo. 
Necesitamos datos fiables y comparables que nos permitan saber, por ejemplo, si disminuye el desempleo juvenil y de larga duración en los países de la Unión Europea. 
Para comprobar si funciona la estrategia de crecimiento y empleo en toda Europa, no basta necesariamente con examinar los programas nacionales. 
Creo que se precisan esfuerzos por parte de la Unión Europea, especialmente en los programas que reducen el desempleo juvenil y de larga duración. 
En la reunión de Cardiff se debería llegar a una decisión de principio para que la creación de nuevos puestos de trabajo fuera un requisito más importante en la Agenda 2000 para la concesión de ayudas por parte de la Unión Europea. 
El grado de éxito de una política activa en materia de empleo es, a fin de cuentas, el indicador que nos permitirá saber si Europa es capaz de solucionar el problema del desempleo masivo, un problema que está relacionado con la transición a una sociedad postindustrial. 
Señor Presidente, seis meses son un breve período de tiempo para una Presidencia del Consejo. 
Resulta casi imposible dejar huellas profundas en el proceso político europeo en este lapso. 
Esto realza la importancia de la continuidad y la colaboración entre las sucesivas Presidencias. 
Sin embargo, los ciudadanos tienen la impresión, transmitida en parte por los medios de comunicación nacionales, de que cada Presidencia constituye un hecho aislado dentro del espacio histórico. 
Europa se reinventa en cierto modo cada seis meses. 
Por consiguiente, en mi calidad de político austriaco de la oposición, yo quisiera dirigir la siguiente pregunta a la Presidencia británica: ¿los austriacos empezarán realmente a partir de cero en el mes de julio, tal como indican las apariencias, o se ha establecido una auténtica colaboración entre la Presidencia británica y la futura Presidencia austriaca que permita proseguir sin solución de continuidad los procesos iniciados? 
Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué ámbitos existe coincidencia y en qué aspectos podrá seguir trabajando Austria sobre la base del trabajo previo realizado por la Presidencia británica? 
Señor Presidente, cuando la Presidencia comunicó que ya quería evaluar en Cardiff los planes de empleo me sumé realmente a los escépticos y me parecía bastante exagerado e incluso desagradable frente a Viena, donde este proceso debería tener lugar. 
Ahora que puedo observar el estado de las cosas un poco mejor, estoy verdaderamente contento de que la Presidencia lo haya hecho de todas formas y de que con esto haya dado un impulso extra al proceso iniciado en la Cumbre de Luxemburgo. 
Si se mira lo que se ha realizado desde el Tratado de Amsterdam y desde la Cumbre hasta este momento, entonces se puede decir que es realmente mucho más de lo que todo el mundo esperaba en aquel momento. 
Incluso yo me temía que se iba a contestar a la petición de la Presidencia con un necesitamos más tiempo, hay que esperar. 
En este momento todos han cumplido con su tarea. 
No obstante, eso no significa que hayamos llegado ya, porque si se contemplan los planes entonces cabe hacer muchas observaciones. 
Espero que en Cardiff se llegue también a una evaluación del contenido. 
Quedan demasiados Estados miembros que de hecho se están relajando en este momento y que adoptan la postura siguiente: estas orientaciones generales rigen para los otros Estados miembros, porque nosotros ya hemos cumplido. 
Eso es un disparate. No hay ningún Estado miembro que pueda reclamar que ya ha cumplido con esas orientaciones generales. 
Quiero señalar que esos planes nacionales deben ser algo más que una operación técnica en la que se cumplimentan perfectamente las hojas, sino que en primer lugar deben ir dirigidas a la calidad de las medidas, a la renovación y a la reactivación. 
No puede ser que los Estados miembros escojan de repente dos de los cuatro pilares acordados, y que dejen dos muy importantes, es decir el de la igualdad de oportunidades y el de la "adaptability» y que se concentren sobre todo en el del" re-employment» o "employability» y en el del" entrepreneurship». 
Estos dos últimos me huelen demasiado a cuando se dice: estás sin trabajo y eso se debe a tí. 
Tendrías que ser más " employable». 
O no estés tan parado, establécete como empresario. 
Justamente esos dos otros me parecen extraordinariamente importantes para los Estados miembros, porque apelan a la responsabilidad de los Estados miembros y de los interlocutores sociales. 
No es casualidad que hasta ahora se haya hecho caso omiso de esos dos justamente. 
Un último punto. Tanto Amsterdam como Luxemburgo estaban enfocados a un equilibrio entre una política de aproximación macro-económica y una política de empleo activa. 
Hasta hoy no hay todavía una coincidencia real de contenidos. 
También en el proceso vemos que las diferentes direcciones generales y los diferentes Consejos estudian esos temas. 
Hago un llamamiento en el sentido de que en Cardiff se dé ya un primer paso hacia una actuación conjunta de los diferentes agentes, tanto en la preparación como en la toma de decisiones. 
Señor Presidente, en mi calidad de presidente del Movimiento católico de trabajadores de la diócesis de Regensburg, el presente debate me ha recordado unas palabras del Cardenal Cardyn: cada trabajador joven vale más que todo el oro de la Tierra. 
Es un antiguo proverbio, pero su contenido sigue siendo actual. 
Los puestos de trabajo son importantes, pero hasta ahora han abundado demasiado las palabras- en este sentido, yo apoyo la intervención de nuestro colega, el Sr. Wim van Velzen- y han escaseado los éxitos en relación con este tema. 
Ahora existen planes de acción. Yo sólo espero que éstos se apliquen pronto y con buenos resultados, pues de lo contrario hasta los mejores planes de acción resultan inútiles. 
Mejores prácticas, sí, pero yo espero que también las adopten rápidamente los países donde todavía no se han practicado. 
Cada vez que se presenta la ocasión se habla del apoyo a las PYME. Sin embargo, ninguna Presidencia del Consejo y ninguna Comisión ha conseguido garantizar hasta ahora que se establezcan unos requisitos sencillos para dichas pequeñas y medianas empresas, a fin de que también puedan ponerlos en práctica. 
Los sistemas tributarios y de asistencia social deberían reducir los costes laborales no salariales, pero es preciso que dichos sistemas sean también equitativos, de manera que los costes no recaigan una vez más exclusivamente sobre las trabajadoras y trabajadores. 
Por lo que respecta a la reforma estructural, a la Agenda 2000, el ámbito rural, señor Comisario Santer, ha recibido a mi parecer un trato muy desconsiderado dentro del " estofado» del Objetivo 2. Todavía se requieren algunos cambios en este contexto. 
Sobre el tema del medio ambiente, permítanme una observación: pensemos en el hombre y la naturaleza, por favor, ¡no en una naturaleza sin hombres! 
También quisiera hacer una pregunta sobre el funcionamiento del sistema de asignación de los recursos propios: ¿por qué no hay fondos para la adquisición de ordenadores, a pesar de que, por otro lado, se reparten miles de millones de marcos procedentes de los recursos propios? 
Quizá podría adoptarse alguna medida en este sentido. 
Yo les ruego que promuevan una rápida implantación de la economía social de mercado en los nuevos candidatos a la adhesión, de manera que no volvamos a encontrarnos también allí con los mismos problemas que ahora nos aquejan a nosotros. 
No se olviden de la subsidiariedad aunque, en su calidad gobierno central, a veces no la vean con buenos ojos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer a la Presidencia británica su participación en el proceso de paz en Irlanda. 
Por lo que se refiere al Sr. Blair, creo que es el Primer Ministro británico que jamás haya concedido carácter prioritario a la cuestión de Irlanda. 
Quisiera agradecer al Gobierno británico su reincorporación a Europa, pues lo necesitamos urgentemente en Europa. 
Muchos diputados a esta Asamblea y yo admiramos mucho la posición del Sr. Cook respecto de la industria y el control de armamentos. 
Quiero rendirle un homenaje al respecto. 
En Yugoslavia Slobodan Milosevic sigue in situ en la Antigua Yugoslavia y es responsable de muchas cosas. 
La Unión Europea se quedó de brazos cruzados contemplando el genocidio en Yugoslavia; espero que no hagamos lo mismo en Kosovo. 
Debemos poner en evidencia a Milosevic. 
Admiro al Sr. Cook por su condena de la matanza en Kosovo. 
Sé que Robin Cook es un hombre con sentido ético y que es sincero en su condena de la matanza y la depuración étnica cometidas en ese país. 
Está indignado, naturalmente, como lo estamos en esta Asamblea por lo que está sucediendo allí. 
Debemos detener a la mayoría serbia en Kosovo. 
También espero que en algún momento, tal vez en Cardiff, plantee con urgencia la cuestión de Timor Oriental. 
También se deben plantear los horrores de Argelia y la falta de respuesta del Gobierno de Argelia para que una comisión independientemente de derechos humanos visite Argelia para ver lo que allí sucede. 
Quiero felicitar a la Presidencia británica. 
Ha sido una Presidencia maravillosa y quiero rendirle homenaje personalmente a usted, señor Cook, por su valor al abordar cuestiones muy importantes. 
Señor Presidente, el proyecto de resolución que voy a apoyar contiene propuestas concretas para fomentar el empleo. 
Sin embargo, hay puntos que deberíamos destacar y a los que deberíamos volver a referirnos. 
Hago alusión a la reducción de la jornada laboral a 35 horas, que es tan sólo un símbolo, porque sabemos que las empresas podrían suplir con facilidad, si dicha reducción no va acompañada de ciertas medidas paralelas, las horas perdidas mediante el uso de una tecnología en continuo avance. 
Por ello, es preciso hablar de reducciones más drásticas de la jornada laboral. 
También quiero referirme a la evolución de nuevas profesiones que corresponden a las necesidades sociales reales pero que no están reconocidas todavía por el mercado laboral. 
Sin embargo, podrían ser promovidas a través de recursos económicos saneados, como ya estaba previsto en el Libro Blanco de Delors o como está experimentando actualmente el gobierno francés. 
Por último, señor Presidente, quisiera que volviésemos a hablar de las inversiones de las famosas redes intereuropeas que crearían- como se nos había dicho entonces- de forma directa, o sobre todo indirectamente, nuevos puestos de trabajo en toda Europa. 
Un proyecto que ha sido menoscabado por los ministros de economía de la Unión, algunos de los cuales van a encontrarse en Cardiff, señor Presidente, sin tener por ello ni siquiera la más leve sensación de contradicción. 
Señor Presidente, acojo con el mayor beneplácito la referencia que ha hecho el Sr. Cook a la necesidad de una reforma económica. 
Muchos de los diputados a esta Asamblea creemos que, al concluir el proceso de la Unión Económica y Monetaria, corresponde en gran medida a la Unión Europea dirigir la atención a la reforma económica. 
Dado que la zona del euro representa el 20 %, aproximadamente, de la producción mundial y el mayor exportador e importador del mundo, es esencial que hagamos reformas económicas dentro de la Unión Europea que contribuyan a que la moneda única tenga éxito. 
Nuestra tarea compartida es la de velar por que nuestras economías funcionen no sólo con eficacia, sino también de un modo que combine el dinamismo económico con la justicia social. 
Es esencial que en Cardiff la Presidencia y los Jefes de Gobierno lancen una nueva vía europea para propiciar la reforma económica. 
Ésta debe abordar la cuestión de un programa en pro de la empresa y en pro de las oportunidades con medidas que fomenten el espíritu empresarial, combinadas con políticas que garanticen el empleo económico y las oportunidades educativas para todos a partir de la ya antigua fuerza debida a la estabilidad y la cohesión. 
Este Parlamento apoya firmemente un programa de reforma económica equilibrado con el proceso de Unión Monetaria. 
El Grupo Socialista ha seleccionado tres sectores concretos que el Presidente en ejercicio debería- y espero que lo haga- llevar consigo a Cardiff. 
El primero es la reforma de los mercados laborales. 
Europa tiene 18 millones de desempleados y, mientras que el 10 % de los desempleados de los Estados Unidos llevan más de un año desempleados, casi el 50 % de los de Europa son desempleados de larga duración. 
Los Estados Unidos consiguen mucho mejor devolver a sus desempleados de larga duración al trabajo. 
Nosotros necesitamos una forma nueva, tras reconocer que en un mundo en rápida transformación por la constante innovación y el cambio tecnológico, los gobiernos pueden contribuir a pertrechar a las personas para que puedan afrontar los cambios inevitables. 
Si bien el gobierno no puede hacer mucho más para impedir que los ciudadanos pierdan su último puesto de trabajo, debe hacer mucho más para ayudarlos a conseguir su próximo puesto de trabajo. 
Nos preocupa mucho el mercado de capitales y consideramos que debe haber una reforma de dicho mercado. 
Los Estados Unidos tienen un enorme mercado de capitales y de valores para ayudar al capital de riesgo. 
Europa tiene un mercado de valores fragmentado e inadecuado. 
Tenemos que velar por que haya capital de riesgo disponible para las pequeñas y medianas empresas. 
En Cardiff es esencial que iniciemos el proceso de construir un mercado de valores a escala europea para el capital de riesgo y para la inversión. 
El tercer sector que necesita una reforma es el mercado de los productos. 
Tenemos un Mercado Único, pero sigue fragmentado. 
Aún debemos adoptar medidas para construir el Mercado Interior de la Unión Europea. 
La de Cardiff es una oportunidad maravillosa para aceptar el proceso de la Unión Monetaria e iniciar la importante y esencial tarea de la reforma económica. 
Si ése es el objetivo de Cardiff, el Sr. Cook cuenta con el apoyo total de esta Asamblea. 
Señor Presidente, Amsterdam está todavía pendiente de ratificación y, sin embargo, se vuelve a hablar de reformas institucionales. 
Debo decir que hoy me ha satisfecho mucho escuchar tanto al Presidente en ejercicio del Consejo como al Presidente de la Comisión y recordar la importancia que revisten los asuntos institucionales para el futuro del proyecto europeo. 
Por otra parte, en este sentido, también hay señales más allá de las Instituciones oficiales, habida cuenta de que varias personalidades- Jacques Delors, nuestro Presidente Sr. Gil Robles y el mismo Presidente en ejercicio del Consejo Sr. Blair hace poco días- han expresado su preocupación por las dificultades que los mecanismos de toma de decisión de la Unión pueden encontrar en una Unión ampliada. 
No quiero entrar en el fondo de estas reformas ni tampoco quiero emitir juicio alguno al respecto, ya que sólo quiero tratar de preguntarme la razón de este relanzamiento del tema institucional, con Amsterdam todavía en curso. 
En mi opinión por una razón fundamental: porque los retos ante los cuales se encuentra la Unión requieren estas reformas institucionales. 
El reto de la unión monetaria: la unión monetaria empuja hacia la unión política- lo decimos todos- pero tiene una apremiante necesidad de una voluntad político-institucional, ya que nada sucede automáticamente en el mundo de la historia. 
Y luego la ampliación. En cuanto a las consecuencias institucionales de la ampliación nadie plantea serias dudas, porque es evidente que a raíz de la ampliación pueden nacer dos tipos de Europas: puede nacer una Europa muy diluida, muy parecida a un gran mercado y, evidentemente, puede nacer una Europa política. 
Ésta es la razón por la cual las reformas institucionales son cada día más ineludibles, sea cual sea la idea básica que se puede tener de ellas. 
Entonces ¿cómo hay que volver a ponerse en marcha? 
Esto es lo que quiero decir brevemente en la segunda parte de mi intervención. 
Existe una resolución del Parlamento Europeo del mes de noviembre de 1997. 
Nosotros proponemos un camino determinado, es decir, pedimos a la Comisión que elabore un documento sobre las Instituciones antes de que finalice este año, y se lo pedimos a la Comisión porque respetamos su función de iniciativa y porque consideramos que en la reanudación del discurso institucional el papel de las Instituciones es fundamental. 
Asimismo le pedimos al Consejo que confiera un mandato para esta iniciativa a la Comisión. 
Éste es el punto fundamental. 
Una vez más no voy a entrar en el fondo, sin embargo, deseo recordar que sólo a través de una definición clara de la relación entre las Instituciones y el objetivo a alcanzar podremos contestar la pregunta sobre el futuro de Europa, sobre qué Europa queremos y qué proyecto queremos realizar. 
Considero que es sumamente importante que este Parlamento lance un mensaje para el futuro del Parlamento- el Parlamento que se elegirá en el año 1999- un mensaje que, necesariamente, implicará innovaciones en lo referente a las Instituciones. 
Señor Presidente, señor Santer, estimadas y estimados colegas, en diversos Tratados- en el Tratado de Maastricht, en el de Amsterdam- se ha venido expresando reiteradamente una declaración de principios, que también se repite en el artículo 6 del Tratado de Amsterdam, concretamente la exigencia de que la política ambiental y la protección del medio ambiente no sólo se tomen en consideración en la formulación y aplicación de las políticas comunitarias, sino que, además, sean un objetivo obligado de las mismas. 
Hace nueve años que soy diputada de esta Cámara y conozco las palabras, pero también estoy al corriente de los hechos. 
Las palabras son siempre magníficas y la Presidencia británica ha realizado también una tarea extraordinaria en el plano de los hechos, pero ahora yo tengo puestas grandes esperanzas en la Cumbre de Cardiff, al igual que toda esta Cámara y espero que también la Comisión, señor Santer. 
Si tenemos el convencimiento- y por lo que yo sé, la Presidencia británica del Consejo lo tiene- de que la política ambiental es un objetivo comunitario importante para los habitantes de la Unión y si, a la vez, también tenemos el convencimiento de que la lucha contra el paro es la tarea más importante que tenemos que abordar, deberíamos tener la perspicacia de vincular ambos objetivos. 
Si es posible demostrar- y podemos demostrarlo- que la política ambiental, que unas normas más exigentes en materia de medio ambiente, unas nuevas normas ambientales, elaboradas con la participación de la Comisión y del Parlamento Europeo, pero también de los interlocutores de la industria y los sindicatos, si es posible demostrar, digo, que estas nuevas políticas pueden crear puestos de trabajo, entonces debemos impulsarlas. 
¿Lo hacemos así? 
¡No, no lo hacemos! 
Si no empezamos a incluir por fin unas normas ambientales y de protección del medio ambiente, junto con la verificación de la sostenibilidad ambiental, en todas las demás políticas comunitarias, podemos olvidarnos de cualquier otro discurso. 
La señora Bjerregaard podría renunciar en tal caso a su tarea y yo también, al igual que otros componentes de la Unión. 
¿Qué debemos cambiar? 
Tenemos que contar con un marco legislativo de obligado cumplimiento que establezca que la política ambiental debe ser parte integrante de la política de transporte, de la política energética y de la política económica, tal como ya lo ha expuesto mi colega Donnelly. 
Sin embargo, ya no basta con que así lo establezca el artículo 6 del Tratado. 
Yo estoy cansada de leer los Tratados- en mi calidad de jurista, vengo haciéndolo desde hace sobrado tiempo- y también sé lo que éstos pueden establecer. 
Yo desearía que la Comisión contase con el apoyo de la Presidencia del Consejo, con su apoyo, señor Cook, con el apoyo de la Presidencia británica del Consejo y del nuevo Gobierno alemán, a partir del 27 de septiembre de este año, para establecer la obligatoriedad de la integración de la política ambiental en las demás políticas comunitarias. 
Yo desearía un compromiso en este sentido, o sea, que usted, señor Cook, y la Cumbre de Cardiff se comprometan ante la Comisión a adoptar un marco legislativo y a que éste sea obligatorio, y no sea de nuevo una mera declaración vacía de contenido. 
Finalmente, permítanme que añada que de niña me gustaba jugar a hacer pompas de jabón. 
Una puede hincharlas hasta que son muy grandes y resplandecen irisadas con todos los colores, resultan muy vistosas, luego empiezan a perder el color, estallan y se desvanecen. 
No me gustaría que una vez más una cumbre pierda su color, estalle y se desvanezca. 
Señor Santer, señor Cook, yo les ruego que velen por que después de la cumbre de Cardiff podamos contar con una legislación de obligado cumplimiento que establezca que la política ambiental ha de ser parte integrante de todas las demás políticas comunitarias. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, aunque mi intervención será la última del presente debate, yo espero que el Consejo conceda una alta prioridad en su agenda a los temas que voy a tratar. 
Señor Cook, señor Santer, yo quisiera rogarles a ambos que hagan llegar a Cardiff una petición urgente del Parlamento Europeo. 
La lucha contra la delincuencia organizada es una de las prioridades máximas para el Consejo, para la Comisión y también para la tarea del Parlamento Europeo. 
Sabemos que la posibilidad de desarrollar la actividad económica sin fronteras significa que también la actividad económica ilegal puede desarrollarse sin fronteras. 
Por consiguiente, necesitamos una estrategia para hacer frente a la libre circulación de quienes podrían aprovecharse indebidamente de nuestro sistema económico, incluida la máxima cooperación transfronteriza posible entre los organismos policiales y judiciales encargados de actuar contra las redes delictivas que operan a escala europea. 
Sin embargo, este proceso, que podemos describir con tan bellas palabras, no avanza como desearía el Parlamento Europeo. 
A nuestro parecer, esto se debe en parte a que, una vez acallado el eco de las bellas palabras de las cumbres sobre la integración europea- que ha de hacerse extensiva necesariamente también a los ámbitos del Tercer Pilar -, la reserva de la soberanía nacional, sobre todo por lo que se refiere a la cooperación policial y en el ámbito de la justicia, pesa más que la necesidad pragmática de una colaboración a escala europea. 
Por esto, yo quisiera formular una vez más con toda precisión la petición del Parlamento Europeo, recogida en innumerables resoluciones de esta Cámara que hacen referencia precisamente a las iniciativas y a las medidas comunes elaboradas como resultado del informe del Grupo de alto nivel sobre la lucha contra la delincuencia organizada. 
Voy a exponer de nuevo con toda precisión la petición que formulamos en los citados dictámenes: acometan con mayor decisión la tarea de trascender el ámbito nacional y procedan a eliminar con mayor firmeza las barreras, sobre todo en lo que se refiere a la cooperación policial, pero también en el ámbito igualmente importante de la justicia. 
Reclamen con mayor decisión al Consejo más competencias para la Comisión, competencias jurídicas de ámbito comunitario que incluyan la lucha contra la delincuencia organizada. 
Una de las tareas que yo considero absolutamente prioritaria para el futuro inmediato es que encontremos la manera de proceder a la integración europea no sólo en el ámbito económico y de organizar, no sólo a escala nacional, los instrumentos indispensables para combatir los abusos. 
Si no superamos esta divergencia, los delincuentes organizados seguirán teniendo en Europa mayores oportunidades que la policía. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Política Exterior y de Seguridad Común en 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0169/98) del Sr. Spencer, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el papel de la Unión en el mundo. 
Señor Presidente, de conformidad con el Tratado, se nos pide, como Parlamento, celebrar un debate anual sobre el desarrollo de la PESC. 
Mi informe cumple con ese deber en la misma modalidad del año pasado. 
Hay un cuadro comparativo de los detalles de la utilización de acciones, posiciones y declaraciones comunes a lo largo de un período de cuatro años. 
Hay un examen de la PESC a escala regional, a partir de los países extranjeros más cercanos hasta los más lejanos. 
Nada digno de mención particular hay que observar en la utilización de dichos instrumentos, excepto su continuo fracaso a la hora de abordar los imperativos reales que Europa afronta en el mundo. 
En realidad, en 1997, aparte del Tratado de Amsterdam, lo más interesante que ocurrió fue el acuerdo interinstitucional sobre la financiación de la PESC y sobre la participación del Parlamento. 
La eficacia de dicha participación va a depender de la cooperación positiva entre la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
También de dicho acuerdo se desprende el compromiso del Consejo de facilitarnos un documento sobre «los aspectos principales y las opciones básicas de la PESC». 
Se trata de un documento minimalista desprovisto de sentido de resultas de la revisión previa a la publicación por parte de los grupos de trabajo del Consejo. 
Es histórico, narrativo, dedica sólo una página y media al futuro y, además, en los términos más vagos. 
Se debe mejorar el año próximo. 
Los diputados observadores habrán advertido que hemos cambiado el título del debate de este año por el de «papel de la Unión en el mundo» para que podamos examinar todo el período y extraer enseñanzas del pasado y proyectarlas en el futuro. 
El papel de Europa en el mundo es algo más que las actividades limitadas y hasta ahora poco desarrolladas abarcadas por la PESC. 
Abarca las competencias comerciales y de otra índole de la Comisión, el papel de este Parlamento, sus presidentes, comisiones y delegaciones. 
Debe abarcar también las políticas exteriores de los Estados miembros. 
Como digo en la página 9 de mi informe, estamos creando una política exterior común, no una política exterior única. 
El paralelismo con la moneda común y una moneda única puede resultar instructivo, ya que no exacto. 
Una política común magnifica la influencia efectiva. 
Un política exterior única sería el producto de un Estado único, cosa que la Unión no es. 
A mi juicio, debemos esforzarnos por potenciar al máximo la influencia de Europa en el mundo por nuestro propio bien y- podríamos decir- por el bien del mundo. 
Para ello, debemos utilizar todos los recursos de todas nuestras instituciones y de los Estados miembros. 
El período de 18 meses que estamos examinando abarca tres presidencias dirigidas con tres estilos muy diferentes y con tres grados diferentes de experiencia. 
Puedo asegurar al Presidente en ejercicio del Consejo que no voy a caer en el bombo público de la Presidencia por parte del Sr. Titley, secretario parlamentario privado y lugarteniente del Sr. Cook, ni tampoco en las pullas públicas del Sr. Provan a las pretensiones de la Presidencia. 
Voy a distanciarme y examinar las tres presidencias por lo que se refiere a la política exterior. 
Y debo concluir que actualmente resulta imposible ejercer la presidencia de forma intelectual o políticamente satisfactoria, dadas las tensiones entre las estructuras institucionales actuales y la ampulosa y pretenciosa retórica de la propia PESC. 
Una y otra vez vemos que Europa acepta que las decisiones reales las adopten los americanos. 
Los seguimos dócilmente, votando sobre fondos y tropas para situaciones, como, por ejemplo, la de Bosnia, en las que hemos abdicado de un proceso eficaz de adopción de decisiones. 
Ellos deciden y nosotros pagamos. 
Eso no es bueno para ellos ni tampoco para nosotros. 
Un optimista diría que después de Amsterdam la PESC está en una fase de transición. 
No cabe duda de que la situación mejorará cuando, en lugar de enviar al Presidente en ejercicio en una misión administrativa de un día a Ankara para que no logre convencer a los turcos de que deben asistir siquiera a su propio Consejo de Asociación, podamos enviar, en cambio, al Alto Representante. 
No cabe duda de que una unidad de análisis y planificación mejoraría nuestro estado de preparación. 
En este momento conseguimos estar mal preparados no sólo para lo previsible, como, por ejemplo, las pruebas nucleares indias, o lo perenne, como, por ejemplo, Sadam Husein, sino incluso para lo que hace mucho que merecía nuestra atención, como, por ejemplo, la situación en Kosovo. 
En este momento tenemos lo peor de todos los mundos. 
Somos demasiado orgullosos para entregar enteramente los intereses de Europa al Tío Sam. 
Somos demasiado vanidosos para guardar un silencio decente. 
Tenemos demasiada memoria y no la suficiente inspiración para crear nuestra propia política exterior. 
Conque, ¿por qué optamos? 
Una diplomacia de pavo real para la exhibición y no para su utilización. 
El papel primordial de este Parlamento y de las comisiones de asuntos exteriores de los parlamentos nacionales no es el de controlar al ejecutivo en su dirección de la política exterior. 
Es el de alentarlo a aplicar una política exterior digna de ese nombre en primer lugar. 
Una Europa impotente en el proceso de paz del Oriente Medio, silenciosa en el subcontinente y marginada en los Balcanes es, sencillamente, insuficiente para la Unión Europea. 
Recomiendo el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores al Pleno. 
Señor Presidente, quisiera responder a las observaciones del Sr. Spencer y permítaseme decirle inmediatamente que la creación de la Política Exterior y de Seguridad Común plantea problemas tremendos. 
Entiendo perfectamente la frustración que ha expresado muy bien y que ha de ser una frustración muy compartida en todo el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, de nada sirve reconocer nuestra sensación de frustración, si no entendemos los tremendos problemas que plantea la Política Exterior y de Seguridad Común entre quince Estados miembros que tienen historias diferentes y vínculos históricos diferentes resultantes de dichas historias, que tienen vínculos lingüísticos y culturales diferentes con otros países que los hacen participar con actitudes diferentes en conflictos en todo el mundo, que hoy tienen conflictos diferentes con países vecinos y que no necesariamente comparten los otros quince. 
Ésa es la razón por la que, cuando nos reunimos en el Consejo de Asuntos Generales, no es infrecuente- como vimos el lunes en dos ocasiones- que un país adopte una posición contraria a la de los otros quince. 
No siempre es el mismo país. 
No pretendo particularizar ni echar la culpa en particular a ningún Estado miembro. 
De vez en cuando la mayoría de los Estados miembros en un momento u otro dicen que esa cuestión es de importancia fundamental para ellos y no podemos lograr un consenso que los otros catorce pueden acordar. 
Quiero decirle al Sr. Spencer que el problema y la frustración que provoca es indivisible del supuesto de que todo Estado miembro tiene un derecho a mantener su propia política exterior como un atributo del hecho de que sigue siendo un Estado-nación por derecho propio, con su participación en los foros internacionales. 
El partido del Sr. Spencer no propone que cambiemos ese principio, como tampoco lo proponen, a decir verdad, los Gobiernos representados en la Unión Europea, que tienen diputados de sus partidos aquí, en el Parlamento Europeo. 
Así, pues, si hemos reconocido ese punto de partida, también debemos ser realistas sobre lo que se puede lograr con una política común partiendo de esa dificultad concreta. 
Estoy totalmente dispuesto a aceptar como amplia salvedad sobre nuestra Política Exterior y de Seguridad Común que estamos intentando obtener posiciones comunes entre quince Estados miembros que pueden no plantear cada uno de los problemas con la misma perspectiva, los mismos antecedentes históricos o, de hecho, las mismas presiones de la opinión pública. 
Para que la Unión Europea tenga éxito, tenemos que velar por que tenga la flexibilidad para reconocer las diferencias de historia, cultura y opinión pública. 
Sobre ese telón de fondo y con esa amplísima reserva, me atrevería a sostener que, si examinamos lo sucedido en los últimos meses, hay muchas cosas que pueden dar satisfacción al Parlamento Europeo y al Consejo, pues se han logrado posiciones comunes, un planteamiento común ante el mundo exterior y en ocasiones- gracias a que teníamos dicho planteamiento comúnse ha logrado ejercer alguna influencia. 
Si se me permite comenzar por el orden del día en materia de derechos humanos y democracia, que es prioritario en nuestra propia política nacional de Gran Bretaña y, por tanto, lo ha sido también en el orden del día de nuestra Presidencia, he de decir que este mismo lunes logramos un acuerdo sobre un código de conducta relativo a las exportaciones de armas. 
Dicho código de conducta representa dos importantes pasos adelante. 
Establece criterios comunes mediante los cuales todos los Estados miembros juzgarán las solicitudes de licencia de exportación de armas. 
Desde luego, las naciones de Europa seguirán compitiendo unas con otras por esos pedidos, pero lo harán en cuanto al precio y la calidad. 
No competirán unas con otras en cuanto a los criterios relativos a la observancia de los derechos humanos. 
En segundo lugar, en dicho código figura un mecanismo de notificación por el que cualquier Estado miembro puede notificar a todos los demás que ha decidido rechazar un contrato por razones relacionadas con los derechos humanos y cualquier otro Estado miembro que desee conseguir ese contrato deberá notificárselo primero y consultar al país que lo haya rechazado antes. 
Se trata de un mecanismo enteramente nuevo gracias al cual los Estados miembros pueden confiar en que, si rechazan un contrato por motivos relacionados con los derechos humanos, la democracia o la preocupación por no contribuir a agresiones, ningún otro socio se aprovechará de su decisión aceptándolo o, en cualquier caso, no podrá hacerlo sin antes comunicárselo, lo que constituirá un factor disuasorio. 
No creo que sea un código perfecto. 
Si se me permite decirlo así, lamento que sólo pudiéramos conseguir el consenso sobre el código abandonando algunos de los objetivos que nos habíamos fijado con vistas a lograr la transparencia. 
Estoy dispuesto a reconocer que el Sr. Spencer y otros tienen perfecto derecho a expresar críticas a dicho código. 
Pero, al expresar dichas críticas, no debemos pasar por alto que representa un importante paso adelante. 
Uno de mis críticos en mi país ha dicho que sólo he conseguido la mitad de lo que perseguía, pero se me debería felicitar al menos por haber conseguido la mitad. 
Ésa ha de ser necesariamente la situación en que hagamos avanzar una política común entre quince Estados miembros. 
En segundo lugar, el Sr. Spencer se ha referido a mi visita a Turquía. 
El problema que tenemos con Turquía no es, en realidad, un problema que tengamos en Europa. 
Europa está preparada para un Consejo de Asociación con Turquía. 
Turquía opina que no está preparada para dicho Consejo de Asociación y debemos respetar esa opinión. 
Turquía no es miembro de la Unión Europea. 
No es parte en la Política Exterior y de Seguridad Común. 
No está sujeta a una disciplina interna que nosotros podamos tener como Estados miembros de la Unión Europea. 
Creo que Turquía cometió un error. 
Hay un foso entre nosotros sobre el que sería importante para Europa y para Turquía tender un puente, pero no podemos tenderlo simplemente desde una de las orillas. 
Turquía debe ayudarnos también mostrándose dispuesta a construir también una parte del puente desde su orilla. 
Quisiera comunicar también al Parlamento Europeo que, mientras estaba en Ankara, visité a Akin Birdal, el presidente de la Asociación de Derechos Humanos, que fue víctima de un intento de asesinato hace dos semanas. 
Encontré al Sr. Birdal asombrosamente animado y con un valor y una determinación que me parecieron ejemplares. 
El Sr. Birdal había sido víctima de disparos a poca distancia y había recibido catorce balazos con entrada y salida. 
Cuando lo vi, tan sólo siete días después, estaba sentado en la cama, lúcido y decidido, y me expresó la opinión de que personas como él son las que instan a seguir la vía de los derechos humanos, la buena administración y la democracia abierta y transparente en Turquía y a hacer que se interne por la auténtica vía europea. 
Es una opinión de la que todos los diputados al Parlamento Europeo desearán sin duda hacerse eco. 
También quisiera referirme a la observación formulada por el Sr. Spencer sobre nuestro papel en la antigua Yugoslavia. 
Quisiera decir al Sr. Spencer que subestima lo que se ha logrado en el último año. 
Ha habido un importante cambio en Bosnia hacia la aplicación del proceso de Dayton. 
La última vez que he estado en Sarajevo este año el Ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia dijo: » Nadie ganó la guerra, todos la perdimos». 
Fue una declaración absoluta y claramente cierta, pero es también una declaración que ningún político bosnio importante habría hecho hasta hace pocos meses. 
Ahora hay un reconocimiento sereno en gran parte de la comunidad política de Bosnia de que la vía para avanzar es la de aceptar el orden del día de Dayton consistente en poner fin a la confrontación étnica, en lugar de intentar recobrar el terreno que cada uno de los diferentes grupos étnicos considera haber perdido durante los años del conflicto. 
Europa ha desempeñado un papel importante en ese proceso. 
En primer lugar, desempeñamos un papel importante, pues en los últimos meses hemos demostrado una firmeza renovada para con los criminales de guerra. 
En mi firme opinión, no puede haber una reconciliación apreciable ni justicia étnica en Bosnia, a no ser que los responsables de las peores atrocidades cometidas durante el conflicto sean llevados ante la justicia. 
Me complace decir al Parlamento Europeo que, gracias a esa firme actitud, ahora la mitad de los criminales de guerra están acusados y esperando el proceso ante el tribunal. 
Hace un año no habríamos podido abrigar la esperanza de lograrlo. 
En segundo lugar, Europa ha hecho una importante contribución por mediación del Alto Representante para imponer criterios más justos y transparentes sobre el acceso a los medios de comunicación. 
La firme actitud adoptada por el Alto Representante con la televisión en la República Srpska desempeñó un papel importante en la elección de un gobierno en dicha República que, por primera vez desde el fin del conflicto, está comprometido con el proceso de Dayton y con la necesidad de hacerlo avanzar. 
Como Presidente de la Unión Europea, fui el primer Ministro de Asuntos Exteriores de fuera de Bosnia-Herzegovina que tuvo la oportunidad de dirigirse a la Asamblea de la República Srpska y alentarla para que se interne por la vía de la reconciliación étnica y la aplicación del proceso de Dayton. 
De modo que se están logrando avances en Bosnia: avances lentos e insuficientes, pero que son en parte consecuencia de la labor de la Unión Europea, del Consejo y de la Comisión, que han respondido a la elección de ese nuevo gobierno de la República Srpska apoyándolo con recursos y ayuda suplementarios. 
El problema en la antigua Yugoslavia es el de que los dos países vecinos de Bosnia siguen siendo países dominados por políticos que con frecuencia no parecen estar comprometidos con el proceso de Dayton, como sería de esperar de quienes firmaron el Acuerdo de Dayton. 
En Croacia el Consejo ha condenado la reiterada actitud del Presidente Tudjman y su Gobierno, que ha impedido el logro de avances en cuanto al regreso de los refugiados. 
Por eso, en el Consejo de Asuntos Generales más reciente pedimos a la Comisión que examinara si podía Croacia seguir disfrutando de sus medidas comerciales autónomas, mientras siguiera incumpliendo su compromiso con arreglo al Acuerdo de Dayton. 
En Belgrado, la República Federativa de Yugoslavia sigue dominada por el Presidente Milosevic, cuya conducta para con Kosovo ha estado tan presente en nuestros debates internacionales de los últimos meses. 
Lamento decir que ninguna de nuestras gestiones en dichas reuniones internacionales tanto en el nivel europeo como en el del Grupo de Contacto han logrado hasta ahora la estabilidad y el fin de la violencia en Kosovo. 
De hecho, la violencia se ha recrudecido mucho en los últimos días. 
Varias aldeas han resultado destruidas y ha habido un pronunciado aumento de los refugiados que ahora buscan refugio fuera de Kosovo- varios centenares a la semana- cruzando sus fronteras con Albania y Montenegro. 
La gran tragedia de esta situación es la de que a quien únicamente está beneficiando la conducta de Belgrado en Kosovo es al Ejército de Liberación de Kosovo, para el cual el Presidente Milosevic es el mejor agente reclutador. 
Acojo con beneplácito que Belgrado y Pristina estén dialogando ahora, pero abrigo grandes dudas sobre las posibilidades de éxito de ese diálogo en una situación de continua violencia. 
El Presidente Milosevic ha entablado un diálogo, pero no es probable que dicho diálogo tenga éxito, mientras siga utilizando la violencia contra los propios kosovares. 
Por esas razones, la Unión Europea, después de que el Grupo de Contacto adoptara sus decisiones, se apresuró a aplicar una serie de medidas contra Belgrado: un embargo de armas, una prohibición de visados, una congelación de sus activos fuera de la República Federativa. 
Ahora esas medidas están en vigor y Europa las aplicó al cabo de diez días de la reunión del Grupo de Contacto. 
Pero nuestro diálogo con Belgrado tiene otra faceta: nuestra reiterada disposición a poner fin a esas medidas y ofrecer a la República Federativa la misma acogida en la Unión Europea que hemos ofrecido a muchos de los demás países de esa región. 
La gran tragedia para el pueblo de Serbia es la de que el Presidente Milosevic los ha dejado ahora más aislados que ningún otro país de esa región del continente. 
Me he entrevistado con algunos miembros de la generación más joven en Belgrado: por ejemplo, los que dirigen la radio independiente B92. 
Son jóvenes cosmopolitas y de amplias miras, como los que se encuentran en cualquier capital de Europa. 
En ellos radica la esperanza para el futuro de Serbia. 
Es importante que, mientras ejercemos la máxima presión sobre el Presidente Milosevic, digamos también con claridad a los que desean una política distinta que estamos de su parte y serán bien acogidos, si triunfan en los debates políticos internos de Serbia. 
He de reconocer- justo es hacerlo después de la introducción del Sr. Spencer- que no hemos resuelto el problema de Kosovo, pero, desde luego, quisiera afirmar con la mayor firmeza que, en su reacción ante la crisis de Kosovo, la Unión Europea ha dado muestras de más urgencia y solidaridad y ha logrado una posición común mucho más rápida y firmemente que en los años del conflicto de Bosnia. 
Si hubiéramos demostrado la misma urgencia y firmeza en los primeros años del conflicto bosnio, puede que no estuviéramos ahora empezando a recuperarnos de un problema tan profundo como el que tenemos. 
Quisiera también ilustrar el éxito que hemos mostrado en una posición común mediante referencia a varios de los demás problemas del mundo fuera de nuestro continente. 
Tom Spencer ha mencionado el proceso de paz del Oriente Medio. 
En proceso de paz sigue en un atolladero. 
Todos los diputados presentes en esta Asamblea han de sentirse alarmados ante la persistencia de ese atolladero. 
Me preocupa mucho que algunos miembros del Gobierno de Israel piensen que hay dos opciones. 
Una es la de lograr avances en el proceso de paz, lo que puede redundar en perjuicio de sus intereses, y la otra el status quo con el presente atolladero que no los obliga a comprometerse más. 
Creo que es una visión falsa de las dos opciones. 
La alternativa es, en realidad, entre lograr avances en el proceso de paz o caer otra vez en la confrontación, la violencia y la inestabilidad en la región. 
El status quo no es sostenible a medio y largo plazo. 
Pero, aunque todos los presentes tienen derecho a sentirse insatisfechos por que no haya habido más avances en el proceso de paz, quisiera decir firmemente al Parlamento que no ha habido un momento en el período de tres a cuatro años transcurrido desde que se inició el proceso de paz de Oslo en que la Presidencia de la Unión Europea haya estado más comprometida con el proceso. 
Las recientes conversaciones de Londres se celebraron en la capital del país que ocupa la Presidencia. 
Tanto los americanos que adoptaron las iniciativas sobre el conjunto de medidas puestas sobre la mesa y los participantes en las conversaciones durante esos dos días se reunieron repetidas veces con la Presidencia. 
De hecho, la Presidencia ha tenido el considerable mérito de persuadir a los palestinos para que asistieran a dichas conversaciones y aceptasen el conjunto de propuestas americanas, con lo que se ejercía presión sobre el Gobierno de Israel para que también las aceptara. 
La Presidencia ha facilitado un asesor en materia de seguridad a la Autoridad Palestina y por mediación de nuestro enviado especial, el Sr. Moratinos, hemos creado un comité permanente de seguridad con la Autoridad Nacional Palestina en el que abordamos directamente y en términos prácticos las cuestiones de seguridad. 
La Unión Europea es quien ha aportado más recursos para hacer realidad el aeropuerto de Gaza y la Unión Europea y las empresas europeas son las que más están invirtiendo en la zona industrial de Gaza. 
Si conseguimos sacar adelante la cuestión de una redistribución suplementaria, la Unión Europea será la parte principal a la hora de velar por que esos acuerdos provisionales funcionen con valiosas repercusiones para la economía de Palestina. 
Asimismo, podemos enorgullecernos de haber logrado hace dos semanas una cumbre con mucho éxito con los Estados Unidos, en la que se logró un avance importantísimo para Europa, en el sentido de que el Gobierno de los Estados Unidos subscribió con nosotros un acuerdo sobre la legislación relativa a sanciones, en el que se rechaza explícitamente la extraterritorialidad, lo que reviste gran importancia para nosotros. 
Ahora tenemos la base sobre la que las dos orillas del Atlántico pueden lograr una posición común contra el Irán, en lugar de que el Irán llegue a ser un factor de división entre las dos potencias a ambos lados del Atlántico. 
Respecto de África, el pasado lunes, sin ir más lejos, aprobamos una posición común en el Consejo de Asuntos Generales en la que se subrayaban nuestros compromisos con la buena administración, los derechos humanos y el desarrollo. 
Se trata de un importantísimo paso adelante en sí mismo, porque, si hemos de ser sinceros, uno de los problemas que ha tenido África, incluso en la era poscolonial, ha sido la rivalidad entre las potencias europeas que antes habían sido potencias coloniales en África. 
El histórico logro alcanzado el lunes consiste en que por fin hemos dejado atrás esa mentalidad y hemos acordado que tenemos intereses comunes en África y debemos lograr una posición común en la que promocionemos dichos intereses comunes en lugar de prolongar el error de considerar que tenemos intereses diferentes como potencias nacionales diferentes en Europa. 
De modo que, por todas esas razones, quisiera afirmar firmemente que ha habido avances hacia posiciones comunes, objetivos compartidos en común respecto del mundo exterior y mucha solidaridad mostrada entre nuestros Estados-nación. 
Ha habido otros sectores en los que me habría gustado que hubiéramos logrado un planteamiento más firme y más unido. 
Voy a ser franco con el Parlamento Europeo y decir que, aunque acojo con beneplácito que el lunes pudiéramos acordar una clara declaración de condena de las recientes pruebas nucleares indias, habría sido mejor que dicha declaración hubiera ido respaldada por un conjunto de medidas más firmes para dar enjundia a nuestras palabras. 
Pero no hay diferencia entre los Estados miembros respecto de nuestra posición en relación con las pruebas nucleares. 
Nos producen consternación. 
Consideramos que menoscaban el régimen internacional sobre la proliferación nuclear. 
Creemos que avivarán las tensiones regionales y nos parece también que sería mucho mejor para la seguridad de la India y los demás países del subcontinente que se pudiera encontrar una solución para Cachemira, lo que contribuiría mucho más al alivio de las tensiones en el subcontinente que cualquier cantidad de pruebas nucleares por parte de cualquier bando. 
En resumen, dadas las dificultades y las realidades existentes, hemos logrado avances reales hacia la consecución de la Política Exterior y de Seguridad Común, que está teniendo claras repercusiones en el mundo exterior. 
Quiero concluir diciendo que, a medida que nos acercamos a la ampliación, debemos reconocer también que no sólo nos ofrecerá esa Europa ampliada una capacidad para mayor prosperidad, sino que, además, nos ofrecerá más capacidad para ejercer una mayor influencia en el mundo. 
Tendremos más poder en el mundo. 
La pregunta que debemos hacernos es cómo debemos utilizar dicho poder, cómo debemos hacer que el poder europeo de una Unión Europea ampliada sea un poder para el bien del mundo. 
Una de las cosas que debemos hacer es velar por la utilización de dicho poder para fortalecer y apoyar los valores de la Unión Europea y los valores expresados por la sólida democracia del Parlamento Europeo. 
Hasta época reciente, estaba de moda ver una tensión entre un compromiso con los derechos humanos y la buena administración, por un lado, y un compromiso con el comercio, las exportaciones y la prosperidad, por otro. 
Aún se puede dar entre algunos políticos británicos que no han avanzado con los tiempos y no advierten que siguen atrapados en la urdimbre del tiempo. 
No puedo por menos de decir que, después de la reciente crisis financiera asiática, esa dicotomía está completamente fuera de lugar. 
Lo fascinante en la reciente crisis financiera asiática es que los países que mejor han podido reaccionar a la presión financiera han sido los que cuentan con sistemas de gobierno más transparentes y con mayor rendición democrática de cuentas y libertad de expresión. 
Los países que más margen concedían a la libertad y la iniciativa individuales han sido los que mejor han podido aprovechar las nuevas tecnologías y hacer frente a los mercados financieros abiertos y transparentes. 
Y, a la inversa, los países que se han mostrado más renuentes a compartir el poder, los conocimientos y la libertad con sus ciudadanos se han encontrado con mayores dificultades para reaccionar ante la presión de los mercados financieros. 
Ya no hay tensión entre los objetivos encaminados a promover nuestros valores y los encaminados a promover nuestra prosperidad. 
Así, pues, debemos velar por que, tras reconocer los problemas, sigamos elaborando una Política Exterior y de Seguridad Común que proyecte nuestros intereses comunes y también nuestros valores comunes como europeos. 
Si lo logramos, habremos logrado una política exterior y de seguridad común de la que todos podamos enorgullecernos en común. 
Señor Presidente, por supuesto agradezco al ministro Cook su respuesta particularmente detallada con motivo del informe del Sr. Spencer, pero me sorprende y me gustaría saber por qué no ha habido ninguna respuesta de la presidencia al debate con ocasión de la cumbre de Cardiff. 
Señor Presidente, Señorías, el amplio y bien articulado informe que acabamos de escuchar por parte de la Presidencia británica, debería ser motivo de gran consuelo para todos nosotros. 
Se tiene por costumbre decir que la Unión Europea carece de una política exterior, a pesar de las innumerables fórmulas retóricas y augurales que con frecuencia se suelen emplear; por el contrario, la Presidencia del Consejo de Asuntos Exteriores nos dice que se han realizado progresos significativos en numerosos puntos que han puesto de relieve el papel de la Unión Europea. 
Todo esto, a mi entender, es una condición que podemos definir necesaria pero no suficiente. 
En otras palabras, hoy nos encontramos ante una serie de avances cuantitativos de la política exterior de la Unión Europa, debido a cierto euroentusiasmo y al hecho de que hemos adoptado la moneda única, pero, pese a esta mayor intensidad de esfuerzos para realizar y querer conseguir una política exterior común, nos parece que queda mucho por hacer todavía. 
Y queda mucho por hacer todavía desde el punto de vista de la calidad de la política exterior. 
Y, a este respecto, como miembro de este Parlamento, creo que es de esperar que la política exterior se convierta en un tema constante y común de todas las fuerzas políticas en las próximas elecciones europeas. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente en ejercicio esta extensa intervención. 
Uno de los problemas al examinar el informe Spencer ha sido el de que estamos mirando hacia atrás para examinar el funcionamiento de la PESC en el año anterior, sabiendo perfectamente que el mundo del que estamos hablando va a cambiar. 
Cambiará cuando se ratifique el Tratado de Amsterdam, que se verá como un hito decisivo en el funcionamiento de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
En dicho Tratado se reconoce- cosa que no se hizo en el de Maastricht- que ahora, tras el fin de la Guerra Fría, nos encontramos en una situación completamente nueva en materia de seguridad, que requiere instrumentos y medidas más amplios para mantener la seguridad europea y mundial. 
En este debate lo que debemos examinar, en realidad, es las consecuencias de dichos cambios y como podemos potenciar al máximo su eficacia para que no se reproduzcan en el futuro algunas de nuestras preocupaciones sobre el funcionamiento de la PESC en el pasado. 
En particular, espero que el Tratado de Amsterdam indique un punto a partir del cual dejemos de estar obsesionados por la armonización del proceso y nos preocupemos bastante más por la eficacia del resultado. 
Lo que inquieta a los ciudadanos de mi circunscripción no es si existe una Política Exterior y de Seguridad Común digna de ese nombre, sino si podremos lograr la paz y la estabilidad en el continente europeo. 
El Tratado de Amsterdam nos hace avanzar de varias formas. 
La Unidad de planificación de políticas y de alerta rápida nos permite por fin analizar lo que queremos decir cuando hablamos de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La existencia de un Alto Representante que podrá ocuparse de las cuestiones diarias y la formulación de estrategias comunes nos permitirá empezar a tener una actitud más coherente. 
También debemos examinar algunos de los imperativos inspirados por el Tratado de Amsterdam. 
Por ejemplo, este Parlamento apoya al máximo- actitud totalmente atinada- las Misiones de Petersberg. 
Pero el ejército británico está ahora mucho más comprometido, en relación con su tamaño, que en ningún otro momento desde la segunda guerra mundial. 
Así, pues, ¿cuáles son las consecuencias de la aplicación de las Misiones de Petersberg para nuestras políticas exteriores nacionales y nuestras capacidades para hacer realidad nuestras aspiraciones? 
Un sector en el que necesitamos avanzar es la vinculación entre el Consejo y el Parlamento. 
Este Parlamento, con su actitud para con Argelia y Albania, con la creación de la red de prevención de conflictos y su actitud para con el acuerdo insterinstitucional sobre la financiación de la PESC, ha demostrado siempre que puede entablar un diálogo propio de adultos con el Consejo y la Comisión. 
Así, pues, insto a que, cuando se ratifique el Tratado de Amsterdam, el Consejo coopere más estrechamente con el Parlamento en el futuro para desarrollar la PESC. 
Señor Presidente, ante todo yo deseo manifestar mi más sincero agradecimiento al ponente por el informe que acaba de presentar. 
Yo quisiera centrarme en dos aspectos, tanto desde la perspectiva de mi Grupo político, como desde la de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
En efecto, el tema que nos ocupa es el de una política exterior y de seguridad común. 
En este contexto se plantea el problema de cómo debemos actuar frente a los conflictos. 
El ponente así lo destaca en su informe, pero, hoy como ayer, seguimos encontrándonos con desagradables sorpresas en este sentido. 
Ya nos hemos pronunciado reiteradamente en favor de la prevención de los conflictos y yo quiero recordar aquí que acabamos de conseguir que se elabore un código de conducta sobre el comercio de armas, cuyo texto también tendremos que examinar detenidamente. 
En cualquier caso, no podemos olvidar que éste no afectará al tráfico ilegal de armas, que sigue siendo nuestro mayor problema. 
Me ha apenado un poco que la Presidencia del Consejo no haya aceptado algunos puntos del informe que yo considero esenciales. 
Para abreviar, sólo voy a citar los apartados por su número, a saber, el 10, el 14, el 15 y el 17; éstos son los temas que deberíamos abordar. 
La Presidencia del Consejo ha manifestado que éstos son competencia de los Estados miembros y les ha traspasado la responsabilidad, pero habría sido interesante saber si existen posibilidades de actuación que merezca la pena examinar más detenidamente. 
Finalmente, quisiera referirme a otro aspecto, concretamente al tema de la inclusión de la cláusula de derechos humanos en los tratados con terceros países, un requisito que ya se cumple, de hecho, en gran medida en el ámbito del desarrollo y para el que ya se han establecido los correspondientes fundamentos jurídicos. 
De lo cual se desprende que, en esta ocasión, la política exterior también puede aprender algo del ejemplo de la política de desarrollo. 
Señor Presidente, el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores ha elaborado un informe muy cuidadoso que ha sido debatido con detalle en el marco de esa Comisión y que fue aprobado por unanimidad. 
El Parlamento Europeo somete cada año a examen el progreso realizado acerca de la PESC y cada año tenemos que reconocer que los pasos que se han dado no han sido tan decisivos, por decirlo de una manera suave. 
El Sr. Spencer ha querido dar una mayor dimensión a la cuestión para poder ver el asunto con una perspectiva más amplia. 
Apreciando la fase transitoria en la que se encuentra la PESC y la diferente naturaleza de la política exterior en relación con las restantes políticas de la Unión, subraya- y así lo enfatizó él mismo cuando habló antes- la adopción de una política exterior europea común, pero no unitaria, poniendo énfasis también en el papel del Parlamento Europeo, algo que aquí mucho hemos debatido y que todavía no ha llegado a ser lo que nos gustaría que fuese. 
Más allá de las referencias concretas a los mecanismos previstos en el Tratado de Amsterdam sobre la prevención de conflictos, el ponente ha incluido en el informe una referencia muy ponderada acerca de las recientes pruebas nucleares realizadas en la India, así como el espinoso asunto del código de conducta sobre el control de la venta de armas. 
No podemos referirnos a esos asuntos de forma separada pues no tenemos tiempo. 
Solamente quisiera decir que se han examinado todos los asuntos importantes que ocupan a la Unión y que nuestro grupo, en su totalidad, apoya en general el informe manteniendo una reserva de muy poca importancia en lo que concierne a la idea de transformar las oficinas de la Comisión en el exterior en embajadas. 
Señor Presidente, 1997 tampoco ha sido un buen año para la PESC. 
El Consejo no parece particularmente dispuesto a usar activamente los instrumentos de la política exterior común. 
Lo que se introdujo entonces en Maastricht como el gran paso hacia adelante hacia una política realmente común en ese ámbito, ha resultado ser pura formalidad. La Unión debería aprender a no hacer grandes promesas. 
Eso es muy perjudicial para la relación con el ciudadano. 
Las cifras hablan por sí solas en el magnífico informe de nuestro colega Spencer. 
Incluso ha disminuido el número de acciones comunes en comparación con el año pasado. 
La Unión se retira a su guarida. 
Eso no puede ser verdad. 
En el Oriente Medio, en la región de los Grandes Lagos, o en América Latina, la Unión deja que se le coman el queso del pan y encima paga por ello también. 
El año pasado fue también el de la Agenda 2000. 
Me sigo temiendo que las previsiones financieras de la Comisión se alzan sobre arenas movedizas, pero ésta no puede ser la época de los recortes a corto plazo. 
Después de todo, la ampliación de la Unión es uno de los mayores retos internacionales de la Unión en este decenio. 
Estos años son años de transición. 
El Tratado de Amsterdam se ratifica. 
Sin embargo, el progreso ha sido modesto hasta ahora. 
La práctica nos enseñará cuánto ha contribuido Amsterdam. 
El derecho de veto nos podría lanzar aún más hacia atrás. 
Espero que los Estados miembros sean capaces de mirar por encima de sus intereses a corto plazo y que entiendan que solamente juntos tiene interés una política común eficaz. 
La manera en que el gobierno francés por medio de la obstrucción ha evitado una verdadera mejora del código de conducta sobre el comercio de armas, es un ejemplo sangrante de los efectos de la amenaza de veto. 
Sólo espero que los ciudadanos entiendan que los responsables de esta muestra de impotencia son sus gobiernos y no este Parlamento. 
Señor Presidente, en un proceso de transición hacia un nuevo orden internacional caracterizado por el unipolarismo y la globalización, lamentablemente la Unión Europea sigue sin estar a la altura de las circunstancias. 
Razones: la falta de voluntad política y la ausencia de mecanismos adecuados para ello. 
Sin duda alguna, existe una insuficiente utilización de lo existente y también se ha producido una insuficiente reforma de los Tratados en ese sentido. 
Albania, Kosovo, Argelia, así como la última crisis con el Iraq, son ejemplos de lo que, lógicamente, produce una gran insatisfacción en la ciudadanía. 
Lo político y lo económico están desequilibrados y hay, sin duda alguna, que cambiar los términos. 
¿Cuáles deben ser los objetivos de una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea? 
En primer lugar, la seguridad en Europa; en segundo lugar, poner la lucha por los derechos humanos y la reducción de la pobreza como núcleo central de la acción exterior, y eso, además, teniendo en cuenta el impulso que viene dado por la ampliación. 
Desde mi punto de vista, hay que, en primer lugar, impedir la dispersión de la política exterior de los países miembros y, en segundo lugar, hace falta adoptar más posiciones y acciones comunes y, desde luego, es preciso adelantarse a los acontecimientos, utilizando lo que podríamos denominar «diplomacia preventiva». 
Hay prioridades evidentes. 
He citado antes Kosovo, pero tampoco debemos olvidar el caso del Mediterráneo, de Chipre y Turquía, del Próximo Oriente y del Sáhara Occidental. 
Este Parlamento ha pedido que se adopte una posición común al respecto. Me gustaría saber cuál es la opinión del Consejo sobre el asunto. 
Y también está pendiente lo relativo al Tribunal Penal Internacional. 
Debemos felicitarnos por el código sobre armas, pero no por el entendimiento al que han llegado la Presidencia británica del Consejo y los Estados Unidos sobre la ley Helms-Burton y las leyes extraterritoriales. 
Personalmente, creo que ese entendimiento va contra nuestros propios intereses y no se ajusta a los principios que, desde este Parlamento y los propios Estados miembros, se han subrayado tantas veces. 
Yo creo que en esa dirección va el informe que presenta la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Presidente, creo que la imagen que se esboza en el informe de nuestro colega Spencer es un reflejo bastante realista de la manera en que los ciudadanos de Europa ven la política común. 
La realidad es que cada vez que tienen lugar situaciones de enfrentamiento importantes, piénsese en Bosnia en el pasado, piénsese en Kosovo hoy, piénsese también en las pruebas nucleares de India, se comprueba que la Unión Europea toma una postura de gran impotencia y que no consigue desarrollar realmente un pacto de cara a las evoluciones exteriores. 
Respecto a eso, es y sigue siendo verdad que si se pregunta a un ciudadano medio si tenemos una creíble y eficiente política exterior común, no hay dudas sobre su respuesta. 
Sin embargo, creo que la respuesta del ministro Cook contiene un gran elemento de verdad, de que la cuestión es una falta de voluntad política de los Estados miembros para hacer de la política exterior una política exterior común de hecho. 
Lo hemos podido observar también en el proceso de Barcelona, no solamente en relación con la paralización del proceso de paz en donde efectivamente Israel carga ahora con el grueso de la responsabilidad, sino también se ve en la lentitud con la que se firman acuerdos de asociación, en los frecuentes bloqueos que tienen todo que ver con los mezquinos intereses nacionales y nada con una política exterior común. 
Señor Presidente, el debate sobre la Política Exterior y de Seguridad Común durante 1997 requiere evaluaciones contrastadas. 
Por un lado, apruebo plenamente el informe del Sr. Spencer, que recoge fielmente las posiciones de nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
En otras palabras, es un excelente informe, porque contiene críticas perfectamente justificadas a la actual situación de la PESC. 
No tenemos ningún motivo, y ésta será mi segunda observación, para alegrarnos por la evolución de la PESC desde el año pasado. 
La situación es mediocre, aunque el Presidente en ejercicio del Consejo se esfuerce, con claridad y talento, en mostrarnos los logros. 
Insistiré en algunos puntos. 
En materia institucional, seguimos esperando la ratificación del Tratado de Amsterdam, de forma que aún no tenemos la unidad de planificación y alerta, ni al alto representante bautizado como Sr. o Sra. PESC. 
En cuanto al papel del Parlamento, a pesar de que en el marco del acuerdo institucional sobre las modalidades de financiación de la PESC podemos alegrarnos al ver que los medios de control del Parlamento sobre la acción del Consejo en la materia han progresado algo, debemos constatar que los documentos que el Consejo ha proporcionado hasta la fecha son demasiado lacónicos y demasiado pobres para dar satisfacción a diputados exigentes. 
El Sr. Spencer acaba de lamentar este hecho en su intervención. 
En lo que respecta al fondo de las cuestiones de política exterior, el balance del año pasado deja, a menudo, un sabor amargo. 
Las declaraciones han sido numerosas, pero muy pocas las posiciones y las acciones comunes. 
Por lo demás, la Unión Europea no ha abordado ninguno de los grandes temas. 
Mencionaré también el caso de Turquía. 
Francamente, nuestras relaciones con este gran interlocutor no han sido conducidas con maestría. De manera que hoy parecemos estar estancados. 
Turquía acampa en una actitud hostil, Grecia y nuestro Parlamento continúan bloqueando el protocolo financiero, el dossier Chipre está atascado y los Quince adoptan posiciones diferentes, cuando necesitaríamos una posición común clara y coherente. 
En cuanto a la Comisión, seguimos esperando que dé a conocer el documento sobre la estrategia con respecto a Turquía, que venimos necesitando desde hace años. 
A la luz de este ejemplo, vemos los peligros de esta ausencia de una auténtica Política Exterior Común. 
Se pilota a ojo, y eso no es muy eficaz. 
Y en lo que respecta al excelente informe del Sr. Tindemans, aprobado hace quince días, haré la misma observación en lo relativo a la política de seguridad. 
En realidad, todo es cuestión de voluntad política, como han dicho otros, e insisto en este punto, no se hará nada importante, a menos que exista la voluntad de hacerlo. 
Señor Presidente, el Informe anual sobre los progresos realizados en la creación de la PESC, cualquiera que sea el redactor, descansa menos en la apreciación de los resultados concretos de las acciones llevadas a cabo en este marco, que sobre los avances logrados en el sentido de una comunitarización que, de acuerdo con lo estipulado en los Tratados, invierta, poco a poco, el carácter intergubernamental de la PESC, a pesar de que este último es su única razón de ser y el único testimonio de su eficacia, como recordamos en nuestra enmienda 10. 
El informe, no sin pesar y de cara a la eficacia, se resigna a mencionar la acción individual de un Estado miembro en beneficio del conjunto de Europa, como es el caso de Italia en la crisis de Albania. 
Cabe esperar que la acción moderadora desempeñada por Francia para evitar una reacción militar desproporcionada ante las negativas iraquíes se mencione en el informe de 1998. 
No, los únicos progresos reales y dignos de ser destacados deben ser desligados de cualquier nexo con un Estado miembro. 
El informe prefiere retrasar los grandes caminos que abre el Tratado de Amsterdam que, a sus ojos, son la comunitarización de los gastos operativos de la PESC y la posibilidad de tomar determinadas decisiones de política exterior por mayoría, y siguiendo este impulso, preconiza la instauración de una auténtica diplomacia europea común, empezando por la transformación de las delegaciones de la Comisión en auténticas representaciones diplomáticas de la Unión. 
Consideramos, por el contrario, fundamental reafirmar con toda claridad, y es el objeto de nuestra enmienda 11, la distinción entre las delegaciones de la Comisión y las embajadas de los Estados miembros que, en el caso de estas últimas, son las únicas que disponen de un estatuto diplomático que constituye la principal fuente de la información necesaria para las iniciativas adoptadas en el marco de la PESC, y que es el principal vector de su puesta en práctica. 
Sobre esta base clara, será posible una buena cooperación entre los diferentes servicios y se evitarán confusiones lamentables en los países de acogida. 
Dependiendo del perfil que en el futuro adopte la PESC, el modesto de complemento o el maximalista de substituta de las diplomacias nacionales, según se oriente hacia la geometría variable o multiplique las votaciones por mayoría, avanzará hacia la eficacia o hacia la irrealidad. 
En este sentido, el desconocimiento de los parlamentos nacionales, la ampliación indefinida de sus competencias en materia de la PESC que reclama el Parlamento Europeo, apoyándose en las derivaciones del carácter intergubernamental de la PESC que ya se han producido, no son un buen augurio. 
A nadie interesaría que el carácter intergubernamental de la PESC no sea pronto más que una fachada que encubre una realidad diferente. 
En ese caso, la PESC se deslizaría hacia un ejercicio meramente declaratorio y abstracto, artificial y superficial. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, lo que tan magníficamente acaba de decir nuestro colega Souchet me exime de leer el discurso que había preparado, y en vez de decir cuánto he apreciado la manera minimalista, sin complacencia, con que nuestro colega Spencer ha tratado el tema que nos ocupa, quisiera responder a la larga intervención del Sr. Cook y, sin querer analizarla punto por punto, me gustaría decirle lo siguiente. 
En lo que respecta a Yugoslavia, he apreciado que haya reconocido la lentitud con la que hemos intentado reaccionar ante el problema. 
No obstante, debemos recordar aquí que nos movía, sobre todo, la creencia en la legitimidad del yugo federal serbiocomunista, serbio-bolchevique, como me gusta decir. 
En lo que respecta a los refugiados, comprendo que el Sr. Cook denuncie la lentitud de los Gobiernos croata y serbio, pero en lo que a mí respecta, creo también que, quizá, convendría evitar que se les obligue a regresar a los lugares donde vivían, donde se han destruido sus viviendas, para no crear nuevas causas de conflicto. 
Por mi parte, junto con la asociación cristiana de solidaridad que presido, me he ocupado de más de 300 huérfanos de Croacia y de Bosnia. 
Conozco especialmente esos países, los he recorrido y creo que la cordura dicta que si se pueden mantener a los refugiados serbios en Serbia y a los croatas en Croacia, así debe hacerse. 
Guardemos para más tarde los sueños de una humanidad perfectamente integrada. 
En lo que respecta a Oriente Medio, cómo podemos dejar de reparar en que ya no se habla del Líbano. 
Y sin embargo, los problemas de Israel y de Palestina están estrechamente ligados a ese país. 
Se anuncia para el mes de julio la llegada a Francia del Presidente sirio Hafez el-Asad. 
Son relaciones entres Estados, lo comprendo, pero Hafez el-Asad es un dictador, al igual que Sadam Husein. 
Es un dictador quizá peor: destrucción de la ciudad de Hamra, asesinato del embajador francés Delamarre, asesinato de nuestros paracaidistas en Dakar. 
El Sr. Hafez el-Asad viene a París, a pesar de que el Líbano no conoce la libertad, ocupado como está en el sur por Israel y en el norte por Siria, y de que Samir Geagea lleva ya 1.500 días detenido, junto con la mayoría de los mandos de la resistencia cristiana. 
Habría mucho que decir, pero no dispongo de tiempo. 
Presidente, permítame agradecer, junto con los anteriores oradores y sobre todo también con la Presidencia, al Sr. Spencer por su informe tan detallado y sólido que ha redactado sobre la ejecución de la PESC en 1997. 
No deja ningún aspecto sin exponer y en muchos puntos estoy también de acuerdo con su análisis. 
El Sr. Spencer ya ha observado incluso que se debe hablar de 1997 como un año de transición. 
Un año de transición en el sentido de que en Amsterdam se añadieron nuevos elementos al Tratado, que en un plazo razonable han de llevar a un cambio en la eficacia de la política exterior realizada por la Unión. 
La imagen que se desprende del informe nos muestra que todavía en muchos puntos debemos realizar mejoras. 
Si se trata de cuestiones más geopolíticas, la Unión casi siempre es capaz de llegar a acuerdos políticos comunes. Me refiero en este aspecto sobre todo a la PESC en sentido amplio y pienso en la política que se ha llevado y que se lleva a cabo en cuanto a, por ejemplo, la ampliación de la Unión Europea, que constituye también una parte importante de la política exterior. 
También me gustaría mencionar las iniciativas referentes a la cooperación euromediterránea, a la intensificación de la cooperación con Rusia, Ucrania y los otros países de la CEI, a la atención hacia la región báltica y a la aproximación regional de los países de la Europa sudoriental. 
La Comisión ha realizado, entre otras cosas, también unas comunicaciones sobre las relaciones con China y una nueva agenda transatlántica. Iniciativas todas ellas que han sido seguidas por conversaciones en el marco del Consejo. 
Asimismo es positivo que la Unión juegue un papel importante cuando se trata de las cuestiones más horizontales de derechos humanos, democracia, seguridad nuclear, no proliferación y también de demining. 
La Presidencia ha dado también diferentes ejemplos de ello. 
Por otra parte, estoy de acuerdo con el informe en que se ha prestado tal vez demasiada poca atención a los desarrollos en el continente africano. 
Bien es verdad que se ha adoptado una posición común sobre la prevención y la solución de los conflictos en África, pero las disputas individuales que tienen lugar allí, a menudo con unas consecuencias humanitarias terribles, tal vez no están suficientemente integradas en los debates de los ministros de Asuntos Exteriores. 
Tal vez éstos tienen todavía la tendencia a considerar África más bien como un tema para el Consejo de Cooperación al Desarrollo. 
Pero también esta vez hemos de constatar, como el año pasado, que la Unión no consigue suficientemente reaccionar de forma adecuada cuando se trata de situaciones de crisis acuciantes. 
Cuando se trata de una rápida toma de decisiones, entonces todavía los reflejos nacionales predominan o se realiza una consulta sobre la estrategia a seguir como mucho en un ámbito limitado, esto es entre un escaso número de Estados miembros. 
Sí, estoy de acuerdo con el Presidente Cook, a veces falta voluntad política para hacer uso de los instrumentos existentes y, como señalé ya en el debate sobre el informe del Sr. Tindemans acerca de la política de defensa de la Unión, el año pasado cuando se produjo una crisis en Albania, con motivo del escándalo de los negocios piramidales, dejamos de jugar un papel reconocible haciendo uso de las posibilidades que brinda la Unión Europea Occidental para poner de dicho lugar bajo control la situación caótica. 
Me parece que también hay que decir que nuevamente hemos sido tal vez demasiado reservados a la hora de poner en marcha los medios preventivos cuando se ha tratado de evitar el spill over en la crisis de Kosovo. Ni siquiera se ha iniciado una discusión sobre una posible petición a la Unión Europea Occidental para que hiciera un análisis de la situación y unas eventuales recomendaciones para una mayor reflexión y toma de decisiones por parte de la UE. 
En realidad se ha esperado hasta que la OTAN cargara con esa responsabilidad. 
¿Las modificaciones del Tratado acordadas el año pasado en Amsterdam significarán ahora, después de su ratificación, un cambio en la postura de la UE en dichas situaciones de crisis y contribuirán a una mayor eficacia y visibilidad de nuestra política exterior? 
El nombramiento de un señor o de una señora PESC que aporte más continuidad y cohesión a nuestra política exterior, puede considerarse seguramente como un importante paso hacia adelante. 
La creación de una capacidad de planificación y de análisis en la que se pueda sacar provecho del conocimiento y de la información comunes de los Estados miembros, de la Comisión, de la Unión de Europa Occidental, seguramente podrá tener un valor añadido. 
El punto débil, evidentemente, sigue siendo el modo de la toma de decisiones. 
Bien es verdad que el Consejo Europeo en caso de unanimidad puede redactar entonces unos puntos de partida generales, sobre los que el Consejo General a continuación puede decidir por mayoría cualificada, pero la pregunta sigue siendo por supuesto hasta qué punto se empleará dicha estructura, sobre todo en cuestiones más actuales y más acuciantes en las que se deben tomar decisiones de forma rápida. 
Bueno, la práctica nos lo enseñará y el siguiente informe ya tendrá una opinión al respecto. 
Dotando de un contenido concreto a los nuevos artículos del Tratado, pero también llevando a cabo de verdad determinadas tareas Petersberg, la Unión puede en cualquier caso empezar con una política de seguridad común. A más largo plazo esto podría resultar en una política de defensa común con la que la Unión podría jugar un papel en pie de igualdad en la arquitectura de la seguridad europea. 
Ahora mismo queda la constatación de que también cuando se trata de situaciones de conflicto que se producen en o cerca de las fronteras de Europa, no somos capaces todavía de desempeñar un papel esencial sobre la base de la igualdad. 
Ese vacío lo llenan rápidamente otros y en la mayoría de las veces se apela exclusivamente a la Unión Europea en aras de sus posibilidades financieras, como ha señalado el Sr. Spencer acertadamente. 
Sólo una bien preparada y bien ejecutada política exterior y de seguridad común pueden cambiar algo esto. 
Señor Presidente, quiero ante todo saludar el informe del Sr. Spencer subrayando que ha sabido evitar el tono un tanto jeremíaco que, a veces, tienen las intervenciones parlamentarias sobre política exterior y de seguridad porque se hace un relato, una letanía, de los fracasos que vamos acumulando, y creo que, por el contrario, el Sr. Spencer ha conseguido dar un tono positivo. 
Pero si se me permite, para intervenir en un debate actual- porque el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Cook, ha hecho un balance de la Presidencia británica en este terreno, estamos ya a mitad de año, y creo que ha hecho bien -, yo convengo con el Presidente en ejercicio del Consejo en que realmente somos muy diferentes, tenemos historias distintas, tenemos a veces contenciosos pendientes, pero la verdad es que existe una contradicción importante entre lo que estamos haciendo en otros campos y la política exterior. 
En el marco de la Unión Económica y Monetaria, a pesar de ser muy diferentes, hemos decidido lanzar el euro, incluso bajo Presidencia británica y sin que el Reino Unido participe en ella en este momento, siendo un honesto gestor. 
Y sin embargo, en política exterior, siempre sacamos las diferencias y los problemas, y yo creo que hay una afirmación muy elemental y es que la política exterior es una proyección y un desarrollo de la fuerza interior que se tiene, y eso a lo largo de la historia. 
La hay y, a pesar de nuestros fracasos, la estamos desarrollando, por ejemplo, en relación con la ampliación de la Unión Europea y con Rusia, teniendo también representantes de la Unión Europea en Bosnia y en Oriente Medio que están allí todos los días y no solamente cuando hay cámaras de televisión, e incluso tratan de tener una cierta coherencia. 
Yo he saludado el valor del ministro Cook, Presidente en ejercicio del Consejo, en Jerusalén, y respecto de los Estados Unidos están ocurriendo cosas como que hoy mismo, en la Kneset, el speaker del Congreso, Sr. Gingrich ha tratado a la Secretaria de Estado norteamericana de 'agente palestina', cosa que yo creo que todavía no lo decimos entre nosotros. 
Yo creo que hay que mejorar, y vamos- pienso- consolidando todo, por buen camino, pero faltan algunos instrumentos importantes y yo creo que Amsterdam no ha dado un paso suficiente. 
Hemos nombrado un Presidente del Banco Central Europeo, hemos aumentado la troika consolidando un poco a la Comisión pero luego tenemos un señor/señora PESC que, de momento, es un funcionario que no aparece. 
El Parlamento ha conseguido, en términos presupuestarios, asociarse pero, sin embargo, no se nos tiene en cuenta a la hora de hacer un acuerdo interinstitucional para escuchar nuestras recomendaciones y las sugerencias que podemos hacer. 
Yo creo que estamos todavía a tiempo, no modificando el Tratado de Amsterdam sino tratando de mejorar nuestras relaciones. 
Y por eso saludo las propuestas que en este sentido hace el Sr. Spencer. 
Señor Presidente, la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea sigue respondiendo, lamentablemente, más a los deseos que a la realidad. 
El Informe Spencer señala, por consiguiente, con toda la razón que no se está transmitiendo a la opinión pública la impresión de que se esté avanzando en la definición de una política exterior común europea. 
La ausencia de un acuerdo interinstitucional sobre el derecho de información y consulta del Parlamento constituye también un punto débil. 
En consecuencia, sólo cabe constatar con desazón que no existe una correspondencia adecuada entre la política exterior de la UE y sus actividades en el ámbito de la política comercial. 
A la vista de los grandes retos que deberá afrontar la Unión Europea en el ámbito de la política exterior como resultado del proceso de ampliación, sería necesario promover la participación de los ciudadanos europeos en dicho proceso mediante la inclusión del Parlamento Europeo en el mismo, no como un freno, sino con objeto de reforzar la aceptación de la ampliación en Europa. 
La capacidad de actuación de la Unión Europea en el ámbito de la política exterior se ve puesta a prueba repetidamente. 
Sería importante que, además de hablar políticamente con una sola voz, la Unión también pueda contar con el instrumental necesario para desarrollar una política de seguridad y para aplicar medidas de mantenimiento de la paz y de pacificación, en el sentido de la prevención de las crisis, ya sea en Albania o en Kosovo. 
La situación de Kosovo, que continúa deteriorándose, tiene prioridad para Austria, en su calidad de titular de la próxima Presidencia del Consejo. 
Sin embargo, mientras no exista la voluntad política de influir realmente sobre dicha situación, las diferentes iniciativas corren el riesgo de transformarse en una demostración de impotencia y la Unión Europea se expone a verse convertida en rehén de un proceso incontrolable- como ya ocurrió una vez en los Balcanes- y a perder la oportunidad de actuar. 
Señor Presidente, no me deja de resultar pomposo el título del informe y del asunto: " Sobre el papel de la Unión en el mundo». 
Para que nos hagamos una idea de qué se trata puedo decir que a ese título sigue un texto con nueve considerandos y veintiséis puntos y que está caracterizado por su tono de amargura, de queja, de simpleza y por su escaso atrevimiento. 
El Parlamento Europeo no es informado de los temas de la política exterior, el Consejo y la Comisión no piden su opinión y las decisiones no se toman a nivel interinstitucional para que sean vinculantes, tal y como estipulan los Tratados. 
Por otra parte, la propia PESC es inexistente o no se hace notar de modo suficiente. 
Como el propio informe señala no es apreciada por parte de la opinión pública y eso es un hecho. 
No hay una coordinación en cuanto a la exportación de armas. 
No hay referencias sobre el cómo y el porqué se efectúan esas operaciones. 
En tercer lugar, los valores que la Unión manifiesta no son tenidos en cuenta, especialmente en las cláusulas de los acuerdos que se firman con países terceros, es decir, los derechos humanos y todo lo que uno pueda relacionar con tales valores. 
No hace referencia al caso concreto de Turquía, lo pasa por alto, pero en cambio cuida... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, Señorías, al revés del colega que me ha precedido, me congratulo con el presidenteponente por su excelente informe. 
Se trata de un texto importante y bien redactado con vistas a que este debate no acabe siendo una habitual cita anual, sino que, por el contrario, sea una ocasión importante, en primer lugar, para un análisis y una comprobación precisa, profunda y meditada del estado de la política exterior y del papel de Europa en el mundo; en segundo lugar, en aras de una clara y firme toma de conciencia por parte del Parlamento Europeo de su papel, de sus prerrogativas y de su fuerza; en tercer lugar, en pos de una precisa y concreta formulación de propuestas y sugerencias aptas para realizar auténticos progresos en materia de política exterior. 
En este sentido, es muy significativa e importante la reivindicación del derecho del Parlamento Europeo a ser informado y consultado acerca de las negociaciones internacionales y los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. 
Señor Presidente, nuestro Reglamento debería modificarse cuanto antes a fin de reforzar el papel y los poderes del Parlamento, al objeto de garantizar una información y una consulta eficaces y completas. 
Actualmente, el Consejo y la Comisión desprecian al Parlamento, ya que con las discontinuas informaciones que le proporcionan no cumplen las obligaciones que les impone el Tratado y, sobre todo, sus deberes frente a los ciudadanos europeos. 
Éste es un Parlamento que representa a 300 millones de ciudadanos, es elegido por sufragio universal directo en 15 Estados miembros y es la más sólida Asamblea democrática del mundo. 
Conscientes de esta fuerza democrática, debemos reivindicar para el Parlamento un papel de más envergadura para contribuir eficazmente a ofrecer a la Unión Europea una auténtica política exterior que, hoy por hoy, todos sabemos que falta o es totalmente insuficiente. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente en ejercicio y a la Comisión sus declaraciones de esta tarde y al Sr. Spencer su informe. 
Permítaseme comenzar felicitando al Presidente en ejercicio por haber logrado un acuerdo innovador sobre el código de conducta de la UE sobre las exportaciones de armas el lunes pasado. 
Acojo con beneplácito el fortalecimiento de los ocho criterios acordados en los Consejos Europeos de Luxemburgo y Lisboa, lo que significa que las exportaciones de armas desde la UE no se podrán utilizar para la represión interior ni la agresión exterior ni para apoyar el terrorismo. 
El código de conducta intensificará la eficacia de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Sin embargo, permítaseme expresar el deseo de que se publique el informe anual consolidado del Consejo sobre el código, con lo que se fortalecerá la transparencia y se brindará al Parlamento Europeo una oportunidad para debatir y analizar las consecuencias del código. 
Sobre el funcionamiento de la PESC en 1997, es justo tomar nota de que ha habido varios éxitos, incluida la consolidación democrática en la Europa central y oriental. 
La creación de una Unidad de planificación de políticas y de alerta rápida y la oficina del Alto Representante, esbozadas en el Tratado de Amsterdam y ya mencionadas esta tarde, contribuirán a mejorar el relieve público de la PESC. 
Sin embargo, habrá que llevar a cabo una labor suplementaria para crear vínculos organizativos más estrechos entre la UEO y la UE, que, de conformidad con el protocolo sobre el artículo J VII del Tratado de Amsterdam, deberán haberse creado en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Tratado. 
Es necesario para que lleguen a ser realidad la PESC, las Misiones de Petersberg mencionadas por el Comisario y la identidad europea en materia de seguridad y defensa. 
Una delegación interparlamentaria entre la Asamblea de la UEO y el Parlamento Europeo contribuiría a la realización de esa tarea. 
En 1998 hemos presenciado nuevos avances en materia de PESC, muchos de ellos mencionados por el Presidente en ejercicio, en particular- me parece a mí- el lanzamiento con éxito del histórico proceso de ampliación. 
En el año próximo espero que el Consejo establezca una relación de trabajo aún más estrecha con el Parlamento, a medida que la PESC siga evolucionando. 
Señor Presidente, con relación al informe del Sr. Spencer ha habido realmente en la Asamblea una coincidencia general en que los progresos han sido pocos. 
En esto también estoy de acuerdo. 
Hay, además, tres cosas en las que puedo declararme conforme. 
Una es la falta de pasos cuando se trata de la voluntad para prevenir conflictos, por ejemplo, en los Balcanes, como hemos oído. 
Están, además, la colaboración entre instituciones y las normas formales. 
También quiero llamar la atención sobre el hecho de que si esto debe contemplarse como un proyecto popular, entonces es importantísimo que el Parlamento esté debidamente involucrado. 
Estoy conforme con lo que se dijo sobre la PESC y la unidad de análisis, sin embargo, me gustaría recalcar que contemplo a esta unidad de análisis como un apoyo para el Consejo y no como una nueva y alta institución. 
No obstante, también estoy en desacuerdo. 
Como danés estoy un poco preocupado por las buenas intenciones descritas en el informe cuando éstas se ven oscurecidas por la política armamentista y la propuesta por la que se integra la Unión Occidental en la Unión. 
Esto desde luego lo rechazo. 
El acuerdo de Peterberg es descrito correctamente y lo apoyo. 
El Tratado de Amsterdam describe bien lo que puede denominarse las posibilidades de fundir en una las políticas exteriores de los países miembros, como dijo anteriormente el señor ministro de exteriores, Sr. Cook, con respeto por los deseos de cada país. 
No se debe ser tan ambicioso que el proyecto no pueda sostenerse. 
No son sólo las nuevas estructuras de seguridad las que generan resultados, sino que lo decisivo es la voluntad en los países miembros. 
Señor Presidente, el Sr. Cook ha hecho una declaración impresionante sobre los logros de la Presidencia británica. 
Ha olvidado citar que el campeonato de fútbol va a comenzar en junio; tal vez se deba a las gestiones británicas. 
En la Unión abundan los charlatanes que expresan buenos deseos; durante 1997 el Consejo hizo públicas 124 declaraciones sobre política exterior. 
La respuesta es que no. 
En el informe Spencer, en su forma actual, se expresa el deseo de integrar la UEO en la Unión. 
Tal vez después de eso algunos tengan la conciencia tranquila. 
Todo el mundo habla del tiempo, pero nadie hace nada al respecto. 
Todo el mundo habla de política exterior, pero, ¿dónde está el contenido? 
Si se consume demasiado tiempo con asuntos secundarios, queda menos tiempo para cuestiones decisivas como la ampliación y la incapacidad parcial para actuar. 
La política general sigue siendo el quid en la Unión. 
Todo el mundo desea preservar la paz y la estabilidad, pero la disponibilidad para la acción conjunta sigue limitada, como se ha visto en Albania. 
Un ejemplo: cuando el proceso de paz en el Oriente Medio agoniza lentamente- gracias al Sr. Netanyahu -, pese a las cuantiosas inversiones de la Unión en ese zona, hay que reexaminar toda la perspectiva de una Política Exterior y de Seguridad Común, incluidas en este caso las sanciones económicas y de otra índole. 
El informe Spencer muestra claramente que apenas se logran avances en la esfera de la política exterior. 
Felicito al Sr. Spencer por haber expresado lo evidente. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, en primer lugar yo quisiera felicitar a nuestro colega, el Sr. Spencer por su informe, que ha dado lugar a un debate ciertamente muy interesante y muy crítico. 
Después de las numerosas discusiones y aportaciones de fondo, yo voy a limitarme a exponer, de hecho, sólo dos observaciones críticas. 
Una se refiere a la visibilidad de nuestra política exterior y la otra al servicio diplomático. 
Por lo que se refiere a la visibilidad de nuestra política exterior, yo quisiera destacar que incluso en los ámbitos en los que de vez en cuando llegamos a formular una política exterior común, ésta a menudo no llega a ser visible para la población de los países afectados. 
Yo sé que esto constituye un problema. Ahora mismo acabo de regresar de Turquía. 
¿Saben acaso muchas personas en Turquía cuál es nuestra política exterior y cuál fue la decisión que se adoptó en Luxemburgo? 
Es cierto que el señor Ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, acaba de realizar una visita que ha tenido mucho éxito y que se ha desarrollado de manera muy positiva aunque todavía no se conozcan los resultados, pero esto ya sería esperar demasiado. 
Sin embargo, ¿valoran debidamente muchas personas los esfuerzos que está realizando en estos momentos la UE para apoyar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos? 
Yo visité hace poco Israel y Palestina. 
¿Cuál es la situación allí? 
¿Hemos reflexionado suficientemente sobre las posibilidades de reforzar la visibilidad de nuestra política exterior? 
La segunda observación se refiere al servicio diplomático. 
Contamos con excelentes mujeres y hombres en nuestro servicio diplomático. 
Sin embargo, yo me pregunto ¿por qué no se ha establecido todavía una representación de la Comisión en Argel, después de tantos meses de intensas conversaciones? 
¿Por qué se mantiene vacante desde hace tanto tiempo la representación diplomática en Turquía, en Eslovaquia? 
Es posible que no sea culpa de la Comisión, es posible que algunos países que ansían enviar a un representante de sus propias filas a dichos países necesiten tomarse todo este tiempo. 
Pero yo pienso que esto resulta insostenible para nuestra política exterior común y ruego a los representantes de la Comisión- el señor Comisario se encuentra ahora aquí- y también a usted, señor Presidente del Consejo, que procuren mejorar la eficacia con que se promueven nuestros intereses incluso en las zonas para las que contamos con una política exterior común. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la mayoría de los objetivos que se han expresado durante un debate muy completo y en el que todos los que han intervenido han hablado con vigor y evidente compromiso. 
Permítaseme referirme en seguida al único discurso con el que no estoy de acuerdo. 
No puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Anthony sobre el regreso de los refugiados en la antigua Yugoslavia. 
No debemos olvidar la causa de la existencia de dichos refugiados. Fue una confrontación vil, violenta y basada en razones étnicas. 
Al construir una nueva Europa, es muy importante que lo hagamos a partir del principio del pluralismo y la tolerancia étnicos; al fin y al cabo, ése es uno de los criterios que aplicamos a los países que desean adherirse a la Unión y debe ser también un criterio que apliquemos a los países que deseen subscribir acuerdos comerciales con nosotros. 
Antes he expresado el beneplácito con que acogemos la presencia del Presidente Nelson Mandela en Cardiff. 
No podemos celebrar la abolición del apartheid en África simplemente para tolerarlo aquí, en un rincón de Europa. 
Por lo demás, estoy de acuerdo en gran parte con muchos de los objetivos expuestos aquí. 
El aspecto que ha recorrido- me ha parecido- todo el debate ha sido el de que a veces no se entendía que no bastaba con declarar la aspiración para lograr el resultado. 
Me ha impresionado en particular la enumeración por parte del Sr. Carnero González de los fracasos de la Política Exterior y de Seguridad Común: Albania, Argelia, Kosovo, Sáhara Occidental, proceso de paz del Oriente Medio. 
En el mundo hay problemas inmensos y hay algunos casos de conflicto severo. 
Creo que nos estamos fijando una misión totalmente imposible y que ha de dejarnos a todos con una sensación de frustración, si hacemos que el criterio para una Política Exterior y de Seguridad Común sea el de resolución de todos los conflictos del mundo. 
En primer lugar, se trata de un objetivo inalcanzable. 
En segundo lugar, quisiera aconsejar también a Sus Señorías que no adoptemos una forma moderna de imperialismo al pensar que las soluciones que nosotros consideramos idóneas en Europa sean necesariamente aceptables para quienes están implicados en conflictos en otros continentes del mundo. 
Tenemos la obligación de ofrecer nuestros buenos oficios para ayudarlos a encontrar una solución y adoptar medidas contra quienes deliberada e irresponsablemente prolongan los conflictos o la violencia. 
Entre esos dos objetivos- el de intentar encontrar una solución del conflicto o disuadir del uso de la violencia como medio para resolver los conflictos- debemos encontrar una posición común entre nuestros países. 
No siempre propiciará la solución, pero no cabe duda de que tenemos la obligación de encontrar dicha posición común. 
Si examinamos retrospectivamente los acontecimientos de los últimos meses, respecto de varias de esas cuestiones conflictivas, veremos que Europa ha adoptado efectivamente una posición común, ha procurado encontrar soluciones. 
No siempre lo ha conseguido y en los casos en que hemos tenido éxito, como en Bosnia, la conclusión del proceso de recuperación respecto de los enconados odios de los últimos años va a requerir tiempo inevitablemente, cuando no una generación. 
Quisiera pedir a los diputados al Parlamento Europeo que, si bien tienen perfecto derecho a pedir una preocupación y una acción comunes por parte del Consejo, reconozcan que no necesariamente darán resultado y, desde luego, no darán resultados que sean aceptables a corto plazo. 
Por último, dos o tres oradores se han referido a los mecanismos que brinda el Tratado de Amsterdam para mejorar la política exterior y de seguridad común. 
Indudablemente, cuando se haya creado la Unidad de planificación de políticas y de alerta rápida y se haya nombrado al Alto Representante, dispondremos de un mejor mecanismo para dar expresión a las posiciones comunes que adoptemos. 
Naturalmente, no tendrán fundamento jurídico hasta que se haya ratificado el Tratado de Amsterdam. 
Eso incumbe a los Estados miembros. 
Los diputados al Parlamento Europeo pueden volver a los Estados miembros y velar por que se logre la máxima rapidez posible con vistas a su ratificación. 
Me complace informar a Sus Señorías de que en Gran Bretaña casi hemos concluido los procesos parlamentarios para la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
Si otros parlamentos logran el mismo ritmo, en los próximos meses podemos lograr la ratificación, con lo que se dispondrá de un fundamento jurídico para dar esos pasos adelante con la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Entretanto, hemos utilizado nuestra Presidencia para hacer avanzar la preparación a fin de que, en cuanto tengamos el fundamento jurídico, podamos hacer rápidamente los cambios de personal, las disposiciones, la asignación de recursos para poder actuar inmediatamente con arreglo al fundamento jurídico. 
Concluyo con un ruego a todos los diputados: esta tarde he escuchado con gran interés varias intervenciones en las que se pedía la Política Exterior y de Seguridad Común y se condenaba al Consejo por falta de voluntad política para lograrla. 
No puedo por menos de decir que respecto de cada uno de los países a los que pertenecen los oradores que esta tarde han hablado elocuente y apasionadamente, podría citar listas de casos en que su Estado miembro ha adoptado en los cinco últimos meses una postura contraria a la de los otros en materia de consecución de la Política Exterior y de Seguridad Común, en particular en el caso de la Sra. Lalumière, que ha expresado las exigencias más rigurosas en pro de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La consecución de esa posición común no es fácil, requiere transacciones por parte de todos. 
Nunca conseguiremos la Política Exterior y de Seguridad Común por el procedimiento de que una nación exija al resto de Europa que adopte su política exterior y de seguridad común. 
Requerirá concesiones recíprocas entre nosotros y nuestra perspectiva mejor para lograrla es la de que reconozcamos claramente que todos los países van a tener que laborar en pro del bien común y para ello a veces van a tener que abandonar sus posiciones nacionales. 
A veces- y mi país se reserva ese derecho- vamos a tener que decir que no podemos abandonar determinada perspectiva nacional, porque es demasiado importante. 
Debemos conservar ese derecho para defender un interés nacional. 
Eso dificulta, naturalmente, la adhesión a la Política Exterior y de Seguridad Común, pero quisiera decir al Parlamento que es también una parte esencial para velar por la consecución de la conformidad y del apoyo de los ciudadanos respecto de la legitimidad de la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Situación en Sudáfrica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Sudáfrica. 
Señor Presidente, quisiera expresar lo mucho que me complace que el Parlamento haya decidido debatir este importante asunto en este momento tan importante. 
Como ha de saber el Parlamento, desde 1994 la Unión Europea ha suscrito varios compromisos para ayudar a Sudáfrica durante su transición a partir del régimen del apartheid. 
Seguimos decididos a continuar ayudando a Sudáfrica durante su transformación económica y política en su sociedad. 
En Europa hemos visto que la consecución de metas comunes y del desarrollo económico y la prosperidad es un factor de unión de las sociedades. 
Todos hemos de reconocer que el comercio y la cooperación entre las naciones es lo que mucho más probablemente contribuirá a su unión. 
La mejor forma para que la Unión Europea ayude a Sudáfrica es la de brindarle mayores oportunidades en materia de comercio y desarrollo económico que ayuden a ese país a curar las divisiones de su sociedad causadas por tantos años de odio y opresión. 
También creo que Sudáfrica tiene posibilidades para llegar a ser uno de los catalizadores en materia de crecimiento y desarrollo en toda África. 
La Unión Europea debe seguir haciendo todo lo que pueda para incrementar dichas posibilidades. 
Muchos de los compromisos de la Unión Europea que he mencionado antes ya se han cumplido. 
Una de las cosas a que nos comprometimos fue la de ofrecer a Sudáfrica la adhesión con reservas al Convenio de Lomé y me complace decir que, ahora que ya la han ratificado todos los Estados miembros, el 1º de junio dicha adhesión entrará por fin en vigor. 
Espero con interés la participación plena de Sudáfrica en el diálogo político entre los países ACP y la Unión Europea que constituye la médula de la relación de Lomé. 
La Unión Europea y Sudáfrica concertaron también un acuerdo en materia de ciencia y tecnología en noviembre de 1996 y prosiguen las conversaciones para lograr avances en materia de otros acuerdos relativos a la pesca, los vinos y los licores. 
En cuanto a la ayuda, la Comunidad Europea ha comprometido una asistencia substancial para el desarrollo de más 100 millones de ecus al año a Sudáfrica mediante el programa europeo para la reconstrucción y el desarrollo, cuya ejecución continuará al menos hasta 1999. 
Puedo decir al Parlamento que la de lograr todos los avances posibles en la negociación del acuerdo de comercio y cooperación con Sudáfrica y en las negociaciones conexas sobre pesca, vinos y licores constituye una prioridad de la Presidencia del Reino Unido. 
En los últimos meses hemos recorrido mucho terreno, pero creo que existe una voluntad política de avanzar mucho más antes del final de junio. 
En el pasado, las negociaciones comerciales han sido lentas, pero el pasado otoño cobraron un nuevo impulso con una oferta detallada de Sudáfrica. 
Los negociadores principales por ambas partes creen que está al alcance un acuerdo justo y beneficioso para ambas partes. 
De hecho, el 30 de marzo el Consejo de Asuntos Generales pidió al Coreper que examinara, junto con la Comisión, opciones para mejorar la oferta de la Comunidad Europea. 
Las conversaciones se encuentran ahora en una fase decisiva. 
Hará falta que las dos partes pongan de su parte y se muestren flexibles. 
La Presidencia se ha mantenido en estrecho contacto con los sudafricanos durante todo este tiempo y ha cooperado estrechamente con la Comisión y otros Estados miembros. 
Me resultan alentadoras las reiteradas declaraciones de los ministros sudafricanos respecto de su determinación para concluir el acuerdo. 
Ambas partes deberán examinar de nuevo sectores tales como el aumento del comercio total para llegar a un acuerdo compatible con la OMC. 
Cualquier acuerdo habrá de satisfacer también las preocupaciones de ambas partes sobre sus intereses económicos opuestos, por ejemplo en los sectores agropecuario e industrial. 
Naturalmente, un objetivo fundamental de nuestros negociadores sigue siendo el de tener en cuenta las sensibilidades y los intereses económicos de la Comunidad. 
Durante todas las negociaciones el Consejo ha sido muy consciente de los posibles efectos que puede tener un acuerdo en los países vecinos de la Comunidad sudafricana de desarrollo. 
Tanto la Unión Europea como Sudáfrica han reiterado con claridad que se tendrán en cuenta las preocupaciones de esos países durante las negociaciones. 
El Acuerdo Unión Europea/Sudáfrica ha de ser positivo para toda la región. 
Teniendo eso presente, la Comisión ha dicho que examinará la posibilidad de conceder asistencia técnica a países de la Unión Aduanera Sudafricana durante cualquier periodo de ajuste económico y estoy firmemente convencido de que los beneficios económicos que un acuerdo aporte a Sudáfrica serán compartidos por sus vecinos. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a Sus Señorías el interés que han demostrado en las gestiones del Consejo para lograr un acuerdo con Sudáfrica. 
En particular, quisiera dar las gracias a los miembros de la delegación para las relaciones con Sudáfrica, con la que me reuní al comienzo de la Presidencia y cuyas expresiones de apoyo al proceso negociadora han sido muy digna de beneplácito. 
Espero que todos Sus Señorías sigan apoyando dichas gestiones durante las próximas y decisivas semanas y en el futuro, cuando el acuerdo final requiera el dictamen conforme de esta institución. 
La Unión Europea tendrá otra oportunidad de demostrar la importancia que atribuye a las relaciones con Sudáfrica y en el Consejo Europeo de Cardiff, en el que el Presidente Mandela almorzará con los Jefes de Estado o de Gobierno allí reunidos. 
Quisiera reiterar ni convencimiento de que con un trabajo denodado y buena voluntad por ambas partes se puede lograr un resultado satisfactorio para las negociaciones comerciales. 
Espero que sigamos logrando rápidos avances con vistas a la concertación del acuerdo y cumpliendo los compromisos subscritos con Sudáfrica. 
Agradezco una vez más a esta Asamblea su continuo interés y apoyo y su comprensión de la urgencia y la prioridad de un acuerdo comercial con Sudáfrica. 
Señor Presidente, pronto hará tres años que lanzamos una ambiciosa serie de negociaciones con la nueva Sudáfrica, después de que la Unión se fijara una meta excepcional: la de establecer un marco a largo plazo para la cooperación con ese importante socio, que respaldaría su histórica transición a la democracia y reflejaría la doble naturaleza de su economía. 
En abril del año pasado, tuvimos el placer de acoger a Sudáfrica como 86º miembro del Convenio de Lomé. 
En el Consejo de Ministros ACP/CE celebrado en Luxemburgo, se firmó un protocolo especial que daba a Sudáfrica acceso con reservas al Convenio de Lomé. 
Constituyó la conclusión de las negociaciones sobre la primera vía del marco previsto para la cooperación UE/Sudáfrica. 
Pero, después de tres años de trabajo intenso, hemos de observar con pesar que la segunda vía, la que concluirá en un acuerdo bilateral en materia de comercio, desarrollo y cooperación, no está ultimada. 
Hemos logrado muchos avances y hemos llegado a acuerdos provisionales sobre la mayoría de las secciones del futuro acuerdo, pero faltan cosas por hacer en varios sectores importantes antes de poder concluir. 
El mes pasado celebramos nuestra 18ª ronda de negociaciones y está prevista otra ronda para los días 10 y 11 de junio. 
En varios puntos aún no se ha salvado el foso que separa a la UE de Sudáfrica. 
Ahora bien, creo que siguen existiendo muchas posibilidades de acabar el trabajo pronto. 
Sigue existiendo un resquicio de oportunidad que podemos aprovechar. 
La Comisión está haciendo toda clase de gestiones para concluir esas negociaciones bilaterales con Sudáfrica antes de que entremos en las negociaciones post-Lomé el próximo otoño. 
Por parte sudafricana, tenemos entendido que existe también el deseo de concluir el acuerdo con la UE antes del comienzo de la campaña electoral para las próximas elecciones generales en ese país que se celebrarán en la primera mitad de 1999. 
¿Cuáles son las principales cuestiones pendientes? 
En primer lugar, siguen existiendo algunos problemas en relación con cuestiones no comerciales, en particular sobre la redacción de nuestra propuesta cláusula de no ejecución y sobre la cuestión de los futuros recursos financieros de que se dispondrá en materia de cooperación para el desarrollo con Sudáfrica. 
En el acuerdo no se mencionarán cantidades financieras, pero se pide a la Comunidad que dé la garantía política de que la asistencia financiera a Sudáfrica continuará después del año 2000. 
En segundo lugar, siguen pendientes varias cuestiones en el sector de los aspectos relacionados con el comercio, que son esenciales para cualquier acuerdo de libre comercio. 
Serán necesarias conversaciones y negociaciones suplementarias para acordar compromisos precisos en los sectores antidumping, salvaguardas, política de la competencia, contratos públicos, propiedad intelectual y transporte marítimo. 
Por último, hay que resolver algunos obstáculos reales en el sector del comercio para llegar a un acuerdo con Sudáfrica que cumpla los principios que la Comunidad considera esenciales y a los que voy a referirme brevemente. 
El primer principio es el de su cumplimiento pleno de los requisitos impuestos por la OMC. 
Como saben Sus Señorías, se entiende comúnmente que un acuerdo de libre comercio debe abarcar como mínimo el 90 % del comercio total entre las partes para evitar posibles discusiones de interpretación en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
La oferta actual de la UE abarca el 89 % de las importaciones procedentes de Sudáfrica. La oferta sudafricana propone la liberalización del 81 % de sus importaciones procedentes de la Unión Europea. 
Así, pues, ambas ofertas representan un importante paso hacia un mayor acceso a los mercados, pero no son suficientemente atractivas para la otra parte y pueden no ser suficientes para garantizar la compatibilidad del acuerdo con la OMC. 
Ha llegado el momento de que ambas partes aumenten la cobertura de sus respectivas ofertas comerciales. 
Sabemos que no es fácil dar ese paso, porque afecta a sectores e intereses delicados de ambas partes. 
Pero debemos avanzar en esa dirección sin dejar de tener presentes los dos principios de reciprocidad y asimetría sobre los que descansan nuestras conversaciones comerciales. 
La eliminación de los aranceles aduaneros por parte de la Unión Europea será en principio más rápida y se alcanzará en diez años. 
La oferta sudafricana se basa en un período de transición de doce años. 
Si podemos avanzar hacia otras concesiones comerciales, lograríamos mayores mejoras en el acceso a los mercados y al mismo tiempo un importante elemento de diferenciación que tendría en cuenta las diferencias de desarrollo entre las dos partes. 
El segundo principio es el de la coherencia con las políticas comunes de la UE. 
El acuerdo comercial con Sudáfrica debe ser coherente con las políticas vigentes de la Unión Europea, tales como la Política Comercial Común y, en particular, la Política Agraria Común y la Política Pesquera Común de la Unión Europea. 
El de Sudáfrica es el primer caso en la historia de la Unión de un acuerdo preferencial en el que el objetivo del libre comercio es aplicable también al sector agropecuario. 
Está previsto que la mayor parte de las concesiones agropecuarias de la Unión Europea a Sudáfrica comiencen después del año 2003 o del 2005 para que puedan combinarse con los avances en las reformas de la PAC. 
Algunos productos agrícolas quedarán excluidos de momento de la eliminación de los aranceles aduaneros. 
Pero en ciertos casos se puede examinar la posibilidad de una liberalización parcial correspondiente incluso a esos productos y se debe prever una revisión periódica. 
También se prevén concesiones arancelarias en materia de productos pesqueros, pero siguen condicionadas a los avances logrados en las negociaciones para un acuerdo aparte de pesca. 
El tercer principio es el de la coherencia con las disposiciones de los acuerdos con otros socios preferenciales. 
Nuestro acuerdo con Sudáfrica debe ser también coherente con los acuerdos exteriores vigentes de la Unión Europea, con atención particular a los países mediterráneos y los países del grupo ACP. 
Será necesario un ajuste para proteger los intereses fundamentales en materia de exportación de esos países en el mercado de la Unión Europea, pero también velar por que las condiciones del acceso de Sudáfrica al mercado de la UE sea comparable con el de los países que se encuentran en una situación similar. 
También se procurará lograr coherencia en el sector de las normas de origen. 
Por último, el cuarto principio es el de que debe haber una dimensión importante en materia de desarrollo en pro de Sudáfrica y sus vecinos. 
Nuestro objetivo definitivo es el de velar por que el acuerdo UE/Sudáfrica tenga repercusiones positivas en materia de desarrollo no sólo para la propia Sudáfrica, sino también para la región del África meridional y el grupo ACP en conjunto. 
Desde el comienzo de las negociaciones hace dos años, iniciamos un proceso de consultas periódicas con el grupo ACP y diversos subgrupos con los que nos reunimos periódicamente. 
A partir de los que hemos oído durante ese proceso, confiamos en que, si se obtienen resultados positivos, el acuerdo entre la Unión Europea y Sudáfrica redundará en provecho no sólo de ambas partes, sino también de muchos otros que tienen fuertes vínculos económicos con Sudáfrica. 
¿Cómo podemos garantizar las repercusiones positivas que perseguimos? 
Creo que la respuesta estriba en el compromiso político basado en un análisis económico correcto. 
El compromiso político ya existe. 
Seguimos trabajando en el análisis. 
En nuestra opinión, las repercusiones de este acuerdo de libre comercio Unión Europea/Sudáfrica se sentirán en tres círculos concéntricos. 
En primer lugar, se beneficiarán los países del grupo BLNS- Bostwana, Lesotho, Namibia y Swazilandia -, los cuatro vecinos de Sudáfrica que pertenecen a la Unión Aduanera Sudafricana (SACU). 
En segundo lugar, habrá beneficios para la región de la SADC: el círculo más amplio de 14 países que abarca toda el África meridional. 
Y, en tercer lugar, tenemos que considerar la familia más amplia de los países ACP. 
Esperamos que los estudios en marcha confirmen que el acuerdo de libre comercio brindará importantes beneficios a los consumidores y los empresarios. 
La comunidad empresarial tendrá acceso a una gama más barata y diversificada de suministros para sus insumos y bienes de capital, por lo que contarán con mejores perspectivas para la inversión, la exportación y la contratación de personal suplementario. 
Se espera que los principales efectos positivos de nuestro acuerdo de libre comercio con Sudáfrica sean la creación de puestos de trabajo y un impulso a las inversiones en la región, que se intensificarán con una cooperación económica más intensa. 
Los principios que guían a la Unión en sus negociaciones con Sudáfrica no se prestan a controversias. 
Se hacen eco de las ambiciones de la nueva Sudáfrica, que se ha situado en la vanguardia de un «Renacimiento africano». 
Cuando el Consejo Europeo se prepara para recibir al Presidente Mandela en Cardiff el mes próximo, es esencial que velemos por que la Comunidad plasme sus compromisos en un acuerdo generoso e innovador que fomente el comercio, intensifique el desarrollo y promueva la paz y la estabilidad en la región. 
Cuando entramos en una fase decisiva de esas ambiciosas negociaciones con Sudáfrica, sabemos perfectamente que el acuerdo que alcancemos es importante para muchos otros y será considerado por muchos países ACP una prueba crucial para el futuro del propio Convenio de Lomé. 
Nos corresponde a nosotros demostrar que el libre comercio se puede dar en un marco de desarrollo y puede conciliar los intereses mutuos con la solidaridad. 
Espero que nuestros Estados miembros se nos unan al expresar sus opiniones y, si así es en Cardiff, confío en que muy pronto tengamos éxito. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Comisario y felicitar a la Presidencia del Reino Unido por sus claros compromisos con esas conversaciones sobre comercio y desarrollo. 
También quisiera agradecer al propio Ministro de Estado su disposición a conceder prioridad al examen de este asunto con nosotros en el Parlamento Europeo. 
Como han dicho los dos, hemos llegado a una fase decisiva en esas negociaciones. 
Ninguno de ellos ha mencionado en realidad que ha habido un aplazamiento de la 19ª ronda, que se había de celebrar esta semana. 
Se trata de un retraso muy preocupante en un proceso muy difícil. Lo sé desde que fui ponente sobre el acuerdo provisional. 
Sin embargo, a la luz de la disposición del equipo negociador sudafricano para presentar ahora una nueva- y muy mejoradaoferta que abarcaría posiblemente el 85 % de los productos, ¿prevé el Consejo que haya ajustes proporcionales por parte de la Comisión, por nuestra parte, en las negociaciones? 
Hablemos con claridad. Los sudafricanos dicen ahora que están dispuestos a hacer ajustes substanciales, por su parte, para que se logren algunos avances claros. 
A no ser que la Unión Europea esté dispuesta a adoptar iniciativas claras para revitalizar esa conversaciones, corremos el riesgo de hacer peligrar todo el proceso. 
No quiero que el Presidente en ejercicio piense que soy alarmista, pero la realidad es que la UE dispone tan sólo de dos semanas para preparar una respuesta apropiada a fin de lograr que los elementos esenciales de los componentes comerciales de las negociaciones estén concluidos y listos para su examen en el Coreper la semana siguiente. 
Naturalmente, no prevemos un acuerdo final ni completo, sino que debemos aspirar a un «ajuste» y no más durante la Presidencia austríaca. 
Así será, en caso de que hayamos acordado substancialmente las cuestiones principales y más polémicas. 
Evidentemente, hay que sacar del armario la asimetría, desempolvarla y examinarla muy a fondo en las negociaciones. La Comisión ya la ha mencionado. 
En el marco de un mercado global en transformación, no es probable que sobreviva acuerdo alguno sobre la liberalización del comercio que haya de producirse en los plazos previstos. 
En vista de la próxima reforma de la PAC y las nuevas negociaciones del GATT, ¿acaso no es probable que las dos hayan quedado anticuadas y carezcan de sentido en el plazo previsto? 
Debemos estar dispuestos a replantearnos todo desde cero. 
Dejemos de quedarnos empantanados en la discusión de un producto tras otro. 
Tenemos que ser generosos. 
La Presidencia del Sr. Mandela toca a su fin después de que diera muestras de valor y una determinación inquebrantable con vistas la consecución de un futuro mejor para los sudafricanos. 
A nosotros nos corresponde desempeñar un papel muy claro. 
Puede que el Presidente en ejercicio recuerde que en enero le pregunté en Estrasburgo si era posible que invitáramos al Presidente Mandela a Cardiff para la firma de un acuerdo. 
Ahora va a acudir a Cardiff para decir adiós a los Jefes de Estado... ¡y para saborear las delicias de la capital de Gales! 
¿Acaso no sería poner la guinda en el pastel si pudiéramos reconocer en ese momento que se habían logrado acuerdos amplios entre la Unión Europea y su país, Sudáfrica? 
Presidente, quiero también hacer enfoque más global de este problema y apartarme un poco de los detalles de las negociaciones. 
Yo misma he tenido que negociar también en el Consejo Europeo de Ministros en la época en que era ministra, entre otras cosas con Austria y Suiza sobre los acuerdos de tránsito y sé cómo te puedes embarrullar en los detalles cuando te olvidas de todo el conjunto. 
Cuando Sudáfrica, después de un largo periodo oscuro de apartheid, regresó al sistema democrático de una forma muy respetable, el mundo occidental entero se deshacía en elogios y promesas para el futuro del país. También la Unión Europea se sumó entonces a esos elogios y promesas. 
El boicot económico que hubo de sufrir Sudáfrica, se cambiaría en cooperación económica y Sudáfrica recibiría una ayuda generosa de los fondos europeos para el desarrollo. Esta fue la imagen poco después de la independencia. 
Lo último afortunadamente sí se ha cumplido. 
Esto lo han explicado de nuevo el Presidente del Consejo y también el Sr. Pinheiro. Sudáfrica recibe mucho apoyo financiero para superar las consecuencias del apartheid y esos proyectos marchan bien por lo que yo tengo entendido. 
El gran problema está en el acuerdo comercial que ya llevamos arrastrando tres años. Justamente ese acuerdo es muy importante para Sudáfrica porque después de los años de boicot económico, la agricultura y la industria sudafricanas deben tener la posibilidad de crecer y de exportar también hacia Europa. 
Es la única manera, después de todo, de luchar de verdad contra la pobreza de Sudáfrica y de fomentar el empleo, también en beneficio de la población negra. 
Hay una tasa de desempleo de un 40 % sobre todo entre los jóvenes. 
Es demasiado alta. 
Nos tenemos que dar cuenta de eso. 
Eso constituye un gran peligro para la estabilidad y quizá incluso para la democracia de ese país. La criminalidad creciente también tiene que ver con esto. 
Con ese fondo es incomprensible que las negociaciones lleven arrastrándose tanto tiempo y es realmente incomprensible también que se hayan estancado en estos detalles. 
Eso lo sabemos, sobre todo con los países que le rodean y eso es un problema serio. 
Pero el auténtico freno en las negociaciones son simplemente los Estados miembros que se han negado a hacer concesiones, sobre todo en el ámbito de la agricultura. 
En el conjunto es ahí donde le duele. 
A mi grupo parlamentario le parece que es hora de que ponga fin a ese proceso aciago de negociaciones de detalles y de que se haga un gesto hacia Sudáfrica. 
Por ello cada Estado miembro habrá de echar agua al vino. Pero entonces esto puede dar paso a un acuerdo real. 
Nos parece que cuando el presidente Mandela vaya a Cardiff- he tenido el gusto de encontrarme varias veces con el presidente Mandela- le tenemos que hacer este gesto generoso. 
A lo mejor los primeros ministros han de tener el valor de hacer borrón y cuenta nueva con respecto a las negociaciones y de decir que lo van a hacer así. 
Queremos tender la mano a Mandela, queremos que Sudáfrica pueda llegar a buenos acuerdos con Europa y que tenga de este modo la posibilidad de desarrollar su economía. 
Nos hace falta, Presidente. 
De ahí mi llamamiento político general sin entrar en los detalles interminables que nos presentan también ahora otra vez. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer al Consejo y a la Comisión la declaración que han hecho hoy ante el Parlamento. 
Todos nos sentimos defraudados ante el ritmo de los avances en las negociaciones para el acuerdo de comercio y desarrollo con Sudáfrica, pero es importante que el resultado final de las negociaciones sea un acuerdo que beneficie a los intereses a largo plazo de ambas partes en dichas negociaciones. 
Sudáfrica es la mayor fuerza económica del África subsahariana y la Unión Europea es su principal socio comercial. 
Está claro que cualquier acuerdo tendrá repercusiones transcendentales para nuestra futura relación no sólo con la República de Sudáfrica, sino también con sus países vecinos. 
El Parlamento debe aprovechar la oportunidad que brinda el debate de hoy para reafirmar su compromiso con el objetivo político de lograr un acuerdo amplio y de gran alcance con Sudáfrica que sea justo para los intereses de ambas partes. 
Quisiera expresar mi confianza plena en el Comisario Pinheiro y su equipo de negociadores, que harán- lo sé- todos los esfuerzos para concluir un acuerdo en consonancia con el mandato negociador que les ha encomendado el Consejo de Ministros, mandato que no reflejaba las declaraciones ni los compromisos públicos por parte de los Jefes de Estado o de Gobierno al Presidente Mandela y que, naturalmente, aumentó mucho el nivel de esperanzas en Sudáfrica. 
En abril, los funcionarios de la Comisión presentaron una serie de propuestas que permitirían un grado de apertura del 95 %, mejora importante respecto de propuestas europeas anteriores. 
Espero que Sudáfrica pueda en breve responder a esa oferta mejorada y que ahora se hagan todos los esfuerzos para concluir las negociaciones lo más cerca posible de la fecha límite de mediados de 1998 o del final del año, a más tardar. 
También quisiera aprovechar esta oportunidad para decir, como presidente de la delegación del Parlamento para las relaciones con Sudáfrica, que mis colegas de la delegación y yo hemos celebrado largas conversaciones con los ministros del Gobierno de Sudáfrica y representantes de ONG sobre el programa europeo para la reconstrucción y el desarrollo en Sudáfrica. 
Creo que ese programa de ayuda sigue haciendo una valiosa contribución a la promoción del desarrollo económico de los desfavorecidos de Sudáfrica y espero que continúe después de 1999. 
Concluyo pidiendo a la Comisión que presente lo antes posible una propuesta al Parlamento y al Consejo con vistas a la continuación del programa europeo para la reconstrucción y el desarrollo en Sudáfrica a fin de que la examinemos con tiempo antes de que concluya el presente programa. 
Señor Presidente, lo que empezó como un inicio de una nueva época, no ha obtenido hasta este momento realmente más que sospechas. 
El enfoque dual de Sudáfrica por ser un miembro cualificado de la Convención de Lomé y el desarrollo bilateral dirigido al libre comercio es el enfoque correcto. 
La realización ha resultado menos bella. 
La exclusión del 45 % de los productos agrícolas es contraria al espíritu de ese enfoque. 
La Unión debe hacer un gesto generoso. Se trata aquí de un acuerdo asimétrico con un país donde no está en orden por el momento. 
La Unión debe simultáneamente trabajar en un programa continuado de reconstrucción y de desarrollo y cuando en 1999 termine el programa actual habrá que continuar inmediatamente con él. 
Me gustaría oír del Consejo y de la Comisión si se puede prestar más atención a los aspectos de la seguridad del desarrollo en la prestación de ayuda. 
Sudáfrica está asolada por el crimen y una cultura de violencia se está apoderando del país. 
Debe haber mayor control del flujo de armas. 
Tal vez el Consejo pueda hacer en este marco una exposición del programa de acción de la Unión relativa a las armas cortas y de la conferencia que ha organizado recientemente en Sudáfrica. 
Señor Presidente, el avance y la conclusión de las negociaciones entre Sudáfrica y la Unión es, a nuestros ojos, un reto fundamental. 
Este reto, como ha recordado el Presidente del Consejo, consiste en consolidar los avances en el plano humanitario y democrático que se han producido en dicho país, contribuir a un desarrollo que genere actividades y puestos de trabajo y favorecer, a través de Sudáfrica y su influencia en el África austral, la estabilidad, la paz y el desarrollo de toda una parte del continente africano. 
Con esta idea en mente, deseamos que la próxima reunión entre el Presidente Mandela y los dirigentes de la Unión Europea venga a confirmar no sólo nuevos avances en el proceso de negociación, sino también la perspectiva de su conclusión. 
Para lograrlo, es necesario que la Comisión y el Consejo den prueba, como acaban de confirmar sus representantes, del espíritu generoso que anima a los gobiernos europeos en sus relaciones con Sudáfrica y sopesen bien las consecuencias, ventajosas para ambas partes, que se desprenderían del desarrollo de las relaciones económicas entre la Unión Europea y Sudáfrica. 
Naturalmente, el desarrollo de nuestros intercambios con Sudáfrica no puede hacerse a costa del sacrificio de un sector de producción de la Unión, especialmente la agricultura que, con demasiada frecuencia, sirve de moneda de cambio en los acuerdos de la Unión con terceros países. 
Pero los problemas en este caso no son comparables. 
Debido a las distancias, apenas existen producciones realmente competitivas, y la inversión de las estaciones puede contribuir a fortalecer aún más las complementariedades que la competencia. 
Debemos estar atentos a estas cuestiones. 
En este sentido, en el marco de un acercamiento necesariamente asimétrico, debemos de repartir, entre el conjunto de los sectores de producción de la Unión, el esfuerzo de solidaridad que debemos emprender. 
Además, con el establecimiento de una revisión anual de la lista de exclusión de productos, controlaremos mejor las situaciones de competencia y limitaremos desde un inicio el número de productos afectados. 
Añadiré, para terminar, que nuestras acciones de desarrollo conjunto y de solidaridad deben manifestarse a través de otros instrumentos de la Unión, como las ayudas financieras directas o el Convenio de Lomé. 
Deseo que, con esta idea en mente, la Comisión y el Consejo tengan la voluntad de celebrar en las próximas semanas un acuerdo económico que dé testimonio del apoyo de los pueblos de Europa al pueblo que ha vencido al apartheid. 
Presidenta, en nombre de mi grupo parlamentario quiero expresar mi gran preocupación sobre el estado de las negociaciones entre la Unión y Sudáfrica. 
El Parlamento Europeo redactó ya hace años unas propuestas muy precisas que tomaban en cuenta la herencia del apartheid, con la necesidad de llegar a una integración regional y con un llamamiento unívoco a la asimetría en beneficio de Sudáfrica. 
Las propuestas que están sobre el tapete en nombre de la Unión no responden en absoluto a los deseos que habían sido redactados muy claramente por el Parlamento Europeo. 
Me gustaría prestar atención a cuatro puntos. 
En primer lugar, la problemática del deficiente acceso de los productos agrícolas de Sudáfrica a nuestro mercado, mientras, por otro lado, los productos agrícolas fuertemente subvencionados de la Unión causan estragos en el mercado sudafricano. 
Por lo tanto, hablando de coherencia en el ámbito de la política con otros sectores de la Unión Europea, la Unión Europea debe sacar primero sus conclusiones. 
En segundo lugar, el proteccionismo en relación con determinados productos elaborados de Sudáfrica. 
En tercer lugar, concesiones que significan muy poco a corto plazo o que entran tan tarde en vigor que, mientras tanto, los exportadores ya han sido expulsados del mercado sudafricano. 
Como punto final, acerca del punto de la disminución de los ingresos procedentes de las tasas aduaneras, para Botswana, Lesotho, Namibia y Swaziland, no hay en este momento ninguna propuesta adecuada por culpa de la Unión Europea. 
De ahí mi llamamiento, seamos efectivamente generosos. Seamos innovadores, porque hasta ahora no ha sido así, en absoluto. 
Señora Presidenta, cuando Sudáfrica logró lo imposible y tuvo una transición pacífica a la democracia, el mundo entero aplaudió el ejemplo que el Presidente Mandela nos dio. 
El mundo entero aplaudió también los sacrificios hechos por los Estados de primera línea con vistas a dicho logro: Botswana, Lesotho, Swazilandia, Namibia y los demás Estados. 
Todos ellos tienen un interés muy concreto en el resultado de esas conversaciones, porque esos países están encerrados en un régimen proteccionista que les benefició. 
No es que lo desearan, pero así era el sistema. 
Aún no estoy convencido de que las propuestas de la parte europea vayan a substituir esa dependencia en la que se han encontrado. 
Quisiera hacerme eco de los sentimientos de generosidad de todos los sectores de la Asamblea y me resulta muy alentadora la unanimidad con que se está abordando este asunto. 
Éste es un momento en que Europa puede llegar a una conclusión y desechar algunas de las objeciones detalladas de quienes tienen intereses creados y acudir a Cardiff y decir al Presidente Mandela: lo aplaudimos, lo saludamos, pero no sólo con buenas palabras, sino con acciones. 
Me hago eco del espíritu de esta Asamblea y pido al Consejo y a la Comisión que consideren éste uno de sus asuntos más prioritarios. 
Señora Presidenta, es lamentable que no se hayan hecho avances substanciales en las importantes negociaciones de política comercial entre Sudáfrica y la UE. 
El gobierno democrático de Sudáfrica ha luchado durante más de tres años contra la política comercial discriminatoria de la UE. 
La UE es el mayor socio comercial de Sudáfrica. 
A pesar de esto, muchos países tienen una política proteccionista respecto, por ejemplo, a los vinos, la pesca y los productos agrícolas. 
La UE subvenciona, entre otros productos, los tomates enlatados dejando totalmente fuera de competencia a los tomates sudafricanos en su propio mercado y, produciendo, en consecuencia, un aumento del desempleo. 
Esto produce mucho daño ya que fundamentalmente afecta a mujeres que alimentan, cada una de ellas, a siete u ocho personas, gracias al trabajo en esta industria. 
Los propietarios del 87 por ciento de la tierra son todavía blancos. 
Una tercera parte de la población está desempleada, otra tercera parte tiene trabajo y la tercera restante tiene trabajos informales. 
Por ejemplo, se tardará al menos 20 años en resolver el problema de la escasez de viviendas. 
Sudáfrica es un país que se ha sacudido la segregación racial y la opresión política. 
Un amplio movimiento político lucha resueltamente para crear una nueva Sudáfrica, algo que ninguno de nosotros, que durante muchos años trabajamos en el movimiento contra la segregación racial, siquiera osó imaginar. 
Es de especial interés que la UE respalde a esta joven democracia en su lucha por la paz y la estabilidad y que contribuya a aumentar el bienestar en el país. 
Actualmente Sudáfrica ha hecho nuevas concesiones en las negociaciones. 
La Presidencia tiene una especial responsabilidad para conseguir que la UE, por fin, ahora esté preparada para suscribir este acuerdo. 
Sería interesante e importante que Nelson Mandela firmara este acuerdo mientras es presidente. 
" Hacer política es querer» dijo una vez Olof Palme. 
¡Es hora de que la UE muestre esta voluntad! 
Señora Presidenta, ahora que Sudáfrica se ha convertido en una excepción en ese continente como ejemplo de democracia, nosotros en la Unión Europea deberíamos hacer todo lo posible para apoyar ese proceso. 
Seamos claros también de una vez, tal como maneja la Comisión de la Verdad en este momento la asimilación de la frustración, del odio, de la violencia y de la represión bajo la dirección del obispo Tutu merece por todas partes un apoyo y una palabra de elogio e incluso admiración. 
Sobre todo cuando escuchamos al Presidente del Consejo Cook que incluso dijo en el debate anterior que teníamos que hacer todo lo posible para lograr la democratización del mundo y a la vez negamos el acceso al mercado y la firma del acuerdo de asociación de una forma tan infantil y casi diría tan puntillosa que creo que entonces realmente sólo nos queda una cosa por añadir a la Presidencia británica: ninguna otra Presidencia como la actual Presidencia debería esforzarse por todos los medios en Cardiff, cuando el presidente Mandela, que ostenta el Premio Nobel de la Paz, hable con los miembros del Consejo Europeo, para presentarle un acuerdo hecho y derecho. 
Contamos con que la Presidencia británica sepa arreglárselas pero también sabemos que la oposición no está en la Comisión, que la oposición al acuerdo no está en el Parlamento, sino que está en el Consejo y que con los miembros del Consejo no hay forma de llegar a un acuerdo y eso no queda muy bien, señor Presidente del Consejo. 
Señora Presidenta, yo también acojo con beneplácito las pasos que se han dado para concluir un acuerdo comercial durante la Presidencia británica y el compromiso personal del Presidente en ejercicio, pero espero que esas gestiones tengan su recompensa, de modo que, cuando el Presidente Mandela acuda a Cardiff, no debe limitarse a agradecer a los dirigentes europeos la ayuda prestada en el pasado, durante la época del apartheid, sino que pueda agradecerles los pasos dados para lograr un primer acuerdo comercial completo y justo. 
El Comisario Pinheiro ha dicho que lo que se necesita es un compromiso político basado en un análisis económico correcto. 
He de decir que también es necesaria en este caso una dimensión moral, un reconocimiento de que la reiteración sin más del proteccionismo agrario de la UE está causando sufrimientos reales en Sudáfrica. 
El Sr. Henderson ha mencionado la labor de la delegación de la UE ante Sudáfrica, pero, ¿qué hemos de decir cuando nos reunimos con los diputados sudafricanos y nos cuentan que los excedentes de carne de bovino de la UE en Namibia están destruyendo la producción de carne de bovino en el África meridional o que las frutas y verduras subvencionadas de la UE están socavando la producción interna y destruyendo la industria conservera sudafricana. 
Este año la mayor empresa conservera de Sudáfrica despidió a dos mil trabajadores temporeros y cuatrocientos permanentes. 
Citaron como factores importantes los altos aranceles aduaneros de la UE y las baratas exportaciones subvencionadas a Sudáfrica. 
En una situación caracterizada por un desempleo que asciende hasta el 50 %, las repercusiones de esas pérdidas de puestos de trabajo son claramente desastrosas. 
Si la UE hubiera adoptado una actitud más cooperativa hace tres años, se podría haber evitado y se podrían haber salvado esos puestos de trabajo. 
Podríamos explayarnos en relación con un producto tras otro, una categoría tras otra. 
También hay, como ha de saber- estoy seguro- el Presidente en ejercicio, graves problemas en materia de productos lácteos, por lo que el Gobierno sudafricano necesita más tiempo para concluir una estrategia regional antes de abrir sus mercados a más importaciones de productos subvencionados de la UE. 
El problema ha sido, en realidad, ese repaso de una categoría tras otra, esa actitud de contable y lo que ahora hace falta, evidentemente, es la generosidad y la buena voluntad de que han hablado varios diputados. 
Como conclusión, he de decir, respecto de las observaciones del Sr. Wijsenbeek sobre los problemas existentes en el Consejo, que, si algunos de los diputados aquí presentes hubieran podido convencer a sus Gobiernos nacionales sobre la necesidad de esta actitud, podríamos haber tenido menos problemas ahora. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la Unión Europea comparte la responsabilidad de velar por una evolución democrática y el desarrollo de la prosperidad económica en Sudáfrica. 
A la vista de las fuertes discrepancias sobre problemas de detalle, en algunos casos de difícil solución, estamos autorizados a preguntarnos qué distorsiones del mercado puede temer la Unión Europea. 
La Unión es la mayor comunidad comercial del mundo. Millones de puestos de trabajo corresponden a la economía de exportación, que contribuye en un grado importante al bienestar europeo. 
Sin embargo, la Unión Europea, con 373 millones de consumidoras y consumidores, también constituye un mercado de importación extraordinariamente importante, para el acceso al cual no deberían establecerse ningún tipo de restricciones proteccionistas y menos aún para los países en desarrollo, que dependen del acceso a los mercados mundiales y que necesitan urgentemente los ingresos procedentes de las exportaciones para completar con resultados positivos sus procesos de transformación. 
También Sudáfrica necesita con urgencia una perspectiva político comercial que le permita consolidar un desarrollo sostenible en un contexto de paz y estabilidad. 
Esto también redundará en beneficio de toda la región del África meridional, como ya han señalado acertadamente varios oradores. 
Ya ha llegado realmente el momento de que se establezca un sistema de relaciones comerciales no discriminatorias con Sudáfrica y de que se aclaren sin demora las cuestiones todavía pendientes, con objeto de que el acuerdo de libre comercio pueda cerrarse de manera favorable y sin restricciones mezquinas en la próxima reunión del Consejo. 
Hay un refrán alemán que dice: Cuando existe la voluntad, también existe un camino. 
Si la Unión Europea tiene verdaderamente la voluntad de alcanzar un resultado positivo- y lo mismo vale igualmente para el Consejo -, ello reforzará también la voluntad del interlocutor de alcanzar un acuerdo en las negociaciones. 
Yo confío en que la buena voluntad de la Presidencia británica permitirá superar las dificultades y sentar así unas bases fundamentales para una evolución positiva en África y, por lo tanto, en toda la zona del África meridional. 
Señora Presidenta, comienzo donde ha concluido el Comisario Pinheiro, a saber, en el compromiso político. 
¿Qué ha sido de las promesas de apoyo de la Unión Europea al proceso de consolidación de la frágil democracia de Sudáfrica? 
Cuando se reúnan con él en Cardiff, ¿podrán los dirigentes europeos mirar al Presidente Mandela a los ojos y decirle que hemos cumplido con nuestra promesa? 
El año pasado Sudáfrica logró grandes avances en la transformación y la apertura de una economía cerrada. 
¿Y qué ha hecho la UE? 
La UE ha cambiado continuamente los parámetros con los que Sudáfrica entró en esas negociaciones: de un período de transición de cinco años a ningún período de transición, de una zona de libre comercio basada en la máxima asimetría a una zona de libre comercio en estricta conformidad con las normas de la OMC. 
La Unión Europea sigue insistiendo en el desmantelamiento paralelo de los aranceles aduaneros en ciertos sectores fundamentales. 
Me asombra bastante la ironía de la Comisión al poner ahora a Sudáfrica como modelo para las futuras negociaciones comerciales correspondientes al Convenio de Lomé. 
Ésa será la prueba, después de que se denegara a la propia Sudáfrica el acceso al comercio con arreglo al Convenio de Lomé, por no ser un país típico de Lomé. 
No podemos mostrarnos despreocupados por las consecuencias que esas negociaciones están teniendo y tendrán en el pueblo de Sudáfrica. 
En Ciudad del Cabo se reunirán el viernes más de 30 representantes de los sindicatos sudafricanos y diputados al parlamento sudafricano para examinar las repercusiones del acuerdo en los medios de vida del pueblo sudafricano. 
Tienen el deber de averiguar cuáles son sus preocupaciones y espero que se aborden en los próximos meses. 
Además, diputados de los países de la SACU presentaron recientemente su propuesta por escrito al Comisario Pinheiro y a la Presidencia del Reino Unido. 
Debemos examinar esas preocupaciones y quisiera pedir que se pongan a disposición de los diputados a esta Asamblea copias de ese documento. 
Por lo que se refiere a la estrategia regional, quisiera proponer al Comisario y a la Presidencia del Reino Unido que examinemos una declaración de intenciones firmada por la Comisión y Sudáfrica, en la que se aborde la forma como se tendrán en cuenta las preocupaciones regionales en el futuro. 
Por último, hasta que ese acuerdo de libre comercio, que se ha propuesto, sea aceptable para nuestros colegas parlamentarios de Sudáfrica y de los países de la SACU, al menos yo consideraré que ese acuerdo, que se ha propuesto no es aceptable y quisiera instar a esta Asamblea a que vote también en ese sentido. 
Señora Presidenta, comparto las preocupaciones generalizadas en cuanto a la que me parece ya una prolongación excesiva de estas negociaciones con Sudáfrica y, como todos mis colegas, considero que la Unión Europea debe cumplir con su deber de apoyar, mediante el desarrollo económico, la consolidación de una democracia no racial en Sudáfrica. 
Desarrollo económico que también permitirá a Sudáfrica afrontar la delincuencia e inseguridad ya mencionadas aquí. 
También soy de la opinión de que la Unión Europea debe apoyar a Nelson Mandela, el gran personaje universal, esperado brevemente en Cardiff. 
Pero quiero saber- y por eso pregunto al Comisario Pinheiro, que no tendrá problemas para responder en portugués- qué está ocurriendo, qué es lo que impide un acuerdo que dé un trato equitativo a Sudáfrica, como, evidentemente, a los productores europeos. 
¿Se trata sólo de proteccionismo europeo infundado o hay razones importantes? 
¿Cuáles son los productos agrícolas y otros más problemáticos y qué otras posibilidades se pueden abordar, además de la pura y simple exclusión? 
Por otro lado, ¿cuál es la repercusión de un acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica en los países vecinos? 
¿Y de qué modo se podrán aplicar las reglas de Lomé a Sudáfrica, sin por ello perjudicar a los países ACP más necesitados de apoyo? 
Es decir, ¿cómo hacer para que, en pro del interés mutuo y respetando a los otros Estados de la región, Sudáfrica pueda ejercer realmente sin hegemonismos el papel de motor del desarrollo económico de África? 
Señora Presidenta, quisiera formular una o dos observaciones como conclusión. 
No voy a referirme a las observaciones hechas en mi intervención inicial ni a las formuladas por el Comisario Pinheiro. 
Una cosa que me gustaría decir es la de que estoy impresionado por el carácter prioritario que han atribuido todos los sectores de este Parlamento a esta cuestión y a la necesidad de concluir un acuerdo comercial. 
Es muy importante disponer de esa sólida base de apoyo. 
Me complace que se haya hecho extensivo el apoyo al importante sector de la agricultura, uno de los más difíciles de la negociación. 
Varios participantes en el debate han planteado la cuestión de qué tipo de flexibilidad se va a mostrar. 
¿Está la Comisión en condiciones de dar muestras de flexibilidad? 
El punto de partida es el de que es necesaria más flexibilidad por parte de todos para que las negociaciones avancen más rápidamente hacia una conclusión. 
En caso de que los sudafricanos den muestras de mayor flexibilidad- y espero que así sea -, a partir de los debates celebrados en una primera fase, este año, sobre este asunto en el Consejo la Comisión tiene más flexibilidad para responder a cualquier iniciativa que puedan adoptar nuestros colegas sudafricanos. 
Sobre la cuestión de la cumbre sudafricana y la visita del Presidente Mandela, creo que todos nosotros acogeríamos con el mayor beneplácito esa visita en el marco político más amplio. 
Mi amiga la Sra. Kinnock ha dicho que, si se pudiera lograr un acuerdo de aquí a entonces, sería la guinda sobre el pastel de Cardiff. 
Convengo en que sería la guinda en el pastel, pero la importancia de la visita del Presidente Mandela estriba en que puede hacer de acicate decisivo para que todos nosotros avancemos lo más rápidamente posible en todas las cuestiones, sin hacer concesiones en los casos en que no podemos hacerlas y sin pasar por alto las cuestiones que hay que abordar. 
Pero constituye un acicate para todos nosotros abordar dichas cuestiones de forma positiva y constructiva para que, aun cuando la guinda no pueda estar sobre el pastel en Cardiff, pueda estarlo quizás en el otoño. 
Señora Presidenta, creo que todos convenimos en que está cerca el momento de la verdad para ambas partes y en la Unión Europea se trata de la Comisión, del Consejo y del Parlamento. 
Permítaseme decir con claridad que la Presidencia británica ha sido extraordinariamente importante y de gran ayuda para sacar adelante este asunto de un modo que quisiera subrayar públicamente. 
Como hemos oído todos, el Parlamento ha presionado en pro de una mayor flexibilidad y generosidad y ha puesto en juego todo su peso político para ello. 
Ahora bien, quisiera referirme a dos o tres aspectos que podrían ser importantes. 
En primer lugar, el aplazamiento de esta ronda de negociaciones no se debió a la Comisión, sino a que los sudafricanos no estaban preparados. 
Querían otro aplazamiento, que nosotros rechazamos por una razón muy sencilla. 
Si celebramos nuestra reunión los días 10 y 11 de junio, sigue existiendo la posibilidad de que, tras un trabajo denodado, podamos informar al Coreper. 
Debemos hacer todo lo posible para dar a la Presidencia británica al menos un borrador amplio de lo que desearíamos que se aprobara en Cardiff. 
No podemos desaprovechar esta oportunidad. 
He consultado a mis colegas que más han participado en las negociaciones y están dispuestos a trabajar 24 horas al día, en caso necesario, para sacarlo adelante lo más posible y brindar una oportunidad a la Presidencia británica. 
No es fácil, pero sabemos que está dispuesta a aprovecharla. 
En segundo lugar, en relación con los países BLNS, hemos estado examinando, naturalmente, muy en serio esa cuestión y quisiera decir al Parlamento que, igual que hicimos en el caso de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, estamos dispuestos a idear un programa similar en el que durante un período transitorio se compense la pérdida de ingresos aduaneros. 
A medio y largo plazo hay una compensación automática, pero a corto plazo pueden surgir problemas y hemos dicho a los países que estamos dispuestos a ayudarlos durante ese período. 
Otro asunto al que me gustaría referirme es el de que hace unos años pudo haber sido cierto que las exportaciones de carne de bovino procedentes de la Unión Europea representaran una competencia desleal, pero no así en los dos últimos años. 
Lo que está ocurriendo ahora es que la carne de bovino de Argentina llega a un precio tan barato y entra de formas tan arteras, que ahora es el mayor problema en realidad. 
Hemos reducido las subvenciones a la exportación casi en un 80 % para que no sea así en lo relativo a Sudáfrica. 
En cuanto al vino, las importaciones procedentes de Sudáfrica han aumentado en un 150 % incluso con los aranceles actuales, por lo que, como han de comprender Sus Señorías, al haber exceso de producción de vino en Europa, existe cierta inquietud respecto de la liberalización del mercado. 
No se trata de un asunto de contabilidad. Estamos hablando de cuestiones serias y tenemos que ser coherentes en los diferentes aspectos de nuestras políticas. 
Por último, respecto de la asimetría, nada tiene que ver con la OMC. Podemos adoptar la asimetría que queramos. 
De modo que debemos asegurarnos de que lo que proponemos a la OMC sea compatible para que tengamos seguridad jurídica respecto de nuestro acuerdo. 
Mi observación final es la de que el compromiso político subscrito por la Unión Europea con Sudáfrica justifica el tipo de flexibilidad que ha propuesto la Comisión. 
Espero sinceramente que el Consejo apruebe lo que hemos propuesto y que constituye un importante paso adelante en lo relativo a la propuesta europea. 
Por desgracia, corresponde al Consejo decidir. 
Muchas gracias, señor Comisario Pinheiro. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0193/98) del Sr. Gasòliba i Böhm, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Recomendación de la Comisión (COM (98) 0279- C4-0291/98) relativa a las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad (elaboradas de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea). 
Señora Presidenta, Señorías, el debate sobre las orientaciones generales de política económica asegura la debida transparencia y participación sobre el marco en que la gestión y la dirección del euro y los primeros pasos y orientaciones de la Unión Monetaria deberán moverse. 
Las orientaciones generales de política económica son claves para ir definiendo la dimensión europea de la política económica y monetaria que la Unión Monetaria y el euro exigen. 
El informe que tengo el honor de defender ante sus Señorías expresa un amplio consenso de la Comisión de Asuntos Económicos, en la que fue aprobado prácticamente por unanimidad sin ningún voto en contra. 
Este consenso debería extenderse entre las instituciones europeas- Consejo, Comisión y Parlamento- porque la construcción de la Unión Monetaria y el euro precisa de un muy amplio y sólido acuerdo, precisamente para asegurar la debida solidez y fortaleza de la moneda europea y un crecimiento sostenible a nivel de la economía de la Unión, que lleve a mayores niveles de ocupación para que, en consecuencia, podamos resolver el problema más grave que tenemos, el del paro. 
El informe destaca y respeta el objetivo principal de mantener la estabilidad de precios, pero da importantes indicaciones sobre aspectos claves para orientar la economía europea y asegurar un crecimiento sostenido con altos niveles de ocupación. 
Por ello, se pone de relieve la importancia de la inversión, que se verá favorecida por una economía con baja tasa de inflación y bajos tipos de interés que, como es sabido, favorecen la inversión y también el ahorro. 
Se recomienda asimismo que las condiciones establecidas en el pacto de crecimiento y estabilidad se sigan con el rigor que merecen y según el acuerdo que se realizó al establecer este pacto, lo que significa unas finanzas públicas saneadas y la continuación de los procesos de convergencia y coordinación económica entre los Estados de la Unión. 
No se contempla un incremento de la presión fiscal porque entendemos que ello podría distorsionar la inversión, pero se tiene en cuenta el factor inversión como un factor importante para el crecimiento en la Unión Europea. 
En este crecimiento juega un factor importantísimo el factor salarial, que se considera clave para asegurar un mejor nivel de ocupación. 
Por ello, se propone disminuir los costes extrasalariales que penalizan la creación de puestos de trabajo. 
Las prestaciones sociales deben mantenerse pero hay que contemplar su financiación, basada en el propio crecimiento económico y en acuerdos adecuados entre los operadores económicos y sociales, para que estos acuerdos ofrezcan resultados positivos gracias a un diálogo social fructífero. 
El informe destaca asimismo la necesidad de incrementar los niveles de competitividad de la economía europea en una situación abierta y globalizada, como la presente. 
Para ello, para obtener estos niveles de mayor competitividad se citan algunos aspectos importantes: el desarrollo de infraestructuras favorables a un mejor sistema productivo, la educación y formación profesional y la investigación y desarrollo son elementos claves para asegurar el éxito en el inmediato futuro de la economía europea. 
También es importante una más amplia competencia. 
Desearía destacar finalmente que aún hay obstáculos en el mercado interior europeo que deben eliminarse, que existen rigideces y que hay distorsiones importantes en sectores base, como la energía y las telecomunicaciones y que, por lo tanto, debe conseguirse una mayor flexibilidad y apertura. 
Desearía destacar que es importante que, desde este momento inicial, se tengan en cuenta las propuestas de la Comisión y las que realiza este Parlamento con este informe, por lo que creo importante avanzar que mañana, a través de una propuesta de enmienda oral, insistiremos en que el Ecofin, cuando adopte las orientaciones generales de política económica, tenga muy en cuenta las propuestas de la Comisión Europea y de este Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, Señorías, ahora tenemos la Unión Monetaria y el euro, algo que no contemplamos como el final de un proceso sino como el inicio de una nueva etapa en la que deben participar y coordinarse todas las instancias de la Unión y que nos debe llevar, evidentemente, a alcanzar una nueva dimensión política y monetaria para la Unión Europea. 
Señora Presidenta, queridos colegas, las recomendaciones de la Comisión nos parecen equilibradas y moderadas. 
Intentan hacer compatibles los requisitos de equilibrio presupuestario y estabilidad monetaria con los objetivos de crecimiento sostenible y con la creación de empleo. 
Contienen exhortaciones muy concretas a determinados países y determinados agentes de la vida económica. 
Todo eso está muy bien, pero lo que nos preocupa, y creo que preocupa al Parlamento en su conjunto, es el destino que se le reservará a estas recomendaciones. 
Varios comentaristas y buenos observadores de la vida política ya han señalado que todo el sistema adolece de un gobierno económico o de los mecanismos de coordinación económica que garanticen realmente que los Estados miembros adoptarán dichas recomendaciones. 
En este sentido, tenemos motivo para sentir muchas inquietudes. 
No sería la primera vez que las grandes declaraciones de los políticos al más alto nivel, en la cumbre, ya sea de Amsterdam o de Luxemburgo, se ven privados progresiva e insidiosamente de contenido mediante una concertación, una alianza contra natura, si me permiten, entre las administraciones nacionales para mantener su poder. 
Y habida cuenta de que las recomendaciones de la Comisión deben pasar por este colegio, que es el Comité Monetario, podemos estar seguros de que todo lo que contienen de pertinente, a veces también con algunas asperezas, será limado por sátrapas que quieren mantener su poder y que, entre ellos, se arrogan el derecho de no vejar a nadie. 
En tal caso, evitarán que la Comisión pueda obligar a cumplir las recomendaciones que serían mal percibidas o mal recibidas en algún que otro Estado miembro. 
Es una conjura que conozco bien desde hace mucho tiempo y que, lamentablemente, amenaza con no desaparecer, a pesar de que hayamos dado un paso adelante. 
El artículo 103 fue creado hace mucho tiempo y cabe esperar que este artículo, que actualmente debe ser interpretado de una manera completamente nueva, puesto que tenemos el Banco Central y ya tenemos una política monetaria única, contribuya a la coordinación de las políticas económicas. 
Creo que el dispositivo que está sobre el papel podría ser bueno si las recomendaciones de la Comisión fueran propuestas de la Comisión. 
Todos sabemos que cuando una propuesta de la Comisión es desnaturalizada por el Consejo, la Comisión puede retirarla. 
En este caso se trata de una recomendación y no se puede retirar. 
El resultado de todo esto es que no sabemos qué hará el Consejo Ecofin ni en base a qué documento trabajará. 
Pero cabe temer que este documento no contenga ninguna de las recomendaciones más pertinentes. 
Presidenta, tanto las orientaciones económicas globales como el trabajo del ponente vuelven a demostrar que los Estados miembros y la Unión Europea habrán de tomar juntos una serie de medidas después de la puesta en marcha de la UME. 
Me gustaría sumarme a las palabras del Sr. Herman que manifestó que sabemos perfectamente lo que hay que hacer, pero que nos faltan los medios para llevar a cabo una coordinación real. 
Justamente ahora que la UME se pone en marcha, es extraordinariamente importante que los Estados miembros adopten las medidas que hacen falta, sobre todo para regular el mercado laboral para que se reduzca el paro en Europa. 
A este respecto, quiero señalar una serie de tendencias en el mundo asiático donde rigen otros patrones que en Europa. 
No podemos estar mirando con los brazos cruzados. Hemos de ser particularmente activos para llevar a cabo las medidas propuestas. 
Sin embargo, llevamos ya años proponiendo estas medidas y en mi opinión las cosas no marchan lo suficientemente rápido, y por ello quiero pedir a la Comisión Europea que solicite al Consejo que ponga en marcha muy rápidamente las medidas propuestas. 
Señora Presidenta, la Comisión Europea, a través de su recomendación, confirma y pone en evidencia la dura, a nuestro modo de ver, lógica monetaria que rige la política global de la Unión y que se plasma íntegramente en el pacto de estabilidad cuya aplicación estricta se está acelerando ya. 
El nuevo aspecto con el que se presentan las orientaciones generales confirma por primera vez la división institucional de la Unión Europea en una unión de Estados miembros de dos velocidades. 
Esta división por parte de la Comisión Europea resulta completamente inaceptable. 
La Comisión, a través de sus recomendaciones, insiste en una política financiera aún más severa, en la continuación y en el endurecimiento de la política de austeridad, en el fomento de las privatizaciones, en la desregulación de las relaciones laborales, en la reforma del sistema de la seguridad social y en la reducción de su financiación pública. 
Pero es precisamente esa política la culpable de la inaceptable situación social y de desempleo en la Unión. 
El informe de la Comisión de Asuntos Económicos va en la misma dirección. 
No sólo acepta alegremente las verificaciones, las conclusiones y las orientaciones de la Comisión Europea sino que en muchos casos es más papista que el Papa y exige aún medidas más duras a costa de las rentas del trabajo y en favor de los beneficios del capital. 
Exige someter los aumentos nominales y globales de las remuneraciones a la estabilidad monetaria y al carácter lucrativo de las inversiones, pide la flexibilidad de las remuneraciones según la productividad, las regiones y los sectores, incita a la supresión de las subvenciones estatales, sugiere la aceleración de las privatizaciones y también la entrada del capital privado en las inversiones públicas y la intervención en las entidades de pensiones, ignorando las consecuencias que eso puede tener para la protección social dentro de la Unión. 
Señora Presidenta, nosotros vamos a votar en contra de ese informe en el que, por desgracia, no se ha señalado el voto negativo que hemos dado también en la comisión. 
No vamos a admitir ni apoyar una política que sacrifica los derechos de las amplias capas populares en beneficio de un puñado de banqueros y de monopolios. 
Apoyamos la lucha de los trabajadores, que es cada vez mayor, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. 
Señora Presidenta, este informe se ha tenido que elaborar de una manera muy rápida, lo cual explica quizás su carácter, en cierta medida, general. 
Todo el Parlamento se mostrará seguramente de acuerdo en que la coordinación de la política económica es ahora, en el momento de la creación de la zona del euro, más importante que nunca. 
Partiendo de esta base, es más que probable que podamos seguir manteniendo en el futuro una buena cooperación con la Comisión. 
En estas amplias orientaciones económicas, la Comisión adopta ahora, por primera vez, medidas de cara a objetivos concretos en materia de empleo, circunstancia ésta de la que nuestro grupo se muestra muy satisfecho. 
Queremos hacer hincapié en que el empleo debe seguir siendo el punto de referencia en la coordinación de la política económica. 
Está claro que los costes del desempleo constituyen una carga enorme para las economías nacionales, por lo que resulta absolutamente imprescindible orientar los recursos económicos hacia el crecimiento y las actividades duraderas. 
Naturalmente, nuestro grupo quiere dejar de manifiesto que el crecimiento por el que abogamos aquí debe ser decididamente más sostenible desde el punto de vista del medio ambiente. 
Resulta verdaderamente sorprendente comprobar lo difícil que ha sido progresar en esta dirección, a pesar de haber tenido las recetas fácilmente a nuestro alcance. 
Deberíamos ser capaces de penalizar la contaminación medioambiental gravándola más, lo cual nos permitiría reducir consiguientemente la imposición fiscal sobre el trabajo. 
Esperemos que, ahora que adoptamos el euro, las exigencias recogidas en el Tratado de Amsterdam hagan más posible y realista esta reforma fiscal ecológica,. 
Así pues, estamos viviendo unos momentos decisivos en los que el Banco Central Europeo se hará sencillamente con todo el poder que se le ofrezca en materia de política económica. 
Mi grupo quiere hacer hincapié en la extrema importancia que reviste la creación de una verdadera política económica común que actúe de contrapeso, a fin de evitar que el Banco Central Europeo adquiera una posición de excesivo predominio. 
Señora Presidenta, desde la decisión del pasado 2 de mayo, es la primera vez que este Parlamento está llamado a expresarse sobre asuntos de política económica, no a raíz de una decisión, sino de una recomendación de la Comisión a los Estados miembros con respecto a sus políticas. 
Sabemos perfectamente que estas políticas se han convertido en muy delicadas y difíciles de gestionar, precisamente debido al hecho de que se ha tomado la decisión de emprender la tercera fase del Tratado y, en consecuencia, de la Unión Económica y Monetaria. 
Ahora bien, los Estados sólo disponen de estímulos de carácter fiscal, mientras que no los tienen en materia presupuestaria. 
Todo ello puede plantear problemas dentro de cada uno de los Estados, de cara a los distintos ámbitos territoriales, precisamente para garantizar la competitividad de todas las zonas. 
El economista y banquero francés Antoine Michel dice que, habida cuenta de que ahora la competencia no se desarrollará tanto entre empresas, sino entre sistemas territoriales, son necesarias tres condiciones fundamentales para que una zona sea competitiva: un sistema territorial debe disponer de una administración eficaz, una fiscalidad equitativa y posiblemente liviana y unas infraestructuras que sirvan para ser competitivos. 
Considero que cada Estado miembro debe lograr que no se produzcan transferencias forzosas de recursos de una zona a otra, porque esto supone un derroche. 
Me refiero en particular al Estado italiano, en que ya se han predispuesto masivos programas de transferencia de recursos de zonas productivas a zonas que, hoy por hoy, reciben ayudas. 
Ello creará graves dificultades y, a mi entender, ésta no es una política de reequilibrio, sino más bien una política de desequilibrio. 
Sería oportuno, en consecuencia, que fuera precisamente el Parlamento Europeo quien dijera a los Estados miembros que es preciso ante todo que los recursos permanezcan y se inviertan allí donde se generan, puesto que toda Europa en su conjunto crecerá gracias a estas políticas virtuosas, mientras que sufrirá graves consecuencias si así no fuera. 
Señora Presidenta, permítaseme comenzar agradeciendo al ponente, Sr. Gasòliba i Böhm, su informe sobre las directrices económicas generales. 
Yo también, como el ponente, acojo con beneplácito la insistencia de la Comisión en la consecución de un nivel y una tasa de crecimiento y empleo. 
De dichas directrices se desprende claramente que necesitamos una combinación de políticas que propicie el crecimiento económico. 
Sin embargo, lo que también está claro es que, con una inflación media del 1, 6 % en los países de la zona de la moneda única europea, tal vez una política monetaria ligeramente más relajada, combinada con un aumento de la demanda interna, aumente la tan necesaria creación de puestos de trabajo en toda la Unión Europea. 
La Presidencia británica ha promovido la idea de un mercado laboral flexible, que, junto con un aumento de la demanda interna de productos, servicios y capitales, además del crecimiento debido a las exportaciones, será- creo yo- un catalizador para esos esenciales puestos de trabajo que necesitamos aquí, en la Unión Europea. 
Ya se ha hecho referencia al nacimiento del euro y creo, junto con muchos otros diputados de este sector de la Asamblea, que el euro contribuirá a mejorar el funcionamiento del Mercado Único y al aumento de los puestos de trabajo en general en todo el Mercado Único a medio y largo plazo. 
Muchos oponentes del euro han afirmado en el pasado que la consecuencia del cumplimiento por parte de los Estados miembros de los criterios de convergencia ha sido la pérdida de puestos de trabajo. 
Quisiera indicar que a más largo plazo la creación de puestos de trabajo estará a la orden del día a consecuencia de esos avances. 
El futuro y la seguridad de Europa dependerán también de la capacidad para lograr que el mayor número posible de los veinte millones de desempleados de Europa vuelvan al trabajo. 
Las depresiones de la primera parte de este siglo y en particular las del decenio de 1930 provocaron un desempleo en masa y dos guerras mundiales. 
Se están creando puestos de trabajo, pero no a un ritmo suficientemente rápido, porque se pierden otros puestos de trabajo casi al mismo ritmo. 
Las cifras del desempleo de hoy son casi tan altas como las que había cuando se celebró la Cumbre de Essen, poco después de mi elección como diputado a este Parlamento en 1994. 
Creo que ahora existen las condiciones adecuadas para la creación de puestos de trabajo y, como decimos en mi país, la ocasión la pintan calva. 
Ahora, con baja inflación, podemos hacerlo. 
Así, pues, propongo a los Estados miembros de la Unión Europea que sigan esa vía. 
Señora Presidenta, Señorías, la introducción de la moneda única europea en once Estados miembros de la Unión Europea ya está decidida. 
A partir de ese momento, será competencia del Banco Central Europeo establecer una política monetaria única europea. 
Como resultado, cada vez será más importante una mayor coordinación de las políticas económicas nacionales. Esto es necesario, por un lado, para garantizar la estabilidad de la moneda europea a largo plazo y, por el otro lado, para crear el marco de condiciones adecuado para promover el crecimiento y el empleo. 
Las decisiones del Consejo Europeo sobre las orientaciones generales para la política económica son un instrumento particularmente importante para ello. 
El Parlamento Europeo participa intensamente en las mismas a través del procedimiento de cooperación, tal como prevé el Tratado. 
En este contexto, yo deseo felicitar al colega Gasòliba i Böhm en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial por su excelente informe. 
La Comisión establece en su Recomendación unas orientaciones específicas para los Estados miembros individuales, con vistas al mantenimiento de una hacienda pública saneada. 
Yo acojo con satisfacción estas recomendaciones concretas orientadas en función de la situación específica de cada país. Éstas son más útiles, a mi parecer, que unas propuestas formuladas en términos generales y dirigidas a todos los países sin tener en cuenta las respectivas situaciones. 
Yo espero- y esto corresponde sencillamente a la aplicación del Tratado- que el Consejo tome una decisión basada en las propuestas de la Comisión, ya que, por un lado, éstas son muy razonables y, por el otro lado, éste es, además, el procedimiento que prevé el Tratado. 
El Pacto de estabilidad y crecimiento es un instrumento importante y también innovador para la mayor coordinación de las políticas presupuestarias nacionales que ahora se requiere. 
Unos presupuestos equilibrados o excedentarios han de ser el objetivo en los buenos tiempos, con objeto de que sea posible desarrollar una política coyuntural de apoyo en las fases económicamente difíciles. 
En mi calidad de demócrata cristiano, yo la describiría como una política económica basada en los preceptos de la Biblia, donde siempre se repite que en los años buenos se debe hacer acopio para los años malos. 
Jamás destacaremos suficientemente, a mi parecer, la importancia de una política estabilizadora para el crecimiento y el empleo. 
Los actuales niveles históricamente bajos de los tipos de interés a largo plazo son el resultado de la política de estabilidad consecuente que se ha aplicado en los últimos años. 
Unos intereses bajos son indicativos de la confianza en la estabilidad del desarrollo económico. La política de estabilidad crea de este modo el entorno que hará posible el crecimiento y la consiguiente creación de empleo. 
En el ámbito de la política fiscal se observan los primeros pasos hacia una mayor coordinación. 
El código de conducta sobre la tributación de las empresas aprobado recientemente por el Consejo apunta en esa dirección. 
También empieza a perfilarse entre tanto una solución por lo que respecta a la tributación de los intereses. 
Todavía queda pendiente el paso del principio del país de destino al del país de origen en el devengo del impuesto sobre el valor añadido. 
Sin embargo, el objetivo de la mayor coordinación de las políticas fiscales nacionales no es la plena armonización. 
El mercado interior vive de la competencia. Ésta también incluye la competencia basada en cuál es el Estado que ofrece los servicios que de éste se esperan en las condiciones más favorables para sus ciudadanos y sus empresas. 
Esta modalidad de la competencia entre los diferentes sistemas seguirá siendo, por consiguiente, un componente esencial de la política fiscal europea también en el futuro. 
Asimismo, también será necesaria una mayor coordinación en lo que se refiere a las políticas de competencia de la Comunidad y de sus Estados miembros, la política estructural de la Comunidad y la creación de una infraestructura europea. 
Como también son necesarias nuevas actuaciones en el contexto del marco de condiciones ecológicas y sociales de la economía de mercado europea, toda vez que nuestro objetivo es definir una política económica europea basada en los principios de una economía ecológica y social de mercado. 
El informe del colega Gasòliba i Böhm constituye una importante aportación en este sentido. 
Señora Presidenta, aquí, ahora y en los días siguientes, se tomarán decisiones en todos los asuntos que orientarán y guiarán al Banco Central Europeo en el futuro y que, si estoy bien informado, ya el lunes inicia sus actividades. 
Está bien, pero ¿dónde están mi país y el gobierno de mi propio país, en todas estas materias? 
Como sueco, liberal y europeísta, perteneciente a un partido que claramente se ha decidido a favor de la cooperación europea, siento tristeza- sí, es como desolación- que el gobierno de mi país se haya puesto al margen de las posibilidades de influir en estas materias tan importantes para el empleo y para el bienestar en el futuro de Europa. 
Señora Presidenta, en las orientaciones generales para la política económica que ha presentado la Comisión resulta visible, efectivamente, la misma mano que ya inscribió las resoluciones de Amsterdam y de la Cumbre del empleo de Luxemburgo en el álbum de la política de empleo y la política económica europeas, lo cual nos permite albergar la esperanza de que finalmente llegue a ver la luz una combinación de políticas adecuada y equilibrada para la economía de la Unión Europea. En consecuencia, los Ministros de Finanzas de la UE deberán poner en marcha estrategias comunitarias en favor de las inversiones y del empleo y proceder por fin a una coordinación de la política económica que sea merecedora de este nombre, tal como se establece en el Tratado de Maastricht. 
La Unión Europea debe poner la política económica al servicio del empleo. 
Alrededor de un tercio del desempleo masivo actual tiene su origen en una falta de coordinación económica general. 
Es preciso que el Tratado de Maastricht se aplique por fin también en el ámbito de la política económica y de la política de empleo. 
Además, también necesitamos un crecimiento basado en la inversión y que contribuya de manera eficaz a la creación de empleo. 
No necesitamos sólo un despegue coyuntural, que haga uso de las capacidades no utilizadas, sino sobre todo también un proceso de crecimiento a medio plazo que cree nuevas capacidades productivas y nuevos puestos de trabajo. 
Para ello resulta decisivo el incremento de la tasa de inversión, que sigue siendo escandalosamente baja. 
Las condiciones son más favorables que nunca para un proceso de crecimiento basado en la inversión como el que acabo de describir y así lo señala acertadamente la Comisión. 
Ahora es necesario que se realicen también inversiones públicas y que se revistan con nuevos ropajes los programas infraestructurales de modernización e innovación basados en el Libro blanco de Delors. 
Un pacto europeo de inversiones debe canalizar los recursos públicos hacia usos productivos, por medio de una alianza inversora entre los Estados y la economía privada. 
En este contexto, debe tomarse en consideración el efecto catalizador que esto puede tener precisamente para las clases medias. 
La Unión Monetaria no es suficiente para adentrarnos en el siglo XXI. 
En interés de las personas, necesitamos contar por fin, ya lo he dicho antes, con una política económica y financiera europea y una mayor coordinación. 
Pedimos a la Comisión que, como contribución a la orientación de la política europea, encargue a los Institutos de investigación económica europeos un dictamen anual sobre la situación de la economía y del empleo en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, es una situación un tanto curiosa que, aunque oficialmente soy el ponente de la Comisión de Empleo, me toque hablar en penúltimo lugar, pero bueno, es una formalidad en la que no entraré más en detalle. 
Habiendo visto el informe final del Sr. Gasòliba y la propuesta de la Comisión seré franco y diré que en mi opinión se ve un claro progreso en comparación con los anteriores informes. 
Se trata definitivamente de una atención más equilibrada hacia la política macroeconómica, por una parte, y la política estructural, por otra. 
Eso no significa que esté completamente contento. 
Así se subestiman sistemáticamente, a mi juicio, en el análisis de la estabilidad, el empleo o el paro como un factor de ésta o como un factor distorsionador de la misma. En cambio, se sobreestima sistemáticamente la flexibilidad cuando su utilidad y necesidad son bastante controvertidas. 
Las orientaciones me parecían y me parecen muy pobres en lo que respecta a ofrecer una estrategia concreta para estimular la demanda, para la cual se reclama bastante atención en el informe mismo. 
Lo único de lo que realmente se habla mucho, es de la lenta evolución de los salarios y tengo la impresión de que entonces se trata sobre todo de los sueldos en los convenios colectivos. 
Si me fijo en la experiencia de mi país, los Países Bajos, el modelo del pólder, entonces puedo señalar que allí hay una evolución salarial extraordinariamente lenta por lo que respecta a los sueldos de los convenios colectivos, pero que hay una evolución escandalosa de los sueldos que están fuera del ámbito de los convenios colectivos, de suerte que los sueldos altos en las empresas donde no los subían más de un 2, 5 %, han aumentado más de un 30 %. 
Apreciaría que en los informes de la Comisión se prestara también atención a este tema, porque es ridículo que se insista todo el tiempo en unas bajas evoluciones salariales en los convenios colectivos y que no se hable del enriquecimiento demencial de los cargos altos. 
Creo que es importante que se pidan algunos puntos de acción y, en mi opinión, lo más importante es que por fin se cree entre el Consejo y la Comisión, en la preparación y la toma de decisiones, una correlación eficaz respecto de la creación de empleo y las orientaciones macroeconómicas. 
Existe todavía una excesiva demasiado de una fragmentación en la que tanto a nivel de funcionarios como a nivel de Consejo se está hablando completamente por separado. 
Alguna vez propuse que la toma de decisiones se hiciera en un Consejo de Economía, ECOFIN y Asuntos Sociales, y quisiera repetir esa petición, esa recomendación, aquí. Si no, no se llegará a una seria aproximación integrada y equilibrada. 
Como punto final, me sorprende que cada vez se haga un alegato en favor de una diferenciación más regional en el ámbito salarial. 
Me sumo al alegato en favor de una evolución salarial que tome en cuenta, que se base en la productividad, pero me opongo a que se pida una diferenciación regional para toda Europa basándose en las evoluciones de Alemania. 
Si alguien piensa que esto se puede hacer meticulosamente y sin perjuicios, le recomiendo que eche un vistazo a las evoluciones que han tenido lugar en el Reino Unido. 
Señora Presidenta, queridos colegas, señor Comisario, la única cuestión que cuenta actualmente para los europeos es saber si las orientaciones generales de la política económica presentadas por la Comisión acometerán con eficacia y de manera masiva el problema del paro. 
A esta pregunta, mi respuesta es, claramente, que si no se adoptan todas las disposiciones necesarias, no saldrán las cuentas. 
Me alegra que el informe del Sr. Gasòliba y los debates en comisión hayan llevado a nuestro Parlamento a insistir en la necesidad de una reactivación de la demanda interna e insistir también en el carácter urgente de la reactivación a través de la inversión. 
Pero lamento que la cuestión de la reducción de la jornada laboral siga siendo mal planteada por la Comisión. 
Y sólo puedo ver como una provocación el texto de la Comisión relativo a la puesta en práctica de la reducción de la jornada laboral generalizada que indica: " por considerar que el tema plantea graves problemas, la Comisión prefiere una solución más diferenciada y negociada». 
Considero que es demasiado o demasiado poco. 
Es demasiado, porque, evidentemente, la opinión pública francesa la ha considerado como un cuestionamiento del Gobierno francés. 
Y eso no es competencia de la Comisión. 
Es demasiado poco, porque si debe hacerse una lista de todo lo que actualmente plantea problemas para el empleo y para el futuro económico de Europa, faltan muchas cosas. 
Me hubiera gustado que la Comisión se opusiera con la misma virulencia, por ejemplo, a la creciente flexibilidad, a la reducción de los salarios, al hecho de que el tiempo parcial no permite a un número cada vez mayor de trabajadores vivir con dignidad, o sea, que frena la demanda interior y la reactivación del consumo, es decir, el crecimiento. 
O bien la Comisión confecciona una lista de todo lo que puede amenazar al crecimiento y al futuro de Europa, o que se abstenga de hacer comentarios sobre una disposición nacional, y lamento que la Comisión retome las tesis de la patronal europea en la materia. 
En cualquier caso, me complace que el Sr. Gasòliba y la Comisión hayan restablecido las propuestas del Libro Blanco del Sr. Delors, que me parecían ser mucho más idóneas que las actuales propuestas de la Comisión para solucionar la cuestión del paro. 
Señora Presidenta, señoras y señores, este año, la preparación de las orientaciones generales de política económica (OGPE) reviste una importancia muy especial. 
Esta Asamblea lo ha comprendido perfectamente. Prueba de ello es la profesionalidad con que han contribuido sus Señorías a su elaboración. 
Hay que destacar la calidad y la coherencia del informe que nos ha presentado el Sr. Gasòliba y le felicito por ello. 
En nombre de la Comisión, me congratulo asimismo del apoyo que el Parlamento Europeo presta a su recomendación sobre las orientaciones generales de política económica para 1998. 
Dicho apoyo es importante por dos razones. En primer lugar, porque destaca el carácter operativo de estas orientaciones generales, las primeras en su género desde la decisión de la entrada en la Unión Económica y Monetaria. 
En segundo lugar, porque confirma el consenso sobre el contenido de la política económica europea. 
El carácter operativo de la coordinación de las políticas económicas depende, a la vez, del marco de esta cooperación y del modo en que se aplique. 
En lo que respecta al marco de esta coordinación, con la implantación de la Unión Económica y Monetaria, las orientaciones generales tienen vocación de convertirse en un auténtico programa europeo de política económica. 
Además, las OGPE para 1998 se inscriben en el marco de una auténtica vigilancia multilateral, en la que la coordinación reforzada de las políticas económicas, que siguen siendo competencia nacional, adquieren toda su relevancia. 
Por este motivo, los Consejos Europeos de Amsterdam, en junio de 1997, y de Luxemburgo, en diciembre de 1997, solicitaron a la Comisión que, en virtud del apartado 4 del artículo 103, formulara recomendaciones para el caso en que un Estado miembro pudiera, en un momento dado, comprometer el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. 
Esos mismos Consejos Europeos manifestaron el deseo de que las OGPE tengan en cuenta los programas plurianuales en materia de empleo, así como las líneas directrices en favor del empleo. 
La Comisión velará por la coherencia de estos ejercicios y asumirá plenamente sus responsabilidades en la materia. 
¿Cómo puede ponerse en práctica este marco? 
Y ¿cómo puede vigilarse esta coordinación? 
Precisamente, las nuevas orientaciones generales incluyen este año recomendaciones específicas por países, a la vez, en materia de finanzas públicas y en el ámbito estructural. 
Asimismo, las recomendaciones presentadas por la Comisión para la zona euro, corresponden a la llegada del euro y constituyen una novedad. 
Estas distintas recomendaciones, realizadas a raíz de la resolución del Consejo Europeo de Luxemburgo, son fundamentales. 
Modificarlas para una formulación menos precisa y, por consiguiente, menos vinculante, no respondería a las necesidades de coordinación y de seguimiento de la política económica de Europa. 
Pero hacer más operativas las OGPE en materia de vigilancia y de coordinación pasa también por una definición más precisa del papel del conjunto de los agentes de la política económica de Europa, ya se trate del Banco Central Europeo para la política monetaria y su contribución a los objetivos de la Comunidad, de las instituciones comunitarias para el equilibrio de conjunto de la política económica, de los gobiernos nacionales para la política comunitaria o del conjunto de los interlocutores sociales para la fijación de los salarios. 
En este sentido, señor van Velzen Wim, no creo que el ejemplo de los Países Bajos, al que usted ha hecho referencia, pueda hacerse extensivo a toda Europa. 
En cuanto a la diferenciación regional, en general, todo el mundo la considera necesaria. 
El caso de Italia, en particular del sur de Italia, así lo demuestra, hay que tener en cuenta la productividad. 
El Parlamento tiene conocimiento de la propuesta de la Comisión sobre las orientaciones generales. 
Responde a este afán de coherencia y de integridad, sin dejar de respetar el principio de subsidiaridad que se atribuye a la puesta en práctica de las políticas económicas de Europa. 
Además, hago mías las palabras que han pronunciado varias de sus Señorías- ya sea el Sr. Von Wogau, el Sr. Herman, la Sra. Boogerd-Quaak o la Sra. Randzio-Plath -, la Comisión quiere evitar que, en la adopción de estas nuevas OGPE, las susceptibilidades nacionales prevalezcan sobre el interés comunitario o sobre el de la Unión Económica y Monetaria. 
En este mismo sentido, les recuerdo que el Tratado- en su apartado 2 del artículo 103- prevé que las decisiones sobre las grandes orientaciones de política económica se tomarán por mayoría cualificada. 
La recomendación de la Comisión puede, por tanto, ser adoptada por el Consejo por mayoría cualificada. 
No es necesario buscar la unanimidad a cualquier precio. 
Para que tenga sentido, la coordinación de las políticas económicas debe ser el instrumento operativo de una auténtica vigilancia multilateral, animada y gestionada por la Comisión en estrecha relación con esta Asamblea. 
Ésa es, en todo caso, la voluntad de los Jefes de Estado y de Gobierno, según se refleja en las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo. 
Esto en cuanto a la filosofía de las orientaciones generales que está encaminada a conferir un carácter operativo. 
Paso a continuación, brevemente, al contenido de estas orientaciones generales, que ya tuve ocasión de presentar detenidamente al Parlamento. 
Por lo que me limitaré a lo esencial, tanto en lo que respecta al aspecto macroeconómico, como el estructural. 
Les recuerdo que sobre el aspecto macroeconómico, las orientaciones generales para 1998 se fijan dos objetivos de alto nivel: el empleo y el éxito de la Unión Económica y Monetaria. 
Es por lo que la Comisión se felicita de la aprobación sin reserva del ponente de la estrategia que preconiza la Comisión, y me refiero, en particular, al punto 6 de la propuesta de resolución del Parlamento. 
La Comisión suscribe asimismo, como demuestra su recomendación, la necesidad de alcanzar niveles adecuados de inversiones privadas y públicas, como ha dicho la Sra. Randzio-Plath. 
Su Asamblea, señor Hendrick, se preocupa también del nivel de la demanda interior. 
Pues bien, puedo asegurarle que las OGPE toman en consideración esta dimensión de la política económica, a pesar de que la demanda no debe ser estimulada artificialmente. 
El objetivo es que la inversión y el consumo tomen progresivamente el relevo de las exportaciones para lograr un crecimiento que se sustente a sí mismo. 
Por otra parte, las últimas previsiones de la Comisión confirman que esta dinámica ya está en marcha. 
Por último, en lo relativo a las políticas estructurales, el ponente aprueba las recomendaciones de la Comisión, ya se trate de los mercados de productos, los servicios o los capitales o de los mercados de trabajo. 
A tenor de las indicaciones del Consejo Europeo de Luxemburgo, la recomendación de la Comisión hace grandes orientaciones, cito: " un instrumento eficaz al servicio de una convergencia sostenida entre los Estados miembros». 
Así, las OGPE están más orientadas que en el pasado hacia medidas encaminadas a mejorar el potencial de crecimiento de los Estados miembros con vistas a incrementar el empleo en los mismos. 
Es por lo que la Comisión se ha propuesto preconizar las recomendaciones para mejorar la competitividad, la eficacia de los mercados de trabajo, de los bienes y servicios, la educación la información, así como hacer los regímenes fiscales y de protección social más favorables para el empleo. 
En lo que respecta a la jornada laboral, la presentación que usted ha hecho, señora Lienemann, creo que no es la de la Comisión, y puedo asegurarle que el contenido del informe y de las recomendaciones de la Comisión retoma, sin añadir ni quitar nada, aquél del Libro Blanco de 1993, presentado por Jacques Delors. 
Para terminar, quisiera destacar que las nuevas orientaciones generales de política económica definen los modos de seguimiento y vigilancia de la coordinación de las políticas económicas. 
Este enfoque, que ha sido mantenido y apoyado por el ponente y la propuesta de resolución del Parlamento, es global y coherente. 
El ejercicio de esta coordinación, y mido mis palabras, tal y como concluyeron los Jefes de Estado y de Gobierno, no debe quedar desnaturalizado mañana. 
El cumplimiento de las OGPE, indispensable para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, indispensable para la aplicación de una estrategia coordinada en favor del empleo, dependerá de la voluntad política de las instituciones comunitarias y de los gobiernos nacionales. 
La Comisión, por su parte, se mantendrá alerta en su ejercicio de vigilancia, sobre el que mantendrá debidamente informado al Parlamento. 
Muchas gracias, señor Comisario de Silguy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.22 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Consulta de las autoridades nacionales al BCE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0195/98) del Sr. Herman, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la consulta de las autoridades nacionales al Banco Central Europeo sobre los proyectos de disposiciones legales (COM (97) 0725- C4-0147/98-98/0056 (CNS) ). 
El ponente no se encuentra todavía entre nosotros. En todo caso, cuando nos honre con su presencia, le daremos la palabra. 
Pero sí que está entre nosotros el Sr. Giansily, del Grupo Unión por Europa, al que doy la palabra por el tiempo de tres minutos. 
Señor Presidente, es cierto que hubiera sido preferible, me parece, escuchar mi intervención después de que el Sr. Herman hubiera defendido su posición, pero con mucho gusto le diré lo que deseo evocar con respecto a su informe. 
En primer lugar, señor Presidente, el apartado 4 del artículo 105 del Tratado, recogido en el artículo 4 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales, estipula que las autoridades nacionales consultarán al Banco Central Europeo sobre todos los proyectos de disposiciones en aquellos ámbitos que sean de su competencia, pero dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones fijadas por el Consejo, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 6 del artículo 106. 
La propuesta de decisión que nos ha sido presentada tiene por objeto precisar las condiciones, las obligaciones y los límites impuestos a las autoridades nacionales que tengan intención de adoptar disposiciones pertinentes en los ámbitos de competencia del Banco Central Europeo, habida cuenta de que el objetivo es garantizar el funcionamiento en la práctica del SEBC y del Banco Central Europeo. 
Debido a la diversidad existente entre los Estados miembros a nivel de su organización, la propuesta de decisión les da libertad en lo que respecta a los aspectos que acabamos de abordar, a condición, naturalmente, de que se respeten el principio y la norma establecidos en la decisión. 
Recordemos que el Banco Central Europeo es el órgano central y que todas las autoridades deben dirigirse a él previamente cada vez que quieran adoptar modificaciones de las disposiciones en vigor en aquellos sectores que sean competencia del BCE. 
Toda esta evolución, señor Presidente, tiene nuestro asentimiento. 
Pero, no compartimos los temores ni las exigencias que el ponente presenta en las enmiendas. 
Al leer las propuestas del Sr. Herman, que acojo con satisfacción, se comprende perfectamente que le anima el deseo de acelerar el proceso de una Europa federal, dotando al Consejo, especialmente a través de su enmienda 4, de medios de represalia para imponer a los Estados normativas especiales que el banco nacional no desearía. 
Creo, sin embargo, que eso no se corresponde con el espíritu del Tratado. 
Todos los debates de estos últimos meses demuestran que la voluntad ampliamente mayoritaria de esta Asamblea es poner al Banco Central Europeo al abrigo de las presiones políticas y garantizar su independencia. 
Querer situarlo en el centro de un organismo de presión, me parece que va en contra de todo lo que se ha dicho estos últimos meses. 
Y es por lo que, en lo que respecta a la formulación del texto del ponente, que en nuestra opinión es demasiado restrictiva, preferimos el dispositivo original del texto de la Comisión, que nos parece bien adaptado, más flexible y más abierto. 
Asimismo, tampoco consideramos necesariamente positivo mostrar a priori una actitud de desconfianza con respecto a las autoridades nacionales. 
Muchas gracias, señor Giansily. 
Dado que el Sr. ponente se encuentra ya entre nosotros, le invito a tomar la palabra. 
Este edificio es tan amplio, sobre todo en sus dependencias más apartadas, que he necesitado casi cinco minutos para llegar hasta aquí desde el lugar de la reunión en que me encontraba. 
Es una ventaja poder hablar como ponente después de los oradores, porque ya se les puede responder. 
Pero en primer lugar, quiero explicar el motivo por el que he presentado estas propuestas. 
No ha sido en absoluto con la intención de que se den poderes adicionales al Banco Central. 
No ha sido en absoluto, como ha dicho el Sr. Giansily, para encerrar al Banco Central en una red de presiones de la que sería víctima, en absoluto. 
Lo que me proponía es lo siguiente. 
La Comisión, al igual que el Consejo, se deja guiar con demasiada frecuencia por los juristas. 
Los juristas habían encontrado una fórmula que era perfectamente válida cuando se trataba de regular la situación del Instituto Monetario Europeo. 
¿Por qué? 
Porque el Instituto Monetario no era aún el Banco Central. 
Hasta el 1 de enero de 1999, las políticas monetarias y los bancos centrales mantienen su actividad. 
Por consiguiente, si los Estados miembros tomaran disposiciones que son directa o indirectamente competencia del Banco Central, lo normal es consultar al Banco Central. 
Ésa era la disposición. 
Pero debido a que los juristas y los diplomáticos no siempre son muy valientes ni muy altivos, ¿qué hicieron? 
Cuando se aprobó el presente texto, lo transpusieron para la etapa siguiente. 
No hicieron una adaptación del mismo que tuviera en cuenta el paso a una etapa diferente, que el Instituto Monetario no es el Banco Central y que el Banco Central, una vez creado, aplicará una política monetaria única. 
A partir de ahí, las cosas cambian. 
¿Por qué, una vez que tengamos la moneda única, debería seguir siendo necesario que los Estados conserven la competencia para resolver, por ejemplo, el problema de la situación jurídica de la letra de cambio o del cheque? 
¿Qué sentido tiene para los ciudadanos tener una moneda común, pero quince legislaciones distintas para cuando utilizan una letra de cambio o un cheque? 
El sistema propuesto por la Comisión no cambia estos puntos, según el cual, lo único que se hace es consultar al Banco. 
Por mi parte, reafirmo el principio de que todas las materias que son competencia del Banco Central, en lo sucesivo- y así lo dice el texto del Tratado- estén sujetas a las legislaciones europeas. 
Pero, reconozco que las legislaciones no mantienen una relación lejana con la moneda y que, indirectamente, son de competencia nacional. 
Ahí, naturalmente, el dispositivo de consulta que propone la Comisión me parece perfectamente aceptable y normal. 
Y tengo el placer de constatar que mis convicciones son compartidas unánimemente en la Subcomisión de Asuntos Monetarios, incluida la propia comisión. 
Por los razones expuestas, señor Presidente, queridos colegas, el argumento del Sr. Giansily no es pertinente a mi intención ni tampoco al texto, porque la lectura que ha hecho del texto el Sr. Giansily tergiversa un poco las palabras para que digan aquello que yo no he querido decir. 
Señor Herman, esta Presidencia, que conoce el rigor y el amor a la puntualidad que tiene el Sr. Herman, ha entendido cuando ha visto que no estaba presente que algo importante había sucedido. 
Pero debo advertirle que, en el inicio de su intervención, el Sr. Giansily ha lamentado no poder escucharle a usted primero. 
Usted ha hecho muchas referencias al Sr. Giansily, pero el Sr. Giansily, reglamentariamente, tenía el derecho de escucharle a usted primero. 
Quien le ha escuchado a usted primero, sin duda, es el Sr. Ribeiro al que invito a que tome la palabra, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, por el tiempo de dos minutos. 
Señor Presidente, una vez más he escuchado con mucho gusto al Sr. Herman, pese a lo que nos separa. 
Adoptado el euro, es necesario acelerar todo lo que ya se estaba preparando para su implantación. 
La propuesta de la Comisión va orientada en ese sentido, guste o no a quien desde el principio ha estado en contra de este proceso que está al servicio de una estrategia. 
Con ella se daría expresión al apartado 4 del artículo 105 del Tratado, que establece que el BCE sea consultado por las autoridades nacionales sobre cualquier proyecto o disposición legal relativos a su ámbito de competencia. 
Si la Comisión dice «hiere» , el Sr. Herman dice «mata y desüella». 
Aún le parece excesivamente descentralizadora la propuesta, lo que se justificaba en 1991 para- como confiesa- no ahuyentar (effaroucher) a ciertos Estados miembros con el proyecto. 
Al no ser ya necesario decir lo contrario de lo que se pretendía para no ahuyentar, al estar la opinión pública resignada con la llegada del euro y con lo que entraña- cosa que se refleja también en la exposición de motivos- y sometida a una campaña de publicidad desinformadora- como digo yo -, al Sr. Herman no le basta con dar un paso, aun acelerado: su informe quiere que se dé un salto. 
Y salto es que, además de las enmiendas, añada un artículo a la propuesta de la Comisión que propiciará que deje de estar justificado hablar de autoridades nacionales. 
Esas entidades, obligadas a consultar y a obedecer las opiniones, tendrían muy poco de nacionales y nada de autoridades, aun gozando de la legitimidad democrática de que el BCE es francamente deficitario. 
El Sr. Herman ha abusado. 
Y dudo que los diputados que van a votar esta propuesta de resolución hayan tenido información suficiente sobre lo que van a votar, en vista del vertiginoso proceso de aprobación de este informe. 
Señor Presidente, señoras y señores, aunque el debate que esta noche nos ocupa puede parecer técnico, es importante y necesario, porque es relativo a la legislación sobre la creación del Banco Central Europeo. 
La Asamblea ha sido consultada sobre cuatro propuestas de la Comisión y tres del Banco Central Europeo. 
Ni que decir tiene que sólo me referiré a las propuestas de la Comisión. 
Tres de las cuatro propuestas no presentan ningún problema. 
El ponente del Parlamento recomienda su aprobación: se trata de la clave para la repartición de la suscripción del capital del Banco Central, de las cuestiones relativas al impuesto del personal del BCE y de los privilegios e inmunidades. 
Por tanto, debo felicitarme por el apoyo del Parlamento. 
El problema surge con la cuarta propuesta de decisión, es decir, la relativa a la consulta de las autoridades nacionales al Banco Central Europeo sobre proyectos de disposiciones; a este respecto, el ponente presenta cuatro enmiendas. 
En primer lugar, quisiera recordar la filosofía general del texto, antes de exponerles la posición de la Comisión sobre las cuatro enmiendas presentadas. 
En el plano filosófico, si me permiten decirlo, la propuesta de la Comisión está inspirada en un principio y en una experiencia. 
El principio es el cumplimiento estricto del Tratado. 
La experiencia es la que hemos adquirido, juntos, sobre la legislación secundaria relativa al Instituto Monetario Europeo, una experiencia, creo, que ha sido satisfactoria. 
Quisiera, por otra parte, indicar que nadie puede pretender que la moneda única conduzca automáticamente a la aparición de un mercado financiero único del euro. 
Naturalmente existe una lógica de mercado muy fuerte, y algunas prácticas se acercarán por sí solas en una serie de sectores del mercado, me refiero, en particular, al mercado monetario. 
En cambio, otros acercamientos dependen de condiciones ajenas al funcionamiento del mercado e, incluso, de la Unión Económica y Monetaria. 
La instauración de un mercado financiero único plenamente integrado exige, por consiguiente, una serie de armonizaciones. 
Algunas de estas armonizaciones son competencia comunitaria, mientras que otras lo son puramente nacional. 
En lo que respecta a la competencia comunitaria, me refiero, en particular, a la legislación sobre el ahorro, cuyo capítulo sobre fiscalidad acaba de ser objeto de una propuesta de directiva adoptada recientemente por la Comisión y transmitida al Parlamento. 
También me refiero a la directiva sobre el prospecto, o incluso a la posible adaptación y a la eventual armonización de las normas contables. 
En cuanto a lo que depende de la competencia de los Estados miembros, me refiero, en particular, al calendario de las emisiones soberanas de los Estados, pero también a la reforma de la legislación en materia de insolvencia, de quiebra o, incluso, a la reglamentación de las instituciones financieras. 
En todos estos ámbitos, son necesarios progresos sustanciales antes de poder llegar a un mercado financiero del euro plenamente integrado, como desea, si le he entendido bien, el ponente. 
Ése es el espíritu de nuestras propuestas. 
Paso a continuación, muy rápidamente, al examen de las cuatro enmiendas. 
Las enmiendas 1 y 2 se remiten a la cuestión que acabo de evocar, sobre el reparto de competencias entre el Banco Central Europeo y los Estados miembros en materia de reglamentación y en materia financiera. 
Como ya he indicado hace un momento, la introducción del euro no puede conducir a la armonización automática ni a la transferencia de competencias- el Sr. Giansily lo acaba de subrayar hace un momento. 
Dicha transferencia de competencia del escalón nacional al escalón comunitario no está recogida en el Tratado. 
Estas dos enmiendas sobrepasan, por tanto, el ámbito de aplicación del apartado 4 del artículo 105. 
Sí, señor Herman, las cosas cambiarán el 1 de enero de 1999, y lo repito a menudo ante la Asamblea. 
Pero el Tratado no cambiará, y el apartado 4 del artículo 105 tampoco. 
Por este motivo, la Comisión no puede suscribir estas dos enmiendas. 
Solamente quisiera tranquilizarles. 
Ya se han tomado las medidas cautelares al respecto. 
Así, en el informe de convergencia, en primer lugar, el Instituto Monetario Europeo, al igual que la Comisión, han evaluado y confirmado la compatibilidad de la legislación de los Estados miembros que participan en el euro con las disposiciones del Tratado, en lo que respecta a sus bancos centrales. 
En segundo lugar, en la hipótesis de que un Estado miembro adopte un texto legislativo, una ley que afecte a las competencias del Banco Central Europeo, se podrá presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia, evidentemente. 
Por último, esta propuesta de decisión de la Comisión está basada en disposiciones análogas que actualmente se aplican al IME, en el marco de la Unión Económica y Monetaria. 
Estas disposiciones son satisfactorias, son operativas y han demostrado su eficacia. 
Además, las propuestas de la Comisión que hoy están sobre la mesa ha obtenido la aprobación del Instituto Monetario Europeo. 
Por otra parte, la Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 4 porque, en la práctica, significaría que las autoridades nacionales tienen la obligación de acatar la opinión del Banco Central Europeo cuando este último sea consultado. 
El apartado 4 del artículo 105 prevé solamente la obligación de consultar al BCE, sin carácter vinculante. 
No obstante, también aquí, e independientemente de este apartado 4 del artículo 105, la Comisión sigue teniendo el deber de velar por el cumplimiento del Tratado por parte de los Estados miembros, en particular, en lo que respecta a las competencias y la independencia del Banco Central Europeo. 
Puedo garantizarles que la Comisión asumirá plenamente sus responsabilidades en la materia. 
Por último, señor Herman, también puedo complacerle al fin: podemos aceptar la enmienda 3. 
Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento al ponente por su análisis, y quisiera decir a título personal, que le felicito por su voluntad de hacer prevalecer el espíritu comunitario. 
La Comisión comparte este planteamiento, pero permítannos decir, en calidad de guardianes de los Tratados, que no es posible sobrepasar las disposiciones del Tratado y, en particular, el ámbito de aplicación del apartado 4 del artículo 105. 
Gracias, señor Presidente, por concederme este pequeño derecho de réplica. 
Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el Comisario. 
Lamentablemente, el Sr. Comisario lee los textos de modo diferente. 
Cuando hablamos de materias que son competencia del Banco Central, ya no estamos hablando de materias de competencia nacional. 
Y el Sr. Comisario debe saber que, en la actualidad, los jueces del Tribunal de Justicia no interpretan los textos en virtud de la intención de los autores ni de su interpretación, sino formalmente. 
Hemos podido presenciarlo recientemente, y la Comisión ha sido la primera víctima de ello, cuando se trata de problemas de relaciones exteriores. 
Se ha dicho que todo lo relativo a los servicios no depende de la Comisión, porque los servicios no están contemplados en el Tratado. 
Es una interpretación puramente formal. 
Por tanto, señor Comisario, sepa que usted tiene jueces que interpretan las materias de manera formal y cuando se habla de materias que son de la competencia del Banco Central, dejan de ser materias que dependan de la competencia nacional. 
Ahora bien, toda su demostración, todos los ejemplos que ha citado, siguen siendo de la competencia de los países. 
No voy a prolongar el debate, porque les quedan muchos informes que examinar y la Asamblea ha acumulado retraso. 
Sólo quisiera recordar que en materia bancaria, pero también en toda una serie de otros ámbitos, los bancos centrales conservan responsabilidades y competencias. 
No se puede ampliar brutalmente este elemento sin modificar el Tratado. 
Éste no nos permite adoptar el planteamiento que preconiza el Sr. Herman. 
Personalmente, lo lamento, pero así son los textos. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas 
Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento y del Defensor del Pueblo para el ejercicio de 1999 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0175/98) del Sr. Viola, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento y del Defensor del Pueblo para el ejercicio de 1999. 
Señor Presidente, con frecuencia se dice que uno de los primeros signos de la locura es el de empezar a hablar solo. 
La asistencia a este debate esta noche muestra el peligro que corremos algunos de nosotros de llegar a estar al borde de ella. 
A aliviar un poquito sólo esa impresión contribuye la calurosa bienvenida que doy al Secretario General, que asiste a este debate, y al Comisario Liikanen. 
Quisiera comenzar agradeciendo al Sr. Viola su excelente informe. 
Es excelente, no sólo porque es bueno en sí mismo, sino también porque refleja lo que a lo largo de los últimos años ha llegado a ser una constante sin solución de continuidad en la Comisión de Presupuestos de la actitud presupuestaria para con nuestro propio Parlamento. 
El rigor y el cumplimiento estricto del límite máximo del 20 % de las consignaciones con cargo a la Categoría 5 es algo que el Sr. Viola ha acogido con beneplácito y ha aplicado muy estrictamente en la resolución que nos presenta esta noche. 
Mi Grupo desea, desde luego, hacer suyos los tres principios que reflejan la constante a que me he referido: procurar que nuestras propuestas presupuestarias se basen cada vez más en los principios de la presupuestación de base cero, tener muy en cuenta, al establecer el presupuesto, la aplicación de las consignaciones que figuren en presupuestos anteriores e insistir en que las peticiones de nuevas consignaciones vayan respaldadas por una adecuada documentación de apoyo. 
Tras esos principios hay también una clara declaración de prioridades del Sr. Viola. 
Una de dichas prioridades se refiere a nuestra política inmobiliaria en el Parlamento. 
Aunque haya tan pocos asistentes, tal vez debamos observar que parte de la política inmobiliaria hace que las prioridades del Sr. Viola en su explicación de motivos resulten ligeramente anticuadas. 
Ayer se firmaron los documentos necesarios para la adquisición por parte del Parlamento del complejo de edificios Leopold. 
Resulta extraordinariamente importante como parte del planteamiento por parte del Parlamento de su política inmobiliaria. 
Hemos ejercido la opción de compra antes de la fecha del 31 de mayo y con ello hemos logrado la beneficiosa aportación al presupuesto del Parlamento de los 7.250 millones de francos belgas que habían negociado el Parlamento y el Reino de Bélgica. 
Esos 180 millones de ecus que los belgas conceden como compensación de los costos del terreno y de la construcción es una parte muy importante de nuestra política inmobiliaria. 
Pero al informe del Sr. Viola se ha añadido la enmienda nº 2 de la Comisión de Presupuestos, que el Sr. Viola- lo sé- apoya. 
Es una enmienda que se refiere al presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 de 1998. 
Con esa enmienda pedimos una carta de rectificación de la Comisión al presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 de 1998 para que podamos continuar con la política de adquisición de bienes inmuebles. 
En opinión de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos- que están totalmente unidas a este respecto -, con cargo a ese presupuesto rectificativo y suplementario debemos procurar comprar los edificios Belliard I y II para que se puedan poner a disposición del Comité de las Regiones, del Comité Económico y Social y de la estructura común que, de conformidad con el Tratado de Amsterdam, será disuelta, pero seguirá teniendo que prestar servicios comunes para ambos comités. 
De modo que recomiendo encarecidamente la enmienda nº 2, ya aprobada por la Comisión de Presupuestos, a la Asamblea. 
También se declara la prioridad de la nueva política de gestión de personal, que el Secretario General ha expuesto con mucha claridad al Parlamento y al personal. 
Una tercera prioridad que acojo con particular beneplácito es la que atribuimos a los problemas relacionados con la introducción del euro y las repercusiones del problema informático del milenio. 
Espero que podamos hacer que la administración presente un informe al Parlamento sobre lo que significa esa prioridad en términos prácticos sin esperar necesariamente al año próximo. 
Se trata de problemas graves para un departamento de tecnología de la información, que ya está en muchos sentidos sobrecargado de trabajo y probablemente sean dos de las más importantes peticiones que se le harán. 
Por último, quisiera referirme a la enmienda nº 1, firmada por mi Grupo. 
Hemos presentado esa enmienda con el nombre del Sr. Wynn para dejar pendiente hasta la primera lectura, cuando tendremos una idea más clara de las necesidades generales en materia de personal, la cuestión de la dotación de personal para el Defensor del Pueblo. 
Al hacerlo, hemos tenido en cuenta la opinión de la ponente de la Comisión de Peticiones para el presupuesto para 1999, Barbara Schmidbauer. 
Recomiendo también dicha enmienda a la Asamblea. 
En nombre de los diputados socialistas de la comisión, quisiera decir lo mucho que nos identificamos con lo que el Sr. Viola ha dicho sobre la triste muerte del Vicepresidente Lucas Pires. Estaba resultando un buen interlocutor entre la Mesa y la Comisión de Presupuestos. 
Vamos a echarlo de menos, desde luego, en esa función, pero sobre todo vamos a echarlo de menos como buen diputado. 
Señor Presidente, el Sr. Tomlinson hablaba de que tal vez acabaremos hablándonos a nosotros mismos. 
A mí esto me recuerda cuando vamos de campaña electoral predicando la buena nueva y, a veces, nos encontramos con salas vacías. 
Y, claro, somos conscientes de la labor misionera que hacemos y, por eso, no abandonamos, sino que continuamos y lo único que hacemos es decir 'por favor, ¿podrían pasar todos a la primera fila ?' 
Pues bien, yo creo que, por lo menos, podríamos pasar a la primera fila sin hacer salir al Sr. Liikanen de su sitio, que es el que merece, pero estaríamos un poco más arropados. 
Señor Presidente, yo quisiera empezar por felicitar al Sr. Viola por el presupuesto que nos presenta. 
Presupuesto que es difícil, y eso es lo bonito: hacer un presupuesto difícil. 
En la época de vacas gordas, uno se aburre con el presupuesto. 
Y este es un presupuesto difícil por las grandes inversiones en inmuebles, en mobiliario y en material de ofimática. 
Pero del documento que nos presenta el Sr. Viola, yo quisiera centrarme sobre todo en el presupuesto del Defensor del Pueblo. 
El Defensor del Pueblo es una institución nacida ya en la época en que se habían acabado las alegrías presupuestarias, institución nacida- como nace todo el mundo- desde cero y, por tanto, sin demandas y, al no tener demandas, nació con un organigrama muy ajustado. 
Yo creo- y no sólo lo creo sino que lo palpamos- que las demandas han aumentado y, por tanto, lo que hay que hacer es adecuar su organigrama al ritmo de trabajo que se le exige. 
Y el ritmo de trabajo que se le exige es ni más ni menos que el de la institución que quieren tener los ciudadanos. Y quieren una institución ágil y con una buena relación coste-eficacia. 
Por tanto, creo que ha llegado el momento también de que nos planteemos seriamente si realmente hay que hacer algo más con el organigrama del Defensor del Pueblo. 
No solamente darle los puestos que ha pedido en esta ocasión, sino ver realmente si el Defensor del Pueblo necesita un organigrama mayor. 
Es cierto que la reacción de los países no ha sido la misma. 
Hay algunos países- Finlandia y España, por ejemplo- que están respondiendo mejor y los otros andan todavía un poco retrasados. 
Pero queremos una institución a la altura de las circunstancias y, por tanto, tiene que estar también a la altura de las otras instituciones, por lo que tiene que tener el personal y los medios necesarios. 
Y eso sí, el personal tiene que ser con contratos fijos y el personal temporal tiene que quedar para lo que es, para los trabajos que solo duran temporalmente. 
Señor Presidente, desearía en primer lugar felicitar al Sr. Viola por un trabajo tan equilibrado y comedido como es su informe sobre el estado de las previsiones presupuestarias del Parlamento Europeo para el ejercicio 1999. 
El importe total del proyecto de presupuesto es de 916 millones de euros, cifra que coincide con la propuesta de la Conferencia de Presidentes. 
Se registra, pues, un aumento de 5, 2 millones de euros, es decir, del 0, 6 %, con respecto al presente ejercicio. 
Este incremento responde bien a las exigencias para que el aumento de los gastos se vea acompañado por una disciplina igual que la que aplican los propios Estados miembros. 
La proporción de los gastos en comparación con el total de los gastos administrativos de la UE permanece, además, por debajo del 80 %, lo cual se ajusta a los compromisos contraídos anteriormente por el Parlamento. 
A este equilibrio presupuestario contribuye un recorte de los gastos inmobiliarios por importe de 17 millones de euros, que se hará efectivo en cuanto se alcance una decisión acerca de los programas de construcción en Estrasburgo y Bruselas. 
Por otro lado, el fin de la legislatura y la adopción del euro ocasionarán el próximo año unos gastos adicionales por importe de 16, 8 millones de euros. 
Por todo ello, las modificaciones presupuestarias, y especialmente los gastos de personal, han exigido mantener una gran prudencia al respecto. 
Querría abordar de manera particular la cuestión relativa al presupuesto del Defensor del Pueblo. 
El Defensor del Pueblo del Parlamento Europeo, institución creada por el Tratado de Maastricht, inició sus actividades en 1995. 
La experiencia de dos años y medio ha mostrado ya que se trata de una figura necesaria. 
El aumento espectacular del número de reclamaciones, un 40 % durante el pasado año, es clara muestra de ello. 
En mi opinión, entre las tareas primordiales del Parlamento Europeo y la Unión Europea figura la defensa del ciudadano más débil. 
Dado que la creación de la figura del Defensor del Pueblo tuvo lugar por decisión unánime de los Estados miembros, se le deberían otorgar como mínimo unos recursos razonables para llevar a cabo sus gestiones, ya que, de lo contrario, todo el sistema actuaría en contra de sus propios objetivos como consecuencia del colapso de las reclamaciones y del retraso en la toma de decisiones. 
La propuesta del Defensor del Pueblo a favor de un mandato de seis años es modesta si consideramos la naturaleza de su trabajo, su inconmensurable ámbito de actuación y la brevísima andadura de esta figura comunitaria. 
Por este motivo, la enmienda n-1 del Sr. Wynn cuenta en estos momentos con mi apoyo. 
Por lo demás, me muestro de acuerdo con la aprobación del presente informe. 
Señor Presidente, Señorías, me resulta difícil hablar hoy del Presupuesto del Parlamento Europeo sin hacer referencia a las relevantes afirmaciones del último informe del Tribunal de Cuentas sobre las dietas que recibimos los diputados. 
Por consiguiente, no debe interpretarse como un desaire al colega Viola y al trabajo que ha realizado, si señalo que mi Grupo político apoyará el Informe y sus prioridades y naturalmente también las enmiendas, en particular las relativas al Defensor del Pueblo, y a continuación dedico el resto de mi intervención al citado informe extraordinario, toda vez que el Presupuesto del Parlamento recogerá, sin duda, de manera detallada las recomendaciones que se desprenden de dicho informe del Tribunal de Cuentas y el señor Viola nos presentará las correspondientes propuestas, de esto no me cabe la menor duda. 
Es muy de lamentar que el Presidente se haya negado esta tarde a convocar a la Conferencia de Presidentes, escudándose en formalidades. 
Cuando la opinión pública está indignada con razón por la indefendible regulación de las dietas y atribuye al Parlamento una mentalidad de defensa de los propios intereses, el Presidente de esta Asamblea no debería escudarse en determinados artículos del Reglamento. 
Lo adecuado habría sido pasar a la ofensiva, puesto que en definitiva fuimos nosotros quienes solicitamos el informe del Tribunal de Cuentas, ya que en el fondo todos estábamos al corriente de las lagunas del procedimiento que ahora han quedado confirmadas. 
Pasar a la ofensiva también significaba en este caso reducir al mínimo las actuaciones contradictorias. 
¿Por qué no se ha respondido en el plazo de 24 horas, habida cuenta de que la respuesta a las manifestaciones del Tribunal de Cuentas parece sencilla? 
Debía decir: "De acuerdo, ésta es la situación en el momento actual» y" de acuerdo, éstas son las modificaciones que nos proponemos introducir en el futuro». 
Pero ¿podemos confiar en la voluntad de modificación del actual Presidente y de la Mesa? 
¡Yo tengo mis dudas al respecto! 
El Grupo de trabajo que todavía llegó a crear el Presidente Hänsch se ha quedado en nada. 
La revisión del sistema del fondo de pensiones también se ha quedado en nada. 
La racionalización del cálculo de los gastos de viaje se ha quedado a medias, o sea, en nada. 
Quizá lo mejor sería encargar el informe a la Comisión de Control Presupuestario. 
¡Yo les aseguro que allí realizaríamos el trabajo rápidamente y sin dilaciones! 
Señora Müller, usted ha expresado una crítica a las posiciones del Presidente del Parlamento- que no está aquí, pero a quien yo represento en este momento -, y estoy obligado a recordarle que el Presidente ha expuesto ante la Asamblea que no existe un informe del Tribunal de Cuentas. 
Existen unas opiniones provisionales, conocidas por todos los Grupos parlamentarios porque han sido entregadas a los presidentes de todos y cada uno de los Grupos. 
Y además, ante esta opinión provisional, la Mesa, que es la responsable para responder a esta opinión, está elaborando una respuesta. 
Estas han sido, con bastante exactitud, las palabras del Presidente que yo vuelvo a recordar. 
Le doy la palabra para una cuestión de orden por un minuto. 
Señor Presidente, mi propósito no era contradecir lo que ha manifestado esta mañana el Presidente, sino señalar que yo esperaba una respuesta política. 
Esto es lo que critico. 
Evidentemente, sólo se trata de un informe provisional. 
Es cierto que fue entregado con excesivo retraso a los presidentes de los Grupos y es cierto que yo también lo recibí ayer por la tarde, en mi calidad de diputada. 
¡No es esto lo que me interesa destacar! 
Lo que quiero señalar es que yo lamento la falta de una reacción política de nuestro Presidente, cuando la prensa, cargada de sospechas y presunciones, pide respuestas que todo diputado de esta Asamblea está obligado a ofrecer. 
¡Era una crítica política y no contra el procedimiento y el Reglamento! 
¡En este sentido, el Presidente sin duda tiene razón! 
Agradezco que usted reconozca públicamente que el Presidente ha obrado correctamente. 
Sus opiniones sobre la prensa son tan respetables como cualquier otra, pero debo advertirle que ante quien responde el Presidente es ante la Asamblea. 
Señor Presidente, mientras más transparentes y claros seamos en este asunto, mejor será para el Parlamento. 
Recuerdo que hace ya bastante tiempo, propuse que una comisión se ocupara de todas estas cuestiones. 
Permitan que me sorprenda de que, una vez más, se celebre un debate presupuestario aquí, en Bruselas, en violación flagrante del Compromiso de Edimburgo, confirmado por el Tribunal de Justicia y por el Tratado de Amsterdam. 
Querido señor Tomlinson, éramos más numerosos en el debate de orientación presupuestaria, que este año se ha desarrollado en Estrasburgo. 
Hecha esta observación, quisiera inmediatamente evocar, una vez más, la cuestión de la sede para destacar que el informe Viola prevé " créditos para un calendario parlamentario que incluya once sesiones ordinarias y seis sesiones adicionales». 
Estamos en año electoral: seis sesiones adicionales, ¿por qué? , teniendo en cuenta que el calendario aprobado por la Conferencia de Presidentes sólo prevé cinco. 
La segunda disposición fundamental del informe prevé créditos para la realización de una campaña neutra de información institucional de los ciudadanos de la Unión. 
Lo que se nos propone, es reforzar los créditos destinados a la política de información; 2.750.000 ecus ya han sido desbloqueados con este fin mediante una transferencia aprobada el pasado 28 de mayo y que establece una acción especial " elecciones europeas». 
El Parlamento Europeo se dispone, por tanto, a aprobar un presupuesto para 1999 que, en definitiva sólo servirá para aumentar sus créditos de propaganda. 
Sólo existe un ejemplo de una democracia, en la que, en víspera de elecciones, una acción de información extraordinaria viene a sumarse a los 4.000 millones ya destinados directa o indirectamente a la propaganda con cargo al presupuesto comunitario. 
Pero eso no cambiará nada. 
La propaganda federalista continuará incansablemente intentando hacer cambiar de opinión a aquellos que, en pleno conocimiento de causa, se oponen al proceso de integración europea. 
Señor Presidente, convengo al máximo en la necesidad de ejercer una moderación muy estricta con el presupuesto, muy en particular con los fondos que gastamos en las instituciones. 
Así, pues, el Sr. Viola tendrá mi total respaldo, como también lo tendrá en su importantísimo informe sobre las regiones insulares de Europa. 
Sin embargo, quisiera decir al margen que lamento que en las cuestiones de personal no utilicemos más los contratos de plazo fijo. 
Todas las empresas y las personas que crean la riqueza de Europa tienen que actuar con moderación y no tienen puestos de trabajo para toda la vida. 
Ahora bien, nuestra prioridad debe ser siempre la de buscar la forma de ayudar a los ciudadanos de Europa. 
De modo que yo también voy a centrarme en el elemento del presupuesto que se refiere al Defensor del Pueblo. 
La función del Defensor del Pueblo europeo es decisiva. Es importante para nosotros procurar que disponga de los recursos necesarios. 
Como miembro de la Comisión de Peticiones, como usted, señor Presidente, he cooperado estrechamente con el Sr. Söderman. 
No es ése su estilo finlandés. La suya es la oficina más pequeña de un defensor del pueblo en toda Europa, exceptuada la del de Malta. 
De modo que su petición inicial de seis contrataciones temporales era como mínimo digna de total consideración y de un diálogo válido. 
Hay periódicos en toda Europa que se ganan la vida sacando a la luz los errores y defectos de la administración europea. 
Lamentablemente, hay demasiados errores y defectos de esa clase. 
En el Defensor del Pueblo tenemos a un funcionario que puede actuar en nombre de los ciudadanos de Europa, pero, para hacerlo de forma idónea, necesita los recursos apropiados. 
Debemos velar por que consiga dichas recursos. 
Si queremos ver de dónde puede proceder ese dinero, propongo que hagamos un análisis de la relación costo-beneficio en el Comité Económico y Social. 
Señor Presidente, querría comenzar felicitando al ponente de este informe por la labor tan esmerada que ha realizado. 
Desearía igualmente llamar la atención de sus Señorías acerca del presupuesto del Defensor del Pueblo europeo. 
La posibilidad de recurrir ante el Defensor del Pueblo constituye uno de los principales derechos de los ciudadanos de la Unión. 
La tarea del Defensor del Pueblo consiste en examinar aquellas reclamaciones que están relacionadas con irregularidades en las actividades del resto de las instituciones comunitarias. 
La oficina del Defensor del Pueblo lleva ya trabajando el tiempo suficiente para permitir una evaluación del personal que se necesita para proporcionar un servicio a los ciudadanos de la Unión con la suficiente calidad y rapidez. 
La oficina del Defensor del Pueblo europeo se enfrenta a un aluvión continuo y cada vez mayor de reclamaciones, lo cual muestra que los ciudadanos consideran necesarias las actividades del mismo para corregir las irregularidades que se registran en la administración de la Unión. 
El Sr. Viola propone en su informe la creación de tres nuevos puestos para aliviar la carga de trabajo de la oficina del Defensor del Pueblo. 
Sin embargo, el problema no estriba únicamente en el número de plazas nuevas, sino también, y de manera particular, en el nivel de las mismas. 
Los ciudadanos de la Unión tienen derecho a esperar que la oficina del Defensor del Pueblo que gestiona sus reclamaciones disponga de un personal jurídico con una experiencia igual o mayor que la del personal de las instituciones comunitarias que son objeto de sus reclamaciones. 
En caso contrario, estaríamos creando una situación en la que la euroburocracia dispondría de un bólido impecablemente puesto a punto frente al coche familiar normal y corriente- por ejemplo, un Mazda 323- del defensor de los intereses del ciudadano europeo. 
Desde mi punto de vista, esto no es justo para el ciudadano que presenta una reclamación. 
Espero que podamos aún reflexionar sobre la propuesta que ha presentado el Defensor del Pueblo acerca del número necesario de nuevas plazas, y- de manera especial- por lo que respecta al nivel de las mismas, antes de que se apruebe en otoño de manera definitiva el presupuesto para el ejercicio 1999. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar sinceramente al señor Viola por su informe, para pasar a referirme de inmediato a la línea presupuestaria 205 relativa a la seguridad y vigilancia de los edificios. 
Ésta presenta un incremento del 67 %. En total, dedicamos 17 millones de ecus a nuestra seguridad y, aun así, sabemos que la seguridad de los edificios sin duda todavía debería mejorarse. 
Por esto yo he iniciado una acción en favor de la seguridad y para combatir la delincuencia. 
Más de 150 diputados han suscrito la propuesta sobre este tema y yo pienso que, ya que gastamos tanto dinero en seguridad, debería preocuparnos obtener también una utilidad visible en este ámbito. 
El hecho es que en Estrasburgo se destinan algunas unidades a la vigilancia del Parlamento durante el período parcial de sesiones. 
También en Bruselas, el edificio del Parlamento está vigilado por la policía y naturalmente también por efectivos militares. 
Yo creo que sería conveniente agilizar las conversaciones oficiales con objeto de garantizar la seguridad del Parlamento y gestionar de manera realmente eficiente los costes en este ámbito. 
Yo creo que éste es el deseo de los ciudadanos de Bruselas y de todos los colaboradores del Parlamento Europeo, y también a escala europea. 
Con este objeto, yo pido que celebremos conversaciones en este sentido. 
El Presidente ha accedido a ello y yo creo que a todos debería preocuparnos la seguridad de la población de Bruselas. 
Muchas gracias, señor Rübig. 
Señorías, con la intervención del Sr. Rübig hemos finalizado el turno de palabras. 
El Comisario, Sr. Liikanen, a quien doy la bienvenida, me ha expresado que no desea intervenir. 
Antes de dar por cerrado el debate, le voy a dar la palabra, como ponente, al Sr. Viola, que quizá le quiere explicar al Sr. Perry si el Defensor del Pueblo de Malta tiene una oficina más pequeña o más grande, porque sé que el Sr. Viola acaba de llegar de Malta ayer. 
Señor Presidente, precisamente con respecto a la cuestión del Defensor del Pueblo, objeto de las intervenciones de todas sus Señorías, deseo decir dos cosas. 
Nadie cuestiona el incremento de las actividades del Defensor del Pueblo en estos últimos años; sin embargo, sus peticiones iniciales contienen unos elementos que van en contra de las disposiciones del Estatuto de los funcionarios y las normas relativas a la racionalización de los gastos administrativos establecidas por las tres Instituciones. 
El Defensor del Pueblo, por ejemplo, no puede pedir puestos que no figuran en las clasificaciones iniciales, ni tampoco pedir directamente puestos altamente cualificados ni reclasificaciones como la de un puesto A3 en A2 después de tan sólo 3 años, lo que supone que un funcionario contratado desde el exterior como A3, se convierte en A2 después de 3 años. Francamente, a mí me parecen unas peticiones algo excesivas. 
Ahora bien, si se aborda este tema equilibrada y moderadamente, estoy dispuesto a volver a profundizarlo, siempre y cuando, repito, existan equilibrio, moderación y respeto de las reglas. 
Muchas gracias, señor Viola. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Trabajadores fronterizos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0168/98) de la Sra. Van Lancker, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la situación de los trabajadores transfronterizos en la Unión Europea. 
Presidente, Señor Comisario, estimados, aunque pocos, colegas, creo que no me falta razón si digo que los trabajadores fronterizos pueden ser un barómetro de la integración social de la Unión Europea. 
Aunque sean sólo unos 380.000 en Europa, tienen una función señalizadora tan importante que tendrían que estar por todas partes en los primeros puntos del orden del día, tanto en la agenda del grupo Monti sobre la coordinación fiscal, como en el plan de acción de la Comisión sobre la libre circulación de los trabajadores y en los planes sobre una política europea de mercado laboral. 
De la situación de los trabajadores fronterizos podemos deducir cuán poco se ha integrado todavía el mercado laboral europeo, cuántos obstáculos quedan aún para la libre circulación de personas, cuánto hay que trabajar todavía para que se aproximen los sistemas fiscales y de seguridad social entre los Estados miembros. 
De vez en cuando, el barómetro indica de verdad una tormenta. Como por ejemplo el 1 de enero de 1994 cuando por una modificación de la financiación de la seguridad social en los Países Bajos trece mil trabajadores fronterizos sufrieron una pérdida de ingresos de 3.000 FB de media al mes. 
Motivo más que suficiente para que los sindicatos belgas hicieran sonar la alarma, para hacer uso de su derecho de petición, pero esto en realidad es sólo la punta del iceberg. 
Porque hemos oído lo suficiente a lo largo de toda nuestra investigación durante las reuniones en la Comisión, de los estudios científicos, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, de las declaraciones de los asesores EURES, para saber que casi cada región fronteriza tiene sus problemas. 
Además de los problemas referentes a la transferencia de la seguridad social, está el caos de los regímenes fiscales que están regulados en unos 220 diferentes acuerdos bilaterales y que para colmo de males no están armonizados con los regímenes de la seguridad social, de modo que un caso se aplica el país de residencia y en otro el país de trabajo. 
Dado que todos los países están efectuando reformas tanto de la seguridad social como del sistema fiscal con una modernización, con a menudo una privatización, los problemas sólo siguen creciendo. Eso conduce a que los trabajadores fronterizos exijan con razón una política europea. 
Las reivindicaciones de los trabajadores son muy razonables. Por lo tanto, hemos adoptado algunas de sus peticiones en este informe. 
Espero que este Parlamento apoye mañana dicho informe. Por cierto, me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer sinceramente a los colegas que están aquí su colaboración tan intensiva, pero también a la Comisión que nos ha ayudado mucho con toda clase de información. 
Primera petición: más vale prevenir que curar y por eso pedimos a la Comisión que elabore una propuesta sobre una evaluación europea según la cual toda la nueva legislación sobre sistemas fiscales, seguridad social y derecho laboral se tendría que evaluar de modo previo y obligatorio en función de sus efectos sobre los trabajadores fronterizos. 
Según el servicio jurídico del Parlamento, Señor Comisario, el artículo 49 del Tratado sí nos ofrece un fundamento jurídico para hacerlo. Por lo tanto, me gustaría que me diera una respuesta concreta sobre este punto. 
Este informe, por cierto, elabora la evaluación europea más concretamente. 
Un foro nacional de interlocutores sociales y expertos procedentes de las administraciones sociales y fiscales podría realizar el control en cada Estado miembro. 
Por otra parte, a nivel europeo nos parece que el Comité consultivo para la seguridad social y el de la libre circulación de personas deberían prestar especial atención a la problemática del trabajador fronterizo y podrían proponer soluciones para esos problemas, que a pesar de la evaluación europea, sigan existiendo. 
Pasamos a la segunda propuesta. Pedimos a los Estados miembros que creen fondos de compensación para la pérdida de ingresos que los trabajadores sufren por las modificaciones legislativas de aquellos. 
Cabe decir aquí, Señorías, que hay algunos malentendidos acerca de esta propuesta. 
No se trata en absoluto de la creación de un Fondo Europeo. La iniciativa se deja completamente en manos de los Estados miembros. 
Este es un llamamiento del Parlamento. 
Sin embargo, sólo en aquellos casos en que se observe, después de haber efectuado la evaluación europea, que las modificaciones de las leyes fiscales o sociales producen unos perjuicios salariales y el Estado miembro en cuestión decide, pese a ello, llevar a cabo la modificación, y algunas veces los Estados miembros tienen motivos fundados para hacerlo, sólo en ese caso se pondría en marcha un fondo de compensación. 
Espero, por lo tanto, que los colegas hayan superado sus últimas objeciones a esta propuesta. 
Con este informe, el Parlamento quiere dar un paso hacia una progresiva coordinación europea en la seguridad social y en la legislación fiscal de los Estados miembros. 
En lo que respecta a la seguridad social, Señor Comisario, puedo ser muy breve. 
La Comisión ya ha presentado diferentes propuestas. 
Insistimos en que se preste atención a los nuevos sistemas complementarios de seguridad social que ahora no están recogidos en el Reglamento, pero la Comisión merece todos los elogios al respecto por las iniciativas que ya ha tomado y solamente esperamos que el Consejo por fin se decida. 
En los sistemas fiscales sin embargo, hay una proliferación de regulaciones. Por esta razón, pedimos a la Comisión que evalúe los acuerdos fiscales bilaterales, que elabore un convenio europeo modelo en vez de un convenio de la OCDE y una directiva europea vinculante referente a la no discriminación de los no residentes basándose en el memorándum, que por cierto se nos fue prometido hace mucho. 
Espero que el Comisario pueda dar su opinión también sobre esto aunque naturalmente es competencia de su colega Monti. 
La falta de armonización entre el sistema fiscal y la seguridad social es la que todavía provoca los mayores problemas. 
Me parecen motivos de sobra para abogar por una aplicación homogénea o del principio del país de residencia o del principio del país de trabajo para ambos sistemas. 
Yo misma era de la opinión que el principio del país de trabajo era el que respondía mejor por una parte a la actual regulación de la seguridad social y por otra parte también al principio general de los acuerdos de doble imposición. 
Esto, en combinación con una aplicación consecuente del principio de no discriminación en cuanto a la desgravación fiscal y una regulación de compensación entre los Estados miembros, podrían haber provocado que se hubiesen superado las últimas objeciones. 
Por lo visto las mentes todavía no están preparadas para ello, Señor Comisario, y por eso pedimos a la Comisión que investigue exactamente las ventajas y desventajas de optar por el principio del país de trabajo o el principio de país de residencia y que sobre esta base remita al Parlamento una propuesta. 
Finalmente, el informe también aboga enérgicamente por reforzar los servicios de información y de prestación de servicios para los trabajadores fronterizos en el marco de las redes EURES, pero también opinamos que las administraciones nacionales han de asumir mucho más su responsabilidad con los trabajadores fronterizos. 
Ya no puede ser que las regiones fronterizas sean literalmente regiones periféricas y que los problemas de los trabajadores fronterizos sean problemas marginales. 
Como punto final les digo que nos quejamos tan a menudo de que Europa está tan alejada de la gente. 
Aquí tenemos de verdad un eurobarómetro basado en la vida real. Se trata de personas que diariamente se enfrentan con la problemática de Europa. 
Espero que la Comisión tome en serio los problemas de esas personas, que nos pueda presentar anualmente una evaluación de la situación y espero que podamos mantener esta problemática en nuestra agenda política permanentemente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el presente informe sobre la situación de los trabajadores fronterizos forma parte de una serie de informes que se ocupan de los problemas de las personas que hacen o desean hacer uso de una de las libertades básicas más importantes de la Unión Europea. 
La ponente ha dedicado mucho trabajo a la elaboración del informe con objeto de destacar la multiplicidad de problemas con que se encuentran los trabajadores de las regiones transfronterizas. 
A pesar de que las fronteras interiores de la Unión no deben constituir, en teoría y en la práctica, ningún obstáculo para la libre circulación de las personas, existen abundantes dificultades en el ámbito de la legislación fiscal y también en materia de seguridad social, que es necesario aclarar en interés de los trabajadores. 
En primer lugar, debe establecerse una definición uniforme del concepto " trabajador fronterizo». 
Con demasiada frecuencia se adoptan interpretaciones divergentes. 
Sería bueno que la Comisión elaborase una propuesta en este sentido. 
Nuestro Grupo se ha ocupado intensamente de esta cuestión y podemos suscribir muchos de los planteamientos de la ponente. 
Con nuestras enmiendas deseamos contribuir a que el Informe sobre los problemas de los trabajadores fronterizos se atenga estrictamente a este tema y éste no se mezcle con otras problemáticas. 
Vamos a votar negativamente los puntos que hacen referencia a la creación de fondos de compensación. 
En este aspecto, consideramos que este tipo de diferenciación más o menos voluntaria entre los Estados miembros no puede aportar una auténtica solución. 
Al contrario, esto sería una manera de dar largas al asunto, que los trabajadores afectados ciertamente no están dispuestos a aceptar. 
El resultado, si lo hubiere, sería una multiplicidad de acuerdos bilaterales entre los Estados, que sólo acabaría de completar la confusión. Por consiguiente, ningún país se preocuparía ya de buscar una solución común que aborde el fondo del problema. 
Yo quisiera alentar a la Comisión a que empiece a dar pasos concretos en dicha dirección y a que presione para impulsar las propuestas que ya ha presentado. 
El Consejo se ata de manos con la aplicación del procedimiento de decisión por unanimidad. 
Todo esto son trabas que deberían superarse de una vez en aras del interés europeo. 
También rechazaremos la petición de un control y una intervención que coartarían la autonomía en materia de convenios colectivos. 
Ésta es algo que siempre hemos defendido con ahínco. 
He retirado la enmienda 10, que hacía referencia al punto 13, ya que ésta tenía su origen en un error de traducción en la versión alemana. 
Otro tanto ocurre con el término " Europaprüfung» que figura en la versión alemana, pero la ponente ya se ha comprometido a encargarse de que se proceda a la correspondiente rectificación en las distintas versiones. 
Señor Presidente, Señor Comisario, colegas, quisiera colocar el susodicho informe en una perspectiva un poco más amplia. 
Esta tarde hemos hablado de las orientaciones para una política global y hemos constatado, y eso ha sido por parte del Parlamento entero, que en la Unión Europea hay todavía una falta de coordinación en muchos sectores políticos que es imprescindible. 
El informe Van Lancker es por eso muy necesario porque pone al descubierto algunos temas que, bien es verdad, en primera instancia parecen afectar solamente a los trabajadores fronterizos, pero que tienen que ver en todas las vertientes no solamente con la flexibilización del mercado laboral dentro de los países sino también con las posibilidades de trabajar dentro de los diferentes países. 
Se trata de un tema del que se ocupan varios Comisarios. La Sra. Van Lancker ya lo ha señalado. 
El grupo Monti, en relación con el sistema fiscal, y el grupo Veil han realizado un trabajo extraordinario. 
En este momento estamos viendo qué podemos hacer con respecto a las pensiones. 
A pesar de todo, los trabajadores fronterizos quedan muchas veces en una posición muy difícil y por haber tomado la iniciativa de trabajar al otro lado de la frontera pierden a menudo unos derechos muy fundamentales y también unos temas muy fundamentales como el derecho a pensión. 
He presentado una enmienda en este informe con motivo de los asuntos Dekker y Kohl y espero que la ponente quiera tomar en consideración esta enmienda todavía, porque se trata aquí de una cuestión muy fundamental, es decir el derecho a la asistencia sanitaria, también después de la vida laboral. 
En resumen, estoy extraordinariamente satisfecha con el informe de la Sra. Van Lancker. Ha realizado un trabajo excelente y espero por lo tanto que este informe sea motivo para mejorar algunos fallos que todavía subsisten. 
Señor Presidente, a mi parecer, la señora Van Lancker no sólo ha trabajado mucho, sino que, sobre todo, también lo ha hecho bien. 
Yo quisiera retomar su tesis sobre la función indicativa. 
Yo creo que las trabajadoras y los trabajadores fronterizos son como unos bioindicadores que revelan la situación de la Unión en lo que se refiere a la libre circulación y la igualdad de derechos. 
Debo decir que el nivel de carga parece ser elevado en este aspecto. 
Si lo consideramos indicativo, la necesidad de actuar es urgente. 
De hecho, ya habíamos llegado a un acuerdo al respecto; por ejemplo, cuando retiramos el informe de la señora Oomen-Ruijten, en espera de alcanzar un acuerdo más positivo con la Comisión. 
Ahora, el tema central es el de la seguridad social, la fiscalidad y su reciprocidad. 
Justamente no son temas de política municipal. 
No es posible descargarlos sobre las comunidades fronterizas, sino que es preciso que los Estados miembros por fin se decidan a actuar. 
Evidentemente, en la vida real esto también afecta, además, al acceso a la sanidad, la inclusión de los miembros de la familia en el seguro, la jubilación anticipada, los sistemas complementarios de pensiones, el acceso al subsidio de paro y la tributación. 
Todo esto depende del problema de la necesidad de unanimidad en el Consejo de Ministros, a pesar de que en otros ámbitos todos los aspectos necesarios para la realización del mercado interior no requieren unanimidad, sino que las decisiones pueden adoptarse por mayoría cualificada. 
Yo creo que la creación de un fondo de compensación de los perjuicios o de un sistema de alerta previa, a través de un procedimiento de consulta anticipada de la legislación pertinente, son propuestas adecuadas. 
No me convence la tendencia del Grupo del Partido Popular Europeo a presentar enmiendas por las que se suprimen contenidos esenciales, con la excusa de que buscar soluciones transitorias quizá podría impedir que algún día se alcance una hipotética solución global. 
Deberíamos apoyar las presentes propuestas. 
Yo creo que la señora Van Lancker ya ha destacado los aspectos esenciales. 
Si aprobamos sus propuestas, habremos dado un primer paso. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, la cuestión que aborda el informe de la Sra. Van Lancker merece toda nuestra atención. 
Mientras en este mismo recinto debatimos sobre los problemas que plantea la falta de armonización, por ejemplo, del calibre de los guisantes, de los ciclomotores o la velocidad de los tractores forestales, hay ciudadanos que son nacionales y residentes fronterizos de un Estado miembro que no pueden trabajar en el Estado miembro vecino sin encontrarse con problemas administrativos, sociales o fiscales insalvables. 
En la era de la mundialización de los intercambios, del comercio electrónico, de la movilidad profesional y geográfica, qué pensar de una Unión Europea que profesa grandes principios, en este caso, la abolición de todas las fronteras interiores, pero que no consigue solucionar los problemas de intendencia. 
El problema es delicado y ni siquiera el euro, el gran remedio a todos nuestros males, podrá hacer nada por resolverlo. 
Nuestros distintos Estados miembros tienen regímenes sociales diferentes y, a menudo, complejos. 
Hará falta, por tanto, una gran voluntad política y un auténtico interés por el bien común, para afrontar los problemas que se plantean en este ámbito. 
La Sra. Van Lancker, muy acertadamente, cita en su informe las numerosas peticiones que nuestra comisión competente negocia en este sentido, como los numerosos casos de doble imposición en el estado de residencia y el estado de empleo, o de impago de asignaciones diversas por causa de residencia en otro Estado miembro. 
Es indecente que a lo largo de todo el informe se reclamen más medios para la libre circulación de los ciudadanos de los Estados miembros o se reivindique la creación de una Europa de los ciudadanos, cuando esos mismos ciudadanos que cruzan las fronteras interiores cada día o cada semana encuentran problemas importantes. 
A esto se suman los casos en que nacionales comunitarios se encuentran con dificultades por la falta de coordinación de las posiciones de los Estados miembros en sus acuerdos bilaterales antiguos con Estados terceros. 
Tampoco aquí faltan los ejemplos, en particular con Suiza. 
En Francia, por ejemplo, el Comité de defensa de los trabajadores fronterizos del Alto Rin nos ofrece varios casos, como el del nacional italiano que tras haber trabajado y cotizado durante 25 años en Francia y más tarde dos en Suiza, fue víctima de una invalidez, por la que recibe prestaciones en base a estos dos últimos años porque es italiano y, como tal, no puede acogerse al acuerdo bilateral franco-suizo. 
Mis queridos colegas, no olvidemos nunca que, ante todo, somos los elegidos responsables de favorecer la realización del bien común. 
Europa no se construirá con grandes conjuntos, con declaraciones de intenciones ni con la " autocomplacencia» , sino con la adhesión cotidiana de los que la constituyen, me refiero a las personas y a los pueblos. 
Cuando sepamos escucharles y resolver sus problemas, siempre que éstos sean de nuestra competencia, ellos aprenderán también a escucharnos y a comprendernos. 
Muchas gracias, señora Oomen-Ruijten. 
Tengo que decirle, señora Oomen-Ruijten, que el reloj se ha aliado con usted porque ha empezado a contar bastante después de que usted iniciara su intervención. 
Tiene ahora la palabra por tres minutos- esperemos que el reloj ahora funcione bien- el Sr. Chanterie. 
Señor Presidente, la ponente señala con razón que los 380.000 trabajadores fronterizos son una minoría, si se los compara con los alrededor de 150 millones de trabajadores que participan en el mercado de trabajo europeo. 
Por otra parte, es evidente que la libre circulación de los trabajadores es un derecho importante en el marco del mercado interior. 
Yo reconozco de buen grado su función de señal indicativa en lo que se refiere a los objetivos que se ha marcado la UE. 
Por consiguiente, estoy absolutamente en favor de la equiparación de los trabajadores fronterizos y migrantes, en el sentido en que la contempla el Plan de acción de la Comisión Europea, el cual incluye cinco ámbitos prioritarios, como son la mejora y adaptación de los actos jurídicos más significativos para la libre circulación de los trabajadores, la mejora de la transparencia del mercado de trabajo, traslado de la responsabilidad a los Estados miembros y ampliación de la cooperación, información más adecuada sobre el derecho a la libre circulación y refuerzo de las acciones exteriores, así como el fomento de proyectos innovadores en el marco del Fondo Social Europeo. 
No debe intervenirse en ningún caso sobre el nivel de los salarios- que es un bien superior- como solicita la colega Van Lancker en el punto 7. 
Las soluciones bilaterales resultan preferibles en cualquier caso. Yo no puedo aceptar de ningún modo la creación de un fondo central de compensación a escala de la UE. 
También sigo rechazando la ampliación de la reunificación familiar y la generalización de la exportación de los subsidios de paro y las prestaciones monetarias y familiares, o del derecho de residencia para los familiares procedentes de terceros países, mientras no quede firmemente establecido a quiénes se considera incluidos dentro del círculo familiar inmediato. 
Éste no puede incluir de ningún modo a los hijos mayores de 21 años ni a los ascendientes sin derecho a residencia. 
Finalmente, señor Chanterie, yo quisiera destacar un último punto: los trabajadores fronterizos lo son de manera totalmente voluntaria. 
Señor Presidente, de los 380.000 trabajadores que trabajan en calidad de fronterizos en las regiones fronterizas entre los Estados miembros, cerca del 20 % de ellos, procedentes de Francia, Alemania y Bélgica, trabajan en el Gran Ducado de Luxemburgo. 
De este modo, contribuimos de manera importante a la reducción del paro en esas regiones. 
Me enorgullece poder destacar que dichos trabajadores fronterizos gozan en nuestro país de un puesto de trabajo, de unas condiciones salariales y de trabajo y de una seguridad social, especialmente de unos regímenes de pensiones, mucho más favorables que las de las regiones en las que residen. 
Por ello, sería completamente aberrante prever, como propone el informe, la institución de un fondo de compensación. 
Realmente es aberrante querer pretender que, en general, en la Comunidad, existe una pérdida de ingresos y discriminación de los trabajadores fronterizos. 
A veces, los nacionales de nuestro país se sienten un poco discriminados. 
Lamentablemente, la Sra. Van Lancker sólo ve los agujeros en el queso, y debo decir que nosotros exportamos para los trabajadores fronterizos unas asignaciones familiares, unas asignaciones para la enseñanza y unas prestaciones del seguro de las personas dependientes que ni siquiera existen en Bélgica ni en Francia. 
He querido hacer estas observaciones, señor Presidente, y sobre todo confirmar el principio de que es conveniente reagrupar en el país de empleo, el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y los impuestos salariales. 
Para nosotros, es un principio sacrosanto en interés de los fronterizos. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Van Lancker su excelente informe sobre la situación de los trabajadores fronterizos y, en particular, los problemas sociales y fiscales que afrontan dichos trabajadores. 
La Comisión apoya plenamente sus inquietudes. 
De hecho, el plan de acción de la Comisión en pro de la libre circulación de los trabajadores aprobado el 12 de noviembre de 1997 hacía hincapié en el importante papel desempeñado por la movilidad transfronteriza en la Unión. En particular, subrayaba la necesidad de disposiciones específicas y claras para superar los problemas causados a los trabajadores fronterizos por las disparidades entre los sistemas jurídicos nacionales en esferas tales como las de la seguridad social, la fiscalidad, la atención de salud y las ventajas sociales. 
Además de esa acción legislativa, hay que fomentar la cooperación transfronteriza sobre cuestiones concretas de interés para los trabajadores fronterizos, tales como la seguridad social y la fiscalidad. 
La propuesta de resolución del Parlamento pide diversas acciones a los diferentes socios interesados. 
Acojo con beneplácito la propuesta parlamentaria de transmitir la resolución al Consejo, a los interlocutores sociales europeos, a los Gobiernos y a los parlamentos de los Estados miembros, además de a la Comisión. 
Convengo plenamente en que sólo una acción combinada en esos niveles contribuirá a la resolución válida de los problemas analizados en la exposición de motivos. 
Ahora permítaseme exponer brevemente el planteamiento de la Comisión respecto de las cuestiones planteadas en la resolución. 
En cuanto a los asuntos fiscales, hace mucho que la Comisión conoce los problemas fiscales específicos de los trabajadores fronterizos y ha procurado contribuir a su solución mediante propuestas legislativas y otras iniciativas. 
Ya en 1979 la Comisión presentó un proyecto de directiva para armonizar ciertos aspectos del trato fiscal para los no residentes. 
Por desgracia, no se aprobó dicha propuesta por que no se logró en el Consejo la unanimidad necesaria. 
Así, pues, en 1993 la Comisión aprobó una recomendación sobre el trato fiscal de los ingresos de los residentes. 
La recomendación y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia que sigue el criterio de la recomendación, en particular el fallo Schumacher, benefició en gran medida a la situación de los trabajadores no residentes. 
La mayoría de los Estados miembros interesados han adaptado ya, más o menos, su legislación sobre la fiscalidad de los no residentes que obtienen sus ingresos principales en un Estado miembro distinto de aquel en el que residen, en consonancia con la recomendación. 
La Comisión ha examinado también la legislación de los Estados miembros y ha incoado procedimientos de infracción contra varios Estados miembros por no respetar la norma de la no discriminación. 
En este informe se subraya la necesidad de un planteamiento por parte de la Comunidad del problema de las normas relativas a la jurisdicción fiscal, paralelamente a las existentes en el ámbito de la seguridad social. 
La Comisión conviene en principio en la necesidad de que la Comunidad adopte medidas al respecto. Debe tener en cuenta la necesidad de unanimidad para la aprobación de legislación comunitaria vinculante en la esfera fiscal. 
A falta de armonización de los impuestos aplicados a los ingresos, la atribución de los derechos fiscales entre dos Estados miembros se rige por sus convenios fiscales bilaterales. 
Recientemente, el Tribunal falló que, de conformidad con las disposiciones vigentes del Derecho comunitario, los Estados miembros tienen libertad para concertar acuerdos bilaterales sobre la jurisdicción fiscal relativa a los impuestos aplicados a los ingresos de los trabajadores fronterizos. 
Cualquier planteamiento multilateral en forma de convenio europeo para evitar la doble tributación de los ingresos y del capital requeriría también la unanimidad. 
Sin embargo, la Comisión prestará atención particular a la necesidad de una solución coherente de los problemas fiscales y en materia de seguridad social que afrontan los trabajadores fronterizos. 
Sobre la política social, acojo con beneplácito el apoyo del Parlamento a las diferentes propuestas de la Comisión para enmendar el Reglamento 1408/71 sobre la seguridad social de los trabajadores migrantes. 
A ese respecto, probablemente sepan Sus Señorías que el Tribunal de Justicia ha emitido recientemente dos importantes fallos. 
Con arreglo a dichos fallos, una persona que esté asegurada para la atención sanitaria en un Estado miembro tiene derecho a que dicho Estado le reembolse toda la atención sanitaria que reciba en otro Estado miembro, de conformidad con las tarifas del Estado en el que esté asegurada. 
Como esos fallos son aplicables directamente, los experimentos que la Sra. Van Lancker propone en su resolución no parecen necesarios ahora. 
Quisiera agradecer a la Sra. Van Lancker y sus colegas el alentador apoyo dado a la red EURES. 
Las asociaciones transfronterizas EURES han contado con el apoyo del Parlamento Europeo desde el principio y acogemos con beneplácito la propuesta de intensificar las asociaciones transfronterizas. 
Sin embargo, quisiera subrayar que, si bien el número de asociaciones transfronterizas ha aumentado de 11 a 18 en los dos últimos años, nuestro presupuesto no ha aumentado. 
De hecho, ha disminuido ligeramente en el mismo período. 
Esas asociaciones transfronterizas prestan servicios a los trabajadores fronterizos, tales como una información pertinente sobre sus derechos y obligaciones. En ese sentido apoyan ciertas peticiones de esta resolución. 
El asesor de EURES puede ayudar a las instituciones nacionales y europeas a estar informadas lo más rápidamente posible sobre los obstáculos a la movilidad. En el futuro nos proponemos reunir dicha información de forma más estructurada. 
Los socios EURES y sus asesores podrán, así, contribuir a la creación de un sistema de alerta rápida. 
Sin embargo, debe quedar claro que no podrán cubrir todas las zonas fronterizas de la Unión ni abarcar todos los aspectos mencionados en la resolución. 
Sin embargo, la Comisión presentará en breve al Parlamento un informe completo sobre la labor de la red EURES correspondiente a los años 1996 y 1997. Podría ser una buena oportunidad para celebrar un diálogo a fondo sobre el futuro de la red EURES. 
Por lo que se refiere a la propuesta de que se creen centros de orientación para trabajadores migrantes y fronterizos, quisiera señalar a la atención del Parlamento la intención de la Comisión de lanzar un diálogo permanente con los ciudadanos. Se anunciará oficialmente en la Cumbre de Cardiff. 
Se crearán centros de orientación en todos los Estados miembros siguiendo el modelo de la iniciativa «Prioridad para los ciudadanos» a fin de asesorar a los ciudadanos sobre sus derechos y sobre cualesquiera problemas comunitarios que se les planteen. 
Por último, quisiera referirme a la idea de la propuesta de directiva sobre la introducción de una prueba europea, por la que se exigiría a los Estados miembros que analizaran los efectos de su legislación en los trabajadores fronterizos. 
Quisiera que quedara claro que la Comisión tiene ya la misión de velar por que todas las disposiciones de las legislaciones nacionales sean compatibles con el Tratado y la legislación secundaria por lo que se refiere al Derecho comunitario. 
Desde luego, la Comunidad seguirá utilizando los poderes establecidos en el artículo 169 del Tratado e incoando procedimientos de infracción contra los Estados miembros que violen el Derecho de la CE. 
Sin embargo, tengo entendido que la propuesta de directiva va encaminada a establecer una evaluación más general de las repercusiones socioeconómicas de la legislación nacional que, en sí misma, es compatible con el Derecho de la CE, pero que podría tener efectos perjudiciales para los trabajadores fronterizos. 
Aunque no estoy seguro de si sería apropiado proponer una directiva en estas circunstancias, me parece apropiado estimular, como se propone en el informe, la concertación transfronteriza de los socios interesados de las diferentes regiones y en el nivel comunitario. 
De modo que puedo confirmar que la Comisión se propone estimular dicha concertación para poder identificar las infracciones del Derecho de la CE y las consecuencias socioeconómicas de la legislación nacional para los trabajadores fronterizos. 
Por último, quisiera agradecer a la ponente su estimulante informe y subrayar la determinación de la Comisión con vistas a mantener sus esfuerzos para superar los problemas que afrontan los trabajadores fronterizos. 
Presidente, quisiera darle las gracias al Comisario por su respuesta detallada la cual me produce muchísima satisfacción. 
Sin embargo, quiero hacer una pregunta sobre esa evaluación europea. 
Sé que antes no estaba muy inclinado hacia la idea de una evaluación europea pero sé también que el servicio jurídico de la Comisión Europea estaba realizando un estudio en relación al fundamento jurídico en el Tratado. 
¿Me puede confirmar o negar el Comisario si existiría o no un fundamento jurídico para dicha evaluación que, efectivamente, no consiste solamente en evaluar la conformidad de la legislación social de los Estados miembros con la legislación europea, sino también en evaluar sus efectos sobre los trabajadores fronterizos, lo cual es otro tipo de evaluación? 
Nuestro servicio jurídico había indicado el artículo 49 como un fundamento jurídico apropiado. Me gustaría que el Comisario me comentara cuáles son los resultados de los servicios jurídicos de la Comisión Europea. 
Señor Presidente, quisiera decir a la Sra. Van Lancker que, en mi opinión, hay un fundamento jurídico. 
La cuestión estriba en ciertas opciones políticas que hay que seguir y, antes de que se aborden esas cuestiones y otras relativas a la fiscalidad, primero debe examinar esas cuestiones el grupo de política impositiva. 
La única dificultad es la de que parece estar sobrecargado de asuntos que debe abordar este año. 
Sé que está obligado a abordar una investigación sobre las pensiones, la fiscalidad de la energía y el comercio electrónico. Se trata de un orden del día muy sobrecargado en este momento. 
Pero la respuesta es breve: sí, se puede establecer que hay un fundamento jurídico con arreglo al cual se podría hacer. 
Señor Flynn, le agradezco su intervención. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Documentos de matriculación de los vehículos de motor 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0190/98) del Sr. Bazin, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a los documentos de matriculación de los vehículos de motor y sus remolques (COM (97) 0248- C4-0423/97-97/0150 (SYN) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, mis queridos colegas, deseo hacer tres observaciones: la primera sobre la situación actual, la segunda sobre los objetivos de esta propuesta de directiva y la tercera sobre las dificultades encontradas en esta empresa. 
Se puede decir que la situación actual está marcada, fundamentalmente, por la gran diversidad de este tipo de documentos- lo que en mi país se denomina la " tarjeta gris» -, los certificados de matriculación. 
Existe una gran variación entre dichos documentos, tanto en su contenido, como en su forma. 
Esta gran diversidad, unida a una ausencia casi total de codificación, hace muy difícil la legibilidad internacional del documento y su utilización por los responsables de los controles de los vehículos en tránsito. 
Los objetivos de la propuesta de directiva son simples: se trata de armonizar la presentación del documento, para lo que se propone que éste conste de dos partes, que se precise qué debe figurar en el documento, distinguiéndolo de lo que puede figurar en el mismo y, por último, que se adopte una codificación alfabética simple, de manera que el documento sea fácilmente legible en los distintos países. 
Las dificultades encontradas en esta empresa son numerosas y obedecen a la propia naturaleza jurídica del documento, muy diversa, que existe entre los distintos países. 
En algunos países no es más que un certificado de matriculación, mientras que en otros es casi un título de propiedad. 
Por último, en algunos países, este documento ni siquiera existe, porque las cosas están organizadas de otro modo. 
A continuación, está la función del documento. 
Algunas administraciones no quieren ver en él más que un documento de naturaleza administrativa. 
Para otras, tiene básicamente una vocación de control policial. 
En definitiva, a partir de las indicaciones que figuran o no en dicho documento, puede tener también un papel de control del funcionamiento del vehículo. 
Vemos, por tanto, cómo detrás de esta diversidad de los documentos se esconden, en cierto modo, filosofías muy diferentes. 
Es el motivo, y con esto termino, por el que es bueno que esta propuesta de directiva sea muy modesta en una primera fase. 
La razón así lo exige y es por ello por lo que, personalmente, presenté tres enmiendas, las enmiendas 1, 3 y 4. 
En ellas se destaca que se trata de un primer paso, pero que no debe quedarse en un primer paso. 
Aplazan ligeramente la fecha de entrada en vigor y, a continuación, piden que exista una reciprocidad de las informaciones entre las administraciones nacionales y la Comisión. 
Los colegas de la Comisión de Transportes y Turismo, por su parte, han decidido aprobar las enmiendas del Sr. Seal, que propone una serie de elementos para luchar contra el fraude. 
Me he puesto de su lado. 
En cambio, no puedo dar mi conformidad a la enmienda 7, presentada por el Grupo de los Verdes, porque lo único que ésta conseguiría, sería cargar aún más el documento de indicaciones sobre el funcionamiento del vehículo, algo que, sin duda, haría sumamente difícil la aprobación incluso de este primer paso, en esta marcha hacia la armonización de los certificados de matriculación. 
Señor Presidente, tengo que decir que la normativa que nos presenta la Comisión Europea es una regulación satisfactoria y necesaria por dos razones: 
En primer lugar, porque el transporte por carretera se ha liberalizado y por ello es necesario que haya un seguimiento y un control eficaces de los vehículos y los remolques que circulen en el ámbito del mercado interior. 
En segundo lugar, porque como ha demostrado la comisión de investigación del Parlamento en lo relativo al fraude y al contrabando en el tráfico de mercancías, especialmente por carretera, la mayoría de tales actos delictivos, sobre todo los relativos al tabaco y a las bebidas alcohólicas, se lleva a cabo transportando esas mercancías por carretera. 
Se puede afirmar que son miles los casos de camiones que desaparecen junto con su mercancía cambiando de matrícula y de color. Todo lo relacionado con el fraude y el transporte de mercancías está demostrado y documentado en el informe de la Comisión y por parte de la comisión de investigación. 
Permítanme felicitar a la Comisión, así como al ponente Sr. Bazin, por el contenido de la propuesta, que además asume dos asuntos: 
Primero, si se trata de clasificar un camión o un autobús en un Estado miembro, se deberá presentar la antigua licencia en el nuevo Estado miembro... 
Eso es algo fundamental. 
Segundo, el estado que proporcione la nueva licencia estará obligado a notificar al estado que había emitido la antigua licencia de circulación de suerte que éste sea informado si se hubiese producido el cambio del número de matrícula. 
Otro punto de gran importancia es que está previsto el control de vehículos en todas las arterias de carreteras de la Unión Europea. 
Además, para algunos países, como Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia, en cuyo interior los camiones no necesitan tener una licencia de circulación, a partir de ahora van a estar obligados a tener esa licencia cuando circulen fuera de dichos países. 
También quisiera decir que el Partido Popular Europeo apoyará el informe y las enmiendas presentadas por el ponente. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, Señorías, éste es ciertamente un debate entre los fieles de la política de transportes. 
El informe que nos ocupa es algo técnico, pero no hasta tal extremo. 
Ante todo, permítanme que exprese mi más sincero agradecimiento al presidente de la Comisión de Transportes y Turismo. 
A veces, cuando ningún Grupo quiere hacerse cargo de elaborar un informe debido a la naturaleza del tema, se ve en la obligación- que se toma muy en serio- de asumir la tarea de ponente y llevar adelante el asunto y yo le agradezco mucho su entregada dedicación a la política de transportes en nuestra Comisión. 
Para entrar en materia, nosotros apoyamos la propuesta de directiva de la Comisión con vistas a la unificación los certificados de matriculación de los vehículos de motor y sus remolques. 
Yo creo que la armonización de los documentos de matriculación simplificará los controles de los transportes en la Unión, toda vez que los documentos incluirán en el futuro en todos los casos una serie de datos claros y unificados, independientemente del país que los expida, incluidos, entre otros, el nombre del Estado miembro en el que se ha matriculado el vehículo y el del titular legal de dichos documentos. Lamentablemente, esto no indica quién es el propietario del vehículo, pero al menos sabremos quién es el titular legal de los documentos de matriculación. 
La propuesta de directiva también contribuirá así a la lucha contra la delincuencia en este ámbito. 
La armonización de los documentos de matriculación simplificará asimismo el traslado de la matriculación de un vehículo de un Estado miembro a otro. 
No obstante, señor Comisario, en opinión de mi grupo, éste sólo puede ser un primer paso hacia la armonización, ya que en la Comunidad Europea no tiene ningún sentido que algunos Estados expidan documentos de matriculación únicos y otros documentos separados en dos partes, con diferentes consecuencias legales en los correspondientes Estados miembros. 
Esto carece francamente de todo sentido en un mercado interior. 
Yo creo que en el mercado interior necesitamos una cierta armonización. 
Ésta no debe abarcar hasta el último detalle, pero se requiere una armonización razonable de los datos fundamentales. 
En este sentido, será una satisfacción para mí si usted se muestra de acuerdo con que la armonización debe ir más allá de este primer paso, sobre todo porque pienso que es necesario un mayor control del robo y el contrabando de vehículos de motor en la Comunidad, y también entre la Comunidad y los terceros Estados limítrofes, y unos documentos de matriculación razonables pueden facilitar dicho control. 
En este sentido, señor Comisario, nosotros apoyamos su propuesta. 
Esperamos que usted haga suyas las enmiendas del presidente de la Comisión de Transportes- salvo, naturalmente, la propuesta de Los Verdes, que nosotros tampoco apoyamos- y, por lo demás, confiamos en que éste será un primer paso hacia una armonización prudente pero objetivamente justificada. 
Señor Presidente, permítaseme comenzar agradeciendo al Sr. Bazin su excelente y conciso informe redactado como un deber pero también con cierto entusiasmo. 
Como observa dicho informe, y como acabamos de escuchar de labios del Sr. Bazin, hay considerables diferencias entre el procedimiento y el objetivo en materia de matriculación de los vehículos de motor en los Estados miembros. 
También hay grados diversos de cumplimiento del Convenio de Viena sobre la circulación por carretera, de 1968, por lo que el aumento de la movilidad en la Comunidad y en el Mercado Único hace que ahora la armonización de las normas sobre la información que figura en los certificados de matriculación resulte oportuna, como ha señalado el Sr. Sarlis. 
Me complace, naturalmente, tomar nota de que el Sr. Sarlis y sus colegas apoyan los objetivos de la propuesta. 
Naturalmente, he examinado detenidamente las diversas enmiendas y, si bien estoy de acuerdo con ellas en general, lamento no poder aceptarlas todas a causa de consideraciones puramente prácticas. 
La enmienda 1 pide una declaración suplementaria en el preámbulo en el sentido de que esta propuesta constituye un primer paso hacia una armonización más completa. 
Aunque estoy de acuerdo con la idea de la enmienda, por las razones expuestas muy recientemente por el Sr. Jarzembowski y pese a que yo también creo que habrá avances hacia una mayor armonización en el futuro, la adición de dicha enmienda no desempeñaría estrictamente función legislativa alguna, por lo que la Comisión no puede aceptarla. 
La enmienda 3 va encaminada a cambiar las fechas de aplicación para tener en cuenta el marco cronológico real de la propuesta. 
Si bien el objetivo de la enmienda es, desde luego, acertado, no es probable que se cumplan ni siquiera las nuevas fechas propuestas, dada la necesidad de una propuesta modificada y también de una segunda lectura. 
Así, pues, considero que será mejor dejar este detalle pendiente hasta la aprobación efectiva de la posición común y fijar fechas apropiadas en ese momento. Espero, pues, que se pueda retirar esta enmienda. 
La enmienda 4 pide a la Comisión que distribuya todas las copias de todos los documentos de matriculación a todos los Estados miembros y, desde luego, puedo apoyar esa enmienda como medio útil de difundir información pertinente. 
Las enmiendas 2, 5 y 6 se refieren a medidas contra el fraude. 
Puedo aceptar el principio y concretamente la enmienda 5, que obliga a incluir el número de identificación del motor en el documento de matriculación. 
Sin embargo, el efecto de las otras dos enmiendas sería el de obligar a substituir documentos de matriculación cuando se instalaran en el vehículo determinadas nuevas piezas de recambio, incluida, por ejemplo, la substitución de una ventanilla. 
Estoy seguro de que no puede haber sido ésa la intención de quienes redactaron la enmienda, ya que los resultados serían, evidentemente, extremadamente burocráticos. 
Espero que, después de una reflexión al respecto, se retiren esas enmiendas. 
La enmienda 7 iba encaminada a dar carácter obligatorio, en lugar de optativo, a la inclusión de las características medioambientales de un vehículo en los documentos de matriculación. 
Como esos detalles podrían desempeñar un papel en los regímenes impositivos en algún momento futuro y como esas características podrían también estar sujetas a inspecciones en carretera, la Comisión reconoce la oportunidad de dar carácter obligatorio a esa información, por lo que podemos apoyar esta enmienda. 
Agradezco mucho al Sr. Bazin y a su comisión la constructiva actitud que están adoptando para con una propuesta que demostrará- estoy seguro- su utilidad para los propietarios de vehículos y para las autoridades del transporte y, además, hará una contribución útil a la adopción de medidas para luchar contra el robo y contra el fraude. 
Así, pues, junto con los diputados a este Parlamento, espero con interés su tramitación hasta que llegue a ser ley. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Fécula de patata 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0163/98) de la Sra. Redondo Jiménez, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1868/94 por el que se establece un régimen de contingentes para la producción de fécula de patata (COM (97) 0576- C4-0045/98-97/0300 (CNS) ). 
Señor Presidente, Señorías, estamos ante la reforma del Reglamento 1868/94 del Consejo, que tanto en su artículo 1 como en su artículo 2 nos habla de la obligatoriedad de presentar, por parte de la Comisión, un informe sobre el funcionamiento de este Reglamento y sobre la propuesta de ampliación de plazo o de cambio en algún sentido de este Reglamento, así como de la asignación de los contingentes de fécula. 
Esto afectaba a Dinamarca, Alemania, Francia, Países Bajos y España. 
En enero de 1995 hay una incorporación de otros tres países- Austria, Suecia y Finlandia -, por lo cual se ve modificado también en esta fecha, pasando el contingente a una cantidad global de 1.869.000 toneladas. 
La presente propuesta nos nombra también los instrumentos de gestión sobre los que se basa, como son el precio mínimo de las patatas, los pagos compensatorios a los agricultores y las primas especiales a la industria, a la que se paga por tres conceptos: por las desventajas estructurales que tienen en la fabricación de la fécula, por la ausencia de subproductos utilizables y por el carácter estacional de la producción. 
Yo quisiera examinar en este Pleno las contradicciones que yo encuentro en esta propuesta presentada por la Comisión. La propuesta emplea unos criterios que, a mi juicio, debemos examinar aquí entre todos nosotros. 
En primer lugar, Señorías, creo que tenemos que saber si estamos hablando de fécula o de patata. 
Si estamos hablando de fécula, el precio de la fécula debe ser el mismo, provenga de donde provenga, provenga de la patata o provenga del cereal. 
En este caso, hay una discriminación a favor de la fécula de patata con una sobrevaloración de aproximadamente un 35 %, que debería estudiarse. 
Si estamos hablando de patata, me permitirán sus Señorías que entonces aquí haga un laudo: vamos a estudiar en profundidad este tema y vamos a ir a una reglamentación de la patata, no solamente para uso feculero, sino también para los distintos usos, tanto industriales como alimentarios. 
Y aquí haría una reivindicación de muchos países de la Unión Europea: proponemos una organización común de mercado para la patata. 
En cuanto a las ayudas a la industria feculera, se le paga por estacionalización, por la no utilización de los subproductos y por las medidas agroambientales. 
Yo quisiera que la Comisión tuviese también en cuenta que, por la estacionalización, se debería pagar a toda la industria agroalimentaria. 
¿Está dispuesta la Comisión a pagar a toda la industria agroalimentaria por aquellos productos que tienen problemas por su estacionalidad? 
Por el no empleo de los subproductos, volveríamos a caer en lo mismo, porque ¿cuántas industrias no solamente no tienen subproductos que sean utilizables sino que, además, pagan por su eliminación? 
Entonces, estamos pagando por algo que otros pagan por hacerlo. 
Y respecto a las medidas agroambientales, permítanme que les diga que llevamos 20 años pagando a la industria feculera para que tomen estas medidas. 
Yo creo que ha habido un largo espacio de tiempo para que estas medidas hayan sido tomadas. 
¿Qué quiero decir con esto, Señorías? 
¿Que debemos quitar estas subvenciones? 
No. 
Yo creo que la Comisión, así como nosotros que estamos aquí haciendo política, debemos ser flexibles y debemos tener en cuenta tanto los problemas sociales como los problemas regionales y medioambientales que se nos plantean. 
Entonces, en este caso, yo propongo que se estudie bien la implantación de una nueva OCM para las patatas. 
Pero, en el caso de la fécula de patata, la continuidad por un periodo de tres años. 
Ahora bien, espero que se tengan en cuenta estos mismos argumentos, que yo he expresado aquí como contradicciones, a la hora de estudiar las nuevas OCM que vamos a tener que examinar, puesto que siempre se nos dice que tenemos problemas de tipo financiero, por lo que no podemos incrementar nuestros presupuestos. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión, Señorías, pasa a un incremento presupuestario de 26 %, cosa que yo creo que es muy significativa. 
Se nos dice que con las medidas de supresión se podrían ahorrar 150 millones de ecus. 
Señorías, cuando hablamos del aceite, nosotros nos estamos moviendo en cifras rondando los 200 millones de ecus, que están promoviendo una gran polvareda a nivel de la Unión Europea. 
Por lo tanto, vamos a ser consecuentes y vamos a aplicar los mismos criterios para unas y otras OCM. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Redondo Jiménez su informe y he tomado nota con cierto interés de que se haya referido a algunos de los hechos que yo señalé hace tres años, cuando se me pidió que redactara un informe sobre la cuotas de almidón de la patata. 
Volviendo atrás por un momento, he de recordar que se introdujeron las cuotas porque había habido un enorme aumento en la producción de patatas para obtener almidón cuando se empezó a otorgar al almidón de las patatas, en cuanto a las subvenciones, el mismo trato que a los cereales. 
Las patatas cultivadas para ser consumidas como tales o como patatas fritas no reciben subvención y a causa de un enorme aumento en la producción resultaron necesarias dichas cuotas. 
Vuelvo a repetir, como dije entonces, que el hecho de apoyar a las personas que cultivan patatas para obtener almidón, cuando existen otras fuentes de almidón, constituye una utilización muy discutible de los fondos públicos. 
Ha habido un enorme aumento en la cantidad de fondos utilizados para apoyar esa producción. El almidón de la patata representó el 48 % del total de las exportaciones de almidón en el período 1996-1997. 
¡Nada menos que 385.000 toneladas! ¿Por qué utilizamos fondos públicos para apoyar a personas que cultivan patatas para convertirlas en un almidón que no podemos utilizar en la UE? 
Pagamos a los productores para que hagan el almidón y después les pagamos para que lo exporten, porque nadie lo quiere. 
Resulta totalmente absurdo, por lo que no debemos ampliar esas subvenciones, deberíamos reducir esas cuotas para reducir como mínimo la subvención a la exportación. 
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera agradecer muy cordialmente el informe de la señora Redondo y replicar, por otro lado, con toda sinceridad a la pregunta de la señora Hardstaff: ¿por qué no compramos maíz o trigo en vez de patatas? 
Donde crecen las patatas, no crece el trigo ni el maíz y, por consiguiente, la producción de fécula de patata es indispensable y un factor esencial para muchas regiones desfavorecidas de Europa. 
Por lo tanto, para asegurar el futuro de la industria de la fécula de patata- que también garantiza puestos de trabajo- seguirá siendo necesario conceder primas a la cosecha a los agricultores. 
Yo quisiera añadir, además, otra observación: todos sabemos que para las empresas y para los productores de fécula de patata también es esencial la alta tecnología para su producción, y estas empresas transformadoras necesitan contar asimismo con socios de confianza entre los agricultores. 
Pero éstos sólo pueden cultivar patatas si se conceden subvenciones compensatorias a la producción de fécula de patata. 
Yo creo que debemos apoyar la propuesta de la Comisión en su forma actual y también la propuesta de que se mantengan las cuotas durante los tres años próximos. 
Señor Presidente, no siempre se da el caso pero esta vez mi grupo parlamentario apoya en grandes líneas las propuestas de la Comisión. 
Nos parece necesario que la fécula, provenga de donde provenga, se pague igual y sobre todo también la fécula de patata. 
¿Por qué opinamos así? 
En primer lugar, las regiones de Europa donde se cultivan las patatas que sirven para la producción de fécula poseen en general unas tierras que no son muy fértiles. Por lo tanto, se dispone de pocas alternativas. 
Supondría simplemente un desarrollo desastroso para grandes regiones de Europa, si no lo hiciéramos. 
O sea, no estoy en absoluto de acuerdo con la portavoz del grupo parlamentario socialista. 
Yo realmente había pensado que este tipo de argumentos le habrían de gustar. 
Si miramos lo que costaría todo esto, me parecía que en este momento pagamos unos 200 millones de ecus por esta política. Para el conjunto del desarrollo regional de Europa es algo insignificante. 
Ahí sí que está bien empleado el dinero. ¿Qué es lo atractivo de esta industria? 
Ha demostrado en el curso de los años que puede funcionar respetando el medio ambiente, que ya no lo contamina. Hay otro atractivo en el ámbito del uso de la producción agrícola para objetivos no alimenticios. 
Son progresos muy importantes. En los periódicos neerlandeses apareció recientemente una noticia de que una de estas fábricas había desarrollado un producto que podría sustituir la gelatina. 
Es muy atractivo en relación con la problemática de la EEB. 
Hay que fomentar este tipo de cosas. Este tipo de cosas son probablemente a largo plazo la salvación de estas industrias. 
Por eso, esta subvención que damos sin duda vale mucho la pena. 
Muchas gracias, señor Mulder. 
Pero los cinco segundos más se los ha atribuido usted mismo porque esta Presidencia nunca quita la palabra a nadie, lo único que hace es advertirle, con una cierta energía, cuando ha agotado su tiempo. 
La responsabilidad de sobrepasarlo o no corresponde a cada uno de los diputados o diputadas. 
Y ahora vamos a probar precisamente si el Sr. van Dam, que tiene un minuto y medio, y que va a intervenir en representación del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, se autoatribuye más tiempo de este minuto y medio sobre el que yo le avisaré enérgicamente cuando lo haya agotado. 
Presidente, la propuesta de la Comisión para una prórroga de tres años del régimen de contingentes de la producción de fécula de la patata merece todo nuestro apoyo. 
El régimen ha contribuido a un desarrollo estable del mercado. 
Los gastos para esa regulación del mercado de la fécula de patata se han controlado. 
En relación con el plan de producción para los próximos años es importante que la decisión sobre la prórroga de los contingentes se tome lo antes posible. 
Las enmiendas de la ponente, que tenía por objeto rebajar el apoyo a los productos de fécula de patata, han sido rechazadas con razón por la Comisión de Agricultura. 
Una rebaja unilateral del apoyo a la fécula de patata distorsionaría gravemente el equilibrio del mercado entre la fécula de cereales por una parte y la fécula de patata por otra. 
Por eso, una eventual reforma de la regulación del mercado de la fécula de patata ha de armonizarse con las reformas del sector de cereales. 
Pero las propuestas de la Agenda 2000 para la fécula de patata, en las que la compensación por la bajada de precios asciende sólo a un 44 %, me parecen inaceptables. 
Como punto final me gustaría señalar que las patatas para uso feculero no pueden ser comparadas con las patatas de consumo. 
Se trata de productos y mercados completamente distintos. 
Es necesaria una regulación de mercado para las patatas de fécula porque estos productores tienen que competir con los productores de fécula de cereales que reciben un apoyo considerable por medio de las primas MacSharry, pero no hay ninguna necesidad de una regulación del mercado de las patatas de consumo, como se pide en la enmienda 3. 
Señor Presidente, quería en primer lugar agradecer a la Sra. Redondo su informe sobre la contingentación de la producción de fécula de patata. 
Además, en este informe se aprueba una enmienda, la enmienda 3, en la que se pide que se analice el problema de la patata en su conjunto, también de la patata alimentaria. 
Porque es necesaria una OCM que regule el mercado europeo de la patata para que sirva para proteger a los agricultores de las caídas de precios que habitualmente suele sufrir este producto. 
El mercado de la patata sufre altibajos cíclicos, que provoca periódicamente caídas de precios que afectan gravemente al sector productor. 
Por lo tanto, es necesaria la intervención europea para regular este mercado, y no olvidemos que la patata es el décimo producto agrícola europeo en volumen de producción y es el único de los 25 primeros productos agrícolas de la Unión Europea que no está regulado a través de la propia Unión. 
Productos de otro tipo, cada uno de ellos cuestan 2.000 millones de ecus, y en algunos casos 1.500 millones de ecus, al erario comunitario y, sin embargo, sobre la patata, que es el décimo producto agrícola europeo, no cabe ningún tipo de regulación. 
Es un mercado inelástico, en el que un incremento de la producción y la consiguiente bajada de precios no originan más consumo. 
Existen estudios que dicen que este mercado se puede regular a través de un establecimiento de sistema de cuotas y superficie, ya que está demostrado que existe una correlación entre la superficie cultivada, los precios y el producto. 
Y un sistema regulador de este tipo, además de proteger al producto- a la patata- de los vaivenes, carecería de complejidades administrativas y los gastos presupuestarios para el contribuyente comunitario serían mínimos. 
Por tanto, estoy de acuerdo con la aprobación de este informe. 
Pero, a través de la enmienda 3, debemos también llamar al Consejo para que, de una vez por todas- después de tener desde hace 5 o 6 años propuestas sobre la mesa -, se atreva a buscar un sistema que regule, mediante una OCM, el problema de la patata alimentaria en el conjunto de la Unión Europea. 
Señor Presidente, desearía felicitar a la Sra. Redondo por su informe sobre la producción de fécula de patata. 
Valoro en gran medida la disposición que ha mostrado la ponente durante el examen en comisión a aceptar unas propuestas de compromiso que dotan a su informe de un equilibrio mucho mayor y que prestan más atención a las características específicas de la producción de fécula en los distintos Estados miembros. 
Con objeto de sanear el mercado comunitario de la fécula, la Comisión propone mantener el sistema de cuotas como hasta el momento. 
La producción nacional de fécula de patata en Finlandia apenas permite satisfacer la mitad de la demanda de su industria papelera nacional, por lo que este país ha propuesto elevar su cuota hasta las 70 000 toneladas. 
Esta cantidad respondería mejor a la capacidad de producción ya existente. 
Como consecuencia de su clima septentrional, las variaciones que sufren las cosechas de patata para fécula en Finlandia son mayores que en la Europa central. 
Por este motivo, resulta difícil adaptar el contingente al límite flexible del 5 %. 
Atendiendo a estas grandes fluctuaciones en las cosechas de patata, se podría justificar perfectamente la posibilidad de aplicar una cuota del 10 %, razón por la cual creo que es muy acertada la enmienda n- 6, en la que se propone la posibilidad de aplicar a los contingentes excepciones de diez puntos porcentuales. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer a la ponente, Sra. Redondo Jiménez, y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la elaboración del informe sobre la propuesta de adaptación del régimen de contingentes para la producción de fécula de patata. 
La propuesta está encaminada a reconducir el actual régimen para un nuevo período de tres años. 
La Comisión acepta de buen grado la enmienda 1, que destaca la importancia socioeconómica de los productores de patata para fécula y justifica las medidas adoptadas en este sector. 
Asimismo, la Comisión acepta la enmienda 2, que refuerza el objetivo del mantenimiento del equilibrio entre los sectores de la fécula y el del almidón producido a base de cereales. 
En cuanto a la enmienda 3, relativa a las patatas producidas con fines alimentarios, la Comisión es consciente de la necesidad de poner en marcha una organización común de los mercados en el sector de la patata. 
Es por lo que, en 1992, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta en este sentido. 
En lo que respecta a la enmienda 4, que propone que se limite la prima que se concede a los productores de fécula a la campaña 1998-1999, la Comisión lamenta no poder aceptar esta enmienda, que conduciría a desfavorecer el sector a causa de sus obligaciones estructurales de producción. 
Asimismo, en cuanto a la enmienda 5, la Comisión no ve la necesidad de precisar el período de tres años ya fijado en el artículo 1 de la propuesta ni de mantener el importe de la prima que fija el reglamento. 
En consecuencia, la Comisión no está en condiciones de poder aceptar esta enmienda. 
En lo que respecta a la enmienda 6, encaminada a aumentar la flexibilidad del régimen, la Comisión lamenta no poder aceptar esta enmienda, que amenazaría con incrementar la producción en un mercado ya relativamente saturado. 
Muchas gracias, señora Cresson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Enseñanza superior 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0191/98) de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la recomendación del Consejo relativa a la cooperación europea en materia de garantía de la calidad en la enseñanza superior (C4-0191/98-97/0121 (SYN) ) (Ponente: Sra. Heinisch) 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la cooperación europea en materia de garantía de la calidad en la enseñanza superior tal vez pueda parecer a primera vista un empeño estéril. 
Por un lado, tenemos que tener presente la soberanía de los Estados miembros en el ámbito cultural, la diversidad de los sistemas educativos, la autonomía de las universidades y su singularidad; por el otro lado, estas expresiones del principio de subsidiariedad se contradicen con la necesidad de establecer unas normas europeas de calidad de la enseñanza superior, toda vez que en la Comunidad existe ciertamente un consenso de fondo en el sentido de que la homologabilidad de los centros europeos de enseñanza superior es un requisito indispensable para fomentar la movilidad de los estudiantes dentro de la Unión Europea, tal como es nuestro expreso deseo, ya que esperamos que esto contribuya al crecimiento conjunto de la Unión Europea. 
Sin embargo, la necesaria homologabilidad de los sistemas de enseñanza superior sólo se podrá conseguir si se logra alcanzar un acuerdo unánime sobre la posible definición y finalmente también la evaluación de la calidad. 
Además, también se plantea el tema de a quién sería más adecuado asignar las competencias en relación con las medidas en materia de garantía de la calidad. 
Las posiciones que han defendido la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo en el curso de los trabajos de elaboración de la recomendación que ahora se debate reflejan nítidamente las dificultades con que nos enfrentamos tan a menudo en el ámbito de la política educativa europea, cada vez que nos proponemos hacer realidad unos objetivos deseables para la Comunidad, respetando a la vez rigurosamente el principio de subsidiariedad. 
En su propuesta inicial, la Comisión se atribuía competencias exclusivas para la creación de una red europea que se encargaría de promover la garantía y evaluación de la calidad. 
Comprensiblemente, esto no resultó aceptable para los Estados miembros y, por consiguiente, el Parlamento aceptó en la primera lectura mi propuesta, según la cual los Estados miembros tendrían una participación significativa en la creación de las redes. 
Ésta partía del reconocimiento de que sólo podría establecerse con éxito una red sobre la base de la confianza mutua y de la cooperación, y de que era difícilmente concebible la creación de una red europea sin un marco nacional adecuado. 
La posición común incorpora las propuestas del Parlamento en relación con este aspecto tan decisivo. 
Según su planteamiento, ahora se recomendará a los Estados miembros que establezcan una red y el cometido de la Comisión será apoyar la cooperación entre las autoridades competentes en materia de evaluación y garantía de la calidad de la enseñanza superior. 
Además de este punto esencial, el Consejo ha hecho suyas también, en la forma o en el fondo, otras 13 enmiendas del Parlamento. 
Yo considero importante que la posición del Consejo incorpore ahora dos consideraciones básicas que constituían el fundamento de mi informe. 
En este sentido, ha sido posible lograr que se realce más el principio de la autonomía de los centros de enseñanza superior y la preservación de su concepción pedagógica particular. 
También se ha suavizado, con respecto a la propuesta inicial de la Comisión, el tono casi conminatorio con que se instaba a los Estados miembros a adoptar determinadas medidas. 
No obstante, no se han incorporado algunas de las enmiendas que propuso el Parlamento, de conformidad con mi informe. 
El Consejo ha rechazado, por ejemplo, la inclusión de los PECO en las medidas de garantía de la calidad. 
Aun cuando en estos momentos todavía no sea posible dirigir una recomendación a dichos Estados, dado que por razones jurídicas éstas no pueden dirigirse a los Estados no adheridos a la Unión, yo sigo pensando que es importante que no perdamos de vista el valor que tendría su inclusión, habida cuenta que todos los objetivos que nos proponemos alcanzar con la garantía de la calidad también son válidos, obviamente, para los Estados a los que deseamos ampliar nuestra Comunidad en un futuro próximo. 
Dichos Estados deben participar también del efecto integrador que persiguen nuestras medidas y precisamente para ellos será importante que puedan beneficiarse de la capacidad innovadora de Europa y contribuir a la misma. 
El Consejo tampoco aceptó otra enmienda, en la cual yo abogaba por que también se establecieran sistemas de evaluación en el ámbito de la investigación. 
En el caso de Alemania, donde la docencia y la investigación constituyen un conjunto inseparable, resultaba muy evidente, a mi parecer, que para juzgar la calidad de un centro de enseñanza superior es preciso evaluar también sus aportaciones en el campo de la investigación. 
El artículo 126 del Tratado de Maastricht, en el cual se basa la recomendación, no admite, sin embargo, ninguna referencia al ámbito de la investigación. 
Sólo constituye un fundamento jurídico para los temas relativos a la educación. 
De este modo, la enmienda no rebasa el campo de aplicación del fundamento jurídico del artículo 126 y a la vez permite incorporar la evaluación de la investigación en el ámbito de la educación. 
Yo creo que esto permite lograr el necesario equilibrio entre el principio de subsidiariedad y el fomento de los objetivos en materia de política educativa. 
Desde luego, es evidente que todavía será necesario superar algunos obstáculos para hacer realidad este compromiso. 
Sin embargo, el compromiso en el ámbito de la formación universitaria en las puertas del siglo XXI puede ser indicativo del camino que tenemos que seguir. 
En el contexto de la tendencia a la globalización, la Unión Europea debe fijarse unos criterios internacionales de evaluación e inaugurar nuevos caminos también en la política relativa a la enseñanza superior. 
Esto incluye la creación de ciclos de estudios interdisciplinarios y de ámbito europeo. 
Tenemos que reconocer la importancia de que todas nuestras medidas en materia de educación incorporen el concepto de formación integral. 
Finalmente, todos tendremos que hacer un esfuerzo para desarrollar la cooperación y anteponerla al miedo a perder competencias. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, nosotros apoyamos la posición común, en la cual constatamos que se han tomado en consideración todas nuestras enmiendas. 
La garantía y el mantenimiento de la calidad de la formación y su supervisión crítica permanente por parte de las universidades y de todos sus miembros deberían ser, en realidad, un hecho mucho más aceptado, con vistas a ofrecer a los jóvenes licenciados las mejores oportunidades frente a la vida y en el empleo. 
Lamentablemente no es así, con algunas diferencias según los países de Europa. 
Desde luego, es una amarga noticia para los estudiantes cuando se enteran- muchas veces como resultado de dudosos procedimientos de calificación- de que su universidad ocupa un lugar bajo en la escala de valoración pública, debido a que tal vez ha sido poco diligente a la hora de introducir innovaciones. 
Tendría que convertirse por fin en práctica habitual que todas las universidades se sometan a una evaluación de su investigación y su docencia, y que en los grupos de evaluación participen también expertos internacionales. 
Las universidades tienen que preguntarse, por ejemplo, con espíritu crítico, si su oferta formativa es adecuada y se anticipa al futuro, si sus ciclos de estudios tienen una orientación europea en el sentido del programa Erasmus, si ofrecen cursos y seminarios en otras lenguas, por ejemplo, si han establecido convenios con centros de enseñanza superior u organizaciones económicas de otros países con objeto de ofrecer prácticas en el extranjero a los estudiantes, o si actúan como centro regional de formación continua de los profesionales o si cuentan con un ámbito especializado en la educación a distancia. 
Este cambio de enfoque resultará difícil para algunos de quienes trabajan en el ámbito de la investigación y la docencia. 
Es la única manera de que se supere la parálisis. 
Es importante, sin duda, que la garantía de la cualificación se base en la medida de lo posible en unos criterios únicos. 
Sin embargo, me parece problemática la creación de nuevos organismos con este objeto, como puede ser una " red» institucional de ámbito europeo, con un fundamento jurídico poco sólido por añadidura, y pienso que debemos rechazarla. 
Esto no nos ayudará a avanzar. 
Lo importante es que las propias universidades mantengan un intercambio permanente de experiencias sobre sus procedimientos de evaluación. 
La UE podría dar un apoyo adecuado a proyectos concretos. 
Finalmente, ¿por qué no habría de existir en Europa una diversidad de perfiles en la enseñanza superior? 
Éstos ofrecen, a fin de cuentas, un potencial para la innovación. 
¿Por qué no habría de ofrecerse, por ejemplo, la carrera de arquitectura en Milán con unos centros de interés fundamentales distintos a los que se ofrecen en Aquisgrán, por ejemplo, si el nivel de calidad es adecuado en ambos casos? 
Señor Presidente, yo le agradezco su voluntad de escuchar mis importantes consideraciones a una hora tan avanzada. 
La garantía de la calidad es ciertamente muy de agradecer. 
Como también es de agradecer que se haga un esfuerzo para equiparar la calidad en Europa. 
Sin embargo, lo que no se ha tenido en cuenta es el libre acceso que nosotros solicitamos. 
El libre acceso de los estudiantes a todas las universidades de Europa establecería una jerarquía entre éstas y generaría una competencia, que las obligaría a esforzarse para atraer estudiantes. 
Esto tendría un efecto mucho más importante que las disposiciones encaminadas a su armonización. 
El concepto de formación para la investigación que se ha introducido resulta, no obstante, un poco problemático, ya que exigiría el desarrollo de planes de estudios específicos para la investigación. 
En segundo lugar, falta una recomendación en favor de la colaboración entre la investigación y la industria, toda vez que la experiencia nos indica que la investigación sólo funciona cuando se organiza en colaboración con la industria. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al Parlamento y, en particular, a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y a su ponente, Sra. Heinisch, que hayan examinado con tanta celeridad la posición común del Consejo. 
En líneas generales, respeta el espíritu de la propuesta de la Comisión. 
Además recupera muchas de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en primera lectura. 
En el texto del Consejo encontramos todas las enmiendas importantes del Parlamento, como aquéllas relativas a la definición de establecimiento de enseñanza superior, a la diversidad de los planes nacionales de enseñanza y sistemas de evaluación, así como a la autonomía y al carácter específico de los establecimientos de enseñanza. 
Si queremos promover una educación y una formación profesional que se correspondan con los retos del futuro, como se desea en el Tratado, se imponen unos sistemas de evaluación de la calidad como herramientas indispensables. 
Dichos sistemas aportan una contribución decisiva a las políticas en favor del empleo, del crecimiento y de la competitividad. 
Como han podido comprobar, en las recomendaciones se resaltan los principios sobre los que se basan los sistemas de evaluación. 
El Parlamento ha contribuido en buena medida a su puesta a punto. 
Les recuerdo que son el fruto de la experiencia sobre el terreno, en la que han tomado parte numerosos establecimientos de enseñanza, y en base a dicha experiencia, hemos podido hacer una fiel evaluación de los rasgos comunes de los sistemas de evaluación de la calidad de la enseñanza a través de los diferentes países de la Unión. 
Quisiera mencionar asimismo la importancia de esta cooperación, si queremos alcanzar una transparencia real de los sistemas educativos y favorecer la información mutua entre los establecimientos de enseñanza continua y la calidad de la misma. 
Ello debería contribuir a la movilidad transnacional de los estudiantes, al reconocimiento de los diplomas y de los títulos y a la libre circulación de los diplomados en Europa. 
En lo que respecta a la enmienda propuesta por la ponente, me uno gustosamente al deseo de poner de relieve que los establecimientos de enseñanza superior deben mejorar no solamente la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, sino también la de la formación para la investigación. 
Recordarán que la Comisión no pudo aceptar en primera lectura una enmienda que hacía referencia a la investigación en general, por no estar contemplado este ámbito en el fundamento jurídico de la recomendación. 
En cambio, el ámbito de la enmienda presentada hoy está definido y limitado claramente a la formación para la investigación. 
Su inclusión me parece de utilidad, en la medida en que, en la enseñanza impartida por el establecimiento de enseñanza superior, la formación para la investigación está a menudo estrechamente ligada a la enseñanza en general. 
A menudo he destacado la importancia de esta recomendación para la promoción de una educación de calidad en Europa. 
Por ello, no puedo por menos que congratularme por el hecho de que el proceso de decisión interinstitucional haya derivado en un acuerdo muy positivo. 
En el momento en que el Consejo apruebe definitivamente la recomendación, la Comisión procederá lo más rápidamente posible a la creación de la red para la evaluación de la calidad, cuyos trabajos serán decisivos para la constitución del espacio educativo europeo que todos deseamos. 
Muchas gracias, señora Cresson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11. 00 horas. 
Quinto programa marco 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0188/98) del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre las propuestas de decisión del Consejo relativas a: 
I.las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades y las normas de difusión de los resultados de la investigación para la puesta en marcha del quinto programa marco de la Comunidad Europea (1998-2002) (COM (97) 0587- C4-0015/98-97/0309 (SYN) ) II.las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades y las normas de difusión de los resultados de la investigación para la puesta en marcha del quinto programa marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) (1998-2002) (COM (97) 0587- C4-0016/98-97/0310 (CNS)) 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la propuesta presentada sobre las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades y sobre las normas de difusión de los resultados de la investigación para la puesta en marcha del quinto programa marco de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica cumple la tarea imprescindible de hacer posible la puesta en marcha de objetivos y acciones estipuladas en dicho programa marco. 
La opinión de nuestra comisión ha sido globalmente favorable, valorando positivamente el conjunto de medidas contempladas para servir como llave de acceso a la investigación comunitaria por parte de los protagonistas más interesados. 
Nuestra comisión se ha centrado en unas pocas cuestiones encaminadas a conseguir solucionar algunos problemas detectados y aún pendientes de experiencias y convocatorias anteriores y que, a pesar de las mejoras introducidas por la actual propuesta, al no ser suficientes, se deben acometer. 
De esta forma, manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias en algunos temas de investigación a causa del carácter acelerado de las innovaciones tecnológicas, sobre todo en lo referente a la sociedad de la información, tanto en la constitución de los grupos solicitantes como en su puesta en funcionamiento y sus obligaciones presupuestarias. 
Otra de las mejoras introducidas hace referencia a la necesidad de garantizar que el acceso a la información de las convocatorias sea, además de por el Diario Oficial, por el resto de los medios electrónicos y en todas las lenguas. 
También hemos recibido múltiples sugerencias orientadas a imprimir celeridad al proceso de toma de decisiones, en el sentido de que el plazo no supere los cuatro meses y, de esta forma, ayudar a los grupos solicitantes. 
También nos ha parecido conveniente tomar en consideración, a la hora de efectuar la ejecución financiera de las ayudas, los diversos componentes y las características distintas que entran en juego en cada uno de los países en los que se ubican los grupos de investigación y, con esta finalidad, no hacer agravios comparativos, al tratar a todos de forma homogénea. 
Un aspecto de especial relevancia para la comisión ha sido el que hace referencia a la propiedad de los conocimientos derivados de los trabajos llevados a cabo en el marco de acciones indirectas cuando la contribución de la Comunidad haya sido del 50 % o más. 
Nos parecía insuficiente y poco correcto que ese derecho a compartir la propiedad sólo se estipulase cuando la financiación comunitaria hubiera sido del 100 %. 
Un capítulo de especial interés en toda la Unión es el de la lucha contra el fraude. 
Aunque parezca imposible, también nos han llegado voces alertando sobre esta lacra en algunos casos. 
Por esta razón, y tomando como base jurídica sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que sirven de precedente, hemos introducido mecanismos concretos que permiten remediar, evitar y, en su caso, sancionar a aquellos grupos que presenten anomalías, incumplimientos y graves irregularidades en esta materia. 
Todo ello dentro de la preocupación por la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea que asegura el Reglamento 2988/95. 
Estimamos adecuado, en otro orden de cosas, el uso de todas las lenguas para facilitar la información necesaria a los contratistas, así como el de todos los recursos actuales de la sociedad de información, sobre todo para las PYMES, universidades y centros de investigación. 
Por último, nos parece indicado que, tanto en caso de aceptación como de denegación, sea imprescindible la justificación motivada, argumentada y sustancial de las mismas. 
Hay que señalar que el debate tenido en comisión fue rico, tratándose en su seno de otros aspectos como la preocupación por llegar a involucrar al mayor número de PYMES de pequeño tamaño o el establecimiento de prioridades, debatiéndose entre considerar como cruciales las de la competitividad de la innovación tecnológica asociada o la satisfacción de las necesidades sociales de la población europea. 
En definitiva, se puede afirmar que el Parlamento Europeo, en virtud de su función de representar directamente inquietudes y voluntades depositadas en él, con esta aportación, persigue completar una propuesta, ya de por sí positiva, sobre esta materia tan crucial. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, colegas, en primer lugar mis agradecimientos al ponente por el excelente trabajo que ha realizado. 
Se trata aquí de unas normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en la investigación. Se trata por supuesto de la difusión de los resultados de la investigación. 
Este informe me parece en realidad tan importante como el contenido del quinto programa marco. 
Porque se puede hacer mucho, pero en el momento en que contractualmente no se regulan bien las cosas o en que la difusión de los resultados no marcha bien, está claro que no se ha conseguido mucho todavía. 
Contamos por supuesto con una larga tradición. 
Hemos tenido ya algunos programas marco y la Comisión ha impuesto acertadamente muchos informes de evaluación, y se lo agradezco mucho, ha efectuado también muchos estudios de evaluación y es bueno que aprendamos de ellos. 
Permítame que mencione unos cinco o seis puntos que derivan de ello. 
Lo que se desprende de los diferentes informes de evaluación, me remito por ejemplo a ESPRIT, es que hay unos procedimientos burocráticos muy largos. 
Muy lógico, la Comisión quiere hacer todo de forma extraordinariamente meticulosa, pero a veces se tarda hasta dieciocho meses antes de que se tome una decisión. 
La liquidación financiera tarda mucho y, sobre todo cuando se trata de empresas más pequeñas, constituye un problema. 
Luego un tercer elemento que naturalmente es de gran importancia, es que no está enfocado a proyectos altamente innovadores. Teniendo procedimientos tan largos eso no se consigue. 
Hay una abundancia de obligaciones de evaluación que son lógicas desde el punto de vista burocrático, pero que naturalmente acarrean problemas para las empresas más pequeñas que quieren participar en nuestras investigaciones. 
Y al final, no siempre se hacen buenos acuerdos sobre la difusión. 
Si ahora estamos redactando otra vez nuevas reglas y obligaciones, debemos mirarlas bien. 
Esa ha sido la razón por la cual hemos presentado algunas enmiendas y espero también que la Comisaria las tome en serio. 
Yo tenía la impresión de que por parte de la Comisión había mucha oposición a mirar seriamente estas enmiendas porque ya tenía una idea preconcebida de lo que debía ser el resultado. 
Creo que eso es un error, Presidente. 
Sobre todo quiero llamar la atención en la fase actual en la que estamos para que tomemos en cuenta que agrupaciones de las pequeñas y medianas empresas a menudo participan con una empresa en un proyecto de investigación y que hemos de procurar que esa empresa junto con es agrupación de pequeñas y medianas empresas pueda tener, por así decirlo, personalidad jurídica. 
A eso se refiere la primera enmienda. 
La segunda enmienda es de gran importancia en el sentido de que si se trata de unos proyectos altamente innovadores, que después de un año podrían desaparecer por decirlo así, no se aplique entonces la norma como se ha aplicado en el proyecto ESPRIT, es decir que después de un año hay que ser operativo. 
Por eso, se aboga que en esos casos muy específicos, o sea no como norma general sino en esos casos específicos, que sea suficiente con una descripción de los historiales y de la experiencia del personal. 
La tercera enmienda tiene en cuenta que la prefinanciación del consorcio no puede ser superior a un máximo de seis meses. 
Esto a veces puede ser un problema. 
En la cuarta enmienda no solamente proponemos la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, eso es muy bueno, eso lo hace todo el mundo, sino que también proponemos que se haga uso de la tecnología y por lo tanto se ponga a disposición también, como digo, y no en lugar de, en formato electrónico. 
Nos parece que es de gran importancia que un consorcio, para evitar esa pérdida de tiempo, esté autorizado, cuando haya presentado una solicitud a la Comisión, para empezar a negociar las obligaciones jurídicas y contractuales. 
Si no, se pierde tiempo. Eso es malo para nuestra investigación. 
Una vez que se le haya asignado un contrato a un consorcio y este no empiece, y esos casos los conocemos también, entonces habrá que imponer una sanción. 
Simplemente hay que decir: si después de cuatro meses no se ha hecho nada todavía, entonces tendrá que presentar su solicitud de nuevo. 
Con ello, creo, se mantiene la velocidad en el proceso total. 
Es también de gran importancia que se indique en el contrato cómo están reguladas la difusión y utilización de los resultados. 
Eso habrá que regularlo de antemano, no a posteriori. 
También hay que dar los criterios de resultados. 
He visto por ejemplo en los proyectos unas descripciones de los resultados de la investigación en los que ni siquiera al final sabes todavía cómo va a salir. 
La Comisión debe obligar a que se indiquen en el proyecto los resultados de salida. 
Hemos presentado algunas enmiendas de este tipo. 
Espero por lo tanto que la Comisaria las mire con buenos ojos y que a continuación sea transigente en ese punto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, querido colega ponente, Señorías, la difusión y la valorización del resultado son aspectos esenciales de la política de investigación científica para los países con industrias menos desarrolladas. 
Aunque su importancia esté consagrada en el texto de la Comisión, tenemos razones para temer que, en la práctica, sigan sin hacerse de forma satisfactoria. 
En cuanto a la difusión, los medios electrónicos son un recurso excelente para quien ya sabe lo que busca. 
Pero no bastan. 
Es necesario ir al encuentro de los otros, de quienes aún no conocen el potencial de intercambios y cooperación en el ámbito de la investigación y la tecnología. 
Tanto pueden ser centros de investigación como universidades, como pequeñas y medianas empresas. 
He de recordar que es importante mantener la definición de PYME en el límite de los quinientos trabajadores y no reducirla a doscientos cincuenta, como propone la enmienda nº 1. 
Si así se hiciere, un país como Portugal no podría participar en programas de apoyo a las PYME, lo que es contrario a lo que ciertamente pretende sin duda el Sr. Marset Campos al proponer la enmienda. 
Pero la verdad es que, en Portugal, sólo las empresas con cierta dimensión pueden hacer investigación. 
En cuanto a la valorización, o sea, la capacidad para transformar una investigación en un producto, una buena vía sería la de promover la articulación con el programa EUREKA. 
Hago desde aquí un llamamiento a la conferencia con la que concluirá en junio la presidencia portuguesa de EUREKA para que cree condiciones con vistas a una interacción entre el quinto programa marco y EUREKA. 
Y ya que estamos tratando del quinto programa marco, unas palabras finales para instar a que no se cometa el error de reducir, precisamente en el Año Internacional de los Océanos, el presupuesto para las ciencias y las tecnologías marinas. 
Son el emblema de Europa. 
El mundo no comprendería esa falta de visión y el futuro no nos lo perdonaría. 
Muchas gracias, señora Vaz da Silva. 
Señorías, con la intervención de la Sra. Vaz da Silva hemos finalizado el turno de palabras de los miembros de la Asamblea. Por lo tanto, invito a la Comisaria Sra. Cresson a que tome la palabra. 
Señor Presidente, antes de nada, deseo agradecer a los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y, en particular, al ponente, Sr. Marset Campos, el trabajo que han realizado. 
Comparto plenamente el sentir del Sr. Marset Campos: nuestras normas de participación y de difusión deben ser accesibles a todos los que se dedican a la investigación. 
Deben ser aplicadas con la máxima transparencia. 
Nuestras propuestas al respecto se inscriben en el contexto más amplio de los esfuerzos realizados por la Comisión para garantizar una gestión óptima de los programas comunitarios de investigación. 
Se hará especial hincapié en simplificar al máximo los procedimientos y se reducirán los plazos en la medida de lo posible. 
En la elaboración de la propuesta que nos ocupa, hemos partido de la experiencia acumulada con las normas actuales que, en términos generales, han funcionado de manera satisfactoria. 
A pesar de que, como destaca el ponente, son muy importantes para los participantes, tienen un carácter bastante técnico. 
Resumiré la posición de la Comisión sobre las dos propuestas de decisión del Parlamento como sigue. La Comisión suscribe, en lo esencial, los objetivos de las enmiendas 4 y 8 (CE/Euratom). 
La primera precisa que las convocatorias deben publicarse por otras vías además del Diario Oficial. 
La segunda amplía las modalidades de participación financiera de la Comunidad. 
A condición de una reformulación, la Comisión puede aceptar estas enmiendas parcialmente. 
No puede hacer lo propio en el caso de las demás enmiendas. 
A pesar de que comparte las preocupaciones que las sustentan, la Comisión opina que dichas enmiendas o bien ya están contempladas en las disposiciones presentadas, por ejemplo, las enmiendas 1 (CE/Euratom) y 5, 11 y 16 (CE) , o están encaminadas a introducir disposiciones de gestión cotidiana en los textos normativos por los que se regirá toda la política de investigación, por ejemplo, las enmiendas 2 y 7 (CE/Euratom) y 14 (CE). 
Algunas están encaminadas a airear los problemas del fundamento jurídico, por ejemplo, las enmiendas 12 y 13 (CE) , mientras que otras deben ser consideradas en el marco de las medidas de aplicación, por ejemplo, las enmiendas 3 y 6 (Ce/Euratom) y 9 y 15 (CE). 
Agradezco al Parlamento Europeo que haya adoptado la medida de urgencia para este dossier. 
Todos somos conscientes de que el actual programa marco, sus programas específicos y las normas de participación y de difusión deben estar disponibles en tiempo útil para proseguir nuestras acciones a partir del 1 de enero de 1999. 
Nos encontramos en la vía acertada para lograrlo. 
No ignoro, sin embargo, las dificultades que nos esperan para la aprobación del quinto programa marco en condiciones satisfactorias. 
Estoy segura de poder contar y seguir gozando del apoyo del Parlamento para alcanzar este objetivo. 
Muchas gracias, señora Cresson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Señorías, les anuncio que hemos agotado nuestro orden del día, que les deseo un descanso reparador que sé muy merecido, y les recuerdo que la próxima sesión se abrirá mañana jueves, 28 de mayo de 1998, a las 9.00 horas y que está previsto que se cierre a las 13.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.50 h.) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, en la página 6 del Acta de ayer figura que pedí la palabra por alusiones personales. 
Aquello que dije, señora Presidenta, es precisamente lo que ayer de nuevo se ha constatado. En la televisión neerlandesa, en el programa Nova, la Sra. van Dijk mintió otra vez y precisamente hizo aquello que recriminé ayer a los Verdes, es decir, utilizar la situación con fines electorales. 
Sostuvo ante las cámaras que yo estoy en contra de toda modificación del actual Estatuto. 
En esta Casa todos saben que, una y otra vez, de palabra y por escrito, y en los informes de la Comisión de Reglamento, he dicho con total claridad que soy partidario de que se adopte un mismo Estatuto para todos los miembros y que no pueda existir ninguna discriminación por razón de nacionalidad, ya que esto está en contra del artículo 6 del Tratado. 
Actualmente, señora Presidenta, los italianos ganan en esta Casa cinco veces más que los españoles ¡Es una vergüenza! 
Es una discriminación por razón de nacionalidad. 
En el momento en que exista un Estatuto uniforme, señora Presidenta, también podrán modificarse las normas relativas a las dietas de viaje y de estancia. 
Exijo que los Verdes se retracten de su afirmación acerca de que me opongo a una modificación. Estoy a favor. 
Señora Presidenta, esperamos que la Mesa realice propuestas cuanto antes respecto de un Estatuto uniforme. 
Una última observación, señora Presidenta, ¿por qué en Bruselas no hay un servicio como el de Estrasburgo que pueda proporcionar al día siguiente las actas de los debates? Resulta extraño. 
No, ésa es el Acta, señor Martens. Me refiero a las Actas Literales, las llamadas «Arco iris» en las diferentes lenguas. 
No obstante, el Sr. Martens lleva poco tiempo aquí, todavía no se ha enterado del todo de cómo funcionan las cosas. 
Señora Presidenta, espero que Bruselas sea tratada de la misma forma que Estrasburgo y que, por tanto, también se cree aquí un servicio que pueda proporcionar las Actas Literales. 
Muchas gracias, señor Wijsenbeek. 
Tomamos nota de ello. 
(El Acta queda aprobada.) 
Fondos de cohesión- Fondos estructurales- Regiones insulares 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0159/98 del Sr. Arias Cañete en nombre de la Comisión de Política Regional sobre el Informe Anual de la Comisión relativo al Fondo de Cohesión 1996 (COM (97) 0302- C4-0482797) ; -A4-0160/98 de la Sra.Klaß en nombre de la Comisión de Política Regional sobre el Octavo Informe anual sobre los Fondos estructurales 1996 (COM (97) 0526- C4-0582/97) ; -A4-0118 del Sr. Viola en nombre de la Comisión de Política Regional sobre los problemas de las regiones insulares de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores diputados, el artículo 130 A del Tratado contiene una disposición fundamental en el Derecho comunitario. Establece que, para promover un desarrollo armonioso de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social, y añade que la Comunidad se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales. 
Dentro de las políticas comunitarias de desarrollo regional, el Fondo de cohesión se erige en uno de los principales instrumentos de dicha política, al ser su misión esencial contribuir a la lucha contra las disparidades existentes en el seno de la Unión Europea. Disparidades que afectan todavía en mayor proporción a los cuatro países beneficiarios de dicho Fondo, como bien se reflejó en el primer informe trienal sobre la cohesión que realizó la Comisión. 
El informe que nos ocupa en este momento refleja que, si bien se ha avanzado mucho en los dos campos de actuación del Fondo de cohesión- transportes y medio ambiente -, las disparidades de las que hablamos están lejos de ser solucionadas, por lo que es de vital importancia que este Fondo siga actuando en los cuatro países beneficiarios. 
De cualquier modo, es necesario hacer hincapié en las obligaciones de estos mismos Estados, no sólo de realizar un esfuerzo real para que las actuaciones llevadas a cabo con cargo al Fondo de cohesión sean verdaderamente eficaces, sino también para que exista un equilibrio real en cuanto a la realización de esas actuaciones entre los dos ámbitos de actuación del Fondo porque, como se constata en el informe, existen desequilibrios en algunos Estados en cuanto a la financiación de proyectos en ámbitos determinados. 
Concretamente, en el ámbito de los transportes, tenemos que apuntar nuestra preocupación por el hecho de que sigan primando los proyectos de transporte por carretera que, curiosamente, son los que menos incorporan la dimensión medioambiental en comparación con otros medios de transporte como puede ser el ferrocarril. 
Esto puede resultar un tanto contradictorio si tenemos en cuenta que es precisamente el medio ambiente el otro sector financiado por el Fondo de cohesión y, por lo tanto, los proyectos con mayor respeto medioambiental deberían ser prioritarios. 
Desde un punto de vista estrictamente financiero, se puede decir que los resultados durante el año 1996 son altamente satisfactorios, porque la ejecución presupuestaria alcanza el 100 % en créditos de compromiso y el 97, 50 % en créditos de pago, y además porque se avanza hacia un equilibrio entre los sectores de intervención. 
Resulta muy positiva, señora Comisaria, la especial atención que se presta a las regiones ultraperiféricas, que, como sabemos, suelen ser las que mayores problemas tienen, sobre todo, a nivel de las comunicaciones. 
Al analizar la importante función del Fondo de cohesión como instrumento financiero destinado a la consecución de la cohesión económica y social, debemos volver a subrayar la diferencia que existe entre la convergencia nominal, a la que algunos Estados beneficiarios de este Fondo han logrado llegar, y la convergencia real, que está lejos de haber sido conseguida en estos Estados, y que es objetivo prioritario del Fondo de cohesión. 
Existen algunas enmiendas al informe que confunden convergencia real y convergencia nominal, pero yo entiendo que considerar que quien ha alcanzado la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria debe verse excluido de los beneficios del Fondo de cohesión, a pesar de que se cumpla el requisito de tener un PNB inferior al 90 % de la media comunitaria, sería premiar a los Estados incumplidores y sancionar a aquellos Estados que, a pesar de su situación de desventaja en relación con el PNB comunitario, han hecho un verdadero esfuerzo de reducir diferencias y de cumplir y continuar cumpliendo los criterios establecidos no sólo en los planes de convergencia sino en los planes de estabilidad. 
Sin perjuicio de ello, presentaré al Pleno una enmienda oral al apartado 14 de mi informe para que se adecúe totalmente a los planteamientos que constaban en el informe del Sr. Izquierdo Collado, a la vista de las enmiendas de transacción que estableció el Sr. Berend, de manera que mantengamos el consenso alcanzado en el informe Izquierdo Collado. 
También debemos valorar positivamente la creación de empleo que este Fondo genera, directa o indirectamente, en los Estados beneficiariosue. 
Y este es un aspecto que se debe incentivar, ya que, aunque la generación de empleo no sea el principal objetivo del Fondo de cohesión, es necesario que se tenga en cuenta este aspecto y dar prioridad a las medidas q puedan generar empleos duraderos, máxime cuando estamos en un momento en que la Unión Europea tiene que potenciar esta política en el marco del aún no estrenado Tratado de Amsterdam. 
Para concluir, estimados colegas, quisiera señalar que el Fondo de cohesión se ha revelado como un instrumento esencial para la consecución de una Unión Europea equilibrada, sin disparidades de gran magnitud. 
Por ello, es un modelo válido que puede inspirar el futuro instrumento de preadhesión, que puede configurarse a semejanza de este Fondo y contribuir a que la ampliación sea todo un éxito. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores, el informe de la Comisión sobre los fondos estructurales de 1996 es un documento que, aunque muy completo, ha sido presentado en un corto lapso de tiempo. Se lo agradecemos a la Comisión. 
Hoy adoptaremos una postura al respecto porque queremos aprender de la experiencia del año 1996 para los próximos. 
Las miradas se dirigen ya a los próximos retos: la reforma del Fondo estructural y la ampliación de la Unión. 
Algunos problemas de años pasados reaparecen siempre, y ya fueron mencionados por los ponentes del Parlamento en años anteriores. Siguiendo el lema de que " el goteo continuo cava en la piedra» , he retomado esos puntos en mi informe. 
Que la Comisión me disculpe, pero de este modo espero yo que se superen los problemas. 
Al finalizar el año 1996 alcanzamos la mitad del actual período planificado. 
Los dos años anteriores nos dieron pocos resultados satisfactorios en la utilización de los recursos. 
Sin embargo, el año 1996 nos muestra que los retrasos ocurridos en la planificación del programa parece que están ahora solucionados. 
Por consiguiente, el año 1996 fue el primer año realmente de ejecución. 
Podemos constatar con satisfacción que la utilización de los recursos del Fondo estructural de 1996 alcanza un 98 % de los créditos de compromiso disponibles y un 95 % de los créditos de pago disponibles. 
Se han realizado, por tanto, avances considerables. 
Sin embargo, hemos de admitir que esos créditos de pago sólo con restricciones significan que haya un ejecución real sobre el terreno. 
Por ello apremiamos a los Estados miembros a que mantengan el plazo de tres meses previsto para la transferencia de los recursos a los beneficiarios finales. 
Y a la Comisión le pedimos que incluya datos sobre la transmisión de los recursos a los beneficiarios finales en el próximo Informe Anual. 
Sólo así se puede seguir de modo transparente el flujo financiero desde la Comisión hasta los destinatarios finales. 
La utilización de iniciativas de la Comunidad y de medidas de transición e innovativas da motivos de preocupación. El 70 % del total de los recursos no usados salen de ese ámbito. 
Tampoco el año 1997, según cifras provisionales, ha traído la esperada mejoría en las iniciativas comunitarias. 
Fueron necesarios, por tanto, reprogramaciones y transferencias de recursos, por lo que pido que en el futuro el Parlamento sea informado de esto lo antes y lo más completamente posible, y que nuestra postura sea considerada convenientemente. 
Esto vale especialmente para el caso de eventuales problemas cuando se agoten los recursos al final del período del programa. 
Las actividades del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones dan un considerable impulso a las intervenciones de los fondos estructurales en curso. 
En el futuro hay que aprovecharlo más aún. 
Por supuesto, también es obligado y necesario un control por parte del Tribunal de Cuentas del Fondo Europeo de Inversiones. 
Hay que continuar insistiendo en la importancia de la complementariedad de la política estructural con otras políticas de la Comunidad. 
La ejecución del principio de cooperación ha mejorado en el transcurso de los años, sin embargo, la cooperación económica y social a escala local y regional es esporádica y puntual. 
Las observaciones hechas por la Comisión sobre nuevas formas de cooperación y sobre el fortalecimiento y mejor anclaje del principio son importantes en la medida que la cooperación será un tema importante en la inminente reforma del Fondo estructural. 
Un mayor anclaje de la cooperación en los nuevos reglamentos debería definir con precisión y de modo realista la extensión, la distribución de papeles y la función de la cooperación. 
Seguimiento, evaluación y control tienen importancia para el éxito y el logro de los objetivos. 
Por supuesto, este ámbito ha alcanzado entre tanto una enorme complejidad de criterios y procedimientos. 
En el marco de la próxima reforma del Fondo estructural habrá de llegarse a una simplificación adecuada del sistema de evaluación. 
Hay que constatar un aumento de las irregularidades con repercusiones financieras. 
Controles más eficientes y un trabajo conjunto más estrecho entre la Comisión y los Estados miembros descubriría seguramente más irregularidades. 
Pero un aumento de actividades fraudulentas juega también, en mi opinión, un papel. 
La adicionalidad de los recursos debe seguir teniendo prioridad. 
Sin embargo, el control del cumplimiento de ese principio no es satisfactoria. 
La Comisión ha propuesto la adicionalidad como uno de los criterios para el 10 % de las reservas. 
No obstante, las dificultades en el control que siempre aparecen son todo menos alentadoras. 
Aquí surge la cuestión de cómo puede entrar en consideración un criterio insuficiente en su control como clave suplementaria para la distribución. 
Pido por ello a la Comisión que piense otra vez sobre este plan. 
Para finalizar quisiera mostrar mi agradecimiento a todos aquellos que han apoyado y ayudado en la elaboración del informe. 
Espero que con él también el fomento estructural del crecimiento conjunto de la Unión Europea pueda seguir estando en el futuro bien organizado. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, hace un año el Consejo decidió modificar el Tratado de la Unión Europea incorporando una importante puntualización en su artículo 130 A, relativo a la política de cohesión. 
Entre las regiones menos favorecidas de la Unión Europea y, en consecuencia, necesitadas de ayudas específicas y especiales, se añadieron las regiones insulares- que, por obvios motivos geográficos, se encuentran lejos de la Europa continental y de su mercado interior- debido a una serie de sobrecostes que su propia naturaleza les impone. 
Finalmente, la Unión Europea reconoció, en esa feliz circunstancia, lo que ya había reconocido a otras regiones como, por ejemplo, las regiones ultraperiféricas o las regiones del gran Norte, esto es, un tratamiento y una atención especial hacia la diferencia, una excepción al principio de la uniformidad del que a menudo es víctima. En definitiva, al afirmar que la discriminación consiste en tratar de forma idéntica situaciones diferentes, reconoció lo que también el Tribunal de Justicia venía sentenciando desde hacía tiempo. 
Hace un año, el Consejo nos hizo entrega de un enorme recipiente que debía llenarse con ideas y propuestas constructivas, un recipiente que tiene como fundamento jurídico el nuevo texto del artículo 158 del Tratado de Amsterdam y la declaración nº 30 aneja. 
Los lados de dicho recipiente son las políticas comunes: la agricultura, la cohesión, la pesca, la energía, etcétera. 
Por desgracia, está provisto de una tapa muy pesada que retrasa la puesta en marcha de lo que el Tratado reconoce. 
Esta tapa la ha representado la Comisión que hasta el día de la fecha ha impedido el paso a las ideas del Parlamento y de su Comisión de Política Regional. 
Confío en que se cambie de orientación a partir de hoy. 
No quiero abrir la polémica acerca de la traducción lingüística del artículo 158 en este Pleno- la Comisión de Política Regional no se ha ocupado de dicho problema- y dejo este cometido a quien le corresponda en este Parlamento y, en su caso, al Tribunal de Justicia. 
Quiero, por el contrario, abrir el capítulo de la traducción en la práctica del artículo 158. 
En efecto, estoy plenamente convencido de la exactitud de la traducción italiana y no lo estoy, en cambio, de la voluntad de la Comisión de darle un seguimiento. 
Si es cierto, y lo es a todas luces, por ejemplo, que los reglamentos comunitarios deben ajustarse a su fuente jurídica originaria- es decir, al Tratado- no se entiende por qué las propuestas de reglamento sobre la reforma de los Fondos estructurales, presentadas por la Comisión el pasado 18 de marzo, no hacen referencia alguna a la inclusión del elemento de la insularidad que afecta a 14 millones de ciudadanos europeos. 
Lo que se pide, en definitiva, es que se aplique a las regiones insulares el principio de igualdad de oportunidades, a través de medidas de discriminación positiva que permitan, en última instancia, compensar las disparidades iniciales existentes, de acuerdo con el principio de cohesión económica y social en que se asienta la construcción europea. 
Es por eso que en mi informe se habla de una política integrada para las regiones insulares, de una coordinación dirigida por un «Grupo interservicios» en el seno de la Secretaría General, de la inclusión en el nuevo Interreg de un capítulo específico referido a la cooperación interinsular, de un criterio de elección de los Fondos estructurales respetuoso del factor geoeconómico insular, de una zona fiscal insular intermedia entre la continental y la ultraperiférica ya existente que, incluso a través de medidas en materia de incentivos fiscales, permita a las regiones insulares competir con todas las demás regiones continentales en condiciones equitativas. 
Con la votación de hoy, el Parlamento quiere expresar su convencimiento de que la Unión debe tomar decisiones importantes e innovadoras. 
En lo que se refiere a la segunda -» las condiciones equitativas» -si existe una correspondencia lógica, ésta nos lleva a admitir que las regiones insulares padecen situaciones básicas diferentes. Por último, la tercera se refiere a «la integración y el mercado interior» , un mercado que las regiones insulares todavía no disfrutan plenamente y que, a veces, sólo les perjudica debido a la competencia injusta impuesta por la naturaleza. 
Es el Tratado de Amsterdam el que utiliza estas expresiones y no un insular como este ponente que, de todos modos, se reconoce obvia y plenamente en este Tratado. 
Por lo tanto, pido su oportuna ratificación por parte de los Parlamentos nacionales, su aprobación por parte de la Comisión Europea y su inmediata puesta en práctica, a partir de la reforma de los Fondos estructurales, de la política en materia de competencia y de la política agrícola común. 
Este Pleno solicita que no se contribuya al aislamiento de las islas, que no se haga el vacío a unas tierras que representan la memoria histórica de nuestro continente y, en definitiva, que se ponga en práctica lo que el Tratado nos reconoce. 
Señora Presidenta, señores y señoras diputados, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor no ha dudado en aportar su opinión en un tema de tanta importancia como son las consecuencias socialmente injustas y ecológicamente insostenibles ligadas a las islas de la Unión. 
El hecho insular, fundamentalmente en las islas que no superan los 100.000 habitantes, genera pérdida de competitividad y de oportunidades para su población e industria, viéndose abocadas a peligrosos monocultivos del turismo. 
Las islas menores que forman parte de un archipiélago son deficitarias en infraestructuras y dependientes de la importación de recursos básicos, energía, agua, gestión de residuos, etc. En la época estival, al triplicarse e incluso quintuplicarse su población a causa del turismo, los escasos recursos naturales se agotan y los problemas ecológicos derivados de esta situación resultan a veces insalvables, como en el aspecto de los residuos. 
El desarrollo sostenible, uno de los objetivos prioritarios de la Unión, se convierte así en mera ficción. 
Otra grave desigualdad de las islas menores que conforman archipiélagos, como por ejemplo Menorca, Ibiza o Formentera, al carecer de especialidades médicas, como radioterapia, cardiología o reumatología, etc., padecen una doble insularidad, es decir, una doble discriminación, ya que estas dolencias sólo pueden ser atendidas en las islas mayores, lo que obliga, para mayor INRI a desplazarse. 
¿Cabe una mayor desigualdad, señora Presidenta? 
Concluyo, señora Presidenta, solicitando, en nombre de mi comisión, para las islas menores de los archipiélagos, cuya situación sanitaria y educativa es especialmente desfavorable por esta causa, medidas legales compensatorias, como la elaboración de instrumentos financieros, la aplicación de incentivos y exenciones fiscales, y la inclusión de las regiones insulares menores en las zonas Objetivo 1 hasta que se elabore un programa específico para ellas. 
En cualquier caso, las islas menores que forman parte de un archipiélago y con una población inferior a los 100.000 habitantes deberían tener el mismo trato que las regiones ultraperiféricas. 
Este es un tema, señora Presidenta, sobre el que la Comisión y el Consejo deberían reflexionar. 
Señora Presidenta, la propuesta de resolución de la Comisión de Política Regional sobre el Fondo de cohesión es concisa, clara y contempla prácticamente todos los aspectos que son dignos de destacar, por lo que felicito al Sr. Arias Cañete, ponente del informe correspondiente. 
Y agradezco que haya incluido en la propuesta de resolución las conclusiones de la opinión de la Comisión de Transportes, de la que he sido ponente, y quiero destacar el punto 5 de estas conclusiones que dice: » El Fondo de cohesión no ha conseguido, hasta este momento, la convergencia real de los Estados miembros. 
Aunque algunos países que reciben la ayuda del Fondo de cohesión ya han alcanzado la convergencia nominal que les da acceso a la Unión Monetaria, deberán seguir siendo destinatarios de dichos Fondos de cohesión, cuyo objeto prioritario es la consecución de la convergencia real». 
Y lo destaco porque quiero decirles que, para instrumentar el Fondo de cohesión, se creó en este Parlamento una comisión temporal de la que fui miembro, y le puedo asegurar, señora Presidenta, que todos los miembros estábamos de acuerdo en que debía crearse el Fondo de cohesión, puesto que es necesario mantener el mismo espíritu para la convergencia de los Estados miembros- y digo la convergencia real, no la convergencia nominal-. 
Mientras sigan dichas diferencias, deberán seguir recibiendo Fondos de cohesión los países de menor renta. 
Y también hay que decir que las inversiones realizadas en los Estados receptores de Fondos de cohesión no sólo han favorecido a dichos países sino que han beneficiado de igual manera, cuando no en mayor medida, a las economías y creación de empleo del resto de los países miembros. 
Y si me lo permite, señora Presidenta, pondré un ejemplo: en el caso de la construcción del tren de alta velocidad de Sevilla-Madrid, España hizo un gran esfuerzo. 
Efectivamente, se recibieron Fondos de cohesión, pero los mayores beneficiarios fueron aquellos países que consiguieron contratos para el material móvil y el resto de la infraestructura de explotación, que se consideró el contrato del siglo. 
Y no fue precisamente España la que recibió estos beneficios sino Alemania y Francia concretamente. 
Por lo tanto, todos nos beneficiamos cuando se realizan inversiones en los países con menor renta. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a la Sra.Klaß por su excelente informe y decir que el instrumento financiero de orientación de la pesca, el IFOP representa de un 1, 5 a un 2 % de los fondos estructurales. 
Considerando la importancia que la industria de pesca tiene para las regiones más pobres y periféricas de la Unión, la cantidad es mucho menos que adecuada para realizar su cometido. 
El 70 % de ese dinero va a parar a las zonas de Prioridad 1, lo que significa que el resto, dedicado al Objetivo 5 y Objetivo 6, es una cantidad de dinero relativamente pequeña. 
En 1995 la posición de este instrumento se situaba en claro contraste respecto del resto de fondos estructurales al alcanzarse el 100 % de los compromisos, pero en 1996 la situación se invirtió con sólo un 75 % de los compromisos resultando, en una valoración nominal, un rendimiento muy por debajo que los fondos estructurales regionales, sociales y agrícolas. 
No tenemos una explicación clara de la Comisión sobre la situación en las diferentes regiones, pero el informe del Tribunal de Cuentas presta una atención detallada a toda la situación. 
Parece que algunos Estados miembros no toman en serio los fondos y sospecho que es porque son demasiado reducidos como para alcanzar cualquier objetivo. 
PESCA es una iniciativa comunitaria diseñada para reducir el impacto negativo producido por la reestructuración de la industria. 
La cantidad de dinero en ECUs asciende más o menos a 40 millones al año. 
El informe de la Comisión no aclara la situación exacta en 1996. 
Hasta 1996 para el total del programa se había comprometido un 71 % y se había efectuado un 14 % de los pagos. 
El Tribunal de Cuentas nos dice que en 1996 el 91 % del fondo PESCA había sido comprometido y que un 43 % se había pagado. 
En relación con el fondo PESCA he de decir que su objetivo se podría alcanzar más adecuadamente en el marco de las previsiones generales de la política regional. 
Es demasiado pequeño, el público general no tiene una idea clara de su objetivo y eso lo hace más difícil de administrar. 
No comparto con tanto entusiasmo la idea de suplementariedad. 
Cierto es que en el marco de la UEM debemos tener en cada Estado miembro un programa de gasto público más equilibrado. 
En algunos casos la cuestión de la suplementariedad puede presionar a los Estados miembros a gastar más de la cuenta. 
Señora Presidenta, en primer lugar, algunas observaciones en lo que respecta a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Primeramente, 1996 marca un giro en la utilización de los créditos de los fondos estructurales, ya que, por primera vez, constatamos un año pleno de actividad, lo que hace que se produzca una utilización de los créditos de compromiso y de pago en clara mejoría con respecto a los dos años precedentes. 
Año adecuado por tanto para preparar la reforma de los fondos estructurales en el marco de la Agenda 2000. 
Como ponente de opinión, quisiera hacer, con respecto al Fondo Social Europeo, algunas observaciones totalmente estimulantes, y decir que tanto desde el punto de vista de los compromisos como desde el de los pagos han podido agotarse todos los créditos de nueva inscripción en el presupuesto. 
Pero es preciso matizar a pesar de todo esta satisfacción, ya que el objetivo 4 se revela como de difícil aplicación sobre el terreno, y los niveles de utilización para las iniciativas comunitarias siguen siendo insuficientes. 
De ello da fe la iniciativa ADAPT que no responde íntegramente a las expectativas suscitadas, principalmente en lo que respecta a la participación de las pequeñas y medianas empresas. 
Ahora bien, sabemos que son éstas las primeras creadoras de empleo en Europa, pero es preciso considerar en la actualidad la competencia que plantean los Estados Unidos, y hemos de conceder una atención particular a esta participación. 
Estas pocas observaciones se hacen eco de las primeras propuestas de reforma del FSE, cuyas intervenciones estarían en el futuro agrupadas en un objetivo único, destinado a apoyar de forma concreta la estrategia europea para el empleo. 
Para terminar, desearía señalar que la cuestión de la asociación y de su funcionamiento en la práctica se ve claramente reflejada en este octavo informe, y nos impulsa a replantear la composición y función de los comités de seguimiento, asociando de forma diferente el lugar que ocupan los interlocutores sociales, y principalmente las asociaciones que trabajan en el ámbito social, de manera que se refuerce su participación con ocasión de esta próxima reforma. 
Éstas son, señora Presidenta, las observaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, desde la Comisión de Medio Ambiente consideramos que muchas de las obligaciones de la Comisión han sido cumplidas, que se han destinado casi íntegramente diversas partidas, que la correlación entre las subvenciones al transporte y el medio ambiente ha sido cumplida. 
Pero tenemos que hacer algunas observaciones y plantear una pregunta a la señora Comisaria. 
Primero, en relación con las partidas destinadas a los transportes, está claro que en todos los países los ferrocarriles, los puertos, etc., es decir, los medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente han sido desfavorecidos, por decirlo de alguna manera. En cambio, se ha dado una gran importancia a las carreteras y con eso no estamos de acuerdo. 
Segundo, referido a las partidas relacionadas con el medio ambiente se ha dado gran importancia al abastecimiento de agua y al alcantarillado y eso es algo que no es malo en sí pero a pesar de ello la protección de la naturaleza y todo lo relacionado con el NATURA 2000 y demás programas nos ha dejado poco satisfechos. 
En tercer lugar, la evaluación de las obras llevadas a cabo de acuerdo con la Directiva 85/337, en general no es satisfactoria. 
Los estudios sobre los impactos medioambientales se efectúan simplemente porque sí y creo que la Comisión no logra llegar a la esencia. 
¿Qué es lo que dicen esos estudios? 
¿Se respetan tales estudios? 
Cuarto, señora Comisaria, hemos insistido siempre en el asunto de la participación de las autoridades locales y de las organizaciones no gubernamentales en la redacción de los estudios y en la realización de las obras. 
Ese asunto no ha experimentado ninguna evolución y creemos que es necesario. 
Por último, voy a plantear una pregunta a la señora Comisaria: quisiéramos que nos dijera si la Comisión ha efectuado o puede efectuar una apreciación general de las inversiones, de las subvenciones realizadas a través del Fondo de cohesión, si se han alcanzado los objetivos y la cohesión, si ha mejorado la protección del medio ambiente, etc. y si, además, todo ello fuese posible clasificado por países. 
Así podríamos tener una apreciación global. 
Señora Presidenta, hoy tenemos ante nosotros dos informes muy importantes. 
El primero de ellos, el informe de la Sra.Klaß, revisa la ejecución de los fondos estructurales en 1996. 
El segundo, realizado por el Sr. Arias Cañete, analiza el fondo de cohesión de 1996. 
Es importante que este Parlamento asuma con seriedad su papel de analizar y controlar lo relativo a la aplicación de los fondos estructurales. 
Sólo mirando hacia atrás y corrigiendo los errores del pasado podemos planear para el futuro un uso más efectivo y preciso de los recursos de los fondos estructurales de la UE. 
El debate de hoy es especialmente importante teniendo en cuenta la presentación realizada ayer por la Presidencia Británica de los puntos de la agenda de la próxima cumbre de Cardiff en la que los Estados miembros van a exponer sus planes de acción para el empleo. 
Se les solicitará la creación de economía comunitaria efectiva y competitiva en la que florezcan las PYMEs y no haya lugar para la burocracia. 
Es precisamente en este punto en el que tenemos que destacar el papel que el Parlamento Europeo y las políticas estructurales y de cohesión desempeñan en la lucha contra el desempleo, la protección del medio ambiente, el progreso en la igualdad de oportunidades y en la construcción de una Europa de los pueblos al tiempo que se reduce la brecha entre las regiones más ricas y pobres. 
Por lo tanto, les decimos a los ministros que estarán en Cardiff que estos son los objetivos que deben situarse en el corazón del proceso de reforma. 
Quisiera apoyar las recomendaciones de la Sra, Klaß, en particular su llamamiento para un refuerzo del control y la evaluación, una mejora en la gestión financiera y la necesidad de una transferencia más ágil de los fondos a sus beneficiarios. 
Resulta simplemente increíble para la UE que en ocasiones se pague con un año de retraso respecto del comienzo del proyecto. 
Aprobaciones tardías y bloqueos en el flujo de dinero hacia los proyectos amenazan su propia viabilidad, crea incertidumbre para los que los ejecutan y no aporta gran cosa a la credibilidad de la Unión Europea. 
Hoy he recibido una carta de la administración de mi propio condado de Derbyshire que espera la modificación que debe hacer la Comisión de las tablas financieras antes de que puedan mandar las cartas para la aprobación de proyectos del FSE para 1998. Sé que este no es específicamente su área, Señora Presidenta, pero se trata de RECHAR, proyectos del Fondo Social Europeo. 
Por último, coincido con el parágrafo sobre las iniciativas comunitarias del informe de la Sra.Klaß en que el Parlamento indicó las directrices sobre el marco financiero de las iniciativas y la distribución de la reserva en marzo de 1996, en particular respecto de las iniciativas RECHAR, RETEX, KONVER y de paz. Es importante que la Comisión reconozca estas directrices en los informes. 
Señora Presidenta, en los informes Arias Cañete, Klaß, Viola y en otros muchos informes que elaboramos desde hace meses en la Comisión de Política Regional se trata de mucho dinero, dinero que sale de los bolsillos de los ciudadanos de los países relativamente más ricos- no estoy hablando conscientemente de pagadores netos- y se destina para proyectos en los Estados miembros relativamente más pobres y deficitarios en infraestructuras. 
En esta distribución debemos observar unos pocos pero por ello tanto más importantes principios básicos. 
Primero: el objetivo de la cohesión, el apoyo del más débil hay que dejarlo completamente fuera de toda disputa. 
Se trata de solidaridad vivida y, con ello, de uno de los más importantes principios básicos de nuestra Comunidad. 
Segundo: hay que ser prudentes con el manejo del dinero para la cohesión. 
Este Parlamento se toma muy en serio la tarea de vigilar esto, y emplazamos también a los Estados miembros a hacer lo mismo. 
Tercero: la solidaridad europea es indivisible. Por ello, no puede ser reclamada por unos pocos o incluso monopolizada. 
Tenemos que permanecer solidarios con el Sur europeo, pero también los candidatos para entrar de Europa Central y del Este necesitan nuestra solidaridad en el interés de todos nosotros. 
Cuarto: no se puede exigir demasiado de los contribuyentes. 
En tiempos en los que especialmente en los países ricos las cifras del desempleo son altas y los medios presupuestarios escasos, hay que ser prudentes en el trato de unos con otros. 
Advierto expresamente en este contexto sobre demandas exageradas. Producen forzosamente reacciones en contra. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, nos encontramos en la discusión de unos temas importantes en lo que hace referencia a política regional: el informe de la Sra.Klass sobre los Fondos estructurales en el año 1996, el informe del Sr. Arias Cañete sobre los Fondos de cohesión de 1996. 
Yo querría insistir en que, cuando hablamos de estos aspectos de política regional y de Fondos de cohesión, estamos hablando del 34 % del presupuesto de la Unión Europea. 
Yo hablaré únicamente en este sentido de que el informe Arias Cañete me parece positivo en relación con lo que habla, que es los Fondos en 1996. 
No entraré en lo que será la discusión del futuro de los Fondos estructurales, que tendremos ocasión de hablarlo en próximas sesiones en esta misma Asamblea. 
En relación con el informe del Sr. Viola, yo querría decir que me parece ampliamente importante la atención que se dedica a los problemas insulares. 
El Tratado de Amsterdam habla ya de las desventajas estructurales de las islas, especialmente en el suministro de agua, de energía, de educación, sanitario y también los temas de transporte. 
La política regional debe tener en cuenta los problemas de las islas. 
La Comisión, en este sentido, debe tolerar ayudas especiales a los transportes que compensen las desventajas que tienen los ciudadanos que habitan en las islas y, especialmente, en las islas menores. 
También los Estados miembros, en sus medidas fiscales, deben tener en cuenta el principio de la insularidad. 
De otro modo, no podríamos tener una Europa igual para todos los ciudadanos cuando los ciudadanos de las islas tienen estas desventajas causadas por su especial situación. 
Yo creo que, como ha dicho el Sr. Viola, se trata en este informe de que se haga operativo lo que el Tratado de Amsterdam determina en relación con la insularidad. 
Hacer una Europa más próxima a los ciudadanos de las islas será hacer también una Europa más próxima a todos los ciudadanos de la Unión. 
Señora Presidenta, Señorías, un insular aprecia sin duda mejor que nadie la importancia de nuestro debate. 
Personalmente, soy sensible a las manifestaciones de interés que los diversos grupos políticos han dedicado en esta Asamblea al informe de nuestro colega, Sr. Viola, al que felicito sincera y cordialmente, no solamente por el excelente trabajo que ha realizado sino también por el espíritu de concertación que ha reunido en estrecha cooperación entre todos los socios europeos de origen insular. 
El informe que se les ha sometido intenta demostrar que no se debe permitir que la Unión se degrade en su periferia. 
Sin embargo, ése es el riesgo que corren las regiones insulares a la vista de los datos socioeconómicos que caracterizan estos espacios. 
Hasta el momento, sólo las regiones ultraperiféricas han disfrutado de una verdadera y natural consideración de sus problemas por parte de la Unión Europea, lo que se corresponde con un reconocimiento de los obstáculos que les ocasiona el alejamiento. 
Otras regiones han disfrutado de intervenciones comunitarias, cuando los retrasos en el desarrollo eran en este punto manifiestos y justificaban la concesión de fondos estructurales importantes. 
De hecho, y ése es el objeto esencial de nuestro debate, estas regiones nunca han sido consideradas desde el prisma estricto y particular de su insularidad. 
La evolución del planteamiento comunitario de los problemas de estas regiones es lenta. 
Necesito recordar aquí que en virtud del principio de concentración y en aplicación de orientaciones técnicas y rígidas, la Comisión considera la posibilidad de eliminar del nuevo objetivo 1 islas como Cerdeña y Córcega. 
Es obligado señalar que serán pocas las regiones insulares de Europa consideradas a partir de 1999 como regiones con retraso en su desarrollo, que, como consecuencia, necesiten ayudas estructurales específicas. 
Hay una paradoja clara entre la voluntad política de la Unión Europea, que se ha traducido en una modificación del Tratado de Maastritch, que conduce a un verdadero reconocimiento institucional de las regiones insulares en el nuevo Tratado de Amsterdam, y el planteamiento que consistiría en privar rápidamente a esas regiones de los medios para su desarrollo e integración en un espacio europeo destinado a ampliarse. 
¿Cómo concebir una ordenación del territorio comunitario en una visión exclusivamente continental? 
Las regiones insulares, que se enfrentan a obstáculos de diverso tipo, tanto en el plano económico como en el social y humano por la dificultad de sus intercambios, necesitan buscar tratamientos diferentes y apropiados en el marco de una verdadera política integrada. 
Su futuro depende de ello, como también depende una cierta cohesión económica y social, principio muy valioso para la Unión Europea. 
En esta ocasión, debo insistir en la importancia, primordial a mi juicio, de la cooperación multilateral entre las regiones insulares. 
Como conclusión, creo que las regiones insulares ilustran bien el desafío lanzado a toda Europa, el de tender hacia una Comunidad más fuerte, más armoniosamente desarrollada y más solidaria. 
Por encima de los aspectos jurídicos y económicos, se trata en este caso de un imperativo político que yo les invito a compartir y a apoyar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en este debate conjunto quisiera destacar mejor- como hace el informe Viola- la necesidad de tener en cuenta los problemas de las regiones insulares y de adaptar más flexiblemente las políticas comunitarias a sus especificidades. 
Aunque haya que distinguir juiciosamente las regiones insulares de las regiones e islas ultraperiféricas, como, por lo demás, hace atinadamente el Tratado reformado en Amsterdam. 
Quisiera, además, poder asociarme mejor a las conclusiones del informeKlaß sobre los Fondos estructurales en el año 1996, que indican claramente la mejora global de la ejecución presupuestaria, que alcanza cerca del 98 % en compromisos, pero en los que también se necesita más y mejor información sobre la aplicación idónea del principio de adicionalidad por parte de algunos Estados miembros. 
Ahora bien, me veo obligado a centrar la atención en el informe Arias Cañete sobre el Fondo de Cohesión relativo a 1996. 
No tanto por lo que propone el ponente, ya que me merece una conformidad global, aunque discrepo sobre la forma como en él se aborda a veces la cuestión de la condicionalidad. 
Pero sobre todo por la importancia política que en el momento actual cobran cuatro de las enmiendas propuestas por un colega nuestro alemán del PPE. 
Proponer, como hace este colega, que el Parlamento Europeo pase a considerar que el futuro Fondo de Cohesión se destine sólo a los actuales Estados miembros de la cohesión que no hayan accedido al euro, es decir, pretender excluir del futuro Fondo de Cohesión a España, Irlanda y Portugal, constituye no sólo un intento de subversión jurídica del propio Tratado, como confirma el hecho de que haya diputados a esta Asamblea para los que la cohesión económica y social es una mera figura retórica que se debe subordinar aún más a los intereses financieros y monetarios reinantes. 
Espero con convencimiento que este Parlamento rechace de forma clara y ampliamente mayoritaria tales enmiendas. 
Pero el hecho de que se hayan presentado constituye en sí mismo un acto político inadmisible, contrario a los objetivos de solidaridad y que, por eso, se debe denunciar directamente. 
Si llegaran a aprobarse dichas enmiendas, cosa que no creo muy claramente, habría motivos para que nos preguntáramos adónde iría esta Unión Europea y qué sería de los conceptos de cohesión y solidaridad entre sus pueblos y Estados miembros. 
Señora Presidenta, estimados colegas, condiciones de vida equivalentes no se alcanzan sólo igualando. 
Las experiencias de los informes tanto sobre el Fondo de cohesión como el Fondo estructural muestran que, ciertamente, se gasta mucho dinero, pero no obstante, a pesar del empleo tan elevado de recursos no se ha puesto en marcha un desarrollo sostenido en las regiones, ¡sino al contrario! 
El balance es realmente negativo. 
Desempleo creciente, destrucción de ecosistemas que fueron durante siglos fundamento de la economía humana, centralización de sistemas de mercado que destruyen las relaciones económicas regionales. 
Es urgentemente necesario que tanto la Comisión como los Estados miembros cumplan realmente con la exigencia contenida ya en el Reglamento del Fondo estructural referente al desarrollo sostenible de la región. 
Las correcciones han de hacerse ya y no a partir del año 2000. 
Para ello es necesario que la Comisión no llene sólo los cajones con sus últimas propuestas sobre empleo, medio ambiente e iniciativas locales de empleo, sino que exija realmente su puesta en práctica como uso eficiente del dinero europeo. 
La exigencia de mantenimiento del Fondo de cohesión sólo puede darse si se da un cambio radical de ese Fondo, apoyo a las estructuras locales de desarrollo, participación de actores locales, municipios y también iniciativas, el fomento de la biodiversidad así como la protección de la red verde Natura 2000. 
Las noticias diarias sobre la destrucción de paisajes culturales y naturales europeos muy valiosos mediante dinero europeo no es sólo vergonzoso, también es un escándalo, especialmente porque ocurre ante los ojos de la Comisión y, a pesar de ello, no reacciona. 
Este dinero debe ser demandado a la Comisión. 
La Comisión tiene que cesar de una vez de hacer la vista gorda. 
¡El desarrollo sostenido debe incluir potenciales locales y no destruirlos constantemente! 
Señora Presidenta, quisiera hacer una o dos consideraciones relacionadas en particular con las islas y también sobre el significado de los debates que hoy estamos celebrando sobre el excelente informe del Sr. Viola para la Agenda 2000. 
Este es el contexto de la discusión. 
Mientras avanzamos hacia el final de este año y el año próximo se nos acercan unas decisiones muy importantes que deberemos tomar. 
Todas relacionadas con la construcción de una Europa más aceptable para los ciudadanos, tanto si viven en islas remotas como si lo hacen en las islas más grandes o en cualquier otro lugar. 
Si se echa un vistazo a Europa se puede contemplar Escocia con sus cien islas, se puede atravesar el Archipiélago de Aland entre Finlandia y Suecia y no ver más que una isla tras otra. 
También se puede ir a islas más grandes tales como Cerdeña. 
Cada una tiene sus propios problemas: cada una es especial. 
El mapa de cada isla esta grabado en las mentes de aquellos que viven en esa isla en particular. 
Resulta tentador decir que no tienen problemas comunes, pero yo creo que sí los tienen. 
Los problemas comunes son aquellos que tiene que ver con su lejanía y las desventajas de transporte. 
En muchos casos esto se debe a su reducido tamaño. 
Una isla pequeña no puede alcanzar las economías de escala que podrían propiciar la prosperidad que Europa espera que se extienda por todos los territorios. 
De modo que se debe establecer una compensación por vivir en islas, por los costes administrativos extras, cuidados médicos, etc. Estos son asuntos importantes para incluirlos en nuestros debates sobre la Agenda 2000. 
Sostendría que es importante si aceptamos que hay problemas específicos de las islas, que estos no deben ser medidos en términos de vastas áreas toscamente agrupadas y cuantificados para el desempleo y el PIB. 
Si pudiéramos ser un poco más sofisticados creo que tendríamos una posibilidad de hacer un éxito de los inminentes debates. 
En resumen, creo que el proyecto del euro va a propiciar la integración de Europa. 
Ahora necesitamos proveer los instrumentos de compensación para las regiones desventajadas. 
Señora Presidenta, felicito a los ponentes por sus informes. 
Me siento muy complacido por que en el área de los fondos de cohesión, en particular en los fondos estructurales, se haya producido una mejora en el cobro de los fondos. 
Para la mayoría de la gente un déficit en el cobro representa problemas con la burocracia local, en lugar de una falta de solicitudes. 
Por ello resulta muy satisfactorio que este viejo problema parezca encontrarse en la senda hacia su resolución. 
Apoyo completamente a la Sra.Klaß cuando dice que el informe anual debería contener información sobre la transmisión de fondos a los beneficiarios finales. 
Cuando hay tantos fondos de la Unión Europea involucrados es importante ver a donde van a parar y como se gastan. 
Como miembro de la Comisión Parlamentaria de Política Regional siempre me siento estimulado por el énfasis que la comisión, bajo la presidencia del Sr. Cañete, pone en el principio de asociación. 
Este se acepta de forma general como el camino hacia la distribución de los fondos de la Unión Europea entre sus programas. 
Por ello es absolutamente esencial que sea bien implementado por los Estados miembros. 
Fallar en el desarrollo significará fallar en el modo en el que gastamos el dinero sobre el terreno. 
Quisiera ver el máximo de participación de los socios locales económicos y sociales, incluyendo a los representantes políticos elegidos en el ámbito local. 
Es de este modo en que el público en general podrá identificarse con la Unión Europea y el trabajo en sus circunscripciones. 
Aunque el Octavo Informe Anual trate específicamente el año 1996 y el actual periodo de programación, es inevitable que lo veamos en el contexto general de los fondos estructurales en el futuro. 
También sería una torpeza por mi parte no aprovechar la oportunidad para decirle a la Comisión que en tanto vamos avanzando hacia la reforma y la Agenda 2000 en 1999, el criterio rígido del 75 % del PIB no sólo es poco razonable, sino va a ser difícil de aceptar para muchas regiones. 
Cantidades importantes de los fondos han ido a parar a diversas áreas. 
El fondo de cohesión le ha otorgado a muchas regiones una ventaja específica. 
Pero ha supuesto una desventaja para aquellas regiones cercanas a las áreas de cohesión. 
No han tenido la oportunidad o no han podido acceder a ella. 
Regiones como la mía, que en gran medida dependen de los fondos de la Unión Europea para mantenerse como están, no tienen inconveniente en avanzar hacia adelante. 
Tengo que decir a la Comisión que debería volver a visitar mi región y volver a contemplarla. 
Tiene que aceptar el desafío que presentan esas áreas que no han podido desarrollarse, como es el caso de la mía, por una u otra circunstancia. 
Especialmente después de lo ocurrido la semana pasada, en concreto el fuerte voto en el referéndum a favor de un cambio de posición para buscar nuevas oportunidades, apelo a la Comisión ahora para que apoye esta región. 
Señora Presidenta, Alianza Nacional y yo en particular somos conscientes de las desventajas de las regiones insulares y, coherentes con nuestras posiciones en materia de cohesión económica y social, estamos muy preocupados por el futuro de las islas, si la reforma de los Fondos estructurales se aprobará sin cambios substanciales. 
Las islas sufren desventajas estructurales que a largo plazo acaban por incidir negativamente en su desarrollo económico y social. 
Con la reforma de los Fondos estructurales, cuyas líneas principales fueron trazadas en la Agenda 2000, se concedió una importancia especial al principio de concentración y, bien mirado, entre los distintos territorios que quedarán excluidos de los programas del objetivo 1 figuran muchas islas. 
De esto se deriva que, si la reforma se lleva a cabo con arreglo a lo manifestado en la Comunicación de la Comisión, las islas que formarán parte del objetivo 1 serán muy pocas. Esto significa que los territorios insulares se considerarán como regiones no necesitadas de ayudas estructurales especiales. 
Esto es un contrasentido y además parece que los expertos de la Comisión Europea que han trabajado en torno a la reforma de los Fondos estructurales, no han leído el nuevo Tratado de Amsterdam que prevé la especificidad de las regiones insulares tanto a través de una nueva formulación del artículo 130 A como a través de la Declaración aneja. 
Lo que se pide a la Comisión, por tanto, es que revise sus posiciones al respecto y que encuentre un espacio en el ámbito del objetivo 1 para las regiones insulares, independientemente de su PIB y esto porque un examen atento y concienzudo de la situación debería hacer entender que en el fondo no caben sólo razones macroeconómicas, sino sobre todo otro tipo de razones de carácter geoeconómico. Asimismo, y en este sentido, la Comisión debería revisar su política en materia de ayudas estatales, teniendo en cuenta la fragilidad y la especial importancia geoestratégica según su posición periférica de las regiones insulares. 
Además de esto debería preverse toda una serie de incentivos fiscales y financieros en favor de las regiones insulares. Por último, tendría que otorgarse una importancia especial a la prevención y salvaguardia del patrimonio medioambiental a través de medidas específicas dirigidas a aprovechar las enormes potencialidades de dichas regiones. 
Señor Presidente, estamos ante tres importantes informes y tres buenos informes. 
Sobre el informe de la Sra. Klaß- Fondos estructurales -, quisiera decir simplemente que todas aquellas medidas que se dirijan a la transparencia y control en la aplicación de los Fondos van a contar con nuestra plena ayuda. 
En relación con el informe de Sr. Viola referente a las islas, permítame que le diga que, como homenaje a su informe, me remita, palabra por palabra, a la excelente intervención de mi colega Carmen Díez de Rivera. 
Creo que no podría añadir ingredientes más cualificados y más positivos, y ello me enorgullece. 
En relación con el informe del Sr. Arias Cañete, he de decir que es equilibrado, positivo y excelente, aunque está escoltado por algunas enmiendas que yo creo que son el meollo político que tenemos que clarificar en este debate. 
Yo no voy a perder segundos- porque, además, no los tengo- en hablar de la bondad del Fondo de cohesión y de los efectos tan importantes que ha tenido. 
Solamente quiero decir que vamos a apoyar las enmiendas 1, 2 y 3 del Sr. Berend- que, por desgracia, no me está escuchando aunque está en la sala -, pidiéndole que retire la enmienda nº 4 porque estamos hablando del Fondo de cohesión de este período. 
Y, por tanto, vamos a apoyar las enmiendas 1, 2 y 3 que indican que estamos hablando hasta 1999. 
Y yo le pido encarecidamente que, dado que no estamos decidiendo de antemano un debate, que tenemos por delante la Agenda 2000 y que nos vamos a poder pronunciar al respecto con tranquilidad y propiamente, que él retire su enmienda nº 4. 
Si logramos esto, yo creo que este informe saldrá con todos los ingredientes cualitativos y positivos que necesita. 
Señor Presidente, el Sr. Cañete ha emprendido la evaluación de la utilización de los fondos de cohesión del año 1996 muy concienzudamente. 
El éxito de los mismos es indiscutible. 
La infraestructura ha sido decisivamente mejorada. 
En el ámbito del medio ambiente, la financiación está dirigida hasta ahora en su mayor parte a proyectos de suministro y tratamiento de aguas y, en menor medida, al tratamiento de residuos. 
El objetivo principal del Fondo de cohesión, a saber, contribuir a la cohesión económica y social, ha sido alcanzado hasta ahora. Prueba de ello es el crecimiento de la renta per cápita de los últimos años. 
De modo que Irlanda, Portugal y España formarán parte de la unión monetaria. 
Grecia está en el mejor camino para ello. 
Hasta aquí sobre el informe anual de 1996 y la evaluación efectuada. 
El ponente intenta en algunos puntos de la resolución, aunque, según mi parecer, ésta no era su misión, mantener más allá del año 1996 a estos cuatro estados miembros en el Fondo de cohesión. 
Desgraciadamente, no puedo estar de acuerdo con esta demanda. 
La solidaridad también es no pedir más apoyo y aceptarlo como completamente necesario. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Viola por su informe. 
Me siento especialmente complacido por que mi grupo, el Grupo Unión por Europa, haya contribuido de forma importante a asegurar que esta cuestión tan relevante sea objeto de un informe de la Comisión de Política Regional. 
Por ello le doy las gracias a mi colega el Sr. Baggioni. 
El hecho de que las regiones isleas sean específicamente mencionadas en el Tratado de Amsterdam es una gran victoria para los interesados y la Comisión debe ahora aportar propuestas sustanciales para esas regiones isleas y la actual reforma de los fondos estructurales. 
La Comisión puede tener la certeza de que mi grupo y la Comisión de Política Regional y otras darán un gran apoyo a las propuestas cuando estas se materialicen. 
Al tiempo que reconozco que los problemas de Córcega, Cerdeña y algunas de las islas griegas son muy particulares, también querría que la Comisión admitiese que hay pequeñas islas en mi propio país que deberían obtener una acción comunitaria específica. 
Los problemas presentes en estas islas, especialmente las cercanas a la costa suroeste y oeste de Irlanda no son aceptados por ningún estándar comunitario. 
Estas también merecen ser seriamente consideradas en las actuales reformas. 
Respecto al Informe Cañete hay motivos para la satisfacción. 
El presupuesto de 1996 fue completamente ejecutado y no se informó de ningún caso de fraude. 
Me siento especialmente complacido porque no se hayan adoptado iniciativas en el sector medioambiental y el proyecto y los proyectos del periodo de referencia relacionados con la erosión de las costas son notables, algo que he venido defendiendo desde hace mucho. 
En este contexto quiero rendir homenaje al gobierno de Irlanda por toda una serie de acciones que ha llevado a cabo en este sector. 
Esto tiene que ser un buen augurio para el futuro del Fondo de Cohesión que ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel fundamental para los países participantes. 
Para terminar, considero de la mayor importancia la contribución del Parlamento Europeo a la reforma del Fondo de Cohesión de los próximos meses. 
En este punto del procedimiento depende de nosotros, los diputados, asegurar que las naciones participantes obtengan el mejor acuerdo posible y asegurar que puedan continuar y, en algunos casos completar, el actual buen hacer en la infraestructura medioambiental y de transporte. 
Le doy las gracias la Comisario por su trabajo en este sector. 
Señor Presidente, la Sra. Klaß ha elaborado un valioso y detallado informe acerca del informe anual de la Comisión sobre los Fondos estructurales, por lo que cabe expresarle nuestro mayor agradecimiento. 
Tanto del informe de la Comisión como del de la Sra. Klaß se desprende claramente que el aprovechamiento de los recursos de los Fondos estructurales presenta problemas. 
De acuerdo con el estado de previsiones presupuestarias para 1999 que ha presentado la Comisión, ha sido necesario aumentar los créditos de compromiso en nada menos que un 17, 8 %, cifra que no mantiene ninguna relación con el crecimiento general del presupuesto, que, en lo relativo a los compromisos, es del 6, 5 %. 
Al mismo tiempo, ha aumentado la diferencia entre los créditos de compromiso y los de pago en 7 800 millones de euros, lo cual significa que los créditos de pago son inferiores en un 20 % a los compromisos. 
Esta circunstancia implica que todavía el próximo año será necesario utilizar para los compromisos del período de planificación créditos por importes considerables. 
La Sra. Klaß y la Comisión de Política Regional han tenido la gentileza de incluir en su informe los puntos propuestos por la Comisión de Presupuestos, en los que se hace hincapié en la simplificación de la administración de los Fondos estructurales, una mayor claridad en el reparto de responsabilidades, así como una valoración sobre si los gastos de administración de los recursos estructurales se corresponden de manera razonable con los fondos de que se dispone (apartados 4 y 5 del informe). 
La gestión de los Fondos estructurales se ve marcada asimismo por la lentitud y la burocracia. 
El tamaño de la maquinaria administrativa no se corresponde en todo momento con los créditos disponibles. 
Además, las numerosas llamadas al orden sobre irregularidades en el uso de los Fondos estructurales testimonian no sólo la complejidad de su administración, sino también la falta de claridad en el reparto de responsabilidades. 
Efectivamente, la racionalización de la administración y la mayor claridad en la atribución de responsabilidades constituyen los objetivos más importantes que se deben alcanzar ahora que entramos en un nuevo período de planificación, siendo a la vez uno de los mayores retos con los que se enfrenta la Comisaria Wulf-Mathies. 
La acumulación de recursos en los años postrimeros, el denominado efecto de bola de nieve, ha sido un constante motivo de preocupación para la Comisión de Presupuestos. 
En la elaboración de las previsiones presupuestarias, nos hemos visto obligados a enfrentarnos con grandes dificultades en el momento en que un título presupuestario crece a un ritmo tres veces mayor, ya que el resto de los títulos sufre las consecuencias. 
Así ocurrió, por ejemplo, el pasado otoño, cuando hubo que recortar 550 millones de euros de los otros títulos. 
Presentando las enmiendas n- 1 y 2, la Comisión de Presupuestos ha querido llamar la atención sobre este efecto de bola de nieve en su informe; espero que el Parlamento las apruebe junto con las enmiendas n- 3 y 4. 
Señor Presidente, los informes que se debaten esta mañana son todos muy importantes, y de ellos, para mí, tiene una especial importancia el informe Viola sobre los problemas de las regiones insulares. 
Es frecuente, cuando se habla de estas regiones, referirse a la necesidad de adoptar medidas específicas para compensar las desventajas que sufren respecto de las continentales. 
Sin embargo, estas medidas, cuya necesidad se reconoce, distan de tener un contenido sustantivo, salvo las acordadas para las regiones insulares ultraperiféricas. 
Habría que cambiar de actitud en la reforma de los Fondos. 
En las islas viven 14 millones de ciudadanos de la Unión que sufren los efectos constantes de esas desventajas en su vida cotidiana, en materia de empleo, educación, sanidad y calidad de vida. 
La gravedad de estos problemas exige que, en la próxima reforma de los Fondos estructurales, se tengan en cuenta factores geoeconómicos, como la perificidad y la insularidad, si se quiere suprimir la desigualdad entre centro y periferia, una desigualdad cuya continuación consagra una división entre los ciudadanos europeos de primera y de segunda. 
Si la reforma de los Fondos sale tal como está, se consagrará esta división. 
El informe Viola es un esfuerzo para intentar evitarlo. 
Mi Grupo respalda todas las propuestas que en él se contienen para mejorar la situación de las regiones insulares. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo, a través del excelente informe del Sr. Viola, envía un cálido mensaje de solidaridad a los ciudadanos de las regiones insulares de la Unión, un mensaje de desarrollo sostenible y de aprovechamiento de la riqueza de un patrimonio natural y cultural de los europeos. 
Un primer gran paso se dio con el Tratado de Amsterdam, que reconoció la necesidad de una política específica que equilibre las deficiencias estructurales que resultan de la difícil situación geoeconómica de las islas. 
Un segundo paso se está dando con la votación de este informe, que es el instrumento que va a sentar las bases reales de una política integrada que adoptará las medidas adecuadas para que las regiones insulares compitan y se desarrollen en condiciones de igualdad con las regiones continentales. 
A mi modo de ver se deberían dar prioridad inmediata a las consideraciones siguientes: 
Primero, debe preverse un nuevo programa exclusivo para regiones insulares dentro del marco de la reforma de los Fondos estructurales. 
De forma paralela se deben reforzar las partidas de financiación destinadas a las islas menores. 
Segundo, durante la elaboración de reglamentos y directivas se ha de tener en cuenta la particularidad de las regiones insulares así como las opiniones de los interlocutores locales. 
Tercero, que haya medidas que compensen el coste añadido de los transportes y que se dé prioridad a las infraestructuras de los transportes, al medio ambiente y a los modernos medios de comunicación. 
Cuarto, la adopción de medidas fiscales alternativas y la oferta de incentivos económicos para fomentar el desarrollo endógeno de las islas. 
Quinto, la protección de las regiones insulares sensibles desde el punto de vista ecológico. 
Sexto, el estudio de las consecuencias negativas para el medio ambiente producidas por las actividades de los países vecinos, como ya está ocurriendo con los residuos contaminantes procedentes de la industria de las costas turcas y con los planes para la construcción de una central nuclear en Akkuyu, que es algo que va a tener un gran impacto en el medio ambiente marino del Egeo y de todo el Mediterráneo oriental. 
Séptimo, el apoyo de acciones para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables. 
Octavo, la financiación de la compra de medios de transporte urgente de enfermos, especialmente para las islas menores. 
Noveno, la protección del carácter cultural de las islas y la necesidad de dar a conocer sus lugares de interés arqueológico e histórico, así como su urbanismo tradicional. 
Décimo, el establecimiento de códigos de conducta y normas medioambientales y culturales para las empresas turísticas. 
También se precisan soluciones innovadoras para gestionar los residuos y las reservas de agua. 
Seguramente, nuestras islas necesitan recibir el cariño y el interés de Europa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en la cumbre de Amsterdam se reconoció la existencia de diferencias y problemas comunes a las regiones insulares europeas que afectan a su desarrollo. 
Hoy el Sr. Viola, al que felicito y agradezco el trabajo que ha realizado, nos presenta una propuesta de una política integrada para las regiones insulares. 
Propuesta que incorpora y desarrolla el concepto de reequilibrio interregional, pidiendo a la Comisión que incorpore en la Agenda 2000 los factores macroeconómicos y criterios geoeconómicos como la perificidad y la insularidad. 
Las regiones insulares europeas son distintas pero tienen problemas comunes, que afectan especialmente al transporte de personas y mercancías. 
Las empresas insulares, en su mayoría pequeñas y medianas, tienen dificultades para competir en igualdad de condiciones en el mercado único, siendo los puertos marítimos y los aeropuertos sus únicas conexiones con el continente y otras islas. 
Las regiones insulares necesitamos crecer cualitativamente y crear empleo, por lo que pedimos apoyo para el desarrollo de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones, un sector estratégico para nuestro futuro. 
El turismo es una buena fuente de ingresos para muchas regiones insulares, pero los isleños no vivimos en los hoteles sino que trabajamos en ellos. 
El sector servicios necesita desestacionalización, desarrollo de formas de turismo alternativo y mucha formación para ser competitivo. 
Sé que la Sra. Comisaria me recordará que Baleares- región a la que represento en esta Asamblea- tiene un desarrollo turístico. 
Pero nuestros territorios insulares, señora Comisaria, son frágiles de cara al desarrollo sostenible, al medio ambiente y al tratamiento de residuos. 
Tenemos problemas de agua y una gran dependencia energética. 
Los archipiélagos también tienen islas menores cuya situación en el ámbito de la educación y la sanidad es especialmente desfavorable. 
¿Conoce la Comisión las dificultades y el coste que para las administraciones regionales insulares supone dar a sus ciudadanos la misma calidad de servicios que reciben los del continente? 
Nuestros problemas tienen solución si la Comisión, apoyada por nuestros Gobiernos nacionales, pone en marcha un plan de acción que, en el marco de la Agenda 2000, aplique la legislación comunitaria con criterio de igualdad de oportunidades. 
Señor Presidente, Irlanda es un buen ejemplo del uso eficiente de los fondos estructurales. 
En el programa actual Irlanda se considera una unidad para los fondos. 
Sin embargo, en la actualidad existe un motivo de peso para la regionalización de Irlanda en el nuevo periodo de los fondos estructurales. 
Algunas regiones de Irlanda están superando a otras en términos de rendimiento económico y por esa razón no todas las regiones pueden ser puestas en el mismo marco para la nueva etapa de dinero de los fondos estructurales. 
Las cifras proporcionadas por la Oficina Central de Estadísticas muestran claramente las regiones del centro se encuentran por debajo del 75 % del nivel de vida medio comunitario. 
Por tanto, el motivo para la concesión del Objetivo 1 a las regiones centrales para el periodo 2000-2006 es tanto real como apremiante y carece de reproches. 
Si el Objetivo 1 se acordase para las regiones centrales se desarrollaría como una región centrada en las mejoras de infraestructura tales como la circunvalación de Portlaiose y que atraería más inversión y creación de empleos. 
Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción porque este informe, posiblemente por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, toma en cuenta especialmente las regiones insulares de nuestros Estados miembros nórdicos, es decir, los archipiélagos del sudoeste de Finlandia, Åland y Suecia. 
Quiero destacar especialmente el punto E de la resolución donde se mencionan la doble insularidad de las islas que forman parte de un archipiélago y el aislamiento invernal causado por el hielo. 
Quiero dar mi especial agradecimiento al ponente por la comprensión que ha demostrado por este archipiélago, una zona que pertenece a nuestra herencia única, que debemos proteger entre todos, y que podrá mantener sus características solamente si las personas se asientan allí. 
En Finlandia hemos tratado durante decenios de llevar a cabo una política insular activa con órganos responsables específicos. 
Por eso es importante el punto 7, sobre el grupo de trabajo común. 
También es importante que la Comisión adopte medidas rápidas para garantizar que los estados puedan dar ayudas a transportes y actividades en las regiones insulares. 
Señora Comisaria, las demoras pueden ser fatales para la vida en las islas. 
Además, espero que también se tenga en cuenta el especial interés que dedica el informe a la agricultura insular en pequeña escala. 
Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre un hecho aparentemente sorprendente que hoy se da aquí. 
Casi todos los oradores hablamos del informe Viola que, objetivamente, tiene mucha menor importancia que el informe del Sr. Arias Cañete sobre los Fondos de cohesión o que el informe Klaß sobre los Fondos estructurales. 
Esto demuestra la importancia que tienen las islas y yo creo que la Sra. Wulf-Mathies va a tomar nota de ello. 
El informe Viola es un excelente informe, como ya se ha dicho. Describe muy bien la realidad de las islas y propone soluciones constructivas, que espero sean tomadas en consideración por la Comisión. 
Quiero llamar la atención especialmente sobre el considerando E, que hace una exposición casi exhaustiva, probablemente inmejorable, de la realidad de las islas. 
Quiero señalar que algunos de los logros más importantes de la Unión Europea, los que se refieren al mercado único, a la libre circulación de personas y a algunos de los proyectos más atractivos, como las redes transeuropeas, son objetivos que operan poco o no operan en las islas, que, por tanto, se ven marginadas de algunos de los proyectos más importantes de la Unión. 
Señora Wulf-Mathies, la única objeción seria que hemos encontrado en los debates que hemos mantenido a lo largo de estos últimos tiempos para una política integral y específica de las islas es una objeción presupuestaria. 
Es, sin duda, una objeción muy importante, pero muchas de las medidas que se demandan, como son las ayudas de Estado, como son políticas fiscales y económicas específicas, no tienen coste para el presupuesto de la Unión. 
Señora Comisaria, estoy seguro de su sensibilidad y de que será capaz de convencer a sus compañeros en la Comisión que no tienen la misma sensibilidad, como los Sres. Monti o van Miert, para estas medidas específicas que las islas demandan. 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera felicitar a los tres ponentes, la Sra. Klaß, el Sr. Arias Cañete y el Sr. Viola, por los informes que han elaborado. 
Como isleño, voy a hablar sobre el excelente informe del Sr. Viola que es el instrumento que debe constituir la base de nuestros siguientes pasos. 
Con la pregunta y la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mayo, en combinación con las actuaciones coordinadas de los Estados miembros y de los interlocutores insulares pudo incluirse en el artículo 130 A del Tratado de Amsterdam una previsión especial sobre los problemas específicos que afrontan las islas. 
También se adjuntó al Tratado un protocolo especial. 
Dichas provisiones podrían constituir la base para la aplicación de una política integrada para las regiones insulares. 
Sin embargo, no se la ve dispuesta a la Comisión a convertir esa posibilidad en medidas y políticas concretas. 
Por ello, nosotros, como Parlamento Europeo, fieles a nuestra postura, deberemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para superar esos obstáculos. 
Dentro de este marco creo que debemos dar énfasis a los siguientes puntos: 
Primero, incluir en la iniciativa comunitaria INTERREG un nuevo subprograma íntegramente dedicado a las regiones insulares y a la promoción de la cooperación entre las islas. 
Segundo, equilibrar con medidas de compensación el coste añadido del transporte de personas, mercancías y energía desde y hacia las islas. 
Tercero, adoptar medidas fiscales alternativas que respeten la particularidad de esas regiones insulares e incentivar las economías locales mediante exenciones fiscales. 
Cuarto, apoyar actuaciones y programas comunitarios para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables. 
Quinto, priorizar la cofinanciación por parte de la Comisión de la compra de medios de transporte urgente para que en casos de necesidad esté disponible un enlace rápido entre las islas y el continente. 
Señor Presidente, al saludar el informe de la Sra.Klaß, apoyo tanto la opinión de la Comisión de que 1996 ha sido el primer año en que el programa actual de fondos estructurales ha sido completamente operativo, como el de la ponente de que provisionalmente, por primera vez desde 1994, pueden darse unas buenas calificaciones. 
No obstante, en un debate que se desarrolla en mayo de 1998 seguro que, con el beneficio que el tiempo nos presta, podemos sacar mayores conclusiones sobre que es lo que ocurre cuando el programa en vigor empieza con tres años de retraso. 
Contamos con un plazo largo para la planificación y la negociación, seguido de urgentes decisiones relativas al gasto y la ejecución, y consecuentemente pagos con retraso tanto a Estados miembros, regiones y proyectos individuales. 
En Bruselas los pagos no consumidos son considerados como una falta de necesidad y no como una falta de eficiencia en la administración. 
En conjunto se da un efecto corrosivo sobre las expectativas, cinismo creciente en lugar de apoyo público para algunas de las tareas más importantes para Europa. 
Por tanto, espero que esta mañana nos vuelva a comprometer a todos con el mantenimiento, en el presupuesto de 1999, del presupuesto del actual programa de fondos estructurales, haciendo honor al Acuerdo de Edimburgo, y conque se va a hacer todo lo posible para que el nuevo periodo de programación del 2000 en adelante comience a su tiempo. 
La alternativa sería un efecto dominó en el que todos los problemas de retrasos persistirían otros siete años más, empobreciendo los logros de algunos programas sobre los que deberíamos estar justificadamente orgullosos. 
Espero que esta mañana escuchemos un claro compromisos al respecto por parte de la Comisaria. 
También espero que vaya a ofrecer apoyo a las iniciativas comunitarias y a los proyectos innovadores que, tal y como destaca el informe, representan un 70 % de los fondos sin gastar. 
Todos somos conscientes del deseo de racionalizar estos gastos, pero es justo resaltar de nuevo que estas son unas de las formas más efectivas, más visibles y más directas de ayuda europea para nuestras regiones y municipios. 
Son las dificultades administrativas de Bruselas antes que la ausencia de efecto sobre el terreno las que están acechando su progresión. 
Señor Presidente, el informe Viola, como observaba antes el Sr. Fernández Martín, ha sido objeto de la mayor parte de las intervenciones de esta mañana, lo cual demuestra la sensibilidad de esta Asamblea hacia las regiones insulares. 
Yo querría señalar que ya existe un tratamiento diferenciado y especial para ciertas regiones insulares, que son las regiones ultraperiféricas, que tienen ya reconocimiento incluso en el nuevo texto del Tratado de Amsterdam, en el artículo 299.2 del texto modificado y que, por tanto, este es un tema completamente distinto. 
Las regiones insulares, aparte de estas regiones ultraperiféricas, constituyen unos espacios diferenciados dentro de la Unión Europea que tienen ciertas dificultades. 
En el nuevo artículo 130 A del Tratado de Amsterdam ya se inicia un apunte legislativo y, en una declaración de la Conferencia de Amsterdam, también se va en este sentido. 
Pero yo creo que es lógico que este tratamiento diferenciado exista. Es un tratamiento que tiene que compensar a estas regiones, como consecuencia de su situación insular. 
Es un tratamiento que supone que estas regiones insulares se encuentran en dificultades que son consecuencia de la falta de continuidad territorial. 
O sea, la imagen que tenemos de la Unión Europea es una imagen continental, pero desconoce el hecho de que hay toda una serie de regiones insulares con dificultades. 
Yo creo que las propuestas que hace el Sr. Viola son bastante positivas en general, y yo llamaría la atención sobre aquellas propuestas dirigidas a facilitar las comunicaciones, los transportes y, sobre todo, la aplicación de todas estas tecnologías nuevas, que son las tecnologías de las redes de comunicación que permitirían superar algunas dificultades. 
Yo quiero, por eso, felicitar al Sr. Viola, así como a los colegas Díez de Rivera y Gallagher por las aportaciones de sus comisiones correspondientes, y espero que la Comisión tome en cuenta estas iniciativas al objeto de preparar programas concretos que permitan compensar a las regiones insulares de las desventajas relacionadas con eso. 
Señor Presidente, con el informe de propia iniciativa del Sr. Viola se pretende reforzar la situación especial en que se hallan las islas más sensibles en la Unión Europea. 
Como resultado de la Cumbre de Amsterdam, ya se incluyó un anexo al Tratado constitutivo de la Unión para desarrollar en los ámbitos económico y social los territorios insulares más desfavorecidos. 
Las islas son zonas sensibles desde el punto de vista ecológico y se ven sometidas en la práctica a presiones de muchos tipos, pero existe una voluntad para equilibrar la mejora de las condiciones de vida de la población local y el creciente turismo. 
Como consecuencia del rápido envejecimiento de la población, se están quedando anticuadas la pesca y la agricultura, que son los medios tradicionales de subsistencia en las islas. 
Si no se consigue incentivar a la población isleña más joven para que se quede en sus lugares de origen, la pérdida de una cultura especialmente singular como es la insular supondrá la desaparición de un valioso patrimonio cultural. 
Como se señala en el informe, el fomento de un desarrollo basado en los raíces propias de estos territorios insulares representa el único medio para detener el éxodo de los jóvenes. 
Hay que lamentar, sin embargo, que el informe del Sr. Viola no recoja la totalidad de las regiones insulares necesitadas de ayuda. 
A modo de ejemplo, cabría mencionar la extensa zona habitada de archipiélago marino entre Suecia y Finlandia, y los archipiélagos de las regiones lacustres de la Finlandia central y oriental. 
Estos archipiélagos son regiones de clima frío con una densidad de población muy baja, que permanecen aisladas durante los inviernos como consecuencia de la congelación de las aguas. 
Decididamente, estas regiones deberían incorporarse también al nuevo objetivo n- 1, que se instituirá con la reforma de los Fondos estructurales de la Unión, con lo que las regiones de los archipiélagos percibirían el nivel de ayuda más elevado, equivalente al 75 % del importe total del proyecto. 
Señor Presidente, estimados colegas, creo que si de cara al pasado volvemos a revisar esta maana estos informes, deberíamos de nuevo volver a la cuestión de para qué hacemos realmente una política estructural. 
¿Podemos establecer que la diferencia entre pobre y rico, que probablemente es parte de la causa de que nosotros desarrollemos políticas estructurales y regionales, haya sido realmente más pequeña en el año 1996? 
¿Qué pasa con los 18 millones de desempleados? 
¿Qué pasa con las docenas de millones que viven por debajo del nivel de pobreza en el rico continente europeo? 
Las políticas regionales y estructurales profundizan demasiado poco en esto, especialmente la Comisión. 
En segundo lugar, la señora Klaß establece en su informe que se ha llegado a un aumento importante del fraude en el ámbito de la política estructural, mejor dicho, a un aumento cuatro veces mayor. 
La Comisión establece en el correspondiente informe sobre la lucha contra el fraude del año 1996 que el 50 % de las irregularidades consisten en que no se presentó la documentación requerida ni los comprobantes de costes. 
¡Pero si esto lo necesito yo para un viaje! 
Por esto se nos está criticando actualmente. 
¿Qué pasa con la operación de recuperación? 
Los países- y esto es muy interesante- que ahora más alto se quejan de cómo será su balance neto en la nueva Agenda 2000, esto es, negativo, parecen flojos en la recuperación y en esa forma de lucha contra el fraude. 
Me refiero, sobre todo, a Alemania, que de 14 millones de Ecus sólo ha aportado realmente 900.000. 
Yo aconsejaría a los ministros de economía de esos países que no se preocupen del monto de la aportación, sino de la utilización del mismo. 
Entonces avanzaríamos un trecho. 
Señora Comisaria, espero que no sólo incluyamos esos informes al decir que necesitamos un poco más de control, sino que también hagamos esas políticas estructurales para los próximos años algo más impermeables por lo que concierne a la tentación del fraude. 
Entonces con estos informes, por los que felicito sinceramente al ponente, habríamos dado un paso adelante en las políticas europeas. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, es bueno no olvidar que el objetivo del Fondo de Cohesión es el de contribuir a la lucha contra las desigualdades sociales y territoriales y que su creación se debió a la necesidad de apoyar los esfuerzos de los Estados beneficiarios para cumplir los criterios de convergencia establecidos como condición para el acceso a la moneda única. 
Ni se han eliminado las desigualdades sociales y territoriales- pese a los avances logrados- ni con la moneda única desaparecen las restricciones presupuestarias acordadas, por lo que está justificado mantener el Fondo de Cohesión después de 1999. 
Entretanto, en el marco del actual Fondo de Cohesión conviene evitar efectos perversos resultantes, en particular, de su concentración en las regiones menos desarrolladas de los Estados miembros beneficiarios. 
Para contrarrestar las desigualdades territoriales, conviene combatirlas incluso en el interior de cada uno de los Estados. 
Así, es positivo que el Fondo de Cohesión haya llegado por fin, por ejemplo, a las regiones periféricas, lo que corresponde a sucesivos llamamientos hechos por este Parlamento en ese sentido. 
Ha llegado a algunas, pero aún no a otras. 
No ha llegado a las Azores a pesar de los cuantiosas inversiones que esa región tiene que hacer en los ámbitos del medio ambiente y de los transportes, los compartidos por el Fondo de Cohesión. 
Ese hecho es tanto más relevante cuanto que hasta ahora en Portugal el 55 % de las financiaciones de ese Fondo se han concentrado en su región más desarrollada. 
Es preciso modificar semejante situación. 
Quisiera felicitar al Sr. Arias Cañete por el excelente informe que ha preparado sobre este asunto. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, tenemos en debate tres informes interesantes que nos dan un flash muy vivo sobre las islas y sobre la situación de los Fondos estructurales. 
Pero es preciso hacer una observación. 
Los Fondos estructurales registraron en 1996 un aumento de su ritmo de ejecución, pero en el futuro es preciso continuar agilizando, simplificando y volviendo más fácil la ejecución de los Fondos estructurales. 
Una segunda nota: mi país, Portugal, tiene la mejor tasa de absorción y ejecución de los Fondos estructurales. 
Gracias a ese apoyo, la economía portuguesa creció el año pasado el 4 % y este año va a tener un crecimiento económico de casi el 5 %, pero, en conjunto, el territorio portugués queda por debajo del nivel del 75 %. 
Y por eso las propuestas que figuran en la Agenda 2000 no deberían, porque serían injustas e inicuas, castigar a Portugal y retirarle una parte de los fondos que ahora recibe. 
Se debe apoyar la virtud y por eso Portugal debe seguir teniendo en el próximo marco comunitario de apoyo Fondos estructurales de nivel equivalente al de los actuales. 
Señor Presidente, estimados colegas, no se trata hoy de un discusión de fondo sobre el mantenimiento del Fondo de cohesión a partir de 1999. 
El informe del Sr. Arias Cañete, en sí mismo muy bueno, es un balance anual correspondiente a 1996 sobre el balance presentado por la Comisión correspondiente al período mencionado. 
Esto quiere decir que debe ser y es también un análisis y una valoración crítica del mismo, con las conclusiones que se sacan de ahí en relación a una utilización eficaz de los recursos de carácter cualitativo y cuantitativo. 
No emprendamos, por tanto, una revisión del Fondo estructural ni tampoco la reflexión paralela a ésta sobre el Fondo de cohesión. 
El informe 1996 no es el lugar adecuado para ello. 
Sólo desde este ángulo hay que entender la enmienda que hemos sugerido y que ha sido presentada en nombre de mi grupo. 
Por eso rechazo la observación que ha hecho hace un momento el Sr. Novo por ser completamente injustificada. 
Esto que ahora está en estos artículos desborda el marco del informe de 1996 y debería tener lugar en otro momento, pero no en el marco de este informe. 
Creo que con el ponente se han encontrado soluciones aceptables. 
Señor Presidente, me voy a limitar a una sola isla, la Isla de Wight cerca de la costa sur de Inglaterra, la isla de vacaciones favorita de la Reina Victoria. 
Sigue siendo un bello destino para las vacaciones y están todos invitados a visitarla. 
Mi electorado de medio millón de personas se compone aproximadamente de tres cuartos de gente del territorio principal de Hampshire y un cuarto de la Isla de Wight. 
Hampshire es próspero. 
El PIB está por encima del 100 % de la media comunitaria. 
El desempleo asciende al 2 %. 
Es una gran región con gente excelente. 
Igualmente, la Isla de Wight cuenta con gente extraordinaria, pero el PIB alcanza un 67 % de la media comunitaria. 
El desempleo alcanza el 20 %. 
Es el distrito más pobre de Inglaterra pero no goza de los fondos europeos de Objetivo 1 porque estadísticamente se mide junto a Hampshire. 
¿Por qué es tan pobre? 
Es una isla que sólo la separan de la costa 5 kilómetros de agua. 
No somos ultraperiféricos, pero ser una isla supone una diferencia. 
Saludo la referencia a las islas contenida en el Tratado de Amsterdam. 
Le doy las gracias al Sr. Viola por su informe. 
El Gobierno Británico, el Consejo de Ministros y la Comisión no tienen intención de emprender ninguna acción basada en el artículo 158 del Tratado. 
Depende del Parlamento de que con en este informe se haga honor al Tratado y se ayude a las islas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, telegráficamente en el minuto de que dispongo, deseo, en primer lugar, felicitar a los ponentes, a los Sres. Arias Cañete y Viola y a la Sra. Klaß por sus magníficos informes, y recordar aquí una vez más que el Fondo de cohesión no nació para lograr la Unión Monetaria sino la cohesión económica y social. 
Por tanto, mientras ésta no se logre, es decir, la llamada convergencia de verdad o convergencia real o, como dice el Tratado, mientras los Estados tengan un PNB per cápita inferior al 90 % de la medida comunitaria, seguirá siendo necesario el Fondo de cohesión. 
El logro de la Unión Monetaria no significa, desgraciadamente, la desaparición de las disparidades regionales y sociales en la Unión Europea. 
El Fondo de cohesión ha hecho mucho, sin duda, como reconoce el informe Arias, y se ha ejecutado bien en el año 96, como también señala el informe. 
Pero todavía queda mucho por hacer, como ha reconocido la propia Comisión en su informe trienal sobre la cohesión y en su propuesta de Agenda 2000 con el mantenimiento del Fondo de cohesión, aun dentro de la Unión Monetaria, a partir del año 1999. 
Pero como se ha dicho aquí también, tendremos ocasión de hablar sobre el futuro en los próximos debates que tendremos en la Comisión de Política Regional. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera primeramente mostrar mi agradecimiento a los tres ponentes, la Sra.Klaß, el Sr. Arias Cañete y el Sr. Viola por sus extraordinarios informes y por el trabajo conjunto productivo con los miembros de la Comisión de Política Regional. 
Como se ha subrayado varias veces en el debate, el año 1996 ha sido un año feliz para el Fondo de cohesión, no sólo por las cuotas de absorción, sino también por la eliminación de disparidades en el desarrollo. 
También la relación entre el tráfico y el medio ambiente se ha acercado más al equilibrio pretendido, y podrán constatar en el informe de 1997 que también pueden ser eliminados poco a poco los déficits en países concretos, de modo que la Comisión da por hecho que al final del año 1999 se alcance el equilibrio pretendido en los cuatro países receptores. 
Comparto su crítica referente a la relación entre las infraestructuras viarias y los medios de transporte menos dañinos para el medio ambiente. 
La Comisión está hablando muy intensamente con los países de la cohesión, sobre la necesidad de avanzar en el ámbito justamente del ferrocarril y en otros transportes menos dañinos para el medio ambiente. 
Compartimos su opinión de que el peso sobre todo de proyectos ferroviarios aumentará en un futuro. 
Estoy de acuerdo con todos aquellos que han dicho que necesitamos mejores indicadores del medio ambiente, para poder evaluar mejor el sostenimiento de los proyectos subvencionados. 
Eurostat lleva un programa ambicioso con este objetivo que dará a la Comisión, como espero, instrumentos para evaluar mejoras en el medio ambiente y poder realizar mejor las correspondientes comparaciones. 
Rechazo las acusaciones gratuitas de que el Fondo de cohesión produce esencialmente destrucción del medio ambiente y de que las infracciones contra el derecho medioambiental no son perseguidas por la Comisión. 
Pienso que podemos probarles lo contrario sin problemas. 
Su propuesta de crear estructuras locales y regionales con los proyectos del Fondo de cohesión no es acorde, desgraciadamente, con el Reglamento del Fondo de cohesión. 
El Fondo de cohesión no es un Fondo regional, y sus cometidos han de ser por ello evaluados desde la perspectiva del Reglamento del Fondo de cohesión. 
SeñoraKlaß, también yo encuentro satisfactorio que la utilización de los recursos del Fondo estructural de 1996 haya mejorado claramente respecto a años anteriores. 
Este desarrollo positivo continuó en el año 1997 en los pagos con una cuota de utilización del 99, 2 %. 
Tras las dilaciones de los dos primeros años se ha normalizado con ello la situación y en 1997 se ha afianzado. 
Comparto su preocupación por la situación de las iniciativas de la Comunidad, y usted sabe que he llamado la atención a los Estados miembros repetidamente sobre la necesidad de contribuir a acelerar esto. 
Cierto que respecto de 1997 es reconocible una cierta mejora, pero la situación es todo menos satisfactoria. 
Por ello se está hablando ahora a nivel de negociados con los Estados miembros sobre reprogramaciones, y después de las vacaciones de verano la Comisión hará llegar al Parlamento Europeo un informe sobre la ejecución de las iniciativas de la Comunidad y considerará naturalmente la postura del Parlamento Europeo. 
Déjenme decir entre paréntesis que también las iniciativas propuestas por ustedes para el aumento de las ya existentes dejan mucho que desear considerando su cuota de absorción. 
Por eso merece la pena debatir entre todos sobre los pasos que deben darse. 
La previsión financiera acordada en Edimburgo estipulaba en total una concentración del 39 % de los medios comprometidos en los últimos dos años del programa. 
El porcentaje alcanza según el estado de la ejecución actual con fecha 31 de Diciembre un 41 %, es decir, un 2 % más de lo previsto. 
Esto, pienso yo, es a pesar de todo relativamente satisfactorio. 
Con el seguimiento y evaluación de las intervenciones del Fondo estructural, señora ponente, pudieron conseguirse muchos objetivos desde 1996 hasta hoy. 
Pero como usted sabe, con el nuevo Reglamento del Fondo estructural aspiramos a un sistema de seguimiento, control y evaluación más efectivo. 
Para ello estamos basándonos en las experiencias de SEM 2000. 
Déjenme hacer una pequeña corrección. 
No hay ninguna prueba de más actividades fraudulentas, pero si desgraciadamente de defectos de forma e irregularidades que se dan recurrentemente, por ejemplo, en relación con la financiabilidad y también en la presentación de documentos. 
Por ello pienso que es muy importante que la Comisión reciba en el futuro la posibilidad de sancionar y de corregir la financiación si constata tales cosas. 
No revelo ningún secreto si digo que justamente sobre el camino correcto para la simplificación se está discutiendo intensamente en estos momentos, y que la mayoría de los Estados miembros ven esto ahora mismo de un modo completamente distinto. 
No podemos entregarle, señoraKlaß, un informe sobre la transmisión de los recursos financieros hasta el destinatario último, porque esto está disponible para los Estados miembros a nivel nacional y también sólo a nivel regional. 
Pienso también que no debería ser nuestro cometido hacer los deberes de los Estados miembros, sino que debemos exigir que los Estados miembros, por un lado, cumplan la normativa, y por otro, que hagan también honestamente su trabajo. 
Pero para ello necesitamos posibilidades de corrección y de sanción. 
En el pasado, como usted sabe, hubo dificultades con el principio de cooperación. 
Nos esforzamos por definirlo de modo más correcto en el nuevo Reglamento del Fondo estructural y también por distribuir más claramente las responsabilidades. 
Aquí también hay seguramente un mayor acuerdo entre la Comisión y el Parlamento que entre la Comisión y los Estados miembros. 
En la medida de ello dependeremos también en el futuro de su apoyo. 
Señor Diputado Viola, valoro su gran compromiso con las regiones insulares. 
Según la opinión de la Comisión, el criterio geográfico " situación insular» solamente no es apropiado para que se prevean disposiciones excepcionales, sea en el marco del Fondo estructural o del resto de las políticas comunitarias. 
Otra cosa son las regiones insulares ultraperiféricas, cuyos hándicaps particulares son valorados en el artículo 299 del Tratado de Amsterdam expresamente como " particulares de hecho». 
A pesar de ello la Comisión se está ocupando intensamente en el fomento de estructuras de los distintos problemas y de los perjuicios específicos que se producen por la condición insular. 
Pero si queremos combatir esos perjuicios específicos, entonces tenemos que diferenciar y todas las islas no pueden ser tratadas igualmente. 
Una medida esencial de los problemas estructurales de las islas es el PIB. 
Hoy ya hay por las razones que usted ha mencionado varias veces unas cuotas de cofinanciación para las islas griegas en situación periférica. 
Pero no puede cortarse a todas las islas por el mismo patrón. 
Me puedo imaginar muy bien, sin embargo, que en el marco de Interreg será promovido en un futuro el trabajo conjunto transfronterizo, si hay propuestas correspondientes. 
Esto lo podríamos haber hecho en el pasado si muchas contribuciones semejantes a propuestas concretas de tales proyectos hubiesen llegado de los Estados miembros y de las mismas regiones insulares. 
¡De esto también falta algunas veces! 
Creo que sobre esto deberíamos ser más coherentes. 
A pesar de la prohibición general de conceder ayudas a empresas la Comisión permite, como ustedes saben, la concesión, bajo determinados presupuestos, de ayudas de cuantía descendente y limitadas temporalmente a las regiones más duramente perjudicadas. 
Pero también aquí la intensidad de las ayudas permitidas se orienta correctamente en función del grado de perjuicio. 
Estoy de acuerdo con el ponente en la opinión de que hay que fomentar un desarrollo endógeno y acorde con el medio ambiente, que hay que apoyar formas de turismo nuevas, más firmemente orientadas al legado natural, cultural e histórico de las islas y que hay que promover la utilización de fuentes alternativas de energía en esas regiones. 
Pero también les diré que ya lo hacemos, por ejemplo con el programa JOULE, que subvenciona él sólo 26 proyectos de energía renovables en regiones insulares. 
La Comisión también está de acuerdo con el ponente en que las nuevas tecnologías de la comunicación son una oportunidad para las regiones insulares por lo que concierne a su desarrollo y a la reducción de los problemas de distancia espacial y temporal. 
Por eso les hemos pedido a los Estados miembros que hagan del uso de las tecnologías informáticas y comunicacionales un elemento integral del fomento regional. 
Una última observación: el número de los habitantes de las islas entre los miembros del Parlamento Europeo es, como pude comprobar, sorprendentemente alto. 
Sus contribuciones han demostrado que la población de las islas defiende muy hábilmente sus intereses, no sólo en el Parlamento Europeo, pero también precisamente ahí. 
La Comisión está dispuesta a reflexionar con ellos sobre una política diferenciada. 
Pero déjenme que insista, realmente diferenciada significa que entonces sólo podemos ayudar a aquellos que sufran un mayor perjuicio, y que sirvan para la cohesión económica y social de toda la Unión. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por su intervención. 
Señor Presidente, la Sra. Comisaria se ha referido exclusivamente en torno a las islas a un criterio geográfico, pero hemos hablado también, señora Comisaria, a un criterio de número de habitantes, que usted no ha tenido en consideración en su respuesta. 
(La sesión, suspendida a las 10.57 horas, en espera del turno de votaciones, se reanuda a las 11.00 horas) 
Señor Presidente, quisiera atraer su atención y mediante ustedes la atención del Presidente y la Mesa sobre algunos comentarios de la prensa belga atribuidos a uno de nuestros diputados, el Sr. Thierry Jean-Pierre. 
Estas observaciones son una refundición de unas alegaciones que hizo previamente sobre irregularidades y cosas peores. 
Son unas alegaciones que no ha sustentado con la más mínima prueba a pesar de que así se le requiriera. 
Nunca ha dado ninguna prueba a la prensa, a la Comisión de Control Presupuestario, a la Mesa del Parlamento ni tampoco a nuestro Presidente. 
Aparece alegando obstrucción parlamentaria a las peticiones de renuncia a la inmunidad cuando jamás se ha hecho tal requerimiento al Parlamento. 
Por lo tanto van ustedes a pedir al Presidente del Parlamento que siga interesandose por estas alegaciones del Sr. Thierry JeanPierre y pedir a ese diputado que aporte alguna prueba, si es que las hubiere, o, si no, que se comporte de una manera más apropiada para un político que tiene pretensiones de objetividad jurídica. 
Gracias, señor Tomlinson. 
La cuestión se ha mencionado en la Mesa esta mañana y el Presidente dará curso a su observación. 
Votaciones 
La señora André-Léonard desea proponer una enmienda oral, si he comprendido bien. 
Señor Presidente, en efecto, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa ha considerado útil añadir un párrafo. 
Desafortunadamente, estábamos fuera de plazo para poder presentar una enmienda normal. 
Por consiguiente, hemos de presentar una enmienda oral, después de los ensayos nucleares de la India de los días 11 y 13 de mayo y los riesgos que aún persisten en la región. 
Así pues, quisiera comunicarles esta enmienda oral: » Piensa que la gravísima persistencia de armamentos nucleares en el subcontinente indio es una amenaza para la estabilidad internacional y lamenta que la ausencia de una verdadera política de seguridad común de la Unión Europea le impida jugar un papel político en la instauración de un diálogo sobre el equilibrio estratégico entre los países de la región». 
Si están ustedes de acuerdo, y si la Asamblea está de acuerdo, desearía que se votase esta enmienda oral. 
(La Asamblea emite su acuerdo sobre la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, de acuerdo con el coordinador de la Comisión de Asuntos Económicos, su presidente y la presidenta de la Subcomisión de Asuntos Monetarios, el texto de la enmienda oral es el siguiente: 
Solicita que el Consejo Ecofin debería aceptar la recomendación de la Comisión Europea para las grandes directrices económicas tal y como son apoyadas en la presente resolución por el Parlamento Europeo. 
(La Asamblea emite su acuerdo sobre la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, tras la aprobación de esta enmienda, le ruego que tenga a bien otorgar mandato a los servicios competentes para que, a la hora de coordinar el texto, modifiquen el título del informe y hagan referencia al documento anejo, objeto de la enmienda que se acaba de aprobar. 
(La Asamblea emite su acuerdo sobre la propuesta) 
Antes de la votación sobre el párrafo 21 
Señor Presidente, vuelvo a invitar al Sr. Wynn a que retire esta enmienda y me comprometo a profundizar la materia antes de la primera lectura. 
En el caso de que su Señoría no retirara dicha enmienda, le ruego que me permita sopesar la conveniencia de proponer una enmienda oral a su enmienda. 
Señor Presidente, parecería lógico simplemente votar esta enmienda. 
Si se pierde el ponente podrá hacer después todo lo quiera. 
Rechazan ustedes por tanto retirar la enmienda y modificarla. 
Se trata de un doble rechazo. 
Procedo a someter a votación la enmienda 1 del Grupo de los Socialistas. 
(La enmienda es rechazada) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, yo quisiera proponer una enmienda oral para sustituir en el texto original del apartado 14 las palabras «... del Fondo de cohesión» por las palabras «... de un Fondo de cohesión» , y le pediría al Sr. Berend que retirara la enmienda nº 4. 
Señor Presidente, si esto es así, aceptamos esa enmienda oral y retiro en nombre de la fracción la enmienda 4. 
Señor Presidente, la aceptación de esta enmienda oral sólo es posible si no hay objeciones. 
Yo pongo objeciones. 
No acepto esta enmienda oral. 
(Más de 12 diputados formulan objeciones) 
Señor Presidente, quisiera decirle a los diputados que se han opuesto que si no aceptan la enmienda oral el Grupo Socialista no va a votar este informe. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, deseo manifestar que, en mi opinión y en el caso de que se aprueben, las dos enmiendas presentadas por el Sr. Alavanos, es decir, la 21 y 22, deberían fusionarse en un único apartado en el momento en que se redacte el texto, porque sería más lógico. 
(El Parlamento emite su acuerdo) 
Señor Presidente, intervengo antes de la votación final y para ponerme al corriente porque me gusta saber lo que voto. 
Cuando ha procedido a la votación de los considerandos, ha agrupado los considerandos J y el párrafo 1 en una misma votación. 
Pero el considerando J era objeto de lo que se nos ha presentado como una corrección en la que se decía: » considerando que es necesario integrar en condiciones de igualdad a las regiones insulares en el mercado interior». 
Se nos había dicho también que el considerando J actual se transformaba en el considerando K. Creo que esta corrección es más bien una enmienda que una corrección. 
Afecta a todas las versiones lingüísticas, sin duda, pero produce añadidos al texto, y no la ha sometido a votación. 
Sí ha sometido a votación el considerando J que era el considerando J anterior, y no el considerando K tal como había quedado tras esta corrección. 
Quisiera que me aclarase esto y que eventualmente se procediese a la votación que es preciso realizar y a las modificaciones que también convendría llevar a cabo sobre la presentación de los textos. 
Señor Fabre-Aubrespy, en efecto, la limpieza del texto no ha escapado a su mirada perspicaz. 
Hubo un error en la presentación del texto tal como había sido aprobado por la comisión. 
Se trata de una rectificación puramente técnica que no incide en el fondo, que se ha operado por la vía de la corrección y no da lugar a votación. 
Por tanto voy a someter ahora a votación la totalidad de la propuesta de resolución así modificada. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Decir que una enseñanza y una formación de calidad están en el centro de la lucha por el desarrollo es sin duda una perogrullada. 
Es preciso también que cada Estado miembro extraiga las consecuencias y adapte su sistema educativo en una preocupación constante por la mejora de su calidad. 
Y ello, quedando claro que no se trata solamente, para los centros de enseñanza superior, de satisfacer las exigencias educativas y profesionales impuestas por la «sociedad del conocimiento» mundial, sino también de aportar una respuesta a los problemas sociales y dispensar una educación y una formación que sean verdaderos vectores de identificación, de adhesión, de promoción social y de expansión personal. 
Podemos felicitarnos por el hecho de que, de esta forma importante para el futuro de nuestros hijos y de nuestras sociedades, los programas comunitarios como Sócrates hayan contribuido a la toma de conciencia en cada Estado miembro de que eran posibles mejoras en los centros de enseñanza superior, por comparación con lo que se hace en los demás Estados miembros. 
En la Europa unificada que estamos construyendo, es preciso además tender hacia una armonización por arriba de los niveles alcanzados por los diplomados que salen de las escuelas de enseñanza superior de los diferentes Estados miembros. 
Por todas estas razones- e incluso aunque podemos, efectivamente, lamentar con el ponente que el Consejo no haya considerado conveniente confiar a la Comisión la misión de respaldar la puesta a punto- me alegro de ver que hoy culmina un largo proceso iniciado ya en 1991. 
Tras años de espera, esta conclusión va a permitir la creación y puesta a punto de la «Red Europea de Garantía de la Calidad» en la enseñanza superior en los Estados miembros de la Unión. 
Informe Bazin (A4-0190/98) 
Los robos de coches en toda la UE son un problema serio. 
Las bandas criminales altamente organizadas que se especializan en esta actividad se han visto beneficiadas por la abolición de los controles fronterizos. 
Saludo el hecho de que la Comisión hay tomado una iniciativa para atajar el problema. 
También tengo en cuenta la dificultad que entraña intentar la creación de un sistema universal que afecta quince países diferentes con quince prácticas diferentes. 
De todos modos debemos intentarlo y si fallamos siempre podemos volver a la pizarra. 
La propuesta de la Comisión para crear dos documentos de registro, si se pone en práctica, sería un primer paso en la correcta dirección. 
Schengen ha pretendido que no haya fronteras más interiores en la Unión Europea. 
El resultado no se ha hecho esperar: el crimen internacional no ha dejado de desarrollarse y diversificarse. 
El tráfico de vehículos entre todos los Estados miembros sólo es un epifenómeno de lo que han querido los eurócratas de Bruselas. 
Los controles aduaneros y policiales se efectúan, en principio, en las fronteras exteriores de la Unión, nos dice Schengen. 
No hay nada de eso y el desarrollo de la mafia y el terrorismo en todos los Estados miembros lo demuestra. 
El Frente Nacional, por su parte, no ha dejado de denunciar esos acuerdos y las consecuencias dramáticas que esta Europacolador tiene tanto para el desarrollo del crimen organizado como para el blanqueo de capitales, la delincuencia, el tráfico de drogas o también el imposible control del flujo migratorio. 
Con este informe, una vez más, Europa intenta tratar los síntomas del mal y no las causas. 
Sin duda, es importante poder luchar contra este crimen internacional que no deja de desarrollarse peligrosamente, y el informe de mi colega Bazin aporta a esto una contribución muy favorable. 
Sin embargo, el momento de adoptar estas medidas de estandarización de los certificados de matrícula, las técnicas vinculadas al robo y contrabando de vehículos habrán evolucionado como un virus y se habrán adaptado a los métodos ya obsoletos que se utilicen contra ellas. 
Por consiguiente, ya es hora de reaccionar y atacar las causas primeras de toda esta ruina: la Europa de Maastricht, la Europa de Schengen, y ahora la Europa de Amsterdam. 
Informe Herman (A4-0195/98) 
Señor Presidente, el Consejo acaba de someternos un proyecto de decisión que define las modalidades de aplicación del artículo 105 (4) del Tratado, que prevé que, a partir del 1 de enero de 1999, el Banco Central Europeo habrá de ser consultado por las autoridades de cada Estado sobre cualquier proyecto de reglamentación en aquellos ámbitos que dependan de su competencia. 
Esta disposición, aparentemente secundaria, ha irritado al ponente del Parlamento Europeo, Sr. Fernand Herman, que nos ha explicado que es incomprensible, puesto que en una zona monetaria unificada las autoridades nacionales no deberían disponer ya de ningún poder de reglamentación autónomo en los ámbitos que puedan afectar a la política monetaria común. 
Peor aún, se indigna de que el artículo 105 (4) sólo prevea una simple consulta al BCE sin concederle el mínimo derecho de veto. 
El ponente ve en ello una prueba de total incoherencia. 
Citaré aquí íntegramente la explicación de Fernand Herman, ya que merece que la posteridad no la olvide. 
Según el ponente, pues, » el proyecto que se ha sometido a nuestra consideración muestra una concepción excesivamente descentralizada de la Unión Europea. 
Era sin duda la que prevalecía aún en 1991, en el momento en que este ambicioso proyecto parecía difícilmente aceptable para algunos Estados miembros. 
Para no alarmarlos, se ha dejado creer que conservarían un máximo de autonomía, incluso en aquellas materias en las que lo esencial de su soberanía estaba transferido a nivel europeo». 
Así, se nos confiesa tranquilamente que se han introducido algunas disposiciones en el dispositivo de la unión monetaria simplemente para dar una impresión atractiva en el momento de la ratificación de Maastricht, pero que ahora sería necesario borrarlas para proporcionar al sistema su verdadera significación. 
Y es precisamente a este juego al que acaba de prestarse el Parlamento Europeo al votar el informe Herman. 
Pero, ¿cómo calificar esos procedimientos, sino de manipulación del sufragio universal? 
Aquellos que, en Francia, piden un referéndum sobre la moneda única, deberían encontrar ahí nuevos argumentos para su campaña. 
Puesto que no compartimos la idea de una moneda común para los Estados miembros de la UE, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. 
Rechazamos del modo más enérgico la creación de un Banco Central Europeo que maneje la política monetaria y de divisas como " experto» , fuera del alcance de las influencias democráticas. 
El informe propuesto por nuestro colega Herman se inscribe en el proceso de aplicación del euro y de su brazo «secular» , el Banco Central Europeo, partidario lúcido de esta moneda; acepto por tanto las orientaciones que se nos han propuesto en el día de hoy. 
Efectivamente, cuando hemos entrado en la tercera fase de la Unión Económica sería como mínimo paradójico que los Estados miembros pudieran legislar aún en materia monetaria con toda libertad, sin tener en cuenta las nuevas competencias que le corresponden al Banco Central Europeo. 
Por encima del aspecto técnico del informe, nos vemos obligados a pronunciarnos sobre el carácter federal de este «instrumento» monetario. 
Y observo que, entre aquellos que se asustan con la idea de que la Unión Europea pueda jugar un papel político de máxima importancia, muchos votarán este texto, no por convicción europea sino por adhesión al dogma liberal y monetarista. 
No es mi caso. 
Por lo que me concierne, votaré este texto, no por alineamiento ideológico sino por compromiso europeo. 
También, espero que muchos de nosotros seamos conscientes de que la construcción europea no se detiene el 1 de enero de 1999 sino que, muy al contrario, ha de intensificarse a partir del 2 de mayo de 1998. 
Deseo, a un año de un plazo político importante, que se abra un verdadero debate sobre la Europa que deseamos proponer a nuestros conciudadanos, sobre su constitución, sobre la Europa política y sobre la Europa social. 
A partir de ahora, la Europa económica cambia de rostro y de marco. 
Podemos alegrarnos de ello. 
Pero ahora es preciso continuar el gran designio de los grandes precursores de la idea europea. 
Necesitamos conseguir que progrese sin tardanza la Europa política para garantizar un funcionamiento realmente democrático en la que será, en el futuro, una de las primeras potencias económicas, financieras y monetarias, si no la primera. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en contra del informe del Sr. Herman. 
Pensamos que la propuesta originaria de la Comisión es esencialmente mejor que el informe del Sr. Herman, teniendo en cuenta la reserva danesa sobre la tercera fase de la UEM. 
No apoyamos las enmiendas núm. 1, 2 y 4 del informe. 
que las autoridades de los Estados miembros se abstengan en general de confeccionar nuevas disposiciones legales, -que las disposiciones legales dentro de los ámbitos de competencia del BCE deben ser objeto de una armonización en todos los países miembros, -que la puesta en práctica de las disposiciones nacionales en caso de un desacuerdo entre el BCE y un país miembro pueda dejarse en suspenso hasta que el Consejo haya adoptado una decisión al respecto.Las enmiendas se han formulado sin tomar en consideración que un país miembro pudiera tener una reserva sobre la tercera fase de la UEM. 
Las enmiendas implican que el artículo 2 y el artículo 4 de la propuesta de decisión del Consejo vayan mucho más allá de la base jurídica conforme al tratado establecida en el apartado 4 del artículo 105 del tratado que sólo habla de que el BCE debe ser oído en relación con un proyecto nacional de disposiciones legales. 
Con ello, las enmiendas socavan las disposiciones de exención del tratado del artículo 109 K y con ello las excepciones de que disponen ciertos países frente a la tercera fase de la UEM. 
En nuestra opinión, tres de las cuatro enmiendas del informe sobrepasan la base jurídica conforme al tratado y debilitan los derechos establecidos en el tratado con relación a la reserva de Dinamarca sobre la tercera fase de la UEM. 
La UE manda. 
De esto trata el informe Herman. 
Las propuestas de la Comisión a la resolución del Consejo sobre las consultas de las autoridades nacionales con el BCE en cuanto a la propuesta de normas jurídicas dentro del sector monetario, son desechadas en el informe Herman por ser un " concepto demasiado descentralizado» de la UEM. 
Posiblemente esto pudo ser válido en 1991 cuando se presentó el tratado de Maastricht. 
Para no " asustar» a los países miembros, se les hizo entender que mantendrían el máximo de independencia, se dice en la exposición de motivos de la comisión. 
Desde 1999, según la comisión, los Estados miembros deberán abstenerse de legislar en " todos los ámbitos de competencia del BCE». 
Ante tales órdenes, la decisión sueca de permanecer fuera de la UEM se torna cada vez más sabia. 
En el debate y la votación del informe Herman no sólo surgieron reflexiones importantes sobre la cuestión de la armonización legal en el ámbito de la política financiera, sino que más allá de ello se alisa el camino para la fundación y establecimiento de un Banco Central Europeo capaz de funcionar para una moneda común con éxito. 
Una pronta finalización de todos los procedimientos preparatorios es de gran importancia para que el BCE pueda empezar en un plazo lo más breve posible con su tiempo de prueba para el comienzo de la Unión Monetaria el 1.1.99. 
La Comisión ha sometido a la opinión del Parlamento Europeo una propuesta de decisión del Consejo sobre " la fijación de las claves de los datos estadísticos necesarios para la suscripción del capital del Banco Central Europeo» , que podemos aprobar sin reservas. 
Los datos estadísticos deben ser puestos a disposición por la Comisión, o mejor dicho, por Eurostat, para determinar las participaciones de capital de los Estados miembros en el BCE- respectivamente el 50 % de la proporción de un Estado miembro en población y en PIB de la UE. 
Cada cinco años serán nuevamente revisadas las participaciones de capital según los nuevos datos. 
Con una ponderación así se garantiza una distribución de costes y beneficios de la política monetaria común comprensible y justa. 
Esto vale también- sin atender a cierta discusión en los Estados miembros- para la distribución de los beneficios del BCE, que se efectuará fundamentalmente según la participación en el capital. 
Para limar asperezas a corto plazo, habrá sin embargo una regulación transitoria para equilibrar las distintas ganancias habidas hasta ahora en los bancos emisores que resultan del hecho de que la masa monetaria en circulación tiene una importancia muy distinta en los Estados miembros de la UE. 
Visto en conjunto, con la inclusión tanto de la parte del PIB como de la población, este procedimiento permite una determinación comprensible y justa de las partes. 
La inclusión de esas dos magnitudes podría ser completamente un caso modélico para otros proyectos e instituciones de la UE. 
El segundo aspecto del informe Herman concierne a la " regulación de la consulta de las autoridades de los Estados miembros al Banco Central Europeo sobre los proyectos de disposiciones legales.» 
El ponente intenta por medio de sus enmiendas a la propuesta de la Comisión alcanzar una mayor armonización del derecho en el ámbito de la política financiera. 
La Subcomisión de Moneda y la Comisión de Asuntos Económicos le apoyan en su intención. 
Justamente aquí se ve lo fuertes que siguen siendo las resistencias nacionales frente a la integración europea, en un ámbito donde por primera vez se ha creado un ámbito político realmente para " europeizar» , como es el logrado con la política monetaria para una moneda europea común. 
Quien quiera la moneda común, tiene que estar dispuesto a tenerla en cuenta en la legislación nacional. 
En vista de la insuficiente claridad contractual de la relación entre el BCE, el SEBC y los Bancos Centrales Nacionales en sus actividades fuera de la pura política monetaria, pero que, por ejemplo, pueden ser relevantes para el desarrollo de la masa monetaria, es necesaria una regulación pragmática provisional. 
No el BCE, sino la Comisión puede actuar como guardiana de los acuerdos, y en caso de conflicto el Consejo de Ministros tomará en última instancia las decisiones políticas necesarias. 
Las propuestas del Sr. Harman se orientan hacia estos requisitos de principio, que en cuanto tales podemos aprobar. 
Aunque nosotros tengamos dudas respecto de la diversidad, abogamos por la armonización sólo hasta el punto de que sea documentadamente necesario, mientras que el Sr. Herman tendrá presumiblemente dudas respecto de la armonización. 
Pero esta diferencia no constituye ahora motivo de votación. 
Informe Redondo Jiménez (A4-0163/98) 
Nos hemos abstenido en la votación de este informe ya que opinamos que la política agrícola comunitaria tiene que ser reformada desde los cimientos. 
Deseamos que en 1999 se haga una profunda reforma de la política agrícola. 
El presente informe está, en cierto modo, bien orientado puesto que propone una disminución de los pagos por compensación. 
No obstante, aún así, no podemos votar a favor de una renovación del sistema de cuotas para la fécula de patata. 
Son demasiados los gastos de este sistema (205, 4 millones de ecus además de los gastos por subvenciones a la producción y las exportaciones) y cuestionamos que sea dinero bien empleado. 
La producción de fécula de patata es una producción agrícola que necesita inversiones específicas costosas, que ocasionan precios de coste elevados del orden de 15.600 F/ha. 
Por tanto, será necesario, en el marco del paquete Santer, adaptar la reglamentación europea con el fin de preservar esta producción que tiene la ventaja de ser respetuosa con el medio ambiente y de ser una buena «cabeza de rotación». 
El competidor de la fécula de patata es el maíz, y no, como ha señalado el ponente en comisión, la patata alimentaria. 
En efecto, el producto terminado «fécula» es casi idéntico, cualquiera que sea su origen, maíz o patata para fécula. 
Ahora bien, debo recordar que la Unión Europea es deficitaria en maíz. 
Por tanto es necesario preservar nuestra producción específica de fécula de patata. 
Si nos viéramos obligados a suprimirla, aumentarían las importaciones de maíz y habríamos penalizado una vez más a la agricultura europea. 
Finalmente, sólo puedo felicitarme por la votación en comisión que ha impedido a nuestro ponente introducir confusión entre la producción de fécula de patata y la producción de patata alimentaria. 
Hoy no existe OCM de la patata. 
Algunos profesionales, especialmente los españoles, desean encarecidamente crear una antes de la adhesión de Polonia. 
Me permito recordar que Polonia produce tanta patata como la Unión Europea de los Quince. 
El problema está en saber si es o no preciso crear una OCM de la patata, pero no era necesario «contaminar» el debate relativo a la producción, muy específica, de fécula de patata. 
Consejo Europeo de Cardiff 
Señor Presidente, el Grupo Europa de las Naciones desearía hacer una llamada al próximo Consejo Europeo de Cardiff. 
En efecto, este Consejo debería tratar de una iniciativa francoalemana sobre la subsidiariedad, decidida en el encuentro bilateral de Avignon los pasados 6 y 7 de mayo. 
En principio, esta iniciativa es bienvenida ya que la Unión Europea nunca ha usurpado tanto las competencias de las naciones. 
Pero tememos que desafortunadamente sólo se trate de una maniobra de distracción. 
En efecto, si los Gobiernos hubieran querido proteger verdaderamente la subsidiariedad en Europa, les bastaba con aprovechar la ocasión que les brindó la Conferencia Intergubernamental que preparó el Tratado de Amsterdam. 
Ahora bien, no hemos visto nada en este sentido. 
Muy al contrario, el Tratado de Amsterdam favorece una verdadera tutela de las naciones, principalmente por su protocolo sobre la subsidiariedad, que coloca las competencias nacionales a merced del Tribunal de Justicia, por su artículo 7, que permite suspender los derechos de un Estado miembro, o por su reconocimiento indirecto de la superioridad del derecho comunitario sobre las constituciones nacionales. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno que firmaron un texto así, ¿van a condenarlo proclamando una verdadera subsidiariedad? 
Podemos dudar de ello, y nuestras dudas han aumentado al oír a Jacques Santer ayer, en este mismo hemiciclo, explicar que la subsidiariedad está ya muy bien protegida, al haber realizado la Comisión un esfuerzo de simplificación de sus reglamentos, y que no se debe ir demasiado lejos. 
Sí a la subsidiariedad, ha declarado, pero no a los que quieren servirse de ella para frenar la integración europea o para modificar el equilibrio constitucional. 
En este caso nos encontramos en el centro del malentendido, ya que precisamente una verdadera subsidiariedad, proclamando la superioridad de los derechos de las naciones sobre los de Bruselas, tiene como objetivo fijar un límite a la integración. 
No es posible desear al mismo tiempo la integración total de las naciones y una verdadera subsidiariedad, a menos de traicionar una concepción de las naciones como equivalentes a simples circunscripciones administrativas. 
Igualmente, una verdadera subsidiariedad habrá de modificar necesariamente el equilibrio institucional de la Unión proclamando la supremacía de las naciones, reintroduciendo a los Parlamentos nacionales en el proceso de decisión europeo y haciendo que la Comisión pierda sus privilegios exorbitantes. 
en la cumbre de Cardiff se van a tratar numerosos temas. 
Me gustaría hacer referencia a dos posibles áreas de discusión política. 
En primer lugar tengo cierta preocupación sobre las actuales propuestas de reforma de la PAC. 
Tengo entendido que el Consejo de Agricultura ha elaborado un texto sobre ese asunto y que lo ha entregado al Consejo de Asuntos Generales para su discusión en Cardiff. 
Si las actuales propuestas se aprobasen serían desastrosas para la agricultura irlandesa. 
Los cortes en los precios que se han propuesto, de un 30 % en el vacuno, un 20 en cereales y un 15 % en productos lácteos, sin una compensación completa serían desastrosos para los agricultores irlandeses. 
El sector bovino irlandés acaba de sufrir una severa crisis. 
Las propuestas actuales fijarían unos precios por debajo del coste de producción, los cortes en el precio de los productos lácteos equivaldrán a un descenso de 16, 5 peniques por galón de leche. 
Debe reconocerse nuestra dependencia de estos productos y una compensación completa debería ser la piedra angular de la II reforma de la PAC. 
Dada la base herbácea de nuestra agricultura, los cortes en el precio de los cereales afectarían de igual modo a nuestra competitividad. 
La segunda cuestión que quería comentar es el problema de la deuda en los países en vías de desarrollo. 
El Sr. Blair trato valientemente de convencer a sus colegas en la cumbre del G8 para que se emprendiesen los primeros pasos para aliviar los problemas de los países altamente endeudados. 
Su discusión no llegó lo suficientemente lejos y espero que en los últimos días de su Presidencia el Sr. Blair se asegurará de que la Unión Europea eche una mano. 
Informe Spencer (A4-0169/98) 
El informe del Sr. Spencer es una contribución muy útil al debate sobre la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. 
Apoyo sus conclusiones que resaltan las deficiencias y los puntos flacos de la operatividad actual de esta política. 
También acierta al subrayar la importancia de un seguimiento de la situación en Oriente Medio, los Balcanes y el cumplimiento de los Derechos Humanos en China. 
Esperamos que cuando el Tratado de Amsterdam se ratifique muchas de las preocupaciones expresadas por el Sr. Spencer se hayan disipado. 
La creación de una " unidad de política y planificación» junto con el nombramiento de un Alto Representante otorgará una coherencia a la PESC desesperadamente necesaria. 
No obstante, también debe resaltarse que es de una importancia vital que el Parlamento esté completamente involucrado e informado sobre el desarrollo de la PESC. 
En los tiempos de la guerra fría las cosas eran sencillas: había un adversario contra el que luchaban los occidentales, norteamericanos y europeos, subordinándole toda su política exterior y de defensa. 
El fin de la oposición Este-Oeste ha hecho muy necesaria la emergencia de una verdadera política exterior y de seguridad común para la Unión Europea, ya que ha hecho las alianzas menos solidarias necesariamente en un mundo cada vez más multipolar. 
Al igual que el ponente, señalo con satisfacción los progresos realizados por la PESC en el transcurso del año precedente, pero mido igualmente la lentitud y la dificultad que acompañan a cada uno de ellos, así como la distancia que aún nos queda por recorrer antes de que la Unión Europea disponga de una verdadera política exterior y de seguridad común. 
Ahora bien, el tiempo apremia. 
Los desafíos se agolpan y no podemos apoyarnos eternamente en la buena voluntad de los Estados Unidos. 
Por otra parte, quisiera insistir en la necesidad democrática de ver al Parlamento asociado a la definición de los grandes ejes de la política exterior y de seguridad común. 
Desde este punto de vista, ya es hora de que un acuerdo interinstitucional defina el derecho a la información y a la consulta del Parlamento. 
De aquí a entonces, es muy deseable que el Consejo y la Comisión cumplan plenamente sus obligaciones en materia de información al Parlamento sobre la política exterior. 
Una aplicación ambiciosa y determinada de las potencialidades que contiene el Tratado de Amsterdam permitirá sin duda avances significativos en el ámbito de la PESC, pero concluiré diciendo, en total acuerdo con el ponente, que nada será posible sin un cambio profundo de las mentalidades. 
Ahí reside probablemente la clave del problema: ¿Cómo hacer que quienes toman las decisiones políticas de nuestros quince Estados comprendan que defenderán mejor las aspiraciones y los intereses de su país que se manifestarán con una sola voz europea? 
No podemos respaldar el informe a pesar de que contiene algunos aspectos provechosos, como el requerimiento de que la acción de la UE tendrá que procurar dar apoyo a la lucha por los derechos humanos. 
Sin embargo, la parte principal del informe tiene como objetivo la creación de una política exterior y de seguridad común, unitaria, supra nacional, cada vez con componentes militares más poderosos, que nosotros no podemos apoyar. 
En cambio, opinamos que la UE debería abandonar sus ambiciones de gran potencia y concentrarse en la cooperación internacional entre estados para fomentar el desarme y la cooperación por la paz. 
Son buenas las propuestas del informe, por ejemplo, sobre acciones para prevenir conflictos, consolidación de la democracia, fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, actos para ampliar el imperio de la ley, establecimiento de cláusulas sociales sobre democracia y derechos humanos en los acuerdos comerciales, aumento del uso de recomendaciones y rondas públicas de preguntas. 
También estoy de acuerdo en la importancia que tiene la ausencia de una estrategia política sobre la pobreza y el medio ambiente. 
No obstante, el informe está demasiado orientado a la realización de la propia política exterior y de seguridad de la UE, por medio de la coordinación de las políticas de defensa, de la política de armamentos y de la introducción de la UEO en la UE. 
Esto carece de valor en sí. 
El informe hace hincapié en las nuevas posibilidades del Tratado de Amsterdam y en la paulatina instauración de la política de defensa común. 
Allí se mencionan misiones para la conservación y la creación de la paz. 
Se establecen votaciones por mayoría en muchas materias y se crea un " cargo de ministro de asuntos exteriores de la UE». 
Esto da a la UE posibilidad de intervenir en un conflicto, con la fuerza de las armas, con el fin de crear paz. 
Esto contradice la neutralidad sueca y no puede aceptarse. 
El derecho a veto sigue existiendo pero se debilita con un sistema llamado de abstención activa. La UE se hace cargo aquí de deberes contenidos en el Acta de Naciones Unidas y que, evidentemente, también son propios de la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. 
El informe de la comisión contiene un análisis muy serio y a fondo del papel de la Unión en el mundo. 
Es totalmente comprensible que la comisión esté preocupada por el escepticismo popular ante la política exterior europea que aún perdura. 
Los ciudadanos esperan que la Unión sea capaz de obrar de manera mucho más efectiva cuando haya que encontrar soluciones a crisis de política exterior. 
Con su análisis y sus recomendaciones estoy convencido de que a través de este informe el Parlamento puede contribuir a generar progresos en la política exterior y de seguridad. 
Puesto que opino que la Unión Europea debe ser una cooperación entre estados soberanos, no puedo votar a favor del informe Spencer. 
Este informe va en otra dirección porque propone, entre otras cosas, que algunas decisiones de política exterior deberán tomarse por decisión de mayoritaria. 
Informe Viola (A4-0175/98) 
Línea 205. Seguridad y custodia de edificios 17.033.000 Euros + 67 %. 
1.Los costes deben ser divididos entre Estrasburgo y Bruselas 1: 1.2. Debe estar a disposición del público una lista sobre criminalidad en los edificios. 
Opinamos que la redacción del punto 35 del informe es exagerada, especialmente en lo concerniente a las rebajas de impuestos. 
Si se va a reducir el impuesto al trabajo, se tienen que aumentar los impuestos al capital y al medio ambiente. 
Por lo demás, consideramos que los propios Estados miembros deben decidir qué impuestos y qué rebajas quieren introducir. 
La recomendación de la Comisión sobre las grandes orientaciones de política económica tiene el mérito de ser coherente con los principios de la moneda única y estimula las consecuencias de la unificación monetaria hasta sus términos lógicos, la armonización de las políticas nacionales y la imposición de la flexibilidad en las economías. 
Se constata en este texto que la armonización necesaria habrá de extenderse mucho más allá de lo que algunos creen: para que la UEM «realice plenamente su potencial» , no bastará con introducir la moneda única, será necesario posteriormente que todos los interlocutores públicos y privados coordinen sus acciones en el sentido señalado por la Comisión. 
Ésta lo afirma en términos decididos: » La dosificación global de las políticas será favorable al crecimiento y al empleo si todos los actores y grupos de actores se comportan de acuerdo con las orientaciones resumidas anteriormente» (p. 4). 
Los países de la Unión Europea se parecerán pronto a un ejército de maniobras. 
Todas las políticas macroeconómicas, fiscales y estructurales van a medirse. 
Incluso la política salarial, aún considerada como la más centralizada, no escapará a ello. 
Efectivamente, la Comisión nos explica fríamente que, en la futura zona euro, las subidas salariales nominales habrán de ser compatibles con la estabilidad de los precios, que constituye el principal objetivo del Banco Central Europeo. 
¿Cómo conciliar la centralización de este objetivo y la descentralización de las negociaciones salariales? 
Será preciso que los gobiernos «se apliquen más... en promover una mejor comprensión... de las grandes orientaciones de política económica» (decididas en Bruselas). 
Paralelamente a la centralización de los objetivos y a la armonización de las reglas, la flexibilidad de las economías habrá de incrementarse. 
El texto de la Comisión es muy claro: » Si las economías de los Estados miembros no consiguen progresos claros en materia de flexibilidad, las consecuencias serán graves». 
Muy graves incluso, ya que podrán llegar hasta la voladura del euro. 
Principalmente, se nos anuncia sin miramiento que «en la UEM, el ajuste de los salarios habrá de jugar un papel más importante en la adaptación a unas circunstancias económicas nuevas, sobre todo en el caso de perturbaciones específicas en algunos países». 
Es, como siempre hemos dicho, la contrapartida lógica de la supresión de los cambios internos en la zona euro. 
Finalmente, no habrá que sorprenderse al constatar que, una vez más, la Comisión concluye en la necesidad de inventar una nueva forma de supervisión multilateral. 
Tras el Pacto de Estabilidad, tras la definición de las orientaciones comunes de política económica y los procedimientos de control de las políticas de empleo, aparece la idea de una «coordinación a nivel comunitario de las reformas reglamentarias y de un seguimiento estrecho en el marco de una supervisión multilateral regular» , que se apoyará en la puesta en marcha de un «cuadro de mandos del mercado único». 
Éste es un instrumento que aún faltaba en la panoplia policial de la Comisión. 
Que nadie se engañe: al denunciar este «acuartelamiento» de los países miembros, el Grupo Europa de las Naciones no cree defender indirectamente las rigideces y cargas que castigan a muchas de nuestras economías, principalmente la de Francia. 
Nosotros también deploramos estas graves deficiencias, y consideramos que la solución, evidentemente, habrá de buscarse en la dirección de una mayor flexibilidad y de un alivio de los impuestos obligatorios. 
Pero, ¿cómo progresar hacia este objetivo? 
Sin duda, reconocemos la responsabilidad de sus gobiernos nacionales sucesivos, su incuria, su cobardía ante los problemas. 
Pero ¿es preciso, por ello renunciar a la propia idea de soberanía nacional, para aceptar por un lado las disciplinas infantilizantes de Bruselas y por el otro la ley despiadada de la globalización salvaje que, además, no se contrarrestan pero se complementan, tal como se destaca en el documento de la Comisión? 
¡No! 
Mi grupo considera que estamos inventando un remedio peor que el mal. La coordinación flexible y el intercambio de experiencias son sin duda alguna útiles a nivel europeo, pero la tutela de los pueblos y la demolición sistemática de sus entornos políticos y sociales no traerá nada bueno. 
Por ello hemos votado en contra de las recomendaciones de la Comisión. 
La resolución relativa a las orientaciones generales para las políticas económicas cuenta con mi aprobación. 
Sin embargo, no soy del todo positivo. 
En primer lugar, no me agrada la retórica con que se recomienda la consecución de los objetivos de un elevado nivel de empleo, éxito de la UEM, crecimiento económico sostenido y aumento de las inversiones. 
El párrafo 31 es, en este sentido, el que está formulado de manera más rimbombante. La retórica de la resolución dificulta la seria dedicación a la consecución del objetivo de la estabilidad de precios y la formación de una opinión detallada sobre el alcance de la política monetaria. 
Me parece muy importante para la credibilidad de la Unión Económica y Monetaria vigilar el peligro de inflación, que amenaza con recalentar algunas economías nacionales. 
Lo que también me decepciona es que no se tengan en cuenta los efectos previstos del fuerte envejecimiento de la población. 
Bajo la presión del Grupo socialista, esta realidad se ha eliminado del párrafo 12 del proyecto de resolución. 
Asombroso, más aún teniendo en cuenta que el auténtico saneamiento de las finanzas públicas en los importantes Estados miembros de la UEM debe iniciarse, tal como se desprende de la frase introductoria del párrafo 14. 
Por último, creo que el objetivo del crecimiento económico guiado por la inversión puede perjudicar demasiado al entorno vital. 
Si bien es cierto que se menciona el medio ambiente en el párrafo 3, éste sale malparado. 
El Tratado obliga a orientar la política hacia el desarrollo sostenible, de forma que las cargas de nuestra prosperidad no se transfieran a nuestras futuras generaciones. 
Espero que el Consejo, cuando reciba este dictamen, sepa distinguir lo bueno de lo malo. 
El informe del Sr. Gasòliba i Böhm, a quien felicito, incluso aunque no comparto todas sus ideas, me da ocasión para volver a decir que para mí el objetivo esencial de los próximos doce meses es la reducción del desempleo. 
Para ello, es preciso relanzar el crecimiento económico y por tanto la demanda interna, pero también repartir mejor el trabajo reduciendo su duración legal. 
Sin duda, en el primer caso, por lo que respecta al relanzamiento del crecimiento, la actuación ha de ser a nivel europeo y las reglas y políticas han de ser comunes. 
Pero con respecto a las 35 horas, si no se trata de imponer «el modelo francés» , tampoco sería cuestión para los franceses de verse «ridiculizados» , incluso condenados, por la Comisión. 
Cuando se ha llegado con las políticas pasadas al nivel de desempleo que sufre Europa actualmente, es preciso al menos ser prudente y modesto cuando se juzga, a priori, una política impulsada por un gobierno democráticamente elegido para hacer esta misma política. 
El informe de nuestro colega Gasòliba i Böhm hace hincapié, como debe ser, en los grandes progresos que todos los Estados miembros de la Unión Europea han realizado con el fin de verse calificados para la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Las tasas de inflación son históricamente bajas, los tipos de interés también. 
Pero este informe no es una invitación a descansar y recrearse en el camino recorrido. 
Aún nos queda mucho por hacer, y es precisamente en eso en lo que insiste el ponente. 
El edificio es frágil. 
El éxito de la empresa dependerá del grado de compromiso de los Estados miembros de la zona euro para poner en práctica políticas presupuestarias coordinadas y de acuerdo con el objetivo de estabilidad de los precios que persigue el BCE. 
Igualmente, es importante que los países que aún no son miembros de la zona euro consideren su política de cambio como una cuestión de interés común. 
Los esfuerzos por sanear las finanzas públicas tampoco han de relajarse. 
Es necesario proseguir, o iniciar, para los países que aún no lo han comprendido, como Francia, la reducción del gasto público y evitar las subidas de impuestos, e incluso mejor, bajarlos. 
Es preciso reducir los déficits para alcanzar el equilibrio, incluso el excedente presupuestario. 
Se trata de una condición importante para poder hacer frente a los posibles choques asimétricos a los que podrían enfrentarse nuestras economías. 
Se mantienen dos preocupaciones: la primera tiene relación con el escaso nivel de inversión privada en la mayoría de los países de la Unión en perjuicio de la presencia de buenos fundamentos económicos. Conviene invertir esta tendencia. 
Es necesario un incremento de la inversión privada para el crecimiento y el empleo. 
La segunda preocupación tiene relación con la fuerte tasa media de desempleo europeo, por encima del 10 % de la población activa. 
Tal como he tenido ocasión de decir en el seno de esta Asamblea, Europa no nos aportará, digamos, más que una cuarta parte de las soluciones, las tres cuartas restantes habrán de provenir de medidas nacionales. Y ello, poniendo en práctica profundas reformas estructurales tal como señala nuestro ponente. 
En primer lugar, es preciso velar por mantener un incremento salarial moderado y disminuir las cargas laborales con el fin de suprimir los «espacios fiscales opacos» y conseguir que se reduzca el coste del trabajo. 
Posteriormente, sería muy útil favorecer las políticas activas del mercado de trabajo con el fin de suprimir en la medida que se pueda el riesgo de desmoralizar a aquellos que buscan trabajo. 
El informe del Sr. Gasòliba i Böhm señala los numerosos esfuerzos que aún nos quedan por hacer para que la UEM dé plenamente sus frutos, y por ello votaré a su favor. 
Hay muchos puntos en este informe que hacen que no pueda respaldarlo. Mi mayor objeción es que la política del mercado de trabajo no debe estar en el ámbito de la UE. 
En mi opinión, éste es un asunto de interés nacional. 
Los países de la Unión tienen actualmente condiciones muy diferentes en cuanto a la política del mercado de trabajo. 
Hay grandes diferencias, por ejemplo, en las ramas de producción y en los idiomas. 
También existen barreras estructurales. 
Con esto no quiero decir que en el ámbito comunitario no se puedan dar consejos o intercambiar experiencias sobre las distintas maneras de actuar para combatir las altas tasas de desempleo. 
Con todo, esta propuesta va mucho más lejos de lo que yo estimo aceptable. 
El objetivo de la Comisión de alcanzar una " modernización global de los mercados de trabajo comunitarios» puede interpretarse de muchas maneras. 
¿Significa, por ejemplo, mayores diferencias salariales o medidas para facilitar el trabajo de los ciudadanos en otros países? 
Son cosas muy diferentes y, si he entendido correctamente a la Comisión y al ponente, se refieren a lo primero, algo que yo no puedo apoyar. 
Además, en el punto 8 se sostiene que para los países que no participan en la UEM será " absolutamente necesario» coordinar su política macroeconómica con los países del euro. 
Ésta es una disposición rígida que no puedo admitir. 
En el punto 25 parece que la política de coordinación continúa siendo la estrella que guía a la UE, ahora con vistas a la coordinación de los " sistemas fiscales». 
Esto está totalmente en contra del principio de subsidiariedad. 
Opino que la UE no debe tratar de coordinar asuntos fiscales y que éstos, también en el futuro, deberán seguir siendo de incumbencia nacional. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Gasòliba I Böhm. 
Apoyamos la posición del informe sobre: 
que un alto empleo es una de las partes de una acertada UEM, y que ha de hacerse hincapié de manera especial en el empleo tal y como está tratado en el tratado de Amsterdam, -que el bajo nivel de empleo en la UE es causa de cuantiosos gastos presupuestarios, económicos y sociales, -que hacen falta inversiones en educación, investigación y desarrollo, -que hace falta medidas que promuevan la inversión y estimular la demanda interna de la UE, -que será importante establecer y crear un fuerte diálogo social.Sin embargo, el llamamiento del informe a una mayor coordinación de las políticas presupuestaria y fiscal en el ámbito comunitario refleja una falta de entendimiento del hecho de que algunos países miembros no participan en la tercera fase de la UEM, no porque no cumplan los criterios de convergencia, sino porque no desean participar en una coordinación más estrecha de la política monetaria y aún menos en una coordinación más amplia de la política financiera. 
No hemos podido apoyar el informe en los puntos que sugieren la armonización de las políticas macroeconómicas (punto 8) , entre ellas, de la política presupuestaria (punto 7) y de la política fiscal (punto 25). 
Después del 1 de enero de 1999, Dinamarca elegirá tener una relación de cambio fijo con el euro. Dinamarca misma ha elegido permanecer fuera de la tercera fase de la UEM, y será siempre elección de Dinamarca elegir qué política monetaria llevar con respecto al euro (punto 9). 
Muchas de las orientaciones generales sobre política económica de la Comisión son correctas como, por ejemplo, las propuestas para disminuir el desempleo y aumentar los puestos de trabajo. 
También es obvio que los países que están fuera de la UEM procuren tener baja inflación y monedas estables. 
Éste es también el caso de Suecia. 
La propuesta de la comisión sobre coordinación de la política presupuestaria de los países miembros va, sin embargo, demasiado lejos. 
La política presupuestaria determina en alto grado los impuestos, la política financiera y, por consiguiente, el tamaño y la orientación del sector público, y éstos son asuntos nacionales. 
Este informe contribuye a la operación, a la que no faltan otras contribuciones, de manifestar la intención de hacer compatibles dos vectores de la vida real, dado que la práctica social va demostrando que uno de ellos predomina o excluye el otro e incluso se opone a él. 
La realización de una UEM al servicio de una estrategia basada en la estabilidad de precios y en instrumentos y mecanismos financieros únicos y convergentes y una declarada prioridad a la concesión de elevados niveles y tasas de empleo. 
Y en cuanto se realiza un vector, el otro... se declara prioritario. 
¿Hasta cuándo? 
¿Hasta el límite del aguante social? 
Porque, al tiempo que se concentra la riqueza, se agravan las desigualdades, se vuelve estructural el desempleo en un nivel muy alto, se extiende la pobreza y la exclusión y se ahondan aún más las asimetrías. 
Y distamos de hacer catastrofismo. 
No se puede decir que esta situación y evoluciones no tengan reflejo en el informe del Sr. Gasòliba i Böhm. 
Están ahí, tímidamente, cuando se insinúa el límite del 2 % para que una desinflación no se convierta en deflación, cuando aparece el valor (!) mínimo de hablar de legitimidad democrática de los Estados miembros y el principio de subsidiariedad respecto de los impuestos. 
Pero no se pasa de ahí, por timidez y por falta de valor, lo que equivale a lo mismo. 
No es así como se corrige lo que es urgente corregir, ni siquiera en una perspectiva que no es la nuestra. 
Menos aún cuando se «insta también a que- para evitar falsas apreciaciones del mercado- todas las declaraciones oficiales apoyen los puntos de vista de la Comisión, del IME y del Parlamento Europeo sobre la fuerza económica del euro entre 11». 
También, evidentemente, el informe Gasòliba i Böhm. 
Por nuestra parte, preferimos la convergencia real, que sólo puede resultar del debate, de la transparencia, de la búsqueda de la verdad. 
La necesidad de una política económica rigurosa es la misma base del pacto de estabilidad que debe garantizar que la UEM sea una moneda fuerte y fiable. 
De ahí que sea también absolutamente necesario que la Comisión elabore un análisis anual a fondo de la política económica de los Estados miembros y también de la UE, y ofrezca recomendaciones claras al respecto. 
Estoy muy conforme con la valoración efectuada por la comisión de la recomendación de la Comisión- en especial, apoyo plenamente el considerando relativo a que los países que no participan en la UEM desde el primer momento han de contemplar su política monetaria como una cuestión de interés común. 
Sólo con ello puede garantizarse que estos países puedan llegar rápidamente a participar en la tercera fase de la UEM cuando lo deseen. 
Votamos a favor del informe por dos razones muy diferentes: 
1) Da algunos pasos importantes en la dirección correcta, especialmente en la acentuación del papel macroeconómico de las inversiones y de la necesidad de no hacer de la lucha contra la inflación un objetivo absoluto. 
Aunque ahora tengamos en puntos importantes otras concepciones simplemente más concretas sobre la transición necesaria hacia un nuevo modelo de desarrollo ecológico y social, estamos dispuestos a reconocer esto. Esto no resta fuerza a nuestra crítica de otros elementos del informe, particularmente del énfasis unilateral puesto sobre la contención de los salarios, o su igualmente unilateral canto de alabanza a la flexibilización. 
Deploramos también el tratamiento insuficiente de la dimensión de la reducción de la jornada laboral tanto en el informe como en la documentación de la Comisión. 
2) En una situación donde en vista de la introducción del Euro se vuelve irrenunciable para todos una política económica de la UE sustancial y vinculante, y que no ponga las líneas fundamentales de la política económica en manos de los banqueros del BCE (y con ello a fin de cuentas a merced de lo que dicten los mercados financieros) , se trata ahora por primera vez de dar a la Unión directivas vinculantes para la política económica. 
Incluso ahí donde hemos criticado las propuestas de la Comisión por erradas, unilaterales o demasiado cautelosas, nos oponemos por otro lado a todos los intentos de ascenderlas a un mero ejercicio burocrático del deber que no obliga a nada ni a nadie. 
En vista del peligro que se fue viendo claramente en el debate de que especialmente la "Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios» vacíe el documento de la Comisión (y la postura del PE) completamente de todo contenido específico y, con ello, quizás también controvertido, expresamos mediante el apoyo al informe Gasliba i Böhm nuestra opinión de que para el Euro es realmente necesario un" gobierno económico europeo» , pero para la política económica es un mínimo absoluto necesario promulgar directivas sustanciales y vinculantes. 
Señor Presidente, he votado en contra del informe de la Sra. Van Lancker, porque, desafortunadamente, la mayoría del Parlamento no ha seguido a mi grupo que había introducido enmiendas para eliminar del texto la resolución sobre la situación de los trabajadores fronterizos en la Unión Europea, las contraverdades, las incongruencias y demás contradicciones flagrantes que pretenden hacer creer que todos los trabajadores fronterizos son pobres víctimas de discriminaciones, sufren pérdidas salariales, otros muchos inconvenientes, y estoy resumiendo. 
Mi país acoge a cerca del 20 % de los 380.000 trabajadores fronterizos en la Unión Europea. 
Abstracción hecha de que con nuestra política de empleo, que crea aún de cuatro a cinco mil empleos por año, casi todos ocupados por fronterizos, y que ayudamos por tanto a resolver el desempleo en Lorena, en el Luxemburgo belga, en el Sarre y en Renania-Palatinado, debo decir que entre nosotros los trabajadores fronterizos están contentos de poder disponer de condiciones de salario, de trabajo y de seguridad social más favorables que en sus países de origen. 
Dije ayer que la Sra. Van Lancker, desafortunadamente, al igual que nuestros colegas de la izquierda, ha visto sólo los agujeros del queso. 
Exportamos, en beneficio de los trabajadores fronterizos, por ejemplo, los subsidios familiares, los subsidios de educación, que en el fondo estaban destinados a los residentes por razones demográficas. 
Ayer, nuestro Parlamento votó una buena ley que crea, para las personas mayores, un seguro de dependencia. 
Los trabajadores fronterizos disfrutarán de él, cuando un seguro así no existe ni en Bélgica ni en Francia. 
Todos estos subsidios están financiados por medio de la fiscalización y son mucho más generosos que los de las regiones vecinas. 
Por ello, debo reafirmar que el principio de la percepción del impuesto sobre los salarios de los fronterizos en los países de empleo ha de ser totalmente riguroso. 
No se trata de hacer una excepción en este caso. 
Acojo con verdadera satisfacción el informe de nuestra colega Anne Van Lancker. 
Es de buen tono felicitar a un colega, pero yo deseo felicitar sinceramente al autor de un informe que, esperemos, debería poner término a las situaciones «ubuescas» que viven algunos de nuestros conciudadanos para los cuales los progresos de la construcción europea se han traducido en una situación más compleja. 
Desde hace ahora nueve años, como diputado europeo, estoy enfrentándome a los problemas de la doble imposición de los asalariados franceses que trabajan en Bélgica, por tanto, doy mi apoyo sin reservas a las propuestas del ponente, sin olvidar los problemas de seguridad social y de C.S.G. 
Sí, ya es hora de crear un nuevo estatuto del trabajador fronterizo, en el sentido amplio del término, tanto para la percepción de los impuestos como para las prestaciones de la seguridad social. 
Espero que este estatuto pueda ser comprensible por todos y aceptado por todos. 
No se puede permitir por más tiempo esta partición de la calidad del trabajador fronterizo que, en ocasiones, es distinta para un mismo lugar, porque la profesión ejercida es diferente del otro. 
Finalmente, espero que la Comisión consiga ser persuasiva ante los Estados miembros, con el fin de que se solucionen las diferencias entre estas administraciones. 
No es raro oír interpretaciones contrarias en el seno de una misma administración sobre la aplicación de un convenio que regule el estatuto del trabajador. 
La libre circulación, el derecho a vivir donde se quiera y trabajar donde se pueda imponen nuevas reglas europeas y la «modernización» de aquellas que son anteriores al Acta Única. 
¡Es más que urgente, es vital! 
Es útil que el problema de los fronterizos vuelva con regularidad ante el Parlamento para hacer un balance de la situación. 
Esta categoría específica y bastante restringida de trabajadores (alrededor de 630.000, de los que más de la mitad trabajan en Suiza) sufre problemas diferentes en función del país de residencia del que proceden y el país de acogida donde trabajan. 
Soy un claro partidario del bilateralismo, es decir, de un planteamiento pragmático de los principales problemas por parte de los países interesados. 
Éste era el planteamiento esencial del informe que Elmar Brok y yo mismo elaboramos en la pasada legislatura sobre la misma cuestión. 
El país del que procedo, Luxemburgo, da empleo a 60.000 fronterizos de un total de 210.000 trabajadores, es decir, en torno al 30 %. 
Creo que mediante convenios bilaterales en el plano de la fiscalidad y de la seguridad social, la situación de los fronterizos y sus familias es totalmente correcta, incluso más favorable que en sus países de origen. 
Ésta es la razón por la que insistimos para que el impuesto sobre la renta del trabajo siga siendo abonado en el país de acogida, al igual, evidentemente, que las cotizaciones sociales. 
En este sentido, conviene señalar que el Gobierno luxemburgués ha realizado importantes esfuerzos para eliminar las distorsiones que existían y que perjudicaban a los fronterizos. 
Las discriminaciones a las que pueden exponerse los fronterizos son muy diferentes de un país a otro. 
Por tanto, considero interesante la propuesta que contiene el informe de la Sra. Van Lancker de someter cualquier legislación nacional que tenga relación con los fronterizos a un examen previo sobre sus efectos para la situación de los propios fronterizos. 
En cuanto al fondo de compensación mencionado por la Sra. Lancker, es preciso señalar que, evidentemente, es difícil con frecuencia evaluar con tanta exactitud el daño al que se expone el fronterizo como en el caso belga-holandés que ha estado en la base del informe de la Sra. Lancker. 
De todos modos, es preciso abordar esas compensaciones con pragmatismo y buena voluntad por las dos partes. 
El informe sobre los trabajadores fronterizos recoge magníficamente los problemas que estos pioneros de una Europa unida tienen que superar diariamente. 
También las posibilidades de solución que la Sra. van Lancker desarrolla son concluyentes y merecen nuestro apoyo. 
Está bien que el Parlamento en tanto representante de los ciudadanos y ciudadanas de Europa tome iniciativas nuevamente para dirigir hacia ellas la atención de la opinión pública. 
Como diputado competente para una parte de la zona fronteriza alemana-holandesa-belga sé que aún tienen que suceder muchas cosas para que las fronteras estatales no causen perjuicios a los hombres que hacen uso de sus derechos de libre circulación. 
Soluciones básicas las habrá probablemente tan sólo cuando el número de los fronterizos y con ello la presión sobre los gobiernos nacionales sea mucho más grande. 
Pero mejoras concretas que creen por lo menos soluciones intermedias y facilidades para los afectados, serían ya hoy posible si no fuesen bloqueadas en el Consejo, sobre todo por el gobierno alemán. 
Cuento con que el nuevo gobierno alemán del Otoño que viene cesará también de bloquear estas cuestiones y dejará el camino libre para la incorporación a texto legal de enmiendas que llevan esperando varios años, tal como fue acordado por el Parlamento Europeo. 
Informe Arias Cañete (A4-0159/98) 
Señor Presidente, me incumbe a mí, en nombre de mi Grupo, explicar procedimiento de voto en este informe. La votación ha sido un desastre. 
El mismo ponente ha votado en contra de su propio informe. 
Esto demuestra el riesgo de ir demasiado lejos cuando se escriben informes sobre asuntos de la Agenda 2000. 
El futuro del Fondo de Cohesión para los años 2000 a 2006 tiene que ser tratado dentro de la legislación. 
Espero que los diputados hayan aprendido de este ejercicio que no pueden presentar enmiendas e informes sobre el futuro de los fondos que después van a ser tratados por un futuro ponente. 
Me sentí decepcionado con el Sr. Novo por deshacer el consenso acordado con los demás grupos con relación a este asunto. 
Al final del día hemos sido rehenes de 12 diputados. 
Estos no son los asuntos que deberían pasar al Pleno y convertirse en unas votaciones desastrosas. 
Deberían ser discutidos en las comisiones y después tener una votación sin sobresaltos en el Pleno. 
Siento tener que decirlo pero la única opción para mi grupo, dadas las circunstancias, es abstenerse en la votación de este informe. 
El informe Arias Cañete relativo al Fondo de Cohesión para 1996 hace un balance muy interesante del funcionamiento de este fondo para el año 1996. 
Se trata de un informe de calidad, aunque no exento de reproches, que ha obtenido el voto favorable de nuestro grupo. 
El Fondo de Cohesión se ha instituido principalmente para favorecer la adhesión a la moneda única de algunos Estados miembros: el maná comunitario fue concedido para permitir soportar el régimen de adelgazamiento presupuestario impuesto por los criterios de Maastricht. 
Se puede añadir que participó en el ejercicio de prestidigitación que convirtió a algunos Estados miembros en milagros de la Unión Monetaria. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, que ha combatido el principio mismo de la moneda única, sólo puede ser reservado con respecto a este fondo y al uso que se hace de él. 
Y ello tanto más por cuanto que éste presenta graves defectos: eficacia discutible e irregularidades financieras en la utilización de los créditos. 
Además, es un instrumento de redistribución federalista cuyo objeto es adherir a la Comisión las regiones beneficiarias en lugar de permitirles que superen sus dificultades. 
El nacimiento de la moneda única corre el riesgo de provocar un agravamiento de los desequilibrios entre Estados por medio de la aceleración de las deslocalizaciones, ya sea hacia Estados o regiones más competitivas que otras, ya sea de regiones en dificultad hacia los ejes económicos dominantes. 
En ese contexto, el Fondo de Cohesión puede constituir, no una solución real a los problemas profundos de algunas regiones de Europa, sino un paliativo que permita limitar los efectos. 
Como la lengua de Esopo, puede ser la peor o la mejor de las cosas. 
Y en este plano, me cuidaré de ser optimista, pues el pasado me ha enseñado que este tipo de institución se concibe con demasiada frecuencia como un medio de presión para favorecer la emergencia del gran Estado centralizado europeo al que algunos aspiran abiertamente. 
Disiento de la propuesta en sí misma y en principio porque un informe sobre 1996 no debe establecer la agenda para la política posterior. 
Los diputados socialistas portugueses votarán contra el informe Arias Cañete, porque la enmienda nº 4, contra la cual se comprometió a votar el Grupo Socialista, acabó aprobada por poco margen. 
La aprobación del principio de que el Fondo de Cohesión es sólo para los países que no participen en la UEM es un principio nuevo, introducido sin relación alguna con los compromisos asumidos y que varias veces fue rechazado por la Comisión. 
Este voto significa una venganza tardía y un castigo a los Estados del Sur que han entrado en la UEM y el PPE cometió una irresponsabilidad al introducir esa enmienda, con la excepción de los diputados portugueses y españoles, que han votado en contra. 
Por esa razón rechazamos el informe. 
Informe Klaâ (A4-0160/98) 
Como cada año, la Comisión ha presentado su informe anual sobre el estado de ejecución de los fondos estructurales. 
El documento sometido al examen de esta Asamblea concierne al año 1996, más especialmente el tercer año del período de programación. 
De acuerdo con nuestro ponente, sólo podemos felicitarnos por la utilización de los fondos estructurales para el año 1996. 
En efecto, señalamos un gasto a nivel del 98 % para los compromisos disponibles y el 95 % para los pagos. 
Sin embargo, no se debe aportar un certificado de satisfacción integral ya que persisten los problemas. 
En efecto, se han retrasado numerosos programas de gran envergadura. 
Y frente a esto, la complementariedad no ha podido ser regulada. 
Finalmente, ¿cómo no suscribir también las conclusiones de nuestro ponente sobre la deficiente ejecución de las iniciativas comunitarias y de las acciones innovadoras? 
En efecto, es lamentable que el conjunto represente más del 70 % de los créditos no utilizados. 
Frente a esta constatación, estoy seguro de que este Parlamento- en su pronunciamiento sobre la reforma de los Fondos Estructurales- estará vigilante y aportará recomendaciones concretas. 
Este es el octavo informe sobre el gasto de los fondos estructurales. La Sra.Klaß a destacado una serie de problemas especialmente relacionados con la selección en el comienzo del actual periodo de programación. 
Mi propio país siempre ha utilizado los fondos estructurales apropiada y eficientemente. 
La aplicación con éxito de estos fondos en Irlanda a supuesto una parte importante del rendimiento económico del " Tigre Celta». 
Esto lo hace aun más importante que nuestro acceso futuro a los fondos estructurales y de cohesión no se interrumpa abruptamente. 
Espero que la Comisión sea capaz de cumplir su promesa de asegurar que Irlanda sea considerada una región " Objetivo 1 en transición». 
La Sra.Klaß nos presenta un informe muy fundamentado, que analiza las mejoras, pero también las carencias que existen en el ámbito de la política estructural europea. 
El año 1996 fue un año bisagra en la fase de programación 1994-1999, ya que, respondiendo a dos años de retrasos y dificultades, dedica un año de actividades intensas. 
Comparto totalmente las observaciones relativas a la ejecución presupuestaria y, principalmente, la invitación hecha a los Estados miembros de respetar el plazo de tres meses para la transmisión de los créditos a los destinatarios finales. 
Lo mismo para el principio de asociación, que es fundamental en la elaboración de proyectos viables y competitivos a nivel de una región o de un departamento. 
Insisto en este aspecto, ya que, como representante de Pas-de-Calais y miembro de los comités de seguimiento y de programación, considero indispensable profundizar en esta asociación, que evitará muchos errores futuros. 
Todo el mundo gana con ello, desde los representantes locales y regionales, pasando por los funcionarios territoriales y los interlocutores sociales, y finalmente, el Estado miembro. 
Lo mismo ocurre en cuanto al principio de adicionalidad, ya que está en el corazón mismo de la construcción europea. 
Sólo haré una observación, o mejor, una petición: La Sra.Klaß tiene razón al mencionar que «los ajustes sucesivos de las perspectivas financieras, que se han hecho necesarios por la no utilización de los recursos puestos a disposición en el transcurso de los años precedentes, implican una concentración de los recursos al final del período de programación en curso. 
Conviene extraer de esta evolución las conclusiones que se imponen para mejorar la situación en el próximo período de programación.» 
Justamente, es importante que los créditos no queden perdidos, sobre todo si están asignados a un programa que se ha retrasado por diversas razones, y me pregunto si una de las soluciones a considerar no podría ser la de solicitar a la Comisión un aplazamiento del citado programa. 
Menciono este hecho porque lo he vivido en Pas-de-Calais y porque nosotros consideramos una solución así. 
Todo el mundo está de acuerdo con razón en decir que los Fondos Estructurales son uno de los pilares de la construcción europea en lo que aportan a su cohesión económica y social. 
Por ello, he oído con mucho agrado a nuestro ponente explicarnos que tras dos años de titubeos, principalmente debidos a retrasos en los procedimientos de autorización de los programas, éstos están ya en situación de ser reabsorbidos y 1996 aparece, en consecuencia, como el primer año de aplicación plena e íntegra del período de programación. 
Con nuestro ponente, hemos de permanecer atentos a una serie de problemas aún en suspenso. 
Así, el seguimiento y la evaluación sistemáticos de las medidas adoptadas siguen planteando problemas prácticos que parecen aún lejos de estar resueltos. 
Igualmente, la participación de las autoridades locales y de los interlocutores sociales sigue fallando, cuando se encuentra, sin embargo, en el centro mismo de las ambiciones declaradas para el período en curso. 
Otro tema de preocupación: las disparidades tecnológicas. 
Las regiones de los objetivos 1 y 6 dan sin duda prioridad a la investigación y al desarrollo tecnológico, pero de manera muy desigual: la mitad de las regiones que disfrutan del objetivo 1 apenas dispone de infraestructuras necesarias y muestra una débil capacidad de innovación, contra sólo un cuarto que presenta un importante potencial en la materia. 
Esta constatación se ve confirmada por el hecho de que el 60 % del gasto público destinado a investigación y desarrollo tecnológicos con fines civiles de la Unión se concentra en dos Estados miembros de la Unión: Alemania y Francia. 
Al igual que nuestro ponente, pensamos que la prioridad de la que disfruta la RDT, las telecomunicaciones y la telemática, en el marco de los fondos estructurales, puede contribuir a reducir las disparidades actuales. 
Aún falta que los responsables regionales y los protagonistas a nivel local tomen de forma concreta la medida de la dimensión decisiva que representan la investigación y el desarrollo tecnológico en un contexto de competencia internacional como el nuestro. 
Con demasiada frecuencia aún, éstos concentran sus esfuerzos en asegurar la supervivencia de instrumentos que ya no tienen porvenir, en detrimento de inversiones de futuro, capaces de asegurar el despegue económico de su región. 
Es escandalosa la gran cantidad de irregularidades relacionadas con las ayudas estructurales. 
El informe debió haber dedicado más atención a esta materia. 
Si un sistema de subvenciones ha tenido fraudes que ascendieron a 61 millones de ecus en 1996, hay que hacer algo drástico. 
Lo mejor sería acabar con los Fondos estructurales y devolver la política regional a los Estados miembros. 
En los grandes sistemas es más fácil cometer fraudes sin ser descubierto. Una conclusión lógica debería ser que el sistema actual no puede continuar, aunque la Comisión diga que mejorará en el descubrimiento de irregularidades. 
Por el contrario, hay que conseguir que el sistema desaparezca de modo que no se puedan cometer más irregularidades. 
Informe Viola (A4-0118/98) 
Optamos por votar a favor de la propuesta de enmienda número 6 que subraya que la supresión del sistema de ventas libres de impuestos tendrá consecuencias económicas y sociales. 
No obstante, queremos señalar que esas consecuencias no sólo afectan a las regiones insulares, sino también a diversas regiones suecas como, por ejemplo, la costa oeste, Escania, y las regiones de Estocolmo y Kvarken. 
El tráfico de transbordadores constituye una condición necesaria para la cooperación y el intercambio. 
En ciertos casos, las ventas libres de impuestos financian hasta el 60 por ciento de los costes de este tráfico. 
Si se suprimen las ventas libres de impuestos sin dar alguna forma de ayuda para la continuación del tráfico de transbordadores, se producirán graves consecuencias para el empleo. 
El tráfico de transbordadores como medio de comunicación se verá afectado. 
A su vez esto influirá, entre otras cosas, en la continuidad de la solidaridad, de la colaboración empresarial y del desarrollo comercial en las regiones afectadas. 
El presente informe sobre los problemas de las regiones insulares va encaminado, en la práctica, a hacer extensivas a todas las regiones insulares las medidas específicas hasta ahora limitadas a las regiones insulares ultraperiféricas, pretensión justificada con la inclusión en el Tratado del articulado específico sobre las ultra periferias y la insularidad. 
Pero la situación específica de las ultraperiferias sigue exigiendo un planteamiento especial, atento a su situación singular, la enorme discontinuidad y distancia respecto del continente europeo y los problemas específicos de desarrollo. 
Paradójicamente, en la Agenda 2000 la Comisión retira la iniciativa REGIS de la lista de iniciativas comunitarias y se limita a recoger, en la propuesta de reglamento marco, el aumento del 10 % de la participación comunitaria con cargo a los Fondos estructurales. 
En un marco de negociación difícil y ante perspectivas financieras insuficientes para afrontar los imperativos de la Unión, está bien que la especificidad de las zonas insulares no sea el contrapunto a una reducción de apoyos a las regiones ultraperiféricas... e insulares. 
Tras las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam que reconocen la especificidad de las regiones insulares, esta Asamblea- mediante el informe de propia iniciativa de nuestro colega- ha de pronunciarse sobre las medidas a aportar con el fin de poner remedio a los problemas de estas regiones. 
Por mi parte, suscribo las recomendaciones de nuestro ponente, principalmente en la perspectiva de la reforma de los Fondos Estructurales. 
Se trata en ese caso de una ocasión para dotar de una dinámica a estas regiones reconociéndoles por ejemplo un tratamiento particular en materia de fiscalidad. La Comisión ha de comprender que se impone una política de ayudas públicas, y ello, no en contradicción con el derecho europeo, sino teniendo como finalidad un desarrollo económico armónico de estas regiones insulares. 
Igualmente, es preciso consolidar el apoyo que ya existe en algunos sectores, y pienso muy en particular en la protección del medio ambiente. 
Este apoyo ha de inscribirse en un justo equilibrio. 
Finalmente, ha de hacerse un esfuerzo especial con respecto a los transportes. 
Sabemos que la competitividad y el desarrollo económico de las islas sufren costes adicionales por lo que respecta al transporte de mercancías y personas. 
Por consiguiente, es preciso actuar a este nivel instaurando una política integrada. 
Madeira, Porto Santo y las Azores son regiones insulares particularmente necesitadas en el marco de la Unión Europea. 
Pero son también regiones ultraperiféricas, que presentan características comunes en el nivel estructural, correspondientes al objetivo 1, caracterizadas por presentar un PIB por habitante inferior al 75 % de la media comunitaria. 
Es cierto que existen situaciones comunes a todas las islas. 
Pero tampoco es menos cierto que algunas de esas islas presentan un desarrollo económico que las sitúa en el mismo nivel que algunos de los Estados miembros más ricos de la Unión Europea. 
Y aquí no sería correcto que diéramos un trato idéntico a situaciones diferentes, es decir, que esas regiones no necesitan apoyos específicos. 
Por todo esto considero importante separar el trigo de la cizaña. La necesaria solidaridad de los países más desarrollados de la Unión Europea para con las regiones más desfavorecidas debería aplicarse a partir de principios formulados por anticipado y fácilmente mensurables, entre los cuales se debería mantener el PIB por habitante. 
El trabajo del Sr. Viola es laudable. 
La lástima es que la vinculación con su isla lo haya inducido a defender soluciones de favorecimiento indiscriminado, que no son conformes al principio de cohesión económica y social. 
Así, pues, espero que el debate y la votación del informe permitan situar de nuevo en sus debidas proporciones la responsabilidad de la Unión Europea en relación con sus regiones insulares, sin perjuicio de lo que dispone el Tratado en relación con las regiones ultraperiféricas, que son sólo- y quiero recordarlo- Madeira, Azores, Canarias y los DU franceses. 
Las comunidades isleas de toda la Unión Europea se encuentran en seria desventaja. Irlanda es tanto un país que es una isla como un país con numerosas pequeñas islas que bordean su linea costera. 
Por tanto entendemos completamente estos problemas. 
Creo que la elaboración del informe del Sr. Viola es tanto oportuna como puntual, en especial porque aparece antes de la próxima reforma de la regulación de los fondos estructurales. 
Apoyo la propuesta de que en los cambios de estos fondos deberían reconocerse los problemas específicos de las islas. 
Esto es particularmente importante para la población islea de Irlanda, en especial porque podemos perder nuestro estatus de Objetivo 1. 
Las propuestas para examinar el transporte, las energías alternativas y el turismo en tanto sectores en los que se pueden introducir medidas innovadoras merecen toda la consideración. La elaboración de " productos de calidad de las islas» y la introducción de incentivos financieros y fiscales son también ideas interesantes que pueden dar respuesta a la supervivencia a largo plazo del estilo de vida de las islas. 
Muy brevemente para manifestar que mi voto será favorable, máxime como ponente de opinión, en tema de tanta importancia para las regiones insulares. 
Estoy convencida de que la Comisión habrá tomado buena nota de nuestras peticiones en el largo y apasionado debate de hoy, para el establecimiento de medidas compensatorias ante el hecho insular y que también sabrá dar la respuesta adecuada a la doble insularidad o la doble discriminación de las islas menores cuya población no alcanza a los cien mil habitantes, como, por ejemplo, es el caso de Menorca. 
Dada la brevedad de tiempo me remito a mi intervención de hoy. 
Sostenemos que la política comunitaria estructural era y sigue siendo insuficiente en cuanto a recursos, su aplicación resulta aplastante, es desequilibrada e injusta e ignora a propósito las particularidades de la diversidad de las regiones. 
Con unas características tan distorsionadas era natural que en lugar de convergencia- cohesión se produzca una divergencia y un agravamiento de la situación en las regiones más pobres. 
Los casos de las regiones montañosas e insulares de la Comunidad son una muestra y de eso trata el informe que estamos debatiendo. 
Dicho informe hace unas constataciones correctas y presenta las propuestas correspondientes. 
Sin embargo los apartados 2 y 4 distorsionan los objetivos reales para la cohesión y apuntan hacia otras cosas. 
En concreto, consideramos que el umbral del 75 % del PIB- que el ponente cuestiona- es muy alto y excluye de las subvenciones a muchas regiones con graves y fundamentales problemas estructurales, entre las que se cuentan las islas griegas, que tienen un PIB inferior al 60 % de la media comunitaria y que suponen casi el 42 % de las regiones insulares de la Unión. 
En segundo lugar, la propuesta de clasificar las regiones insulares como divisiones administrativas de las regiones NUTS III es un planteamiento indirecto pero claro para incluirlas en la financiación de regiones con menor desarrollo y también para que adquieran ayudas zonas de las regiones desarrolladas, con la consiguiente disminución del porcentaje de financiación para los países más pobres, como así lo demuestran también los porcentajes de financiación de los Fondos estructurales durante el período 94-99 para Grecia y Portugal (que disminuyeron de un 20 % aproximadamente) y el aumento correspondiente de los porcentajes para Alemania y España (45 % y 20 %, respectivamente). 
Este trato provocadoramente desigual, cada vez más intenso tiene aún un pliegue más especial e inaceptable: la exclusión de las islas griegas de su participación en los programas operativos del marco comunitario de apoyo relativos a la energía, los transportes y las comunicaciones, que son, como ya sabemos, los mayores problemas de dichas regiones. 
Por último, quisiera señalar un problema, enorme y especial que tienen que tienen exclusivamente las islas del Egeo y que nunca hasta hoy, a pesar de nuestras continuas llamadas de atención, ha recibido el cuidado adecuado. 
Se trata de la política expansionista de Turquía que, contando incluso con el consentimiento de importantes círculos dentro de la UE, supone un obstáculo para el desarrollo de dichas regiones insulares ya que dificulta el desarrollo de la confianza y la actividad inversora. 
Tememos que la política regional y estructural de la Unión se está trazando con un compás muy particular que configura los programas y a la ayuda para las regiones, sobre todo insulares, no basándose en los problemas fundamentales ni en las necesidades reales, sino que se basa en intereses variables. 
En el momento en que se inicia un nuevo marco comunitario de apoyo, encaminado a aplicar el principio, o mejor, el objetivo consignado en el Tratado de la cohesión económica y social, debemos preocuparnos, a mi entender, por tres situaciones muy concretas: 
las zonas rurales, que a consecuencia de una Política Agraria Común desajustada han venido padeciendo una despoblación y desertización progresivas; -las zonas de gran miseria y marginación social en las grandes ciudades consideradas ricas en conjunto; -por último, las zonas insulares, con problemas muy específicos y necesitadas, por ello, de ayudas estructurales específicas.Si la inclusión en el Tratado de Amsterdam de una referencia expresa a esa especificidad, aunque sea en forma de declaración aneja y, por tanto, con menor peso jurídico específico, es ya un avance, es necesario e incluso imperativo dar cuerpo a esa manifestación de voluntad política. 
En el informe Viola se señala muy bien el problema de la doble insularidad. 
Es que en muchos archipiélagos, el esfuerzo en pro del desarrollo se canaliza muchas veces hacia la isla/centro administrativo, con lo que se crean nuevas desigualdades regionales. 
Así, pues, apoyo el informe Viola. 
El informe Viola relativo a las regiones insulares es un texto muy completo que hace hincapié en los obstáculos naturales y en las dificultades socioeconómicas de las islas. 
Señala con razón la necesidad de adaptar las políticas emprendidas a su especificidad. 
Así, propone en su favor todo un conjunto de medidas a veces interesantes, aún a riesgo de mostrarse, en esa ocasión, quizá demasiado poco celoso: medidas de compensación para el coste añadido de los transportes, preservación y recuperación del patrimonio cultural y natural, equipos y evacuaciones sanitarias, desarrollo de energías nuevas con el fin de reducir la dependencia energética de las islas, gestión de los residuos. 
Algunas de estas medidas defienden sin embargo la posición contraria a las convicciones de nuestro grupo: así, el párrafo 35, relativo a la Política Agrícola Común, que reclama «un correctivo a las ayudas en función de la dimensión de la explotación agrícola y de su localización... » y no en razón del número de activos que trabajan en la explotación, como proponemos nosotros. 
Sin embargo, este informe presenta un importante defecto: su orientación es abiertamente federalista. 
Aspira a una política integrada en favor de las islas. 
Desea atribuir un poder importante a la Comisión, sin tener en cuenta la más elemental subsidiariedad y le pide incluso que cofinancie proyectos cuando, hay que recordar, las finanzas no son las de la Comisión, sino las de la Unión Europea. 
Además, acaricia la idea de una coordinación de las medidas fiscales en favor de las islas, cuando la fiscalidad es uno de los pilares de la soberanía. 
Preocupado por manifestar el interés que concede a los problemas de las islas, nuestro grupo ha presentado una decena de enmiendas y varias solicitudes de votación por separado, para hacer que desaparezca esta huella federalista, y así intentar hacerla aceptable. 
Por ello, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones no ha podido aprobar el informe Viola. 
Señor Presidente, no me ha convencido totalmente lo que acaba de responderme hace unos momentos. 
Deseo admitir que se trataba de una corrección y que teníamos por tanto considerandos de A a K. Lo que es cierto, en este momento, es que hubiera sido necesario ponerlas en la lista de votación. 
Es usted uno de los escasos vicepresidentes, presidente de sesión, que, a mi juicio, realiza las votaciones en el orden adecuado, es decir votando en primer lugar las enmiendas, después los textos a los que se refieren, y a continuación, el texto final. 
Creo que, en estas condiciones, hubiera sido preciso someter a votación el considerando K. 
Gracias por su observación. 
Dicho esto, todos los presidentes de sesión siguen el mismo procedimiento, que está fijado por el Presidente de este Parlamento. 
Nosotros somos sus humildes servidores. 
Constato que el Parlamento ha agotado el orden del día. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 13.00 Horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 28 de mayo de 1998. 
Aprobación del Acta 
Se ha distribuido el Acta de la sesión del jueves 28 de mayo de 1998. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el viernes pasado, el Sr. Eric Tabarly, un distinguido navegante francés, cayó por la borda en mar gruesa frente a la costa de Gales, está desaparecido, presumiblemente ahogado. 
Mi padre, Sir Francis Chichester, compitió durante años con el Sr. Tabarly. 
Quiero rendir un homenaje a este gran navegante solitario francés, y me encomiendo a su indulgencia, seor Presidente, por hacerlo así. 
Señor Presidente, en estos momentos se está jugando un partido de fútbol en Marsella entre Inglaterra y Túnez. 
El resultado es 2-0. 
(Reacciones diversas) Ha terminado 2-0. 
Sin embargo, me ha llenado de preocupación saber del comportamiento de hooligans descerebrados durante el partido, y quiero decir a esta Asamblea que el comportamiento de esas personas no representa, de ningún modo, a los genuinos seguidores del fútbol inglés, que están tan disgustados y consternados como cualquiera por el comportamiento de esos individuos que han ido a Francia. 
Señor Presidente, mi intención era votar en contra y no a favor de la enmienda nº 4 al Informe Arias Cañete. 
Querría que se cambiara en el Acta, si es posible. 
Señor Presidente, esta intervención no tiene que ver con el Acta de la sesión sino que se trata de una observancia del Reglamento. 
Aquí se van a presentar esta semana las conclusiones del grupo de trabajo sobre los salarios y las indemnizaciones por viajes y gastos de los diputados. 
Se han producido filtraciones de algunas de las conclusiones de este grupo de trabajo, entre otras, a la prensa sueca. 
Los diputados finlandeses, o al menos algunos de nosotros, nos hemos visto obligados a responder preguntas relacionadas con las conclusiones de este grupo de trabajo. 
No sé si son correctas o incorrectas, pero no deberían producirse filtraciones de este tipo. 
Nosotros deberíamos tener la posibilidad de familiarizarnos con el informe, a más tardar, al mismo tiempo que los medios de comunicación para poder prevenir y responder las preguntas que se nos formulan. 
Señora Matikainen, creo que el Sr. Martin quiere hablar sobre el mismo tema. 
Señor Presidente, los Servicios de Prensa acaban de llamar mi atención sobre lo que se publica en la prensa sueca acerca del Reglamento del Parlamento. 
En primer lugar, quiero decir que no son filtraciones, porque son completamente inexactas: no reflejan el contenido del informe. 
Como usted sabe, señor Presidente, el informe irá a la Mesa esta tarde y hasta que no haya pasado por la Mesa no es un documento oficial de esta Cámara. 
En segundo término, el informe ni siquiera menciona un sueldo. 
Simplemente sugiere que, en el futuro, el sueldo de un europarlamentario debe ascender a un porcentaje del que percibe un juez del Tribunal de Justicia, pero no menciona a cuánto debe llegar ese porcentaje; y, tercero, establece que ese porcentaje sea determinado de común acuerdo entre este Parlamento y el Consejo, de modo que el Parlamento no podría actuar unilateralmente para fijar su propio sueldo. 
Los informes y las cifras citados en los medios suecos son completamente inexactos. 
Señor Martin, acaba usted de contestar por mí. 
Señor Presidente, al contrario de lo que han hecho los oradores precedentes, quiero hablar del Acta, sobre las páginas 17 y 18 y sobre la votación del informe Arias Cañete. 
Había una enmienda a este informe, la enmienda nº 1, para la que, por una parte, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica pidió una votación nominal y, por otra, nuestro Grupo solicitó un voto por división. 
Los resultados de la votación nominal figuran en el Acta, tanto para la primera parte de la enmienda nº 1 como para la segunda, pero en los resultados de la votación nominal, en el Anexo al Acta, se nos dice que la lista nominal de la enmienda nº 1, primera parte, no se publicará por razones técnicas. 
Me gustaría que me dijera cuáles son esas razones y si se han tomado medidas para evitar que se produzcan tales incidentes. 
Creo que, en efecto, cuando se pide una votación nominal, no se trata sólo de tener el resultado exacto sino de saber cómo se reparten los votos en los grupos. 
Por consiguiente: ¿se han tomado medidas para que no se vuelvan a producir estos lamentables incidentes? 
El sistema electrónico tuvo una avería. Se ha hecho lo necesario para que esta avería no vuelva a producirse y, sobre todo, para que el sistema electrónico del edificio nuevo esté más perfeccionado aún y nos dé, siquiera, en cualquier caso, la posibilidad de repetir. 
Presidente, me he quedado un poco desorientado porque continuamente veo aproximarse algo a mi izquierda, a su derecha, y aquí pone PPE. 
Pero ya no sé si esa sigue siendo la denominación correcta y si aquí desde la agrupación, con todo lo que tenga que ver con Alleanza Nazionale en lo que respecta a la cooperación, no se formará dentro de poco un único grupo parlamentario en esta Asamblea. 
¿Podría establecer que el centro se quede donde estoy yo? 
Señor Wijsenbeek, eso depende de la libertad de los diputados, que estoy seguro usted reconoce. 
Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre esta publicación, llamada revista del Parlamento, que pretende ser un registro y representar las opiniones de esta Cámara. 
Para este número especial acerca de la seguridad nuclear me pidieron que escribiera un artículo, que más tarde fue censurado porque hay mucha publicidad de la industria nuclear en sus páginas. 
Represente o no los puntos de vista de los diputados, y más aún si los representa, no puede ser censurada de esta forma. 
Si esto se repite próximamente, me gustaría que el Parlamento pida que esta cabecera se elimine de la revista. 
Entregaré a Sus Señorías copias del artículo que me encargaron para publicarlo, sobre la cuestión nuclear, a fin de que en esta Cámara se conozca la versión no censurada. 
Se trata de una publicación privada. 
Si recorta los artículos que se le envían, lamentablemente no podemos hacer nada al respecto, porque existe libertad de expresión. 
No es una revista oficial del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, esto es lo que sostengo: no debería pretender ser una revista oficial y no debería llevar esa cabecera ni decir que representa los puntos de vista del Parlamento. 
Nos ocuparemos de que no sea sí, en todo caso. 
Señor Presidente, sólo quiero referirme a dos cosas. 
Primero, le he escrito acerca de la votación del informe Arias Cañete, porque ha habido cierta confusión al respecto. 
Segundo, la Comisión debería hacer una declaración a la Cámara, esta semana, acerca del reciente dictamen del Tribunal de Justicia, que en concreto implica que muchas de las ONG y de los programas que más directamente afectan a los ciudadanos de la Comunidad queden en suspenso a causa de esta opinión del Tribunal de Justicia, de fecha 12 de mayo. 
Esto está dando lugar a una alarma considerable y a una gran preocupación para muchas ONG, pues ven suspendida su financiación como resultado de esta sentencia del Tribunal. 
Esta semana, la Comisión no piensa hacer ninguna declaración sobre el asunto. ¿Por qué no? 
Y en todo caso, ¿podría hacerla en el próximo período parcial, a principios de julio, en Bruselas? 
Esto se ha tratado en el diálogo tripartito y estamos procurando aclarar el tema que usted ha planteado. 
Señor Presidente, brevemente y con gran dolor, quiero informar a la Asamblea que un pesquero de Mallaig, una pequeña ciudad del extremo noroeste de mi circunscripción, fue partido en dos por un petrolero alemán. Se hundió de inmediato y se han perdido todos los tripulantes. 
Lo más triste de esto es que eran todos del mismo pueblecito, que está sumido en la desolación. 
Me pregunto si sería impertinente pedirle que escribiera una amable carta de condolencia. 
Le aseguro que lo haré de inmediato. 
Señor Presidente, creo que hablo en nombre de la gran mayoría del pueblo de Inglaterra, y hoy empleo el término " Inglaterra» deliberadamente, para decir que estamos espantados, enfadados y avergonzados ante las atrocidades que en una ciudad francesa han cometido algunos individuos, supuestos seguidores del fútbol inglés. 
Quiero decir al pueblo de Francia que pido disculpas por esa conducta. 
Sobre todo me gustaría disculparme por el comportamiento de esos espectadores ingleses que atacaron a ciudadanos franceses de ascendencia magrebí. 
¡Son malhechores fascistas! No representan al pueblo de Inglaterra. 
Termino diciendo que si este comportamiento continúa, el Gobierno británico y la Asociación de Fútbol Inglesa deberían considerar la posibilidad de retirar a la selección de Inglaterra del Campeonato Mundial. 
Señor Presidente, puesto que solemos expresar nuestro pésame por todas las desgracias que suceden en la Unión Europea o al menos por muchas de ellas- lo cual sin duda es adecuado -, yo quisiera pedir que también recordemos el accidente ferroviario ocurrido en Alemania y que usted envié también un escrito de condolencia. 
Tiene usted toda la razón, señora Mann. 
De todas maneras, tengo que decirle que ya dirigí sendos telegramas a las autoridades alemanas, al Presidente del Bundestag y al Sr. Canciller, tan pronto como ocurrió el accidente, expresando la condolencia de este Parlamento. 
Señor Presidente, también usted debe haber tenido noticia- doy por sentado que debe ser asíde que las mediciones de dioxinas en el incinerador de residuos de Estrasburgo han dado resultados de hasta 360 nanogramos. 
En Alemania, el límite autorizado es de 0, 1; sólo para que se hagan una idea de la dimensión. Lo digo pensando en quienes no trabajan en el ámbito del medio ambiente. 
En lo que a nosotros nos atañe, quizás podamos decirnos que esto forma parte de nuestro trabajo; sin embargo, deberíamos preocuparnos por nuestros colaboradores, y yo le ruego que se dirija a las autoridades municipales de Estrasburgo y solicite que cesen de inmediato las actividades de dicho incinerador, dado que tenemos una responsabilidad para con nuestros colaboradores. 
Esta noche se lo diré al Sr. alcalde, que cenará con la Mesa. 
Lo siento, Señor Fitzsimons, ya ha habido una buena cantidad de resoluciones acerca de Sellafield, y no puedo añadir nada a lo que este Parlamento ya ha dicho. 
Señor Presidente, hemos cambiado de asunto, y sin embargo, no puedo dejar de referirme a lo que se estaba diciendo hace unos momentos. Un colega británico acaba de decir muy correcta y justamente que los que se han comportado mal con respecto a los ciudadanos franceses durante los partidos de fútbol no representan a toda Gran Bretaña, sino a una minoría que él y muchos otros reprueban. 
Esto me satisface. 
No obstante, deseo recordar en este Pleno que en Italia, con ocasión de un partido- ya que la prevención es lo más acertado, puesto que más vale prevenir los problemas que tratar de remediarlos después- la policía italiana estaba sobre aviso, porque ya se conocían las hazañas de estos hinchas, por desgracia, la prensa británica atacó muy fuertemente a Italia y al Gobierno italiano. 
Entonces, habida cuenta de que... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señora Marinucci, no podemos hacer historia de los incidentes ocurridos en el fútbol, pues este no es el momento. 
Señor Presidente, le doy las gracias por su carta en respuesta a mi pregunta; la he recibido hoy. 
He leído en ella que la Mesa se reunirá en el día de hoy, 15 de junio, para tratar el tema del 50 % de la asistencia. 
¿Se tomará en cuenta el contenido de su carta, que parece indicar que la mayoría de las personas que no están en condiciones de asistir al 50 % de las votaciones tienen dificultades para llegar a Estrasburgo o para marcharse de esta ciudad? 
Pienso que hay que prestar cierta atención a estos extremos. 
Por supuesto, espero que Sus Señorías discutan estos temas en el seno de sus Grupos y lleguen a una decisión final al respecto. 
No tenga la menor duda. 
Señor Presidente, realmente me gustaría sumarme a las observaciones hechas por algunos colegas y también por David Martin sobre el salario de los europarlamentarios. 
En la prensa regional en los Países Bajos ha aparecido en primera página un artículo similar. 
Quisiera pedirle encarecidamente, Presidente, que haga incluso esta noche una declaración a la prensa, tal vez junto con el grupo de trabajo, para declarar lo que es verdad y lo que no lo es. 
Es absolutamente necesario que esto se diga también alguna vez. 
Tengo otra observación. 
Hoy tenemos que presentar las enmiendas para la agenda del año que viene. 
Como Grupo del PPE apreciaríamos que se nos concediera más tiempo para hablar de la agenda. 
Las enmiendas a esa agenda no son muy laboriosas. 
Por lo tanto, quisiera preguntar si sería posible que tuviéramos tiempo hasta mañana, digamos hasta las 19.30 horas, para hacer algo al respecto dentro del Grupo parlamentario. 
Señora Oomen-Ruijten, tiene usted toda la razón. 
Espero que, si no hay más interrupciones, antes de las 7 y media tengamos aprobado el orden del día y pueda debatirse sobre este asunto en los Grupos políticos. 
(El Acta queda aprobada) 
Calendario de los períodos parciales de sesiones 1999 
La Conferencia de Presidentes ha decidido proponer el siguiente calendario para los períodos parciales de sesiones de 1999: 
11 a 15 de enero27 a 28 de enero8 a 12 de febrero24 a 25 de febrero8 a 12 de marzo24 a 25 de marzo12 a 16 de abril3 a 7 de mayo20 a 23 de julio13 a 17 de septiembre4 a 8 de octubre18 a 22 de octubre3 a 4 de noviembre15 a 19 de noviembre1 a 2 de diciembre13 a 17 de diciembre 
El plazo de presentación de enmiendas a estas fechas vence esta tarde a las 20.30 horas, para dar media hora más para que puedan discutirlo en los Grupos. 
Señor Presidente, ésa no fue mi intención. 
Tengo la sensación de que debemos atender alguna vez a la traducción simultánea del neerlandés al español. 
Creo que no siempre es tan buena. 
Yo he pedido que se puedan presentar las enmiendas hasta mañana por la tarde, hasta mañana por la tarde a las 19.30 horas. 
Sería imposible fijar el plazo para mañana a las 20.30 horas. Pero es factible hacerlo para mañana a las 12.00 horas. 
Presidente, podrían surgir problemas con las traducciones por ese motivo. 
Son enmiendas muy simples. 
Eso es lo primero. 
Pero también podemos votar el jueves. 
¿Por qué no? 
El jueves vamos a votar también sobre la resolución de Cardiff, un tema importante, luego podemos hacerlo también el jueves. 
En consecuencia, desearía pedirle un plazo para la presentación de las enmiendas hasta las 20.00 horas de mañana. 
No hay, en ese caso, ningún problema. 
Si la votación tiene lugar el jueves en vez del miércoles, el plazo para la presentación de enmiendas puede ser mañana a las 20.00 horas. 
Modificación del artículo 48 del Reglamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. dell ' Alba (A4-0293/97) , en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre la modificación del artículo 48 del Reglamento concerniente a las declaraciones por escrito. 
Señor Presidente, el Sr. Dell ' Alba no puede estar presente y me ha pedido que lo reemplazara en sus funciones de ponente, lo que hago con la mejor buena voluntad. 
El informe del Sr. Dell ' Alba se refiere a la modificación del artículo 48 del Reglamento concerniente a las declaraciones por escrito. 
Esta modificación del Reglamento se basa en una propuesta de modificación del Reglamento hecha por la Sra. Aglietta en octubre de 1996, en virtud del artículo 163, según el cual los diputados pueden proponer una modificación del Reglamento y enviarla a la comisión competente. 
Esta propuesta se refería al artículo 48 del Reglamento y se había formulado basándola en una decisión de la Mesa Ampliada del Parlamento Europeo del 7 de julio de 1989, según la cual las declaraciones por escrito (artículo 65 del antiguo Reglamento) no pueden estar firmadas por más de un diputado en el momento de su presentación. 
A causa de esta propuesta, la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, que nombró ponente al Sr. Dell ' Alba, formuló cuatro propuestas de enmienda del artículo 48 que yo querría resumir brevemente. 
La primera enmienda consiste en cambiar este requisito de que un solo diputado pudiera presentar una declaración por escrito de una longitud máxima de 200 palabras. 
En adelante, una declaración por escrito puede estar firmada por cinco diputados como máximo, para atender el hecho de que en el seno del Parlamento existen muchas acciones colectivas y una declaración por escrito también podrá ser presentada por varios diputados. 
De inmediato, esa declaración debe figurar, con los nombres de los signatarios, en un registro. 
Ésta es la segunda propuesta: la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades quiere que la declaración se inscriba en un registro instalado junto al hemiciclo. 
Hasta ahora, los diputados habían firmado las declaraciones por escrito en una oficina que no siempre era fácil de encontrar, lo que explica esta aclaración relativa al sitio en que debe estar el registro. 
Otras modificaciones importantes: cuando una declaración cuente con las firmas de más de la mitad de los diputados, el Presidente debe informar de ello al Parlamento de inmediato y esta declaración se transmitirá también de inmediato a las Instituciones a las que esté dirigida. 
Además, debe quedar asentada en el Acta de la última sesión del período de sesiones correspondiente. 
Éstas son las enmiendas aportadas, que permitirán a Sus Señorías un mejor ejercicio de su derecho de dar a conocer sus declaraciones. 
En cierto sentido, es una forma de democratización, un paso complementario hacia una democracia de base más amplia, que hace efectivo el derecho a poner en conocimiento de potenciales signatarios tales declaraciones.. 
Debo agregar que a las cuatro enmiendas introducidas por la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, que las ha aceptado por unanimidad, se ha añadido una quinta enmienda, propuesta por los Sres. Crawley y Janssen van Raay, en la que se pide que las declaraciones figuren en un registro. 
Es verdad que esto también está en el informe del Sr. Dell ' Alba, pero por esta quinta enmienda también quedaría consignado el nombre de los signatarios. 
Personalmente, me pregunto si no sería un tanto laborioso inscribir no sólo la declaración, con el nombre de los signatarios iniciales, y con los nombres de todos los que la hayan firmado. 
No he podido conocer la idea del ponente sobre esto y, por tanto, me limito a poner en conocimiento de Sus Señorías la mía: creo que sería demasiado largo. 
En pocas palabras, seor Presidente, ésta es la propuesta que somete a consideración la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Pido a la Asamblea que acepte estas modificaciones. 
Señor Presidente, el Sr. Ford ha hablado de la historia del Artículo 48. 
Ahora la cuestión es reforzar la democracia y volver a una posición más cercana a la que antes tuvo el Parlamento. 
Se trata de dar a Sus Señorías no sólo una vía más clara y más positiva de expresar sus propios puntos de vista políticos en cuestiones de interés local e internacional, sino también- y tal vez esto sea más importante- la posibilidad de presentar una propuesta en bien de sus votantes, que son las personas a las que deben representar. 
Hay que felicitar al ponente por sus enmiendas que en general, con las reservas señaladas por el orador que me ha precedido, procuran simplificar estos derechos y oportunidades, y hay que conseguir también que la publicación de las propuestas sea más abierta y fácilmente accesible. 
El ponente, Sr. Dell ' Alba, ha previsto también que uno o más diputados puedan iniciar el procedimiento y que puedan hacerlo de modo conjunto hasta cinco. 
El Sr. Ford también se ha ocupado de la historia de este proceso y no es necesario que yo insista en ello. 
Muchos informes son complejos y extensos. 
En cambio, éste y sus enmiendas se distinguen por su simplicidad y por la claridad de su presentación. 
Estos rasgos también se reflejan en las finalidades y objetivos del informe, que son la claridad, la accesibilidad y la simplicidad, y éstas son metas que el Parlamento debe recibir con beneplácito y que todos debemos apoyar. 
Por estas razones, mi Grupo y yo no tenemos inconvenientes en apoyar esta moción. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Artículo 366 bis del Convenio de Lomé IV ACP-UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0194/98) de la Sra. Aelvoet, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 366 bis del Convenio de Lomé IV (5644/98- C4-0156/98 96/0050 (AVC) ). 
Presidente, colegas, en enero del año pasado el Consejo consultó al Parlamento Europeo sobre una propuesta de decisión del Consejo relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 366 bis del cuarto Convenio ACP-UE tal como se revisó en 1995. 
En ese artículo se establece que si un estado ACP ha incumplido las obligaciones respecto de los elementos esenciales del Convenio, y esos elementos esenciales son: el respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del estado de derecho, esto puede llevar a la suspensión total o parcial del Convenio. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación decidió entonces redactar un informe provisional de conformidad con el artículo 80, apartado 3 del Reglamento y al mismo tiempo pidió también la apertura del procedimiento de concertación con el Consejo. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación, secundada en esto por todo el Parlamento en el periodo de sesiones de junio 1997, estableció en ese informe provisional recomendaciones para modificar el texto de la Comisión, modificarlo de tal forma que el Parlamento tuviera el derecho de emitir dictamen conforme con respecto a cada propuesta de suspensión o de reanudación de la cooperación. 
En el texto de la Comisión se había propuesto que el Parlamento sólo fuera informado a posteriori. 
Lamentablemente hemos tenido que comprobar que entonces se produjo una respuesta por parte del Consejo el 6 de marzo de 1998, una respuesta en la que realmente se hizo caso omiso de la opinión del Parlamento, con el argumento de que el dictamen conforme del Parlamento Europeo estaba completamente descartado jurídicamente. 
Colegas, volvimos por lo tanto con las manos vacías. 
La situación no ha mejorado, dado que en el Tratado de Amsterdam, que ya estará ratificado por los quince Estados miembros a principios del próximo año, se prevé que en estos casos sólo a posteriori se ha de dar información al Parlamento. 
No tenemos ningún apoyo jurídico para poder exigir al Consejo ese dictamen conforme. Por lo tanto, hubiera sido suficiente que el Consejo esperara hasta principios del próximo año para confrontarnos con los hechos consumados en el procedimiento de aplicación. 
Por eso hemos reaccionado rápidamente con este informe provisional y hemos desarrollado una postura más retraída que consiste en que se tendría que aplicar un procedimiento de consulta en vez de un procedimiento de dictamen conforme. 
Damos por lo tanto un pasito hacia atrás pero solicitamos algo más de lo que estaba previsto según la letra del Tratado. 
Por otra parte, no es la primera vez que el Parlamento formula esta solicitud de consulta. 
El Presidente en funciones Henderson, cuando se debatió el informe Oostlander acerca de la ampliación hacia la Europa central y oriental, nos hizo ya una promesa que iba totalmente en la misma dirección, es decir que se iba a procurar que se diera al Parlamento la oportunidad apropiada para hacer oír sus opiniones al Consejo antes de que el Consejo adopte una decisión. 
Realmente una definición perfecta de lo que es una consulta. 
De ahí que, con motivo de esa decisión y de esa declaración del Sr. Henderson, me pusiera inmediatamente en contacto con la Presidencia en funciones referente a la cooperación al desarrollo, que ostenta la Sra. Clare Short, para pedirle que la Presidencia británica concediera en este procedimiento también el derecho de consulta al Parlamento. 
Mientras tanto han tenido lugar dos conversaciones con propuestas de textos que van en la buena dirección. 
Todavía no se ha conseguido todo, pero ya vamos por el camino de la consulta. 
Es por lo tanto muy importante que podamos concluir este tema antes de que finalice la Presidencia británica y eso se está aproximando ahora rápidamente. 
Por eso tenemos hoy aquí ya una nueva propuesta del informe provisional que ha recibido el apoyo unánime de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Los elementos esenciales de ello están previstos en el procedimiento de consulta para el Parlamento. 
En segundo lugar, el Consejo ha de decidir por mayoría cualificada si se trata de una suspensión parcial del convenio y por unanimidad si se tratara de una suspensión total. 
Para darles una clara idea de ello, colegas, incluso en el caso de Nigeria, no se ha suspendido el convenio totalmente. 
Por lo tanto, muy excepcionalmente habrá que invocar la unanimidad. 
El tercer elemento es naturalmente la petición de concertación con el Consejo y todo esto con la participación activa de la Comisión. 
Por consiguiente, me atrevo a expresar mi esperanza en que la aprobación de este informe conduzca a que dentro de algunas semanas podamos alcanzar un acuerdo con la Presidencia. 
Señor Presidente, la Sra. Aelvoet merece un reconocimiento por haber prestado atención a una cuestión extremadamente importante a la hora de potenciar el papel del Parlamento Europeo en una situación muy excepcional: ¿cómo reaccionará la Unión Europea en caso de que no se respeten los derechos humanos en algún Estado con el que mantenemos vínculos de cooperación? 
Y desearía felicitarla por haber mostrado, también en ocasiones anteriores, una gran coherencia a este respecto 
Es posible que haya perdido legitimidad ante los ciudadanos, por lo que, en su calidad de foro público y representante de la ciudadanía, está muy justificado que el Parlamento Europeo intervenga en estas importantes cuestiones, que atraen- por lo general- la atención de la opinión pública. 
Es verdaderamente fácil imaginar que en esta cuestión se haya bloqueado mediante fundamentos jurídicos al Parlamento por razones de índole política. 
No quiero sumarme, sin embargo, a esta hipótesis. 
Por tal motivo, sería positivo que se pudiese aprobar y prestar seriamente atención al presente informe. 
Se trata también de que en el país donde se hayan violado los derechos humanos se preste mayor atención a esta cuestión si el Parlamento Europeo, como foro público, también lo hace. 
El informe de la Sra. Aelvoet merece nuestro apoyo y espero que se apruebe sin mayor oposición. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar muy sinceramente a la señora ponente por el trabajo que ha realizado y, puesto que ella ya ha expuesto todos los antecedentes jurídicos con la claridad que le es habitual, yo querría abordar algunos aspectos políticos del procedimiento en los dos minutos de que dispongo. 
Ya comienza a ser en cierto modo una tradición que, en el contexto de la cooperación al desarrollo, el Parlamento Europeo pregunte a los socios: ¿cuál es su actuación en relación con los derechos humanos? 
Y ¿cuál es su actuación en relación con la eficacia de la gestión estatal, con el buen gobierno? 
¿Cuál es su actuación en relación con la salvaguardia de los derechos de sus ciudadanos? 
Yo pienso que no debemos reducir el debate exclusivamente a los derechos humanos propiamente dichos, sino que siempre deberíamos tener presentes también los otros dos ámbitos. 
Evidentemente, lo uno no siempre resulta concebible sin lo otro, pero por esto mismo en el debate siempre hemos mantenido, de hecho, este enfoque común. 
Por lo que se refiere al presente procedimiento, si procedemos tal como ya ha expuesto la señora ponente, habremos establecido una clara garantía jurídica también para los socios ACP y seguramente más allá de este ámbito. En efecto, puesto que nos disponemos a incluir más intensamente en nuestra cooperación en el contexto de los países ACP también a los países menos desarrollados que no forman parte de dicho grupo, el presente procedimiento podría hacerse extensivo en cierto modo también a estos últimos. 
De vez en cuando se da el caso de que cuando los atentados contra los derechos humanos, la mala administración y un gobierno corrupto se mantienen durante largo tiempo, va perdiendo firmeza también al mismo tiempo la voluntad de perseverar en la aplicación de dichas sanciones. 
Yo pienso que deberíamos ponernos de acuerdo en un aspecto, a saber, que procederemos con la misma firmeza dondequiera que se observen deficiencias y que luego también mantendremos con coherencia dicha posición hasta que se registre un progreso. 
Señor Presidente, la Unión tiene la posibilidad de dotar de pies y manos su política de derechos humanos. 
La cláusula de democracia y de derechos humanos se puede concretar con las propuestas de la Comisión. 
Con esas propuestas se hacen acuerdos operacionales sobre cómo y basándose en qué criterios se ha de aplicar la cláusula de democracia. 
Con la cláusula de los derechos humanos la Unión tiene en sus manos un instrumento poderoso y debe querer utilizarlo. 
Unos criterios y procedimientos claros aumentarán la transparencia de la política de la Unión. 
Los países implicados mostrarán mayor comprensión hacia la política de la Unión y de ese modo se habrá introducido también un impulso en los países implicados para respetar esos criterios. 
Al fin y al cabo de eso se trataba. 
Sin embargo, el estado actual de las cosas en este debate de procedimiento es decepcionante. 
El Consejo sólo quiere decidir sobre la utilización de la cláusula de democracia. 
Mi grupo parlamentario no está en absoluto de acuerdo con eso. 
Informar al Parlamento sobre la suspensión de la cooperación en el marco de Lomé por ejemplo, es demasiado poco. 
En estos casos se necesita justamente la presión pública por parte de los representantes del pueblo de Europa. 
La reanudación de la cooperación de Lomé requiere el dictamen conforme del Parlamento Europeo. 
Entonces es más que lógico que ese mismo Parlamento haya que dar su dictamen conforme a la suspensión de la cooperación. 
Esta postura reacia del Consejo no nos ha de desviar de nuestra opinión principal, es decir que la participación democrática y el control son aquí un requisito de primer orden. 
El Consejo y el Parlamento deben entrar en negociaciones para encontrar una solución a este conflicto. 
Sobre todo no debemos entregar nada de antemano. 
El Consejo, después de todo, ha dado al Parlamento Europeo un papel considerable también en el marco de los acuerdos de asociación para la adhesión. 
Sin embargo, esto también vale para el inicio del procedimiento. 
No solamente el Consejo, los Estados miembros y la Comisión han de poder iniciar un procedimiento de suspensión y de diálogo con un país, también el Parlamento Europeo ha de poder solicitarlo. 
Con razón lo pide la ponente en su informe, que yo aprecio mucho. 
El Parlamento juega un papel importante en la política de los derechos humanos de la Unión y también la Asamblea Paritaria ACP es un instrumento importante. 
Por ello, el Parlamento Europeo merece tener un papel importante en todo el procedimiento de suspensión. 
Además no solamente en la suspensión de la cooperación, sino también en la reanudación de la cooperación. 
Justamente ahora que la Unión quiere hacer más política la cooperación en el marco de Lomé, se debe fortalecer también la dimensión parlamentaria, de lo contrario será una política " nowhere». 
¿Qué país ACP por ejemplo, se deja convencer por una Unión Europea moralista, que también pisotea los principios democráticos? 
Señor Presidente, estoy a favor de otorgar una fuerte dimensión política a los nuevos acuerdos de cooperación con los países ACP, especialmente en los campos de los derechos humanos y del buen gobierno bajo el imperio de la ley. 
Es lógico que subrayemos sistemáticamente la importancia que otorgamos a la integración sostenida de los países ACP en la economía mundial, y a la compatibilidad de los nuevos acuerdos comerciales con los que se realizan dentro de la OMC. 
Sin duda, las barreras tarifarias que aún persisten deben ser eliminadas, y tendrán que serlo hasta el mayor grado posible para que se incluya algún elemento de imparcialidad y equidad del acceso al mercado. 
Al negociar los nuevos acuerdos ACP, es esencial enfatizar la necesidad de simplificar y racionalizar los instrumentos de ayuda, buscando una evolución gradual hacia el apoyo presupuestario directo para los Estados africanos. 
Hay que proceder con el cuidado y la atención debidos para que cuando la liberalización del comercio se produzca, no se haga ningún daño a la frágil capacidad de las economías africanas. 
Me felicito por las declaraciones de los líderes del Grupo de los Ocho, después de su reunión en Inglaterra, el mes pasado, relativas a la reducción de la deuda que los países africanos tendrán que pagar a los países más ricos de Occidente. 
En vísperas del nuevo milenio, los estados africanos no podrán marchar hacia la autosuficiencia si siguen soportando la minusvalía que representa el reembolso de la deuda. 
Los líderes occidentales deben poner en funcionamiento las estructuras y los procedimientos adecuados, para asegurar que no se apliquen reducciones generales a todos los estados africanos sin excepción. 
Señor Presidente, por mi parte, quiero expresar la adhesión total del Grupo de Coalición Radical Europea a los propuestas principales del informe de la Sra. Aelvoet. 
En primer lugar, nosotros pedimos, en junio de 1997, que el Parlamento Europeo pudiese dar un dictamen conforme al Consejo en caso de la suspensión del Convenio. 
Pero, al parecer, esta disposición sería contraria al Tratado de Amsterdam. 
Tomamos nota de esto, no sin señalar, de paso, que aquí tenemos una nueva prueba de la insuficiencia del Tratado. 
Dicho esto, estamos de acuerdo en cuanto al procedimiento de consulta simple propuesto por la ponente para que el Parlamento pueda, al menos, expresar su opinión a priori. 
En segundo término, tal como la ponente, pensamos que el Parlamento Europeo debe tener, como la Comisión o como un Estado miembro, un poder de iniciativa para suspender la aplicación del Convenio. 
Por mi parte, no tengo la seguridad de que en una visión clásica y ortodoxa de la separación de poderes sea defendible una iniciativa parlamentaria de este tipo. 
Pero como buen y convencido militante europeo federalista, digo que mientras las Instituciones no otorguen al Parlamento un poder legislativo real, no podremos sino alentar estas intrusiones de nuestra Asamblea en la función ejecutiva. 
Sin embargo, al paso que va la puesta a punto del procedimiento marco de aplicación del artículo 366 bis del Convenio de Lomé, podemos temernos que no llegue siquiera a tiempo para ser aplicado. 
Por esta razón, querría, una vez más, llamar la atención de la Comisión y del Consejo sobre una de las disposiciones del informe Rocard relativa al futuro de la cooperación entre la Unión Europea y los países ACP. 
El Sr. Rocard propuso, y nuestra Asamblea lo aceptó, que los criterios referidos a la democracia y al respeto de los derechos humanos, a los que estaría subordinada la ayuda, fueran definidos por los propios países beneficiarios de la ayuda. 
Creo que esta propuesta mejoraría la legitimidad política del dispositivo de condicionalidad y aumentaría su eficacia. 
Pero si hay acuerdo sobre el fondo de la propuesta, aún queda por saber si su adopción traería consigo un compromiso por parte de los Estados ACP en el propio procedimiento. 
No podemos pedir a esos Estados que definan los criterios de la ayuda y, en sentido contrario, los de la suspensión del Convenio, sin asociarlos a la decisión de suspender la ayuda a su propio país. 
Por consiguiente, tendremos que hacer un esfuerzo de imaginación para volver a equilibrar el conjunto del procedimiento, de modo que sea muestra de una política de cooperación realmente equitativa. 
Señor Presidente, nosotros apoyamos la propuesta y sobre todo la concepción que hay detrás, a pesar de que, a nuestro parecer, se queda corta. 
Sin duda es necesario un procedimiento de consulta, pero un procedimiento de dictamen conforme hubiese sido una solución más adecuada. 
Nosotros queremos anunciar ya que, si no se alcanza una solución durante la Presidencia británica, procuraremos influir luego sobre el Gobierno austriaco para que conceda especial importancia a este tema cuando asuma la Presidencia. 
Quisiera añadir un par de observaciones generales sobre este tema tan importante: a la vista de su propia historia, Europa debería abordar con mucha prudencia el problema de los derechos humanos. 
Si el Parlamento tiene la ocasión de ocuparse de dicho problema en su propio ámbito, debe hacerlo con mucho cuidado y no debemos incurrir en condenas globales anticipadas. 
Desde luego, debemos congratularnos por la posibilidad de actuar en relación con esta cuestión, pero será preciso que examinemos detenidamente cada caso individual. 
Los países afectados, que aquí se consideran de manera colectiva, se encuentran en fases de desarrollo económico muy distintas. 
La misma medida puede resultar muy dura para un país y afectar menos seriamente a otro. 
La lista de los distintos derechos humanos que se cita siempre no incluye, por ejemplo, el derecho a la alimentación y a la formación, que se ve amenazado cuando se interrumpe la cooperación debido a un desarrollo democrático insuficiente. 
No deberíamos perder de vista que nuestro papel no es erigirnos en jueces, sino que tenemos que promover y apoyar el desarrollo democrático en cada país. 
Señor Presidente, nunca como en estos momentos ha sido tan importante para la Unión Europea dotarse de un mecanismo de suspensión de las relaciones de cooperación para cuando se produzcan violaciones de los derechos humanos. 
La profusión de resoluciones de urgencia de este mismo Parlamento que, sesión tras sesión, dedica un apartado especial a los derechos humanos así lo demuestra. 
Y ese mecanismo- en la medida en que es un instrumento jurídico- tiene que ser, por definición, operativo, tanto en beneficio de la credibilidad de las acciones exteriores de la Unión Europea, ya bastante mermada, como, sobre todo, como requisito ineludible para la consecución real de los objetivos previstos en los Tratados. 
Para que sea operativo, el procedimiento de aplicación de la cláusula de derechos humanos no puede depender de la unanimidad del Consejo ni pasar subrepticiamente por el Parlamento para mera información. 
La unanimidad en el Consejo está unánimemente reconocida como un sistema que paraliza el proceso de toma de decisiones; lo sabemos desde la crisis de la silla vacía del año 1966 y lo sabemos ahora, cuando uno de los retos de la ampliación es la modificación de un procedimiento de toma de decisiones que, basado en la unanimidad, no funciona con la agilidad necesaria. 
Por tanto, no consideramos que sea revolucionario que el Parlamento pida que las decisiones en esta importante materia se adopten por mayoría. 
El Consejo no debería recibir esta propuesta con suspicacia porque con ello no se trata de atacar los intereses coyunturales de los Estados miembros sino de afianzar la política y los intereses de la Unión Europea de acuerdo con los principios establecidos en los Tratados. 
Que el Parlamento pida que se le consulte en uno de los temas que más le afecta en materia exterior, el de los derechos humanos, no sólo no es revolucionario, como dice la Sra. Aelvoet en la exposición de motivos de su informe, sino razonable. 
La consulta al Parlamento habría evitado muchas situaciones contradictorias en las que ahora nos encontramos sumidos, por ejemplo, la presentación en este mismo período parcial de sesiones de una resolución sobre Guinea Ecuatorial, que acaba de dictar 15 sentencias de muerte, en la que pedimos a la Comisión que reconsidere la reanudación de la cooperación con ese país. 
Dotémosnos del mecanismo necesario para sancionar algo tan elemental y esencial como la violación de los derechos humanos y hagámoslo bien, con transparencia y, sobre todo, con garantías. 
Señor Presidente, pido disculpas a la Asamblea por no haber estado presente cuando se inició el debate. 
Infortunadamente mi vuelo llegó retrasado. Felicito a la Sra. Aelvoet por su excelente informe. 
El Grupo del Partido Popular Europeo lo apoya unánimemente. La suspensión es un asunto muy serio y es fundamental que se escuchen los puntos de vista del Parlamento. 
Sin embargo, es importante recordar que el procedimiento de toma de decisiones nos ata con fuerza a lo ocurrido en Amsterdam. 
Si no podemos tener esto, al menos se nos debe permitir que expresemos nuestras observaciones cuando se presenta una situación como ésta. 
En el Parlamento también debemos aceptar que pueden surgir distintas clases de situaciones. 
Por ejemplo, se produjo una situación horrenda en Nigeria, cuando el anterior presidente ahorcó a 19 personas. 
En tales casos, cuando han ocurrido serias violaciones de los derechos humanos, la Comisión recurriría a la suspensión inmediata de la ayuda a un país. 
En otras circunstancias se puede ir gestando con lentitud un proceso por el que, sencillamente por lo que sucede en el país, es posible aliviar la situación antes de que vaya demasiado lejos. 
Por ejemplo, acabo de visitar las Comoras y me horrorizó la situación que al parecer se está creando allí. 
En Anjouan, una de las islas, se ha declarado la independencia y, al mismo tiempo, se espera seguir recibiendo ayuda de la Unión Europea. 
Les señalamos con toda claridad que no podrán estar en Lomé si han declarado la independencia. 
Puede que, al fin y al cabo, tengamos que suspender la ayuda. 
Este tipo de situación es el que debemos discutir. 
Los derechos humanos y la democracia son vitales para conceder una ayuda estable a los países en desarrollo. 
Y, hablando con toda honestidad, el buen gobierno es probablemente mucho más importante aún. 
Yo habría pensado que África era el continente más adecuado para sustituir a la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). 
Después de ver los problemas de ASEAN, muchas industrias quieren salir de su ámbito. 
Si los países no son estables, nadie quiere invertir en ellos. 
Por lo tanto es importante trabajar con otras naciones africanas para procurar que se mantengan estables y no tengamos que suspender las ayudas. 
Espero que, si no podemos disponer del procedimiento de toma de decisiones, la Comisión al menos nos mantenga en estrecho contacto con cualquier situación que se produzca, por la que debamos suspender la ayuda a un país, y que en particular la Comisión de Desarrollo y Cooperación tenga todos los informes que se preparen. 
Aparte de todo esto, el Grupo del Partido Popular Europeo tendrá mucho gusto de apoyar este informe cuando sea sometido a votación. 
Presidente, después de años de buenas palabras sobre el respeto de los derechos humanos en los países ACP, la Sra. Aelvoet ha conseguido encontrar una manera por la que hemos dado un paso hacia el eficaz funcionamiento de las instituciones europeas en relación con el respeto de los derechos humanos. 
Además se ha fortalecido el papel del Parlamento. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Bertens, en que esto no es todavía suficientemente bueno, pero por lo menos es un inicio. 
Bravo, señora Aelvoet. 
¿Pero cómo va a poder ser exitosa esta propuesta si por ejemplo un país importante como Angola sigue armándose fuertemente? 
Angola ha vendido los recursos petroleros de los próximos tres años y con ese dinero ha pagado las armas " cash» , armas de Brasil y Rusia, Rusia, que además es miembro de la troika que tiene que asesorar el proceso de paz. 
Que el estado unipartidista de Angola pueda tomar esta decisión sin ninguna consulta democrática a la oposición legal, no puede pasar el examen democrático de Lomé. 
Pido por lo tanto al Consejo y a la Comisión que redacten una propuesta concreta y pido al Parlamento un informe provisional para que los países ACP respeten el porcentaje dedicado al armamento establecido en el Convenio y por supuesto también el " good governance» al que se ha referido la Sra. Günther. 
Sólo entonces la democracia y los derechos humanos tendrán también alguna posibilidad en los países ACP. 
Señor Presidente, Señorías, está claro que en el curso del debate se han tratado una serie de temas que van más allá de los términos estrictos del segundo informe provisional de la Sra. Aelvoet. 
Esto es comprensible, porque el interés del Parlamento en la implementación adecuada del Convenio de Lomé IV y, más particularmente, en sus aspectos relativos a los derechos humanos es muy grande. 
Por ejemplo, el Sr. Corrie ha citado algunos ejemplos de conducta horrenda que empuja a considerar qué se debe hacer, a la vista de la estrecha relación que el Convenio de Lomé da a la Unión Europea con los países que obran de esa manera. 
Por consiguiente, el tema de la aplicación del procedimiento previsto por el Artículo 366 bis del Convenio de Lomé, pensado específicamente para controlar este tipo de situaciones, es obviamente de gran importancia. 
La Comisión ha estudiado con cuidado sumo el segundo informe provisional de la Sra. Aelvoet y toma nota de las enmiendas propuestas, que llevarían a consultar al Parlamento en las diversas etapas de la aplicación del procedimiento. 
Cuando se aceptó el primer informe provisional, la Comisión opinó que era deseable vincular al Parlamento más estrechamente en la aplicación del procedimiento, y está claro que la actual propuesta para una decisión del Consejo es más explícita en este sentido. 
Se ocupa de que se informe de inmediato al Parlamento sobre cualquier decisión tomada en la aplicación del Artículo 366 bis. 
No pensamos que sea posible un proceso de consulta formal al Parlamento sobre las diversas etapas del procedimiento; no porque consideremos que los puntos de vista del Parlamento carezcan de interés o sean insustanciales, sino simplemente a causa de las disposiciones específicas de los Tratados, en particular el Artículo 300, que establece un procedimiento pensado para situaciones como ésta. 
Lo que se ha propuesto podría ir en contra de lo establecido en el Artículo 300. 
La Comisión quiere mostrarse tan bien dispuesta como sea posible, y está preparada para ocuparse de informar al Parlamento sobre todas las iniciativas que adopte o sobre cualquier propuesta que se plantee según el Artículo 366 bis, y el Parlamento, por supuesto, en estas circunstancias está más que capacitado para dar los pasos necesarios a fin de que se conozcan sus puntos de vista. 
Si son conocidos, pasarán de inmediato a la atención de la Comisión, que los considerará. 
La Comisión seguirá tomando en cuenta todas las opiniones expresadas por el Parlamento en este sentido. 
Lamento el hecho de que haya habido una demora en el establecimiento de los acuerdos según los cuales se podrá invocar, en caso necesario, el artículo 366 bis. 
Espero que, como resultado de este debate y de lo que en su transcurso hemos dicho tanto Sus Señorías como yo mismo, sea posible llegar con la máxima rapidez a una situación en la que el artículo 366 bis se pueda invocar, porque ya se haya convenido el procedimiento necesario para hacerlo así. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Microorganismos modificados genéticamente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40192/98) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 90/219/CEE relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (C4-0031/98-95/0340 (SYN) ) (Ponente: Trakatellis). 
Señor Presidente, uno de los sectores más importantes de la biotecnología lo constituyen las aplicaciones que utilizan microorganismos genéticamente modificados. 
Dichas aplicaciones tienen una gran influencia en los campos de la salud y de la enfermedad, en la alimentación, en lo relativo a la protección del medio ambiente, en la agricultura y en otros ámbitos importantes de la vida y de la actividad humana. 
Por ello, la ampliación de las posibilidades que ofrecen los organismos genéticamente modificados tiene que continuar ya que es un ámbito que alberga grandes expectativas. 
No se conocen con exactitud la naturaleza y la dimensión de los riesgos que dichos microorganismos suponen para el hombre y para el medio ambiente y por ello es preciso que las tareas que se lleven a cabo con ellos se realicen en determinados lugares que deben estar preparados de forma adecuada según el tipo de riesgo del que se trate. 
La Directiva 90/219/CEE regula los trabajos en condiciones de confinamiento con el propósito, por una parte, de procurar un marco común para el desarrollo de la nueva tecnología y, por otra, de proteger la salud humana y el medio ambiente. 
Además, desde la aprobación de la citada Directiva hasta la fecha se han venido a sumar nuevos conocimientos científicos y nuevas aplicaciones y, al mismo tiempo, mediante su aplicación, se ha adquirido experiencia en materia de gestión. 
Por consiguiente, es acertado modificar y modernizar la Directiva en estos momentos. 
Su modificación deberá tender a la mayor flexibilidad posible en cuanto a la gestión sin disminuir a su vez las medidas de seguridad. 
En este punto quisiera hacer sonar la señal de alarma ya que no debemos confundir un marco claro y flexible con normas de seguridad. 
Dado el ritmo con el que se desarrolla este campo el riesgo de que puedan producirse accidentes en el futuro es cada vez mayor. 
Cualquier pequeño accidente bastaría para dar mala fama a la industria de las aplicaciones biotecnológicas y podría conducirla a una crisis y eso es lo que debemos evitar creando para ello las condiciones adecuadas de seguridad. 
A pesar de que el Consejo ha asumido bastantes enmiendas del Parlamento, no se han incorporado finalmente a la posición común algunas de las enmiendas importantes. 
El ponente opina que la posición común refleja sólo en parte las posturas del Parlamento que fueron adoptadas en la primera lectura. 
En consecuencia, se propone retomar las enmiendas que están próximas a la postura y al espíritu de las enmiendas aprobadas por el Pleno del Parlamento en la recomendación para la segunda lectura. 
Las notas principales de dichas enmiendas son: 
Enmienda 2: el esclarecimiento del término " utilización confinada» , para que se puedan definir de manera explícita las medidas de confinamiento en los trabajos con microorganismos genéticamente modificados. 
Enmienda 3: la previsión de una revisión de la evaluación del riesgo en caso de que la autoridad competente sea consciente de que la primera evaluación no haya sido suficiente. 
De este modo se da a la autoridad competente la posibilidad de intervenir. 
Las enmiendas 4 y 9 atañen a la introducción de una disposición relativa a la responsabilidad de los usuarios en materia de seguridad si a pesar de las medidas de confinamiento persistiese el riesgo, por extremadamente reducido que fuere. 
Por tanto, es justo que haya una cobertura de seguros y una asunción de responsabilidades en caso de se produzcan daños a terceros como resultado de la utilización de un microorganismo genéticamente modificado. 
La enmienda 5 está relacionada con la protección del usuario dándole la posibilidad de pedir a la autoridad competente una autorización oficial para la utilización del tipo 2. 
Las enmiendas 7 y 8 tratan de la información del público, no sólo acerca de los planes de emergencia sino también sobre las medidas de seguridad pertinentes antes de que comience la utilización confinada, así como de la posibilidad de que se consulte su opinión. 
La enmienda 10 atañe a la organización de inspecciones y controles por parte de la autoridad competente y a la aplicación correcta de la directiva y de las medidas de con finamiento. 
Las enmiendas 11, 12 y 13 tienen que ver con la participación del Parlamento en el procedimiento de elaboración y adaptación de la parte B del Anexo II, que está en relación con los criterios que excluirán del ámbito de aplicación de la directiva a determinados microorganismos genéticamente modificados. 
Eso mismo es lo que está previsto en la modificación del procedimiento de evaluación del riesgo en la parte B del Anexo III. 
No podemos aceptar que se excluya al Parlamento de la elaboración de unas partes tan importantes de la directiva. 
Si ello fuese así permitiría a la Comisión un mejor ejercicio de sus competencias de ejecución y el control de sus actuaciones por parte del Parlamento. 
En este punto estamos absolutamente de acuerdo con la Comisión y esperamos que ella apoye nuestras posturas. 
La enmienda 14 está relacionada con el procedimiento de evaluación del riesgo. 
En este punto quisiera señalar que la evaluación precisa del riesgo constituye, en esencia, el núcleo de la directiva. 
El Consejo incluyó sólo en líneas generales el procedimiento de evaluación del riesgo, nosotros insistimos en que hay que determinarlo con mayor claridad. 
Finalmente, quisiera referirme una vez más al asunto del fundamento jurídico, es decir, que se adopte como tal el artículo 100 A en lugar del 130 P. Los trabajos relacionados con los microorganismos modificados genéticamente en las instalaciones industriales están considerados entre los que tienen importantes repercusiones sobre las condiciones de competencia. 
Por lo tanto, considero que sería más correcto el artículo 100 A. Además, todo eso está más claro tras la aprobación de las recomendaciones sobre la EEB y el compromiso del Sr. Santer a respetar el procedimiento de codecisión en cuestiones que afecten a la salud pública. 
Por último, señor Presidente, es preciso que la Comisión apoye nuestras posturas pues pretenden garantizar el desarrollo de esta nueva tecnología y proteger la salud humana y el medio ambiente. 
Señor Presidente, ante todo, es importante que demos las gracias al ponente por el considerable trabajo que se ha tomado al abordar esta directiva tan técnica y tan compleja. 
Le doy la enhorabuena por su comprensión de los problemas con ella asociados. 
Se trata de un informe muy local en el sentido de que este tema- la biotecnología- ha suscitado ampliamente la preocupación y el interés públicos en estos últimos años. 
Este informe tiene una importancia extraordinaria. 
Como ciencia, la biotecnología puede brindarnos enormes adelantos en el próximo siglo, si se usa adecuadamente. 
Puede proporcionar enormes beneficios a la humanidad en general y aumentar la prosperidad de todos. 
Pero es crucial que nosotros consolidemos en los ciudadanos la idea de la fiabilidad y de la seguridad de esta tecnología. Para hacerlo, es necesario contar con mayores niveles de protección, a fin de asegurar que la salud pública esté a salvo, y que también lo esté el medio ambiente, de todos los peligros que puedan derivarse de la experimentación. 
Esta directiva controla, esencialmente, la experimentación en instalaciones de trabajo confinado o el uso de microorganismos modificados genéticamente, también en instalaciones de trabajo confinado. 
Las enmiendas del ponente persiguen el objetivo de asegurar que estos requisitos se cumplan y que todos los profesionales observen un cuidado responsable en este campo. 
En nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quiero decir que estamos sin duda a favor del desarrollo de esta nueva ciencia, de la biotecnología. 
Pero creemos que es necesario asegurar el respeto total a la ética de la salud pública y a la preocupación por la seguridad general. 
Las enmiendas del ponente nos ayudan en la búsqueda de estos reaseguros, y por ello las recomiendo a la consideración de la Comisión y del Consejo. 
La posición común, tal como nos ha llegado, no es una mala posición común. 
Pero aún hay asuntos que preocupan. A ellos se refieren las enmiendas del ponente y querríamos destacarlos. 
En primer término, está todo el tema de la clasificación de esos microorganismos. 
Es muy cierto que la gran mayoría de los microorganismos con los que se está experimentando es inocua, en su conjunto, y casi no representa ningún riesgo. 
Pero hay algunos que implican enormes peligros, en particular los que están asociados con enfermedades tradicionales: por ejemplo, los relacionados con enfermedades como la peste bubónica. Debemos guardar la máxima de las cautelas al trabajar con ellos. 
Por consiguiente, tenemos que generar la certeza de que las medidas de confinamiento y seguridad adoptadas son las oportunas para contrarrestar el riesgo que presente cada microorganismo. 
Las enmiendas del ponente así lo reconocen y elaboran un sistema que, sin duda, así lo asegurará. 
También debo hacerme eco de la preocupación del ponente ante el tema de la comitología. 
Se trata de una propuesta bastante extraña desde el punto de vista de la comitología: dos anexos diferentes controlados por dos sistemas de gestión diferentes. 
Esto es algo a lo que no estamos habituados, algo que no nos gusta y que nos incomoda. 
Reconocemos que la Comisión pronto presentará una nueva propuesta respecto a la comitología y al desarrollo del modus vivendi. 
Esperamos que la Comisión adopte un enfoque más racional y que los asuntos que se suscitan por sí mismos en esta propuesta se puedan resolver por esa vía. 
Por último, también quiero llamar la atención al tema de la base legal. 
Esta propuesta está actualmente dentro del procedimiento de cooperación, y no lo encontramos satisfactorio. 
Estaríamos encantados de continuar un debate con el Consejo, en el que la Comisión hiciera las veces de moderadora, a lo largo del procedimiento de conciliación. 
Lamentamos que esto no pueda hacerse. 
En consecuencia, apoyamos el punto de vista del ponente y consideramos que la base legal debe ser el artículo 100 bis. 
Señor Presidente, Señorías, yo también querría manifestar mi agradecimiento al ponente por el trabajo que ha realizado. 
La tecnología genética y la biotecnología llevan asociados, sin duda, grandes riegos. 
Hemos debatido a menudo sobre dichos riesgos; sobre la clonación humana, por ejemplo. 
Yo voy a añadir otro ejemplo: me preocupa mucho que el uso del diagnóstico prenatal pueda desembocar en una selección en detrimento de las personas discapacitadas. 
Éste es un riesgo que tenemos que considerar sin rodeos. 
La presente propuesta legislativa se ocupa de una aplicación de la tecnología genética que, a mi parecer, ofrece enormes oportunidades y en relación con la cual podemos afirmar, después de veinte años, que algunos riesgos que todavía se apreciaban hace unos años, han demostrado ser inexistentes. 
Hasta el momento no ha ocurrido ningún incidente imprevisto. Por consiguiente, yo pienso que es razonable desburocratizar la directiva. 
Europa no debe seguir quedándose a la zaga en la fabricación de medicamentos a partir de microorganismos modificados genéticamente. 
Tenemos que recuperar el retraso. Para ello es necesario que se reduzcan las normas burocráticas. 
Esto no menguará la seguridad, puesto que se procederá de manera diferenciada. 
Los agentes patógenos peligrosos- como ha señalado ya también el Sr. Bowe- seguirán siendo objeto de un procedimiento muy riguroso. 
Sin embargo, es preciso proceder de manera menos rigurosa con los agentes inocuos, pues la mera utilización de la tecnología genética no constituye un riesgo, el riesgo está en los agentes patógenos. 
Por consiguiente, yo manifiesto mi enérgica oposición contra algunas enmiendas del informe, cuyo autor no es el Sr. Trakatellis, sino que se aprobaron luego. Me refiero a las enmiendas 2, 4, 9 y 14. 
Tampoco creo que sea necesario volver a establecer en el caso de la biotecnología una normativa especialmente rigurosa en el ámbito de la responsabilidad civil. 
Necesitamos una normativa general, que la Comisión ya está elaborando. 
Pero no podemos seguir imponiendo siempre exigencias adicionales en el caso de la biotecnología, ya que si así lo hacemos jamás conseguiremos recuperar el retraso que llevamos. 
Presidente, se hace monótono pero yo también le estoy muy agradecido al ponente Trakatellis por este buen informe. 
La biotecnología es un sector muy joven y apenas ha adquirido experiencia práctica. 
En los próximos años se publicarán resultados científicos inesperados que tendrán consecuencias para la evaluación del riesgo de estas tecnologías. 
Por ello conviene ser muy cuidadoso. 
Debe haber una legislación clara en que los riesgos estén lo suficientemente limitados. 
Por eso, también el Grupo ELDR opina que el Sr. Trakatellis, ya lo he dicho, ha presentado un informe extraordinario. 
Sin embargo, desde la adopción de la posición común del Consejo hacen falta todavía algunas enmiendas para limitar lo más posible los riesgos. 
Las diversas aclaraciones, como la definición de la utilización confinada, son muy importantes para ello. 
También se ha regulado ahora claramente en algunas enmiendas la responsabilidad del usuario sobre los microorganismos modificados genéticamente, si el Parlamento las adopta por lo menos. 
Con razón se da a las autoridades competentes la posibilidad de intervenir cuando abriguen razones para suponer que la evaluación del riesgo es insuficiente. 
Las modificaciones implican también que el Parlamento Europeo participa en la elaboración y adaptación de los criterios por los cuales se excluirán determinados MMG de la directiva. 
Justo porque se deben evitar todos los riesgos, me parece bien que el Parlamento Europeo vigile discreta pero también claramente estos criterios. 
He entendido que la Comisión Europea apoya al Parlamento en esta gran implicación. 
Me gustaría que el Comisario lo repitiera. 
Como punto final, nuestro Grupo tiene claro el fundamento jurídico, tiene que ser el artículo 100 A. La directiva, después de todo, está relacionada con las instalaciones industriales y por lo tanto con las condiciones de competencia en el sector de la biotecnología. 
Además, se había acordado después de la crisis de la EEB que en este tipo de cuestiones debe regir el procedimiento de codecisión. 
Espero que el Parlamento apoye también el artículo 100 A. 
Señor Presidente, me parece una verdadera vergüenza que en esta Cámara se diga, como lo ha hecho el Sr. Liese, que la tecnología genética ofrece enormes oportunidades y que tampoco entrañaría ningún riesgo en el ámbito del sistema de utilización confinada, o sea, en el contexto del informe que hoy se debate. 
Sin embargo, al mismo tiempo se rehuye la responsabilidad civil como el demonio el agua bendita. 
Si se procede a una desregulación y, por lo tanto, se reducen las autorizaciones estatales, no se puede admitir que la industria no asuma la responsabilidad civil. 
Si dicha tecnología no entraña presuntamente ningún riesgo, no deja de resultar más que sospechoso que se rechace con tanta vehemencia la responsabilidad civil. 
Ya sé que durante las pasadas semanas se desarrolló una campaña masiva de los grupos de presión entre los diputados de la Asamblea y, como puede apreciarse, ésta ya ha dado su fruto en el caso del Sr. Liese, de manera que ahora se pretende excluir la responsabilidad civil. 
Esto es totalmente irresponsable, ya que el objetivo debe ser, de hecho, que la industria asuma una mayor responsabilidad. 
Precisamente el Gobierno alemán no se cansa de repetir que la industria y la ciencia deben asumir una mayor responsabilidad. 
Si queremos que así sea, necesitamos imprescindiblemente la responsabilidad civil, y es inadmisible que todo conductor esté obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil antes de conducir un automóvil y, en cambio, no estarían obligadas a hacerlo las empresas que trabajan con organismos patógenos, los laboratorios de investigación que trabajan con virus, que podrían propagarse al medio ambiente. 
No vamos a votar afirmativamente el informe porque introduce una desregulación en muchos ámbitos, ya que la autorización una vez transcurrido un plazo nada tiene que ver ya con el principio de prevención. 
Antes de terminar, yo quisiera insistir, no obstante, una vez más en que el tema de la responsabilidad civil será absolutamente decisivo para nosotros. 
No en vano una iniciativa popular acaba de pronunciarse claramente en Austria en favor de la necesidad de que se regule la responsabilidad civil. 
También algunos Estados miembros lo desean. 
Si queremos que la industria asuma su responsabilidad, no podemos esperar a que se produzca el daño, sino que tenemos tomarla por la palabra... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Presidente, el informe Trakatellis trata uno de esos temas de los que uno se pregunta en qué medida debe ocuparse de ellos el Parlamento Europeo. 
La materia es tan técnica que casi es necesario haber trabajado en un laboratorio biotecnológico para poder hablar, e incluso así, no está claro todavía si las normas de la directiva, tal como estaban redactadas, o como van a estarlo ahora con la posición común, son mejores. 
Aquí se trata la cuestión de cuándo un laboratorio tiene que cumplir las severas disposiciones de seguridad si se trabaja con técnicas de modificación genética. 
Según la propuesta de informe de la Comisión los laboratorios mismos deben establecer ahora por medio de una evaluación del riesgo cuál debe ser el nivel de medidas de seguridad. 
Es una construcción asombrosa ya que las normas de lo que es un gran riesgo y lo que no, realmente no están establecidas en ninguna parte. 
Si tú a continuación como empresa tienes que pasar, en caso de un nivel de seguridad más riguroso por un procedimiento administrativo de notificación más duro que cuando se llega por medio de la evaluación del riesgo a unas escasas medidas de seguridad, entonces hay cierta contradicción en ello. 
Si quieres ser muy cuidadoso como empresa entonces es como si administrativamente te penalizaran, y si estimas menos elevados los riesgos, no hace falta tampoco cumplir con el riguroso procedimiento de notificación. 
Esto lleva, a mi juicio, a una estimación desfavorable del nivel de confinación. 
Lo que necesitamos sobre todo, es una evaluación del riesgo más estandarizada. 
El texto del Anexo 3 sí trata de esto pero es todavía demasiado general. 
No estoy seguro de si las enmiendas del Parlamento Europeo conducen en la práctica a un procedimiento de notificación mejor. 
Para más seguridad las apoyaré por si acaso, pero sin mucha convicción. 
En lo que respecta al fundamento jurídico, no veo otro que el 130 S. Que los Estados miembros alcancen con ello un alto nivel de protección, me atrevo a ponerlo en duda. 
Afortunadamente, las empresas pueden superar el nivel de protección previsto, en la medida que quede claro. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, como ha manifestado acertadamente el ponente, la biotecnología y la tecnología genética, en particular, se encuentran en plena expansión. 
Por consiguiente, es necesario establecer el correspondiente fundamento jurídico en el marco de una competencia legítima y regulada en el ámbito de la Unión Europa. 
Éste es un punto muy importante e ineludible, entre otras cosas también porque, en la Unión Europea, todas las disposiciones en el ámbito de la biotecnología se basan en el fundamento del artículo 100 A. 
Esto incluye también el tema de la comitología. 
Es evidente que es absolutamente inaceptable para el Parlamento el procedimiento de un comité de reglamentación de conformidad con la variante b del procedimiento III, que excluye totalmente al Parlamento Europeo de las consultas sobre la modificación de los criterios en virtud de los cuales se podrían excluir determinados organismos genéticamente modificados del campo de aplicación de la directiva. 
Hace poco ya tuvimos que dejar que fracasara otra directiva por el mismo motivo, ante la negativa del Consejo a modificar su posición al respecto. 
Sin embargo, nosotros consideramos que esto no es admisible. 
Si se aplica el procedimiento de cooperación o de codecisión, es preciso que se garantice también el ejercicio de las correspondientes competencias del Parlamento Europeo en los comités de reglamentación. 
El segundo punto es el de la información a la opinión pública. 
En la posición común se dice que los Estados miembros podrán exigir que se consulte a la opinión pública sobre cualquier aspecto. 
¿Qué se entiende por cualquier aspecto? 
¿Quién define estos aspectos? 
¿Qué significa esto en realidad? 
Es inexplicable que el Consejo Europeo insista en mantener una definición tan poco clara o una indefinición. 
También en el marco de una competencia legítima es necesario que este punto quede claro, tal como prevén las enmiendas. 
Señor Presidente, Señorías, yo sólo quisiera exponer brevemente los motivos por los cuales hoy estamos debatiendo la presente directiva. 
En la exposición de motivos de la Comisión se dice que el objetivo es establecer, por un lado, los procedimientos para una aplicación responsable de la modificación genética, pero que también es necesario tomar en consideración, por otro lado, la ampliación de los conocimientos científicos y de las experiencias en los últimos diez años. 
Las experiencias ya están muchísimo más avanzadas en todo el mundo. 
Europa impuso unos criterios muy estrictos y el objetivo de la presente directiva es, en realidad, reducir un poco este rigor y el gran despliegue burocrático asociado, toda vez que la experiencia ha demostrado que los grandes riesgos que se temían no se han dado hasta ahora y, por consiguiente, sería posible simplificar los procedimientos. 
A mi parecer, la posición común se expresa en unos términos responsables y yo desearía que la directiva fuese aplicable. 
Por mi parte, yo puedo apoyar las propuestas de la posición común. 
Señor Presidente, en contra de lo que opinan algunos colegas, como el Sr. Liese, pienso que no se debe debilitar la normativa en lo que respecta al rechazo de los microorganismos modificados genéticamente. 
Muchos argumentos científicos abogan por un aumento del rigor, y el Sr. Trakatellis así lo ha entendido: apoyamos por entero su informe, a pesar de que hayamos presentado enmiendas. 
Querría citar algunos argumentos científicos recientes: en efecto, desde la adopción y la aplicación de la Directiva 90/219, los conocimientos han evolucionado en el sentido que acabo de indicar. 
Primera observación: las líneas de bacterias que estarían biológicamente en desventaja en el laboratorio pueden sobrevivir en el medio ambiente y en él continúan intercambiando genes con otros organismos. 
Segunda información nueva: los métodos de inactivación química rutinarios pueden dejar hasta un 10 % de virus y otros agentes patógenos en un estado infeccioso. 
Tercera observación: el ADN liberado por las células- incluso el de células muertas- persiste en el medio ambiente y puede transferirse a otros organismos. 
Y por último, cuarto dato: el vector de ADN vírico desnudo puede ser muy infeccioso y tiene una capacidad de integración mayor que el propio virus. 
Creo que todo esto justifica perfectamente la enmienda nº 2, que establece la conveniencia de evitar el contacto de los microorganismos con la población y el medio ambiente, y no de limitarlo. 
Se trata, pues, de una enmienda de particular importancia, tanta como la que tiene la relativa a la responsabilidad civil. 
Por esta razón apoyaremos el informe del Sr. Trakatellis. 
Señor Presidente, me congratulo por este informe, por el trabajo del ponente, Sr. Trakatellis, y por la actitud de la Comisión al asegurar que el Parlamento Europeo tenga la posibilidad de ejercer un control de los desarrollos que se producen en este campo tan técnico y tan difícil. 
La recomendación de que la base legal se cambie al 100 bis asegura que el procedimiento de codecisión se siga en su totalidad. 
Es esencial que aprendamos de las experiencias pasadas y que insistamos en la apertura y la transparencia. 
También es necesario configurar el mecanismo adecuado para garantizar la seguridad no sólo de quienes trabajan en el ámbito de la biotecnología sino también de la población en general. 
Es imprescindible que se consolide entre los ciudadanos la idea de la fiabilidad y de la seguridad. 
Estamos ante una tecnología nueva, que ofrece un inmenso potencial en el campo médico para el tratamiento de muchas enfermedades que no tienen aún una curación conocida, y para el alivio del sufrimientos y del dolor de millones de personas. 
Debemos ampliar las fronteras de la investigación, pero de un modo abierto y transparente. 
Dentro de las normas de seguridad más estrictas, hemos de alentar y apoyar la investigación y, al mismo tiempo, asegurar que la industria no quede atascada con restricciones que induzcan a los laboratorios a llevar la totalidad de su tarea de investigación fuera de Europa, con el consiguiente éxodo de intelectuales y con la pérdida de personas altamente capacitadas y de puestos para trabajadores calificados. 
El mensaje que sobre la biotecnología se haga llegar a los ciudadanos debe ser equilibrado y desprovisto de rasgos emocionales, a diferencia de buena parte de lo ocurrido hasta hoy en el terreno de la investigación biotecnológica. 
Hemos escuchados muchos relatos de éxitos maravillosos en el área de la biotecnología, como por ejemplo el del desarrollo de la insulina genética. 
Pero existen muchas más posibilidades aún no exploradas. 
Por el bien de los seres humanos, tenemos la responsabilidad de continuar investigando en busca de las respuestas adecuadas. 
Espero que la actitud mental cerrada del pasado no se interponga en el camino hacia un alivio para muchos en el futuro. 
Señor Presidente, quiero empezar por dar las gracias al ponente y a la Comisión por su informe y por su trabajo riguroso sobre la posición común adoptada por el Consejo en este asunto. 
La directiva fue propuesta y adoptada a fin de asegurar que el principio de precaución se pueda seguir en lo relativo a la salud humana y al medio ambiente, de modo que los beneficios de esta tecnología se desarrollen dentro de la seguridad. 
Lo que se pretende alcanzar en una única expresión de legislación horizontal específica es la cobertura de un área de trabajo muy técnica y de rápida evolución que, obviamente, tiene enorme importancia. 
En la directiva se identifica una cantidad de problemas relativos a la clasificación de microorganismos modificados genéticamente, como una orientación insuficiente sobre la evaluación de riesgos y las medidas de confinamiento, la ausencia de la obligatoriedad de la notificación y las medidas administrativas sobre el riesgo de las actividades, y demás. 
La posición común fortalece y aclara la propuesta original que la Comisión elaboró para tratar este asunto. 
Las principales áreas que abarca incluyen un control administrativo creciente para los trabajos de las clases 3 y 4: en los casos de duda en la clasificación de una actividad se deberán aplicar las medidas de seguridad más estrictas; la extensión de los requisitos de planes de seguridad a todos los casos en que un fallo de confinamiento pueda significar un peligro serio; y la intensificación de las medidas de confinamiento y de control, mediante la incorporación de la obligatoriedad de aplicar, en todos los casos, los principios de estricta seguridad e higiene en el trabajo. 
Sin embargo, la Comisión no puede apoyar la posición común en cuanto a excluir al Parlamento Europeo del procedimiento para establecer y modificar la Parte B del Anexo II, que se refiere al alcance de la directiva, o el Artículo 21, mientras el Consejo aún quiere decantarse por un procedimiento de comité de reglamentación 3 b en lugar del procedimiento 2 bis propuesto por la Comisión tras la primera opinión del Parlamento. 
De las 36 enmiendas propuestas, incluidas las enmiendas complementarias, la Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas núms. 5, 6, 17, 19, 25, 32 y 36, y parcialmente puede aceptar las núms. 
Con respecto a la enmienda nº 13, la Comisión puede aceptar un procedimiento de comitología 2 bis, que da al Consejo la flexibilidad necesaria para adoptar medidas diferentes de las propuestas por la Comisión, en lugar del procedimiento 3 b presente en la propuesta de la Comisión. 
En lo relativo al requisito establecido en la enmienda para presentar un informe sobre la experiencia con la directiva, la Comisión considera que se puede conseguir la finalidad de la enmienda haciendo llegar al Parlamento el informe requerido según el artículo 18 (3). 
Pero la propuesta de la enmienda acerca de que las decisiones y las actas del comité de reglamentación se hagan públicas no es aceptable, pues no concuerda con el reciente acuerdo entre la Comisión y el Parlamento, aplicable desde diciembre de 1996, sobre la transparencia y la publicidad de las reuniones de los comités. 
De modo que hay 17 enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
La enmienda nº 1 propone cambiar la base jurídica del Artículo 130s (1) al artículo 100 bis. 
El objetivo de la directiva no se altera significativamente y no tiene un impacto directo sobre el funcionamiento del mercado único. Por esta causa la Comisión considera que no hay una justificación jurídica para cambiar la base jurídica de la directiva, y esta opinión concuerda con la que ha expresado la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos del Parlamento. 
Una consideración adicional es que el cambio de la base jurídica impediría que los Estados miembros dispusieran de la flexibilidad debida para adoptar medidas de confinamiento y control que vayan más allá de las que hoy permiten las directivas, porque en la actualidad los Estados miembros, en su legislación nacional, pueden ir más allá de las normas estipuladas en la directiva. 
El asunto del seguro de responsabilidad y de la disposición de seguridad financiera que tratan las enmiendas nº 4 y 9 se está considerando en la Comisión que, como se ha dicho, piensa elaborar un Documento Blanco sobre la responsabilidad respecto al medio ambiente, y la Comisión prefiere tratar este tema de un modo horizontal, para evitar distintas exigencias en cuanto a responsabilidad en diferentes directivas. 
La enmienda nº 11 no es aceptable, porque los requisitos para utilizar el procedimiento legislativo completo para las modificaciones al procedimiento de evaluación de riesgos establecido en el Anexo III impedirían la rápida modificación del anexo, que es de naturaleza puramente técnica, y podría ser que tal restricción condujera a problemas de seguridad, por ejemplo, en los casos en que se necesitara, como resulta de una información científica adicional, un cambio rápido en el anexo. 
La Comisión considera que el procedimiento que se ha propuesto de utilizar un comité de representante de los Estados miembros brindará la flexibilidad necesaria y el rigor apropiado para el examen de todas las propuestas de modificación del anexo. 
Las enmiendas nº 3, 7, 10, 16, 24 y 31 no son aceptables, porque duplican disposiciones presentes en otros artículos, y las enmiendas técnicas 15, 26 y 30 aumentarían la carga de las medidas de control, al tratar de introducir prescripciones más severas que las de la Directiva 90/679/EEC, que regula la protección de los trabajadores ante los riesgos de una exposición a agentes biológicos en el trabajo. 
Esta directiva también comprende el trabajo con microorganismos modificados genéticamente, y la Comisión quiere mantener condiciones de confinamiento comparables en actividades semejantes afectadas por ambas directivas. 
Las enmiendas nº 22, 23, 24 y 27 proponen el aumento de las obligaciones, pero no creemos que constituyan una contribución proporcionada a la seguridad. 
La enmienda nº 29 es técnicamente no válida, pues los microorganismos modificados genéticamente no tienen que estar en un sistema cerrado. 
Quiero terminar subrayando el valor añadido de las enmiendas que se han aceptado, total o parcialmente, que son bastantes. 
Ejemplo de esto es la enmienda nº 5 del Sr. Trakatellis, que permitirá a los solicitantes pedir una respuesta de una autoridad competente dentro de un lapso determinado, y así conocer la posición y las obligaciones que les adjudica la directiva. 
Creo que las enmiendas dan mayor claridad y fuerza a la posición común y, junto a este texto, brindarán un marco firme y de obligado cumplimiento, que a su vez dará ese grado máximo de seguridad que todos queremos conseguir. 
Señor Presidente, yo quisiera hacerle una pregunta a la Comisión, puesto que siempre se consuela al Parlamento con la promesa del Libro blanco sobre la responsabilidad civil, o sea, con la promesa de una solución horizontal. 
El Parlamento espera desde hace años- y adoptamos una iniciativa en este sentido- una normativa de este tipo. 
Yo hubiera deseado escuchar de boca del Sr. Comisario- a fin de cuentas, él forma parte de la Comisión y, por lo tanto, tiene que saber cuáles son las dificultades en el seno de la misma- cuándo cree que estará terminada la citada normativa. 
Mi segunda pregunta se desprende de la anterior: señor Comisario, ¿cree usted que el hecho de que el contribuyente, léase el público en general, tenga que correr con el coste de los posibles daños es compatible con la asunción de responsabilidad de la industria y de la ciencia? 
Señor Presidente, en estos momentos estamos celebrando consultas con las partes interesadas y espero que se pueda presentar algo este año. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Captura no cruel 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A-0197/98) del Sr. Pimenta, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la firma y la celebración de un Acuerdo internacional en forma de acta acordada entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre normas de captura no cruel (CON (97) 0726- C-0014/98-97/0360 (CES) ). 
El Sr. Pimenta desgraciadamente no puede asistir. 
En su lugar intervendrá la Sra. Banotti. 
Señor Presidente, es posible que Su Señoría tenga interés en conocer la causa por la que el Sr. Pimenta me ha pedido que presentara su informe esta tarde. 
Tengo el dudoso honor de ser el ponente original de la prohibición de la importación de pieles de animales cazados con cepos. 
Desde entonces vengo elaborando un resumen atento sobre el tema. 
Muchas de ellas me han llegado por correo, cuando era ponente. 
Espero que el Sr. Pimenta no haya tenido el mismo problema cuando elaboró el informe. 
Ya hemos discutido con amplitud los acuerdos entre los Gobiernos canadiense y ruso con respecto a este asunto. 
El Sr. Pimenta cree que las autoridades americanas intentan evitar el Reglamento 3254/91, aduciendo que tienen y aplican una legislación sobre la captura no cruel, pero no cree que esto sea correcto. 
El núcleo del Reglamento es la prohibición de los cepos. 
El compromiso canadiense y ruso para impedir el uso de los llamados cepos convencionales es, al menos, incondicional. 
Pero no se puede decir lo mismo de Estados Unidos, que sólo ha ofrecido un período de seis años de eliminación progresiva, está sujeto a ciertas excepciones sustanciales. Estas excepciones se especifican en las secciones 423 y 424 del Reglamento. 
Aunque este texto es semejante al que se ha incorporado al acuerdo de Canadá y Rusia, el compromiso de Estados Unidos sobre los cepos es acorde con los estándares, o sea, es condicional. A esto se añade el hecho de que haya pedido un período de eliminación progresiva más prolongado. 
En octubre, Estados Unidos aceptó terminar con el uso de los cepos convencionales en el plazo de cuatro años, siempre y cuando existieran " trampas de reemplazo viables». 
Esta cláusula se suprimió en el texto de diciembre. 
Todo el episodio tuvo consecuencias inmediatas para el bienestar de los animales, aunque muchos millones de ellos seguirán sometidos a la crueldad indiscriminada de los cepos por muchos años todavía, y quizá incluso en la fabricación de modelos de cepos que, inapropiadamente, se calificarán de no crueles. 
También revela en gran medida la insuficiencia de la actual estrategia de la Unión Europea en temas relacionados con la OMC. 
Cuando tenían que elegir entre cumplir su obligación legal para aplicar la legislación de la Comunidad y responder a una posible violación de las normas de la OMC, la Comisión y el Consejo optaron por ignorar las obligaciones reglamentarias de la UE para atender a consideraciones de la OMC. 
La Comisión y el Consejo una y otra vez han elegido ignorar la opinión del Parlamento Europeo, incluidas muchas propuestas constructivas destinadas a equilibrar intereses diversos: por ejemplo, asegurar la proporcionalidad de las medidas comerciales y tomar en cuenta los intereses de los pueblos nativos. 
Al mismo tiempo, y a pesar de un conjunto de problemas relacionados, que incluyen las pruebas cosmetológicas y la cría de ganado, la Comisión no ha conseguido presentar ningún análisis formal ni propuestas sobre el modo de enfocar o resolver el complejo tema del comercio y la protección de los animales: por ejemplo, con respecto a la utilización o modificación de las excepciones del actual Artículo XX dentro de las normas de la OMC. 
De un modo similar, la Comisión también ha fracasado en el intento de despertar estas preocupaciones en Ginebra o apoyar el desarrollo de un diálogo de alto nivel sobre el tema, una idea propuesta por primera vez en el Simposio GLOBE celebrado en 1996. 
Lamentablemente, la Comisión tampoco ha mostrado ninguna buena voluntad para establecer un debate que permitiría establecer distinciones apropiadas y legítimas entre los productos según su método de producción, un tema que es de importancia capital tanto para la protección de los animales como para el progreso del comercio y para el tema del medio ambiente. 
Por estas razones, el Sr. Pimenta, en su carácter de ponente, pide al Parlamento que rechace el acuerdo propuesto. 
Señor Presidente, es posible darse de cabezazos contra la pared de muchas maneras. 
Esto ya ha quedado de manifiesto en las diversas ocasiones en que el Parlamento ha expresado sus puntos de vista acerca de los acuerdos relativos a la captura no cruel. 
Basándose en el informe del Sr. Pimenta, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor propuso en su momento rechazar el acta del acuerdo que se elaboró inicialmente con el Canadá y Rusia, y ahora con los Estados Unidos; y el Parlamento Europeo actuó en consecuencia. 
De este modo, la Comisión escuchó al Parlamento, a pesar de lo cual- y a instancias del Consejo- aquélla llevó a la práctica, igual que lo hará ahora con toda seguridad, el acuerdo que negoció. 
Lo mejor es el peor enemigo de lo bueno. 
Se trata de una vieja máxima que no han tenido presente ni el Sr. Pimenta, ni la comisión responsable, ni el Parlamento. 
Se aspiraba a lograr la captura con cepos absolutamente incruenta. 
Sin embargo, todavía no se han descubierto métodos que garanticen una caza totalmente indolora. 
Los acuerdos representan un claro paso hacia adelante. 
Lógicamente, el rechazo a estos acuerdos significa que proseguirá la actual práctica de captura cruel. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se ha mostrado unánimemente favorable al acuerdo que ahora se somete a debate. 
Se trata de un criterio muy justificable, dado que, además, nos hallamos ante los Estados Unidos, la última parte firmante del acuerdo. 
Desearía, estimados colegas, que no volviéramos a propinarnos un cabezazo contra la pared. 
Desearía que el Parlamento diera un paso para mejorar la situación actual. 
Si bien no se logrará la perfección absoluta, nuestro intento por alcanzar esta perfección se convertiría en el peor obstáculo para lograr un buen resultado. 
Por todo ello, y en contra de la posición de la comisión responsable, se debería aprobar este acuerdo. 
Señor Presidente, es de esperar que éste sea el último episodio de la lamentable saga del cepo, en el que hemos comprobado que la firmeza del punto de vista del Parlamento, elegido por el pueblo de Europa, resultaba atropellada por los intereses de la Comisión en las transacciones de comercio internacional. 
Las víctimas son los animales de peletería de América del Norte, Canadá y Rusia, cruelmente sacrificados para que las mujeres ricas de Occidente puedan vestirse con sus pieles. 
No hay justificación para esto. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos respalda, como antes, el excelente informe del Sr. Pimenta y, a la vez, pide que se rechace el acuerdo por los motivos claramente señalados en este informe. 
Los acuerdos eran ilícitos antes y lo son ahora, y no hay razón ninguna para cambiar nuestros criterios. 
Este acuerdo con Estados Unidos tiene las mismas deficiencias que tenían los que antes se rechazaron al tratar con Canadá y Rusia, e incluso éste es más débil, como lo demuestra el Sr. Pimenta en su informe. 
Tampoco es probable que se pueda controlar y aplicar adecuadamente, porque los poderes que ejercen los Gobiernos estatales de Estados Unidos, que no son signatarios de los acuerdos, implican que esos Gobiernos no lo aplicarán debidamente. 
Creemos que la Comisión eligió el camino equivocado cuando se negó a aplicar el Reglamento de 1991 en la fecha correspondiente, que era 1996. 
Seguimos plantados en nuestras opiniones, porque creemos que son justas y sólo podemos tener la esperanza de que esta poco satisfactoria situación no se produzca otra vez. 
También esperamos que así se subraye la necesidad de reforzar el Artículo 20 del GATT. 
Es vergonzoso que la legislación europea resulte burlada de esta forma. 
No creo que estos acuerdos débiles eviten ni una pizca de crueldad en la caza de animales de peletería y, por lo tanto, son la derrota del objetivo mismo de su existencia. 
Presidente, realmente toda esta cuestión de los cepos se hace cada vez más ridícula. 
Podría haber repetido perfectamente el texto que pronuncié hace dos años. 
Parece una never ended story, ya que este acuerdo entre la Unión y los Estados Unidos es incluso peor que el acuerdo que ya rechazamos, aquél de la Unión con Canadá y Rusia. 
Mientras Canadá y Rusia por lo menos habían prometido llevar a cabo la prohibición de los denominados cepos convencionales, esto no cuenta en absoluto para los Estados Unidos. 
Solamente han ofrecido una eliminación progresiva del cepo en un periodo de seis años y además han logrado numerosas excepciones. 
Este acuerdo es decididamente insuficiente y por lo tanto debe ser rechazado. 
Toda la cuestión demuestra de forma tristemente clara que la estrategia actual de la Unión Europea en temas que tienen relación con la OMC, es completamente inadecuada. 
Es realmente escandaloso que el Consejo y la Comisión hayan abandonado sus posiciones y hayan aceptado una propuesta aún más débil para evitar de este modo un eventual litigio ante la OMC. 
Es extraordinariamente inquietante la facilidad con que el Consejo y la Comisión hacen caso omiso de la legislación de la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo ha señalado repetidamente que el Reglamento de 1991, que prohibe totalmente el uso del cepo, debe ser cumplido. 
Lamentablemente, el Consejo y la Comisión no han hecho caso hasta ahora de los puntos de vista de este Parlamento. 
La cuestión entera supone un debilitamiento de la legislación de la Unión Europea y de este modo también se socava la democracia europea. 
Pero las consecuencias para el bienestar de los animales son aún más graves ya que millones de animales siguen ahora muriendo cruelmente en esos cepos. 
Señor Presidente, cuando se habla de métodos de captura no cruel, es preciso empezar por constatar que todo el procedimiento es un drama que presenta muchos aspectos escandalosos. 
En primer lugar, yo quisiera recordar el Reglamento nº 3254/91, que data por lo tanto del año 1991, el cual establece que a partir del 1.1.1996 no se autorizará la importación a la Unión Europea de ningún tipo de pieles procedentes de animales capturados con cepos. 
La Comisión, en combinación con el Consejo, simplemente no adoptó las normas de aplicación, vaciando así de contenido una norma europea, que ahora sencillamente no existe. 
Bien mirado, la sacrificó en el altar de la OMC. 
En segundo lugar, por lo que se refiere al encabezamiento " captura no cruel». 
¡No existen métodos de captura no cruel con cualquier tipo de trampas! 
Llamarla así es sencillamente un engaño. 
A los animales les es absolutamente indiferente en qué tipo de trampa tienen la desgracia de morir. 
Tendríamos que comprender por fin que los animales son seres vivos y no mercancías. 
Esta idea se remonta a la Edad Media. Estamos a punto de entrar en el año 2000 y todavía tenemos que aprender a pensar en estos términos. 
En tercer lugar, el plato fuerte por decirlo así: el Acuerdo con Estados Unidos. 
Los acuerdos con Canadá y Rusia ya fueron más que burdos en el sentido más fiel de la palabra. 
Pero éste los supera a todos. Se establecen largos plazos de transición, no se establece ninguna norma jurídica y no se prevé en absoluto a partir de qué fecha no podrá capturarse ningún animal con este tipo de cepos. 
Además, constituye un burdo menosprecio del Parlamento, si se tiene en cuenta que hemos sido elegidos por millones de ciudadanos y somos sus representantes. 
Y la gente quiere que se acabe el uso de cepos. 
Por este simple motivo, daremos obviamente nuestro voto afirmativo al informe del Sr. Pimenta y rechazaremos absolutamente todos los acuerdos alcanzados hasta ahora al igual que todo el procedimiento que ha seguido la Comisión. 
Señor Presidente, la mayoría de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor estamos de acuerdo con el informe del Sr. Pimenta, que critica de nuevo esta propuesta por la falta de participación en la misma no sólo de las ONG sino también de algunos países que están involucrados en el tema. 
Por lo tanto, nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que propone el Sr. Pimenta de rechazar el acuerdo propuesto por ser totalmente inadecuado y aplicar, sin más demora, la prohibición a la importación de pieles y de propiciar la participación sobre todo de los pueblos indígenas. 
En ninguno de los momentos del debate sobre este tema en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hemos olvidado los derechos de los pueblos indígenas, que cazan desde hace muchos años y no practican la matanza cruel de animales, al contrario de otros países que actúan en esa dirección. 
Por vivir en Asturias, me interesa especialmente este asunto. 
Asturias es una región del norte de España donde quizás quede la colonia más importante de osos pardos (80 ejemplares). 
En los últimos 20 días han muerto tres osos pardos. Se sospecha- la investigación no ha concluido- que sobre todo un ejemplar adulto, muy importante para la conservación de la especie, murió porque los cazadores furtivos pusieron una trampa para otros animales. 
Y esto es lo que suele ocurrir cuando se ponen trampas que pueden afectar a animales que están en vías de extinción. 
Por lo tanto, señor Presidente, nosotros vamos a apoyar el informe del Sr. Pimenta. 
Creemos que ya es hora de tomar una decisión definitiva y no atender más a intereses comerciales. 
Y esperamos que sea aprobado en Pleno, como en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, por gran mayoría. 
Señor Presidente, Señorías, me pregunto si la Unión Europea sabrá hacer respetar en su territorio la prohibición de importar pieles de animales capturados con cepos. 
Este debate es uno más de una larga serie, y espero que el Parlamento sepa mostrarse lógico y consecuente con las posiciones que ha adoptado anteriormente. 
Confieso que soy de los que, hasta hoy, más bien hemos dado pruebas de comprensión y de moderación ante las posiciones de la Comisión, a menudo adoptadas unilateralmente, por cierto. 
Acepté, aunque sin ninguna alegría, que la necesidad de hallar un acuerdo implicaba que las negociaciones se prolongaran durante un año. 
También consideré que los acuerdos con Canadá y Rusia sólo eran un recurso para salir del paso, pero al menos tenían la ventaja de sacar las negociaciones del estancamiento en que estaban. 
Pero aun así, la buena voluntad tiene límites y el acuerdo con Estados Unidos que hoy nos propone usted, señor Comisario, es absolutamente inaceptable. 
Comparto el punto de vista de nuestro ponente, al que felicito por la calidad de su trabajo. 
Sin duda este acuerdo implica una notoria retirada con respecto al acuerdo entre la Unión Europea, Canadá y Rusia, a pesar de las limitaciones de éste. 
Ni la cantidad de excepciones ni el período de aplicación, ampliado a seis años, auguran nada bueno. 
Además, nos podemos preguntar legítimamente si existe la voluntad o la capacidad del Gobierno estadounidense para imponer este acuerdo a sus propios Estados. 
Se trata de preguntas para las que no tenemos respuesta. 
De modo que, como el Sr. Pimenta, no podemos sino pedir el rechazo de este acuerdo con Estados Unidos. 
También es preciso volver a poner el debate en su contexto y considerar que más allá del problema de los cepos de acero dentados, está la capacidad de la Unión Europea para resistir a las presiones de la OMC, que de esto se trata. 
La Comisión debería ser consciente de las consecuencias de los acuerdos que pretende firmar. Y sólo podemos lamentar, una vez más, que ponga al Parlamento ante los hechos consumados. 
Como si esto fuera poco, le impone la renuncia a principios fundamentales. 
Hoy se discute sobre la protección del medio ambiente; mañana, serán las cláusulas sociales o nuestra cultura las que corran peligro. 
Señor Presidente, a modo de introducción me gustaría decir que me parece que es muy importante garantizar el bienestar de los animales. 
Y precisamente por ello no puedo apoyar al Sr. Pimenta en el rechazo de la propuesta relativa a un acuerdo con los Estados Unidos. 
Pienso que debemos recomendar el acuerdo al igual que la Comisión REX. 
En primer lugar, ha de hacerse una valoración realista de cuál es la alternativa al acuerdo antes de rechazarlo. 
En segundo lugar, han de valorarse las consecuencias del acuerdo en los Estados Unidos y sobre todo en la Unión Europea. 
Y en tercer lugar, han de contemplarse las posibilidades de desarrollar sobre la marcha trampas más humanas y mejores. 
La alternativa al acuerdo con los Estados Unidos no es un acuerdo con mejores estándares. 
Y por tanto no es ninguna buena idea volver a la decisión del Consejo por la que se prohíben los cepos. 
La Sra. Pollack empleó la palabra " insultante» y aquí sí que estamos en el meollo del asunto. 
El Parlamento Europeo ha sido insultado porque quería ver mantenido el reglamento 91, aunque los acuerdos con Rusia, Canadá y los Estados Unidos- por lo que veo- vayan a proporcionar un mejor bienestar a los animales. 
¿Por qué? 
La decisión relativa a la prohibición de los cepos es muy limitada. 
Es válida sólo para 13 especies frente a las 19 cubiertas por el nuevo acuerdo. 
No prohíbe el uso de cepos, sino sólo la importación de pieles, y ante todo, la decisión cubre sólo este único método de captura. 
Como dije anteriormente, es hipócrita centrarse en este único- aunque bárbaro- método de captura, cuando en la UE se emplean al menos trampas igual de crueles. 
Ésta es la alternativa a los acuerdos con Rusia, Canadá y ahora también con los Estados Unidos y no el endurecimiento de los requisitos para las trampas. 
La exportación comunitaria de pieles a los Estados Unidos duplica en la actualidad a la importación de los Estados Unidos. 
Esto es importante porque muestra que deberíamos centrarnos en mayor medida en los estándares por los que se rige la caza con trampas en Europa. 
El acuerdo justamente contraído elevará de hecho los estándares en varios países comunitarios. 
Quizá es allí donde debemos comenzar, en lugar de marcar puntos baratos de bienestar de los animales a costa de los cazadores de los Estados Unidos. 
Finalmente- y es casi lo más importante- en el acuerdo hay asignado dinero para investigar mejores trampas. 
Esto quiere decir que obtenemos un acuerdo con estándares concretos para las trampas y un programa para mejorar las trampas existentes. 
Esto ha de ser mejor que una prohibición contra la importación, un expediente de la OMC y cazadores europeos que no cumplen los estándares. 
Señor Presidente, Señorías, en lo que se refiere a este proyecto de acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, tenemos el mismo parecer que el ponente que propone que se rechace. 
Así es: en este asunto ya muy viejo de los cepos de acero dentados, los acuerdos firmados con Canadá y Estados Unidos jamás obtuvieron una verdadera aprobación del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, su calidad los hacía superiores a éste. 
Tres datos muestran hasta qué punto es difícil llevar adelante negociaciones diplomáticas verdaderamente leales con Estados Unidos. 
En primer lugar, los estadounidenses han tomado por costumbre- como es el caso, una vez más, en este acuerdo- recordar sus disposiciones constitucionales internas por las que, en muchos campos, como en éste, son los Estados federados y no el Gobierno federal los que tienen las competencias, lo que a continuación les permite recusar, de un modo u otro, en el momento de la aplicación del acuerdo, la firma que han estampado desde la competencia federal. 
Ya han hecho esto mismo en otros asuntos que nada tienen que ver con éste, como, por ejemplo, en el del mercado internacional de las construcciones eléctricas, y esto muestra que verdaderamente existe una desigualdad en los acuerdos que concertamos con Estados Unidos. 
En segundo lugar, Estados Unidos rechaza el mecanismo vinculante de reglamento de los litigios y se limita a un simple mecanismo de consulta, que sin duda es insuficiente. 
Por último, Estados Unidos obtiene plazos cada vez más prolongados para demorar la supresión de los cepos, lo que hace que se cuestione el contenido mismo del acuerdo. 
Por lo tanto, en el fondo, queremos que desaparezca esa clase de cepos pero, más allá del tema que se trata aquí, se plantea una cuestión de principios relativa a los acuerdos firmados entre Estados Unidos y la Unión Europea. 
En otros tiempos se hablaba de acuerdos " desiguales» establecidos entre China y las potencias europeas. 
A menudo tenemos la sensación de que también se trata de acuerdos desiguales cuando Estados Unidos y la Unión Europea entran en conflicto. 
Señor Presidente, es cierto que nadie puede estar de acuerdo con la práctica de métodos bárbaros y crueles para la captura de los animales que son apreciados por su piel. 
Pero me parece entender que algunos colegas muestran una exagerada sensibilidad que está encaminada a suprimir la caza de dichos animales y que nos puede hacer llegar a un inaceptable callejón sin salida. 
Desde este punto de vista nosotros apreciamos que los acuerdos rubricados con Rusia y con Canadá no llegan a ser la solución idónea pero fomentan esta cuestión de forma positiva pues prohíben los cepos y cualquier otro tipo de captura cruel. 
Por consiguiente, creemos que dichos acuerdos tienen un margen, siempre se pueden mejorar y ampliar mediante una negociación firme y que también se pueden establecer con los Estados Unidos. 
Por otra parte, señor Presidente, creemos que cuanto más severas sean estas decisiones más posibilidades hay de que se incumplan. 
Eso es una experiencia histórica: no ha habido ninguna ley, por severa que fuese, que haya resultado inviolable; al contrario, ha originado nuevas formas de incumplirla, a veces incluso de manera criminal. 
Pero hay un aspecto, señor Presidente, al que quiero hacer referencia y es que la sensibilidad ante los animales está justificada, pero también deberá haber sensibilidad hacia los aborígenes: hay miles de personas que viven de la elaboración y el comercio de pieles. 
Quiero poner como ejemplo la región noroccidental de Grecia, con centro en Kastoriá, donde cientos de pequeñas empresas se sostienen de la elaboración y comercialización de pieles y donde miles de personas encuentran empleos estables. 
Por lo tanto, ése es un aspecto que no podemos ignorar. 
Por último, señor Presidente, para que no desaparezcan dichas especies creo que además de limitar su captura es posible, tanto a escala comunitaria como nacional, fomentar la creación de parques nacionales y de parques y bosques a escala comunitaria a través de subvenciones y otras medidas que faciliten la reproducción de esas especies que son tan apreciadas por su piel. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Pimenta por este excelente nuevo informe sobre el tema. Esto se ha convertido en una novela, pero en una novela negra: la novela negra de los cepos dentados que afecta a trece especies animales. 
Voy a recordar de qué se trata. 
El animal cae en la trampa, que le rompe los huesos y le desgarra los tendones, procura escapar, con sus propios dientes se parte, desgarra o devora la pata para tratar de librarse y después se arrastra por la nieve, dejando un rastro, o la posibilidad de ser rastreado. 
Hace años, desde el Reglamento de 1991, intentamos prohibir esta monstruosidad. 
Todos los años, la Comisión Europea nos dice: " una breve demora, señor Verdugo, un poquito más de tiempo». 
Nos decían que no había que perjudicar al pueblo inuit, como si la pesca tradicional inuit, desde la noche de los tiempos, se hiciera con el acero de los cepos dentados. 
Ahora nos dicen que no hay que perjudicar a la Organización Mundial del Comercio, que se va a organizar un grupo, como para el plátano, como para la carne con hormonas. 
El grupo de Ginebra se convierte ahora en una invocación de la divinidad. 
Hemos firmado un acuerdo con Estados Unidos en diciembre de 1997, tal como habíamos firmado otro en julio de 1997, con Canadá y Rusia. 
Descansamos, evidentemente, en los préstamos de fondos, sólo se trata de un acta, como el acuerdo de Blair House, que el representante de la Comisión conoce muy bien. 
Nos engañan con el golpe de Blair House, y nos dicen que el alcance jurídico del acuerdo es muy limitado, a causa de la estructura federal de Estados Unidos, por la que los Gobiernos de los Estados comprometidos no hacen caso de lo que se firma en Washington. 
En el fondo, la Comisión está contenta, consigue un nuevo plazo suplementario de tres a cinco años, mientras Estados Unidos nos propone simplemente el establecimiento de una jerarquía de lo inaceptable, de la monstruosidad. 
Lo importante de este asunto es su carácter emblemático. 
Como en el caso del plátano, en el de la carne con hormonas, en el de los quesos de leche cruda, en el de la leche con hormonas, nos sometemos, como siempre, a los Estados Unidos de América. 
Repito, señor Presidente, y con esto termino, que para las leyes Helms-Burton o D ' Amato, Estados Unidos no ha tenido los miramientos que nosotros tenemos con ese país. 
En cuanto a nosotros, nos alineamos en la posición del Sr. Pimenta, que es la única posición humana y digna, si se me permite decirlo al hablar de animales. 
Señor Presidente, quiero manifestar que estoy de acuerdo con el informe. 
El pensamiento que lo sustenta es muy claro porque, como sabe muy bien todo el que tenga votantes que le hayan escrito para informarle de la barbarie de esta práctica y como lo han dicho los oradores que me han precedido, esta atrocidad que se produce tan accidentalmente y permite que los animales sufran durante varios días es por completo inaceptable en un mundo civilizado. 
Muchos ciudadanos británicos firman los cuestionarios que me dirigen y también lo hacen en otras circunscripciones: está claro que tienen sentimientos muy fuertes respecto a este tema y a otros relativos a la protección de los animales. 
Europa es uno de los mayores consumidores del comercio de pieles de peletería, pues aproximadamente el 70 % de él termina en la Unión Europea. 
Es evidente que como consumidores tenemos una voz fuerte y autorizada en este asunto. 
Creo que la Comisión se ha equivocado al no desafiar a la OMC con mayor empeño sobre la base de la ética del medio ambiente, de la protección y de los aspectos sociales. 
Creo que se puede tener una voz más fuerte. 
Sé que Sir Leon, en particular, ha hecho grandes esfuerzos para llevar el equilibrio al comercio internacional, desde el punto de vista de la Comisión. 
Hay algunos temas que no podemos pasar por alto: no sólo éste sino también el del asbesto o el de las hormonas en la carne. 
Para mí y para otros miembros del Parlamento está muy claro que cuando elegimos rechazar lo que está sucediendo con los tratos que se cierran en nombre de Europa, cuando hablamos por los ciudadanos, nuestros puntos de vista tendrían que ser respetados y la gente tendría que llegar a comprender que en este sentido, y sólo en este sentido, no podemos echarnos atrás en los asuntos que el Parlamento debate y pone ante usted, Sir Leon. 
Señor Presidente, puedo asegurar a la Asamblea que no recomendaría este acuerdo con Estados Unidos si no creyera que representa un adelanto importante en lo que respecta a la protección de los animales, y que es una solución al problema, no una solución total aunque sí un adelanto, equivalente al que conseguimos con Canadá y la Federación Rusa. 
Habría sido bastante peculiar, para decirlo con suavidad, que la Comisión y el Consejo aceptaran un acuerdo con Estados Unidos si no creyéramos que era el más conveniente. 
El acuerdo ha tomado la forma de un acta acordada que, con un formato simplificado y más flexible, reproduce lo principal del texto del acuerdo con Canadá y la Federación Rusa. 
Esta estructura es necesaria, dado que en Estados Unidos la caza con cepo es competencia exclusiva de los Estados Federales y no de un acuerdo nacional. 
Pero- y éste es el punto que quiero subrayar- con Estados Unidos se ha firmado un acuerdo internacional jurídicamente vinculante y, como tal, es vinculante para Estados Unidos en su totalidad y Estados Unidos no puede evitar las consecuencias diciendo que uno de sus Estados no acepta este texto. 
Es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante. 
Las normas que acompañan al acta acordada son idénticas a las que acompañan el acuerdo con Rusia y Canadá. 
Sólo se ha modificado el calendario de aplicación, para incluir las excepciones establecidas en el artículo 10 del Acuerdo Canadá/Rusia. 
Es verdad que, a diferencia del acuerdo con Canadá y Rusia, el de Estados Unidos no contiene procedimientos detallados y vinculantes para el arreglo de posibles litigios, pero se debe advertir que, en cambio, Estados Unidos no obtiene para su comercio de pieles el mismo nivel de seguridad otorgado a Canadá y Rusia, porque en caso de una violación flagrante del acuerdo por parte de Estados Unidos, que no pudiera arreglarse según lo previsto en el procedimiento de consulta, la Unión Europea mantendría plenamente su derecho a aplicar de inmediato el Reglamento 3254/91, e impondría una prohibición a las importaciones estadounidenses. 
Por cierto que si así fuera- y espero que no ocurra y no creo que suceda -, estaríamos en una posición más fuerte que la que tenemos ahora para defender, si fuera preciso, esa prohibición ante la OMC. 
Desde el punto de vista de que la protección de los animales también se considere, no veo en este acuerdo nada que sea más débil en ningún sentido que el alcanzado con Rusia y Canadá. 
Estados Unidos tiene la disposición necesaria para cumplir con todas las normas establecidas en el Acuerdo Canadá/Rusia y está deseoso de probar los cepos sobre esa base y dentro del plazo temporal dispuesto en el acuerdo. 
También ha aceptado el principio de una supresión de los cepos convencionales con dientes de acero, y esta supresión se producirá para dos especies cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo Canadá/Rusia, y para las diez especies estadounidenses restantes, seis años después, dentro del mismo marco temporal. 
Por supuesto que está perfectamente claro que la carta convenio del acta acordada impide que Estados Unidos invoque las excepciones establecidas en la aplicación del calendario con respecto a esta supresión, y no podrá hacerlo. 
Si se toman en cuenta las diferencias en la situación respectiva de los países comprometidos en cuanto al uso de cepos y el número total de animales afectados, y por consiguiente lo que ha de hacerse para suprimir esos cepos, incluso a largo plazo el resultado es equivalente al Acuerdo Canadá/Rusia, en lo que a mejora de la protección de los animales se refiere. 
Rechazar el acuerdo sin duda implicaría una prohibición de las importaciones hacia la Unión Europea, pero esto no conduciría a ninguna mejora en la protección de los animales. 
Sólo si se acepta el acuerdo habremos conseguido una mejora significativa en la protección de los animales, y sólo con acuerdos similares podemos tener la esperanza de que la causa de la protección de los animales se imponga en la arena internacional. 
No creo que aplicando una prohibición avancemos ni una pizca, ni un ápice, y precisamente por esa causa estamos aplicando nuestros requisitos jurídicos, que dan la posibilidad de un acuerdo internacional como alternativa a la prohibición. 
Es sensato que una base jurídica lo determine así, porque el acuerdo internacional brinda una mejora en la protección de los animales- no tan amplia, quizá, como nos hubiera gustado que fuese, pero aun así un avance significativo en la protección animal- como algo opuesto a la solución negativa de una prohibición que no ayudaría ni siquiera a un solo animal. 
Por esta causa es que, incluso si la OMC no existiera, sin vacilaciones yo habría recomendado al Pleno este acuerdo, exclusivamente con el argumento de la protección a los animales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Acuerdo con Guinea relativo a la pesca 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0178/98) del Sr. Girão Pereira, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (98) 0129- C4-0245/98-98/0086 (CNS) ) relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Guinea concerniente a la pesca en alta mar frente a la costa de Guinea para el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 1999. 
Señor Presidente, Señorías, en los últimos años la Comisión ha venido proponiendo al Consejo y al Parlamento la celebración de acuerdos de pesca con terceros países que brinden la posibilidad de mantener en actividad la flota de los Estados miembros ante la escasez cada vez mayor de recursos haliéuticos en las aguas de la Unión. 
El acuerdo con Guinea se inserta, así, en esa política, que consideramos oportuna y que apoyamos claramente, dada la importancia que tiene la pesca para algunas zonas costeras, para la industria y para el propio mercado. 
Las relaciones con Guinea en este sector datan ya de 1986. 
De modo que se trata de la renovación de un acuerdo preexistente que estará en vigor entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 1999. 
Conviene destacar algunos de sus aspectos más importantes. 
Se ha aumentado substancialmente la contrapartida financiera, pero aumentan también las posibilidades de pesca por el mayor número de barcos que pueden faenar en esas zonas. 
Otro de los aspectos que conviene destacar, y que es innovador, es el de que casi el 50 % de la compensación financiera global se destina a ayudas específicas en el sector de la pesca en Guinea, en particular a programas científicos, acciones de formación técnica y profesional, programas de apoyo a las estructuras encargadas de la vigilancia y del control de las actividades de pesca y programas de apoyo a la pesca artesanal. 
Y se han hecho extensivos esos apoyos financieros a algunos mecanismos con vistas a una correcta gestión de los recursos, en la medida en que se establece que cualquier buque que faene en esa zona llevará a bordo un observador cuya misión será la de verificar las actividades de pesca y recoger las informaciones estadísticas sobre las capturas. 
Por otro lado- y se trata de una gran innovación -, hay que señalar que el Ministerio de Pesca de Guinea tiene la obligación de transmitir a la Comisión un informe anual sobre las acciones llevadas a cabo en los ámbitos científico y técnico y destinadas a mejorar los conocimientos sobre los recursos haliéuticos. 
Otro aspecto aún más importante: el pago de la contrapartida financiera está vinculado a la ejecución efectiva de esas acciones relacionadas con el desarrollo de la pesca local y de la conservación de los recursos, como establece explícitamente la parte final del artículo 4 del Protocolo. 
Por esa razón, presento la enmienda nº 5, que me parece más amplia que la de la Comisión de Pesca, pues invoca esa cláusula del protocolo y el derecho del Parlamento Europeo a tener conocimiento de los informes en ella previstos. 
Por lo dicho, se puede comprobar que el contenido de este acuerdo es conforme a las orientaciones formuladas por el Consejo, en su reunión del 30 de octubre de 1997, según las cuales sería conveniente consagrar casi la mitad de la financiación comunitaria a objetivos específicamente orientados a la mejora de la situación de la pesca. 
Por otro lado, consagra y pone en práctica muchas de las recomendaciones de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, que siempre ha insistido en la necesidad de incluir en los acuerdos de esta naturaleza una vertiente de desarrollo. 
Por la importancia que tiene el acuerdo para el sector de la pesca de la Unión Europea y por las innovaciones que ha introducido, creemos que contará con el apoyo unánime de este Parlamento. 
Señor Presidente, en mi opinión, este acuerdo, presenta algunas dificultades. 
En primer lugar, el número de buques de pesca autorizados, 74 frente a los 43 autorizados anteriormente. 
Además, el acuerdo fue rubricado por la Comisión sin el dictamen previo del Parlamento, por lo que coincido con el Sr. ponente cuando sostiene que el Parlamento debe ser informado y que el protocolo debe respetarse. 
Además de estos aspectos, existen problemas sobre todo en cuanto a la dificultad de vigilar la pesca dentro de las 10 millas. 
Esta pesca podría provocar un fuerte conflicto de intereses con los cerca de 100.000 pescadores artesanales que operan en ese país y que con frecuencia han protestado contra la Unión Europea y las autoridades locales al respecto. 
Por otra parte, la compensación financiera propuesta en favor de los pescadores artesanales respecto al importe global de 6.500.000 de ecus es extremadamente reducida: sólo 320.000 ecus para las ayudas a la pesca artesanal frente a los 800.000 ecus para el Ministerio y los 800.000 ecus para la vigilancia. 
Los buques de pesca que son exactamente 74- de los cuales 33 están equipados con redes cerqueras, redes muy nocivas y que crean grandes dificultades- pagan sólo 20 ecus por tonelada, o sea, unas 40.000 liras por 1.000 kg de atún: una cantidad realmente irrisoria. 
De todas formas, dicho esto, nos damos cuenta de que este acuerdo se ha rubricado y que debe ser examinado, no obstante, confiamos en que en el futuro los acuerdos internacionales respetarán al menos un nivel de igualdad de los recursos de los terceros países. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar felicitando al Sr. Girão Pereira por este informe que ha presentado y que se inscribe dentro de la línea tradicional del Parlamento Europeo en materia de acuerdos de pesca. 
Es un informe muy claro y quisiera apoyar todo su contenido en nombre de mi Grupo. 
Esencialmente, creo que es un acuerdo que presenta rasgos innovadores, porque en el fondo estamos intentando llevar a la práctica un antiguo principio que siempre seguimos en esta Asamblea, según el cual el dinero, las compensaciones financieras pagadas por la Unión Europea deben beneficiar al sector de la pesca de los países con los que concertamos acuerdos y, por tanto, creo que es correcta esta posición nuestra de que por lo menos la mitad de la financiación comunitaria de compensación redunde en beneficio de la pesca local. 
Creo que eso ya es un comienzo. 
Evidentemente, lo deseable sería que fuese toda la compensación, pero se trata de un sector delicado que se presta a injerencias en la esfera de la soberanía de cada uno de esos países. 
En el caso del acuerdo de Guinea, hay, de hecho, un aumento del costo, pero a éste corresponde un aumento del pescado, por lo que existe una contrapartida objetiva. 
Hay también otras materias interesantes y plausibles, como, por ejemplo, un fortalecimiento de los fondos dedicados en parte a la investigación y en parte a la propia organización administrativa del Ministerio de Pesca de este país. 
Damos nuestro apoyo a este informe y una vez más felicitamos al ponente por el trabajo que ha hecho. 
Señor Presidente, como ha visto por el tono de las intervenciones anteriores, en general, tanto el ponente como los dos oradores resaltaban los aspectos positivos de este Acuerdo. Es un acuerdo que está en la línea de la nueva política comunitaria de pesca. 
No se trata de depredar los recursos pesqueros existentes, se trata de ayudar a estos países en desarrollo, primero, a conservar sus propios recursos- la Comunidad Europea aporta medios financieros para ello ayudándoles, por ejemplo, a la vigilancia pesquera- y, segundo, a que por medio de las compensaciones financieras a estos países se contribuya a su propio desarrollo económico; es decir, la Comunidad Europea, por un lado facilita la actuación de los pescadores comunitarios, que, como es sabido, tienen dificultades en una gran cantidad de sitios y, por otro lado, fomenta la explotación pesquera, pero conservando los recursos y no perjudicando su mantenimiento. 
Creo que el aumento presupuestario que se ha hecho está justificado dentro de esta nueva política comunitaria y que, en definitiva, redundará en beneficio tanto de las poblaciones de los países africanos como de la propia población comunitaria y del mantenimiento de los recursos de pesca en general. 
Por tanto, desde mi punto de vista, creo, al igual que los oradores anteriores, que este Parlamento debe aprobar el texto tal como está, con las enmiendas aprobadas por la Comisión de Pesca, y también la enmienda 5 del Sr. Girão Pereira pero, en cambio, estoy totalmente en contra de la enmienda 6 presentada por el Sr. Teverson, que introduciría una limitación demasiado negativa y demasiado gravosa para la conclusión de posteriores acuerdos de pesca. 
Señor Presidente, el informe sobre el acuerdo de pesca con Guinea que nos presenta el Sr. Girão Pereira, y por el cual le felicito, demuestra muy claramente lo errado de los que pretenden que los acuerdos de pesca son un medio para que la flota comunitaria explote sin control los recursos de terceros países sin aportar ningún beneficio. 
Por si los acuerdos con Argentina, Marruecos o Mauritania no fueran suficientes para demostrar hasta qué punto la actividad pesquera comunitaria ha contribuido al desarrollo de este sector en terceros países, el nuevo protocolo con Guinea deja bien claros los beneficios que un país costero puede obtener de un acuerdo de pesca con la Comunidad, al menos comparables, si no mayores, a las aportaciones de la política específica para el desarrollo, a pesar de que, en este caso, nos encontramos ante simples acuerdos comerciales. 
El aumento, como se ha dicho, de más de un 50 % de la contrapartida financiera es extraordinariamente significativo, pero lo es más su reparto. 
En efecto, de los 6, 5 millones de ecus que se pagarán a Guinea, prácticamente la mitad está dirigida a mejorar la formación y a impulsar la pesca guineana. 
Especial atención despiertan los incrementos para mejora del control, que se han duplicado del anterior protocolo a éste, y los 320.000 ecus de apoyo a la pesca artesanal, que se han incrementado en un tercio respecto al protocolo anterior. 
Merced a este tipo de apoyos, Guinea ha conseguido firmar acuerdos pesqueros con China o Corea, con unas garantías para los recursos que hubiesen sido impensables sin el conocimiento de las pesquerías y de la normativa internacional en materia de conservación a las que la sociedad guineana ha podido tener acceso gracias a la contrapartida financiera comunitaria. 
Además, y como bien apunta el Sr. Girão Pereira, es necesario resaltar la novedad que supone que las autoridades guineanas deban rendir cuentas ante la Unión Europea de que los fondos han sido asignados a acciones relacionadas con el desarrollo de las pesquerías locales y la conservación de recursos, y que este cumplimiento esté estrictamente vinculado al pago de la contrapartida financiera. 
Yo, por eso, apoyaré, como el resto de mi Grupo, el informe del Sr. Girão Pereira. 
Señor Presidente, es bastante extraño que todos subrayen los buenos aspectos que en materia de desarrollo tienen estos informes para la industria pesquera de Guinea, en este caso, o para otros países. 
Me gusta esto: siempre he sostenido que así debía ser. 
Ha habido una gran mejora en estos informes, en especial, quizá, desde las acciones de la Presidencia neerlandesa y desde que, el año pasado, el Comisario responsable aceptara mi informe. 
Es decir que las cosas van mejorando, pero aún existe un problema relativo a la consulta al Parlamento Europeo. 
La Comisión no nos consulta con el tiempo suficiente. 
También el Consejo tiene cierta responsabilidad en esto. La Comisión de Presupuestos lo ha señalado en términos nada ambiguos al emitir su opinión sobre este informe. 
Sin embargo, hemos tenido que decirlo y repetirlo una y otra vez. 
Ha habido progresos, una mayor cantidad de recursos se dedican a la pesca artesanal, a la mejora de las pesquerías de Guinea, etcétera, en todos los aspectos antes mencionados. 
Espero que los guineanos tengan los recursos necesarios para controlar lo que ocurra cuando la flota de la UE esté allí. 
También me gusta la propuesta- aunque quizá no sea suficiente- de que parte de la captura deba desembarcarse obligatoriamente en Guinea para abastecer a la población local. 
Esto es muy importante. 
Pero es triste que se haya fijado un límite de 10 millas, cuando los Estados vecinos tienen 12 millas, una norma que parece ser bastante justa. 
Para terminar, apoyo el criterio de la Comisión de Desarrollo y Cooperación en cuanto a que sería útil que la Comisión Europea pudiera negociar acuerdos regionales para el caso de áreas como Guinea, Guinea-Bissau, etcétera. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a Su Señoría por su excelente informe sobre los nuevos términos y condiciones para la pesca por parte de la flota comunitaria en las aguas de Guinea. 
Consideramos que estos nuevos términos serán capaces de asegurar una aplicación más efectiva del acuerdo, dentro de los principios básicos de la conservación de los recursos. 
Con este protocolo, la Comisión reconoce la acción desarrollada desde 1996 por el Gobierno guineano para asegurar el control total de las poblaciones de acceso y dar la batalla contra la pesca ilegal y en favor de la investigación marina. 
Este nuevo y positivo clima, reconocido por los armadores de la Comunidad, ha llevado a la mejora de los recursos pesqueros de la zona y a que se renovara el interés por los pescadores comunitarios en aguas guineanas, lo que representa un importante potencial para la flota de la Comunidad. 
La Comisión también considera que este nuevo protocolo acordado con Guinea encierra innovaciones capitales destinadas, en particular, a la promoción de una pesca sostenible, a la vez que compatibles tanto con la política de desarrollo como con el enfoque regional que tiene la Unión Europea de los acuerdos pesqueros. 
El protocolo marca un progreso significativo en nuestro enfoque regional, y esto se refleja en una armonización de las condiciones financieras ofrecidas por la Comunidad a los diversos países de la subregión. 
Además, las disposiciones técnicas relativas a las actividades pesqueras se han puesto en concordancia con las normas vigentes en los países que pertenecen a la Comisión Subregional para la pesca en el Golfo de Guinea. 
El protocolo asigna el 50 % de las partidas financieras- es decir, 3, 25 millones de ecus- durante dos años a diversos planes, destinados a promover la investigación marítima, el control de las pesquerías para apoyar la pesca de pequeña escala y los servicios de formación profesional, y a contribuir con las organizaciones internacionales de pesca. 
La dimensión de este apoyo dará a Guinea los medios para participar en los programas subregionales de gestión de los recursos. 
Guinea otorga gran importancia a esto, porque este año ocupa la presidencia de dos comisiones regionales de pesca: la Comisión Subregional para la Pesca en el Golfo de Guinea y la Conferencia Ministerial de los Estados de la Costa Atlántica. 
El protocolo prevé una estrecha cooperación entre las dos partes en la gestión de los planes, y nos da la posibilidad de revisar los pagos correspondientes según la forma en que se aplique este documento. 
En cuanto a las enmiendas propuestas, la Comisión no puede aceptar la nº 4 porque está en contra de las doctrinas establecidas en lo que respecta a la naturaleza de nuestros acuerdos internacionales de pesca y tendría un efecto negativo sobre los poderes de la Comisión para llevar las negociaciones. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 1, 2, 3 y 5 en principio, aunque no en su formulación actual. 
Sin embargo, debo recalcar que la Comisión ya proporciona una información habitual al Parlamento en cuanto al uso que se hace de los acuerdos pesqueros en sus reseñas e informes a la Comisión de Pesca. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 6, porque es la Comunidad quien cierra los acuerdos de pesca y, por lo tanto, la Comisión es la que paga las compensaciones financieras y los barcos que pescan en esas aguas son los que pagan los derechos de licencia. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.50 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, sobre la cuestión de Sellafield y la contaminación del mar de Irlanda no he dicho que el artículo estuviera corregido, sino completamente mutilado, a petición, creo, de la industria nuclear, en concreto British Nuclear Fuels Limited. 
Quiero informar a Sus Señorías que hoy voy a distribuir dicho artículo para su información. 
Señor Presidente, mi petición de palabra sobre la observancia del reglamento tiene relación con los baúles. 
Entre los medios que el Parlamento pone a disposición de los diputados, los baúles les permiten el traslado de sus expedientes entre Bruselas y Estrasburgo. 
Dentro de dos horas aproximadamente debo expresar una opinión, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre el informe Cunha. 
Sin embargo mi baúl se encuentra aún en estos momentos en los pasillos del D3 en Bruselas, con mis documentos de trabajo. 
No haré comentarios sobre el grado de incompetencia de los servicios de traslado, pero constato a pesar de todo que, en relación con los despachos de Bruselas, tienen tendencia a repetirse una serie de problemas, como diversas anomalías en los ascensores, en los sanitarios, etc. En esta ocasión se han sobrepasado un poco los límites. 
Por ello, espero que por ahora se me explique, señor Presidente, cómo un representante puede hacer frente a sus obligaciones sin sus expedientes, sin sus archivos, sin lo mínimo estrictamente necesario para cumplir con su misión. 
Ésta es la consecuencia de que tengamos tres lugares diferentes de trabajo. 
Le propongo que escriba al Presidente para plantearle esa cuestión. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, la gran mayoría del Grupo Socialista va a votar a favor de esta solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia. 
El 17 de febrero de 1997 se presentó el documento de opciones de la Comisión para la reforma del sector del aceite de oliva y la resolución de compromiso que lleva el nombre del Sr. Jové Peres fue aprobada en diciembre del año pasado. 
No puede decirse que el Parlamento Europeo no haya encontrado el tiempo ni la manera de pronunciarse acerca de este dossier. 
Por otra parte, señor Presidente, la actual propuesta de la Comisión no hace más que acoger la mayor parte de los puntos de la resolución del Sr. Jové Peres demostrando que la presión del Parlamento ha servido para condicionar las orientaciones sustanciales de la Comisión. 
No tendría que decirlo yo, dado que voté en contra de dicha resolución, pero, en mi opinión, es absurdo que el ponente no lo hiciera en el seno de la comisión. 
La cuestión estriba en que, no obstante lo que se ha escrito, hay un país, el primer productor, que no quiere oír hablar de reforma y que ha elegido el camino de la protesta sin salida y de la remisión incondicional y sin límites. 
El inicio de la próxima campaña se ha fijado para el próximo 1 de noviembre, por lo que hay que tomar una decisión cuanto antes y creo que existen algunos defectos que deben ser subsanados rápidamente. 
Uno de ellos es la existencia de una cantidad máxima garantizada para el conjunto de la Comunidad, de la que se deriva la absurda situación de una notable reducción de las ayudas a los productores de los países que no han incrementado la producción, únicamente a raíz del rebasamiento de las cantidades producidas por otro país. 
Señor Presidente, si no lo remediamos, me parece que todos nos veremos abrumados por las protestas de los productores y tendremos que responder de nuestra miopía. 
El señor ponente rechazó asumir compromisos temporales en cuanto a su informe en el seno de la comisión, pese a las propuestas sumamente razonables de nuestro Grupo. 
Además, la urgencia es la única forma que permitirá al Presidente en ejercicio, el ministro Sr. Cunningham, llevar a término el meritorio trabajo de instrucción que se ha realizado en un clima difícil, y ofrecer una respuesta positiva y concreta a los productores. 
Creo, señor Presidente, que ha cometido usted un error. 
He pedido el uso de la palabra para intervenir en primer lugar porque, en nombre de la Comisión de Agricultura, quería informar a la Asamblea de que el día 19 de mayo dicha comisión aprobó la urgencia por 27 votos a favor y 17 en contra. 
Eso era lo que yo quería decir al comienzo, antes de que se concediera el uso de la palabra a quienes van a hablar a favor o en contra. 
Señor Presidente, llevo 13 años en esta Asamblea y es la primera vez que me encuentro ante una urgencia de este carácter. 
En el mes de abril se pidió el procedimiento de urgencia para el mes de junio, y ello sobre la reforma del sector del aceite de oliva que debe entrar en vigor el 1 de noviembre de 1998. 
Es decir, no hay, desde el punto de vista procedimental, nada que exija que tengamos que discutir estos días el tema de la reforma del sector del aceite de oliva con este carácter de urgencia. 
En segundo lugar, la reforma que se propone no es una simple adecuación de algunos problemas de detalle sino una profundísima reforma del sector del aceite de oliva. 
No se trata solamente de la cantidad máxima garantizada y su reparto entre países- sin duda, discutible -, sino que se introducen elementos de profundo calado que no han sido discutidos en este Parlamento. 
Por ejemplo, desaparece la intervención y es el primer sector de la PAC donde desaparece la intervención. 
Esto no pasa con los cereales, la leche o la carne, pero sí pasa en el caso del aceite de oliva. 
También desaparecen las ayudas al consumo, sin debate en este Parlamento. 
Va a desaparecer la prohibición de las mezclas en el aceite de oliva y también lamentamos la falta de regulación de las aceitunas de mesa. 
Por eso, nos parece que el asunto no puede pasar de forma rápida, sin discusión en comisión, sin un ponente, sin un dictamen. 
Yo creo que está en juego la dignidad de esta Asamblea, más allá de los problemas que pueda tener un determinado país con este sector. 
Está en juego una discusión seria y profunda de algo que debe afectar a la Agenda 2000 y que, en consecuencia, debe ser discutido plenamente en la Comisión de Agricultura. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Señor Presidente, hablo usando el dudoso privilegio de ser el decano de edad en la Comisión de Desarrollo y Cooperación porque el Sr. presidente de la comisión, el Sr. Rocard, y los Sres. vicepresidentes, por diversas razones, no pueden estar en este momento entre nosotros. 
Y lo hago para informarle de que la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha examinado esta solicitud de urgencia y ha acordado prácticamente por unanimidad, es decir, con la excepción sólo de un Grupo político, estar a favor de la urgencia. 
Por tanto, si la solicitud es aprobada, la Comisión de Desarrollo y Cooperación se reuniría esta tarde a las 17.30 horas para votar el informe del Sr. Liese, así como las enmiendas que se han propuesto al texto de la Comisión. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Señor Presidente, el hecho de que tengamos que discutir durante esta sesión de los precios agrícolas, y dado que siempre hemos reclamado precisamente que en esa discusión vaya incluido el margen de retirada obligatoria del barbecho, hace que solicitemos el acuerdo de aprobar la urgencia de este asunto. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Fijación de los precios de los productos agrícolas- OCM del tabaco crudo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0000/98, del Sr. des Places, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre las 18 propuestas de Reglamento del Consejo relativas a la fijación de los precios de los productos agrícolas y algunas medidas conexas 1998-1999-A4-0000/98, del Sr. Rosado Fernandes, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2075/92 por el que se establece la organización de mercados en el sector del tabaco crudo 
Señor Presidente, Señor Comisario, en primer lugar, quisiera dar las gracias a todos mis colegas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por sus propuestas e intervenciones en los diferentes intercambios de puntos de vista, así como por sus enmiendas. 
En gran medida, han estimulado mis posiciones y se lo agradezco enormemente. 
Con respecto al paquete de precios para la campaña 1998-1999, nadie se sorprenderá de la reconducción de los precios y compensaciones, la misma que, con algunas excepciones en los años anteriores, fue presentada por nuestro colega Sturdy, por no decir la misma desde 1993, desde la reforma de la política agrícola común. 
Más claro, una enorme estabilidad en la imaginación, señor Comisario. 
Pero esto se debe posiblemente a dos grandes plazos: la reforma de la política agrícola común con vistas a las negociaciones de la OMC en el 2003; la reforma de los fondos estructurales, prevista en 1999 en la Agenda 2000; la ampliación a una serie de países del este de Europa, prevista a partir del año 2000; la participación de los países en el euro, incluso la paridad del euro con respecto al ecu, lo que plantea además el problema de la toma en consideración del ecu verde; y, finalmente, la paridad euro/dólar, ya que debo recordar que los precios mundiales de las grandes producciones agrícolas se fijan en dólares, sobre la base del mercado a plazo de Chicago. 
A menos, claro está, señor Comisario, que desee usted poner en marcha con rapidez un mercado a plazo europeo de productos agrícolas, situado al lado del Banco Central Europeo, es decir, en Fráncfort. 
Todo ello, Señorías, ustedes lo saben, en un contexto presupuestario de rigor, fijado hasta el 2006, y sobre la base de recursos financieros de la Unión Europea que no sobrepasan nunca un techo del 1, 27 del PNB, por tanto de medios disponibles limitados para la política agrícola. 
Una palabra sobre el contexto presupuestario para 1999. 
Para ese año, se estima provisionalmente la línea directriz agrícola en 45, 2 millardos de ecus, lo que supone un incremento de alrededor de 1, 9 millardos de ecus, un 4, 5 % con respecto al de 1998. 
La autoridad presupuestaria ha adoptado, en los procedimientos de 1997 y 1998, el principio de control del gasto presupuestario, votando unos presupuestos significativamente inferiores a los anteproyectos de presupuesto redactados por sus servicios. 
Según la Comisión, siempre habrá tiempo para las restricciones presupuestarias en los Estados miembros en 1999, año de la introducción del euro. 
En este contexto presupuestario específico, la Comisión nos propone un «paquete de precios» que aumenta los gastos agrícolas en 9 millones de ecus, con cargo al presupuesto de 1998, y en 29 millones de ecus con cargo al presupuesto de 1999. 
Por otra parte, conviene señalar que esta reconducción en moneda corriente se traduce, en moneda constante, por una disminución de alrededor de un 2 % de los precios y de las compensaciones. 
Sobre este punto concreto, he presentado una serie de enmiendas que pretenden reactualizar los precios agrícolas y las ayudas compensatorias con el fin de corregir los efectos de la erosión monetaria. 
En el plano presupuestario he constatado, en la lectura de la nota relativa al sistema de alerta del 10 de junio de 1998, que la desviación entre la ejecución y el indicador de consumo de los créditos del FEOGA «Garantía» es de cerca de 1, 1 millardos de ecus. 
Esta disminución, debida a la erosión, se verá acompañada de otra reducción de los precios y de las compensaciones de alrededor de un 2 %, según las estimaciones, que tendrá como origen la desaparición del ecu verde en el momento de la puesta en práctica del euro. 
La Comisión de Agricultura ha adoptado unas enmiendas que yo había propuesto relativas a la aplicación de un coeficiente de ajuste destinado a preservar la equidad de los ingresos de los agricultores de todos los Estados miembros de la Unión Europea con el fin de paliar la posible desaparición del tipo verde el 1 de enero de 1999 para aquellos Estados miembros que participen en la moneda única. 
Sobre este punto, debo precisar que algunas aplicaciones muestran que una desviación de un 1 % entre el valor del ecu verde y el del euro representa 400 millones de ecus. 
La propuesta de la Comisión sobre el «paquete precios» comporta una serie de lagunas. 
En primer lugar, el porcentaje de barbecho. 
Esta mañana votamos el procedimiento de urgencia sobre la propuesta de la Comisión relativa al porcentaje de barbecho. 
Me alegro de que la Comisión haya respondido a nuestra solicitud de fijación de un porcentaje de barbecho a partir de finales de junio de 1998 de acuerdo con una enmienda adoptada en la Comisión de Agricultura. 
Esta propuesta, que consiste al mismo tiempo en aplicar el principio del barbecho extraordinario y en elevar el porcentaje de barbecho a un 10 % es totalmente inaceptable. 
En efecto, la Comisión no debería provocar que los agricultores soportaran los errores que ella misma ha cometido en la gestión de los mercados y que van a llevar a un crecimiento de un 20 a un 25 % de las existencias de enlace. 
Desde julio de 1997, la Comisión parece haber jugado demasiado con fuego en su gestión de las exportaciones de cereales: impuesto a la exportación de trigo cuando el precio europeo es inferior al precio de mercado mundial, cesión del mercado saudí de la cebada a los competidores, política de espera prolongada al inicio de la campaña, todo esto desemboca hoy en amenazas de incremento excesivo de las reservas europeas. 
Si no se recuperase el retraso actual de los compromisos a la exportación, 4, 5 millones de toneladas menos que en 1997 en la misma época- 8 toneladas menos que el ritmo normal -, la Unión Europea podría encontrarse, a 30 de junio de 1998, con unos 30 millones de toneladas de cereales, contra 28 millones el 30 de junio de 1997. 
Y, sin embargo, señor Comisario, los volúmenes exportados son inferiores a 25 millones de toneladas, cuando el techo OMC permitía exportar 30, más el saldo de los años precedentes. 
Por otra parte, los productores no comprenderían que se pretendiera imponerles más superficies de barbecho cuando, además, se les propone que acepten el año próximo nuevas bajadas de precios para poder vender y producir más. 
Debo recordar que el porcentaje de barbecho influye tanto en el presupuesto como en la renta de los agricultores. 
Y, en ese contexto, debo felicitarme de que podamos adoptar, en el transcurso de la sesión plenaria, el «paquete de precios» y el porcentaje de barbecho. 
Diré ahora unas palabras sobre la viticultura. 
A diferencia de otras grandes producciones agrícolas, la organización común de mercados del vino no se ha reformado desde hace quince años. 
La reforma está en curso y se nos presentará ya esta semana. 
En cualquier caso, no será aplicable a la campaña 1998/1999. 
En sus propuestas del «paquete precios» , la Comisión prevé crear un nuevo contingente de arranque definitivo de viñas y olvida crear un contingente de plantaciones nuevas. 
Ahora bien, esta medida de plantaciones nuevas permite a las regiones vitícolas más dinámicas adaptar la oferta a la demanda y mejorar la calidad del encepamiento. 
Por tanto, he propuesto una serie de enmiendas sobre este punto, que por cierto han sido adoptadas en la Comisión de Agricultura. 
Volviendo al cáñamo, en enero de 1997, durante la reunión del Consejo, la Comisión se comprometió a proponer un fortalecimiento de la contractualización en el sector del cáñamo. 
En junio de 1997, el Consejo solicitó a la Comisión que estudiase la posibilidad de fijar contratos obligatorios entre los productores y los transformadores del cáñamo. 
En lugar de presentarnos esta contractualización, la Comisión se conforma con bajar los precios un 25 %, para disuadir a los productores de cáñamo, habiendo pasado las superficies de cáñamo de 10.000 hectáreas aproximadamente en 1996 a 40.000 aproximadamente en 1998. 
Debo recordar que el cáñamo es una producción agrícola que ha necesitado de unas inversiones específicas, tanto en el ámbito de los agricultores como en el ámbito de los transformadores; que la fibra producida por el cáñamo se utiliza en el sector industrial, principalmente en el aislamiento, y que se trata por tanto de un producto agrícola con destino no alimentario. 
Con respecto a la carne de vacuno, las principales propuestas de la Comisión son las siguientes: reconducción de la reducción de los techos nacionales de primas para los bovinos machos en el plano comunitario... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, voy a hablar sobre un asunto candente: » humo» lo llaman los griegos. 
Tabaco lo llamamos nosotros. 
Es un asunto candente porque ha provocado reacciones apasionadas, porque ha provocado reacciones casi irracionales. 
Por un lado, un falso racionalismo dirigido al gasto que cuesta y, por otro, una expresión de piedad en relación con el mal que causa. 
Motivos de salud y motivos presupuestarios han convertido ese asunto en un cóctel de pasiones que la Comisión de Agricultura ha intentado modular manteniendo una actitud en la que piensa más en la gente dedicada a ese cultivo. 
Es evidente que todos estamos interesados, todos lo que tenemos hijos, en que la juventud no fume. 
Todos estamos interesados en que la juventud no beba, pero hay que producir vino... 
Todos estamos interesados en que la juventud no coma demasiada grasa, no coma demasiado azúcar, porque todo eso puede tener reflejos negativos en nuestra salud, pero hay productores de cerdos y de azúcar... 
Todos estamos de acuerdo en cuanto a ese aspecto. 
Por lo que se refiere al dinero gastado, a los fondos invertidos en el cultivo del tabaco, sabemos que están vinculadas con ese sector casi 600.000 personas, sin contar los minoristas, y, naturalmente, vemos que la Comisión de Presupuestos ha adoptado una posición que podríamos llamar, jocosamente, » papista» , al lanzar un anatema contra el dinero gastado para ese cultivo. 
Ahora bien, sé que esa misma comisión votó en contra de la adquisición de scanners que podrían controlar en los camiones y los contenedores los productos tabáquicos comerciados fraudulentamente en todo el territorio europeo. 
Y, por las informaciones que me llegan, no me cabe la menor duda de que, si se pusieran en práctica esas medidas presupuestarias y de control presupuestario, el dinero que se recuperaría del fraude y de la delincuencia organizada sobrepasaría con mucho, desde luego, el que se gasta en el mantenimiento de los productores del tabaco. 
Por otro lado, está la Comisión de Medio Ambiente. 
Ésta está en su derecho de adoptar la posición que considere oportuna en lo relativo a esos cultivos y otros. 
Ahora bien, considero que muchas veces se excede en sus funciones, en la medida en que procura emitir «diktats» sobre la reforma de la agricultura que se debe hacer, sobre los fondos que se deben gastar, sobre el comportamiento de las personas. 
La verdad es- quisiera decirlo sin ofender a nadie- que al principio de la revolución iraní- y basta leer un artículo publicado hace tiempo en The Economist: » Los ayatolás» -una de las primeras medidas adoptadas fue la prohibición de fumar en todo el Irán. 
Ahora bien, no tengo que hacer reflexiones sobre las opciones de cada cual, soy un defensor de la responsabilidad del individuo y de la capacidad que tiene para seguir opciones, siempre que no incomode y no sea una carga para la sociedad. 
Considero que todos nosotros tenemos la opción de obrar bien o la de obrar mal. 
Y yo no puedo evitar que mi prójimo obre mal. 
En el informe que he hecho, he intentado evitar- y proponer que se evitase- que la Comisión interviniera comprando definitivamente cuotas. 
He intentado sostener que ese cultivo que cuesta entre mil y dos mil horas por hectárea y, por tanto, es de los menos remunerados de Europa, debía tener continuidad en las montañas de Grecia o en las zonas mediterráneas. 
He intentado también sostener que se debía dar acceso a los jóvenes agricultores y que la modulación no debía castigar demasiado con el pretexto de la calidad para los agricultores. 
Ésos son los aspectos que he defendido y con esto término, señor Presidente, para no sobrecargar esta intervención. 
Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que constituye un honor y un privilegio para mí, en nombre de la Presidencia y del Consejo de Agricultura, al que represento aquí hoy, tener la oportunidad de dirigirme a todas Sus Señorías en el Parlamento. 
Hace un poco más de un año, un nuevo gobierno laborista en Gran Bretaña se lanzó a un cambio radical en las relaciones entre el Reino Unido y el Parlamento Europeo y, de hecho, también otras instituciones de la Unión Europea. 
Estábamos decididos a trabajar constructiva y cooperativamente con nuestros socios europeos y con el Parlamento Europeo y así lo hemos hecho. 
Refiriéndome a mi propia contribución a ese cambio, he de decir que ésta es mi cuarta comparecencia ante el Parlamento como Presidente del Consejo de Agricultura y mi sexta visita en 12 meses en mi calidad de Ministro de Agricultura del Reino Unido. 
La Presidencia del Reino Unido ha sido activa y, en cuanto a la breve parte que falta, el mes de junio parece también muy ocupado. 
Aparte de los asuntos que debemos abordar aquí hoy, en el Consejo de junio nos proponemos llegar a conclusiones sobre otros asuntos, por ejemplo, sobre las cuotas para la producción de almidón de la patata, actualizar las normas sobre la lucha contra la tuberculosis, la brucelosis y la leucosis enzoótica bovina en el ganado y determinar la tasa de retirada de tierras de la producción correspondiente a los cultivos herbáceos. 
Esperamos también que sea posible en el Consejo de junio acordar una medida que establezca de hecho normas generales sobre el bienestar animal en toda la Unión. 
Además, agradecimos el rápido examen que hizo el Parlamento del expediente relativo a las plantas ornamentales. 
Ahora hay acuerdo en gran medida en el Consejo y esperamos que en breve se apruebe. 
Permítaseme abordar primero la cuestión de la fijación de precios. 
En vista de las propuestas de reforma de la PAC y muchos de los regímenes importantes de organizaciones comunes de mercados- a los que más adelante volveré a referirme -, las propuestas de la Comisión para la ronda de fijación de precios para 1998 se centran en las decisiones sobre precios necesarias por razones jurídicas y técnicas. 
En la mayoría de los casos la Comisión ha recomendado simplemente una renovación de la cantidad vigente. 
Existe amplio acuerdo en el Consejo en apoyo de esa actitud. 
Sin embargo, los Estados miembros, durante el debate en el Consejo sobre este expediente, han propuesto, como, por lo demás, se esperaba, diversos elementos suplementarios al conjunto de precios para 1998. 
La Presidencia y la Comisión están cooperando estrechamente para dar cabida a la mayoría de ellos que se puedan aceptar de forma realista. 
Me propongo negociar una transacción sobre ese conjunto de precios en el Consejo de Agricultura de la próxima semana, tras haber tomado buena nota de las opiniones del Parlamento. 
El del tabaco es un ejemplo de un sector en el que la agricultura de la Unión necesita ser más competitiva y estar más abierta al mercado, cuando nos preparamos para la ampliación y las próximas negociaciones de la OMC. 
Teniendo eso presente, la Comisión ha presentado algunas ideas constructivas y viables que constituirán- espero- una base sólida para un régimen muy mejorado. 
Todos los Estados miembros aceptan la necesidad de reforma y el objetivo de mejorar la calidad del tabaco, pero existe divergencia de opiniones entre los estados productores y los no productores sobre los medios para llevarla a cabo. 
La mayoría de los Estados productores aceptan la necesidad de modulación de las primas como instrumento importante para mejorar la calidad y ayudar a sus cultivadores a aproximarse más al mercado. 
Sin embargo, son partidarios de una menor modulación y escalonada a lo largo de un período mayor. 
Los principales Estados productores se oponen también a la recompra de cuotas, pues con el tiempo daría como consecuencia una reducción progresiva de la cantidad de producción subvencionada. 
Sostienen que causaría despoblación rural y desempleo, a no ser que las cuotas cedidas fueran redistribuidas entre los productores existentes o los nuevos participantes en el mercado. 
La Comisión es partidaria de que se retiren permanentemente las cuotas a las que se renuncie. 
Los Estados miembros no productores siguen señalando el elevado costo del régimen y la disparidad entre el presupuesto para el programa contra el tabaco de la Comisión y el gasto anual en subvenciones para los productores de tabaco. 
De hecho, algunos son partidarios de una retirada gradual y total del apoyo a ese sector. 
En los debates celebrados hasta ahora, se ha logrado un acuerdo general sobre muchas cuestiones, pero persisten ciertas diferencias por resolver. 
La Presidencia ha estado intentando lograr avances sobre este expediente, como sobre todos los que hemos abordado durante nuestra Presidencia, de forma equitativa, abierta, constructiva e imparcial. 
Estamos haciendo toda clase de gestiones para lograr un acuerdo general este mes y, para ello, atribuiremos particular valor al dictamen que emita el Parlamento. 
Deseo rendir un cálido tributo personal al Comisario Franz Fischler, en nombre de la Presidencia del Reino Unido, por su excelente ayuda y cooperación y labor constructiva con nosotros durante todos los meses de la Presidencia y una vez más gracias, señor Presidente, por haberme invitado a iniciar el primer debate en este Parlamento. 
Ahora espero con interés escuchar las opiniones de Sus Señorías sobre estas importantes cuestiones. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, señoras y señores, en primer lugar me voy a referir a las propuestas de precios para el ejercicio económico 1998/99. 
Dichas propuestas prosiguen la política de estabilidad perseguida en el marco de los paquetes de precios anteriores. En casi todos los sectores prevén el mantenimiento del nivel institucional de precios existente. 
Pero de ello no se puede en absoluto deducir que sea necesaria una revisión a fondo de la Política Agrícola Común. 
Por el contrario. 
Con la Agenda 2000, la Comisión quiere iniciar una reforma que va mucho más allá de las adaptaciones anuales parciales que se realizan en el marco del paquete de precios, para lograr que la agricultura europea esté bien preparada para el futuro y asegurar el modelo agrícola europeo. 
Por ello, en los precios para 1998/99 debemos limitarnos a las medidas absolutamente necesarias y no adelantarnos a las reformas de fondo que se van a realizar. 
Quiero felicitar al ponente y a los miembros de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural por el excelente trabajo realizado en el examen de las propuestas y la formulación de las enmiendas. 
Mis felicitaciones también a los miembros de las demás comisiones que han participado activamente en los trabajos: la Comisión de Presupuestos, la de Relaciones Económicas Exteriores, la de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
A la hora de tratar las enmiendas, quiero comenzar con las que se refieren a la introducción del euro. Allí se propone un coeficiente de ajuste de los precios y las ayudas para compensar la desaparición de los tipos de cambio agrícolas el 1 de enero de 1999 en los Estados miembros que participan en la moneda única. 
La semana pasada, la Comisión aprobó una enmienda que trataba precisamente sobre estas repercusiones de la introducción del euro sobre la Política Agrícola Común. 
La Comisión es de la opinión de que la mejor manera de compensar las eventuales pérdidas de ingresos derivadas de la introducción del euro es mediante el pago de ayudas compensatorias. 
Con un sistema de coeficientes de ajuste solamente se introduciría una nueva clase de tipos de cambio agrícolas. 
Por ello, no podemos aceptar las enmiendas al respecto pero la Comisión ve al igual que el Parlamento el problema económico de fondo. 
Toda una serie de enmiendas pretende elevar todos los precios y pagos directos en un 1, 7 %. 
Fundamentalmente, no puedo aceptarlas por tres motivos: primero: se oponen diametralmente a la necesidad de mejorar la competitividad de la producción comunitaria tanto en el mercado interior como en el mundial. 
Segundo: van unidas a unos considerables gastos presupuestarios- unos 260 millones de ecus -, lo que es inaceptable en tiempos de una estricta disciplina presupuestaria. 
Tercero: ponen en peligro los compromisos internacionales de la Unión, en especial los referentes a las percepciones del nivel de ayudas interno. 
Quiero indicar además que gracias al progreso técnico y a la mejora de las estructuras agrarias se compensan de sobra las pequeñas repercusiones inflacionistas. 
Con la enmienda nº 11 se exige a la Comisión que presente lo antes posible una propuesta sobre el tipo de retirada de tierras de la producción en el ejercicio económico 1999/2000. 
Como saben, ya se ha presentado esta propuesta y se ha reconocido la urgencia. 
En dos sectores, el del cáñamo y el de la carne de vacuno, la mayoría de las enmiendas apunta a una modificación de fondo de la propuesta de la Comisión. 
En primer lugar, al sector del cáñamo se refieren las enmiendas nº 18 hasta 22 que pretenden suprimir en especial la propuesta para reducir las ayudas. 
La Comisión está realmente preocupada por el fuerte y permanente aumento de las superficies de cultivo y por el problema del control en este sector. 
El 6 de mayo, la Comisión propuso un claro endurecimiento de los controles, que debe ir unido a la introducción de contratos obligatorios entre los productores y las industrias transformadoras. 
Por lo demás, este punto se contempla en la enmienda nº 77, cuyo contenido comparto. 
En el sector de la carne de vacuno, las enmiendas nº 48 a 53 pretenden una inversión de la propuesta de la Comisión. 
En lo tocante a los importes máximos de primas por terneros, prevén un retorno al elevado nivel de 1996, es decir, un 20 % más que en los dos últimos años. 
Ante la aún difícil situación del mercado y para no adelantarnos a la OCM en el marco de la Agenda 2000, la Comisión cree que se debe mantener el status quo. 
No obstante, en el caso de España y Portugal, la elevación de los importes máximos se debe directamente a un compromiso del Consejo contraído en noviembre de 1996, por lo que hemos realizado la correspondiente propuesta. 
Varias enmiendas prevén asimismo considerables modificaciones de las organizaciones de mercado. Pero la Comisión no puede aceptarlas en el marco de estas propuestas de precios que deben ser lo más sencillas posibles. 
Por ejemplo, la enmienda nº 7 prevé que se realice un pago compensatorio superior para tierras retiradas de la producción que se dediquen a otras finalidades que la producción de alimentos. 
A este respecto, quiero decir que todos queremos fomentar con los diversos instrumentos disponibles el cultivo de materias primas regenerables, pero una nueva ayuda específica me parece todo lo contraria que deseable. 
Una tasa de retirada de tierras de la producción del 10 % es considerada positivamente para este asunto. 
Respecto a la enmienda nº 25, los explotadores de gusanos de seda se han beneficiado hace poco de las devaluaciones monetarias en los correspondientes países miembros. 
Considero por ello inadecuado un aumento de las ayudas. 
Respecto al vino, la autorización de nuevas plantaciones, la replantación adelantada, el período de aplicación de los derechos de plantación así como una ayuda para el mosto de uva, tal como se dice en las enmiendas nº 29 hasta 35 así como en la nº 37, no se pueden tratar en el marco de este paquete de precios. 
La Comisión reconoce que se trata de cuestiones importantes; por ello, en su propuesta relativa a la reforma se ocupará del tema. 
Esta propuesta se presentará mañana a la Comisión para adoptar una resolución. 
Las enmiendas nº 41, 85 y 87 persiguen la elevación de las primas para determinadas clases de tabaco de mejor calidad. 
No existe ninguna razón económica para favorecer esta o aquella clase de tabaco. 
Por contra, uno de los objetivos principales de la reforma del tabaco sobre la que se debate también ahora, consiste en mejorar la calidad del tabaco en general. 
Las enmiendas nº 55 y 94 pretenden neutralizar el efecto de los estabilizadores en la carne de ovino mediante un aumento de la prima básica en un 7 %. 
Esto haría necesario renunciar a la prima para las regiones rurales y reabriría el debate sobre el presupuesto puesto a disposición para este sector. 
Los costes adicionales potenciales ascenderían a 85 millones de ecus. 
Permítanme que me refiera ahora a las enmiendas que pretenden prorrogar o introducir regulaciones de excepción. 
No se pueden aprobar en la forma actual. 
Pero algunas de ellas merecen un examen detallado. 
Son las enmiendas nº 2 y 3. Se refieren a la humedad de los cereales. 
Esta decisión cae en el ámbito de competencias de la Comisión. 
Tradicionalmente se ha concedido la excepción, pero este año se deben tener asimismo en cuenta los superiores stocks de intervención con una perspectiva global. 
Las enmiendas nº 5 y 9 se refieren a la suspensión de la retirada especial de tierras de la producción. 
Deben enjuiciarse ante el trasfondo de la propuesta sobre la tasa de retiradas de tierras. 
Las enmiendas nº 6, 10, 49 y 54 se refieren a los nuevos Estados federados alemanes. 
Las excepciones aquí contempladas se han concedido por un tiempo determinado a causa de los especiales problemas estructurales en estos nuevos Estados Federados. 
En lo que se refiere a la superficie básica para los cultivos herbáceos, debo indicar que las propuestas del presente paquete de precios muestran una cierta flexibilidad ya que la fecha para la elección de la regulación parcial de superficies básicas se aplaza al 15 de septiembre. 
Según la enmienda nº 8 se quiere seguir permitiendo en determinados casos que las superficies retiradas de la producción sean mayores que las superficies de cultivo. 
La Comisión es consciente de este problema y va a enfrentarse al mismo en el marco de la Agenda 2000. 
La enmienda nº 36 prevé una prolongación de la regulación de excepción para el contenido mínimo de ácidos en el vino. 
Independientemente de la solución que se elija, no debe adelantarse en ningún caso a la próxima reforma. 
Con las enmiendas nº 38 a 40 se posibilita el abandono de la viticultura en parcelas pequeñas. 
Se podría considerar este problema. 
En cualquier caso, me alegra poder constatar que las propuestas de la Comisión cumplen en gran medida sus sugerencias, pues respecto a muchas enmiendas se han presentado ya propuestas adecuadas, por ejemplo cuando pienso en la introducción del euro, en la tasa de retirada de tierras de la producción, en la reforma del tabaco, en los contratos sobre el cáñamo y en otras cosas. 
Muchas de ellas se contemplan en la Agenda 2000 y también estamos de acuerdo en que algunas de estas enmiendas tienen que ser examinadas urgentemente. 
Les ruego comprensión porque hoy tenga que hablar durante más tiempo pues debo tratar aún un tema importante, a saber, la reforma de la OCM del tabaco. 
Voy a exponer mis consideraciones al respecto. 
En primer lugar, quiero expresar mis felicitaciones a la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural así como al ponente por haber tratado con tanta rapidez la propuesta para la reforma de la OCM del tabaco crudo, de modo que hoy podemos debatir al respecto. 
Tras la votación sobre el informe que la Comisión ha presentado al Parlamento el último año, la Comisión y el Consejo llegaron al acuerdo de mantener las ayudas a los cultivadores de tabaco. 
Como ustedes saben, la Comisión propone establecer unos estímulos eficaces para la mejora de la calidad del producto y al mismo tiempo apoyar a aquellos que quieren dejar de producir tabaco. 
Al trasladar el centro de gravedad de la cantidad a la calidad, la reforma tiene en cuenta los deseos de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor así como la de Presupuestos, sin que se quite a los agricultores especialmente en las regiones menos favorecidas la posibilidad de otras fuentes de ingresos. 
Por este motivo, la Comisión rechaza las enmiendas nº 29, 30, 33, 37, 42, 53 junto con la nº 59, 66, 67 y 76, que pretenden que la Comunidad se comprometa a retirarse de la producción de tabaco. 
La producción de la Comunidad representa solamente una tercera parte del consumo comunitario y se podría sustituir fácilmente mediante importaciones. 
Sin embargo, estoy muy a favor de alentar un abandono voluntario de la producción. 
Saludo la definición de los criterios de calidad en la comercialización del tabaco, tal como se dice en las enmiendas 4, 7, 15 y 16. 
No obstante, estos criterios deben reflejarse en los contratos de cultivo y las disposiciones individuales al respecto en el reglamento ejecutivo de la Comisión. 
Estén seguros de que la Comisión tendrá en cuenta en este procedimiento las enmiendas del Parlamento Europeo. 
La Comisión quiere ofrecer a los agricultores unos estímulos lo más eficaces posibles para mejorar la calidad. 
En consecuencia, en lo que se refiere al importe parcial variable de la prima según las enmiendas nº 14, 17, 18, 39, 69, 75 y 77, la Comisión es de la opinión de que al menos el 35 % de la prima debe estar escalonada para poder hacer justicia del modo adecuado a los objetivos de la diferenciación de calidad y de la evitación de problemas sociales. 
Con la posibilidad de la compra de cuotas, a lo que se refieren las enmiendas nº 8, 9, 27 y 28, la Comisión desea crear una red de seguridad para los productores económicamente débiles que no se ven en situación de participar en la campaña para la mejora de la calidad. 
Estoy dispuesto a examinar medidas de garantía adicionales dirigidas a impedir que este sistema conduzca a una paralización total de la producción. 
Pero no puedo aceptar enmiendas que anulen la eficacia de este sistema. 
También quiero indicar que los Estados miembros tienen la posibilidad, en el marco de los Fondos estructurales, de presentar programas que faciliten a los cultivadores de tabaco cambiar a otras actividades económicas. 
Por este motivo, no puedo aprobar las enmiendas nº 6, 26, 58 y 63. 
En lo tocante a la enmienda nº 44, comparto sus objetivos pero no es necesario ni está claro que las cuotas compradas deban deducirse de los Fondos de garantía. 
En lo tocante a la enmienda nº 51 quiero recordarles que las compras deben realizarse sobre una base de libertad, de modo que no se pueden aceptar objetivos mínimos. 
La Comisión saluda las enmiendas nº 24 y 81 así como la parte de la nº 36 relativa a la ampliación del ámbito de aplicación del Fondo de investigación e información sobre el tabaco. 
En mi opinión se deberían financiar también con este fondo las medidas de reconversión y la investigación de nuevas posibilidades de empleo para el tabaco. 
Por ello, soy de la opinión de que hay que perseverar en la propuesta de aumentar la dotación de créditos de este fondo para poder financiar también suficientemente estas nuevas tareas. 
Por este motivo no puedo aceptar las enmiendas nº 11, 23, 25, 48, 49 y 50 así como la parte correspondiente de la nº 36. 
Comparto las objeciones que se reflejan en la enmienda nº 10, pero la Comisión no puede permitir que la financiación de las medidas de investigación y de aclaración tengan preferencia frente a las medidas con las que se quiere mejorar la calidad. 
En lo tocante a las enmiendas nº 52 y 86 puedo aceptar gustosamente poner a disposición del Parlamento Europeo el informe. 
No obstante, no puedo aceptar las enmiendas nº 13, 34 y 38, ya que el importe adicional ofrecido a los Estados productores del Norte corresponde a la situación de sus productores, por lo que debe mantenerse. 
La enmienda nº 20 propone una compensación nacional de cuotas. 
Pero las cuotas pertenecen a productores individuales, por lo que la respuesta correcta al problema son las posibilidades de transferencia existentes. 
Por ello, no puedo aceptar esta enmienda como tampoco la nº 22, ya que tenemos que respetar la estabilidad de los gastos anuales. 
Las enmiendas nº 41, 45, 47, 51, 78, 79, 82 en relación con la 85 pretenden una modificación del procedimiento de comitología. 
Por el contrario, opino que la organización común de mercado del tabaco debe estar sometida a las mismas reglas que todas las demás organizaciones comunes de mercado. 
No puedo aceptar las enmiendas nº 35, 60, 61 y 68 ya que es importante mantener las mejoras estructurales y la libertad de la transferencia de cuotas. 
La evaluación propuesta en las enmiendas 52 y 65 del nuevo reglamento en los años 2000 ó 2001 me parece que es algo prematura pero, por supuesto, es necesario hacer una evaluación. 
En lo tocante a las enmiendas nº 70, 73 y 74, creo que los contratos de licitación ofrecerían a los productores mejores oportunidades en lo tocante a los precios de mercado. 
Quiero, por ello, mantener abierta esta opción. 
Las enmiendas nº 1 con la 5, 12, 19, 32, 40, 43, 46, 62 y 64, modificarían enormemente el equilibrio en que se basa nuestra propuesta en los diversos sectores, por lo que no puedo aceptarlas. 
Sin embargo, puedo aceptar las enmiendas nº 71 y 72 que conceden a los Estados miembros un plazo de transición para realizar los pagos directos de primas a los productores. 
En lo tocante a las enmiendas nº 31 y 86, su aceptación supondría que no elevaríamos la calidad del tabaco sino que la reduciríamos. 
Pero la Comisión está dispuesta a emplear la reserva nacional de cuotas para su distribución a los jóvenes agricultores tal como prevé la enmienda nº 21. Sin embargo, esto debería realizarse en el marco de las potestades administrativas normales. 
Quiero expresarles de nuevo mi agradecimiento por haber tratado la reforma de este sector con tanta rapidez y espero que con las futuras propuestas sobre la Agenda 2000 ocurra exactamente igual. 
Señor Presidente, me sorprende ver que el Comisario no ha esperado a disponer de la opinión de las comisiones a las que se les ha solicitado, pero a pesar de todo, transmitiré el mensaje de la Comisión de Presupuestos. 
La particularidad de la campaña agrícola 1998-1999 es la de ser la última que depende de la política agrícola actual, y me gustaría poder decir: saluden estas propuestas, señores, que son las últimas. 
De hecho, el verdadero debate sobre la nueva reforma de la PAC tiene su razón de ser en la Agenda 2000. 
Ello explica que la Comisión de Presupuestos, al adoptar la opinión que yo he propuesto, ha señalado los límites que plantean las consecuencias presupuestarias de los precios agrícolas para la campaña que viene. 
La Comisión de Agricultura ha dedicado una atención especial, con toda justicia, al paso al euro, tal como había solicitado la Comisión de Presupuestos. 
Es importante evaluar con la mayor precisión posible las consecuencias presupuestarias del paso al euro para el sector agrícola y proponer medidas adecuadas en el plazo más breve posible. 
A partir del 1 de enero de 1999, el euro sustituirá al ecu, y por tanto al ecu verde, cuyo valor es hasta un 1, 5 % más elevado que el del ecu financiero normal. 
La Comisión aún no ha hecho propuestas para el paso del actual sistema agromonetario al euro, pero cuenta con remitir propuestas al Consejo y al Parlamento de aquí a septiembre, ya que no podía hacerlo hasta el momento porque era preciso saber con certeza qué países participarían definitivamente en la Unión Monetaria europea. 
Las incidencias financieras de estas propuestas serán objeto naturalmente de una nueva opinión de la Comisión de Presupuestos. 
Con respecto a las modificaciones sectoriales, me felicito por haber sido secundado por la Comisión de Agricultura para la propuesta de autorización «nuevas plantaciones» por lo que respecta a los vinos de calidad producidos en determinadas regiones. 
La Comisión de Presupuestos había protestado también contra el planteamiento propuesto por la Comisión sobre la cuestión de las ayudas a la producción de cáñamo. 
La Comisión desea desincentivar la producción de cáñamo, ya que considera que las razones que la justifican son ilegales en ocasiones, pero el cáñamo no siempre es indio, y éste no se fuma. 
La Comisión ha preferido la solución más sencilla: reducir la prima para desincentivar un nuevo aumento de la producción. 
Ahora bien, el sector agrícola, que ha invertido mucho en este campo, se ve injustamente penalizado por una reducción muy fuerte del 25 % del nivel de las ayudas. 
Resulta muy estimulante observar que la Comisión de Agricultura ha sido enormemente sensible a este problema proponiendo incluso un incremento de la ayuda por hectárea. 
Quisiera añadir una última observación relativa al aceite de oliva y llamar la atención de la Comisión sobre las tensiones y distorsiones que resultan de las cantidades de aceite de oliva producidas, del importe de la ayuda financiera concedida y de la precariedad de los métodos actuales de control. 
Señor Presidente, voy a referirme tan sólo al informe sobre el tabaco. 
En primer lugar, voy a pasar por alto las observaciones del Sr. Rosado Fernandes sobre la Comisión de Presupuestos. 
Son erróneas, como su informe. 
Soy realista al respecto y puedo hacerme cargo de que las enmiendas Wynn, las enmiendas Hardstaff y las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente no serán aprobadas hoy, por lo que me imagino que se aprobará el informe. 
Como se pueden imaginar Sus Señorías, no voy a votar a favor, con la probable excepción de la primera enmienda del Sr. Rosado Fernandes, que dice lo siguiente: » mientras que la Comisión no ha tenido en cuenta en modo alguno el dictamen del Parlamento Europeo del 17 de julio de 1997». 
Yo lo cambiaría por lo siguiente: » acoge con beneplácito que la Comisión no haya tenido en cuenta su dictamen del año pasado, porque una vez más era un dictamen erróneo». 
Se trata de una actitud de avestruz, con la cabeza metida en la arena: fíjense Sus Señorías en la segunda enmienda de la comisión, según la cual el mercado del tabaco crudo es muy competitivo. 
¿De dónde sacan esa invención? 
Resulta incomprensible. 
La verdad es que sin las subvenciones de la Unión Europea no habría industria del tabaco en Europa. 
Ni un gramo se puede vender en un mercado competitivo sin subvenciones de la UE. 
No hay razón para entregar dinero a agricultores de Francia, Bélgica, Alemania y Austria. 
Es un agujero negro en el que derramamos el dinero. 
Ahora bien, la Comisión ha presentado un informe que es mucho mejor que el sistema que tenemos ahora. 
Sin embargo, según la Comisión de Presupuestos, es inadecuado. 
¿Por qué no volver atrás, Comisario, y empezar de nuevo? 
Las consecuencias distan de ser perfectas. 
Como ha dicho usted mismo, ni siquiera ahorramos dinero. 
En realidad, va a costar más que el sistema actual, si tenemos en cuenta el dinero procedente de los Fondos estructurales. 
Es una situación que en la Comisión de Presupuestos no deseamos que continúe y, con toda franqueza, el mejor resultado para todo el mundo sería devolver el informe y presentar algo mucho más audaz y espectacular. 
Señor Presidente, este año las propuestas para la agricultura no son muy drásticas. 
En realidad se da continuidad a la mayoría de los precios. 
En estas propuestas falta justamente el elemento que sí tendría mucho significado, es decir, el porcentaje obligatorio de retirada de tierras para cereales. 
Las propuestas de la Comisión al respecto no estaban terminadas cuando se realizaban las propuestas de precios. 
Los cultivadores de cereales llevaban ya años acostumbrados a que el precio del mercado estuviera por encima del precio de intervención de la UE. 
La situación dentro de la UE y del mercado mundial dio lugar a eso. 
Pero este año la intervención en el mercado interior de la UE está de nuevo plenamente en el punto de mira. 
Para la evolución de precios en la UE es ahora importante que la UE pueda frenar el almacenamiento y la sobreproducción. 
Afortunadamente, el instrumento de la retirada de tierras sigue todavía intacto. 
Un nuevo porcentaje de retirada de tierras del 10 % puede significar el tan necesitado apoyo para el nivel de precios interior, pero también puede evitar que la UE llegue a los máximos de las cantidades que se permiten en el marco de la OMC de exportación de cereales con restituciones a la exportación. 
Es útil que estos mecanismos también se pongan en marcha en otros sectores. 
Esto vale sobre todo para el sector de la carne de vacuno, donde las existencias de la UE son motivo de preocupación aún en mayor medida. 
Hasta ahora las cantidades que eran necesarias para las restituciones de la exportación han resultado ser menores de lo que se había previsto en el presupuesto de 1998, pero esto podría ser bien distinto en 1999. 
Es bueno que mantengamos en el sistema agrícola de la UE suficiente flexibilidad para poder continuar nuestras relaciones comerciales. 
Debemos estar alerta a lo que hagan otros si la situación del mercado mundial empeora. 
En todo caso, las propuestas de los precios agrícolas de la Comisión no pueden ser consideradas como una provocación a nuestros socios de la OMC. 
La UE se comporta también en este aspecto muy disciplinadamente. 
La auténtica discusión sobre el funcionamiento de la futura política del mercado y de los precios agrícolas tiene lugar con motivo de la Agenda 2000. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores analizará en esa ocasión con mucho gusto el aspecto del comercio exterior con más detalle. 
Señor Presidente, señor Comisario, ¿cabe decir algo más acerca del paquete de precios? 
Que quizás sería más razonable dejar de presentarlo en estos términos y adoptar otro procedimiento que implique a nuestra Asamblea en los planteamientos substanciales, a fin de ofrecer unas orientaciones plurianuales con vistas a las opciones productivas de nuestros agricultores. 
Nuestro Grupo considera que ha llegado el momento de hacerlo, ya que este procedimiento, que tiempo atrás comportaba un largo maratón, ahora falla más abiertamente a raíz de las reformas de la Agenda 2000 que son el verdadero paquete de precios agrícolas que está sobre la mesa. 
Lo único que cabe decir es que coincidimos con el ponente Sr. des Places en que urge asegurar un mínimo de dinamismo al sector vitivinícola. 
No podemos estar mano sobre mano ante la política de las nuevas y masivas plantaciones de viñedos en los países competidores de la Unión Europea, sobre todo porque ya no hay excedentes. El mercado de los vinos de calidad conoce un renovado vigor y el dinero asignado a este sector en el presupuesto comunitario se está reduciendo a la nada. 
Hay que evitar la paralización progresiva de un sector que puede continuar siendo un motivo de orgullo para los europeos anticipando con el paquete de precios algunos elementos de la reforma de la OCM que la Comisión debería aprobar mañana. 
En lo que se refiere al tabaco, me siento obligado a hacer un llamamiento a sus Señorías: tratemos de tener una visión evolutiva del sector, evitemos quedar encallados en un debate maniqueo e ideológico- tabaco sí, tabaco no- y dejemos de culpabilizar un sector productivo que puede seguir desempeñando una función económica, social y laboral, digna de la máxima importancia. 
Si fuera verdad que recortando en seco las ayudas no habrían más muertes causadas por el tabaco, yo sería el primero en no obviar este imperativo moral. 
Pero sabemos que no es así, que es una ilusión: nos limitaríamos a importar más productos extracomunitarios, pues, como ha recordado el Comisario Sr. Fischler, somos muy deficitarios. 
Por otra parte, ya tuvimos ocasión de debatir muy a fondo esta cuestión hace algunos meses. 
Sabemos asimismo que con el millardo de ecus de la OCM es muy difícil garantizar a través de otras vías una salida para el empleo igual a la que ofrece la producción de tabaco que es el producto agrícola más intensivo en lo que a mano de obra se refiere, sobre todo en las regiones desfavorecidas. 
Compartimos, por lo tanto, la estrategia propuesta por la Comisión- innovaciones significativas como la de la calidad- para orientar cada vez más el sector de cara al mercado, así como facilitar ayuda a quien desee abandonar voluntariamente el sector porque ya no le encuentra futuro. 
Consideramos que el planteamiento del señor ponente, pese a estar animado por la buena intención de defender a los productores, opone demasiadas resistencias a estas innovaciones en algunos puntos. 
Por el contrario, es justo que también los productores de tabaco empiecen a ver perfectamente cuál será el futuro del resto de toda la política agrícola común: menos rentas de situación, ayudas más específicas, políticas de calidad y mayor competitividad internacional; por otro lado, nuevos progresos de las políticas para el desarrollo rural y las estructuras agrícolas. 
Éste es el contexto y a todo el mundo le interesa que sea muy claro. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el ponente des Places ha constatado en su informe que los ingresos medios procedentes de la actividad agrícola, en relación con la creación real de valor neto, han retrocedido en un 3, 1 %. 
Coincido plenamente con él. 
De hecho, los precios por los productos ganaderos, en especial, los precios del ganado porcino, han llegado a un nivel mínimo como nunca se había dado. 
Los ingresos por los cereales se han visto asimismo sometidos a una fuerte presión de precios, por lo que se deben mantener los incrementos mensuales de los precios. 
Señor Comisario, en este debate agrícola, que se diferencia de otros debates anteriores, quiero rogarle que haga uso de sus posibilidades para aliviar el mercado de estos dos sectores, el de los cereales y el de la carne de porcino, al igual que se hizo en el de la carne de vacuno. 
Como usted ha dicho, ante los informes sobre la Agenda 2000, las resoluciones sobre los precios agrícolas tienen un carácter transitorio y suponen fundamentalmente una actualización. 
En lo referente a la Agenda, si acepta nuestras propuestas, ésta podría avanzar mucho más deprisa de lo previsto. De lo contrario, deberemos prepararnos para una maquinaria gigantesca. 
Sin embargo, hemos elaborado unas propuestas excelentes que le presentaremos en su momento. 
Le ruego encarecidamente que en el caso del cáñamo no vaya por el camino de la menor resistencia sino que apoye esta planta tan beneficiosa para el medio ambiente, para que tenga éxito en el mercado. 
No tiene ningún sentido comenzar con ayudas a las plantas, invertir luego en la economía para comenzar a continuación a reducir de nuevo las ayudas antes de que se haya logrado introducir plenamente en el mercado. 
De este modo se pone también en peligro la existencia de las instalaciones nacionales transformadoras del cáñamo. 
Saludo la prórroga de la regulación de excepción para los cinco nuevos Estados federados alemanes. 
Naturalmente, en la reforma agraria se debe encontrar para este problema una solución permanente en la organización de mercado de la carne de vacuno. 
Señor Comisario, le agradezco expresamente que haya reaccionado con tanta rapidez en lo tocante a la retirada de tierras de la producción. 
Le felicito por ello. 
Quiero animarle a mantener esta tasa del 10 %. 
De lo contrario, no saldríamos de la miseria y sus negociaciones sobre la Agenda 2000 se verían gravadas de nuevo con unos grandes stocks de intervención; esto no es bueno, pues no podríamos decidir como sería absolutamente necesario. 
La solución de pastoreo con trébol y hierba no es una solución viable ya que surgiría un nuevo problema. 
Se producirían nuevos excedentes de carne de vacuno y de leche, por lo que por el momento creo que la retirada de tierras de la producción debería llevarse a cabo tal como se ha acreditado hasta ahora. 
Llamo también la atención sobre la prima de comercialización temprana de las terneras. Señor Presidente, permítame que añada una última frase: felicito al Comisario por haber realizado una propuesta razonable sobre cómo se puede introducir el euro, no con un mecanismo complicado sino compensando las pérdidas que puedan ocasionarse para determinados Estados miembros con unas medidas perfectamente comprensibles. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecer al Presidente del Consejo el gran interés que ha mostrado a lo largo del último semestre en las actividades de este Parlamento y esperamos que los próximos presidentes lo tomen como un ejemplo. 
En primer lugar, el informe des Places no se presenta, en lo que respecta a los precios para los agricultores, en unas circunstancias favorables. 
Creo que sería ilusorio pensar que podemos prometer precios más altos a los agricultores, tanto a la luz de las dificultades con el presupuesto como a la luz de las propuestas de la Agenda 2000. 
Mi grupo parlamentario apoyará por lo tanto las propuestas de la Comisión en grandes líneas. 
Sí se debe dar énfasis en algunos puntos y la Comisión ya ha acercado posiciones antes de que votáramos las enmiendas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
La transición del ecu verde al euro se ha de hacer progresivamente. 
Lo discutiremos, es lo que se ha conseguido hasta este momento. 
En segundo lugar, la Comisión debe hacer lo más posible para desarrollar nuevos mercados y por eso apoyaremos las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que tratan de la agrificación, sobre la utilización de productos agrícolas con fines no alimentarios, especialmente aquellas enmiendas relacionadas con la producción de cáñamo para fines industriales. 
En lo respecta al informe Rosado Fernandes, sólo he de decir que mi grupo parlamentario está muy dividido al respecto. 
Votaremos en dos direcciones. 
La línea general es que apoyamos la posición de la Comisión de que el tabaco producido debe cumplir con las exigencias del mercado, o sea alta calidad. 
En las regiones con un tabaco de baja calidad habrá que intentar encontrar alternativas para que los agricultores que viven en esas regiones puedan lograr unos ingresos de otros productos diferentes del tabaco. 
Como punto final, queremos señalar la necesidad de proseguir con la información sobre los peligros de fumar y cosas por el estilo. 
Señor Presidente, estimados colegas, he estado escuchando al colega del grupo socialista, el Sr. Wynn, y debo decirles que yo también soy miembro de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo y tengo que expresar que no todos los miembros de dicha comisión participamos de las mismas opiniones que ha expresado el Sr. Wynn. 
Él pertenece a un grupo de colegas que, dentro de la Comisión de Presupuestos, cuando hay que debatir sobre la agricultura en Europa en general, y en especial sobre los productos del sur de la UE, parece que algo les ocurre y comienzan a decir a todo que no, igual que nuestro Comisario de hoy. 
Señor Comisario, en su alocución de veinticinco minutos ha comenzado diciendo que se iba a tomar en serio las sugerencias del Parlamento Europeo, pero he calculado que en lo que respecta a las enmiendas ha rechazado literalmente el 90 % de las que se le han presentado por parte del Parlamento y por eso yo quiero preguntarle: ¿era eso lo que quería decir cuando señaló que tendría seriamente en cuenta las opiniones del Parlamento Europeo? 
Si hubiese rechazado todas entonces eso hubiera sido una tomadura de pelo. 
Al mismo tiempo, dijo que usted no está en contra de la supresión total del cultivo del tabaco. 
Usted no quiere enviar al paro a miles de agricultores europeos y dice que está a favor de la mejora de la calidad de tabaco, pero sus negativas no van encaminadas a mejorar la calidad. 
En segundo lugar, me gustaría que nos dijese si el tabaco que importa Europa es de mejor calidad que el que se produce en ella. 
¿Lo ha controlado la Comisión? ¿En qué medida resulta de mejor calidad? 
En tercer lugar y lo que es más importante: soy médico y conozco muy bien el aspecto nocivo del tabaco. 
Pero lo que aquí no he escuchado hoy por parte de la Comisión es cuánto dinero van a destinar a que los niños aprendan en la escuela que no se debe fumar. 
Sobre ello no he escuchado ninguna referencia, señor Comisario. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero referirme al tabaco pues es ostensible la engañosa campaña que se dirige contra él. 
Si realmente la Comunidad quisiese limitar o suprimir el hábito de fumar, no tendría por qué aplicar una política contra el tabaco sino que bastaría con que limitase, o incluso prohibiese, las importaciones de tabaco en el marco de dicha campaña. 
Tendría que tomar medidas contra la industria tabaquera que fabrica el producto final. 
Como eso no se hace, cualquier otra cosa es sólo un pretexto. 
En segundo lugar, señor Presidente, en relación con el paquete de precios. 
Va empeorando progresivamente y eso va a acarrear graves consecuencias. 
El régimen anterior ya supuso una notable reducción de la media de los precios reales para el productor y la correspondiente reducción de su renta. 
¿Son esas las medidas a favor de los productores? 
¿Dónde está su interés por la calidad, señor Comisario? 
Usted ha rechazado la enmienda acerca de la prima especial a ciertas variedades de tabaco de notable calidad. 
¿Por qué la ha rechazado? 
¿Afirma cuidar la calidad o hace lo contrario? 
Por consiguiente, señor Comisario, su modelo es principalmente el de favorecer a la gran empresa agraria y castigar a los pequeños productores, sobre todo a los del sur, a los que producen productos mediterráneos y entre los que se cuentan los de mi país. 
El cultivo del tabaco se ha reducido un 30 % y los empleados del sector un 33 %. 
¿Dónde van a ir y qué van a hacer? 
Usted de eso no dice nada y los gobiernos nacionales tampoco. 
Señor Presidente, voy a limitarme a realizar algunas observaciones de fondo. 
Señor Comisario, en el caso de los precios- tanto si los determinamos en este paquete de precios o los reducimos drásticamente en la Agenda 2000- el problema sigue siendo que sigue existiendo un sistema de intervención. 
Los precios no son ya suficientes para el 80 % de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. 
Es un hecho también que la determinación de los precios de intervención y el mismo sistema de intervención crean excedentes en estos sectores y que los precios- al menos, a largo plazonunca se alzan sobre el sistema de intervención. Esto hace que la mayoría de las explotaciones no puedan vivir con estos precios. 
En consecuencia, hay que realizar una reorientación al mercado de modo que las explotaciones puedan obtener unos precios superiores en el mercado. 
Espero que esta línea se refleje más intensamente en la Agenda 2000. 
Una consideración sobre el cáñamo: señor Comisario, actúe para que el dinero europeo se acuñe en cáñamo. 
Entonces no necesitará retirar el 25 % pues tendremos un enorme mercado de ventas. 
Además, el dinero cruje de un modo muy bonito y fomentaríamos de un modo razonable un producto muy interesante. 
Respecto al tabaco, creo que el escándalo en si no radica en que fomentemos un producto peligroso para la salud sino en que, aunque tenemos una producción pequeña que se vende en el mercado mundial- las primas son también una ayuda indirecta -, se gastan aquí miles de millones que sirven para presionar a la baja los precios en el mercado mundial. 
Esto es más bien una ayuda a la industria tabaquera. 
Debemos hacer que nuestro tabaco se venda aquí en Europa y que la industria lo compre. 
También aquí necesitamos una estrategia que mire hacia delante y no una estrategia obstaculizadora. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al ponente por su informe, que es muy bueno. 
Desde la reforma de la agricultura de hace unos años, el proceso de revisión de precios por el que pasamos ha llegado a ser en gran medida una operación irreal y no reconoce los problemas que afrontan los agricultores en el terreno. 
Dicha operación es en gran medida intrascendente y no resolverá los numerosos y difíciles problemas que afronta el sector. 
El sector agrario, desde luego en mi región del Reino Unido en particular, nunca había afrontado tantas dificultades como en este momento. 
En el pasado un sector podía afrontar tal vez alguna dificultad. 
Ahora la EEB nos ha machacado el sector de la carne de bovino y estamos intentando recuperarnos. 
Si se examina el sector agropecuario del Reino Unido en este momento- el sector porcino, el de las aves de corral, el lechero, el de los cereales -, todos esos sectores afrontan dificultades financieras y los ganaderos se preguntan qué vía seguir. 
Los jóvenes no entran, sencillamente, en el sector. 
Sí, ya sé que siempre tiene que haber cambios; sí, ya sé que la agricultura tiene que evolucionar con los tiempos. 
Los agricultores y granjeros evolucionarán, pero se les tiene que dar la oportunidad para que lo hagan. 
Tal como están las cosas en este momento, no tienen esa oportunidad. 
Y he de decir al Ministro encargado, que está aquí en calidad de Presidente en ejercicio, que no puede quedarse contemplando con los brazos cruzados cómo desaparece el sector agropecuario con los batacazos que ha recibido por culpa de la fortaleza de la libra y otras cuestiones que los agricultores y ganaderos no pueden controlar. 
Es una gran dificultad. 
Señor Presidente, quiero centrarme en las propuestas de la Comisión para el tabaco crudo y acoger con beneplácito las secciones relativas a la diversificación y la retirada de las cuotas, a medida que ciertos cultivadores abandonan ese sector. 
Mi reserva estriba en que la Comisión, al tiempo que fomenta el cultivo para el mercado y no para las subvenciones, no propone el lógico paso final, a saber, la supresión progresiva y completa de las subvenciones al tabaco. 
Resulta interesante que el Suddeutsche Zeitung publicara ayer un artículo sobre propuestas para la abolición de las subvenciones al tabaco en los Estados Unidos. 
La UE debería hacer lo mismo. 
Subvencionar la producción de alimentos y productos agrícolas no alimentarios está justificado. 
Subvencionar- por importe de 1.000 millones de ecus de los contribuyentes al año- el cultivo de tabaco, que mata a 500.000 de sus consumidores todos los años, generalmente después de años de mala salud, resulta completamente indefendible. 
La Comisión lo ha reconocido en parte con sus propuestas de recompra de cuotas, prestación de apoyo a los productores para que cambien a otros cultivos y otras actividades y su fomento de la producción de tipos de tabaco que obtienen un precio razonable en el mercado. 
Actualmente, gran parte de la producción de la Comunidad se destruye o se endosa a países pobres a un precio inferior al de producción, lo que contribuye a aumentar los problemas de salud de dichos países. 
La Comisión debe dar el siguiente paso lógico y pasar a una situación en que el tabaco compita en el mercado sin subvención, en caso de que se cultive siquiera. 
Países ricos, como Alemania, Francia, Bélgica y Austria, no pueden afirmar que dependen financieramente de esas subvenciones. 
Los países mediterráneos en los que se causarían apuros reales deben recibir apoyo permanente para permitir a los cultivadores diversificar y asistir a las administraciones local y nacional con vistas a crear otras oportunidades de empleo en las regiones actualmente muy dependientes del tabaco. 
Con voluntad política, se logrará a lo largo de los diez próximos años: yo ofrezco dos años más que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
En el año 2008, a más tardar, podríamos librarnos del escándalo que supone gastar 1.000 millones de ecus al año de los contribuyentes de la UE para apoyar un cultivo que mata a nuestros ciudadanos. 
Insto a que se dé apoyo a la enmienda que establece este programa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una de las ventajas que tiene intervenir cuando ya lo ha hecho la mayor parte de sus Señorías es que prácticamente está todo dicho, y esto permite hacer alguna pincelada sobre aspectos en los que yo quiero abundar. 
Quiero felicitar a los ponentes, Sr. des Places y Sr. Rosado, por el esfuerzo que han hecho y por su visión clara y positiva de los temas. 
Y también quiero felicitar al Comisario por sus propuestas racionales, tanto en el tema de los precios como en el del tabaco, en la adaptación al euro y en el esfuerzo en los controles. 
Creo que esto es importante- yo agradecería al Comisario que en este momento tomase nota de lo que estoy diciendo porque parece ser que está ocupado en otros menesteres. 
En el tema del cáñamo nos ha propuesto que haya contratos obligatorios; estoy de acuerdo con el Sr. Comisario. 
Y también estoy de acuerdo con las primas al vacuno mayor, con su incremento de un 7, 7 % y un 7, 5 % para España y Portugal respectivamente, que es de justicia, puesto que está aprobado desde 1996. 
Esto llega un poco tarde, pero llega. 
Respecto al tema del tabaco, después de oír a sus Señorías, volvemos a abrir el debate que hay entre los mal llamados medioambientalistas y los agroambientalistas. 
Pero lo que a mí verdaderamente me preocupa, y quisiera resaltar ante el Comisario, es que en esta Asamblea el Comisario Flynn dijo no hace mucho tiempo, en la sesión plenaria anterior, que él no cejaría en su empeño hasta suprimir las ayudas a los productores de tabaco. 
A mí esto realmente me preocupa, señor Comisario, que haya sido dicho por un Comisario en nombre de la Comisión Europea. 
Yo no sé si se dijo a título particular, pero no se puede decir o por lo menos no es de recibo que se diga eso en esta Asamblea en nombre de la Comisión Europea, puesto que las ayudas a los productores europeos de tabaco son unas ayudas reglamentadas y legales dentro de la Unión Europea, dentro de las ayudas concedidas a los productores de la Unión Europea. 
Por lo tanto, habría que recordarle al señor Comisario, al Sr. Flynn, su obligación de rectificar en este tema. 
Si estamos en una época en la que queremos generar empleo, aquí tenemos 400.000 empleos y 130.000 productores directos. 
Por lo tanto, con todas las observaciones que podemos hacer a la mejora de la calidad, a las medidas agroambientales, etc., para mejorar este cultivo no podemos oponernos frontalmente a este cultivo, que supone solamente el 5 % del consumo de tabaco de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Comisario, desearía felicitar al ponente, el Sr. des Places, por un informe claro que describe bien las repercusiones que tiene la política de precios y de ayudas agrícolas de la Unión Europea en la evolución de los ingresos de los agricultores. 
La propuesta por parte de la Comisión de un paquete de precios supone un recorte del 2 % de los precios de compensación y las ayudas a los agricultores. 
La adopción del euro a principios del año que viene ocasionará otro recorte del 2 % en detrimento de la economía agrícola. 
El año pasado, los ingresos agrícolas se redujeron en un 3, 1 %. 
Me muestro de acuerdo con el ponente en la exigencia de mantener la elaboración anual de un paquete de precios también en el marco de la Agenda 2000. 
Gracias al mismo, es posible aliviar las pérdidas de ayudas y precios de compensación con que se enfrentan los agricultores como consecuencia, entre otras razones, de las transformaciones monetarias. 
Al no existir datos sobre la bondad del euro, deben existir sistemas para aliviar sus daños. 
El ponente propone que se aumenten los precios administrativos y los pagos compensatorios con arreglo a la inflación, propuesta que yo respaldo. 
A efectos del agricultor, el estado financiero de la Política Agrícola Común de la Unión Europea es deplorable. 
Los ingresos agrícolas no cesan de caer, y continuarán cayendo una vez que se hayan llevado a cabo las reformas de la Agenda 2000. 
¿Hasta cuándo soportará el mundo agrícola esta gran desigualdad entre los distintos grupos de población a la que conduce, cada vez con mayor claridad, la Política Agrícola Común? 
Mientras que los demás grupos de población aumentan sus ingresos, los agricultores los pierden. 
Esta política lleva trazas de desembocar en una grave crisis, por lo que me resulta imposible apoyarla. 
Señor Presidente, Señorías, brevemente, diré que damos nuestro apoyo al informe de nuestro colega Rosado Fernandes, y en especial las 28 enmiendas adoptadas en la Comisión de Agricultura. 
Como he dicho en varias ocasiones en este hemiciclo, la Unión Europea es importadora neta de cerca de un 70 % del tabaco que consume. 
Por ello, apoyamos el principio de ayuda a la producción ya que deseo recordar que las zonas productoras de tabaco son principalmente zonas desfavorecidas y el cultivo del tabaco es la producción agrícola que más mano de obra utiliza. 
Sin embargo, hemos presentado con mi grupo cinco enmiendas, ya que nos oponemos al mismo tiempo al principio de la subasta de los contratos que vinculan al productor con el primer transformador y con la creación de un sistema de nueva compra de cuotas. 
Señor Presidente, la OCM del tabaco ha de perdurar y permitir a la Unión Europea que alcance progresivamente su grado de autosuficiencia. 
Efectivamente, el consumo de tabaco ha de reducirse con regularidad, y la producción ha de continuar gestionándose hasta el nivel de las 351.000 toneladas europeas de tabaco crudo, tonelaje constante entre la propuesta de la nueva OCM y la actual. 
Señor Presidente, la OCM del tabaco debe ser tratada con los mismos criterios generales que rigen el resto de la producción de la PAC y, por tanto, no hay base ninguna ni para extremismos ni para un trato diferenciado o una desigualdad de trato en relación con los otros productos de la PAC. 
También sería muy incoherente que, en un momento en el que la primera prioridad de la Unión Europea es el empleo, un cultivo como éste, que absorbe mucha mano de obra y que significa empleo para mujeres, no se tenga en cuenta, y que se actúe de forma incoherente. 
No podemos, por un lado, declarar los principios de la prioridad del empleo y, después, cuando llegan las políticas concretas, obviarlos. 
Por eso me parece muy bien que todas las propuestas en relación con esta OCM tengan que tener en cuenta el impacto que provocan en el empleo. 
Esta reforma tiene que favorecer a los jóvenes agricultores en las zonas más deprimidas de la Unión. 
Tenemos que ser capaces de compatibilizar- estoy de acuerdo- la defensa de la salud pública y el medio ambiente, pero también la carga social y las consecuencias sociales de este producto. 
Debemos mejorar asimismo, señor Comisario, porque va muy mal hasta el momento, la gestión del fondo de investigación. 
Con menos producción europea de tabaco la consecuencia no es, ni mucho menos, menos consumo. 
La consecuencia es, simplemente, que la Unión Europea tendrá que comprar este producto en el exterior. 
Un acierto asimismo me parece ampliar el carácter flexible y progresivo de la reforma en beneficio de los productores, y también me parece bien que seamos audaces a la hora de investigar los nuevos usos y variedades del tabaco. 
Las garantías de trabajo y de renta han de tener en cuenta a los productores y ha de evitarse que descienda su renta, porque entonces estaríamos obligándoles- no optando, señor Comisario- a abandonar el sector. 
También me parece bien que por calidad no entendamos exclusivamente precios de comercio. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con quienes han dicho que ahora este procedimiento carece en cierto modo de sentido. 
En la reforma MacSharry se nos ofreció el mantenimiento de las rentas de la agricultura y, al mismo tiempo, la estabilización de la población rural. 
Como vemos hoy, no se ha hecho realidad. 
En este decenio ya hemos perdido el 25 % de las personas dedicadas a la agricultura y las rentas han descendido en un 20 %, aproximadamente. 
Así, pues, cualquier mejora en la situación de los agricultores ha sido a costa del empleo en ese sector. 
La situación en Irlanda es peor incluso, por nuestra gran dependencia de la carne de bovino y de ovino. 
Como ha declarado Jim Nicholson, en Irlanda del Norte y en el Reino Unido la situación está exacerbada por la fuerza de la esterlina y existe una nueva y muy evidente renuencia por parte de los jóvenes a embarcarse en la agricultura como profesión. 
Este procedimiento resulta bastante carente de sentido, porque, si tenemos en cuenta las limitaciones presupuestarias junto con las decisiones del GATT, tenemos muy poca capacidad para influir en el precio que los agricultores y ganaderos pueden obtener por sus productos. 
En este procedimiento anual se debería examinar el estado del sector agropecuario y su viabilidad a largo plazo y reconocer que nuestra participación en la producción mundial se está reduciendo cada vez más. 
Mientras que el mercado está aumentando cada vez más, la Agenda 2000 no nos ofrece una estrategia, como tampoco lo hacía la reforma MacSharry, para aprovechar esos mercados en expansión y mantener la viabilidad a largo plazo de la agricultura europea. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión relativa a la compra de la cuota tabaco contiene sobre todo una idea de soborno y no contiene ninguna propuesta para la mejora de la calidad, como había dicho el Sr. Fischler. 
Por eso es por lo que ha rechazado todas nuestras enmiendas que prevén o fomentan la mejora de la calidad del tabaco europeo. 
La idea de la desaparición del cultivo del tabaco en las zonas menos favorecidas acarreará enormes consecuencias negativas para su economía, su sociedad y su cultura. 
Señor Fischler, usted sabe igual que yo, y que todos nosotros, que en esas zonas no hay posibilidad de cultivos alternativos. 
Por eso es por lo que los habitantes de esas zonas han cultivado el tabaco de forma tradicional durante cientos de años. 
Se ha aludido a que el tabaco es nocivo para la salud. 
Es cierto, pero todavía no sabemos hasta qué punto el fumar influye en la salud y, en segundo lugar, hay más productos que pueden dañar la salud, como por ejemplo los productos lácteos. 
No le he oído decir que se vaya a detener la compra de productos lácteos porque aumenten el colesterol. 
¿Saben cuántas enfermedades coronarias se deben a los productos lácteos? 
Es preciso que comprendamos que si detenemos la producción de tabaco europeo se va a seguir fumando en Europa. 
También creo que detrás de toda esta campaña contra el tabaco se esconde el intento de las grandes empresas para adquirir tabaco barato que es de peor calidad que el tabaco europeo. 
Quisiera decirle que los últimos datos estadísticos que nos llegan de Estados Unidos demuestran que el estilo con el que se lleva a cabo esta campaña- esa histeria americana que también ha invadido Europa- en lugar de disminuir el consumo produce un aumento de fumadores entre las edades más jóvenes. 
No debemos contribuir a crear situaciones similares a las de la ley seca americana. 
Por favor, sigamos siendo europeos, es decir, sigamos el término medio. 
También quisiera felicitar al ponente, el Sr. Fernandes, porque creo que ha dado a su informe muy buena orientación. 
Señor Presidente, dos breves consideraciones acerca de los dos informes- uno sobre el vino y el otro sobre el tabaco- para decir que en líneas generales estoy de acuerdo con el planteamiento de ambos ponentes, a quienes les agradezco el trabajo realizado. 
En cuanto al vino y en particular a las enmiendas que se han presentado- que según el Comisario Sr. Fischler son difícilmente aceptables, porque mañana se presentará la reforma orgánica del sector vinícola- únicamente quiero destacar la importancia que reviste la cuestión. 
Con respecto al paquete de precios del bienio anterior, yo mismo presenté una propuesta dirigida a reformar el reglamento relativo a las reimplantaciones y los arranques. 
En este sentido, ya se ha alcanzado cierto equilibrio de mercado a escala global; ahora hace falta perfeccionar el mecanismo. 
En mi opinión, hay que llegar a una regionalización de la gestión, al objeto de que este equilibrio de mercado se alcance en todas las grandes zonas productivas. 
En lo que atañe al tabaco, deseo decir tan sólo una cosa. Puesto que he constatado que existen enmiendas- probablemente bien intencionadas- orientadas a hacer frente a las posibles reformas y reconversiones en materia de producción, tratemos de no ser demagogos en nuestros planteamientos. 
Hay zonas que viven del cultivo del tabaco. 
Yo, por ejemplo, vivo en una comarca, el Bajo Véneto que- al igual que la región de Venecia o la provincia de Verona- vive del cultivo del tabaco. 
Pues bien, antes de hablar de reforma, tenemos que indicar las alternativas, de lo contrario lo que practicamos es la demagogia. 
Señor Presidente, he de decir que estoy desilusionado con el resultado del trabajo del Sr. Rosado Fernandes en este informe. 
En lugar de ser un informe progresista con una nueva forma de pensar que indague cómo puede mejorarse la reforma del sector tabacalero, hemos recibido un informe que piensa en términos del pasado y propone un montón de ayudas al cultivo de tabaco y el mantenimiento de agricultores en una producción muy poco rentable. 
Sin embargo, esto no es suficiente. 
El señor ponente hace especial hincapié en que deben concederse ayudas a los agricultores jóvenes de modo que puedan hacerse cargo de la producción. 
Se propone sencillamente que toda una nueva generación debe ser encauzada al oficio, de este modo la UE durante muchos años en el futuro podrá seguir produciendo tabaco de mala calidad que sólo puede ser comercializado con el respaldo de importantes subvenciones comunitarias. 
Echo en falta que el informe apoye la buena iniciativa de la Comisión para hacer acopio de las cuotas de los agricultores que deseen abandonar el sector. 
Echo también en falta una nueva forma de pensar sobre cómo se puede apoyar e informar a los agricultores de estas regiones vulnerables en cuanto a cómo pueden reconvertir su producción hacia productos no peligrosos. 
Además, me parece lamentable que el señor ponente no desee apoyar el fondo de investigación con mayores recursos. 
¿Cómo, si no, llegará a funcionar de manera efectiva? 
¿O es la intención en realidad que su actuación esté paralizada? 
He de decir, Sr. Presidente, que estoy muy desilusionado con este informe. 
Señor Presidente, esta es la tercera propuesta de modificación de la OCM del tabaco crudo en apenas unos años. 
Tres reformas en cinco años parecen suficientes para definir la situación de una crisis no resuelta. 
Las medidas puestas en práctica, especialmente el régimen de subvenciones, han permitido el mantenimiento de los cultivos y la supervivencia del sector pero no han resuelto ninguno de sus problemas estructurales. 
Las regiones europeas productoras de tabaco se encuentran entre las menos desarrolladas de la Unión y los puestos de trabajo que proporciona el cultivo de tabaco no han encontrado alternativa en nuevas oportunidades de empleo. 
La única alternativa al cultivo de tabaco crudo es el paro en regiones que ya padecen los más altos niveles de desempleo de la Unión. 
En este contexto, entiendo, señor Comisario, que la propuesta que usted hace es la mejor de las posibles, aunque no aborde alguno de los problemas de fondo que afectan al sector, como ha quedado de manifiesto en el informe del Sr. Rosado Fernandes. 
Por todo ello, señor Comisario, vamos a votar a favor de su propuesta. 
Señor Presidente, el informe acerca del tabaco se refiere a una propuesta del Consejo sobre modificaciones del mercado del tabaco crudo. 
Esas modificaciones apuntan, entre otras cosas, a ciertos aspectos cualitativos. 
Sin embargo, no se toca el asunto fundamental de la justificación de las subvenciones. 
Esto resulta muy extraño en consideración al debate sobre los efectos nocivos del tabaco y la prohibición de la propaganda de tabaco que el Parlamento aprobó hace un mes. 
Incluso una mayoría de los diputados del Parlamento estimó que el problema era tan grande que legitimaba el cumplimiento de las exigencias impuestas por la normativa comunitaria. 
En el informe de la Comisión de Medio Ambiente se propone, entre otras cosas, que las subvenciones a través del presupuesto comunitario para la producción de tabaco dentro de la Unión Europea cesen a más tardar con la cosecha del año 2006. 
Esta orientación también ha sido expresada en las propuestas de enmiendas 37, 55, 65, 66 y 67, propuestas que merecen todo nuestro apoyo. 
No cabe duda de que es una forma irresponsable de gastar los recursos públicos, el dinero de los contribuyentes europeos, subvencionar el cultivo de un producto que causa tanto daño. 
El tabaco, a pesar de todo, causa la muerte a más de medio millón de personas en la UE cada año. 
El monto de las ayudas ha sido de alrededor de mil millones de ecus por año, es decir, 7.500 ecus por cultivador. 
Esto ensombrece todo el sistema de subvenciones de la UE, sombra que podría disiparse si se adoptase la decisión de acabar con ésta, cese que, obviamente, tendrá que llevarse a cabo de una forma socialmente aceptable. 
Señor Presidente, señor Comisario, ante todo comparto la propuesta de una mayor integración de la producción y la transformación en los precios agrícolas en lo que al sector del cáñamo se refiere. 
En cuanto al tabaco, deseo poner de relieve la diferencia de estilo entre el Comisario Sr. Fischler y el Comisario Sr. Flynn. 
El Comisario Sr. Flynn perdió las formas en este Pleno cuando muy desacertadamente arremetió, incluso gesticulando- no entendiéndose muy bien qué quería expresar -, contra la reforma del tabaco. 
Creo que no es correcto que un Comisario se comporte así, habida cuenta que la decisión se adoptó de forma conjunta por parte de la Comisión. 
Pasando al tabaco, ya se ha hablado mucho de la calidad y del empleo. 
Yo quisiera destacar algunos puntos. 
Señor Comisario, creo que es importante que haya una comunicación concreta de la Comisión al Parlamento sobre la cantidad asignada a la investigación, el 5 % anual. 
Nosotros consideramos importante que se comunique al Parlamento de qué forma se utiliza el fondo asignado a la investigación: no sólo las cifras, sino también y de forma analítica los resultados de dicho fondo. 
Estoy de acuerdo con la modulación de la prima y la considero una propuesta acertada. 
Me parece que la modulación de la prima debe asociarse al empleo y la calidad, sin embargo, quisiera que se facilitaran aclaraciones en cuanto a los compromisos en materia de medio ambiente. 
Estimo útil, por ejemplo, el aumento del 2 % al 5 % de la ayuda a las organizaciones que podrían utilizarla ante todo para mejorar la calidad y, en particular, para desarrollar los temas de carácter medioambiental que son especialmente significativos en esta producción. 
Según mi punto de vista, la modulación también debe tener en cuenta las nuevas técnicas productivas, aunque no en perjuicio del gran compromiso ocupacional, puesto que si la Unión Europea gasta recursos tan importantes en el ámbito del tabaco lo hace, ante todo, porque ha asumido un compromiso de cara al empleo en muchas realidades regionales que registran problemas laborales muy serios. 
Me refiero a las realidades mediterráneas, así como a algunas realidades de nuestro país. 
Señor Presidente, Señorías, intervengo para defender la posición de la Comisión de Control Presupuestario sobre la reforma del sector del tabaco crudo expresada en el informe Rosado. 
Nuestra comisión considera aceptable la propuesta de reforma presentada por la Comisión, si bien queremos introducir una serie de enmiendas dirigidas, principalmente, a reforzar el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento de reforma de este sector. 
Dicho refuerzo, creemos nosotros, debería hacerse a través de un cambio de procedimiento, desde el artículo 23 al artículo 43, apartado 2, del Tratado. 
Esta cuestión de comitología, que el Comisario ha anunciado que no apoyará, sería la garantía de que las posiciones políticas que este Parlamento defiende, en particular el mantenimiento de una producción de tabaco comunitario de calidad, serán oídas y obligatoriamente tenidas en cuenta por la Comisión en todo lo concerniente a esta reforma. 
Lamentamos, por otra parte, que en otras reformas tampoco quiera el Comisario aceptar este cambio de procedimiento. 
Nuestra posición, y la del ponente Rosado Fernandes, nos parece, en cualquier caso, bastante más realista y adecuada con respecto al problema general de la producción comunitaria que la que ha expresado, por ejemplo, el ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. 
En cualquier caso, la vía de la reforma está abierta. Creo que debemos implicar al Parlamento Europeo en la defensa de los agricultores y productores de tabaco. 
Señor Presidente, el Parlamento ha tomado la decisión de prohibir la propaganda de tabaco. 
También hemos decidido acerca de la prohibición de la propaganda indirecta de tabaco. 
Damos ayudas a campañas que incitan a la gente a dejar de fumar. 
También apoyamos la investigación encaminada a combatir los efectos nocivos del tabaco para la salud. 
No obstante, la mayor ayuda se la damos al cultivo del tabaco, una planta que cada año mata a cientos de miles de personas en la Unión. 
Mueren más personas en el mundo a causa del tabaco que del SIDA. 
¡Esto no puede ser! 
Sé que hablo en nombre de todos los diputados suecos y con la aprobación de todo el pueblo sueco cuando digo que esta política tiene que acabar. 
Las ayudas no pueden defenderse con el argumento del empleo o de que, en cualquier caso, otros producirían el tabaco. 
Con esta lógica también podríamos subvencionar la producción de armas atómicas, químicas o biológicas. 
La esencia del problema es moral y no económica. 
Los ciudadanos de la Unión no quieren financiar el cultivo de esta planta nociva. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Revisión de la PAC (Agenda 2000) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0219/98) del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la revisión de la política agrícola común (AGENDA 2000- Primera parte- Capítulo III) [COM (97) 2000- C4-0522/97]. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el objetivo del presente informe es el de proporcionar al Parlamento Europeo un conjunto de principios generales que puedan constituir un marco de referencia para los informes sectoriales que después se aprueben. 
En ese sentido, como ponente, quisiera subrayar algunos aspectos fundamentales. 
Primero, la realidad de la agricultura europea no se limita al pequeño número de agricultores que pueden exportar sin restituciones. 
Es necesario que la reducción de precios sea más prudente y que se mantengan los regímenes de intervención en el caso de la carne de bovino y del aceite, al contrario de lo que propone la Comisión. 
Segundo, esta reforma de la PAC no se puede limitar a la reducción de los precios de garantía y a su compensación por una ayuda directa vinculada con la productividad. 
La Comisión tendrá que corregir sus propuestas al respecto, ya que corresponden a un error fundamental de análisis. 
Dicho error consiste en partir del principio de que todos los agricultores están en el mismo pie de igualdad para afrontar los embates exteriores resultantes del GATT, cosa que no corresponde a la realidad. 
Ahora bien, todos sabemos que los sistemas agrícolas menos especializados, más periféricos, más extensivos, de productividad más baja y, en general, las agriculturas de zonas desfavorecidas, de montaña, áridas, árticas, se encuentran en gran desventaja en el punto de partida y serán las primeras víctimas de la mundialización de los mercados agrícolas, si la PAC no les da las respuestas mínimamente indispensables para su supervivencia. 
Tercero: por eso, está justificado un fortalecimiento de las medidas y de las ayudas de naturaleza horizontal y relacionadas con el territorio, el medio ambiente, los bosques, la diversificación del tejido productivo de las zonas más dependientes de la agricultura, el fomento de la calidad y la valorización de los productos regionales, la sanidad animal y vegetal, la vinculación con el empleo y con las zonas desfavorecidas. 
Ahora bien, sucede que la propuesta relativa al desarrollo rural, aun siendo clara, debería garantizar ese objetivo, pero dista de hacerlo, dada la pequeña expresión de los recursos financieros previstos. 
La Comisión llama, y con razón, » segundo pilar» a esa política de desarrollo rural. 
Pero no vamos a tener un pilar, vamos a tener, si acaso, un pilarcito o un bastón, si la Comisión no modifica substancialmente estas ayudas. 
Cuarto: creo que es correcta la propuesta de la Comisión de financiar la política de desarrollo rural mediante la línea directriz, ya que eso permitirá aumentar la cohesión interna de la PAC y evitar la dualidad de criterios y de respuestas a los diferentes tipos de agricultores. 
Por esa razón, la línea directriz debería financiar también ese componente en las regiones de objetivo 1. 
Quinto: al no estar en entredicho la ampliación, hemos de tener conciencia de que son legítimos los recelos y las aprensiones de los agricultores, dada la multiplicidad de reformas y adaptaciones que han padecido y la importancia de las consecuencias actuales y futuras del GATT. 
Por esa razón, y por una cuestión de claridad y transparencia, creo que las financiaciones de todas las medidas de preadhesión, agrarias o no, deberían figurar en una rúbrica propia, exterior a cada una de las políticas comunes, y sólo después integrarse a medida que se produjera la integración de cada uno de los países. 
Sexto: a pesar de que cada uno de los sectores productivos de la agricultura tiene sus especificidades propias, el hecho de que sólo existan ayudas directas a la renta en los sectores que en el pasado gozaron de un elevado nivel de protección plantea cada vez más problemas de cohesión política y social. 
La verdad es que ciertos cultivos, como, por ejemplo, los mediterráneos, nunca se beneficiaron en el pasado de protección mediante el sistema de precios y, por esa razón, tampoco se benefician ahora de ayudas a la renta. 
Se trata de una situación insostenible a largo plazo y que va a obligar a la Unión Europea a pensar en el futuro en sistemas de ayudas fundamentados en otros factores y no sólo en la compensación por la reducción de precios. 
Si no se hiciera esa corrección en el futuro, crearíamos como un apartheid en el medio agrícola, con unos cultivos con derecho a ayudas directas y otros excluidos de ese derecho. 
Séptimo: resulta fundamental que, de conformidad con el espíritu del Tratado de Amsterdam, la PAC contribuya a la cohesión económica y social de la Unión Europea garantizando un equilibrio básico entre producciones, territorios y agricultores, conforme, por lo demás, a la declaración de los Ministros de Agricultura y de la propia Cumbre de diciembre. 
Octavo y último: conviene subrayar que la Comisión debe tomarse muy en serio las próximas negociaciones sobre el futuro del GATT. 
Hoy está demostrado que existe una realidad única en la Europa basada en la multifuncionalidad de su agricultura y en la naturaleza familiar de sus explotaciones. 
Sus 18 hectáreas de dimensión media no son comparables con los centenares de hectáreas de dimensión media de sus principales competidores en los mercados mundiales. 
No podemos comparar lo que no es comparable ni caer en la trampa de seguir los intereses de los demás. 
Además, es necesario que las reglas de comercio justo respeten cuestiones tan importantes como la sensibilidad de los consumidores, los procedimientos medioambientales idóneos y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Para terminar, insto a la Comisión a que tenga en cuenta esos principios orientadores que propongo y que espero que el Parlamento apruebe. 
Si así fuera, tendremos por fin una Política Agraria Común equilibrada, apta para dar respuestas equitativas a los agricultores en el futuro. 
Señora Presidenta, Señorías, la reforma de la PAC es un elemento fundamental de la Agenda 2000. 
Sobre este tema, permítaseme subrayar al principio la necesidad esencial de crear un diálogo abierto y constructivo entre el Consejo y el Parlamento al respecto. 
Dicho diálogo, en el que se debe respetar lo dispuesto en los Tratados, ha de beneficiar por fuerza a todos los participantes. 
Ha de beneficiar por fuerza al bien común. 
Permitirá a cada una de las instituciones colaborar con la otra a fin de alentarlas a desempeñar plenamente su papel en las decisiones. 
Sobre la reforma de la PAC, el Consejo de Agricultura ha comenzado con éxito, al haberse incluido las propuestas de la Comisión en un Consejo de Agricultura extraordinario, que se celebró el 31 de marzo. 
El Consejo ha reconocido la necesidad de reforma para dar una orientación clara al desarrollo de la agricultura europea. 
Es necesario para poder asimilar la próxima ampliación de la Unión. 
Tampoco hay que olvidar los imperativos que nos plantean las próximas negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. 
Voy a ser muy claro al respecto. 
Ahora no nos queda otra opción que planificar por adelantado para hacer frente a esos imperativos que, como sabemos, habremos de afrontar. 
Ya hemos iniciado ese importante proceso. 
El Consejo ha determinado varias cuestiones fundamentales que se deberán abordar en la próxima fase de las negociaciones sobre las propuestas de la Comisión. 
Entre ellas figuran la necesidad del alcance apropiado en las reducciones de los precios de apoyo y la escala temporal en que se deben hacer dichas reducciones, el carácter apropiado de la compensación por dichas reducciones, las condiciones en que los Estados miembros pueden utilizar sus facultades discrecionales en materia de apoyo al sector agropecuario, el papel futuro de las limitaciones de la producción, como, por ejemplo, las cuotas lácteas, en una PAC reformada y el equilibrio apropiado en el apoyo a los sectores de producción, los productores y las regiones dentro de la Unión. 
Por último, no hay que olvidar la cuestión del desarrollo de la economía rural y de la protección del medio rural, incluida la agricultura multifuncional. 
Además de abordar la necesidad de reforma en relación con determinadas producciones, el Consejo ha acogido con beneplácito las propuestas de la Comisión para abordar los problemas más amplios experimentados en las zonas rurales de toda la Unión. 
De hecho, la agricultura es una parte importante de la Europa rural, pero es sólo una parte y debemos examinar lo que se puede hacer en el nivel europeo por las comunidades y las zonas rurales en conjunto. 
Así, pues, el Consejo estableció un marco claro para la siguiente fase de las negociaciones sobre las propuestas de la Comisión. 
Mientras nos reunimos aquí, en el Parlamento, para examinar esas cuestiones fundamentales, también se están planteando a los Jefes de Gobierno en Cardiff. 
En las semanas que quedan de la Presidencia del Reino Unido se seguirá con la labor de detalle, que después continuará durante la Presidencia austríaca. 
La clave para el éxito será la de equilibrar eficazmente los intereses de los consumidores y los productores de la Unión y las necesidades del medio ambiente a la hora de promover una estructura sostenible y versátil para la agricultura europea. 
Dicha estructura debe ser lo suficientemente sólida para afrontar los imperativos que he ilustrado y competir eficazmente en el escenario mundial. 
Señora Presidenta, quisiera anticipar que, en términos generales, la Comisión de Presupuestos está de acuerdo con el informe que ha presentado el Sr. Cunha. 
Evidentemente, hubiéramos preferido que se admitieran expresamente nuestras enmiendas pero, efectivamente, no hay demasiadas contradicciones. 
Es más, me parece que hay, sobre todo, coincidencias. 
Pero, para la Comisión de Presupuestos, hay un interrogante fundamental en todo lo que está planteando el Sr. Cunha: ¿hay o no dinero? 
En el apartado 36 se pide un aumento de dotación y, francamente, desde la Comisión de Presupuestos, hemos de decir que nos parece una petición prematura, y señalo bien lo de prematura; simplemente, no decimos que no sea justificada pero, de momento, nos parece prematura. 
Por eso en su día, en la Resolución de diciembre, pedimos que se incluyera una cláusula de revisión de las perspectivas financieras para, en su caso, afrontar esta necesidad suplementaria si se produjera. 
Nosotros creemos, como decía muy bien el Sr. Cunha, que la finalidad principal de la reforma de la PAC o de la PARC- política rural incluida- no es ahorrar sino mejorar esta política. 
La verdad es que, desde 1988, se ha producido siempre un ahorro sistemático- entre el techo de la categoría primera y el presupuesto agrícola- del orden de 1 a 1 y medio de millardos de ecus anuales. 
Es más, el presupuesto ha excedido siempre el gasto ejecutado. 
De ahí nuestra prudencia. 
Pero les garantizo que, si viéramos venir problemas, apoyaríamos a la Comisión de Agricultura en la obtención de esa dotación suplementaria. 
En el apartado 57, la Comisión de Agricultura considera que los gastos de ampliación deben ir al margen de la línea directriz pero, a nuestro juicio, esto contradice lo que dijimos en diciembre: que los gastos agrícolas de preadhesión y de ampliación deben estar cubiertos por la línea directriz. 
Con eso, creemos, el FEOGA y la política agrícola deben ser realmente un fondo dentro de la política de cohesión y no, como se ha llegado a decir, un fondo antiestructural. 
Señora Presidenta, Señorías, me pregunto cuál es la utilidad de los ponentes para opinión, ya que el Consejo se pronuncia antes de oírlos. 
A pesar de todo, yo les transmitiré la opinión de la Comisión de Política Regional. 
La revisión de la política agrícola común propuesta por la Agenda 2000 suscita muchos interrogantes e inquietudes. 
Muchos temen que las regiones rurales se vean obligadas a sufrir esta reforma. 
La apuesta supera a la ya importante de la agricultura. 
El desafío al que hay que enfrentarse es el de una ordenación equilibrada del territorio que sepa evitar el éxodo rural y los frutos envenenados de la desertificación de regiones enteras y el crecimiento de centros urbanos ya superpoblados, que cada vez reclaman más fondos comunitarios. 
La importancia del desarrollo rural para una ordenación equilibrada del territorio así como para la preservación de un patrimonio tanto natural como cultural, al igual que las especificidades del sector de la pesca y las necesidades de financiación de la política pesquera común exigen la creación, en el seno del nuevo objetivo 2, de un sub-objetivo independiente y específico dedicado a las zonas rurales y a las zonas dependientes de la pesca. 
Que el nuevo reglamento relativo al FEOGA agrupe todas las medidas de desarrollo del espacio rural puede ser una medida interesante, a condición de que el FEOGA siga financiando sólo acciones directamente vinculadas a la agricultura, así como las zonas dependientes de la pesca que no han de ser olvidadas. 
También es necesario que la Comisión presente propuestas concretas para vincular la agricultura al territorio: productos de la tierra, etiquetado, etc. Además de un fortalecimiento de la calidad, esto ayudaría a protegerse contra la competencia desleal de los países de bajos salarios y sin protección social. 
Nuestra ambición ha de ser la de permitir un desarrollo armónico de las pequeñas explotaciones agrícolas y artesanales, favoreciendo las actividades complementarias como el turismo verde y la venta directa. 
Así, nos dotaremos de los medios para dar vida a nuestras campañas amenazadas por la desertificación y por preservar un entorno rural dinámico en los quince Estados miembros de la Unión, de acuerdo con la voluntad expresada en la reciente cumbre de Luxemburgo. 
Esto exige que se continúe con el esfuerzo emprendido en el marco del actual objetivo 5a para estimular la inversión e instalación de los jóvenes agricultores y de los pescadores jóvenes, pero también para ayudar a la transformación y comercialización de los productos agrícolas y silvícolas y para favorecer el desarrollo de las regiones de montaña. 
Éstas son algunas de las preocupaciones manifestadas por la Comisión de Política Regional, preocupaciones que el Sr. Cunha y la Comisión de Agricultura han pretendido integrar en el corpus de su informe. 
Hay que agradecérselo muy sinceramente. 
Gracias, señor Pinel. 
Usted pregunta por el sentido del debate si la Presidencia del Consejo... ¿me escucha? 
No está escuchando. 
Entonces tampoco necesito decirlo si bien quería indicar que la Comisión, señor Pinel, tiene la palabra al final del debate. 
Señora Presidenta, la Comisión de Pesca ha adoptado por unanimidad las conclusiones que yo propuse en la opinión de la Comisión de Agricultura. 
Esta última, por su parte, confirmó estas conclusiones. 
Sin embargo, en nombre de mi grupo, presenté dos enmiendas que actualizan las conclusiones de mi opinión en función de las primeras propuestas hechas por la Comisión. 
En efecto, como en el caso de las propuestas relativas al desarrollo rural, parece indispensable elaborar un reglamento horizontal específico en el sector de la pesca y de la acuicultura y que integre todos los dispositivos del antiguo objetivo 5a. 
¿Qué sentido tendría una política pesquera común que ya no se aplicara a la totalidad del territorio de los Estados miembros y de la que fueran excluidas las zonas no asimilables a los nuevos objetivos 1 y 2? 
Si se aplicasen las propuestas actuales de la Comisión, la PCP quedaría reducida a un conjunto de exigencias técnicas impuestas a nuestros pescadores y a una política de destrucción de buques. 
Esta deriva iría en el sentido de aquellos que sólo ven en la PCP un dispositivo transitorio, un simple preludio de la liberalización integral del sector, mientras que esta política común tenía como objetivo y como justificación estimular al sector pesquero en todos los Estados miembros con zonas costeras. 
La Comisión de Pesca solicita, por tanto, que la Comisión nos proponga con carácter de urgencia este reglamento horizontal para la pesca, que habrá de ser financiado- al igual que el desarrollo rural- con cargo al FEOGA, e inscrito en el presupuesto bajo la línea directriz agrícola. 
Los créditos necesarios para el sector pesquero son limitados en volumen, pero su importancia es grande, ya sea en las zonas costeras y marítimas, que son zonas frágiles, o en las zonas rurales afectadas por la acuicultura continental. 
Nos había sorprendido a todos la ausencia total de la palabra «pesca» en la primera versión de la comunicación de la Comisión titulada «Agenda 2000» , como si la Unión Europea no tuviera costas. 
Consciente de su error, la Comisión nos ha presentado un proyecto que integra las zonas dependientes de la pesca en el nuevo objetivo 2. 
Este paso en la dirección correcta sigue siendo sin embargo insuficiente, ya que todos los pescadores de la Unión Europea faenan en las zonas comunes, y sería especialmente inadmisible que en función del puerto de base de los buques, los niveles de ayuda para la aplicación de la política pesquera común variaran del 0 al 75 %. 
Señora Presidenta, quedo muy agradecido al Sr. Cunha por su buen trabajo que nos va a servir para nuestras sucesivas etapas. 
Sin embargo, quizás se hubiera podido trabajar con mayor convencimiento con vistas a un compromiso más claro y eficaz, porque los puntos de esta resolución son demasiados. 
Esto pone en evidencia la necesidad de establecer unas reglas más rígidas para llevar a cabo el trabajo del Parlamento, al objeto de evitar acabar siempre con unos documentos larguísimos que sumergen las pocas cosas buenas y concretas en un mar de repeticiones y de evidencias. 
No alcanzo a comprender qué beneficio obtiene de ello nuestra visibilidad. 
Si la finalidad de este informe de iniciativa es condicionar los informes sobre los aspectos sectoriales de la Agenda 2000, entiendo que su éxito no sólo dependerá del excelente ponente, el Sr. Cunha, sino en buena parte de nuestro futuro trabajo. 
Habrá que ver si todos juntos sabremos partir de este documento para movernos en un contexto coherente de reforma de la PAC. 
Señor ministro Cunningham, no son alentadoras las primeras señales del debate en el seno del Consejo de Ministros. 
En unos días en que sólo se habla del Mundial de fútbol, se podría decir que en el campo se sigue reteniendo mucho el balón. 
Estamos de acuerdo con las definiciones hermosas como el modelo de agricultura europeo, la multifuncionalidad, la competitividad, el desarrollo rural, pero en cuanto se pasa de las palabras a los hechos concretos surgen fuertes divergencias y todo queda engullido por un sinfín de intereses particulares, con el riesgo de que aparezca una gran masa de shopping list. 
Nosotros los Socialistas vemos dos riesgos. 
El primero es que todo el debate dependa de las garantías de precio de la política de mercado y de su exclusiva entidad. 
En tal caso, la política rural continuará siendo todavía el pilar más débil de la política agrícola común, a pesar de la Conferencia de Cork y de los esfuerzos de los Comisarios. 
Mientras que, en cambio, -nosotros ya los dijimos en una conferencia celebrada en el pasado mes de noviembre- en el ámbito de la agricultura es la política estructural la que debe desempeñar cada vez más el papel de política clave de cara a las inversiones en los distintos sectores, la calidad y los territorios. 
Si el mercado va a ser cada vez más importante y las protecciones tradicionales lo van a ser cada vez menos, la verdadera política de mercado sostenible en el futuro es la política estructural y rural. 
El segundo riesgo está en que toda la problemática del reglamento horizontal de la PAC- modulación, fijación de un máximo, cross compliance- acabe siendo una ocasión perdida. 
En un momento en que la subsidiariedad está de moda más que nunca, consideramos que confiar totalmente a los Estados miembros este paquete de asuntos tan importantes es un error, una decisión que alguien podría considerar demasiado valiente, pero que- a mi entender- demuestra el escaso coraje de la Comisión a la hora de tomar, a escala europea, decisiones coherentes con lo manifestado en reiteradas ocasiones y con lo que nos pide la opinión pública cada vez más atenta a lo que ocurre dentro de la caja negra de la política agrícola común. 
Señora Presidenta, solamente quiero realizar dos observaciones sobre el informe Cunha. 
En primer lugar, es un buen informe. 
El señor Cunha ha logrado establecer una razonable simbiosis entre los documentos en que los grupos políticos exponen su posición y los futuros informes sobre los sectores productivos en el marco de la Agenda 2000. 
Además, el ponente se ha atenido a la recomendación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de no permitir que entren detalles en su informe, lo que no le ha impedido- además con razón- exponer claramente la opinión de la Comisión respecto a los aspectos centrales de la futura Agenda 2000. 
En segundo lugar, señor Comisario, el papel central en el debate sobre la Agenda 2000 lo desempeña sin duda la reducción de precios como contrapartida a una compensación más o menos suficiente. 
Se puede discutir al respecto como se quiera, pero hay que lograr que el agricultor no obtenga su sustento exclusivamente o en lo esencial mediante compensaciones sino que pueda participar más que hasta ahora en el mercado. 
Este es precisamente el punto que más inquieta a los electores que nos han enviado a esta Asamblea y que como no agricultores comprenden cada vez menos este sistema. 
Nuestros electores han preguntado, por ejemplo, porqué las reducciones de precios a los productores realizadas en la reforma MacSharry de 1992 no se han reflejado en los consumidores ¿Cómo va a ser en la próxima reforma Fischler, por formularlo con otro nombre, para la parte agrícola de la Agenda? 
Señor Comisario, ¿se va a abaratar el pan? 
Pues el precio de los cereales se quiere reducir en un 20 %. 
¿Se va abaratar la cerveza? 
Una alegría para todos los aficionados a esta bebida, pues la proporción de cebada en este buen producto es considerable y su precio se va a reducir. 
¿Se va a abaratar la carne ante la prevista reducción de precios del 30 %? 
¿Qué va a pasar con el precio de la mantequilla? 
Pues el precio de los forrajes mixtos en la alimentación animal debería ser también más barato. 
¿Podemos esperarlo? 
Si fuese así, nuestros electores no directamente relacionados con la agricultura, tendrían sin duda más comprensión para la agricultura europea. 
Pero deberían notarlo en el monedero cuando van de compras. 
Entonces sería sensiblemente más creíble nuestra agricultura. 
Señora Presidenta, en primer lugar felicito al Sr. Cunha, que ha trabajado con mucho entusiasmo en este informe- y como nosotros decimos en buen neerlandés: teníamos la sensación de que usted se sentía como pez en el agua. 
La Comisión alega tres argumentos para las propuestas de la Agenda 2000. 
En primer lugar: si no hacemos nada, vuelve a haber sobreproducción. 
En segundo lugar: tenemos que prepararnos para las próximas negociaciones de la OMC. 
En tercer lugar: nos tenemos que preparar para la adhesión de los países de Europa central y oriental. 
Por lo que a mí respecta y a mi grupo parlamentario, el tercer punto nos parece con mucho el más convincente. 
El mantenimiento de la paz y la seguridad en Europa merece un precio y el sector agrícola tendrá que pagar un precio determinado por ello, tal como otros sectores de la economía. 
Mi grupo parlamentario apoya, por tanto y en principio, las propuestas de la Agenda 2000. 
Los precios en Europa oriental y occidental tienen que ir convergiendo paulatinamente y eso significará que los precios en nuestra parte de Europa tienen que bajar. 
Nos parece que habrá que dar una compensación por esa bajada de precios, también a determinados productos, en contradicción con el informe Cunha, como por ejemplo a la leche. 
Además, y esa es otra política, habrá que llevar una política rural activa. 
Esto no es, a mi juicio, contradictorio y por lo tanto lo apoyamos. 
Hay aún otra cosa aparte de la compensación por la bajada de los precios: tenemos la sensación de que lo que falta en las propuestas de la Agenda es el desarrollo de nuevos mercados. 
Se puede hacer mucho más en cuanto a la calidad de los productos agrícolas. 
¿Cómo pueden reconocerlo fácilmente los consumidores? 
Espero poder presentar propuestas concretas al respecto al Parlamento más adelante en este año. 
Lo que también echo en falta en las propuestas de la Agenda 2000, son las propuestas en el ámbito de la agrificación. 
Sólo puede ser efectiva si la Comisión lleva a cabo una política eficaz obligando a la utilización de determinados productos. 
No por medio de las subvenciones, no tantas subvenciones, sino simplemente diciendo: un producto determinado que procede del sector agrícola es bueno para el medio ambiente, o sea obligatoriamente tenemos que utilizarlo a gran escala. 
Eso es un nuevo mercado eficaz para los productos agrícolas. 
Quisiera recomendar eso. 
Señora Presidenta, señor Comisario, quisiera felicitar al Sr. Arlindo Cunha por el buen trabajo que ha hecho, gracias a su experiencia como Ministro de Agricultura de Portugal y también como Presidente del Consejo de Ministros de Agricultura en tiempos ya lejanos, en tiempos de la aplicación de la reforma McSharry. 
Es evidente que estamos en una fase en la que, después del orgullo de Europa por la hija que había criado, llamada PAC, siente vergüenza de esa hija a la que ahora considera ya su bastarda. 
La verdad es que los ataques sufridos en la plaza mundial por la crítica americana, de la fortaleza- Europa- por el grupo de Keynes y por todos los grupos que tienen situaciones históricas muy diferentes de la nuestra, incluso por el propio Reino Unido, naturalmente, han hecho que Europa se avergonzara de la PAC que hizo y ahora la considere una hija bastarda de su inteligencia. 
En ésta es la situación en la que estamos y en la que el informe Cunha intenta al menos mejorar. 
Concede importancia a los jóvenes agricultores, concede importancia al territorio y a las diferencias territoriales de fertilidad y clima en toda Europa, concede importancia a lo que ninguna importancia tiene; ahora bien, concede mucha importancia a la expresión «desarrollo rural» , a la que yo no concedería tanta, porque sé que es casi una utopía querer un desarrollo rural basado en la agricultura. 
El desarrollo rural debe hacerse a la par con los servicios y la industria- ésa es mi experiencia en Portugal- y, naturalmente, nunca he visto que la agricultura bastara para el desarrollo, fuera cual fuese la región. 
¡Seamos francos! 
También aprecio lo que ha hecho con los ojos puestos siempre en el GATT. 
Pero me gustaría que la Comisión al menos pensase. 
Con la reducción de los precios, además de la caja verde y la caja azul, ¿cuál es la caja negra en la que va a meter a los agricultores que sobran en Europa? 
Me gustaría saber cuál es su número. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecer al Sr. Cunha el excelente informe que ha realizado. 
Este informe no puede ser más que una primera aproximación a las reformas contenidas en la Agenda 2000. 
Sin embargo, presenta un valor adicional de una gran importancia, ya que ha realizado un trabajo que debería haber hecho la Comisión, dado que la Comisión detenta la función de proponer iniciativas legislativas. 
Antes de abordar los principios de la Agenda 2000, en el informe del Sr. Cunha se expone un análisis de los defectos de la reforma de la PAC de 1992. 
Cuando se pretende abordar una nueva reforma de la PAC es necesario analizar previamente los defectos de la anterior. 
Sin embargo, la Comisión no lo ha hecho. 
A mi modo de ver, este es uno de los grandes valores del informe Cunha. 
Cuando se pretende profundizar en los principios de la reforma de 1992, ninguna institución puede permitirse obviar sus efectos, en muchos casos negativos. 
No se puede mirar hacia otro lado ante el enorme número de explotaciones agrarias que han desaparecido y ante sus efectos sobre el tejido social del medio rural y la ordenación del territorio. 
No se puede mirar hacia otro lado ante la gran destrucción del empleo agrario, sobre todo cuando se hacen formulaciones políticas que ponen la creación de empleo como un objetivo político de la Unión Europea. 
Tampoco se puede obviar que la reforma de 1992 ha profundizado todos los desequilibrios que se observaban en la PAC. 
Se ha incrementado la concentración de las ayudas en unos pocos agricultores, se ha incrementado la concentración del presupuesto en un reducido número de organizaciones comunes de mercado, mientras que a las producciones mediterráneas se les dedican menos fondos y se realizan propuestas que significan su práctico desmantelamiento. 
Si el informe del Sr. Cunha se hubiera quedado aquí, ya hubiera sido bastante. 
Su aportación da una señal política de que con la Agenda 2000 se está jugando con fuego. 
La Unión Europea debe entender que está a punto de avanzar en un camino equivocado. 
Si a eso le añadiéramos las propuestas colaterales de política estructural con el nuevo papel del FEOGA-Garantía en las regiones ricas, nos encontraríamos ante una pérdida de concentración geográfica y con una pérdida de cohesión en las zonas rurales. 
En consecuencia, es necesario agradecer al Sr. Cunha, una vez más, los esfuerzos que ha realizado y sería necesario que otras instituciones comprendieran que la construcción europea no se puede realizar con formulaciones abstractas ni con experimentos. 
También sería necesario que la Unión Europea demostrara su verdadero peso en ámbitos como la Organización Mundial de Comercio, donde la mayoría de las veces ha adoptado una actitud pasiva y de renuncia a sus propios planteamientos. 
Señora Presidenta, el señor Cunha ha presentado un buen informe que mi grupo político va a apoyar. 
Ha mostrado claramente que este sistema de intervención ha conducido en el pasado a unas grandes diferencias e injusticias entre los productores, los países y las regiones con repercusiones nefastas sobre los puestos de trabajo y la calidad de los alimentos. 
Señor Fischler, ya he dicho antes que una política de reducción de precios dentro del sistema de intervención conduce al cierre de explotaciones y es mortal para éstas y las regiones de producción sensible y que no se incluyen entre las favorecidas. 
Aquí hay que actuar radicalmente. 
Debemos abandonar el sistema de intervención y en lugar de ello practicar un desarrollo integrado de las áreas rurales, tal como se contempla en el segundo pilar de la Agenda 2000. 
Es urgentemente necesario ofrecer una política estructural horizontal, pues no podemos soportar una política de reducción de precios o un abandono del sistema de intervención sin fortalecer los mercados regionales en muchos campos. 
Lo contrario conduciría a una destrucción aún mayor de puestos de trabajo. 
Señor Fischler, por ello es urgentemente necesario que exista también competencia de calidad en la producción dirigida al mercado mundial. 
Quien quiera producir para el mercado mundial que lo haga pero, por favor, sin ayudas estatales. 
Esto favorecería la recuperación de los precios en el mercado mundial y que muchas agricultoras y muchos agricultores en países del Tercer Mundo tuviesen de nuevo una oportunidad de asegurar su existencia en la producción de alimentos. 
Si seguimos practicando el dumping con importes multimillonarios, esta evolución se verá entorpecida y se producirán muchas distorsiones sociales y ecológicas. 
Unas palabras sobre la protección exterior. 
Esto ha sido confirmado también por los grupos políticos y espero que la Comisión se mantenga en su línea de defender el desarrollo regional dentro de la UE mediante una protección frente al dumping social y ecológico del exterior. 
Representaría también una aportación a la estabilización de la situación en el mercado mundial, lo que a su vez repercutiría positivamente sobre los países más débiles en la producción agrícola. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ¿quién podría discutir que nuestra agricultura ha de estar en condiciones de participar en la expansión del mercado mundial preparándola para la ampliación y para la próxima OMC? ¿Quién podría discutir que se impone un mejor reparto de las ayudas, teniendo en cuenta la multifuncionalidad de la agricultura? 
Aplaudimos las intenciones declaradas por la Comisión, pero nos estremecemos ante las soluciones propuestas, basadas esencialmente en la tendencia llamada inevitable, hacia una mayor liberalización del comercio, por tanto con una bajada generalizada de los precios y teniendo como único horizonte el desarrollo de las materias primas en el mercado mundial. 
La competitividad de la agricultura europea no puede reducirse a este único parámetro. 
La calidad de los productos, su transformación, su adaptación a la demanda internacional, unas políticas comerciales dinámicas, pueden, tanto como los precios, estimular nuestro potencial de exportación. 
No necesitamos menos presupuesto, sino «mejor presupuesto». 
Un presupuesto reorientado para apoyar el modelo agrícola europeo que el Sr. Cunha ha definido muy bien en su informe y que concilia la necesaria vocación económica de la agricultura con las exigencias vinculadas a la salud de los consumidores, a la calidad de los productos, al medio ambiente, a la ordenación del territorio, al desarrollo rural, a la instalación de los jóvenes. 
Es este modelo el que ha de inspirar una PAC reforzada, sin abrir la puerta a su renacionalización, integrando la preferencia comunitaria y sin olvidar tampoco que somos deficitarios en ciertas producciones como las oleoproteaginosas, los cítricos, la pesca y la madera. 
No pongamos el carro delante de los bueyes ni salgamos derrotados a priori. 
Frente a las exigencias de la OMC, seremos mucho más fuertes para negociar la PAC si ésta se modifica previamente en función de nuestros objetivos. 
No subestimemos el desafío. 
Detrás de la reforma de la PAC y la Agenda 2000, lo que hemos de adoptar es una decisión social. 
Somos nosotros, los políticos, los que hemos de asumir la responsabilidad y doy las gracias al Sr. Cunha por habérnoslo recordado. 
Señora Presidenta, Señorías, cuando yo era ponente de la comunicación de la Comisión «Agenda 2000» , pedí a la Comisión de Agricultura que redactara un informe de propia iniciativa sobre la reforma de la Política Agrícola Común, y me felicito de que esta tarea se haya confiado a nuestro amigo y colega Cunha. 
En efecto, la Agenda 2000 nos propone, en un contexto presupuestario muy limitado, una reforma de las dos políticas más importantes: la política agrícola común y la política estructural. 
En aquel momento me sorprendió el planteamiento exclusivamente presupuestario de la Comisión, en sus propuestas de reforma de las OCM de los grandes cultivos, producción de vacuno y producción láctea. 
No se tenía en cuenta la especificidad de la agricultura europea y la Comisión, en su voluntad por alinearse con un modelo agrícola mundial, omitió la definición de un verdadero modelo agrícola europeo teniendo en cuenta nuestras propias especificidades, tanto en términos de desarrollo rural como de ocupación del espacio. 
El informe de nuestro colega Cunha, tal como se nos propuso originariamente, era un buen informe. 
Las numerosas enmiendas presentadas en la Comisión de Agricultura han hecho el texto mucho menos coherente y en ocasiones incluso teñido de cierta ideología que olvida que la agricultura es también y ante todo una actividad económica. 
Como conclusión, señora Presidenta, daré un ejemplo: si se desea que perdure la agricultura europea, es necesario que se instalen en ella los jóvenes y que la única política real que favorezca las instalaciones de jóvenes agricultores consista en proponerles una actividad económicamente rentable, basada en una política agrícola visible a medio plazo. 
¿Cuál será la actitud de la Comisión cuando se inicien las próximas negociaciones en la OMC en junio de 1999? 
No hay en la actualidad ninguna estrategia ofensiva definida y la reforma de la política agrícola, tal como la propone la Comisión, no tiene en cuenta este plazo internacional. 
Muy al contrario, para paliar la disminución de los precios, ésta desea conceder compensaciones parciales a los agricultores, y ello sabiendo que estas ayudas son limitadas en el marco actual de las reglas del GATT y que nuestros conciudadanos no comprenderán la finalidad de estas compensaciones. 
Señora Presidenta, esta mañana tuvimos el aceite de oliva, los precios agrícolas, el tabaco... 
Gracias al excelente informe del Sr. Cunha, podemos reaccionar a esta PAC del tercer tipo que nos propone el Sr. Fischler. 
Existió la PAC de Sicco Mansholt, basada en los precios y en los ingresos. 
Balance: 12 millones de campesinos eliminados, lo que ha hecho de Sicco Mansholt el Pol Pot de los polders. 
Existió la PAC de 1984-1992, con los estabilizadores, las cuotas, las CMG y con... el fracaso. 
Aún ayer por la noche se nos explicó que las reservas de cereales eran de 14 millones de toneladas. 
Y ahora está la tercera reforma, que recuerda un poco al novelista italiano Lampedusa en El Gatopardo: todo debe cambiar para que nada cambie. 
Nada cambia en los motivos: en 1992, era preciso preparar el GATT, en 1988 es preciso preparar la OMC. 
Se dice que el 21 % de las quejas dirigidas a la OMC se dirigen a Europa y que más de un tercio de las quejas procede de Estados Unidos. 
Nada cambia tampoco en el dispositivo: se trata siempre del malthusianismo y el presupuestarismo. 
El malthusianismo es la bajada de los precios, el barbecho, los alimentos en el mercado mundial, la cirugía brutal (para la viña, por ejemplo) , y el presupuestarismo es la estrechez contable, el racionamiento, un racionamiento tanto más estricto por cuanto es preciso ahora financiarlo- con el importe mágico del 1, 25 % del PIB- como la preadhesión y la adhesión. 
En realidad, por encima de las cuestiones técnicas que aborda el Sr. Cunha, es decir, el no food, la distribución de las ayudas a la producción, la calidad de los productos, el tope de las ayudas, la seguridad, etc., la verdadera decisión ha de operarse entre dos modelos como han dicho el Sr. des Places, la Sra. Barthet-Mayer y muchos otros: modelo americano o modelo europeo. 
Para el modelo americano la palabra clave es intensivo. 
En Estados Unidos la agricultura es la química más la brujería de los organismos genéticamente modificados: los nitratos, los pesticidas, los fungicidas, y ahora, los OGM. 
Para el modelo europeo, la palabra clave es: armonía. 
Armonía de los productores, exportaciones familiares, armonía de los productos, que son al mismo tiempo mediterráneos (tabaco, vino, frutas, verduras, aceitunas) y septentrionales, de ahí una diversidad en las producciones que asegura al consumidor una armonía sanitaria mediante la calidad de los productos, armonía de los territorios (la montaña y el llano) , armonía estética, ecológica y mental. 
Señor Ministro del Reino Unido, cuando se tiene una buena agricultura, no se tienen «hooligans» británicos en Marsella. 
Evidentemente, conocemos las consecuencias del modelo americano por oposición a nuestro modelo: destrucción del suelo, contaminación de las capas, contagio, vacas locas y alienación, porque Monsanto y Pioneer, en nombre de la propiedad industrial, pretenden transformar hasta a los campesinos americanos en obreros que no tuvieran derecho a volver a sembrar. 
Entonces, si pretendemos defender el modelo europeo contra el arcaico modelo americano, es preciso en primer lugar protegerlo. 
Protegerlo por medio de la preferencia comunitaria: ése es el corazón nuclear de Europa, si no hay preferencia comunitaria no hay Europa. 
Protegerlo mediante el mantenimiento de precios elevados que contribuyen a que haya unos ingresos elevados. 
Protegerlo mediante una calidad de las producciones, mediante un valor añadido que justifique a la vez los precios elevados y el hecho de que exportemos nuestro modelo. 
Exportar nuestro modelo no significa que sea preciso alinearse, principalmente por medio del desacoplo, sobre los precios mundiales; eso significa que es preciso facilitar ayudas a la exportación, como lo hacen por cierto los Estados Unidos con la ley FAIR, que mantiene los créditos a la exportación, principalmente en beneficio de Ucrania, de Egipto, de Rusia o de Sudáfrica. 
Protegerlo quiere decir finalmente, señor Comisario, defenderlo en las negociaciones mundiales. 
Es usted el Comisario europeo de Agricultura y no el Subsecretario de Estado americano de Agricultura. 
Señora Presidenta, quisiera también sumarme a las felicitaciones al Sr. Cunha por el trabajo realizado y, sobre todo, por la tesis de su trabajo. 
Yo creo que su trabajo pone de manifiesto que el documento Agenda 2000 es un documento tremendamente desequilibrado. 
Muy claro y muy radical en ciertas aproximaciones, concretamente en los temas de precios, es, sin embargo, muy poco claro en lo relativo a medidas complementarias. 
Es muy radical, en concreto, en las bajadas de precios, compensadas parcialmente, no íntegramente como antes. 
Es muy radical también en dar ayudas iguales para todos los cultivos sin tener en cuenta los diferentes cultivos, lo cual puede suponer la desaparición del girasol. 
En esos temas el documento de la Comisión es tremendamente claro, tremendamente radical. 
Sin embargo, no hay, en otros aspectos, esa misma decisión en las propuestas. 
Da la sensación, como ya se ha dicho, de que la única causa de esa nueva reforma parecen ser las exigencias de las futuras negociaciones en la Organización Mundial de Comercio. 
Pero el documento nada señala sobre cuál será el futuro de la agricultura europea. 
Una agricultura que queremos- también se ha dicho varias veces- que ocupe el territorio europeo, que siga ejerciendo su papel medioambiental y social. 
Nada se dice de la necesidad de que la PAC tiene que responder a criterios de cohesión económica y social, de la necesidad que tenemos de garantizar un equilibrio entre producciones, agricultores y territorios y, como ejemplo negativo, baste recordar que el desequilibrio presupuestario supone una distinta protección a las producciones del sur y a las producciones continentales. 
En el mismo sentido, ¿qué papel se quiere realmente que desempeñen las ayudas? 
El reglamento horizontal no es, desde este punto de vista, muy esclarecedor. 
Con respecto al desarrollo rural, yo creo que los planteamientos de la Agenda 2000 están muy lejos de responder a las expectativas levantadas por la Conferencia de Cork. 
No parece que podamos contar para el futuro con una verdadera política rural, verdaderamente integrada, verdaderamente multisectorial y con dotación financiera suficiente, que pueda paliar los problemas que presenta el desequilibrio de la Agenda 2000. 
Señora Presidenta, nuestro colega Cunha tenía el cometido de reunir en un informe algunos de los problemas horizontales de las propuestas agrícolas de la Agenda 2000 y dar una visión de largo plazo sobre ellos. Lo ha conseguido muy bien, y también la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha añadido puntos de vista importantes en algunos aspectos. 
Esta visión del modelo agrícola crea al mismo tiempo el marco de la futura política para la integración agrícola de Europa oriental. Sirve también como justificación hacia los ciudadanos en su calidad de consumidores y de contribuyentes fiscales de por qué se debe llevar a cabo dicha política agrícola y dicha política rural. 
Pero este informe es naturalmente muy global. 
No analiza por ejemplo qué medidas se pueden tomar en consideración para la financiación total de la UE y cuáles para la cofinanciación. 
Este problema horizontal lo tiene que elaborar con más detalle la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural junto con la Comisión de Presupuestos. 
El informe intenta hacer un equilibrio entre la necesidad de una agricultura competitiva y la ayuda a las regiones y los grupos que tienen una mayor necesidad de renta porque están más o menos permanentemente en una posición desfavorable. 
Sin embargo, el concepto de rentabilidad empresarial ha quedado tal vez demasiado relegado. 
Si los precios bajan por debajo del precio de coste de las empresas más eficientes, entonces las compensaciones para esas empresas han de estar de acuerdo con su productividad. 
Si no, también ellas desaparecerán y esa no puede ser la intención de la política agrícola común. 
El punto sobre la política láctea está formulado con descuidos y no puede ser aceptado de tal forma. 
Respecto a la cuestión de relacionar las condiciones medioambientales con los pagos directos, el informe rechaza las propuestas de la Comisión de establecer criterios nacionales. 
Sin embargo, se verá que las condiciones medioambientales nunca podrán ser redactadas en el ámbito de la UE para todas las regiones de la UE. 
La práctica nos obligará ir en dirección de una mayor subsidiariedad. 
Esto nos da además mayores garantías de que no se cargará a los agricultores de la UE con más regulaciones y burocracia. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, creo que el Sr. Cunha ha conseguido cambiar unos puntos que eran muy necesarios. 
Ha ampliado y profundizado el debate y es un tema en el que tenemos que insistir porque soy de la opinión de que de otro modo no podríamos afrontar las próximas negociaciones de la OMC. 
En mi opinión no habrá que introducir en las próximas negociaciones de la OMC las cantidades de ningún producto relacionado con la ayuda al precio, sino temas como la calidad alimentaria, las exigencias medioambientales y criterios sociales. 
Por lo tanto, he leído con agrado que el Sr. Cunha propone que a largo plazo haya una desvinculación de la ayuda a la producción. 
En este marco quiero señalar al Comisario, pero Ud. lo conocerá sin duda, el informe Buckwell, que contiene algunas propuestas interesantes para pasar a la prestación de ayuda desvinculada. 
Ese informe requiere tal vez más atención en la DG de agricultura de lo que hasta este momento se le ha prestado. 
Presidenta, creo que los americanos con su FAIR-Act van a conquistar en efecto una parte del mercado mundial y que nosotros no hemos llegado, hasta este momento, tan lejos con nuestro sistema. 
También ellos dan una especie de ayuda. 
Habrá que pensar por lo tanto con más creatividad en ese aspecto. 
Como punto final, Presidenta, quiero prestar atención al desarrollo rural. 
Los datos demográficos indican que en grandes partes de Europa la población sigue emigrando del campo a la ciudad. 
No podremos detenerlo solamente con una política agrícola, esto requiere una política rural más amplia y también medios para desarrollar esta política rural ampliada. 
Por esa razón me gustaría mucho ver que las propuestas que se elaboraron una vez en Cork se lleven de verdad a la práctica. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al Sr. Cunha. Ha preparado un informe muy objetivo. 
Todos los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural agradecemos mucho su trabajo. 
Desde la perspectiva irlandesa, hay que cambiar, la verdad, substancialmente las recientes propuestas hechas públicas por la Comisión Europea para reformar la Política Agraria Común. 
Si no se modifican en gran medida las propuestas, muchos agricultores y ganaderos irlandeses marginados se van a ver sometidos a una gran presión y algunos no sobrevivirán. 
Esa transformación tendría graves consecuencias para la infraestructura socioeconómica de las comunidades rurales. 
Las propuestas de la Comisión, en su forma actual, si se aplican enteramente, tendrían los siguientes efectos perjudiciales para la agricultura y la ganadería irlandesas. 
En primer lugar, en relación con la discriminación en el reparto de las cuotas lácteas, Irlanda tiene razones muy legítimas para aspirar a cuotas suplementarias. 
Las propuestas que no disponen una compensación plena tendrían efectos devastadores en el sector irlandés de la carne de bovino. 
En Irlanda, como todo el mundo sabe, la carne de vacuno y la leche representan el 71 % de nuestra producción agropecuaria total. 
Las propuestas, en su forma actual, darían como resultado reducciones de la renta de los agricultores y ganaderos irlandeses, desestabilizarían las explotaciones familiares, disuadirían a los jóvenes de dedicarse profesionalmente a la agricultura y la ganadería y provocarían una continua despoblación rural. 
Debemos recordar que, en términos comparativos, el sector agropecuario es casi tres veces más importante para la economía irlandesa que para la UE en conjunto. 
En 1997 la Política Agraria Común representó 5.100 millones de libras irlandesas para la economía irlandesa. 
En el marco de las propuestas de la Agenda 2000, sólo se pueden apoyar las reducciones de precios si van acompañadas del pago completo a los agricultores y ganaderos para compensar los efectos de las reducciones de precios propuestas. 
Los pagos directos que propone la Comisión no son adecuados y se deben abordar antes de que podamos dar nuestra conformidad. 
En conclusión, las propuestas de reforma de la PAC son inaceptables para Irlanda, porque no son equilibradas, no protegen los intereses del sector agropecuario irlandés y no contribuyen al desarrollo rural. 
Señora Presidenta, al adoptar como deseo el excelente informe del Sr. Cunha, el Parlamento Europeo va a expresar su opinión sobre la reforma de la PAC, pero también va a sustituir el movimiento de oposición del mundo agrícola y rural por el proyecto presentado por la Comisión. 
Ésta, señor Comisario, no ha querido extraer las enseñanzas de la reforma de 1992, que ha aumentado la hemorragia de empleos en la agricultura y en el mundo rural, que ha agravado el injusto reparto de financiación comunitaria, que ha mantenido la renta agrícola en el 60 % de la renta media de la sociedad y ha desequilibrado los territorios. 
Peor aún, la Comisión sigue encerrándose en el dogma de la bajada de los precios y de una carrera por la productividad que pone en tela de juicio los empleos, los equilibrios sociales, medioambientales y territoriales, y amenaza la independencia y la calidad de la alimentación. 
Como señala el ponente, la agricultura y la sociedad europea necesitan, por el contrario, una reforma de la PAC que suponga un proyecto realmente alternativo que reoriente fundamentalmente una serie de dispositivos, que consolide el modelo europeo de la agricultura y que proporcione a ésta la ambición de señalar los nuevos desafíos que se plantean a la Humanidad en los ámbitos del empleo, de la alimentación, de la energía, del medio ambiente y del abastecimiento de agua. 
El ponente tiene razón al recordar que la política de los precios y de los mercados ha de basarse en los tres pilares tradicionales, principalmente la preferencia comunitaria. 
Y hace propuestas de futuro. 
La de la formación de la renta agrícola, que ha de verse garantizada prioritariamente por medio de la producción y venta de productos agrícolas. Después, por los precios en lugar de las primas. 
Plantea la cuestión del tope y de la modulación de las primas por criterios que favorecerían el empleo y, en el mismo objetivo, el reequilibrio entre producciones continentales y producciones mediterráneas. 
Propone acompañar la definición de las relaciones comerciales internacionales de cláusulas sobre los costes de producción y de normas medioambientales, sociales y laborales. 
Plantea incluso la cuestión de la excepción rural que ha de señalar los límites de la globalización en este sector. 
Este informe ofrece incontestablemente un espacio de debate y de propuestas alternativas frente a las de la Comisión. 
Los agricultores y los pueblos de Europa se reencontrarán en él. 
El Consejo ha de inspirarse en ello. 
Señora Presidenta, quisiera sumar mi agradecimiento al Sr. Cunha y felicitarlo por un informe excelente. 
Demuestra sin el menor atisbo de duda que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que a veces recibe críticas tremendas de los miembros de la Comisión de Presupuestos y otros, puede presentar a veces informes muy constructivos. 
Como todos sabemos, el informe examina la ampliación de la Unión Europea y las conversaciones en la OMC: todo el proceso de la Agenda 2000, que va a tener un efecto a muy largo plazo en el sector agropecuario, tal como lo hemos conocido en la Unión Europea. 
Quisiera hacer algunas observaciones. 
Es importante que velemos por que la estructura actual de las explotaciones familiares de la Unión Europea sea protegida para que pueda sobrevivir. 
Los Estados miembros se muestran extraordinariamente entusiastas respecto de la ampliación, pero en este momento el Consejo en Cardiff probablemente esté intentando reducir las contribuciones a la Unión Europea. 
Por una parte, quieren la ampliación, pero, por otra, no están dispuestos a pagarla. 
No pueden tener las dos cosas. 
Los Estados miembros van a tener que afrontar ese principio, sea cual fuere su planteamiento de él. 
Debemos disponer de un período de transición más largo y ampliar el período anterior a la ampliación. 
Quiero hacer otra observación muy firme: no debemos permitir la renacionalización de la Política Agraria Común, tal como la hemos conocido. 
Me preocupan mucho las propuestas de planes nacionales, porque estoy convencido de que entrañarán desigualdades entre los Estados miembros. 
De hecho, no hay que olvidar todo el problema de la adicionalidad, que hemos visto en el pasado. 
Personalmente, quisiera que el Parlamento y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural participaran plenamente en todo el proceso de la Agenda 2000. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, el colega Cunha ha presentado realmente un informe que es acreedor en gran medida a un voto afirmativo. 
Sin embargo, comprobaremos que los problemas surgen en los detalles. 
Pues las y los colegas saben que uno se puede poner de acuerdo muy rápidamente sobre cuestiones generales pero que cuando se trata de detalles concretos existen diversas opiniones. 
Me dirijo a la Comisión: las propuestas de la Comisión en la Agenda 2000 apuntan en la dirección correcta pero tienen defectos. 
Siguen apostando demasiado fuerte en favor de las subvenciones a los productos. 
Quien aún siga ignorando la necesidad de modificaciones en el sector agrícola y deje pasar la oportunidad de la Agenda 2000 con reformas a medias o reformitas, la vida, la OMC y el proceso de ampliación le castigarán. 
Por ello, considero necesario que centremos nuestros esfuerzos. 
El segundo gran soporte o pilar, como la Comisión dice, en el sector de la política rural es un puntal muy débil en el que aún hay que trabajar muchísimo. 
Lo que necesitamos en la reforma es ayuda para la adaptación de las explotaciones agrícolas a los mercados. Esto solamente es posible mediante la calidad de los productos o de la elaboración de los productos y no mediante la cantidad. 
Quien aún siga apostando por colocar en el mercado enormes cantidades, comprobará que nosotros mismos nos perjudicaremos. 
En las negociaciones de la OMC somos nosotros los que debemos poner las condiciones como UE y no permitir que nos las impongan los norteamericanos o el grupo Cairn. 
Es necesario fomentar el empleo en las áreas rurales. 
Es necesario dar cobertura a una demanda no cubierta en el sector de un sistema equilibrado y del mismo peso de una producción compatible con la naturaleza. 
En estas cuestiones, la propuesta de la Comisión sigue siendo insuficiente. 
No está bien que las asociaciones europeas de agricultores afinen el mismo concierto discordante como hace dos años. 
En aquella ocasión por lo visto la política agrícola europea estaba hundiéndose. 
No se ha hundido ni tampoco se va a hundir en el futuro. 
Pero podemos perder si no hacemos una auténtica reforma sino sólo una reformita. 
Votaciones 
No podemos apoyar la propuesta del Sr. Pimenta relativa al rechazo de la propuesta del acuerdo con los Estados Unidos. 
No porque el acuerdo sea el mejor imaginable, sino porque es mejor que la alternativa. 
La alternativa al acuerdo con los Estados Unidos no es un acuerdo con mejores estándares. 
La decisión anterior del Consejo relativa a la prohibición de los cepos implica que puede instaurarse una prohibición de importación, pero esto, visto a grandes rasgos, es también lo único que posibilita. 
La decisión relativa a la prohibición de los cepos es muy limitada, es válida sólo para 13 especies frente a las 19 especies cubiertas por el nuevo acuerdo que prohíbe no el uso de cepos, sino sólo la importación de pieles y, ante todo, la decisión cubre sólo este único método de captura. 
Nos parece hipócrita centrarnos en este único, aunque bárbaro, método de captura, cuando en la Unión Europea se emplean al menos trampas igual de crueles. 
Ésta es la alternativa a los acuerdos con Rusia, Canadá y ahora también con los Estados Unidos- no requisitos más duros para trampas. 
Apoyo completamente el punto de vista de nuestro ponente y deseo señalar mi total desaprobación con respecto al acuerdo concluido entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos sobre las normas de colocación de trampas llamadas «humanas» , porque, con toda seguridad, no impide la crueldad que se ejerce sobre los animales. 
Para mí, es urgente poner fin incondicionalmente- digo bien, incondicionalmente- a la utilización de los cepos, que producen sin distinción sufrimientos atroces a millones de animales capturados. 
Por otra parte, este acuerdo no llega tan lejos como los que se han concluido con Canadá y Rusia, sobre los cuales fuimos consultados y muchos los consideramos insuficientes. 
Me parece que marcan un retroceso claro, tanto en el ámbito jurídico (pienso, por ejemplo, en el método de solución previsto para posibles litigios) , como sobre el fondo (basta con referirse en concreto a la amplitud del plazo previsto). 
Lástima (lástima por los animales) , como no se nos otorga sobre la materia más que una competencia consultiva, sabemos que hay muchas posibilidades de que el Consejo ignore nuestra opinión y apruebe este texto a pesar de todo. 
Pero ello no nos impedirá, como Asamblea, proponer alto y fuerte el rechazo de este acuerdo inaceptable. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Pimenta, con el que se pide al Consejo que rechace el acuerdo propuesto con los Estados Unidos. 
No obstante, admitimos que nos encontramos ante un dilema. 
Deseamos hallar alternativas a los cepos. 
Los cepos son crueles para los animales y deben prohibirse. 
El problema es que los esfuerzos políticos en el fondo se refieren a abolir los cepos en áreas donde los animales salvajes son capturados por personas que tienen una necesidad aguda de estas capturas. 
Los esfuerzos políticos de ningún modo se dirigen contra el enorme número de cepos que son empleados en la UE para mantener alejados a los " animales dañinos». 
La lógica es al parecer que si una mujer quiere llevar la piel del animal como abrigo de piel, éste no debe ser capturado con cepos, pero si el animal, visto con los ojos del hombre, es demasiado asqueroso, entonces puede hacerse con él lo que se quiera. 
Empleamos en la UE millares de trampas para capturar animales que no gozan de mucho aprecio entre los amigos de los animales, especialmente ratas y ratas de agua. 
Añádase a esto que las negociaciones internacionales sobre este asunto- de modo absolutamente grotesco- se han venido alargando, han sido manipuladas y han proporcionado resultados tan malos que todo debería ser rehecho. 
El que se pese la una contra la otra, en nuestra opinión, redunda en beneficio de apoyar la negativa de la Comisión de Medio Ambiente, aunque no apoyamos una mayoría hipócrita en esta sala, a la que le gusta perjudicar las posibilidades de lucro de los pueblos aborígenes, pero que no puede ver la viga en sus propios ojos (o debería decirse diques y huertos). 
El reglamento 3254/91 del Consejo contiene disposiciones en virtud de las cuales aquellos países terceros que deseen exportar pieles o productos similares de trece especies de animales deberán, o bien prohibir el uso de cepos en su territorio, o bien velar porque los métodos de colocación de trampas utilizados se adapten a las normas de colocación de trampas no crueles aprobados a escala internacional. 
Este reglamento, aunque antiguo, no se aplica siempre. 
La razón es simple: Canadá y Estados Unidos amenazan, en caso necesario, con llevar el asunto ante la Organización Mundial del Comercio. 
Hoy, la Comisión nos presenta un proyecto de acuerdo bilateral entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos. 
Al igual que el ponente, nuestro grupo rechaza este acuerdo. 
En efecto, una vez más, traduce el tropismo de la Comisión, que se inclina ante la voluntad de los Estados Unidos (y Canadá) de rechazar cualquier introducción de cláusulas medioambientales en el marco de la OMC. 
Si este acuerdo fuese aplicado, crearía además una situación que se podría calificar de «ubuesca». 
En efecto, la Unión Europea podría continuar importando pieles extraídas de animales capturados mediante cepos prohibiéndose ella misma la utilización de esos cepos para eliminar en su propio territorio animales dañinos. 
En efecto, en nuestros humedales en especial, la totalidad de diques y canales se ven sometidos a degradaciones importantes, que provocan costes considerables de reacondicionamiento para las entidades locales y las agrupaciones en defensa de zonas pantanosas por la acción de animales dañinos que no tienen ningún valor comercial, como los coipos. 
La lógica exigiría que nuestra posición fuera exactamente contraria a la que la Comisión nos propone aprobar: si los animales tienen un valor comercial, sería lógico utilizar los cepos menos crueles posible. 
Por el contrario, en el marco de la eliminación indispensable de los dañinos sin valor comercial, sería preferible utilizar los cepos menos onerosos y más eficaces posibles. 
No me queda más remedio que votar contra el acuerdo concertado con los Estados Unidos sobre las normas relativas a las trampas humanitarias para animales. 
Sencillamente, no es suficientemente estricto con las trampas crueles, a la que tantos ciudadanos de mi circunscripción, naturalmente, se oponen. 
El autor de este informe ha concluido atinadamente que, por no haber sido este acuerdo suficientemente estricto a la hora de prohibirlas, en los próximos años millones de animales indefensos padecerán una muerte muy dolorosa causada por esas crueles trampas. 
La opinión de nuestros ciudadanos de la UE, y no sólo en las naciones tradicionalmente conocidas por su amor a los animales, como Gran Bretaña, ha quedado plasmada en la obligación legal impuesta por la Comisión Europea de prohibir la importación de pieles obtenidas con esas crueles trampas en todos los casos en que sea viable. 
Confío en que no se utilicen las consideraciones relativas al comercio con los Estados Unidos como razón para no seguir impulsando normas mejores relativas a las trampas para animales. 
Somos el mayor bloque comercial de la historia del mundo y ya es hora de que los negociadores de la UE utilicen nuestra influencia para lograr un acuerdo mejor en pro de los animales en ese tipo de acuerdos internacionales. 
Si el acuerdo no es suficientemente válido, deben volver a la mesa de negociación hasta que lo sea. 
Informe Girão Pereira 
Hemos votado a favor de la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo que fija, en relación con el período comprendido entre el 1/1/98 y el 31/12/99, las posibilidades de pesca y las contrapartidas financieras establecidas en el Acuerdo entre la CE y el Gobierno de la República de Guinea respecto de la pesca a lo largo de las costas guineanas por las siguientes razones: 
1.Consideramos muy positiva la evolución habida en relación con el protocolo anterior por lo que se refiere al control de los recursos haliéuticos y la correspondiente asignación de los medios financieros a programas científicos y técnicos locales y a los medios de control y vigilancia del esfuerzo de pesca.2.Creemos que la renovación del protocolo- manteniendo prácticamente los niveles de capturas anteriores, pero aumentando en gran medida los valores de las contrapartidas financieras- permite establecer una transacción entre la necesidad de que las flotas comunitarias (España, Grecia, Francia, Italia y Portugal) sigan pudiendo acceder a los recursos locales, abasteciéndose de materia prima, y la evidente necesidad de que aumenten los beneficios financieros de países menos desarrollados. 
Tan sólo deseamos que los armadores comunitarios (en particular, los portugueses, a quienes se ha asignado la posibilidad de pescar 200 TRB/año de camarones y trasladar a aguas guineanas dos palangreros de superficie) utilicen mejor las oportunidades creadas, ya que su utilización en el protocolo anterior fue muy limitada.3.Con todo, quisiéramos hacer constar nuestras dudas sobre el hecho de que la flota comunitaria pueda acceder a las aguas guineanas más allá de las 10 millas, cuando, a nuestro entender, sólo deberían poder hacerlo más allá de las 12 millas. 
Asimismo, abrigamos dudas sobre el período establecido para el presente Protocolo- tan sólo dos años, inferior, por tanto, a la mayoría de los acuerdos de ese tipo concertados por la CE- que no brinda una estabilidad operacional suficiente a la flota comunitaria. 
Si nuestro grupo interviene hoy sobre este informe relativo al acuerdo pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea es para mencionar un elemento esencial de la política pesquera común. 
Efectivamente, en el último Consejo «Pesca» , se adoptó la prohibición de la utilización de las redes de deriva de 2, 5 km, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. 
Me opuse claramente, ya que esta decisión se adoptó sin ningún fundamento científico y priva a los pescadores y a las zonas dependientes de la pesca de una actividad económica esencial para su supervivencia. 
Debo recordar que esta decisión es tanto más inaceptable por cuanto que la Comisión, para poder conseguir el acuerdo del Consejo, ha preservado la utilización de redes de deriva de 21 kilómetros en el Báltico, cuando la normativa internacional, tal como fue fijada por la ONU, propone una limitación de 2, 5 Km 
Volvamos a este acuerdo pesquero con Guinea. 
¿Qué observamos? 
Este acuerdo prevé que podrán faenar 33 buques arrastreros congeladores y 13 atuneros cañeros. 
Estos buques, de acuerdo con el derecho internacional, podrán si lo desean utilizar redes de deriva. 
¿A qué lógica se refiere pues la Comisión? 
Siendo al mismo tiempo defensor del principio de control de los recursos y defensor de la profesión de pescador, no puedo más que denunciar con la mayor determinación estas contradicciones absolutamente escandalosas en el comportamiento de la Comisión. 
Que esta última se limite a pedir respeto por la reglamentación internacional que permite la utilización de redes de deriva y que deje de invocar abusivamente falsos pretextos para permitir «in fine» a los pescadores de un solo Estado miembro apoderarse de cuotas de mercado que poseen los demás, mediante el subterfugio de la prohibición de un aparejo de pesca. 
Si la red de deriva de longitud limitada es aceptable para el medio ambiente y para las reservas pesqueras, ha de serlo para todos los pescadores y en todos los mares y océanos. 
Es errónea toda la política de pesca que se basa en que la Comunidad compra derechos de pesca a los países pobres de África. 
Por eso no podemos darle nuestro apoyo. 
El presente informe de la Comisión significa además un aumento de las ayudas en relación con el pasado. 
Además de estas cuestiones de principios, debemos preguntarnos si las subvenciones comunitarias a Guinea realmente benefician a la población pobre del país. 
Cabe señalar que Guinea no es una democracia plena, algo que hace que uno se pregunte adónde va a parar el dinero. 
Informe Trakatellis 
Nos parece naturalmente adecuado que se revisen rutinariamente las disposiciones sobre microorganismos modificados genéticamente sobre la base de los nuevos conocimientos que se obtengan en este campo de investigación relativamente nuevo. 
Especialmente nos parece importante garantizar un alto nivel de seguridad, como figura entre los fines del informe. 
No obstante, nos hemos vistos obligados a abstenernos en la votación de una serie de las enmiendas. 
Esto guarda relación con que uno, como profano, no tiene posibilidad alguna de entender el contenido y las consecuencias de estas propuestas. 
Nos parece inquietante que cuestiones de índole tan complicada y técnica deban someterse a votación sin que uno tenga posibilidad real de comprenderlas. 
La posición común con el Consejo, tal como se ha adoptado al final de la primera lectura, permite fijar la utilización confinada de los microorganismos genéticamente modificados, preservando los intereses de los Estados miembros. 
Frente a las 35 enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, que recogen en gran parte las enmiendas presentadas en el examen del texto en primera lectura, el Grupo Europa de las Naciones no puede apoyar ni a aquellos que pretenden impedir a los Estados miembros que refuercen las reglas mínimas de protección del medio ambiente ni a aquellos que, intentando fijar un grado excesivo de precisión, pueden convertir el texto en inaplicable. 
Entre las enmiendas importantes figura una propuesta de cambio de la base jurídica: el artículo 100A en lugar del artículo 130S. 
Una propuesta así es inaceptable en este caso ya que se trata de una directiva que pretende establecer reglas mínimas de protección del medio ambiente y de la salud pública, que los Estados miembros han de poder reforzar si llega el caso, y no reglas de armonización del mercado interior. 
En efecto, esta directiva no regula la circulación ni la comercialización de los microorganismos genéticamente modificados, sino únicamente las condiciones de su utilización en instalaciones confinadas. 
Otro punto importante (enmiendas 4 y 9) consiste en hacer obligatoria la suscripción de un seguro por parte de los operadores para la utilización confinada de MGM. 
Esta disposición no tiene su lugar en este texto, ya que la responsabilidad civil de los operadores ha de regirse por reglas generales a nivel europeo y por reglas específicas a nivel de los Estados miembros. 
Este texto no debe servir de pretexto para intentar reformar indirectamente el código de seguros. 
Para la mayoría de las enmiendas (enmiendas 2 a 14) la redacción de la posición común es más precisa y apropiada que el texto inicial. 
Por sus enmiendas, la Comisión de Medio Ambiente complica sin motivo el texto y hace de él un texto inadaptado a las evoluciones de la tecnología e inaplicable en estas condiciones. 
Por el contrario, nuestro grupo apoya la totalidad de las disposiciones relativas al confinamiento que proponen las enmiendas 15 a 35 ya que, a diferencia de las anteriores, son en esta ocasión más apropiadas que el texto de la posición común. 
Finalmente, nuestro grupo apoya la enmienda 36 del Grupo de los Verdes, que permite una mejor descripción y, por tanto, un mejor conocimiento de los MGM utilizados. 
Informe des Places 
Opinamos que la propuesta de la Comisión es mejor que la presente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Votamos en contra de las propuestas de aumentos de precios y por eso no podemos votar a favor de este informe. 
Nos oponemos especialmente a las ayudas al cáñamo, al vino y al tabaco. 
Nuestra opinión es que antes de 1999 tiene que llevarse a cabo una reforma minuciosa. 
Las propuestas de la Comisión, dentro del marco del paquete de precios 1998/1999, están basadas en la concesión de recursos financieros limitados para la Política Agraria Común y según el informe del ponente llevarán a una reducción aproximada de los precios y de las ayudas de compensación del 2 % sobre los precios reales, además, esa reducción irá acompañada de otra del 2 % por la desaparición del ECU verde y el establecimiento del euro. 
Según el ponente se ha producido una reducción de la renta global de la agricultura europea del 16, 4 % en términos reales durante el período 1990/1996 y la población agraria ha disminuido más de 2 millones de personas. 
El mantenimiento de la congelación de los precios y de las ayudas de compensación por decimotercer año consecutivo provocará una mayor disminución del número de agricultores y hará que la renta agraria europea continúe su descenso. 
Las propuestas para los dieciocho reglamentos del Consejo simplemente repiten las disposiciones actuales, con algunas excepciones que son necesarias por razones meramente jurídicas y para que se satisfagan los compromisos del Consejo. 
No afrontan el problema de la renta de los agricultores ni el de la conservación de los empleos. 
Por ello, no podrán contar con nuestro voto. 
Las propuestas de este año son básicamente una continuación de los precios del año pasado. 
Superficialmente, podría dar a entender que la situación del sector agropecuario es excelente. 
Nada podría estar más alejado de la verdad en relación con Irlanda. 
Los agricultores y ganaderos irlandeses están padeciendo problemas importantes, en particular en el sector de la carne de bovino. 
La crisis de la EEB, la reducción de las licencias y restituciones a la exportación y otros problemas relacionados con el acceso a los mercados de terceros países han sido factores, todos ellos, que han contribuido a agravar el problema. 
La continuación indica una ausencia completa de orientación normativa por parte de la Comisión. 
Los agricultores y ganaderos necesitan saber en qué dirección va a orientarlos la Comisión a lo largo del próximo decenio. 
Necesitan una indicación clara de una estrategia de la Comisión bien elaborada. 
Lo que hace falta es la formulación de propuestas que tengan por objetivo la revitalización de las economías rurales, incluido el sector agropecuario. 
Consideramos negativo que la Comisión mantenga una propuesta de precios agrícolas en el sentido de su mantenimiento en algunos sectores y de reducción en otros, como en el caso de los cultivos arvenses. 
Consideramos que, aun en el caso del mantenimiento, éste representa siempre una reducción real de los precios agrícolas, ya que no tiene en cuenta la inflación. 
En cambio, creemos que sería deseable una actualización de los precios agrícolas que tuviera en cuenta, al menos, una tasa de inflación de 1, 7 % en el nivel de la UE, como forma de garantizar las rentas de los agricultores. 
Consideramos, además, profundamente negativo que una vez más no haya modificaciones ni revisiones de las OCM mediterráneas con el argumento de que aún no se han reformado. 
A ese respecto, consideramos inadmisible que no se hayan indicado los precios de intervención para el sector del aceite, con una clara estrategia encaminada a imponer la necesidad de una aprobación rápida de la nueva propuesta de reglamento que se está examinando. 
A pesar de que consideramos positivas las propuestas de ampliación de nuevas plantaciones para vinos de particular calidad, rechazamos de antemano una estrategia que sigue apoyando el abandono de la superficie vitivinícola, por la importancia de este cultivo para los países del Sur, en particular Portugal. 
Como también rechazamos propuestas encaminadas a permitir la mezcla de diferentes mostos y productos vitivinícolas, porque premian la mala calidad de los vinos comercializados y defraudan al consumidor. 
Hemos votado en contra del informe, entre otros motivos, porque en general somos contrarios a la política agrícola de la UE a causa de su ineficacia, sus altos costes y su injusta distribución que beneficia especialmente a los grandes terratenientes. 
Esta política debe ser devuelta a los países miembros sin dilación. 
Además, estimamos que es muy inadecuado que el Parlamento adopte decisiones sobre precios dentro de un orden de mercado para los productos agrícolas. 
Sin embargo, hemos votado a favor del establecimiento de un registro de viñedos que, curiosamente, no ha existido, a pesar de los constantes informes sobre abusos con los recursos comunitarios en el sector vitivinícola. 
El Grupo Europa de las Naciones sólo puede felicitarse por la calidad del informe y de las propuestas de enmiendas presentadas por nuestro colega Edouard des Places. 
Deploramos, por el contrario, la falta de imaginación de la que da muestra la Comisión, que se ha limitado a presentar este paquete precios como un acto de rutina. 
Estamos sin embargo satisfechos de que, tras la enmienda que presentamos para solicitar la fijación del porcentaje de barbecho antes de finales de este mes, es decir, para que se adopte una decisión sobre el porcentaje de barbecho al mismo tiempo que el paquete precios, la Comisión acaba de proponernos un nuevo reglamento aplicable a la próxima campaña. 
Sin embargo, las propuestas de la Comisión carecen en este momento de realismo. 
Por ello, nuestro grupo ha presentado dos enmiendas, una solicitando la supresión del abandono de tierras excepcional, es decir, la aplicación de una penalización que depende del barbecho previsto, y la otra solicitando un porcentaje de abandono de tierras obligatorio de un 5 % y no de un 10 % como propone la Comisión. 
Más allá de que nuestro grupo haya apoyado la totalidad de enmiendas propuestas por el ponente y adoptadas por la Comisión de Agricultura, hemos presentado de nuevo en sesión plenaria las enmiendas que proponían un aumento de un 1, 7 % de los precios institucionales que pretenden limitar los efectos de la erosión monetaria sobre la renta de los agricultores. 
Resulta totalmente inaceptable que se pueda pensar que los costes de producción de la agricultura no sufran el efecto de la inflación. 
En las propuestas de la Comisión sobre la Agenda 2000 denunciamos ya el carácter constante del nivel retenido de los precios y de las ayudas sobre un período de siete años. 
¿Qué profesión aceptaría que su renta no fuera ajustada a la variación de los precios? 
Personalmente no conozco ninguna. 
Finalmente, nuestro grupo sólo puede estar satisfecho de constatar que la Comisión de Agricultura ha adoptado las propuestas de enmiendas de nuestro colega des Places relativas a la creación de un coeficiente de ajuste orientado a preservar la equidad entre la renta de los agricultores de todos los Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de paliar los graves inconvenientes resultantes de la desaparición del tipo verde el 1 de enero de 1999, para los Estados miembros que participan en la moneda única. 
Los defensores del euro han planteado que el euro no aportaría más que ventajas a los agricultores, ya que suprimiría las devaluaciones competitivas, así como el presupuesto dedicado a las medidas agromonetarias. 
Era olvidar los efectos especialmente penalizadores para los agricultores de la desaparición del tipo verde que implica el paso al euro. 
En Francia, por ejemplo, el desvío entre el tipo verde y el tipo del mercado monetario es del orden de un 2 %: asistiremos pues en realidad a una bajada de los precios institucionales y de las ayudas de un 2 % suplementarias, a contar desde el 1 de enero de 1999. 
Gracias a las enmiendas del ponente, un texto del Parlamento Europeo tendrá el mérito de poner en evidencia una debilidad importante del euro. 
¿Han de pagar los agricultores las consecuencias de un paso al euro decidido por razones ideológicas y sin tener en cuenta su opinión? 
El trabajo realizado por el Sr. des Places hace que este Parlamento esté en condiciones de emitir su dictamen desde la presente sesión plenaria, lo que va a permitir que el Consejo defina, durante la sesión de los días 22 y 23 de junio próximos, el marco general, jurídico y reglamentario que se va a aplicar a nuestros agricultores, permitiéndoles así que tomen sus decisiones con total conocimiento de causa. 
Informe Rosado Fernandes 
Señora Presidenta, resulta irónico que la Unión Europea subvencione en gran medida el tabaco y al mismo tiempo intente luchar contra el cáncer y también informar a los ciudadanos sobre el peligro que el hábito de fumar entraña para la salud. 
Lo que debería hacer es eliminar las subvenciones. 
Es absolutamente vergonzoso que los demás miembros de la Comisión no apoyen al Comisario Flynn a ese respecto. 
Se trata de una de sus propuestas más positivas y resulta escandaloso que la Comisión no apoye sus intentos de eliminar las subvenciones del tabaco. 
Todos los años más de 1.000 millones de ecus de los contribuyentes se dedican a subvencionar algo que es perjudicial para la salud pública y que tiene efectos perjudiciales en países de todo el mundo en los que no hay una regulación adecuada para que los fumadores conozcan los peligros que entraña el hábito de fumar. 
La Unión Europea comete un gravísimo error al subvencionar algo que acorta la vida de sus usuarios. 
La industria tabaquera y los cultivadores de tabaco tienen que comprender que habrán de dedicarse a otros cultivos. 
Un aspecto irónico de este informe es el de que se intenta promocionar otros tipos de tabaco. 
No hay un tipo de tabaco substitutivo y que no sea peligroso para la salud y resulta ridículo promover la idea de que sí que existe. 
La Comisión debe apoyar al Comisario Flynn a este respecto y eliminar las subvenciones del tabaco en pro de la salud pública y de los consumidores. 
Puesto que el consumo de tabaco tiene efectos nocivos para la salud de las personas, es absurdo que se dé ayuda a la producción de tabaco. 
En la votación de este informe apoyamos las propuestas de enmienda que apuntan a la eliminación de las subvenciones al tabaco. 
Si esas propuestas de enmienda no son aprobadas, votaremos en contra del informe en su totalidad en la votación final. 
Por fin, hemos entrado en un debate profundo sobre las ordenaciones indispensables de ciertos sectores específicos de la OCM especialmente competitivos frente a los demás continentes. 
Así pues, comparto la opinión de mis colegas de la Comisión parlamentaria de Agricultura y Desarrollo Rural que han adoptado el informe Rosado Fernandes, relativo al tabaco. 
Hoy, tenemos la ocasión de afirmar la necesidad de modular nuestro apoyo a este sector en función de la calidad de la producción y de retomar el problema de las primas entre países productores del norte y del sur. 
Es necesario resolver definitivamente este problema. 
Los tabacos del norte no pueden sufrir indefinidamente la discriminación con respecto a las variedades del sur. 
¿Por qué limitarnos a una visión simplista que consistiría en defender únicamente los intereses de nuestro país de origen, según sea o no productor? 
Un apoyo sustancial es útil para todo este sector que, desde hace muchos años, realiza esfuerzos considerables por mejorar la calidad. 
El tabaco es con sus 135.000 productores y sus 400.000 empleos estacionales, no lo olvidemos, un gran empleador rural. 
Aunque su cultivo se viera descuidado en Europa, no provocaría sin embargo un descenso del consumo de cigarrillos, tal como algunos, con una visión utópica, pretenderían hacernos creer. 
Por tanto, es preciso insistir para valorizar la totalidad de los productos de calidad, incluidos los procedentes de la Europa del norte. 
Merecen toda nuestra atención porque el mercado es demandante y su coste de producción es más elevado. 
Estos impulsos necesitan redoblarse mediante una mejor difusión de los trabajos de investigación, principalmente de la vía genética. 
Nuevos programas de mejora vegetal habrán de ponerse en marcha para acompañar los progresos que se lleven a cabo en otros ámbitos. 
Ahora es posible producir tabacos menos nocivos para la salud pública. 
Hemos de comprometernos decididamente en esta vía. 
Al prohibir la publicidad del tabaco, el Parlamento Europeo ha adoptado recientemente decisiones equilibradas y que pueden preservar la salud de los jóvenes. 
Prosigamos ahora por este camino aprobando las disposiciones del informe Rosado Fernandes. 
La Comisión ha previsto la creación de un mecanismo de nueva compra de las cuotas con el objetivo declarado de disminuir progresivamente el volumen de producción en Europa. 
En realidad, no es normal perseguir un objetivo así cuando las importaciones de tabaco procedentes de países terceros son tan importantes. 
Debo recordar que la Unión Europea es el primer importador mundial de tabaco crudo, con un nivel de autosuficiencia de sólo un 30 %. 
Además, el mecanismo previsto no permite ni la modernización de la producción ni la instalación de jóvenes agricultores. 
Esta política no va por tanto en el mismo sentido que los intereses de los productores. 
Sin embargo, en el marco impuesto actualmente a los productores franceses, el informe de nuestro colega Rosado Fernandes defiende orientaciones que son un mal menor y por ello vamos a votar a favor de este informe sin la menor duda. 
A la luz de los efectos dañinos del tabaco sobre la salud de los consumidores no podemos adherirnos a que la UE establezca o aumente la ayuda a la producción de tabaco crudo. 
Pensamos que todas las formas de ayudas públicas a la producción tabacalera deben ser suprimidas. 
En atención a los productores de tabaco la supresión debe producirse gradualmente a lo largo de un período breve de modo que los productores de tabaco tengan oportunidad de adaptarse a otros cultivos u otras ocupaciones. 
Mi opinión es que no se debe subvencionar el cultivo del tabaco dentro de la UE. 
Puesto que ninguna de las propuestas actuales apunta a una decisión inmediata en este sentido, he votado a favor de la propuesta de enmienda 66 (que significa rechazo del informe en su totalidad) y en contra de la aprobación final del informe. 
He votado en blanco respecto al resto. 
En la sesión plenaria de mayo, acordamos prohibir la publicidad del tabaco. 
Esa decisión era coherente con la política de la UE en materia de salud. 
Sin embargo, las subvenciones al cultivo de tabaco constituyen claramente una contradicción respecto de la obligación que impone el Tratado de la UE de proteger la salud de nuestros ciudadanos. 
Lamento que la Comisión rechazara la propuesta de retirar paulatinamente las subvenciones en 1996 y, en lugar de ello, optara por las propuestas de reforma. 
El informe del Tribunal de Cuentas de 1994 sobre esta cuestión concluyó que la abolición de las subvenciones al tabaco entrañaría considerables economías presupuestarias sin destruir el medio de vida de los cultivadores de tabaco. 
Por estas razones y para ser coherente con las razones sanitarias, he apoyado las enmiendas presentadas por el Sr. Collins y otros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
El sector de la producción de tabaco concentra las contradicciones e hipocresías de nuestra sociedad. 
El tabaco es un veneno y una droga. 
La lucha contra el cáncer pasa por la reducción de esta dependencia humana. 
Al haber identificado la investigación médica una de las causas de un tipo de cáncer, tenemos todo tipo de razones morales para tratar el problema en su origen. 
No tenemos elección. 
Pero la industria tabaquera proporciona trabajo y asegura unos ingresos a muchas familias, y la experiencia nos enseña que resulta vano prohibir si no es a riesgo de provocar un fraude y una delincuencia suplementaria. 
Es preciso convencer, proceder por etapas, reconvertir progresivamente: 
mejorar la toma de conciencia de las personas y, en especial, de los jóvenes sobre el peligro del consumo de tabaco para la salud; -mejorar la toma de conciencia del derroche colectivo de recursos permitido por esta práctica; -ayudar a los productores y a los trabajadores del sector a reconvertirse hacia otros sectores de la actividad.Europa no ha dudado en adoptar posiciones difíciles y costosas para reducir los excedentes agrícolas y evitar la desertificación de las zonas rurales. 
También debe tener la valentía de afrontar este problema. 
La cuestión no se sitúa entre la lucha por el empleo y la defensa de la salud, sino por la defensa de la salud y por la reconversión del empleo. 
El Grupo de los Verdes opina que el hecho de que la UE tenga un sistema de subvenciones al tabaco es totalmente erróneo y da señales equívocas a la población acerca del uso del tabaco. 
El Parlamento Europeo aprobó no hace mucho tiempo la propuesta del Consejo sobre prohibición de la propaganda indirecta de tabaco. 
El Parlamento Europeo también ha declarado que el tabaco constituye un peligro para la salud que tiene que ser tomado más en serio. 
El Grupo de los Verdes comparte completamente esas opiniones y actuó resueltamente para que el Parlamento Europeo adoptase esas resoluciones. 
Los riesgos del consumo de tabaco son importantes. 
Por eso debemos actuar para conseguir que la población deje de fumar o para que nunca empiece. 
Al mismo tiempo, es un hecho que la UE da importantes subvenciones al cultivo del tabaco dentro del ámbito comunitario, actualmente cerca de mil millones de ecus por año. 
Esta doble moral es, en nuestra opinión, totalmente inaceptable. 
Por eso trabajamos para que se eliminen estas ayudas tan pronto como sea posible. 
Evidentemente que lo mejor sería que estas ayudas se eliminaran durante los próximos años, sería lo mejor para quienes hoy cultivan tabaco y sería una señal clara de que la UE toma en serio este asunto y trabaja por una disminución de su consumo. 
Las ayudas existentes para incitar a los cultivadores de tabaco a cultivar otras especies tienen que estimularse y tener una mayor partida presupuestaria. 
Al mismo tiempo tiene que disminuir la partida de apoyo a los cultivadores de tabaco. 
Hay quienes afirman que las subvenciones de adaptación no sirven para nada ya que lo único que se puede cultivar donde hoy se cultiva tabaco es justamente tabaco. 
Éste no es un argumento serio sino que solamente retórica política ya que los cultivadores obtienen más subvenciones por el tabaco que por otros productos. 
La adaptación a otros productos tiene que intensificarse y hacerse más atractiva. 
El objetivo del Grupo V es la total eliminación de las subvenciones al cultivo del tabaco. 
Cuando se reforma la organización común del mercado del tabaco no se puede hacer hincapié en los daños que ocasiona ese producto, ya que entonces tendríamos que comenzar prohibiendo la importación de tabaco, del que la industria transformadora europea es sumamente deficitaria. 
La forma y el lugar para tratar cuestiones relacionadas con la salud pública tienen que ser otros, en el ámbito de la educación y de la prevención. 
Cuando se reforma este sector, se debe hacer hincapié, al contrario, en el empleo directo e indirecto que garantiza, en particular en las regiones más atrasadas de la UE, muchas de ellas sin opciones productivas sustitutorias, o en la importante contribución que esa producción hace a la lucha contra la desertización rural en aumento. 
Cuando se reforma este sector, hay que hacer hincapié en las medidas tendentes a garantizar la promoción de la calidad de la producción y a ese respecto ha habido y sigue habiendo propuestas claras del PE. 
Cuando se reforma el sector del tabaco, no se puede promover e incentivar de forma deliberada- como hace la propuesta reguladora de la Comisión- el abandono definitivo del cultivo sin ofrecer opciones substitutivas creíbles, sino que se deben crear, al contrario, las condiciones para que se mantenga la producción y se permita en ella la renovación de las generaciones, en particular con la entrada de jóvenes agricultores. 
Nos preocupa que de forma cada vez más sistemática- como de nuevo ha hecho a lo largo de este debate- la Comisión no considere algunas de las opiniones y de las estrategias que de forma reiteradamente mayoritaria ha emitido el PE sobre esta reforma. 
Votaré a favor del informe que se nos acaba de presentar por tres razones esenciales: 
En primer lugar, este informe hace claramente una distinción entre las cuestiones de la producción de tabaco y las de la lucha contra el tabaquismo, ya que no tienen un vínculo directo con la producción de la Unión que no cubre más que el 30 % del consumo. 
En segundo lugar, por el rechazo de todas las enmiendas orientadas a suprimir las ayudas a la producción, éste defiende el principio de apoyo comunitario a la producción y a los empleos y actividades vinculadas a ésta, con un estímulo a la mejora de la calidad, una mejor correspondencia entre oferta y demanda y, en este ámbito, propone un fortalecimiento de la organización profesional y el aumento de primas para determinadas variedades. 
Finalmente, este informe, presentando medidas de reconversión voluntaria, se opone a cualquier medida de reducción de las cuotas, proponiendo al contrario que jóvenes agricultores puedan instalarse en este sector de producción. 
Deploro sin embargo la idea del aumento de la retención sobre la prima destinada al Fondo comunitario del tabaco, contra el tabaquismo, ya que tiende a hacer que recaiga sobre los productores de tabaco, culpabilizándoles, una acción que depende del conjunto de la sociedad, incluso aunque la utilización de este fondo incida también en los métodos culturales. 
Finalmente, comparto la inquietud expresada en este informe sobre las consecuencias de la ampliación de la Unión y me quedo con las medidas apropiadas de defensa de los intereses de los productores, en la medida en que la recuperación del mercado interior ofrece en este sector grandes posibilidades de desarrollo de las producciones y de los empleos. 
En la política es absolutamente necesario actuar consecuentemente. 
Por ello, no puedo dar mi voto afirmativo a las disposiciones europeas sobre la plantación de tabaco. 
Hace poco, el PE aprobó una directiva que prohíbe la publicidad del tabaco. Yo me adherí con convencimiento a esa prohibición. 
Los anuncios del tabaco están dirigidos fundamentalmente a la juventud, plenamente conscientes de que la habituación a la nicotina comienza casi siempre en los años jóvenes. 
La consecuencia: 548.000 muertos al año por el tabaco, 654 de ellos luxemburgueses. 
Pero no se puede prohibir la publicidad de los productos del tabaco y subvencionar al mismo tiempo la plantación del mismo. 
Precisamente esto es lo que hace la Unión al garantizar una producción anual de 350.600 toneladas de tabaco crudo gastando para ello unos 1.000 millones de ecus. 
Es cierto que el sistema ha mejorado sensiblemente mediante la reducción de la cantidad (un 24 % sólo en 4 años) y los subsidios para el abandono de superficies de cultivo. 
Lo que habría que comprobar es si el control ha sido óptimo en todos los lugares. 
Saludo el retroceso relativo de las subvenciones así como las medidas de reconversión, si bien no deben conducir a la recuperación de superficies abandonadas. 
No obstante, soy de la opinión de que existe una gran contradicción entre la política sanitaria (a la que se dedican muy pocos fondos de la UE) y el fomento del cultivo del tabaco, que en Europa tiene además una calidad muy baja. 
Por estos motivos, no puedo dar mi voto favorable al informe. 
Hemos votado en contra de la propuesta porque ella no resuelve, ni a corto ni a largo plazo, el problema de la dependencia de los cultivadores de tabaco de las importantes subvenciones comunitarias. 
La propuesta no contiene una disminución de las ayudas financieras al sector del tabaco y tampoco toma en consideración las grandes consecuencias del cultivo del tabaco para la salud y el medio ambiente. 
Nuestro grupo apoya la totalidad de enmiendas propuestas por el ponente y adoptadas en la Comisión de Agricultura, ya que es preciso que la producción europea de tabaco pueda mantenerse. 
Un gran número de enmiendas presentadas por nuestros colegas británicos pretenden suprimir todas las ayudas europeas a la producción de tabaco. 
Nos oponemos a ello, por supuesto, ya que la Unión Europea es importadora neta de tabaco. 
Además, al situarse la producción de tabaco europea principalmente en zonas desfavorecidas, es necesario en nombre del empleo preservar esta producción que exige una mano de obra abundante. 
Sin embargo, nuestro grupo ha presentado cinco enmiendas que pretenden esencialmente suprimir la propuesta de la Comisión de crear un sistema de nueva compra de cuotas. 
Este sistema, además de que provocará una reducción de las cantidades destinadas a ayudas a la producción y, por tanto, una disminución de la producción europea, no estimulará la modernización de la producción e impedirá cualquier instalación de jóvenes agricultores. 
Este sistema tendrá también como efecto perverso a medio plazo el de atribuir un valor a las cuotas que provocará una carga financiera suplementaria para los productores. 
Se asistiría así a la creación de un «fondo de comercio» de cuotas, cuyo valor unitario estaría en función del valor de nueva compra de las cuotas. 
A sensu contrario, proponemos la creación de una reserva nacional que permita preservar las capacidades de producción de los Estados miembros, contribuyendo al equilibrio financiero de las explotaciones existentes o en fase de creación. 
Además, se evitaría así la aparición del exceso de costes que provocaría el valor de una cuota. 
Debo recordar que este sistema de reserva nacional existe ya para otras producciones, como la ovina, la bovina o la láctea. 
Nuestro grupo ha presentado otras enmiendas sobre la propuesta de la Comisión relativa a la subasta de los contratos de cultivo que vinculan al productor con el primer transformador. 
Esta medida nos parece muy apremiante, ya que olvida que el sector del tabaco es un sector específico muy organizado en el que la distribución está encuadrada y la transformación asegurada por algunas empresas nacionales o multinacionales. 
No puedo respaldar las propuestas de la Comisión para el futuro del sector europeo del tabaco. 
Me asombra e irrita que, después de los avances recientes para que los gigantes de tabaco reconozcan que sus productos causan enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, ¡se nos haga la propuesta de seguir utilizando fondos públicos para subvencionar a los productores de tabaco! 
¿Se trata acaso de un método enloquecido para mantener nuestros hospitales atestados con nuevos pacientes? 
¿Qué se pretende exactamente con la idea de subvencionar un tabaco de mayor calidad? 
¿Promover versiones más adictivas o que tarden más en matar a sus fumadores? 
Pese a la cortina de humo que supone una mayor publicidad sobre los peligros del hábito de fumar, con estos planes se sigue esperando que el contribuyente afloje millones con los que pagar a los fabricantes de cigarrillos para que hagan enfermar a sus consumidores. 
La continua utilización inadecuada de fondos públicos para ese tipo de subvenciones del tabaco ya no es aceptable. 
Tal vez al principio se podían excusar con el argumento de la ignorancia sobre los efectos del hábito de fumar... pero no en 1998. 
Si debe haber producción de tabaco, que triunfe o fracase por sí sola como cualquier otro sector y no subvencionada con el dinero que tanto cuesta ganar a los contribuyentes. 
(La sesión, interrumpida a las 13.17 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Revisión de la PAC (AGENDA 2000) (continuación) 
De conformidad con el orden del día se procede a la continuación del debate del informe (A4-0219/98) del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la revisión de la Política Agrícola Común (Agenda 2000- Primera Parte- Capítulo III) COM (97) 2000- C4-0522/97). 
Señor Presidente, señor Comisario, felicito y agradezco al Sr. Cunha este buen informe que da muestras de un gran conocimiento de causa por parte del ponente. 
En el informe se hace hincapié en la diversidad de condiciones para la producción que existe en el territorio de la Unión Europea. 
Sería totalmente utópico intentar actuar con disposiciones comunitarias homogéneas desde la Laponia finlandesa hasta las Islas Canarias. 
El mayor reto de la Agenda 2000 en el futuro es la incorporación de las necesidades específicas de las regiones septentrionales, montañosas y meridionales en la Política Agrícola Común. 
Esta política se adapta a las mejores regiones de la UE. 
Los costes de producción en las regiones septentrionales, montañosas y en otras regiones de difícil acceso son más elevados. 
Es necesario poder prestar una atención mucho mayor a esta circunstancia en la Agenda 2000. 
La Agenda 2000 merma la competitividad entre los cereales y el forraje verde en detrimento de este último producto. 
Las ayudas a los forrajes de maíz mejoran la competitividad de la producción lechera de seis Estados miembros y debilitan la rentabilidad de la producción de leche y carne de vacuno basada en los forrajes verdes. 
Por este motivo, y como se expone en el informe, es necesaria la existencia de ayudas para los forrajes verdes. 
La rentabilidad de los cultivos exige también las correspondientes medidas específicas en las regiones septentrionales de la UE. 
La Agenda 2000 amplía el ámbito de las ayudas comunitarias al sector forestal. 
La economía forestal ha estado, y debería seguir estando en el futuro, sometida a la economía de libre mercado. 
No podemos convertir bajo ningún concepto el sector forestal en un sector rígidamente legislado y subvencionado como el agrícola. 
La aprobación de la Agenda 2000 exige un mayor esfuerzo regional de la política agraria de la Unión Europea. 
Tenemos que defender el modelo agrícola europeo basado en los cultivos de carácter familiar. 
Señora Anttila, lamento verme obligado a decirle que abrevie su intervención, pero eso no es culpa mía; su Grupo debe concederle más tiempo. 
Señor Presidente, deseo felicitar al ponente por su informe, pero voy a centrar mi intervención en el desarrollo rural. 
Resulta inevitable que dentro de la UE y, en medida aún mayor, en los Estados candidatos a la adhesión a la UE el número de puestos de trabajo en el sector agropecuario disminuya a consecuencia de la mecanización. 
Al no haber puestos de trabajo substitutivos en las zonas rurales, los jóvenes se trasladarán a las ciudades y muchas más personas acudirán diariamente a las ciudades, con lo que aumentarán las consecuencias negativas para el medio ambiente del aumento de la utilización de automóviles en carreteras rurales inadecuadas. 
Los puestos de trabajo del sector del empaquetado y la elaboración de alimentos reciben actualmente subvenciones con cargo al objetivo 5a. 
Sin embargo, en las zonas rurales existe una urgente necesidad de puestos de trabajo suplementarios y pequeñas empresas no correspondientes al sector agropecuario. 
Los programas LEADER ya han tenido mucho éxito a la hora de fomentar la financiación suplementaria para la inversión en esa clase de puestos de trabajo. 
Para que el pilar rural de la PAC llegue a ser realidad, necesitamos alguna forma continua del programa LEADER después del año 2000 con vistas a mantener prósperas las comunidades rurales, en particular en zonas que a partir de 1999 ya no corresponderán al objetivo 1 ni al objetivo 5b. 
Otros elementos fundamentales de la reforma de la PAC deben referirse a la producción de alimentos sanos, la protección del medio ambiente y las normas idóneas en materia de bienestar animal. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Cunha se caracteriza por su valor y su honradez. 
Demuestra de modo objetivo la errónea orientación de la Política Agraria Común. 
Explica de forma correcta que la reducción continua de los precios y otras medidas similares han contribuido a limitar en grado sumo el número de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias y, en cambio, ha hecho aumentar el número de las grandes. 
Ése es el modelo de la política agraria de la Unión Europea del que nos ha hablado esta mañana el Sr. Fischler. 
Desgraciadamente, cualquier compensación que permita afrontar esas medidas negativas propuestas por la Comisión ha sido ocultada por las exageradas sanciones que caen como si fuesen lluvia y por las reducciones de las cuotas impuestas a las pequeñas y medianas empresas y de forma especial a la producción agraria del Mediterráneo. 
La Agenda 2000 viene a empeorar la situación pues va a trabajar para el mismo demonio que sirve a los grandes intereses y va a actuar en contra de las pequeñas y medianas empresas y, en especial, de las que operan en el sur, en el ámbito de la región mediterránea. 
Tengo una serie de propuestas que no voy a desarrollar por falta de tiempo, como usted ha dicho. 
Ya están formuladas en forma de enmiendas y muchas de ellas han sido aceptadas por la Comisión. 
Solamente quisiera decir en primer lugar que quizás el Sr. Cunha haya omitido algo: no ha hablado del porqué se lleva a cabo dicha política o de cuáles son los intereses a los que sirve. 
Eso es lo que debemos denunciar aquí. 
En segundo lugar, tengo que decir que los agricultores se van a rebelar y se van a enfrentar a esa política y entonces no van a ser suficientes las medidas represivas y de abuso de poder como las que han sido aplicadas en Grecia contra los 10.000 agricultores que se han visto llevados a juicio y sancionados de forma severa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también quisiera destacar la calidad del trabajo del Sr. Cunha, sobre un tema tan delicado como el de la reforma de la PAC que nos propone la Comisión, propuesta que por cierto ha de ser modificada seriamente si se pretende construir un futuro real para el conjunto de las explotaciones de la Unión Europea. 
En este sentido han de considerarse diversos elementos. 
En primer lugar, las expectativas de nuestros conciudadanos con relación a los agricultores, por lo que respecta a la calidad de los productos, el respeto por el medio ambiente o también la presencia de una agricultura numerosa en todo el territorio. 
En segundo lugar, el contexto internacional, en especial el de la OMC en el que, después de haber sido obligados a reducir nuestros apoyos públicos a la exportación, corremos el riesgo de sufrir fuertes presiones contra los apoyos públicos a la producción si no sabemos modificar las modalidades de concesión. 
Finalmente, el balance de la PAC en vigor desde 1993, para extraer todas las enseñanzas. 
Como he de ser breve, diré simplemente que la bajada de los precios de las materias primas y la reducción, incluso el abandono de la intervención pública, no hacen una política agrícola aceptable. 
Por el contrario, han de priorizarse dos direcciones: la investigación de la competitividad y la concesión sensata de las ayudas públicas. 
La competitividad ha de resultar cada vez más del hecho de proveer bienes y servicios que correspondan a las expectativas de nuestra sociedad, lo que incluye la calidad sanitaria y gustativa, las técnicas locales que valorizan los territorios, las tecnologías de sectores que generan valor añadido, y la diversidad en unos mercados cada vez más segmentados. 
Éstos son retos que traducen una eficacia global, que darán fuerza y originalidad a Europa frente a sus competidores. 
Con respecto a las ayudas públicas a la agricultura, siempre necesarias, serán aceptadas de forma duradera por los contribuyentes europeos y por nuestros competidores en el seno de la OMC, sólo si tienen en consideración las legítimas preocupaciones sociales, medioambientales y territoriales, de ahí la idea de un tope en las ayudas por explotación y de una modulación nacional en el ámbito de la subsidiariedad, encuadrada por reglas comunitarias para evitar distorsiones de competencia y una racionalización de la PAC. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al ponente, Sr. Cunha, su informe. 
Acojo con particular beneplácito la reafirmación de la necesidad de tener especial cuidado a la hora de hacer reducciones severas de los precios en cualquier sector agropecuario. 
También acojo con beneplácito el compromiso del informe con la compensación plena de cualesquiera reducciones que se hagan en el precio institucional. 
Contrasta llamativamente con el documento de la Comisión, que propone sólo una compensación del 50 % para uno de nuestros productos agropecuarios más importantes. 
A la luz del ya desplomado sector de la carne de bovino de Irlanda, la propuesta de la Comisión es totalmente inaceptable y se debe cambiar sin demora. 
El informe confirma también las tres piedras angulares de la Política Agraria Común, pero pide a la Comisión que revise las propuestas de la Agenda 2000 en muchos sentidos, al reconocer que el continuo éxodo de jóvenes que abandonan la agricultura está causando dificultades sociales y económicas en grandes extensiones de las zonas rurales. 
Por ejemplo, en mi país tenemos un espantoso dato estadístico: ahora la tasa de suicidios excede al número de personas que mueren en accidentes automovilísticos en nuestras carreteras. 
Un gran número de esas muertes totalmente innecesarias se debe a la desesperación financiera de las zonas rurales. 
Con las políticas actuales, al cundir la despoblación rural, no resulta atractivo a los jóvenes dedicarse profesionalmente a la agricultura y la ganadería. 
El sistema de precios para los productos en los que se fijan los precios por debajo de los costos de producción y en los que la renta depende exclusivamente del pago de compensaciones desacopladas, que ya resulta en sí mismo muy insuficiente para contrarrestar la reducción de precios, no brinda la seguridad a largo plazo que los jóvenes bien instruidos consideran condición necesaria para su futuro. 
Este informe propone enérgicamente que se modifiquen radicalmente las propuestas de reforma que figuran en la Agenda 2000, pues ahora resulta muy claro que la reducción de precios no ha resuelto los problemas del equilibrio en el mercado ni ha detenido el continuo declive de las rentas de los agricultores y ganaderos, que son un factor decisivo para detener la hemorragia de jóvenes que abandonan las zonas rurales. 
Señor Presidente, no quisiera ahondar en el pesimismo del orador que me ha precedido pero, como él, me veo obligada a constatar que el número de explotaciones no deja de reducirse, que el de los asalariados tiende hacia épsilon... 
Entonces, ¿qué modelo europeo queremos para nuestra agricultura del mañana? ¿El de la ampliación, el de la OMC o nuestro modelo europeo desnaturalizado? 
Vivimos en el período más importante de la historia de la PAC, y hemos de comprender que nuevas orientaciones deberían continuar logrando que los agricultores vivan de su trabajo, que produzcan para la subsistencia europea, pero también para el mercado mundial, y para preservar la vida de nuestras campañas favoreciendo la conservación del medio ambiente y del paisaje rural. 
¿Nos propone verdaderamente todo esto la Agenda 2000? 
Nuestro grupo se dedicará especialmente a proteger al agricultor y a su familia más que a los expedientes del mercado mundial. 
Nuestro reto consiste en apoyar la renovación de esta actividad, y en primer lugar mediante la instalación de los jóvenes, favoreciendo la recuperación de tierras y la concesión de derechos para producir, dándoles la esperanza de que Europa seguirá siendo para ellos una tierra de trabajo. 
Señor Presidente, me pregunto si el Comisario, el Sr. Fischler, ha tenido en cuenta que todos los sectores de la Asamblea y que todos los grupos políticos han mostrado su apoyo al informe del Sr. Cunha y se han manifestado de forma muy crítica con la Agenda 2000 y con las regulaciones sobre política agraria. 
Creo que eso tiene fundamento porque, a través de la Agenda 2000, la Comisión viene haciendo lo que ya se ve de forma generalizada en las sociedades de la Unión Europea, es decir, la destrucción del estado social y la introducción del modelo de los Estados Unidos. 
Eso lo estamos viendo también en torno a la agricultura. 
No podemos aceptar una agricultura que se base en ayudas directas a la renta, pues tienen un carácter provisional y que van a convertir a los agricultores de fuerzas productivas de la sociedad en pensionistas de la caridad eventual del estado, como lo está imaginando hoy la Unión Europea. 
Es preciso, y eso es lo importante del informe Cunha, apoyar el modelo europeo de agricultura donde el agricultor es productor, en el que el agricultor es el guardián del medio ambiente, donde el agricultor es quien salvaguarda las tradiciones culturales y donde la explotación agraria familiar es un núcleo de empleo. En ese informe mi colega ha planteado de forma muy representativa los problemas que pueden surgir de la descomposición de tal modelo. 
En ese sentido creo que debemos apoyar el informe Cunha y oponernos a las propuestas de la Comisión relativas a la ampliación 2000. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Sr. Cunha. 
Pienso que el objetivo principal que debemos tener en cuenta ante cualquier intención de reforma de la PAC es el apoyo al modelo europeo de desarrollo de la agricultura y el fomento de la cohesión económica y social del ámbito rural europeo. 
Todo ello está descrito de forma muy correcta en el informe del Sr. Cunha. 
También quisiera hacer alusión a algunos puntos: 
La primera observación que quiero hacer es que en la nueva estructuración de los objetivos previstos en la Agenda 2000 se trasladan al FEOGA actividades que tienen otros objetivos y que naturalmente suponen nuevos gastos. 
Pero no está claro de qué fuente van a salir las partidas que han de satisfacer tales gastos. 
También corremos el riesgo de que identifiquemos a nivel financiero la política de desarrollo rural con la Política Agraria Común y que la PAC se vea asimilada y repartida a largo plazo en el marco de otras políticas, como por ejemplo en la regional. 
En segundo lugar, quisiera observar que debemos estar atentos de forma especial ante el riesgo de renacionalización de la PAC. 
Eso puede ocurrir a través de la concesión a los Estados miembros de un exagerado grado de flexibilidad en cuanto a la gestión de las partidas existentes, o bien, mediante la interpretación en un sentido amplio del principio de subsidiariedad. 
La posibilidad de que existan ayudas nacionales encubiertas va a intensificar la desigualdad entre las regiones desarrolladas y las no desarrolladas y va a producir una serie de conflictos a los Estados miembros más débiles económicamente. 
Una tercera observación es que debemos afrontar de forma igualitaria tanto los distintos sectores de la agricultura europea como la diversidad de regiones del ámbito rural europeo. 
Debemos volver a considerar las relaciones que existen entre las subvenciones destinadas a las pequeñas y a las grandes explotaciones, a las regiones desarrolladas y a las más desfavorecidas, a los productos del norte y a los del sur. 
Debemos volver a considerar, por ejemplo, señor Fischler, la intencionalidad de que algunas organizaciones comunes del mercado tengan un horizonte temporal hasta el año 2006 y otras hasta el 2001. 
Casualmente las que lo tienen hasta el 2001 son las de los productos del sur. 
Por último, debemos atender a la fuente de financiación del sector de la ampliación que se refiere a la modernización del sector agrario de los países futuros aspirantes. 
La posibilidad de financiación de medidas de tal índole con partidas de la directriz agraria actual puede crear grandes conflictos ya que va a trasladar una gran parte del coste de la ampliación a las espaldas de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el número de agricultores en Europa no ha dejado de disminuir, pasando de ocho millones en 1990 a 6, 9 millones en 1995. 
Las pequeñas explotaciones familiares desaparecen. 
El número de empleados agrícolas registra un descenso de un 3, 7 % por año desde 1990. 
¿No es peligroso para el mantenimiento del tejido social rural? ¿No es peligroso para la ordenación del territorio europeo? 
La Comisión nos propone una reducción de precios compensada por ayudas directas a la renta. 
¿Qué industria aceptaría vender sus productos por debajo de los costes de producción, por no hablar de la inseguridad para nuestros agricultores, que verían cómo sus recursos dependerían más que nunca de las ayudas directas, cuando todos sabemos que éstas no serán perennes? ¿Cómo gestionará la Comisión todas estas hectáreas que quedarán sin nadie que las recupere? 
¿Podemos comprender a los jóvenes que dudan en instalarse cuando oyen: » un 10 % menos de leche, un 20 % menos de cereales, un 30 % menos de carne de vacuno» , tal como está previsto en la Agenda 2000? 
Verdaderamente, es preciso amar profundamente este hermoso oficio para ser agricultor hoy, pero, por desgracia no se puede vivir sólo de amor. 
Y nosotros, padres de jóvenes apasionados por la agricultura, ¿qué consejo podemos darles, nosotros que somos responsables de su futuro? 
Y sin embargo, los jóvenes agricultores son claramente la única garantía de futuro de la agricultura europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, el informe del Sr. Arlindo Cunha es mucho mejor que la propuesta de la Comisión, aunque no llegue hasta donde sería indispensable. 
Me explico, señor Comisario: usted gasta la mitad del presupuesto con casi el 1 % de las personas más ricas de Europa. 
Como sabe, el 80 % de ese dinero es distribuido entre el 20 % de los agricultores. 
Es una política profundamente injusta. 
Y el informe no establece un tope sólido ni una modulación sólida para hacer justicia en la distribución del dinero de la Comunidad. 
He de recordar que en la Comunidad cada ciudadano paga casi 350 ecus para apoyar esta política, por lo que creo que la Comisión no tiene respeto por los impuestos que pagan los ciudadanos. 
La segunda cuestión es la de que la Política Agraria Común sigue siendo una política contra el medio ambiente y contra la calidad, en la medida en que sigue sesgada en pro del apoyo a la producción y no en pro del apoyo del método de producción y de la defensa de la calidad de la cadena alimentaria. 
El Comisario afronta hoy el problema de la falta de credibilidad cada vez mayor de la propia cadena alimentaria. 
Con esta política, señor Comisario, va a agravar todos los problemas existentes en la Comunidad, que no se resuelven adecuadamente. 
Por otro lado, no hay solidaridad entre las regiones. 
No se puede admitir que dos agricultores que producen el mismo producto no estén clasificados igual ni reciban una indemnización igual por vivir en espacios diferentes de la propia Comunidad. 
No se ha hecho la regionalización de las ayudas. 
No es absolutamente clara la necesidad imperiosa de ayudar a las explotaciones familiares en detrimento de los grandes productores. 
Toda esta política beneficia tan sólo a media docena de agricultores y el resultado está a la vista: la desertización es total, hoy tenemos un 5 % de agricultores, en el año 2000 habrá cerca del 2, 5 % y estaremos distribuyendo la mitad del presupuesto de la Comunidad al 0.5 % de los productores más ricos y de las personas más ricas de toda la Comunidad. 
Señor Presidente, creo que el aumento de las ayudas al sector forestal que se proponen en la Agenda 2000 no coincide en absoluto con el principio de una economía forestal libre de ayudas y basada en las leyes del mercado. 
Las actuales ayudas de la Unión a la repoblación forestal y las medidas para mejorar los bosques y para la lucha contra los incendios forestales son ya suficientes. 
Con toda seguridad, es posible invertir nuestro dinero común de manera más productiva. 
Además, la propuesta daría claramente lugar a un crecimiento de la política forestal de la UE, es decir, a una reducción del poder de decisión de los Estados miembros en este ámbito. 
Sin embargo, esto no significa que la Unión no desempeñara o pudiera desempeñar una importante función en las cuestiones forestales. 
Por ejemplo, sería posible arrojar luz sobre una cuestión que ha suscitado muchos y acalorados debates, como es el de la certificación forestal, mediante algún tipo de certificación global para la UE. 
Como representante de un Estado miembro septentrional de la Unión, no puedo dejar de considerar demasiado duros los recortes de los precios que se proponen para los productos lácteos y los cereales ¿Dónde ha quedado olvidada la promesa que se hizo al más alto nivel para mantener vivo el medio ambiente rural mediante la práctica de la agricultura en todas las regiones de la Unión? 
A la Comisión se le ha olvidado por completo una cuestión de la máxima importancia como es la situación de los agricultores jóvenes y sus perspectivas de futuro. 
Debemos preocuparnos por ayudar a los jóvenes agricultores y velar por que dispongan de una seguridad social suficiente cuando se produzca el cambio generacional en las explotaciones agrícolas. 
Por lo que respecta a la ampliación y a la Agenda 2000, desearía finalizar diciendo que es inútil proseguir este debate hasta que no se hayan solucionado los problemas institucionales de la actual Unión Europea. 
Quisiera agradecer al Sr. Cunha su informe. 
Quiero repetir algunas de las preocupaciones que he expresado en otras instancias. 
Uno de los problemas de que adolece el informe es el de que no aborda la cuestión de la reducción del empleo en la agricultura. 
Cuando se habla de las zonas rurales, no se hace referencia necesariamente a la agricultura como sector económico y como empleo. 
Debemos velar por que haya más diversificación en las explotaciones, pero debemos velar también por que haya más diversificación en la economía local. 
Debemos examinar el papel de las zonas rurales en la oferta de zonas residenciales para las grandes conurbaciones, segundas residencias, esparcimiento, turismo y demás. 
También debemos examinar qué clase de puestos de trabajo se ofrecen. 
Necesitamos puestos de trabajo basados en la tecnología, en particular la utilización de la tecnología de la red Internet y de la red ISDN. 
También debemos examinar la necesidad de facilitar unidades industriales en pequeña escala para empresas que despeguen en nuestras zonas rurales. 
Debemos buscar un nuevo papel para las zonas no urbanas. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al Sr. Cunha por su informe. 
Uno de los problemas que hemos tenido en el sector agropecuario- no a consecuencia del informe del Sr. Cunha, sino a consecuencia de la EEB- es el de que hemos tenido que hacer grandes cambios en nuestro planteamiento del sector agropecuario. 
No es frecuente que yo esté de acuerdo con el sector opuesto de esta Asamblea, pero en esta ocasión estoy de acuerdo con la posición del Sr. Hallam. 
Uno de los problemas del sector agropecuario es el de que no estamos consiguiendo que vuelvan a él los jóvenes y una de las cosas que hemos de hacer es abandonar las limitaciones de las cuotas. 
Es algo que debemos examinar en el futuro y el Sr. Cunha se refiere a ello en una sección de su informe. 
También debemos examinar la posibilidad de que el sector agropecuario obtenga sus rendimientos del mercado. 
Reviste importancia decisiva que el sector agropecuario entienda que no puede seguir teniendo una bolsa abierta de financiación para él permanentemente. 
Pero las cuestiones más importantes son, en primer lugar, que tenemos un Mercado Único y que dicho Mercado Único debe seguir abarcando toda Europa. 
De lo contrario, habrá discriminación de algunos Estados miembros. 
Por eso me opongo a la modulación, porque redunda en perjuicio de las explotaciones grandes y eficientes. 
En segundo lugar, me opongo al plan financiero nacional, pues permite a los gobiernos controlar el gasto y retrasarlo. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Cunha es un informe importante, pues es el que debe enviar una señal sobre la posición adoptada por el Parlamento Europeo ante toda la reforma de la política agraria común. 
En mi opinión, el informe denota claramente que es un término medio entre numerosas posiciones orientadas de manera diferente hacia cómo debe considerarse la reforma. 
Personalmente, me parece también que al informe le faltan algunas visiones. 
Echo en falta manifestaciones más incisivas en ámbitos especiales como el medio ambiente y el bienestar de los animales. 
En lo que respecta al párrafo relativo a la próxima ampliación del informe Cunha me alegra que la enmienda que planteé yo mismo por la que se incorporaba a los primeros países solicitantes en el reglamento de métodos de producción respetuosos con el medio ambiente desde 1999 haya sido aprobada en la Comisión de Agricultura. 
No debemos olvidar que la mejora medioambiental no sólo es asunto de los actuales 15 países miembros. 
La contaminación del medio ambiente no se detiene en la frontera. 
Los países de Europa Central y Oriental que han solicitado la adhesión a la UE tienen también una considerable producción agrícola. 
Es por tanto importante que por medio de ayudas y de la colaboración logremos garantizar una producción buena y respetuosa con el medio ambiente a estos agricultores. 
No nos gustaría llegar a ver a estos agricultores sacrificar el medio ambiente en la lucha por salir adelante en la competencia del mercado interior. 
Señor Comisario, señor Cunha, señor Presidente, el Sr. Cunha ha sido hoy tan elogiado que yo quiero dirigir la atención en otra dirección mediante una ligera crítica que él ya conoce, pues en su informe no ha tematizado la aportación de las mujeres a la agricultura. 
Antes de la votación deberá recapacitar al respecto e incluir este tema mediante las enmiendas pues su actitud es en general positiva hacia las mujeres. 
En la UE, aproximadamente el 50 % de las personas que trabajan en la agricultura son mujeres. 
Recaudan en gran medida los ingresos de las familias agricultoras mediante el trabajo en el campo, en el establo, en la contabilidad, la comercialización directa, las vacaciones rurales, etc. 
El mensaje de la Comisión de la UE ha llegado a las explotaciones agrícolas y no nos extraña mucho que en general haya provocado una reacción muy negativa, en especial entre las agricultoras. 
Creo que el Comisario de Agricultura, el Sr. Fischler, lo ha notado también en su visita a nuestro acto público en Berlín. 
Las agricultoras se oponen a la Agenda 2000. 
La crítica está dirigida a la creciente orientación de la política agrícola y de precios al mercado mundial. 
Las políticas de ingresos y de precios no son compensadas suficientemente, por ejemplo, en el caso de las elevadas imposiciones medioambientales. De este modo, un número considerable de familias agricultoras va a ver gravemente amenazada su existencia en un plazo muy breve. 
Las agricultoras y agricultores temen la pérdida de sus fundamentos materiales de vida y sus puestos de trabajo. 
Nos parece además que no es necesario este acelerado ritmo de la política agrícola europea para adaptarse al mercado mundial. 
Señor Presidente, señor Comisario, en el informe del estimado colega Cunha, entre otras cosas, se marcan dos metas: por un lado, un enfoque extensivo de la agricultura y, por otro, la capacidad de supervivencia y de adaptación, el fortalecimiento de la capacidad de supervivencia y de adaptación de las explotaciones agrícolas. 
Precisamente estas metas son las que están fundamentalmente en peligro en especial en las regiones menos favorecidas de los nuevos Estados federados alemanes como consecuencia de las propuestas de la Comisión sobre la degresión y los límites superiores. 
En cuestiones de capacidad de adaptación y de supervivencia nadie puede dar lecciones en Europa a los agricultores de la Alemania oriental. 
Entre 1945 y 1992 estos agricultores han tenido que superar tres reestructuraciones radicales y en un plazo muy breve. 
Las han superado. 
Pero en la última reestructuración, en el plazo de dos años el 80 % de la población que trabajaba en la agricultura ha sido erradicada de esta rama de la producción. 
Era necesario. 
Señor Comisario, en especial en estas regiones no existe sencillamente ninguna alternativa que pueda garantizar un modo de explotación extensivo a las estructuras que han sobrevivido- sobre todo empresas colectivas. 
Una política agrícola mejorada, la moderna política agrícola que todos queremos, no debe conducir a una desestabilización adicional de esta forma de explotación pues se tendría que interpretar como contraria a la nueva política de empleo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Cunha, a quien felicito, tiene el gran mérito de no caer en la trampa de la táctica de la Comisión practicada en el Consejo de Ministros y que es la del dividere et impera. 
Éste, efectivamente, refleja las preocupaciones del mundo agrícola. 
La posición del Parlamento es por tanto de una importancia capital para la supervivencia del modelo de agricultura europea. 
El planteamiento de la Presidencia luxemburguesa, que ha consistido en definir una identidad de la agricultura europea que sirva de punto de referencia para reformar la PAC y para posicionar a la agricultura europea en el mercado mundial, fue ratificado por el Consejo Europeo de diciembre en Luxemburgo. 
Y el modelo que se desprende de este planteamiento es una agricultura multifuncional, duradera, eficaz, distribuida por todo el territorio europeo, incluidas las regiones desfavorecidas, respetuosa con el paisaje y los espacios naturales, capaz de responder a las preocupaciones de los consumidores en materia de calidad y seguridad de los alimentos. 
Desgraciadamente, toda una serie de medidas de reforma que la Comisión ha puesto sobre la mesa no tienen en cuenta este planteamiento. 
Efectivamente, la bajada de los precios propuesta es demasiado importante y no se justifica. 
Las compensaciones propuestas son insuficientes, pero harán de los agricultores los eternos asistidos y pueden además pesar en las próximas negociaciones de la OMC. 
El destino de los pagos compensatorios, de los que depende la supervivencia de la mayoría de las explotaciones agrícolas, principalmente en las regiones desfavorecidas, es incierto tras la ampliación, sin contar, señor Presidente, que la ecocondicionalidad de los pagos compensatorios es exagerada porque los desnaturaliza. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Sr. Cunha por su excelente y oportuno informe. 
Acojo con el mayor beneplácito las propuestas de la Comisión como un paso en la dirección correcta, pero nadie en esta Asamblea debe hacerse la menor ilusión. 
Ésta no es una reforma esencial de la Política Agraria Común. 
Es, como ha dicho la Comisión al comienzo de este documento, una evolución y una ampliación de las propuestas MacSharry. 
Mientras los objetivos y mecanismos básicos sigan vigentes en la PAC, no habrá una reestructuración importante del sector agropecuario en la UE. 
Una mayoría importante ha indicado que una política rural común, y no una Política Agraria Común, brindará mayores beneficios a las comunidades rurales de Europa. 
Insto a la Comisión a que revise sus propuestas muy detenidamente para velar por que las comunidades rurales de Europa no resulten desfavorecidas cuando deban competir por los Fondos estructurales al incluirse las zonas rurales en el nuevo objetivo 2. 
Además, aunque la Agenda 2000 pretende adoptar un planteamiento más orientado hacia el mercado, los pagos propuestos para compensar a los agricultores por una reducción de los precios no tienen un límite temporal y no contribuirán nada a acabar con el ciclo de dependencia de los agricultores y ganaderos europeos de las subvenciones europeas, como tampoco abordarán las preocupaciones legítimas de los contribuyentes. 
Se debe reducir la compensación por un cambio en las circunstancias del mercado y con el tiempo se debe suprimir, tras un período razonable de reajuste. 
Dada la confusión provocada por la crisis de la EEB y las muchas cuestiones no resueltas en materia de inocuidad de los alimentos y sus importaciones procedentes de fuera de la UE, creo que la Comisión debe aprovechar la oportunidad que brinda la Agenda 2000 para velar por que los consumidores disfruten del mayor nivel de protección cuando entremos en el próximo siglo y por que Europa pueda competir con los productos más baratos de fuera de la UE. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su informe, así como por haberse adelantado con gran acierto a fijar las directrices, las líneas maestras, de cuál debe ser la futura política agraria comunitaria de cara a la Agenda 2000, a la ampliación a los países del Este y a las futuras negociaciones en la Organización Mundial de Comercio. 
Temas como la reducción de precios o la participación de los agricultores en el mercado, ya han sido tratados por todos mis colegas, así como la fijación de la población en el medio rural y la incorporación de los jóvenes y de las mujeres en el sector. 
Cómo repercute la reducción de precios en los consumidores es algo que todavía tenemos que ver. 
Pero debemos prepararnos ante las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio con una actitud ofensiva, para defender nuestro modelo agrario y rechazar los que nos vienen de fuera, y hacer valer la realidad rural protegiendo nuestra realidad social y medioambiental. 
Es importante una acción integral en las zonas rurales que vaya más allá de la actividad agraria, siendo ésta su núcleo fundamental, el eje nuclear- diría yo- que debe dotarse de medios financieros suplementarios para otras actividades distintas. 
También debe tenerse en cuenta lo relativo a ordenación del territorio, medio ambiente, turismo rural, creación de empleo y mejora y conservación del patrimonio rural y cultural. 
Señor Comisario, siguiendo el espíritu de Cork, el desarrollo rural debe ser el segundo pilar de la política agraria comunitaria. 
Esta reforma suya podría y debería pasar a ser la política agraria y rural común: la PARC. 
Señor Presidente, Señorías, una verdadera reforma de la PAC tendría que saber abandonar, de una vez por todas, las orientaciones introducidas en la reforma de 1992. 
No se ha hecho y, por eso, las propuestas de la Comisión que figuran en la Agenda 2000 han contado con la oposición de los agricultores y de sus organizaciones representativas prácticamente por toda la Unión Europea. 
De hecho, una reforma de la PAC debería ser integral y abordar todas las producciones agropecuarias. 
Ahora bien, las propuestas de la Agenda 2000 dan preferencia a los sectores de la carne, los cereales y la leche, al pretender reformar aisladamente y de forma casuística sectores como los del aceite, las frutas y los productos hortícolas y del vino, fundamentales para la economía agraria de los países del Sur. 
Por otro lado, para que haya una verdadera reforma y una inversión de la estrategia de 1992, habría que apoyar claramente el desarrollo rural, defender y sobre todo generalizar la aplicación de la preferencia comunitaria, crear una excepción rural en el marco mundial, apoyar decisivamente a los jóvenes agricultores y luchar contra la desertización rural, mantener y desarrollar los mecanismos de regulación del mercado y anular los desequilibrios entre regiones, producciones y agricultores, concediendo prioridad a la agricultura familiar. 
Valoramos la introducción de esos aspectos en el informe, al que, por lo demás, y en consonancia con lo que propusimos hace años, hemos contribuido con enmiendas. 
Insistimos en el Pleno con enmiendas encaminadas a la certificación transparente y universal de la calidad, el apoyo a la producción y la comercialización de productos regionales, el rechazo de criterios que se basen en la productividad y sobre todo que introduzcan el concepto claro de modulación. 
Con esas orientaciones y la aceptación de estas enmiendas, se crearía un marco político que la Comisión debería tener en cuenta y, de conformidad con dicho marco político, debería modificar las propuestas que divulgó en el marco de la Agenda 2000. 
Señor Presidente, el informe es apreciable por dos cualidades que podrían parecer contradictorias: ante todo, una meticulosa capacidad de entrar en los detalles y, al mismo tiempo, una gran visión de futuro del panorama de la agricultura europea. 
Esto se produce cuando el señor ponente conjuga la dimensión económica de la reforma agrícola y su natural vocación, vinculada al desarrollo sostenible del territorio, la salvaguardia de las condiciones de vida de quien trabaja- por lo tanto, de los ingresos de los agricultores- y sobre todo a la valorización de las producciones regionales. 
Una vez más, podría resultar paradójico, sin embargo, para garantizar los principios fundamentales de la PAC- que hoy sufre una crisis de crecimiento, en el sentido de que ha crecido demasiado- hay que volver a los orígenes. 
Es preciso volver de las grandes empresas de dimensiones industriales al antiguo núcleo familiar del cual surgió todo y que sigue siendo la mejor garantía de continuidad en muchas zonas. 
El futuro de la agricultura en Europa- en la de hoy y en la que viviremos mañana, con una decena de PECOS más con los cuales nos vamos a confrontar- depende de su capacidad de convertirse en el motor y el vehículo de la cohesión económica y social, sobre todo en las zonas desfavorecidas, donde dedicarse a la agricultura representa todavía un reto, así como un acto de fe. 
Pienso en las zonas de montaña, continuamente amenazadas por una plaga que se llama éxodo, sobre todo por el éxodo de los jóvenes, atraídos por los ingresos más fáciles que se obtienen en la llanura; pienso en las zonas árticas y en las zonas amenazadas por la desertización, última trinchera de quien no quiere rendirse. 
Por esto coincido con el señor ponente cuando dice que el apoyo a la producción puede ser un arma de doble filo que puede cortar el cordón de la solidaridad con las zonas desfavorecidas y favorecer el crecimiento de dos agriculturas, la una rica y la otra pobre, y producir una fractura entre regiones desarrolladas y regiones menos avanzadas. 
En la futura programación, es preciso garantizar una serie de mecanismos de regulación de las intervenciones y de armonización de las producciones continentales y mediterráneas, basados en garantías de renta y en formas de integración de las profesiones complementarias asignando, por otra parte, el papel de profesión principal a la actividad agrícola. 
Señor Presidente, Señorías, no olvidemos que la política agrícola común es el pilar fundamental de la construcción europea. 
En realidad, es la única política integrada verdadera. 
¿Qué nos propone la Comisión, a través de su comunicación Agenda 2000? 
Por razones presupuestarias, limitadas al 1, 27 % del PNB de los Estados miembros, la Comisión nos propone una reforma completa de la PAC y de la política estructural. 
En el plano agrícola, sus propuestas se limitan a bajar los precios de los grandes cultivos, el precio de la leche, el precio de la carne de vacuno con el fin de mantener un llamado equilibrio, proponiendo una compensación parcial que permita teóricamente a los agricultores adaptarse a esta bajada de los precios. 
Ahora bien, a finales de diciembre de 1999, la Unión Europea y los Estados miembros se encontrarán en la mesa de las negociaciones de la OMC teniendo como desafío, por supuesto, las limitaciones de las ayudas agrícolas y ante todo la supresión casi total de la preferencia comunitaria. 
¿Qué nos propone la Comisión con respecto a este plazo? 
Nada, o más bien un aumento de las ayudas de compensación que, todos lo sabemos, no aceptarán nuestros diferentes socios, ya que estas ayudas tienen su techo en el marco de los acuerdos del GATT, y no veo cómo se aceptará un incremento. 
¿Qué estrategia va a utilizar la Comisión? ¿Va a tener el coraje y los medios para imponer cláusulas sociales y cláusulas medioambientales a nuestros socios americanos? 
Señor Comisario, la agricultura europea data de hace más de 2.500 años. 
No se la puede comparar con la agricultura de países que existen desde hace sólo doscientos o trescientos años. 
Vamos a destruir el mundo rural, si queremos copiar, y vamos a desestabilizar el equilibrio territorial de todos las regiones de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Terminaré simplemente dando las gracias, felicitando al Sr. Cunha por el excelente proyecto de informe que nos ha presentado, que, desafortunadamente, ha sido fuertemente enmendado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, haciendo que pierda así una parte de su coherencia. 
Señor Presidente, Señorías, ciertamente sería muy atractivo para mí referirme ahora extensamente a lo expuesto por el Sr. Cunha y su informe. 
Pero ante lo avanzado de la hora, voy a realizar una aportación breve. 
Me voy a permitir distribuir entre ustedes el " statement» que he preparado y a realizar aquí solamente algunas observaciones que considero importantes. 
Pero en primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para felicitar al ponente, Sr. Cunha, así como a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por su informe. 
Lo he leído con gran interés y coincido también en muchos puntos con el mismo si bien algún que otro aspecto lo habría destacado de un modo algo diferente. 
Permítanme que destaque algunos ejemplos al respecto. 
Naturalmente, es y sigue siendo un objetivo central de la Comisión consolidar el modelo agrícola europeo, pero en un mundo cambiante la consolidación no puede limitarse a cimentar lo existente. 
Si actuásemos así, haríamos un flaco favor a nuestros agricultores y a nuestra agricultura. 
La política agrícola común tiene que adaptarse y reformarse pues en los próximos decenios nuestra agricultura va a enfrentarse de modo creciente a nuevas realidades, nuevas condiciones y nuevos desafíos. 
Sólo así podremos asegurar la prosecución del modelo agrícola europeo y esto es exactamente lo que quiere lograr la Comisión con sus propuestas. 
Permítanme decir abiertamente que hasta ahora no he visto una alternativa sólida, creíble y digna de consenso a las propuestas de la Comisión, al menos cuando se trata de perspectivas a largo plazo. 
Como se dice en el informe, una característica esencial, si no la característica esencial de la agricultura europea, es su multifuncionalidad. 
En primer lugar, se trata de la dimensión económica. 
En lo esencial, hoy tenemos que elegir entre dos caminos diferentes. Podríamos reducir la producción mediante una estricta limitación de contingentes; la cuestión es si esto es realmente un programa atractivo para el futuro, precisamente de cara a una agricultura extensiva, a la ampliación hacia el Este o a la nueva ronda del comercio mundial. 
La estrategia que propone la Comisión apunta en otra dirección. 
Se basa en mejorar la competitividad de los productos agrícolas locales, tanto interna como externamente, tal como se encargó a la Comisión en la cumbre de Luxemburgo. 
De este modo, llego a un punto del informe en el que quiero advertir frente a apreciaciones erróneas. 
Las reducciones de precios propuestas por la Comisión no son un objetivo en sí mismas. Son la vía para mejorar la competitividad de nuestros productos y crear de este modo nuevas posibilidades de ventas. 
Por ello, la reducción de los precios institucionales debe realizarse de tal modo que aunque los precios del mercado fluctúen, exista un margen de actuación suficiente para estar presentes en el mercado. 
No creo que las reducciones de precios que propone la Comisión se puedan considerar como obsoletas bajo esta perspectiva. 
En el futuro, la intervención debe desempeñar solamente el papel de una red de seguridad cuando se producen fuertes descensos de precios. 
En lo tocante a los pagos directos, con base en los análisis de que dispongo no puedo confirmar que la ayuda unitaria propuesta para los cereales y las semillas oleaginosas vaya a hacer no rentable la plantación de dichas semillas en una gran parte del territorio de la UE. 
También la relación entre el mercado de la carne de vacuno y de ternera no es, en nuestra opinión, ni mucho menos tan directa como parece se indica en el informe. 
Lo que me ha sorprendido algo es que en el caso de la leche se quiera abandonar la norma general. Se dice que el importe de los pagos compensatorios deberá orientarse a la productividad regional o individual. 
Debe estar claro que un enfoque de este tipo tendría unos efectos de redistribución considerables. 
En otro punto parece también que el informe se pronuncia a favor de dedicar más intensamente los pagos directos a redistribuciones. 
Si es este el deseo del Parlamento, entonces hay que decirlo con total claridad. 
He tomado nota con gran interés del deseo claramente expresado de que hay que intensificar sensiblemente las ayudas por explotación extensiva así como las que están vinculadas a prestaciones a nuestra sociedad frente a las ayudas vinculadas a la producción. 
Finalmente, en lo que el informe dice sobre la subsidiariedad y descentralización veo una confirmación de la opinión de la Comisión. 
Subsidiariedad, sí, descentralización, sí, renacionalización, no. 
Me alegra poder constatar que el informe persigue una línea similar a la de la Comisión cuando quiere asignar un segundo y sólido pilar a la política dirigida a las áreas rurales y a la protección del medio ambiente en la agricultura. 
Tomo nota de que las orientaciones mostradas en el informe, en una serie de puntos van mucho más allá que las propuestas de la Comisión, que se remiten explícitamente a las conclusiones de la Conferencia de Cork y se pronuncian a favor de un mayor esfuerzo económico de la Comunidad en favor del desarrollo rural. 
Existe la posibilidad de hacerlo bajo la línea agrícola siempre que exista voluntad política y se mantenga en su forma actual la mencionada línea, aspecto éste en el que coincido igualmente con el ponente. 
También en la cuestión de la calidad y seguridad de los alimentos comparto las opiniones reflejadas en el informe. 
Puedo decir que el informe me alienta en muchos puntos y que plantea también muchas cuestiones a las que tenemos que enfrentarnos. 
Expreso mi agradecimiento por ambas cosas y me alegro ya por los debates que se van a celebrar y por la prosecución de esta positiva cooperación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
AGENDA 2000: " Cohesión económica y social» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0210/98) de la Sra. E. Schroedter, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la Agenda 2000, Primera Parte, Capítulo II: " Cohesión económica y social» (COM (97) 2000- C4-0523/97). 
Señor Presidente. La cohesión económica y social en la UE se encuentra ante su segunda prueba de fuego en un plazo muy corto de tiempo. 
Siempre que el proyecto de integración de la UE se encuentra ante una gran prueba, se intenta renunciar a la política de cohesión, a pesar de que es la responsable del éxito del mercado interior. 
Armonía y desarrollo uniformes son las condiciones previas para la estabilidad. 
Por ello, es urgente que los grandes países exportadores, que tienen que agradecer al concepto del mercado interior sus beneficios, participen al menos en un mínimo porcentaje en la realización del modelo europeo de sociedad. 
No podemos permitir que dependa de la casualidad que alguien se incluya entre los ganadores o los perdedores dentro de la Unión Europea. 
Quiero decir aquí con toda claridad que quien quiera renunciar al proyecto de solidaridad de la UE, está atacando al corazón del proceso de integración. 
Decimos no claramente a los debates sobre quién es contribuyente neto, pues carecen de cualquier fundamento. 
Por otro lado, debe hacernos pensar que a pesar de considerables dispendios, hasta ahora no se ha logrado superar la división entre regiones ricas y pobres. 
En las diez regiones más pobres el paro sigue siendo siete veces superior que en las diez regiones más ricas. 
Este desarrollo económico diferente prosigue entretanto también en las regiones ricas, forma islas de bienestar y se refleja en toda la sociedad. 
La tragedia humana del paro, de la pobreza y de la exclusión afectan cada vez a círculos más amplios de la población. 
Ante esta negativa situación real de la cohesión económica y social, la ampliación en los diez países de la Europa central y oriental y Chipre representa un enorme desafío y hace que la estructura de la política sea la clave para la capacidad de ampliación de la UE. 
Las propuestas de revisión de la Comisión no deben limitarse solamente a la concentración. 
El objetivo de la eficiencia significa sobre todo reconocer que con métodos económicos tradicionales no se puede superar este desafío del creciente desempleo así como del proceso de transformaciones de la economía de la Europa oriental. 
En el Libro Blanco sobre el Crecimiento, Empleo y Competencia, Jacques Delors constata que es necesario orientarse hacia un desarrollo sostenible. 
En lo esencial, hay que alcanzar modelos de desarrollo que se apoyen en un reducido consumo de recursos no renovables y establezcan un equilibrio entre economía, ecología y desarrollo social. 
Quiero decir a los Estados miembros lo siguiente: " Un acuerdo administrativo no es lo mismo que reducción democrática». 
Los Fondos estructurales europeos conceden a los entes territoriales locales y regionales así como a los actores sociales unos amplios derechos de participación. 
Estos derechos solamente pueden ser usados por las regiones afectadas si los Estados miembros les conceden a tiempo la posibilidad de participar en la configuración de los planes y programas. 
Con el retraso del Reglamento sobre los Fondos estructurales por parte del Consejo- el primer semestre de 1999 es demasiado tarde para la planificación- nos encontramos ante el dilema de que, aunque el principio de participación está reflejado en el Reglamento, sin embargo no puede surtir efectos porque los planes han sido preparados para que el período de aplicación pueda comenzar puntualmente. 
Si nos tomamos en serio la " Europa de las/los ciudadanas/os» , tenemos que lograr asegurar la participación de los niveles locales y regionales a tiempo y de modo suficiente. 
La simplificación no se logra mediante la acumulación de diversos campos de ayuda. 
En la propuesta de la Comisión parece que el objetivo 2 se desplaza sencillamente hacia abajo. 
En mi opinión, es responsabilidad de la Comisión acabar en el ámbito europeo con la competencia entre regiones industriales y urbanas, por un lado, y las regiones rurales, por otro. 
La propuesta del informe ofrece la posibilidad de desarrollar procedimientos transparentes y asegura los derechos de participación de los afectados en las regiones rurales así como los del Parlamento Europeo. 
El Parlamento confirma de nuevo en este informe su decisión de fomentar mediante un Fondo común la " euro-región» en las fronteras con los Estados vecinos del Este. 
En la Agenda tenemos la posibilidad única de crear este Fondo bajo una categoría presupuestaria y la responsabilidad de una Dirección General. 
¿Porqué sigue negándose la Comisión a realizar propuestas concretas? 
Estoy muy satisfecha de que se haya logrado un amplio consenso en este informe y de que haya sido aprobado unánimemente en la Comisión de Política Regional. 
Es mi responsabilidad como ponente adoptar las medidas para que este consenso persista y es una ocasión única del Parlamento Europeo mostrar al Consejo que vamos a poder poner sobre la mesa un consenso en el tiempo más breve. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los colegas y personas que han participado en el Parlamento a este éxito y espero que logremos mantenerlo hasta el final. 
Señor Presidente, el consenso de la ponente llega más allá de su propia comisión, porque creo que, en nombre de la Comisión de Presupuestos, suscribiríamos la mayor parte de las palabras de su informe. 
Por tanto, sólo quiero señalar que, aunque no haya incorporado formalmente la mayoría de nuestras enmiendas, sí que ha recogido implícitamente la mayoría de ellas, y nuestras enmiendas, en el fondo, sólo reflejan la decisión del Pleno del 4 de diciembre pasado. 
Por lo tanto, creo que no hay ningún problema por nuestra parte. 
Sí quisiera hacer dos breves observaciones. 
Por una parte, esperábamos una reacción más fuerte por parte de la Comisión de Política Regional. 
Desde nuestro punto de vista, el instrumento provisional de preadhesión, desde el punto de vista estructural, no es, Señorías, un Fondo estructural, sino un Fondo de cohesión bis. 
Y esto puede llevar a problemas futuros. 
Tiene unos mecanismos distintos y finalidades distintas de los Fondos estructurales y, por lo tanto, creemos que falta aún una preparación real de los países candidatos respecto a los Fondos estructurales, pues a los candidatos se les va a acostumbrar a lo que es un Fondo de cohesión, y se trata de una cuestión distinta. 
En el marco general del acuerdo quisiera señalar un punto quizás esencial desde nuestro punto de vista. 
Nosotros, la Comisión de Presupuestos, queremos una cláusula de revisión sobre el resultado financiero de la reforma de los Fondos estructurales- y sobre las ampliaciones, por supuesto. 
Pero, si bien aceptamos las hipótesis y las cifras de la Comisión en estos momentos, hemos de decir que si a las cifras actuales para los Fondos estructurales y de cohesión se añaden los gastos correspondientes de preadhesión y ampliación, hay todavía margen de maniobra en el interior del techo del 1, 27 %. 
Es decir, si se reducen los créditos estructurales para los Quince, no es para no superar el techo del 1, 27 %, sino para mantenerlo muy por debajo. 
Este año estamos en el 1, 14 %. 
Y yo pregunto ¿de cuántas centésimas de Producto Nacional Bruto se trata? 
Estamos realmente discutiendo en estos momentos- en Cardiff se ha discutido- de miserias en términos porcentuales. 
Señor Presidente, simplemente quisiera añadir que hemos de ser realmente conscientes de la importancia económica y política de la rúbrica 2 en el proceso de la construcción política europea. 
Señor Presidente, Señorías, desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo solamente puedo saludar el informe de la señora Schroedter. 
Muestra que es consciente del problema y cercanía a las cuestiones de la ampliación. 
Muestra que se ha hecho justicia a las sugerencias de crear una cohesión económica y social y muestra la intención política de evitar una cierta incoherencia. 
Naturalmente, la ampliación no es sólo una oportunidad para un desarrollo positivo sino que nos indica ya hoy que todas las cuestiones de la ampliación no sólo se pueden ver desde un punto de vista económico y además que no va a ser ningún paseo triunfal. 
En lo esencial, todas las propuestas de resolución del 4 de diciembre se reflejan en el informe Schroedter. 
Necesitamos un equilibrio entre infraestructura, transporte, medio ambiente y recursos humanos para lograr en este contexto una cohesión. 
Esto no se puede ver unilateralmente sino que tiene que hacerse mediante el diálogo. 
En este contexto es importante también el papel de los interlocutores sociales, aspecto este sobre el que se ha hablado aquí. 
Sin los interlocutores sociales no lograremos una aplicación en los países en vías de desarrollo, en los países que van a ingresar. 
Para ello hacen falta instrumentos y debemos configurar PHARE de otro modo para poder ayudar. 
Hay que hacer todo esto. 
Por tanto, para mí se trata aún de un documento de debate. 
Naturalmente, la nueva definición del objetivo 2 es también muy importante. 
Sólo quiero indicar que la combinación de la industria y del área rural puede ser una oportunidad para el futuro. 
Independientemente de ello, quiero indicar que en las tres propuestas de reglamento que se van a elaborar próximamente y que se ocupan de los instrumentos de política estructural para la preparación de la adhesión, hay tiempo suficiente para debates y crear aún un marco plausible a todo este asunto y lograr lo que queremos, a saber, una ampliación homogénea en los antiguos Estados del bloque del Este. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito el debate de hoy sobre el informe Schroedter acerca del capítulo de la Agenda 2000 relativo a la cohesión económica y social como base sólida a partir de la cual lanzar la labor más completa y detallada del Parlamento sobre los reglamentos que rigen los Fondos estructurales. 
Como ha dicho la Sra. Schroedter, en la Comisión de Política Regional hubo un voto unánime, pero creo que también reconocerá que fue consecuencia de enmiendas muy substanciales presentadas por muchos Grupos políticos y, de hecho, tenemos mucho más trabajo por hacer en ese sector. 
En respuesta al Sr. Colom i Naval, quisiera decir que no es éste el momento de abordar los detalladísimos reglamentos relativos a los Fondos estructurales: los examinaremos cuando redactemos informes específicos y detallados. 
Éste es un debate oportuno, después de los debates de la semana pasada en el Consejo oficioso de Glasgow y el Consejo de Asuntos Generales de Luxemburgo correspondientes a la Presidencia británica y a la luz del muy palpitante debate de hoy en la Cumbre de Cardiff referente al informe acerca de la marcha de los trabajos sobre la Agenda 2000, preparado por la Presidencia británica para determinar los sectores sobre los que existe consenso en el Consejo. 
Así, pues, a la luz de dichos debates, deseo dedicar cierto tiempo a poner de relieve el posible planteamiento que mi Grupo adoptará durante el proceso de reforma. 
No cabe duda de que esta reforma de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión representa los cambios más importantes de los diez últimos años con vistas a afrontar los imperativos de la ampliación y de la UEM. 
La ampliación brindará sin duda oportunidades a nuestras regiones, pero desearemos velar por que las propuestas presentadas por la Comisión estén a la altura de nuestros objetivos y prioridades como socialistas, a saber, continuar el legado de Delors de fomento de la creación de empleo, del crecimiento sostenible y de la competitividad de nuestras regiones y el objetivo fundamental de la cohesión económica y social del Tratado para permitir la participación en pie de igualdad de todos los ciudadanos, regiones y Estados miembros. 
Los beneficios de la Unión deben estar muy presentes en nuestro proceso normativo. 
Se refiere tanto al fomento de la igualdad de oportunidades como a la eliminación de disparidades entre las regiones más pobres y las más ricas. 
Deben quedar claros los imperativos internos que afrontamos: uno de cada cinco jóvenes de Europa carece de un puesto de trabajo, el desempleo entre las mujeres es muy superior al existente entre los hombres, el desempleo de larga duración persiste como un flagelo de la sociedad moderna. 
Así, pues, el proceso de reforma combina la equidad con la asequibilidad y la durabilidad y con una mayor simplificación y eficiencia. 
Debe ser equitativo para velar por que concedamos prioridad a nuestras regiones pobres sin abandonar las regiones problemáticas que están pasando por el proceso de reestructuración económica y social de los Estados miembros más ricos. 
Para que la solidaridad cuente con un apoyo en masa, debe darse en dos direcciones y no en una sola. 
La subsidiariedad y la descentralización deben ser la piedra angular de nuestras políticas futuras para velar por que nuestras políticas regionales sean pertinentes para las necesidades y los intereses de las comunidades locales. 
Así, pues, quisiera acoger con beneplácito la decisión de que el Parlamento participe plenamente en el proceso de reforma. 
Acogemos con beneplácito el acuerdo interinstitucional y deseamos que se firme durante esta Presidencia. 
Hemos recibido una carta positiva de Robert Cook, Presidente en ejercicio, pero debemos avanzar ahora en relación con los temas más fundamentales. 
Por último, deseo referirme a algunos sectores en los que debemos examinar las propuestas de la Comisión más detalladamente: la eficiencia es, naturalmente, fundamental para garantizar la mejor utilización de los fondos, pero, si la reserva sobre la eficiencia propicia más papeleo y burocracia y un aumento del papel supervisor del personal de la Comisión, temo que lo único que hagamos sea emplear a más consultores privados para supervisar esos procesos. 
De modo que debemos examinar muy detenidamente cómo funcionaría esa reserva. 
Yo sería partidaria de una reserva para la innovación con los procedimientos apropiados de descentralización y subsidiariedad. 
Seremos juzgados por nuestros ciudadanos por la forma como afrontemos el imperativo de la reforma. 
Sólo cuando vean que la UE contribuye a la solución de los problemas mayores de la sociedad, tales como la pobreza y el empleo, podremos aspirar a contar con su apoyo y garantizar el crédito de la Unión y sus políticas e instituciones. 
Mi Grupo se tomará ese imperativo en serio, por lo que estamos deseosos de cooperar con el Consejo y la Comisión para mejorar las propuestas de la Agenda 2000 a fin de lograr el apoyo del público. 
Esperamos sinceramente que se nos brinde la oportunidad de compartir los poderes ejecutivos... con el espíritu de la codecisión, podríamos añadir. 
De ese modo no haremos sino contribuir a la legitimidad democrática del proceso de reforma. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar encarecidamente a la ponente por su actitud de cooperación. Ha contribuido en gran medida a que el informe sea tal como es. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo me permito declarar lo siguiente: los Fondos estructurales tienen que dirigir sus objetivos de ayuda a los objetivos contractuales y a las tareas de la Comunidad. 
Aquí se incluye entre otras cosas un desarrollo equilibrado y sostenible de la actividad económica, un elevado nivel de empleo y de protección social, la equiparación de mujeres y hombres así como la cohesión económica y social en el marco de la solidaridad de los Estados miembros. En este contexto, debe tenerse siempre muy presente el principio de la subsidiariedad así como el marco financiero. 
En ningún caso se puede emplear la ampliación para suprimir el límite superior del 0, 46 % de PiB de la Comunidad para la política estructural o el 1, 27 % para los gastos totales. 
Desde mi punto de vista, los países que participan en la Unión Monetaria no pueden recibir ayudas adicionales a través de los Fondos de cohesión. 
Solidaridad significa también no reclamar más ayuda de la necesaria. 
Por ello, en el objetivo 1 hay que aferrarse al límite del 75 % del PIB per cápita. 
Saludo aquí expresamente un período de transición para las regiones que son subvencionables actualmente en el marco de los objetivos 1, 2 ó 5b. 
Señora Comisaria, el nuevo objetivo 2 no tiene lamentablemente ninguna lógica. Es y sigue siendo un " poupurri». 
El 80 % de los ciudadanos europeos vive en ciudades y si se sigue perjudicando a las áreas rurales en las ayudas de la UE, esta proporción empeorará aún más. Es decir, la emigración de las áreas rurales a las ciudades aumentará aún más. 
Hay dos posibilidades de mejorar la propuesta de la Comisión. 
Primera: un objetivo autónomo para el área rural y segunda: un objetivo 2 subdividido con líneas presupuestarias propias. 
Los criterios deben poder ser ampliados y ponderados del modo adecuado por los Estados miembros en el marco de la subsidiariedad. 
Bajo ningún concepto, la concentración prevista debe atar las manos de los Estados miembros a la hora de determinar sus propias ayudas. 
Por ello, hay que elevar fuertemente el límite superior de la regla de minimis. 
Los créditos de ayuda del objetivo 3 tienen que ser flexibles y de fácil aplicación. 
Hay que saludar la reducción de las iniciativas comunitarias a tres. 
Pero los créditos PHARE-CBC, que hasta ahora estaban vinculados a la cooperación con INTERREG, no se pueden emplear en ningún caso también en las fronteras entre los PECOS. 
Hay que intensificar el fomento a las PYMES pero aún más importante es que se simplifique, señora Comisaria. 
Un 10 % de reserva es demasiado. La Comisión intenta de este modo obtener más influencia, pues a la postre decide también sobre la utilización de estos créditos de reserva. 
En mi opinión, esto es una clara infracción del principio de subsidiariedad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo querría en primer lugar decir a la ponente, la Sra. Schroedter, que ha hecho un buen informe de reflexión sobre la Agenda 2000. 
No voy a entrar en el detalle de lo que será la discusión futura sobre los Fondos estructurales, pero debo insistir en que la cohesión económica y social es uno de los aspectos fundamentales de la construcción europea y, en este sentido, debe valorarse el papel y la contribución que, junto con la Unión Europea, los Estados y las regiones deben realizar en una aplicación directa del principio de subsidiariedad. 
Veo positiva la simplificación que se quiere hacer en los Fondos estructurales, con un Objetivo 2 grande, en el cual debe estudiarse de qué forma se incluirá adecuadamente la presencia de las zonas rurales, de las zonas industriales en declive, de las áreas urbanas y de las zonas de pesca, todo ello en una buena aplicación del principio de subsidiariedad. 
Debe considerarse también el papel que las regiones con capacidad legislativa puedan tener en la aplicación de estos marcos de desarrollo del Objetivo 2. 
Creo que, en este sentido, no sería válido un reglamento único sin tener en cuenta cómo cada Estado, en función de su organización interna, decidirá la aplicación de este Objetivo 2. 
Creo que es muy importante el planteamiento que se hace del Objetivo 3, de cara, sobre todo, a lo que hoy es el máximo problema de la Unión Europea que es el desempleo. 
Y todo ello debe considerarse teniendo en cuenta la ampliación futura de la Unión Europea a los Estados del Centro y del Este de Europa. 
En este sentido, creo que es positivo que la iniciativa comunitaria INTERREG destine también fondos a los Estados del Centro y del Este de Europa, pero sin menoscabo de aquellos que se destinan a los actuales países de la Unión Europea. 
Finalmente, querría decir que la eficacia en la aplicación de los Fondos estructurales y de los recursos asignados es siempre una cosa loable y, por lo tanto, espero que se determine un buen criterio para poder aplicar lo más eficazmente posible la distribución de estos fondos que otorga la Unión Europea. 
Señor Presidente, Comisario, ésta es la última oportunidad que esta Asamblea va a tener de expresar nuestras posiciones sobre los principios amplios de la reforma de los Fondos estructurales antes de que empecemos a examinar las propuestas legislativas detalladas en los próximos meses, por lo que se trata de un informe extraordinariamente importante. 
Desde el principio quisiera subrayar que la cohesión económica y social es un principio consagrado ahora y para el futuro. 
No tiene que ver con la fortuna a corto plazo de partido político nacional alguno para fines electorales. 
Tenemos la obligación de mostrarnos serios respecto de nuestra contribución al futuro desarrollo de la Unión y nuestras ambiciones respecto de una mejor vía para avanzar deben satisfacer las esperanzas de todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
En términos generales, estoy de acuerdo con el informe Schroedter. 
Sin embargo, hay algunos aspectos que me preocupan en particular. 
Estoy totalmente de acuerdo con la idea de la Comisión- que apoyo firmemente- de que no existe una vinculación entre la participación en la UEM y la eligibilidad para el Fondo de Cohesión. 
Quisiera señalar a la atención de algunos colegas que no existe un fundamento en el Tratado para apoyar dicha vinculación. 
La enmienda 25 del Sr. Novo Belenguer y otros representa correctamente esta posición y voy a tener mucho gusto en apoyarla. 
Puedo aceptar el principio de un examen de mitad de período en el caso del Fondo de Cohesión. 
Sin embargo, consideraría inaceptable que no hubiera disposiciones relativas a acuerdos de transición para cualquier Estado miembro que en el examen de mitad de período deje de poder acogerse a dicho Fondo. 
Es esencial que se establezcan disposiciones transitorias adecuadas para las regiones que, como mi país, Irlanda, dejen de reunir las condiciones para acogerse al objetivo 1. 
Las disposiciones transitorias para Irlanda deben ser adecuadas en cuanto al nivel y la duración de la financiación a fin de atender nuestras importantes y continuas necesidades de desarrollo. 
Mientras que el nivel de financiación debe satisfacer en particular las necesidades de las subregiones irlandesas menos desarrolladas, opino que debe abarcar todo el país durante todo el período de siete años del próximo marco financiero. 
La construcción de una casa sólida es una inversión a largo plazo. 
No se construye una casa sobre cimientos que no se hayan consolidado. 
Sí, en Irlanda hemos logrado avances rápidos hacia la medida del PIB de la UE, pero seguimos necesitando- sí- nuevos niveles importantes de financiación para el período futuro inmediato con vistas a consolidar el progreso económico que hemos logrado hasta la fecha. 
Por último, no creo que nadie discutiría en serio nuestro objetivo de alcanzar una situación en la que nuestros niveles más altos de prosperidad quedan garantizados sobre una base permanente y sostenible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Agenda 2000 empieza a mover los actores pero aún no se puede reconocer una dirección pues los Estados miembros rechazan el guión de la Comisión. 
Exaltadas luchas por la distribución, defensores de patrimonio que gritan a voz en cuello y en todo esto se pierde de vista el fondo del asunto, el gran acercamiento a la Europa central y oriental. 
¿Cuáles son las normas del juego? 
Primera: la ampliación solamente puede existir con una reforma de la política agrícola y estructural. 
Segundo: en parte, regiones más ricas son excluidas de las ayudas actuales tanto en Alemania como en Suecia o, por ejemplo, en España. 
Si los Estados federados alemanes exigen, cito: " en las normas de financiación se tienen que evitar riesgos presupuestarios para los Estados» , hay que recomendarles que empleen el plazo de transición de cuatro a seis años para garantizarlo ellos mismos. 
En tercer lugar, el Fondo de cohesión tendría que disolverse teóricamente, y aquí soy de otra opinión que el orador anterior, una vez alcanzada la Unión Monetaria. 
Pero si el Gobierno español y otros se aferran al mismo con uñas y dientes, entonces se debería decir también honestamente- y la ponente abre una oportunidad para ello- que no se puede negar el acceso tampoco a Polonia, Hungría, Chequia, Eslovenia y Estonia. Esta es la lógica del juego. 
Quien exige algo para si, crea también hechos también para otros. 
En cuarto lugar, si se regatea con el dinero, entonces que se haga a fondo. Esto significa aportar luz a la oscuridad del debate sobre contribuyentes netos, y me dirijo en especial al señor Waigel. 
Las insuficiencias de justicia no se pueden compensar con el lado del Debe sino del Haber. 
Quien diga "R» por reformas, tiene también que decir" R» por la reducción de las subvenciones agrícolas. 
Una limitación del descuento británico a las subvenciones agrícolas así como una posible entrada en la cofinanciación, abrirían al mismo tiempo la posibilidad de un mecanismo general de corrección. 
Si se respetan estas normas del juego entonces habrá dirección y tendremos un guión con el que llegaremos con éxito al final de los debates. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Schoedter, que pretende una Europa más solidaria en la que las regiones ricas ayudarían a las más pobres, que pretende una Europa ampliada hasta alcanzar una dimensión continental en la que los quince primeros países miembros se comprometerían a elevar hasta su nivel a los países de Europa central y oriental, donde el poder adquisitivo medio por habitante es hasta cinco veces inferior al de los Estados miembros en un momento en que, en Cardiff, nuestros valientes Jefes de Estado no se han puesto de acuerdo más que sobre un punto: pagar menos, pero recibir más, consigamos que Europa dé un fantástico salto hacia atrás. 
En un momento en que, en una región como la mía, el Hainaut, convertida en región siniestrada- en los propios términos de la Comisión- una región siniestrada por cuarenta años de poder socialista absoluto, los fondos europeos son dilapidados por los compañeros y pillos del PS que respetan en eso una vieja tradición socialista walona, en un momento en que se sopla hacia el este el calor y el frío, diciendo a los pueblos de Europa central y oriental- que son nuestros hermanos- que vengan con nosotros, reprochándoles una paja en el ojo, la paja del déficit democrático, cuando nuestras democracias occidentales están moribundas, este informe, señor Presidente, Señorías, es la versión contemporánea del suplicio de Tántalo: cuanto más queremos acercarnos a Europa y a sus beneficios para sus conciudadanos, más se aleja de nosotros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, tenemos menos de un año de tiempo para hacer todo lo que hemos hablado y acordado sobre la Agenda 2000. 
Menos de un año no es mucho tiempo. 
Tenemos pues que arremangarnos y poner manos a la obra. 
Creo que el informe de Elisabeth Schroedter es un buen comienzo. Formula muchas orientaciones sin realizar constataciones que aún tenemos que debatir intensamente. 
Creo que esta es exactamente la vía adecuada. 
En los debates pasados hemos visto- recuerdo la sesión plenaria de Bruselas- lo que pasa cuando se intenta determinar algo con demasiada rapidez o a la ligera. 
Este no puede ser nuestro patrón sino que tenemos que debatir seriamente entre nosotros para llegar a unas buenas soluciones. 
El informe realiza algunas orientaciones si bien no firmaría en blanco todo lo que allí se dice. 
Hay aún otras enmiendas sobre las que votaremos mañana. 
Entonces veremos al final el resultado. 
Pero creo que es importante dar este paso. 
En el desarrollo de la Agenda 2000 no se trata solamente de distribuir dinero. 
Se trata de cómo podemos mejorar y desarrollar un instrumento de ayuda y de cómo podemos avanzar conjuntamente. 
No se puede tratar de plantarnos y decir: "Hemos recibido dinero de los países miembros» y los Estados miembros dicen :" Devolvédnoslo, sabemos cual es el mejor modo de distribuirlo». 
No, esto no puede ser así sino que debemos actuar conjuntamente. 
Creo que en muchos puntos hay que poner el dedo en la llaga. 
No puede ser que en la tensión existente entre globalización y regionalización solamente se trate de restituir a su lugar lo máximo posible y decirles a los que están en su casa: " haced con ello lo que queráis» y de este modo se alcanza el objetivo. 
Sin embargo, vamos a tener que examinar muy atentamente las propuestas de la Comisión. 
Es necesario simplificar en muchos lugares o aportar transparencia. 
Vamos a examinarlo muy atentamente pues en muchos puntos se nos alega que la simplificación, por ejemplo, en la cooperación o en la programación, conlleva también una mayor presión y burocracia. 
Vamos a examinarlo atentamente pues considero nuestra tarea de las próximas semanas y meses ver qué regiones necesitan dinero y cuáles lo reciben. 
Naturalmente, también tenemos que adoptar las medidas necesarias para desarrollar este instrumento de la Comunidad y hacerlo transparente para que podamos trabajar juntos por el futuro de nuestras regiones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ponerse de acuerdo sobre principios es relativamente sencillo, en cualquier caso si dichos principios tienen un sentido. 
Visto así, damos gustosamente nuestro voto favorable al informe Schroedter, a las propuestas para la reforma de la política estructural en el marco de la Agenda 2000. 
Formación de centros de gravedad reconocibles en vez del principio de distribución indiscriminada, criterios objetivos para la concesión de ayudas de la UE, cooperación bottom-up, evaluación, ¿qué más se quiere? 
En interés de los afectados, ¡hay que querer más! 
El área rural, aspecto que se ha tocado hoy aquí, no se ha tenido en cuenta como se merece en los primeros borradores. 
El área rural se merece al menos un Objetivo parcial autónomo en el marco del nuevo " Objetivo 2» con recursos financieros asegurados. 
Para lograr un amplio apoyo de nuestros ciudadanos a la próxima ronda de ampliación, necesitamos un volumen garantizado de fondos Interreg para las regiones fronterizas de la Unión. 
Las señales de ayuda procedentes de Bruselas son mejores que los mensajes del miedo procedentes de los diversos extremos políticos. 
Sin límites financieros superiores, algunos de los llamados contribuyentes netos se verán demasiado compulsados. 
Solamente existirá un amplio apoyo a este buen informe Schroedter si junto a los principios se concede asimismo un margen a los diversos intereses particulares, algunos de los cuales he mencionado aquí muy conscientemente. 
Esforcémonos junto con la Comisión y el Consejo en lograr un buen equilibrio en los próximos meses para que logremos un resultado sobre el que exista realmente un amplio consenso en toda la Unión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la reforma de la política regional y estructural de la Unión Europea debe poder hacer frente a los crecientes retos de desigualdad regional. 
El desarrollo económico global, el desempleo masivo, la ampliación y la UEM son factores que exigen una política estructural que logre eliminar las diferencias y crear nuevas oportunidades. 
La política regional de la Unión Europea ha de tener en cuenta en mayor medida y de una manera más flexible la desigualdad de condiciones. 
Por ejemplo, a la hora de definir la cobertura de la población y la financiación nacional, será necesario aumentar la flexibilidad de acuerdo con las condiciones de cada país. 
Es absolutamente preciso respetar el calendario para el examen de la Agenda 2000. 
La aplicación eficaz de los programas y la participación de las distintas partes involucradas requieren un tiempo adecuado para su preparación. 
En las regiones rurales extensas, como es el caso en el este y el norte de Finlandia, la situación de cara al futuro es crítica. 
Las regiones languidecen a causa de la pérdida de población. 
Ahora necesitamos urgentemente una política de renovación que permita dotar a estas regiones de oportunidades de desarrollo en el plano del capital humano, un carácter empresarial basado en las nuevas tecnologías y una diversidad de incentivos. 
El punto de gravedad ha de recaer en las actividades locales que fomenten la iniciativa y creen puestos de trabajo permanentes. 
Señor Presidente, deseo subrayar la importancia del principio de partenariado especialmente en la definición de los programas y de su metodología. 
En particular, quiero resaltar que, si no se aclaran y establecen medidas para el desarrollo de las regiones rurales, se corre el riesgo de causar grandes perjuicios a la cooperación local y la cooperación regional. 
Al mismo tiempo, existe otra preocupación que no debe menospreciarse, esto es, el peligro de que, desde la nueva óptica de la Agenda 2000, la cohesión económica y social tienda a desdibujar las competencias y el control del Parlamento Europeo. 
Si fuera así, sería realmente paradójico que, en el momento en que se somete a decisión el tema de la ampliación, faltara la garantía democrática del Parlamento Europeo. 
Al mismo tiempo, nos parece que es útil fomentar la cooperación con los terceros países en el ámbito de INTERREG y de PHARE, creando los instrumentos jurídicos y financieros oportunos como, por ejemplo, los fondos comunes. 
Mostramos nuestra perplejidad en lo que atañe a la efectiva utilidad del mecanismo de reserva del 10 % propuesto. 
Y además, evidenciamos la escasa entidad de los créditos disponibles. 
La ampliación exige una política estructural racional y eficaz, a pesar de las estrecheces presupuestarias que se nos imponen. 
En general, al observar las novedades de la Agenda 2000, nos percatamos de que las iniciativas comunitarias han pasado de 13 a 3, que el presupuesto para el Fondo de cohesión es de sólo 3 millardos de ecus y que los criterios de acceso a las ayudas parecen simplificados. Asimismo, constamos que no hay progresos significativos en el ámbito de la política estructural, hoy cada vez más importante desde la óptica de las nuevas adhesiones. 
Señor Presidente, Señorías, las perspectivas financieras para los años 2000 a 2006, que condicionan la política de cohesión, se decidirán en marzo del año próximo, según la Cumbre de Cardiff, después de que se hayan disipado los reflejos de las elecciones alemanas. 
Así, el informe de la diputada Sra. Schroedter, aun siendo un buen trabajo, tiene tan sólo carácter propedéutico, aunque imbuido de la mejor concepción de la cohesión. 
Pero, dada la votación del Parlamento Europeo de hace quince días, inesperadamente hostil a los países beneficiarios del Fondo de Cohesión, las circunstancias nos imponen que hoy volvamos a ese asunto mediante propuestas de enmienda al informe Schroedter. 
La votación de esas propuestas va a representar una elocuente prueba para la sensibilidad actual de los diputados europeos. 
Va a marcar de forma indeleble la diferencia entre egoísmos nacionales y solidaridad comunitaria, entre las leyes del mercado y los imperativos éticos de la cohesión y, por último, entre la palabra y la acción. 
Y no se diga que el Fondo de Cohesión va destinado a ayudar a los países beneficiarios a llegar al euro y que con eso concluyen sus funciones. 
Se trata de un sofisma, es decir, de un razonamiento falso con apariencia de verdadero. 
De hecho, con la introducción del euro se justifica aún más la preservación del Fondo de Cohesión. 
La geografía y la histórica económica nos enseñan que, cuando se unifica, se armoniza, se amplía el mercado y se lo dota de una moneda única, se obtienen ventajas para todos, pero que, por otro lado, se da una tendencia profunda al fortalecimiento de los centros geográficos y de los polos económicos ya existentes en detrimento de las periferias y las regiones más excéntricas. 
Esos riesgos son reales y no se pueden subestimar, sino que los Quince deben luchar contra ellos. 
¿Cómo? 
Concediendo prioridad al principio del equilibrio en su territorio y a las políticas de cohesión. 
Ésa es la razón por la que se debe mantener el Fondo de Cohesión y por la que, en resumen, sería un grave error suprimirlo. 
Si en este momento el Parlamento Europeo, que ha sido a lo largo de los años un paladín de los principios de solidaridad, no manifestara sin ambigüedades la fidelidad a sus tradiciones y a los valores constitutivos, mancharía gravemente su reputación. 
Señora Comisaria, los esfuerzos de la Unión para lograr una cohesión económica y social en su interior deberán continuar a pesar de todos los pasos importantes que se han dado encaminados a conseguir una convergencia nominal y de que las desigualdades entre regiones y países siguen siendo todavía grandes y en algunos casos tiendan a aumentar. 
Esta situación, junto con la ampliación pendiente hacia los países de Europa central y oriental, ha colocado a la Unión ante grandes responsabilidades que exigen que a partir de ahora tengamos que afrontar de forma nueva las políticas estructurales comunitarias. 
En ese marco, el primer gran asunto que nos encontramos es el de las perspectivas financieras, asunto que deberá aclararse pronto para saber exactamente de cuánto dinero disponemos y poder determinar después, de modo responsable, las políticas correspondientes. 
Se trata de un tema que atañe esencialmente a la competencia del Consejo. 
El presupuesto comunitario, que supone el 1, 27 % del PIB, y de éste el 0, 46 % es la cantidad que está destinada a las políticas estructurales, es posible que sea insuficiente en el futuro para satisfacer las políticas existentes y las futuras y a los países actuales y a los que van a ser miembros próximamente. 
La ampliación no deberá realizarse en ningún caso a costa de los Estados miembros actuales y en especial de los más pobres. 
Por ello, antes de la primera ampliación, habrá que someter a un nuevo examen las perspectivas financieras con objeto de afrontar las nuevas necesidades y las nuevas circunstancias que surjan o que serán entonces más visibles. 
Las regiones del objetivo 1, las que tienen un PIB inferior al 75 % de la media comunitaria, es decir, las más pobres y las que tienen mayores carencias, deberán seguir recibiendo también en el futuro los 2/3 de las ayudas estructurales, como propone también la Comisión. 
El porcentaje de financiación destinado a dichas regiones deberá seguir siendo elevado y deberá ser aún más elevado para las regiones insulares debido a los problemas particulares que presentan, tal y como está reconocido además en el artículo 130 A del Tratado de Amsterdam. 
Conforme a esa previsión del nuevo Tratado es preciso aplicar una política integral para poder afrontar los problemas particulares que resultan de su carácter insular. 
También es correcto reducir los objetivos de 6 a 3 y las iniciativas comunitarias de 15 a 3 por necesidades de simplificación y concentración. 
Destinar a su financiación el 5 % de los recursos también me parece lógico pero probablemente va a ser necesario duplicar las partidas destinadas a las actividades innovadoras que por su carácter piloto y vanguardista puedan resultar especialmente beneficiosas. 
Por último, quisiera señalar que en el futuro deberá seguir existiendo un Fondo de cohesión para financiar grandes obras de infraestructura en los sectores del medio ambiente y del transporte y en el que deberán poder participar aquellos países que tengan un PIB inferior al 90 % de la media comunitaria. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Schroedter por su informe y decirle que lo mejor del informe, y ello no le debe pesar, es que es deudor de las propuestas de la Comisión y, concretamente, de la Comisaria que nos acompaña, Sra. Wulf-Mathies. 
Este informe sigue la senda de las propuestas de la Comisión y ahí están su fuerza y su carácter positivo, precisamente. 
Tiene otro ingrediente positivo, y es que nos va a permitir reconducir el increíble acontecimiento del último Pleno en el que, por una concatenación de desaciertos, se llegó a una conclusión sobre el Fondo de cohesión que no representa el sentir mayoritario de la Asamblea, como tendremos ocasión de comprobar en la votación de mañana. 
El Fondo de cohesión- y quiero decirle a la Sra. Schroedter que, por favor, trabaje con un poco de pedagogía con alguna diputada de su grupo, porque ella sí ha tenido muy en cuenta qué es el Fondo de cohesión y qué es la cohesión- está contemplado en los Tratados, debe seguir contemplado en los Tratados y cambiarlo sería alterar los Tratados. 
No se puede presentar como una opción de algunos de los países que no quieren abandonar ciertas subvenciones. 
Estamos hablando de los Tratados, y los países que tengan menos del 90 % de la renta comunitaria tienen derecho, porque son las reglas a 15 de que nos hemos dotado, a seguir en el Fondo de cohesión. 
La Sra. Schoedter sí ha comprendido qué es la cohesión. 
Y la cohesión no se puede comprender sin la conexión fundamental con mercado interior que ahora, con la moneda única, es un mercado interior en plenitud. 
Las posiciones conseguidas son también las conseguidas por aquellos países, aquellas regiones y aquellas empresas que, en un mercado común, han disfrutado de una situación de privilegio competitivo; y por eso surge la cohesión, para que ese privilegio competitivo se tenga en cuenta y se ayude a las regiones más desfavorecidas. 
Seamos lógicos al hablar de cohesión, señor Presidente. 
Señor Presidente, quiero comenzar esta intervención uniéndome a las felicitaciones realizadas a la Sra. Schroedter- que, sin duda, merece- por el serio trabajo realizado en la preparación de su informe y muy especialmente, por su esfuerzo en la búsqueda de compromisos entre los distintos grupos políticos, compromisos que han permitido que este informe fuera aprobado prácticamente por unanimidad en la Comisión de Política Regional. 
Dentro de las conclusiones del informe, quisiera destacar, por su importancia para la política de cohesión, el reconocimiento expreso de que dos tercios de los recursos totales de los Fondos estructurales deben asignarse a las regiones del Objetivo 1, pues sólo la concentración de recursos en las regiones más desfavorecidas puede permitir reducir las disparidades regionales en horizontes temporales razonables. 
Me parece muy positiva la referencia al importante papel que juega el Fondo de cohesión en la promoción del desarrollo armónico de la Comunidad que se formula en el considerando A, pero considero que la declaración contenida en el considerando L no sólo debería ser incorporada a las conclusiones sino que, además, es preciso redactarla de modo que clarifique el debate en curso a la vista de la votación de la enmienda Berend realizada en el pasado Pleno de Bruselas. 
Por ello considero que el texto de las enmiendas 5, 6 y 14, presentadas por diputados del Grupo del PPE, por el Grupo ARE y por el Grupo del PSE, en las que se apoya el mantenimiento de un Fondo de cohesión a partir del año 2000, sin prejuzgar la posición definitiva del Parlamento Europeo, que se expresará en el marco del procedimiento legislativo relativo al Fondo de cohesión, reconduce el debate a términos más razonables, sin pronunciamientos apriorísticos y permitiendo que este Parlamento pueda comenzar a debatir con el sosiego necesario dentro del respeto a los Tratados y en un clima de calma parlamentaria que no se vea alterado por planteamientos electoralistas derivados de importantes elecciones nacionales en curso. 
Considero, como destaca el informe, que tiene gran importancia que se reclamen competencias para los órganos responsables de la política regional europea respecto a la configuración y evaluación de los programas en el marco del desarrollo rural pues, de lo contrario, se perderá la coherencia que debe existir en todos los ámbitos de la política regional. 
Y termino agradeciendo de nuevo a nuestra ponente su excelente trabajo, que servirá de criterio orientador a la tarea de la Comisión de Política Regional en los próximos meses cuando analice las propuestas legislativas que, con gran racionalidad y equilibrio, ha presentado la Comisión. 
Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, en relación con la siempre citada solidaridad en la cohesión económica de la Unión, creo que debemos tener cuidado en no creernos las historias que nos cuentan el Consejo y otras personalidades y, a veces, también la Comisión. 
No se puede planificar, por un lado, una ampliación de tal magnitud como la proyectada, además unánimemente por todos los Estados miembros, la ampliación más pobre y mayor que ha conocido la historia de la integración europea y, por otro, creer que se va a pagar menos o incluso que se puedan mantener las políticas estructurales existentes y los ingresos de los miembros al igual que en el pasado. 
Esto no nos lo creen las ciudadanas y ciudadanos y es también una afrenta directa a nuestra propia inteligencia. 
Por ello, se tratará de una distribución en toda regla. 
A este respecto, tienen razón algunas y algunos colegas. 
En lo tocante a la cohesión, no sólo tenemos un conflicto Norte-Sur sino en parte también un conflicto Norte-Norte. 
Tengo que decir a algunos oradores anteriores que no tiene sentido considerar las políticas estructurales sólo como tales. 
A más tardar en octubre, cuando la Comisión exponga el lado del Debe de esta Agenda 2000 y diga que éste país tiene que pagar tanto y aquel país otro tanto, tendremos un nuevo debate sobre los gastos de la categoría 2 en las políticas estructurales. 
Por ello, es importante que incluyamos en éstas también, por ejemplo, los gastos del sector agrícola. 
La Comisión de Agricultura no puede extraer sus propias conclusiones y decir que todo esto no le afecta. 
Lo digo también dirigiéndome a nuestro representante bávaro aquí presente. 
Por supuesto que debe incluirse, pues si en el futuro tenemos unas nuevas grandes tareas- lo que es algo seguro -, entonces esto supone un desafío a nuestra solidaridad. 
Ya no será posible que el segundo país más rico de esta Unión sea un beneficiario neto debido a esta absurda política agrícola. Las ciudadanas y ciudadanos de la Unión no participarán en una política de este tipo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero declarar mi apoyo a las prioridades del informe, que ha logrado su forma actual en la comisión gracias a la actitud de compromiso de la ponente y a las muchas enmiendas. 
Apoyamos la concentración de las ayudas al desarrollo y la adaptación estructural de las regiones menos desarrolladas (Objetivo 1) que proponen el informe y la Comisión. 
Apoyamos la aplicación estricta del criterio de un PIB per cápita regional inferior al 75 % de la media de la Comunidad, medido en la paridad de la capacidad de compra al nivel de NUT 2 para la elección de las futuras regiones del Objetivo 1. 
Dos terceras partes de los créditos de los Fondos estructurales del Objetivo 1 aseguran de hecho la necesaria concentración de las ayudas en las regiones más necesitadas. 
No obstante, advierto a la Comisión en este contexto que no se aleje de la aplicación estricta de este criterio. 
En texto claro, esto significa que a la hora de distribuir los créditos se debe garantizar la igualdad de derechos de todas las regiones del Objetivo 1. 
Ante la orientación regional del Objetivo 1, el criterio de bienestar nacional no es adecuado para establecer una igualdad de trato. 
Por el contrario, crea nuevas injusticias, por lo que lo rechazamos. 
Al igual que el informe y la Comisión, estamos a favor de financiar la política estructural europea respetando el límite superior de recursos propios del 1, 27 % y de la proporción del 0, 46 % de los Fondos estructurales y de no desviarnos de estas directrices en el marco de la ampliación. 
En lo tocante al Fondo de cohesión, coincidimos con la ponente en que después del año 2000 debemos disponer de un Fondo de cohesión como ayuda al logro de los criterios de convergencia. 
Ahora bien, no queremos la prosecución del actual, tal como se prevé actualmente en la Agenda 2000. 
Un error de traducción al respecto en las enmiendas se corregirá mañana mediante una rectificación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la cohesión económica y social es un objetivo esencial de la construcción europea en pie de igualdad con la unión monetaria o el mercado único, y si el esfuerzo de cohesión ha sido importante, los datos económicos confirman que es todavía insuficiente. 
Y para que se nos entienda bien, no estamos aquí hablando de caridad ni estamos hablando de subvenciones indefinidas o indiscriminadas. 
La cohesión es sinónimo de solidaridad y de justicia en los esfuerzos diferenciados de las distintas regiones europeas para lograr la competitividad. 
La cohesión es la otra cara del mercado único y de la unión monetaria y, en ese contexto y en el de la ampliación, la cohesión económica y social será más necesaria que nunca, en justicia. 
La unión monetaria y el mercado único reforzarán la centralización de las inversiones en los países ricos. 
La ampliación supondrá mayores necesidades de solidaridad sin que se haya logrado todavía la cohesión de los Quince. 
El Fondo de cohesión resulta, por ello, un instrumento imprescindible. 
Independientemente de que se acceda o no a la unión monetaria, el Fondo de cohesión es necesario para los actuales Estados miembros cuyo PNB per cápita sea inferior al 90 % de la media comunitaria, como establece el Tratado. 
Finalmente, en la opinión de la Comisión de Pesca adjunta al informe Schroedter se hace referencia a una injusticia que deseo resaltar: la deficiente atención estructural al sector pesquero en la Agenda 2000. 
La singularidad de las zonas costeras, en general periféricas, muy dependientes de la pesca y sin fáciles alternativas de empleo, requiere el apoyo estructural de un reglamento horizontal que englobe la totalidad del litoral europeo y que concretice las acciones que se deben desarrollar, ahora inexistentes y tan necesarias para estas zonas. 
Concluyo, por tanto, felicitando a la ponente y haciendo estos llamamientos para que mejore realmente la cohesión económica y social en Europa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, señora ponente, a quien, de paso, quiero felicitar, la Agenda 2000 supone un freno para el desarrollo de la política de cohesión con una reducción del porcentaje del objetivo de gasto establecido en Edimburgo, del 0, 46 al 0, 39 %, dado que la rúbrica del presupuesto debe ceder 7 millardos de ecus a la preadhesión. 
Es por esto que se pide, ante todo, la creación de una nueva rúbrica presupuestaria- rúbrica 7 -, así como una reflexión sobre el 1, 27 % que se debería reexaminar cuando se determinen las fechas y las cifras de la ampliación y un reparto de los fondos que deje a la política de cohesión lo establecido, sin reducirla a una especie de privilegio para unos pocos. 
De hecho, me pregunto si la Agenda 2000, en su intento de concentrar al máximo la distribución de las financiaciones, ha tomado como referencia las necesidades regionales reales o, por el contrario, ha elegido como criterio principal un ciego dato estadístico. 
Dicha duda se plantea también con respecto a la elección del Producto Interior Bruto per cápita como único referente. 
Este dato estadístico debería analizarse con detenimiento, al objeto de que pueda reflejar con exactitud la condición socioeconómica de una región, si no, de este modo, nos encontraremos ante una evidente deformación de la realidad como, por ejemplo, en el caso de las regiones insulares. 
En efecto, ¿cómo puede darse cuenta un parámetro de Eurostat de la gran diferencia que existe entre el 76 % alcanzado por una región insular y el 76 % alcanzado por una región continental? 
Hay muchas cosas del capítulo dedicado a la política de cohesión de la Agenda 2000 que me dejan perplejo empezando por la reserva del 10 %. 
Me voy a limitar a pedir que se lleve a cabo cuanto antes un replanteamiento del Fondo de cohesión que, en un próximo futuro, no implique su supresión, sino su regionalización. 
Señor Presidente, Señorías, señora Schroedter, en primer lugar quiero expresarle mis felicitaciones por el informe y por las críticas y constructivas resoluciones que nos ofrecen otra ocasión para debatir sobre la Agenda 2000 en el Parlamento Europeo. 
Quiero destacar como especialmente positiva la amplia coincidencia existente entre el Parlamento Europeo y la Comisión, en especial en lo que se refiere a la cohesión económica y social y a los objetivos comunes, como la sostenibilidad, la lucha contra el paro, el fortalecimiento de la competitividad de las regiones, la importancia de los recursos humanos y la igualdad de oportunidades. 
También en el Consejo las cosas se mueven con lentitud. 
La Presidencia británica ha realizado grandes esfuerzos no sólo en los grupos de trabajo del Consejo sino también en el Consejo informal de Glasgow de la semana pasada para poner en marcha un primer debate político sobre la reforma de los Fondos estructurales. 
Creo que el mensaje más importante de Glasgow es el siguiente: no hubo una oposición fundamental. 
La filosofía política de las propuestas de la Comisión se confirmó ampliamente. 
También es importante que los ministros han aceptado la relación existente entre simplificación y descentralización, por un lado, y una mayor obligación de presentar cuentas, por el otro. 
Pero en lo tocante al fondo del asunto, existe aún una considerable necesidad de debatir, lo que han confirmado aquí varios oradores. 
Permítanme que exponga con toda claridad de nuevo lo siguiente respecto al paquete global. 
Primero: la ampliación no se realiza a costa de las regiones más pobres. 
Por el contrario, las auténticas regiones del Objetivo 1 van a ser las beneficiarias de la reforma. 
A este respecto quiero decir expresamente que en la propuesta general de la Comisión se incluyen también las existencias del Fondo de cohesión y la adaptación al pacto de estabilidad. 
Segundo: los esfuerzos de concentración se distribuirán uniforme y justamente entre todos los Estados miembros y no se hará a costa de regiones rurales o de otras regiones problemáticas. 
Tercero: el paquete de preadhesión contiene una atractiva oferta a los Estados que quieren la adhesión y no plantea exigencias excesivas a los actuales Estados miembros. 
Respecto a sus dudas sobre la financiabilidad de la ampliación, permítanme decir que el paquete global de la Agenda 2000 está financiado con limpieza. 
Ahora bien- subrayo lo que se ha dicho aquí -, las propuestas para la reforma de las políticas comunitarias importantes y para la inclusión paulatina de los candidatos a la adhesión, constituyen una unidad. 
Una cosa no se puede desgajar de la otra. 
Los candidatos a la adhesión no deben tampoco cejar en sus esfuerzos por lograr el acervo comunitario. 
Si todos los afectados actúan racionalmente, la ampliación se podrá realizar sin cargas adicionales para el contribuyente europeo, incluso aunque el crecimiento fuese menor del esperado. 
Por lo demás, a la hora de debatir sobre las finanzas, no debemos olvidar los beneficios de la ampliación, tanto políticos como de seguridad, pero sobre todo para la democracia y para el desarrollo económico. 
Creo que no damos precisamente una impresión muy acogedora a los países que, mediante un ingreso en la Comunidad, quieren pertenecer a un sistema democrático y garante de la paz. 
En lo tocante a su exigencia de prever un único instrumento financiero para la estrategia de acercamiento, quiero indicar que la Comisión ha propuesto tres instrumentos financieros en concordancia con el mandato del Consejo Europeo de Luxemburgo. 
Debido a los diferentes fundamentos jurídicos, nada nos simplificaría más las cosas que el intento que hemos realizado ahora de configurar el procedimiento del modo más unitario posible mediante el Reglamento de coordinación y el funcionamiento de los tres Reglamentos. 
Ustedes se pronuncian al igual que muchos Estados miembros a favor de un estrecho entrelazamiento del instrumento de preadhesión con Interreg. 
Quiero indicar de nuevo que en lo tocante a las actividades transfronterizas no es suficiente con limitarse al ISBA sino que se debe seguir dando importancia central a Interreg, PHARE-CBC. 
Por lo demás, PHARE va a seguir siendo competente para la introducción de la política regional en los Estados candidatos mediante proyectos pequeños e institution building. 
En lo tocante a la prosecución de PHARE-CBC, la Comisión, al contrario que la inequívoca negativa que se pronuncia en el proyecto de resolución, considera necesario dedicar una mayor atención a las fronteras del Este en el marco de la cooperación transfronteriza, vinculando esto a la estrategia de preadhesión. 
Pero esto no debe conducir a un descuido de las fronteras occidentales, en lo que coincidimos de nuevo. 
Una profundización de la cooperación transfronteriza es de especial importancia no sólo para la aceptación de la ampliación hacia el Este sino también para la puesta en práctica de procedimientos de política regional y de contenidos de especial importancia. 
Cooperación y enfoque integrado son los elementos innovadores del nuevo Reglamento de los Fondos estructurales. 
Expreso mi agradecimiento por el apoyo del Parlamento Europeo a la ampliación de la cooperación. 
Sin embargo, me sorprende que de repente se cuestione el enfoque integrado tras años de debates sobre la necesidad de estrategias integradas de desarrollo regional. 
Todas las experiencias que se resumen en el informe de cohesión muestran que la política estructural ha tenido un éxito especial allí donde las medidas de infraestructura, el fomento de las inversiones privadas y el desarrollo del capital humano han sido parte integrante de un concepto de desarrollo regional. 
Me parecería peligroso si se produjese una dispersión de las actividades y una diversificación sectorial que se opusiese a una estrategia integrada de desarrollo regional y, en consecuencia, sobre todo a la eficiencia de la ayuda. 
Por lo demás, un programa por región es también una simplificación esencial que en cualquier caso no excluye una observación diferenciada de los diversos problemas o una consideración objetiva de las áreas rurales. 
La subdivisión exigida por ustedes del Objetivo 2 en dos Objetivos parciales o incluso la creación de un Objetivo propio la considero contraproducente. 
Señora Schroedter, precisamente queremos superar la competencia existente entre ciudad y campo mediante una estrategia común de desarrollo regional. 
Señor Schiedermeier, actualmente no se puede hablar en absoluto de un menoscabo de las áreas rurales. 
Si miramos hacia el futuro, en que se prevé en primer lugar una aplicación del Objetivo 2 acorde con la subsidiariedad y que concede a los países y a las regiones la posibilidad de escoger una parte esencial de los territorios y de la ayuda horizontal de la Categoría 3, no se puede considerar esto de ningún modo como un abandono de las áreas rurales. 
Me alegro de que el Parlamento Europeo apoye en principio la propuesta de una reserva de prestaciones y espero que podamos eliminar aún su escepticismo frente al volumen y a la ejecutabilidad. 
Esto es aplicable también a la propuesta de la Comisión de crear estímulos para una buena gestión financiera de los programas. 
Estoy de acuerdo en que tenemos que discutir aún críticamente al respecto, pero me permito también rogarles que no se dejen guiar en estas cuestiones por intereses ministeriales particulares. 
La Presidencia austríaca está decidida a que los aspectos fundamentales de la reforma maduren hasta la cumbre de Viena, de modo que el paquete global se pueda aprobar a comienzos de 1999. 
Espero en este contexto el sólido apoyo del Parlamento Europeo y les ruego que concentren todas sus fuerzas en ello y no en un Reglamento interino. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
¿Podría usted informar al gabinete del Comisario Fischler de que los teléfonos móviles no están permitidos en esta Asamblea? 
Es una descortesía para con los diputados e interrumpe los debates. 
Muchas gracias, señora McCarthy. 
Todos nosotros tomamos nota de su observación. 
Naturalmente, la señora Comisaria también. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.30 horas. 
OMC en el sector del plátano 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0220/98) del Sr. Thomas, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (98) 0004- C4-0046/98-98/0013 (CNS) que modifica el Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano. 
Señor Presidente, hoy estamos examinando una propuesta de la Comisión que adaptará el régimen del plátano de la Unión Europea a una resolución emitida por el grupo especial de solución de diferencias de la OMC. 
Aunque a muchos de nosotros nos gustaría, no tenemos libertad para modificar dicha resolución y muchos de nosotros, yo incluido, sostenemos una opinión crítica respecto de la forma como se llegó a esa decisión y el método por el que se aceptó la reclamación original. 
Sin embargo, la Unión Europea está obligada a aplicar nuevas disposiciones el 1º de enero de 1999, a más tardar. 
El comercio mundial de plátanos es un asunto muy complejo, con muchos participantes e intereses contrapuestos. 
Creo firmemente que, si bien debemos atenernos al marco jurídico de nuestros compromisos internacionales, nuestro objetivo primordial debe ser el de proteger a los productores de la UE y a los países a los que nos hemos comprometido a apoyar en el marco del Convenio de Lomé. 
El suministro de fruta de calidad a un precio razonable es tan sólo un objetivo del régimen del plátano. 
Sin embargo, el comercio mundial no debe obedecer sólo a consideraciones económicas. 
Tenemos la obligación de contribuir a la lucha contra la pobreza y en pro de la protección de normas medioambientales y sociales aceptables. 
Apoyo en términos generales las propuestas de la Comisión que hacen los menos cambios posibles en el régimen vigente. 
La Comisión propone el mantenimiento del contingente arancelario vigente en su nivel actual de 2, 2 millones de toneladas con la misma tasa de 75 ecus de derechos por tonelada y un contingente arancelario de 353.000 toneladas con una tasa de 300 ecus por tonelada con vistas a una Unión Europea ampliada. 
La preocupación principal que me inspiran las propuestas de la Comisión es la de que vaya a continuar el acceso libre de derechos para los plátanos de los proveedores tradicionales ACP con un límite máximo de 857.000 toneladas y al mismo tiempo se vaya a abolir el sistema actual de concesión de licencias y se vaya a dejar de asignar un porcentaje del contingente en función de la nacionalidad. 
El sistema de concesión de licencias es un elemento del régimen del plátano condenado por la OMC y que se debe substituir. 
La propuesta de la Comisión no detalla cómo se concederán las licencias, cosa que inspira preocupación. 
Insto a la Comisión a que preserve un equilibrio en el suministro de plátanos al mercado de la UE y vele por que, al asignarse una cuota, se utilicen los mejores datos estadísticos de que se disponga y que tengan en cuenta los cambios en las corrientes comerciales en los últimos años. 
Sería totalmente inaceptable que los países ACP que tradicionalmente han suministrado plátanos al mercado de la UE y cuyas economías dependen de los ingresos que reciben del comercio de plátanos salieran perdiendo cuando entraran en vigor nuevas disposiciones. 
El Convenio de Lomé se refiere a los países por separado y no a los ACP en conjunto y la resolución de la OMC reconoce el compromiso subscrito por la UE con los Estados ACP. 
Los proveedores tradicionales ACP corren también el riesgo de salir perdiendo a consecuencia del aumento de la participación de las multinacionales norteamericanas en la producción de plátanos en algunos de los Estados ACP no tradicionales. 
Confío en que la Comisión supervise esta situación muy detenidamente y la tenga presente cuando asigne el acceso al mercado. 
Me complace que en este marco la Comisión haya presentado propuestas para un plan de financiación de 370 millones de ecus con vistas a ayudar a los productores de plátanos ACP y colmar el desfase en materia de competitividad entre los plátanos ACP y los latinoamericanos. 
El Sr. Liese es el ponente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre dichas propuestas, que están vinculadas con las mías. 
Se les debe atribuir carácter urgente esta semana. 
Es importante disponer de un mecanismo que permita a los Estados ACP aumentar su producción. 
He propuesto que la Comisión incluya un coeficiente de aumento en sus cálculos. 
A un inglés le resulta fácil olvidar que el 17 % de los plátanos consumidos en Europa son de producción interna. 
Quisiera agradecer a mis colegas españoles y portugueses el tiempo que han dedicado a procurar que yo comprendiera esa realidad. 
Hemos examinado por extenso la producción de plátanos de la UE y su importancia para la industria en algunas de las zonas más periféricas de la Unión. 
En la propuesta de la Comisión no figura medida concreta alguna para favorecer a nuestros propios productores de plátanos, que pueden salir perdiendo a consecuencia de los cambios del régimen. 
Así, pues, he propuesto en mi informe que se aumente en un 15 % la cantidad máxima de plátanos de la UE respecto del nivel actual- de 854.000 toneladas a 982.000 toneladas- y en un 20 % los ingresos uniformes de referencia. 
De ese modo podemos garantizar que los productores de la UE se beneficiarán también del aumento del mercado. 
Se deben redistribuir los 78 millones de ecus que se economizarán gracias al aumento de los derechos aduaneros para facilitar la producción de plátanos en regiones de la UE tales como Madeira, las Canarias y Creta, cuyas economías dependen en gran medida de ese cultivo. 
Por último, quisiera hacer una mención especial a Somalia. La guerra civil y unas inundaciones muy graves han devastado el sector del plátano. 
Tenemos el deber de echar una mano y ayudar al pueblo de Somalia y velar por que pueda reconstruir un sector que en tiempos era muy próspero. 
Insto a la Comisión y al Consejo a que sean flexibles y den muestras de cierta piedad. 
Podría decir mucho más sobre mi informe. Espero que Sus Señorías lo apoyen, pues en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural recibió el apoyo de una mayoría abrumadora. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea consume anualmente casi cuatro millones de toneladas de plátanos. 
Esa producción, o esa forma de producción de plátanos, no tiene en cuenta, por lo que sabemos, las preocupaciones medioambientales o incluso sociales. 
Por eso, desde el punto de vista de la producción en el marco de la Unión Europea- en la que se inserta, como saben, la isla de Madeira, que forma parte del territorio portugués -, se ha venido protegiendo la producción común y la de los países ACP tradicionales. 
Dicha protección se ha garantizado mediante subvenciones y mediante un trato preferencial que se plasma en un régimen especial de certificados de importación y en un contingente arancelario de importación exento de derechos aduaneros. 
Dicho régimen, como saben, fue impugnado por los Estados Unidos y por algunos productores de plátanos de América Latina, por violación del artículo 13 del GATT. 
En consecuencia, el órgano de resolución de litigios de la Organización Mundial del Comercio pidió a la Unión que modificara dicho régimen. 
Por consiguiente, la Comisión presentó una propuesta de modificación del Reglamento 404/93 sobre la organización común del mercado del sector del plátano. 
Sobre dicha propuesta se elaboró nuestra opinión. 
Tras el análisis y el estudio de los aspectos, en particular los de las consecuencias presupuestarias, la Comisión de Presupuestos accede en lo esencial a las propuestas presentadas en la vertiente jurídica, pero, teniendo presentes sobre todo las consecuencias de ello resultantes para sus productores y para los productores tradicionales ACP, la Comisión de Presupuestos elaboró un conjunto de propuestas de enmiendas normativas, que puedan aceptarse- espera- en el informe de la Comisión de Agricultura, y encaminadas, mediante un informe anual de la Comisión, a controlar y aferir las consecuencias financieras del nuevo régimen y analizar el plan de asistencia propuesto. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la puesta en marcha de un mercado europeo del plátano, en 1993, produjo unos resultados claramente positivos: flujos intracomunitarios multiplicados por siete, convergencia y estabilidad de los precios, recuperación de la confianza en los países de producción y, finalmente, incremento de cuotas de mercado de los operadores europeos frente a los operadores americanos. 
Más exactamente, entre las tres grandes multinacionales que controlan las tres cuartas partes del mercado mundial del plátano, únicamente Chiquita pierde cuotas de mercado, aún falta precisar que ésa es la causa de sus errores estratégicos y de gestión. 
Chiquita no debería por tanto echar la culpa más que a sí misma, pero esta sociedad de costumbres colonialistas, que ha adquirido el hábito de imponer voluntades por la fuerza y que ha sido condenada en varias ocasiones por abuso de posición dominante, echa la culpa al reglamento europeo, y lo más dramático es que la administración americana, junto con otros países, le ha seguido el paso. 
Es preciso decir que el presidente de Chiquita tiene un papel y una influencia política importantes, ya que ha pagado más de un millón de dólares a los grandes partidos durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos. 
Por tanto, la controversia no se refiere al principio de liberalización del mercado europeo del plátano. 
La OCM, con toda evidencia, ha hecho que progrese este mercado. 
Incide sobre algo esencial que opone nuestra visión de la economía a la de Estados Unidos, sobre todo cuando este gran país dicta sus decisiones a través de una sociedad que no se para por ningún escrúpulo. 
Frente a las conminaciones de la OMC, y tras haber agotado todas las vías de recurso, la Unión ha decidido finalmente el cumplimiento de la OCM del plátano con las reglas del comercio internacional. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación acepta la solución propuesta por la Comisión y enmendada por el ponente Thomas, a quien doy las gracias por haber integrado muchas de nuestras propuestas. 
La aceptamos porque respeta el compromiso de 1993: respeto por los intereses de las diferentes fuentes de abastecimiento, toma en consideración de los compromisos de la Unión, a saber, la preferencia comunitaria y el acceso preferencial para los países ACP, previsto en el protocolo nº 5 del Convenio de Lomé. 
En muchos países de África, Caribe y Pacífico, el plátano es la principal producción, la única en generar exportaciones, el principal empleador. 
Constituye el único motor para unas economías aún frágiles, que intentan con coraje y obstinación entrar en la modernidad. 
Este nuevo reglamento va a contribuir a probar la capacidad política de la Unión para defender sus políticas y su identidad. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a David Thomas, el ponente, por su excelente labor acerca de esta cuestión decisiva para nuestro comercio de plátanos. 
También deseo disculparme, señor Presidente, ante usted, el Parlamento y el Comisario Fischler, pues debo marcharme inmediatamente después de pronunciar este discurso para examinar junto con mi colega de los Países Bajos, Jozias van Aartsen, este expediente y la fijación de precios en general, antes del Consejo de la próxima semana. 
Después de todo el trabajo dedicado a este expediente, me siento optimista y creo que el Consejo podrá llegar a un acuerdo en nuestra reunión de junio. 
Así, pues, hoy tengo la oportunidad de expresar mi sincero agradecimiento al Parlamento, a David Thomas y a todos sus colegas por la rapidez con que se ha considerado esta cuestión, este expediente complejo y, como sabemos, polémico. 
Desde que hace dos años comenzase la última diferencia con la OMC, hemos aceptado que, en caso de que se pronunciara una resolución contraria, la Unión tendría que ajustar sus disposiciones a las normas de la OMC. 
La Unión se comprometió a hacerlo inmediatamente, una vez que se hiciera pública la resolución. 
Ahora tenemos tiempo hasta el 1º de enero del año próximo para establecer el sistema revisado. 
Por eso debemos alcanzar un acuerdo en el Consejo de la semana próxima a fin de disponer de tiempo suficiente para acordar y aplicar las normas detalladas antes de que expire el plazo. 
Las disposiciones revisadas no serán tan favorables como las actuales para los productores de los países ACP, para con los cuales tenemos obligaciones con arreglo al Convenio de Lomé. 
Abandonando por un momento mi condición de Presidente en ejercicio, he de decir que en el Reino Unido nos preocupa en particular la situación de los productores del Caribe. 
Por nuestra larga relación con esa región, conocemos muy bien su actual dependencia de la producción de plátanos para sostener su economía. 
El Consejo reconoce la importancia de los plátanos para las exportaciones y para el empleo de esos países caribeños y, de hecho, de todos los países ACP y de las zonas ultraperiféricas de la Unión. 
Al mismo tiempo, reconocemos que las revisiones que propone la Comisión son la mejor vía para avanzar en las difíciles circunstancias creadas a raíz de la resolución de la OMC. 
Así, pues, es importante llegar a un acuerdo lo antes posible dentro y también fuera de la Unión Europea para propiciar la estabilidad en el mercado que los productores y los comerciantes necesitan. 
Si bien parece que avanzamos hacia un acuerdo aceptable dentro de la Unión Europea, las señales que dan algunos de los autores de reclamaciones en la OMC son, lamentablemente, menos cooperativas. 
Esos países han seguido, naturalmente, las negociaciones sobre las disposiciones revisadas con el máximo interés. 
Afirman que lo que propone la Comisión no es suficiente para ajustar el régimen de los plátanos a la resolución. 
He de decir que esa actitud me resulta muy decepcionante. 
Espero que, una vez que los Estados Unidos y otros países tengan la oportunidad de examinar lo que el Consejo acuerde, reconozcan que hemos encontrado, en colaboración con la Comisión, una forma razonable de cumplir todas nuestras obligaciones internacionales: es decir, las obligaciones con arreglo al Convenio de Lomé y las obligaciones con arreglo a la OMC. 
Desde luego, espero que así sea, porque la incertidumbre creada por la permanente amenaza de acciones suplementarias por parte de la OMC no sería propicia para el funcionamiento adecuado del mercado ni para que los productores ACP y de la UE se ajustaran a las nuevas disposiciones. 
Creo firmemente que la propuesta representa una conciliación detenidamente ponderada de las obligaciones de la Unión con arreglo a la OMC y su compromiso con los países ACP en virtud del Convenio de Lomé. 
Estoy decidido a llegar a un acuerdo en el Consejo de Agricultura de junio y agradezco profundamente la colaboración del Parlamento Europeo para hacer posible dicho objetivo. 
Vuelvo a disculparme por verme obligado a marcharme. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al señor Thomas por su informe sobre la modificación de la OCM en el sector del plátano. 
Es conocido el punto de partida que ha hecho necesario modificar aquellos puntos de la organización de mercado de los plátanos, en los que se regula el comercio con terceros Estados. 
En este lugar quisiera añadir que las disposiciones de la OMC no repercuten sobre las normas internas comunitarias; por ello, no necesitan ninguna modificación. 
Bajo el gran número de enmiendas, se pueden distinguir nueve grandes grupos de problemas. 
El primero se refiere a los contingentes aduaneros autónomos y al balance. 
En opinión de la Comisión, las enmiendas en cuestión no afectan a la demanda de suministro de la Comunidad ampliada de los Quince. 
También tenemos que garantizar que cumplamos las justas esperanzas de aquellos agentes económicos que tenían antes unos derechos preferenciales por 353.000 toneladas. 
Quiero indicar además que cualquier aumento de los contingentes aduaneros autónomos repercute en favor de los Estados ACP no tradicionales y que los productores de la UE siempre se benefician de un aumento del consumo pues sus cantidades de producción no están limitadas. 
La Comisión no puede por ello aceptar las enmiendas nº 11, 15, 23, 27, 28, 30, 31, 46 y 53. 
El segundo grupo se refiere a la regulación de los pagos compensatorios. La propuesta de la Comisión garantiza que la regulación esté en consonancia con las normas de la OMC pero que no repercutan sobre las normas internas comunitarias. 
Por ello, en opinión de la Comisión no es necesario ni oportuno modificar la regulación de los pagos compensatorios. 
No obstante, quiero subrayar que la garantía de ingresos para los productores de la UE no siempre está garantizada por una compensación total, independientemente del nivel real de los precios de mercado. 
Las enmiendas nº 5 hasta 8, 10, 21, 22, 24 hasta 26, 48 y 51 son por ello problemáticas para la Comisión. 
En lo que se refiere a los proveedores tradicionales de los países ACP, a los que se refieren las enmiendas nº 3, 6, 9, 36, 48, 55 y 57, en la propuesta de la Comisión se mantienen las preferencias ACP existentes. 
Creemos que el acceso a la Comunidad está garantizado en el Reglamento originario por el tercer considerando. 
La propuesta de la Comisión pretende regular una ayuda especial mediante un marco especial de ayudas a los proveedores tradicionales de los países ACP que esperamos se apruebe pronto y que ha sido objeto antes de la votación en el procedimiento de urgencia. 
Por ello, la Comisión piensa que puede renunciar a las enmiendas de nuestra propuesta en este contexto. 
Debería añadir que en lo tocante a las enmiendas nº 48 y 55, la revisión de los mecanismos de la OMC se encuentra fuera de este Reglamento. 
En lo que se refiere a las enmiendas nº 14, 28, 45, 50 y 52, relativas a los plátanos ACP no tradicionales, en opinión de la Comisión se garantiza suficientemente el acceso de plátanos ACP no tradicionales a la Comunidad mediante la preferencia 200 ecu. 
Respecto a la enmienda nº 50, se debe indicar que la cantidad de 857.000 toneladas solamente corresponde a los proveedores tradicionales de los países ACP y que esta determinación garantiza el acceso al mercado de la Unión. 
Las enmiendas nº 16, 17 y 32 se refieren en especial a Somalia. 
Si concediésemos a Somalia una cuota especial, esto atentaría con toda claridad contra las normas de la OMC así como la concesión preferencial de licencias. 
Somalia participa ya en la cuota total de los países ACP, a pesar de que no ha firmado el último Convenio de Lomé. 
El siguiente círculo de problemas afecta a las licencias de importación y a su regulación. 
Un suministro adecuado se garantiza mediante las cuotas para terceros países y no mediante la regulación de licencias. 
Además, los detalles de la regulación de cuotas para los plátanos y el coeficiente de expansión para el cálculo del volumen de licencias que se deben asignar cada año a cada grupo de actores económicos, se acuerdan mediante un procedimiento de comité de gestión. 
Por ello, no puedo aprobar las enmiendas nº 12, 13, 33 hasta 35, 44 y 49. 
Me voy a referir ahora a la cuestión de unas condiciones medioambientales justas que sé es de gran importancia para muchos diputados de esta Asamblea. 
Esta cuestión afecta a las enmiendas nº 1 hasta 4, 18, 19, 37, 38, 40, 54, 55 y 58 hasta 60. 
Quiero subrayar que la Comisión está a favor de unas condiciones de competencia justas y de una agricultura ecológica. 
En nuestra opinión, las correspondientes medidas deberían tener una dirección horizontal y no estar solamente dirigidas a los plátanos. 
Esta cuestión es actualmente tratada por los correspondientes servicios para aclarar la posición respecto a la cuestión de unas condiciones de competencia más justas. 
Por ello, no quiero adelantarme ahora a los resultados de estas deliberaciones en la Comisión. 
Con la enmienda nº 29 se quiere garantizar que los proveedores pequeños, sobre todo los pequeños Estados ACP no sean perjudicados por la introducción de contingentes aduaneros. 
Las normas de la OMC ofrecen ya a los pequeños proveedores una mayor protección y vamos a seguir estas normas. 
Por ello, la Comisión cree que no es necesario modificar el texto original. 
En opinión de la Comisión, hasta la revisión a finales del año 2005 queda suficiente tiempo para que esta regulación demuestre su plena capacidad y se pueda examinar también su eficacia. 
Por tanto, no puedo aceptar las enmiendas en las que se proponen otras fechas para el período de validez de la regulación o para la revisión. 
La Comisión saluda la constructiva cooperación del Parlamento Europeo en este tema tan difícil, en parte tan cargado de emociones y que es de la mayor importancia tanto desde un punto de vista interno de la UE como desde un punto de vista internacional. 
Este modo de proceder tan precavido por parte de la Comisión en lo tocante a las enmiendas presentadas, se debe a que debemos intentar evitar un segundo panel de la OMC en este asunto, pues dañaría considerablemente el prestigio internacional de la Comunidad Europea y de todas sus instituciones. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al «Turno de preguntas» (B4-0474/98). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Después de darle la bienvenida a la Comisaria Sra. Wulf-Mathies, le propongo que, una vez instalada, responda a la pregunta nº 45 formulada por Richard Corbett (H-0501/98): 
Asunto: Blanqueo de dinero y transición hacia la Moneda Única 
El artículo 3 de la Directiva del Consejo de 1991 sobre la prohibición de utilización del sistema financiero para blanquear dinero establece el requisito de identificación de los clientes que realicen transacciones de ecus 15.000 o más. 
¿Se aplica este requisito también al cambio de dinero de monedas nacionales a euros? 
De no ser así, ¿por qué? Y, de ser necesario, ¿presentará la Comisión propuestas para garantizar que la transición al Euro brinde una oportunidad única e irrepetible para invalidar enormes sumas de dinero en manos de bandas criminales y otras personas? 
Señor Presidente, las obligaciones de la Directiva del Consejo para impedir que el sistema financiero se utilice para blanquear dinero, son plenamente válidas también en el momento de la transición al euro, al realizar el cambio de las monedas nacionales a la moneda unitaria. 
Ahora bien, según la Directiva, actualmente está prohibido solamente el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. Por ello, está prevista la ampliación de la prohibición a un abanico más amplio de delitos graves. 
Según la Directiva, cualquiera que quiera abrir una cuenta bancaria o de ahorro tiene que identificarse y los datos registrados para constatar la identidad tienen que conservarse al menos cinco años. 
Independientemente de ello, tiene que determinarse la identidad de todos los clientes que realizan transacciones y cuyo importe ascienda a 15.000 ecus o más. 
Esto ocurre independientemente de si la transacción se realiza en una única operación o en varias operaciones entre las cuales exista una relación o parezca existir. 
Si existe motivo para suponer que el cliente no actúa en su propio nombre, hay que intentar determinar la identidad del propietario económico. 
La identidad del cliente deberá determinarse en cualquier caso independiente del importe de la transacción si existe sospecha de blanqueo de dinero. 
Todas las transacciones sospechosas deberán comunicarse a la autoridad competente. 
La Comisión espera una atención continua de los Bancos e instituciones financieras en el tiempo hasta la transición al euro, tiempo en el que los delincuentes podrían intentar introducir sus fondos en el sistema financiero o cambiar las monedas nacionales en otras monedas. 
Esto es aplicable también al mismo período de transición. 
Al mismo tiempo, la Comisión reconoce que pueden ocasionarse dificultades adicionales para los Bancos a la hora de descubrir las transacciones sospechosas inferiores al umbral de los 15.000 ecus si un gran número de clientes desconocidos aparece en sus ventanillas. 
La Comisión prosigue sus debates internos sobre las posibles repercusiones de la transición al euro sobre la lucha contra el lavado de dinero. 
De este problema se va a ocupar también el Comité de contacto sobre el lavado de dinero creado en el marco de la Directiva. 
Por lo demás, la Comisión va a aprobar en breve el segundo informe sobre la aplicación de la Directiva sobre el lavado de dinero y lo presentará previsiblemente antes de la pausa veraniega. 
Gracias, Comisaria, por esa detallada respuesta que es muy alentadora. 
Pero quisiera instarla a que dé un paso más y vele por que se aproveche esta oportunidad excepcional. 
La economía sumergida es una economía en la que se emplea sobre todo dinero en efectivo. 
A los traficantes de drogas y de otra índole les gusta hacer sus transacciones en efectivo y no mediante cuentas bancarias, porque no deja rastro. 
Con la transición al euro, en algún momento tendrán que convertir los antiguos billetes y monedas metálicas en euros, lo que brindará la oportunidad de controlar y seguir pistas que tal vez procedan de otras fuentes. 
Ésa es la razón por la que una aplicación plena y adecuada de esta directiva y las medidas suplementarias a que se ha referido usted es esencial para que podamos aprovechar esta ocasión y disponer de una prima extraordinaria en la transición a la moneda única, por encima de los beneficios económicos que nos va a reportar. 
Permítaseme instarlo a que persevere. 
Señor Presidente, creo que en lo esencial estamos de acuerdo. 
Vamos a seguir observando las cosas atentamente e intentar reaccionar a los problemas potenciales en el nuevo proyecto de Directiva. 
Sólo que hay que tener en cuenta que los antiguos billetes de Banco pueden ser cambiados también por ciudadanos totalmente inofensivos que prefieren el calcetín a la cuenta bancaria para guardar el dinero. 
Por ello, hay que ser muy precavidos sobre todo en lo que a la información y a las necesarias medidas a adoptar en los Bancos. 
Pregunta nº 46 formulada por Georgios Anastassopoulos (H-0542/98): 
Asunto: Obligación de la Comisión de controlar el destino de los fondos comunitarios para evitar su utilización con fines de propaganda gubernamental 
Dada la utilización en Grecia de sumas considerables procedentes de fondos comunitarios (por ejemplo, 1.500 millones de dracmas del MCA) con fines de propaganda gubernamental, la emisión de anuncios y programas televisivos con el mismo propósito, sin respetar el equilibrio de las distintas opciones políticas, así como la exclusión de los eurodiputados de la información dirigida a la opinión pública griega, ¿puede indicar la Comisión qué sumas procedentes de fondos comunitarios se han utilizado para fines semejantes hasta la fecha, durante los últimos tres años, y por qué no ha comprobado el cumplimiento de los principios acordados con el Parlamento? 
Teniendo en cuenta, además, que en 1998 se celebrarán en Grecia elecciones provinciales y municipales, ¿se propone la Comisión, tras las denuncias presentadas, modificar el sistema vigente hasta la fecha, de modo que se evite la utilización unilateral de fondos comunitarios para campañas publicitarias del Gobierno y sus ministros y se logre difundir la contribución comunitaria al desarrollo del país? 
Señor Presidente, según el derecho de sociedades en vigor los Estados miembros son los responsables de una publicidad adecuada de las acciones subvencionadas con los Fondos estructurales, para llamar la atención de los potencialmente favorecidos así como de las asociaciones económicas sobre las posibilidades que ofrecen esas acciones e informar a la amplia opinión pública sobre el trabajo de los Fondos estructurales europeos. 
El programa operacional " Ayuda técnica en el marco del concepto de fomento comunitario para Grecia» prevé la ejecución de un plan de acción para publicidad e información, para el que se han puesto a disposición 6, 2 millones de ecus. 
Los programas nacionales y regionales así como las iniciativas comunitarias incluyen asimismo medidas de publicidad e información dotadas de importes menores. 
De conformidad con el principio de subsidiariedad, las autoridades griegas son competentes para una ejecución correcta de los procedimientos de licitación y concesión de las medidas de información y publicidad. 
Antes del inicio de esta licitación, la Comisión fue consultada sobre las correspondientes prestaciones a realizar. 
El Ministerio griego competente consultó a la Comisión sobre el plan de acción así como sobre las líneas directrices " Publicidad e Información» para garantizar un enfoque coherente. 
Todas las acciones acordadas por las autoridades griegas en el campo de la publicidad e información corresponden a las normas de la directriz comunitaria pertinente. 
Según las informaciones de que dispone la Comisión, los spots publicitarios en televisión, radio y prensa son neutrales políticamente. 
En el programa de acción iniciado en 1997 hasta ahora no se han producido quejas. 
Según nuestras informaciones, el mismo autor de la pregunta participó activamente en las medidas. 
En los " Talkshows» realizados en 1997, se garantizó en repetidas ocasiones la participación de diputados al Parlamento Europeo que representan las grandes direcciones políticas. 
La Comisión exigirá a las autoridades griegas competentes que garanticen también en el futuro una participación equilibrada. 
Como en octubre de 1998 se celebran elecciones municipales en Grecia, se acordó con el Gobierno griego que se suspendiese desde agosto a octubre la campaña de información y publicidad cofinanciada con los Fondos estructurales, para evitar así cualquier posible crítica. 
Me pregunto si la señora Comisaria puede estar satisfecha con la respuesta que me ha dado cuando hay denuncias por medio. 
Me temo que no existe la neutralidad a la que la señora Comisaria alude. 
¿No ha sido informada la Comisión por parte de sus servicios de que se están empleando partidas comunitarias para la propaganda gubernamental y la promoción de los ministros? 
No debemos confundir algunas actividades informativas, en las que participa también el Parlamento Europeo y de las que soy copresidente de una comisión junto con el Comisario, el Sr. Marcelino Oreja, a las que damos las directrices y en algunas de las cuales han participado también colegas griegos. 
Una cosa no tiene que ver con la otra. 
En los últimos tiempos no han participado eurodiputados griegos en ninguno de estos programas informativos y ése es uno de los elementos de la denuncia. 
Señor Presidente, creo que he mostrado con suficiente claridad que exceptuando un único caso, no hemos tenido noticia de ninguna queja y que hemos actuado preventivamente. 
Creo que esto garantiza la suficiente neutralidad. 
Naturalmente, en tales informaciones no se puede impedir que también los Ministros competentes proporcionen esas informaciones. 
Creo que en interés de la exactitud de las informaciones esto es también necesario. 
Pero permítanme que destaque de nuevo expresamente que en Grecia no solamente está garantizada la neutralidad política entre los partidos sino que además existen algunas medidas especialmente positivas, por ejemplo, acciones de la Comisión y del Parlamento Europeo en Universidades griegas, que desde nuestro punto de vista son en cualquier caso ejemplares. 
Desearía que algunos otros Estados miembros lo hiciesen también objeto de formación en las escuelas. 
Por ello, creemos que se han adoptado las medidas necesarias para impedir que se puedan realizar manipulaciones. 
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies. 
Pero retengo todavía su atención en el ámbito de esta misma pregunta porque tengo dos peticiones de palabra y, reglamentariamente, he de concederlas. 
En primer lugar el Sr. Hatzidakis tiene la palabra por el tiempo de un minuto. 
Señora Comisaria, por supuesto que es positivo lo que nos había dicho de que la difusión de esos mensajes " políticamente neutrales» , que según mi opinión no lo son tanto, va a cesar entre finales de agosto y finales de octubre. 
En cualquier caso le agradezco personalmente esa intervención de la Comisión porque eso ya es algo con vistas a las elecciones municipales y provinciales en Grecia, pero también quisiera detenerme en dos puntos. 
No se ha producido una participación equilibrada en los programas. 
Ha habido programas, señora Comisaria, en los que no participaba ningún representante de Nueva Democracia. 
Somos la segunda fuerza política en el Parlamento, contamos con el 38 % de los sufragios y, a pesar de ello, no ha habido ningún representante nuestro. 
Eso debe ser controlado. 
Es de destacar que yo, como coordinador del Partido Popular Europeo en asuntos de política regional, nunca he sido invitado a tales programas. 
No es una queja personal sino para que usted comprenda qué ambiente se respira y proceda de la manera adecuada. 
Por último, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿sabe si en los programas operativos regionales se han cumplido las normas en relación con el encargo de mensajes publicitarios a empresas de publicidad? 
No me estoy refiriendo a la parte nacional, donde sí se cumplieron las normas, sino a los programas regionales. 
¿Ha sido informada la Comisión de que en ese caso no se habían cumplido las normas? 
Según nuestras informaciones, se han respetado las directrices y normas comunitarias. 
Me parecería correcto que nos comunicase los casos concretos en los que usted tiene quejas. 
Nosotros no somos una autoridad de control a distancia. 
Si hay problemas, los seguimos individualmente. 
Pero creo que un debate teórico no nos es de ayuda ahora aquí en el Parlamento. 
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies. 
Pero, como le he dicho, retengo su atención sobre el mismo ámbito porque el Sr. Seppänen también desea hacerle una pregunta complementaria. 
Tiene la palabra por el tiempo de un minuto el Sr. Seppänen. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, este problema no afecta únicamente a Grecia, sino que, por lo que respecta a mi propio país, Finlandia, puedo asegurar que con los fondos y las actividades de la Comisión se practica propaganda política, que no es imparcial y no tiene en cuenta el hecho de que en nuestro país hay distintos grupos ciudadanos que también acogen críticamente las decisiones que se adoptan en la Unión Europea. 
Por todo ello, quiero llamar su atención sobre el hecho de que en Finlandia, por ejemplo, se hace uso de unos fondos destinados a la introducción del euro a los que sólo pueden acceder las organizaciones ciudadanas favorables a la moneda única. 
Señora Comisaria, ¿cree usted que es correcto que solamente esta población favorable al euro pueda utilizar los recursos para llevar a cabo la propaganda que considere necesaria? 
Repito: se trata del principio de la subsidiariedad. 
Es decir, los Estados miembros son competentes para estas medidas de publicidad en el marco de las normas generales determinadas por la Comisión. 
Me parece difícil seguir discutiendo ahora teóricamente al respecto. 
Pregunta nº 47 formulada por Charlotte Cederschiöld (H-0556/98): 
Asunto: Control de los impuestos sobre consumos específicos 
Un proyecto de ley (Propuesta 1998/97: 100) del Gobierno de Suecia prevé aumentar las posibilidades de control de los impuestos sobre consumos específicos a causa del aumento del comercio transfronterizo del alcohol y del tabaco. 
Un ejemplo lo constituye la empresa alemana Warendienst OCC GmbH que, a través de Internet, proporciona suministros desde Alemania a particulares en Suecia. 
El Gobierno considera que es conveniente dar a las aduanas el derecho de embargo que les permita, en determinados casos, confiscar mercancías, puesto que existe el riesgo de que no se paguen los impuestos sobre consumos específicos. 
Además, se propone que las aduanas tengan derecho a abrir envíos privados en los casos en los que existan sospechas de que éstos contienen alcohol o tabaco. 
¿Considera la Comisión que este proyecto de ley es conforme a los principios del mercado interior así como al Convenio europeo sobre la protección de la correspondencia privada? 
Señor Presidente, señora diputada, las normas sobre el mercado interior no impiden a los Estados miembros que realicen controles en el interior de sus países. 
Las normas comunitarias determinan expresamente que los impuestos al consumo se devengarán según los procedimientos de los correspondientes Estados miembros. 
Así pues, los Estados miembros pueden establecer sistemas de control propios siempre que estos no ocasionen formalidades fronterizas y estén en consonancia con los principios generales del derecho comunitario en lo tocante a la no discriminación y a la proporcionalidad. 
La Comisión no ha podido examinar en detalle las modificaciones propuestas, pero según las informaciones existentes las normas en cuestión no deberían estar en contradicción con los principios del mercado interior. 
Gracias por la respuesta. 
Sin embargo, mi pregunta era si esta propuesta es compatible con la convención de derechos humanos ya que la introducción de tabaco y alcohol desde otros países de la UE es un derecho civil de acuerdo al derecho comunitario. 
La ley que entra en vigor el 1 de julio da derecho a la aduana a abrir la correspondencia privada y los paquetes provenientes de otros países comunitarios. 
Esto no es compatible con el derecho constitucional sueco ni con el derecho comunitario, según opiniones de los especialistas jurídicos de la UE. 
También, en Suecia, el Consejo de Juristas del Parlamento, el Fiscal General del Estado y el Colegio de Abogados opinan que esto no está permitido. 
De hecho, la propuesta atenta contra los derechos humanos que solamente admiten limitaciones al secreto de la correspondencia si el bienestar económico del país se ve amenazado, lo que no ocurre en este caso. 
Por lo tanto, se podrán embargar camiones " sospechosos» mediante una simple decisión de un tribunal, sin que medie un juicio público e independiente. 
Quiero solamente preguntar si la Comisaria Wulf-Mathies opina que esto es compatible con los derechos humanos y si no es más importante el comercio en las zonas limítrofes que el derecho de los Estados miembros a cobrar impuestos. 
Sí, señora diputada, lamentablemente tengo que decepcionarle pues la Comunidad no es miembro del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. 
Por ello, no es oportuno que la Comisión se pronuncie sobre si la legislación nacional coincide con las normas concretas del Convenio Europeo. 
Quiero agradecer a la Comisaria por esta respuesta aclaratoria. 
La pregunta de Cederschiöld es, a mi entender, un elemento del debate electoral sueco, ya que tenemos elecciones en septiembre. 
Hay un partido en el parlamento sueco que se opone a las propuestas que actualmente se tratan, y éste es el Partido Conservador. 
Por el contrario, el resto de los partidos opina que las propuestas para mantener los impuestos puntuales y mantener las reglas de edades mínimas que tenemos para la venta de alcohol y tabaco son compatibles con el mercado interior y con la Convención Europea. 
Por lo demás, esos asuntos pueden ser sometidos a prueba. 
La inmensa mayoría de los partidos suecos comparten la opinión de la Comisaria en el sentido de que esas propuestas, que hoy trataremos aquí, no son contradictorias con el mercado interior. 
Muchas gracias, señor Andersson. 
La Sra. Wulf-Mathies no desea intervenir sobre esta cuestión. 
La Sra. Cederschiöld sabe que no le puedo dar la palabra porque el Reglamento me lo impide. 
Por lo tanto, señora Comisaria, Señorías, les propongo que pasemos ahora a la pregunta nº 48 formulada por Pedro Marset Campos (H-0573/98): 
Asunto: Acuerdo del 18 de mayo de 1998 entre la UE y los EE.UU. sobre las sanciones extraterritoriales previstas por las Leyes Helms-Burton (Cuba) e ILSA (Libia/Irán) 
Habiéndose comprometido la UE a «inhibir y desincentivar» las futuras inversiones europeas en bienes expropiados en Cuba, 
¿Piensa la Comisión que dicho acuerdo confiere validez extraterritorial a normas unilaterales de los EE.UU., vulnerando los principios del Derecho Internacional? 
¿Considera la Comisión que este acuerdo afectará gravemente a los intereses de los inversores europeos en Cuba? 
¿Piensa la Comisión que la UE debe aplicar dicho acuerdo si el Congreso de los EE.UU. se niega a cumplir la parte que le compete? 
¿Considera la Comisión que este acuerdo implica una merma de la soberanía nacional de los Estados miembros y debilita las posiciones negociadoras de la UE en el AMI y en la OMC? 
Señora Wulf-Mathies, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Pedro Marset. 
Señor Presidente, el acuerdo logrado por la Unión Europea y los EE.UU el 18 de mayo en la cumbre de Londres es una solución global con la perspectiva realista de finalizar definitivamente los litigios con los Estados Unidos sobre la ley Helms-Burton, la ley sobre las sanciones contra el Irán y Libia así como sobre el problema general de las sanciones extraterritoriales. 
A pesar de dicho acuerdo, la Comisión se mantiene en su posición de que estas leyes atentan contra el derecho internacional. 
Por ello, la Comunidad no ha reconocido en ningún momento su legitimidad. 
Para el caso de que sobre la base de estas leyes se impongan medidas contra personas o empresas de la Comunidad, se ha reservado el derecho a replantear el caso en el marco de la OMC. 
Así pues, el acuerdo alcanzado es de naturaleza política y no significa la legitimación de las leyes de los EE.UU que siguen siendo ilegales. 
La solución global abarca tres puntos: primero, un acuerdo sobre determinadas disciplinas que prohiben nuevas inversiones en bienes expropiados contra derecho. Segundo: la promesa de los EE.UU. de renunciar en el futuro a leyes extraterritoriales en un acuerdo sobre la cooperación trasatlántica para cooperación política y, lo que es más importante para la Comunidad: la promesa del Gobierno de los EE.UU. de suspender la aplicación de las dos leyes en cuestión frente a la Comunidad y a las empresas de la Comunidad, es decir, la promesa del llamado waiver. 
La Comunidad ha obtenido la clara promesa de que el Gobierno de los EE.UU. se va a esforzar sin demora ante el Congreso para obtener el poder de otorgar una exención ilimitada del título 4 de la ley Helms-Burton o del waiver. 
Importante es que la Comunidad no va a aplicar las disciplinas acordadas antes de que se conceda realmente la exención. 
La Unión Europea solamente cumplirá las promesas realizadas si los EE.UU. cumplen su parte del acuerdo. 
Por tanto, la Unión Europea no realiza ningún cumplimiento por adelantado. 
Muy importante en las disciplinas acordadas para impedir nuevas inversiones en propiedades expropiadas ilegalmente es que se excluyen de esa prohibición las inversiones realizadas antes del 18 de mayo. 
Por tanto, las disciplinas solamente son válidas para futuras inversiones en propiedades de las que los Estados miembros están convencidos de su expropiación ilegal. 
En lo esencial dicen que para las inversiones en propiedades expropiadas ilegalmente no se puede conceder apoyo estatal o ayuda comercial pública. 
Por tanto, no se ven afectadas las inversiones sin apoyo público. 
Repito para aclarar: las disciplinas no serán aplicadas por la Comunidad antes de que el Congreso norteamericano autorice al Presidente de los EE.UU a conceder una exención del título 4 de la ley Helms-Burton y dicha exención haya entrado realmente en vigor. 
Además, en el acuerdo sobre disciplinas para inversiones en propiedades expropiadas ilegalmente, se ha previsto que la Comunidad y los EE.UU. aporten esas disciplinas conjuntamente en las negociaciones sobre el acuerdo multilateral de inversiones. 
Señora Comisaria, quiero agradecerle en primer lugar la respuesta que nos ha dado, que ha sido completa y exhaustiva. 
Sin embargo, sigo teniendo dudas razonables sobre la conducta de la Unión Europea en esa negociación del 18 de mayo, y es por la siguiente razón: 
Primero, imagino que ya conoce la señora Comisaria la importancia que para España tiene nuestra relación- económica, social, cultural, de todo tipo- con Cuba y por ello supondría un perjuicio gravísimo que hubiese cualquier tipo de sanción. 
Pero la segunda cuestión que yo quería plantear a la vista de su respuesta es que, por una parte, en el texto que se hizo público se afirmaba que la Unión Europea se comprometía a inhibir y desincentivar las futuras inversiones y, en su respuesta, usted menciona, también directamente, que esto se refería a las expropiaciones consideradas ilegales. 
Por ello, la pregunta concreta es si esto está suponiendo la aceptación de la posición de los Estados Unidos con respecto a estas cuestiones y, de forma indirecta, la asunción de la Ley Helms-Burton. 
Señor Presidente, quiero subrayar de nuevo que solamente se trata de futuras inversiones y de la ayuda pública a futuras inversiones. 
Lo decisivo es, antes de que llevemos esto realmente a la práctica, es que el Gobierno norteamericano se compromete a renunciar a la legislación extraterritorial y a conceder este waiver. 
Es decir, se trata de una operación- si así quieren- a reciprocidad y, en primer lugar, el Gobierno norteamericano debe suspender la aplicación de la ley Helms-Burton para las inversiones europeas antes de que la Unión Europea actúe en este sentido. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Todavía tengo dos preguntas complementarias sobre el acuerdo de 18 de mayo sobre la ley Helms-Burton y la primera de ellas, por el tiempo de un minuto, la va a formular el Sr. Newens. 
Señor Presidente, si la exención de los títulos 3 y 4 de la Ley Helms-Burton sale adelante- cosa improbable en vista de las declaraciones del senador Jesse Helms -, ¿no serían las gestiones para disuadir de un futuro apoyo público a las inversiones en las denominadas propiedades expropiadas contrarias a los acuerdos concertados entre determinados Estados miembros de la Unión Europea y Cuba? 
¿No se debería alentar a los Estados Unidos a llegar a un acuerdo con Cuba sobre la compensación por las propiedades nacionalizadas como han hecho otros Estados, incluidos los de Europa? 
En esas circunstancias la Ley Helms-Burton carecería del menor sentido. 
Señor Presidente, no quiero especular sobre qué pasaría si el Congreso no aprobase esta regulación, pues nosotros y también el Gobierno norteamericano vamos a hacer todo lo posible para que se apruebe. 
Por lo demás, el acuerdo no trata sobre una prohibición de inversiones en Cuba sino que solamente se trata de esta parte de la ayuda pública. 
Con esta respuesta, hemos agotado las preguntas correspondientes a este bloque. 
Agradezco a la Sra. WulfMathies sus respuestas y su presencia. 
Señora Cresson, le damos la bienvenida y le invito a tomar la palabra para responder a la pregunta nº 49 formulada por Bernd Posselt (H-0567/98): 
Asunto: Utilización destructiva de embriones con fines de investigación 
¿Cuál es la posición de la Comisión en relación con la utilización destructiva de embriones con fines de investigación? 
¿Se financian tales proyectos de investigación con cargo a créditos de la UE? 
Señora Comisaria, si he entendido bien su respuesta, se van a subvencionar proyectos de investigación destructiva de embriones. 
En cualquier caso, no lo ha excluido expresamente y se ha remitido a los estándares nacionales. 
Pero ¿no existen también entretanto estándares de la UE? 
Recuerdo la directiva sobre inventos biotecnológicos aprobada hace muy poco tiempo; en lo tocante al clonado, hemos dicho con claridad que la persona humana es desde el principio, por así decirlo, desde la concepción, una persona y que debe gozar de protección. 
En el dossier interinstitucional también hemos realizado aclaraciones esenciales que van mucho más allá de las declaraciones del grupo asesor de bioética. 
Creo que los estándares que hemos desarrollado en relación con la directiva de patentes son hasta ahora los estándares más claros de la UE y que sobre esta base tenemos que desarrollar estándares propios, pues a la larga no puede ser satisfactorio que, tal como se ha dicho, la Comisión proceda de modo diferente en las ayudas en función de cada Estado nacional. 
Sí, señor diputado, estoy totalmente de acuerdo con usted; sería muy deseable que dispusiéramos de una normativa europea. 
Además de una serie de reglas elementales a las que hice alusión hace unos momentos, como la prohibición de la clonación humana, he dicho también que las reglas eran diferentes, incluso enormemente diferentes, en los distintos Estados de la Unión. 
Yo hice que me realizaran un cuadro, país por país, sobre la situación tal como se encuentra en estos momentos. 
No digo que sea una buena situación, y hemos hecho todo para poder llegar a una reglamentación general. 
Aún falta, claro está, que la acepten los diferentes Estados miembros. 
Sin embargo, la Comisión no considera que las investigaciones que tengan relación con embriones hayan de ser excluidas como tales de los programas de investigación de la Unión, y hace unos momentos he mencionado todas las posibilidades que esas investigaciones pueden producir en sectores muy importantes. 
En el respeto por principios éticos fundamentales como los que he mencionado hace unos instantes, la Comisión es de la opinión de que la ejecución de investigaciones de este tipo, habida cuenta de su interés para el progreso de los conocimientos y de los pacientes, puede ser legítima. 
El alineamiento de las disposiciones en la materia sobre las legislaciones nacionales más restrictivas- porque, por supuesto, se puede intentar la búsqueda de normas comunes alineándose en torno a las disposiciones más restrictivas- crearía, además, creo yo, un precedente que puede conducir a hacer de este principio la solución cada vez que las legislaciones nacionales difieren, y saben ustedes que éste es el caso en muchos sectores con todas las consecuencias negativas que ello conlleva para la investigación y para los ciudadanos. 
No estamos por tanto al límite de nuestra reflexión, y comprendo perfectamente, y acepto totalmente la pertinencia de su pregunta. 
Simplemente, estamos ante una situación en la que algunos Estados miembros tienen una actitud muy restrictiva, y otros, al contrario, una actitud mucho más laxista. 
¿Se está o no autorizado para fabricar embriones con fines de investigación? 
Algunos Estados miembros, principalmente uno entre ellos, llega hasta ahí, y otros Estados miembros- la mayor parte, por cierto- tienen una actitud mucho más restrictiva. 
La Comisión no puede imponer una norma única que sea la más restrictiva, y creo que no es deseable. 
Por otra parte, en el plano ético, hemos de permanecer extremadamente vigilantes, y la reflexión que hemos iniciado sólo está en el principio. 
Considero por tanto que tenemos ante nosotros un trabajo de reflexión muy importante que realizar y, una vez más, con los instrumentos de que disponemos hoy, sólo podemos continuar esta reflexión e intentar convencer a los Estados miembros para que adopten una definición que sea común, pero, de nuevo, no tenemos los medios para obligarlos. 
Ésta es la razón por la que, a partir de una posición de principio que es la del respeto por los valores éticos fundamentales, estamos obligados por el momento a aceptar la situación tal como está en los Estados miembros. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 50 decae. 
Con ello terminamos el grupo de preguntas de la responsabilidad de la Sra. Cresson. Por lo tanto, le agradezco su presencia y su colaboración. 
Señor Alavanos, la cooperación de las instituciones europeas con la UNESCO se remonta a muchos años y se estableció fundamentalmente a través de un canje de notas del año 1964, al que siguió otro en 1973, y fue confirmada por el apartado 3 del artículo 128 del Tratado. 
Más recientemente, un acuerdo de cooperación firmado por la Comunidad y la UNESCO en 1996 eliminó algunos obstáculos de índole normativa que en el pasado habían frenado considerablemente las acciones de cooperación. 
Pero subsisten aún problemas en materias de cooperación en relación con los proyectos, con problemas originados por las diferencias existentes entre los reglamentos financieros de la Comunidad y de la UNESCO así como en la aplicación de los mismos. 
En la práctica, a pesar de que las relaciones entre esta organización y las instituciones comunitarias son excelentes, la cooperación entre ellas no se ha traducido hasta ahora en la realización de un número importante de actividades conjuntas, debido a diferentes factores y, en especial, al hecho de que, por su vocación mundial y los reducidos medios económicos con que cuenta, la UNESCO no sitúa a Europa entre sus prioridades principales en un plano regional. 
Y desde esta perspectiva no cabría sino destacar el carácter complementario de los campos de intervención respectivos de la Unión Europea y de la UNESCO. 
Ahora bien, con respecto al ámbito cultural se puede afirmar que la UNESCO y la Unión Europea, en el marco de sus respectivas competencias, intercambian periódicamente información y datos en determinados sectores de interés común, como las estadísticas o los bienes, participan con frecuencia en reuniones de especialistas organizadas indistintamente por una u otra y, a veces, financian conjuntamente determinados proyectos. 
Y existe asimismo una cooperación con la UNESCO en los ámbitos de la educación, la información y la lucha contra el uso ilegal de estupefacientes. 
Esta colaboración podría servir de ejemplo para una colaboración más estrecha con la UNESCO en el ámbito cultural en el contexto de la acción exterior de la Unión Europea. 
En cuanto al futuro, la cooperación entre la Unión y la UNESCO figura en el artículo 5 de la propuesta del Programa marco en favor de la cultura para el período 2000-2004 que he tenido el honor de presentar a la Comisión hace muy poco, y que ha sido aprobado por el Colegio de Comisarios y que he presentado al Parlamento Europeo y al Consejo. 
Una vez aprobado, este programa constituirá el marco de referencia en el que podría reforzarse, también desde un punto de vista financiero, una cooperación paritaria. 
Espero la aprobación por el Parlamento de este programa marco, y a partir de él tenemos que ver cómo podemos operar en el futuro. 
Quiero dar las gracias al señor Comisario por la extensa respuesta que me ha dado y que me permite la posibilidad de replicarle lo que probablemente constituya el punto fundamental de esta indagación. 
Uno de los puntos de vista fundamentales de la UNESCO relacionado con Europa y que fue adoptado en su Asamblea General de 1982 es el regreso a Atenas de los mármoles del Partenón que se encuentran en el Museo Británico. 
Eso es una cuestión que atañe directamente a Europa y, como usted sabe, llega a provocar una tensión entre Estados miembros de la Unión Europea. 
Quisiera preguntar al señor Comisario si, según su opinión, tiene derecho un país a plantear esta cuestión en el marco de la Unión Europea apoyándose concretamente en el apartado 3 del artículo 128 del Tratado de Amsterdam que es el que establece la cooperación con los organismos culturales internacionales. 
Con esta oportunidad, señor Presidente, simplemente quisiera preguntar al señor Comisario cómo considera el hecho de la gran desgracia que ha supuesto el daño ocasionado a los mármoles del Partenón y que ha sido revelado la pasada semana por parte de la prensa británica. 
Señor Alavanos, soy consciente de lo que esto representa y comparto su preocupación. 
Pero sabe que con los medios que nosotros tenemos, con los medios que nos otorga el Tratado y, por otra parte, en el marco de la cooperación con la UNESCO, esto no es una vía de solución. 
Lo que sí le debo decir es que este tema que usted ha planteado- y otros muchos- lo que sí exige- y conozco su sensibilidad hacia una institución como la UNESCO- es que cooperemos más y que no nos demos la espalda. 
Y quiero decirle algo más. 
Estamos en un hemiciclo que utiliza también el Consejo de Europa. 
Y yo he clamado desde él, en otras responsabilidades, sobre la necesidad de que tres instituciones, que tienen preocupaciones culturales- una de ámbito más reducido, que es la Unión Europea, otra de ámbito más amplio, que es el Consejo de Europa, y otra la UNESCO -, trabajen de forma más concertada. 
Y yo creo que esto al menos vamos a intentarlo. 
Hace años esto no era posible porque carecíamos de los instrumentos para llevarlo a cabo. Hoy ya no. 
Hoy la Comunidad tiene un instrumento, que es el artículo 128. 
Por lo tanto, yo lo que quisiera es ver cómo podemos avanzar juntos en una misma dirección tres instituciones que se ocupan del ámbito cultural y que, en muchos casos, se dan la espalda en lugar de mirar en la misma dirección. 
Señor Presidente, quisiera decir que el señor Comisario ha intentado corresponder a la importancia del tema y de la pregunta. 
Pero rogaría que no considerase que la cuestión es sólo un asunto de sensibilidad griega. 
Es una sensibilidad que debe conmover a cualquier persona civilizada y a esta Comunidad como organización, porque mucho se manifiesta acerca del respeto del patrimonio cultural, que está en peligro en el caso presente, como ya ha mencionado el Sr. Alavanos y que ha sido denunciado por la prensa británica, y también por el hecho de que esos mármoles no tienen un valor artístico independiente. 
Por supuesto que se les puede apreciar de forma independiente pero su valor se verá resaltado cuando estén unidos al conjunto al que pertenecen, es decir, a la Acrópolis. 
Es algo que mancha de forma innoble la historia inglesa- por así decirlo- y todavía continúa negándose su devolución. 
También hay un caso similar que puede interesar a su país. 
Rogaría que usted afrontase el asunto de una forma más realista y atrevida, pues se trata de algo de la Comunidad Europea, independientemente de la cooperación que pueda conseguir con otras instituciones. 
Señor Ephremidis, quiero decirle que, mirando a la Grecia clásica y sus riquezas artísticas, griegos somos todos. 
Por consiguiente, me identifico con su deseo y voluntad de identificación con algo que, naturalmente, está mucho más allá de lo que significa una realidad nacional. 
Y déjeme que, en mi condición de europeo, comparta con usted esa sensibilidad. 
Quiero decirle también que, en este momento, no tenemos más vías legales para afrontar los temas que plantea- lo sabe muy bien porque es un profundo conocedor del Tratado-. 
Pero por eso quiero volver a la idea de la sensibilidad. Creo que es muy importante, porque, al final, la sensibilidad forma también parte del acervo cultural europeo. 
Muchas gracias, señor Oreja. 
Señorías, pasamos ahora a la pregunta nº 52. Es una pregunta formulada por el Sr. Mihail Papayannakis. 
En realidad, no puede estar entre nosotros porque un brutal accidente le ha arrebatado a su hijo de 25 años. 
Permítanme que, desde aquí, le haga llegar nuestra solidaridad, nuestro sentimiento y que les informe a ustedes que reglamentariamente le va a sustituir en la pregunta el Sr. Alavanos. 
Pregunta nº 52 formulada por Mihail Papayannakis, a quien sustituye el Sr. Alavanos (H-0544/98): 
Asunto: Aplicación de la Directiva «Televisión sin fronteras» 
A la vista de las reiteradas quejas de los telespectadores griegos por el bombardeo de anuncios publicitarios durante los programas de mayor audiencia, que conduce a interrupciones excesivamente frecuentes de las emisiones, y considerando el II Informe de la Comisión (COM (97) 0523 final) sobre la aplicación de la Directiva 89/552/CEE en virtud de la cual se rebasa realmente el tiempo de transmisión dedicado a la publicidad en Grecia, ¿puede indicar la Comisión si las autoridades griegas competentes aplican convenientemente los artículos 10 a 18 de la Directiva mencionada y, en caso de aplicación incorrecta de la misma, si tiene intención de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CE? 
Señor Alavanos, la Comisión ha iniciado ya el procedimiento, en virtud del artículo 169 del Tratado, contra Grecia por aplicación incorrecta de determinadas disposiciones de la Directiva 89/552. 
La Comisión está examinando en este momento las observaciones presentadas por Grecia en su respuesta y estoy seguro que me entenderá si le digo que no puedo ir más lejos en mi información en esta fase prejudicial del procedimiento. 
Sería absolutamente indiscreto por mi parte ir más lejos. 
Lo que sí puedo reiterar es que el procedimiento ha sido iniciado de acuerdo con las reglas que establece el Tratado. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecerle las cálidas palabras que ha pronunciado por los momentos difíciles que está atravesando nuestro colega Mihail Papayannakis, y que creo que han expresado el sentir de todo el Parlamento. 
Ahora quisiera dar las gracias al señor Comisario por la respuesta facilitada en torno a su pregunta y quiero decir simplemente que comprendo la respuesta. 
Solamente quiero expresar el miedo, la gran preocupación de que, debido a esos procesos burocráticos que pueden ocasionar retrasos y que están vigentes según el artículo 169 y al procedimiento de remisión, la situación inaceptable que ocurre en Grecia en relación con la duración de la publicidad va a continuar durante mucho tiempo. 
Pregunta nº 53 formulada por Robin Teverson (H-0568/98): 
Asunto: Centros Culturales Europeos 
Según la información que obra en mi poder, se va inaugurar en Luxemburgo un centro europeo de itinerarios culturales, además de un centro cultural financiado por la UNESCO, el Consejo de Europa y la Comisión. 
Vista la importancia del tejido cultural europeo, ¿puede la Comisión facilitar detalles sobre la función que ejerce en relación con dichos centros, a partir de la puesta en funcionamiento de los mismos, y las repercusiones financieras de dicha función? 
Además, ¿qué otros tipos de organizaciones de fomento del rico patrimonio cultural europeo se benefician de ayuda de la Comisión? 
Señor Teverson, la Comisión no participa financieramente en la creación del Centro europeo de itinerarios culturales en Luxemburgo. 
Con arreglo a la información que hemos recibido de las autoridades luxemburguesas, el centro se ha creado en el marco de un acuerdo de cooperación entre el Consejo de Europa y las autoridades luxemburguesas. 
La Comisión ve, naturalmente, de forma favorable esta iniciativa puesto que, dada la importancia del entramado cultural europeo, el centro puede contribuir de forma positiva a la mejora del vínculo entre el patrimonio cultural y el turismo cultural a escala europea. 
En la actualidad, la Comisión dispone de medios para apoyar financieramente a los centros culturales europeos en el contexto del programa RAFAEL, que apoya actividades conjuntas y de cooperación pero que no da ayudas en cuanto al establecimiento. 
Da ayudas para el desarrollo de actividades conjuntas y de cooperación pero no para su establecimiento. 
Esta es la clarificación que quería dar a la pregunta que el Sr. Teverson ha planteado. 
Agradezco al Comisario su respuesta suficientemente amplia. 
No deseo decir mucho más en una pregunta complementaria, excepto que en Cornualles- en el sudoeste del Reino Unido -, cuyo representante soy, se ha agradecido mucho el apoyo que algunos de los programas de la Comisión y del Consejo de Europa han prestado a la preservación de nuestra identidad cultural celta. 
Una declaración que quisiera hacer como diputado británico al Parlamento Europeo, en respuesta a algunas observaciones formuladas antes por mis colegas, es la de que, personalmente, me gustaría respaldar la campaña para devolver a Grecia los mármoles de Elgin. 
Es justa y cuenta con mi apoyo. 
En todo caso, quizá haya lugar porque el Sr. Rübig ha pedido la palabra para una pregunta complementaria. 
Tiene usted la palabra por el tiempo de un minuto, señor Rübig. 
Señor Presidente, creo que los itinerarios culturales tienen una importancia especial en Europa ya que nuestra civilización se basa fundamentalmente en valores culturales. 
No sería solamente una aportación esencial para el turismo cultural sino sobre todo un elemento esencial para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Por ello, se debe examinar también si no se podrían incluir modelos de best practice y " benchmark» , de modo que veamos cómo se desarrolla una oportunidad para Europa en las diversas ofertas de formación. 
Pregunta nº 54 formulada por Ioannis Theonas, a quien sustituye el Sr. Ephremidis (H-0595/98): 
Asunto: Conservación del histórico puente de Monemvasia 
Existe un riesgo inminente de destrucción del puente que une el Peloponeso con la histórica fortaleza de Monemvasia. 
Este puente, construido en el siglo VI, constituye un monumento de gran valor histórico y es todavía en la actualidad el único camino de acceso a la fortaleza. 
El puente ha sufrido graves daños debido, por una parte, a los temporales y, por otra, al gran número de vehículos que lo atraviesan, en particular durante la temporada turística. 
¿Puede indicar la Comisión si en los programas comunitarios para la conservación del patrimonio cultural y arquitectónico están previstos créditos para la reparación de los daños del puente de Monemvasia, con objeto de que puedan utilizarse para la intervención urgente que es imprescindible para salvar un importante monumento de la época bizantina? 
Señor Ephremidis, la Comisión comparte la preocupación por la conservación del puente histórico de Monemvasia, que he tenido la suerte de conocer y que realmente forma parte del patrimonio de todos. 
El marco de acción para apoyar iniciativas de cooperación para la conservación y mejora del patrimonio arquitectónico es- como sabe su Señoría- el programa RAFAEL, adoptado el año pasado, y que cuenta con una dotación presupuestaria de 30 millones de ecus para un período de 4 años, del año 1997 al año 2000. 
Yo quiero decirle al Sr. Ephremidis que los servicios de la Comisión- los servicios que están en la DG X- estudiarán con la máxima atención toda petición que hagan las autoridades competentes siempre que se cumplan las condiciones de elegibilidad para la acción RAFAEL en la forma en que fue publicado en el Diario Oficial el 31 de marzo pasado. 
Y quiero decirle también ahora que la fecha límite para la presentación de solicitudes de este año es el 10 de septiembre próximo. 
Por consiguiente yo le pediría que, antes del 10 de septiembre, se presente esa propuesta y puede estar seguro de que yo personalmente, aunque no tomo la decisión final, vigilaré para que se preste especial atención a este importante tema. 
Quisiera dar las gracias al señor Comisario y asegurarle que haré todo lo que sea preciso y esté en mi mano para transmitir a los habitantes de Monemvasia el interés que ha mostrado. 
Les voy a decir que antes de septiembre, como usted ha dicho, presenten la solicitud de la forma que crean conveniente. 
Además, le acompañaré, porque creo que le van a invitar de manera espontánea a volver a visitar Monemvasia. 
En la medida en que haya promovido este asunto podrá ver la reparación de los daños que sufre el puente, podrá visitar el monumental castillo y Monemvasia entera porque es un enclave repleto de monumentos, de historia, de recuerdos, de cultura. 
Con ello ayudará a miles de turistas que acuden al Peloponeso y quieren visitar ese lugar y cuyo dañado puente se lo impide. 
Señor Ephremidis, esta Presidencia agradece el entusiasmo con que usted interviene, pero también le agradecería que usted tome la palabra después de que se la haya concedido el presidente. 
No me sustituya, por favor, que yo tengo que ganar mi sueldo. 
Señor Marcelino Oreja, ¿desea usted reaccionar a la pregunta complementaria del Sr. Ephremidis? 
(Interviene el Sr. Ephremidis) 
Pero si no le he dado la palabra ahora. 
¿Cómo interviene usted? 
Señor Marcelino Oreja, usted sí que tiene la palabra concedida por este presidente. 
Señor Presidente, yo quiero decirle al Sr. Ephremidis, a quien conozco desde hace muchos años y por el que tengo gran respeto, que yo me comprometo a lo que he afirmado aquí en este Pleno y espero que, juntos, podamos ir a visitar el comienzo de las obras. 
Naturalmente, la petición tendrá que presentarse en debida forma y, aunque no soy yo el que tiene que tomar la decisión final, sí tengo y asumo la responsabilidad de vigilar para que se tome en debida forma. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Y puede usted estar seguro de que le acompañará el Sr. Ephremidis aunque las obras empiecen dentro de 20 años. 
Le damos las gracias al Comisario Sr. Marcelino Oreja. 
Después de darle la bienvenida al Sr. Van Miert, les propongo que pasemos ahora a la pregunta nº 55 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0500/98): 
Asunto: Competencia desleal en la esfera internacional 
¿Cuáles son los principios comunes que, a juicio de la Comisión, se deben establecer para impedir las prácticas de competencia desleal en la esfera internacional? 
Señor Van Miert, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Camisón. 
Con mucho gusto responderé a esta pregunta porque se trata de un problema que la Comisión ha reconocido desde hace algunos años y esa es también la razón por la que tomamos ya en 1994 la iniciativa de crear un grupo al que pedimos que reflexionara sobre algunas medidas que tal vez pudiéramos proponer. 
Ese grupo hizo un buen trabajo, a continuación la Comisión presentó algunas sugerencias al Consejo de ministros, que las aceptó, por lo que este asunto figuraba por primera vez en el orden del día de la Organización Mundial de Comercio. 
Esto explica por qué está trabajando ahora un grupo de trabajo en el marco de la Organización Mundial de Comercio que estudia el problema de la competencia y del comercio con miras a la presentación de algunas sugerencias. 
Naturalmente, no puedo adelantarme al resultado de estas actividades aunque me consta que estas actividades en sí se están llevando a cabo de forma muy positiva. 
No puedo ocultarles que no todo el mundo está tan feliz con esta iniciativa de la Comisión Europea. 
Por parte americana, entre otras, hay ciertos titubeos, pero durante mi reciente visita a Washington he comprobado que existen también una voluntad y un deseo de seguir reflexionando junto con la Unión Europea sobre cómo se puede abordar realmente este problema en el futuro. 
¿En qué estamos pensando entre otras cosas? 
En primer lugar, en intentar ir ampliando mundialmente, por así decirlo, algunas regulaciones básicas en relación con la política de la competencia y que se incorporen en la legislación de los diferentes países del mundo. 
A continuación, aumentar el grado de obligatoriedad de esas reglas de juego y de este modo poder tratar a posteriori determinados conflictos en un marco específico, que por lo que a nosotros respecta podría ser perfectamente un marco mundial. 
Eso es más o menos el estado de la cuestión, lamentablemente no puedo decir más al respecto, pero con mucho gusto estoy a disposición del Parlamento Europeo para volver más tarde sobre ello, cuando hayan terminado las actividades de ese grupo de trabajo, sobre todo también con relación a las posteriores conversaciones que vamos a tener al respecto con nuestros colegas americanos. 
Señor Comisario, usted aseguró recientemente- y lo corrobora hoy aquí- ante los Embajadores de la Organización Mundial de Comercio que en la economía global actual hay una gran competencia desleal a escala internacional y que, consecuentemente, por estar sometida a jurisdicciones diferentes, crea serios problemas. 
Usted apuntó incluso hoy- entonces también- como solución ideal un acuerdo global que podría solucionar los problemas surgidos a nivel nacional: saltar de escala. 
Efectivamente, eso sería lo ideal, creando estructuras sobre competencia que incluyan principios básicos, como restricción de prácticas abusivas y concentraciones, principios comunes que prohíban la práctica de la competencia desleal en la esfera internacional, y el desarrollo de un instrumento de cooperación basado en la experiencia adquirida en este campo. 
Todo esto nos parece muy bien señor Comisario, es lo ideal. 
Y me parece bien que se siga meditando, pero estamos ante una urgencia. 
¿Cuándo realmente veremos algo práctico en materia tan urgente? 
Lamentablemente no puedo predecir cuándo va a haber resultados concretos, porque como ya he indicado, hay ciertos titubeos por parte americana y también en el sudeste asiático, en Asia existe mucha resistencia. 
No hace falta que le diga por qué, ya que sus mercados muy a menudo siguen todavía muy cerrados y precisamente una política de la competencia facilita la apertura de los mercados. 
En este momento estamos intentando recibir el máximo apoyo para la iniciativa en el marco del grupo de trabajo de la Organización Mundial de Comercio. 
Porque una cosa está clara: la Unión Europea es el miembro más activo o la autoridad más activa en esta materia para intentar progresar efectivamente. 
Pero es sin duda también muy importante que lleguemos a cierto entendimiento con nuestros amigos americanos para que de este modo podamos perseguir con más fuerza los objetivos. 
Pero habiendo dicho esto, no soy ingenuo ni la Comisión tampoco, esto llevará mucho tiempo, pero sí es importante que empujemos ese carro y que emitamos este mensaje con claridad. 
Dado que la globalización continúa y que cada vez surgirán más problemas en la esfera mundial, también es necesario que dispongamos de determinadas reglas de juego en la esfera mundial que también se puedan exigir. 
Como dice usted, Comisario, la política de la competencia es una forma de abrir los mercados. 
En esta Asamblea lo hemos instado a que la aplique a la cuestión de las entradas para el Campeonato Mundial de Fútbol, que, como veo, ha pasado a ser una cuestión de comercio intercontinental. 
Quisiera preguntarle, Comisario, qué opina sobre el ataque lanzado, según cuentan, por el Presidente Chirac al Presidente Santer en el Consejo Europeo por la forma como intervino la Comisión para poner a disposición de ciudadanos no franceses más entradas para el Campeonato Mundial de Fútbol y qué va a hacer la Comisión para defender los poderes que le confieren los Tratados, qué opina de las disposiciones actuales relativas a la distribución de entradas, a la luz de los recientes partidos del Campeonato Mundial, y si demandará ahora a la FIFA y al CFO ante el Tribunal Europeo de Justicia a partir del dictamen jurídico obtenido por el Parlamento. 
Parece una pregunta ligeramente diferente, pero tengo mucho gusto en dar una respuesta o exponer mi posición. 
No cabe duda de que esta cuestión supera las fronteras nacionales: es una cuestión de intereses comunes. 
Así, pues, la Comisión, que ha recibido un número considerable de quejas, como sabe Su Señoría, tuvo que cumplir sus funciones, es decir, investigar dichas quejas. 
Como hubo- y hay- una clara discriminación, se aplican las normas relativas a la competencia. 
Así, pues, seguiremos con este caso y se está preparando la declaración de objeción. 
Pero, como sabe Su Señoría, también nosotros tenemos que atenernos a las normas, en particular las normas procesales. 
Si se señalan a nuestra atención elementos nuevos, evidentemente debemos recabar también la opinión del comité organizador. 
Así es como se abordan las cosas. 
De modo que seguiremos, pese a algunas observaciones que se han formulado. 
Por cierto, que, si queremos estar más cerca del público- de los ciudadanos -, tenemos que actuar como lo estamos haciendo, con lo que aproximamos nuestras instituciones al público, cuando éste ve que en efecto nos tomamos en serio sus quejas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Esta Presidencia le agradece la generosidad con que usted ha interpretado el contenido de la pregunta inicial, ya que el Reglamento no le obliga a responder a preguntas que no estén estrictamente dentro del ámbito de la pregunta inicial. 
Pero esta Presidencia le agradece su generosidad conocida y todavía espero que nos sigamos moviendo de verdad en la pregunta del Sr. Camisón. 
El Sr. Wibe me ha pedido la palabra para una pregunta complementaria. 
Tiene usted la palabra por el tiempo de un minuto, señor Wibe. 
Voy a intentar ser breve y conciso. 
Me interesé cuando usted, señor Comisario, dijo que se discutían medidas obligatorias contra la competencia desleal. 
¿Podría usted decir más concretamente en qué consisten esas medidas? 
¿Se trata de aduanas, de ingresos de capital o de una suerte de tratamiento común para los inversores extranjeros? 
¿Podría usted concretar un poco en torno a esta materia? 
Señor Presidente, la verdad es que este asunto es objeto de más debates y deliberaciones sobre lo que se podría incluir en un conjunto de normas básicas relativas a la competencia, que después se aplicarían a escala mundial, pero a cargo de las autoridades nacionales encargadas de la competencia. 
Una de las cosas que estamos examinando, por ejemplo, es la de que los cárteles exportadores se están repartiendo los mercados a escala mundial. 
Que algo así ocurra en algunos casos debe ser considerado por todas las autoridades encargadas de la competencia una negación de uno de los principios más básicos de las políticas relativas a la competencia correcta. 
Se trata de un simple ejemplo de lo que se puede examinar. 
Ahora bien, debemos seguir distinguiendo entre cuestiones comerciales y cuestiones de la competencia, porque las cuestiones comerciales se refieren a actitudes o medidas adoptadas por las autoridades, mientras que las cuestiones relacionadas con la competencia se derivan principalmente de las actitudes de las empresas, por lo que constituyen conductas privadas. 
Debemos mantener esa distinción. 
Permítaseme ofrecer un ejemplo concreto para ilustrar el tipo de dificultades que podrían plantearse. 
Los americanos tenían un argumento muy poderoso, el del caso Kodak, en el que su queja se refería a que el mercado japonés estaba demasiado cerrado y no permitía a los competidores americanos un acceso real al mercado. 
Presentaron el caso ante la Organización Mundial del Comercio, pero al final el grupo especial dijo que no era competencia suya, porque esas restricciones, o las dificultades creadas al acceso al mercado del Japón, no se debían a medidas estatales, sino que eran consecuencia de la conducta privada de los competidores japoneses. 
De modo que era un caso relativo a la competencia y dicho caso reveló a los americanos que no podían abordar esa cuestión mediante los instrumentos de la Organización Mundial del Comercio. 
Para ello sería necesario un acuerdo bilateral con el Japón a fin de garantizar la aplicación también por parte de ese país de las normas de la competencia de forma normal para abrir los mercados o podríamos pensar en lo que se podría hacer en un marco más amplio como el de la Organización Mundial del Comercio, pero destinado específicamente a abordar las cuestiones y los problemas relativos a la competencia. 
Pregunta nº 56 formulada por Sören Wibe (H-0511/98): 
Asunto: Ayuda a la producción en las regiones periféricas 
Se ha sabido últimamente que la fábrica de Volvo en Umeå no puede beneficiarse de la ayuda a los transportes del Gobierno sueco. 
El informe de asesoría sobre el que se basó la decisión de la Comisión era confidencial. 
Volvo y el Gobierno sueco pensaban que era erróneo pero el carácter confidencial del documento ha impedido que se pudieran corregir los posibles errores. 
La decisión ya está tomada, pero es necesario que todas las personas afectadas extraigan lecciones para evitar que esta situación se reproduzca en el futuro. 
¿Se propone la Comisión actuar con mayor transparencia en el futuro y permitir a las autoridades del Estado miembro correspondiente tener conocimiento de los documentos en los que se base una decisión? 
Señor Comisario, le invito a que siga usted dialogando con el Sr. Wibe y que responda a su pregunta sobre la producción en las regiones periféricas. 
Una vez más me formula esta pregunta Su Señoría y tengo mucho gusto en responderla. 
En primer lugar, hemos examinado junto con las autoridades suecas cómo se debe suprimir progresivamente ese régimen. 
Como sabe Su Señoría, se considera ayuda operativa, cosa que es totalmente imposible en el sector de los transportes. 
Tenemos un acuerdo. 
Es un acuerdo justo y equilibrado, por el cual se suprimirá progresivamente ese tipo de ayuda en el año 2002, a más tardar. 
De modo que tenemos un acuerdo. 
La pregunta está relacionada con un informe redactado por un experto al que la DG IV consulta de vez en cuando, cuando hemos de abordar cuestiones o problemas relativos a la industria automotriz. 
Pero sólo se hace para uso interno de mi departamento. 
En este caso se preparó el informe con el fin de determinar si la Comisión debía incoar el procedimiento: no adoptar decisiones, sino incoar el procedimiento. 
Se aceptaron algunos de los elementos de ese informe, se han publicado en todas las lenguas oficiales los hechos presentados por la Comisión, cuando incoamos el procedimiento y se invitó a todos los interesados a dar su opinión para determinar si se debía incoar el procedimiento. 
Así, pues, es un asunto interno y quisiera que se entendiese. 
Podría ser que algunos de esos informes fueran de muy poca utilidad para nuestros servicios. 
A veces pueden ser más útiles. 
Pero es un asunto estrictamente interno. 
Evidentemente, la posición adoptada por la Comisión cuando incoa un procedimiento y el fundamento para hacerlo pueden ser impugnados por los gobiernos o por las empresas interesados. 
El Gobierno de Suecia y la empresa Volvo estuvieron entonces en condiciones de responder a las pruebas que se presentaron, según nuestras averiguaciones, al incoarse el procedimiento. 
No debe haber malentendidos respecto del objetivo de semejante informe. 
No es para adoptar la decisión final. 
Es simplemente para incoar el procedimiento a partir del cual comienza la investigación real. 
Como he dicho antes, hemos llegado, por fortuna, a un acuerdo con el Gobierno de Suecia y es equitativo. 
Ése es el marco general. 
Quisiera que Sus Señorías entendieran una cosa. 
Tenemos que abordar muchos casos: unos 600 casos de ayuda estatal al año. 
Algunos de ellos son muy complicados. 
De vez en cuando debemos recurrir a expertos para que ayuden a nuestros servicios, no para adoptar decisiones como tales, sino para intentar interpretar los hechos. 
Espero que Sus Señorías nos permitan seguir haciéndolo. 
Tomemos, por ejemplo, el caso del Crédit Lyonnais. 
Tuvimos que recurrir a algunos expertos. 
Si hubiera que hacer público cada uno de los informes de los expertos, resultaría imposible a mis servicios desempeñar sus funciones como deben. 
Por cierto, que de vez en cuando la información de que se trata es muy delicada y las empresas son las primeras en pedirnos que no la divulguemos. 
Por eso, ruego a Sus Señorías que entiendan que estamos totalmente decididos a ser todo los transparentes que podamos. 
La Comisión recibió críticas en Cardiff porque explicamos nuestras políticas una y otra vez: las razones por las que adoptamos decisiones o por las que no las adoptamos. 
Hay quien no está satisfecho con que expliquemos nuestra política e intentemos ser lo más transparentes posible. 
Ruego a Sus Señorías que entiendan que, para poder desempeñar nuestras funciones adecuadamente, de vez en cuando debemos recurrir a expertos con carácter confidencial. 
En primer lugar deseo dar las gracias al Comisario por esta completa respuesta. 
No obstante, creo que tenemos opiniones un tanto diferentes en cuanto a la transparencia. 
En Suecia es totalmente imposible imaginarse que algo que hagan los empleados públicos sea secreto para los parlamentarios. 
Como señala muy acertadamente el Comisario, el asunto de este informe ha perdido actualidad, pero el informe en sí ha llegado a ser una cuestión de principios importante en Suecia, en lo referente a la transparencia. 
Ahora ha actuado también en este asunto el representante del Parlamento Jacob Söderman quien ha escrito una carta a Jaques Santer pidiéndole que este informe, así ex post, se haga público. 
Mi pregunta es exactamente: ¿Va a hacer público usted ese informe y, en ese caso, cuándo? 
Ya hemos celebrado una reunión con los servicios del Defensor del Pueblo. 
Evidentemente, les permitimos que examinaran el documento. 
Pero, por las razones que he explicado antes, debemos atenernos al método que ha dado buenos resultados. 
Para investigar- porque forma parte de la investigación, no del proceso de adopción de decisiones, lo que constituye una diferencia- de vez en cuando debemos averiguar ciertas cosas y recurrimos a expertos. 
De modo que seguimos convencidos de que se debe mantener la confidencialidad respecto de este asunto en nuestros servicios. 
Por consiguiente, no corresponde a la parte que se debe hacer pública. Forma parte de la investigación. 
Una vez hecho eso, viene la fase siguiente que es completamente transparente. 
Lo que la Comisión hace público está a disposición de todo el mundo. 
Ésa es la diferencia que nos gustaría mantener. 
Aparte de eso, hemos demostrado una y otra vez nuestro profundo deseo de ser lo mas transparentes posible. 
Por cierto, que la Comisión va a ser llevada ante el Tribunal porque algunas empresas y algunas personas consideran que somos demasiado transparentes. 
Yo también quisiera agradecer al Comisario la respuesta detallada que nos ha dado. 
Tengo dos preguntas complementarias. 
En primer lugar: ¿Está el asunto formalmente decidido por la Comisión desde el momento que el representante ha hecho una petición formal a la Comisión para hacer público el informe? ¿Está el asunto rechazado por la Comisión como institución o es la propia opinión del Comisario que este informe no se debe hacer público? 
En segundo lugar: ¿Tiene alguna importancia en los criterios de la Comisión el hecho de que las empresas involucradas y el estado sueco, es decir, las partes interesadas, quieran leer el informe y tener acceso a la información? ¿Es acaso solamente la situación interna de la Comisión la que determina los criterios? 
Señorías, son las 7 de la tarde. 
Hemos agotado el tiempo que nuestro orden del día destina a las preguntas a la Comisión. 
Por lo tanto, las preguntas núms. 57 a 105 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.00 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
OCM en el sector del plátano (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A4-0220/98) del Sr. Thomas, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano (COM (98) 0004- C4-0046/98-98/0013 (CNS) ). 
Señor Presidente, muchos de nosotros, en el Parlamento y en los ACP, nos sentíamos más bien infelices con la propuesta de una cuota global. 
Teniendo esto en la cabeza, la semana pasada aseguré para mi Grupo un acuerdo sobre una enmienda que creo ayudará a atenuar las consecuencias de los cambios propuestos. 
Espero que esta Asamblea apoye esa enmienda. 
La propuesta de la comisión no salvaguarda en ningún modo el acceso de los proveedores ACP más pequeños y débiles. 
El riesgo reside en que van a ser desplazados, porque los volúmenes tradicionales van a ser aumentados y proporcionados por otros. 
Por tanto si vamos a tener una cuota global, żno podemos garantizar a los proveedores tradicionales que van a poder vender sus cantidades tradicionales? 
Debemos insistir en que si hay una cuota global, debe haber garantías efectivas y aplicables de que el plátano tradicional ACP puede entrar en nuestros mercados por lo menos con el nivel de acceso asegurado en Lomé. 
Espero que se pueda encontrar alguna formula en la reunión del Consejo del lunes que tenga en cuenta este asunto del acceso garantizado. 
Camerún, Costa de Marfil y Belize están aumentando su producción y su capacidad de exportación. Van a poder aumentar su producción por encima del punto en el que se va a situar la cuota global. 
Así, las multinacionales de estos países seguirán por sus derroteros habituales, colocando en primer lugar sus beneficios, y no contemplando jamás en sus cálculos los intereses de los ACP. 
¿Es justo seguir otorgando a estas multinacionales más ventajas sobre nuestros productores tradicionales? 
¿Es que debemos ser convencidos para hacer el trabajo que a ellos corresponde? ¿Tenemos que temer la capacidad de las compañías multinacionales y de los estados Unidos para coaligarse tan felizmente en la OMC contra nuestros intereses y los de nuestros productores tradicionales? 
Precisamente hoy, el Presidente en ejercicio del Consejo nos ha informado de una carta muy ofensiva que ha recibido del Secretario de Comercio de los Estados Unidos. 
No creo que la Unión Europea tenga que ser intimidada de esta forma por los Estados Unidos y sus amigos de las multinacionales en los países productores de plátanos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, Sr. Thomas, por su equilibrado informe y por su talante negociador, que ha propiciado en todo momento el diálogo y el compromiso entre los representantes de los distintos intereses que se mueven en torno a la OCM del plátano. 
En mi opinión, a la propuesta de la Comisión, cuyo objetivo es adecuar estrictamente la OCM del plátano a las decisiones de la Organización Mundial de Comercio, hay que formularle una crítica de fondo: el desequilibrio del proyecto en el tratamiento que da a los productores y operadores comunitarios al olvidar la inclusión de mecanismos alternativos que les compensen por las pérdidas de licencias de tipo B, teniendo en cuenta que este mecanismo había sido propuesto precisamente por la Comisión para garantizar la comercialización del plátano comunitario y que ahora, al ser uno de los principales puntos de condena de la OCM, no se sustituye por ningún otro. 
Consideramos imprescindible por tanto la aplicación de un mecanismo incentivador de la comercialización, ya que la actual ayuda compensatoria sólo se concede al producto comercializado por lo que, para recibir dicha ayuda, el plátano comunitario tendría que optar por el descenso de precios para hacer así más atractiva su comercialización, perturbando así el mercado e incrementando desproporcionadamente los gastos de ayuda. 
Sería necesario asimismo revisar, tal y como está previsto en el artículo 12 del Reglamento 404/93, el régimen de ayudas a la pérdida de ingresos mediante el incremento de la cantidad global de referencia y del ingreso global de referencia, como aparece muy bien reflejado en las enmiendas 22 y 33 del informe del Sr. Thomas. 
En cuanto al régimen de licencias, compartimos plenamente los criterios reflejados en el informe, donde se indica que deberá tenerse en cuenta como período de referencia el más corto y más reciente para el que existan datos, así como el mantenimiento de un período transitorio de dos años justificado por la confianza legítima creada en el espíritu de los operadores de las licencias de tipo B por el hecho de la transferibilidad de los certificados que les ofrece la actual reglamentación comunitaria. 
En cuanto a la propuesta de la Comisión sobre el contingente arancelario autónomo, solamente me gustaría recordar que también estamos de acuerdo con el informe Thomas y con la tradición que se ha seguido aquí después del informe Santini. 
No creo que haya que perturbar el equilibrio de las fuentes de abastecimiento comunitario. 
Y por último, respecto a los certificados de exportación, deberían ser repuestos en la normativa comunitaria y exigidos a todos los países proveedores de la Comunidad, incluidos los países ACP, ya que esta inclusión sería compatible con la normativa del GATT. 
Su establecimiento debería ser concebido con el fin de evitar el fraude sobre el origen de los plátanos y los riesgos de falsear la repetición de las cantidades de importación. 
Señor Presidente, después de haber escuchado esta tarde a la Comisión y después de haber tomado nota de las múltiples y categóricas negativas del Sr. Fischler a propósito de nuestras enmiendas, pienso que debemos interrogarnos sobre la utilidad y el papel de nuestro Parlamento en la materia, así como sobre la importancia que se atribuye a las voluntades políticas que expresamos por medio de nuestros dictámenes. 
No insistiré en las causas de la falta de control por la Unión del futuro del sector, sacrificado en aras de la mundialización. 
No obstante, recordaré que la producción comunitaria de plátanos es una producción absolutamente específica- ya que se realiza en regiones ultraperiféricas, con las dificultades que todos conocemos- y que cubre únicamente el 20 % de las necesidades del mercado. 
Por eso, teniendo en cuenta los objetivos del Reglamento 404/93 y en particular el hecho de que deben garantizarse ingresos suficientes para los productores, nos es difícil entender que la Comisión no haya efectuado reajustes en el título tercero del Reglamento, habida cuenta de las importantes modificaciones que se introducirán en el régimen de los intercambios con los terceros países. 
Por esta razón, a pesar de algunos reparos del ponente, me felicito de las propuestas de nuestra Comisión de Agricultura y hago hincapié en que la producción comunitaria debe sacar provecho de las consecuencias de la última ampliación y de un posible incremento del mercado. 
El régimen de ayudas a la producción comunitaria debe adaptarse a las nuevas normas gracias al aumento del ingreso de referencia y a un cambio de las disposiciones que dan derecho a la ayuda compensatoria. 
Es necesario restablecer el artículo 16 del Reglamento, para lograr una mejor evolución de las perspectivas del mercado. 
Esta es en mi opinión, brevemente, la orientación que deberá tener el dictamen del Parlamento Europeo, para conciliar nuestros intereses con los de los demás países productores. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Parlamento tuvo razón en denunciar la voluntad de las multinacionales norteamericanas de obtener el desmantelamiento, por la OMC, del sistema comunitario de comercialización de plátanos. 
Nuestra determinación ha permitido que se respetara el régimen de preferencia comunitaria y de ayuda a los productores de la Unión, que desde hace mucho tiempo se atienen a las normas sociales y medioambientales. 
Desgraciadamente, la actitud de la Comisión ha sido completamente distinta, cuyas propuestas ceden a los mandatos de la OMC, aumentándose el contingente arancelario en un 16 %, sin tener en cuenta los riesgos de pérdida de mercados y de pérdida de ingresos de los productores comunitarios. 
Al contrario, el objetivo del informe de nuestro colega Thomas es proponer medidas de apoyo a los ingresos de los productores de plátanos comunitarios. 
El mismo corrige las propuestas de la Comisión, reduciendo el aumento del contingente arancelario adicional de 353.000 a 100.000 toneladas, aumentando en un 15 % el contingente de plátanos comunitarios que pueden beneficiarse de la ayuda compensatoria y aumentando en un 20 % esta ayuda compensatoria. 
Mediante la adopción de dichas medidas y de este informe, que apruebo totalmente, lanzaríamos un llamamiento al Consejo para que asuma las enmiendas del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, esta organización común de mercado de los plátanos muestra que puede existir un primado de la política frente a la economía. 
La demanda ante el panel no cambia nada en el hecho de que marcamos unos jalones políticos y que establecemos una protección exterior que se basa en aspectos sociales y ecológicos. 
Pero también muestra que no solamente se tienen en cuenta los intereses de los cultivadores. 
Si se observa la posición de los norteamericanos, que no son cultivadores de plátanos o solamente en Hawai, se puede ver que reclaman el panel para imponer sus intereses o los de las grandes compañías frutícolas. 
La posición de la República Federal de Alemania tampoco ha sido defendida por productores o cultivadores de plátanos sino por los intereses de las empresas comerciales. 
Pero es positivo que, a pesar de ello, podamos hablar aquí sobre una regulación política. 
Señor Comisario Fischler, esto nos debería animar a mostrar más valor en los debates de la OMC en otros campos en los que tampoco producimos excedentes agrícolas, para marcar posiciones políticas y no asustarnos frente a un posible panel sino tenerlo en cuenta para llegar a unas regulaciones razonables para una producción agrícola en Europa. 
Señor Presidente, Señorías, el plátano, principal producción de frutas tropicales del mundo, constituye un reto económico considerable para los productores de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y para los países ACP. 
Producido en condiciones no equitativas, en que a menudo no existen criterios sociales, o éstos se ignoran, el plátano " dólar» establece una competencia desleal, o incluso inmoral, con los productores sometidos a sistemas de producción más reglamentados, más sanos, pero ciertamente más costosos. 
Sí, la producción del plátano " dólar» resulta menos cara, ¡y con razón! 
Esta tarde, la Sra. Carlotti nos ha expuesto con mucha claridad las prácticas de la sociedad Chiquita. 
Por otra parte, numerosas y fundadas informaciones revelan que ciertos países exportadores practican modos de producción que están en contradicción con nuestras propias normas técnicas y medioambientales. 
Pienso en los numerosos accidentes ocurridos en el ámbito sanitario, incluyendo pérdidas de vidas humanas, debido a los pesticidas utilizados en los platanales. 
Y lo que es más grave: la existencia de condiciones sociales inaceptables, que deben incitarnos a imponer una moralización de las normas del comercio internacional en las próximas discusiones de la OMC, en las que los negociadores de la Comisión harían bien en volver a incluir en el orden del día la cláusula social y la cláusula medioambiental. 
Frente a las presiones ejercidas a la Unión Europea por la OMC y por las multinacionales de los países exportadores para abrir nuevos contingentes, no debemos rebasar las necesidades reales, que sería más razonable estimar en 100.000 toneladas por lo que respeta al contingente autónomo. 
Condicionemos sobre todo nuestros intercambios a los principios que defendemos en la Unión Europea, es decir, principalmente: el respeto de los derechos humanos y la agricultura sostenible, y alentemos la gestión de los productores, que desean orientarse en este sentido, como lo sugieren algunas enmiendas. 
Finalmente, apliquemos el principio de la preferencia comunitaria, respetando al mismo tiempo los compromisos adquiridos en el marco del Convenio de Lomé. 
No quisiera finalizar sin felicitar también al Sr. Thomas por su informe, que aprobamos globalmente. 
Presidente, es necesario hacer urgentemente una reforma de la organización de mercado en el sector del plátano. 
Bajo el pretexto de la ayuda al desarrollo la Unión ha levantado una organización de mercado costosa e ineficiente. 
Ya en 1995 el Banco Mundial emitió un juicio implacable sobre la política europea en el sector del plátano. 
Si bien la regulación está concebida precisamente para pequeños productores en países en vías de desarrollo, según el Banco Mundial apenas es en beneficio de ellos. 
La política europea en el sector del plátano descansa sobre un sistema de licencias de importación. 
Con la introducción de las licencias de tipo B los comerciantes europeos, que tradicionalmente importaban plátanos de los países ACP, consiguieron tener entre manos una parte importante del mercado en plátanos " dólar». 
Esto se hizo, bien es verdad, en interés de esos importadores, pero con ello no se ayudó a los cultivadores de los países ACP. 
El comercio activo con licencias de tipo B hizo subir el precio de los plátanos en el mercado europeo, lo que resultó en un descenso del consumo. 
Hay por lo tanto todo tipo de motivos para tomar en serio la queja de la OMC sobre las licencias de tipo B. 
Pero precisamente en este punto crucial de la regulación del mercado la Comisión Europea ha mostrado poca creatividad en sus propuestas. 
La Comisión opta de nuevo, simplemente, por un reparto de las licencias sobre la base de los flujos comerciales tradicionales. 
También se adopta esta propuesta en el informe del colega Thomas. 
¡Verdaderamente una ocasión perdida! 
Ya es hora de que se haga un cambio radical. 
En lugar de los importadores tradicionales, debemos dar un trato preferente a las partes que desde el punto de vista medioambiental y social producen con responsabilidad. 
Me parece que este cambio es insuficiente en la propuesta de la Comisión y en el informe Thomas. 
Apoyo las propuestas del ponente sobre un fondo de promoción y disposiciones especiales para los plátanos en condiciones de comercio equitativo. 
Pero mientras el mercado europeo permanezca cerrado a nuevas iniciativas a causa de un sistema de licencias de importación, me temo que los plátanos en condiciones de comercio equitativo no tendrán una oportunidad justa. 
Señor Presidente, con el informe del Sr. Thomas se trata de modificar la OCM en el sector del plátano de 1993 tras esta exhortación de la Organización Mundial de Comercio, que obedece al hecho de que no habríamos respetado el artículo 12 del GATT. 
Esta es una primera evidencia, jurídica, me atrevería a decir. 
Existe una segunda evidencia, esta vez de orden estadístico: la Unión Europea consume cuatro millones de toneladas de plátanos; el 20 % procede de Canarias, de Madeira, de Guadalupe, de Martinica o de Creta y el 80 % procede del exterior, los plátanos ACP y los 2, 2 millones de toneladas de plátanos de América Central. 
Tercera evidencia, una evidencia histórica: en un principio, la firma del Tratado de Roma se había retrasado algunas horas porque el general De Gaulle quería salvar los plátanos de Camerún y de Costa de Marfil, mientras que los alemanes querían salvar los plátanos de América Central. 
En efecto, muchos alemanes se habían instalado, en 1945, en América Central; estos alemanes, por otra parte, nunca aceptaron la OCM y recurrieron al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Aparte de estas cifras y de los datos históricos, el resto es confuso desde el punto de vista jurídico. 
Es evidente que existe una OCM de 1993, pero las cosas no están muy claras: existen derechos de aduana, importes de 850 ecus por tonelada, importes de 75 ecus por tonelada, contingentes de importación, licencias de tipo A o B, los países terceros, los países ACP. 
Los " grupos especiales» de Ginebra, de los que no se conoce ni su composición, ni su funcionamiento, ni incluso sus decisiones, ponen todo esto en entredicho. 
No hay aquí ningún diputado que haya tenido el texto de estas decisiones en sus manos. 
Por lo tanto, jurídicamente todo es muy confuso. 
Nos conformamos con esta confusión, y no vamos más lejos. 
Sólo dos cosas se entienden, si bien es verdad que son esenciales; en primer lugar, la OCM de 1993 funcionaba bien: se conseguía un equilibrio entre los plátanos comunitarios, los plátanos ACP e incluso los plátanos " dólar». 
Fueron los Estados Unidos los que no quisieron más este régimen. 
Se les habían asignado 2, 2 millones de toneladas y quisieron 2, 3 millones, luego, con la entrada de Austria, Finlandia y Suecia, 2, 5 millones. 
Y se les hicieron concesiones en forma de derechos de aduana a razón de 775 ecus la tonelada: ¡se regalaron 1, 9 millardos de ecus a tres multinacionales! 
¡No tuvimos bastante con eso! 
Segunda evidencia: el imperialismo de los Estados Unidos de Norteamérica, a lo que hay que añadir una lección: como quien no quiere la cosa, los " grupos especiales» de Ginebra ponen en entredicho seis políticas europeas. 
En primer lugar, la política de desarrollo en África, en todo caso en los ACP; la política de empleo en Madera, en Canarias, en Guadalupe, en Martinica, en Creta; la política regional en las regiones ultraperiféricas; los derechos humanos (la Sra. Barthet-Mayer se refería a ello hace un momento) , porque los plátanos " dólar» son producto de una situación de esclavitud, de la explotación humana por tres multinacionales (¡50 ecus mensuales frente a 50 ecus diarios en Guadalupe o en Martinica! ). 
También se pone en entredicho la política presupuestaria, porque la Unión Europea regala 1, 9 millardos de ecus a tres multinacionales. 
¿Qué hay de los intereses financieros de la Unión Europea? 
Y, además, se añaden 370 millones de ecus de ayuda financiera a los ACP, víctimas de la nueva OCM. 
Finalmente, se pone en entredicho- y creo que esto es lo esencial- la política jurídica de Europa, porque los Derechos de Bruselas, de Luxemburgo, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, han cedido frente al Derecho de Ginebra en los expedientes relativos a los plátanos, a la carne tratada con hormonas, a la leche tratada con hormonas y, hasta hace poco tiempo, en el expediente relativo a los cepos de dientes de acero. 
El diagnóstico siempre es el mismo: el poder normativo ha abandonado Bruselas para marcharse a Ginebra. 
Y lo mismo ocurre, por otro lado, con las normas del codex alimentarius. 
Dicho de otra manera, antes incluso de realizarse, la Unión Europea ya está jurídicamente superada. 
Señor Presidente, agradezco que el Sr. Fischler haya tenido la deferencia de volver con nosotros esta noche porque creo que es importante que siga el debate- aunque hay que reconocer que la sala no se encuentra precisamente llena. 
Yo quisiera discrepar un poco con el Sr. Martinez con respecto al conocimiento que teníamos de las decisiones de la Organización Mundial de Comercio. 
El tema fue debatido en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo y en esa comisión estudiamos tanto el dictamen del grupo de trabajo de la Organización Mundial de Comercio como la decisión del órgano de apelación. 
Y nos encontramos con que la Comunidad Europea fue muy mal defendida. Nos encontramos con que el órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio estaba presidido por un antiguo senador norteamericano y que tanto en el grupo de trabajo como en la Organización Mundial de Comercio no había sino representantes de lo que podríamos llamar las teorías librecambistas o nueva teoría o teoría dominante de forma que, prácticamente, los puntos de vista de los sectores agrícolas de la Unión Europea no fueron defendidos. 
Y el asesor jurídico de la Comisión nos dijo que, en total, solamente disponía de cinco juristas para defender el punto de vista de la Comisión, frente a la batería de cientos de juristas de que disponía el Gobierno norteamericano, auxiliado además por las multinacionales. 
Yo quiero agradecer la presencia del Sr. Fischler. 
En estos momentos está en la tribuna una representación de plataneros canarios, gente que se ha dedicado toda su vida al trabajo, y esta gente no tiene en este momento otra alternativa que el cultivo del plátano. 
Si la propuesta de la Comisión sale tal cual y no se refuerza la protección en ese sector, nos vamos a encontrar con un sector de producción que tenía una protección absoluta antes de la adopción del Reglamento 404/93 y que ahora se encuentra en una situación de desprotección. 
Y esta gente no tiene la posibilidad de mudarse a otro lado ni de hacer cultivos alternativos. 
Por tanto, en mi opinión, yo creo que la Comisión haría bien en apoyar muchas de las enmiendas que presenta este Parlamento- las que ha presentado la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural -, y espero que, en definitiva, la próxima semana, el Consejo pueda conseguir un buen reglamento comunitario que permita mantener un cierto nivel de protección. 
Presidente, la Unión Europea hace bien en resistirse a la tentación de reformar en profundidad la actual regulación sobre los plátanos. 
El número de intereses divergentes en este sector es muy elevado. 
De ahí que exista el riesgo de que se resuelva un problema pero de que con ello se cree uno nuevo. 
De ahí que una reforma deba dirigirse en primer lugar a la solución de los problemas que han surgido en la OMC. 
Esa ha sido evidentemente la apuesta de la Comisión. 
Por eso apoyo la propuesta de la Comisión de establecer el contingente arancelario autónomo en relación con la última ampliación de la UE en 353.000 toneladas. 
También acepto el arancel de 300 ecus por tonelada para este contingente autónomo, suponiendo que esto no sería motivo para provocar nuevos problemas con la OMC. 
Puesto que el arancel actual correspondiente es de 75 ecus por tonelada, la Unión Europea da, con ello, una buena señal. 
El caro, muy artificial y burocrático sistema de licencias de tipo B es abandonado y los países ACP son compensados en el ámbito de los ingresos, y el sistema liberal de importación de plátanos de los nuevos Estados miembros se integra todavía más políticamente en el sistema de la UE, notablemente menos liberal. 
Las cargas de esta protección adicional son sostenidas proporcionalmente entre el contribuyente y los consumidores de la UE y no se discrimina entre terceros países exportadores de plátanos no privilegiados. 
Estaría bien que la Unión Europea diera también una respuesta adecuada a otra evolución indiscutible, es decir al interés de la UE en los plátanos en condiciones de comercio equitativo. 
Ahí se presenta el problema no tanto en la necesidad de apoyar su acceso al mercado; aquí el mayor problema es entrar en los contingentes de importación. 
La Comisión no puede cerrar los ojos ante esto. 
Esta debería, en la gestión diaria de las licencias de importación para esta categoría, reservar explícitamente un espacio, autorizada para ello por el Consejo y el Parlamento. 
Señor Presidente, mediante este Reglamento vamos a tener cinco cuotas de importación y cinco derechos de aduana diferentes para la importación de plátanos. 
¡Esto no es aceptable! 
Tampoco creo que este nuevo orden sea aprobado por la Organización Mundial de Comercio, de manera que posiblemente tendremos una nueva solución dentro de algunos años. 
Tampoco creo que sea adecuado usar la política de comercio para las ayudas a los países pobres. 
El gran riesgo de semejante política es que atamos a esos países a estructuras de producción anticuadas, en este caso la producción de plátanos. 
Nuestra política respecto de los países ACP se parece a los que en Suecia llamamos " la medicina de Döbel» , es decir, que ayuda momentáneamente pero que a largo plazo es nociva. 
Tanto para los consumidores europeos como para los habitantes de los países ACP sería mejor el libre comercio en combinación con ayudas directas al desarrollo en lugar del sistema complicado de cuotas y aduanas que tenemos actualmente. 
Señor Presidente, Señorías, estoy en contra del informe Thomas. 
Hablo en nombre de una gran parte del Grupo del Partido Popular Europeo, no del grupo político en su totalidad, pero sí de una gran parte. 
El informe Thomas exige más proteccionismo allí donde se necesitaría menos. 
Especialmente negativas para nosotros son las enmiendas nº 11 y 28, por las que se quiere reducir el contingente para los tres nuevos Estados miembros. 
Se suprime un 10 % de los plátanos latinoamericanos y va a haber aún más problemas. 
Tengo dudas de que la propuesta de la Comisión corresponda a las normas de la OMC. 
Estoy seguro de que lo que exige el Sr. Thomas y con él la Comisión de Agricultura, va a ocasionar enormes problemas en cualquier caso en la OMC. 
Siempre se dice- también en el debate de hoy- que tenemos que proteger a los productores pequeños e independientes en los países ACP tradicionales y en la UE frente a las " malvadas» multinacionales en Latinoamérica. 
La OCM no lo hace sin ningún género de dudas. 
Les invito a todos mañana por la mañana en la sala de prensa a una conversación con un productor independiente de Costa Rica que produce plátanos " fair-trade» y que tiene unas dificultades enormes con esta OCM. 
Los más perjudicados son los pequeños en Latinoamérica- que son muy numerosos, por ejemplo, también en el Ecuador- por lo que tenemos que abogar más por los plátanos " fair-trade» y votar en estos puntos en contra del informe Thomas. 
Señor Presidente, Señorías, comienzo felicitando al ponente David Thomas por el excelente informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por la que se modifica el Reglamento nº 404/93 de la OCM en el sector del plátano. 
Las propuestas presentadas por el ponente intentan- atinadamente- conciliar de forma justa y equilibrada los intereses de todas las partes afectadas, es decir, los productores comunitarios, los países ACP, los terceros países y los consumidores, respetando las normas del Mercado Interior y las de la OCM. 
Ahora bien, la cuestión de la supresión de los mecanismos de atribución de los certificados B no tiene en cuenta las consecuencias que esa decisión tendrá para los productores comunitarios. 
Como es sabido, el reparto de las licencias de importación es una de las bases de la OCM del plátano en vigor desde 1993, que sirve para limitar la entrada de plátanos centroamericanos a fin de garantizar la comercialización del plátano comunitario. 
Es necesario que la Comisión y el Consejo determinen con claridad y sin límite temporal las medidas que se proponen adoptar para colmatar esa brecha. 
Entre las diversas medidas que se deben adoptar, consideramos que habrá que adoptar y aumentar la renta global de referencia en casi el 20 % a fin de restituir a los productores comunitarios la necesaria garantía de renta y que la Comunidad deberá comprometerse a ajustar el contingente autónomo a la baja, a fin de evitar un posible aprovisionamiento excesivo del mercado que comprometa la comercialización de los plátanos comunitarios. 
Eso, además de la indispensable ayuda complementaria con vistas a restituir a los productores comunitarios los medios necesarios para la colocación de su producción y compensar así el elevado costo de los transportes. 
Por todo esto apoyamos sin reservas la modificación del apartado 25 del artículo 1 (nuevo) a fin de salvaguardar los intereses de los productores de plátanos de la región autónoma de Madeira. 
Señor Presidente, de nuevo afrontamos un debate sobre la reforma de la OCM del plátano y es preciso reconocer que, en esta ocasión, la reforma viene obligada por el resultado del contencioso mantenido en el seno de la Organización Mundial de Comercio. 
Debo decir, señor Comisario que, por esta vez, en líneas generales, compartimos los criterios expuestos por la Comisión en su propuesta, puesto que es preciso modificar el régimen de licencias de importación hasta ahora vigente y hacerlo compatible con las normas de la OMC. 
La experiencia del comportamiento del mercado durante los últimos años aconseja tener esto en cuenta a la hora de establecer los contingentes de importación para evitar la saturación de los mercados y la caída de los precios, como ya ocurrió en el caso de Francia durante el pasado año. 
Por ello, nos parece que un contingente tarifario autónomo de 100.000 toneladas, como ya pidió el Parlamento, es más adecuado a las demandas del mercado que las 350.000 toneladas que propone la Comisión. 
Por otra parte, es preciso arbitrar una fórmula que permita el mantenimiento del acceso en franquicia para los productores ACP tradicionales con los cuales mantenemos compromisos económicos, comerciales y políticos que no pueden ser ignorados. 
Por otra parte, el mantenimiento del sector platanero en las regiones productoras de la Unión es el motivo mismo de la existencia de esta OCM, cuya validez y legitimidad no ha podido ser cuestionada a pesar de los continuos ataques que ha venido padeciendo. 
Es preciso garantizar el mantenimiento de las producciones comunitarias y es preciso para los productores de plátanos de la Unión que se garanticen sus actuales niveles de renta. 
Las regiones ultraperiféricas de la Unión tienen en el sector platanero uno de sus más importantes recursos económicos y no pueden prescindir de él no sólo por razones económicas sino también por razones de empleo. 
Dando por entendido que estos objetivos son compartidos por la Comisión, falta conocer los mecanismos que se contemplan para ordenar el régimen de importación de las producciones de terceros países y queda por conocer también de qué manera piensa compensar la Comisión a los productores comunitarios por las pérdidas que para ellos supone no disponer de un régimen de licencias como el todavía vigente. 
Señor Comisario, sería bueno clarificar y superar las dos incertidumbres que acabo de señalar: garantías para el mantenimiento de las producciones y mantenimiento de los niveles de renta. 
Eso es lo que el sector espera de esta nueva reforma. 
Señor Presidente, quiero comenzar elogiando la propuesta de la Comisión, la cual supone un excelente intento de alcanzar un equilibrio entre los intereses de todos los diferentes productores. 
Es justo y hay que tomar en cuenta a los productores comunitarios al mismo tiempo que debemos cumplir nuestros compromisos ante el Convenio de Lomé y las disposiciones de la OMC. 
En realidad no existe especialmente mucho margen de maniobra. 
Uno de los lugares en los que podemos mejorar de hecho la propuesta de la Comisión es con relación a los plátanos de comercio equitativo. 
La propuesta de la Comisión por la que se apoya a los productores de la ACP plantea una reestructuración de la producción y deben tomarse en cuenta consideraciones medioambientales, sin embargo, aún está lejos de algo suficientemente concreto. 
Es por tanto tremendamente importante que propongamos en nuestras enmiendas un régimen para los plátanos de comercio equitativo. 
Aquí no quiero decir una cuota específica, sino, en cambio, ayudas a la reestructuración de la producción, una definición de plátanos de comercio equitativo, un régimen de etiquetado, un régimen de control y ayudas a la información y a la comercialización de plátanos de comercio equitativo. 
Un régimen para los plátanos de comercio equitativo redundará en beneficio tanto de los productores comunitarios como de los productores de los ACP, y por eso espero que se reflexionará sobre el modo de introducir estas cuestiones en esta propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, el problema de la comercialización del plátano vuelve a brindarnos la oportunidad de afirmar en este Parlamento que las instituciones de la Unión Europea deben prioritaria y obligatoriamente defender, en todas las circunstancias, los intereses de los Estados miembros y de sus regiones y cumplir los compromisos subscritos en convenios con otros países sin someterse a los intereses de la Organización Mundial del Comercio. 
En el caso que estamos examinando se puede conceder beligerancia a la Comisión cuando procura conciliar los intereses de los productores de plátanos de la Comunidad y de los ACP con las exigencias resultantes de la decisión del grupo especial de la Organización Mundial del Comercio. 
La Comisión deberá entender que la entrada en el mercado europeo de grandes contingentes de plátanos a bajo precio y procedentes de terceros países afectará gravemente a la renta de los productores comunitarios y hará casi imposible la competencia de los países tradicionales ACP con los productores de América Latina. 
No se puede pasar por alto que entre las regiones europeas productoras de plátano se encuentran algunas de las regiones ultraperiféricas insulares, marcadas por el aislamiento y bajos niveles de desarrollo económico. 
No basta con que se consagre en el Tratado de la Unión la existencia de regiones ultraperiféricas; más importante es que en todas las circunstancias se dé contenido substantivo y concreto al apoyo que esas regiones reclaman y con enorme expectación esperan de la Comunidad. 
En Madeira, región autónoma de Portugal, son incalculables los perjuicios económicos, sociales y medioambientales que se producirían si las instituciones europeas cedieran al respecto a las presiones encaminadas a defender intereses que no son los de los ciudadanos europeos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Acceso a la profesión de transportista 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40215/98) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/26/CE relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportista de viajeros por carretera, así como al reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos destinados a favorecer el ejercicio de la libertad de establecimiento de estos transportistas en el sector de los transportes nacionales e internacionales (C4-0174/98-97/0029 (SYN) ) (Ponente: M. M. Berger). 
Señor Presidente, estimado señor Comisario aunque nos abandone ahora, estimadas y estimados colegas, la Comunidad concibió ya en 1974 por primera vez una regulación con el objetivo de armonizar las condiciones para el acceso a la profesión de transportista. 
Pero en los últimos años han cambiado mucho las condiciones marco centrales para el ramo del transporte. 
La presente propuesta de directiva pretende reaccionar frente a estos cambios. 
La propuesta quiere garantizar que para todas las empresas de transporte existan a nivel de la UE al menos aproximadamente las mismas condiciones jurídicas. 
El ramo del transporte es como ningún otro un ramo auténticamente europeo. 
A partir del 1 de julio de 1998, es decir, en pocos días, esto se va a ver intensificado aún más por la liberación definitiva del cabotaje. 
De este modo, se crearán unas condiciones completas de mercado interior y los empresarios de transporte tendrán un acceso ilimitado al mercado a nivel de la Unión. 
En realidad, la directiva sobre la que hoy debatimos debería estar en vigor ya el 1 de julio de 1998. 
Por ello, debo constatar que el Parlamento ha trabajado muy rápidamente pero que el responsable de los retrasos es el Consejo, quien se ha tomado mucho tiempo con la posición común, por lo que no se ha podido mantener esta fecha. 
Independientemente de la fecha concreta, tenemos que reaccionar ante los modificados procesos de organización y producción en la industria y en el comercio al por menor que han conducido mediante estrategias just in time a unas prestaciones más rápidas, flexibles y, al mismo tiempo, de mayor valor y que son necesarias para unos sistemas logísticos diversificados y sofisticados. 
Hoy nos vemos confrontados con el hecho de que cada vez se transportan con mayor frecuencia cargas pequeñas. 
También se puede constatar un desplazamiento del transporte tradicional de empresa al transporte de mercancías comercial y están surgiendo oferentes cada vez mayores que ofrecen al mismo tiempo prestaciones de transporte y de logística. 
Por el contrario, también vemos que por motivos de flexibilidad y de ahorro de costes, cada vez más pequeños empresarios entran en el mercado que se hacen cargo solamente del transporte con pequeños camiones y esto también en el transporte transfronterizo. 
Los requerimientos que plantea la opinión pública a las prestaciones del transporte son cada vez mayores, sobre todo en lo tocante a la protección del medio ambiente, la seguridad técnica y el respeto de las normas sociales. 
No obstante, la importancia que se le da es muy diferente de país a país. 
Sin duda, los estándares al respecto son sensiblemente inferiores sobre todo en los futuros países candidatos a la adhesión de la Europa central y oriental. 
Debemos ser conscientes de que precisamente las empresas de estos países están cada vez en una competencia más aguda con empresas de la Unión. 
Por ello, quiero remitirme de nuevo a mis sugerencias de la primera lectura, consistentes en examinar fuera de la directiva concreta que se nos ha presentado ahora hasta qué punto se pueden dar pasos con los países de la Europa central y oriental antes de su adhesión que vayan más allá del Acuerdo Europeo existente, para acercarlos también en este campo paulatinamente a las disposiciones de la UE. 
En el marco de la primera lectura, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha saludado expresamente todas las medidas de armonización propuestas por la Comisión. 
Se trataba de exigencias superiores en lo tocante a la capacidad financiera, personal y los conocimientos especializados así como a la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva. 
Como ponente, quería alcanzar adicionalmente que se incluyesen unas normas más estrictas contra el fraude en el procedimiento conjunto de envío y en el transporte de animales vivos, unas exigencias mayores a la capacidad financiera así como una definición más precisa de los conceptos de capital propio y de las reservas. 
Las propuestas que planteé en su día fueron aprobadas con gran mayoría tanto en la Comisión de Asuntos Jurídicos como en el Pleno. 
Sin embargo, el Consejo solamente ha recogido dos de nuestras enmiendas en su posición común y éstas han sido más bien de carácter jurídico-técnico. 
Especialmente decepcionada estoy porque los Ministros de Transporte no han recogido en la posición común mis enmiendas sobre la lucha contra el fraude que fueron apoyadas también por la Comisión. 
Por este motivo, he presentado de nuevo la mayoría de mis o nuestras exigencias de la primera lectura, que también en este caso han sido aprobadas unánimemente por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Especialmente importante para mí es la inclusión de las disposiciones sobre la lucha contra el fraude en el campo de las empresas de transporte. 
Propongo también que se eliminen algunos artículos que el Consejo ha introducido y que introducen controles adicionales para personas que han adquirido su prueba de desplazamiento en otro Estado miembro. 
Les ruego su apoyo en la votación. 
Señor Presidente, la segunda lectura del texto de la Sra. Berger merece un destino favorable. 
En la primera lectura me parece que habíamos llegado bastante lejos junto a la Comisión. 
Puedo entender que el Consejo proceda con más reserva en el texto que se nos ha devuelto. 
No obstante, ¿de qué se trata? 
Sí, como dijo la Sra. Berger en la introducción, es algo relacionado con la libre competencia. 
Tiene también algo que ver con la seguridad en el transporte, con el respeto al medio ambiente, la honradez, etc. No me cabe duda de que en este Parlamento estamos de acuerdo en aquello de lo que se trata, sin embargo, quizá estamos más preocupados ante cómo entonces conseguir ponerlo en práctica. 
Es bueno que haya normas. 
Es excelente. 
No obstante, mi opinión es que también llegamos lejos por el camino de la voluntariedad. 
Tengo, por ejemplo, confianza en que en la industria misma- en los países miembros- se desarrolle el transporte por carretera en dirección a la viabilidad con la calidad y el servicio en su centro. 
La voluntad es esencial, así el cumplimiento será real en todos los países miembros. 
La propuesta de la comisión relativa al tránsito comunitario y a los procedimientos es sensata y debe gozar del apoyo del Parlamento y posteriormente también del de la Comisión y del Consejo. 
Hay una propuesta de la que quiero prevenirles. Se trata de la enmienda núm. 11 en la que se diferencian, por decirlo así, las infracciones. 
Se dice en la enmienda del Parlamento: " Cuando se produzcan infracciones graves de las normativas para el transporte de mercancías... » 
¿Qué son " graves» ? ¿Quién debe definir cuán grave antes de que se deba intervenir? 
Es una especie de zona gris en la que puede presentarse la contingencia de vejaciones, prefiero entonces que conservemos el texto original que dice: " Cuando se produzcan infracciones de las normativas... » 
Señor Presidente, Señorías, las diferencias en las normas nacionales siguen ocasionando distorsiones en la competencia. 
A ello viene a sumarse que la presión competitiva de terceros países ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. 
Las enmiendas propuestas en la posición común hacen avanzar el proceso de armonización otro trecho y contemplan las modificadas condiciones marco, por ejemplo, las estrategias últimamente desarrolladas just in time. 
Tienen en cuenta la evolución experimentada por el transporte de mercancías. 
Para mi grupo político es importante que adicionalmente a las superiores exigencias en lo tocante a la fiabilidad de la empresa, a la protección del medio ambiente o a las obligaciones profesionales, se planteen también unas exigencias superiores en lo tocante a la lucha contra el fraude en los procedimientos de transporte comunitarios y comunes. 
Esta es una consecuencia de las conclusiones del informe de la correspondiente Comisión de Investigación. 
Lamentablemente, no podemos apoyar la primera parte de la enmienda nº 8. Preferimos el texto de la posición común. 
En lo tocante a la comprobación de la capacidad financiera de una empresa, se deberían tener en cuenta el capital propio y las reservas. 
Una empresa de transportes tiene que estar en situación en tiempo de crisis, por ejemplo, por la pérdida de un gran cliente que debe ser sustituido, de emplear capital propio temporalmente para realizar una reestructuración, sin correr el peligro de no pasar en tal situación de excepción un control de su capacidad si, teniendo en cuenta elementos de la reserva, como reservas tácitas, garantías de créditos y las correspondientes informaciones bancarias, se puede enjuiciar positivamente la capacidad de una empresa. 
De este modo, se garantiza que la capacidad financiera se enjuicie sobre todo según la solvencia real de una empresa. 
El criterio de la fiabilidad de la empresa de transporte tiene como finalidad amparar a la generalidad frente a daños y peligros. 
Por ello, en caso de infracciones graves contra las normas pertinentes se debe retirar la licencia a una empresa. 
La retirada de una licencia en cualquier infracción, tal como se propuso originariamente, significaría que en un caso extremo un exceso de velocidad tendría esta consecuencia de tan largo alcance para el destino de la empresa. 
Esto no estaría justificado según el principio de proporcionalidad, por lo que ya en la Comisión de Asuntos Jurídicos rechazamos esta enmienda. 
No quiero olvidar expresar mi agradecimiento a la ponente por haberse adherido a esta opinión. 
Señor Presidente, saludo el informe de la Sra. Berger que persigue el establecimiento de unos estándares comunes para los transportistas por carretera de Europa. 
No obstante, tengo que decir que para las autoridades británicas simplemente no es suficientemente positivo permitir que surja una situación en la que los transportistas irlandeses no tengan acceso ni posibilidad de usar las carreteras británicas, tal y como sucediera cuando los puertos se bloquearon 16 horas el pasado domingo. 
Los tratados europeos han aceptado la necesidad de la libertad de movimiento de mercancías, personas y servicios dentro de los territorios de la Unión Europea. 
Esto tiene que ser mantenido y protegido permanentemente. 
Esta libertad está enraizada en el derecho sobre cuya base se fundó la Unión Europea. 
De hecho, se debe saludar la reciente posición de la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos del Interior, en la que se acordó reducir la burocracia procedimental para permitir a la Comisión Europea solicitar una acción razonable de los Estados miembros para que desbloqueen las carreteras y puertos en pocos días desde que éstas se bloquearan a causa de manifestaciones, o que emprenda una acción en el Tribunal Europeo de Justicia. 
Finalmente, quisiera reiterar mi reciente llamamiento al Comisario de Transportes el Sr. Kinnock para que intervenga de nuevo en el asunto de conseguir que las autoridades francesas paguen las cantidades pendientes reclamadas por las asociaciones nacionales de transportistas, producidos por el bloqueo de las autopistas francesas el año pasado. 
Aun quedan pendientes 2 millones de libras perdidas a causa de esa huelga, que deben ser inmediatamente pagadas por el gobierno francés a los transportistas irlandeses. 
Señor Presidente, saludo esta posición común y pienso que le permitirá a los transportistas tener un libre acceso en condiciones operativas parejas y que, en particular, va a abrir el acceso al cabotaje. 
Felicito al ponente y saludo esta posición común. 
Resulta favorable para los pequeños negocios con una excepción a la que llegaré en un instante. 
En mi opinión concuerda con el principio de subsidiariedad. 
No obstante, no puedo apoyar la enmienda 8. 
Desde mi punto de vista, esto crearía un alto nivel de capital de empresas transportistas inmovilizado, lo que es totalmente inaceptable. 
Crearía una situación precaria, en especial para pequeñas empresas, y estaría muy interesado en escuchar las opiniones del Comisario al respecto. 
Igual que el Sr. Fitzsimons, que desea mantener todas las carreteras libres de bloqueos, invito al Comisario esta noche a que garantice, de hecho, que su propio país va a continuar permitiendo el libre movimiento: de hecho ese principio ha sido quebrado en dos ocasiones en los últimos dos años bajo la excusa formal de una acción industrial. 
El Comisario Kinnock se sintió incapaz de intervenir al respecto pero es un quebranto de la libertad de movimiento y espero que el Comisario entre en el espíritu del mercado único esta noche y nos asegure que eso no va a volver a ocurrir en el futuro. 
También espero que el Comisario avance esta noche un poco más y muestre su voluntad de resolver la situación de la existencia de grandes disparidades fiscales. 
En especial, parece que los porcentajes de la gasolina en el Reino Unido son astronómicamente altos mientras que en otros muchos Estados miembros son muy bajos, y esto crea una distorsión dentro del mercado único. 
Señor Presidente, señoras y señores, desearía ante todo agradecerles por sus trabajos a propósito de esta iniciativa tendente a reforzar la actual legislación, haciendo más estrictas las condiciones de acceso a estas profesiones, armonizando la aplicación de los tres criterios y ampliando el campo de aplicación de la directiva. 
Me congratulo, por consiguiente, de poder aceptar varias de las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Primeramente, debo decirles que me felicito de las enmiendas que clarifican el texto y hacen más coherente la propuesta. 
Por lo tanto, se tomarán en consideración las enmiendas 2, 3, 8 y 11. 
En segundo término, mientras que inicialmente el Consejo no estimó necesario orientar la acción a la lucha contra el fraude, la Comisión sigue pensando que se trata de un aspecto importante y que es conveniente tomar medidas enérgicas, en este sector, con respecto a las personas deshonestas. 
Por eso acepto las enmiendas 1 y 11, así como la segunda parte de la enmienda 7. 
La primera parte de ésta es, sin embargo, demasiado vaga y podría conducir a acciones de control desproporcionadas. 
Finalmente, la Comisión sigue pensando que es deseable que las medidas de control puedan ser flexibles, particularmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que pueden tener dificultades financieras temporales en el momento de la evaluación del criterio de capacidad financiera. 
Esta posibilidad es particularmente importante debido al hincapié que actualmente se hace en el empleo en el plano europeo. 
Por consiguiente, la enmienda 10 puede ser aceptada. 
Señor Presidente, existe un ámbito en el cual la Comisión no puede aceptar las enmiendas presentadas. 
Aun cuando la Comisión es muy favorable al principio que sustenta estas enmiendas, cuyo objetivo es suprimir de la posición común los elementos relativos a los problemas de lo que se denomina " turismo del diploma» , ésta no puede aceptar que se descarte dicha solución de compromiso, que ha sido difícil de obtener. 
La Comisión está convencida de que la naturaleza temporal de la disposición, unida a la necesidad de consultar a la Comisión en todos los casos, constituye una base lo suficientemente restrictiva para su aplicación. 
La Comisión está también convencida de que la aplicación de las nuevas exigencias en materia de capacidad profesional hará que esta disposición sea superflua. 
Por eso la Comisión no puede aceptar las enmiendas 4, 5, 6 y 9. 
Señor Presidente, la Sra. Berger ha presentado un informe a la vez realista y fundado y continúa aportando una contribución constructiva a la iniciativa de la Comisión, lo que nos permite volver a examinar algunas cuestiones con el Consejo. 
Espero que en esta ocasión el Consejo se dé cuenta de las ventajas de las enmiendas. 
Todos deseamos que en este sector se apliquen normas más estrictas y una serie coherente de criterios, con el fin de que únicamente los transportistas que gocen de buena reputación sigan estando en el mercado para prestar servicios de alta calidad en el interés de sus clientes y de toda la sociedad. 
Les doy las gracias por su apoyo y estoy segura de que seguirán prestándoselo a la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
5º programa marco de I+D (Comunidad Europea) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40226/98) , en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Quinto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) (C4-0182/98-97/0119 (COD) ) (Ponente: Sr. Quisthoudt-Rowohl). 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, hoy pueden ver ante si una ponente feliz; debo decirlo con toda sinceridad. 
Comenzamos con una propuesta de la Comisión que queríamos modificar. 
Recuerdo que en la primera lectura tratamos unas 750 enmiendas que logramos pasar o no en numerosos y controvertidos debates. 
Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo. 
Hemos constatado con alegría como Parlamento y, en especial, yo como ponente, que la posición común del Consejo es tan satisfactoria para nosotros que solamente deseamos mejorar unos pocos puntos. 
Es igual lo bueno que sea un documento pues siempre se puede mejorar. 
Por ello, nos hemos concentrado en relativamente pocos puntos. 
En la comisión hemos aprobado la última semana unas 40 enmiendas casi unánimemente y, como siempre, hemos discutido algo sobre algunos detalles. 
No les sorprenderá que como Parlamento queramos elevar la totalidad de presupuesto para el quinto programa marco de investigación. 
Por ello, en la comisión hemos recogido unánimemente la suma originaria propuesta por la Comisión de 16.300 millones de ecus. 
La Comisaria siempre nos ha asegurado que esta suma se fijó tras minuciosas averiguaciones y concienzudas consideraciones. 
Le tomamos la palabra y no vamos a esperar solamente el apoyo de la Comisión sino que vamos a contar fijamente con ello durante la mediación. 
Hemos aprobado también unánimemente enmiendas que describen la participación del Parlamento Europeo durante la ejecución del programa. 
No queremos despedirnos como órgano legislativo de la política de investigación después de que probablemente mañana y tras la mediación, hayamos aprobado este programa marco. 
Pero la tan cacareada flexibilidad que la Comisión exige para si, no significa al mismo tiempo la arbitrariedad del Ejecutivo. 
Por ello, creemos que la Comisión debería estar sometida a la obligación de informar frente al Parlamento. 
También pensamos que a la mitad de la ejecución del programa podría haber una revisión y una nueva definición de los contenidos. 
Quizás no debamos modificar los grandes contenidos pero sí recapacitar sobre si todo lo que ahora decidimos es aún actual. 
Además, estamos decepcionados de que ninguna de las mejoras para las pequeñas y medianas empresas haya sido recogida por el Consejo. 
Tengo que decir muy sinceramente que me sorprende, pues continuamente se subraya el apoyo a las PYMES como creadoras de nuevos puestos de trabajo. 
Por ello hemos aprobado unánimemente las enmiendas y las hemos presentado de nuevo. 
Finalmente, una observación que sé afecta a un punto difícil. 
En el Tratado se dice claramente que la investigación es una parte de las políticas internas y que para estas cuestiones presupuestarias es competente el Parlamento junto con el Consejo. 
En consecuencia, hemos modificado también la posición común allí donde se habla del presupuesto para investigación y no de políticas internas; por lo demás, esto se hizo con el pleno acuerdo de nuestra Comisión de Presupuestos. 
De este modo, esperamos lograr una mayor transparencia y calidad. 
Es la calidad de la investigación europea la que hace su fuerza. 
Si la calidad es buena- no sólo suficiente, sino excelente- y si las vías decisorias son transparentes, aumentaremos también la aceptación por las ayudas a la investigación europea. 
Con frecuencia escuchamos la siguiente pregunta: ¿es necesario que pase por la Unión Europea, no hay otras vías? 
En el futuro vamos a tener que poder demostrar que es urgentemente necesario. 
Para finalizar, quiero felicitar a todos los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y de las comisiones que han emitido su opinión, por haber logrado aprobar un documento tan sólido con una mayoría muy amplia, en parte tras unos debates muy duros. 
Señor Presidente, Señorías, los social-demócratas no hemos expresado jamás una duda de que no apoyásemos la posición común del Consejo sobre el Quinto programa marco de investigación. 
Apoyamos sobre todo la estructura temática ya que tiene en cuenta nuestras propuestas más importantes de la primera lectura, entre otras, las acciones sobre la investigación básica socio-económica. 
No obstante, dudamos que las propuestas del Consejo respecto al presupuesto, al procedimiento de financiación y a la gestión sean suficientes. 
Permítanme que realice cuatro observaciones básicas. 
Primera: concentración. 
Aún sigue sin detectarse una reducción significante de los campos de ayuda. 
Es necesaria una reducción del número de proyectos y del alcance de los programas específicos si se quiere tomar en serio la concentración. 
Segunda: modernización institucional. 
Una administración eficaz exige que se transfiera a la Comisión la responsabilidad principal de la ejecución de los programas. 
Las comisiones de los programas tienen que limitarse a cuestiones de coordinación estratégica y normativa. 
El Parlamento tiene que participar eficazmente en el control de la ejecución de los programas. 
Tercera: innovación social. 
La innovación es un objetivo central del programa. 
Sin embargo, la innovación no es sólo un proceso técnico sino también un proceso social que tiene que optimizarse mediante la inversión en la cualificación de los empleados y en nuevas formas de la organización del trabajo. 
En este aspecto, Europa podría lograr una decisiva ventaja competitiva. 
Por ello, entre otras cosas, exigimos una acción en el sector de la sociedad de la información. 
El concepto de crecimiento tiene que salir por fin del callejón sin salida de un significado meramente cuantitativo. 
La estabilidad ecológica tiene que demostrar su ventaja para la economía europea y figurar, por ello, como máxima en el programa. 
Quiero decir aún algunas palabras sobre el presupuesto. 
Es un escándalo en la historia de las ayudas comunitarias a la investigación que el Consejo no quiera siquiera compensar la inflación. 
Por el contrario, quiere reducir la ayuda en términos reales en un 4 %. 
El compromiso alcanzado entre los grupos políticos en la fase previa a esta segunda lectura de 16.300 millones de ecus es una suma que mi grupo político solamente apoya porque se ve compelido a ello para lograr una mayoría cualificada, pero que si no fuese así, aumentaría claramente. 
Ante el umbral al siglo XXI, es necesario realizar más esfuerzos comunes para mejorar decisivamente la competitividad industrial, evitar grandes daños ecológicos y superar la exclusión económica de grupos de población enteros. 
Las inversiones para investigación deberían estar en consonancia, es decir, se debería ahorrar según el principio de la previsión pública para el futuro. 
Pero, lamentablemente, no se pudo llegar a un consenso al respecto con el lado conservador de esta Asamblea. 
Exijamos conjuntamente al menos lo que se acordó como mínimo denominador común en el informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, el enfoque presupuestario de la Comisión. 
Para finalizar, quiero felicitar a la ponente por sus esfuerzos, por el éxito tenido al lograr toda una serie de compromisos viables y por haber logrado que el Parlamento haya actuado más o menos consistentemente. 
Señor Presidente, la votación del V Programa marco representa para nuestro Pleno una importante ocasión para reiterar la necesidad de garantizar a la investigación europea ese apoyo que precisa para hacer frente al gran reto de la globalización. 
El valor añadido de la investigación europea es una realidad que ya ha quedado patente y, en vísperas del año 2000, el nexo existente entre la investigación y el desarrollo de la economía es claro y evidente. 
Los ciudadanos piden a la investigación y al desarrollo tecnológico que ofrezcan respuestas concretas a las necesidades, por ejemplo, del envejecimiento o de los minusválidos. 
Y también pienso en el empleo, el gran reto de este fin de siglo y, en este sentido, insisto en la necesidad de implicar al mundo de la producción en las actividades del V Programa marco y, en particular, pienso en el papel de las pequeñas y medianas empresas. 
A este propósito, creo que 2 y no 3 pequeñas o medianas empresas- como se prevé actualmente- a través de actividades de investigación en cooperación, pueden encomendar la solución de los problemas tecnológicos comunes a otras personas jurídicas dotadas de capacidades de investigación apropiadas. 
Al mismo tiempo, hago hincapié en la necesidad de que el Centro Común de Investigación fortalezca sus relaciones con los demás centros de investigación, al objeto de ejercer su función de centro de transferencia de tecnología, tal como todos hemos augurado en reiteradas ocasiones en el seno de nuestra comisión. 
Es evidente que no se pueden practicar recortes con respecto a la dotación financiera en un sector que representa el futuro de nuestros jóvenes y de nuestras economías. 
Hoy renunciar a la investigación significa ser menos eficaces y competitivos en el futuro. 
Es extremadamente importante afirmar así el papel de Europa. 
Por lo tanto y para terminar, confío en que cada uno desempeñe su papel y, al igual que los oradores que me han precedido, esperar que la Comisión y el Consejo respalden la posición del Parlamento en materia de financiación. 
Presidente, colegas, señor Comisario, quiero felicitar en nombre del grupo parlamentario liberal a la ponente Quisthoudt por su informe y agradecerle el trabajo que ha realizado. 
Porque sobre todo gracias a ella la Comisión de Investigación ha alcanzado una propuesta unánime para el presupuesto del Quinto Programa Marco. 
El grupo parlamentario liberal está muy contento con la propuesta de presupuesto tanto en lo que se refiere al límite máximo como en lo que se refiere al desglose del contenido. 
Espero por lo tanto que el Parlamento, en el procedimiento de conciliación, hable de nuevo con una sola voz. 
Mi grupo parlamentario tiene, sin embargo, un problema con la enmienda 31; esta enmienda permite separarse de la definición aceptada generalmente de la pequeña y mediana empresa. 
De esta forma las empresas de hasta 500 trabajadores, en lugar de hasta 250 trabajadores, pueden tener derecho a las ayudas para la investigación específicas para la pequeña y mediana empresa. 
Como ponente del programa específico sobre innovación y las PYME, no estoy de acuerdo con ello. 
Según mi experiencia las pequeñas empresas especialmente en el ámbito del fomento europeo a la innovación salen con una mano detrás y otra delante. 
Con una definición que incluye a las empresas de hasta 500 trabajadores entre la pequeña y mediana empresa, la mayor parte de los fondos para investigación van a parar a las empresas más grandes con 300, 400 y 500 trabajadores. 
Sin embargo, también y sobre todo, las empresas más pequeñas deben ser estimuladas en el proceso de la innovación. 
Y especialmente en el campo de la tecnología de la información y de la comunicación y de la biotecnología hay activas muchísimas pequeñas empresas. 
Ellas son las que pueden sacar un provecho óptimo de los fondos europeos para la investigación. 
Una restricción de la definición no excluye a empresas más grandes de su participación en el Quinto Programa Marco. 
Una ampliación de la definición da a las pequeñas empresas menor posibilidad de aspirar al, de todas formas, mínimo presupuesto de las PYME para los próximos cuatro años. 
Mi grupo parlamentario votará por lo tanto contra esta enmienda. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía ha llegado a un acuerdo unánime sobre el presupuesto mínimo indispensable para el Quinto Programa Marco de investigación y desarrollo gracias al tacto y a la receptividad de nuestra ponente, a la cual deseo rendir homenaje. 
Nuestra Asamblea, que se acerca a la opinión de la Comisión, debe dirigir un mensaje unánime al Consejo sobre la cuestión de la financiación, para abordar, en posición de fuerza, una conciliación que resulta difícil. 
Deseo llamar la atención de ustedes sobre un número limitado de enmiendas que atañen al corazón de la investigación europea. 
Este corazón son los hombres y mujeres, nuestros científicos, nuestros ingenieros. 
La Unión Europea debe ofrecerles el reconocimiento que merecen y la necesaria motivación, organizando cada año un gran Premio europeo de investigación científica y técnica, como propone la enmienda 34. 
Este corazón también lo componen nuestras infraestructuras de investigación. 
La Unión Europea debe movilizar todos sus recursos para mantenerlas. 
Se trata de procurar que el Quinto Programa Marco se apoye asimismo en los Fondos estructurales, en el Fondo Europeo de Inversiones y en los fondos del Banco Europeo. 
Este es el objetivo de la enmienda 18. 
Asimismo, el Centro Común de Investigaciones debe gozar de mayor autonomía, teniendo ciertamente como contrapartida un procedimiento de evaluación independiente, como lo establece la enmienda 19. 
Finalmente, las enmiendas 20 y 21 restituyen la coherencia y la concentración que debe tener el Quinto Programa Marco, tratando paralelamente las cuestiones del ámbito de la salud que guardan relación con nuestra nutrición y con nuestro entorno. 
Aquí están en juego el corazón y las arterias de todos los europeos. 
Señorías, al aprobar estas enmiendas por una fuerte mayoría, podremos abordar la codecisión en condiciones inmejorables. 
Se trata de construir una política europea de la ciencia y de la tecnología que esté a la altura de nuestras ambiciones, es decir, al servicio de todos los europeos. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente por el trabajo tan cuidadoso y sensible con el conjunto de opiniones que se ha vertido en comisión y que ha hecho que el informe llegue hasta aquí con una gran unanimidad, respaldo que avala la labor hecha por la ponente. 
Quiero centrar estos pocos segundos que tengo en lo que, para mí, es la profunda contradicción de esta construcción que estamos viendo de la Unión Europea. 
Somos conscientes y decimos que Europa está en inferioridad en relación con Norteamérica o Japón e, incluso, con otras regiones que suben el PIB destinado a investigación en estas cuestiones y, sin embargo, nosotros estamos bajando la inversión y, además, también la bajamos dentro de cada país miembro de la Unión Europea. 
Me pregunto cómo es posible avanzar con una perspectiva de reducción del gasto destinado a la investigación. 
Señor Presidente, permítame que debido al poco tiempo de que dispongo solamente exponga unos conceptos claves sobre mi crítica. 
En primer lugar, la dotación financiera: según el Tratado de Dublín, sería necesario un 6 %, suma que no se contempla aquí en absoluto. 
Sólo quiero indicar que Norteamérica acaba de acordar una tasa de aumento anual del 8 %, lo que supone un 32 % en cuatro años. 
También quiero llamar la atención sobre la absoluta desproporción existente entre energía nuclear y no nuclear. 
Para la energía nuclear hemos previsto 1.260 millones de ecus y para la no nuclear- que incluye la del carbón y las renovables- solamente 1.004 millones de ecus. 
Creo que esto solamente se debe a que andamos a la zaga de esta quimera de la fusión, con lo que no hacemos justicia a nuestras tareas, por ejemplo, si pienso en el Tratado de Kyoto. 
Además, es cada vez más urgente que nos preguntemos a quién aporta algo el crecimiento y cómo debe ser el crecimiento. 
¿Van a ser las personas más felices, sanas o estar más satisfechas? 
A ello debemos dirigir nuestra atención. 
El otro aspecto es el de las tecnologías de la información. 
Estamos entrando en unos tiempos en los que muy probablemente una parte de la población de la UE y, sobre todo, de otros países, no va a participar en absoluto en los conocimientos pues estas personas están excluidas, es decir, no pueden participar en las nuevas tecnologías de la información. 
Esto va a ocasionar una gran discrepancia, no sólo en la Unión Europea sino también en muchos otros países con los que tenemos que cooperar, en el área asiática o en los países en vías de desarrollo. 
Tendríamos que gastar mucho más dinero para poder trabajar en esa dirección. 
No se trata de energía o del medio ambiente sino de las consecuencias de una tecnología de la información que crece muy rápidamente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, al igual que los demás diputados desearía asociarme a las felicitaciones expresadas, con toda razón, a nuestra ponente y recordar que, cuando emprendimos la aventura del Quinto Programa Marco, el Parlamento tenía dos importantes deseos que formular. 
El primero se refería a la forma, a la estructura del programa marco. 
Queríamos romper con el modelo lineal de la investigación, que pertenecía al pasado, en favor de un modelo interactivo que asociara acciones canalizadas y tecnologías genéricas. 
Nuestros deseos han sido satisfechos a partir de la fase de la propuesta de la Comisión. 
En segundo lugar, deseábamos que dicho programa marco no respondiera únicamente a la voluntad de garantizar la competitividad de nuestras industrias, sino que fuese, además, un instrumento de respuesta a la demanda social. 
También en este punto, la Comisión se orientaba ampliamente en el sentido de nuestros deseos. 
Y la buena sorpresa que hemos tenido por parte del Consejo, en la posición común, ha sido que éste no sólo ha confirmado lo que habíamos realizado con la Comisión, sino que, además, ha transformado el resultado, yendo aún más lejos que la Comisión, en el sentido del Parlamento. 
La mala sorpresa ha sido, en cambio, que el Consejo no se dota, o no nos dota, de los medios necesarios para realizar la política con la que el propio Consejo estaba de acuerdo. 
Entonces, ya que no podemos expresarnos en lugar del Consejo, pero como, al menos, podemos hacernos oír, desearía decirle tres cosas. 
La primera es que no estamos decididos a hacer muchas concesiones- me han comprendido bien -, por cuanto estamos exactamente en la misma línea que la Comisión. 
Por lo tanto, no cederemos. 
La segunda es que si, a pesar de todo, por necesidad, debemos aceptar situarnos por debajo de los 16, 3 millardos, no habrá reducción lineal. 
Mala suerte para algunas prioridades del Consejo. 
Finalmente, en tercer lugar, para nosotros existen puntos fundamentales, como son los medios indispensables para garantizar la independencia del Centro Común de Investigación y, para responder a la Sra. Bloch von Blottnitz, los cometidos esenciales del Tratado Euratom, entre los cuales se encuentra la fusión termonuclear. 
Pero en este sentido hablo únicamente en nombre propio. 
Señor Presidente, desearía felicitar calurosamente a la ponente, la Sra. Quisthoudt-Rowohl, por la elaboración del presente informe. 
Es preciso que la maquinaria comunitaria decida la adopción, con la mayor brevedad posible, de un Quinto Programa Marco que permita continuar la práctica, sin interrupciones, de una investigación europea competitiva una vez que haya finalizado el presente período de programación. 
La Comisión no debe frenar con sus acciones esta toma de decisiones aplazando el examen hasta la conciliación. 
Aferrándonos obstinadamente a nuestras opiniones no lograremos ningún resultado final. 
De cara al futuro, el agua representa un importante tema de estudio en el marco del quinto Programa marco. 
El agua pura, ya sea para su consumo, de superficie o subterránea, reviste una gran importancia para toda la UE, ahora y en el futuro. Por ejemplo, el 20 % del agua de superficie de la UE está amenazado por la contaminación. 
Por este motivo, es necesario conservar con la ayuda de la investigación este recurso cada vez más raro en aquellas regiones donde aún haya agua limpia. 
En los estudios se debería prestar mayor atención, por ejemplo, a la capacidad de detección de los recursos minerales en los estudios de las aguas subterráneas. 
Si en alguna región existe, por ejemplo, radiactividad, por medio de estos recursos es posible detectarla sin necesidad de llevar a cabo largas investigaciones de las aguas subterráneas. 
Para la investigación y la competitividad europeas, es importante que el presupuesto del programa marco sea lo más elevado posible, puesto que solamente de esta manera será posible garantizar un futuro de alto nivel para Europa. 
Señor Presidente, los cuatro programas marco de investigación consecutivos han financiado esencialmente proyectos de investigación precompetitiva, que ocupa una posición intermedia entre la investigación de base y el desarrollo comercial de los productos. 
Estos programas han tenido el mérito de desarrollar trabajos de cooperación entre investigadores, universidades y empresas, pero han tenido escasas repercusiones desde el punto de vista económico y social y no han permitido que Europa recuperara sus retrasos en muchos ámbitos, en particular en los sectores de futuro. 
Estas carencias se debían esencialmente a la dispersión de los créditos, a su dilución en un número demasiado elevado de programas y a la falta de flexibilidad en la afectación de los créditos para responder a nuevas necesidades. 
Con respecto al Quinto Programa Marco, la Comisión ha corregido estas carencias, concentrando los créditos en un número más limitado y más canalizado de actividades, buscando mejorar su gestión y simplificar el procedimiento. 
Estas orientaciones han sido globalmente aprobadas por el Parlamento y el Consejo, pero ha surgido un desacuerdo sobre el importe de los créditos. 
Mientras que la Comisión y nosotros reclamamos un aumento sustancial de los mismos a fin de situarlos en 16, 3 millardos de ecus para cinco años, el Consejo se ha decidido por 14 millardos, lo que corresponde a una reducción en términos reales en relación con el Cuarto Programa Marco. 
Frente al retraso de la Unión Europea en el ámbito de la investigación respecto a los países competidores, es necesario aumentar los créditos para situarlos en 16, 3 millardos de ecus y mejorar sustancialmente su utilización y la ejecución de los proyectos. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente. 
Sé que se trata de una difícil tarea equiparable a la cuadratura del círculo. 
Hay que unificar intereses que con frecuencia no se pueden unificar. 
Lo decisivo es que el Parlamento cierre filas ahora. 
Tenemos un claro adversario, el Consejo. 
Solamente podremos oponernos a él si seguimos en el camino que hemos iniciado y ruego también a la Comisión que apoye en esta tarea al Parlamento. 
Mi segunda observación va dirigida a un problema que no podemos solucionar con el Quinto programa marco de investigación y sobre el que quiero llamar la atención. 
Se trata del creciente conflicto Norte-Sur dentro de la competitividad industrial. 
Lamentablemente, los Estados del Sur han reducido aún más intensamente que los del Norte sus gastos de investigación en los últimos años, a pesar de que aquellos tenían ya unos gastos relativamente bajos. 
Esto hará que en el futuro exista un abismo aún mayor entre el Norte y el Sur. 
Quiero rogar a la Comisión que dedique a este tema una atención especial, no porque crea que el Quinto programa marco de investigación pueda solucionar este problema, pues para ello disponemos de muy poco dinero. 
Pero debe surgir la voluntad política de hacerlo, tanto en el Sur, concepto en el que englobo a los Estados con un producto interior bruto más reducido, como también en el Norte. 
Estos países no siempre son más ricos, pero por lo general, dedican más a la investigación. 
Debemos llegar a una solución, de lo contrario surgirá un abismo cada vez mayor por el que tendremos que pagar un alto precio y que no podremos superar intensificando la política regional. 
Este es mi ruego para que recapaciten. 
Por lo demás, muchas gracias de nuevo y espero que opongamos un decido frente común al Consejo. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, estimados colegas, en primer lugar agradecer a la ponente, la Sra. Quisthoudt, el extraordinario trabajo que ha realizado. 
El punto central en esta segunda lectura se refiere a las diferencias con el Consejo en relación con el presupuesto para el Quinto Programa Marco. 
El Consejo propone un importe máximo, sin considerar Euratom, de 12, 740 millardos de ecus, mientras que el Parlamento propone unos 15 millardos, y el núcleo de las diferencias reside, por lo tanto, en los dos millardos de más que el Parlamento quiere destinar a los cuatro temas investigación, a saber la calidad de la sociedad de la información existente y fácil de utilizar, competencia y crecimiento sostenible y energía y medio ambiente. 
Señor Presidente, es muy importante aumentar la capacidad competitiva de Europa, y resolver los problemas sociales en este terreno, y que el Consejo se convenza del punto de vista del Parlamento. 
La investigación es uno de los buenos métodos para garantizar el empleo a largo plazo en la Unión Europea. 
Tal y cómo están ahora las cosas es inevitable una ronda de mediación con el Consejo. 
Atendiendo a la experiencia que hemos adquirido nosotros como Parlamento, con relación al papel de la Comisión en el procedimiento de conciliación en cuanto a los 700 millones de ecus extras para el cuarto programa marco, querría solicitar encarecidamente a la Comisión que fijara en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo la estrategia para el procedimiento de mediación con el Consejo. 
Sólo si el Parlamento y la Comisión actúan juntos en este punto será posible atraer hacia nuestra parte al Consejo. 
La Comisión ha de evitar dar la impresión al Consejo de que está menos firme con respecto al límite máximo del presupuesto para investigación que el Parlamento Europeo. 
Quiero específicamente una respuesta de la Señora Comisaria a esta pregunta y saber si está dispuesta a desarrollar una estrategia de este tipo, en común con el Parlamento. 
Señor Presidente, lamento que estemos debatiendo un tema de esta importancia a estas horas de la tarde. No creo que sea lo apropiado. 
No obstante, quisiera felicitar al ponente. 
Debo decirle que es una Dama que impone duras condiciones. 
Pero he disfrutado de nuestros interesantes debates y me siento muy satisfecho de que hayamos alcanzado un resultado. 
El tema de la semana, tal y como se expresa en Cardiff, es " acerquemos Europa a los pueblos». 
¿Qué mejor modo de hacerlo que involucrar a los mejores cerebros de Europa, en nombre de los pueblos, para atajar los problemas que preocupan a éstos? 
Para eso es para lo que está el programa marco. 
Me siento muy satisfecho sobre la atención que se le está prestando a la cuestión del equilibrio de género, imponiéndose en todas las políticas de la Comunidad, incluyendo el Quinto Programa Marco. 
Quisiera, sinceramente, dar las gracias a nuestra Comisaria, la Sra. Cresson por la atención prestada, que será muy apreciada por mucha gente en esta Asamblea. 
Otra directriz del Quinto Programa Marco debe ser el desarrollo sostenible. 
Debemos tener en cuenta permanentemente que los recursos son finitos y que en la Comunidad debemos mejorar la vida de todo el mundo. 
Como muchos otros tengo mis dudas sobre lo acertado de que, en el Quinto Programa Marco, Euratom gaste cientos y cientos de millones de ecus en la investigación sobre la fusión nuclear, que no va a generar electricidad estando en vida los presentes en esta Cámara. 
Pero sea. 
La investigación socioeconómica, que nos dice cómo está creciendo nuestra sociedad y qué se puede hacer mejor, es esencial. 
Lo que quiero ver en el Quinto Programa Marco, que no apareció en todas las áreas del cuarto, es la atención a las implicaciones que los resultados de las investigaciones, en las que están trabajando estos cerebros, tienen para nuestra sociedad. 
Esto se suponía en el Cuarto Programa Marco, pero no se produjo. 
Queremos, con toda seriedad, las implicaciones de cada investigación que se contemple en el Quinto Programa Marco. 
Esto es muy importante tanto para algunos sectores específicos como la informática como para otros donde se reconocen importantes implicaciones sociales. 
Espero que el Consejo de Ministros tenga la intención de actuar racionalmente. 
No es racional hacer un corte en términos reales en la investigación para 1999 y el principio del próximo siglo. 
Espero, por tanto, que sean muy conscientes de que no vamos a aceptar algo que, en términos reales, reduzca el Quinto Programa Marco en comparación con el cuarto. 
Eso es lo que el Parlamento no quiere. 
Estamos acercando Europa a la gente. 
Como he dicho anteriormente sólo lo podremos hacer con un presupuesto adecuado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como autora de la opinión de la Comisión de Agricultura, felicito a la ponente y saludo la posición común del Consejo que ha recogido las sugerencias de nuestra comisión y ha incluido en el tema un punto propio sobre energía, medio ambiente y desarrollo sostenible. 
En este contexto, quiero destacar que el Consejo en su capítulo " Sistemas de energía compatibles con el medio ambiente» , subraya expresamente la biomasa dentro de las fuentes de energía renovables. 
Este es un gran éxito que subraya el positivo proceso de cambio de actitud en la política de la UE. 
La factibilidad de un mayor uso de agentes energéticos renovables, lo demuestran los datos de Austria, Finlandia y Suecia, donde la proporción de fuentes de energía renovable en el consumo de energía se encuentra entre el 20 y el 25 %. 
La política de la Unión Europea apunta a un desarrollo sostenible y a un uso sostenible de recursos naturales, lo que está garantizado por el mayor empleo de tales fuentes de energía. 
Para mí esto es también esencial de cara a la protección del medio ambiente, sobre todo también de cara al desarrollo de las áreas rurales. 
En este contexto, quiero saludar también que el Consejo se pronuncie en favor de un desarrollo sostenible en la agricultura, pesca e industria forestal. 
Al mismo tiempo quería subrayar que para un área rural realmente integrada, la agricultura de montaña debe ser también tenida en cuenta. 
Lo que quiero criticar es la demasiado escasa asignación de créditos. 
Señor Presidente, el ponente merece todas las felicitaciones por mi parte, por presentar esta tarde ante este Parlamento un informe que está granjeando un amplio apoyo y que espero que nos vaya a ser provechoso en la conciliación que nos aguarda. 
La primera cuestión que quiero comentar es que, en relación con la financiación, no debemos permitir que se produzca una reducción, en términos reales, de la cantidad que destinamos a investigación. 
El precio del barril de petróleo está en su nivel histórico más bajo. 
No obstante los Estados Unidos están cuadruplicando el apoyo que otorgan a las industrias de suministro y servicios petrolíferos. 
Cuando iniciamos el Cuarto Marco, el Tercer Marco, el Segundo Marco, el Primer Marco, la sociedad era más pobre que ahora. 
Y sin embargo, żvamos a creer que ahora somos más pobres en nuestras aspiraciones sobre lo que deseamos en el futuro? 
No puede ser. 
Hay dos cuestiones específicas que deseo mencionar. 
En primer lugar debemos tener combustible sólido en la previsión de este programa. 
Puede que no nos guste el carbón, pero el uso del carbón está aumentando en todo el mundo y no deberíamos olvidarlo. 
En segundo lugar, deberíamos añadir el trabajo para los discapacitados como también para la población madura. 
No es siempre el mismo caso, pero debemos prestar atención a este problema de nuestra sociedad. 
Mi último comentario es que debemos darnos cuenta de que somos ricos en lo que ya hemos conseguido en nuestros programas de investigación y tenemos que explotarlo más de lo que lo hemos hecho en el pasado. 
Si somos capaces de lograr eso en el Quinto Programa Marco deberíamos sentirnos ciertamente afortunados. 
Señor Presidente, señora Ponente, señoras y señores Diputados, nos hallamos al principio de la fase crucial del procedimiento de aprobación, en el marco de la codecisión, del Quinto Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico. 
Gracias al trabajo realizado en las tres instituciones, y sobre todo en el seno de esta Asamblea, los objetivos están ahora bien definidos, y las posiciones, clarificadas. 
Pronto llegará la hora de las decisiones. 
Centraré mi intervención en tres puntos: en primer lugar, el importe financiero del Quinto Programa Marco, del que mucho se ha hablado en las intervenciones de hace un momento; en segundo lugar, la posición de la Comisión sobre el proyecto de recomendación que se les somete en esta segunda lectura; finalmente, la cuestión del calendario del lanzamiento del Quinto Programa Marco. 
Con respecto al importe financiero del Quinto Programa Marco, desearía ante todo dar las gracias a la ponente, la Sra. Quisthoudt-Rowohl, así como a todos los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, por la calidad del trabajo realizado. 
En menos de tres meses, se ha podido elaborar un proyecto de recomendación. 
Esto es notable puesto que se trata de un expediente difícil y complejo, sobre el que las posiciones iniciales estaban lejos de ser concordantes, como la Sra. Quisthoudt-Rowohl y otros oradores lo acaban de recordar. 
Todos ustedes han sabido realizar los esfuerzos necesarios para acercar sus posiciones, y desearía, naturalmente, felicitar a la ponente por sus calidades de negociadora, así como a todos los diputados que han llevado a cabo este esfuerzo, por haber logrado un compromiso y haber sabido distinguir aquello que es realmente importante de lo que lo es menos, y ponerse de acuerdo sobre lo primero. 
Hoy la Comisión expresa a través de mi persona todo su reconocimiento a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, que ha apoyado su propuesta tendente a dotar a este Quinto Programa Marco con un presupuesto de 16, 3 millardos de ecus. 
Es cierto que esta cifra es producto de un razonamiento en el que hay que tomar en cuenta, primeramente, el proceso de inflación, luego el aumento del producto interior bruto (como decía hace un momento el Sr. Adam, somos más ricos que hace algunos años, lo cual habría que tener en cuenta) y- puesto que en todos los discursos políticos y en todas las cumbres se dice que la investigación constituye una prioridad absoluta- un aumento en valor real del 3 %, lo cual no nos parecía cuestionable. 
Como he subrayado públicamente en varias ocasiones, la cifra de 14 millardos aprobada por el Consejo el 12 de febrero no es aceptable, ni mucho menos. 
Desearía, respecto a este punto, tranquilizar a aquellos que aún podrían abrigar dudas. 
Hace un momento, he oído al Sr. van Velzen preguntarse si la Comisión defendía siempre la misma posición y si estaba dispuesta a definir una estrategia con el Parlamento. 
Es evidente que sí; nosotros defendemos la misma posición y estamos absolutamente dispuestos a luchar con ustedes para que no disminuya el presupuesto para investigación, sino para que aumente, ya que, como se ha recordado desde todos los escaños del Parlamento, nos encontramos, en relación con nuestros grandes competidores, en una situación en la que todos (o casi todos) los Estados miembros reducen el presupuesto para investigación, cuando se dice constantemente que ha de aumentarse. 
A diario, la actualidad nos recuerda el papel fundamental que desempeña la investigación en el progreso económico y social y su contribución indispensable al crecimiento, a la competitividad, al empleo y a la calidad de vida de nuestros conciudadanos. 
Asimismo, doy las gracias a aquellos que han subrayado esta dimensión de promover la calidad de vida, así como la dimensión social de la investigación, ya que ésta no se realiza únicamente para aumentar la competitividad. 
En las nuevas vías que hemos explorado en materia de investigación en el plano europeo- como la lucha contra el cáncer, la multiplicación de los nuevos servicios de las redes electrónicas de información, los estudios sobre los terremotos y los fenómenos climáticos -, la investigación y el desarrollo tecnológico son la base de todos los éxitos económicos, y son indispensables para resolver los problemas a los que se enfrenta la sociedad. 
Esto se puede observar perfectamente, por otro lado, en el concepto de acción clave, instrumento por excelencia de este nuevo enfoque de la investigación, de cuya plena aprobación por el Parlamento me felicito. 
Es verdad que nosotros hemos tratado de realizar una labor de concentración, pero también hemos tratado de contar con un enfoque global para cada uno de estos problemas. 
Hace un momento, el Sr. Adam se refería al envejecimiento de la población; precisamente, existe una acción clave sobre esta cuestión. 
Pero no nos engañemos: sólo se obtendrá un efecto real si se dota al Quinto Programa Marco con unos medios que estén a la altura de sus ambiciones. 
No será fácil alcanzar este objetivo, ya que existe una diferencia importante entre las posiciones que comparten el Parlamento y la Comisión y las del Consejo, y me parece inevitable tener que recurrir al procedimiento de conciliación. 
En la perspectiva de este procedimiento se plantea la cuestión que es objeto de mi segundo punto, es decir: la posición de la Comisión sobre el proyecto de opinión en segunda lectura. 
Nuestro objetivo común debe ser llegar lo más rápidamente posible a un acuerdo global en el seno del comité de conciliación. 
Con respecto a la estructura y al contenido del Quinto Programa Marco, la posición común del Consejo refleja bastante bien muchas enmiendas que ustedes han incorporado en primera lectura y que la Comisión había recogido en su propuesta modificada, pero no ocurre lo mismo con otras muchas enmiendas. La Comisión se preocupa por no retrasar la toma de posición del Consejo sobre la segunda lectura. 
La unanimidad es, incluso hoy, indispensable- puesto que el Tratado de Amsterdam no está ratificado -, aun cuando se haya decidido que en lo sucesivo los asuntos de investigación se decidirían por mayoría cualificada. 
Ahora bien, las posibilidades de obtener la unanimidad sobre una nueva modificación de su propuesta son, por otro lado, muy escasas. 
Por lo tanto, la Comisión ha optado por mantener su propuesta modificada, incorporando sólo las enmiendas que ya había recogido, tal como habían quedado- o, en la mayoría de los casos, sin cambios -, tras la primera lectura. 
Considero que esta posición es defendible teniendo en cuenta que estamos preparando un arsenal de disposiciones que van en el sentido de una parte importante de dichas enmiendas. 
Me refiero sobre todo al conjunto de las enmiendas relativas, en general, a la ejecución y a la gestión del programa marco. 
Durante el coloquio ministerial sobre la gestión del programa marco, celebrado el pasado 28 de abril en Londres, por iniciativa de la Presidencia británica del Consejo, tuve la ocasión de presentar a los ministros de Investigación las medidas previstas por la Comisión. 
Previamente, yo había encargado un estudio y había consultado a los Estados miembros, que reunieron a sus representantes en tres grandes grupos de trabajo. 
Se trataba, por lo tanto, de unos trabajos preparatorios muy amplios que desembocaron en dicho Consejo interministerial de Londres. 
Desearía presentar, a título de ejemplo, algunas de estas medidas. 
Primeramente, la creación de una nueva estructura de consulta y de opinión basada sobre todo en grupos consultivos de expertos procedentes de todos los ámbitos. 
En segundo lugar, la simplificación de los procedimientos y, en la medida de lo posible, el acortamiento de los plazos para tratar las propuestas, lo cual todos exigen: cada vez que los Estados solicitan la constitución de comités suplementarios, ello significa- debe saberse- que el procedimiento se retrasará otra vez. 
Esto es lo que expliqué en Londres. 
No se puede pedir una cosa y a la vez lo contrario. 
Otra medida: el refuerzo de las redes de información y de ayuda a las pequeñas y medianas empresas. 
Hace un momento, el Sr. Scapagnini y otros oradores se han referido a las PYME. 
Nosotros hemos prestado una atención muy especial a las mismas. 
Por otro lado, desearía recordarles que las PYME que se han beneficiado de los fondos comunitarios de investigación han aumentado en un 30 %; el 75 % de estas PYME nunca se habían beneficiado de un programa de investigación. 
Es cierto que lo que se ha dicho hace un momento sobre las empresas- la definición de las PYME, la cifra de 500 referida a las empresas innovadoras, a las PYME innovadoras, a las " start-ups» , que vemos en casi todas partes- es importante. 
Debemos reflexionar para tratar de ayudar al máximo a las pequeñas empresas verdaderamente innovadoras (y realmente pequeñas, si se me permite la expresión). 
Hablemos de la realización regular de ejercicios de comparación de resultados de las organizaciones nacionales y europeas en materia de gestión de programas de investigación, comparación que, por otra parte, ya se ha iniciado y que puede sorprender a algunos Estados miembros, porque en resumidas cuentas advertimos que los gastos administrativos, que siempre se reprochan a la Comisión, son a menudo inferiores a los de algunos organismos de los Estados miembros. 
Por lo tanto, si se realiza lo que se denomina " bench-marking» , puedo decirles que los resultados serán más bien favorables a la Comisión y a su acción administrativa. 
Todas estas iniciativas deberían no sólo ayudarnos a hacer avanzar el Quinto Programa Marco y a hacer del mismo un instrumento eficaz, transparente, abierto, sino que también deberían facilitar la evaluación de su funcionamiento y de sus resultados en el sentido que desea el Parlamento. 
Pienso que gozaremos de mayor credibilidad en la medida en que actuemos de manera abierta y clara y en que nos prestemos- de muy buen grado, créanme- a que se realicen ejercicios de evaluación por expertos independientes, y en cuyo caso podremos invitar al conjunto de los representantes de los Estados miembros para que examinen los resultados. 
En este último punto no tememos encontrarnos con un número elevado de personas, porque tenemos una administración de buena calidad y porque nuestros procedimientos son perfectamente claros. 
Desearía hacer dos observaciones: en primer lugar, la Comisión procura intensificar sus esfuerzos para mejorar la información del Parlamento sobre el desarrollo de los programas, así como sobre la ejecución de las medidas tendentes a aumentar la eficacia de la gestión de estos programas. 
Nuestra cooperación no acabará con la decisión del Consejo sobre el Quinto Programa Marco; por el contrario, ésta continuará. 
No sólo he tenido mucho gusto, sino también interés en discutir especialmente con los representantes de la Comisión de Investigación, porque las sugerencias que ustedes han hecho, que han enriquecido considerablemente nuestra reflexión, nos han permitido avanzar mucho. 
Si lo desean, señoras y señores Diputados, la Comisión está mucho más dispuesta a organizar con el Parlamento un seminario sobre la gestión del programa marco, y yo tendría mucho gusto en organizar dicho seminario. 
En segundo lugar, la Comisión está decidida a actuar en el marco del procedimiento de conciliación, para obtener un compromiso global con el sello claro del Parlamento Europeo, y, mediante algunas adaptaciones, es posible, en efecto, llegar a un acuerdo sobre el contenido de la mayoría de las enmiendas. 
Paso ahora a mi último punto: el Quinto Programa Marco debe lanzarse lo antes posible, lo que me lleva a referirme al calendario. 
Como ya he tenido la oportunidad de subrayarlo ante esta Asamblea, para evitar una interrupción perniciosa del esfuerzo europeo de investigación, los programas específicos del Quinto Programa Marco deben ser operativos desde principios de 1999. 
Gracias, en parte, a los esfuerzos del Parlamento Europeo, el procedimiento de aprobación del programa marco ha podido llevarse a cabo a un ritmo sostenido. 
Este impulso debe ahora mantenerse si deseamos estar en condiciones de respetar los plazos previstos. 
Esto no será fácil habida cuenta de la discrepancia de opiniones sobre el importe financiero, que muchos de ustedes han subrayado. 
Pero estoy segura de poder contar con el Parlamento Europeo en este sentido, y les doy las gracias por anticipado por sus esfuerzos. 
Tengan la seguridad de que en este asunto somos totalmente solidarios. 
Deseo decirlo con firmeza: ustedes pueden contar, en el marco de la negociación, con el decidido apoyo de la Comisión para dotar al programa marco con un importe global que esté a la altura de sus ambiciones. 
Desearía decir ahora algunas palabras sobre algunas intervenciones. 
He hablado de pequeñas y medianas empresas. 
La Sra. Plooij-Van Gorsel ha mencionado la cifra tope. 
Es verdad que hemos hecho un esfuerzo y que continuaremos haciéndolo. 
Deseo mucho ayudar a las pequeñas empresas innovadoras. 
El Sr. Pompidou ha mencionado la posibilidad de crear un Premio europeo de investigación científica y técnica. 
Debo decir que esta propuesta no es competencia del programa marco de investigación y desarrollo, pero que se trata ciertamente de una buena idea, y sólo pido que se la estudie. 
También ha llamado nuestra atención sobre los problemas de la nutrición, que están a la orden del día y que merecerán cada vez más la atención de nuestros conciudadanos. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Marset Campos. 
No podemos menos que sorprendernos de que Europa pueda bajar la guardia, cuando los Estados Unidos y otros grandes competidores de Europa están aumentando- realmente, y a veces en proporciones considerables- su esfuerzo de investigación. 
Señora Bloch von Blottnitz, debo manifestar que hemos retrasado la toma de decisión sobre el problema de la fusión. 
La hemos retrasado al menos tres años. 
Por lo tanto, creo que este cambio de orientación va en el sentido de su preocupación. 
Desearía agradecer al Sr. Desama por su contribución. 
Ha dicho que hemos roto con el modelo lineal, para orientarnos hacia un modelo mucho más interactivo, y que hemos dado preferencia al aspecto genérico de los problemas con respecto a su aspecto puntual. 
También nos hemos preocupado por el aspecto social. 
Soy sensible a lo que ha dicho sobre el CCI. 
Es cierto que he dicho al Consejo que si se reducía mucho el presupuesto quizá sería necesario prever el cierre de una de las siete sedes del CCI y que el Consejo tendría que decirme cuál. 
Es evidente que cuando se entra en este género de detalles, la cuestión se complica cada vez más. 
Suscribo plenamente lo que ha dicho hace un momento la Sra. Matikainen-Kallström sobre el agua. 
Es cierto que en las acciones clave también existen elementos que van en este sentido. 
La Sra. Elmalan se ha referido al problema de la corrección, en el Quinto Programa Marco, de la organización de las acciones de investigación, y ha dicho que éstas eran demasiado dispersas. 
Hemos tratado de concentrarlas, de corregir nuestros defectos, con la ayuda de las sugerencias que ustedes nos han hecho. 
Como siempre, he escuchado con mucha atención lo que ha dicho el Sr. Linkohr, en particular sobre las diferencias entre el Norte y el Sur. 
Es verdad, pero nuestro presupuesto sólo representa alrededor de un 5 % del total de los presupuestos de los Estados miembros. 
Por lo tanto, si los Estados miembros no hacen todo lo necesario al respecto, no veo lo que podemos hacer nosotros. 
Dicho esto, tenemos acuerdos de colaboración con algunos Estados, especialmente en el Sur. 
Hace un momento he dicho cuánto había apreciado la intervención del Sr. van Velzen. 
Es rigurosamente exacto que habrá una estrategia común, que tendremos la oportunidad de discutir en el marco del procedimiento de conciliación. 
La Sra. McNally ha hecho hincapié en particular en el deseo de la Comisión de que la proporción de mujeres sea algo más equilibrada- no diré satisfactoria, porque nos equivocaríamos- con respecto a la situación actual. 
Es verdad que el coloquio que organizamos en Bruselas, " Mujeres y Ciencias» , tuvo un gran éxito, una gran repercusión, no tanto en la gran prensa, sino más bien en los medios científicos. 
El desarrollo de dicho coloquio me ha dejado, personalmente, muy contenta. 
Creo que aquellos y aquellas que participaron en el mismo están totalmente satisfechos. 
Lo que ha dicho la Sra. Schierhuber sobre la biomasa es muy interesante. 
Pero creo que en relación con las nuevas tecnologías en el ámbito de la energía, aun cuanto se puede decir que existe un problema de investigación, los descubrimientos han sido numerosos. 
Lo que falta es la voluntad de aplicarlos. 
Esta vez, creo que, más que los recursos destinados a la investigación, lo que falta es esta voluntad. 
Si existe una política para las energías alternativas y si algunos Estados miembros quieren promoverlas, es evidente que nosotros los apoyaríamos plenamente. 
El Sr. Adam ha dicho que éramos más ricos. 
Efectivamente, no somos muy ricos, pero somos, con todo, algo más ricos que hace algunos años, y no veo por qué nuestra investigación tendría que ser más pobre, cuando en el mundo entero ocurre exactamente lo contrario. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Energía para el futuro- Electricidad generada con fuentes de energía renovables 
A4-0207/98 de la Sra. Rothe, sobre la comunicación de la Comisión sobre Energía para el futuro: fuentes de energía renovables- Libro Blanco para una estrategia y un plan de accióncomunitarios COM (97) 0599- C4-0047/98) , y-A4-0199/98 del Sr. Linkohr, sobre el acceso de las energías renovables a la red eléctrica (iniciativa legislativa) -establecimiento de una directiva europea relativa al suministro a la red de la electricidad generada con fuentes de energía renovables en la Unión Europea. 
Señor Presidente, la positiva actitud del Parlamento Europeo frente a las energías renovables está documentada en numerosas resoluciones. 
Según el lema " ya se han pronunciado suficientes palabras, ahora queremos ver hechos» , el Parlamento ya ha exigido en dos informes una estrategia y un plan de acción concreto realizando él mismo propuestas al respecto. 
La Comisión debería saber que el Parlamento deposita unas grandes esperanzas en el Libro Blanco. 
Señor Comisario, hoy le puedo decir que no ha defraudado nuestras esperanzas. 
Aunque en algunos puntos habríamos deseado un mayor grado de concretización, el Libro Blanco muestra la vía correcta. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía apoya sin reservas el objetivo de duplicar la proporción de energías renovables hasta el año 2010 como objetivo mínimo, tal como se dice en el informe. 
No obstante, esperamos una determinación vinculante de los objetivos de los países a acordar entre la Comisión y los Estados miembros, objetivos que se deben subdividir por tipos de energía y corriente eléctrica a obtener al año. 
Pues precisamente los países miembros tienen que estar dispuestos a cumplir esta responsabilidad. 
En el Libro Blanco se llama acertadamente la atención sobre la gran importancia de las difíciles condiciones de competencia para las fuentes de energía renovables. 
Por ello, me voy a concentrar en un punto, el de un acceso justo a la red. 
La realidad de la política energética en la Unión demuestra que los países que disponen de regulaciones específicas sobre la alimentación de corriente eléctrica proveniente de energía renovable, registran las mayores tasas de crecimiento. 
Tanto en mi informe como en el del colega Linkohr exigimos a la Comisión que presente sin demora una propuesta de directiva que regule las condiciones para el acceso a la red de la corriente " verde» de modo que merezca la pena invertir y explotar instalaciones destinadas a obtener corriente eléctrica proveniente de fuentes de energía renovables y haga posible una amplia penetración en el mercado, con total independencia de qué sistema se escoja. 
Para apoyar las energías renovables son necesarias medidas legislativas como las arriba descritas así como unas políticas concretas de ayuda. 
Por ello, saludo que la Comisión prevea una gran campaña en favor de las energías renovables, cumpliendo así una exigencia del Parlamento. 
Proponemos que esta campaña se complemente con otra de información sobre " térmica solar y centrales térmicas solares». 
En la duplicación de las fuentes de energía renovables, la biomasa cobra una especial importancia en el Libro Blanco. 
Se trata de una señal muy positiva, en especial para las áreas rurales de la Unión Europea. 
Pero, señor Comisario, si nos queremos tomar en serio estas propuestas, deben tener también las correspondientes consecuencias en las propuestas para la reforma de la política agraria. 
Aquí existe una clara necesidad de recuperar terreno y quizás pueda comunicárselo a su colega Fischler. 
En total, el fomento de las fuentes de energía renovables no es sólo una tarea de la política energética. 
Es una tarea que afecta a todas las políticas comunitarias, por lo que debe ser tenida mucho más en cuenta en los programas de ayuda financiera de la Unión Europea, tanto en los comunitarios como en los programas con terceros Estados, pues los créditos necesarios para la gran campaña inicial se calculan solamente para las cajas públicas en 4.000 millones de ecus. 
Si la voluntad política, junto con la creatividad política en el ámbito de la Unión y de los niveles políticos nacionales y regionales, se dirige a las fuentes de energía renovables, esta duplicación se podrá alcanzar ya antes del 2010. De esto estoy segura. 
A ello hay que añadir también unos nuevos enfoques, por ejemplo, en la política de edificación. 
En esta línea, exigimos de los países miembros un programa de acción de " arquitectura solar». 
Siguiendo el modelo de las banderas azules de tanto éxito, deberían concederse, por ejemplo, soles dorados para hoteles y áreas de vacaciones. 
La política de ayudas a las energías renovables para que logren establecerse es tanto una necesidad como una oportunidad. 
La duplicación hasta el año 2010 representa una reducción anual de aproximadamente 400 millones de toneladas de CO2, con lo que se cumplirían dos terceras partes de los objetivos de Kioto. 
Pueden surgir entre 500.000 y 900.000 nuevos puestos de trabajo, se dan nuevos impulsos de política industrial, se abren oportunidades de exportación y, no en último lugar, la mayor utilización de energías renovables es la necesaria respuesta a la limitación de los soportes energéticos fósiles y a los problemas de la energía nuclear. 
Señor Comisario, ahora queremos ver hechos. 
Señor Presidente, prosigo donde ha terminado la señora Roth. 
Los precios de la corriente eléctrica y del gas van a descender en la Unión Europea entre el 20 y el 30 % como consecuencia de la creciente competencia. 
Así lo hemos querido. 
Entonces se plantea la pregunta de ¿qué oportunidades tienen aún las energías renovables, de las que sabemos además que por lo general son algo más caras, algunas incluso mucho más caras que las energías convencionales? 
La propuesta que se ha presentado aquí y que espero el Parlamento apruebe, da una respuesta a ello, al proponer un acceso justo a las redes para la corriente proveniente de energías renovables, proporcionando una recompensa que hace atractiva la inversión para el explotador de estas instalaciones. 
Se trata de un procedimiento que, por lo demás, ya hemos aplicado en varias ocasiones. 
Actualmente, se ha presentado por ejemplo una iniciativa parlamentaria proveniente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos sobre el plazo de gracia para novedades en las leyes de patentes nacionales. 
Se trata de un procedimiento conforme al Tratado de Maastricht. 
El Parlamento puede adoptar una iniciativa; en cualquier caso, puede votar al respecto y la Comisión puede decidir libremente si recoge esa iniciativa. 
Por lo general, hace bien en atenerse a la resolución del Parlamento. 
Como sé muy bien que esto es una materia muy complicada, tampoco afirmo que lo que se refleja en el papel sea la verdad absoluta. 
Esto se puede afirmar por lo demás sólo de pocas de nuestras resoluciones en el Parlamento Europeo. 
Sería inadecuado decir de un documento propio que es realmente lo mejor que tenemos para los próximos cien años. 
Pero es una aportación. 
Por ello, recomendaría también al Parlamento que apruebe la propuesta de resolución junto con el anexo, pues éste solamente dice que la Comisión toma en consideración el texto adjunto. 
Deberían recapacitar muy exactamente sobre lo que allí se dice. 
Quizás tengan mejores ideas. 
Lo supongo, dados los grandes conocimientos existentes. 
Deberían tenerlo en cuenta. 
Por ello, quiero rogar a todas y todos los colegas que aporten también oficialmente esa ayuda a la Comisión votando ahora al respecto. 
Hasta ahora el Parlamento siempre ha cerrado filas en lo tocante a las energías renovables. 
Hemos tratado varios informes, el informe Mombaur, el informe Wim van Velzen sobre política energética y los dos informes Rothe sobre el Libro Verde y el Libro Blanco. 
Ahora tenemos este informe que lleva mi nombre. 
En todas las ocasiones, el Parlamento se ha pronunciado con gran claridad en favor de las energías renovables y esto ha tenido efectos. 
Quiero constatarlo con toda humildad en nombre del Parlamento. 
Es también de ayuda para la Comisión saber que en el Parlamento existe un actitud muy decidida ante las energías renovables. 
Por ello, quiero rogar a las y los colegas que sigan en esta vía. 
El contenido de la propuesta- no voy a leerla dada la brevedad de tiempo y además todos pueden leerla en su idioma materno -, el auténtico mensaje de esta propuesta es que debemos movilizar capital privado para fomentar las energías renovables en la Unión Europea. 
Como ya sabemos del Libro Blanco al que se ha referido la señora Rothe, la estrategia para el fomento de las energías renovables en los próximos diez años va a costar entre 80 y 100 mil millones de ecus. 
Me pregunto ¿de dónde va a venir este dinero? 
Sin duda, no de nuestros presupuestos nacionales pues nuestro margen de actuación es demasiado pequeño. 
Tampoco del presupuesto de la Comunidad. 
Nos esforzamos muchísimo, pero no podemos aportar esa suma. 
Solamente se puede lograr movilizando capital privado. 
Este es el auténtico objetivo de este documento. 
Les ruego de nuevo el correspondiente apoyo. 
Este debate que mantenemos aquí contribuye además a que surja algo así como una opinión pública en Europa, pues sin esa opinión unitaria en cuestiones de energías renovables, no podremos mantener las promesas que realizamos en Kioto y que repetiremos sin duda en Buenos Aires. 
Retomando lo dicho por la señora Rothe " a las palabras deben seguir los hechos». 
Los que vengan detrás de nosotros nos lo agradecerán. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, actualmente estamos debatiendo a todos los niveles políticos sobre el futuro de la agricultura europea. 
El fomento de las áreas rurales en su multifuncionalidad es uno de los puntos esenciales. 
Las materias primas regenerables como fuentes de energía renovables hacen posible ese objetivo, por lo que saludo expresamente el Libro Blanco de la Comisión sobre energías renovables. 
Pero también quiero exponer aquí mis críticas a las insuficientes propuestas de reforma de la Agenda 2000. 
Hay que saludar los objetivos de la Comisión para que las fuentes de energía renovables alcancen una proporción del 12 %, pues corresponde a una duplicación del porcentaje actual. 
Sin embargo, es absolutamente necesario y es perfectamente factible un aumento adicional, tal como demuestran Austria, Finlandia y Suecia. 
La biomasa ofrece un gran potencial para el futuro desarrollo de la totalidad del área rural. 
Gracias a una producción y uso descentralizados, se crean puestos de trabajo y se fomenta el desarrollo integrado. 
Junto a la creación de valor se eleva también la capacidad de compra regional y los ingresos y el nivel de vida aumentan. 
Las consecuencias son una reducción de la emigración de la población y el mantenimiento de áreas rurales intactas con sus funciones equilibradoras tan necesarias. 
Para fomentar del modo adecuado las fuentes de energía renovables, se deberían realizar a nivel europeo reducciones o exoneraciones fiscales. 
Asimismo a nivel europeo se necesita una recompensa por alimentar en la red corriente eléctrica proveniente de fuentes de energía renovables y establecer un marco jurídico fiable para su desarrollo y uso. 
Paralelamente a ello, la Comisión debería abogar por un aumento de los impuestos sobre las fuentes de energía de origen fósil. 
De especial importancia son las materias primas renovables también de cara a la próxima ampliación de la UE. 
La Comisión debería poner en marcha una campaña de información a nivel europeo para impulsar las fuentes de energía renovables. 
El éxito de la biomasa depende en gran medida también de la aceptación que logre en la población. 
Señor Presidente, desearía felicitar calurosamente a la Sra. Rothe por el trabajo que ha llevado a cabo en la elaboración del informe sobre la energía y las fuentes energéticas renovables del futuro. 
En mi opinión, la Sra. Rothe ha logrado abordar bastante bien en su informe el impacto que tienen las fuentes energéticas renovables en el empleo y en la política regional. 
El impacto de los recursos energéticos renovables en la creación de empleo es mayor que el del resto de las fuentes energéticas. 
De manera especial, es posible justificar con razones de peso el uso de fuentes energéticas renovables y la producción energética dispersa en las regiones periféricas, de baja densidad de población y de elevados índices de desempleo. 
Mediante el apoyo a las actividades de investigación y desarrollo de las fuentes energéticas renovables, es posible dotar a estas regiones de puestos de trabajo en el campo de la alta tecnología, mejorando de este modo su desarrollo de una manera sostenible. 
Las distintas regiones tienen posibilidades diversas para aprovechar fuentes como las biomasas, la energía solar y la eólica. 
En el desarrollo de la política energética se deberían tener siempre presentes las condiciones locales. 
Creo que la comunicación de la Comisión no presta suficientemente atención a la importancia de la madera como fuente energética renovable. 
Por ejemplo, en las regiones septentrionales de la UE se deja sin aprovechar abundante materia prima maderera que se adaptaría a la producción de energía. 
La Sra. Rothe tampoco ha hecho en su informe suficientemente hincapié en este hecho. 
El fomento del uso de las fuentes energéticas renovables por medios fiscales se presenta imprescindible si los Estados miembros desean cumplir los objetivos que se establecieron a la Unión en el acuerdo sobre el clima de Kioto. 
Por medios fiscales es posible aumentar también el uso energético de la madera y del resto de las biomasas, así como la cogeneración industrial de calor y electricidad. 
De este modo, la política energética de la Unión podría apoyarse cada vez más en las fuentes renovables, en vez de hacerlo, por ejemplo, en la construcción de más centrales nucleares, con los numerosos riesgos que éstas comportan. 
Señor Presidente, la Comisión ha llamado a su Libro Blanco " Energía para el futuro». 
Se trata realmente de temas de futuro sobre los que aquí hablamos, la salud de las personas, la conservación de los fundamentos de vida naturales, el empleo precavido de los recursos, la seguridad e independencia del suministro frente a las eventuales regiones en crisis de este mundo y, finalmente- lo que es muy importante para todos los miembros de mi grupo político- los puestos de trabajo. 
Creo que las energías renovables pueden contribuir a alcanzar todos estos objetivos que son necesarios para un desarrollo sostenible y compatible con el medio ambiente en la Unión. 
Felicito, por ello, a la Comisión por su Libro Blanco, a la señora Rothe por su informe y a todos los que han participado para que sea un informe bueno e importante. 
Es necesario que lo antes posible aumente la proporción de las energías renovables en todos los Estados miembros. 
Para ese objetivo, debemos establecer estrategias que impulsen medidas concretas, pues las energías renovables son energías regionales. 
Es necesario actuar aquí en la política regional, en la agrícola, en la de transportes, en la de investigación, en la económica y finalmente, también en la fiscal. 
También es necesario que hablemos sobre cómo podemos motivar más a las personas para que empleen energías renovables. 
En mi propia región, la proporción de energías renovables representa el 30 % del consumo de energía y las personas dicen con frecuencia con orgullo: yo caliento mi casa con energía solar. 
Deberíamos escuchar esta frase de muchas otras personas en la Unión, ya se trate de energía solar, eólica u otra similar. 
Para finalizar, quiero mencionar aún un punto: si queremos fomentar realmente las energías renovables, entonces será necesario crear un fundamento jurídico para que podamos desarrollar también los correspondientes programas. 
Señor Presidente, me voy a referir primero al informe de la señora Rothe. 
No hay ninguna duda de que el Libro Blanco sobre energías renovables es uno de los documentos más importantes, si no el más importante, que ha presentado la Comisión en los últimos años. 
Ya en el Libro Verde, junto a las grandes alabanzas por el excelente análisis realizado, se expresa también la crítica de que no se han tenido suficientemente en cuenta las consideraciones ejecutivas. 
Aunque este punto flaco no se ha superado aún del todo, al menos se ha suavizado gracias a un razonable programa take off. 
El informe de la señora Rothe representa otro avance cualitativo hacia el empleo de fuentes de energía renovables. 
Los 41 puntos expuestos representan una combinación muy lograda de exigencias objetivas para el desarrollo de la idea en que se basa el Libro Blanco. 
Es de esperar que sean tenidas lo más en cuenta posible. 
La enmienda nº 2 de la señora McNally reconoce que se debe determinar una gratificación mínima para la corriente eléctrica proveniente de fuentes de energía renovables, teniendo en cuenta la utilidad social y ecológica. 
Quiero añadir dos ideas. 
Primera: el cambio a fuentes de energía renovables no solamente es de importancia por consideraciones ecológicas y socioeconómicas, como la creación de puestos de trabajo. 
También son de importancia para preservar las reservas e impulsar una futura economía exportadora. 
Otro punto esencial es que estas fuentes de energía tienen también una gran importancia para la política de paz. 
Tanto en África como en Oriente Medio, en la región del Cáucaso y en la del Caspio, nos encontramos inmersos en luchas por la distribución del resto de los recursos de la Tierra. 
Por ello, un orden de paz para el siglo XXI solamente se puede alcanzar pasando al uso de las fuentes de energía renovables. 
La segunda idea es la siguiente: las fuentes de energía renovables solamente tienen un enemigo. 
No son los consorcios multinacionales, los suministradores de gas o los tradicionales consorcios de la energía. 
Es sola y exclusivamente el desconocimientos sobre las fantásticas posibilidades que estas fuentes de energía ofrecen a la Humanidad. 
Aunque el informe del señor Linkohr muestra unos enfoques muy constructivos como, por ejemplo, en el apartado 3 del capítulo 2, donde se dice que tiene que existir el derecho a llevar a la red la corriente generada por fuentes de energía renovables, sin embargo, en lo esencial el informe se limita a los llamados fondos o fondos especiales para fomentar las fuentes de energía renovables. 
En consecuencia, no se puede hablar de una directiva sobre la alimentación de corriente eléctrica a la red sino de una directiva sobre fondos de alimentación. 
Es esta una diferencia muy grave. 
Para lograr que se impongan las fuentes de energía renovables, una condición previa es una remuneración según unos criterios unitarios y armonizados en todos los Estados miembros. Estos deben ser de tal clase que se fomenten las inversiones en instalaciones para la producción de fuentes de energía renovables. 
En Europa existen suficientes modelos de ello: pienso, por ejemplo, en la ley alemana sobre alimentación de corriente o en el modelo danés. 
La enmienda nº 3 de la señora McNally corresponde a esta exigencia, por lo que la saludo expresamente. 
Esta crítica al informe no representa un rechazo de fondo al modelo de fondos propuesto, pero sí una clara observación de que con la forma existente no se puede alcanzar la finalidad de llevar a la práctica los mandatos del Libro Blanco. 
En el Parlamento Europeo no podemos quedarnos por detrás en nuestras exigencias de las ideas de la Comisión. 
Señor Presidente, no nos sería posible llevar a cabo este debate si el Comisario Papoutsis no nos hubiera presentado su Libro Blanco y le damos las gracias por ello. 
Las prioridades de la actual Presidencia son el medio ambiente, el empleo y el crimen. 
En lo que respecta al medio ambiente y al empleo la energía renovable es una cuestión muy relacionada, pero no estoy muy seguro de que lo esté con el crimen. 
Estamos convencidos de que esta es una importante contribución a esas dos prioridades. 
La Sra. Rothe ha escrito un informe muy amplio y estoy encantado de ver que existen informes adicionales realizados por otras tres mujeres. 
Debe ser un hito que todos los informes sobre este asunto tan relevante hayan correspondido a parlamentarias. 
La Sra. Rothe ha elaborado 41 conclusiones y les pido a todos los colegas que las lean detenidamente. 
Conocemos las barreras a la energía renovable. 
Son de naturaleza legal, financiera, administrativa, etc. En su declaración G aclara que no vamos a progresar excesivamente careciendo de un marco legal fiable, sea como fuere. 
Podríamos esperar un capítulo de energía. 
Podíamos haber esperado un tratado de la energía semejante al Tratado Euratom. 
Ese era mi deseo, pero acepto que una carta sea quizá más realista. 
De modo que intentemos conseguirla. 
La Sra. Rothe y la Sra. Graenitz están en lo cierto al señalar que muchas otras políticas se ven afectadas por la energía renovable, y hay una larga lista de ellas: medio ambiente, agricultura, política regional, de transporte, etc. 
Quisiera ahora centrarme en el Sr. Linkhor. 
En presencia mía se ha reprochado que no es una tarea de esta Asamblea impulsar este tipo de iniciativas. 
¿Por qué demonios se nos concedieron entonces los poderes para actuar de esta manera? 
¿Se nos otorgaron poderes bajo la condición de no ejercerlos jamás? 
Eso es absurdo. 
Desde luego que no. 
El propósito era que hiciéramos uso de ellos y les insto a reflexionar detenidamente antes de rechazar esta medida constructiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, la directiva de este Parlamento y del Consejo relativa al mercado interno de la electricidad, que se debió naturalmente a una iniciativa de la Comisión y en la que tanto trabajó nuestro colega, el Sr. Desama, reconoce claramente en dos puntos la importancia de las energías renovables, y en uno de ellos dice claramente que los Estados miembros pueden exigir de los operadores del sistema que den prioridad a las instalaciones que generan electricidad usando las fuentes de energía renovables. 
En esta línea se inscribe el segundo y excelente informe de la Sra. Rothe, que se refiere al Libro Blanco de la Comisión, como antes se refirió al Libro Verde, al cual nosotros no podemos más que dar nuestro más entusiasta apoyo. 
Permítanme subrayar sólo, por la falta de tiempo, el apartado 40, en que se pide a las autoridades competentes que preparen lo que en ese texto se llama un tratado sobre las energías renovables, EURENEW, combinando la sigla europea con la palabra inglesa «renovar». 
Espero que- si es aceptada, como espero también- la enmienda presentada por la Sra. McNally, no hablemos de un Tratado, pero sí hablemos al menos de una Carta. 
Tenemos el ejemplo de la Carta Europea de la Energía, que se inspiró en unas circunstancias especiales- el mundo del Este en Europa -, y ahora tenemos otras circunstancias especiales que es pasar de la potencia al acto y transformar en documentos jurídicos válidos el nuevo desafío que nos presentan las energías renovables. 
Por consiguiente, sobre esto poco he de decir. 
Quiero también referirme- muy brevemente porque el tiempo es escaso- a la iniciativa del Sr. Linkohr. 
Yo creo que es una excelente iniciativa, aunque debo reconocer también- y mis colegas que intervendrán después no dejarán de decirlo- que suscita algunas reacciones negativas. 
No por el principio, señora MacNally, no porque queramos renunciar a nuestros derechos, sino por el contenido de algunas de las disposiciones, que a mi modo de ver aconsejaría una mejor consideración y un mejor análisis de este documento en la propia Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía porque, si no, hay graves riesgos de que un documento tan importante como éste sea rechazado y no obtenga el número suficiente de votos en esta Asamblea, lo que sería, señor Presidente, una gran pena. 
Presidente, colegas, señor Comisario, quiero felicitar con mucho gusto a ambos ponentes, la Sra. Rothe y el Sr. Linkohr, por sus informes que contienen buenas recomendaciones para estimular el uso de energías renovables. 
Nuestro suministro de energía en el futuro debe estar basado en fuentes de energía sostenibles. 
Por lo tanto, deben ser desarrolladas con prioridad las fuentes de energía renovables que producen electricidad. 
Al respecto hay unas reglas en cuanto al suministro a la red. 
Mi grupo parlamentario se alegra de la iniciativa del Sr. Linkohr para el establecimiento de una directiva sobre el suministro a la red de la electricidad generada por fuentes de energía renovables. 
Pero estamos ante un dilema clásico. 
Por una parte es una excelente señal en dirección a la Comisión europea y a los Estados miembros el hacer propuestas en este ámbito. 
Pero por otra parte la normativa propuesta en el anexo es demasiado detallada y, según mi grupo parlamentario, no siempre conforme con el principio de subsidiariedad. 
En un mercado de la energía liberalizado no cabe la sobrerregulación. 
Por último le digo que por eso, por eso votaremos a favor de la resolución legislativa pero desgraciadamente no podemos apoyar las propuestas del anexo. 
Señor Presidente, ha merecido sorprendentemente muy poca atención el hecho de que el incremento en el uso de las fuentes energéticas renovables constituye también una cuestión en materia de política de seguridad. 
La Unión Europea depende cada vez más de la energía importada. 
Dentro de veinte años, el 94 % del petróleo, el 80 % del carbón y el 75 % del gas natural que consumamos se importará de regiones a menudo muy inestables. 
Esta circunstancia sirve también para defender el uso de los recursos energéticos renovables. 
Sin embargo, se vislumbra una contradicción entre un objetivo positivo y unos medios insuficientes. 
Resulta evidente que, al ritmo actual, no alcanzaremos la cuota del 15 % para los recursos renovables, ni lograremos reducir las emisiones de gases de invernadero en un 8 % para el año 2012. 
Como ya se ha mencionado aquí, existe una contradicción especialmente importante entre el Libro Blanco y la Agenda 2000. 
El problema reside en que el aumento en el uso de las biomasas es ante todo una cuestión de política agrícola, y no energética. 
Yo, por mi parte, recomendaría el calor que nos proporcionan tanto el sol como la tierra. 
Señor Presidente, la energía renovable ha sido ha sido deficientemente tratada en la Comunidad. 
Hablamos sobre ella pero no la utilizamos. 
Los efectos materiales de nuestras anteriores propuestas han sido más bien escasos. 
Ni siquiera en los edificios de la Unión Europea y el Parlamento hay un intento serio de incorporar las energías renovables. 
El Libro Blanco puede suponer un punto de inflexión y le doy las gracias a la Comisión por su iniciativa en esta dirección y también agradezco los informes de la Sra. Rothe y el Sr. Linkhor que ofrecen propuestas reales para el cambio. 
Podríamos estar en situación de influir sensiblemente la agenda energética para el año 2000 y la propuesta del Sr. Linkhor acerca del derecho de acceso a las renovables en las redes eléctricas es fundamental. 
Para la producción de electricidad la introducción de una norma de ámbito comunitario sobre entrada en la red eléctrica supone un paso decisivo. 
En toda Europa, proveer electricidad a unos precios determinados, es un instrumento para enfrentarse gradualmente a la estructura centralizada mediante el acceso seguro al mercado de la producción eléctrica descentralizada proveniente de fuentes renovables. 
El informe de la Sra. Rothe contiene también unas excelentes propuestas prácticas y a pesar de que los objetivos de la Comisión son excesivamente modestos, teniendo en cuenta lo que es técnicamente posible, la puesta en práctica de objetivos modestos debe ser nuestra primera meta si es que deseamos conseguir algo real. 
Campañas como las del millón de techos, las cien comunidades solares y los premios sol dorado son maneras visionarias de hacer que las energías renovables sean percibidas in situ por la gente y estoy convencido de que serán muy interesantes si logramos llevarlas a cabo en la práctica. 
Uno de los sectores de la Unión Europea con un alto porcentaje de emisiones de CO2 es el sector de la construcción, y las decisiones de carácter tecnológico que se toman en este sector tienen un efecto a largo plazo sobre los índices de emisiones en todos los Estados miembros. 
La atención que debemos prestar a las construcciones, y que no prestamos, es un aspecto decisivo de estos informes cuyas consecuencias prácticas tienen todo mi apoyo. 
Señor Presidente, como he recordado durante la discusión del proyecto ALTENER 2, Luxemburgo dispone ya de un sistema de inyección, es decir, de una garantía del Estado en cuanto al precio de la electricidad generada por las energías alternativas. 
Al mismo tiempo que felicito a la Sra. Roth y al Sr. Linkhor por sus informes, desearía referirme a un problema técnico que aún se plantea: el derecho de acceso a la red con arreglo a una remuneración mínima garantizada no es suficiente. 
A menudo los propietarios de tierras no están de acuerdo en cederlas al explotador de una instalación de energía renovable (una turbina eólica, por ejemplo) , para permitir la conexión de esta última a la planta de distribución más próxima. 
¿Qué debemos hacer? 
Debemos introducir en las legislaciones nacionales el principio de la utilidad pública de la producción de energía alternativa, lo que permitiría expropiar a los propietarios que se oponen a que esta energía eléctrica sea conducida a través de sus tierras. 
Sabemos perfectamente que la industria nuclear ejerce muchas presiones, sobre todo en las asociaciones culturales, concretamente en mi país. 
Vamos a poner impedimentos a esta presión, para dar realmente una posibilidad a las energías eólicas. 
Dicho esto, señor Presidente, concluyo insistiendo en que la Comisión debe instaurar realmente el principio de utilidad pública. 
Señor Presidente, Comisario, colegas, agradezco al ponente este informe de iniciativa. 
El grupo del PPE es un ardiente partidario del suministro a la red eléctrica existente de energías sostenibles. 
El ponente se ha tomado la molestia de profundizar en la práctica de distintos Estados miembros, y ha desarrollado sobre la base de esto un proyecto de directiva. 
Sin embargo, señor Presidente, también hay, por desgracia, algunas objeciones de principio a la elaboración de este proyecto de directiva en el anexo. 
En primer lugar está la pregunta de si el Parlamento debe ocupar la silla de la Comisión elaborando una directiva tan detallada, la cual debe ser realizada por la Comisión. 
Mi grupo parlamentario hubiera preferido que se limitara a la formulación de principios generales, dejando con ello espacio a la Comisión para llegar a un desarrollo más detallado de la directiva sobre la base del diálogo con los Estados miembros, con lo cual se puede tener más en cuenta la subsidiariedad y la pluralidad de fases y modalidades de introducción en cada Estado miembro. 
Como ejemplo quiero mencionar que el ponente parte de dos modelos principales que hay en los Estados miembros. 
El modelo neerlandés de certificados verdes, por el que se da mucho más espacio a los socios energéticos para que actúen bajo su propia responsabilidad, está por lo tanto reñido con esta reglamentación. 
La enmienda 1 de la Sra. McNally no soluciona el problema. 
Este ejemplo deja ver que el proyecto de directiva todavía no está cristalizado. 
En segundo lugar hay una abundancia de regulaciones. 
Somos de la opinión de que esto es una señal equivocada para un mercado de la energía cada vez más liberalizado. 
Creemos que se puede utilizar otra combinación de instrumentos es decir un mecanismo como el precio, el desarrollo de una bolsa de energía, de la obligación de retirada pero también información. 
Nos parece especialmente lamentable que se haya elegido un instrumento regulador. 
Que quede claro que el grupo del PPE comparte absolutamente las intenciones del ponente, pero discrepa, en principio, en su elaboración. 
Por ello mi grupo parlamentario, desgraciadamente y muy a su pesar, no podrá apoyar el anexo de su propuesta. 
Le ruego al ponente que devuelva su informe a la Comisión para alcanzar un consenso mejor y más amplio. 
Señor Presidente, todo el debate sobre la energía gira ahora en torno a dos polos. 
El primero es la noción de seguridad del abastecimiento, lo que supone obligatoriamente una gran diversificación. 
El segundo consiste, evidentemente, en los efectos de la energía sobre el clima. 
Se trata, por lo tanto, del conjunto de la problemática planteada en Río y en Kyoto. 
Ahora bien, frente a esta problemática del clima, existen alternativas a las energías fósiles. 
Las dos ramas de la alternativa son, por una parte, la energía nuclear- guste o no, constituye una respuesta esencial al problema- y, por otra, las energías renovables, cuya única desventaja es no haber alcanzado, ni mucho menos, el mismo grado de desarrollo que la energía nuclear, además de plantear, en el plano económico, algunos problemas a aquellos que invierten en este sector. 
Frente a esta dificultad, ¿qué debemos hacer para aumentar el porcentaje de las energías renovables, porcentaje que todos sabemos que, de todos modos, seguirá siendo modesto? 
Podemos, por una parte, confiar en el mercado, recordando que el mercado interior de la energía ha sido liberalizado; pero sabemos muy bien que se necesitará mucho tiempo para que el mercado logre asentarse en el sector de las energías renovables. 
Por consiguiente, se requiere una acción totalmente voluntarista, y ahí es donde reside todo el interés de la iniciativa del Sr. Linkhor, más allá de las objeciones que se pueden hacer sobre algunos aspectos de su propuesta: el Sr. Linkhor, en efecto, ha planteado muy crudamente el problema y ha dado un paso adelante con respecto a los excelentes informes anteriores, el último de los cuales es el de la Sra. Roth. 
El hecho de escudarse en la complejidad del problema, como hace el PPE, para no votar positivamente el Informe Linkhor, constituye una actitud bastante paradójica: eso significa privarse de un derecho de iniciativa que los Tratados nos han reconocido. 
Por consiguiente, no podemos aceptar este enfoque. 
Creo que es necesario votar positivamente el informe del Sr. Linkhor. 
Hay que hacerlo a fin de proporcionar a la Comisión un medio eficaz para proponernos un arsenal completo de acciones en favor de las energías renovables. 
Señor Presidente, cuando hablamos de energía renovable hablamos esencialmente de la producción de electricidad. 
Tenemos un problema conceptual a la hora de comprender la demanda de electricidad de nuestra sociedad y de cómo esta está creciendo y, más precisamente la cantidad que se produce en una planta convencional. 
Una estadística extraordinaria es la que dice que si instaláramos todas estaciones eólicas en el Reino Unido éstas sólo proveerían el 10 % de la demanda de energía del Reino Unido. 
Esto da una idea de lo lejos que hemos llegado en la promoción de la energía renovable. 
Hay tres cuestiones fundamentales. 
En primer lugar debemos despejar el camino a los permisos de planificación. 
En el Reino Unido los permisos de planificación, casi más que cualquier otra cosa, están obstaculizando el desarrollo de la energía renovable. 
Necesitamos también, tal y como dice el Informe Linkhor, un acceso a la red eléctrica e incluso asegurarnos que la red esté cerca de donde queramos que las energías renovables se instalen. 
En ocasiones hay problemas con las localizaciones geográficas: la energía eólica, por ejemplo, se recoge en lugares en los que muy a menudo no hay conexiones a la red eléctrica. 
De modo que tenemos un problema en lo que a eso se refiere. 
En conjunto resulta necesario encontrar un mecanismo para otorgar apoyo financiero mientras estas energías están creciendo, un mecanismo abierto en sus metas pero también incluido en un ambiente de competencia que ayudará a bajar los costes. 
Tenemos evidencias de que esto es posible. 
Espero que como resultado de los debates- y sé que todos tenemos reservas sobre algunos detalles- la Comisión impulse una propuesta que nos ayude a entrar en una era en la que las energías renovables proporcionen una porción mayor de nuestro suministro eléctrico. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, para empezar quisiera felicitar a los dos ponentes, a la Sra. Rothe y al Sr. Linkohr por su admirable labor. 
Es cierto que los dos informes hacen una contribución esencial al debate sobre el fomento de la utilización de las fuentes de energía renovables. 
Verdaderamente, sus puntos de vista enriquecen las propuestas que ya hemos presentado y también las que estamos preparando ahora. 
En la fase de preparación del Libro Blanco, la Comisión hizo todos los esfuerzos posibles para tomar en cuenta la resolución del Parlamento de 1997 en relación con el Libro Verde sobre las fuentes de energía renovables. 
Y, por consiguiente, el Libro Blanco esencialmente expresa en gran medida la postura del Parlamento Europeo. 
En la actualidad hemos emprendido la revisión de todos los programas y de las acciones que hay para fomentar las fuentes de energía renovables a nivel de los Estados miembros y, naturalmente, a nivel de la Comunidad. 
Y debo decir que, como continuación del Libro Blanco, nos hemos informado sobre el desarrollo de una serie de programas de acción nacionales para fomentar las fuentes de energía renovables. 
Está claro que el importante esfuerzo al que animamos a realizar a los Estados miembros en la próxima década, ya desde ahora está empezando a tomar una forma determinada. 
A pesar de todo aún hay una gran necesidad y un gran margen para acciones adicionales. 
Y, naturalmente, si tomamos en cuenta los compromisos que se han tomado en Kyoto, ya no hay justificación posible para la inactividad. 
En este marco, también quisiera expresar mi satisfacción por la ratificación, por parte del Parlamento Europeo, del programa ALTENER. 
Igualmente quiero informarles de que el ALTENER entró en vigor con la reciente decisión del Consejo del 18 de mayo. 
Señor Presidente, en el informe de la Sra. Rothe se incluye una serie de propuestas constructivas. 
Para empezar, quiero asegurarles que estamos haciendo todos los esfuerzos por concluir este año el examen de todos los programas y medidas existentes en toda la Unión Europea. 
En cuanto a la llamada campaña de despegue de las fuentes de energía renovables, en la Comisión nos encontramos en la fase de programación de medidas en distintos sectores y también estamos preparando las acciones indispensables de información y de difusión. 
Más concretamente, en relación con los edificios, examinaremos la legislación sobre la construcción, con vistas a incluir disposiciones a favor de las fuentes de energía renovables, particularmente de la energía solar. 
Sobre el fomento de la reducción de emisiones de CO2, vamos a fomentar el consumo combinado de fuentes de energía renovables y del ahorro de energía en los edificios. 
También estamos estudiando el modo de fomentar más esencialmente la penetración del consumo de energía solar y, concretamente, de la energía fotovoltaica en el mercado. 
Igualmente, para la difusión de buenas prácticas, entre otras cosas, estamos estudiando la institucionalización de premios, así como la aplicación de otras acciones que se proponen en la campaña de despegue. 
En cuanto al asunto del fomento de las fuentes de energía renovables por medio de otras políticas de la Comunidad, estamos estudiando cómo vamos a utilizar mejor la continua reforma de los Fondos Estructurales y de la Política Agrícola Común, así como de la política para los cultivos energéticos. 
Particularmente, en el marco de la propuesta de la Comisión Europea sobre el reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el artículo 2, que cita los sectores que van a ser apoyados prioritariamente en el próximo marco financiero, la evolución de las fuentes de energía renovables se menciona claramente como una de las prioridades básicas. 
Y creo que esto constituye la base para la concesión de recursos importantes, con un respeto pleno del principio de subsidiariedad, tal como los marcos comunitarios de apoyo lo forman en beneficio de las fuentes de energía renovables. 
Igualmente, creo que cuestiones que conciernen a la financiación de las acciones en el sector de las fuentes de energía renovables por medio de diversos programas comunitarios se solucionarán en las negociaciones que están previstas para los próximos años, y en el proceso del presupuesto. 
Espero que el Parlamento Europeo, en el marco de sus funciones, dé especial prioridad a las fuentes de energía renovables, en relación, claro, con el presupuesto. 
Esperamos que con la elaboración regular de informes de progreso y de seguimiento que se prevén en el plan de acción quede garantizada la mejor materialización de los objetivos que se señalan y siempre que sea indispensable, se garantice también su oportuna aplicación. 
Naturalmente, siempre habrá la posibilidad de discutir sobre el progreso de la penetración de las fuentes de energía renovables con todas las instituciones interesadas y, por supuesto, con el Parlamento Europeo, y esto, a lo largo de los doce años del periodo de aplicación de esta estrategia. 
Por supuesto, el plan de acción se modificará tras las recomendaciones cuando sea conveniente. 
Ahora, en cuanto al informe del Sr. Linkohr, tengo que decir que la Comisión está de acuerdo con el convencimiento del Parlamento Europeo de que el acceso de las fuentes de energía renovables al mercado de la electricidad es de vital importancia, especialmente para nuestro objetivo de doblar la parte de las fuentes de energía renovables en la balanza energética hasta el año 2010. 
El pasado marzo, la Comisión presentó su primer informe sobre los requisitos de armonización que se prevén en la directiva sobre el mercado de la electricidad. 
Este informe se concentra casi exclusivamente en la cuestión de las fuentes de energía renovables y subraya las cuestiones básicas que deben examinarse en una fase preliminar. 
La Comisión continúa su análisis sobre la forma con la que puedan evitarse todos los posibles obstáculos, teniendo en cuenta cómo evoluciona la situación en los Estados miembros. 
El objetivo de la Comisión es presentar hasta finales del año en curso una propuesta de directiva sobre normas comunes en relación con la electricidad que producen las fuentes de energía renovables. 
Esta propuesta deberá, por un lado, dar un fuerte empuje a la producción de la electricidad que generan las fuentes de energía renovables y, por otro, garantizar un acercamiento armónico dentro de la Comunidad. 
Quiero, pues, agradecer al Sr. Linkohr su detallada y veraz aportación. 
Su informe nos va a ayudar especialmente en esta fase en la que hoy nos hallamos, es decir, en la fase de la preparación de nuestras propuestas justo sobre este tema. 
Señor Presidente, con los informes Rothe y Linkohr el Parlamento Europeo continúa con su firme apoyo y su aportación al fomento de las fuentes de energía renovables. 
Quiero, una vez mas, darles las gracias y asegurarles que la Comisión Europea considera el fomento de las fuentes de energía renovables una de las principales prioridades energéticas y ambientales para el futuro inmediato. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Mercancías con usurpación de marca y piratas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0223/98) del Sr. Valdivielso de Cué, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n- 3295/94, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas (COM (98) 0025- C4-0159/98-98/0018 (CNS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la picaresca, el ánimo de lucro y, en general, la condición humana nos llevan muchas veces a buscar ciertos caminos oscuros, más fáciles y rentables que los legalmente establecidos, a través de los cuales poder satisfacer nuestros deseos de enriquecimiento rápido. 
En general, sobre esto se basa mi informe: el establecimiento de medidas destinadas a impedir ciertos tipos de actuaciones como la usurpación de marca y la fabricación o comercio de mercancías piratas, muy extendidas entre nosotros aunque no por ello dejen de ser ilegales. 
Me gustaría hacer una breve definición de lo que son tanto las mercancías con usurpación de marca, como las mercancías piratas. 
Se entiende por mercancías con usurpación de marca aquéllas, incluido su embalaje, en las que figure, sin autorización, una marca de fábrica o de comercio idéntica a la válidamente registrada. 
Por otra parte, las mercancías piratas son aquéllas que sean o incluyan copias producidas sin el consentimiento del titular del derecho de autor o de los derechos afines relativos a un dibujo o modelo. 
Entrando ya de lleno en el informe, cabe decir que en el mismo se hace referencia a la importancia del problema, con el impacto tanto macroeconómico como sectorial y sus posteriores consecuencias sociales, que los fenómenos de usurpación de marca, así como el de mercancías piratas, conllevan. 
Este impacto es realmente difícil de medir. A pesar de ello, he considerado oportuno pedir a la Comisión un mayor esfuerzo en la evaluación y posterior comunicación a las partes del seguimiento y las repercusiones que la entrada en vigor de este reglamento del Consejo puedan suponer. 
La Comisión ha propuesto introducir en este nuevo reglamento una serie de propuestas que modifican de manera sustancial el anterior reglamento en vigor. 
Entre las más significativas destacamos: ampliación del reglamento a un nuevo derecho de propiedad intelectual- tal como determinadas patentes de invención -, que constituyen un elemento esencial de la propiedad intelectual y ocupan un lugar de gran importancia en el conjunto de medios disponibles para proteger la innovación; su protección es fundamental, dado que esta cobertura otorga el marco adecuado para las inversiones en investigación y desarrollo tan importantes para la evolución y competitividad de los productos europeos frente a la competencia internacional. 
Ampliación asimismo de las posibilidades de intervención de los servicios aduaneros al conjunto de las situaciones aduaneras, mercancías en zona franca y en depósito franco, así como mercancías sometidas a vigilancia aduanera. 
Adaptación del reglamento al fenómeno de marca comunitaria, permitiendo al titular de la marca comunitaria presentar una sola solicitud de protección aduanera, en lugar de las quince que actualmente se requieren para abarcar todo el territorio de la Unión. 
Por lo tanto, estas son las principales novedades que incluye la modificación del reglamento. 
Además de esto, la Comisión Europea, a la cual aprovecho para felicitar por lo que considero un trabajo bien hecho, mantuvo una serie de reuniones y conversaciones con diferentes grupos empresariales y de presión que querían que el nuevo reglamento recogiera sus aspiraciones. 
En este sentido, la Comisión REX se ha pronunciado sobre los siguientes asuntos: respecto al controvertido tema de las importaciones sin carácter comercial contenidas en el equipaje personal de los viajeros, en la Comisión REX se rechazaron dos enmiendas dirigidas a restringir este tipo de situación. 
La Comisión Europea considera que, dentro del límite de los 175 ecus, están permitidas las importaciones sin carácter comercial. 
En mi opinión, este asunto plantea un problema de base: su probable ilegalidad pero, sin embargo, con cobertura de hecho bajo este reglamento. 
Aun así, la Comisión Europea considera que esta relativa permisividad tiene como efecto favorecer el tráfico a pequeña escala así como fomentar el turismo. 
El problema de la armonización comunitaria de las sanciones que los Estados miembros se ven obligados a aplicar ha llegado a ser un asunto de muy difícil solución, debido, principalmente, a la coexistencia de distintos sistemas y tradiciones jurídicas en los diferentes Estados miembros. 
De todas formas, el informe señala que dichas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Por último, me gustaría señalar y recalcar la importancia que he querido conceder en el informe a las posibles salidas no comerciales que puedan darse para las mercancías incautadas. 
En un mundo con millones de personas viviendo en condiciones de extrema pobreza y necesidad, espero que este Parlamento así lo entienda y apoye. 
Es absolutamente atroz proceder a la destrucción de estas mercancías incautadas en vez de tratar de buscarles una salida por caminos no comerciales para poder paliar, aunque sea de forma simple e insuficiente, algunas de las necesidades de dichas personas. 
Señor Presidente, colegas y Comisario, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Valdivielso por su informe. 
El problema de las mercancías piratas y con usurpación de marca es muy real y supone una amenaza para la industria europea. 
Las empresas no sólo se ven perjudicadas en su volumen de ventas en el mercado europeo sino que además no tienen la posibilidad de ampliar sus exportaciones a países en vías de desarrollo debido a que allí el mercado está contaminado, se puede decir tranquilamente que está inundado de mercancías de imitación. 
Yo misma hace poco he podido observarlo otra vez en Indonesia. 
El problema es muy acuciante con los productos digitales. 
Visto el estado de la tecnología hoy en día es casi imposible para los consumidores deducir de la calidad del producto la autenticidad del mismo. 
Presidente, mi grupo parlamentario se alegra de la inclusión de patentes en el ámbito de aplicación del reglamento pero está preocupado con el control de las mismas. ¿Dónde y por quién debe llevarse a cabo éste? 
¿Reciben éstos formación para ello? 
Los flujos comerciales, Señorías, no se pueden permitir diferencias por culpa de la diversidad en el control de aduanas. 
La pregunta de mi grupo parlamentario a la Comisión es por lo tanto cómo piensa la Comisión asegurar la uniformidad del control aduanero en este punto, en especial allí donde luego, después de la ampliación, se vigilarán las fronteras exteriores europeas por empleados de aduanas que vienen de otra tradición jurídica, por quienes no tienen imbuída ni de lejos la normativa europea. 
Como punto final, las importaciones paralelas no pueden ni deben ser prohibidas. 
Eso no es una solución. 
No se puede entorpecer el mercado interior por el proteccionismo. 
La libre circulación de mercancías se encarga de una competencia sana y eso es bueno para el consumidor. 
Señor Presidente, la protección de la propiedad material e intelectual es un elemento anclado firmemente en nuestro orden jurídico. 
Esta regulación tiene una enorme importancia no sólo para cada individuo sino, en especial, para la economía. 
La protección de la propiedad significa también la protección de las patentes de invención, con lo que es garante de la rentabilidad de los campos de la investigación y desarrollo. 
La desaparición de las fronteras interiores hace de los puestos aduaneros para el tráfico con terceros Estados la última instancia de control que puede impedir que se dañe el derecho de propiedad mediante la importación o exportación de mercancías copiadas ilegalmente. 
Una protección eficaz exige unos elevados estándares de seguridad y sin lagunas a nivel europeo, para impedir que lleguen al mercado europeo copias realizadas ilegalmente a través de puntos débiles, léase países de los que se sabe disponen de unas medidas aduaneras menos intensas. 
Por ello, instamos a la Comisión para que preste la máxima atención para que los puestos aduaneros de todos los Estados miembros garanticen el elevado nivel de seguridad que merece la protección de la propiedad intelectual y material. 
Señor Presidente, es indudable que las empresas europeas han debido proceder a profundas reestructuraciones para poder afrontar con éxito los retos que conlleva una economía cada vez más competitiva y más abierta. 
Sin embargo, estos esfuerzos, por sí solos, no son suficientes. 
Es imprescindible también, entre otras medidas, el establecimiento de un marco jurídico que garantice el respeto de las reglas del juego por las que se rige el comercio mundial. 
En este contexto debemos valorar positivamente la propuesta de modificación del Reglamento relativo al comercio de mercancías con usurpación de marca y mercancías pirata que ha presentado la Comisión a fin de ampliar el ámbito de aplicación de dicho reglamento y adaptarlo a la evolución de la normativa comunitaria en materia de derechos de propiedad intelectual. 
Frente a la competencia de los países terceros, en especial la de los países de economías emergentes con costes laborales mucho más bajos, con los cuales, por este motivo, resulta muy difícil competir, es trascendental la lucha contra la falsificación de marcas, diseños y modelos, y la protección de la propiedad intelectual, dado que las principales ventajas de la industria europea en relación con la competitividad son la calidad de sus productos y, sobre todo, su capacidad creativa. 
De ahí la oportunidad del texto presentado por la Comisión, proponiendo bloquear en aduana, a petición del titular del derecho, las mercancías que presuntamente usurpan una marca o piratean productos cubiertos por un derecho de propiedad intelectual. 
Y de ahí la necesidad, a su vez, de que la Comisión acepte las enmiendas que contiene el informe Valdivielso por cuanto las medidas que se proponen en ellas contribuirán a garantizar el respeto de las reglas del comercio internacional en materia de propiedad intelectual y permitirán combatir unas prácticas comerciales que causan graves perjuicios a las empresas europeas. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el apoyo del Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión muestra claramente nuestro común deseo de combatir enérgicamente las importaciones fraudulentas, en el marco de una competencia leal y equilibrada. 
Ante todo, quisiera darles las gracias a todos ustedes y, especialmente, al ponente Sr. Valdivielso de Cué, así como a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores por la extensa y analítica labor que ha completado en un plazo tan breve. 
Me alegro especialmente por este informe, tal como hoy es presentado, porque es indispensable dar al Parlamento Europeo la posibilidad de expresar sus puntos de vista en relación con las tres innovaciones básicas de este texto. 
Y en primer lugar me refiero a la ampliación de la disposición sobre la protección aduanera para cubrir determinadas patentes de invención. 
Me refiero a la extensión del reglamento al conjunto de las mercancías que están sometidas a vigilancia aduanera y por último, me refiero también a la institución del procedimiento de presentación de una única solicitud de protección aduanera, que estará en vigor en muchos Estados miembros en beneficio de los titulares del derecho de las marcas comunitarias. 
En cuanto a la pregunta que me ha hecho la Sra. Plooij-van Gorsel, quisiera decir que, de hecho, la Comisión está coordinando un intento de los Estados miembros para formar a los funcionarios de aduanas en relación con la aplicación unificada de control. 
Y creemos que en el futuro, en los próximos años y, naturalmente, a la vista de la ampliación, habremos logrado la mejor y más amplia formación posible de los funcionarios de aduanas. 
Naturalmente, las enmiendas propuestas toman en cuenta el objetivo de la Comisión que consiste en reforzar las posibilidades de efectuar controles en las fronteras exteriores de la Comunidad. 
Con todo, la Comisión no puede aceptar el total de las enmiendas propuestas más por razones técnicas que políticas. 
La Comisión puede aceptar la enmienda nº 6 sin ninguna reserva. 
No puede aceptar las enmiendas nº 4 y 5 excepto si se hacen determinadas modificaciones de carácter sintáctico. 
De hecho, la posición de la enmienda nº 4 en el texto del reglamento debería ser otra y la Comisión podría aceptarla si hay un acuerdo de este tipo. 
Igualmente en cuanto a la enmienda nº 5, la excepción de los controles de los medicamentos, que la Comisión aplaude, cuya compatibilidad con la legislación de las patentes de invención ya ha sido aceptada gracias al permiso de puesta en circulación, podría enmarcarse con mayor exactitud. 
Por el contrario la Comisión no puede aceptar las enmiendas nº 1, 2, 3 y 7. 
No puede aceptar la enmienda nº 1, ya que el canon debe corresponder al coste del servicio prestado, que por definición varía en los Estados miembros según el volumen de los medios que deban movilizarse. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 2, porque la garantía que pueden solicitar las autoridades aduaneras es utilizada para cubrir su responsabilidad en caso de mercancías que se retengan injustificadamente. 
Dado que se trata de una responsabilidad estatal, no hay necesidad de establecer una garantía obligatoria porque las autoridades públicas siempre deben considerarse fiables. 
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda nº 3, ya que la indemnización al titular de la mercancía, los detalles de esta indemnización son de competencia de cada Estado miembro, se considera siempre que es global. 
Por último, la Comisión no puede aceptar la enmienda nº 7, porque en la práctica la experiencia ha demostrado que los datos que se toman en el marco de la aplicación del reglamento no dan la posibilidad de llevar a cabo un análisis del tipo que prevé la enmienda en cuestión. 
Los resultados del funcionamiento de este medio, que toma la Unión Aduanera, son medibles y la Comisión los analiza detalladamente en el informe que les ha presentado. 
El fenómeno de la explotación ilegal de la propiedad intelectual, sus raíces y sus repercusiones globales, constituyen por si solas una cuestión diferente que excede en mucho al campo del presente reglamento. 
Señor Presidente, al terminar quiero dar las gracias una vez más al ponente y, por supuesto, a todos cuantos han contribuido en su labor hoy durante la presentación de esta directiva. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la declaración de la Comisión sobre el resultado de la segunda Conferencia ministerial de la OMC del 18 al 20 de mayo de 1998 en Ginebra. 
Señor Presidente, durante los días 18 a 20 de mayo estuve al frente de la delegación de la Comisión Europea en la conferencia ministerial de la OMC que se celebró a la vez que la conmemoración del 50 aniversario del GATT, el predecesor de la OMC. 
El Presidente Santer representó a la Unión Europea frente a Jefes de Estado de todo el mundo. 
Tanto la conferencia ministerial como el 50 aniversario fueron un éxito. 
Se reconoció, con justicia, que el sistema GATT ha hecho una contribución extraordinaria al crecimiento del empleo y la estabilidad económica en los últimos 50 años, y el hecho de que tantos países hayan participado en el sistema y que más de 30 estén esperando ser miembros es un claro reflejo de ese reconocimiento. 
También se reconoció que la extensión de la liberalización comercial en la economía global actual, en el seno del sistema basado en normas de la OMC, es el camino más seguro de mantener y propagar esa prosperidad. 
Esos mensajes en favor del sistema de la OMC fueron expresados por la práctica totalidad de los países participantes en la conferencia, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. 
El 20 de mayo la conferencia adoptó una declaración ministerial que anima y nos posibilita trabajar para alcanzar el objetivo de una mayor liberalización comercial como un medio de asegurar una mayor prosperidad y estabilidad. 
La conferencia insistió en la importancia de que todos los países miembros de la OMC cumplan con las obligaciones con las que todos los miembros de la OMC deben estar fuertemente comprometidos. 
La Comunidad Europea, por su parte, expresó su visión de que una porción importante de la implementación de la Ronda Uruguay se había llevado a cabo correctamente, pero que si un país específico estaba teniendo problemas, estamos en disposición de aportar ayuda técnica para asegurar que la implementación vaya por buen camino. 
La oferta fue bien recibida por algunos de los países menos desarrollados. 
En segundo lugar, la declaración ministerial inaugura un proceso para preparar el terreno a una decisión que se debe tomar en la conferencia que se celebrará el año que viene en lo Estados Unidos sobre una mayor liberalización multilateral. 
Este proceso, el programa de trabajo que se ha establecido, no adelanta las decisiones del año que viene pero posibilita que el año que viene se tomen decisiones ambiciosas si, como espero, esa es nuestra opción. 
El proceso que hemos aprobado respetará el calendario existente, pero también va a permitir trabajar donde sea necesario un mayor esfuerzo de suerte que todos los elementos estén en su sitio para tomar las decisiones el año que viene. 
Esperamos que el año que viene se tome una decisión para lanzar una ronda de negociaciones comprehensiva- la ronda del milenio- que cubra no sólo esos aspectos que ya se ha acordado negociar, tal y como agricultura y servicios, sino también otras áreas y sectores importantes para la industria y los negocios de la Unión Europea, tales como los aranceles industriales, las normas de inversión y competencia, la intermediación de los gobiernos, etc. La Unión Europea estima que se beneficiará de los acuerdos estos sectores y creo que esto va en el interés no solo de nuestros socios industrializados, sino también en el de los países en vías de desarrollo. 
Me resultó muy arduo explicar durante la conferencia ministerial por qué una nueva ronda era el camino correcto hacia delante, y quizá merezca la pena mencionar hoy los argumentos a favor. 
En primer lugar, solo a través de una aproximación comprehensiva se puede asegurar a todos los sectores e intereses que sus preocupaciones particulares van a ser tratadas en las negociaciones. 
Sin una ronda amplia existiría un riesgo de que algunos sectores y áreas apropiadas para una colaboración futura queden marginados. 
Con una ronda el proceso de diseño del calendario es más amplio y dispondremos de muchas más opciones de tomar decisiones definitivas que en el caso de una aproximación más estrecha, sectorial. 
En segundo lugar, esta aproximación comprehensiva significa que el calendario establecido, el programa de trabajo de Singapur, y también nuevos asuntos, pueden ser debatidos. 
Una ronda implica una responsabilidad única, en la que, como en rondas pasadas, todos los participantes deben aceptar completamente el resultado de las negociaciones y no solamente elegir lo que quieren. 
Eso significa que cuestiones que son difíciles para unos pero importantes para otros no pueden ser bloqueadas y aisladas. 
Esa es la clave para un resultado de éxito. 
Finalmente, una ronda comprehensiva implica una única fecha de conclusión que atrae una atención política del más alto nivel dentro de los gobiernos de los miembros y por ello se ejerce una presión mayor para acabar a tiempo las negociaciones. 
En la conferencia ministerial se apoyaba de forma considerable nuestra aproximación y es muy significativo que el Presidente Clinton fuese muy precavido y no desechase una aproximación semejante y la Sra. Barshefsky también indicó que era posible iniciar una aproximación de ese tipo si se tomaba una decisión al respecto a lo largo del próximo año. 
Por supuesto que nuestras ideas no tienen aun un apoyo universal, pero espero que el proceso de creación de un consenso continúe de suerte que sea posible alcanzar un acuerdo el año que viene. 
Eso es lo que vamos a trabajar. 
Al pretender impulsar una mayor expansión y liberalización comercial debemos explicarle a nuestros electorados respectivos la importancia de la liberalización comercial para promocionar y crear empleo. 
Debemos mostrar a todos los grupos interesados los beneficios que se derivan y de ello y dejar claro que el comercio y otras cuestiones que conciernen a las políticas públicas, tales como el medio ambiente, no son incompatibles y, por contra, pueden combinarse para obtener una ventaja mutua. 
En la conferencia ministerial expresé mi convencimiento de que necesitamos atajar la opinión crítica de que el comercio es necesariamente nocivo para el medio ambiente. 
Un decidido esfuerzo por resolver algunos de los problemas del comercio y el medio ambiente significaría un gran avance hacia la tranquilización de la opinión pública. 
Este llamamiento consiguió mucho apoyo, especialmente por parte del Presidente Clinton, para la idea de una cumbre al más alto nivel como el camino para llevar este asunto hacia delante. 
La declaración ministerial refleja la necesidad de convencer a un mayor sector de la sociedad civil al tiempo que desarrollamos nuestro trabajo en la OMC y que debemos buscar nuevas formas de involucrar a los representantes de la sociedad civil en el proceso. 
Debemos demostrarles los beneficios del sistema para cerciorarnos de que se mantiene transparente y debemos escuchar sus preocupaciones. 
La Comunidad está en la vanguardia en cuanto a los llamamientos de esta naturaleza. 
Antes de terminar quisiera hacer referencia a la resolución del Parlamento concerniente al resultado de la conferencia ministerial. 
Saludo la resolución y estoy de acuerdo con la mayor parte de la misma. 
Señala con justicia la contribución extraordinariamente positiva del GATT en los últimos 50 años y de los logros del sistema multilateral en general. 
También muestra el apoyo del Parlamento a la liberalización multilateral continua, un mensaje que saludamos y que pretendemos llevar adelante al tiempo que preparamos la siguiente ronda. 
El Parlamento también arroja ciertas preocupaciones sobre la necesidad de asegurar que los países en vías de desarrollo se beneficien completamente del sistema de la OMC. 
No comparto la visión de que la OMC sólo ha beneficiado a los países industrializados, pero soy el primero en reconocer que deberíamos continuar realizando el máximo esfuerzo para asegurar que la mayor liberalización siga beneficiando a los miembros más pobres. 
La resolución también insiste- también saludo este hecho- en la importancia de integrar más adecuadamente cuestiones medioambientales y de otra naturaleza en la labor OMC así como un diálogo más fluido con nuestros interlocutores sociales sobre la OMC. 
Finalmente, el Parlamento ha hecho algunas observaciones relativas al reciente acuerdo alcanzado sobre la ley Helms-Burton con los Estados Unidos. 
No coincido con los diputados en este asunto. 
El acuerdo fue un resultado incuestionablemente positivo para la Comunidad Europea y de ninguna manera se aparta de nuestro objetivo a largo plazo de ver esas leyes abrogadas. 
Es positivo para Europa porque permite a nuestros países invertir en Cuba e Irán, pero también porque incluye un fuerte compromiso de la administración americana de resistir futuras tentaciones de medidas extraterritoriales. 
Es absolutamente coherente con el espíritu de la OMC cuyas normas explícitamente animan al arreglo de las diferencias por vía bilateral. 
Y, por supuesto, si los americanos no hacen honor a sus compromisos- de lo que no tengo ninguna razón que me haga pensar que así vaya a ser- nos reservamos el derecho de volver a acudir al sistema de la OMC para solución de disputas, cosa que nos es posible. 
Quisiera, finalmente, que quedara constancia de mi gratitud por la participación de diputados del Parlamento Europeo en la conferencia. 
Su participación ha sido bienvenida y efectiva. 
Espero que en los próximos meses con el objeto de preparar la tercera Conferencia Ministerial se produzca una similar colaboración con el Parlamento. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, naturalmente, la Conferencia de Ministros de Ginebra no ha podido responder a las numerosas cuestiones abiertas sobre un desarrollo razonable de la OMC. 
Pienso en el respeto de los estándares sociales, la reducción de las cargas medioambientales derivadas de la producción así como en la inclusión de los países en vías de desarrollo que no están representados en la OCDE en las negociaciones actuales sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones. 
Habría que apoyar el correspondiente código de conducta en la OMC para empresas internacionales pues podría aportar claridad y determinar un marco de referencia internacional. 
Para que las indudables ventajas del comercio mundial se conviertan en una realidad palpable también para el mayor número de personas y no sólo para los accionistas y consorcios, en el marco de la OMC nos tenemos que seguir ocupando intensamente de las consecuencias y efectos del comercio mundial para la distribución nacional del bienestar. 
Si no se solucionan estas tareas, el libre comercio se verá desacreditado en su totalidad y se reducirán las cuotas de bienestar obtenidas hasta ahora gracias a la OMC. 
En cualquier caso, es positivo que la Conferencia de Ministros de la OMC, ante la inseguridad de los actores económicos internacionales como consecuencia de la crisis asiática, haya subrayado que va a proseguir el rumbo de la liberalización multilateral del comercio mundial. 
Pero esta liberalización no es un valor en si misma. 
Tal como se exige en la declaración de los Ministros, tiene que aportar ventajas a todos. 
Lamentablemente, no es este siempre el caso, pues las promesas realizadas en la cumbre de Singapur y también más tarde en el high level meeting celebrado en 1997 en Ginebra, consistente en facilitar el acceso al mercado a los países menos desarrollados, las tienen que cumplir por fin todos los miembros de la OMC. 
Mediante la armonización de las condiciones de acceso al mercado también para los países menos desarrollados no pertenecientes a ACP, la UE ha dado un paso en la dirección correcta. 
También los países menos desarrollados tienen que actuar e impulsar por su lado la paulatina integración en el mercado mundial y el crecimiento interior mediante la diversificación económica. 
Pero esto exige en algunos casos también un cambio de actitud de las capas dirigentes. Hay que decirlo con claridad. 
No sólo el endeudamiento que se menciona en la declaración de los Ministros sino también otros factores, como el aferrarse a unas importaciones tradicionales de energía, gravan hoy en gran medida las balanzas de pago de muchos países en vías de desarrollo. 
Por ello, tenemos que intensificar una auténtica cooperación entre la UE y los países en vías de desarrollo en el campo económico para proporcionar a los países en vías de desarrollo y también a los terceros Estados la oportunidad de desarrollar alternativas propias de obtención de energía. 
En el Parlamento se ha hablado hoy extensamente al respecto en otro contexto. 
En general, quiero tomar este informe como motivo para indicar que el Parlamento Europeo debería expresarse sobre el futuro de la política comercial mundial para acompañar de un modo más crítico la cooperación gubernamental en este campo, lo que es también muy importante de cara a la política de empleo. 
Tengo la sensación de que a nivel nacional este sector se encuentra demasiado a la sombra de los debates de política interior. 
Sir Leon Brittan, apreciamos mucho que siempre se haya declarado dispuesto personalmente a informar ante la Comisión de Relaciones Económica Exteriores sobre la evolución de la OMC. 
Pero lo que necesitamos es una participación formal del Parlamento en asuntos de la OMC, en especial, informes anuales escritos sobre las actividades de la Comisión en estos campos. 
Le estaríamos muy agradecidos si lo hiciese. 
Señor Presidente, en primer lugar un tardío pero amistoso " buenos días». 
Sir Leon, me alegra que haya aprovechado la ocasión de emitir una declaración sin que pudiésemos replicar o hablar sobre lo que usted ha dicho debido a la limitación de tiempo. 
Me alegro por el reconocimiento del trabajo del Parlamento Europeo, por la resolución y el agradecimiento de nuestra presencia en Ginebra. 
Le garantizo que vamos a seguir impulsando la cooperación y estamos agradecidos por la estrecha colaboración. 
Esta ronda de Ginebra tenía al principio más de festividad y de proclamación, pues 50 años de GATT eran un motivo para celebrar. 
Fue una mirada hacia atrás sobre unos tiempos plagados de éxitos. 
Imaginémosnos todo lo que hemos logrado para relativizar la crítica sobre lo que aún no se ha hecho. 
En el Parlamento Europeo habríamos esperado que la Comisión y el Consejo no hubiesen dejado la tribuna a los EE.UU en exclusiva. 
Pero también sabemos que la crítica del Parlamento Europeo al hecho de que en el comercio, el medio ambiente y las normas sociales no se haya alcanzado aún tanto, se debe en lo esencial a que son precisamente los países en vías de desarrollo los que dudan en esta cuestión por motivos comprensibles. 
Nosotros debemos ser también precavidos y no plantearnos a nosotros mismos exigencias excesivas, para que lo que queremos lograr juntos sea también creíble. 
El orador anterior ha dicho que espera más exigencias por parte del Parlamento Europeo. 
Por contra, yo diría que en las resoluciones, audiciones y otras muchas situaciones, hemos ido con frecuencia con nuestros planteamientos más lejos de lo que se podía lograr en el momento. Pero quizás sea eso también correcto. 
Sir Leon, me alegro por la próxima ronda a celebrar en Nueva York, sobre la que la Comisión cree que tiene que ser una gran ronda. No debe ponerle límites. 
Tiene que adoptar las medidas necesarias para que todo se ponga sobre la mesa. 
En esta política, señor Comisario, tendrá el apoyo del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, la reunión del Consejo de Ministros de la OMC en Ginebra no ha sido precisamente un brillante éxito. 
Incluso nuestro optimista profesional, Sir Leon Brittan, solamente le pudo asignar el título de " éxito relativo». 
El eco de la prensa fue más claro. 
Los actos paralelos celebrados en Ginebra pusieron las cosas en su sitio: cincuenta años tras el establecimiento del sistema del GATT no hay ningún motivo para celebraciones. 
A nivel mundial, las desigualdades han aumentado. 
Los países pobres se han empobrecido aún más, el medio ambiente está en muchos lugares ante el colapso y los logros laborales se están desmontando. 
En lugar de seguir impulsando el liberalismo, se deberían primero evaluar los años pasados. 
¿Qué es lo que ha ido mal para que los países en vías de desarrollo estén perdiendo aún más proporción en el comercio? 
¿Qué es lo que está mal regulado para que los paneles de la OMC decidan regularmente contra el medio ambiente y las personas? 
No necesitamos una liberalización del comercio con alimentos modificados biotecnológicamente sino un mecanismo que nos proteja de ellos. 
Necesitamos una modificación de los estatutos de la OMC. 
El comercio con productos elaborados bajo unas condiciones perjudiciales no puede ser impuesto durante más tiempo mediante paneles. 
En concreto, Sir Leon Brittan, ¿está usted dispuesto a trabajar en pro de la modificación del artículo 20 del GATT? 
Muy esencial es además una cosa: necesitamos transparencia. 
Good government exige hoy la UE a los países del Tercer Mundo antes de dar ayuda al desarrollo. 
Good government exigimos nosotros a la OMC. 
Muy importante es también- lo que es también aplicable al Gobierno griego- que exigimos Good government de nuestros propios Gobiernos antes de iniciar una nueva ronda de negociaciones. 
Señor Presidente, siempre se debate que un aumento del comercio mundial originado por el levantamiento de las barreras comerciales es un medio para alcanzar una mayor prosperidad y un nivel de vida más alto para todos. 
Los niveles de empleo deberían ser en consecuencia nuestra preocupación. 
Quisiera instar a la OMC a colaborar estrechamente con la Organización Internacional del Trabajo para asegurar que se observen unos niveles de empleo básicos tal y como se recomendó en la declaración final de la cumbre de Singapur de 1996. 
Los países en vías de desarrollo deberían implementar la convención de la OIT para alcanzar un nivel aceptable y continuar con el esfuerzo contra la pobreza mundial. 
La segunda cuestión que quiero mencionar es la de Cuba y la Ley Helms-Burton. 
Creo, a pesar de las garantías del Comisario, que fue un error de la Unión Europea haber acordado la disolución del panel de la OMC que se estableció para tratar las objeciones a la ley Helms-Burton y en su lugar haber concluido el acuerdo del 18 de mayo, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que parece aceptar un elemento de la validez extraterritorial de la ley americana. 
Según tengo entendido, como se deja de aplicar el título 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la Unión Europea va a cooperar en la elaboración de un registro de propiedades presuntamente expropiadas y va retirar en el futuro el apoyo público y no fomentar la inversión en esas propiedades por parte de sus miembros o ciudadanos. 
No parece posible, a pesar del optimismo del Comisario, que el Congreso de los Estados Unidos vaya a aprobar la derogación de los títulos 3 y 4 sin ningún cambio en el control político, sobre todo si se tienen en cuenta las palabras de Jesse Helms. 
Saludo la declaración del Comisario de que podremos volver al panel de la OMC si fuera necesario. 
Sin embargo, si se aceptasen las derogaciones, żseguiría siendo compatible con los principios de la OMC el no animar a las empresas a invertir y no otorgar apoyo público para las inversiones en Cuba? 
¿Un acuerdo de este tipo invalida los acuerdos individuales de los Estados miembros de la Unión Europea y Cuba y proporciona la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia? 
¿No se ha tenido en cuenta el hecho de que, en contraste con otros casos, los Estados Unidos no han intentado alcanzar un acuerdo sobre la compensación por las propiedades que fueron nacionalizadas? 
¿Y en estas circunstancias, por qué tiene la Unión Europea que consentir en aguantar un acuerdo que en tanto acepta la idea de no apoyar la inversión en propiedades expropiadas se adhiere a un elemento de la ley Helms-Burton? 
Al emprender esta acción y asegurar una especie de acuerdo fuera de los tribunales, parece que la Unión Europea ha hecho concesiones incompatibles con los principios de la OMC. 
Estaría muy agradecido si el Comisario pudiera comentar estas cuestiones, en particular la referente al comercio con Cuba. 
Señor Presidente, señor Comisario, no quiero plantear un debate a esta hora sobre el destino de la Organización Mundial del Comercio, sin embargo, deseo dejar constancia de mi opinión, en absoluto entusiasta, acerca de esta Conferencia y de la función desempeñada por este organismo. 
La ambición era que la liberalización de los intercambios, al superar los daños causados por los proteccionismos de antes de la guerra, llevaría consigo prosperidad y empleo. 
Y no es de extrañar- recuerdo siempre este hecho porque me parece significativo- que la 1ª Conferencia de La Habana se titulara «Comercio y empleo» : el empleo era uno de los objetivos. 
Las cosas no fueron así. 
Esa Carta de La Habana nunca entró en vigor porque los Estados Unidos no la ratificaron y todas las disposiciones que se previeron para acompañar la liberalización de los intercambios mediante las medidas necesarias para el desarrollo nunca fueron aprobadas. 
Hoy no nos queda más que el libre cambio que ha provocado graves tensiones también en Ginebra. 
Baste pensar, por ejemplo, en el malestar de la UNCTAD. 
La liberalización de los intercambios no crea libres mercados, sino que con frecuencia acentúa los desequilibrios porque otorga a los más fuertes más libertad para ejercer su dominio. 
Creo que tendremos que reflexionar muy a fondo sobre estas cosas, antes de que empiece el asalto del tercer milenio. 
Señor Comisario, permítanme una última observación acerca de la cuestión de la ley Helms-Burton, sobre la que ya hemos hablado muchas veces. 
No sé si los americanos lograrán o no cumplir los compromisos asumidos, tengo mis dudas. 
Aún así, me parece que los europeos se han comprometido a no invertir en las propiedades nacionalizadas en Cuba- y son casi la mayoríahecho que me parece grave. 
Usted mismo, señor Comisario, escuchó conmigo al Presidente de Brasil, Sr. Cardoso, lamentarse en Ginebra porque, naturalmente, los países no europeos quedan excluidos de cualesquiera acuerdos. 
No me parece correcto que Europa desempeñe un papel universal protegiendo sus empresas y no importándole lo que les sucede a las empresas del resto del mundo que no gozan del mismo poder de contratación que nosotros tenemos. 
Señor Presidente, en primer lugar, tal y como ha dicho el Sr. Elchlepp, es cierto que no se han resuelto todas las cuestiones en la reunión. 
No había posibilidad ni la intención de que así fuese: la reunión se diseñó para proporcionar un plan y una dirección para el futuro y para identificar los problemas, y eso es lo que se ha hecho. 
Muchas de las cuestiones que el Sr. Elchlepp ha mencionado tendrán que ser tratadas en la medida que vayamos avanzando. 
Aprecio mucho lo que ha dicho respecto de la actitud de la Unión Europea hacia los países menos desarrollados. 
Seguiremos ejerciendo presión en el mismo sentido. 
Coincido con lo que ha dicho sobre la cooperación en el sector de la energía. 
Lo que el Sr. Kittelmann ha dicho sobre los países en vías de desarrollo es también muy importante. 
Es especialmente importante para aquellos de nosotros que tenemos relaciones con los países en vías de desarrollo persuadirles de que va en su propio interés participar en los debates sobre cuestiones tales como comercio y medio ambiente; explicarles que no tenemos intenciones proteccionistas en ese sentido y que comprendemos sus sentimientos sobre nuestras demandas que nosotros creemos pueden realizar y ellos no. 
No estoy de acuerdo, desde luego, con la premisa fundamental del Sr. Kreissl-Dörfler. 
Pero en relación con el artículo 20, creo que la posibilidad de realizar algún tipo de interpretación ulterior de ello- si no una enmienda- es un asunto real que debe ser discutido en el encuentro de alto nivel sobre comercio y medio ambiente- si lo tenemos, que espero que sí. 
En lo que concierne al Sr. Newens, desde luego que creo que debería existir una mayor colaboración entre la OIT y la OMC tal y como se acordara en Singapur. 
Pero respecto a la ley Helms-Burton nada de lo acordado es incompatible con la OMC, que como dije en mis observaciones introductorias, establece positivamente el sistema, que esta diseñado no para que se litiguen las controversias hasta el final y se establezcan las consecuencias, sino para invitar a las partes a resolver sus diferencias. 
Desde luego, si son resueltas, nadie obtiene todo lo que se quería. 
Pero nosotros lo hemos dejado muy claro, en primer lugar, si los Estados Unidos es incapaz de cumplir sus compromisos tenemos el derecho de acudir a la OMC, y, en segundo lugar, no es el caso, como ha dijo la Sra. Castellina, de que nos hayamos comprometido a no invertir en Cuba. 
¡No se trata de eso! 
No hay ninguna restricción sobre las inversiones en Cuba: solo hay una declaración que, en las circunstancias de la de la conformidad de los americanos con el acuerdo, no vamos a dar apoyo público a la inversión, pero sólo en nuevas inversiones en propiedades que nosotros consideramos han sido expropiadas de forma contraria al derecho internacional. 
Por tanto, la cuestión de si eso es así debe ser determinada caso por caso. 
Sobre este tema he recibido la propuesta de resolución B4-0666/98, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, según el artículo 40, apartado 5 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el jueves, a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.35 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, yo le ruego que haga constar en el Acta que en el debate sobre el V Programa marco yo tomé la palabra en calidad de ponente de opinión de la Comisión de Agricultura. 
Señora Presidenta, mi nombre no figura en la lista de diputados presentes en las votaciones de las 9.00 de la mañana, pese a que he comunicado a la Mesa que estaba presente y he votado a favor de la urgencia sobre la OCM del sector del aceite. 
Por tanto, quisiera que se hiciese la oportuna corrección. 
Tomo nota y se procederá a la correspondiente rectificación. 
Señora Presidenta, al ver el acta del día de ayer, he podido constatar que, cuando se habla de la enmienda 4 del Sr. Berend, consta que mi voto es a favor, y mi voto es en contra. 
Ruego que se corrija. 
Se introducirá la correspondiente rectificación. 
Señora Presidenta, quiero que conste mi presencia en el día de ayer. 
Se introducirá también la correspondiente rectificación. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, desearía preguntar si la Presidencia se ha dejado engañar, o si está al corriente del contenido de la exposición que tiene lugar delante de la sala 100, sobre los alemanes de los Sudetes. 
Se trata de una exposición revanchista, y que coincide con una campaña que se lleva a cabo en este momento, concretamente en Baviera, por la derecha de la derecha alemana. 
Considero absolutamente intolerable que pueda celebrarse en nuestra ciudad una exposición que refleja la añoranza de las fronteras de 1938. 
Deseo, pues, una explicación al respecto. 
Señor Wurtz, según las noticias de que dispongo, ha habido un error en la elaboración de dicha exposición. Los organizadores han utilizado folletos antiguos de la década de los ochenta, escritos en francés y en alemán. 
Esto no debiera haber ocurrido y en este sentido le doy la razón. 
Sin embargo, en cuanto se advirtió el error, éste fue corregido de inmediato. 
Yo asistí ayer a la inauguración de la exposición y el antiguo Presidente Hänsch manifestó lo siguiente al respecto: nos invitó a contemplar dicha exposición con el pensamiento de que los alemanes y los checos también volverán a ser amigos en el marco de una Europa unida. 
Yo creo que en este sentido resulta aceptable que la exposición se exhiba también en nuestros locales. 
Espero que acepte usted esta explicación y que podamos proceder a fijar el orden de los trabajos. 
Señora Presidenta, yo también asistí ayer a la inauguración de la exposición y quisiera destacar que el señor Hänsch no manifestó únicamente lo que usted acaba de expresar, sino que también añadió explícitamente algo que yo considero mucho más importante para el debate actual, a saber, que las discrepancias en relación con el tema de los decretos Benes no pueden condicionar de ningún modo las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos con Chequia. 
A mi parecer, esto es lo más importante desde el punto de vista político. 
Señora Presidenta, ya que estamos hablando de exposiciones quizá no esté de más que, por conducto de usted, pida a la Junta de Cuestores y a la Mesa que se fijen en la forma en que este Parlamento, tanto aquí como en Bruselas, es utilizado como escenario para algunas de las exposiciones más ridículas que quepa imaginar: actividades comerciales que nos hacen aparecer más como un bazar que como un Parlamento. 
Mi Grupo sufre regularmente las molestias, no únicamente de las exposiciones que tienen lugar fuera del Despacho 100, sino de las subsiguientes recepciones ruidosas. 
Ayer había trompetas y trombones tocando fuera de nuestra sala de reunión. 
Esto se está convirtiendo en un circo, y hay que acabar con esta situación. 
Tenemos unas disposiciones rigurosas sobre esta materia, pero aun así convendría revisarlas. 
Transmitiré su petición y se examinará la conveniencia de establecer nuevas normas. 
Presidenta, cambiando de asunto, he de solicitar su ayuda y a través de usted la ayuda del Sr. GilRobles. 
En mi país ha habido gran alboroto en los medios de comunicación por una noticia errónea que tiene que ver con el Parlamento Europeo. 
En los medios de comunicación neerlandeses circula la noticia de que el Parlamento Europeo ha propuesto que sus miembros cobren un salario de entre 9.000 y 13.000 ecus. 
Ayer por la tarde la televisión neerlandesa preguntó a un gran número de miembros de la Cámara Baja sus opiniones al respecto y éstos han dicho en su totalidad que es un gran escándalo que el Parlamento Europeo pida semejante salario. 
Presidenta, todos nosotros sabemos que nuestro Parlamento no ha planteado esa propuesta y que ni siquiera hay propuesta alguna de ningún órgano sobre la mesa. 
Me preocupan bastante las noticias que se dan en mi país, noticias que no siempre están basadas en datos suficientemente verificados. 
Quiero preguntar al Presidente a través de usted si desmentirá oficialmente la noticia en los medios de comunicación neerlandeses, de manera que este tipo de noticias, tan negativo y escandaloso, no vuelva a producirse en un futuro. 
Le estoy muy agradecido por su ayuda. 
Transmitiré su observación, señor de Vries. 
Por otra parte, usted mismo ya ha señalado que este aspecto no figura en el proyecto. 
En relación con lo que ha dicho el Sr. De Vries, en un télex de Belga, la agencia de prensa oficial belga, aparece que una remuneración de entre 9.000 y 12.000 ecus, de 366.000 a 488.000 francos belgas al mes, está dentro de lo posible, así aparece en una carta del Presidente del grupo de trabajo al Presidente del Parlamento, José María GilRobles. 
El contenido de la carta se divulgó antes de que la cuestión pudiera ser discutida por la Mesa del Parlamento. 
Apelo a usted, señora Presidenta, para que la Mesa del Parlamento desmienta esta noticia de inmediato y confirme que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre el asunto y que sólo aparece en el informe de un grupo de trabajo y que la Mesa del Parlamento no ha hecho ninguna propuesta al respecto. 
Señor Martens, este tema figura en el orden del día de la reunión que la Mesa celebrará esta tarde. 
Yo me comprometo a transmitir lo que usted acaba de exponer. 
Señora Presidenta, sabe usted muy bien, y también todos los señores colegas que integramos la Presidencia que no se ha tomado ninguna decisión ni se ha presentado propuesta alguna hasta este momento. 
Por tanto, todo esto son rumores y nada más. 
Presidenta, en principio quiero unirme por completo a lo que han dicho el Sr. De Vries y el Sr. Martens. 
Pero quiero advertirle sobre un punto. 
Entre la divulgación de esta noticia incorrecta y la reacción de la Presidencia pasaron tres días. Durante tres días se difundieron en la televisión neerlandesa y en los medios de comunicación neerlandeses noticias erróneas que ya no se pueden desmentir en el circo de los medios de comunicación de nuestro tiempo. 
Éste es nuestro gran problema. 
A mi entender, el Servicio de Prensa e Información del Parlamento debe reaccionar inmediatamente ante este tipo de asuntos y no dejarlo correr durante una semana, ya que esto trae como consecuencia que se nos persiga con toda clase de infundios sin ninguna base real. 
Señora Presidenta, Señorías, es cierto que en ningún órgano del Parlamento Europeo se ha tomado decisión alguna en lo que concierne al estatuto de los miembros del Parlamento Europeo y en lo que podría ser un posible salario. 
Resulta ser así, y en ese sentido es correcta la noticia de Belga de que hay una carta adjunta en la que se mencionan las cifras de un posible salario entre 9.000 y 12.000 ecus. 
Por tanto, esas cifras están en una carta adjunta, y por lo visto eso es lo que se ha divulgado. 
Por tanto, debemos poner los puntos sobre las íes al respecto, no hay ninguna decisión. 
Sí que hay propuestas y hay una carta adjunta que puede ser el motivo de este tipo de interpretación. 
Señora Presidenta, ese tipo de informes son sumamente perjudiciales para este Parlamento. 
Las cifras que ha mencionado la Sra. Aelvoet no constituyen en absoluto una propuesta de salario, y se equivoca por completo al insinuar que alguien de este Parlamento las cita con esa finalidad. 
Lamento muchísimo que David Martin, que presidió las reuniones del grupo de trabajo en nombre de la Mesa, no esté aquí para explicar públicamente lo sucedido. 
Lo que acaba de decir la Sra. Aelvoet representa una opinión realmente tendenciosa, exactamente el tipo de cosa que puede causar tanto daño entre los medios informativos de la Unión Europea. 
Muchas gracias, señora Green. 
Al respecto, conviene recordar lo siguiente: la señora Aelvoet ha dicho que el Parlamento no ha tomado ninguna decisión en la materia. 
No se ha adoptado ahora una decisión al respecto. Existe una antigua decisión del Parlamento de establecer un estatuto y también existe, como usted sabe, el mandato del Tratado de Amsterdam, cuya ratificación todavía no se ha completado. 
Se creó un grupo de trabajo en el seno de la Mesa, en el que también participan diputados de diversas Comisiones. 
Dicho grupo ha elaborado un proyecto de documento que se ha remitido esta semana a la Mesa. 
Hasta el momento no se ha adoptado ninguna decisión y dicho proyecto no contiene ninguna de esas propuestas, o sea, nada de cuanto se ha dicho en relación con el montante de las dietas. 
Realmente no existe motivo alguno para que alguien pueda tener la impresión de que es así. 
La Mesa y evidentemente también las comisiones competentes del Parlamento y el Pleno elaborarán a su debido tiempo un estatuto como corresponde, esto es, con unos fundamentos sólidos. 
Éste no se adoptará de manera caprichosa, sino que se debatirá debidamente. 
Yo creo que no hay nadie en la Asamblea que no comparta la opinión de que una ley electoral única, como la que aprobaremos en el próximo período parcial de sesiones de julio, debe ir acompañada también de un estatuto único. 
Los detalles que ahora se han filtrado o el hecho de que se hayan citado fragmentos de cartas que ni siquiera figuraban en las cartas... 
... estas cosas ocurren, por desgracia. 
Yo lo comunicaré esta tarde en la reunión de la Mesa e insistiré para que emitamos una declaración en la que esto se exponga con claridad y se aclaren los malentendidos. 
Calendario de los períodos parciales de sesiones de 1999 
Yo propongo que se aplace hasta mañana jueves la votación del calendario de los períodos parciales de sesiones de 1999- que, como saben, ya se debatió ayer -, a la espera del dictamen del Servicio Jurídico sobre la admisión a trámite de las enmiendas que tienen por objeto adelantar el período parcial de sesiones de julio. 
La propuesta sería adelantar una semana el período parcial de sesiones. Dado que éste tiene carácter constituyente, es preciso verificar primero si esto sería jurídicamente admisible. 
¿Hay alguna observación? 
(La Asamblea da su conformidad a la propuesta) 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el proceso de paz en Oriente Medio, seguidas de debate. 
Señor Presidente, le agradezco esta oportunidad de abrir el debate sobre el proceso de paz en el Oriente Medio. 
La Unión Europea sigue profundamente preocupada por la continua paralización del proceso de paz en el Oriente Medio y por la amenaza para la estabilidad regional que ese estancamiento plantea, y su preocupación está debidamente reflejada en las conclusiones de la Cumbre de Cardiff que se finalizaron ayer. 
Los participantes en el proceso de paz tienen que dar pruebas de valentía y de visión en la búsqueda de la paz, sobre la base de los principios convenidos en Madrid y en Oslo, especialmente el principio esencial de " tierra a cambio de paz» que se enuncia en las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La Unión sigue preconizando sus posiciones de principio acerca del proceso de paz que se enunciaron en sus declaraciones anteriores, particularmente el llamamiento en favor de la paz en el Oriente Medio hecho en Amsterdam en junio de 1997. 
Estos principios quedaron reafirmados en Luxemburgo en diciembre de 1997 como directrices esenciales para una política de la Unión Europea encaminada a facilitar el progreso y a restaurar la confianza entre las partes. 
La Unión Europea ha intensificado sus esfuerzos a fin de ayudar a las partes a que superen el estancamiento, desempeñando una función cada vez más sustantiva en el proceso de paz. 
El Primer Ministro británico, en su calidad de Presidente del Consejo Europeo, participó en las conversaciones sostenidas en mayo entre el Primer Ministro Netanyahu, el Presidente Arafat y Madeleine Albright en Londres. 
La Unión Europea participó en negociaciones sobre cuestiones económicas provisionales antes de la visita del Primer Ministro a la región, del 17 al 21 de abril, y durante ella. 
El Secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, en su calidad presidencial, visitó también la región del 15 al 18 de marzo. 
La Unión Europea ha efectuado también una declaración conjunta con los palestinos acerca de la cooperación en materia de seguridad, y está llevando a cabo un programa de asistencia contra el terrorismo para ayudar a los palestinos. 
Nuestro enviado especial, Embajador Moratinos, ha desempeñado un papel fundamental en estas actividades y sigue esforzándose por colmar las lagunas que existan y por promover el proceso de paz. 
La Unión Europea ha estrechado su cooperación con los Estados Unidos en el proceso de paz. 
Apoya firmemente los esfuerzos desplegados por los Estados Unidos para obtener el acuerdo de las partes respecto de un conjunto de ideas que, de ser aceptadas, abrirían el camino para reiniciar las conversaciones finales sobre el estatuto de la zona. 
La Unión Europea ha acogido con beneplácito la aceptación palestina de esas propuestas y ha pedido al Gobierno de Israel que dé una respuesta clara y positiva. 
La sincera voluntad de la Unión de fomentar la paz en la región se refleja en el volumen de su apoyo económico para el proceso de paz. 
De 1993 a 1997 la Unión y sus Estados miembros proporcionaron aproximadamente 1.680 millones de ecus en asistencia para los palestinos y para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. 
Los Ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión coincidieron, en la reunión del Consejo de Asuntos Generales que tuvo lugar el 23 de febrero, en renovar las medidas de ayuda de la Comunidad Europea a los palestinos más allá de la fecha en que iban a expirar, que era el final de este año. 
El informe Tomlinson sobre un nuevo reglamento del Consejo para prorrogar este programa de asistencia, preparado por el Sr. Tomlinson, refleja la comprensión de lo importante que esta asistencia ha sido y seguirá siendo, a fin de sostener el proceso de paz. 
Aclara la cuestión de la base jurídica para los diversos aspectos de la asistencia, y refleja la necesidad de seguir teniendo en cuenta las necesidades después de los dos años de la presente prórroga de la asistencia. 
La Unión se ha esforzado mucho también, a través de su diálogo formal sobre el particular con Israel, por mejorar la economía palestina, liberalizando especialmente la circulación de mercancías y personas. 
La Presidencia y el Embajador Moratinos han tomado la iniciativa de intensificar este diálogo. 
Una reciente comunicación de la Comisión Europea que propone la acumulación de los criterios de origen entre Israel y sus vecinos, con inclusión de Gaza y la Cisjordania, por lo que se refiere a los productos manufacturados exportados a la Unión Europea, reportará beneficios económicos para todos los asociados. 
También se ha publicado otra comunicación de la Comisión acerca de la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea e Israel. 
En ella se plantean cuestiones técnicas, políticas y jurídicas complicadas, incluido el caso de los productos provenientes de asentamientos israelíes. 
Estas cuestiones se discutirán con Israel y se examinarán en el Consejo en las próximas semanas. 
Aunque nos hemos esforzado sobre todo por conseguir que progrese la parte del proceso de paz que trata directamente de Palestina e Israel, la Unión Europea sigue preocupada por la falta de progresos en los sectores sirio y libanés. 
Es necesario que sigamos esforzándonos por revigorizar esos sectores y que haya suficiente flexibilidad entre las partes para que puedan reanudarse las conversaciones, y ése será nuestro principal objetivo en el período en que entramos. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, pese a los continuos esfuerzos de los Estados Unidos y de la Unión Europea a todos los niveles, el proceso de paz en Oriente Medio permanece completamente bloqueado desde hace casi año y medio. 
Es cierto, como señaló el Sr. Henderson, que, bajo la Presidencia británica, la Unión Europea ha intensificado su apoyo a los esfuerzos mediadores de Norteamérica. 
Pese a mantener, en ocasiones, posturas diferenciadas con respecto a algunas cuestiones importantes del proceso de paz, los Estados Unidos y la Unión Europea coinciden en un elemento sustancial: en estos momentos de crisis, es indispensable aunar los esfuerzos para conseguir desbloquear la situación. 
A este respecto, la visita que hiciera en la región el Primer Ministro británico, Sr. Blair, en abril, no hizo más que confirmar la gravedad de la crisis del proceso de paz. 
Resultado tangible de esta visita fue la reunión que tuvo lugar en Londres los días 4 y 5 de mayo entre americanos, palestinos, israelíes y la Presidencia de la Unión Europea. 
Desgraciadamente, esta reunión no consiguió desbloquear la situación respecto a las cuestiones técnicas pendientes: el aeropuerto y el puerto de Gaza, el libre tránsito entre Cisjordania y Gaza y, en fin, toda la agenda del joint dialogue que es perfectamente conocida por este Parlamento. 
Como ustedes saben, el bloqueo persiste todavía y se produjo, después de la reunión de Londres, el hecho de que incluso el propio Presidente Clinton tuvo que desconvocar la cumbre tripartita de Washington ante la falta de aceptación, por parte israelí, de la propuesta de compromiso norteamericana. 
En este sentido, compartimos totalmente el punto de vista expresado por el Sr. Henderson. 
No es posible hacer progresos reales y creíbles sin el cumplimiento de todos los acuerdos libremente negociados y firmados por las partes y sin el respeto de los principios en que se basa el proceso de paz, de manera fundamental el principio de «Paz por territorios». 
Los últimos incidentes violentos y las recientes iniciativas de Israel, otra vez en materia de asentamientos, ilustran la volatilidad de la situación y lo urgente que resulta que las partes acepten la propuesta norteamericana, que ya en sí misma constituye una propuesta de mínimos en lo que se refiere al redespliegue israelí en Cisjordania. 
Pese a sus reservas, la Autoridad palestina ha manifestado formalmente su acuerdo de principio con la propuesta norteamericana. 
Le corresponde, en opinión de la Comisión, al Primer Ministro Netanyahu mostrar la flexibilidad necesaria para revitalizar el proceso de paz a la mayor brevedad posible, aceptando la propuesta de los Estados Unidos, que- insistoes una propuesta de mínimos pero, hoy por hoy, es la única propuesta realista para poder avanzar otra vez en el camino de la paz. 
Por último, la posición europea sobre el proceso de paz no ha variado y, en las conclusiones del Consejo Europeo de Cardiff, ustedes podrán constatar, cuando se distribuya al Parlamento la resolución adoptada por los Jefes de Estado y Primeros Ministros, que la Unión, como no era para menos, ha vuelto a confirmar, punto por punto, lo que ha sido tradicional desde Venecia, Luxemburgo, Amsterdam y que ha tenido, naturalmente, su confirmación también en el Consejo Europeo de Cardiff. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, yo quisiera resumir en diez puntos la posición de mi Grupo político sobre este tema difícil y delicado. 
Primero: nosotros apoyamos plenamente y en todos sus puntos el proceso de paz de Oslo. 
No existe ningún otro camino que permita soslayarlo. 
Éste debe cumplirse y- tal como ha señalado también el Presidente del Consejo- nosotros deseamos presenciar algún progreso en relación con Siria y Líbano, y que se suscriban tratados de paz con ambos países. 
Lamentablemente, el Gobierno israelí, que había empezado a adoptar una posición más conciliadora, sobre todo en relación con Líbano, parece estar perdiendo de nuevo el valor para seguir adelante. 
Segundo: la Unión Europea es parte integrante del proceso de paz. 
Por consiguiente, no permitiremos que se nos excluya del mismo, ya que por nuestro compromiso político, moral y económico formamos parte del mismo. 
No queremos asumir o cumplir dicho compromiso en sustitución de Estados Unidos, sino como socios imprescindibles del proceso de paz junto con Estados Unidos. 
Tercero: a veces se reprocha a Europa una injerencia en asuntos que no le conciernen. 
No, no se trata de una injerencia en asuntos ajenos, ¡sino de una intervención en los propios asuntos! 
La interrupción del proceso de paz por parte del Gobierno israelí perturba las relaciones de buena vecindad entre Europa y los restantes países ribereños del Mediterráneo. 
Esto es algo que queremos evitar justificadamente, ya que el proceso iniciado en Barcelona es un proceso enormemente importante para toda el área del Mediterráneo y también para Europa, y no debe verse alterado. 
Cuarto: reconocemos plenamente y sin restricciones el derecho de Israel a su existencia y a la máxima seguridad. 
Por consiguiente, no abrigamos ninguna comprensión hacia el terrorismo. Sin embargo, es preciso combatir el terrorismo en sus raíces políticas, económicas y sociales, y la seguridad no puede servir de excusa para no continuar impulsando el proceso de paz. 
Al contrario, nosotros instamos al Gobierno israelí a que haga todo lo posible para evitar que su actitud contribuya a fomentar incluso los movimientos terroristas o radicales en Oriente Medio. 
Quinto: la Unión Europea debe seguir desarrollando su política de fortalecimiento de la infraestructura económica de los territorios palestinos. 
El aeropuerto está terminado y las autoridades palestinas han prometido y aceptado incluir a Israel en las consideraciones en materia de seguridad. 
La construcción del puerto se podría planificar e iniciar muy pronto. Es absolutamente imprescindible que así se haga y el compromiso europeo se mantiene firme en este sentido. 
Sexto: queremos dar apoyo- sobre todo financiero, pero también político y moral- a todos cuantos luchan por los derechos humanos en Palestina, a cuantos combaten el fraude financiero y la corrupción en Palestina y a cuantos abogan por que también se establezcan unas buenas relaciones con la población israelí. 
Nosotros queremos darles nuestro apoyo inequívoco. 
Éste es un compromiso que Europa suscribe y debe suscribir. 
Al mismo tiempo- y éste es el séptimo punto -, también queremos apoyar a todas las fuerzas amantes de la paz de Israel, que desean tender puentes de contacto con la población palestina y árabe, que reconocen los derechos para todos en Israel- también para la población árabe- y que abogan, sobre todo, por la tolerancia religiosa. 
Durante mi última visita, me impresionaron particularmente las personas que luchan por la paz y contra el fanatismo, contra la intolerancia religiosa en su propio país, a partir de consideraciones religiosas judaicas. 
Octavo: sabemos que el tema de Jerusalén es particularmente delicado. Comprendemos las emociones que suscita en muchos israelíes, pero también comprendemos las emociones de la población árabe. 
Por lo tanto, nos oponemos a cualquier tipo de medidas encaminadas a modificar unilateralmente, antes de las negociaciones, la situación en lo que respecta a la propiedad. 
Rechazamos, por lo tanto, a todos los grupos radicales y la tolerancia de la administración municipal de Jerusalén o del Gobierno israelí para con dichos grupos radicales. 
Noveno: nos oponemos rotundamente a que se recurra a las sanciones para resolver los problemas en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Israel. No obstante, también propugnamos absoluta e inequívocamente el cumplimiento de los acuerdos suscritos y apoyamos a la Comisión en sus esfuerzos para velar por que éstos se cumplan. 
Décimo: reconocemos el derecho de los palestinos a un Estado propio y esperamos que Israel contribuya a la constitución del mismo, de manera que éste se pueda crear, no en contra de Israel, sino con su colaboración. 
Simon Peres también lo resalta una y otra vez: la existencia de Israel requiere la existencia de un Estado palestino autónomo en un contexto de coexistencia pacífica. ¡Europa tiene el deber y la obligación de promover esta coexistencia pacífica! 
Señora Presidenta, el problema palestino e israelí y las cuestiones del Oriente Medio son extraordinariamente complicados y por eso nos obligan a ser muy precavidos cuando hablamos de ellos. 
Son complicados por las relaciones recíprocas entre Israel y los palestinos, ambos pueden reclamar derechos, derechos que a veces se contraponen entre sí. 
Luego está la historia de la mediación de los Estados Unidos, un proceso que en sí mismo ya exige también una extraordinaria precaución. 
Si nos unimos como parte deberemos esforzarnos por hablar muy juiciosamente. 
Sin embargo, es bueno que la Unión Europea se encuentre también implicada en este asunto porque- estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Swoboda- tenemos grandes responsabilidades históricas y también actuales en este territorio. No nos podemos desentender. 
No podemos decir: deja que los demás se ocupen de todo, Europa es neutral. 
De ahí que también sea importante que tengamos a alguien, al Sr. Moratinos, que se encuentra allí con el mandato de estudiar el modo en que la Unión Europea podría contribuir a la solución de los problemas en ese territorio. 
Eso exige, naturalmente, que el Consejo también tenga una postura clara, porque la confusa toma de decisiones en el Consejo en materia de política exterior- ya lo sabemos de sobrasólo conduce a más desgracias. 
Esa toma de decisiones del Consejo deberá estar también bajo el razonable control de la representación popular. 
¿En nombre de quién se habla en realidad? 
¿Se habla, en efecto, en nombre del ciudadano europeo o eso no está claro? 
Señora Presidenta, vemos demasiado a menudo que se llevan a cabo intervenciones individuales por gobiernos de los Estados miembros. 
Ha sido así en el periodo pasado y también parece haber una tendencia en esta época a que siga siendo así. 
Naturalmente, eso no ayuda, en verdad, a la solución de los problemas. 
No se puede seguir así, una vez hablando desde la postura francesa, otra vez desde una postura alemana o neerlandesa o inglesa. 
Deberemos sustituir esto por una acción en nombre de Europa. Porque tal y como está ahora la situación, cualquier Estado miembro puede mantener su propia agenda doble en sus relaciones con Israel y con los palestinos. 
A veces es mejor cerrar la boca si de verdad no se puede hablar en nombre de Europa. 
La complejidad de la situación también ha aumentado, por supuesto, por el hecho de que la política del movimiento alrededor del Sr. Netanyahu ha tenido una gran influencia. 
Eso tampoco le ha salido bien a Israel. Refuerza el radicalismo en ambos lados, tanto en Israel como con los palestinos, y tal vez uno mismo puede estar también inclinado a manifestarse de manera demasiado radical. 
Entonces lo mejor que se puede hacer es ser más juicioso. 
Pero el hecho de que no se hayan cumplido las promesas políticas que hizo el Gobierno anterior es un gran problema. 
Señora Presidenta, el Grupo del Partido Popular Europeo apoya por tanto la resolución sinceramente. 
Está bien que la política de Israel en materia de colonización se modifique, vista la frustración del desarrollo económico, y que sea sustituida por un comportamiento que inspire confianza y que deje espacio a la estructura de la sociedad civil en ambos lados y al encuentro de las personas entre sí para favorecer finalmente la paz en la región. 
Presidenta, el proceso de paz se halla en una vía muerta y se necesita toda la presión posible para volver a poner en marcha ese proceso de paz. 
Se necesitan resultados tangibles para devolver alguna dinámica a ese proceso de paz. 
El continuo empobrecimiento y la carencia de expectativas de los palestinos no aumentarán la seguridad en el Estado de Israel. 
Por eso ahora le interesa al Primer Ministro Netanyahu llegar finalmente a acuerdos que contengan la futura retirada de los territorios ocupados. 
Los planes de los norteamericanos en este sentido podrían romper la vía muerta y por eso merecen todo el apoyo pero también la máxima precaución. 
La amenaza de los representantes israelíes de hacer depender el papel europeo en el proceso de paz de la solución de los conflictos comerciales es inaceptable, después de todo los asentamientos no pertenecen al Estado de Israel según el derecho internacional. 
La Unión no puede otorgar preferencias comerciales a productos de esos asentamientos. 
No debemos recompensar la expansión de esos asentamientos, expansión que va en contra del derecho. 
Netanyahu y Arafat deben retomar el diálogo. 
Se había ganado mucho y ahora existe el peligro de tirar todo por la borda. 
Además está implicado todo nuestro proceso de Barcelona relativo al mar Mediterráneo. 
La Unión debe abogar, junto con los Estados Unidos, por la apertura del aeropuerto de Gaza, el agrupamiento de las normas originales en materia de comercio regional y el fomento de los contactos sociales entre ambos países. 
Espero que la Presidencia austriaca muestre un poco más de tacto que el Ministro británico Robin Cook. 
Sin un acuerdo sobre la retirada de los territorios ocupados nunca se pondrán las bases para las denominadas negociaciones final status que deberán empezar en mayo del año que viene. 
Deseo a Arafat y a Netanyahu- a los palestinos y a los israelíes- sabiduría, valor político y visión de futuro. 
Presidenta, en años anteriores he tenido el privilegio de poder visitar a los palestinos en los territorios palestinos. 
He constatado que se ha conseguido un enorme progreso: la mejora de las infraestructuras y el aspecto general de Gaza ha cambiado y ha mejorado. 
En Cisjordania se puede apreciar un auge en el terreno de la construcción y no hace mucho hemos hablado también con un empresario palestino que ha empezado a construir un gran almacén para conformar la zona industrial en la frontera con Gaza. 
Por tanto, no todo es negativo. 
Sin embargo, percibo tensión soterrada y descontento en los palestinos, y con razón. Porque el proceso se estanca. 
Pero también siento una creciente insatisfacción en los palestinos relacionada con el procedimiento judicial en los propios territorios. 
Por eso me habría parecido mejor que en nuestra resolución no se hubiera hablado en el punto 4 de una comisión de seguridad conjunta entre la UE y los palestinos, sino de un apoyo jurídico conjunto entre la UE y los palestinos. 
El encuentro con los dirigentes de Hamas no fue muy prometedor. 
No se han manifestado en sentido afirmativo acerca de la existencia de Israel a medio plazo. Con esto tuve mucho empeño. 
En el manifiesto palestino todavía no se ha censurado ese párrafo. 
También visitamos el aeropuerto. 
Me pareció alentador ver que la arquitectura de ese aeropuerto encaja en la cultura árabe, pero carece de equipamientos. 
No puede funcionar, en este aspecto insistimos en nuestra resolución. 
Pero, con toda honestidad, Israel tiene derecho a su propia seguridad. 
A mi modo de ver es un paquete entero para la región. 
Si Israel ha progresado en sus relaciones con Siria y Líbano, también puede hacerlo con los palestinos. 
Insistamos sobre todo en que Líbano y Siria firmaron la paz con Israel, ese mismo movimiento también puede darse con los palestinos. 
Confío en que del lado de los socialdemócratas israelíes se aporte también un granito de arena, porque en este momento es lo que falta. Me parece una lástima. 
Señora Presidenta, estoy convencido de que si cada diputado europeo tuviese la oportunidad de viajar a los territorios ocupados palestinos, si viese y oyese lo que nuestra delegación acaba de ver y oír allí, se impondría entre nosotros la idea de que Europa no puede seguir aplicando una política tímida y de compás de espera, como hoy es la suya, con respecto al proceso de paz en Oriente Medio. 
En mi opinión, debe quedar claro lo siguiente: después de Madrid y Oslo, la línea de demarcación ya no se establece entre israelíes y palestinos, y árabes en general, sino entre aquellos que apoyan y aquellos que hacen fracasar el proceso de paz. 
Los que lo hacen fracasar existen en los dos pueblos, con esta diferencia, tras la muerte trágica de Itzhak Rabin: en Israel hoy están en el poder. 
Las fuerzas de paz de estos dos pueblos, sólidamente interdependientes, tienen el interés común de impedir, mientras aún sea posible, que el Sr. Netanyahu y los ultras en los que se apoya entierren el principio vital " la tierra contra la paz». 
Su interés común consiste en oponerse a cualquier medida que arruine el clima de confianza indispensable para una coexistencia pacífica y, con más razón, para una cooperación de larga duración. 
Pienso en las expulsiones, en las destrucciones de viviendas, en el bloqueo de los territorios y sobre todo en la extensión y en la multiplicación de las colonias, incluyendo Jerusalén-Este. 
El hecho de pedir a Europa que utilice- como lo hizo con éxito en el pasado por iniciativa de nuestro Parlamento- sus relaciones económicas, científicas y técnicas con el Estado de Israel para influir en favor del reinicio del proceso de paz, no significa sancionar a Israel, sino ayudar a los israelíes partidarios de la paz a debilitar al Sr. Netanyahu. 
Añado que, lejos de estorbar a los Estados Unidos en su papel de defensores del proceso, esta actitud decidida de Europa crearía condiciones más favorables a su intervención. 
Señora Presidenta, la reciente visita de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con el Consejo Legislativo palestino ha puesto de manifiesto una situación realmente dramática. 
Nos encontramos ante un grave bloqueo del proceso de paz y pudimos comprobar que los nuevos territorios ocupados por los colonos fueron la respuesta a la solicitud formulada por los acuerdos de Oslo, es decir, «paz por territorios». 
En cambio de «paz por territorios» , hemos sabido que el 9 de junio el Gobierno israelí decidió una nueva colonización del Monte de los Olivos, en pleno centro de la parte este de Jerusalén. 
En este contexto, está claro que las condiciones de vida de los palestinos son dramáticas, especialmente a causa de la falta de trabajo, sobre todo en Gaza. 
La situación se caracteriza, por un lado, por la disponibilidad de las autoridades palestinas a respetar los acuerdos de Oslo y, por otro, por la intención del Gobierno del Sr. Netanyahu de no cumplir los compromisos adquiridos. 
Ante esta situación, es preciso que al menos se garanticen de inmediato los sistemas de comunicación entre Cisjordania y Gaza, que se abra el aeropuerto ya acabado y que comiencen las obras de construcción del puerto. 
Evidentemente, hay que entender que dentro de un año Arafat no podrá hacer más que proclamar, incluso unilateralmente, la independencia palestina, en aplicación de los acuerdos de Oslo. 
Es evidente, por lo tanto, que debemos emplearnos a fondo a fin de que la Autoridad Nacional Palestina pueda desempeñar su papel y tenga la posibilidad, incluso económica, de continuar su acción. 
En este sentido, reviste mucha importancia la aprobación del informe Tomlinson. 
Ante este callejón si salida, considero que es inevitable que los bandos extremistas e intransigentes de una y otra parte no puedan hacer más que desarrollarse y proponer soluciones militares. 
Si queremos evitar esta solución catastrófica, es preciso actuar a la mayor brevedad posible, al objeto de relanzar el proceso de paz empleando cualesquiera formas de presión y todos los esfuerzos diplomáticos. 
En este sentido, respaldamos tanto lo declarado por el señor Comisario Marín como por el Consejo, pero pedimos una actuación aún más decidida, si cabe. 
Señora Presidenta, todos nosotros hemos oído demasiadas veces como muchos se lamentaban a propósito de la suerte que les espera a las poblaciones de los territorios ocupados por el Ejército israelí. 
Ya no es momento para compadecerse o dejarse llevar por lamentaciones hipócritas. 
Limitémonos a defender el derecho, la ley, y en primer lugar las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas, o a defender los textos que han sido firmados de común acuerdo por las partes implicadas. 
Se ha aprobado un código de conducta y se ha fijado un calendario. 
Estas decisiones, este calendario y este código de conducta deben respetarse. 
Si bien hoy no son papel mojado, los acuerdos de paz, sin embargo, han fracasado, y el proceso de paz parece agonizar. 
Los retrasos, las maniobras dilatorias, las medias palabras de las autoridades israelíes tienen evidentemente algo que ver en ello. 
Los extremistas de todas las opiniones se oponen a la reanudación de una negociación seria. 
Ante todo hay que tener en cuenta a los integristas religiosos, que hacen una lectura del Corán y de la Torá, que, cuanto menos, puede ser puesta en entredicho. 
En cuanto a la influencia que ejercen estos extremistas sobre el poder, está claro que el Gobierno de Israel se halla totalmente expuesto a la acción de los mismos. 
Las grandes declaraciones sobre una capital eterna y las llegadas estruendosas de colonos armados a los territorios ocupados, la retirada de los permisos de residencia en Jerusalén, el hecho de que a los ciudadanos árabes de esta ciudad se les niegue hasta su derecho de residir en ella, el bloqueo en Ashdod de los equipos que permitirían la apertura del aeropuerto de Gaza, son factores que comprometen gravemente todo nuevo avance. 
Pero también hay que tener en cuenta los problemas de seguridad y el terrorismo. 
Es cierto que en este sentido nadie está a cubierto, ni Israel, ni desgraciadamente, quizá a corto plazo, Palestina. 
En cualquier caso, el terrorismo puede venir de todas partes, e incluso, de este modo, Israel ha perdido a su Primer Ministro. 
Evidentemente, la lucha contra el terrorismo y contra aquellos que lo engendran constituye un imperativo. 
Debemos procurar apoyar los esfuerzos de la diplomacia norteamericana, sin la cual nada sería posible. 
Hasta ahora y desde hace varios años, ésta muestra un cúmulo de inventiva e ingeniosidad. 
Nosotros tenemos un papel importante que desempeñar para hacer respetar los acuerdos firmados, y en este sentido conviene saludar la propuesta de la Comisión sobre los productos procedentes de las colonias de asentamiento emplazadas fuera de Israel. 
El hecho de permitir que estos productos, que proceden claramente de territorios árabes, se beneficien de las ventajas reservadas a Israel, constituye la reafirmación de un gesto que si bien no arruinará la economía israelí, en todo caso tendrá un significado político concreto. 
No hay más que ver la acogida de esta propuesta por la prensa israelí y por el conjunto de los círculos gubernamentales israelíes, para comprender que la exigencia de que se respeten los acuerdos, en este caso el artículo 38, sigue siendo válida, lo cual puede ser una señal respecto a nuestro propio camino con miras al futuro. 
Señora Presidenta, la influencia que puede ejercer la Unión Europea en el proceso de paz en el Oriente Medio es sobre todo indirecta, y puede ser tanto favorable como desfavorable. 
Se puede temer que haya que hablar sobre todo de una influencia desfavorable. 
¿Cómo puede la Unión promover la paz cuando al mismo tiempo desaprueba la política de una de las partes y en absoluto procede de manera diplomática? 
Un claro ejemplo es la iniciativa de la Comisión Europea de excluir los productos procedentes de los asentamientos judíos de las ventajas comerciales en vigor para Israel. 
La Comisión sostiene el punto de vista de que los asentamientos en la orilla occidental del río Jordán no pertenecen a Israel. 
La Comisión también quiere someter la importación de mercancías procedentes de Israel a un control especial, porque ese país podría cometer fraude con los certificados de origen y exportar mercancías de territorio palestino con el sello de «Made in Israel». 
Pregunto al Presidente del Consejo si esto está detrás de la postura de la Comisión Europea. ¿No es esto muy irracional vistas las negociaciones en curso? 
Que este Parlamento constate que Israel no cumple los acuerdos de paz es tan insuficiente como prematuro. 
También por parte palestina se vulneran los acuerdos de Oslo y, por tanto, no se cumplen. 
Además está la cuestión de si se puede juzgar ya ahora sobre el cumplimiento o no cumplimiento de los acuerdos, cuando todavía no ha expirado el plazo establecido. 
El acuerdo de Oslo y el acuerdo provisional demandan un reagrupamiento en tres etapas en virtud de decisiones unilaterales de Israel. 
El Gobierno de este país ha procedido formalmente en cada caso con una cierta reagrupamiento de sus tropas conforme a los acuerdos, pero no aparece nada sobre la relación entre las tres fases. 
Las declaraciones aleccionadoras no acercan la paz. 
En lugar de querer desempeñar un papel protagonista en el Oriente Medio, la Unión Europea podría tomar ejemplo de los Estados Unidos, que sólo reconocen el proceso de paz e intentan apoyarlo. 
Señora Presidenta, la paz es un bien irrenunciable y corre el riesgo de seguir siendo una petición de principio si los Gobiernos, las opiniones públicas y la comunidad internacional no realizan los esfuerzos necesarios. 
En pos de la paz en Oriente Medio, debemos preguntarnos honestamente si la Unión Europea ha hecho todo lo posible para contribuir a poner en marcha el proceso que permanece bloqueado. 
Cuando un pacto se rompe, cuando un acuerdo se esfuma, la responsabilidad por lo que ocurre nunca recae sólo sobre una de las partes. 
Existen una serie de concausas que alimentan la dialéctica política que, a su vez, puede conducir a radicalizar las posiciones y a anular los esfuerzos de los hombres de buena voluntad que desde ambas partes intentan volver a estabilizar la situación para que el diálogo recobre su pulso. 
Éste es el punto crucial de la tensión entre Israel y Palestina; sea cual sea la causa directa que ha desencadenado la interrupción del proceso, es indudable que la reanudación del diálogo reconduciría la tensión a su justa medida y permitiría evaluar la situación de ambos contendientes con la mirada puesta en el futuro. 
Un pueblo diezmado por el holocausto no puede seguir viviendo durante generaciones en un estado de tensión permanente. La paz es su interés prioritario, su interés vital. 
Ayudar a Israel a recobrarla significa también ayudar al pueblo palestino y preparar un futuro sin angustias para toda la región, necesitada de un desarrollo económico y social. 
Muchos esfuerzos de la Unión Europea se vuelven inútiles debido a la inexistencia de una unión política, de una política exterior común. 
Hace unos momentos, se ha hablado de los fondos que se dedican a los palestinos. 
Entonces, quisiéramos saber por qué la televisión nos transmite imágenes de gente pobre y desesperada. 
Y también quisiera que en este Pleno, cuando nos dedicamos a nuestros trabajos, algo burocráticos e insustanciales, desfilara ante nuestros ojos la imagen de los rostros de aquellos niños israelíes que salen cantando de las escuelas pero están vigilados por personas armadas para defenderlos de nuevas matanzas y de nuevas tragedias. 
Hemos de recordar que la Unión Europea tiene que cumplir un papel muy distinto al de ser sólo una unión burocrática o económica: existe también una elección moral que debemos buscar. 
Señora Presidenta, tengo que manifestar que, tras las muchas y repetidas visitas de nuestra delegación a lo largo de los últimos cuatro años, recientemente, nos hemos encontrado con una situación más difícil que en el pasado. 
Por primera vez desde el inicio del proceso de Oslo, existe una pérdida de esperanza generalizada. Esto es muy peligroso y, por desgracia, debemos considerar el supuesto de un posible retroceso. 
No se ha resuelto ninguno de los problemas: la franja entre Gaza y Cisjordania, el bloqueo de los asentamientos, los prisioneros que siguen todavía en las cárceles, el veto al puerto y al aeropuerto de Gaza, terminado y apto para funcionar, la consolidación de la presencia israelí en la parte este de Jerusalén, etcétera. 
En cuanto a la segunda fase de los acuerdos de Oslo, la propuesta de los Estados Unidos de una retirada parcial del 13 % de los territorios, aceptada por los palestinos- pese a que no la compartían- sigue esperando, después de muchos aplazamientos, una respuesta israelí. 
El tiempo va pasando y refuerza todos los componentes extremistas de las sociedades israelí y palestina. 
Arafat, sobre todo, tiene grandes dificultades y quien crea que su debilitamiento contribuiría a mejorar la situación comete un error garrafal. 
¿Qué hay que hacer? 
El tiempo que nos separa de una proclamación unilateral de independencia por parte palestina, cuando se cumpla el plazo de los acuerdos de Oslo, es corto y fija un horizonte político para todas las fuerzas partidarias de la paz. 
La Unión Europea debe intensificar su presencia política en la zona a través de una serie de iniciativas. 
En primer lugar, ha de insistir para que los Estados Unidos oficialicen su propuesta, al objeto de obtener una respuesta israelí. 
Ya no cabe esperar más ni eludir este trámite imprescindible y tampoco es oportuno obviarlo y, como se ha dicho recientemente, proponer una conferencia de paz. 
Tras la respuesta al plan de retirada de los Estados Unidos, y si ésta fuera negativa, es evidente que tendremos que proponer una conferencia de paz, a fin de evitar un peligroso vacío político. 
Entonces, la promotora de dicha conferencia deberá ser la Unión: no un Estado europeo, sino que tendrá que serlo de pleno derecho la Unión junto con los Estados Unidos y otros socios. 
Hoy por hoy, es prematura. 
En segundo lugar, la Unión debe asegurar los fondos para Palestina. 
Ahora no podemos suprimir el apoyo esencial para el mantenimiento de la autonomía palestina. 
En tercer lugar, debe respaldar- me refiero al Consejo y al Parlamento y este último lo está haciendo con la resolución de compromiso que hoy votamos- las dos iniciativas de la Comisión relativas a la aplicación del acuerdo de asociación con Israel y al establecimiento de la acumulación originaria para los productos de la región. No se trata de una cuestión técnica, sino de una propuesta basada en el Derecho internacional y en los acuerdos de asociación, así como muy importante desde el punto de vista político. 
En cuarto lugar, tiene que dar un impulso y un nuevo desarrollo a la política euromediterránea y al programa MEDA. 
En Palermo, el Consejo Euromediterráneo relanzó la utilidad y la credibilidad de Barcelona. Era un proceso en crisis. 
Existe la voluntad de seguir avanzando, se han señalado los nuevos progresos regionales e interregionales y se ha renovado la decisión de conceder un importe global de ayuda financiera igual al anterior, debiéndose resolver todo ello en Stuttgart en el mes de abril. 
También ésta es una aportación fundamental de la Unión en el mantenimiento de la esperanza y de las vías para hallar la paz. 
Por último, he de mencionar la iniciativa lanzada por el Parlamento Europeo: en Malta, se acordó con los Parlamentos del Mediterráneo que el foro parlamentario Euromed tuviera lugar en el mes de octubre en Bruselas. 
Creo que también esto es útil. 
El Consejo Euromediterráneo se pronunció favorablemente. 
Es una parte de la labor de este Parlamento que está dirigida a desarrollar la relación, si se quiere llamarla así, people to people, a diferentes niveles. 
Hemos promovido y seguiremos haciéndolo encuentros y diálogos entre los parlamentarios israelíes y los parlamentarios electos del Consejo Legislativo palestino, tratamos de poner en contacto a los alcaldes de las ciudades israelíes y de las ciudades palestinas y de fomentar la cooperación y la colaboración entre ellos. 
Creo que también es útil este foro parlamentario Euromed. 
Esto es lo que puede hacer el Parlamento y estimo que obra correctamente intensificando también él su labor. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, creo que el debate de hoy demuestra que todos estamos de acuerdo en que nuestro problema no es ya qué sucede en la región, no es qué propuestas se han hecho y deben hacerse sino cómo se van aplicar y cómo van a tener resultado las propuestas que hay, las iniciativas que hemos tomado. 
Y creo que la clave de este asunto está, , en cambiar el tipo de presencia de Europa en Oriente Medio, y me dirijo más al Consejo, al que doy las gracias porque realmente ha hecho muchísimas cosas 
Hasta el día de hoy tenemos a un mediador, muchos gobiernos y un despacho de la Comisión, y esta es la primera cuestión que debemos solucionar. 
Sería mucho más eficaz si en lugar de mediadores, si en vez de diversidad de opiniones, llegáramos a la creación de un órgano en el que participaran todas las instituciones y que lo dirigiera una personalidad de demostrados conocimientos en la política exterior y en los problemas de la región. 
Tendríamos entonces muchos más resultados. 
Porque la mayoría de las cuestiones económicas, señora Presidenta, ya se han solucionado hasta un punto. 
La Comisión ha llevado a cabo una labor excepcional; por supuesto hacen falta algunas añadiduras, especialmente en cuanto a la disposición y la administración de los recursos. 
Lo que queda y lo que es importante son las condiciones para la solución. 
Y las condiciones para la solución y la paz son politico-militares y no se agotan sólo en las relaciones entre Israel y Palestina. 
Van mucho más allá, especialmente tras la nueva realidad política. 
Me refiero a las pruebas nucleares y también a países como Irán, porque estamos hablando mucho sobre Siria y sobre Líbano, y hacemos muy bien; pero hay también otros países, como Irán, que influyen o intentan influir en esta situación. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, creo que hemos llegado a un punto en el que no tenemos ningún margen. 
Es, pues, importante empezar por las instituciones, más allá de las propuestas, de las ideas de la iniciativa, que todas son muy importantes. 
Necesitamos una nueva estructura que garantice la continua presencia de Europa en la región y, al mismo tiempo, las acciones colectivas con los Estados Unidos- pero voy a llegar aún más lejos, puede haber también otras potencias en el mundo que se interesen- a fin de que tengamos algún resultado. 
Afortunadamente, desde la semana pasada parece que hay de nuevo algún movimiento en las negociaciones tras las recientes propuestas norteamericanas. 
Una constatación: una vez más la Unión Europea no ha logrado en los últimos tiempos desempeñar un papel destacado o convincente en esta cuestión tan importante para nosotros. 
La iniciativa y la dirección de las discusiones actuales están por completo en manos de los norteamericanos. 
El pobre papel político de la Unión Europea no está en relación con nuestra gran contribución financiera, nuestros intereses económicos y nuestra seguridad en este campo. 
Aquí debe restablecerse urgentemente el equilibrio. 
Europa no debe seguir siendo por más tiempo un mero suministrador de fondos, el mayor donante del mundo, sino que, más que nunca, debe contribuir políticamente a una solución para una paz duradera. 
Pero para eso es evidente que la Unión debe ser capaz de hablar hacia fuera con una sola voz y mantener una única diplomacia europea. 
Entonces, el Parlamento Europeo. Creo que nuestro Parlamento sí puede colaborar de manera seria y concreta en mejorar la comprensión entre ambas partes y el conocimiento entre israelíes y palestinos. 
No a través de dictados o resoluciones, con el dedo levantado, sino apoyando los denominados proyectos people to people y sobre todo contribuyendo al diálogo entre los ciudadanos de ambos lados. 
La auténtica paz surge en los ciudadanos, en las personas que tienen que vivir diariamente juntas y mezcladas, en los niños, en los estudiantes del mismo territorio. 
La auténtica paz no surge en la cumbre, sino en la base de un país. 
Ahí debemos cultivar mutuamente el respeto y crear un suelo fértil para un futuro esperanzador y pacífico. 
Ahí está nuestro lugar como Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, tenemos que conseguir que este Parlamento no se limite a cumplir una función notarial, o sea, que no se limite tan sólo a tomar nota de la situación. 
Ante todo, no estoy de acuerdo con que el proceso de paz se encuentre bloqueado. En mi opinión, por el contrario, el proceso de paz en Oriente Medio está dando pasos atrás, firmes y extremadamente peligrosos. 
No es verdad, por lo tanto, que estamos paralizados, ya que la situación está empeorando notablemente. 
Existen radicalizaciones en ambos lados- tanto en el israelí como en el palestino- que causan dificultades muy serias a los que creen todavía que la paz significa crear realmente desarrollo y, por tanto, cooperación entre Israel y los palestinos. 
Hay que reconocer que Arafat es el que más riesgos corre y la responsabilidad del fracaso definitivo de este proceso de paz acabaría inevitablemente por favorecer a los que creen en el extremismo religioso, en el extremismo integrista y, en consecuencia, arrollaría a los que han trabajado en pos de la paz, empezando por el mismo Arafat. 
Sin embargo, constato que, por su parte, Netanyahu tiene el mismo problema, ya que sus radicales y extremistas de los partidos religiosos impiden cualquier avance en el proceso de paz. 
Hay que decir, no obstante, que es un pretexto por parte israelí. 
Personalmente considero inaceptable que Israel no haya todavía facilitado una respuesta a la propuesta americana, pese a que ya se trataba de un compromiso, acerca de la retirada parcial, muy parcial, -ese famoso 12, 13 u 11 %- de los territorios ocupados. 
También se ha dicho en este Pleno que Europa ha estado ausente. 
También estoy disconforme con esto. 
Desgraciadamente, Europa no ha estado ausente, en el sentido de que, en cambio, ha provocado más confusión: el proceso de paz en Oriente Medio es el reflejo de la impotencia e incapacidad de Europa. 
Un día fue Chirac y dijo algo; otro día fue Cook y dijo otra cosa; después fue Kinkel y dijo otra más: ésta es la prueba y la señal de que Europa no sólo no tiene un papel, sino que en este momento desempeña un papel negativo. 
Seguimos siendo quince enanos políticos que no logran tener una única voz en ningún proceso de paz, en ningún proceso de política exterior en curso en este momento en el mundo. 
De nuevo, el Primer ministro de Israel, Sr. Netanyahu, incumple los acuerdos libremente aceptados y ratificados por su Parlamento y, además, bloquea cualquier intento de negociación, como se ha visto en la reunión de los días 4 y 5 de mayo en Londres. 
Incluso el intento de los Estados Unidos de iniciar nuevas negociaciones con una propuesta de mínimos ha sido también bloqueado por Israel, como ha constatado el Sr. Marín. 
Obviamente, Israel no desea cumplir los acuerdos. 
Israel no procede a la retirada de los territorios, continúa ocupando territorios y manteniendo a miles de palestinos en la cárcel. 
Estados Unidos ha perdido su papel de mediador, y la Unión Europea debe presionar a Israel sometiendo sus acuerdos con este Estado a determinadas condiciones. 
La única solución es el cumplimiento de los acuerdos internacionales, donde la Unión Europea y su mediador deben jugar un papel protagonista. 
Debemos, desde la Unión, bloquear los acuerdos en vigor con Israel y fomentar todos los esfuerzos para ayudar a la Autoridad Nacional Palestina. 
El puerto y el aeropuerto de Gaza y la recuperación de los territorios son exigencias sin posibilidad de retroceso y si el Sr. Netanyahu quiere seguridad, debe entender que la seguridad es solamente factible a través de los acuerdos. 
Señora Presidenta, todos sabemos que a los israelíes no les interesa para nada si hablamos con una sola voz, con quince o con cien voces. 
De lo que se trata es de si hablamos o actuamos. 
Hasta Camp Davis los israelíes dijeron: " Lo único que queremos es paz». 
Después consiguieron la paz con Egipto, con la OLP y con Jordania. 
También habrían podido tener paz con Siria y Líbano si hubieran mantenido lo que dijeron: " Lo único que queremos es paz». 
Pero todos sabemos que en 31 años han construido nuevas colonias, han matado a niños que tiran piedras, han escupido sobre las resoluciones de la ONU y han desconocido acuerdos anteriores. 
Ellos construyen " El Gran Israel» , totalmente de acuerdo a las instrucciones que Jabotinsky, maestro de Netanyahu, presentó en la década de los años veinte. 
Todos sabemos esto. 
Sabemos que no les importan las conversaciones ni las resoluciones. 
¿Por qué no estamos preparados para pasar de las palabras a los hechos? 
Hoy aparece en Libération un interesante artículo que hace justamente esta pregunta. 
¿Por qué actuar e intervenir en Kosovo? 
¿Son únicamente las matanzas europeas las que hacen que la Unión Europea pase de las palabras a la acción? 
¡Y no quiero decir que ahora tengamos que enviar tropas a Israel, evidentemente que no! 
Pero se acostumbra a decir que Europa es una potencia económica pero un enano político. 
¡Usemos el hecho de ser una potencia económica! 
¡Utilicemos el poder económico! 
¡Pasemos de las palabras a los hechos y realmente impongámosles sanciones económicas importantes! 
Estoy convencido de que esto podría influir en Israel. 
Si no hacemos nada, estoy absolutamente seguro de que la década de los noventa también va a tener su guerra del Oriente Medio, igual que todas las demás décadas. 
Aquí la UE debería hacer algo y pasar de las palabras a los hechos mediante sanciones, pacíficas pero severas, contra Israel que incumple todas las leyes internacionales. 
Señora Presidenta, Señorías, las tierras de la revelación divina de las Tablas de la Ley y del Evangelio raramente han conocido la paz y sobre todo el respeto de la dignidad y de los derechos de todas las comunidades que desde hace siglos conviven en ellas. 
En este fin del siglo XX, nuestro deseo para todos es que se inicie y llegue a buen término un verdadero proceso de paz. 
Es algo difícil de realizar. 
Sin embargo, las condiciones para ello son claras. 
Israel debe definitivamente tener derecho a la paz, mediante unas fronteras cuya seguridad pueda ser garantizada, y los palestinos tienen derecho a que se les respeten sus derechos, su dignidad, su libertad. 
Es abominable seguir apiñándolos en los municipios propios de un apartheid inaceptable, y es ilusorio creer que esta situación podría durar sin una nueva conflagración de proporciones imprevisibles. 
Los palestinos están en su tierra desde tiempos tan inmemoriales como los judíos, y tienen derecho a un Estado libre, independiente, soberano. 
Pero la paz también implica a Siria y al Líbano. 
El Líbano ha soportado en su suelo la presencia de cientos de miles de palestinos expulsados por Israel, que se han comportado desde el principio no como refugiados acogidos, sino como conquistadores revolucionarios del país de acogida. 
Mi movimiento ha meditado sobre esta realidad, puesto que nuestro Frente Nacional no lucha contra la inmigración por ningún tipo de racismo, sino, por el contrario, para evitar que mañana, en Francia, se creen situaciones irreversibles, comparables a las del Líbano, Bosnia o Kosovo. 
Ciertamente, Israel debe abandonar el Líbano, pero Siria debe hacerlo al mismo tiempo, ya que si Israel ocupa en el sur la denominada " zona de seguridad» , Siria ocupa el resto y, peor aún, mantiene al Estado libanés bajo una especie de protectorado en que la habilidad política se conjuga con la presencia militar y el terror policial. 
Las últimas palabras pronunciadas por Jacques Chirac en el Líbano son lamentables, ya que parecen dirigidas únicamente contra la presencia de Israel. 
¡Cómo puede tolerarse que al dirigente de las fuerzas libanesas en Beirut, Samir Geagea, se le mantenga después de cuatro años en una verdadera mazmorra, en el sótano del Ministerio de Defensa, por el hecho de no haber querido abandonar el Líbano ni haber aceptado ser Primer Ministro de un Estado fantoche, tras las condenas sistemáticas a Moscú! 
¿Acaso no existe a veces una especie de discreta y objetiva connivencia entre la Siria de Hafiz al-Assad e Israel a fin de mantener en suelo libanés una guerra que quizá los dos regímenes necesitan para garantizar su estabilidad interior o para pedir cada vez más ayuda militar internacional? 
Los judíos tienen la ventaja del poder, los musulmanes, del número. 
Pero los cristianos de oriente siguen en este estado de dhimmi, que la gran historiadora israelí Bat Yeor ha descrito en su notable obra Les chrétiens d´Orient entre djihad et dhimmitude. 
Los cristianos del Líbano deben recobrar la independencia de su país, deben recuperar su papel, volver a ser libres en el país donde, según la expresión de Bechir Gemayel, las campanas deben poder sonar sin trabas, en el país que garantiza no sólo su derecho al gobierno de su pueblo, sino que también ofrece a las demás comunidades cristianas de Oriente Medio una ayuda, una solidaridad, e incluso un refugio seguro. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, todos lo presentimos: esta mañana, en el momento en que debatimos por enésima vez la situación en Oriente Medio, con la presencia en nuestra tribuna de cuatro miembros del Knesset, a quienes deseo saludar, sí, esta mañana nos encontramos en un momento crucial en que todo puede ocurrir, lo mejor como lo peor. 
Siempre he sido amigo de Israel, como tantos, desde hace cerca de cuarenta años, cuando estaba de moda en Europa, y sigo siéndolo hoy, aunque la moda ha pasado. 
Yo era amigo de Israel cuando lo formaban un puñado de supervivientes decididos a existir. 
Sigo siéndolo hoy, cuando Israel se ha convertido en una gran potencia. 
Soy laico y ya lo era cuando Israel se construía en los kibbutz, al son de un laicismo feliz. 
Sigo siéndolo a pesar de lo que oigo a propósito de los debates, a veces violentos, que se producen en el propio seno de la sociedad israelí. 
Soy presidente de la delegación Europa-Israel desde hace cinco años. 
En esta delegación, mis colegas y yo hemos trabajado y continuamos trabajando por la paz y la amistad entre Israel y Europa. 
Hemos trabajado en todos los ámbitos: económico, social, cultural, en el ámbito de la investigación y de la tecnología. 
Tejemos lazos que luego zurcimos cuando se deshilachan. 
Hemos apoyado a Itzhak Rabin, le hemos llorado y, tras las últimas elecciones, trabajamos con el nuevo equipo en el poder, salido de elecciones democráticas. 
Mis queridos colegas, si recuerdo todo esto es para decir claramente a todos, en nombre de mi amistad, de nuestra amistad, hacia Israel, que estamos muy preocupados a la vista de los peligros y de los demonios interiores y exteriores que amenazan a Israel y a la región. 
Y si recuerdo todo esto es también para decir claramente, en nombre propio, que apruebo totalmente la resolución común que se nos propondrá. 
Por esta vez, el texto es breve, claro y legible. 
El mensaje es enérgico, sin ser agresivo. 
Desde cierto punto de vista, sin embargo, me hubiese gustado que figurasen algunas precisiones importantes. 
En el punto 3 de la resolución no se insiste suficientemente, en mi opinión, sobre las graves responsabilidades de Siria en materia de seguridad, tanto en el Líbano como fuera del Líbano. 
También se ha olvidado mencionar a los países de la región que financian el terrorismo integrista, y no se hace bastante hincapié en el papel fundamental de nuestro representante, el Sr. Moratinos. 
Con respecto al acuerdo provisional, en el punto 9, es de lamentar en primer lugar que aún no se haya ratificado el contrato de asociación propiamente dicho, lo cual es imputable, por otra parte, a Francia y Bélgica; hay que reafirmar sobre todo que si bien se pueden discutir las modalidades de ejecución, mediante el debate sobre el origen de los productos, no convendría que ello supusiera una manera indirecta de influir en las negociaciones en curso, o incluso de sancionar a Israel. 
En conclusión, comprendo y apruebo la necesidad de seguridad de Israel y las aspiraciones de los palestinos a obtener el reconocimiento. 
Para conciliar a ambos, es preciso lograr una paz justa mediante una negociación que garantice la seguridad y la coexistencia de Israel y de los palestinos. 
El hecho de tenerlo presente esta mañana, es también para mí la forma de rendir homenaje a Itzhak Rabin, el soldado, el pionero, el fundador de Israel, y luego el precursor y el primer signatario israelí de los acuerdos de Oslo con los palestinos. 
Recordarle, es continuar su trabajo. 
Señor Presidente, es muy apropiado que estemos discutiendo esta cuestión esta mañana en presencia de la delegación israelí del Knesset. 
Probablemente les mortificará que muchos de los oradores de esta mañana hayan pedido que el Gobierno israelí haga concesiones. 
He de decir que estoy de acuerdo con el Presidente en ejercicio cuando pide que se den pruebas de valentía y visión. 
Ése es el debido enfoque que necesitamos en la actualidad, y no las otras cosas que podría haber mencionado: enfrentamiento y confusión. 
Necesitamos resolver el estancamiento con que tropezamos y la radicalización de posiciones que parecen haber adoptado ambas partes. 
El Presidente en ejercicio ha dicho con mucha razón que es necesario comprender que la Presidencia ha tomado iniciativas al lograr que el Sr. Netanyahu y el Sr. Arafat se reúnan en Londres. 
Pero eso ha sido necesario- si se me permite que lo diga con toda franqueza- por la ineptitud de que dio pruebas el Presidente en ejercicio cuando intentó visitar Har Homa y desencadenó una clarísima radicalización de las posiciones y opiniones dentro de Israel y dentro de Palestina. 
En la resolución hay una referencia que apoyo sin reservas y que pide a la Presidencia del Consejo que inste a los Estados miembros a que se abstengan de adoptar iniciativas individuales y que, en cambio, colaboren a través de los mecanismos apropiados de la Unión Europea. 
Colegas diputados, me parece muy claro- y apoyo sin reservas lo que ha dicho el Sr. Caccavale- que no es útil que un ministro se esfuerce por resolver a su manera una situación como la actual. 
Necesitamos valentía y visión, y estimo que necesitamos nuevas iniciativas de la Unión Europea, junto con los Estados Unidos, para tratar de encontrar una solución decente con los sirios, los libaneses, los israelíes y los palestinos. 
Podemos incluir también en esa esfera a los egipcios, los jordanos, y esperemos que también a los iraníes e iraquíes. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, este es un tema recurrente en el que se mezclan elementos culturales, pasionales y políticos para todos los europeos, y yo quiero subrayar aquí que como ha sido señalado tanto por el Consejo como por la Comisión, nuestra implicación en el proceso de paz en Oriente Medio ha sido precursora de la elaboración de una política exterior común. 
Desde Venecia a Oslo pasando por Madrid, existe una rara unanimidad- yo diría- en el seno de la Unión, a pesar de los pesares. 
Y yo querría, en este momento, con ocasión de la Presidencia británica, saludar el esfuerzo del Primer Ministro Blair y también del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Cook, que entiendo que no fue tratado debidamente en su visita a Jerusalén. 
Pero la cuestión que se nos plantea no es tanto hacer una reflexión histórica y explicar lo que pasa. 
El diagnóstico ha sido abundantemente explicado hoy. 
La cuestión es cómo podemos contribuir a desbloquear la situación de agonía y la situación dramática en que se encuentra el proceso de paz. 
Y yo creo que, aparte de proponer ideas más o menos brillantes, tenemos que ver en qué medida, desde el Parlamento, podemos aportar elementos positivos. 
Y hay uno que no se ha mencionado aquí esta mañana y quiero hacerlo en presencia de los miembros de la delegación de la Kneset, y es que Israel tiene una responsabilidad moral superior en la medida en que acaba de celebrarse el 50 aniversario de la creación del Estado de Israel, que es una democracia fuerte y vigorosa en el corazón de Oriente Medio. 
Y eso le da a Israel una fuerza y una responsabilidad muy superiores. 
Yo tuve oportunidad, como Presidente del Parlamento Europeo, de explicar nuestra visión en la Kneset en un momento mucho más esperanzador- era el mismo día en que comenzaba el proceso de Madrid-. 
También soy un viejo amigo tanto de judíos como de árabes- en mi juventud tuve la oportunidad de trabajar en un kibuz -, y creo que debemos proseguir ese diálogo incluso con aquellos que pueden mantener posturas más duras- y prueba de ello la tenemos en la reciente visita del Presidente de la Kneset, con el que mantuvimos un diálogo crítico- porque, precisamente- y hay que reconocerlo -, experiencias positivas en el terreno de la paz, no solamente la del llorado Primer Ministro Rabin sino también la del Primer Ministro Begin, con los acuerdos de Camp David, demuestran que la paz se suele hacer precisamente con aquellos con quienes no se está de acuerdo. 
Y creo que tenemos que apelar a nuestros amigos israelíes diciéndoles que el síndrome de Masada y la creación de un bantustán no son la solución de los problemas de Oriente Medio. 
Y yo añadiría, aparte del fomento de este diálogo crítico, dos elementos más: el apoyo a la propuesta de la Comisión y una actuación conjunta con los Estados Unidos, teniendo en cuenta el papel protagonista que debe tener nuestro mediador el Sr. Moratinos. 
Señor Presidente, voy a hacer una o dos observaciones en respuesta al debate que hemos sostenido esta mañana. 
El debate ha indicado claramente que hay una preocupación general acerca de la situación en el Oriente Medio y acerca del hecho de que en los últimos tiempos no se haya conseguido ningún progreso. 
Todos nosotros experimentamos un terrible sentimiento de frustración cada vez que llegamos al convencimiento de que estamos a punto de tener éxito y a continuación sucede algo que significa que la situación no ha mejorado gran cosa. 
Estoy muy de acuerdo con lo que ha indicado uno de los participantes en el debate: lo que necesitamos no es que haya mas propuestas para procurar solventar las cuestiones difíciles con que nos enfrentamos, sino poner en práctica algunas de las propuestas existentes basadas en los compromisos de Oslo. 
La posición del Consejo es que apoyamos firmemente las iniciativas de la Comisión encaminadas a procurar " trazar» un camino hacia la mesa de negociación, siempre que sea posible, procurando servirnos de medidas económicas así como de medidas políticas. 
Tenemos la firme convicción de que es necesario basarse en lo conseguido en Londres, donde teníamos la esperanza de que se pudiera progresar, y ocuparnos de la situación de la forma que se nos brinda en la propuesta de los Estados Unidos. 
El debate ha mostrado con claridad que esta opinión merece el apoyo de muchos sectores de este Parlamento. 
La propuesta nos ofrece claras prioridades para el futuro próximo. 
Pediremos también a nuestro enviado, el Sr. Moratinos, que haga cuanto pueda para tratar de persuadir a las diversas partes de que adopten el ofrecimiento de los Estados Unidos a fin de conseguir que las propuestas sigan abriéndose camino. 
Esta posición se enuncia en las conclusiones en que convinimos ayer en Cardiff; si todavía no se han distribuido, muy pronto lo serán. 
He recibido siete propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas. 
Cooperación financiera y técnica con los Territorios Ocupados 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0180/98) del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) del Consejo nº 1734/94, de 11 de julio de 1994, relativo a la cooperación financiera y técnica con los Territorios Ocupados (COM (97) 0552- C4-0048/98-97/0316 (SYN) ). 
Señor Presidente, antes que nada quisiera manifestar mi satisfacción por las observaciones del Presidente en ejercicio acerca de mi informe en el último debate. 
El Presidente en ejercicio identificó con toda claridad mis intenciones y las de la Comisión de Presupuestos, en cuyo nombre presento este informe. 
El proceso de paz es importante y requiere recursos adecuados. 
Esto es, esencialmente, de lo que estamos tratando. 
La propuesta de la Comisión en favor de un Reglamento del Consejo que modifique el Reglamento del Consejo de 11 de julio de 1994 debe ocuparse de dos aspectos: la cuestión de la base jurídica, y la cuestión de la duración de la vigencia del Reglamento. 
El presente Reglamento del Consejo requiere, por lo tanto, modificación y a este respecto coincidimos con la Comisión pero estimamos que la actual propuesta de la Comisión es demasiado modesta y, por lo tanto, es inadecuada desde varios puntos de vista. 
El problema actual es que no hay base jurídica para sufragar los gastos ordinarios de la Autoridad Palestina o para las actividades del BEI. 
Esto ya es grave de por sí, pero lo es aún más a la luz del dictamen del Tribunal de Justicia de la semana pasada. 
La presente propuesta de la Comisión, en la que se basa mi informe, resuelve estas dificultades pero únicamente por lo que se refiere a lo que queda de 1998. 
Nos deja enfrentados con problemas idénticos para el año próximo y para los años venideros. 
Las enmiendas del Parlamento, según redactó y aprobó unánimemente la Comisión de Presupuestos, procuran resolver ésta y otras dificultades, al menos por lo que se refiere a los años 1999 y 2000, con lo cual su intención principal es ayudar a la Comisión a fijar una estrategia a largo plazo para lo que todos estamos de acuerdo en que es imperativo: una intervención y financiación adecuadas de la contribución de la Unión Europea al proceso de paz en el Oriente Medio. 
Las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario son claras. 
Las reseñaré muy brevemente. 
Las enmiendas 1, 3 y 4 se presentan con miras a simplificar los considerandos y a incluir la mención de la vigencia del Reglamento. 
Las enmiendas 5 y 6 citan la decisión del Consejo, que expira en el año 2000, y la enmienda 5 proporciona una justificación para la enmienda 6 subsiguiente. 
Esta última enmienda propone un cambio de la terminología que ha de usarse en relación con esta medida. 
Todos podemos aceptar que la expresión "Territorios Ocupados» ha perdido actualidad, en vista de los sucesos que han acaecido desde 1994, y que sería más apropiado utilizar en todo el Reglamento los términos" Cisjordania y Faja de Gaza». 
Ahora bien, hay que advertir también que la cooperación financiera y técnica se podría concentrar por conducto de la Autoridad Palestina en Cisjordania y en la Faja de Gaza y quizá por ello sería apropiado utilizar esa frase más amplia. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa ha tenido en cuenta también este aspecto. 
Lo que está claro es que las palabras " Territorios Ocupados» han perdido actualidad. 
Las enmiendas 2, 7 y 8 incorporan plenamente en el texto del informe Tomlinson las enmiendas que propuso la Comisión de Asuntos Exteriores para esclarecer los objetivos y las modalidades de acción, subrayando su contribución a la consolidación del proceso de paz. 
Las enmiendas 9 y 10 tratan de esferas en las que quizás nos parezca que la Comisión pueda tener una opinión marginalmente diferente de la del Parlamento, pues tratan del nivel requerido de información de la Comisión para la autoridad presupuestaria y la comitología; los detalles se indican detenidamente en la explicación de motivos. 
La enmienda 10 y el proyecto de enmienda del proyecto de propuesta legislativa instan a la Comisión a que prepare una propuesta legislativa nueva, única y refundida, para continuar prestando asistencia al proceso de paz después del año 2000. 
Su finalidad es doble: aclarar la confusa base jurídica de la propuesta presente, y obtener mayor coherencia y transparencia en el futuro. 
Estimo que todas esas enmiendas están encaminadas a ayudar a la Comisión en lo que está procurando conseguir en nombre de la Unión Europea en los Territorios Ocupados. 
Digo " estimo» porque, lamentablemente, la comunicación con los servicios de la Comisión, excepción hecha del Comisario, ha distado de ser satisfactoria durante este proceso. 
En realidad llegaría hasta el punto de decir que se han portado mal en relación con el Parlamento Europeo. 
Cuando fui nombrado ponente en nombre del Parlamento, pedí una entrevista con el representante apropiado de la Comisión. 
En respuesta a mi petición dicho representante vino a verme el 2 de marzo y le planteé algunas cuestiones concretas. 
En los debates de la Comisión de Presupuestos sostenidos el 17 de marzo, el 21 de abril y el 30 de abril, volví a reiterar todas las cuestiones que había planteado ante el representante de la Comisión y respecto de las cuales no había recibido respuesta alguna. 
Tuve una reunión muy útil y fructífera con el Comisario Marín sobre otras cuestiones, y mencioné a este Parlamento el 5 de mayo que seguía esperando respuesta a las cuestiones que había planteado el 2 de marzo. 
A continuación diversas personas se pusieron en contacto conmigo: el primer grupo para preguntarme cuáles eran las cuestiones originales que había planteado, a pesar de que se habían publicado en mi proyecto de informe que semanas antes se puso en conocimiento de la Comisión de Presupuestos. 
Por último, recibí una respuesta el 8 de junio, es decir el lunes de la semana pasada. 
Digo todo esto, no porque quiera corregir a nadie, sino para indicar las dificultades con que uno tropieza cuando el Parlamento trata de ayudar a la Comisión. 
Por ejemplo, queríamos saber de qué forma había cumplido la Comisión sus obligaciones de rendir cuentas a la autoridad presupuestaria y me permitiré citar dos frases de una respuesta que recibí. 
"No ignoro que la Comisión no ha recibido cuentas con arreglo al texto del apartado 1 del artículo 6» , dice el Director General, Sr. Cioffi, y a continuación sigue sin disculparse y dice lo siguiente :" En vista de las implicaciones políticas y del carácter delicado de la cuestión, la Comisión ha estimado que lo antedicho era adecuado». 
Ni yo ni ningún otro diputado de este Parlamento estimamos que era adecuado. 
No hemos sostenido el diálogo fructífero que hubiéramos querido sostener, y a pesar de ello hemos presentado enmiendas que mejoran la propuesta y que ayudan a la Comisión, al Consejo y a toda la Unión Europea a lograr lo que todos queremos: aportar una contribución financiera y política significativa y constructiva a la solución del proceso del Oriente Medio. 
En consecuencia, recomiendo las 12 enmiendas al Parlamento. 
Señor Presidente, sería difícil no estar de acuerdo con las propuestas de la Comisión en lo referente a la ayuda financiera en favor de la Administración de los territorios palestinos que proponemos llamar, desde ahora en adelante, Cisjordania y Gaza. 
Sería difícil porque, en la situación actual, es obvio que una parte consistente de la ayuda financiera se destine al funcionamiento de la maquinaria administrativa. 
Es lo que se puede hacer en estas circunstancias, habida cuenta de que se impide el desarrollo económico de dichos territorios, por ejemplo, no se aprueba ni siquiera la propuesta del puerto y del aeropuerto que deberían ser lo más básico y más sencillo. 
En este contexto, evidentemente, proporcionar una base jurídica a una situación de hecho como la que se ha planteado hasta este momento, es decir, conceder ayuda financiera también a la Administración, se convierte en algo obligatorio, como lo es la otra propuesta relativa a la bonificación de intereses sobre préstamos del BEI. 
La Comisión, por otra parte, propone algunas modificaciones al reglamento: subraya el carácter fundamental que tiene la cooperación financiera y técnica para el desarrollo del proceso de paz, así como recalca la importancia que reviste la sociedad civil para el desarrollo democrático de esta zona. 
Otro punto fundamental, en nuestra opinión, es la solicitud de la Comisión de remitir al Parlamento una evaluación anual de los efectos de la cooperación. 
Permítame, señor Presidente, que tras decir estas cosas muy resumidas, pero también bastante concretas, añada algunas consideraciones al debate que se ha realizado hasta este momento y haga especial hincapié en la imposibilidad de la Unión Europea de mostrar más capacidad con los medios de que dispone. 
Desgraciadamente, la Unión Europea hace lo que puede, y yo diría lo que sabe, o sea, proporcionar una ayuda financiera porque, al ser una cabeza económica y no política, muy difícilmente podría hacer algo más. 
Digo esto no para soslayar la importancia de los esfuerzos que los Comisarios y el señor Presidente en ejercicio del Consejo realizan en este sentido, sino para subrayar un dato político y un dato institucional, el de una Unión Europea que no tiene una cabeza política capaz de actuar. 
Piénsese, por otra parte, que incluso los Estados Unidos de América, a pesar de toda la importancia que han tenido hasta este momento en Oriente Medio, no logran ir más allá de un balbuceo ante un proceso de paz que se resiste a avanzar. 
Por lo tanto, señor Presidente, permítame concluir con una nota, con el entrañable recuerdo para Yitzhak Rabin que fue primer ministro de Israel y que se distinguió por su inteligencia política y su capacidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ya se ha expuesto exhaustivamente y ha quedado patente con toda claridad que las propuestas de la Comisión apuntan en la dirección adecuada y las enmiendas complementarias- a las que el señor Tomlinson ha dedicado, sobre todo, un gran esfuerzo- contribuyen a mejorar y a modificar en este sentido dicha tendencia. El señor Tomlinson ha formulado algunas críticas, también en relación con los colaboradores y colaboradoras de la Comisión. 
Yo quisiera elogiar, sin embargo, explícitamente desde aquí, como un complemento positivo a dichas críticas, a dos representantes de la Comisión y a sus colaboradoras y colaboradores, ya que están realizando un excelente trabajo. Me refiero a los representantes de la Comisión Europea en Tel Aviv y Jerusalén. 
En el curso de dos visitas he podido observar que procuran representar adecuadamente a Europa con una dedicación extraordinaria. 
Precisamente por este motivo es también muy importante el Informe Tomlinson que hoy se debate, porque su finalidad es ofrecer el correspondiente respaldo financiero y de otro tipo para que la Comisión Europea pueda velar realmente de la manera más adecuada posible por la utilización de los fondos que desembolsa y por el compromiso político y moral que mantiene. 
Nuestros representantes, no sólo allí sino también en otras zonas- ya debatimos esta cuestión en otro contexto -, se ven afectados por el hecho de que algunas decisiones resultan demasiado lentas y laboriosas; reconozco que el Parlamento contribuye también a veces a ello, pero es necesario que adoptemos decisiones más rápidas y menos burocráticas, también por lo que respecta a la ayuda financiera. 
Un segundo punto: señor Comisario, usted siempre manifiesta- y mi Grupo y yo mismo le apoyamos plenamente en este sentido- que no debemos permitir que se nos excluya del proceso de paz y del cumplimiento de nuestro compromiso. 
¡Es una posición absolutamente acertada! 
Sin embargo, quizá podríamos formularla en términos todavía más positivos. 
Formamos parte integrante del proceso de paz, ¡éste es un hecho que nadie puede alterar! 
Formamos parte del mismo en razón de nuestro compromiso político, moral y financiero. 
Tal vez tendríamos que mejorar la visibilidad de nuestros esfuerzos y nuestras acciones. 
Por un lado, se está haciendo mucho en favor de la infraestructura económica; sin embargo, sin duda tendríamos que mejorar asimismo- y los representantes de la Comisión también tienen propuestas en este sentido- la visibilidad de nuestros esfuerzos para tender puentes, para crear la infraestructura necesaria, en el ámbito de la democracia y de los derechos humanos. 
Si dedicásemos sólo una parte de dichos fondos a exponer igualmente qué nos proponemos conseguir, o sea, que mantenemos un compromiso europeo en favor de la paz, esto sería importante no sólo para la conciencia de un esfuerzo colectivo, sino también para la opinión pública en general, y la eficacia de nuestra ayuda en Israel y en Palestina se vería más reforzada aún. 
Señor Comisario, permítame que le ruegue que siga adelante con su política, pero que a la vez considere seriamente cómo podemos presentar mejor la política que estamos desarrollando, justamente en las fases críticas, justamente en los países donde la propaganda oficial juzga nuestra labor con ojos de manera tal vez más crítica que el sector más amplio de la población. 
Señor Presidente, creo poder contar con cinco minutos porque, desgraciadamente, el Sr. Elles no ha podido venir. 
La cuestión que deseo plantear trata de lo mismo que la cuestión que acaba de plantear el Sr. Swoboda. 
El Sábado de Gloria de 1997 tuve el placer de visitar el hospital europeo de Gaza exactamente la víspera de la fecha en que los obreros acabaron su trabajo: un hospital que estaba en construcción desde 1990. 
Como enfermera que soy, he de decir que me satisfizo sobremanera el hospital; en realidad, nunca he visto un hospital mejor equipado, en un país que tan desesperadamente necesita asistencia médica. 
Volví este año en Viernes Santo, y puede comprobar que el hospital no había recibido un solo paciente, no había recibido un solo interno, una sola enfermera o un solo ayudante médico. 
Está donde está, como un símbolo gráfico, quizá, de lo estéril de nuestra función en el proceso del Oriente Medio. 
El Sr. Swoboda ha pedido que consigamos que haya una percepción pública más clara de nuestra función en esta esfera. 
Si la percepción pública que existe ahora es ésa, diré que es una vergüenza. 
Recuerdo un pasaje de Yes, Minister, un programa televisivo británico que muchos de nosotros hemos seguido a menudo, en la que Sir Humphrey anuncia que ya tienen el hospital pero que no pueden permitirse el lujo de tener pacientes. 
Lamento decir que esto es exactamente lo que está sucediendo en Gaza. 
Quedo reconocida al Comisario por su larga respuesta a mi pregunta, de fecha 16 de marzo, en la que me habla de la cantidad de dinero que se ha gastado en ese hospital: más de 50 millones de ecus, sin que se haya tratado en el hospital a un solo paciente. 
La compañía de construcción que se ocupó de las obras sigue esperando todavía que se le abone una cantidad considerable de dinero, y como se trata de una pequeña compañía de construcción de Irlanda del Norte, ese largo retraso en el pago les está causando también problemas. 
Ahora bien, lo más importante de todo es lo siguiente: ¿es posible que no podamos ver más que elefantes blancos como contribución nuestra al proceso de paz del Oriente Medio? 
Poseemos embajadores excelentes pero la verdad es que les faltan las estructuras indispensables para poder lograr el impacto necesario en la situación política. 
Cuando hablamos de la Faja de Gaza, estamos hablando de lo que es prácticamente la mayor concentración de personas en el mundo, que para atender sus necesidades médicas tienen que ir a tratarse a clínicas pequeñas y polvorientas, muchas de las cuales tuve ocasión de visitar cuando estuve en el país, en las que doctores heroicos hacen lo que pueden por salir adelante a pesar de las circunstancias dificilísimas en que trabajan, mientras que, un poco más allá, este hospital está completamente vacío. 
Sus puertas están cerradas. 
Me parece que cuesta aproximadamente 100.000 dólares al mes únicamente la seguridad del hospital, pero como ya he dicho, en el hospital no se ha tratado a un solo paciente y ya hace 15 meses que los trabajadores dieron por terminado su trabajo. 
Sé que hemos enviado una licitación para establecer un equipo internacional de gestión, pero estamos saltando a la comba mientras Roma arde. 
Los niveles de salud en la Faja de Gaza son bajísimos. 
Los servicios de cuidado materno son lamentables. 
También estuve en ese hospital, y mientras estaba de visita tuve que echar a un gato que estaba en una de las cunas de bebés, mientras dábamos la vuelta al hospital por fuera. 
Como estamos hablando de presupuesto y de nuestra contribución, hemos de tener en cuenta lo que realmente pensamos y espero muy sinceramente que el Comisario nos dé respuesta adecuada a las preocupaciones que estoy manifestando acerca de esta cuestión. 
Muchos oradores han mencionado en el debate de esta mañana sus preocupaciones por la desesperada situación que reina en el Oriente Medio. 
Amigos de Israel y de Palestina regresan cada vez más deprimidos de sus visitas a esa zona, como me sucedió a mí después de la visita que hice a la región hace un par de meses. 
Desgraciadamente no representamos allí nada o casi nada, pues no hemos instituido en esa parte del mundo las estructuras que potencien al máximo nuestra contribución en esa zona. 
Señor Presidente, desearía intervenir para apoyar a la vez el informe del Sr. Tomlinson y el principio de la ayuda de la Unión Europea al proceso de paz y para formular algunas reflexiones críticas sobre la manera en que esta ayuda es recibida y- yo diría- percibida. 
¿Cuál es su finalidad? 
Se trata de contribuir al desarrollo de una coexistencia pacífica entre judíos y árabes en Oriente Medio. 
Debido a las circunstancias, esta ayuda se ha concentrado cada vez más en el desarrollo de infraestructuras de apoyo a la Autoridad palestina, lo que se interpreta como una especie de anticipación del proceso de paz y de reconocimiento de un Estado que aún es problemático y cuyos límites- es lo menos que puede decirse- todavía están por definir. 
De ello se desprende que, sobre todo en Israel, esta anticipación política que está en el origen de la ayuda se percibe como un estímulo unilateral a una de las partes, y no a las dos. 
Esto es tanto más preocupante por cuanto si bien en Israel existe un partido de la paz y de la coexistencia, podemos preguntarnos si, por parte palestina, este partido de la paz y de la coexistencia judeoárabe también existe. 
El modelo de reconciliación que Europa ha representado y debe representar para Oriente Medio es inmejorable. 
Funcionó con la reconciliación francoalemana porque, en ambas partes, en ambos países, existía un partido de la paz. 
Sería de desear que la ayuda de la Unión Europea se concentrara más en la formación de partidos de la paz de ambos lados de la línea de demarcación. 
Señor Presidente, Señorías, hemos escuchado con mucho interés las palabras del Sr. Tomlinson y apoyamos globalmente su informe. 
Pienso que es bueno, efectivamente, dejar de hablar de " territorios ocupados» , pero ¿por qué debe sustituirse esta expresión por Cisjordania y Faja de Gaza? 
No, considero que el papel de nuestro Parlamento Europeo es justamente ponerse a la cabeza, anticipar la paz, y creo que el empleo de la palabra " Palestina» haría evolucionar la situación. 
Hay que hablar de la ayuda de nuestra Unión Europea a Palestina. 
Palestina debe construirse, y pienso que no hay que perder las esperanzas en los palestinos. 
Pero la paz no puede construirse apoyando a estos bantustanes, manteniendo este apartheid. 
Hay que contribuir financieramente a la construcción de Palestina, pero también hay que contribuir políticamente. 
Pienso que se trata de uno de los puntos sobre los cuales, justamente, los países de la Unión Europea están de acuerdo. 
Están todos de acuerdo en que la situación evolucione en el sentido del reconocimiento de los derechos fundamentales de un pueblo. 
Ahora bien, los Estados Unidos acaparan de momento toda la influencia que se ha dado en llamar " occidental» , con una parcialidad que siempre juega en favor del Estado de Israel. 
No hay que aceptar más esta parcialidad. 
Hay que llegar a una visión más equilibrada de las cosas. 
Es así como se construirá la paz. 
Señor Presidente, el Reglamento (CEE) nº 1734/94 del Consejo establece las modalidades de la cooperación financiera y técnica entre la Unión Europa y los Territorios Ocupados, al objeto de favorecer el proceso de desarrollo de estas zonas y de crear las condiciones favorables para el éxito positivo del proceso de paz que, por desgracia, hasta la fecha no puede considerarse como tal. 
Como delegación de Alianza Nacional, estamos convencidos de que la cooperación financiera y técnica con la franja de Gaza y Cisjordania contribuye especialmente a la consolidación del proceso de paz. 
Sin embargo, tenemos que admitir que, hasta ahora, el impacto de la ayuda financiera de la Unión en esta zona no ha respondido a las expectativas, a pesar de la importancia del esfuerzo en sí mismo. 
Las causas son múltiples: el difícil avance del proceso de paz que no ha creado las condiciones de estabilidad necesarias para el desarrollo, el bloqueo de los Territorios Ocupados declarado a veces por las autoridades israelíes con ocasión de actos terroristas, cierta incapacidad de gestión por parte de la Autoridad Palestina acompañada por la sospecha de prácticas ilícitas. 
Por lo tanto, es preciso aportar modificaciones a la propuesta de reglamento para aclarar mejor los objetivos y las modalidades de ejecución subrayando la conveniencia de que se consolide el proceso de paz y formulando una definición más concreta de la base jurídica de esta cooperación financiera. 
Hay que reafirmar el papel fundamental que cumple la cooperación financiera y técnica en pos del desarrollo del proceso de paz y, por ende, del desarrollo de una sociedad civil, cuya falta de actuación sigue siendo un obstáculo para el desarrollo democrático de estos territorios. 
Y como último apunte, consideramos que sería oportuno que la Comisión remitiera anualmente al Parlamento una evaluación por escrito de los efectos de la cooperación. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer la excelente y rigurosa labor realizada por la Comisión de Presupuestos, en particular, por el ponente, Sr. Tomlinson, así como la valiosa opinión que ha sido expresada por la Comisión de Asuntos Exteriores. 
La importancia que reviste para sus Señorías el futuro de los palestinos y el proceso de paz me hace confiar en que la Unión Europea sabrá adoptar un enfoque común para afrontar los problemas de la región. 
Para poder desarrollar una labor positiva en el futuro y para la credibilidad de la Unión es fundamental, en efecto, que tengamos una estrategia solidaria y común, y quisiera recordar brevemente el contexto en que se inscribe esta propuesta de la Comisión. 
Como bien saben ustedes, el reglamento vigente sobre la ayuda a los palestinos se adoptó a raíz de la declaración de principios firmada por Israel y los palestinos en septiembre de 1993, que fue seguida de la Conferencia internacional de donantes celebrada en Washington. 
Desgraciadamente, el deterioro del clima político en Oriente Medio y las sucesivas crisis del proceso de paz han afectado gravemente a nuestro programa de ayuda. En particular, la dificultad de la situación política ha provocado serios problemas presupuestarios tanto a la Autoridad Palestina como a otras instituciones públicas palestinas. 
Así, los donantes internacionales- y entre ellos el más importante, que es la Unión Europea- se han visto obligados a destinar buena parte de la financiación de proyectos a gastos corrientes y al apoyo presupuestario. 
La Comisión, en repetidas ocasiones- y esto no lo hemos negado nunca cuando hemos comparecido ante este Parlamento -, siempre a petición del Consejo, ha tenido que adaptarse a estas circunstancias para asegurar fundamentalmente la supervivencia de la Autoridad Palestina y del propio proceso de paz. 
Es cierto que la Comunidad no puede contribuir- o no suele contribuir- a la financiación de los gastos corrientes de este tipo de instituciones, razón por la que el reglamento de 1994- el inicial que presentó la Comisión- no había previsto este tipo de apoyo presupuestario. 
Y, en este sentido, les puedo decir que ni yo mismo, que fui testigo de la reunión de Washington y de la reunión de El Cairo, hubiese podido prever, en el momento en que se hizo el reglamento para el programa especial de Palestina, que el proceso de paz conocería con el tiempo las dificultades que ha conocido y que sería necesario, sobre todo en los momentos de los primeros bloqueos de fronteras, iniciar una serie de gastos de tipo corriente, de tipo administrativo, que, insisto, no estaban en el programa. 
Por eso, la propuesta que se discute hoy tiene como objetivo, si se quiere, permitir financiar gastos corrientes con los fondos comunitarios. 
Y esto tiene también su origen- no se puede ocultar- en que el Tribunal de Cuentas, efectivamente, ha considerado, lo cual es cierto, que determinados pagos financieros que se han hecho a la Autoridad Palestina en el proceso de paz no tienen base legal suficiente y, además, se están dedicando a otros objetivos que son de carácter administrativo y de gastos corrientes que no están cubiertos por el reglamento. 
Esto es totalmente cierto y no se puede negar pero, insisto, hemos tenido que hacerlo debido a las circunstancias políticas. 
En cuanto a la propuesta de poder conceder bonificaciones de intereses sobre préstamos del BEI, está destinada también a que esta institución pueda cumplir su mandato político. 
Así pues, estas dos modificaciones constituyen los cambios sustanciales que ha hecho la Comisión al reglamento que nos ocupa. 
En este sentido, me complace constatar que estamos de acuerdo con las modificaciones que constituyen, insisto, la esencia de esta propuesta. 
Sin embargo, quiero explicarle al Parlamento, a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Asuntos Exteriores un dato fundamental: la Comisión se encuentra hoy ante la paradójica situación siguiente: la Comisión comparte plenamente los objetivos planteados por las enmiendas presentadas por el Sr. Tomlinson y por la Comisión de Asuntos Exteriores, que se refieren al futuro de ayuda a los palestinos. 
Sin embargo, tenemos un problema estrictamente de tiempo. 
Y la Comisión no tendrá ninguna dificultad en aceptar estas enmiendas, su espíritu y su orientación, posteriormente. 
Y digo esto porque la Comisión está a punto de presentar un nuevo reglamento- siguiendo las instrucciones del Consejo de Ministros del mes de febrero, y tenemos que presentarlo antes de que finalice la Presidencia británica, seguramente en el Consejo del próximo día 29 de junio- donde se plantean, con una visión global, todos los elementos que tienen que ver, tanto en términos de condiciones políticas como económicas, con el análisis global del futuro de la Unión. 
Así pues, espero que ustedes comprendan esta posición paradójica. 
Simplemente pedimos, tanto al Sr. Tomlinson como a la Comisión de Asuntos Exteriores, que se aplace la decisión sobre estas enmiendas hasta que la Comisión haya presentado el nuevo reglamento al Consejo de Ministros. 
Y una vez que se haya presentado habrá una base jurídica legal común, que va a ser el artículo 130 W, va a haber todo un conjunto de condiciones políticas, un ejercicio de globalización y una visión de futuro respecto a este reglamento. 
Así pues- insisto- yo espero que esta paradoja se pueda comprender y una vez más señalo que no tendremos ninguna dificultad en aceptar las sugerencias del Parlamento y las sugerencias que se encuentran en las enmiendas. 
Es más, reconocemos también paladinamente, sin ninguna dificultad, que el hecho de presentar una prórroga de dos años para concluir las perspectivas financieras y alargarlas otros cinco años más, es una excelente idea. 
Consideramos que es una excelente idea tener una visión global. 
Pero, hoy por hoy, la Comisión tiene un problema de tipo institucional: nosotros tenemos que presentar un reglamento al Consejo de Ministros- porque esta es una decisión del Consejo de Ministros del mes de febrero-. 
En segundo lugar, tenemos un problema también, que yo espero que se comprenda. 
Las enmiendas que plantea el Sr. Tomlinson nos interesan también en el sentido de que es una forma hábil de escapar de este calvario llamado «comitología». 
Pero, una vez más, tengo que decir que, después del Consejo Europeo de Cardiff, la Comisión va a presentar una comunicación para intentar cambiar la «comitología» , no solamente del reglamento sobre Palestina, sino de todo el sistema, tal y como existe actualmente, derivado del Tratado de Maastricht. 
En consecuencia, para la Comisión es muy importante guardar un horizonte global para todas las bases legales que existen en el presupuesto. 
Y por eso en la Comisión hemos tomado la iniciativa de presentar un proyecto de reforma global. 
Y el de hoy es un buen ejemplo que puede demostrar cómo la «comitología» actual es un calvario que no ayuda al Parlamento, ni al Consejo de Ministros ni a la Comisión. 
Quisiera responder ahora a los problemas que señalaba, por ejemplo, el Sr. Swoboda sobre la participación de la Unión Europea en el concierto de donantes internacionales. 
Usted sabe que nos esforzamos en que la Unión Europea juegue un papel fundamental dentro de la Conferencia de donantes. 
Ese es un punto que también va a incluirse en el nuevo reglamento, cuestión que tienen que resolver el Parlamento y el Consejo de Ministros. 
Por eso queremos basar este reglamento en el artículo 130 W, para que tenga una visión global y por eso les pedimos que todas estas cuestiones las retrasen ustedes simplemente hasta el mes de octubre. 
Y entonces, en el mes de octubre, cuando tengamos este debate general sobre este nuevo reglamento- yo espero que el Parlamento y el Consejo lo aprueben, porque para mí este punto es fundamental, señor Tomlinson -, entonces, con las enmiendas del Sr. Tomlinson y el nuevo reglamento de la Comisión, tendrá que desvelarse un misterio bien simple: ¿aceptará el Consejo sus enmiendas? 
¿Aceptará el Consejo mi reglamento? 
Este es el problema político, porque yo estoy pidiendo mucho dinero y el Sr. Tomlinson está pidiendo mucho dinero. 
Por eso yo les pido que tengamos esta visión global en el mes de octubre. 
Y después de lo que ha pasado en Cardiff, el Parlamento Europeo y la Comisión tienen forzosamente que verificar, con sus enmiendas o con mi nuevo reglamento, lo que va a decir el Consejo. 
Por eso, somos partidarios de esperar hasta el mes de octubre, después de que el Consejo nos dé el margen de maniobra política. 
Esto es lo que pensamos. 
Algunas otras cuestiones. 
Señora Banotti, la Comisión Europea ha hecho un enorme esfuerzo en el hospital de Gaza. 
Lo que ocurre es que hay que darle al César lo que es del César y a la Comisión lo que es de la Comisión. 
Es decir, nosotros estamos trabajando con el UNRRA y, entonces, yo no puedo sino decirle lo que hemos pagado, lo que hemos trabajado, lo que queremos hacer en el hospital, las dificultades que hay sobre si se pueden o no tratar a los enfermos y a los refugiados. 
Pero, ¿tiene la Comisión la responsabilidad de que el hospital de Gaza no esté abierto? 
Vaya usted a visitar el aeropuerto. 
El aeropuerto está terminado. 
Está la torre de control, están todos los equipos electrónicos. 
Me he gastado en él 15 millones de ecus. 
¿Tengo yo responsabilidad en que el aeropuerto no esté abierto? 
Ustedes me ponen en una situación imposible. 
Pues naturalmente que el aeropuerto está cerrado, y naturalmente que he pagado muchos millones de ecus. 
¿Y tengo yo la responsabilidad de que la autoridad israelí no quiera autorizar su apertura? 
Sitúen el objetivo de sus críticas donde están las responsabilidades. 
Están ustedes diciéndome: «Gástese el dinero». 
Me gasto el dinero. 
Surge el inconveniente de que, luego, no se puede abrir el aeropuerto, el puerto, el hospital, ¡qué sé yo !... , la televisión, la radio. 
Y luego me piden que les explique a ustedes políticamente por qué eso no se puede hacer. 
Mi situación, compréndanme ustedes, es imposible. 
No soy yo el que da permiso, esos permisos los da la autoridad israelí. 
En fin, lo siento de verdad. 
Mi capacidad de convicción seguramente es nula pero, créanme, la Comisión y este Comisario llevan un año y medio sufriendo un auténtico calvario con esta situación, de la cual no nos sentimos responsables porque, evidentemente, lo que no puede hacer la Comisión, debido a este tipo de inconvenientes, es tomar la decisión de dejar de pagar, pues sería una solución burocrática. 
Como no hay base legal, no pago. 
Ustedes me dirían: «Es un burócrata». 
Como no hay base legal pero hay decisiones políticas del Consejo, pago. 
«Usted es un irresponsable porque paga sin base legal». 
Y, en tercer lugar, cuando se ha hecho la obra, el hospital, el aeropuerto, etc. la autoridad israelí dice: «Esto no se abre». 
Preguntas en el Parlamento: «Pero, ¿cómo se gastó usted el dinero para hacer esto? ». 
Por favor, sean un poco solidarios con la Comisión. 
En fin, señor Presidente, esta es una situación muy complicada- lo sabe el Sr. Henderson, porque está en el Consejo, lo sabe el Sr. Tomlinson, lo sabe el Sr. Swoboda, lo sabe la Sra. Banotti porque ha estado allí-. 
¡Qué más quisiera yo que el hospital estuviera funcionando! 
Pero, ¿cómo convenzo al Primer Ministro, Sr. Netanyahu, de que se acepte también a los refugiados? 
Díganme cómo lo hago. 
Señor Presidente, mi conclusión es la siguiente: la Comisión no niega la inteligencia y el valor de las enmiendas del Sr. Tomlinson- que son ciertas- ni la aportación del Parlamento Europeo. 
El Consejo, en el mes de febrero, pidió a la Comisión que hiciera un nuevo reglamento que integrara todas las decisiones dispersas que se han tomado en los últimos tres años. 
Algunas de ellas no tienen base legal. 
La posición de la Comisión es presentar el reglamento el día 29 al Consejo. 
Que éste dé el margen político y financiero y, una vez dado, no tendré ningún inconveniente en aceptar, cuando se presenten en el Parlamento Europeo en el mes de octubre, ya bajo la Presidencia austriaca, las enmiendas del Sr. Tomlinson. 
Pero en este momento no puedo hacerlo, por razones jurídicas e institucionales, y les pido, por favor, que sean lo más comprensivos que puedan con la Comisión. 
Bienvenida 
Tengo el gusto de dar la bienvenida, en nombre del PE, a los miembros de una delegación de la Knesset israelí, encabezada por el Sr. Zeev Boïm, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados y que nos honra con su visita con ocasión de la 23ª reunión interparlamentaria con la delegación competente del Parlamento Europeo. 
Hago votos por que esta 23ª reunión, que se celebra en un momento difícil para el proceso de paz, marque una nueva etapa en el necesario acercamiento de los países y de los pueblos que representamos, con miras a una convivencia pacífica y fructífera en torno al Mediterráneo, que, como en el pasado, constituye un punto de contacto privilegiado e ineludible. 
Deseo a la delegación israelí que sus conversaciones sean fructíferas y una excelente estancia en Estrasburgo. 
Deseo dar también la bienvenida al representante de la Autoridad Palestina ante la Unión y a una delegación de embajadores de los países árabes. 
(Aplausos) 
Cooperación financiera y técnica con los Territorios Ocupados (continuación) 
Señor Presidente, he escuchado con interés las observaciones del Comisario Marín. 
Es muy positivo que haya hablado tan detenidamente de las opiniones del Parlamento y que le hayan parecido bien, pero en sus observaciones ha dicho que teníamos que hacernos cargo de su propio problema paradójico. 
Por mi parte, estoy dispuesto a hacerlo, pero espero que el Sr. Marín se haga cargo de la paradoja que está planteando al Parlamento. 
Lo que parecía decir el Sr. Marín es que estaba de acuerdo con las enmiendas de la Comisión de Presupuestos. 
Lo que sigue diciendo es que comparte las metas del informe Tomlinson. 
Después dijo que " no les planteaban ningún problema» , o sea que no tenía dificultades para aceptar las enmiendas o los principios generales en que se basaban. 
Y para acabar, profirió cuatro palabras ominosas: " en una fecha ulterior». 
Esto es como si un niño estuviese esperando que llegase Navidad, después de haber seguido de cerca todos los preparativos, cuando de repente alguien aparece, se apodera del saco de juguetes de Papá Noel y dice "... pero a lo mejor los recibes el año que viene». 
El Parlamento no ha sido nunca un partidario furibundo de los retrasos, y ahora tropieza con un problema paradójico de Marín y con una paradoja presentada por Marín a Tomlinson. 
Quizá, más adelante, deberíamos sentarnos alrededor de una mesa y compartir nuestras experiencias paradójicas. 
Quiero que sepa usted, Comisario Marín, que realmente me agrada el espíritu de lo que ha dicho usted. 
Quitaré las palabras, como usted quiere, y velaré por que las conservemos como punto de referencia para el futuro. 
Ahora bien, cuando llegue el momento de votar sobre este informe más adelante, le preguntaré a usted muy explícitamente al final de la votación sobre las enmiendas si las puede aceptar. 
Después tomaremos nuestras decisiones sobre la base de lo que haya dicho usted. 
Por el momento le doy gracias por sus observaciones pero, como es natural, tiene que comprender usted que el Parlamento ha de tener también en cuenta su propia posición, además de procurar comprender las posiciones de las demás instituciones. 
Señor Tomlinson, quiero decirle ya cuál es la posición de la Comisión, sin necesidad de que yo intervenga en el momento de la votación, para que sus Señorías la conozcan de inmediato. 
La Comisión, como le he dicho, no tendrá ningún inconveniente, una vez que hayamos presentado el reglamento al Consejo de Ministros, en aceptar el espíritu y el contenido de sus enmiendas. 
En este momento no podemos hacerlo. 
Y simplemente le estamos pidiendo al Parlamento flexibilidad y que espere todavía 3 ó 4 meses. 
Sabiendo que el mes de agosto es de vacaciones, no me parece dramático esperar al mes de septiembre u octubre para celebrar un debate general con la Presidencia austríaca, porque tenemos muchas dificultades y preferimos hacer un debate general en el mes de octubre. 
Esta es nuestra opinión. 
Gracias, señor Comisario. 
Con estas dos últimas intervenciones queda cerrado nuestro debate. 
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.25 horas, se reanuda a las 11.30 horas) 
Votaciones 
Señor Presidente, la enmienda 41 es diferente de las enmiendas 42 y 43. 
La enmienda 41, con la fecha del 2002, no obtuvo el apoyo de la comisión parlamentaria. 
Se apoyó como fecha el año 2005, con lo que los productores tendrían más tiempo para adaptarse al nuevo régimen. 
El año que debe merecer nuestro apoyo es el año 2005 y no el año 2002. 
Señor Thomas, tomo nota de su observación y me ocuparé de que se lleve a cabo el control con el servicio lingüístico del Parlamento, para que sea exacta la versión, tal como usted lo solicita. 
¿Desea usted que se vote por separado sobre la enmienda 41? 
Sí, señor Presidente, deseo que se vote por separado sobre la enmienda 41 porque es diferente. 
Quisiera preguntar al ponente, a título de aclaración, si en las circunstancias actuales no sería más fácil retirar la enmienda y dejar el texto original de la Comisión. 
Lo haré con mucho gusto. 
Pero se trata de una enmienda de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
He preguntado a los servicios de sesión, y la Comisión votó en favor del año 2005 y no del año 2002. 
Por lo tanto, si el presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural está de acuerdo, se puede retirar esta enmienda. 
Recuerdo simplemente al Sr. ponente que, en los considerandos, la Comisión de Agricultura decidió el año 2005. 
Pero esta enmienda 41 también fue votada por la Comisión de Agricultura. 
Por un lado, en el considerando nos pronunciamos por el 2005 y, por otro, en el cuerpo del texto tomamos en cuenta el año 2002. 
Por lo tanto, pienso que hoy no hay ninguna razón para retirar la enmienda relativa al 2002. 
Hay que realizar una votación. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa) 
Procedemos a la elección de un Vicepresidente del Parlamento. 
Hemos recibido las candidaturas de la Sra. Bloch von Blottnitz y del Sr. Gerard Collins. 
Para la elección se designarán por sorteo cuatro escrutadores. 
(Se designan por sorteo escrutadores los señores diputados Mohamed Ali, Parodi, Frischenschlager y la Sra. Marinucci) 
Señor Presidente, quisiera informar sobre nuestra postura en esta votación. 
Nuestro Grupo siempre ha sido partidario de una correcta aplicación de lo que consideramos una regla fundamental para este Parlamento, a saber, la distribución proporcional de los miembros de la Mesa, presidente, vicepresidente y cuestores. 
En esta legislatura existía un acuerdo al respecto con los grupos más importantes: el Grupo socialista y el nuestro. 
Al principio de la legislatura funcionó bien. 
En la segunda votación no ha funcionado bien en lo referente a la elección de cuestores. 
Consideramos esta regla como una regla fundamental para nuestro Parlamento. 
La posición de nuestro Parlamento es extremadamente frágil. 
Esta mañana hablábamos acerca de los ataques que se llevan a cabo casi diariamente contra el Parlamento. 
Por tanto, creemos que debemos mantener esta regla. 
Es evidente que según los cálculos del sistema d ' Hondt el Grupo UPE tiene derecho a un vicepresidente. 
Puesto que el Sr. Podestà ha pasado a ser miembro de nuestro Grupo tenemos el número de vicepresidentes que necesitamos. 
Por eso hemos retirado la candidatura del Sr. Cunha por profundo respeto hacia lo que consideramos una regla fundamental de este Parlamento. 
Quisiera rendir homenaje al Sr. Cunha que ha tenido este gesto y entiendo que los grandes Grupos de este Parlamento están dispuestos a respetar esta regla, a respetar el sistema d ' Hondt. 
Hemos recibido la garantía y en esas circunstancias hemos retirado la candidatura del Sr. Cunha con la intención de que el Grupo UPE, que tiene derecho a un escaño de vicepresidente, lo obtenga, a pesar de que hemos resultado perjudicados en la votación anterior cuando se trataba de los cuestores. 
Señor Presidente, sólo unas palabras para subrayar lo que ha dicho el Sr. Martens. 
Por mi parte, y en términos personales, no he vacilado lo más mínimo en decidir la retirada de mi candidatura, por entender que deberíamos seguir normas que siempre fueran normas de trabajo del Parlamento, es decir, respetar el método d ' Hondt. 
Señor Presidente, yo quisiera recordar que todo diputado de esta Asamblea tiene, naturalmente, el derecho a presentarse como candidato para ocupar un puesto de vicepresidente. 
También es un derecho democrático reconocido que los Grupos puedan proponer a sus candidatos o candidatas. 
El señor Martens ha destacado ciertamente que de hecho existen acuerdos internos- usted ha hablado de acuerdos entre los grandes Grupos, pero obviamente también hay otros Grupos en la Asamblea -; sin embargo, los acuerdos no siempre son refrendados necesariamente por la Asamblea, como ha demostrado la elección del señor Killilea para el puesto de cuestor. 
En este caso, la Asamblea ha decidido con su gran sabiduría algo distinto de lo que posiblemente se quiso pactar. 
Por consiguiente, nosotros consideramos que tenemos el derecho democrático de presentar una candidatura del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, entre otras cosas también porque pensamos que sería muy razonable que consideremos si no tendría sentido, y si no sería adecuado y democráticamente legítimo, que todos los Grupos políticos estuviesen representados en un organismo como es la Mesa y no como ocurre ahora, que tres Grupos no están representados en absoluto. 
¡Tres Grupos no están representados en absoluto en la Mesa y tampoco los diputados no inscritos! 
Por esto, dicha candidatura también podría introducir tal vez un poco más de democracia en la Asamblea en unos momentos en los que la Mesa está debatiendo cuestiones muy importantes 
(Aplausos) 
Bienvenida 
Quisiera informar al Parlamento de la presencia del Sr. Kostas Karamanlis en la tribuna oficial, Presidente del partido griego " Nueva Democracia» y líder de la oposición en Grecia. 
El Sr. Karamanlis visita desde ayer el Parlamento Europeo para conversar con el Presidente del Parlamento y con los Presidentes de los Grupos políticos. 
Le deseamos una feliz estancia en Estrasburgo. 
Votaciones (continuación) 
Presidente, debido a las ambigüedades que han surgido en mi propio Grupo por el cambio de la votación, intento aclararles que primero íbamos a votar el considerando B, pero después volvimos a A. 
Señor Van Velzen, lo verificaremos con el control electrónico para que no haya ninguna confusión. 
Ya hemos votado sobre la parte A y ésta ha quedado aceptada. 
No podemos volver atrás para efectuar una comprobación, ahora que ya se ha efectuado la siguiente votación. 
Eso es absolutamente inaceptable. 
Señora Green, tiene razón en el siguiente sentido: realmente, en el punto A hemos votado y realmente la mayoría estaba a favor. 
Se ha solicitado un control electrónico y ha habido una confusión entre los puntos A y B y he repetido las dos votaciones. 
Puedo repetir el control electrónico. 
Señor Presidente, usted había dado por celebrada la votación y pasamos entonces a votar sobre la parte B. Entonces se efectuó la votación nominal sobre B. Esto es absolutamente inaceptable. 
Señora Green, tiene usted toda la razón del mundo, pero se me ha pedido que haga una comprobación acerca de A. 
Señor Presidente, permítame que le diga que de todas las normas sobre votaciones que conozco no hay ninguna que permita aceptar una comprobación en relación con una votación cuyo resultado se ha declarado ya, después de haber efectuado la siguiente votación. 
Es una práctica completamente inaceptable. 
Sencillamente, se equivocaron con sus votos, es inaceptable dar marcha atrás. 
Señor Presidente, como siempre, actúa usted muy rápido. 
Después del considerando A le hemos pedido enseguida un control y en ese momento ha planteado usted B. Creo que esta votación es muy justa, ahora hemos votado A. 
Señor Presidente, aunque el otro sector de la Asamblea cuente con una mayoría relativa a favor del considerando A, en este caso se requiere una mayoría cualificada. 
Cuando uno de los grandes Grupos mantiene una posición contraria, es sencillamente necesario verificar si los demás Grupos suman 314 votos. 
Esto es lo que pedimos. 
Señor Presidente, puedo aceptar lo sugerido si uno de los Grupos mayoritarios de este Parlamento se opone a algo en el seno de una mayoría cualificada, pero usted declaró hecha la votación y pasó a otra votación. 
Es inaceptable que los que se dieron cuenta de que habían cometido un error puedan pedirle a usted que dé marcha atrás. 
No podemos aceptarlo. 
Una vez que empecemos a aceptar ese tipo de cosas, en este Parlamento reinará la anarquía. 
Señor Presidente, me hago cargo de la ansiedad que ha suscitado en algunas personas esta cuestión y comprendo muy bien la posición de la Sra. Green, pero que no quepa duda alguna de que inmediatamente después de que se efectuase la votación hubo claros llamamientos para que se comprobara un punto del considerando A. Desgraciadamente, el Parlamento había procedido a votar rápidamente sobre B, cuando aún se seguía pidiendo que hubiera una comprobación. 
Si miro alrededor de mí llego a la conclusión de que esos llamamientos estaban perfectamente justificados, y por eso le pido, señor Presidente, que haga una comprobación de A, como es su deber. 
A continuación podemos volver a votar sobre B a su debido tiempo. 
Haremos un control electrónico en el considerando B, tal como se había solicitado. 
Señor Presidente, con todos los respetos hacia su conducción del procedimiento. El Sr. Provan ha recordado con toda claridad cómo se han desarrollado en realidad los hechos en relación con la votación del considerando A. Usted ha anunciado la votación de dicho considerando A e inmediatamente a continuación se han escuchado las primeras voces que pedían la verificación; aun así, usted ha anunciado acto seguido la votación del considerando B. Luego ha adoptado la decisión, acertada a mi parecer, de verificar la votación del considerando A y después ha desistido de ello, dejándose convencer, creo yo, por un argumento que se ha expresado muy ruidosamente desde el otro lado de la Asamblea. 
Yo creo que esta decisión no ha sido correcta. 
Por consiguiente, no he participado en la votación posterior y solicito que esta cuestión se aclare de manera realmente inequívoca. 
Sí, claro, Presidente, tiene que mirar un momento el texto. 
Usted acaba de mandar votar bajo su dirección 1 C. En 1 C el segundo punto sobre el que se había votado es la frase: «visto el texto formulado en el anexo». 
Ese texto se ha suprimido. 
Por tanto, es naturalmente muy ridículo empezar a votar ahora un anexo que hemos eliminado de la resolución legislativa. 
Así que hemos terminado con la votación. 
Señor Van Velzen, me explican los servicios de la Presidencia que no estamos obligados a someter a votación una referencia que dice: " Teniendo en cuenta el texto que se adjunta en el Anexo... ». 
Porque está claro que, por supuesto, también se tiene en cuenta el texto que hay en el Anexo. 
Es una redundancia y por eso no se ha sometido a votación. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente, yo quisiera decir algunas palabras con respecto a esta loable votación. 
Es cierto que ahora queda suprimida la frase adicional, por la cual se establecía que la Comisión debía tomar en consideración el texto anexo; sin embargo, al mismo tiempo también se ha aprobado que la decisión se adoptará de conformidad con el fundamento del artículo 38 B del Tratado y del artículo 50 del Reglamento, los cuales se refieren explícitamente a una iniciativa del Parlamento y no a una declaración discrecional. 
Si no aprobamos ahora este punto, puede llegar a resultar absurdo lo que se ha aprobado antes, o sea, el fundamento del artículo 38 b y del artículo 50. 
Lo que haga luego la Comisión es asunto suyo, tanto si ahora lo aprobamos como si no. 
La Comisión también sabe leer, en once lenguas incluso. 
Yo insisto en que esta cuestión se someta a votación, tal como prevé el procedimiento. 
Señor Presidente, para ahorrar tiempo a la Asamblea, y teniendo en cuenta el deseo del ponente, el Sr. Linkohr, propongo que se realice una votación única sobre el anexo, y en seguida sabremos en qué punto estamos, puesto que este anexo también exige una mayoría cualificada. 
Señor Herman, hay votaciones por partes. ¿cómo puedo, entonces, llevar a cabo una votación global sobre todo el Anexo? 
Señor Presidente, si me lo permite trataré de introducir un poco de sentido común en este tema. 
Y lo digo por el interés que tengo en las energías renovables, que el Sr. Linkohr y otros en esta Asamblea conocen bien. 
La razón por la que mi Grupo ha deseado rechazar el considerando A es muy simple. 
Por un error, en el considerando A se dice que hay «ausencia de normas jurídicas comunitarias relativas al suministro a la red de la electricidad generada con fuentes de energía renovables». 
Y digo que es un error porque la directiva publicada en enero de 1997 sobre el mercado eléctrico, en la que este Parlamento- como dije ayer en la sesión preparatoria del debate- trabajó mucho sobre todo por obra del Sr. Desama, tiene dos disposiciones relativas a energías renovables en un considerando y en un artículo. 
Por tanto, se podría haber hablado de insuficiencia o de escasez, pero no de ausencia. 
Y esa es la razón- que expuse al Sr. Linkohr en su momento- por la que nosotros no podemos aceptar ese texto. 
Lo que va a ocurrir ahora, señor Presidente, es muy simple. 
Nuestro Grupo, por mayoría, va a votar en contra y, al votar en contra, no va a haber mayoría cualificada y el conjunto del documento no será aprobado. 
Sería preferible que la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía lo estudiara de nuevo, porque creemos que se pueden introducir mejoras en ese texto y llegar a esta Asamblea más adelante con un texto que sea aprobado por todos. 
Esta es mi propuesta. 
Señor Robles Piquer, si le he entendido bien, está pidiendo la devolución a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
De acuerdo, puede usted solicitarlo. 
¿Hay alguien en contra? 
Señor Presidente, hemos tenido tiempo suficiente para examinar esta cuestión en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
El sector contrario de la Asamblea presentó también enmiendas, que fueron aceptadas casi sin excepción. 
Hasta hace poco, yo tenía, además, la impresión de que el informe contaba con un amplio consenso, tal como ha ocurrido siempre en el pasado en el caso de las energías renovables. 
No alcanzo a comprender por qué ha cambiado repentinamente de opinión el Partido Popular Europeo, pero todos tenemos derecho a hacerlo. 
Todos podemos equivocarnos alguna vez, pero yo no creo que avancemos si el informe se devuelve de nuevo a comisión. 
Esta situación ya se ha dado otras veces, no aprendemos con el tiempo. 
Yo pido que se proceda ahora a la votación. Así sabremos a qué atenernos. 
Señor Linkohr, usted está en contra. 
Por tanto hemos escuchado a uno a favor y a otro en contra. 
Presidente, quiero hacer un alegato a favor y, sobre todo, quiero hacer un alegato a favor porque en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía llevamos mucho tiempo intentando cambiar los modelos de ayuda que aparecen en el informe del Sr. Linkohr y que son muy dirigistas por naturaleza. 
No lo hemos logrado, creo que, por tanto, es útil volverlo a remitir. 
Señor Presidente, en primer lugar, yo quiero señalar que han intervenidos dos diputados a favor de la propuesta. 
Por otro lado, quisiera recordar que nunca hemos decidido la devolución a comisión en mitad de una votación. 
Lo correcto hubiese sido presentar previamente esta propuesta. Por lo demás, yo quisiera señalar que en la Comisión de Energía hemos discutido larga y exhaustivamente al respecto y hasta ahora siempre hemos declarado a la opinión pública- al menos desde este sector de la Asamblea- que es imprescindible preparar el camino para las energías renovables y que ésta es la primera piedra. 
Si ustedes quieren arrancar la primera piedra, me parece bien, pero hasta ahora habían dicho al menos algo muy distinto; no voy a permitirme decir que han mentido, pero no podemos seguir jugando de este modo. 
Cuando advierten que están perdiendo, devuelven el informe a comisión. 
Esto significa que en el futuro tendremos que trabajar como si estuviésemos en un parvulario y no conseguiremos avanzar. 
Señor Presidente, yo le ruego que proceda a la votación por orden, tal como es habitual en otros casos. 
Se somete a votación la propuesta de devolución a la comisión. 
(El Parlamento rechaza la propuesta) 
Señor Presidente, tomo la palabra para señalar a la atención del Parlamento y a la de usted que en la galería pública se está celebrando una entrevista. 
No estoy seguro de que la realización de entrevistas televisivas mientras está votándose en la Sala represente una utilización adecuada de la galería pública. 
Señor Kenneth Collins, se han dado instrucciones. 
Señor Presidente, ¿podría suscribir la propuesta del Sr. Herman? 
Está claro que las votaciones se desarrollan siempre de la misma manera y que es imposible obtener la mayoría. 
La propuesta del Sr. Herman de realizar una votación global parecía muy razonable, y nos habría evitado perder tanto tiempo, para obtener el mismo resultado. 
Quisiera rogar al Parlamento que tome en cuenta que los grupos políticos que han presentado enmiendas deberán retirarlas para aceptar que se dé esta votación global. 
Yo no tengo ninguna objeción, si los grupos políticos están de acuerdo en hacer una votación global, hagámosla. 
Señor Presidente, ahora nos encontramos, no obstante, ante el problema de que se ha decidido la devolución a comisión de un anexo que acabamos de rechazar. 
No sé cómo vamos a resolverlo. Yo confío, sin embargo, a su sabiduría la decisión de si debemos proceder ahora a una votación final o no. 
Desde luego, sería un caso único en la historia del Parlamento. 
Señor Presidente, temo que haya cometido una equivocación, como consecuencia de un error en la lista de votaciones, respecto al procedimiento aplicable a esta votación. 
Es evidente que la votación final no podía realizarse antes de que se votase el anexo. 
Primeramente, usted ha sometido a votación por partes, a petición de un grupo, la segunda parte del apartado c) , que establecía que debía tomarse en consideración el anexo. 
Luego usted ha realizado la votación final, y a continuación la votación sobre el anexo. 
Y antes de que se votase el anexo, después de la votación final, usted ha aceptado realizar una votación sobre una cuestión de orden por la que se solicitaba la devolución a comisión, cuando en virtud del artículo 129 resulta evidente que no se puede solicitar la devolución a comisión después de la votación final. 
Creo que, en realidad, la votación final que usted ha celebrado hace un momento no era correcta. 
No se puede realizar la votación final antes de haber finalizado la votación sobre el texto, es decir, el texto y su anexo. 
Por lo tanto, creo que debe realizar una votación final sobre el texto legislativo, votación final que no se podía realizar previamente. 
Señor Fabre-Aubrespy, discúlpeme, pero no estoy de acuerdo con su interpretación. 
La primera parte de la votación ha estado claramente disociada de la votación sobre el anexo. 
Esto ha dado lugar a una breve discusión y ha sido bien clarificado. 
Podíamos realizar dos votaciones, como se ha hecho, una sobre la propuesta de resolución, y otra, por separado, sobre el anexo. 
Hemos finalizado la primera, y puesto que ahora se ha rechazado el anexo, no voy a realizar una votación sobre el mismo. 
Antes de interrumpir la sesión de votaciones, anunciaré las explicaciones de voto; les deseo buen provecho. 
Nuestra opinión es que no es necesario el sistema de cuotas para los plátanos, especialmente tratándose de importaciones de terceros países. 
Es un sistema innecesario. 
Deseamos un mercado libre para el comercio de plátanos. 
En general, estamos de acuerdo, evidentemente, con que se ayude de diversas maneras a los países de ACP para darles posibilidades de desarrollar el comercio con productos propios en los mercados mundiales. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor de un informe por el que se modifica la organización de mercado común del plátano. 
Ha sido necesario volver a elaborar la organización de mercado, porque la UE ha perdido un pleito en la OMC. 
La propuesta de la Comisión es un intento lógico de alcanzar un equilibrio entre las distintas consideraciones. 
Debemos obedecer las disposiciones de la OMC así como el Convenio de Lomé y, al mismo tiempo, debemos cuidar de que los consumidores obtengan plátanos buenos y baratos. 
Muchas de las enmiendas del Parlamento Europeo perturban este equilibrio. 
Hemos votado por tanto en contra de una disminución del contingente de plátanos-dólar, porque esto está reñido con las disposiciones de la OMC. 
Hemos votado en contra de un aumento de los derechos arancelarios, porque esto encarece demasiado los plátanos. 
Hemos votado también en contra de un aumento de los derechos arancelarios para los plátanos no tradicionales porque sería indecente aplicar derechos de aduana a los plátanos de algunos de los países más pobres del mundo. 
Hemos votado a favor del informe porque contiene una propuesta relativa a un régimen para los plátanos de comercio equitativo. 
Una ayuda para la reestructuración de la producción a plátanos de comercio equitativo es una buena forma de ayudar a los pequeños productores, así pueden volverse competitivos con relación a los plátanos dólar. 
En el informe se proponen dos regímenes distintos. 
Uno para los plátanos de comercio equitativo y otro para los plátanos ecológicos. 
Sin embargo, sólo debe haber un régimen que incluya tanto requisitos medioambientales como sociales. 
Es poco realista imaginarse que los productores de los países ACP puedan producir totalmente sin productos de fumigación. 
Una definición de comercio equitativo debe ser ampliada por tanto en colaboración entre productores y consumidores. 
El régimen debe incluir ayudas a la reestructuración de la producción, ayudas para la información a los consumidores, un régimen de etiquetado y un régimen de control, de esta manera los consumidores pueden estar absolutamente seguros de obtener aquello por lo que pagan. 
La semana pasada se descubrió una vez más que la firma americana de plátanos Chiquita desprecia intencionadamente tanto los derechos de los trabajadores como las consideraciones medioambientales en los platanales de Sudamérica. 
La producción de plátanos representa para muchos países tanto dentro como fuera del grupo ACP una fuente primordial de moneda extranjera y muchas personas dependen económicamente de esta exportación. 
No obstante, como pone al descubierto el caso de Chiquita, la producción platanera es también causa de que los trabajadores de las plantaciones del Tercer Mundo se expongan a importantes riesgos sanitarios y sociales. 
Hemos apoyado las enmiendas provenientes tanto de la comisión como de otros miembros del Parlamento Europeo que exigen que la organización de mercado común tome en cuenta y promueva de manera activa la producción e importación de los llamados plátanos de comercio equitativo. 
Mejor hubiéramos visto que se hubiera creado una cuota específica de comercio equitativo, sin embargo, esto no casa con las normas actuales de la OMC. 
Cuando den comienzo las próximas negociaciones de la OMC, el objetivo claro de la UE ha de ser el de hacer posible una cuota semejante. 
Hasta entonces hemos de cuidar que las organizaciones de comercio equitativo dispongan de un acceso fácil a la importación. 
El hecho de que nos hayamos abstenido de votar el informe mismo sobre la organización de mercado común guarda relación con el hecho de que la propuesta conceda de modo poco crítico ventaja a los productores de plátanos tradicionales de la ACP. 
Hay países fuera de este círculo que dependen igual de la producción platanera y no tenemos ninguna seguridad de que los trabajadores de las plantaciones en los países ACP sean tratados mejor que en Latinoamérica. 
Añádase a esto que la propuesta actual no protege a los pequeños productores de plátanos. 
El Banco Mundial ha calculado que sólo aproximadamente un 12 % del exceso de precio que los consumidores europeos pagan por los plátanos va a parar a los productores- el resto va a los importadores, y con la propuesta existente no hay ninguna seguridad de que esto no siga así también en el futuro. 
Las importaciones de plátanos hacia la UE están rodeadas de muchas reglas, aduanas, cuotas y derechos aduaneros. 
La UE tiene que dar un buen ejemplo y disminuir las reglas, seguir las indicaciones de la OMC y orientarse más hacia el libre comercio. 
La presente propuesta, que se desprende de una decisión adoptada en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, cobra un simbolismo y una gravedad particulares y, de ser aprobada tal como la ha formulado la Comisión, introducirá profundas y negativas modificaciones en la situación actual en lo tocante a la organización común del mercado del plátano. 
Simbolismo, porque se trataría, en los términos de la propuesta de la Comisión, de una intolerable aceptación de la omnipresencia de la OMC- y de los intereses de los EE.UU.- con el inevitable sacrificio de las tradicionales relaciones preferenciales establecidas entre la UE y los países ACP: ahora respecto del plátano, más adelante extendido a otros ámbitos. 
Modificaciones profundas y negativas, ya que, al aumentar en gran medida el contingente de importaciones de terceros países (más de 353.000 toneladas) -lo que redundaría en particular beneficio para la zona del «plátano-dólar» -pondría en entredicho el nivel de importaciones de los países ACP y también la colocación en el mercado de las producciones comunitarias, como en el caso especial de Madeira. 
Por eso, consideramos positivas las enmiendas que nos ha presentado la Comisión de Agricultura. 
En efecto, van encaminadas a garantizar la salvaguarda de los intereses de los productores comunitarios y del mantenimiento, en lo esencial, de los acuerdos preferenciales establecidos con los países ACP. 
Es lo que sucede con la reducción del citado contingente extraordinario a 100.000 toneladas. 
Y así ocurre, igualmente, con la fijación de una cuota para Portugal de 57.500 toneladas, superior en 7.500 toneladas a la actual. 
Subsiste una cuestión de fondo: es indispensable revisar ciertos mecanismos de la OMC. 
La UE no puede quedar prisionera de ellos. 
Ése es el objetivo de la propuesta de enmienda que formulamos al informe Thomas. 
Estimo que el presente informe es un buen esfuerzo encaminado a hacer todo lo que se pueda para ayudar a los países ACP dentro de los límites de la decisión de la OMC. 
Es verdad que la decisión de la OMC significa que no podemos ayudar a esos países ACP tanto como antes, pero este informe, en consonancia con las propuestas de la Comisión, es, de las opciones que quedan, la mejor. 
La reforma del régimen del plátano es una esfera en la que la moderna organización del comercio mundial no parece prestar mucha atención a los vínculos tradicionales entre países. 
Es una lástima que la OMC no parezca reconocer esos vínculos. 
Naturalmente, el Reino Unido no es el único Estado miembro que reconoce sus obligaciones respecto de los países productores tradicionales. 
Comparto la preocupación del ponente de que la abolición de licencias para países productores individuales podría socavar la posición de algunos países en el mercado de la Unión Europea. 
Es evidente que necesitamos medidas adicionales de apoyo para equilibrar la situación. 
En un contexto más amplio, esta controversia tan duradera indica que es necesario que la OMC obre con mayor flexibilidad si queremos proteger los puestos de trabajo en las sociedades menos prósperas. 
La OCM en el sector del plátano reviste una importancia particular porque esta producción afecta directamente a la vez a algunas regiones europeas (y sobre todo a zonas ultraperiféricas, entre las que se encuentran los departamentos de ultramar franceses) y a muchos países terceros con los que tenemos vínculos muy antiguos y muy privilegiados, en el marco de los convenios de Lomé. 
Frente a este reto geoestratégico y económico, tanto en el plano europeo como en el plano ACP, se necesita una OCM que aplique claramente la preferencia comunitaria y que respete los acuerdos privilegiados que nos vinculan a los países ACP. 
Nuestro Grupo apoya el Informe Thomas con las enmiendas incorporadas en la Comisión de Agricultura. 
Sin embargo, nosotros hemos presentado ocho enmiendas tendentes a reforzar las producciones ACP y comunitaria, así como la comercialización de plátanos cuyo modo de producción respete ciertas normas sociales, medioambientales y sanitarias. 
Con respecto a los acuerdos ACP, éstos deben protegerse íntegramente. 
En el momento de firmarse los acuerdos del GATT, planteamos el problema de nuestros vínculos tradicionales con estos países, y en ese entonces se nos respondió que se protegerían dichos intereses. 
El resultado de los " grupos especiales» nos demuestra que nuestras dudas no eran inútiles. 
En realidad, la OMC no reconoce nuestros acuerdos privilegiados con los países ACP. 
Ahora se trata de saber si y cómo puede corregirse el grave error de negociación que ha cometido la Comisión, concretamente con ocasión de la próxima " Ronda Clinton». 
En relación con la producción comunitaria, es necesario mantener las cuotas de producción a un nivel que permita la protección y el desarrollo de las zonas de producción ultraperiféricas. 
Todos sabemos que estas zonas son particularmente sensibles, y soportan costes específicos que guardan relación con su alejamiento frente a la llamada Unión continental. 
Por eso hemos presentado una enmienda para seguir garantizando la salida de las producciones comunitarias en el mercado europeo, así como un aumento de la percepción de los derechos de aduana con respecto a los plátanos procedentes de los países ACP no tradicionales y un reajuste del 20 % del importe del ingreso global de referencia, que no se había aumentado desde 1991. 
Es absolutamente necesario introducir cláusulas sociales, medioambientales y sanitarias en el marco de la OMC. 
Como lo hemos dicho en varias ocasiones, la mundialización de los intercambios no podrá funcionar armoniosamente sino con la condición de que todos apliquen normas sociales, medioambientales y sanitarias equitativas. 
En este caso, deseamos que cada Estado miembro pueda oponerse a la importación de plátanos procedentes de países terceros que no respeten estas cláusulas. 
Por lo tanto, nuestro Grupo apoya el informe del Sr. Thomas, con las enmiendas incorporadas en la Comisión de Agricultura, en el interés común de los productores europeos de plátanos y de los productores de los países ACP llamados " tradicionales». 
La Unión Europea firmó los acuerdos de Lomé, contrayendo de este modo obligaciones internacionales cuya fuerza jurídica es similar a la de los compromisos suscritos en el marco de los acuerdos de Marrakech. 
La Unión Europea y los Estados miembros deben, por tanto, respetar imperativamente las obligaciones inscritas en el Convenio de Lomé. 
Como muchas personas de Gran Bretaña que quisieran ayudar a los países del Caribe para que puedan vivir decentemente con su principal cultivo de exportación, me sentí verdaderamente perplejo cuando la Organización Mundial del Comercio decidió que las normas comerciales favorables de la Unión Europea respecto de esas naciones insulares eran contrarias a las normas comerciales internacionales. 
Por eso me alegro de que los expertos de la Comisión hayan preparado rápidamente propuestas que correspondan a nuestros acuerdos internacionales y que al mismo tiempo sigan permitiendo que los agricultores del Caribe puedan vender sus plátanos en el mercado europeo. 
Me hago cargo de que esas modificaciones del sistema de licencias de importación aumentarán el costo de la ayuda de la Unión Europea a los países productores de plátanos. 
Sin embargo, me parece que es un precio pequeño el que hay que pagar, si lo comparamos con el riesgo de que los pobres agricultores cedan a la tentación de cultivar estupefacientes en vez de plátanos y aumenten sencillamente los problemas que nuestros países experimentan en materia de drogas. 
Europa ha sacado provecho de las numerosas colonias que tenía en esos países en el pasado, y ahora es perfectamente normal que la Europa de nuestros días dé un empujón de ayuda a la población de las partes más pobres del mundo que lo que desean es ganarse honradamente la vida. 
Nuestra Asamblea, desde los orígenes de la UE, se preocupa por los intereses de los productores tradicionales de plátanos, tanto comunitarios (el 20 % de los plátanos consumidos en la Unión proceden de Martinica, Guadalupe, Madeira y de las Islas Canarias) como ACP. 
Diferentes protocolos, concretamente el protocolo nº 5 anejo al Cuarto Convenio de Lomé, han precedido a la Organización Común de Mercados (OCM) , que entró en vigor en 1993. 
Esta última es la resultante de un difícil compromiso, cuyo objetivo es permitir la salida, en el mercado interior, de los plátanos producidos en el territorio comunitario y de los plátanos originarios de los países ACP, a unos precios equitativos tanto para los productores como para los consumidores, sin por ello perjudicar las importaciones de plátanos originarias de otros terceros países. 
Tras la acción inspirada por una sociedad multinacional, Chiquita, y emprendida por los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Ecuador y México, la Organización Mundial de Comercio ha instado a la UE a que modificara, a partir del 1 de enero de 1999, su OCM en el sector del plátano. 
Deseo felicitar a nuestro colega, el Sr. Thomas, por su informe aprobado casi unánimemente en la Comisión de Agricultura. 
El mismo se ha esforzado por encontrar un compromiso que sea compatible con las normas de la OMC, aceptando la idea del contingente global, capaz de mantener las preferencias ACP impuestas por Lomé, de proteger a los productores de la Unión y de garantizar a los consumidores un precio razonable. 
Al crear la OCM del plátano, la Comunidad se comprometió a no poner nunca a los productores europeos y ACP en una situación menos favorable de la que conocían anteriormente. 
La modificación de la OCM debe estar guiada por el mismo principio. 
Por esta razón apoyo la posición de la Comisión de Agricultura y he votado a favor de las enmiendas que ha presentado. 
sobre el informe Valdivielso de Cué (A4-0223/98) 
Me parece que la propuesta de dar mayor rigor a la búsqueda fronteriza de mercancías falsificadas resultará una medida positiva porque fortalecerá el reglamento de 1994 preexistente y relativo a la suspensión de operaciones aduaneras en el caso de mercancías " pirateadas» o falsificadas. 
Mientras que el reglamento original abarcaba las marcas registradas y los derechos de diseño, la ampliación de la protección aduanera a las invenciones patentadas, como recomienda esta propuesta, podría colaborar mucho a aumentar la seguridad de la propiedad intelectual. 
Además, el aumento propuesto del ámbito de acción de las autoridades aduaneras a las mercancías en zonas francas o a mercancías que estén ya en supervisión aduanera, ampliará la esfera de protección para las patentes, las marcas registradas, y otras protecciones análogas. 
Irlanda es uno de los principales países por lo que se refiere a la elaboración de programas informáticos en la Unión Europea. 
La lucha contra la piratería y los delitos de falsificación, incluidas las violaciones de los derechos a la propiedad intelectual, no sólo redunda en favor de los intereses de la Unión Europea sino particularmente en favor de los intereses de Irlanda, pues ayudará a preservar puestos de trabajo en la industria de programas de informática. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos elegido votar a favor del informe. 
La finalidad del actual régimen comunitario es que sobre la base de una petición por parte del titular del derecho es posible bloquear en la aduana productos de los que se sospecha que son falsificaciones de marcas o ediciones piratas de productos que están protegidos por un derecho de propiedad intelectual (marca, patrón o modelo, derecho de autor o derechos vinculados). 
Apoyamos esta propuesta que en la práctica, entre otras cosas, implica la exclusión y destrucción de los productos de marca falsificada o piratas. 
sobre el informe Aelvoet (A4-0194/98) 
Interrumpir las relaciones y los intercambios con un Estado es siempre una decisión importante. 
En ningún caso puede ser tomada a la ligera o sin argumentos convincentes y decisivos. 
A fortiori, cuando se trata de una ayuda que aportamos a un país y, por tanto, a una población. 
La posibilidad que da el artículo 336 bis del Cuarto Convenio de Lomé de suspender parcial o totalmente la cooperación debido a una violación grave de los derechos humanos no escapa a esta norma. 
Cualquier decisión de suspensión o de reactivación de la cooperación es un acto serio, al que conviene asociar plenamente al Parlamento. 
En mi opinión, es evidente, por consiguiente, que el Parlamento no puede contentarse con ser simplemente informado. 
Al igual que mis colegas de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, considero, en efecto, que no es de desear que el Consejo pueda decidir solo una suspensión o una reactivación, total o parcial, de la cooperación. 
A falta de dictamen conforme, considero que el Parlamento debe, al menos, ser consultado en cada caso, a fin de sensibilizar a la opinión pública y de hacer progresivamente presión al Estado de que se trate. 
Por lo tanto, suscribo totalmente la solicitud de apertura inmediata del procedimiento de conciliación con el Consejo, al objeto de que el procedimiento de consulta del Parlamento puede ser definido lo antes posible de común acuerdo. 
sobre la recomendación Berger (A4-0215/98) 
La propuesta que se nos somete tiene por objeto modificar la directiva sobre el acceso a la profesión de transportista por carretera. 
El objetivo es hacer más severas las normas vigentes, con el fin de lograr una mayor armonización en el sector de los transportes. 
La finalidad de esta propuesta de modificación, que sólo algunos países apoyan enérgicamente, es reducir ciertas disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros, las cuales pueden generar distorsiones de competencia y un acceso desigual al mercado de los transportes por carretera. 
Desearía insistir, por mi parte, en la necesidad de armonizar no sólo las condiciones de acceso, sino también las condiciones de ejercicio de la profesión de transportista por carretera. 
Todos recordamos aún los sinsabores que estas acciones generaron. 
Pero también revelaron el profundo malestar de los profesionales del sector. 
Estas huelgas, por otro lado, sacaron a luz las grandes disparidades que existen entre los Estados miembros con respecto a las condiciones de trabajo. 
Creo, pues, que es necesario iniciar una reflexión a fondo sobre una armonización de la legislación social en el seno de la Unión. 
La misma pondría en un pie de igualdad a las empresas de transporte, cuyas exigencias frente a los empleados varían mucho de un país a otro. 
sobre la recomendación Quisthoudt-Rowohl (A4-0226/98) 
La propuesta de nuestra colega Quisthoud-Rowohl es seria y fundada. 
En efecto, desde hace varios meses todas las instituciones de la Unión Europea se refieren insistentemente a la necesidad de contar con un polo de investigación que esté a la altura de nuestras ambiciones. 
No hay ninguna duda de que, en relación con lo que se nos propone, estamos muy lejos de la realidad. 
Si bien todos son conscientes del papel eminentemente estratégico de la investigación y del desarrollo con vistas al futuro de nuestra competitividad a escala mundial, parece que muchos no quieren asumir sus responsabilidades sobre los compromisos financieros necesarios para innovar y adaptarnos a los desafíos mundiales. 
Sólo citaré un ejemplo para ilustrar mis palabras, el de la construcción naval. 
El Consejo Europeo ha decidido poner fin a las ayudas a esta industria después del año 2000, y ha preconizado la realización de esfuerzos para mejorar la competitividad, recurriendo a las nuevas tecnologías. 
Al mismo tiempo, la Comisión proponía fusionar la acción "transportes terrestres» y la acción" tecnología marítima» , fusión que se acompañaría de una reducción de créditos. 
¿Qué debemos pensar de ello? 
Como diputado europeo, tampoco puedo contentarme con los grandes y largos discursos de algunos dirigentes, que están completamente desfasados con la realidad en el plano de las decisiones. 
No nos podremos refugiar indefinidamente en la tecnocracia comunitaria. 
No se podrá un día decir "blanco» en París, Berlín y Londres, para luego exigir que sea" negro» en Bruselas. 
Desgraciadamente, las recientes declaraciones de algunos no nos despiertan optimismo. 
En los próximos meses, muchos de nosotros deberemos defender la idea europea, pero también restablecer algunas verdades, con riesgo de herir algunas susceptibilidades. 
Los próximos años serán cruciales. 
Los retos políticos, mayores. 
Corresponderá al Parlamento Europeo hacer prevalecer su carácter político y- así lo espero- su poder de decisión. 
Puesto que tengo algún conocimiento sobre el mundo de la investigación, puedo manifestar que, lamentablemente, el programa de investigación de la UE sólo causa rodeos innecesarios a los investigadores. 
En mi opinión, la investigación debe basarse en la cooperación internacional voluntaria y no en reglas de cooperación artificiales, por ejemplo, la exigencia de que haya investigadores de tres países diferentes y cosas por el estilo. 
Creo que los programas de investigación no tienen cabida en la cooperación comunitaria. 
La colaboración para la investigación se alcanza de todos modos, algo que ya se ha logrado anteriormente. 
En este punto quiero hacer constar en Acta mi descontento y mi crítica por el hecho de que la política de investigación de la Unión (y de sus Estados miembros así como también de la asociación de investigación EUREKA) no haya sido discutida aún hasta ahora como un elemento clave para una estrategia de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. 
Probablemente esto no sea posible porque seguimos con nuestro procedimiento usual. 
Por esta razón, quiero sugerir que ahora pongamos ya en marcha para el sexto programa marco de investigación un amplio diálogo en la sociedad, tanto a nivel europeo como en cada uno de los Estados miembros, acerca de qué puede aportar la política de investigación en orden a una estrategia de transición con vistas a un modelo de investigación ecológicamente soportable y socialmente coherente en Europa y más allá de la misma. 
En ese diálogo tendrá una importancia destacada la inclusión de grupos y voces críticas. 
sobre el informe Linkohr (A4-0199/98) 
Señor Presidente, al iniciar esta explicación de voto, permítame señalar que hoy el desarrollo de las votaciones ha sido, cuanto menos, sorprendente; y le pido que transmita esta observación a la Mesa: cuando un Presidente de la República de cualquier Estado miembro nos visita, no puede interrumpirse la sesión para que los diputados se marchen y permitir que nuestro invitado haga uso de la palabra en un hemiciclo con las tres cuartas partes de los escaños vacíos, en comparación con el número de escaños ocupados durante el turno de votaciones. 
Deseo hacer dos observaciones de procedimiento con respecto al informe del Sr. Linkohr. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía ha hecho que el Parlamento Europeo se desviara realmente del procedimiento. 
En efecto, ya tenemos una directiva. 
Se nos propone un informe, que es un informe de iniciativa propia, sobre la misma cuestión, y se nos propone incluir en dicho informe un anexo que, en el fondo, se presenta como una verdadera propuesta legislativa del Parlamento Europeo. 
Naturalmente, este procedimiento nos parece contrario a la legislación que rige el funcionamiento de la Unión Europea y contrario a la práctica. 
El Parlamento no debe erigirse en legislador. 
En mi segunda observación desearía insistir en el incidente que se acaba de registrar en relación con el procedimiento. 
Lamento no haber solicitado en ese momento que se sometiera dicha cuestión a la Comisión de Reglamento, pero no me cabe ninguna duda que si en un informe debe haber un anexo, la votación final no puede realizarse antes de la votación del mismo. 
Carece en absoluto de sentido imaginar que a una votación final puedan seguirle otras votaciones. 
La primera votación que hemos realizado se refería al hecho, desde el punto de vista de la Comisión, de que debía tomarse en consideración el texto legislativo que constaba en el anexo. 
Luego, evidentemente- puesto que esta parte estaba incluida en la propuesta de resolución -, había que votar el anexo antes de realizar la votación final. 
Creo, señor Presidente, que si se hubiese preparado mejor la votación, se habrían evitado los incidentes, porque nos habríamos dado cuenta de inmediato que el anexo no era susceptible de ser aprobado por la mayoría absoluta de los diputados del Parlamento y que, por lo tanto, no se lograría la mayoría cualificada exigida. 
Por consiguiente, la votación final sobre el conjunto del informe habría sido probablemente negativa. 
Considero que al proponerse al conjunto de los diputados del Parlamento la votación de un anexo después de la votación final, que al realizarse una votación sobre una solicitud de devolución a comisión una vez realizada la votación final, se ha cometido un error de procedimiento, sobre el cual convendría que la Comisión de Reglamento se pronunciase nuevamente, para evitar que se reproduzca en el futuro. 
Pero en cuanto al fondo, insisto en el hecho de que no es normal haber utilizado este tipo de procedimiento, que significa dar al Parlamento Europeo la posibilidad de ejercer la iniciativa legislativa, de la que carece. 
El informe contiene buenas propuestas sobre el aumento de la proporción de energía renovable mediante el uso de biomasa, energía solar, energía eólica y geotermia. 
Las normas comunitarias sobre los modelos de alimentación de la red también pueden contribuir a este desarrollo. 
La realización de la política energética tiene que ser principalmente un asunto de carácter nacional y debe ser tratada por cada país miembro, aplicando sus propias normas. 
El Informe Linkohr tiene un mérito esencial; el mismo plantea la importante cuestión de la promoción de las energías renovables. 
Es evidente que los diputados y los gobiernos tienen el deber, sobre todo en mi país, de pensar en el futuro energético de nuestras naciones. 
Un futuro que contemple a la vez la protección del medio ambiente, una diversificación de los modos de producción, las necesidades de los consumidores- industriales o individuales -, pero también la seguridad del abastecimiento y una mínima dependencia exterior. 
Las energías renovables, las que conocemos y las que están por inventarse, tienen un papel importante que desempeñar en la definición de esta política de futuro. 
¿Puede aceptarse, sin embargo, una directiva extremadamente dirigista, redactada en un estilo jurídico más que aproximativo (con contradicciones flagrantes respecto al Informe Rothe) , que no respeta el principio de subsidiariedad, que ignora completamente las especificidades de los Estados y de sus balances energéticos y que considera que la energía hidráulica es una energía renovable que no merece que se le preste atención por debajo de un determinado límite de producción? 
La respuesta es " no» , y por eso nos abstendremos. 
Corresponde a los Estados miembros- de manera concertada pero independientemente de las estructuras comunitarias- fijarse objetivos, comprometerse a mantenerlos y definir, en el plano nacional, los medios adecuados para lograrlos. 
La energía es un ámbito demasiado serio y estratégico para dejarlo en manos de los tecnócratas de la Comisión o en la de los federalistas furibundos de esta Asamblea. 
En el informe se propone que la UE dicte nuevas directivas sobre la alimentación de la red con energía proveniente de fuentes de energía renovables. 
Nos oponemos a ello. 
Opinamos que este tipo de asuntos se tratan mejor en el ámbito nacional. 
Tampoco deseamos que la UE desarrolle una política energética común y detallada. 
Razones democráticas, además del hecho de que las condiciones de los diferentes países en esta materia son muy diferentes, avalan nuestra posición. 
Por estos motivos hemos votado en contra de la petición de una nueva directiva y nos hemos abstenido en todas las votaciones parciales sobre el contenido de la directiva propuesta. 
Igual que Helmuth Kohl y Jacques Chirac, opino que demasiadas decisiones que se podrían haber tomado en el ámbito nacional se han llevado al ámbito comunitario. 
Tal como los anteriormente nombrados, pienso que el principio de proximidad tiene que tener un contenido real. 
Este informe propone que se estudie un reglamento para la alimentación de la red eléctrica con energía proveniente de fuentes renovables. 
El objetivo de esta propuesta puede ser muy bueno, pero si observamos juiciosamente la discusión en que esto ha desembocado- con fondos, fondos especiales, inversores, operadores de redes, productores, productores independientes, etcétera- entonces no se entiende que semejantes cosas tengan que ser decididas en el ámbito de la UE. 
Opino que las decisiones acerca de política energética deben tomarse en el ámbito nacional. 
No se gana nada haciendo la política energética supraestatal. 
Simplemente quisiera decir que, como se ha debatido mucho, también yo he reflexionado sobre si debíamos dividir la votación entre la propuesta y el anexo. 
Personalmente no estoy seguro de que fuera lo más correcto. 
Todavía tengo mis dudas. 
Pero, en todo caso, desde el momento en que hemos seguido este método, por lo menos he centrado mi atención en desvincular una parte de la otra. 
Por tanto, no ha habido problema con las dos votaciones. 
La primera parte- la propuesta, separada del anexo- podía quedar, como propuesta, tal como ha quedado. 
Después de esto debo puntualizar que estábamos bajo una gran presión en las votaciones. 
Últimamente seguimos este método de interrumpir las votaciones del miércoles cuando se intercala un discurso de un jefe de Estado. 
Esto lo hemos discutido no sólo en la Presidencia sino también en la Cumbre de Ministros. 
Me doy cuenta de las reservas que hay. 
También para nosotros es muy difícil empezar la votación, interrumpirla, esperar a que se vuelvan a reunir los señores colegas etc; pero no considero propio del momento volver sobre este tema. 
De todas formas transmitiré la observación del Sr. Fabre-Aubrespy al Presidente. 
Y el tercer punto es que, por supuesto, cuando vamos algo deprisa, los que siguen las votaciones deben ser algo rápidos. 
No puede ser que diez minutos después se den cuenta de que se han equivocado al votar un punto. 
Esto es lo que ocasiona el problema que se ha creado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a la situación en Kosovo. 
La última vez que tomé la palabra en este Parlamento acerca de la cuestión de Kosovo en uno de nuestros debates anteriores, se hablaba de que el Presidente Milosevic estaba de acuerdo en reunirse con el dirigente de los albaneses de Kosovo, Dr. Rugova. 
Como recordarán los diputados de este Parlamento, la comunidad internacional acogió entonces las noticias como un importante paso adelante en el camino hacia una solución pacífica de la crisis. 
Por eso ha sido para todos una gran desilusión el comprobar que, en vez de producirse una disminución de las luchas en Kosovo, se ha registrado una importante escalada de la violencia con pruebas innegables de ataques indiscriminados contra poblados enteros por las fuerzas de seguridad serbias y extensas destrucciones causadas por el ejercito yugoslavo, señales bien conocidas de una nueva campaña de depuración étnica. 
La insistencia de Belgrado en que no hace más que llevar a cabo una actividad legítima de lucha contra el terrorismo, no se puede creer. 
Los informes de ataques contra civiles inocentes y el incendio sistemático de viviendas son totalmente inaceptables. 
Como el Consejo Europeo enunció con claridad el 15 de junio, ningún Estado que se sirve de la represión militar brutal contra sus propios ciudadanos puede esperar que se le haga sitio en la Europa moderna. 
El creciente aflujo de refugiados a las zonas vecinas de Albania y Montenegro no requiere comentario e ilustra la gran amenaza planteada a la seguridad regional por el continuo conflicto. 
Es de particular importancia que la Unión Europea permanezca en estrecha relación con los organismos de asistencia que están trabajando en Albania septentrional. 
Me satisface que la Comisión haya dado la seguridad de que su oficina humanitaria se halla en contacto regular con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
La crisis humanitaria entraña una pesada carga para Albania, país que está luchando todavía por resolver sus graves problemas económicos y sociales, como me parece que todos sabemos. 
Tenemos que seguir trabajando con el Gobierno albanés; tenemos que animarles para que mantengan su actitud constructiva respecto de Kosovo. 
Y tenemos que esforzarnos por encontrar la forma de que podamos incrementar nuestra asistencia a fin de que puedan hacer frente a la crisis inmediata de los refugiados y a fin de que puedan empezar a ocuparse de sus propios y más profundos problemas. 
En el Presidente Milosevic recae una responsabilidad personal por la actuación de sus fuerzas de seguridad en Kosovo. 
Hay que hacerle saber sin ambages que a la comunidad internacional no se la puede embaucar hablándole de conversaciones de paz cuando la realidad es que la represión sobre el terreno es aún mayor. 
El diálogo que tuvo lugar en la primera parte de esta semana en Moscú entre el Presidente Yeltsin y el Presidente Milosevic ha suscitado esperanzas. 
Los esfuerzos del Presidente Yeltsin por obtener una solución política son dignos de elogio. 
Algunos de los compromisos asumidos en materia humanitaria representan un paso adelante, siempre que sean aplicados. 
Pero algunos aspectos esenciales de lo que ha ofrecido el Presidente Milosevic distan mucho de corresponder a los requisitos de la Unión Europea según se enuncian en la Declaración de Cardiff. 
En particular, no ha asumido ningún compromiso claro acerca de la retirada de fuerzas de seguridad que participan en la represión. 
La Unión Europea seguirá concertando sus esfuerzos con los rusos, los americanos y otros, a fin de mantener la presión para que el Presidente Milosevis haga todo lo que se espera de él; y sabemos que en Nueva York se sigue trabajando en un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
El caso de Bosnia ha demostrado que no podemos permitirnos el lujo de confiar en la palabra del Presidente Milosevic. 
Espero que el diálogo sostenido en Moscú nos lleve a una situación diferente, una situación mejor, una situación en la que cese la represión. 
He de decir al Presidente Milosevic que si no sucede así y si el diálogo no se traduce en ningún cambio esencial de la situación, entonces no se modificará tampoco la posición de la Unión Europea: seguiremos esforzándonos por ejercer presión sobre el Presidente Milosevic, sin que descartemos ningún otro tipo de acción que pueda aportar una situación pacífica y una solución a los problemas de Kosovo. 
Presidente, creo que la Unión Europea puede decir que, en cualquier caso, viene valorando la situación en Kosovo hasta la fecha y no ha aguardado a que evolucionen los acontecimientos, como sucedió en su día con el drama de Bosnia, sin hacer los preparativos necesarios y sin estar preparados para lo peor. 
La mejor manera de intentar evitar más violencia y matanzas en Kosovo es dejar explícitamente claro al Presidente Milosevic que la comunidad internacional está dispuesta a intervenir para deshacer la marcha de los acontecimientos, ofrecer la protección necesaria a ciudadanos inocentes, hombres, mujeres y niños que son atacados en sus pueblos con artillería u otras armas. 
Lo digo no sin emoción, sabiendo cuántos debates han precedido a esto, y sabiendo que la Unión Europea ha optado por una línea recta al respecto en estrecho acuerdo con los demás miembros del Grupo de Contacto, y que también la Cumbre Europea de Cardiff ha consolidado de hecho en los días pasados la línea iniciada. 
Ahora tenemos los primeros resultados de la deliberación entre el Presidente Yeltsin y el Presidente Milosevic. 
Me uno a las declaraciones del Ministro Doug Henderson: desde luego que es bienvenido ese diálogo, pero al mismo tiempo repito también sus declaraciones de que la palabra del Presidente Milosevic tampoco nos resultó suficiente en el pasado. 
Se trata de los hechos, y a ese respecto no es tranquilizador que no se haya cumplido una de las cuatro condiciones más importantes que la comunidad internacional le había planteado al Presidente Milosevic, y hablo de la retirada de las tropas de seguridad del territorio. 
Eso significa que la población de allí, al igual que vimos en el pasado con la situación de Sarajevo, estará angustiada día a día por el temor de ser atacada de nuevo. 
Eso significa al mismo tiempo que se está instando de nuevo a la comunidad internacional a que deje claro que aún debe cumplirse esta seria exigencia y que debe seguir estando preparada para mostrar que se desea intervenir en el caso de que se produzca de nuevo un estallido desorbitado de violencia. 
A este respecto, éste no será el último debate sobre Kosovo. Será uno de muchos e, inevitablemente, tendrá que transcurrir todavía un tiempo antes de que se pueda decir que la estabilidad y la paz han vuelto de nuevo a ese territorio. 
También estoy de acuerdo con la Presidencia británica en que, naturalmente, debemos utilizar también nuestra influencia sobre el Dr. Rugova, pero, ante todo, sobre aquellos que le rodean, para apoyarle y para que así pueda mantenerse en su línea moderada. 
Porque también se ha producido entre los albaneses una fuerte radicalización que no facilita el inicio de un diálogo que esté libre de exigencias extremas. 
No se puede olvidar que también en lo que respecta a la toma de postura política de la comunidad internacional ya se han establecido allí claramente las fronteras, y por razones buenas y muy fundadas se ha optado por una solución que esté dentro de las fronteras de la Federación de Yugoslavia. 
También en ese punto debe seguir siendo sólida la comunidad internacional. 
La Comisión Europea ha desplegado las líneas de ayuda necesarias a través de su organización humanitaria ECHO, no hace mucho ha puesto a su disposición 1, 5 millones de ecus y desde luego está dispuesta a más si es necesario. 
También en este sentido es extraordinariamente importante que se verifique la promesa del Presidente Milosevic, que a las organizaciones de ayuda se les permita el libre acceso al territorio, lo que, por lo demás, según las promesas hechas por aquél al Presidente Yeltsin, también debería regir para los diplomáticos acreditados de los gobiernos y de otras organizaciones internacionales, tales como la OSCE. 
Es sumamente importante, y en realidad ya ha sido acordado también por el Consejo Europeo en Cardiff, que aumente considerablemente el número de observadores en el lugar a fin de que podamos seguir formándonos una imagen adecuada de cómo se van desarrollando también los acontecimientos sobre el terreno. 
Hasta ahora hemos carecido a menudo de una información meticulosa de lo que ocurre allí por falta de posibilidades de acceso al territorio. 
Usted sabe que se habla de decenas de miles de refugiados y expatriados, y que en este punto también deberá ser verificada cuidadosamente la promesa del Presidente Milosevic de que éstos pueden regresar libremente a sus domicilios y lugares de residencia. 
Concluyo diciendo que hay un atisbo de esperanza de que se pueda continuar con el diálogo, de que puedan tener lugar negociaciones serias, pero añado inmediatamente que en cualquier caso todos debemos estar seguros de que también se requiere la mayor vigilancia posible para no dejar caer de nuevo el proceso en la violencia sangrienta que ha arrasado el territorio. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, yo quisiera expresar mi apoyo de fondo y el de mi Grupo a la política actual, con algunas observaciones críticas en relación con unos pocos aspectos. 
Primero: me parece absolutamente acertado que se ponga de manifiesto sin dejar lugar a la menor duda que no dejaremos solos a los albaneses de Kosovo, que les apoyamos y que no permitiremos una segunda o una nueva Bosnia. 
Segundo: también me parece acertado que sigamos manteniendo una posición crítica y hasta pesimista con respecto a Milosevic y, por lo tanto, tenemos que apoyar todas las alternativas presentes, en el propio país y en los países vecinos. 
Éstas son menos en Serbia, pero desde luego sí existen en Montenegro y en la República Srpska, aunque tampoco allí abunden los ángeles; sin embargo, tenemos que respaldar alternativas frente a Milosevic. 
Tercero: tenemos que apoyar a los países vecinos para que se mantengan firmes en esta situación de crisis y no tiendan a adoptar posiciones extremas; esto es aplicable a los casos de Albania y Macedonia. 
También es necesario decirles a los macedonios que a pesar de la crisis, o tal vez incluso a causa de la misma, tienen que prestar mayor atención a los derechos de la minoría albanesa e iniciar progresos también en este ámbito. 
A pesar de que han hecho mucho, ¡todavía no es suficiente! 
Cuarto: me parece acertado que se realicen las maniobras de la OTAN. 
En determinadas situaciones, lamentablemente- y debo decirlo también en mi calidad de antimilitarista- resulta necesario hacer sonar ruido de sables. 
Quinto: también me parece acertado que se hagan preparativos para una intervención militar si Milosevic no cede y, por lo tanto, soy del parecer que es preciso hacer cuanto sea necesario para iniciar los preparativos para dicha intervención en el marco de la ONU. 
Sexto: yo también quisiera insistir desde aquí- y doy por sentado que el Consejo y la Comisión lo han dejado bien claro- en la necesidad de que Rusia asuma su responsabilidad. 
Si Rusia desea desempeñar un papel importante y cada vez mayor en la política de seguridad europea- y a mí me parecería bien que así lo hiciera -, ahora tiene la oportunidad de demostrarlo. 
Precisamente quienes mantienen relaciones amistosas con Serbia o con Milosevic deben dar una prueba realmente clara de dicha amistad abogando por la paz. 
Séptimo y último punto: señor Comisario, usted ha manifestado su opinión de que Estados Unidos hace cuanto puede. 
Es posible que ahora lo haga, pero- ya lo hemos dicho en un par de ocasiones- nos encontramos ante una crisis que teníamos la certeza de que acabaría produciéndose, porque Milosevic la necesita. 
Señor Presidente del Consejo, cuando examino ahora los resultados de la Cumbre de Cardiff y leo el punto 47, donde se dice que se han conseguido progresos y que se adoptarán nuevas decisiones en la Cumbre de Viena, esto me parece, sinceramente, demasiado blando. 
Precisamente en el caso de la Unidad de planificación es absolutamente necesario un rápido progreso de los preparativos para desarrollar una política exterior activa. 
Sólo podremos evitar una segunda o una tercera Bosnia, o un segundo Kosovo, si contamos con una Política Exterior y de Seguridad sólida. 
Y, con esto acabo, señor Presidente, yo estoy plenamente en favor de la subsidiariedad. 
Sin embargo, sería bueno que nos planteemos en qué ámbitos necesitamos una Unión Europa más fuerte. 
En el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad, la necesitamos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en estos momentos estamos viviendo un funesto déjà vu. En efecto, los resultados de las conversaciones mantenidas en Moscú, en medio de un gran estruendo de los medios de comunicación, son francamente mínimos, por no decir nulos. 
Lo que ha prometido el señor Yeltsin ya lo había prometido antes a los americanos e incluso fue elogiado por ello, por ese motivo se levantaron incluso las sanciones y a mí no me sorprende que el resultado haya sido éste. 
Es posible que las personas mayores ya no cambien. 
Pero en tal caso debemos tomar nota de ello, pues así fue como actuó en Bosnia y ahora vuelve a actuar del mismo modo. 
Acepta mantener negociaciones, pero sin mediadores internacionales, y simultáneamente- lo mismo ocurrió ya en Bosnia- practica el asesinato y el saqueo. 
Lo cierto es que ahora ya vuelve a haber campos de concentración en Kosovo e incluso enterramientos masivos en fosas comunes. 
Todos lo sabíamos, todos lo vimos venir y, sin embargo, no actuamos. 
Cuando digo todos, me refiero a la Unión Europea. 
Lamentablemente, el Parlamento no puede actuar, sólo podemos instar a que se haga. 
Cuando Milosevic se niega a retirar de inmediato al ejército yugoslavo y a sus fuerzas policiales, cuando dice que los albaneses deben poner fin primero a sus ataques terroristas, está confundiendo, de hecho, el final con el principio. 
Él mismo es, a fin de cuentas, el responsable de cuanto está ocurriendo. 
Los albaneses llevan ya ocho años soportando con verdadera paciencia un régimen de apartheid. Quién puede extrañarse de que, después de ocho años de apartheid, los jóvenes declaren: no estamos dispuestos a seguir tolerando este trato. 
Tampoco vamos a permitir que asesinen a nuestras mujeres y a nuestros hijos. 
No permitiremos que nos expulsen. 
Por esto tenemos que ejercer una presión política y militar mucho más fuerte sobre Belgrado. 
También es necesaria la interposición de tropas de la ONU entre Serbia y Kosovo, pues ése es el origen del mal. 
Milosevic juega con Occidente. Nos toma el pelo. 
Lo sabemos y somos conscientes de ello. 
Sabe muy bien que Occidente concede muchísima mayor importancia a los aspectos jurídicos internacionales de un posible ataque de la OTAN que al cese real de la agresión. 
La Carta de la ONU se estableció en 1945, en un momento totalmente distinto y ahora ya no resulta adecuada para el momento actual en este aspecto. 
Tenemos que hacer realmente lo necesario para que los conflictos interétnicos no puedan desarrollarse de este modo bajo la mirada de la comunidad internacional. 
Si hubiésemos actuado ya en Sarajevo tal como deseaban algunos dentro de la OTAN, no se habría mantenido el sitio de Sarajevo, no habrían sido expulsados tantos centenares de miles de personas, no habría muerto tanta gente y no tendríamos que hacer frente a los infinitos costes que todos tenemos que soportar ahora. 
El problema es precisamente que Milosevic sabe lo que quiere y hace exactamente lo que quiere. 
Nosotros le dejamos hacer. 
Éste es nuestro problema. 
También ahora ya está pensando en la perspectiva de un nuevo Dayton y, porque piensa en esta perspectiva, se está llevando a cabo ahora una expulsión étnica en el noroeste de Kosovo. 
Expulsa a los albaneses que viven allí porque alega que esa zona es la cuna de los serbios y porque allí hay muchas riquezas minerales. 
Y cuando los haya expulsado a todos, entonces aceptará por fin la necesidad de una solución, que nosotros le propondremos. 
Por esto, tendríamos que actuar ahora mismo y no dejar sola a la población de Kosovo. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo tampoco puedo sumarme a la valoración de que Europa ha actuado a tiempo en esta ocasión. 
Esta vez nadie podía apelar realmente a la excusa de que era inconcebible que pudiera ocurrir una cosa así. 
Y la limpieza étnica por medio del terror militar ha ocurrido. 
¡Esto es un hecho! 
Se actuó demasiado tarde, pues la resistencia albanesa en Kosovo apostó durante años por la no-violencia. 
No se aprovechó todo ese tiempo para presionar a Milosevic por medio de sanciones con objeto de alcanzar una solución. 
¡Se malgastó lamentablemente ese tiempo! 
Un aspecto que considero muy importante es que ahora no sólo es preciso ejercer dicha presión, sino que, además, ésta deberá mantenerse todo el tiempo que sea necesario hasta lograr el reconocimiento, también por parte de los dirigentes serbios, de un derecho fundamental: el derecho al retorno. 
No podrán expulsar a tantos albaneses si luego están obligados a readmitirlos. 
¡Tenemos que conseguir que esto se cumpla, se trata de un aspecto absolutamente decisivo! 
¿Por qué puede actuar, de hecho, Milosevic como lo hace? 
Porque en su calidad de dictador controla los medios de comunicación de masas. 
A mi parecer, la Unión Europea tendría que empezar a plantearse qué podemos hacer por los serbios, por la población serbia, que también merece nuestra compasión y nuestras condolencias. 
Nuestra política se debería dirigir contra el Gobierno y, naturalmente, no contra la población serbia. Pero ésta se ha convertido en rehén porque no conoce otra cosa. 
Yo me pregunto si no sería posible encontrar un instrumento para contrarrestar esta situación, creando, por ejemplo, una opinión pública de signo contrario en Serbia. 
Pienso en modelos como el de la radio Free Europe en el pasado, que nos permitan ofrecer a la población de Serbia la oportunidad de estar realmente informada. 
Yo creo que, si así fuese, los dirigentes de Belgrado no podrían seguir actuando como lo hacen y nos aproximaríamos al objetivo de instauración de la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos para todos- albaneses y serbios- en esa zona. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario Van den Broek, Señorías, el Comisario ha manifestado que las palabras de Milosevic no fueron suficientes en el pasado: un excelente eufemismo para decir lo que en Italia se conoce como un cuento. 
Milosevic podría compararse a lo que en Italia se llama un Pinocho, o sea, un mentiroso, un mentiroso sin remedio, como ha ocurrido en el pasado. 
Señor Comisario, digamos las cosas como son en realidad. 
Esta mañana escuché por boca de Milosevic, en inglés, que los civiles no han sido tocados y que las tropas especiales intervinieron sólo contra los terroristas. 
He aquí otra prueba más de que Milosevic es un Pinocho, es decir, un mentiroso, señor Comisario. 
No es cierto lo que usted ha dicho, esto es, que las palabras de Milosevic no son suficientes, ya que las palabras de Milosevic son papel mojado. 
Usted, señor Comisario, nos ha manifestado que existe una condición que no se ha cumplido. 
¿Qué condición no se ha cumplido? 
La más importante, o sea, la retirada inmediata de las tropas especiales. 
El extremadamente frágil compromiso alcanzado entre Milosevic y Yeltsin no contempla el punto más importante: la retirada de las tropas especiales. 
Lo cierto es que Milosevic quiere ganar tiempo, con el visto bueno- por no decir, el aplauso- de la comunidad internacional, de la misma manera que ocurrió en el pasado. 
Al torturador y dictador Milosevic le consideramos en su día el mejor negociador de Bosnia; pues bien, ahora le decimos que siga adelante con las tropas especiales para continuar la deportación y la limpieza étnica contra los albaneses, sin embargo, todo esto a la pobre comunidad albanesa le hace añorar el viejo y nunca olvidado Mariscal Tito, lo cual es mucho decir. 
Señor Presidente, quiero decir que ha habido puntos muy interesantes en las posturas tanto del Sr. Presidente del Consejo como del Sr. Comisario. 
Creo que debemos quedarnos en dos principios: en cuanto a la parte serbia, hay un problema de autonomía en Kosovo y un problema de derechos democráticos, algo que está más allá de su cuestión nacional, la cuestión de las fronteras con Yugoslavia; en cuanto a la parte albanesa, se trata de que la Unión Europea, Rusia, los Estados Unidos y las dos comunidades deben respetar las fronteras. 
Basándonos en estos dos principios, la comunidad internacional puede determinar con claridad los límites y que las dos partes se adapten. 
Yo también creo que las conversaciones en Rusia muestran un mensaje positivo, del que podríamos ocuparnos. 
Sin embargo quiero hacer tres observaciones: 
La primera observación es que aquí tenemos que cuidar los Balcanes. 
No podemos poner fronteras en los Balcanes según la nacionalidad de cada comunidad que allí vive porque, primero, la propia nacionalidad es dudosa y, segundo, son tan pequeas las fronteras, está tan dividida la situación, que vamos a hacer de los Balcanes como si fueran un colador. 
¿Vamos a poner fronteras en Kosovo y después en la minoría serbia que vive en Kosovo? 
Este es el primer tema. 
Debemos comprender los Balcanes y su particularidad dentro de Europa. 
La segunda cuestión es que hemos escuchado muchas cosas sobre Milosevic y estoy de acuerdo. 
No sólo sobre Milosevic, sino también sobre Tudjman, e incluso sobre Izetbegovic; que se sienten todos ante el Tribunal Internacional. 
Pero díganme una potencia política de Serbia que tenga una postura diferente. 
Tampoco Djukanovic desde Montenegro propone una postura alternativa en Kosovo. 
Esto para que comprendamos toda esta cuestión como un problema del propio pueblo serbio y pongamos solución a inquietudes y problemas. 
El tercer punto, seor Presidente, es que con las medidas contra Yugoslavia existe el siguiente peligro, y se lo digo al Sr. Van den Broek: que vaya a la República Serbia de Bosnia una parte de los refugiados de Crajina y de otros lugares, que se encuentra en Yugoslavia, y tendremos entonces nuevos graves problemas. 
Presidente, Señorías, si hay una cosa sobre la que todo el mundo está de acuerdo en el Parlamento es que la actuación del régimen de Belgrado es de tal manera brutal y represiva que se debe actuar internacionalmente de forma efectiva. 
Por eso apoyamos sin reservas la presión internacional que se ejerce sobre el régimen, tanto en lo que concierne a iniciativas diplomáticas, políticas como económicas, e incluso si la comunidad internacional considera que hay situaciones, y sin duda éste es el caso aquí, en las que también debe sopesarse una intervención militar, entonces ésta debe tener lugar con el cuidado necesario. 
En este sentido, Señorías, tengo dos serios problemas con nuestra resolución conjunta. 
El primer problema es que en ella no aparece ninguna referencia al marco institucional en el que se debe encontrar una solución, una solución política para Kosovo. 
Sobre todo, no se dice que debe encontrarse una solución dentro de la actual República Federal de Yugoslavia. 
Los razonamientos que se han desarrollado para ello en el sentido del derecho de autodeterminación de los pueblos o en dirección a que «debemos dejar todo a las negociaciones» son razonamientos peligrosos y nada convincentes, porque da la impresión a ambas partes de que casi todo es posible y de que, ocurra lo que ocurra, y sea cual sea la solución que se persiga, siempre se respaldará a los albaneses. 
Que los albaneses tienen derecho a la ayuda internacional es para mí incuestionable, pero no en cualquier contexto. 
El segundo gran problema que tengo es que una posible intervención militar no depende de una decisión del Consejo de Seguridad. 
Señorías, eso crea un precedente peligroso. 
Si el Consejo de Seguridad de la ONU no da su aprobación y varios países intervienen de manera autónoma contra otro, eso constituye, en primer lugar, una violación del manifiesto de la ONU, porque eso no se puede hacer. En realidad se está tratando indirectamente de una declaración de guerra. 
En segundo lugar se debe ver también qué se consigue con ello. 
En lo que a nosotros respecta hay que tener claro que no se excluye ninguna forma de intervención militar, pero que ésta sólo puede darse, como una conditio sine qua non, dentro del marco de la ONU. 
Por último, celebramos la iniciativa rusa. 
Somos conscientes del hecho de que si se mantiene la presión, todo esto puede terminar fácilmente sin conducir a nada y a este respecto nosotros realmente no somos ingenuos, en absoluto. 
Presidente, la situación en Kosovo es impracticable e inaceptable. 
La denominada disposición del régimen de Belgrado a comenzar a dialogar con los albaneses de Kosovo puede sonar bien en Moscú, pero la dura realidad es una salvaje represión y una limpieza étnica. 
Milosevic no quiere retirar todavía sus tropas de Kosovo y con el pretexto de la lucha contra violentos terroristas se ataca a toda la población, con la consecuencia deliberada del consiguiente flujo de refugiados. 
En consecuencia, se fortalece además el separatismo en lugar de debilitarse. 
El régimen de Belgrado parece insensible a la presión internacional. 
Las sanciones no le impiden continuar con la violencia a pesar de la retórica verbal sobre soluciones políticas. 
Se necesita más presión, de la que no puede excluirse una acción militar por nuestra parte. 
La OTAN ya ha llevado a cabo esta semana una primera advertencia militar. 
Apoyamos los preparativos para una posible acción posterior. 
Los resultados de la deliberación de Moscú por el momento no son razón suficiente para renunciar a ella, el objetivo de esa acción debería ser no sólo la finalización de la violencia, sino también la puesta en marcha de auténticas negociaciones en las que además- como en las condiciones precedentes, tal y como ya se ha dicho- se deberían retirar de Kosovo las unidades especiales. 
También creo que se les debería permitir el acceso al territorio a los observadores internacionales para ver qué sucede allí realmente, pero también para poder entablar contactos con las personas del lugar. 
El Consejo de Europa- y ése me parece un punto importante en nuestra política en el caso de Kosovo- ha dejado claro cuál debería ser el objetivo de semejantes negociaciones y conversaciones. El restablecimiento de la autonomía de Kosovo o, para formularlo con mayor exactitud, una situación específica con mucha autonomía. 
Un mensaje claro, también para los separatistas. 
No es la independencia de Kosovo lo que a nosotros nos preocupa. 
Eso dará para una larga discusión en el mismo Kosovo, porque tengo la impresión de que debido a las brutalidades, muchas personas, albaneses que viven en Kosovo, se han acercado ahora mucho más a la independencia que hace unos cuantos meses. 
Hay un punto importante, y ése es un último punto que quisiera plantear, la discusión acerca del mando de una posible acción militar en el marco de la OTAN. 
Algunos opinan que la ONU no sería necesaria para eso, otros lo consideran una condición incuestionable. 
Mi Grupo desea en cualquier caso la implicación de la ONU. 
Preferimos una legitimación de la ONU en una posible acción militar y ésta se debería promover con urgencia. 
Señor Presidente, yo echo en falta en el debate que por fin se diga claramente que los albaneses de Kosovo han sido y siguen siendo un pueblo admirable. 
Durante años y años- y la situación se remonta a un tiempo muchísimo más distante que el que ahora nos ocupa- han soportado una y otra vez las acciones del opresor con increíble paciencia, con una paciencia casi gandhiana. 
Esta situación se ha mantenido durante años. 
Cuando ahora se critica en algunas declaraciones que los jóvenes albaneses hayan perdido sencillamente la cabeza y hayan emprendido acciones militares, en realidad no estamos autorizados a reprochárselo, a la vista de los méritos que han hecho los albaneses hasta ahora. 
Éste es, para empezar, un aspecto sumamente importante. 
Un segundo punto es que se habla demasiado poco de algo que también es absolutamente fundamental. 
Los verdaderos crímenes los cometen las llamadas unidades de voluntarios de Arkan y otros, que anteriormente asesinaron en Croacia y luego en Bosnia y que ahora se encuentran en Kosovo. 
Éste es un segundo factor sobre el cual tenemos que insistir. 
No basta con que ahora se diga en Moscú que quizá se hará regresar a unos cuantos. 
Además, Yeltsin tampoco ha admitido esta posibilidad. 
Sin embargo, es preciso que por fin se diga que también deben retirarse los supuestos guerrilleros autónomos, los chetniks. 
Éste es, en efecto, uno de los aspectos más graves de la situación. 
Estamos debatiendo sobre el futuro de Kosovo. Yo quisiera insistir, no obstante, en que somos demócratas y deberíamos conceder también por fin a los habitantes de Kosovo la oportunidad de decidir sobre su propio futuro. 
Durante décadas no han tenido esta posibilidad y ellos también tienen, al igual que otros pueblos, el derecho a decidir cómo quieren vivir. 
Por consiguiente, tenemos que atrevernos a decirlo también públicamente y a exigir por fin una intervención realmente enérgica, ya que, a mi parecer, se trata de una situación que puede llegar a ser tan grave como lo fue en Bosnia. 
Señor Presidente, quiero protestar una vez más. 
La Comisión, en particular el Sr. Comisario Van den Broek, en medio del debate sobre un asunto tan importante como Kosovo, ha decidido irse y dejar el asunto a medias. 
Es un comportamiento incalificable que muestra un grave desprecio por este Parlamento. 
Señor Presidente, yo comprendo, como es natural, que a los diputados les disguste que el Comisario competente no haya podido estar presente hasta el final del debate. 
Esto es comprensible. Por otro lado, nosotros les rogamos que también comprendan que los viajes de los miembros de la Comisión tienen que programarse en un momento en que todavía no se conoce con plena seguridad el orden del día fijado por el Parlamento. 
El colega Van den Broek aceptó realizar un viaje a Eslovaquia y ha tenido que marcharse por este motivo. 
Ya intervino previamente y expuso la posición de la Comisión. 
Reconozco que yo sólo me encuentro aquí en calidad de representante de la Comisión, sin la intención de participar en el debate. 
Sin embargo, les ruego que también comprendan que la Comisión tiene que trabajar en unas condiciones complicadas. 
Presidente, quisiera decir un momento a mis colegas que el Sr. Van den Broek ha manifestado esta tarde, inmediatamente después de la votación, toda su tristeza por el hecho de que se hubiera aplazado el debate, pues tenía esa cita en Bratislava. 
Comprendo al colega Caccavale, pero debemos ser también comprensivos con las actividades que ha de realizar el Comisario. No es que quiera defenderle aquí por definición, pero ésta es sin más una actividad muy real del Comisario que no puede anular. 
Señorías, ni la Mesa ni el Parlamento son responsables de la forma como se organiza la Comisión. 
Es competencia propia de la Comisión. 
Nos limitamos a hacerlo constar y continuamos el debate. 
Señor Presidente, hay una guerra en Kosovo. 
Se debe, entre otras cosas, a la idea nacional-romántica serbia de que Kosovo es una especie de cuna serbia. 
Basándose en esto, Serbia sostiene su absoluta soberanía sobre la región, a pesar de que Kosovo está habitada por más de un 90 por ciento de albaneses de Kosovo. 
Por eso no se puede descartar que uno de los objetivos de Milosevic sea hacer huir a los albaneses de Kosovo. 
¡No debe tener éxito! 
Para evitarlo, la UE y la OTAN tienen que conseguir que Milosevic entienda que no se va a tolerar que Serbia continúe con sus desmanes; en este contexto me gusta la determinación de Henderson. 
Sin embargo, no será fácil. 
Milosevic ha demostrado en muchas oportunidades anteriores que mira las cartas de sus contrincantes y que negocia sólo cuando ha sido vencido militarmente. 
Después de la reunión con Yeltsin, Milosevic se ha mostrado dispuesto a negociar. 
Pero anteriormente las negociaciones no le han impedido extender sus maniobras militares. 
Aunque un veto ruso bloquee el Consejo de Seguridad, la UE y la OTAN pueden estacionar tropas en la frontera con Kosovo. 
¿Pero qué se ganaría con ello? 
Con buenos campos de refugiados se evita una desestabilización pero simultáneamente se corre el riego de que se incite a la gente a abandonar Kosovo. 
Los que huyen saben que tendrán protección, alimentos y techo en los campamentos a los que lleguen. 
Otra tarea podría ser tratar de evitar el contrabando de armas al ejército de liberación de Kosovo. 
Esto favorecería las posiciones de Milosevic y sería una situación similar al bloqueo de armas que durante mucho tiempo colocó a los musulmanes de Bosnia en una situación de inferioridad. 
Mi conclusión es, por consiguiente, que no se gana mucho con controles fronterizos solamente. 
Tal vez la posición de Moscú en el Consejo de Seguridad tenga como objetivo principal conseguir ventajas para Rusia a cambio de concesiones rusas. 
Pero la UE y la OTAN no pueden aceptar, bajo ningún concepto, quedar con las manos atadas. 
¡Hay que detener los abusos contra Kosovo! 
Si Milosevic lograse destruir la resistencia y la oposición que existen allí, todas las negociaciones futuras sobre Kosovo serían inútiles. 
Los ciudadanos europeos esperan de la UE y la OTAN que ningún país en Europa pueda adjudicarse el derecho a ultrajar la libertad, en ninguna parte nuestro continente. 
Señor Presidente, como ésta va a ser mi última oportunidad, quisiera felicitar en primer lugar a la Presidencia británica por lo bien que ha desarrollado las tareas presidenciales. 
¡Bravo! 
El hecho de que no haya sido posible prestar ayuda humanitaria de ninguna forma estructurada a la población de la región de Kosovo no dice gran cosa en favor de este Parlamento. 
Soy miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, y en ella la Comisión Europea nos aseguró que la Unión Europea había instituido sistemas de alerta temprana para los casos de misiones de ayuda humanitaria de este tipo. 
Es evidente que no ha sucedido así, y este fallo debe ser considerado como un abyecto fracaso de los denominados programas de ayuda humanitaria que la Unión Europea se supone que desarrolla en ocasiones como la presente. 
Desde el punto de vista irlandés, creo que deberíamos participar en misiones humanitarias a esa región. 
No me parece que tengamos que esperar a que en las Naciones Unidas en Nueva York nos den la luz verde sobre el particular. 
Se trata de un problema europeo, que está acaeciendo en las fronteras de territorios de la Unión Europea, y si queremos que la integridad de la Unión Europea se mantenga intacta, el asunto tienen que resolverlo los Estados miembros de la Unión. 
No cabe hablar de neutralidad cuando nos enfrentamos con un dictador genocida y brutal como Slobodan Milosevic. 
Habría que obligarle a que observe los Acuerdos de Paz de Dayton y el derecho internacional, tanto en la práctica como en la teoría. 
No podemos esperar agrupados de cualquier manera en corro, actuando cada uno por su parte y con indiferencia, mientras Slobodan Milosevic sigue envolviendo a los 15 Estados miembros con un velo de palabrería engañosa. 
Irlanda tiene que estar preparada para desempeñar una función constructiva y positiva en el marco de la Unión Europea, a fin de ayudar a resolver la crisis de Kosovo y para conseguir que Slobodan Milosevic no logre su finalidad, que es el genocidio de los albaneses nativos de Kosovo. 
En este Parlamento hemos sido testigos de las violaciones y los asesinatos cometidos en Bosnia. 
Me parece que estamos haciendo lo mismo en el caso de Kosovo. 
Es una vergüenza que este Parlamento no pueda actuar de otra forma. 
Señor Presidente, los responsables del conflicto en Kosovo son obviamente el régimen yugoslavo y Milosevic. 
No es especialmente extraño que la gente, después de muchos años de profunda opresión, tome, por fin, las armas para luchar por sus derechos culturales y democráticos. 
Lo que estamos viendo es un escenario que es preocupantemente parecido al de Bosnia: la población civil es desterrada, la gente es reunida en campamentos de prisioneros en ciertos lugares y se han dejado sueltas a bandas criminales que aterrorizan a la población civil. 
Por eso, es evidente que se debe ejercer toda la presión sobre el gobierno yugoslavo. 
Por último, no cabe descartar que haya que usar también medios militares aunque, obviamente, ésa es siempre la última alternativa. 
Lo que considero muy importante es que haya un mandato claro e incuestionable de Naciones Unidas. 
Creo que puede ser muy peligroso pasar a las acciones militares sin un mandato de la ONU, por dos razones. La primera de ellas es, obviamente, de principios, es decir, que es dudoso que se legitime a terceras partes para actuar militarmente, por cuenta propia, en conflictos ajenos. 
La segunda es que el gran riesgo de este conflicto es que se extienda a otras regiones balcánicas, a países vecinos. 
Este riesgo posiblemente es bastante mayor si alguna parte actúa sin respaldo de la ONU. 
Por eso, y a pesar de todas las dificultades, se tiene que buscar un mandato claro e incuestionable de Naciones Unidas. 
Ésta es nuestra misión más importante. 
Además, opino que la alternativa principal tiene que ser que se restablezcan los derechos democráticos y los derechos del pueblo albano dentro del marco de la República Federal Yugoslava y que se restablezca la autonomía de Kosovo. 
Señor Presidente, Señorías, yo creo que se han dicho muchas cosas, pero algunas de ellas constituyen un reto. 
Si es cierto que el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos de Kosovo no resulta sencillo debido al conjunto de la situación en la región, esto tiene una segunda consecuencia. 
Mientras siga gobernando Milosevic resultará, como es natural, increíblemente difícil decirles a los albaneses: tenéis que seguir bajo el yugo de Milosevic. 
¡Ahí está el problema! 
Es decir, que si nos tomamos en serio nuestras palabras, todos tenemos que hacer cuanto sea necesario para desprendernos del problema de Milosevic. 
Mientras gobierne él, los albaneses querrán escapar a su dominio. 
Esto también es lógico. 
El problema está en que lo que nosotros deseamos sólo podrá hacerse realidad una vez que Milosevic y el terrorismo de Milosevic hayan desaparecido. 
Éste es el primer punto. 
En segundo lugar, Doris, con todo el cariño, el Derecho internacional es vinculante para nosotros, de lo contrario no podríamos hacer nada. 
O sea, que tenemos que hacer todo lo posible para hacer comprender a Rusia y a China que no es admisible que digan: bueno, lo que está ocurriendo en Kosovo tampoco es tan grave, nosotros hicimos lo mismo en Chechenia. 
Los chinos también dicen: no es tan grave, nosotros hacemos lo mismo en el Tibet. 
Tenemos que responderles claramente que no habrá cooperación económica ni apoyo para Rusia si respaldan a Milosevic. 
Lo cual significa que tenemos que conseguir que se adopte una resolución de la ONU que haga posible una intervención militar y no debemos permitir que ésta se vea ensombrecida por ninguna duda. 
Actuaremos de conformidad con la ONU, porque no vamos a permitir que en Kosovo ocurra lo mismo que ya ocurrió en Chechenia, en el Tibet o en Bosnia. Pero esto sólo puede hacerse por intermedio de la ONU. 
No obstante, tenemos que dotarnos de los medios para poder decirles a los rusos y a los chinos que no vamos a seguir tolerando esta situación. 
Señor Presidente, hemos de tener muy en cuenta que no estamos hablando únicamente de Kosovo aunque, sin duda alguna, Milosevic se haya estado sirviendo de estas hostilidades como de una oportunidad para afirmar su poderío en el país y restar libertades al pueblo serbio. 
Es evidente que nuestro enfoque de la cuestión de Kosovo tiene que formar parte de una estrategia coherente a largo plazo para ocuparnos de la antigua Yugoslavia, porque si permitimos que Milosevic se salga con la suya en Kosovo, también intentará hacer lo mismo más cerca de Belgrado. 
Por su parte, Tudjman hará lo mismo en Croacia. 
Por lo tanto, tenemos que obrar como parte de una estrategia a largo plazo. 
Después de dicho lo que precede, no podemos olvidar tampoco que, si hay una intervención militar en Kosovo, eso significará que la OTAN declara la guerra a un Estado de Europa. 
Hemos de evitarlo a todo precio, si es posible. 
Las consecuencias de semejante situación son demasiado horribles de imaginar. 
Por eso, antes que nada, nuestra estrategia ha de consistir en mantener unida a la comunidad internacional para lograr que hablemos todos con una sola voz. 
Las experiencias de 1914-1918 han demostrado lo absurdo que es tratar de dividir a la opinión internacional y, en particular, no queremos que haya una guerra entre la OTAN y Rusia a través de otros países. 
Hemos de conseguir también que todos los países se expriman honradamente cuando exponen su posición respecto de Kosovo. 
No basta con pedir que haya una acción militar si uno no está preparado para proporcionar las fuerzas necesarias, pues en toda acción militar habremos de instituir un reparto eficaz de las cargas. 
Hay algunos Estados que se expresan en términos militaristas pero que no están dispuestos a defender con actos lo que han dicho. 
En segundo lugar, no tenemos que restar validez al mensaje: " autonomía, pero no independencia». 
Cualquier otro lema sería una locura irresponsable: no haría más que empeorar la situación y provocar un derramamiento de sangre en vez de evitarlo. 
Como parte de nuestra actitud, tenemos que reconocer en Kosovo que hay que garantizar los derechos de los serbios igual que los de los albaneses porque mientras el miedo predomine en Kosovo, será imposible encontrar una solución. 
Además de exigir del ELK que se retire, tenemos que exigir también que se retiren las fuerzas de seguridad, para conseguir que se retiren unos y otros. 
En el caso del ELK, tenemos que hablar y obrar con ellos con la misma firmeza que con las fuerzas de seguridad. 
También tenemos que prestar más apoyo a Albania y Montenegro. 
Dada la actitud de sus gobiernos, tenemos que garantizar sus fronteras. 
Nuestra primera meta- y apoyo las conclusiones de la Cumbre de Cardiff- tiene que ser la cesación de hostilidades para que puedan ir observadores internacionales a Kosovo a ver por sí mismos la situación. 
Ahora bien, tenemos que dar pruebas de equilibrio e imparcialidad en nuestra intervención, pues no conseguiremos nada si el resultado es que los serbios de Kosovo teman por su futuro tanto como los albaneses. 
Presidente, en apenas tres meses se han levantado las sanciones contra Serbia y se han vuelto a iniciar, un triste asunto. 
Entretanto, el ELK tacha al Sr. Rugova de traidor a la cuestión nacional albanesa y abusa del desconcierto. 
En Albania la mafia asalta almacenes de armamento bajo el patronazgo del cuestionable Berisha y suministra las armas al ELK. 
La rama política del ELK hace todo lo posible por minar la imagen del comedido Rugova para clasificarse a sí misma para la mesa de negociación y luego llegar con una exigencia extrema de independencia o quizá de una Gran Albania. 
No se puede ir tan lejos, porque entonces estaríamos trabajando para una guerra en los Balcanes. 
Un número de preguntas concretas para el Consejo. 
¿Comparte el Consejo la idea de que Serbia sólo estará dispuesta a negociar cuando tenga la seguridad sobre sus fronteras, incluido Kosovo y la desaparición del ELK? 
¿Puede el Consejo confirmar que él también aspira a debilitar al ELK y quiere fortalecer la posición de Rugova? 
El Sr. Van den Broek ha sido especialmente claro al respecto. 
¿Opina el Consejo que las recientes acciones de la OTAN han contribuido a este objetivo? 
En marzo pedí en este lugar al Sr. Henderson que enviara observadores militares a la frontera entre Albania y Kosovo. 
Entonces no respondió. 
¿Está ahora el Consejo dispuesto a colocar observadores permanentes en el territorio donde el ELK hace contrabando de armas y provoca los conflictos? 
Se puede decir aún mucho sobre este tema, pero me limito a estas preguntas. 
Señor Presidente, en un clima, en una atmósfera de locura antisérbica, enarbolando la bandera de los errores que haya cometido Milosevic- y ha cometido errores, errores criminales- no es posible enfrentarse a esta terrible crisis que late en Kosovo ni con sangre fría ni con cuidado como ha pedido el Sr. Van den Broek. 
Tenemos que verlo claramente. 
Hay potencias dentro y fuera de Kosovo, fuera de Europa que han formulado una amenaza de intervención militar con vistas a la intimidación, a la extorsión o a la realización de dicha intervención militar para desmembrar la actual Yugoslavia, para crear con lo que pueda sobrevenir después en todos los Balcanes estados pequeños que sean como comodines que jueguen el juego de sus intereses. 
Semejante situación, señor Presidente, no la desean los pueblos de Europa, no la desean los pueblos de la península Balcánica, tampoco la desean los albaneses de Kosovo. 
Todos quieren una solución pacífica que signifique el respeto de las fronteras, como han quedado delimitadas tras las guerras, como están garantizadas en la Carta de la ONU, como garantizan los acuerdos de Helsinki. 
Quieren una solución pacífica que implique el respeto de todos los derechos de las minorías, incluso la autonomía sin separación, porque, de lo contrario, no vamos a encontrar solución en Europa. 
Finalmente, señor Presidente, me impresiona que nadie se dé cuenta de que en la actualidad están imponiendo condiciones a Serbia, a Milosevic que, por definición, no puede aceptarlas. 
Retirar sus tropas, ¿De dónde? 
De Kosovo. 
Pero si Kosovo es una parte inseparable de la República Federal de Yugoslavia. 
¿Qué estado, qué gobierno puede aceptar que no se le permita tener el ejército en una de sus provincias? 
Esta condición es irrealizable por definición. 
La imponen a propósito para tener un pretexto para llevar a cabo la intervención. 
Nosotros estamos categóricamente en contra de cualquier intervención militar porque esta tendrá consecuencias terribles. 
Yo creo que este Parlamento tiene la fuerza de volcar todo su peso político en favor de una solución pacífica. 
Sólo entonces cumple su misión... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Presidente, Señorías, este es el momento de dirigir dos mensajes claros. 
El primero, un mensaje al Consejo porque, por primera vez, en una semana ha habido un Consejo de Ministros el lunes pasado, que ha adoptado una posición común; una reunión del Grupo de contacto; una reunión del Consejo de Ministros de Defensa de la OTAN; y una reunión del Consejo Europeo. 
Y nosotros, que nos hemos quejado siempre, creo que con razón, porque no se tomaban las decisiones a tiempo, podemos decir, en esta ocasión, que sí ha habido sintonía entre todos y que hay una voluntad decidida de decir: «Hasta aquí hemos llegado y de aquí no puede pasar». 
Y yo creo que esto hay que saludarlo porque es un hecho que nos ayuda a desarrollar algo tan importante como una política exterior y de seguridad común. 
Y enlazo con el segundo mensaje. 
Creo que el segundo mensaje hay que dirigirlo, fundamentalmente, al Sr. Milosevic. 
Aquí se ha preguntado que dónde estaba nuestro González. 
Tengo que decir- no en defensa de Felipe González, que me ha señalado su interés por esta resolución -, que el problema del mediador de la Unión Europea y de la OSCE es que Milosevic no quiere verle. 
¿Y por qué no quiere verle? 
Porque cuando estuvo en Belgrado, precisamente después de las elecciones trucadas yugoslavas, consiguió que hubiera una denuncia y que Milosevic tuviera que retroceder. 
Estas son las razones por las que Milosevic no acepta. 
No son razones para decir que nosotros no estamos presentes. 
Me parece que hay una diferencia importante, aparte de la pasión que tenemos por la autoflagelación. 
Creo que hay que decir clarísimamente a Milosevic que no hay nada que autorice a un dictador, que ha cambiado la nomenclatura comunista, en su momento, por la nacionalista, a matar a sus propios conciudadanos, -eso no está en el Derecho internacional ni en el Derecho de gentes- aparte de que ya los explota a través de todo tipo de mecanismos. 
Hay que decirle que esta es la última oportunidad y que no es culpa del pueblo serbio sino que es, precisamente, su responsabilidad política. 
Creo que hay que animar al Consejo y a la Comisión para que sigan por el camino iniciado. 
Señor Presidente, para empezar debo felicitar yo también a la Presidencia británica por la declaración tan completa y sucinta de Cardiff. 
Creo que en este momento deben darse cuenta todas las partes implicadas, sobre todo los serbios, de que esta decisión de la Cumbre la apoyan unánimemente los quince Estados miembros. 
Incluso, de que hay una voluntad política de llevar a la práctica las medidas que los quince Estados miembros decidieron en Cardiff. 
Que los dirigentes de Belgrado reflexionen sobre su gran responsabilidad frente al pueblo serbio, que ha sufrido muchísimo, y que reflexionen acerca de adónde conduce al pueblo serbio y al pueblo de Montenegro la insensata política del enfrentamiento armado, de la que es responsable la clase dirigente política y militar de la actual Yugoslavia. 
Todos esperamos que el acuerdo de ayer de Moscú se lleve a la práctica. 
Europa y la OTAN están decididos desde ahora a hacer lo que tengan que hacer frente a aquellas partes implicadas que minen el acuerdo. 
Los sufrimientos de Bosnia nos han hecho aprender. 
Quiero dirigirme al pueblo de Kosovo y subrayar la importancia del llamamiento europeo hacia el autocontrol y hacia el apoyo al doctor Rugova. 
Quiero subrayar igualmente la posición común y unánime de Cardiff: a saber, que la Unión Europea se mantiene firmemente en contra de la idea de la independencia y que sigue apoyando un régimen especial para Kosovo, que preverá una autonomía amplia en el marco de la República Federal de Yugoslavia. 
Finalmente, debemos entender que tanto Albania como la Antigua República Yugoslava de Macedonia necesitan un apoyo esencial, especialmente la Antigua República Yugoslava de Macedonia, porque hay un intento de acercamiento a ésta última por parte de Yugoslavia, que se aprovecha de los problemas que este estado tiene con la minoría albanesa que hay en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Señor Presidente, es verdad que se trata de un mandato problemático, pero lo cierto es que si lo que está sucediendo hoy en Kosovo estuviera sucediendo al otro lado de la frontera de Bosnia, no dudaríamos en recurrir a la fuerza militar. 
Es indispensable que no nos engañemos a nosotros mismos: lo que ahora llamamos Yugoslavia, es una ficción. 
De lo que estamos hablando realmente es de Serbia y de una provincia, absorbida por Serbia en circunstancias dudosas, que es albanesa en un 92 %. 
Tenemos que saber con claridad lo que queremos y encontrar una solución rápida al problema del mandato porque, de lo contrario, cada mes que pasamos discutiendo acerca de la naturaleza de nuestro derecho moral a intervenir, la población de Kosovo está pagando un precio de sangre. 
Por eso lo que procede es, como ha indicado el Sr. Titley, considerar que se trata de un problema de Serbia y del régimen. 
Lo único que emerge con claridad de toda la crisis de la antigua Yugoslavia es que Belgrado ha efectuado regularmente determinaciones de la voluntad de Europa de pasar a la acción, y ha concluido que sólo sabemos obrar con retraso y débilmente. 
Este Parlamento debe enunciar con toda claridad a Belgrado: " No creáis que somos incapaces de aprender; no creáis que no sabemos cuál es la diferencia entre un régimen y la población serbia; y no creáis que, cuando llegue el momento, no estaremos preparados y dispuestos a intervenir». 
No estaría mal que este Parlamento, ahora o más tarde, añada al lenguaje diplomático que es necesario para el Consejo y la Comisión una opinión sobre posibilidades de acción de otro tipo cualitativo. 
La comunidad internacional intervendrá. 
Lo que queremos decir es que si esta situación continúa, Europa luchará y Europa tendrá razón, aunque eso signifique la muerte de nuestros propios soldados en la antigua Yugoslavia. 
El Sr. Milosevic y los serbios tienen que comprender nuestro mensaje y si no se lo transmitimos con la claridad suficiente, el precio de nuestra indecisión será la sangre vertida en Kosovo por personas inocentes, como sucedió en Bosnia y Herzegovina. 
Señor Presidente, he seguido con gran interés las sentencias del Consejo de Cardiff, sobre todo las cuatro exigencias incluidas en ellas, y el orden me parece muy importante. 
Quisiera preguntar al Ministro Henderson si quiere aferrarse a ese orden, porque en primer lugar deberemos procurar que se retiren las tropas serbias a Belgrado antes de que podamos invitar a Rugova para reanudar las negociaciones. 
Si queremos destrozar por completo la reputación de Rugova debemos obligarle ahora a entablar negociaciones sin condiciones y a pesar de que las tropas todavía estén allí. 
Entonces destrozaremos por completo la reputación de Rugova. 
Creo que debemos tener un enorme cuidado en que se mantengan estas condiciones tal y como llegan del Consejo y que no en vano se mencionan en este orden. 
Señor Presidente, se ha hablado de una entrevista con Yeltsin. 
La cuestión es si eso va a conducir hacia una mayor colaboración rusa. 
El Ministro da esa impresión. 
Me parece una buena cosa, si tras el fracaso de una auténtica contribución por su parte en la conversación con Milosevic va a ser mayor la disposición rusa a aprobar la acción militar, en caso de que fuera necesaria; sería muy útil aquí un poco más de claridad. 
En cualquier caso, valoro también mucho la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no a costa de cientos de miles de víctimas. 
Podemos decir que es magnífico que respetemos siempre el veto chino, pero allí no se está hablando del sacrificio de un enorme número de vidas humanas. 
Realmente nos estamos volviendo demasiado teóricos. 
Por lo demás, me interesa especialmente lo que piensan las personas que dicen que debe retirarse el ejército de liberación kosovar. 
Casi me parece la observación del mes. 
¿Adónde deben retirarse? 
No vienen de Albania, tal vez vengan de Europa Occidental, pero en gran parte vienen del propio territorio. 
¿No se puede sostener sinceramente que están en la misma línea la retirada de ese ejército de liberación y la retirada de esas tropas? 
Señor Presidente, quisiera aconsejar al Ministro que considere a su predecesor Douglas Hurd como un ejemplo a no imitar, en lo que se refiere a lo que hizo con su Realpolitik, espero que no lo haga. 
En ese sentido, no debería escuchar a nuestro colega, el señor Titley, que realmente se merece en ese terreno el premio Douglas Hurd. 
Señor Presidente, la situación en Kosovo plantea un problema de seguridad de primera magnitud para Europa. 
La tragedia se ha desencadenado ya siguiendo el modelo de la política serbia que todos conocemos, tal como ya se desarrolló en Croacia y en Bosnia-Herzegovina: expulsión deliberada de la población y flujos masivos de refugiados, que trasladan la crisis a los países vecinos de la región. 
Las maniobras aéreas de la OTAN han tenido hasta ahora sólo un valor simbólico. 
La prohibición de los vuelos de la compañía de aviación yugoslava JAT, ratificada por el Consejo Europeo, es un gesto débil. 
El hecho de que el Consejo Europeo de Cardiff dejase abierta la posibilidad de una opción militar- cautelosamente limitada- en realidad es indicativo de la parálisis de la comunidad internacional frente a la crisis de Kosovo. 
La gestión de la crisis recuerda funestamente la reacción frente a Irak y a Sadam Hussein. 
Esperar a que el Consejo de Seguridad de la ONU diera la luz verde antes de iniciar una intervención militar, ha significado ofrecer, de hecho, un instrumento a Rusia para evitar un compromiso de la OTAN, mientras las negociaciones entre Yeltsin y Milosevic permitían ganar tiempo una vez más al Gobierno serbio. 
La retirada de la policía especial serbia de Kosovo quedó condicionada a la actuación de la organización clandestina albanesa UCK. 
El conflicto interno en el seno de la UE con respecto a si debe procederse a una intervención militar con o sin el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU ofrece a Milosevic un amplio margen de maniobra para continuar con su política de expulsiones, sin que nadie se lo impida. 
En estas circunstancias, el llamamiento a la comunidad internacional para que detenga por todos los medios los ataques contra la población civil corre el riesgo de resultar estéril. 
Una moratoria en relación con las acciones de combate sería un requisito previo necesario para el inicio de negociaciones entre Belgrado y los representantes de los albaneses de Kosovo. 
Las declaraciones de intenciones del Parlamento Europeo son un pobre sustituto frente a la falta de la voluntad política de evitar una nueva tragedia en los Balcanes que demuestran los Estados miembros de la UE. 
Señor Presidente, yo tampoco abogo por una modificación de las fronteras. 
Sin embargo, debo manifestar con toda claridad que mucho de lo que se ha dicho aquí es histórica y jurídicamente inexacto. 
En efecto, si fuese cierto lo que acaba de expresar el señor Ephremidis, la bandera otomana tendría que seguir ondeando todavía hoy sobre la Acrópolis. 
Tenemos que tener claro que a lo largo de la historia se han producido continuamente cambios y que el Derecho internacional actual también admite los cambios pacíficos. 
En 1978, hace exactamente 120 años, a la vista de la desintegración del Imperio Otomano, los albaneses se reunieron en Prizrem, en el Kosovo actual, para constituir la Liga de Prizrem con la finalidad de reincorporarse a la comunidad de los europeos, en su calidad de antiguo pueblo de cultura europea. 
El Congreso de Berlín, que constituye el testimonio de un fracaso de la Europa de aquel tiempo, se desentendió sencillamente de ellos. Se ignoró su derecho a la autodeterminación y su existencia. 
Sólo volvieron a descubrir que existían durante las guerras de los Balcanes, cuando se vio la posibilidad de utilizarlos como piezas de ajedrez. 
Así se constituyeron las fronteras sobre las que ahora se debate y, en consecuencia, tiene razón el señor Cohn-Bendit. 
Tenemos que procurar que cambie el régimen en Serbia y que desaparezca el señor Milosevic, ya que jamás será posible conseguir que una familia, varios miembros de la cual ya han sido asesinados, siga compartiendo una vivienda común con el asesino. 
Es una idea completamente absurda, que sólo podía surgir de la cabeza de los políticos o los burócratas. 
Tengo que decirlo con toda claridad. 
Tenemos que ver la realidad tal como es. 
Allí se están cometiendo asesinatos y expulsiones sistemáticas desde hace ya ocho años. 
Esta situación se ha agudizado ahora, pero la campaña contra la población mayoritaria viene desarrollándose en Kosovo desde hace ocho años. 
Cuando la señora van Bladel insiste reiteradamente en que es preciso oponerse en primer lugar al movimiento de resistencia de Kosovo, yo- que tampoco soy partidario de la violencia- quisiera recodarle que durante años hemos dejado solo al Sr. Rugova con su vía pacífica y ahora acusamos hipócritamente a quienes intentan salvar pura y simplemente la vida. 
Comunico que he recibido seis propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, sólo una pregunta: ¿es ahora el procedimiento habitual que en los debates con el Consejo, éste se limite a exponer una declaración previa que ya trae preparada y que siempre va seguida de debate, de lo cual nos congratulamos, para abandonar luego el hemiciclo sin ofrecer más explicaciones y sin entrar en el debate? 
¡Esto es completamente absurdo! 
Señor Posselt, Su Señoría sabe tan bien como yo que corresponde al Consejo decidir si desea intervenir o no al final del debate. 
Si el Consejo no ha manifestado el deseo de intervenir, hemos de limitarnos a tomar nota de ello. 
Diagnóstico in vitro 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40225/98) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C-4-0178/98-95/0013 (COD) ) sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (Ponente: Sr. Pompidou). 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Consejo ha incorporado, a instancias del Parlamento Europeo, una serie de importantes modificaciones al texto inicial de la Comisión Europea. 
Esto es francamente satisfactorio, ya que se trata de un tema de sumamente importante. 
Yo quisiera insistir, no obstante, sobre dos puntos que mi Grupo considera de especial importancia, que ya propusimos en la primera lectura y que todavía echamos en falta en el texto. 
El primero, señor Comisario, está relacionado con una discrepancia que mantenemos repetidamente con usted, concretamente en lo que se refiere al etiquetado en el sentido más amplio. 
Es imprescindible que las instrucciones de uso de los productos de autodiagnóstico se traduzcan en cada caso a la lengua del Estado miembro en el que se va a comercializar el producto médico en cuestión. 
Esto es absolutamente imprescindible, ya que el empleo de estos productos debe ser muy riguroso. Es preciso evitar cualquier posible diagnóstico erróneo como resultado de un uso indebido. 
Por esto, es necesario eliminar cualquier posible fuente de error. Esto incluye, naturalmente, la posibilidad de leer en la propia lengua cómo debe emplearse exactamente el producto y qué consecuencias puede tener su uso indebido. 
El segundo aspecto que también quisiera abordar se refiere al último tema que ya se trató con la participación del señor Pompidou. 
En el diagnóstico in vitro se utiliza un material muy particular, a saber, tejidos, células y substancias de origen humano. 
Este material debe ser manejado, como es natural, con un cuidado y unas precauciones muy especiales. 
Yo me alegro mucho de que se contemple esta posibilidad. 
La enmienda de Los Verdes garantiza la protección de los datos y contra cualquier forma de discriminación que pueda derivarse de la información que permiten obtener estos métodos de diagnóstico y estos exámenes, cuando se utilizan para establecer las características y predisposiciones genéticas básicas de las personas. 
Por consiguiente, es en verdad muy importante que incorporemos esta mejora en este ámbito. 
Señor Presidente, Señorías, en la fase actual de la integración europea se ha vuelto a hablar, particularmente en la Cumbre de Cardiff, de la necesidad de ampliar mucho más la subsidiariedad. 
La subsidieriedad significa, por ejemplo, que el marco de condiciones económicas debe ser regulado fundamentalmente por cada Estado miembro. Sin embargo, esto exige, naturalmente, que aun cuando estas disposiciones no sean uniformes, exista una homologación de las mismas. 
De lo contrario, el mercado interior, que es nuestro objetivo más importante, no funcionaría. 
En este sentido, ha quedado desfasado asimismo el fundamento de la plena armonización técnica, que también estaba en la base de la correspondiente Directiva de 1985. 
El señor Donnelly, del Grupo socialista también hizo hincapié en esta cuestión en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
En relación con la legislación de carácter técnico adquiere, por el contrario, mayor importancia el llamado new approach. Éste se refiere ni más ni menos que a la subsidiariedad. 
No se debe obstaculizar el funcionamiento del mercado interior común, pero sobre todo debe evitarse un exceso de reglamentación. 
No obstante, si un tema no pudiera regularse adecuadamente o sólo pudiera regularse de manera insuficiente a escala nacional, en tal caso debería establecerse una regulación única común de ámbito europeo al menos en los aspectos fundamentales y, sobre todo, sólo en dichos aspectos. 
El diagnóstico in vitro es uno de estos casos. 
La presente propuesta de directiva constituye un paso más hacia la realización del mercado interior, en particular en lo que se refiere a los productos médicos. 
Nos encontramos ante unas exigencias contrapuestas. Por un lado, es preciso garantizar el libre acceso de los productores al mercado interior europeo y, por el otro, es preciso tomar en consideración la protección de la salud de las personas que empleen dichos sistemas para el autodiagnóstico. 
Sin embargo, esto no puede servir de excusa para poner trabas al mercado y adoptar medidas que alteren la competencia. 
Durante el largo período de negociaciones que culminaron con la formulación de la posición común del Consejo pudimos observar, por ejemplo, una creciente tendencia de algunos Estados miembros a excluir el diagnóstico in vitro del mercado interior. 
Ésta es también, a nuestro parecer, la razón fundamental que aconseja que la directiva se adopte lo más pronto posible, con objeto de crear un mercado común también para estos productos médicos. 
Sabemos que los productores están ansiosos por poder acceder libremente al mercado. 
Por esto es importante que las enmiendas que ahora se presentan sean aceptadas también por el Consejo y que la directiva pueda adoptarse formalmente incluso antes de las vacaciones de verano. 
El Consejo se ha aproximado a nuestras posiciones en muchos aspectos. Al menos, hizo suyas 36 de las 50 enmiendas aprobadas en la primera lectura. 
No obstante, seguimos insistiendo en que la posición de fondo todavía es mejorable. 
Por esto yo presenté algunas enmiendas en el marco de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, que prevén una reducción de los requisitos burocráticos y costosos para las empresas. 
Sobre todo, es importante que los requisitos estadísticos no se establezcan como una condición previa para la introducción misma de los productos. 
Esta adición al apartado 2 del artículo 10 también debe hacerse extensiva, por otra parte, lógica y consecuentemente, a la disposición del párrafo c del apartado 2 del artículo 21. 
Sin embargo, en este contexto nos enfrentamos también con una cuestión de principio. Los debates sobre directivas controvertidas relativas al mercado interior con frecuencia se alargan mucho. 
Cuando llegan al Parlamento, muchas veces tenemos que adoptar una decisión con mucha prisa si queremos facilitar el acceso de los ciudadanos al mercado común. 
Este aspecto también debería tenerse en cuenta en el contexto de una futura reforma del Tratado. 
Señor Presidente, Señorías, en su recomendación para la segunda lectura, el Sr. Pompidou nos propone pronunciarnos principalmente sobre seis propuestas, propuestas que, como les recuerdo, fueron aprobadas casi unánimemente por los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y Política Industrial, el pasado 3 de junio. 
El referido producto, que consiste principalmente en establecer normas específicas para los métodos de diagnóstico in vitro o, dicho de otra manera, de análisis, con fines médicos, de los tejidos o sustancias procedentes del cuerpo humano, debería recabar, en mi opinión, un amplio acuerdo. 
Mientras que la directiva de la Comisión era muy técnica, debemos apoyar al ponente, que se ha esforzado, en primer lugar, por demostrar sentido común- cualidad rara- y, en segundo lugar, por proteger la dignidad humana en un ámbito de capital importancia, como es el de la salud pública. 
Luego de haber buscado y obtenido un amplio consenso en primera lectura, el Sr. Pompidou se limita a enmendar algunos detalles de la posición común, buscando un objetivo que nosotros compartimos: cerrar el procedimiento, para poder aplicar la directiva lo antes posible. 
Nosotros aprobamos, por consiguiente, las seis enmiendas propuestas por el ponente, en la medida en que resulta necesario notificar a las autoridades competentes cualquier tipo de comercialización de nuevos productos, lo que permite una forma de control de estos últimos y luchar contra la falsificación y los productos o procedimientos medicamentosos falsificados, lo cual aporta una garantía de calidad y de seguridad para los usuarios. 
La necesidad de legislar rápidamente en el ámbito de los productos sanitarios fabricados basándose en sustancias de origen humano es evidente, si se quieren evitar los riesgos de que se cometan excesos. 
Con respecto a los productos del Anexo II y los destinados al autodiagnóstico, la posibilidad por parte de los Estados de solicitar que se les faciliten los datos que permitan su identificación, acompañados de la etiqueta y de las instrucciones de utilización no debe ser una condición previa para la comercialización o puesta en servicio. 
Esto sería una duplicidad y representaría una sobrecarga administrativa respecto a la decisión de conformidad con la directiva. 
Creemos prudente dejar en manos de los Estados miembros la decisión de traducir los prospectos, salvo en caso de autodiagnóstico. 
Aunque el diagnóstico corresponde a los facultativos, frente al desarrollo del autodiagnóstico, conviene estar vigilantes y pedir que los usuarios puedan leer el prospecto en su lengua materna, a fin de que comprendan perfectamente lo que hacen, sabiendo que cualquier error puede resultar catastrófico. 
Frente al drama de un niño portador del gen de la trisomía 21, conviene añadir a la lista del anexo II los procedimientos que permiten detectar cualquier riesgo de contraer esta enfermedad. 
Para concluir, el análisis del Sr. Pompidou, que consistía en buscar un equilibrio entre los objetivos de libre circulación y los de protección de la salud pública, nos parece fundado y perfectamente aplicable, lo que nos lleva a apoyarlo sin reservas. 
Señor Presidente, este informe ha pasado por unos trámites bastante complicados, pero finalmente, también gracias a la determinación del Sr. ponente, se encuentra en su recta final. 
El Parlamento Europeo presentó una serie de enmiendas a la propuesta originaria, al objeto de establecer las normas que debían cumplir los productos sanitarios para diagnóstico in vitro que, anteriormente quedaban excluidos, para ser comercializados. 
En Italia, en particular, tenemos problemas en cuanto al HIV, el HBSAG y el HCV, es decir, los marcadores de la hepatitis y del sida. 
En la posición común, el Consejo ha integrado nuestras enmiendas casi en su totalidad, por lo que podemos mostrarnos parcialmente satisfechos. 
Ahora es necesario terminar cuanto antes el procedimiento legislativo, habida cuenta de que la utilización de estos productos es indispensable para el diagnóstico de las enfermedades y de la predisposición a ciertas noxas genéticas o para la valoración del estado de salud del paciente. 
Se trata, por lo tanto, de mecanismos sumamente importantes para evitar errores de diagnóstico y establecer el programa de protección sanitaria en el ámbito de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro. 
Señora Presidenta, a pesar de que se ha reconocido la gran importancia de los productos sanitarios en la calidad de los servicios de la salud pública prestados- y voy a mencionar por ejemplo los productos que utilizamos en los grupos y sub-grupos sanguíneos para las transfusiones, para el control de la compatibilidad, para la contribución del diagnóstico de laboratorio por ejemplo para el Sida y la hepatitis para que entendamos la importancia de estos productos -, no hay controles sistemáticos ni reglamentos en los Estados de la Unión Europea, exceptuando algunos. 
Por consiguiente, la directiva objeto de debate cubre este campo y sin duda contribuirá a las necesidades de las industrias que producen estos productos. 
Para empezar, la propuesta se evaluó positivamente, porque iba a ser útil por las razones que he referido; pero también porque contiene muchos elementos que contribuirían al mejor control cualitativo de los productos para diagnóstico in vitro. 
Había puntos débiles en la directiva, puntos que tanto con las enmiendas del Sr. Pompidou, como con las mías y las de otros señores colegas, han mejorado sensiblemente en la posición común y hay todavía algunas enmiendas que hoy la harán aún mejor. 
Primero se han clarificado determinados datos de la directiva poco claros, así como su relación con las otras directivas relativas. 
También se han definido claramente los productos de procedencia humana que se utilizan en los métodos de diagnóstico in vitro, se ha aumentado el número de reactivos que están registrados en el Anexo II, dado que a los reactivos de este anexo se les somete a un control esencial. 
Además se ha dado una especial importancia a los reactivos que se utilizan en casa, dado que sus usuarios no son personas con conocimientos especializados y, por tanto, entre otras cosas, las instrucciones deben ser claras y estar en su lengua materna. 
Por último, las normas de seguridad se han hecho aún más estrictas en los productos para diagnóstico tanto en el envase, como en el uso, de modo que el usuario quede asegurado ante distintos peligros y ante determinados reactivos. 
Preveo que en el futuro se ampliará muchísimo este campo. Por eso, señora Presidenta, esta directiva va en beneficio de las industrias que producen los productos y también de los usuarios que harán uso de ella con confianza. 
Señora Presidenta, nos habría gustado poder manifestar personalmente nuestro agradecimiento al señor Pompidou, pues la colaboración que hemos mantenido no sólo ha resultado muy placentera, sino también sumamente productiva, como demuestran los resultados. 
Sin embargo, un motivo comprensible le impide estar hoy aquí. 
A la vista del debate anterior, yo pediría al Parlamento- que ha sido el causante principal de que el señor Pompidou no haya podido presentar personalmente su informe- una mayor comprensión hacia los Comisarios, que también se ven afectados por estas incidencias en el Parlamento, aun sin tener en parte en las mismas. 
Pero sólo es un comentario, ya que confío plenamente en la sabiduría de quienes establecen el orden del día. 
Hoy se debate una directiva- y quiero recordárselo al señor Rübig, para que no haya lugar a ningún malentendido- que establece los requisitos mínimos que todos deberán cumplir en la práctica. 
En el fondo, no se trata del antiguo enfoque de la armonización, sino del nuevo enfoque, si así quiere llamársele, en virtud del cual la legislación comunitaria establece las condiciones mínimas y queda abierta la posibilidad de que luego puedan tomarse en consideración otros aspectos por la vía de la homologación. 
Lo primero es, sin embargo, absolutamente necesario, ya que obviamente no podemos trabajar sobre la base de la homologación si no se establecen al menos los requisitos que se tienen que cumplir en el conjunto de la Comunidad. 
No obstante, todavía será necesario debatir largamente sobre dicho concepto de la subsidiariedad. 
Es motivo de especial satisfacción para la Comisión haber tenido la oportunidad de apuntar, durante los debates en el marco del Consejo de Cardiff, diversos temas en relación con los cuales creemos que la subsidiariedad debería haberse concretado de otro modo. 
Así, por ejemplo, a nuestro parecer y contrariamente a la opinión del Parlamento y del Consejo, las condiciones de los animales en los zoológicos deberían regularse en su totalidad a escala nacional. 
Creemos que no se requiere una normativa europea en este ámbito. 
Pero la subsidiariedad es algo perfectamente discutible. 
La futura directiva sobre el diagnóstico in vitro garantizará en cualquier caso la seguridad y la fiabilidad de estos productos con vistas a su aplicación médica y fortalecerá el mercado interior mediante los requisitos unificados que establece. 
Nos congratulamos de poder hacer nuestras también todas las enmiendas que ahora se presentan- algunas de las cuales seguramente todavía se mejorarán oralmente -, después de haber aceptado ya en la primera lectura una serie de enmiendas que permitieron mejorar el texto. 
Las presentes enmiendas contienen precisiones y completan algunos puntos de la directiva, lo cual es muy de agradecer. 
En la aplicación de la directiva, no debemos perder de vista la rapidez de los cambios tecnológicos. 
En cualquier caso, vamos a empezar por establecer un marco de condiciones con las que pueda trabajar la industria. 
Sin embargo, no se puede descartar que más adelante sea necesario volver a revisar esta situación. Por consiguiente, la supervisión del mercado por parte de los Estados miembros tendrá que cumplir un papel muy significativo en el marco de la aplicación de la directiva. 
Confiamos en que la creación del banco de datos europeos, sugerida también por el Parlamento, pueda contribuir a que así sea. En todo caso, procuraremos establecer dicho banco de datos, con la colaboración de los Estados miembros, antes de que entre en vigor la directiva. 
No voy a referirme a todas las enmiendas, sino sólo a una de ellas, la enmienda 2, que constituye un ejemplo especialmente adecuado de la necesidad de una armonización comunitaria en el caso de la fabricación de productos médicos en los que se emplean substancias de origen humano. 
Esperamos, naturalmente, al igual que el Parlamento, poder convencer lo más pronto posible al Consejo de que las nuevas enmiendas están justificadas- y, por la información que tenemos, estamos casi seguros de que lo conseguiremos -, con objeto de que el procedimiento legislativo pueda quedar concluido cuanto antes, toda vez que la aplicación de la directiva no sólo redundará en interés del mercado interior, sino también, en primer lugar, en interés de la protección de la salud. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Lucha contra la competencia fiscal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0228/98) del Sr. Secchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión relativa a un «Paquete de medidas para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea» (COM (97) 0564- C4-0333/98). 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, mi tarea consiste en ilustrar la propuesta de resolución sobre el asunto enunciado, es decir, un paquete de medidas para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa, un paquete que fue aprobado por amplia mayoría por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de nuestro Parlamento. 
En dicha sede fue posible, gracias también a la labor que viene realizándose desde hace tiempo, encontrar un terreno de acuerdo en cuanto a los principios fundamentales del nuevo planteamiento que la Comisión propuso al respecto, así como gracias a la posibilidad que se nos brindó de un estrecho contacto con el Comisario Sr. Monti y a la posibilidad de implicarnos así en la definición de la evolución de una materia extremadamente delicada. 
En efecto, la misma afecta de cerca al interés no sólo de los agentes económicos, sino también de todos los ciudadanos y va adquiriendo una importancia creciente a medida que se asumen plenamente los efectos de la Unión Económica y Monetaria. 
Sus Señorías recordarán que hace aproximadamente un año nuestro Parlamento aprobó por amplia mayoría una primera resolución sobre esta materia, en la que se apoyaba plenamente la idea de elaborar un código de conducta sobre varias temáticas fiscales y, en particular, sobre la fiscalidad de las empresas, código que luego se creó y que ya está funcionando, como luego diré. 
Después de proponer el nuevo planteamiento en el Consejo informal ECOFIN de Verona de hace dos años- abril de 1996 -, se han hecho muchos progresos. 
Creo que puede decirse que el problema está muy bien enfocado, al igual que lo está y se comparte el paquete de medidas que se proponen para afrontarlo con esperanzas de éxito. 
También el Consejo Europeo de Cardiff que acaba de terminar, ha subrayado estos conceptos con vistas a alentar la rápida prosecución del trabajo sobre esta materia. 
El paquete que abordamos en el debate de hoy y en la votación de mañana y que es objeto de esta resolución fue elaborado el año pasado y se presentó en el Consejo ECOFIN del pasado 1 de diciembre que lo aprobó y dio luz verde a su implementación. 
Nuestra comisión- y no el Parlamento desgraciadamente, debido a la premura de tiempo- emitió una opinión favorable, de apoyo, aliento y soporte. 
Hoy, estamos aquí para comentar sus principales contenidos con respecto, en primer lugar, al planteamiento y la filosofía seguidos y, en segundo lugar, a uno de los tres elementos que lo componen, es decir, el código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas, un código que ya funciona y que dispone de todo lo necesario para comenzar a producir sus primeros efectos. 
Las otras dos medidas son la propuesta de directiva para eliminar la doble imposición sobre los intereses- royalties- pagados entre sociedades conexas en diferentes Estados miembros, propuesta que nuestra Comisión de Asuntos Económicos ya está examinando; por último, comenzará su iter el tercer elemento del paquete, la propuesta de directiva relativa a la imposición de las rentas del capital procedentes del ahorro o, mejor dicho, sobre un planteamiento común de cara a la imposición de las rentas financieras pagadas a personas físicas no residentes en los Estados miembros. 
Las características de estas tres disposiciones ya explican unos de los aspectos fundamentales del nuevo planteamiento, es decir, adoptar medidas suaves- si se me permite el término- adecuadas a cada cuestión específica sin pretender hallar, a través del instrumento de las directivas de armonización, la solución a todos los problemas. 
En segundo lugar, se trata de un planteamiento articulado, en el cual mediante el sistema del paquete, es posible poner de acuerdo intereses encontrados y alcanzar el consenso necesario. 
Creo que no podemos sino estar de acuerdo con esto. 
Éste es uno de los motivos por los cuales no estoy a favor de las enmiendas presentadas y que- a parte de las que repiten conceptos que ya figuran en el informetienden de alguna manera a endurecer el planteamiento propuesto, cosa que no considero oportuna en este momento. 
Ahora quiero centrarme en un aspecto fundamental, esto es, el de tener presente en todo momento la diferencia entre competencia fiscal perniciosa que es la que requiere actuaciones a escala comunitaria, al objeto de eliminar efectos que al final son negativos para todos, y el concepto, por el contrario, de competencia fiscal positiva, beneficiosa que se fomenta a través de la competencia dentro del mercado único y de la Unión Monetaria y que- por así decirlo- es una respuesta a las exigencias de competitividad internacional a las que la Unión debe hacer frente en la economía globalizada. 
Este informe termina respaldando y alentando a la Comisión a que siga el camino emprendido y aborde otros temas que hasta ahora no lo han sido por obvios motivos como, por ejemplo, los señalados en el punto 7. 
Y termino, señora Presidenta, recordando a sus Señorías que el punto 28 adolece del hecho de haber sido redactado antes de que fuera presentada la propuesta de directiva relativa a la imposición sobre el ahorro. 
Esta propuesta está a nuestra disposición y con respecto a la ella, como acabo de decir, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no cejará en su empeño de ponerse manos a la obra cuanto antes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el informe del ponente se ha de valorar como un auténtico progreso, al igual que la presentación del paquete de medidas de la Comisión, que por fin ha conseguido dar un impulso efectivo al debate fiscal a escala europea. 
La comunicación es también pertinente, ya que la realización del mercado interior sencillamente no podrá considerarse completada mientras no pongamos fin a la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea y consigamos nuevos progresos en la aproximación y la coordinación fiscales. 
Por consiguiente, la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria, más allá de una mayor armonización de las políticas económicas, también debe ir acompañada de una auténtica coordinación de las políticas fiscales. 
El paquete de medidas constituye un paso adecuado para ello, tal como destaca el colega Secchi en su importante informe. 
En los mercados globalizados, la competitividad internacional de las localizaciones depende cada vez más de la infraestructura y, por lo tanto, también de los sistemas y las tasas fiscales. 
La fiscalidad de las empresas, en particular, está convirtiendo cada vez más en un factor de la competencia. En este contexto, algunos Estados miembros atraen traslados de empresas o inversiones de capital mediante medidas que permiten eludir el pago de impuestos o medidas de exención fiscal, con lo cual privan de dichos recursos a otros Estados miembros de la UE. 
Esto da lugar a una competencia fiscal perniciosa para la Comunidad, bajo la forma de dumping fiscal, que perjudica a todos los demás Estados de la Unión Europea. 
Nos encontramos ante un conflicto de objetivos entre el deseo de los Estados miembros de preservar su soberanía fiscal y el deseo de que la fiscalidad de las empresas y del capital se defina de manera que no distorsione la competencia, sino que por el contrario sea neutral. 
La libre competencia y las fuerzas del mercado no resolverán por sí solas esta cuestión. 
Lo cierto es que en la Unión Europea no prevalece una competencia fiscal leal y que la aportación de los asalariados a los ingresos fiscales de los Estados miembros va en aumento, mientras disminuye la de los recursos móviles. 
Tal como ya expuso muy acertadamente la Comisión, la carga fiscal de los asalariados se ha incrementado alrededor de un 10 %, mientras que, por el contrario, se ha reducido en torno a un 20 % para los factores de capital y las empresas. 
Esta modificación de la base fiscal, que también puede dar lugar a una erosión de la recaudación, dificulta sin duda, como es evidente, el cumplimiento de las funciones públicas. 
Se trata de una tendencia dramática, ya que a la larga ningún Estado puede permanecer al margen de dicha competencia fiscal, la cual puede beneficiar únicamente a las empresas, pero no a los Estados. 
En este sentido, el código de conducta en materia de fiscalidad persigue muy justificadamente una coordinación de las políticas fiscales a escala comunitaria, tal como se propone en el paquete de medidas de la Comisión Europea y en el informe del señor Secchi, y constituye un paso en la dirección adecuada. 
Sin embargo, no tiene ningún carácter vinculante y deberíamos presionar en relación con este punto. 
La aproximación y la coordinación de las políticas fiscales en los tiempos de la competencia europea e internacional no representan en este sentido una pérdida de soberanía fiscal para los Estados miembros, sino un incremento de dicha soberanía, tanto para la Unión Europea como para sus Estados miembros. 
En este contexto, parece razonable establecer una definición comunitaria de las nociones de beneficio y las normas sobre deducciones, e introducir también unos niveles mínimos de imposición. 
En cualquier caso, tienen que suprimirse de inmediato los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, que hasta ahora han ofrecido, sobre todo a las empresas transnacionales, la posibilidad de transferir sus beneficios a los mismos, con objeto de eludir o reducir el pago de impuestos en el lugar de domicilio de sus empresas. 
En este contexto, yo creo que debemos incluir el código de conducta en materia de fiscalidad como uno de los principios de una libre competencia que también sea leal. 
No es admisible que, mientras se mantiene en vigor una prohibición general de las subvenciones directas, en la Unión Europea puedan concederse en cambio subvenciones ilimitadas por la vía de la fiscalidad. 
¡No podemos seguir tolerando que esto suceda! 
Yo pienso que es necesario completar el paquete con una intensificación de las medidas en favor de una unificación de las normas, de unas nuevas condiciones fiscales, pero también de un sistema completo y actualizado de intercambio de información entre las autoridades fiscales y de control, que dificulte la evasión fiscal en la Unión Europea. 
Presidenta, la Unión Europea tiene poco que decir acerca de los impuestos que los Estados miembros imponen a sus súbditos. 
El único artículo que da alguna competencia es el 99, pero en él se dan tres limitaciones. 
El artículo sólo tiene validez para los impuestos indirectos, las medidas deben estar al servicio de la puesta en funcionamiento de un mercado interno y al Parlamento Europeo sólo se le consulta. 
Naturalmente, comprendo la reserva de los Estados miembros para soltar las riendas en el terreno de los impuestos. 
La recaudación de impuestos es un asunto muy serio. El ciudadano y la empresa deben ceder una parte de sus ingresos. 
Los impuestos pueden llevar al aumento de precios, por lo que las empresas pueden invertir menos y los ciudadanos pueden gastar menos. 
Naturalmente, casi siempre se adquiere el hábito de los impuestos por el bien común, para financiar bienes públicos o por ejemplo para desalentar el consumo de determinados artículos, por ejemplo a través de los impuestos sobre el consumo. 
Mi Grupo está a favor de hacer competir menos a los países en la elevación de los impuestos y llevar la competencia sobre todo a la cuestión de lo que se va a realizar con los impuestos. Terrenos para empresas, medio ambiente, infraestructura, educación, los países pueden elegir ellos mismos lo que harán con ellos. 
Lo único que no puede ser, Presidenta y señor Comisario, es que Estados ineficaces dicten la elevación de los impuestos a los Estados eficaces. 
Así pues, por una parte mi Grupo puede ser comprensivo con el muy limitado progreso en el terreno de la armonización de los impuestos, o como se denomina ahora de manera más modesta, la coordinación de los impuestos, y la aparición de la mutua competencia perniciosa en materia de impuestos que a la larga puede socavar los rendimientos de los impuestos. 
Hace ya años que Ruding, antiguo ministro de Hacienda neerlandés, puso por escrito sus prioridades para la armonización europea de impuestos, para la armonización del IVA y los impuestos sobre el consumo, pero ambos todavía no están, ni de lejos, armonizados, con la excepción de las tarifas mínimas. 
Los intereses de los países y entre los países, y los intereses dentro de los países, resultan estar muy alejados. 
Ya es hora de que demos un paso hacia delante. 
En la Cumbre de Cardiff se han tomado los modelos globales para coordinar la política económica de los Estados miembros con vistas al éxito de la moneda común. 
A través de los modelos y del euro los Estados miembros tomarán conciencia de su mutua dependencia y tal vez eso pueda poner el asunto en movimiento. 
El informe de Carlo Secchi es un informe extraordinariamente bueno, coherente y estructurado. 
El enfoque elegido ofrece las mejores perspectivas para un paso hacia delante. 
No tiene ningún sentido gritar simplemente a los cuatro vientos o querer dar grandes pasos. 
Espero que esta combinación de tres vías: el código de conducta, el impuesto sobre ahorros de no residentes que está ante nosotros y el impuesto sobre renta y derechos de autor, puedan llevar a que en el Consejo se pueda llegar más fácilmente a un acuerdo. 
Confío en que el hallazgo genial de un paquete no lleve a que los Estados miembros se encarcelen por deudas entre sí, a que uno no pueda despegar porque no puede aceptar la totalidad del paquete. 
Naturalmente, aún siguen abiertos muchos dossiers. El dossier del sistema de pensiones es el más importante. 
Los sistemas se diferencian tanto que cabe esperar grandes dificultades para el siglo que viene. 
Señor Comisario, espero que nosotros, el Parlamento Europeo, podamos apoyar los intentos que se lleven a cabo para mejorarlo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, deseo expresar el apoyo del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas al informe del Sr. Secchi que nos ofrece, una vez más, una aportación muy positiva en el ámbito del análisis de la fiscalidad a nivel de la Unión Europea, y le felicitamos muy sinceramente por su trabajo. 
Y también acogemos con agrado las propuestas de la Comisión, no sólo por el trabajo que realiza, sino por la tenacidad con que trata de reequilibrar el aspecto fiscal, que es absolutamente necesario en el ámbito de la constitución de la Unión Monetaria y del euro. 
Hemos progresado en el ámbito comercial y económico con el mercado interior europeo; hemos progresado muchísimo en el ámbito monetario con la Unión Monetaria y el euro. 
Y no progresamos en el ámbito de la armonización fiscal, como sería preciso, debido a un obstáculo real, que es el hecho de que sea necesaria la unanimidad de los Estados miembros para llegar a acuerdos en este ámbito. 
Sin embargo, las conclusiones y los acuerdos de Luxemburgo y las propuestas que hace la Comisión van en la buena dirección. 
Creemos que son unas propuestas adecuadas que sirven para eliminar la competencia desleal, que es perjudicial, en el ámbito fiscal entre los Estados miembros, y hacer unas propuestas adecuadas, por ejemplo en el ámbito de la doble imposición o en el ámbito de los impuestos en pagos transfronterizos. 
Pero, sin embargo, desearía acabar insistiendo en que hay aún unos aspectos muy importantes en la armonización fiscal que, lamentablemente, no se acaban de regular y que llevan a un desequilibrio entre estos tres ámbitos, el económico, el monetario y el fiscal. 
Señora Presidenta, la fiscalidad podría ser un instrumento importante para una construcción europea basada en el crecimiento y el empleo, y favorecer, de este modo, el desarrollo de las capacidades humanas. 
¿La coordinación fiscal para luchar contra la competencia desleal, tal como la propone la Comisión, permite responder a este reto? 
Sabemos que el dumping fiscal ya es de aplicación con la libre circulación de capitales y los paraísos fiscales. 
Existe un fuerte riesgo de que se agrave con el paso a la moneda única. 
El Informe Secchi aborda la cuestión de la coordinación fiscal sobre todo desde el punto de vista del aumento de la competitividad de los mercados financieros europeos. 
De hecho, se trata de una armonización hacia abajo. 
Ahora bien, desde hace varios años, los impuestos sobre las rentas del capital no cesan de disminuir en la Unión Europea, mientras que los que afectan a las rentas de los asalariados, aumentan, especialmente con el peso de la fiscalidad indirecta, que, como sabemos, grava las rentas modestas. 
Como representantes de las poblaciones, nosotros deberíamos poner en entredicho el dominio de los mercados financieros, preconizando una fiscalidad a la vez justa y eficaz. 
En primer término, es necesario reajustar los impuestos que gravan a los asalariados y los impuestos sobre los poseedores de capitales. 
El impuesto sobre el movimiento de capitales especulativos permitiría controlar mejor los mercados financieros y podría proporcionar medios suplementarios para desarrollar el crecimiento, la formación y el empleo. 
Por otra parte, el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado a favor de esta medida y podría igualmente incitar a los Estados miembros a aumentar los impuestos sobre las grandes fortunas, a fin de financiar acciones eficaces para luchar contra la exclusión. 
También hay que orientarse hacia la reducción de las cargas financieras, concretamente respecto a las PYME, gracias a una política crediticia favorable a la inversión productiva y al empleo, más que incidir continuamente en las cargas sociales, lo que pone en peligro los sistemas de protección. 
El dumping social debe combatirse en el plano fiscal, al igual que las deslocalizaciones y los paraísos fiscales, que constituyen un elemento de competencia desleal a la que hay que poner fin. 
En conclusión, sólo es posible responder a los enormes retos de la revolución en los ámbitos de la información y de la tecnología con políticas destinadas al desarrollo humano y no la reducción de los gastos sociales, y una fiscalidad más justa podría contribuir a ello. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo también respalda en líneas generales los planteamientos del ponente del informe, el Sr. Secchi, quien lleva realizando desde hace mucho tiempo un seguimiento de la armonización fiscal. 
Como miembros del Parlamento, tenemos naturalmente motivos para estar algo inquietos, ya que los Estados miembros están reaccionando de nuevo ante la imposición fiscal como si se tratara de una actividad diplomática comparable a la política exterior. 
Como muestra de ello, las reuniones de este grupo fiscal de elevado nivel parecen ser altamente secretas y es muy difícil recabar información de las mismas, lo cual, en los días que corren, no es seguramente un buen criterio. 
Resulta obvio que con el euro se creará una situación en la que se pondrán más de manifiesto estas diferencias tributarias entre los Estados miembros y aumentará la competencia fiscal. 
Mi grupo desearía advertir contra las suposiciones de que la competencia fiscal es una cuestión muy favorable. 
En nuestra opinión, puede ser un instrumento provechoso en algunos sectores, pero exigimos claramente que se establezca en la Unión un nivel impositivo mínimo, entre otros, en el ámbito empresarial. 
Por lo que respecta a los planteamientos del diputado que ha intervenido por el Grupo UPE, está bien claro que, si así lo desea, Irlanda podrá seguir compitiendo con unos niveles impositivos algo más bajos en la tributación de empresas, pero queremos establecer ante todo unas condiciones de competencia justas y equitativas, ya que, en caso contrario, ocurrirá lo que la Sra. Randzio-Plath ha expresado hoy en este foro: los Estados miembros perderán su base fiscal. 
¿Cómo mantendríamos entonces este modelo europeo? 
Señora Presidenta, este debate nos confronta con el carácter plenamente específico de la Unión Europea como sólida asociación de Estados independientes. 
La soberanía exclusiva en materia fiscal recae en los Estados miembros, pero esto no implica que puedan hacer y deshacer cuanto quieran. 
Por lo demás, nunca se puede plantear la soberanía de los Estados nacionales. 
En nuestro tiempo se halla socavada por la globalización. 
El afán de coordinación o globalización de la recaudación de impuestos en el plano europeo encuentra aquí un importante estímulo. 
La Comisión Europea quiere de este modo compensar la soberanía nacional que se pierde creando una soberanía común de los Estados miembros. 
Dentro de los marcos de las propuestas de la Comisión Europea seguirá existiendo una competencia fiscal leal. 
Por eso nada de tarifas uniformes. 
La recaudación de impuestos sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Para mí es un misterio por qué la Comisión cita el principio de subsidiariedad en el punto B del proyecto de resolución del Consejo. 
No corresponde a esto según el Tratado y la Declaración de Edimburgo del Consejo. 
¿No se ha dado cuenta de esto la Comisión? 
Me gustaría oír la reacción del Comisario Monti al respecto. 
Las tarifas fiscales elevadas generan la competencia perniciosa, el fraude fiscal. La competencia fiscal no es por eso un asunto equivocado. 
A causa de una elevada deuda pública en aumento o un aparato estatal organizado de manera ineficaz, algunos Estados miembros se han condenado a sí mismos a elevadas tarifas fiscales. 
Naturalmente, no puede ser que los Estados miembros que tengan sus asuntos bien ordenados y regulados tengan que pagar por las malas actuaciones de otros. 
La competencia fiscal se hace perniciosa cuando anima a los competidores a cambiar de actividades productivas sólo por embolsarse una propina fiscal. 
Este tipo de competencia no tiene lugar sólo en los Estados miembros, sino que también participan en ella las autoridades regionales y locales. 
Además de eso la competencia fiscal no sólo se da en forma de reducción de tarifas o de exención. 
Ocurre también que se exime a las empresas mediante disposiciones legales, que se conceden autorizaciones tolerantes o que se aplican de manera laxa las normas de medio ambiente y las normas sobre ruidos. 
Es evidente que este tipo de competencia favorece a determinadas empresas y es nociva para el bien común. 
Este aspecto sigue estando fuera de consideración en el proyecto de resolución. 
Un punto positivo es el alegato de disminuir los impuestos sobre el trabajo y trasladar éstos a los impuestos para la conservación del medio ambiente en el consumo de materias primas y catalizadores. 
Sería de desear que los Estados miembros europeos empezaran a rivalizar entre sí para ver quién tiene el sistema fiscal más ecológico. 
Señora Presidenta, ante todo yo también me sumo a las felicitaciones dirigidas al Sr. Secchi. 
Sin lugar a dudas, la introducción de la moneda única plantea con insistencia el problema de llevar a cabo una cooperación fiscal en todo el ámbito del territorio europeo tratando antes que nada de evitar la competencia fiscal perniciosa, así como de garantizar una fiscalidad justa y equitativamente distribuida en la que no existan privilegios. 
Al igual que el euro, la armonización fiscal debería ser un valioso instrumento para el crecimiento económico y la creación de empleo. 
Sin embargo, se trata de una cuestión delicada que necesita competencias apropiadas y transparencia legislativa. 
Ante todo, es preciso facilitar a cada administración nacional medios de cooperación y de intercambio de informaciones y experiencias, con arreglo, por otra parte, a lo que establece el programa FISCALIS. 
No obstante, quiero recalcar que una verdadera política fiscal europea no puede limitarse a cumplir pasivamente la función de combatir la competencia fiscal perniciosa. 
Nuestras empresas y nuestros ciudadanos reclaman urgentemente una reducción de las excesivas cargas impuestas por las demasiadas imposiciones, imposiciones que estrangulan los presupuestos de las familias y de las empresas y que, de hecho, dificultan el relanzamiento de la economía europea. 
Y concluyo, pues, diciendo que el Grupo de Trabajo que está a punto de emprender su labor debería marcarse también el objetivo de definir los instrumentos y las estrategias de cara a una seria política europea de moderación fiscal sin la cual, desde nuestro punto de vista, faltan las bases para relanzar el desarrollo, así como no existe ni equidad social ni democracia económica. 
Señora Presidenta, Señorías, con la introducción del euro está cada vez más próxima la plena realización del mercado interior. 
Sin embargo, algunos importantes informes nos plantean todavía tareas difíciles y de gran alcance. 
La política fiscal es uno de estos ámbitos. 
Es urgentemente necesario reforzar la coordinación de las políticas fiscales a escala europea, a fin de evitar distorsiones del mercado, la doble tributación y otros problemas análogos y garantizar efectivamente las cuatro libertades del mercado común. 
No hablo de una armonización total. 
Al contrario, la competencia entre los sistemas fiscales nacionales sigue siendo necesaria. 
Ésta se basa de la oferta de los servicios públicos en unas condiciones favorables para los ciudadanos. 
En efecto, con la apertura de los mercados y la libre circulación se ha establecido una competencia entre los sistemas y una parte fundamental de la misma es también la relativa a los sistemas fiscales. 
Sin embargo, mi colega Carlo Secchi también se refiere en su excelente informe a un nivel " beneficioso» de competencia que es necesario aceptar, con el fin de garantizar la competitividad. 
Yo apoyo firmemente este planteamiento. 
El paquete de medidas de la Comisión apunta en la dirección adecuada. Yo quisiera felicitar explícitamente al señor Comisario Monti por el largo camino que ha recorrido en los últimos años. 
El código de conducta sobre fiscalidad de las empresas y los otros dos componentes del paquete, que se ocupan de las rentas de capital y de los pagos de intereses y cánones entre empresas, representan unos primeros pasos importantes en el marco de la política fiscal. 
A continuación habrá que abordar otros aspectos. Pienso, en particular, en el impuesto sobre el valor añadido. 
Habría que empezar a aplicar cuanto antes el principio del país de origen. 
El sistema actual, que se ha definido explícitamente como un sistema transitorio, resulta gravoso para todas las empresas que desarrollan actividades transfronterizas y en particular para las pequeñas y medianas empresas, dada su mayor peso en relación con el empleo. 
También tendríamos que examinar con más detenimiento la posibilidad de reducir a la mitad la fiscalidad de los servicios intensivos en trabajo. 
En estos momentos, la fiscalidad del trabajo es demasiado elevada en comparación con la del capital, cuya movilidad es mucho mayor. 
Obviamente, esto tiene repercusiones sobre el mercado laboral. 
En cualquier caso, será necesario examinar con cuidado cómo se podría definir y delimitar este ámbito, cuyo núcleo central lo constituyen los servicios de carácter artesanal. 
Nuestro cometido será volver a aproximar las divergencias entre la mayor presión fiscal sobre el factor trabajo, por un lado, y la menor presión fiscal sobre el consumo, el capital y la energía, por el otro lado. 
Yo aguardo con interés las correspondientes propuestas de la Comisión y espero que podamos adoptar muy pronto medidas concretas en este ámbito tan importante. 
Señora Presidenta, hay cuatro cosas que quiero señalar en este momento. 
La primera es que la política fiscal es y debe ser, mayoritariamente, una cuestión de carácter nacional. 
Tiene que continuar así para que no construyamos un super-estado o un estado federal. 
La segunda: lo primero en que se piensa, y en que piensa la gente, es en los paraísos fiscales. 
Quiero subrayar que debemos hacer algo con éstos si queremos que en esta materia la gente crea en nosotros. 
Únicamente ellos dañan el mercado. 
La tercera: todas las formas de competencia en materia fiscal no son dañinas. 
Quiero subrayar que debe existir una sana competencia entre las empresas y los países. 
Es natural y sólo fomenta la competitividad y la diversidad. 
La cuarta es que también es natural e importante que existan diferencias en los sistemas fiscales y en las tasas, que se fundamenten en motivos sociales, por ejemplo, el medio ambiente, la salud y la protección de los consumidores, y es lógico que esas diferencias no sean consideradas perjudiciales para la competencia fiscal. 
Señora Presidenta, la preocupación mayor del conjunto de medidas de índole fiscal propuesto por la Comisión será la de luchar contra las distorsiones de la competencia que puedan deberse a los diferentes regímenes y situaciones fiscales existentes. 
La misma orientación tiene el informe del Sr. Secchi. 
Por lo demás, lo que se propone a este Pleno hace hincapié en el camino que se debe seguir después de la creación de la moneda única, del que sólo se descubren las ventajas múltiples y los beneficios universales, camino que sería el de la reforma fiscal en el nivel comunitario y para el que se pide la aceleración y simultaneidad, entre otras cosas para aprovechar el Código de Conducta de las empresas en el ámbito fiscal que, formando parte del conjunto, ya ha aprobado el Consejo. 
Recordamos lo que parece que se quiere olvidar: 
que las especificidades de los regímenes fiscales nacionales son consecuencia de especificidades económicas nacionales que no se pueden anular, pese a los esfuerzos que se hacen para desconocerlas; -que una armonización fiscal impuesta supranacionalmente, después de la adopción del instrumento euro y ahora que éste sirve de pretexto y justificación, privaría a las autoridades nacionales de otro instrumento de la dirección soberana (y democrática) del gobierno, en particular por lo que se refiere al ahorro; -que, en nombre de la normalización de la competencia mediante la reforma fiscal, se pueden agravar en gran medida las desigualdades competitivas, lo que redundará aún más en perjuicio de los más débiles competitivamente; La reforma fiscal por la que pugnamos, en el nivel comunitario y en los niveles nacionales, es una reforma fiscal, o, mejor dicho, son reformas fiscales encaminadas a crear sistemas más justos para la recaudación de los ingresos fiscales con la reducción de la carga fiscal que recae sobre los trabajadores y no normativas armonizadas que propicien nuevas y mayores exenciones fiscales a favor del capital en libertina circulación. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, un fantasma recorre, al parecer, el debate; concretamente, el fantasma de la subsidiariedad. 
Se presenta con diferentes máscaras: las del señor Chirac, del señor Kohl y últimamente, según parece, también la del señor Gallagher. 
Lo que se busca no es ofrecer una definición clara de la subsidiariedad como dimensión necesaria de la integración europea, sino que se apela a ésta para hacer de la UE una comunidad desregulada en el marco de la OMC, dentro de la perspectiva del mercado interior y del euro, introduciendo un dumping con el que todos salen perdiendo. 
La única salida frente a este dilema es, como es sabido, una regulación común digna de confianza. 
Tenemos que acabar con la erosión fiscal. Con este objeto, deberíamos hacer nuestra la nueva aproximación que acaba de exponer el señor Monti, darle nuestro respaldo y restablecer quizá también sus rasgos iniciales, ya que se han ido suavizando progresivamente. 
Nosotros hemos presentado algunas enmiendas que apuntan en dicha dirección. 
Yo creo que deberíamos dejar perfectamente claro cuál es la finalidad de todo este empeño. 
La finalidad es completar en la práctica el mercado interior, con la creación de los requisitos normativos necesarios para una competencia leal que, cuando adopta la forma de competencia fiscal, puede basarse en las ventajas cualitativas, en la construcción y la aplicación adecuadas de la fiscalidad, pero en ningún caso puede ser una competencia basada en el nivel de los impuestos. 
En segundo lugar, deberíamos reducir la carga fiscal excesiva que soporta el trabajo dependiente, tal como ha señalado el señor Monti, y gravar más al capital empresarial y al patrimonio privado, por un lado, y al consumo medioambiental y de recursos, por el otro lado. 
Es decir, que deberíamos procurar que el capital y las empresas vuelvan a pagar impuestos por las cargas ambientales y el consumo de recursos, y hacer realidad así, en la práctica, un importante requisito para la transición a un modelo de desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el informe de nuestro colega Secchi manifiesta claramente lo que algunos habíamos temido en el momento de la firma del Tratado de Maastricht. 
Es decir, que después de la transferencia de las soberanías monetarias llegaría, de manera casi inevitable, la transferencia de las soberanías en materia económica y fiscal. 
Esto ya ha ocurrido, o se trata del primer paso en ese sentido. 
A fin de cuentas, el procedimiento es siempre el mismo. 
Una afirmación: el elevado grado de competencia fiscal ha alcanzado un nivel claramente pernicioso. 
En segundo lugar, otra afirmación: los Estados abandonan poco a poco su soberanía fiscal, por lo tanto la mejor manera de recobrar su soberanía es cediéndola completamente a la Unión Europea. 
Dicho esto, la verdadera pregunta que debemos formularnos es la de saber si esta competencia fiscal entre Estados que componen la Unión Europea es deseable y buena para los ciudadanos de los Estados de la Unión Europea, o, por el contrario, es perniciosa. 
En realidad, esta competencia fiscal puede ser perfectamente sana para los consumidores como para los ciudadanos. 
Los Estados que mañana saldrán ganando, en un mercado abierto, en un mercado- y eso es bueno- donde existe la libertad de circulación de personas, de capitales, la libertad de implantación de empresas, serán aquellos Estados que garantizarán a la vez una moderación fiscal, una flexibilidad reglamentaria y una seguridad jurídica. 
Y, por lo tanto, esta competencia, lejos de ser mala, puede resultar, por el contrario, extremadamente beneficiosa para los ciudadanos, ya que generará una emulación entre los Estados, y antes de crear una especie de fábrica de gas- perdónenme por esta imagen algo trivial -, una fábrica de gas fiscal armonizada, es mejor que los Estados entren en competencia. 
Dicho esto, la idea de un código de conducta, concretamente destinado a la fiscalidad de las empresas, es una excelente idea, que hay que apoyar. 
Turno de preguntas (Consejo) 
Me alegro de que hoy podamos consagrar nuestros 90 minutos al Turno de preguntas. 
En algunos de nuestros períodos de sesiones anteriores, por una u otra razón que tenía que ver con el calendario, ha habido veces que se nos ha reducido el tiempo, pero, quizá pensando en la Copa del Mundo, hoy tendremos 90 minutos íntegros. 
En respuesta a la pregunta nº 1, el Consejo sabe que las Fuerzas Armadas Turcas lanzaron una operación transfronteriza en el Iraq septentrional en la primavera de 1997. 
El 19 de mayo la presidencia formuló una declaración en nombre de la Unión Europea, tomando nota con preocupación del hecho y, entre otras cosas, pidiendo a Turquía que actuara con moderación, que respetase los derechos humanos, que no pusiera en peligro las vidas de civiles inocentes, y que retirase sus fuerzas militares del territorio iraquí lo antes posible. 
El Consejo sigue profundamente preocupado por la triste situación del pueblo asirio de Turquía sudoriental y de Iraq septentrional. 
La debida protección de los derechos humanos sigue siendo un componente esencial de las relaciones entre Turquía y la Unión. 
La reunión del Consejo Europeo en Luxemburgo el 12 y el 13 de diciembre de 1997 advirtió, en consonancia con la posición del Consejo expresada en el Consejo de Asociación con Turquía el 29 de abril de 1997, que el fortalecimiento de los vínculos turcos con la Unión Europea dependía también de que ese país llevase a cabo reformas políticas y económicas, incluida la alineación con las prácticas y normas de derechos humanos con las que regían en la Unión Europea, incluida la protección de las minorías. 
Agradezco al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta, que ha sido algo positiva. 
Pero me temo que ha sido un poco burocrática, es decir, nos limitamos a una respuesta que confirma acontecimientos anteriores. 
Aquí, el tema es que tenemos una minoría que tiene una honda raíz cultural, incluso anterior a la civilización griega antigua. 
Estamos hablando de los asirios. 
Son pocos los pueblos que traen hasta nuestros días la lengua, la religión, las tradiciones y resultan desplazados; están como refugiados en toda Europa, en Suecia, en Grecia y en otros países. 
Quería preguntar si el Consejo va a expresar su interés por los asirios, en particular, y por la minoría asiria, tanto de Turquía como de Iraq, a las autoridades de estos países y especialmente a las autoridades de Ankara. 
Por la minoría asiria, en especial. 
No me parece tener mucho que añadir a lo que ya he dicho al Sr. Alavanos. 
Me he percatado de que ha subrayado de nuevo la terrible situación de las poblaciones a las que se ha referido. 
He indicado también la acción del Consejo en relación con esas cuestiones, y no hay mucho más que pueda añadir. 
El destino del pueblo asirio es bastante desconocido en comparación con el de otras minorías. 
Históricamente se nombra a menudo a los armenios, cuando los asirios también han sido objeto de largas persecuciones en Turquía. 
Hablando de la situación actual, se nombra a menudo a los kurdos, cuando también los asirios tienen muchas dificultades. 
Esto hace que haya motivos para que, en los contactos con el gobierno turco, se le dedique especial atención a este pueblo. 
Quisiera preguntar al Consejo si alguna vez han fijado ustedes su atención en el grupo asirio. 
¿Han destacado ustedes alguna vez a este grupo en las discusiones de estos problemas con Turquía? 
¿Hay planes para hacerlo? 
Hoy en Turquía existe, en cierto modo, el riesgo de exterminio cultural del pueblo asirio. 
Una vez más he de decir que no puedo añadir nada a lo dicho. 
Quedo agradecido al Sr. Sjöstedt por señalar a nuestra atención la triste situación del pueblo asirio que ha mencionado, pero realmente no puedo añadir nada más a lo que dije en mi respuesta original. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 2 decae. 
Pregunta nº 3 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0499/98): 
Asunto: Medidas contra el fraude en el ámbito de los impuestos especiales 
¿Qué medidas estima el Consejo que se deben adoptar contra el fraude en el ámbito de los impuestos especiales, que puede afectar sobre todo al sector del tabaco y del alcohol? 
El Consejo sabe que el fraude en los sectores del tabaco y del alcohol ha alcanzado proporciones alarmantes que se traducen en pérdidas de ingresos muy considerables para los Estados miembros y la Comunidad. 
El ECOFIN estudió la forma de luchar contra este tipo de fraude en su reunión del 19 de mayo y llegó a la conclusión de que, a reserva de lo que exponga un estudio de viabilidad de la Comisión, el objetivo a largo término debería consistir en establecer un sistema de control computarizado. 
Entre tanto debería establecerse un sistema eficaz de alerta temprana para que las autoridades aduaneras tengan mejor información acerca de las mercancías que se transporten. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, se nos ha dicho que la Comisión Europea propuso en su día al Consejo que adoptase nuevas medidas contra el fraude en el ámbito de los impuestos especiales, que afectan, sobre todo, como ha dicho el Consejo, al tabaco y al alcohol. 
También se nos ha informado en su momento de que no se trata de casos aislados- y hoy lo corrobora el Consejo -, sino de redes de actividades criminales organizadas. 
Por otra parte, sabemos que las autoridades nacionales tienen derecho a efectuar controles de las mercancías transportadas pero, al no recibir aviso cuando se envían, tienen dificultades para llevar a cabo un control eficaz. 
Nuestro criterio- coincidente con lo que acaba de decir el Consejo- es que lo ideal sería montar un sistema informático. 
Pero, entretanto, creemos que procedería montar un sistema de información previa, basado en el intercambio de notificaciones entre los Gobiernos. 
¿Estaría dispuesto el Consejo a dar este primer paso antes de llegar a ese sistema informático que, efectivamente, es la mejor solución? 
Agradezco que el Ministro en ejercicio y el Sr. Camison hayan mencionado los problemas del fraude en el sector de los impuestos sobre consumos específicos. 
Me hago cargo de que a corto plazo los registros computarizados no constituyen un objetivo inmediato, sino evidentemente un objetivo a largo plazo. 
El debido funcionamiento de EUROPOL tiene que ser parte de ese objetivo, tanto a corto como a largo plazo. 
Me gustaría preguntar al Ministro en ejercicio si, a fin de cuentas, la forma de abordar este problema no consistiría en examinar las diferentes tasas de los impuestos sobre consumos específicos en los diferentes Estados miembros; quizá debiera ser ése el objetivo a largo plazo del Consejo de Ministros. 
Diré a Su Señoría que comprendo la cuestión que suscita acerca de las diferencias que hay entre los impuestos sobre consumos específicos, lo que crea un incentivo para que los delincuentes procuren soslayar esos derechos. 
Sé que hay casos en mi propio país en los que hay bandas que se dedican a traer mercancías adquiridas en otro país diciendo que son para su propio consumo personal, cuando en muchos casos son para la venta. 
Ésta es una esfera en la que las aduanas han estado esforzándose por controlar la situación. 
La cuestión de los impuestos sobre consumos específicos comunes es de la incumbencia de los Estados miembros. 
Es responsabilidad de cada Estado miembro el decidir la cuantía de los impuestos con que grava a cada gama particular de productos. 
Cuando la cuestión involucra aspectos de competencia, quizá merezca un examen de ámbito más amplio, pero cuando se trata de la cuestión de regular impuestos sobre consumos específicos de determinados productos, son los Estados miembros quienes deben hacerlo en la actualidad y no me parece que quepa prever ningún cambio sobre el particular. 
Pregunta nº 4 formulada por Susan Waddington (H-0502/98): 
Asunto: Orientaciones 1998 sobre el empleo- posibilidad de empleo para las mujeres 
Dadas las Orientaciones sobre el Empleo acordadas en la Cumbre especial sobre el Empleo de Luxemburgo celebrada el pasado mes de diciembre y que la actual Presidencia del Consejo otorga gran importancia al desarrollo de las posibilidades de obtener empleo para las mujeres, ¿qué medidas concretas están adoptando los Estados miembros para aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y para animarlas a seguir una formación permanente, al tiempo que se concilian estas actividades con la vida familiar? 
Las medidas que está adoptando cada Estado miembro se enuncian en los planes de acción nacionales en materia de empleo. 
Como los diputados de este Parlamento saben seguramente, entre ellas figuran las siguientes: mejores disposiciones de atención infantil, prórroga del permiso parental, establecimiento de oportunidades de capacitación y mejora de las existentes, y ayuda concreta encaminada a que los progenitores que viven solos encuentren puestos de trabajo. 
Quizá los diputados sepan también, y cuando lean las conclusiones de Cardiff sabrán entonces perfectamente, que el empleo fue un importante tema de discusión en Cardiff y que se convino en que en el futuro nuestra prioridad debería ser las medidas encaminadas a involucrar la igualdad de oportunidades en las políticas de empleo. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta clara y concisa. 
Tengo entendido que en algunos de los planes de acción nacionales que se presentaron este año la igualdad de oportunidades para la mujer recibió una prioridad más baja que la de los tres otros pilares. 
No sé si el Presidente en ejercicio estima que la Cumbre de Cardiff contribuirá a que las posibilidades de empleo y el empleo de las mujeres reciban mayor prioridad en los próximos años. 
Agradezco a Su Señoría su pregunta complementaria. 
Puedo darle la seguridad de que en las discusiones de Cardiff y en las conclusiones que emanan de dichas discusiones, la cuestión a la que se refiere- posibilidades de empleo de la mujer- recibió la máxima prioridad. 
Es evidente que hay una serie de prioridades elevadas en relación con el empleo, y espero que los diputados lo comprendan, en vista de los altos niveles de desempleo que caracterizan a prácticamente todos los países de la Unión Europea y a causa de la necesidad de abordar el problema del desempleo. 
Una de las formas de abordarlo consiste en dar particular incentivo y en ejercer particular presión sobre los diversos Estados miembros para que se adopten medidas que aumenten las posibilidades de empleo de la mujer. 
Esto dará a la mujer una oportunidad mayor de ingresar en puestos de trabajo a los que anteriormente no tenía acceso por toda una serie de razones. 
Hablando en términos generales, si uno considera con seriedad el lema de " bienestar en el empleo» , que ha pasado a revestir una prioridad creciente en todos los Estados miembros de la Unión, según reflejan las conclusiones de la Sección 1 del informe de Cardiff relativo a la reforma económica, no tiene más remedio que reconocer que un importante sector de la Comunidad que actualmente no tiene acceso al trabajo lo representan las mujeres jóvenes. 
Ayudar a abordar el problema del desempleo de los jóvenes obliga necesariamente a ocuparse del problema del desempleo entre las mujeres jóvenes. 
Hay una prioridad en las conclusiones y estoy seguro de que los Estados miembros tendrán en cuenta sus obligaciones de adoptar medidas para ayudar a los planes a mejorar las posibilidades de empleo de la mujer y, de esta manera, ofrecerles un mayor grado de igualdad de oportunidades. 
Yo también estoy interesado en estos asuntos. 
Waddington y yo estamos en la misma comisión. 
Quisiera formular una pregunta de carácter más general en relación con el empleo de las mujeres. 
Se trata de lo siguiente: ¿Están ustedes de acuerdo en líneas generales, como representantes del Consejo, con lo ocurrido en el campo del empleo desde la Cumbre de Luxemburgo hasta la Cumbre de Cardiff? 
¿Opinan ustedes que las decisiones que se tomaron en Luxemburgo, las decisiones generales, y los planes nacionales de acción cumplen hasta ahora con las exigencias de mejoramientos que teníamos derecho a demandar? 
Me parece que lo importante es colocar a la creación de puestos de trabajo en su debida perspectiva. 
Aparte de los casos en que el Estado proporciona directamente puestos de trabajo, el Estado no puede generar directamente dichos puestos. 
Las empresas generan puestos de trabajo, las personas generan puestos de trabajo. 
Lo que el Estado hace es crear el ambiente- excluidas las esferas de empleo directo- en que se promueve la empleabilidad en el marco de la Comunidad. 
Estimo que la medida esencial consiste en mejorar los niveles de educación de nuestros pueblos en la Unión Europea y en elevar sus niveles de capacitación para que estén en condiciones de hacer frente a los desafíos globales con que se enfrenta cada empresa que quiere exportar fuera de la Unión Europea. 
La mayor parte de nuestras empresas en la Unión Europea se esfuerzan por exportar fuera de ella. 
Por consiguiente, la importancia de las conclusiones de Luxemburgo y de Cardiff es que fomentan el desarrollo de políticas estatales adecuadas, resolviendo en primer lugar qué es lo que mejor se puede decidir en el plano europeo y qué es lo que más conviene dejar, por conducto de la subsidiariedad, a las medidas de ámbito nacional o incluso de ámbito inferior al nacional. 
De por sí, esto constituye una importantísima decisión que hay que adoptar. 
Ahora bien, imponer a todos los Estados miembros la obligación- y eso es lo que se hace en la conclusión de Cardiff- de tomar medidas que sean coherentes con las líneas generales de las propuestas que se iniciaron en Luxemburgo, abordar las diversas cuestiones del desempleo de los jóvenes, del desempleo de hombres de mediana edad, de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y el estímulo empresarial, todo esto representa una importante serie de desafíos. 
Con arreglo a las conclusiones de Cardiff, cada Estado miembro de la Unión tiene que exponer al cabo de seis meses lo que ha hecho para abordar esos problemas. 
Si son sensatos, comprenderán en el contexto de mis observaciones iniciales que, aparte del empleo directo, en el que el Estado emplea directamente a la gente, no queda más remedio que comprender que el Estado no puede exigir de la industria manufacturera o de servicios que aumente el número de empleados. 
Esto es algo que son las industrias las que tienen que decidir si necesitan hacerlo porque hay una demanda de sus productos o servicios y porque hay personas que pueden hacer frente a la demanda. 
En estos casos es cuando la necesidad de capacitación y educación es tan esencial, a fin de que haya productos de reputación mundial creados por la economía de la Unión Europea y que se basan en niveles de alta educación y de buena capacitación. 
Esto significa que habrá más efectos en materia de creación de empleos permanentes. 
Éste es el contexto en que uno debe enfocar las conclusiones de Cardiff. 
Pregunta nº 5 formulada por Aline Pailler, a quien sustituye la Sra. Ainardi (H-0503/98/rev. 1): 
Asunto: Aplicación del Acuerdo euromediterráneo entre le UE y Túnez 
La Presidencia de la UE ha celebrado el pasado día 2 de marzo la entrada en vigor del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación con la República de Túnez. 
Este acuerdo prevé, en su artículo 2, que las relaciones entre ambas partes se basarán en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos. 
A pesar de que el Gobierno tunecino ha firmado dicha cláusula, persisten las violaciones de los derechos humanos en Túnez: el abogado Nasraoui, miembro del Colegio de Abogados, ha sido procesado, el abogado Ksila, vicepresidente de la Liga de Derechos Humanos ha sido condenado a tres años de cárcel, numerosos responsables de asociaciones de derechos humanos están siendo importunados, son objeto de vigilancia policial o de provocaciones, etc. 
¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para intentar que cesen las violaciones de los derechos humanos en Túnez en base al artículo 2 del Acuerdo de asociación? 
Como ha indicado el diputado que planteó la cuestión, el Consejo acoge con satisfacción la entrada en vigor del Acuerdo de asociación euromediterráneo. 
En realidad, Túnez fue el primer país mediterráneo que firmó dicho acuerdo, entablando un diálogo político que permite que ambas partes discutan abiertamente toda una gama de cuestiones políticas, incluidos los derechos humanos. 
El Consejo presta gran importancia política a la promoción del respeto de los derechos humanos en Túnez y sigue de cerca la evolución de la situación en ese país. 
La presidencia trabajará estrechamente con la futura presidencia austriaca para preparar la primera reunión del Consejo de la Asociación Unión Europea/Túnez, que tendrá lugar bajo la presidencia austriaca. 
En esa ocasión el Consejo planteará la cuestión de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y recordará a los interlocutores tunecinos sus obligaciones en materia de derechos humanos y los compromisos que asumen en el marco del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Túnez y el proceso de Barcelona. 
Señor Presidente, efectivamente, después de la resolución que había sido adoptada el 22 de mayo de 1996, se había constatado una mejora de la situación en el plano de los derechos humanos en Túnez, con la liberación de los Sres. 
Mouada y Chammari. Pero como lo subraya mi colega Aline Pailler, la situación se ha deteriorado nuevamente con la condena a tres años de cárcel del vicepresidente de la Liga de Derechos Humanos, el abogado Ksila. 
Mi pregunta es, pues, la siguiente: ¿qué medios deben emplearse para garantizar la aplicación del artículo 2 del Acuerdo de asociación, ya que no podemos contentarnos sólo con hacer referencia al mismo? 
Quedo agradecido a Su Señoría por haber planteado esta cuestión. 
Uno de los asuntos esenciales que se examinarán en cualquier reunión del Consejo de Asociación será la cuestión de los derechos humanos y la necesidad de mantener los niveles más elevados en la materia. 
En cierto modo, esto constituirá una parte esencial del orden del día de cualquier reunión, antes de que cualquier otra cuestión pueda seguir adelante. 
Ahora bien, la cuestión concreta que planteó Su Señoría se refería a mi colega el Sr. Fatchett, que es otro Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, cuando visitó Túnez. 
Me parece que lo hizo en su calidad presidencial, o quizá en la fase anterior a la presidencia. 
Planteó exactamente la misma cuestión en nombre del Consejo. 
¿Comparte el Presidente en ejercicio mi opinión de que, de todos los países árabes, Túnez es el más democrático- hablando en términos relativos, naturalmente- y que como está entre Argelia por un lado y Libia por otro, hemos de tener muy en cuenta la situación de un país que, además, está muy amenazado por el extremismo islámico y por otros movimientos extremistas? 
¿No le parece, a ese respecto, que Túnez ha tenido un éxito notable al conservar una libertad relativa para la población y al procurar salvar el país, por lo que, en vez de darles demasiados consejos, deberíamos animarles a que persistan en la buena dirección sin darles la impresión de que les estamos criticando? 
Agradezco al Sr. von Habsburg su pregunta complementaria. 
Simpatizo realmente con él, y con otros, en los debates de este foro. 
Ahora bien, cometería un gran error si me pusiera a actuar como un tribunal y a hacer evaluaciones de cuál de los países descritos como países árabes- aunque no estoy seguro de que esa definición sea fácil de establecer- es el más democrático. 
Lo que yo debería hacer, y como yo el Consejo y, espero, el Parlamento, es animar a todos los países a que instituyan la democracia y a que garanticen los derechos humanos. 
En todas nuestras negociaciones con terceros en la Unión Europea, eso debe constituir un asunto de alta prioridad y deberíamos seguir reconociendo esa prioridad. 
Cuando comprobemos que se han efectuado mejoras importantes, entonces deberíamos decir que, en parte como resultado de nuestras deliberaciones y de los diálogos que hemos sostenido, se han obtenido mejoras y que eso se ha traducido en una vida mejor para muchas personas de determinados países. 
Pregunta nº 6 formulada por Mark Watts (H-0504/98): 
Asunto: No transposición por los Estados miembros de las directivas de la UE en materia de transportes 
El Consejo tendrá sin duda conocimiento de que un porcentaje considerable de directivas de la UE no han sido transpuestas por los Estados miembros. Por ejemplo, en el sector de los transportes no se han transpuesto la mayoría de las directivas. 
¿Qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo para acelerar la transposición y completar el mercado único en sectores como el de los transportes? 
El Consejo se ha comprometido a conseguir que todas las directivas del mercado único pendientes en todos los sectores se transpongan de aquí al final de este año. 
Cada uno de los Estados miembros ha presentado calendarios a la Comisión que indican la forma de lograrlo, supervisando los progresos mediante el tablero de resultados del mercado único. 
Como resultado de ello, el número de directivas pendientes quedó reducido el año pasado en un 50 %. 
Doy gracias al Presidente en ejercicio por lo que sin duda alguna son buenas noticias para la Unión Europea. 
Y es verdad que, bajo la presidencia del Reino Unido y, en realidad, bajo la presidencia anterior y sin duda alguna de la que va a seguir, estamos efectuando verdaderos progresos hacia la finalización del mercado único, velando por que todos los Estados miembros que han firmado las leyes europeas, las cumplan. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si puede confirmarnos que, en caso de que los Estados miembros no cumplan los compromisos que han asumido, seguirá con su práctica de nombrar y avergonzar a esos Estados miembros que no cumplan con las leyes que han adoptado libremente. 
Le doy gracias por los progresos que hemos conseguido pero estimo que necesitamos mantener la presión conseguida para que esa otra mitad de las normas legislativas que no se han trasladado a la legislación comunitaria se conviertan en legislación comunitaria en el plano de los Estados miembros dentro del año en curso, tal y como todos los Estados miembros se han comprometido a hacer. 
Estoy seguro de que todos nosotros nos sentiremos más animados, pero lo que queremos es que continúe la presión. 
Puedo decir a Su Señoría que le agradezco su pregunta y la oportunidad de plantear tan importante cuestión. 
Puedo asegurarle que el Consejo no va a actuar como una cámara inocente que dé la vuelta a Europa tratando de fotografiar casos de compromisos violados. 
En cuanto a la cuestión de si los países responsables de las violaciones serán públicamente nombrados y avergonzados por el Consejo, la respuesta es clara: no. 
En los casos en que la Comisión ha recogido la información pertinente y la ha anunciado, la información dará nombres y avergonzará a los interesados. 
Se ha hecho con esa finalidad, a fin de que podamos acelerar el proceso de la finalización de un mercado único más eficaz. 
Pregunta nº 7 formulada por Freddy Blak (H-0508/98): 
Asunto: El Consejo de Ministros como escaparate para los grupos de interés 
La exposición de un lujoso Jaguar en el vestíbulo del edificio Justus Lipsius en el mes de mayo es algo altamente reprobable. 
La exposición del Jaguar se presenta como una campaña publicitaria general de la Presidencia británica y de la región de Coventry, pero ello no oculta el hecho de que en realidad se trata de un anuncio comercial de una marca de automóviles. 
El hecho de que el 9 de mayo fuera el Día de Puertas Abiertas agrava aún más este hecho. 
¿Es consciente el Consejo de lo que representa para el público el que el Consejo se convierta en un bazar? 
Todo este asunto da una mala imagen de las instituciones europeas. 
En fin, ¿qué otros grupos de interés han sido autorizados para exponer en el Consejo y cuánto cuesta la utilización como escaparate de los locales del Consejo? 
Señor Henderson, le invito a que responda al Sr. Blak sobre sus inquietudes sobre este Jaguar. 
Como los diputados de este Parlamento saben muy bien, la práctica normal es que las presidencias del Consejo organicen una exposición de carácter cultural, social o histórico en la zona de conferencias del edificio Justus Lipsius. 
A la exposición organizada por la presente presidencia se añadió durante un período de dos semanas una exposición sobre la historia, la cultura y el perfil social y comunitario de Coventry. 
Esta exposición se organizó de forma que coincidiera con la visita de COREPER a la ciudad. 
El automóvil Jaguar formaba parte de esa exposición, y simbolizaba la importancia que la fabricación de vehículos automóviles ha tenido para Coventry. 
No había publicidad alguna ni información acerca del automóvil, ni acerca de su precio o del lugar en que adquirir uno. 
El automóvil estaba donde estaba para dar un atractivo popular a la exposición y lo consiguió perfectamente. 
Estoy seguro de que todos los diputados de este Parlamento comparten mi satisfacción por el éxito de Jaguar para promover el empleo en Coventry. 
A muchos respectos eso es precisamente lo que pretendía conseguir la exposición. 
El edificio del Consejo está reservado para el uso del Consejo y de sus miembros, y ninguna empresa comercial del exterior tiene acceso al edificio ni a sus instalaciones. 
Debo decir que tiene usted sentido del humor, señor Henderson. 
Si puede ver atractivo sexual en un coche, no es usted en cualquier caso con quien deben salir las chicas. 
Debo decir que estoy sorprendido ante su respuesta. 
Me parece reprobable que se paguen 10000 libras por quitar una ventana para meter un coche dentro de un edificio y 10000 libras por sacarlo de nuevo. 
Me parece indecente. 
Constituye un derroche a costa del dinero de los contribuyentes. 
Puede ser correcto que queráis hacer un anuncio de Coventry, sin embargo, también sabéis perfectamente que Jaguar ha sido vendida, luego la empresa ahora es de propiedad americana. 
Si ahora comenzamos a hacer publicidad de los Estados Unidos, entonces debo decir que nos estamos despistando mucho. 
Me parece que debemos tener cuidado, señor Henderson, de no acabar en la situación de que en un momento dado nos veamos obligados a pedirle a Jesús que venga y desaloje la sinagoga. 
Me parece que debemos acabar con estas exposiciones publicitarias. 
Es indigno y la gente no lo entiende. 
Muchas gracias, señor Blak. 
Me faltaba esta última frase bíblica en la interpretación. 
Ahora, completada ya la intervención del Sr. Freddy Blak, señor Henderson, le invito a que responda, advirtiéndole que no saldremos todavía del edificio Justus Lipsius porque el Sr. Ford también desea formularle una segunda pregunta. 
Tiene usted la palabra, en primer lugar, para responderle al Sr. Blak. 
Doy gracias al Sr. Blak por su pregunta. 
He de decir que me parece que su cabeza piensa más en el plano lateral que la mía. 
Creo que la exposición tenía atractivo popular. 
Si el Sr. Blak estima que tenía " sex appeal» , es evidente que tiene un cerebro más imaginativo que el mío y merece que le felicite por ello. 
Es importante demostrar a toda la Unión la forma de vivir de nuestras comunidades en la Unión Europea. 
Todo intento de explicar la vida de la comunidad de Coventry en los Midlands de Inglaterra al resto de la Unión Europea y a otros países sin mencionar los automóviles Jaguar sería dar una impresión muy falsa de la importancia de Jaguar para esa ciudad y, de hecho, para la industria de vehículos automóviles de la Unión Europea. 
Estimo que el Jaguar es un buen producto y que es apropiado que Coventry- y no el Consejo- considere que forma parte integrante de su comunidad, parte que desearían mostrar al resto del mundo. 
En relación generalmente con los grupos de presión, varios Parlamentos de la Unión Europea han instituido recientemente normas más rigurosas acerca del papel de los grupos de presión y sus componentes, de qué forma deben actuar y en qué circunstancias pueden hacerlo, qué posibilidades hay de regular su actuación, qué relación deben tener los miembros de grupos de presión, las empresas representadas y las organizaciones de dichas empresas con los diputados de los Parlamentos, etc.; es posible que sea apropiado que el Parlamento Europeo siga ocupándose de esta cuestión. 
Es algo que el Consejo debería mantener siempre bajo examen, para ver si es preciso introducir algún cambio en las prácticas presentes. 
Muchas gracias, señor Henderson. 
Como ya le he advertido, seguimos todavía en el edificio Justus Lipsius, y más concretamente en el interior o alrededor de este lujoso Jaguar, que no es función de este Parlamento el medir su posible sex appeal. 
Pero, en todo caso, para seguir hablando de esta cuestión, tiene la palabra por el tiempo de un minuto el Sr. Ford. 
Aprecio el sentido del humor del Sr. Blak, y no estoy seguro de que todo el mundo piense como yo. 
Hace unos cuantos meses había coches de carreras frente al despacho del Grupo Socialista y, que yo sepa, el Sr. Blak no formuló ninguna protesta. 
Es evidente que los coches de carreras no tienen nada de pernicioso, y me parece que probablemente tienen " sex appeal». 
No sé si poseen un atractivo popular, pero es evidente que no necesitamos extirpar la viga de nuestro ojo antes de sacar la mota del ojo del Consejo. 
Se trata de una cuestión en que lo mejor es comprobar si ha habido quejas esta mañana acerca de las exposiciones que están teniendo lugar en el Parlamento. 
Necesitamos normas comunes y quizá sea hora de que el Parlamento Europeo se ponga a la cabeza en esta cuestión. 
Hemos recibido un informe sobre el control y el registro de miembros de grupos de presión que está resultando ya ineficaz, y la Comisión de Reglamento, de la cual soy miembro, está preparando un informe de seguimiento con miras a fortalecer el reglamento y hacerlo más riguroso. 
Quizá podamos ponernos a la cabeza en este sector, y el Consejo pueda aprender algo de nosotros. 
Estoy seguro de que el Sr. Henderson puede compartir lo que acabo de decir. 
Señor Henderson, esta Presidencia no sabe interpretar bien si el Sr. Ford le ha formulado a usted una pregunta o ha entrado en polémica con el Sr. Blak. 
Pero, en todo caso, si usted quiere hacer algún comentario, está usted en el uso de la palabra. 
Si se hubiera hecho la misma pregunta en el Parlamento Británico, estoy seguro de que hubiera tenido que establecerse como pregunta legítima, tanto si lo era como si no. 
Estoy de acuerdo con Su Señoría en que es necesario que haya un examen continuo del sistema de grupos de presión, que tenga lugar de cuando en cuando a medida que cambian las circunstancias, y puedo asegurarle que cuenta con mi apoyo para ello. 
Las nuevas normas de ayuda a la construcción naval, en las que se convino con amplio apoyo de los Estados miembros, España incluida, tienen por finalidad mejorar la competitividad de la industria de construcción naval de la Unión Europea. 
Aunque el nuevo régimen suprime la ayuda práctica, también reestructura las demás formas de ayuda a fin de promover la competitividad de la industria. 
Se prevén nuevas posibilidades de ayuda para las innovaciones y la ampliación de la ayuda regional. 
Se fijará un límite estricto a la ayuda para la reestructuración, y se introducirán disposiciones más rigurosas sobre la supervisión. 
Estimamos que éstos son resultados positivos para el futuro de la industria de construcción naval de la Unión Europea. 
El nuevo régimen de ayuda no hay duda de que tiene en cuenta los intereses de todas las regiones comunitarias que poseen intereses en materia de construcción naval. 
España es un país que lógicamente se beneficiará particularmente del acuerdo sobre la ampliación de la ayuda regional. 
En primer lugar quiero agradecer al señor Presidente en ejercicio del Consejo la información que proporciona como consecuencia de esta pregunta. 
Pero como nosotros al formularla hacíamos especial hincapié en el caso español- no sé qué datos tiene al respecto -, le agradecería que fuera un poco más concreto en el caso de los astilleros enclavados en el País Vasco. 
Muchas gracias, señor Camisón. 
Voy a invitar al Sr. Henderson a que le responda. 
Pero estoy seguro de que, si en este momento no cuenta con los datos, se los va a hacer llegar en un futuro inmediato. 
Señor Henderson, puede usted responder pero, en todo caso, ya he advertido al Sr. Camisón que, si usted no cuenta con los datos en este momento, estoy seguro de que se los ofrecerá por escrito en un futuro inmediato. 
Señor Presidente, le quedo muy agradecido por sugerir la respuesta a esa pregunta. 
Me gustaría hacer míos sus comentarios. 
La finalidad de cambiar el reglamento es para darle mayor flexibilidad, para dar a cada país una capacidad de hacer lo que en su opinión sea necesario para reestructurar su ayuda a su industria, y, naturalmente, eso se aplica a España. 
Si hay algún aspecto concreto que Su Señoría desea plantear en relación con la industria de la construcción naval- si se estaba refiriendo a la industria de la construcción naval en el norte de España- le contestaré con mucho gusto por escrito. 
El Consejo lamenta lo sucedido en el cementerio greco-ortodoxo de Ayios Eleftherios en Estambul, y sabe muy bien que, con arreglo al Tratado de Lausana que se firmó en julio de 1923, el Gobierno turco se comprometió a dar plena protección a iglesias, sinagogas, cementerios y otros establecimientos religiosos de las minorías no musulmanas. 
La reunión del Consejo Europeo en Luxemburgo el 12 y el 13 de diciembre de 1997 hizo constar que, en consonancia con la posición del Consejo expresada en el Consejo de Asociación con Turquía el 29 de abril de 1997, el fortalecimiento de los vínculos de Turquía con la Unión Europea dependía también de que ese país llevara a cabo reformas políticas y económicas, incluida la alineación de las prácticas y normas en materia de derechos humanos con las que prevalecen en la Unión Europea, que también tienen en cuenta las minorías religiosas. 
La situación de la democracia y los derechos humanos en Turquía sigue ocupando un lugar importante en el programa del Consejo. 
El informe de la Comisión al Consejo en marzo de 1998 sobre la evolución de las relaciones con Turquía desde la entrada en vigor de la unión aduanera, llegaba a la conclusión de que, en materia de derechos humanos, no se había conseguido ningún progreso sustancial por lo que se refiere a los derechos humanos y al proceso de reforma democrática en Turquía. 
Estas cuestiones se plantean regularmente en nuestros tratos con las autoridades turcas. 
La cooperación en materia de derechos humanos y cuestiones humanitarias formaba parte de la estrategia de la Comisión Europea para Turquía, de 4 de marzo de 1998. 
Quiero expresar mi agradecimiento y mi satisfacción al Presidente en ejercicio del Consejo por la clara respuesta que ha dado sobre la cuestión de principio que, por supuesto, es también la cuestión política más importante. 
Esta apreciación se menciona en la segunda parte de la respuesta, sin embargo, en la primera parte, en la que se intenta contestar a mi pregunta sobre el acontecimiento concreto e inaceptable que tuvo lugar en Estambul, me temo que no hay respuesta. 
Mi pregunta se refiere al condenable suceso concreto que tuvo lugar allí, a qué explicaciones se han pedido y qué explicaciones ha dado el Gobierno turco y a qué medidas y qué explicaciones, qué garantías pide el Consejo en el marco de los debates que realiza con Turquía para la conclusión de relaciones de Turquía con la Unión Europea. 
La profanación de una tumba es algo inaceptable e infamante en todas las sociedades, y esto se aplica tanto a Turquía como a cualquier otro país. 
Hemos instado a las autoridades turcas para que hagan todo lo que puedan por traducir ante la justicia a los responsables de esos actos. 
Ésa es una cuestión que se mantendrá en examen a título continuo. 
Pregunta nº 10 formulada por Sören Wibe (H-0518/98): 
Asunto: Ventas libres de impuestos y convenios internacionales 
Los Estados miembros de la UE han suscrito convenios internacionales en los que se estipula que las ventas efectuadas en aguas y en espacio aéreo internacionales han de ser libres de impuestos. 
Ningún país tiene derecho a ejercer su imposición fiscal cuando el trayecto tiene lugar entre dos Estados. 
¿No significa la decisión de suprimir en su totalidad la venta libre de impuestos en la UE a partir de 1999 una violación de los mencionados convenios? 
¿No se deberían renegociar estos convenios con los representantes de todos los países participantes en los mismos? 
La decisión de poner fin a los derechos de la Unión en el plano intraeuropeo en materia de ventas libres de impuestos a partir de junio de 1999 la tomó el Consejo en 1991, y no me parece que la cuestión planteada formase parte de sus deliberaciones en aquellos momentos. 
Sin embargo, la Comisión ha presentado ahora una serie de propuestas sobre un régimen de derechos abonados que sustituya al régimen anterior, y actualmente se están sosteniendo conversaciones presididas por la Comisión, en el plano oficial, para elaborar los detalles prácticos de dicho régimen. 
Su Señoría podría dirigir esa pregunta a la Comisión para cerciorarse de que la Comisión sabe que es necesario considerar la posibilidad de considerar a los convenios internacionales en esas conversaciones. 
¿Puedo interpretar la respuesta, señor Henderson, como que el Consejo no sabe si los Estados miembros han firmado convenios internacionales que tal vez sean violados cuando se supriman las ventas libres de impuestos? 
De cualquier modo, es bastante razonable que el Consejo consiga esa información. 
Sé que ha habido negociaciones multilaterales en las que se basan esas resoluciones sobre aguas internacionales y espacio aéreo internacional. 
Probablemente esas negociaciones y acuerdos a que se ha llegado tendrán que contener una cláusula que indique en qué condiciones los estados pueden rescindirlos. 
Si el Consejo no lo sabe, quisiera sugerirle que recabe información sobre el asunto, ya que es muy importante. 
He visto el informe de la Comisión sobre esta cuestión en sus líneas generales. 
Si la opinión de Su Señoría- a quien agradezco la pregunta- es que esas propuestas están en contradicción con obligaciones que ya han asumido los Estados miembros, entonces agradeceré que presente sus opiniones a la Comisión y que recabe sus comentarios. 
Cuando el Consejo vuelva a examinar esta cuestión, todos esos asuntos se tendrán en cuenta. 
En vista de que sólo el Consejo puede recabar de la Comisión que actúe en esta esfera, quizá podría darles un ejemplo de un problema. 
¿Coincide conmigo el Presidente en ejercicio en que los transbordadores que zarpan de los puertos de la costa oriental del Reino Unido con destino al continente a través de aguas internacionales podrán vender artículos a bordo a precios libres de impuestos, aunque se suprima el régimen de ventas libres de impuestos el 1 de julio de 1999? 
¿No es ése el caso y no es ésa la razón de que la cuestión planteada por mi colega el Sr. Wibe haya de examinarse en el Consejo? 
El Consejo es el único que puede recabar de la Comisión que actúe para conseguir que el régimen que siga al de ventas libres de impuestos sea claro y transparente para el consumidor y para los organismos encargados de hacer cumplir la ley. 
Sé que Su Señoría siente un profundo interés por estas cuestiones y si yo representase a su circunscripción estoy seguro de que también lo sentiría. 
También hay un aeropuerto en mi circunscripción, por lo que la cuestión es de considerable interés para la región de que provengo. 
Las propuestas de la Comisión no están en consonancia con lo que sugiere Su Señoría. 
Las propuestas de la Comisión requieren que después de 1999 se establezca un régimen de ventas con derechos pagados en el tráfico interno de la Unión Europea. 
Como ya he dicho a otros distinguidos diputados, si se tiene la creencia de que las propuestas de la Comisión están en contravención con otras obligaciones de los Estados miembros, lo mejor sería que los distinguidos diputados expusieran sus opiniones o las opiniones de sus electores ante la Comisión, para que la Comisión pudiera reconsiderar su propuesta. 
Correspondería entonces a la Comisión presentar al Consejo una propuesta original o una propuesta modificada. 
En esta fase, de lo que estamos hablando realmente es de los hechos del caso, y de cualquier opinión jurídica que pueda derivarse de ellos. 
Me parece que deberíamos tener a nuestra disposición todas esas informaciones antes de que alguno de nosotros sienta la necesidad de extraer conclusiones. 
Señor Gallagher, ¿quiere formular una pregunta complementaria sobre esta misma cuestión? 
Le pido disculpas por no haberle visto y le concedo la palabra. 
Ya indiqué a sus servicios en la fase inicial que iba a hacer una pregunta complementaria. 
En vista de que la Comisión reconoce que la propuesta de suprimir las ventas libres de impuestos dentro de la Unión Europea tendría consecuencias económicas negativas, y en vista asimismo del hecho de que ha prometido presentar un documento de trabajo a ECOFIN que aclare los instrumentos comunitarios de que disponen los Estados miembros para estudiar las consecuencias de la supresión, ¿puedo preguntar al Presidente en ejercicio si el Consejo está de acuerdo con el principio de utilizar dinero de los contribuyentes para sufragar la supresión de una industria que actualmente se financia por sí sola y que proporciona puestos de trabajo y beneficios económicos para las regiones de Europa? 
¿Podría preguntar también al Presidente en ejercicio si esta cuestión se examinó en la reunión de Jefes de Estado de Cardiff? 
Las opiniones expresadas al margen de esa reunión por algunos de los Jefes de Estado, ¿reflejan la opinión de la presidencia? 
Por último, ¿podría indicar el Presidente en ejercicio qué número de puestos de trabajo estima que se perderán como resultado de la supresión de las ventas libres de impuestos?. 
Como comprenderá Su Señoría, yo no estaba en la reunión de los Jefes de Gobierno en Cardiff, pero, que yo sepa, la cuestión no se examinó. 
En todo caso no ha habido ninguna conclusión que pudiera originar un cambio de la situación. 
La cuestión se examinó a fondo en el Consejo ECOFIN en mayo, y, según se puede deducir por su pregunta, Su Señoría sabe cuáles fueron las conclusiones de esa reunión del Consejo. 
En respuesta a la cuestión general, de si el dinero público se debe utilizar en algunos casos para reestructurar la industria, la respuesta es que, en algunas circunstancias, eso será apropiado si el lugar de que se trate está calificado para recibir ayuda de los fondos estructurales o ayuda regional dentro de un país. 
Lo mismo se aplicará en caso de pérdida de ingresos derivada de la supresión de las ventas libres de impuestos. 
Si hay alguna contrapropuesta que por su propio valor esté calificada para recibir dinero público, lo podrá recibir. 
Toda la finalidad del cambio introducido en el reglamento consiste en mejorar la competitividad, lo que debería representar una ganancia para la población en general, si no en el período inmediatamente siguiente, a plazo más largo. 
Muchas gracias, señor Henderson. 
Señor Gallagher, permítame que le recuerde, respetuosamente, que, según la aplicación que hacemos de nuestro Reglamento, las preguntas complementarias se solicitan en el momento de anunciarse la pregunta principal, es decir que no pueden ser solicitadas con antelación porque esto, obviamente, podría dar ventajas a unos diputados sobre otros. 
Por lo tanto, hemos establecido, según nuestro Reglamento, que las preguntas complementarias se aceptan cronológicamente inmediatamente después de que se anuncia la pregunta principal. 
Pregunta nº 11 formulada por Angela Billingham (H-0520/98): 
Asunto: El asunto de Els Pins Park, Moraira, Alicante 
Hace más de 13 años, dos ciudadanos españoles estafaron a 54 ciudadanos europeos (no españoles) , al venderles propiedades en Els Pins Park, sabiendo que se había contraído un préstamo sobre la propiedad por un importe de 63 millones de pesetas. 
Fue necesario esperar hasta el 28 de mayo de 1996, 11 años más tarde, para que este asunto llegara a los tribunales. 
En 1996, se declaró culpable a uno de los promotores, mientras que el otro no fue condenado. 
Los propietarios apelaron contra la absolución del promotor inmobiliario hace dos años. 
Todavía desconocen la fecha en que se celebrará la vista de la apelación. 
¿Podría pedir el Consejo información al Gobierno español acerca de por qué este caso ha tardado tanto tiempo en llegar a los tribunales? ¿Podría pedir que se le comunicara cuándo se fijará la fecha para la vista de la apelación? 
Señor Henderson, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Billingham. 
Agradezco a Su Señoría la cuestión que ha planteado y lamento las dificultades con que se han enfrentado los involucrados en la controversia de Els Pins Park en relación con sus propiedades, pero he de decir que el Consejo no puede intervenir en casos que estén viéndose ante tribunales penales nacionales. 
Agradezco la respuesta, por negativa que parezca ser. 
Se trata realmente de una triste historia. 
Ha suscitado el interés de diputados de todos los sectores de este Parlamento. 
Hemos procurado obtener también la intervención del Presidente del Parlamento, pero de todos modos le diré que, independientemente de su respuesta, las cosas han empeorado aún más. 
Cuando formulé la pregunta la cuestión estaba en fase de apelación. 
Después de ello nos hemos enterado de que la vista de apelación ha tenido lugar. 
A nadie se le notificó la vista. 
Por lo tanto, ninguno de los demandantes pudo asistir. 
Nadie tiene la menor idea del resultado de la apelación. 
Les diré con toda franqueza que los interesados están absolutamente desesperados. 
Hay personas que han perdido ya su propiedad. 
Otros están a punto de perderla. 
Me parece que nos hallamos en un callejón sin salida, y que no hay ningún procedimiento en el marco del Parlamento, el Consejo, la Comisión o cualquier institución a la que se remitan, que pueda ofrecerles alguna ayuda. 
En consecuencia, pido que sigamos reconociendo la existencia de ese problema. 
Agradezco a Su Señoría la nueva pregunta que me dirige. 
Me hago cargo de que la situación es grave debido a la forma en que afecta a los que están directamente involucrados. 
De hecho, hay personas de mi circunscripción que se encuentran en situaciones difíciles que son bastante parecidas. 
Como todas esas cuestiones están actualmente ante tribunales penales nacionales, no sería apropiado que yo comentase sobre ellas; lo más que puedo hacer es reconocer que nos enfrentamos con un problema grave. 
Pregunta nº 12 formulada por Paul Rübig (H-0521/98): 
Asunto: Los costes de reorganización del Derecho aduanero 
Como antiguo miembro de la comisión parlamentaria de investigación del fraude en el tránsito comunitario acojo en principio con satisfacción toda iniciativa tendente a conferir mayor eficiencia al procedimiento de tránsito comunitario y a protegerlo mejor contra los fraudes. 
Abogo, sin embargo, por una reordenación razonable y, sobre todo, practicable desde el punto de vista administrativo, del Derecho aduanero de la UE, sobre la base de los requisitos de SLIM y de la ficha de impacto. 
En esta reforma deberían colaborar en la medida de lo posible todos los interesados, es decir, los servicios aduaneros, socios comerciales, transportistas, bancos y seguros. 
¿Puede indicar el representante del Consejo aquí presente qué repercusiones tendrá el nuevo sistema aduanero sobre los costes que han de afrontar las empresas europeas? 
Señor Henderson, le invito a usted a que responda a la pregunta del Sr. Rübig. 
No hay duda de que el Consejo presta gran importancia a la lucha contra el fraude, y la reducción del fraude aduanero es uno de los principales objetivos de los principales trabajos de reforma del sistema de tránsito. 
Señor Presidente, en relación con el tema del Derecho aduanero y del tránsito comunitario lo que ocurre es que la propuesta actual de la Comisión es, de hecho, irrealizable en la práctica. 
Nos encontramos ante la perspectiva de la ampliación de la UE. 
Queremos comerciar con dichos países y con la presente ordenación del sistema todas las mercancías son tratadas como mercancías sensibles, como pueden ser los cigarrillos, la carne o el alcohol. 
Lo cierto es que las transacciones comerciales corrientes constituyen el 99 % del total y las propuestas formales, tal como actualmente se plantean en este ámbito, son absolutamente inaplicables en la práctica. 
Por consiguiente, la entrada en vigor del sistema tal como ahora lo propone la Comisión sería absolutamente letal para las relaciones económicas. 
Yo creo que en el caso de las mercancías embaladas y de los artículos de primera necesidad no se debería optar por la aplicación de unas normas tan rigurosas, las mismas que se prevén para los ámbitos sensibles. 
Tengo poco que añadir, salvo para decir que admito que es necesario hacer reformas. 
El carácter preciso de las reformas debe determinarse de forma equilibrada y moderada. 
Cuando la reforma entrañe gastos, habrá que sufragarlos. 
Cabe esperar que a la larga se hagan economías pues un nuevo sistema evitaría los abusos que en el pasado han costado dinero público. 
Me ha interesado sobremanera la pregunta del Sr. Rübig, en particular porque se refiere a la Comisión de Investigación que presido. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si está de acuerdo con las principales conclusiones de la Comisión de Investigación, en particular las que se refieren al papel que la computarización puede desempeñar para evitar las pérdidas por fraude de derechos de consumo en los Estados miembros y en los propios recursos del presupuesto de la Unión Europea. 
¿Se da cuenta de que el sistema de tránsito, según funciona en la actualidad, es tan poroso que miles de millones de ecus se pierden en los Estados miembros y que es preciso que los Estados miembros desplieguen firmes esfuerzos para aplicar a la solución de este problema la voluntad política y la urgencia necesarias? 
¿Puede asegurarnos que la Presidencia velará por que sigamos ocupándonos de esta cuestión?. 
Agradezco al distinguido diputado su pregunta complementaria. 
La respuesta es que el Consejo está al corriente del informe presentado por la Comisión que Su Señoría preside. 
El Consejo ha respaldado las líneas generales del plan y reconoce, como ya he dicho en relación con una pregunta anterior esta tarde, que la computarización es un aspecto importantísimo de todo cambio destinado a poder comprobar el tránsito de mercancías. 
Cabe esperar que esto proscriba los abusos y que, a la larga, una vez esté instituido el sistema, contribuya a aumentar los ingresos públicos. 
Las preguntas núms. 13 y 14, formuladas respectivamente por el Sr. Dupuis y la Sra. Stenzel, de acuerdo con el artículo 41 el Reglamento, decaen, porque hacen referencia a la situación en el Kosovo y, como ustedes saben, el debate ha sido incluido en nuestro orden del día. 
Pregunta nº 15 formulada por Nikitas Kaklamanis (H-0524/98): 
Asunto: Autonomía del Épiro septentrional 
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la autonomía se encuentra entre los derechos políticos inalienables de los pueblos. 
En la UE, la autonomía es una institución común y países como Italia, España y Finlandia han otorgado derechos básicos a las regiones autónomas de su territorio. 
El Épiro septentrional es una región de Albania para la que se estableció (el 17 de mayo de 1914 mediante el «Protocolo de Corfú» ) el derecho de autonomía que incluía disposiciones relativas a la protección de la lengua y la religión de su población. 
Dicho protocolo fue firmado en aquella fecha por los plenipotenciarios de países de la (actual) UE (Italia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Francia) , así como por el propio Representante Especial de Albania. 
¿Puede indicar el Consejo su posición sobre este asunto que afecta a la protección de los derechos humanos en un país que desea relaciones más estrechas con la UE pero que durante años se ha negado a cumplir las obligaciones a que se ha comprometido? 
Señor Henderson, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Kaklamanis. 
La Presidencia está satisfecha de los importantes progresos hechos por Albania en lo que se refiere a los derechos de los griegos que viven en la parte meridional de Albania. 
Alienta a Albania a que siga mejorando la situación en esa esfera. 
Albania ha declarado reiteradamente que se compromete a observar los derechos de la minoría griega de conformidad con las normas internacionales. 
Señor Henderson, lo lamento muchísimo, pero no ha contestado usted a mi pregunta. 
Ha contestado a otra pregunta que yo no le he hecho. 
Y soy muy claro. 
¿Separa la Presidencia británica las autonomías en buenas y malas? 
¿Da a algunos pueblos el derecho a la autonomía y a otros no? 
La firma de su país figura en el Protocolo de Corfú de 1914, que habla de autonomía en Epiro septentrional. 
Y yo le pregunto: ¿Cómo es posible que la Unión Europea quiera dar autonomía a los albaneses de Kosovo, por medio de las armas, y que se niegue, por medio de su Presidencia, a aplicar algo que ostenta las firmas de cinco países de la Unión Europea y de Albania? 
Por favor, contésteme al tema en concreto, así como quisiera igualmente que me contestara a si, en los debates que tienen lugar en el Consejo sobre la autonomía de Kosovo, el Gobierno griego ha expuesto el tema de la autonomía en Epiro septentrional. 
Me referiré a mi anterior respuesta, en la que he dicho que se ha brindado aliento político a Albania para que reconozca los derechos de los griegos que viven en la parte meridional de Albania. 
El Gobierno albanés ha declarado que se compromete a observar las normas internacionales necesarias a ese respecto. 
La cuestión no ha sido planteada concretamente en el Consejo por el Gobierno griego o, si lo ha sido, yo no lo sabía. 
En cuanto a la cuestión de carácter general, se puede decir que la solución consistiría en que la situación fuera análoga en todas las regiones o en todos los países del mundo en los que hubiera una controversia acerca de una u otra forma de devolución regional. 
Realmente hay que tener en cuenta la situación que prevalece en el país de que se trate. 
De hecho, los que estiman que forman parte de una minoría perseguida es posible que preconicen soluciones diferentes para países diferentes, aunque la persecución en ellos sea del mismo carácter, por todo tipo de razones históricas, políticas o económicas. 
Por eso hay que tener muy en cuenta las situaciones particulares. 
Ahora bien, en general las declaraciones del Gobierno albanés en favor de que el pueblo de Kosovo tenga más poderes cuando se trate de resolver sus propios asuntos, están en consonancia con el hecho de que el Gobierno albanés reconoce que, dentro de sus propias fronteras, las necesidades de la minoría griega que viven en la parte meridional de Albania son especiales. 
Pregunta nº 16 formulada por Hugh McMahon (H-0526/98): 
Asunto: Eliminación de los obstáculos al comercio 
¿Podría informar el Consejo al Parlamento sobre el contenido del acuerdo para la supresión de los obstáculos al comercio alcanzado en la reunión de 18 de mayo del Consejo de Ministros del Mercado Interior? 
¿Que competencias, en particular, se han concedido a la Comisión para exigir que los Estados adopten «medidas necesarias y proporcionadas» para la supresión de tales obstáculos al comercio? 
Señor Henderson, le invito a que responda a la pregunta del Sr. McMahon. 
El Consejo llegó a un acuerdo unánime de principio sobre un reglamento y una resolución relativos al funcionamiento del mercado interior en relación con la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. 
Se volverá a consultar al Parlamento acerca del texto del reglamento porque es sustancialmente diferente del que la Comisión había propuesto en un principio. 
El reglamento requiere que la Comisión pida a un Estado miembro que tome medidas dentro de un plazo que determine. 
A continuación el Estado miembro tiene cinco días para elaborar las medidas que va a adoptar o para explicar la razón de que considere que no hay ningún obstáculo. 
El reglamento hace también de mecanismo de información para mantener informados a todos los Estados miembros acerca de obstáculos actuales o posibles y acerca de las medidas que se estén adoptando para luchar contra ellos. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su extensa respuesta. 
Me agrada que la presidencia británica haya contenido el celo de la Comisión, que realmente deseaba ejercer poderes excesivos, lo que podría haber entrañado limitaciones del derecho de huelga y de las prácticas sindicales legítimas. 
¿No está de acuerdo el Consejo conmigo en que ahora tenemos un compromiso más sensible, y que sin duda alguna este Parlamento brindará propuestas positivas cuando exprese su opinión? 
Hace muchos años que conozco al Sr. McMahon y, como siempre, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. 
Acepto con agrado sus felicitaciones por el punto de vista del Consejo sobre el particular. 
Le aseguro que en cualquier posición revisada que presentemos, nos esforzaremos por lograr que las medidas no afecten al derecho de huelga ni a otros derechos fundamentales. 
El Consejo no tiene ningún plan para armonizar el procedimiento actual de los Estados miembros de la Unión Europea acerca de la herencia de bienes en caso de fallecimiento. 
En vista de lo sumamente diferentes que son las leyes nacionales de sucesión- particularmente en el caso de las propiedades familiaresy las formalidades relativas al establecimiento de testamentos y los procedimientos seguidos para su administración, las dificultades técnicas que habría que superar en semejante proyecto serían enormes. 
Su Señoría ha planteado también la cuestión, más amplia, de la armonización de la tramitación legal de nacimientos, matrimonios y funciones en ese contexto. 
Me gustaría señalar a su atención una convención sobre jurisdicción y reconocimiento y cumplimiento de juicios en cuestiones matrimoniales, que el Consejo de Ministros aceptó al final de mayo. 
Una ventaja importante del presente acuerdo es que hará que los fallos en casos de divorcio y otros similares en Estados miembros, incluidos los referentes a la custodia de los hijos en el momento del divorcio, sean generalmente reconocidos en toda la Unión Europea con un mínimo de requisitos de procedimiento. 
Si se reglamenta la competencia de los tribunales de divorcio, esta medida ayudará a evitar la actual confusión entre los tribunales de la Unión Europea. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta muy extensa. 
Desde que se planteó esta cuestión me he percatado de que este problema es mucho más amplio de lo que había previsto. 
Una de las ventajas del mercado único es que las personas pueden poseer ahora propiedades en cualquier lugar de la Unión Europea. 
Algunas personas aprovechan esas disposiciones para retirarse a países como España; evidentemente se trata de una población de edad, y es inevitable que las personas fallezcan y que sus familiares descubran que están involucrados en una verdadera pesadilla jurídica. 
Comprendo que sea imposible armonizar los sistemas jurídicos, pero como ha dicho el Presidente en ejercicio acabamos de aceptar una convención sobre el divorcio. 
Tengo la impresión de que si conseguimos resolver los problemas del divorcio, también conseguiremos resolver los problemas consecutivos al fallecimiento. 
¿No se podría aplicar también en este caso el principio del divorcio convencional, por el que se reconocen mutuamente los sistemas jurídicos de los Estados miembros? 
Estoy seguro de que esto va a ser un problema aún mayor. 
Si vamos a construir una Europa para los ciudadanos, creo que tenemos que dejar bien sentados los principios básicos jurídicos relativos a los nacimientos, los fallecimientos y los matrimonios, para que el mercado único pueda ocuparse de los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. 
No creo que todos estén de acuerdo en que, si podemos resolver los problemas del divorcio, también podemos resolver los problemas consecutivos al fallecimiento. 
Ya es suficientemente complicado tratar de resolver los problemas relativos al divorcio. 
Creo que Su Señoría ha planteado un punto importante. 
A medida que Europa se transforma en una zona más móvil y que las personas pueden ir de una parte de la Unión Europea a otra, es evidente que surgirán problemas ocasionados por la circulación de esas personas, especialmente cuando se desplazan en gran número, y todos sabemos que el número de esos desplazamientos está aumentando. 
Creo que todos los que vivimos en el Reino Unido tenemos amigos que se han retirado a España o Irlanda. 
Estoy seguro de que todos los diputados de diferentes Estados miembros podrían citar casos análogos, y por eso me parece que Su Señoría ha planteado una cuestión importante. 
En mi respuesta inicial expliqué la posición actual del Consejo, pero me parece que sería sensato que siguiésemos pensando todos sobre el particular. 
Durante esta presidencia, como sabe Su Señoría, las cuestiones relativas a Justicia e Interior han experimentado muchos cambios y se han iniciado muchos cambios futuros; se trata de una esfera en la que los que han intervenido en estos asuntos seguramente querrán seguir reflexionando sobre el particular, pues requiere soluciones prácticas. 
Asunto: Subsidio europeo para la leche distribuida en las escuelas 
¿Podría explicar el Consejo por qué, con arreglo al artículo 2 del Reglamento del Consejo 1842/83, la leche entera esterilizada es la única que está excluida del régimen de subsidio europeo para la leche distribuida en las escuelas, pese a ser la única leche entera que se vende en envases de vidrio? 
¿No cree el Consejo que las escuelas que optan, ante consideraciones pedagógicas y medioambientales, por la distribución de leche en envases de vidrio retornables resultan injustamente perjudicadas por este régimen de subsidio? 
Señor Henderson, le invito a usted a que responda a la pregunta de la Sra. Kestelijn-Sierens. 
La leche semidesnatada y entera esterilizada no ha podido beneficiarse del subsidio europeo para la leche distribuida en las escuelas desde que ese plan fue introducido en 1977. 
Cuando se introdujo el plan la lista de productos que podían beneficiarse de él se basó en la situación del mercado, en la disponibilidad y el tipo de producto que se distribuía en las escuelas en aquel tiempo. 
A lo largo del tiempo la lista fue modificada a petición de los Estados miembros pero no ha habido ninguna petición en favor de añadir la leche entera esterilizada. 
Su inclusión obligaría a modificar el Reglamento 1842/83 del Consejo o las normas de aplicación detalladas del Reglamento 3392/93 de la Comisión, que prevén una derogación tras determinados tratamientos térmicos. 
Me sorprende que la leche entera esterilizada sea el único tipo de leche que se distribuye en envases de vidrio en algunos Estados miembros. 
En el Reino Unido la lecha pasterizada y la leche tratada a temperaturas muy elevadas se distribuye en envases de vidrio, mientras que la leche esterilizada tiende a distribuirse en botellas de plástico. 
No hace falta decir que no hay vínculo alguno entre el tipo de recipiente y la posibilidad de optar al subsidio. 
Agradezco la respuesta al Presidente del Consejo en funciones, pero sigo con el problema de que en Bélgica, entre la cuarta parte y la mitad de las escuelas ofrecen a los niños leche en envases de vidrio. 
Se trata de leche entera esterilizada que sólo se distribuye en envases de vidrio. 
Para llegar a una solución habría que adaptar la directiva ya que la leche esterilizada se excluye de esta directiva. Eso significa que las escuelas respetuosas con el medio ambiente no reciben subvenciones porque utilizan envases de vidrio. 
Por tanto, quisiera insistir en una adaptación de la directiva en cuestión. 
Estoy tan acostumbrado a contestar preguntas en el Parlamento Británico diciendo que "no» que me resulta bastante difícil decir a veces" sí». 
Al distinguido diputado que ha planteado esta cuestión le diré que ha planteado una cuestión realmente interesante. 
Hasta ahora los Estados miembros no han pedido que se añada la leche esterilizada a la lista. 
Me parece saber que la leche esterilizada representa el 5 % del mercado de leche líquida en la Unión Europea. 
Si es necesario modificar el reglamento, quizá el Gobierno belga pudiera estudiar la posibilidad de plantear el asunto ante la Comisión. 
Si la cuestión se resuelve de forma lógica, me parece que la respuesta debería ser positiva. 
Pregunta nº 20 formulada por Maj Theorin (H-0541/98): 
Asunto: Relaciones entre la UE y la India 
La India ha llevado a cabo cinco pruebas de armamento nuclear, las cuales han provocado inestabilidad en la región. 
Por su parte, el Pakistán ya ha advertido que prevé llevar a cabo sus propias pruebas nucleares. 
Resulta obvio que existe el riesgo de que se produzca una nueva carrera armamentística, no sólo a nivel regional, sino también mundial. 
La UE es un importante socio de la India en materia de cooperación. 
La UE tiene a su disposición importantes recursos políticos, económicos y diplomáticos. 
Los Estados Unidos han recomendado la imposición de sanciones a la India, si bien existen también otros medios: se puede denunciar el Acuerdo de cooperación, poner fin a las ayudas al desarrollo o prohibir toda exportación de armas o de componentes armamentísticos. 
Por consiguiente, la UE tiene la posibilidad de exponer sus críticas a la India no sólo verbalmente, sino también con hechos. 
En opinión del Consejo, ¿qué acciones debería emprender la UE? 
Señor Henderson, le propongo que responda usted a la pregunta de la Sra. Theorin. 
El Consejo Europeo acogió con satisfacción las conclusiones de la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores del P5 en Ginebra el 4 de junio y de Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo G8 en Londres el 12 de junio, considerándolas como contribución positiva al proceso encaminado a animar a India y al Pakistán a que aborden de forma constructiva las cuestiones que les dividen. 
También acogió con satisfacción la decisión de algunos Ministros de Estados Exteriores, tomada el 12 de junio, de establecer un grupo de tareas para promover la no proliferación en Asia meridional. 
Anteriormente, el Consejo pidió a la India y al Pakistán que entablasen urgentemente un diálogo sobre cuestiones de estabilidad regional y que conviniesen en medidas de fomento de la confianza a fin de reducir las tensiones, exhortándoles a que firmaran y se esforzaran por ratificar el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Las negociaciones conjuntas sobre un tratado de prohibición de la utilización de materiales fisionables preconizan un control riguroso de las exportaciones relacionadas con materiales nucleares y entrañan el compromiso de no montar ni desplegar armas nucleares. 
Los Estados miembros se han manifestado ya en favor de retrasar el examen de la consideración de préstamos a la India por conducto del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, y examinarán la conveniencia de que el Pakistán pueda obtener de las instituciones financieras internacionales pertinentes dinero en préstamo, a la luz de las circunstancias económicas y financieras. 
El Consejo ha pedido también a la Comisión que examine si India y el Pakistán deben seguir en condiciones de optar a un trato especial en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias. 
Ésta ha sido una buena lista de muchas propuestas que se desearía realizar, sobre todo, la condena a India y Pakistán. 
Sin embargo, hay una medida que echo claramente en falta, en concreto, la voluntad de tomar medidas concernientes a la exportación de armas, o de componentes de las mismas, a India y a Pakistán. 
En el campo militar, India es el país porcentualmente más armamentista del mundo después de EE.UU. Su nuevo Primer Ministro ha propuesto un aumento del cien por cien en cinco años. 
Estamos, por consiguiente, ante una situación muy grave en esta región, tanto respecto del armamento convencional como de las armas nucleares. 
Es una situación grave que requiere una reacción y una acción por parte del mundo. 
Pero también es evidente que las cinco potencias nucleares permanentes deben asumir su responsabilidad y cumplir con las medidas que han prometido en el artículo 6 del Pacto de no proliferación, es decir, negociar seriamente hasta conseguir un desarme nuclear. 
¡De otro modo las acciones no serán dignas de credibilidad! 
Como siempre, agradezco a Su Señoría su pregunta complementaria. 
Me agrada que haya reconocido que la respuesta original abarcaba gran parte de lo que ella esperaba encontrar en la respuesta del Consejo. 
La oradora se ha expresado en términos algo críticos acerca de la falta de un embargo de armas. 
He de decirle que no hay consenso en el Consejo acerca de dicho embargo. 
Incluso si lo hubiere, sería dudoso que fuera eficaz porque Rusia es uno de los principales proveedores de armas en esta particular situación a India. 
Quisiera hacer constar lo mucho que he disfrutado estas tardes de miércoles que he pasado en compañía del Sr. Henderson durante los seis últimos meses. 
Espero ahora con interés a ver lo que pasa con la presidencia austriaca. 
¿No le parece al Presidente en ejercicio que la actual situación refuerza la necesidad de que las Potencias occidentales tomen en serio el peligroso potencial de inseguridad en esta región, particularmente en vista del foco latente de Cachemira entre India y Pakistán, y del curso de las controversias entre India y China? 
Me parece que eso justificaría que lanzáramos una nueva iniciativa política a fin de conseguir mayor estabilidad en la región. 
Diré a Su Señoría que es muy agradable tratar con una persona que tan fácilmente se queda satisfecha, y que espero tener la oportunidad de seguir procurando satisfacerle en otros foros en otras ocasiones. 
Tiene toda la razón del mundo cuando dice que los recientes sucesos en India y Pakistán destacan la necesidad de que el resto del mundo entable un diálogo con esos dos países y con otros países vecinos, para tratar de establecer una estabilidad que permita que lo que en principio era un problema relativamente pequeño, y que se ha transformado en un problema mucho más grave, no siga transformándose en un problema aún mayor en el futuro. 
Su Señoría tiene razón al señalar esa cuestión a la atención del Consejo. 
Señor Presidente, antes de volver a ocupar mi asiento quisiera comunicarle que éste es el final de un período de seis meses durante el cual me ha correspondido informar al Parlamento y contestar a sus preguntas; ha sido para mí un verdadero placer poder hacerlo bajo una Presidencia tan genial, cortés y leal como la suya. 
Me disculpo por el hecho de que una o dos compañías de aviación no hayan cooperado con el horario del Parlamento ni con el mío, y que eso haya provocado a veces situaciones que no estaban previstas. 
Espero haber contestado las preguntas que se me han hecho, y le doy gracias muy sinceras por su Presidencia. 
Muchas gracias, señor Henderson. 
Tal como ha dicho el Sr. Henderson, la sesión de hoy señala el término de estos seis meses de colaboración en el ámbito de las preguntas al Consejo. 
Y quiero decirle al Sr. Henderson que no sólo el Sr. Titley está satisfecho de haber compartido con usted alguna de estas tardes, sino que esta Presidencia, que ha tenido el honor y la satisfacción de compartir con usted todas las tardes de los miércoles, quiere expresarle su agradecimiento, su satisfacción y, al mismo tiempo, con mucha sinceridad, desearle lo mejor para el futuro, esperando que nos encontremos de nuevo aquí o en cualquier parte. 
En una de las últimas preguntas ha salido reiteradamente que España es lugar de destino muchas veces de los jubilados. 
Señor Henderson, es bueno ir a España incluso antes de ser jubilado. 
Espero que allí también nos podamos encontrar. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.00 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Lucha contra la competencia fiscal (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A4-0228/98) del Sr. Secchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a un «Paquete de medidas para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea» (COM (97) 0564- C4-0333/98). 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención de la Presidencia sobre deficiencias en el texto del informe que estamos discutiendo. 
La versión alemana y la versión sueca contienen 22 puntos. 
La versión inglesa, por el contrario, contiene 35 puntos. 
Todos tenemos interés en saber qué votaremos mañana. 
Muchas gracias, Sr. Svensson. 
Tomamos nota. 
Será tenido en cuenta lo que usted ha dicho. Se lo prometo. 
Señor Presidente, resulta verdaderamente lógico que tras la Unión Monetaria Europea, y enmarcada en el proyecto de una Europa federal que se nos impone poco a poco, queramos o no, también, tarde o temprano, tuviera que llegarle el turno a la aproximación de los sistemas fiscales de todos los Estados miembros. 
Me temo que el debate de hoy no es sino el primer capítulo de una larga historia. 
La cuestión ha sido bien presentada bajo el título «lucha contra la competencia fiscal perniciosa» , pero finalmente el objetivo es el mismo: con cuentagotas, pero muy sistemáticamente, se ceden competencias de los Estados miembros a un ámbito federal. 
Si bien no estoy en contra de una actitud y cooperación europeas intensas, como flamenco, tengo motivos para criticar esta norma de aproximación. 
Los flamencos están constatando que, después de todo, en el estado federal de Bélgica, no tienen la posibilidad de, por ejemplo, llevar a cabo la muy necesaria reducción fiscal en relación con la seguridad social o las cotizaciones sociales- obsérvese que a sus expensas -, ya que esta reducción tropieza con el veto del socio federal de Valonia. 
Por tanto, uno puede sensatamente preguntarse si la hipotética competencia fiscal perniciosa, contra la cual se dice luchar- y que también tiene sus ventajas -, no constituye finalmente un mal menor frente a la monotonía federal que amenaza con sustituirla. 
Además, recuerdo que las grandes empresas y los grandes capitales pueden salir de la Unión Europea sin ningún problema buscando beneficiarse de ventajas fiscales, algo que el ciudadano de a pie naturalmente no puede hacer. 
Por último, debo, sin embargo, señalar con cierto enfado que las propias instituciones europeas otorgan todo tipo de ventajas fiscales, las cuales tampoco existen para el ciudadano de a pie de nuestros Estados miembros. 
Quizá sea mejor que quien quiera armonizar y controlar empiece por él mismo o, de lo contrario, deje en paz este asunto. 
Señor Presidente, la llegada del euro ha hecho surgir la idea de que es necesaria cierta armonización fiscal de los impuestos directos. 
El código de conducta contra la competencia fiscal perniciosa del 1 de diciembre del año pasado es el primer aviso y, ojalá, se logre también un acuerdo sobre el impuesto de la renta de los no residentes. 
La necesidad de tales iniciativas es clara para todos nosotros. 
La presión fiscal se desplaza, ya desde 1980, de los factores móviles, como el capital, hacia el factor menos móvil: el trabajo. 
Sin la ruptura de esta tendencia, Europa no conseguirá reducir de forma drástica el desempleo que, en este momento, es todavía del 11 %. 
El informe Secchi reconoce la mencionada necesidad de proceder a cierta armonización en el ámbito de los impuestos directos para evitar una lucha por rebajarlos. 
Muy en contra del deseo de mi Grupo, se ha introducido en este informe un nuevo concepto, el de la competencia fiscal beneficiosa o ventajosa. 
Éste me parece un concepto completamente confuso que presupone la existencia de una competencia fiscal que tiene efectos sociales favorables. 
Ciertamente, siempre existirán las diferencias fiscales y siempre favorecerán la competencia. 
En este sentido, la competencia fiscal es inevitable. 
Sin embargo, es difícil ver cómo esta competencia podría ser saludable para quienes no están expuestos a ella. 
El efecto de las diferencias fiscales es, de todas formas, la existencia de una presión constante sobre la administración para que rebaje sus tarifas. 
A medida que el capital es más móvil, resulta más difícil hacer frente a esta presión. 
Parece que el resultado es muy pocas veces un nivel impositivo más bajo, sino más bien un desplazamiento de la presión fiscal hacia el sector menos móvil, es decir, hacia el trabajo. 
Esto es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos años y es una de las razones del elevado nivel de desempleo en Europa. 
Estimados parlamentarios de derechas de esta Casa, reflexionen seriamente antes de presentar esas incoherentes ideas sobre competencia fiscal. 
Señor Presidente, el mercado interior tiene cinco años sobre sus espaldas y, como ha dicho ya el ponente, con la llegada del euro, este mercado se hará más transparente y eficiente. 
Todos sabemos que, mientras tanto, el mercado interior sólo puede funcionar adecuadamente si, además de eliminar los tradicionales obstáculos a la libre circulación, se sigue también una política apropiada de la competencia. 
En este ámbito, la Comisión cuenta con amplias atribuciones y actúa duramente contra las ayudas estatales ilegales y contra el comportamiento de las empresas que altera la competencia. 
Sin embargo, la Comisión no dispone, desgraciadamente, de los mismos instrumentos para eliminar las consecuencias perniciosas de la competencia fiscal. 
En tanto esto no cambie, los Estados miembros continuarán adelantándose a adoptar reglas específicas para los no residentes; y aumentará la oferta de incentivos fiscales a las empresas y particulares para que se instalen en el territorio de un Estado miembro. 
Además, el riesgo de erosión de los ingresos públicos se hace real, algo que no está indicado, en absoluto, en tiempos de ejercicios presupuestarios equilibrados. 
En definitiva, a pesar de todos los discursos sobre el empleo, no podrá modificarse la tendencia del decenio pasado de aligerar los factores móviles en detrimento del factor menos móvil, el factor trabajo. 
Por ello es bueno que la Comisión haya presentado este paquete y que el Consejo, finalmente, haya decidido también que debe hacerse algo. En Cardiff se ha hecho hincapié en esta cuestión. 
Es un comienzo prudente. 
Todavía no existe armonización en cada uno de los tres ámbitos prioritarios elegidos, por lo que se limita a una coordinación moderada. 
El método del paquete ayuda a Europa y a los Estados miembros a avanzar, pero el paquete es mínimo, puesto que solamente aparecen tres productos. 
También los impuestos indirectos y el trabajo transfronterizo padecen seriamente la inexistencia de una armonización fiscal. 
El paquete propuesto por la Comisión constituye políticamente un buen empujón para nosotros, pero solamente si se trata de un primer paso, a condición, por tanto, de que se den pasos posteriores, incluso en lo que respecta al procedimiento de toma de decisiones. No puede ser que los Estados miembros mantengan la regla de la unanimidad y den a sus pueblos la sensación de que su poder de decisión en el ámbito fiscal está a salvo, al tiempo que, precisamente, la propia regla de la unanimidad impide a los Estados miembros efectuar una armonización fiscal que es necesaria para combatir la competencia fiscal perniciosa y la erosión de los ingresos fiscales. 
Con el mantenimiento de la regla de la unanimidad, los propios Estados miembros merman el poder de decisión formal al que de buena gana se aferran. 
Señor Presidente, antes de concluir, quiero hacer tres preguntas concretas al Comisario. 
Primera, se ha creado un grupo de trabajo que debe perfilar cuestiones concretas ¿cómo se ejercerá el control democrático en este grupo? 
Segunda, ¿tiene la Comisión la intención de tomar en consideración una o más de estas medidas fuera del ámbito de la OCDE? 
Tercera y última, señor Presidente, ¿hasta cuándo deben esperar los pequeños comerciantes de las regiones fronterizas para que los tipos del IVA sean más confluentes? 
Mis felicitaciones al ponente. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente por su informe. 
Estamos de acuerdo con las propuestas incluidas en el paquete Monti. 
Es preciso poner fin a la competencia desleal en el ámbito de la imposición a las empresas. 
Dentro de cinco años se pondrá fin a todas las configuraciones fiscales que cada Estado miembro ha adoptado para atraer a las empresas a su territorio. 
Así mismo, es necesaria una normativa relativa al ahorro. 
Se han efectuado ya cálculos sobre cuánto reportará el nuevo régimen a las Haciendas públicas. 
No debemos hacernos ilusiones, ya que el dinero ahorrado también se canaliza fuera de la Unión. 
El Consejo señaló acertadamente en sus conclusiones del 1 de diciembre del año pasado que debemos garantizar la competitividad de los mercados financieros europeos. 
Ante esta situación, creo que una retención a cuenta en el impuesto sobre bienes muebles del 20 % o más será contraproducente. 
Los grandes ahorradores, sin duda alguna, invertirán su dinero fuera de la Unión. 
Sé que está listo el texto de la directiva relativa a las disposiciones impositivas para el dinero ahorrado, ¿cuándo cree que se adoptará formalmente esta directiva, puesto que muchos ciudadanos están, por supuesto, interesados en esta cuestión? 
Señor Presidente, lo provechoso de este informe es la crítica a los llamados paraísos fiscales, la exigencia de niveles mínimos y la obligación de informar de los bancos. 
Por el contrario, la idea de una armonización fiscal más general no es realista. 
Sería una violación grave de las prerrogativas de los Parlamentos nacionales y del derecho de los ciudadanos a configurar la política fiscal de sus países a través de las elecciones. 
Además, puede alterarse la estabilidad financiera. 
Los países tienen sistemas fiscales tan diferentes que simultáneamente se verían obligados a armonizar toda clase de impuestos. 
Esto es imposible- política y prácticamente- y constituye una idea sin arraigo en la realidad, que debemos abandonar. 
Señor Presidente, deseo sumarme a las felicitaciones expresadas por los demás colegas a nuestro ponente y me congratulo con él por el contenido de su informe que incluye asimismo observaciones y críticas hacia la Comisión, pero cuyo elemento fundamental es ante todo el apoyo a la Comisión en esta, en mi opinión, valiente labor de intervención en las políticas fiscales de los Estados miembros. 
No hay duda de que, sobre todo a raíz de la entrada en vigor de la Unión Económica y Monetaria, los Estados miembros que se ven privados del que era su margen de maniobra en materia de políticas presupuestarias y monetarias, difícilmente, ya que de seguro van a oponerse, renunciarán a sus prerrogativas en materia fiscal. 
En consecuencia, esta acción de la Comisión precisa del apoyo del Parlamento y creo que nuestro Parlamento la respaldará, en virtud del espíritu democrático que le anima. 
No debemos olvidar que la verdad es que casi todos los Estados miembros, especialmente los más grandes, han creado dentro de su territorio unos oasis- no decimos paraísos fiscales, sino oasis- en los cuales la fiscalidad es, en cierto sentido, más favorable. 
Los mismos generan competencias y este sistema de competencia impide una sana y adecuada gestión de la fiscalidad capaz de dar los resultados que esperamos también en términos de progreso económico y de crecimiento económico. 
Por otra parte, lo que me gustaría subrayar es que hay que admitir la posibilidad de utilizar el incentivo fiscal, las desgravaciones fiscales en el caso de regiones que necesitan expansionarse y de esto existen ejemplos muy notables en la Comunidad; es preciso que esto siga siendo posible porque, pongamos por caso, también la imposición sobre el trabajo puede permitir a los territorios que pasan dificultades, alcanzar el mismo nivel que los demás territorios comunitarios. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, el Sr. Secchi ha mostrado con su informe mucha sensibilidad, lo que por otra parte es muy necesario en este delicado asunto. 
Pero quisiera recordar aquí, que no debemos cerrar los ojos ante la realidad económica y financiera de la Unión Europea. 
Es un hecho, que junto a todos sus efectos positivos, la moneda única, el euro, tiene también un efecto político positivo colateral, pues introduce más movimiento en la política general de la Unión Europea. 
Más movimiento significa para mí que en el sector fiscal también debe empezar a moverse algo! 
No hay que quedarse solamente en la coordinación. 
Debemos llegar a la armonización y para ello tenemos muchos motivos. 
Yo mismo soy partidario de que abandonemos el principio de la unanimidad. 
Europa necesita una cierta coordinación, una mejor coordinación en el sector de la política fiscal, y eso porque nos enfrentamos a las más variadas cargas fiscales en la Unión Europea; nuestro trabajo se ve muy sobrecargado. 
En los consorcios se puede circular como se quiera en lo fiscal. Las pequeñas y medianas empresas no pueden participar en ello. 
En realidad sólo las sociedades internacionales de asesoramiento fiscal viven de estos márgenes de maniobra. 
Lo que necesitamos, es una mejor coordinación para eliminar las imposiciones dobles o múltiples. 
No puede ser, que tengamos en Europa, como sucede en Bélgica, centros de coordinación, que otorguen amplios préstamos a consorcios o a sus filiales, que los intereses se produzcan fuera del país respectivo, y que en algún otro lugar apenas se tribute y con ello se eluda en realidad toda la vía fiscal. 
Esto no debe ser así. 
Estas prácticas se dan en toda Europa y se deben eliminar. 
Estamos en situación de poder aprovechar la posibilidad de lograr una mejor armonización en ese sector. 
Señor Presidente, no voy a repetir ni una sola de las reflexiones que ha hecho el Sr. Secchi, que suscribo de la cruz a la raya. 
Prefiero centrarme en alguna reflexión sobre el momento en que nos encontramos los europeos después de la entrada en vigor del euro. 
Los europeos hemos renunciado, desde este momento, a la posibilidad de devaluar la moneda para recuperar, por vía de atajo, la competitividad perdida. 
Hemos renunciado, también, a hacer de la política monetaria un instrumento nacional para la creación de empleo en el más viejo sentido de las curvas de Philips. 
Hemos renunciado, también, a la política presupuestaria al suscribir el pacto de estabilidad. 
Esta es la hora en que tenemos que abordar el problema, todavía no resuelto, de la armonización fiscal. Y hay aquí dos concepciones contrapuestas: una concepción- la del Consejo- tímida, timorata, lenta; y otra concepción que es la que la Comisión quiere aplicar. 
Quisiera subrayar, después de asegurar al Comisario mi apoyo personal a los esfuerzos que está haciendo para vencer las resistencias del Consejo, algunas reflexiones sobre el paquete que aquí se nos presenta. 
En materia de competencia fiscal, estoy absolutamente de acuerdo en que un mercado único, con una moneda única, es incompatible con privilegios fiscales que alteren la competencia. 
Pero sería oportuno que, al lado de las deducciones, de las desgravaciones fiscales o de las bonificaciones en los tipos de crédito, la Comisión abordase el dificultoso problema de las ayudas estatales. 
Si de algo se ha hablado estos días antes de la cumbre de Cardiff es del deseo de algunos países miembros de que el principio de subsidiariedad se aplique de forma sesgada, de tal forma que la Comisión no pueda controlar, no pueda revisar o no pueda examinar las ayudas concedidas mediante gasto público. 
No encuentro ninguna diferencia entre las ayudas que pueden darse a través de la desgravación fiscal y las que pueden darse por medio de las partidas de gasto público. 
En segundo lugar, en materia de imposición sobre el ahorro, comparto el planteamiento de la Comisión de que es intolerable el incremento de la imposición sobre el factor trabajo y la disminución de la carga fiscal sobre el factor capital, pero encuentro que las medidas que se ponen en marcha, que estamos examinando en este momento, son insuficientes. 
Creo- y no es este el momento de exponerlo porque no tengo tiempo- que habrá que pensar si el modelo de valor añadido calculado sobre el consumo, que adoptamos en un momento distinto del que vivimos, sigue siendo válido. 
Para terminar, señor Comisario, reitero mi apoyo a los esfuerzos para vencer la resistencia del Consejo a ir a la armonización que los europeos necesitamos en este momento. 
Señor Presidente, señor Comisario, el paquete Monti es un buen comienzo para avanzar en la coordinación y, de lo que aquí se trata, es de hallar un equilibrio entre coordinación fiscal y competencia. 
Mi opinión es que en algunos terrenos fiscales no debemos competir totalmente, sino que debemos lograr una cooperación. 
En ese sentido, soy partidaria de que se detalle más el código de conducta relativo al impuesto de sociedades. 
Tal como está ahora, existe la posibilidad de eludirlo y, además, en estas propuestas no figura toda la cuestión del IVA. 
Es una lástima. 
No culpo al Comisario, el Sr Monti, sino que se trata de un asunto que el Consejo no se atreve todavía a abordar. 
Lo mismo cabe decir de los impuestos indirectos, tales como los impuestos sobre el medio ambiente y la energía, cuyo objeto es evitar que las cotizaciones sociales, como ya han señalado varios colegas, aumenten sin cesar. 
Precisamente, el retroceso de la doble imposición sobre las rentas del trabajo debe tener prioridad. 
No se lo achaco al Sr. Monti, sino al Consejo. 
Señor Presidente, con la introducción de la unión monetaria se origina una transparencia hasta ahora desconocida y con ella la comparabilidad de todos los precios y los costes de los diferentes Estados miembros. 
Mediante este hecho cobran una nueva y vigorosa dimensión las diferencias que distorsionan la competencia en muchos sectores, tales como los impuestos para la protección del medio ambiente, pero, sobre todo, naturalmente, en el sector fiscal. 
El mercado nacional, con su total liberalización y con su libertad de movimientos, debe gozar de condiciones de competencia leal, pues, de lo contrario, éste puede conducir a corrimientos y convulsiones que obstaculizan el equilibrio económico y social. 
La perniciosa competencia fiscal puede destruir las ventajas económicas del mercado interno en los estados afectados y contradice la lógica de la Unión Económica y Monetaria. 
Para ser exactos, la consecución del grado de armonización fiscal a que aspiramos ahora con tanto esfuerzo, sería la condición previa para la introducción de la Unión Económica y Monetaria. 
En ese sentido celebro el informe del Sr. Secchi, que presenta una opinión clara y razonable sobre la comunicación de la Comisión. 
Considero importante sostener que la coordinación de los impuestos ha de realizarse en el sentido de aliviar al sector trabajo y con ello puede convertirse en un instrumento importante en la lucha contra el desempleo en Europa. 
El logro de un compromiso entre la soberanía fiscal y una mayor coordinación político-económica voluntaria es un precepto al que no puede sustraerse ningún estado que quiera que funcionen el mercado interior y la unión monetaria. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, a mi vez, quiero expresar mis sinceras felicitaciones a nuestro colega, el Sr. Secchi, por haber llevado a cabo con acierto un trabajo particularmente difícil, pues se trata de intervenir en las prerrogativas nacionales, e incluso nacionalistas en ciertos casos. 
En mi informe sobre la competitividad industrial europea, yo mismo había propuesto una armonización fiscal, para evitar una competencia anárquica entre los Estados miembros y para producir efectos benéficos en el campo de la competitividad de las empresas. 
También me complace que el Consejo ECOFIN adoptara un código de buena conducta en el ámbito de la fiscalidad de las empresas. 
De momento, el progreso es real y nos permite entrever verdaderas esperanzas en este asunto. 
En cuanto al texto del informe del Sr. Secchi, algunos puntos me inspiran, a pesar de todo, ciertos temores y ciertas dudas. 
Considero que la presunción muy favorable a la correlación rebaja de la fiscalidad-baja del paro es demasiado optimista. 
Si existiera una solución tan simple, no habría paro en Europa. 
Al mismo tiempo, no apoyo la política del mejor ofertante fiscal que parece sugerir el ponente, pues conduce a una competencia perniciosa entre los Estados miembros. 
Por último, quiero recordar que las retenciones fiscales se corresponden también con una redistribución dentro del conjunto de la sociedad: la educación, la investigación, la seguridad, las infraestructuras no serían accesibles a todos sin una política fiscal que permita intervenciones públicas vigorosas. 
Para terminar, confirmo mi convicción de diputado europeo y de francés en cuanto a la necesidad de armonizar la política fiscal de la Unión. 
No obstante, debemos tener presente que esta política fiscal es un medio para construir una Europa política y que esta Europa política puede, por sí sola, legitimar a una Europa fiscal. 
Señor Presidente, deseo agradecerle al ponente del informe la buena labor que ha realizado. 
Este informe nos ofrece una buena oportunidad para someter a debate las armas que elige la Unión en su lucha contra la competencia fiscal desleal entre sus Estados miembros. 
La heterogeneidad de los regímenes fiscales nacionales, y la competencia que esta heterogeneidad ayuda a crear, son la causa de que no lleguen a materializarse por completo las oportunidades que ofrece el mercado interior en materia de crecimiento y creación de empleo. 
En la mayor parte de los países de la UE, el nivel impositivo sobre el trabajo constituye el peor obstáculo para solucionar el problema del desempleo. 
Cuanto más elevado es el nivel total de los costes de la mano de obra, más elevado es, por lo general, el desempleo. 
Desgraciadamente, la armonización no ha llegado a este sector. 
A nivel nacional, lo más que se ha alcanzado es un tratamiento más ventajoso en la imposición tributaria a los directivos extranjeros y la utilización de opciones y de otros sistemas que, junto con una baja imposición de los ingresos por capital, conducen a una capitalización de la producción y agravan los problemas relacionados con el desempleo. 
La Unión ha actuado adecuadamente al intervenir en la fiscalidad indirecta, apuntando, entre otros objetivos, hacia una armonización del impuesto sobre el valor añadido. 
Por el contrario, la fiscalidad de productos como el tabaco, el alcohol y los automóviles puede variar en gran medida de un país a otro. 
Ahora que se enfrenta a la supresión del sistema de ventas libres de impuestos, la Unión ha olvidado que, de esta manera, lo único que se consigue es crear desempleo y mantener las divergencias en los niveles de la fiscalidad indirecta. 
Los únicos países que pueden crear paraísos fiscales son aquéllos que gozan de una economía estatal saneada o que no han alcanzado todavía una suficiente seguridad social, ya que pueden competir con sus bajos impuestos. 
Por el contrario, los países con una elevada imposición fiscal, que se enfrentan además con problemas para equilibrar sus presupuestos, adaptan una competencia fiscal negativa o, para expresarlo en otras palabras, agobian a sus propios ciudadanos con elevados impuestos especiales. 
Abordar este tema es, cuando menos, tan importante como abordar la competencia fiscal desleal y positiva. 
Señor Presidente, opino que este informe contiene muchas cosas buenas. 
No obstante, destacaré tres cosas que no están en él, pero que considero que deberían estar allí. 
La primera se trata del grupo Ecofin que se va a formar para controlar la aplicación del código de conducta. 
Sus reuniones serán secretas. 
Creo que el Parlamento debió haber manifestado que consideramos que las actas de las sesiones se deberán publicar tan pronto como sea posible. 
El segundo punto que echo en falta se encuentra en la segunda parte del programa de acción y se refiere al deber de información que se discute que tendrán los bancos dentro de la Unión. 
Una forma muy común de evadir impuestos actualmente consiste en llevarse el capital a otro país y después ocultar a las autoridades de Hacienda del propio país los ingresos obtenidos por ese capital. 
Ésta es una forma de evasión de impuestos, a todas luces delictiva, que se lleva a cabo en gran escala dentro de la Unión. 
Una forma muy sencilla de paliar esto, señor Presidente, es imponiendo a los bancos la obligación de informar a las autoridades del país del dueño del capital que existe ese capital y que, por tanto, puede ser gravado con impuestos. 
Creo que el Parlamento debía haber manifestado que damos la bienvenida a tal obligación de informar. 
La tercera cosa se refiere a las medidas contra los paraísos fiscales. 
Está claro que yo, igual que el ponente, celebro que tratemos de resolver este problema dentro de la Unión. 
Sin embargo, creo que debimos haber dicho que para que este asunto pueda resolverse definitivamente se necesita un acuerdo global, ya que de otro modo existe el riesgo de que los dueños del capital lo trasladen de un paraíso fiscal situado dentro de la Unión a otro ubicado fuera de ella. 
Señor Presidente, yo no voté el informe del Sr. Secchi en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y tampoco lo votaré en el Pleno, porque propone un muy mal negocio, en la medida en que recomienda, en la práctica, que no se respete la exigencia de la simultaneidad de la adopción de directivas comunitarias sobre la fiscalidad de las empresas y sobre la fiscalidad del ahorro. 
No puede ser que nos contentemos con un código de conducta en el campo de la fiscalidad de las empresas y reivindiquemos una directiva en el campo de la imposición fiscal a los ingresos del ahorro, en especial porque la competencia fiscal negativa es mucho más importante respecto a la fiscalidad de las empresas que respecto a la fiscalidad del ahorro. 
En este último ámbito, mi enmienda, en la que se recuerda que es necesario mantener la competitividad de los mercados financieros europeos a escala mundial, afortunadamente fue adoptada por la Comisión, lo que ha gustado y tranquilizado en especial a mi colega, el Sr. Fayot, que ya no está allí e, infortunadamente, también estaba ausente cuando la Comisión votó esta enmienda. 
El informe del Sr. Secchi llega a desechar la sincronización del proceso legislativo que concierne a los diversos componentes del paquete aprobado el 1 de diciembre del año pasado por el Consejo ECOFIN. 
La enmienda en la que aseguré que no correspondía destruir la competencia fiscal leal dentro de la Unión Europea fue rechazada, como también lo fue la que confirmaba que el único objetivo de la operación de armonización debe ser la eliminación de las distorsiones efectivas, que perturban de verdad el mercado único, por ejemplo, en materia de fiscalidad indirecta, las tasas excesivamente altas de los impuestos sobre el vino en algunos Estados miembros, y el Sr. Monti habrá comprendido bien que no se puede tomar iniciativas en este sector para eliminar las tasas cero. 
El informe del Sr. Secchi pide la eliminación de los paraísos fiscales en el mercado interior. 
Ningún Estado miembro es un paraíso fiscal, sino todo lo contrario, pero muchos territorios que tienen relaciones especiales con ciertos Estados miembros, como la Isla de Man, las Antillas neerlandesas y hay muchos más, pueden calificarse como paraísos fiscales. 
En el mercado interior, hay que eliminarlos. 
Además, es intelectualmente deshonesta, si no hipócrita, la calificación de paraíso fiscal atribuida a un modelo de imposición eminentemente social, como el de mi país, que aplica tasas razonables de IVA y de impuestos- cosa que es una ventaja para los ingresos bajos- y tasas mucho mayores a los ingresos altos, que en materia de fiscalidad del ahorro trata a los no residentes del mismo modo que los países vecinos, pero que se abstiene, felizmente, de confiscar los ingresos del ahorro, ahorro colocado, a las personas honestas, sobre la base de los ingresos por los que los contribuyentes ya han pagado impuestos. 
La imposición sobre el trabajo fronterizo se cita entre los campos en que sería necesaria una armonización fiscal. 
Acerca de este tema, basta con hacer respetar el principio por el cual conviene reunir en el país en que se trabaja el pago de las cotizaciones sociales y la imposición sobre los salarios. 
Me temo, Señor Presidente, que ciertas exageraciones de este informe contribuyan muy poco a llevar a buen puerto las decisiones del Consejo ECOFIN del 1 de diciembre, bajo la presidencia luxemburguesa, que tuvo el mérito de desbloquear el proceso de armonización de la fiscalidad directa, pero que no debe ser víctima de un mal negocio. 
Señor Presidente, comienzo también felicitando al ponente y quisiera decir que considero que cierto grado de competencia entre los sistemas fiscales nacionales podría estimular, de hecho, la eficiencia y beneficiar a los consumidores. 
Pero hay que subrayar que las actuales distorsiones de los sistemas fiscales podrían también contribuir a la imposibilidad de que recojamos enteramente los frutos de que podemos llegar a beneficiarnos con el Mercado Interior en cuanto a crecimiento y empleo. 
Por eso, considero que resulta urgente el fortalecimiento de la coordinación de las políticas que constituyan un obstáculo para el funcionamiento correcto del Mercado Interior. 
En particular en el ámbito de la fiscalidad, sin olvidar que la coordinación fiscal podría constituir un instrumento esencial para la plasmación de las orientaciones en materia de empleo mediante la reducción de la carga fiscal que recae sobre el trabajo. 
Hay que invertir la lógica de la tributación aplicada al mercado de trabajo y la que se aplica a otros factores de producción, en particular al capital. 
Como subraya muy bien el ponente, entre 1980 y 1995 los impuestos al trabajo aumentaron el 20 %, mientras que los impuestos al capital disminuyeran el 10 %. 
Sólo conseguiremos tener éxito en la creación de puestos de trabajo cuando tengamos la capacidad y el valor político para invertir esa tendencia. 
Por eso, resulta de gran importancia la aprobación de un conjunto de propuestas que merezcan la adhesión de los Estados miembros y establezcan, por ejemplo, un código de conducta para la tributación de las empresas, así como condiciones que permitan la reducción de los impuestos que recaen sobre quien promueve el empleo, con lo que se reducen los costos sociales no salariales. 
Conviene contrarrestar las consecuencias nefastas para luchar con éxito contra el desempleo, todas las que se derivan de una competencia fiscal perjudicial, y subrayo que resulta necesario que preservemos una competencia fiscal benéfica entre Estados miembros como instrumento que permita aumentar la competitividad de la economía europea en el ámbito de los imperativos resultantes de la mundialización. 
Señor Presidente, se han dicho muchas cosas inteligentes durante esta tarde y esta noche. 
Ya puedo contemplar esto desde un ángulo más fundamental. 
En primer lugar, quiero decir que es positivo que abordemos esto y quiero felicitar también al señor Comisario por el excelente resultado en Cardiff. 
El Consejo ha seguido también las recomendaciones del documento presentado por la Comisión. 
En mi opinión, hay algo importantísimo en el planteamiento. 
Mi punto de partida es que debemos abordar las situaciones fiscales transfronterizas. 
Es aquí donde tenemos los problemas. 
Tuvimos esta tarde una intervención estupenda por parte de mi colega, el Sr. Gallagher de Irlanda, que ilustró perfectamente los problemas que causan los impuestos sobre las empresas. 
Entiendo perfectamente que uno se alegre de crear puestos de trabajo en un lugar, sin embargo, no me gusta que éstos, simplemente, desaparezcan de otro lugar, puesto que de esta forma ni se crean puestos de trabajo ni progresa la Unión. 
La segunda cosa que me gustaría mencionar son los impuestos o derechos medioambientales. 
Estos también son transfronterizos al igual que los impuestos sobre las empresas. 
Aquí también es necesario que demos pasos comunes. 
Acabamos de oír hablar de los rendimientos de las inversiones, rentas, etc. a la Sra. Lulling y, anteriormente, en el día de hoy, también al Sr. Fayot ¿Para qué sirve que estemos de acuerdo en que las rentas deban gravarse por igual si no podemos encontrar las rentas? 
Esto es, en realidad, lo que constituye el problema: la falta de publicidad y el secreto bancario. 
Luego están por último los que se denominan impuestos sobre consumos específicos- como también ha sido mencionado anteriormente- bebidas alcohólicas, vino, coches, etc. Esto también traspasa las fronteras. 
También es una cosa que hemos de contemplar. 
Lo que me parece que no debemos abordar son los impuestos de las personas. 
No viene al caso en el mundo real en el momento actual. 
Pues la carga fiscal global es en realidad muy similar. 
En algunos países hay muchos derechos de peaje, en otros países, como en el mío, no hay muchos derechos de peaje, sin embargo, si se suman las cosas, entonces para más de la mitad de los miembros de la Unión existe a grandes rasgos la misma presión fiscal que se destina al bienestar y afecta a los contribuyentes del bienestar. 
Quiero sugerir que echemos un vistazo al mundo real y que también operemos con un grado de voluntariedad cuando debamos poner en práctica modificaciones fiscales en la Unión. 
Señor Presidente, comienzo felicitando al Comisario Monti por la acción que ha llevado a cabo con vistas a la armonización fiscal, con las dificultades resultantes de que se trata de un ámbito que sigue necesitando la unanimidad del Consejo. 
Desde nuestra perspectiva política, sería atractiva la idea de que no hubiese armonización y el mercado resolviera los problemas. 
Pero no podemos dejar de ser realistas, con la certeza de que con la apertura de las economías y la progresiva armonización de todas las demás normas habría una competencia fiscal que acabaría fortaleciendo el peso, ya hoy exagerado, de la tributación del trabajo. 
A ese respecto, y al no poderse conseguir todo al mismo tiempo, hay que prestar atención particular a la introducción del euro, lo que entraña la necesidad de que se armonice la tributación del ahorro y de los tipos de interés, pues con una moneda única resulta indiferente que se tenga el dinero invertido- por ejemplo, depositado- en uno u otro país, al verse beneficiados, naturalmente, los países con tributaciones más bajas y al ser de esperar, por tanto, transferencias por esa razón. 
Sin embargo, no se detienen en las fronteras de Europa los riesgos de competencia fiscal desleal en un mundo progresivamente abierto. 
Por eso, la Unión Europea debe cerrar filas en el sentido de exigir a terceros países normas mínimas en la esfera tributaria, con la misma legitimidad con la que se hace en las esferas social y medioambiental, por tanto, evitando los países fuera de Europa. 
Por lo demás, también en la misma línea y con mayor razón, expreso la mayor concordancia con el ponente, el Sr. Secchi, en el sentido de que se acelere la eliminación de los paraísos fiscales en el Mercado Interior de la Unión Europea- como ya se ha dicho- a fin de poner fin a la ruinosa competencia fiscal entre Estados miembros, que no es compatible con el Mercado Único ni con el espíritu comunitario. 
Se trata de paraísos, como he subrayado, que no favorecen a las zonas ni a los productos más necesitados de apoyo, por lo que los ciudadanos no pueden comprender que sigan existiendo; al menos no consigo explicarlo en mi país. 
Señor Presidente, Sr. Comisario, Señorías, la diversidad de los regímenes fiscales y la situación de mutua competencia influyen en que no podamos orientar el crecimiento económico hacia el objetivo del pleno empleo. 
Además, la competencia fiscal tiene, por ejemplo, repercusiones adversas en la política energética y de medio ambiente. 
Los distintos regímenes fiscales en el ámbito de las empresas atraen a las grandes compañías allí donde el trato es mejor, lo cual distorsiona la libre competencia. 
El problema fundamental reside en la presión fiscal cada vez mayor sobre los denominados factores no móviles, es decir, la mano de obra. 
Por algún motivo, nos imaginamos que las empresas que crean empleo son más solventes que otras empresas, como las robotizadas, ya que su imposición fiscal es exagerada en el plano comparativo. 
En el establecimiento de un régimen fiscal se debe proceder a corregir la distorsión fiscal. 
La exigencia mínima es que las empresas que creen empleo se encuentren, siquiera, en igualdad de condiciones con las empresas automatizadas. 
Así pues, la imposición sobre la mano de obra humana se debe trasladar allí donde haya solvencia. 
Se considera que el comercio y la especulación con divisas nacionales constituye la actividad comercial más rentable. 
Resulta insostenible que se mantengan al margen de la tributación fiscal. 
Por este motivo, la Unión debe investigar rápidamente, en aras de la política de empleo, las posibilidades del denominado impuesto sobre las operaciones bursátiles. 
De este modo, sería posible aliviar considerablemente la presión fiscal sobre los salarios. 
Es indudable que se debe poner orden también en los paraísos fiscales nocivos. 
¿Por qué motivo permitimos la existencia, hoy por hoy, de agujeros negros fiscales aquí mismo, en Europa? 
Señor Presidente, felicito al Sr. Secchi por su informe sobre este importante asunto. 
Lentitud, falta de voluntad política e incapacidad han caracterizado este importantísimo «expediente» de la armonización fiscal. 
Por ser un asunto de gran dificultad técnica, su delicadeza política agrava la situación. 
La unanimidad exigida en el Consejo se debe a la voluntad de los parlamentos nacionales de tener la última palabra a ese respecto. 
Y, aunque comprendo que, si seguimos por este camino, difícilmente se avanzará, lo cierto es que los parlamentos nacionales deben su origen esencialmente a la necesidad de fijación de los impuestos y no será fácil verlos pasar a simples ratificadores de decisiones adoptadas en órganos supranacionales. 
Pero la creación de un Mercado Único, de la libre circulación de personas y capitales, muestra ya la evidencia de que la política fiscal provoca distorsiones en el mercado que son, en muchos casos, profundamente injustas, perjudiciales e incluso desleales. 
Así, pues, compatibilizar esta situación es extraordinariamente difícil y justifica la lentitud y la falta de voluntad política a que me he referido al principio. 
El problema radica en que la consecuencia de esa inercia perjudica inadmisiblemente a los impuestos al trabajo y desgrava los demás factores de producción, sobre todo el capital. 
La entrada en vigor del euro, al añadir una súbita transparencia al Mercado Interior, va a hacer inevitable que se adopten medidas de gran aproximación entre los diversos sistemas fiscales. 
El Comisario Monti ha intentado dar pasos positivos a ese respecto, pero, por desgracia, el Consejo los limitó a algunos impuestos directos. 
Sólo la experiencia y el funcionamiento del grupo de expertos nombrados por el ECOFIN podrán darnos garantías sobre la voluntad política a ese respecto. 
Pero para eso su funcionamiento no puede estar sujeto a secretismos. 
El euro va a obligar, entre otros aspectos, a que se aproximen las políticas también en la esfera fiscal. 
Señor Presidente, quiero dar mi enhorabuena al Comisario Monti en su lucha por la armonización fiscal, eliminando barreras perjudiciales, y a mi compañero Secchi por el excelente informe que nos va a permitir aprovechar mejor las ventajas del mercado único y de la Unión Monetaria mediante la eliminación de distorsiones fiscales, que existen y que se traducen hoy en la deslocalización del ahorro y de las inversiones- con efectos perjudiciales en la competitividad de las empresas- y que repercuten al alza en la presión fiscal de los trabajadores que no pueden deslocalizarse. 
Pero quiero resaltar que el código de conducta recoge expresamente la posibilidad de que en un Estado miembro existan diferentes legislaciones fiscales y que todas ellas deberán estar sometidas en igual medida al actual proceso de eliminación de distorsiones perjudiciales. 
Esta eliminación de las distorsiones no puede ni debe emplearse para limitar el principio de subsidiariedad ni las competencias fiscales que hoy pueden desarrollar, en el caso de España, el País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, cuyo entronque constitucional dice que las leyes fiscales aprobadas por el Parlamento de Navarra sólo pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional español. 
El respeto de los niveles competenciales existentes en la Unión Europea refuerza la credibilidad del actual proceso de aceleración de la armonización fiscal. Este proceso no discrimina innecesariamente las normas fiscales en función del órgano estatal o regional que las aprueba y atiende exclusivamente a si su contenido es o no perjudicial para el conjunto de la Unión. 
Porque las diferencias fiscales entre los distintos territorios son convenientes para el conjunto de los ciudadanos en la medida en que pueden derivarse de un diferente nivel de gasto público de las distintas administraciones o de la mejor o peor gestión de su gasto o de la eficaz utilización de los recursos públicos. 
Por tanto, adelante con la armonización, respetemos el principio de subsidiariedad y respetemos las causas que pueden hacer que diferentes territorios puedan tener lógicas diferencias en la presión fiscal. 
Señor Presidente, estoy muy impresionado por este debate que ha sido muy extenso y articulado y que ha abordado temas muy técnicos pero que afectan a cuestiones políticas decisivas para el funcionamiento de nuestra Unión Europea. 
En algunos temas de fondo, me parece que existe un consenso muy amplio que abarca todo el conjunto de las fuerzas políticas de este Parlamento. 
Deseo agradecer muy calurosamente al Sr. Secchi el excelente trabajo realizado con este informe que se caracteriza por un tono realista y equilibrado y por un análisis muy atento del paquete de medidas fiscales y de las cuestiones relacionadas con la competencia fiscal perniciosa. 
Señor Presidente, aprovecho la ocasión para decir que admiro la energía y el ahínco con que el Sr. Secchi ha dado un rápido seguimiento a su informe a través de un proyecto de informe sobre la propuesta de directiva en materia de intereses y regalías. 
Como acabo de decir, me han impresionado algunos puntos que han merecido un consenso muy amplio: uno de ellos atañe a la cuestión capital y trabajo. 
El Sr. Caudron tiene razón, no es una relación tan rígida, aunque existe una relación de fondo y no es creíble una política de empleo en Europa que no se aproveche del factor coordinación de la fiscalidad para invertir la tendencia orientada hacia una fiscalidad sobre el trabajo cada vez mayor. 
Cuando hablamos de capital y trabajo tendría que quedar claro que el objetivo no es en absoluto perjudicar a los mercados financieros. 
Los mercados financieros son sumamente importantes para el funcionamiento de la economía europea, la competitividad y el empleo. 
Por esto, la Comisión se pronuncia- y esta noche lo hago yo- en contra de la idea de impuestos sobre las transacciones financieras, como, por otra parte, han propuesto los Sres. Moreau o Paasilinna. 
Nosotros creemos que no conviene desalentar las operaciones del mercado financiero con impuestos sobre las transacciones, sin embargo, consideramos que en un mercado financiero global es necesario crear un sistema ordinario de fiscalidad de las rentas de capitales. 
Esto no es traumático; señoras Lulling y Thyssen, debe hacerse y hay que hacerlo teniendo muy en cuenta que es preciso no penalizar la competitividad de los mercados financieros europeos. 
Por eso nos empleamos a fondo para participar en los foros internacional como la OCDE y el Grupo de los siete y para propagar los principios del código de conducta, así como de la fiscalidad sobre el ahorro en los territorios dependientes y asociados. 
Cada país, lo ha dicho el Sr. Fayot- y yo estoy de acuerdo con él- se ha convertido en un paraíso fiscal para los demás países. 
Es por esto que hemos centrado nuestra atención en la fiscalidad transfronteriza. 
Por otra parte, queremos evitar que- como han apuntado muchas de sus Señorías, por ejemplo, la Sra. Peijs- los Estados ineficaces acaben por imponer la carga fiscal a los Estados eficientes. 
He aquí el porqué de la sutil diferencia que existe en el ámbito de la lucha contra la competencia fiscal perniciosa, sin hacer de toda hierba un fardo y sin penalizar cualesquiera fenómenos de competencia fiscal, incluso leal. 
Me satisface que el Parlamento se haya dado cuenta del valor del planteamiento del paquete que afecta tanto a las empresas como al ahorro, y por esta razón, tengo que manifestar asimismo que, por lo que se refiere a la fiscalidad de las empresas, actuamos incluso antes. 
En cuanto a este punto, la Sra. Lulling ya está trabajando en algo que no es una directiva, sino un código de conducta que está empezando a funcionar en lo que respecta al ahorro. Espero que en un futuro no muy lejano llegaremos a la directiva. 
La Sra. Kesteleinjn-Sierens, entre paréntesis, ha preguntado cuándo va a entrar en vigor el artículo 12 de la propuesta de directiva sobre el ahorro y ha dicho que los Estados miembros deberían adoptar las leyes de transposición a más tardar el 31 de diciembre de 1999 y que las mismas tendrían que entrar en vigor a partir de 1 de enero de 2001. 
El propio ponente, Sr. Secchi, y otros oradores han sugerido que haría falta ir más allá del ámbito que abarca el presente paquete. 
Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los Sres. Randzio-Plath, von Wogau y otros: éste no es más que el principio, sin embargo, confío en que en que este paquete, pese a ser modesto, haya cambiado radicalmente el clima del debate en materia fiscal en Europa. 
Ahora se puede hablar de estas cosas con una perspectiva de éxito. 
Hace dos años- ustedes los saben perfectamente- era considerado algo del todo irreal. 
Hay que ir más allá, de la coordinación a una armonización audaz y, en este sentido, hemos escuchado diferentes puntos de vista. Éste es uno de los pocos aspectos en que las posiciones se han encontrado, cosa que encuentro perfectamente normal, porque existen diferentes visiones filosóficas y políticas. 
Algunos valoran positivamente la pérdida de las soberanías fiscales nacionales, otros temen dicha pérdida. 
Por ahora, nosotros hemos trabajado en pos de una mejora de la coordinación que les permite a todos ejercer la soberanía fiscal que ostentan. 
El Sr. Angelilli ha señalado que habría que actuar, desde el ámbito comunitario, para reducir la presión fiscal. 
Estoy convencido de que ésta es una materia que corresponde a cada uno de los Estados miembros. Asimismo estoy convencido de que sería beneficioso para sus economías y considero que la coordinación de la fiscalidad, al cerrar algunos loopholes, algunos puntos de evasión, les permitiría reducir las alícuotas medias globales. 
El Sr. Formentini se ha referido a las necesidades de la política regional: el código de conducta reconoce estas necesidades y, además, las somete a ciertos procesos de verificación. 
Señor Presidente, voy a hacer una consideración más. Hace dos meses, lamenté mucho tener que rechazar tajantemente la petición formulada por una amplia mayoría de este Parlamento de volver a abordar, a través de un estudio, la decisión relativa a las ventas libres de impuestos intracomunitarias, sin embargo, sus Señorías que han prestado su gran apoyo a este paquete para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa, no pueden sino darse cuenta que sería sumamente contradictorio fomentar este planteamiento y, a la vez, pretender mantener paraísos fiscales localizados como lo son estas ventas libres de impuestos. 
Por último, muchas de sus Señorías han puesto de manifiesto que el euro fomenta esta armonización o esta coordinación fiscal. 
A este propósito, quisiera decir que por ahora no ha sido así. 
Seamos francos: hasta ahora la preparación con vistas al euro no ha permitido a los ministros de Hacienda concentrar todas sus energías, como nosotros hubiéramos querido, en la coordinación de la fiscalidad y, en consecuencia, hasta el momento hemos ido de alguna manera contracorriente, sin embargo, creo que es verdad que desde ahora en adelante la introducción del euro favorecerá este proceso. 
Y una última observación: yo soy uno de los que querrían que se abandonara el principio de unanimidad en materia fiscal, también porque- permítanme decirlo- esto supondría un mayor protagonismo de este Parlamento en la toma de decisiones. 
Por ahora, desgraciadamente, no nos encontramos en esta situación, no obstante, quiero subrayar que, gracias a la estrecha cooperación entre el Parlamento, en particular con su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y la Comisión fue posible, incluso en el sistema institucional vigente, contar con el apoyo del Parlamento- esta noche sus Señorías lo han mostrado- y facilitar al Parlamento la máxima y más transparente información sobre los trabajos en curso. 
Por lo tanto, de alguna manera estamos creando unas condiciones que confío en que un día serán institucionalizadas. 
Les agradezco este apoyo y vuelvo a dar las gracias al ponente, Sr. Secchi, y espero que tendremos más ocasiones para profundizar el debate en torno a estos temas tan difíciles y a la vez importantes. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Régimen fiscal de los vehículos automóviles de turismo trasladados a otro Estado miembro 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0217/98) del Sr. Watson, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece el régimen fiscal de los vehículos automóviles de turismo trasladados con carácter permanente a otro Estado miembro a raíz de un cambio de residencia o utilizados temporalmente en un Estado miembro distinto de aquel en que estén matriculados (COM (98) 0030- C4-0145/98-98/0025 (CNS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en una primera instancia el informe de nuestro colega, el Sr. Watson, puede parecer estrictamente técnico. 
Y sólo hay que ver los pocos oradores inscritos para convencerse de ello. 
Sin embargo, una vez pasada esta sensación inicial, no se tarda en advertir que se está tocando un punto esencial de la construcción europea: la libre circulación de bienes y de personas y su corolario a través de ciertas trabas fiscales. 
En efecto, una vez desaparecidas las formalidades aduaneras desde el 1 de enero de 1993, varios Estados miembros inventaron nuevos impuestos, en particular para los turismos. 
Estas nuevas retenciones instituyen de hecho una doble imposición perfectamente contraria a nuestros principios. 
Recibo con mucha satisfacción las propuestas del informe de nuestro colega Watson. 
Era importante, sin duda, legislar sobre un tema tan delicado y, por eso mismo, hacer lo necesario para terminar con las últimas barreras puestas a la libre circulación. 
Quiero felicitar calurosamente al ponente. 
Añado que habría sido una aberración, por una parte, discutir esta tarde sobre la necesidad de armonizar la política fiscal en la Unión Europea y, de otra, seguir aceptando retenciones que están en contradicción con uno de los motores y con los principios de la construcción europea. 
Sin embargo, aunque me complace este texto, una vez más debo preguntarme por qué causa siempre parece más fácil ponerse de acuerdo en cuanto a los bienes materiales que en cuanto a las personas y a la fiscalidad de las personas. 
En efecto, señor Comisario, en el curso de estas últimas semanas, me he enterado de una gran cantidad de problemas de doble imposición que afectan a asalariados, y estos asalariados me lo han hecho saber para que yo pueda intervenir y los ayude a salir de situaciones anómalas y a menudo difíciles. 
Mañana, en el momento de votar el informe Watson, esas decenas de casos me dejarán un sabor amargo, a pesar de las respuestas que, sobre esos casos, me ha dado la Comisión. 
Aún les falta mucho para llegar a una solución. 
Señorías, Europa progresa y me felicito por ello, pero no puedo dejar de pensar que, a veces, su construcción se hace un poco al revés. 
Si en adelante, después de esta directiva y de nuestro informe, el envío de mercancías se encuentra con menos trabas cada día, no se podrá decir lo mismo en cuanto a la circulación de las personas. 
Sigue siendo difícil, y quería decirlo hoy aquí, tener la ocasión de trabajar libremente en los lugares en que hay trabajo- cosa que tampoco es muy corriente- y esto a pesar de los tratados firmados y ratificados y de las directivas formuladas. 
Es verdaderamente lamentable, por no decir desolador. 
Señor Presidente, esta propuesta de directiva supone un paso más hacia la libre circulación de personas y, en este sentido, seguramente constituye un eslabón más en la construcción de la Unión Europea; no obstante, estoy de acuerdo con el Sr. Caudron en que puede hacerse más en ese ámbito. 
Aunque desde enero de 1993 ya no existen formalidades fronterizas respecto del traslado de vehículos automóviles de turismo por motivo de un cambio de residencia o utilizados temporalmente en otro Estado miembro, los Estados miembros han mostrado tener suficiente inventiva para suprimir las formalidades fronterizas y restaurar los impuestos pertinentes bajo alguna forma de impuesto de matriculación. 
La creatividad de los Estados miembros encuentra ahora, con esta propuesta, una respuesta adecuada. 
No podemos justificar por más tiempo que, por una parte, se favorezca la movilidad de las personas en la Unión Europea y, por otra, se impida a las personas que se trasladan desplazarse con su amado coche si no pagan impuestos extraordinarios. 
La propuesta de la Comisión pone fin, con razón, a estas prácticas, que con frecuencia equivalen a una simple doble imposición. 
Mi Grupo, señor Presidente, da su total respaldo a la propuesta de directiva, tanto respecto del punto de partida como de las soluciones aportadas. 
Apoyaremos, por tanto, la propuesta. 
No hemos presentado ninguna enmienda, respaldaremos las enmiendas que el ponente ha presentado y que todos hemos aceptado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Las enmiendas del ponente detallan la propuesta en tres ámbitos y, por ello, le otorgan una mayor claridad y seguridad jurídica y ¿quién puede estar en contra de algo semejante? 
Señor Presidente, apruebo la propuesta, pero quisiera decir algo más: señor Comisario, no sé si usted es aficionado al fútbol, pero espero que los italianos ganen el partido contra Camerún, tal como usted ha ganado el partido aquí, en el Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, soy muy sensible a la consideración que ha hecho la Sra. Thyssen y creo que esta noche nos hallamos ante un caso de competencia perniciosa entre retransmisiones televisivas y debate en el Pleno, un debate acerca de unos asuntos muy importantes como el que aborda el informe del Sr. Watson, a quien quisiera dar las gracias y felicitar por el documento que ha elaborado y sus conclusiones. 
El Sr. Watson ha acogido favorablemente el texto de la Comisión considerándolo una propuesta lógica y acertada- no deja de producir satisfacción escuchar estos adjetivos- que debería permitir a los ciudadanos de la Unión circular más libremente. 
Esta propuesta, según la Comisión, es un importante paso adelante hacia un mercado único para los propietarios y usuarios de vehículos privados. 
Su adopción podrá ayudar a solucionar los problemas que se pueden plantear a las personas que cambian de residencia de un Estado miembro a otro o que desean utilizar temporalmente un vehículo matriculado en su país de origen en otro Estado miembro. 
En cuanto a las enmiendas 1 y 2, estoy plenamente de acuerdo con su contenido; mejor dicho, la Comisión agradece estas sugerencias y hará todo lo que esté en su mano para acogerlas. 
Por lo que respecta a la enmienda 3 al artículo 11 de la propuesta, sólo puntualizaré que el artículo 95 del Tratado es de por sí directamente aplicable a todas las legislaciones nacionales, sin necesidad de ulteriores precisiones. 
La eficacia directa del artículo 95 del Tratado queda ratificada por la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y por esta razón, en consecuencia, lamento que la Comisión no pueda aceptar la enmienda. 
Por otra parte, la inclusión de una referencia al artículo 95 no modificaría el contenido del artículo 11 de la propuesta. 
Por este motivo, la conveniencia de dicha enmienda parece también discutible. 
Y para terminar, vuelvo a congratularme con el Sr. ponente y le doy las gracias al Sr. Presidente. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Se alegrará usted cuando le diga que nuestros servicios acaban de informarme que Italia gana por uno a cero- lo que ahora será corroborado por el señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Comunicaciones móviles e inalámbricas (UMTS) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0221/98) del Sr. Camisón Asensio, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la introducción coordinada de las comunicaciones móviles e inalámbricas (UMTS) en la Comunidad (COM (98) 0058- C4-0144/98-98/0051 (COD) ). 
Señor Presidente, este Parlamento, en su Resolución del 29 de enero pasado sobre la cuestión de la tercera generación de comunicaciones móviles, manifestó, con claridad meridiana, su apoyo más decidido a este proyecto de tan alto interés: nada menos que el sistema nervioso de la aldea global del siglo XXI. 
Fue un indiscutible impulso político y un compromiso- que ahora esperamos que se renueve- ante la propuesta de decisión que hoy nos ocupa. 
En esa dirección van nuestras 11 enmiendas, prácticamente aprobadas por unanimidad en la Comisión de Asuntos Económicos. 
Por otra parte, parece lógico aprovechar el éxito del GSM para afianzar el liderazgo europeo en el marco de las tecnologías avanzadas y en los mercados internacionales. 
Por todo ello, cabía esperar una colaboración mutua, que implicase tanto al sector industrial afectado como a las autoridades públicas, en un intento sincero de superar preferencias particulares, con la finalidad de alcanzar un modelo de tecnologías y redes abiertas, alejándose de diseños propietarios orientados a controlar mercados cautivos que, a la postre, quedarían incapacitados para competir en el mundo. 
Ante la falta de tiempo, quisiera resaltar los siguientes aspectos: el ETSI ya ha logrado importantes progresos en el proceso de normalización, y se han combinado ya tecnologías de equipos rivales. 
Aunque todavía, efectivamente, queda mucho por hacer, sin embargo, se espera que la velocidad del progreso tecnológico en la industria sea tal que los primeros servicios comerciales puedan estar disponibles en el año 2002. 
Es, pues, hora de iniciar el proceso de concesión de licencias para proporcionar a operadores y fabricantes la indispensable seguridad jurídica necesaria para iniciar las importantes inversiones que se requieren. 
Esta propuesta de decisión establece las directrices necesarias, de acuerdo con la directiva sobre licencias y en cooperación con la CEPT. 
En resumidas cuentas, señor Comisario, acogemos con satisfacción esta propuesta y creemos que es perfectamente legítimo no reservar el acceso a licencias UMTS a operadores GSM/DCS actuales, como tampoco la de excluirlos por principio. 
En la propuesta no se abordan criterios de selección para las licencias o precios de los espectros de frecuencias objeto de la licencia- pues, en cualquier caso, no es su objetivo -, porque se debe respetar la libertad de los Estados miembros en este ámbito. 
Abogamos por la necesidad de una cobertura suficiente en zonas menos pobladas, así como por conceder a la Comisión un papel más relevante en las negociaciones a nivel internacional, respetando, al mismo tiempo, los derechos de los Estados miembros en el ámbito de la gestión del espectro. 
Esperamos, eso sí, la buena disposición del Consejo, con lo que se conseguiría una rápida adopción de esta decisión, ya que estamos- es preciso recordarlo- en una batalla global y ante una máxima urgencia. 
Respecto a las enmiendas presentadas, sólo me cabe hacer dos precisiones: no existe estudio científico serio que avale la peligrosidad del uso de los auriculares en las comunicaciones móviles, por lo que sería improcedente sembrar una alarma social innecesaria; y que estamos- no lo olvidemos- en un sector- el de las telecomunicaciones europeas- completamente liberalizado. 
Quisiera terminar con una llamada de atención. 
La próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones- la CMR 99- se celebrará en el segundo semestre del próximo año. 
A nivel mundial, numerosas aplicaciones del sector de las radiocomunicaciones compiten por la utilización del recurso escaso que constituye el espectro radioeléctrico, aplicaciones que tienen una importancia capital para la economía, para los consumidores e incluso para la seguridad de las personas. 
En la CMR se adoptarán decisiones jurídicamente vinculantes, que pueden afectar también a los servicios móviles de banda ancha, o sea, al sector de UMTS. 
Los Estados miembros de la Unión Europea negocian, en la CMR, en su propio nombre previa coordinación con otros 28 países europeos, por lo que existe una necesidad evidente de elaborar posiciones europeas comunes. 
Es hora, por tanto, de concordancia en las posiciones europeas para la CMR. 
Espero, señor Comisario, que no se olvide esta circunstancia. 
Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de la Comisión Europea relativa a la introducción del UMTS en Europa se refiere a un progreso tecnológico extremadamente importante de la telefonía móvil, uno de los mercados más en alza a nivel de crecimiento y un sector en el cual Europa ha sabido aprovecharse de una ventaja competitiva al adoptar el sistema común GSM antes que los Estados Unidos. 
Por contra, el nuevo modelo UMTS ha tenido una aceptación más amplia a nivel global que el GSM y, en concreto, se prevé que los operadores americanos adoptarán rápidamente esta tecnología y que, por lo tanto, serán competitivos desde el principio en este terreno. 
En consecuencia, con la introducción de este sistema, la industria europea podría perder el liderazgo que ostenta gracias al GSM; por otra parte, la idea de retrasar la introducción del UMTS sería a todas luces perjudicial para la industria europea, ya que la misma quedaría rezagada en esta competición. 
Por ello, estamos completamente de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con un calendario rápido de cara a la introducción de los nuevos servicios y, como Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, alentamos la inversión en el desarrollo de terminales conformes al nuevo modelo. 
Hay dos puntos que me interesan especialmente y que representan el fundamento de las enmiendas incorporadas por el señor ponente. 
El primero es la no discriminación de los operadores que compiten entre sí a la hora de proceder a la asignación de todas las bandas de frecuencias de 900, 1800 y 1900 Mhz, para permitirles ofrecer servicios tanto GSM como UMTS, al objeto de garantizar la cobertura de las zonas urbanas y de las zonas rurales sobre la base de una competencia justa; el segundo es el respaldo político a la Comisión para que la misma pueda desempeñar un papel motor a fin de que los Estados miembros redistribuyan y liberen las nuevas frecuencias destinadas a los servicios UMTS. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, mi reconocimiento al Sr. Camisón Asensio y a la Comisión Europea por la forma constructiva en que han acometido este proyecto. 
La Comisión, especialmente el Comisario, ha trabajado de firme y ha unificado la industria mediante el establecimiento de un estándar europeo para las UMTS. 
Con ello, según se espera, Europa podrá desempeñar un papel pionero en todo el mundo en el terreno de la telefonía móvil. 
La evolución de los teléfonos móviles es impresionante. 
Las UMTS dan a Europa la oportunidad de repetir el éxito del GSM. 
Las UMTS ofrecen numerosas aplicaciones multimedia y eso significa, de hecho, el fin del teléfono tradicional. 
El desarrollo de este sistema puede, además, generar numerosos puestos de trabajo. 
Su éxito verdaderamente sólo es posible si desde el primer momento existe claridad en cuanto a la regulación de las autorizaciones y a la disponibilidad de frecuencias. 
A continuación quiero hacer dos observaciones sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, es muy importante que se tenga sumo cuidado en la elección del mecanismo de reparto de las escasas frecuencias que se liberarán para las UMTS. 
Considerando esto, he solicitado a la Comisión, mediante una pregunta escrita, que inicie un estudio para determinar el mejor mecanismo de reparto. 
Creo que en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial el Comisario Bangemann ya prometió colaborar en la realización de este estudio. Quisiera pedir al Comisario que confirmara su realización. 
Algunos Estados miembros, entre ellos los Países Bajos, ya están haciendo gestiones para comenzar las subastas para las UMTS. 
Me gustaría que el Comisario nos dijera cuándo se espera poder tener el resultado de este estudio, ya que creo que es importante que los resultados estén antes de que los Estados miembros determinen su posición ante la elección del mecanismo de reparto. 
Señor Presidente, además de la elección del mecanismo de reparto- y ahora paso al segundo punto- es muy importante, nuestro colega Malerba ya lo ha dicho, que los Estados miembros al repartir las frecuencias UMTS, observen estrictamente los principios de transparencia y de no discriminación. 
Se debe evitar que los operators que ahora obtengan una autorización no tengan la posibilidad de utilizar frecuencias GSM y DCS para servicios UMTS. 
Tal prohibición sólo sirve para aumentar el valor comercial de las frecuencias y atenta directamente contra el principio de spectrum efficiency. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento ha aprobado por una amplia mayoría una enmienda con este fin. 
Quisiera que el Comisario explicara qué medidas adoptará contra los Estados miembros que no apliquen el principio de no discriminación e impongan una prohibición semejante. 
Señor Presidente, las UMTS serán muy importantes para el futuro de Europa. 
No obstante, ahora también lo es para el ciudadano el número único de teléfono para llamadas de urgencia 112, y la utilización del 112 en la Unión Europea hace ya tiempo que tenía que ser un hecho. 
Numerosas veces he llamado la atención sobre esta cuestión y el pasado 22 de octubre formulé una pregunta escrita que posteriormente repetí en la sesión plenaria. 
Me gustaría que el Comisario aclarara los tres puntos siguientes ¿En qué Estados miembros no se ha implantado el número de urgencia 112 y, por tanto, no está operativo? ¿Cuál es el motivo? 
En segundo lugar, ¿qué pasos y acciones va adoptar el Comisario a fin de que los Estados miembros cumplan esta obligación? 
En tercer lugar, ¿no sería útil que, por lo menos, los empleados del teléfono 112 pudieran comunicarse en las tres lenguas que deben dominarse de cara a los usuarios del 112 en los Estados miembros comprometidos? 
Agradecería una respuesta por parte del Comisario. 
Señor Presidente, el sistema GSM ha dado a los fabricantes europeos una posición de vanguardia y ha posibilitado a los países de la UE construir una red de telefonía móvil de cobertura total. 
Tiene limitaciones, por ejemplo no es capaz de transmitir multimedia a gran velocidad, tal como requiere Internet, vía telefonía móvil, cosa que aquí está comprobada y por eso la introducción de UMTS. 
Ahora también es importante que tanto la UE como los Estados miembros tengan un papel activo para fomentar el desarrollo del nuevo sistema, de modo que llegue a ser un éxito tan grande para Europa como lo ha sido GSM. 
Seguramente pasarán muchos años antes de que los nuevos servicios estén en el mercado pero es absolutamente correcto, como lo señala la Comisión, que ahora tendremos el marco jurídico para realizar las enormes inversiones, mayores inversiones que nunca, necesarias para la ampliación. 
Sabemos que es importante que los países miembros tengan un estándar común y que puedan actuar conjuntamente en la próxima reunión que la International Telecomunications Union celebrará en el otoño, y donde se tomarán decisiones. 
La Comisión no tiene derecho a voto allí. 
Estados Unidos quizás presente cinco estándares, lo que denota la dispersión de su mercado. 
Nosotros necesitamos un estándar uniforme para que tengamos las mismas posibilidades dentro de toda la Unión. 
Se ha hablado mucho de otorgamiento de licencias. 
Espero que otros países puedan hacer como Gran Bretaña, que ha dado un buen ejemplo y pronto piensa empezar a otorgar licencias, de tal manera que realmente podamos alcanzar el objetivo de poner en funcionamiento el nuevo sistema a más tardar el año 2002, según el calendario de la Comisión. 
El otorgamiento de licencias también ha sido debatido aquí hoy. 
Opino que es importante que se estudie qué consorcios piden licencias y que no se otorguen a aquellos que carecen de crédito o de posibilidades de establecimiento. 
Por el contrario, se debería estudiar un sistema de patentes que sucesivamente les diera posibilidades de pagar. 
También es importante el proceso abierto en el que se hecho hincapié aquí. 
Tenemos un estándar, después podremos compartir la patente. 
Necesitamos competencia para las mejores aplicaciones. 
De ese modo los consumidores podrán tener acceso a nuevos servicios y nuevos productos. 
Señor Presidente, señor Comisario Bangemann, estimados colegas, si hemos hablado ya muchas veces de avances revolucionarios en relación con las telecomunicaciones, otras tantas veces cabe aludir al cambio que se va a producir en la comunicación inalámbrica y móvil. 
El UMTS no sólo alcanza tasas de datos de hasta 2 megabytes por segundo y una calidad hablada que alcanza el estándar de ISDN, el UMTS está configurando también un mercado para servicios de multimedia móviles. 
Pero, a este respecto, debemos considerar los principales factores de éxito. 
Así, por ejemplo, es preciso repartir de forma razonable los espectros de frecuencias necesarios a los que gestionan la red. 
Todo el coste técnico para UMTS va a significar también un alto coste económico, pero todos queremos que los precios finales resulten atractivos para los clientes. 
Por ello se debe intentar, mantener tan bajos como sea posible los costes por derechos de licencia, por inversiones y otros costes. 
De lo contrario, no conseguiremos en Europa unas condiciones de mercado satisfactorias, y nos procuraremos a medio plazo enormes desventajas competitivas. 
Pensemos la situación en medio de la competencia global. 
Japón pondrá en servicio ya a finales de 1999 los primeros prototipos de UMTS. 
Si estos prototipos se convierten en estándares de facto, los gestores del mercado interno se deberán regir por ellos. 
Hemos de contrarrestar necesariamente este peligro con nuestras actividades. 
Por otro lado- y eso lo dice el Sr. Camisón Asensio en su informe- en este sector Europa puede asumir el liderazgo, tanto en lo tecnológico como en lo estratégico. 
Nuestra ventaja es la cooperación probada en la estandarización, que nos debería servir como ejemplo también para otras áreas de la legislación técnica, al decir esto pienso en la directiva relativa al bus. 
Señor Presidente, permítame que, en primer lugar, exprese al ponente nuestro agradecimiento. 
Con él hemos podido preparar en muy poco tiempo-conjuntamente en lo esencial y orientándonos por los mismos principios- una medida muy importante. 
Pienso, que la discusión de hoy también ha demostrado, que en estas cuestiones fundamentales no existen posiciones diferentes entre la Comisión y el Parlamento. 
Quisiera recordar al Parlamento, que hace algo más de medio año, cuando hablamos la última vez sobre el UMTS, nos encontrábamos ante la situación de que no se había producido todavía una decisión en el ETSI y que la situación era muy confusa. Esto es lo mínimo que se puede decir al respecto. 
Pero se ha logrado hacer realidad en un periodo relativamente corto con el consenso de todos los participantes este nuevo estándar para la tercera generación de la comunicación móvil. 
Esto es un éxito importante cuya importancia no se puede valorar suficientemente. 
Ahora nos hemos propuesto lograr en medio ao el aseguramiento legal necesario, y creo que pronto lograremos su explotación comercial, la cual, naturalmente, no depende ya, en último término, de las medidas que puedan tomar las autoridades políticas, sino que los participantes en el mercado han de aprovechar aquí sus posibilidades. 
No obstante, no dudo en absoluto, que la industria europea pueda mantener la posición puntera que entretanto ha logrado con el GSM, posición que no sólo existe en el mercado europeo, sino en el plano mundial. 
Sobre esto estamos de acuerdo. 
También hemos hablado en ocasiones sobre cuestiones particulares. 
Por eso quiero abordar aquí estas cuestiones particulares e indicar nuevamente que no podemos aceptar todas las enmiendas. 
Esto se debe, en parte, a que las enmiendas repiten o recogen cosas, como por ejemplo la protección sanitaria, que ya hemos tratado suficientemente en otro lugar y que no necesitamos tratar otra vez a la hora de dar cobertura legal al UMTS. 
Pero aceptamos siete enmiendas sin modificación alguna: 1, 2, 3, 5, 8, 9, y 11, así como la enmienda 7 en principio y la 6 parcialmente. 
Las 6 enmiendas restantes no las podemos aceptar, pero son más bien- como ya he dicho- cuestiones particulares. 
Paso, pues, a estas cuestiones particulares que han sido expuestas una vez más por el Sr. Van Velzen. Siempre da gusto responder a esas preguntas. 
Probablemente por eso las plantea también tantas veces. 
Yo ya las he tratado una vez en la comisión y en otra ocasión. Pero también hoy volveré a abordarlas con gusto. 
En lo referente a la subasta de frecuencias, ya dije hace poco en la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial que esto era sólo un método y naturalmente hemos recopilado, podemos recopilar y recopilaremos experiencias. 
Para eso no necesitamos que encargar un estudio, y dentro de poco propondremos en un informe al Parlamento, cómo se podrían aprovechar las posibilidades existentes para llegar a una política razonable sobre las frecuencias. 
Somos conscientes, señor Malerba, de que hemos de tomar muy en cuenta las conferencias sobre la radio. 
Esto se hizo sustancialmente mejor en la última que en la penúltima, y estoy seguro que en la conferencia del año que viene habrá un mayor acuerdo entre los países miembros y la Comisión y que por lo tanto podremos echar mano también de recursos valiosos. 
En lo que respecta a la enmienda 7, que se refiere al párrafo 4 del artículo 3- el Sr. van Velzen lo ha vuelto a preguntar -, creo que podemos otorgarle en principio nuestra conformidad. 
Ésta forma parte de la lista que antes mencioné. 
Pero queremos agregar las palabras " en concordancia con el derecho comunitario vigente» , para subrayar la conexión existente con las disposiciones legales actuales, en especial con la directiva sobre la autorización y con la directiva sobre la competencia en el caso de la telefonía móvil. 
La enmienda 6, a la que damos parcialmente nuestra conformidad, debe valorarse de manera similar con la alusión al Derecho comunitario vigente. 
Sin embargo, somos de la opinión de que no es necesario hacer una referencia explicita a los principios de la transparencia y de la no-discriminación, porque éstos son claramente parte integrante del derecho comunitario. 
Hay cosas que se pueden expresar de forma exagerada, pero no por ello se vuelven más claras. 
Señor van Velzen, también a la cuestión de los números de llamadas de urgencia y de traslación he respondido ya una vez. 
Teniendo en cuenta el tiempo y la discusión quisiera hacerle entrega de esta relación. 
Todo esto se lo he expuesto ya una vez a usted y espero que usted esté de acuerdo con que no tenga que volver a repetir todo aquí. 
¿O quiere que lo haga? 
Lo puedo hacer, no tengo ningún problema en hacerlo, pero creo que eso sería quizá una pérdida de tiempo. 
Con ello he abordado las cuestiones más importantes, que han sido planteadas. 
Para terminar vuelvo otra vez sobre nuestro documento. En el mismo se me ocurre, señor Rübig, que no existe peligro alguno de que nosotros o las empresas que trabajan en Europa se vean obligadas a adaptarse a las normas japonesas. 
¡Sucede más bien lo contrario! 
Todas las normas japonesas que conocemos hasta ahora, así como las reacciones del ministerio-MITI y el Ministerio de Correos indican, que Japón asumirá la norma que hemos escogido nosotros o la que ha escogido la ETSI. 
En esto ustedes puede ver que tenemos una buena oportunidad, no sólo de repetir el éxito de GSM, sino quizás de superarlo. 
En las conversaciones que celebremos, sobre todo, con la industria y con la administración americanas haremos hincapié en que el UMTS no es una norma obligatoria propuesta por la Comisión o por el Parlamento y el Consejo, sino que- siguiendo nuestra buena tradición- fue elaborada por la industria. 
Es una norma, a la que se puede adherir cualquiera, pero a la que nadie se tiene que adherir. 
Pero tenemos la firme voluntad política de intentar, en interés de los consumidores y en interés de un mercado lo más único posible y con ello, sobre todo en aras de unos precios razonables, que una norma como ésta encuentre el campo de acción que se merece. 
Es decir, todos están invitados a aprovecharla, y se les debe convencer de ello por las ventajas que van ligadas a ella. 
Esta es la buena política que nos ha permitido avanzar mucho en este área, y quiero dar las gracias por el apoyo del Parlamento. 
Señor Comisario ¿nos puede garantizar que vamos a poder comenzar el ao que viene con la concesión de licencias? 
Naturalmente, eso dependerá, sobre todo, de si tenemos solicitudes. 
No tiene que ser así, necesariamente. 
Pero si es el caso, y si hemos aprobado esto aquí, no habrá más trabas legales. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Transporte de residuos nucleares 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el transporte de los residuos nucleares en la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión recibió el 30 de abril informaciones de las autoridades francesas, en las que se indicaba un número significativo de casos en los que se registró que depósitos de transporte de combustible que se dirigían a la planta de reprocesamiento de La Haya superaban el límite de 4 bequerelios por centímetro cuadrado para la contaminación beta y gamma no fijada. 
En vista de que algunos de los depósitos en cuestión provenían de centrales eléctricas nucleares alemanas, con toda urgencia se iniciaron estudios más detallados, no sólo en Francia sino también en Alemania. 
La Comisión se ha mantenido en contacto con las autoridades francesas y alemanas competentes, para seguir los resultados de estos estudios, que aún no han terminado. 
Hay que reconocer que los Estados miembros son los primeros responsables de la aplicación de las directivas comunitarias y la Comisión no tratará de intervenir para cumplir su papel de guardiana de los Tratados, sino en el caso de que un Estado miembro no consiguiera tomar las medidas que tendría que sugerirle esta responsabilidad. 
Cuando se conoció la situación actual, la primera disposición adoptada por las autoridades competentes fue la de suspender de inmediato el transporte del combustible contaminado en las propias centrales nucleares, a la espera de un examen completo de la situación y de la adopción de las apropiadas medidas de seguridad complementarias, para garantizar la aplicación correcta de la legislación europea en el nivel nacional. 
De los resultados actualmente disponibles, se desprende con toda claridad que ni el personal ni la población han sufrido una exposición a la radiación que supere los límites fijados en el ámbito comunitario. 
De hecho, toda exposición resultante de la contaminación excesiva de los contenedores de transporte no correspondería más que a una pequeña fracción de los máximos vigentes. 
En conclusión, se puede decir que las autoridades competentes de los Estados miembros han actuado de un modo responsable para remediar la situación, en cuanto se identificaron los problemas. 
La Comisión, por su parte, mantiene contacto con los Estados miembros afectados. 
Además, el tema se discutió en la reunión del grupo de trabajo permanente para la seguridad en el transporte de materias radiactivas, el 18 de mayo, y los datos obtenidos tras el análisis de la situación se comunicaron a las autoridades competentes de los Estados miembros. 
En la situación actual, la Comisión no propone ninguna medida complementaria inmediata. 
Sin embargo, como ya se ha señalado, las medidas que se refieren a la aplicación correcta de la legislación de la Unión Europea están en estudio en los Estados miembros implicados. 
Por otra parte, la Comisión se preocupa por las circunstancias que están en el origen de la situación detectada, aun cuando al parecer se aplicaron medidas correctivas con toda presteza. 
Por consiguiente, cuando se le comuniquen los resultados completos de las investigaciones realizadas en los niveles nacionales, la Comisión iniciará con toda la serenidad debida un estudio global de la situación, tal como se presenta no sólo en Francia y en Alemania sino también en todos los Estados miembros que pudieran estar afectados. 
Señor Presidente, señor Comisario, la opinión pública se ha dado realmente cuenta de que no solamente sudamos nosotros cuando trabajamos, sino también los recipientes Castor de los transportes nucleares. 
Con ese sudor de los recipientes se pone en peligro a las personas. 
Usted ha dicho que no existe peligro alguno. Eso no es del todo verdad. 
Si los hot spots, en los que se concentra ese agua exudada, entran en contacto con partes del cuerpo humano, estas personas resultan daadas de hecho. 
Algunos trabajan allí y otros vigilan estos recipientes. 
Pero no sudan porque estén vigilados. 
Así que existe un riesgo real. 
Lo extraño de toda esta historia es, que la opinión pública no se haya enterado hasta ahora del sudor de los transportes nucleares, pero aquellos que comercializan estos recipientes lo sabían ya hace tiempo y habían realizado sus mediciones. 
Ahora le pregunto a usted, señor Comisario: ¡no se desentienda! 
Ustedes tienen un grupo de trabajo permanente. 
Hablan sobre los transportes. 
Son un colectivo juramentado con conexiones informativas. 
Me puedo imaginar muchas cosas, pero ¿qué no se haya sabido nada de lo que midieron las sociedades comercializadoras o que la COGEMA ha introducido adicionalmente dispositivos para que se limpie previamente la mercancía que reingresa? ¿Nada de eso sabía la Comisión? 
¡No, quizás debería llamarle a usted Andana! 
No me puedo creer nada de eso. 
Por eso quiero conocer exactamente lo siguiente: ¿qué sabía la Comisión y cuándo lo supo? 
Si leo su reciente comunicación sobre la actividad de este grupo de trabajo permanente, veo que pone de forma muy vaga, que no existiría ningún riesgo, ya que las incidencias y los accidentes son pocos y las consecuencias limitadas. 
Bueno, ¿qué accidentes e incidencias hubo con los recipientes Castor? 
Creo que aquí está la decisiva falta de seguridad. 
Al parecer ha habido que sabían algo, pero que no han informado de ello a la opinión pública. 
Y naturalmente, ahí se plantea también de manera muy concreta la pregunta: ¿Si existía ese conocimiento, qué han hecho con el mismo los responsables políticos? 
¿Lo han negado conscientemente, y qué consecuencias deben sacar ahora? 
No puede ser, que se comporten como si en mayo la Comisión se hubiera topado repentinamente con este conocimiento igual que la muchacha virgen con el niño. 
En lo que se refiere especialmente a la industria: puesto que en la actualidad varios bestsellers están arrasando, no quiero citar necesariamente a Lenin, pero el aforismo de " la confianza es buena, el control es mejor» está muy indicado en este caso, ya que está a la orden del día silenciar problemas de seguridad y accidentes especialmente en la industria nuclear. 
Para mí, la industria nuclear- que ya sabía desde hace años del sudor en los transportes nucleares- ha dejado de ser un interlocutor fiable. 
Exijo de la Comisión, que garantice la introducción de controles, de estándares unificados y de una obligación de informar, cuando existan transportes transfronterizos de residuos nucleares. 
En último término, éste es otro ejemplo de que no existe una deposición final de residuos nucleares que sea totalmente segura. 
Se transporta de allá para acá a través de las fronteras. 
¡Exijo de la Comisión, que actúe en el interés de los ciudadanos y que no se convierta en el ayudante de una industria nuclear que intenta realizar una política energética en contra de la mayoría de la población! 
Descansa sobre una estructura de arcilla, es un coloso con pies de barro. 
Por consiguiente, no puedo entender en absoluto, que en la comunicación de ustedes, que cité hace un rato, se afirme acerca de este campo de acción importante, que la cuestión de la seguridad no se discute bajo el punto de vista de los riesgos y de los miedos de la población, sino que exclusivamente desde el punto de vista de cómo logramos una mayor aceptación. 
¡No, la Comisión debe estar al servicio de los ciudadanos y a las ciudadanas y no de las industrias particulares! 
Permítanme que intente apaciguar los ánimos. 
Recibo con gusto esta declaración del Comisario. 
Estamos tratando con una industria muy regulada, una de las más reguladas en Europa, y debemos reconocer el hecho de que, al contrario de lo sugerido por mi colega, el confinamiento de esos bidones no se alteró. 
Estamos hablando de un grado menor de contaminación de superficie, y ruego que no permitamos que este asunto se exceda en sus proporciones. 
Si estimulamos la preocupación, exacerbaremos insensata y excesivamente los temores de la ciudadanía ante esta circunstancia. 
Es verdad que toda industria muy regulada tiene el deber de informar al público, tal como lo tienen las autoridades y, aunque sea discutible, tendría que ser como la mujer del César, es decir, estar mucho más allá de cualquier reproche, y debería dar todos los pasos necesarios para informar a los ciudadanos de la situación. 
Lo que entiendo es que ha habido alguna expresión de pesar y de contrición por parte de las empresas de Alemania y de la organización de transportes. 
Si bien, según entiendo, no ha habido deficiencia en lo que respecta a los requisitos de información, porque los niveles de contaminación no eran lo bastante altos- y doy las gracias al Sr. Comisario por hacérnoslo saber -, no obstante habría sido mejor que toda la información se hubiera dado a conocer, porque es necesaria la máxima y no la mínima información para devolver y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la industria nuclear. 
Quisiera subrayar que la firma BNFL de Sellafield, en el Reino Unido, es una industria que ha ido tan lejos en esto de la transparencia y apertura que ha convertido su establecimiento de Sellafield en una atracción turística. 
Esto me parece todo un logro y un paso dado en la buena dirección. 
El verdadero problema aquí es: ¿hubo peligro para la gente? 
No. 
¿Hubo peligro para los trabajadores y las personas que intervinieron en la operación? 
Creo que no. 
¿Hay que aprender alguna lección? 
Sí: es preciso que haya mayor transparencia. 
Y éste es el resultado útil de la situación. 
Pero, por encima de todo, no nos tiremos por la borda, no seamos alarmistas en esto. 
Otras industrias protagonizan circunstancias mucho peores, pero no atraen la misma atención que cualquier cosa a la que se aplique el adjetivo " nuclear». 
Creo que es lamentable. 
Por lo tanto, agradezco la declaración y espero que no permitamos que las cosas se salgan de su cauce. 
Señor Presidente, considero muy insatisfactoria la respuesta del Comisario, Sr. Oreja. 
Dice: en este momento no vamos a adoptar medidas adicionales, mientras dos Estados miembros, Francia y Alemania, han establecido la prohibición absoluta de transportar residuos nucleares. 
Ante esto, la Comisión dice: no hacemos nada mientras algunos de los restantes trece Estados miembros se enfrentan a problemas similares. 
Observe todo lo que preguntamos en la resolución común que tiene ante usted. No voy a mencionar todo lo que pedimos a la Comisión para que mejore la situación, puesto que no tendría suficiente tiempo con mi turno de palabra. 
No obstante, mire los párrafos 4, 7, 8, 11, etc. Se trata de cuestiones sobre las que verdaderamente queremos que la Comisión nos informe ¿Podemos esperar una respuesta? 
Se trata de cuestiones que planteamos a la Comisión en una resolución común a fin de atajar el problema. 
Debo señalar que es realmente escandaloso que se nos haya dado tan poca información sobre este transporte y los peligros que entraña para la salud. 
Ya dije: dos Estados miembros han prohibido este transporte, pero también los Países Bajos deberían hacerlo. 
De pronto resulta que las centrales de Borselen y Dodewaard, en mi propio país, transportaron sus residuos a La Haya y a Sellafield, con los mismos riesgos. 
Los contenedores en los que los residuos nucleares son transportados resultan tener un nivel de radiación y de contaminación demasiado elevado. 
Por tanto, en mi país, los Países Bajos, debería cesar también el transporte en tanto no exista más claridad. 
No obstante, esto no basta, señor Presidente, es extraordinariamente inquietante que tales asuntos sean silenciados durante tanto tiempo. 
Por ello, es muy importante que exista una mayor transparencia y un mayor control en relación con el transporte nuclear. 
La Comisión debe presentar cuanto antes un plan y exponerlo en nuestra comisión. 
El fondo del mar cercano a Sellafield, en el que hay residuos nucleares, y las palomas de los alrededores de la planta de enriquecimiento se consideran, conforme a la ley alemana, contaminados por residuos radioactivos. 
Por tanto, me parece una discusión más que necesaria. 
Señor Presidente, no puedo hablar del transporte de desechos nucleares sin hablar de Sellafield, la empresa mencionada por el Sr. Chichester. 
Los vertidos diarios de la planta de Sellafield están estimados en nueve millones de toneladas de desechos nucleares. 
La reciente solicitud de BNFL al Gobierno británico para un aumento del área de los vertidos es ahora otro desagradable episodio de la saga en curso de las plantas nucleares de Sellafield y Thorp. 
He leído comentarios hechos esta semana en Dublín por una científica, la Dra. Sue Lon- que ejerce la dirección de operaciones y tecnología de Sellafield -, acerca de que el Reino Unido tiene un récord de seguridad que tras un análisis detallado resultaría bastante repulsivo. 
Si BNFL tuviera semejante joya de récord en el campo de la salud y de la seguridad públicas, ¿por qué los langostinos de algunos puntos de la costa oriental presentan niveles de contaminación 247 veces más elevados que los que había sólo en 1993? 
Puedo decir a los expertos mencionados por el Sr. Chichester, quienes dicen que la industria está muy regulada, que el Titanic era el barco más regulado del mundo y se hundió. 
Si Sellafield se hunde, todos nos hundiremos con ella. 
Si la industria nuclear británica es un grupo tan modélico, ¿por qué BNFL no acepta que la Comisión Europea haga una valoración independiente de sus operaciones ni permite las facultades que se derivan del Tratado EURATOM? 
Los comentarios de la directora de BNFL están en el límite de lo extraordinario. 
En vista de que la planta nuclear de Dounreay está a punto de ser cerrada por los riesgos que implican para la salud humana las operaciones que allí se llevan a cabo, el Mar de Irlanda no debe usarse como campo de vertidos para materiales irradiados de la planta de Sellafield. 
Estadísticas indiscutibles demuestran que, desde la instalación de la planta de Thorp, hubo un aumento masivo de la cantidad de materiales nucleares encontrados en concentraciones en las algas en Irlanda. 
Así lo observó el Instituto de protección radiológica irlandés en 1994, exactamente un año después de que los británicos otorgaran a BNFL la licencia responsable del desastre ecológico que ahora tenemos entre nuestras manos. 
Señor Presidente, he podido comprobar que el orador anterior ha aprendido a leer, pero a lo que no ha aprendido es a dejar de hacerlo. 
Acabamos de recibir pruebas de cómo el Pakistán y la India se han hecho- por medio del contrabando, el fraude, el robo y la corrupción- con el material necesario para la fabricación de la bomba nuclear. 
Yo no digo que una central nuclear sea una bomba atómica, pero los grupos de interés europeos a favor de la energía nuclear participan a veces en este mismo juego de secretismo y mentiras públicas tan propio de los nuevos Estados con armamento nuclear cuando se hacen con una bomba atómica. 
Desearía que los ciudadanos europeos pudieran confiar en los usuarios de las centrales nucleares con el fin de que éstas no supusieran un peligro para los propios ciudadanos. 
El problema básico es que las centrales nucleares generan combustible usado. 
Es un producto final para el que no hay un lugar de almacenamiento definitivo. 
Por ello, estamos obligados a transportarlo de un sitio para otro, y es posible que todo el combustible nuclear utilizado en Europa esté almacenado hoy en día en un lugar erróneo, y que todavía nos veamos obligados, una vez más, a continuar con este trasiego de un lugar a otro. 
Por todo esto, se debe exigir a la Comisión que elabore rápidamente medidas que nos permitan prepararnos gradualmente de cara a un almacenamiento definitivo de los residuos nucleares. 
Señor Presidente, le hubiera venido bien a la Comisión leer sus propios papeles, por ejemplo, el documento del 3.4.1996, Comisión, nº 11. 
En éste se dice ya textualmente, que de la parte exterior del embalaje- denominado " contenedor para transporte de combustibles» -se produce una contaminación del agua. 
Así que lo sabían desde 1996, y ahora nos quieren tomar el pelo afirmando ¡que sólo lo saben desde abril! 
A proposito existe un working paper nº 4 del comité técnico 996 6 96, en el que ya se hicieron propuestas detalladas sobre este tema, y que se han incluido ahora en las safety series de la AIO, que por otra parte colabora estrechamente con ese comité. 
Si ahora nos cuenta, que los valores límite sólo se han sobrepasado ligeramente, tengo que preguntarle ¿cree que somos totalmente imbéciles? 
Tenemos valores límite de 4 bequerelios/cm2, y mientras tanto hemos medido contaminaciones de 50 000 bequerelios. 
Ustedes no han hecho más que hacer tiempo, aferrándose a la esperanza de que la industria solucionaría ese problema. 
Sólo que la contaminación ha ido continuamente en aumento. 
No ha disminuido. ¡Ha aumentado cada año más! 
Este es el primer punto. 
En segundo lugar, todavía no es seguro que la contaminación se produzca al realizar la carga en recipientes de agua. 
Efectivamente, en el recipiente de agua deberían aparecer también otros isótopos, no sólo cobalto y cesio. 
Pero hasta el momento sólo hemos encontrado cobalto y cesio. 
¿Qué pasa con los otros isótopos? 
También podría tener otras causas. 
Estas no han sido determinadas o investigadas en modo alguno. 
Quisiera también hacerles, sólo como recuerdo, una cita de la directiva relativa a EURATOM, en concreto, el artículo 3 de la directiva 92/3/EURATOM. 
En ella se dice explícitamente: " Los procesos de transporte necesarios para el traslado deben responder a las disposiciones comunitarias y nacionales, así como deben estar en consonancia con los acuerdos internacionales vigentes sobre el transporte de sustancias radiactivas.» 
En consecuencia, formulado a la inversa, debería decirse: si la autoridad a quien concierne no puede controlar esto a nivel nacional- y eso lo sabían ya desde hace añosentonces deberían haber cumplido ustedes con su deber de vigilancia. Ustedes son los guardianes de la ley. 
Todo este escándalo sólo ha salido a la luz por una indiscreción, y no, porque ustedes anduviesen tras el mismo. 
Éste es el auténtico escandalo en este asunto. 
Restarle importancia ahora a esto y afirmar, además, que los trabajadores de transporte y el personal acompañante no corren peligro, eso es querer idiotizar al pueblo. 
Todo el mundo lo sabe exactamente: si llevo un dosímetro, es lógico que no indique nada si es un emisor alfa. 
Pero, por ejemplo, si por efecto del viento, se derrama algo desde el contenedor de transporte, y el pobre policía que circula al lado o el trabajador de transporte entran en contacto con ello, entonces sufrirán graves daños por radiación. 
Sólo que luego no lo podrá demostrar jamás. 
¿Vamos a poder ver, por fin, los estudios? 
Se debería revisar de manera obligatoria la fiabilidad de los explotadores, ya que la concesión de licencias para la explotación de las instalaciones de las centrales nucleares se basa en esa fiabilidad. 
Esa fiabilidad ya no se da. Ustedes tendrían que haber retirado las licencias hace tiempo. 
Esa es la situación. 
Y todo lo demás que nos quieran contar aquí, no es verdad. 
¡Lean ustedes sus propios documentos! 
Señor Presidente, el tema de la seguridad de los ciudadanos europeos en relación con los transportes nucleares es naturalmente de una importancia eminente. 
Pero este tema sólo se puede ver como un detalle de una problemática general que está llena de interrelaciones y que se debe tomar muy en serio. 
Mientras la cuestión de la deposición final o provisional no esté totalmente aclarada, se han de rechazar todas las actividades encaminadas a la puesta en servicio de nuevas centrales nucleares o al mantenimiento del servicio de instalaciones anticuadas. 
Desde nuestro punto de vista la Unión Europea debería hacer todo lo que esté a su alcance, para lograr salir de la energía nuclear y, en cambio, promover con más fuerza el desarrollo de fuentes alternativas de energía. 
La Unión Europea tendría la oportunidad de ofrecer aquí un buen ejemplo. 
Ciertamente, el aseguramiento de los transportes de residuos nucleares no es sino el tratamiento de un síntoma de un desarrollo nada sano en general. 
Esto es importante. 
Pero más importante es tratar el fondo del problema y suspender cualquier otra promoción de la energía nuclear. 
Me gustaría decir al Sr. Chichester que en Gran Bretaña la mujer del César ha dado un poquitín que hablar. 
Dounreay fue cerrada por un cuerpo de inspección nuclear. 
En Sellafield tenemos una situación que sólo puedo describir diciendo que estamos esperando un espectacular orgasmo nuclear en cualquier momento, porque en ese lugar hay una fosa que, se sospecha, puede estallar en cualquier momento. 
Sin embargo, pienso que este debate de hoy es oportuno, porque tiene como trasfondo la situación de Alemania, donde trabajadores ferroviarios, policías e incluso los que se manifiestan contra las instalaciones nucleares han sido irradiados. 
En rigor, la situación eran tan seria en Alemania que el Jefe de la policía alemana amenazó con acusar de al Ministro de Medio Ambiente alemán y a la dirección de las centrales nucleares de haber causado graves daos corporales. 
Esos trabajadores fueron expuestos a niveles de radiación tres mil veces mayores que los permitidos. 
Los bidones se controlaron de un modo poco seguro e inadecuado. 
El año pasado, una cuarta parte de los bidones enviado por ferrocarril desde Alemania a Francia no se habían limpiado adecuadamente y estaban totalmente contaminados. 
Esto ha venido ocurriendo durante unos trece años. 
Está claro que esto es posible sólo en una industria como la nuclear, que está protegida y oculta por el secreto. 
Es casi imposible vigilar el movimiento de material radiactivo y pedir explicaciones de él. 
En el Reino Unido y en Francia, la industria tiene noticia de la contaminación radiactiva en el transporte desde 1980. 
La industria era consciente de que las juntas de las arcas tenían fallos y eran inseguras, y se me ha dado a entender que las arcas más pequeñas que se enviaron a Sellafield nunca se probaron para determinar su estanquidad, seguridad y eficiencia. 
¿Puedo decir algo y esperar que la Comisión tome nota de ello? Este material tiene que ser procesado y almacenado no en un punto de entrega lejano, de Escocia o de Inglaterra, sino almacenado y procesado lo más cerca posible del punto de producción. 
¿Puedo decir también a la Comisión que debe admitir el carácter grave de este tema? 
Tendremos otra oportunidad de hacerlo así, cuando se produzca el debate sobre el transporte del material nuclear, cuando la Comisión considere oportuno presentar su informe a la Comisión de Transportes y Turismo. 
Distinguido seor Presidente, distinguidas señoras y señores, es preciso garantizar la aplicación correcta de las disposiciones legales, también de las europeas y de las internacionales. 
El control objetivo y la transparencia deben ser garantizados enseguida, y en caso de una emergencia se han de adoptar de inmediato medidas legales. 
Hoy nuestro colega ha hablado ya de Lenin. Creo que debemos dirigir también nuestra atención a la Europa del este y deberíamos intentar implantar también allí estándares de seguridad con la mayor rapidez posible. 
De ahí mi exigencia: necesitamos el establecimiento inmediato del máximo denominador común para estándares de seguridad en Europa y un incremento notable de la política de información. 
Señor Presidente, señor Comisario, al escuchar sus explicaciones ha recordado cómo el año pasado, el presidente de la Comisión, el Sr. Santer, dijo desde este mismo lugar lleno de entusiasmo: " Convirtamos nuestra Unión en una unión de la salud.» 
Justamente la protección sanitaria de la población europea se ha descuidado en el caso de los transportes de residuos nucleares, pues, de lo contrario, no podría ser que trabajadores del transporte, personal de vigilancia e incluso personas que han protestado contra estos transportes, se hayan visto expuestos a la radiación. 
Y hay que agregar que se trata sólo de transportes y de deposiciones provisionales, ya que todavía no existen depósitos definitivos para residuos nucleares. 
La investigación sigue, pero no encontramos una solución. 
Es preciso que no sólo se disponga regulaciones de seguridad unificadas sino también que se lleven a efecto, pues, seor Chichester, cuando César dijo que su mujer debería estar libre de toda sospecha, fueron éstas las palabras con las que inició el divorcio, pues su mujer le había ocultado cosas que habían sucedido en su casa. 
¡De eso se trata! 
Es intolerable que se oculten cosas a las personas, que la Comisión, las empresas y los Estados miembros no tengan libre acceso a toda la información ni puedan hacérsela llegar a los ciudadanos. 
Una serie de Estados miembros ha renunciado a la opción de generar electricidad a partir de la energía nuclear. 
Los transportes atraviesan también estos Estados miembros, porque frecuentemente esto no puede ser de otra manera en Europa por razones geográficas. 
No veo realmente ninguna razón de que las personas hayan de estar expuestas a un peligro, y creo que los recursos que abundantemente gastamos para Euratom se deberían usar por fin para establecer normas de seguridad, que rijan luego para todos los Estados miembros y para todos los candidatos a la adhesión para así garantizar así la seguridad en Europa, pues la seguridad es indivisible, y no nos podemos pasar la culpabilidad unos a otos. 
Señor Presidente, creo que estamos aquí esta noche para hablar sobre la industria nuclear, pero tras oír la respuesta inicial de la Comisión, considero que es acertado decir que no es adecuada, que sin duda carece de seriedad y que raya en la autocomplacencia. 
Necesitamos que la Comisión nos dé más que esto cuando se producen incidentes así. 
Estas recientes revelaciones de los altos niveles de radiación hallados en las arcas y en el material rodante usado para transportar desechos nucleares son, desafortunadamente, un ejemplo más de que la industria nuclear se pega un tiro en su propio pie. 
¿Cuándo van a aprender? 
Una vez más la frágil confianza pública en la competencia técnica y en el cuidado responsable que ejerce la industria se está evaporando por los aires. 
¿Cuándo aprenderá la industria que para conservar la confianza y el apoyo públicos y para tener alguna esperanza de seguir operando en el futuro tiene que trabajar con las más elevadas normas de seguridad, con una diligencia y un celo sin par? 
Mi opinión personal es que, si quiere tener un futuro a largo plazo en un marco legislativo y económico estable, la industria nuclear debe aprender las lecciones del pasado y comportarse de una manera abierta y transparente, con la máxima preocupación por la seguridad pública. 
Algunas de las resoluciones, debo decirlo, son una reacción excesiva ante los últimos incidentes que, técnicamente, no creo que sean tan serios como algunas personas quieren hacer ver. 
No obstante, debo admitir que me ha encantado la intervención de la Sra. Bloch von Blottnitz. 
Hay que aprender algunas lecciones. 
Esas enseñanzas se pueden encontrar en las resoluciones que tratamos esta noche. 
Ante todo, tiene que haber una inmediata investigación pública: es absolutamente necesario. 
Hay que identificar un pronto remedio para todos los problemas y usos indebidos. 
Hay que establecer nuevas normas, en el campo europeo, para el control y la valoración de los riesgos durante el transporte y, a continuación, un conjunto nuevo de normas de operación, uniforme en toda Europa. 
Por último, creo que la Comisión y los Estados miembros implicados tienen la responsabilidad de darnos la seguridad de que se emprenden acciones contra todas las partes culpables identificadas durante la investigación. 
Esperemos que esta pequeña paja sea la que rompa el lomo de un camello muy testarudo y enceguecido que es el modelo de la industria nuclear tal como la vemos hoy. 
Quizá por fin vea la luz. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme hacer una primera observación. 
Para mí es un honor estar aquí e informarles sobre la actitud de la Comisión en el caso de la contaminación de los depósitos de transporte de combustibles nucleares irradiados. 
La Señora Bjerregaard habría querido estar aquí, pues ella es la Comisaria competente en la materia, pero, como sin duda todos lo saben, hoy tenía un Consejo de suma importancia en Luxemburgo, que es uno de ésos que en nuestra jerga llamamos Consejo "jumbo» , sobre" Medio ambiente y transportes». 
Responderé con brevedad a una serie de puntos, pero Sus Señorías pueden tener la certeza de que, mañana a la mañana, transmitiré a la Comisaria sus preguntas. 
He tomado nota de todas las preguntas formuladas y tal como se han formulado. 
La Señora Bjerregaard dará las respuestas oralmente o por escrito. 
Ante todo, quiero decir que la Comisión es muy sensible a este problema y que está enteramente de acuerdo con las declaraciones que algunos diputados han hecho, en especial la última intervención del Sr. Bowe, y también otras, como la del Sr. Chichester, sobre la necesidad de informar a los ciudadanos. 
Se ha hecho referencia a la sensibilidad del Presidente Santer en los aspectos relacionados con la salud. 
Efectivamente, ésta es una de las preocupaciones principales de la Comisión, desde el principio de su mandato, hace tres años y medio. 
Por lo tanto, ¿cómo podríamos no ser sensibles ante un problema como éste? 
Para tratar de dar una respuesta al Sr. Lange y a la Sra. Bloch von Blottnitz, debo decirles en primer lugar que no se sabe cuántas veces se sobrepasaron los límites de la contaminación en el momento de la exposición. 
Los límites se aplican a una contaminación no fijada, es decir, que se puede recoger secando la superficie, y por lo tanto puede trasmitirse a las personas que se pongan en contacto con esa superficie. 
Sin embargo, desde hace cierto tiempo se sabe que una contaminación que es imposible retirar en el momento de la expedición puede transformarse durante el transporte, por procesos naturales, de modo que al arribo ya no sea fijada. 
Así es como los contenedores para el transporte de combustibles irradiados se cubren durante el tránsito para que no se produzca ningún contacto con personas y ningún efecto de lavado por la acción de la lluvia. 
Además, toda reaparición de una contaminación no fijada excesiva en el curso del transporte debe ser seguida por una descontaminación lo más cercana posible al momento de la detección. 
Por lo tanto, hay que conocer cierto número de casos de este tipo antes de que se pueda dar alguna cifra. 
No obstante, parece que, en este incidente, hubo un fallo de comunicación entre los operadores que detectaron la contaminación y las autoridades competentes. 
Estas últimas, pues, no tenían conocimiento cabal de la amplitud del problema que planteaba la contaminación, ni de la posibilidad de que sus efectos ocultaran la necesidad de procedimientos más estrictos. 
Esos aspectos, evidentemente, tendrán que ser objeto de medidas complementarias, sobre todo en los niveles nacionales. 
En respuesta a una parte de la pregunta hecha por el Sr. Lange, también quiero decirle que un informe elaborado en 1985 por la Agencia Internacional de Energía Atómica reconocía explícitamente la posibilidad de la reaparición, durante el tránsito, de una contaminación no fijada a la superficie de los depósitos de transporte de combustibles irradiados, aun en el caso de que esta contaminación se hubiera recogido antes de la partida. 
Muchos Estados de la Unión Europea, así como la Comisión, han impulsado la elaboración de este informe. 
Sin embargo, la responsabilidad de aplicar las directivas comunitarias compete, en primer lugar, a los Estados miembros, y la Comisión desconocía la amplitud eventual de los problemas de contaminación de los depósitos de transporte de combustibles irradiados, imputables a ese fenómeno, antes de ser informada de la situación existente en Francia, por las autoridades competentes francesas, el 30 de abril de 1998. 
Así mismo, en respuesta a una observación del Sr. Eisma, le diría, como ya lo he hecho, que en todos los Estados miembros se están haciendo investigaciones. 
Cuando estén terminadas, la Comisión examinará de inmediato la oportunidad de encargar un estudio colectivo más dinámico de la situación en los muchos Estados miembros potencialmente afectados. 
Por último, diré al Sr. Fitzimons que he escuchado con gran interés su intervención, como también las del Sr. Seppänen y demás diputados. 
Hay preguntas que, si las he comprendido bien, no se refieren exactamente al problema del transporte. 
Aun así, las transmitiré, como las demás, a la Señora Bjerregaard. 
En cuanto al Sr. Morris, le digo simplemente que se deduce claramente de los resultados disponibles que ni el personal ni la población han sufrido una radiación que sobrepase los máximos fijados a nivel comunitario, y que toda exposición resultante de la contaminación excesiva de los depósitos de transporte no correspondería más que a una pequeña fracción de los máximos vigentes. 
Esto, Señor Presidente, Señorías, es lo que puedo decirles hoy. 
Permítanme, en fin, insistir en el hecho de que somos particularmente sensibles a los problemas que acabamos de comentar. 
Como ya he dicho, transmitiré de inmediato las preguntas de Sus Señorías a la Señora Bjerregaard, que podrá darnos respuestas completas. 
Veo que hay cuatro miembros que han pedido la palabra para realizar preguntas muy breves. 
Pido a los miembros que tengan en cuenta que el Sr. Oreja está aquí substituyendo a otro comisario y que habrá otras ocasiones en las que poder preguntar al comisario indicado. 
Señor Presidente, solo quiero hacer dos preguntas, que le pido se las transmita a la Comisaria competente. 
Primero: ¿Cuándo vamos a recibir las actas del grupo de trabajo permanente? 
Segundo: ¿Se va a introducir, por fin, para transportistas y para transportes de las empresas la obligación de informar? 
Esta no figura, efectivamente, en ninguna directiva. 
Tercero, sólo le quiero decir que la contaminación es tan elevada justo a la llegada y no a la partida. 
Señor Presidente, en abril pasado se cumplió un año desde que la Comisión de Transportes y Turismo envió a la Comisión, para que también lo considerara el Consejo, un informe sobre el transporte de los desechos nucleares por vía aérea. 
Todavía estamos esperando que vuelva ese informe a la Comisión de Transportes y Turismo. 
Se trata de un asunto urgente y, por consiguiente, pido a la Comisión que averigüe cuándo se presentará ese informe a la Comisión de Transportes y Turismo. 
Señor Presidente, ¿cuándo se le va a dar al Parlamento la posibilidad de revisar las actas del grupo de trabajo permanente «seguridad nuclear» , si estas no se pueden facilitar directamente? 
Estoy dispuesto a ir el lunes por la mañana a la Comisión para leer las actas. 
Pero no estoy en condiciones de dar las respuestas correctas y no quiero dar respuestas vagas. 
No es ésa mi función. 
No tendría ningún sentido. 
El respeto que merecen Sus Señorías me impide decir cosas generales. 
No obstante, Sus Señorías pueden tener la seguridad, y sobre todo el Sr. Lange, que pregunta si el lunes podría ver las actas de las reuniones, que mañana mismo, a las 9 de la mañana, la Señora Bjerregaard tendrá la información completa de todas las cuestiones que se han mencionado aquí, la de las actas del grupo de trabajo permanente, la que se refiere a una directiva, etcétera, y espero que al cabo de 24 horas tengan Sus Señorías una respuesta de la Señora Bjerregaard, de una manera u otra. 
Por mi parte, no puedo ir más lejos, precisamente por respeto al Parlamento y a los parlamentarios. 
Me gustaría darle las gracias, señor Comisario, por haber comparecido en este Parlamento habiendo sido avisado con tan poco tiempo y por haber contestado tan bien teniendo en cuenta que éste no es su campo. 
Nos gustaría pedirle que transmita los saludos del Parlamento a la Sra. Bjerregaard. 
En nombre de la Presidencia quiero añadir que es naturalmente importante que la dirección del Parlamento trate de organizar los debates de modo que los comisarios indicados puedan asistir. 
Fue una autocrítica que aquí realicé en nombre de la Presidencia. 
No obstante, una vez más, gracias, señor Comisario, por haberse prestado a intervenir. 
He recibido seis propuestas de decisión, presentadas con arreglo al apartado 2 del artículo 37 del reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.30 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, seguramente por una deficiencia mía, no figuro en la lista de miembros que asistieron ayer al Plenario. 
Por la mañana hay constancia de que figuro en todas las votaciones nominales y, por la tarde, tuve el honor de presidir parte de la sesión. 
Por lo tanto, por el rigor del acta, desearía que se corrigiera esta deficiencia que- vuelvo a repetir- estoy seguro de que se debe a un error personal mío. 
No me debí acordar de firmar en el momento oportuno. 
Muchas gracias, señor Gutiérrez. 
Así se corregirá. 
(El Acta queda aprobada) 
Me pide la palabra la Sra. Bloch von Blottnitz. 
Señor Presidente, como todos ustedes saben, esta noche hemos tenido el debate de la declaración de la Comisión sobre los transportes nucleares. 
Sin embargo, el Comisario aquí presente que, sin duda, se esforzó y fue muy amable, no tenía ni idea de la materia, pues su competencia es el trabajo con la opinión pública. 
Nos podíamos haber ahorrado el debate. 
No pudo dar respuesta a ninguna de las preguntas. 
Pero no fue suficiente con esto, leyó una declaración que era falsa de manera demostrable. 
En la declaración figuraba que hasta el 23.4 del presente año la Comisión no había sabido nada de la contaminación causada mediante contenedores Castor. 
Sin embargo, pude demostrar sin lugar a dudas que la Comisión escribió ya sobre este tema en una comunicación el 3.4.1996. 
Naturalmente, el Comisario no pudo responder a esta pregunta pues, evidentemente, éste no es su ámbito de trabajo. 
En este sentido, solicito que se procure que esté presente alguien de la Comisión que esté en condiciones de entrar en un buen debate; de lo contrario, no debemos celebrar tales debates pues éste fue una pérdida de tiempo. 
(Vivos aplausos) 
Señora Bloch von Blottnitz, quiero recordarle, de todas maneras, que este punto se inscribió en el orden del día a ciencia y conciencia de que la Sra. Bjerregaard tenía un Consejo importante y no podía existir la seguridad de que llegase a tiempo. 
La Conferencia de Presidentes prefirió correr el riesgo, sabiendo que podía producirse esta hipótesis y, por desgracia, se ha producido. 
El Consejo ha durado más de lo debido y la Comisaria encargada de esta cartera no ha podido estar aquí. 
Pero, en este caso, lo hemos hecho corriendo ese riesgo. 
Consejo Europeo de Cardiff- Semestre de actividadde la Presidencia británica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
el informe del Consejo y la declaración de la Comisión sobre la reunión del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 1998 en Cardiff; -la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el semestre de actividad de la Presidencia británica.En este momento está llegando el Presidente en ejercicio de Consejo y le daremos la palabra tan pronto como se incorpore a nuestros trabajos. 
Me pide la palabra la Sra. Malone. 
Señor Presidente, me pregunto si los diputados saben que la sesión comienza a esta hora. 
Parece haber muchos escaños vacíos. 
Quizá podríamos hacer sonar el timbre. 
Señora Malone, yo creo que la finalidad de su intervención acaba de ser cubierta, puesto que el Presidente en ejercicio del Consejo está ya en el hemiciclo. 
De modo que, habida cuenta de su presencia, le voy a dar inmediatamente la palabra para que realice su declaración sobre el semestre de actividades de la Presidencia británica y su informe sobre la reunión del Consejo Europeo en Cardiff. 
Tiene la palabra el Sr. Blair. 
Señor Presidente, Señorías, estoy encantado de acudir por primera vez al Parlamento Europeo en calidad de Primer Ministro británico, y de informarles sobre la Presidencia del Reino Unido y el Consejo Europeo de Cardiff. 
Si me lo permiten, quisiera comenzar dejando constancia hoy de nuestra gratitud a sus Señorías por la cooperación que ha marcado las relaciones entre el Consejo y el Parlamento durante nuestra Presidencia. 
Por nuestra parte, nos hemos esforzado en garantizar que los ministros británicos informen regular y plenamente al Parlamento sobre los principales dossiers y no hemos escatimado esfuerzos para tomar en consideración sus opiniones. 
Quisiera expresar mi especial agradecimiento a José María Gil-Robles por su amabilidad, apoyo y cooperación durante nuestra Presidencia de la Unión Europea. 
Mi informe tiene dos dimensiones: en primer lugar, los resultados prácticos y los logros de la Presidencia; en segundo lugar, una descripción de cómo percibimos el actual estado de ánimo y el rumbo de la Unión Europea. 
Nuestra Presidencia ha estado marcada, evidentemente, por el lanzamiento de dos acontecimientos históricos: la Unión Monetaria y la ampliación. 
Una moneda única en Europa tiene el potencial de crear una fuerza de estabilidad en el mundo. 
Pero nadie debe subestimar los retos que representa para todos nosotros. 
Hay quien habla como si la creación de la moneda única bastara por sí sola para garantizar la prosperidad económica. 
No basta. 
Para que funcione, la moneda única debe ir acompañada de dos cosas: la política del Banco Central Europeo debe ser creíble; la política monetaria debe ser disciplinada y, por consiguiente, el euro fuerte y no débil. 
Además, debe producirse una reforma económica en la Unión Europea. 
La moneda única entraña cambios económicos estructurales profundos, cambios que, en ocasiones, son beneficiosos, e incluso necesarios. 
Pero debemos ser sinceros con nuestros ciudadanos con respecto al cambio que se producirá, y debemos estar preparados. 
El Banco Central Europeo cuenta ya con un firme liderazgo por un período, como mínimo, de doce años. 
La Cumbre de Cardiff ha elaborado una agenda para la reforma económica. 
Este programa de reforma económica consta de cuatro elementos. 
En primer lugar, el empleo. 
Los puestos de trabajo deben seguir siendo la principal prioridad de la Unión Europea en el futuro próximo. 
(Aplausos de la izquierda) Dieciocho millones de desempleados en Europa son demasiados. 
En la Cumbre sobre el Empleo del pasado noviembre, se acordaron orientaciones para promover una fuerza laboral cualificada, formada y adaptable, así como mercados de trabajo flexibles con capacidad de reacción ante el cambio económico. 
Los quince Estados miembros han presentado planes nacionales de acción para la creación de empleo. 
En Cardiff hemos acordado ampliar ese trabajo, hemos hecho especial hincapié en el fomento del aprendizaje durante toda la vida, el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades, la revisión de los sistemas fiscales y de las prestaciones, la mejora de incentivos a la creación de puestos de trabajo y el desarrollo de una cultura de creación de empresas. 
Existe consenso sobre la necesidad de un enfoque flexible y dinámico para responder a los retos de la globalización. 
En segundo lugar, en Cardiff hemos apoyado el firme compromiso de proseguir la reforma económica estructural en Europa. 
Además de políticas macroeconómicas sensatas, hemos desarrollado orientaciones económicas generales. 
Los Estados miembros han acordado reformar el mercado de trabajo, los mercados de productos y de capital, y reducir las cargas reglamentarias sobre las empresas. 
También han acordado elaborar informes anuales sobre sus progresos en este sentido. 
Estos cambios son vitales si queremos que Europa siga siendo competitiva. 
En tercer lugar, el mercado único. 
Con la ayuda de este Parlamento, la Unión Europea ha realizado considerables progresos durante los últimos seis meses: nuevas medidas sobre los servicios financieros y las patentes en biotecnología, nueva competencia en los mercados de las telecomunicaciones, nuevo programa marco para promover la investigación y el desarrollo en alta tecnología, y medidas para salvaguardar la libre circulación de mercancías. 
Espero que el Parlamento dé su dictamen conforme a las dos últimas medidas lo antes posible. 
Desde diciembre del pasado año, el denominado marcador del mercado único muestra que la proporción de medidas implantadas en los Estados miembros ha crecido del 73 % al 82 %, pero debemos seguir avanzando y debemos avanzar con rapidez. 
En Cardiff hemos acordado ampliar el marcador para desarrollar mejores indicadores de la integración eficaz del mercado y hemos acordado las prioridades especiales para el futuro: los servicios financieros, un mejor cumplimiento de la normativa sobre el mercado único y una corrección de las diferencias de precios injustificadas en Europa. 
El cuarto elemento de la reforma económica es la ayuda a las pequeñas empresas: el sector de las PYME y los autónomos. 
Muchas de estas personas serán los motores del crecimiento y de la creación de puestos de trabajo del futuro en la Unión Europea. 
Es nuestro deber ofrecerles el apoyo que necesitan para poder desarrollarse y para que sus pequeñas empresas adquieran un tamaño mediano y, más tarde, grande. 
(Aplausos) Necesitan un mejor acceso al capital, menos burocracia y una cultura que los apoye. 
En la Cumbre de Cardiff se han vuelto a respaldar nuevas iniciativas en todos estos ámbitos. 
Es el inicio del proceso de reforma, que marca un distanciamiento de las políticas del pasado, lo cual es acertado. 
Asimismo, sobre la ampliación, durante veinte días de marzo y, una vez más, con la ayuda de este Parlamento, inauguramos la Conferencia Europea, lanzamos el proceso de adhesión e iniciamos las negociaciones de adhesión de cara a la ampliación. 
Por fin hemos iniciado un proceso que borrará las cicatrices de un continente dividido y que aportará enormes logros para la prosperidad y la seguridad de toda Europa. 
El proceso de evaluación está en marcha. 
Ya se han completado siete capítulos de un total de treinta y uno. 
El próximo paso será el inicio de negociaciones substanciales. 
Y no nos hemos olvidado de los candidatos que aún no toman parte en las negociaciones formales. 
Queremos que se incorporen en cuanto estén preparados. 
Seguiremos intentando estrechar la cooperación con todos los países candidatos. 
También espero, en particular, que las decisiones adoptadas en Cardiff nos permitan iniciar un nuevo capítulo y más productivo en las relaciones entre la UE y Turquía, incluida una solución al atolladero de la financiación. 
No obstante, el éxito de la ampliación exige además una modernización de las políticas de la Unión. 
En los últimos meses, se han iniciado trabajos minuciosos sobre las propuestas de la Agenda 2000 de la Comisión. 
Dichas propuestas afectan a temas cruciales para todos los Estados miembros: el volumen y la distribución del presupuesto, reforma equitativa de los Fondos estructurales, modernización de la Política Agrícola Común. 
Pero también está nuestra responsabilidad ante los nuevos Estados miembros, la responsabilidad de hacerles partícipes, lo antes posible, de las ventajas del mercado único, de permitirles unirse a una Política Agrícola Común viable y competitiva, de permitirles que reciban una parte justa de los Fondos estructurales. 
Las negociaciones sobre la Agenda 2000, al igual que las negociaciones sobre la ampliación, serán arduas- este tipo de negociaciones siempre lo son. 
Pero nosotros, los actuales miembros de la Unión Europea, no podemos decir, por un lado, que apoyamos la ampliación, y luego no aprobar los medios para hacerla realidad. 
(Aplausos de la izquierda) En particular, no podemos permitir que los distintos intereses establecidos dificulten nuestra obligación histórica para con los antiguos Estados comunistas del Este de Europa. 
Al fin y al cabo, con valentía, eligieron la vía democrática. 
Debemos ayudarles en su camino hacia la prosperidad. 
(Aplausos) El Consejo ha acordado que las decisiones sobre la Agenda 2000 se tomarán durante la Presidencia alemana, en el primer semestre del año próximo. 
Es un calendario ambicioso. 
Hemos trabajado con el Parlamento para garantizar su plena participación en este complejo e importante proceso, y nos hemos comprometido a conducir con éxito las negociaciones hacia un nuevo acuerdo interinstitucional durante el mandato de este Parlamento. 
Entretanto, también hemos colaborado muy estrechamente con sus Señorías en la importante tarea anual de elaboración del presupuesto para 1999 y en la mejora de la gestión financiera, partiendo del dictamen del Tribunal de Cuentas. 
Este tipo de cooperación será fundamental a la hora de determinar el marco financiero para el inicio del siglo próximo, y espero que se mantenga durante las próximas Presidencias. 
Permitan que me refiera a un punto que, sé, es de gran interés para muchas de sus Señorías: las repercusiones del reciente dictamen del Tribunal de Justicia. 
Los gastos de la Comisión en algunos programas no tenían justificación legal satisfactoria. 
El Consejo es de la opinión que es fundamental que exista certidumbre legal y transparencia en un proceso presupuestario que afecta a los fondos de los contribuyentes. 
Es en interés de todas las instituciones. 
Permítanme dejar perfectamente claro, que el dictamen es sobre la ley que todos debemos acatar cuando aprobamos programas de gastos; no es un dictamen sobre los propios programas. 
En adelante debemos actuar unidos para superar estas dificultades rápidamente. 
El dictamen del Tribunal de Justicia reconoce que, en circunstancias concretas, la Comisión puede seguir autorizando pagos sin un fundamento jurídico específico y que se respetarán los compromisos adquiridos. 
No obstante, he solicitado a representantes de la Presidencia que se reúnan con representantes de la Comisión y del Parlamento el 23 de junio para buscar una solución rápida y satisfactoria que deje zanjado este problema. 
(Aplausos) La finalidad de dicha reunión será permitir al Consejo y al Parlamento garantizar la rápida adopción de dichos programas en aquellos casos en que los fundamentos jurídicos propuestos por la Comisión estén sobre la mesa. 
Hemos trabajado para desarrollar una voz europea más coherente y más fuerte en asuntos de Exterior. 
El mes pasado, Robin Cook presentó al Parlamento las medidas prácticas adoptadas por la Unión Europea desde enero encaminadas hacia este objetivo. 
Nuestros esfuerzos se han centrado en varios ámbitos clave, permítanme que se los describa brevemente. 
La crisis de Kosovo sitúa a Europa ante el peligroso reto de establecer una solución justa para un Kosovo autonómico dentro de la República Federal, al tiempo que se evita una repetición de Bosnia. 
Al menos esta vez, la Unión Europea ha actuado con rapidez en la adopción de medidas para disuadir a Belgrado de proseguir la violencia en Kosovo. 
He discutido con cada uno de los Jefes de Gobierno nuestra determinación de intervenir. 
Tras nuestra declaración de Cardiff, ninguno de ellos tenía la menor duda de lo que la Unión quiere que se incluya nuestra determinación de intervenir, junto con nuestros aliados de la comunidad internacional más amplia, si no se cumplen nuestras exigencias. 
Quisiera decirles- a pesar de las controversias que este tema desata en determinados círculos- que la planificación militar está muy avanzada en la OTAN, con todo el apoyo de los Estados miembros de la Unión Europea, en caso de que la diplomacia fracase. 
Pero no podemos permitir que decaiga la estabilidad y el caos se adueñe de esa parte del mundo: nos afectará a todos. 
(Aplausos) También durante los últimos meses, la Unión Europea ha conseguido realzar su papel en el proceso de paz de Oriente Próximo. 
Apoyamos los esfuerzos estadounidenses en la zona, pero ahora la Unión Europea también tiene una posición clara y definida en los esfuerzos encaminados a impulsar el proceso de paz. 
La Unión y sus Estados miembros también han respondido con rapidez y eficacia a otros problemas del panorama internacional, como la crisis económica asiática, Indonesia y las pruebas nucleares de la India y Pakistán. 
Ni que decir tiene que Europa no tiene la solución para todas estas crisis, pero hemos podido articular rápidamente una opinión clara europea, expresar consenso allí donde existe y actuar eficazmente de común acuerdo con nuestros interlocutores internacionales. 
Hemos logrado resolver la antigua polémica entre la UE y los EE. UU. acerca de la legislación extraterritorial de aquel país, de manera que quedan protegidos los intereses económicos europeos y nuestra oposición, por principio, a legislaciones de esta naturaleza. 
Hemos desempeñado el papel europeo en otros ámbitos de antigua preocupación: en Bosnia, hemos actuado con rapidez para apoyar el impulso de los nuevos gobiernos favorables a Dayton de la República Srpska y Montenegro. 
Hemos acordado un nuevo código de conducta para la Unión Europea con respecto a la exportación de armas. 
Espero que, como resultado del mismo, los Estados miembros decidan no proseguir la venta de armas sencillamente, porque creen que si ellos no lo hacen, lo harán otros. 
(Aplausos de la izquierda) Nos hemos ocupado activamente de los derechos humanos consiguiendo un compromiso positivo de los países afectados. 
Por ejemplo, actualmente existe un nuevo diálogo más constructivo con los chinos, no porque hayamos abandonado nuestros principios, sino gracias a que hemos buscado vías que nos permitan avanzar realmente; y la primera cumbre UE-China de abril demostró los frutos de este enfoque. 
A nivel comunitario, la Presidencia ha dado prioridad a temas que preocupan a la población en general. 
Sobre el medio ambiente, en el Consejo de Medio Ambiente, la Unión alcanzó un acuerdo sobre el modo en que la Unión Europea cumplirá los compromisos adquiridos en Kioto sobre los gases de efecto invernadero. 
Es un gran paso adelante. 
Hemos acordado medidas adicionales para reducir la contaminación atmosférica, para mejorar la calidad del agua y para poner fin a la pesca con redes de enmalle a la deriva. 
Hemos aprobado una nueva directiva sobre zonas para la protección de animales, como los zoológicos. 
También hemos elaborado, junto con las próximas tres Presidencias, un programa de trabajo para garantizar la continuidad y la acción real. 
En términos generales, creo que, durante los últimos seis meses, la Unión ha creado y logrado muchas cosas en su afán por conseguir una Europa más limpia. 
Quisiera rendir especial tributo a mi colega y Viceprimer Ministro, John Prescott, por su labor en Kioto y en el Consejo de Medio Ambiente del día de ayer. 
(Aplausos) Además, la Unión ha hecho grandes progresos en la lucha contra la criminalidad: un nuevo pacto con los países aspirantes sobre la cooperación contra el crimen organizado; avances hacia una cooperación más estrecha entre los Estados miembros en asuntos delictivos; los elementos clave de una estrategia de la Unión Europea contra la droga a partir de 1999; un paquete de medidas para garantizar una mejor coordinación entre los cuerpos policiales y las autoridades judiciales para atajar la criminalidad transfronteriza; y un acuerdo para trabajar en favor del reconocimiento mutuo de las sentencias judiciales. 
Este Parlamento, acertadamente, atribuye gran importancia a una mayor apertura. 
Nos hemos esforzado por hacer el Consejo más transparente: los debates abiertos de este año han tenido un seguimiento mayor que nunca, y los Estados miembros han acordado ahora establecer un registro público de los documentos del Consejo. 
Pero soy consciente de que aún queda mucho camino por recorrer. 
Les estoy agradecido por su apoyo. 
El Parlamento nos ha respaldado en la primera cumbre que se celebra para el público, que aunó a ONGs de toda Europa para debatir nuestra agenda. 
En Cardiff también hemos acogido con satisfacción las iniciativas de la Comisión y del Consejo para mejorar su eficacia. 
Hemos acordado que una vez que se haya ratificado el Tratado de Amsterdam- un paso dado por Gran Bretaña esta misma semana -, deberemos abordar las cuestiones institucionales que quedaron pendientes en Amsterdam. 
No obstante, mi Presidencia y, en realidad, cualquier Presidencia, no debe conocerse sólo por un catálogo de resultados, sino también por el sentido de dirección y por el sentir de la Unión Europea a que representa. 
Creo que Gran Bretaña ha progresado mucho en el pasado año en sus relaciones con el resto de la Unión Europea. 
Me complace afirmar que los días de la guerra del vacuno- 14 contra 1 -, de las posiciones de un Gobierno asolado por las facciones belicosas en el partido del Gobierno pertenecen al pasado. 
(Aplausos de la izquierda) Sólo quisiera decir, muy diplomáticamente, a los diputados Conservadores británicos aquí presentes que han organizado el disentimiento contra la Presidencia en el Parlamento Europeo: gracias por su interés, pero nos acordamos de cuando su Partido estaba en el poder y no queremos volver a aquellos tiempos. 
(Aplausos de la izquierda) También hemos firmado, orgullosos, el capítulo social; hemos negociado el Tratado de Amsterdam con soltura; y hemos trabajado durante nuestra Presidencia con nuestros colegas como interlocutores. 
No obstante, para terminar, deseo ser franco con sus Señorías y con los ciudadanos europeos. 
En Gran Bretaña siempre han existido dos tendencias contrarias a Europa, y dichas tendencias afectan a la totalidad de Europa, no se limitan a Gran Bretaña. 
Una se opone por completo a Europa, pase lo que pase, por motivos claramente nacionalistas. 
En este caso, se debe vencer sencillamente con el argumento a favor de una opinión moderna sobre cómo funcionan las naciones-Estado. 
Pero la segunda tendencia es diferente: puede apoyar a la Unión Europea, pero le preocupa sus direcciones y sus acciones. 
Este grupo de opinión merece toda nuestra atención. 
Debemos comprender sus preocupaciones: teme una centralización excesiva de Europa, teme quedar demasiado lejos y también que su política económica se vea atrapada en normativas. 
En mi opinión, dichos temores no justifican ser antieuropeo, pero merecen ser abordados con honestidad y franqueza. 
Estoy a favor de Europa- sin duda ninguna -, pero estoy en contra del status quo. 
Necesitamos reformas económicas y políticas. 
En términos económicos, necesitamos una Europa abierta, competitiva, que tenga estabilidad macroeconómica y dinamismo, y que sea innovadora en el tema del suministro. 
Creo que la educación, y no una normativa demasiado rígida, es la clave para el futuro de nuestra fuerza laboral. 
Debe implantarse el mercado único europeo. 
Rechazo el laissez-faire y el control estatal de la industria. 
La tercera vía pasa, ciertamente, por el reconocimiento de que el gobierno debe desempeñar un papel decisivo, pero un papel que permita, que potencie a nuestra sociedad y a nuestras empresas prosperar en el nuevo mercado global. 
El modelo social europeo no debe abandonarse y no se abandonará. 
(Aplausos) Pero debe ser reformado para proporcionar solidaridad en el actual mundo de los mercados financieros internacionales, de los cambios en las empresas y de la revolución tecnológica. 
Necesitamos una visión de Europa que permita a la población sentirse segura en su identidad nacional, al tiempo que extiende los brazos y abraza la asociación europea. 
En algunos ámbitos, la integración será mayor, en otros puede lograrse mucho a nivel nacional, regional o local. 
Debemos de ser intrépidos a la hora de pensar en medios para hacer llegar la Unión Europea a sus ciudadanos, a la hora de pensar en sus instituciones nacionales y europeas. 
Creo que éste será el próximo debate en Europa. 
Lo hemos iniciado en Cardiff, lo proseguiremos en la cumbre informal de octubre en Austria, y es un debate en el que deben tomar parte todas las instituciones de Europa, incluido el Parlamento. 
Señor Presidente, aún nos queda tomar algunas decisiones en Gran Bretaña sobre Europa, como saben sus Señorías. 
Pero, finalmente, Gran Bretaña participa: es constructiva, sabemos que tenemos algo que ofrecer y algo que aprender. 
A favor de Europa, a favor de la reforma; ahí es donde me encuentro y ahí es donde se encuentra el Consejo Europeo y donde se encuentran nuestro electorado y nuestra población. 
Quiero que éste vuelva a estar vivo en los corazones de la nueva generación. 
Espero que nuestra Presidencia sea vista en retrospectiva como la autora del desarrollo de algunos argumentos a largo plazo que contribuyan a la revitalización de dicho ideal. 
Señor Presidente, ha sido un honor ser Presidente de la Unión Europea. 
Lo considero un privilegio. 
He disfrutado trabajando con su Señoría y con los diputados al Parlamento, y gracias por escucharme hoy. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
Gracias, señor Primer Ministro. 
Esta Presidencia, a través de sus ministros y sus funcionarios, ha respondido a su deseo personal de mantener buenas relaciones con el Parlamento y con su Presidente, en un espíritu de cooperación y cordialidad. 
Le expreso mi más sincero agradecimiento por ello. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el Presidente en ejercicio del Consejo, el Primer Ministro Tony Blair, acaba de hacer el balance de la Presidencia británica. 
Por mi parte, yo quisiera desarrollar simplemente algunas consideraciones sobre la reciente Cumbre de Cardiff. 
El Primer Ministro ha colocado su Presidencia bajo el signo del acercamiento a los ciudadanos. Ha aplicado ese leitmotiv con la persuasión y el entusiasmo que lo caracterizan. 
Cardiff no era una cita para decisiones concretas. 
Éstas se habían adoptado en los meses anteriores. 
Me refiero, claro está, a la decisión sobre el euro y al lanzamiento del proceso de ampliación. 
No se pueden adoptar decisiones históricas cada tres meses. 
Pero no por ello dejó de ser la de Cardiff una reunión importante y positiva. 
Nuestra reunión se desarrolló en un clima general claramente mejorado y que atestiguaba una recuperación de la confianza en Europa. 
Europa está de regreso. 
Europa está en marcha. 
Llega el euro. 
El crecimiento ha vuelto a recuperarse en verdad, con una tasa del 3, 2 % en el primer trimestre de 1998. 
El desempleo desciende por fin. 
Hemos vuelto a la tasa de desempleo de 1993. 
Es muy alentador, aunque quede mucho camino por recorrer. 
Los Jefes de Estado o de Gobierno lo subrayaron con fuerza en el debate sobre los planes nacionales de acción en materia de empleo. 
Se aprovechó el Consejo Europeo para dirigir la vista resueltamente hacia el futuro. 
Gracias a los históricos avances de estos últimos tiempos, los Jefes de Estado o de Gobierno pudieron entablar con serenidad un verdadero debate sobe el futuro de Europa. 
Me alegro de ello particularmente. 
Precisamente en la Comisión acabamos de lanzar una vasta reflexión de ese tipo haciendo hincapié en nuestra institución. 
En primer lugar, la reforma económica. 
Como saben Sus Señorías, la Comisión puso sobre la mesa un ambicioso proyecto de grandes orientaciones de política macroeconómica y, dicho sea francamente, el texto resultaba a veces desagradable para uno u otro de nuestros Estados miembros. 
En efecto, si queremos que el euro tenga un éxito duradero, ya es hora de pasar de la fase de los encantamientos generales y de los votos piadosos a una verdadera operación de coordinación económica. 
Por último, el Consejo " Ecofin» , que aún no se ha deshecho del todo de las costumbres de antaño, edulcoró, por desgracia, nuestro proyecto, al intentar cada uno de los ministros presentar su propio país de la forma más lucida posible. 
Lo considero un pecado de juventud. 
Habría que crecer muy rápidamente. 
Mencioné esta cuestión en el nivel de los Jefes de Estado o de Gobierno y, para gran satisfacción mía, encontré una resonancia muy positiva a nuestras observaciones, que, por lo demás, eran compartidas, señor Herman, por este Parlamento. 
Cierto es que mis colegas del Consejo Europeo no quisieron modificar las orientaciones para este año, pero en sus conclusiones lanzaron un mensaje político muy claro sobre la necesidad de fortalecer en el futuro la operación de las orientaciones y convertirla en un verdadero instrumento de coordinación. 
Respecto del empleo, creo que podemos estar legítimamente satisfechos del camino recorrido desde hace un año. 
El método de las líneas directrices y de los planes de acción nacionales formulado en Luxemburgo ya ha pasado a ser algo habitual. 
Deseo en verdad felicitar a los Estados miembros por el talante con el que atienden al juego. 
El debate sobre el empleo celebrado en Cardiff fue excelente. 
En Viena haremos un primer balance de la aplicación de los planes de acción. 
Estoy convencido de que será positivo. 
Me impresiona la insistencia con que los Jefes de Estado o de Gobierno procuran que la estrategia sobre el empleo tenga un éxito duradero. 
El empleo es uno de los componentes de nuestra estrategia integrada. 
Desde mi llegada, en 1995, he considerado la realización de verdad del Mercado Interior una de mis prioridades. 
A ese respecto también, como acabamos de oír, el balance es alentador. 
La transposición de las directivas mejora sin cesar y los Jefes de Estado o de Gobierno han subrayado explícitamente el importante papel desempeñado por la Comisión para hacer respetar las reglas del Mercado Interior; me congratulo de ello. 
Observo también que la liberalización, por ejemplo en materia de telecomunicaciones, ha entrañado una tasa de crecimiento de más del 8 % al año en esos sectores. 
Eso es lo que crea puestos de trabajo. 
En el transporte aéreo, vemos reducciones substanciales de los precios de los pasajes y las recientes decisiones de liberalización de los sectores del gas y de la electricidad ya han transformado el paisaje energético en Europa. 
En Cardiff, nos ocupamos también de los medios mejores para fortalecer en Europa el espíritu empresarial. 
Mencionaré, a título de ejemplo, el tan importante acceso al capital de riesgo y, de forma general, la promoción sistemática de nuestras pequeñas y medianas empresas. 
La reforma económica es indispensable, pero los ciudadanos exigen mucho más de Europa. 
A ese respecto, creo que la aprobación por el Consejo Europeo de nuestras propuestas sobre una mejor integración de la protección del medio ambiente en las políticas de la Unión es algo excelente. 
En efecto, no basta con inscribir ese principio en el Tratado; además, hay que ponerlo en práctica de forma concreta y en nuestra actuación de todos los días. 
Otro asunto que preocupa directamente a nuestros ciudadanos es el sector de la justicia y los asuntos de interior. 
Poco a poco, la Unión va construyendo, en esa esfera, una acción sólida y eficaz. 
Me alegro de que el Consejo Europeo haya pedido explícitamente a la Comisión y al Consejo que elaboren, con vistas a Viena, un plan de acción sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado de Amsterdam en pro de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Como estaba previsto, el debate de Cardiff sobre la Agenda 2000 no dio lugar a avances notables. 
Las diferentes delegaciones se plantaron en gran medida en sus posiciones para no debilitar su postura de negociación. 
Así, pues, se dedicó mucho tiempo a encontrar formulaciones idóneas para explicar que aún no había acuerdo. 
No es demasiado grave en esta fase. 
En adelante, bajo la Presidencia austríaca, habrá que trabajar a marchas forzadas. 
No bastará con decir que todo está en todo para no moverse. 
Habrá que negociar. 
En mi opinión, lo esencial en Cardiff era obtener del Consejo Europeo un compromiso claro sobre el calendario. 
Dicho compromiso lo obtuvimos. 
Confío en que los Jefes de Estado o de Gobierno lo respeten y den el toque final al conjunto- pues se trata en efecto de todo un conjunto- en marzo de 1999. 
Al fijar desde ahora mismo una reunión dedicada a ese asunto para los días 25 y 26 de marzo, dieron una señal clara. 
Si hubo un asunto que centró todos los debates durante los días que precedieron la Cumbre, fue sin duda el del futuro de Europa. 
Ha habido muchas conjeturas sobre las intenciones reales o imaginarias de unos y otros. 
He de hacer constar que en Cardiff el debate fue abierto, constructivo y sin la menor animosidad. 
Los Jefes de Estado o de Gobierno saben que, para que Europa avance, el método comunitario, el derecho y la existencia de instituciones fuertes- y, en particular, de una Comisión fuerte al servicio de todos- son indispensables. 
(Aplausos) Abordamos tres asuntos: en primer lugar, las cuestiones institucionales, a propósito de las cuales la primera de las prioridades es, naturalmente, la de lograr la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
Pero todo el mundo reconoció que una nueva reforma institucional era necesaria antes de la primera ampliación. 
Sé que este Parlamento atribuye a eso una gran importancia y tendremos ocasión de volver hablar de ello. 
A continuación vienen el funcionamiento y la estructura de las instituciones. 
Creo que cada una de nuestras instituciones debe hacer un examen de conciencia y examinar sus propias estructuras y su funcionamiento a la luz de las nuevas necesidades. 
Por mi parte, pude referirme a la labor que la Comisión ya ha emprendido con vistas a lo que será en el futuro. 
Tercer asunto: la legitimidad democrática y la subsidiariedad. 
Celebro que haya un debate a este respecto, a condición, naturalmente, de que se desarrolle con un espíritu verdaderamente comunitario y con escrupuloso respeto del Derecho comunitario y a condición también de que se reconozca que los ciudadanos a veces se sienten molestos por una presencia excesiva de Europa y con mucha mayor frecuencia piden que sea mayor. 
Por mi parte, hice algunas puntualizaciones sobre la propia naturaleza de la subsidiariedad y, en particular, sobre la necesidad de aclarar las atribuciones. 
Como dije en Cardiff, que cada cual barra delante de su puerta. 
Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero pido que se diga la verdad a los ciudadanos sobre lo que debe hacer cada cual. 
Quisiera repetir que los Jefes de Estado o de Gobierno abordaron todas estas cuestiones con talante positivo y con la mira puesta en el futuro. 
Insistieron mucho en la necesidad de participar personalmente en ese debate y en ese marco acojo con beneplácito la decisión de dedicar a ese asunto una reunión oficiosa de los Jefes de Estado o de Gobierno bajo la Presidencia austríaca. 
Compruebo que, poco a poco, estamos realizando, uno tras otro, los grandes objetivos que nos fijamos en 1995. 
Por lo demás, gracias a esos avances podemos ahora poner la mira resueltamente en el futuro. 
La Presidencia británica, dirigida por el Sr. Tony Blair, ha hecho un trabajo excelente y ha permitido a la Unión avanzar en la mayoría de esas esferas. 
Quisiera expresar aquí mi satisfacción ante el clima de comprensión y cooperación constructiva que ha prevalecido en las relaciones entre esta Presidencia y la Comisión a lo largo de los seis meses transcurridos. 
Me alegro de que la actitud oficial del Gobierno del Reino Unido ante Europa haya cambiado. 
Estoy seguro de que eso tendrá consecuencias positivas para la reputación de Europa en el Reino Unido. 
Es importante para Europa y para el Reino Unido. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quisiera comenzar dando la bienvenida al Primer Ministro Blair al Parlamento Europeo, en nombre del Grupo Socialista de esta Asamblea. 
Es un gran placer ser la primera diputada en intervenir en este debate y poder dar una calurosa bienvenida al Parlamento de Europa al Primer Ministro Laborista británico. 
Te damos nuestra cordial bienvenida, Tony. 
Es para mí un placer personal añadido poder darle la bienvenida como líder de mi Partido, lo que hago de todo corazón. 
Estos últimos seis meses han sido meses importantes en la vida política de Gran Bretaña y sus relaciones con la Unión Europea. 
Es del todo imposible sobrestimar el significado del cambio de actitud que se ha producido en Gran Bretaña y que han evidenciado las frecuentes visitas de sus ministros a este Parlamento durante la Presidencia. 
Todos los presentes recordamos demasiado bien, por ejemplo, el arrogante desprecio de anteriores ministros Conservadores por el Parlamento Europeo y, en particular, la negativa del entonces ministro de Agricultura, Douglas Hogo, de aceptar la invitación de acudir a explicar su gestión de la crisis de la EEB... 
(Aplausos de la izquierda )... que tuvo y sigue teniendo consecuencias tan desastrosas para Gran Bretaña y para el resto de Europa. 
En claro contraste, Jack Cunningham, su ministro de Agricultura, realizó el pasado martes su sexta visita en seis meses al Parlamento Europeo. 
Su aportación ha sido enorme para explicar, discutir e infundir la confianza de que, a pesar de los complejos problemas y del formidable coste para Gran Bretaña, su Gobierno actuará de buena fe en la erradicación de la EEB del sector de la carne de vacuno británico. 
Su enfoque ilustra el cambio de humor, tono, actitud y de la esencia de su Gobierno en Europa. 
Ese cambio está teniendo claras repercusiones sobre las actitudes en Gran Bretaña, y es de gran utilidad para crear una opinión más equilibrada de la Unión Europea. 
A pesar de que, naturalmente, es inevitable que este Parlamento tenga sus diferencias con el Consejo Europeo, por muy irreprochable que haya sido la Presidencia, nadie duda acerca de la intención ni del compromiso del actual Gobierno británico de desempeñar plenamente su papel en la vida de la Unión Europea, aunque, a veces, no esté exento de controversia. 
Por ello y por encima de cualquier otra consideración, señor Primer Ministro, todo el Parlamento le felicita y le expresa su agradecimiento. 
Cuando contemplamos los logros de la Presidencia británica, es imposible analizar solamente el resultado de la Cumbre de Cardiff. 
Esta Presidencia se destaca por los dos acontecimientos importantes que tuvieron lugar en marzo y mayo. 
El lanzamiento del proceso de ampliación, en marzo, marcó el inicio de una nueva era en la evolución de la Unión Europea. 
En nuestra parte de la Asamblea, apoyamos la ampliación que garantiza la paz y la estabilidad en nuestro extenso continente. 
Queremos una Europa próspera y dinámica, pero sabemos que eso no será posible en una Europa en que prevalecen o están latentes la intolerancia, los nacionalismos extremistas y el conflicto. 
La Unión Europea es un magnífico ejemplo de la resolución de conflictos. 
Y aunque no existiera ninguna otra razón para la ampliación, el Grupo Socialista la apoyaría por ese motivo, por encima de todos los demás. 
El éxito de la inauguración de la Conferencia Europea y las negociaciones bilaterales con seis de los once Estados aspirantes merecen nuestro sincero reconocimiento. 
Me perdonará, señor Primer Ministro, si digo que el lanzamiento de la moneda única, los días 2 y 3 de mayo, no fue una operación exenta de asperezas, aunque todos reconocemos que intentó reconciliar posiciones aparentemente irreconciliables, algo a lo que nos enfrentamos en esta Asamblea con frecuencia. 
Mi Grupo se ha mostrado crítico durante muchos años por la forma en que el Consejo decide sobre los nombramientos de los altos cargos políticos, y ahora, económicos, de la Unión. 
A pesar de que todos reconocemos que, afortunadamente, el lanzamiento de la moneda única fue en términos del mercado un éxito total, dio lugar a una auténtica consternación ante el forcejeo entre los Jefes de Estado a la vista de todos. 
Sospecho, señor Primer Ministro, que como mediador, usted comparte en cierta medida dicha consternación. 
Estamos agradecidos de que el proceso se condujera con éxito hasta su conclusión y que el euro haya pasado a ser una realidad. 
Cuando en octubre participe, conjuntamente con otros Jefes de Gobierno, en las negociaciones informales en Austria para estudiar los modos de hacer la Unión Europea más comprensible para su población, nos gustaría instarle a buscar un método más satisfactorio de garantizar los nombramientos de altos funcionarios en el futuro. 
El lanzamiento del euro es ya un hecho, y debo decir que nos sentimos bastante satisfechos del papel que ha desempeñado el Parlamento en ese proceso. 
Mi Grupo está decidido a dotar de seriedad y rigor nuestras relaciones con los responsables de la toma de decisiones sobre el euro. 
Tenemos la responsabilidad de realizar dicha función con eficacia, y de garantizar que nuestros parlamentos nacionales no se quedan atrás en el proceso de exigir responsabilidad democrática, que ejerceremos sobre el Banco Central, su presidente y su Comité Ejecutivo. 
Cardiff ha sido escenario de la primera evaluación de los planes de acción nacionales en favor del empleo elaborados por los distintos gobiernos. 
Le agradecemos que haya impulsado este plan. 
Francamente, durante los últimos cinco años, en el Parlamento hemos sentido un cierto hastío por el exceso de palabras que se han pronunciado sobre la necesidad de ayudar a los más de 18 millones de parados de la Unión Europea. 
De hecho, hemos generado muchas de ellas. 
Su elección en mayo del pasado año y la del Sr. Jospin, en Francia, un mes más tarde, crearon la mayoría progresista en el Consejo que nos permitió pasar de las palabras a la acción, con la creación del capítulo de Empleo en el Tratado de Amsterdam, la Cumbre extraordinaria de Luxemburgo sobre el Empleo y la definición de algunos objetivos reales compartidos para la creación de empleo. 
Cardiff ha reforzado los criterios de igualdad de la política de empleo: apoyo a las mujeres, a los disminuidos, a las minorías étnicas y, naturalmente, a los parados de larga duración. 
A pesar de que, indudablemente, algunos planes de acción son mejores que otros, al menos ya contamos con ellos. 
Observamos que el Gobierno británico fue el primero en presentar dicho plan y ello ha servido de catalizador para la rápida y seria presentación de los demás. 
Señor Primer Ministro, en nombre de toda la Asamblea, quiero expresar mi satisfacción por lo que acaba de decir sobre un tema que está causando un gran malestar entre los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales de la Unión Europea. 
Me refiero al dictamen del mes pasado del Tribunal de Justicia relativo a los fondos utilizados por la Comisión Europea sin un fundamento jurídico explícito. 
A raíz de dicho dictamen, como usted sabe, la Comisión Europea ha adoptado la decisión, como cabía esperar, de poner fin a todos los gastos de las líneas presupuestarias afectadas. 
Eso significa, por ejemplo, líneas presupuestarias destinadas a la exclusión social, las personas de edad avanzada, el deporte en Europa, la lucha contra el racismo, ayuda a los disminuidos, la salud pública, las minas antipersonales y, naturalmente, la labor de las ONG en los países en desarrollo. 
A simple vista, cualquiera puede comprobar que estas pequeñas, pero importantes líneas presupuestarias han tenido serias repercusiones sobre las vidas de algunos de los ciudadanos más necesitados de nuestra Unión y de aquéllos a los que intentamos ayudar más allá de nuestras fronteras. 
Todos compartimos la opinión de que la utilización de los fondos de la Unión Europea debe estar debidamente enraizada en la ley. 
Me alegra que usted se haya comprometido a intervenir para garantizar el fundamento jurídico de estos gastos que, como ha puesto de manifiesto, no tiene intención de perjudicar. 
En los días restantes de su Presidencia, ponemos nuestra mirada en usted para que garantice que las palabras " una Europa de los ciudadanos» tengan una resonancia tangible y duradera a través de la acción. 
Deseo concluir con el problema planteado en Cardiff sobre la legitimidad de las instituciones de la Unión Europea y la voluntad de los miembros del Consejo de acercar Europa a sus ciudadanos- algo que cuenta con el pleno respaldo del Parlamento. 
Aún queda trabajo por hacer para garantizar que la Unión estará preparada para la ampliación en los próximos años. 
Amsterdam no consiguió concluir esa labor, y acogemos con satisfacción el debate que usted ha iniciado para tratar acerca de estos asuntos. 
Comprendo, no obstante, que el Consejo se proponga- como usted ha dicho- que este debate tenga un alcance mucho mayor y no se limite a este asunto pendiente. 
También comprendo que el Consejo desee analizar la naturaleza de las instituciones de la Unión, la subsidiaridad y la legitimidad democrática. 
Se trata de temas complejos y delicados que deben ser abordados. 
No tengo ninguna duda de que el Parlamento Europeo dará a conocer sus opiniones a los Jefes de Estado antes de la reunión informal de octubre. 
Debo decir también que es la primera vez, en la memoria de todos los diputados de esta Asamblea, que el Consejo Europeo atiende a nuestras peticiones de estudiar las condiciones generales por las que se rige el desempeño de las funciones de los diputados al Parlamento Europeo. 
A lo largo de este mandato parlamentario, esta Asamblea se ha visto acosada por incesantes acusaciones de abusos en materia de gastos y primas por parte de los diputados. 
Observo que, en la prensa británica aparece esta semana una declaración suya en la que afirma que, aunque insistirá, muy acertadamente, en la búsqueda de una solución a estos problemas, quiere dejar muy claro que la inmensa mayoría de los diputados al Parlamento Europeo son personas honestas y trabajadoras, que respetan el espíritu y la letra de nuestro Reglamento. 
Le damos las gracias por ese reconocimiento y le garantizamos nuestra determinación en este asunto. 
De conformidad con el Tratado, necesitamos el acuerdo unánime del Consejo, si queremos que se resuelvan estas cuestiones. 
Tenemos interés en que se resuelvan. 
Queremos que el próximo Parlamento no tenga ninguna duda acerca del mandato compartido de sus diputados, de sus derechos y responsabilidades, sus privilegios y sus inmunidades. 
No es tarea fácil aunar a las culturas parlamentarias y políticas de 15 países diferentes y crear una única cultura europea compartida. 
Pero si los 626 diputados al Parlamento Europeo no lo conseguimos, mejor sería que abandonáramos el intento de desarrollar una visión compartida del futuro para los 370 millones de ciudadanos de la Unión. 
Queremos asegurarnos de que el Parlamento que nos suceda a nosotros aquí el próximo mes de junio, deje atrás definitivamente este asunto, y acogemos con satisfacción su compromiso de trabajar con nosotros para conseguirlo. 
Señor Primer Ministro, reconozco, quizás en mayor medida que otros de los aquí presentes, su firme apuesta por una política a favor de Europa en nuestro Partido y nuestro país, y por una política constructiva europea en favor de Gran Bretaña en la Unión Europea. 
Le doy las gracias en su calidad de líder de mi Partido, Primer Ministro de Gran Bretaña y Presidente en ejercicio de la Unión Europea. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en nombre de los Liberales Europeos, permítame expresar mi satisfacción por el nuevo enfoque del Reino Unido con respecto a Europa, que tan elocuentemente acaba de exponer el Primer Ministro hace un momento: a favor de Europa y, por consiguiente, a favor de la reforma. 
En nuestra opinión, el principal resultado de los últimos seis meses ha sido la normalización de las relaciones entre el Reino Unido y el resto de nosotros. 
Es importante, porque la Unión Europea necesita al Reino Unido tanto como el Reino Unido necesita a la Unión. 
¡Bienvenido de vuelta, Reino Unido! 
También celebro los esfuerzos personales del Primer Ministro Blair para conseguir una paz duradera en Irlanda del Norte. 
(Aplausos) 
(NL) Presidente, no me preocupo por el Reino Unido. Pero sí que me preocupo enormemente por otro país europeo: Alemania. 
La Cumbre de Cardiff se celebró bajo el signo de las próximas elecciones en Alemania. 
Las elecciones sacan a relucir en una democracia tanto lo bueno como lo malo. 
Y de este modo la Cumbre de Cardiff se convirtió en una Cumbre de populismo. 
La crítica del canciller Kohl y otros a las instituciones europeas es tan hipócrita como inoportuna. 
¿Cuál es la misión principal de la Comisión Europea? 
Su misión es la de actuar como guardiana del Tratado. 
La Comisión Europea actúa, precisamente, de acuerdo con la letra y el espíritu del Tratado, cuando recuerda a los Estado miembros más poderosos que se atengan a las reglas del juego. 
En lugar de criticar la política de Karel Van Miert, Alemania haría mejor, por ejemplo, eliminando las subvenciones a la industria del carbón que entorpecen la competencia.La crítica al Tribunal es de igual modo falaz. 
El Tribunal decidió recientemente que dos ciudadanos de Luxemburgo, uno que había comprado unas gafas en Bélgica y otro que quería un tratamiento de ortodoncia en Alemania, tenían derecho al pago de estos gastos. 
Por tomar esta decisión el Tribunal no fue a sentarse, de ninguno modo, en la silla del legislador, tal como sostienen los Presidentes del Gobierno de Dinamarca y de Alemania. 
Cuando no exista una legislación común, tal como sucede en estos casos, se aplican los principios básicos del Tratado. 
De ahora en adelante el libre tránsito de personas no sólo sirve para europeos sanos, si no también para enfermos. 
¿No es precisamente ésta la Europa del ciudadano? 
(Aplausos) " Estamos en contra de un super Estado europeo» , dijeron el Presidente Chirac y el Canciller federal Kohl. Bien, todo el mundo está en contra. 
Así pues, ¿a quién estaban criticando? ¿Y qué estaban criticando? 
¿No estarían criticando los Tratados de Maastricht y Amsterdam, que ellos mismos han llevado a cabo? 
Este tipo de discurso daña el prestigio de la Unión. 
La Unión únicamente podrá estar más cerca de los ciudadanos, cuando los dirigentes políticos nacionales asuman su responsabilidad en las acciones que se lleven a cabo en la Unión. 
¿Cómo puede aumentarse la legitimidad democrática de la Unión? 
Veo tres posibilidades. En primer lugar: introducción de un sistema electoral uniforme, en base a una representación proporcional, para las próximas elecciones europeas. 
En segundo lugar: reforma integral, realizada por el Parlamento Europeo, de todas las remuneraciones internas, de modo que sólo se compensen gastos reales, e introducción de un estatuto uniforme para los miembros. 
En tercer lugar: introducción de un tipo de referéndum consultivo para el nuevo Presidente de la Comisión Europea, tal como lo defienden Jacques Delors y otros. 
Si los socialistas, cristiano-demócratas, liberales y verdes, cada grupo propone un candidato a la Presidencia de la Comisión, se puede dar una nueva dinámica a las elecciones europeas. Deja más poder en manos de los ciudadanos europeos. 
En Cardiff se ha hablado mucho acerca de la Europa del ciudadano. Lo aplaudo. 
Espero que ahora las actuaciones en ese sentido se continúen pronto. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quiero dar mi cordial bienvenida al Primer Ministro Británico al Parlamento Europeo. 
Deseo expresar mi agradecimiento a él y a sus colegas por una Presidencia de la UE muy efectiva y eficiente. 
Quisiera hacer constar que, en todo momento, este Parlamento y sus diputados han sido objeto de todo tipo de cortesías y de asistencia en el plano político y oficial. 
Quiero expresar el profundo agradecimiento que los diputados sentimos por ello. 
Agradezco al Primer Ministro su intervención aquí esta mañana. 
También deseo agradecer al Presidente de la Comisión su contribución, y afirmar que mi Grupo respaldará firmemente los principales avances que ha hecho aquí hoy el Presidente de la Comisión. 
La Cumbre de Cardiff ha sido más un ejercicio de evaluación que una ocasión en la que se hayan tomado grandes decisiones. 
No obstante, se ha establecido un ambicioso calendario para alcanzar importantes acuerdos sobre la reforma de la Política Agrícola Común, los fondos regionales y sociales y el presupuesto. 
Representan ámbitos de la política que están en el corazón de la Unión Europea. 
Las decisiones tendrán un efecto directo e inmediato sobre los ciudadanos de la Unión, ya sean nuestras comunidades agrícolas o pesqueras, los trabajadores de las empresas- grandes y pequeñas, en comunidades rurales y urbanas, y sobre las personas que viven en las regiones e islas menos desarrolladas. 
Estas decisiones no deben convertirse en rehenes a tiempo parcial en el ardor de las campañas electorales. 
La Europa que estamos construyendo debe favorecer una sociedad inclusiva y solidaria, en la que se respeten los intereses de todos. 
No obstante, con 18 millones de personas en la Unión Europea afectadas por el desempleo, incluidos los jóvenes y los parados de larga duración, no se está cumpliendo este objetivo. 
Atajar el desempleo mediante una amplia serie de medidas debe seguir siendo nuestra prioridad social más importante. 
Si no lo conseguimos, seguiremos teniendo una sociedad dividida entre las personas incluidas y las excluidas. 
Lamento que no se haya pensado en crear un nuevo programa para combatir la exclusión social ni en acciones destinadas a las personas de edad avanzada. 
Hago un llamamiento al Presidente en ejercicio y al próximo Presidente en ejercicio para que aseguren a la Asamblea que se adoptarán todas las nuevas iniciativas que hagan falta. 
Las conclusiones sobre el desempleo descritas en la parte 3 del documento de la Presidencia son más una exposición de lo que se está haciendo actualmente, que un nuevo paquete de iniciativas. 
Sólo el tiempo dirá si tendrán éxito. 
Si debemos guiarnos por las conclusiones de la Presidencia, los quince planes de acción en favor del empleo presentados por los Estados miembros representan un auténtico esfuerzo por potenciar la contratación de los jóvenes, de los parados de larga duración y de las mujeres. 
Significa que las peticiones que hemos venido haciendo para que se desarrollen los conocimientos, la formación durante toda la vida y para que se mejoren las condiciones para las PYME y los autónomos se están llevando a cabo. 
Es algo que debemos acoger con satisfacción. 
Lo que ahora debemos hacer es llevar a la práctica cuanto antes esos planes de acción. 
En las conclusiones se expone una serie de orientaciones sobre el trabajo y el empleo en el futuro. 
Lamentablemente, los detalles son vagos en lo que respecta, por ejemplo, a los planes para el cuidado de los hijos. 
Atribuimos considerable importancia a la introducción con éxito del euro. 
Es fundamental que los restantes pasos legislativos y prácticos se completen con rapidez. 
Las negociaciones que se han iniciado sobre la Agenda 2000 figuran entre las más importantes que jamás se hayan emprendido en la Unión. 
Deberán tomarse decisiones sobre políticas clave que tendrán importantes repercusiones a largo plazo sobre cada uno de nuestros países. 
La Agenda 2000 tiene, en realidad, una importancia fundamental para el futuro desarrollo de la Unión. 
No sólo tiene consecuencias para los actuales Estados miembros, sino también para todo el proceso de ampliación. 
Bajo ninguna circunstancia debe ponerse en peligro el actual proceso de cohesión para las regiones menos desarrolladas, ni tampoco debe existir ninguna relación entre la participación en la UEM y el derecho a percibir Fondos de cohesión. 
Toda la cuestión de los acuerdos sobre la transición es de la máxima importancia. 
En el caso de mi país, por ejemplo, deben ser adecuados en términos del nivel y la duración de la financiación, de manera que cubran nuestras necesidades de desarrollo, que siguen siendo importantes. 
La reforma de la Política Agrícola Común es muy controvertida. 
La agricultura es una de nuestras principales bazas. 
La Agenda 2000 debe fortalecer y no destruir la Política Agrícola Común. 
Es crucial para la preservación de nuestras explotaciones agrícolas familiares y para la vida rural. 
No creo que las actuales propuestas constituyan una base razonable para la negociación. 
Señor Presidente, quisiera felicitarle personalmente por los esfuerzos que han realizado usted y mi Primer Ministro Bertie Ahern, con respecto al acuerdo de paz en Irlanda del Norte del 10 de abril. 
También deseo reconocer y agradecer sinceramente a los diputados de esta Asamblea por su apoyo al proceso de paz. 
Mi Grupo agradece sinceramente el respaldo del Consejo Europeo a este acuerdo histórico y su renovado compromiso de que la Unión debe seguir desempeñando un papel activo en la promoción de una paz duradera y en la prosperidad de Irlanda del Norte. 
Acogemos con especial satisfacción la invitación que ha hecho el Consejo a la Comisión para que presente propuestas sobre cómo encontrar nuevas y creativas medidas para apoyar las nuevas oportunidades que traerá el acuerdo de paz. 
Por último, opino que es lamentable que la Comisión Europea haya vuelto a ser atacada en el marco de la Cumbre Europea. 
La Comisión siempre ha cumplido, de una manera imparcial y justa, con su deber y con las responsabilidades que le fueron asignadas. 
La Comisión siempre ha sometido a aprobación sus actuaciones como garante de los Tratados de un modo ejemplar. 
El Presidente Santer y su equipo de Comisarios han informado puntualmente sobre sus actividades a este Parlamento y, en mi opinión, no se han excedido en los poderes que les han sido otorgados por el Consejo, y espero que la Comisión no se convierta en chivo expiatorio en las campañas electorales nacionales de nuestros Estados miembros. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea felicito al Gobierno laborista y, muy especialmente, al Primer Ministro, por la inteligencia y el coraje que han demostrado para dar solución al conflicto de Irlanda del Norte. 
Este Parlamento y la opinión pública de toda Europa siguen con emoción los esfuerzos que se hacen para alcanzar la paz y la normalidad democrática en esta región europea. 
También agradecemos a la Presidencia británica el clima europeísta que ha sabido imprimir a su mandato, clima impensable con anteriores Gobiernos del Reino Unido. 
Quizá sea ésta la mejor contribución de la Presidencia británica porque, dicho muy sinceramente, la gestión del semestre, aun con el éxito del nacimiento del euro y, sobre todo, los resultados de Cardiff, no produce entusiasmo ni demasiado optimismo en esta etapa tan decisiva de la construcción europea. 
Por un lado, casi todas las decisiones importantes se han retrasado para después de las elecciones en Alemania y, por otro, han aparecido dudas y riesgos para el futuro de la solidaridad en la Unión Europea. 
Valoramos positivamente la incipiente coordinación de los planes nacionales de empleo, que puede suponer el primer impulso de una política comunitaria que ponga en el mismo nivel lo económico y lo social. 
Pero el Consejo Europeo no ha analizado la viabilidad de estos planes nacionales que, en muchos casos, no plantean objetivos claros ni consignan recursos financieros para su ejecución. 
Esperamos que el Consejo Europeo de Viena sea más decisorio y tenga en cuenta las experiencias de Francia y de Italia para reducir el tiempo de trabajo semanal sin pérdida de salario y otras medidas económico-sociales que se deben trasladar a la dimensión europea. 
Nuestra preocupación es grande porque la discusión de la Agenda 2000 no se hace de forma global y equilibrada y porque se han cuestionado los Fondos estructurales y los Fondos de cohesión. 
Si queremos respetar la actual solidaridad interna y financiar la ampliación, será necesario superar el techo del 1, 27 % del PIB y mantener el nivel de aportaciones de los países más prósperos, que serán los más favorecidos con la ampliación. 
Con respecto a la cooperación internacional, apoyamos las iniciativas para relanzar las negociaciones entre israelíes y palestinos y estimamos que deben hacerse presiones suplementarias para conseguir que el Gobierno de Netanyahu respete los compromisos de Oslo y las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Valoramos los esfuerzos para desarrollar una identidad europea en la política internacional, pero me va a permitir el Sr. Blair que le diga que, algunas veces, la Presidencia británica ha parecido más el socio atlántico de los Estados Unidos de América que el coordinador de la política exterior europea. 
En cuanto a la reforma institucional, hemos de aprender del fracaso de Amsterdam. 
La situación es escandalosa si tenemos en cuenta su urgencia, obligados por la ampliación, y la necesidad de una reorientación de la construcción europea con instituciones capaces de responder a las aspiraciones de los ciudadanos. 
Para finalizar, debo decirle, Sr. Blair, que desde una parte significativa de la izquierda europea, que representa a más de 12 millones de electores, no podemos aceptar que la ideología monetarista, expresada en los criterios de convergencia y en el Pacto de Estabilidad que acompañan el nacimiento del euro, cuestione la cohesión económica y social y ponga en peligro el modelo social europeo, que es una seña de identidad de nuestra democracia, como usted ha reconocido, aunque haya hablado de su puesta a punto, de su modernización. 
Pero debemos enfrentarnos con seriedad a todos estos problemas. 
Y para poder hacerlo y para construir una Europa solidaria será, sin duda, necesario el esfuerzo común de la izquierda plural, como ya sucede en algunos países de la Unión Europea. 
Señor Presidente del Consejo, Presidente de la Comisión, colegas, tal como era de esperar, al principio de la Presidencia británica el primer ministro Blair, con mucho sentido de la mundología y de las relaciones públicas, infló para Europa un ramillete de globos, globos alegres y llenos de promesas. Una Europa de los ciudadanos, democrática y transparente, una Europa para el empleo que debía de ser la prioridad, una Europa que se esforzaría, de forma convincente, por conseguir un medio ambiente sano, que de forma rápida se adentraría en la zona del euro- bueno, rápidamente -, una Europa con una política extranjera más humana, provista de un significativo código de conducta respecto a la exportación de armas. 
Al final del camino han echado a volar muchos globos a un cielo azul de discusión por el futuro, y con menos resultados tangibles de los esperados. 
Un cambio es, en todos los aspectos, la postura positiva del Gobierno británico con respecto a Europa. 
Realizado con la eurofobia de los conservadores. 
Pero si se plantea la cuestión de en qué dirección debe evolucionar Europa, nos decepciona que usted, Presidente Blair, le haya concedido tanta importancia en su conferencia de prensa a la iniciativa de los Sres. Chirac y Kohl de colocar en la agenda europea el principio de la subsidiariedad. 
Vaya un regalo para la Presidencia, el euroescepticismo británico ya ha pasado, pero ahora la Gran Bretaña continental se suma al rechazo de un Estado europeo centralizado y burocrático. 
Nosotros vemos la iniciativa de Kohl y Chirac como un atentado al proyecto político europeo dirigido hacia el futuro. 
Se ha hecho desvergonzadamente un mal uso de los conceptos de subsidiariedad y descentralización para excluir una intromisión no deseada en su propio terreno. 
Si los Estados miembros se han pronunciado ya a favor de un mercado común y con unas reglas comunes, no hace falta que se quejen después del hecho de que la Comisión vele por la aplicación concreta de este mercado. 
Nuestro colega Klaus Hänsch tiene, por cierto, toda la razón cuando dice que el amor de Kohl por la subsidiariedad es proporcional a su aversión por la prohibición de fusión entre Kirsch y Bertelsmann. 
No me puedo librar de la impresión de que se trata más que de que nosotros, los gobiernos nacionales estamos más cerca del pueblo, de que Europa tenga que aproximarse más al pueblo. 
Los verdes han defendido la opinión de que la competencia tiene que llegar a un nivel en el que se esté lo más cerca posible de los ciudadanos pero, por otra parte, también ese contrapoder político tiene que constituirse frente a factores económicos organizados internacionalmente. 
Se ha incitado, realmente, a una lucha del poder inoportuna entre la Comisión y los Estados miembros, mientras esos mismos Estados miembros no escatiman en hacer una gran transferencia de poder silenciosa a organizaciones multinacionales, tal como la Organización Mundial del Comercio. 
El desgaste de la democracia no se divide por asuntos, aunque a decisiones políticas de nuestra Unión, tales como nuestra opción por una carne sin hormonas, la aplicación de un régimen especial para los plátanos de los países ACS, se les pone la zancadilla y nos quedamos impotentes. 
Deseamos que exista, en efecto, una Europa más cercana al ciudadano, y eso significa para nosotros que exista una sencillo sistema de toma de decisiones y una absorción del déficit democrático. 
El ciudadano no experimenta solamente, por cierto, un creciente rechazo por Europa, sino un creciente rechazo por la política. 
Empecemos a hacer algo, pues, a nivel nacional y europeo. 
Tras siete años improductivos consigue el medio ambiente, por fin, una Cumbre europea, con eso estamos muy contentos. 
Hay suficientes razones para ello, teniendo en cuenta que ocho de los doce temas esenciales del medio ambiente conocen una degradación. 
Para nosotros esto supone un importante éxito de la Presidencia británica. 
Del mismo modo estamos contentos de que el Ministro Blair haya puesto sobre el tapete el tema de las remuneraciones y el del estatuto de los Parlamentarios europeos. 
Ya es hora de que se regule esto, y pienso, colegas, que nos interesa que se solucione rápidamente este asunto. 
Para finalizar, quisiera agradecer al Sr. Henderson y a la Sra. Clare Short que hayan querido otorgar su competencia consultiva al Parlamento europeo en los terrenos, entre otros, de la ampliación y en el marco de Lomé; salir en defensa del fortalecimiento del Parlamento es, en efecto, salir en defensa del fortalecimiento de la democracia y de la proximidad al ciudadano. 
Señor Presidente, en la vida de nuestro Parlamento se producen ocasiones importantes, y no debemos pasar por alto el hecho de que el Presidente Santer está presente, al igual que el Presidente en ejercicio, y a ambos doy la bienvenida. 
Deseo expresar mi agradecimiento al Presidente de la Comisión por su hábil y diplomática intervención. 
No obstante, estamos aquí, principalmente, para hablar sobre la Presidencia del Reino Unido. 
Debemos reconocer que la Presidencia se inició con muy buena voluntad. 
El cambio de gobierno fue acogido con satisfacción en toda Europa, y no menos en Escocia, donde los Conservadores fueron completamente barridos en las elecciones generales. 
Pero quisiera decir al Presidente en ejercicio que no debería confundir los suspiros de alivio con muestras de admiración. 
La principal baza del Gobierno Laborista es que no es el antiguo Gobierno Conservador. 
Al decir esto, no pretendo ser rencoroso. 
Acogemos con satisfacción el cambio de tono. 
Este Parlamento aprecia que ministros como Robin Cook, Clare Short y muchos otros se hayan dirigido al Parlamento y hayan asistido a las reuniones en comisión. 
Es algo muy valioso. 
Todos recordamos aquel bolso que esgrimía la Sra. Thatcher mientras golpeaba la mesa y decía: " Quiero que me devuelvan mi dinero». 
Aquel bolso ya pertenece al pasado, pero el reembolso y las solicitudes de reembolso siguen siendo enarbolados por el Reino Unido y Alemania. 
Al intentar evaluar la crónica de la Presidencia del Reino Unido, debemos contraponer la retórica a los logros, y preguntarnos por qué será recordada la Presidencia del Reino Unido. 
Su punto de partida, que quizá podría ser un simbolismo desafortunado, fue la estación de Waterloo hace seis meses. 
El primero fue el 2 y 3 de mayo, cuando nos reunimos para dar la bienvenida al lanzamiento de la moneda única en nombre de 11 Estados miembros. 
Resultaba sumamente irónico que el ministro de Finanzas británico, Gordon Brown, que presidió el acto en Bruselas, no pudiera ser el capitán del equipo y tuviera que conformarse con jugar de extremo izquierda, porque él no formaba parte. 
Hoy hemos esperado en vano una indicación de compromiso con la causa de la moneda única, que yo y la mayoría de nosotros pensamos que es el aspecto más importante de la integración europea. 
Un colega, el Sr. Puerta, también se ha referido a la asociación demasiado estrecha con los Estados Unidos. 
En el caso de la crisis de Irak, el teléfono de urgencia con la Casa Blanca estaba funcionando mucho antes de que se pensara en llamar al Palacio del Elíseo o a cualquier otro lugar. 
Esta " clintonización» de la política es lamentable, y debo mencionar la ignominia que supuso la importación secreta de residuos radiactivos de Georgia a Escocia. 
Los ciudadanos de Europa ni siquiera fueron informados hasta su llegada. 
También hubo algunas faltas de decisiones. 
¿Qué ha sucedido con el traspaso de licencias de pesca que se suponía que iba a quedar resuelto por la Presidencia británica? 
¿Qué hay de las ayudas a los agricultores que están desesperados por la fortaleza de la libra y buscan algún tipo de compensación? 
Pero dirijamos nuestra mirada al frente, hacia la visión de Europa. 
Es sobre lo que ha hablado el Primer Ministro Blair, y lo que nos preocupa a todos. 
¿Qué se puede hacer con la frase " una Europa de las naciones»? 
¿Fue éste un importante paso en falso? 
Me refiero a un paso en falso de John Major. 
Cuando John Major hablaba de naciones-Estado y de subsidiaridad, quería decir que ésta terminaba en Dover. 
No pensó en nada que estuviera más abajo de ese punto. 
Sería injusto que acusáramos de ello al Primer Ministro Blair. 
Él ha reconocido las naciones históricas del Reino Unido. 
Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte tendrán sus propias democracias parlamentarias. 
Es una transformación que tiene su parangón en las que Gorbachov realizó en su día. 
Termino haciendo referencia a una analogía de la Copa del Mundo, que ahora está en todas nuestras pantallas de televisión. 
Los hinchas de fútbol escoceses han salido bastante bien parados. 
Han sido bien acogidos en toda Europa por su contribución positiva. 
Son los mismos que votaron a favor del autogobierno de Escocia en el referéndum del pasado año, que fue acogido con gran satisfacción en su momento. 
Su comportamiento también es acogido con satisfacción ahora. 
Quisiera instar al Primer Ministro Blair que le dé la espalda decididamente a los equivalentes de Les Hooligans- los rotativos sensacionalistas de Fleet Street con sus constantes ataques a Bruselas- y extraiga una hoja del libro del Tartan Army, cuya visión, al igual que la mía, es la de participar, estar presente y crear una auténtica Europa de los ciudadanos. 
Señor Presidente, yo también deseo dirigir unas palabras de bienvenida al Presidente del Consejo a nuestro Parlamento. 
Sea muy bien venido en su calidad de nuestro Primer Ministro. 
Creo que la Presidencia del Reino Unido será juzgada, a largo plazo, por sus logros. 
Tengo la sensación de que, en la Unión Europea, estamos llegando a una situación en la que cada nueva Presidencia intenta superar a la anterior; intenta ser más extrovertida y presentar ideas nuevas y magníficas. 
Lamentablemente, en muchas ocasiones, al final no siempre se logra lo que uno se propone. 
Seis meses de Presidencia viene a durar lo mismo que una intervención de dos minutos en este Parlamento. 
Es muy difícil decir todo lo que uno quiere decir o hacer todo lo que uno quiere hacer. 
Ciertamente creo que la creación de puestos de trabajo y el crecimiento económico en toda la Unión Europea debe ser nuestra prioridad número uno. 
A pesar de las bellas palabras que hemos oído en esta Asamblea en muchas ocasiones, no hemos tenido ningún éxito en este ámbito. 
Y tenemos que conseguirlo, si queremos que la población de Europa no se aleje aún más de la burocracia de Bruselas. 
Creo que el modo más positivo de avanzar pasa, como usted ha dicho aquí esta mañana, por el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas. 
Existen enormes oportunidades para desarrollarlas y permitirles crecer. 
Tomo nota asimismo de sus comentarios sobre alcanzar una conclusión de las negociaciones sobre la Agenda 2000 antes de finales del próximo mes de marzo. 
Espero que el Consejo y la Comisión garanticen la plena participación de este Parlamento y de sus comisiones, y que se les mantendrá debidamente informados sobre la situación. 
Quisiera también aprovechar la oportunidad para pedirle que solucione el problema real por el que atraviesa la agricultura en toda Europa y ciertamente en el Reino Unido, así como el problema de la fuerte libra esterlina en su relación con la libra irlandesa. 
También quisiera aprovechar la oportunidad para felicitarle calurosamente, señor Presidente, por el tiempo y la energía que ha invertido en lograr un resultado positivo del referéndum en mi circunscripción de Irlanda del Norte. 
Quiero agradecérselo públicamente aquí hoy, porque no creo que se hubiera conseguido sin ese tiempo y esa energía que usted le ha dedicado. 
Como único representante de Irlanda del Norte aquí presente hoy, quiero que se lleve consigo dicho agradecimiento. 
Me entristeció leer en la prensa los comentarios realizados por el Sr. Brok del Grupo del PPE, cuando dijo que los ministros del Reino Unido estaban tan preocupados por Irlanda del Norte, que no podían concentrarse en la Unión Europea. 
Estoy seguro de que tendrá la oportunidad de rebatir hoy aquí esos comentarios. 
Creo que fue una declaración muy desafortunada del Sr. Brok. 
Quisiera decir asimismo, con respecto a la situación en Irlanda del Norte, que usted realizó promesas personales a la población de Irlanda del Norte. 
Espero que pueda cumplirlas, señor Primer Ministro. 
También quiero dejar constancia ante esta Asamblea del importante papel que desempeñó el líder de mi Partido en todo este asunto. 
Fue de gran importancia la valiente decisión que tomó, también él, poniendo en juego su futuro político para garantizar que mi pueblo de Irlanda del Norte lograra la paz. 
Por último, quisiera hacer un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que trabajen con nosotros en la búsqueda de soluciones para apoyar a la nueva asamblea que esperamos que salga constituida en las elecciones del próximo jueves en Irlanda del Norte. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, el Presidente Blair, como sus predecesores en la Presidencia del Consejo, ha declarado ante nosotros: » El empleo debe seguir siendo la prioridad absoluta en Europa: ¡18 millones de desempleados son demasiados!» 
Son unas palabras, unas hermosas palabras, que ya hemos oído y que volveremos a oír. 
La realidad es que la Unión Europea alcanza cúspides en el plano del desempleo en el mundo industrializado. 
Seguimos contando con entre 10 % y 11 % de desempleados en la Unión Europea, frente a menos de 5 % en los Estados Unidos y menos de 4 % en el Japón. 
Pero en el continente europeo hay dos países que presentan tasas de desempleo mucho más bajas: me refiero a Suiza, con menos de 4 % de desempleados, y a Noruega, con menos de 3 %. 
Son dos países, dos Estados, cuyos pueblos se negaron, por referéndum, a entrar en la Unión Europea. 
Así, pues, la demostración es clara. 
El sistema aplicado por la Unión Europea es un sistema ineficaz y malo para los pueblos, en todo caso desde el punto de vista del empleo. 
Las causas ya las conocemos: en primer lugar, la frenética normalización llevada a cabo por la Unión Europea; además, el librecambismo económico salvaje, que conduce a desdibujar las fronteras y a suprimirlas; por último, la Unión Económica y Monetaria, glorificada, señor Presidente Blair, durante toda su Presidencia. 
En resumen, la causa del desempleo en Europa es el yugo único, impuesto por el yugo del Mercado Único, las normas únicas y la moneda única. 
Europa, la Unión Europea, puede recuperar el empleo, a condición de que cambie sus principios fundadores, deje de pretender ampliarse al mundo entero, respete de verdad el principio de subsidiariedad y la diversidad de las regiones y las naciones y, por último, de que legisle menos e imponga menos también. 
Así podrá la Unión Europea recuperar el camino del empleo. 
He recibido siete propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación se celebrará a las 12.00 horas. 
Seor Presidente, seor Presidente del Consejo, seor Presidente de la Comisión, la Presidencia británica ha estado y, ciertamente, sigue estando aún bajo el lema de la Peoples ' Europe» , es decir, de una Europa de los pueblos. 
Pero, entretanto, se han sumado algunos eslogans, como subsidiariedad, descentralización y renacionalización, que con este eslogan pueden constituir una mezcla peligrosamente explosiva. 
Acabamos de tener un ejemplo del Sr. Le Galou acerca de qué se puede hacer con buenos principios si se los mezcla de manera equivocada y se les añade además un chorro de nacionalismo extremo. 
Seor Presidente del Consejo, quisiera decir clara y abiertamente lo siguiente: necesitamos reformas. 
Por poner un ejemplo, en esta Asamblea nos hemos ocupado hace poco del color que han de tener en toda Europa los rótulos de los autobuses. 
Incluso si se trata de la importante cuestión de los autobuses adaptados a las personas discapacitadas, no es ésta una tarea europea central. 
Necesitamos reformas, desburocratización, descentralización y transparencia. 
Necesitamos también libertad de movimientos, en el sentido más auténtico de la palabra, para los ciudadanos, tal como usted ha comentado hoy, pero a todos los niveles de nuestro espectro nacional, en Europa, a nivel nacional y a nivel regional. 
Quisiera dirigir la atención de ustedes hacia una cosa, quizá más decididamente de lo que lo hemos hecho hasta ahora: el interés de los ciudadanos de esta Europa es tener más puestos de trabajo. 
Por consiguiente, necesitamos una mayor coordinación de la política económica, más seguridad, menos guerras y menos crisis. 
Necesitamos una política exterior y de seguridad común auténticamente europea, un medio ambiente mejor y más saludable. 
En consecuencia, necesitamos, al menos, una política europea de medio ambiente y más democracia. 
Necesitamos, al menos, más derechos para este Parlamento, es decir, más decisiones por mayoría a nivel europeo. 
Espero, pues, que la actual Presidencia austriaca del Consejo no pierda el coraje cuando se trate de que los Jefes de Gobierno adopten estas decisiones esenciales. 
El lema es acertado. 
Es acertado continuar con su lema también bajo la Presidencia austriaca. 
Al mismo tiempo deseo un sí a las reformas para que logremos una Europa realmente fuerte allí donde lo necesitemos, es decir, allí donde estén los intereses de los ciudadanos. (Aplausos) 
Señor Presidente, en primer lugar, permita que me desvíe de lo que iba a decir, para respaldar plenamente lo que usted ha dicho, señor Primer Ministro, sobre la ampliación y las duras y difíciles decisiones que deben tomarse para garantizar la seguridad de nuestro continente en el próximo siglo. 
En términos generales, esta Presidencia ha sido paradójica. 
Lo positivo: una Presidencia en la que Gran Bretaña salió por fin y oficialmente de su mutismo, para convertirse en la corriente principal. 
Lo negativo: una Presidencia en la que tras haber alcanzado a los demás, Gran Bretaña se vio degradada y relegada a un segundo plano, cuando la Unión Monetaria pasó a ser la nueva realidad. 
Sin embargo, a pesar del hecho histórico de la Unión Monetaria, en el comunicado de Cardiff no se menciona la conclusión del proyecto de medidas positivas para conducir a Suecia, Dinamarca, Grecia y, naturalmente, Gran Bretaña dentro de nuestra zona euro. 
Eso debería ser una prioridad política en estos momentos. 
Son demasiados los compromisos que se han aplazado hasta futuras Presidencias, pero una promesa de Cardiff que sinceramente celebro, es el empeño de resolver las cuestiones de la Agenda 2000 antes de la primera del año próximo. 
Eso es ya una pretensión exagerada. 
El progreso en asuntos clave ha sido lastimosamente lento. Seamos claros. 
Si no se cumple el plazo de la primavera de 1999, especialmente en el ámbito de los Fondos estructurales, nos enfrentamos a una interrupción de programas regionales fundamentales en toda Europa. 
Los programas sociales de educación y formación que ya se encuentran en una situación crítica, debido a que finalizan a finales del próximo año, no pueden planificar sus futuros. 
Si el 1 de enero del 2000 se paralizan los fondos, porque el Consejo es incapaz de tomar decisiones a tiempo, ¿quién estará alejando a los ciudadanos de Europa? 
No debe utilizarse continuamente el calendario de las elecciones alemanas como fácil escusa para posponer asuntos importantes en el Consejo. 
Acogemos con satisfacción el llamamiento de Cardiff en favor de mayor apertura en Europa. 
A pesar de que es absolutamente necesaria, como creo que usted mismo ha dicho, qué ironía que siga siendo el Consejo la parte más cerrada y reservada de la Unión Europea. 
La cumbre que, implícitamente, ha criticado a este Parlamento, y en algunos casos, con razón, ese mismo Consejo de Ministros carga al contribuyente europeo con unos 150 millones de ecus al año, al insistir en que nos reunamos todos los meses aquí en Estrasburgo además de en Bruselas. 
Eso es realmente inadmisible. 
Ayúdenos a liberarnos de este carrusel. 
Me parecieron muy interesantes y acogí con satisfacción sus comentarios sobre la tercera vía- que rechace tanto el laissezfaire, como el control estatal. 
Ese camino ya ha sido trazado- está bien allanado y se llama Liberal Democracia. 
Permitáme concluir con una nota positiva. 
Acojo con especial satisfacción el hecho de que esta Presidencia se haya esforzado en tratar con talante constructivo a algunos diputados a este Parlamento. 
Doy las gracias a Doug Henderson, en particular. 
He sido recibido sin demora por muchos ministros durante los últimos seis meses en mis esfuerzos por lograr la categoría de Objetivo 1 para Cornwall. 
Acojo con satisfacción esa accesibilidad. 
Por último, ninguna Presidencia es perfecta y es mucho lo que se ha sacado adelante, pero la idea de lo que esta Presidencia hubiera sido bajo el anterior régimen británico no permite contemplaciones. 
Señor Presidente, creo que esta Presidencia saliente debería ser bautizada como Presidencia Blair en honor de un gran inglés. 
Me refiero, naturalmente, a Eric Blair, más conocido como George Orwell. 
Orwell escribió que la Europa de 1984 estaría gobernada por un Ministerio de la Verdad, en el que unos médicos muy excitados explicaban que la guerra que libraba el Ministerio de la Paz siempre iba bien. 
El idioma de ese mundo se llamaba " newspeak». 
El " New Labour» habla ese idioma a la perfección. 
Cuando leen una nueva medida contra la pobreza, nuestros pobres esconden sus monederos. 
Cuando oímos hablar del nuevo liderazgo de Gran Bretaña en Europa, tememos un nuevo brote de xenofobia moderada, quizá, por consejo estadounidense. 
Es muy oportuno que el último logro de la Presidencia Blair fuera la anulación del Cuarto programa contra la pobreza. Me complace enormemente escuchar al Primer Ministro anunciar que esa anulación será ahora anulada. 
Está claro que en Europa, la opinión pública aún puede dejar sentir su peso. 
Ahora el Presidente tendrá libertad de seguir su propio curso, y tengo entendido que dirige un equipo que busca la tercera vía. 
Buscan un camino entre lo verdadero y lo falso, entre lo correcto y lo erróneo. 
Si Europa sigue ese camino, se ampliarán sus fisuras tanto vertical como horizontalmente, y espero realmente que nos lo pensemos detenidamente, antes de embarcarnos por ese camino. 
Señor Presidente, yo soy el otro fantasma que asiste al festín de la Presidencia británica. 
Este fantasma quiere decir algunas cosas sobre la Presidencia. 
En primer lugar, el consenso general entre la opinión informada de Bruselas es que la Presidencia británica ha sido un poco como un pasquín mojado: ha prometido mucho, pero ha conseguido poco; y la Cumbre de Cardiff fue resumida por el Financial Times como " larga en palabras, pero corta en acciones». 
Quiero destacar dos cosas. 
En primer lugar, quiero hacer hincapié en los comentarios sobre el hecho de que su primer fracaso como Presidente de la Unión Europea ha sido hacer un aparte con el Sr. Clinton, sin ni siquiera consultar a la Unión Europea, cada vez que había que tratar sobre la amenaza de Bagdad y la amenaza de bombardear Bagdad. 
Eso fue un error que causó una gran consternación en esta Asamblea. 
En segundo lugar, el hecho de que hayamos sido espectadores en el tema de la moneda única es un importante error de estrategia de su Gobierno. 
Debo pedirle que comente las palabras de su Secretario permanente, Sir Terence Burns, en Bruselas la semana pasada, que, al ser preguntado por qué Gran Bretaña no se unía a la moneda única, dijo dos palabras: " Rupert Murdoch». 
¿Cuándo le plantará cara al Sun, señor Blair, y dirá cuándo se unirá su Gobierno a la moneda única? 
Debo decir que su interés por construir una Europa de los ciudadanos recibiría el respaldo de todos nosotros. 
Pero, ¿por qué, entonces, ha bloqueado importantes programas sociales, como la ampliación de la directiva sobre la reducción de la jornada laboral, la directiva sobre la consulta a los trabajadores, y por qué ha encabezado su Gobierno un notable debilitamiento de la directiva sobre los derechos adquiridos, que fue aprobada por aplastante mayoría en esta Asamblea hace dos semanas y que supone una seria amenaza para muchos trabajadores de toda Europa? 
Si nos ofreciera garantías sobre estas cuestiones, nos creeríamos su interés por los ciudadanos de Europa. 
Gracias al fantasma mejor alimentado de Europa. 
Señores Presidentes, las conclusiones de la Cumbre de Cardiff adolecen de imprecisión- voluntariasobre el futuro de las instituciones europeas tras la ampliación. 
Lo único que se nos dice es- y cito- que se deberá «fortalecer la legitimidad democrática de la Unión y plasmar en hechos el principio de subsidiariedad» , principios que, así enunciados, siguen siendo muy ambiguos, pues pueden desembocar ora en el fortalecimiento de un superestado ora en la realización de una Europa de las naciones. 
Si bien fortalecer la legitimidad democrática debiera significar conceder la prioridad a una democracia europea más lejana y, por tanto, menos viva que las democracias nacionales, si plasmar en hechos el principio de subsidiariedad debiera significar conceder a la Comisión las competencias reales y dejar a las naciones migajas de poder, es evidente que los ciudadanos no comprenderían esa orientación. 
En cambio, si fortalecer la legitimidad democrática debiera significar revalorizar el papel de los parlamentos nacionales, someter las decisiones del Tribunal de Justicia a un derecho de apelación ante los pueblos o controlar mejor a la Comisión- por ejemplo, impedirle decidir gastos sin fundamento jurídico, como acabamos de observar antes- y, si aplicar el principio de subsidiariedad debiera significar restablecer el control de las naciones sobre Europa y convertir a Bruselas en una dócil dispensadora de servicios, creo que la Unión Europa habría alcanzado la edad adulta. 
Señor Presidente del Consejo, la cumbre de Cardiff no emitió un dictamen oficial acerca de la carta común del Canciller Kohl y del Presidente Chirac sobre la subsidiariedad. 
Hizo bien, pues una operación que de entrada anuncia que, para aplicar bien la subsidiariedad, hay que evitar la renacionalización no puede llegar lejos. 
En cambio, puesto que se han mencionado las resoluciones válidas del Consejo en materia de transparencia, nos sorprende no oír hablar nunca de la carta que el Canciller Kohl le envió a usted, señor Blair, respecto de la interpretación del nuevo artículo 63 del Tratado de Amsterdam relativo a la comunitarización de la política de inmigración. 
¿Qué entraña esa carta? 
A los socios de Alemania les gustaría mucho saberlo antes de ratificar el Tratado. 
¿Llegará la transparencia del Consejo, señor Presidente, hasta el punto de comunicar el contenido de dicha carta? 
Señor Presidente, hace diez días en Luxemburgo los ministros de Hacienda de la Unión Europea, suprimieron de hecho los compromisos de fuerte saneamiento financiero pedidos por la Comisión y restaron fuerza y vaciaron de contenido al Plan Waigel, aprobado hace un mes en la Cumbre de Bruselas. 
Un paso atrás, mejor dicho, un paso en falso, que podría costar muchísimo a la Europa unida por la moneda única. 
En pocas palabras, la política económica y social fue olvidada. 
Incluso la condena de la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales fue dulcificada por la cláusula, muy discrecional, de que las 35 horas podrán aplicarse siempre y cuando no aumenten puestos salariales unitarios. 
Cardiff representa una Cumbre sin ambición que sólo trata de definir los problemas sin proponer soluciones. 
La iniciativa de Kohl y Chirac ha vuelto a plantear las viejas temáticas sobre cuestiones batallonas como la descentralización de las decisiones comunitarias o la reforma institucional. 
De hecho, la nota conjunta del Canciller y del Presidente francés vuelve a proponer el debate sobre la subsidiariedad, los asuntos institucionales y los objetivos de la construcción europea, por lo que, señor Presidente en ejercicio del Consejo, también su propuesta de crear un Grupo de Alto Nivel para estudiar el perfil de la futura Europa aparenta estar en la misma línea. 
A nuestro juicio es paradójico que, en el momento en que el euro representa un importante factor de integración y el papel del Parlamento Europeo parece que se va fortaleciendo, muchos Estados pidan una pausa de reflexión desconfiando del excesivo decisionismo. 
Alianza Nacional pide una Europa más cercana a los ciudadanos, una Europa que haga frente con decisión al problema de la reforma. 
Sin embargo, una Europa de 25 o 30 Estados necesita un mecanismo político- repito, político- muy fuerte para compensar el efecto del número y la heterogeneidad de sus miembros, ya que cuanto más amplio será el territorio tanto más hará falta una cohesión política a nivel de orientación. 
Hemos asistido a una Presidencia sin luces, si consideramos que las metas que ha alcanzado sólo afectan al programa marco de investigación y desarrollo o la liberalización del mercado del gas y de la electricidad; ha sido incluso una Presidencia en la sombra cuando optó por apartarse en el momento del decisivo avance de la construcción europea hacia la moneda única no sin dejar de declarar su apoyo, pero preparándose cómodamente a adherirse sólo cuando se conocerán todas las consecuencias. 
Señor Presidente, no hace tanto tiempo, Gran Bretaña era la marginada política de la Unión Europea, a menudo ignorada, con frecuencia, considerada irrelevante, y siempre quejándose y lamentándose, sin mostrar nunca un talante positivo. 
Me alegra que todo eso haya quedado atrás. 
Ahora tenemos un Gobierno británico que, acertadamente, cree que el futuro de Gran Bretaña está en Europa. 
Bajo la Presidencia británica, hemos presenciado el nuevo enfoque adoptado por el Gobierno para lograr resultados prácticos: respeto mutuo, asociación real y diálogo constructivo. 
De la Presidencia británica, como han mencionado muchos, destacan dos logros de gran transcendencia: el lanzamiento de la moneda única y el inicio de las negociaciones para la ampliación de la Unión Europea. 
La moneda única ha quedado establecida sobre un base firme. 
No tengo la menor duda de que el euro surgirá como una moneda efectiva y estable. 
Asimismo, la ampliación tiene un enorme significado. 
La Unión Europea nunca ha mirado hacia dentro ni ha sido miope. 
Acojo con satisfacción el reconocimiento de que la ampliación es fundamental para el bienestar, la estabilidad y la prosperidad de toda Europa, del Este y del Oeste. 
Durante la Presidencia británica, la creación de puestos de trabajo, muy acertadamente, ha sido el tema prioritario de la agenda. 
La Presidencia ha reconocido que si somos realmente serios respecto a nuestros deseos de crear mayores oportunidades de empleo, debemos aceptar cambios, lo que no equivale a un debilitamiento del modelo social europeo. 
Significa que debemos asegurarnos de que el modelo es el idóneo para las necesidades actuales. 
La calidad de la fuerza laboral europea será el principal factor que determine nuestra futura competitividad y, por consiguiente, nuestra futura prosperidad. 
Ahora que finaliza la Presidencia británica, todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que la cualificación de los trabajadores, la adaptabilidad, la igualdad de oportunidades, la formación durante toda la vida y el espíritu empresarial son todos ellos impulsados y reciben la debida atención de todos los Estados miembros. 
Por último, me alegró que la Cumbre de Cardiff fuera la conclusión positiva de la Presidencia británica. 
La cumbre confirmó auténticos progresos en los últimos seis meses y ha marcado el camino hacia un nuevo tipo de asociación europea. 
Sentí gran satisfacción de que una cumbre de tanto éxito se haya celebrado en Cardiff, la capital de Gales y la ciudad que está en el corazón de mi circunscripción. 
El pasado fin de semana, la Cumbre de Cardiff marcó un hito en la evolución de Europa- importante para Europa, importante para Gran Bretaña e importante también para Gales. 
El año próximo, Gales tendrá su propia Asamblea nacional. 
Dicha Asamblea garantizará que, Gales, al igual que Gran Bretaña, desempeña el papel que le corresponde en nuestra Europa de los ciudadanos. 
Seor Presidente del Consejo, habida cuenta de experiencias pasadas, quisiera elogiar de manera expresa la disposición de la Presidencia del Consejo a entrar de manera decidida en diálogo con el Parlamento Europeo. 
Para mí uno de los highlights de la Presidencia británica del Consejo ha sido la declaración de Gordon Brown el día 2 de mayo en el Parlamento Europeo. 
Pero quiero aadir que de cara a una fundamentación acertada de las decisiones históricas ha faltado solamente una cosa: la inmediata declaración de adhesión del Reino Unido a la Unión Monetaria. 
Quiero destacar expresamente que lamento los acuerdos de la Comisión sobre el levantamiento de la prohibición de exportación para todo el Reino Unido. 
Esto no está en consonancia con el tenor exacto de los acuerdos de Florencia. 
Y deseo aadir que desde hace dos días tengo en mis manos un informe de inspección de los inspectores de la UE que se ha entregado con retraso. 
En el mismo figura lo siguiente, que cito: " The level of noncompliance is rather hihg. 
The official authorities do not check in the credible way, contrary to the instructions.» 
Podría proseguir citando. 
Sobre este trasfondo y también de cara a una visita del Parlamento Europeo debo decir que entonces se nos ofreció un show pero no la realidad de una realización práctica. 
Al Sr. De Vries y al Sr. Santer quisiera decirles con toda claridad lo siguiente: lo que el Canciller Federal alemán ha urgido y ha discutido a propósito de la subsidiariedad y de la necesidad de un sistema más justo de gastos y de ingresos goza del apoyo de la inmensa mayoría de la población alemana y, por supuesto, de la Conferencia de primeros ministros de los Estados federados. 
Y, por esta razón, seor Presidente Santer, de cara al estado de la discusión hay que comentar sobre la agenda que la Comisión no sólo es motor de la integración sino también una parte considerable de este negocio. 
Si en el curso de la Presidencia alemana del Consejo queremos mantener existen dos requisitos. 
La Comisión, a la vista de la discusión actual, incluso en el Parlamento, debe presentar en otoño en forma revisada las propuesta sobre la agenda y, en segundo lugar, necesitamos luego una Presidencia del Consejo bajo la dirección acreditada del Canciller Federal, Helmut Kohl, para que esto pueda ser llevado a término con éxito, pues no debemos confiar el negocio a los aficionados. 
Seor Presidente, Cardiff y la Presidencia británica han aportado algunas evidencias que dan la razón a aquellos que siempre han creído que una Europa que quiera regular de manera menos centralizada y pretenda dejar más asuntos en manos de los estados soberanos es una Europa mejor, una Europa que es mejor comprendida por sus ciudadanos y que goza también de una mejor aceptación. 
Si en Cardiff no se ha solucionado nada, el Consejo debería haber reconocido, al menos, que se han alcanzado los límites de lo factible, si los unos pagan menos, los otros reciben mucho enseguida y todos han de financiar la ampliación, y todo esto sin elevar el techo presupuestario. 
La Presidencia británica ha preparado el camino a la Presidencia austriaca para la solucionar una serie de problemas que ella misma no pudo resolver y que la Presidencia austriaca tampoco puede solucionar si prosigue el camino que le han mostrado y que ésta ha tomado. 
Europa necesita un camino nuevo que vuelva a dar más peso a los Estados miembros. 
Señor Presidente, quisiera centrarme en el debate institucional que se entabló repentinamente antes de la Cumbre de Cardiff mediante la carta del los Sres. Chirac y Kohl. 
Quisiera decir al Sr. Böge que todos las veces que surgen problemas de política interior- en este caso las elecciones alemanasen un gran Estado miembro, se recurre a la subsidiariedad. 
La mayoría de las veces no es sino un intento apenas disimulado de renacionalizar elementos de la política europea y satisfacer así a electores descontentos. 
Se buscan también chivos expiatorios. 
Unas veces es la Comisión, otras veces el Parlamento Europeo, pero, ¡nunca el Consejo! 
Ahora bien, si hay una institución europea que no ha estado a la altura de las circunstancias últimamente, ha sido sin duda el Consejo, en el que ciertos ministros y jefes de gobierno prefieren ocuparse de las dietas de los diputados europeos y no de los verdaderos problemas europeos. 
Sabido es también que la imaginación institucional no tiene límites. 
Reaparecen ideas antiguas que se han debatido mil veces. 
Me he enterado de que algunos están pensando en el antiguo deus ex machina de un senado de parlamentarios nacionales para remediar el déficit democrático. 
Esas divagaciones institucionales no contribuyen precisamente a tranquilizar a los ciudadanos, que se ven desorientados con ellas. 
Así, pues, celebro la prudencia del Consejo Europeo de Cardiff, al subrayar que la primera prioridad era la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
Pero es evidente que la Unión Europea tiene efectivamente un problema de relieve político público. 
Los ciudadanos no comprenden bien la política europea, pero eso no es un problema institucional, es un problema político, un problema vinculado con la política. 
Si, por ejemplo, el Presidente de la Comisión, cargo político eminente en Europa, es nombrado por el Consejo Europeo tras un cónclave secreto, a partir de una alquimia compleja y sin debate público, ¿cómo queremos que los ciudadanos se sientan concernidos? 
A eso se debe la idea que algunos- entre ellos Jacques Delors- hemos solicitado que se abra el debate y se haga participar a los ciudadanos europeos mediante las elecciones europeas. 
Personalizar la campaña electoral es también politizarla. 
Esa medida desembocaría también en una mayor cohesión de las fuerzas políticas, en una reflexión más seria sobre el programa político futuro de la Comisión, en una auténtica dimensión política de Europa. 
Señor Presidente, es cierto que nos encontramos ante el final de una presidencia sin resultados espectaculares. 
Tampoco había motivos para ello. 
El Tratado de Amsterdam y la Cumbre extraordinaria de Luxemburgo han marcado unos objetivos y unas pautas de actuación para cuyo debate y evaluación de resultados se requiere tiempo. 
En política exterior- señor Presidente -, hay que lamentar el fracaso de la misión de la troika en Argelia, país muy próximo a nuestras fronteras del sur y que merece una atención especial, como toda la zona mediterránea. 
Y hay que saludar el acuerdo alcanzado en el ámbito de la Cumbre transatlántica, en particular el acuerdo sobre las leyes de efectos extraterritoriales que, en el caso de la Ley Helms-Burton, se encuentra supeditado a la modificación por el Congreso de los Estados Unidos del título IV de dicha ley, sin que dicho acuerdo cambie, por supuesto, la percepción que la Unión Europea tiene de la naturaleza y el alcance de esa ley. 
Capítulo importante es el dedicado al empleo, que recibió un fuerte impulso en la Cumbre extraordinaria de Luxemburgo presidida por el Sr. Junker. 
Países como España, señor Presidente, han presentado planes de acción que han sido destacados por su rigor y sus objetivos por la propia Comisión. 
Se han presentado por primera vez medidas concretas y plazos concretos. 
No es todavía tiempo de evaluar, y es comprensible el carácter general del examen que sobre ellos ha hecho el Consejo, aunque quisiera atraer la atención sobre dos cuestiones que han sido objeto de reflexión en este Parlamento: la necesidad de conciliar los plazos de presentación de estos planes con las previsiones presupuestarias que los Estados hacen anualmente y la necesidad de disponer de indicadores socioeconómicos fiables y homologados que permitan hacer un seguimiento exhaustivo de su evaluación y resultado. 
Como ayer mismo dijo el Presidente del Gobierno español, José María Aznar, en el Congreso de los Diputados para la enfermedad del paro la mejor receta es la estabilidad de los precios, el saneamiento de las finanzas públicas y una evolución de los salarios acorde con la inflación y el crecimiento de la productividad. 
Y si a ello se le une el esfuerzo de los empresarios para reinvertir los beneficios y, en un clima de diálogo social, adecuar la organización del trabajo y las necesidades del mercado se estarán dando los pasos para que los ciudadanos detecten que las decisiones políticas van por el camino correcto. 
Finalmente, señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no hay convergencia real sin empleo y no hay cohesión económica y social sin solidaridad y sin esfuerzo colectivo económico y social. 
Queremos una Unión Europea no en clave de «mercadeo» sino en clave de mercado interior libre y competitivo donde nuestros jóvenes, nuestras mujeres y todos los que aspiran a trabajar se muevan con libertad en un espacio económico y social común. 
Seor Presidente, en primer lugar, como diputado alemán quisiera dar las gracias al Presidente del Consejo, en su calidad de Primer Ministro británico, por su enorme compromiso en la política de paz en favor de Irlanda del Norte. 
Hago esto como diputado alemán, sobre todo, porque amo mucho a Irlanda y porque ésta constituye uno de mis países de vacaciones preferidos. 
En segundo lugar, quiero dar las gracias a la Presidencia del Consejo- y precisamente a la Presidencia británica- por su compromiso en los últimos pasos de la Unión Monetaria y como diputado alemán quiero decir lo siguiente: We want Britain inside of the currency union. 
Por consiguiente le doy las gracias, en especial, por esta tarea, aunque debería durar un poco más. 
En tercer lugar: con este Tratado de Amsterdam ha llegado a término una época histórica, pues en el pasado la obra de unificación europea ha estado marcada muy profundamente por la diplomacia clásica. 
Ha sido impulsada así y ahora es la política parlamentariamente controlada la que debe impulsar la obra de unificación. 
A este propósito, el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los Estados miembros han de asumir sus derechos. 
Nuestra legislación debe seguir desarrollándose más. 
Después del Tratado de Amsterdam cada nuevo paso de integración debe mejorar también la disposición contractual relativa al desarrollo de los partidos políticos europeos a fin de que resulte mejorado el sistema parlamentario. 
Esto debe llevarse a término durante la Presidencia alemana. 
La diferencia reside en que va a ser un Presidente del Consejo de Ministros- es decir, un Canciller Federal- socialdemócrata el que va a ostentar esta Presidencia del Consejo; por lo demás, soy de la misma opinión que el Sr. Böge. 
Señor Presidente del Consejo, su discurso de esta mañana tenía unos acentos tan socialcristianos y tan poco socialistas, al menos en comparación con los socialistas históricos a los que oímos aquí todo el santo día, que sería imposible no estar de acuerdo con él. 
Es cierto, la Presidencia británica ha hecho un buen trabajo. 
Ha estado más atenta que otras a los deseos de este Parlamento, gracias a los numerosos contactos que sus ministros ha mantenido con nuestras comisiones, de lo que puedo atestiguar personalmente. 
Quisiera volver a referirme a las preocupaciones del Parlamento y de la Comisión respecto de la coordinación de las políticas económicas. 
No se puede afirmar, por una parte- como ha hecho usted en sus conclusiones -, la importancia de dicha coordinación y, por otra, dejar que el Comité Monetario corrija todo lo que de pertinente y operacional al respecto había en la recomendación de la Comisión. 
Ha dicho usted- y nosotros lo apoyamos- que quiere fortalecer la adhesión de los ciudadanos a Europa. 
Aquí tiene tres consejos muy sencillos que me permito añadir a los de Gijs de Vries. 
Cesen de practicar un doble lenguaje y hagan que sus actos sean coherentes con sus palabras. 
Si dicen que la coordinación es necesaria, foméntenla. 
Además, vuelvan más eficaz a Europa: eso es lo que los ciudadanos esperan de Europa. 
¿Cómo se puede volverla más eficaz? 
Generalicen el voto por mayoría. 
Por último, quieren ustedes que los ciudadanos tengan algo que decir. 
Muy sencillo también: extiendan la codecisión a todo lo legislativo. 
Si hacen eso, tendrán muy rápidamente el apoyo de todos los ciudadanos europeos en pro de una Europa abierta, democrática y solidaria, como todos la deseamos. 
Señor Presidente, quiero felicitar a Gran Bretaña por su buena Presidencia, lo que también debe verse a la luz de que han llevado a cabo la iniciación del euro y su enérgica y plena de éxito gestión por la paz en Irlanda del Norte. 
También quiero dar las gracias por la clara respuesta que recibimos hoy respecto al asunto de las bases jurídicas de ciertos gastos que tienen una marcada orientación social. 
Son tales gastos los que más que nada deben ser asociados con el concepto de " la Europa de los ciudadanos» que ha sido el tema de la Presidencia británica. 
Me alegra poder comunicar la respuesta que hoy se nos ha dado a las organizaciones que me han llamado desde Suecia, incluidas las organizaciones de minusválidos- hemos recibido preocupadas llamadas telefónicas. 
Ahora les puedo decir que pueden esperar con confianza hasta la próxima semana, que posiblemente Tony Blair va a arreglar esto. 
En cuanto a Cardiff, lo que más me gusta es que hay una voluntad clara y un anhelo, también en esta reunión, de continuar con fuerza la lucha contra el paro. 
Todos sabemos que no es fácil hacer algo en el ámbito europeo, puesto que esto es algo que debe realizarse tanto nacionalmente como en común. 
No hay verdades absolutas, no hay modelos claros a seguir. 
Sin embargo, debemos mantener " la olla hirviendo» y no abandonar esta lucha. 
Quiero señalar que quienes critican a la Unión porque no hace nada, por ejemplo respecto al empleo, son a menudo quienes no están dispuestos a crear instrumentos comunes para seguir adelante y que constantemente gritan con voz angustiada: ¡Federación! 
Finalmente, permítanme darle las gracias por la promesa de que el Consejo seguirá adelante en el asunto de los documentos públicos. 
Seor Presidente, seoras y seores, el Presidente del Consejo ha iniciado sus explicaciones con la afirmación de que el modelo 14/1 ya no es viable. 
Esto es, sin duda alguna, un avance para Europa. 
Junto al paso histórico de principios de mayo hacia la moneda común se han producido también avances en otros campos. 
Por ejemplo, ahora hay convenios Europol ratificados. 
Existen unos primeros pasos en la cooperación en el ámbito de Justicia e Interior. 
El plan de acción de lucha contra el crimen organizado se está llevando a la práctica de manera progresiva. 
Pero existen también deficiencias. żPorqué seor Presidente del Consejo, no ha iniciado Europol su trabajo el 1 de julio? porqué no es posible que un tribunal alemán establezca contacto directo con tribunales británicos en interés de aquellos que buscan justicia? 
Esto significa que hemos desembocado en el nivel de las grandes declaraciones amigables. 
Éstas suscitan grandes expectativas, pero la realidad va renqueando detrás. 
Aquí se nos objeta con el concepto de " soberanía nacional» , la cual no permite todo esto. 
Entonces pregunto, seor Presidente del Consejo, żcómo puede ir la soberanía nacional contra las condiciones previas de la seguridad de los ciudadanos? żPor qué no es posible el progreso en un campo en el que los ciudadanos lo acompañarían con júbilo, en contraste con otros desarrollos en los que los ciudadanos se muestran más bien remisos? 
Los ciudadanos desean que Europol emprenda su trabajo contra el crimen organizado. 
Creo que en este ámbito habría sido posible progresar mucho más. 
Usted ha exteriorizado la intención, que celebro, de mejorar las relaciones con Turquía y de poner también en vigor el marco financiero del Acuerdo sobre la Unión Aduanera. 
Permítame indicarle que esto sería también un paso en la lucha contra el crimen organizado, contra el tráfico de drogas en Europa. 
En efecto, a través de Turquía llegan muchas cosas a Europa. 
Sin una mejora de la cooperación no será posible una lucha llena de éxito. 
Por consiguiente, no puedo menos que instarles a ustedes a que prosigan por este camino. 
Seor Presidente, seor Presidente del Consejo, como ya lo han hecho notar muchos de mis predecesores en el uso de la palabra, también yo, lamentablemente, debo calificar de una cierta decepción la cumbre de Cardiff. 
Concuerda con la imagen global de la Presidencia británica del Consejo que, sin duda, comenzó vigorosamente pero luego, lamentablemente, perdió vigor. 
Esto significa, naturalmente, que la aportación de trabajo de la Presidencia austriaca del Consejo va a ser enorme. 
En definitiva, la cumbre extraordinaria informal sobre cuestiones de transparencia y de subsidiariedad que se celebrará en octubre del presente ao en Melk ha de contribuir a que cobre, por fin, su auténtico contenido un concepto tan numerosas veces utilizado, pero tan frecuentemente mal interpretado, como el de subsidiariedad. 
En la subsidiariedad no se trata de la ayuda para autoayudarse ni de una relación excluyente entre la Unión Europea y los Estados miembros, sino más bien del principio político de que una unidad mayor jamás debe asumir competencias que puedan ser ejercidas satisfactoriamente en una unidad más pequea. 
Pero esto significa igualmente que ámbitos políticos como, por ejemplo, la política exterior y de seguridad, deben estar colocados en el nivel europeo para que no conduzcan hacia una fragmentación ineficaz, y tenemos muy claramente ante los ojos el ejemplo de Kosovo donde se han vuelto a cometer con más o menos exactitud los mismos fallos que se cometieron ya al comienzo de la guerra civil en Yugoslavia. 
También ha avanzado poco, lamentablemente, durante la Presidencia británica el tema, tan anunciado en muchos bonitos folletos, de la desburocratización y de la desregulación. 
Cuando en las conclusiones de la Presidencia leo pasajes relativos a una Unión cercana a los ciudadanos, me pregunto por qué la cumbre de Cardiff no ha puesto en práctica, tanto como fuera posible, el informe del Parlamento Europeo, de mayo de este ao, sobre política de la información. 
Efectivamente, en el informe se demandaba, por ejemplo, una abierta política de información a través de oficinas comunes de información de la UE en lugar de las oficinas separadas de información, existentes hasta hoy, del Parlamento y de la Comisión. 
En consecuencia, hemos de hacer presión en el Parlamento para que bajo la Presidencia austriaca del Consejo se dé realización práctica a los puntos que no se han cumplido, pero que son importantes. 
Nuestro colega, el Sr. Nassauer, se ha referido antes de manera específica a la política de seguridad. Este es un punto tan importante porque, precisamente, la política de seguridad ha de ser uno de los aspectos importantes de toda la UE. 
Si la política de seguridad no funciona, si no se ve garantizada la seguridad del ciudadano individual, tampoco las demás políticas podrán dejar sentir realmente sus efectos en el nivel social y económico. 
Señor Presidente, me uno a los colegas en dar hoy la bienvenida al Sr. Blair al Parlamento. 
Mi único pesar es que no acudiera al inicio de la Presidencia, porque sabrá, como yo sé, la importancia decisiva que tiene trabajar estrechamente con los colegas de la Comunidad Europea y de la Unión y con los Estados miembros. 
Únicamente a través de la cooperación más estrecha posible lograremos los objetivos que perseguimos. 
En los dos minutos de que dispongo, me centraré en un par de puntos, uno sobre Turquía y el otro, sobre los derechos humanos. 
En cierta medida, me alejo de la posición del Sr. Nassauer, pero quisiera llamar la atención del Sr. Blair sobre la situación en Turquía. 
Naturalmente que Turquía debe tener total libertad para dirigir su propia política dentro de su territorio y, sobre una base bilateral, con otros países. 
Pero cuando hablamos de la posibilidad de que Turquía se convierta en miembro de la Unión Europea, estamos obligados a interesarnos mucho más de cerca en cómo dirige sus asuntos. 
Esperamos que Turquía cumpla los criterios que, como Unión Europea, hemos establecido para la adhesión. 
El Sr. Blair sabe perfectamente que en Turquía existen muchas deficiencias, no sólo ahora, sino desde hace muchos años. 
Está toda la cuestión de las violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, y de la tortura que continúa. 
En dicho país no existe la libertad de expresión y, en realidad, Turquía tiene un gobierno que está allí con el beneplácito del ejército. 
Por consiguiente, faltan muchas cosas. 
No creo que debamos dirigir nuestra mirada exclusivamente a los estadounidenses para que influyan nuestra política en este sentido. 
Con respecto a los derechos humanos, se ha referido brevemente- no había mucho tiempo- a los progresos con China, lo cual celebro. 
No obstante, lamento mucho lo que parece ser un ataque desde la retaguardia que se ha venido librando, quizá por parte del ministro de Asuntos Exteriores, contra el Parlamento Europeo en lo que respecta a las numerosas resoluciones que hemos aprobado y que consideramos sólidamente enraizadas en los derechos humanos. 
Me gustaría que el entendimiento fuera mejor entre el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y nosotros. 
Resulta demasiado fácil hablar de boquilla sobre los derechos humanos. 
Tengo aquí un artículo del Financial Times sobre un informe de Amnistía Internacional que dice, que se presta demasiado poca atención a los problemas de derechos humanos en los 142 países de los que se ocupa Amnistía Internacional. 
Creo que debemos dar a este asunto un lugar más prioritario en nuestra agenda. 
En primer lugar, felicito a todos aquellos que han sabido mantener el rumbo durante el debate de esta mañana, que he escuchado con gran placer. Responderé todo lo breve y plenamente que pueda en el tiempo de que dispongo. 
Doy las gracias por lo que, en general, han sido unas observaciones muy amables y positivas. 
En realidad, algunas de las observaciones más negativas procedían de los representantes británicos pero, hay tradiciones británicas que posiblemente nunca cambiarán. 
Quisiera decir también unas palabras de agradecimiento por los comentarios sobre Irlanda del Norte. 
Deseo expresar mi agradecimiento a todos los líderes de los principales partidos políticos de Irlanda del Norte y, también, al liderazgo político de la República de Irlanda por haber contribuido a crear, al menos, algo de esperanza respecto a la futura prosperidad y a la paz para la población de Irlanda del Norte. 
Quisiera dirigir unas palabras de agradecimiento personal a Jacques Santer, Presidente de la Comisión Europea. 
Como él sabe, uno de los aspectos insólitos de nuestro debate en Cardiff sobre el futuro de Europa fue mi insistencia en que, a pesar de que creo firmemente en el principio de subsidiariedad, como he dicho en mi intervención, también creo que necesitamos importantes cambios en la Unión Europea para acercarla a sus ciudadanos. 
No olvidemos nunca que existe una buena razón y una mala razón para estar a favor de la subsidiariedad. 
La buena razón es que las decisiones que puedan tomarse más cerca de la población, se tomen más cerca de la población. 
La mala razón es cuando la Comisión realiza el trabajo que se espera de ella: por ejemplo, garantizar que el mercado único europeo sigue adelante y que existe progreso y cambio en Europa. 
Quisiera expresar a Jacques Santer mi agradecimiento personal por la cooperación y la labor que él y sus colegas han realizado durante los seis meses de Presidencia. 
Hemos mantenido estrechas relaciones de trabajo. 
Personalmente, he gozado de unas relaciones excelentes con él. 
Pasaré a los comentarios que se han hecho sobre el Tribunal de Justicia. 
He indicado cómo nos proponemos hacer avanzar este proceso y resolver el asunto del fundamento jurídico, a raíz del dictamen del Tribunal de Justicia. 
También quisiera expresar mi satisfacción por los comentarios de la Sra. Green sobre las condiciones en que desempeñan sus mandatos los diputados europeos al Parlamento. 
La voluntad de reconocer los hechos y el interés de todos de encontrar una solución a estos problemas es bueno para la Unión Europea en su conjunto. 
Quisiera referirme a los comentarios realizados por varios diputados. 
Se han hecho algunas críticas a las que deberé hacer frente con toda la diplomacia de que sea capaz: la crítica de que la Presidencia británica ha estado demasiado cerca de los Estados Unidos en deliberaciones de nuestra política exterior. 
Quiero decirles con toda claridad- y sé que quizá no despierte el entusiasmo general- que es importante que la Unión Europea goce de unas relaciones buenas y sólidas con los Estados Unidos de América. 
Eso beneficia e interesa a ambas partes. 
(Aplausos) Les ruego que comprendan que en los Estados Unidos existen fuerzas que quieren una política norteamericana de aislamiento, que quieren que los EE. UU. se desentiendan de sus responsabilidades en el mundo. 
Es algo que no nos beneficia en absoluto a nadie. 
También quisiera señalar- como decía cuando me dirigí hoy mismo al Grupo Socialista- que en lo que respecta a Irak, sencillamente no es cierta la afirmación de que no contactamos, ya sea a nivel colectivo o individual, con otros Estados miembros de la Unión Europea. 
Nos mantuvimos en contacto. 
Me temo, sin embargo, que es bastante peor que Gran Bretaña se limitara a seguir la pauta de los Estados Unidos. 
En realidad no la seguimos. 
Estábamos de acuerdo con ella y ayudamos a su implantación. 
Mi opinión personal es que no habríamos prosperado en el tema de las inspecciones de las Naciones Unidas en Irak de no haber sido por la posición firme de la diplomacia, respaldada, en caso necesario, por el uso de la fuerza. 
Creo que fue la política acertada. 
Agradezco al Sr. de Vries, entre otros, sus amables comentarios sobre la normalización de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, y quiero decir que estoy muy de acuerdo con la opinión de que debemos intentar completar el programa de reformas para que la Unión Europea sea más competitiva y, en particular, para hacer realidad su mercado único. 
También deseo referirme a la observación que han hecho varios colegas en el sentido de que los planes nacionales de acción y las orientaciones sobre el empleo aún no han dado frutos suficientes para la población. 
Dejemos algo perfectamente claro: dichos planes nacionales de acción representan la primera vez que los gobiernos aúnan programas en favor del empleo- una acción encaminada a atajar la exclusión social y el desempleo- y la primera vez que aprueban un proceso en el que dichos planes nacionales serán analizados, evaluados y, más tarde, se tomarán medidas adicionales. 
Nos encontramos en el inicio de dicho proceso, pero han quedado atrás aquellos tiempos en que se decía que la Unión Europea no debía ocuparse de estos asuntos, que, sencillamente, eran competencia de los Estados miembros. 
La creación de puestos de trabajo es un ámbito en el que podemos aprender unos de otros y en el que la acción es fundamental para atajar los problemas fundamentales de la exclusión social y del desempleo de larga duración que existen actualmente en nuestros países. 
Permítanme decir a nuestro colega del Partido de los Verdes, que ha hecho observaciones amables, pero que nos ha criticado con respecto al medio ambiente, que nuestros logros en el Consejo de Medio Ambiente, que ha concluido hoy, supone un avance muy importante. 
La opinión mayoritaria era que Kioto no se haría realidad. 
Luego, la opinión mayoritaria fue que no sería posible llegar a un acuerdo para aplicar las decisiones de Kioto. 
La Unión Europea ha demostrado: a) que puede ser constructiva en la aprobación de las declaraciones de Kioto, y b) que ha aprobado un plan para llevarlas a cabo. 
Nunca aspiramos a la perfección, pero es un progreso. 
(Aplausos) Permítanme decir muy gentilmente a nuestro colega del Partido Nacionalista Escocés que apoyo firmemente el traspaso en Escocia y la descentralización del Reino Unido. 
Desde mi perspectiva política, y espero que comprenda nuestras diferencias en este aspecto, apoyo el traspaso, pero estoy decididamente en contra del nacionalismo intolerante. 
No creo que sea el camino a seguir. 
(Aplausos) También quisiera agradecer, en particular, al Sr. Edward McMillan-Scott su intervención. 
Es importante recordar a los demás lo que se estaban perdiendo y sólo puedo decirle, con toda la gentileza de que soy capaz, que creo que su problema es que coincide bastante más con mi posición respecto a Europa, que con la posición de su propio partido. 
(Aplausos) Por último y sin intención de convertir esto en un resumen británico demasiado introspectivo, quisiera responder a mis antiguos colegas Sr. Coates y Sr. Kerr. 
Creo que el Sr. Coates ha dicho que el Gobierno británico es poco democrático. 
En respuesta, quisiera decirles que ellos fueron elegidos diputados Laboristas al Parlamento de una lista Laborista. Abandonaron el Partido Laborista. 
Siguen ocupando sus escaños en el Parlamento sin el más mínimo mandato democrático para hacerlo. 
No es ésa la idea que yo tengo de la democracia. 
(Aplausos) Para terminar, quisiera referirme a las observaciones que se han hecho sobre la Agenda 2000, así como a otros temas específicos. 
En la Agenda 2000, seamos muy sinceros y honestos con nosotros mismos, es mucho lo que aún queda por hacer. 
Hemos acordado un calendario. 
El Consejo de Agricultura de mayo aprobó modificaciones de la Política Agrícola Común. 
Es difícil y llevará tiempo. 
Seré plenamente sincero con ustedes- me hubiera gustado haber avanzado más en este asunto durante nuestra Presidencia. 
Al acordar un calendario, como creo que decía hace un momento el Presidente Santer, hemos aunado la opinión de nuestra población y ahora seguirán los cambios. 
Puede que dentro de los próximos meses, una vez que se hayan despejado determinados temas, podamos volver a ocuparnos de la esencia. 
Quisiera decir- en respuesta a aquellos que se preguntaban si la Presidencia tenía la suficiente solidez- que lo que me parece sorprendente es haber lanzado la Unión Monetaria y el proceso de ampliación. 
Probablemente, son dos de los pasos más importantes que ha dado Europa en su historia reciente. 
Conviene señalar que, aunque puedan parecer logros que algunos daban por descontado, para los que hemos participado más de cerca y conocemos los entresijos, a menudo resultó mucho más difícil. 
En lo relativo al lanzamiento del euro y a la presidencia del Banco Central Europeo, sí, fueron unas negociaciones sumamente difíciles, pero creo que era importante garantizar una solución que fuera plenamente coherente con el Tratado que la población había aprobado. 
Creo que la prueba definitiva es que hemos lanzado el euro con tranquilidad y calma, y que las personas han comprendido que habrá estabilidad en la zona del euro. 
Hubiera sido un desastre que lo lanzáramos sin un candidato adecuado y en circunstancias en las que no existieran control o autoridad. 
Por último, permítanme decir a los colegas con respecto a los demás ámbitos- en relación con el modelo social europeo y la reforma y los cambios en Europa que espero y creo que, a fin de cuentas, hay tres cosas fundamentales que hemos intentado conseguir. 
La primera, como ya he declarado, es haber lanzado la Unión Monetaria y la ampliación. 
La segunda es haber iniciado el proceso de un nuevo debate sobre las reformas económicas y políticas en Europa muy importantes para su futuro. 
El tercer logro de nuestra Presidencia ha sido la profunda transformación de las relaciones de mi país con la Unión Europea. 
Espero que estos tres logros marquen un resultado importante para la Presidencia británica. 
Pero espero más que eso: espero que podamos asumir los argumentos que hemos desarrollado durante estos últimos meses con confianza en el futuro. 
El Presidente Santer ha dicho en su intervención- y creo que el Sr. Martens dijo lo mismo- que debemos cuidarnos de no infundir a la población pesimismo sobre Europa. 
Yo soy optimista con respecto a Europa. 
Esperanza y confianza es lo que nos capacita para abordar el tema de las reformas. 
No hay por que temer a las reformas. 
Debemos acogerlas con satisfacción y abrazarlas. 
Es lo acertado y el modo de convencer a las nuevas generaciones de la sociedad, a los jóvenes, que estaban sentados allí arriba al comienzo de nuestro debate, escuchando lo que sucedía en este Parlamento Europeo. 
Ellos son la nueva generación de la sociedad, no vivieron la II Guerra Mundial, no conocieron la Guerra Fría en Europa y han crecido en un entorno político y económico y en medio de unas circunstancias sociales diferentes. 
Debemos persuadirles de que Europa significa algo para ellos. 
Debemos persuadirles de que Europa les ofrece una futuro mejor. 
Debemos persuadir a esos jóvenes de que los ideales por los que lucharon nuestros antepasados en la construcción de la Unión Europea siguen hoy vivos y vigentes en la Unión Europea del siglo XXI. 
Si lo logramos, dejaremos realmente un legado del que podemos sentirnos orgullosos. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
Señor Presidente, sólo unas palabras antes de que el Presidente en ejercicio abandone la Asamblea. El Presidente en ejercicio ha preguntado cuál es mi posición sobre Europa y si estoy de acuerdo con el Sr. Hague. 
Ciertamente lo estoy. 
Los Conservadores queremos estar en Europa, pero no ser dirigidos por Europa y, sobre todo, no ser dirigidos por los Socialistas. 
Votaciones 
Seor Presidente, supongo que sólo hemos de votar una sola vez sobre la enmienda relativa al parágrafo 18 y que la Asamblea acordará una enmienda. 
Las otras tres enmiendas son idénticas. 
Han sido presentadas por el Grupo de los Socialdemócratas Europeos, por el Sr. Arias Caete con 19 firmas y por el Grupo de la Alianza Radical Europea. 
Creo que en ese asunto sólo es necesaria una votación, pues es muy importante el consenso en esta Asamblea sobre este punto tan sensible. 
Estoy de acuerdo con usted. 
Bastará una votación. 
Señor Presidente, sólo deseo decir que estoy de acuerdo con la ponente sobre la necesidad de que se voten las enmiendas 5, 6 y 14. 
¿Podríamos votar en primer lugar las enmiendas de mi Grupo? 
Nos hemos tomado la molestia de conseguir el consenso de nuestro Grupo- es una posición del Grupo- y es la posición de la parte izquierda de esta Asamblea; mientras que la enmienda 5 (apartado 18) del Sr. Arias Cañete es sólo una enmienda personal, apoyada por 29 firmas, y no cuenta con el respaldo de su Grupo político. 
Oigo lo que dice, pero no podemos hacer eso. 
Lo acordado por la Asamblea es que se tomen en primer lugar las enmiendas con los números más bajos. 
Habida cuenta de que son idénticas, tomaré en primer lugar la enmienda 5 y las enmiendas 6 y 14 decaen. 
De todos modos, sus objetivos son los mismos. 
Apartado 18: 
Seor Presidente, en el parágrafo 18 a causa de la votación en comisión y de la concentración de las diversas votaciones ha ocurrido un contratiempo, de suerte que la frase es totalmente ilógica. 
Para volver a ponerla en orden propongo la siguiente enmienda oral que voy a leer en alemán: " Acentúa la importancia de los comités de seguimiento para un control equilibrado, pero también las cuestiones relativas a la revisión y a la adaptación, y espera una composición de los comités de seguimiento que esté acorde con las nuevas exigencias de la política regional de la UE y el aseguramiento de la autoridad y de las competencias de decisión de los mismos». 
Aquí se trata de las competencias de los comités de seguimiento. 
Esto es lo decisivo. 
Todos los demás textos son también falsos y también hemos distribuido ya esto para aclarar todo. 
Aquí no se trata de las competencias de decisión de la UE, sino de las competencias de decisión de los comités de seguimiento. 
De esto se trata en la enmienda oral. 
(El Parlamento aprueba la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Seor Presidente, en el acuerdo transaccional sobre Cardiff que se ha presentado existe realmente un problema de procedimiento. 
Quiero manifestar esto ahora de manera amistosa. 
Ha ocurrido lo siguiente: nos fue presentada una enmienda transaccional con la garantía, que nos fue confirmada por los servicios hasta las 21.00 horas, de que en el acuerdo transaccional sobre Cardiff que se ha presentado no se incluirían cuestiones sobre Kosovo ni sobre el Cercano Oriente, pues había resoluciones específicas sobre estos temas. 
Tenemos tanto una resolución específica sobre Kosovo como también una resolución específica sobre el Cercano Oriente. 
Los servicios nos dijeron que esto no era conciliable y, por esta razón, firmamos un acuerdo transaccional en el que no aparecen los parágrafos 16 y 17. 
Esto se nos aseguró hasta las 21.00 horas. 
Pero esta maana hemos oído que fue entregado un documento adicional después de las 21.00, no se por quién- permitanme, por favor, explicar esto- al parecer en nombre de todos los grupos que habían firmado el acuerdo transaccional. 
No se nos preguntó. 
Por consiguiente, tampoco he podido apoyar esta entrega adicional. 
Por lo demás no existe una firma en blanco por parte nuestra, de la que se pueda echar mano cuando plazca. 
Es una auténtica cuestión de orden y creo que debemos escucharla con educación. 
Seor Presidente, el plazo de presentación se había fijado en las 21.00 horas. 
Por consiguiente, me pregunto cómo es posible que se pueda hacer una presentación adicional después de las 21.00 horas. 
Imagínense ustedes que lo hubiéramos hecho nosotros, Los Verdes. 
Se nos habría golpeado con el Reglamento o con cualquier otra cosa en la cabeza y se nos habría dicho que esto no vale. 
Por consiguiente, le ruego a usted respete el procedimiento y retire de esta resolución los parágrafos 16 y 17. 
No se me ha consultado y no estoy dispuesta a suscribir con mi nombre algo que en la realidad tienen un aspecto diferente de lo que se me presentó. 
No podemos retirar dichos apartados. 
Como solución de compromiso, la Presidencia propone votaciones por separado de los apartados 16 y 17, si ello facilita las cosas. 
Señor Presidente, la claridad y la intensidad con que se ha explicado la Sra. Roth me evitan a mí dar la misma explicación. 
Tenemos el mismo problema. 
Yo no pido que se retiren los apartados en cuestión si no es posible, ni hecho la culpa a nadie, pero no podemos suscribirlos. 
Y, en todo caso, queremos votarlos por separado. 
Y sepan ustedes que no suscribimos esos apartados de la resolución. 
Señor Presidente, presidí la reunión de concertación en la que se redactó el texto de compromiso. 
Seamos claros, en dicha reunión, en la que estuvieron representados los Grupos afectados, debatimos sobre si eran aceptables estos dos apartados sobre Kosovo y Oriente Medio. 
Como usted sabe, tenemos dos resoluciones separadas sobre dichos temas. 
Los plazos para las resoluciones relativas específicamente a Kosovo y Oriente Medio expiraron antes de que dispusiéramos de las conclusiones de la Cumbre de Cardiff. 
Ambos temas fueron abordados en la Cumbre de Cardiff. 
En la reunión, acordamos entre todos que, en un breve apartado, debía hacerse referencia específica a cualquier aspecto nuevo que surgiera de las conclusiones de Cardiff sobre Oriente Medio y Kosovo. 
El documento fue suscrito bajo esa condición. 
Hay que decir que yo estaba presente y que todos los grupos presentes se mostraron de acuerdo. 
Fue más tarde, y debo decirlo con todo el respeto por los servicios de esta Asamblea, cuando todo se confundió, con afirmaciones de que estos dos apartados no podían ser incluidos y fueron retirados en contra de la voluntad de los grupos políticos. 
Todo ello causó confusión, e hizo pensar a algunos grupos que no estaban incluidos en el texto definitivo. 
Se discutió sobre ello, como confirmarán otros diputados que se encontraban presentes. 
Lamento la confusión y el hecho de que nos enzarzáramos en política burocrática, cuando resulta evidente que en las conclusiones de Cardiff hay aspectos nuevos sobre Kosovo y sobre Oriente Medio que debían ser abordados y que, acertadamente, son abordados en esta resolución. 
Espero, por consiguiente, que los diputados estén de acuerdo con su propuesta de realizar votaciones separadas sobre estos asuntos. 
Espero que los diputados comprendan por qué fueron añadidos y la importancia de que fueran añadidos. 
Otros colegas están pidiendo ahora la palabra, y éste es el típico tema sobre el que podríamos pasar una hora debatiendo. 
No creo que haya habido mal fe. 
En un intento de rectificar el malentendido, votaremos por separado los apartados 16 y 17. 
Seor Presidente, puesto que en nombre de nuestro Grupo he dirigido las negociaciones sobre el acuerdo transaccional debo poner en claro aquí algunas cosas: es verdad- lo hemos verificado entretanto- que la Sra. Green, los demás diputados y yo no estuvimos presentes durante un buen rato, sino que nuestros colaboradores comentaron entre sí qué cosa sería posible hacer y esto se discutió, de hecho, tal como está. 
Cuando vi la resolución, los servicios me aseguraron que constituía una alternativa. 
O se incluían los parágrafos o se haría una resolución, es decir, ello significaría la eliminación de la resolución. 
Enseguida manifesté oralmente, lo tengo que decir como autocrítica, que la firmaba en aquel instante, suponiendo que estos dos parágrafos no estarían dentro. 
Por esta razón he retirado también ahora personalmente mi firma. 
Esto no significa que el Grupo retire la firma pues debajo tenemos todavía una tercera firma. 
Desde este telón de fondo no puedo defender en Alemania la formulación a que se ha llegado. 
Habida cuenta de que el 99 % de nosotros no estábamos presentes en aquella reunión, no podemos juzgar qué sucedió ni tenemos intención de hacerlo. 
Admitámoslo y sigamos adelante. 
Señor Presidente, sólo una aclaración. 
Supongo que se mantiene la resolución sobre Kosovo y la resolución sobre Oriente Medio, y que ambas serán sometidas a una votación minuciosa. 
No decaerán como consecuencia de la aprobación de estos dos apartados. 
Quiero estar seguro de eso. 
Así es, en efecto. 
Serán sometidas a votación. 
Señor Presidente, mi cuestión de orden es sobre otro asunto. 
No he podido participar en la primera votación nominal, porque me dirigí al fondo del hemiciclo y la Sra. Oomen-Ruijten extrajo mi tarjeta. 
Es una mujer muy ocupada, que corre de un lado a otro para mantener a raya a sus chicos. 
Por tanto, no he podido votar, pero estaba presente. 
Prometo no decir a sus electores que estaba persiguiendo a la Sra. Oomen-Ruijten por el hemiciclo. 
Enmienda 7: 
Señor Presidente, ¿no sería posible considerar distintas las dos frases de la enmienda 7? 
La primera es una petición al Consejo, relativa al estatuto, y la segunda una invitación a nosotros mismos, ya que nos comprometemos a instaurar un régimen diferente en lo relativo a nuestras dietas. 
Sé que mi petición equivale a pedir una votación por partes, pero conviene recordar que el artículo 125 del Reglamento dispone que, cuando hay dos disposiciones distintas en una enmienda, normalmente se trata de dos enmiendas diferentes. 
Así, pues, creo que sería lógico que la sometiera usted a dos votaciones sucesivas. 
Por último, he de añadir que, al parecer, es habitual aceptar peticiones de votación nominal fuera de plazo. 
Así, pues, podría usted aceptar fuera de plazo esta petición de votación por partes. 
Tiene razón, señor Fabre-Aubrespy. 
Acepto su solicitud de votar por partes. 
Enmienda 8: 
Señor Presidente, se trata de la facultad que tiene la Comisión para investigar un incumplimiento de los Tratados. 
En Cardiff, la Comisión fue criticada por alegar una discriminación contra los aficionados al fútbol de fuera de Francia en la venta de entradas para la Copa del Mundo. 
El martes por la noche, el Comisario Van Miert confirmó a esta Asamblea su intención de proseguir su acción contra la violación del Derecho de la Unión Europea, y la presente enmienda tiene el objetivo de apoyarle. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, quisiera pedir a la Comisión que manifieste su posición sobre las enmiendas. 
Señor Presidente, la Comisión se ve obligada, por razones jurídicas e institucionales, a rechazar todas las enmiendas relativas al informe Tomlinson. 
No obstante, como precisó ayer el Vicepresidente Marín, la Comisión recogerá el espíritu de dichas enmiendas en su segunda modificación del reglamento, prevista para octubre de 1998. 
Señor Presidente, en vista de que la Comisión, en teoría, acepta nuestras enmiendas, pero las rechaza en la práctica, lo que es una ofensa para esta Asamblea, y en virtud del apartado 2 del artículo 60 del Reglamento, ¿puedo pedir que este asunto sea devuelto a comisión? 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Celebro que en esta transacción se hayan recogido las propuestas del Grupo Europa de las Naciones, encaminadas a establecer doce períodos de sesiones por año, reducidos excepcionalmente a 11 con motivo de las elecciones. 
No obstante, para respetar plenamente los acuerdos de Edimburgo, el proyecto de Tratado de Amsterdam y las decisiones del Tribunal de Justicia, en este proyecto de calendario no debería haber figurado la organización de miniperiodos de sesiones en Bruselas. 
En efecto, es anormal prever por adelantado dichos períodos de sesiones suplementarios, que sólo se deberían organizar en caso de que el orden del día de Estrasburgo estuviera sobrecargado. 
Por otra parte, me subleva que dichos períodos de sesiones suplementarios se celebren en Bruselas, cuando se deberían organizar, naturalmente, en Estrasburgo. 
Éstas son las razones por las que he votado contra este proyecto de calendario. 
Informe Cunha 
Este informe contiene muchos puntos de vista buenos, pero en el fondo, sin embargo, rezuma falta de voluntad para reformar la política agrícola comunitaria. 
En la propuesta de informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural hay oposición, por ejemplo, a que se elimine el sistema de intervención para la carne de vacuno y el aceite de oliva. 
Nuestra opinión es que debe hacerse una reforma profunda y una desregulación de la política agrícola durante 1999. 
Nos abstenemos en la votación final de este informe ya que consideramos que no existe una clara intención en este sentido. 
El presupuesto de la política agraria es el más importante de la Unión Europea. 
Por consiguiente, es normal y deseable que el Parlamento Europeo pueda aportar su contribución en cuanto a sus líneas generales. 
Quiero felicitar a nuestro colega el Sr. Cunha por su trabajo a este respecto, eminentemente delicado y difícil. 
No se trata de adaptar al gusto actual las disfunciones advertidas a raíz de la aplicación de la reforma de 1992, sino de ofrecer un marco coherente y claro en cuanto a las orientaciones de Europa en materia de agricultura en el marco de la Agenda 2000. 
Por eso, tenemos razones para asombrarnos de que ciertas disposiciones prácticas de la Comisión se alejen de las intenciones y los objetivos generales establecidos por ella misma. 
Sí, debemos hacer que la agricultura comunitaria sea competitiva; sin embargo, ¿debemos sacrificarlo todo por ese único aspecto cuantitativo? 
Nuestra agricultura está compuesta de diversidades, ésa es también una baza esencial no sólo frente a la competencia exterior, sino también y más aún para salvaguardar un medio ambiente preservado y equilibrado. 
Me parece importante tener en cuenta esta última dimensión en el futuro sistema de financiación comunitaria. 
Debemos poder hacer cohabitar, en pro de las generaciones futuras, dos tipos de agricultura y es necesario que la Comisión tenga en cuenta en estos reglamentos esos dos aspectos del mundo campesino. 
Creo que ciertas cóleras para con la institución europea se alimentan menos de créditos considerados insuficientes cuanto de las normas dictadas de forma unilateral. 
A ese respecto, para evitar efectivamente los riesgos sanitarios, no queda más remedio que observar que, cuando hay una crisis, la mayoría de las veces se debe a una competencia cada vez más feroz en los mercados mundiales. 
Todo el mundo desea que se pueda formular un modelo europeo para la agricultura. 
Debemos congratularnos de ello. 
Sin embargo, no se podrá adoptar indefinidamente grandes principios generales y, como ocurre con frecuencia, limitarse a eso. 
Esta observación puede parecer pesimista, pero, para que los europeos recuperen la confianza en Europa, corresponde a los políticos decir lo que se hace y hacer lo que se dice. 
Quisiera manifestar mi total oposición a las propuestas contenidas en la Agenda 2000 relativas a la reforma de la PAC. 
Según el marco actual, dichas propuestas serían desastrosas para la agricultura irlandesa y para las ciudades y pueblos de la Irlanda rural. 
Ha sido decepcionante que Irlanda no haya recibido una parte de la cuota adicional lechera proporcionalmente adecuada, a pesar de los compromisos adquiridos con Irlanda en 1983. 
Además, los recortes de precio propuestos sin plena compensación tendrían repercusiones devastadoras sobre la agricultura irlandesa, en particular, y sobre la economía irlandesa, en general. 
Sólo en el caso del vacuno, los precios caerían por debajo del precio de producción. 
Estas propuestas deben ser modificadas en profundidad para que sean aceptables. 
No obstante, acojo con satisfacción el apoyo del ponente a los principios de preferencia comunitaria, solidaridad financiera y un mercado único, así como sus advertencias sobre los recortes de precio. 
Espero que sus opiniones, que han recibido el respaldo del Parlamento, sean escuchadas y queden reflejadas en la versión íntegra de las propuestas de la Agenda 2000. 
No podemos apoyar el informe del Sr. Cunha, pues plantea una continuación de la actual política agraria común con la que estamos totalmente en desacuerdo en muchas áreas. 
Nuestra votación está basada en los siguientes principios: 
Los precios agrarios de la UE pueden y deben aproximarse a los precios del mercado mundial. 
No es natural que por medio de ayudas se aumenten los precios de una determinada categoría de productos para proteger una actividad. 
Tampoco debemos garantizar los ingresos directamente.-Debe darse a la agricultura ecológica mucho mejores condiciones que hasta la fecha si precisa tener oportunidad de sobrevivir.-La producción de productos agrarios no puede ir a parar a las existencias excedentarias. 
La producción apoyada financieramente de, por ejemplo, cereales que acabe en existencias excedentarias es un pensamiento absurdo al que debe ponerse fin. 
Nuestro Grupo ha presentado 25 de las 58 enmiendas que debemos votar sobre el informe del Sr. Cunha, que se inscribe en el vasto debate relativo a la cuestión esencial del futuro de la PAC. 
Dicho informe, tal como se nos presenta hoy, a raíz de la votación celebrada en la Comisión de Agricultura, no se caracteriza por una gran coherencia. 
Así, pues, un primer conjunto de enmiendas presentado por nuestro Grupo recuerda que la propuesta de la Comisión, que figura en su informe Agenda 2000, es inadmisible, no sólo por el carácter inaceptable de una bajada generalizada de los precios, sino también por los riesgos de distorsión de la competencia que induciría una renacionalización rampante de la PAC, a la que aspiran numerosos Estados miembros, y por una anticipación suicida de los resultados de las futuras negociaciones de la OMC, que se iniciarán en diciembre de 1999, por instigación de los Estados Unidos y del Grupo de Cairns. 
Por otra parte, si bien los objetivos proclamados de la reforma de la PAC, tal como los ha expuesto la Comisión, no inspiran críticas particulares, sorprende observar que las propuestas concretas presentadas están en total contradicción con la exposición de motivos correspondiente. 
Dichas propuestas no van dictadas, en realidad, sino por imperativos presupuestarios y por una voluntad de plegarse de antemano a las primeras exigencias formulada por nuestros socios de la OMC y, en particular, los Estados Unidos. 
Al adoptar esa actitud, la Comisión comete un error muy grave de juicio, pues sólo se negocia sobre lo que falta por negociar, excluidas las concesiones ya hechas unilateralmente, que se consideran ya definitivas y, por tanto, desaparecen del ámbito de la negociación. 
¿Por qué adopta la Comisión esa estrategia, cuya consecuencia principal será la de debilitar aún más la preferencia comunitaria? 
Una verdadera Política Agraria Común debería tener por objeto el de preservar el modelo agrario europeo, garante del equilibrio territorial en los diferentes Estados miembros de la Unión. 
Al contrario, las propuestas de la Comisión parecen totalmente incoherentes. 
Por una parte, reducen la renta de los agricultores, con lo que los obligan a aumentar su productividad mediante una intensificación o un aumento de su explotación y, por otra, ponen un tope máximo a las ayudas, con lo que limitan su desarrollo. 
Las otras enmiendas que hemos presentado recuerdan que la agricultura tiene una dimensión económica y que constituye el pivote en torno al cual se organiza el mundo rural. 
Debemos desechar a toda costa las derivaciones y las quimeras de quienes proyectan un mundo rural en el que la agricultura no desempeñe ya sino un papel marginal. 
Por eso es necesario desarrollar la valorización de los productos dentro de las regiones de producción a fin de fortalecer la actividad económica de nuestras regiones. 
Un descenso general de la producción agrícola entrañaría de facto un descenso en las fases anteriores y posteriores de las actividades agrícolas. 
Se deben poder rentabilizar las actividades de esos ramos. 
Pero, ¿cómo podrían perdurar, si propugnamos un descenso general de la actividad? 
Así, pues, el informe Cunha formula una serie de preguntas válidas a propósito de la necesaria relegitimación de la PAC. 
Pero hay que afirmar, con mayor claridad que él, que la PAC no está destinada a quedar diluida en una PARC- política agraria y rural común -, con la que sueñan algunos y que acabaría marginando la dimensión económica de nuestra agricultura en provecho de una política cajón de sastre en pro de las zonas rurales. 
Me alegra comprobar que los argumentos de la Presidencia británica en favor de una reforma de la Política Agrícola Común están reflejados en esta propuesta de la Comisión. 
Aunque me siguen preocupando las enormes sumas de dinero de los contribuyentes que se destinan a financiar la agricultura, acojo con satisfacción que las subvenciones para mantener los precios al consumo artificialmente altos sean sustituidas por ayudas a los agricultores que atraviesen por dificultades especiales. 
Debe alentarse asimismo a los agricultores a practicar una gestión sostenible de nuestros campos, que es otro paso satisfactorio. 
Las nuevas ideas de política rural que acompañan a esta propuesta son un paso en esta dirección " verde». 
Tanto los agricultores, como los consumidores acogerán con satisfacción el nuevo énfasis en la calidad de los productos alimentarios. 
Este enfoque está en total consonancia con el de mi Gobierno, que ha tenido que resolver el problema de la EEB heredado y que últimamente ha comenzado a vislumbrar el éxito con el levantamiento de la prohibición de las exportaciones de carne de vacuno. 
Confío en que los gobiernos de la Unión Europea, que se reúnen esta semana en Cardiff, respalden las iniciativas de la Presidencia británica para poner en marcha dicha reforma. 
Los contribuyentes se merecen una mejor política agrícola europea en el futuro- que ayude a mantener bajos los precios al consumo y destine subvenciones a aquellos agricultores que realmente las necesitan para permanecer en el campo y gestionarlo para que lo disfruten futuras generaciones. 
Considero fundamental fijar estrategias de desarrollo y promoción del sector agrícola europeo sobre la base de un modelo capaz de conciliar los intereses puramente económicos con las necesidades de protección medioambiental, las implicaciones sociales del desarrollo y la importancia de la salvaguardia de las producciones agrícolas regionales. 
En consecuencia, hay que excluir cualquier posibilidad de que las ayudas agrícolas europeas se concedan en función del grado de productividad regional y conseguir que el peso relativo del sector agrícola en la economía local sirva como único criterio para asignar las financiaciones. 
En otros términos, considero importante que el apoyo europeo al sector primario se lleve a cabo sobre la base del principio de salvaguardia de la estructura del territorio y del mundo rural, alejando las ideas, por otra parte frecuentes, de abandono de la actividad agrícola en numerosas regiones. 
La política de reducción de precios, dirigida a fomentar la competitividad y a impulsar la ampliación de las salidas externas, así como una mayor participación de la agricultura europea en el desarrollo del mercado mundial, debe compensarse a través del incremento de las ayudas directas, al objeto de proteger las rentas de los productores. 
El crecimiento, esperado, de la demanda mundial de productos agroalimentarios, de hecho, si se aprovecha adecuadamente, podrá permitir a las regiones europeas preferentemente dedicadas a la agricultura- que, en la mayoría de los casos, se concentran en el Sur- aumentar su poder de control sobre el mercado interior y exterior, con efectos muy relevantes en el empleo. 
Es fundamental, a mi juicio, la puesta a punto de un modelo más descentralizado que permita a los Estados miembros y, en su caso, también a las entidades locales solucionar directamente la gran mayoría de sus problemas, a la luz de las diferentes peculiaridades locales que caracterizan la economía agrícola europea. 
La mayor libertad otorgada a los Estados miembros y a sus entes administrativos locales debería desarrollarse paralelamente al endurecimiento de los correspondientes sistemas de control. 
El futuro de los agricultores europeos y la salvaguardia de sus intereses dependerán de la firme voluntad de desarrollar una agricultura que tenga en cuenta las diferentes variedades productivas, medioambientales y del entorno y que garantice el mantenimiento de comunidades rurales emprendedoras y activas, capaces de crear empleo sostenible y compatible con las exigencias del territorio. 
Informe Schroedter 
Lamentablemente, la enmienda Berend al informe Cañete intenta establecer un nexo entre la participación en la UEM y el derecho a beneficiarse del Fondo de cohesión. 
La votación de esta enmienda estuvo rodeada de gran confusión, en parte, creada por la Presidencia. 
Como resultado se dio la impresión, totalmente equivocada, de que yo, junto con otros, apoyaba dicha relación. 
Me complace, por consiguiente, tener la oportunidad de corregir esa falsa impresión. 
No creo que el Fondo de cohesión deba serle negado a ningún país, por el mero hecho de haber cumplido los criterios de la UEM. Eso sería injusto. 
Por los motivos expuestos, he apoyado las enmiendas 5, 6, 14 y 25. 
También quisiera dejar claro que al apoyar dichas enmiendas, estoy votando a favor de las enmiendas originales en español que hablan del PNB. 
El texto en lengua inglesa traduce incorrectamente este término por PIB. La referencia al PNB es la correcta. 
Asimismo, el año o los años que se utilizan como referencia para evaluar los criterios tiene una importancia decisiva. 
Creo que sería más adecuado sacar una media de varios años, en vez de tomar la cifra de un solo año. 
El informe del Sr. Schroedter aporta una visión con vistas al futuro de imperativos que afronta la Unión Europea en este final de siglo. 
En ese sentido apruebo la intención del ponente de incorporar a la reforma de los Fondos estructurales los objetivos del Tratado (desarrollo duradero, empleo, atención a las PYME, innovación, utilización de las nuevas tecnologías, protección social, igualdad de oportunidades, medio ambiente). 
Los Fondos estructurales deben seguir siendo una plusvalía europea respecto de los Estados miembros. 
En cambio, lo que no puedo aceptar es su idea de escindir el objetivo 2 en dos subcategorías (regiones industriales/urbanas, regiones rurales/pesca). 
En esta fase del procedimiento, creo que se debe incorporar ese tipo de propuesta al informe sobre el reglamento marco de la reforma de los Fondos, cuya elaboración se ha encomendado a nuestro Grupo. 
Por lo demás, apoyo a nuestro ponente y las enmiendas de transacción que han permitido la aprobación por unanimidad del informe en la Comisión de Política Regional y recuerdo que nuestro Parlamento ya se pronunció sobre la cohesión económica y social en el marco de la Agenda 2000 con ocasión de la aprobación del informe de nuestro colega el Sr. Izquierdo. 
Así, pues, votemos este informe (con las precisiones anteriores) y esperemos al debate sobre el reglamento marco para avanzar más en nuestras posiciones. 
Apruebo el informe presentado por la Sra. Schroedter, que nos permite pronunciarnos sobre los grandes principios de la reforma de los Fondos estructurales. 
Comparto muy en particular las conclusiones del informe sobre el mantenimiento de una ayuda prioritaria a las regiones correspondientes al objetivo 1, la división del objetivo 2 en una categoría urbana/industrial y otra rural y de pesca; la ampliación al objetivo 5b del período de entrada en funcionamiento progresivo, prevista para los objetivos 1 y 2; y, por ultimo, las reservas emitidas en cuanto a la viabilidad del sistema de la reserva de 10 %. 
Espero que el Consejo y la Comisión hayan tomado buena nota de nuestro deseo de que, junto al criterio del PIB por habitante, se tenga en cuenta en gran medida el nivel de la tasa de desempleo. 
Por último, me alegra que el Parlamento Europeo haya recordado, durante esta legislatura y de nuevo en este informe, la importancia del papel de las regiones en la elaboración, la gestión y la aplicación de los Fondos estructurales. 
Como diputados al Parlamento Europeo, debemos también conseguir participar más activamente en la aplicación de los Fondos estructurales en nuestras regiones (mediante, por ejemplo, una participación obligatoria en los comités de seguimiento y en los futuros comités de gestión de los diputados al Parlamento Europeo). 
He votado a favor del informe. 
Los Fondos estructurales previstos para el período 2000-2006 se organizarán en torno a tres objetivos. 
Los dos primeros objetivos son de naturaleza muy diferente del tercero. 
Centrarán sus acciones en zonas reducidas cuyo desarrollo económico y social es claramente más débil que la media de las demás zonas de Europa, ya sea porque estén desfavorecidas o porque necesiten una reconversión. 
Dichas regiones están atrasadas en desarrollo o padecen un declive industrial o se componen de zonas rurales o urbanas que afrontan problemas graves. 
Una intervención financiera en masa y selectiva intentará permitir a dichas regiones compensar los efectos perversos de un mercado abierto y cada vez más desregulado. 
Las dimensiones de dichas regiones deben ser suficientemente reducidas para que el efecto resulte perceptible. 
El objetivo 3 es de naturaleza muy diferente. 
Ya no se trata de buscar un efecto concreto, sino de suscitar un movimiento de conjunto en la sociedad, mediante el desarrollo de los recursos humanos, de invertir en el hombre, más que en las infraestructuras. 
Manifiestamente, el objetivo 3 va encaminado a apoyar las acciones decididas en las cumbres de Luxemburgo y de Cardiff (planes nacionales). 
El desarrollo de los recursos humanos debería desempeñar un papel fundamental en las estrategias europeas y nacionales en pro del empleo. 
Podemos alegrarnos de la yuxtaposición de un objetivo general transversal junto a objetivos verticales centrados en ciertas zonas, como emplastos cicatrizantes. 
En cambio, habrá que preguntarse por los medios disponibles para un objetivo tan ambicioso. 
La Agenda 2000 es un amplio proyecto propuesto por la Comisión que, en esencia, sigue pendiente ante el Parlamento Europeo debido, principalmente, a los problemas presupuestarios de financiación, a los recursos destinados a alcanzar el objetivo de la Cohesión y a aquellos que se utilizarán para la Ampliación, ya sea en programas previos a la adhesión de nuevos estados o una vez que esta se haya producido. 
La realidad es implacable igual que es inexorable la política de la UE, que ha conducido a aumentar la distancia existente entre países pobres y ricos, entre las regiones ricas y pobres de la Unión. 
Asimismo, y en el ámbito de la política de Maastricht, las sumas especialmente reducidas derivadas de la dura disciplina fiscal impuesta por el presupuesto comunitario a los nacionales de los Estados miembros no podrían poner fin al desarrollo asimétrico que caracteriza a la Unión. 
Tampoco podrían invertir la marcha descendente en el desarrollo y nivel de vida de los trabajadores impuesta por la reaccionaria política neoliberal aplicada por gobiernos conservadores y socialdemócratas que insisten en la falta de alternativas políticas para los pueblos y los trabajadores de la UEM. 
Las propuestas de la Comisión, al tiempo que producen la impresión de simplificar los procedimientos y conducir a una mayor eficacia, fomentan fundamentalmente la comprensión del funcionamiento de los organismos regionales atendiendo a una lógica empresarial y no de representación de los intereses de sus habitantes ni de reclamación de sus justas demandas encaminadas a mejorar su calidad de vida. 
Dicho esfuerzo de la Comisión resulta especialmente evidente con la creación de un fondo de reserva que se pondrá a disposición de las regiones con mayor absorción, es decir, aquellas que mejor se ajusten a las elecciones de la Unión y que, en comparación, puedan estar menos necesitadas que otras. 
La redefinición de los objetivos y su reducción de 7 a 2 constituye tan solo un intento por ocultar la diminución de las sumas disponibles y, por consiguiente, de las posibilidades de absorción de recursos por parte de las regiones más afectadas por la política de la UE y que presentan problemas especiales de desarrollo. 
El objetivo 1 es un ejemplo característico. 
Por una parte, se añaden a las regiones que actualmente lo componen, aquellas regiones que hasta hoy integraban el objetivo 6, así como las regiones más alejadas de la Unión, y, por otra, se establece que la población total sujeta a dicho objetivo deberá reducirse del 51 % de la UE a una cifra que oscile entre el 35 % y el 40 %. 
Actualmente nos encontramos ante una planificación para la próxima década, la primera década del próximo siglo, y ésta, desafortunadamente, no se basa en la experiencia negativa del pasado en lo que a los recursos y a la insuficiencia de las sumas de que dispone el presupuesto comunitario se refiere, no se tiene en cuenta la reducción de las sumas de que disponen los presupuestos nacionales como consecuencia de la disciplina fiscal, de los criterios de Maastricht y del Acuerdo de Estabilidad y no se extraen las enseñanzas necesarias de la ineficacia demostrada por las intervenciones comunitarias en la dirección del desarrollo de la Convergencia real de las economías. 
Desafortunadamente, la Agenda 2000 no se corresponde con las demandas para el desarrollo de los pueblos de Europa, esto es, pleno empleo, mejora del nivel de vida y convergencia real. 
Fija como objetivo primordial el fomento de las elecciones básicas del capital monopolista e intenta, haciendo caso omiso de los problemas fundamentales, crear los requisitos para el establecimiento de los mecanismos necesarios para imponer dichas elecciones. 
Sin embargo, es seguro que los pueblos de Europa, tanto de los Estados miembros, como de los estados de la Ampliación, construirán sus propios frentes de resistencia y lucha y rechazarán dichos proyectos. 
Se están celebrando negociaciones entre los gobiernos nacionales y la Comisión Europea de cara al desglose de la próxima ronda de los Fondos estructurales de la UE para el período 2000-2006. 
Como diputado al Parlamento Europeo por la circunscripción de Connacht/Ulster, hoy quiero reiterar aquí mi posición de que a los condados fronterizos de Irlanda y al oeste de Irlanda se les debe conceder la categoría de Objetivo 1, de cara a garantizar la máxima asignación de los Fondos estructurales a dichas regiones para el período posterior a 1999. 
Irlanda, como país, perderá pronto su categoría de Objetivo 1, pero ello no debe significar que la región de los condados fronterizos y el oeste de Irlanda también la pierdan. 
De hecho, iré más lejos y diré que sería totalmente injusto situar a la costa este de Irlanda en la misma categoría que la región de los condados fronterizos y el oeste de Irlanda para la próxima asignación de fondos comunitarios. 
Las cifras publicadas por la Oficina Central de Estadística han reforzado los argumentos que hoy presento, ya que dichas cifras demuestran claramente que el nivel de vida medio de la región de los condados fronterizos y del oeste de Irlanda está por debajo del 75 % de la media europea. 
La categoría de Objetivo 1 da derecho a las regiones a recibir la cantidad máxima de Fondos regionales, sociales, para la agricultura y la pesca de la UE, y tiene un papel positivo y muy constructivo para corregir los desequilibrios regionales y garantizar que aumenta el rendimiento económico en las regiones de la UE que se arrastran detrás del resto de Europa en términos de nivel de vida. 
Es un hecho bien conocido que hay regiones que tienen asegurada la categoría de Objetivo 1 para el período 1994-1999, a pesar de encontrarse en Estados miembros a los que no se les concedió la misma categoría. 
Por ejemplo, Alemania del Este, Merseyside, las Highlands de Escocia y las Flevolands de las afueras de Amsterdam fueron catalogadas como regiones de Objetivo 1, a pesar de que Alemania, Inglaterra, Escocia y los Países Bajos obtuvieron una clasificación diferente de cara a la asignación de Fondos estructurales durante dicho período. 
No hay nada que impida conceder a la región de los condados fronterizos y al oeste de Irlanda la categoría de Objetivo 1 después de 1999 y una categoría diferente a la costa este de Irlanda. 
El Gobierno irlandés y la Comisión Europea deberán tomar decisiones difíciles al respecto, pero lo único que desea la población de la región de los condados fronterizos y del oeste de Irlanda son unas reglas del juego justas e igualdad de acceso. 
Si la UE se propone seriamente promover el principio de cohesión económica y social en la UE, la región de los condados fronterizos y el oeste de Irlanda obtendrán la categoría de Objetivo 1 después de 1999. 
Acojo con satisfacción las líneas generales del informe Schroedter sobre cohesión económica y social, en el contexto de las propuestas de la Agenda 2000. 
Los Fondos estructurales representan uno de los logros de la Unión Europea. 
Mi país se ha beneficiado considerablemente de ellos, pero, ni que decir tiene que tenemos una enorme necesidad de desarrollar nuestras infraestructuras básicas, como las redes de carreteras, del ferrocarril y de telecomunicaciones. 
Acojo con gran satisfacción la propuesta de la Comisaria de renovar el Fondo de cohesión para los cuatro países- España, Portugal, Grecia e Irlanda- que actualmente se benefician de ellos. 
Se ha sugerido que los países que participan en la moneda única no deben beneficiarse del Fondo de cohesión. Opino lo contrario. 
Países como el mío necesitan toda la ayuda y todo el estímulo posibles para proseguir su desarrollo y convergencia económica con los Estados miembros más prósperos. 
La continuación del Fondo de cohesión es fundamental para Irlanda y los demás países de cohesión en la búsqueda de este objetivo. 
Por último, espero que la Comisión presente en breve propuestas detalladas sobre la revisión de los Fondos estructurales. 
El informe Schroedter, que apoyamos, es una de las primeras participaciones en el plan relativo a los imperativos que Europa va a afrontar en el próximo decenio, entre los cuales destacan la cohesión económica y social y la ampliación. 
Son dos objetivos fundamentales para la Unión Europea que no pueden ser contradictorios ni perjudicarse mutuamente. 
La ampliación incorpora a pueblos históricamente europeos y fortalece la posición de la Unión Europea en el mundo, pero la quiebra de la cohesión económica y social puede provocar fracturas que pongan en entredicho la construcción europea. 
Los Fondos estructurales para los países de la cohesión no son una mera manifestación de filantropía; antes bien, representan también el interés de los países más ricos. 
En Portugal, según algunos estudios, cerca del 60 % de los Fondos estructurales vuelven a los países más ricos de Europa en prestación de servicios, tecnología y equipo. 
La apertura del mercado portugués, sin reservas, al Mercado Único, entrañó un saldo negativo de la balanza comercial portuguesa con Europa superior al importe global recibido por Portugal. 
Algunos países han manifestado últimamente la intención de no conceder asignaciones con cargo al Fondo de cohesión a los países que han entrado en el euro. 
Sería injusto, a nuestro entender, que los países de objetivo 1 que han cumplido los criterios de convergencia se vieran castigados por el enorme esfuerzo que han hecho. 
Es importante recordar que esos países distan de haber alcanzado la verdadera convergencia, la convergencia real. 
Nos hemos abstenido en la votación del informe sobre la cohesión económica y social con relación a la Agenda 2000. 
Somos de la clara opinión de que las regiones subdesarrolladas de toda Europa deben ser apoyadas en sus esfuerzos por desarrollarse de la manera que consideren más oportuna. 
Sin embargo, ¿por qué deben plantearse condiciones políticas como una mayor integración y la garantía del valor añadido europeo para ser tomadas en consideración para la ayuda económica? 
Pensamos que deben otorgarse ayudas a las regiones necesitadas, sin embargo, esto debe producirse sin connotaciones políticas y en forma de subvención global, en la que sean las regiones mismas las que decidan. 
Se necesita una reforma de los Fondos estructurales. 
La disminución de los Objetivos de siete a tres está bien, igual que la disminución de las iniciativas comunitarias. 
La integración del Objetivo 6 en el Objetivo 1 y la del Objetivo 5b en el Objetivo 2 originan grandes dudas acerca de qué reglas regirán esos campos en el futuro. 
Esto tiene que precisarse en el más corto plazo posible. 
La distribución de las ayudas para partes de esas regiones es inquietante y difusa. 
Algunas regiones urbanas, especialmente los barrios periféricos, necesitan ayuda. 
Sin embargo, esto no debe significar que se perjudique a las zonas agrícolas. 
Las ayudas a los países solicitantes son importantes. 
Las reformas de las ayudas a los actuales países miembros no debe significar que se reduzca la voluntad de ayuda a los países solicitantes de Europa Central y del Este. 
Consideramos, como mínimo, inconsecuente que se siga utilizando el argumento de la cohesión económica y social, ya sea para la Unión Europea entre 15 o para una Unión ampliada, sin antes tener bien presente la exigencia de que se dote al presupuesto comunitario de los medios financieros y suficientes para satisfacer plenamente las ambiciones de una verdadera convergencia real, es decir, para poder contribuir de hecho a la cohesión económica y social. 
Por eso, consideramos fundamental la presentación de algunas enmiendas encaminadas a conferir al informe sobre el capítulo de la cohesión económica y social de la Agenda 2000 la consistencia exigida por algunas de sus propuestas a favor de la cohesión, que, sin la necesaria aclaración y dotación financiera, corren el riesgo de volverse meras figuras retóricas. 
A eso se debe la enmienda encaminada a reafirmar la posición del Parlamento Europeo con vistas a la necesidad de consolidar el esfuerzo de la UE a favor de los instrumentos de cohesión, manteniendo (como mínimo) hasta la ampliación las dotaciones que la categoría 2 de las perspectivas financieras deberían alcanzar en 1999 (0, 46 % del PNB) , enmienda que fue rechazada sobre todo por diputados de los Grupos Socialista y Popular europeos. 
A eso se debe también la enmienda encaminada a hacer que el PE subscriba la posición de la Comisión propuesta en la Agenda 2000 para el Fondo de Cohesión después de 1999 (tal vez uno de los pocos aspectos positivos de este documento) , enmienda que también fue rechazada mayoritariamente por los mismos Grupos políticos y supuestamente substituida por un texto que, en verdad, nada nuevo ni concreto dice sobre el mantenimiento de dicho Fondo para los países que se adhirieron al euro y mantengan un PNB inferior al 90 % de la media comunitaria. 
Este texto insiste en formulaciones más atrasadas que las utilizadas en la Agenda 2000, que insiste, de nuevo, en formulaciones que aplazan decisiones y evitan el debate y la aclaración (en una subordinación plena del PE a la voluntad del actual y futuro parlamento alemán) , en formulaciones que, objetivamente, tan sólo sirven a quienes no quieren renovar el Fondo de cohesión en su forma actual y que, por el contrario, pretenden relegar aún más la cohesión económica y social a un papel secundario, perfectamente subordinado a los intereses financieros dominantes. 
El futuro de la cohesión económica y social entre las regiones y los Estados de la Unión Europea puede depender del futuro que queramos darle al Fondo de cohesión. 
Es necesario recordar que el auténtico criterio de elegibilidad otorgado para beneficiarse o no del Fondo de cohesión no es otro que el claramente enunciado en el propio Tratado, en su protocolo sobre la cohesión económica y social, esto es, tener un producto nacional bruto por habitante inferior al 90 % de la media comunitaria, tal y como se especifica en la enmienda que he presentado. 
Por ello, apoyamos, al igual que la Comisión Europea, el mantenimiento del Fondo de cohesión para los países que, cumpliendo los requisitos exigidos al respecto por el Tratado, forman parte de la Unión Económica y Monetaria. 
Eliminar el Fondo de cohesión a partir del año 2000 para los Estados que forman parte del grupo del euro no haría sino perjudicar, anular o invalidar todo el esfuerzo y progreso realizado durante años, en aras de una convergencia no sólo nominal sino real, peligrando el pacto de estabilidad y de crecimiento. 
Creo que estas son razones más que suficientes para seguir respetando la solidaridad y el espíritu contenido en el Tratado y apoyar el mantenimiento de un Fondo de cohesión que no deriva más que en un beneficio común, en un beneficio de toda la Unión Europea. 
El informe de la Sra. Schroedter no deja de presentar graves inconvenientes. 
Así, en ocasiones cae en algunas lamentables trivialidades sobre el carácter y la calidad democráticos de los Fondos estructurales o sobre el interés por la participación de los interlocutores sociales, en particular de las asociaciones de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 
Además, la ponente exagera la contribución «determinante» de la política estructural en la lucha contra el desempleo. 
Por otra parte, la Sra. Schroedter es, por desgracia, uno de esos diputados que consideran irreales las propuestas financieras de la Agenda 2000 y habrían deseado que se superaran las cifras de 1, 27 % y 0, 46 % del PNB. 
Naturalmente, eso no figura con todas las letras en este informe, sino que impregna la concepción en que se inspiran varios párrafos. 
La Sra. Schroedter tiene una desafortunada inclinación a querer contentar a todo el mundo: a las regiones rurales, a las regiones dependientes de la pesca, pero también a las ciudades, a los Estados beneficiarios del Fondo de cohesión, a las regiones ultraperiféricas, a los Estados candidatos a la adhesión, etc. 
El despertar podría ser financieramente doloroso. 
Nuestro Grupo, por su parte, desea que la Comunidad evite el espolvoreo de los fondos públicos y concentre sus medidas presupuestarias en las esferas que son objeto de una política común: la agricultura y la pesca. 
Si bien la Sra. Schroedter insiste atinadamente en los fallos de la política de cohesión económica y social, al subrayar la importancia de las disparidades que subsisten, su pudor la ha disuadido de mencionar los nefastos efectos que no dejará de tener la moneda única en el equilibrio entre las regiones. 
No obstante, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones no puede por menos de celebrar que la ponente defienda tan claramente las zonas rurales y las zonas dependientes de la pesca. 
Tememos que estas últimas vayan a sufrir mucho de la reforma propugnada por la Agenda 2000. 
La Sra. Schroedter propone, igual que nuestro Grupo, que se divida «el nuevo objetivo 2 en dos subcategorías industriales/urbanas y rurales/de pesca con criterios específicos de elegibilidad, objetivos y cuotas financieras distintas, a fin de garantizar a las zonas rurales una verdadera promoción... » 
Por eso, aunque este informe presenta graves defectos, nuestro Grupo ha optado por no desaprovechar la ocasión de lograr la aprobación de un texto tan favorable a las zonas rurales y a las regiones dependientes de la pesca y, por tanto, a los intereses franceses. 
Por esta razón hemos aprobado el informe de la Sra. Schroedter. 
Apoyo el informe Schroedter, tal como salió de la Comisión de Política Regional, porque va encaminado a mantener un marco de políticas europeas que garanticen la cohesión económica y social entre los diversos Estados miembros y regiones. 
La abolición de fronteras económicas y la realización de la Unión Económica y Monetaria no son compatibles con el mantenimiento de las actuales disparidades de desarrollo, por lo que la inclusión de nuevos objetivos políticos, como la ampliación, no se puede hacer a costa de la reducción de las políticas estructurales, como, por lo demás, se propone parcialmente en el texto de la Comisión sobre la Agenda 2000. 
Así, manifiesto mi reserva y preocupación ante los intentos de reducir el peso presupuestario relativo de las políticas estructurales en el marco de la actual Unión Europea entre 15 y ante a las «innovaciones» en el ámbito de las propuestas de nuevos reglamentos que puedan tener como resultado un aumento de las dificultades para la ejecución plena de los marcos comunitarios de apoyo. 
Finalmente hemos votado en contra del informe de Schroedter. 
Opinamos que los criterios de la Comisión acerca de cómo se deberán reformar las ayudas de los Fondos estructurales y de cohesión no son suficientemente realistas como para realizar la ampliación hacia el Este. 
Por ejemplo, estimamos que el pronóstico de la Comisión que prevé un crecimiento anual de alrededor de un 2, 5 por ciento es demasiado optimista. 
Hay un riesgo evidente de que los países miembros se vean obligados a aumentar los gastos presupuestarios. 
Esta contradicción se hizo patente también durante la Cumbre de Cardiff. 
El Tratado de Edimburgo sobre el Fondo de cohesión social fue una ayuda transitoria para que ciertos países pudiesen cumplir con los criterios de convergencia. 
Una vez cumplidos esos criterios se deberían suspender las ayudas. 
La UE debería darse cuenta de que las actuales ayudas de los Fondos estructurales, junto a la UEM y a la política agrícola comunitaria, es uno de los verdaderos obstáculos para el éxito de la ampliación hacia el Este. 
La solución está en el traspaso mayoritario de las decisiones sobre política regional y de estructuras al nivel nacional. 
Respaldo los objetivos de la Comisión con respecto a sus planes para el Fondo europeo de desarrollo regional después de que la UE acoja a nuevos países miembros del Este. 
Dar mayor prioridad a las regiones más pobres, la reducción de los trámites que deben realizar las autoridades locales para solicitar fondos europeos y tomar más decisiones a nivel nacional y regional son todas ellas reformas gratificantes. 
No obstante, estudiaré el tema detenidamente durante los próximos meses para asegurarme de que regiones británicas, como la mía en el noroeste de Inglaterra, reciben la parte de fondos europeos que les corresponde. 
Nuestro modo de medir las zonas que merecen recibir fondos debe ser justo para todos; a pesar de que acojo con satisfacción la caída del desempleo en mi país, sigue siendo cierto que los proyectos de la UE podrían ayudar a muchas personas. 
¿Por qué no considerar la riqueza relativa por habitante de una región, por ejemplo? 
Hay regiones que, como tal, no son ni ricas ni pobres- las personas y las zonas sí lo son, y las necesidades personales deberían ser la base para la concesión de fondos. 
Por tanto, acojo con satisfacción la tan necesitada reforma de los fondos regionales, pero al igual que la población de mi región, me mantendré atento para asegurarme de que, en el futuro, recibimos de Europa la parte que nos corresponde. 
Consejo Europeo de Cardiff 
En el punto 3 se dice que se va a acercar la comunidad a los ciudadanos. 
Estamos totalmente de acuerdo con esto. 
Según la resolución, este acercamiento se va a llevar a cabo, sin embargo, mediante un " fortalecimiento de la integración» en la política exterior y de seguridad y en asuntos judiciales y de interior. 
Esto es, si se nos permite la expresión, totalmente ridículo. 
La integración exagerada y el continuo traspaso de poder de los Estados miembros a la Unión son las causas primordiales de la creciente distancia de la Unión con los ciudadanos. 
Esto y los exagerados privilegios que se han otorgado a los parlamentarios y funcionarios son las causas fundamentales. 
Una mayor integración va a aumentar la distancia con la gente, no a disminuirla. 
Por el contrario, queremos saludar con satisfacción las declaraciones de Tony Blair y de Göran Persson en contra de una Europa federal y las iniciativas de Helmuth Kohl y Jacques Chirac para que los asuntos políticos sean devueltos al nivel de los Estados miembros. 
En ninguna parte se contempla la propuesta de resolución de compromiso de los sueldos y compensaciones de los parlamentarios europeos, asunto que se ha tratado en la prensa en muchos Estados miembros. 
Hay sólo una buena manera de resolver el asunto de los sueldos y las compensaciones de los parlamentarios europeos: traspasar esas materias para que sean decididas en su totalidad por los Estados miembros, así cada país podría fijar los sueldos y compensaciones que se ajusten a las normativas y costumbres propias. 
El sector federalista presenta con frecuencia la carta común francoalemana dirigida al Presidente del Consejo Europeo, la víspera de la Cumbre de Cardiff, para plantear el problema de la subsidiariedad con vistas a una próxima reforma de las instituciones europeas, como un efecto de retórica electoral del Canciller Kohl. 
Si así fuera, nuestra inquietud sería aún mayor, pues, independientemente de esas circunstancias, ese documento refleja una extraordinaria timidez que no augura nada bueno respecto de la capacidad de los interesados para resolver los verdaderos problemas de Europa: Jacques Chirac y Helmut Kohl están tan presos, a su vez, de los esquemas de pensamiento federalistas, que ni siquiera cuando quieren atacar a la Comisión Europea lo consiguen. 
¿Qué es la subsidiariedad, según esa carta? 
Es, resumiendo, un principio de organización que permite atribuir a Europa el cometido de las grandes decisiones y a las naciones el de las pequeñas. 
Ese principio evita, al parecer, el riesgo de una Europa «organizada de forma centralizada» y permite «tener presentes las particularidades locales, regionales o nacionales al adoptar decisiones». 
El comunicado AFP del 15 de junio, que transmite la intervención de la delegación francesa en Cardiff, resume bien la situación al decir que la subsidiariedad es un principio de descentralización. 
No es ésa nuestra posición. 
Desde luego, es interesante que no haya un superestado centralizado en Europa, pero mucho mejor aún sería que no hubiera superestado alguno. 
Asimismo, es apreciable que las instituciones europeas tengan a bien, cuando adoptan decisiones, tener en cuenta nuestras «particularidades locales, regionales o nacionales» , pero nos gustaría aún más que pudiéramos adoptar las decisiones por nosotros mismos, directamente o en nuestras representaciones nacionales. 
En una palabra, tomamos nota del deseo de los Jefes de Estado o de Gobierno de dejarnos las pequeñas decisiones, pero quisiéramos también las grandes. 
Dicho de otro modo, la subsidiariedad no corresponde, para nosotros, a una simple descentralización, que prive de algunos poderes a Bruselas y al tiempo le conceda la legitimidad en lo esencial. 
Al contrario, es el reconocimiento de que la legitimidad principal es la de la nación, pues constituye el círculo de democracia representativa más vivo y más próximo al ciudadano. 
Así, pues, la nación es la que delega en su momento poderes a Bruselas y la que vigila su ejecución. 
En nuestra concepción no es, desde luego, Bruselas quien «descentraliza» poderes para cedérselos a las naciones. 
Todo intento de hacer adoptar las decisiones fundamentales en el nivel más lejano, el de Bruselas, equivale, en realidad, a privar de poderes a la democracia próxima y viva para transferirlos a una democracia artificial y lejana. 
Eso es lo que nuestros Jefes de Estado o de Gobierno se atreven a disfrazar con el hermoso nombre de subsidiariedad, con la intención manifiesta de hacernos aceptar mejor la maniobra. 
En realidad, es un atentado contra la democracia. 
La Cumbre en Cardiff fue, claramente, una Cumbre sin novedades. 
La Cumbre tuvo lugar demasiado tarde, ya que en mayo ya se había hablado del tema más importante, es decir de la UEM. 
La Cumbre se celebró, por otra parte, demasiado pronto, ya que en una próxima mini Cumbre se tomarán decisiones acerca de cuestiones institucionales. 
Hay que esperar a que se hayan celebrado las elecciones en Alemania, para tomar acuerdos en el campo del reparto de los impuestos entre los Estados miembros, puesto que no se puede confiar en que los acuerdos con los alemanes vayan a seguir manteniéndose. 
De la carta de Kohl y Chirac se desprende que el núcleo duro europeo quiere marcar el paso: no hacer ninguna gestión más en camino hacia una Europa federal. 
Además de esto el poder de la Comisión Europea se tiene que reducir, para que disminuya la distancia entre los ciudadanos y la UE. 
Estamos contentos de que en octubre se hable acerca de los demás desarrollos dentro de Europa. 
Pero parece extraño que se tenga que hablar ahora de temas que no pudieron regularse en el Tratado de Amsterdam, mientras que este Tratado debe ser ratificado todavía en muchos países. 
Para concluir, quisiera decir algo acerca de la Presidencia británica. 
Los desarrollos citados antes indican que ha fracasado esa tendencia de Blair, al principio de su Presidencia, de devolver Europa al pueblo. 
A pesar de esta tendencia, Europa todavía está lejos de los ciudadanos europeos. 
Sin embargo hemos votado a favor de la resolución conjunta, ya que teníamos pocas razones para votar en contra de lo poco que ésta contenía. 
No voy a ocultar tras largas grandilocuencias líricas y diplomáticas mi decepción por esa reunión del Consejo en gran medida carente de interés. 
¿Qué ha sido de los debates anunciados? 
Reconozcámoslo: no gran cosa. 
Así, la cuestión del desempleo casi ha desaparecido enteramente y, al no querer debatir, nuestros dirigentes no han logrado ponerse de acuerdo sino sobre logros anteriores. 
Tenemos derecho a esperar más de esos hombres que tienen la misión de dibujar los contornos de la Europa del siglo XXI. 
Por desgracia, se nos ha ofrecido sobre todo una letanía de lugares comunes sobre el euro y la crisis asiática y sobre que Europa debe constituir un modelo ante el mundo. 
En resumen, nada nuevo y, sin pretender acusar a nadie en particular, me parece muy lamentable. 
Por fortuna, existe una razón para abrigar esperanzas con la puesta en marcha de una reforma institucional. 
Pero conviene permanecer vigilante, pues dicha reforma no se puede reducir- huelga precisarlo- exclusivamente al importe de las contribuciones aportadas por los Estados miembros. 
Aunque lo lamento, debo reconocer que las declaraciones de algunos no inspiran optimismo a los partidarios- entre los que me cuento- de una Europa política fuerte y que se consolide. 
Por eso, existen razones para preguntarse por los riesgos de una ampliación en las condiciones actuales y sobre los primeros pasos dados por esa vía. 
A nadie interesa que la futura ampliación y su corolario intelectual se hagan sobre malas componendas, que podrían desestabilizar peligrosamente la Unión Económica y Monetaria. 
El único momento emocionante es atribuible a Nelson Mandela, al anunciar su próxima retirada política. 
Ese símbolo vivo de la lucha por la libertad y los derechos humanos, que ha sabido influir en su destino y en el de todo un pueblo, no podrá ser olvidado por el continente africano ni por Europa. 
Pese al peso de los años, sigue encarnando una esperanza de reconciliación entre los pueblos, una esperanza de tolerancia y de humanidad. 
Así, pues, aunque no pueda dar las gracias a nuestros Jefes de Estado o de Gobierno, podré decir, al final de la Cumbre de Cardiff: gracias, señor Mandela. 
Al igual que todas las Presidencias, la Presidencia del Reino Unido ha tenido sus logros y sus fracasos. No me propongo, sin embargo, hacer una relación de los mismos. 
Para mí, el principal logro es el hecho de que el Reino Unido haya vuelto al seno de Europa y desempeñe un papel positivo en su construcción. 
El Reino Unido necesita a la Unión Europea y la Unión Europea necesita al Reino Unido. 
Además, es de vital importancia para las relaciones anglo-irlandesas que tanto Irlanda como el Reino Unido persigan objetivos europeos comunes. 
Muchos de nosotros esperábamos que Europa proporcionara el marco para la reconciliación de ambas partes. 
La actual opción de exclusión británica de la moneda única origina problemas filosóficos, políticos y económicos para las relaciones entre ambas partes de Irlanda y entre el Reino Unido e Irlanda. 
Confío y espero que el Gobierno del Reino Unido prosiga su actitud positiva de cara a Europa y que también este problema se resuelva cuanto antes. 
Por último, quisiera también constatar mi apoyo a la enmienda 7 presentada por el ELDR. 
Gran parte de esta resolución aprobada es inaceptable para mí. 
Por eso he votado desfavorablemente en la votación final. 
El motivo de esto es que opino que la orientación no es la adecuada. 
Las hermosas palabras que muchos líderes de la UE pronunciaron en la reunión de Cardiff sobre el acercamiento de la UE al pueblo no han tenido una expresión concreta en la Cumbre, sino que casi se ha ido en la dirección opuesta. 
Si esas palabras encierran intenciones serias, la UE tiene que detener la construcción de " los Estados Unidos de Europa» y trabajar, en cambio, para devolver el poder a los parlamentos nacionales de modo que la UE solamente se ocupe de los asuntos que claramente traspasan las fronteras. 
Opino que el Parlamento Europeo, con parlamentarios elegidos por el voto popular, debería hacer suyas en la resolución esas hermosas palabras de los líderes comunitarios. 
Tal como está la resolución actualmente, se va, por el contrario, en sentido opuesto, entre otras cosas, por la reiterada petición de armonización y coordinación de las políticas económicas y de defensa y seguridad y de los asuntos judiciales de carácter nacional. 
Éstas no son exigencias que acerquen la UE al pueblo. 
He votado en contra de la propuesta de enmienda acerca de un estatuto común para los miembros del Parlamento Europeo. 
Posiblemente éste puede justificarse en algunos aspectos pero al mismo tiempo una de las fuerzas motrices del estatuto común es que los parlamentarios tengan un sueldo uniforme, lo que no considero una idea particularmente buena, especialmente cuando en los pasillos se habla de un sueldo unitario que llegaría a las 100000 coronas al mes. 
Esta propuesta es chocante. 
El PLA vota en contra del parágrafo 1, pues a la vista del actual estadio de preparación no parece adecuada una ampliación rápida de la Unión. 
De ahí que estemos también en contra del parágrafo 2 y por eso nos abstenemos en los parágrafos 2 a 4, que se someten a votación conjunta, ya que somos partidarios básicamente de los parágrafos 3 y 4. 
En lo que respecta a la enmienda 7 (nuevo apartado 19a) , la enmienda presenta la idea acertada, la idea esencial de poner fin a la discriminación por motivos de nacionalidad. 
Está contenida en la primera parte de la enmienda. 
La apoyo firmemente. Por ejemplo, los diputados británicos al PE, a diferencia de los de la mayoría de los Estados miembros, no tienen derecho a viajar gratis a y desde sus circunscripciones. 
Éste no es más que un ejemplo de las anomalías. No obstante, el texto de la enmienda es deficiente a la hora de dar a entender que, independientemente de los avances en un estatuto común para eliminar la discriminación, el Parlamento Europeo debe adoptar algunas medidas específicas. 
Ésta no resolvería el problema de la discriminación por motivos de nacionalidad. 
Encontrar una solución global debería ser la principal tarea que deben emprender conjuntamente el Parlamento y el Consejo. 
Hemos votado a favor de la propuesta de enmienda 7 de los liberales puesto que ella propugna reducciones de las compensaciones a los parlamentarios de modo que éstas cubran únicamente los verdaderos costos. 
Con todo, queremos subrayar que estamos decididamente en contra de la segunda parte de la propuesta de enmienda sobre la creación de un estatuto común para los parlamentarios. 
Si me he permitido antes apostrofar vigorosamente en el hemiciclo al Primer Ministro británico, Sr. Tony Blair, ha sido porque resulta propiamente inadmisible oír al Presidente del Consejo de la Unión Europea presentar como una decisión positiva retirar a nuestros pescadores su instrumento de trabajo: la red de enmalle a la deriva, cuyo desarrollo fomentó hace unos años la Comunidad Europea. 
¿Acaso no resulta particularmente escandaloso que se mencione como resultado afortunado, que debe figurar en el haber de la Unión, una medida irresponsable y arbitraria que sume a poblaciones marítimas enteras en la desesperación? 
El Sr. Blair, que ha venido a hacer el balance de su Presidencia semestral de la Unión ante los diputados europeos, no ha vacilado en incluir, entre los hechos destacados de la Presidencia británica, en el capítulo del medio ambiente, la prohibición de la red de enmalle a la deriva. 
Entonces, ¿es que ignoraba todas las devastadoras consecuencias económicas y sociales que semejante decisión va a tener en toda una serie de regiones marítimas, costeras e insulares de Europa? 
¿Cómo puede vanagloriarse de ser el responsable de una decisión tan nefasta? 
Pero, en realidad, en el sistema europeo, tal como funciona hoy, poco importan en el fondo las realidades: la motivación de la decisión europea es, una vez más, puramente ideológica. 
El Gobierno británico, creyendo seguramente apuntarse un «bonito tanto» mediático-ecológico, se ha limitado a hacer suyas las obsesiones ladinas de la Comisión y las fabulaciones de grupos de intereses seudoecologistas, manipuladores y potentemente organizados. 
Se lo digo solemnemente al Primer Ministro británico: su Presidencia quedará marcada con una mancha negra. 
Al cambiar de bando, al invertir la posición británica tradicional, al traicionar a sus propios pescadores y a los de los demás Estados miembros, exceptuado uno, al hacerse cómplice de una voluntad de monopolio, al mofarse de los principios de la Política Pesquera Común, al mofarse de toda equidad, ha cometido usted una mala acción y ha incurrido en una responsabilidad histórica. 
Al situarse en el bando de la injusticia y la discriminación, al burlarse de los fundamentos científicos de la Política Pesquera Común, ha dado a nuestras poblaciones marítimas la idea de una Unión Europea lejana y descarada, indiferente y despreciativa. 
Créame: sabrán recordarlo. 
Cierto es que el problema de las redes de enmalle a la deriva no es fundamental para el futuro de Europa. 
Pero la forma como se ha abordado resulta reveladora de cierta forma de concebir y construir Europa: una forma que nuestros ciudadanos no desean, pues consiste en hacer Europa contra los europeos. 
He votado, con gran convicción, a favor de la enmienda 7, y me complace constatar que esta Asamblea ha votado mayoritariamente a favor de ella. 
De esta manera hacemos evidente que no es necesario esperar al estatuto común de todos los miembros del Parlamento, esperado ya hace tiempo, para introducir las necesarias modificaciones y mejoras en el sistema de las compensaciones de gastos. 
Todas las mejoras que podamos poner en práctica ahora, deben realizarse ahora. 
Esto comprende, entre otras, evitar que se les de un empleo irregular a las compensaciones de gastos. 
El empleo irregular está cerca del abuso, y eso debe evitarse por todos los medios de que dispongamos. 
Confío en que el Parlamento Europeo se ponga manos a la obra al respecto. 
Informe Pompidou 
Con la directriz propuesta se pretende hacer posible un comercio libre de recursos para la diagnosis in vitro dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo surge, además, el interés por la sanidad pública. 
En una primera lectura el Parlamento Europeo, impulsado por el ponente, colega Pompidou, ha insistido en que se proteja fuertemente a la sanidad pública. Con razón se prestó atención a los riesgos médicos. 
Lo que en ese momento me desilusionó- y ahora nuevamente- es la mínima atención que se le presta a los aspectos éticos que están unidos a la técnica de la diagnosis in vitro. 
Esto sirve, en primer lugar, para los recursos que se han fabricado con ayuda de productos hechos de tejidos o células de origen humano. 
En segundo lugar llamo la atención sobre la diagnosis prenatal. 
Son incalculables las consecuencias que pueden producirse si no se toman en consideración aspectos éticos que van parejos con el uso de estos recursos médicos y técnicos. Más aún si se considera que a nivel europeo prevalece el interés de la comercialización por encima del de la protección de la sanidad pública, tanto en la salud mental como en la física. 
Por las citadas razones he votado en contra de la enmienda 2. 
Es importante que se elaboren unas directrices éticas sobre el uso de los instrumentos para realizar pruebas clínicas, en las que los puntos de partida fueran la protección de la intimidad de la persona que se somete a las pruebas y la seguridad de que las pruebas no dan lugar a discriminación por circunstancias de carácter hereditario. 
La aprobación de la enmienda n- 6 es un guiño político a la Comisión para que reflexione acerca de la necesidad de una legislación específica a fin de garantizar los aspectos anteriormente mencionados. 
Informe Camisón Asensio 
Celebro la rapidez de reacción de nuestras instituciones europeas respecto de un expediente de «gran valor estratégico». 
Por eso mismo, quiero dar fe del buen trabajo realizado por nuestro colega el Sr. Camisón Asensio. 
La red GSM ha tenido un éxito sin precedentes gracias a la aceptación en las fases previas de esos nuevos modos de comunicación. 
Por consiguiente, es coherente y deseable que la Unión se dote desde ahora mismo de normas y reglas comunes. 
Es legítimo pensar que la futura red UMTS será un éxito. 
Aparte de la importante aportación tecnológica, es legítimo que nuestra Asamblea aborde los problemas de cobertura. 
Ni que decir tiene que apoyo las enmiendas que tienen en cuenta, por una parte, las regiones menos pobladas y, por otra, la compatibilidad total entre el GSM y el UMTS. 
La telefonía móvil tiene un éxito sin precedentes. 
Europa no va a la zaga. 
Sin embargo, considero que tenemos mucho que hacer aún para mejorar nuestra posición en la esfera de las nuevas tecnologías de la información, más en particular en el nivel de las conexiones a la red Internet de gran velocidad. 
Por último, este texto revela que, cuando existe una voluntad, es posible hacer avanzar rápidamente los expedientes. 
Así, pues, sería deseable que pudiéramos «movilizarnos» del mismo modo sobre otros asuntos. 
Hoy tenemos razones para ser optimistas. 
El éxito del sistema GMS de telefonía móvil en estos últimos años puede ser, en parte, atribuido a la rápida respuesta de Europa en la adopción de una rápida política de normalización. 
Si actuamos de modo similar con la tercera generación de teléfonos móviles, la promoción de un reglamento y de normas comunes puede garantizar, una vez más, el rápido despliegue de redes y servicios con el nuevo sistema UMTS. 
A pesar de que el sistema UMTS no estará disponible hasta comienzos del próximo siglo, la planificación previa y la coordinación a nivel europeo de políticas, como los procedimientos para la concesión de licencias, facilitarán una rápida transición del sistema GMS a esta nueva tecnología. 
Además de proporcionar los mismos servicios que el sistema GMS, UMTS ofrece a sus usuarios un acceso rápido a Internet y otros servicios multimedia. Este tipo de servicios no está actualmente disponible en el formato móvil. 
No obstante, los rápidos avances de las tecnologías de la comunicación y la información a finales de este siglo han contribuido a una transformación de las necesidades tecnológicas de la sociedad en Europa y en el resto del mundo. 
Una red de telefonía móvil rápida, eficiente y de fácil acceso que ofrezca servicios como una conexión fiable a Internet, puede ayudar a satisfacer las necesidades de personas, empresas y de otras organizaciones durante los próximos años. 
Una intervención rápida y la creación de un marco común para toda Europa para la utilización, en su día, del sistema UMTS, pueden contribuir a mantener a Europa en la vanguardia de los avances tecnológicos en el siglo XXI. 
En líneas generales, la propuesta de la Comisión y el informe son buenos. 
El desarrollo en el campo de las telecomunicaciones es extraordinariamente rápido. 
Por eso los reglamentos corren también el riesgo de quedar anticuados y obsoletos rápidamente. 
Las reglas comunitarias deben ser mínimas. 
La UE también debería adoptar iniciativas para llevar a cabo conversaciones globales con otros mercados y evitar así que se construyan distintos sistemas en los diferentes continentes. 
El nuevo sistema, UMTS, tiene que tener una mejor cobertura en las regiones rurales. 
El otorgamiento de licencias tiene que efectuarse de un modo más serio que una " subasta al mejor postor». 
Tiene que contemplar exigencias sociales y de cobertura en zonas rurales y periféricas. 
Informe Watson 
Deseo apoyar las conclusiones del ponente. La doble imposición es injusta. 
Me gustaría también que, en el futuro, la Comisión abordara el problema de la considerable diferencia de precios de los automóviles entre los distintos Estados miembros. 
Me alegra que exista un informe anual que pone de manifiesto este problema, así como que se hayan tomado medidas contra algunos fabricantes en materia de fijación de precios. 
Sin embargo, no basta con los esfuerzos realizados. 
Si existe realmente un mercado único, los consumidores de la UE deberían pagar exactamente el mismo precio por el mismo automóvil (incluidos los impuestos) , independientemente del país en que tengan la residencia. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado en el día de hoy en contra del informe del Sr. Watson. 
El informe no modifica las partes fundamentales de la propuesta de la Comisión que, en nuestra opinión, son sumamente problemáticas. 
Estamos en contra de la propuesta de la Comisión por las siguientes razones: 
La propuesta de la Comisión implica, entre otras cosas, que una persona que es ciudadana de un país miembro, pero que tiene fijada su residencia en otro país durante más de seis meses pueda llevarse a casa un turismo sin tener que pagar el impuesto de matriculación en su país de origen si él o ella han pagado el impuesto de matriculación que se impone al turismo en su país de actividad. 
La propuesta repercutirá de modo importante sobre los países comunitarios que tienen impuesto de matriculación. 
Además, la propuesta no pone ningún número a los turismos que una persona puede inscribir. 
Así, uno puede imaginarse una importante especulación en la inscripción de turismos para la reventa de países sin impuesto de matriculación a países con impuesto de matriculación. 
La propuesta socavará la política tributaria en los 11 países que hoy tienen un impuesto de matriculación para turismos y puede dar paso a un considerable fraude. 
La propuesta de la Comisión supone una intromisión en la soberanía fiscal nacional. 
Las enmiendas del informe del Sr. Watson no cambian esto. 
El Parlamento votó hoy una propuesta de directiva sobre el régimen fiscal de los vehículos automóviles de turismo trasladados con carácter permanente a otro Estado miembro a raíz de un cambio de residencia o utilizados temporalmente en un Estado miembro distinto de aquel en que estén matriculados. 
Esta propuesta es muy importante pensando en Finlandia y Dinamarca, dos países que tienen altos gravámenes para el uso de automóviles. 
En muchos puntos la propuesta va a hacer las reglas más claras, aunque no resuelve todos los problemas. 
Finlandia obliga a pagar impuestos de importación muy altos por los coches cuando los dueños retornan para volver a establecerse en su país. 
Por esta razón la Comisión ha formulado una queja oficial a Finlandia por violar el artículo 95 del Tratado, lo cual en último término podría llevar a Finlandia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Desgraciadamente, parece que existe riesgo de que Finlandia detenga esta provechosa propuesta, quizás conjuntamente con Dinamarca. 
El asunto ahora es saber qué papel quiere tener Finlandia. 
¿Se quiere detener una propuesta que sería de gran beneficio práctico para muchos ciudadanos en Europa, especialmente cuando existirían ideas acerca de cómo establecer una fiscalidad más razonable para los coches en Finlandia, que tomara en consideración aspectos medioambientales y también fomentara la seguridad en el tráfico? 
Tras haber sentido consternación por la doble imposición fiscal sobre automóviles por la que se han visto afectados mis electores cuando conducían en otros Estados miembros de la UE, me complace aportar hoy mi respaldo a este informe. 
Es inadmisible que, en el mercado único europeo, las personas puedan circular libremente en busca de trabajo, pero que, en muchos casos, deban pagar impuestos adicionales si deciden llevarse el coche. 
Sé que, en el pasado, se animaba a la población a coger la bicicleta y buscar trabajo, pero cuando se va a trabajar a otro país, se debería poder ir en el propio automóvil, sin tener que pagar los impuestos por segunda vez. 
Es alentador comprobar que la propuesta de la Comisión de poner fin a la doble imposición sobre automóviles para las personas que circulan por la UE, es el resultado de una serie de peticiones a este Parlamento Europeo. Es una prueba de que los representantes elegidos por la población pueden tener una influencia real sobre los problemas a los que a diario se enfrenta la sociedad. 
(La sesión, interrumpida a las 13.27 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0604/98 del Sr. Bertens y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre las pruebas nucleares en India y Pakistán; -B4-0619/98 del Sr. Swoboda y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre las pruebas nucleares de la India y del Pakistán; -B4-0638/98 de la Sra. McKenna y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las pruebas nucleares de la India y del Pakistán; -B4-0647/98 del Sr. Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre las pruebas nucleares de la India y del Pakistán; -B4-0657/98, del Sr. Oostlander y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las pruebas nucleares en el subcontinente indio; -B4-0663/98, del Sr. Wurtz y otros, en nombre de los Grupos Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las pruebas nucleares en la India y en el Pakistán. 
Señor Presidente, supongo que los colaboradores del Comisario le transmitirán lo que voy a contar a continuación. 
El grupo liberal apoya la extensa condena, que ha hecho esta Asamblea, a las pruebas nucleares de India y Pakistán. 
Es evidente. 
Ambos países ven disminuir su estabilidad regional y eso no puede ser bueno para ninguno de los dos países. 
Los gastos de presupuesto, aunque ajustados, son enormes. 
Involuntariamente India ha vuelto a colocar a Cachemira en la agenda internacional, y el clima internacional, en lo que respecta al desarme, ha empeorado enormemente. 
Nuestra respuesta no debe tener el mismo contenido que el de Pavlov. 
Las sanciones no son la solución. 
El enorme apoyo político interno, que existe en ambos países para la realización de las pruebas, indica que la voluntad popular es difícil de cambiar. 
Debemos dirigir nuestra atención hacia los problemas más profundos. 
La situación de la seguridad regional y los problemas bilaterales entre ambos países deben ser el tema de una Conferencia Internacional. 
Hay que encontrar al mediador correcto. 
Para finalizar, la Comunidad Internacional debe hacer un serio esfuerzo para que se produzca un desarme nuclear real. 
El NPV y el CTBT deben cumplirse en todos sus apartados. 
Esto lleva consigo, también, la no-proliferación. 
Además, cuando hablo de sanciones quiero decir que la Unión se podría comprometer a prohibir la exportación de armamento a ambos países. Poseen armas más que suficientes. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quisiera decir que las pruebas nucleares realizadas por la India y Pakistán suponen una seria amenaza para la seguridad de la región y del mundo. 
Aparte de aumentar la tensión en el subcontinente indio, las pruebas han engrosado el club de naciones nucleares, incumpliendo el principio de no proliferación. Otros países pueden sentirse inclinados a seguir la carrera armamentista nuclear. 
Al tiempo que hay que redoblar esfuerzos para hacer cumplir las condiciones del Tratado de No Proliferación Nuclear por parte de los actuales Estados nucleares, más pruebas nucleares sólo pueden provocar la inseguridad mundial y el riesgo de una guerra nuclear. 
Es por lo que la India y Pakistán deben suscribir el Tratado de No Proliferación y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares inmediatamente y sin condiciones. 
La Unión Europea y los Estados Unidos, acertadamente, han aplicado sanciones políticas y económicas limitadas contra la India y Pakistán. 
Dichas sanciones deben mantenerse hasta que ambos países se integren en la corriente de la comunidad internacional encaminada a frenar y eliminar, algún día, las armas nucleares del planeta. 
La India y Pakistán tampoco deben exportar tecnología nuclear ni proseguir el desarrollo y el despliegue de armas nucleares. 
Los Estados miembros de la UE deben garantizar que los programas nucleares de ambos países no reciben asistencia de equipos o tecnología europeos. 
También está la cuestión de Jammu y Cachemira. 
Este problema dura ya demasiado tiempo y es el origen de las hostilidades y la sospecha entre Nueva Delhi e Islamabad. 
Ya es hora de que la UE apoye los buenos oficios de un intermediario en la trágica división de Cachemira, que ha dado lugar a dos guerras entre la India y Pakistán, y ha costado miles de vidas. 
El conflicto continúa hasta el día de hoy y ya es hora de que sea resuelto en beneficio de toda la población de Jammu y Cachemira, con su consentimiento. 
Existe la urgente necesidad de medidas que afiancen la confianza entre la India y Pakistán, la necesidad de que cambien la guerra por el diálogo. 
Señor Presidente, todos debemos condenar enérgicamente las pruebas nucleares de Pakistán y la India, pero también debemos volver nuestra mirada hacia nosotros mismos- las responsabilidades que tiene la Unión Europea y el hecho de que Francia, no hace mucho tiempo, realizara sus pruebas nucleares, a pesar de la oposición de todo el mundo. 
Todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben asumir su responsabilidad por la situación actual. 
Las cinco naciones nucleares bloquearon todos los acuerdos e incluso los pequeños intentos de desarme nuclear en la reunión sobre el Tratado de No Proliferación celebrada en Ginebra. 
Además, teniendo en cuenta que nuestro ministro irlandés, David Andrews, ha lanzado una campaña en favor de un mundo sin armas nucleares, respaldado por otro Estado miembro de la Unión Europea, también es importante que otros Estados miembros de la Unión Europea respalden a David Andrews en su iniciativa por la total eliminación de armas nucleares. 
La reunión de la Asamblea General de la ONU de enero de 1946, en su primera resolución, hizo el llamamiento unánime para que una comisión presentara propuestas para eliminar de los armamentos nacionales las armas atómicas y todas las principales armas de destrucción masiva. 
Las armas atómicas siguen ahí. 
No sólo no han sido eliminadas, sino que existe una proliferación masiva. 
Dos Estados miembros de la Unión Europea- Gran Bretaña y Francia- tienen una enorme responsabilidad por lo sucedido. Deben reconocerlo. 
Es hora de que dichos países, junto con otros países de todo el mundo, eliminen sus arsenales nucleares. 
Tengo el gusto de saludar a la Sra. Cresson, que por fin acaba de llegar. 
Espero que sus colaboradores tengan a bien hacerle un resumen de todo lo interesante que se ha dicho en su ausencia. 
¡Bienvenida, señora Comisaria! 
Señor Dell ' Alba, tiene usted mucha suerte, ¡le corresponde un Comisario! 
Señor Presidente, precisamente estaba diciéndolo. 
Pero estaba un poco preocupado por que, efectivamente, no seamos demasiado numerosos, tampoco nosotros, hay que reconocerlo. 
Así, pues, no he presentado una cuestión de orden y me alegro, como usted, de que tengamos aquí un interlocutor. 
Quería decir simplemente que subscribimos, no a regañadientes, pero, desde luego, tampoco con júbilo, esta resolución, esta enésima resolución que no dice gran cosa. 
Podríamos haber sido un poquito más enérgicos. 
Creo que esas explosiones nucleares en la India y el Pakistán son un asunto gravísimo, que nos tomamos un poco a la ligera y con demasiada diplomacia. 
En mi opinión, deberíamos haber endurecido el tono. 
Puesto que la PESC tan sólo sirve para impedir a los diputados al Parlamento asistir en delegación a conferencias internacionales, puesto que es absolutamente inoperante en el plano de la política exterior y de seguridad, contentémonos con este texto y esperemos con interés la respuesta que la Comisión nos dará a este respecto. 
Señora Comisaria, señor Presidente, el Pakistán no ha tardado en responder a las pruebas nucleares de la India, con lo que ha hecho resurgir el espectro de la guerra atómica. 
Los peligros son importantes para Asia, desde luego, pero también para la seguridad del mundo en general. 
Esas pruebas, que nuestro Grupo ha condenado inmediatamente, podrían dar un nuevo impulso a la difusión y la proliferación de las armas nucleares en el mundo. 
Para evitar que otros Estados que tengan capacidad para ello sigan el ejemplo de esos países, es necesario adoptar con urgencia medidas encaminadas a la prohibición total y definitiva de las pruebas- incluidas las pruebas de laboratorio- que siguen haciendo ciertas potencias nucleares y la eliminación de todas las armas nucleares y de destrucción en masa. 
Hay que acabar con esa terrible amenaza, como propone la red internacional «Abolición 2000» , que agrupa actualmente a más de un millar de organizaciones del mundo. 
Esa red se ha fijado como objetivo el de lograr la aprobación de un convenio sobre la eliminación del arma nuclear en el año 2000, lo que permitiría utilizar en pro del medio ambiente, de la salud, de la educación y del desarrollo los créditos actualmente despilfarrados para gastos militares. 
Para contribuir al éxito de esta campaña, apoyo la propuesta del Gobierno del Japón de crear un foro internacional que, de forma simbólica, desde luego, celebraría su primera reunión en Hiroshima y tendría por objetivo el de formular métodos que permitan librar al planeta para siempre de todas las armas nucleares. 
Señor Presidente, quiero decir a la Comisión que, en mi opinión, es equivocado hablar de imponer sanciones a la población del subcontinente indio en respuesta a las recientes pruebas nucleares. 
Es una respuesta demasiado simplista que sólo serviría para castigar a los impotentes por los aparentes pecados de los poderosos. 
Medidas de este tipo convertirían en disparate los logros de estos países con respecto a proporcionar una asistencia sanitaria básica y apoyo a la enseñanza, que tanto han contribuido en aumentar el bienestar de sus poblaciones. 
Naturalmente deploro lo sucedido, pero en Europa debemos afrontar la realidad y proseguir nuestras ayudas al desarrollo para ayudar a un millón de pobres en el subcontinente indio. 
Con este fin, he presentado una pregunta oral a la Comisión, a la que espero recibir respuesta en algún momento: ¿estaría la Comisión dispuesta a reconocer que la carrera armamentista está desviando los recursos para el desarrollo y la reducción de la pobreza, hacia el sector de la industria militar, y estaría dispuesta a reconocer, asimismo, que la imposición de sanciones en dichas circunstancias sólo tiene como resultado castigar a los impotentes por los pecados de los poderosos? 
Seor Presidente, seora Comisaria, cinco pruebas atómicas subterráneas de los indios en Rajastán se han visto contestadas con seis pruebas atómicas de los pakistaníes en Beluchistán. 
La reacción en occidente: indignación y horror. 
En Asia, un desbordante entusiasmo. 
No está claro quién ganará la temida carrera de armamentos. 
Quiénes pierden, millones de personas. No tienen hambre de poder ni de prestigio nacional, sino que tienen hambre de posibilidades de salir de la pobreza y hambre de la formación y de la educación que se les ha negado. 
Las pruebas atómicas de los indios son la respuesta a China que desde hace aos se está armando fuertemente. żDónde está la protesta occidental ante esto? 
En el mismo Tibet se almacenan armas atómicas y China está suministrando a Pakistán tecnología armamentística y misiles. żEstarán dispuestos a firmar los convenios atómicos internacionales el Pakistán islámico y la mayor democracia de mundo, India, cuando sean reconocidos como socios de negociación por las naciones industriales? 
Cuando se pueda confiar en las organizaciones de control de los estados que poseen misiles y cuando pueda garantizarse, por fin, la seguridad nuclear, entonces será más fácil suscribir el Tratado de no proliferación de armas nucleares así como el Tratado de prohibición de pruebas nucleares, que también debe ser ratificado, por fin, por el Congreso de los EE.UU.. 
Señor Presidente, en el período de sesiones anterior, fuimos muchos los que intervinimos sin falta en el debate para condenar las pruebas nucleares de la India. 
La continuación ya la conocemos: unos días después, Islamabad imitaba a Nueva Delhi, pese a los intentos hechos por el Consejo, las Naciones Unidas y los Estados Unidos para disuadirla. 
Después de varios decenios de relaciones difíciles, la cuestión de Cachemira sigue siendo una manzana de la discordia entre esos dos países. 
Esperamos de la India un gesto por el que rechace la internacionalización de ese problema y tranquilice a las 30.000 personas que viven en un terror permanente a ambos lados de la frontera. 
Es necesario que cese una carrera frenética de armamentos- esencialmente debida a un nacionalismo exacerbado por una y otra parte -, que conducirá inevitablemente a la escalada y a la inestabilidad regional e internacional. 
Por ser la democracia más grande del mundo, la India debe dar pruebas de prudencia y detener la espiral infernal de la proliferación de las armas nucleares. 
Pero China debe adoptar también una actitud más conciliadora en esa región particularmente vulnerable. 
Se debe hacer todo lo necesario para que se restablezca el diálogo y a ese respecto celebro la actitud del Consejo de organizar una cumbre regional sobre la seguridad en Asia. 
La Unión insta a la India y al Pakistán a que firmen y ratifiquen sin condiciones el Tratado de prohibición de las pruebas nucleares y el Tratado de no proliferación. 
Señor Presidente, el mundo ha reaccionado a las pruebas nucleares realizadas por India y Paquistán creyendo en una vuelta a la estrategia de la disuasión, con la amenaza de la destrucción mutua, y se ha hablado de la voluntad de adquirir un estatuto de potencia nuclear, así como de la posibilidad de una guerra convencional que podía desembocar en una guerra nuclear. 
Me parece que todos estos escenarios de guerra son algo viejo, pasados de moda y parecidos a la guerra fría. 
Con este diagnóstico, no cabe duda de que no se conseguirán reducir los riesgos de proliferación. 
La realidad es muy distinta y más complicada, más modesta y quizás entraña más peligros: es una realidad que utiliza las armas nucleares para intimidar, impedir acciones políticas por parte de otros países y chantajear. 
Ayer el Herald Tribune publicó la noticia de que Corea amenaza con exportar misiles si no se le conceden ayudas económicas de gran envergadura. 
Se trata de una técnica ya empleada y que, probablemente, puede volver a ser utilizada. 
Existe un problema de orgullo nacional- el primer ministro paquistaní ha manifestado que tuvo que ceder ante la opinión pública- y quizás también existe un problema de disuasión. 
Si se alcanza a comprender esto y se hace un buen diagnóstico, se puede incluso atajar el mal, de lo contrario, no. 
Señor Presidente, las pruebas nucleares realizadas por India y Pakistán nos han enfrentado al hecho de que vivimos realmente en una situación en la que, no sólo podemos expresar crítica a estos países, sino que también tenemos que expresar autocrítica. 
Naturalmente es un escándalo que los actuales poderes nucleares no hayan hecho lo suficiente para reducir su propia producción de armamento y su propio stock de armas. 
Esto conduce a que también otros países piensen que la posesión de armas nucleares es una promoción importante del status de su propio país. 
Tanto es así que, en el subcontinente indio, si un país realiza pruebas nucleares con éxito y desarrolla armas, el otro país se siente naturalmente obligado a hacer lo mismo, ya que no disponen de la garantía de que vayan a ser protegidos contra ataques nucleares de la parte contraria. 
Por eso es muy importante que, con motivo de este importante incidente, se de cuenta el mundo occidental, y Rusia y China, de que tienen que tomarse en serio el desarme continuo en el campo de las armas nucleares. 
Recientemente hemos vivido la inaceptable actuación de Francia, que procedió a realizar también pruebas nucleares en Mururoa. 
Soy partidario, en cualquier caso, de no condenar más duramente a los dos países, Pakistán e India, que a Francia, donde la ejecución de las pruebas fue realmente un asunto peor. 
Por cierto, espero que nuestra acción pueda contribuir a que los dos nuevos poderes nucleares firmen pronto el Tratado de la no-proliferación, y que, de esta manera, el proceso total de armamento, armamento y armamento se paralice a tiempo. 
Señor Presidente, Señorías, la escalada nuclear en el Asia meridional tiene consecuencias políticas y geoestratégicas importantes que, por lo demás, Sus Señorías, unos y otros, han subrayado. 
Se trata de la impugnación de nuevo del régimen de no proliferación y del riesgo de contaminación a otros países. 
Los objetivos de la Unión Europea son, en primer lugar, los de restablecer el crédito del sistema de no proliferación, conseguir la ratificación por la India y el Pakistán del pacto de no proliferación y del CTBT, es decir, el Complete Test Ban Treaty, reactivar un diálogo substancial entre la India y el Pakistán y, en particular, encontrar una solución aceptable para el problema de Cachemira, que es un absceso de fijación de la rivalidad indo-pakistaní. 
A ese respecto, la India, que ha conseguido reducir a términos bilaterales el conflicto hasta hoy, ha cometido un importante error. 
Convendría aprovechar esa posibilidad nueva. 
Además, habría que apoyar la creación de mecanismos de seguridad regional que hasta ahora, y al contrario de otras regiones del mundo, entre ellas la ASEAN, brillan cruelmente por su ausencia. 
Conviene crear una dinámica positiva que permita a esos países, pero también a la comunidad internacional, salir del atolladero. 
Desde ese punto de vista y habida cuenta de la incertidumbre que reina en la India y en el Pakistán actualmente, parece poco juicioso internarse por una vía que podría conducirnos a una ruptura del diálogo con esos países: lo digo para algunos participantes en el debate que querían que fuéramos más lejos o incluso que hubiera medidas de represalia. 
Creemos que se debe seguir manteniendo un diálogo con esos países. 
Conviene hacerles comprender plenamente que la vía de la nuclearización ha de perjudicarlos por fuerza. 
En ese marco, la Unión Europea se ha declarado dispuesta a adoptar las medidas necesarias tratando a la India y al Pakistán en pie de igualdad. 
No obstante, semejante actitud no debe cerrar las vías del diálogo. 
La Comisión Europea está dispuesta a participar en las gestiones de la comunidad internacional para buscar y aplicar iniciativas encaminadas a aumentar la estabilidad regional y detener la proliferación nuclear. 
Señor Presidente, ¿debo entender que, en estos momentos, no se plantea la posibilidad de imponer sanciones? 
No, acabo de decir hace unos instantes que no va a haber sanciones, sino que, al contrario, hay que continuar el diálogo de la forma más eficaz posible con esos países. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes proyectos de resolución: 
B4-0605/98 del Sr. Fassa y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el conflicto entre Etiopía y Eritrea; -B4-0620/98 del Sr. Vecchi, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el conflicto entre Etiopía y Eritrea; -B4-0631/98 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa sobre el conflicto entre Etiopía y Eritrea; -B4-0637/98 del Sr. Günther y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el conflicto territorial entre Etiopía y Eritrea; -B4-0644/98 del Sr. Telkämper y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el conflicto entre Etiopía y Eritrea; -B4-0649/98 de los Sres. Hory y Macartney, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el conflicto entre Etiopía y Eritrea; -B4-0664/98 del Sr. Vinci y otros, en nombre de los Grupos Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el conflicto entre Etiopía y Eritrea. 
Señor Presidente, la guerra entre Etiopía y Eritrea por un territorio de 400 kilómetros cuadrados es, nuevamente, un extraordinario ejemplo de la fuerza destructora de deliberaciones equivocadas, de guerra, de violencia sin sentido, contra lo que la diplomacia preventiva posiblemente habría podido hacer algo. 
Lamentablemente estos países extremadamente pobres, que eran buenos vecinos hasta hace aproximadamente tres meses, no están en condiciones de evitar esta destrucción mutua. 
Sin embargo, cualquier diferencia fronteriza puede resolverse a través de mediación, con un tira y afloja. 
Hay que animar a ambas partes para que acepten un alto al fuego, y agradezco, por consiguiente, la dedicación y la buena voluntad del Gobierno de Ruanda y del Presidente egipcio. 
La Unión debe tener la voluntad de dar toda la ayuda necesaria, y una segura ayuda de emergencia a los refugiados. 
Hay que hacer comprender a estos países pobres que una solución militar para este tipo de pequeños o grandes conflictos no conduce a una solución real. 
Una solución militar no puede ser una solución duradera. 
Señor Presidente, estuve en Etiopía y Eritrea hace unas semanas y me reuní con el Primer Ministro de Etiopía y con el Presidente de Eritrea, además de con muchos otros políticos y personalidades. 
Me parece absolutamente increíble que estos dos países hayan iniciado este conflicto fronterizo. 
La historia está plagada de innumerables guerras sin sentido, pero ésta en concreto debe ser una de las más absurdas de todas las que se libran desde hace cientos de años. 
Se trata de dos países cuyos líderes lucharon juntos contra el malvado régimen del Deurg, el régimen comunista de Etiopía. 
Teniendo en cuenta que de los 175 países del mundo, en el índice del desarrollo de la humanidad de la ONU, Etiopía y Eritrea se encuentran entre los cinco últimos puestos, y el hecho de que este conflicto no sólo conducirá a una pobreza aún mayor en ambos países, sino además a una inestabilidad mucho mayor en toda la región, debemos hacer un llamamiento a ambos países para que abandonen las hostilidades y emprendan negociaciones. 
Presentaré una enmienda oral encaminada a actualizar esta resolución, porque en estos momentos hay un alto el fuego gracias a la mediación de Ruanda, la OUA y los Estados Unidos. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que se mantiene este alto el fuego. 
Hago un llamamiento a ambas partes- los etíopes y los eritreos- para que se alejen de lo que sería una enorme tragedia y avancen con la ayuda de la mediación. 
Hago un llamamiento a la Unión Europea para que haga todo lo que esté en sus manos para garantizar una resolución pacífica de lo que he descrito como un conflicto trágico y sin sentido. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el Presidente de Eritrea acaba de declarar, cuando le preguntaron por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, algo tan sencillo como esto: » Es muy difícil dar una fácil respuesta». 
Y el Presidente de Etiopía, a propósito de los episodios, ha dicho: » Me quedé sorprendido, conmovido y desorientado». 
Ustedes comprenderán que los más sorprendidos y desorientados parecemos haber sido los europeos, porque no cabe la menor duda de que, habiendo tenido, sobre todo alguno de los países miembros de la Unión Europea, fuertes relaciones históricas con aquella zona del mundo, aquí, al parecer, nadie sabía nada. 
Y uno de los puntos de nuestra propuesta de resolución subraya que el Consejo se ha limitado a emitir unas hermosas palabras de condena y que ni siquiera ha tomado parte en los esfuerzos para la negociación que debería poner término a las hostilidades. 
Como sabemos, son los Estados Unidos, Rwanda y la OUA los que han intervenido. 
La pasividad y la inacción del Consejo en esta materia son reflejo escandaloso de la ausencia de una política exterior común, como lo es también el hecho de que, entre dos países de esa vecindad- no sólo geográfica sino ideológica, histórica y, recientemente todavía, bélica- se esté produciendo- aunque, por el momento, parece haberse logrado un alto el fuego- una de esas «guerras del fin del mundo» , por usar la expresión de una extraordinaria novela del escritor peruano-español Vargas Llosa, que seguramente ustedes habrán leído y que lleva el título de «La guerra de los canudos» , en Brasil; una guerra terrible que él noveló con maestría. 
Pues bien, yo creo que nosotros no podemos en el futuro, probablemente tampoco en el presente, limitarnos a ofrecer buenas palabras e incluso generosas ayudas humanitarias, sino que es imprescindible que de esta lección- que, al fin y al cabo, es una lección pequeña en la escala- saquemos las consecuencias que nos deben llevar, señor Presidente, a poner término a nuestra inacción y a nuestra pasividad. 
Seor Presidente, este conflicto entre Etiopía y Eritrea nos ha sorprendido y desconcertado a todos. Nos preocupa que la región se desestabilice más. 
Nos preocupa que se llegue a una tragedia. Los afectados son, ante todo, las personas de esta región. 
Ya están maltratadas por el hecho de ser una de las regiones más pobres del mundo y a esto se añade ahora la guerra. 
Los conflictos fronterizos de este tipo son con frecuencia la expresión de conflictos y de diferencias en el ámbito de la política interna tanto en Etiopía como en Eritrea. 
Creemos que este conflicto no debe agudizarse. Se hace un llamamiento a la Unión Europea para que apoye los esfuerzos diplomáticos. 
Celebramos los esfuerzos de la OUA, de los EE.UU. y de Ruanda. 
En su última declaración a propósito de la Cumbre de Cardiff el Consejo ha afirmado que condena el conflicto, que desea apoyar las soluciones diplomáticas y que también está dispuesto a ayudar directamente a las personas de la región a través de la ayuda material. 
Señor Presidente, permítame intervenir, en parte, como la persona que presidió la reunión en la que se redactó el texto conjunto. 
Deseo apoyar el argumento del Sr. Cunningham, pero nos vimos sorprendidos por la rápida sucesión de los acontecimientos. 
No hacemos referencia explícita a los esfuerzos realizados por Ruanda y los Estados Unidos ni al plan de paz aprobado por la Organización para la Unidad Africana los días 4 y 5 de junio en Ouagadougou. 
Creo que una referencia a todo eso reforzaría enormemente esta resolución, y estoy dispuesto a apoyar al Sr. Cunningham si él quiere proponer algo. 
La resolución que hemos adoptado hace tres referencias que podrían aplicarse. 
Hablamos de los planes de paz en el apartado 1, hablamos de la OUA y del Consejo de esta Unión en el apartado 3 y, en el apartado 5, solicitamos que la resolución sean transmitida a Ruanda y a los Estados Unidos. 
Los más avispados quizá se pregunten: ¿por qué estos dos países? 
Acabo de exponer los motivos, pero pido disculpas si hemos sido poco explícitos. 
Creo que debemos corregir eso, porque todos queremos que termine este conflicto. 
Los partidos, también, han aceptado la mediación ofrecida por estos dos países y aprobada por la OUA, y creo que esta Asamblea querrá apoyarla, para que se ponga rápidamente fin a este conflicto. 
Señor Presidente, como ya se ha dicho, esta guerra es grave no sólo por las víctimas militares y civiles y la destrucción en países que ya de por sí son pobres, sino porque, por una parte, ha deteriorado una relación de cooperación y de amistad entre dos Estados que parecía sólida y, por otra, ha debilitado el que podía convertirse en un modelo de estabilidad y de cooperación sin fanatismos en África. 
Desgraciada y probablemente, en esta etapa, han prevalecido las costumbres guerreras y la fragilidad democrática de los regímenes políticos que surgieron de la dictadura y de la independencia. 
Ahora lo que es importante es que Eritrea y Etiopía hayan aceptado- quiero precisar que gracias a la iniciativa de Estados Unidos y de Italia- acabar con los bombardeos. 
Ahora la Unión Europea, junto con la comunidad internacional, debe empeñarse a fondo para facilitar ayuda a las poblaciones afectadas y a las personas desplazadas, al objeto de encontrar una solución pacífica a la crisis y de crear las condiciones para un verdadero plan de paz. 
La Unión Europea, también en este caso, debe demostrar que quiere desempeñar un papel a escala internacional y que quiere una política exterior y de seguridad. 
Señor Presidente, junto con Tony Cunningham, recientemente tuve la oportunidad de visitar ambos países. 
Debo decir que mientras estaba allí, percibí la tensión. 
Desde la guerra de Liberación nacional, que dio origen a Eritrea, este país ha mantenido disputas con el Yemen, por motivo de las Islas Hanis, y con Etiopía por el territorio del que ahora nos ocupamos. 
Me parece que esta guerra, en particular, no fue desencadenada por la disputa del territorio, sino por motivos económicos. 
La reciente separación de sus monedas ha creado una interrupción importante del comercio, lo que ha provocado altas subidas de los precios a ambos lados de la frontera, debido a la actual escasez de las mercancías con las que comercian ambos países. 
Es uno de los motivos del avance hacia el puerto de Assab por parte de las fuerzas etíopes hacia finales de la guerra. 
No podemos permitir que continúe esta situación. 
Debemos utilizar las fuerzas de presión a nuestro alcance para intentar garantizar el mantenimiento del actual alto el fuego. 
Espero que podamos enmendar oralmente la resolución para actualizarla y para asegurarnos de que el Consejo y la Comisión continúan ejerciendo presión sobre ambos posibles combatientes. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión está extraordinariamente preocupada por los recientes enfrentamientos militares que se han producido en la frontera entre Eritrea y Etiopía. 
Deplora dichos incidentes entre dos países vecinos y comparte las inquietudes que se han expresado. 
Pide firmemente a los dos países que no recurran a la violencia, cesen todas las hostilidades y reanuden las negociaciones. 
Insiste en la necesidad de resolver el conflicto de forma pacífica. 
Acoge con beneplácito y alienta las gestiones de los Estados Unidos, Ruanda e Italia y cualquier otra organización nacional o regional, encaminadas a pacificar la situación y garantizar una mediación con el fin de encontrar una solución pacífica a la crisis actual. 
Espera sinceramente que esos países y organizaciones tengan éxito en su empresa y está dispuesta a ayudarlos. 
La Comisión está dispuesta a prestar una ayuda humanitaria, en caso necesario. 
Ya está examinando las posibilidades de responder a la petición etíope de asistencia a las poblaciones desplazadas en el norte de Tigré. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera en primer lugar expresar mi agradecimiento a todos los demás Grupos, sin excepción, que han apoyado esta resolución, que no es una enésima resolución sobre la cuestión de la pena de muerte, creo que es importante subrayarlo. 
Esta resolución pide algo muy concreto: pide al Consejo que encargue a la futura presidencia- la Presidencia austríaca- que coordine las iniciativas de la Unión en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se inscriba por fin en el programa la cuestión de la moratoria, con perspectivas de éxito. 
Así, pues, es una petición que dirigimos al Sr. Schüssel, Ministro de Asuntos Exteriores, y a la Sra. Ferrero-Weldner, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, y esperamos que puedan ya darnos algunas indicaciones el miércoles del próximo período de sesiones aquí, en Estrasburgo. 
Esperamos que puedan decirnos si han recibido un mandato al respecto del Consejo. 
Creo que es importante. Se trata de una iniciativa concreta. 
No son sólo palabras. Va encaminada a inscribir en la legislación internacional un objetivo que muchos diputados al Parlamento Europeo comparten desde hace mucho tiempo, a saber, la abolición de la pena de muerte y, en todo caso, una primera etapa hacia la abolición definitiva de la pena de muerte. 
Es una forma muy concreta- creo yo- de festejar, de celebrar, el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
En la comunidad internacional existe mayoría. 
Unos 90 Estados se han manifestado ya a favor de un sí a la moratoria, mediante votaciones celebradas en el Consejo, en la Comisión de Derechos Humanos el año pasado y este año también en Ginebra. 
Así, pues, se trata de plasmar en los hechos una mayoría que ya existe. 
Creo que nuestro Parlamento, al pedir tan concretamente al Consejo y a la Comisión que se comprometan en esta batalla, puede una vez más echar un cable que podría ser determinante. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que estoy de acuerdo con Dupuis. 
Mientras Gran Bretaña fue gobernada por los conservadores no se quiso que la lucha contra la pena de muerte llegase a ser un asunto común en la Unión Europea. 
Ahora se ha cambiado. 
Europa está hoy más unida que nunca en esta lucha. 
De hecho, somos la fuerza más poderosa en el mundo para llevar adelante la lucha contra la pena de muerte, lo cual nos enorgullece. 
Esta resolución apunta, como dijo Dupuis, a obtener que la ONU establezca una moratoria en todo el mundo. 
Es importante, ya que hay algunos países, por ejemplo China, Estados Unidos, Irán e Irak, que todavía ejecutan a sus ciudadanos en grandes cantidades. 
¡Esto es una vergüenza! 
El hecho es, señor Presidente, que la lucha de Europa contra la pena de muerte es una expresión del humanismo y de la concepción cultural que actualmente caracteriza a nuestro continente, para gran orgullo nuestro. 
Seor Presidente, seora Comisaria, la Convención Europea de Derechos Humanos con el protocolo que abole la pena de muerte se cuenta entre los fundamentos jurídicos de la Unión Europea. 
Por consiguiente, ésta está obligada a alzar su voz en el diálogo internacional en favor de la supresión de esta pena. 
Estoy de acuerdo con quienes me han precedido en el uso de la palabra en que esta Asamblea debería apoyar y aprobar de manera unánime los pasos concretos que han sido propuestos. 
Debemos hacer todo lo posible para que la pena capital, que constituye un resto arcaico de los tiempos del Derecho sagrado, desaparezca de nuestro ordenamiento jurídico que se basa en los Derechos Humanos y que, por ello, no puede permitir un tipo de pena que suprime al hombre como sujeto de derecho. 
Seor Presidente, el gran experto suizo en economía nacional, Felix Somari, ha dicho lo siguiente en su libro "Krise und Zukunft der Demokratie» :" Aplicar la pena de muerte a un asesino múltiple, significa expiar solamente el primer asesinato. 
Todos los demás asesinatos quedan impunes». 
Este era uno de toda una serie de argumentos suyos contra la pena de muerte. 
Hay una cosa que me resulta muy clara aquí: la pena de muerte junto con todas las legítimas reservas morales constituye solamente una minimización del delito por el que se aplica la mayoría de las veces la pena. 
Una auténtica pena de privación vitalicia de libertad es, seguramente, en la mayoría de los casos la solución más humana, pero también la pena más dura. 
Por consiguiente, celebro mucho que esta resolución se apruebe, ojalá, en el Parlamento Europeo sin enmiendas y sin grandes rodeos. 
Esto concuerda plenamente con la línea de las actividades de nuestro Parlamento, si bien yo celebraría especialmente que por una moratoria claramente diseñada pudiéramos abordar, por fin, la cuestión de la pena capital sin el doble lenguaje que suele ser tan usual. 
En efecto, cuando un estado es muy insignificante, se le condena rápidamente. 
Si el estado es importante, resulta sustancialmente más difícil condenarlo. 
Pienso, por ejemplo, en China, cuando intentamos una vez tratar realmente aquí la cuestión del tráfico de órganos humanos de los condenados a muerte. 
Pero quisiera aludir todavía a otra cosa. 
Si hablamos de la auténtica pena capital, deberíamos dirigir nuestra mirada a la pena de muerte que se aplica con más frecuencia entre nosotros, es decir, la pena de muerte contra la vida no nacida. 
Deberíamos ver esto, de una vez, con otros ojos pues, por desgracia, en la mayoría de los casos ésta se aplica entre nosotros incluso sin proceso judicial. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el Parlamento Europeo solicita de nuevo al Consejo, a los Estados miembros y a la nueva Presidencia austríaca que procuren que, en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas, figure en el orden del día esta moratoria para la pena de muerte, y que sea una moratoria universal. 
También que haya una resolución que así lo solicite. 
Aunque sólo hubiera habido una persona inocente que hubiera sido ajusticiada, ya merecería la pena esa moratoria universal y la abolición de la pena de muerte. 
Pero han sido decenas las personas inocentes que han sido ajusticiadas y, por lo tanto, es inaceptable que, al final de este siglo, aún no esté abolida la pena de muerte. 
Después se va a hablar de Guinea, de 15 personas que están condenadas a muerte y que no han tenido la más mínima posibilidad de tener una defensa aceptable. 
Por ello, nosotros apoyamos la posición de nuestro compañero Manisco, que ha dimitido de la Delegación para las relaciones con los Estados Unidos porque la próxima reunión será en Texas, Estado que tiene el dudoso honor de haber ajusticiado a 10 personas desde marzo hasta ahora. 
Presidente, en primer lugar quiero dejar claro que, personalmente, y por muy diversas razones, estoy en contra en esencia de la pena de muerte, y que, además, al igual que todo el mundo en este Parlamento, estoy conmocionado por la brutalidad con la que se trata a las vidas humanas en países como China o Pakistán, por nombrar tan sólo dos de la larga lista de países. A pesar de todo no voy a votar a favor de la resolución presente, y me voy a abstener. 
No quiero dar una señal equivocada, después de todo, a mi propio país e incluso a mi propio continente. En nuestro continente, en Europa, el problema no es, después de todo, la pena de muerte, sino que el problema es justamente lo contrario. 
Este es el indolente planteamiento, e incluso el negligente enfoque, que se hace de los criminales peligrosos. 
Hace dos años fue abolida oficialmente en Bélgica la pena de muerte por hechos criminales. 
Es una lástima, sin embargo, que no fuera pareja esa abolición con la introducción de penas tales como, por ejemplo, cadena perpetua para los criminales más peligrosos, al contrario. 
Así, hemos ido a parar a una situación en la que en Bélgica, por ejemplo, a condenados sádicos y pedófilos, violadores y asesinos de niños se les deja libres sistemáticamente, volviendo a la sociedad tras algunos años. 
Pongo el acento al hecho de que la situación, lamentablemente, no sólo continúa en mi país, si no que también se puede aplicar a muchos países europeos, tal como hace poco sucedió en juicios dramáticos, principalmente en Alemania y Francia. 
Y lo que es más, el famoso juicio de Dutroux nos ha enseñado que a los asesinos y violadores de niños no sólo se les deja libres, si no que pueden contar con prestaciones sociales. 
En el caso de Marc Dutroux la prestación ascendía a 80.000 francos neto al mes, una cantidad con la que, desvalidos que jamás hicieron ningún mal, únicamente pueden soñar. 
En cierto sentido se podría decir, aun siendo un poco polémico, pero muy justificadamente, que la pena de muerte para estos monstruos reincidentes habría podido salvar la vida de muchos niños. 
El día en que, según mi saber y entender, pueda decir que en mi país, y esto sirve para todos los países de Europa, todos los niños y ciudadanos inocentes están protegidos y asegurados eficazmente, y que los criminales más peligrosos son castigados eficazmente, ese día votaré, con gran convicción, a favor de cualquier resolución contra la pena de muerte, pero hoy en día, a mi pesar, todavía no se da el caso. 
Guinea Ecuatorial 
Señor Presidente, la represión de que ha sido objeto en Guinea Ecuatorial el pueblo bubi a raíz de los confusos sucesos ocurridos en la isla de Bioko el pasado mes de enero, las torturas a las que han sido sometidas las 117 personas de la etnia bubi, acusadas de terrorismo, secesión y traición, las largas condenas impuestas y las sentencias de pena capital que se han dictado contra 15 personas después de un juicio sumarísimo, que no contó con las mínimas garantías exigibles para que se pueda impartir justicia, merecen una condena unánime y el rechazo de este Parlamento. 
Pero no podemos limitarnos a una condena pasiva sino que debemos adoptar frente a estos hechos y, en especial, frente a las sentencias a la pena capital una actitud activa. 
Por ello, debemos pedir también con toda contundencia que se conmuten las penas de muerte y que se revise sobre unas bases justas el juicio al que se ha procedido. 
Pero al mismo tiempo, y porque creemos que el pueblo de Guinea Ecuatorial tiene derecho a vivir en democracia y a que se le garantice el respeto de los derechos humanos, este Parlamento, además de lamentar que no se haya progresado en la democratización de Guinea Ecuatorial- a lo que se había comprometido, por otro lado, el Presidente Obiang en su visita al Presidente Santer el pasado otoño- debe pedir, y lo pedimos con toda contundencia, a la Comisión que suspenda los programas de cooperación de este país excepto la ayuda humanitaria, bien entendido, en tanto no se avance, de manera probada, por el camino de la democratización. 
Porque sólo haciéndolo así, sólo respondiendo con energía al Gobierno de Guinea Ecuatorial, ayudaremos al pueblo de dicho país a recuperar su libertad y su dignidad y a la Unión Europea a recuperar su propia credibilidad ante el mundo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, lo que sucede en Guinea Ecuatorial es ya una larga historia de despropósitos de esta antigua colonia española. 
En estos momentos, el tema ha llegado ya a un punto especialmente grave con la condena a muerte de 15 personas y, además, las condenas a más de 20 años de cárcel de un importante número de personas. 
En este sentido, existe también una acusación contra los miembros de la etnia bubi, que habitan en una parte del territorio de Guinea Ecuatorial. 
Este proceso que ha tenido lugar en Guinea Ecuatorial no ha tenido las mínimas garantías y, prueba de ello, es que unos periodistas occidentales han sido expulsados del país porque la información que daban, posiblemente, no hubiera satisfecho a los gobernantes. 
En este sentido, me adhiero a lo que ha dicho la Sra. Ferrer: es necesario que la Unión Europea condicione las ayudas que pueda dar a la democratización de este país y a ganar, en este sentido, prestigio de cara a los países africanos y, particularmente, de cara a Guinea Ecuatorial. 
Señor Presidente, desgraciadamente, no es la primera vez que este Parlamento tiene que pronunciarse respecto a acontecimientos en Guinea Ecuatorial. 
No hace mucho tiempo, este mismo Parlamento también denunció situaciones semejantes de falta de democracia y respeto de los derechos humanos y fue suspendida la cooperación de la Unión Europea con este país. 
Pero también es cierto que el régimen de Malabo ha sido siempre muy certero a la hora de hacer falsas promesas y, muchas veces, de convencer con sus falacias a las autoridades occidentales. 
Llegó a convencer al propio Gobierno de Francia de su voluntad democratizadora y consiguió, incluso, que el Comisario Pinheiro y el propio Presidente Santer dieran muestras de comprensión levantando las sanciones que este Parlamento había impulsado. 
Ahora vemos que esta acción del Comisario y del Presidente de la Comisión fue un tanto precipitada al no contar con el acuerdo de este Parlamento. 
Ahora asistimos a una situación kafkiana en la que 16 personas han sido condenadas a muerte- por suerte la sentencia todavía no se ha ejecutado, quedando los reos como rehenes del propio régimen. 
Nuestra primera acción debe ser, pues, impulsar, presionar, para que se conmuten estas condenas a muerte así como para que se revise este sucedáneo de juicio en el que, según las organizaciones internacionales, se han producido toda suerte de ataques a la neutralidad judicial. 
Y volver al punto de partida, señor Presidente, volver a pedir, una vez más, que se congele la ayuda de cooperación a este país- indudablemente, excepto la ayuda de emergencia y la ayuda humanitaria- hasta que, de una vez por todas, se den pasos decisivos hacia la democracia. 
Señor Presidente, inmediatamente después de haber reclamado una moratoria de las ejecuciones capitales, encontramos una nueva y desgraciada ocasión de deplorar el recurso a la pena de muerte en las 15 condenas que se acaban de pronunciar en Guinea Ecuatorial. 
Pero, bien pensado, ¿acaso basta con deplorar, desde una postura moral, o incluso suspender una ayuda para el desarrollo poco importante por lo que se refiere a ese país? 
Por su parte, el Grupo radical considera que semejantes barbaries deberían ser sancionadas inmediatamente, primero mediante la suspensión de todas las relaciones internacionales. 
Pero, para recurrir a esa sanción, sería necesario que la Unión tuviese una diplomacia y que sus relaciones con África no fueran simplemente el mínimo denominador común de las diplomacias bilaterales de las antiguas potencias coloniales. 
En este caso, es necesario absolutamente que votemos la resolución de transacción para presionar muy firmemente a las autoridades de Guinea Ecuatorial a fin de que conmuten las condenas pronunciadas y no restablezcan el pasado de violencias sanguinarias y totalitarismo que ese país conoció hace veinte años. 
Por lo demás, en todas las demás ocasiones, el apoyo de la Unión al proyecto de moratoria será el mejor apoyo que podamos dar a las víctimas de todos los arbitrarios. 
Señor Presidente, el pueblo de Guinea Ecuatorial viene sufriendo dictaduras desde hace 30 años. 
Y, precisamente, la Unión Europea ha introducido, como instrumento importante, la cláusula democrática en sus relaciones con el conjunto de distintos países para dar ejemplo, frente a otras potencias, de nuestra voluntad inequívoca de ayudar a establecer un orden internacional diferente. 
Son realmente sospechosas todas las circunstancias que rodean la farsa de juicio que se ha celebrado, y de la propia intentona no está clara su procedencia ni su desarrollo. 
Por ello, pensamos que no tienen ninguna justificación las condenas que se han dictado. 
En ese sentido, la oposición democrática de Guinea Ecuatorial confía totalmente en la Unión Europea, porque está viéndose en el pueblo de Guinea Ecuatorial una desconfianza total hacia los caminos que llamaríamos democráticos de presión, de reivindicación democrática y están apareciendo tentaciones peligrosas, pero que se pueden comprender, de recurrir a la violencia si no hay un cambio fundamental, con la instauración de la democracia en Guinea Ecuatorial. 
Por ello, pienso que es una oportunidad única e importante la que tiene en este momento la Unión Europea de poder ofrecer, con la exigencia de la cláusula democrática y también con la exigencia de firmeza en la relación con el dictador, que lo antes posible- y precisamente, con la vista puesta en las próximas elecciones que se celebrarán después del verano- pueda darse, aparte de la conmutación de las penas, el restablecimiento de la democracia para que por fin en este continente tan azotado empiece a haber una esperanza de derechos humanos y de democracia. 
Señor Presidente, hemos hablado hace un momento de la pena de muerte. 
En una farsa de juicio, 15 personas han sido condenadas a muerte en Guinea Ecuatorial y 117 han sido juzgadas y condenadas también a diferentes penas, además de ser torturadas. 
Este ha sido el resultado de un proceso que se ha llevado a cabo sin ningún tipo de garantías y que se enmarca en la limitación de derechos democráticos que vive el pueblo guineano y, particularmente, el pueblo bubi, que habita la isla de Bioko, la etnia a la que pertenecen estas personas y que también tiene derecho a la democracia, a sus derechos culturales y a sus derechos políticos. 
La Unión Europea puede llevar a cabo todavía acciones y signos para salvar la vida a estas personas y para ayudar a que en Guinea Ecuatorial se establezca un régimen con todas las garantías democráticas. 
Para ello tenemos una herramienta en nuestras manos: la suspensión de la ayuda de cooperación de la Unión Europea a Guinea Ecuatorial, dado que no cumple la cláusula democrática, manteniendo únicamente la ayuda humanitaria de emergencia. 
Por tanto, pido en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo el apoyo a esta resolución, que ayudará a salvar estas vidas y a instaurar la democracia en Guinea Ecuatorial. 
Señor Presidente, todos sabemos que Guinea Ecuatorial es una dictadura, en la que no se respetan los derechos humanos y en la que se acaban de dictar 15 penas de muerte, pero la cuestión es cómo evitar que esto siga sucediendo. 
¿Por qué el Presidente Santer recibió a Obiang el otoño pasado? 
¿Qué Gobiernos le instaron a ello? 
¿Por qué no se aplica al régimen de Guinea Ecuatorial el artículo 5 del Convenio de Lomé? 
Son preguntas que necesitan una respuesta inmediata y una respuesta en positivo. 
Debe suspenderse la cooperación, desde luego. 
Guinea Ecuatorial no puede estar con normalidad en el Convenio de Lomé. 
Pero hay Gobiernos que deberían adoptar una actitud positiva para contrarrestar los intereses económicos multinacionales presentes en Guinea Ecuatorial, que son los que, en estos momentos, fundamentan la posición del Presidente dictador Teodoro Obiang. 
Y, en ese sentido, tenemos que hacer un llamamiento a que dos Gobiernos respondan con claridad: el español y el francés. 
¿Están dispuestos esos Gobiernos a actuar de acuerdo con sus responsabilidades históricas en favor de la democracia en Guinea? 
Desde aquí se lo exigimos. 
Señora Presidenta, a lo largo de más de una decena de años y con una cadencia casi mensual este Parlamento ha seguido de cerca la situación política en Indonesia y, muy particularmente, la dramática situación del oprimido y violentado pueblo de Timor Oriental, territorio que, según el Derecho de las Naciones Unidas, es- conviene no olvidarlooficialmente territorio bajo administración portuguesa. 
Por eso, este Parlamento tiene, en su activo histórico, legitimidad indiscutible para señalar una vez más y traer a la conciencia política europea la noticia sobre lo que pasa en Timor Oriental y la exigencia en cuanto a su necesaria e imperiosa solución. 
Porque estamos convencidos de que nuestra persistencia y continuidad en no dejar caer en el olvido la defensa de una de las causas más largas y más duras, de la democracia y de los derechos humanos, constituye una base política de solidaridad internacional indiscutible para que sea posible encontrar una solución pacífica para el problema de Timor Oriental. 
Quisiera añadir también que, con raro sentido político equilibrado y sensato, la presión del movimiento popular de los indonesios y de su resistencia ha arrancado al nuevo poder, después de la caída del dictador Suharto, un conjunto de declaraciones que, pese a ser contradictorias, infunden la esperanza de una luz al fondo del túnel. 
Por eso, porque todo se puede resolver aún con la democracia y sin más violencias inútiles, todos los firmantes de las propuestas de resolución reclaman como primera de las condiciones para la solución del problema la liberación del dirigente histórico timorense Xanana Gusmão. 
Estamos convencidos de que nadie escapa a la Historia y de que, tarde o temprano, las nuevas autoridades indonesias tendrán inexorablemente que liberarlo. 
Señora Presidenta, Señorías, una vez más se plantea en este Pleno el problema de Timor: ahora en un marco político- parece- más abierto y esperanzador. 
El nuevo Presidente de Indonesia ha empezado a liberar a los presos políticos y el Gobierno de Indonesia admite por primera vez una solución para Timor en un marco y con un estatuto que respete los intereses de ese territorio. 
La comunidad internacional, en particular los Estados Unidos, incluyen a Timor en su orden del día político y el Consejo Europeo de Cardiff- y yo me congratulo de ello- sacó a relucir el problema de Timor y adoptó una posición al afirmar que era necesario encontrar una solución justa e internacionalmente aceptable para ese territorio. 
Nos congratulamos de ello y esperamos que de ese modo se pueda encontrar una solución para ese problema. 
Sería una señal política y considero que la Unión Europea podría desempeñar un papel político importante en esa cuestión, porque Xanana no es un preso de delito común. 
Criminales de delito común son los que mataron a jóvenes indefensos y sin armas en un cementerio de Dili, criminales de delito común son quienes siguen matando a jóvenes manifestantes que luchan por una causa justa. 
Xanana Gusmão es un preso político que debe ser liberado y su liberación sería una señal política importante. 
Señora Presidenta, Señorías, Portugal y los diputados portugueses del Parlamento Europeo tienen, por razones pasadas y actuales, la obligación política y moral de insistir en esta instancia de la Unión Europea en el cumplimiento íntegro de las resoluciones de las Naciones Unidas, en la observancia del Derecho internacional y en el respeto de los derechos humanos en Timor Oriental. 
Hasta ahora, el nuevo Gobierno de Indonesia no ha dado paso alguno para la liberación del pueblo de Timor Oriental y de su dirigente político Xanana Gusmão y continúa la represión violenta de las manifestaciones pacíficas y legítimas de un pueblo que lucha por su libertad. 
Nos congratulamos de la posición adoptada en el Consejo de Cardiff en relación con el problema de Timor Oriental y solicitamos al Parlamento Europeo la confirmación de dicha posición de condena del actual Gobierno de Indonesia. 
Señora Presidenta, a la heroica resistencia del pueblo de Timor Oriental contra la ocupación militar se ha juntado la lucha del pueblo de Indonesia contra la dictadura. 
El dictador ya ha caído. 
Es preciso que caiga la dictadura y que termine la ocupación militar para permitir la materialización del derecho inalienable del pueblo timorense a la libre determinación. 
Por nuestra parte, sólo tenemos que mantener la presión que ha obligado al Parlamento Europeo a presionar. 
Estuvimos solos, o casi, pero la negativa del pueblo timorense a desistir, a pesar del genocidio, posibilitó que hoy estemos acompañados. 
En el Parlamento Europeo, en el Consejo Europeo, en los Estados Unidos, en otros lugares. 
Sólo tenemos que persistir. 
Entre otras cosas, para que la cuestión de Indonesia/Timor Oriental no se reduzca o disipe en un problema económico-financiero en el que la Unión Europea, el FMI y otras instancias procuran prestar ayuda que a sí mismos ayude. 
La cuestión central es y sigue siendo el respeto del Derecho internacional y el derecho a la libre determinación. 
Señora Presidenta, desde 1965 es probable que en ningún otro lugar del mundo, un sector tan amplio de la población haya sido asesinado o haya sufrido flagrantes violaciones de los derechos humanos a manos de las autoridades, como en algunos territorios bajo el régimen indonesio. 
En Timor Oriental se estima que una tercera parte de la población ha perdido la vida desde la invasión de Indonesia en 1975. 
Ahora que el colapso económico ha forzado la dimisión del Presidente Suharto, existe una última esperanza de que se produzca un cambio radical. 
El Presidente Habibie ha prometido reformas y el ejército, bajo de moral y dividido a raíz de la crisis, comienza a mostrar una cierta moderación en la dispersión de las manifestaciones de la oposición. 
Hay informes que apuntan a la posibilidad de que se produzca una grave escasez de alimentos, lo que podría provocar nuevas oleadas de violencia. 
Es imprescindible que el Presidente adopte medidas inmediatas para resolver los problemas que podrían desencadenar enfrentamientos, quizá en contra de los chinos, que ya han sido las víctimas. 
Estas medidas son la liberación inmediata de todos los presos políticos, especialmente de Xanana Gusmão de Timor Oriental, y el reconocimiento del derecho de la población de Timor Oriental a la autodeterminación. 
Esta misma semana, a pesar de la moderación del ejército, en Dili ha aumentado la tensión a raíz de las noticias del fusilamiento de un civil en algún lugar. 
En Indonesia, la población exigirá elecciones realmente libres y, con el alto índice de la población menor de treinta años, podrían surgir fuerzas totalmente nuevas para participar en una transición de gran alcance, que esperemos sea pacífica. 
En la terrible crisis económica, los peligros de una apabullante catástrofe son considerables, pero sin un profundo cambio político, serán mucho mayores. 
La Unión Europea debe apoyar el cambio y el final de toda la represión. Debe estar dispuesta a garantizar que su importante ayuda económica se utiliza para apoyar la transición. 
Hago un llamamiento a la Asamblea para que apoye esta resolución. 
Señora Presidenta, por fin existe una oportunidad en Indonesia para la renovación y la democratización. 
Las disculpas de la dirección militar indonesia ayer por la muerte de un joven de veintiún años son típicas de esos cambios. 
La liberación hasta ahora de quince presos políticos de Timor Oriental es otra señal positiva. 
Pero, naturalmente, es necesario algo más. 
Tenemos la oportunidad ahora de que se llegue a una solución duradera de este conflicto prolongado en el Timor Oriental. 
Pero para eso es necesaria la reanudación de la presión internacional. 
Son buenas las promesas del nuevo Presidente Habibie acerca de que Timor Oriental vaya tener un estatuto especial, pero no van suficientemente lejos. 
Ha de garantizarse el derecho a la autodeterminación, se debe poner en libertad a los presos políticos, y se debe indagar en las violaciones a los derechos humanos. 
Esta es la única base para una solución duradera a este conflicto. 
El Presidente de Indonesia no debe considerarse rico por el momento; únicamente a través de reformas exhaustivas se pueden sentar las bases para la confianza de clientes e inversores, y para que haya una situación económica saludable y bienestar para los ciudadanos. 
Señora Presidenta, las fuerzas democráticas indonesias han logrado expulsar al dictador Suharto. 
Han obligado al nuevo Gobierno a aplicar unas primeras reformas políticas y económicas. 
Son otras tantas brechas que las fuerzas democráticas van a intentar agrandar. 
El yugo que impedía toda libertad de expresión, información y asociación se está aflojando. 
Se ha liberado a sindicalistas y miembros de la oposición política. 
Pero esa apertura política sigue siendo moderada y la liberación de los presos políticos es relativa, ya que excluye a los presos comunistas condenados a muerte en 1965 por Suharto y los que fueron condenados por su oposición a la ocupación de Timor Oriental. 
Nuestro Grupo da su apoyo total a las fuerzas democráticas en su lucha por un verdadero cambio económico y político, que desbarata el poder económico y financiero del clan Suharto y responde a las necesidades de las poblaciones. 
Pedimos también la organización de elecciones libres y democráticas y la liberación de todos los presos políticos, sin exclusión, en particular los que llevan 32 años en los pabellones de la muerte y que son originarios de Timor Oriental, como Gusmão. 
Me congratulo de que esta propuesta de nuestro Grupo haya sido recogida en la resolución común y por el Consejo Europeo, celebrado los días 15 y 16 de junio en Cardiff, que pidió la liberación de todos los presos políticos. 
Señora Presidenta, la población de Timor Oriental ha contado con un apoyo sin reservas por parte del Parlamento Europeo. 
Ahora es el momento también de actuar con firmeza. 
Éste sería el momento oportuno para mandar una delegación del Parlamento Europeo a Timor Oriental. 
En caso de que no se pudiera todavía enviar una delegación oficial, también valdría una delegación no oficial, puesto que lo importante es hacer una visita a este lugar. 
Debemos velar con determinación para que los recursos destinados a Timor Oriental con cargo al presupuesto de la UE se utilicen con los fines para los que han sido asignados, ya sean éstos de ayuda al desarrollo o de ayuda humanitaria. 
Resulta razonable asimismo exigir que la Unión Europea respalde los movimientos democráticos de Indonesia y de Timor Oriental. 
Desgraciadamente, en el seno de la Comisión parecen existir algunas contradicciones sobre el uso de estos fondos presupuestarios. 
Me temo que estas contradicciones sean una señal de que se ha preferido primar el mantenimiento de las relaciones con Indonesia, a pesar de lo cual es precisamente ahora cuando tenemos todos los motivos para pensar que debemos actuar con gran coraje y decisión. 
Señora Presidenta, es evidente que el objetivo real aquí es la retirada de Indonesia del territorio ocupado de Timor Oriental, y el derecho de su población a la autodeterminación. 
Debemos acoger con satisfacción los hechos positivos que han ocurrido últimamente. 
Por ejemplo, como ha mencionado el Sr. Berthu, la disculpa de las autoridades por la trágica muerte por disparos de un estudiante de 21 años es un acontecimiento histórico. Demuestra que las cosas están cambiando. 
Pero los líderes de la resistencia de Timor Oriental siguen en prisión. 
Pedimos la liberación incondicional del Sr. Gusmão. 
También creo que deben ser liberados todos los prisioneros políticos. 
Es evidente que su encarcelamiento es injusto: luchaban por la autodeterminación, sus derechos humanos han sido pisoteados una y otra vez, y deben ser puestos en libertad, porque han pasado mucho tiempo en prisión por el único motivo de defender su derecho a la autodeterminación. 
Quisiera llamar la atención sobre otro punto que debe ser investigado, a saber, la violación de muchas mujeres chinas en Yakarta durante los disturbios. Eso también debe ser investigado. 
Es una situación que causa consternación. 
Chad: 
Presidente, a un cierto número de países en África no les va bien. 
Hace algunos años se tenía todavía la impresión de que en una enorme parte de África se restablecería la estabilidad, la democracia, el respeto por los derechos humanos y las minorías, pero observamos, cada vez más y más, que tenemos que volver a hacer observaciones críticas a un número creciente de países africanos. 
Mi grupo no quiere distanciarse de antemano de los planes de las tres compañías petrolíferas implicadas en construir un oleoducto en Chad y Camerún. 
Si bajo la dirección del Banco Mundial se pueden cumplir todas las condiciones sociales y del medio ambiente, no se les puede negar a esos países, naturalmente, el beneficio y provecho económico de un proyecto como este, pese a que muchos otros países puedan beneficiarse también de la producción de petróleo. 
Pero vemos que en determinadas regiones de Chad han surgido graves problemas, ya que, evidentemente, hay que desplazar a muchos pueblos debido a este proyecto, y hay gente que va a perder su lugar de residencia. 
Vemos, además, que los políticos, como el Sr. Yorongar, han sido arrestados, porque salen en defensa de los intereses de estas personas. 
Cuando se trata de minorías, que en concreto en Chad se encuentran bajo presión, y vemos que crece la represión, se puede hacer una comparación con el problema nigeriano, con el arresto y la muerte de Ken Saro Wiwa. 
En Chad existe la amenaza de que ocurra a pequeña escala lo que ocurrió en Nigeria a gran escala. 
Con esta resolución no queremos hacer todavía una dura condena, pero sí dar una señal sólida al Gobierno de Chad, y también a las compañías petrolíferas implicadas, para que no se siga el mismo camino que en Nigeria, para que muestren respeto por la democracia y los derechos humanos y para que, y me dirijo para esto naturalmente al Gobierno, se deje en libertad inmediatamente al Sr. Yorongar, y también para que se hable con muchos otros activistas que se preocupan por las minorías, para darles la oportunidad de que expongan sus puntos de vista al Parlamento, y para que no se elija el camino de la represión, del arresto y de cosas peores. 
Este es el objetivo de esta resolución. 
Para ello pedimos que actúe la Comisión y el Consejo. 
Espero de todo corazón que en un pronto estadio podamos evitar algo que si no quizás amenace con seguir un camino desafortunado. 
Seora Presidenta, ya hemos discutido aquí numerosas veces sobre las violaciones de los derechos humanos en el Chad. 
Teníamos la esperanza de que cambiase la situación después de que tras las violaciones de los derechos humanos de octubre de 1997 el Presidente nos asegurase que éstas no se producirían más. 
En marzo del presente ao han sido masacrados por el ejército 100 personas civiles o ancianos de aldeas. 
Hubimos de constatar el caso más reciente de violación de los derechos humanos con ocasión de una actividad organizada por el Parlamento Europeo, la segunda cumbre P-7, los Porest Seven, que ha tenido lugar la semana pasada en Bruselas. 
Un miembro del Parlamento del Chad debía hablar en la misma el viernes a las 9.30 sobre este proyecto petrolífero de la cuenca de Doba. 
Este colega del Chad, el Sr. Yorongar, tenía a las 9, 30 una citación judicial y fue condenado a la prolongación de su pena privativa de libertad. 
Desde el 3 de junio se encuentra en prisión, precisamente por haber criticado este proyecto. El proyecto prevé 300 perforaciones en el sur del Chad un oleoducto de 170 kilómetros de largo en el Chad y otro oleoducto de 700 kilómetros de largo en Camerún. 
En nuestra opinión no se ha evaluado suficientemente si esto es socialmente sostenible, es decir, no se ha implicado a la población. 
Mucho menos se han adoptado medidas preventivas suficientes en relación con el medio ambiente. 
No estamos en contra por principio, pero deberían garantizarse una evolución democrática, la participación de la población y el cumplimiento de los estándares relativos al medio ambiente, cosas que el propio Banco Mundial exige. 
El Banco Mundial prevé 55 millones de dólares para el Chad y 58 millones de dólares para el Camerún y afirma que creará puestos de trabajo. 
4.000 puestos de trabajo en una región en la que viven en régimen de economía de subsistencia 28.000 personas, apenas pueden ser algo. 
Si diariamente se vierten al medio ambiente 8.000 litros de crudo a través de leckages, puede que tampoco sean suficientes estos análisis de compatibilidad con el medio ambiente. 
Pedimos al Banco Mundial, así como a la UE y también a Shell, Exxon y Elf, que reflexionen una vez más sobre este proyecto y prosigan luego cuando esté garantizada una situación acorde con la dignidad humana. 
Señora Presidenta, desde su independencia el Chad es presa, desafortunadamente, de un engranaje de golpes de Estado y abusos de autoridad y de una guerra civil que en modo alguno merece ese nombre, pues en ella se oponen tan sólo facciones militares minúsculas. 
Se creía, se decía que esa dramática situación era debida a la extremada pobreza del Chad, uno de los países menos avanzados del planeta. 
Y de pronto se desencadenan nuevas violencias, matanzas de civiles, detenciones de opositores, periodistas, militantes en pro de los derechos humanos, exacciones diversas. 
Esta vez la razón es diferente. 
Las convulsiones del Chad se deben, al parecer, a su riqueza potencial. 
Dicen que el suelo del Chad huele a petróleo. 
Empresas americanas y europeas están ejecutando conjuntamente un proyecto de explotación petrolera y las autoridades del Chad prohíben cualquier oposición a dicho proyecto. 
Como ha dicho la Sra. Maij-Weggen, no se trata de que expresemos una condena categórica, sino de que hagamos una advertencia enérgica. 
El Sr. Yorongar, diputado de oposición, que debía venir a hablarnos de las reservas de la población respecto de ese proyecto, ha sido detenido, cosa que no podemos tolerar. 
Debemos utilizar los instrumentos que brinda el Convenio de Lomé y todos los medios de presión de la Comisión, pero también la audiencia internacional de nuestro Parlamento, para exigir al Gobierno del Chad la liberación de las personas encarceladas y para hacer que las empresas interesadas sometan sus proyectos a un control verdaderamente democrático. 
Señora Presidenta, hace más de un año que intervine aquí mismo para denunciar la violación flagrante de los derechos humanos en el Chad, país marcado por treinta años de guerra y agresiones diversas. 
La situación, pese a las promesas de los dirigentes chadianos de respetar los derechos humanos, no ha hecho sino agravarse y es particularmente preocupante hoy. 
Se inculpa a periodistas por difamación y se los arroja a la cárcel por haber denunciado malversaciones cometidas por dirigentes políticos. 
El diputado Yorongar ha sido detenido por las mismas razones. 
El Gobierno del Chad debe saber que no podrá proseguir impunemente esta política de represión. 
Además, deberá poner fin a las actividades militares en la región meridional. 
Por otra parte, si quiere proseguir el proyecto de extracción petrolera, no podrá hacerlo salvo si se respetan los derechos humanos, como también las normas de protección del medio ambiente. 
De lo contrario, se debería pensar en aplicar sanciones, pues la Unión no podrá cerrar los ojos indefinidamente ante las atrocidades cometidas en ese país miembro del Convenio de Lomé. 
Presidente, hace más de diez años recibía diariamente en la redacción del periódico artículos periodísticos acerca de la lucha titánica entre Hussein Habré y el Sr. Deby, con el apoyo intercambiado de Libia y Francia, ya que en la franja del Auso estaban los minerales preparados para su explotación. 
Desde hace poco el país tiene estabilidad bajo el mandato de Deby pero, lamentablemente, Presidente, el país ocupa todavía el quinto puesto dentro de la lista de los países más pobres; es comprensible que un país como este quiera explotar sus fuentes. 
De ahí que un consorcio internacional, de acuerdo con organizaciones relevantes, ha hecho una propuesta, a la que, finalmente, el Banco Mundial tiene que dar su aprobación. 
Para la ejecución de ese proyecto se me ha asegurado que se va a utilizar una técnica ultramoderna, de tal modo que no puede ocurrir lo que sucedió en Nigeria. 
No puedo evitar tener la sensación de que la opinión acerca de este proyecto sufre sin embargo las influencias desventajosas del drama nigeriano. 
Pienso, precisamente, que el compromiso del Banco Mundial es una garantía para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del proyecto. 
Presidente, entretanto he sabido por una fuente fiable que los dos periodistas presos están en libertad. 
Naturalmente, también abogo en favor de la liberación de nuestro colega parlamentario. 
Estaría bien, Presidente, si se pudiera mantener el contacto con este país a través de los países ACS. 
¿Qué hace la delegación ACS, realmente, si no mantiene el diálogo correcto en el momento preciso? 
Por cierto, Presidente, a mí me parece que esta resolución no está bien fundamentada desde ambas partes y, por eso, no puedo votar a favor de ella. 
Pakistán: 
Señora Presidenta, a Sócrates le dieron a beber la copa de cicuta porque había ofendido a los dioses. 
Una acusación como esa era, en esos tiempos, un remedio probado para condenar a alguien con el que vivías en discordia. 
Por calumniar a los dioses existía la pena de muerte. 
Aunque Sócrates vivía en la Grecia Antigua, parece seguir existiendo esa legislación todavía hoy en día. 
Así, se viola regularmente la legislación islámica para resolver odios familiares. 
Por algunas acusaciones de injuria a Mahoma se puede imponer la pena capital. 
Naturalmente una ley religiosa de estas características está en contraposición con nuestro sentimiento del derecho, y preferiríamos que fuera abolida. 
Tenemos que ir en contra, en cualquier caso, de un uso desigual de estas leyes, por las que ciudadanos inocentes pueden ser condenados a muerte. 
A Pakistán le gusta verse considerada como una nación moderna, pero parece no hacer caso todavía a las reglas de derecho elementales. 
Un país que quiere formar parte de una comunidad de pueblos tiene que mostrar, al menos, respeto por las minorías que viven en su territorio, entre ellas las minorías religiosas. 
En 1991 se introdujeron leyes religiosas que, en la práctica, constituyen una grave amenaza para las minorías religiosas en este país. 
Los pasados años fueron a la cárcel muchos cristianos acusados de maldecir el nombre de Mahoma. 
Algunos de ellos fueron asesinados en prisión por musulmanes fanáticos. 
Pero, sin embargo, no sólo los cristianos se ven amenazados por esta ley. También otros grupos de no musulmanes e incluso musulmanes, que no experimentan su fe de forma tan pura, viven con un miedo constante de caer en la trampa de las leyes religiosas. 
En la práctica, estas acusaciones parecen resolver, al igual que en la Antigüedad, odios familiares personales. 
Las personas, que por una vez han sido acusadas, apenas pueden escaparse de una condena. 
Recientemente se ha nombrado el caso de AyubMassih, que fue acusado por su vecino de blasfemia. 
Este vecino tenía ya hace años un conflicto con él debido a un terreno. 
Tras haber sido arrestado, recientemente el juez le ha condenado en primera instancia a la pena capital. 
Entretanto ha recurrido pero, lamentablemente, los jueces de tribunales superiores tienen miedo, a menudo, de absolver a alguien que ha sido acusado de blasfemia. 
Un juez, que lo hizo el año pasado, fue asesinado poco tiempo después posiblemente por esa razón. 
Esta semana se ha dado a conocer que a finales de mayo el cristiano Shafik Massih fue acusado de injuriar a los dioses, tras una discusión sobre una instalación eléctrica. 
En Pakistán hay, ciertamente, muchas protestas en contra de estas leyes. 
Pero lo sorprendente es que los musulmanes que se demostraron en contra de esta ley podían seguir su camino, mientras que los cristianos que protestaban en contra de la ley, fueron arrestados con violencia por la policía antidisturbios. 
En la resolución, que esperemos más tarde alcance el Parlamento Europeo, queremos llamar la atención al Gobierno paquistaní para que derogue esta ley, o al menos que la limite. 
En cualquier caso el Gobierno de Pakistán tiene que ocuparse de que todos los ciudadanos de su país reciban un mismo procedimiento judicial. 
El acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Pakistán, que está preparando en estos momentos la Comisión Europea, habla del respeto por los derechos humanos y por los principios democráticos como base del acuerdo. 
Pedimos a la Comisión Europea, al término de este acuerdo de cooperación, que preste atención explícitamente a esta violación del derecho y que, después, también explícitamente lo siga manteniendo presente. 
Si Pakistán cumple estas condiciones, la colaboración entre la Unión Europea y Pakistán puede continuar. 
En el caso de que Pakistán no de ninguna respuesta a esto, tendrá consecuencias en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Pakistán. 
No se puede consentir que la Comisión Europea mantenga buenas relaciones con un país, en donde las minorías religiosas son oprimidas y discriminadas sistemáticamente. 
Seora Presidenta, quisiera enlazar rápidamente con esto. 
No son las pruebas nucleares lo que nos ocupa, sino un mal que con frecuencia se introduce lentamente, que a veces comienza calladamente pero que con frecuencia termina mal, en concreto, la marginación de las minorías religiosas. 
El mal no surge solamente a causa da las religiones de estado, sino también a través de un fundamentalismo mal entendido que se sirve, por ejemplo, de semejante ley de la blasfemia que es aplicada con severidad. 
En Pakistán este mal se ha vuelto virulento y patente a causa de la muerte del obispo católico John Joseph, pero la situación en Pakistán ha sido también el tema de un grupo de trabajo del Congreso Católico Alemán en la semana pasada, sin sospechar siquiera lo que iba a suceder. 
Las minorías se caracterizan con frecuencia por diversos factores: diferencias étnicas, religiones, lengua y cultura diferentes. 
Hay siempre circunstancias asociadas. 
Se utiliza la religión para reprimir la libertad de pensamiento y de información, para influir en los tribunales y en la administración de justicia, para ejercer la violencia a través de la policía y a través de grupos fanáticos. 
Quisiéramos manifestar al Gobierno pakistaní nuestra gran preocupación incluso antes de la próxima consulta, aunque actualmente está aplazada, del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de cooperación. 
Deseamos apoyar todos los esfuerzos encaminados a configurar las leyes de tal manera que se garanticen los derechos humanos, los esfuerzos por la democracia y por el estado de Derecho y la existencia de libertad religiosa para todos los que deseen vivir pacíficamente en su país. 
Se me ha comunicado que el Gobierno pakistaní emprendería los esfuerzos correspondientes. 
Es seguro que actualmente está suprimida la pena de muerte. 
Siendo ello así quisiéramos interpretar nuestra resolución como un apoyo para aquellos que en una situación política difícil quieren configurar a Pakistán como un estado moderno. 
Pero, en cualquier caso, sin bomba atómica, por favor. 
A este respecto permítanme recordar que el fundador del estado de Pakistán, Mohammed Ali Jinnah, defendía la idea de la igualdad de todas las religiones. 
Espero que el Pakistán moderno tome esto en cuenta. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Socialista, quiero mostrar mi satisfacción por esta resolución. 
Sé que mi colega Anita Pollack, bajo los auspicios de la Delegación para las relaciones con el Sudeste Asiático, ha planteado este asunto en varias ocasiones durante visitas y reuniones de la delegación con representantes de Pakistán. 
El año pasado fui a visitar al embajador paquistaní ante la Unión Europea y traté con él sobre una serie de casos. 
Su respuesta entonces fue, " mire, tenemos una vasta población de muchos millones de personas y usted sólo puede presentarme seis casos». 
Pero durante los últimos 12 meses, ha quedado suficientemente claro que se está aplicando mal el apartado 295 © del Código penal paquistaní, que prevé la pena capital: a menudo para atajar luchas encarnizadas entre familias; en otros casos, en base a fundamentos jurídicos muy dudosos, con sólo cuatro testigos; y a menudo se utiliza también para hostigar no sólo a los cristianos, sino también a otros grupos minoritarios de Pakistán. 
Hay informes espeluznantes sobre lo que sucede cuando estos casos son llevados ante los tribunales. 
En un tribunal, un grupo de personas de la localidad comenzó a construir una horca a las puertas del edificio para dejar perfectamente claro que, independientemente de lo que sucediera allí dentro, las personas serían linchadas. 
Nos enfrentamos, por tanto, a una situación grave. 
Quiero, no obstante, que algo quede perfectamente claro. 
El mes próximo debatiremos el informe Berger sobre cultos y sectas. El mes próximo analizaremos el informe Oostlander sobre el fundamentalismo musulmán. 
Me gustaría que, cuando este Parlamento analice dichos informes, actuemos coherentemente y garanticemos que no aprobamos ninguna resolución ni ninguna proclamación que pueda ser utilizada como evidencia de que en la Unión Europea no somos ningún ejemplo, sino un faro dirigido al mundo para la tolerancia religiosa. 
Seora Presidenta, desde la ley de la blasfemia en 1986 las minorías religiosas de Pakistán, los cristianos y los musulmanes Amadi, ven recortados sus derechos civiles. 
La ley prevé la pena de muerte y la pena de cadena perpetua para el abuso del nombre del profeta Mahoma y es utilizada sin compasión para perseguir a las minorías religiosas. 
La ley sharia de 1991 rige solamente para musulmanes, incita a agredir a las personas que piensen de otra manera, y las mujeres, aquí las no musulmanas, en especial, se ven fuertemente afectadas por la política fundamentalista, son totalmente excluidas socialmente. 
Otra discriminación es el sistema electoral dividido. 
Como vicepresidente de nuestra Delegación de la ACRAS del Parlamento Europeo poseo informaciones. 
Allí los musulmanes tienen solamente una posibilidad, la de votar candidatos musulmanes, las minorías sólo tienen la posibilidad de votar candidatos de sus filas, y la consecuencia es la siguiente: en las aldeas de los cristianos no hay calles, no hay suministro de electricidad y de agua, y el acceso a un agua limpia incluso llega a ser totalmente imposible. 
La ley de la blasfemia no sólo debe ser suavizada, sino abolida. 
Esperamos de Pakistán que encuentre el camino de vuelta hacia la visión del fundador de su estado, Mohammed Ali Jinnah, y haga, por fin, realidad los derechos humanos. 
Guinea-Bissau: 
Señora Presidenta, hace diez días que dura un conflicto que nadie sabe cuántos muertos ha hecho en un bando y en el otro. 
Ese conflicto se empantana con su cortejo de consecuencias desesperantemente previsibles: epidemias que afectarán a las ciudades, movimientos de población que espantarán a los países vecinos, inestabilidad regional cuyas prolongaciones han de ser por fuerza inquietantes. 
Ese conflicto se produce también en un marco tristemente familiar, marcado por la pobreza, por un mínimo acceso a la educación, a la atención de salud y a los demás servicios públicos. 
Pero, como Jano, la pobreza tiene dos rostros. 
Favorece una cultura del ingenio y de nuevas solidaridades, pero al mismo tiempo riega terrenos favorables a todos los comercios equívocos. 
Desde luego, unas condiciones de vida decentes no suprimen completamente los tráficos (basta con ver la buena salud de los tráficos de droga en Europa, además de otros mercados negros) , pero al menos desecan parcialmente los pantanos en los que proliferan. 
Una de las grandes dificultades y también uno de los grandes riesgos que este conflicto hace correr a la estabilidad es el de que se alimenta de solidaridades étnicas seculares, cuando resulta que las naciones africanas tienen menos de cuarenta años, y la causa esencial de dichas solidaridades tan tenaces es una política de descolonización aplicada al final del expansionismo guerrero europeo, que consistió sobre todo en trazar líneas geoestratégicas en mapas, en lugar de tener en cuenta realidades humanas. 
Entre las causas más recientes, se encuentra también un estancamiento de las políticas de codesarrollo. 
En cualquier caso, las fronteras de esos países están establecidas y reconocidas sobre una base internacional y no debemos considerar que el conflicto y el regreso a la paz en Guinea-Bissau son responsabilidad exclusiva de los Jefes de Estado democráticamente elegidos, del Jefe de Estado del Senegal y de los buenos oficios del Jefe del Estado de Gambia. 
Corresponde a nuestro Parlamento hacer valer su autoridad moral y su peso político para velar por que una institución regional como la Organización de la Unidad Africana puede intervenir en dicho conflicto, garantizar un cese el fuego y mantener la paz. 
Señora Presidenta, Guinea-Bissau ya pertenecía al grupo de los países más pobres del planeta y, por ello, constituía a veces el argumento ideal en los documentales sobre las tristezas del tercer mundo. 
Desde hace doce días, al son de los cohetes y las ametralladoras, de una rebelión militar a la que se han opuesto el poder constitucional y sus aliados de los países vecinos, del Senegal y de Guinea-Conakry, Guinea-Bissau figura en las primeras páginas de los medios de comunicación del mundo entero. 
El balance no podía ser más devastador: la capital del país en vías de destrucción física, la población huyendo en masa a países vecinos- y hay noticias de que seis mil refugiados se encuentran en Dakar, mientras Lisboa y Cabo Verde siguen recogiendo a refugiados -, dramática carencia de alimentos y medicamentos, centenares de muertos civiles y un número desconocido de bajas militares. 
La prolongación de la lucha armada hace pensar también que la reconquista, pese a ser progresiva, ha sido difícil, lo que podría significar un equilibrio de fuerzas no desdeñable. 
Hay que lograr urgentemente un cese el fuego bilateral como condición para una negociación. 
Pero que se evite un exceso o una multiplicación de los esfuerzos de mediación que en este momento se proyectan. 
En el terreno hay una misión de Gambia; la OCP-LP se ha ofrecido para mediar en el conflicto; en esta resolución del Parlamento Europeo se hace un llamamiento a la Unión Europea y a las Naciones Unidas para que intervengan. 
Pero un conflicto entre africanos debería ser resuelto entre africanos, por lo que la OUA parece una entidad bien situada para hacerlo. 
Guinea-Bissau ha sido desde hace algunos años una democracia, aunque imperfecta. 
La estabilidad en el África Occidental exige el restablecimiento del orden constitucional, que encuentra su referencia principal en el Presidente Nino Vieira. 
Pero sobre éste recae la responsabilidad política de evitar, a toda costa, la transposición de un conflicto militar regular en una antigua, conocida e interminable lucha de guerrilla que la experiencia de la época colonial debería haber dejado como lección para la Historia. 
El único que se lucra es quien vende armas, el único que pierde es el pueblo. 
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, la situación en Guinea-Bissau es compleja, fluida y está sujeta a mutaciones políticas permanentes. 
Por eso, la presente resolución tenía que interpretarse con la prudencia de quien reafirma los principios y apela sobre todo a la paz. 
Paz indispensable para concretar la ayuda a los millares de refugiados, pues sólo hoy se prevé la primera llegada de ayuda humanitaria por Bafatá, gracias al empeño y la generosidad de las Fuerzas Armadas portuguesas, a la Cruz Roja y a las instituciones religiosas y de solidaridad social, con el apoyo activo de la Unión Europea: paz a la que ya apeló el Consejo, en particular como consecuencia del empeño de Portugal, de Francia, de la Presidencia y de los demás Estados miembros de la Unión; paz a la que han apelado Su Santidad el Papa y diversas organizaciones internacionales; paz para la cual se ha movilizado la comunidad de los países de lengua oficial portuguesa, ayer reunida en Lisboa; paz en nombre de la cual se trasladó a Bissau el Ministro de Asuntos Exteriores de Gambia, para intentar hacer de mediador. 
El Parlamento Europeo pide el restablecimiento del orden constitucional con la deposición de las armas y la solución pacífica de un grave conflicto interno y regional, el establecimiento del orden constitucional y democrático en el marco de las instituciones políticas de Guinea-Bissau, con respeto de la soberanía y la integridad territorial de ese país. 
Por eso en la resolución se remite al papel de la OUA y de las Naciones Unidas. 
Por último, quiero referirme en esta ocasión a la inmediata disponibilidad de la Comisión en el apoyo a la ayuda humanitaria y subrayar el papel desempeñado por Portugal, en colaboración con Senegal y Cabo Verde, en la repatriación de los refugiados, la mayoría de ellos oriundos de Estados miembros de la Unión. 
Refugiados y población que son a fin de cuentas la primera razón de ser de nuestras preocupaciones. 
Seora Presidenta, quien haya conocido Guinea-Bissau en el pasado sabe cuáles son las razones de la crisis actual. 
Hace pocos decenios la población vivía todavía relativamente bien, quizá no era rica, tampoco había un gran desarrollo, pero los portugueses realizaron realmente allí algo de lo que deberían estar orgullosos. 
Después, el país se ha hundido a causa de la corrupción y de la intervención extranjera. 
Creo que hay que reconocer sencillamente que hoy, por ejemplo, la protección del medio ambiente es absolutamente mala. 
Cuando estuve allí- hace ya mucho tiempo- las personas de las islas, por ejemplo, de las Bijagós, podían realmente vivir. 
Tenían suficiente para comer, pero ahora todo ha sido destruido por la contaminación del medio ambiente. 
Este es el precio de los grandes costes de un gobierno sin conciencia, el actual es mucho mejor pero hasta ahora ha tenido que saldar la cuenta. 
Deberíamos hacer todo lo posible para ayudar a este pueblo de Guinea-Bissau, realmente muy simpático, para que encuentre de nuevo su camino. 
Señora Presidenta, Señorías, comienzo agradeciendo las palabras que el Sr. Otto von Habsburg ha pronunciado sobre la labor de los portugueses en Guinea-Bissau. 
No quisiera pronunciarme sobre problemas de política interna de Guinea-Bissau, no quisiera hacer comentarios sobre la participación de ejércitos de Senegal y de Guinea-Bissau en este conflicto, de su legitimidad ni de sus posibles apetencias territoriales respecto de Guinea-Bissau. 
Lo que importa es que, en un país cada vez más pobre, como se ha dicho, se restablezca el orden constitucional, sobreviva la democracia y que los partidos de la oposición tengan de hecho condiciones para poner en práctica el juego democrático, en igualdad con el partido en el poder, cosa que no ha sucedido efectivamente. 
Pero lo que importa también es que la Unión Europea pueda ayudar en esta crisis. 
Quisiera recordar aquí la rapidez con que la Unión Europea ha ayudado, al desbloquear algunos fondos para los refugiados, y quisiera pedir a la Unión Europea que siga atenta este problema, no sólo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista humanitario. 
Hay millares de refugiados que siguen huyendo de Guinea-Bissau, instalándose en los países vecinos, viniendo a países de Europa, en particular, que merecen nuestro apoyo y el apoyo de la Comisión. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, pese a que aún no se conocen suficientemente y en toda su extensión los datos que permitirían hacer un análisis profundo y objetivo de la situación que se ha vivido en Guinea-Bissau, queremos ahora mismo lamentar los graves acontecimientos que vienen ocurriendo en ese país y, en particular, el elevado número de víctimas que de ellos han resultado. 
Asimismo, queremos expresar nuestro deseo de que los guineanos- y no terceras partes- encuentren rápidamente, por medios políticos y sin más derramamiento de sangre, una solución duradera para el presente conflicto en el marco democrático. 
Ahora bien, nos congratulamos de que haya sido posible hacer la repatriación a tiempo de muchos ciudadanos extranjeros, en particular portugueses cuyas vidas corrían peligro. 
Pero tampoco ignoramos la dramática situación en que se encuentran muchos otros guineanos, por lo que resulta indispensable y urgente que la Unión Europea se solidarice con ellos e intensifique el socorro humanitario y, en particular, la ayuda alimentaria. 
Señoras y señores diputados, voy a intentar responder a las preguntas que han formulado Sus Señorías. 
En primer lugar, por lo que se refiere a esa grave cuestión de la pena de muerte: en su período de sesiones de 1998, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado una nueva resolución, copatrocinada por todos los Estados miembros de la Unión, sobre la pena de muerte. 
Dicha resolución obliga en particular a todos los Estados que aún no han abolido la pena de muerte a- cito- «limitar progresivamente el número de infracciones castigadas con dicha pena, a instituir una moratoria sobre las ejecuciones con vistas a abolir definitivamente la pena de muerte y a hacer públicas las informaciones relativas a la aplicación de dicha pena». 
Actualmente, la Unión, que considera que la abolición de la pena de muerte forma parte integrante de su política en pro de los derechos humanos, prosigue su labor con vistas a la aprobación de líneas directrices sobre las gestiones que se deben hacer ante terceros países. 
Paso a la segunda pregunta, que se refería a Guinea Ecuatorial. 
La Comisión está muy preocupada por la evolución de la situación en ese país. 
A raíz de un ataque armado contra varias instalaciones militares en la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, el 21 de enero de 1998, 117 personas fueron detenidas, acusadas de rebelión y juzgadas por un tribunal militar que celebró su vista del 25 al 29 de mayo en Malabo. 
El tribunal militar pronunció su veredicto el 1º de junio. 
Condenó a muerte a 15 de las personas acusadas, como han subrayado Sus Señorías, y varias otras a penas de cárcel de entre 6 y 26 años. 
La Comisión continuará siguiendo de cerca la evolución de la situación, en estrecha relación con los Estados miembros sobre el terreno y proseguirá el diálogo con las autoridades nacionales con vistas a evitar violaciones de los derechos humanos y hacer avanzar y consolidar el frágil proceso democrático del país. 
La Comisión mantiene las condiciones establecidas para la reanudación progresiva de la cooperación con Guinea Ecuatorial, en particular la utilización de los recursos del séptimo FED. 
Esas condiciones entrañan avances reales en cuanto al respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de derecho, conforme al artículo 5 del Cuarto Convenio de Lomé. 
Paso ahora al problema de Indonesia y de Timor. 
La Comisión se congratula de las decisiones adoptadas por el Presidente Habibie encaminadas a reformar el paisaje político de Indonesia y a organizar elecciones en 1999. 
Sin embargo, considera que conviene acelerar el ritmo de las reformas a fin de garantizar una rápida reactivación de la economía indonesia. 
Atribuyo importancia particular a la apertura de que parece dar muestras el Gobierno indonesio sobre la cuestión de Timor Oriental. 
Espero que esa manifestación de apertura se plasme pronto en una solución justa, global y aceptable en el plano internacional. 
La Comisión siempre ha participado plenamente en la labor de la PESC encaminada a encontrar una solución para la cuestión de Timor Oriental. 
En particular, ha apoyado las gestiones del Secretario General de las Naciones Unidas y de su enviado especial, el embajador Marker. 
La Comisión ha apoyado también el llamamiento del Consejo de Asuntos Generales de los días 8 y 9 de junio en pro de la liberación de Xanana Gusmão y de todos los demás presos políticos, una visita de la Troika a Timor Oriental y una reanudación inmediata de las conversaciones con la égida de las Naciones Unidas. 
Paso ahora a la pregunta formulada sobre el Chad. 
La Comisión sigue con preocupación la evolución de la situación de los derechos humanos en ese país. 
Se han seguido de cerca las detenciones del Sr. Yorongar y, en particular, de algunos periodistas. 
Un consejero de la delegación está presente en la sala del tribunal en la que se desarrollan los procesos. 
Según las últimas informaciones, los dos periodistas procesados han sido liberados y ahora se está examinado la situación del Sr. Yorongar a la luz de las observaciones que sus abogados han formulado sobre la irregularidad de la suspensión de su inmunidad parlamentaria. 
En un plano más general, la Comisión está examinando la posibilidad de formular y aplicar acciones concretas en pro del respeto de los derechos humanos en ese país. 
Por otra parte, por lo que se refiere a las inquietudes sobre problemas de seguridad en el sur del país, después del acuerdo concertado entre las partes a comienzos del pasado mes de mayo, no ha habido, según nuestras informaciones, ningún hecho grave que señalar. 
Así, pues, las actividades militares parecen suspendidas actualmente mientras prosiguen las negociaciones. 
Paso al Pakistán. La Comisión es consciente de los problemas de hostigamiento a que los adeptos de otras confesiones someten, en particular, a las minorías religiosas cristianas. 
La Comisión, por mediación de su delegación en Islamabad, y los Estados miembros representados en el Pakistán, siguen de cerca esas cuestiones y examinan los incidentes particulares con las autoridades interesadas del país. 
La libertad de culto está garantizada por el articulo 20 de la Constitución pakistaní y por el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y el Pakistán, rubricado el 22 de abril de 1998, y cuyo tenor es el siguiente: » El respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, tal como aparecen definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, inspiran las políticas interiores y exteriores de la Comunidad y de la República Islámica del Pakistán y constituyen un elemento esencial del presente acuerdo». 
La Comisión mantendrá su vigilancia por lo que se refiere a todas las cuestiones relativas a los derechos humanos. 
Por mediación de sus programas de ayuda al desarrollo, procurará prestar asistencia a las poblaciones más pobres y más desfavorecidas del Pakistán. 
Paso ahora a la última pregunta, relativa a Guinea-Bissau. 
La Comisión Europea comparte las observaciones que figuran en las propuestas de resolución presentadas por el Parlamento Europeo. 
La Comisión sigue con atención la evolución de la situación en Guinea-Bissau y es consciente de las dificultades que la población civil afronta actualmente, en particular a causa de la falta de víveres, medicamentos y agua. 
La Comisión y su Oficina Humanitaria recogen las informaciones de las diversas organizaciones humanitarias presentes sobre el terreno, antes de poder dar una respuesta humanitaria eficaz y rápida a las poblaciones desplazadas. 
La Comisión Europea apoya las gestiones de mediación emprendidas por los diferentes Estados miembros y los dirigentes regionales e insta a las partes en conflicto a que negocien un cese el fuego definitivo. 
La Comisión Europea está dispuesta a reanudar la cooperación con Guinea-Bissau, en cuanto ese país haya vuelto a la vía de la democracia. 
Muchas gracias, seora Comisaria Cresson. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de las seis propuestas de resolución siguientes: 
B4-0599/98 del Sr. Oostlander y de la Sra. Lenz en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo sobre el Tribunal Penal Internacional; -B4-0606/98 del Sr. De Vries en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas sobre el Tribunal Penal Internacional; -B4-0625/98 del Sr. Swoboda y otros en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos sobre el Tribunal Penal Internacional; -B4-0625/98 de la Sra. Aglieta y otros en nombre del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo sobre el Tribunal Penal Internacional; -B4-0648/98 del Sr. Dell ' Alba y otros en nombre del Grupo de la Coalición Radical Europea sobre el Tribunal Penal Internacional; -B4-0673/98 del Sr. Puerta y otros en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica sobre el Tribunal Penal Internacional. 
Señora Presidenta, cada vez que se plantean iniciativas como ésta, tenemos que recordar el hecho de que todo esto ha empezado con una evasión de la responsabilidad por parte de determinados Estados miembros cuando se tenía presente la cuestión de Yugoslavia. 
Entonces se propuso, como un lavado de cara, un Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, y nadie pensó que esto llegaría a ser algo, excepto nuestro difunto colega Alexander Langer, quien por aquel entonces realizó un excelente informe al respecto. 
En este momento hemos llegado tan lejos que, gracias a la intensa dedicación de jueces y fiscales comprometidos, entonces ya presentes en ese Tribunal de Yugoslavia, hemos podido continuar e incluso estamos preparando un Tribunal Penal Internacional con carácter permanente. Esto es mucho más de lo que nadie había esperado, pienso. 
Que hayamos llegado tan lejos es un golpe para cualquier política real obtusa, que piensa que la moral y el derecho son irrelevantes para la política extranjera. 
De ahí también que todo el ámbito de la política extranjera se encuentre a una distancia tan grande del ciudadano, quien experimenta ese derecho y esa moral como su realidad diaria. 
A través de este Tribunal podemos constatar que la frontera entre el funcionamiento de la política real y los crímenes de guerra se traspasa muy fácilmente. 
La instauración de este Tribunal es una medida preventiva extraordinaria, de tal modo que los dirigentes de los gobiernos y los ministros se den cuenta de que no se puede ir muy lejos de ese fundamento de la política Real y de que pueden ser condenados si se van por distintos caminos. 
Es también estupendo que este Tribunal sepa garantizar su independencia, por lo que no ocurrirá que, por ejemplo, los portadores de veto en el Consejo de Seguridad estén exentos, por definición, de castigo. 
En lo que a esto respecta el Tratado de Amsterdam es un buen ejemplo, ya que hace ver a todos los Estados miembros que tienen que mantener el orden de derecho y que si no pueden encontrarse con sanciones. 
La propuesta del Gobierno neerlandés de establecer el Tribunal Penal en La Haya es, naturalmente, un hecho excelente. Se debe prácticamente a la presencia de otros Tribunales internacionales. 
Pero espero que esto le de motivo al Gobierno de los Países Bajos para que entienda que esta propuesta obliga, también, a no ir por un camino que conduce a más introversión nacional, sino que trae consigo, realmente, el verse portadora de la tradición de Hugo de Groot, y el tener presente la responsabilidad internacional cada vez de forma más evidente. 
De ahí que nuestro grupo apoyará con agrado la resolución, incluídos los dos suplementos del Sr. De Vries. 
Señora Presidenta, los liberales de Europa estamos muy interesados en el establecimiento de un Tribunal Internacional permanente para juzgar los crímenes de guerra. 
En dos puntos no entendemos por qué la mayoría del Parlamento no quiere compartir nuestras opiniones. 
Pensamos que todos los crímenes de guerra deben ser juzgados por igual, independientemente de si han sido cometido en una guerra civil o en un conflicto entre dos estados. 
¿Por qué no quiere apoyar esto el Parlamento? 
Obviamente, opinamos que el fiscal debe tener el derecho a decidir si se dicta auto de procesamiento. 
Si se tiene el mismo material y se sabe que se está frente a un criminal, entonces es obligación del fiscal, en toda práctica jurídica normal, dictar auto de procesamiento. 
¿Por qué no quiere la mayoría de este Parlamento apoyar esta exigencia de los liberales? 
Quisiera que quienes hagan uso de la palabra después de mí me dieran una respuesta satisfactoria. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, tengo aquí una tarjeta que me permite acceder, como miembro de la delegación del Senegal, a los locales de la FAO en los que se celebra la conferencia diplomática para la creación del Tribunal. 
Rindo homenaje al Sr. Jacques Baudin, Ministro de Justicia y jefe de la delegación del Senegal, por haberme hecho tal honor y tal favor. 
En cambio, ni la Comisión ni el Consejo aceptaron que asistieran a dicha conferencia observadores de este Parlamento. 
Es un precedente de una gravedad extraordinaria que señalo a la atención de mis colegas. 
Al parecer, según me han dicho, el Consejo de Ministros se negó, por indicación de la Comisión, a dejarnos asistir durante los tres días en Roma para testimoniar el compromiso que este Parlamento no ha cesado de manifestar en pro del Tribunal: aprobamos una resolución, hace tres meses; existe un grupo bautizado Amici Curiae, que agrupa a más de 60 diputados; hemos creado líneas presupuestarias; siempre hemos apoyado las gestiones de la Comisión y del Consejo. 
Pues bien, no podemos ir a Roma, capital de un Estado miembro, ¡porque son asuntos relativos al segundo y tercer pilares! 
Se trata de una situación cuya gravedad no se me escapa. 
Espero que este Parlamento lo haga constar en el diálogo tripartito y en todos los contactos y negociaciones interinstitucionales, porque me parece un precedente muy- pero que muy- grave, al que la Comisión no es- me parece- ajena. 
Eso en cuanto a la forma, que me parece importante. 
En cuanto al fondo, naturalmente, hay que apoyar esta resolución. 
Es necesario que se instituya el Tribunal en Roma. 
Hay que apoyar las enmiendas del Grupo liberal, en particular la que versa sobre la competencia del Tribunal en los conflictos internos y a la que se oponen enérgicamente los países árabes y ciertos países asiáticos, pese a que esos conflictos forman parte integrante de los convenios de Ginebra y deben formar parte de la jurisdicción del Tribunal. 
Que éste sea independiente y eficaz: ésa es la misión y el compromiso de la Unión. 
Francamente, esa torpeza se habría podido evitar. 
Señora Presidenta, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada hace 50 años, decía, entre otras cosas, que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos ultrajantes para la conciencia de la humanidad. 
Ahora está teniendo lugar, por fin, la Conferencia Diplomática de Roma para la constitución de un Tribunal Penal Internacional con carácter permanente. 
Ante la oportunidad histórica de dotarnos de una institución capaz de castigar esos actos ultrajantes que se siguen cometiendo, leo en la prensa, con horror, que la OSCE sospecha que se están creando campos de concentración en Europa. 
La comunidad internacional ha asumido el reto de completar su sistema jurídico dando cauce institucional a una conciencia universal que pivota en torno a los derechos humanos. 
La tarea es difícil porque no hay un texto consensuado. 
No hay, ni siquiera, un acuerdo mundial sobre la competencia universal del futuro Tribunal y, en este sentido, es preocupante la bunquerización de China, una vez más, en sus argumentos de excepción cultural. 
Es necesaria la convicción, sin cicatería, del máximo número de Estados- no sólo de los occidentales, aunque también la de éstos, que, por cierto, no está todavía asegurada-. 
Es difícil porque la historia universal de la infamia ha ampliado el catálogo de crímenes sobre los que debería tener competencia el Tribunal a los crímenes sexuales contra las mujeres en tiempos de guerra, el reclutamiento de menores, la utilización de ciertos tipos de armas, la limpieza étnica, etc., y, desde el punto de vista de la técnica jurídica, es difícil porque el estatuto tendrá que ser el fruto de una combinación eficaz de las tradiciones jurídicas latina y anglosajona. 
Todas estas dificultades pueden dar lugar a la eternización de los debates en una Conferencia interminable e infructuosa, pero, frente a estas dificultades, contamos con algunos activos: 
En primer lugar, las fracasadas experiencias anteriores, que demuestran la necesidad de hacerlo bien esta vez. 
Los resultados de los tribunales ad hoc de Rwanda y la antigua Yugoslavia no son satisfactorios. 
La realidad de lo que ha ocurrido en Camboya, en Argentina y en Chile, por ejemplo, y de lo que está ocurriendo en Kosovo ahora mismo nos señala con claridad la necesidad de establecer una jurisdicción penal permanente y eficaz que supere los errores del pasado. 
Y, en segundo lugar, el respaldo social con que cuenta el proyecto. 
La movilización de las organizaciones no gubernamentales ha trasladado el proyecto de tribunal de la Comisión de Derecho internacional a la calle, convertido en una exigencia ineludible. 
Las 800 ONG representadas en Roma mantienen encendida la llama de la sociedad civil y su mera presencia sirve para advertir a los dirigentes de que están defendiendo, desde el populismo y la demagogia, un concepto a veces trasnochado de la soberanía nacional que no cuenta con el apoyo de sus poblaciones. 
Por eso, los socialistas, que creemos que no puede haber paz sin justicia, consideramos un deber el éxito de esta Conferencia de Roma y apoyamos esta resolución y las dos enmiendas que se han presentado. 
Seora Presidenta, seora Comisaria, desde que el Tribunal de Nuremberg inició su trabajo estaba claro que el nuevo orden jurídico internacional que habría de ser fundado después de las dos guerras mundiales debería incluir también un tribunal, en el cual se pudieran denunciar, ver y, llegado el caso, castigar, los delitos de la criminalidad del estado. 
Pero sólo ahora hemos emprendido pasos que por una iniciativa ad hoc van a transferir este tribunal a una institución permanente. 
Celebro muy profundamente y constituye para mí una satisfacción ver en el texto de las resoluciones, sobre todo, en el de la propuesta común de resolución, que existe en este Parlamento unanimidad en tres cuestiones centrales. 
En primer lugar: la independencia del fiscal. Su independencia, tanto respecto del Consejo de Seguridad Mundial como también respecto de los tribunales nacionales que se manifiesta en la definición de las principales figuras jurídicas del nuevo Derecho penal internacional y en la coordinación de este tribunal internacional con las Naciones Unidas. 
Esta coordinación no puede significar, naturalmente, la subordinación al Consejo de Seguridad. 
Ojalá que esta iniciativa de esta alta Asamblea contribuya a que este siglo llegue a su término no sólo como el siglo del crimen de estado, de la destrucción del Derecho, organizada y ejecutada por razones de estado y por órganos del estado, sino también como un siglo de la renovación del Derecho. 
Señora Presidenta, yo creo que, desde aquí, deberíamos apoyar, en primer lugar, a la coalición internacional de más de 800 organizaciones no gubernamentales que, en un verdadero ejercicio de diplomacia ciudadana, ha conseguido que los gobiernos se sienten a negociar la creación de un Tribunal penal internacional. 
Tribunal penal internacional que, desde luego, realizará un ejercicio efectivo de diplomacia preventiva en la medida en que, en primer lugar, sea plenamente independiente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; en segundo lugar, en la medida en que cuente con un fiscal con iniciativa propia para investigar e instruir sumarios; y, en tercer lugar, en la medida en que cuente con una jurisdicción inherente y universal. 
Es lamentable que algunos países, como los Estados Unidos de Norteamérica, se empeñen en aguar los resultados de la conferencia diplomática que está teniendo lugar en Roma. 
Pero más lamentable sería todavía que algunos Estados miembros de la Unión Europea, haciendo caso omiso de sus opiniones públicas, se sumaran a esos esfuerzos de la Administración norteamericana. 
Ya ha sido negativo que la Unión no haya contado con una posición común, de acuerdo con el Tratado, de cara a esta conferencia diplomática. 
Este Parlamento debería haber estado presente en esa Conferencia, como ha dicho el Sr. Dell ' Alba. 
Y para terminar, quiero decirle al Sr. Cars que cuenta con nuestro apoyo para las enmiendas que ha presentando porque van dirigidas a que el Tribunal penal internacional sea un realidad efectiva. 
Señora Presidenta, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones: nuestro planeta necesita un Tribunal penal internacional capaz de acabar con la impunidad de quienes hacen de la población civil el objeto a destruir y utilizan la tortura y la violación masiva como armas de guerra; capaz también de promover el perdón y la reconciliación de los pueblos gracias a la acción de la justicia. 
De ahí las esperanzas puestas en la conferencia de Roma. 
Sabemos, con todo, que los obstáculos que deben superarse para llegar a acuerdos, sobre todo en lo que a su independencia y jurisdicción se refiere, son todavía muchos. 
Por ello, es bueno que este Parlamento deje oír una vez más su voz, pidiendo en esta ocasión a los Estados miembros de la Unión Europea así como a la Comisión que hagan suyos los planteamientos que ha defendido reiteradamente este Parlamento. 
Pero es bueno también que el Parlamento deje oír su voz- es necesario que la deje oír- para protestar y lamentar, tal como han hecho los oradores anteriores, que el Parlamento sea el gran ausente de esta Conferencia cuando, desde el primer momento, habíamos pedido que nos dejaran estudiar una fórmula que nos permitiera estar representados y ocupar el lugar que nos corresponde por el empeño demostrado a lo largo de los años en pro de este tribunal, en pro de una justicia internacional de la paz. 
Señor Presidente, el Grupo de Alianza Nacional va a apoyar la propuesta de resolución común para constituir un Tribunal penal Internacional. 
Sobra decir que se trata de una oportunidad histórica, a pesar de que es una decisión que llega tarde y que no es suficiente para subsanar la ausencia de una Europa que, hasta la fecha, ha rechazado adoptar cualesquiera iniciativas concretas no sólo para impedir que en su propio territorio se cometieran genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, sino también para condenar y castigar de forma implacable a los autores, directos e indirectos, de dichos crímenes. 
Parece imposible, pero Europa ha pretendido parar las manecillas del reloj de la historia en Nuremberg, como si desde entonces hasta nuestros días, el suelo europeo no hubiera absorbido la sangre inocente de cientos de miles de víctimas- mujeres, niños, civiles- mientras muchos responsables siguen permaneciendo en libertad e impunes y quizás reciben honores y atenciones también por parte de esa Europa oficial que hasta ahora se ha limitado a imponer condenas verbales y circunstanciales. 
Confiamos en que la conferencia Diplomática de Roma, expresamente convocada para constituir un Tribunal Penal Internacional, represente el último paso hacia este fundamental, aunque tardío, deber. 
Ello significa que es preciso neutralizar y rechazar los posibles intentos de obstrucción de quien tiene interés en que todo siga igual, a pesar de que hay que condenar la ausencia del Parlamento Europeo, que habría desempeñado un papel importante y protagonista en ese Tribunal. 
Esperamos asimismo que la constitución del Tribunal Penal, aunque representa una eficaz integración de los sistemas judiciales nacionales, pueda introducirse en un nuevo contexto político que vea a Europa como titular de su propia política exterior de seguridad y de defensa. 
Si se hubiera perseguido este objetivo prioritario con la misma tenacidad que se ha empleado para la moneda única, no cabe duda de que Europa habría sufrido aquí, muy cerca de nosotros, muchas menos víctimas en los últimos años. 
Y con esto me refiero a esas mismas víctimas inocentes que ahora no piden a este Parlamento venganza, sino justicia. 
Señoras y señores diputados, la Conferencia Diplomática de Roma deberá ultimar y aprobar un convenio encaminado a instituir el Tribunal Penal Internacional. 
Desde la inauguración de la conferencia, hace tan sólo tres días, es difícil hacer comentarios sobre sus posibles resultados. 
La conferencia diplomática durará- como saben Sus Señorías- hasta el 17 de julio. 
Los Estados miembros de la Unión Europea participan activamente en las negociaciones con vistas a la aprobación de un convenio que establezca un Tribunal independiente y eficiente. 
La Comisión está representada en la conferencia de Roma por un observador. 
En numerosas ocasiones, se ha pronunciado en pro de la institución de un Tribunal Penal Internacional independiente y eficaz. 
En un discurso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 17 de marzo, la Comisión, por mediación de la Sra. Bonino, subrayó la importancia de la adopción de las decisiones en Roma y de la necesidad de no contentarse con trámites procesales. 
Creo que se puede decir que ese primer paso que se ha dado- como se ha subrayado, gracias a la insistencia de un gran número de ONG, es un paso importante. 
Naturalmente, es una situación frágil y que debemos intentar fortalecer. 
He escuchado atentamente lo que ha dicho el Sr. Dell ' Alba y no dejaré de comunicárselo al Comisario competente, pero es cierto que seguramente podríamos imaginar procedimientos en el marco de los cuales se podría organizar una mayor información y una mayor transparencia. 
Muchas gracias, seora Comisaria Cresson. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la propuesta de resolución (B4-0609/98) de los diputados Sr. Bertens y Sr. André-Léonard en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas sobre Camboya. 
Señora Presidenta, el mantenimiento del statu quo en Camboya no redunda en beneficio de nadie. 
El Parlamento Europeo pide a Camboya que respete los acuerdos de París, es decir, las condiciones que el propio país subscribió: ni más ni menos. 
Entre dichas condiciones figura la celebración de elecciones libres este año, el establecimiento de un registro electoral, la posibilidad de que los partidos políticos participen en el proceso democrático y no su exclusión. 
Al decir esto, no hago sino repetir lo que tuve ocasión de decir en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, que me encargó el informe para opinión sobre un acuerdo de nueva generación entre la Unión Europea y Camboya. 
Ya hemos suspendido la labor relativa a dicho acuerdo hasta que Camboya esté dispuesta a respetar el principio que subscribió en los acuerdos de París. 
No se pide nada imposible a ese país. 
Lo único que se hace es recordar las condiciones que en el pasado brindaron perspectivas prometedoras. 
Así, pues, corresponde a Camboya desbloquear la situación. 
Lo mismo es válido respecto del apoyo al proceso democrático, es decir, a las elecciones libres previstas para este año. 
Se pide a la Comisión que bloquee los créditos mientras no se cumplan las condiciones para la celebración de elecciones libres dignas de ese nombre. 
Señora Presidenta, he sido nombrada enviada especial de la UE en las próximas elecciones camboyanas. No es sólo un honor para mí, sino también para el Parlamento Europeo. 
Naturalmente estoy deseosa de que dichas elecciones supongan un paso constructivo hacia la democracia en aquel país y, ciertamente, no deben ser un gesto inútil por parte del régimen de Hun Sen. Es improbable que me muestre complaciente, ya que tengo la responsabilidad de representar la posición de la UE respecto a dichos comicios. 
Pero debemos recordar que, independientemente de la situación actual en Camboya, son las primeras elecciones que convoca el país: no es una iniciativa impuesta a nivel internacional, sino que ha surgido del propio país. 
Es un hecho que debemos reconocer en esta Asamblea; y la Unión Europea, como integrante de la comunidad internacional, ha recibido la solicitud de prestar el apoyo fundamental que las elecciones necesitan. 
Estaremos allí para garantizar un proceso de inscripción efectivo, para vigilar rigurosamente los comicios y asegurar a todos los partidos políticos el acceso a los medios de comunicación. 
Ochenta por ciento de los votantes ya están inscritos y quince observadores de larga duración se encuentran ya en el país. 
Ochenta observadores de corta duración procedentes de la UE y ochenta y cinco como resultado de acuerdos bilaterales con los Estados miembros serán desplegados por todo el país. 
También llegarán otros observadores procedentes de otros Estados para ofrecer asistencia técnica. 
El PNUD está coordinando la asistencia técnica y la Secretaría de las Naciones Unidas para asistencia a los procesos electorales está coordinando el equipo de observadores. 
Ya hemos negociado el acceso de los medios de comunicación, y expertos de los medios de comunicación de la UE han sido instruidos para asegurarse de que se respeta dicho acceso. 
Ha habido logros. Pero soy perfectamente consciente de que nos queda un largo camino por recorrer. 
La UE no supervisará estos comicios para poner su sello en la consulta: estaremos allí para asegurarnos de que son elecciones justas y libres. Si no es así, tendremos el deber de decirlo, y no dudaré en hacerlo. 
Como dijo la semana pasada Derek Fatchett, ministro adjunto en el Foreign Office, ante el parlamento británico: deberemos hacer una evaluación muy precisa, y la UE deberá estar preparada para ello. 
Por mi parte, estaré dispuesta a hacer esa evaluación, y me propongo encabezar un equipo de observadores comprometidos a garantizar que la Unión Europea asume una posición independiente y justa respecto a estos comicios. 
Seora Presidenta, seora Comisaria Cresson, creo que quizá tengamos aquí por última vez, merced al debate de actualidad, la posibilidad de pensar cuidadosamente de nuevo las inversiones financieras de la Unión Europea para las elecciones en Camboya, que en cualquier caso se elevan a casi diez millones de euros, y de ver bajo qué condiciones se emplea este dinero. 
Cuando en la lista de las inversiones leo, por ejemplo, que una gran parte se utilizará para el apoyo y la formación de periodistas en la región de Camboya e incluso en el propio país, entonces he de decir- como alguien que conoce algo la situación- que esto es enormemente difícil, pues, como muy tarde, los últimos periodistas de la oposición fueron asesinados en el último golpe de estado, y actualmente sólo hay allí periodistas fieles al Gobierno. 
Yo celebro mucho que la Sra. Kinnock diga que allí hay también expertos de nuestra parte que están intentando meter en cintura a los medios. 
Sin embargo, abrigo un cierto escepticismo al respecto y creo que deberíamos pensar realmente con cuidado nuestro compromiso en este ámbito. 
Creo que habría que reflexionar también cuidadosamente sobre otro punto, en concreto, sobre nuestra cooperación con los Estados Unidos de América. 
Los EE.UU. han tomado una posición clara respecto de su compromiso en lo que se refiere a las elecciones en Camboya y han adoptado una posición muy distante respecto de las mismas. 
Ciertamente, están interesados, tanto como nosotros, en un auténtico proceso democratizador y creo que en este caso se debería hablar también con ellos y habría que adoptar una posición común. 
Señora Presidenta, el Sr. Habsburg ya lo ha dicho, la Unión está dispuesta a contribuir considerablemente en Camboya, no sólo en las elecciones, si no también en su democracia. 
Esto ya se hizo también en las elecciones de 1993, en las que yo mismo estuve dentro del grupo de los europeos que fue allí, bajo la dirección del Sr. Cheysson. 
Ahora sigue teniendo vigencia, y de antemano le digo a Glenys Kinnock: ! buena suerte! , te veo en los titulares, espero. 
Pero antes de eso tenemos que pedir también algo a los soberanos de Camboya, y esto es que las elecciones no tendrán sentido hasta que no tengan una autoridad fidedigna. 
La Unión apoyará esas elecciones solamente si, al menos, se cumplen las condiciones de mantener unas elecciones realmente democráticas. 
En Camboya, seamos realistas, todavía no se han cumplido los requisitos, y no es por problemas prácticos en el país; la imposibilidad de que se celebren por el momento elecciones democráticas viene causado por la poca disposición de Hun Sen, quien no ha cumplido los acuerdos de París. 
El Sr. Goerens ya ha hablado acerca de eso. 
La Unión tiene que ser muy clara. Las elecciones del 26 de julio se pueden reconocer únicamente si se ha cumplido un mínimo de los requisitos. 
La Comisión no debe contribuir a elecciones fraudulentas. 
Si no Hun Sen recibiría legitimidad injustamente y, aunque enviemos una delegación de observadores e incluso 10.000.000 ecus, no significa esto que ratifiquemos el resultado. 
Sin embargo espero que sea un buen resultado. 
Señoras y señores diputados, la Unión Europea condenó el derrocamiento por la fuerza del Primer Ministro, el príncipe Ranariddh, y las violencias perpetradas en julio de 1997. 
La acción de apoyo al proceso electoral, decidido de común acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros, que asciende a 10, 4 millones de ecus, va encaminada, a reserva de condiciones estrictas, a proporcionar al Gobierno de Camboya los medios necesarios para llevar a buen término una operación electoral, que esta vez correrá a cargo de los camboyanos y gracias al apoyo de la comunidad internacional. 
Si no se respetan las condiciones de libertad y equidad necesarias, la Comisión Europea se reserva el derecho a suspender su ayuda, tras concertarse con los Estados miembros, a partir de las cláusulas del convenio de financiación firmado en Phnom Penh el 16 de enero de 1998. 
La acción diplomática de la Unión Europea, que se ha desarrollado paralelamente a las iniciativas del grupo de países «Amigos de Camboya» , de la troika de la ASEAN, de las Naciones Unidas, en particular en lo relativo al respeto de los derechos humanos, seguirá centrándose en las modalidades más apropiadas para una participación pluralista en las elecciones. 
En ese marco, la Unión Europea seguirá particularmente atenta a las cuestiones de procedimiento, de registro de los partidos, de funcionamiento del consejo constitucional encargado del control y la regularidad de las elecciones y a los riesgos de recrudescencia de los actos violentos contra los miembros de la oposición. 
Así, pues, los acontecimientos de estos últimos días, a raíz del proceso del príncipe Ranariddh, y la concesión de perdón del rey Sihanuk representan etapas decisivas para apreciar la evolución de la situación política y para permitir a la comunidad internacional y a las instituciones europeas adoptar las orientaciones apropiadas con vistas a las próximas elecciones. 
Para ese fin, la próxima reunión de los «Amigos de Camboya» , que se celebrará hacia mediados de junio de 1998 en Phnom Penh, deberá aportar los elementos necesarios para permitir a la comunidad internacional juzgar si la preparación para las elecciones satisface las condiciones exigidas a fin de que todas las fuerzas políticas en liza puedan expresarse libremente en la fase decisiva de la campaña electoral. 
La Sra. Kinnock ha hablado antes del dispositivo de asistencia electoral. 
Por eso, no voy a volver a referirme a ese aspecto. 
La observación a corto y largo plazo está garantizada mediante la intervención de 95 observadores. 
Los Estados miembros designarán bilateralmente a otros observadores reunidos con la égida del dispositivo de observación de la Unión Europea. 
Expertos europeos, que siguen instrucciones de los servicios de la Comisión, se encargan sobre el terreno de la concertación con las Naciones Unidas en todas las fases de la organización y del desarrollo de las elecciones. 
Muchas gracias, seora Comisaria Cresson. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar maana a las 17.30 horas. 
(La sesión se interrumpe a las 17.25 horas y se reanuda a las 17.30 horas.) 
Votaciones (continuación) 
De conformidad con el orden del día se procede a continuar la votación de hoy a mediodía. 
Informe (A4-0207/98) de la Sra. Rothe, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la comunicación de la Comisión sobre la energía para el futuro: Fuentes de energía renovables- Libro Blanco para una estrategia y un plan de acción comunitarios (COM (97) 0599- C4-0047/98) 
(El Parlamento aprueba la resolución.) 
Señora Presidenta, después de consultar con los diferentes grupos parlamentarios- y si no hubiera inconveniente -, me gustaría proponer oralmente que la enmienda 3 al apartado 3 de esta resolución común se votara en primer lugar como añadido a ese apartado 3 y, en segundo lugar, que únicamente se votara desde su comienzo, que dice: » Pide a los Gobiernos del Líbano, Siria, Israel, etc.» , hasta la primera referencia a Oriente Próximo; es decir, que se votara como añadido y solamente la siguiente parte de la enmienda: » Pide a los Gobiernos del Líbano, Siria e Israel que reanuden y reactiven las negociaciones de paz a partir del punto en que se abandonaron y de acuerdo con las correspondientes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los principios establecidos en la Conferencia de Madrid sobre Oriente Próximo». 
A partir de ahí, nosotros haríamos decaer el resto del texto. 
(El Parlamento aprueba la resolución.) 
Seora Presidenta, quisiera preguntar si el Reglamento de este Parlamento permite definir nuevas fronteras en Europa, pues de esto se trata en este parágrafo. 
El Parlamento en su infinita sabiduría ha definido una nueva frontera en Europa. 
Seor Sakellariou, ésta era una intervención sobre el debate y éste está cerrado ahora. 
(El Parlamento aprueba la resolución.) 
Al igual que Helmut Kohl y Jacques Chirac, opinamos que demasiadas decisiones que pudieron haberse tomado en el ámbito nacional han sido llevadas al nivel comunitario. 
Igual que los anteriormente nombrados, opinamos que el principio de la cercanía tiene que tener un contenido real. 
Este informe trata del desarrollo de fuentes energéticas renovables de una manera demasiado detallada. 
Por ejemplo, resulta un poco absurdo cuando se propone en el informe que se distribuya la figura del " sol de oro» en lugares vacacionales y otros semejantes para fomentar el uso de las fuentes energéticas renovables. 
¿Realmente tiene que ocuparse la UE de estas cosas? 
Estimamos que las decisiones sobre política energética deben tomarse en el ámbito nacional. 
No se gana nada haciendo la política energética supra estatal. 
Mi voto favorable al informe Rothe sobre energías renovables tiene un marco de referencia de base regional y nacional, que aprovecho para subrayar. 
El cumplimiento de los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 fijados en la Cumbre de Río y en las obligaciones establecidas en Kyoto sólo es posible efectivamente si cada uno de los Estados miembros lleva a cabo una gestión racional de la energía y favorece la producción de energías renovables, que en la Unión Europea representan tan sólo el 1, 3 % del total de energía producida (5, 3 %, si añadimos la energía hidráulica) , mientras que en Portugal corresponden al 6 % y al 15, 7 % (con la energía hidráulica) , respectivamente. 
La Unión Europea se propone hacer que el porcentaje global de energías renovables, incluida la energía hidráulica, pase de 5, 3 % a 15 % hasta el año 2010. 
Ese desiderátum sólo se alcanzará con nuevos mecanismos de apoyo a las fuentes renovables de energía solar, eólica, biomasa, fotovoltaica y a eso se debe la importancia del fondo de apoyo reclamado por la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo. 
En la región del Algarve, con una radiación solar de entre 1.782 Kwh/m2 (Sagres) y 1.896 Kwh/m2 (Tavira) y una insolación anual entre 2.800 y 3.100 horas, zona privilegiada para la producción de energía eólica- entre Rogil y Sagres- y con enorme potencial para la producción de biomasa, en particular en relación con la cría de ganado porcino y la explotación forestal, en el caso de Monchique, las fuentes de energía renovables representan una opción política por valorizar. 
A eso se debe la importancia de las iniciativas lanzadas en ese sentido por la Unión Europea, por el Gobierno, por las administraciones locales y por la comunidad en general. 
Ante todo quiero felicitar a nuestra colega Mechtild Rothe por la calidad de su trabajo y también por su realismo. 
También quiero precisar el sentido de mi voto favorable. 
Me cuento entre quienes acogieron favorablemente las intenciones de la cumbre de Kyoto. 
Ahora se trata de adoptar medidas para volver creíbles las declaraciones de buenas intenciones de aquella conferencia. 
Como la Sra. Rothe, considero que el objetivo fijado por la Comisión en materia de energías renovables es un mínimo y que conviene precisar los planes y las estrategias de los Estados miembros y sobre todo darse cuenta de su voluntad de ajustarse a las exigencias de la Comisión. 
Comparto también la preocupación de mi colega sobre las medidas por adoptar en la esfera de la energía solar y de las energías substitutivas para las actividades agrícolas. 
Para estas últimas, hay que verificar sus supuestas ventajas ecológicas, que- atrevámonos a decirlo- no siempre son tales. 
Por eso, dada la urgencia de la situación tanto en materia de medio ambiente como de rarefacción a medio y largo plazo de las energías renovables, es necesario pensar en la adopción de medidas incitativas para los participantes públicos y privados en ese sector esencial y vital. 
Por último, concluiré mi intervención sobre el carácter político de esta propuesta indicando que en materia de ecología política la Unión Europea debe afirmarse también como un modelo para el resto del mundo. 
No se trata de dar lecciones, sino de mostrar que Europa se expresa y actúa en provecho de todos e intenta aportar respuestas para las generaciones futuras. 
No disto mucho de pensar que nuestra supervivencia depende de ello. 
En estos últimos años, se ha puesto de manifiesto que los recursos de energía no renovable no podrán, por sí solos, suplir nuestras necesidades futuras de manera satisfactoria. 
Los gobiernos de los Estados miembros y otros grupos de la UE han comenzado a preguntarse acerca de la disponibilidad continuada de los combustibles fósiles y de la naturaleza finita del suministro de recursos como el petróleo. 
Asimismo, el consumo descontrolado de energía no renovable puede contribuir directa e indirectamente a problemas como el calentamiento del planeta, la contaminación atmosférica y otras posibles perspectivas desastrosas. 
Por estas razones, apoyo el desarrollo de recursos de energía renovable en el marco de la UE. 
La propuesta de duplicar el índice del consumo total de energía renovable antes del año 2010 puede repercutir considerablemente en la futura dirección de la política energética de la UE. 
Mientras más disminuya nuestra dependencia de las fuentes de energía no renovables como los combustibles fósiles, más cerca estaremos de crear un programa de energía sostenible y respetuoso del medio ambiente. 
Por consiguiente, acojo con satisfacción esta propuesta de incrementar nuestra investigación en energía renovable. 
La necesidad de orientar el desarrollo económico por una vía que no ponga en peligro a las generaciones futuras se impone cada vez más como una evidencia para todos. 
El Libro Blanco sobre el que hoy debemos pronunciarnos constituye una nueva prueba de ello. 
Las energías fósiles, a las que se debe el extraordinario desarrollo económico e industrial de nuestras sociedades desde hace ciento cincuenta años, presentan en adelante un riesgo reconocido para la Humanidad, dado que su utilización inmoderada y la producción exponencial de CO2 podrían modificar sensiblemente el clima en los próximos decenios. 
Eso explica la importancia del fomento de las energías renovables prestando todo el apoyo necesario a su penetración en el mercado, en el marco de lo que el Libro Blanco llama la «campaña para el despegue». 
Desde este punto de vista, me complace subrayar que, pese a su incompatibilidad con las propuestas de reforma de la PAC que figuran en la Agenda 2000, la idea de triplicar la utilización energética de la biomasa podría proporcionar un elemento de respuesta a los agricultores europeos que dudan de su futuro y reflexionan hoy sobre una posible reconversión. 
No cabe duda de que en la posible explotación de la biomasa hay una pista que se debe explorar más, pues se encuentra en la confluencia de varias preocupaciones prioritarias en la Unión Europea: desarrollo duradero, política agraria común y ampliación. 
Ahora bien, nuestra ponente ha puesto de relieve juiciosamente la necesidad, muchas veces recordada en este hemiciclo, de una fiscalidad a escala comunitaria de la energía no renovable. 
En efecto, ¡va a ser inevitable que un día el impuesto sobre el CO2 sea realidad! 
Para concluir, expresaré también mi convicción de que el ascenso de las energías renovables y el despliegue pleno de un auténtico desarrollo duradero constituyen en sí vastos yacimientos de puestos de trabajo de todos los tipos y todos los niveles. 
Así, pues, doy mi apoyo sin reservas al Libro Blanco en su forma modificada por la propuesta de resolución que se nos ha presentado. 
Insto a la Comisión Europea y al Consejo Europeo a que coordinen sus esfuerzos de manera estructurada y práctica, de cara a la implantación a largo plazo de una política energética que potencie las políticas agrícola y de desarrollo rural de Irlanda y de Europa. 
Es algo que debería poder conseguirse en el marco de las negociaciones que se están celebrando entre los Estados miembros y la UE sobre el futuro de la Política Agrícola Común después del año 2000. 
Es evidente que las energías renovables continúan teniendo un papel más directo en muchos sectores y empresas de nuestra sociedad. Debemos reconocer que la utilización de energía renovable con vistas al desarrollo agrícola ofrece también grandes posibilidades. 
Si se utilizan energías renovables para el desarrollo agrícola y rural de una manera respetuosa con el medio ambiente, existe un enorme potencial para la creación de puestos de trabajo sostenibles como consecuencia directa de maximizar el consumo de nuestros recursos de la tierra. 
No podemos negar que los programas de energías alternativas, basados en una utilización correcta de la energía renovable, ofrecen a los agricultores formas innovadoras de sacar rendimiento a sus tierras. Esto se hará realidad a medida que la inevitable reforma de la Política Agrícola Común destaca la importancia de los cultivos no alimentarios. 
Si somos serios respecto a potenciar las medidas para el desarrollo rural y proteger el mayor número posible de explotaciones agrícolas familiares en nuestros campos, debemos implantar una política coordinada de energía renovable que favorezca la potenciación de la agricultura irlandesa y la creación de empleo en las zonas rurales. 
Se ha demostrado que la introducción de programas integrales para la producción de energía renovable tiene repercusiones positivas en la reducción de las emisiones de CO2, que deben reducirse en 402 millones de toneladas al año. 
Dentro de la UE, la energía renovable alcanza el 6 % del consumo total de energía. 
Esta cifra es sencillamente demasiado baja y hacen falta inversiones sustanciales si queremos que se produzca una expansión de la venta al por mayor en este sector. 
El informe Rothe es simpático en muchos aspectos. 
No obstante, sus propuestas encierran algunos problemas. 
Sobre todo, su falta de realismo con relación al mercado interior de la UE para la energía. 
El modelo de solución del informe con relación al mercado interior es una tributación energética definida por la UE. 
No puedo adherirme a esta solución. 
Además de que sea contrario a la tributación comunitaria, una tributación relacionada a la energía difícilmente tendrá grandes oportunidades de ser puesta en práctica en el ámbito comunitario, pues la industria se remitirá a que no puede permitirse costes mayores semejantes. 
En el mejor caso, esta circunstancia implicará que el sector de las energías renovables vea aumentada sus subvenciones nacionales y comunitarias financiadas a través de los impuestos. 
Al mismo tiempo, los grandes consumidores de energía podrán seguir comprando energía atómica y carbonífera baratas en el mercado energético liberalizado por la UE. 
Con ello, sus incitamientos para poner en práctica medidas de ahorro energético estarán limitados. 
La única oportunidad para ver puestas en marcha las buenas intenciones que el informe Rothe contiene en el campo medioambiental de la energía pasa por la oportunidad que tengan los países miembros de decidir y poner en marcha objetivos nacionales en el campo de la energía. 
Esto no sirve para que un país de la UE pueda imponer a sus productores energéticos el producir una cierta cantidad de energía por medio de energías renovables, mientras que los mayores consumidores energéticos del país puedan importar libremente energía barata del extranjero, esto supone en realidad minar la economía de los productores nacionales. 
En consecuencia, no puedo apoyar el informe Rothe. 
El informe contiene buenas propuestas acerca de un plan de acción general para doblar la proporción de energía renovable en el consumo energético. 
La bioenergía, la energía solar y la energía eólica tienen que constituir la base de esto. 
La energía nuclear debe ser eliminada. 
Está bien que se hagan planes generales en el ámbito comunitario y en otros niveles, por ejemplo en la ONU, pero la política energética es y será un asunto esencialmente nacional. 
Es importante que Suecia tenga el control de sus propios recursos naturales y energéticos y que no los venda, imposibilitando así la conducción del desarrollo sueco desde fuera. 
Hemos votado a favor del informe porque compartimos su visión optimista acerca de las fuentes energéticas renovables. 
No obstante, también hay partes del informe a las que nos oponemos. 
Entre ellas están las pretensiones de una política fiscal común, de una política de zonas boscosas común y de que la energía tenga un capítulo especial en el Tratado. 
No cabe duda de que en el Mediterráneo hay varios focos de conflicto que requieren urgentes caminos de paz: Argelia, Palestina, Israel, etc. Apoyar, estimular y estar preocupados por el desarrollo del proceso de paz en Oriente Próximo no es razón suficiente para manipular los hechos o para «arrimar el ascua a su sardina». 
Unos y otros tienen/tenemos que recapacitar sobre el camino andado, sobre las razones del retroceso, sobre la aparente incompatibilidad y autismo entre los actuales dirigentes. 
También sobre el resultado tangible de los apoyos financieros de la Unión Europea, sobre el estatus de Palestina y el control democrático de sus instituciones así como del empleo dado a la ayuda económica recibida. 
Conviene hablar con Jordania; buscar salidas a la incompetencia europea con Argelia; entender más al Islam; favorecer el diálogo directo de la población y, tal vez, iniciar procesos de sucesión. 
Yo ya lo manifesté cuando el Presidente Rabin vino a Bruselas. 
No es posible que aquella tragedia no haya servido para nada, como tampoco es admisible que los fondos europeos no beneficien al pueblo. 
Que Cisjordania y Gaza sigan en la situación económica y social en la que están resulta inexplicable y alarmante. 
Conviene, pues, y concluyo, que recapacitemos de nuevos todos. 
EL PLA es de la opinión de que el acuerdo sobre comercio agrícola debe ser preparado cuidadosamente, pero en el momento presente se rechaza una ampliación hacia el este a causa de los deficientes preparativos. 
Por consiguiente, el Partido Liberal Austriaco se abstiene respecto del parágrafo 10. 
A propósito de la resolución común relativa a la OMC que se acaba de aprobar, he de observar que nuestra Asamblea, que estaba animada por un entusiasmo imperioso y generalizado en el momento de la firma del acuerdo de Marrakech, advierte progresivamente sus consecuencias negativas extraordinariamente gravosas para los países europeos y que sólo unos pocos denunciamos en el momento de la conclusión del acuerdo. 
Así, el propio Sr. Rocard, con ocasión de la última reunión de la Asamblea Paritaria ACP-Unión Europea, se distanció al hablar, a propósito del Tratado de Marrakech, de un acuerdo mal negociado, concluido demasiado apresuradamente, con lagunas graves y que habría que renegociar al menos en parte. 
Esa lucidez tardía, que dificulta cualquier mejora de un tratado adoptado por la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, volvemos a encontrarla en el texto de la presente resolución que indica un claro cambio de tono por parte de nuestra Asamblea, pues ésta parece descubrir la impugnación que hace sistemáticamente el dispositivo de la OMC de las principales disposiciones de política comercial exterior vigentes. 
¿Cómo preservar la excepción cultural europea ante los mecanismos de la OMC? 
¿Cómo preservar las políticas europeas de ayuda para el desarrollo? ¿Cómo impedir que una competencia internacional sin freno favorezca sistemáticamente a los productores menos respetuosos de las normas sociales y medioambientales indispensables? 
Los primeros laudos emitidos por los grupos especiales de la OMC no pueden tranquilizarnos precisamente a ese respecto. 
Lo que vemos funcionar es la lógica brutal del sistema al que la Comisión se adhirió en Marrakech y que contribuyó a establecer. 
Nuestro Grupo ha apoyado la mayoría de las enmiendas que insistían en la necesidad de defender las preferencias comerciales regionales como instrumentos de desarrollo. 
La OMC desea hacerlas desaparecer con el pretexto de que constituyen violaciones inaceptables del principio de no discriminación comercial e introducen distorsiones de la competencia. 
La experiencia de los cuatro Convenios de Lomé está ahí para invalidar ese juicio. 
Nuestro Grupo ha apoyado también las diferentes enmiendas que ponen en entredicho el laxismo de la política aplicada por las instituciones comunitarias en la OMC, que multiplica las concesiones sin contrapartidas importantes. 
Informe Secchi 
Seora Presidente, en un mercado único es necesario, ciertamente, implantar unos principios comunes de tributación, pero también es igualmente necesario adoptar una clara posición contra la tendencia que reina en los Estados de la Unión Europea a elevar calladamente los impuestos. 
Por ejemplo, va a servir de poco cerrar en la Unión escondrijos fiscales, tal como se les denomina, si al mismo tiempo existen en todo el mundo suficientes lugares financieramente atractivos. 
De esta suerte, fluirá de Europa capital especulativo realmente móvil hacia fuera, pero los ahorros de los ciudadanos sinceros y diligentes seguirán siendo desplumados. 
El enorme aumento del capital especulativo hay que atribuirlo, entre otras causas, a la tributación excesivamente alta del dinero que circula en el proceso de la producción. 
En el mercado único no originan distorsiones los denominados paraisos fiscales, sino más bien los impuestos, demasiado elevados, a las empresas y al consumo. 
Me he expresado en contra de algunas partes del informe, porque deja de lado este planteamiento auténtico del problema. 
Hoy tenemos en la Unión estados en los que la presión fiscal se acercan al nivel del 50 %. 
Por consiguiente, nuestro objetivo claro ha de ser una clara reducción de esta presión. A este respecto rige el principio siguiente: a la luz de la subsidiariedad el estado no tiene el derecho de elevar enormemente la carga fiscal para después repartir regalos a sus ciudadanos a través de la vía indirecta de una burocracia cara. 
En este contexto es preciso recordar al economista norteamericano Arthur Laffer que demostró que a partir de una carga fiscal del 25 % aumenta progresivamente la tendencia a la defraudación de impuestos. 
La economía sumergida constituye una consecuencia lógica de ello. 
Señora Presidenta, quiero señalar que, básicamente, el presente informe acepta la idea de la globalización, el mercado interior, la total libertad del comercio y la libre circulación de capitales. 
Intentamos funcionar con los problemas que crea todo esto. 
Debemos volver a introducir algún tipo de control sobre los capitales y no convertirnos en un espacio completamente abierto para las multinacionales, que es en lo que se está convirtiendo Europa. 
Con la creación del mercado único, Bruselas, básicamente, tiene ahora el control de todo: los impuestos indirectos, los presupuestos nacionales, los tipos de interés y el impuesto sobre sociedades. 
El próximo paso será el impuesto sobre la renta y la armonización fiscal. 
Tengo serias dudas respecto a todo esto, y creo que estamos adoptando un enfoque equivocado. 
No podemos apoyar el informe del Sr. Secchi, puesto que plantea una armonización de los impuestos, que alejará coronas provenientes de los impuestos de Dinamarca. 
Pensamos, en cambio, que es lógico coordinar las tasas fiscales entre los Estados miembros, sin embargo, esto debe suponer una regulación de mínimos y no una armonización. 
En la UE no existe nada parecido a la competencia desleal en materia fiscal. 
La idea que se esconde detrás del mercado único es alentar la competencia, eliminando las barreras a la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. 
Los resultados han sido claramente beneficiosos. 
Por consiguiente, si la libre competencia es beneficiosa en estos ámbitos, ¿por qué debería ser perjudicial en el ámbito fiscal? 
La Comunicación de la Comisión Europea " Paquete de medidas para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea» es una prescripción equivocada para una enfermedad inexistente. 
Hay Estados miembros que se quejan del bajo tipo del impuesto sobre sociedades irlandés, de la falta de un impuesto de retención en Luxemburgo y de la inexistencia de cargas sociales (impuestos sobre el trabajo) en Dinamarca. 
Hay, incluso, quien se queja de lo injusto del tipo relativamente bajo del impuesto sobre la renta en el Reino Unido (no se fijan en el aumento de las cargas fiscales sobre los ciudadanos del Reino Unido desde que salió elegido el Gobierno Laborista). 
Nunca oiremos a los británicos quejarse del bajo tipo de los tributos que se pagan en Francia, España, Italia y Portugal, a pesar de que cabría argumentar que los bajos impuestos sobre las bebidas alcohólicas y el tabaco son perjudiciales- principalmente para la salud de nuestros conciudadanos. 
Personalmente opino que el análisis correcto de la competencia fiscal no consiste en que algunos países tengan tipos impositivos demasiado bajos. Lo que sucede es que los países que más se quejan, en particular Francia y Alemania, tienen índices impositivos demasiado altos. 
Como diputado británico al Parlamento Europeo, estoy a favor de una reducción fiscal en dichos países hasta alcanzar los niveles británicos. 
Los altos impuestos y las " cargas sociales» destruyen los puestos de trabajo. 
A pesar de lo mucho que aprecio el trabajo del ponente, mis colegas de la sección británica del Grupo del PPE y yo votaremos en contra del informe. 
Una competencia dañina para el desarrollo económico de los Estados miembros es lo contrario de la solidaridad y la cohesión europeas. 
La competitividad centrada en diferencias de precios obtenidas mediante la reducción de los costos salariales está en los antípodas de la competitividad centrada en la calidad de los productos y los servicios. 
Esa competitividad positiva sólo se puede conseguir mediante más investigaciones para elaborar productos y procedimientos menos despilfarradores de energía y materias primas y mediante más competencia de los trabajadores, mediante más inversión humana. 
El gran mercado europeo ha estimulado la competencia y producido numerosos efectos perversos, competencias desleales, fraudes, devaluaciones competitivas, traslados de empresas, la búsqueda de menos apremios fiscales, sociales y medioambientales. 
El mal está hecho y la libre circulación de capitales ha redundado plenamente en perjuicio de las rentas del trabajo y la calidad de vida de los trabajadores. 
Ha habido una transferencia de uno al otro mediante el aumento de las cargas salariales. 
Las medidas que se proponen- la imposición en origen de los ingresos del ahorro de los no residentes y la supresión de la doble imposición de las empresas- serán insuficientes para reparar los destrozos ocasionados hasta ahora. 
Retrospectivamente, vemos que el gran mercado y sus cuatro libertades fundamentales- libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales- debería haber ido acompañado de los instrumentos necesarios para el mantenimiento de los equilibrios económicos y sociales: la moneda única, una armonización fiscal y una armonización social. 
En nuestra sociedad, los ciudadanos más frágiles han sido las primeras víctimas de los retrasos o de los errores cometidos. 
Europa ganaría en grandeza reconociéndolo y haciendo las rectificaciones necesarias. 
La propuesta de resolución sobre la que debemos pronunciarnos ahora plantea una cuestión fundamental para el futuro del Mercado Único y, más en general, de la Unión Europa. 
En efecto, la entrada en vigor el 1º de enero de 1999 del euro en once de los quince Estados miembros hace necesaria una coordinación mayor de las políticas, entre otras en la esfera de la fiscalidad. 
Se trata efectivamente de un paso obligado para todos cuantos, tras plantear claramente la cuestión del desempleo y del empleo en Europa, consideran indispensable aliviar la fiscalidad que pesa sobre el trabajo. 
Como la mayoría de nosotros, yo considero que la falta de armonización fiscal entre los Estados miembros los ha arrastrado a una competencia fiscal perjudicial para todos, en la medida en que ha engendrado importantes pérdidas de ingresos fiscales para los poderes públicos, dedicados, por lo demás, a reequilibrar sus presupuestos y a costa de sacrificios a veces penosos para las poblaciones. 
Así, pues, hemos acogido con satisfacción la aprobación por el Consejo de una resolución sobre un código de buena conducta en materia de fiscalidad de las empresas y hemos conocido el conjunto de propuestas formulado por la Comisión en la esfera de la armonización fiscal. 
Dicho sea de paso, la propuesta de la Comisión y el acuerdo en el Consejo ECOFIN sobre una solución comunitaria que regule la cuestión de la imposición de las rentas del ahorro pagadas por los Estados miembros a particulares que residan en otro Estado son particularmente satisfactorios para un político belga como yo. 
Se deben considerar, a mi juicio, todas esas medidas primeros pasos que exigen otros. 
En particular en la esfera de la fiscalidad indirecta, pero también en materia de fiscalidad de las energías no renovables o de definiciones fiscales. 
Claramente, la armonización fiscal debe ser uno de los principales objetivos para todos cuantos desean avanzar por la vía de una Europa federal, económicamente próspera y socialmente justa. 
Las medidas que se nos proponen hoy, pese a ser en gran medida incompletas, van bien orientadas. 
Por eso daré mi apoyo a la resolución que se nos propone. 
La aproximación de las fiscalidades en el nivel europeo es un elemento fundamental de la profundización del Mercado Único. 
Las propuestas de la Comisión y del informe del Sr. Secchi van encaminadas a eliminar los obstáculos al buen funcionamiento del Mercado Único. 
El informe considera- con razón, a mi entender- que es importante aproximar ciertos elementos de nuestras fiscalidades. 
Dos argumentos abonan una mejor coordinación de nuestras fiscalidades: en primer lugar, las distorsiones que pueden crear fiscalidades en materia de asignación óptima de los fondos y las inversiones, ya sean financieras o productivas, en el espacio europeo; en segundo lugar, el agotamiento de ciertos ingresos fiscales, que podría plantear problemas presupuestarios muy graves a ciertos Estados miembros. 
Así, pues, si bien se debe mantener cierta competencia fiscal- pues es útil para disciplinar a los Estados -, se debe hacerlo en el marco de reglas del juego fiscales, en particular en materia de fiscalidad del ahorro y fiscalidad transfronteriza. 
En esa óptica se sitúa el informe Secchi y yo no puedo por menos de aprobarlo. 
Sin embargo, podemos lamentar que la Comisión y el informe Secchi no parezcan hacer ninguna propuesta por lo que se refiere a ciertos elementos de la fiscalidad directa de las empresas, como la forma de calcular la base imponible del impuesto de sociedades. 
Exceptuada esa reserva, celebro las propuestas de código de buena conducta o de deducciones mínimas en origen por lo que se refiere a la imposición del ahorro de los no residentes europeos de un Estado miembro. 
Sin embargo, la tasa de deducción en origen no debería ser demasiado elevada para no desalentar el ahorro ni provocar traslados de empresas afuera del espacio europeo. 
Celebro también las medidas destinadas a suprimir las retenciones en origen de los pagos transfronterizos de intereses y cánones a las empresas, que crean distorsiones perjudiciales para el crecimiento y el empleo. 
En la esfera de las relaciones de un grupo de sociedades, convendrá también avanzar más, en particular en lo relativo al cálculo del impuesto de sociedades de forma consolidada en el nivel europeo. 
Así, pues, por todas las razones antes expuestas, voy a votar a favor del informe del Sr. Secchi. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Secchi, que trata de hacer frente a la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea. 
Hemos optado por votar a favor del informe porque: 
subraya lo positivo de que el Consejo haya aprobado un código de conducta para los impuestos sobre las empresas y haya creado un grupo sobre el Código de conducta para valorar las medidas fiscales nacionales que son perniciosas para los intereses de la Comunidad.-indica que las diferencias en los sistemas tributarios y el nivel tributario que estén basadas en consideraciones sociales o en consideraciones medioambientales, sanitarias o de protección de los consumidores son correctas.-considera necesario alcanzar una imposición tributaria mínima común en las áreas en las que la competencia fiscal degenera en conductas perniciosas.-subraya la necesidad de que el código de conducta para los impuestos sobre las empresas se cumpla escrupulosamente.Los socialdemócratas daneses estamos, sin embargo, en desacuerdo con esa parte del informe que trata de la armonización fiscal. 
Las estructuras tributarias de los países miembros son muy diferentes y protegen a sus ciudadanos de manera diferente. 
De ahí que la armonización fiscal sea inaceptable. 
No obstante, podemos adherirnos a los niveles mínimos comunes, entre otras cosas, con relación a los impuestos sobre las empresas y a la tributación de los rendimientos del capital. 
En la reciente Cumbre de Luxemburgo, los Jefes de Estado o de Gobierno se pusieron de acuerdo sobre un código de conducta en materia de competencia fiscal, encaminado a abolir progresivamente los métodos perjudiciales en ese ámbito. 
En aquella ocasión, Luxemburgo insistió en que una acción en materia de impuesto sobre los réditos de los capitales debía entrañar como corolario una acción en materia de fiscalidad de las empresas. 
Luxemburgo considera que esta última deberá adoptar la forma vinculante de una directiva comunitaria: el dumping fiscal ha de perjudicar por fuerza a las empresas europeas y provocar distorsiones en el mercado común. 
En cuanto a la diversidad de los sistemas fiscales entre los Estados miembros, no hay razón para cambiarla ahora. 
En efecto, la competencia fiscal puede ser positiva cuando se da entre los sistemas fiscales: unos son más eficaces y permiten aplicar tipos más bajos, mientras que otros deben compensar una menor eficacia mediante tipos más elevados. 
Las propuestas de la Comisión en materia de fiscalidad de las empresas constituyen un primer paso hacia una mejor coordinación de las políticas fiscales. 
La forma es aceptable, ya que se trata de un conjunto de medidas y no de propuestas aisladas. 
El ámbito de aplicación sigue siendo enorme y habrá que hacer mucho más aún antes de que la fiscalidad deje de constituir un obstáculo a las cuatro libertades. 
El informe Secchi alienta a los Estados miembros a trabajar en pro de la eliminación de los paraísos fiscales que existen dentro de la Unión. 
No se cita específicamente a Luxemburgo, pero se alude a él, desde luego, mientras que todos los Estados miembros intentan atraer a las empresas con exoneraciones fiscales atractivas, todos los Estados miembros atraen a los inversores privados con disposiciones fiscales favorables para los no residentes y ciertos Estados miembros albergan auténticos oasis completamente desreglamentados. 
Así, pues, es engañoso aludir únicamente a Luxemburgo, que dispone de una plaza financiera sometida a una reglamentación estricta (sobre el blanqueo de dinero procedente del tráfico de droga, por ejemplo) y de un sistema fiscal eficaz que le permite aplicar tipos relativamente bajos. 
De modo que una posible aproximación de las políticas fiscales debería englobar a todos los Estados miembros y todas sus dependencias, así como una gama muy amplia de esferas fiscales. 
Habida cuenta de estas observaciones, he votado a favor del informe Secchi, consciente de que no se trata sino de un dictamen parlamentario y de que las decisiones finales deberán ser adoptadas por unanimidad por los Gobiernos de los Estados miembros. 
Hemos votado a favor de los capítulos del informe que se refieren a la obligación de información de los bancos, códigos de conducta, niveles mínimos para los impuestos de las empresas y medidas contra los llamados paraísos fiscales. 
Sin embargo, el informe también se ocupa de la armonización fiscal en gran escala. 
Esto constituye una intervención en las prerrogativas de los parlamentos nacionales y en los derechos de los ciudadanos a decidir la política fiscal de su país mediante elecciones. 
Además, esto amenaza la estabilidad financiera de los países. 
Por estos motivos hemos votado en contra del informe en la votación final. 
Esto también constituye un posicionamiento en cuanto a las reiteradas exigencias en el debate de eliminar el consenso en los asuntos fiscales. 
En nuestra opinión, semejante medida violaría el Tratado. 
Como manifestó el ponente, Sr. Secchi, hay que acelerar el proceso de coordinación fiscal de la Unión Europea sobre la base del compromiso asumido por el Consejo de Ministros al respecto. 
De hecho, estoy plenamente convencido de que las actuales distorsiones y disparidades de los sistemas fiscales podrían convertir en inútiles los esfuerzos realizados para lograr la Unión Económica y Monetaria y eliminar las ventajas y las oportunidades potenciales que puede ofrecer el mercado único en términos de desarrollo económico y de progresiva reducción del desempleo estructural existente. 
Qué duda cabe de que, si no se modifica, el sistema vigente podría provocar, de hecho, la pérdida progresiva del poder y la soberanía de cada uno de los Estados miembros en materia de fiscalidad. 
Estoy asimismo de acuerdo con los elementos que componen el paquete de medidas para hacer frente a la competencia fiscal perniciosa que representa una eficaz manera de programar, antes y desarrollar, después toda la estrategia. 
En consecuencia, me congratulo con el ponente y respaldo plenamente su informe. 
Estimamos importante que la UE no sólo condene la conducta de Serbia en Kosovo sino que también use los métodos económicos, políticos y diplomáticos que tiene a su disposición. 
Con todo, nos oponemos a los preparativos de una intervención militar. 
Una acción militar solamente puede llevarse a cabo de acuerdo con una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
Una vez más, nuestra Asamblea aprueba una resolución relativa a Kosovo. 
Conviene observar, en primer lugar, que la acumulación de esas resoluciones no parece haber logrado una disminución de las tensiones políticas en esa región, sino al contrario. 
Conviene subrayar, además, que esta resolución, como las anteriores, se caracteriza por un maniqueísmo absurdo, por una diabolización de la Federación Yugoslava y de la República de Serbia, por una ausencia total de profundidad histórica en el análisis de la situación de Kosovo y por una irresponsabilidad grave en cuanto a las consecuencias locales, regionales e internacionales de los alientos prodigados a los independentistas kosovares. 
Sin subestimar en modo alguno las insuficiencias democráticas de la antigua y la actual Yugoslavia ni los excesos de los diferentes nacionalismos que se enfrentan en esa región ni tampoco los sufrimientos de las poblaciones civiles que dichos nacionalismos han tomado como rehenes, no nos queda más remedio que deplorar el simplismo y la parcialidad de las posiciones adoptadas por el Parlamento Europeo. 
Al dictado de la diplomacia americana, bajo la influencia de dos Estados miembros de la Unión y bajo la presión de un poderoso grupo de intereses parlamentario nostálgico de las antiguas formas de organización política de los Balcanes, el Parlamento Europeo ha declarado desde hace ocho años una guerra política y jurídica en cierto modo a uno de los Estados signatarios de la Carta de las Naciones Unidas, que debería haber garantizado sus fronteras. 
En total contradicción con esa garantía, se ha fomentado el desmembramiento de la República Federativa de Yugoslavia; se ha invitado a las repúblicas federadas «amigas» a aproximarse individualmente a la Unión Europea; se ha iniciado el proceso de adhesión de Eslovenia y se ha recompensado así el egoísmo de sus dirigentes; se ha elevado a todos los artífices de la división de Yugoslavia al rango de aliados de la Unión Europea y de «demócratas» , a veces contra la evidencia; se han multiplicado las sanciones, los procedimientos de bloqueo y de embargo, las amenazas militares contra la República de Serbia, acusada de todos los males en los acontecimientos de esa región. 
Por no ser, al parecer, suficiente esa inmensa labor de destrucción, se ha atacado la integridad territorial- forjada por la geografía y la historia- de la propia Serbia alentando, antes incluso del final de la guerra de Bosnia, a los secesionistas albaneses de Kosovo. 
Dichos alientos han sido tan excesivos y carentes de inteligencia política, que su resultado ha sido el de marginar a los dirigentes moderados de Kosovo, que buscaban una solución equilibrada dentro de la Federación Yugoslava, en provecho de los extremistas del ALK, que con las armas en la mano luchan hoy por la independencia de Kosovo y mañana lo harán por su integración en Albania. 
La Unión Europea ha fomentado la independencia croata, una independencia que todas las comunidades de Croacia pagaron en Vukovar o en Knin. 
Ha «garantizado» la independencia de Bosnia y ha conseguido la división de esa región y las matanzas de Mostar, de Ilidza o de Srebrenica. 
Ha arrojado aceite sobre los rescoldos de Kosovo y ha provocado el terrorismo independentista y su represión, inevitable y probablemente desproporcionada. 
En el futuro la ceguera y la parcialidad de la Unión y de los Estados Unidos causarán- no lo dudemos- la impugnación generalizada de las fronteras de la región- en particular, las de Albania y Macedonia- y graves desórdenes en Voivodina y Sandjak. 
La Federación Yugoslava estaba basada en una concepción subjetiva clásica de la nacionalidad, la misma que funda el proceso de integración europea. 
En lugar de dar prelación a esa visión de la nacionalidad, se han solucionado los problemas políticos- muy reales, desde luego- que se planteaban dentro de la Federación Yugoslava aplicando otra concepción, romántica y objetiva, de la nacionalidad que da prelación al etnicismo y que por dos veces en este siglo ha incendiado ya Europa. 
Con su acumulación de errores, la Unión Europea ha pasado por alto su propia historia, ha desconocido su cultura y ha insultado su futuro. 
Aún estamos a tiempo de no cometer lo irreparable y de reintegrar al pueblo serbio en la Comunidad Europea a la que pertenece por haber contribuido mucho a la libertad de todos los pueblos de su región. 
Por eso no voy a votar a favor de la resolución que se nos ha propuesto. 
Seguridad del transporte de combustible y residuos nucleares 
El transporte de residuos peligrosos es un problema espinoso que no hay que tratar a la ligera. 
En ese sentido, en la resolución común sobre la que debíamos pronunciarnos figuraban elementos excelentes a los que soy totalmente favorable. 
Por lo demás, se podría haber avanzado más. 
En un plano orgánico, estamos contra la injerencia de estructuras supranacionales en la política del medio ambiente. 
Efectivamente, es necesaria una acción de prevención y control mayor en los Estados miembros. 
Pero son las autoridades políticas nacionales las que deben en primer lugar asumir sus responsabilidades y hacer que la situación evolucione en sentido positivo. 
Además, si algunos países demuestran deficiencias o retrasos en el marco de la protección del medio ambiente, corresponderá a los mecanismos normales de la diplomacia y los acuerdos internacionales paliar las posibles deficiencias. 
En cuanto a la enmienda presentada en nombre del PSE, resulta asombrosa por parte de personas que se declaran de izquierdas y se jactan de defender a los débiles. 
Pretender que los residuos nucleares no transiten por zonas de gran densidad, es, a contrario, aceptarlos para regiones con poca densidad. 
Esa idea es escandalosa. 
Hay que evitar las zonas pobladas. 
Última observación y no de las menos importantes: no podemos aceptar que se ponga en entredicho de EDF, como se trasluce en esta propuesta de resolución. 
También a ese respecto, si existen disfunciones, nuestros mecanismos nacionales las remediarán. 
Así, pues, hemos votado contra esta resolución en conjunto. 
Arenques destinados a fines industriales- Conservación de los recursos de la pesca en elMar Báltico, de los Belt y del Sund- Pesca destinada a la industria reductora 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0142/98 de la Sra. Langenhagen en nombre de la Comisión de pesca sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se especifican las condiciones en que pueden desembarcarse arenques destinados a fines industriales distintos del consumo humano directo (COM (97) 0694- C4-0041/98-97/0353 (CNS) ); -A4-0139/98 del Sr. Kofoed en nombre de la Comisión de Pesca sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica por séptima vez el Reglamento (CEE) nş 1866/86 por el que se fijan determinadas técnicas de conservación de los recursos de la pesca en las aguas del mar Báltico, de los Belt y del Sund (COM (97) 0675- C4-0017/98-97/0354 (CNS) ); -A4-0201/98 del Sr. Kindermann en nombre de la Comisión de Pesca sobre la pesca destinada a la industria reductora. 
Señora Presidenta, en mi informe se trata de un tema que está siendo discutido con gran controversia en la opinión pública. 
Espero que podamos exponer con claridad a esta opinión pública las razones de nuestra decisión. 
Detrás del título, un tanto complicado, se esconde la autorización de la pesca industrial del arenque en el mar Báltico. Hasta ahora ésta ha estado prohibida en las aguas comunitarias. 
La pesca industrial representa un fuerte sector económico. 
Más de 30 millones de toneladas de pescado, lo cual equivale al 30 % de la totalidad de las capturas en el mundo, por valor de 3.000 millones de ecus se destinan a este sector. 
De todo ello se generan 6, 5 millones de toneladas de harina de pescado y 1, 3 toneladas de aceite de pescado. Ambos productos son de alta calidad. 
La harina de pescado se utiliza, sobre todo, como alimento de los animales útiles y de los animales criados para la obtención de pieles. 
El aceite de pescado se utiliza en la acuicultura, pero ustedes encontrarán también aceite de pescado en la margarina y en grasas de cocina. 
Actualmente parece que no existe una renuncia a estos productos, pues no existen sucedáneos de la misma calidad. 
La pesca es susceptible de crítica por varias razones. 
Por un lado, se plantea la cuestión de principios acerca del aprovechamiento solamente indirecto de seres vivos para la alimentación humana. 
Por otro lado, sucede, sin duda, que con la captura de peces para fines industriales se reduce la base alimenticia de otros peces depredadores como, por ejemplo, el bacalao. 
Lo mismo ha de decirse también respecto de las aves marinas y de los mamíferos marinos. 
Aún más dudoso es el problema de la pesca accesoria. 
Ésta se muestra especialmente crítica en el caso de la captura industrial del espadín, pues éste se encuentra frecuentemente en un mismo banco junto con los arenques. 
A pesar de todos los reparos, en la Comisión de Pesca hemos llegado a la opinión de que la pesca industrial es aceptable, en concreto, cuando se practica con mesura, reguladamente y sometida a control, ya que no queremos renunciar a sus productos. 
Nuestra posición se ha visto reforzada, como siempre, por las opiniones de los científicos. 
Hoy se trata de un acto derivado de la ampliación de la Unión Europea en 1995. 
En virtud del documento de adhesión Finlandia y Suecia pueden capturar arenques en sus aguas para fines industriales, pues esto constituye allí una actividad tradicional y sin el informe de hoy ambos países tendrían que suspenderla. 
La propuesta prevé, por un lado, autorizar la prosecución de la pesca industrial del arenque, en el mar Báltico, pero, por otro lado, la pesca industrial del arenque permanecerá prohibida en el resto de las aguas comunitarias. 
Estoy de acuerdo con estos dos principios fundamentales. 
Con esto se ha encontrado una vía para los dos países afectados que no implica perjuicios para su actividad pesquera tradicional. Lo celebro expresamente. 
La prohibición de la pesca del arenque para fines industriales en otras aguas comunitarias, sobre todo en el Mar del Norte, es muy importante porque la población de arenques se encuentra allí en mal estado. 
Esto tuvo como consecuencia la reducción de la cuota de capturas del arenque a la mitad a mediados de 1996 y esta drástica medida- drástica para los pescadores- fue continuada en 1997. 
Puesto que las poblaciones se encuentran ya fuertemente explotadas mediante las capturas destinadas al consumo humano, la población de arenques no debería verse adicionalmente sobrecargada por la pesca industrial. 
Sin embargo, en el mar Báltico la situación es otra. 
La población de arenques se encuentra allí- así lo afirman los científicos- en un estado muy bueno. 
Por lo demás, en 1997 sólo se ha explotado en un 50 % la cuota total de captura. 
Alemania, por ejemplo, utilizó solamente el 15 % de sus posibilidades de pesca. 
Pero para evitar en el mar Báltico irrupciones semejantes a las que se practicaron en su día en el caso del arenque del Mar del Norte, y después de que Alemania y Dinamarca pueden teóricamente practicar ahora la pesca industrial, es preciso endurecer algunos ámbitos de la propuesta de reglamento. 
Esto es lo que he propuesto. 
El reglamento tampoco debe regir, como está previsto, sin limitaciones. 
En el ao 2003 debemos examinar el efecto del reglamento y, llegado el caso, debemos realizar adaptaciones. 
No obstante, a pesar de todas las medidas, queremos dirigir también un llamamiento a la pesca industrial del mar Báltico. 
Se insta a la industria pesquera a que sea creativa y a que posibilite, por fin, a largo plazo un aprovechamiento del arenque del mar Báltico, que actualmente no dispone de un gran mercado, para el consumo humano. 
Solicito el apoyo de ustedes para las enmiendas y para todo el informe. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores, esta propuesta, que ha sido aprobada por la Comisión y ya ha entrado en vigor, es un resultado de las negociaciones en la Comisión Báltica. 
En principio puedo decir que estamos de acuerdo en las medidas que se han adoptado, sin embargo, tengo unos comentarios que están dirigidos más al futuro. 
Estamos algo insatisfechos con que la propuesta se someta a debate en el Parlamento en un momento tan tardío. 
Deberíamos haber acabado antes de Navidad de modo que pudiéramos haber tenido un debate que hubiera podido afectar a la decisión final del Consejo. 
Me gustaría abordar la administración misma de los recursos en el Báltico. 
En primer lugar, está la pesca del salmón. 
No puedo entender que se restrinja la pesca del salmón de modo tan rotundo como se hace, puesto que se sabe que se aplazan las crías de salmón que equivalen a que se puedan pescar 700.000 salmones, sin embargo, la cuota se sitúa de todas formas en sólo 400.000. 
Nuestra propia experiencia del Báltico es que hay salmones en abundancia, sin embargo, detrás subyacen decisiones políticas. 
Uno tiene la impresión de que- para proteger al llamado salmón salvaje- se quiere limitar la captura del salmón en su conjunto. 
En un determinado país, es decir, Suecia, se imponen intereses turísticos, ya que se piensa que el salmón debe capturarse en los ríos para beneficio de los turistas. 
Esto me parece una actitud errónea. 
La base de esta disposición no está demostrada científicamente. 
Éste es un punto. 
Otro punto es la pesca del bacalao y del arenque en el Báltico. 
Estoy muy preocupado ante la evolución de estas dos poblaciones y por tanto pienso que la Comisión debe plantearse a fondo tratar de limitar la capacidad de pesca. 
Hemos propuesto que deberían limitarse los caballos de vapor por barco de modo que nos viéramos libres de los grandes bous que bajan al Báltico en la temporada del bacalao con el resultado de que se pesca demasiado intensamente. 
Por lo que respecta a la pesca del arenque en el Báltico, no soy partidario de que se pesquen arenques para fabricar harina de pescado en el Báltico, pues la población de arenques no es especialmente grande en el Báltico, por lo que debe evitarse la pesca con este fin. 
Bien puedo entender que Suecia y Finlandia lo hagan en la parte norte del Báltico. 
No obstante, pienso que esto también afecta a la población de arenques en el resto del Báltico, y así en consecuencia me dirijo a la Comisión para que sea más cauta en el futuro con respecto a este tipo de pesca. 
Además, quiero recalcar que debe prestarse más atención a las medidas de conservación. 
Deben instaurarse prohibiciones inmediatas de la pesca durante el período de cría y en las aguas donde los peces desovan, de manera que los peces puedan reproducirse libremente. 
Es de esta forma como se recupera una población. 
Además, tengo un comentario que hacer sobre las llamadas redes de arrastre flotantes. 
Es una herramienta muy efectiva que, sin embargo, captura también a otras especies pesqueras aparte de aquellas cuya captura se busca. 
Esto también contribuye a que haya problemas con las poblaciones de peces en el Báltico. 
Por último, quiero mencionar que no se ha investigado el equilibrio ecológico en el Báltico. 
Sospecho que se pescan un millón de toneladas de peces en el Báltico y se les lleva a tierra, luego no se suministran suficientes nutrientes a las poblaciones que nacerán. 
Pienso que los biólogos han tenido muy poco en cuenta que también debe haber alimentos suficientes para las poblaciones de peces. 
De otro modo no se puede tener producción. 
En la agricultura se sabe que hay que suministrar al suelo una cantidad de nutrientes que equivalga a la cantidad de nutrientes que se lleva consigo el cultivo. 
En esto no hay nadie que piense en la política pesquera. 
Por tanto me dirijo a la Comisión para que haga que los biólogos descubran cuál es el equilibrio biológico en unas aguas, pues también debemos " cultivar» las aguas de modo que puedan producir buenos alimentos para la población. 
No obstante, de todas formas, señora Comisaria, puedo decir que nos sumamos a la propuesta como está, sin embargo, llamamos la atención sobre la necesidad de incorporar nuevos aspectos a las negociaciones que habrán de llevarse a cabo el próximo año. 
Seora Presidenta, seora Comisaria, la Comisión de Pesca en cuyo nombre he redactado el presente informe, ha considerado necesario abordar el tema de la pesca industrial en un informe de iniciativa, pues constituye un tema controvertido, y al mismo tiempo importante, que hasta ahora no ha gozado de la atención que merece en el Parlamento Europeo, ni en la Unión Europea en general. 
Se trata de una pesca con redes muy tupidas, cuyas capturas están destinadas a ser manufacturadas industrialmente. 
Las especies objeto de las capturas son ordinariamente peces que no sirven para el consumo humano directo o que son utilizados sólo en cantidades reducidas para el consumo humano. 
Este tipo de pesca es muy importante, en especial, en el Mar del Norte, razón por la cual se concentra este informe en esa región. 
La participación de la pesca industrial en todas las capturas de peces en el mar del Norte se ha elevado en los últimos aos a casi el 60 %. Esto significa que aquí se pesca para la explotación industrial el doble de peces que el promedio mundial. 
Sin embargo, la pesca industrial no es solamente un sector económico importante a escala regional. 
Es también objeto de encendidas discusiones acerca de su admisibilidad desde el punto de vista ecológico. 
Muchos se acordarán todavía de la campaña de Greenpeace contra la pesca de lanzones en la costa escocesa en el verano de 1996. 
En nuestro caso se trata del hecho de que a consecuencia de que las redes son tupidas se pescan como pesca accesoria peces aptos para el consumo humano que no han alcanzado aún la madurez de reproducción. 
A causa de las elevadas cantidades capturadas en las especies de la pesca de los lanzones, la cantidad total anual capturada se eleva hasta un millón de toneladas. 
Por esta razón, muchos abrigan temores por las poblaciones mismas y otros por el mantenimiento de la cadena alimenticia. 
La Comisión de Pesca se ha colocado claramente en la posición de que la pesca para fines industriales es solamente defendible si respeta el principio de la sostenibilidad y si en los casos de conflicto se da prioridad a la pesca destinada al consumo humano. 
En el informe se afirma que en el pasado, sobre todo en la pesca mixta y en la pesca del espadín se ha dado un problema muy serio de control del cumplimiento de la legislación comunitaria. Esto ha originado capturas excesivamente altas de las especies que son objeto de la pesca y numerosos casos de rebasamiento de la proporción de captura accesoria admisible en las especies protegidas, en especial, en los arenques. 
La elevada mortalidad del arenque en el Mar del Norte, que movió al Consejo a adoptar medidas inmediatas de urgencia ha sido co-originada también, sin duda, por las elevadas capturas accesorias de arenques en la pesca industrial en la que, en parte, fue superior la proporción de arenques. 
Sin embargo, queremos elogiar también los casos positivos. 
En julio de 1996 el Consejo introdujo a propuesta de la Comisión, como una de las medidas de urgencia que acabamos de mencionar, un límite superior absoluto para las capturas de arenques en la pesca industrial. Una vez alcanzado éste, debe suspenderse la pesca correspondiente. 
Esta medida ha demostrado ser muy eficaz, en especial, porque la administración danesa de pesca, en cuyo ámbito de jurisdicción se encuentra la mayoría de los puertos de atraque de los pescadores industriales, ha introducido en el mismo ao un sistema completo de vigilancia con una intensa capacidad de muestreo. 
Las primeras cifras de que disponemos sobre el ao 1997 permiten deducir una reducción drástica de las capturas accesorias de arenques. 
No obstante somos de la opinión de que habrá que esperar a la experiencia de varios aos, antes de emitir con carácter definitivo una valoración acerca de la eficacia del nuevo sistema. 
El Consejo y la Comisión han seguido la vía de la cantidad máxima admisible para reducir las capturas accesorias. 
La eficacia de tales medidas depende, evidentemente, del rigor de los controles en los puertos de atraque, de la continuidad de la vigilancia, del registro de la composición de las capturas así como de una suspensión puntual de la pesca cuando se alcance la cantidad de captura accesoria. 
El nuevo sistema danés de vigilancia podría satisfacer estas condiciones. Sin embargo, debe ser aceptado por los pescadores. 
De lo contrario, no sirve de mucho. Hay atisbos que permiten deducir que esta aceptación no se da en todos los pescadores. 
Por consiguiente, recomendamos precaución y consideramos prematuro relajar ya ahora otras medidas de conservación, como pretenden hacer el Consejo y la Comisión con la elevación del 10 % actual al 20 % de la proporción de pesca accesoria de arenques en la pesca del espadín. 
Por consiguiente, tanto en la propuesta de resolución sobre mi informe como en la propuesta legislativa sobre el informe de la Sra. Langenhagen, que trata especialmente de la pesca del arenque en el mar del Norte y en el mar Báltico, nos hemos opuesto a la elevación de la proporción de pesca accesoria al 20 %. 
En otros ámbitos de la pesca existe una gran necesidad de actuar. Esto lo ha puesto claramente de manifiesto el informe. 
En este punto hay que mencionar especialmente la pesca de la faneca noruega. 
El problema de esta pesca reside en la alta proporción de pesca accesoria de especies protegidas, en especial, de jóvenes eglefinos y de pescadillas. 
Éstos constituyen dos especies de peces susceptibles de consumo humano cuya mortalidad a causa de la pesca es muy elevada. 
Peor aún, las cantidades accesorias estimadas de eglefinos y pescadillas en la pesca industrial se exceptúan explícitamente en la reglamentación anual de tasas y cuotas. 
Aquí no existen límites superiores para las capturas accesorias, aunque las capturas accesorias de la pesca industrial en determinadas variedades de pesca están por encima de las capturas permitidas en la pesca destinada al consumo. 
Esta situación no puede sostenerse por más tiempo. 
Por esta razón, hemos propuesto, como medida mínima, que se contemple en la fijación anual de las cantidades globales de captura admisibles las capturas accesorias de las especies protegidas y se las impute a los estados correspondientes en la asignación de las cuotas de captura. 
De esta manera se daría a los Estados miembros que practican la pesca industrial la posibilidad de solucionar en el seno de su propia economía pesquera el conflicto que se plantea a nivel comunitario entre la pesca industrial y la pesca destinada al consumo. 
Consideramos esta propuesta como la solución más limpia y más fácil de llevar a la práctica. 
Si el Consejo y la Comisión se mostrasen dispuestos, por fin, a asumir este problema contarían con seguridad con el apoyo del Parlamento, incluso para otras eventuales vías de solución así como para la negociación con Noruega. 
También existe necesidad de actuar en la pesca del lanzón. Los biólogos piscícolas opinan, ciertamente, que sus poblaciones no están amenazadas gracias a su alta capacidad de reproducción. 
No obstante, teniendo en cuenta el apego local de los animales y la elevada dependencia de determinados peces de consumo humano, de aves marinas y de mamíferos marinos respecto de los lanzones como base alimenticia no quieren descartar algunos daos locales. 
Por consiguiente, instamos a la Comisión, también a causa de las elevadas cantidades capturadas, a que aplique el planteamiento preventivo y vele por el desarrollo de un plan de gestión, de manera semejante a como sucede ya en muchas otras explotaciones pesqueras. 
Este plan debería comprender también la institución de zonas de protección en los territorios ecológicamente sensibles. 
Por lo demás, somos de la opinión de que es muy posible la reducción de la proporción de captura accesoria permitida actualmente en la pesca de los lanzones en el mar y que, en consecuencia, debería ser introducida también en la legislación. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, deseo felicitar a mis colegas de la Comisión de Pesca, Sra. Langehagan, Sr. Kindermann y Sr. Kofoed, por sus excelentes informes que tienen un tema subyacente común, a saber, la pesca sostenible en el Mar del Norte y en el Mar Báltico. 
Al igual que ellos, defiendo los firmes intereses de mi circunscripción en el mantenimiento de los recursos pesqueros, en mi caso particular, en el Mar del Norte. 
Me preocupan especialmente los efectos que sobre todo el ecosistema marino del Mar del Norte tiene la pesca industrial intensiva, principalmente, por parte de los buques daneses. 
Especies como el espadín, la faneca noruega y el lanzón, aunque no sirvan para el consumo humano, cuando son capturados en grandes cantidades para ser utilizados como alimento para cerdos y pollos o como aceite de pescado para elaborar margarina y aceites de cocina y como pienso en piscicultura, se rompe el frágil equilibrio ecológico y se esquilma la fuente de alimentación de especies como el arenque y el bacalao, etc., que sí son consumidos por las personas. 
Otras criaturas del mar como las focas y las aves también están amenazadas por la disminución de los recursos alimenticios. 
Siento especial preocupación por la pesca del arenque con fines industriales. 
El arenque es un pescado muy nutritivo para los humanos, pero lamentablemente ya no abunda en las lonjas. 
En el pasado, al menos en el Reino Unido, era un pescado muy común y barato que constituía un aporte delicioso y sano a la dieta de las familias con menos ingresos. 
Actualmente ya no se encuentra como antes y su precio es mucho más elevado. 
Los pescadores que pescan arenques para el consumo humano encuentran cada vez menos peces y más pequeños. 
Los pescadores de mi circunscripción creen que la pesca industrial es una de las principales causas de la actual situación: debido a que los peces de los que se alimentan son capturados en grandes cantidades y porque los propios arenques son capturados con las pequeñas redes utilizadas en la pesca industrial, al igual que sucede con el bacalao, que se pesca cuando es aún demasiado pequeño. 
Por consiguiente, el informe del Sr. Kindermann es acogido con especial satisfacción. 
Pido el apoyo a sus recomendaciones para que se impongan controles más estrictos y limitaciones a la pesca industrial, y en particular, el apoyo a las recomendaciones que piden más vigilancia ecológica para proteger las zonas de desove y en las que se alimentan los alevines, mediante la introducción, por parte de la Comisión, de zonas protegidas. 
Sus propuestas para atajar el problema de las grandes capturas accesorias en la pesca del espadín mediante la imposición de controles estrictos de los desembarcos y el cierre de pesquerías cuando agoten los límites de captura son también medidas positivas para garantizar la supervivencia y la recuperación de los caladeros de arenques. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento a la Sra. Langenhagen por su informe, así como al Sr. Kofoed y al Sr. Kindermann. 
A pesar de todo el trabajo realizado, el ámbito de la pesca industrial sigue siendo, al menos para mí, un poco misterioso. 
En la Unión Europea desembarcamos aproximadamente el 10 % de las capturas industriales del mundo, y se vende por aproximadamente el 30 % del valor del pescado que se pesca para el consumo humano. 
También es evidente que las capturas industriales contienen una cantidad desconocida de peces comestibles e, incluso, costosos. 
En unas circunstancias en las que el pescado es escaso y caro, como en la Unión Europea, es un derroche utilizar cualquier tipo de pescado con fines industriales, si puede ser tratado para el consumo humano. 
También es inquietante leer en la exposición de motivos- a lo que también ha hecho referencia el Sr. Kindermann- que hasta 1996, se pescaron en el Báltico 100.000 toneladas de arenques en capturas accesorias junto con el espadín. Eso me parece una cantidad extraordinaria de peces. 
No quiero oponerme a la propuesta de la Comisión, a la que hace referencia el informe Langenhagen, de permitir que prosiga la pesca industrial en este caso concreto. 
No obstante, creo que la Comisión siempre está bajo presión para hacer concesiones excesivas a los intereses de la pesca industrial y ampliando el derecho de pesca del arenque que, aunque de inferior calidad, da lugar a serias dudas, incluso en el caso de que Alemania y Suecia no capturen toda su cuota en el Báltico. 
No está claro a qué es debido, aunque quizá se deba a que se necesitan demasiados esfuerzos para pescar, porque los caladeros están en malas condiciones. 
No creo que eso nos dé motivos para convertir los caladeros de peces aptos para el consumo humano en alimento para animales y peces. 
La exposición de motivos también nos informa de que, debido al modo en que se almacena la pesca industrial, es imposible determinar exactamente las cantidades de las pescas accesorias. 
Si anualmente capturamos 3 millones de toneladas de peces con fines industriales en la Unión Europea, de las que entre un 7, 5 % y un 8 % son pescas accesorias de especies comestibles, eso representa un cuarto de millón de toneladas de un bien escaso en la Unión Europea, habida cuenta de que sólo somos autosuficientes en un 48 %. 
La utilización de un cuarto de millón de toneladas de peces comestibles para la elaboración de alimentos para animales es excesiva. 
Es mayor que toda la cuota que obtiene una nación insular como Irlanda. 
Estos informes son de gran utilidad. Pero necesitamos más información al respecto para poder adoptar una decisión política racional. 
Señor Presidente, cuando en el Reino Unido pensamos en la pesca, solemos pensar en el pescado que comemos, en fish and chips o quizá, en el pescado que a veces consumimos en los restaurantes de Estrasburgo. 
Al leer el excelente informe del Sr. Kindermann- y no lo digo sólo por cortesía; es un informe extraordinario- me sorprendió que el 30 % de las capturas del mundo, unos 30 millones de toneladas, se destinen a las pesquerías industriales. Y en el caso del Mar del Norte, que esta sometido a enormes presiones medioambientales y ecológicas, la cifra se eleva al 60 %. 
Es una señal de alarma que no podemos pasar por alto. 
¿Para qué se utiliza la harina de pescado? El setenta y cinco por ciento se utiliza para piensos, y el veinticinco por ciento restante, para aceites. 
En ambos casos, podría ser sustituida por otras sustancias que pueden cultivarse en vez de ser extraídas del mar. 
Hace aproximadamente un año, visité una de las plantas de tratamiento de pescado de mi circunscripción en la ciudad de Plymouth. 
Allí me topé de frente con el problema de la pesca industrial. 
Esta organización pescaba, desembarcaba y trataba arenques y caballas con fines múltiples. 
Aunque el propietario me dijo que el problema no eran las cuotas de estas especies, sino el hecho de que el 10 % de las capturas accesorias de la pesca industrial legal superara los recursos pesqueros que aquellos que tenían cuotas legítimas. 
En mi opinión, eso no sólo es un problema conceptual, sino que da al traste con toda la finalidad del sistema de cuotas que está ahí para que se cumpla. 
Sentí especial consternación al leer en el informe que la cantidad de arenques pescados en las capturas accesorias supera a la propia cuota. 
Debemos sacar varias lecciones de todo esto. 
En las pesquerías hablamos del enfoque cautelar. 
He aquí un ámbito en el que debemos ser muy cautelosos. 
Será difícil recuperar el control sobre este sector de la industria; en Dinamarca es un sector muy importante. 
No obstante, debemos modificar nuestras prioridades. 
Debemos ir con cuidado. 
Es uno de los eslabones más bajos de la cadena alimenticia en una zona del mar que se encuentra bajo presión. 
Me interesaría mucho oír de la Comisión qué planes tiene para el futuro a largo plazo de cara a garantizar que esta pesquería se reduce de manera considerable o, al menos, para evitar que tenga efectos perjudiciales sobre el entorno marino a largo plazo. 
Coincido con el Sr. Teverson en señalar que tenemos tres informes excelentes que nos permiten profundizar nuestros conocimientos sobre un problema muy complejo. 
En el caso de Dinamarca, en particular, existe una dependencia histórica alentada por el Gobierno danés, y cualquier acción encaminada a modificar el equilibrio- con el que estoy de acuerdo -, debe ir unida a medidas compensatorias. 
Es el tipo de reto que, quizá, debemos sacar a la luz y debatirlo con todo detenimiento. 
Deseo felicitar al Sr. Kofoed por la honestidad y el valor con que afronta los problemas del Báltico. 
Hay toda una serie de detalles que él menciona, por ejemplo, el régimen del salmón le parece bastante imperfecto, por no tener suficientemente en cuenta las sutiles diferencias entre los turistas que practican la pesca del salmón como deporte y aquellos que lo capturan como medio de vida. 
Ha hecho muchas observaciones muy importantes sobre el tamaño del motor y las prohibiciones durante los períodos de cría. Básicamente, todo ello parece de sentido común. 
Asimismo, el Sr. Kindermann hace hincapié en la conservación y la reducción de las capturas accesorias de arenques. Es de la máxima importancia y espero que aprendamos mucho de estos informes. 
La lección que me gustaría sacar de estos dos informes, y también del informe de la Sra. Langenhagen, es la siguiente: cuando oímos lo que sucede en el Báltico, por ejemplo, con las redes de enmalle a la deriva, constatamos que es muy diferente de lo que sucede en otras zonas, como el Adriático o el Golfo de Vizcaya. 
No veo por qué la Unión Europea debe imponer un régimen para toda Europa. Este caso me ayuda a reafirmarme aún más en la necesidad de que adoptemos un enfoque diferente en el futuro. 
Como sabrán algunos colegas, en estos momentos estoy trabajando en la regionalización de la Política Pesquera Común. Éste es el tipo de armas y de datos que necesitamos para poder aunar, bajo el paraguas de la Política Pesquera Común, un enfoque regional. 
Agradezco a los ponentes su contribución. 
Señor Presidente, la industria pesquera constituye, con su actual envergadura, una seria amenaza para la población piscícola y el ecosistema. 
No se puede aceptar que estos barcos pesquen grandes cantidades de pescado para la elaboración de la harina y el aceite de pescado, un pescado que, en principio, está destinado para el consumo humano. 
Esto es un derroche de una valiosa fuente de alimento y proteínas. 
También desaparecen grandes cantidades de alimento para otra clase de pescados, aves marinas y mamíferos marinos. 
Ya ha llegado la hora de que se concrete el principio de estabilidad en la industria pesquera. 
Constato, lamentablemente, que, en la toma de decisiones del Consejo, este principio se desplaza con frecuencia a un segundo plano. 
La política del Consejo está dirigida a la continuidad de la industria pesquera. 
El reparto de la cuota del eperlano, la caballa y la pescadilla azul lo dice todo a este respecto. 
Así, dos terceras partes del contingente total de la caballa del Mar del Norte se adjudican a Dinamarca, que elabora este pescado hasta hacer harina de pescado. Y eso que esta clase es excelente para el consumo. 
No se toma en consideración, pues, un trato preferente de la pesca para el consumo humano. 
Del mismo modo la postura del Consejo respecto a la pesca del espadín da muestras de tener poca firmeza. 
Con la aprobación de un límite total para la captura del arenque se ha dado un importante paso, ciertamente, en el camino hacia la reducción del problema de la captura accidental. 
Pero sigue desapareciendo un 10 % de la captura total del arenque en el Mar del Norte, como captura accidental, para convertirlo en harina de pescado. 
Son casos, sobretodo, de arenque todavía no maduro, que se captura antes de que se pueda contribuir a su conservación. 
Considero que es un asunto perjudicial que se aumente el porcentaje de captura accidental autorizada de arenque del 10 al 20 %, tal como decidió el Consejo el 24 de marzo. Esto hace desaparecer cualquier estímulo de avanzar hacia métodos de captura más selectivos. 
Para finalizar, la presentación de la propuesta de la Comisión sobre la pesca industrial del arenque en el Mar Báltico viene muy tarde. 
El Consejo ya ha alcanzado un acuerdo político al respecto. El dictamen del Parlamento necesita al Consejo solamente para poder corroborar formalmente el acuerdo ya alcanzado. 
Se debe tratar seriamente el informe Kindermann. 
Las recomendaciones hechas para las limitaciones de captura, protección de los territorios de gran sensibilidad ecológica, limitación de las capturas accidentales, y otras, deben convertirse en hechos tan rápido como sea posible. 
Señor Presidente, estamos tratando sobre tres excelentes informes. 
En la exposición de motivos vemos que dos de ellos fueron aprobados por unanimidad, y en el caso del informe Langenhagen, sólo hubo una abstención. Es una indicación del amplio apoyo que han obtenido en las comisiones las ideas presentadas por los tres ponentes. 
Todos los informes tratan sobre el mismo tema: la necesidad de analizar la pesca industrial. 
Existe la necesidad de analizar la pesca industrial, así como sus repercusiones sobre el sector pesquero. 
El segundo tema que todos presentan es el aspecto principal del sector: ¿se destina el pescado principalmente al consumo humano? 
Realmente, la pesca industrial es un extra. 
Todos coinciden en observar que lo que cuenta es el pescado para el consumo humano. 
Es lo que, en el Parlamento Europeo, estamos haciendo por nuestros electores; estamos ayudando a garantizar reservas suficientes. 
El tercer tema que recorre los informes es la necesidad de conservación de los recursos. 
El Sr. Kindermann se refiere a ello cuando menciona la decisión del Consejo de fijar, por primera vez en 1998, una cuota para la anguila de arena, un recurso que, hasta entonces, no estaba incluido en el sistema de cuotas. 
No había ningún límite sobre la cantidad de anguila de arena que podía extraerse del Mar del Norte o de cualquier otra parte. 
Existe una zona denominada the wee bankie, en la que pescadores daneses y escoceses llegaron casi a enfrentamientos a finales del año pasado por las prácticas de pesca que se estaban realizando en la zona. 
Los escoceses alegaban que las actividades de los daneses estaban afectando a las reservas de bacalao. 
Hubo un pequeño problema, pero pudimos solventarlo. 
Es importante que se investiguen adecuadamente los efectos de la pesca industrial sobre las reservas de bacalao, pero también sobre todo el medio ambiente marino. 
El Sr. Kindermann ha hablado del salmón. 
Tenemos un problema con el salmón salvaje. Es importante que nos demos cuenta de las repercusiones de la pesca industrial en este ámbito. 
También debemos analizar las medidas de conservación. 
El Sr. Kindermann menciona el tamaño de las redes en las medidas técnicas de su informe. Coinciden con las del anterior informe del Sr. Kofoed sobre el POP IV que, básicamente, trataba sobre medidas técnicas. 
Debemos, por consiguiente, aunar todas estas cosas. Felicito a los tres ponentes por haber realizado un excelente trabajo. 
Señor Presidente, la Comisión ha propuesto, justificadamente, una prórroga de la prohibición de la pesca industrial fuera de la región del mar Báltico. 
El motivo de la propuesta estriba en la reducción generalizada de las poblaciones de arenque y arenque del Báltico, así como en el adverso impacto medioambiental de esta pesca. 
Incluso las redes de malla más pequeña pueden capturar otras especies no deseadas como, por ejemplo, aves marinas. 
Sin embargo, la situación en el mar Báltico es distinta, ya que sus poblaciones de arenque del Báltico no están amenazadas y la actividad pesquera tiene incluso un impacto positivo en el entorno ecológico marino. 
La pesca reduce la cantidad de capturas desechables y contribuye a la reproducción del bacalao. 
Además, la pesca desempeña un importante papel para las zonas costeras escasamente pobladas. 
Los ingresos de estas regiones costeras dependen a menudo de este único medio de subsistencia. 
Así pues, Finlandia y Suecia pueden continuar la práctica de la pesca industrial del arenque del Báltico en este mar. 
En las negociaciones para la adhesión de estos países, se permitió la pesca de arenque del Báltico destinado a piensos animales hasta finales de 1997. 
Creo que se debería introducir un nuevo reglamento con carácter retroactivo ya desde comienzos de este año, y no en 1999, como se propone en la enmienda de la Comisión de Pesca. 
El contingente total de capturas en el mar Báltico ya es elevado. 
A pesar de que no se han producido problemas hasta el momento, es necesario vigilar la pesca y, sobre todo, su intensificación. 
También en la pesca se debe aplicar el principio de sostenibilidad. 
Por lo tanto, respaldo decididamente la propuesta de la Sra. Langenhagen para llevar a cabo una revisión del reglamento a la luz de los datos científicos que se obtengan con posterioridad. 
En referencia al informe Kofoed, me pregunto por qué la Comisión ofreció a los Estados miembros de la Comisión internacional de pesca del mar Báltico su recomendación al respecto con tanto retraso, que ya había finalizado el plazo para la presentación de objeciones. 
Sin embargo, en esta ocasión es fácilmente aceptable la propuesta de la Comisión por lo que respecta a las capturas de platija y solla. 
Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre un asunto muy importante en relación con el mar Báltico, es decir, la explotación criminal del salmón. 
Esta explotación indiscriminada debe terminar puesto que el salmón es una especie gravemente amenazada. 
Una de las mayores causas de esto es la pesca con redes de deriva. 
El salmón natural, especie muy rara que existe casi exclusivamente en Suecia pero que también se encuentra en Finlandia, está especialmente amenazada. 
Los salmones nacen en los ríos del Norte de Suecia y posteriormente los abandonan internándose en el mar Báltico, donde crecen y engordan. 
No obstante, ese tiempo en el mar Báltico es peligroso para los salmones. 
El principal riesgo es la pesca industrial a gran escala que se hace con redes de deriva de hasta 21 kilómetros de largo. 
Imponer limitaciones y prohibiciones a la pesca deportiva en algunos ríos, como se ha hecho hasta ahora con la anuencia de la UE, sólo tiene un valor simbólico puesto que al mismo tiempo se permite la pesca indiscriminada con redes de deriva. ¡Obviamente que esto tiene que terminar! 
Otra gran amenaza contra la supervivencia del salmón es la enfermedad M-74, enfermedad descubierta en 1974 y la M significa que está relacionada con el medio ambiente. 
Esta enfermedad implica, por tanto, una grave amenaza para la sobrevivencia de esta especie. 
Por eso, éste es un asunto importante para tratar en la próxima reunión de la Comisión del Mar Báltico y un tema de enorme trascendencia para los Partidos ecologistas tanto de Suecia como de Finlandia. 
Presidente, está claro que una pesca responsable, ecológica y estable es todo un desafío para el futuro al que estamos destinados. 
Pero estamos todavía muy lejos, sobretodo si dirigimos nuestra atención al asunto de la pesca industrial. 
Cuando resolvamos los problemas que ésta trae consigo, no significará todavía que practiquemos de una manera estable la pesca. 
Esta tarde se ha mencionado el término de la captura accidental, y es un problema, pero la captura es también en general demasiado grande. 
Por eso, siguiendo el ejemplo de los que me precedieron en la palabra, desearía que se dirigiese más la atención a los recursos alternativos, por ejemplo vegetales, para aquéllos productos que aún se hacen a través de la industria pesquera. 
La pesca industrial no es necesaria para el alimento animal, el aceite y la harina de pescado. 
Naturalmente, para cualquier enfoque ecológico hay que hacer serios estudios científicos, pero no significa que debamos esperar como políticos hasta que los informes aparezcan. 
El hecho de que esperamos demasiado a una mayor seguridad, que la investigación científica nos tendría que ofrecer, y por eso no tomamos decisiones, significa que no estamos a la altura de nuestras responsabilidades. 
Apoyo los tres informes; indican que se puede dar un primer impulso a la estabilidad en la pesca, pero ahora hay que esperar a la Comisión y al Consejo. Siento curiosidad por saber qué medidas van a tomar. 
Señor Presidente, muchos de nosotros sentimos justificadas dudas en cuanto a la pesca con fines industriales. 
Por eso es grato poder felicitar a Lagenhagen, Kindermann y Kofoed por sus tres excelentes informes en los que, entre otras cosas, proponen reglas más rigurosas para la pesca secundaria, por ejemplo, de bacalaos jóvenes, se imponen límites máximos, se aumentan los mecanismos de control, etcétera. 
En consideración a la vulnerabilidad del mar Báltico y a que la situación allí puede cambiar rápidamente, también es provechosa la propuesta de que el reglamento se revise antes del año 2003. 
Es motivo de alegría que la proporción de pesca destinada a la industria en el mar Báltico disminuya en beneficio de la pesca destinada al consumo. 
Esperamos que esto continúe así. 
Las críticas contra la pesca destinada a la industria han sido justificadas a causa de su volumen y de los riesgos para el ecosistema. 
Kindermann propone que se acepte una moderada pesca destinada a la industria si ella no está en conflicto con la pesca para el consumo, que siempre debe tener primacía. 
En general, los criterios del informe Kindermann también deberían ser aplicables al mar Báltico. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dejar en claro que el arenque del Báltico es Baltic Herring, que no es lo mismo que el arenque del que hablamos aquí en el Pleno. 
En cualquier caso, ha habido algunos problemas con las traducciones. 
Como sabemos, el arenque del Báltico y la pesca de éste son extraordinariamente importantes para los pescadores profesionales en Finlandia, en las regiones insulares y costeras. 
Doy la bienvenida a que las excepciones otorgadas a Finlandia y Suecia en las negociaciones de adhesión vayan a tener una base permanente, algo que he señalado y por lo que he trabajado, de modo que los pescadores profesionales tengan certeza de que la pesca puede continuar. 
Sé que la Comisaria también conoce este asunto muy bien. 
Las grandes limitaciones a la pesca del salmón que se han impuesto en los últimos años, y que Kofoed dice que son injustas, han aumentado aún más la importancia de la pesca del arenque del Báltico. 
La pesca del arenque del Báltico para fines diferentes de la alimentación humana corresponde al 80 por ciento de todas las capturas finlandesas, la mayor parte se destina a alimentos para la crianza de animales con piel de pelo. 
En tanto no existan salidas para el consumo humano, debemos poder pescar de la manera propuesta. 
Puesto que el precio del arenque del Báltico destinado al consumo humano es más alto, se destina tanto como es posible a este fin. 
La reglamentación también es esencial por dos razones. 
Ella puede coadyuvar a la disminución de la sobrealimentación del mar Báltico. 
Pero a largo plazo, la excepción también es importante para posibilitar a los piscicultores el empleo de más harina de arenque del Báltico en lugar de añadir otros alimentos a nuestras aguas. 
Señor Presidente, desearía felicitar a la Comisaria Bonino por haber alcanzado un difícil acuerdo en torno a la prohibición de la pesca con redes de enmalle. 
Creo que se debería considerar a la mayor brevedad posible esta prohibición también para el mar Báltico. 
No es cierto que en este mar no queden atrapadas en las redes otras especies como, por ejemplo, focas. 
Además, es muy importante fomentar la subida de los salmones salvajes a los ríos septentrionales. 
Éste ha sido el prometedor resultado que se ha registrado en los últimos tiempos como consecuencia de las limitaciones en las capturas con redes de enmalle a la deriva. 
Ha llegado hasta mí la noticia de que el Gobierno finlandés tiene previsto abordar la prohibición de las redes de enmalle durante la reunión que se celebrará en Varsovia el próximo otoño. 
Debemos respaldar esta propuesta, y espero que Suecia y Dinamarca se unan a la misma. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo van a permitirme abordar conjuntamente los tres informes al estar directamente relacionados entre sí, así como mostrar mi satisfacción porque, con respecto a un tema tan controvertido como la pesca industrial, en torno al cual han vuelto a verterse diferentes opiniones en este Pleno también en el debate de hoy, el Parlamento comparta, aunque con algunas sugerencias ulteriores, el punto de vista de la Comisión, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de dar a esta pesquería un enfoque racional que tenga en cuenta para cada actividad de pesca el estado efectivo de los stock, las capturas accesorias y los problemas de control. 
Me refiero en particular al excelente informe del Sr. Kindermann, en el cual la Comisión valora la importancia que su Señoría otorga a los progresos realizados en materia de control y de gestión de los recursos, así como a la voluntad de la propia Comisión de realizar más avances. 
La Comisión analizará atentamente las sugerencias que figuran en el informe del Sr. Kindermann, sin embargo, a este propósito y contestando al Sr. Teverson, quiero hacer tres puntualizaciones: primero, la Comisión estima que la prioridad absoluta para la pesca industrial es el problema del control y es precisamente por esto que los buques dedicados a la pesca industrial son los que figuran en la primera fase del control por satélite que, como sus Señorías saben, comenzará a efectuarse a partir del mes de julio; segundo, la Comisión ha seguido muy de cerca la pesca de arenques en el Mar del Norte, tanto es así que la misma ha sido objeto de un informe específico que sus Señorías, sin duda, habrán visto y en el cual sobresale un dato que quizás no guste a todos, o sea, que la pesca industrial se controla más o, en todo caso, está sometida a controles más eficaces que las demás pesquerías; tercero, en lo que se refiere a las iniciativas a largo plazo, la Comisión por el momento financia investigaciones para saber exactamente cuál es el estado del ecosistema, habida cuenta de que todas sus Señorías se referían a esta problemática, y sobre todo insiste y obtiene una evaluación exhaustiva del impacto de las pesquerías industriales por parte del Consejo Internacional para el aprovechamiento del mar. 
Más que controlar y vigilar, en realidad, creo que para todos es muy importante saber lo más posible acerca del impacto en el ecosistema. 
En cuanto a la convergencia de opiniones sobre las condiciones en que puede y debe autorizarse la pesca de arenques destinados a fines distintos del consumo humano, la Sra. Langenhagen propone que se adopte el enfoque general, el planteamiento general seguido por la Comisión, especialmente en lo referente a la distinción entre el Mar Báltico y las demás zonas donde las prohibiciones existentes seguirán estando en vigor. 
En realidad, más allá de los planteamientos o de las diferentes valoraciones, considero importante decir en concreto que, de hecho, en el Mar Báltico la situación del stock de arenques es buena. 
Debemos también tenerlo en cuenta, sin perjuicio de los planteamientos, incluso ideales, que cada uno de nosotros puede tener. 
Creo que es legítima la distinción entre las dos zonas, no sólo por lo que se refiere al estado de los stock, sino también de cara a los problemas de las capturas accesorias. 
El problema concreto que debemos afrontar afecta, por lo tanto, a las condiciones conforme a las cuales debe autorizarse la pesca de arenques en el Mar Báltico para fines distintos del consumo humano. 
En este sentido, la Comisión está tratando de crear un equilibrio entre la necesidad de establecer condiciones que impidan abusos y la preocupación- en esto quizás sus Señorías me pueden entender- de no imponer obligaciones sólo a los pescadores de la Unión que les dejarían en una situación de desventaja respecto a los pescadores de otros Estados ribereños del Mar Báltico. 
Éste es otro factor que debemos tener en cuenta. 
En efecto, a los pescadores de los terceros países se aplican únicamente las medidas técnicas adoptadas en el ámbito de la Comisión Internacional de Pesca en el Mar Báltico, tal como justamente ha recalcado el Sr. Kofoed. 
Por consiguiente, el camino a seguir es el de obtener de la Comisión Internacional de Pesca en el Mar Báltico unas normas más restrictivas, pero que se apliquen a todas las flotas de pesca y no sólo a las de la Unión. 
Por este motivo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas propuestas, en particular la 1 y la 4, ya que impondrían obligaciones sólo a los pescadores comunitarios. 
En cuanto a la enmienda 4, la Comisión no puede sino aceptar la delimitación de la zona- esto es evidente- sin embargo, globalmente no puede acogerla debido precisamente a las normas que regulan la composición de las capturas que la Comisión considera demasiado restrictiva. 
Por lo que respecta a la enmienda 3, la Comisión no acepta la parte que se refiere a la fecha de aplicación, mientras que en cuanto a la parte que atañe al procedimiento de revisión, estima que su formulación no es la más adecuada. 
La Comisión, por último, acepta la enmienda 2. 
Para terminar, dos observaciones más con relación a las medidas técnicas en el Mar Báltico. 
La Comisión comparte la opinión del ponente, Sr. Kofoed, sobre las carencias- puestas de manifiesto también en su intervención- de las medidas elaboradas en el ámbito de la Comisión Internacional de Pesca en el Mar Báltico. 
Como ya he repetido, la Comisión quiere evitar que medidas únicamente comunitarias perjudiquen a nuestros pescadores y por ello y como, por otra parte, sugiere el Sr. Kofoed, en la próxima reunión de la Comisión Internacional que acabo de mencionar, la Comisión se empleará a fondo para mejorar las medidas técnicas que se establecen en dicho foro. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Futuro del mercado de los productos de la pesca- Industria de conservas de productos de la pesca y la acuicultura 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0204/98 del Sr. McCartin, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el futuro del mercado de los productos de la pesca en la Unión Europea: responsabilidad, cooperación y competitividad (COM (97) 0719- C4-0029/98) ; -A4-0137/98 del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la industria de conservas de productos de la pesca y la acuicultura en la Unión Europea.Invito al Sr. McCartin a que tome la palabra como ponente por el tiempo máximo de 5 minutos. 
Señor Presidente, la Comunicación de la Comisión sobre el futuro del mercado de los productos de la pesca reconoce implícitamente una serie de deficiencias de las políticas actuales. Muy brevemente, dichas deficiencias podrían describirse como sigue. 
En primer lugar, varios fenómenos del mercado de los productos de la pesca van en contra de los esfuerzos por la conservación de las reservas pesqueras, de las que depende el futuro de todo el sector. 
El pescado que es desembarcado ilegalmente, especialmente el pescado que no ha alcanzado su tamaño adulto, es llevado al mercado, al tiempo que se retira del mercado un pescado de buena calidad para convertirlo en harina y aceites de bajo valor. 
Sucede incluso que pescado de buena calidad es devuelto al mar con la ayuda de la Comunidad que, de esta manera, intenta evitar que los precios del mercado caigan demasiado. 
Sé que en estos últimos años, la cantidad de pescado destruida de esta manera es relativamente pequeña, pero incluso la cantidad de 10.000 a 20.000 toneladas es demasiado. 
En segundo lugar, en algunas zonas observamos un desfase excesivo entre la oferta y la demanda, lo que nos lleva a pensar que debe mejorarse el flujo de información y que deben proporcionarse mayores incentivos a los productores para que adapten su producción a la demanda, y para que los compradores presten más atención a lo que realmente ofrecen los productores. 
Todo esto está estrechamente relacionado con un tercer grupo de problemas relativos a la competitividad de los productores comunitarios. 
Las importaciones representan un creciente reto y los competidores de fuera a veces se benefician de mejores caladeros, costes laborales muy bajos y, en ocasiones, de subvenciones gubernamentales e incluso de la ausencia de controles efectivos. 
La Comunicación de la Comisión apoya una mejora de la situación, en particular, a través de una reducción previa de la retiradas. 
Por su parte, la Comisión de Pesca opina que la Comunidad no debe apoyar el derroche que suponen las retiradas. 
La retirada temporal de los productos de la pesca debe fomentarse, puesto que contribuye a la estabilización sin ocasionar pérdidas, y se debe impedir el acceso al mercado del pescado desembarcado ilegalmente a través de un recrudecimiento de los controles en puerto, especialmente, y también en las subsiguientes conexiones en la cadena alimenticia. 
El sistema de puertos designados- se designan puertos para el desembarco de pescado, y el pescado sólo puede ser desembarcado en dichos puertos- es una idea que, ciertamente, la comisión también apoya. 
Estimular a las organizaciones de productores para dotar de mayor regularidad el suministro introduciendo planes de capturas es algo que nuestra comisión también apoya. 
Fomentar la mejora de la calidad de los productos comunitarios y alentar a los consumidores a elegir dichos productos, haciendo uso de certificación y de etiquetado, también cuenta con el apoyo de la comisión, pero deben establecerse normas claras para evitar incertidumbres y distorsiones de la competencia entre los diferentes productores. 
En lo que respecta a las importaciones, la Comisión de Pesca no puede estar de acuerdo con la Comisión en que deba abolirse el sistema de precios de referencia. 
La Comunidad no debe abandonar la posibilidad de intervenir en caso de graves desarreglos del mercado. 
Además, la Comunidad debería proponerse neutralizar las distorsiones de competencia que puedan surgir a raíz de unos precios de mano de obra muy bajos o de la pesca irresponsable de buques con pabellones de conveniencia. 
Para incrementar el suministro de productores comunitarios, debería explotarse plenamente el potencial de la acuicultura. 
Es un ámbito que, en ocasiones, despierta controversias. No obstante, en la Comisión de Pesca existe consenso acerca de su enorme potencial para las zonas periféricas, que podrían suministrar productos de alta calidad a los consumidores de la Unión, pero sin descuidar las consideraciones medioambientales, la salud de las aguas y la salud de los caladeros naturales, que en ocasiones pueden verse afectados si nos lanzamos a esta industria sin haber realizado las investigaciones necesarias, como a veces hicimos en el pasado. 
En una Unión en la que sólo somos autosuficientes en un 48 %, es evidente que existen regiones- como Galicia, en el norte de España- en las que una acuicultura bien gestionada puede hacer una contribución inmensa a la viabilidad de la economía local y, de hecho, puede suministrar al mercado nacional productos de alta calidad, al tiempo que se convierte en un destino turístico, porque alimentos frescos y de alta calidad procedente de la acuicultura pueden atraer a los turistas hacia la región- las personas a las que les gustan los mariscos frescos, pueden consumirlos en un entorno natural. 
En términos generales, la interdependencia entre el mercado y las demás ramas de la Política Pesquera Común es de la máxima importancia y debe ser tomada en consideración. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, deseo, en primer lugar, felicitar al resto de los colegas cuyos informes se tratan hoy en este debate conjunto- la Sra. Langenhagen, el Sr. Kofoed, el Sr. Kindermann y el Sr. McCartin- y que seguí con interés en la Comisión de Pesca, y en alguno de los cuales participé también con mis enmiendas. 
Pero comprenderán que me centre hoy en mi propio informe, entre otras razones, porque no son habituales los informes que se refieren a la industria de transformación de los productos pesqueros. Y, sin embargo, esta industria es un pilar fundamental de la política pesquera común y una alternativa importantísima a una eventual reducción de empleo en las zonas costeras dependientes de la actividad extractiva. 
La transformación, junto con la comercialización y la acuicultura, constituye una actividad complementaria y de diversificación de las actividades económicas pesqueras creadora de empleos propios a la vez que capaz de absorber excedentes laborales en un momento de crisis en que se habla de sobrecapacidad, reconversión y adaptación de la flota comunitaria. 
Solamente la industria conservera genera, en la Unión Europea, unos 50.000 empleos directos y 75.000 incluyendo los inducidos. 
Cuando el empleo centra todas las políticas de la Unión, estos datos son significativos, aún más si añadimos que estos empleos están localizados en zonas costeras periféricas con difíciles alternativas a la pesca. 
El informe de iniciativa del que soy ponente, que es el primero que se refiere exclusivamente al que podríamos denominar subsector de la conserva dentro de la industria de transformación, ha tenido como objeto llamar la atención- del Parlamento, la Comisión y el Consejo- sobre la situación en la que se encuentra la industria conservera comunitaria y sobre sus grandes potencialidades- si se la sigue apoyando y si no se incurre en políticas que perjudiquen su competitividad y favorezcan la competencia desleal de productos elaborados en terceros Estados-. 
La industria conservera comunitaria está sumida en un importante reto de modernización y reestructuración para adaptarse a la mundialización del mercado y a las costosas exigencias de la normativa comunitaria medioambiental, técnica e higiénicosanitaria para garantía del consumidor europeo. 
Para ello ha contado con importantes ayudas comunitarias que no pueden dejar de seguir impulsando su definitiva modernización, pero, sobre todo, se ha visto confrontada a acuerdos comerciales con otros Estados que han permitido una apertura de nuestros mercados a productos de difícil competencia en precios, debido a sus bajos costes salariales y sociales y a una menor exigencia técnica e higiénico-sanitaria, que redunda negativamente no sólo en el precio final sino también, lo que es más grave, en la calidad y en las garantías para la salud de los consumidores. 
Ante el riesgo de deslocalización de empresas europeas y su incidencia negativa en el empleo comunitario, se impone un mayor y mejor control de las importaciones extracomunitarias y las mismas exigencias para ellas que para los productos elaborados en la Unión Europea. 
Debe aprovecharse, como ventaja competitiva, la calidad de nuestros productos y deben establecerse unidades de control del fraude especializadas en productos pesqueros así como una red de laboratorios especializados y un laboratorio de referencia a nivel comunitario a la vez que se propician una política de apoyo y estímulo de la calidad entre las empresas y campañas de promoción de las conservas europeas en todo el territorio de la Unión aprovechando el mercado único y la diversidad de productos elaborados en todo el territorio, resaltando sus cualidades nutritivas y la contribución de ciertas conservas a una dieta sana y equilibrada, como los pescados azules en aceite de oliva. 
Las etiquetas deben reflejar con exactitud el producto que encierran y no nombres genéricos, como ocurre con ciertas elaboraciones de países terceros, lo que conlleva el riesgo de que comamos gato por liebre- si me permiten el refrán españolo, en este caso concreto, dadas las distintas variedades, calidades y precios del atún, que nos den thunnus obesus, o patudo, u otra variedad, por el preciado thunnus alalunga o bonito del Norte. 
La política comunitaria de abastecimiento de materia prima debe realizarse en relación con las necesidades reales de la industria comunitaria y abrir nuevos contingentes sólo cuando éstos sean estrictamente necesarios. 
Se deberá fomentar la I+D para nuevos productos, nuevas especies, nuevas presentaciones y adaptar la OCM de la pesca a las necesidades de la industria en relación con el sector extractor. 
En definitiva, el informe pide a la Comisión un estudio serio y profundo de la realidad de la industria conservera comunitaria, propuestas para un plan de acción específico y global, un análisis de la normativa vigente- copiosa y dispersa- y la declaración de la conservas como productos sensibles cuando sean objeto de contrapartidas en acuerdos comerciales. 
Y concluyo, señor Presidente, señalando que el informe no constituye una meta sino, más bien, un punto de partida con el que el Parlamento da un primer paso, llama la atención sobre este sector y promete- y eso lo hago yo, como ponente- hacer el seguimiento de sus reclamaciones para conseguir, entre todos, colocar a la industria europea de transformación de productos pesqueros en el lugar que le corresponde en el mundo por su tradición, prestigio, calidad, potencialidad y por ser generadora de empleos, que es el primer reto de nuestra sociedad a cuyo logro tenemos que contribuir todos los políticos. 
Señor Presidente, creo que se está empezando a perfilar un proyecto de reforma de la política pesquera común, a pesar de que, como es habitual, se trata de una política que afecta ante todo a Europa, debe hacer frente a los problemas de las aguas territoriales y consigue con dificultad dar un giro a su relación con los terceros países. 
Estoy satisfecho en parte por como estamos reorganizando los acuerdos internacionales de pesca, sin embargo, no nos va a servir de mucho hacer algo bueno en las aguas territoriales europeas, si no abordamos el problema también con los terceros países. 
Actualmente, los armadores están pagando el atún a 40 liras el kilo: una cifra irrisoria. 
Una gran cantidad de este producto, el 58 %, se importa en el territorio de la Unión Europea. 
El 65 % de las importaciones no está sujeto a aranceles aduaneros y existen además problemas de carácter higiénico-sanitario. 
Digo esto porque estoy convencido de que es preciso armonizar no sólo la política pesquera común, sino también la relación con los terceros países. 
La política de mercado puede facilitar las respuestas. 
Me complace la propuesta y la comunicación de la Comisión y compruebo que se han tomado algunas decisiones positivas, también a raíz del debate que este Parlamento ha sabido plantear. 
Me refiero, en particular, a como el Parlamento ha abordado la cuestión de las organizaciones de productores y a como se ha tratado de proteger el producto que se pesca en las aguas territoriales, al objeto de que sea posible identificarlo, pueda llamar la atención de los consumidores, en el ámbito de las reglas de mercado, y tener una calidad ecocompatible. 
Todos estos son aspectos importantes. 
A dicho fin, debemos promover cualesquiera acciones positivas en favor de la denominación de origen, las post SPG para los productos de la pesca- se trata, a mi entender, de decisiones importantes -, pero al mismo tiempo tenemos que superar la lógica del apoyo a los precios, tan generalizada y quizás no siempre precisa. 
Hay que orientarse mucho más especialmente hacia el apoyo a las rentas de los pescadores que está estrechamente ligado al equilibrio biológico y medioambiental. 
En este sentido, considero muy conveniente incentivar la parada biológica, así como algunas formas de subsidiariedad en apoyo del trabajo y posibles garantías de renta- más allá del trabajo directamente relacionado con la pesca- valorizando asimismo, en cierto modo, algunos elementos de carácter antropológico del sector de la pesca, de la relación entre el pescador y el mar que, caso de prevalecer la lógica comercial y economicista, corre el riesgo de quedar cada vez más en segundo plano. 
Nosotros, por el contrario, necesitamos transmitir también esta cultura que se basa en el respeto del mar, así como en el equilibrio entre los recursos que se pueden capturar. 
Es preciso recuperar dicho equilibrio actuando no sólo de forma romántica, sino utilizando los instrumentos científicos que garanticen una investigación adecuada, al objeto de medir los recursos. 
Asimismo, y desde este punto de vista, tenemos que evaluar mejor una política de control no dispersa y que emplee de forma óptima las innovaciones tecnológicas. 
Aplaudo, por tanto, el hecho de que se pueda utilizar lo mejor posible el sistema por satélite como elemento fundamental de control. 
Creo que empiezan a aparecer algunas señales importantes. 
Tendremos ocasión de continuar esta discusión gracias a los documentos que se presentarán con vistas a la reforma de la pesca después del 2002. 
Creo, señora Comisaria, que usted ha dado algunos pasos adelante en esta dirección en su labor con el Parlamento, no obstante, estoy convencido de que existen algunos puntos en que debemos trabajar. 
Me refiero a un punto sobre el cual llamo su especial atención y sensibilidad: la utilización de los delfines para los ensayos nucleares. 
Creo que no podemos seguir aceptándola. 
Recientemente, se han encontrado en el golfo de Marsella restos de delfines utilizados para este fin con la garganta destrozada por pequeñas bombas. 
Se trata de un tema que tiene que figurar en el orden del día para evitar que se repita. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el mercado comunitario de productos de la pesca se mueve en una situación muy peculiar. 
La alta dependencia de las importaciones puede justificar que se admitan, sin lugar a dudas, los aranceles consolidados en el GATT, por bajos que éstos sean. 
Pero junto a ello, la Unión Europea está llevando a cabo una política de desarme arancelario que está alcanzando, en mi opinión, cotas graves. 
Bien en base a acuerdos como el sistema de preferencias generalizadas o en el marco de acuerdos de cooperación o de algún otro tipo de acuerdos, la Comisión acepta cláusulas de retirada total o parcial de aranceles de productos pesqueros, que dejan cada vez más desarbolada a la industria comunitaria. 
Si bien en algunos casos- yo no discuto- pueden ser justificables, hay que impedir que prosigan situaciones- yo las llamaría incluso ridículas- como las que obligan, por ejemplo, a los productores comunitarios de conservas de atún a exportar a los Estados Unidos con un arancel del 35 % mientras que los Estados Unidos exportan a la Unión Europea con un arancel del 24 %. 
No es éste- ustedes comprenderán- un caso en que la pobreza o la necesidad de impulsar el desarrollo de un país justifique una preferencia arancelaria de un 11 %. 
Por eso, me preocupa especialmente- y creo que varios colegas lo han dicho antes que yo- la declaración de la Comisión de que la tendencia previsible de los mercados es una mayor desprotección arancelaria. 
Por el contrario, creemos que la Comisión tiene la obligación de proteger, en lo posible, su propia producción fomentando políticas que contribuyan a acrecentar el suministro interno; frenando los desarmes arancelarios o exigiendo reciprocidad; permitiendo un tratamiento diferenciado de los productos de las empresas mixtas que tienen, al fin y al cabo, capital comunitario; manteniendo, al contrario de lo que parece ser su intención, los precios de referencia, y fomentando las primas de aplazamiento, sobre todo en su calidad de sustitutas de los mecanismos de retirada o destrucción, que en un mercado deficitario en proteínas de buena calidad priman paradójicamente la conversión del pescado en aceites o harinas de pescado. 
Por ello, todos llevamos reclamando mucho tiempo una reforma de la organización común de mercado para la pesca. 
La Comisión ha presentado, al fin, este documento que, suponemos, avanza las pautas de su posterior propuesta legislativa, que se ha comprometido a presentar antes de fin de año. 
Esperemos que la Comisión, que ha tardado en afrontar esta reforma, tenga en consideración las propuestas que nuestro ponente, el Sr. McCartin, ha incluido finalmente en su informe, con el fin de que esa propuesta legislativa que tiene que llegar esté en condiciones de ayudar a los productores comunitarios lo antes posible. 
Especial atención reclamamos para la puesta en marcha de medidas que garanticen que los productos importados tengan las mismas garantías higiénico-sanitarias que se exigen a nuestros productos, con el fin de impedir la discriminación y la competencia desleal y fomentar la protección de la salud de los consumidores de la Unión Europea. 
Son sólo, señora Comisaria, algunas de las respuestas rápidas que necesita el mercado de productos pesqueros. 
El informe del Sr. McCartin y también el exhaustivo y excelente informe del Sr. Varela sobre la industria conservera comunitaria contienen otras muchas que, por básicas, no pueden ser olvidadas a la hora de afrontar la reforma de la organización común de mercado no ya para lograr su funcionamiento óptimo, como la propia Comisión pretende, sino para dotarla de un equilibrio mínimo entre las importaciones y la producción propia en el aspecto externo y entre las distintas producciones internas en lo que al mercado comunitario se refiere. 
Señor Presidente, quisiera intervenir a propósito del informe del Sr. McCartin, que trata de la cuestión primordial del futuro del mercado de los productos de la pesca en la Unión Europea. 
Naturalmente, resulta indiscutible que la demanda del mercado europeo necesita una parte importante de importaciones procedentes de terceros países. 
Pero no olvidemos que el 80 % de dichas importaciones disfrutan ya de un régimen arancelario preferente o incluso de derechos nulos. 
Por eso, el ponente tiene razón- y la Sra. Fraga lo ha subrayado antes de mí -, cuando considera que la Comunidad tiene el deber de proteger, en la medida de lo posible, a los productores de la Comunidad y no son deseables nuevas medidas encaminadas a abolir los derechos aduaneros correspondientes a los productos de la pesca procedentes del exterior. 
Las capturas hechas por los pescadores de la Unión Europea están condicionadas en primer lugar por una evidencia: sin recursos, no hay capturas. 
Por eso, hay que apoyar, evidentemente, todas las medidas encaminadas a regular la oferta en función de las exigencias del mercado. 
También hay que incitar, como ha subrayado el ponente, a las organizaciones de productores a aplicar planes de capturas provisionales y es lógico orientar- para el mercado del pescado fresco- instrumentos de orientación hacia el aplazamiento en lugar de hacia la destrucción. 
Hay que alentar las medidas de calidad. 
Cierto es que la actual organización común de los mercados permite una ayuda a las organizaciones de productores que aplican planes de mejora de la calidad. 
Si esa ayuda no ha tenido el éxito que se podía suponer, no se debe ni a su principio ni a la ausencia de proyecto, sino a un importe insuficiente. 
Así, pues, es importante fortalecer el atractivo de esas ayudas revalorizando sus importes. 
Hay que dar a conocer esas medidas a los consumidores, apoyando en particular las operaciones de promoción de los productos que cuenten con una identificación regional, dado que dichos productos están sometidos a un pliego de condiciones de calidad, riguroso y controlado. 
Sin embargo, me pregunto por la oportunidad y la definición de las ecoetiquetas a que también se hace referencia. 
La Comisión recurrirá, en ese ámbito, a los expertos de la industria de la pesca y de cualquier otra parte interesada. 
¿Qué quiere decir eso? 
¿Acaso se sobrentiende el reconocimiento oficial de etiquetas concedidas por organismos de circunstancias, financiados, por ejemplo, por grupos industriales en busca de una imagen positiva ante los consumidores? 
¿O por otros cuya profesión de fe ecológica enmascara con frecuencia una vulgar operación clientelista? 
En ese caso veríamos a la Comisión hacer caso omiso de los análisis científicos e ir a remolque de una opinión pública poco informada de las cuestiones marítimas, fácilmente desinformada, manipulada incluso a veces, como el detestable ejemplo de ello que acabamos de ver. 
Señor Presidente, los salmones, arenques y demás especies marinas hacen el asunto muy apetecible y atractivo. 
Desafortunadamente, no sucede lo mismo con la política pesquera comunitaria. 
Dicho déficit se cubre con importaciones de terceros países, muchos de los cuales mantienen precios bajos debido a lo que comúnmente denominamos «dumping comunitario». 
Las consecuencias de esta política fueron especialmente negativas para la pesca de bajura y de pequeñas cantidades que presentan una reducción de la producción y la ocupación, así como una menor participación en el mercado total de la pesca en beneficio de las grandes empresas pesqueras. 
Por tanto, todo intento por organizar el mercado de los productos pesqueros deberá tender a la defensa y al desarrollo sostenible de la actividad pesquera, a que se adapte a las peculiaridades del entorno y a proteger principalmente la pesca de bajura y de cantidades pequeñas y medianas, que constituye una importante fuente de ingresos y un importante sector de ocupación, especialmente para las regiones costeras y las islas. 
Al mismo tiempo, deberán adoptarse medidas especialmente rigurosas para la conservación de las reservas pesqueras y la preservación del ecosistema marino, para una lucha eficaz contra la pesca ilegal, para la descarga y comercialización del producto pesquero, hecho que también tendrá resultados positivos para los propios consumidores, que dispondrán de mayores garantías en cuanto a la calidad del producto y la estabilidad de los precios. 
La política pesquera comunitaria no debe repetir los trágicos errores cometidos por la Política Agrícola Común. 
Las propuestas de la Comisión destinadas a reducir la producción pesquera mediante una compensación parcial por el ingreso que deje de percibirse en forma de otras ayudas tendrá los mismos resultados negativos que en la agricultura, es decir, una reducción de la ocupación y un aumento de las importaciones de terceros países, un trastorno en el tejido comunitario y la destrucción de las regiones costeras e insulares. 
Sin embargo, no deseo abusar del tiempo. Depositaré una explicación escrita de voto porque, en verdad, la Comisión debe afrontar este tema, de vital importancia para la Comunidad, con precaución y seriedad. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la Comisaria por haber logrado la prohibición de las redes de enmalle a la deriva, algo que veníamos pidiendo desde hace tiempo. 
Es muy importante que se reforme y consolide el mercado de los productos de la pesca en la UE. 
El pescado se captura para ser vendido en el mercado y, por consiguiente, existen muchas posibilidades de mejorar la eficacia de la PPC a través del mercado, así como de promover sus objetivos de conservación. 
En este sentido, la función que puede desempeñar el mercado adquiere especial relevancia. 
La política de retirar pescado del mercado y, a veces, destruirlo, debido simplemente a que el precio es demasiado bajo, es totalmente inadmisible. 
Es una atrocidad que exista semejante política, habida cuenta de la pobreza y del hambre que existen, no sólo en el mundo, sino también aquí mismo en la UE. 
Hemos oído acerca de la promoción del consumo de pescado como alimento sano para apoyar al sector pesquero. 
Eso está muy bien, pero la promoción debe ser condicional y selectiva. 
No debemos intervenir en la promoción del consumo de todo el pescado, sin tener en cuenta la especie, la zona en que es capturado o las artes de pesca utilizadas. 
Podría argumentarse que algunos caladeros de la UE están en un estado tan precario, que sería negligente e incluso contraproducente promover el consumo. 
Otro argumento que acaba de ser expuesto es el concepto del etiquetado ecológico, que está ganando popularidad. 
La Comisión de Pesca oyó un informe al respecto hace unos meses. 
Las posibilidades de que este concepto sea positivo son realmente grandes. Pero existen una serie de condiciones que deben cumplirse para evitar posibles peligros bastante evidentes y graves. 
Los criterios que se utilizan en estos etiquetados ecológicos deben estar a la disposición de todos los interesados, y deben ser detallados y específicos. 
Por ejemplo, afirmar que un pez ha sido capturado en una pesquería sostenible o en una pesquería que es gestionada de manera responsable carece por completo de sentido, porque la definición de alguien de " responsable» puede diferir mucho de la definición de otro. 
La verificación de estas alegaciones también es crucial, si queremos que los consumidores confíen en esto. 
Y aquí surge la cuestión espinosa de quién se encargará de garantizar la veracidad de las alegaciones. 
¿Qué función prevé desempeñar la Comisión en este ámbito, o piensa delegar dicha responsabilidad en los Estados miembros? 
Todos hemos podido ver el vigor con que los Estados miembros han realizado la vigilancia de las actividades pesqueras hasta ahora, y me gustaría conocer la opinión de la Comisión respecto a esta cuestión. 
Señor Presidente, felicito a ambos ponentes por los esfuerzos que han dedicado a la elaboración de estos informes tan interesantes. 
El informe del Sr. Varela es tan delicioso como el pescado gallego que todos hemos consumido. No tengo nada que añadir al respecto. 
El Sr. McCartin aborda en su informe una serie de problemas bastante más espinosos, y le felicito por haberlo hecho. 
Tenemos toda una serie de problemas relacionados con toda la cuestión del libre mercado y la idea de proteger los intereses de aquellos que dependen de la pesca en una zona determinada. 
Ya he mencionado- y creo que la Comisión ha tomado nota de ello- toda la cuestión de la posible regionalización de la Política Pesquera Común. 
Es por donde debemos empezar a analizar muy seriamente lo que significa en los distintos contextos. 
Evidentemente, uno parte de la piedra angular de la estabilidad relativa. Esto fija los límites de lo que es posible. 
Cuando comenzamos a hablar del desembarque local de barcos locales topamos con el problema del traspaso de licencias. 
No puede hablarse de discriminación por motivos de nacionalidad, pero un nexo con los puertos locales, evidentemente, tendría que formar parte de esa filosofía. 
Al igual que a muchos pescadores, me preocupa la idea de centralizar los puertos en los que se desembarca la pesca. Ciertamente en Escocia este tema ha despertado controversias. 
Los pescadores no quieren que alguien les diga que sólo pueden desembarcar en determinados puertos. Al contrario, quisieran tener libertad para desembarcar. 
Quisiera recomendar a la Comisión- y creo que es una idea que sería bien acogida por los pescadores de toda Europa- que centralice electrónicamente la información sobre los precios de los productos de la pesca. 
Los pescadores podrían utilizar la radio u otros dispositivos electrónicos para averiguar dónde desembarcar sus capturas. 
Creo que estarían a favor de una centralización de este tipo. 
Por último, respecto a las observaciones del Sr. Baldarelli sobre equilibrar científicamente el suministro y la demanda, creo que es algo que recibiría apoyo. 
Las enmiendas del Sr. Souchet del Grupo I-EDN son todas muy coherentes y votaremos a favor de la mayoría de ellas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, a partir del informe de nuestro colega el Sr. McCartin, quisiera decir que hoy estamos ante dos actitudes políticas diferentes, ya se trate, por lo demás, de los productos de la pesca o de la agricultura. 
Algunos, como nuestro ponente, desean que nos orientemos hacia una política totalmente liberal. 
Otros, entre los cuales me cuento, prefieren una política encaminada a tener más en cuenta los intereses concretos de los productores, gracias a una aplicación más rigurosa del principio de la preferencia comunitaria, una valorización del mercado de los productos frescos, una mejor organización del sector, la preservación de los instrumentos de intervención del mercado y su integración en una lógica del sector. 
Si bien resulta claro que las importaciones procedentes de terceros países son hoy necesarias para satisfacer una necesidad estructural del mercado europeo, muy deficitario en materia de productos del mar, es indispensable velar por que esos intercambios con los terceros países se hagan en condiciones de competencia leal. 
Por eso, el fortalecimiento del control de las normas de la importación me parece muy urgente, en particular el de las normas de origen y las normas sanitarias, que debe llegar a ser una prioridad de la acción de control, tanto comunitaria como nacional. 
La importancia del mercado del pescado fresco es tal para nuestros productores y nuestros consumidores, que se debe tener más en cuenta. 
Las 15 enmiendas que nuestro Grupo ha presentado se refieren esencialmente a ese objetivo de valorización de los productos frescos comunitarios, que requiere en particular una identificación de los productos, una política adaptada de mejora de la calidad, combinada con un fortalecimiento del sector de los productos de la pesca, un aumento del papel de las organizaciones de productores y un mayor reconocimiento de las organizaciones interprofesionales. 
Por último, respecto de la intervención, hemos propuesto enmiendas encaminadas a fortalecer el mecanismo de retirada para convertirlo en una red de seguridad, lo que contribuirá a la estabilidad del mercado y a la perennidad del sector de los productos de la pesca, pero evitando al mismo tiempo que degenere en un mecanismo que asegure una salida regular a mercancías que no encuentren comprador en el mercado. 
Dichas enmiendas han sido elaboradas, señor Presidente, teniendo presente la especificidad del sector de la pesca, compuesto esencialmente de empresas artesanales que, cuando deben compensar un descenso de los precios del pescado, se ven obligadas a aumentar su productividad mediante un aumento de sus capturas. 
Seor Presidente, nosotros celebramos la iniciativa de la Comisión de presentar y, sobre todo, discutir su concepción sobre el futuro del mercado de los productos de la pesca en la Unión Europea. 
La forma elegida así, a través de un informe, posibilita una discusión orientada hacia la realidad. 
En el título de la comunicación figuran tres palabras llenas de significado: responsabilidad, partenariado y competitividad, tal como creo, en el orden correcto. 
El pescado es y seguirá siendo en el futuro un recurso escaso dentro, y también fuera, de la Unión Europea, si aproximadamente el 50 % del pescado o de los productos de la pesca que se ofertan en la Unión Europea procede de la exportación. 
En la Unión Europea no se dispone de ellos. 
Por esta razón, la conservación de las poblaciones de peces y la política de mercado se encuentran en estrecha interrelación. 
La actividad pesquera debe organizarse en todo el mundo sobre la base de la sostenibilidad. 
Apoyamos expresamente las medidas restrictivas para las poblaciones amenazadas. 
El problema principal es la adaptación de las capacidades pesqueras a las poblaciones disponibles y aquí tendría que llevarse también a cabo la intervención más enérgica. 
Las cuestiones no se plantean solamente para mí: żCuánto mercado queremos reglamentar? żDónde comienza o termina la responsabilidad o la propia iniciativa de los participantes? żQué queremos nosotros, economía de mercado o economía planificada? 
Las medidas unitarias de explotación y de comercialización presuponen un sistema de control que sea eficaz y, sobre todo, que sea equivalente No cabe menos que apoyar realmente la exigencia de efectuar la descarga de los productos de la pesca sólo en los puertos que estén en condiciones de practicar un control efectivo, pero no la de ampliar las facultades de los inspectores hasta el nivel del comercio al por menor. 
Por otro lado va a ser también imprescindible introducir en el marco de las próximas negociaciones de la OMC y también en los convenios bilaterales de pesca los estándares sociales que hoy conducen de manera no insignificante a distorsiones de la competencia. 
Finalmente, quiero dar las gracias a los dos ponentes por sus excelentes informes, y espero que en la Comisión de Pesca podamos también seguir trabajando con estos buenos informes. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe de mi colega Sr. McCartin, que aborda muchos de los problemas del sector pesquero. 
Es evidente que hasta la fecha, se han rebasado considerablemente las cuotas y, en muchos casos, capturas ilegales en aguas de la UE. 
Por ejemplo, las aguas irlandesas son saqueadas regularmente por grandes buques industriales procedentes de otros países comunitarios, muchos de los cuales faenan con redes ilegales. 
Esta práctica ha tenido efectos desastrosos, no sólo sobre las reservas, sino también sobre el medio de vida de las comunidades pesqueras que, en su mayor parte, están situadas en regiones apartadas y periféricas de la Unión Europea y tienen pocas o ninguna alternativas. 
Existen dos elementos fundamentales para preservar las zonas pesqueras restantes de su total destrucción. La preservación y la recuperación de las reservas, que es una prioridad absoluta y urgente; y una política adecuada que introduzca y aplique fuertes sanciones a los que sean sorprendidos faenando ilegalmente. 
Es imprescindible encontrar un equilibrio entre las necesidades del sector pesquero, la gestión de los recursos y las necesidades de las personas que viven de la pesca y de las industrias derivadas. 
Debemos tener presente que la Unión Europea importa el 52 % de su consumo total de pescado de terceros países. Existe, por tanto, un amplio mercado que hay que abastecer. 
Creo que la acuicultura puede proporcionar, en parte, la solución para el restablecimiento del equilibrio entre las importaciones y la producción pesquera en la UE. 
La acuicultura es una fuente valiosa de puestos de trabajo y puede paliar las penurias de las zonas afectadas por el descenso de las capturas. 
Hemos demostrado que podemos cultivar salmón y moluscos de la mejor calidad, adoptando todas las precauciones necesarias para garantizar buenas prácticas medioambientales. 
Es necesario mantener y potenciar dichas prácticas mediante la mejora de los dispositivos de seguimiento, para permitir que las zonas que se destinan a la piscicultura se dejen reposar y se limpien a fondo con agua. 
Asimismo, debemos buscar acuerdos equilibrados con nuestros socios de países en desarrollo en los que pescamos actualmente y combinar dichos acuerdos con el fomento de la acuicultura, protegiendo así sus recursos pesqueros y creando nuevas fuentes de producción en la UE. 
La PPC debe combinar todos los aspectos del sector pesquero con vistas a proporcionar una futuro viable a nuestras comunidades pesqueras. 
La combinación de preservación y de buena gestión, por un lado, y el incremento de la piscicultura, por otro, nos serán de gran ayuda para garantizar dicho futuro. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, quisiera referirme al informe del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, a quien felicito por el notable- repito: notable- trabajo que ha hecho. 
Creo que el informe aborda todos los problemas fundamentales de este sector. 
Ahora bien, hay algunos aspectos que me parece útil destacar. 
Primero: la ausencia de un marco adecuado de medidas de apoyo a las industrias existentes puede amenazar a su supervivencia. 
Será difícil, si no imposible, competir con productos de terceros países cuyos costos de producto final son muy inferiores a los de la Unión, ya sea por un nivel de exigencia inferior en materia de condiciones técnico-sanitarias o por los costos de la mano de obra, profundamente diferentes en esos países. 
Segundo: consideramos que la Unión Europea debe fortalecer la política de calidad de sus productos, estimular los esfuerzos de la industria mediante premios, registros y rótulos de calidad, y organizar campañas de promoción que divulguen la calidad y el origen europeo del producto. 
Tercero: por lo que se refiere en particular a la industria de conservas de sardina, que en Portugal, después del contrato de asociación con Marruecos, es muy delicada (sin duda es el sector más afectado) , nos parece urgente adoptar algunas medidas tales como las siguientes: establecimiento de una indemnización compensatoria destinada a la industria de conservas de la Comunidad y mantenimiento de una ayuda equilibrada al almacenamiento y la congelación para evitar la fluctuación de precios en el mercado a consecuencia de las corrientes de temporada (se deberá conceder esta ayuda a los industriales siempre que ésos justifiquen el pago del precio mínimo a la producción) ; lanzamiento de una campaña comunitaria para la promoción de las conservas de sardina y sus derivados, teniendo en cuenta el elevado valor nutritivo de ese producto; por último- y de acuerdo con lo propuesto por el ponente -, consideramos que la Comisión debe elaborar rápidamente un estudio global sobre la situación actual de esta industria y hacer hincapié en particular en el número de empresas, la evolución del sector en los diez últimos años en los diferentes países, a fin de que resulten suficientemente claras las consecuencias de la apertura del mercado a terceros países, los datos relativos a la producción, a la procedencia de las materias primas, al volumen de exportaciones e importaciones, al empleo, a las normas técnico-sanitarias, a la disposiciones arancelarias y, de forma general, a la legislación aplicable al sector y, por último, a su codificación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, cualquier revisión de la organización común del mercado de la pesca deberá, entre otros aspectos, ir encaminada a preservar los recursos, mantener y mejorar los mecanismos de regulación, fortalecer el partenariado entre las organizaciones de productores y la industria, defender la calidad de los productos, promover el aumento de la contribución de la producción comunitaria al abastecimiento del Mercado Interior, defender, en el marco mundial, la producción y la transformación comunitarias contra el dumping social, que prefigura una competencia desleal inaceptable. 
Las orientaciones encaminadas a aumentar la desreglamentación y la liberalización propiciarán una reducción aún mayor de los niveles de renta de los pescadores y los productores, empeorarán sin duda las condiciones de funcionamiento de la industria transformadora, contribuirán a la degradación progresiva de todo el sector de la pesca en muchas regiones, con repercusiones negativas en el tejido económico y agravación del desempleo, y podrían provocar un aumento del esfuerzo de pesca, tentación que los profesionales podrían sentir para impedir la degradación de su ya insuficiente nivel de vida. 
Éstas parecen ser, por desgracia, las bases fundamentales del documento de la Comisión, en particular porque no se ponen en entredicho en él los irrisorios medios presupuestarios que hoy se asignan a la política de mercado y porque se pretende dar preferencia a la creación de empresas transnacionales, cuyos efectos devastadores en una red de pequeñas y medianas empresas tradicionales en el sector- ya sea en la producción o en la transformación- son fáciles de prever. 
No cabe duda de que hay que replantear la actual organización común de mercados. 
Por ejemplo, reconocemos que se deben revisar los mecanismos de retirada, posiblemente disminuyendo su componente destinado a la destrucción de pescado. 
Ahora bien, se debe mantener el mecanismo en sí aumentándolo o creando otros regímenes de apoyo a la renta de productores, o combinando ambas cosas, como también es necesario crear ayudas a la congelación y al almacenamiento industrial, como consta en una enmienda que hemos presentado al informe del Sr. McCartin. 
En cuanto a la fijación de precios de orientación, su mantenimiento es esencial, como también lo es el régimen de indemnizaciones compensatorias para el atún. 
En este marco, resulta inaceptable que no exista aún un régimen semejante para la sardina, por lo que hemos vuelto a presentar una enmienda en ese sentido y esperamos que se apruebe. 
Hay que certificar la calidad, el origen y las condiciones de producción y transformación. 
También hay que prestar mucha atención a los mercados locales y su abastecimiento, sobre todo por las consecuencias positivas que pueden tener en las pequeñas flotas artesanales costeras, pero también al hecho de que la Unión Europea importe casi el 60 % de lo que consume, hay que defender los productos comunitarios contra quienes carecen de calidad o no producen en condiciones sociales o medioambientales aceptables. 
El desarme aduanero no es inevitable en nuevos acuerdos internacionales, en los que se han inmolado los intereses del sector, sin que al menos se garantice la reciprocidad de las actitudes. 
En el informe, tal como se ha modificado- y se han introducido muchas de las ideas que propugnamos- y se espera aún que se mejore con este debate en el Pleno, encontrará la Comisión, si así lo desea, ideas suficientes para revisar la actual OCM de la pesca sin poner en entredicho la sostenibilidad del sector. 
Esperamos las propuestas legislativas que, desde luego. nos hará llegar todavía este año, señora Comisaria. 
Unas palabras sobre el informe relativo a la industria conservera, del Sr. Daniel Suanzes-Carpegna. 
Voy a dedicarle poco tiempo, porque es, la verdad, un buen informe. 
Es un buen texto que, si se siguen sus propuestas, puede contribuir a mejorar el funcionamiento de la industria conservera. 
Las dos enmiendas que presentamos a su informe, querido colega, van encaminadas a disminuir los costos de materias primas sin poner en tela de juicio el funcionamiento de otros sectores importantes- como el del aceite de oliva- y contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de productores, fundamental con vistas al establecimiento de buenos partenariados entre agentes del mismo sector. 
Señor Presidente, esta sesión de tarde sobre la pesca tiene un aspecto melancólico. 
Se parece más a una sesión académica que a una sesión parlamentaria porque estamos discutiendo textos que son textos de estudio, no son textos legislativos, y en torno a estos textos de carácter más académico que otra cosa nos reunimos una serie de personas que ya nos conocemos mucho porque somos el grupo de amigos de la pesca dentro de la Comunidad, pero nos reunimos en unas circunstancias que, según los informes de la Comisión, parece que preludian la desaparición del sector. 
Es decir, me da la impresión de que es el tipo de discusión que dentro de unos años recordaremos con nostalgia, cuando todavía podíamos hablar de la pesca comunitaria. 
Y me voy a referir, sobre todo, a la comunicación de la Comisión sobre el futuro del mercado de los productos de la pesca en la Unión Europea. 
Yo creo que es un buen informe, es un informe hecho con una gran sinceridad y una gran honestidad y además que cumple su función. 
Es un informe previo, la Comisión se ha fijado un plazo hasta el 30 de junio de este año, es decir dentro de una semana o dos, para recibir las referencias y puntos de vista de los sectores productivos, de los agentes sociales, etc. y a partir de ahí hará sin duda propuestas legislativas. 
Creo que el informe está hecho con una gran honestidad y que revela los problemas del sector. 
El problema fundamental, que ha sido señalado por varios de los oradores anteriores, es que el 60 % del consumo comunitario de pesca es producto de importación- solamente la Comunidad se autoabastece en un 40 %- y que, además, esta es una tendencia que se ve muy clara, que eventualmente llevará a que todo el consumo comunitario sea producción de importación. 
Yo creo que ese probablemente sería una línea de defensa. 
De vez en cuando, en materia de pesca, en general, las noticias que recibimos son malas noticias. 
A veces recibimos buenas noticias pero esas buenas noticias vienen acompañadas por alguna mala noticia. 
Por ejemplo, el acuerdo de 8 de junio del Consejo de Ministros de Pesca decide la prohibición de las redes de enmalle a la deriva pero la aplaza hasta el 31 de diciembre del 2001. 
Y de aquí al 31 de diciembre del 2001 quedan seis meses del año 1998, 12 meses del año 1999, 12 meses del año 2000 y 12 meses del año 2001, con lo cual es posible que, cuando se prohíban definitivamente las redes de enmalle a la deriva, ya no quede ningún pez que haya escapado a esas máquinas de destrucción de la pesca. 
En todo caso, por lo menos hay una voluntad de acabar con ese mal. 
Pero a veces las noticias que nos llegan son totalmente malas. 
Por ejemplo, estos días han aparecido en la prensa española unas declaraciones de las autoridades marroquíes que dicen que no van a renovar el convenio de pesca, y no sólo que no van a renovar el convenio de pesca con la Unión Europea, sino que, además, un año antes de que se ese convenio termine o con más de un año de antelación, nos van a quitar una serie de licencias de pesca en una zona determinada, con lo cual parece que están incumpliendo los compromisos con la Comunidad sin que yo, hasta la fecha, sepa si ha habido alguna reacción comunitaria. 
Y esto es una mala noticia sin ningún tipo de paliativo. 
Y con respecto a esto, para evitar este proceso, yo quisiera insistir en las referencias que hizo la presidenta de nuestra Comisión de Pesca, la Sra. Fraga, y en las conclusiones del informe del Sr. McCartin, que creo que es un informe muy meditado y muy trabajado en la Comisión de Pesca. 
Y yo haría referencia a la Comisaria a los apartados 14, 15, 16, 17 y 21. 
Concretamente, en los párrafos 14 a 17, el informe del Sr. McCartin hace referencia a la necesidad de mantener un sistema de protección del mercado comunitario. 
Es cierto que cada vez importaremos más productos no comunitarios, pero si nosotros rebajamos la protección que tenemos al mismo tiempo que nos están expulsando de los caladeros, estamos invitando a que nos expulsen de más caladeros. 
De alguna forma, este mercado tan apetitoso comunitario en materia de pesca es el mayor enemigo de los propios productores comunitarios, porque cada vez nos piden más, cada vez nos exigen más y cada vez nos imponen más delimitaciones. 
Por tanto, creo que cualquier concesión en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, que parece que la Comisión prevé, tiene que ser analizada con mucho detalle. 
Y en segundo lugar, en el apartado 21 se habla de las sociedades mixtas- sociedades mixtas con capital comunitario- que es una posible solución para el caso de que se acaben los acuerdos de pesca, es efectivamente un tema que puede ser desarrollado. 
La gran incógnita, sin embargo, es: ¿qué va a pasar con la Agenda 2000 y cuáles van a ser los recursos de que va a disponer el sector de la pesca a partir del período 2000 a 2006? 
¿Va a contar la Comisión con los fondos necesarios para poder apoyar, por ejemplo, a las empresas mixtas y para apoyar todo este tipo de medidas que está previendo en el informe comunitario? 
En definitiva, señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión lo que ha hecho, quiero agradecer al Sr. McCartin su trabajo también y yo diría que esperamos la segunda parte de este informe que, sin duda, vendrá muy pronto con propuestas concretas o con nuevas iniciativas de la Comisión. 
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, felicitar a los cinco ponentes y me voy a centrar, principalmente, en el informe relativo al mercado de productos de la pesca del Sr. McCartin. 
Creo que, efectivamente, la Comisión ha hecho un buen análisis y deberíamos pensar que, de la misma forma que tenemos una política agrícola común que dedica sus esfuerzos a la estabilidad de los mercados agrícolas y de la renta de los agricultores, debiéramos pensar, frente a los problemas del sector pesquero, en intentar buscar fórmulas imaginativas que tiendan también a una política pesquera común que asegure una cierta estabilidad del mercado y de las rentas de los pescadores. 
Porque tenemos unos recursos que son escasos y los problemas se van añadiendo. 
Por poner un ejemplo, por pescados como la merluza, que se estaba pagando hace once o doce años a 400 y pico pesetas el kilo (2, 5 ecus el kilo) en los puertos, doce años después se sigue pagando el mismo precio, mientras que los costes del gas oil, los costes de los pescadores, han subido terriblemente... 
Esto nos lleva a una dinámica, realmente, que puede poner en peligro hasta la propia supervivencia del sector. 
El informe del Sr. McCartin, para ello, en el apartado 14, subraya la necesidad de eliminar o disminuir la tendencia actual a la eliminación de los aranceles. 
Tenemos que buscar medidas en este sentido para que, dentro del cumplimiento de las obligaciones internacionales, la Comisión pueda proteger en la medida posible nuestro sector. 
El apartado 16 es también muy importante en la medida en que a aquéllos que están compitiendo con nosotros les tenemos que exigir unos mínimos sociales dentro del marco de las medidas que la OIT exige, el respeto medioambiental en la pesca de los recursos y, por otro lado, unas condiciones sanitarias y de calidad, como mínimo, equiparables a nuestros productos. 
Creo que tenemos la obligación de asegurar el mantenimiento del sector pesquero comunitario- y soy consciente de la diferencia que existe con el sector agrícola: estamos hablando de un mercado que necesita los recursos pesqueros externos para abastecerse- pero tenemos que buscar soluciones imaginativas para ello. 
Simplemente, termino diciendo que es importante, también, que en el mercado subrayemos la necesidad de evitar el fraude, y termino con dos advertencias telegráficas sobre los lomos de atún de los países del Sistema de Preferencias Generalizadas y los posibles fraudes al mercado comunitario con bacalao procedente, por ejemplo, de Rusia a través de acuerdos con otros países. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, considero que el elegido por la Comisión es un método correcto: al someter esta comunicación a debate, permite que el Parlamento, los diferentes sectores y el Consejo hagan sus contribuciones a lo que será la iniciativa legislativa siguiente. 
Pero quisiera subrayar aquí un aspecto mencionado en el informe de nuestro colega McCartin, que, en mi opinión, hace una contribución excelente a este debate, a saber, la cuestión de las aguas de terceros países, tema bien abordado por nuestro colega el Sr. Medina Ortega en una reflexión que, de hecho, merece nuestra ponderación, en la medida en que, como muy bien ha dicho él aquí, el consumo de productos de la pesca en la Unión Europea también es un atractivo desde el punto de vista del mercado, pero que también genera más dificultades para la dificultosa obtención de cuotas de pesca. 
Respecto del documento de la Comisión, quisiera tan sólo insistir en algunas medidas que considero importantes. 
En primer lugar, sobre la cuestión de la sardina y en relación con el también excelente informe de nuestro colega, sobre la industria conservera, quisiera insistir en lo que también se ha dicho aquí, en la necesidad de una indemnización compensatoria para la industria de conservas de sardinas. 
A eso se debe la importancia de un apoyo a la congelación y al almacenamiento de ese pescado (por lo demás, ésa será una forma de regular el propio mercado) , apoyo que se basaría en el papel de las organizaciones de productores y se prestaría mediante la sardina adquirida por dichas organizaciones por encima del precio de retirada. 
Propugno, además: 
una prima a las cantidades entregadas por las organizaciones de productores a la industria al amparo de contratos, porque consideramos fundamental que el sector tenga organizaciones fuertes y activas; -la posibilidad de creación de organizaciones interprofesionales; -la valorización de denominaciones de origen, de marcas de calidad, en particular mediante planes de promoción basados en denominaciones de origen; -la necesidad de respetar el principio de preferencia comunitaria de las ayudas alimentarias; -por último, una ayuda financiera a la paralización temporal o definitiva de unidades industriales, única forma de evitar repercusiones sociales extraordinariamente negativas en la ya paupérrima situación de la pesca que se vive en algunas zonas muy dependientes de la actividad pesquera.Y, por último, quisiera subrayar lo siguiente: esta reforma va a costar más dinero. 
Es preciso tener conciencia de ello. 
Como mínimo, representará más de 30 millones de ecus/año. 
Es un aspecto en el que el Parlamento también debe ir pensando. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, los asuntos tratados en el informe Varela, en el que me voy a centrar especialmente, son múltiples y se han abordado correctamente en su conjunto aportando soluciones que considero positivas en la mayoría de los casos. 
Sin embargo, no se hace ninguna referencia a los acuerdos comerciales internacionales y a los problemas relacionados con la progresiva desprotección arancelaria. 
Por ello, a mi juicio, habida cuenta de la insuficiencia de la materia prima de producción comunitaria, será necesario, por una parte, garantizar el suministro a la industria de transformación con arreglo a los precios de las cotizaciones internacionales y, por otra, evitar que, con ocasión de acuerdos de cooperación bilaterales, nos veamos obligados a mal negociar la supresión total de los aranceles de aduanas sobre los productos terminados para permitir la celebración de acuerdos de pesca como, por ejemplo, con Marruecos. 
Pues bien, precisamente las ventajas arancelarias concedidas a Marruecos han sido una concausa importante del cierre de la mayoría de las instalaciones de la industria conservera italiana de la sardina. 
Quisiéramos evitar que la industria conservera del atún corra la misma suerte, como muy probablemente va a suceder si se modifica el régimen en vigor que prevé la importación de los filetes de atún congelado desde los países SPG exentos del pago de aranceles. 
Es por eso que, sin ninguna duda, considero útil un estudio exhaustivo sobre los efectos producidos por las llamadas anomalías tarifarias, entre las cuales figura ciertamente la que atañe a la importación de los lomos que, en contra de la regla general, se consideran un producto terminado. 
Por lo demás, el señor ponente hace muy bien en pedir asimismo un sistema de control eficaz de las importaciones de conservas procedentes de los terceros países, así como del origen de los productos, una firme política de calidad que deberá ir acompañada por una campaña de promoción adecuada y que las conservas comunitarias sean declaradas productos sensibles concediendo ayudas compensatorias al sector tanto del atún como de las sardinas: todo ello en un sector muy intensivo en mano de obra, con frecuencia en regiones desfavorecidas y, por lo tanto, prioritario en el ámbito de la política de empleo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, creo que el debate que hemos celebrado aquí subraya una vez más la complejidad de este sector y las numerosas conexiones entre sus elementos. 
Por ejemplo, varias de Sus Señorías me han dicho durante este debate que estaría bien desarrollar la acuicultura, no sólo en la Unión Europea, sino también en terceros países y, por tanto, en el nivel de nuestros acuerdos bilaterales. 
Eso está muy bien, salvo que, para producir pescado mediante la acuicultura, hace falta harina de pescado. 
Si volvemos al debate que hemos celebrado hace apenas una hora y media sobre la pesca no destinada al consumo humano, llegamos a ciertas contradicciones. 
Digo todo esto simplemente porque he encontrado en el debate al que acabamos de asistir dos tendencias que se manifiestan, entre otras instancias, en el Consejo, pero también en el propio sector, con un punto en común, de todos modos, si he comprendido bien su excelente informe, señor ponente. 
Dicho punto común estriba en la necesidad de un mayor compromiso de las autoridades públicas a favor no sólo de la transición hacia una pesca más responsable, sino también de la ayuda al sector para permitirle adaptarse a los nuevos datos económicos, comerciales y sanitarios. 
Así, pues, si no he entendido mal, estamos de acuerdo en que es importante fortalecer la organización de todas las partes interesadas y facilitarles el acceso a las innovaciones. 
Fortalecimiento, por tanto, de los participantes en el sector y de todo el ramo, pero les formulo una pregunta, que ya han formulado por lo demás, varias de Sus Señorías. 
¿Qué será entonces de la política de calidad o de otras propuestas que están sobre la mesa, como la propuesta de origen controlado? 
Es posible, pero hace falta poder controlar. 
Y he de señalar a esta Asamblea que ya nos resulta muy difícil aplicar de forma creíble la reglamentación sobre los tamaños mínimos. 
Por tanto, si ésa es la actitud deseada, hay que pensar- y creo que a eso se refería una pregunta de la Sra. McKenna- en las condiciones de vigilancia y control. 
Algunos diputados han pedido a la Comisión nuevos estudios, nuevos análisis, etc. Quisiera simplemente señalar que este debate se prolonga desde 1996, que ha habido dos seminarios con el Parlamento, en Quimper y en La Haya, que esa labor prosiguió en el nivel de los servicios interesados y en colaboración con el Parlamento, que hemos escuchado a todo el mundo, que ha habido también varias reuniones regionales con representantes del sector y, por tanto, que ha llegado el momento de que la Comisión saque las conclusiones y debata sobre un texto legislativo destinado a aclarar muchas cosas. 
Ha llegado el momento de que yo respete el compromiso que formulé de presentar una propuesta que será por fuerza polémica, porque es imposible complacer a todo el mundo. 
Por ejemplo, también en este debate se han hecho varias propuestas que no tienen necesariamente relación con el expediente que estamos examinando. 
Porque con la pesca siempre es así: en cuanto se inicia un debate sobre un aspecto concreto, se habla prácticamente de todo. 
Por ejemplo, a propósito de los fondos. 
No sé cuáles serán los fondos, como tampoco Sus Señorías. 
¿Cuál será la asignación en el presupuesto comunitario para el período 2000-2006? 
Yo lo sé tan poco como Sus Señorías. 
Como saben Sus Señorías, en principio no es en mi nivel en el que se decide la asignación presupuestaria. 
Existen, con toda evidencia, problemas que se plantean también en relación con terceros países, a los que varios oradores se han referido. 
Tomo nota de las declaraciones de Marruecos, que no quiere un nuevo acuerdo de pesca. 
Creo que no es algo tan nuevo. 
Por lo demás, se está entablando otros contactos entretanto. 
Por eso, desearía a veces un poco más de orden y disciplina cuando la Comisión es la única competente para negociar los acuerdos de pesca. 
No es tanto ayuda lo que necesito. 
Más bien desearía no verme estorbada por la presencia, por ejemplo, de empresas privadas europeas- y no voy a citar nombres- que tienen acuerdos privados con terceros Estados para los cuales tengo un mandato de negociación. 
También desearía que los Estados miembros recuerden de vez en cuando que la competencia en materia de negociación de los acuerdos de pesca es una competencia comunitaria. 
Es evidente que la confusión no ayuda a nadie. 
Estoy haciendo una digresión, pero precisamente hemos asistido a un debate en el que ha habido no pocas digresiones. 
He vuelto a ver en este debate dos tendencias que ya son típicas y tradicionales y dos objetivos que a veces son contradictorios. 
Por una parte, están quienes consideran que la adecuación a la política comercial común en este sector es prioritaria y que, por tanto, tienen una idea particular y, por otra, aquellos- a cuyos representantes también he escuchado- que quieren, en cambio, reforzar la importancia de la política interna en materia de mercado. 
La Comisión debe zanjar antes del final del año y presentar a Sus Señorías una propuesta que- ya no me cabe duda- no va a gustar a todo el mundo. 
Unas palabras más sobre el informe de iniciativa del Sr. Varela. 
De todos modos, hay puntos de convergencia entre el informe Varela y el informe McCartin. 
Los dos subrayan, por ejemplo, la necesidad de respetar rigurosamente las normas sanitarias. 
Ése es un elemento importante, desde la óptica comercial también. 
Por lo demás, he de recordar a ese respecto que los inspectores sanitarios para la Comunidad son sólo cuatro o cinco. 
Ya lo he dicho, pero quería recordarlo hoy. 
Hay también otros puntos de convergencia. 
Por ejemplo, la creación de mecanismos que permitan fortalecer las asociaciones y a los diferentes participantes en el sector. 
Pero, aparte de esos puntos de convergencia, hay también análisis y propuestas en relación con el sector de las conservas que me parecen, señor Varela, particularmente dramáticas o pesimistas. 
Porque es verdad que ciertas empresas, que, por lo demás, conocemos, no han logrado afrontar la competencia de terceros países; también hay que precisar, para ser justos, que algunas de ellas eran en parte obsoletas y que la importación no ha hecho sino acelerar un proceso que era inevitable. 
Por lo demás, algunos de los empresarios afectados lo reconocen. 
Además, debo recordar que la Comisión ha introducido ya normas de comercialización para las conservas de sardinas y de atún a fin de garantizar la transparencia de las transacciones comerciales en este sector, todo ello en beneficio de los consumidores. 
Así, pues, hay criterios ya establecidos, bastante claros, por lo que se refiere a las sardinas y al atún. 
Pero el problema es que se me pide una ayuda particular a favor de ese sector y prácticamente en perjuicio de otros sectores. 
Así, pues, debo señalar que dicho sector ha disfrutado ya de importantes apoyos financieros comunitarios respecto de otros. 
Por lo demás, hasta tal punto es así, que en 1995 los propios Estados miembros decidieron no prorrogar el mecanismo de las indemnizaciones compensatorias a favor de la sardina, precisamente porque en el nivel de los empresarios y de los Estados miembros ya no hay voluntad política alguna de dar preferencia a ese sector respecto de otros después de todo lo que se ha hecho. 
Los Estados miembros, en su nivel, pueden, si quieren dar preferencia a ese sector, si lo consideran prioritario para su país, apoyándose, evidentemente, en los Fondos estructurales cuya aplicación corra a su cargo. 
Permítaseme a ese respecto subrayar que incluso esas ayudas, pasadas o futuras, decididas por los Estados miembros, no dispensan al sector de una contribución a la innovación a fin de orientar la comercialización hacia productos con valor añadido, que sean la expresión de la tecnología europea, más que hacia productos básicos, que no requieren una tecnología avanzada, por lo que padecen muy intensamente la competencia de terceros países, en los que el costo de la mano de obra es, evidentemente, muy inferior. 
Ésas son las directrices. 
Pero, por lo que se refiere a la ayuda a las indemnizaciones compensatorias, he de recordar al Sr. Varela que los Estados miembros la rechazaron ya en 1995. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
Señorías, llegamos al final de este debate con un gran retraso sobre el horario previsto. 
El Sr. Varela me pide la palabra como ponente y se la concedo por el tiempo máximo de un minuto. 
Señor Presidente, la Comisaria nos pidió que no le ayudáramos pero que, al menos, no pusiéramos trabas u obstáculos a su labor. 
Y en relación con la competitividad de la industria a la que estamos haciendo referencia, yo le quería decir que es evidente que hay algunas que no pueden ser competitivas, pero lo que estamos pidiendo es que no se les pongan obstáculos. 
Y he hecho referencia a que algunos acuerdos son obstáculos, y esto es lo que estamos diciendo. 
Y si hay medidas sanitarias pero pocos inspectores como usted decía, le pedimos que se cree una red de laboratorios especializados para que haya controles. 
Los pueden hacer los propios Estados pero ha de ser a partir de una propuesta de la propia Unión Europea. 
Hay medidas concretas, señora Comisaria, medidas concretas que estamos pidiendo. 
Muchas gracias, señor Varela. 
Doy por cerrado el debate con notable retraso sobre el horario previsto y entiendo que les interpreto a todos ustedes agradeciendo a los servicios de la Asamblea y a las cabinas de interpretación esta sobrecarga de trabajo que les hemos atribuido en una jornada ya de por sí altamente pesada en cuanto al trabajo. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.55 h.) 
Aprobación del acta 
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, intervengo en virtud del apartado 108 del Reglamento para hacer una declaración personal a raíz del ataque contra mí y contra el Sr. Coates por parte del Presidente en ejercicio, en su respuesta al debate de ayer. 
En la página 28 de Acta afirma que no tenemos ningún mandato ni legitimidad democrática, porque fuimos elegidos de la lista Laborista y, en consecuencia, no deberíamos figurar como diputados al Parlamento Europeo. 
Es un ataque personal muy grave y, en virtud del artículo 108 del Reglamento, tengo derecho a responder. 
Quiero manifestar que fui elegido de una lista Laborista- no de una lista del Nuevo Laborismo- cuando John Smith y Margaret Beckett eran líderes del partido, y que fui elegido por las dos terceras partes de los miembros locales de mi Partido, a diferencia de los diputados Laboristas al próximo Parlamento Europeo, que serán elegidos personalmente por el Sr. Blair. 
Por tanto, quisiera afirmar que tengo un mandato mucho más democrático del que tendrán ellos. 
Señora Presidenta, quisiera elogiar el comportamiento ejemplar del Servicio de Seguridad francés con motivo de la visita de Tony Blair. 
En segundo lugar quisiera poner en su conocimiento que el Presidente Gil-Robles me ha hecho llegar una carta del Primer Ministro Dehaene en la que expresa su consentimiento de instalar un puesto de policía en las cercanías del Parlamento en Bruselas. 
Señora Presidenta, me refiero a algo que ha venido faltando del Acta durante toda la semana, a saber, que no se hace referencia al Sr. Falconer diciéndonos si iba a votar o no. 
¿Ha realizado la Mesa alguna modificación con respecto al registro de votos? 
Le agradezco mucho, señor Wynn, que piense usted cuidadosamente en ello. 
Señora Presidenta, agradezco a mi colega, Sr. Wynn, que haya planteado este asunto. 
Evidentemente, deseo tranquilizar a los diputados. 
Me complace observar que el grupo de lunes a viernes sigue con nosotros. 
Estamos aquí toda la semana y votamos toda la semana, a diferencia de algunos diputados, que sólo están presentes parte del tiempo y que el jueves por la tarde se ponen en camino. 
La respuesta es muy simple. 
Escribí al Presidente preguntándole cuántos diputados se habían visto afectados por las modificaciones del Reglamento. 
El Presidente me informó que, desde febrero, por cada período parcial de sesiones, 120 diputados han sido objeto de un ajuste de sus primas como resultado de las mismas. 
Asisto todos los meses de lunes a viernes, por lo que participo durante toda la semana. 
Me opongo a la manera en que la Mesa tomó la decisión, sin informar de ello a la Asamblea, pero siento consternación ante la falta de coraje de estos 120 diputados que han guardado silencio sobre este asunto y no han formulado ninguna protesta en esta Asamblea. 
Con esto en mente, he optado por dejar que obren según su conciencia. 
Seguiré apoyando mis principios y sin duda defenderé dichos principios en el seno del Grupo Socialista. 
Espero que esto tranquilice a la Asamblea. 
Gracias por su aclaración, señor Falconer, que haremos constar en el Acta. 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
La modificación del Reglamento 1866/86, que establece las medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en las aguas del Mar Báltico, es resultado de las últimas recomendaciones adoptadas en el marco de la Comisión Internacional de Pesca del Mar Báltico (IBSFC). 
¿En qué consisten estas medidas técnicas? 
En realidad, sólo se trata de adaptaciones menores sumadas a las prohibiciones ya existentes para la pesca del fletán y la platija durante determinados períodos, y para el uso de ciertos ingenios en la pesca del salmón. 
Como lo puntualiza el ponente, que es de nacionalidad danesa, recordémoslo, " la adopción de estas pequeñas modificaciones y, por consiguiente, de la propuesta de la Comisión no tendría que plantear problemas». 
Sin embargo, debo recordar que el salmón salvaje está en vías de extinción en el Báltico y que este mar se beneficia de un tratamiento específico por parte de la Comisión. 
Como lo habíamos visto en el informe Kindermann, la pesca industrial se practica allí con intensidad, y para ella se utilizan redes finas y, a pesar de las denuncias de Greenpeace, esta actividad continúa sin sufrir ninguna molestia. 
El uso de redes de enmalle a la deriva de gran longitud sigue autorizado allí, contraviniendo por completo la legislación internacional, que impone un límite de 2, 5 km de longitud. 
Y este mar, hasta ahora, es poco frecuentado por los barcos españoles. 
¿Sería esto una explicación de aquello? 
Nuestro grupo sostiene el fondo del informe, y también la propuesta de Reglamento, pero debe recordar que la Comisión tiene el deber de conservar la equidad entre los pescadores de los distintos Estados miembros. 
Por tanto, nos oponemos con toda firmeza a la actitud de la Comisión que "se olvida» de la pesca industrial cuando establece nuevas medidas técnicas para la pesca en Europa, y" se olvida» de exigir a los que utilizan redes de enmalle a la deriva de gran longitud que se atengan a la legislación internacional. 
No es admisible que la Comisión, para obtener una mayoría suficiente en el Consejo, desdeñe las consideraciones científicas que están en la base de la política común de pesca, favorezca injustamente a algunos pescadores y aplique discriminaciones escandalosas contra otros pescadores europeos. 
Informe Kindermann 
Nuestro Grupo felicita al Sr. Kindermann por la calidad de su informe sobre la pesca industrial. 
Esta pesca, recordémoslo, se hace con redes finas y sus capturas se destinan a la producción industrial de harina y aceite de pescado. 
En la Unión Europea, Dinamarca es el mayor productor de harina de pescado, que por sí sola representa el 80 % de la producción industrial y el 6 % del mercado mundial. 
Esta harina de pescado se usa, en gran parte, para la fabricación de alimentos destinados a la cría de aves y de cerdos. 
¿No es sorprendente el contraste entre el pregonado objetivo de conservación de los recursos y las enormes cantidades de peces que se lleva la pesca industrial? 
El ponente cita, a propósito de la pesca industrial, una serie de datos estadísticos particularmente impresionantes: el 30 % de las capturas mundiales se hace en la modalidad de pesca industrial. 
Esta cifra llega al 60 % en el caso de algunos mares, como el del Norte, cuya fragilidad extrema todos conocemos. 
Las capturas incidentales son considerables, pues a veces superan a las que están sometidas a cuota. 
Es más que chocante el contraste entre el rigor extremo que se observa respecto a ciertas pesquerías y la transigencia con que la Comisión trata la pesca industrial. 
¿Estará ligada esta diferencia de trato al hecho de que los pesqueros españoles no frecuenten los mares septentrionales? 
Un trato tan discriminatorio por parte de la Comisión es inaceptable, en cualquier caso. 
Por un lado, se prohíbe sin base científica la intervención de pescadores con redes de enmalle a la deriva en el Atlántico, cuyas extracciones en una fuente tan sana son menores. 
De otra parte, en el caso de la pesca destinada al uso industrial, que lleva a cabo capturas enormes en su fuente, se acumulan estudios y más estudios pero no se toma ninguna medida. 
¿Por qué dos pesos y dos varas de medir? 
Si la pesca industrial hubiera tenido una actividad importante en el Atlántico, su tratamiento habría sido otro, sin duda. 
Informe McCartin 
Como ya lo señalé en mi intervención, nuestro Grupo se ha visto en la obligación de presentar 15 enmiendas al informe de nuestro colega McCartin. 
En efecto, en contra de las propuestas iniciales del ponente, nos parece necesario tener una OCM fuerte para los productos de la pesca, y más exactamente para los productos destinados al mercado del pescado fresco. 
Nuestro ponente ha aplicado un enfoque demasiado exclusivamente liberal, que llega al deseo explícito de un menoscabo del principio de la preferencia comunitaria. 
Tengo la certeza de que la Unión Europea ha firmado y hecho firmar a los Estados miembros una cantidad de acuerdos de libre comercio, que ha hecho que se adhirieran a sistemas de " preferencias generalizadas» (en particular con los países productores de drogas) y que estamos comprometidos por los acuerdos del GATT aplicados en el marco de la OMC porque, a causa de una falta política mayor, los productos del mar- a diferencia de los productos agrícolas- desde el principio se han consolidado en el GATT. 
En vista de estos duros apremios, que ya ponen una fuerte limitación a la preferencia comunitaria, es indispensable tener una OCM que fortalezca el conjunto del sector pesquero. 
Todavía disponemos de cierta cantidad de medios, como los que permiten la optimización del mercado del pescado fresco para mejorar la organización del sector y para conservar los medios de intervención en el mercado. 
¿Y cuáles son las propuestas del ponente? 
Sobre el plan de optimización, poca cosas. 
En el campo de la conservación de los mecanismos de retirada, quiere suprimirlos. 
¿Qué quedaría de la OCM? 
Podríamos preguntárnoslo... 
La OCM no debe funcionar en beneficio exclusivo de los manufactureros, para quienes el parámetro esencial es sólo la regularidad del abastecimiento al menor precio posible, sea cual sea el origen de la materia prima. 
Por tanto, es esencial que la OMC prevea medidas específicas destinadas al mercado del fresco. 
Informe Varela Suanzes-Carpegna 
Nuestro Grupo apoya el enfoque global adoptado en su informe por nuestro colega Varela. 
Es evidente que se necesita defender, pues es necesario protegerla, la industria conservera de los productos del mar y de la acuicultura en la Unión Europea. 
Por esta razón nuestro Grupo ha presentado dieciséis enmiendas al informe McCartin, que se refieren a la OCM de los productos de la pesca. 
Hay que analizar el sector pesquero como un todo: el sector de la pesca necesita del de la manufactura, pero- y esto debe saberlo la Comisión- no habrá manufacturación europea de los productos del mar si deja de haber producción de ellos en Europa. 
Por consiguiente, debemos apoyar las propuestas del ponente, relativas a fortalecer las industrias de conservas y a detener las deslocalizaciones hacia países de sueldos bajos. 
En su informe, el Sr. Varela concentra su análisis en dos sectores importantes de la industria de conservas: la industria de la sardina y la del atún. 
La primera, que casi se ha dejado desaparecer en Francia, aún tiene una gran importancia en la Península Ibérica. 
Las propuestas del ponente buscan proteger esta industria frente a las importaciones de productos manufacturados provenientes de países del Norte de África, especialmente de Marruecos. 
Aunque consciente de las dificultades de competencia que afrontan las industrias españolas y portuguesas, no obstante quiero recordar que los países de Magreb tienen economías frágiles que deben recibir apoyo, a diferencia de cierto número de países, sobre todo de América Latina, con los que la Unión Europea ha firmado acuerdos privilegiados de importación de conservas de pescado, en particular en el marco del sistema llamado de " preferencias generalizadas». 
Respecto a la industria del atún, el ponente señala que es necesario " asegurar un abastecimiento correcto de las materias primas indispensables (atún fresco, congelado y filetes de atún) y acordar prioridad a la flota comunitaria... » , abastecimiento al que hasta ahora contribuían los atuneros españoles, franceses, irlandeses y británicos del Atlántico. 
Pues bien, advierto que después de haber militado activamente para conseguir la eliminación de los barcos europeos que pescan atún con redes de enmalle a la deriva, el Sr. Varela pide ahora medidas específicas para proteger la industria comunitaria manufacturera del atún: ¿esta industria se convertiría en un monopolio español, una vez que se le adjudicasen los recursos? 
Por último, Señor Presidente, tengo que recordar que la industria de conservas de pescado es muy variada y que no se limita a estos dos únicos sectores de actividad. 
Además, los conserveros, como todos los industriales, buscan al mismo tiempo materias primas cuyo costo sea lo más bajo posible y una regularidad en el abastecimiento. 
Por tanto, es indispensable, a la vez que se vela con gran cuidado por la conservación del futuro del sector manufacturero, evitar que esto vaya en detrimento del sector del pescado fresco, llamado a desarrollarse porque responde muy bien a las preocupaciones actuales de los consumidores, que quieren comer productos frescos, sanos y no manipulados. 
Por este motivo es absolutamente esencial que los pescadores europeos dominen el sector del pescado fresco. 
OCM de las materias grasas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento 136/66/CEE por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas (COM (98) 0171- C4-0229/98 (CNS) ). 
¡Silencio, por favor! 
No podemos escuchar tranquilamente si todos ustedes están hablando. 
Señor Comisario, estamos aquí para defender un hermosísimo regalo de la naturaleza. 
El olivo nos da el más noble de todos los embajadores de nuestra mesa en el mundo y al mismo tiempo el símbolo de un paisaje irrepetible, de una historia y de una identidad que nos hace sentir orgullosos como europeos. 
No cabe duda de que la tramitación de este dossier- permítame decir lo, señor Comisario Fischler- por parte de la Comisión ha sido horrible, un pésimo ejemplo: las filtraciones de noticias y las ilaciones, los mentís y los aplazamientos han prevalecido demasiado sobre el verdadero contenido de los documentos oficiales y, en cierto modo, han contribuido a envenenar el ambiente. 
También esta propuesta de la Comisión adolece de defectos, pero, a mi juicio, tiene dos cualidades: la primera es que tiene en cuenta las tesis de la mayoría de este Parlamento. 
Personalmente, mostré una actitud crítica con respecto al compromiso Jové Peres, sin embargo, hoy tengo que reconocer que, tras los atormentados debates del año 1997 sobre los aspectos fundamentales del compromiso del pasado mes de diciembre, la Comisión ha aceptado las tesis del Parlamento. 
Y ahora, Señorías, no se puede decir: » Bromeábamos». 
No tiene sentido que hoy haya aquí quien lamente la imposibilidad de debatir como es debido. 
La segunda cualidad de esta propuesta es que pone un freno a las incertidumbres y a la indiferencia a la que asistimos desde hace tiempo. 
No se puede, so pretexto de la falta de un excedente físico almacenado, ignorar las señales de la profunda dificultad estructural del sector: caída de precios, recortes de las ayudas que muerden, previsiones de producción del primer país productor que dejan presagiar escenarios preocupantes para los productores que no tienen la culpa de todo esto. 
No podemos mantener todavía durante un año una OCM de 1996, vieja y superada, la única que adolece de cuotas nacionales dirigidas a responsabilizar a cada Estado miembro y a cada productor de sus comportamientos. 
Quien no desea todo esto, quien se obstina en pedir tiempo, datos y aplazamientos diciendo que la culpa es de los eurócratas de Bruselas de costumbre, no defiende a los olivareros, sino que les engaña. 
Confío en que hoy todos nos demos cuenta de ello. 
Señor Presidente, señora Presidenta, señor Comisario, estamos debatiendo un punto especialmente importante. 
Todos sabemos la importancia que tiene la agricultura en la Unión Europea y la importancia de algunos sectores agrícolas no en la totalidad del territorio europeo pero sí en áreas muy específicas. 
El año pasado hubo una reunión en Cork en la que también se habló de la importancia del espacio rural. 
Señor Comisario, en algunas áreas, garantizar el espacio rural es garantizar determinados cultivos que, prácticamente, son monocultivos en aquellas áreas. 
La Comisión elaboró una propuesta que fue discutida por la Comisión de Agricultura y aprobada por una amplia mayoría en este Parlamento el pasado mes de diciembre. 
La Comisión ha elaborado una nueva propuesta, y tengo que decir que, en muchos casos, no ha respetado las orientaciones que había aprobado esta Asamblea reflejando la preocupación fundamental de las regiones productoras de aceite de oliva. 
Estoy de acuerdo, señor Comisario, en que el tema del fraude es un tema que hay que evitar y en que el fraude no puede ser una forma de financiar a nadie, pero también creo que no puede legislarse, establecerse normas, pensando únicamente en la lucha contra el fraude. 
Hay que pensar en las necesidades del sector y en las necesidades de aquellas áreas del espacio europeo que viven, fundamentalmente, de un sector determinado, como es, en este caso, el del aceite de oliva. 
Hemos hablado siempre de que hay que garantizar una agricultura de calidad, de productos de calidad. 
Y si hablamos de calidad de los productos, de garantía del origen de los productos, hemos de prohibir la comercialización de las mezclas con otros productos, lo que es una adulteración de la garantía del origen. 
Hemos de hacer una política de protección y de promoción del consumo destinada a orientar al consumidor; conceder ayudas específicas a productos anexos al aceite de oliva, como la aceituna de mesa; y establecer, en este sentido, unos sistemas de control eficaces. 
Creo, señor Comisario, que esta propuesta que nos ha sido presentada puede ser mejorada y espero que, a lo largo de este debate, a través del voto de las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, podamos lograr una sustancial mejora de esta propuesta en este aspecto que, quizás no es muy importante a nivel de toda la agricultura europea, pero sí es muy importante para unos territorios determinados, para unas personas determinadas que quieren creer, efectivamente, en una política agraria realmente europea. 
Señora Presidenta, la Comisión ha presentado una serie de propuestas para la modificación de la OCM del aceite de oliva debido, principalmente, a que se formularon dudas sobre la eficacia y la transparencia de un sistema doble de ayuda a los productores. 
De forma paralela, se registró un aumento de la producción comunitaria del último período con repercusiones desfavorables para la fijación de los precios, mientras que la distribución de las enormes cantidades garantizadas a nivel nacional sanciona al conjunto de los productores de aceite por las faltas cometidas por una parte. 
El gran aumento de la producción comunitaria provocó la formación de grandes reservas y, en muchos casos, la diferencia del precio ofertado por el productor y el ofertado por el comercio minorista también creó problemas de competencia. 
La creación de la OCM del aceite de oliva es de imperiosa necesidad y debería realizarse en breve, aunque con una duración extensa hasta el 2006, es decir, debería tener el mismo horizonte temporal que los demás productos enmarcados dentro de la AGENDA 2000. 
El período transicional sólo es de utilidad para aquellos que invierten en la superproducción, en contra de las perspectivas comunitarias, y sanciona a los demás, al tiempo que implica pérdidas de empleo y daños medio ambientales. 
Por tanto, es indispensable el establecimiento de cuotas nacionales, teniendo en cuenta la producción de este año 98/99. 
Asimismo, es necesario conservar el mecanismo de intervención y el precio de intervención de forma que se asegure la estabilidad de los mercados y de los precios en un sector en que la producción varía considerablemente de un año a otro. 
Es precisa la creación de un régimen complementario de ayudas para las explotaciones y producciones pequeñas, así como la ayuda para la elaboración, antes del año 2000, de un registro de la producción de aceite de oliva en los países donde no exista. 
Por último, en nuestra opinión, es también necesaria la creación de un sistema de ayuda a la producción de la aceituna de mesa. 
Señora Presidenta, la Comisión, en su propuesta de reforma, no ha seguido la mayoría de las orientaciones contenidas en el informe aprobado en diciembre por este Parlamento. 
La Comisión propone, a diferencia de otras reformas, la supresión de la intervención y mantiene la cantidad máxima garantizada a un nivel muy inferior al del consumo comunitario- y en el Parlamento pedíamos, señores, un incremento de la cantidad máxima garantizada según consumo, exportación y margen de seguridad, y ésta era la condición, queridos colegas, para que después pudiéramos establecer cantidades nacionales de referencia. 
Desde mi modesta posición, apelo a la seriedad de mis colegas para que tengan en cuenta hoy, en las votaciones, esta consideración. 
La Comisión no presenta propuestas para prohibir las mezclas de aceite de oliva con otros aceites, no formula propuestas para instaurar un régimen de control fiable y eficaz, tampoco formula propuestas para la aceituna de mesa- y eso que el Sr. Fischler nos lo prometió en la conclusión del debate que celebramos en el Parlamento en diciembre -, y aborda el control de las plantaciones de un modo que puede crear serios problemas de inseguridad jurídica. 
La lista podría ser mucho más larga, tal y como demuestra el elevado número de enmiendas que se han presentado. 
Se trata, pues, de una propuesta en la línea de las que suele presentar para las producciones mediterráneas la Comisión, es decir, absolutamente discriminatoria en comparación con las producciones continentales, aunque aparece otra peculiaridad: la aprobación del procedimiento de urgencia para una reforma radical de una OCM, lo que constituye un hecho sin precedentes en este Parlamento. 
Si se pretendía que la reforma entrase en vigor antes de la próxima campaña, aún disponíamos de algún tiempo para realizar mejor nuestro trabajo. 
Dejando de lado la utilidad mediática que pueda tener la existencia de diferentes Presidencias, la utilización de este procedimiento tiene un significado práctico muy claro: la Comisión formula propuestas para la distribución de la cantidad máxima garantizada entre Estados miembros productores utilizando datos que la misma Comisión califica de poco fiables y obviando informaciones- que aparecerán en los próximos días, del Tribunal de Cuentas, etc.- que podrían haber sido muy valiosas para nuestro trabajo. 
Queridos colegas, las enmiendas de mi Grupo pretenden, en la medida de lo posible, corregir esta situación y, desde luego, han intentado ser absolutamente respetuosas con el mandato que se dio este Parlamento y con el compromiso unitario que establecimos en el mes de diciembre. 
Espero que esta voluntad de acuerdo, que se plasmó en el mes de diciembre, sea respetada hoy por todos nuestros colegas. 
Señora Presidenta, el cultivo del olivo tiene una elevada importancia cultural pero también económica, y por ello debe ser garantizada la identidad del cultivo europeo del olivo hasta en la coordinación regional. 
Pues bien, para nosotros la existencia de olivos- también un factor ecológico importante- es importante, pero no basta. 
También depende de que consideremos el olivar como un factor social, concretamente en relación a los puestos de trabajo en ese sector. 
Además, en la política de la Comisión debe quedar claro que se trata de un producto alimenticio importante. 
El objetivo, conforme a ello, no debe consistir en el sostenimiento de una especie de cultivo difícil de comercializar, sino que deben ser apoyadas la comercialización, la elaboración y la coordinación regional atendiendo a la demanda de los consumidores y consumidoras respecto del aceite de oliva. 
Sólo si nos movemos en la dirección de los mercados regionales, podrán eliminarse la dificultades que ahora tenemos a pesar de que bombeamos miles de millones en ese sector y, aún así, se destruyen puestos de trabajo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la asignación de cuotas nacionales, la supresión de la ayuda al consumo y la mejora de los cultivos y de la calidad del producto son algunos de los aspectos que avalan la bondad de este documento que, por lo tanto, merece nuestro pleno apoyo. 
Qué duda cabe de que la supresión del régimen a tanto alzado para los productores y la incertidumbre que plantea la campaña del último año nos obligan a pedir medidas extraordinarias para impedir que, también este año, los duros recortes repercutan negativamente en las economía más débiles, o sea, las del sur de Europa. 
Debemos, sin embargo, convencernos de que el aceite de oliva, el cultivo del olivo, es un recurso europeo muy importante, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el medioambiental. 
El problema del «aceite» no es un problema que puede atribuirse únicamente a los países del sur de Europa, sino que es un problema europeo, ya que el aceite es un recurso europeo y un producto fuerte puede ser determinante para crear condiciones de competencia favorables a nuestras economías. 
Es por esto que expreso el consenso y el apoyo del Grupo de Alianza Nacional al trabajo realizado y creo que estas consideraciones obligarán a reflexionar sobre la necesidad de actuar sin mayor dilación, al objeto de tener certezas. 
Durante demasiados años hemos vivido en la incertidumbre que ha provocado casos de especulación. 
Este texto es un primer paso importante para devolver la serenidad a los productores, a fin de que puedan mejorar la producción, así como para establecer las condiciones de crecimiento para las economías europeas. 
Señora Presidenta, quisiera, brevemente, expresar en nombre de los diputados socialistas españoles los criterios que han promovido estas enmiendas. 
Recientemente, este Parlamento aprobó un dictamen sobre el futuro de la OCM del aceite de oliva que parecía fraguar un cierto consenso. 
La respuesta de la Comisión Europea no pudo ser más frustrante pues presentó una propuesta totalmente alejada de aquel consenso. 
No hay aquí, pese a lo que ha se ha dicho, ninguna pretensión nacional: si pedimos el aumento de la cantidad máxima garantizada, lo hacemos en interés de todos los productores europeos; si deseamos mantener la intervención, lo hacemos en nombre de todos los productores europeos; si deseamos una expresa prohibición de las mezclas, lo hacemos en interés de todos los consumidores europeos; si pedimos un régimen para la aceituna de mesa, lo hacemos para todos los productores europeos; si pedimos un régimen especial para los pequeños productores, lo hacemos cualquiera que sea la región donde éstos se encuentren. 
Señor Comisario, yo le agradezco que esté presente en el debate. 
Pero deseo decirle claramente que los productores de aceite de oliva no pueden comprender que, mientras que en otros sectores de la PAC no parece haber problemas presupuestarios, en éste, pese a la contribución del sector del olivar a la lucha contra la erosión, la desertificación, pese a su contribución al empleo y a mantener a la población en el medio rural, las propuestas de la Comisión caminen en sentido contrario. 
Estoy seguro de que una mayor reflexión por parte de la Comisión sobre su propuesta, conduciría, como ha sucedido en otros sectores- caso del vino -, a una nueva propuesta, mucho más realista, que mantenga la cohesión económica y social que debe inspirar la totalidad de las políticas comunitarias de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, no es preciso destacar la enorme importancia económica del cultivo del olivo en la Unión Europea. 
Más de 4 millones de hectáreas y 465.000 empleos dependen de este cultivo. 
Sólo en mi comunidad autónoma, en Andalucía, 140.000 empleos, casi el 50 % del empleo agrario total, dependen de esta OCM, que se erige así en elemento básico de cohesión social y territorial. 
En este contexto, la Comisión nos presenta una propuesta que, en sus términos actuales, es claramente insolidaria con la agricultura mediterránea, desequilibrada para algunos Estados miembros y técnicamente incorrecta porque elimina elementos fundamentales para la estabilidad de los precios y las rentas agrícolas, como la intervención, no protege a los consumidores comunitarios al no contemplar la prohibición de las mezclas y desconoce totalmente la situación de la aceituna de mesa. 
La Comisión debe comenzar a tratar equitativamente a los agricultores mediterráneos. 
No cabe invocar la neutralidad financiera siempre para los agricultores más desfavorecidos y estar dispuestos a incrementar sistemáticamente, sin restricción, las ayudas a las producciones continentales. 
Es perfectamente posible, señor Comisario, incrementar la cantidad máxima garantizada con un esfuerzo presupuestario muy limitado; es perfectamente posible, además, adecuar en su caso las cuotas nacionales a la realidad productiva de los Estados miembros, y la Comisión sabe que las cifras en que basó su propuesta son inexactas y obsoletas. 
Yo me felicito por el hecho de que hayamos presentado enmiendas que han dado lugar a acuerdos importantes en el seno de los grupos políticos y que, si la votación refleja estos acuerdos, permitirán dar respuesta a las aspiraciones de los agricultores comunitarios y mejorar sustancialmente las propuestas de la Comisión, estableciendo, además, elementos de control riguroso que pueden tranquilizar a los contribuyentes europeos. 
Yo espero que el Sr. Comisario tenga en cuenta estas enmiendas y, con flexibilidad, modifique su propuesta. 
Señora Presidenta, señor Comisario, lo que ha ocurrido esta semana en relación con la reforma del sector del aceite confirma que, al aceptar la petición de urgencia, el Parlamento Europeo adoptó una decisión muy grave, pues, cediendo a caprichos circunstanciales y no a necesidad alguna de cumplir plazos muy justos, aceptó abordar una reforma muy importante sin la elaboración de un informe. 
En relación con la propuesta de reglamento de la Comisión, ésta, al contrario de lo que aquí han dicho algunos, no sigue las orientaciones del informe Jové Peres, aprobado en diciembre, y recoge tan sólo algunas ideas de él, parciales y sacadas de su contexto. 
Esperamos que las enmiendas que hoy vamos a aprobar restablezcan el espíritu y la letra de aquel documento, en particular en lo relativo al aumento de la cantidad máxima garantizada y su reparto nacional según datos reales y fiables, lo que servirá también a los intereses de mi país, respecto de los cuales la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta el plan de desarrollo del olivar. 
Espero que las enmiendas restablezcan el espíritu y la letra del documento Jové Peres en cuanto al restablecimiento de los mecanismos de intervención, a las ayudas a los pequeños productores y al consumo, a la producción de aceituna de mesa y a medidas firmes para la prohibición de mezclas de aceite de oliva con otros productos. 
Si hoy se recuperara el consenso de diciembre y esta Asamblea no hiciera que se superpusiesen al interés de la generalidad de los olivareros otros intereses nacionales poco claros y que a veces nada tienen que ver con la producción de aceite de oliva, podríamos estar en condiciones de modificar la propuesta de reglamento de la Comisión, garantizar la sostenibilidad del sector y dar una respuesta positiva a los intereses de los olivareros. 
Espero que, si es así, la Comisión acepte ahora lo que rechazó, de hecho, en diciembre. 
Señora Presidenta, la concreción es una cualidad de la política y debe ser la característica de la política. 
Nos encontramos ante una decisión digna de aprecio porque es concreta y lo es por que presta atención a la calidad y a la cantidad de la producción agrícola mediante sistemas de ayuda a la producción y sistemas de fijación de las cuotas nacionales; concreta porque presta atención a la urgencia de la intervención; por último y no por ser menos importante, se trata de una decisión política concreta porque presta atención a la dimensión mediterránea, a la dimensión rural de la economía europea. 
Creo que estos elementos deben subrayarse en este momento y espero que el debate sirva para fortalecer y no para debilitar la concreción de esta intervención. 
Señora Presidenta, el debate que hoy nos ocupa, resultado de un proceso que, con toda seguridad, era el más apropiado, se refiere a un producto importante desde cualquier punto de vista. 
El cultivo de la aceituna es una forma tradicional y fundamental de actividad económica en grandes regiones del sur europeo, al tiempo que el aceite de oliva como producto constituye la base de cualquier dieta saludable. 
Dada la posición dominante de la producción europea en el mercado mundial, es muy importante la organización racional y eficaz del sector en el marco de la Unión Europea. 
Por tanto, contemplamos con agradable sorpresa, y espero, señor Fischler, que continúen dichas sorpresas agradables, como la Comisión abandonaba algunos proyectos iniciales que pondrían en peligro el sector del aceite de oliva y como presentaba una propuesta bastante acorde con las propuestas del Parlamento Europeo. 
Una propuesta que, con algunas mejoras, puede conducir al resultado pretendido. 
Y lo que se pretende es: Una organización racional del mercado del aceite de oliva, la elaboración de un producto de calidad alta y estable y la estabilidad de los ingresos y del empleo en grandes regiones del campo europeo. 
Desearía que se vieran y aprobaran ciertas modificaciones depositadas referentes a: 
En primer lugar, la supresión de la intervención, que creará problemas en lugar de solucionarlos. 
El régimen de la intervención debe conservarse como un indicador de seguridad para el productor. 
En segundo lugar, el tema de la promoción del aceite de oliva, que es importante y deben encontrarse las sumas necesarias para el mismo. 
Una política agresiva de promoción confirmará la posición dominante de la Unión Europea y solucionará todos los problemas de excedente que pudieran surgir. 
En tercer lugar, en el marco de la AGENDA 2000, las modificaciones de la OCM tienen como horizonte temporal el 2006. 
El mismo horizonte temporal debe aplicarse también para la OCM del aceite de oliva. 
En cuarto lugar, junto a la fijación de cantidades garantizadas deberá imponerse también la posibilidad de trasportar cantidades entre dos períodos de comercialización dada la peculiaridad que presenta la producción del aceite de oliva. 
Por último, la comisión deberá examinar de forma aislada el sector de la aceituna de mesa, no simplemente como un deseo formulado en el informe motivado, sino también con la presentación, en un espacio breve de tiempo, de medidas concretas de apoyo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estoy asistiendo con gran satisfacción a este debate que nosotros promovimos. 
Y lo promovimos en el seno de la Comisión de Agricultura a la hora de votar su urgencia con 25 votos a favor y tan sólo 17 en contra. Lo confirmamos el pasado lunes cuando este Parlamento quiso facilitar una indicación para cerrar esta cuestión con 196 votos a favor y 154 en contra. 
No cabe duda de que esta organización común de mercados que tiene 32 años, ya es hora que se jubile. 
Es impensable seguir prorrogando algunas de las cosas que ha logrado. 
Como botón de muestra, voy a citar dos de ellas: el régimen de la cantidad máxima garantizada a escala comunitaria y, en consecuencia, también es impensable que se fijen cuotas nacionales que ya no responden a las potencialidades productivas de los países que producen aceite de oliva ni a las demandas del mercado. 
Para no repetir lo que ya han dicho los colegas que me han precedido, ¿por qué no apostamos por una medida prevista en esta OCM, es decir, la promoción del producto que, sorprendentemente, se considera en todas las OCM como algo opcional y un apéndice casi superfluo? 
Sabemos que la promoción del producto es la mejor manera para valorizar su calidad y la calidad es la mejor publicidad para conquistar a los consumidores y, por ende, también para resolver problemas de mayor envergadura. 
Por esto, no me asustan unas toneladas más de aceite, siempre y cuando sea aceite de oliva virgen extra y, por tanto, aceite de calidad. 
El interés común, hoy por hoy, está en dar vía libre a esta reforma, antes del inicio de la campaña que está previsto para el mes de noviembre. 
En consecuencia, creo que aquí nadie tiene ganas- al menos, es de esperar- de emprender iniciativas para obstaculizar el camino de lo que estamos tratando de llevar a buen puerto. 
Cualquier posibilidad de remisión a comisión u otra parecida iría en contra de los intereses de todos y causaría graves perjuicios económicos, pero, sobre todo, dañaría gravemente la imagen de este Parlamento que una vez más se mostraría incapaz de tomar decisiones. 
Ciertamente no se trata de una propuesta perfecta, sin embargo, tenemos que dejar algún cabo suelto para la Comisión y el Consejo, si no, ¡¿para qué están?! 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, nosotros, que hemos estado en contra de que esta reforma se debata por el procedimiento de urgencia, una vez aprobado este procedimiento por esta Asamblea soberana, hemos tratado de ser, en plan constructivo, unos leales compañeros de viaje. 
Todos los aspectos fundamentales de esta reforma ya han sido debatidos por los oradores que me han precedido. 
La cantidad máxima garantizada, la intervención, la prohibición de las mezclas, la aceituna de mesa, el reparto entre países, etc., todo esto ya ha sido suficientemente debatido para que se incorpore a esta reforma. 
Señor Comisario, siento que hoy no haya ningún representante del Consejo, pues en unas declaraciones de ayer tarde- poco afortunadas, por cierto- el Consejo afirmaba que esta reforma debería hacerse con un coste cero. 
Señor Comisario, usted conoce perfectamente el sector- y sabemos de su sensibilidad con respecto a este tema- y, en numerosas ocasiones, usted ha dicho que no haría una reforma en contra de los países productores. 
Señor Comisario: tiene usted una ocasión de oro de demostrarlo. 
Debe ser sensible y aceptar que una reforma no se hace sin un incremento del presupuesto, y menos cuando siempre nos tocan a los países del sur estas estrecheces. 
Debe estudiar seriamente, y aceptar, las sugerencias que en este Parlamento, con un gran sacrificio y una gran responsabilidad y con espíritu constructivo por parte de la mayoría de sus miembros, le están haciendo miembros que anteponen a sus posibles provechos políticos el provecho de sus ciudadanos, por los que hemos sido elegidos. 
Señora Presidenta, cuando hablamos de los productores de aceite de oliva no debemos olvidar tres cosas. 
En primer lugar, que hablamos de productores que viven en las regiones más pobres de la Unión y que, por consiguiente, necesitan apoyo. 
En segundo lugar, que elaboran un producto que se ha demostrado beneficioso para la salud de los consumidores y, en tercer lugar, que el cultivo de la aceituna contribuye, de forma considerable, a mantener el equilibrio medio ambiental. 
La aprobación del nuevo reglamento tiene un carácter urgente, no sólo porque el reglamento que actualmente regula el aceite de oliva sea obsoleto, sino porque existen serios problemas a los que hay que hacer frente de manera inmediata. 
El principal de ellos es que se supera con creces la cantidad media garantizada a nivel europeo y ello origina la disminución de las ayudas destinadas a los productores en todos los países, incluso en el caso de que la producción en un país sea baja. 
El sistema propuesto, esto es, el sistema de las cuotas nacionales es, sin lugar a dudas, justo. 
Sin embargo, de no agotarse algún año la cuota en algún país, debería permitirse el transporte de la diferencia al siguiente período de comercialización. 
Asimismo, desearía expresar mis dudas porque, mientras que para los productos del norte los reglamentos tienen validez hasta el 2005, en lo referente al aceite de oliva se pretende que el reglamento sólo sea válido hasta el 2001 y que después se elabore otro nuevo reglamento más estricto. 
¿Por qué dos varas de medir?. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, primeramente quisiera mostrar mi agradecimiento por este constructivo debate que hemos presenciado todos hoy en la sesión sobre el sector del aceite de oliva. 
Me permito recordar que el Parlamento Europeo realizó una aportación fundamental al debate sobre esta organización común de mercados con su resolución sobre el sector del aceite de oliva del 18 de Diciembre de 1997. 
La Comisión profundizó en su propuesta de 18 de Marzo de este año en las recomendaciones que ahí se efectuaban en la siguiente manera: la Comisión, en primer lugar, comparte la opinión del Parlamento de que es necesaria una reforma urgente. 
También aceptó el argumento de profundizar, de cara a una reforma definitiva, en determinados datos sobre la producción antes de que se emprenda la reforma. 
La propuesta para la reforma total se pospone para una fecha posterior a la espera de la presentación de esos datos, pero a tiempo para poder entrar en vigor el 1 de Noviembre de 2001. 
Mientras se profundiza en el análisis de la producción de los mercados y en aspectos determinados en el curso de una primera fase, también es sin duda necesario adaptar el régimen actual para los años presupuestarios desde 1998/99 hasta 2000/2001, para afrontar las mayores dificultades de los productores y, sobre todo, para evitar un recrudecimiento de la situación. 
Con este primer paso, la Comisión quiere dar cuenta del argumento y el mandato de la urgencia. 
Si se compara la resolución del Parlamento Europeo con la propuesta de la Comisión, se constata lo siguiente: El Parlamento Europeo quiere una única ayuda a la producción según la cantidad real producida. 
La Comisión propone eliminar el régimen doble de ayudas y quedarse precisamente sólo con una ayuda para la producción real. 
El Parlamento Europeo quiere elevar la cantidad máxima garantizada, la Comisión propone elevar esa cantidad máxima garantizada de 212.000 a 1.562.400 Tm. 
El Parlamento Europeo quiere que se creen cantidades nacionales de referencia. 
La Comisión propone repartir la cantidad máxima de garantía en cantidades nacionales de garantía. 
El Parlamento Europeo quiere la preservación de un mecanismo de intervención con la medida del almacenamiento privado. 
La Comisión propone un fortalecimiento importante y una utilización exclusiva del almacenamiento privado. 
Esta medida debe contribuir activamente a la regulación del mercado. 
El Parlamento Europeo quiere eliminar definitivamente las ayudas al consumo. 
La Comisión secunda ese deseo. 
En estos cinco puntos centrales de la reforma, el Parlamento y la Comisión están, por tanto, de acuerdo en lo fundamental. 
Sin embargo, considerando el tiempo a disposición, prefiero limitarme en mi intervención posterior a los problemas más importantes en lugar de tratar todas y cada una de las 163 enmiendas. 
Algunas enmiendas se refieren a los fundamentos de la reforma futura del año 2001. 
Estoy de acuerdo con que una reforma tal es necesaria. 
Pero primero tenemos que mejorar nuestros conocimientos sobre el sector. 
Los resultados de las investigaciones recientes serán presentados con antelación suficiente para poder ser consultados en relación a las propuestas que se presentarán el año 2001 para la ejecución de la reforma ese mismo año. 
No creo que debamos esperar aún más con la reforma fundamental. 
Las medidas con validez a partir del próximo año presupuestario tienen en cuenta, como he dicho, la urgencia del problema. 
Por eso no puedo aprobar las enmiendas que cuestionan esas medidas. 
Un segundo grupo de enmiendas concierne a la cantidad máxima de garantía y su reparto entre los Estados miembros. 
Quisiera señalar que una fuerte elevación de la cantidad máxima de garantía superaría la capacidad media de absorción del mercado, a no ser que se cuente con precios del aceite extremadamente bajos. 
Un reparto entre los Estados miembros parece inexcusable. 
Además, fue pedido por el Parlamento para que aquellos productores que producen los excedentes se responsabilicen más de ello. 
Los criterios para este reparto se basan en datos del pasado, por lo que se procedió según una fórmula corriente que también habíamos utilizado en otros ámbitos. 
Evidentemente tienen en cuenta las nuevas plantaciones y la regulación de los pequeños productores. 
Aquí hay que guardar el equilibrio, lo cual es seguramente muy difícil. 
Las enmiendas que conciernen a la utilización de cantidades máximas de garantía no usadas, contienen algunas posibilidades técnicas que, sin duda, examinaremos en el marco de un equilibrio general. 
Por lo que concierne a las nuevas plantaciones, no es posible limitarlas estrictamente, porque la experiencia nos muestra que la cantidad máxima de garantía no es suficiente para la conservación del equilibrio del mercado. 
Por lo que la Comisión propone garantizar ayudas para esas nuevas plantaciones sólo en pocos casos excepcionales. 
No es posible generalizar esas excepciones, como, en parte, se pide. 
Del otro lado, una prohibición total, como proponen algunas enmiendas, me parece a la postre menos realizable y aún más conflictiva. 
Numerosas enmiendas conciernen a la regulación de la intervención así como a la ayuda al almacenamiento privado. 
Al contrario que algunas de las enmiendas, considero que la eliminación de la regulación de intervención es estrictamente necesaria, especialmente en relación con el deseo de elevar la cantidad máxima garantizada. 
Tampoco considero sensato que por medio de la eliminación automática del almacenamiento privado, en lugar de un instrumento flexible que queremos crear en este terreno, introduzcamos de nuevo, en cierta medida, la intervención por la puerta de atrás. 
Por lo que concierne a la voluntad de mantener en alguna forma las ayudas a los pequeños productores o al consumo, la experiencia nos ha demostrado que no es posible, porque los únicos efectos económicos dignos de mención consisten en estímulos para una mala utilización en perjuicio del presupuesto. 
En numerosas enmiendas se pide la introducción de ayudas para las aceitunas de mesa. 
La Comisión ha dejado claro que está abierta a esta cuestión. 
Pero se debe encontrar una reglamentación que haga posible un fomento económicamente viable, sensato y controlable. 
Me identifico completamente con las muy numerosas enmiendas dirigidas a una mejora y endurecimiento de los controles. 
No obstante ya hay normativas al respecto promulgadas por el Consejo y en muchos casos también por la Comisión, por ejemplo en relación a la autorización y control de las almazaras. 
Con las simplificaciones propuestas, los controles han de ceñirse a las ayudas a la producción. 
Durante el período de transición se adaptarán las disposiciones de la Comisión, y si la situación lo exige, se endurecerán para que esos controles sean más precisos. 
Les puedo asegurar que volveremos sobre estas reflexiones suyas en la ejecución de la reforma. 
El tema del aceite de orujo depende en parte de los controles antes mencionados. 
En determinadas áreas o bien en determinadas empresas es muy difícil el control del aceite de mesa. 
Además este problema contiene varios aspectos, por ejemplo la calidad del aceite, la protección del medio ambiente y la capacidad de absorción del mercado. 
En mi oficina están examinando ahora esta cuestión. 
Además, la difícil y compleja cuestión de las mezclas públicamente reconocibles y legales de aceite de oliva con otros aceites debería también, a mi parecer, seguir siendo examinada. 
Numerosas enmiendas se refieren a la misión y a las obligaciones de las organizaciones de productores. 
Sé que sobre esta cuestión se están produciendo discusiones intensas. 
La propuesta presente de la Comisión se ciñe sin embargo, como ya he dicho, a las medidas inmediatamente necesarias para afrontar una crisis del sector del aceite de oliva o para evitar una crisis aún mayor. 
También otras cuestiones como por ejemplo la mejora de la calidad, la divulgación de datos estadísticos o distintos aspectos relativos a los controles serán examinadas en el período de transición. 
Respecto del tema de hasta qué punto tales medidas y sobre si las organizaciones de productores han de tener una mayor presencia en la propuesta de reforma definitiva del año 2000, estoy naturalmente abierto. 
Esas enmiendas proponen disminuir los efectos de la reducción de las ayudas. 
Puedo asegurar que no permitiré que se reduzca la reforma a esta cuestión, y que nos concentremos en el recorte de las ayudas en lugar de en la reforma. 
Las disposiciones establecidas deben ser cumplidas, y las repercusiones de envergadura en el presupuesto deben ser evitadas. 
Hay que considerar además, que el proyecto de presupuesto para el año 1999 no ofrece ahora mismo ningún margen. 
Otras enmiendas pretenden vincular las ayudas a criterios independientes de la producción, como por ejemplo la protección del medio ambiente. 
En lo fundamental estoy positivamente en contra de esta idea. Las medidas horizontales de la Agenda 2000 la incorporan ya. 
Otras cuestiones como por ejemplo las devoluciones por el aceite de oliva empleado en las conservas, las devoluciones a la exportación en su conjunto, la recogida de datos estadísticos o el fomento son menos urgentes y deben por tanto ser tratadas en la siguiente propuesta para el año 2000. 
Algunas enmiendas tratan de los procedimientos legislativos y piden que el Parlamento sea escuchado en todos los niveles de decisión. 
Por lo que concierne a las disposiciones generales del Consejo, estoy completamente de acuerdo. 
La Comisión tampoco propone nuevos reglamentos de este tipo. 
No obstante, en el caso que nos ocupa se modificarán algunos textos técnicos existentes. Sobre este punto no puedo aceptar enmiendas, porque esto cuestionaría todos los textos y haría aún más difícil una discusión ya compleja. 
En la reforma que deberá efectuarse más adelante, esas disposiciones generales deberían, así y todo, ser suprimidas. 
Por lo que respecta a las disposiciones de la Comisión relativas a la ejecución de la reforma sigue siendo necesario un procedimiento flexible y rápido en el cual puedan ser incorporados expertos en el sector. 
La presentación de un informe al Parlamento antes de la reforma definitiva me parece totalmente acertado. 
Pero me gustaría evitar tener que presentar un gran número de informes. 
En algunas enmiendas se trata de observaciones sin ninguna propuesta legislativa concreta o de indicaciones a disposiciones ya existentes. 
Desde mi punto de vista, no deben ser tenidas en cuenta. 
Para terminar querría felicitarlos otra vez por su trabajo y sus aportaciones. 
Como ustedes saben, tengo simpatía por algunas de las ideas que aquí se han expuesto. 
Estoy dispuesto a considerar detenidamente muchas de las cuestiones abordadas aquí, y pueden estar seguros que trasladaré al Consejo sus propuestas. 
Les agradezco su atención. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así modificada) 
Me pide la palabra el Sr. Colino Salamanca. 
Señor Presidente, acabamos de votar sobre la propuesta de la Comisión modificada con las enmiendas que acabamos de introducir en este momento. 
Falta todavía que votemos la propuesta legislativa. 
Y antes de ese trámite, yo quisiera preguntarle al señor Comisario lo siguiente: 
Se han aceptado enmiendas muy importantes: la que determina que la cantidad máxima garantizada sea de 1.800.000 toneladas; la que establece la ayuda a la producción de la aceituna de mesa; la que establece que para la campaña 1998-1999 haya un precio indicativo, un precio de intervención y un precio representativo. Y, finalmente, se ha establecido también la prohibición de las mezclas en el seno de la Unión Europea. 
Yo desearía conocer la posición de la Comisión sobre a estas cuestiones. 
¿Quiere el Sr. Fischler responder a la intervención del Sr. Colino Salamanca, a la que yo después tendré que hacer una observación reglamentaria? 
Señor Presidente, estoy dispuesto gustosamente a responder a la intervención. 
Primero quisiera dejar claro que la Comisión, naturalmente, no puede aceptar todas las enmiendas, sino que ha de cumplir con su tarea. 
Pero puedo referirme a lo que ya he dicho en mi intervención. 
Quisiera recordárselo otra vez. 
En primer lugar, hemos recogido en nuestra propuesta cinco peticiones del Parlamento. 
En segundo lugar, tenemos una disposición favorable a muchas de sus enmiendas. 
En tercer lugar, examinaremos también una serie de enmiendas en nuestras reflexiones posteriores. 
Señor Presidente, la contestación que me acaba de dar el Sr. Comisario me obliga a pedir la devolución a comisión. 
El Sr. Colino ha pedido la devolución a comisión. 
¿Alguien quiere intervenir en contra? 
Señor Presidente, antes de formular mis indicaciones respecto de la propuesta del Sr. Colino, quisiera preguntarle, en función del artículo 129, si esa petición de devolución a la comisión la hace en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos o en nombre de 29 diputados. 
Porque si es el segundo caso, tendría que manifestarlo de manera formal. 
Señor Galeote, perdóneme que yo mismo le dé la explicación y le sugiera a usted que vea el artículo 60, apartado 2. 
Porque en este caso no se trata de una petición de devolución a la comisión por parte de un grupo de 29 diputados sino que quien tiene la posibilidad de hacerlo es o el presidente de la comisión o el ponente, y el Sr. Colino es presidente de la Comisión de Agricultura. 
Señor Presidente, yo acato su interpretación a título personal, y quiero decirle al Sr. Colino que el martes él solicitó en esta Asamblea un voto negativo al procedimiento de urgencia. 
Y nosotros le apoyamos, señor Colino, porque usted argumentó su petición en que la cantidad máxima garantizada era insuficiente. 
Dijo, además, que el texto hacía desaparecer la intervención. 
Usted, señor Colino, dijo que la propuesta de la Comisión haría desaparecer la prohibición de las mezclas en el aceite de oliva y terminó diciendo, señor Colino, que la propuesta de la Comisión no contenía una regulación de la aceituna de mesa. 
Todo eso era verdad y, por eso, entonces nosotros le apoyamos. 
Hemos negociado a lo largo de toda esta semana y usted participó en muchas de esas negociaciones. 
Hoy hemos tenido una votación muy importante en virtud de la cual se corrige sustancialmente la propuesta que, en su momento, ha hecho la Comisión Europea. 
Y precisamente por eso, yo pido a la Asamblea un voto contrario a la devolución y a usted, señor Colino, como español, le pido que no trate de invalidar una votación que es altamente favorable a los agricultores de nuestro país. 
Me pide la palabra el Sr. Cabezón para intervenir a favor de la solicitud de devolución a comisión. 
Señor Presidente, en este momento, una vez que hemos votado- y el resultado de la votación lo conocemos, nos lo ha recordado el representante del Grupo del PPE, sobran acusaciones de este tenor, de llamadas al españolismo inmediato y barato. 
Hay una realidad, y es que este Pleno se ha pronunciado sobre temas fundamentales sobre la reforma del sector del aceite de oliva. 
El presidente de la Comisión de Agricultura le pregunta al Comisario qué opina sobre el resultado de la votación en el Parlamento, y el Comisario contesta que ve las cosas con simpatía. 
Y mañana, a los productores de aceite de oliva y a los agricultores europeos y les decimos que el Comisario ve con simpatía lo que este Parlamento ha votado. 
Es algo más que simpatía lo que le hemos pedido al señor Comisario. 
Hay una diferencia entre el pronunciamiento de este Parlamento y la postura de la Comisión; lo que queremos saber es si la Comisión asume el pronunciamiento del Parlamento, porque si lo asume, lo llevará al Consejo pero si no lo asume no irá al Consejo. 
Y por eso pedimos que la propuesta se devuelva a comisión, para ver si somos capaces de convencer, de una vez, al Sr. Comisario de que es bueno que la Comisión asuma la opinión del Parlamento. 
Por eso, en este momento, pedimos la devolución a comisión. 
Me pide ahora la palabra el Sr. Fantuzzi. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo precisar que el Sr. Colino Salamanca no formula esta petición en nombre del Grupo Socialista, ya que el Grupo Socialista está en contra de la remisión a comisión. 
En segundo lugar, una cuestión de observancia del Reglamento, ya que, a mi entender, según la interpretación del apartado 2 del artículo 60, el presidente de una comisión puede pedir la devolución a comisión sólo cuando la Comisión manifieste que no acepta todas, repito, todas las enmiendas del Parlamento. 
El señor Comisario Fischler ha declarado, al principio del debate, que acepta algunas enmiendas así como están. 
En consecuencia, no se cumplen los requisitos. 
Gracias, señor Fantuzzi. 
Me pide la palabra el Sr. Dell ' Alba. 
Señor Presidente, he pedido el uso de la palabra para expresar mi pleno apoyo a lo manifestado por el Sr. Fantuzzi sobre este punto y para recordar que no sé qué estamos votando. 
Hemos llevado a cabo una votación sin informe y hemos votado todas las enmiendas. 
Señor Presidente, le ruego que me explique qué vamos a devolver a comisión, habida cuenta de que la resolución no existe porque estamos ante un caso de un procedimiento sin informe. 
Francamente, me parece que esta maniobra es dilatoria y va más allá de cualquier Reglamento. 
No sé lo que usted puede devolver a la comisión. 
Señor Dell ' Alba, lo que se devolvería a comisión serían las enmiendas. 
Someto a votación la solicitud del Sr. Colino Salamanca. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Me pide la palabra el Sr. Pasty. 
Señor Presidente, quiero hacer una propuesta para la continuación de nuestro trabajo. 
Es muy importante que esta mañana votemos sobre el segundo informe para el que se ha pedido trámite de urgencia, es decir, sobre la retirada de tierras, y propongo que se suprima el debate y que pasemos a las votaciones, pues es posible en virtud de nuestro Reglamento. 
Así también podríamos abordar el informe sobre el plátano, al que de lo contrario no llegaríamos esta mañana. 
Sugiero que pasemos de inmediato a la votación- llevará poco- sobre la retirada de tierras, sin debate. 
El Sr. Pasty propone que, para el resto del orden del día, procedamos directamente a las votaciones, suprimiendo los debates. 
¿Alguien se opone a la propuesta del Sr. Pasty? 
(El Presidente constata que no hay oposición a dicha propuesta) 
Hoy hemos visto aquí, señor Presidente, un claro ejemplo de cómo las mejoras introducidas por el Parlamento Europeo son anuladas con simpatía. 
En Andalucía y en toda España resulta incomprensible que pueda consumarse este tipo de retroceso, y mucho más con una producción tan emblemática y tan importante como el aceite de oliva. 
Desconfiamos de lo que vaya a hacer la Ministra porque, desde el inicio del proceso, ha equivocado su papel y está más en las manifestaciones que en las negociaciones, como sería su deber. 
Señor Comisario, usted está enrocado en el error y está cometiendo la grave equivocación de discriminar a los productos mediterráneos; está usted enrocado en la ignorancia, y lo que hemos vivido hoy es una histórica equivocación de Europa contra España y contra Andalucía. 
Al aceptar el presente proceso de urgencia para la reforma de la OCM del aceite, el Parlamento Europeo adoptó una decisión políticamente grave y que sienta un grave precedente para el futuro. 
Es inaceptable que esta Asamblea haya decidido votar la propuesta de reglamento sin esperar a la conclusión del informe parlamentario, que, además, se podría haber debatido y votado en la Comisión de Agricultura durante este mes y se podría haber debatido y votado en la sesión plenaria de julio. 
Es inaceptable que el Parlamento Europeo haya cedido a la petición de urgencia del Consejo, que nada justificaba, a no ser el deseo de la Presidencia británica de ver concluido el proceso relativo a la reforma del aceite en el primer semestre del año. 
Es inaceptable que el Parlamento Europeo haya decidido, por sí mismo, excluirse del proceso democrático normal de debate de un asunto que no es meramente circunstancial; antes bien, aborda la reforma de un sector agrícola fundamental para cuatro de sus Estados miembros. 
Ese hecho, por sí solo, constituye un grave precedente al que el Parlamento Europeo difícilmente podrá hurtarse en el futuro. 
Es inaceptable que el Parlamento Europeo haya dado su anuencia a una petición de urgencia que los plazos no justificaban, ya que la reforma por aprobar no entrará en funcionamiento hasta el próximo mes de noviembre. 
Con esa decisión sólo fue posible un debate limitado en Pleno y se abrió un período de presentación de enmiendas (más de 160) al reglamento propuesto por la Comisión. 
A pesar de ese proceso, nada transparente ni democrático, las enmiendas aprobadas modificaron substancialmente el texto propuesto por la Comisión, siguiendo los aspectos fundamentales de las orientaciones y los principios aprobados el pasado mes de diciembre en el informe de nuestro compañero S. Jové Peres. 
Se aumenta la cantidad máxima garantizada hasta valores correspondientes al consumo y a las exportaciones y está prevista su asignación nacional a partir de datos fiables y verificables. 
Se restablecen los mecanismos de intervención y se crean regímenes de apoyo al almacenamiento y también a la producción de aceituna de mesa. 
Están previstas ayudas suplementarias a la producción de pequeños productores, mecanismos de control desde la producción hasta el consumo, la prohibición de mezcla con aceites vegetales, la promoción del consumo. 
Se permite también la continuidad de la plantación de nuevos olivares en países con planes de desarrollo aprobados. 
Por eso, pese a la disconformidad con el proceso, hemos votado el reglamento tal como ha quedado modificado por un conjunto de enmiendas procedentes de nuestro Grupo. 
A la Comisión incumbirá tan sólo aceptar las enmiendas y proceder en consecuencia. 
Al Consejo, después de esa petición de urgencia, no le queda otra opción que la de ratificar las modificaciones ya aprobadas. 
Así lo exigimos y con nosotros lo exigen los agricultores europeos. 
Excepción a la obligación de retirada de tierras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la propuesta de reglamento por la que se autoriza una excepción, en lo relativo a la obligación de efectuar la retirada en la campaña de 1999/2000, a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 1765/92 por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos [COM (98) 366- C4-0363/98-98/0213 (CNS) ]. 
De acuerdo con la propuesta del Sr. Pasty, se procede directamente a la votación. 
Me pide la palabra el Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Señor Presidente, quisiera que discutiésemos sobre este informe y que la discusión transcurra tal y como nosotros habíamos propuesto y nos habíamos propuesto. 
Que estemos apremiados por el tiempo no debe repercutir en perjuicio de la discusión de los informes. 
Pero para que no haya dudas, someto a votación la propuesta del Sr. Pasty de, para el resto del orden del día de hoy, proceder directamente a las votaciones. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así modificada) 
Tiene la palabra el Sr. Souchet. 
Señor Presidente, presentaré por escrito mi explicación de voto, tal como había previsto, pero quiero decir de viva voz que es escandaloso que este Parlamento se pronuncie sobre un tema tan importante sin haber mantenido un debate. 
No debatamos sobre esta cuestión. 
El Parlamento ha aprobado este modo de proceder. 
La propuesta de la Comisión relativa a la retirada obligatoria del 10 % de la superficie de labranza para el próximo año es inevitable. 
La compensación de ingresos fue fijada en 1993 para seis años. 
Con las expectativas actuales, los stocks aumentados, con expectativas limitadas de exportación, darían lugar a una caída inaceptable de los precios de los cereales. 
No obstante, la propuesta coloca en una difícil situación a la Comisión, pues la Agenda 2000 propone solamente la retirada voluntaria. 
Deberían emprenderse más esfuerzos por parte de la Comisión para hallar nuevos mercados a los productos herbáceos. 
Las materias primas del sector herbáceo puede emplearse en la fabricación de biodiesel, aceite de engrase, plásticos, etc., los cuales son todos biodegradables y por tanto van en beneficio del medio ambiente. 
La Comisión Europea debería investigar si el uso obligatorio de estos productos inicialmente en áreas sensibles ecológicamente es económicamente factible- especialmente, desde un punto de vista medioambiental. 
Si pueden crearse nuevos mercados, los agricultores dependerán en menor medida de las subvenciones públicas. 
En 1992, nos dijeron que había que volver a la superficie de barbecho existente en 1988, porque la superproducción generaba excedentes. 
Entre 1992 y 1997, nos dijeron que esta limitación había producido efectos positivos. 
Los excedentes habían disminuido: gracias al barbecho. 
Sin embargo, hoy, en 1998, nos dicen que hay que fijar la superficie de barbecho en un 10 % porque los excedentes han vuelto a subir a 14 millones de toneladas. 
Incluso se prevén 30 millones de toneladas para el año 2000. 
Pero al mismo tiempo, la reforma de la PAC comprende una supresión del barbecho. 
De un golpe, en la Agenda 2000 se suprime el barbecho y, a la vez, se lo restablece de urgencia. 
El comportamiento es curioso. 
En realidad, el barbecho, como el procedimiento de Fine Tuning de pilotaje visual, casi no tiene efectos en el mercado mundial. 
Cuando disminuyen, los excedentes lo hacen a causa de la baja de la oferta y el alza de la demanda. 
Baja de la oferta por el efecto climático en América del Norte (nieve) y en los países del Grupo Cairns (Australia es presa de la sequía). 
En el mercado, El Niño tiene más efecto que la Comisión Europea y sus estabilizadores. 
De igual modo, cuando la economía asiática en crecimiento aumenta su consumo directo e indirecto de cereales, para alimentar, por ejemplo, aves y cerdos, los excedentes occidentales bajan. 
A la inversa, las monedas asiáticas se desploman y las compras de cereales disminuyen en Occidente. 
Dicho en otras palabras, el voluntarismo de Bruselas, a través de los métodos de restricción, con el nombre de QMG, cuotas, obligación de arrancar plantas y más QNG, tiene que ver mucho más con una ideología que con la eficacia práctica. 
Pero esta ideología es condenable. 
Es la del maltusianismo del Club de Roma. 
Por Bruselas, se dejará de plantar olivos después del 2001, mientras que el consumo de aceite de oliva aumenta y somos líderes mundiales con el 80 % de la producción de aceite de oliva. 
En cuanto a los viñedos, los arrancamos o prohibimos que se planten, y se vendimia en verde. 
Los manzanos, también los arrancamos. 
Si se trata de la leche, limitamos su producción. 
Y respecto a los cereales, dejamos las tierras sin sembrar. 
A todas horas y en todas partes, se trata de la restricción. 
Durante este tiempo, en las negociaciones comerciales mundiales, del GATT a la OMC, se liquida nuestros intereses. 
Se abandonan los mercados, se renuncia a la exportación. 
Si hay que arrancar algo, la ideología del presupuesto, la mezquindad y el maltusianismo de la Comisión de Bruselas es lo que habría que erradicar. 
Conocida es nuestra opinión sobre el establecimiento de apoyos a la retirada de tierras, ya que tiene consecuencias negativas para la producción y el empleo y también porque sólo se benefician de ella los grandes productores, propietarios de vastas extensiones que pueden retirar de la producción y con ello obtener, además, beneficios financieros. 
Por eso, estamos en contra de la propuesta de la Comisión que pretende aumentar del 5 % al 10 % la tasa de retirada obligatoria para los cereales. 
Esta propuesta es tanto más incomprensible cuanto que coincide precisamente con la última campaña antes de la aplicación de las orientaciones constantes de la Agenda 2000, en la que se establece una tasa del 0 % de retirada. 
Sólo entendemos esta propuesta como una contribución más para hacer economías suplementarias que se inserten en las orientaciones generales de contención indiscriminada del presupuesto. 
En este marco, y como forma de impedir la aprobación de las propuestas de la Comisión, hemos optado por votar a favor de las enmiendas presentadas y que, en lo fundamental, van encaminadas al mantenimiento de la tasa actual de retirada (5 %). 
Aunque sin sentar precedente, debo dar las gracias a la Comisión por haber tomado en cuenta nuestra petición de que se fijara la tasa de barbecho al mismo tiempo que el paquete de precios 1998/1999. 
Mi petición tenía el apoyo de muchos colegas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y me felicito de que sea así. 
No diría lo mismo sobre el tema de la propuesta de una tasa de retirada de tierras del 10 %, aun cuando comprendo la inquietud creada por los excedentes de cereales, que para el final de esta campaña se estiman en torno a los 30 millones de toneladas. 
¡Llore usted lágrimas de sangre, Señor Comisario, y reconozca que lo han sorprendido a contrapié, gestionando con gran timidez el calendario de los certificados de exportación, cuando ésta nos es favorable! 
Reconozca que al subestimar la diferencia de peso específico de la cosecha europea de trigo, usted perjudica la firma de contratos. 
Reconozca que la abundancia de trigo de calidad forrajera y de maíz, cereales que tienen prohibida la exportación, tendría que haberlo llevado a abrir las compuertas de la exportación. 
Sea como sea, no esperaremos el límite máximo disponible del GATT para este año sin siquiera abrir el dossier de los informes no utilizados. 
Todo esto es lamentable para la agricultura europea, y los agricultores que nos han confiado una misión irán a dar, una vez más, al banquillo de los acusados de superproducción. 
Nuestro Grupo ha presentado dos enmiendas a su propuesta. 
La primera de ellas pide que se prorrogue la suspensión de la aplicación de la tasa de retirada de tierras extraordinaria. 
En la segunda se pide que la tasa de barbecho obligatoria se lleve al mismo nivel que en los dos años anteriores, es decir, al 5 %. 
Los agricultores europeos no comprenden un aumento de las tierras en barbecho, por esos errores de gestión, por la situación del mercado mundial y sobre todo porque se sabe que en el marco de la Agenda 2000 y de la PAC 2000, la Comisión propone una tasa de retirada de tierras del 0 %. 
Los agricultores son hombres afectos a la coherencia. 
Como iniciadora de las preguntas a la Comisión y con el apoyo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, en junio de 1997, en el tema de la fijación de las tasas de retirada de tierras antes del 30 de junio de cada año, no puedo menos que felicitar a la Comisión por haber pedido el procedimiento de urgencia para este asunto. 
Sin embargo, veo que, de un lado, el " paquete Santer» prevé una tasa de retirada de tierras del 0 % para el horizonte 2000 y, de otro, la Comisión hoy propone una tasa del 10 %. 
¿Qué ocurre? 
¿Habrá una mala gestión de los excedentes? 
En vista de la baja de los precios, ampliamente preconizada por la Comisión, los agricultores se ven llevados a producir más, a pesar de los barbechos, para compensar la baja de sus ingresos, y esto provoca un desequilibrio de ciertos cultivos respecto de otros. 
La historia de las oleaginosas es una vieja historia, pero yo querría recordar a todos un detalle técnico: a igual rendimiento, una oleaginosa exige el doble de superficie cultivada que un cereal. 
Con motivo de los acuerdos de Blair House, la Comisión Delors, representada por los Comisarios McSharry y Brittan, nos encerró en un gueto al aceptar la limitación de la producción de oleaginosos en Europa. 
Sin embargo, las parcelas de oleaginosas habrían sido un excelente medio de regulación de las parcelas de cereales, sin necesidad de recurrir a la retirada de tierras. 
Habría permitido desarrollar más rápidamente los cultivos de uso industrial de los que hoy ya casi ni se habla y, sobre todo, recuperar cierta independencia para la alimentación de nuestros ganados. 
¿Quizá podríamos pensarlo para las próximas negociaciones con la OMC? 
Para terminar, vuelvo al tema de debate de esta mañana: mi Grupo apoyará una tasa de retirada de tierras del 5 %. 
La propuesta de la Comisión sobre la tasa de barbecho es inaceptable en su actual forma. 
Por este motivo, nuestro Grupo ha presentado dos enmiendas, para suprimir la aplicación de la tasa de barbecho extraordinaria y para limitar la obligatoria a un 5 % en lugar del 10 %, como propone la Comisión. 
Si hoy la Comisión lamenta que haya unos excedentes europeos de 30 millones de toneladas de cereales, no debe olvidar que es la responsable directa de esta circunstancia: al principio de la campaña, es decir, en los tres primeros meses, aplicó una tasa a la exportación de cereales, cuando los precios internacionales eran más altos que los europeos, y no otorgó las autorizaciones necesarias para abastecer de cebada el mercado saudí. 
Los agricultores europeos no pueden ser penalizados a causa de las disfunciones de la Comisión. 
No pueden comprender que se acepte una tasa alta de barbecho y creo que su posición es justa. 
¿Cómo puede proponer la Comisión que, al mismo tiempo, se aplique la tasa de retirada de tierras obligatoria y la extraordinaria? 
Hace unas semanas, hemos recibido las propuestas para la reforma de la OCM de los cultivos extensivos, en las que la Comisión habla de una tasa de retirada de tierras obligatoria del 0 %. 
Las propuestas que nos presenta la Comisión carecen totalmente de coherencia. 
Sin embargo, un paso dado por el buen camino merece ser destacado. 
En efecto, la Comisión respondió positivamente a la petición que le habíamos hecho, en el marco del informe de nuestro colega Des Places acerca del paquete de precios, a fin de obtener una propuesta sobre la tasa de retirada de tierras antes del fin de este mes. 
Era esencial, sin duda, que los agricultores europeos pudieran conocer, antes de hacer sus siembras, el nivel de la tasa de retirada de tierras obligatoria que tendrán que acatar. 
Por último, pedimos a la Comisión que acepte las dos enmiendas que hemos presentado, porque tienen una perfecta coherencia, en cuanto a la tasa de barbecho, con las propuestas votadas en el marco del informe del Sr. Des Places y con las de la Comisión relativas a la reforma de la OCM de los cultivos extensivos. 
OCM del plátano 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0237/98) del Sr. Liese, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un régimen especial de asistencia a los proveedores tradicionales de plátanos ACP (COM (98) 0005-C4-0263/98-98/0014 (SYN) ). 
Antes de la votación de la enmienda nº 31 
Señor Presidente, he de referirme a dos cosas. 
Primero: el texto de la enmienda 31 que tenemos en nuestros documentos no se corresponde con el texto que fue acordado en la comisión. 
En la comisión se dijo, ciertamente, que había que modificar esta enmienda y que había de ser introducida como artículo y no en la ficha financiera por razones formales. 
Pero este texto, tal y como está aquí, no ha sido acordado por la comisión. 
Se puede decir, claro, que la comisión acordó el sentido, pero no el texto. 
Lo hago constar en acta y pido que se consulte a los servicios para saber como hay que proceder en estos casos. 
Para que todo el mundo sepa sobre lo que votamos: se trata de la cuantía de la financiación. 
La comisión propone 500 mill. de Ecus. 
Pero el procedimiento de la casa- también la Comisión lo ve así, según creo, y quizás el Comisario pueda decir algo al respecto -, es que esa cuantía se fije normalmente en el procedimiento presupuestario. 
También los compañeros de la Comisión de Presupuestos me han pedido que vuelva a referirme otra vez al hecho de que éste es un procedimiento no habitual y de que, realmente, se debería rechazar la enmienda. 
Pero la comisión está a favor de elevar esa cuantía, por lo que también tengo que decir como ponente, que la comisión ha decidido así siguiendo este ánimo. 
Señor Presidente, sobre este punto: todavía está la enmienda 38. 
Pero, ¿no fue retirada, señor Liese? 
Entonces esto será explícitamente aceptado. 
En la cuestión de la fijación de la cuantía no se trata de un procedimiento presupuestario o de la anticipación del procedimiento presupuestario, sino que se trata de una declaración política de intenciones. 
Por ello me parece importante que votemos sobre este punto. 
Después ha sido incluido otra vez en las resoluciones legislativas una propuesta que prevé un aumento hasta 500 mill. 
Podemos, por tanto, votar sobre ello y no anticipamos el procedimiento presupuestario. Pero damos a entender con ello, que aquí también queremos asignar recursos financieros. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Me ha llamado la atención, en la exposición de los motivos del proyecto de Reglamento sobre el que se nos consulta, un comentario que tiene forma de afirmación y que dice que las modificaciones de la OCM en el sector del plátano, propuestas por la Comisión, cambiarán sustancialmente las condiciones del mercado para los proveedores tradicionales de plátanos ACP, y pondrán en peligro la viabilidad de las entregas, si no se emprende ninguna acción específica. 
La brecha de competitividad entre los plátanos provenientes de América Latina, por una parte, y los plátanos de los países ACP, por otra- se dice -, puede reaparecer en la propuesta de desmantelamiento del régimen especial de certificados de importación, con la principal consecuencia de que esos proveedores no se podrán mantener en el mercado comunitario, si no se hace ningún esfuerzo por colmar tal brecha. 
No podemos sino compartir alegremente este punto de vista, expuesto en cuanto se enunciaron las primera conclusiones del Grupo, que nos permite extractar estos puntos básicos como argumento esencial en la batalla contra esta reforma. 
Señor Presidente, Señorías, todos lo saben como yo: tanto los políticos como los profesionales sociales sin desmayo han tratado de sensibilizar a los responsables de la agricultura en cuanto a los peligros de una reforma " mal pensada» , sabedores de que en el seno de la Comisión existe una gran divergencia de apreciación sobre la reforma. 
Me atrevo a creer que la construcción de Europa no es más que una ambición colectiva, y no una apropiación de la legislación comunitaria dirigida a fines nacionalistas, generadores de orientaciones contradictorias. 
En conclusión, sólo puedo: 
recordar nuestros compromisos con los países ACP, según el protocolo V del Convenio de Lomé-señalar que no nos corresponde establecer el curso económico de los países ACP-denunciar la huida hacia adelante a través de la " diversificación» recomendada por algunos de nosotros, que no se puede considerar como un medio de sustitución de la producción de plátanos en ciertas regiones ACP del Caribe, a causa de su topografía. 
Hemos votado a favor de la propuesta de reglamento del Consejo, ya que va encaminado a permitir el establecimiento de una ayuda financiera al precio del plátano tradicionalmente importado de los países ACP. 
La verdad es que una decisión reciente de la Organización Mundial del Comercio (OMC) , en función de la cual está en debate una modificación de la organización común del mercado (OCM) de los plátanos que va a permitir una importación mayor de plátanos de la zona del dólar, a precios inferiores, producidos por empresas transnacionales norteamericanas ha puesto en entredicho la importación de plátanos de ese origen. 
El perjuicio va a recaer, evidentemente, sobre los plátanos producidos en la Unión Europea- en particular, en Madeira- y sobre los importados de los países de África, del Caribe y del Pacífico, que desde hace muchos años mantienen acuerdos con la Unión Europea en virtud del Convenio de Lomé. 
El reglamento va encaminado en cierto modo a hacer que se pueda compensar mínimamente el precio de los plátanos oriundos de los países ACP- y con ello la renta de sus productores- frente a la competencia mayor resultante de un mayor contingente de plátanos de la zona del dólar que van a poder entrar libremente en la Unión Europea. 
Conviene subrayar, como ya hicimos en la explicación de voto que dimos al informe Thomas sobre la nueva OCM del plátano, que esta situación sólo ha llegado a ser posible porque las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, cada vez más al servicio de los intereses americanos, se imponen a la Unión Europea sin que ésta reaccione ni dé muestras de voluntad política para reaccionar en defensa de sus productores y de los productores de los países pobres ACP. 
Señor Presidente, las relaciones comerciales históricas que los Estados miembros de la Unión Europea han establecido con cierto número de países terceros de África, el Caribe y el Pacífico, deben ser obligadamente conservadas, tal como el principio mismo de los Convenios de Lomé. 
No queremos que se llegue a una desestructuración del equilibrio económico y político mundial, en nombre del mundialismo y del libre comercio. 
Es necesario promover el comercio equitativo, es decir, un comercio respetuoso de las cláusulas ambientales, sociales y sanitarias. 
¿Permitiremos, sin reaccionar, que se desplieguen ataques sucesivos contra el sistema de Lomé? 
Tenemos toda clase de motivos para estar inquietos ante la debilidad de las reacciones de la Comisión. 
La acometida que sufrimos actualmente por el plátano, a través de las empresas relacionadas con la producción en América Latina, debe considerarse paralela a las dificultades que tenemos para terminar con la obligación de usar el cacao al 100 % en la fabricación de chocolate. 
En el campo de las oleaginosas ocurre lo mismo. 
El uso de microorganismos modificados genéticamente para el cultivo de la soja permitirá que esta producción sea mucho mayor y, por tanto, más rentable, y así se podrá competir con la producción de cacahuetes, y esto cuando aún ignoramos los efectos secundarios de los microorganismos modificados genéticamente tanto en el medio ambiente como en el campo de la salud. 
Es preciso que la Unión Europea sea consciente de que al firmar ciertos acuerdos internacionales de libre comercio, o al adherirse a sistemas de preferencias generalizadas, corre el riesgo de contribuir a la desestabilización de muchos países, en especial en el continente africano. 
Nuestro Grupo apoya la casi totalidad de las enmiendas propuestas por la Comisión de Desarrollo y Cooperación, exceptuada la enmienda nº 32, pues nuestro Grupo se opone a la aplicación de un coeficiente de reducción, que se haría efectivo desde el 2004, a los productores que no hayan hecho los esfuerzos suficientes para mejorar su competitividad. 
Habríamos aceptado el principio de un coeficiente de reducción, si se hubiera aplicado a los productores que no respeten las cláusulas ambientales, sociales y sanitarias. 
El texto de esta enmienda está en contradicción total con el principio de un comercio definible como equitativo. 
En resumen, nuestro Grupo se opone al conjunto de las enmiendas propuestas por el Sr. Liese en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, porque todas ellas perjudicarán la producción de plátanos provenientes de los países ACP tradicionales. 
Instrumentos y productos del delito 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0222/98) del Sr. Orlando, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de Acción Común adoptada por el Consejo sobre la base del Artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativa a los acuerdos para la cooperación entre los Estados miembros por lo que se refiere a la identificación, detección, embargo preventivo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (6490/98- C-0184/98-98/0909 (CNS)) 
Me pide la palabra el Sr. Nassauer. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del PPE, de acuerdo con el artículo 131 del Reglamento, solicito el aplazamiento del debate para el próximo pleno en Bruselas. 
El debate es importante para nosotros. 
Bajo las circunstancias actuales, obviamente, no puede desarrollarse en la forma adecuada. 
Por ello pedimos a este Pleno que apruebe nuestra solicitud de aplazamiento. 
¿Alguien quiere manifestarse en contra de la solicitud del Sr. Nassauer? 
Señor Presidente, sólo voy a intervenir para decir que en el seno de la comisión ha reinado la cordialidad entre los distintos Grupos políticos y, por lo tanto, no puedo sino seguir con atención la petición formulada por el Grupo del Partido Popular Europeo que ha contribuido notablemente a resolver estos problemas. 
Me someto a la decisión de la Presidencia, sin embargo, creo que, ante un tema tan importante, no se debe sofocar el debate ni tampoco impedir la aportación de cada Grupo. 
El Sr. Schulz desea intervenir a favor de la solicitud. 
Señor Presidente, quisiera dar apoyo expreso a la solicitud del Sr. Nassauer en nombre de nuestro grupo. 
Sin embargo también quiero añadir una observación a las otras decisiones que hemos tomado esta mañana: si este Pleno no quiere degradarse a ser un gran pabellón de gimnasia para el fortalecimiento de la musculatura de los brazos, porque aquí empleamos más tiempo en votar los puntos y comas que en el debate político... 
... y esto todas las semanas de pleno, entonces pediría que de una vez que reflexionemos para que no se repitan sucesos como los de hoy. 
Ahora se trataba de deliberaciones en el marco del tercer pilar, donde la única posibilidad de democratización es el debate parlamentario, y no tenemos otra cosa que ofrecerle al Consejo que una postura no discutida aunque acordada con poco coste. 
Esto no es algo que contribuya al fortalecimiento y al renombre del Parlamento Europeo. 
Por eso no nos queda, por nuestra propia credibilidad, ninguna otra elección que proceder del modo en que lo ha propuesto el Sr. Nassauer. 
(Aplausos) 
Someto a votación la solicitud de aplazamiento del debate sobre el informe del Sr. Orlando. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A-0179/98) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité de las Regiones sobre cooperación transfronteriza en el marco del programa Tacis (COM (97) 0239- C-0280/97). 
Me pide la palabra la Sra. Karamanou. 
Señor Presidente, creo que, tal y como se presenta la situación, yo también deseo solicitar el aplazamiento del debate de mi informe. 
Someto a votación la solicitud de aplazamiento del informe de la Sra. Karamanou. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Comunicación electrónica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A-0189/98) del Sr. Ullmann, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: El fomento de la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica- Hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado (COM (97) 0503- C0648/97). 
Se ha solicitado el aplazamiento de este informe. 
Someto a votación dicha solicitud. 
(El Parlamento aprueba la solicitud de aplazamiento) 
Sociedad de la información 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-0473/98 de los Sres. Dupuis y Dell ' Alba, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, a la Comisión, sobre la sociedad de la información; -B4-0475/98 del Sr. Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre la sociedad de la información, la gestión de Internet y la democracia; -B4-0476/98 del Sr. Martens y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre la sociedad de la información, la gestión de Internet y la democracia-B4-0477/98 del Sr. Ryynänen y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, a la Comisión, sobre la sociedad de la información; -B4-0478/98 del Sr. Elchlepp, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeosa la Comisión, sobre la sociedad de la información-B4-0479/98 de los diputados Pailler y Sierra González, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre la sociedad de la información y la democracia; -B4-0480/98 del Sr. WOLF y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre la sociedad de la información.He recibido 7 propuestas de resolución. 
Se procede a la votación. 
Propuesta de resolución común sobre la sociedad de la información, la gestión de Internet y la democracia. 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Finlandia es un país pionero en la construcción de la sociedad de la información. 
Un elemento de esta labor lo constituyen los medios electrónicos de comunicaciones, que nos permiten reducir las grandes distancias que existen en nuestro país. 
De este modo, es posible también llevar las ventajas de la sociedad de la información a las regiones periféricas y a las personas que, como consecuencia de una incapacidad o de cualquier otra limitación, no podrían llegar hasta la fuente informativa de ninguna otra manera. 
Nuestro país cuenta con una red universitaria descentralizada. 
Para que las universidades situadas lejos de la capital puedan mantenerse competitivas, es necesario exigir un contacto en tiempo real con la localidad central. 
Por este motivo, las universidades finlandesas son las primeras del mundo que se han conectado a una red de comunicaciones de alta velocidad. 
Nuestra red es tan rápida que incluso es utilizada por la mayor parte de los usuarios americanos en búsqueda de información. 
Así pues, es posible competir lealmente con los Estados Unidos también en este sector. 
El problema reside en que las comunicaciones dentro de Europa no son lo suficientemente veloces. 
La sociedad de la información es mucho más que unas comunicaciones rápidas, pero, por otro lado, la lentitud en el campo de las comunicaciones acaba con la paciencia de los usuarios. 
Se trata también de una cuestión de dinero, ya que las comunicaciones lentas encarecen la factura que debe pagar el consumidor. 
A fin de potenciar la igualdad y la cohesión, es hora de que Europa realice esfuerzos por lograr unas buenas y rápidas comunicaciones electrónicas, tanto en la Unión como en todo nuestro continente. 
Señorías, el Parlamento ha agotado el orden del día. 
El Acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al principio de la próxima sesión. 
Señorías, esta Presidencia, al finalizar las sesiones, tiene por costumbre agradecer a los servicios de la Asamblea y a los servicios de interpretación su inestimable colaboración. 
Hoy les hemos sometido a un esfuerzo suplementario. 
Permítanme, por lo tanto, que mi agradecimiento sea enfatizado. 
Y también, Señorías, que les agradezca a ustedes la ayuda que siempre me dan, pero que hoy ha sido mucho mayor y mucho más importante porque nuestras votaciones han sido muchas y complicadas, y en los casos en que se ha demostrado mi insuficiencia, ustedes han sabido superarla con la generosidad que les caracteriza. 
Señorías, les deseo lo mejor para este fin de semana, y les recuerdo que hemos empezado la recta final de esta legislatura. 
Por lo tanto, ustedes, que son tan trabajadores, aprovechen el tiempo, que nos quedan sólo 11 meses. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.43 h.) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 19 de junio de 1998. 
Señor Presidente, estoy segura de que estará informado de que hoy tienen lugar acontecimientos históricos. 
A raíz del Good Friday Agreement y cuando sólo han transcurrido cinco semanas desde el referéndum, la nueva Asamblea de Irlanda del Norte se reúne a la misma hora que lo hacemos nosotros. 
Han transcurrido cinco minutos de su nuevo programa. 
Es un día histórico para Irlanda del Norte, y dado su interés y apoyo al proceso de paz, quisiera pedirle que, en nombre de todos los diputados al Parlamento Europeo, transmita un mensaje de solidaridad en el cumplimiento del Acuerdo de Viernes Santo, y de solidaridad a todos los diputados elegidos en sus esfuerzos por construir la paz para las comunidades de Irlanda del Norte. 
Señora McCarthy, como usted bien ha dicho, este Parlamento siempre ha sido solidario, y esta mañana he enviado un telegrama a la Sra. Marjorie Mowlam. El telegrama dice así: " Con ocasión de esta primera reunión de hoy, le ruego que transmita los mejores deseos del Parlamento Europeo y los míos personales a la nueva Asamblea de Irlanda del Norte. 
El Parlamento Europeo manifiesta su incesante solidaridad con el pueblo de Irlanda del Norte y con su nueva Asamblea en el actual proceso de paz y reconciliación». 
Señor Presidente, todos conocemos su total y sincero apoyo. 
Gracias por sus buenos deseos y por haber enviado el telegrama esta mañana. 
Esperemos que en los próximos días no asistamos a ninguna interrupción de la buena marcha actual de las cosas en Irlanda del Norte. 
En la pasada sesión formulé una solicitud relativa a los problemas presupuestarios del Parlamento a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia que afecta a las redes de ONGs que trabajan en favor de la cohesión social. 
Existe una seria preocupación general al respecto. 
Espero que podamos escuchar una declaración de la Comisión sobre dicha sentencia. 
Señora Banotti, permítame decirle que se ha anticipado a los acontecimientos en aproximadamente cinco minutos. 
Nos disponemos a iniciar un debate sobre esta cuestión con el Sr. Liikanen. 
Señor Presidente, en relación con el artículo 151 del Reglamento, que establece que las sesiones de las comisiones serán públicas. 
En nuestro caso, un visitante que se desplazaba en silla de ruedas tuvo enormes problemas para acceder al Edificio D III. Yo le ruego que haga las gestiones necesarias para que las personas discapacitadas también puedan tener acceso al citado edificio. 
Muchas gracias, señora Günther. 
Lo examinaremos inmediatamente. 
Señor Presidente, me gustaría rendir homenaje a la memoria de Lunes Matub, vilmente asesinado el pasado viernes en Argelia. 
Este cantante, portavoz de Kabilia y de la cultura berebere, encarnaba el símbolo de una Argelia que lucha y sufre. 
Comprendo la emoción y la cólera del pueblo argelino ante este odioso acto y su sentimiento de repulsa frente al integrismo que ha armado a los asesinos. 
Actualmente Argelia sufre y lucha, y yo deseo que el pueblo argelino y su gobierno encuentren rápidamente soluciones para que esta situación cambie. 
Me gustaría terminar, como ha declarado su madre con mucha dignidad en el entierro, diciendo que echaremos de menos el rostro de Matub, pero sus canciones y sus poemas quedarán en lo profundo de nuestros corazones para siempre, y que su lucha por la paz continúa. 
Señor Presidente, en el último período parcial de sesiones celebrado aquí, en Bruselas, nos acompañó una veintena de concejales del País Vasco, hacia los que tuvimos la ocasión de expresar nuestra solidaridad por su compromiso permanente en la lucha a favor de la libertad y la democracia. 
Pero quien ya no podrá volver, señor Presidente, es un concejal del País Vasco, Manuel Zamarreño, concejal de Rentería. 
Él era un obrero en paro, su mujer se gana la vida limpiando escaleras en su vecindario, y había salido a comprar el pan para desayunar con su cuatro hijos. 
Le metió en la política otro concejal, José Luis Caso, cuya muerte tuvimos ocasión, en este Parlamento, de llorar hace apenas unos meses. 
Señor Presidente, a nosotros, los demócratas, no nos queda otra alternativa que contestar a los asesinatos, a los tiros en la nuca, con la palabra. 
Eso sí, con la fuerza de estar clamando simplemente por la posibilidad para un pueblo, el pueblo vasco, de vivir en paz, en libertad y en democracia. 
Señor Presidente, intervengo muy brevemente para solidarizarme con el Sr. Galeote. 
Pero quiero insistir en que este caso tiene una importancia particular porque se trataba del concejal que representaba al Partido Popular en el ayuntamiento de Rentería en particular. 
Su antecesor había sido asesinado- en medio hubo una concejala que renunció al escaño ante el peligro de amenaza- y está claro que tratan de evitar que el Partido Popular tenga su representante, elegido por el pueblo, en ese ayuntamiento en particular. 
Es un ataque a la democracia y tenemos que utilizar todos los medios posibles para que esto no ocurra, porque realmente es una manifestación de fascismo, de evitar que la representación popular actúe en un ayuntamiento. 
Señor Presidente, como ha dicho el Sr. Galeote, no se nos cansará la voz. 
A los demócratas siempre nos quedará la palabra. 
Y por eso, sin cansarnos, mientras la brutalidad fascista intente acallar la voz de aquéllos que han sido democráticamente elegidos, lo denunciaremos una y otra vez. 
Pero al mismo tiempo, señor Presidente, es justo que nos preguntemos: ¿se puede ofrecer diálogo a quienes no tienen otra palabra que la muerte y los disparos? 
Señor Presidente, Europa, que está por el diálogo, por el entendimiento y por la comprensión, no puede comprender que se quiera ofrecer diálogo a quien sólo ofrece muerte. 
Señor Presidente, yo también quería en nombre de mi partido, el Partido Nacionalista Vasco, condenar el brutal asesinato del concejal Zamarreño, un representante del pueblo vasco, que ha sido asesinado por la organización terrorista ETA. 
Quisiera expresar la condolencia y la solidaridad con sus familiares y también toda la solidaridad con el Partido Popular, partido al que representaba el Sr. Zamarreño, y expresarle toda la solidaridad a esa otra familia política desde el convencimiento de que las armas y la violencia no podrán acallar la legítima defensa de las ideas que hace el Partido Popular en el País Vasco. 
Sólo espero que la inmensa mayoría de los vascos que buscamos la paz seamos capaces de conseguir los caminos para que nunca más la violencia siga existiendo en nuestro país y en nuestro pueblo. 
Señor Presidente, quiero manifestar también mi enérgica condena del asesinato del concejal de Rentería, ya que se trataba de un representante democráticamente elegido por sus ciudadanos. 
Y en este sentido, creemos que la democracia y la paz sólo pueden obtenerse a base de escuchar la voz del pueblo y en ningún caso acabando con la vida de sus representantes. 
Señor Presidente, no voy a hablar sobre este triste asunto- que, naturalmente, me conmueve también -, sino para informar a los compañeros de esta Asamblea, y sobre todo a las señoras diputadas, nuestras compañeras, del fallecimiento, en este caso por muerte natural, de Carmen Llorca Vilaplana, que fue diputada muchos años en este Parlamento, que trabajó duramente, sobre todo en el ámbito de la cultura y en el ámbito de los derechos de la mujer, y que estoy seguro de que será recordada con afecto por muchos de nuestros compañeros. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar esta ocasión para darle las gracias por su mensaje de esta mañana a la nueva Asamblea de Irlanda del Norte, que espero ya habrá iniciado su andadura. 
Por primera vez en más de 25 años, el pueblo de Irlanda del Norte pronto podrá elegir su propio destino. 
También quisiera agradecerle, a título personal, que haya venido a Irlanda del Norte, y agradecer a este Parlamento su apoyo manifestado de tantas maneras a lo largo de los años. 
Es un día histórico. 
No dudo de que habrá situaciones difíciles en el camino a seguir, pero espero y ruego que, en el futuro, cuando yo intervenga ante este Parlamento para hablar en nombre del pueblo de Irlanda del Norte, sea sobre algo bueno, y no sobre los días oscuros que hemos pasado durante los últimos 25 años. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 19 de junio de 1998 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, me refiero a la página 16 del Acta. 
En el punto 8, relativo a la OCM en el sector de las materias grasas, se hace referencia al artículo 99. 
Por tratarse de un informe sin debate, debería decir artículo 97, ya que es una urgencia solicitada por el Consejo. 
Por lo que a mí me consta, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural dio su conformidad para que el informe se tratara por procedimiento de urgencia y fue debatido a fondo el viernes por la mañana. 
Me refiero, a continuación, a la parte central de la página 19 de la versión inglesa, donde dice que el Sr. Colino Salamanca, presidente de la Comisión de Agricultura, solicita la devolución a comisión del informe. 
Se trata aquí de una cuestión de principios. 
El presidente de una comisión no puede devolver a comisión una urgencia, si dicha comisión no ha participado en el debate que ha tenido lugar. 
Dicha comisión no presentó ninguna enmienda, y no sé muy bien sobre qué fundamento, el presidente solicitó su devolución cuando representaba a la comisión. 
Este asunto debe ser sometido a la Mesa o a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
El Sr. Colino está en su derecho, como diputado, de intentar devolver el informe a comisión si así lo desea, pero para ello necesita el apoyo de su Grupo político o de 29 diputados. 
El Presidente no lo solicitó en su momento. 
No estoy criticando al Presidente, que cuenta con todo nuestro apoyo cada viernes por la mañana que ocupa la Presidencia. 
Pero es una cuestión de principios que debe ser sometida a la Mesa. 
Muchas gracias. 
Creo que no sólo la Mesa, sino que, en caso necesario, la Comisión de Reglamento debería llenar esta laguna. 
Señor Presidente, una observación al acta del viernes 19 de junio de 1998. 
En la página 18, en la votación de mi informe, aparecen dos errores. 
Uno se refiere al apartado 10: a pesar de que tomé la palabra para pedir una corrección lingüística a la versión española, no se ha hecho así, y quería decir que en los distintos apartados donde aparece la palabra «aceite» debe decir «aceite de oliva». 
Y aparece, por error, un apartado nuevo, el 13, cuando en mi enmienda oral señalé que era un añadido al apartado 12. 
Me gustaría, por tanto, que lo que aparece como apartado 13 se añada al 12. 
Señor Presidente, yo me congratulo de tener todavía la oportunidad de hacer uso de la palabra. 
Hace rato que la solicité, pero quizá la Mesa debería ampliar su equipo de colaboradores para que puedan prestar atención a todos los diputados. 
También quisiera referirme a una cuestión concreta. 
El viernes al mediodía, hacia el final de la pasada sesión de Estrasburgo, decidimos aplazar diversos puntos del orden día para la próxima sesión, o sea, la de hoy, debido a la falta de asistencia. 
Dichos puntos no figuran en el orden del día de hoy. 
¿Cuándo tienen previsto que éstos se sometan a la consideración de la Asamblea? 
Serán tratados en Estrasburgo. 
Así se propondrá a la Conferencia de Presidentes, que se reunirá hoy y que es la competente para aprobar el proyecto de orden del día. 
Naturalmente, no podía ser antes. 
Por otro lado, mis ayudantes son suficientes de momento. 
Señor Colino, supongo que pide la palabra por alusiones personales. 
Señor Presidente, sencillamente porque he sido aludido por el Sr. Provan. 
El artículo 60 dice que, una vez votadas las enmiendas, se puede pedir la opinión de la Comisión respecto de esas enmiendas, y que antes de pasar a la votación de la propuesta de resolución legislativa se puede pedir, en su caso, por parte, dice expresamente, del presidente de la comisión o del ponente, la devolución a comisión. 
Dado que no había ponente, la pedí como presidente de la comisión. 
Estoy de acuerdo en que seguramente se trata de un problema de interpretación del Reglamento, pero, en todo caso, lo hice en aplicación del propio Reglamento. 
Primero escuchar la comunicación de la Comisión y luego, tras haber terminado la comunicación de la Comisión, a las 16.00 horas, dar paso al debate sobre el orden del día, porque los medios de comunicación y los colegas que han venido para el debate de contenido y el Comisario tienen derecho a que discutamos primero este importante tema político y luego podremos arreglar nuestros asuntos internos. 
Por tanto quiero proponerle, Presidente, que en lo sucesivo comencemos exactamente a las 15.00 horas con la comunicación de la Comisión y que aplacemos los posibles puntos del orden del día a las 16.00 horas, cuando empecemos con el orden del día regular. 
Señor De Vries, sabe usted como yo que las cuestiones de orden se suscitan en su momento y no podemos hacer otra cosa más que ser todos muy disciplinados. 
(El Acta queda aprobada) 
Bienvenida 
Quiero informarles de que en este momento se encuentran en la tribuna un grupo de diputados de la Cámara holandesa invitados por una de nuestras colegas, y les quiero dirigir un saludo en este momento a nuestros colegas del Parlamento holandés. 
Sentencia del Tribunal en el asunto C/106 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre el curso que se ha de dar a la sentencia del Tribunal en el asunto C/106 (fundamentos jurídicos en el presupuesto). 
Señor Presidente, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia ha despertado serias dudas acerca de la ejecución del presupuesto comunitario para 1998 y ejercicios anteriores. 
La Comisión tiene conocimiento del interés despertado por estas dificultades, y acojo con satisfacción la oportunidad de informar al Parlamento sobre la situación actual de este asunto. 
No obstante, deseo declarar desde el inicio, que cualquier respuesta que hoy se facilite, sólo puede tener un carácter preliminar: el examen por parte de la Comisión de las líneas presupuestarias afectadas sigue su curso en estos momentos. 
Según lo acordado en el diálogo presupuestario a tres bandas del 23 de junio, la Comisión sacará sus conclusiones el 14 de julio, a tiempo para ser debatidas entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Presupuestos de 17 de julio. 
La sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1998 es el resultado de una acción legal presentada por el Reino Unido y respaldada más tarde por Alemania, Dinamarca y el Consejo. 
La acción se presentó contra la decisión tomada por la Comisión Europea en 1995 de financiar proyectos para luchar contra la pobreza y la exclusión social, a pesar de que la propuesta de fundamento jurídico para el Cuarto programa de lucha contra la pobreza había sido bloqueada en el Consejo. 
En su defensa, la Comisión recibió el respaldo del Parlamento Europeo, que había consignado créditos para dichos proyectos con cargo al presupuesto para 1995. 
Pero el Tribunal de Justicia determinó que la Comisión no tiene competencia para financiar los proyectos en cuestión. 
Asimismo, en el caso específico que nos ocupa, el Tribunal estableció una serie de principios que la Comisión debe tener en cuenta en la ejecución del presupuesto. 
En una palabra, el Tribunal de Justicia insiste en que los fondos para una acción comunitaria importante sólo pueden ejecutarse a condición de que exista una entrada en el presupuesto y una aprobación previa de derecho derivado, es decir, el denominado " fundamento jurídico» que autoriza la acción propiamente dicha. 
El Tribunal de Justicia reconoce, no obstante, que no es necesario un fundamento jurídico para una acción no significativa. 
El Tribunal de Justicia no define el término " no significativo». 
Pero insiste en que una suma pequeña o una duración corta no son criterios suficientes per se. 
Por otra parte, el Tribunal de Justicia hace referencia al derecho de la Comisión de ejercer su poder de iniciativa para emprender, bajo su propia responsabilidad, los estudios o proyectos necesarios para elaborar sus propuestas. 
De esto cabe deducir que los proyectos piloto, las medidas preliminares y los estudios para elaborar o actualizar la legislación pueden ser ejecutados sin un fundamento jurídico. 
Asimismo, las acciones autónomas de las instituciones no han sido objeto de litigio. 
En esta situación, una vez emitida la sentencia del Tribunal de Justicia, la Comisión no ha tenido otra opción que la de interrumpir temporalmente la ejecución de todas las líneas presupuestarias del presupuesto para 1998 que no tienen un fundamento jurídico, y examinar, lo más rápidamente posible, si pueden aún ser ejecutadas a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia. 
La situación de este examen al día de hoy es la siguiente: 90 líneas presupuestarias han sido interrumpidas temporalmente. 
El volumen presupuestario total afectado es de unos 870 millones de ecus; respecto a 19 de dichas líneas presupuestarias, la Comisión ha propuesto fundamentos jurídicos, en algunos casos, hace ya cuatro años. 
El volumen afectado es de aproximadamente 500 millones de ecus; más de 30 de las líneas presupuestarias interrumpidas temporalmente ya han vuelto a abrirse, porque la Comisión ha comprobado que cumplen los criterios del Tribunal de Justicia. 
Por consiguiente, se ha reanudado la ejecución por unos 240 millones de ecus; en cuanto al resto, el examen continúa y la Comisión deberá tomar su decisión el 14 de julio de 1998. 
Paralelamente a sus investigaciones internas, la Comisión se ha puesto en contacto con el Parlamento y el Consejo para tratar sobre la situación. 
El diálogo presupuestario a tres bandas de 23 de junio ha permitido aprobar un plan de acción de tres elementos. 
En primer lugar, el Consejo y el Parlamento acelerarán la aprobación de fundamentos jurídicos para los que la Comisión ya ha presentado propuestas. 
Esto es muy importante, porque afecta a algunas de las principales líneas presupuestarias, en particular la de "Medidas comunitarias para las ONU» (para las que se propuso un fundamento jurídico en 1995) , y la de la" Iniciativa en favor de los derechos humanos y de la democracia» (presentada hace un año). 
Por fortuna, la legislación del servicio voluntario europeo ya ha quedado concluida (al cabo de dos años) y la ejecución del programa podrá reanudarse en breve. 
La Comisión tendrá ocasión, esta noche y mañana, de poner a la atención de la Presidencia austríaca la necesidad urgente de aprobar estos fundamentos jurídicos. 
Pero será la autoridad legislativa la que deberá hacer un esfuerzo especial en este sentido. 
En segundo lugar, en el diálogo a tres bandas, la Comisión se comprometió a concluir su examen a tiempo para presentar resultados en la reunión entre el Consejo de Presupuestos y el Parlamento Europeo de 17 de julio de 1998. 
Así se hará. 
En tercer lugar, las instituciones no escatimarán esfuerzos por lograr un " código de conducta» para el asunto de los fundamentos jurídicos, ya el 17 de julio. 
La Comisión ha intentado durante años garantizar la conclusión de dicho código de conducta. 
Ha presentado una serie de propuestas que, lamentablemente, no han sido aprobadas por el Consejo o el Parlamento. 
La más reciente ha sido presentada en el marco de propuestas de la Comisión de 18 de marzo de 1998 para el próximo acuerdo interinstitucional. 
Se están celebrando negociaciones a nivel técnico entre las instituciones. 
Haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder concluir las negociaciones en el próximo diálogo a tres bandas que tendrá lugar dentro de dos semanas. 
Señor Comisario, acaba usted de declarar que la Comisión no había tenido más opción que la de suspender más de 40 líneas presupuestarias. 
Sin embargo, no ignora el efecto relativo de lo que se ha juzgado y, en particular, el hecho de que este asunto se refiriese a una situación muy especial, puesto que se trataba no ya de la ausencia, sino de la supresión de un fundamento jurídico: Pobreza 3. 
¿Acaso no cree, al igual que Lucky Luke, que están disparando más velozmente que su propia sombra, y que al dar de tal modo una señal catastrófica al conjunto de las poblaciones directamente afectadas por programas que se ocupan de los más desheredados de nuestros conciudadanos, han agravado la crisis de confianza entre la parte más desposeída de la población europea y nosotros? 
Debemos recordar que la decisión del Tribunal de Justicia es relativa a asuntos que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a saber, las líneas presupuestarias para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Todos pensamos que estas acciones han sido sumamente importantes, pero cuando el Tribunal de Justicia anunció su decisión sobre la competencia de la Comisión para ejecutar dichas líneas presupuestarias, no tuvimos otra opción que intentar obtener la certidumbre jurídica para la ejecución del presupuesto en lo sucesivo. 
La interrupción era la única opción que teníamos. 
Naturalmente, desde entonces, hemos trabajado día y noche para encontrar soluciones lo antes posible. 
Pero la Comisión no está por encima de la ley. 
Debemos respetar la decisión del Tribunal de Justicia, a pesar de que nos ocasiona muchas dificultades. 
Estoy seguro de que en el plazo de dos semanas, la situación se habrá aclarado. 
No puedo garantizar que todo quedará resuelto, pero sí la gran mayoría de los asuntos. 
Señor Presidente, independientemente de todo lo que se ha dicho acerca de la regulación del presente asunto, es decir, de la supresión de las líneas después de la sentencia del Tribunal, quiero atraer la atención de la Comisión y de los colegas del Parlamento sobre el tema de la solución institucional de esta cuestión. 
Este asunto, señor Presidente, se lleva arrastrando en el Parlamento desde 1982 y año tras año surgen todo tipo de problemas que dificultan al Parlamento el ejercicio de sus competencias. 
En el debate del día 17 de este mes va a solucionarse el problema del presente presupuesto, que es el problema a corto plazo, y, de forma paralela deberá solucionarse el problema a largo plazo, es decir, establecer un marco institucional que permita, con un fundamento predeterminado mediante un modo jurídicamente aceptable, la solución del problema institucional para que el asunto del fundamento jurídico no aparezca continuamente y ocasione tales dificultades. 
Soy de la opinión, señor Presidente, -y la Comisión de Presupuestos hará esta propuesta- que en el caso de que se encuentre una solución para el problema a largo plazo deberíamos lograr de forma paralela la solución institucional. 
De otro modo me temo que las consecuencias para el presente presupuesto y los sucesivos van a ser muy importantes y la responsabilidad de ello recaerá sobre todos nosotros. 
Es muy importante intentar resolver este problema que sigue pendiente desde los años ochenta. 
En el mejor de los casos, antes del 17 de julio podríamos haber aclarado la situación respecto al presupuesto para 1998 y tener una solución a largo plazo, que podría formar parte del acuerdo interinstitucional que deberá quedar concluido antes de que expire el mandato de este Parlamento. 
Si logramos llegar a un acuerdo sobre todos los elementos básicos, éste constituiría el fundamento para la acción en lo sucesivo. 
Hay dos cuestiones aquí que son muy importantes. 
La primera es: ¿qué es una medida no significativa? 
Según la opinión común, es aquella que, básicamente, facilita la labor de la Comisión con respecto a la ejecución. 
El segundo problema que debe ser discutido es qué se debe hacer en caso de que el fundamento jurídico propuesto no sea aceptado. 
Existe una clara diferencia entre estas dos fechas que, técnicamente, podría conducir a una situación en la que debamos poner fin a la acción. 
Debemos encontrar una solución que sirva de puente desde la acción preliminar normal hasta la fecha en que se apruebe el fundamento jurídico, de manera que el procedimiento legislativo no frene las actividades. 
Señor Presidente, verdaderamente se acaba de ocasionar un grave perjuicio que tardará años en repararse. 
Se ha perdido la confianza de los ciudadanos y de las ONGs, por lo que, aunque encontráramos una rápida solución, pasará algún tiempo antes de que podamos reparar estos daños. 
Creo que se ha mancillado seriamente la reputación de la Unión Europea, del Parlamento y de todas las instituciones comunitarias. 
Señor Liikanen, usted ha afirmado que se está intentando alcanzar una rápida solución. 
Es ciertamente importante e imprescindible que se logre una rápida solución y se adopte este código de conducta, pero, ¿qué pasará si nos encontramos el 17 de julio sin soluciones de ningún tipo? 
Si así fuera, ¿deberá recurrir el Parlamento al único medio del que a fin de cuentas dispone, es decir, negarse a someter a examen el presupuesto? 
¿Puede usted garantizarnos que, en tal caso, el Consejo aprobará este acuerdo común y le dotará de un fundamento jurídico? 
¿Puede usted ofrecernos garantías a este respecto? 
Señor Presidente, para lograr un acuerdo es necesario contar con la participación de las tres partes: la Comisión, el Parlamento y el Consejo. 
No es posible llegar a ningún acuerdo si no se alcanza entre todos un compromiso común. 
Indudablemente, esto exigirá mucho trabajo, voluntad y también conocimiento de causa para comprender la gravedad de la crisis que se produciría si existiera una contradicción entre el procedimiento legislativo y el poder presupuestario. 
A este respecto, espero que una situación tan desagradable como la actual haya servido para lograr una mayor concienciación acerca de lo imprescindible que resulta esta solución. 
La Comisión no puede ofrecer garantías de que el Consejo vaya a mostrarse de acuerdo con su posición, pero, por lo menos, la Presidencia precedente se comprometió a hacer todo lo que estuviera en su poder para encontrar una solución. 
La Comisión y los representantes del país que actualmente ostenta la Presidencia, Austria, tienen previsto mantener una reunión en Viena durante los días de hoy y mañana en la que tratarán de manera particular sobre esta cuestión. 
Esperemos que también el Consejo logre una coordinación que permita someter con celeridad a examen las once propuestas existentes de fundamento jurídico, muchas de las cuales fueron presentadas hace ya mucho tiempo. 
Señor Comisario, creo que este asunto ilustra un dicho según el cual no siempre se puede nadar y guardar la ropa. 
Tenemos la posibilidad, gracias al acuerdo interinstitucional, de decir la última palabra en materia de gastos no obligatorios. 
Sin embargo, esta decisión del Tribunal les lleva simplemente a congelar una parte de los créditos bajo el pretexto de que hemos de esperar un reglamento suplementario. 
Me parece que en este asunto exagera un poco, puesto que sabemos muy bien que nos falta base jurídica desde hace unos cuantos años y que es indispensable, para las decisiones que toma este Parlamento, que estas decisiones se ejecuten. 
Ahora bien, ¿sobre quién recae su decisión? 
Pues bien, en definitiva, sobre una serie de ONGs, es decir organismos que necesitan estos fondos para vivir y que no pueden esperar a que concluyan inacabables negociaciones entre la Comisión y el Consejo. 
Por esta razón confío en que no esperen hasta el 17 de julio, y que si no pueden hacerlo antes, que al menos puedan en esa fecha ofrecernos garantías sobre el compromiso de estos fondos. 
Debemos recordar que la Comisión no puede actuar como si la sentencia del Tribunal de Justicia no hubiera tenido lugar. 
El Tribunal de Justicia es una institución independiente de la Unión Europea y tenemos la obligación de acatar sus sentencias. 
Con independencia de nuestra opinión sobre el contenido de una línea presupuestaria concreta, no estamos por encima de la ley. 
El ajuste político no puede apartarse del contenido inequívoco de la decisión del Tribunal de Justicia. 
El mensaje que se desprende con toda claridad es que, de conformidad con el Tribunal de Justicia, una acción comunitaria significativa requiere la asignación de una línea presupuestaria, así como un fundamento jurídico previo. 
Existen ámbitos en los que tenemos un mayor margen de decisión, como los proyectos piloto, las acciones preliminares y las acciones autónomas. 
Pero debemos revisarlo todo. 
No podemos olvidar que el programa de lucha contra la pobreza fue bloqueado en el Consejo. 
Queríamos proseguir algunas acciones que afectan de cerca a muchos ciudadanos europeos, acciones que habíamos ejecutado con el respaldo del Parlamento Europeo, pero luego llegó la sentencia del Tribunal de Justicia. 
Por tanto, no podemos continuar como si dicha decisión no se hubiera tomado. 
Naturalmente, nos estamos esforzando todo lo posible para esclarecer la situación antes del 17 de julio. 
Como les decía, hemos podido liberar líneas presupuestarias por un importe aproximado de 240 millones de ecus. 
En cuanto al resto, espero que hayamos finalizado nuestra labor en las próximas dos semanas. 
Debemos tratar esto con toda seriedad, porque la Comisión es responsable de su ejecución posterior. 
No queremos que vuelvan a surgir los mismos problemas que nos han conducido a este caso judicial. 
No estoy del todo convencida de que los Comisarios Flynn y Bonino estén de acuerdo con su interpretación tan restrictiva de la sentencia del Tribunal de Justicia. 
Como muy acertadamente ha dicho, los ámbitos y las líneas presupuestarias en cuestión son los que afectan más de cerca a los ciudadanos y que, casualmente, han sido presentados por los propios diputados. 
Si está intentando mantener el nexo entre el Parlamento, la Comisión, el Consejo y la sociedad, deberá esforzarse por encontrar una rápida solución a todo esto. 
Hay ONGs que están cerrando en estos mismos momentos, porque no pueden asumir nuevos compromisos. 
No pueden firmarse nuevos contratos, etcétera. 
Cuando el Tratado de Amsterdam haya sido ratificado por todos los Estados miembros y entre en vigor, ¿qué opinión le merece la cláusula de unanimidad con respecto a las disposiciones sobre la no discriminación y la exclusión social? 
En virtud del Tratado, podríamos financiar algunas de las líneas presupuestaria para la lucha contra pobreza y la exclusión social, pero seguiremos necesitando la unanimidad. 
Quizá pueda exponernos los datos periciales en materia jurídica de que dispone. 
Puede que sigamos en un atolladero jurídico, a menos que dispongamos de un acuerdo interinstitucional. 
Me temo que se está desviando del tema central. 
El Consejo no aceptó el fundamento jurídico, pero cuando la Comisión decidió ejecutar dicho fundamento jurídico, los diputados al Parlamento atacaron a la Comisión. 
Nuestras decisiones han sido anuladas y debemos acatar la ley. 
Hay muchos ámbitos en el presupuesto que se aproximan mucho a lo que me gustaría hacer, pero en virtud del Tratado y del Reglamento financiero, necesitamos un fundamento jurídico previo y asignaciones en el presupuesto. 
El Tribunal de Justicia ya ha aclarado esa posición. 
No podemos continuar como si las decisiones del Tribunal de Justicia no afectaran al modo de actuar de la Comisión. 
Debemos ser perfectamente claros al respecto. 
Tenemos un margen de maniobra cuando se trata de proyectos piloto, acciones preliminares y acciones autónomas. 
Estamos intentando aclarar todos los casos. 
En el futuro, no quiero encontrarme en una situación en la que el Tribunal de Justicia anule una nueva decisión de la Comisión y, en ese caso, la organización quizá deba devolver los fondos recibidos. 
En esta ocasión ése no ha sido el caso. 
El Tribunal de Justicia ha dictaminado que no debemos devolver los fondos. 
No obstante, si la situación vuelve a repetirse intencionadamente en el futuro, los daños para la opinión pública europea serían desastrosos. 
Reconozco que es importante estar cerca de los ciudadanos europeos; es importante también respetar los tratados sobre financiación, que constituyen el fundamento de la Unión en su conjunto. 
En lo que respecta al Tratado de Amsterdam, cabe pensar en términos de si podríamos o no hacer algo para anticiparnos al nuevo Tratado. 
Éste contiene nuevos artículos sobre el empleo y el capítulo social. 
Estamos celebrando intensas negociaciones al respecto y puedo que ello constituya una base para acciones preliminares. 
En tercer lugar, esta interpretación jurídica ha sido elaborada en la Comisión por nuestros servicios jurídicos y por nuestro departamento de presupuestos, y ha obtenido el apoyo general en la Comisión. 
En el seno de la Comisión no se ha producido ninguna divergencia de opinión política sobre dicha decisión. 
Naturalmente reconocemos que la Comisión tiene que acatar la ley. 
Pero el Comisario ha dicho también que existe un margen para la interpretación. 
Quisiera pedir a la Comisión que demuestre algo de coraje político. 
La Comisión no puede permanecer impasible entre el Consejo y el Parlamento, y limitarse a decir que gane el más fuerte. 
Quiero preguntar específicamente al Comisario, en el caso de una elección entre el artículo 235, que exige unanimidad, y otros fundamentos jurídicos, ¿tiene la Comisión la intención de intentar siempre utilizar el fundamento jurídico que dé prioridad a la codecisión con el Parlamento? 
Es una pregunta muy importante, pero no contribuye a la solución de este asunto. 
El actual problema es si existe o no un fundamento jurídico. 
Como usted sabe, nuestra posición ha sido siempre la de apoyar, en la medida de lo posible, la codecisión en todo el sistema de toma de decisiones. 
No estoy en desacuerdo con el Sr. Brinkhorst sobre su opinión en general. 
Señor Comisario Liikanen, la Comisión está actuando desde el 1 de enero de 1995 y desde esa fecha usted es el responsable del presupuesto. 
Este Parlamento no ha aprobado la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio de 1996 y se ha reservado hacerlo en septiembre. 
Los funcionarios han ido a la huelga porque sus propuestas, señor Comisario, han llegado, por así decirlo, repentina y apresuradamente. 
Ahora nos hallamos ante este caso que, aparentemente, la Comisión sólo descubrió el 12 de junio. 
Al ostentar el poder de iniciativa, según usted, ¿qué responsabilidad tiene la Comisión en este caso? 
Se trata de un caso que, sin duda, pone tanto al Parlamento Europeo como también la imagen de la Unión Europea en una situación muy comprometida, considerando la cuestión de los fundamentos jurídicos, así como el hecho de que la Comisión sabía desde hacía años que era preciso facilitarlos a las Instituciones. 
Qué duda cabe de que el Consejo, en particular, actúa con un serio retraso, sin embargo, quizás habría que achacarle alguna culpa también a la Comisión. 
Señor Comisario, quisiera conocer su opinión al respecto. 
Está en lo cierto, cuando hace esa afirmación. 
Esta Comisión ejerce su mandato desde enero de 1995, y no debemos olvidar que dichas líneas presupuestarias se ejecutaron en 1995. 
Han sido decisiones de la actual Comisión las que han sido anuladas. 
Por ello debemos tomarnos este asunto muy en serio. 
Si hubiera sido de otro modo, diríamos que no ha sido responsabilidad nuestra. 
Pero es nuestra responsabilidad- mía y de todo el Colegio. 
Afirmar que interpretamos la sentencia de manera que todo pueda continuar como antes, iría en contra del Tratado y de todo el espíritu de la Unión Europea. 
Hemos asignado el papel de resolución de conflictos al Tribunal de Justicia, y ahora debemos acatar sus decisiones. 
En algunos ámbitos existe un margen de maniobra, que intentaremos utilizar en lo posible. 
En lo que respecta a nuestras iniciativas, sus colegas de la Comisión de Presupuestos saben que hemos presentado reiteradamente propuestas de cara a encontrar soluciones a este asunto del fundamento jurídico. 
He planteado este asunto todos los años en todos los diálogos a tres bandas que hemos celebrado desde el inicio de la actual Comisión. 
El Sr. Christodoulou, ponente del Parlamento Europeo, ha desempeñado una gran actividad en esta cuestión. 
El Consejo se ha mostrado sumamente indeciso. 
Ahora me preocupa que estemos alejándonos del objetivo del debate. 
Hemos tomado la iniciativa de alcanzar un acuerdo entre las instituciones. 
Hemos presentado propuestas para los fundamentos jurídicos. 
El Consejo no ha aceptado. 
No hemos encontrado ninguna solución sobre un acuerdo interinstitucional, pero la falta de iniciativas no es el problema. 
Existen muchas iniciativas. 
Pero ahora necesitamos una solución. 
Estoy seguro de que sus colegas de la Comisión de Presupuestos y los participantes en el diálogo a tres bandas harán todo lo que esté en sus manos, junto con nosotros, para encontrar una línea que sea aceptable para las tres instituciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo le agradezco que haya despejado con sus palabras algunos de los puntos dudosos que son el motivo de mi pregunta. 
En primer lugar, tiene usted razón cuando insiste en que será preciso actuar sobre la base de la sentencia. 
Mi pregunta se refiere, sin embargo, precisamente a dicha sentencia, concretamente a los puntos 39-42 de la misma. 
La práctica de la Comisión al respecto es fundamentalmente distinta de lo que establece la sentencia. 
Ésta descarta la suspensión de toda una serie de contratos y de pagos en curso. 
La Comisión ha actuado de un modo completamente distinto. Lo ha examinado todo y ahora nos cita una suma de las líneas que ha examinado, pero esto no apacigua la inquietud de la opinión pública. 
Yo quisiera pedirle que despeje esta inquietud con una segunda respuesta que se atenga al sentido literal de la sentencia, en la cual se aplican determinadas categorías. 
En segundo lugar, usted ha manifestado reiteradamente que está trabajando para promover un acuerdo interinstitucional. 
No obstante, a nosotros nos preocupan las bases jurídicas- y, por lo se desprende de los argumentos que acaba de exponer, creo que a usted también deberían preocuparle- y un acuerdo interinstitucional no es una base jurídica en el sentido que exige la sentencia. 
Desde 1994, la política de la Comisión interpreta como no significativa una medida que implica menos de 5 millones de ecus y tiene una duración inferior a dos años. 
El problema es que el Tribunal de Justicia no la aceptó. 
Dice que cantidades pequeñas o una duración corta no son argumentos válidos. 
Por tanto, nuestra posición ha sido cuestionada. 
En segundo lugar, respecto a los fundamentos jurídicos, como he dicho en mi declaración, actualmente tenemos 19 fundamentos jurídicos pendientes de la autoridad legislativa. 
500 millones de ecus dependen de dichos fundamentos jurídicos. 
Necesitamos que sean aprobados. 
En muchos ámbitos no existe desacuerdo sobre el contenido político. 
A menudo existe desacuerdo por motivo de los diferentes procedimientos o comitologías o por el artículo sobre el que se basa el fundamento jurídico. 
Necesitamos una firme voluntad política y una coordinación coherente en el Consejo para lograr que sean aceptados todos ellos. 
El acuerdo interinstitucional es importante para los denominados ámbitos grises. 
Debemos intentar obtener una posición común sobre lo que es " no significativo». 
La posición unilateral de la Comisión no ha sido aceptada por el Tribunal de Justicia. 
Pero si las tres instituciones logran ponerse de acuerdo sobre la interpretación, tendremos una situación diferente. 
El Comisario se encuentra hoy bajo una fuerte presión y el Parlamento ha manifestado una preocupación considerable. 
¿Podría comunicarnos el Comisario cómo responderá el Colegio de Comisarios en pleno a su evidente buena voluntad en esta situación? 
Asimismo, debemos observar que, lamentablemente, los Tribunales de Justicia no son elegidos por referendo y sus miembros no necesitan sentir en sus nucas el aliento caliente de los ciudadanos. 
Muchas ONGs, especialmente en el ámbito de la seguridad y de la protección de menores, no han podido calificarse hasta ahora para ninguna financiación en virtud de las normas previamente en vigor. 
Espero que se dé prioridad a esas organizaciones que no tienen la oportunidad de beneficiarse de los Fondos estructurales cuando se tomen las decisiones en la Comisión. 
Quisiera también preguntar al Comisario qué piensa acerca de la opinión de la Comisión de Presupuestos. 
Esta tarde no se ha hecho ninguna referencia a la misma, pero creo que no se muestra todo lo favorable con nosotros que cabría esperar. 
El Sr. Christodoulou, ponente de la Comisión de Presupuestos, me preguntó acerca del fundamento jurídico y expuso la posición del Parlamento Europeo. 
Sobre la base del diálogo a tres bandas, mi convicción es que no estamos muy lejos de una solución, pero necesitamos que el Parlamento realice un decidido esfuerzo sobre la base de la decisión que se ha tomado, y necesitamos también un esfuerzo del Consejo. 
Si tenemos la base para un acuerdo, la Comisión realizará todos los preparativos técnicos necesarios. 
En lo que respecta a las ONGs, en el futuro, el aspecto decisivo para ellas es que tengamos un fundamento jurídico básico para sus actividades. 
Es lo que venimos proponiendo desde 1995. 
Si el Consejo acepta este fundamento jurídico, habrá vía libre para las acciones externas. 
Las acciones internas necesitarán lo mismo. 
En cuanto a las prioridades políticas del Parlamento, no quiero interferir en las negociaciones entre la Comisión de Presupuestos y las demás comisiones. 
Por último, he recibido personalmente a cada una de las ONGs que ha solicitado verme. 
He hablado con ellas personalmente y les he explicado cuál es la situación. 
Debemos intentar encontrar soluciones que apoyen las prioridades políticas del Parlamento y de la Comisión, pero que sean legalmente coherentes. 
No podemos hacerlo de ninguna otra manera. 
El Comisario ya ha oído la inquietud que existe a lo largo y ancho del espectro político de esta Asamblea acerca de lo ocurrido con los fundamentos jurídicos y las líneas presupuestarias. 
En primer lugar, permiten un acercamiento de esta institución y de la Unión a la población. 
Pero además- al igual que el Comisario- nos encontramos al otro extremo del lobby de las ONGs, de las organizaciones y de las personas que recibían ayuda a través de dichas líneas presupuestarias y que ahora descubren que ya no podrán disponer de ella. 
El Comisario ha dejado claro que el auténtico problema radica en el Consejo, no en este Parlamento ni en la Comisión. 
¿Estaría dispuesto, por consiguiente, a unirse a nosotros en la afirmación de que lo que ahora necesitamos es una línea concertada entre el Parlamento y la Comisión que diga a las ONGs y a la población de la Unión que pueden seguir escribiéndonos, pero que deben dirigir sus inquietudes y sus lobbies al Consejo y a los gobiernos nacionales? 
En esta Asamblea tal vez podamos facilitar direcciones, números de teléfono y de fax de los ministros responsables, al objeto de que puedan sentir la misma exasperación que nosotros. 
Señor Comisario, nos gustaría contar con su apoyo. 
Estoy completamente de acuerdo. 
Es importante que nuestras acciones en la Comisión y el Parlamento vayan dirigidas a los ámbitos en los que radican los problemas. 
Muchos problemas quedan resueltos el mismo día en que el Consejo acepta el fundamento jurídico. 
Lo hemos intentado con la anterior Presidencia y esta noche comenzamos con la Presidencia austríaca. 
Estoy seguro de que esta desagradable crisis ha transmitido la inquietud de los ciudadanos al Consejo. 
Debemos intentar encontrar una solución que reciba el respaldo popular. 
Me alegra que la Comisión haya tomado conciencia de la preocupación existente ante esta situación. 
Preocupación que comparte- y a la vista está- el Parlamento Europeo y ante la que la sociedad civil es muy sensible. 
Y creo que hay que ser coherente con esa preocupación estableciendo medidas transitorias, una vez conocida la sentencia, hasta que exista fundamento jurídico para la aprobación de los distintos reglamentos que desarrollen las acciones previstas. 
La Sra. Green tiene razón en que hay que ejercer presión sobre el Consejo. 
Pero la Comisión Europea también tiene que hacer sus deberes y tiene que dar respuestas concretas a las preguntas que hay sobre la mesa. 
Por ejemplo: ¿qué interpretación hace la Comisión Europea sobre el alcance de las palabras «medidas no significativas» de la sentencia? 
Segunda pregunta: ¿cuál es el curso que la Comisión Europea va a dar a los programas aprobados en el presupuesto de 1998? 
Y tercero... 
(El Presidente interrumpe al orador por haber rebasado el tiempo asignado) 
Ahora intentamos analizar todas las líneas presupuestarias a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia, de manera que tengamos derecho a ejecutar proyectos piloto y acciones preliminares. 
Todas aquellas acciones que cumplan estos criterios pueden ser ejecutadas sin un fundamento jurídico. 
Trabajamos sobre esa base. 
Cuando el Tribunal de Justicia no acepta nuestra interpretación sobre una suma determinada de dinero, no podemos insertar una nueva suma, porque la sentencia dice claramente que una pequeña suma no es condición suficiente para ejecutar una línea presupuestaria por no ser significativa. 
Por tanto, esa base no existe. 
Pero los proyectos pilotos pueden ser pequeños y pueden ser mayores. 
La acción preliminar puede ser pequeña, pero también puede ser mayor. 
El aspecto clave es que debemos intentar realizar un análisis cualitativo de las antiguas acciones, no cuantitativo como se venía haciendo hasta ahora. 
Gracias, señor Liikanen. 
Me pide la palabra el Sr. Telkämper. 
Señor Presidente, yo creo que es usted quien debe responder a la pregunta anterior, en su calidad de Presidente del Parlamento. 
En efecto, no podemos dirigir nuestras preguntas o nuestras quejas a la Comisión, ya que ha habido un desplazamiento de poderes, como resultado del cual la Comisión y el Parlamento se encuentran ahora en la misma posición frente al Consejo. 
Ahora le toca al Parlamento manifestar su posición al respecto. 
Creo que usted ya debe haber observado que el Parlamento ha visto debilitados sus poderes y a nosotros nos corresponde decidir si queremos emprender una iniciativa desde el Parlamento para modificar este desplazamiento de poderes que ha tenido lugar, y yo creo, en efecto, que ha habido un desplazamiento de poderes en favor del Consejo. 
Yo solicito que se incluya este punto en el orden del día de la próxima sesión plenaria de Estrasburgo y que el Parlamento adopte una iniciativa para recuperar nuestros poderes. 
Se trata del Tratado, se trata de la conveniencia de que se establezca tal vez un procedimiento básico de codecisión... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Telkämper, sabe usted que esto no es una facultad del Presidente. Es una facultad de la Conferencia de Presidentes, a la que usted puede plantear el asunto a través de su Grupo político, como cualquier otro diputado lo puede plantear a través de su Grupo político. 
Pero no es el Presidente el que hace el orden del día. Es la Conferencia de Presidentes y, en último término, el Pleno en el momento de aprobar el orden del día. 
Señor Presidente, yo respeto su facultad, como Presidente, de conducir los debates pero quizá, en un debate como éste, si el ponente pide la palabra debería ser uno de los 20 o 30 diputados que pudieran formular una pregunta. 
Señor Colom, este es un debate que está hecho para que todos los diputados tengan iguales oportunidades de pronunciarse, sean ponentes, presidentes de Grupo o cualquier otra causa. 
Y dentro de las limitaciones del Presidente, que son muchas, intenta hacer esto con un equilibrio de nacionalidades, Grupos políticos, etc., etc. En su caso, por desgracia, usted pidió la palabra pero la pidieron otros miembros de su Grupo y, entre ellos, acertada o desacertadamente, tuve que seleccionar a uno. 
Acuerdo Euromediterráneo con Jordania 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación (A4-0165/98) de la Sra. Aelvoet, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la firma y a la celebración del Acuerdo Euromediterráneo con Jordania [COM (97) 0554- C4-0171/98-97/029 (AVC) ]. 
Señor Presidente, hoy vamos a hablar aquí del Acuerdo Euromediterráneo de Jordania con la Unión Europea. 
Este Acuerdo Euromediterráneo se encuentra desde luego en el proceso global que todos hemos denominado el proceso de Barcelona, un proceso que aspiraba- y sigue aspirando, eso espero- a un acercamiento global entre la Unión Europea y los Estados del sur del territorio del Mar Mediterráneo y desde luego también la autoridad palestina. 
Los grandes objetivos del acuerdo eran, por un lado, contribuir a la paz y a la estabilidad en esa región, también intensificar la colaboración económica, para lo cual se había elaborado una perspectiva para comenzar dentro de doce años un acuerdo de libre comercio entre Jordania y la Unión Europea, reforzar la cooperación regional, dar también más oportunidades a la colaboración social y cultural en un contexto organizado y, por último, naturalmente, hacer posible también el acceso de Jordania a la financiación de la MEDA. 
Hasta ahora, desde la puesta en marcha del proceso de Barcelona, ya se han firmado cuatro acuerdos de asociación semejantes con Israel, con Túnez, con Marruecos y con la Autoridad Palestina. 
Con bastante pesar en este momento debemos constatar que el proceso de paz en Oriente Medio se ha estancado, se ha estancado del todo. 
De eso recibimos pruebas todos los días y, naturalmente, esto representa un impedimento muy grave para la intención original del proceso de Barcelona, que precisamente quería dar más oportunidades a la paz. 
Se ha hecho un esfuerzo en el mes de junio, en Palermo, para dar un nuevo impulso a este proceso convocando una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión y de los Estados candidatos, pero por supuesto son los hechos los que determinan hacia dónde se va y no sólo las reuniones. 
Una reunión puede conformar un hecho pero no puede ser un contrapeso si todos los demás elementos de una realidad siguen apuntando hacia otra dirección y, por tanto, en lo que a eso respecta la situación en Israel puede calificarse en este instante de más que alarmante. 
En lo que respecta a Jordania, la propia realización del acuerdo hace mucho tiempo que ha quedado pendiente. 
Eso tiene que ver sobre todo con el hecho de que en este caso un solo país, España, ha empezado a llevar muy fuertemente la contraria después de que el acuerdo original ya hubiera sido rubricado, porque España era de la opinión de que una cláusula determinada era demasiado desfavorable para la situación en el mercado de los tomates españoles ante la posible importación de tomates jordanos, lo que finalmente ha conducido a la modificación de la cláusula con un aumento de la cuota de concentrado de tomate y frente a eso Jordania debía entonces permitir una revisión global de la cuota. 
Una penosa ilustración de cómo un proyecto que tiene la intención de dar forma a una política exterior de la Unión Europea puede tropezar finalmente con un par de cajas de tomates. 
En realidad, no es una cosa para alegrarse. 
Pero visto de modo concreto, si examinamos la propia situación en Jordania en este momento, es cierto que en el plano económico la situación global sigue siendo débil. 
También aquí hay que decir de nuevo que la economía jordana, junto con la palestina, sufre muy fuertemente el estancamiento del acuerdo de paz. 
Todos aquellos que en el Parlamento Europeo abogan tan a menudo por la comprensión de la situación en Israel deberían ponerse a mirar alguna vez al otro lado para ver cómo se estancan todas las iniciativas económicas por el hecho de que no existe la posibilidad de pasar las fronteras con fluidez y que sólo hay dos puentes que pueden utilizarse en una u otra dirección, que hay un control por parte de Israel desde por la mañana muy temprano hasta bien entrada la noche, de tal manera que el país que ha tenido el valor político de firmar un acuerdo de paz político en 1994 con Israel ahora tiene que pagar un precio económico muy elevado y, por tanto, no recibe el pago que había esperado por el valor político que han manifestado de manera efectiva. 
En lo referente a la situación de la democracia está claro que Jordania no responde a los criterios máximos de una democracia con buen funcionamiento. Realmente no. 
La situación en este momento está incluso empeorando en cierto sentido. 
Pero si se compara con la situación media de diferentes países de esa región, entonces Jordania lo está haciendo relativamente bien. 
Por tanto, creo que el Parlamento Europeo, tal y como lo he propuesto en mi informe, haría bien en plantear muy ajustadamente los problemas que hay y desde ahí abogar por una aprobación del acuerdo de cooperación, pero al mismo tiempo decir también: debemos vigilar la situación de la democracia y de los derechos humanos y utilizar en realidad este acuerdo para imponer en ese plano más progreso, porque debe mejorar. 
Señor Presidente, yo quisiera agradecer ante todo a la señora Ponente su propuesta y también su exposición. 
Coincido absolutamente con ella en que Jordania no es un país en desarrollo tradicional, pero a la vez es un país que durante largo tiempo no puede decirse que haya estado en el punto de mira de la Unión Europea. 
Sin duda- y en esto también coincido con la Ponente -, dicho país tampoco figura entre los alumnos aventajados en lo que respecta a la democracia y los derechos humanos, pero aun así sería una satisfacción que otras regiones del mundo y los países en desarrollo clásicos pudiesen alcanzar el nivel que ha conseguido Jordania, y que desea seguir mejorando en su propio interés. 
La democracia y los derechos humanos son temas en que los siempre hacemos hincapié en el marco de la cooperación con otros países. 
Precisamente la colega Aelvoet trabajó también este tema en el contexto del Tratado de Amsterdam y del Convenio de Lomé, con vistas a la inclusión de la democracia y los derechos humanos entre los criterios generales de la cooperación. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación se congratula, por lo tanto, de que así se establezca en el artículo 2 del Acuerdo. 
Otro punto que también acogemos con gran satisfacción es que se haya tomado en consideración una posible cooperación interparlamentaria, que sin duda también será significativa en el marco del Foro Parlamentario, como parte del proceso de cooperación euromediterránea. 
En efecto, ahora mismo nos estamos preparando para celebrar el primer encuentro de dicho Foro y, en este sentido, Jordania gozará de una posición de partida favorable para insuflar vida al Acuerdo. 
Señor Presidente, aunque el número de Acuerdos Euromediterráneos crece constantemente no puedo ocultar que nuestras ambiciones en tiempos de Barcelona eran considerablemente mayores de lo que ahora observamos en la práctica, sobre todo en la parte oriental de la cuenca mediterránea. 
El estancamiento del proceso de paz tiene aquí la culpa en gran medida. 
Una buena marcha de ese proceso de paz debía ser la base de una mayor colaboración económica entre los países de esta región, en la que la Unión Europea prometió desempeñar un importante papel de apoyo. 
Un nuevo acuerdo de colaboración con Jordania habría obtenido también, naturalmente, un lugar importante. 
Ahora que desgraciadamente todo ha transcurrido de otra forma, debemos dar la bienvenida con alegría al nuevo acuerdo con Jordania. 
Además del significado económico real tiene una importante función simbólica. 
Jordania es un país con una visión a largo plazo. Sabe que su destino estará unido con la suerte de Israel y Palestina. 
En el proceso de paz quiere ser un factor positivo, así que será una parte importante en las posteriores conversaciones. 
Por este acuerdo la UE es también indirectamente un factor positivo. 
Tenemos en común con Jordania que queremos tener estrechos vínculos, y de hecho también los tenemos, con Israel y la autoridad palestina. 
Sobre todo el hecho de que la Unión Europea sea quien mayor ayuda presta a los territorios palestinos, subraya nuestro compromiso con el futuro de toda la región. 
El acuerdo es multilateral y ambicioso. 
En doce años la Unión Europea y Jordania tendrán que haber conformado un territorio de libre comercio. En esto deberá participar también sustancialmente el sector agrícola. 
No tiene ningún sentido negar que semejantes acuerdos generarán problemas para la Unión Europea en lo que respecta a los productos de horticultura. 
Estamos dispuestos a profundizar en los años venideros nuestras relaciones con los países mediterráneos en el terreno de la agricultura. 
Pero igual que con nuestros propios productos de la UE, debemos aspirar también a que nuestros socios mantengan saludable el desarrollo del mercado en el sector de las verduras, las frutas y las flores. 
Porque las ambiciones en torno al territorio mediterráneo son muy grandes en esos sectores, de hecho demasiado grandes. 
En este sector de la agricultura confiamos en poder seguir desarrollando una colaboración justa y sensata. 
Señor Presidente, me gustaría dar la bienvenida a este Acuerdo de asociación con Jordania, acuerdo que ha tardado mucho tiempo, como decía la ponente, Sra. Aelvoet, en gestarse. 
Quisiera decir que nuestro Grupo, el Grupo Socialista, va a traducir su satisfacción por la llegada de este acuerdo en un voto positivo a la propuesta que nos hace la ponente de dar dictamen conforme al Acuerdo de asociación. 
Y quisiera aprovechar para expresar que nos preocupa que, a partir de ahora, la ratificación necesaria por parte de los Estados miembros de la Unión Europea tarde otros cuantos años en efectuarse, retrasándose así de nuevo la aplicación de este Acuerdo Euromediterráneo. 
Jordania es un país que optó en su momento por la paz y es un país que está en una región y en una situación difícil. 
Jordania debe demostrar a su opinión pública los beneficios de la paz por la que apostó. 
Jordania es un país que ha tenido una actitud constructiva en el proceso de diálogo firmado en Barcelona y que ha continuado después. 
Y la cooperación financiera y económica que puede resultar de este Acuerdo es importante para la evolución política de este país. 
En relación con la agricultura, sector que ha motivado la tardanza en llegarse a un acuerdo con Jordania, debemos aceptar su inclusión en este espacio de libre cambio y encontrar fórmulas más rápidas de cooperación al respecto. 
El presente Acuerdo incluye también un diálogo político y un diálogo parlamentario que nosotros hemos pedido numerosas veces. 
Y en octubre, en esta misma sede, tendrá lugar un diálogo multilateral entre los parlamentos de la región y el Parlamento Europeo. 
Y yo creo que va a ser importante que este acuerdo, como los demás, esté ya firmado en ese momento. 
Se incluye también en el Acuerdo el seguimiento de la observancia de los derechos humanos y el apoyo a la democratización. 
La situación en este terreno no es perfecta. 
Estamos preocupados no tanto por la situación de los derechos humanos- que, como ya han dicho aquí los oradores que me han precedido, se puede comparar con otras zonas del mundo- sino por una cierta tendencia al empeoramiento de la situación por lo se refiere a los derechos políticos- al derecho de reunión, al derecho de asociación, a la libertad de los electos para ejercer sus misiones, etc.-, y queremos que mejore. 
Pero queremos firmar este Acuerdo precisamente para poder hacer eso: para poder ejercer un buen papel en el seguimiento del que hablaba en relación a los derechos humanos para ayudar a la democratización. 
Reitero, pues, nuestra voluntad de votar a favor de la propuesta de la ponente y espero solamente que los jordanos no tengan que esperar otra generación para ver ratificado por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea este Acuerdo de asociación, deseo que transmito también en relación a los otros acuerdos que nacen de Barcelona. 
Señor Presidente, Señorías, estimados colegas, la conclusión del Acuerdo con Jordania se debe valorar positivamente, ya que éste constituye una prueba de que la Unión Europea puede celebrar con otros países- y también con los de la región mediterránea, en particular, como en este caso- acuerdos que se sitúan por debajo del umbral de la adhesión. 
Yo creo que éste también puede y debe ser el enfoque futuro. 
No podemos intensificar la cooperación únicamente cuando se prevea una adhesión a la Unión Europea como culminación del proceso, sino que tenemos que encontrar otras vías. 
El presente Acuerdo constituye una muestra de cómo se pueden llegar a establecer unas relaciones estrechas en el marco de un acuerdo. 
En la actualidad ya existen también acuerdos de este tipo con Túnez, Israel y Marruecos, y el nuevo Acuerdo forma parte, en este sentido, de la política mediterránea de la Unión Europea. 
En efecto, desde 1977 ya manteníamos un Acuerdo de cooperación con Jordania y ya se habían firmado cuatro Protocolos financieros complementarios en el marco del mismo. 
Después de un período de transición, el proceso deberá culminar con la creación progresiva de una zona de libre cambio. 
A mi parecer, se trata de un paso importante para avanzar hacia la creación de una zona euromediterránea de libre comercio, tal como es nuestro deseo y nuestro objetivo. 
Los demócrata cristianos del Parlamento Europeo, el Grupo del Partido Popular Europeo, siempre hemos apoyado e impulsado positivamente este empeño, y yo quisiera volver a recalcarlo con toda firmeza en este momento. 
También existen, no obstante, algunos aspectos criticables en relación con Jordania, que tampoco debemos silenciar en un día como hoy. 
La ponente se ha referido brevemente a ellos al principio de su intervención, pero en su informe no quedan tan claros como, en mi opinión, habría sido de desear. 
Yo creo que es preciso mencionar dos cuestiones. Por un lado, las leyes de prensa restrictivas que existen en Jordania- tal es su nombre- y sobre todo, por el otro lado, la prohibición de cualquier tipo de reunión política. 
Yo pienso que el proceso de diálogo con Jordania puede ser también un camino para empezar a hablar de estas cuestiones. 
Estos temas pueden discutirse ahora en el marco de dicho diálogo político, con vistas a que se establezcan unas condiciones democráticas, tal como es nuestro deseo y de conformidad también con las condiciones que exige la UE cuando suscribe un tratado, al menos en la fase final del mismo. 
Yo acojo con satisfacción la celebración del Acuerdo y que también se hayan alcanzado soluciones en el marco de los compromisos comerciales y técnicos, ya que pienso que tenemos que apoyar especialmente a Jordania, que siempre ha sido un socio fiable precisamente en Oriente Medio y que también contribuye a la estabilización de dicha región. 
¡Y aguardo con ilusión el diálogo entre el Parlamento Europeo y los jordanos! 
Señor Presidente, considero unos vínculos más estrechos con Jordania un apoyo natural para los acuerdos que ya se han ratificado con Israel y la autoridad palestina, pero en el conjunto del Oriente Medio nos olvidamos claramente de Siria y Líbano. 
Eso no avanza. 
Pero sobre todo echo de menos a Egipto. 
Llevo ya tres años como ponente para Egipto, pero las conversaciones siguen estancadas- debo decírselo- en dos puntos: productos agrarios y derechos humanos. 
Esos productos agrarios, la Sra. Aelvoet ya lo ha dicho, un acuerdo no puede seguir dependiendo de un par de cajas de tomates. 
Yo diría también en relación con Egipto: demos a Egipto una justa cuota de exportación. 
En relación con los derecho humanos es algo más complicado, pero no es necesario que entre en el tema aquí. 
La Comisión ha negociado muy duramente con Egipto y ahora está realmente al final de su mandato. 
Por tanto, apelo al Comisario a que venga a informarnos aquí tan pronto como sea posible de cómo está la situación. 
Pero sobre todo apelo a Viena desde el primer día de la Presidencia austriaca para que pida a todos los Estados miembros que aceleren este acuerdo con Egipto, porque no podemos olvidar que el primer país en Oriente Medio que tuvo el valor de iniciar un proceso de paz con Israel ahora sería uno de los últimos que podrían firmar los acuerdos. 
Espero que en el futuro el Consejo no dirija exclusivamente la atención a la ampliación, sino que en la abundancia de los temas que debe tratar quiera también hacer un llamamiento sobre todo a los Estados miembros para que lleven a un buen término el acuerdo con Egipto. 
Ya tenemos resultados extraordinariamente positivos con otros países con los que tenemos acuerdos. Me refiero a Marruecos. 
Con regularidad me encuentro a parlamentarios marroquíes fuera de las relaciones institucionales en este Parlamento, con los que podemos discutir sobre diversos asuntos. 
Así me gustaría que fuera también con Egipto y, desde luego, con Jordania. 
Felicito a la Sra. Aelvoet, porque ha trabajado duro para mantener fuera de casa esas cajas de tomates. 
Señor Presidente, el Grupo liberal se alegra de la ratificación de este acuerdo con Jordania. 
La Unión hace bien en continuar con esta política mediterránea en el marco del proceso de Barcelona. 
Las complicaciones como consecuencia del estancamiento del proceso de paz no nos deben desviar de ese camino. 
Jordania es un país importante en ese contexto. 
A pesar de la ocupación de una parte del territorio jordano por Israel en 1967, Jordania estuvo dispuesta a firmar un tratado de paz. 
Da muestras de muy buena voluntad. 
El rey Hussein se ha ganado justamente mucho crédito. 
Desde la ocupación israelí, también desde esa época, Jordania ha seguido siendo durante muchos años el protector de Cisjordania. 
Además, Jordania tiene grupos muy grandes de refugiados palestinos dentro de sus fronteras. 
A pesar de todas estas complicaciones, Jordania es una de las pocas democracias en la región. 
Se debe promover una mayor democratización porque las mejoras son posibles y necesarias. El colega Konrad lo ha dicho ya: en el terreno de la libertad de prensa y en el terreno de la formación de partidos. 
Si Jordania hubiera estado en África creo que ahora tendríamos un texto muy diferente ante nosotros y, evidentemente, no habría habido ningún acuerdo. 
Por ello me parece muy justo que el acuerdo entre la Unión y Jordania tenga también una cláusula relativa a la democracia y a los derechos humanos. 
Espero que nosotros también nos atengamos estrictamente a ella. 
En la actual situación explosiva en Oriente Medio se deben promover a través de este acuerdo también las perspectivas para una paz duradera. 
Confío en que este acuerdo contribuirá a que la población de Jordania tenga más expectativas en el progreso económico y también contribuirá a que el país siga promoviendo la reconciliación y la paz. 
Por eso, el Grupo liberal aprueba este acuerdo y aprueba también mis felicitaciones a mi colega y amiga Magda Aelvoet. 
Señor Presidente, Señorías, aprobamos el principio de este informe y de la mejora de los vínculos entre la Unión Europea y Jordania. 
Sin embargo, quisiera rendir aquí homenaje al rey Hussein, homenaje que él se merece por los largos años durante los cuales, en medio de las peores dificultades, supo dar muestras de sabiduría y supo trabajar en favor de la paz, dividido como estaba- al igual que su país- entre fuerzas poderosas, ya que, como en el caso del Líbano, Jordania ha padecido desgracias debido a la creación del Estado de Israel, a través de la presencia en su territorio de numerosos refugiados palestinos que, a veces, han podido tener tendencia a comportarse como en una tierra conquistada, olvidando sus propias desgracias y haciendo soportar otras semejantes al pueblo que les acogía. 
Este informe es demasiado crítico porque, en definitiva, vemos que se dice aquí que la situación de los derechos humanos dista de ser perfecta en Jordania, pero ¿en qué estado vive la región? 
Se denuncia mucho menos lo que ocurre en el país que está al lado. 
Sin embargo, la prensa del día nos habla de que se han producido concentraciones gigantescas en la propia Jerusalén, en presencia del Sr. Netanyahu y se han proferido gritos del tipo: " Muerte a los árabes». 
Curiosamente, los que valoran estas posiciones extremistas en Israel son los mismos que, a veces, quisieran darnos lecciones, cuando nosotros nos contentamos con querer que se respeten los principios fundamentales de soberanía de nuestro pueblo. 
Los árabes están en su casa en ese país; los palestinos están en la suya, y la política de conquista y de expulsión de los palestinos y de los árabes que se practica en Jerusalén es un auténtico desastre. 
Se nos habla aquí de la libertad de prensa, pero antes examinemos por favor nuestra propia realidad, pues tampoco en nuestros países tal libertad existe. 
Una gran periodista de nuestro diario francés "Le Figaro» y editorialista en la" Tribune juive» , antigua estalinista- sabía pues de lo que hablaba- de vuelta ya de sus errores de juventud, hablaba de la intolerable policía judía del pensamiento al referirse a ciertas leyes. 
Nosotros tenemos leyes que prohíben la libertad de pensamiento, la libertad de escribir, así que ¿cómo nos atrevemos a condenar en Jordania, en un contexto de guerra, lo que no somos capaces de hacer respetar en nuestros propios países, donde reina, en efecto, una intolerable policía del pensamiento. 
Pero, como de costumbre, cuando la verdad está a orillas del Jordán los errores están orillas del Sena. 
En cuanto a la política de librecambio, tendríamos algunas matizaciones que aportar a este concepto, que seguimos sin compartir, pero en términos globales, mediante la aprobación de este informe, queremos subrayar la mejora que se ha de aportar a nuestras relaciones con Jordania. 
Señor Presidente, yo también considero el informe de la Sra. Aelvoet un excelente informe y el acuerdo con Jordania un acuerdo positivo, también porque se han resuelto algunos problemas en materia de producción agrícola que lo bloqueaban. 
Sin embargo, en todos estos acuerdos se presenta un problema: o se retrasa la negociación o se impide su ratificación después de su firma. 
Cuando no es un Estado miembro, es otro el que plantea problemas: es así, en el primer caso, para Egipto, en que el acuerdo está todavía pendiente, o en el caso de Marruecos, en que el acuerdo se ha celebrado hace dos años y, sin embargo, no se ha ratificado. 
¡No puede ser! 
Como Parlamento Europeo, fue un acierto adoptar una posición hace un mes, así como instar a la Comisión y al Consejo a que, a su vez, reiteraran a los Estados miembros sus responsabilidades. 
De lo contrario, es demasiado absurdo pretender relanzar la estrategia mediterránea para luego bloquear los acuerdos con los diferentes países del Mediterráneo. 
Eso es demasiado contradictorio. 
Por ello, una vez más tenemos que hacer hincapié en este punto. 
Jordania es un país influyente en el panorama de Oriente Medio; no hay duda de que tiene algunos problemas económicos y sociales e incluso de democracia plena, sin embargo, como decía la Sra. Terrón i Cusí, respecto a otros países, se garantizan las libertades y los derechos fundamentales, así como cierta convivencia entre religiones. 
Debemos vigilar a fin de que esta situación no sufra un retroceso, mejor dicho, avance gradualmente. 
Este aspecto es, a mi entender, muy importante. 
Tenemos que relanzar- ésta es la ocasión para decirlo- el diálogo político parlamentario. Será muy significativo si logramos que tenga lugar a finales del mes de octubre el primer Foro interparlamentario entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, así como aprovechar esta ocasión. 
En consecuencia, debemos relanzar el diálogo interparlamentario, en general, y el diálogo euromediterráneo, en particular. 
La reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los días 3 y 4 de junio sirvió para ello y creo que puede ayudar a la IIIª Conferencia Euromediterránea. 
Está en juego sobre todo la cuestión del proceso de paz. 
Los palestinos, como saben sus Señorías, han declarado que aceptan el plan americano, el Gobierno israelí, en cambio, no, aún no. 
Esto crea una situación extremadamente difícil. 
Algunos periódicos de hoy publican una entrevista con el Presidente Arafat que con honda preocupación dice cosas muy alarmantes: denuncia un asedio, un estrangulamiento de los territorios palestinos por parte de Israel, una situación que no puede aceptarse por más tiempo y que sólo puede generar desesperación y ante todo impedir el desarrollo y la salida de la pobreza, una situación que es una especie de embargo. 
La entrevista termina con un llamamiento muy serio y urgente a la Unión Europea que, por sí sola, puede contribuir a romper el asedio. 
Se trata de un llamamiento muy firme a nuestras responsabilidades. 
Debemos decirles a todos que no se puede jugar contra la paz, pero, sobre todo, que no se puede mantener esta región en una situación de marginación, de pobreza y de retraso. 
Entiendo que esto les interesa a algunos que hoy son los más fuertes e influyentes, pero no a todos los pueblos ni tampoco a la Unión Europea y, por lo tanto, debemos recordarles a todos su sentido de la responsabilidad con vistas a la conclusión de este proceso de paz. 
Señor Presidente, Señorías, este acuerdo sigue a la conclusión de dos acuerdos de asociación similares con Túnez, Marruecos, Israel y la Autoridad Palestina en el marco del nuevo partenariado euromediterráneo. 
Con este acuerdo se crean las condiciones necesarias para establecer, tan pronto como lo permita la situación política, el núcleo de un futuro espacio económico integrado en el Oriente Medio y en el norte de África. 
Al establecer esta red de acuerdos basados en disposiciones similares, la Comunidad pretende crear un espacio euromediterráneo de prosperidad económica e incentivar el desarrollo de las relaciones económicas Sur/Sur, esenciales para la paz y la estabilidad en la región. 
Esperamos que el nuevo acuerdo propicie una renovación profunda de nuestras relaciones bilaterales con este país. 
La Comisión es consciente de que el establecimiento gradual del comercio libre con la Comunidad representa un enorme empeño para la economía y la sociedad jordanas. 
En este marco, aunque la Comunidad tan sólo pueda funcionar como catalizador de los esfuerzos de la sociedad jordana, no dejará de prestar asistencia técnica y financiera, en el ámbito de los instrumentos existentes, para apoyar los ajustes que Jordania deberá llevar a cabo necesariamente. 
La Comisión se congratula muy en particular de la plena aceptación por Jordania de las disposiciones en materia de respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos fundamentales, así como de la lucha contra la inmigración clandestina. 
Por último, la Comisión desea felicitar al Parlamento Europeo, y en particular a la Sra. Aelvoet, por el excelente trabajo realizado en el ámbito de las comisiones que han analizado el acuerdo. 
Esperamos una rápida conclusión de los procedimientos de ratificación por los parlamentos de Jordania y de nuestros Estados miembros a fin de que el acuerdo produzca sus efectos positivos lo más rápidamente posible. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Medio ambiente urbano- Ordenación del territorio 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0177/98 de la Sra. Pollack, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el refuerzo de la política comunitaria sobre el medio ambiente urbano; -A4-0172/98 de la Sra. Napoletano, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la Comunicación de la Comisión: » Hacia una política urbana para la Unión Europea» (COM (97) 0197- C4-0235/97) ; Ponentes para opinión: (Procedimiento «Hugues» ): Las Sras. 
A4-0206/98 del Sr. Novo Belenguer, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la ordenación del territorio y la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial. 
Señor Presidente, en el excelente Libro Verde de la Comisión de 1990, se inició un análisis del medio ambiente urbano en Europa, junto con los parámetros de un enfoque general a nivel europeo, y tratamos sobre ello en mi informe de 1991. 
Llegan de la Comisión nueva iniciativas en la forma de la Comunicación hacia una política urbana que analizaremos más tarde en este debate. 
El objetivo de mi nuevo informe es hacer balance de lo sucedido desde entonces y proponer vías por las que poder avanzar para reforzar el desarrollo de la política de medio ambiente en la Unión Europea para zonas urbanas. 
Hemos recorrido un largo camino desde que surgió el concepto de la Europa de los ciudadanos, y sin embargo, la mayoría de nuestros ciudadanos no perciben que nuestras acciones afecten a sus vidas. 
Soy del parecer que muchos factores que conforman el medio ambiente urbano son precisamente aquéllos en los que deberíamos poder conectar más estrechamente con la población. 
El desarrollo de políticas, sin embargo, debe hacerse a partir de cero, con la participación de las ONGs, de mujeres, de hombres, de personas de edad avanzada y jóvenes, así como de los interlocutores sociales. 
Si realmente queremos fomentar el papel de las ciudades como generadoras de prosperidad y crecimiento económico, y combatir la infrautilización de los recursos humanos, un componente integral de nuestro trabajo debe ser la mejora tangible del medio ambiente urbano. 
No puedo hacer suficiente hincapié en el hecho de que el desarrollo social y económico va unido a un medio ambiente mejor y a una mejor calidad de vida en nuestras ciudades. 
¿Cuáles son nuestros objetivos europeos para nuestras ciudades? 
Aún no he percibido una respuesta clara de la Comisión. 
Está claro que los principales ingredientes de la calidad de vida son la salud, un lugar seguro y agradable para vivir, un puesto de trabajo y una variedad de experiencias culturales. 
En Europa estamos orgullosos de nuestras ciudades, grandes y pequeñas, en las que durante muchos siglos han prosperado nuestra cultura, civilización y democracia. 
Y sin embargo, esas mismas ciudades son escenario de un gran desequilibrio entre ricos y pobres. 
La pobreza, el racismo, el desempleo, la enfermedad, el crimen, los atascos de tráfico, el ruido y la contaminación atmosférica aceran las vidas de demasiadas personas. 
¿Dónde está entonces nuestra visión? 
Aunque celebramos lo bueno de nuestras ciudades como la cultura, etcétera, tenemos el deber de contribuir a solucionar lo malo. 
Digo contribuir, señor Presidente, porque no es algo que la UE pueda o deba solucionar por sí sola. 
Está claro que una buena parte de la tarea debe recaer en las autoridades locales, regionales y nacionales. 
En primer lugar, quisiera rendir homenaje al trabajo del grupo de expertos en medio ambiente urbano y a la Campaña europea en favor de las ciudades sostenibles. 
Ambos han contribuido enormemente al desarrollo de la política de medio ambiente, a fomentar la concienciación y las acciones reales que han tenido lugar durante los últimos años. 
Es fundamental garantizar su mantenimiento y que no debamos preocuparnos por su futuro en cada presupuesto anual. 
Además deben preverse los recursos adecuados para el desarrollo de un enfoque integrado en materia de medio ambiente urbano, y que se mantenga el apoyo a los planes de colaboración en las mejores prácticas. 
La degradación del medio ambiente en nuestras ciudades está tan extendida como el problema de la falta de cohesión social. 
Sabemos que las personas más pobres y más desfavorecidas socialmente suelen vivir en las zonas más contaminadas. 
Esto, a su vez, afecta a su salud, en particular, a los miembros más débiles de la sociedad, como las personas de edad avanzada y los niños. 
Y ello repercute sobre toda la población urbana, ya que la baja calidad de vida, los altos índices de criminalidad y la contaminación llevan a los empresarios a abandonar la ciudad, con el consiguiente empeoramiento de la calidad de vida, incluso en las zonas más favorecidas de la ciudad. 
Gracias a la inclusión de la salud pública en el Tratado de Amsterdam, la nueva regulación de los Fondos estructurales incluirá iniciativas sobre cómo combatir los niveles de contaminación nociva para la salud. 
Nos espera una importante tarea, y la coordinación en la Comisión sigue siendo insuficiente para hacer frente a los problemas de medio ambiente urbano. 
Reconozco que existe un grupo de trabajo interservicios, pero creo que necesita ser mejorado hasta convertirse en una unidad interdepartamental con un mecanismo ideado específicamente para proporcionar información. 
En las distintas políticas no contamos actualmente con una visión claramente articulada sobre un futuro urbano sostenible. 
Tampoco disponemos de fondos destinados principalmente a la mejora del medio ambiente urbano. 
Está claro que algunas de las tareas en un futuro próximo deben ser una auditoria adecuada de sostenibilidad y el desarrollo de indicadores comparables de sostenibilidad. 
Esto debe ir de la mano de una amplia difusión de mejor información sobre el estado del medio ambiente urbano europeo y de un programa continuado de planes piloto. 
Una de las principales iniciativas de estos últimos años ha sido la proliferación de planes de la Agenda local 21. 
Dar prioridad a la sostenibilidad en nuestros esfuerzos en áreas urbanas es la clave del éxito para las acciones en el futuro, y necesitamos el apoyo ininterrumpido para las organizaciones de la Agenda 21. 
La sostenibilidad no sólo consiste en la necesidad de frenar la degradación del medio ambiente y el desequilibrio ecológico, y evitar el empobrecimiento de futuras generaciones. 
Consiste también en la necesidad de una buena calidad de vida y de igualdad entre las generaciones actuales; un modelo urbano que excluya un componente medioambiental importante será incapaz de lograr esto. 
Acojo con satisfacción la noticia de que en noviembre se lanzará en Viena un programa de acción encaminado a proteger el medio ambiente urbano. 
Debemos intentar garantizar que la flexibilidad forma parte de estos planes de acción, al objeto de que puedan aplicarse a todas las áreas urbanas y que no se limiten a zonas restringidas. 
Si avanzamos en esta dirección, creo que podremos comenzar a desarrollar nuestras ciudades para que se conviertan en lugares de creatividad y realización para futuras generaciones. 
Señor Presidente, Señorías, creo que esta resolución representa un punto de partida para nuestro Parlamento, puesto que la Comunicación de la Comisión Europea tiene el gran mérito de haber implementado, por primera vez, un debate sobre la cuestión urbana en una óptica global, de conjunto. 
Considero que esto es importante porque, hasta la fecha, nos hemos ocupado de las ciudades, sin embargo, lo hemos hecho sólo cuando hemos abordado políticas sectoriales. 
Por otra lado, en su documento, la Comisión parte de la constatación de que el 80 % de los ciudadanos europeos vive en las ciudades; las ciudades son el lugar donde se han producido los mayores cambios económicos y sociales en estos últimos años, las ciudades deben hacer frente a los procesos de globalización económica que con frecuencia alteran sus economías. 
Las ciudades, en consecuencia, son el lugar donde existen las mayores contradicciones: son el lugar donde hay más riqueza- de hecho y se registra el mayor nivel de producto interior bruto comunitario -, pero son también el lugar donde conviven la mayor pobreza y el otro fenómeno tal vez todavía más grave de la exclusión. 
Todo esto, por lo tanto, lleva a la Unión a mirar con atención y preocupación los desarrollos de esta situación y de estas políticas. 
La política europea, no obstante, no ha sacado aún todas las consecuencias de este análisis. 
Si se me permite emitir un juicio, evidentemente positivo sobre la Comunicación de la Comisión, es que la misma adolece de una profundización en la elaboración y definición de los problemas, así como de una escasa coherencia en cuanto a establecer cuáles deben ser los instrumentos para intervenir más eficazmente. 
Diré enseguida que este discurso no es simple, habida cuenta de que los instrumentos se encuentran diseminados entre las distintas políticas y, por consiguiente, la política más visible, desde el punto de vista del impacto en la ciudadanía, es la de cohesión. 
Debemos, sin embargo, estar atentos a no cargar sobre la política de cohesión la responsabilidad de asumir lo que las demás políticas tendrían, en cambio, que fijarse como objetivo. Me refiero a la política ambiental y de investigación, sin olvidar la política agrícola, porque las ciudades son el lugar donde se concreta la relación entre productores y consumidores, una relación a menudo bastante crítica y basada en una desproporción entre la posibilidad de control y de participación. 
Creo, sin embargo, que nos encontramos en un punto interesante de nuestra labor, el punto en que tendremos que relacionar diferentes instrumentos con diferentes caminos. Personalmente, considero que hemos hecho bien en organizar este debate junto con el debate sobre la ordenación del territorio, que va a ser objeto de la intervención del Sr. Novo Belenguer, puesto que las ciudades se ubican en un territorio y, por lo tanto, es impensable una política urbana desvinculada de la política territorial. 
Por último, tendremos que abordar enseguida la reforma de los Fondos estructurales y la Agenda 2000 que es un dossier prioritario, el más importante y, en este sentido, pedimos a la Comisión, a través de este informe, que sea más coherente con respecto a las políticas sobre las ciudades. 
Está muy bien haber incluido un capítulo urbano en el Objetivo 2, pero está muy mal proponer la supresión del programa URBAN que no está en absoluto en contradicción con dicho objetivo. Del mismo modo, es importante que también en el Objetivo 1 y el programa INTERREG, así como en el Objetivo 3 que precisamente atañe a la formación y al empleo, se preste una mayor atención al impacto de estas políticas en las ciudades y sobre todo que exista la conciencia de hacer participar a las autoridades locales electas, los alcaldes, en ésta política que es una política importante, y en la que nos jugamos muchas de las apuestas que, como Unión, queremos realizar en este momento, empezando por la del empleo. 
Señor Presidente, este informe de iniciativa sobre la ordenación del territorio y la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial se inscribe en el marco de los trabajos llevados a cabo por los gobiernos de los Estados miembros del Comité de Desarrollo Espacial. 
Estos trabajos dieron lugar los días 9 y 10 de junio de 1997 en Noorwijk, bajo Presidencia holandesa, a un primer proyecto oficial de la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio. 
Este primer proyecto consideró que no se han tenido en cuenta todavía, ni en el nivel nacional ni en el nivel europeo, los tres principales aspectos que definen la ordenación del territorio: el aspecto espacial, centrado fundamentalmente en la localización de hombres, actividades y equipos; el aspecto económico, social y cultural, centrado en el empleo y en la búsqueda de trabajo; y el aspecto centrado fundamentalmente en la protección del medio ambiente. 
El informe que hoy debatimos se centra en el contenido de las cuatro partes de este primer proyecto de perspectiva y cuyo espíritu viene recogido específicamente en su primera parte, al definir el objetivo de la ordenación del territorio. 
Objetivo basado en el principio, que desde siempre y en repetidas ocasiones hemos defendido desde este Parlamento, de que una auténtica competitividad equilibrada en todo el conjunto del territorio de la Unión Europea sólo se consigue sobre la base de la cohesión económica y social y el fomento del desarrollo sostenible. 
La segunda parte del documento es la parte analítica del mismo, donde se dejan entrever las dificultades de obtener datos comparativos y armonizados de los distintos Estados miembros de una manera fiable y completa, lo que denota- y así lo especifico también en el informe- la necesidad de la creación del Observatorio europeo para la ordenación del territorio, tal y como se recomendó en el Consejo de Leipzig en 1994, necesitándose una línea presupuestaria que haga viable su financiación. 
La tercera parte del documento es el mensaje político del documento en sí, y en él se define la política europea a seguir para realizar la ordenación del territorio. 
Política, señor Presidente, que considero incompleta al no tenerse suficientemente en cuenta los espacios transfronterizos y transnacionales. 
La cuarta parte del documento hace referencia a la aplicación práctica de la Perspectiva y cuenta con la dificultad de una manifiesta debilidad institucional europea, incapaz de llevarla a cabo. 
A este aspecto he querido darle una especial atención en mi informe. 
Por ello, resalto que se han agotado ya las posibilidades de actuación de la dinámica intergubernamental a este respecto, por lo que, en la actualidad, resulta totalmente imprescindible que la política de ordenación territorial se introduzca, de manera oficial, en el ámbito comunitario. 
Y en este punto quiero recordar la continua reivindicación del Parlamento Europeo de oficializar definitivamente los Consejos de ministros de ordenación del territorio y de constituir en órgano permanente el Comité de Desarrollo Espacial, buscando, además, cauces para la participación activa de las autoridades regionales y locales. 
Pese a ello, existen en la actualidad diferentes instrumentos comunitarios que resultan útiles para aplicar la Perspectiva, como sería, por ejemplo, el caso de las políticas comunitarias incidentes sobre el equilibrio territorial y las políticas estructurales definidas en el artículo 130 A del Tratado, en cuyas reformas deberán tenerse en cuenta los principios y las opciones políticas definidas en la perspectiva. 
Y por último, debe prestarse atención a los espacios transfronterizos y transnacionales anteriormente comentados, sobre todo teniendo en cuenta la futura e inminente ampliación de la Unión Europea. 
A este respecto, el pasado 8 de junio tuvo lugar en Glasgow una interesante reunión del Consejo de ministros de política regional, que tuvo en cuenta, entre otros asuntos, los efectos de la ampliación sobre los actuales 15 Estados miembros, lo cual repercutirá, sin duda alguna, en la posterior definición y contenido de la ordenación del territorio en la Unión Europea. 
En esta línea, señor Presidente, considero que procede integrar un nuevo capítulo al documento de la Perspectiva que tenga en cuenta la ampliación, siendo este el motivo y espíritu de las tres enmiendas que he presentado, además de pretender integrar en mi informe las conclusiones del Consejo de Glasgow. 
Con respecto a las otras 14 enmiendas presentadas, quiero manifestarle, señor Presidente, mi posición en contra de que las mismas se incluyan en el documento. Y ello porque su filosofía está profundamente en contradicción con la de este informe, que fue aprobado en su día por la Comisión de Política Regional, pues en el mismo se hace hincapié en la necesidad de una política comunitaria que tenga a la propia Unión Europea como protagonista del desarrollo de la ordenación del territorio de manera que, como ya he dicho anteriormente, redunde en el fomento de la cohesión económica y social y en la competitividad dentro de la propia Unión, todo ello bajo el principio, lógicamente, de la subsidiariedad, con el fin de responder mejor a las necesidades concretas y particulares de las regiones e incluir así a todos los sectores interesados. 
Acabo ya, señor Presidente, manifestando que es hora de abandonar el temor que todos los Estados tienen a que las políticas de ordenación del territorio puedan afectar directamente a la reforma de los Fondos estructurales, aunque deberíamos plantearnos, al menos- y ya a partir de este momento -, que las políticas de ordenación del territorio sirvan para coordinar la aplicación de determinadas políticas comunitarias- agrícola, medioambiental, de investigación y desarrollo, etc.- y siempre, como también hemos dicho, bajo el principal objetivo de la verdadera cohesión económica y social. 
Finalmente, quiero agradecer la colaboración de todos los compañeros de la Comisión de Política Regional y de todo el equipo técnico, especialmente de la secretaría técnica de la Comisión de Política Regional. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo coincide en la necesidad de coordinación de las políticas comunitarias en las ciudades y de un enfoque global integrado de las mismas que nos lleve a desarrollar una política urbana eficaz. 
Todos estamos de acuerdo en el éxito de las iniciativas URBAN, INTEGRA e INTERREG, cuyos objetivos deben tener continuidad en el futuro. 
Gracias a ellas, las ciudades europeas han mejorado mucho, pero el esfuerzo debe continuar. 
Nuestras ciudades siguen teniendo problemas de desempleo, de integración social, de inmigración, de seguridad, que necesitan de la acción conjunta entre ciudadanos y autoridades para buscar soluciones. 
La ordenación del territorio urbano debe tener en cuenta: el envejecimiento de la población europea; la dificultad de los jóvenes para acceder a la primera vivienda; los niños, cuya seguridad no es evidente en muchas ciudades; los discapacitados; las amas de casa y los parados. 
Aunque todos sean diferentes, tienen una necesidad común: aspiran a una vida digna y deben encontrar su sitio en la ciudad. 
Las guarderías, los centros de día para mayores y discapacitados, la atención a domicilio y los servicios de vecindad deben ser prioritarios, tanto como fuentes de empleo en el sector servicios como necesidad urgente para que las mujeres podamos conciliar familia y trabajo. 
Las ciudades pueden ser laboratorios de innovación para la política social y de empleo, convirtiendo los problemas en posibilidades. 
Pedimos a la Comisión que potencie las iniciativas locales de empleo, así como los pactos territoriales. 
La sostenibilidad urbana pasa por una nueva conciencia en el uso del transporte público, en el ahorro de agua y energía, en la gestión de residuos y ruidos, que afectan muy seriamente a las ciudades industriales y turísticas. 
Los ayuntamientos tienen la obligación de moderar la fiebre inmobiliaria y la especulación del suelo, que no traen progreso sino desequilibrio y anarquía, y prevenir todo ello sin desoír las reglas del juego social, buscando modelos de desarrollo que no impliquen destrucción y empobrecimiento. 
Es urgente defender y conservar nuestro patrimonio natural e histórico europeo y desarrollar parques y zonas verdes en las ciudades, aprender a humanizar la ciudad y a humanizarnos en ella. 
Y para terminar, quiero recordar que una aplicación estricta del principio de subsidiariedad no debe impedir que la Unión Europea se preocupe por los más débiles adoptando acciones que, aunque pequeñas y con poco presupuesto, ayudan a crear una conciencia social europea. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitar a mi colega Sra. Napoletano por su excelente informe y por los comentarios tan constructivos que yo también apoyo plenamente. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor acogemos con satisfacción la comunicación de la Comisión hacia una política urbana, pero queremos también poner de manifiesto cierta preocupación que exponemos más minuciosamente en nuestra opinión. 
Obviamente, el informe de la Comisión de Medio Ambiente, que también estamos debatiendo, encaja directamente en este ámbito concreto. 
El aspecto medioambiental y de salud pública de los asuntos urbanos parece sumergirse en el debate sobre la reactivación económica urbana y el desarrollo de espacios. 
Naturalmente, reconocemos que los problemas del alto índice de desempleo y de exclusión social son especialmente graves en las ciudades. 
No obstante, varios estudios de la OCDE indican que la mejora de la calidad de vida en el medio ambiente urbano no sólo mejora la vida de sus ciudadanos, sino que además ayuda a atraer y crear puestos de trabajo e inversión. 
Por consiguiente, mejorando el medio ambiente urbano, podemos fomentar al mismo tiempo la reactivación económica. 
La comunicación hacia una política urbana adolece de una visión integral en este sentido, y es fundamental tomar en consideración la sostenibilidad del medio ambiente como componente importante de la ecuación urbana. 
Las once iniciativas del informe bajo el encabezamiento de aspectos medioambientales son cruciales para el desarrollo de medidas para la protección del medio ambiente urbano. 
No dispongo de tiempo suficiente para tratar aquí sobre ellas, a pesar de que me gustaría examinar todas y cada una de ellas, pero insisto en su importancia. 
Espero que la Comisión les preste mucha atención, sobre todo después de haber sido respaldadas por la Comisión de Política Regional. 
Necesitamos una auténtica unidad interdepartamental de asuntos urbanos en la Comisión para garantizar que estos asuntos reciben una atención más coherente que la que se les dedica en estos momentos, y que existe un desarrollo mucho más integrado de políticas que el actual. 
Una última observación. En la revisión de los Fondos estructurales existe actualmente una fuerte tendencia a relegar las acciones urbanas a ámbitos ya contemplados en el Objetivo 1 y 2. 
Eso, sencillamente, no es suficiente. 
El ochenta por ciento de la población de la Unión Europea reside en ciudades que, en su mayoría, están situadas fuera de dichas áreas, y la necesidad de solucionar la falta de cohesión social y los problemas en materia de medio ambiente urbano se resiste a encajar dentro de estos límites administrativos y presupuestarios. 
La desaparición, en particular, de la iniciativa comunitaria denominada URBAN para pasar a convertirse en el Objetivo 2 significa que falta la flexibilidad necesaria para poder desarrollar la sostenibilidad del medio ambiente en nuestras ciudades, donde además es tan necesaria. 
Habida cuenta de que no disponemos de fondos destinados principalmente a mejorar el medio ambiente urbano, insto encarecidamente a la Comisión a construir sus planes de acción de tal manera que pueda mantenerse dicha flexibilidad. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero sumarme a las felicitaciones a la ponente de este informe. 
Creo que es un informe que ayuda a comprender cuál es el problema y hace propuestas importantes. 
Celebramos a la vez la comunicación de la Comisión y su convencimiento de la necesidad de hacer una política de la Unión Europea que tenga en cuenta y que se centre en las ciudades. 
Vengo de una ciudad tan orgullosa de serlo y tan orgullosa de su gestión local como Barcelona y sé hasta qué punto los entes locales están mirando hacia Europa y cómo Europa tiene que estar presente a través de las ciudades para que los ciudadanos vean y entiendan su importancia y cercanía. 
La primera prueba de esta política, como dice el informe, va a ser la reforma de los Fondos estructurales y me parece que, en este sentido, se han avanzado propuestas interesantes para la reforma, especialmente del Objetivo 2. 
Pero quisiera también mostrar mi preocupación porque a la vez se hable de la desaparición de una iniciativa tan interesante como la iniciativa URBAN. 
Creo que su mantenimiento y el mantenimiento de un correcto financiamiento para URBAN no son incompatibles con la reforma de los Fondos estructurales sino que son coherentes con la orientación que se le quiere dar a la reforma de dichos Fondos. 
La Comisión de Libertades Públicas, señor Presidente, está también muy atenta a lo que pasa en las ciudades. 
Nos parece muy importante el tema de la seguridad urbana y nos parece muy importante que también desde la Unión trabajemos a favor de unas ciudades donde la gente no sólo pueda salir por la noche sino que, además, piense que puede hacerlo, porque sólo así los ciudadanos podrán sentirse libres, y sólo así podremos estar en un espacio donde la violencia, sea la ejercida por parte de la delincuencia o la ejercida por parte de los sistemas privados de protección que vemos proliferar por todas partes, no vaya creciendo ilimitadamente. 
Hay que trabajar contra fenómenos tales como el racismo y la xenofobia y así está previsto, y hay que presentar una serie de medidas estructurales y de carácter social que involucren a los ciudadanos y que fortalezcan el tejido social y la sociedad civil para conseguirlo. 
Pero hay también que apoyar a las ciudades en aquello que pueden hacer por su cuenta, en aquello en lo que son competentes y reforzar su competencia y su capacidad en algunos temas. 
Y yo creo, por ejemplo, que es muy importante establecer marcos de justicia rápida y de reparación a la comunidad para los pequeños delitos, y dar nuestro apoyo a otro tipo de acciones a veces calladas, como por ejemplo los planes de prevención y de control que en relación a la atención a los drogadictos y a los heroinómanos, sin hacer mucho escándalo, se están llevando a cabo en muchas ciudades y son muy útiles. 
Creo que esta serie de medidas sería importante y espero que este informe y la iniciativa de la Comisión ayuden a que también esto esté en el primer punto de nuestras agendas. 
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, creo que el debate de hoy sobre política urbana de la UE y el informe sobre planificación regional y la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial pone de manifiesto dos dimensiones muy importantes y relacionadas entre sí de la política regional europea. 
Es muy oportuno que el Parlamento emita su dictamen sobre el futuro desarrollo de dichas políticas, habida cuenta de que, bajo Presidencia británica, la reunión informal de ministros en Glasgow decidió dedicar toda una jornada a debatir sobre la política urbana y la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial. 
Felicito a los ponentes del Parlamento por su trabajo y por la calidad de ambos informes, y a todas las personas que han aportado muy buenas opiniones a los mismos. 
El proyecto de documento sobre ordenación territorial ha podido avanzar gracias al impulso dado por los ministros británicos y por el grupo de expertos. 
Pero no se trata solamente de un ejercicio de planificación académico; necesita el respaldo de decisiones reales. 
Debemos llegar a un acuerdo sobre cómo planificar el futuro y garantizar que los resultados de dicho ejercicio son accesibles. 
La verdadera audiencia son nuestros ciudadanos, y los países de la Unión Europea deben acercar los gobiernos a los ciudadanos. 
Creemos que la clave es compartir las mejores prácticas. 
Queremos soluciones reales para problemas reales. 
Por ejemplo, la compleja afluencia de medios de transporte significa para algunas zonas nuevas oportunidades, mientras que para otras supone atascos y contaminación. 
También observamos las presiones a que son sometidas nuestras áreas urbanas y rurales, pero queremos que los beneficios de la nueva tecnología se esparzan a lo largo y ancho de muchas de nuestras regiones. 
Debemos fomentar la cooperación entre los Estados miembros y adoptar enfoques comunes para compartir problemas y oportunidades, y alcanzar un desarrollo más equilibrado con un enfoque integrado intersectorial. 
En el Parlamento, queremos colaborar en la tarea de traducir los discursos europeos en acción real, y esperamos con interés el proyecto definitivo de Perspectiva Europea de Ordenación Territorial, que esperamos que sea aprobada en una futura reunión del Consejo. 
Otro de los aspectos en que la Presidencia británica reconocía en sus conclusiones que hay que seguir trabajando es en un estudio más minucioso del papel y de las funciones cambiantes de las áreas urbanas. 
Acojo con satisfacción las iniciativas adoptadas en la reunión informal. 
De hecho, el documento de la Presidencia sobre el intercambio de políticas urbanas permitió un excelente intercambio de experiencias sobre cómo analizar un enfoque integral en materia de regeneración, con vistas a solucionar los problemas a los que se enfrentan las personas desfavorecidas que se concentran en determinadas zonas, analizar la gestión de los centros de las ciudades y abordar los problemas urbanos en materia de calidad de vida. 
En el Parlamento nos preocupaba de manera especial el énfasis en la necesidad de participación comunitaria y de buen gobierno, con vistas a mejorar el funcionamiento de la democracia a nivel local. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Pollack en que limitarse a incluir la dimensión urbana en los programas de Objetivo 1 y 2 no es suficiente. 
Creemos que la iniciativa comunitaria URBAN ha dado realmente un excelente reconocimiento público a las ideas urbanas. 
Queremos que se fomenten. 
Por consiguiente, no será ninguna sorpresa para los diputados ni para la Comisión que en nuestras reuniones pidamos la continuación de la iniciativa comunitaria URBAN. 
En el Consejo extraordinario de Glasgow, se pidió a niños procedentes de los quince Estados miembros de la Unión Europea que dibujaran y presentaran a los ministros su ciudad ideal del futuro. 
Ofreciendo una visión de alta tecnología de una ciudad segura y sostenible, los niños trazaron los retos que supone cumplir con nuestras responsabilidades. 
Creo que eso comienza ahora. 
Necesitamos crear ciudades dinámicas que respeten a las personas y al medio ambiente y que involucren a los colectivos de la comunidad en la planificación y en el proceso y en la regeneración de los procesos propiamente dichos. 
Para mí fue un placer presentar enmiendas al informe de la Sra. Napoletano de cara a buscar un enfoque mucho más sostenido con mejor financiación para nuestras áreas urbanas, y espero que la Comisión tenga en cuenta estas opiniones a la hora de elaborar las propuestas para la Agenda 2000, a raíz de las negociaciones con los ministros en el Consejo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, Europa necesita una política de ordenación del territorio. 
De la misma manera que los Estados miembros tienen sus políticas territoriales que integran las políticas regionales y locales, se impone ahora una política europea de ordenación del territorio que integre las distintas políticas nacionales. 
Es un reto del sentido común: hay que unir economía y territorio. 
La ordenación del territorio condicionará, sin duda, la política regional del futuro, pues no habrá cohesión económica y social sin cohesión territorial. 
No podemos seguir diseñando y aplicando políticas comunes aisladas, pues estamos haciendo algo más grande que eso, estamos construyendo un continente y tenemos que hacerlo cohesionada y solidariamente entre los 15 Estados miembros actuales y los que llaman a nuestra puerta para construir la gran Europa. 
Se imponen, por tanto, coordinación, cohesión y territorialización. 
Ordenación del territorio es sinónimo de equilibrio o, si se prefiere, de reequilibrio. 
Ortega y Gasset, el gran filósofo español, ya dejó escrito «Europa no es una cosa, es un equilibrio». 
Muchas abejas, un solo vuelo. 
Y de este enjambre de intereses debe surgir la ordenación del territorio como política reequilibradora de los espacios y de las políticas europeas. 
Apoyo por ello la PEOT y el excelente informe de mi compatriota Novo Belenguer, y me permito tan sólo reafirmar aquí mi contribución en comisión al informe: que la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio sobrepase su obvia dimensión terrestre para incorporar la dimensión marítima de la que adolece. 
Pedimos potenciar los puertos, especialmente los medianos y pequeños puertos europeos, palancas del desarrollo local y regional de regiones atrasadas y periféricas, y desarrollar el transporte marítimo en todas sus modalidades como alternativa al congestionado transporte terrestre y al deteriorado medio ambiente, aplicando para ello los Fondos estructurales y de cohesión. 
Y permítanme una consideración final. 
Reivindico, desde este Parlamento, el apoyo de la Comisión y del Consejo a la dimensión atlántica de Europa, espacio en el que viven unos 50 millones de europeos, en el que se encuentran tres de los cuatro Estados actuales de la cohesión, dos de ellos íntegramente en el Objetivo nº 1, y 32 regiones marítimas periféricas y ultraperiféricas que, desde las high lands escocesas hasta la Andalucía española, reclaman su inclusión operativa en la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio y el apoyo de una red transeuropea marítima que impulse las comunicaciones europeas atlánticas y transatlánticas como eje privilegiado de su desarrollo de futuro. 
Señor Presidente, agradezco en primer lugar que se haya dado a mi Grupo, al Grupo Liberal, el puesto que le corresponde en el orden de oradores que en realidad le corresponde ahora por su número de diputados. 
Estamos discutiendo aquí un tema de política regional y en dos informes que creo que son dos aspectos del mismo problema: el que hace referencia a la ordenación del territorio y al documento sobre la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial y el informe de la Sra. Napoletano sobre la política urbana para la Unión Europea. 
¿Por qué necesitamos una ordenación del territorio? 
Lo ha dicho el ponente: para una mayor cohesión económica y social, para obtener un desarrollo sostenible, para una competitividad equilibrada en el territorio. 
Evidentemente, en la ordenación del territorio existe una laguna: el Tratado no prevé competencias comunitarias en materia de ordenación del territorio. 
Pero difícilmente puede hacerse política regional si no se dispone de unos instrumentos de cooperación territorial a nivel europeo que superen estas líneas artificiales que son las fronteras, y la iniciativa comunitaria INTERREG ha ejercido ya un papel importante en la cooperación transfronteriza pero queda todavía mucho por hacer en ese terreno. 
Por esto, valoro muy positivamente la creación de un Observatorio europeo para la ordenación del territorio. 
Por otro lado, existe el problema de las ciudades. 
La política europea debe incidir directamente en las ciudades en su globalidad, no únicamente en aspectos sectoriales, para tratar, como ha dicho la ponente, los problemas graves que tienen las ciudades, especialmente los del desempleo, la integración social, la inmigración, que normalmente se concentra también en estas áreas, y para desarrollar una participación ciudadana y también un aumento de la calidad de vida. 
La Agenda 2000 prevé la desaparición de la iniciativa URBAN. Esto puede crear dificultades en la aplicación de los programas para las ciudades en este gran compendio que será el nuevo Objetivo 2. 
Creo que, en este sentido, no se deben desaprovechar las experiencias que URBAN ha tenido en el desarrollo de las ciudades. 
Finalmente, quiero decir que esta política de las ciudades no es incompatible sino complementaria de la política regional. 
Señor Presidente, Señorías, la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT) es un documento que, a pesar de derivar de la mera cooperación intergubernamental, pretende ofrecer un auténtico marco político para las acciones comunitarias nacionales y regionales en materia de ordenación territorial. 
En el plano comunitario, este marco deberá contribuir a dar la mayor coherencia a las distintas políticas de la Unión, especialmente a la política estructural y a la política de transporte. 
Sin embargo, si me limito a examinar la cuestión que más me preocupa, y pido disculpas por ello, que es la de las regiones insulares, constato que el marco que ofrece la PEOT no se ajusta a los medios que representan hoy por hoy los Fondos estructurales. 
¿Acaso hay que deducir de esto que algunas regiones consideradas actualmente por la Unión como con grandes dificultades económicas y sociales no merecen integrarse en el espacio comunitario, puesto que el documento prácticamente no las menciona? 
¿Cómo se puede entender que un documento de tal importancia no tenga en cuenta en absoluto nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam, que, sin embargo, reconocen de forma explícita los hándicaps específicos de las regiones insulares y la urgencia de encontrar soluciones? 
La PEOT y las propuestas de reglamento sobre los Fondos estructurales, parecen querer pasar por alto estas disposiciones y no tienen ningún mensaje importante que aportar a los 14 millones de insulares que todavía están esperando integrarse en un gran proyecto de ordenación del territorio europeo. 
Para no parecer demasiado negativo, tras felicitar al ponente por el excelente trabajo que ha llevado a cabo, quisiera saludar la promesa reiterada el pasado 8 de junio por los ministros europeos encargados de la ordenación territorial, reunidos en Glasgow, de ocuparse con más interés del desarrollo territorial de la Cuenca mediterránea. 
En mi opinión, éste es uno de los mayores retos que se le plantean a la Unión Europea en los inicios del Siglo XXI. 
Espero que dicha voluntad no se quede una vez más en mera declaración de intenciones, y que tampoco se olvide, sobre este punto, tener debidamente en cuenta la situación de numerosas regiones insulares del Mediterráneo. 
Señor Presidente, me voy a referir específicamente al informe de la Sra. Pollack porque las dos estamos en la Comisión de Medio Ambiente. 
El 80 % de los ciudadanos de la Unión Europea vive en las ciudades; sin embargo, para atender a sus problemas, recibe bastante menos del 50 % del presupuesto europeo. 
Sabemos que una parte muy importante del presupuesto europeo va a la agricultura. 
La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que entre el 70 % y 80 % de las ciudades de más de 500.000 habitantes padecen problemas de contaminación del aire, contaminación acústica y deficiencias en la calidad de vida en general. 
Es verdad que la Unión Europea ha tomado medidas sectoriales respecto a la calidad del aire- con el programa Auto-Oil, debatido en la Comisión de Medio Ambiente -, respecto a la calidad del agua y también respecto a la gestión de los residuos. 
Hay una campaña en pro de ciudades sostenibles apoyada por más de 320 autoridades locales. 
Sin embargo, hasta hoy, y a pesar de que hace 7 años se debatió y publicó el Libro Verde para la calidad en las ciudades, no hay una posición global de la Unión Europea respecto de la calidad de vida en las ciudades. 
Termino ya, señor Presidente, diciendo que es necesario un programa marco global para la calidad del aire y del medio ambiente urbano, con fondos suficientes y coordinados. 
Y debe tenerse en cuenta que, para esta calidad, es necesario interrelacionar el desempleo, la pobreza y las malas condiciones sanitarias y, en definitiva, fomentar la educación y la sensibilización de los ciudadanos para que contribuyan a mejorar esa calidad de vida. 
Señor Presidente, voy a hacer algunos comentarios acerca de los informes Pollack, Napoletano y Novo Belenguer. 
El informe de la Sra. Pollack, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, merece ser destacado y valorado por la sensibilidad mostrada con respecto a los problemas candentes de nuestras realidades, incluso urbanas. 
El informe de la Sra. Napoletano sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia una política urbana para la Unión Europea» , merece un juicio positivo porque contiene un gran número de indicaciones sobre los aspectos medioambientales y sociales, así como sobre los aspectos relativos a las libertades públicas, el desarrollo regional y las intervenciones estructurales. 
La misma apreciación debe dirigirse también a la comisión que, indudablemente, ha mejorado con sus enmiendas las indicaciones de la Sra. Napoletano. 
A falta, sin embargo, de una clara indicación en el Tratado y de un claro mandato de los Estados miembros en lo que a la política urbana se refiere, no cabe duda de que el debate actual se mantiene dentro de los límites de una lista de problemas y de soluciones, a pesar de que se trata de una valiosa lista de indicaciones. 
Los aspectos más relevantes y las peticiones más significativas que puedo destacar en la propuesta de resolución son: la fijación de una estrategia europea de política urbana y la coordinación de todas las políticas comunitarias en materia de áreas urbanas; en segundo lugar, la necesidad de un respaldo europeo a las estrategias europeas de desarrollo urbano sostenible. 
El informe del Sr. Novo Belenguer tiene que valorarse especialmente porque trata de dar y lograr un enfoque político a las propuestas técnicas de trabajo informal para la ordenación territorial, es decir, vuelve la fuerte relación entre ciudad y política integrada de ordenación del territorio, aunque con algunas preocupaciones que me parece oportuno señalar. 
Antes que nada las grandes redes transeuropeas se exponen al riesgo de enlazarse sólo con las grandes áreas metropolitanas, o sea, corren el riesgo de exaltar los núcleos metropolitanos. 
Creo, por lo tanto, que es preciso ser conscientes de este riesgo y evitar asfixiar las realidades urbanas pequeñas y medianas. 
Esta concienciación es necesaria porque, de lo contrario, corremos el riesgo de convertir en más fuerte lo que ya es muy fuerte y de convertir en aún más congestionado lo que ya lo es. 
Con esto quiero decir que existe el peligro de que deje de ser prioritaria la valoración de los espacios naturales y del patrimonio medioambiental. 
Es preciso, en cambio, proponer como opción prioritaria la reducción del proceso de ordenación del territorio europeo. 
El punto de referencia existe y es «REDES Y NATURALEZA 2000» que debe considerarse como punto de referencia, con las cláusulas respetuosas de los principios de dicho texto para cada intervención en la materia. 
Considero que debo hacer dos comentarios más en relación a lo que ya se ha dicho. 
En primer lugar, quiero expresar mi, mejor dicho, nuestro juicio positivo sobre el proyecto URBAN. 
Por otra parte, deseo señalar la experiencia de una ciudad como Palermo que es una de las 49 áreas urbanas que ha experimentado positivamente este proyecto. 
Sin embargo, el mantenimiento de esta iniciativa, cuyo valor es innegable, no debe penalizar las ciudades pequeñas y medianas- una vez más insisto en esto- y, a dicho fin, es necesario prever formas de cooperación interurbana. 
En segundo lugar, en cuanto al nuevo Objetivo 2 que prevé tanto zonas urbanas como zonas rurales, hace falta incluir unas cláusulas de garantía para evitar que cada uno de los Estados miembros, a la hora de elegir, pueda dejar de prestar atención a las zonas rurales, es decir, opte por las zonas fuertes que en todos los países, inevitablemente, son las áreas urbanas. 
Quedamos, por lo tanto, a la espera de un plan de acción de la Comisión en materia urbana que, antes de finalizar esta legislatura, pueda finalmente concretar las orientaciones estratégicas surgidas de este debate sobre la problemática urbana en Europa. 
Por último, quisiera formular sólo algunas consideraciones. 
Las ciudades son el logro más complejo de la humanidad. 
En la ciudad está representada toda la complejidad de la vida: cultura, transportes, economía, arte, salud y deporte. No existe nada más complejo que una ciudad en los logros de la humanidad. 
En la ciudad vive la gran mayoría de los ciudadanos europeos- el 80 %- y se produce e intercambia la mayor riqueza. 
A pesar de esto, las ciudades parecen identificarse como un lugar de incomodidad y de negación de la alegría. 
Convertir en alegres, convertir en habitables nuestras ciudades creo que es la exigencia de los ciudadanos y el compromiso de los actuales Gobiernos locales. Sin embargo, no es todavía un compromiso orgánico y estratégico de las Instituciones europeas. 
Todos nosotros quisiéramos que, gracias a este debate, surgiera la necesidad de construir ciudades habitables y alegres en toda Europa. 
Señor Presidente, con razón se tratan combinados los informes Pollack, Napoletano y Novo Belenguer en la agenda de esta tarde. 
Tienen una cosa en común: ni la política urbana ni la política de ordenación del territorio tienen un fundamento en el Tratado. 
También en Amsterdam quedaron fuera del Tratado. 
Entre tanto, se han puesto en marcha fuerzas que están empeñadas en llevar estos terrenos a la esfera de influencia formal europea. 
Nosotros somos partidarios sólo en parte. 
Que sea local lo que pueda ser local. 
El informe Pollack es afortunadamente breve pero vigoroso y no tan exigente, en contraposición con el informe Napoletano. 
Durante la lectura me he preguntado en qué se basa realmente el deseo de una política comunitaria en estos informes sobre ciudades. 
El razonamiento es entre otras cosas el hecho de que en todas partes de Europa hay grandes problemas urbanos, que más del 80 % de la población vive en ciudades. 
¿Puede ser ésa una razón para comenzar con una política urbana europea? 
En mi opinión no. 
Con esto debe ayudarse a una plusvalía real. Y tengo mis dudas al respecto. 
Quien ha estado un tiempo en la política local o regional sabe que los grandes problemas urbanos son a menudo muy específicos y piden soluciones específicas. 
Sólo en el plano de la ordenación del territorio veo posibilidades para Europa. 
Pero allí también uno debe saber muy bien lo que es posible y lo que no es posible a nivel europeo. 
La PEOT es un muy buen arranque para la discusión, pero tampoco es nada más que eso. 
Es una ilusión pensar que el diseño administrativo de la política de ordenación del territorio de los Estados miembros se puede armonizar. 
Con eso está afortunadamente todo el mundo de acuerdo. 
El enfoque de la PEOT es por ello también bastante precavido. 
Sólo se da un impulso a un número de puntos de partida muy generales. 
Es un hecho que la propia Europa tiene gran influencia en el desarrollo del territorio. 
Sólo hay que pensar en el mercado interno, los grandes flujos de transportes y la política agraria. 
Una cierta dirección en la ordenación del territorio a nivel europeo ya sólo por eso es lógica. 
En ella se debe atender, según mi opinión, sobre todo al desarrollo natural y el mantenimiento de los pasillos ecológicos. 
Ésos me parecen elementos importantes en el documento PEOT. 
Para ratificar este tipo de asuntos me parece necesario un Consejo de Ministros de Ordenación del Territorio. Pero eso es además lo máximo que se puede alcanzar, supongo. 
Señor Presidente, quiero apartarme del coro que, en los últimos años, ha caracterizado el discurso sobre el medio ambiente urbano. 
Está de moda decir: » la ciudad para la ciudad, la provincia para la provincia, la región para la región» , en una falsa autonomía que, al fin y al cabo, no nos ofrece las condiciones para progresar, sino para morir. 
De hecho, si no existe una programación de conjunto y con amplitud de miras, se acaban haciendo elecciones incompletas que nunca resuelven los problemas de los ciudadanos y de las empresas productivas que ofrecen puestos de trabajo. 
Señorías, ¿son conscientes de que han transcurrido siete años desde la publicación del Libro Verde sobre el medio ambiente urbano y, a pesar de las muchas iniciativas, no se ha conseguido nada? 
¿Se dan cuenta de que la Comunidad Europea, que había empezado bien, para no ser acusada de interferir en la gestión cotidiana de las ciudades europeas, no ha desempeñado nunca su función fundamental que es la de definir el marco de actuación de la política urbana? 
Estamos convencidos de que la política europea en materia de medio ambiente urbano, lanzada a través del informe de iniciativa del Parlamento Europeo en 1988, retomada en el Libro Verde de 1990, hoy por hoy, es el único instrumento apto para establecer un enfoque global para la cuestión de las zonas urbanas europeas y para perfilar una estrategia comunitaria centrada al menos en tres problemas concretos y fundamentales: primero, las medidas para mejorar la calidad de vida y del medio ambiente en las áreas urbanas europeas; segundo, la elaboración de un proyecto comunitario para las ciudades sostenibles; tercero, la inclusión permanente en los Fondos estructurales de financiaciones destinadas a las zonas que se encuentran en condiciones de degradación urbana. 
¡Cómo no vamos a interferir para coordinar y armonizar! 
En la segunda Conferencia Europea sobre las ciudades sostenibles, celebrada en Lisboa en el año 1996, se demostró que la contaminación de nuestras ciudades empeora logarítmicamente y que en Europa estamos muy lejos de realizar el sueño de un medio ambiente limpio y saludable, también porque la contaminación urbana parece que no tiene en absoluto en cuenta ni la normativa nacional ni la comunitaria en vigor. 
Asimismo, la disparidad de las intervenciones comunitarias nos deja perplejos al constatar que más de la mitad del presupuesto comunitario se asigna a las zonas rurales mientras que, en realidad, el 80 % de la población vive en las zonas urbanas. 
Entonces, sí al informe Pollack y sin reservas, y sí a la potenciación de la política de la Unión en materia de medio ambiente urbano. 
Nuestra tarea consiste en mejorar la condiciones de habitabilidad de los consumidores y no en obedecer a las veleidades autonomistas de algún soñador o, peor aún, de algún especulador. 
Señor Presidente, Señorías, quiero ante todo felicitar a la Sra. Napoletano por su magnífico informe y por la enorme voluntad con que ha hecho frente a la tarea, nada fácil, de ensamblar todas las opiniones y reflexiones sobre la cuestión urbana que a lo largo del proceso de su elaboración se han escuchado en este Parlamento. 
Hay, me parece a mí, dos cuestiones fundamentales que este informe pone de manifiesto. 
La primera, que casi el 80 % de los ciudadanos europeos vive en medios urbanos. 
La segunda, que cada vez se percibe con mayor claridad la necesidad de que la Unión Europea unifique y coordine sus propias políticas destinadas a este medio. 
Ambas cuestiones deberían marcar un punto de partida en la estrategia comunitaria destinada a lograr un desarrollo armonioso del territorio europeo. 
Pero hay un tercer elemento en este informe sobre el que me gustaría detenerme un momento. 
Si queremos que todas las categorías de ciudadanos se sientan cómodos en las ciudades- personas mayores, comerciantes, artistas, jóvenes, empresarios, inmigrantes, mujeres -, la Unión Europea, lo mismo que los Gobiernos de los Estados, deberá luchar contra los fenómenos de exclusión y contra el proceso de dualización que está en el origen de los conflictos profundos, presentes hoy por hoy en el medio urbano europeo. 
Las mujeres, Señorías, forman un grupo social cuyas necesidades y dificultades en este medio tienden a minimizarse. 
La Carta europea de las mujeres en la ciudad, un documento de reflexión auspiciado en 1995 por la Unidad de igualdad de oportunidades de la Comisión Europea, contiene algunas de las claves capaces de ayudarnos en esta reflexión común: la posibilidad de acceso al empleo; el número y la calidad de los servicios de proximidad, sobre todo los relativos al cuidado de los niños; el acceso a los centros de decisión de la ciudad; y la inseguridad en el medio urbano. 
Es necesario, Señorías, que la política urbana europea reconozca estos intereses específicos de las mujeres, y así ha quedado recogido en el informe de la Sra. Napoletano, porque es urgente implicar a las mujeres y fomentar su participación en los centros de toma de decisiones, multiplicar los intercambios de información y los proyectos innovadores, tener en cuenta su punto de vista a la hora de determinar los indicadores socioeconómicos y culturales de las ciudades y sensibilizar a nuestros colegas masculinos para que tengan más en cuenta la perspectiva del género. 
Señor Presidente, un número creciente de europeos viven en las ciudades. 
Cuatro de cada cinco ciudadanos europeos residen en una ciudad, tal como ya se ha señalado repetidamente hoy. 
Por consiguiente, las ciudades ofrecen también cada vez mayores niveles de bienestar y cuentan con mejores infraestructuras. 
En este contexto, es una satisfacción para mí que a mi ciudad, Graz, le fuese encomendada hace poco la tarea de actuar como Capital Europea de la Cultura en el año 2003. 
Sin embargo, no todo es bueno y bello en las ciudades, sino que también hay cada vez más pobreza, paro y marginación. 
En las ciudades se cometen más delitos y hay menos seguridad, y se causan enormes daños al medio ambiente. 
Con estos antecedentes, el tema de las ciudades también está adquiriendo indiscutiblemente una importancia central, que todavía debe seguir incrementándose, en el marco de la política estructural. No obstante- y nunca se insistirá suficientemente en ello- no todos ni cada uno de los temas deben resolverse a escala europea. 
Dejemos cada cosa en su sitio y tengamos presente el principio de subsidiariedad no sólo en los discursos que se pronuncian en las grandes ocasiones, sino también en nuestro quehacer político más concreto. 
Es preciso señalar, empero, un segundo aspecto importante. 
La política estructural europea y también la política urbana europea no pueden llevarse a cabo desde arriba hacia abajo, sino que tienen que desarrollarse desde abajo hacia arriba; tenemos que tomarnos en serio la cooperación con las ciudades. 
En tercer lugar, en el pasado se siguió no pocas veces el principio del divide et impera- divide y vencerás- y, en consecuencia, se decidió desde arriba hacia abajo. 
Debemos adoptar la posición contraria, apoyando la creación de redes entre los directamente implicados, apoyando, como ya se ha señalado también hoy, la comparación entre las " mejores prácticas» y el fomento de las mismas. 
La diversidad se encuentra fuera, en las ciudades europeas. 
En los excelentes informes que hoy se debaten- en particular los Informes Napoletano y Novo Belenguer de nuestra Comisión, en general ya se han tomado en consideración, en buena parte, todos estos aspectos. 
No obstante, el entusiasmo es excesivo en algunos casos y, en consecuencia, yo he presentado también algunas enmiendas con las que intento conseguir que se proceda con cautela en alguno que otro aspecto. 
No se trata de una objeción contra los objetivos que se persiguen, sino de señalar que en primer lugar debemos respetar también los informes que ha presentado entre tanto la Comisión y los objetivos que en ellos se establecen, y obrar luego en consecuencia. 
No tengo nada que objetar contra la Iniciativa URBAN, pero tenemos que tomarnos en serio nuestras propias palabras e integrar, por lo tanto, dicha Iniciativa y su objetivo en la política comunitaria general y en la política estructural general, por mucho que pueda gustarnos contar con un programa propio. 
No tengo nada que objetar contra la iniciativa en favor de las ciudades, pero tampoco podemos olvidar el tema del territorio circundante. 
Finalmente, como último punto, no tengo nada que objetar contra una ampliación del derecho de sufragio en las elecciones municipales a todos los residentes en la Unión Europea, pero tal como recomienda el lema, first things first: concentrémonos primero en los ciudadanos de la UE. 
Señor Presidente, tal como subraya el informe de la Sra. Napoletano, a quien felicito por su trabajo, es imprescindible que la Unión Europea se ocupe de la política urbana, puesto que una gran mayoría de europeos vive en ciudades. 
Ya en 1995, preocupada por este asunto, presenté una propuesta de resolución sobre las grandes aglomeraciones urbanas, dentro de las cuales se dan muchos problemas que son los de nuestra sociedad moderna: el desempleo y sus desastrosos efectos derivados, la pobreza, la gente sin hogar, la grande y la pequeña delincuencia, la falta de equipamientos sociales, la emigración de la población acomodada hacia las periferias más agradables, que tiene como consecuencia la degradación de los centros urbanos, la falta de medios financieros para el desarrollo de los transportes públicos y el deterioro de los equipamientos locales, con una escasa promoción de los patrimonios históricos y arquitectónicos. 
El proyecto URBAN, incluso con medios limitados, ha dado buenos resultados en barrios desfavorecidos de nuestras ciudades. 
¿No es de temer que estas iniciativas, incluidas dentro del amplio conjunto del objetivo 2, pierdan eficacia? 
Para que las ciudades europeas recuperen su atractivo, debe llevarse a cabo una política de ordenación territorial que mantenga un equilibrio entre las zonas habitadas y los espacios verdes, los espacios de encuentro y los espacios de ocio. 
La propuesta de una auditoría urbana es, por lo tanto, excelente, y será útil para que se reflexione en todas nuestras ciudades. 
Por último, comparto plenamente la importancia dada en el informe a la participación de los ciudadanos en la democracia local y, por lo tanto, la obligación sin restricciones de la aplicación del Tratado en materia de derecho de voto de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales. 
Así pues, espero que el Gobierno belga, el último de la clase, respete por fin esta exigencia en breve plazo. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Novo Belenguer expresa su acuerdo con los objetivos esenciales del proyecto PEOT y subraya las insuficiencias vinculadas a una visión demasiado urbana y continental del territorio europeo. 
Por último, muestra las incoherencias con las políticas comunitarias y los objetivos de la PEOT. 
¿Pero acaso no se puede hacer una crítica más profunda a este proyecto de perspectiva? 
Cabe preguntarse si es justo partir, como lo hace la PEOT, de las necesidades de la empresa y no de las necesidades de los hombres para proponer que el territorio se estructure en beneficio de la empresa alcanzando un alto nivel de productividad. 
Con este enfoque, el esquema menciona apenas o nada las dimensiones humanas, las dimensiones del empleo, de la cultura y de la educación. 
Ignora el papel desempeñado por los servicios públicos y las políticas locales en la ocupación del territorio. 
No habla de los recursos locales, aparte del agua, que favorecen los asentamientos humanos, las actividades agrícolas, industriales y energéticas. 
Por último, ignora la estrategia de los grandes grupos y organismos financieros que modelan considerablemente los territorios. 
La actual Perspectiva Europea de Ordenación Territorial responde, en mi opinión, a una constatación y a un proyecto. 
La constatación es la crisis territorial, que halla su origen en la competencia entre territorios. 
El precio de dicha crisis es la considerable transferencia de riquezas de las poblaciones hacia las actividades económicas y financieras. 
Consiste en la acentuación del desequilibrio en la ocupación del territorio, con la sobreconcentración urbana, la desertización rural, la saturación de los principales ejes de comunicación y los desperfectos sociales y medioambientales que todo esto genera. 
El proyecto, tal y como lo destaca la PEOT, es el resultado de las implicaciones de la introducción del euro y del avance del proceso de liberalización de la economía. 
¿Qué perturbaciones suplementarias provocarán la llegada del euro y la ampliación de la Unión? 
El ponente propone que se pongan salvaguardas a las políticas europeas con el fin de favorecer el desarrollo de la cohesión social, económica y el desarrollo sostenible. 
Manifiesta la preocupación, por mí compartida, de una elaboración democrática de la PEOT y recuerda las prioridades de la perspectiva en lo relativo al desarrollo armonioso del empleo y de las actividades en las distintas regiones de la Unión Europea. 
¿Pero bastará con ello? 
¿No debería contemplarse, para la elaboración de la PEOT, un enfoque totalmente distinto, que partiera de las necesidades de las poblaciones y los territorios, un enfoque que hiciera que las actividades económicas y financieras pudieran y debieran satisfacer sus necesidades? 
Expreso el deseo de que los debates organizados en los Estados y a nivel de la Unión permitan dar respuesta a las exigencias de las poblaciones y de los territorios, y de que la perspectiva definitiva se centre en el empleo, el aspecto social y medioambiental. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Novo propugna una política europea de la ordenación territorial. 
Es ésta una iniciativa muy buena. 
Efectivamente, las zonas rurales representan aproximadamente el 80 % del espacio comunitario, y de su vitalidad dependerá, por lo tanto, una ordenación territorial equilibrada. 
El documento de la PEOT recuerda que la agricultura europea seguirá desempeñando una función preeminente para el desarrollo de la vitalidad de numerosas zonas rurales. 
Aun con todo eso, haría falta, señor Presidente, que la Comisión sea muy consciente de ello y que lo incluya en sus propuestas de reforma de la política agrícola común. 
Sin embargo, el campo vive una profunda mutación, que se manifiesta en una diversificación de sus actividades y demasiado a menudo, por desgracia, en una desertización. 
En algunas regiones, no bastará con el agroturismo. 
Por lo tanto, es indispensable arrostrar los desafíos que entraña dicha mutación para poder sortear los peligros que suponen y, por el contrario, sacar todo el beneficio posible de ello. 
De este modo, la intensificación puede alentar las inversiones, siempre que la calidad y el medio ambiente no se vean sacrificados en aras de la cantidad. 
En cambio, la diversificación puede ofrecer nuevas perspectivas para el realce del patrimonio cultural y natural, así como para el desarrollo del turismo rural de las pequeñas y medianas empresas y de la artesanía. 
La extensificación y la marginalización pueden crear mejores condiciones para la protección del medio ambiente y la reforestación, siempre que se sepa, eso sí, evitar la hemorragia de la mano de obra y el abandono de las explotaciones agrícolas mediante una nueva ocupación de las tierras. 
Es menester constatar que la acción comunitaria ha tenido a veces consecuencias sumamente dañinas para una cohesión económica y social con la que tantas veces nos hemos llenado la boca, pero que sería preciso restaurar. 
Así pues, la desertización de algunos de nuestros campos se ha visto agravada por la aplicación de la política agrícola común de 1992 y la reducción de los precios agrícolas. 
La nueva reforma de la política agrícola común con una fuerte disminución de los precios, entre otros factores, sólo podrá desequilibrar todavía más, si cabe, la ordenación territorial mediante una importante reducción del número de agricultores. 
Así pues, deseamos que la Unión Europea, en lugar de reclamar nuevas competencias, se contente con examinar las repercusiones de sus políticas y, en particular, las de la política agrícola común, sobre el equilibrio del territorio comunitario, con el fin de evitar las consecuencias negativas, y que exija, con ocasión de futuras negociaciones de la OMC, que se tomen en consideración la seguridad sanitaria, el bienestar de los animales... 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, considerando que el informe de la Sra. Napotelano es ampliamente aceptable, el documento de la Comisión Europea sirve de base para hacer una reflexión seria y constructiva que pueda establecer las modalidades de una política urbana a escala europea. 
Es evidente que es necesaria una nueva estrategia, al objeto de reforzar o restablecer el relevante papel que han de desempeñar las ciudades europeas en el ámbito de la integración social y cultural, del abastecimiento de recursos, del desarrollo sostenible y como pilar de la democracia. 
El objetivo no es desarrollar políticas urbanas a escala europea en los ámbitos que pueden abordarse mejor a escala local o regional, sino más bien en facilitar las soluciones y su aplicación a escala europea adoptando un enfoque más concreto, basado en los instrumentos existentes en los Estados miembros y a escala comunitaria, así como una cooperación o una coordinación mayores a todos los niveles. 
La gran mayoría de las ciudades de hoy es un mosaico de realidades heterogéneas: barrios de negocio y barrios residenciales, centros históricos y ciudades dormitorio, barrios de oficinas desiertos por la noche, centros comerciales, zonas universitarias, etcétera. 
Muchas áreas periféricas son el teatro de actos vandálicos y criminales, debido a la falta de salidas ocupacionales y de vida social y cultural que las mantiene aisladas. 
Para recuperar el control de los espacios urbanos no se puede en absoluto prescindir de una mejor ordenación territorial que devuelva su verdadero significado al concepto de barrio y a la reinserción de amplias zonas periféricas en el tejido urbano, así como del correcto funcionamiento de los transportes públicos y privados. 
A nuestro entender, hace falta fomentar las actividades culturales como factor de desarrollo ciudadano, regional y europeo, habida cuenta de la riqueza del patrimonio global. 
Dicha potenciación tendrá dos efectos: uno directo, con un impulso de cara a la creación de puestos de trabajo a menudo estables, y uno indirecto, relacionado con el inducido que podría compensar las pérdidas de puestos de trabajo que afectan a los sectores primario y secundario. 
Entre las nuevas orientaciones, finalmente, la valorización del desarrollo de las actividades culturales como factor de cohesión social y económica. 
Por todo ello, es prioritario aumentar los porcentajes de financiación de los Fondos estructurales, dar gran importancia a los estudios sobre el tema de los nuevos servicios y prestar atención a todas las posibles ayudas financieras empezando por la reducción de los impuestos sobre el valor añadido en favor de las obras de restauración, recuperación o conservación de los bienes culturales. 
El otro sector en que las ciudades pueden y deben desempeñar un papel fundamental es el de la conservación del medio ambiente, porque en las ciudades se concentran los problemas medioambientales más graves. 
En consecuencia, a la hora de elaborar y programar las futuras estrategias, habrá que deparar la máxima atención al desarrollo urbano y a la recuperación de las periferias degradadas favoreciendo así una sinergia entre las acciones específicas tanto a nivel local como a nivel regional. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo quisiera expresar mi reconocimiento a la señora Napoletano y al señor Novo Belenguer por su logrado trabajo. 
Ambos informes resaltan los aspectos más importantes de los debates estrechamente interrelacionados sobre la ordenación territorial y sobre el desarrollo urbano, y presentan valiosas sugerencias para continuar avanzando en estos dos ámbitos de la política todavía de reciente implantación a escala europea. 
En primer lugar, las diferentes políticas de la Unión, desde la política agrícola y la política estructural hasta la política de transportes y la política de la competencia, influyen directamente sobre la ordenación del territorio en la Unión Europea, aunque de manera no coordinada e incoherente desde la perspectiva de la ordenación territorial. 
A ello se suma el hecho de que Europa constituye una red de interdependencias en lo que respecta a su estructura urbanística, a sus estructuras de transportes, de suministro de energía y de comunicaciones, a la distribución territorial de la actividad económica y a su interdependencia ecológica. 
Por consiguiente, es necesario abandonar la concentración muy restringida y localizada en muchos puntos distintos para desarrollar una visión europea de las interacciones en el ámbito de la ordenación del territorio, tanto el de la Unión Europea actual como el de una Unión ampliada hacia el Este. 
Un Observatorio europeo puede prestar valiosos servicios en este sentido. 
Sin embargo, todavía es más importante lograr progresos visibles en la recogida de los datos estadísticos que han de servirle de base. 
En segundo lugar, desarrollar una perspectiva europea y actuar de manera coordinada a escala europea no exige una considerable ampliación de las competencias de ámbito europeo. 
Es de la máxima importancia que se observe el principio de subsidiariedad, que se respeten las tradiciones de autogobierno de eficacia probada y que se involucre a los actores locales. 
En tercer lugar, por lo que respecta a las ciudades, sería un grave error considerarlas aisladamente. 
Deben tomarse en consideración las complejísimas interacciones entre las ciudades y las zonas rurales. 
Es cierto que el 80 % de la población de Europa reside en aglomeraciones urbanas. 
Más de dos terceras partes del valor económico se genera en las ciudades. 
Sin embargo, tanto lo uno como lo otro sólo es posible sobre el trasfondo de la función de contrapeso económico, social y ecológico que cumplen las zonas rurales. 
Sería un error concentrar la mirada únicamente en las grandes aglomeraciones urbanas. 
Las ciudades medianas y pequeñas de las regiones rurales, con su significativa función de puentes, son precisamente otro rasgo característico de la fisonomía económica y social de Europa. 
Apenas estamos empezando a desarrollar una política de ordenación del territorio. 
Si hacemos nuestras las conclusiones de los dos informes que hoy se debaten, habremos dado un gran paso adelante. 
Señor Presidente, hasta ahora, las políticas regionales que se han venido aplicando han puesto el acento en el desarrollo de las regiones menos favorecidas de la Unión como instrumento en favor de la cohesión económica y social. 
Sin embargo, en los últimos años cada vez son más los que han venido llamando la atención sobre el hecho de que deberíamos poner mayor énfasis en el ciudadano como destinatario de los beneficios de las políticas medioambientales y de ordenación del territorio. 
La Comisión ya apuntó esta tendencia en sus comunicaciones Europa 2000 y más recientemente en Europa 2000 Plus sobre la ordenación del territorio europeo, sobre las que este Parlamento se pronunció con aplastante mayoría a propósito del informe del que yo mismo fui ponente. 
Es muy importante que tengamos presente a la periferia y a la ultraperiferia, a las regiones subárticas y a las de montaña de baja densidad de población para no aumentar los desequilibrios interterritoriales. 
Pero Europa, señor Presidente, es, sobre todo, un continente urbanizado. 
Los más graves casos de pobreza, de marginación, de paro, de exclusión social y de delincuencia se encuentran hoy en los entornos urbanos de la Unión. 
Estos problemas son más graves cuanto mayores son las ciudades. 
En Londres, en las aglomeraciones de los docks, al lado mismo de la City, se viven los casos más lacerantes de miseria humana. 
Lo mismo en Nápoles, en Amsterdam o en Madrid. 
Ninguna de las grandes ciudades europeas se ve libre hoy de este problema. 
Por ello, comparto el criterio de la Comisión a propósito de la Agenda 2000, que no propone una disminución de los fondos para el desarrollo urbano, como parece deducirse de algunas críticas a propósito del programa URBAN, sino que, precisamente, pretende una reestructuración de dichos fondos para hacer más eficaz y mayor el volumen de inversión en apoyo del desarrollo de las zonas urbanas de la Unión. 
Presidente, tres informes excelentes y tres breves observaciones por mi parte. 
Me parece bien, sobre todo por parte del colega Novo Belenguer, que haya visto la importancia- y también la haya expresado en uno de los puntos de la resolución- de una buena coordinación de la política de ordenación del territorio para el desarrollo duradero, sobre todo en el terreno de la política ecológica. 
Yo también he presentado una enmienda al respecto y he aplicado la relación entre la línea del hábitat y la línea migratoria de los pájaros y el instrumento de coordinación de ordenación del territorio. 
Porque en Natura 2000 se estipula que cada Estado miembro debe reservar un 20 % de su extensión como territorio ecológico. Con esto se quiere proteger la biodiversidad en Europa. 
Pero apenas existe coordinación entre los Estados miembros. 
Un país tiene carencia de gallos lira y otro tiene demasiados. 
Precisamente esa coordinación es un instrumento muy bueno para conformar la política ecológica de la Unión Europea. 
El segundo punto se refiere sobre todo a la parte del informe del Sr. Napoletano donde dice: la Agenda 21 debe ser apoyada, si es necesario se debe introducir una nueva línea presupuestaria. 
Puedo decirlo porque soy presidente de un grupo 21 local en La Haya. Desde esa actividad veo la importancia del fomento del intercambio de experiencias como un punto importante. 
Por último, el colega Napoletano y también el colega Pollack han señalado que el 80 % de los ciudadanos viven en las ciudades y que la Comisión Europea quiere suprimir URBAN. 
Lamentamos que también en la Agenda 2000 vaya a desaparecer URBAN, porque URBAN esta implicado en el Objetivo 2, pero esas ciudades en territorios que no están en Objetivo 2 quedarán fuera del sistema URBAN. 
Señor Presidente, Señorías, el proyecto de la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial aborda- de forma limitada, en mi opinión- las cuestiones de la ordenación del territorio, ya que concede poca relevancia a los problemas relativos a la dimensión humana en la ocupación del territorio, en los aspectos culturales, educativos o de exclusión social. 
De igual forma, no destaca cuestiones relativas al papel que los servicios públicos, las políticas regionales y locales y las actividades económicas específicas deben desempeñar en la ordenación racional del territorio, en particular mediante la atención deseable y necesaria a las regiones periféricas y ultraperiféricas y a las islas. 
Por su parte, el informe del Sr. Novo Belenguer, al que aprovecho para felicitar, subraya adecuadamente la necesidad de proseguir con una política de cohesión económica y social, con una estrategia de desarrollo sostenible y de promoción de una competitividad equilibrada, sin perjuicio de que se podría haber ido más lejos en las referencias a las lagunas y omisiones del proyecto de la Perspectiva Europea. 
Con todo, en el marco político institucional nos parece más equilibrado, justo y realista el informe de la Sra. Napoletano- a la que también felicito -, en el que también se propugna la creación de un observatorio europeo de la ordenación del territorio, pero se acepta el marco actual de funcionamiento oficioso del Consejo de Ministros para la ordenación del territorio y se reconocen las posibilidades de desarrollo de las políticas urbanas y territoriales, a partir de la profundización de la cooperación, del diálogo, del partenariado y de la subsidiariedad. 
Por considerar que esa visión es más adecuada, hemos presentado enmiendas encaminadas a infundir la misma lógica política e institucional al informe Belenguer y a establecer la coherencia entre los dos textos, ya que no nos parece que la comunitarización de las políticas de ordenación del territorio pueda brindar soluciones para problemas que son y seguirán siendo muchas veces específicos y diferenciados y que, por esa razón, deberán seguir descansando en el desempeño esencial de los cometidos nacionales, regionales y locales. 
Señor Presidente, la adopción de una política europea global y de una estrategia para el desarrollo sostenible de las ciudades adquiere hoy un carácter urgente, especialmente ahora que en tantas ciudades la degradación del entorno natural, los problemas de exclusión política, cultural y social, la delincuencia y el caos circulatorio han contribuido a degradar de forma importante la vida de millones de personas. 
Por otra parte, la crisis de las ciudades pone en aprietos la competitividad de la Unión, los mecanismos de integración y la política de cohesión económica y social. 
La comunicación de la Comisión y el excelente informe de la Sra. Napoletano afrontan de forma positiva los nuevos retos y, dentro del marco de una política de ordenación del territorio más amplia, se aproximan de modo global a los problemas. 
Por ello, es preciso que actuemos ahora y así podamos garantizar un mínimo de calidad de vida en las ciudades del futuro. 
Según mi opinión, los asuntos siguientes deberían ser prioritarios: 
En primer lugar, la creación de un nuevo equilibrio entre los grandes centros urbanos y el medio rural. 
Segundo, es preciso reforzar los vínculos entre las ciudades medianas y las pequeñas. 
Tercero, la creación de parques tecnológicos e industriales, de centros culturales y de ocio, contando para ello con la participación activa de la administración local y de los interlocutores sociales. 
Cuarto, que en la planificación de las ciudades, de los edificios, de las calles, de los medios de transporte estén contempladas las necesidades de los niños, de los ancianos y de las personas con necesidades especiales. 
Quinto, es preciso que se hagan los cambios que sean necesarios para mantener un elevado nivel de protección social contando con que va a haber un incremento de unos 37 millones de personas en la población mayor de 60 años en los próximos 25 años. 
Sexto, se deberán destinar recursos a infraestructuras sociales, guarderías y modernas instalaciones geriátricas, con vistas a regular los fondos estructurales. 
Séptimo, la promoción de transportes públicos adaptados a todos, que respeten el medio ambiente y que reduzcan el uso de los vehículos particulares. 
Octavo, son necesarias diversas medidas para la lucha contra el racismo, la xenofobia y la prevención de la criminalidad. 
Es decir, hay que garantizar el derecho de los ciudadanos de Europa a tener una vida segura y sin miedos. 
Por último, es preciso que participen también las mujeres de forma activa en todos los centros de toma de decisiones y en la planificación de las sociedades y las ciudades del futuro. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Napoletano por el excelente informe que ha elaborado y me gustaría destacar algunos puntos que considero importantes en este asunto relativo al " medio ambiente urbano y la Unión Europea». 
Dado el importante papel que tienen las ciudades y los grandes centros urbanos en la vida económica y social de la Unión Europea, ya que es donde vive la mayor parte de la población y donde se concentran más de los 2/3 de la riqueza de la Unión, creo que la Comisión deberá fomentar una estrategia urbana europea en la que esté reconocido el papel destacado de las ciudades y los peculiares problemas a los que se enfrentan, y a la vez, deberá centrarse en la coordinación de las diversas políticas comunitarias que puedan influir de forma directa o indirecta en el medio urbano. 
Por supuesto que la estrategia europea para las ciudades no puede entenderse de forma aislada sino formando parte inseparable de una política de ordenación territorial más amplia, a la que hace referencia el otro informe que debatimos hoy de forma conjunta, el del colega Sr. Novo Belenguer, al que también quisiera apoyar íntegramente ya que contiene algunas puntualizaciones y observaciones sobre la ambiciosa recomendación de la Comisión relativa a un plan de ordenación del territorio con perspectiva europea. 
En cualquier caso, donde quisiera detenerme en este momento es en algunos puntos más concretos. 
Dado de que la satisfactoria iniciativa comunitaria " URBAN» se encamina hacia su fin sin posibilidad de que vaya a renovarse, como la mayoría de las iniciativas comunitarias, se deberá dar un mayor énfasis a las actuaciones innovadoras del artículo 10 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el medio urbano. 
En este punto la Comisión podría examinar también la idea del apoyo a las ciudades insulares de pequeño y medio tamaño que, además, se enfrentan a una serie de problemas específicos que resultan de su carácter insular, sin que se tenga en cuenta como criterio la cifra de 100.000 habitantes, tal y como está previsto en el artículo 10 del FEDER, sino la influencia que ejercen como ciudades clave, es decir, como polos de desarrollo económico, social y cultural de la unidad geográfica a la que pertenecen. 
También considero útil señalar lo siguiente: 
Primero, se deberá promover, dentro del marco de las políticas comunitarias correspondientes, la restauración de los edificios históricos de las ciudades y dotarlos de una función económica, social y cultural. 
Segundo, habrá que dar un énfasis particular al turismo urbano, ya que ésa podría ser la fuente de desarrollo de las ciudades periféricas. 
Finalmente, creo que es necesario animar la incorporación de las ciudades periféricas a las redes intereuropeas y, en general, reforzar la coordinación y la cooperación a todos los niveles entre las ciudades y la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a las colegas, las Sras. Napoletano y Pollack, por sus excelentes informes y señalar, señor Presidente, que creo que se necesita algo más que las simples comunicaciones de la Comisión que, siendo importantes, no tienen un gran valor práctico. 
El medio urbano es algo así como el biotopo de la gran mayoría de los ciudadanos europeos. 
Los grandes problemas de calidad de vida a los que se enfrentan, en ocasiones de salud pública, son afrontados de forma complementaria por la Unión Europea a través de los programas sectoriales relativos a la calidad del aire, la regeneración de regiones y a las intervenciones culturales. 
Con frecuencia tales programas resultan útiles y a veces incluso llegan a ser vanguardistas. 
Pero, señor Presidente, el propio Tribunal de Cuentas señala que no tienen múltiples resultados ni tampoco una lógica ni una utilidad global, justamente porque les falta el marco concreto de una consideración y una perspectiva global. 
Todo eso lo saben muy bien los ciudadanos de Atenas. 
Pero lograr que tales intervenciones sobre la ciudad tengan coherencia y perspectiva es competencia de las autoridades nacionales y especialmente de las municipales, que en el caso de Atenas, por razones políticas, no han cumplido su función más allá de una efímera proyección. 
A pesar de todo, esa coherencia y esa perspectiva pueden y deben ser logradas pues creo que van a recibir el apoyo de una legislación comunitaria general, de un programa y de una directiva-marco, que van a establecer un marco general de principios, directrices y criterios para dar importancia y perspectiva a cualquier programa que vaya a ser debatido y aprobado. 
Señor Presidente, creo que se trata de un cambio cualitativo que va a reducir las arbitrariedades y el despilfarro y que vendrá a incrementar el beneficio de cualquier intervención comunitaria en los ciudadanos. 
Señor Presidente, tras haber tenido el placer de presidir la audición del Parlamento Europeo acerca de la Comunicación sobre la iniciativa URBAN con nuestra ponente, la Sra. Napoletano, y tras haber presidido una asociación de diez ciudades en mi región del Reino Unido antes de ser elegido a este Parlamento, acojo con satisfacción los avances hacia una política urbana para la Unión Europea. 
No sólo vive la amplia mayoría de los ciudadanos europeos en ciudades, sino que además es en los núcleos urbanos donde encontramos bolsas de profunda pobreza, la incidencia del racismo, la exclusión social y la degradación del medio ambiente, lacras todas ellas que exigen medidas a nivel europeo. 
No obstante, el programa de acción, que deberá presentar la Comisión, no constituye aún una competencia urbana madura para la Unión Europea. 
Las iniciativas en beneficio de las ciudades aún deben ser presentadas desviando facultades de otros encabezamientos. 
La próxima revisión del Tratado de la Unión Europea deberá remediar este déficit. 
Las propuestas en el marco de la reforma de los Fondos estructurales que harán posible, por primera vez, la concesión de ayuda europea a proyectos urbanísticos para la regeneración de lugares deprimidos, son medidas positivas para suplir las necesidades urbanas. 
Pero como han dejado claro otros oradores, la desaparición de la iniciativa comunitaria URBAN acabaría con la ayuda europea a 110 ciudades, de la que se beneficia medio millón de personas de toda Europa. 
El mantenimiento de la iniciativa comunitaria URBAN permitiría seguir adelante con proyectos urbanos innovadores y transnacionales, y ayudar a la mayoría de las personas que viven sobre todo en ciudades de tamaño pequeño y mediano. 
Ninguna de las ciudades de los países nórdicos o Austria que reciben ayudas comunitarias sobrepasa actualmente el límite de población de 100.000 habitantes; no podemos pasar por alto sus necesidades. 
Asimismo, aunque acogemos con satisfacción el nuevo enfoque urbano dado a la corriente principal de los fondos para el Objetivo 2, la propuesta de ayudar a un 2 % de la población es un cifra muy baja. 
La propuesta del 5 % merece una consideración mucho más seria. 
En mi circunscripción de Basildon, se están utilizando actualmente los fondos europeos ADAPT para nombrar a un gestor del centro de la ciudad que se encargue de frenar el éxodo de tiendas hacia los centros comerciales de la periferia. 
Hoy tenemos en el Parlamento a un visitante que se esfuerza por conseguir que el volumen de residuos que se recicla en Londres pase del escaso 10 % actual hasta el 50 % antes del año 2005. 
¿Estamos preparados para hacer frente al reto? 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer a los ponentes de fondo y opinión la elaboración de este informe, que abre el diálogo sobre el futuro del desarrollo urbano. 
Es imprescindible reconocer la necesidad de prestar mayor atención a los problemas de las ciudades a escala comunitaria. 
No obstante- y ustedes son plenamente conscientes de ello -, carecemos de mandato para elaborar una política urbana común. 
Sin embargo, sí es necesario intentar formular una respuesta coordinada y coherente que permita abordar el creciente número de problemas que afectan a las ciudades. 
Las ciudades europeas deben hacer frente a problemas cada vez más numerosos, desde el desempleo, el deterioro medioambiental y la congestión del tráfico, hasta la pobreza y la marginación social, los problemas de la vivienda, la delincuencia y la drogadicción. 
Una programación más coherente permitirá a las ciudades abordar estos problemas con mayor eficacia y aprovechar al máximo sus recursos. 
Como miembro de la Comisión de Libertades Públicas, quiero destacar especialmente la necesidad de encaminar nuestros esfuerzos a la lucha contra la marginación, el racismo y la xenofobia y la drogadicción. 
Las ciudades son el marco de acogida de numerosos emigrantes, y por ello uno de nuestros objetivos es la elaboración de políticas de integración adecuadas, que permitan la comprensión de los problemas e intereses de las minorías dentro de la población urbana, promoviendo la participación de los inmigrantes en la vida comunitaria y facilitando información a los mismos de recursos y servicios que puedan ponerse a su disposición. 
La formación de trabajadores y agentes sociales es, en este sentido, también fundamental, al igual que la realización de campañas contra las actividades xenófobas y racistas. 
En cuanto a la delincuencia, todos conocemos que el medio urbano es el más castigado. 
El desarrollo de la delincuencia supone una grave amenaza para el respeto de los derechos de los ciudadanos en la Unión y, por ello, debemos esforzarnos en seguir implementando un espacio europeo de seguridad y justicia, alentando a las autoridades competentes para que sigan progresando en el intercambio de información que beneficiará a todos los ciudadanos de la Unión. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Sra. Napoletano, cuyo contenido comparto plenamente, plantea la necesidad de definir, en su justa importancia, una estrategia urbana claramente diferenciada, tanto competencial como institucionalmente, de la estrategia regional, dado el importante papel que corresponde a estas dos instancias subestatales- comunidad autónoma y municipio- en la construcción de la Unión Europea y en la elaboración y aplicación de sus políticas. 
En este contexto y en la perspectiva de los objetivos a alcanzar al inicio del año 2000, debe asegurarse la salvaguarda de la autonomía local y la implicación de los municipios con plena responsabilidad en el partenariado. 
Por el contrario, la limitada consideración que, al menos a mi entender, los municipios encuentran en la Agenda 2000 hace temer que la modificación de los reglamentos, aunque lleguen a reconocerles formalmente un cierto papel, éste sea, en la práctica, poco efectivo. 
La reducción de la problemática urbana al Objetivo nº 2 resulta a todas luces insuficiente, y exige que, de una forma explícita, las políticas estructurales del Objetivo nº 1 respondan también a la necesidad del conjunto de los núcleos urbanos grandes, medianos o rurales. 
Al mismo tiempo, invitamos a la Comisión- no olvide, señor Comisario, de transmitirlo a la Sra. Wulf-Mathies- a que, dado el balance positivo del programa URBAN aplicado a más de un centenar de ciudades europeas, se pronuncie en favor de su continuidad, mejorando los recursos asignados y aprovechando las enseñanzas que ha proporcionado su aplicación, como recordaba el Sr. Howitt, en el anterior periodo, a más de 100 ciudades europeas. 
Si queremos llenar de contenido la ciudadanía europea, es necesario que los ciudadanos la reconozcan en el primer escalón institucional que les representa: el municipio. 
Olvidarlo, señor Comisario, sería un grave error que esperamos no cometa la Comisión. 
Señor Presidente, yo quisiera en primer lugar felicitar a los ponentes Pollack, Napoletano y Alfonso Novo por los informes que presentan hoy. 
Y creo que todos ellos coinciden en la necesidad de que la Unión Europea busque una estrategia urbana coordinada, ya que, al día de hoy, ya la Unión incide de forma decisiva en las ciudades. 
Por otro lado, también se señala que la problemática urbana exige un enfoque global, tanto en lo que respecta a la problemática interna de la ciudad como en la relación de la propia ciudad con el territorio. 
Y a su vez, se identifican los problemas más acuciantes a los que se enfrentan las ciudades: el desempleo, que es un grave problema para la integración social; la seguridad y la participación ciudadana; el medio ambiente y, en definitiva, la calidad de vida en las ciudades. 
Y se habla también de la financiación. 
Comparto la preocupación sobre la desaparición de URBAN, que tan buenos réditos ha dado en la política urbana comunitaria. 
Porque en el nuevo Objetivo 2 se están sumando realidades diferentes. 
Se suman las problemáticas de las regiones con declive industrial, el desarrollo rural, las zonas urbanas, los instrumentos de financiación pesquera, en un instrumento común que- no olvidemos- reduce su cantidad global en un 13 % en ecus constantes en el periodo 1999-2006 respecto al montante de todos estos Objetivos en los reglamentos actuales. 
Por tanto, debo indicar mi inquietud respecto a la financiación, sobre todo porque quizá las ciudades de tamaño medio puedan verse perjudicadas en este reparto. 
Por ello, la Unión Europea debe hacer el esfuerzo de concentrarse fundamentalmente en aquellos aspectos que tienen una dimensión comunitaria. 
Y termino con esta reflexión, señor Presidente: fundamentalmente, hay que incidir también en aquellas realidades urbanas transfronterizas, donde hay un auténtico problema en el que Europa puede incidir. 
Yo soy residente- diría- en una eurociudad vasca, a caballo en una frontera, en el eje San Sebastián-Bayona. 
Y desgraciadamente, al día de hoy, no hay todavía un marco jurídico comunitario, a nivel europeo, para que esta cooperación transfronteriza, en lo que respecta también a la ordenación del territorio urbano, pueda incrementarse de forma importante para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, tanto los informes como el debate que se está desarrollando nos han proporcionado una muestra de los muchos problemas que sufre el medio urbano comunitario. 
Lo que está claro es que hay más y que van a verse multiplicados y agravados. 
De todo lo que se ha dicho ¿qué es lo que podría destacar? 
Quizás lo sorprendente. Que nadie, desde ninguna posición, haya citado las causas principales ni a los culpables de esta situación y que no son otros que la ley de la selva impuesta por los intereses multinacionales y por la competencia descontrolada para buscar beneficios en el marco del famoso mercado libre. 
Señor Presidente, nos arriesgamos a ser caracterizados como hipócritas y de ser cómplices de ocultar intereses ilícitos o de ser unos políticos y unos parlamentarios masoquistas que airean continuamente los problemas sin señalar sus causas y, por ello, sin poder afrontarlos para darles una solución. 
En definitiva, este Parlamento debiera sacudirse todo eso y mostrar que representa realmente a los torturados pueblos de los centros urbanos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, a menudo se tiene una imagen demasiado simplificada de las ciudades, o bien como zonas de riqueza y privilegios, o bien como fuentes de problemas. 
Las ciudades tienen sus problemas, pero- ante todo- son los centros motrices del desarrollo y de la innovación. 
Además, la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo surgen precisamente en las áreas urbanas. 
El año pasado se hizo hincapié, incluso al más alto nivel, en la importancia que reviste mantener bajo control el problema del desempleo en toda Europa. 
La Unión Europea debe fijarse como uno de sus principios la inversión en las áreas urbanas y la consideración de las mismas como zonas dotadas de posibilidades, y no como fuentes de problemas. 
Con ocasión de la reforma de los Fondos estructurales, se debería procurar que la financiación de la política regional de la Unión Europea se destinara a aquellas zonas que ofrecen con mayor seguridad los resultados deseados, esto es, las que consiguen un mayor bienestar para los ciudadanos, en vez de malgastar recursos en potenciar regiones que ya se han quedado desiertas o se han visto empobrecidas. 
Potenciando las posibilidades de las ciudades mejoramos también las posibilidades futuras de las zonas rurales. 
Hoy en día, los planteamientos de la política regional continúan siendo erróneos por lo que respecta a su financiación. 
A pesar de que el 80 % de los ciudadanos de la Unión habita en áreas urbanas, más de la mitad del presupuesto comunitario se sigue destinando al mundo rural. 
No cuesta mucho imaginar toda la Unión Europea como un proyecto rural en el que han quedado olvidados las ciudades y sus habitantes. 
La emigración a las ciudades ha dejado de ser una moda; ahora estamos ante un enorme colectivo de personas que se quedan en las ciudades y disfrutan de esa manera. 
Aunque la toma de decisiones acerca del contenido y los detalles de la política urbana recaiga finalmente en los ámbitos nacional y regional, lo cual es correcto, la Unión Europea desempeña un papel importante, principalmente a la hora de encontrar soluciones a los problemas comunes. 
La urbanización de la sociedad ha generado nuevos problemas como la marginación y los relacionados con el narcotráfico y el medio ambiente. 
Sin lugar a dudas, todos queremos seguir disfrutando en el futuro de agua potable limpia, de aire puro y de un entorno urbano seguro. 
Un buen, y no por ello menos lamentable, ejemplo de los problemas medioambientales con que se enfrentan las ciudades lo constituyen la recogida y el reciclado de residuos; y por lo que parece, Bruselas tiene todavía mucho que aprender en esta materia. 
Señor Presidente, desearía comenzar mi intervención felicitando a la Sra. Napoletano por su brillante informe. 
Me alegra especialmente el hecho de que este informe haga firmemente hincapié en lo importante que resulta el poder de decisión de los propios habitantes en materia de política urbana. 
La única manera de lograr un desarrollo equilibrado de las ciudades pasa por que sus propios habitantes consigan ejercer su influencia en las decisiones que les afecten a ellos mismos. 
Por ello, se deberían estudiar y desarrollar distintos modelos de democracia urbana y local, así como potenciar las posibilidades de los habitantes de las ciudades en materia de información y participación mediante el aprovechamiento, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. 
Respaldamos con especial afecto la exigencia recogida en el informe para que se preste atención a las mujeres en el desarrollo de las ciudades. 
Los estudios han demostrado que la participación de las mujeres en la planificación de las áreas urbanas da lugar a resultados muy distintos a los que se consiguen con planificación masculina. 
Para las mujeres, el buen desarrollo de la vida cotidiana es más importante que la apariencia monumental de los edificios. 
A las mujeres no se les pasa por alto que también hay que viajar con niños y con cochecitos infantiles, o que los ancianos y los discapacitados han de poder desplazarse y vivir con comodidad. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera manifestar mi agradecimiento al ponente, señor Novo Belenguer. 
Por mi parte, yo puedo suscribir las conclusiones fundamentales del informe de propia iniciativa. 
En Alemania, la experiencia nos ha demostrado, no obstante, que la política de ordenación territorial debe iniciarse desde abajo para que tenga éxito. 
Sólo es posible alcanzar un desarrollo social y económico regionalmente equilibrado- la cohesión territorial, en suma- las comunidades y las regiones participan igualmente desde un primer momento en la planificación y en las decisiones en el ámbito de la ordenación del territorio. 
Una ordenación territorial impuesta desde arriba supone un despilfarro de energías, entraña el riesgo de que se cometan errores de planificación y encuentra poca aceptación entre los ciudadanos. 
El ponente plantea, por lo tanto, con razón la necesidad de que en la transposición de EUREG se respete estrictamente el principio de subsidiariedad. 
A mi parecer, es preciso rechazar todas las iniciativas en el marco de EUREG encaminadas a vincular los Fondos estructurales de la UE a programas relevantes desde la perspectiva territorial. 
También es de temer su utilización como instrumentos de financiación y de orientación de la política de ordenación del territorio. 
Es cierto que nada hay que objetar en lo que respecta a la agrupación de las regiones en objetivos, incluida la realización de los controles y la coordinación necesarios por parte de la Comisión. 
Sin embargo, para ello no es preciso contar con un proyecto europeo de ordenación del territorio. 
Al contrario, la concreción y la transposición de las ayudas estructurales de la UE debe seguir siendo de la competencia de los Estados miembros, igual que ha ocurrido hasta ahora, y no debe complicarse con criterios adicionales en materia de ordenación territorial, que dificulten el acceso de los Estados miembros a las mismas y les exijan un mayor despliegue técnico-administrativo. 
Tenemos que rechazar todos los intentos de subordinar la política estructural y sectorial de desarrollo de cada país a unos espacios prioritarios y unas localizaciones centrales definidos en el marco de un proyecto europeo de ordenación del territorio. 
Éste es un aspecto que no debemos perder de vista en el contexto del presente debate. 
Señor Presidente, muchas de las cuestiones importantes de la Unión Europea presentan una aplicación muy distinta en la teoría y en la práctica. 
Éste es el caso particularmente por lo que respecta a la política medioambiental de las ciudades. 
Tomemos como ejemplo Bruselas. 
Todos nuestros residuos van a parar, sin haber sido antes saneados, al río Senne, que los encauza impuros en el río Escalda, y de allí, todavía sin sanear, terminan en el mar del Norte. 
Estos residuos nos vuelven en forma de mejillones de septiembre a abril. El próximo año está prevista la apertura de las primeras instalaciones de tratamiento, que no de saneamiento, de aguas residuales de Bruselas. 
Con arreglo a la respuesta que he recibido de la Comisión a una pregunta escrita, en Bruselas se viola la Directiva 91/271/CEE, y en particular su artículo 17. 
Y esto ocurre delante de las narices de la Comisión Europea. 
Propongo que emprendamos la política urbana saneando nuestros propios residuos y obligando también a Bruselas a hacer lo propio. 
Bruselas es una catástrofe medioambiental de la política urbana. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento a las Sras. Napoletano y Pollack y al Sr. Novo Belenguer por sus importantes informes y a los restantes diputados participantes en su preparación. 
Quiero también aprovechar esta oportunidad para elogiar las gestiones hechas por el Parlamento para conferir a las cuestiones urbanas un lugar más central en el programa político de la Comunidad, en sintonía con la comunicación presentada el año pasado por la Comisión por iniciativa de mis colegas Wulf-Mathies, Bjerregaard, Flynn y Kinnock. 
La Comisión está haciendo un análisis sistemático de las políticas comunitarias desde una perspectiva urbana. 
Y, a partir de dicho análisis, estamos formulando un plan de acción para un desarrollo urbano sostenible, en un esfuerzo de elaboración de un planteamiento estratégico e integrado de las cuestiones urbanas. 
Espero que la Comisión apruebe en breve el plan de acción para que se pueda examinar en el foro urbano de Viena, los días 26 y 27 de noviembre del presente año. 
Estamos seguros de que el Parlamento Europeo desempeñará un papel activo también en ese foro. 
Muchas de las cuestiones tratadas en los informes del Parlamento y en las intervenciones de las diputadas y los diputados se abordarán necesariamente en el plan de acción de la Comisión. 
Estamos enteramente de acuerdo con la perspectiva de que la creación de capacidades locales y el desarrollo en el nivel de las comunidades locales constituyen aspectos esenciales de la regeneración urbana y de que se deben estimular los Fondos estructurales participantes en acciones de ese tipo. 
La Comisión comparte la opinión del Parlamento de que debemos fortalecer la dimensión medioambiental en nuestras políticas relativas a las zonas urbanas y de que se debe conceder mayor importancia a las cuestiones más generales relacionadas con la calidad de vida de las poblaciones urbanas. 
Desde esa perspectiva, ¿qué acciones deben constituir, entonces, el plan de acción urbana de la Comisión? 
Los imperativos individualizados en la comunicación de la Comisión se relacionan esencialmente con cuatro temas: la necesidad de fortalecer la productividad, el desarrollo económico y el empleo en zonas urbanas, en particular en regiones menos desarrolladas, la necesidad de apoyar la igualdad de acceso y de reducir la exclusión social en aumento en las zonas urbanas, la necesidad de volver las ciudades más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y la necesidad de promover procesos decisorios innovadores y flexibles que integren las acciones de cooperación en los sectores público, privado y comunitario, del nivel europeo al local, e incrementen las sinergias entre los procesos institucionales y los recursos existentes. 
Aún no ha concluido la preparación del plan de acción de la Comisión, por lo que de momento es prematuro presentar propuestas concretas y específicas a ese respecto. 
Pero podemos referirnos, señor Presidente, Señorías, a ciertas cuestiones que preocupan claramente y que constarán en el plan de acción. 
En primer lugar, aumentar la productividad en ciudades situadas en regiones menos desarrolladas, a fin de reducir las disparidades regionales, es para la Comunidad un imperativo capital. 
La planificación estratégica urbana debe volverse más explícita en el ámbito de los Fondos estructurales y las ciudades situadas en regiones elegibles deben desempeñar un papel más importante en la futura programación. 
Debemos pensar también en acciones fuera de las regiones prioritarias. 
Todas las ciudades deben promover el aprendizaje permanente y la adaptabilidad, deben volverse ciudades de aprendizaje e incorporar la tecnología en provecho de la economía y de la población locales. 
En ese marco, la Comisión tiene que pensar en cómo concretar la dimensión urbana en los nuevos programas SÓCRATES y LEONARDO y en el programa «La ciudad del mañana» del V Programa Marco. 
Las ciudades deben también fomentar métodos de desarrollo local y el empleo local y la Comunidad está haciendo algún trabajo a ese respecto. 
Además, la Comisión habrá de estudiar también la forma mejor de integrar la necesidad de un sistema urbano europeo equilibrado en las redes europeas de transporte y telemática. 
Otro aspecto es la cuestión de la igualdad y la cohesión social en las zonas urbanas. 
Entre muchas otras acciones en ese marco, la Comisión pretende concentrar parte del próximo conjunto de Fondos estructurales en zonas urbanas necesitadas y situadas en regiones del objetivo 2, como se ha propuesto en la Agenda 2000. 
Pero, también con cargo al objetivo 1, se deberá incentivar una concentración similar de recursos en distritos específicos. 
La vivienda es un factor esencial en la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la delincuencia en zonas urbanas, y es también un sector con posibilidades para la creación de puestos de trabajo y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 
Por estas razones, la Comisión considerará las posibilidades de hacer extensiva la financiación de los Fondos estructurales a programas específicos de vivienda, siempre que sean decisivos para el desarrollo de las comunidades y formen parte de una perspectiva integrada de regeneración urbana. 
Soy consciente, la Comisión es consciente, de que el Parlamento es partidario de la continuación de la iniciativa comunitaria URBAN. 
Dado el éxito de URBAN, como iniciativa de base local, la Comisión ha decidido integrarla en las acciones financiadas con cargo a los marcos comunitarios de apoyo a partir del año 2000. 
Uno de los elementos de dicha integración consiste en la aplicación de la definición de partenariado en el proyecto de reglamento de los Fondos estructurales, a fin de incluir a las autoridades locales y los organismos sociales y económicos, aspecto que parece algo polémico para algunos Estados miembros. 
Desde el punto de vista de la Comisión, la inclusión de las autoridades locales en los mecanismos de partenariado es esencial para atender las necesidades urbanas y para una integración política lograda de URBAN. 
Otro problema que se plantea y que se planteará en el plan de acción de la Comisión es el de la calidad del medio ambiente urbano y de la calidad de vida, al que, por lo demás, se refieren por extenso los informes y las intervenciones de Sus Señorías. 
Es preciso encontrar aquí modos más sostenibles de gestión de las ciudades europeas a fin de mejorar la calidad de la vida urbana, garantizar la competitividad de las actividades y proteger el medio ambiente mundial. 
La legislación medioambiental es, desde luego, el instrumento comunitario más importante para la mejora de la calidad del medio ambiente urbano, en particular las medidas adoptadas en relación con la calidad del aire y del agua, con los residuos y con el control de la contaminación industrial, todas ellas con importantes repercusiones urbanas. 
La legislación vigente sobre la evaluación de las repercusiones medioambientales proporciona también un valioso instrumento para velar por que los nuevos desarrollos de las zonas urbanas sean sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente. 
La directiva del Consejo sobre la evaluación medioambiental estratégica recurrirá a la consideración de los efectos medioambientales del desarrollo desde el comienzo del proceso de planificación, fortaleciendo la panoplia de instrumentos medioambientales de que ya disponemos. 
En esa esfera, se ve la inclusión de un número considerable de proyectos locales, en un proceso alentado por la propia Comisión. 
Pero sigue existiendo la necesidad de que renovemos nuestros esfuerzos en pro de ciudades sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente mediante medidas más estructurales, en relación con las cuales la Comisión podría hacerse cargo de determinadas acciones y estudios. 
Me refiero, por ejemplo, a que se haga cargo de los costos de movilidad, incentive regímenes de peaje, dé preferencia a acciones de desarrollo por reconversión, grave la energía para promover un comportamiento más sostenible y acopie recursos para reducir los costos laborales y aumentar el empleo. 
Paso, por último, a la importante cuestión de la administración y del poder locales. 
La Comisión puede garantizar a las autoridades locales y regionales que apoyará las medidas que éstas adopten para encontrar soluciones más integradas para los complejos problemas urbanos. 
La Comunidad ha de desencadenar acciones, en el sentido de desarrollar las capacidades de las ciudades europeas y promover el conocimiento, en el nivel internacional, de las cuestiones urbanas. 
Puede hacerlo mediante la promoción de acciones en pequeña escala en la esfera de los indicadores y de los modelos de referencia urbanos, como se subraya en el informe parlamentario, mediante la organización de intercambios de experiencia, mediante el lanzamiento de estudios y la integración de los conocimientos que resulten de esos diversos proyectos. 
Ya lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo, esperamos, con mayor eficacia aún. 
Para concluir, señor Presidente, la Comisión y el Parlamento Europeo están de acuerdo en que la política urbana no es una política local, sino que requiere, al contrario, una acción en todos los niveles de la administración. 
Por diversas razones, entre ellas el cumplimiento de los objetivos del Tratado, está justificada la participación de la Comunidad a ese respecto con un valor añadido evidente. 
Sólo si la Comunidad desempeña su papel, modesto, desde luego, en algunos sectores, pero pronunciado en otros, tales como el medio ambiente y la cohesión económica y social, se pueden afrontar ciertos imperativos urbanos de forma eficiente. 
En cualquier caso, respetaremos íntegramente el principio de subsidiariedad en la formulación de las acciones. 
Permítaseme una vez más que agradezca a las Sras. Pollack y Napoletano su valiosa contribución. 
Espero que el plan de acción que ha de presentar la Comisión sirva para afrontar ciertos problemas ahora planteados y que en el próximo foro urbano, que se celebrará en noviembre, podamos profundizar el debate. 
Permítame ahora, señor Presidente, que me refiera al excelente y exhaustivo informe sobre la ordenación del territorio y a la perspectiva europea de ordenación territorial. 
Tanto la Comisión como las autoridades encargadas de la ordenación del territorio en los Estados miembros expresan y expresarán su agradecimiento y se sienten alentadas por el entusiasmo y el apoyo claramente manifestados en dicho informe. 
El informe proporciona, además, un buen pretexto para que la Comisión presente su punto de vista sobre la reciente evolución, posterior a la reunión ministerial sobre la ordenación del territorio, celebrada en Glasgow el día 8 de junio. 
El informe del Sr. Novo Balaguer subraya atinadamente que el proceso de la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial, dada la complejidad de la materia y la necesidad de lograr un consenso entre los quince Estados miembros, es inevitablemente lento. 
Ahora bien, considero muy alentador que varios Estados miembros, muchos Estados miembros, a pesar del moderado avance en la elaboración del documento «Perspectiva Europea de Ordenación Territorial» , expresen su disponibilidad para promoverlo en su propia esfera de cometidos. 
Gracias a esas señales, podemos esperar un impulso compartido durante las presidencias austríaca y alemana que permita la aprobación, la próxima primavera, de la primera Perspectiva Europea de Ordenación Territorial. 
La Comisión seguirá manteniendo una buena relación de trabajo con los Estados miembros, prestándoles asistencia técnica cuando sea necesario y proporcionando una plataforma más amplia de carácter transnacional para el debate público lanzado por la reunión ministerial celebrada en Norwick el año pasado. 
Su contribución al proceso abarcará las siguientes tareas: 
asistir a los Estados miembros en la ultimación del documento «Perspectiva Europea de Ordenación Territorial» y proporcionar la secretaría para el Comité de Desarrollo Espacial; -organizar los cuartos seminarios transnacionales restantes, dedicados, respectivamente, al acceso al conocimiento, al partenariado urbano-rural, a la gestión de las zonas delicadas desde el punto de vista medioambiental y a las repercusiones de la ampliación en el territorio, así como un gran foro en Bruselas, el próximo mes de febrero, para sintetizar los resultados del debate público tanto en el interior de los Estados miembros como en el nivel europeo; -apoyar un programa experimental de estudio de dos años para fortalecer la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial con vistas a la instauración de una red de observatorios europeos de ordenación territorial; -preparar un informe preliminar sobre las políticas de la Comunidad y la ordenación territorial; -y, por último, apoyar la cooperación transnacional para demostrar los beneficios de la aplicación del planteamiento de la «Perspectiva Europea de Ordenación Territorial» , actualmente mediante INTERREG II-C y a partir del año 2000 mediante una nueva iniciativa comunitaria centrada en la cooperación transeuropea y tendente a promover un desarrollo equilibrado y armonioso.La importancia de esas materias queda- me parece a mí- bien subrayada y resulta digno de mención el permanente y genuino respeto del principio de subsidiariedad en el desempeño de los cometidos que nos corresponden. 
En el futuro inmediato, la Comisión considera su cometido especial el de promover sus propios servicios, la concienciación sobre las consecuencias para el territorio de las diversas políticas comunitarias, en particular la contribución de éstas a la consecución de una distribución geográficamente más equilibrada de las actividades económicas y una utilización sostenible de la tierra y a la atención de las necesidades territoriales específicas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Procedimientos ad hoc relativos al presupuesto 1999 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0256/98) de la Sra. Dührkop Dührkop, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre los procedimientos ad hoc para el presupuesto 1999, previstos en los Acuerdos Interinstitucionales de 29 de octubre de 1993 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario y de 16 de julio de 1997 sobre las disposiciones relativas a la financiación de la política exterior y de seguridad común, así como en el procedimiento relativo a la financiación de los acuerdos internacionales en materia de pesca, de conformidad con la Declaración común de 12 de diciembre de 1996. 
Señor Presidente, Señorías, con este debate entramos en el procedimiento ad hoc del presupuesto para 1999, tal como lo prevén los Acuerdos interinstitucionales de 29 de octubre de 1993, que dicen que a petición del Parlamento Europeo o del Consejo se puede iniciar el procedimiento ad hoc en el caso de que alguna de las dos ramas presupuestarias desee alejarse del anteproyecto de presupuesto presentado por la Comisión en cuanto a los gastos agrícolas. 
Con el diálogo a tres bandas del pasado 23 de junio, Parlamento y Consejo abrieron el procedimiento ad hoc formalmente para el ejercicio 1999, procedimiento que estará abierto hasta cuando haya un acuerdo, cerrándose normalmente en el otoño, dando así una aproximación más realista y ajustada al presupuesto. 
A través de ulteriores mejoras en el procedimiento presupuestario, el procedimiento ad hoc incluye tres sectores: agricultura, acuerdos pesqueros y política exterior y de seguridad común. 
Aunque parezca un ejercicio técnico rutinario, quiero subrayar el contenido político de este procedimiento ad hoc, porque significa una ampliación de la influencia del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario. 
En los últimos ejercicios se han comprobado sobradamente sus ventajas en el objetivo del rigor presupuestario. 
Antes de entrar a fondo en el contenido de la propuesta de resolución, me permito mencionar las diferencias entre ambas instituciones, Consejo y Parlamento, sobre la clasificación de determinados gastos agrícolas, donde se ha avanzado tímidamente, por lo cual la resolución, en su anexo 1, recoge el punto de vista del Parlamento Europeo de cara al diálogo sobre el presupuesto para 1999. 
Respecto a las previsiones de gasto agrícola en el anteproyecto de presupuesto para 1999, la Comisión propone 40.440 millones de euros. 
Sin embargo, teniendo en cuenta, primero, que ha habido una continuada sobrestimación por encima del 10 % en numerosas líneas del gasto agrícola desde 1994; segundo, que en 1997 el anteproyecto era de 42.305 millones de ecus, pero que en la última revisión para ese ejercicio había un superávit de 2.709 millones de ecus; y tercero, que la última previsión adaptada a fecha de 1 de junio de 1998 prevé un superávit de aproximadamente 1.200 millones de ecus, a los cuales hay que añadir un millardo recortado al principio sobre las primeras estimaciones de la Comisión, se llega a 2.200 millones menos de gastos reales sobre las primeras estimaciones de la Comisión. 
Por todo ello, la ponente y la Comisión de Presupuestos consideran que el Parlamento Europeo debe insistir en una reserva en la categoría 1, precisamente por la experiencia de los años anteriores y la manifiesta dificultad de una previsión más exacta. 
La creación de una reserva no implica un recorte de los gastos agrícolas necesarios, puesto que pretendemos que los Estados miembros desembolsen así únicamente lo que corresponde a gastos reales, sin tener que poner a disposición de la Comunidad unos recursos que no se van a gastar y que se les tendrá que devolver posteriormente. 
En su proyecto de informe inicial, la ponente había propuesto tres reservas distintas, una de ellas sobre medidas de apoyo, a falta de un informe de evaluación de eficacia real de la Comisión y otro sobre las líneas que carecen de fundamento jurídico, puesto que entiende que cuando el Consejo insiste en que haya un fundamento jurídico si se trata de la ejecución de gastos no obligatorios, debería aplicar lo mismo a los gastos obligatorios (donde parece que el Consejo hace caso omiso de ello). 
Concretamente hay trece líneas que carecen de fundamento jurídico y cuyo montante asciende a 150 millones de ecus. 
Quisiera agradecer la colaboración de los colegas de la Comisión de Agricultura, con los que se ha llegado a un acuerdo al prever una reserva global de 700 millones por incertidumbres del mercado y medidas de apoyo, provisionalmente lineal, hasta que la carta rectificadora de la Comisión, en otoño, indique el ajuste en función de las necesidades y evolución del sector. 
Hago un llamamiento al Consejo para que llegue a un acuerdo con el Parlamento Europeo para lograr un presupuesto riguroso. 
Esperemos que predique con el ejemplo. 
Pero es digno de mencionar que el esfuerzo llevado a cabo mediante el procedimiento ad hoc, en los últimos años, ha tenido un resultado notable. 
Respecto a los acuerdos internacionales de pesca, se debe valorar muy favorablemente el que se confirme el principio de que no se haga ningún pago sin consultar antes al Parlamento. 
Pero se considera que la reserva del anteproyecto de presupuesto parece sobrestimada ya que hay demasiadas incertidumbres en cuanto a la celebración de determinados acuerdos. 
Gracias a la colaboración de la Comisión de Pesca y a la Comisión, pedimos que se apruebe la reducción de la reserva, tal como se indica en el anexo 2. 
En cuanto a la política exterior y de seguridad común, esta resolución recoge también la posición de la Comisión de Asuntos Exteriores, en particular por lo que se refiere a reducir la reserva para acciones de urgencia en beneficio del apoyo a otras políticas, tales como el apoyo a los procesos de transición democrática, a los procesos electorales y a la prevención de conflictos, así como lo referente a la nomenclatura propuesta en el anexo 2 de la resolución. 
La Comisión de Presupuestos y la ponente piden, por todo ello, a la Asamblea que apruebe este informe como mandato para las negociaciones entre la delegación del Parlamento Europeo y el Consejo. 
Presidente, en esta sesión el Parlamento fija el mandato para la negociación con el Consejo, sobre todo en lo relativo a los gastos agrícolas obligatorios para 1999 en el marco del denominado procedimiento ad hoc. 
En los años anteriores hemos adquirido muchas experiencias positivas en este procedimiento, sobre todo el año pasado en relación con el presupuesto de 1998. 
Todos los Grupos implicados son de la opinión de que ese modo de trabajo, también llamado procedimiento Tillich/Mulder, debe continuarse. 
Eso significa que el punto principal de las negociaciones entre Parlamento y Consejo ya no depende de la aprobación del proyecto de presupuesto, sino que en el otoño la Comisión lo enviará en una eventual carta rectificativa a las dos secciones de la autoridad presupuestaria en la que se incorporará las estimaciones más recientes de los gastos obligatorios. 
En este momento debe responderse a la pregunta de qué rectificaciones son probables en el anteproyecto de presupuesto tanto del lado de ingresos como de gastos. 
Basándose en los gastos reales relativos al año presupuestario de 1998, el Parlamento opina que acaso se puedan realizar ahorros para 1999. Esta esperanza se manifiesta incluyendo una cantidad de 700 millones de ecus en una reserva general para incertidumbres de mercado y medidas de apoyo. 
Por otro lado, se le da forma a esta sugerencia sugiriendo un recorte lineal provisional en el apartado de agricultura. 
De este modo el posible recorte es llevado temporalmente por debajo confiando en que a su debido tiempo la Comisión podrá realizar propuestas para una reducción más selectiva de algunas líneas presupuestarias sustanciales. 
Esa solución es temporal, ya que la opinión explícitamente fijada del Parlamento de estar en contra de un verdadero recorte lineal de los gastos agrícolas obligatorios sigue intacta. 
Por supuesto, el procedimiento también debe funcionar bien si a fin de cuentas no hay ahorros sino subida de los gastos. 
Aún una palabra sobre las medidas de apoyo como consecuencia de la reforma agrícola de 1992. 
Estas medidas gozan de una importancia cada vez mayor y los usos aumentan fuertemente. 
Sin embargo, falta un buen análisis y evaluación de estas medidas. 
El Parlamento opina que debe llegar muy pronto una evaluación semejante, sobre todo porque estas medidas van a conformar una parte sustancial de la nueva política rural propuesta por la Comisión. 
Al respecto, el Parlamento y el Consejo deben poder tomar una resolución justificada. 
Ya es hora de que el Parlamento profundice bien en la efectividad de estas medidas de apoyo. 
El Parlamento propondrá elevar la partida presupuestaria para la lucha contra el fraude en el sector agrícola. 
Esto coincide con la intención de la Comisión de emprender nuevos programas en este terreno. 
La tensión en este terreno no puede relajarse. 
Poniendo ahora a buen recaudo la financiación, las nuevas acciones de la Comisión pueden comenzar de inmediato. 
Por último, en el informe Dührkop Dührkop se propone adoptar una nueva división del apartado de agricultura. 
Es muy necesaria sobre todo la diferenciación entre los subapartados de gastos tradicionales de ordenación de mercado y los pagos directos a los productores que han aumentado fuertemente. 
Eso sirve, por lo demás, también para el subapartado de gastos estructurales en la sección de Garantía. 
También ese subapartado exige una atención muy específica precisamente con vistas a la política anunciada de la Agenda 2000. 
En todos estos casos se trata de gastos agrícolas obligatorios, pero esto no quiere decir que se podrán sustraer a la influencia política del Parlamento. 
El modo en que el Parlamento podrá ejercer esta competencia de modo sensato debe formar parte de un acuerdo interinstitucional, un acuerdo nuevo. 
Pero una nueva división, tal y como propone ahora la ponente, significa un nuevo impulso. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Dührkop demuestra que en el Parlamento se puede avanzar sin necesidad de modificar el Tratado. 
Durante muchos años, el Consejo se ha negado a someter el presupuesto al debido control democrático. 
Hemos luchado durante años por un control presupuestario global adecuado de los gastos obligatorios y de los no obligatorios. 
También hemos luchado durante años por un control democrático sobre la pesca y por que el presupuesto para la Política Exterior y de Seguridad Común esté sujeto a un control democrático. 
Esto demuestra que, sin necesidad de modificar el Tratado y a condición de que el Parlamento sea coherente, eficiente y no se sobrepase en la utilización de fondos, podemos avanzar. 
Es precisamente lo que ahora tenemos: el procedimiento ad hoc. 
La Comisión ha tardado en comprender que la sobrestimación de la previsión presupuestaria en el ámbito agrícola es contraproducente. 
Finalmente, hace dos años dimos un giro a la situación, y felicito a mi colega Sr. Tillich, por conseguir el año pasado el compromiso firme de la Comisión y del Consejo de que aceptarían el principio de la reserva. 
Sobre la reserva se han dicho muchas cosas. 
Siempre se ha calificado como abuso de poder del Parlamento. 
Pero la reserva no es ningún abuso del Parlamento: es la utilización correcta de los fondos públicos por una legislatura controlada públicamente. 
Ante semejante trasfondo, creo que disponemos del mejor punto de partida para el debate, que se iniciará en las próximas semanas. 
Un comentario sobre el fundamento jurídico. 
Esta tarde se ha vuelto a demostrar, en el debate con el Comisario Liikanen, que el fundamento jurídico, en definitiva, no es tanto un asunto de ley, sino de la voluntad política de comprender las necesidades de la población. 
El hecho de que 90 líneas presupuestarias no estén siendo ejecutadas en estos momentos es vergonzoso para el desarrollo de la sociedad civil. 
Acabamos de aprobar el informe Herman, en el que se deja perfectamente claro que podemos avanzar, a condición de que el Consejo esté dispuesto a colaborar con nosotros. 
No nos engañemos: si en el diálogo a tres bandas no logramos un cambio respecto al fundamento jurídico, se deteriorarán las relaciones entre el Parlamento y el Consejo, y diría incluso, las relaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Espero que este mensaje llegue hasta todos aquellos que hoy no se encontraban presentes. 
Veo que el Comisario para África se encuentra entre nosotros, y espero que pueda transmitir el mensaje al Comisario de Agricultura. 
Creo que con lo que hemos conseguido hasta ahora, disponemos de un buen punto de partida y tengo la convicción de que llegaremos a una buena conclusión. 
Señor Presidente, Señorías, el procedimiento ad hoc surgido de las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional del 29 de octubre de 1993 para los gastos agrícolas se ha ampliado a los acuerdos de pesca y a la política exterior y de seguridad común. 
Ha permitido indiscutibles progresos, tanto en la mejora del procedimiento presupuestario como en la elaboración del propio presupuesto de la Unión Europea. 
La concertación que precedió la segunda lectura del presupuesto de 1998 es su mejor ejemplo. 
Por un lado, el Parlamento Europeo obtiene un derecho de inspección sobre la vertiente de los gastos agrícolas y, por el otro, al aceptar algunas tomas de posición del Parlamento para los gastos obligatorios, el Consejo puede obtener ciertas concesiones en el ámbito de los gastos no obligatorios que, en el pasado, han supuesto a menudo una manzana de la discordia cuando no una causa de conflictos entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria, habida cuenta del alcance, considerado poco razonable, de las decisiones presupuestarias del Parlamento Europeo. 
Otro paso significativo y positivo es el acuerdo celebrado entre el Consejo y la Comisión, con arreglo al cual a partir de ahora la Comisión deberá presentar para los gastos agrícolas una carta rectificativa a su anteproyecto antes de la primera lectura del presupuesto, para permitir evaluar mejor las estimaciones presupuestarias, ejercicio muchas veces difícil en materia agrícola. 
Dichos progresos son totalmente aceptables, ya que permiten a la vez poner fin a una especie de guerra de trincheras presupuestaria entre el Parlamento y el Consejo, que, en el pasado, ya ha durado demasiado, y por el otro lado, le dan al Parlamento mayor coherencia y unidad en el ejercicio de sus competencias. 
La situación de hemiplejia presupuestaria de nuestro Parlamento, que sólo nos concedía poder para la mitad del presupuesto, dejándole al Consejo la segunda parte de la autoridad presupuestaria, está actualmente desfasada y es irrealista. 
Diremos sí al procedimiento ad hoc en calidad de código de buena conducta entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria, pues la cortesía presupuestaria permite mejores resultados para la fijación del presupuesto. 
Pero tengamos cuidado de que esto no genere insidiosamente una confusión de las competencias, ya que para el Parlamento se trata nada menos que de proponer la modificación de la estructura y de la clasificación de los gastos agrícolas, dicho en otras palabras, de la supresión de los gastos obligatorios y los gastos no obligatorios 
Sin poner en entredicho el fundamento del procedimiento ad hoc, no podemos, a pesar de todo, apoyar en este punto al ponente, por la razón fundamental de que, por su especificidad, los gastos agrícolas no deberían en lo esencial trivializarse y convertirse en gastos no obligatorios. 
Un gasto no obligatorio está por propia naturaleza sujeto a la libre voluntad del legislador, según las opciones escogidas. 
Por ejemplo, sería posible reducir una dotación presupuestaria en favor de un programa de energía eólica, en función del interés y la credibilidad que tenga esta fuente de energía. 
Con la mayoría de los gastos agrícolas ocurre algo totalmente distinto, tanto los gastos de apoyo a los mercados como las ayudas directas o las medidas estructurales. 
Se trata de unos gastos que, por su índole, deben ser garantizados, y yo considero que su especificidad debería protegerlos de toda veleidad excesiva de clasificación. 
El procedimiento ad hoc deberá limitarse a la puesta en práctica del Acuerdo Interinstitucional y no apartarse de dicho marco. 
No se trata de querer ir a contracorriente, pero éste es un paso que mi Grupo y yo personalmente no podremos dar. 
Señor Presidente, una nota de carácter general, en primer lugar, para afirmar que consideramos positivo el procedimiento ad hoc como vía que permite la contribución del Parlamento con vistas a la introducción de mejoras en la distribución de los gastos obligatorios, en particular de los gastos agrarios, y a garantizar un mayor rigor y una mayor transparencia de dichos gastos. 
Pero consideramos también- y queremos subrayarlo- que dicho procedimiento no puede ni debe ser desvirtuado con su transformación en un mero mecanismo de propuesta de disminución de gastos. 
Lo mismo hemos de decir respecto de la reserva especial, en la categoría I, que se nos propone. 
En efecto, podemos convenir en su creación, con vistas, en particular, a afrontar las incertidumbres del mercado. 
Pero entendemos que no se debe hacer mecánicamente, sino que se debe consolidar y limitar a situaciones muy bien determinadas. 
Pero, en este marco, nos resulta particularmente polémica una idea ya suscitada en otro informe anterior: la de una reserva destinada a un fin determinado. 
Comprendemos la intención de aligerar el esfuerzo presupuestario de los Estados miembros, pero no podemos por menos de señalar los peligros que entraña semejante orientación, ya sea como precedente que podría generalizarse o, en particular, como vía para una completa negación del concepto de recursos propios. 
Si no se adoptan algunas precauciones, se correrá el riesgo de que los recursos propios resulten transformados en meras transferencias à la carte por parte de los Estados miembros. 
Y ninguno de nosotros estaría conforme- no me cabe la menor duda- con semejante situación. 
Señor Presidente, Señorías, antes de exponer mis consideraciones sobre el excelente informe de la señora Dührkop Dührkop, me parece necesario hacer una breve aportación complementaria al debate de esta mañana sobre los fundamentos jurídicos, en relación con un aspecto que considero significativo y que no se ha mencionado antes. 
En efecto, la cuestión decisiva no es si se tiene que cumplir la sentencia. 
Esto es indiscutible. 
El tema decisivo es cómo podemos conseguir que el Consejo acepte las políticas que el Parlamento desea impulsar. 
Lamentablemente, lo cierto es que hasta ahora no se ha dado ninguna respuesta institucional a esta pregunta. 
Mientras el Consejo se niegue a hacer concesiones en este aspecto, seguiremos viéndonos en la necesidad de responder y presionar con los medios a nuestra disposición como parte de la autoridad presupuestaria. 
En la última reunión de la Comisión de Presupuestos, todos los Grupos aprobaron por unanimidad la plena utilización de los márgenes de los que disponemos en las categorías 3 y 4 del Presupuesto de 1999 si el Consejo mantiene una posición intransigente. 
El Consejo tiene que saber que podemos eludir perfectamente un bloqueo por su parte, ya que en definitiva se trata nada menos que de 1.300 millones de ecus. 
El Consejo puede tener la seguridad de que sabremos utilizar bien estos fondos y tendrá que mostrar sus cartas en relación con este tema en el marco del diálogo a tres bandas. 
En lo que se refiere al Informe Dührkop, éste señala- más allá de las previsiones concretas- tres contenciosos institucionales decisivos que tendrán que resolverse en el marco del próximo acuerdo interinstitucional: además del problema de las bases jurídicas que ya se ha debatido antes, existen discrepancias en relación con la clasificación de los gastos y un cierto recelo en lo que se refiere a la ampliación de la flexibilidad mediante la creación de una reserva. 
El Informe Dührkop cubre, en este sentido, una etapa importante en el pedregoso camino de la cooperación interinstitucional. 
Mi Grupo político apoya los esfuerzos de la Ponente y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para prestar una mayor atención a la evaluación de los programas. 
Lo mismo puede decirse también, naturalmente, por lo que respecta a los programas en el ámbito de la sostenibilidad de la agricultura regional. 
Queremos resaltar, no obstante, que justamente en el caso de estos programas, que requieren un elevado grado de compromiso por parte de los Estados miembros, es preciso hacer todo lo posible para garantizar que éstos lleguen efectivamente a sus destinatarios y destinatarias. 
Por lo que respecta a la creación de un fondo de seguros destinado a compensar por los daños o desventajas sufridos como resultado de las epizootias, yo quisiera destacar que el motivo decisivo es, en mi opinión, el de minimizar su impacto en el Presupuesto. 
Las evaluaciones para la aplicación del principio de autoaseguramiento podrían partir de esta premisa. 
Por consiguiente, yo no puedo aprobar la creación de una línea presupuestaria en este momento. 
Finalmente, quisiera añadir unas palabras sobre los gastos en el contexto de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Aceptamos el procedimiento ad hoc en el marco del Tratado de Amsterdam porque considerábamos importante mantener el carácter no obligatorio de dichos gastos. 
Este procedimiento exige, no obstante, un mínimo de responsabilidad mutua, que el Consejo no ha demostrado, a mi parecer. 
Es particularmente de lamentar que ni el Consejo ni la Comisión no hayan respondido hasta la fecha a los deseos del Parlamento en lo que se refiere a la creación de una fuerza europea de paz de carácter civil. 
Señor Presidente, Señorías, una vez más aquí en Bruselas examinamos un importante informe del procedimiento presupuestario contrariamente a los textos que regulan nuestra sede, confirmados por el Tribunal de Justicia. 
El informe que se nos presenta dista mucho de ser neutro. 
En efecto, si en teoría el procedimiento ad hoc de concertación consiste en una serie de debates formalizados entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria sobre el importe y el reparto de los gastos obligatorios y de los gastos no obligatorios, este procedimiento permite en la práctica que el Parlamento Europeo inicie un diálogo y ejerza un auténtico chantaje político respecto al Consejo sobre el importe de los gastos obligatorios así como sobre la naturaleza de algunos de estos gastos. 
Examinaré ambas categorías que son objeto en el informe del inicio de un procedimiento ad hoc: los gastos agrícolas y los gastos de la PESC. 
En lo relativo a los gastos agrícolas, el Parlamento Europeo justifica que recurra regularmente al procedimiento ad hoc amparándose en la sobreestimación endémica de los últimos diez años. 
La Comisión de Presupuestos considera que algunas líneas del capítulo agrícola están todavía sobreevaluadas y pide a la Comisión que presente una carta rectificativa para que sólo se incluyan en el presupuesto los créditos que se acerquen lo máximo posible a las necesidades reales. 
Sin embargo, no nos equivoquemos en cuanto a las verdaderas motivaciones de la Comisión de Presupuestos. 
Se trata claramente de influir sobre el carácter, el contenido y el importe de los gastos obligatorios, por lo general controlados de modo unilateral por el Consejo. 
Yo presenté una enmienda que declaraba que el Parlamento consideraba el procedimiento ad hoc como un instrumento para una mejor asignación de los créditos y no como un medio político destinado a poner en entredicho el actual equilibrio de los poderes entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria. 
Esta enmienda fue rechazada. 
En lo relativo a los gastos de la PESC, el problema es algo distinto. 
En un principio, el Tratado de Maastricht establecía una distinción en el trato de dichos gastos. 
El Acuerdo Interinstitucional del 16 de julio se ha modificado sin respetar el procedimiento ni esperar a la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
Existe aquí también una voluntad de modificar los textos y de influir sobre lo que propone el Consejo. 
Contrariamente a lo que se nos dice, el procedimiento ad hoc no es una manera de racionalizar los gastos, sino una voluntad de volver a definir las clasificaciones de estos gastos. 
Señor Presidente, que el presupuesto para 1999 sea el último de las actuales perspectivas financieras hace que sea un presupuesto que, aunque siga en la línea de los años anteriores, haya empezado a mirar ya hacia lo que serán las nuevas perspectivas financieras, no dejando de ser ello cierto también en su vertiente agrícola. 
Sabemos bien que los procedimientos ad hoc no pretenden poner en duda la competencia de las autoridades presupuestarias sino, muy al contrario, facilitar el debate entre Consejo y Parlamento sobre la clasificación de los gastos. 
La Comisión de Presupuestos aprobó en su día el informe de la Sra. Dührkop sobre el procedimiento ad hoc al mismo tiempo que comprobaba la bondad del procedimiento Tillich/Mulder que estrenamos el año pasado. 
Lo aplicaremos una vez más a la carta rectificativa que presentará la Comisión a finales de octubre para conseguir una mayor adecuación entre las previsiones de gasto y el gasto real. 
Quisiera resaltar también el que hayamos votado a favor de la creación de una reserva especial para incertidumbres de mercado y medidas de acompañamiento, a la espera de la carta rectificativa de la Comisión, dotada con 700 millones de ecus procedentes de una reducción lineal efectuada en todas las líneas B1 del FEOGA-Garantía, sin aumento de su importe total, evitando así una sobreestimación de los gastos agrícolas. 
Otra cosa será que el Consejo esté dispuesto a aceptarla. 
Otra novedad que también hemos apoyado es la nueva nomenclatura del gasto, que la Sra. Dührkop propone en función de los objetivos de gasto para llegar a una mejor valoración de la Política Agrícola Común. 
Por otro lado- y a falta de acuerdo con el Consejo sobre el fundamento jurídico en el diálogo tripartito, y para ser coherentes con la sentencia del Tribunal de Justicia -, la ponente propone inscribir en una reserva especial los importes relativos a las líneas cuyo fundamento jurídico esté pendiente de aprobación. 
Así pues, se procederá a una transferencia de la reserva a la línea sólo cuando se haya adoptado el fundamento jurídico. 
El ya mencionado procedimiento Tillich/Mulder se extiende a los acuerdos internacionales de pesca, de forma que la carta rectificativa presentada por la Comisión permita valorar mejor la situación de las negociaciones en curso, y que, en caso de que no se lleven a cabo a tiempo, se pueda decidir nuevas reducciones de los importes inscritos en la reserva. 
No quisiera terminar, señor Presidente, sin mencionar a quienes ven con cierta reticencia las reservas afectadas, por lo que de peligro entrañan al acumular los gastos a final de año y tener que proceder a los pagos de una sola vez. 
En cuanto a la financiación de la PESC, podemos aceptar la disminución del monto para las acciones de urgencia por lo que supone de refuerzo para los créditos destinados a la prevención de conflictos. 
Señor Presidente, la Sra. Dührkop Dührkop ha elaborado un detallado informe que es merecedor de nuestro más sincero agradecimiento. 
Desearía centrarme de manera más detallada en los apartados 13 y 14, en los que se trata sobre las ayudas medioambientales a la agricultura, las pensiones anticipadas y la reforestación. 
En primer lugar, querría dejar de manifiesto que la política comunitaria y la financiación de la Unión Europea no deberían ampliarse al sector forestal. 
En el ámbito de actuación de la Unión deberían recaer únicamente la reforestación que implique la supresión de tierras de cultivo destinadas a fines agrícolas y las medidas orientadas a evitar los fenómenos de la erosión y la desertificación. 
El apartado 14 interfiere de manera particular en la aplicación de la política agrícola. 
De acuerdo con lo expresado en este apartado, las exigencias relativas a la agricultura resultan demasiado difusas y nada vinculantes. 
Al mismo tiempo, se solicita a la Comisión que elabore propuestas específicas para promocionar la agricultura sostenible desarrollando, entre otras, una buena reglamentación para la práctica de la agricultura y normas funcionales en materia medioambiental y de producción. 
En mi opinión, el apartado 14 muestra una excesiva confianza en la administración y en la burocracia, llegando incluso a disposiciones a escala regional. 
Cabe recordar que la Unión Europea es una comunidad de 370 millones de habitantes. 
Resulta imposible imaginar que la Comisión fuera siquiera capaz de presentar unos modelos de agricultura favorables para cada rincón de Europa. 
Y lo mismo se puede decir de las normas más minuciosas. 
Por ejemplo, por lo que se refiere a mi propio país, la Comisión Europea ha modificado en numerosas ocasiones durante esta primavera el último día de siembra. 
¿Por qué intenta la Comisión decidir en detalles como éste? 
En los Estados miembros se lleva practicando la agricultura desde hace siglos; ya sabrán ellos, con toda seguridad, cuándo se pueden sembrar las tierras y cuándo no. 
El requisito esencial de la Política Agrícola Común reside en el respeto del principio de subsidiariedad. 
La responsabilidad en materia agrícola recae no sólo en la Unión Europea, sino también en los Estados miembros. 
Hasta el momento, la protección medioambiental y otras medidas suplementarias del sector agrícola se han venido gestionando por medio de acuerdos entre los Estados miembros y la Unión Europea, contribuyendo ambas partes en los costes de dichos acuerdos. 
La aplicación práctica y el control corresponden principalmente a los Estados miembros. 
Este sistema ha funcionado bien porque los Estados han asumido responsabilidades tanto en el plano funcional como en el económico. 
Espero que se solucionen estas cuestiones relacionadas con la subsidiariedad de manera favorable con motivo de la próxima reforma de la PAC, en el marco de la Agenda 2000. 
Señor Presidente, quisiera dedicarme a un aspecto del muy interesante informe de la Sra. Dührkop Dührkop, a saber, el de la lucha contra las enfermedades de los animales. 
Los años anteriores hemos visto que cuesta mucho dinero al presupuesto europeo, lo hemos visto con el EEB y sobre todo con la peste porcina. 
¿Cómo está la situación en este momento en el caso de que aparezca una enfermedad contagiosa? 
La situación es en este momento que el 50 % de estos costes los soporta el Estado miembro y el restante 50 % el presupuesto europeo. 
Ahora la tendencia es que en determinados Estados miembros- y sólo necesito mencionar un país que tengo muy cerca, los Países Bajos- ese 50 % nacional deben soportarlo los campesinos de esos Países Bajos. 
La gran pregunta es que en otros países no está así de claro. 
¿No opina la Comisión que podría ser un posible caso de competencia desleal? 
¿Sería posible que la Comisión- ya lo pedí una vez en mayo- pudiera proceder en un plazo no demasiado largo a una evaluación de todos los esquemas de lucha contra las enfermedades de animales que existen en este momento en los Estados miembros de la Unión Europea? 
En lo referente a la propuesta de la Sra. Dührkop Dührkop de investigar si es posible crear para ello una caja de seguros a nivel europeo, creo que desde luego merece la pena considerarlo, pero antes de que podamos llevarlo a cabo habrá que discutir aún muchos detalles. 
Señor Presidente, a la Comisión le complace que el Parlamento Europeo parezca estar dispuesto a aprobar el importe global propuesto para el FEOGA-Garantía, y que exista un amplio acuerdo sobre cómo debe ser distribuido entre los sectores. 
El rigor de este presupuesto es evidente, no sólo por su índice de " crecimiento cero» , sino también por los esfuerzos realizados de cara a reducir la sobreestimación de la previsión presupuestaria que hemos observado en determinadas líneas presupuestarias estos últimos años. 
Respecto a la propuesta de crear una reserva en el marco del FEOGA-Garantía, debo decir que la Comisión no ve cómo la creación de una reserva, sin introducir ninguna modificación del importe global del presupuesto, puede contribuir a nuestro objetivo común, a saber, un presupuesto riguroso. 
La Comisión es contraria a una reducción lineal de todas las líneas para poder crear una reserva. 
No obstante, si así lo desea la autoridad presupuestaria, la Comisión estaría dispuesta a tratar aproximadamente 250 millones de euros como " asignaciones provisionales» y destinarlos a la reserva para el capítulo B0-40. 
Dichas asignaciones pueden extraerse de cinco líneas presupuestarias que hayan sido infrautilizadas de manera sistemática durante el período de 1994 a 1997 o de partidas en las que el gasto no está asegurado, como la lucha contra el brote de enfermedades de animales. 
Reducir las asignaciones a las medidas de control y prevención en 3 millones y no consignarlas en el capítulo B0-40 parece ilógico. 
La Comisión no podría realizar una evaluación de las medidas complementarias, como solicita el Parlamento, y con las que tiene un compromiso, en caso de que el Parlamento retire las asignaciones. 
Respecto a la transferencia de 17 millones de euros complementarios al capítulo B0-40, obtenidos mediante una reducción lineal de las líneas presupuestarias, la Comisión no ve la utilidad de esta medida. 
En su anteproyecto de presupuesto, la Comisión se compromete a presentar nuevas medidas para controlar y prevenir el fraude, si es posible, en el marco de la nota rectificativa. 
En el futuro, la nota rectificativa agrícola de otoño será un etapa crucial del procedimiento presupuestario del FEOGAGarantía. 
Al igual que en el pasado, permitirá tener en cuenta los últimos acontecimientos en la producción y en los mercados. 
En este sentido, la evolución de los hechos hasta ahora no nos lleva, por el momento, a esperar ahorros sobre las cantidades propuestas en el AP. 
La nota rectificativa será asimismo la ocasión idónea para la puesta al día del AP a la luz de las decisiones legislativas, incluidas aquéllas sobre el paquete de precios, las reformas del mercado y, probablemente, la adaptación del sistema agro-monetario a raíz de la introducción del euro. 
Respecto a los acuerdos de pesca y a raíz de las nuevas estimaciones, la Comisión ya puede respaldar dos modificaciones al AP, si la autoridad presupuestaria da su conformidad. 
La primera es la transferencia de medio millón de euros de la línea B78000 a la reserva relativa al acuerdo con Gambia, que con toda probabilidad no llegará a suscribirse en 1998 y, por tanto, no entrará en vigor a comienzos de 1999. 
La segunda es una reducción de hasta 7 millones de euros de la reserva destinada a nuevos acuerdos, debido a que lo más probable es que no pueda celebrarse un nuevo acuerdo con Rusia en un futuro próximo, para el que se había previsto dicha suma en la reserva. 
No obstante, más adelante, la Comisión presentará estimaciones actualizadas y propondrá las modificaciones correspondientes de las propuestas para nuevos acuerdos. 
Según lo acordado durante el diálogo a tres bandas de marzo de 1998, la distribución definitiva entre la reserva y la línea presupuestaria se decidirá en la nota rectificativa que la Comisión transmitirá a la autoridad presupuestaria a finales de octubre. 
Por último, respecto a la financiación de la política exterior y de seguridad común, en lo relativo a la línea para medidas de urgencia (B8-015) , las asignaciones propuestas en el anteproyecto de presupuesto 1999 han sido incrementadas a la luz de la relativamente rápida ejecución de los créditos durante los primeros meses de 1998. 
No obstante, la Comisión podría respaldar un cierta revisión a la baja de la suma asignada, como los 2 millones de euros propuestos por el Parlamento Europeo, y reforzar, por ejemplo, la línea para prevención de conflictos y apoyo a los procesos de paz (B8-013). 
Modificaciones de menor importancia de la nomenclatura no plantean ningún problema para la Comisión. 
Pero si no se llega a un acuerdo en el caso de algunas líneas presupuestarias, la Comisión propone volver a la nomenclatura aprobada en el debate sobre el presupuesto para 1998, o a la nomenclatura aprobada en el acuerdo interinstitucional. 
Señor Comisario, yo quiero que quede nítidamente claro que esta resolución no propone ninguna reserva para las medidas de apoyo. 
He dicho clarísimamente que hubiera sido deseo de la ponente pedir unas reservas mucho más específicas en vez de una reserva global. 
Pero la reserva global que se ha decidido al final ha sido por acuerdo con la Comisión de Agricultura. 
Y si lee usted bien, el informe dice «provisionalmente lineal». 
Este Parlamento se ha pronunciado claramente, durante los años del procedimiento ad hoc, que está en contra de recortes lineales. 
De momento, y hasta que veamos en la carta rectificativa dónde están las verdaderas necesidades, preferimos decir «provisionalmente lineal». 
En cuanto a los acuerdos de pesca, quiero decir, señor Comisario, que usted sabe como yo que no sólo el acuerdo con Rusia tiene pocas posibilidades de entrar en el presupuesto de 1999, sino algún que otro acuerdo más. 
Esto se verá hacia el otoño, lo mismo que los gastos agrícolas, cuando se examine la rectificación presupuestaria. 
Muchas gracias, señora Dührkop, por las aclaraciones y precisiones que ha dado y de las que tomo, naturalmente, nota. 
Ahora bien, respecto de los acuerdos de pesca y en la medida en que de vez en cuando participo, al menos colateralmente, en las negociaciones de algunos de ellos, resulta extraordinariamente difícil hacer una previsión rigurosa. 
Y voy a dar un ejemplo: el acuerdo de pesca con Sudáfrica. 
Es un acuerdo que parecía imposible el año pasado, cuando se iniciaron las negociaciones, y, pese a todo, hay una esperanza de que se pueda firmar incluso al final de este año. 
Hay una esperanza, pero, ¡no más! 
Porque depende mucho más de las autoridades sudafricanas que de las autoridades de la Comunidad. 
Por eso, tenemos que examinar esos asuntos con cierta prudencia, aceptando que haya alguna incertidumbre. 
Ésa era la aclaración que quería darle, diciendo que comprendo, por tanto, la dificultad de mi colega y de la señora diputada y de sus colegas, por querer un presupuesto riguroso y encontrarse simultáneamente con esas incertidumbres que se han de afrontar. 
Muchas gracias, Sr. Pinheiro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Sistemas de control por el vendedor 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0230/98) del Sr. Garosci, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Informe sobre los sistemas de control por el vendedor aplicados por los Estados miembros (COM (96) 0245- C4-0589/96). 
Señor Presidente, ésta es la primera intervención que hago desde mi nueva ubicación física en este Parlamento, finalmente en el centro. 
Para comenzar con una buena noticia, el próximo 30 de junio de 1999 podría ser el último día en el cual quien viaja de un Estado miembro a otro podrá comprar, en los llamados duty free, productos típicos, artesanales, de lujo, licores o tabaco sin impuestos. 
Dicha fecha modificará un importante fenómeno que ha acompañado durante cincuenta años a los viajeros europeos. 
Esta supresión es, sin embargo, la consecuencia directa de la introducción del mercado único a partir del 1 de enero de 1993. 
Habida cuenta de la relevancia socioeconómica del sector, el Consejo concedió, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 30 de junio de 1999, una prórroga especial para permitir a los sectores salir gradualmente del régimen de las exenciones tributarias. 
El Consejo autorizó asimismo, en el plazo de prórroga, la venta libre de impuestos en las dos terminales del túnel bajo el Canal de la Mancha y aumentó la franquicia para los terceros países hasta 175 ecus y para los países comunitarios hasta 90 ecus. 
A la vista de la falta de controles en las fronteras, el Consejo ha fijado unos umbrales mínimos de control de las ventas libres de impuestos, objeto de este informe. 
La Comisión tenía que presentar al Consejo, antes del año 1994, un informe sobre el funcionamiento de dicho régimen transitorio, así como sobre los sistemas de control de las ventas. 
Dicho informe se redactó en 1996 y, cuando falta poco más de un año para la expiración de la prórroga, hoy el Parlamento está llamado a expresarse sobre dicho informe de la Comisión y, en consecuencia e indirectamente, sobre el futuro de las tiendas libres de impuestos. 
El primer aeropuerto con puntos de venta libres de impuestos nació en Shannon, Irlanda, en el año 1947. 
Para tener una idea del desarrollo de este aeropuerto en condiciones de franquicia aduanera, desde el primer viaje con trece pasajeros en 1945, llegamos a 1977 con una facturación de 10 millones de dólares. 
El concepto de Shannon se propagó rápidamente en toda Europa y desde ese momento todos los grandes aeropuertos adoptaron el sistema de las tiendas libres de impuestos. 
Siguiendo el ejemplo de los aviones, también los transbordadores marítimos desarrollaron ventas libres de impuestos a bordo, sobre todo para las pequeñas compañías de línea y, todavía hoy, dichas ventas cubren una parte importante de sus costes de explotación. 
Actualmente, dicho sector en la Unión Europea afecta a los tres canales principales- aeropuertos, transbordadores y a bordo de aviones- con una facturación de 7 millardos de dólares en 1996. 
En el año 1991, la Comisión se pronunció en el sentido de realizar un estudio sobre los efectos socioeconómicos de la supresión de las tiendas libres de impuestos. 
Desgraciadamente, dicho informe no se ha elaborado todavía y los datos hoy disponibles para entender la efectiva relevancia del sector en cuestión son los elaborados por los sectores y por un estudio del Parlamento Europeo. 
La introducción del mercado interior el 1 de enero de 1993 y la correspondiente ausencia de fronteras comunitarias han exigido la creación de un sistema de control de las ventas que garantice el respeto de las franquicias preestablecidas. 
El gestor de las tiendas libres de impuestos- y aquí abordamos el objeto principal del informedebe perseguir el doble objetivo de incrementar sus ventas y, al mismo tiempo, controlar que éstas no superen los límites establecidos. 
La Comisión expresa una valoración que está lejos de ser satisfactoria sobre el respeto, por parte de los gestores, de las orientaciones fijadas por el Consejo en 1992. 
En la mayor parte de los casos, los gestores de las tiendas no han aplicado sistemas que permitan contabilizar las compras; del mismo modo, tampoco se han previsto sistemas que permitan contabilizar los restos de compras libres de impuestos disponibles para los pasajeros. 
Por último, no se han coordinado los controles de las compras hechas en los aviones. 
El gestor de la tienda libre de impuestos no dispone de toda la información de viaje relativa a cada pasajero en el momento de la compra. 
Ello se debe a las lagunas existentes en los sistemas de control, pero, al mismo tiempo, resulta justificable, toda vez que la introducción de auténticos controles coordinados entre los distintos medios de transporte y en los distintos momentos del viaje habría supuesto un esfuerzo financiero muy notable por parte del gestor. 
Por otro lado, los controles de los gestores no van más allá del control del responsable del almacén y sólo garantizan que las mercancías no han salido del mismo o de la zona libre de impuestos sin haber sido registradas. 
Las lagunas constatadas se deben, probablemente, al hecho de que los Estados miembros no han tenido el tiempo de organizar, coordinar e invertir en dichos sistemas. 
La prórroga hasta el 30 de junio de 1999 habría podido ser una manera para ayudar al sector y permitir las necesarias y graduales adaptaciones, sin embargo, el sistema de las tiendas libres de impuestos no ha intentado llevar a cabo, desde el año 1991 hasta la fecha, la necesaria reconversión comercial, imprescindible para prepararse al cierre del 30 de junio de 1999. 
Se plantea asimismo un problema de equidad con respecto al conjunto de los comerciantes sujetos al régimen normal. 
Aunque se tendrían que reducir las ventas, el desarrollo del tráfico aéreo compensaría la eventual reducción inicial. 
Además, el cierre de las tiendas libres de impuestos no supone el cierre físico de los puntos de venta, sino tan sólo la supresión de las exenciones tributarias para los viajes intracomunitarios. 
Un aspecto que no es menos importante afecta a la ubicación física difícilmente comparable de las tiendas libres de impuestos y las realidades del comercio urbano. 
Por lo tanto, la construcción de un mercado interior real, guste o no guste, debe pasar por la supresión de las ventas libres de impuestos intracomunitarias. 
El caso de las tiendas libres de impuestos plantea, no obstante, problemáticas socioeconómicas que el Parlamento no puede soslayar. 
El sector emplea directamente a unas 140.000 personas y la supresión de las exenciones tributarias haría peligrar muchos de estos puestos de trabajo. Además del riesgo en términos de empleo, las repercusiones de la supresión pueden tener consecuencias negativas para el sector turístico, especialmente en algunas regiones periféricas. 
Asimismo, la supresión de las ventas en franquicia aduanera hará peligrar el proceso de liberalización de las industrias de transporte, sobre todo en lo que respecta a los pequeños y medianos operadores. 
La consiguiente tendencia al ahorro de las compañías también podría perjudicar a la seguridad de los transportes. 
En consecuencia, confiamos mucho en la enmienda que obliga a la Comisión a utilizar los fondos regionales. 
Se comprende que la decisión de suprimir las ventas libres de impuestos, salvo nuevas valoraciones políticas unánimes, es definitiva y se comparten las valoraciones poco satisfactorias formuladas por la Comisión. 
La hipótesis de utilizar el sistema de tiendas libres de impuestos con vistas a la adopción del euro es importante. 
Por lo tanto, sin perjuicio del plazo del próximo 30 de junio de 1999, es nuestro deber facilitar a los gestores instrumentos y sistemas para mejorar su control y a la red de tiendas libres de impuestos oportunidades de cara a su progresiva reconversión en normales puntos de venta comerciales. 
Por ello, consideramos fundamental la otra enmienda que he presentado- son sólo dos -, al objeto de permitir al viajero, con destino final extracomunitario pero con doble escala, realizar compras en franquicia aduanera ya desde el lugar de salida. 
Señor Presidente, quien vuela regularmente sabe que el control del cumplimiento de las reglas para la venta libre de impuestos no existe o en cualquier caso tiene más agujeros que un colador. 
Quien ha adquirido en un aeropuerto su cantidad máxima permitida de alcohol o cigarrillos libre de impuestos, obtiene otra vez en el avión una nueva carga sin ninguna dificultad. 
Quien compra bienes que sobrepasan el valor libre de impuestos permitido constata que no ha pagado ningún IVA porque el vendedor se lo ha quedado para él. 
Estos problemas son ya tan viejos como la propia venta libre de impuestos. 
Es significativo que todavía no se hayan solucionado. 
La venta libre de impuestos dentro de la Comunidad Europea desaparecerá precisamente de hoy en un año, pero para viajes fuera de la Unión seguirá existiendo. 
El problema de la incontrolada doble venta libre de impuestos seguirá, por tanto, existiendo también, y de eso trata este informe. 
Mi Grupo está de acuerdo con el ponente en que ya es hora de que se produzca un control eficaz y está de acuerdo con sus recomendaciones, que se pueden aplicar de una forma sorprendentemente sencilla. 
Mi Grupo cree con razón que el informe Garosci sólo trata del control sobre la venta libre de impuestos, del cual, por lo demás, la Comisión Europea ya ha vuelto a hacer un informe bastante anticuado. 
No nos pareció justo cómo en el informe inicial se intentó volver a sacar a discusión la resolución del Consejo ECOFIN de diciembre de 1991 para acabar con las ventas libres de impuestos dentro de la Comunidad. 
Naturalmente, también nos llega al alma el empleo en las tiendas libres de impuestos, pero en primer lugar las compras de los consumidores se desplazarán a otras tiendas donde crearán puestos de trabajo y, en segundo lugar, los gobiernos podrán rebajar otros impuestos con los ingresos adicionales por impuestos, o podrán realizar gastos extras que llevarán a la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Porque aunque la venta libre de impuestos es por supuesto placentera para el consumidor, no es gratis. 
Es una subvención para el vuelo que, sobre todo, va en beneficio del viajero habitual mejor situado económicamente, pero que es pagada por todos los ciudadanos. 
Por tanto, es una subvención socialmente regresiva. Es una subvención a la forma de transporte más contaminante que discrimina a formas de transporte más ecológicas que no pueden hacer uso de este favor. 
Es una subvención que favorece a las tiendas de los aeropuertos por encima de las tiendas normales en ciudades y pueblos que deben pagar IVA e impuestos sobre consumos específicos. 
Sobre todo es una subvención al alcohol y al tabaco, porque ahí es donde se da realmente la exención de impuestos, que precisamente no son los productos a los que quisiéramos subvencionar si pudiéramos elegir libremente. 
Si investigamos ahora, como yo mismo he hecho, quién se beneficia en realidad de los impuestos no pagados, resulta que sólo un tercio va a parar a los consumidores y dos tercios al comerciante. 
El hecho de que los enormes porcentajes de beneficios los obtengan esas tiendas libres de impuestos en sus ventas, explica las enormes campañas y la gigantesca presión a la que se nos expone como parlamentarios. 
En vista de los argumentos que he presentado aquí, no cederemos a esta presión. 
Por tanto, apoyaremos el informe Garosci en su forma actual. 
Señor Presidente, yo no estoy de acuerdo, como es obvio, con el orador que me ha precedido, el cual, desde una postura típicamente socialista, sólo ha visto los agujeros en el queso de las tiendas libres de impuestos. 
Yo me alineo más bien con quienes se muestran vehementemente partidarios de que se mantengan dichas tiendas libres de impuestos de los aeropuertos y los buques, también para las personas que viajen dentro de la Unión Europea, las cuales deben seguir teniendo la posibilidad de comprar productos típicos y artesanales y otros artículos exentos de impuestos. 
Ahora se propone, sin embargo, que esta posibilidad desaparezca a partir del 30 de junio de 1999. 
Ya sé que es posible apelar a los principios. 
Se puede alegar que las tiendas libres de impuestos son incompatibles con el mercado interior. 
La Comisión y el Comisario Monti en particular se apoyan en este principio; el Comisario no ha aceptado una nueva prórroga del plazo del 30 de junio de 1999 hasta el 1.1.2002, por ejemplo, tal como propuso nuestro ponente, el señor Garosci, con ánimo de compromiso. 
Sin embargo, ésa es la fecha a partir de la cual tendremos en el bolsillo las monedas y los billetes en euros. 
Yo no apoyo las tiendas libres de impuestos movida por el deseo de facilitar a los ejecutivos con alto poder adquisitivo la compra de artículos de lujo en sus viajes de trabajo. Sin embargo, no puedo ignorar que en la Unión Europea hay en estos momentos 18 millones de parados y que la supresión de las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos y los buques pondrá en peligro decenas de miles de puestos de trabajo, al margen de sus repercusiones sobre las tarifas aéreas. 
¿No les parece un poco esquizofrénico celebrar ambiciosas Cumbres del Empleo, crear planes de acción en favor del mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, y amenazar al mismo tiempo, apelando a los principios, más puestos de trabajo de los que pueden llegar a mantener o a crear dichos programas? 
Yo también sé que la política es el arte de lo posible. 
Por consiguiente, no puedo dejar de lamentar que las buenas intenciones del Ponente Garosci- a quien quiero expresar mi más sincero agradecimiento y que deseaba salvar las tiendas libres de impuestos- hayan sido víctimas de un procedimiento que ha descartado todas sus buenas propuestas para reducir su informe estrictamente al tema de los sistemas de control por el vendedor. 
Yo soy coautora de dos enmiendas cuyo objetivo es contribuir a que, por lo menos, no nos limitemos a tapar el pozo una vez que el niño ya haya caído dentro, o sea, cuando la supresión de las tiendas libres de impuestos ya haya destruido los puestos de trabajo, sino que se prevean desde ahora medidas de apoyo a través de subvenciones sectoriales y regionales para las regiones y los ámbitos que se verán más afectados por la desaparición de dichas tiendas. 
Queremos garantizar que también se aporten recursos comunitarios con este fin. 
Yo espero que el Parlamento aprobará asimismo nuestra enmienda por la que se autorizaría a hacer compras en las tiendas libres de impuestos a los viajeros que inicien su viaje en un puerto o un aeropuerto de la Unión Europea y que tengan que hacer algún transbordo dentro de la Comunidad, pero cuyo destino final se encuentre fuera de la Unión. 
Esto es también particularmente importante en el caso de Luxemburgo, ya que sólo podemos viajar a terceros países vía Fráncfort, Bruselas, París o Amsterdam, y yo espero... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, éste es, naturalmente, un informe extraordinariamente interesante, el informe del Sr. Garosci. 
Es sobre todo interesante por el hecho de que no decimos lo que en realidad hubiéramos querido decir, porque la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha decidido atenerse al informe en la línea de la Comisión Europea. 
Pero si comenzamos a realizar lo que aparece en el informe Garosci la cuestión es qué efecto tiene aún, porque cuando la burocracia haya aceptado las recomendaciones, ya se habrá suprimido el duty free. 
Ésa es en cualquier caso mi estimación en este momento. 
Sin embargo, creo que el Parlamento ha tomado una sabia resolución. 
El Parlamento no ha caído en la trampa de hacer aquí una declaración acerca del problema, donde en cualquier caso la dirección del problema depende de la Comisión Europea. 
Luego está la pregunta de en qué plazo deberán suprimirse de hecho esas zonas libres de impuestos. 
Desde luego, teóricamente estamos todos de acuerdo con que esas zonas libres de impuestos deben suprimirse, pero por otro lado resulta que, la Unión Europea y el Consejo por delante y la Comisión Europea por detrás, no han sabido solucionar un gran número de problemas fiscales. 
La sociedad bien habría podido esperar que esos problemas fiscales se solucionaran en este momento. 
Otra cuestión es por ejemplo cómo va a funcionar este sistema de duty free suprimidas en el Espacio Económico Europeo. 
Si los ciudadanos de Europa viajan de Amsterdam a Suiza o de París a Noruega acaso resultará diferente a si lo hacen directamente a Suecia. 
Por tanto, tengo la sensación de que estamos aquí con un problema que no solucionamos de la manera correcta porque nos anticipamos por un lado a los acontecimientos que todavía no hemos solucionado en el otro lado. 
Por eso quiero hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que examine bien ese problema otra vez por todos los lados y sobre todo para que vigile esas consecuencias que indudablemente tiene y no se fije sólo en las recomendaciones de este informe. 
Señor Presidente, reconozco que el principal impulso del informe Garosci es relativo a la necesidad de un endurecimiento de las normas por las que se rige la venta de productos libres de impuestos en aeropuertos dentro del territorio de la Unión Europea. 
No obstante, en estos momentos es difícil debatir dicho asunto sin hacer referencia a la necesidad más amplia de mantener la venta de productos libres de impuestos en Europa después de 1999. 
Tengo entendido que el Presidente saliente del Consejo ECOFIN describió este debate como el más emotivo de la agenda política, y creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo con él. 
La desaparición de las tiendas libres de impuestos sería un paso sumamente regresivo a la luz del hecho de que esta actividad cuenta con el apoyo generalizado de los ciudadanos de Europa. 
Es una actividad que favorece al consumidor y goza del respaldo del público. 
De hecho, cuando muchas personas afirman sentirse alejadas de las actuaciones de la Unión Europea, esas mismas personas encuentran virtualmente incomprensible que la UE suprima lo que para muchos que trabajan y viajan a los diferentes Estados miembros de la Unión es un modo muy popular de realizar compras de carácter social. 
La Comisión Europea no cede ni un centímetro respecto a la necesidad de volver a analizar más detenidamente las repercusiones de la supresión de las tiendas libres de impuestos y sus efectos en muchos Estados miembros de la Unión, especialmente en las regiones periféricas. 
No debemos olvidar que la Comisión prometió realizar dicho estudio y que no ha cumplido su promesa. 
La Comisión no está haciendo méritos para ganarse la simpatía de la opinión pública al adoptar una posición tan impopular y terminante. 
El 3 de abril, esta Asamblea aprobó por aplastante mayoría una resolución que solicitaba a la Comisión Europea la realización de un estudio socioeconómico. 
La negativa de la Comisión Europea a realizarlo, refuerza, una vez más, la teoría de que no está dispuesta a atender a los deseos del único organismo de la Unión Europea elegido democráticamente. 
El Consejo ECOFIN se reunió el 19 de mayo y, contrariamente a las especulaciones de la prensa, no hubo ninguna decisión ni reafirmación por parte del Consejo acerca de la supresión de las tiendas libres de impuestos. 
El tema volverá a figurar en el orden del día de ECOFIN, una vez que se hayan preparado los documentos de trabajo sobre este asunto. 
Acojo con satisfacción el hecho de que el Sr. Garosci cree y reconoce en su informe la necesidad de encontrar una solución alternativa a la supresión de las tiendas libre de impuestos. 
El ponente hace la clara y correcta observación de que la decisión pondría en peligro inmediato a un sector que da trabajo a 140.000 personas en Europa. 
Si se suprimen las tiendas libres de impuestos, los efectos para mi país, Irlanda, serán muy graves. 
Se destruirán puestos de trabajo en todos los sectores; subirán las tarifas de avión y de barco; subirán las tasas de acceso a los medios de transporte y se amenazará la viabilidad de los servicios de transbordador durante todo el año hacia y desde Irlanda. 
Es una situación muy grave y desearía que la Comisión tome por fin en consideración las opiniones de esta Asamblea y los deseos de la amplia mayoría de la población de esta Unión. 
Señor Presidente, antes que nada expresaré mi estima por el hecho de que el informe del colega Garosci se limita al tema del que trata: los sistemas de control por el vendedor. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios convocó en este sentido una audición que desgraciadamente resultó estar plagada de cabilderos que abogaban por el mantenimiento de las ventas libres de impuestos. 
El informe de la Comisión Europea no es ninguna bagatela. 
Falla todo en el control. 
Lo principal de todo es que se pisotea uno de los principios básicos del control administrativo. 
El vendedor que tiene interés en conseguir un volumen de ventas tan elevado como sea posible debe al mismo tiempo vigilar que sus clientes no sobrepasen los límites de compra. 
Con la inevitable consecuencia de que las mejoras que propone el ponente siguen siendo parches, lo que no quita que haya que aplaudirlas con fervor. 
Las ventas libres de impuestos en los viajes intracomunitarios están en contradicción con el mercado común europeo. 
Debido al defectuoso control causan un trastorno en la competencia aún mayor. 
El nivel de precios puede denominarse todavía importante a pesar del régimen libre de impuestos. 
El colega Metten ya lo indicaba. 
El consumidor así apenas tiene beneficios, además de que de manera artificial se absorbe empleo de las cadenas de distribución normales y de los pequeños comerciantes. 
A través de la intersubvención frustran la deseada interiorización de los efectos externos del transporte. 
También debemos pensar en el medio ambiente. 
En resumen: razones suficientes para echar todas las enmiendas presentadas a la papelera. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente y señalar que, aunque este debate formalmente debería haberse ceñido al Informe de la Comisión sobre los sistemas de control por el vendedor aplicados por los Estados miembros, es evidente que se ha introducido en todas las comisiones parlamentarias en las que se ha debatido el tema de las repercusiones económicas y sociales de la supresión de las tiendas libres de impuestos dentro de las fronteras de la Unión Europea. 
¿Ha sido así, tal como han señalado algunos oradores, porque el sector comercial afectado ha aprovechado la ocasión para exponernos sus argumentos en contra de dicha supresión? 
¿O bien porque el mismo Informe de la Comisión y la discusión en el seno del Consejo nos ha llevado a algunos diputados europeos a observar con más detalle e interés y- por qué no- con preocupación las posibles repercusiones negativas de tal supresión? 
Y es que hay argumentos válidos tanto a favor como en contra de dicha medida. 
Yo creo que las conclusiones que nos presenta la Comisión de Transportes avalan la conveniencia de que la Comisión elabore un estudio más profundo al respecto y en especial sobre las repercusiones que la supresión de este tipo de tiendas pueda tener sobre la financiación y la gestión de las infraestructuras de transporte, así como sobre esa posible amenaza para los consumidores de un aumento de los servicios de transportes por el aumento de las tarifas aeroportuarias. 
Señor Presidente, yo no me encuentro en condiciones de emitir una opinión tan contundente como lo han hecho algunos diputados. 
A mí me gustaría ver con más detalle un estudio al respecto, que no lo pide el sector sino algunos representantes de los Estados miembros. 
Yo también omitiría alguna de esas acusaciones respecto a una actitud pecaminosa por parte de algunos diputados o de algunos Estados miembros. 
Yo al menos no he tenido la posibilidad ni la intención de hablar con ningún representante del lobby afectado. 
En todo caso, señor Presidente, lo que sí dice el Informe de la Comisión es que hay serios problemas de control respecto a los niveles de venta, sobre todo en los aeropuertos y dentro de los aviones. 
Y estoy totalmente de acuerdo en que debemos apoyar todas las medidas que refuercen el cumplimiento de las normas de la Unión Europea y de los Estados miembros para que no haya abusos en este sector. 
Señor Presidente, debemos someter a examen el control del sistema de las ventas libres de impuestos y su funcionamiento. 
Previa votación, la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial- y, por lo tanto, el Parlamento- ha decidido no adoptar ninguna posición sobre la cuestión principal. 
Se trata de la posibilidad de continuar con las ventas libres de impuestos, una cuestión que interesa al ciudadano de a pie. 
Desearía hacer dos observaciones. 
En primer lugar, la decisión relativa a la supresión se remonta al año 1991. 
Por aquellas fechas, ni Finlandia ni Suecia eran aún Estados miembros de la Unión Europea. 
A pesar de ello, las ventas libres de impuestos han tenido una importancia sin duda fundamental para el tráfico marítimo, y hasta cierto punto también aéreo, de estos dos países. 
Finlandia, un país aislado por el mar, ha construido gracias a este sistema de ventas un puente con la Europa continental a precios razonables. 
La supresión de las ventas libres de impuestos supondrá el punto final para esta vía de comunicación. 
En segundo lugar, la supresión ocasionará desempleo. 
El número de trabajadores que perderán sus puesto de trabajo ascenderá a 140.000 en toda la Unión y a 13.000 en Finlandia. 
Esta circunstancia entra en contradicción con las declaraciones que se hacen en el sentido de que la Unión Europea debería precisamente prestar seria atención a la lucha contra el desempleo. 
En este caso, la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. 
Además, aunque desaparecieran las ventas libres de impuestos y se armonizara- así se supone- la situación, la elevada y divergente imposición fiscal de los países nórdicos sobre los productos del alcohol y el tabaco continuaría existiendo. 
¿Quién se beneficia de todo esto? 
La Comisión y el ECOFIN pueden obtener un triunfo de dudoso prestigio. 
Entre los beneficiados se cuenta también un tercer país no perteneciente a la Unión como es Estonia. 
Los transbordadores que cubren el recorrido entre Helsinki y Estocolmo podrán mantener en el futuro las ventas libre de impuestos siempre y cuando hagan escala en Tallinn, pero, ¿a cuánto ascenderán las tasas portuarias que exija Tallin llegado el momento? 
En este asunto no se pensado en todos los factores, lo cual cabe agradecérselo a la testarudez de la Comisión y a la inoperancia del ECOFIN. 
Señor Presidente, Señorías, en el mismo momento en que el desempleo sigue siendo la principal preocupación de nuestros países, no tengo el convencimiento de que sea juicioso seguir aumentándolo, con el futuro inmediato que algunos desean reservar al comercio libre de impuestos, como por cierto nos lo recuerda con mucho tino el estudio de la Dirección General de Estudios de nuestro Asamblea. 
Hablando de estudios, quisiera también recordar que la Comisión no ha cumplido sus compromisos ni ha cumplido con la palabra dada en la época de la Sra. Scrivener. 
Entre el compromiso de entonces y la actualidad ha transcurrido mucho tiempo y no se ha hecho nada. 
Recordemos también que la Comisión no estimó útil responder a la solicitud del Consejo " Transportes» del 17 de marzo de 1998 ni a la resolución del Parlamento Europeo del 3 de abril. 
Su propuesta, realizada en el Consejo " ECOFIN» del 19 de mayo, tampoco aporta una respuesta satisfactoria a su promesa de 1991 y a la solicitud del Parlamento, reiterada en su resolución del 3 de abril, y que fue aprobada por una gran mayoría. 
Así pues, una vez más debemos recordar que el final programado del comercio libre de impuestos en la Unión no debería preverse sin que ciertas condiciones muy precisas se hayan cumplido previamente, con el riesgo, si no se está muy atento, de tener consecuencias muy graves en términos de empleo para las regiones afectadas. 
Así pues, Señorías, dado que en el apartado 19 de su informe sobre los controles en los puntos de venta, la Comisión ha reconocido que las ventas libres de impuestos contribuyen, en cierta medida, a la financiación de las infraestructuras de los aeropuertos, permitiendo minimizar la repercusión de las tasas de aeropuertos y favoreciendo así la industria del turismo, es lógico que, sobre todo en las regiones periféricas, que sufrirán de manera desproporcionada las consecuencias de la supresión de las ventas libres de impuestos, se prevean ayudas y medidas compensatorias de importancia. 
En este marco, también deberá prestarse una especial atención a los servicios de transportes en las regiones aisladas y periféricas, y la Comisión debe plantearse muy seriamente la eventualidad de una financiación comunitaria. 
Por lo tanto, señor Presidente, a nadie le sorprenderá que nuestro Grupo se oponga al informe del Sr. Garosci en su versión actual, que representa una condena a muerte acelerada del comercio libre de impuestos, sin ningún estudio ni acción serios, y que tendrá inevitablemente consecuencias desastrosas sobre el empleo y las regiones afectadas. 
Señor Presidente, cuando era niño y vivía en Escocia, de noche solía escuchar un programa infantil llamado " Jackanory» , en el que nos contaban cuentos. 
Pues bien, esta noche he creído que escuchábamos un nuevo episodio del programa, porque nunca he oído tanta desinformación sobre la cuestión de las tiendas libres de impuestos. 
He oído cómo la Sra. Boogerd-Quaak decía: " las tiendas libres de impuestos desaparecerán». 
Las tiendas libres de impuestos no desaparecerán. 
Esas tiendas seguirán existiendo para todos los viajeros de fuera de la UE. 
Permítanme exponer por qué es importante que esta noche debatamos el control por el vendedor. 
Les pondré un ejemplo básico. 
Cuando pasamos por el aeropuerto de Bruselas, como hacemos la mayoría de los diputados aquí presentes, entramos en la sala principal de la terminal B, donde podemos comprar una botella de licor y 200 cigarrillos. 
A continuación recorremos el terminal B hasta la puerta de embarque, donde hay otras dos tiendas libres de impuestos, en cada una de las cuales podemos volver a comprar otra botella de licor y otros 200 cigarrillos. 
Tenemos, por consiguiente, tres litros de licor y 600 cigarrillos. 
Durante el vuelo de regreso a Glasgow, vuelven a pasar ofreciendo productos libres de impuestos. 
Podemos comprar otra botella de licor y otros 200 cigarrillos. 
Con lo que tendremos 4 litros de licor y 800 cigarrillos. 
El único problema para llevar todo eso a casa no es si nos pararán en la aduana, sino transportar todo el lote. 
Si queremos seguir funcionando debidamente como Unión, debemos endurecer el sistema de control por el vendedor. 
Olvidémonos de todo este asunto de si las tiendas libres de impuestos se mantienen o se suprimen. 
Esa discusión se ganará o perderá en el Consejo ECOFIN; no se ganará ni se perderá en esta Asamblea. 
Va siendo hora de que lo reconozcamos. 
Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial ha presentado enmiendas al informe Garosci en las que apunta a posibles vías para frenar los abusos del sistema en aeropuertos, puertos y compañías aéreas. 
Es importante que las aprobemos y que sean aplicadas. 
En caso contrario, estaremos permitiendo que siga el fraude en nuestro sistema y que, además, las haciendas públicas de los Estados miembros sufran pérdidas de ingresos. 
Por consiguiente, centrémonos en el tema que nos ocupa, que no es el de las tiendas libres de impuestos, sino el del control por el vendedor. 
Por favor, no nos apartemos del tema. 
Señor Presidente, ha sido un debate muy estimulante hasta ahora y me ha gustado, en particular, la intervención del Sr. Miller, que ha demostrado muy claramente el argumento que presenta el ponente en su excelente informe, a saber, que el control por el vendedor, sencillamente, no funciona. 
El Sr. Miller ha descrito gráficamente lo que ocurre en el aeropuerto de Bruselas. 
Permítanme que les cuente lo que ocurre en los transbordadores del Canal de la Mancha. 
Hay pícaros que recogen las tarjetas de embarque de pasajeros inocentes e ingenuos, las presentan en la tienda libre de impuestos y las canjean por cantidades muy superiores a las que permiten las normas. 
Es un sistema que es objeto de abusos a gran escala. 
Estoy de acuerdo con las personas que lamentan que todo el debate haya sido monopolizado por la consideración del todo irrelevante sobre las tiendas libres de impuestos. 
Soy un defensor de los lobbies, creo profundamente en su capacidad de venir aquí e intentar influenciarnos. 
No estoy de acuerdo, sin embargo, con que para ello deban mentir. 
Una de las mayores faltas a la verdad que nos han venido contando es la de la destrucción de puestos de trabajo. 
Han estado jugando sin el menor escrúpulo con los temores de los asalariados por el futuro de sus puestos de trabajo. 
Evidentemente, las personas seguirán viajando en avión. 
De hecho, los aeropuertos del Reino Unido están ampliando constantemente sus áreas de tiendas. 
Es cierto que en el caso de algunos transbordadores existe un problema, especialmente en los que atraviesan el Canal de la Mancha. 
Dichos problemas son ocasionados por el hecho de que hay demasiados buques a la caza de demasiado pocos pasajeros, especialmente desde que se abrió el Túnel del Canal de la Mancha, en el que, casualmente, los pasajeros que viajan en el Eurostar no pueden beneficiarse de productos libres de impuestos. 
Por consiguiente, apoyo lo que ha hecho el Sr. Garosci, estoy totalmente de acuerdo con los argumentos del Sr. Miller y, lo que es bastante excepcional, también con los argumentos del Sr. Metten. 
Espero que apoyemos al ponente y rechacemos la mayoría de las enmiendas. 
Señor Presidente, la decisión de suprimir el sector de las ventas libres de impuestos el 30 de junio de 1999 ha sido confirmada por el rechazo del Consejo " ECOFIN» del 18 de mayo de 1998 de acceder a la promesa de la Comisaria Scrivener, realizada ante los Parlamentarios europeos, de llevar a cabo un estudio de impacto sobre el conjunto del territorio. 
Al disponer sólo de dos minutos, me limitaré a un único aspecto del problema. 
La Directiva que fue votada en 1991 se inscribía en la perspectiva de una Europa fiscal armonizada. Hoy en día, por desgracia, no se ha producido nada o casi nada en este sentido. 
Europa no debe hacerse a costa del empleo. 
Sin embargo, en el transcurso de la audición del 29 de octubre de 1997, el Comisario Monti reconoció que la supresión de las ventas libres de impuestos afectaría al empleo y a la actividad económica de algunas regiones de Europa. 
El 41 % de los productos vendidos libres de impuestos son productos franceses, y el comercio libre de impuestos es la mejor vitrina y la mejor promoción de dichos productos, destinados a la exportación. 
Yo vengo de la región de Cognac, y más del 30 % de su producción se vende libre de impuestos en el mercado mundial. 
Se trata del primer mercado para el coñac, con una parte predominante de las ventas de calidad superior. 
Un estudio específico ha demostrado que hay mil puestos de trabajo que se verán afectados por esta decisión europea, así como el arranque de 2.000 hectáreas de viña. Esto se añade, por lo demás, a la crisis asiática. 
En algunas regiones, como la de Nord-Pas-de-Calais, que ya tiene un 20 % de desempleo, se anuncia una pérdida de 3.500 puestos de trabajo. 
No podrá justificarse ante el elector la idea de Europa con estas decisiones inadaptadas y brutales. 
¿Acaso hemos contemplado enfoques distintos, más en armonía con los imponderables económicos y sociales de estos últimos años del siglo? 
Por ejemplo, un sistema de impuestos progresivo más flexible, más pragmático. 
Tal vez todavía se está a tiempo de echar marcha atrás. 
¿Quién va a pagar la factura? 
¿Los aeropuertos? 
¿Las compañías aéreas y marítimas? 
¿El consumidor? 
Seguramente todos un poco. 
Pero lo que costará mucho más rehabilitar es la credibilidad de las instituciones europeas y la de sus actores, que suprimen conscientemente puestos de trabajo. 
Señor Presidente, existen motivos para compartir el punto de vista de la Comisión de Transportes y Turismo en el sentido de que habría sido oportuno abordar con motivo de este debate también los problemas que ocasionará la supresión de las ventas libres de impuestos. 
Permítanme expresar mi sorpresa por lo difícil que resulta entablar y mantener un debate serio sobre este asunto. 
Nos estamos ciñendo únicamente a las interpretaciones meramente jurídicas sin prestar suficientemente atención, por ejemplo, al gran objetivo que se ha fijado la Unión Europea para reducir considerablemente las cifras del desempleo. 
La Unión Europea no debería adoptar decisiones que estuvieran en contradicción con este objetivo. 
Cabe pensar que la supresión de las ventas libres de impuestos va a debilitar, entre otras, las posibilidades con que cuenta Finlandia para mantener sus vías de comunicaciones y transportes con el resto de la Unión Europea. 
Por lo que respecta a estas comunicaciones, y vista desde la Europa Central y Occidental, Finlandia es como una isla que precisa medios de transporte marítimo suficientemente eficaces y competitivos. 
Las ventas libres de impuestos han garantizado de manera fundamental una excelente comunicación por mar entre Finlandia y Escandinavia o los países bálticos. 
Gracias a las ventas libres de impuestos se han podido mantener las tarifas de los viajes a niveles tan reducidos que todo el mundo, incluidos los desempleados, tiene la posibilidad de embarcarse en estos transbordadores. 
Esta es la cuestión clave que permite registrar un volumen elevado de viajeros y un servicio frecuente, permitiendo a la vez una gran capacidad de transporte de mercancías. 
En algunas instancias se han podido percibir malentendidos en el sentido de que se estaba intentando proteger los privilegios de los ciudadanos más pudientes. 
Nada más alejado de la realidad, ya que es el caso opuesto: se trata de defender los intereses de los ciudadanos con menos recursos económicos, es decir, la igualdad entre los ciudadanos. 
Las comunicaciones marítimas eficaces y frecuentes que ofrecen los transbordadores forman parte de las comunicaciones viales que unen Finlandia a Escandinavia y los países bálticos y, por lo tanto, al resto de Europa. Si se debilita esta vía de comunicaciones, se producirá un aumento de los costes de transportes y un deterioro de la capacidad que repercutirá en el desarrollo económico de todo el país. 
La supresión de las ventas libres de impuestos, que ocasionará un incremento en los precios de los viajes, amenaza con hacer desaparecer algunas de las rutas existentes. 
Esta circunstancia tendría unas consecuencias negativas inmediatas para el empleo en el sector marítimo. 
Sin embargo, las repercusiones en el empleo no se limitarían únicamente a este sector. 
El empleo que genera el sector de los transportes por carretera se encuentra igualmente amenazado. 
El alza de los costes y las mayores dificultades con que se enfrentarán los transportistas harán aumentar también los costes de las industrias exportadoras, afectando así a su competitividad e, indefectiblemente, también a la situación del empleo. 
La reducción de la capacidad repercutirá negativamente también en las listas de pedidos de la industria de la construcción naval, lo cual se dejará notar a su vez en los astilleros y entre los subcontratistas de toda la Unión Europea. 
Cabe esperar seriamente que la Comisión atienda detalladamente las exigencias que han presentado las distintas instancias del Parlamento Europeo para realizar un estudio pormenorizado de las repercusiones globales que tendría la supresión de las ventas libres de impuestos. 
Señor Presidente, en 1991, el Consejo de Ministros decidió por unanimidad suprimir las ventas libres de impuestos en los viajes en avión y en barco dentro de la Unión Europea a partir del 30 de enero de 1999. 
Las mejores estimaciones que tenemos señalan que podrían destruirse hasta 140.000 puestos de trabajo como resultado de la decisión del Consejo. 
A pesar de las fuertes presiones, el Consejo de Ministros se ha negado en varias ocasiones a replantearse su decisión de suprimir la venta libre de impuestos. 
Es evidente que muchas compañías aéreas y marítimas, en particular, las que operan en regiones periféricas como Irlanda, tendrán dificultades para sobrevivir a la pérdida de ingresos que traerá consigo la supresión de las ventas libres de impuestos. 
Además, no hay duda de que subirán las tarifas de viaje. 
Seguiré luchando por que se revoque esa decisión del Consejo. 
Hay que tener en cuenta la difícil situación de aquellos que verán peligrar sus puestos de trabajo por la decisión del Consejo. 
La Comisión debe examinar, con carácter de urgencia, la situación de las personas que corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo a raíz de la supresión de las ventas libres de impuestos, y presentar con tiempo una propuesta para paliar las consecuencias adversas para los afectados. 
Varias compañías marítimas se enfrentan a fuertes pérdidas e incluso a la quiebra como resultado de la decisión del Consejo de Ministros. 
La Comisión debe examinar, en particular, la estructura de las compañías aéreas y marítimas que operan en las regiones periféricas, y presentar medidas para evitar la desaparición de estos servicios en las regiones afectadas y evitar la destrucción de puestos de trabajo. 
Señor Presidente, cuando el Consejo decidió prorrogar, en 1991, el mantenimiento de las tiendas libres de impuestos hasta 1999 seguro que no sabía que en 1998 habría 18 millones de parados en la UE, con una tendencia ascendente. 
El Consejo tampoco imaginaba que, a pesar de la realización de la Unión Monetaria, en 1999 todavía será impensable una armonización fiscal. 
Por lo tanto, tampoco se habrá completado la plena realización del mercado interior. 
¡La inflexibilidad del Consejo y de la Comisión en relación con este tema raya en la irresponsabilidad! 
La supresión de las tiendas libres de impuestos matará varios pájaros de un tiro, en el sentido negativo, naturalmente. 
Un gran número adicional de parados se incorporarán al mercado de trabajo. La UE sacrificará voluntariamente un importante escaparate para sus artículos de exportación de marca y la economía turística se verá afectada de manera demostrable. 
Desde una postura cínica podríamos afirmar que el primer paso concreto que habrá dado la Comunidad en el ámbito de las políticas de empleo será la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo como resultado de la supresión de las tiendas libres de impuestos. 
Resulta absolutamente incomprensible que el Consejo sea incapaz de modificar su posición a la vista de la dramática situación del mercado de trabajo. 
Existe coincidencia y unanimidad en cuanto a que el tema central de las políticas y el objetivo de todas las acciones ha de ser la lucha contra el paro. 
En consecuencia, ¿por qué no puede modificarse por unanimidad una decisión que, según se puede probar, incrementará mucho el número de parados? 
El nuevo Presidente del Consejo, el Canciller Federal austriaco, dirigió ayer un llamamiento a los socios de la UE para que sitúen la lucha contra el paro en el centro de sus preocupaciones. 
Si hablaba en serio, también debería hacer comprender a sus socios que el mantenimiento de las tiendas libres de impuestos permitiría evitar la destrucción de muchos puestos de trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, el régimen aplicable hasta el 30 de junio de 1999 a las ventas libres de impuestos entraña un control por parte del vendedor de las ventas que haya hecho. 
Hace dos años, en julio de 1996, la Comisión elaboró un informe sobre la aplicación de esos controles por los Estados miembros. 
Las conclusiones fueron bastante negativas, al revelar, en particular, la diversidad de medidas adoptadas en el nivel nacional y las lagunas en los controles aplicados. 
En este momento quisiera agradecer al Parlamento y en particular al ponente, Sr. Garosci, el trabajo realizado en relación con este dossier, cuyo delicado carácter es reconocido por todos. 
He tenido mucho gusto al comprobar que el Parlamento conviene con el planteamiento de la Comisión en cuanto a la conclusión que se debe sacar respecto del control. 
La Comisión suscribe enteramente las recomendaciones formuladas para mejorar los controles, ya sea el método de la obliteración de los billetes de avión o un recurso mayor a las técnicas informáticas. 
No obstante, señala a la atención de Sus Señorías la menor oportunidad para semejantes medidas, es decir, un año antes del plazo de 30 de junio de 1999. 
En realidad, la necesidad de introducir medios de control complementarios entraña nuevas inversiones, lo que podría constituir una señal engañosa para los concesionarios en cuanto al plazo de 30 de junio de 1999. 
Quiero subrayar, además, que, después de la elaboración de su informe, la Comisión ha sido informada de que se ha registrado un refuerzo de los controles que aplican los concesionarios. 
Éstos ya han iniciado las adaptaciones que van a ser necesarias hasta la abolición de esas ventas y ahora deberán centrar sus esfuerzos en acciones en el terreno. 
Señor Presidente, ahora quisiera pronunciarme sobre las enmiendas propuestas, que en su mayoría se alejan de la cuestión de los controles para abordar la problemática general de las ventas libres de impuestos. 
Sobre esa cuestión, mi colega el Sr. Mario Monti ha tenido oportunidad en diversas ocasiones de presentar la posición de la Comisión. 
Puedo confirmar que no se ha modificado dicha posición y que, por lo demás, recientemente se ha reiterado, con ocasión del Consejo ECOFIN, celebrado el 19 de mayo de 1998. 
Por consiguiente, quisiera limitarme a formular las siguientes observaciones. 
En primer lugar, en modo alguno se considera atendible la hipótesis de un aplazamiento de la fecha de abolición de dichas ventas. 
El 19 de mayo el Consejo ECOFIN no dio- repito- señal alguna en ese sentido ni llegó siquiera a acuerdo alguno en cuanto a la reanudación de ese debate. 
Además, me parece que sería artificial e incluso peligrosa para el prestigio de la Comunidad una vinculación entre las ventas libres de impuestos y la introducción del euro. 
Además, la Comisión considera que los Estados miembros son quienes están en mejores condiciones para analizar, en el plano nacional, las consecuencias de la abolición de dichas ventas y para adoptar, en caso necesario, las decisiones adecuadas. 
Algunas enmiendas hacen referencia también a medidas de apoyo sectoriales y regionales y propugnan la utilización de fondos comunitarios para afrontar las dificultades locales. 
Las medidas previstas por los Estados miembros que entrañen el recurso a mecanismos comunitarios, como los Fondos estructurales, serán analizadas por la Comisión caso por caso. 
Por lo demás, la Comisión se ha comprometido ante el Consejo a elaborar un documento de trabajo para aclarar los instrumentos comunitarios que podrían utilizar al respecto los Estados miembros. 
Evidentemente, se tendrá al corriente al Parlamento Europeo. 
Por último, señor Presidente, la legislación comunitaria no permite la hipótesis de conceder a los pasajeros con destino a un tercer país la posibilidad de hacer compras libres de impuestos a partir del aeropuerto comunitario del primer embarque. 
Se trata, en principio, de un vuelo intracomunitario. 
Ahora bien, nada puede impedir los contactos entre pasajeros estrictamente comunitarios y pasajeros con destino a un tercer país. 
Ese hecho podría provocar situaciones de abuso inaceptables para la Comisión y para los Estados miembros. 
Señor Presidente, muy brevemente, deseo dar las gracias a los intérpretes por haber superado el tiempo máximo y por la carrera que les he obligado a realizar hace unos instantes durante la lectura de mi intervención. 
Quiero asimismo dar las gracias a los ponentes y recordarles que he presentado tan sólo dos enmiendas para mañana. 
En el caso de que se aprueben estas dos enmiendas- y se lo digo también al señor Comisario- vamos a resolver la mayor parte de los problemas del sector. 
La primera enmienda se refiere a la posibilidad de realizar compras ya en los puntos de venta de embarque, lo que- como hemos comprobado- no creo que contraviene a las disposiciones comunitarias; la segunda consiste en utilizar los fondos regionales. 
Si se acogen estas dos enmiendas, repito, podremos solucionar la mayoría de los problemas del sector. 
Gracias por estas observaciones finales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.15 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Reconocimiento de las calificaciones profesionales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0232/98) de la Sra. Fontaine, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0638- C4-0657/97-97/0345 (COD) ) por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE, relativas al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, y se completan las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico. 
Señora Presidenta, no hay ninguna duda sobre la acuciante necesidad del reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales entre los Estados miembros de la UE. 
Hemos oído casos de profesionales perfectamente calificados de un Estado miembro, a los que se les niega un puesto de trabajo o que se ven obligados a aceptar un salario inferior en otro Estado miembro, porque sus calificaciones no están reconocidas como equivalentes. 
El informe de la Sra. Fontaine ampliará la libre circulación en la práctica, porque ofrece a los trabajadores más movilidad y garantiza mayor transparencia de la legislación. 
La experiencia profesional y las calificaciones que cumplan unas normas mínimas obtenidas en un Estado miembro deben ser tenidas en cuenta al establecer el nivel de conocimientos y experiencia requerido en otro. 
Para garantizar la igualdad en toda la Unión, si los Estados miembros exigen a los profesionales superar pruebas de aptitud, en primer lugar deberán informar a la Comisión. 
Esta propuesta no es sólo un avance satisfactorio hacia la transparencia en la toma de decisiones, sino que además debemos considerarla como una iniciativa en contra de la discriminación injusta e incluso de la xenofobia. 
La xenofobia y el racismo están presentes en toda la Unión. Especialmente cuando se avecina la ampliación, mi temor es que crezcan considerablemente, a menos que podamos implantar medidas que garanticen la igualdad en el reconocimiento de las calificaciones. 
Esta propuesta de la Sra. Fontaine ofrecerá a los trabajadores migrantes con buenas calificaciones originarios de países de fuera de la UE que han trabajado en un Estado miembro, el derecho a transferir sus conocimientos y experiencia a cualquier otro punto de la Unión. 
Por ello propongo que el Estado anfitrión emita un certificado o equivalente que garantice que dichos trabajadores de terceros países gozan de los mismos derechos- ni más ni menos- que sus colegas de otros Estados de la UE. 
Insto al Parlamento a que apoye el informe Fontaine. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar a la Sra. Fontaine por su excelente informe. 
La ponente goza de una prestigiosa reputación por su modo de abordar estos asuntos. 
Debo confesar, para alivio de mi país, que la Sra. Fontaine ha aceptado la enmiendas relativas a la situación, bastante peculiar, de los arquitectos irlandeses. 
Le estoy muy agradecida por ello. Ha sido un escollo para mi país desde que estoy en el Parlamento. 
Como han dicho los dos oradores que me han precedido, la Comisión de Peticiones recibe más peticiones de personas que se sienten discriminadas con respecto al reconocimiento de sus calificaciones profesionales, que por cualquier otro de los problemas que afectan a nuestros ciudadanos. 
Si nos remontamos al pasado, quizá recuerden que la primera directiva sobre arquitectos se presentó al cabo de 18 años de intentar determinar qué es un arquitecto. 
La directiva sobre arquitectos fue la primera que, en el marco del Acuerdo de Fontainebleu, dijo por fin: no nos metamos en camisa de once varas y reconozcamos algunas calificaciones básicas. 
En un primer momento pasó desapercibido y, en muchos casos, cuando se iniciaron los esfuerzos por elaborar algún tipo de armonización reconocible de las calificaciones, la gran mayoría de los profesionales de todos los ámbitos de nuestros países simplemente ignoraba la necesidad de apoyar este proceso y de ocuparse de defender sus intereses. 
A ello se debe que en Irlanda exista esta anomalía, que la Sra. Fontaine, muy generosamente, ha tenido a bien aceptar como enmienda a su informe. 
Espero con interés poder oír al Sr. Pinheiro si tiene intención de aceptar dicha enmienda. 
Este importante colectivo, que incluye a algunos de nuestros arquitectos más destacados, recibirá este reconocimiento. 
El aspecto práctico de esto es que sin este tipo de reconocimiento, se ven incapacitados a presentarse a concursos para conseguir contratos fuera de su país. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la meticulosidad y la dedicación con que la ponente, la señora Fontaine, realiza su trabajo son ya tan habituales que puedo permitirme resaltar que no es necesario añadir prácticamente nada. 
Hoy figuran en el orden del día una serie de informes importantes para los ciudadanos y ciudadanas. 
Éstos incluyen, en particular, el tema de la ciudadanía europea y la presente propuesta de directiva por la que se modifican 14 Directivas relativas al reconocimiento de las calificaciones profesionales. 
La actualización del reconocimiento mutuo de títulos que hoy se debate es de especial importancia sobre todo para los jóvenes, a quienes se exige cada vez una mayor movilidad. 
Por consiguiente, yo quiero hacer constar, en nombre del Grupo socialista, nuestra satisfacción por el hecho de que la Comisión Europea haya respondido ahora a una petición que el Parlamento había formulado ya más de una vez, a saber, que también se contemple el caso de los nacionales de los Estados miembros que han adquirido una formación fuera de la Unión Europea. 
La formulación que se propone es muy prudente. 
Nosotros hubiésemos preferido un reconocimiento de dichos títulos. 
No obstante, comprendemos que la Comisión Europea haya querido hacer primero un acopio de experiencias en este ámbito antes de dar nuevos pasos. 
También acogemos con clara satisfacción la simplificación y la ampliación de las competencias de los comités consultivos. 
Aun así, mi Grupo político apoya plenamente las enmiendas encaminadas a mejorar la transparencia y por las que se insta a que las deliberaciones del Grupo de coordinadores sean objeto de una amplia publicidad. 
Sólo de este modo podremos hacer efectiva la mayor transparencia que exige la población. 
Los resultados serán así más comprensibles para los ciudadanos y ciudadanas. 
Hemos renunciado deliberadamente a presentar en este momento otras enmiendas de mayor calado, habida cuenta que la Comisión tiene que proceder a una nueva simplificación de la legislación en el ámbito del reconocimiento mutuo de títulos, que está prevista para 1999. 
Por lo tanto, aguardamos con una cierta impaciencia el informe que tiene que elaborar la Comisión sobre las experiencias acumuladas hasta ahora en relación con la aplicación de las Directivas. Se nos había prometido dicho informe para esta primavera, pero todavía no se ha presentado. 
Necesitamos poder disponer muy pronto del mismo, ya que queremos ofrecer a los jóvenes las mejores perspectivas de futuro posibles. 
Éste es nuestro mandato en nuestra calidad de legisladores y queremos cumplirlo plenamente. 
Señora Presidenta, coincido con los oradores que me han precedido en señalar que la Sra. Fontaine ha elaborado un informe excelente. Es un importante avance para la libre circulación de los trabajadores, que es uno de los derechos fundamentales del Tratado de Roma. 
Si las calificaciones profesionales no son reconocidas en otros Estados miembros, la libre circulación se convierte en un objetivo difícil de alcanzar para los trabajadores. 
El informe contiene dos impulsos principales. 
En primer lugar, es aplicable a dos directivas generales sobre diplomas de enseñanza superior y sobre educación y formación profesional. 
El segundo ámbito es relativo a la profesiones de enfermero, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico. 
En particular, el informe intenta exponer de forma inequívoca las disposiciones para que los Estados miembros puedan realizar pruebas de aptitud. 
A pesar de que comprendemos que las pruebas de aptitud no están carentes de sentido, en ocasiones los Estados miembros las han utilizado para distorsionar el objetivo de las directivas. 
Reitero los argumentos presentados por Mary Banotti. 
Yo también he mantenido correspondencia sobre los problemas específicos de los arquitectos. Confío en que hayan quedado solucionados satisfactoriamente. 
Sólo puedo hacer hincapié en mi opinión de que la libre circulación de los trabajadores es fundamental para el buen funcionamiento del Tratado de Roma. Recomiendo el presente informe. 
Señora Presidenta, yo también deseo expresar mi agradecimiento a la Sra. Fontaine por un informe excelente, y también a mi colega Sra. Berger, que ha incluido varias enmiendas relativas a los arquitectos. 
Como todos sabemos, en la directiva original de 1985 sobre el reconocimiento de las calificaciones de los arquitectos, algunos Estados miembros no obtuvieron excepciones para lo que se conoce como el derecho establecido a ejercer. 
A dichos arquitectos, las autoridades competentes de sus Estados miembros les reconocieron que habían adquirido experiencia y conocimientos suficientes para poder ejercer como arquitectos de facto. Ello a pesar de no disponer de las calificaciones exactas establecidas en la directiva. 
Lamentablemente, mientras países como Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido obtenían las excepciones, Irlanda no las obtuvo. 
Ello dio lugar a una enorme discriminación y el gran colectivo de arquitectos irlandeses en activo, perfectamente capacitados y con experiencia, no lograron que se les reconociera su situación en otras partes de la Comunidad, situación se mantiene hasta el día de hoy. 
Las enmiendas presentadas y que han sido incluidas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ayudarán, así lo esperamos, a hacer realidad la libre circulación de los trabajadores, como ha mencionado la Srta. Oddy, y dichas personas podrán ejercer en cualquier lugar de la Comunidad. 
Espero poder informar a estos arquitectos que el resultado de lo que hoy estamos haciendo aquí, conjuntamente con el Consejo, contribuirá a la actual realización del mercado único. 
Ahora los Estados miembros deberán reconocer estos derechos de los trabajadores a recibir un trato justo, y espero que los Estados miembros y la Comisión- especialmente el Comisario Monti, que se ha mostrado bastante intransigente en todo este asunto, y espero que reciba el mensaje- lleguen al acuerdo de que aquellos países que no solicitaron la excepción en 1985 tengan ahora el derecho a hacerlo. 
Señora Presidenta, Señorías, yo también quisiera agradecer muy especialmente a la señora Vicepresidenta Fontaine que accediera a prestar una atención particular en su informe a las peticiones relativas a la Directiva sobre los arquitectos. 
Esta Cámara formuló, en efecto, hace poco- con motivo del debate de un informe especial sobre dicha Directiva que yo tuve el honor de elaborar- algunas de las peticiones que ahora podrán hacerse efectivas gracias al informe de la señora Fontaine. 
Tal es, en particular, el caso de la enmienda 14, a la que ya se han referido varios oradores. 
Su objetivo- y yo quisiera remarcar, al igual que la señora Fontaine, que éste es su único objetivo- es ofrecer al pequeño grupo de arquitectos irlandeses una nueva oportunidad de obtener el reconocimiento de sus certificados o atestados de competencia, posibilidad de la que se vieron privados por una omisión en la transposición de la Directiva en Irlanda. 
La Directiva sobre los arquitectos contempla algunas particularidades que la distinguen de las demás y por esto también desearíamos que se mantenga como una directiva separada. 
Estas particularidades no justifican, sin embargo, de ninguna manera que el comité consultivo creado en aplicación de la misma quede excluido de la reforma de todos los comités consultivos que ahora se propone. 
La reducción del número de miembros y un procedimiento de funcionamiento más eficaz de dicho comité consultivo también podrían contribuir a mejorar la aplicación de la Directiva sobre los arquitectos, igual que ocurre en el caso de las demás directivas. 
Yo quisiera remarcar, además, que justamente en el ámbito de la arquitectura es especialmente importante que se resuelva el tema del reconocimiento de la formación adquirida en terceros Estados. 
Señora Presidenta, señoras y señores, en primer lugar quisiera agradecerle al Parlamento el interés que tiene por esta propuesta y el trabajo importante que ha realizado la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos así como el ponente. 
Le doy las gracias especialmente a la Sra. Fontaine que ha realizado una buena síntesis del conjunto de las propuestas, informes y enmiendas que se han presentado. 
La Comisión se congratula al constatar que la propuesta presentada por ella se beneficia de una acogida favorable en cuanto al fondo. 
El objetivo principal de la propuesta de la Comisión consiste en simplificar, en el marco del pre-ejercicio SLIM, y con arreglo a las recomendaciones del equipo " reconocimiento de las titulaciones» , la puesta al día de las listas de diplomas que se recogen en las directivas sectoriales: enfermeros, dentistas, veterinarios, matronas, farmacéuticos y médicos. 
La oportunidad de la actual propuesta fue aprovechada para poner en marcha otras recomendaciones que están, ya sea en el informe de la Comisión sobre el sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, ya sea en el informe de la Comisión sobre la formación específica en medicina general. 
Así pues, también en este contexto conviene valorar las enmiendas propuestas por este Parlamento. 
A este respecto, debemos constatar, por desgracia, que si se probaran la mayoría de las enmiendas, éstas tendrían un efecto contrario al efecto de la simplificación legislativa y administrativa buscada, puesto que tienden a imponer nuevas formalidades, a veces muy gravosas, a los Estados miembros y/o a la Comisión. 
Se trata de las enmiendas núms. 1, 4, 6 a 9 y 11, que tienen por objeto obligar a los Estados miembros a informar a la Comisión de su intención de imponer medidas de compensación para cada sector profesional de que se trate. 
Es también el caso de las enmiendas núms. 5 y 10, en la medida en que tienden a reservar una amplia publicidad a las deliberaciones del grupo de los coordinadores. 
Ocurre también lo mismo con la enmienda nº 12, que extiende el sistema de puesta al día de las listas de diplomas propuesta por la Comisión, y retrasa su aplicación. 
Las enmiendas núms. 3 y 13 tienen por objeto establecer el reconocimiento automático de las formaciones adquiridas en un tercer país, cuando ya han sido reconocidas por un primer Estado miembro de acogida. 
En este sentido, la Comisión quiere recordar su postura expresada con motivo del examen de la respuesta de la Directiva que tiende a insertar reglas de Comitología en la Directiva 1100. 
Se trata de una cuestión que será examinada ulteriormente, tras la publicación del informe que presentará la Comisión en 1999 sobre el sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales. 
La Comisión considera pues prematura la propuesta recogida en las enmiendas núms. 3 y 13. 
Para las enmiendas núms. 2 y 14, que se refieren a la Directiva "arquitectos» , la Comisión toma buena nota de la invitación que se le hace en la enmienda nº 2, de llevar a cabo una reflexión sobre la oportunidad de retomar, en la Directiva" arquitectos» , la fórmula de simplificación de las puestas al días de las listas de títulos, y examinará estas cuestión. 
En cuanto al mensaje recogido en la enmienda nº 14, que tiene por objeto regularizar la situación de algunos arquitectos, la Comisión recuerda que este Parlamento ha rechazado una propuesta similar con motivo del examen del informe sobre la Directiva " arquitectos» el pasado 26 de marzo. 
En esa ocasión, el Parlamento indicó que el artículo 7 de la Directiva ya ofrece una posibilidad satisfactoria. Las enmiendas núms. 
15 a 21, en el ámbito de la medicina general, también serán examinadas en el contexto del informe de la Comisión sobre el sistema de reconocimiento de las calificaciones profesionales, que como ya he dicho, se presentará el año que viene. 
Para concluir, señora Presidenta, señoras y señores, la Comisión no se puede sumar a las enmiendas que van en contra de la simplificación legislativa y administrativa buscada por el ejercicio SLIM, o que son contrarias a la letra y al espíritu de las actuales directivas. 
Ésta toma nota de los mensajes lanzados por las demás enmiendas, y presentará el resultado de sus reflexiones en el plazo oportuno. 
Muchas gracias, señor Comisario Pinheiro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Ciudadanía de la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0205/98) del Sr. De Clercq, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el segundo informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión (COM (97) 0230- C4-0291/97). 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ¿cuánto nos queda para la ciudadanía de la Unión Europea? 
Ésa es la cuestión que nos ocupa en este informe. 
En el Tratado de Maastricht se registraron en el artículo 8 unos derechos a los que se puede aspirar como ciudadano europeo. 
Los ciudadanos de la Unión son todos aquellos que poseen la nacionalidad de uno de los Estados miembros. 
En el Tratado de Amsterdam se especifica afortunadamente que la ciudadanía de la Unión es complementaria con la ciudadanía nacional. 
En la ejecución de los derechos unidos a la ciudadanía europea se ha realizado ciertamente algo, aunque puede mejorar. 
Si me lo permite, le presentaré algunos puntos esenciales. 
En lo relativo al derecho a la libre circulación de personas y a la libre elección de residencia en toda la Unión Europea, nos encontramos con un derecho que acaso sea el más palpable para los ciudadanos. 
También es una lástima que esos mismos ciudadanos encuentren todavía tantas dificultades. 
La causa principal es que este derecho está regulado por diferentes disposiciones dependiendo de la categoría de los ciudadanos. 
Por tanto, se le solicita a la Comisión que recomponga todos los instrumentos legislativos existentes hasta lograr un instrumento fluido y útil para todos. 
La libre circulación y la libre elección de residencia en la Unión sólo existirá si también se eliminan las últimas barreras, entre otras la supresión de todos los controles fronterizos y la completa asimilación del acervo de Schengen; la mutua sintonización de los sistemas educativos con vistas a la movilidad de los trabajadores con hijos en edad escolar; un reconocimiento simplificado de todos los diplomas y cualificaciones profesionales, esto especialmente para los jóvenes; la localización de prácticas administrativas injustas que son manejadas por las autoridades nacionales para dificultar el derecho de gestión; la protección de los derechos referentes a la pensión complementaria. 
Por tanto, todavía queda trabajo por realizar. 
Otro punto importante es la aplicación directa del artículo 8 A. Esto supondría que todo ciudadano puede someterse al derecho de libre elección de residencia y circulación ante cualquier juez nacional en la Unión. 
En lo referente al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales puedo ser breve y claro. 
Significa que el derecho de voto municipal para todos los súbditos de la UE debe ser instaurado por todos los Estados miembros; así pues, también por Bélgica. 
Francia, entre tanto, ya lo ha hecho. 
El sufragio activo y pasivo en las elecciones europeas: la aplicación de la directriz por todos los Estados miembros debe ser más sencilla y uniforme. 
Los súbditos de la UE tampoco están a menudo enterados de cómo pueden ejercer de manera concreta este derecho en el Estado miembro donde residen. 
Se exige, por tanto, una mejor información. 
En lo relativo a la protección consular y diplomática todavía estamos en pañales. 
Se debe buscar urgentemente entonces una configuración común para que los ciudadanos europeos tengan conciencia de que también fuera de Europa esto les generará un valor añadido. 
En lo relativo al derecho de petición y al derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo, resulta del primer informe anual de nuestro Defensor del Pueblo Europeo que estos derechos son útiles y necesarios, aunque se conoce aún demasiado poco su exacta envergadura. 
También aquí se pide una mejor información. 
Por último, comunico que el Tratado de Amsterdam ha añadido algo más, a saber, el derecho a dirigirse en una de las lenguas oficiales a cualquier institución europea y el derecho a recibir una respuesta en esa lengua. 
Pero esto no es aplicable todavía y, por tanto, tampoco puede evaluarse hoy. 
Señora Presidenta, Señorías, la instauración de la ciudadanía europea recalca que la integración europea es igualmente un proyecto político. 
Los derechos que conlleva deben ciertamente conformar una contribución esencial a una mayor concienciación europea, así como también los planes relativos al empleo y recientemente el euro indudablemente han acercado al ciudadano a Europa. 
Nuestra tarea es perpetuar esto y mostrar a los ciudadanos que Europa ofrece un valor añadido, y que es para ellos. 
Esto no ocurre sólo al registrar judicialmente por tratado un número de derechos civiles. 
Igual de importante es conocer esos derechos, que tengan contenido suficiente y más aún, que el desarrollo práctico tenga una importancia fundamental. 
La libre circulación, el derecho de residencia, el derecho de voto, el derecho de petición para dirigirse a un Defensor del Pueblo, no son naturalmente propios de la Unión Europea. Son propios de todo Estado de derecho democrático que se respete. 
Por importantes que sean, no serán suficientes para acercar Europa al ciudadano. 
Más atención a los símbolos europeos o a nuestra historia común seguro que nos pueden ayudar, pero tenemos la urgente necesidad de restablecer el crédito del ciudadano en Europa. 
Para ello se necesita una modificación de la mentalidad de los propios ciudadanos, pero antes que nadie de los que tienen que tomar las decisiones en Europa, de la administración, de los medios de comunicación. 
La Europa del ciudadano comienza con todos aquellos que se ocupan día tras día de la causa europea. 
Deben demostrar que son solidarios con Europa. 
En este sentido el Parlamento Europeo tiene que desempeñar un importante papel. 
El Parlamento es uno de los grandes jugadores y nosotros determinamos la estrategia. 
Como representación del pueblo europeo debemos procurar que el ciudadano se implique con este juego tanto como sea posible, que el juego sea atractivo y sobre todo que nosotros mismos cumplamos también estrictamente las reglas del juego. 
En resumen: debemos dar el buen ejemplo en Europa. Los buenos ejemplos deben venir siempre de arriba. 
Señora Presidenta, señor Comisario, todos cuantos hayan trabajado en algún momento en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo conocen el grado de confianza en los órganos de la Unión que manifiestan los ciudadanos en sus peticiones. 
Por esto es necesario fortalecer y desarrollar la ciudadanía de la Unión y conferirle un carácter autónomo, si queremos reducir su actual déficit democrático. 
El informe de la Comisión ha ofrecido una buena base para el dictamen del Parlamento, puesto que señala abiertamente las insuficiencias y los puntos débiles de la situación jurídica y la práctica actuales. 
No será necesario que vuelva a repetir ahora los detalles. Por lo tanto, voy a señalar aquellos aspectos en los que es necesario ir más allá de las observaciones de la Comisión. 
Es preciso dejar atrás la aplicación limitada y sectorialmente restringida del artículo 8 A sobre la libre circulación. 
Deberían abrirse al menos las puertas a la posibilidad de demandar el derecho a la libre circulación ante los tribunales nacionales, tal como solicita el ponente. 
La vía más eficaz sería, naturalmente, la incorporación al Tratado de la Unión de una Carta de derechos fundamentales que defina al ciudadano de la Unión como titular de los derechos incluidos en la misma. 
El acceso a la ciudadanía de la Unión no tendría que depender tampoco de la nacionalidad, sino que debería estar abierto también a los nacionales de terceros países con cinco años de residencia en la Unión. 
Sin embargo, con la perspectiva de las elecciones de 1999, lo más urgente es que se eliminen los obstáculos que existen en algunos países para el ejercicio del derecho a participar en las elecciones europeas y que en la mayoría de los casos son sólo de carácter administrativo. 
Nos congratulamos de que la Asamblea Nacional francesa acabe de suprimir un obstáculo importante. 
Justamente en este aspecto, los ciudadanos de la Unión tienen que percibir que no sólo se habla de sus derechos, sino que también se hace algo en favor de los mismos. 
Gracias a todos los que han contribuido a que así sea, a la Comisión y sobre todo al señor Ponente, que ha realizado una verdadera labor de vanguardia. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, el ponente merece una felicitación por el resultado de su meticuloso y esforzado trabajo. 
Yo le felicito sin reservas, si bien debo reconocer que siento un poco de envidia hacia el señor De Clercq. 
Le envidio, en primer lugar, el momento propicio en el que ha tenido la oportunidad de presentar su importante informe sobre la ciudadanía de la Unión. 
¡Las circunstancias no podrían ser más favorables! 
Con la introducción del euro acabamos de colocar la última piedra de los cimentos de la Unión Económica y Monetaria. 
Ahora podemos dedicar toda la atención a los ciudadanos y ciudadanas, a sus deseos y aspiraciones. 
Nada nos impide ya impulsar al fin con todas nuestras fuerzas la Unión política de Europa. 
El Informe De Clercq apunta en la dirección adecuada. 
Por lo tanto, mi Grupo político lo votará afirmativamente. 
Su única finalidad es completarlo en algunos aspectos y hacerlo todavía más preciso. 
Yo confío en que el ponente también lo comprenderá así, considerará útiles nuestras enmiendas y recomendará su aceptación. 
En los considerandos se habla mucho de la necesidad de fomentar la conciencia europea de los ciudadanos. 
La propuesta de plasmar esta conciencia también, entre otras cosas, en un símbolo tan hermoso como sería la celebración común de un Día de Europa parece una conclusión evidente. 
Sin embargo, no debemos hacernos ilusiones. 
Los ciudadanos no se contentarán sólo con símbolos y bellas declaraciones. 
Lo que esperan de la ciudadanía de la Unión no son derechos sobre el papel, sino unas ventajas concretas. 
Los ciudadanos y ciudadanas esperan que la unión política de Europa les facilite la vida cotidiana. 
Permítanme que cite el ejemplo del derecho ciudadano a la libre circulación, que solemos invocar gustosamente, pero que hasta ahora sólo se ha hecho realidad en aspectos absolutamente mínimos. 
Desde la perspectiva de los ciudadanos, eso es todo lo que significa. 
La libre circulación no se conseguirá con la supresión de las barreras, sino sobre todo con la eliminación de los obstáculos burocráticos. 
Por consiguiente, es necesario que la Comisión presente sin demora una propuesta legislativa que suprima las desigualdades en relación con el derecho de residencia en los Estados miembros y promueva, de este modo, la libre circulación efectiva de los ciudadanos de la Unión. 
En particular, es preciso eliminar los obstáculos a la movilidad de los jóvenes y facilitar que puedan instalarse en el lugar de su elección. 
Para ello necesitamos procedimientos sencillos, transparentes y no burocráticos para el reconocimiento de los diplomas y títulos. 
Lo cual también significa que los certificados académicos, diplomas y títulos deben gozar del mismo reconocimiento en todos y cada uno de los Estados miembros. 
Si aplicamos este enfoque en todos los ámbitos, lograremos transformar los derechos ciudadanos inscritos sobre el papel en una realidad europea vivida. 
Nos queda un largo camino por recorrer, en el curso del cual no debemos olvidar en ningún momento que ¡lo fundamental son las personas, no los rendimientos del capital! 
Señora Presidenta, realmente resulta reconfortante escuchar hoy aquí este informe. 
Resulta reconfortante porque todavía resuenan en nuestros oídos las conclusiones del Consejo Europeo de Cardiff, porque todavía resuenan en nuestros oídos recientes declaraciones que piden menos Europa, menos integración, que piden incluso la renacionalización de determinadas políticas. 
Por eso, creo que es importante que hoy el Parlamento Europeo esgrima esta bandera de la ciudadanía en la magnífica presentación que nos ha hecho el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y ponente del informe. 
Equilibrado entre lo concreto y los valores simbólicos. 
Equilibrado entre las medidas prácticas y la poesía, que citaba la Sra. Gebhardt. 
También necesitamos algo de imaginación y de poesía. 
Entre esas medidas prácticas, ha destacado el Sr. De Clercq la necesidad de que la libre circulación de personas y la libre elección de residencia para los ciudadanos europeos sea una realidad, que el artículo 8 A sea también una realidad invocable directamente ante nuestros tribunales de justicia, que se dé publicidad a los derechos conferidos ya por esa incipiente ciudadanía europea- derecho de voto en las elecciones municipales, derecho de voto en las elecciones europeas -, que se vaya creando- y ahí es donde pasamos de la realidad a la poesía, de la realidad a los mitos- una simbología integradora. 
Necesitamos que se cree la idea cultural de que existe Europa. 
El Partido Popular Europeo no sólo apoyará el informe del Sr. De Clercq, sino también las enmiendas del Grupo Socialista y algunas que ha presentado el Partido Popular Europeo, habiendo renunciado a la enmienda nº 5. 
Y es que, señora Presidenta, corren malos tiempos para Europa. 
Frente a este escepticismo, se puede decir- y estoy de acuerdo con la Sra. Gebhardt -, que nuestro aliado, paradójicamente, es el mercado. 
Paradojas de la vida: la Europa de los mercaderes va a ayudar a la realización de la Europa de los ciudadanos porque para conseguir el euro, para que realmente ese mercado único tenga realidad, tendremos que configurar la libre circulación de las personas en su concepto más pleno, tendremos que avanzar en la integración. 
Y por lo tanto, señora Presidenta, creo que hoy aquí, en este comienzo de la Presidencia austríaca, todos debemos felicitarnos por este informe del Parlamento Europeo que, una vez más, reafirma su papel de conciencia, de aldabonazo, frente a determinadas circunstancias que hoy en día propugnan una Europa roma, una Europa de miras cortas. 
Pues bien, frente a esa Europa roma, frente a esa Europa de ideas cortas, el Parlamento Europeo alza la voz, y alza la voz de los ciudadanos diciendo que Europa sólo se hará a través de la integración, y que, frente al concepto de la Europa de los mercaderes, tenemos que conseguir que la realidad del Tratado de Amsterdam se plasme en un auténtica Europa para los ciudadanos. 
Señora Presidenta, yo felicito al ponente y me congratulo de que el Parlamento se manifieste una vez más en favor de la transposición de los derechos que promete el Tratado en el marco de la ciudadanía de la Unión. 
Yo quisiera centrar por un momento la atención en la importancia fundamental de la misma. 
¿Qué significa es la ciudadanía de la Unión? 
A mi parecer, la Unión reconoce con ella nada menos que el hecho de que la titularidad y la soberanía del proceso de unificación europea residen en los ciudadanos y ciudadanas. 
La ciudadanía de la Unión es, por consiguiente, un componente esencial de su legitimación. La cual no tiene, en efecto, sólo una fuente indirecta a través de los Gobiernos nacionales y de los Tratados, sino que también emana de manera directa, personal e inmediata de un estatuto jurídico común a todos los ciudadanos. 
La ciudadanía de la Unión se incorporó, por lo tanto, lógicamente, al Tratado como un medio para reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros. 
Por consiguiente, se trata de un estatuto jurídico que se propone ser la expresión de los derechos fundamentales y ciudadanos de todos sus miembros. 
Hasta aquí nada hay que objetar en cuanto a la teoría. 
Sin embargo, en la práctica todavía nos falta mucho para alcanzar la plena garantía de los derechos fundamentales y ciudadanos, y el reconocimiento del papel del ciudadano como soberano de la integración. 
El derecho a la libre circulación de las personas es sin duda la más personal, la más vital, la más humana de las cuatro libertades, y también aquélla cuya realización ha sido más vacilante, la que se ha demorado más y la que ha encontrado más obstáculos. 
Los controles personales no se han suprimido en el ámbito de la Unión. Tampoco se suprimen en el marco del Convenio de Schengen, sino que se sustituyen por barreras todavía más altas que las anteriores, cuya supresión se había prometido. 
El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al PE, pero sobre todo también en las elecciones municipales, se verá desvirtuado. 
En parte es objeto de un sabotaje abierto. En algunas capitales, como por ejemplo en Viena, ha quedado reducido a la participación en las elecciones de los representantes de los distritos municipales. 
La protección consular también es prácticamente inexistente en la práctica. 
No obstante, yo tengo el convencimiento de que debemos dirigir la mirada más allá del texto de los Tratados y de los derechos prometidos para contemplar la plena protección de los derechos fundamentales y ciudadanos. 
Yo espero que la Cumbre extraordinaria que se celebrará en Austria abra una vía que permita pasar de la reforma institucional exclusivamente tecnocrática a una auténtica reforma democrática. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente por su informe erudito y meditado, y ensalzar su visión europea. 
Si queremos garantizar el florecimiento de la Unión Europea, los ciudadanos de Europa debemos poder sentir que este proyecto nos pertenece y que también nos beneficia a nosotros, no sólo a las organizaciones comerciales y los gobiernos. 
El segundo informe de la Comisión sobre la ciudadanía es, por consiguiente, un avance importante en la construcción de un corps d ' esprit y en la sensación de pertenecer a Europa. 
Acojo con especial satisfacción el derecho a voto y a presentarse como candidato en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, aunque quisiera enarbolar la bandera de los generosos derechos de voto de que gozan los ciudadanos de la Commonwealth en el Reino Unido, e instar a que no se haga una reorganización de los mismos ni se intente reducir los derechos actuales. 
Como ponente de opinión del plan de acción de la Comisión sobre la libre circulación de los trabajadores, acojo con satisfacción las observaciones del Sr. De Clercq sobre las trabas a la libre circulación de las personas, como la movilidad de las pensiones, las responsabilidades familiares y las necesidades de educación de los hijos. 
Aunque temo que pueda parecer aún algo arriesgado a mi grupo británico, creo que la Comisión podría estudiar la posibilidad de promover el bachillerato internacional. 
La creación del Defensor del Pueblo es una acción digna de todo elogio, pero pienso que su mandato necesita mayor promoción. 
Estoy de acuerdo en que la clave para el acercamiento a la Unión Europea está en la información. Por ello, pido a la Comisión que incremente sus esfuerzos para informar a los ciudadanos de Europa. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, esta noche se debate el tema de la ciudadanía de la Unión. 
Todos conocemos su significación y su función clave para los ciudadanos de Europa, pero sobre todo también para la integración europea. 
Yo me pregunto, no obstante, si las gentes de Europa en realidad también lo saben. 
¿Saben qué derechos conlleva la ciudadanía de la Unión? 
¿Saben a quién pueden dirigirse, a quién pueden preguntar y dónde pueden obtener información? 
En numerosos debates con ciudadanos y ciudadanas tengo una y otra vez la impresión de que apenas están informados y saben muy poco al respecto. 
Sin embargo, no sólo los ciudadanos y ciudadanas están poco informados. 
Consideremos, por ejemplo, la información que difunde la Unión Europea, una parte de la cual no presta ninguna atención a determinados ámbitos. 
Cuando constato que la libre circulación apenas se menciona en una publicación que recibimos hace poco- la Single Market Review -, donde se examina la realización práctica del mercado interior en más de 38 informes, yo me pregunto cómo pueden informarse, de hecho, los ciudadanos y ciudadanas. 
Otro ejemplo: cuando comento con funcionarios y funcionarias de la Comisión y del Parlamento o en otros lugares que soy diputada del Parlamento Europeo por Alemania, en mi calidad de ciudadana de la Unión con pasaporte neerlandés, siempre me preguntan: ¿cómo se explica, dónde está recogido, cómo es posible? 
Esto demuestra que no hemos interiorizado la idea del derecho de sufragio en el sentido en el que se encuentra inscrito, desde luego, en el Tratado; ni nosotros, ni quienes lo inscribieron, ni los ciudadanos y ciudadanas, ni tampoco mis colegas. 
En realidad, muchos de ellos todavía no lo han comprendido. 
Yo pienso que es importante que también nosotros asumamos la ciudadanía de la Unión, con todo lo que significa, y reflexionemos al respecto. 
Esto nos permitirá informar mejor también a los demás, de manera que a su vez lo comprendan. 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión, quiero congratularme por la reflexión detallada que se ha hecho sobre nuestro segundo informe relativo a la ciudadanía de la Unión y, en particular, subrayar el excelente trabajo hecho por un ilustre europeo que se llama Willy De Clercq. 
Considero este debate sobre la ciudadanía de la Unión como una petición a todos los participantes políticos para que se centren en lo esencial de la construcción europea, como un aviso sobre los avances y retrocesos en la realización de la arquitectura europea que puedan decepcionar al ciudadano en su sentimiento- y cito- «de pertenencia a una Comunidad política y de derecho» , según la expresión utilizada en la resolución parlamentaria. 
Como saben Sus Señorías, esa preocupación fue expresada también en el último Consejo Europeo de Cardiff, al declararse- y cito- «que todos los ciudadanos puedan aprovechar todas las ventajas de la Unión Económica y Monetaria y del Mercado Único y que la Unión esté aún más próxima al ciudadano». 
Este segundo informe sobre la ciudadanía de la Unión abarca los años 1994, 1995 y 1996. 
Es, pues, anterior a la conclusión de la Conferencia Intergubernamental que precedió a la aprobación del Tratado de Amsterdam. 
En este informe la Comisión se ha esforzado en describir y analizar los nuevos derechos conferidos por el Tratado de Maastricht, en verificar los avances logrados después de la publicación de su primer informe en 1993 y en indicar una serie de objetivos por alcanzar. 
La propuesta de resolución parlamentaria se dirige correctamente a todas las instituciones interesadas y a los Estados miembros. 
De hecho, sólo mediante una acción combinada en todos los niveles será posible lograr avances en el futuro, en particular en la esfera de la mejora de la legislación, de su legibilidad y su aplicación más eficaz. 
Puedo garantizar al Sr. Willy De Clercq y a esta Asamblea que tanto lo relativo a Schengen y a la aplicación del artículo 8 A como lo que se refiere a los procesos de infracción y prácticas administrativas, al derecho de voto, a la protección consular y diplomática, a los mecanismos de diálogo permanente, a la educación y al reconocimiento de diplomas, a la protección contra las amenazas a la seguridad y a la libertad individual o a la acción del Defensor del Pueblo, todos esos asuntos están en la mesa de la Comisión. 
Incluso hoy, en el Colegio de Comisarios, la parte principal de esa reunión ha estado dedicada precisamente a la ciudadanía europea. 
Y esperemos que, con el impulso de este Parlamento y aportaciones como las que recibimos mediante esta resolución, podamos llegar todos más deprisa a una verdadera ciudadanía. 
Muchas gracias, señor Comisario Pinheiro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Seguridad en la utilización de Internet 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0234/98) del Sr. Schmid, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se adopta un plan plurianual de acción comunitaria para fomentar la seguridad en la utilización de Internet (COM (97) 0582- C4-0042/98-97/0377 (CNS) ). 
Señora Presidenta, Señorías, hasta hace algunos años Internet era un terreno reservado para los especialistas. 
En la actualidad, su uso está tan incorporado a la vida cotidiana que hasta los diputados tenemos una conexión con Internet en nuestros despachos. 
¡Es la prueba evidente de que todavía son posibles algunas maravillas! 
Internet ofrece muchas posibilidades- como nunca las había habido, de hecho, hasta ahora en toda la historia humana- para acceder rápidamente a una gran cantidad de información. 
En Internet se encuentran, no obstante, asimismo algunos contenidos nocivos para los jóvenes o de carácter ilícito. También puede ser utilizada para desarrollar actividades delictivas, igual que sucede con los sistemas clásicos de telecomunicación, como el teléfono, o con el correo. 
En Internet predominan las ventajas. 
No obstante, aun así existe la necesidad de actuar en este contexto y tenemos que encontrar respuestas para hacer frente a la citada problemática. 
En cualquier caso, para darle respuesta no se deben aplicar criterios más rigurosos que en el caso de otros medios de comunicación, como el cine o la televisión. 
El mero hecho de que se haya suscitado un debate airado, sobre todo entre personas que no han visitado jamás ni un segundo la red, no justifica que adoptemos una actitud distinta de la que mantenemos en relación con otros medios de comunicación. 
La especificidad de la respuesta tiene que obedecer, por lo tanto, a las particularidades de la red y no a la aplicación de criterios más restrictivos. 
¿Qué tiene de particular Internet? 
En primer lugar: no pertenece a nadie. 
No existe un propietario global de la red. 
Yo siempre suelo decir que se trata, en realidad, de una forma de comunismo primitivo. 
En segundo lugar: es una red mundial y, por lo tanto, accesible en todo el mundo. 
En tercer lugar: las medidas jurídicas contra los contenidos criminales se rigen por las disposiciones del Derecho Penal del país donde está situado el ordenador a través del cual se introduzcan dichos contenidos en la red. 
En cuarto lugar: los contenidos se pueden transferir con facilidad y rápidamente- en un plazo de segundos- de un servidor a otro. 
En quinto lugar: el acceso a Internet es anónimo. 
El servidor no sabe quién se encuentra sentado frente al ordenador en el otro extremo y no está sujeto a limitaciones horarias. 
Esto tiene consecuencias para la protección de los jóvenes, ya que en Internet no existe una empleada o un empleado en la taquilla o en la caja, como sucede en el cine o en la tienda de vídeos, que pueda negarle la entrada a la sala o el préstamo de una cinta de vídeo determinada a un joven de dieciséis años. 
En este aspecto reside la verdadera problemática. 
El plan de acción que propone la Comisión pretende garantizar la seguridad en la utilización de Internet. 
Yo respondo que quizá pueda contribuir mucho a ella, pero que la seguridad total no existe tampoco en este contexto. 
Dicho concepto fomenta, además, la idea errónea de que los padres ya no tendrán necesidad de preocuparse por la educación de sus hijos, sino que podrán confiar la protección de los jóvenes a unos sistemas técnicos y un mecanismo de filtración. 
No debemos fomentar este error. 
Por consiguiente, yo abogo por una modificación de todos estos aspectos en el concepto de " seguridad en la utilización de Internet». 
La propuesta responde a la realidad de los hechos. 
En cualquier caso, es preciso tener claras las limitaciones de las medidas propuestas. 
Habida cuenta de que el número de proveedores comerciales de pornografía se incrementa a diario en todo el mundo, las esperanzas depositadas en la autorregulación parecen bastante ingenuas. 
El hecho de que los diputados de esta Asamblea recibieran ayer un anuncio de pornografía- de baja calidad, por cierto, y el precio era excesivo- a través de su correo electrónico ya indica cuál es la tendencia. 
El ejemplo de la clausura de un servidor neerlandés, el XS-4-All-Servers, porque a través del mismo se difundía la revista " Radikal» , demuestra lo que se puede conseguir con este método. 
Antes, " Radikal» sólo era accesible a través de dicho servidor. 
Después de su clausura, podía encontrarse en 53 servidores, ya que fue retransmitida de inmediato a todo el mundo. 
El método de la clausura tiene, por lo tanto, sus límites. 
Dada la diversidad lingüística dentro de la Unión Europea, también cabe dudar sobre la verdadera utilidad de los programas de identificación de palabras como mecanismos de filtración. 
Si se utilizan programas de filtración de imágenes, se excluiría también todo el material iconográfico y gráfico de carácter científico. 
Para evitar malentendidos, debo decir que yo apoyo la propuesta. 
Sólo señalo que ésta tiene sus limitaciones y que tenemos que ser conscientes de ellas. 
Otra de estas limitaciones está asociada al hecho de que en la vida real la mayoría de las veces los niños dominan los ordenadores mejor que sus padres. 
A propósito de la propuesta de un sistema de filtración que podría cargarse en los ordenadores personales, yo describí así el mecanismo ante un grupo de periodistas: un sistema de filtración es un programa mediante el cual un niño de 12 años impide a su padre el acceso a las páginas pornográficas de Internet como represalia por haberle prohibido ver la televisión. 
Éstas son las circunstancias reales. 
Aun así, yo soy partidario de que sigamos adelante con la propuesta del sistema de filtración, pero es preciso que tengamos claras sus limitaciones. 
El plan de acción propuesto está concebido como un instrumento para luchar principalmente contra los contenidos no deseados, o sea, la pornografía, las páginas políticas radicales y otros parecidos. 
Dada la falta de competencias de la Unión Europea en el ámbito del Derecho penal y de la persecución penal, el plan de acción trata los contenidos ilegales, es decir, punibles, únicamente en lo que se refiere a la solicitud de un estudio previo sobre las medidas nacionales necesarias. 
Los verdaderos problemas se plantean, a mi entender, sobre todo en relación con los contenidos punibles, más que con respecto a los no deseables. 
Lo que se puede llegar a encontrar después de viajar sólo unas horas por la red buscando contenidos definidos- yo lo hice ayer para preparar una conferencia de prensa- es, desde luego, sorprendente. 
Se encuentran instrucciones para la fabricación de bombas, para abrir la cerradura de una puerta aunque no se tenga la llave, para la producción de drogas ilegales y para diversas actividades terroristas, para falsificar tarjetas de crédito, para introducirse en un ordenador sin autorización, y todo un amplio abanico más. 
En las circunstancias actuales, la lucha contra los contenidos delictivos es competencia de los Estados miembros. 
No pretendo discutirlo, pero dicha lucha se ve considerablemente dificultada en la práctica por el hecho de que ni siquiera en toda la Unión Europea existen normas jurídicas iguales o al menos comparables en relación con aspectos importantes. 
La persecución de la pornografía infantil resulta difícil cuando la definición de la edad a partir de la cual el "niño» deja de serlo para convertirse en" adulto» es distinta en los diferentes sistemas jurídicos. 
En algunos Estados miembros el límite está fijado en los 14 años, en otros, en los 16. 
La persecución es difícil cuando, aunque puedan perseguirse los contenidos delictivos, en cambio no es punible indicar el punto de una página de Internet desde el cual se puede acceder, con un clic del ratón, a la página con dichos contenidos. 
La persecución es difícil asimismo cuando- como ocurre ahora- puede instalarse un servidor en la red sin que sea necesaria la identificación de quien lo administra y cuando- como también ocurre ahora- es posible el envío de correos electrónicos sin que exista la posibilidad de identificar al remitente, o sea, cuando es posible que los servidores se administren de forma anónima y también el envío de correos electrónicos anónimos. 
Por esto necesitamos al menos unos estudios previos que determinen la legislación que se requeriría. 
Ya sé que el Consejo ha planteado objeciones en las consultas. 
Por el momento, la política interior forma parte de las competencias privativas de los Estados nacionales; la política militar, en cambio, ya no les pertenece: de ella se ocupa la OTAN. 
El único ámbito en el que el Estado mantiene el monopolio del uso de la fuerza, por medio de unas fuerzas armadas, es el ámbito policial. 
Por lo tanto, lo cuidan como oro en paño. 
Ya sé que existe oposición contra la realización de dichos estudios. 
Sin embargo, éstos son necesarios. 
En efecto, en último término sólo será posible resolver el problema de los contenidos delictivos por medio de acuerdos de alcance mundial. 
Cuando se discuten acuerdos mundiales de este tipo ocurre como en el caso del GATT: si la Comunidad acude con 15 opiniones distintas, ¡no hay manera! 
Si Estados Unidos, la Unión Europea y Japón tienen aproximadamente una misma idea, se avanza relativamente deprisa. 
Por lo tanto, es necesario que adoptemos unos criterios comunes, no sólo con vistas a la persecución penal dentro de la Unión Europea, sino también con vistas a alcanzar los acuerdos mundiales necesarios. 
No conseguiremos avanzar sin dichos acuerdos. 
Yo quisiera pedirle al señor Comisario que, en su intervención final, me indique qué enmiendas está dispuesta a hacer suyas la Comisión, ya que me ayudaría saberlo. 
Señora Presidenta, la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre ese asunto aspira, a través de las enmiendas presentadas, a fomentar el desarrollo y la adopción de sistemas técnicos rentables con el objetivo principal de proteger a los menores de edad y la dignidad humana y, sobre todo, a reforzar la protección de las actividades económicas y empresariales. 
También intenta mejorar la cooperación internacional en estos temas para garantizar el desarrollo potencial de la industria de Internet. 
En cuanto al ámbito de aplicación de las líneas de actuación del programa y teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece Internet para las actividades industriales y económicas, y de forma indirecta para el sector del empleo, se propone la adopción de un acercamiento más amplio con el fin de que, más allá de los asuntos que afectan a los menores de edad o a la dignidad humana, se examinen también las posibilidades que ofrece el programa de acción para la protección de las actividades económicas e industriales. 
La confianza mostrada por los usuarios de Internet- tanto individuos como empresas- va a contribuir a crear un ambiente favorable para el desarrollo de actividades empresariales en el ámbito de la sociedad de la información. 
Por ello, Internet, va a constituir tanto una fuente fiable de conocimientos como una valiosa herramienta para las actividades empresariales. 
El segundo asunto importante de esta opinión son los principios que deben regir las acciones para erradicar los contenidos ilícitos y dañinos de Internet. 
Estos principios pueden resumirse de la manera siguiente: 
Primero, el apoyo a la industria para que desarrolle y adopte sistemas voluntarios y eficaces para el control del contenido de Internet y lograr la cooperación entre los interlocutores interesados, y en especial de la industria, que es lo que constituye un factor determinante para el éxito del establecimiento de sistemas de autorregulación y de mecanismos de filtración y evaluación. 
La segunda condición importante para controlar de manera eficaz el contenido de Internet es el claro reparto de papeles y responsabilidades entre todos los agentes involucrados en la creación y distribución de sus contenidos. 
El último punto que quisiera señalar es la exigencia, dada su naturaleza sin fronteras, de una cooperación y coordinación de las actuaciones del programa a escala internacional. 
La cooperación es el único método para conseguir el máximo rendimiento de las actuaciones realizadas a escala europea. 
Por esa razón, considero que la Unión Europea debe aspirar a tener un papel de liderazgo activo en el proceso para establecer principios y modelos técnicos que sean aceptables a escala internacional. 
Finalmente, señora Presidenta, quisiera felicitar al Sr. Schmid y a los ponentes por su aportación en el asunto de la seguridad en la utilización de Internet y agradecerles su apoyo a la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial. 
Señora Presidenta, no es la primera vez que tratamos el tema de Internet y tampoco la última. 
La evolución va por buen camino. 
No solamente aquí sino que en todas partes aumenta la conciencia del valor de esta revolucionaria forma de libre información. 
Lo que tenemos que proteger es la libertad y no los reglamentos. 
Hace un año tratamos el informe Pradier sobre contenidos ilegales y perniciosos en Internet. 
Entonces desde muchos sitios se demandó mayor reglamentación, por ejemplo, registro de usuarios de Internet y prohibición de codificación digital. 
En ese momento muchos ignoraban lo nuevo y creían que las formas de pensamiento del mundo antiguo también se podrían aplicar en el nuevo. 
En algún momento, quienes no veían los nuevos tiempos, quisieron destruir la imprenta de Gutenberg. 
Como no lo lograron, llegó la Reforma. 
Mediante la imprenta los ciudadanos consiguieron acceder a información nueva de un modo mucho más fácil. 
Esto implicó, en esa ocasión, una descentralización del poder. 
Actualmente vivimos una nueva Reforma ya que los ciudadanos pueden obtener conocimientos e información y ser cada vez más independientes de autoridades y estados. 
Probablemente esto acarreará a largo plazo una disminución de las reglamentaciones de la vida diaria de los individuos y nuevas posibilidades de contactos y sustento. 
No obstante, hay que hacer algo con el material ilegal en Internet, pero sin que afecte a las condiciones básicas de libertad. 
La Comisión quiere establecer líneas directas para informar acerca del material ilegal en Internet y apoya sistemas de filtros y clasificaciones, además de instrucción e información. 
El informe completa la línea de la Comisión con la intención de desentrañar los aspectos jurídicos del material ilegal o pernicioso en Internet. 
Estas propuestas son razonables puesto que toman en consideración el carácter de este medio. 
Existió anteriormente una tendencia a desarrollar sistemas europeos especiales. 
Sin embargo, debemos respetar que en este caso se trata de contactos globales e internacionales. 
Es un medio global e internacional. 
Por eso las soluciones también deben ser globales e internacionales. 
Ya existen sistemas internacionales en funcionamiento que han sido aceptados y que están muy difundidos. En este contexto quiero agradecer al ponente por haber sido tan complaciente con mis propuestas de enmiendas en esta materia. 
Finalmente quiero dar la bienvenida a la comprensión existente a la hora de evitar sistemas obligatorios. 
El mercado tiene interés directo en la autorregulación. 
Además, la marcación de calidad puede mejorar la posición en el mercado de aquellos proveedores de Internet que desean usarla. 
Me alegra que la Comisión opine que no corresponde a los estados regular los contenidos y el uso de Internet. 
Por el contrario, es una misión del estado combatir y detener la delincuencia en cualquier lugar que se produzca, ya sea con ayuda de Internet o abiertamente en las calles y plazas. 
Señora Presidenta, la mayoría de nosotros ve el enorme desarrollo de Internet como algo provechoso. 
Sin embargo, como todos saben, esto también tiene una cara oscura y desagradable. 
Todo el mundo, incluidos niños y adolescentes, puede conseguir fácilmente a través de Internet recetas detalladas para fabricar drogas y explosivos, los pederastas pueden ver pornografía infantil, se pueden comprar y vender mujeres, etcétera. 
Está absolutamente claro que todos queremos que esto termine. 
El problema de la cara oscura de Internet es que es global, sin límites. 
Una solución total también tiene que ser global y solamente puede alcanzarse en colaboración con la industria. 
Esto es algo en lo que todos tenemos que trabajar. 
Entretanto, la propuesta de plan de acción de la Comisión es un comienzo que también puede coadyuvar a un verdadero debate internacional y, esperamos, a una solución. 
Entre los puntos más importantes del plan de acción está la propuesta de actuar conjuntamente con la industria para obtener una autorregulación y normas éticas, la implantación de un sistema de filtración y clasificación además de un vasto programa de información. 
Sin embargo, personalmente rechazo todos los intentos de regular los problemas de Internet por medio de directivas comunitarias. 
Es algo que tenemos que resolver de otro modo y más internacionalmente. 
Por esa razón votaré por el rechazo de la propuesta de enmienda 23. 
Con todo, el Grupo Verde apoyará el informe Schmid en su conjunto. 
Señora Presidenta, cuando se habla de la seguridad en el uso de Internet, con frecuencia chocan entre sí el conceptos de libertad de expresión y la difusión de material ilegal. 
Por su carácter, Internet es libre y no se ciñe a limitaciones, y así debe seguir siendo en el futuro. 
El reverso de la moneda lo constituyen las personas que intentan hacer un uso erróneo de las libertades. 
Los peores abusos se centran sin lugar a dudas en la difusión de pornografía infantil y material pedófilo. 
No deja de sorprender el volumen de este tipo de material en Internet. 
De acuerdo con investigaciones de Interpol, el seguimiento que se ha llevado a cabo en sólo dos meses ha permitido detectar en la red más de 70 000 ficheros que contenían imágenes pornográficas con niños. 
Se trata de una cifra tan elevada que no basta únicamente con actividades orientadas a la autorregulación ética de los proveedores de Internet para establecer una limitación a este respecto. 
No sería justo acusar a los gestores de los servicios de Internet de la difusión de material ilegal. 
A pesar de que desempeñan un papel fundamental como guardianes de la autorregulación, el único modo de alcanzar los resultados deseados se basa en la estrecha cooperación entre la industria informática y las autoridades responsables del contenido de Internet. 
Dado el carácter mundial de Internet, las medidas que se emprendan únicamente a nivel europeo no serán suficientes en la lucha contra el material pornográfico infantil. 
Se necesitan sistemas de información y normas a escala mundial que permitan detener a aquellos que conscientemente difunden pornografía. 
Un buen ejemplo de iniciativa por parte de las autoridades en la lucha contra la pornografía infantil son tanto la línea telefónica como la página de Internet que ha puesto a disposición la policía finlandesa para denunciar las actividades de pedofilia que se encuentren en la red. 
Una vez localizado este material internacional, la policía tiene previsto transmitir estas informaciones a las autoridades del país en cuestión. 
Finalmente, desearía felicitar al Sr. Smith por la buena labor que ha realizado en una cuestión tan difícil como es ésta. 
Señora Presidenta, permítame empezar felicitando al ponente no sólo por su excelente informe sino por su brillantísima intervención. 
Este es un asunto muy importante, fundamental para nuestro futuro como sociedad protectora de los derechos individuales, al mismo tiempo que protectora del desarrollo industrial. 
Pero todo ello no debe hacernos olvidar la cuestión fundamental que nos legitima: el anclaje de nuestras decisiones en el Tratado, el fundamento jurídico de nuestros actos políticos. 
Mi intervención se va a centrar, pues, en la propuesta que hizo la Comisión de Asuntos Jurídicos de cambiar el fundamento jurídico de la propuesta de decisión y utilizar el artículo 129 A- protección de los consumidores- en vez del artículo 130- competitividad de la industria-. 
Señora Presidenta, indudablemente, el artículo 130 nos dice que se tomarán medidas encaminadas a fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas, y es cierto que un mejor y más seguro entorno fomentará esa industria. 
Pero no es menos cierto, señora Presidenta, que es muy difícil aplicar estos objetivos del artículo 130, como puede ser establecer las condiciones necesarias para la competitividad de la industria comunitaria, a acciones que lo que pretenden es alertar a los consumidores sobre el contenido, en materia de sexo o de violencia, de Internet al fundamentar la autorregulación y establecer unos mecanismos de filtrado. 
Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Jurídicos, después de haber analizado esta propuesta de decisión, entendió que el fundamento jurídico adecuado es el artículo 129 A, que nos permite este tipo de acciones que fomentan y protegen un entorno seguro del consumidor en términos generales. 
Señora Presidenta, mencionaré también que este cambio de fundamento jurídico da a este Parlamento un mayor protagonismo en toda esta acción, puesto que el artículo 129 A prevé el procedimiento de codecisión mientras que el artículo 130.3 prevé la consulta simple. 
Y creo que es fundamental que en un asunto tan socialmente relevante, tan socialmente candente, este Parlamento tenga una voz alta y fuerte y no una simple consulta. 
Por lo tanto, señora Presidenta, creo que este es un asunto que nos concierne a todos, y el Tratado nos da una base clara para participar en pie de igualdad con el Consejo y debemos tratar de que ese cambio de fundamento jurídico tenga su reflejo en la propuesta. 
Señora Presidenta, ante todo deseo manifestar que voy a intervenir como ponente del dossier «Iniciativa de coordinación internacional para Internet» en la Comisión de Asuntos Económicos. 
Estoy de acuerdo con la Comunicación de la Comisión Europea sobre el plan de acción para fomentar la seguridad en la utilización de Internet, sin embargo, no estoy convencido de la pertinencia de todas las enmiendas al texto de la Comisión sugeridas por el señor ponente. 
Precisamente el pasado lunes participé, invitado por la Comisión Europea, en una mesa redonda con los líderes de la industria mundial del sector y he visto consolidarse un consenso sobre estos tres puntos: debemos evitar establecer normas complicadas y conflictivas entre Estados y de difícil aplicación y, al mismo tiempo, debemos poner en marcha una iniciativa política para evitar que sea el poder judicial quien pronuncie sentencias y siente precedentes; tenemos que promover un marco legislativo para el desarrollo de Internet basado en la autorregulación de la industria del sector, así como en la implicación de las autoridades políticas y de las organizaciones internacionales competentes en un diálogo estructurado similar al que logró un éxito rotundo en el Transatlantic business dialogue; tercer punto, hay que llegar al consenso internacional sobre una base de carácter multilateral que, por lo tanto, abarque no sólo la participación de los Estados Unidos y de Europa, sino de muchos otros países en un contexto lo más global posible. 
Pese a que es evidente que existen ámbitos en que hay que redactar nuevos códigos, por ejemplo, la firma electrónica para las especificidades de Internet, no está probado que a través de Internet se puedan cometer nuevos delitos que ya no hayan sido inventados y contemplados por la ley. 
Por contra, Internet es un medio de comunicación extraordinario que hace posible que cada individuo se convierta en editor, que proporciona a las empresas un instrumento de globalización en el comercio electrónico y que- reitero- en caso de necesidad permite establecer, incluso con demasiada exactitud, el origen y el destino de las transacciones. 
Creo que tenemos ante nosotros a un niño que está dando sus primeros pasos y que debemos ayudar a crecer en un contexto legislativo favorable. 
Algunas enmiendas, la 6 y la 12, sobre las autoridades responsables de los contenidos de Internet y la 7 sobre la responsabilidad de los distribuidores, me plantean problemas, sin embargo, estoy seguro de que vamos a volver sobre este debate con otras reflexiones y otras experiencias. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Transporte combinado de mercancías 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0239/98) de la Comisión de Transportes y Turismo, respecto de la posición común (C4-0173/98-96/0207 (SYN) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Consejo relativo a la concesión de ayudas financieras comunitarias a acciones en favor del transporte combinado de mercancías (Ponente: U. Stockmann). 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, acaban de escuchar ustedes el título completo del reglamento. 
El concepto clave de la política europea de transporte actual y futura es la intermodalidad. 
Su objetivo es la creación de un sistema común de transporte. 
El enlace de los diferentes modos de transporte en cadenas de transporte de puerta a puerta permite aprovechar sus respectivas ventajas. 
El transporte combinado, que es el tema que hoy nos ocupa, es la primera fase ya probada de la intermodalidad en el ámbito del transporte de mercancías. 
En las conversaciones entre los políticos competentes en materia de transporte, se asigna desde hace tiempo un papel significativo al transporte combinado, que se anticipa mucho a su importancia real en la actualidad, si bien es cierto que las estadísticas del año pasado podrían indicar quizá una modificación en la tendencia. 
Además de las posibilidades en el ámbito de la política de ordenación del territorio, desde 1992 contamos en el ámbito europeo con el programa PACT de apoyo al transporte combinado. 
Tras el éxito del primer programa, que concluyó en 1996, desde el año pasado gestionamos el programa PACT II. Ahora éste adquiere la categoría de un programa como es debido, o sea, con un fundamento jurídico, bajo la forma de un reglamento, y con un presupuesto más elevado, aunque todavía no adecuado ni mucho menos. 
El hecho de que dicho reglamento no se haya examinado hasta hoy en segunda lectura se debe a un parto difícil, en el que el Consejo no ha cumplido su tarea de comadrona. 
Por lo que respecta al contenido del reglamento, la Comisión de Transportes y Turismo acoge con satisfacción que la Comisión y el Consejo hayan aceptado una parte de sus propuestas, en particular en lo que se refiere a la inclusión de la navegación interior y a la incorporación de la coordinación con las redes europeas de transporte como criterio para la selección de los proyectos. 
Por otro lado, consideramos que el hecho de que en la posición común del Consejo no se recojan algunas de las enmiendas que ya presentamos en la primera lectura revela una actitud corta de miras, pues lo cierto es que necesitamos una política de transporte estratégica y con visión de futuro, diría yo. 
La Comisión de Transportes suscribe, por lo tanto, las enmiendas 1-6 que ahora se presentan. 
¿Cuáles son los aspectos que nos preocupan? 
En primer lugar, deseamos que se amplíe el ámbito de aplicación del programa PACT- tal como se ha admitido entre tanto en el caso de algunos otros programas- a los países candidatos a la adhesión con los que ya se han iniciado las negociaciones, con una dotación financiera adicional de cuatro millones de ecus anuales para los años 2000 y 2001. 
La Agenda 2000 prevé en estos momentos un montante mucho mayor para medidas estructurales de apoyo a los países de la Europa central y oriental. 
Pedimos que una porción de dichos recursos se concrete ya de manera específica y se comprometa para el apoyo al transporte combinado. 
En estos momentos ya se está registrando un incremento más que proporcional del transporte de mercancías procedentes de los países candidatos a la adhesión. 
A ello se suma una fuerte tendencia a sustituir el transporte de mercancías por ferrocarril por el transporte por carretera. 
Por regla general, estos procesos- en los nuevos Estados federales alemanes lo sabemos muy bien por propia experiencia- suelen ser irreversibles si no se contrarrestan en el momento oportuno. 
En consecuencia, no podemos permanecer indiferentes ante esta evolución. 
Por lo tanto, pedimos que en este momento se defina una política estratégica y no una política reactiva que podría tener un coste varias veces más elevado dentro de diez años. 
Nuestro segundo objetivo importante es la creación de sinergias. 
Un buen programa siempre puede ser todavía más favorable si, en primer lugar, se procuran crear sinergias con otros programas y, en segundo lugar, contribuye a promover los objetivos de otras políticas. 
Seguimos pensando que tendría que ser posible la combinación con los recursos del programa PHARE y del Fondo de Cohesión y con los proyectos subvencionados con cargo a los mismos. 
A nuestro parecer, los proyectos en el marco del programa PACT deberían tener prioridad en los ámbitos del trazado y la conexión con las " vías reservadas» , que políticamente se desean fomentar, aunque su concreción todavía sea difícil. 
También se podrían buscar efectos sinérgicos con las actividades previstas en el contexto del V Programa Marco de Investigación. 
Éste es el objetivo que persigue otra de las enmiendas propuestas. 
Finalmente, quisiera decir algunas palabras sobre la enmienda de mi honorable colega Jarzembowski, que hoy no se encuentra presente. 
Desde luego, no habíamos optado por la vía fácil con la referencia, que primero sonaba plausible e incluso lógica, a la obstrucción de la competencia. 
Sin embargo, al final decidimos rechazar la enmienda, ya que pensamos que cualquier programa de apoyo persigue de por sí una discriminación positiva, en nuestro caso en favor de la sustitución del transporte de mercancías exclusivamente por carretera por el transporte combinado, pero también en favor de las regiones y de los competidores que concedan prioridad al transporte combinado. 
Finalmente, yo quiero dar las gracias también a todas y todos los colegas que hoy no se encuentran presentes por la parte que les corresponde en la elaboración del informe y recomiendo que sea aprobado en la votación de mañana. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ante todo yo quisiera expresarle mi más sincero agradecimiento al ponente y felicitarle por su trabajo. 
La propuesta de la Comisión relativa al fomento del transporte combinado de mercancías contempla que la Unión Europea necesita un sistema de transporte fiable de ámbito europeo, que garantice con eficacia los intercambios comerciales y también la movilidad. 
Por esta razón, yo lamento profundamente que el Consejo sólo haya recogido una escasa parte de las propuestas del Parlamento. 
Precisamente en este contexto existía por una vez la posibilidad de actuar, además de hablar. 
Como acabo de decir, creo que es de lamentar que el Consejo no haya contemplado en su posición común la posibilidad de conceder una consideración especial también a los proyectos que establezcan conexiones con los países de la Europa central y oriental, con la consiguiente creación de sinergias. 
Asimismo, la Comisión debería velar también por que en la selección de los proyectos se mantenga un equilibrio entre las regiones y los Estados miembros, a fin de evitar cualquier distorsión de la competencia. 
Este punto ya fue aprobado por el Parlamento en la primera lectura y ahora se vuelve a recoger en la enmienda que ha presentado el señor Jarzembowski en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Yo pido a la Asamblea que respalde dicha enmienda también en esta ocasión. 
Yo quisiera señalar igualmente que la inclusión de las vías reservadas al transporte de mercancías por ferrocarril es imprescindible para un desarrollo y una utilización ambientalmente sostenibles de las redes transeuropeas de transporte. 
Dichas " vías reservadas» constituyen precisamente, a mi parecer, una innovación importante en el marco de la política de transporte. 
Yo creo que es muy de lamentar que el Consejo haya decidido consignar únicamente 35 millones de ecus para este fin. 
Si existe la voluntad de pasar de las palabras a la acción, como antes he dicho, se hubiese tenido que autorizar un montante de 43 millones de ecus, como mínimo, para el período 1997-2001. 
Por consiguiente, debería elevarse el montante hasta dicha suma, a pesar de que aun así seguirá siendo, a mi modo de ver, sólo una gota de agua sobre una piedra ardiente. 
El desarrollo del sistema de transportes en la Unión Europea es de la máxima importancia, a mi parecer, justamente con vistas a la ampliación y desde la perspectiva de las consideraciones ambientales, que tienen cada vez mayor peso. 
Por consiguiente, yo apoyo las enmiendas presentadas, que cuentan con el respaldo de la totalidad de mi Grupo político, y confío en que la Asamblea también les dará su apoyo. 
Muchas gracias, señora Presidenta, sobre todo por concederme todavía la oportunidad de felicitar al ponente y de decirle, además, que ha demostrado ser un excelente modelo para los teólogos o músicos dispuestos a reciclarse y convertirse en auténticos técnicos y políticos. 
Ahora pasaré a mi lengua y diré algo más sobre el informe en sí. 
Creo que aquí tenemos un ejemplo típico de cómo el Consejo una vez más había podido mostrar no sólo con palabras, sino también con hechos, del modo como nos apoyamos aquí todos en esta Casa de pared a pared, que debe tener lugar un desplazamiento modal, de la carretera hacia el raíl y hacia las aguas interiores. 
Se nos obliga de nuevo aquí a poner una vez más los hechos sobre la mesa, porque si no hacemos nada ahora estaremos dentro de poco con un gran infarto circulatorio. Entonces el Consejo y la Comisión serán los responsables y no el Parlamento. 
Señora Presidenta, en primer lugar, permítame agradecer al ponente, Sr. Stockmann, y a la Asamblea el trabajo sobre la recomendación de continuar con nuestras acciones en favor del transporte combinado de mercancías, que hasta ahora han sido todo un éxito. 
Es una clara prueba del continuo compromiso del Parlamento con la promoción del transporte combinado. 
Aunque apreciamos el talante positivo del Parlamento respecto a este dossier, lamento decir que la Comisión sólo podrá aceptar dos de las enmiendas, aunque ello no debería mermar el amplio acuerdo que existe entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Las enmiendas 1 y 4, de conformidad con lo que el Parlamento aprobó en primera lectura y la Comisión aceptó, están encaminadas a la introducción en el reglamento del concepto de las vías transeuropeas reservadas al transporte de mercancías por ferrocarril. 
Habida cuenta de que las vías reservadas para el transporte de mercancías por ferrocarril constituyen una importante iniciativa de la Comisión, puedo mantener mi apoyo a su inclusión como criterio de evaluación en el reglamento relativo a la concesión de ayudas financieras comunitarias en favor del transporte combinado de mercancías. 
Las vías reservadas son un paso importante hacia la auténtica liberalización del mercado del ferrocarril. 
Puedo asegurar a la Asamblea que tanto la Comisión, como los Estados miembros darán prioridad, en la selección de los procedimientos, a cualquier proyecto que prevea hacer uso de las vías reservadas. 
Las enmiendas 2, 3, 5 y 6 intentan volver a introducir la posibilidad de financiar acciones fuera de la Unión Europea y permitir a empresas no comunitarias convertirse en beneficiarias de las ayudas financieras a acciones en favor del transporte combinado de mercancías. 
La Comisión es perfectamente consciente de que la política de transporte combinado no puede terminar en las fronteras de la UE. 
El tráfico fluye y las oportunidades para el transporte de distintas modalidades con nuestros vecinos del Este son demasiado importantes. 
Es por lo que la propuesta de la Comisión preveía originalmente esta posibilidad. 
Pero las negociaciones en el Consejo sobre este asunto han puesto de manifiesto que el reglamento, como tal, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por el Consejo, si la Comisión insiste en este punto. 
Los Estados miembros aprueban que la Comunidad ayude a los países candidatos en sus esfuerzos encaminados hacia la implantación de un sistema de transporte sostenible. 
Muchos Estados miembros pensaron que deberían aplicarse o ampliarse otros instrumentos, como por ejemplo el programa PHARE, para apoyar los servicios del transporte combinado. 
La Comisión, por consiguiente, examinará si los actuales programas pueden ser utilizados para proyectos similares a las acciones en favor del transporte combinado de mercancías para el transporte de distintas modalidades en los países candidatos. 
En esta tónica, la Comisión no puede aceptar el límite máximo de 43 millones de ecus, porque esta suma no se ajusta a las perspectivas financieras comunitarias para estas acciones. 
Asimismo, no podemos aceptar algunos aspectos de las enmiendas 3 y 5 ni tampoco podemos aceptar la enmienda 7. 
Por un lado, las sinergias con otros programas de financiación estarán aseguradas a través de la necesaria consulta interservicios en el seno de la Comisión. 
Por otro lado, la Comisión sigue pensando que los criterios de selección, en una palabra, la mejora de la competitividad del transporte combinado a través de la innovación, son claros y limitados en aras de la transparencia. 
Opinamos que otras prioridades o consideraciones sólo aportarían confusión. 
Aunque no sea capaz de convencer al Parlamento de la posición de la Comisión en todos los aspectos, espero, al menos, haber aclarado dicha posición. 
Permítanme terminar agradeciendo una vez más al Parlamento, y en particular al ponente, el interés demostrado en el transporte combinado y la valiosa contribución que han realizado en lo que respecta a dicho reglamento. 
Muchas gracias, señor Comisario Pinheiro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.50 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
El Sr. Rübig tiene la palabra en relación con el Acta de ayer. 
Señor Presidente, querría preguntar si no se podrían hacer constar también en el Acta los robos y los asaltos de nuestros despachos de aquí, del Parlamento Europeo. 
Señor Rübig, no corresponde inscribir esto en el Acta, pero constará en ella que usted ha intervenido hoy sobre esta cuestión. 
El Acta queda aprobada 
Derechos sindicales transnacionales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0095/98) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre los derechos sindicales transnacionales en la Unión Europea. 
Señor Presidente, estimados colegas, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales se adoptó en la Cumbre de Estrasburgo de diciembre de 1989 y muchos, entonces, consideraron que suponía un importante paso adelante. 
Tuve mis dudas y todavía recuerdo muy bien una discusión, anterior a la celebración de esta Cumbre, con un miembro del COREPER que intentó convencerme de las importantes consecuencias de la adopción del texto de 1989. 
Mi falta de comprensión se debía a que vengo de un país en el que los derechos de las organizaciones sindicales y empresariales están claramente establecidos y, por tanto, en mi opinión, la Carta Europea no añadía nada nuevo. 
Ahora, diez años después, este informe confirma lo anterior y debo señalar que la Carta Social todavía no se ha recogido en su totalidad en el Tratado Europeo. 
Desde entonces, el Tratado se ha modificado en dos ocasiones, Maastricht y Amsterdam. 
Si bien es cierto que se ha incluido el Protocolo Social, las limitaciones formuladas respecto de las remuneraciones, el derecho de asociación, el derecho de huelga y el derecho de cierre patronal, desgraciadamente, se mantienen. 
Por tanto, la Política Social Europea no es todavía, en mi opinión, una política adulta. 
El propio informe de iniciativa, la historia... , me gustaría que, de cara a la historiografía, quedara constancia de que el excesivo tiempo empleado para llevar este informe al pleno no puede achacarse a la mala voluntad de su ponente o de su grupo. 
Es sabido que la economía de mercado socialmente orientada figura entre los postulados de la democracia cristiana y sé, por experiencia, que confiar responsabilidades a los interlocutores sociales conduce a una sociedad en armonía. 
Así mismo, quiero señalar que la decisión de la Comisión de Asuntos Sociales de redactar un informe se basó en numerosas peticiones en este sentido realizadas por escrito, especialmente desde el Reino Unido, ya que allí los derechos sindicales no están regulados, y se pensó que si se hacía algo en el ámbito europeo, podría modificarse esa situación. 
En tercer lugar, también debo convencer a los partidarios del libre mercado. Resulta ridículo que Europa insista en más de una ocasión en que se incluya la libre sindicación y la libertad de negociación en los acuerdos internacionales o mundiales, por ejemplo, en el marco de la OMC, cuando nosotros no recogemos estas garantías en nuestro propio Tratado Europeo. 
Lo que queremos regular son los derechos sindicales en sí mismos. 
Quisiera que la Comisión Europea presentara una iniciativa, no pido una propuesta de directiva, sino una iniciativa para estudiar determinados puntos. 
Es posible que el grupo de expertos que, en este momento, se ocupa de analizar el Tratado de Amsterdam y de estudiar cuáles son sus deficiencias, evalúe también esta cuestión. 
Pido, además, que los interlocutores sociales lancen una iniciativa puesto que este asunto les afecta. 
Deben fomentar la adopción de una acción y, posiblemente, el informe anual o, en su caso, los informes del grupo de expertos sean un buen punto de partida. 
Junto a los derechos sindicales, he realizado ciertas observaciones sobre el diálogo social y sus reglas. 
A veces me preocupa que no exista suficiente espacio para ese diálogo social. 
Me doy perfecta cuenta de que no podemos regular de un día para otro este asunto que constituye una cuestión especialmente problemática para algunos Estados miembros. 
Sin embargo, pienso que en una sociedad adulta, en la que se constata la falta de derechos, los interlocutores sociales y los políticos pueden encontrar rápidamente una solución. 
Agradezco a todos la colaboración prestada en la elaboración de este informe. 
Muchas gracias, señora Oomen-Ruijten. 
Le advierto que el hecho de que yo pronuncie mejor su nombre, señora Oomen-Ruijten, se debe a que recibo lecciones de las cabinas de interpretación y voy aprovechando estas lecciones y esto me permite ir afinando cada vez más y pronunciar su nombre no perfectamente, como sería mi deseo, pero cada vez un poquito mejor. 
Señor Presidente, estimados colegas, el Tratado de Amsterdam ha traído importantes progresos en los ámbitos de lo social y del empleo; entre éstos se cuenta, en especial, la orientación hacia la Carta Social Europea de 1961 y hacia la Carta Comunitaria de los derechos fundamentales de los trabajadores de 1989, la plena integración del protocolo social cobrando vigencia en todos los quince estados de la UE, el fortalecimiento de la dimensión de la política de empleo mediante un capítulo propio en el Tratado CE y la orientación de la política tanto hacia cuestiones del mercado laboral, como hacia medidas activas en pro de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
El modelo social europeo se basa en la solidaridad, en el equilibrio de intereses y en la corresponsabilidad del estado. 
En la Conferencia intergubernamental esto se ha visto confirmado y desarrollado en sus puntos centrales. 
Un pilar básico de la Europa social son unos sindicatos fuertes e independientes. 
Como socialdemócrata y miembro de un sindicato es para mí también una cuestión muy querida tomar aquí posición en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Sé que los sindicatos y los socialdemócratas constituyen las raíces históricas del movimiento obrero internacional. 
Con el presente informe, el Parlamento Europeo ha sentado bases importantes para el ulterior proceso de integración, que ha de efectuarse en dos niveles. 
Por un lado, en nuestra tradición común los derechos sindicales se han obtenido a menudo tras arduas discusiones y difíciles conflictos. 
Estos derechos en su configuración concreta deben crecer con el desarrollo real de la sociedad y no pueden verse limitados por regulaciones burocráticas. Efectivamente, estas reglamentaciones entrañan siempre el peligro de servir, en sus resultados, no tanto para asegurar aquellos derechos, sino más bien para restringirlos. 
Por otro lado, la Unión Europea debe establecer un marco de garantías y de normas constitucionales dentro de las cuales se puedan desarrollar plenamente a nivel europeo los derechos sindicales. 
Esto significa también que debe haber impulsos desde arriba, es decir, a través de estructuras institucionales como, por ejemplo, el Parlamento Europeo. 
En quinto lugar, y digo esto a título personal después de treinta años de pertenencia a la Confederación Alemana de Sindicatos: quisiera que los sindicatos se europeícen más. 
Esto implica consecuencias para el trabajo práctico en la base, para la organización y para el proceso estratégico; en sexto lugar, los sindicatos europeos están dando impulso a criterios de resonancia mundial en el mundo del trabajo. 
Esto es especialmente importante en relación con la globalización. Por ejemplo, las trabajadoras y los trabajadores de Corea han puesto de manifiesto que no tolerarán por más tiempo instrucciones desde fuera de su ámbito. 
La unidad de Europa fue sustentada en el siglo XIX principalmente por el movimiento obrero y por sectores de la burguesía liberal. 
Es significativo que Karl Marx y Friedrich Engels redactaran hace casi 150 años aquí, en Bruselas, su manifiesto, en el que se reclamaba la alianza y el entendimiento entre los partidos democráticos de todos los países. 
La revolución de 1848 ofreció la solución: la unificación de los pueblos libres de Europa. 
Hoy la Comunidad se sustenta sobre la base de la paz y de la división transfronteriza del trabajo. 
Se podría dar una formulación de andar por casa: las organizaciones obreras impulsaron en el siglo pasado la idea europea, pero las corporaciones multinacionales las que han creado en este siglo la realidad europea. 
Sin embargo, la UE no ha de ser nunca una mera unión económica y monetaria; se debe desarrollar en la misma medida hacia una unión social. 
Pero una unión social europea sólo será posible con sindicatos europeos. 
Muchas gracias, señor Schäfer. 
Usted me ha informado de que consideraba que tenía cuatro minutos y yo lo he aceptado así pero, apoyándose en Marx y en Engels, usted ha llegado casi a los cinco minutos. 
Yo les ruego a ustedes, por favor, que, aunque hagan citas tan importantes, sean ustedes también cuidadosos con el tiempo. 
Se lo pido a usted en el futuro y a los que van a intervenir, como es el caso del Sr. McMahon que va a tener ahora la palabra por el tiempo de dos minutos en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Señor Presidente, me fascina ver a diputados negociando su tiempo de uso de la palabra de un lado a otro del hemiciclo, desviación muy interesante respecto de nuestro procedimiento habitual. 
La Sra. Oomen-Ruijten ha preparado un informe muy bueno e interesante y éste es un sector en el que existe considerable preocupación en la Unión por la cuestión de los derechos de los trabajadores. 
No cabe duda de que el Capítulo Social establece la garantía para derechos fundamentales de los trabajadores, en particular el derecho de asociación de los trabajadores y los empleadores. 
Lo interesante también es que hubiera una o dos pequeñas lagunas en el Protocolo Social de Maastricht que dieron pie para una gran tergiversación en mi país de lo que entrañaba el Protocolo Social. 
No era aplicable al derecho de huelga ni al derecho de asociación ni tampoco a los salarios ni a los cierres patronales. 
Pese a ello, el Gobierno del Reino Unido de aquella época llegó a la conclusión de que no podía firmarlo, cosa lamentable. 
Considero importante que los derechos de libre asociación y negociación colectiva estén considerados derechos humanos básicos y que cualquier intento de violarlos en Europa o en otro lugar sea un intento de violación de derechos humanos fundamentales. 
El desarrollo de la dimensión social en Europa ha contribuido a una tendencia general a la europeización de las relaciones laborales y, como ha dicho mi colega el Sr. Schäfer, va a haber una europeización cada vez mayor de las relaciones laborales y la organización del trabajo. 
El euro constituirá un estímulo para ello y habrá más negociación colectiva europea. 
Un ejemplo de ello es que el sindicato al que pertenezco, el GMB, ha concertado un acuerdo con IG BCE, el sindicato de las industrias químicas de Alemania. 
En realidad, celebran una negociación colectiva general. 
Creo que el modelo creado por GMB e IG BCE será un buen modelo para el futuro. 
Con él y con el desarrollo del diálogo social, que es una de las prioridades de la Presidencia austriaca, creo que el movimiento sindical irá cobrando cada vez mayor fuerza en la Unión Europea. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a nuestra colega, la Sra. Oomen-Ruijten, por su informe que, además, ha expuesto de manera brillante y con cuyas líneas generales estamos completamente de acuerdo. 
Aunque este informe tiene por objeto los derechos sindicales transnacionales en la UE, constato que determinados argumentos pueden aplicarse analógicamente a otros aspectos del diálogo social. 
Por respeto a la ponente, no he querido dañar la especificidad del informe y, por tanto, no he presentado enmiendas. 
Sin embargo, quisiera abrir el debate sobre alguno de estos aspectos. 
El informe remite a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo relativos al derecho de libre asociación y negociación colectiva. 
Señala que estos convenios también deben ser aplicados en el ámbito comunitario. 
El informe subraya justificadamente que el diálogo social constituye una excelente ayuda para que las metas sociales y económicas de la Unión Europea continúen equilibradas. 
Para que haya un buen diálogo tiene que existir, por supuesto, un adversario que cuente con el mayor respaldo posible de su grupo. 
La ponente ya sabe que, por enésima vez, voy a referirme a la lamentable exclusión del socio de la PYME de la negociación de los acuerdos colectivos europeos. 
Esta Casa ha solicitado a la Comisión en numerosas ocasiones, pero desgraciadamente en balde, que solucione esta situación. 
Requiero hoy, una vez más, la atención de todos los demócratas sobre el derecho de negociación, que también es un derecho fundamental para las PYMEs, y constituye uno de los núcleos de los derechos sociales, tal como se ha establecido en el marco de la OIT. Esta última frase no es mía, sino que se trata de una cita del profesor Blanpain, un catedrático de derecho del trabajo reconocido internacionalmente. 
Quizá podamos lograr algo en favor de las PYMEs con la inclusión en el Tratado de los derechos sindicales. 
Si este informe conduce a ello, las PYMEs, señora ponente, tendrán que estarle eternamente agradecidas. 
Señor Presidente, señora ponente, nuestro grupo, por supuesto, también considera que los derechos fundamentales de sindicación y de negociación son muy importantes para fomentar el diálogo social en el ámbito comunitario. 
Así mismo, quiero hacer hincapié en lo comentado por la Sra. Thyssen en cuanto a que la pequeña y mediana empresa debe también tener derecho a participar en este tipo de negociaciones. 
Quiero, no obstante, utilizar mi limitado turno de palabra para requerir su atención sobre el punto 10 del informe de la Sra. Oomen-Ruijten, especialmente sobre el segundo guión, en el que se pide la libre participación de las organizaciones sindicales en las empresas. 
Quisiera que, con motivo de la redacción de este informe, la Comisión Europea analizará también el derecho de no sindicación de los individuos. 
Hasta este momento, no se ha querido recoger el derecho fundamental de no sindicación en el derecho internacional, no sólo, por ejemplo, en relación con la Declaración de Derechos Humanos, sino también en declaraciones semejantes respecto de las libertades fundamentales en el ámbito del Consejo de Europa. 
Quiero señalar el hecho de que en algunos países se aplique todavía un sistema de closed shop o, por así decirlo, de compra obligada. 
Creo que el derecho de sindicación debe comportar el derecho de no sindicación. 
Tampoco deseo presentar ninguna enmienda sobre esta cuestión porque no quisiera complicar el asunto, pero espero que la Comisión Europea incluya este derecho en sus propuestas. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Oomen-Ruijten tiene un historial extremadamente extenso y pintoresco en este Parlamento. 
Durante todo este tiempo, se ha modificado considerablemente el presente informe, por lo que es importante que el movimiento sindical haya podido influir en este resultado final. 
Cuando nuestra comisión sometió a examen el informe en febrero, la mayoría de sus miembros se pronunció en contra del mismo. 
El motivo por aquel entonces era que se trataba de una cuestión de principios tan delicada que no se podían extraer conclusiones demasiado precipitadas. 
Sin embargo, ya ha pasado bastante tiempo desde febrero. 
En estos meses se ha entablado un debate público, por lo menos en Finlandia, acerca del carácter imprescindible de los derechos sindicales supranacionales como contrapeso del mercado internacional. 
Este debate me ha convencido a mí también de la necesidad de contar con unos derechos de asociación a escala europea. 
No obstante, resulta claro que cuando se empiecen a organizar estos derechos sindicales europeos, los interlocutores sociales deberán participar en dicha tarea desde un primer momento y desempeñando un papel fundamental. 
Estos derechos sindicales a nivel europeo no pueden debilitar bajo ninguna circunstancia los derechos garantizados por las legislaciones nacionales. 
Señor Presidente, en nombre del Partido de los Verdes, acojo con beneplácito el informe de la Sra. OomenRuijten. 
Como ha dicho la Sra. Ojala, tenía una larga historia en la comisión, una historia interesante, además. 
Creo que en determinado momento se retiró el informe de la comisión, porque se lo consideraba demasiado favorable a los sindicatos y demasiado proeuropeo. 
Justo antes de las elecciones británicas, se consideró que podía resultar un poco embarazoso, en particular para nuestros colegas laboristas, tener que votar a favor de él, pues se sabía que el Sr. Blair no era partidario de los derechos sindicales de los que habla la Sra. Oomen-Ruijten en su informe. 
De hecho, se jacta de que Gran Bretaña tiene la industria menos reglamentada y los sindicatos más reglamentados de toda la Unión Europea. 
Naturalmente, en Gran Bretaña estamos muy desilusionados por que el nuevo proyecto de ley sobre los sindicatos, que el Parlamento británico tiene ante sí, no restablezca los muchos derechos de los que se ha privado a los sindicatos en muchos años de gobierno tory. 
Conque acojo con beneplácito el informe de la Sra. Oomen-Ruijten y la única conclusión que puedo sacar es la de que su autora es muy laborista a la antigua usanza y puede unirse a la red laborista independiente, muy a la izquierda del nuevo laborismo. 
Señor Presidente, los Estados miembros conservan diferentes tradiciones en sus mercados laborales y debemos respetar esto. 
Me alegra, por tanto, que hayamos precisado que el informe trata de derechos sindicales transnacionales y no nacionales. 
También me alegra que hayamos precisado que la cuestión salarial debe seguir estando al margen de la legislación europea. 
Me parece un buen informe porque deja abierto el camino a un debate necesario. 
Puede decirse que las partes del mercado laboral ya gozan hoy de la posibilidad de contraer acuerdos europeos en el diálogo social. 
Estos acuerdos pueden incluso ser elevados a legislación comunitaria a voluntad de las partes, de este modo las organizaciones europeas ya disponen de algunos derechos colectivos. 
El problema es, sin embargo, que no hay especialmente muchas ganas de hacer avanzar el diálogo social. 
Las partes no ponen especial interés en contraer acuerdos. 
Es uno de los problemas con relación al desarrollo de un modelo europeo, en el que las partes deben tener gran parte de la responsabilidad de las iniciativas dentro del mercado laboral. 
El ritmo lento del diálogo social es especialmente triste cuando uno, como yo, es un entusiasta defensor de un modelo danés en el que las partes del mercado laboral deciden colectivamente las cuestiones relativas al mercado laboral. 
No obstante, esto es catastrófico, si implica que no desarrollemos una sólida dimensión social en el ámbito europeo. 
Podemos arriesgarnos a acabar en una situación en la que las empresas multinacionales puedan enemistar a las organizaciones sindicales europeas entre sí. 
Visto entonces en este contexto, quizá no sea tan disparatado que discutamos nuevos marcos para el diálogo social y demos a las organizaciones de trabajadores instrumentos que puedan en mayor medida obligar a negociar a las organizaciones empresariales. 
Esto puede ser el derecho a acciones colectivas y una forma de derecho laboral europeo que debe y puede solucionar eventuales conflictos laborales. 
Por último, quiero recalcar que los actores más importantes entre las partes del mercado laboral son los que deben determinar los derechos sindicales transnacionales. 
Señor Presidente, deseo expresar mi profunda intranquilidad por la situación de los derechos sociales y sindicales de los trabajadores de la Unión Europea. 
La intervención comunitaria en cuestiones fundamentales de la legislación laboral tiende, sobre todo en la actualidad, a minar y socavar las conquistas más básicas del movimiento sindical de los trabajadores. 
Desafortunadamente, el informe que hoy debatimos también obedece, en gran medida, a esta dinámica. 
Bastan tan sólo tres referencias para avalar dicha estimación: la recomendación para anular las disposiciones del Tratado relativas a los derechos de asociación y huelga; el hecho de presentar el consentimiento social como un deber básico de los sindicatos en lugar de la lucha por los derechos de los trabajadores; la adaptación de la política de empleo a los objetivos de la UEM. 
En la actualidad, el movimiento sindical es objeto de un ataque sin precedentes a sus derechos y el Parlamento Europeo debería ayudarle en su lucha en lugar de contribuir a su desaparición. 
Señor Presidente, en las dos últimas semanas la OIT ha aprobado un nuevo convenio sobre normas laborales mundiales en el que figura, entre otros, el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva. 
Irlanda es miembro de la OIT y, sin embargo, la Constitución irlandesa, según la interpretación que de ella han dado los tribunales, concede a los empleadores el derecho a negarse a reconocer a los sindicatos. 
El ejemplo más reciente y flagrante de ello fue el caso de una compañía aérea, Ryanair, cuya dirección se negó a negociar con el sindicato SIPTU en relación con un grupo de jóvenes empleados de la sección de manipulación de equipajes muy mal pagados. 
Es absolutamente esencial que consagremos en la legislación europea el derecho de afiliación a los sindicatos y el derecho a la negociación colectiva. 
La cooperación en el trabajo debe basarse en el firme fundamento del reconocimiento de los sindicatos. 
Pido al Comisario Flynn que empiece a trabajar ahora en la redacción de una nueva directiva al respecto. 
El Tratado de Amsterdam fue deficiente a ese respecto. No nos concedió los derechos de sindicación que tanto necesitamos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nadie puede negar la lógica de la aplicación de los derechos sindicales transnacionales en un período histórico en el que el capital se transnacionaliza. 
La consagración del derecho de asociación está vinculada con esa lógica y debe ser su fundamento. 
Por eso, este informe de iniciativa parece la continuación natural de un proceso en el que la integración de la Carta Social en el Tratado más lo justifica. 
Pero no se trata de un informe que aparezca solo. 
Acompaña y lo acompañan otras iniciativas y otros informes que forman parte de un conjunto que causa preocupación a quien atribuye a los sindicatos otra función y tarea que la de participar tan sólo en un diálogo social de defensa exclusiva de intereses económicos en un mercado en el que la fuerza de trabajo es una mera mercancía. 
Por otro lado, la consagración del derecho a la libre asociación sindical en el nivel comunitario, aun siendo necesaria, puede entrañar la perversa consecuencia de contribuir a una desvirtuación de los sindicatos en cuanto organizaciones de clase, cosa que también pueden y deben seguir siendo, en particular en el plano nacional. 
Nos parece que esta iniciativa no pone fin a un debate, sino que lo abre o lo actualiza o ambas cosas a la vez. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Oomen-Ruijten y a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por el exhaustivo trabajo que han llevado a cabo en materia de derechos sindicales transnacionales en la Unión Europea. 
Como saben Sus Señorías, el derecho de asociación con el objetivo de constituir organizaciones profesionales o sindicatos, garantizado por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, está reconocido en el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de Amsterdam como un principio general del Derecho comunitario. 
En ese marco, es importante subrayar que el Tratado de Amsterdam confiere por primera vez jurisdicción al Tribunal de Justicia en lo relativo a la acción de las instituciones en asuntos asociados con los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho de asociación. 
Las libertades de asociación y de negociación colectiva están consagradas en la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores e implícitamente mencionadas en el artículo 136 del Tratado de Amsterdam como principios orientadores de la política social comunitaria. 
No obstante, quisiera subrayar claramente que, dado que el derecho de asociación y el derecho de huelga están excluidos del ámbito del artículo 137 del Tratado, la Comisión no tiene intención de proponer legislación sobre esos asuntos. 
Ahora bien, la Comisión considera, señor Presidente, que la cuestión de los derechos sociales fundamentales exige una reflexión más detenida y profunda en el nivel de la Unión, En ese marco, en una de las sesiones del foro europeo de política social celebrado la semana pasada se hizo referencia a la cuestión de cómo ampliar y profundizar el debate sobre los derechos fundamentales. 
Además, se ha creado también un grupo de expertos al que se ha encomendado la misión de analizar los avances introducidos en esa esfera por el Tratado de Amsterdam, describir las posibles lagunas y recomendar líneas de acción para el futuro. 
La conclusión del informe está prevista para el final del presente año. 
Estoy seguro de que mi colega Pádraig Flynn mantendrá debidamente informado al Parlamento de los resultados de las reflexiones en curso y de las líneas de acción que la Comisión vaya a proponer. 
Muchas gracias, señor Pinheiro. 
Señorías, con la intervención del Sr. Comisario doy por cerrado el debate. 
Les recuerdo que el informe de la Sra. Oomen-Ruijten, que tantas felicitaciones ha recibido, será sometido a votación esta misma mañana a partir de las 11 de la mañana. 
Fomento del papel de las asociaciones y fundaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0203/98) de la Sra. Ghilardotti, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europea [COM (97) 0241- C4-0546/97]. 
Señor Presidente, hoy examinamos una Comunicación de la Comisión bastante importante y el debate en el Pleno coincide con un momento más bien delicado, porque, como todos sabemos, sobre las actividades de las organizaciones, asociaciones y fundaciones se cierne un problema, es decir, la decisión del Tribunal de Justicia con su resolución de suspender cualesquiera actividades de financiación y de invitar a la Comisión a no proseguir en las mismas sin un fundamento jurídico establecido en virtud de una decisión del Consejo. 
Voy a volver sobre este tema más adelante, sin embargo, qué duda cabe de que es curioso hablar de fomento del papel de las asociaciones y fundaciones, del mundo del voluntariado, del tercer sector- a los cuales, gracias a la Comunicación y la labor del Parlamento asignamos especial importancia- y, paralelamente, constatar la paralización de las actividades de dichas organizaciones. 
Por ello, creo que el debate que nos ocupa puede servir de impulso para invitar al Consejo a que alcance un acuerdo interinstitucional, como el Parlamento viene proponiendo desde hace tiempo, que pueda resolver realmente el problema también en lo que al futuro se refiere y no sólo con vistas al presupuesto para 1998. 
La Comunicación que hoy estamos debatiendo es fruto de un largo trabajo- de más de 10 años- basado en un informe de iniciativa del Parlamento Europeo de 1987, tras el cual la Comisión creó en el seno de la Dirección General XXIII una unidad operativa «Economía social» y ha realizado una enorme labor proponiendo dos iniciativas legislativas y la idea de elaborar un Libro Blanco, iniciativas todas ellas que, sin embargo, han encontrado dificultades dentro del Consejo o de la propia Comisión y que, en cierto modo, se han estancado. 
Así y todo, se trata de problemas que siguen existiendo y que creemos que el debate de hoy y la aprobación de este informe y de la Comunicación de la Comisión pueden desbloquear, al objeto de que siga adelante la actividad prevista. 
La Comunicación, a pesar de que es un instrumento algo más tímido de lo que el Parlamento habría deseado y de lo que la unidad operativa de la Dirección General XXIII trató de realizar, sin embargo, reviste gran importancia en opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y mía personal, porque define, en el ámbito de la economía social en sentido amplio, dos elementos, esto es, las asociaciones y las fundaciones, así como establece sus características y su reconocimiento a escala europea. 
Es una operación importante porque sirve para intercambiar las diferentes experiencias y realidades entre los Estados miembros. 
Y asimismo, reconoce y fomenta su papel desde varios aspectos, por ejemplo, desde el punto de vista del empleo, ámbito en el que Parlamento ya ha trabajado a lo largo de estos últimos años. Existen muchos estudios e investigaciones que reconocen que el mundo del tercer sector, el mundo asociativo en sentido amplio, es un mundo que, en los últimos años, por un lado, ha sido el promotor de nuevas oportunidades de empleo, sobre todo a nivel local, y por otro, ha sido capaz de hacer frente a una serie de necesidades- de relación, sociales, culturales y medioambientales- viejas y nuevas que, hoy por hoy, ni el sector público ni el sector privado consiguen satisfacer. 
La posibilidad de reconocer, de fomentar y de encontrar formas de participación en pos del bienestar general- porque se trata de esto- de los ciudadanos a través de formas diferentes, respecto a las tradicionales de las organizaciones de los partidos y de los sindicatos, desempeña una función trascendental de cara a la participación de los ciudadanos en la construcción de Europa. 
Este diálogo civil, como nosotros lo hemos llamado, fue promovido por las Instituciones europeas a lo largo de todo el debate de la Conferencia Intergubernamental y no cabe duda de que el mundo del asociacionismo es una modalidad nueva para restablecer la legitimación, la participación y la confianza entre los ciudadanos y las Instituciones. 
Por esto, valoramos extraordinariamente esta Comunicación y quisiera que aprovechásemos este debate para invitar calurosamente al Consejo a que llegue a un acuerdo sobre los fundamentos jurídicos en la primera lectura antes del 17 de julio, porque, de lo contrario, demostraremos que carecemos de capacidad y no somos merecedores de la confianza de los ciudadanos, puesto que decimos unas cosas y luego nuestros comportamientos, en sentido amplio- pese a que no depende de nosotros, sino del Consejo- son completamente diferentes. En definitiva, las Instituciones europeas dicen una cosa y hacen otra. 
Señor Presidente, dos minutos, dos observaciones. 
La primera, sobre el procedimiento: sigo sin entender la incomprensible precipitación que ha mostrado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en este asunto. 
Los plazos asignados a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos para dar su opinión le han impedido examinar seriamente los problemas jurídicos cotidianos que plantea la comunicación, y que bien conocen las asociaciones. 
Se trata, por ejemplo, de cuestiones de definición, de reconocimiento mutuo, de responsabilidad o fiscalidad. 
Me temo que esta precipitación de nuestros compañeros haya impedido también al Parlamento ponerse verdaderamente a la escucha del mundo asociativo y profundizar sus problemas. 
Tengo la impresión, en este asunto, de que el Parlamento ha desperdiciado una oportunidad de contribuir al debate, y me temo que esta indiferencia, que viene a añadirse a las señales catastróficamente negativas enviadas por el Tribunal de Justicia, por la Comisión y por el Consejo a propósito de la cuestión de los fundamentos jurídicos, acabe por crear una brecha de incomprensión con estos interlocutores tan indispensables, como ya nos lo recordaba la Sra. Ghilardotti hace un momento. 
La segunda observación, señor Presidente, se refiere a las cuestiones de fondo. 
Por mi parte, considero que la comunicación es un inventario interesante de las prácticas y los problemas. 
Saludo esta actitud que representa la vuelta a Europa por parte de la Comisión y sus responsables para iniciar el diálogo con los responsables de las ONG de las distintas asociaciones, esfuerzo de sensibilización, esfuerzo de información, también esfuerzo de movilización. 
Sencillamente quiero llamar la atención sobre el peligro de que todo esto acabe por resumirse en una especie de vano ejercicio intelectual si se carece de propuestas concretas a la salida. Estamos esperando estas propuestas. 
En cuanto a mí, deseo que esas propuestas se inscriban claramente en la propia noción de gran mercado, de actividades económicas, que este medio asociativo no se considere un mero receptáculo de una especie de voluntariado y acciones caritativas, y que se tengan en cuenta las verdaderas dificultades a las que algún día será preciso hacer frente. 
Señor Presidente, deseo señalar que dicho informe del Comité de Asuntos Sociales, tal y como fue elaborado en el comité tras el increíble trabajo de la Sra. Ghilardotti, constituye una postura política responsable a la que ha llegado el Comité de Asuntos Sociales y que presenta para su debate en esta sesión. 
Sin lugar a dudas, el comunicado de la Comisión es un trabajo considerable que viene a poner de actualidad el importante tema del fomento del papel representado por las asociaciones y las fundaciones. 
Sin embargo, con toda seguridad, el trabajo de esta Comisión no puede considerarse como una solución valiente y eficaz a este gran problema. 
Por tanto, el informe elaborado por el Comité de Asuntos Sociales, la larga preparación y la evaluación de las experiencias, -y sobre este particular debo decir que comprendo la postura de mi compañero, el Sr. Cot- precisamente viene a dar y a poner de relieve el impulso que dicho tema necesita hoy en la Unión Europea. 
Hoy, porque, de hecho, ante el desarrollo conjunto, el problema del empleo, del paro, ante la certeza de que la iniciativa local, la explotación de la mano de obra local y de los recursos naturales puede atribuirse a esta sociedad mundial, adquiere importancia lo aportado por este informe. 
Pienso que debería considerarse de esa manera, como un contacto con la sociedad civil y una activación, un reconocimiento del papel que ésta puede representar. 
Por último, deseo señalar que creo que dos temas de actualidad, como son el fomento de los programas nacionales de acción contra el paro y la reorganización de los fondos estructurales regionales, constituyen una oportunidad para relacionar el asunto que hoy nos ocupa con otros más importantes de la Unión Europea. 
Señor Presidente, creo que la cuestión de las organizaciones voluntarias y, por tanto, del tercer sector, es una cuestión cuya importancia hemos reconocido en todo su alcance, a fin de cuentas, sólo en los últimos años. 
En nuestras sociedades modernas, diferenciadas e individualizadas, debe generarse expresamente interrelación social y en este punto las asociaciones de toda índole constituyen un factor esencial de cohesión social. 
La Unión Europea tiene en este punto una historia un tanto complicada, como ha dejado claro el ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Hasta ahora no ha resultado el intento de crear un fundamento jurídico para asociaciones, mutualidades y fundaciones. Esto es de lamentar. 
Sin embargo, hay que celebrar el proyecto de la Comisión y tampoco veo en él una maniobra elusiva, pues es necesario desarrollar en todo este sector una amplia comunicación y un consenso amplio, cosa que todos deseamos. Deseamos que este sector se desarrolle fuertemente. 
Queremos que ese sector no siga siendo visto con desconfianza por más tiempo por parte de los gobiernos ni por parte de determinados interlocutores sociales que se consideran excluidos. 
Queremos que se desarrolle en toda su diversidad y creo es urgentemente necesario un período de investigación, de reflexión y de discusión. Luego deberíamos prever y desarrollar paso a paso posibilidades de ayuda, posibilidades de un marco jurídico adaptado así como posibilidades de desarrollo de la actividad europea. 
Creo que la comunicación de la Comisión significa un buen primer paso hacia esto. En este sentido la celebro. 
Señor Presidente, señoras y señores, aquí se han dicho ya algunas cosas acerca importancia de las asociaciones y fundaciones de utilidad pública. 
Tienen funciones enormes en la política social y en la política de empleo. La ponente lo ha visto y sólo puedo elogiarla por su compromiso en este ámbito. 
Por desgracia no se ha mostrado muy cooperativa en el debate habido en la comisión y apenas ha tomado en cuenta ninguna idea que fuera más allá o que precisase más. 
Sólo quiero mencionar de nuevo aquí las más relevantes. Debe quedar claro que no se debería crear una nueva red de agencias nacionales para el asesoramiento y la coordinación de este sector, sino que, en todo caso, semejante red debería surgir a partir de las delegaciones existentes mediante la cooperación. 
Celebro extraordinariamente la propuesta de mejorar el acceso a los recursos estructurales para las ONG. Sin embargo, hay que considerar también de manera realista estas concesiones de recursos. 
Precisamente en el caso de los proyectos pequeños, debido a los gastos administrativos tanto de la parte concesionaria como de la parte ejecutante, es frecuente que casi no llegue nada para los que realmente lo necesitan. 
Los consultores y los ejecutores mismos se financian con esto. 
Paso así a mi punto más importante. En la conclusión 14 la ponente habla de reservar una parte de los recursos destinados a las PYMEs para las PYMEs del tercer sector. 
En primer lugar, no hay ninguna PYME del tercer sector. 
O hablamos aquí de sector lucrativo o de sector no lucrativo.. 
En segundo lugar, los recursos existentes actualmente para las PYMEs son tan escasos, que ni siquiera el sector de utilidad pública puede participar de ellos. 
En tercer lugar, con independencia de cualquier euforia por los efectos del tercer sector sobre el empleo hay que distinguir dos cuestiones. 
Este sector hace una importante contribución en la reintegración al empleo y en el fomento del empresariado. 
En él la gestión en el verdadero sentido de la palabra se practica con frecuencia bajo las condiciones más difíciles. 
Pero puestos de trabajo estables y no dependientes de las subvenciones los crea, ante todo, el sector privado, sobre todo la PYME. 
Todos estamos de acuerdo en que las ONG van a desempeñar un papel cada vez más importante en la relación ciudadano-estado. 
Hemos de fomentarlas. Para ello son fundamentales los principios de la autorresponsabilidad y de la solidaridad. 
Por esta razón, nosotros, los del Grupo del PPE, damos nuestra conformidad a este informe, a pesar de algunos puntos críticos. 
Señor Presidente, tengo mucho gusto en sumar mi voz a las de quienes apoyan el concepto de participación voluntaria de los ciudadanos en la labor de desarrollo de la comunidad. 
Somos afortunados por tener a tantas personas que tan de buen grado ceden su tiempo. 
No siempre es suficientemente reconocida su labor en la sociedad, en particular en una época en que la recompensa por el trabajo suele calcularse en dinero. 
Desde una perspectiva de la UE y en el marco de la aplicación del principio de subsidiariedad, no podemos pasar por alto las posibilidades y el deseo de nuestros ciudadanos de participar en la labor de desarrollo de la nación. 
Pongo como ejemplo el programa LEADER. 
Dadas la oportunidad y una infraestructura comunitaria favorable, los ciudadanos de la Europa rural están participando activamente en programas empresariales, creando puestos de trabajo muy necesarios y contribuyendo a la sostenibilidad de las comunidades rurales. 
Sin embargo, no basta con elogiar su labor de boquilla. 
A todos nosotros debe preocuparnos el declive de las poblaciones rurales, el deterioro demográfico de nuestra agricultura y ganadería y la amenaza real que representan para la explotación familiar tradicional. 
Al fin y al cabo, el modelo agrario europeo va encaminado a lograr su supervivencia. 
Con nueva tecnología y la disponibilidad de oportunidades financieramente mejor remuneradas para los jóvenes, no debemos cerrar los ojos ante dicha amenaza real. 
Sin embargo, no podemos volver atrás, sino que, mediante programas formativos y educativos detenidamente formulados en los que participen organizaciones como el CEJA, el organismo coordinador de las organizaciones agrarias, y, en mi país, Macra Na Feirme, nuestra organización de jóvenes agricultores, podemos crear la infraestructura económica y social necesaria para alentar y ayudar a más jóvenes a dedicarse a la agricultura y la ganadería como carreras profesionales creíbles. 
Señor Presidente, las organizaciones de voluntariado, o sector de ideales, es un sector importante en la sociedad, también como portador de valores que debemos proteger y que queremos fomentar, es decir, que los ciudadanos participen activamente y de este modo puedan influir en el desarrollo social. 
La responsabilidad común de la sociedad, la responsabilidad colectiva, no debe reemplazarse sino que esto debe verse como un complemento. 
Éste es un sector que crece y en el que se crean muchos puestos de trabajo. 
Por eso es aún más vergonzoso que se congelen recursos destinados al tercer sector. Espero que lleguemos a una pronta solución de este asunto. 
Realmente quiero apoyar la propuesta de Ghilardotti referente al fortalecimiento del sector de ideales en el plano local en cuanto a los Fondos estructurales, de manera que pueda participar activamente en la planificación y ejecución de las medidas financiadas conjuntamente. 
Además, quiero que no olvidemos que las cooperativas también pueden contarse como organizaciones de voluntariado y del sector de ideales, aunque esté en sus reglamentos que fomentan los intereses económicos de sus miembros. 
Sin embargo, ese interés se limita a mantener la actividad en funcionamiento y no se trata, por tanto, de generar ganancias. 
Señor Presidente, a raíz de la introducción del euro, dentro de pocos meses los Estados miembros hablarán la misma lengua monetaria y esto les ayudará a crecer al unísono y cada vez más. 
Del mismo modo, existe otro aspecto acerca del cual se deberá hablar y debatir conjuntamente, es decir, el de las actividades de las fundaciones y los consorcios. 
De hecho, en la actualidad, las asociaciones y las fundaciones desempeñan en el escenario comunitario- empleo las palabras de la Comisión- un papel importante en cualquier campo de la actividad social. 
En consecuencia, debemos depararles una atención y una disponibilidad cada vez mayores, así como tenemos que ayudarlas a desarrollar sinergias, a emplear un lenguaje común y a satisfacer de forma colectiva las necesidades de sus adscritos, al objeto de crear un marco ideal en el que las mismas puedan moverse para alcanzar los objetivos de representación de sus categorías. 
Todo esto, además de proteger los intereses sociales, como decía la señora ponente, a quien le damos las gracias, puede crear importantes oportunidades de empleo, de desarrollo cultural y de formación profesional. 
En consecuencia, esperamos con mucho interés que la próxima Conferencia Intergubernamental valore definitivamente el papel de las asociaciones y fundaciones reconociendo las organizaciones sin fines lucrativos y las organizaciones no gubernamentales como sujetos fundamentales de cara al desarrollo social común europeo. 
Señor Presidente, el Grupo del PP apoya la comunicación. Es de la opinión de que el informe de la señora Ghilardotti completa y mejora esta comunicación. 
¡Enhorabuena! 
Ambos documentos contienen importantes declaraciones sobre el papel de las asociaciones y fundaciones a nivel nacional, regional y local, pero se menciona también la dimensión europea, entre otras ocasiones, en la referencia a la propuesta de un estatuto de una asociación europea de 1992. 
La señora Ghilardotti ha aceptado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales la sugerencia hecha por el Grupo del PP, en el sentido de que es preciso que en el futuro un reglamento sobre la asociación europea se diferencie claramente del de la sociedad anónima de derecho europeo. 
Un estatuto de la asociación europea no debe estar configurado unilateralmente como una asociación económica. 
Debe atender también las asociaciones de utilidad pública así como a la idea de la subsidiariedad, a la de la autonomía asociativa y estatutaria, y a la de libertad civil y de asociación. 
También en este sentido daremos nuestra aprobación al Informe Ghilardotti. 
Señor Presidente, el pluralismo de las experiencias económicas y sociales de las mismas formas de gestión de las actividades conexas es un patrimonio típico del modelo de desarrollo europeo que es preciso salvaguardar. 
El informe de la Sra. Ghilardotti sobre el papel de las fundaciones y asociaciones en Europa hace hincapié justamente en la necesidad de fomentar todo el tercer sector, el llamado sector no lucrativo. 
Hoy hablamos de fundaciones y asociaciones, sin embargo, muy pronto se tendrá que hablar también de las mutualidades y las cooperativas. 
Es preciso, no obstante, que el Consejo supere la actitud mostrada hasta ahora que ha sido una actitud de boicot objetivo al tercer sector. 
En Europa no existen solamente el Estado y el sector privado, sino experiencias más articuladas que no pueden ignorarse. 
No cabe hablar de reforma del Estado social o de una innovación en la cooperación internacional sin la contribución a nivel privado y social de las fundaciones y asociaciones. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Ghilardotti, con quien me congratulo vivamente, ha examinado pormenorizada y exhaustivamente todos los problemas relacionados con el fomento del papel de las asociaciones y fundaciones. 
Todas las valoraciones expresadas en el informe son ampliamente aceptables: ante todo la necesidad de una verdadera reglamentación a escala europea del sector sin fines lucrativos, un sector valioso que en esta etapa histórica está viviendo una extraordinaria expansión, precisamente porque ha sido el único capaz de colmar el vacío provocado por la crisis de los sistemas públicos de bienestar en la prestación de servicios sociales. 
Por lo tanto, no podemos sino compartir las reivindicaciones contenidas en el informe. En primer lugar, la creación de un estatuto europeo que garantice al asociacionismo, el reconocimiento de un estatus jurídico muy definido que proteja y fomente las actividades que realiza; en segundo lugar, normas concretas y claras en términos legislativos y fiscales, en particular la revisión del IVA; por último, recursos financieros adecuados. 
Sólo así, sólo a través de la certeza del Derecho y del reconocimiento de su papel, el sector sin fines lucrativos podrá desempeñar mejor, como sugiere también el Tratado de Amsterdam, su valioso papel de cara al desarrollo de la solidaridad y de la participación social. 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando la satisfacción de la Comisión por el interés con que el público en general, las entidades nacionales, las organizaciones del sector y también las instituciones europeas han acogido el documento. 
Destaco la opinión del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones, que han expresado una clara voluntad de apoyar el desarrollo de las asociaciones y fundaciones. 
Quiero también felicitar efusivamente a la Sra. Ghilardotti y a los Sres. Cot y Wolf por el espíritu de apertura con que han abordado ese asunto y el interés que han mostrado por todas las actividades emprendidas o previstas de las organizaciones de economía social. 
Desde la presentación de su comunicación, la Comisión, en colaboración con los representantes de las asociaciones y fundaciones, ha preparado un plan de acción para aplicar sus conclusiones, para explorar las posibilidades de esas asociaciones y fundaciones y también para descubrir las dificultades que habrá que superar a fin de que puedan desempeñar mejor su papel en la defensa de los intereses de los ciudadanos europeos. 
Es una realidad que las asociaciones y las fundaciones que participan en todas las esferas de la vida económica y social disponen frecuentemente de un gran poder económico y constituyen una importante fuente de empleo. 
La mayor parte de las organizaciones de economía social son empresas, en el sentido amplio del término. 
Y en muchos casos constituyen formas alternativas de empresa relacionadas con modelos económicos y sociales tradicionales. 
Por esa razón, incluimos también, por lo demás, el sector de la economía social en la comunicación de la Comisión con el título «Estimular el espíritu empresarial en Europa». 
No voy a repetir aquí las conclusiones y propuestas que figuran en esa comunicación. 
Pero quisiera referirme a las acciones que hemos llevado a cabo desde que fue aprobada y, paralelamente, procuraré inclinarme sobre las cuestiones planteadas por Sus Señorías y, en particular, por los ponentes. 
Una cuestión importante, de la que dependen muchas otras, es sin duda la del estatuto de la asociación europea. 
Comprendo el desagrado de Sus Señorías por que no se hayan logrado avances a ese respecto. 
Pero puedo asegurar a esta Asamblea y en particular al ponente Sr. Cot que la Comisión ha adoptado diferentes iniciativas para que se lograran los avances deseados. 
Y, a pesar de que en el último Consejo del 4 de junio se remitió ese asunto al COREPER y a la Presidencia austríaca, es digno de mención que las negociaciones en el Consejo se encuentran ya en una fase avanzada y se han tenido en cuenta un gran número de preocupaciones del Parlamento Europeo. 
Así, pues, confiamos en que se registrará una evolución positiva hasta el final del año, en particular en lo relativo- repito- al estatuto de las asociaciones. 
Quisiera ahora, Señorías, informarlos sobre el avance de las propuestas abordadas en nuestra comunicación. 
Estamos avanzando en tres direcciones. 
En primer lugar, se han celebrado o se van a celebrar conferencias nacionales. 
Tendrán como tema esta comunicación en la casi totalidad de los Estados miembros. 
En segundo lugar, la Comisión está organizando una serie de reuniones de expertos sobre temas relacionados con el presente y el futuro de las asociaciones y las fundaciones, de los cuales destaco los siguientes: la relación del sector con las entidades públicas, la necesidad de informaciones y de un mejor conocimiento del sector, aspecto ampliamente confirmado en el VI Congreso de Economía Social, que se celebró hace unos días y también las posibilidades de creación de empleo de las asociaciones y las fundaciones. 
La Comisión conviene en que la dinámica de la economía social, por lo que se refiere al mantenimiento y a la creación constante de puestos de trabajo, así como a los servicios adecuados para atender las nuevas necesidades, no se ha desarrollado plenamente. 
Pedimos a los Estados miembros que presten la debida atención a la aplicación de las directrices para el sector del empleo. 
Paralelamente, procuramos divulgar ampliamente los resultados de los proyectos experimentales incluidos en la rúbrica «El tercer sector y el empleo» para que todos aprovechen esas experiencias. 
Otros temas están previstos también para su debate, entre los cuales figura la utilización del euro y la ampliación, asunto subrayado en particular por la Sra. Ghilardotti. 
Una tercera esfera en la que estamos trabajando son las acciones que podemos emprender directamente en el marco de la Comisión. 
Con el objetivo de hacer avanzar el diálogo y la cooperación de la Unión con las organizaciones interesadas, se creó el Comité consultivo de las cooperativas, las mutualidades, asociaciones y fundaciones. 
Por otro lado, la Comisión se reúne dos veces al año con la plataforma de las organizaciones no gubernamentales europeas y se ha creado un nuevo grupo de expertos que sucede al Comité de Sabios con el objetivo de examinar de nuevo el régimen de los derechos sociales básicos establecidos en el Tratado a fin de presentar recomendaciones de acciones en el nivel comunitario, incluida, naturalmente, una carta de derechos. 
Convenimos en que aún hay mucho por hacer. 
De hecho, es esencial examinar de nuevo la situación y encontrar la forma adecuada de desarrollar el diálogo social en todas las instituciones europeas. 
Es necesario garantizar el correcto equilibrio entre máxima flexibilidad y participación, por un lado, y transparencia total y coherencia, por otro, evitando necesariamente la burocracia exagerada y la creación de marcos complicados. 
La Sra. Ghirardotti y el Sr. Wolf destacan, en particular, las dificultades encontradas por innumerables organizaciones no gubernamentales en su colaboración con los Fondos estructurales. 
Compruebo con particular satisfacción que las nuevas propuestas sobre el Fondo Social constituyen un importante avance en el sentido de mejorar y facilitar el acceso a las organizaciones no gubernamentales a ese Fondo. 
Quisiera también informar de que el informe realizado por la DG V y al que se hace referencia en los puntos 3 y 4 de la resolución en examen se refiere tan sólo a los diferentes departamentos internos de dicha Dirección General y no a las relaciones de la Comisión, en su conjunto, con las organizaciones no gubernamentales. 
Por último, al leer esta resolución, no he podido por menos de reparar en su punto 19, » Ampliación y relaciones exteriores» , en el que no se menciona a los países ACP. 
Por eso, quiero recordar a esta Asamblea que la valorización del sector de la economía social es un punto fundamental de la política de desarrollo, lo que está claramente expresado en el mandato para la negociación de las futuras relaciones entre la Unión Europea y los países ACP que acaba de aprobar el Consejo. 
Así, pues, no hemos estado, señor Presidente, Señorías, cruzados de brazos. 
Nos proponemos proseguir nuestras gestiones para que se atribuya a las asociaciones y fundaciones el reconocimiento que se les debe en los niveles local, nacional y comunitario. 
Por ultimo, quiero expresar mi agradecimiento una vez más a los ponentes y quiero asegurarles también que tendremos en cuenta en serio sus propuestas y observaciones. 
Estoy seguro de que contaremos con el apoyo del Parlamento Europeo para todas las acciones que emprendamos en pro de las organizaciones de economía social. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Tiempo de trabajo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0229/98) del Sr. Chanterie, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Libro Blanco de la Comisión (COM (97) 0334- C4-0434/97) sobre los sectores y actividades excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. 
Señor Presidente, lo felicito por su ascenso a la Presidencia. 
Dispongo de tres minutos, pero necesitaría muchos más para abordar las complejidades y dificultades del sector pesquero. 
Desde luego, quisiera felicitar al Sr. Chanterie por el trabajo que se ha tomado para intentar abarcar todas las minuciosas diferencias y especificidades de los diferentes sectores excluidos. 
Hemos de reconocer en primer lugar que había una razón para excluir dichos sectores. 
Y era su complejidad, en primera lugar. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a la pesca, existe un recelo profundamente arraigado hacia Bruselas en muchos sentidos y mucha oposición a la idea de que se diga a los pescadores cuándo deben dormir o qué deben hacer en el mar. 
Consideran que, una vez que están en la mar, tienen que ser los amos de su buque y de su destino. 
Hay una hostilidad instintiva y profundamente arraigada hacia cualquier clase de directiva procedente de Bruselas para los pescadores. 
La idea de un máximo de horas en la mar se tiene que combinar con el hecho de que algunos países imponen un máximo de días en la mar y en esos casos- por ejemplo, en el del Reino Unido- resultan limitadas las horas de trabajo de los pescadores. 
De modo que se deben tener en cuenta todas las ideas relativas a los días que pueden pasar en la mar o a que deban dormir a determinadas horas. 
Quisiera centrar la atención principalmente en el alcance exacto de esa directiva. 
Fue la causa de un vigoroso debate en la Comisión de Pesca. 
Tal vez podría dirigir la pregunta al Sr. Pinheiro, que, al proceder de Portugal, está muy familiarizado con la forma como se organiza la pesca. 
Muchos pescadores tienen una organización familiar, muchos son pescadores con participación en los beneficios y muchos no son empleados en el sentido en que podríamos entenderlo nosotros. 
¿Los afectará esta directiva o no? 
En caso de que no, la mayor parte del sector de la pesca de Europa quedará excluido, incluso tras la aprobación de una resolución como ésta. 
Las preguntas fundamentales que hay que formular son las siguientes: ¿cuál es el alcance y quiénes son las personas empleadas en la pesca? 
Tal vez haya margen para la flexibilidad en las palabras del Sr. Chanterie «lo más posible» , pero tenemos que saber la opinión de la Comisión. 
Hay enormes diferencias entre una flota de largo recorrido, en la que los pescadores están empleados durante meses enteros por una empresa y un pequeño barco familiar o en régimen de cooperativa de Galicia o del Adriático o, en este último caso, tal vez se trate de personas que salgan a pescar de noche, porque ésa es su tradición. 
A todos ellos les preocupa que se los reglamente y se les pongan camisas de fuerza. 
De modo que debemos saber quiénes participan. 
¿Cómo se le va a decir a un trabajador por cuenta propia que se tome vacaciones? 
Y, si la respuesta es que no se le pide, porque esa clase de trabajadores están excluidos, habremos de reconocer que estamos hablando de una parte muy pequeña de todo el sector. 
Mi última observación versa sobre la idea de partenariado. 
Resulta muy difícil en algunos casos en los que no hay sindicatos que representen a los trabajadores, porque se trata de trabajadores por cuenta propia. 
Resulta muy difícil decir a un país que concierte un acuerdo entre los sindicatos y los empleadores cuando no existen esos interlocutores. 
Se trata de una situación bastante falsa. 
La consulta debe ser auténtica. 
Debe afectar a quienes van a pescar a la mar y, antes de plantear algo, deben participar plenamente. 
De lo contrario, existe el peligro de que se vuelva a reprochar a Bruselas estar más interesada en el papeleo que en los salmonetes. 
Señor Presidente, al cabo de cinco años de haber aprobado la Directiva sobre el tiempo de trabajo, es más que urgente revisar el problema de los sectores excluidos. 
Por lo demás, es lamentable que hayan quedado excluidos tantos asalariados, desde un principio, del campo de aplicación de esta Directiva. 
Podemos darnos cuenta de su magnitud muy especialmente en el sector de los transportes por carretera, con graves consecuencias para la salud de los trabajadores y la seguridad vial. 
Así, numerosos conflictos sociales han expresado un rechazo creciente de condiciones de trabajo inhumanas, muy especialmente en este sector. 
Las especificidades en el transporte son reales, pero no son menos reales las necesidades de reposo, de actividades de ocio, de respeto de los ritmos biológicos de los asalariados. 
La reglamentación existente en el sector del transporte por carretera permite que el período de conducción dure 56 horas por semana. Y ni siquiera eso se respeta. 
Mejorar esta reglamentación, controlar eficazmente, tal como lo ha pedido la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, es una necesidad social, pero también económica para combatir la competencia desleal y el dumping social. Muy especialmente en el momento en que el cabotaje entra en vigor. 
Me felicito de que ambas comisiones soliciten la modificación del Reglamento 38/20 en el sentido de una reducción del tiempo de trabajo y de conducción. 
A este respecto, conviene que se tomen debidamente en consideración dentro del tiempo de trabajo la carga, la descarga, así como los tiempos de espera. 
Para concluir, expresaré cuánto lamento que se haya rechazado incluir, es cierto, con derogaciones limitadas y negociadas, como yo lo había propuesto en mi calidad de ponente, a los trabajadores móviles en la directiva. 
Su inclusión hubiera podido constituir una señal fuerte en favor de una Europa social que, lamentablemente, tanta falta hace. 
La aprobación del informe Chanterie puede, no obstante, constituir un punto de apoyo en el marco de las negociaciones paritarias que se desarrollan en los distintos sectores excluidos. 
Es innegable que los asalariados afectados deben continuar haciendo oír sus exigencias de reposo suficiente, de tiempo para vivir, cara a los dogmas liberales de la libre competencia que burlan los derechos más elementales. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitarlo por su primer período de sesiones como Vicepresidente del Parlamento. 
También el Sr. Chanterie merece una felicitación. Ha preparado un informe que es equitativo y equilibrado a un tiempo. 
Su preparación ha requerido bastante tiempo por las diferencias de opinión en la comisión y en otras comisiones, de las que se nos acaba de hablar. 
Resulta muy difícil imponer ideas sobre la jornada laboral en sectores tan numerosos y diferentes. 
Los grupos industriales afectados son los trabajadores de las instalaciones marinas de las industrias de petróleo y de gas, de la industria pesquera, de los transportes, como, por ejemplo, los trabajadores de los transportes por vías fluviales, los pilotos de compañías aéreas y sus tripulaciones y los trabajadores ferroviarios. 
Para los fines de esta directiva, se los denomina a todos ellos trabajadores móviles. También incluye a los médicos en prácticas, pero no los trabajadores encargados de prestar socorro en casos de emergencia. 
En la directiva original sobre la jornada laboral se abordan sus casos en relación con las medidas compensatorias. 
Sin embargo, la inclusión de las personas que no son trabajadores móviles, sino que tienen puestos de trabajo sedentarios en oficinas y se ocupan de los trabajadores móviles, representa la corrección de un error en la anterior directiva sobre la jornada laboral, de la que quedaron excluidos. 
Gracias a un acuerdo entre los interlocutores sociales se están superando las dificultades que se afrontaban originalmente. 
Hay que reconocerlo y hay que felicitar a aquellos a quienes hasta ahora les había resultado difícil celebrar conversaciones entre sí. 
Antes no existían disposiciones al respecto. 
De modo que por primera vez están sobre la mesa normas decentes sobre salud y seguridad para muchos de esos trabajadores gracias exclusivamente al diálogo social. 
Los Comisarios Flynn y Kinnock merecen una felicitación. 
El aspecto importante que se debe recordar es que esta directiva versa sobre la salud y la seguridad y tal vez sería más apropiado llamarla «directiva para impedir que los trabajadores caigan muertos en el trabajo». 
Al examinar las estadísticas, vemos que el 20 % de todos los accidentes en las carreteras que afectan a vehículos pesados son causados, en realidad, por conductores que padecen fatiga. 
No sólo mueren conductores, sino también familias que viajan en otros vehículos contra los que pueden estrellarse. 
Es muy importante que resolvamos esta cuestión. 
Como ha señalado también el Sr. Chanterie, para que los médicos en prácticas puedan sobrevivir a los períodos de trabajo y rendir al máximo, debemos hacer todo lo posible para presionar a nuestros gobiernos con vistas a lograr una reducción de su jornada laboral a fin de que sus juicios y sus reacciones no resulten sesgados ni afectados de tal modo que no obtengamos los beneficios óptimos de su formación. 
Esta directiva va encaminada a impedir que los trabajadores caigan muertos en el trabajo. 
En el Japón ya se reconocen las consecuencias de esa situación; ahora se están empezando a reconocer en Europa. 
Estamos deseosos de disponer de una directiva el año próximo. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar al ponente, el Sr. Chanterie, por su informe. 
Tenemos ante nosotros un informe extraordinariamente cuidado en el que se analiza cuál podría ser la máxima cobertura jurídica para resolver este eterno problema al que todos nosotros, como miembros del Parlamento Europeo, nos enfrentamos mediante la discusión de cartas y peticiones y que, fundamentalmente, se trata de la ordenación del tiempo de trabajo y los períodos de descanso. 
Como ya han señalado varios colegas, en prácticamente todos los casos implica también un peligro para otras personas, así sucede con aquéllos que no tienen un período de descanso suficiente, por ejemplo, los que tienen responsabilidades en el manejo de los aviones, de un coche o en la salud. 
Esto puede tener graves consecuencias no sólo para su seguridad, sino también para la de otras personas. 
Es una pena que a instancias del Parlamento, la Comisión haya reaccionado con bastante lentitud para presentar el Libro Blanco, que ahora está ante nosotros, y estoy de acuerdo con todos los oradores que señalan que el informe de la Comisión de Asuntos Sociales, especialmente gracias al trabajo del Sr. Chanterie, está bien formulado. 
Opino que debemos decidir cuanto antes sobre algunas de las propuestas a fin de otorgarles un fundamento legal vinculante. 
Creo que en lo que respecta a los interlocutores sociales, también deben desempeñar su propio papel y, por mi parte, quisiera hacerles un llamamiento para que la reflexión sobre la política seguida en estos ámbitos continúe y se complete tan pronto como sea posible. 
Señor Presidente, apoyo la proposición de Chanterie de petición a la Comisión para que presente una propuesta encaminada a cambiar la directiva de tiempo de trabajo. 
Como otros han señalado, es totalmente inaceptable que cerca de seis millones de trabajadores estén al margen de lo que llamamos reglas básicas de regulación de la duración del tiempo de trabajo. 
Además, se trata de trabajadores que se desenvuelven en sectores en los que realmente se necesita que estén descansados y que tengan vacaciones para que puedan realizar sus tareas de una manera segura. Por ejemplo, se trata de personas que trabajan en el sector de los transportes, ferrocarriles y tráfico aéreo, pero también los médicos durante sus estudios. 
Quienes trabajan en esos sectores tienen la misma necesidad de sueño, descanso y vacaciones que nosotros, " personas normales». 
Realmente opino que las reglas básicas de regulación de tiempos de trabajo y de vacaciones deben ser consideradas como derechos humanos. 
Estimo que el punto 11 del informe de Chanterie es muy importante. 
Allí se dice que la legislación futura no podrá desvirtuar los acuerdos colectivos regionales o locales vigentes en los países miembros que tengan un nivel más alto de seguridad social que el planificado por la Comisión. 
Quiero felicitar sinceramente a Chanterie por este informe. 
Señor Presidente, también quiero felicitar al Sr. Chanterie por su excelente informe equilibrado. 
En efecto, otros compañeros lo han dicho antes que yo, cerca de seis millones de trabajadores se encuentran hoy día excluidos de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, entre los que se encuentran tres millones y medio en el sector del transporte por carretera, ¡oh, cuán sensible! 
Basta, efectivamente, recordar las huelgas que paralizaron Francia y una parte de Europa el año pasado. 
En definitiva, los adeptos al liberalismo han empezado, una vez más, la casa por el tejado. 
La liberalización total del transporte por carretera, a la fecha del 1 de julio de 1998, interviene cuando todavía no existe ninguna armonización fiscal y social. 
No se previó ningún resguardo a escala de la Unión para evitar esta carrera para reducir el aspecto social a su mínima expresión, en un sector siniestrado donde las pequeñas empresas tienen dificultades para sobrevivir, y para las que la liberalización significa muy a menudo la muerte. 
Por tanto, acuso a ciertos gobiernos de haber deseado voluntariamente este vacío jurídico, para mejor suprimir algunas conquistas sociales ganadas en reñida lucha en este sector. 
Por ende, pido que los conductores europeos puedan beneficiar, desde ahora, de tiempos de espera remunerados, de vacaciones anuales iguales para todos. 
Deseo, incluso si puede preverse cierta flexibilidad, que se limiten el número de horas anuales, con una duración semanal media de 35 horas. 
Si no fuera así, es indispensable que todo conductor que efectúe un transporte entre dos puntos en un mismo país de la Unión respete integralmente la legislación social de este último. 
Pienso que en materia de armonización es preciso empezar por el principio y decidir en primer lugar los días y las fechas durante los que pueden circular los camiones de carga en las carreteras y las autopistas de la Unión, con el fin de acabar con la indefinición que experimentamos actualmente. 
Es la primera piedra indispensable en la construcción de una Europa de los transportes por carretera. 
Señor Presidente, permítame felicitarlo por su elección para tan importante puesto. 
La Comisión acoge con el mayor beneplácito el informe del Sr. Chanterie. 
También agradecemos la intensa labor que se ha llevado a cabo en tres comisiones: la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de Pesca. 
Ha sido un proceso largo, pero estamos logrando avances reales. 
Quisiera tan sólo recordar a Sus Señorías algunos de los antecedentes. 
En 1993, cuando se aprobó la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, el Consejo decidió excluir ciertos sectores y actividades del ámbito de aplicación de la directiva. 
Fueron los sectores de los transportes aéreo, por ferrocarril, por carretera, por mar, por vías de navegación interior y por lagos, la pesca en el mar, otros trabajos en el mar y las actividades de los médicos en prácticas. 
En aquella época el ponente fue el Sr. Chanterie. 
La Comisión se comprometió a «adoptar lo antes posible iniciativas apropiadas respecto de los diferentes sectores excluidos del ámbito de aplicación de la directiva. 
La labor preparatoria para la aplicación de dichas iniciativas se está llevando a cabo en el marco de los comités sectoriales mixtos para los sectores interesados, en los casos en que existan». 
Así, pues, pedimos a cada uno de los comités mixtos de los cinco sectores de los transportes y del sector de la pesca que formularan sus recomendaciones sobre cómo se debían adaptar los principios de la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo en relación con su sector de actividad. 
También encargamos la realización de estudios detallados sobre las disposiciones relativas a la jornada laboral respecto de los llamados «otros trabajos en el mar» y de los médicos en prácticas. 
Si bien se habían logrado avances en la mayoría de los sectores, no eran suficientes, por lo que el año pasado la Comisión decidió publicar el Libro Blanco en el que se exponía cómo nos proponemos hacer avanzar esas cuestiones. 
En el Libro Blanco examinamos las posibles opciones y optamos por lo que llamamos un planteamiento diferenciado. 
Posteriormente, hemos confirmado dicho planteamiento en la documentación sobre la segunda fase de consultas aprobada por la Comisión el 31 de marzo. 
Con arreglo al planteamiento diferenciado, procuramos hacer la distinción entre las actividades que se pueden regular de conformidad con la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo y las que requieren medidas específicas. 
Así, pues, proponemos un planteamiento triple. 
En primer lugar, como declara la resolución parlamentaria en su párrafo 1, los trabajadores no móviles deben gozar también de protección total en relación con la jornada laboral, por lo que deben quedar comprendidos lo más plenamente posible en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/104. 
Así nos proponemos hacerlo. 
En segundo lugar, como dicen Sus Señorías en el párrafo 2 de su resolución, los trabajadores móviles deben gozar de protección plena en relación con la jornada laboral, por lo que deben quedar comprendidos lo más plenamente posible en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/104. 
En su resolución, Sus Señorías convienen con la Comisión en que existe, en particular, la necesidad de ofrecer a todos los trabajadores móviles y a los que se dedican a otros trabajos en el mar una garantía de descanso adecuado y un número máximo de horas de trabajo anuales de hacerles extensiva las disposiciones de la directiva sobre cuatro semanas anuales de vacaciones pagadas y las evaluaciones sanitarias para los trabajadores nocturnos. 
En tercer lugar, la Comisión declaró que se proponía introducir o modificar la legislación específica correspondiente a cada uno de los sectores relativa en materia de jornada laboral y de períodos de descanso de los trabajadores móviles. 
Eso es lo que nos proponemos hacer y nos complace contar con el apoyo de Sus Señorías al respecto. 
Tengo mucho gusto en informar de que, gracias a esas iniciativas, ha habido debates serios en casi todos los sectores principales, en particular desde que se publicó el segundo documento sobre la segunda ronda de consultas. 
Así, pues, abrigamos grandes esperanzas de que se llegue a un acuerdo en varios sectores. 
Sé que a algunos de Sus Señorías les preocupa la forma en que nos proponemos proceder. 
El cuadro que sigue al párrafo 1.4 de la exposición de motivos de la resolución parlamentaria ilustra con toda claridad nuestras intenciones. 
Los trabajadores no móviles quedarán recogidos en una enmienda a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
Entre ellos figurarán los médicos en prácticas. 
Otras enmiendas brindarán protección básica a los trabajadores móviles y a los que se dedican a otros trabajos en el mar en materia de vacaciones anuales, tiempo de trabajo anual, descanso adecuado y evaluaciones sanitarias para los trabajadores nocturnos. 
Se hará todo ello mediante una enmienda a la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo de conformidad con el artículo 118 A del Tratado de la CE. 
Esta directiva no abarca a los pescadores independientes. 
No obstante, la Comisión cree que las normas mínimas de protección de la salud y la seguridad en materia de jornada laboral se deben aplicar a todos los trabajadores, incluidos los pescadores con participación en los beneficios, es decir, los miembros de una tripulación de un barco de pesca que reciben como remuneración una participación en sus ganancias. 
Dicha protección debe tener en cuenta, naturalmente, el carácter especial de la industria de la pesca en el mar. 
Si las dos partes del sector participan plenamente en la preparación de esas propuestas, será mucho más fácil redactarlas. 
En cuarto lugar, en las disposiciones fundamentales sobre las que se llegue a un acuerdo antes del 30 de septiembre de 1998, y si las partes así se lo piden, la Comisión hará una propuesta de decisión del Consejo de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del acuerdo sobre la política social. 
Además, la Comisión hará propuestas complementarias, por ejemplo con vistas a formular disposiciones comparables para los conductores por cuenta propia. 
Si los interlocutores sociales no logran un acuerdo antes del 30 de diciembre de 1998, la Comisión preparará una propuesta de directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores móviles en los diferentes sectores. 
En ella se tendrán en cuenta plenamente los resultados obtenidos hasta ahora en las negociaciones. 
Por último, mis colegas Pádraig Flynn y Neil Kinnock esperan poder presentar propuestas apropiadas en fecha posterior de este año. 
Quisiera agradecer en su nombre el apoyo prestado hoy por Sus Señorías. 
Esperamos encarecidamente que sigan prestándolo en el futuro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Comercio justo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0198/98) del Sr. Fassa, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre el comercio justo y solidario. 
Señor Presidente, Señorías, sin lugar a dudas, el comercio justo y solidario representa una de las formas más significativas de ayuda al desarrollo adoptadas en los últimos años. 
Empezó algo calladamente y, después, a raíz de las iniciativas de voluntariado simple y puro, hoy se ha convertido en una realidad ética y comercial muy importante. 
Por esto, el Parlamento Europeo se ha ocupado del mismo en reiteradas ocasiones, antes de la mano de la Sra. van Putten y después de la mano del llorado Alex Langer. 
Los objetivos de la presente propuesta de resolución y de su correspondiente informe son fundamentalmente dos: en primer lugar, establecer unos criterios que permitan definir clara y concretamente qué es el comercio justo y solidario, al objeto de diferenciarlo del que no lo es; en segundo lugar, establecer la necesidad de una etiqueta común de comercio justo y solidario y el principio de que las organizaciones de certificación sean autónomas respecto de aquellas organizaciones que se ocupan de la importación y la venta de los productos. 
En cuanto al primer aspecto, en particular, el apartado 10 del dispositivo establece con extrema claridad diez criterios, una especie de decálogo- si se me permite expresarme así- del comercio justo y solidario. 
Dichos criterios son: compras directas, precio justo, pago anticipado, ausencia de monopolios de importación y venta, transparencia de precios, relaciones estables y a largo plazo con los productores, condiciones de producción que respeten los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ausencia de disparidad de trato para hombres y mujeres, ausencia de recurso al trabajo de menores, respeto del medio ambiente, respeto del desarrollo y apoyo a la autonomía de las comunidades locales. 
Se establece así una serie de criterios, en opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y de este ponente, suficientemente precisa y, sin embargo, en absoluto rígida que registra la realidad existente de lo que hoy es el comercio justo y solidario y que ofrece una amplia protección al consumidor. 
Por esto, y en este sentido, me permito expresar mi opinión en contra de la enmienda presentada por la Sra. Maij-Weggen, a quien le reconozco el empeño y la competencia en este sector, que me parece que lleva a consecuencias poco aceptables. 
Y aquí voy a señalar al menos dos de ellas: primero, los criterios, tal como se proponen en la enmienda, resultan menos concretos y más atenuados que los de la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Desarrollo y Cooperación; segundo, de la enmienda resulta que el respeto de dichos criterios debe subsistir sólo en el caso de ayuda por parte de la Comisión a las organizaciones y los productores del comercio justo y solidario. 
Creo, por el contrario, que estos criterio- como consta en el texto original de la resolución- deben respetarse siempre, de todos modos y no únicamente en el caso de ayudas de la Comisión y ello para proteger no sólo los intereses del productor, sino también del consumidor; de otro modo, cualquier producto, salvo el caso de ayuda por parte de la Comisión, podría considerarse justo y solidario, según el criterio de quien lo produce, importa o revende. 
Por último, no hay que temer que el respaldo de la Unión Europea al comercio justo y solidario vaya en contra, como alguien ha apuntado, de las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
No puedo dejar de recordar que el Director General de la Organización Mundial del Comercio ha afirmado a la Comisión de Desarrollo y Cooperación que existen instrumentos compatibles en el ámbito de la OCM a través de los cuales los Gobiernos pueden apoyar el comercio justo y solidario, siempre y cuando no practiquen discriminaciones entre los países en desarrollo y que la Organización Mundial del Comercio prevé la adopción de medidas suplementarias especiales en apoyo de los países en desarrollo, que se establecerán tras la próxima ronda de negociaciones. 
Será precisamente el fomento del comercio justo y solidario en la gran red del comercio mundial lo que convertirá en cada vez más actual y creíble el lema bajo el cual se ha venido desarrollando hasta ahora dicha meritoria actividad: Trade, not Aid. 
Señor Presidente, la importancia cada vez mayor del sector del comercio justo pone de relieve la necesidad de que la Unión Europea evalúe ahora adecuadamente sus disposiciones institucionales y financieras relativas a ese sector. 
El informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación hace varias propuestas importantes a ese respecto. 
Sin embargo, cualquier evaluación de los resultados del comercio justo se debe hacer asimismo con vistas a incluir los elementos y principios del comercio justo en las propias políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo y comercio en el futuro. 
En su opinión, la Comisión REX ha optado por centrarse en esos principios. 
La verdad es que los productores locales reciben un respaldo al quedar incluidos en la red del comercio justo, lo que les brinda una oportunidad de llegar a ser competitivos y fortalece su capacidad para el comercio en general. 
Como éste es uno de los objetivos primordiales de la Unión Europea en su política de comercio y desarrollo, la experiencia del comercio justo reviste importancia particular. 
Los siguientes elementos son la base del planteamiento del comercio justo y deben ser también la base del propio planteamiento del comercio con los países en desarrollo por parte de la Unión Europea: el acceso directo a los mercados de la Unión Europea; un precio justo; la estabilidad de ingresos: el hecho de que las organizaciones de comercio justo paguen parte del precio por adelantado es decisivo para los pequeños productores, que después pueden comprar insumos y tal vez pasar la temporada sin recurrir a prestamistas; por último, la retroinformación y el desarrollo de la capacidad, gracias a las cuales los productores adquieren confianza para abordar un sistema de comercio que antes consideraban demasiado complicado. 
Ese planteamiento subyacente al comercio justo elimina efectivamente los obstáculos al comercio que existen para los productores de los países en desarrollo. 
Donde el planteamiento del comercio justo no ha dado resultado y las políticas y los instrumentos de la Unión Europea están fallando es en la vinculación de los diversos mecanismos en un esfuerzo integrado y coherente en apoyo de los productores locales que afrontan muchos obstáculos al intentar vender sus productos en el mercado europeo. 
Por último, el comercio justo redunda en beneficio de las empresas y constituye una idea cuyos objetivos y planteamiento debemos procurar incluir en nuestras políticas más amplias de la Unión Europea, además de promoverla en la palestra del comercio mundial. 
Señor Presidente, el movimiento en favor del comercio justo y solidario con los países en desarrollo ya es una concreta e importante realidad que está asumiendo una extraordinaria relevancia en todos los Estados europeos. 
Se ha avanzado mucho desde cuando, hace poco más de cuatro años, el Parlamento Europeo aprobó el informe del llorado Alexander Langer. 
Quiero recordar que el principal objetivo en el cual se insertan las acciones de comercio justo y solidario, es lograr corregir y comenzar a cambiar esa realidad, mucho más consistente del comercio internacional que es profundamente injusta con respecto a los países en desarrollo. 
El comercio justo y solidario, por lo tanto, es un instrumento fundamental de corrección y de transformación de las dinámicas más perversas del mercado mundial, que es capaz de emplear los mecanismos del propio mercado, al objeto de alentar una mayor conciencia respecto de las injusticias en las relaciones entre el Norte y el Sur, pero también para empezar a ensayar prácticas innovadoras. 
Los objetivos del desarrollo sostenible y participativo encuentran su primera afirmación en el comercio justo y solidario ofreciendo garantías a los productores en los países desfavorecidos respetando el medio ambiente y fomentando derechos económicos y sociales más avanzados. 
En los últimos años, el movimiento del comercio justo y solidario en Europa ha registrado un crecimiento exponencial y se han multiplicado las tiendas y los puntos de venta de los productos de comercio justo y solidario que, en algunos casos, entran también en las grandes superficies e implican a millones de consumidores. 
Al mismo tiempo, se han organizado redes de comercialización y de promoción de los productos de comercio justo y solidario y se ha ampliado la acción de apoyo directo en favor de los productores. 
En el informe que hoy vamos a votar y del que me quiero congratular con el Sr. Fassa, pedimos que los principios y las prácticas del comercio justo y solidario, lejos de ser tan sólo un testimonio, entren a formar parte integrante de las políticas de cooperación al desarrollo más generales de la Unión Europea. 
Respaldamos con gran convicción los criterios enumerados en el apartado 10 del informe- por lo que pensamos en que esa parte del informe no ha de ser modificada con ocasión de la votación en el Pleno- y ante todo pedimos que por parte de la Comisión Europea y en general de las Instituciones europeas se establezca un enfoque global en cuanto a las cuestiones del comercio justo y solidario. 
Es por esto que pedimos una Comunicación específica de la Comisión, centrada en cuatro elementos esenciales: primero, la integración de los principios de las prácticas del comercio justo y solidario en las políticas más generales de cooperación del comercio internacional; segundo, la adopción de instrumentos específicos y más fuertes que los actuales de apoyo a algunos proyectos relacionados con el comercio justo y solidario; tercero, la definición de los criterios en virtud de los cuales determinados productos pueden considerarse de comercio justo y solidario o de producción justa y solidaria; cuarto, el desarrollo del diálogo político con los operadores del comercio justo y solidario. 
En este sentido, es necesario hacer una reflexión. 
Existen propuestas en el informe que estamos a punto de aprobar para incrementar el respaldo comunitario a los proyectos de comercio justo y solidario, no sólo en lo que se refiere al ámbito, sin duda, importante de la educación al desarrollo, sino también en lo que se refiere al respaldo directo a las organizaciones de productores. 
Señor Presidente, aunque España, mi país, llegó 20 años tarde a la práctica del comercio justo, en los últimos cinco años su uso ha crecido el 100 %. 
Además, dado que, según el ponente, hay 800.000 productores en el Tercer Mundo que practican este comercio, hay que resaltar la importancia de este comercio justo y solidario. 
Nosotros estamos completamente de acuerdo con el ponente en que los criterios a los que debe responder este comercio han de ser la compra directa, el precio justo, la transparencia, el respeto a las normas laborales, la ausencia del trabajo de niños y el respeto a las normas medioambientales. 
Pero creemos que, para la Unión Europea, puede constituir un modo de desarrollo diferente. 
Y la Unión Europea debería apoyar económica y políticamente iniciativas que empiezan siendo modestas pero que pueden ser una alternativa a una sociedad injusta, insolidaria y mercantil. 
Señor Presidente, el que ahora debatamos el comercio justo en el Parlamento Europeo se debe en gran medida a las actividades de ciudadanos de a pie que se han llevado a cabo en los últimos 10 o 15 años. 
Se debe a que organizaciones idealistas han mostrado que se puede usar el mercado a través de una política intencionada para impulsar una producción responsable medioambiental y socialmente y sobre todo, mejorar los ingresos de los pequeños productores de los países en vías de desarrollo, siendo esto una importante experiencia. 
Por supuesto que debemos apoyar una producción sostenible en los países en vías de desarrollo, tanto por estos países como por nosotros. 
No obstante, no debemos insistir en que esto, por ejemplo, requiere la armonización comunitaria del etiquetado. 
Es cierto que una marca universal hace más fácil a los consumidores orientarse en el mercado, sin embargo, la situación hoy es que tenemos marcas como Max Havelaar, que gozan de gran aceptación y confianza entre los consumidores. 
De sustituirse por una marca comunitaria, el desarrollo se verá retrasado varios años. 
Hemos de contemplar las experiencias que las organizaciones de etiquetado han acumulado. 
Aunque han trabajado durante varios años en encontrar una marca común, esto aún no se ha logrado. 
No se debe a la falta de voluntad, sino precisamente a que las marcas existentes forman parte de la conciencia de los consumidores. 
Pienso que las ventajas de tener una marca común distan mucho de superar estos riesgos. 
El informe del Sr. Fassa aboga por que la UE trabaje en favor de estándares sociales y medioambientales y por la incorporación de éstos al sistema de la OMC. 
Estoy de acuerdo. 
Sin embargo, no es suficiente. 
Hemos de exigir que haya posibilidad de confeccionar cuotas especiales para los productos que cumplan los criterios. 
Esto no es posible en el día de hoy. Sin una presión clara tampoco será posible en el futuro. 
La Unión Europea debe apoyar una producción en los países en vías de desarrollo que sea respetuosa con el bienestar de las personas y del medio ambiente, no obstante, no debemos utilizar este noble propósito para centralizar el trabajo que se efectúa en organizaciones de toda Europa. 
Las personas que hoy trabajan con el comercio justo conocen los problemas. 
Son a ellos y a los productores a los que debemos apoyar, sin embargo, esto dista de implicar una marca comunitaria que llevará mucho tiempo consolidar en la conciencia de los consumidores. 
Queremos dar nuestro apoyo a la hora de presionar a la OMC y de conceder fondos a la formación y la reconversión de la producción de los países en vías de desarrollo. 
Por último, quiero decir que apoyo las enmiendas de la- Sra. Maij-Weggen. 
Señor Presidente, estimados colegas, la cuestión del fair trade ha surgido en una larga discusión en el marco del enfrentamiento con la ideología neoliberal del libre comercio, y ha generado una serie de criterios concretos en lo que se refiere a la sostenibilidad social y ecológica. 
Se ha tenido que luchar largo tiempo para que esta exigencia haya sido reconocida. 
Evidentemente en la historia de tales exigencias hay épocas en que, de pronto, ya no se puede evitar que se impongan, pero entonces se acude y se las difumina. 
Eso es exactamente lo que el Partido Popular Europeo pretende con su enmienda, en la que los criterios del fair tarde resultan difuminados de tal manera que la exigencia no vuelve a ser reconocible en absoluto. 
Y esto es, en concreto, lo que aquí tenemos que evitar, puesto que si además este Parlamento Europeo difumina la exigencia de un comercio justo que es una exigencia central para la reorganización de unas relaciones más justas y sostenibles entre el norte y el sur, si el Parlamento Europeo difuminase estos criterios, ello constituiría una fractura- no querría decir una catástrofe -, pero el Partido Popular Europeo debería avergonzarse de los daños que está causando. 
Señor Presidente, son raros, muy raros, los europeos que toman el tiempo de observar los productos que consumen, trátese del café, el azúcar o el chocolate. 
¿Y, sin embargo, si estas dos tazas de buen café constituyeran mensajes políticos opuestos? 
¿Y si estas dos tabletas de chocolate, de aspecto similar, encerraran dos historias diferentes? 
¿Y si, en el otro extremo lejano de la cadena, innumerables productores vertieran sudor y sangre para enriquecer a otros cuando, poco a poco, otros productores empiezan a trabajar duro, pero para ellos mismos? 
Ya que, de una cosa en otra, no en teoría, sino gracias a acciones pacientes, lentas, en las que el voluntariado ocupa un lugar importante, surgen nuevas prácticas. 
Cuando la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en 1994 hablaba de nichos, de justicia y solidaridad a propósito de estas prácticas, hoy día, el informe de Raimondo Fassa presenta el comercio justo como otra alternativa destinada a establecer relaciones comerciales más justas entre los países ricos y los productores del Sur. 
Ya que, si bien la misión primera del comercio justo es liberar a los productores del vasallaje contemporáneo que constituyen las condiciones de vida en las que se debaten, ésta ha de realizarse con una actitud que yo llamaría más marketing, es decir, orientada hacia la satisfacción del consumidor. 
Por ende, quisiera apoyar el informe Fassa, en particular algunos puntos: su definición del comercio justo, la creación de una etiqueta europea, con el propósito de evitar complejidad y la confusión del consumidor, la integración del comercio justo en el marco de las políticas mundiales de la Unión, no solamente como instrumento de la política de desarrollo, sino también en toda las políticas económicas y comerciales con el fin de hacer de ellas una verdadera promoción. 
Ello implica la instauración de un código de conducta para las empresas transnacionales europeas que operan en los países en vías de desarrollo. 
Por lo demás, la Unión debe luchar para hacer que se inscriban en los criterios de la OMC las cláusulas medioambientales y sociales. 
Para concluir, esperamos de la parte de la Comisión una pronta comunicación sobre el comercio justo, que integre a la vez la manera de desarrollarlo y los medios que se pondrían en práctica para ello. 
Señor Presidente, yo también quiero expresar un juicio positivo acerca del informe del Sr. Fassa. 
El comercio justo y solidario existe y se practica con buenos resultados desde hace años, sin embargo, es evidente que el mismo adquiere una relevancia totalmente nueva en este final de siglo, caracterizado por la liberalización y globalización de los intercambios económicos y la obligación que nos impone la Organización Común del Mercado de suprimir nuestros regímenes de preferencias comerciales con los países más desfavorecidos del mundo. 
Desgraciadamente, después de que este Parlamento abordara esta materia en el año 1993, no se ha hecho mucho para fomentar esta forma de cooperación y, hoy por hoy, la misma Comisión Europea carece de una orientación política concreta al respecto. 
Las experiencias del pasado y las estadísticas comunitarias, sin embargo, demuestran que el comercio justo y solidario se ha propuesto en los justos términos y, a través de campañas de sensibilización adecuadas, encuentra aceptación en amplios sectores de los consumidores europeos. 
La importancia de este instrumento no reside únicamente en la inmediata mejora de la calidad de vida de las comunidades afectadas que, actualmente, se estiman en 5 millones de personas en los 45 países en desarrollo, sino también y ante todo en la transformación a largo plazo de los pequeños productores locales en operadores económicos autónomos. 
La Comisión, el Consejo y los Estados miembros tendrían que hacer mucho más, si cabe, para fomentar la comercialización de los productos de comercio justo y solidario. 
Concretamente, el comercio justo y solidario debe ser reconocido como un instrumento de desarrollo de pleno derecho y fomentarse sin dilación, a través de la asignación de recursos humanos y financieros adecuados y, en su caso, también a través de la creación de una línea presupuestaria específica de la Unión. 
Sólo así la Unión Europea podrá cumplir su compromiso, expresado en el artículo 130 U del Tratado, de favorecer la inserción de los países en desarrollo en la economía mundial. 
Señor Presidente, el informe se apoya fundamentalmente en la protección del consumidor, en la evitación del abuso de las vías comerciales. 
Lo que aquí falta completamente es la motivación del consumidor. 
Lo que falta es que entendamos que ésta es una forma de ayuda al desarrollo, en la que tenemos que llegar al consumidor para motivarlo, eventualmente, para que pague además precios más altos. 
No se trata de la comercialización de un producto, sino de la comercialización de una idea. 
Tengo aquí, sencillamente, recelos de que la burocratización que se proclama en el informe no haga más que obstaculizar esto. 
Tenemos que ir recordando que la responsabilidad de Europa consiste también en ayudar a los países en vías de desarrollo, en vender sus productos en Europa. 
En el aspecto formal el informe es una buena idea. 
Lo que falta es la motivación del consumidor a comprar también los productos. 
Señor Presidente, al expresar beneplácito por este informe, quisiera poner de relieve el objeto de mis enmiendas al informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Es el de instar a la Comisión a que prepare su comunicación sobre el comercio justo, que pueda hacer de base para una nueva legislación, para una investigación mundial que preste apoyo directo al desarrollo de redes de comercio justo en el Sur y también de principios de comercio justo en el Norte, para apoyar en principio una línea presupuestaria propia, con lo que dejaría de ser necesario utilizar los fondos de cofinanciación de ONG que en muchos casos no son apropiados para las cooperativas de productores en el mundo en desarrollo, para poner fin a la discriminación europea contra el comercio justo desde el punto de vista fiscal, formulando un trato preferente que sea compatible con la OMC por el carácter voluntario de las etiquetas, y, por último, para reconocer los peligros de la proliferación de etiquetas y la necesidad de celebrar un diálogo en serio sobre la vinculación entre el comercio justo y el nuevo comercio ético que se está fomentando mediante códigos de conducta, sobre lo que estoy redactando un informe para la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
El comercio justo va encaminado a que los sectores más pobres y marginados de los países en desarrollo no salgan de la pobreza mediante la ayuda, por importante que ésta sea, sino mediante la venta de sus productos a los consumidores europeos. 
Cuarenta y cinco mil puntos de venta en Europa, tres mil productos diferentes, una cifra de negocios de al menos 250 millones de ecus al año: no es una gran proporción del comercio total, pero tampoco es caridad. 
Es comercio en serio y en el Parlamento Europeo debemos adoptar una actitud seria para prestar nuestro apoyo. 
Señor Presidente, el ponente ha puesto mucho tiempo y cuidado en su informe. 
Le damos las gracias. La Comisión también ha contribuido con más de 50 enmiendas al resultado que tenemos ante nosotros. 
No me lo tome a mal, pero me parece que el resultado global no ha sido exitoso del todo. 
Se sigue hablando mucho de protección y de medidas de apoyo, y demasiado poco de las estructuras que contribuyen a la competitividad en los mercados. 
Mi Grupo intentó sentar en la comisión algunos puntos principales en esa dirección, y la enmienda de nuestra colega, la Sra. Maij-Weggen, se orienta, ciertamente, hacia esa misma dirección. 
Hemos de procurar, sobre todo, no conceder demasiado espacio a la burocracia en este contexto, y me parece que esto queda más garantizado si apoyamos la enmienda que si permanecemos en la formulación, que entra de tal manera en los detalles que apenas parece ser practicable. 
Tengo también algunos reparos respecto de la propuesta de emplear en publicidad en favor del comercio de tipo fair trade fondos procedentes de la cofinanciación. 
No estoy seguro de si debe entrar aquí la ya tan maltrecha línea B7-6000. Por lo demás, ésta pertenece a las líneas presupuestarias sobre cuyo fundamento jurídico se discute actualmente. 
Espero, no obstante, que el comercio común con los países del Tercer Mundo, incluido el fair trade del que se ha hablado aquí, siga cobrando un desarrollo positivo, y espero también que la Comisión nos siga prestando apoyo en esta dirección. 
Señor Presidente, creo que puedo ser muy breve. 
Primero, quiero agradecer al Sr. Fassa el excelente informe que ha preparado; además, quisiera subrayar lo importante que es ese instrumento para una política de cooperación Norte/Sur y, por último, decir que muchas de las propuestas presentadas serán integradas sin falta en la comunicación que la Comisión se propone presentar dentro de unos meses. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en el turno de votaciones. 
Señora Presidenta, le pido por favor que conste en el acta de hoy que, aunque, según el orden del día, la votación debía comenzar a las 11.00 a.m., ésta comienza a las 11.15 a.m.. 
Nos ponen en una situación conflictiva y sin alternativa: O nos quedamos a la votación o cogemos el vuelo que habíamos reservado, teniendo en cuenta, que ésta iba a empezar a las 11.00 a.m. Por tanto, o perdemos el vuelo, o perdemos el derecho y la obligación de estar presentes durante la votación. 
Le pido por favor que dicho retraso conste en acta porque, dado que no tengo responsabilidad alguna por dicho retraso, lo utilizaré como argumento en caso de que quisieran privarme de ciertos derechos 
Señor Ephremidis, dejaremos constancia de ello en el Acta, pero con su cooperación, vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido. 
Votaciones 
Señora Presidenta, usted ha olvidado transmitir a la ponente la felicitación de la Asamblea. 
Permítame hacerlo ahora en nombre de todos. 
Gracias, señor Rack. 
Señora Presidenta, el texto originario se refiere a una justificación del antiguo fundamento jurídico. 
Puesto que hemos modificado ese fundamento jurídico, necesitamos el nuevo texto. 
El asunto carece de lógica si nos limitamos a hacer un mero añadido. 
No es un problema de contenido, sino de un problema de lógica. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, solamente se ha presentado una enmienda a este informe y es crucial. 
Sé que el Sr. Fassa desea que el informe sea aceptado con el mayor respaldo posible. 
Esto puede lograrse si nuestra enmienda se combina con el texto del ponente de la siguiente manera: de su texto preliminar, podríamos tomar el artículo 10, más los guiones 3 y 6; de mi enmienda, cogemos los puntos 1, 3 y 4. 
Con esta combinación, creo que el Sr. Fassa puede apoyar la enmienda y nosotros, entonces, podemos respaldar su informe. 
Señora Presidenta, si he comprendido bien, la Sra. Maij-Weggen propone mantener inalteradas las palabras que introducen el apartado 10, es decir: » Estima que, para no dar lugar a abusos, el sector del comercio justo y solidario ha de responder a los siguientes criterios mínimos». 
¿Es cierto o no que esto se mantiene? 
¿Se mantiene como en el texto del informe? 
¿Que es éste el significado de su enmienda? 
En la práctica, ¿con la enmienda oral retira las primeras dos líneas de su enmienda y además las combinaciones entre los distintos párrafos tal como los formuló? 
¿Es esto así? 
Señora Presidenta, más la combinación de los guiones tercero y sexto, más los puntos 1, 3 y 4 de mi enmienda. 
Entonces, estamos completamente de acuerdo. 
Señora Maij-Weggen, realmente lo siento, pero es sumamente confuso, y le digo con toda franqueza que yo misma no estoy segura de lo que vamos a votar. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
En muchas ocasiones, nuestro Parlamento se ha manifestado en favor del desarrollo de una política de transportes que respete el medio ambiente, una política innovadora. 
En este sentido, el programa PACT, relativo a la concesión de ayudas financieras comunitarias a acciones de carácter innovador en favor del transporte combinado, ha sido objeto de numerosas demandas de parte de los operadores europeos. 
Al llegar a su término, se introdujeron algunas modificaciones al reglamento del Consejo que rige a este programa. 
En junio de 1997, el Parlamento Europeo había aprobado la propuesta de la Comisión, insistiendo en una clarificación de los procedimientos de selección de los proyectos y en una mejor aplicación de las modalidades de financiación. 
El informe de nuestro compañero, que hoy nos ocupa, se encuentra con un obstáculo, de la parte del Consejo, respecto a un punto al que yo desearía volver. 
La propuesta de la Comisión preveía un reembolso de los gastos y los costos inherentes a la realización de partes de proyectos fuera del territorio comunitario, en beneficio de empresas de terceros países. 
Esta facilidad no recibió el asentimiento del Consejo, que aseguraba, no obstante, que era posible financiar proyectos que incluyeran a terceros países. 
No pienso que el Consejo haya justificado su razonamiento, en términos de una posible asociación entre operadores de países terceros y comunitarios. 
Nuestra Comisión de Transportes y Turismo trata de restablecer una lógica a este respecto, y me atrevo a esperar que la enmienda 2 obtenga bastante votos. 
Informe Fontaine (A4-0232/98) 
No es un ejercicio vano recordar la necesidad de reformar las directivas relativas al reconocimiento de los diplomas. 
En efecto, ¿quién, en esta Asamblea, no ha pedido intervenir ante una administración con el propósito de hacer admitir una calificación adquirida en otro Estado miembro? 
Este informe de nuestra compañera Nicole Fontaine constituye una importante aportación para el sistema educativo europeo, y más precisamente para las personas que siguen una formación o los estudiantes. 
Por tanto, quiero felicitarla por su trabajo, que también representa un paso más hacia el fortalecimiento de la noción de ciudadanía europea. 
En efecto, ¿cómo puede hablarse, cuando existen poderosos frenos para la movilidad de las personas, de la libre circulación de las mercancías y de las personas en el espacio europeo? 
Muchos recurren constantemente a términos tales como adaptabilidad, reactividad, flexibilidad, valores cardinales del asalariado europeo del año 2000. 
Sin embargo éste se encuentra, muy rápido, confrontado a la dura realidad de las administraciones, o más exactamente a las legislaciones establecidas por representaciones nacionales. 
Esta constatación es válida para otros ámbitos, y atenta contra la construcción europea. 
En este sentido, es importante que dirijamos nuestros esfuerzos legislativos hacia lo que atañe más de cerca a las preocupaciones diarias del individuo. 
Actuar de esta manera, es volver a dar un sentido a Europa y hacer quizás que corrija el rumbo. 
Sí, un texto que atañe los derechos y las competencias del ciudadano incrementa la comprensibilidad de la Unión Europea. 
Recomendación Aelvoet (A4-0165/98) 
Después de Tunicia, Israel, Marruecos y la OLP, hoy tenemos que manifestarnos emitiendo nuestro dictamen conforme en relación con el acuerdo euromediterráneo con Jordania. 
La Unión Europea, de conformidad con las conclusiones de la Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995, reestructura sus relaciones con sus socios de los países del Magreb y del Mashrek mediante la instauración de un nuevo marco contractual. 
El acuerdo de asociación con Jordania se inscribe plenamente, al anunciarlo en su artículo primero, en la creación de una zona de libre comercio. 
No podemos sino suscribirnos a este objetivo, tal como lo hicimos para los demás países, ya que el Reino Hachemita cuenta con que le prestaremos ayuda. 
Se reforzarán los distintos ámbitos de cooperación, ya sea en las relaciones económicas y sociales, en la mejora de las condiciones de vida y trabajo, o el desarrollo de la cooperación regional. 
Es verdad que Jordania experimenta una tasa de crecimiento relativamente elevada, pero ésta no parece ser compartida por el conjunto de la población. 
El esfuerzo debe ser constante y es precisamente a este nivel que la ayuda de la Unión Europea surtirá plenamente su efecto. 
Por último, no olvidemos el problema de la estabilidad política de la región. 
La fragilidad del proceso de paz, del que a veces padecemos las consecuencias a la hora de poner en práctica nuestra asociación MEDA, para encontrar un factor de estabilidad en la instauración de un diálogo político con Jordania. 
En acuerdo con la recomendación de nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, me pronuncio en favor de la celebración de este acuerdo haciendo votos por su éxito en el futuro. 
El informe de nuestro compañero Gerhard Schmid reviste una gran importancia tanto en lo relativo a la industria de las comunicaciones como en lo que respecta a los usuarios de Internet. 
Por tanto, quiero apoyar el plan de acción comunitario que hoy se nos propone. 
No obstante, cabe recordar algunas realidades de esta red y de su continua extensión. 
Ante todo, quiero denunciar algunas voces que asocian sin ninguna distinción «Web» y contenido reprensible. 
Es preciso recordar que esta gigantesca red tejida a nivel mundial es ante todo una herramienta, y que en ningún caso puede ser considerada responsable de las perversiones que algunos parecen descubrir en su ordenador. 
A semejanza del teléfono o la imprenta, se ha dado a Internet la imagen de «madre» de todos los vicios y creadora de pecados... numerosos sucesos demuestran que algunos no han esperado la llegada de esta red para practicar actos reprensibles... no hacen sino adaptarse, lamentablemente, a este nuevo modo de comunicación. 
Estas palabras preliminares no deben ser interpretadas como una renuncia a toda voluntad de perseguir a esos explotadores de miseria humana, todo lo contrario. 
Se trata de sentar las bases de una realidad compleja, que a veces se nos escapa, y que es preciso comprender para encontrar las soluciones correctas. 
Esta evoluciona y aumenta sin cesar en potencia... de ahora en adelante, a partir de un ordenador portátil, se tiene la posibilidad de dar acceso a todo y sin demasiados riesgos... incluido en caso de ilegalidad. 
Asimismo, si apoyo las propuestas del ponente en el ámbito del contenido ilegal y en tratarlo mediante soluciones tecnológicas, es igualmente necesario reforzar las políticas judiciales y policiales a escala comunitaria. 
Esta cooperación más estrecha es lo único que puede permitir resultados tangibles. 
Para que pueda obtenerse un entorno seguro, es primordial que se produzca una toma de conciencia a escala internacional, y en primer lugar europea. 
¡Es urgente! 
¡Sumamente urgente! 
Informe Pollack (A4-0177/98) 
Observamos que éste es uno más de la larga serie de informes en los que se reclama la creación de nuevas unidades dentro de la UE, esta vez " un órgano permanente que garantice apoyo analítico... » (punto K). 
Pensamos que el creciente número de autoridades comunitarias sólo crea burocracia. 
Queda de manifiesto que la Unión Europea no es competente para ocuparse de la gestión cotidiana del medio ambiente en las ciudades europeas. 
Es un papel que ha de desempeñarse a escala local. 
No obstante, es deseable que la Unión continúe precisando las líneas directrices que han de seguirse y los objetivos que es preciso alcanzar, en términos de desarrollo sostenible en la gestión del medio ambiente urbano, aplicables al conjunto del espacio europeo. 
En efecto, muchos problemas medioambientales imputables a la urbanización de nuestros países tienen consecuencias a escala del territorio de la Unión en su conjunto. 
Por ende, los ciudadanos de la Unión necesitan un enfoque integrado de estos problemas, cuya gestión diaria debe ser asegurada por las autoridades locales, pero que también debe inscribirse en un marco más amplio que defina los medios y los objetivos. 
Desde este punto de vista, si bien pueden acogerse favorablemente las medidas territoriales ya tomadas por la Unión, especialmente en el ámbito de la reducción de las tasas de contaminación atmosférica, también debe lamentarse que la Comisión tarde en hacer público el Libro Blanco sobre el medio ambiente urbano que esperamos desde la publicación, hace ya siete años, de un Libro Verde sobre el mismo tema. 
Decir que la Unión Europea no ha hecho nada sería, sin duda alguna, afirmar algo contrario a la verdad. 
En cambio, ante la ausencia de un marco legal europeo, los proyectos financiados por la Comisión Europea y relativos al medio ambiente urbano no se han beneficiado ni de la asignación de recursos suficientes, ni de la coordinación que el ciudadano tiene derecho a esperar. 
Por tanto, es deseable que la Comisión continúe, en el marco de la reforma de los fondos estructurales prevista en 1999, apoyando como lo hace actualmente a estos proyectos, y se dedique a finalizar a la mayor brevedad posible los fundamentos jurídicos y un plan de acción global en favor de un medio ambiente urbano sostenible en la Unión Europea. 
Por ello, concedo mi apoyo a la resolución que hoy nos ocupa. 
Voy a apoyar este informe hoy como representante del tipo de zona urbana exactamente que va encaminado a ayudar. 
Ya es más que hora de que el debate sobre cuestiones ecológicas supere la imagen de campos verdes y vuelva a las ciudades y pueblos en los que viven la mayoría de nuestros ciudadanos. 
El Gran Manchester es uno de las zonas industriales y urbanizadas más antiguas de Europa, pues fue un centro de la Revolución Industrial. 
Creíamos que con la legislación sobre la limpieza del aire de los años de la posguerra la contaminación había quedado reducida a las imágenes de fábricas coronadas de bruma industrial que figuran en los libros de historia. 
Sin embargo, las personas que viven hoy en zonas urbanas afrontan, como revela este informe, una congestión del tráfico y una contaminación tan preocupantes como el humo de las antiguas chimeneas, pero con frecuencia invisible para el ojo humano. 
Debemos tomarnos en serio las conclusiones del Tribunal de Cuentas de que la política actual de la UE para abordar los problemas urbanos carece de un marco coordinador. 
Es hora de que nuestros ciudadanos cosechen el beneficio de un programa especializado para mejorar el medio ambiente urbano. 
Espero que la Comisión responda lo antes posible a nuestro llamamiento en pro de esa labor. 
Informe Napoletano (A4-0172/98) 
Opinamos que Napoletano, nuestra camarada de partido, ha redactado un buen informe. 
Queremos destacar especialmente nuestro acuerdo con las críticas a los planes de la Comisión para terminar con la iniciativa Urban ha dado excelentes resultados respecto a problemas específicos de las grandes ciudades que no son cubiertos por otros programas comunitarios. 
Teniendo en cuenta que cerca del 80 por ciento de los ciudadanos de la UE viven en ciudades, pensamos que no es razonable poner fin a la iniciativa Urban. 
Atento desde hace numerosos años a la problemática de las políticas urbanas, quiero felicitar a nuestra compañera Napoletano por la constancia y el trabajo tan importante que ha realizado. 
Asimismo, quiero manifestarle mi apoyo por la calidad de su informe. 
A la par de la ponente, considero que es urgente definir las bases de una política urbana voluntarista a escala europea. 
Actualmente, la ciudad se encuentra en el centro de la reflexión política después de los trágicos acontecimientos que han tenido lugar en los que suelen llamarse «barrios peligrosos». 
En todo caso, se trata de desempeñar un papel de bombero y remediar lo más urgente esperando los próximos «disturbios». 
Tal como lo destaca el informe, nadie piensa en oponer el mundo de las ciudades al mundo del campo, pero cabe apoyar un modo de ordenación que limite el proceso de empobrecimiento rural que afecta a la mayor parte de los Estados miembros. 
Asimismo, quiero apoyar la demanda de la Sra. Napoletano relativa a la continuación del programa URBAN, instrumento comunitario más que necesario visto lo que viven nuestros conciudadanos en las grandes aglomeraciones, demasiado a menudo anónimas y apartadas a la periferia del centro urbano de las ciudades. 
En este sentido, los trabajos de la red Eurocités pueden presentar un enfoque global sumamente interesante de las políticas urbanas a escala de las grandes aglomeraciones europeas. 
Definir una política urbana es definir un marco y objetivos concretos y realistas. 
El próximo siglo probablemente estará marcado por una evolución de lo urbano, tanto en su forma como en su importancia numérica. 
Por tanto, es importante tener en cuenta esta realidad en nuestra reflexión y nuestra política. 
No puedo sino alegrarme del informe de mi compañera Napoletano que considera la cuestión urbana como un conjunto en el que integra aspectos medioambientales, sociales, culturales, ciudadanos y regionales. 
En efecto, es así como la Unión Europea debe considerar la acción urbana, bajo el ángulo de una mejor manera de vivir, la política de la ciudad no debiera resumirse a la de los barrios con dificultades. 
Precisamos una mejor coordinación entre las instituciones europeas, más especialmente entre la Comisión y los Estados miembros. 
Esta puede realizarse, claro está, a través del principio de subsidiariedad, pero es absolutamente necesario que exista. 
Así como la Comisión debe integrar la dimensión urbana en las demás políticas y acciones comunitarias, así los Estados miembros deben desarrollar paralelamente su política urbana (contratos municipales, contratos Estados-regiones para Francia) con la aplicación y el consumo de asignaciones de los fondos estructurales en su territorio. 
Se trata de una visión global del desarrollo del espacio, que refuerza una estrategia urbana europea que desea nuestro Parlamento. 
Se trata de una visión complementaria a la que deben tener nuestros respectivos Estados miembros, que a su vez deben recurrir a sus autoridades locales y regionales para ponerla en práctica. 
Los informes y el prolongado debate ofrecen una muestra de los numerosos e intensos problemas en los que se asienta el entorno urbano comunitario. 
Es evidente que existen más y la perspectiva es que empeoren y se multipliquen. 
Lo digno de hacer notar, lo desafiante, es que en ningún sitio se enumeran las causas principales, los responsables de dicha situación, que es una jungla legal de intereses multinacionales, la competencia irrefrenable encaminada a la obtención de beneficios en el ámbito del notorio mercado libre. 
El paro, la marginación social, la pobreza de partes que habitan en las grandes ciudades, los fenómenos del racismo, la xenofobia, la delincuencia, el desarrollo asimétrico- no sólo entre distintas ciudades de diferentes países, sino aún más en el mismo país y dentro de esas mismas ciudades, entre sus barrios y partes que la integran -, el exceso de contaminación, el trágico empeoramiento del medio ambiente y la desaparición total de la calidad de vida no son hechos fortuitos ni problemas fatídicos y, naturalmente, no se les hace frente con encubrimientos, sermones embellecedores y programas. 
En ningún sitio se menciona que el paro creciente que golpea a los centros urbanos es el resultado de la política del mercado libre, del dominio del capital, que socava impunemente, avalado por la misma Unión Europea y el apoyo de los gobiernos nacionales, el desarrollo simétrico y los derechos laborales y sociales. 
No se nombran los intereses que contraen la economía agrícola y regional y adulteran la relación equilibrada entre campo y ciudad, creando cada vez olas nuevas y más grandes de parados que acuden a las ciudades para engrosar la ya enorme cifra de parados. 
En el mismo informe se hace referencia a que «de las 49 regiones del programa para el medio ambiente urbano, 15 tienen un porcentaje de paro de más del 30 % y ninguno de los que propugnan la «justicia social y la cohesión» plantea la cuestión crítica «¿por qué? ». 
Es la ley del benéfico descontrolado, de la jungla de las multinacionales la que da al traste con cualquier equilibrio del tejido social y genera el caldo de cultivo para fenómenos como la delincuencia, el racismo, la xenofobia, el crimen. Y a estos, señor Presidente, no se les hace frente con las medidas represivas y de control de la vida social propuestas en el informe. 
Son las mismas leyes la responsables del fuerte empeoramiento del medio ambiente urbano, que se ha dejado a la «alta protección» de las industrias, de las industrias automovilísticas, de los grupos de presión y lo políticos que facilitan su acción descontrolada, que frustran e impiden cualquier intento por diseñar y aplicar políticas beneficiosas para el medio ambiente. 
Se mencionan los resultados y las declaraciones de la Conferencia de Pío, de Kioto. Sin embargo, en ninguna parte se cita a aquellos que los tacharon de anémicos y letra muerta. 
Esos escasos resultados tampoco permitieron que se aplicaran a los circuitos monopolistas. 
Ese anunciado nuevo intento de una posible solución del problema urbano, con los «diálogos europeos» de todo tipo y el despilfarro de algunos millones de ECUs, aparte de ser una fuente de riqueza para «grandes roedores» de las sumas comunitarias, no solucionará los problemas. 
Los agudizará, los aumentará, se convertirá en un pretexto para sustraer recursos de otras actividades de carácter social, un medio para engañar y tranquilizar a la opinión pública. 
Corremos el peligro de que nos llamen hipócritas, cómplices de ocultar beneficios ilegales o, si no una de esas dos cosas, políticos, parlamentarios masoquistas que se complacen en pregonar los problemas de forma permanente, de no señalar las causas y, por consiguiente, de no enfrentarse a los problemas para encontrar una solución. 
Por último, este Parlamento debería hacerse cargo de estos síndromes y mostrar que realmente representa a los colectivos más castigados de los centros urbanos de la Unión Europea. 
Muchas de las propuestas de este informe son bien intencionadas. 
Al mismo tiempo que se destaca la similitud de las ciudades y de los problemas que deben afrontar, también se debe ser consciente de que existen grandes diferencias entre las ciudades de la UE. 
Por eso opino que es importante destacar que debe regir el principio de la subsidiariedad. 
El intercambio de información es muy provechoso puesto que seguramente muchas ciudades pueden aprender de otras que han resuelto determinados problemas, pero me parece muy dudoso que se creen programas y directivas comunitarias en esta materia. 
La planificación concreta debe decidirse en un nivel más bajo que el comunitario. 
Son los que viven en las ciudades, y no una institución centralizada en Bruselas, quienes deben decidir acerca de la planificación concreta. 
El informe Napoletano relativo a la cuestión urbana tiene la ambición de definir una «estrategia urbana europea». 
Una vez más, la Comisión intenta ampliar el campo de las competencias de la Unión Europea. 
No se encuentra en juego un aspecto meramente político, sino también financiero: el reconocimiento de una política comunitaria integrada de la ciudad implicaría gastos presupuestarios importantes en su favor. 
Vistas las limitaciones presupuestarias de la Unión Europea, estos gastos no podrían hacerse sino a condición de realizar en el seno del presupuesto comunitario una nueva distribución de las asignaciones, una nueva distribución cuyas principales víctimas serían necesariamente las regiones rurales y las regiones que dependen de la pesca. 
Así, la Sra. Napoletano se convierte en la abogada de la iniciativa URBAN, destinada, en las propuestas de Agenda 2000, a integrarse en el nuevo Objetivo 2, deseando su mantenimiento con «una dotación capaz de consolidar sus actuaciones... ». 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones siempre ha considerado, por su parte, que la Comunidad debería concentrar sus esfuerzos financieros en las políticas comunes ya existentes, a saber la PAC y la PCP y evitar de dispersar el erario público dispersándolo de manera estéril y clientelista. 
A esta voluntad de «definir una estrategia urbana europea» responde como un eco el deseo de dar nacimiento a «una política más amplia de ordenación del territorio» de la que es un «componente indisociable». 
El olor de federalismo que impregna también algunas declaraciones en favor de la pretendida ciudadanía europea donde uno de los componentes es «el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a los residentes extranjeros comunitarios» , declarándose por este motivo: » favorable a una aplicación sin restricciones de las disposiciones del Tratado en materia de derecho de voto de los residentes comunitarios». 
Añadamos a todo ello las numerosas justificaciones que este informe ofrece a la ideología mundialista de moda, formulando en favor del multiculturalismo lugares comunes inquietantes para la cohesión de nuestras naciones. 
Por ende, es lógico que el informe haga referencia a la «integración de los inmigrantes» cuando sería preciso fomentar su asimilación a la civilización del país de acogida para preservar la cohesión nacional, por una parte, y ayudar, por otra, a esos extranjeros a convertirse en miembros de pleno derecho de la comunidad nacional, orgullosos y contentos de pertenecer a ella. 
Era imposible, pues, que nuestro Grupo aprobara un informe tan contrario a sus convicciones. 
El informe de la Sra. Napoletano hace votos por una «estrategia urbana europea» incluida en el seno de una política integrada, por ende federalista, de la ordenación del territorio, actitud jacobina que no podemos sino condenar. 
La política urbana ya compete a las ciudades, los distritos urbanos, claro está, pero también a los departamentos, las regiones, y los Estados. 
La lista de los que intervienen en esta cuestión es suficientemente larga como para que sea necesario añadir además a la Unión Europea. 
Cuanto mayor es el número de participantes, más complejos resultan los expedientes y toma más tiempo concluirlos. 
Efectivamente, el medio ambiente urbano, tal como lo trata superficialmente el informe Pollack (gestión de residuos, contaminación del aire, tratamiento del agua, empleo, precariedad, preservación de nuestro patrimonio arquitectónico urbano, fenómenos migratorios ,... ) merece toda nuestra atención. 
No obstante, para afrontar estas dificultades, conviene actuar en el origen, mediante la prevención de los males, y no paliando sus consecuencias, tratando de resolver la crisis. 
Por tanto, este informe parece demasiado a menudo un especie de catálogo de síntomas cuyo origen se encuentra en otro sitio. 
Por añadidura, este catálogo tiene con demasiada asiduidad el mal gusto de sacrificarse a la ideología mundialista de moda soltando, respecto a la cuestión de la inmigración, por ejemplo, lugares comunes desoladores. 
Nuestra ambición debe ser tender a un mejor equilibrio de la ordenación de nuestro territorio. 
Para ello, debemos remediar la excesiva concentración urbana que padecen nuestras sociedades. 
Para afrontar esta excesiva concentración urbana, fuente de muchos disgustos, debemos incrementar nuestros esfuerzos en favor del mundo rural y del mundo marítimo. 
Tenemos que fomentar a la vez una agricultura que sepa preservar la calidad y el medio ambiente, pero también una diversificación de las actividades económicas en regiones rurales y, por tanto, combatir los excesos del productivismo. 
La Unión debe concentrar sus esfuerzos financieros en los ámbitos que son objeto de una política integrada, PAC y PCP, y evitar dispersar el erario público en una dispersión estéril y clientelista. 
Es preciso que actúe de tal manera que sus políticas, en particular la PAC, no vengan a desequilibrar gravemente la ordenación del territorio. 
Los dos informes tratan diversos problemas que se plantearán en el futuro en Europa a causa del desarrollo demográfico. 
Hoy un 80 % de los ciudadanos de la UE vive ya en ciudades, y en éstas opera también una gran parte de la economía. 
Esta aglomeración genera una serie de inconvenientes en cuya eliminación puede ser útil la Unión Europea elaborando, por ejemplo, una estrategia europea para el desarrollo urbano. 
El medio ambiente de las ciudades es, sin duda, uno de los problemas más agudos: la contaminación del aire y la progresiva desaparición de zonas verdes y de parques en favor de las superficies construidas tienen consecuencias claras y que no deben ocultarse para la salud de la población. 
Sin medidas de alcance europeo no parece previsible un giro en esta tendencia. 
Muy rara vez los problemas del medio ambiente son de naturaleza local: la mayoría de las grandes ciudades tienen los mismos problemas. 
Por consiguiente, la creación de una sección de asuntos específicamente urbanos que abarque los diversos servicios en la Comisión es absolutamente oportuna, si esto va a conducir más rápidamente en los Estados miembros al convencimiento de que el medio ambiente debe desempeñar un papel esencial en el futuro desarrollo de las ciudades. 
Simultáneamente, se plantea la necesidad de presentar iniciativas en el plano económico y social. 
El desempleo afecta con especial dureza a los espacios urbanos. 
La xenofobia y el racismo son detestables fenómenos secundarios de la convivencia de diversas culturas. 
Por esta razón se propone también que no sólo se fomente en las ciudades el asentamiento de grandes empresas y de parques tecnológicos, sino, sobre todo, de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) , de centros comerciales e de instalaciones para el ocio y la cultura. 
En los espacios urbanos de varios millones de personas, la seguridad se convierte en un problema y la lucha y la prevención de la criminalidad se torna una cuestión prioritaria. 
La conclusión de ambos informes ha de ser que la elaboración de una estrategia de ámbito europeo ha de ofrecer a las ciudades y regiones un marco útil en el que se aborde de manera conjunta los problemas comunes, aunque las soluciones deberán adaptarse a las situaciones particulares. 
En este sentido, las iniciativas de la «Office International du Coin de Terre Jardins Familiaux» tienen gran importancia. 
La organización europea de pequeños hortelanos que, en toda Europa, representa a cerca de tres millones de familias (!) , realiza una importante contribución con la creación de pequeños huertos en el entorno urbano. En primer lugar, estos pequeños huertos sirven para la mejora ecológica de las ciudades. 
Sin embargo, adicionalmente, hacen posible una positiva configuración del tiempo libre de los ciudadanos. 
A esto se suma que quienes se benefician de las iniciativas de la «Office International» son principalmente desempleados y marginados sociales, que tienen una ocupación útil en los huertos y tienen un acceso barato a la fruta y a la verdura fresca. 
Los huertos desempeñan así un importante papel en el entorno políticoecológico y social de las ciudades. 
Por todo esto, es tanto más de lamentar que las organizaciones no gubernamentales no hayan sido previstas específicamente como interlocutores en la definición de una estrategia europea de desarrollo urbano. 
Estas organizaciones vienen realizando un valioso trabajo en las zonas urbanas dentro de los ámbitos de la protección del medio ambiente, de la protección de las zonas verdes y en el ámbito social. 
Por esta razón, he presentado un enmienda (Consideración R) en la Comisión de Política Regional que menciona, al menos en ese contexto, a las ONGs. 
Sólo cabe esperar que estos valiosos colaboradores de la Comisión sean vistos y tratados por la Comisión como socios imprescindibles. 
Hecho este reparo, doy mi conformidad a los dos informes. 
Informe Novo Belenguer (A4-0206/98) 
Observamos que éste es uno más de la larga serie de informes en los que se reclama la creación de nuevas unidades dentro de la UE, esta vez " un órgano permanente que garantice apoyo analítico... » (punto K). 
Pensamos que el creciente número de autoridades comunitarias sólo crea burocracia. 
Todos tenemos la preocupación de ver a la Unión Europea desarrollarse de manera armoniosa. 
Este es el sentido, especialmente, de la acción que hemos emprendido ahora en el ámbito de la moneda única. 
No obstante, esta voluntad sólo puede realizarse completamente y de manera satisfactoria si viene acompañada desde su origen de una política regional eficaz y una ordenación del territorio coherente. 
La idea maestra del documento «Europa 2000» , aprobada por el Comité de las Regiones, demuestra aquí toda su oportunidad. 
Tenemos el deber de fomentar la cohesión económica mediante una mejor adecuación de las redes transeuropeas de transporte y de comunicación, a pesar de los numerosos problemas que subsisten, teniendo en cuenta la diversidad de nuestras regiones europeas. 
En mi calidad de cargo electo aquitano, quisiera mencionar aquí las dificultades concretas que se han encontrado a la hora de poner en práctica «Europa 2000». 
A semejanza del resto de sus hermanas del Arco atlántico, Aquitania es una región periférica que precisa ser accesible, especialmente a la hora de la ampliación al Este y del desplazamiento de algunos centros de interés de la Unión Europea hacia el norte y el este del continente. 
Debemos, pues, ante todo tener presentes los aspectos locales de las ordenaciones que proyectamos, sin dejarnos superar por una visión demasiado general de las perspectivas. 
Ello no quiere decir, sin embargo, que el equilibrio común no debe seguir siendo nuestra línea maestra, pero tenemos que hacer un esfuerzo real para percibir las implicaciones a escala local. 
El primer proyecto oficial de la perspectiva europea de ordenación territorial permitió a las autoridades locales participar activamente y hacer debates incorporando a los agentes económicos de estas regiones. 
Sepamos hacer una síntesis que respete las respectivas posiciones locales, para establecer un verdadero consenso, sin exceder el marco de la actual distribución de competencias, habida cuenta de que el Tratado sobre la Unión Europea no nos ha concedido un derecho estricto en esta materia. 
Por ello apruebo el informe moderado y consensual de mi compañero Novo Belenguer. 
El Informe del Sr. Novo Belenguer tiene como ambición integrar la ordenación del territorio en el ámbito de las competencias comunitarias. 
Lamentando «que el Tratado no prevea, en el presente, competencias comunitarias específicas en materia de ordenación del territorio» , insiste, » enérgicamente en favor de oficializar el Consejo de Ministros de Ordenación del Territorio». 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones combate esta voluntad federalista que burla a la vez el principio de subsidiariedad, la letra del Tratado y la soberanía de las naciones. 
A este respecto, nos parecería preferible velar por que las decisiones comunitarias no vayan en contra de la cohesión económica y social de nuestros países. 
Así, deberíamos interrogarnos sobre las consecuencias de la puesta en práctica de la moneda única en materia de ordenación del territorio y especialmente sobre el incremento de las disparidades que va a provocar entre las regiones, tan es verdad que las regiones más despobladas y las más pobres corren el gran riesgo, a la hora de implantarse el euro, de sufrir la transferencia de sus actividades en favor de ejes económicos más dinámicos, más poblados y mejor comunicados. 
Por otra parte, el empobrecimiento de algunos de nuestros territorios rurales se ha agravado por la aplicación de la PAC de 1992 y por el abandono del principio de preferencia comunitaria, consentido durante los acuerdos del GATT. 
La nueva reforma de la PAC, tal como figura en la Agenda 2000, proponiendo, entre otras cosas, la fuerte disminución de los precios agrícolas, no podrá sino constituir una fuente de desequilibrio adicional en materia de ordenación del territorio. 
El documento de la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial recuerda que la agricultura europea continuará desempeñando un papel predominante en favor del desarrollo y la vitalidad de numerosas zonas rurales. 
A este respecto, sólo podremos comprobar una singular contradicción entre el minucioso análisis realizado por este documento y las propuestas que la Comisión formuló para la reforma de la PAC (Agenda 2000) , propuestas que tendrán como consecuencia reducir el número de agricultores en la Unión Europea. 
Por ende, una ordenación del territorio equilibrada depende de su vitalidad. 
Nuestro compañero Edouard des Places insistió ayer con toda razón sobre este punto. 
Nosotros deseamos, de una manera general, que la Unión Europea, en lugar de tratar sin cesar de obtener nuevas competencias, se preocupe de examinar las repercusiones de las políticas comunitarias ya existentes, de las decisiones que ha tomado, o de las negociaciones que ha conducido, tanto a nivel de la OMC como a nivel de los acuerdos internacionales, respecto al equilibrio del territorio europeo con el fin de evitar las consecuencias negativas. 
Con este ánimo y para demostrar el interés que concede al tema de la ordenación del territorio, nuestro Grupo presentó una decena de enmiendas al informe del Sr. Novo Belenguer, que, en su estado actual, sólo podemos rechazar. 
Informe Dührkop Dührkop (A4-0256/98) 
Protestamos contra la comedia representada ayer en este hemiciclo, cuando la Comisión vino a buscar el apoyo del Parlamento Europeo para que avalara sus malversaciones. 
En efecto, acaba de ser descubierta en flagrante delito: el Tribunal de Justicia de las Comunidades- que no suele ser, sin embargo, severo con ella- no pudo hacer otra cosa sino condenarla, el pasado 12 de mayo, por haber realizado gastos presupuestarios sin ningún fundamento legal. 
El asunto es ejemplar. 
El presupuesto general de la Unión Europea para 1995 destinaba 20 millones de ecus a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Sin embargo, el Consejo, a medio año, se negó a aprobar el programa «Pobreza 4» propuesto por la Comisión, que consistía en dispersar asignaciones en favor de pequeños proyectos denominados de «lucha contra la exclusión social». 
Nosotros mismos intervenimos en esa época para apoyar la posición del Consejo, debido a que tales subvenciones son contrarias a la subsidiariedad y sólo sirven para mantener la clientela de la Comisión. 
Esta, atacada en carne viva, decidió pasar por encima de prohibición del Consejo, y anunciar en enero de 1996 que concedía subvenciones a 86 proyectos cuyo objetivo era la «lucha contra la pobreza» , por una cuantía total de 6 millones de ecus. 
Tratándose de una violación flagrante del Tratado: la validez de un gasto comunitario se fundamenta en dos actos sucesivos, la inscripción en el presupuesto y la definición de un fundamento legal, la primera es concedida por el Parlamento y el Consejo conjuntamente, la segunda la concede únicamente el Consejo. 
Ahora bien, era evidente que faltaba la segunda etapa. 
El Tribunal de Justicia se vio en la obligación de reconocerlo. 
Es preciso sacar varias enseñanzas. 
Ante todo, observamos que solamente el Reino Unido, apoyado luego por Alemania y Dinamarca, tuvo el valor de presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia. 
Francia, por su parte, permaneció prudentemente en la retaguardia, a pesar de tratarse de una violación flagrante de los Tratados, así como de los principios, tales como la subsidiariedad, a los que nos declaramos, por lo demás, muy apegados. 
Esta actitud no honra a nuestro país. 
Tal timidez ante el terrorismo permanente de la Comisión explica en parte por qué van mal tantas cosas en Europa. 
Segunda observación: hoy día, sin embargo, la Comisión no se da por vencida. 
Acaba de pedir al Parlamento Europeo que la ayude a hacer presión sobre el Consejo para que se adopte próximamente un acuerdo entre las tres instituciones que garantice, en casos definidos con bastante amplitud, su costumbre de hacer gastos carentes de fundamento legal. 
Esta maniobra nos parece absolutamente intolerable, y pedimos al Consejo que resista a ella. 
Por lo demás, incluso si cediera, este acuerdo interinstitucional sería ilegal, ya que el acuerdo entre las distintas instituciones no podría ser suficiente para esquivar las obligaciones del Tratado, el cual ha sido ratificado por los pueblos y sólo puede ser modificado por ellos. 
Consideramos que Europa no puede continuar así: por un lado grandes proclamaciones sobre la democracia, el respeto del derecho, la subsidiariedad; por otro, un comportamiento de la Comisión contrario a estos principios, e incluso sin ningún arrepentimiento cuando se la encuentra con las manos en la masa. 
Lamentablemente, en lugar de censurar a la Comisión, como debería hacerse en una caso semejante, el Parlamento Europeo, en nombre de su antigua complicidad federalista, la felicita y la anima a continuar. 
No solamente el Consejo debe rechazar el nuevo acuerdo interinstitucional propuesto, sino que sería preciso afirmar de una vez por todas que este tipo de acuerdo debe ser objeto de una aprobación explícita por parte de los Parlamentos nacionales. 
Además, la próxima reforma institucional debería incluir una reforma de la Comisión, destinada a subordinarla con toda claridad al Consejo. 
Informe Garosci (A4-0230/98) 
La Comisión Europea, en su informe sobre los sistemas de control en el punto de venta puestos en práctica por los Estados miembros, hace el recuento de numerosas anomalías. 
En efecto, partiendo del postulado de que este control existe en los quince Estados miembros, la Comisión observa una aplicación diferenciada. 
Ahora bien, cómo coordinar un control de ventas en un aeropuerto y a bordo de los aviones, por ejemplo, sin que ello imponga a los comerciantes esfuerzos financieros adicionales durante un determinado período. 
No olvidemos que este informe de la Comisión Europea se asimila a un balance del funcionamiento del régimen transitorio de las ventas libres de impuestos antes de su supresión, prevista para el 30 de junio de 1999. 
En lo que a nosotros concierne, este importante asunto de la supresión de las ventas libres de impuestos nos inquieta tanto por una razón económica como por una razón social. 
La razón económica se debe al aporte financiero, ya que los ingresos de este sector representan una inversión considerable para el equilibrio económico de los transportes aéreos o marítimos. 
En ausencia de estos ingresos ¿cómo van a financiar su infraestructura? 
Paso seguido, una razón social de actualidad ya que se refiere al empleo en este sector. 
¡Las organizaciones sindicales calculan una supresión de aproximadamente 140.000 puestos de trabajo! 
¿Resulta aceptable cerrar los ojos ante este hecho cuando dirigimos nuestras políticas en favor del empleo? 
Por tanto, aprovechamos la votación de este informe para recordar a la Comisión Europea el compromiso de nuestra Asamblea, que se tradujo en la votación de una resolución el pasado 3 de abril, pidiendo que «concluya y publique, con la máxima urgencia, su estudio independiente de las consecuencias sociales, económicas, regionales y sobre las rentas de la supresión de las ventas libres de impuestos» sobre el empleo en el mercado único. 
La intención manifiesta de la Comisión de persistir en su política de abolir las tiendas libres de impuestos a partir del 30 de junio de 1999 es totalmente inaceptable, en particular porque la Comisión no ha cumplido la promesa que hizo a este Parlamento de llevar a cabo un estudio sobre las consecuencias económicas y sociales de la abolición. 
No sólo ha incumplido una promesa la Comisión, sino que, además, está demostrando que su compromiso para hacer que la UE preste más atención a las necesidades y deseos de sus ciudadanos es poco más que retórica vacía. 
Se calcula que la consecuencia de la abolición de las ventas libres de impuestos será la pérdida de 140.000 puestos de trabajo en toda la UE. 
Cuatro mil de ellos corresponderán a mi país. 
Se perderán puestos de trabajo en los sectores de ventas libres de impuestos, transportes y turismo. 
También padecerán las consecuencias los proveedores de las tiendas libres de impuestos. 
Es evidente que habrá importantes repercusiones negativas en algunas regiones. 
Como se dice en una de las enmiendas presentadas con mi nombre, si la Comisión cumple efectivamente la decisión de abolir las ventas libres de impuestos, tiene el deber de formular medidas para asistir a los que se verán más gravemente afectados. 
El informe contiene, en mi opinión, demasiados detalles sobre cómo se deberá hacer el control de las ventas en los viajes de salida y entrada. 
Por ejemplo, los puntos 9, 10 y 11 de la resolución contienen recomendaciones sobre dónde se deberá sellar el billete cuando se hayan comprado artículos libres de impuestos. 
¿Es esto algo de lo que deba ocuparse el Parlamento Europeo? 
Asuntos de este tipo deberían resolverse en un nivel mucho más bajo. 
En cuanto a las ventas libres de impuestos, he votado en contra de todas las propuestas del Grupo UPE que signifiquen que dichas ventas continúen después del 1 de julio de 1999. 
La única propuesta que he decidido apoyar se refiere a la propuesta de enmienda 9, en cuya parte considerativa se critica a la Comisión por no haber ordenado un estudio de las consecuencias de los efectos de la supresión de las ventas libres de impuestos. 
Sigo opinando que esto es razonable, aunque pienso que las ventas libres de impuestos deberán terminar el año próximo. 
Cuando a causa del mercado interior se suprimieron los controles fronterizos, los Estados miembros no pudieron continuar realizando controles en las fronteras propiamente dichos, como lo habían hecho hasta ese momento. 
En mi opinión, esta decisión fue errónea. 
Por el contrario, se debió haber hecho como en los países nórdicos, es decir, abolido los controles de pasaportes pero manteniendo los demás controles fronterizos y de mercancías. 
En relación con la decisión de suprimir las ventas libres de impuestos, la Comisión prometió estudiar las consecuencias económicas y sociales de tal supresión. 
Esto no se ha hecho en los países nórdicos, por ejemplo, respecto a las consecuencias para el empleo, etcétera. 
Mientras esto no se haga, las ventas libres de impuestos no deben suprimirse. 
Si bien todo el mundo en la Comunidad quisiera que se formulara legislación que apoyen las directivas en pro de un sistema común en los casos en que sea útil, la de las ventas libres de impuestos no es una de aquellas en que se debe consumir el tiempo de la Comisión y el dinero de la Comunidad. 
La aplicación del sistema común se debe hacer de forma que ayude a cada uno de los Estados y a sus ciudadanos. 
En este momento se puede decir que existen, en efecto, lagunas jurídicas en el sistema actual en materia de ventas libres de impuestos, pero la abolición completa del sistema creará problemas más graves que su continuidad. 
Por la falta de hechos y estadísticas concretos a disposición de la Comisión actualmente, resulta evidente que no se han estudiado detenidamente las consecuencias de esa propuesta. 
Su informe data de hace bastantes años y varios de los aspectos principales que justificaban la erradicación han mejorado en gran medida en el sentido de hacer más estricto el control de dichas ventas. 
A consecuencia de la aplicación de ese procedimiento, en 1999 habrá pérdidas drásticas que afectarán simultáneamente a varios sectores viables. 
Una pérdida de 140.000 puestos de trabajo, el aumento de las tarifas por aterrizaje en los aeropuertos, un marcado declive en el sector del turismo de la UE por el aumento de los pasajes y la desvitalización de los aeropuertos regionales son factores concretos que perjudican directamente a la Comunidad. 
No se debe buscar la solución para este problema en una supresión completa del sistema de ventas libres de impuestos, sino en propuestas de una forma más eficiente de llevar a cabo dichas ventas. 
Aunque el presente informe es básicamente de índole técnica- se ocupa del eventual mejoramiento de las regulaciones de control de los vendedores en el «ámbito duty-free» -tiene, sin embargo, un innegable trasfondo político: la supresión de la venta comercial libre de impuestos para las rutas de viaje dentro de la UE a partir de 1999, cosa que yo rechazo decididamente. 
Es posible que los controles en los puertos y en los aeropuertos no sean suficientes y que la cantidad de productos libres fijada por el Consejo se sobrepase a menudo por falta de control. 
En este caso, las regulaciones deben mejorarse siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Económicos. Por este motivo, apruebo el informe Garosci. 
También apruebo las enmiendas presentadas por el ponente que, entre otras cuestiones, abogan por un apoyo financiero a las personas y regiones que se verán afectadas por la supresión parcial del «duty-free». 
Esto pone claramente de manifiesto las consecuencias que de esta medida inútil se seguirán para la política laboral: las ventas «duty-free» representan, especialmente en pequeños aeropuertos regionales, una parte fundamental de sus ingresos. 
Para los viajeros el «duty-free» constituye una distracción agradable mientras aguardan su vuelo; por consiguiente, su supresión sería negativa para ellos y se reflejaría- debido al descenso de ingresos en los aeropuertos- en una subida de los precios de los vuelos. 
También es manifiestamente falso el argumento de que la venta en los «duty-free» perjudicaría al comercio normal: estas ventas están ligadas a un lugar determinado y a su entorno y no se efectuarían en el comercio urbano ordinario. 
También es escandalosa la pertinacia de la Comisión de no querer presentar un estudio sobre las consecuencias de la supresión de los «duty-free» en lo referente al empleo. 
En 1992, los ministros de Finanzas no podían prever la situación del mercado laboral en 1999, de lo contrario, seguramente no hubieran puesto en peligro con toda tranquilidad miles de puestos de trabajo, tan sólo para corregir un mínimo «defecto estético» en el mercado interior. 
La ciudadanía europea es una cuestión de esencial importancia, ya que se señala el espíritu en el que se pretende hacer evolucionar la Unión Europea. 
En realidad, la propia noción de ciudadanía es indisociable de la de Estado y queda de manifiesto que la afirmación de una ciudadanía europea cada vez más extensa corresponde a la voluntad de llegar a un Estado federal europeo, incluso a un Estado centralizado. 
El informe del Presidente De Clercq se inscribe claramente en esta lógica. 
La recomendación dirigida a los partidos políticos para que admitan «en su formación y en sus listas, en el orden adecuado, a ciudadanos de la Unión nacional de otros Estados miembros y les alienten a participar en la vida política del país de residencia» es significativa a este respecto. 
Es fruto de la voluntad utópica de crear un pueblo europeo a marchas forzadas y gracias a artificios jurídicos, yendo en contra de la realidad histórica, cultural y lingüística. 
Todos los temas pueden ser objeto de debate, aunque todavía falta que se haga con toda transparencia y ante los ciudadanos de los Estados miembros. 
Eso es precisamente lo que prácticamente jamás se ha hecho en Europa. 
El sistema que conocemos ha sido construido manteniéndolo a resguardo de los pueblos. 
Aún hoy, la Comisión trabaja en el advenimiento de un superestado centralizado, tal como lo demuestra el documento «La Comisión de mañana» del 16 de abril de 1998 que anuncia que ésta deberá concentrarse todavía más «en las políticas propias al Estado (los asuntos exteriores, la moneda, la seguridad interna, el mercado único, la cohesión económica y social) y las políticas comunitarias.» 
Cabe interrogarse sobre ¿qué quedará para los Estados? 
La Comisión responde: » una mayor delegación de meras tareas de gestión». 
¿Este debate se planteó claramente? 
No. 
Y eso es lo que resulta escandaloso, ya que el sistema político que se construye se hace sin garantía democrática. 
Acaso el Presidente Santer no afirmó, el pasado 27 de mayo: » la Comisión debe continuar desempeñando su papel político, con fuerza y total independencia.» 
Es la reivindicación de un poder cada vez mayor sin la responsabilidad política. 
Esta situación es contraria a los fundamentos mismos de toda democracia. 
El informe del Presidente De Clercq se inscribe en esta lógica de un Estado europeo. 
Acaso la Dirección General de Investigación del Parlamento Europeo no escribía: » la ciudadanía de la Unión... constituye uno de los principios estructurales esenciales de los sistemas políticos federalistas». 
No podemos aceptar esta lógica. 
La democracia exige la proximidad. 
El superestado artificial que quiere construirse tiene todas las características de un poder tan tecnocrático como lejano. 
Es radicalmente contrario a nuestra concepción de una Europa respetuosa de los pueblos y las naciones. 
Si bien me alegro del trabajo de nuestro compañero De Clercq sobre este tema al que concedo especial importancia, también quiero precisar cuáles son, a mi juicio, los límites de tal informe. 
Ante todo, pienso que la ciudadanía no se decreta, se ejerce. 
Una vez establecida esta cuestión previa, cabe precisar los derechos y los deberes de los diferentes protagonistas de la vida democrática, ya que eso es también el ejercicio ciudadano. 
Asimismo, me felicito de las propuestas del ponente dirigidas a los Estados miembros, con el propósito de amplificar y reforzar los derechos del ciudadano. No obstante, es necesario iniciar una reflexión con vistas a incrementar la comprensibilidad de las diferentes instituciones, para que cada europeo pueda ejercer de pleno derecho y con todo conocimiento de causa su ciudadanía. 
Esas observaciones no se limitan, por lo demás, a las meras instituciones europeas, sino también a los Estados. 
En efecto, cómo puede imaginarse que esta ciudadanía a «dos niveles» funcione correctamente si ya aparecen disfuncionamientos a nivel nacional. 
A esta comprensibilidad necesaria, es preciso añadir, en este ámbito, que nada puede evolucionar positivamente si nosotros, los hombres políticos, no tenemos una verdadera credibilidad. 
En efecto, tengo la debilidad de creer que ciudadanía y decisiones políticas son indisociables. 
A este respecto, cara a la imposición del mercado económico sobre nuestra vida diaria, la acción política debe recuperar instrumentos adecuados. 
No se puede y no se debe reducir el ejercicio democrático a un intercambio mercantil. 
Me parece evidente que nuestra debilidad en materia de decisión frente a la emergencia de una economía mundializada contribuye a esta erosión ciudadana que todos constatamos y que es el origen de buen número de violencias verbales, escritas y físicas. 
Por último, de manera más técnica, cómo puede hablarse de ciudadanía europea cuando ha de lucharse, como yo lo hago, con líos fiscales que se prolongan inútilmente desde hace muchos años. 
Una persona afectada por tal problema no puede sino interrogarse legítimamente sobre la realidad de Europa para los ciudadanos europeos. 
A este respecto, los próximos años serán cruciales para que por fin pueda hablarse efectivamente del ciudadano europeo. 
Esta cuestión condiciona en buena medida la credibilidad de la Unión Europea y, por ende, su porvenir, si no su supervivencia. 
La construcción de Europa ha experimentado una inversión de prioridades cuyos efectos negativos se siguen haciendo sentir y que el Parlamento Europeo ha tratado de corregir a lo largo del tiempo. 
Quiero hablar de las cuatro libertades definidas por el Acta única: la libertad de circulación de las personas, de las mercancías, de los servicios y de los capitales. 
Ya se sabe, por razones vinculadas a la primacía concedida a la economía y al rápido avance de las tecnologías, que la primera en realizarse es la libertad de capitales, contrariamente a los deseos y previsiones de los padres fundadores, con las consecuencias que se conocen. 
Por ello, estoy de acuerdo con el ponente cuando recuerda, en el primer punto de su propuesta de resolución, el protocolo del Tratado de Amsterdam destinado a integrar el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea y cuando pide a los Estados miembros que inicien sin tardanza los trabajos de preparación previstos para este fin. 
En efecto, no cabe duda de que la libre circulación de los ciudadanos está vinculada a la supresión de los controles de las fronteras interiores. 
Aunque todavía es preciso que los Estados miembros modifiquen las legislaciones a veces demasiado tímidas respecto a las condiciones de establecimiento, la movilidad de los jóvenes y el reconocimiento de los diplomas. 
Los ciudadanos de la Unión deben sentirse en su casa en cada uno de los Estados miembros y deben tener toda la libertad de instalarse, vivir, estudiar y trabajar en ellos. 
En cuanto al derecho de voto en las elecciones municipales, me alegro, como belga, que el ponente haya pedido a Francia y a Bélgica que transpongan la correspondiente Directiva a su legislación, y a la mayor brevedad posible. 
Se trata de una cuestión que atañe los fundamentos de la democracia. 
Por lo demás, estoy personalmente a favor de un derecho de voto acordado a todos aquellos que están instalados en mi país desde hace varios años y que satisfacen un determinado número de condiciones, trátese o no de europeos. 
La ciudadanía europea que implique este derecho de voto a las elecciones municipales va pareja con el respeto de las minorías y, de manera más amplia, atañe la defensa de nuestros valores que son la tolerancia, el respeto de las diferencias y la comprensión mutua. 
Estos valores son el único verdadero antídoto contra el aislamiento, el nacionalismo, la xenofobia y el racismo. 
El desafecto del público respecto a la construcción europea es patente en el interior de varios Estados miembros. 
Muy a menudo, nuestros conciudadanos tienen el sentimiento que sólo funciona la Europa de la economía y de las finanzas, con su cortejo de reestructuraciones y despidos. 
Necesitamos imperativamente corregir esta percepción, que lleva a demasiados europeos a considerar que la Europa que se hace no es la suya, cuando no le toman ojeriza. 
La ciudadanía de la Unión se encuentra en el núcleo mismo del vínculo que debe unir a los europeos con la construcción europea. 
Seis años después de su inscripción en el Tratado de Maastricht, la ciudadanía sigue siendo todavía demasiado teórica para nuestros conciudadanos. 
En el inconsciente colectivo de los europeos, se es ciudadano del territorio que se puede recorrer libremente en todos sentidos, sin tener que mostrar sus documentos de identidad. 
Todavía hoy existen demasiados obstáculos que impiden que eso sea una realidad en la Unión Europea. 
Las medidas que figuran en la propuesta de resolución que hoy nos ocupa va seguramente en el buen sentido. 
Por ello, la apoyo sin ambigüedad alguna. 
El derecho de voto es otra expresión irreductible de la ciudadanía. 
Por tanto, una pregunta: ¿se puede ser verdaderamente un ciudadano europeo de pleno derecho si, en el Estado en el que se reside, pero cuya nacionalidad no se posee, las leyes y los procedimientos electorales que rigen su participación en los escrutinios europeos y que le son aplicados son diferentes a los que rigen el derecho de voto para los nacionales a esas mismas elecciones? 
Por mi parte, respondo claramente que no. 
Me parece, pues, indispensable ir más lejos que la resolución actual. 
Tenemos que conseguir que en materia de elecciones europeas, las leyes aplicables a los nacionales lo sean automáticamente a los ciudadanos de la Unión Europea que residan en el territorio nacional. 
En el caso de mi país, ello significa, entre otras cosas, que el voto sería obligatorio para todos los nacionales de los Estados miembros de la Unión que residen en Bélgica, a menos que puedan probar que votan en su propio país. 
Por extensión, debe el mismo trato equivalente en las elecciones locales. 
Los diputados liberales pueden apreciar en el Informe De Clercq sobre la ciudadanía de la Unión muchos aspectos positivos y reconocer la necesidad de la participación de los ciudadanos en la construcción europea. 
Si no se acepta esto, no puede haber una Europa común. 
También vemos el proceso actual, en el que los políticos, sobre todo en el ámbito europeo, hablan mucho de la cercanía al ciudadano, pero la descuidan con frecuencia a la hora de su realización. 
Con todo, hemos rechazado el informe en su conjunto, porque rechazamos el Instituto de la ciudadanía de la Unión, en realidad por la ausencia de un pueblo europeo. 
Los firmantes de esta explicación de voto consideramos inaceptable en casi todos sus aspectos el informe del Sr. Clercq. 
Optamos en consecuencia por votar en contra del informe. 
Por ejemplo, entendemos el deseo del informe del Sr. Clercq relativo a la armonización de los sistemas escolares de los países comunitarios en el campo de los programas como manifestación de una idea peligrosa, sobre todo en vista de la propuesta del informe por la que se implanta la enseñanza común de materias escogidas que podrán promover visiones positivas y unívocas de los alumnos sobre la Unión Europea. 
En nuestra opinión es excelente enseñarles a los alumnos historia y cultura europeas y también es una idea excelente una coordinación voluntaria entre los países europeos y sus colegios y profesores sobre determinadas materias. 
De esta forma obtienen nuestros niños y jóvenes un conocimiento amplio y transfronterizo de la historia y cultura de los demás. 
Sin embargo, ésta sí que no es precisamente la intención del informe del Sr. Clercq. 
En éste, la intención únicamente es influir en actitudes de niños y jóvenes en favor de una determinada posición política caso si el objetivo final es generar un sentimiento de adhesión a los Estados Federales de Europa. 
Por lo demás, no podemos sumarnos al deseo relativo a la incorporación de los principios de Schengen al tratado de la Unión, pues estamos en contra del acuerdo de Schengen. 
Nuestra oposición se basa en que Schengen no conduce a una mayor libertad para el ciudadano, al contrario, los principios de Schengen suponen un control individual oculto y cada vez más indefinido. 
Además, queremos oponernos del modo más enérgico a que la UE ejerza cualquier influencia sobre pensiones y otras prestaciones sociales. 
Son cuestiones enteramente nacionales. 
Por último, no consentimos que la Unión trate de terciar en qué candidatos eligen los partidos para presentarlos a las elecciones al Parlamento Europeo. 
El abajo firmante ha votado en contra del informe de De Clercq por las siguientes razones: 
1.Los estados deben resolver los asuntos de ciudadanía sin participación de la Unión. 
También en el futuro esto debe seguir siendo una prerrogativa de los estados.2.El derecho a voto en elecciones municipales de los residentes puede decretarse sin el establecimiento de una ciudadanía de la Unión. 
En Suecia todos los residentes ya tienen derecho a voto municipal después de dos años de residencia.3.Una ciudadanía de la Unión crea automáticamente una discriminación respecto de residentes que son ciudadanos de países situados fuera de ella. 
El derecho a voto en elecciones municipales debe ser igual para todos, independientemente del país de origen.4.Como muestra la experiencia, la circulación de personas desprovista de restricciones no es en absoluto deseable, por razones sociales. 
Los estados tienen que poder garantizar a los nuevos residentes buenas condiciones, derechos e integración.5.La idea de enseñar acerca del " tronco común» en la historia europea es totalmente grotesca. 
Semejante concepto estereotipado de la historia es equivalente a la censura de la ciencia crítica e implica el establecimiento de un dudoso concepto de la historia real. 
No se crea una identidad real con estos métodos artificiales.6.Mucho más interesante que las improductivas y erróneas propuestas del informe sería abolir el actual sistema cuasiautoritario de gobierno de la Unión y reemplazarlo por uno más sencillo que descansase en la soberanía popular y en el principio de la transparencia. 
Sólo así Europa llegaría a ser la Europa de los ciudadanos y no de los funcionarios, los juristas y las elites. 
He votado con convicción a favor de la resolución de la Comisión de Asuntos Jurídicos relativa a la ciudadanía de la Unión, párrafo 11 inclusive, en el que se solicita a la administración belga que transponga inmediatamente la directiva relativa al derecho de voto de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales. 
Esto, además, debía haber sucedido hace dos años. 
Tal vez valga la pena recordar que mi partido, el Partido Democristiano Flamenco (CVP) siempre ha adoptado una actitud positiva respecto de este derecho europeo de elección. 
Quiero utilizar mi explicación de voto para hacer un llamamiento a mis colegas belgas de esta Asamblea, a fin de que no hagan grandes declaraciones solamente aquí, en el Parlamento Europeo, sino que también trabajen sobre esta cuestión en sus propios partidos nacionales. 
La administración belga quiere transponer la directiva desde hace tiempo, pero para que su transposición pueda desarrollarse armoniosamente, debe modificar primero su Constitución. 
Para ello, es necesaria una mayoría de dos tercios en el Parlamento Federal Belga. 
Para lograrlo, los partidos de la oposición deben colaborar. 
Si el ponente, el Sr. de Clercq, que es un miembro destacado de uno de estos partidos de la oposición, puede convencer a su propio partido nacional para que apoye esta votación, el llamamiento que ha hecho ante el Parlamento Europeo puede obtener una rápida respuesta. 
Su informe ganaría credibilidad. 
Voto en contra de este informe por muchos motivos. 
Por ejemplo, opino que no debemos gastar más dinero en la llamada información de objetivo preciso, es decir, en propaganda de la Unión. 
Creo que tampoco conseguiremos "aumentar la conciencia europea» mediante la creación de una" historia europea». 
Además, estimo que no debemos armonizar los libros y el período lectivo. 
Creo que la mayoría de los suecos, tanto padres como alumnos, están conformes con el modelo sueco que significa que tenemos vacaciones de verano en junio, julio y agosto. 
En pocas palabras, este informe es demasiado federalista para que yo vote a su favor. 
Informe Oomen-Ruijten (A4-0095/98) 
En numerosas ocasiones, el Parlamento Europeo se ha pronunciado en favor de que el reconocimiento de los derechos sindicales se haga efectiva. 
Este texto de nuestra compañera Oomen-Ruijten es de esencial importancia, y no puedo sino apoyar esta iniciativa de inscribir estos derechos en el Tratado de la Unión. 
Debido a mi compromiso político, me felicito también del espíritu general de este informe, que pone de relieve la concertación y el consenso como condición de un desarrollo social y económico sostenible. 
Asimismo, observo con interés la preocupación de nuestra compañera por ver concretarse el estado aún embrionario entre los distintos interlocutores, no ya entre las centrales nacionales, sino a escala europea. 
Este nuevo enfoque, si se concreta, no puede sino ser benéfico para el futuro de las relaciones sociales en el seno de las empresas, y de vital importancia para que nuestra competitividad resulte sostenible. 
Este importante avance en favor del reconocimiento de los sindicatos es un acto que puede ayudar a que nuestros conciudadanos reconozcan mejor el papel que éstos desempeñan. 
Es un factor de equilibrio y de progreso. 
Por último, más allá de este texto, compruebo con «sorpresa» que algunos van a votar un texto que refuerza los derechos sindicales, cuando los mismos rechazan muy a menudo cualquier forma de representación para los asalariados en su propio país. 
¡» Verdad, en Bruselas... » «escándalo» en París! 
¡Vayan ustedes a saber! 
El proceso europeo de negociación colectiva permitirá la aplicación coordinada de la política del empleo y de la Unión Económica y Monetaria. 
Un desarrollo social y económico sostenible y el fortalecimiento de la actividad económica, la creación de empleo, dependen del consenso social, la concertación y una diplomacia activa. 
La restauración de los equilibrios sociales fundamentales no se hará sin el apoyo de los interlocutores sociales y el desarrollo de un diálogo social europeo. 
La experiencia nos demuestra que la mundialización parcial que vive Europa desde hace más de diez años se ha acompañado de numerosos efectos perversos provocados por la ausencia de un diálogo social europeo. 
Una mayor concertación hubiera podido evitar mucha miseria y angustia. 
Esperemos, al menos, que esta experiencia dolorosa nos sirva de lección para evitar otros dramas respecto a la mundialización en curso. 
Agradezco a la ponente y la felicito por el trabajo presentado. 
Considerando la larga tradición sueca en torno a las posibilidades y obligaciones de los sindicatos, hoy he votado en contra de este informe. 
El movimiento sindical sueco es, en comparación con el de muchos otros países comunitarios, muy fuerte, está muy desarrollado y tiene una posición especial en el campo del mercado de trabajo. 
Hay en esta propuesta un riesgo evidente de que muchos de los derechos de que actualmente gozan los sindicatos se vean amenazados, por ejemplo, en relación con los convenios colectivos. 
Es evidente que no tengo nada en contra de las demandas de derechos sociales básicos pero, ¿deben centralizarse realmente estos asuntos en Bruselas? 
Es importante que fortalezcamos los derechos sindicales en todos los ámbitos, por ejemplo, el derecho de asociación, el derecho a celebrar convenios colectivos y el derecho a huelga. 
Un camino puede ser también inscribir esos derechos en los tratados en el ámbito europeo. 
Otro camino puede ser dejar que los sindicatos se encarguen de esto sin regulación mediante tratados. 
El riesgo de una regulación comunitaria es que los derechos sindicales pasen a formar parte del derecho comunitario y que se limiten en lugar de fortalecerse. 
Obviamente que se debe intentar evitar grandes conflictos en el mercado de trabajo, pero el asunto es si se va a regular en el ámbito de la UE. 
La propuesta puede apoyarse con la condición de que sean las partes involucradas en el mercado de trabajo quienes den forma a las reglas de negociación y a los principios en el ámbito europeo. 
He votado a favor de este informe puesto que estoy convencida de que los derechos sindicales supranacionales son imprescindibles como contrapeso del mercado internacional. 
Cuando nuestra comisión sometió a debate este informe en febrero de este año, me pronuncié en contra del mismo. 
Entonces, justifiqué mi decisión afirmando que se trataba de una cuestión de principios tan delicada que no se debía adoptar una decisión demasiado precipitada. 
El movimiento sindical finlandés tampoco se ha pronunciado hasta el día de hoy sobre este asunto. 
Los acontecimientos del pasado invierno demuestran, sin embargo, que si no se garantiza a nivel europeo el derecho a la huelga de los trabajadores, es posible que se produzcan interferencias escudándose en el buen funcionamiento del mercado internacional. 
No obstante, resulta evidente que cuando se emprenda la organización de derechos sindicales a nivel europeo, los interlocutores sociales deberán participar en esta tarea desde un primer momento y desempeñando un papel fundamental. 
Resulta igualmente evidente que los derechos sindicales establecidos a nivel europeo no deberán debilitar bajo ninguna circunstancia los derechos que garanticen las legislaciones nacionales. 
La posición del Partido Laborista en el Parlamento Europeo es la de mantener los usos actuales en materia de relaciones laborales en el Reino Unido, pero entiende las circunstancias a que responde el informe de iniciativa propia de la Sra. Oomen-Ruijten, pues afecta a otros países de la UE. 
Tengo mucho gusto en votar a favor de este informe hoy y me alegro de que por iniciativa de este Parlamento se tenga en cuenta la necesidad de equilibrar la insistencia de la UE en el comercio con una importante dimensión social. 
Como se señala acertadamente en el informe, es digno de beneplácito que el Gobierno de mi país haya decidido poner fin a la cláusula de exclusión del Capítulo Social que amenazaba con dejar a los trabajadores británicos como ciudadanos de segunda clase en comparación con los de otros países de la UE. 
Sin lugar a dudas, es más que justo que los sindicatos y los grupos de empleadores que representan a las personas que hacen funcionar nuestras economías vean sus derechos de asociación consagrados en el Tratado de la Unión Europea en el futuro. 
¿Y a quién mejor consultar sobre cuestiones como los derechos de los sindicatos en las empresas multinacionales que a los sindicatos en los que participan millones de nuestros trabajadores? 
Hace treinta años, mi predecesora como diputada al Parlamento Europeo por Greater Manchester West, Barbara Castle, hacía campaña en Gran Bretaña a favor de un nuevo planteamiento de los derechos de los trabajadores para substituir la lucha laboral por la cooperación y la equidad. 
Ojalá hubieran recibido entonces más apoyo sus gestiones. 
Al votar a favor de este informe, me comprometo con la posición encaminada al logro de otro paso adelante en el tipo de cooperación entre empleadores y empleados que debe contribuir a substituir las disputas perjudiciales por una actitud de cooperación. 
Eliminemos la burocracia que pesa sobre las espaldas de los empresarios y los empleados y permitámosles formular propuestas para que negocien entre ellos. 
Con ese espíritu de labor en equipo en el lugar de trabajo, Europa puede crear unos usos laborales equitativos, como está haciendo el Gobierno de mi país. 
El 17 de junio, mediante sentencia del Tribunal Europeo de Primera Instancia, se rechazó muy lamentablemente la demanda de la UEAPME, la organización empresarial de las PYMEs, para que se le permitiera participar en las consultas sociales europeas como interlocutor social pleno. 
Esta sentencia confirma la posición dominante de los actuales interlocutores sociales europeos la UNICE, el CEEP y la CES. 
Esta sentencia nos hace cuestionar de nuevo el procedimiento acordado en Maastricht conforme al cual los interlocutores sociales «representativos» pueden negociar convenios colectivos europeos sin la intervención del Parlamento Europeo y la participación del Consejo solamente como «notario». 
El informe Oomen-Ruijten subraya justificadamente que la victoria de intereses contrapuestos mediante la consulta y el consenso social contribuye al refuerzo de las empresas y de la economía en su conjunto, así como a la creación de puestos de trabajo, y que un consenso semejante es un requisito esencial para que se produzca un desarrollo económico y social duradero. 
Con razón, el informe también remite a los convenios de la OIT 1987 y 1998 redactados en los años cuarenta y a la Carta Social Europea del Consejo de Europa, en los que se recoge el derecho de asociación y de negociación colectiva en el ámbito nacional. 
Justificadamente, el informe también señala que estos convenios de la OIT deben aplicarse en el ámbito comunitario. 
Sin embargo, quiero subrayar que si bien los interlocutores sociales deben contar siempre con una representación suficiente, a todo el mundo debe poder llegarle su turno. 
Así, es inadmisible que la CES no acepte en su seno sindicatos importantes. Pienso en la ACVLB de Bélgica o la CGT de Francia. 
Las mismas observaciones se aplican a la parte empresarial. 
Lamento que la UEAPME no sea reconocida como interlocutor social pleno. 
Esta decisión es contraria a los convenios de la OIT anteriormente mencionados. 
Esta sentencia es una aberración. 
Los interlocutores sociales deben ser suficientemente representativos. 
Pronunciarse sobre si una organización que cuenta con más de nueve millones de miembros, que da empleo a casi 50 millones de trabajadores, debe ser excluida de las discusiones relativas a la negociación de un convenio colectivo europeo es, en mi opinión, inadmisible. 
Protesto vehementemente contra esto. 
La Europa social verdaderamente tiene todavía que recorrer un largo camino. 
Informe Ghilardotti (A4-0203/98) 
El trabajo de los voluntarios es irremplazable. 
Se encuentra en el sector asociativo local, pero también a todos los niveles de nuestra organización de la sociedad, ya sea la región, el Estado, la comunidad e incluso a nivel mundial. 
A menudo nos da buena conciencia y desempeña un papel de pez piloto que permite experimentar e invertir en nuevos sectores de actividad y de solidaridad humanos. 
Asimismo, se trata de un sector de actividad ávido de que se reconozca su utilidad, pero si bien a veces resulta fácil estimularlo, también es fácil de desanimar. 
Los administradores públicos mostrarían gran lucidez si se convencieran de ello y consideraran que los medios humanos y financieros destinados al apoyo de las asociaciones y las fundaciones en Europa son el medio más eficaz, más razonable y probablemente el más barato que podamos poner en práctica para responder a las necesidades sociales de nuestra sociedad. 
La cohesión económica y social de la Unión Europea incumbe y también debe incumbir a los ciudadanos. 
En toda Europa, numerosas asociaciones trabajan en todos los sectores de la sociedad y representan un verdadero soplo de vida democrática y de toma de responsabilidades ciudadana. 
Sirven a menudo para paliar las lagunas de la acción de los poderes públicos. 
Entre otros, en ámbitos sociales tan fundamentales como la formación, la educación o la solidaridad. 
A menudo se ha dicho en este recinto y por la Comisión, que este tipo de organizaciones podía además constituir una importante cantera de puestos de trabajo, capaces de responder de una manera flexible y eficaz a algunas de nuestras necesidades no satisfechas. 
Por ello, es preciso apoyar las propuestas destinadas a incrementar las ayudas europeas, nacionales o regionales de las que pueden beneficiarse estas asociaciones para fomentar el empleo en sectores prioritarios tales como la salud o la educación, siempre y cuando los puestos así creados sean verdaderos puestos de trabajo cubiertos por verdaderos contratos laborales y no meros «trabajos temporales» precarios o mal pagados, buenos solamente para hacer descender las estadísticas del desempleo. 
En conclusión, apoyo resueltamente, con la ponente, la voluntad de la Comisión de promover el papel de las asociaciones y fundaciones en Europa. 
Sin embargo, también quiero recordar al Consejo y a la Comisión el interés de elaborar a escala de la Unión Europea un estatuto aplicable a las organizaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades mutualistas que dependen del sector asociativo. 
Informe Chanterie (A4-0229/98) 
Al cabo de siete meses del conflicto de los conductores de los transportes por carretera en Francia, la Unión Europea empieza a percatarse de las lagunas que existen en su legislación relativa a la duración del tiempo de trabajo. 
El 15 de julio de 1997, la Comisión Europea presentó un Libro Blanco sobre los sectores y las actividades excluidos de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Ahora bien, al leer esta última, no podemos sino sorprendernos de no encontrar en ella propuestas de directiva o reglamento. 
En calidad de miembro de la Comisión de Transportes y Turismo, subrayaré la importancia de una legislación relativa a los conductores de los transportes por carretera. 
Ya sería hora de modificar el Reglamento en aplicación desde 1985 (3820/85) relativo al tiempo de conducción y de reposo. 
Es necesario integrar en éste nuevos datos tales como el límite diario, semanal, del número de horas de conducción, incluyendo el tiempo de carga y de descarga como parte integrante del trabajo del conductor de transportes por carretera. 
En este sentido, el informe del Sr. Chanterie se ocupa de estas preocupaciones y no puedo sino rendirle homenaje. 
Ya en diciembre de 1997, el Gobierno francés había presentado un memorándum solicitando una armonización europea de los reglamentos sociales en los transportes por carretera antes de la apertura total del mercado, fijada al 1 de julio de 1998. 
La Comisión ejecutiva, apegándose a los objetivos del memorándum (reglamentación del tiempo de actividad abarcando los tiempos de carga y de descarga, obligación de formación inicial y continua de los conductores de transportes por carretera profesionales, armonización de los controles y las sanciones aplicables en caso de no respetar las legislaciones sociales) se ha retrasado en la presentación de una propuesta. 
Ahora bien, los protagonistas de este sector no bajarán los brazos y permanecerán vigilantes. 
La amenaza de huelga sigue estando al orden del día y el argumento de que se ataca con ello el principio de la libre circulación no hará levantar las barreras. 
La Unión Europea, al preocuparse de este aspecto social, recuperará una credibilidad. 
Con motivo de la votación de este informe, quisiera recordar la urgencia de una armonización de los transportes por carretera europeos. 
Desde el momento en el que se permite el cabotaje, es insoportable ver desarrollarse el dumping social y la explotación de los conductores de transportes por carretera. 
Es económicamente injusto, socialmente insoportable y, añado, peligroso para todos... ¡en términos de seguridad vial! 
Por tanto, es preciso actuar con la mayor rapidez, so pena de ver multiplicarse conflictos costosos... y comprensibles... 
Es factible conseguirlo si existe la voluntad política... 
¡Toca a nuestros ministros expresarse y actuar! 
Tomemos un solo ejemplo, que los países del norte conocen bien: en Francia, los conductores de transportes por carretera no pueden circular el domingo... ¡en Bélgica, sí !... 
Resultado: los camiones de carga se aglutinan en Rekem y a las 22 horas kilómetros de filas de camiones de carga invaden la ciudad de Lille y atraviesan Villeneuve d ' Ascq, dirección París... 
A la hora del euro y del gran mercado, es un ejemplo patente del carácter desigual de una construcción europea desequilibrada, que los ciudadanos europeos ya no aceptan. 
La apertura de los mercados y la competencia internacional hacen que el tiempo de trabajo se convierta en una variable importante para la competitividad de las empresas europeas en los mercados interior y exterior. 
Con una aplicación correcta, otra ordenación del tiempo de trabajo es capaz de crear o preservar un número importante de puestos de trabajo. 
Mal concebida, puede por el contrario acarrear consecuencias nefastas para la seguridad, la salud, la vida familiar y la vida social de las personas afectadas. 
Queda de manifiesto que los sectores y las actividades excluidos de la actual reglamentación comunitaria del tiempo de trabajo lo han sido por motivos políticos y económicos discutibles que poco tienen que ver con consideraciones económicas o sociales. 
Por ende, comparto con nuestro ponente el punto de vista, también expresado por los comités paritarios de varios sectores excluidos, que el tiempo de trabajo incumbe plenamente al diálogo social europeo. 
Si cada uno debe tener claro que la flexibilidad necesaria a la competitividad de nuestras empresas no puede en ningún caso convertirse para los trabajadores en sinónimo de degradación de las condiciones de vida y disminución de las normas de seguridad y de protección, también es preciso denunciar como inaceptable que los trabajadores excluidos de las ventajas de una legislación europea se vean, por tanto, obligados a trabajar en condiciones perjudiciales para su vida familiar, peligrosas para su salud y su seguridad o la de los demás. 
Por ende, apoyo totalmente la resolución que hoy nos ocupa. 
Insisto de manera muy especial en la necesidad de que la Unión Europea se dote de los medios necesarios, con el fin de reforzar los controles y armonizar las sanciones, en la lucha contra la duración excesiva del trabajo. 
La Comisión, en concertación con los interlocutores sociales y los Estados miembros, debe desempeñar en este sentido un papel motor. 
Es preciso alegrarse de que este informe se preocupe por las condiciones de trabajo de los sectores y actividades excluidos de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. En especial, los trabajadores de los sectores de los transportes, de la pesca marítima, los médicos en período de formación y los trabajadores por cuenta propia. 
Es evidente que la duración del tiempo de trabajo constituye un elemento esencial de la calidad de vida de todos los ciudadanos, y en especial de los seis millones de trabajadores afectados. 
Sin embargo, es preciso recordar que desde hace más de un siglo las ventajas de la productividad siempre se han repartido entre las inversiones económicas, la mejora de los ingresos de los trabajadores y la reducción del tiempo de trabajo. 
Esta evolución, ratificada por acciones fuertes en favor de la semana de cinco días, la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, el derecho a una formación profesional calificadora, se ha acompañado de un crecimiento económico continuo y de la emergencia de una sociedad que comparte entre todos los consumidores los frutos del trabajo. 
Desde hace casi veinte años, este proceso empezó perder impulso para luego frenarse, creando cada vez una mayor exclusión y pobreza para aquellos que no participan en el reparto del trabajo. 
Ya es hora de invertir el proceso y administrar de otra manera los recursos humanos. 
Cada uno debe participar en el esfuerzo común y debe beneficiarse a su vez de la parte de riquezas generadas con el fin de que su familia disfrute del bienestar general. 
En nuestra sociedad, el tiempo de trabajo dedicado a la formación ha adquirido una importancia considerable. 
Por tanto, es preciso afirmar que cada trabajador tiene el derecho y el deber de mejorar sus calificaciones profesionales en el curso de su carrera y poder repartir el tiempo de trabajo entre el trabajo de producción o de servicio y el trabajo de formación. 
Esta posibilidad, que todavía forma parte del campo de la utopía, salvo para los ejecutivos, merece la atención de los interlocutores sociales y debería ser objeto de cláusulas específicas en cada contrato de trabajo y en cada reglamento. 
El progreso de nuestra sociedad requiere una mayor inversión en el hombre, en su inteligencia, en su deseo de que se reconozcan sus competencias, en su capacidad de progresar durante toda su vida. 
Hemos votado en el día de hoy a favor de que todos los asalariados de la UE se beneficien en la medida de lo posible de la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de 1993. 
Hay, desde luego, algunas circunstancias especiales que se dejan sentir en partes del sector del transporte. 
Sin embargo, todos los asalariados móviles deben verse afectados como mínimo por las normas sobre vacaciones anuales, revisiones médicas para los trabajadores nocturnos, períodos de descanso y jornada laboral anual. 
Es una solución excelente que las normas relativas a la ordenación del tiempo de trabajo de los asalariados móviles en los sectores excluidos se negocien para su puesta en marcha entre las partes del mercado laboral. 
Nos alegramos, por tanto, de los acuerdos que ya se han contraído, entre otras cosas, en el sector marítimo. 
Es absolutamente inaceptable que cinco millones de asalariados no móviles comunitarios no estén amparados por la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. 
Tenemos, por tanto, una situación en la que el vendedor de una oficina de los ferrocarriles estatales daneses tiene otras condiciones de jornada laboral que el vendedor de un cine, aunque los dos sean vendedores. 
Podemos, por tanto, sumarnos a la petición para que todos los asalariados no móviles comunitarios estén completamente protegidos por la directiva. 
El informe del Sr. Chanterie destaca con toda razón que es urgente, e incluso sumamente urgente, poner un término a la escandalosa exclusión de un número considerable de asalariados de la directiva europea sobre el tiempo de trabajo. 
Esta directiva, ya bastante insuficiente y limitada, fue juzgada, desde su aprobación en 1993, totalmente insatisfactoria por el Parlamento Europeo. 
¡Al cabo de cinco años, millones de asalariados siguen sin beneficiarse de ninguna protección mínima por parte de Europa! 
Al cabo de cinco años, cuando se constatan por todos lados enormes ganancias de productividad, el Consejo y la Comisión Europea son incapaces de proponer mejoras sustanciales a la Directiva de 1993 y de tomar decisiones concretas relativas a los sectores excluidos. 
En efecto, al Parlamento sólo se le consultó sobre un Libro Blanco. 
¿Cuánto tiempo se precisará para que una directiva regule el caso de los sectores excluidos y se mejore la actual directiva? 
El caso del transporte por carretera es uno de los más significativos. 
Hoy día, el mercado del transporte por carretera está abierto, liberalizado, desregulado. 
Al mismo tiempo, a pesar de las reivindicaciones de los asalariados, e incluso, de los movimientos de huelga, ninguna reglamentación europea que armonice- para mejorarla- su tiempo y sus condiciones de trabajo viene a limitar los riesgos de dumping social, de deterioración de las normas sociales más favorables, ni viene a proteger su seguridad, ni tampoco, de hecho, la de los demás. 
¡Europa está fallando! 
El tiempo de trabajo de los conductores de los transportes por carretera debe tener en cuenta el tiempo real efectuado y obligado (descarga, carga, pausa, etc.) , debe aproximarse muy rápido a la 35 horas semanales y no podría superar las 39 horas. 
Cómo, de lo contrario, atreverse a hablar de «modelo social europeo». 
Cómo, de lo contrario, atreverse a prever penalidades financieras para los Estados miembros donde los movimientos de los conductores de transportes por carretera bloquean la circulación para hacer escuchar sus legítimas reivindicaciones. 
Si de aquí a finales del año no se aprueba ninguna directiva operativa para esta profesión, la Europa liberal habrá pasado por encima, una vez más, del proyecto de una Unión al servicio de los pueblos. 
El informe Chanterie va en la buena dirección; podría ir todavía más lejos, pero por ahora lo primero es la urgencia de establecer un marco protector para los seis millones de asalariados más expuestos. 
Por ello, voto en favor de este informe. 
Podría, sin ninguna dificultad, escribirse una novela sobre la evolución y las discusiones sobre el tiempo de trabajo en el sector de los transportes. 
Por ello, pienso que ya hay bastante literatura y palabrería, como diría Pauline Green, y que ahora es preciso encontrar rápidamente soluciones para acabar una iniquidad día a día más insoportable. 
En efecto, cómo puede dejarse un sector tan vital de nuestra vida diaria al margen de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, cuando en todos los demás sectores de trabajo las condiciones sociales están reglamentadas. 
Cuando se comprueba que, en una época en la que se habla de la semana de trabajo de 35 horas, la Directiva 3820/85 autoriza en los transportes por carretera un tiempo de trabajo de 13 horas, un reposo diario de 11 horas, no pudiendo reducirse a 9 horas más de tres veces por semana, se cae en la cuenta de que nos encontramos ante una situación donde la reglamentación social data de otra época, en condiciones de trabajo que ya criticaba Émile Zola en «Germinal». 
Es preciso que acabemos con esto. 
Los conductores de transportes por carretera comprenden muy bien que realizan un trabajo muy importante, que su empresa debe funcionar, que la economía europea necesita de ellos, pero no les gusta que los tomen por cretinos. 
Si no se quiere correr el riesgo de nuevos conflictos sociales y de un dumping inaceptable, nos es preciso resolver rápidamente esta asignatura pendiente. 
Una primera solución consiste, a mi juicio, en separar las ocupaciones no móviles de los puestos de trabajo móviles. 
De todas maneras, los puestos de trabajo no móviles no deberían figurar, desde hace mucho tiempo ya, en las exclusiones destinadas al sector de los transportes, habida cuenta de que la mayor parte del tiempo están ocupados por el mismo tipo de asalariados del mundo laboral en general. 
Luego, es preciso encontrar soluciones para la gente ocupada en los diferentes sectores del transporte, a saber los transportes por carretera, la navegación marítima y fluvial y la tripulación de vuelo y cabina en la aviación. 
Para estos tres sectores, se requieren horas de trabajo y de reposo convenientes, prever compensaciones aceptables, con un modo de cálculo del tiempo de trabajo para un período de 28 días y otro de 365 días para el cálculo de la jubilación, lo que en el futuro podrá controlarse fácilmente en los transportes por carretera gracias a la introducción del nuevo tacómetro 1 B. 
Estos elementos podrían satisfacer a una profesión que, por su naturaleza, está obligada a trabajar de manera distinta a todos los demás sectores y para la que podría así calcularse el tiempo de trabajo realmente realizado durante un año con vistas a acceder a una jubilación a los 55 años, como se negoció a raíz de una huelga en Francia. 
Como nos vemos obligados a comprobar que en las distintas comisiones paritarias, las negociaciones se hacen cada vez más problemáticas y corren incluso el riesgo de fracasar, provocando una pérdida de tiempo considerable, pienso que es oportuno legislar. 
Toca a la Comisión asumir sus responsabilidades. 
Estoy seguro de que el Parlamento Europeo la imitará. 
Cinco años después de la aprobación de la complicada directiva sobre el tiempo de trabajo, la Comisión, mediante su Libro Blanco, actualmente en revisión, viene a plantear el problema de las numerosas excepciones y desviaciones impuestas por el Consejo de Ministros, haciendo caso omiso de las propuestas del Parlamento Europeo. 
Indudablemente, los seis millones de trabajadores que no entran dentro del ámbito de aplicación de la directiva deberán someterse a disposiciones protectoras, teniendo en cuenta, por supuesto, las particularidades de cada rama. 
Además de la regulación legal, también se debe prestar especial atención a la aplicación de la legislación protectora vigente y, por extensión, a combatir los fenómenos de la competencia ilegal al tiempo que se observan los fenómenos, ampliamente extendidos, del trabajo negro y sin control, sobre todo en las ramas del transporte por carretera y marítimo. 
La aplicación de las directrices destinadas a abrir los mercados a la notoria competencia y a la supresión, por cualquier medio, de los agentes estatales, unida a la lógica de la reducción, a cualquier precio, del coste de funcionamiento en sectores como el de los transportes aéreos y ferroviarios han conducido a la violación de los convenios conjuntos, no sólo en lo referente al tiempo de trabajo, sino también en lo referente a las restantes condiciones de trabajo. 
Desde este punto de vista, cualquier regulación protectora para los trabajadores sería positiva, siempre y cuando sea resultado de deliberaciones auténticas y representativas con sus organizaciones sindicales y conduzca a la reducción de las arbitrariedades cometidas a su costa. 
Sin embargo, deseamos señalar el contenido insuficiente de la Directiva 93/104 «relativa a ciertos datos de la organización del tiempo de trabajo». 
Una directiva que prevé que el tiempo máximo de trabajo semanal permitido es de 48 horas en un momento en que, cuando fue adoptada la directiva, el tiempo básico de trabajo era de 40 horas (teniendo como resultado que tan solo se redujera el tiempo de trabajo en Inglaterra e Irlanda) , una directiva que contiene una gran cantidad de excepciones y posibilidades de desviaciones nacionales, que permite el trabajo nocturno, el sobretrabajo y las horas extraordinarias en lugar de propugnar el trabajo de 35 horas semanales sin disminución de las retribuciones, no garantiza en su justa medida los derechos de los trabajadores. 
Por desgracia, la Comisión, siguiendo fielmente una fuerte lógica de economista en lo referente al concepto de la competencia, se niega también hoy a sacar las conclusiones necesarias del retroceso impuesto por el Consejo en la directiva relativa a la Carta de los Derechos Fundamentales y se limita a comprobar que «la directiva ya permite trabajar más horas de las acostumbradas en los Estados miembros». 
La lógica que rige a Consejo y Comisión, es decir, la lógica de la armonización social mínima (o de las escasas especificaciones) , ha demostrado que no sólo no conduce a la consolidación de los derechos de los trabajadores y a la mejora de la legislación laboral, sino que, por el contrario, constituye el paraguas institucional que da cobertura al empeoramiento de la protección, destrucción de las relaciones laborales y cuestiona todo lo conseguido mediante luchas por el movimiento laboral. 
Un ejemplo característico es el proyecto de ley presentado por el Gobierno griego mediante el cual se suprime la jornada de ocho horas y la semana laboral de 40 horas, al tiempo que se da luz verde a la aplicación generalizada de la ocupación parcial y a la anulación de los convenios colectivos por ramas a través de los acuerdos locales de ocupación. 
Tampoco es fortuito que la misma Comisión compruebe la «capacidad de flexibilidad» que ofrece la directiva. 
El ponente, aunque admite la lógica de la flexibilidad, procede a efectuar ciertas observaciones positivas sobre la relación entre el tiempo de trabajo y la seguridad de los trabajadores, así como de los ciudadanos en general y, entre otras cosas, invita a la Comisión a presentar, con carácter urgente, una propuesta completa de modificación de la directiva. 
Naturalmente, en la medida en que no se ha desarrollado un movimiento masivo y reivindicativo de lucha de los trabajadores contra dichas elecciones, existe el riesgo de promover modificaciones que proporcionen un mayor descontrol a los patrones, basadas en las directrices más generales de la UE, tal y como están estipuladas en el Libro Blanco de Delors y en las lineas directrices para el empleo, la consecución de «flexibilidad adicional en el ámbito de cualesquiera propuestas legales». 
Nosotros creemos que sólo un fuerte movimiento reivindicativo de los trabajadores puede imponer soluciones radicales y eficaces al problema del paro, constituir un escudo protector para todos los trabajadores ante cualquier violación de la legislación laboral y, en última instancia, consolidar las 35 horas de trabajo semanales sin una disminución de las retribuciones, promover la ocupación total y la limitación de la ocupación a tiempo parcial y de otras formas de ocupación no definidas, limitar la horas extraordinarias, suprimir el sobretrabajo, establecer severas restricciones al trabajo nocturno y dar cobertura a todos los trabajadores teniendo en cuenta, siempre que fuera necesario, naturalmente, las particularidades de las distintas ramas. 
Nosotros luchamos junto con los trabajadores a nivel nacional y europeo por una política semejante. 
Informe Fassa (A4-0198/98) 
No estoy de acuerdo con el informe del Sr. Fassa sobre el comercio justo en su actual formulación, porque considero equivocado el planteamiento que se mantienen en el mismo en pro de reforzar la ayuda a los pequeños y medios productores en los países en vías de desarrollo. 
En especial, no creo que un regulación completa y una definición de lo que ha de entenderse como fair trade, así como el desarrollo de un mecanismo amplio de ayuda suponga una contribución decisiva al mejoramiento de la situación de los pequeños y medianos productores en los países en vías de desarrollo. 
El fair trade supone, por su propia concepción, un vacío en el comercio mundial. 
No sólo considero ilusoria la supresión del comercio intermediario en un amplio frente, tal como se ha propuesto, sino que la considero perjudicial. 
Los países en vías de desarrollo dependen del comercio intermediario para transportar y comercializar sus productos. Considero equivocado que la Unión Europea preste al fair trade un apoyo financiero, que de hecho sólo puede significar que una parte de la diferencia entre el precio del mercado mundial y el denominado " precio justo» sea soportada con recursos presupuestarios de la Comunidad. 
Únicamente una amplia apertura recíproca del mercado puede conducir hacia un aumento duradero del nivel de bienestar tanto en los Estados miembros de la Unión Europea como en los países en vías de desarrollo. 
Voy a votar a favor de este informe hoy, pues, como muchos consumidores de Gran Bretaña y de la UE, soy un partidario entusiasta de los usos comerciales equitativos con los países más pobres de nuestro mundo. 
Los acuerdos comerciales de la UE con el resto del mundo deben llevar el aliento a los pequeños productores de los países en desarrollo incorporado como un puntal fundamental de una política que combine el comercio y el desarrollo y no añadido como una opción suplementaria después de que se hayan firmado los acuerdos comerciales más importantes. 
En algunos de nuestros acuerdos con los países más pobres, ya hemos establecido cláusulas especiales relativas a normas sociales y medioambientales, por lo que no hay razón para que las cláusulas relativas al comercio justo no pasen a ser habituales ahora. 
También se debería reservar parte de los fondos públicos de ayuda al mundo en desarrollo procedentes de Europa para los incentivos al comercio justo. 
Naturalmente, debemos reaccionar ante crisis inmediatas, tales como el conflicto y la hambruna en el Sudán, pero las personas más pobres de las zonas meridionales del mundo disfrutarán de un futuro a largo plazo, si pueden comerciar de forma justa con las poderosas zonas industriales septentrionales. 
Espero que los negociadores de la UE hagan suyos estos deseos del Parlamento y voy a buscar cada vez más etiquetas en los estantes de los supermercados que me indiquen que puedo comprar mercancías correspondientes al comercio justo y ayudar a las personas del mundo en desarrollo que las fabrican. 
Las votaciones quedan cerradas. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(La sesión se interrumpe a las 12.10 horas 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 2 de julio de 1998. 
Elogio póstumo 
Quisiera ahora pedir a los diputados al Parlamento Europeo que se unan a mí para guardar un minuto de silencio en memoria de los tres niños- Richard, Mark y Jason Quinn- que el sábado por la noche perdieron la vida en el horrendo ataque a su hogar en Irlanda del Norte. 
No hay palabras bastante fuertes para expresar nuestra pena y condena. 
Estamos unidos codo con codo con el pueblo de Irlanda del Norte para oponer resistencia al terrorismo y mostrar nuestra solidaridad con el espíritu de reconciliación y la búsqueda de la paz. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Después de la aprobación del Acta, quiero comunicarles algo menos protocolario pero que supongo está en la mente de todos: he dirigido un telegrama, tanto al Sr. Moscovici como al Sr. Platini, felicitándoles por el éxito de la selección francesa en el día de ayer, puesto que es una selección europea. 
Orden de los trabajos 
Tiene la palabra el Sr. Schulz. 
Señor Presidente, yo le agradezco que en un gesto digno de encomio y apartándose de las normas me conceda la oportunidad de presentar una solicitud sobre la base del artículo 129 del Reglamento, concretamente en relación con el informe de la colega Maria Berger, quien ha elaborado un excelente informe sobre un tema sumamente sensible y muy difícil, para el cual también ha contado con un gran apoyo de nuestro Grupo y cuyo debate estaba previsto para la sesión de hoy. 
Sin embargo, después de las numerosas conversaciones que hemos mantenido al respecto la señora Berger y yo mismo, en mi calidad de coordinador de nuestro Grupo político en esta Cámara, en estos momentos no creemos posible conseguir un apoyo mayoritario de la Asamblea en favor del mismo, salvo por parte del Grupo socialista. 
Por consiguiente, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento, yo solicito que someta a votación la devolución del informe a comisión, con objeto de que ésta pueda debatir el procedimiento que podemos seguir a continuación. 
Voy a fundamentar mi petición con una sola frase: en el caso de un tema tan sensible deberíamos procurar agotar las posibilidades de alcanzar todavía un consenso. 
Hoy no será posible, pero quizás tengamos otra oportunidad. 
Yo le pido que haga lo necesario para que el excelente trabajo de la colega Berger pueda contar con esta oportunidad. 
Muchas gracias, señor Schulz. 
¿Alguien quiere intervenir a favor? 
Señor Presidente, yo quiero intervenir a favor de la petición del colega Schulz. 
No voy a exponer ninguna motivación adicional, pero no estaría de más volver a discutir el informe y su devolución a comisión sería, por lo tanto, una medida oportuna. 
Bien. 
Dado que nadie quiere intervenir en contra, someto a votación la solicitud del Sr. Schulz. 
(El Parlamento aprueba la devolución a comisión del informe Berger) 
Me pide la palabra la señora Aelvoet. 
Presidente, sin duda recuerda que el jueves pasado durante la discusión hubo un problema en relación con la votación acerca del informe de la Sra. Van Dijk. 
Su informe debería haberse tratado en el orden del día el viernes por la mañana, pero una mayoría de los presidentes de Grupo opinaba que difícilmente se podía votar el viernes este delicado informe. 
Todo el mundo sabe que la Sra. Van Dijk deja este mes el Parlamento y, por tanto, nuestra pregunta es si se puede tratar hoy su informe. 
El informe está en el orden del día, así que no es ninguna sorpresa y, de este modo, podríamos votarlo el martes. 
A esto se añade que el martes no se puede tratar el informe de nuestro colega Gahrton debido a su enfermedad. 
Esta mañana nos hemos enterado de que tiene un serio problema cardiaco y que, por tanto, en ningún caso podrá estar aquí durante toda la semana. 
Ésa sería entonces una segunda posibilidad de colocar el informe de la Sra. Van Dijk en el orden del día. 
Lo dejo a su sabiduría, Presidente. 
Me pide la palabra la Sra. Lulling. 
¿Quiere intervenir a favor o en contra? 
Señor Presidente, es imposible tratar el informe Van Dijk hoy. 
Incluso será muy difícil tratarlo el viernes, en vista de la cantidad de enmiendas, que además no tenemos, porque no están traducidas aún. 
Por lo tanto, es imposible examinarlo y le pido que deje el orden del día tal como está. 
Tiene la palabra la Sra. Hautala para una intervención a favor. 
Señor Presidente, desearía propugnar que se adelantase el examen del informe de la Sra. van Dijk, por ejemplo al martes, ya que resultaría bastante engorroso que no se sometiera a debate hasta el viernes y que se aplazara su votación hasta septiembre, para cuyas fechas la Sra. van Dijk no será ya diputada de este Parlamento. 
Tengo una propuesta oficial de la Sra. Aelvoet: que el informe de la Sra. Van Dijk se trate mañana, martes, en lugar del informe del Sr. Gahrton, que estaba previsto para mañana martes. 
Por tanto, someto a votación la propuesta oficial del Grupo Verde en el sentido de que el informe de la Sra. Van Dijk se trate mañana. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
El Grupo del Partido Popular Europeo solicita que se adelante el informe del Sr. Anastassopoulos, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre la elección de los diputados al Parlamento Europeo, y que se incluya inmediatamente después del informe del Sr. Tappin sobre las licitaciones públicas, corriendo los demás informes su orden. 
Tiene la palabra la Sra. Oomen-Ruijten para justificar la solicitud. 
Señor Presidente, como ya le informamos el jueves pasado, creemos que no es sensato colocar un informe importante acerca del procedimiento de elección uniforme como último punto del orden del día, un informe sobre el que ha habido mucha discusión en todos los Grupos, sobre todo acerca del cómo y del porqué deberíamos hacer propuestas, un informe que ha suscitado tanto interés no sólo en el propio Grupo, sino también fuera de esta Casa. 
Presidente, lo digo tanto más porque se han presentado bastantes enmiendas al informe y creo que estaría bien- visto el interés del informe, pero también visto el hecho de que el ponente debe tener la oportunidad de consultar sobre posibles compromisos- que le diéramos la oportunidad de llevar a cabo estas consultas. 
Se podría tratar fácilmente tras el informe Tappin. Quedaría entonces al principio de la tarde o, en su caso, al final de la mañana. 
Le estaría muy agradecida, y también a sus Señorías, si les pareciera bien esta propuesta. 
Tiene la palabra la Sra. Green para intervenir en contra. 
Señor Presidente, en la Conferencia de Presidentes se debatió esta cuestión dos o tres veces y se adoptó una decisión muy clara en el sentido de que queríamos que se debatiera este informe el martes en el lugar que ahora ocupa en el proyecto de orden del día. 
Es una cuestión importante y muchos de nosotros estamos de acuerdo con algunos de los argumentos que figuran en el informe. 
Sin embargo, la opinión general de la Conferencia de Presidentes, al menos en las dos ocasiones en que lo examinamos en la quincena pasada, fue la de que se trata de una cuestión muy delicada. 
Actualmente se están formulando reformas o desarrollando sistemas electorales en muchos Estados miembros. Así, pues, se trata de un momento inoportuno para este informe. 
De hecho, nos habría gustado que, pese a la labor válida que representa- y rindo tributo de ello al Sr. Anastassopoulos -, se hubiera examinado este informe más adelante. 
He de decir que no fue sólo mi Grupo, sino muchos otros, los que adoptaron esa posición. 
Ésa es la razón por la que hubo mayoría a favor de que se presentara en otro momento. 
Así, pues, quisiera pedir que se mantenga en su lugar actual, confirmado en dos ocasiones por la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, la Sra. Green tiene razón a medias. 
Tiene razón en que una mayoría de la Conferencia de Presidentes votó a favor de que se examinara el informe durante la sesión de la noche, pero no la tiene al decir que la mayoría de los Grupos compartieron su opinión de que, en vista de que en los Estados miembros se están haciendo algunos cambios, era en cierto modo inoportuno que se examinara ese asunto. 
Existe un Tratado y desde 1957 el Tratado establece que debe existir un sistema electoral común y que el Parlamento Europeo debe hacer una propuesta. 
Ésa es nuestra tarea. 
Debemos examinarlo durante este período parcial de sesiones. 
Así opinaron también la mayoría de los Grupos. 
Sra. Green, como estamos al final del debate, Su Señoría puede hacer una declaración personal. 
El Sr. De Vries ha vuelto a referirse a lo que yo he dicho, pero debería recordar también que en determinado momento, en una votación que celebramos en la Conferencia de Presidentes, acordamos retirar el informe de este período parcial de sesiones. 
Por respeto a la labor llevada a cabo por el Sr. Anastassopoulos, después decidimos volver a incluirlo otra vez, pero en una de las últimas sesiones. 
Puede que otros tengan opiniones diferentes sobre la razón por la que se retiró, pero hubo una decisión clara: en primer lugar, retirarlo, y después acordamos que se debía mantener, pero en una de las últimas sesiones. 
Volver a incluirlo ahora no estaría en consonancia con el espíritu de la decisión que se adoptó y se debatió en tres ocasiones en la Conferencia de Presidentes. 
El espíritu que reina en la Conferencia de Presidentes puede ser diferente del Pleno. 
Voy a someter a votación esta cuestión. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Me pide la palabra la Sra. Oomen-Ruijten para una cuestión de orden. 
Presidente, otras personas obtienen dos veces la palabra en esta Casa y, por tanto, yo también tengo ese derecho, pero para la historiografía quiero consignar por escrito que no es verdad lo que dice la Sra. Green. 
El informe estaba en mayo en el proyecto de orden del día, Presidente, se trasladó más tarde. 
Esto debe registrarse por escrito ahora para la historiografía. 
Señora Oomen-Ruijten, no fue exactamente así. 
Este informe ha tenido diversas vicisitudes en la Conferencia de Presidentes. 
Eso no es lo que importa ahora. 
El Pleno ha tomado su decisión, tomada está, y lo que tenemos que hacer es cumplirla. 
Yo creo que no ganamos nada repitiendo todas las discusiones de la Conferencia de Presidentes. 
El Sr. De Vries mencionó por su nombre a la Sra. Green y por eso pude darle la palabra. 
A otro se la hubiera dado si hubiera sido mencionado por su nombre, pero no fue el caso. 
Miércoles, jueves y viernes: sin modificaciones 
Señor Presidente, yo querría pedirle que conceda a la Comisión la oportunidad de manifestarse mañana sobre un tema que no está previsto en el orden del día y que éste se incluya, por lo tanto, en el mismo. 
Una delegación del Parlamento viajará a Bosnia la semana próxima. 
Entre tanto, este fin de semana se ha sabido que ha habido una malversación de los fondos de ayuda para la antigua Yugoslavia en el marco de ECHO y que, al parecer- me baso en la prensa, pues la UCLAF no estaba en condiciones de poder ofrecer una información suficiente al respecto a la Comisión de Control Presupuestario -, los colaboradores y colaboradoras de la Comisión implicados también tuvieron la oportunidad de hacer desaparecer algunos documentos, con lo cual resulta sumamente difícil investigar los detalles del caso. 
Yo pienso que es importante- la señora Gradin se encuentra ahora aquí- que la Comisión nos ofrezca mañana al menos una breve declaración con la versión original sobre dicho caso, con objeto de que la delegación pueda viajar allí la próxima semana teniendo conocimiento de los hechos. 
Señora Müller, como usted sabe, hay que hacer este tipo de solicitudes o una semana antes a la Comisión, y presentarlas en la Conferencia de Presidentes o, al menos, una hora antes de comenzar la sesión. 
Ninguno de esos requisitos se ha dado; la formula usted, ahora, por primera vez y, por tanto, la formula fuera de cualquiera de los cauces posibles para hacer posible esa solicitud. 
Su Grupo no la formuló la semana pasada en la Conferencia de Presidentes. 
Lo siento. Por tanto, no se somete a votación. 
Señor Presidente, he recibido una carta de mi colega, la Sra. Nuala Ahern, en la que dice que envió un artículo a The Parliament Magazine. 
Este artículo, que trata de Sellafield, no ha sido publicado en la revista. 
Me gustaría oír los comentarios que el señor Presidente tiene que hacer sobre las razones por las cuales no ha sido publicado y sobre si, llegado el caso, aparecerá publicado en el próximo número de la revista. 
He leído el artículo. 
Es rigurosamente objetivo y facilita en cualquier caso una información muy útil, y me gustaría saber por qué el artículo en cuestión no ha aparecido en la revista. 
Señora Sandbæk, este tema se trató en la última sesión de Estrasburgo, y tuve la ocasión de explicar a su colega que no se trata de una publicación oficial del Parlamento y que, por tanto, como publicación no oficial sino privada, publica lo que considera conveniente, y nosotros no le podemos decir que publique una cosa u otra. 
Pídale a su colega que, ya que le transmite su petición, le transmita también la contestación escrita que le he enviado; que le dé el dossier completo. 
Señor Presidente, como usted sabe, en paralelo a los trabajos de este Parlamento, se está celebrando en Roma una importantísima Conferencia Internacional con vistas a la constitución del Tribunal Penal Internacional. 
Habida cuenta de que este Pleno se ha expresado, reiterada y casi unánimemente, a favor de la creación de dicho Tribunal y dado que la Conferencia finalizará precisamente en estos días, le ruego, señor Presidente, que los servicios competentes mantengan informados a los diputados de este Parlamento acerca del desarrollo de la misma y, en su caso, transmitan la voz de este Pleno con vistas a las conclusiones de la Conferencia, al fin de lograr ese trascendental resultado. 
Toda la información que nosotros recibamos- y la buscaremos- será transmitida a los Sres. diputados. 
Señor Presidente, tengo que dar dos informaciones. 
En primer lugar, quisiera agradecer a mi colega su respuesta a mi carta sobre la revista del Parlamento y decir que posteriormente se publicó íntegramente: eso me satisface. 
Lo que no me satisface es lo que ocurrió, pero también le agradezco a usted, señor Presidente, su carta. 
Debemos procurar cuidadosamente mantener un equilibrio: la revista publicó posteriormente mi artículo, aunque no en la edición especial sobre la cuestión nuclear. 
También quisiera señalar a la atención de la Asamblea que pedí a la Directora de la Asociación de Neurofibromatosis del Reino Unido que facilitara información a los diputados al Parlamento durante el debate sobre la directiva relativa a las patentes y que, posteriormente aquella fue censurada por la Comisión de Sociedades Benéficas por esa acción. 
Es algo absolutamente inconcebible y quisiera que lo investigara usted, señor Presidente. 
Le ruego me mande una nota por escrito y buscaremos toda la información necesaria. 
Señor Presidente, yo quisiera rogarle que, a pesar de todo, someta a votación la solicitud de la señora Müller. 
Los hechos ocurridos en Bosnia-Herzegovina sólo se han conocido este fin de semana y sería muy importante que nuestra delegación disponga ya de información oficial de la Comisión sobre lo ocurrido cuando viaje allí. 
Tendría que recibirla dentro de esta misma semana. 
Señor Schwaiger, tienen ustedes la posibilidad de pedir que el asunto se incluya en el debate de actualidad y de urgencia. 
Las urgencias deberían estar precisamente para los temas urgentes y recibir la información correspondiente. 
Si los Grupos lo creen verdaderamente urgente, ése es el camino: la vía de las urgencias, que, además, permite las resoluciones. 
No se deben utilizar las urgencias para cosas que no son tan urgentes. 
Lo que yo no puedo hacer en este momento es someter a votación algo que va contra el Reglamento. 
Señor Presidente, el caso es que la delegación va a desplazarse a Bosnia para realizar una comprobación previa con vistas a la aprobación de las cuentas, ahora aplazada. 
En efecto, queremos averiguar si es posible recomendar a la Asamblea la aprobación de las cuentas en septiembre. 
El viaje de la delegación fue decidido por la totalidad de la Asamblea y su composición ya está establecida y aprobada. 
Este fin de semana, la prensa ha publicado, sin embargo, toda clase de comentarios sobre ECHO. 
Yo pienso que deberíamos realizar una profunda investigación y no creo que una declaración ante la Asamblea sea suficiente. 
Esto no garantizará la solidez de las indagaciones. 
En consecuencia, yo creo que deberíamos examinar esta cuestión con la señora Gradin, los miembros de la delegación y los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. 
Yo propongo que intentemos fijar una fecha dentro de esta semana y que, dada la urgencia, se autorice una reunión de la comisión durante este período parcial de sesiones. 
Sin embargo, aun así, yo pediría que se nos conceda un plazo, si la Asamblea así lo aprueba, ya que necesitamos disponer de documentación e informaciones precisas en las que podamos confiar. 
Desde luego, no es algo que pueda hacerse en un plazo de uno o dos días sobre la base de artículos publicados en la prensa. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Es muy importante que la Asamblea vote la petición de la Sra. Müller. 
Sé que hay reglas que rigen esa situación, pero, aun así, en vista de las escandalosas informaciones que llegan de Bosnia y de la visita y del hecho de que los trabajos del Parlamento vayan a estar suspendidos en el mes de agosto, reviste importancia decisiva que la Comisión dé alguna explicación de las circunstancias que parecen haberse dado en Bosnia. 
Se debe examinar en serio toda la cuestión de ECHO. 
Esta Asamblea va a tener que examinar en algún momento y muy rigurosamente lo que sucede con ECHO: dicho con toda franqueza, está descontrolada y lo sucedido en Bosnia es un ejemplo de ello. 
Quisiera instarlo, señor Presidente, a que dé muestras de cierta flexibilidad y permita a la Asamblea que vote sobre la petición de la Sra. Müller. 
Señor Andrews, ya he explicado por qué no es una cuestión de flexibilidad, y es que esto se ha podido presentar hasta hace una hora y ningún Grupo, ni el suyo ni el de la Sra. Müller, lo ha presentado. 
La Sra. Theato le ha indicado un camino y yo le he indicado otro al Sr. Schwaiger, pero no puedo hacer otra cosa, no me puedo salir del Reglamento en estos temas. 
No se pueden plantear estas cuestiones al empezar la sesión, cuando se puede hacer hasta una hora antes; y se conocía, lógicamente, lo que ha pasado este fin de semana. 
Presidente, quisiera llamar la atención de la Comisión Europea sobre el artículo 37, párrafo 1, de nuestro Reglamento. 
Según el artículo 37, párrafo 1, los miembros de la Comisión tienen el derecho en todo momento de pedir al Presidente que les conceda la palabra para realizar una declaración. 
Me parece que va en interés de la función de control de esta Casa, como también acaba de ser subrayado por la Sra. Müller, que la Comisión Europea cumpla con la transparencia y proporcione claridad sobre la implicación de sus funcionarios en la posible desaparición de dinero de ayuda para Bosnia. 
La Comisaria está entre nosotros; es su cartera. 
Usted puede solicitar, señor Presidente, que realice una declaración sobre este tema durante la sesión. 
Eso no se contradice con la posición de la Sra. Theato. 
Naturalmente, después puede tener lugar una investigación más detallada en la Comisión de Control Presupuestario, pero nosotros- como Parlamento- y también la opinión pública, tenemos interés en que la Comisión realice una declaración durante esta sesión y el artículo 37 da el derecho a la Comisión de pedírnoslo. 
(Aplausos) 
Como sabe usted, señor De Vries, ese es un derecho de la Comisión, que puede ejercerlo o no. 
En el momento en que suscite la cuestión, en cualquier momento, se celebrará el debate. 
Por tanto, queda al arbitrio de la Comisión hacerlo o no. 
Tiene la palabra el Sr. Hallam para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Quisiera apoyar las observaciones formuladas por la Sra. Ahern sobre el evidente acoso a que el grupo de interés de la ingeniería genética somete a una organización benéfica británica dedicada a investigaciones médicas. 
Al parecer, afirma que, si una organización tiene la condición de benéfica, no puede aportar pruebas ante este Parlamento ni ante sus diputados. 
Eso significaría que las organizaciones británicas protectoras de animales, las organizaciones benéficas que se ocupan de los niños, las iglesias, las fundaciones educativas, las fundaciones de investigación y las universidades no podrían hablar ante nosotros, como diputados a esta Asamblea. 
Lo considero una violación flagrante de los privilegios de esta Asamblea. 
Además, creo que es una supresión de la democracia. 
Desde luego, espero que tomemos muy en serio la observación de la Sra. Ahern y digamos con toda claridad a la Comisión Británica de Organizaciones Benéficas y al grupo de interés de la ingeniería genética que en esta Asamblea no vamos a dejarnos acosar de ese modo. 
Muchas gracias, señor Hallam. 
Ya he dicho lo que íbamos a hacer en cuanto me comuniquen los hechos. 
Señor Presidente, habría que decidir sobre el tema de Bosnia por tres razones. 
Primera, hemos puesto créditos en reserva y los hemos liberado. 
Segunda, ninguna de las tres propuestas que se han hecho excluye a las demás. 
O la Sra. Gradin nos propone que le planteemos una pregunta o no lo hace. 
Si no lo hace, tenemos entonces la posibilidad de incluir la pregunta en el debate de actualidad y urgencia. 
Tercera, de todos modos, hay que convocar a la Comisión de Control Presupuestario para hablar del tema. 
Por consiguiente, lo que usted debe hacer, Señor Presidente, creo yo, es pedir a esta Asamblea, que tiene el derecho de hacerlo, que apruebe estas tres posibilidades, dada la posición de la Comisión. 
Discúlpeme, Sr. Giansily, pero esta Asamblea no es competente para aprobar cosas que ya están en el Reglamento. 
La Sra. Gradin nos dirá si quiere responder hoy. 
Me pondré en contacto con ella para preguntarle si tiene la intención de ejercer o no este derecho. 
Si la Comisión no quiere responder hoy, tiene tiempo hasta mañana para hacerlo. 
Segundo, la Comisión de Control Presupuestario en cualquier momento puede pedirme la autorización para reunirse, precisamente porque no es incompatible, y yo se la daría. 
Tercero, a ustedes, los Grupos, y en su defecto al Pleno, es a quienes corresponde decidir, no hoy sino mañana, si quieren o no introducir una enmienda. 
(El Presidente invita a la Sra. Gradin a especificar las intenciones de la Comisión) La Comisión no quiere responder hoy. 
Está en su derecho. 
Lo hará cuando lo considere oportuno y ustedes adoptarán sus decisiones. 
(Queda fijado el orden de los trabajos) 
Señor Presidente, Señorías, el informe que ahora se debate se ocupa de un ámbito que en el futuro adquirirá una importancia aún mucho mayor para el Parlamento. 
Como ustedes saben, como resultado del Tratado de Amsterdam, la política en relación con los nacionales de terceros países estará sujeta en el futuro al Derecho comunitario y ha sido trasladada del Tercer Pilar al Primer Pilar. 
Por lo tanto, es esencial que cuando el Parlamento Europeo tenga que emitir un dictamen sobre algún convenio o, en un futuro, sobre auténticas propuestas legislativas, examinemos con la necesaria seriedad dichos proyectos y decidamos ya, en el fondo, como si tuviésemos competencias legislativas en este ámbito. 
Sólo si así lo hacemos podremos justificar también en la práctica nuestra aspiración a disponer de poder de codecisión en el ámbito del Tercer Pilar, de conformidad con el Tratado de Amsterdam, una vez completado el período transitorio de 5 cinco años. 
La Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo ha aprobado una serie de enmiendas al proyecto presentado por la Comisión. 
Ésta propone la armonización del Derecho europeo aplicable a los extranjeros, del Derecho aplicable a los nacionales de terceros países, sobre la base de unas normas mínimas y unos criterios comunes determinados. 
La Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores ha adoptado una serie de decisiones en relación con esta cuestión que, a pesar de que yo las exponga ahora, no reflejan- y quisiera dejarlo bien claro- mi opinión personal como ponente. 
Así, por ejemplo, ha decidido ampliar la reagrupación familiar a las parejas del mismo sexo, o sea, también a las relaciones entre lesbianas y homosexuales, y, además, también propone que se admitan a los efectos de la reagrupación familiar no sólo a los hijos, sino también a los ascendentes. 
Esto introducirá, a juzgar por lo que se dice, considerables modificaciones en el ámbito de la reagrupación familiar, o sea, un incremento drástico de las admisiones a estos efectos en los Estados miembros de la Unión Europea. 
La comisión ha decidido asimismo que se conceda a los nacionales de terceros países instalados con carácter duradero en la Unión Europea el derecho a voto en las elecciones municipales. 
Yo quiero recordar que el Tratado de Maastricht introdujo el derecho a voto en las elecciones municipales para los ciudadanos de la UE. 
La transposición de este derecho es insatisfactoria a mi parecer. 
Hay países que no la han llevado a cabo en un grado suficiente. 
No me parece aceptable que la comisión presente una propuesta encaminada a conceder a los nacionales de terceros países mayores derechos que a los ciudadanos de la UE. 
La comisión rechazó una enmienda que yo presenté, por la que se concedería a los Estados miembros la posibilidad de prever la expulsión en el caso de delitos graves, con una condena de tres años o más. 
La mayoría de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores no suscribió esta opinión. 
Además, el Grupo socialista presentó toda otra serie de enmiendas, que yo también considero problemáticas, pero que- gracias a Dios- no obtuvieron un respaldo mayoritario en la comisión. 
Así, por ejemplo, en la enmienda 49 se propone que la oferta de un puesto de trabajo vacante ya sea motivo suficiente para reivindicar el derecho a la inmigración. 
No será necesario que describa ahora en detalle las repercusiones que esto tendría para los sistemas de seguridad social de nuestros Estados miembros. 
Abriría la posibilidad de importar trabajadores baratos para ocupar puestos de trabajo mal remunerados y eludir así las obligaciones con el conjunto de nuestros sistemas de seguridad social. 
La enmienda 48 entraña el mismo riesgo. 
En este caso, según el texto, se admitiría la posibilidad de seguir empleando a un trabajador temporal por un período ampliado en otro ámbito de actividad económica una vez finalizado el plazo de su contrato. 
Yo me pregunto qué sentido tendría entonces el concepto de trabajador temporal, si todos ellos tienen la posibilidad de convertirse en trabajadores con derecho a una estancia duradera. 
Por consiguiente, yo quisiera dirigir un llamamiento muy concreto a los colegas del Grupo socialista para que reflexionen de nuevo si estas enmiendas son realmente razonables y si responden a los intereses de esta Cámara y de la Unión Europea. 
Mañana recibiremos como invitado al Presidente del Bundesrat alemán, la segunda Cámara parlamentaria alemana. 
Yo tengo aquí el dictamen del Bundesrat sobre el presente proyecto legislativo. 
El Partido Socialdemócrata alemán tiene la mayoría en dicha Cámara y éste se manifiesta inequívocamente y con toda claridad- podría leerles la cita textual pero no voy a hacerlo por razones de tiempo- en contra de una nueva liberalización del derecho a la inmigración para los nacionales de terceros países, sencillamente en atención a la enorme presión migratoria a la que ya están sujetos los Estados miembros de la Unión Europea y, en particular, Alemania. 
A la vista de las propuestas sobre la reagrupación familiar, el Bundesrat manifiesta sencillamente que la cifra actual de 200.000 inmigrantes anuales podría duplicarse fácilmente si éstas se aplican. 
Con lo cual ya queda bien claro cuán problemáticas son las propuestas presentadas. 
Por consiguiente, yo insto a la Asamblea a que mañana adopte una decisión muy prudente en relación con este tema, que apoye las propuestas serias y que recomiende finalmente al Consejo de Ministros que no permita que la carga que soportan nuestros países se incremente hasta el infinito, lo cual, a mi parecer, también favorecerá más los intereses de los nacionales de terceros países que las propuestas presentadas por la izquierda de esta Cámara en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, y ahora también ante el Pleno. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que yo estoy a favor de la armonización, o de una cierta armonización, en las políticas de inmigración y asilo. 
Creo además- y me gustaría insistir en esto porque me gustaría que esta Asamblea y sus diputados fuésemos legisladores responsables (como decía el Sr. Lehne) -que esa armonización debería haber ido y deberá ir acompañada de un verdadero debate de ámbito europeo en el que puedan participar las partes, como se ha hecho en algunos de nuestros Estados miembros; porque, efectivamente, es un tema muy importante. 
En algunos Estados, como resultado de estos debates, se ha llegado a hacer propuestas imaginativas que han sido muy apreciadas. 
Por ejemplo, en el caso italiano, se ha llegado a un acuerdo para que se pueda avalar la presencia de un inmigrante para encontrar empleo, cosa no contemplada en absoluto en esta propuesta de Convenio. 
No pretendemos decantarnos por una alegre política de puertas abiertas; más bien, tratamos de contribuir a legislar con coherencia, sin ir más lejos de lo establecido en anteriores resoluciones adoptadas por este Parlamento. 
¿Qué es lo que pretendemos con este Convenio? 
Deberíamos pretender una ley europea para la inmigración que regulara efectivamente los flujos migratorios, pero que permitiera el doble objetivo del control necesario con el de regularizar al límite de lo posible la presencia en la Unión Europea de los inmigrantes; o, dicho de otra manera, combatir, no sólo con métodos policiales, la inmigración ilegal. 
Quiero abordar ahora algunas de las medidas que propone este Convenio porque me parece que dificultan este objetivo. 
Hay algunas medidas que son de cumplimiento prácticamente imposible y no ayudan a conseguir dicho objetivo. 
Por lo que se refiere, por ejemplo, a los permisos de admisión y a su renovación, creo que sus efectos son contraproducentes. 
No me parece que el hecho de pedirle a la gente que vuelva a su país de origen por cualquier cambio producido en el motivo que originó su admisión sea facilitar las cosas, sino todo lo contrario. 
Por lo que respecta- y lo mencionaba el Sr. Lehne- a la ley que regula la presencia de trabajadores por cuenta ajena, veo en este Convenio una especie de preferencia comunitaria o, si me permiten, una exigencia de funcionamiento perfecto del mercado único, que se aplicaría, en primer lugar y antes que a nadie, a los ciudadanos de terceros países. 
Éstos- o el empleador- deberían probar que ningún ciudadano comunitario o ningún residente legal de un tercer país puede ocupar el puesto de trabajo al que aspira un ciudadano de un tercer país que pretenda ingresar. 
Yo, sinceramente, no sé cómo se podría lograr esto. 
No veo a un tendero de mi ciudad consiguiendo demostrar que ningún ciudadano finlandés quiere trabajar en su tienda y que, por lo tanto, va a emplear a un ciudadano marroquí. 
Como ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores creo que es fundamental evitar esta presencia ilegal, que sólo es ilegal porque nosotros la convertimos en tal. 
Me parece que deberíamos aumentar la cooperación y el diálogo con los terceros países, pero deberíamos enviarles también una señal clara de que es posible entre nosotros la presencia legal y perfectamente establecida. 
Si no actuamos de manera que el control de flujo necesario vaya acompañado de esta accesibilidad, sin utopías ni discriminaciones de la posible presencia de un ciudadano de un tercer país en la Unión Europea, vamos a conseguir que la situación empeore, que el racismo se recrudezca, que la xenofobia aumente, y eso es exactamente lo que queremos evitar. 
Presidente, la propuesta de la Comisión de crear unas normas comunes para la admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros de la Unión es una iniciativa- creo- que sólo puede ser aplaudida por todos nosotros si cumple con dos condiciones. 
La primera, que esa migración se plantee finalmente de manera abierta y positiva en todos sus matices y no desde un reflejo del temeroso hombre blanco europeo y que, en efecto, se creen de nuevo aperturas legales que no empujen a las personas a la marginalidad. 
La segunda, es que se deben formular, junto a las condiciones comunes de admisión, también sólidos criterios mínimos europeos para los derechos fundamentales de nacionales de terceros países. 
A pesar de las buenas intenciones de la Comisaria, tengo un problema general con esta propuesta, y ésa es también la visión de mi Grupo. 
La intención de la legislación europea no puede ser formular una política al nivel más represivo. 
La propuesta no formula ningún derecho de residencia, trabajo o el derecho a estudiar. 
Sí que armoniza las condiciones, pero sin la posibilidad de dejar abierta para los Estados miembros la formulación de mejores normas. 
En ese sentido estamos especialmente satisfechos con la enmienda 80 que los colegas Nassauer y Pirker han presentado. 
En la propuesta se imponen condiciones especialmente duras a los nacionales de terceros países que quieran trabajar o estudiar en la Unión Europea. 
Me preocupo seriamente, junto con mi Grupo, por el recorte del derecho a la reunificación familiar. 
La reunificación familiar, el derecho a una vida familiar, es un derecho humano fundamental que se debe respetar también en relación con los nacionales de terceros países y al que no se le pueden plantear exigencias demasiado elevadas. 
Por último, quiero observar también que el acuerdo contiene un capítulo, en mi opinión justamente, relacionado con los derechos de nacionales de terceros países que llevan establecidos largo tiempo. 
También ahí tengo mis reparos. 
Cada vez está menos justificado hacer una diferenciación entre ciudadanos de la Unión y nacionales de terceros países que llevan ya años residiendo aquí legalmente. 
Deben poder tener los mismos derechos, colega Lehne, no más derechos, pero al menos los mismos derechos, incluido el derecho a la libre circulación de personas, el derecho al trabajo y el derecho a una vida familiar. 
Señor Presidente, Señorías, hoy se debate la propuesta de un Convenio que anticipa unas normas que, de conformidad con el Tratado de Amsterdam, adquirirán vigencia bajo otra forma jurídica, concretamente, bajo la forma del Derecho comunitario. 
Por consiguiente, el presente debate tiene mayor peso del que quizás hubiese tenido en el pasado. 
El Parlamento Europeo se dispone a plasmar en unas reglas jurídicas uno de los ámbitos más esenciales de la política interior, a saber, el de la inmigración a Europa. 
No cabe ninguna duda de que desde todos los Estados miembros se observa con ojos muy críticos la actuación del Parlamento en este contexto. 
Personalmente, yo tengo el convencimiento, señora Comisaria Gradin, con su permiso y con todos los respetos, de que su propuesta encontrará grandes dificultades para obtener un apoyo mayoritario en el Consejo. 
Yo creo que también tendría que ser tarea de la Comisión considerar las posibilidades de que sus propuestas obtengan el apoyo de una mayoría. 
No es admisible que los Comisarios den cabida a sus propias convicciones políticas. 
¡Lo importante es su capacidad para obtener un apoyo mayoritario! 
Lo cual significa que tenemos que expresar claramente qué niveles de inmigración deseamos y cuáles no deseamos en Europa. 
Europa no es una región de inmigración en el sentido clásico, como lo fue Estados Unidos en el siglo pasado y lo son todavía Nueva Zelanda y Australia. 
¡Tenemos que regular la admisión! 
Las propuestas presentadas no ofrecen motivo para una gran satisfacción ni tampoco para el acuerdo. 
Voy a aclararlo con un ejemplo: la reagrupación familiar es uno de los puntos conflictivos y lo digo porque en Alemania, por ejemplo, la inmigración tiene lugar sobre todo bajo el concepto de reagrupación familiar, además del asilo y la admisión de refugiados de las guerras civiles, por ejemplo. 
No es admisible que una persona que viva en la Unión Europea tenga derecho a hacer venir a toda su familia, sino que lo adecuado sería que la persona que vive en un tercer país, fuera de la Unión Europea, solicite el permiso de inmigración a la Unión a efectos de la reagrupación familiar. 
De lo contrario, una persona que se encuentre aquí podrá hacer venir a toda su familia, por el orden que prefiera, mientras que en el segundo caso se decidiría caso por caso a quién se autoriza a inmigrar a la Unión Europea sobre esta base. 
Éste es un principio esencial que a mi parecer no recibe un tratamiento adecuado en la propuesta de la Comisión. 
Por esto, nos vemos obligados a pedir que en este caso no se aplique sólo el criterio de la máxima generosidad concebible, sino también el de la realidad. 
Tenemos que poder responder de las medidas que se adopten en materia de inmigración y estar en condiciones de justificarlas. Europa tendrá que recabar su aceptación. 
Presidente, mi pregunta es: ¿Dónde está el Consejo de Ministros cuando se habla de política de inmigración? 
A veces en el Consejo hay movimiento, por ejemplo cuando llega un considerable número de kurdos a Italia. 
Entonces se crea un plan de acción de «inmigración kurda» , podría denominarse una especie de medida de pánico. 
Pero eso no es suficiente. 
Para empezar se necesita una estrategia común para la política de inmigración europea. 
Desde que en 1994 se publicó la Carta sobre política de asilo e inmigración, existe una visión de la Comisión Europea. 
El Parlamento aceptó al respecto, en 1995, una resolución por gran mayoría. 
Pero la pregunta es: ¿qué hace el Consejo? 
Además, es necesaria una política para la acogida de grandes grupos de expatriados y, sobre todo, una política para la repartición justa de la carga. 
La propuesta de ley de la Comisión Europea se ha tratado y aprobado aquí hace poco, pero el Consejo la va aplazando. 
Mi pregunta es, por tanto: ¿qué hará el Consejo cuando llegue otra vez un gran grupo de expatriados desde Kosovo, desde Albania, desde Argelia o desde algunas de las antiguas colonias? 
Ahora tenemos aquí este proyecto de tratado sobre la política de admisión. 
La Comisión Europea ha hecho, según la opinión del Grupo liberal, un documento equilibrado. 
Confiamos en que el Parlamento pueda decidirse a adoptar un planteamiento equilibrado en el que el control de la inmigración sea compatible con una buena política de naturalización con respecto a los inmigrantes que ya están establecidos aquí. 
Votaremos en contra de la mayoría de las enmiendas democristianas, pero también contra la mayoría de las enmiendas socialistas, con el fin de mantener el planteamiento equilibrado de la Comisión en la medida en que sea posible. 
Por último, hago un llamamiento a los grandes Grupos para que adopten una actitud responsable en este punto. 
Señor Presidente, quisiera hablar sobre el fondo de la cuestión y el fondo de la cuestión no son ni los refugiados políticos ni la unión de las familias. 
No nos engañemos. 
Son los refugiados económicos. 
El informe intenta aprobar algunas normas, pero no son suficientes para solucionar el problema de los refugiados económicos, cuya entrada incontrolable en la Unión Europea ha puesto en peligro nuestro tejido social. 
Por supuesto no tienen la culpa aquellos que ven en la Unión Europea los paraísos perdidos, los paraísos que no encuentran en sus países. 
La culpa la tenemos nosotros y especialmente algunos de nosotros que hemos convertido la democracia en una profesión y que hasta el momento no hemos aprobado normas únicas obligatorias para todos los Estados miembros. 
Y en este sentido doy mi enhorabuena al Sr. Comisario porque ha tenido el valor de abordar el tema. 
Debemos, pues, aprobar normas que nos permitan admitir a tantos refugiados económicos como podamos absorber e incorporar económicamente. 
Dejemos de engañarnos. 
El desempleo, que en la actualidad azota a los ciudadanos europeos, y especialmente a los jóvenes de nuestros países, impone que se tomen medidas para limitar el flujo de inmigrantes ilegales. 
Si hoy hay racismo en la Unión Europea, se debe a la inexistencia de una política europea de inmigración. 
Debemos, pues, aprobar normas, teniendo en cuenta en primer lugar al ciudadano europeo, y después al ciudadano procedente de cualquier país tercero. 
Señor Presidente, el único interés de este Convenio es que anticipa el contenido de una política comunitaria de la inmigración y del derecho de asilo. 
Desgraciadamente, no hay motivos para alegrarse sino, más bien, para estar alerta. 
De esto me ocupo respecto a este texto restrictivo, más restrictivo que muchas legislaciones nacionales, por cierto no muy brillantes, sobre el tema. 
Este texto es el símbolo de una Europa-fortaleza, replegada sobre sí misma, sorda a las llamadas de angustia de las víctimas de la guerra, de la represión o de la miseria. 
Si este Convenio se hubiera aplicado hace algunos años, habría habido grandes posibilidades de que Zidane y Djorkaeff, a quienes todos han aplaudido hoy, al iniciar el período de sesiones, no hubiesen sido miembros del equipo de Francia. 
Por tanto, espero que pongan ustedes el mismo entusiasmo y fervor para construir una Europa que favorezca la solidaridad y la fraternidad. 
Una vez más, la inmigración está abusivamente conexa con el paro en este Convenio, que mantiene la vigencia de la escandalosa recomendación hecha por el Consejo en 1994, en la que se preconizaba la preferencia comunitaria- creo que esto sonará familiar en los oídos de algunos, sobre todo de los franceses -, la preferencia comunitaria en materia de empleo. 
Hay que decirlo y repetirlo, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír: la OCDE ha reconocido que no existía una correlación estrecha, cito, " entre el flujo de entrada de extranjeros en un país y la evolución de las tasas de paro». 
Es preciso terminar con esta estrategia del chivo emisario, porque es peligroso manipular la inmigración. 
Esto contribuye a reforzar la credibilidad de todos aquellos- y son muchos- que incitan a una política demagógica de exclusión y de xenofobia. 
Pero en vista de que algunos han tomado ejemplos europeos, y se trata, diría yo incluso infortunadamente, del camino que en la actualidad sigue el Ministro francés de Interior, el Sr. Chevènement, quien se obstina en rechazar la regulación de decenas de millares de ilegales a los que ha obligado a ponerse en evidencia. 
El Sr. Chevènement caricaturiza o amenaza a las mujeres y hombres que los apoyan en su lucha. 
Estoy orgullosa de ser una de estas personas, no soy trotskista- si lo fuera, estaría igualmente orgullosa y libre de serlo- y no estoy instrumentalizada por Gran Bretaña, que yo sepa, aunque aquí me siento cerca de sus representantes. 
Mañana, 14 de julio, iré a París para participar en un nuevo padrinazgo de ilegales y para apoyar la acción de quienes están en huelga de hambre. 
Se estrenará una película, a pesar de que el Ministro de Interior no la ha autorizado, pues intenta censurar el film de Jacques kébadian sobre una familia maliense de St. 
Bernard. 
Me atrevo a hacer esta evocación francesa porque los derechos del hombre son una cuestión universal y la Comisión, con su proyecto, al anticipar el Tratado de Amsterdam, la considera ya como una responsabilidad europea. 
Muchos somos los que nos sentamos junto a miembros del Gobierno francés que, en esa época, eran diputados europeos aquí. 
Pido de ustedes esta solidaridad. 
Hoy, quizá muera gente en Francia. 
No se trata de un llamamiento a la sensibilidad sino a la responsabilidad, ante estas leyes que fabrican clandestinos. 
Por consiguiente les pido, aquí, que mañana rechacen este texto, que voten todos los artículos que podrían mejorarlo y que muestren su solidaridad, es decir, su responsabilidad. 
El porvenir de Europa y de los pueblos dependen de ello. 
Señor Presidente, como es natural, todos somos conscientes de la importancia máxima de este tema: es un asunto extremadamente delicado en muchos países de la Unión. 
En este texto se abordan el empleo, las actividades económicas independientes, los estudios, la formación profesional y el reagrupamiento familiar. 
Sin embargo, no se habla- y esto es un completo error- de la obtención de la ciudadanía de los inmigrantes que son jugadores de fútbol, una cuestión muy relevante, en particular para mi país. 
Sea como sea, la Comisión tiene fundadas razones para pedir a los Estados miembros de la Unión que ratifiquen este Convenio antes del 1 de enero de 1999. 
Al pasar, señalemos que de ningún modo se trata de imponer una restricción a los Estados y a los Gobiernos sino de establecer reglas mínimas. 
El campo de las condiciones de admisión para los estudios y la formación profesional está analizado con precisión y, en cualquier caso, el Convenio permitiría establecer una referencia común que sería de extrema utilidad para los candidatos y para los responsables de cada país. 
Las críticas formuladas al texto votado por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, en las que se reprocha su indulgencia, no son fundadas. 
El hecho de radicarse en un país de la Unión sigue representando una verdadera lucha. 
Algunos sueñan con actitudes mucho más vinculantes. 
Digámoslo con toda claridad: las medidas demasiado restrictivas tienen efectos perversos y a menudo producen el resultado contrario, pues favorecen la ilegalidad, fuente de todo tipo de dramas personales y de dificultades políticas. 
Con la reserva de formular enmiendas de la mayor importancia, el Grupo de Coalición Radical Europea podrá votar eventualmente a favor, pues este texto habla del reagrupamiento familiar y en particular de los ascendientes a cargo, lo que favorece comportamientos recomendables por entero. 
Sin apuntar aquí a nadie, honrar al padre y a la madre es un elemento que tendría que ir derecho al corazón de los cristianos, si fueran demócratas. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Lehne toca la cuestión, muy delicada, como lo acaba de recordar el Sr. Pradier, de las normas de admisión de los ciudadanos de terceros países en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Así es: la situación demográfica, el nivel de paro, los problemas presentes en ciertos barrios de las grandes ciudades de Europa, las dificultades de asimilación de los pueblos no europeos hacen que la acción de los Gobiernos nacionales sea un factor neurálgico, y que sus consecuencias puedan incidir en el equilibrio social de las naciones afectadas. 
Los criterios propuestos por la Comisión parecen, de verdad, relativamente indulgentes. 
Es importante que los Estados miembros adapten sus políticas según la realidad concreta de cada uno de los países implicados. 
Al parecer, el artículo 39 lo permite, y es acertado. 
Dicho esto, ciertas enmiendas adoptadas por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores se podrían considerar marcadas por puntos de vista un tanto irreales, e incluso demagógicos que, lejos de favorecer la situación de los ciudadanos extranjeros, implicarían el riesgo de provocar el rechazo de los pueblos de recepción. 
Las enmiendas citadas por el Sr. Lehne nos parecen, sin duda, totalmente inaceptables. 
Por ejemplo, el reagrupamiento familiar no puede desviarse de su objetivo en provecho de los tipos de cohabitación que no tienen mucho que ver con la familia. 
Igualmente, la enmienda 29, que suprime las disposiciones por las que se consigue evitar el fraude y la separación del agrupamiento familiar, es irresponsable. 
Con el mismo espíritu, una simple oferta de contrato de trabajo no podría ser suficiente para autorizar de modo automático la admisión de ciudadanos extranjeros. 
En el campo de la inmigración, como en otros, el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. 
La lenidad y la irresponsabilidad, en este espacio, sólo pueden ser nefastas para los ciudadanos extranjeros legalmente admitidos, y también lo serán para los que quieran venir a trabajar en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Una verdadera política de inmigración, realmente generosa, debe fundarse en cuatro pilares: una política de ayuda al desarrollo, para permitir que los ciudadanos de países en vías de desarrollo vivan y prosperen en su propia tierra, donde contribuirán al despegue económico y social de la nación; unas políticas familiares voluntaristas, para ayudar a los países de Europa a resolver sus problemas demográficos; un derecho de nacionalidad que se base no en el azar sino en la voluntad de las personas involucradas y unas medidas de orden público, respetuosas del derecho de gentes, pero aplicadas con firmeza. 
Señor Presidente, la pregunta que debemos responder es si en estos momentos se requiere una legislación única europea en materia de inmigración, si los tiempos ya están maduros para ello. 
La controversia en la comisión precisamente en relación con este tema destaca su importancia. 
A nuestro parecer, la causa de la diferente presión inmigratoria que experimentan los distintos Estados miembros no es en primer lugar la diversidad de sus regulaciones nacionales, sino las diferencias en su situación económica y también topográfica, que determinan el atractivo particular de los distintos Estados miembros para los inmigrantes potenciales. 
Por lo tanto, en nuestra opinión, los diferentes Estados miembros tienen que seguir teniendo la posibilidad de adaptar sus leyes de inmigración a su correspondiente situación, o sea, la posibilidad de responder con unas normas diferenciadas en materia de inmigración. 
Desde esta perspectiva, la armonización sería un camino equivocado a nuestro parecer. 
Por ejemplo, una norma común relativa a los trabajadores transfronterizos tendría consecuencias muy distintas para los Estados miembros con extensas fronteras comunitarias, como Austria, comparados con todos los demás. 
A la vista del aumento de los delitos cometidos por extranjeros y de que uno de los puntos centrales del programa de la Unión es la intensificación de la lucha contra la delincuencia, resulta francamente incomprensible que se pida que los extranjeros culpables de un delito ya no puedan ser expulsados. 
Otro tanto puede decirse con respecto a la propuesta de que se amplíen los requisitos para la reagrupación familiar, tal como ya ha expuesto el señor Ponente. 
Nosotros rechazamos el informe, ya que consideramos que el Convenio previsto podría ser sustituido, inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, por un reglamento directamente aplicable en los Estados miembros o, cuando menos, por una directiva. 
También lo rechazamos porque las normas previstas hacen imposible una respuesta regionalmente adecuada frente a los flujos migratorios y, en comparación con las normas actualmente vigentes en Austria, facilitarían de manera clara, pero objetivamente no justificada, la llegada de extranjeros y, con ello, conducirían también a un deterioro de los niveles de seguridad. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estimada señora Gradin, la Comisión ha reconocido que la creación del mercado interior, la supresión de los controles fronterizos y la progresiva liberalización hacen necesarias también unas normas comunes en relación con la inmigración y también en lo que se refiere a los derechos de los nacionales de terceros países dentro de la Unión. 
Todos conocemos las dificultades del tema, toda vez que los Estados miembros de la Unión se muestran reacios a elaborar una política común en relación con el Derecho de extranjería. 
Sin embargo, también tenemos que dejar claros los puntos débiles del Convenio propuesto con objeto de evitar injusticias. 
En consecuencia, yo voy a referirme a tres aspectos. El primero es el derecho de residencia de los estudiantes. 
Si queremos ayudar a los nacionales de terceros países a que mejoren su nivel de formación, tenemos que fomentar la disposición a ofrecerles esta prestación y suprimir los obstáculos. 
Esto también es una forma de ayuda al desarrollo. 
Por consiguiente, tenemos que concederles las mismas libertades que a los demás estudiantes y no postergarles y tratarles como estudiantes de tercera clase. 
Tampoco debemos cejar en nuestros esfuerzos en favor de la reagrupación familiar ni rebajar demasiado la protección jurídica. 
Muchos Estados protegen especialmente a la familia. 
La Constitución alemana incluso protege específicamente, en su artículo 6, a la familia y su unidad. 
En nuestra calidad de Parlamento Europeo, tenemos que reforzar dicha protección. 
Para ello es preciso establecer un concepto amplio de familia. 
Lo que cuenta es la relación de facto entre una pareja y no el certificado de matrimonio. 
También es importante el bienestar de los hijos y no el sexo o la relación matrimonial entre los miembros de la pareja. 
Es acertada la reagrupación de los familiares con derecho a mantenimiento, con vistas a su protección y a la preservación de la unidad familiar, y no lo es la exclusión o la admisión arbitraria por decisión del Estado en cuestión. 
Un nacional de un tercer país invertirá en la educación de sus hijos, aprenderá la lengua del país de acogida y desarrollará un medio seguro de vida si los países se muestran dispuestos a promover efectivamente, de manera positiva y consciente, la integración de esas personas. 
Por esto tenemos que procurar corresponder, en el ámbito del derecho de residencia, del derecho de voto y de los derechos sociales, a las personas de terceros países que vienen aquí. 
Señor Presidente, ahora sabemos por qué grandes sectores de la población tienen miedo, ¡miedo a la inmigración, no a las normas actuales! 
Lo que necesitamos son unas normas relativas al empleo y también a la inmigración de trabajadores extranjeros a la Unión. 
El señor Lehne se ocupa en su informe de ambos aspectos y es preciso considerarlos conjuntamente. 
La población espera de la política que haga frente a dichos problemas y que ofrezcamos soluciones, o sea, que establezcamos un sistema de regulación y unas normas y que procedamos a la armonización. 
Yo me congratulo de que el Tratado de Amsterdam nos apoye en este empeño. 
Necesitamos unas normas comunes para la inmigración de trabajadores, que es preciso controlar y limitar. 
La integración de las personas admitidas sólo tendrá sentido y será realmente posible si redunda en interés de la Unión. 
En Austria tuvimos que enfrentarnos con estos problemas. 
Establecimos unas normas, por las que ahora se aplica un régimen de cuotas, que no autoriza ninguna nueva admisión hasta que no se haya logrado con éxito la integración de las personas admitidas. 
Yo creo que esta vía es absolutamente necesaria. 
El objetivo tiene que ser, por lo tanto, adoptar unas normas comunes que regulen la inmigración y el establecimiento. 
En la Unión no existe ningún tipo de legislación en materia de inmigración y establecimiento y también tiene que ser posible adoptar normas comunes para el procedimiento de asilo. 
Tampoco las tenemos aún y esto da lugar a abusos. 
Los socialistas, los verdes y los liberales han abandonado en parte la senda de la razón con sus enmiendas, que han transformado el Informe Lehne en un informe de la sinrazón, que ahora se presenta a la Asamblea con las normas que ustedes ya conocen y que persiguen una liberalización absoluta. 
No deseamos en ningún caso una inmigración que denote que las fronteras están abiertas, ni tampoco es esto lo que la población espera de nosotros, del Parlamento Europeo. 
Yo espero que mañana volvamos a la senda de la razón, es decir, que nuestras enmiendas y las del señor Lehne obtengan un respaldo mayoritario en la Asamblea. 
Esto nos permitiría establecer una línea de actuación que autorice efectivamente la admisión y la integración de manera limitada y controlada, tal como deseamos que sea, y que promueva un sistema común que no asuste a la opinión pública ni a la población, sino que aporte una solución para las personas que inmigran a Europa, para nosotros y para la Unión misma en su conjunto. 
Señor Presidente, me gustaría abundar en la observación del Sr. Hager sobre las normas nacionales, como las ha llamado. 
Cuando una persona es legalmente residente en la Unión Europea, ¿cómo se puede garantizar, dicho en términos sencillos, la libre circulación de los ciudadanos de la Unión sin violar los derechos de otros ciudadanos de la UE? 
Permítaseme ofrecer un ejemplo concreto, aunque el Sr. Hager no esté escuchándome. 
Un grupo que había llegado en un autocar vino a visitar el Parlamento en Estrasburgo. 
Algunos de los pasajeros eran titulares de pasaportes británicos. 
Sin embargo, había también dos hermanas, una de las cuales tenía pasaporte indio, mientras que la otra, la más joven, por alguna extraña razón, tenía pasaporte británico. 
La profesora encargada del grupo tenía que decidir si ir a la Selva Negra. 
Vino a verme y me dijo: » No tengo un visado para ir a la Selva Negra, ¿qué debo hacer? 
¿Debemos anular el viaje escolar porque uno de los colegiales no tenga el visado necesario o debemos arriesgarnos e ir igualmente?» 
Me resultó muy difícil aconsejar a aquella profesora. 
Probablemente yo me habría arriesgado, pero es que yo tengo la ventaja de la inmunidad diplomática. La profesora no la tenía. 
Así, pues, se encontró en la incómoda situación de decir: » No, tengo que cumplir con lo que parece ser la ley y voy a anular el viaje a la Selva Negra». 
¿Acaso no está mal una cosa así? 
Cuando se plasman los derechos de los ciudadanos de terceros países en una situación así, se ve la iniquidad de lo que propone el PPE. 
Lo que nosotros- el PSE, los Liberales y los Verdes- proponemos tiene mucho más sentido y no causará quebraderos de cabeza como el causado a quienes hacían aquel viaje en autocar aquel día. 
Señor Presidente, muchas cosas se han dicho ya a lo largo del debate. Pero a mí me gustaría volver sobre una observación general y algunas otras particulares respecto a algunas enmiendas. 
Indudablemente, la responsabilidad de la Unión Europea respecto del fenómeno de la inmigración es importante. 
Se han mencionado distintos enfoques de la cuestión, desde la cooperación al desarrollo hasta las políticas de natalidad. 
No voy a comentarlos, excepto en dos aspectos que me parecen fundamentales: la seguridad jurídica y la integración de los inmigrantes. 
Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, tenemos que tener en cuenta que esa seguridad jurídica no debe ser sólo para los inmigrantes, sino también para los ciudadanos de los Estados miembros, y en estos momentos se aplica el Convenio de Schengen. 
Por lo tanto, la iniciativa de la Comisión es bienvenida y, en términos generales, razonable. 
Desde luego, espero que sea apoyada. 
Desde el punto de vista de la integración de los ciudadanos de terceros países, nos falta una reflexión sobre cómo se adquiere la nacionalidad, pero eso no está dentro de las competencias establecidas en el artículo K.3, ni será parte de las cuestiones que se «comunitaricen» después del Tratado de Amsterdam. 
Eso forma parte de lo que permanece todavía bajo la soberanía de los distintos Estados miembros. 
Sin embargo, es necesaria una reflexión sobre ello, porque uno de los veneros de la integración de esos inmigrantes en la comunidad que les recibe, queda siempre cojo si no hay por lo menos una reflexión de conjunto sobre cómo se adquiere la nacionalidad de uno de los Estados miembros. 
Hecha esta reflexión, me voy a parar en cuatro enmiendas: la primera enmienda es la número 66 del PPE, que lo único que plantea claramente es que el procedimiento que se establece, con arreglo al artículo 36, respete el artículo 10 de la Directiva 68/390: esto es, que los Estados miembros mantienen la posibilidad, por razones de orden público, de salud pública o de seguridad pública, etc., de denegar o de establecer una excepción a ese procedimiento. 
Esto ya se contempla en el considerando 9, pero un considerando que no tiene un reflejo en la parte dispositiva no tiene ningún sentido. 
La segunda enmienda, la nº 67, se refiere al artículo 12, esto es, a los inmigrantes que se quieren instalar por cuenta propia. 
También hay otra directiva sobre ello- la 90/365- y es lógico que se exija a los inmigrantes las mismas condiciones que a los ciudadanos de otro Estado miembro. 
Después encontramos el asunto de la reagrupación familiar, y teniendo en cuenta la seguridad jurídica, entiendo el planteamiento de la Comisión. 
No entiendo, en cambio, el planteamiento de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, porque es contrario a la seguridad jurídica. 
Pues, en el caso de que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro permita la reagrupación familiar basada en relaciones de hecho, ¿quién y cómo podrá verificar la existencia de dicha relación? 
No creo que esta solución sea razonable. 
Y sobre el artículo 34- el voto en las elecciones municipales -, no perdamos de vista, Señorías, que el proyecto de la Unión Europea es un proyecto político. 
Por lo tanto, de acuerdo en la necesaria integración en derechos sociales e integración en el aspecto de la nacionalidad. En cambio, los derechos políticos pertenecen exclusivamente a los ciudadanos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, la de lograr un criterio justo y coordinado en materia de inmigración en la Unión Europea es una cuestión decisiva y las propuestas de la Comisión son un intento digno de abordarlo, como también lo es el informe del Sr. Lehne, modificado en comisión. 
Se podría mejorar con alguna otra enmienda. 
Debemos evitar los miedos irracionales que parecen flotar en el ambiente y que algunos abrigan. 
Naturalmente, no queremos que se abran totalmente las puertas. 
Debe haber alguna organización, planificación y control de los niveles de inmigración que podemos mantener. 
Sin embargo, también rechazo el concepto de una Fortaleza Europa. 
No queremos vivir en una Comunidad que limite injustificadamente la entrada de extranjeros. 
Los países de Europa se han beneficiado y revitalizado a lo largo de los siglos con las oleadas de inmigrantes que han llegado y han estimulado el desarrollo de nuestras sociedades. 
Muchos de ellos han contribuido mucho al desarrollo de nuestros países y al aumento de la riqueza y la prosperidad. 
Hace unos años hubo en Gran Bretaña quienes se sintieron preocupados por los niveles de inmigración procedente del subcontinente indio. 
Hemos superado esos problemas en gran medida y el año pasado las empresas que son propiedad de indios contribuyeron con 5.000 millones de libras a la economía británica. 
Ésa es simplemente una forma de verlo, aunque no la más importante. 
Una de las cuestiones fundamentales es la de la reunificación familiar. 
Debemos ser humanos, justos y razonables. 
Naturalmente, no se puede permitir que los inmigrantes traigan a quienes quieran, pero la reunificación de la familia nuclear es importante. 
Yo represento una zona en la que una tercera parte de la población no es de origen inglés y muchos no son ciudadanos del Reino Unido. 
Me ocupo de muchos de sus problemas. 
Un ejemplo es el de una señora india que desea traer a su hijo de la India, que ha caído gravemente enfermo y no tiene a nadie que lo cuide. 
Otro es el de una familia a cuyo anciano padre procedente de la India se le denegó en un principio la entrada por la Oficina de Admisión de Inmigrantes con el argumento de que dio respuestas contradictorias al explicar sus razones para entrar. 
A nadie se le ocurrió hacer averiguaciones para descubrir que estaba parcialmente sordo, razón por la cual dio las respuestas contradictorias. 
Se deben abordar esas cosas con una actitud justa y humana. 
Señor Presidente, creo que, en lo que respecta a esta materia, todos somos conscientes de la necesidad de ser muy fríos y capaces de razonar. 
Debemos combinar las exigencias de control con las exigencias de democracia. 
Por eso, los actos que estamos a punto de realizar con vistas al futuro Tratado de Amsterdam, tienen que reunir las características que voy a reseñar muy rápidamente. 
En primer lugar, tienen que ser actos con amplitud de miras; hay que hacer frente al futuro inmediato. 
En este mundo global circula de todo, ¿acaso queremos poner límites, a veces absurdos, tan sólo a la circulación de las personas que están obligadas a ella? 
Eso no es posible y, por lo tanto, hay que intervenir cuanto antes mediante los instrumentos de integración y, a este propósito, el derecho al voto es fundamental. 
En segundo lugar, es necesario ser rigurosos, pero para serlo, para luchar contra la ilegalidad y la clandestinidad, es preciso ser capaces de abrir de forma controlada los espacios, al objeto de que la inmigración pueda instalarse y, en este sentido, el control de los flujos migratorios es posible sólo si, en tercer lugar, logramos ser eficaces y no demasiado burocráticos. 
He de decir que, con respecto a las cuestiones de la entrada por trabajo, no alcanzo a comprender un sistema tan burocrático e ineficaz como el propuesto por el Grupo del Partido Popular Europeo a través de algunas de sus enmiendas. 
Por último, tenemos que ser capaces de actuar sin discriminaciones. 
En nuestro nuevo Tratado queda muy claro el rechazo de las discriminaciones. 
En lo que atañe a la reagrupación familiar, también en este Convenio debemos mostrar la máxima coherencia, si queremos evitar que mañana nuestras políticas representen una comunitarización de los egoísmos y de los miedos nacionales, en lugar de mirar al futuro. 
Señor Presidente, creo que voy a repetir muchas cosas que han dicho otros colegas en este debate. 
El debate versa, en realidad, sobre dos cuestiones distintas: en primer lugar, las normas para la admisión de los ciudadanos de terceros países en la Unión Europea y, en segundo lugar, las normas sobre la admisión de los ciudadanos de terceros países en los Estados miembros. 
Respecto de las primeras, lo que la Comisión intenta hacer en este caso es abordar las cuestiones del empleo remunerado, los trabajadores de temporada, las personas que solicitan la entrada en relación con una actividad económica independiente, el estudio y la formación profesional, actividades no lucrativas y la reunificación familiar. 
Naturalmente, todos convenimos en que la entrada en la Unión Europea debe estar organizada de algún modo y no somos partidarios- al menos no en el Grupo PSE o, si vamos al caso, en el Partido Laborista Británico- de permitir la entrada libre. 
Lo que necesitamos para contrarrestar las medidas razonables e injustificadas que existen en nuestra sociedad es controles razonables. 
Necesitamos controles prudentes para administrar las admisiones. 
Por desgracia, con la legislación actual, los requisitos para la admisión resultan casi imposibles de cumplir y establecen condiciones que, evidentemente, no se van a cumplir. 
Por ejemplo, con arreglo a las propuestas originales, si una persona quiere volver a solicitar la admisión, cambiando la categoría de entrada, debe regresar a su país de origen para solicitarlo y debe permanecer en él hasta que reciba respuesta. 
No parece haber indicación de lo que habrá de esperar hasta que reciba una respuesta a su solicitud. 
Según se dice también, en este momento los acuerdos bilaterales pueden ser más favorables que los establecidos en la legislación. 
Pero también se dispone que en el futuro, una vez que entre en vigor esta propuesta, los acuerdos más favorables deberán contar con la aprobación previa del Consejo de Ministros y que, si un país quiere negociar acuerdos bilaterales, deberá informar por adelantado a los demás Estados miembros y a la Comisión de que está negociando acuerdos bilaterales más favorables. 
Muchos países de la Unión Europea tienen relaciones especiales con diversos países del Tercer Mundo y me parece que se debe examinar de nuevo ese aspecto de la propuesta. 
En segundo lugar, respecto de la libre circulación de los ciudadanos por la Unión Europea, el Sr. White ha sido muy elocuente. 
Yo tengo ejemplos similares al que ha ofrecido, que no voy a repetir. 
Pero decir que, cuando grupos escolares viajan por la Unión Europea, los ciudadanos de terceros países legalmente residentes que cuenten diez años de edad deben obtener visados me parece un absurdo. 
El Parlamento Europeo ha sostenido en muchas ocasiones anteriores que los ciudadanos de terceros países legalmente residentes en la Unión Europea deben tener los mismos derechos y los mismos deberes que todos los demás. 
Es muy importante que mantengamos esa postura, porque, con arreglo al actual Acuerdo de Schengen y las actuales disposiciones sobre la libre circulación, resulta muy claro que así va a ser en cualquier caso. 
Debemos velar por que así sea legalmente. 
Entiendo la labor que el Sr. Lehne ha hecho con este informe: es muy difícil y muy polémico. 
He de decirle que comprendo que es un asunto difícil, pero en este momento estamos muy lejanos de algo que los diputados del Partido Laborista Británico y del Grupo PSE pueden apoyar. 
Señor Presidente, Señorías, hoy hemos escuchado algunas declaraciones de los señores Pirker y Nassauer a las que yo habría deseado responder personalmente ahora, pero dichos señores se han retirado después de sus enjundiosas palabras para atender a otras ocupaciones. 
Lo cual, por otra parte, sucede con frecuencia. 
El colega Lehne ha dedicado mucho trabajo al presente informe- ya lo ha señalado el orador que me ha precedido- y yo quisiera hacer dos observaciones con respecto a lo que ha manifestado en su calidad de ponente. 
Señor Colega Lehne, puede tener la seguridad de que volveremos a considerar sus peticiones en el momento de las votaciones. 
Hay algunos aspectos de las enmiendas que ha presentado la comisión, en una u otra versión, que de hecho tendríamos que volver a reconsiderar. 
En este sentido, yo le agradezco que haya llamado la atención sobre este hecho en su calidad de ponente. 
Sin embargo, yo quisiera plantear una pregunta: ¿cuál es, en realidad, el tema de fondo? 
Tenemos que intentar mantener separados, por un momento, los deseos y la realidad. 
El señor Nassauer ha declarado con una frase bien elegida: " la Unión Europea no es un territorio o una región de inmigración.» 
Un par de semanas atrás todos nos lamentábamos: " ¡tenemos tanta inmigración ilegal en Europa! ». 
¿Cuál es la realidad, entonces? 
Naturalmente que tenemos inmigración ilegal en la Unión Europea. 
¿Por qué la tenemos? 
¡Porque somos una zona de inmigración! 
No es posible confeccionarse un mundo a la medida de los propios deseos. 
En tal caso, el señor Nassauer debería declarar sinceramente: ¡No queremos ser una zona de inmigración! 
Esto ya es otra cosa, pero es indiscutible que lo somos. 
En cambio, yo le doy la razón al colega Pirker- pero únicamente en este aspecto- en cuanto a que no queremos que esto ocurra de manera no regulada. 
Si efectivamente queremos regularlo, tendremos que proceder de manera relativamente objetiva y no polémica, aunque en la República Federal Alemana vayan a celebrarse elecciones y naturalmente resulte atractivo crear un poco de agitación en torno a este tema. 
Pero ¿de qué estamos hablando? , colega Lehne. 
La enmienda 48 dice: "... podrán solicitar una extensión». 
Lo cierto es que la persona que puede solicitar una extensión- sí, al menos tiene este derecho- también puede recibir una respuesta negativa. 
Por lo tanto, no se trata en absoluto de una imposición, sino de una recomendación. 
La enmienda 49 dice: " se podrá autorizar el ejercicio de una actividad lucrativa cuando exista un puesto de trabajo vacante». 
Autorizar no significa garantizar, sino que es una cuestión que depende de la discrecionalidad del correspondiente Estado miembro. 
La enmienda 51 dice: " se podrá autorizar la reagrupación familiar previa solicitud de la misma» , lo cual en Alemania significa después de un examen minucioso. 
Usted lo sabe tan bien como yo por su práctica en el ámbito municipal. 
En el caso de la enmienda 52, la diferencia estriba en que ustedes no quieren incluir en la reagrupación familiar a los hijos mayores de edad y nosotros queremos incluir a los que formen parte del círculo familiar inmediato. 
En fin, podemos discutir si éste comprende sólo a los hijos menores de edad o también a la abuela. 
La Unión Europea no se hundirá por esto. 
Usted lo sabe, colega Lehne, y por esto en su propia enmienda 80, relativa a los estudiantes y las demás solicitudes de permisos de trabajo, ha escrito que este Capítulo, aunque usted desearía que las recomendaciones sean muy restrictivas, no impide que los Estados miembros establezcan una reglamentación más favorable para los solicitantes. 
Con lo cual volvemos a seguir un rumbo paralelo, después de que usted haya descrito una curva relativamente acusada. 
Yo propongo, por lo tanto, que mañana lleguemos a un acuerdo en el momento de la votación, que intentemos consensuar lo que debemos conceder y que dejemos de lado la polémica, con lo cual habremos prestado un servicio a la Unión Europea, a sus ciudadanos y a las personas que desean trasladarse aquí. 
Señor Presidente, señorías, aprecio en gran medida el tiempo y la energía que tanto el ponente como otros diputados han dedicado para sacar adelante la presente propuesta. 
El debate de hoy ha sido muy fructífero y demuestra, por lo menos, dos cosas. 
En primer lugar, muestra que las cuestiones relativas a la emigración son y seguirán siendo cuestiones políticas prioritarias. 
En algunos Estados miembros, los inmigrantes vienen contribuyendo desde hace numerosos años al desarrollo político, económico y social, mientras que en otros Estados se trata de un aspecto relativamente reciente. 
Ahora se trata de aclarar de manera conjunta cómo vamos a afrontar en el futuro los desafíos que se plantean en el ámbito de la política de inmigración. 
En segundo lugar, el debate de hoy muestra que estas cuestiones son complicadas y afectan a un ámbito político muy amplio. 
Son muchas las preguntas que nos formulamos: ¿qué podemos hacer a fin de crear las condiciones necesarias para que las personas permanezcan en sus países de origen? 
¿Cómo podemos controlar las oleadas de inmigrantes que se producen? 
¿Como explicamos al resto del mundo que no podemos ofrecer sitio para todos? 
¿Cómo podemos actuar ante el tráfico de seres humanos que está teniendo lugar? 
¿Cómo podemos encargarnos de que los inmigrantes se integren en la sociedad? 
¿Cómo explicamos la pérdida de identidad y la marginación social? 
Se trata de cuestiones controvertidas, por lo que las soluciones que propongamos deberán ser objeto de una larga reflexión, claras y consecuentes. 
Los inmigrantes continuarán intentando llegar a Europa en un futuro próximo. 
Los motivos fundamentales siguen siendo en gran medida los mismos que movían a las anteriores generaciones de emigrantes. 
Las personas buscan una vida mejor para sí y para sus hijos. 
Hoy en día no existen continentes despoblados, por lo que estas personas intentan llegar a aquellos lugares que están físicamente a su alcance. 
Debemos aceptar esto como una situación permanente y normal, en vez de verlo como algo provisional y dramático. 
Por consiguiente, deberemos proponer soluciones a largo plazo y, ante todo, duraderas. 
Además, hemos llegado a un punto en el que se deben buscar las respuestas en colaboración con el resto de los países. 
Y los ciudadanos esperan que también la Unión Europea y sus instituciones contribuyan a este respecto. 
Señor Presidente, éste es el motivo principal que me ha llevado a presentar la propuesta que hoy sometemos a debate. 
Las condiciones de los emigrantes son, en gran medida, similares en todos los Estados miembros de la Unión. 
Sin embargo, seguimos reglas distintas, lo cual es motivo de inseguridad y desconcierto entre los ciudadanos de terceros países. 
Este hecho menoscaba igualmente la confianza que se necesita entre los Estados miembros de la Unión para lograr entablar una cooperación práctica y funcional por lo que respecta a esta cuestión. 
Esta iniciativa ha activado ya un debate sobre cómo debe ser la futura política de inmigración en Europa, lo cual era también uno de mis objetivos. 
En especial, el animado debate de hoy en este Parlamento es una muestra de las grandes divergencias que existen sobre este tema. 
Naturalmente, también he seguido las distintas fases del debate que se ha entablado en la comisión sobre esta propuesta, y reconozco muchos de estos argumentos, tanto de debates internos de la Comisión, como de reacciones que se han suscitado en nuestros Estados miembros. 
Se ha abordado una inmensa parte de las reivindicaciones, algunas de las cuales afectan a aspectos centrales de la propuesta. 
Una parte muy importante de la presente propuesta tiene por objeto las normas para la reagrupación familiar. 
Se trata de un derecho fundamental, y todos los Estados miembros de la Unión tienen tanto una responsabilidad como una posición común en virtud de una serie de acuerdos sobre derechos de los ciudadanos. 
Por lo tanto, existirían unas condiciones favorables para llegar a un acuerdo en torno a una línea de actuación común. 
Sin embargo, la cuestión radica en saber hasta dónde debemos llegar. 
El concepto de familia varía de un país a otro, como ocurre también con los límites de edad. 
Atendiendo a la falta de consenso que existe en la actualidad, mi propuesta incluye una medida fundamental para lograr un avance en lo relativo a estos dos aspectos. 
Los debates en el Consejo de Ministros deberán mostrarnos ahora si queda aún espacio para perfilar más nuestras posiciones. 
Otra de las cuestiones hace referencia a los ciudadanos de terceros países que residen legalmente desde hace mucho tiempo en nuestros países. 
La experiencia nos demuestra que la estabilidad y los planteamientos a largo plazo constituyen una condición necesaria para la integración. 
En mi opinión, un ciudadano de un tercer país que reside y que ha permanecido durante un largo período de tiempo en Europa debería poder vivir en gran medida bajo las mismas condiciones que los ciudadanos de la UE. 
Por ejemplo, resulta razonable, bajo determinadas circunstancias, permitir también a un inmigrante buscar un puesto de trabajo vacante en otro Estado miembro. 
La alternativa es una Europa segregada, con todo lo que ello supone de discriminación, agitación social e inestabilidad. 
A menudo se me pregunta si éste ha sido verdaderamente el momento más apropiado para presentar esta propuesta. 
De vez en cuando oigo que hubiera sido mejor esperar hasta la entrada en vigor del nuevo Tratado de Amsterdam. 
No estoy de acuerdo con esta apreciación. 
He presentado esta propuesta con el fin de poner en marcha un debate en el Parlamento y en el Consejo sobre las cuestiones en materia de política de inmigración. 
Cuando se presentó la propuesta, no existía una sola iniciativa concreta en este ámbito. 
Considero que, en una situación como ésta, es una tarea obvia de la Comisión hacer uso de su derecho a presentar iniciativas. 
Naturalmente, es cierto que el nuevo Tratado me permitiría utilizar otros instrumentos más eficaces, pero las cuestiones de fondo seguirán siendo las mismas. 
No veo ningún motivo para esperar a que podamos hacer otra formulación de un debate sobre los aspectos esenciales de la inmigración. 
Resulta evidente que la Comisión presentará una nueva iniciativa el día en que podamos hacer uso de los nuevos instrumentos. 
Está previsto que las negociaciones sobre esta propuesta se intensifiquen durante la Presidencia austríaca. 
Espero que el primer examen esté preparado ya para otoño. 
Con posterioridad, la labor pasará a consistir en la búsqueda de soluciones de compromiso cuando se registre una divergencia de opiniones. 
La propuesta incluye ya un gran número de puntos de vista. 
Doy por sentado que, cuando progresen las negociaciones, se tomarán en cuenta también los planteamientos e ideas recogidos en el informe Lehne, así como las enmiendas que se presenten. 
Esto exigirá sin lugar a dudas mucho trabajo, buena voluntad y, ante todo, mucha paciencia antes de que los esfuerzos comiencen a dar sus frutos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Fundamentalismo y ordenamiento jurídico europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0328/98) del Sr. Oostlander, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre el fundamentalismo y el desafío que supone para el ordenamiento jurídico europeo. 
Señor Presidente, la iniciativa de redactar un informe sobre el fundamentalismo procede de la comisión de asuntos exteriores. 
En el título original se había propuesto hablar de los peligros del fundamentalismo. 
Con razón se habla a nivel internacional del fundamentalismo que existe en todo tipo de religiones. El Sr. Colajanni dice justamente: como una especie de malentendido. 
Existe en la religión cristiana, en la religión hindú, la religión judía y el Islam. 
Por lo general, no se puede decir que el Estado deba tener algo que ver con ello, porque con respecto a las religiones el Estado debería ser imparcial y positivo, en cualquier caso imparcial. 
Sólo cuando hay enfrentamientos con el orden público o con la legislación, sobre todo en sentido sistemático, sólo entonces surge un problema. 
Entonces hay un problema con la religión, pero un problema con un exceso o- para decirlo con palabras del Sr. Colajanni- con un malentendido acerca de la religión. 
La Presidencia del Parlamento ha estimado que este tema debería estar dentro de la competencia de la comisión de libertades públicas. 
Mientras trabajaba llegué a la conclusión de que el título «Peligros» era incorrecto en cualquier caso y que se podía hablar mejor de un «desafío». 
Porque terroristas peligrosos o movimientos violentos hay muchos en Europa, y entre todos ellos la tendencia fundamentalista «islámica» comprometida políticamente es una de las más pequeñas y una de las menos importantes. 
Creo que lo importante es informar que cuando se habla de fundamentalismo religioso y sus excesos, se está hablando en realidad de un fenómeno bastante insignificante. 
Es importante constatar eso. 
De ahí que hable sobre «desafío». 
Mi intención es que mi informe sirva de refutación de todas esas noticias alarmantes sobre el tema. 
Porque en los medios de comunicación europeos lo más bonito es mostrar a alguien con un aspecto especial, con unos trajes típicos especiales, con frases especiales. 
Eso es interesante para el espectador, pero no es nada representativo del conciudadano musulmán europeo. 
El hecho es que, partiendo de esta presentación extremista de todo lo que tiene que ver con el Islam, se corre incluso cierto peligro. 
Muy recientemente se presentó en una crónica sensacionalista de una de las emisoras de televisión neerlandesas un informe del servicio de seguridad interior del Gobierno neerlandés, que en realidad muestra paralelos sorprendentes con el escrito que presento aquí, como una señal de lo peligroso que podría llegar a ser el Islam en los Países Bajos, mientras que el informe titulado «El Islam político en los Países Bajos» no daba motivo alguno para ello. 
Por tanto, es importante decir abiertamente de qué se trata y refutar los prejuicios que existen. 
Después es importante proponer una política que pueda impedir que surjan, en efecto, posibles problemas o mayores desafíos. 
Eso es lo que hace mi informe y mi resolución. 
Abogo, sobre todo para evitar complicaciones, por que en toda Europa se adopte una política positiva, con el fin de procurar que los musulmanes en Europa se sientan completamente integrados y aceptados. 
Todavía queda mucho por hacer, porque hay cierta discriminación en el terreno religioso en el cumplimiento de las obligaciones musulmanas y, sobre todo, también en el ámbito de la educación de los propios predicadores. 
Por eso estoy muy a favor, y lo defiendo en el informe, de que en Europa se creen posibilidades de formación de musulmanes y para musulmanes, sobre todo en la teología. Que dispongan de centros de estudio científicos para que también puedan formarse dirigentes que tengan pleno conocimiento de la cultura europea y que no les resulte extraña. 
Y que así también la segunda y tercera generación de musulmanes en Europa pueda estar provista de atención pastoral de un modo correcto. 
Por tanto, me parece de gran importancia que aclaremos a la totalidad de la ciudadanía europea y también al Gobierno neerlandés que es bueno comparar- qué hacemos con los musulmanes en nuestra sociedad- y hacer balance de ello. 
Abogo por que se inicie una investigación comparativa entre los diferentes tipos de política que se llevan a cabo para que, partiendo de esa investigación comparativa, se pueda averiguar dónde están las lagunas en países determinados. 
Los gobiernos mismos tendrán, por lo demás, plenas facultades para adaptar su política basándose en las experiencias que tienen sus colegas en otros países. 
También es importante para los musulmanes conocer bien la cultura europea. 
Por lo demás, eso es de gran importancia para más de un europeo. 
Es muy importante saber cómo están relacionadas las leyes fundamentales, los sistemas jurídicos de Europa. 
Es importante saber que en Europa opinamos, en general, que las competencias de diversas instancias, tales como las de las comunidades religiosas y de la administración pública, no se pueden confundir. 
Una comunidad religiosa que se procura las competencias y los medios que en realidad pertenecen al Estado está en el camino equivocado, y viceversa. 
Creo que ése es en realidad el problema del denominado fundamentalismo. 
Soy de la opinión de que también aquellos que tienen realmente otras posturas en el mundo musulmán o en el mundo fundamentalista, no son en modo alguno ningún problema para la Unión Europea. 
Otra vez, el problema no surge hasta que se cometen graves infracciones con la legislación y enfrentamientos con el orden público. 
Me adhiero a que digamos claro desde el Parlamento en qué punto estamos, también a los medios de comunicación y a nuestros propios ciudadanos, que estamos realizando una política positiva y que estamos lanzando una señal por la que está claro que tomamos en serio y aceptamos como conciudadanos a los ciudadanos musulmanes de Europa, que contribuyen enormemente a nuestra cultura y a nuestra economía. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Oostlander contiene cierto número de consideraciones y de propuestas positivas, en especial cuando llama a la tolerancia ante religiones y culturas diferentes, cuando advierte en contra de las amalgamas entre las religiones y las desviaciones fundamentalistas de esas religiones, cuando recomienda medidas adecuadas para que los extremismos religiosos no tengan ningún terreno favorable en Europa. 
No obstante, lamento que el Sr. Oostlander haya preferido tratar exclusivamente el fundamentalismo islámico, y su reciente intervención no me ha convencido. 
Es verdad que se ha ilustrado trágicamente con la ola de atentados cometidos en Francia. 
¿Se puede pensar, no obstante, que ningún otro extremismo religioso constituye una amenaza? 
La tragedia que hemos lamentado hoy demuestra que en Irlanda del Norte, donde los integrantes de la Orden de Orange no aceptan que se les impidan sus provocaciones anuales, los fundamentalistas no están dispuestos a marcar el paso. 
Es verdad, el ponente ha excluido ex profeso este problema que supera, estoy de acuerdo, el simple problema religioso, pero otros integrismos cristianos están activos en Europa. 
Si los europeos se preocupan por su seguridad, también lo hacen por su libertad, en especial por la de llevar la vida personal y privada que les apetezca. 
Los grupos antiabortistas, dirigidos por los integristas católicos, aún no han matado en Europa como lo han hecho en su tierra sus homólogos americanos, pero dan claro testimonio de que su movimiento está decidido a imponer, incluso por la fuerza, sus objetivos y sus valores: la vuelta a un orden moral impuesto y la incursión de lo religioso en la esfera pública, amenazas sobre la situación de las mujeres, los derechos de los homosexuales y el laicismo, todo esto sumado a unas declaraciones violentamente xenófobas y antisemitas. 
Esta guerra de los integristas católicos en pos de una regresión de la sociedad, de una injerencia en el espacio privado, está cargada de amenazas y de violencias para el Estado de derecho democrático y las libertades. 
Desde ahora habría que preocuparse por ello. 
El ponente ha eludido este aspecto de las cosas voluntariamente, lo sé, pero lo lamento. 
En cuanto al fundamentalismo islámico, creo que se ha perdido la oportunidad de recordar sus responsabilidades a ciertos Estados miembros que, por honorables razones de tolerancia, pero también por otras tal vez menos confesables, reciben en su tierra y toleran las actividades que sirven de base al terrorismo islámico. 
La guerra que se ha de librar es colectiva, leal y sin reservas. 
Me ha parecido útil recordarlo así a los Estados miembros con motivo de este informe. 
Señor Presidente, en nombre del PPE, es para mí un auténtico placer tomar la palabra en este informe del Sr. Oostlander. 
Me parece un magnífico informe. Y magnífico tanto en su redacción primitiva como ahora completado con las enmiendas que ha presentado con la firma de todos nosotros. 
Efectivamente, este informe se circunscribe a lo que se circunscribe- y la Sra. Lindeperg lo ha puesto de manifiesto -, pero qué duda cabe que sus conclusiones son extrapolables hacia cualquier forma de fundamentalismo. 
¿Y a qué se circunscribe este informe? 
Pues a manifestar una vez más, alto y claro, que estamos en una sociedad abierta, una sociedad que se basa, en definitiva, en la democracia, en el Estado de Derecho, en la defensa de los derechos humanos y la separación de poderes y, en particular, en que la religión, como muy bien lo ha destacado el Sr. Oostlander, forma parte de la esfera privada de cada uno de nosotros y no debe tener trascendencia pública; y, a partir de ahí, cualquier idea es defendible, pero dentro del margen de la ley, dentro del marco legal, dentro del ordenamiento jurídico. 
Por lo tanto, a través de este informe lo que se pone de manifiesto son esas complicadas y peligrosas derivaciones cuando las ideas, que deben ser de esa esfera privada, se convierten en banderines de enganche de violencia y se erigen en verdaderos problemas para la convivencia social. 
Indudablemente, señora Lindeperg, usted ha hablado de unas carencias en este informe- que en mi opinión no son tales. 
Hemos dicho que este informe voluntariamente se ha circunscrito a estos aspectos. 
Hay otros fundamentalismos gravísimos, y yo vengo de un país que los padece. 
Estos fundamentalismos de quienes erigen sus ideas políticas o de cualquier otro signo y no paran de matar, de violentar, de coartar la libertad de unos y otros. 
Todos esos, efectivamente, no están incluidos en este informe, pero las conclusiones a las que llega el Sr. Oostlander- y que espero que mañana sean aprobadas por una amplia mayoría de este Parlamento- son absolutamente extrapolables para, una vez más, proclamar que somos una sociedad abierta, que queremos ser una sociedad abierta, y que la sociedad abierta es una sociedad de derecho, que se rige por las reglas del derecho y no al amparo de cualquier otro fundamento, en este caso religioso, en el informe del Sr. Oostlander. 
Señor Presidente, Señorías, el informe Oostlander merece por parte de mi Grupo las siguientes observaciones: por su título, " El fundamentalismo y el desafío que representa para el ordenamiento jurídico europeo» , este informe presupone, en términos lógicos, la existencia de una definición aceptada por todos. 
Sin embargo, no es así, cosa que, además, reconoce el propio informe. 
Esto no significa que las violaciones de los derechos humanos, las alteraciones del orden público, incluido el terrorismo, recordado por el Sr. Oostlander, no tengan su espacio en nuestros debates. 
Muy por el contrario, es necesario debatir estos temas en el marco apropiado. 
Además, el hecho de colocar el islamismo dentro del marco de un trabajo sobre el fundamentalismo religioso, que podría irritar a la comunidad islámica, tal vez dañe el equilibrio general del informe. 
Que quede muy claro: mi Grupo opina que todo lo que se incluya en el apartado " violaciones de los derechos humanos, terrorismo u otros actos totalmente condenables» debe ser objeto de una lucha sin cuartel. 
Muchas iniciativas adoptadas en el tercer pilar, relativas a la cooperación policial y judicial, permiten desde ahora y en adelante que nuestro Parlamento se exprese. 
Otro tanto ocurrirá en el futuro, por la sencilla razón de que lo esencial en el asunto está aún por hacer. 
Es obvio que es necesario impulsar todos los esfuerzos para imponer el estado de derecho en todas partes y en todas las circunstancias. 
El fenómeno del fundamentalismo tal como lo describe nuestro colega Oostlander suscita la cuestión de saber si los Estados miembros disponen de los medios de lucha apropiados para hacer que triunfen nuestros valores de tolerancia y libertad. 
En caso afirmativo, se podría soslayar una resolución parlamentaria. 
En caso negativo, no es dentro del marco de un informe sobre el fundamentalismo- idea poco clara, por otra parte- donde convendría aportar una solución. 
Contamos con otras posibilidades: se pueden dar opiniones sobre las iniciativas de la Comisión o del Consejo, o informes de iniciativas. 
¿Por qué no? 
Estas consideraciones me llevan a extraer la conclusión de que mi Grupo no podrá votar a favor del informe Oostlander. 
No se trata, Señor Presidente, de una falta de consideración cualquiera respecto al ponente, sino más bien de un alegato para abordar las amenazas que se ciernen sobre nuestros Estados de derecho dentro de un marco y de un modo adecuados. 
Señor Presidente, como el resto de los oradores, siento el más profundo respeto por el Sr. Oostlander y la labor que lleva a cabo en esta Asamblea, pero he de decir que este informe sobre el fundamentalismo me plantea muchos problemas. 
En mi opinión, no es útil. De hecho, podría suscitar rencor y resentimiento y muchos problemas de forma totalmente innecesaria. 
No existe una definición satisfactoria de fundamentalismo, ni un fundamento adecuado ni una base común. 
En comisión, se presentó una enmienda desafortunada para intentar establecer una vinculación entre lo que se llamaba fundamentalismo cristiano y grupos neonazis. 
El principal objeto de crítica es el fundamentalismo islámico y el informe parece centrarse demasiado en él. 
Independientemente de las virtudes o defectos de esas dos posiciones intransigentes, para aplicar una política preventiva contra cualquier forma de fundamentalismo religioso violento, no necesitamos un informe de la Unión Europea. 
Corresponde a los Estados miembros ocuparse de la violencia, sea cual fuere su origen o intenciones. 
Corresponde a los Estados miembros formular las políticas más apropiadas y responsables encaminadas a integrar a las minorías religiosas en la sociedad. 
¿Por qué aislar y señalar con el dedo el fundamentalismo islámico cuando, en cualquier caso, no entendemos de verdad el significado y la concepción en que se basa el islam? 
¿Y qué decir del fundamentalismo político o cultural o medioambiental? 
¿Por qué no abordar ese asunto en conjunto? 
En el informe se habla de la necesidad de no exacerbar el fundamentalismo religioso ni provocar reacciones antioccidentales innecesarias. 
Vuelvo a decir que este informe no es útil. 
De hecho, adolece de lo mismo sobre lo que intenta avisarnos: fundamentalismo. 
Los fundamentalistas intentan con frecuencia imponer la aceptación de sus opiniones mediante la legislación. 
Por último, creo, señor Presidente, que debo mencionar las preguntas a la Comisión y, en particular, la pregunta nº 53, formulada por el Sr. Alf Lomas, sobre el racismo y el fundamentalismo en Bruselas. 
Es muy importante que examinemos esta cuestión cuando se la presente en la Asamblea. 
Señor Presidente, nos encontramos hoy ante un informe que trata de un tema importante y complejo como es el integrismo. 
Condicionado por el tiempo del que dispongo, me gustaría precisar algunos puntos que, a mi parecer, no quedan muy claros en el informe. 
En primer lugar, lamento que en el informe, cuando se habla de fundamentalismo religioso violento, se haga sobre todo referencia al fundamentalismo musulmán, cuando creo que esta tendencia no es patrimonio de una u otra religión, y todas pueden padecerla en mayor o menor medida, como acaba de reconocer el Sr. Oostlander. 
Sin embargo, su informe evidencia un desequilibrio manifiesto en este punto. 
Como en todas las religiones, si hablamos del Islam no se pueden unificar todos sus exponentes bajo un mismo prisma, lo que constituiría un acto de extrema irresponsabilidad. 
Teniendo en cuenta la diversidad de las tendencias islámicas, habría que separar claramente las corrientes radicales de las que no ponen en absoluto en tela de juicio los valores de la libertad y la democracia. 
Partiendo de esa distinción, considero que el diálogo con los musulmanes europeos debe estar por encima de posibles intransigencias e intolerancias de una u otra parte. 
En este sentido, opino que la Unión Europea debe darse cuenta del hecho de que una cierta inspiración islámica es una constante en los movimientos políticos de los países del mundo musulmán; y eso debemos admitirlo siempre y cuando el respeto de los derechos humanos y de las libertades democráticas se considere una condición irrenunciable. 
Por otro lado, me gustaría decir que los estereotipos existentes con respecto a algunas religiones- entre las que no podemos olvidar el Islam- corresponden, en general, a una falta de información y conocimiento del tema, que debería remediarse con una política educativa que ofreciese la posibilidad de conocer todas las religiones y culturas, sobre todo por lo que respecta a la historia y a las relaciones sociales, y que promocionase una formación verdaderamente intercultural en coherencia con la multiculturalidad europea. 
En este cometido, los medios de comunicación deben jugar un papel importante, corrigiendo la fácil y frecuente inclinación en algunos casos hacia los tópicos preconcebidos, los prejuicios y las erróneas concepciones que se tienen de otras culturas ajenas a la propia. 
Consecuentemente, la interculturalidad debe entenderse como un ejercicio en dos direcciones, y no supeditado a un significativo «si es posible» ,» si es preciso». 
Debemos apoyar imperativamente el que se ponga coto a las políticas de doble rasero. 
A partir de ahí, es probable que, con una mayor dosis de credibilidad y objetividad, ayudemos a detener determinados fundamentalismos. 
Señor Presidente, el germen de la democracia- las libertades fundamentales- no debería estar conceptuado maniqueamente como un patrimonio de determinada cultura o tradición. 
Todas las culturas deben y tienen la capacidad de adaptarse a la democracia y a las libertades individuales. 
Señor Presidente, en lo que respecta a los desafíos que nos han planteado los fundamentalistas, hay que felicitar al ponente por la actitud que se ha impuesto en la elaboración de este informe, insistiendo sobre todo en la importancia de la prevención de los fundamentalismos violentos, a la vez que se trata de evitar que los elementos de agitación implanten en el seno de la Unión Europea simientes de desorden y de discordia, y se pide que se adopte una política de integración, particularmente grata a los ciudadanos de mi país. 
Este texto, no obstante, contiene unas derivaciones muy preocupantes. 
Se pasa del fundamentalismo al fundamentalismo religioso y del fundamentalismo religioso al islamismo, al integrismo musulmán, y el islam está nombrado en diecinueve párrafos de este texto. 
Es como si el integrismo católico del Opus Dei no estuviera activo en el seno de varios Gobiernos de nuestra propia Unión, o como si el integrismo judío no operase en la política europea en el Mediterráneo oriental. 
El informe se encierra, pues, en una descripción, o más bien en una requisitoria contra el islamismo, contra los países en que hace estragos, y contra los que están acusados de sostenerlo, y esto hace que el texto pierda una buena parte de su capacidad de motivar una reflexión de fondo. 
En vista de que todos los elementos de fundamentalismo ideológico o religioso aquí eliminados tendrán que tratarse algún día, no votaremos a favor del informe del Sr. Oostlander. 
Señor Presidente, el filósofo Wittgenstein dijo: » De lo que no se puede hablar, es mejor callar». 
De lo que no puedas consignar con escritura bien definida, no debes dictar sentencias categóricas. 
El fundamentalismo es un fenómeno que difícilmente se puede captar con palabras, mucho menos si se intenta dar una noción política del mismo. 
La presente recomendación crea, por tanto, más confusión que claridad. 
Hay que diferenciar claramente el fundamentalismo de la religión. 
Alguien cree en virtud de una convicción personal, en la que desempeñan un papel la experiencia, la razón y el corazón. 
El poder y la coacción humanos están excluidos. 
En el fundamentalismo son precisamente el miedo y la coacción motivos centrales. 
También ocurre esto en las corrientes ideológicas. 
Pensemos en el comunismo con Stalin y Mao. 
Otro ejemplo es el relativismo. 
Una forma de ese relativismo es la desafortunada sentencia de que ninguna religión lleva en sí el germen del odio. 
Esto debería hacer posible la tolerancia con toda religión y por parte de toda religión. 
Pero con ello se niega la pretensión de verdad de las religiones. 
Yo mismo soy un cristiano convencido, la Biblia para mí es la Palabra de Dios que normaliza mi vida. 
En Jesucristo, que dice: » Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» , sé que está mi salvación. 
Según esta creencia las demás religiones son idolatrías. 
Ellas portan, por decirlo de algún modo, el germen del odio en sí porque no reconocen al Dios de la Biblia como el único. 
Pero esta convicción no puede definirse como fundamentalismo. 
Éste surge cuando comenzamos a obligar a otro a creer lo mismo. 
El pasado de Europa muestra momentos en los que iba mal. 
Seguimos viendo que el Estado se cree con poder en asuntos religiosos o la iglesia se cree con poder a nivel terrenal. 
Iglesia y Estado deben mantenerse como cosas separadas. 
Sin embargo, con ello un Estado no se convierte en neutral, como afirma el informe. 
Ningún Estado es neutral, sólo hay que mirar a Europa. 
Nuestros ordenamientos jurídicos y democracias han sido instituidos sobre valores cristianos occidentales. 
Con ello hemos elegido una posición. 
A las personas que vienen a vivir aquí se les puede preguntar si quieren resignarse a este ordenamiento jurídico, pero esta exigencia no la sentirán como neutral. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera formularle una pregunta. 
El informe está basado en una resolución relativa a los peligros del fundamentalismo, pero en nuestro documento sobre el orden del día figura como «Fundamentalismo: la amenaza para el orden jurídico europeo». 
He examinado todo el informe y no veo dónde se acordó el cambio del título. 
Espero que pida al Presidente, mañana por la mañana, que dictamine si ese cambio del título es aceptable. 
La resolución en la que se basa este informe habla de los horrores de la guerra en la antigua Yugoslavia, con una opresión de los musulmanes por parte de los cristianos- al menos ése es un elemento de ella -, las matanzas en Ruanda y Burundi, el fanatismo ciego de los asesinos de Rabin- con la clara intención de incluir el fundamentalismo judío- y los terroristas suicidas que hacen explosionar bombas en Israel: el fundamentalismo musulmán. 
Son, todos ellos, fenómenos exteriores a la Unión Europea, pero el informe parece versar sobre el fundamentalismo islámico dentro de la Unión Europea. 
Se han cometido dos errores: en primer lugar, éste no es un informe que debiera haber preparado la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores; en segundo lugar, el Sr. Oostlander ha tratado ese tema de una forma particular, que no coincide con los deseos originales de quienes presentaron la resolución o, de hecho, con su naturaleza. 
Hay 19 referencias al islam, pero no hay referencias a ninguna otra religión. 
El informe presenta la idea estereotipada del islam como terrorismo. 
Cinco de las siete páginas de la exposición de motivos versan sobre el islam. 
No sé qué pensarán de ello los de dos a tres millones de ciudadanos musulmanes de Europa. 
Nada hay en el informe sobre iglesias que se denominan «cristianas» y el odio racial que predican. 
Tampoco menciona el informe el hecho de que haya quienes intenten importar en la Unión Europea ese fundamentalismo religioso procedente de los Estados Unidos. 
No menciona a los terroristas antiabortistas que, en nombre del cristianismo, han asesinado tanto a quienes ofrecen como a quienes piden abortos legales: otro tipo de terrorismo que algunos están intentando importar aquí. 
Nada dice sobre los elementos extremistas en torno a la Orden de Orange que queman y matan a tres niños protestantes porque su madre sea católica. 
Convengo en que debemos estar unidos para luchar contra el terrorismo. 
Me preocupa la situación relativa a Europol. 
Tenemos el deber de ver de dónde procede la amenaza real. 
Los amigos de los talibán representan menos peligro para Europa que los amigos del Ku Klux Clan, que ocupan escaños en el extremo de esta Asamblea. 
Señor Presidente, a diferencia del orador precedente, no acusaría yo al Sr. Oostlander por el título que ha elegido para su informe, porque constituye un verdadero problema saber si ciertas religiones, dada su actitud imperialista respecto a la vida civil y a la vida privada, son o no compatibles con nuestros principios constitutivos, con nuestros valores europeos, es decir, la libre elección del individuo, la forma en que cada uno, dentro del marco de las leyes, quiera organizar su vida. 
Creo que, precisamente, lo que se puede reprochar al Sr. Oostlander es que no se haya ceñido lo bastante a esta cuestión, que es fundamental y que nos remite a lo que podría ser un cuerpo de principios comunes a los diferentes Estados y el embrión de una constitución europea. 
Señor Presidente, yo también defiendo la laicidad como base del consenso para vivir en sociedad. 
Pero me gustaría subrayar el siguiente punto: yo fui una de las firmantes de la propuesta de recomendación al Consejo que ha dado lugar a este informe. 
Y, cuando firmamos esta propuesta, unos cuantos diputados queríamos subrayar por qué nos parecía que era importante alzar la voz en este momento contra la intolerancia, contra las corrientes extremistas e integristas de cualquier religión o, incluso, contra las corrientes extremistas laicas- aquellas que tratan de impedir a la gente llevar adelante su proyecto de vida si éste incorpora su religión- y recordar los horrores que hemos visto por la lucha entre una religión y otra en la antigua Yugoslavia y- como les recordaba también el orador precedente de mi grupo, Sr. Ford- también en Irlanda. 
Se trataba de ver cómo podríamos establecer un diálogo, cómo podríamos hablar con los dirigentes religiosos y fomentar todas aquellas buenas prácticas que pudiesen ayudar a superar este conflicto. 
Y lo hicimos en los días posteriores a la Conferencia Islámica en el Irán, porque nos parecía importante recuperar algunas de las voces- y me quiero referir muy específicamente a ellas- femeninas que, dentro del Islam y de algunas otras religiones, están tratando de evolucionar, de tener una vida mejor y una coexistencia pacífica. 
Aquella me parecía una iniciativa interesante. 
Pero una iniciativa que, en cambio, pueda ser fácilmente mal entendida como un signo negativo por los millones de musulmanes que viven en Europa, me parece más bien peligrosa. 
No tengo tiempo para entrar más en detalles pero yo voy a votar en contra de este informe. 
Señor Presidente, he leído con gran interés el informe del Sr. Oostlander. 
Versa sobre un tema a la vez delicado y difícil de tratar. 
La cuestión de fondo es determinar cuál va ser nuestra postura ante las distintas modalidades de fundamentalismo religioso. 
La respuesta que demos estará estrechamente ligada al respeto de las libertades y los derechos fundamentales de las personas. 
Sin embargo, se trata también de establecer un límite claro para el tipo de comportamiento que nunca estaremos dispuestos a aceptar, independientemente de las causas que lo motiven. 
La tolerancia es un punto de partida obvio. 
La libertad religiosa ofrece un marco que da cabida a numerosas creencias, algunas de ellas incluso extremistas. 
Sin embargo, este límite se traspasa de manera definitiva en el momento en que aparece en escena la violencia o cualquier tipo de coacción. 
En ese momento, deja de ser una cuestión de libertad de expresión o religiosa. 
Nuestra tarea consiste en ofrecer protección a las personas débiles y a las víctimas, así como defender los valores fundamentales de una sociedad abierta. 
Llevamos muchos años trabajando activamente desde la Unión para crear una Europa más segura y más protegida. 
También se han adoptado numerosas iniciativas en este sentido, comenzando por las relacionadas con la cooperación policial: finalmente, se ha ratificado el Convenio de Europol. 
El ponente se lamenta de que Europol no pueda hacerse cargo de los casos de terrorismo hasta dentro de dos años. 
Sin embargo, tanto los Estados miembros como la Comisión han llegado ahora a un acuerdo para comenzar la cooperación ya a partir del 1 de enero de 1999. 
De hecho, el mes pasado se inició ya, con la creación de un grupo de trabajo, la primera fase de los trabajos preparatorios. 
En su informe, el ponente solicita también a la Unión que practique una política consecuente y coherente con los gobiernos que, de una manera u otra, incitan, apoyan o toleran el terrorismo. 
En mi opinión, esto ya está teniendo lugar. 
Numerosas medidas, tanto de orden político cono práctico, muestran que los Estados miembros de la Unión Europea están actuando activa y constantemente para mejorar la lucha contra el terrorismo en Europa. 
Esto está llevándose a cabo bien mediante una cooperación interna, como por ejemplo a través de los enlaces destacados in situ, bien mediante un diálogo permanente con países exteriores a la Unión. 
También se está desarrollando una valiosa cooperación gracias a la creación de distintos grupos de trabajo, en el ámbito tanto del segundo como del tercer pilar. 
Estos grupos de trabajo han posibilitado también el mantenimiento de un diálogo entre los Estados miembros acerca de cómo podemos aunar nuestras fuerzas para luchar contra el terrorismo. 
Por lo que respecta a las sanciones a países sospechosos de apoyar o tolerar el terrorismo, los Estados miembros prefieren claramente actuar a través de foros internacionales como las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, nosotros otorgamos también una gran importancia a la labor que se lleva a cabo para prevenir la aparición de distintos actos de violencia. 
Se han adoptado numerosas iniciativas para fomentar la tolerancia y el entendimiento mutuo, tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión. 
Un ejemplo de esto lo constituyen el Acuerdo Euromediterráneo y la Declaración de Barcelona, base del mencionado acuerdo. 
En él se estipulaban, por ejemplo, encuentros con carácter regular entre representantes de distintas creencias, de instituciones religiosas, teólogos, académicos, y otros. 
Además, estos compromisos precedieron varias iniciativas, que alcanzaron su punto álgido con la celebración en abril de 1988 en Estocolmo de un seminario sobre el diálogo entre culturas y civilizaciones. 
La Comisión ha fomentado también muchas otras iniciativas para promover el diálogo entre las distintas culturas. 
Como botón de muestra, cabe mencionar el encuentro informal de 1995 que mantuvieron en Toledo los representantes de distintas tradiciones religiosas y filosóficas. 
En los debates se puso de manifiesto la importancia de profundizar en el diálogo entre las religiones. 
Además, la Comisión apoyó una iniciativa similar que tuvo lugar en Copenhague en 1996. 
Tampoco podemos pasar por alto el papel que desempeñan los medios de comunicación a la hora de fomentar el diálogo entre culturas y religiones. 
Por este motivo, la Comisión apoya la formación de periodistas procedentes de la Unión y de otros países en el Centro de Periodismo Europeo de Maastricht. 
Entre otros, allí se imparten cursos que tratan sobre la no discriminación, la tolerancia y las cuestiones de las minorías. 
Existe también un programa especial en el ámbito de los medios de comunicación creado por la Comisión para lograr una mayor cooperación entre los medios de comunicación de la región mediterránea. 
Señor Presidente, una política de prevención debe abarcar también medidas encaminadas a mejorar la integración de las minorías religiosas en la sociedad. 
Respaldo plenamente la opinión del Sr. Oostlander en el sentido de que se precisan medidas activas para reforzar su situación en el mercado laboral. 
Posteriormente, se deberá facilitar y alentar su participación activa en la vida política. 
Estas medidas son importantes para evitar la segregación y la discriminación, así como los actos de violencia que éstas ocasionan en casi todos los casos. 
Por lo que respecta a la información y a la investigación, el ponente espera que se realice un estudio comparativo sobre el Islam y las organizaciones islámicas en los Estados miembros. 
La Comisión ya está examinando una propuesta para elaborar un estudio de estas características. 
En otoño está prevista la celebración de una reunión en la que decidiremos, conjuntamente con los Estados miembros, la extensión y el contenido de este estudio. 
Igualmente, ya están teniendo lugar numerosas actividades, tanto en los Estados miembros como a nivel europeo, para fomentar el entendimiento entre las culturas, así como para prevenir y luchar contra el terrorismo basado en argumentos religiosos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0179/98) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones sobre cooperación transfronteriza en el marco del Programa Tacis (COM (97) 0239- C4-0280/97). 
Señor Presidente, señores colegas, tengo el honor, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, de presentar y de someter al juicio del Parlamento el informe sobre la cooperación transfronteriza en el marco del programa Tacis. 
Al mismo tiempo, expreso mi profunda satisfacción por la toma de medidas, por parte de la Comisión y del Consejo Europeo, para fomentar la cooperación transfronteriza que cubre las fronteras de Rusia, Belarús, Ucrania y Moldavia con Finlandia y los países del Báltico, así como con los países de Europa central y oriental candidatos a la adhesión. 
No es necesario subrayar lo importante que es la cooperación transfronteriza y qué gran aportación puede hacer en este intento por una mayor unión en el continente europeo, por una cohesión económica y social, por una mejora de las relaciones fronterizas, por la difusión de los principios democráticos, por el mantenimiento de la seguridad y de la paz, por la creación de relaciones de buena vecindad y de comprensión mutua. 
Es importante que la Unión ampliada profundice en sus relaciones con Rusia, Ucrania y los demás nuevos estados independientes en función de los acuerdos de asociación y según las propuestas de la Agenda 2000. 
Durante la planificación y aplicación de los programas, deberemos tener siempre presente la futura ampliación de la Unión Europea, para tomar en cuenta preferencias como el refuerzo de las fronteras exteriores de Europa, mientras que nuestra política regional tendrá que poner cada vez más énfasis en la cooperación transfronteriza, garantizando, por supuesto, los recursos necesarios. 
El programa Tacis CBC se concentra tanto en la transferencia de tecnología como en los proyectos de infraestructura a pequeña escala. 
Por primera vez, se asignarán fondos a inversiones directas en el marco de programas de cooperación transfronteriza. 
El objetivo es que se financien programas viables, que se apoyen en instituciones de los dos lados de las fronteras, programas que se planifiquen en base a la descentralización y que apunten a facilitar el tránsito local a lo largo de las fronteras, a la creación de corredores multimodales de conexión de la Unión Europea con nuestros vecinos orientales, ayudar a las regiones fronterizas a superar los problemas específicos de desarrollo a los que se enfrentan debido a su situación periférica y determinar los problemas ambientales que afectan a las regiones transfronterizas. 
Por supuesto, se entiende que la cooperación a lo largo de las fronteras exteriores se caracteriza por importantes diferencias económicas, sociales y culturales. 
Las regiones transfronterizas cuentan a menudo con una escasa población, debido al temor a una invasión de los ejércitos vecinos y su nivel de desarrollo es limitado porque el centro de actividades humanas tiende a estar situado en el interior del país. 
Estas regiones van cobrando progresivamente un carácter periférico, con infraestructuras insuficientes, carecen de servicios colectivos, y sus carreteras suelen seguir un trazado paralelo a las fronteras. 
Se sobreentiende que la aplicación de políticas regionales diferentes a ambos lados de la frontera agudiza aún más esta situación. 
Dadas las necesidades de desarrollo y los imperativos de una región fronteriza común, la Unión Europea debería asignar un porcentaje mucho más elevado de fondos del Programa Tacis a las regiones situadas al noroeste de Rusia. 
Las condiciones económicas y políticas en Rusia repercuten en todo el continente europeo, mientras que el futuro del programa Tacis de cooperación transfronteriza está íntimamente ligado al progreso hacia la democracia. 
Es preciso desarrollar y consolidar la democracia, entre otras cosas, también mediante un apoyo a la sociedad civil y un refuerzo de sus estructuras. 
La Unión Europea puede y debe apoyar a las autoridades rusas y a los nuevos estados independientes a resolver sus problemas, a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y a alentar la estabilidad y la democracia en la región. 
La cooperación en el sector medioambiental debe ser una de las prioridades del programa Tacis CBC. 
Los contactos transfronterizos han revelado la existencia de problemas ambientales de gran magnitud y gravedad en las zonas limítrofes con Finlandia. 
La contaminación industrial representa una seria amenaza para el medio ambiente de la zona norte y del mar Báltico. 
Igualmente, cuestiones relativas a la seguridad nuclear en Rusia y las regiones próximas a las fronteras de la Unión Europea constituyen por si solas una categoría aparte de graves problemas. 
Es igualmente importante garantizar que las regiones, las autoridades locales y los interlocutores sociales participen en la planificación y la aplicación de las medidas. 
Por eso quiero subrayar la importancia de un " Small Project Fund» , equivalente a aquellos que están en vigor en el marco de los programas Phare e Interreg, por medio del cual se fomentarán programas menores a nivel local. 
Incluso, con vistas a utilizar racional y eficazmente los recursos, es necesario coordinar los programas Interreg, Tacis y Phare. 
Por esta razón proponemos a la Comisión la creación de un Fondo único para los proyectos transfronterizos entre la Unión Europea y terceros países. 
Todavía hace falta mejorar y simplificar los lentos, complicados y burocráticos trámites y que la Comisión rectifique el sistema de administración para atender mejor a las necesidades regionales. 
En el futuro, la cooperación transfronteriza deberá basarse en una estrategia transfronteriza común, integrada y a largo plazo. 
Señor Presidente, debemos agradecer a la Sra. Karamanou que, aun proviniendo de una zona lejana al mar Báltico, haya elaborado un informe que demuestra también un buen conocimiento de causa de los problemas de esta región. 
El mayor problema en el desarrollo del programa TACIS lo constituye la burocracia, que se presenta en dos vertientes: la burocracia de la UE con motivo de la concesión de las ayudas, y la propia burocracia de los países destinatarios de las ayudas. 
A menudo, los programas de ayudas de la UE son inconexos y se solapan entre sí, por lo que no es posible coordinar esta ayuda entre los distintos programas comunitarios. 
Así pues, habría que lograr una coordinación y deberían existir unos coordinadores responsables. 
Las sumas de dinero que maneja el programa TACIS son bastante reducidas. 
De algún modo, estos recursos se consignan para fines en los que no siempre resultan elegidos los mejores proyectos. 
Los fondos del programa TACIS constituyen los amortiguadores políticos de cara a los países beneficiarios de las ayudas. 
Por ejemplo, la UE se ha comprometido a través del G-7 a construir una estructura de protección para el reactor de Chernóbil sin que el presupuesto prevea para este fin recursos dotados de un fundamento jurídico. 
Los recursos políticos que se necesitan se extraen del programa TACIS, haciendo de éste un fondo de reserva de orden político. 
Esta crítica no es necesariamente extensible a la cooperación transfronteriza. 
Con frecuencia, en esta cooperación se encuentran dos partes que se conocen entre sí. 
Por este motivo, así es posible hacer un uso más inteligente de los fondos en vez de desperdigarlos, por ejemplo, por Siberia, donde no hay socios equivalentes; y no cabe la menor duda de que en Siberia hay donde meter este dinero. 
Lo importante es promover en todo momento proyectos que se puedan someter a control. 
Parece que la ayuda de TACIS se ha monopolizado en gran medida y que los fondos van a parar con frecuencia a aquellos que dominan bien la técnica para solicitar las ayudas. 
Por lo tanto, se debería evitar que se favorecieran los servicios de las consultorías. 
Señor Presidente, también yo desearía mostrar a la Sra. Karamanou mi agradecimiento por el excepcional contenido y la concreción que presenta su informe. 
Habida cuenta de que soy la diputada más oriental del Parlamento Europeo, ya que provengo de un lugar próximo a la frontera rusa, se me ha consultado en muchas ocasiones acerca de los problemas relacionados con la cooperación transfronteriza entre Finlandia y Rusia. 
Así pues, considero muy favorables los planteamientos recogidos en este informe, es decir, que también en el marco de los programas TACIS se debe aplicar una política a largo plazo y que los programas TACIS-CBC deberían ser no solamente plurianuales, sino también compatibles administrativamente con el programa INTERREG, a fin de garantizar un uso eficaz de los recursos. 
En el informe se propone dotar a la cooperación transfronteriza de un fondo común. 
Se trata de un método excepcional para resolver este problema. 
Considero igualmente muy favorable y acertada la propuesta de la Comisión de Política Regional para incluir en la reforma de los Fondos estructurales la coordinación entre los programas TACIS e INTERREG. 
También es importante intentar dar prioridad a la cooperación entre las autoridades regionales, así como que en el futuro, una vez superados estos problemas administrativos, se aumenten claramente los recursos del programa TACIS-CBC, considerándose prioritarias las cuestiones de medio ambiente, la reducción de las diferencias sociales y las cuestiones relacionadas de manera concreta con el paso entre fronteras. 
La frontera rusofinlandesa constituye también la frontera entre Rusia y la UE, por lo que también ésta deberá asumir responsabilidades para lograr un funcionamiento razonable de sus puestos fronterizos. 
Señor Presidente, yo quiero felicitar a la ponente, quien ha demostrado en la Comisión de Política Regional su capacidad para sacar adelante con éxito el presente informe, con mucho encanto y dotes para imponerse. 
Hay unos pocos puntos en los que discrepo: la ponente pide que se establezca un fondo único para los proyectos transfronterizos entre la UE y terceros países. 
En mi opinión, esto plantea el riesgo de que se mezclen los recursos de programas ahora separados. 
En estos momentos sabemos cuánto reciben los Estados miembros de la UE y cuánto los Estados no miembros. 
Debería mantenerse esta situación. 
Asimismo, la ponente quisiera prescindir de las licitaciones públicas en el caso de los proyectos a pequeña escala y que no fuese necesario recurrir a ellas. 
Si bien todos somos contrarios al exceso de burocracia, yo pienso, no obstante, que también en los proyectos a pequeña escala se tienen que cumplir las normas vigentes en materia de contratos públicos. 
Finalmente, aunque algunos de los Estados ribereños consideren muy conveniente un programa específico para el Mar Báltico, yo opino, sin embargo, que si introdujésemos dicho programa, en el futuro se requerirían varias líneas presupuestarias diferenciadas. 
Deberíamos abstenernos de establecer un programa tan específico. 
Señor Presidente, yo querría en primer lugar felicitar a la Sra. Karamanou porque creo que ha hecho un excelente informe sobre la cooperación transfronteriza en el marco del programa TACIS. 
Se trata, evidentemente, de una de las fronteras más largas de la Unión Europea- los 1.300 kilómetros que separan Rusia de Finlandia -, frontera en la que ha persistido un enfrentamiento y ha estado durante mucho tiempo absolutamente cerrada. 
En estas fronteras con los países de Este, la cooperación transfronteriza es más complicada que la que existe en la Unión Europea. 
Allí existen diferencias económicas, sociales, culturales y de organización, y la cooperación se hace mucho más difícil. 
Es conveniente la participación de las autoridades regionales y locales. 
La cooperación transfronteriza tiene lugar muchas veces a nivel de municipio pero, para que sea eficaz, es necesaria una mayor coordinación y transparencia y dar información y formación a estas autoridades locales sobre lo que pueden hacer en materia de cooperación transfronteriza. 
De otro modo, los programas se burocratizan y no resultan, en este sentido, efectivos. 
Es verdad que en estos proyectos es necesaria la construcción de infraestructuras y hay que tener en cuenta también que los proyectos transfronterizos no son proyectos en las zonas fronterizas. 
Son proyectos que pasan de un lado a otro de la frontera y que ayudan a un mayor acercamiento de las poblaciones de los dos lados. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes también se muestra muy satisfecho con el informe sobre el programa TACIS de la Sra. Karamanou. 
Respaldamos vivamente las propuestas básicas que se recogen en su informe, como, por ejemplo, la idea de crear un fondo común y el planteamiento para coordinar claramente todas las actividades con el resto de los instrumentos financieros como, por ejemplo, INTERREG. 
Resulta muy importante que TACIS se convierta en un instrumento flexible de estas características, ya que los problemas al otro lado de la frontera oriental de la Unión Europea son inconmensurables, por lo que no está de mas recordar una vez más el abismo que continúa separando los niveles de vida a uno y otro lado de esta frontera rusofinlandesa. 
Se considera que esta disparidad es mayor que la existente entre los Estados Unidos y México. 
En mi opinión, es necesario que en el futuro se aborden con decisión los problemas, y consideramos acertado que el presente informe haga una mención específica a los problemas que plantea la seguridad nuclear. 
Justo al otro lado de la frontera de Finlandia, y de la Unión Europea, hay varias decenas de reactores nucleares extremadamente peligrosos en lugares como Kola o San Petersburgo; además, se debería prestar también atención a los reactores militares de Múrmansk, ciudad situada en el extremo septentrional de la península de Kola. 
Afortunadamente, la Unión Europea ha apoyado en cierta medida las labores con las que se pretende ahora resolver, inicialmente, estos ingentes problemas. 
Pero el objetivo debería ser la desaparición real de todos estos reactores nucleares y la resolución satisfactoria de los problemas que plantean los residuos. 
Querría añadir aún que, como consecuencia de la enorme disparidad entre estos dos niveles de vida, es de suma importancia que se desarrolle una política social adecuada en Rusia. 
De no ser así, es seguro que estos problemas nos explotarán en las manos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo quiero felicitar muy sinceramente a la ponente por su informe. 
Éste resalta la necesidad de que desde el Parlamento Europeo prestemos atención periódicamente a la evolución de los acontecimientos en las zonas limítrofes con el territorio de la Unión y, sobre todo, que también examinemos de vez en cuando cómo ejecuta la Comisión las políticas, sobre todo en lo que se refiere a los grandes programas en el ámbito de la política exterior MEDA, TACIS y PHARE. 
Sabemos- y un gran número de oradores y oradoras ya se han referido a ello- que en el marco del Programa TACIS tratamos con países cuya política está basada en unas tradiciones muy distintas de aquellas a las que estamos habituados. 
Por esto también tenemos que ser comprensivos con la Comisión si a veces no consigue alcanzar de inmediato los resultados deseados. 
Por otro lado, podemos y debemos pedir a la Comisión que manifieste con toda claridad qué requisitos considera necesarios para que sea posible ejecutar debidamente dichas políticas, en el marco del Programa TACIS, por ejemplo. 
Sólo así podrán ser realizables al fin y al cabo las políticas. 
Y finalmente también es tarea del Parlamento examinar estas cuestiones. 
Entre los aspectos que todavía no se han mencionado en el debate figura, por ejemplo, el hecho de que la Comisión de Presupuestos ha confirmado que hasta ahora, o sea, en los años 1996 y 1997, se ha utilizado la suma de 58.000 ecus del total de 60 millones de ecus presupuestados para la cooperación transfronteriza (Programa TACIS). 
Yo espero que en un próximo informe podamos dar cuenta de una ejecución más adecuada y que también se habrá plasmado un poco más firmente en la práctica el tema que ahora plantean. 
Señor Presidente, mediante el programa TACIS se pretende facilitar la transición de los países destinatarios de las ayudas- Rusia, el resto de los países de la CEI y Mongolia- a la democracia y a la economía de mercado, así como fomentar la integración de estos países en la economía internacional. 
Las consultorías finlandesas han logrado sacar adelante buenos proyectos gracias a este programa, principalmente por lo que respecta a proyectos fronterizos tanto en Rusia como en otros países. 
Sin embargo, no todas las experiencias del programa TACIS son positivas. 
Un rasgo típico de los proyectos es que las empresas extranjeras llevan al país destinatario sus propios servicios de consultoría, sin hacer uso de los conocimientos y las aptitudes a escala local, a pesar de que existan y, de hecho, sean de alto nivel. 
Esta circunstancia ha ocasionado un revuelo justificado, especialmente en Rusia. 
Además, el programa carece de un componente específico en materia de inversión. 
A pesar de que se haya hablado ya sobre el aumento de las posibilidades en este ámbito, todavía no ha tenido lugar ningún cambio concreto. 
¿Qué provecho tiene la elaboración de análisis técnicos y económicos si, luego, a pesar de que sus ventajas queden atestiguadas en estos documentos, no se pueden aplicar los cambios necesarios? 
Por todo ello, se deben mejorar decididamente las posibilidades de financiación. 
Para finalizar, querría hacer especial hincapié en la necesidad de encontrar una rápida solución, haciendo uso también del programa TACIS, a los problemas medioambientales y de seguridad nuclear que existen en las regiones fronterizas entre la Unión Europea y Rusia. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la Sra. Karamanou por el informe y la resolución sobre la cooperación transfronteriza TACIS. 
Dicha cooperación pasará a ser cada vez más importante en el futuro. 
Una UE ampliada tendrá extensas fronteras con Rusia. 
Tendrá fronteras con Ucrania, Belarús y Moldavia y acceso directo al mar Negro. 
La cooperación transfronteriza TACIS contribuirá al desarrollo y la estabilidad económicos en toda la región. 
En el informe se concede carácter prioritario a acciones en la esfera del medio ambiente y de la eficiencia energética. 
La Comisión comparte esa opinión, lo que se refleja en el hecho que más del 30 % del presupuesto del programa para 1996 y 1997 se asignara a proyectos correspondientes a esas esferas. 
Otra cuestión que se pone de relieve en el informe es la necesidad de apoyar la eliminación de los obstáculos prácticos al cruce de fronteras y a las formalidades aduaneras. 
Gran parte de los procesos con cargo al programa de cooperación transfronteriza TACIS se refieren a mejoras en esos sectores. 
En el futuro esas actividades no sólo se centrarán en los tránsitos locales, sino que, además, los proyectos abordarán los cruces de fronteras en los principales corredores de transportes que enlazan los Nuevos Estados Independientes con la Europa central y oriental. 
Ha habido retrasos en la aplicación del programa, pero, como subraya la ponente, ha sido en gran medida consecuencia del carácter transfronterizo de la cooperación. 
La aplicación de proyectos relativos a la infraestructura ha resultado particularmente compleja. Con frecuencia requieren la participación de muchos ministros y de diversas autoridades. 
Sin embargo, hay que lograr mejoras. 
Un ejemplo es una vinculación más estrecha con las estructuras administrativas existentes en otros programas de cooperación transfronteriza de la UE. 
La Comisión comparte la opinión de la ponente de que otra prioridad para la cooperación transfronteriza debe ser la formación y el desarrollo de las administraciones locales. 
La Comisión ha asignado 1 millón de ecus a las iniciativas regionales de creación de la capacidad para 1997. Pronto comenzará la ejecución de los proyectos. 
Por último, quisiera subrayar que la cooperación transfronteriza en la Europa central y oriental llegará a ser cada vez más importante. 
El informe del Parlamento y el debate de hoy ha sido una contribución útil al desarrollo de la política de la Unión en esa esfera. 
La Presidencia felicita a la ponente Sra. Karamanou por la aceptación total de este importante informe por parte del Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.50 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Fondos de ayuda a Bosnia 
Ayer, al comienzo del período parcial de sesiones, se me pidió que hiciera una declaración en nombre de la Comisión sobre las irregularidades o el posible fraude en relación con varios contratos en la esfera de la ayuda humanitaria. 
Dichos contratos fueron firmados en 1993 y 1994 para prestar ayuda humanitaria destinada a la antigua Yugoslavia y la región de los Grandes Lagos de África. 
Desde el otoño de 1997, la UCLAF ha estado haciendo una investigación sobre aspectos de dichos contratos. 
Durante dicha investigación, surgieron sospechas sobre la existencia de graves irregularidades. 
Durante la última semana, la investigación inspiró sospechas respecto de determinado funcionario de la Comisión. 
Dichas sospechas eran suficientemente poderosas para permitir la incoación de actuaciones judiciales. 
La semana pasada, a la luz de esos hechos, la Comisión entregó las conclusiones a las autoridades jurídicas competentes del Estado miembro interesado. 
Naturalmente, la UCLAF prestará toda su cooperación. 
De conformidad con el acuerdo de intercambio de información, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento ha sido informada de esas conclusiones iniciales. 
Como ha dicho el Presidente, también he acordado con la presidenta la celebración esta semana de una reunión sobre esta cuestión. 
Al mismo tiempo, la Comisión ha incoado procedimientos disciplinarios contra un funcionario sospechoso de participación. 
Entretanto se ha suspendido de sus funciones a ese funcionario. 
Como ya se han incoado actuaciones judiciales, lamento no estar en condiciones de dar más detalles a Sus Señorías en esta fase. 
Señora Comisaria, estoy oyendo distintas protestas de los señores colegas. 
Claro que la comunicación ha sido muy breve y, por lo delicado del tema, me pregunto en qué medida ha satisfecho las justificadas dudas de los señores colegas; pero rogaría que, para que no tenga lugar ahora este debate desorganizadamente, en la Sesión Plenaria, sus señorías procedieran al debate mañana, durante la reunión extraordinaria de la Comisión de Control Presupuestario. 
Competitividad de la industria textil y de la confección 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0224/98) del Sr. Ribeiro, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión sobre las medidas en favor de la competitividad de la industria textil europea y de la confección (COM (97) 0454- C4-0626/97). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, independientemente de su contenido y sus orientaciones, quiero comenzar acogiendo con satisfacción que la Comisión haya elaborado y enviado al Parlamento Europeo el documento titulado «Plan de acción para la competitividad de la industria textil y de la confección europea» , que justifica este informe. 
El documento es consecuencia de la creación de los grupos de trabajo Bangemann, uno de los cuales está dedicado al sector textil y de la confección, lo que refleja la importancia de ese sector. 
A pesar de disponer de mucho más tiempo de lo habitual por ser ponente, no bastaría para expresar esa importancia, por todos reconocida, por lo demás, por lo que me dispenso de reproducir exhaustivamente lo que figura en el informe. 
Ahora bien, subrayo que el textil representa más del 4 % del valor añadido de la industria de la UE y el doble por lo menos en un Estado miembro, con el 8 % del empleo industrial de la CE, en el que ese porcentaje llega a más del 25 % y un tercio de cuya exportación depende del sector, mientras que en otro Estado miembro es, simultáneamente, el mayor exportador y el mayor importador, con una estructura industrial muy diferente. 
Por eso, el peso y la calidad de esa importancia, en el conjunto de la UE, varía según las partes, los Estados miembros, y varía aún más si se tiene en cuenta la especificidad del sector. 
Es incluso esa especificidad, y la posibilidad de hacer diversos planteamientos- en particular, en lo relativo a la competitividad -, lo que hace correr el riesgo de una fragmentación que impida la consideración del sector como un todo con un mínimo de cohesión. 
Por eso, la adopción de la perspectiva del «ramo productivo» parece fulcral. 
El sector tiene una cohesión interna mediante su «ramo productivo» y, para ser competitivo, tanto en el plano de los Estados miembros como en el de la UE, se debe abordar como un todo y equilibradamente. 
Esta posición fue aprobada en la Comisión de Asuntos Económicos. 
Ahora bien, se habría ido demasiado lejos, en mi opinión, al incluir en el «ramo productivo» textil actividades que, aun siendo fundamentales para el sector textil y de prendas de vestir, no se pueden considerar dentro de la lógica industrial intrínseca al sector. 
Por eso, sin perjuicio de la importancia de las actividades en las etapas primeras y finales, me parece indispensable afirmar límites para el «ramo productivo» hilatura-textilconfección. 
Ésa es la razón de dos enmiendas que presento y espero que se acepten. 
Tras haber sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Económicos, este informe es el resultado de una labor colectiva y de muchas visitas y consultas. 
Quiero agradecer a los colegas las enmiendas con las que aun aquí lo han querido mejorar, cosa que, en mi opinión, hacen casi todas. 
Me permito tan sólo oponerme a las presentadas por la Sra. De Rose y el Sr. des Places, no por desacuerdo con el contenido, sino porque me parece que esas ideas figuran en el proyecto de resolución que quedaría sobrecargado con su inclusión. 
Y también las enmiendas núms. 
25 y 30. Todas las demás me merecen apoyo, aunque puedan sobrecargar un poco la propuesta de resolución. 
También quisiera subrayar que las opiniones de las otras comisiones han sido muy útiles, pues han enriquecido la perspectiva. 
En particular, el de la Comisión REX, con su interés especial por los problemas de la competitividad y cuyas propuestas se presentan como adiciones a la propuesta de resolución en nombre de la Sra. Concepció Ferrer, a la que doy todo mi asentimiento. 
Creo que de ese modo se ha valorizado la reflexión en que se inserta el documento de la Comisión. 
En el plano del fondo de un planteamiento global, de «ramo productivo» , se concede mayor importancia a las actividades con gran densidad de mano de obra, y se rechaza el destino de la subcontratación y del traslado de empresas, lo que será tanto más pertinente cuanto que el sector representa- conviene subrayarlo- más de dos millones de puestos de trabajo, ha sufrido una pérdida de 600.000 en los últimos años y, si no se hace algo, se puede prever que sigan desapareciendo centenares de miles de puestos de trabajo. 
Se pone de relieve el papel de la formación y se tiene también en cuenta la necesidad de abordar la especificidad del trabajo femenino y los problemas de precariedad e incluso de clandestinidad y de trabajo infantil, que dan un marco social particular y muy delicado al sector. 
A lo largo del proceso, el papel de este Parlamento habrá sido decisivo para que la Comisión aclarara que lo que había presentado como plan de acción era un documento de reflexión. 
El propio Consejo de Industria del 7 de mayo lo reconoce y, en vez de que concluya un proceso, podríamos decir que se inicia, en el sentido de llegarse a un verdadero y necesario plan de acción. 
A ese Consejo quiso el Parlamento contribuir con su pregunta oral y la resolución entonces aprobada, sin perjuicio de la elaboración de este informe. 
La propuesta de resolución se inserta en esa perspectiva. 
Si bien, antes de que llegue al Parlamento el documento de la Comisión, el Parlamento estaba fuera del proceso, a partir de aquel momento quiso participar plenamente. 
Y quiso seguir participando plenamente. 
Si bien el plan de acción ha pasado a ser un documento de reflexión, a ésta contribuyó esta resolución en el marco de las líneas que establece. 
Por eso, recojo y refuerzo el punto 20 de la propuesta, en el que se solicita a la Comisión que prosiga el diálogo iniciado con los interlocutores sociales a fin de poder coordinar y supervisar las medidas que se deben adoptar para mejorar la competitividad del sector y que considere que el Parlamento debe participar en ese diálogo y esa reflexión plenamente para que haya y llegue a haber un auténtico, útil y necesario plan de acción. 
Señor Presidente, señor Comisario, que la liberalización de los intercambios sea una oportunidad o una amenaza para la industria textil y de la confección europea no depende únicamente de los esfuerzos que pueda realizar el mundo empresarial. 
De ahí que deba valorarse muy positivamente el diálogo promovido por usted, señor Comisario, entre la Comisión, las autoridades de los Estados miembros y los interlocutores sociales del sector, al objeto de definir las estrategias, habida cuenta de los retos que conlleva la globalización de la economía. 
Fruto de este diálogo, los interlocutores sociales presentaron un informe en el que se especificaban las medidas que, a su entender, deberían promoverse a escala comunitaria y que ha servido de base a la comunicación de la Comisión relativa a las medidas en favor de la competitividad de esta industria, comunicación que estamos ahora debatiendo. 
Ahora bien, dicha comunicación se centra más en el enunciado de los problemas y en la evaluación de las políticas que la Comisión ha ido llevando a cabo que en responder, con propuestas concretas, a las demandas formuladas por los interlocutores sociales de cara a mejorar la competitividad de las empresas y beneficiarse de la liberalización de los mercados. 
Éste es, al menos, el contenido y la impresión que hemos tenido en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Por ello consideramos que, más allá de las medidas propuestas en materia de formación, investigación y desarrollo, tecnologías de la información o realización del mercado interior, debía haberse puesto mucho mayor énfasis en las cuestiones relacionadas con el acceso a los mercados de los países terceros y el respeto de las normas y obligaciones que emanan de los acuerdos internacionales. 
En especial, la Comisión debía haber propuesto medidas específicas para acabar con el fraude y combatir con eficacia y dentro de unos plazos razonables las prácticas de dumping. 
O para eliminar los desequilibrios debidos a la existencia de barreras técnicas y administrativas que siguen dificultando el acceso de los productos europeos a los mercados exteriores. 
O para proteger la propiedad intelectual, tan importante, habida cuenta de la especialización en materia de diseño y moda de la industria europea. 
Y para favorecer la promoción de las exportaciones y potenciar la imagen de los productos europeos: la célebre línea Exprom que, desgraciadamente- nos dicen que por falta de fundamento jurídico -, se ve cada vez más disminuida. 
Éste es el sentido, precisamente, de las enmiendas que, de acuerdo con el Sr. Ribeiro, he presentado con ánimo de incorporar al texto de la resolución que acompaña a su excelente informe- por el cual quiero felicitarle, señor Ribeiro- las enmiendas que en su día aprobó por unanimidad la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y que espero que esta Asamblea votará favorablemente, al igual que el conjunto del informe Ribeiro. 
Porque es indudable que estas enmiendas, y el texto de la resolución en su conjunto, contribuirán de una manera clara y rotunda a aportar aquellas soluciones que la industria textil y de la confección, los interlocutores sociales en su conjunto, están requiriendo de la Unión Europea. 
Quiero acabar formulando un llamamiento a la Comisión para que acepte las enmiendas. 
Señor Presidente, Señorías, el informe Ribeiro sobre un «Plan de acción para la competitividad de la industria textil y de la confección europea» , propuesto por la Comisión, merece en cierta medida nuestra conformidad. 
Al afirmarse en el informe que dicha propuesta no es concreta y adolece de falta de cohesión y compromisos concretos tanto en cuanto a financiación como a calendario para su aplicación, resultan más creíbles y justas las conclusiones y soluciones que se presentan en el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y en los informes de las comisiones especializadas a las que se pidió que prepararan opiniones sobre el plan de acción que ahora debatimos. 
Consideramos oportuno hacer hincapié en las vertientes sociales que subyacen obligatoriamente a la problemática que examinamos. 
Resulta necesario, desde luego, aplicar medidas encaminadas a detener rápidamente la galopante reducción de puestos de trabajo en ese sector, en el que existe un elevado porcentaje de trabajo poco especializado y de mano de obra femenina. 
En consonancia con las orientaciones en materia de política de empleo, es importante que los Estados miembros reduzcan los costos indirectos del trabajo, en particular el resultante de una mano de obra con índices bajos de capacitación. 
En virtud de la rápida evolución de la tecnología, los sistemas de formación profesional están permanentemente en fase experimental. 
Para mantener la competitividad, será necesario anticiparse lo antes posible a las evoluciones futuras y aplicarlas inmediatamente a los sistemas de formación. 
Las pequeñas y medianas empresas merecen atención especial: la limitación de sus capacidades vuelve extraordinariamente difícil la inversión en proyectos innovadores en el ámbito de la formación profesional. 
El acuerdo marco sectorial que los interlocutores sociales están ya negociando resultará conveniente y portador de una esperanza mayor sobre la mejora de la situación del empleo, mediante un esfuerzo concertado en los ámbitos de la promoción, la formación profesional, la innovación, la competitividad y la calidad. 
Loable es la aprobación de un código de conducta para los interlocutores sociales europeos y la idea de la introducción de un certificado de calidad que se atribuya a los productos textiles fabricados en condiciones socialmente aceptables con el objetivo de obstaculizar el dumping social. 
Dicho código de conducta, al establecer el respeto de las normas laborales reconocidas internacionalmente, constituye un instrumento adecuado para el fomento de normas laborales mínimas, incluso en terceros países en los que se dan el trabajo infantil y niveles salariales extraordinariamente bajos. 
Se deberá tener en cuenta que en ciertos Estados miembros el sector de los textiles y de la confección ocupa una posición de importancia decisiva por su peso en el empleo, en la balanza comercial y en el tejido económico de algunas de sus regiones que dependen de la actividad del sector. 
Incluso en circunstancias como ésas, la Unión Europea debe hacer prevalecer en concreto las medidas que los Estados miembros o sus regiones más necesitadas reclaman, poniendo en práctica el concepto de solidaridad, con lo que se cumplirá en la realidad el principio de la cohesión económica y social. 
Señor Presidente, la Comisión ha presentado el plan de acción en favor de la competitividad de la industria textil europea y, por desgracia, lo ha hecho con mucho retraso, como si se tratara de una cuestión menor y poco relevante. 
Desde hace años nuestra industria sufre las consecuencias de la competencia desenfrenada de los terceros países, una competencia a la que ni los Estados miembros ni Europa quieren dar respuestas políticas y económicas adecuadas. 
Por eso, desde 1990 hasta 1996, se perdieron 600.000 puestos de trabajo y la producción textil disminuyó en un 4, 9 % en Europa. 
Y no tan sólo esto, en el sector de la confección se perdió el 3, 7 % de la producción. 
La Comisión de Política Regional, consultada para opinión, considera el contenido de esta propuesta rico en análisis y elementos útiles, pero al mismo tiempo falto de concreción, de coherencia y, sobre todo, de estrategias tanto por lo que respecta a los compromisos financieros como a los plazos de ejecución. 
Comparto plenamente la opinión de la Comisión de Política Regional y confío firmemente en el compromiso de todo el Parlamento, a fin de que no se siga descuidando este sector. 
Actualmente, el Parlamento Europeo está a punto de acometer el debate sobre la reforma de los Fondos estructurales, una reforma que no puede soslayar el sector textil. 
En consecuencia, es prioritario que el plan de acción de la Comisión prevea actuaciones y programas que ayuden y fomenten, a través de acciones apropiadas en favor de la formación, el entramado de las pequeñas y medianas empresas innovadoras en todas las regiones que dependen del textil, independientemente de que éstas sean ricas o desventajadas. Por eso, y también en todo lo que a la investigación y el desarrollo se refiere, es preciso un apoyo financiero adecuado, igual al que se ha venido prestando hasta ahora gracias a los programas RETEX y EXPROM. 
Por lo tanto, pido a la Comisión que reexamine y vuelva a presentar un proyecto que colme las lagunas encontradas y que incorpore las propuestas formuladas por el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, permítaseme en primer lugar decir al Comisario que su plan de acción es muy digno de beneplácito para mí como diputado a este Parlamento. 
Represento a una región que depende profundamente de la industria textil. 
En Nottinghamshire y Derbyshire, más de 48.000 personas trabajan en las industrias textil y de la confección y tan sólo en una zona- Ashfield- representan el 24 % de las manufacturas. 
Sin embargo, desde la Navidad de 1997 ha habido importantes pérdidas de puestos de trabajo para 3.000 personas, más del 5 % de las manufacturas. 
En el Reino Unido en conjunto se han perdido unos 25.000 puestos de trabajo de 380.000, en parte como consecuencia directa de la decisión de la Comisión de imponer derechos de importación al algodón gris. 
En mi región, tenemos un plan de acción que utiliza financiación con cargo al objetivo 2, el Fondo Social Europeo y los fondos RETEX por un importe de unos 1, 8 millones para los tres próximos años. 
Y, sin embargo, la ayuda regional para muchas de nuestras zonas textiles está amenazada. 
La propuesta de la Agenda 2000 de la Comisión no prevé la substitución del programa RETEX y se van a reducir las zonas de objetivo 2. 
Mis conversaciones con las empresas locales, regionales y nacionales y las organizaciones que representan el sector textil revelan que el plan de acción de la comisión es muy digno de beneplácito. 
Necesitan acceso al capital de inversión para la adquisición de la maquinaria de tecnología más avanzada, apoyo para permitir a las manufacturas tradicionales entrar en sectores especializados del mercado y un proyecto estimulante para promover las manufacturas de la UE. 
Naturalmente, no hay que olvidar la otra cara de la moneda: un etiquetado de origen idóneo. 
No hace falta que le diga, Comisario, que lo que se necesita es competitividad y creo que su plan contribuirá a la consecución de las deseadas ventajas competitivas. 
Pero, para ser eficaces, planes así necesitan recursos. 
Puede que no hagan falta nuevos recursos, pero habrá que asignar los existentes de forma coordinada y cohesionada para sustentar los diversos aspectos de su plan. 
Creemos que está bien fijar fines y metas para permitir la aplicación del plan. 
Cualquier plan de empresa resultaría ineficaz, si no hiciera eso y no determinase las fuentes de financiación. 
Espero, Comisario, que responda a estas observaciones cuando recapitule. 
Con frecuencia he asistido a debates y he hablado con representantes del sector, los interlocutores sociales, que conocen- creo yo- sus negocios y actividades. 
Espero, Comisario, que siga trabajando en cooperación muy estrecha con el sector para conseguir las ventajas competitivas. 
Sigue siendo urgentemente necesario promover el acceso de las empresas de la UE a los mercados de terceros países, por lo que acogemos con beneplácito un programa de coordinación y propuestas a ese respecto. 
Permítaseme acabar diciendo lo que la industria no necesita. 
No necesita un proteccionismo anticuado, que se ha impartido en la decisión sobre las importaciones de algodón gris. 
Yo seré la primera en defender los derechos aduaneros y las cuotas aplicados por la Comisión para luchar contra el dumping en los casos en que estén justificados, pero, cuando no estén justificados, seré la primera en defender a los industriales del textil no sólo en mi región, sino también en toda la UE. 
Así, pues, le recomendaría, Comisario, como lectura antes de dormir- si quiere verlo así -, que estudiara este documento, en el que la industria del acabado argumenta la necesidad de abolir los derechos aduaneros provisionales que impuso usted en marzo. 
Espero que escuche al sector. 
Espero que adopte una decisión que respete el interés común del sector en todos los niveles, incluidos los industriales dedicados al acabado, los productores y los tejedores. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el presente informe sobre la competitividad de la industria textil y de la confección europea habla un lenguaje muy claro. 
Este sector se ha visto sometido hasta ahora a unos grandes cambios y desafíos. También en el futuro nos vamos a tener que ocupar intensamente de la competitividad de esta rama de la economía y de las medidas políticas de empleo. 
En Austria, en este sector se pagan los salarios más bajos existentes. Aquí trabajan muchas mujeres y la presión competitiva aumenta de tal manera que muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas. 
Aproximadamente 2 millones de personas trabajan actualmente en Europa en la industria textil. 
Hemos escuchado aquí que desde 1990 se han perdido unos 600.000 puestos de trabajo. 
Para frenar esta evolución, la Comisión ha elaborado un plan de acción. 
Hay que saludar esta iniciativa. Sin duda también se pueden elaborar propuestas aún más concretas para apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y fortalecer de este modo el potencial competitivo. 
Naturalmente, hay que dedicar una especial atención al fomento de las innovaciones y a las nuevas tecnologías pues, a la postre, es una clave del éxito de las empresas. 
Me parece especialmente importante evitar distorsiones de la competencia y que algunas empresas se vean perjudicadas en el mercado interior. Mis enmiendas apuntan en este sentido. 
La industria textil y de la confección se encuentra en una situación de competencia dinámica. Esto es en especial aplicable a terceros países en los que con frecuencia existen unas condiciones marco muy diferentes. 
Quiero llamar también la atención sobre las enmiendas de mi colega Ferrer para poder actuar en los acuerdos internacionales con eficacia con todos los instrumentos de protección disponibles contra las prácticas desleales. No se deben discriminar las exportaciones a estos mercados. 
Para finalizar, quiero decir que las medidas de formación son de importancia para la industria de la confección, pues a la postre sólo se compran aquellos productos que quiere el consumidor. 
Esta es también la clave para combatir el paro. 
En este ramo tenemos que lograr que se ofrezcan productos que los quieran también comprar los consumidores. 
Creo que uno de los instrumentos más esenciales para ello es la política de formación. 
No sólo tenemos que formar a la gente en las empresas proporcionándoles conocimientos técnicos sino también comerciales. 
Debemos intentar introducir en estas empresas los métodos empresariales más modernos. 
Por ello, debemos esforzarnos muy intensamente en no olvidar la estrategia de formación en este campo. 
Señor Presidente, la industria textil juega un papel determinante en el conjunto de las actividades industriales de la Unión Europea, dado que es un sector de empleo intensivo. 
En un momento en que el problema social más grave de la Unión es el de la ocupación, se justifica que las instituciones europeas le dediquen una atención muy especial. 
He seguido con atención los trabajos tanto de mi comisión, la Comisión de Asuntos Económicos, como de las otras comisiones cuyas opiniones se han expresado aquí, y quiero manifestar el apoyo del Grupo Liberal tanto al informe Ribeiro como a las propuestas hechas por la Sra. Ferrer y por el Sr. Mendonça. 
Desearía destacar especialmente en estas propuestas el hecho de que lo que se propone es incrementar la competitividad de la industria textil. 
No se trata de protegerla, manteniéndola de una manera indefinida al amparo de una competencia exterior, sino de asegurarle un nivel de competencia que le permita tener una posición sólida en un contexto de competencia internacional. 
Por ello, hago especial referencia a los apartados 5 y 6 del informe Ribeiro. 
En el apartado 5 se destaca la propuesta de favorecer la innovación y el uso de nuevas tecnologías, así como la interacción de todas las ramas de la industria. 
Hace poco ha habido una intervención que yo considero errónea, donde nada más se ha considerado un aspecto de un subsector de la industria textil, y es un error concebir precisamente un plan sobre la industria textil nada más que sobre un determinado sector- se ha hablado del sector de acabados- y no considerarlo en su integridad. 
Finalmente, quiero destacar el punto- muy importante- al cual hace referencia la opinión Ferrer de respetar los acuerdos y las normas de la Unión Europea aplicadas a la industria textil en materia de intercambios internacionales para que no haya una competencia desleal que se salde, de manera injusta, con la pérdida de puestos de trabajo, y todo ello por falta de una base suficiente para asegurar la necesaria continuidad de la industria textil en un marco de competitividad internacional. 
Señor Presidente, Señorías, todo el mundo coincide en reconocer el lugar preponderante que ocupa la industria textil y de la confección en la Unión Europea, su importancia es económica, comercial, pero también y sobre todo para el empleo. 
Las empresas europeas afrontan una competencia internacional muy fuerte. 
Les afecta, ante todo, la mundialización. 
Deben afrontar sobre todo situaciones de dumping social que les resultan particularmente nefastas. 
Así, pues, como subraya mi colega el ponente, Sr. Ribeiro, y como parece desear la Comisión, es primordial que se aplique una verdadera estrategia comunitaria para fortalecer la competitividad de las empresas europeas. 
Yo soy diputado por una región de Francia- el Nord-Pas-de-Calais -, en la que el sector textil desempeña desde hace mucho tiempo un papel muy importante en la economía local. 
Las dificultades experimentadas y que sigue experimentando ese sector afectan gravemente, muy gravemente, a toda una política regional. 
Lo mismo ocurre con todas las regiones de los Estados miembros cuya economía descansa principalmente sobre ese tipo de actividad. 
Hemos conocido, dentro de la propia Unión Europea, situaciones de competencia, de competición, entre países miembros, que nos han resultado sumamente perjudiciales. 
Gracias al euro, tales situaciones no podrán volver a producirse. 
He celebrado la voluntad de la Comisión de elaborar un plan de acción comunitario para fortalecer la competitividad de la industria europea textil y de la confección, pero, tras haber conocido la comunicación de la Comisión, debo reconocer con el ponente que es más un simple catálogo de buenas intenciones que una estrategia real y voluntaria, como esperan las empresas. 
Éstas piden un apoyo más firme de la Unión Europea y de los Estados. 
El anterior Gobierno francés aplicó un plan de apoyo a la industria textil. 
Dicho plan empezaba a tener efectos positivos. 
Por desgracia, la Comisión lo consideró ilegal. 
Por eso, aprovecho el examen de este informe para pedir a la Comisión que vaya más lejos en sus propuestas, pues de ello depende la salud de numerosas empresas, el mantenimiento de numerosos puestos de trabajo y la supervivencia de regiones de la Unión. 
Señor Presidente, antes de nada querría felicitar a nuestro colega, al Sr. Ribeiro, por su informe. 
Creo que nos ha descrito claramente la crisis a la que se enfrenta uno de los más importantes sectores industriales de la Unión. 
En el periodo 1990-1996 se perdieron más de 600.000 puestos de trabajo y se espera que en los próximos años se pierdan otros 800.000. 
Deben subrayarse especialmente las consecuencias en el empleo de las mujeres, dado que se trata de un sector de intensificación del trabajo con presencia primordial de las mujeres. 
De verdad, ¿Cuándo va a sacar la Unión Europea las conclusiones necesarias de su política? 
La competencia va estupendamente, pero la base productiva y el empleo se están agotando. 
La Unión Europea, con la política que sigue en general, y en particular con su política comercial, esencialmente está minando el ramo y refuerza las tendencias de deslocalización de unidades o sectores de producción en países de coste laboral barato. 
La Unión Europea tiene gravísimas responsabilidades porque no se ocupó de asegurar la producción europea ante la competencia desleal de los países que ejercen dumping social, aunque fuera de forma elemental. 
El plan de acción que presentó la Comisión demostrará que es incapaz de cambiar la inaceptable situación actual. 
Los problemas globales del sector, señor Presidente, no se pueden solucionar sin una revisión general de la política de competitividad sino también de la política industrial y comercial de la Unión Europea. 
Sólo una política que se enfrentara al problema de la competitividad desde el punto de vista del apoyo a la producción y a las inversiones de la modernización de las unidades de producción existentes, que fomentara el empleo estable y a jornada completa, que fomentase una política distinta en la materia prima del algodón, que tomara medidas para enfrentarse al dumping social y comercial, podría conducir al desarrollo del sector y al aumento del empleo. 
Señor Presidente, no nos encontramos aquí sólo ante un asunto ibérico o McCarthiano sino ante un posible modelo de política industrial europea. 
De lo que aquí se trata es de ver cómo se puede desarrollar innovadoramente una producción de alta calidad con un elevado contenido intelectual, en lugar de apostar en primera línea por medidas antidumping frente al exterior. 
En el fondo, competitividad no es una cuestión de costes sino de estrategia de calidad. Hay que destacar además la diversificación regional, los planes de conversión, la superación del trabajo infantil, el trabajo a domicilio y el trabajo negro que siguen caracterizando aún a partes del sector. 
También se debe hacer hincapié en el desarrollo de las posibilidades específicas para los clientes, quienes mediante la ecoetiqueta esperan encontrar una calidad que respete los estándares de medio ambiente. 
Señor Rübig, ofrecer productos que sean comprados por los clientes presupone que se mantenga capacidad de compra de la gente. 
En una situación en la que descienden los salarios reales esto no funciona. 
En cualquier caso, hay que plantear una pregunta al Comisario: ¿porqué se desarrollan tales modelos sólo en caso de dificultades absolutas sectoriales y no representan una base para la política industrial europea en su totalidad? 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Ribeiro por su excelente informe. 
Este sector está tan afectado, que podríamos acabar cansándonos de esas cifras catastróficas, que reflejan los centenares de miles de puestos de trabajo suprimidos durante los últimos años al mismo tiempo que el desasosiego de regiones enteras. 
Pienso en todas las familias afectadas y muy en particular en las mujeres que han sido las primeras en sufrir el golpe y se han encontrado, en la mayoría de los casos, en agencias de empleo que no les ofrecían ni la menor esperanza. 
Ni la menor esperanza: eso resume también en cuatro palabras la comunicación de la Comisión. 
Ese catálogo de buenas intenciones no deja de tener interés por lo que se refiere a ciertas propuestas, pero carece simplemente de ambición. 
Desde hace años, y la culpa es también de los gobiernos, la Unión está aplicando una estrategia defensiva: la estrategia de la desesperación. 
Para marcar puntos en el sector textil, lo primero que se debe hacer es sacar las enseñanzas de los traslados salvajes de empresas en ese sector y de sus consecuencias económicas y sociales en Europa y en ciertos terceros países. 
Además, debemos luchar más hoy por la innovación, la calidad y la formación. 
Para ello hacen falta también medios apropiados, a partir, por ejemplo, de un programa ADAPT reforzado o de una estrategia ofensiva que nos permita no sólo acompañar las reestructuraciones, sino también conseguir sectores de mercados y crear nuevos puestos de trabajo. 
Empresas textiles que se habían trasladado a Asia hace unos años vuelven hoy a Europa, pues máquinas ultraeficientes les permiten ser más competitivas. 
Dichas máquinas requieren, naturalmente, una formación mayor y ése es uno de los mayores problemas por abordar. 
No soy ingenuo. 
Sé perfectamente que ciertos asalariados despedidos no encontrarán forzosamente un puesto de trabajo en el textil o no podrán, a determinada edad, adquirir una formación muy especializada ni familiarizarse con las tecnologías de la información. 
En ningún caso se los debe dejar en la cuneta. 
Creo que hay que reorientarlos imperativamente a partir del Fondo Social Europeo hacia el sector de servicios, que está estallando. 
Todo ello parte de un planteamiento nuevo y más general del problema del desempleo en Europa para que, después de cualquier despido, se desencadene automáticamente una formación remunerada que no desemboque en un cursillo «de aparcamiento» , sino en una actividad auténtica. 
Por último, quisiera decir unas palabras, señor Presidente, a propósito de los códigos de buena conducta formulados por iniciativa de los sindicatos europeos para las empresas textiles europeas que invierten en el exterior de la Unión. 
Todo eso me parece muy interesante, pero los directores de esas empresas- y no sólo en el sector textil, por lo demás- vienen a vernos para pedir que la Unión formule un código de ese tipo, como ha hecho la administración americana. 
El Parlamento Europeo ha pedido en varias ocasiones a la Comisión que asuma sus responsabilidades a ese respecto. 
No hemos recibido respuesta alguna por su parte, salvo largos discursos a favor de los códigos de buena conducta. 
Me parece que ya basta. 
Esta vez el Parlamento debe designar explícitamente los servicios y direcciones generales de la Comisión que podrían hacerse cargo de ese problema y presionar con mucha mayor firmeza al Sr. Santer para que esa reacción llegue a buen término. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando al ponente. 
Comparto su preocupación en el sentido de que hace falta un plan de acción preciso para la industria textil europea. 
El hecho de que se perdieran más de 600.000 puestos de trabajo en los siete primeros años del presente decenio no augura nada bueno para la industria en el próximo siglo. 
Posiblemente más que ninguna otra industria manufacturera de la Unión Europea, la de los textiles puede reclamar el título de nuestra industria tradicional. 
En mi circunscripción, la industria textil fue el fundamento del desarrollo industrial. 
Comparto la preocupación del ponente en el sentido de que la comunicación de la Comisión no ofrece un plan de acción concreto. 
Está claro que la industria necesita un plan así: necesitamos medidas más precisas que fomenten y apoyen la innovación, el diseño, la diferenciación de los productos y los procesos, mediante la investigación y la innovación y métodos de gestión más idóneos. 
Quisiera abogar también por que se asignen fondos para apoyar la experimentación de proyectos imaginativos e innovadores. 
Para hacer más competitiva nuestra industria textil, será necesario asignar esa financiación, lo que se debe hacer de forma accesible y fácil de administrar. 
La incorporación plena de los proyectos experimentales al sector requerirá también un apoyo fuerte. 
Cuanto más cooperen los participantes en la industria textil europea, mayores posibilidades tendrá dicha industria en cada uno de nuestros Estados miembros de llegar a ser competitiva. 
Apoyo plenamente las peticiones de ayuda a las iniciativas relativas al ramo productivo, que, entre otras cosas, alentarían a los grandes minoristas de la Unión Europea para que establecieran vínculos con los proveedores de la Unión Europea a fin de facilitar las reacciones rápidas y la adaptación en masa de las mercancías a las necesidades de los consumidores. 
De conformidad con el mismo esquema lógico de cooperación, la asistencia para un servicio de «contactos» de la industria textil europea permitiría una mayor colaboración entre las empresas de la Unión Europea que comparten ideas similares, pero puede que no siempre tengan medios para establecer esa colaboración. 
Veo que el ponente se refiere a la cuestión de las medidas antidumping. 
Los diputados por el Reino Unido se sintieron particularmente preocupados por el efecto que tendrán en la industria nacional las medidas provisionales relativas a la tela de algodón gris no blanqueado. 
Ese episodio ha revelado hasta qué punto necesita la industria ser un candidato primordial a las medidas antidumping. 
Por último, deseo decir al Comisario que no se trata de una industria en decadencia: es una industria que tiene un futuro, pero necesita el apoyo de la Comisión de la Unión Europea para velar por que su futuro se materialice plenamente. 
Señor Presidente, este informe del señor Ribeiro arroja una gran claridad sobre los hechos, problemas y necesidades de este ramo tan importante para Europa, sus pequeñas y medianas empresas y su política de empleo. 
Ante la enorme presión competitiva internacional, me parece primordial que el ramo fortalezca sus cadenas de producción nacionales a nivel europeo y que intensifique su entrelazamiento en el espacio económico integrado. 
Hay que intensificar la interacción entre todos los miembros de la cadena de producción textil, desde la máquina especial hasta la confección y el comercio minorista. 
El hecho de que haya diversos tipos de subsectores textiles y que domine una gran dispersión no debe ser ningún obstáculo para que se trate y considere económica y socialmente al ramo como una totalidad heterogénea. 
Por ello, hay que apoyar la exigencia a la Comisión para que presente un nuevo plan de acción orientado al fomento de la innovación y al empleo de nuevas tecnologías. 
Las PYMEs- tanto como fabricantes de productos finales como proveedorasdeben ser tenidas especialmente en cuenta de cara a su importante papel de aseguramiento de la estabilidad de los puestos de trabajo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Comisión por la presentación de este plan de acción para la competitividad de la industria textil y de la confección y a mi colega Sérgio Ribeiro por el informe que hoy nos presenta y a los ponentes para opinión. 
Señor Presidente, Señorías, hoy estamos tratando de una de las principales actividades industriales de la Unión Europea que representa por sí sola un volumen de negocio de 200.000 millones de ecus, pero en relación con el cual la balanza comercial de la Unión Europea con el resto del mundo es negativa. 
Ciento veinte mil empresas, casi todas PYMEs, participan en todos los aspectos del sector textil y de la confección y la mayoría de los más de dos millones de puestos de trabajo están ocupados por mujeres. 
La situación del empleo en ese sector es de las que más han agravado la tasa europea de desempleo: de 1990 a 1996, hubo 600.000 nuevos desempleados, de los cuales 100.000 tan sólo en 1996 y, si no se hace algo para contrarrestarla, se prevé la continuación del desempleo en los próximos años hasta alcanzar los 800.000 puestos de trabajo. 
Así, pues, sabiendo que el empleo es la apuesta decisiva de la Unión Europea y que las mujeres son ya la mayor parte de los desempleados, urge que se tomen medidas inmediatas y profundas en esa esfera, sobre todo porque afecta a los países menos desarrollados de la Unión Europea o en declive industrial, así como las regiones que dependen en gran medida de esa actividad. 
Por ejemplo, en Portugal más del 30 % del producto industrial corresponde a ese sector. 
El sector textil de calidad tiene futuro en Europa y la necesidad de mantener el empleo e invertir el déficit comercial hace que la unión Europea apueste fuerte en ese sector, en particular 
aplicando medidas antidumping y cláusulas sociales en relación con terceros países debidamente controladas, exigiendo, por ejemplo, una etiqueta social; -apoyando activamente a las PYMEs, en particular en los planes nacionales de acción para el empleo; -aumentando las acciones de formación profesional y ajustándolas a las necesidades familiares de las mujeres, ya que éstas constituyen la gran mayoría de los trabajadores en el sector; -aumentando las dotaciones destinadas al fomento de las exportaciones comunitarias de los productos textiles y de la confección, fortaleciendo en particular la rúbrica presupuestaria B7-852, en lo que corresponde al Parlamento Europeo un papel de particular coherencia entre lo que nos proponemos hacer y lo que proponemos financiar; -desarrollando la creación de nuevos productos mediante el V Programa Marco de Investigación y Desarrollo; -mejorando el funcionamiento del Mercado Interior y la cooperación de las empresas dentro de la Unión Europea.Se trata de un conjunto de medidas que la Comisión debe complementar y profundizar y se debe concretar debidamente en este plan de acción para la competitividad de la industria textil y de la confección que hoy se nos presenta. 
Se trata de un sector fundamental para el empleo y el producto de la Unión Europea. 
Seamos coherentes y demos nuestro apoyo inequívoco. 
Señor Presidente, sometemos ahora a debate la competitividad de la industria textil y de la confección europea. 
Acojo con satisfacción el plan de acción de la Comisión en este ámbito, puesto que considero que se trata de un sector de gran importancia para Europa. 
Es importante que hablemos de esta cuestión, sobre todo en el marco de la continua liberalización de la OMC. 
Varios Estados abrieron ya en la década de los 70 sus mercados a la importación de productos textiles y eliminaron las antiguas modalidades de subvenciones. 
En estos sectores y ámbitos industriales tuvo lugar una enorme transformación para que la industria remanente se pudiera beneficiar de un aumento de la competitividad en el marco del libre comercio con los nuevos países rivales. 
Se trataba, sobre todo, de importaciones procedentes de los países de la Europa del Sur, que exigían por aquel entonces el libre comercio y un acceso al mercado, lo cual transformó radicalmente las condiciones de, entre otros, el sector de la venta ambulante en Suecia. 
Ya han pasado un par de decenas de años desde entonces. 
Ahora contamos con una producción de alta calidad, pero sin que se registre en absoluto el mismo numero de empleados en este sector. 
Una gran parte de la producción está deslocalizada en otros lugares, como en Estonia. 
Sin embargo, las empresas a las que me he referido en relación con la venta ambulante no se beneficiaron ni de tergiversadores programas comunitarios de ayuda económica ni de cuotas para el sector de los textiles. 
Cuando una parte de los diputados exigen con distintos planteamientos una mayor protección ante las importaciones de textiles, no lo hacen invocando el espíritu del libre comercio o de la solidaridad en el seno de la UE. 
Es necesario permitir este acceso también a los nuevos países democráticos de la Europa Central y Oriental y a los países en desarrollo de otras partes del mundo. 
Han de poder competir con sus propias condiciones, lo cual equivale a salarios más bajos que los que se exigen en la UE. 
Respeto plenamente la necesidad de una etapa de adaptación. 
Respaldo el plan de acción y los esfuerzos comunes para preparar este período. 
Sin embargo, no debe existir ninguna vacilación respecto a la orientación principal, es decir, el libre comercio y la igualdad de condiciones. 
Doy mi apoyo a estas medidas porque considero que este sector, la industria textil europea, reúne unas condiciones muy numerosas y favorables. 
Tampoco creo que sea un objetivo de por sí el intentar mantener muchos de los deficientes puestos de trabajo que, hoy por hoy, existen en este sector, sino que, al pensar en esta industria, sé que, de hecho, figura a la cabeza mundial en determinados segmentos del mercado en los que es enormemente competitiva. 
Si queremos que esta circunstancia sea común a todo el sector, será preciso aumentar la capacidad de transformación, la especialización y el contenido de los conocimientos para poder competir en una economía dominada por la mundialización. 
Presidente, señor Comisario, Señorías, yo formo parte de aquellos que creen que la información de la Comisión difícilmente puede denominarse un Plan de Acción. 
Por otra parte, creo que el sector no puede esperar demasiado amparo de Europa, sino que él mismo y los Estados miembros deberán llevar a cabo las adaptaciones necesarias. 
Señorías, ¿qué tiene que ocurrir para salvaguardar la competitividad del sector en la economía mundial? 
Europa debe procurar que las reglas de la Ronda de Uruguay se cumplan estrictamente. 
Deben derribarse las barreras arancelarias que impiden la libre exportación, y son inadmisibles las sutiles técnicas de terceros países para impedir las importaciones. 
Vemos que los productos textiles europeos rehuyen por iniciativa propia la competencia con los baratos productos importados. 
Después de todo, sus triunfos están más bien relacionados con los productos de calidad, las nuevas aplicaciones y la utilización de nuevas tecnologías. 
Aquí el quinto programa marco europeo para investigación y desarrollo puede significar un empujoncito a muchas PYMEs que están dispuestas a innovar. 
Los Gobiernos nacionales no pueden eludir su responsabilidad. 
En cada sesión del Consejo prometen una mejor formación y una disminución de las cargas salariales que, por lo demás, son en parte la causa del trabajo clandestino en el sector. 
Ya va siendo hora de que cumplan las promesas al respecto. 
Señor Presidente, la Comisión Europea reconoce en su comunicación que el sector textil ha experimentado estos últimos años una reducción considerable de los puestos de trabajo. 
Sabemos que la crisis en el sector textil se debe esencialmente a los traslados de empresas, al aumento de las importaciones, al descenso del consumo provocado por el desempleo y la exigüidad de los ingresos, pero también al importante retraso en materia de formación, investigación y modernización de los equipos. 
No obstante, la industria textil representa aún un sector cargado de futuro en Europa, como lo demuestra el informe Ribeiro, que no se limita a criticar la actuación de la Comisión, sino que, además, formula propuestas para detener la hemorragia de puestos de trabajo y contribuir al desarrollo del sector textil. 
En su comunicación, la Comisión Europea adopta una posición encaminada a mejorar la competitividad de las empresas, cosa que en sí no es negativa, pero esencialmente mediante la presión sobre los costos laborales y desarrollando la flexibilidad, cuando ya se ha visto la ineficacia de esa vía. 
Ni la presión sobre los salarios ni la reducción de los costos laborales han impedido la continuación de la supresión de puestos de trabajo y la agravación del déficit comercial. 
Por eso, aun remediando las distorsiones de la competencia y luchando contra el dumping social, hay que emplear medios importantes para favorecer la reducción de la jornada laboral, desarrollar la investigación, mejorar la formación y modernizar los equipos mediante la introducción de nuevas tecnologías; por otra parte, hay que aumentar el poder adquisitivo para aumentar el consumo en el sector textil y de la confección. 
Si no queda desfigurado o atenuado por la aprobación de enmiendas, el informe Ribeiro, que recoge lo esencial de estas propuestas, debe recibir todo nuestro apoyo. 
Señor Presidente, señor Comisario Bangemann, Señorías, entre todos los informes que debemos examinar y votar en nuestro Parlamento, hay algunos que son particularmente importantes para nosotros, para mí. 
Son los relativos a las políticas industriales, las políticas que mantienen y deben crear riquezas, actividad y puestos de trabajo. 
Regiones enteras dependen de ellas. 
Son la base e incluso la condición de todo lo demás, incluida la moral de la opinión pública y de los trabajadores, la esperanza en el futuro y el apoyo de la propia idea europea. 
Ya lo decía yo aquí mismo hace un mes, al presentar mi informe sobre la competitividad industrial europea y su futuro. 
El excelente informe de nuestro colega Sérgio Ribeiro se inscribe en esa lógica. 
Sigue esa orientación y contribuye a crear un futuro marco de la industria textil. 
Por ser yo mismo representante de una grande y antigua región textil, la del norte de Francia, quiero felicitarlo por ello y decirle que apoyo la concepción general de su texto. 
En efecto, es legítimo comprometerse con un programa de acción que permita a ese sector luchar con las mismas armas contra la competencia de terceros países. 
A ese respecto, considero que la Unión Europea debe desempeñar un papel motor en la lucha contra el dumping mediante cláusulas sociales y medioambientales con limitaciones financieras, si es necesario, para los productos importados. 
Sí, Señorías, hay que reafirmar el carácter específico de la industria textil, que emplea a una mano de obra muy importante, con frecuencia poco especializada y muy feminizada. 
Numerosos informes parlamentarios insisten en la formación. 
Ahora hay que brindar los medios para impartirla. 
Así, pues, espero también compromisos firmes y concretos por parte de la Comisión. 
Sí, Señorías, es normal preguntarse por las repercusiones de la crisis asiática, por el aumento del déficit comercial con esas regiones y, por tanto, por las consecuencias de ella resultantes para las empresas textiles europeas. 
Espero aquí más transparencia. 
Sí, por último, Señorías, es necesario apoyar todas las iniciativas que dan prioridad al empleo y sin un a priori ideológico. 
Es imperativo contribuir al desarrollo de las nuevas tecnologías en ese sector. 
Muchos de mis colegas lo han dicho. 
Se puede y se debe combinar nuevas tecnologías, medidas en pro del empleo y desarrollo social. 
Para concluir, quiero reiterar la importancia fundamental del ramo textil en la industria europea. 
El textil no es una supervivencia del pasado. 
Es una industria con futuro. 
Conviene sacar todas las consecuencias de ello y darse los medios para ello. 
Señorías, hemos vuelto de nuevo en Europa a un ciclo de crecimiento, de lo que nos alegramos, y debemos hacer todo lo necesario para fortalecerlo mediante la investigación, la formación, el dinamismo comercial y una concepción voluntarista e inteligente de los asuntos sociales. 
El textil europeo es también un buen terreno a ese respecto. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Sérgio Ribeiro, al que felicito por el mismo, constituye una contribución importante a la promoción correcta del sector textil y de prendas de vestir y refuerza la iniciativa, digna de beneplácito, del Comisario Bangemann. 
Se trata de un sector de gran importancia para Portugal, donde representa el 9 % de la producción y el 13 % del empleo total y suscita particular preocupación que haya habido una pérdida de empleo del 22 % entre 1990 y 1995, mayor que la habida en el conjunto de la Unión Europea. 
Eso no significa, sin embargo, que se trate de un sector sin perspectivas, pues la pérdida de empleo- que exige medidas de reajuste- es en gran parte consecuencia de los avances de la productividad que se van produciendo. 
A título de ejemplo, en Portugal la productividad aumentó de 1, 43 escudos por trabajador en 1990 a 2, 14 en 1995. 
Por el lado positivo, conviene señalar que, incluso en un mundo de gran competencia por parte de países con mano de obra mucho más barata, Europa ha seguido manteniendo una posición de relieve. 
Así ocurre fundamentalmente con los productos de moda de alta calidad, pues la preferencia dada en todas las partes del mundo a nuestras marcas es una forma de reconocimiento también de un valor cultural europeo, en este caso un valor de índole estética. 
Así, pues, es digno de relieve que, de forma afortunada, ese valor se combine directamente con la actividad económica llevada a cabo. 
En la línea de fomento de las exportaciones de nuestros productos, tiene la mayor justificación el fortalecimiento de una línea presupuestaria que tuvimos el honor de proponer en conjunto hace algunos años. 
Se trata de una línea que la experiencia ha justificado ampliamente con la contribución dada a la promoción de las ventas en mercados importantes, pero muy difíciles, como son los del Japón y de otros países asiáticos. 
Así, pues, se comprende que subrayemos de forma muy especial el apoyo que se debe dar a la enmienda de la Comisión REX- ya mencionada por la Sr. Ferrer- que propone el fortalecimiento de dicha línea. 
La aceptación o incluso el deseo de apertura a terceros países deben ir acompañados, además, de medidas de reestructuración, necesarias en muchos casos. 
Así ocurre en Portugal con el programa de apoyo al sector textil acordado al concluir la Ronda Uruguay y, naturalmente, no se puede aceptar ahora reducción alguna de las cantidades asignadas, plenamente justificadas y en relación con las cuales hay un compromiso y no se comprendería que los políticos dejaran de cumplirlo. 
Señor Presidente, desearía comenzar felicitando al Sr. Ribeiro por un informe tan minucioso y profundo. 
El sector textil finlandés también se ha visto obligado a atravesar una concienzuda reestructuración que ha destruido decenas de miles de puestos de trabajo. 
No obstante, la industria textil que nos ha quedado tras estas transformaciones ha demostrado ser competitiva en el mercado mundial. 
Al examinar la transformación estructural y la incertidumbre actual que se cierne sobre este sector, las innovaciones sociales como la reorganización del trabajo, la independencia entre las tareas de los trabajadores y los cambios en los métodos de dirección se han revelado como un factor principal junto con el desarrollo técnico. 
Por este motivo, se debería prestar atención a unas mayores exigencias profesionales para el personal de las empresas y a un cambio en la naturaleza de sus aptitudes. 
Se debería garantizar a todos los colectivos de trabajadores una formación profesional que tuviera en cuenta la necesidad cada vez mayor de interacción, de negociación y de resolución de los problemas. 
Señor Presidente, quiero felicitar en primer lugar al ponente. 
Dada la importancia de este sector desde el punto de vista del empleo, sobre todo femenino, y de su impacto regional, el Parlamento debería hacer un seguimiento permanente de lo que ocurre en él y proseguir estos trabajos. 
Este sector es una piedra de toque para los valores económicos y sociales europeos y nuestras reacciones ante esa globalización de la que tanto se habla. 
Su análisis, es cierto, se presta a tópicos y actitudes conservadoras y proteccionistas, y aunque también es cierto que estamos hablando positivamente de un sector industrial europeo, complejo por su heterogeneidad y su diversidad, dinámico y, en muchos casos, competitivo, creo que, sin ánimo de dramatizar, también es cierto que nos enfrentamos con problemas en este sector- en Europa y en el mundo- derivados de la dura competencia internacional y de la reestructuración. 
Así, debemos hablar de despidos masivos, de desigualdad salarial entre los sexos, de precariedad laboral, de acoso sexual, de bajos salarios, de empleo clandestino, de deslocalizaciones y, en otras áreas del mundo, de explotación del trabajo infantil y femenino, de insalubridad en el trabajo y de ejemplos dudosos de ética industrial- en eso que se llama la necesaria división internacional del trabajo- como son algunas «maquilas» en fronteras y en zonas francas. 
¿Soluciones? 
Yo creo que, como se ha dicho aquí, en primer lugar debemos respetar la interlocución social en Europa y apoyar el impulso internacional de los convenios básicos de la OIT. 
Aquí y en la Organización Mundial del Comercio debemos dar celeridad a los procesos de defensa y de promoción comercial europea. 
De ahí la importancia de la difusión y de la aplicación del código de conducta social que- también es cierto- debe ir acompañado de programas de apoyo económico y social en países terceros. 
Y, paralelamente, en Europa, se debe promover el apoyo decidido a la innovación tecnológica, a la calidad, a los productos de marca, a la formación permanente, aplicando también medidas regionales y sociales. 
Porque esta reestructuración va a seguir, y esta diversificación en las regiones textiles debe asegurar el mantenimiento de la ocupación laboral en estas zonas, en especial la ocupación femenina. 
Lamentablemente, el plan de acción que discutimos no nos parece suficientemente ambicioso, puesto que no concreta medidas ni financiaciones adecuadas. 
Es por lo tanto un reto importante, el reto que se discutía cuando se hablaba de cómo establecer el equilibrio entre crecimiento, competitividad y empleo. 
Y yo diría no solamente dentro de la Unión Europea, sino en sus relaciones con terceros. 
No se trata de ser proteccionista, señor Presidente, pero se trata de asegurar que en esta división internacional del trabajo que está afectando a este sector se cumplan todos esos criterios sociales que decimos defender. 
Señor Presidente, creo que la propuesta presentada por la Comisión para promover la competitividad de la industria textil y de la confección europea no es suficiente. 
Como hemos señalado también en la comunicación de la Comisión de Política Regional, el denominado programa de acción es más bien un plan preliminar muy prudente, en vez de un programa ya listo para su aplicación. 
La competitividad de la industria textil y de la confección europea ha sido posible sobre todo gracias a una mano de obra eficiente y capacitada, una producción moderna, innovadora y de elevada calidad, así como la especialización y la flexibilidad de la industria. 
Los puntos débiles de este sector en Europa vienen causados en gran medida por el desequilibrio que presenta el acceso a los mercados. 
La UE ha abierto su mercado sin obtener un acceso recíproco y del mismo nivel a los mercados de los terceros países. 
El último acuerdo con Rusia constituye un ejemplo de esta circunstancia. 
La UE renuncia a sus restricciones sin obtener una sola concesión a cambio. 
Las ayudas comunitarias en materia de política regional para la industria textil y de la confección afectan de manera desigual a las distintas regiones de la UE. 
Por ejemplo, las grandes concentraciones de población finlandesas no figuran dentro del ámbito de actuación de estas ayudas. 
En Finlandia tampoco se puede hacer uso del programa RETEX. 
Sin embargo, las empresas finlandesas se ven obligadas a competir en el mercado único con otras empresas que sí se benefician de ayudas. 
Desearía recordar que las ayudas comunitarias y las medidas para potenciar la competitividad no deberían dar lugar a una distorsión de la competencia, sino que su objetivo es garantizar que las empresas disponen de las mismas oportunidades para competir en el mercado. 
En última instancia, la competitividad de las empresas depende de su propia capacidad para ser innovadoras, la cual debería constituir el criterio fundamental para la concesión de programas de ayuda en la UE. 
Señor Presidente, quisiera, antes de entrar en materia, felicitar al Sr. Ribeiro porque no era fácil abordar este tema y él lo ha hecho con eficacia y precisión. 
Quisiera también felicitar a los tres ponentes de opinión. 
A uno de ellos, el Sr. Moretti, ya le felicité cuando examinamos su trabajo en la Comisión de Política Regional. 
Mi compatriota, la Sra. Ferrer, ha hecho un estupendo trabajo para la Comisión de Asuntos Económicos, y lo mismo el Sr. Mendonça para la Comisión de Empleo. 
El sector textil y de la confección en Europa representa una fuente de empleo muy importante para la mano de obra femenina. Su participación en este sector llega hasta el 75 %, lo que lo convierte en el principal «yacimiento» de empleo femenino en el sector industrial y hace que su futuro sea determinante para la presencia de mujeres en la industria europea. 
Las diferentes estrategias de reestructuración del sector, como introducción de nuevas tecnologías, deslocalización de parte de la producción, reorientación de la producción hacia la gama alta y respuesta rápida a los cambios en la demanda, afectan gravemente y casi exclusivamente a la mano de obra femenina. 
Por lo que se refiere a las cualificaciones, las mujeres se sitúan mayoritariamente en empleos semicualificados o no cualificados. 
En los puestos de cuadros superiores, los hombres están sobrerrepresentados. 
En sectores de muy fuerte concentración femenina como el que nos ocupa, el porcentaje de mujeres cualificadas es mayor que el de hombres cualificados, debido al hecho de que los hombres con cualificación no se sienten atraídos por los bajos salarios existentes en este sector del textil. 
Porque el salario medio es inferior al salario medio de la industria manufacturera, y el de las mujeres, a veces, notablemente inferior al de los hombres, como en Irlanda o en los Países Bajos, según se recoge en el estudio «Impacto del mercado interior sobre el empleo femenino en el sector textil y de la confección» realizado en 1991 por la Dirección General de Empleo. 
En un momento de reestructuración, las empresas que no sean capaces de anticiparse a los cambios originados por el mercado único, las nuevas tecnologías o la mundialización, deberán realizar un esfuerzo de adaptación adicional que recaerá sobre todo en los trabajadores y, de estos, en el personal no cualificado, cuyo mayor porcentaje son mujeres. 
Para evitar que esto suceda insistimos en la necesidad de dar a este personal femenino poco cualificado los medios de reconvertirse y de obtener las cualificaciones requeridas por los nuevos procesos de producción. 
Creo que este propósito y este deseo han quedado perfectamente recogidos en el informe del Sr. Ribeiro que hoy nos ocupa. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, lo sabemos, desde hace más de veinte años la industria textil y la confección son sinónimos de pérdida de empleo. 
Ya se ha dicho, pero creo que debemos tener en cuenta que se han perdido otros 600.000 puestos de trabajo en los últimos seis o siete años. 
En la Unión disponemos de un política de cohesión y de una política económica y de empleo. 
Hay créditos a través del Fondo Social Europeo y el programa RETREX, pero ésas no son soluciones reales, de ahí la importancia del Plan de Acción que ha elaborado la Comisión Europea de acuerdo con el sector y con los Estados miembros. 
De ahí también la importancia del informe Ribeiro, y quiero felicitar especialmente al ponente por su informe. 
Quiero abordar más detenidamente cuatro puntos en el marco de este Plan de Acción. 
El primero, la mejora de la competitividad. 
Creo que deben darse tres elementos importantes, a saber: el aspecto de la disminución de la carga salarial; refuerzo de la formación, porque hay muchos empleados con escasa escolarización en este sector y, de hecho, hay muchas mujeres con escasa escolarización que trabajan en la confección. 
También es necesario un mayor esfuerzo en investigación y desarrollo para poder introducir nuevas tecnologías. 
No olvidemos que estamos tratando sobre todo con las típicas PYMES. Aproximadamente hay 120.000 en la Unión Europea. 
Por tanto, es un sector totalmente distinto al sector automovilístico, donde al fin y al cabo sólo tenemos diez o doce grandes empresas. 
Aquí hay muchas empresas pequeñas, señor Comisario, y éstas tienen necesidades específicas y deben ser apoyadas específicamente, sobre todo con la vista puesta en las nuevas tecnologías. 
El segundo, el acceso a mercados internacionales. 
Nunca nos cansaremos de decir, señor Comisario, que cada vez se imponen más barreras arancelarias nuevas. 
Brasil, por ejemplo, ha introducido al comienzo de este año una tasa de importación de más del 50 %. 
Cómo podemos tener acceso al mercado internacional cuando los países despotrican de esa manera. 
Hemos concertado una cita para la reducción progresiva de los Acuerdos Multifibra hacia el año 2005, pero las correcciones deben hacerse hacia el acceso a los mercados a nivel internacional. 
Por tanto, hay que actuar rápidamente contra estos países que introducen las prácticas de dumping, por ejemplo China, por ejemplo India, por ejemplo Egipto, y sobre todo también la protección de la propiedad intelectual. 
La balanza comercial con terceros países es negativa, no lo olvidemos. 
Hay un excedente en el sector textil de 5, 4 millardos, pero hay un déficit de 22, 6 millardos en el sector de la confección. 
Así pues, necesitamos una actuación rápida y eficiente de la Comisión Europea y de la Unión. 
El tercero, el terreno de la dimensión social. 
La Unión Europea debe apoyar en la medida de lo posible los convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo en el foro internacional. 
Ésa es una necesidad perentoria, entre otras cosas la prohibición del trabajo infantil- el Sr. Ribeiro se refiere a ello- también en la Unión, se entiende. 
El cuarto, el papel de los interlocutores sociales. 
También para la ejecución del Plan de Acción, señor Comisario, creo que sería útil crear un comité de seguimiento en el que también puedan desempeñar un papel los interlocutores sociales. 
Quiero concluir, señor Presidente, diciendo que yo, como Presidente de la comisión textil y de confección en el marco del consejo económico central en mi propio país, me alegro del Plan de Acción y de la resolución aprobada por el Consejo de Ministros. 
Ahora viene la fase más difícil: la ejecución, y para ello contamos con usted. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Todos nosotros hemos tomado nota de los compromisos del señor Comisario y, sobre la base de lo que va a suceder, señor Bangemann, decidiremos, como usted acaba de decir, qué licor pondremos en la copa que le vamos a ofrecer. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Composición del Comité Económico y Financiero 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0264/98) de la Sra. Berès, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (98) 0110- C4-0222/98) sobre las normas de desarrollo relativas a la composición del Comité Económico y Financiero acompañada de una propuesta de decisión del Consejo sobre las normas de desarrollo relativas a la composición del Comité Económico y Financiero. 
Señor Presidente, felicito a mi colega la Sra. Berès por haber arrojado luz sobre una de las organizaciones más misteriosas de la Unión Europea: el Comité Monetario. 
Bajo la presidencia del distinguido Sir Nigel Wicks, que está a punto de retirarse, ha prestado servicios valiosos en la preparación de documentos para el ECOFIN. 
Parte de su confidencialidad está justificada. 
En cierto sentido, se debe permitir que los documentos que han de ejercer una gran influencia siembren las semillas de sus ideas antes de que vean la luz. 
No obstante, ya es hora de que haya más transparencia. 
El cambio de su nombre por el de Comité Económico y Financiero es una coyuntura apropiada para impulsar reformas. 
En mi reciente reunión con Sir Nigel me alentó oírlo apoyar la idea de que su sucesor en la presidencia- él no va a continuar en ese cargo, pues Gran Bretaña no es un miembro fundador de la UEMcomparezca periódicamente ante una comisión pertinente del Parlamento Europeo para que el CEF tenga más transparencia pública. 
Y ello pese a que el artículo 109 C del Tratado sólo exige que el Parlamento sea informado de las decisiones del Consejo. 
Todo eso sería un buen comienzo, pero el cambio de nombre debería reflejar también un cambio de función. 
A muchos de nosotros nos preocupa que el Tratado insista en los asuntos monetarios a expensas de la gestión económica. 
El rebautizado Comité Económico y Financiero debe reequilibrar la balanza adecuadamente. 
La propuesta del ponente de que se establezcan nuevos vínculos con el casi moribundo Comité de Política Económica, creado en 1974, es buena, como también lo es la propuesta de que se fomente el diálogo entre el CEF y el Comité de Empleo creado con arreglo al capítulo relativo al empleo del Tratado de Amsterdam. 
La clave para lo que el ponente y el Grupo Socialista pretenden lograr estriba en la composición del CEF. Debe ser, naturalmente, tan equilibrado y experto como el equipo de fútbol de Francia el domingo pasado. 
Sin embargo, está abarrotado de banqueros, aunque el artículo 109 C no especifica si los representantes deben proceder de los bancos nacionales o de los ministerios de Economía y Hacienda. 
No cabe duda de que en este caso sería preferible contar, además de con ejecutivos de los bancos nacionales, con representantes de los ministerios económicos, encargados, a su vez, de formular las políticas económicas a corto y medio plazo. 
Existen razones incluso para que se hagan substituciones de los 34 miembros del CEF. 
Expertos en las esferas de la fiscalidad o la presupuestación deben substituir de vez en cuando a los miembros titulares, si con ello se logra un debate mejor y con mejor información. 
Por último. apoyo las propuestas del ponente de que se enmienden las decisiones del Consejo para que se puedan revisar antes del 1º de enero del año 2002 y de que antes del 1º de julio del año 2001 la Comisión, el CEF y el BCE informen sobre el estado de las relaciones interinstitucionales en el marco de la UEM desde el comienzo de la tercera fase. 
Presidente, la creación del Comité Económico y Financiero prevee un gran número de tareas importantes que ya están incluídas en el mencionado artículo 109 C, párrafo 2 del Tratado de Maastricht. 
¿Qué hace ese Comité Económico y Financiero? 
Da asesoramiento al Consejo y a la Comisión por encargo o por propia iniciativa, analiza el estado económico y financiero de la Comunidad, prepara las actividades del Consejo en gran número de terrenos tales como la política de cambio monetario y la coordinación de la política económica. 
Sobre todo la coordinación de la política económica ha obtenido los últimos meses mucha atención. 
Esa coordinación también es cada vez más importante. 
Wim Duisenberg escribió en su respuesta a las preguntas por escrito de la audiencia de mayo, que la inflación no sólo está determinada por la política monetaria, sino también por la política presupuestaria. 
Así pues por ambas, Presidente, eso está en contradicción con lo que decía nuestra ponente. 
Por ello debe existir una buena colaboración entre las autoridades responsables de la política presupuestaria y del Banco Central Europeo, que al fin y al cabo es quien determina los tipos de interés. 
El Comité Económico y Financiero desempeña aquí un papel fundamental, ése es a mi modo de ver el grupo de expertos para la coordinación. 
La propuesta de la Sra. Berès de sacar a los especialistas monetarios o a los representantes del Banco Central Europeo del Comité me parece inaceptable. 
Quiero subrayar, igual que la Sra. Berès, la necesidad de una política coordinada, pero no a su manera. 
Por eso mi Grupo ha presentado tres enmiendas. 
Creo que los países por separado deben poder señalar sus responsabilidades. 
Si una parte de los países permiten que su política presupuestaria se relaje, eso puede significar que el BCE debe pisar el freno monetario a costa de los países que tienen sus asuntos en orden. 
Eso no puede ocurrir. 
Wim Duisenberg ya ha indicado que considera una tarea suya dentro del Banco Central Europeo el llamar la atención a ciertos países cuando esos países empiezan a seguir otro camino fuera del presupuesto europeo tal y como se ha fijado en el pacto de estabilidad. 
También en los Países Bajos el Banco Neerlandés se las dio de juez crítico e independiente de las finanzas públicas, ya en el pasado, y ahora el nuevo presidente vuelve a retomar esta línea. 
Hace tres semanas el Banco Neerlandés manifestaba su crítica sobre las negociaciones acerca de los márgenes financieros de un nuevo Gobierno. 
Ésa es precisamente la razón por la que los especialistas monetarios nacionales en el Comité no pueden faltar, como bien propone la Sra. Berès. 
Ellos procuran el necesario conocimiento imparcial sobre el estado de la economía en los diversos Estados miembros y dejarán oír una voz crítica dentro del Comité. 
Deben evitar que el Comité pueda hacer demasiado eco con la voz de su amo. 
Después de todo, el ECOFIN se asesora a sí mismo sólo con funcionarios de los ministerios de Economía en el Comité. 
También las tendencias en el terreno salarial en Alemania indican en este momento que la voz preventiva de los bancos centrales nacionales debe oírse claramente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, coincido con las opiniones que se han manifestado aquí, tanto por parte de la ponente como por los representantes de los Grupos Socialista y Popular, en el sentido de que la actual propuesta de composición de este Comité Económico y Financiero que sustituye al Comité Monetario debería tener una composición más amplia y actuar a un nivel más comunitario. 
El Sr. Comisario recordará que, con ocasión del debate sobre el contenido del Informe económico anual, en el cual el Comité Monetario proponía limitar la capacidad de la Comisión para evaluar la situación de las economías de los distintos Estados miembros por separado, el Parlamento rechazó dicha limitación. 
Y, posiblemente, esa limitación de la capacidad de la Comisión se lleve a cabo si la composición del Comité Económico y Financiero se consolida tal y como se encuentra en la propuesta actual. 
Yo veo algún defecto importante en esta composición, pues el Comité Económico y Financiero se convertiría en una especie de Consejo de Gobernadores bis del Banco Central Europeo y en un ECOFIN bis, de manera que la situación de conjunto quede controlada pero sin que exista un foro de debate a nivel del conjunto de la Unión Europea que sea capaz de analizar objetivamente la situación económica y financiera y, por lo tanto, aconsejar tanto al Banco Central Europeo como a las propias instituciones de la Unión, tales como la Comisión o el propio Parlamento. 
Por lo tanto, creo que sería bueno revisar esta composición y darle una auténtica dimensión comunitaria a nivel de la Unión Europea. 
Señor Presidente, aquí nos enfrentamos a un problema mucho más general que al de la mera composición del comité. 
Nos enfrentamos al peligro de ir cejando en nuestra vigilancia política tras la decisión sobre el euro, colocándose de repente de nuevo en el orden del día los viejos sueños de los tecnócratas donde la ausencia institucional de regulación se convierte en una ausencia institucionalizada de la política. 
Voy a citar el ejemplo del BCE. 
El nirvana institucional no es un lugar seguro y hay indicios de ello. 
Primero: según la prensa, el sueldo del señor Duisenberg se va a tratar como un secreto de Estado. 
Espero que lo desmienta. 
Segundo: el procedimiento para la determinación de las líneas básicas de la política económica, donde la Comisión de Asuntos Monetarios ha suprimido prácticamente todos los contenidos políticos- primado de la política de empleo, inclusión de la política monetaria, relación entre la política salarial y la evolución de la productividad- de la propuesta de la Comisión castrándola en consecuencia. 
Necesitamos órganos que practiquen la consulta con el PE y no meras informaciones. 
Necesitamos una función política que prepare realmente de un modo cualificado el ECOFIN y Euro 11 en coordinación con el employment committee, algo así como un Gobierno económico europeo, lo que no podremos lograr con la propuesta tal como se ha presentado sino que solamente se reavivan las pesadillas de la tecnocracia. 
Señor Presidente, Señorías, debemos felicitar a la Sra. Berès por su vigilancia. 
En efecto, la propuesta de la Comisión relativa a la composición del Comité Económico y Financiero, destinado a suceder al Comité Monetario, tiene la anodina apariencia de la continuidad. 
Pero tiene también una realidad, la de una derivación de la construcción económica europea hacia un doble exceso: un exceso de monetarismo y un exceso de tecnocracia. 
Sin embargo, la denominación del Comité Económico y Financiero lo designaba como el lugar para una reflexión más amplia que las preocupaciones exclusivamente monetarias. 
Su función de preparación de las decisiones, en materia de coordinación de las políticas económicas o de formulación de las grandes orientaciones de política económica, hace, naturalmente, que tenga en cuenta todos los datos económicos y sociales, que solicite todos los instrumentos de política económica y social. 
Ahora bien, las propuestas de la Comisión relativas a su composición son excesivamente reductoras. 
Lo convierten en un auxiliar de la política bancaria y monetaria, que en absoluto necesita el SEBC, pues su independencia y sus medios de acción están sólidamente asegurados. 
Así, pues, nuestra ponente tiene razón al criticar el papel demasiado importante que se quiere conceder a los representantes de los bancos centrales en ese Comité, como también, por lo que se refiere a los altos funcionarios, el monopolio previsto para los representantes de las administraciones exclusivamente financieras. 
Por eso, nos parece conveniente ampliar la composición del Comité Económico y Financiero, limitar- como desea la Sra. Berès- el papel en él de los representantes de los bancos centrales, pero también- y a este respecto no tendríamos inconveniente en superar los deseos de nuestra ponentegarantizar la representación en él de competencias en materia económica y social distintas de las de los altos funcionarios. 
Por último, compartimos el deseo de la Sra. Berès de que llegue a establecerse un mecanismo de información y de consulta regular entre el Comité Económico y Financiero y el Parlamento Europeo. 
Presidente, el inicio de la tercera fase de la UEM obliga a una composición diferente del Comité Monetario. 
También va a cambiar el nombre, desgraciadamente. 
En mi opinión podría haber seguido siendo el mismo, al menos se le habría ahorrado a la ponente una decepción. 
Ahora cree que el cambio de nombre también tiene que traer como consecuencia el cambio de contenido. 
Sin embargo, eso es una inversión de causa y efecto. 
Una defensa del mantenimiento del nombre Comité Monetario habría sido mucho más consecuente. 
En el comentario del informe la ponente plantea que los países de la zona del euro tienen una doble representación en el Comité Económico y Financiero, a través de sus propios representantes (directamente) y a través de los representantes del Banco Central Europeo (indirectamente). 
No puedo seguir este razonamiento. 
No está bien considerar a los representantes del BCE como representantes indirectos de los países de la zona del euro. 
Esto quiere decir que se ha comprendido poco la independencia del BCE. 
Eso se desprende también del punto siguiente. 
Porque a pesar de que a la ponente no le sienta muy bien la influencia de los funcionarios nacionales dentro del Comité Económico y Financiero, su informe es una inequívoca defensa del típico tema nacional francés: la formación de un Gobierno económico a nivel europeo como complemento del BCE que, a los ojos del Gobierno francés, tiene una horma demasiado alemana. 
Atendiendo a las constataciones anteriores, la carencia de competencias del Parlamento Europeo en este dossier es un bonito elemento secundario. 
Señor Presidente, el Comité Económico y Financiero que va a sustituir al actual Comité de Asuntos Económicos, fortalece al Consejo de Ministros de Hacienda al contrario que los demás Consejos en la Unión Europea. 
Me parece negativo que en Maastricht no se haya subrayado suficientemente que la posición de la Comisión Europea se ve debilitada ya que en los importantes procesos de coordinación de las políticas económicas la Comisión no propone sino que recomienda. 
Este Parlamento tiene que intervenir para que en las posteriores revisiones del Tratado esto se modifique. 
La ponente llama con razón la atención al respecto- comparto plenamente sus esperanzas y apreciaciones- y el Comité Económico y Financiero tiene que reflejar también esta nueva dirección institucional de la coordinación. 
Lamento en gran medida que el sistema de doble vía para acompañar el proceso de la Unión Monetaria pensado en su día por Giscard d´Estaigne y Helmut Schmidt con el mecanismo europeo de tipos de cambio que entonces comenzaba, no haya experimentado ahora, por así decirlo, su coronación. 
En aquella ocasión se crearon dos comités, a saber, el de Asuntos Económicos y el Política de Empleo. 
El primero se institucionalizó, se estableció en el Tratado mientras que el de Política de Empleo mantuvo una precaria existencia. 
Esto no está justificado por la dramática evolución de las políticas y de la señal errónea de una plusvalía europea. 
Por ello, creo que los problemas de empleo, económicos y financieros tienen que verse conjuntamente. 
Quiero recordar que este Parlamento al aprobar el año pasado las líneas básicas económicas subrayó expresamente que se debían incluir también los otros aspectos, ya que la decisión de los Ministros sobre la política económica y financiera tiene que verse en relación con los debates presupuestarios en los Parlamentos nacionales, que tienen lugar siempre en el otoño de cada año. 
El Comité Económico y Financiero tiene un carácter asesor. No obstante, se ha convertido en una institución. 
Por ello, su actividad tiene que ser más transparente. 
Es necesario que tenga lugar un diálogo monetario que vaya más allá del mantenido hasta ahora. 
Ustedes saben que este Parlamento Europeo mantiene un diálogo desde hace años con el Comités Financiero a través de la Subcomisión Monetaria. 
Esto tiene que ampliarse también al Comité Económico para que la valoración de los planes de estabilidad, el estudio del modo de evitar déficits excesivos y otras cuestiones relativas a la coordinación de la política económica no queden solamente en manos de las autoridades monetarias e instancias asesoras monetarias sino que se incluya también a otras. 
El ya de por sí destacado papel del Consejo de Ministros de Hacienda no debe conducir a que se decida sobre la política económica y de empleo sin los Ministros de Economía y de Trabajo. 
Con todo lo claro que es el sistema institucional de la Unión Monetaria, sin embargo, los procesos decisorios de esta Unión Monetaria están subdesarrollados. Aquí tienen que darse nuevos enfoques. 
El informe Berès nos permite abrigar esperanzas. 
Probablemente necesitaremos incluso un protocolo adicional al artículo 103 del Tratado de Maastricht para que en el futuro tengamos realmente una capacidad de actuación y de decisión. 
Señor Presidente, el Comite Económico y Financiero, que sustituye al antiguo Comité Monetario, es algo completamente distinto y su composición y funcionamiento deben reflejar este hecho. 
Es decir, no se genera ya un tema de coordinación de las políticas monetarias de los Estados miembros. 
Esta labor la realiza el Banco Central Europeo. 
El nuevo comité será una especie de consejero técnico de amplia composición, en la medida de lo posible, que intentará encontrar formas de coordinar las políticas financieras de los Estados miembros del sistema europeo de la UEM y de los Estados que aún no han entrado en ella y continúan en el sistema de equivalencias monetarias, sean miembros o no. 
Es decir, debe tener una competencia general de aconsejar en temas de coordinación de la política financiera de los Estados miembros de la Unión Europea con la política monetaria más general. 
Es una nueva labor que antes no realizaba. 
No creo que nadie deba decir mucho ni exagerar en cuanto al papel de este comité. 
Claro que va a ayudar, claro que va a dar apoyo en esta dirección, pero no es nada absoluto y que pueda crear miedos como los que se oyen en esta sala. 
Tengo la impresión- y también la Sra. Randzio-Plath ha mencionado esto- si juzgo por la forma en la que se regulan las audiencias de los Comisarios del Parlamento con diversos órganos, mucho más elevados que el que estamos debatiendo en este momento, y si juzgo por la forma en que se corresponden, que esto va a continuarse; y quiero ver qué comisión se niega a presentarse ante los Comisarios del Parlamento Europeo para dar razón de las decisiones que ha tomado, aunque esto no esté previsto en el Tratado ni en ninguna otra parte. 
Bueno, no creo que debamos intranquilizarnos mucho por ello y creo que la composición de este comité debe quedar como estaba prevista anteriormente: que participen también los representantes de los Bancos Centrales de los Estados miembros. 
Será un buen elemento de conciliación entre el Banco Central Europeo, por una parte, y, por otra, los portavoces de los Ministerios de Economía. 
Veamos pues, el tema con sangre fría y no exageremos ni en cuanto a su importancia ni en cuanto al papel que puede desempeñar este comité. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Sra. Berès sobre las modalidades de la composición del Comité Económico y Financiero, sobre las cuales debe adoptar una decisión el Consejo de Ministros de Economía y Hacienda, es una contribución importante y muy útil al debate en el marco del proceso de realización de la Unión Económica y Monetaria. 
Cierto es que el apartado 3 del artículo 109 C del Tratado de la Unión Europea no dispone reglamentariamente la consulta al Parlamento Europeo a ese respecto, pero es legítimo que esta Asamblea aborde una cuestión de esa importancia. 
Por lo demás, el Tratado establece la obligación general de información del Presidente del Consejo a esta Asamblea, por lo que es natural que se le dé un contenido. 
Así, pues, me felicito, junto con la Comisión, de la reflexión de la ponente parlamentaria sobre la composición de este nuevo comité y tomo asimismo nota con interés de todo lo relativo a su estatuto, que se deberá aprobar también antes del 1º de enero de 1999. 
La Comisión habrá de emitir un dictamen sobre ese nuevo estatuto y, llegado el momento, tendrá en cuenta al máximo las apreciaciones de Sus Señorías. 
Para responder a las cuestiones planteadas- en particular, por la ponente parlamentaria, esta mañana -, quisiera hacer dos series de observaciones rápidas relativas, por una parte, a la composición propiamente dicha del Comité Económico y Financiero y, por otra, a su papel. 
Respecto de la composición, el apartado 2 del artículo 109 C dispone que los Estados miembros, la Comisión y el Banco Central Europeo nombren cada uno a dos miembros, como máximo, del Comité. 
Ahora bien, en el Consejo Europeo de Luxemburgo, celebrado los días 12 y 13 de diciembre del año pasado, los jefes de Estado y de Gobierno, en su resolución sobre la coordinación de las políticas económicas, apreciaron sus intenciones y cito a Sus Señorías las conclusiones del Consejo Europeo: el Comité Económico y Financiero, que estará compuesto de altos funcionarios de los bancos centrales nacionales y del Banco Central Europeo, así como de los ministerios de Hacienda nacionales, constituirá el marco en el que se podrá preparar el diálogo entre el Consejo y el Banco Central y proseguirlo en el nivel de los altos funcionarios. 
Así, pues, no hay desviación, señor Castagnède. 
No puedo aceptar esa crítica, porque ese texto del Consejo Europeo establece el marco natural en el que debe hacer su propuesta la Comisión, aun cuando, como pone de relieve atinadamente la ponente parlamentaria, la Comisión no ha especificado la administración de origen que deberá estar representada en el Comité. 
No obstante, ése era el único margen de maniobra que le concedía ese texto de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Para la Comisión, no puede haber continuidad entre el Comité Monetario y el Comité Económico y Financiero. 
Como decía el Sr. Harrison, no se trata sólo de un cambio de nombre, se trata de un cambio de la naturaleza misma del sistema. 
Ésa es la razón por la que las misiones del Comité Económico y Financiero ya no son las mismas que las del Comité Monetario. 
Dichas misiones del Comité Económico y Financiero figuran, precisas y definidas, en el apartado 2 del artículo 109 del Tratado y se centran, en definitiva, en el seguimiento de la situación económica y financiera de los Estados miembros y de las relaciones financieras con terceros países y las demás instituciones internacionales, pero sobre todo el Comité Económico y Financiero contribuye- y creo que esto es importante- a la preparación de la labor del Consejo en el nivel técnico. 
Responderé al Sr. Herman que las personas nombradas lo son en principio intuitu personae y no como representantes de los gobiernos y creo que el Sr. Christodoulou tiene razón al decir que no hay que sobreestimar ese papel. 
Se trata de una preparación técnica del Consejo sobre tres asuntos esenciales: la vigilancia multilateral, las grandes orientaciones de política económica y las decisiones que se deben adoptar en el marco del procedimiento de los déficit excesivos. 
Así, pues, lo que se necesita para hacer funcionar el Comité Económico y Financiero, que no substituye al Consejo- puedo tranquilizar al Sr. Castagnède- y no es ni será una sucursal de los bancos centrales nacionales, es una capacidad técnica. 
Creo que la dimensión económica de las misiones del comité es preponderante. 
Así, pues, se debe serlo también en su composición. 
El Banco Central Europeo debe designar a sus representantes en él en relación con la política monetaria y los Estados miembros harán lo propio en relación con los diferentes componentes de la política económica. 
A ese respecto, la propuesta de la ponente parlamentaria, Sra. Berès, sobre los suplentes, es digna de un examen detenido. 
En efecto, es importante que los altos funcionarios presentes sean técnicamente competentes para las materias tratadas, ya se trate de la fiscalidad, como han indicado Sus Señorías, del presupuesto o de la previsión económica. 
Para la Comisión, el Comité Económico y Financiero debe ser un instrumento técnico al servicio del fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas cuyo objetivo es- he de recordarlo- el de promover el crecimiento y el empleo. 
Paso así a mi segunda serie de observaciones, que será mucho más breve- no teman -, respecto del papel del Comité Económico y Financiero. 
También a ese respecto el Consejo Europeo de Luxemburgo concluyó que el Comité Económico y Financiero debía ser un recinto de diálogo- respondo, por lo demás, a los deseos de la Sra. Randzio-Plath -, esencialmente de diálogo entre el Consejo y el Banco Central Europeo en el nivel de los altos funcionarios. 
Creo que esa labor de diálogo al servicio de la coordinación presenta un doble aspecto: por una parte, una coordinación entre la política económica y la política monetaria y, por otra, entre los diferentes aspectos de la política económica. 
Respecto del vínculo entre la política económica y la política monetaria, el Comité Económico y Financiero deberá hacerlo entre el BCE, que es el depositario de la política económica única, y el Consejo, que está, por su parte, encargado de aprobar y aplicar las grandes orientaciones de política económica. 
Creo que el Comité Económico y Financiero deberá encargarse también de la preparación y del seguimiento de las reuniones del Consejo del Euro, todavía llamado ahora «Euro 11». 
A ese respecto puedo decir a Sus Señorías- pero espero tener ocasión de hablar de ello después de las vacaciones- que las dos primeras reuniones de esta nueva instancia se han plasmado en el surgimiento de una nueva dinámica. 
El Comité Económico y Financiero deberá adaptarse a ella a fin de acompañar, con respeto del Tratado y en las mejores condiciones posibles, la introducción del euro y después su gestión. 
En cuanto a la coordinación de los diferentes componentes de la política económica, como indica atinadamente la ponente parlamentaria, el Comité Económico y Financiero debe inscribir también su labor y sus propuestas en el marco de una verdadera complementaridad con el Comité del Empleo, pero también con el Comité de Política Económica. 
Permítame, señora Berès, que no comparta totalmente su análisis a ese respecto. 
Así, pues, para la Comisión es importante que se reparta la carga de trabajo entre todos los comités especializados, incluido el Comité de Política Económica. 
Puedo asegurar a Sus Señorías que, en cualquier caso, la Comisión garantizará, como desea esta Asamblea, una coordinación permanente entre las actividades del Comité Económico y Financiero, del Comité del Empleo y del Comité de Política Económica. 
Aparte de la cuestión de la composición reglamentaria del Comité Económico y Financiero y de la toma de conciencia de su misión, creo que lo determinante en definitiva es el funcionamiento y la práctica de dicho Comité y, en conclusión, quisiera insistir en que también a ese respecto la Comisión- que desempeña un papel fundamental en la coordinación de las políticas económicas, como confirmó, por lo demás, el último «Euro 11» , velará por la coordinación correcta de la labor del Comité Económico y Financiero y de los demás comités. 
A ese respecto- y con esto termino -, la Comisión toma nota con interés de la propuesta de Sus Señorías de que se les presente un informe antes del 1º de enero del año 2001 sobre el funcionamiento del Comité Económico y Financiero en el marco de las relaciones interinstitucionales entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, pero también- creo yo- sobre las relaciones entre los comités existentes. 
Subscribo con mucho gusto esa propuesta y en ese momento vendré personalmente- espero- a presentar a Sus Señorías dichas conclusiones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Participación de las AEIE en los mercados públicos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0196/98) del Sr. Tappin, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (97) 0434- C4-0590/07) sobre la participación de las Agrupaciones europeas de interés económico (AEIE) en licitaciones públicas y en programas financiados con fondos públicos. 
Señor Presidente, ¿qué son las Agrupaciones Europeas de Interés Económico? 
Son agrupaciones de pequeñas y medianas empresas que se unen para lograr un mayor relieve, mayores posibilidades de conseguir contratos frente a competidores mayores, mayores recursos para promover sus conocimientos especializados, una personalidad jurídica y, naturalmente, mayores posibilidades de crecer, de contratar a más empleados y con ello reducir el número de desempleados en la Unión Europea. 
Evidentemente, si tiene éxito, ese plan es una buena idea. 
Este informe relativo a la comunicación de la Comisión sobre la participación de las Agrupaciones Europeas de Interés Económico en los contratos públicos y en los programas financiados por fondos públicos abordan exactamente esa cuestión. 
Ese plan funciona desde julio de 1989. 
Aún no se puede considerar un éxito. 
En los casos en que se han formado agrupaciones- con frecuencia organizaciones transfronterizas que se ocupan de bienes y servicios -, han demostrado que esa idea funciona. 
Sin embargo, no existen- ni han existido- suficientes agrupaciones para permitir a la Comisión analizar todos los problemas o determinar cuál es la forma mejor como puede contribuir a fomentar esa idea y a su aplicación en la práctica en el futuro. 
Así se reconoce y ésa es la razón por la que la Comisión ha preparado la comunicación. 
La Comisión merece una felicitación por esa iniciativa y agradecimiento por las gestiones que está haciendo para fomentar los intereses de las pequeñas empresas de toda la Unión Europea. 
El mercado de los contratos públicos representa por sí solo 720.000 millones de ecus al año, de los cuales las empresas pequeñas reciben muy pocos: sólo el 11, 7 %, aproximadamente. 
Para aumentar esa participación y la de los fondos con cargo a programas de la UE que reciben las PYMEs, he hecho varias propuestas. 
Quisiera que la Comisión fomentara la creación de grupos voluntarios de cooperación en el nivel de la UE, compuestos de expertos nacionales y sectoriales, interlocutores sociales y, naturalmente, representantes de la Comisión, para contribuir a la difusión de la información y sensibilizar sobre las posibilidades disponibles mediante este plan. 
En segundo lugar, también quisiera que la Comisión alentara positivamente a los Estados miembros para que designen o creen centros en los que las PYMEs que deseen participar en el plan tengan a su disposición asesoramiento y formación de calidad. 
Así se podría dar mayor impulso a la petición relativa a centros de contratos públicos que figuraba en un informe anterior redactado por mí. 
Como uno de los fines de este informe es el de permitir a las PYMEs lograr una participación mucho mayor que en la actualidad, en el mercado de los contratos públicos, que asciende a 720.000 millones de ecus, sería apropiado que los centros de información fueran una y la misma cosa. 
De forma semejante, se debe fomentar la difusión de la información mediante centros oficiosos, tales como los Centros Europeos de Información Empresarial y las cámaras de comercio locales. 
Como existe una enorme diferencia entre la publicidad y la orientación y el tipo de formación y asesoramiento jurídico que un centro nacional podría ofrecer, resulta claro que serían sistemas complementarios. 
Los centros nacionales prestarían también una gran asistencia para la supervisión de los resultados. 
Resulta esencial para que aprovechemos al máximo la eficacia de las medidas que adoptamos. 
Después de casi diez años de funcionamiento, sólo se han constituido con arreglo a este plan unas 800 Agrupaciones Europeas de Interés Económico. 
Resulta claro que la Comisión está adoptando las medidas que puede para mejorar esta prestación, pero nuestro mensaje debe ir dirigido también al Consejo para pedirle que apoye las gestiones de la Comisión y de las PYMEs en el nivel de los Estados miembros. 
Resultará particularmente útil a la hora de resolver algunas dificultades que se plantean a las PYMEs durante el comercio internacional, en particular al abordar las anomalías creadas por las diferencias entre las legislaciones nacionales. 
La Comisión va a presentar aclaraciones sobre las normas que rigen la creación de Agrupaciones Europeas de Interés Económico y sobre su funcionamiento. 
En vista de las complejidades jurídicas y de los temores que muchas PYMEs abrigan a la hora de ampliar sus actividades fuera de los límites seguros y conocidos de sus compromisos actuales, semejantes aclaraciones resultarían inestimables. 
Sin embargo, espero que los grupos de intereses y las PYMEs tengan la oportunidad de evaluar dichas aclaraciones y que el fondo de dichas evaluaciones, más las conclusiones que se obtengan de la supervisión de la actividad de las Agrupaciones Europeas de Interés Económico, constituyan la base para otra comunicación de la Comisión dentro de unos años. 
Se debe presentar al Parlamento, a las organizaciones sectoriales y a los representantes de los Estados miembros. 
Y entonces, si los grupos europeos de intereses económicos no se han beneficiado en gran medida en el mercado de contratos públicos de los programas financiados con fondos de la Comunidad, deberemos hacer algo más. 
Trabajamos con un plazo que cumplir, a medida que se abre a más países el acuerdo sobre contratos públicos. 
Eso significa que grandes empresas extranjeras desplazarán a nuestras pequeñas empresas de sus mercados actuales. 
Si no les brindamos los medios para que aprovechen las oportunidades ofrecidas por el acceso mundial, su situación irá de mal en peor. 
De las enmiendas, puedo apoyar las núms. 1, 3 y 4, pero me opongo a la nº 2. 
Por último, elogio a la Comisión por su iniciativa y espero que los diputados puedan apoyar mi resolución. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Tappin por la elaboración de un extraordinario informe que se centra en la situación de las PYMEs y de los servicios públicos. 
A pesar de que resultan vitales para nuestras sociedades, ambos sectores son víctimas de un trato injusto. 
Si Europa pretende realmente ser algo más que un mercado interior y alcanzar la cohesión económica y social deseada, deberá desarrollar servicios de interés general a nivel europeo. 
De este modo, la aplicación del mercado interior se relaciona con la liberalización de los requisitos relativos a los servicios de interés general, los cuales implican a menudo grandes transformaciones en las estructuras sociales. 
Se debe entablar un amplio debate entre los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento acerca de las orientaciones políticas de los servicios de interés general. 
A este debate se deberán incorporar igualmente los interlocutores sociales, las asociaciones de consumidores y los colectivos del ámbito social. 
Los grupos de intereses económicos europeos, a los que alude el ponente, podrían aportar un valor añadido positivo a las PYMEs que no conozcan bien aún las posibilidades que ofrece el mercado único. 
Así pues, nos enfrentamos a numerosos obstáculos. 
Hasta el pasado año, el Parlamento Europeo había venido siendo el único órgano que realizaba esfuerzos por definir un Estado de bienestar europeo a través del concepto de servicio público. 
Ahora se ha dado en Cardiff un paso en esta misma dirección. 
De conformidad con el principio de subsidiariedad, son los propios Estados miembros los que deciden si deben recurrir a empresas públicas o privadas para prestar los servicios de interés general. 
Debemos garantizar a nivel europeo las posibilidades de las PYMEs para competir en las licitaciones para la prestación de servicios públicos. 
La participación de las PYMEs en estas licitaciones públicas es muy necesaria, ya que las pequeñas y medianas empresas generan la mayor parte de los puestos de trabajo. 
Además de fomentar la transparencia de la competencia, debemos realizar esfuerzos para desarrollar el régimen fiscal y la seguridad social de manera que sirvan de apoyo a las PYMEs con predominio de mano de obra. 
La reducción de la presión fiscal sobre el trabajo es un objetivo que afecta especialmente a los sectores de servicios de empleo intensivo. 
En mi opinión, estos sectores han sido víctimas de un trato fiscal injusto. 
También es necesaria una mayor financiación de capital de riesgo para lograr crear más empresas. 
En Europa, esta necesidad es especialmente acuciante por lo que respecta a las PYMEs innovadoras que, con el paso del tiempo, se convertirán en empresas mayores. Como ya se señaló en la reunión del Grupo Socialdemócrata sobre el empleo y el sector de las PYMEs, el futuro de la industria europea depende de esta medida. 
Presidente, cuando vas a intervenir en un mercado descubres después que debes seguir operando en el mismo. 
Así que cuando en la Unión Europea se intervino en la situación incrementada históricamente del encargo nacional de los mercados públicos nacionales, descubrimos después de un tiempo que esa intervención tenía efectos secundarios no deseados. 
Como en muchas otras ocasiones fueron las pequeñas y medianas empresas quienes pagaron la cuenta europea. 
Durante años habían creado y mantenido cuidadosamente sus relaciones con la administración local, regional y nacional, relaciones basadas en la calidad y confianza mutuas. 
En el marco de los procedimientos anónimos de concurso europeos esas relaciones de confianza perdieron de golpe todo su valor. 
Fueron sobre todo las pequeñas y medianas empresas quienes sufrieron las consecuencias y quedaron al margen. 
Ésa no era la intención, así que se debe volver a intervenir. 
De ahí la creación de estos acuerdos de cooperación sin fronteras que deben hacer posible a las empresas más pequeñas el aceptar juntas grandes trabajos que se adjudican basándose cada vez más en rigurosas calificaciones. 
Eso queremos nosotros también como Parlamento porque- ya lo hemos dicho en otros informes- los concursos públicos europeos de la administración deben ser más sencillos, más simples e ir acompañadas de menos burocracia. 
Lo que echo en falta en la comunicación de la Comisión, Presidente, es un análisis y una solución de un gran problema de las AEIE. Es el desconocimiento del instrumento que tiene el grupo para el que en realidad va dirigido. 
Nadie en la pequeña y mediana empresa ha oído hablar nunca de estos acuerdos de cooperación y existen ya desde 1989. 
Eso es algo sobre lo que Michael Tappin llama la atención con razón en su informe. 
La comunicación de la Comisión se concentra en las posibilidades e imposibilidades jurídicas, mientras que el punto del desconocimiento queda sin tocar. 
A juzgar por el objetivo que da la misma Comisión en la comunicación, a saber, la publicación de las medidas que deberían ser tomadas, la Comisión no da la talla. 
Se habría podido esperar que la Comisión pusiera un plan sobre la mesa para indicar lo que se debe hacer para informar a las empresas del instrumento: el tradicional problema de comunicación de la Unión Europea. 
La Comisión escribe que se han creado 800 acuerdos de cooperación, 80 al año. 
Ése es un número que no dice nada por sí solo si no sabemos el éxito que en efecto han tenido estos acuerdos de cooperación en la atribución de contratos públicos o de subvenciones de los programas de la UE. 
De eso no informa el comunicado. 
Tampoco informa de cuáles son las dificultades que encuentran los acuerdos de cooperación en su funcionamiento práctico. 
Tal vez pueda informarme el Comisario al respecto. 
¿Sería tal vez posible que las pequeñas y medianas empresas no tuvieran ninguna necesidad de este tipo de acuerdos de cooperación? 
¿No ha sucedido ya alguna vez que en este Parlamento o en esta Unión Europea hayamos inventado algo que nadie necesitara? 
En general nuestro Grupo puede apoyar el informe de Michael Tappin, sólo tengo dudas acerca del párrafo 3 donde propaga el foro especial a nivel europeo. 
Los socialistas esperan siempre sacar provecho de este tipo de estructuras y yo no. 
Afortunadamente, en su opinión, debe darse sobre una base voluntaria. 
Yo misma creo que se puede unir mucho mejor- él también lo decía ahora- con las redes existentes para informar a la pequeña y mediana empresa y hacer más fácil para las empresas el encontrar socios. 
La Comisión Europea tiene ya todas esas posibilidades, estoy pensando en el Europartenariado, interprice y el BC-NET. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Tappin por este informe. 
Lo acojo con beneplácito como un medio valioso de promover las pequeñas y medianas empresas en todos los Estados miembros. 
De hecho, como señala atinadamente el Sr. Tappin, las pequeñas y medianas empresas suelen ser, naturalmente, lo normal en los países pequeños. 
También está en lo cierto al decir que se debe hacer la evaluación concertada de las necesidades y que debemos adoptar un planteamiento más adaptado a las necesidades de los usuarios al facilitar información y prestar apoyo práctico para las operaciones de las AEIE. 
Una aspecto que quisiera subrayar desde el principio es el de las ventajas para las organizaciones pequeñas que se asocien a ellos. 
Una empresa pequeña no sólo podrá concurrir a la licitación de un contrato que normalmente superaría su capacidad y conseguirlo, sino que, además, seguirá obteniendo ciertas ventajas aun después de haber concluido las tareas correspondientes al contrato. 
Quisiera señalar, señor Tappin, que, por ejemplo, a un pequeño constructor de carreteras de Irlanda que consiga pequeños contratos de las administraciones locales le resultaría absolutamente imposible concurrir a la licitación de proyectos en mayor escala para la construcción de grandes carreteras o autopistas, porque no podría hacer la inversión necesaria para adquirir la cantidad de equipo que requeriría la conclusión de esa tarea. 
Aun cuando hiciera la inversión, el desembolso no estaría justificado a largo plazo, ya que el equipo permanecería inactivo durante la mayor parte del año, porque no dispondría de trabajo suficiente y constante. 
Si una empresa pequeña formara parte de un consorcio, tendría más posibilidades de tener un trabajo continuo. 
Los nuevos contratos en otros Estados miembros contribuirán a hacer realidad esa perspectiva, por lo que son dignos de beneplácito. 
Debemos insistir en que todos los Estados miembros cumplan las normas, pues no cabe esperar nunca que las inversiones de capital afluyan a los Estados pequeños. 
Señor Presidente, es una lástima que se haga tan poco uso del único instrumento comunitario existente para la cooperación transnacional de las PYMEs. 
Si desde 1989 solamente se han creado 800 AEIE, no debe sorprender que apenas participen en las licitaciones públicas. 
Especialmente si se piensa que casi el 99 % de las empresas europeas son PYMEs y que en ellas recae al fin y el cabo el 52 % de los puestos de trabajo, esta pequeña cifra dice muchísimo. 
Quien tenga que ver personalmente mucho con las PYMEs sólo puede confirmar lo que dice el ponente, es decir, que las PYMEs no saben nada en absoluto de sus afortunadas posibilidades. 
Las AEIE son un instrumento extraordinariamente valioso para las pequeñas empresas para actuar en cooperación transfronteriza en el mercado interior y para atreverse a participar también en las licitaciones públicas. 
Las propuestas del informe del señor Tappin muestran claramente lo que es necesario, es decir, una información muy práctica así como una ayuda concreta. 
El apoyo a un acceso no burocrático de las empresas que cooperan a nivel transnacional para que accedan a las licitaciones públicas es importante para proporcionar al mercado interior más dinamismo. 
Una actividad informativa que se sirva de todos los medios de la tecnología moderna incluyendo las conversaciones personales tiene que ayudar a superar las carencias de conocimientos y las trabas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, ya desde hace mucho tiempo la integración europea se esfuerza por recoger también formas de cooperación supranacionales en el campo del derecho de sociedades. 
Pues mediante una cooperación transfronteriza entre las empresas podremos acercarnos a uno de nuestros objetivos, la creación del mercado interior europeo. 
Este desafío nos ocupa hoy tan intensamente como hace 10 años. 
Por ejemplo, al comienzo de la Presidencia austríaca del Consejo esperamos con gran interés si va a ser posible aprobar hasta fin de año el estatuto de la Sociedad Anónima Europea. 
De este modo, las empresas podrían evitar innecesarias y costosas imposiciones de su correspondiente derecho de sociedades nacional. 
Esta nueva opción no sólo debe orientarse a las empresas multinacionales sino en especial a las medianas y pequeñas empresas que quieran participar en proyectos comunitarios como, por ejemplo, las redes transeuropeas. 
En el debate hemos escuchado que las AEIE son una construcción de este tipo pero que es necesario mejorar mucho y que aún hay que llenar de vida este entramado jurídico abstracto. 
Asimismo, debemos considerar para cuántas empresas se puede ofrecer una forma de empresa de este tipo o cuántas debe haber. 
Pues las pequeñas empresas, a las que se quiere beneficiar especialmente con esta forma de empresa, deben poder participar más intensamente en el futuro en las licitaciones públicas entre los países. 
Señor Presidente, también yo quisiera sumarme a la felicitación al Sr. Tappin por su informe. 
Llega en un momento decisivo, cuando examinamos las nuevas medidas que se están adoptando para aumentar el empleo, porque las cifras revelan que la mayoría del empleo que se crea en la Unión Europea corresponde a pequeñas y medianas empresas. 
Así, pues, reviste importancia decisiva que hagamos todo lo posible para facilitar un mayor crecimiento en ese sector. 
Sin embargo, he de hacer algunas críticas. 
En particular, críticas a la Comisión por la lentitud con que paga a quienes han participado en contratos con cargo a PHARE y TACIS, por ejemplo. 
Puedo citar tres pequeñas empresas de Irlanda que quebraron por el retraso en el pago por parte de la Comisión de contratos llevados a cabo por dichas empresas en Rusia. 
Me parece que para conseguir información sobre esos tipos de iniciativas hay que ser miembro de la masonería. 
Sencillamente, no se puede conseguir el acceso público a la información, cosa esencial para las pequeñas empresas. 
En Irlanda hemos creado el Programa Operativo para Pequeñas Empresas, en el que se han indicado cinco sectores fundamentales en los que se debía trabajar para permitir la participación de las PYME en las Agrupaciones Europeas de Interés Económico: acceso a la financiación, acceso a los documentos relativos a contratos públicos, acceso al apoyo idóneo para concurrir a licitaciones, acceso a su garantía de pago rápido por parte del contratista y acceso a redes reforzadas de PYME en toda la Unión Europea para permitir el desarrollo de empresas de mayores dimensiones. 
Si no facilitamos información real de la forma más pública, no podremos lograr las ventajas que deben brindar esas agrupaciones. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión, quiero agradecer al Parlamento Europeo y, en particular al Sr. Tappin, la atención y el apoyo prestados a esta Comunicación sobre la participación de las Agrupaciones europeas de interés económico (AEIE) en licitaciones públicas y en programas financiados con fondos públicos. 
He de decir que, desde el momento de la aprobación de esta Comunicación- el 9 de septiembre de 1997- hasta hoy, se ha registrado un aumento rápido y sin precedentes en lo relativo a la constitución de nuevas AEIE, ya que en dicha fecha su número ascendía a 800 unidades, número que en poco tiempo ha aumentado hasta 966 unidades. 
Esto supone un notable paso adelante para fomentar y familiarizar con las AEIE a quienes están interesados en las mismas al ser la AEIE el único instrumento comunitario de cooperación entre empresas. 
En este sentido, la AEIE puede considerarse un importante eslabón de la cooperación europea y un medio para acelerar la concreta realización del mercado único. 
La Comisión prevé otras iniciativas encaminadas a ofrecer una más amplia y exhaustiva información sobre las características y los posibles usos de la AEIE, especialmente cuando ésta puede servir a las pequeñas y medianas empresas. 
Una de estas iniciativas será una Comunicación sobre la participación de las pequeñas y medianas empresas en licitaciones públicas. 
Como puede comprobar, señor Crowley, esta Comunicación sobre la participación de las pequeñas y medianas empresas en licitaciones públicas se presentará a corto plazo y va a abordar asimismo los problemas de los plazos de pago y del crédito. 
El tema de la información se ha planteado en varias intervenciones, en particular por la Sra. Pejis. 
En realidad, la información sobre las AEIE y las posibilidades que las mismas ofrecen, es insuficiente. Lo pudimos comprobar con ocasión de la Conferencia sobre las AEIE celebrada en el año 1996 a propuesta de la Comisión y dirigida precisamente a los operadores económicos, y lo constatamos por el número de solicitudes dirigidas a la Comisión para obtener información sobre esta materia. 
¿Cómo pensamos mejorar y aumentar dicha información? 
Una iniciativa se basa en publicar un vademécum en el que se incluirá un contrato tipo y consejos prácticos para los operadores en relación con todas las etapas de la vida de la AEIE, desde la constitución a la disolución, pasando por la gestión. 
Otra iniciativa es la de emplear cada vez más los Centro de Euroinformación; el BC Net y otros operadores están desempeñando una tarea más especializada, al objeto de asesorar a las pequeñas y medianas empresas en materia de participación en licitaciones públicas. 
Asimismo, tenemos la intención de consultar al Comité de Contacto, a fin de determinar qué informaciones son las más útiles de cara a la promoción y el desarrollo de las AEIE. 
Quiero asimismo recordar- puesto que se ha mencionado el tema de las redes transeuropeas- que hay AEIE que ya participan en proyectos de redes transeuropeas, especialmente en el ámbito de los transportes. 
Por último, señor Tappin, las sugerencias formuladas por usted en su informe, así como las de la resolución, serán de mucha utilidad para alcanzar este objetivo que todo el mundo ha puesto de relieve. 
Finalmente, con relación a lo manifestado por el Sr. Rübig, deseo señalar que estoy totalmente de acuerdo y espero que la Presidencia austriaca pueda llevar a buen puerto el Estatuto de la Sociedad Europea que revestirá gran importancia no solo para las grandes, sino también para las pequeñas y medianas empresas europeas que, estoy seguro, harán buen uso del mismo. 
Al Sr. Paasilinna quiero decirle que la Comisión es muy sensible a los dos temas que ha planteado: en lo que se refiere al primero- la necesidad de reducir la presión fiscal sobre las actividades muy intensivas en mano de obra- como es sabido, la Comisión presentó una Comunicación al Consejo Europeo de Luxemburgo sobre empleo; en cuanto al segundo tema- el venture capital que puede ser de crucial importancia para las pequeñas y medianas empresas- como saben, la Comisión presentó un documento que fue acogido con mucho interés en el Consejo Europeo de Cardiff. 
Para terminar, vuelvo a agradecer el apoyo que el Parlamento Europeo ha brindado a la Comunicación y me felicito de nuevo, en particular, con el Sr. Tappin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Procedimiento electoral para las elecciones al Parlamento Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0212/98) del Sr. Anastassopoulos, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre la elaboración de un proyecto de procedimiento electoral que contenga principios comunes para la elección de los diputados al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, después de vanos intentos a lo largo de cuarenta y tantos años, nos encontramos otra vez hoy en el punto de partida. 
El Tratado de Roma, con el que se crearon las Comunidades Europeas, ya desde 1957 preveía el procedimiento uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo. 
Y esto quizás sea paradójico, porque en esa época no existía el Parlamento Europeo, sino una Asamblea Consultiva, que además tardó en desarrollarse. 
¿Qué significaba esto? 
Tal vez indicaba la excesiva significación institucional que otorgaban los dirigentes de Europa a un Parlamento Europeo que alguna vez maduraría- y maduró- en la democracia, en la Europa Unida, que se iba a apoyar- y se apoya, en la democracia. 
Cuarenta y un años más tarde, aún no se ha logrado el objetivo. 
Se han dado algunos pasos. 
Los diputados al Parlamento Europeo empezaron a elegirse por elección directa desde 1979, gracias a la iniciativa del entonces Presidente francés Valéry Giscard d ' Estaing, y desde 1987 empezaron a adquirir las primeras competencias legislativas sustanciales, con el Acta Única de Luxemburgo. 
Pero el procedimiento uniforme tampoco entonces aparecía en el horizonte, como tampoco aparece hoy en día. 
Los esfuerzos chocaban siempre contra dos rocas: contra la firme negativa de Gran Bretaña a modificar su sistema electoral mayoritario con una circunscripción electoral reducida, para ponerse de acuerdo con sus socios que habían aprobado la representación proporcional, y contra la vigencia de las distintas tradiciones electorales nacionales que no permitían ningún acuerdo sobre el procedimiento uniforme. 
En vano se esforzaba el Parlamento Europeo, y quizás en ocasiones con romanticismo político, porque estimaba que podía volver a trazar el mapa político de Europa desde Bruselas y Estrasburgo, aunque fuese sobre las elecciones al Parlamento Europeo. 
Llegamos así a 1997, el año de los grandes cambios. 
En Gran Bretaña, el nuevo Gobierno laborista del Sr. Tony Blair, después de un preacuerdo con los Liberales, presentó un proyecto de ley sobre la introducción revolucionaria, para la mentalidad inglesa, de la representación proporcional en las elecciones al Parlamento Europeo y de la división de Inglaterra en 12 circunscripciones electorales. 
Y en la Conferencia Intergubernamental, que condujo al Tratado de Amsterdam, los portavoces de los gobiernos, y también nuestros portavoces del Parlamento Europeo, al constatar el callejón sin salida en que se encontraban, añadieron la solución alternativa de los principios comunes para que hubiese un elemento de flexibilidad que facilitara alguna día el logro del acuerdo. 
Con estas bases, señor Presidente, desde el año pasado el Parlamento Europeo asumió su sexto y nuevo gran intento. 
Antes habíamos tenido el informe del Sr. De Gucht, que cada uno de nosotros debe honrar. 
Y este ponente, como ponente de la Comisión de Asuntos Institucionales, intentó aprender de nuestros errores del pasado. 
Juzgó que debía seguir una aproximación simple, evolutiva, limitada, para poder lograr, por fin, el primer gran paso, después de cuarenta años de fracasos. 
Y consideró imprescindible, aparte de los debates exhaustivos y de muchas horas en la Comisión de Asuntos Institucionales, visitar muchas de las capitales de los Quince, conversar con portavoces de gobiernos y de los partidos políticos, informar e informarse. 
El resultado de todo este intercambio de opiniones, de reflexiones y de indagaciones que se están llevando a cabo en esta dimensión se presenta, quizás por primera vez en los anales de la Unión Europea, en el informe y en las propuestas que el ponente tiene el honor de presentar hoy al Parlamento. 
Dos son sus principios básicos: la representación proporcional y el principio de proximidad en la representación. 
La representación proporcional es, sin duda, el sistema electoral más justo. 
Permite la justa representación de todas las tendencias políticas de los pueblos de Europa. 
Y en el caso de la Unión Europea que, al menos en la fase en que nos encontramos, no tiene un gobierno central al que le haga falta apoyarse en mayoría del Parlamento Europeo, la representación de todas las tendencias políticas dignas de mención es ya la indispensable. 
Europa no se construye apoyada sólo en una o dos fuerzas políticas, por muy poderosas que sean, ni siquiera ocasionalmente. 
Es necesario un apoyo político más amplio. 
Y las fuerzas que lo refuerzan deben estar representadas en este Parlamento Europeo en continuo desarrollo y ascenso. 
De ahí nuestra preferencia por la representación proporcional que es, en este momento de la construcción europea, honesta, sincera y firme. 
Pero esto no significa que estemos favoreciendo la escisión de las fuerzas políticas, que no ayuda al desarrollo de la vida política europea. 
Y por eso aceptamos que los Estados miembros instituyan, para la atribución de los escaños, un umbral que no exceda el 5 %, para no poner en peligro el mantenimiento de la representación proporcional. 
No es éste el único elemento en el que proporcionamos a los Estados miembros una posibilidad de movimientos más amplia. 
Y no es el ciego apego al famoso principio de subsidiariedad que dicta nuestras opciones. 
Es más nuestra convicción de que en temas como los electorales, y no sólo en estos, debemos proponer leyes-marcos dentro de las cuales los Estados miembros tengan la posibilidad de hacer realidad sus opciones. 
Por nuestra parte hay un gran SI a la representación proporcional. 
Y los Estados miembros determinarán exactamente qué representación proporcional. 
Y seguimos con sorpresa, señor Presidente, en el momento en que el Gobierno británico abandonaba el sistema electoral mayoritario; fuerzas políticas en Europa continental, que hasta ahora no se han distinguido por su probritanismo, se declararon a favor del sistema del que los ingleses se habían deshecho; -de verdad, ¡Con cuánto retraso y con qué nostalgia necrofílica! Naturalmente cada sistema tiene sus ventajas y desventajas, y es una realidad que el sistema británico llevaba más cerca a los candidatos de sus electores. 
Pero ¿en qué medida se puede considerar admisible un sistema que, de aplicarse en Francia en 1994, daría a la lista de candidatos de mi amigo, el alcalde de Toulouse, Dominique Baudis, que tenía el 25, 5 % de los votos, el total de los 87 escaños franceses? 
El principio de la proximidad (proximité) es realmente el segundo principio de nuestras propuestas. 
Creemos que es necesario que los electores estén más cerca de sus diputados al Parlamento Europeo y por eso, como primer paso proponemos que los cinco países mayores, en la actualidad, de la Unión Europea, con una población superior a los 25 millones de habitantes, se dividan en circunscripciones electorales. 
Los propios países juzgarán en cuáles y en cuántas circunscripciones. 
No ambicionamos determinar nosotros, desde Estrasburgo, las circunscripciones que han determinado la geografía, la historia, las condiciones económicas y culturales. 
Conocemos las dificultades de la empresa. 
Pero debe intentarse. 
No puede ser que la representatividad del Parlamento Europeo se siga poniendo en tela de juicio. 
Este Parlamento que progresa lenta pero firmemente será juzgado por la calidad de su labor, por el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de su misión, por su capacidad para conciliar los retos de la construcción europea con una actividad política inagotable en los Estados miembros y por su representatividad. 
No se entiende que ésta última se ponga en tela de juicio. 
Con la división por circunscripciones para las elecciones al Parlamento Europeo, en los Estados miembros mayores, con la elección democrática de los candidatos por parte de los partidos políticos y con una declaración a favor del voto preferencial por los electores, el principio de la proximidad adquiere bases sólidas y cambia totalmente la imagen. 
¿Hace falta añadir que en el actual Parlamento Europeo, con las ya significativas competencias legislativas o colegislativas, no puede haber sitio para diputados al Parlamento Europeo part-time? 
Sin embargo nuestras propuestas incluyen otro elemento que quizás provocara discusiones la mayoría de las veces. 
Me estoy refiriendo a las listas transnacionales que se propuso que entraran en vigor dentro de 10 años. 
Esta idea se había escuchado también antes, pero inicialmente se la caracterizó de utópica. 
Sin embargo recorrió su trayectoria y, probablemente, puede reivindicar su puesto en la Europa del 2010 ó 2020. 
Será, sin duda, una Europa muy distinta de la actual. 
Y el Parlamento Europeo debe mirar hacia adelante, debe tener visión de futuro, debe ser vanguardista, anticiparse a su época en el pensamiento, en las propuestas, en las ideas. 
No es permisible enfrentarse a los problemas con una mísera aproximación a la vida diaria, con los cálculos de pequeños partidos, con una mente estrecha y con un sentido tan limitado de lo compatible en relación con los pequeños partidos No es tolerable haber institucionalizado los partidos políticos europeos, con el Tratado de Maastricht, y no intentar procurarles una base política esencial. 
Más bien es insensato apoyar que las listas transnacionales se vuelven, supuestamente, contra las listas pequeñas y medianas, habiendo posibilidades de dar todas las garantías de que ni las pequeñas ni las medianas van a verse afectadas por la aplicación de esta gran idea europea. 
Las propuestas que la Comisión de Asuntos Institucionales me ha hecho el honor de aprobar con mayoría aplastante, se someten hoy a su juicio: Se limitan sólo a 11 ó 12 puntos, pero están conectadas con la gran ambición de conducir, por fin, al primer paso por una igualdad de oportunidades, por una Europa más democrática, por un Parlamento más representativo. 
Por estos principios no cesaremos, señor Presidente, de luchar tenazmente. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, tras la culminación de la Unión Económica y Monetaria con el euro ha llegado la hora de la " Europa de los ciudadanos». 
Una importante señal para ello es el derecho electoral común de los Estados miembros para la elección directa de los diputados al Parlamento Europeo, tema del que se ocupa de modo excelente el informe del colega Anastassopoulos. 
El derecho electoral es el derecho cívico más importante. Ofrece a las ciudadanas y ciudadanos la posibilidad de participación directa en la configuración de la política. 
Debe ser de tal modo que todos los ciudadanos sientan la comunidad de destino y de valores de la Unión Europea como su patria política en la que sus deseos y sueños de una convivencia en paz sean realidad. 
La opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos está impregnada de este principio. 
Necesitamos un derecho electoral común que sea claro y comprensible para todos. 
Un derecho electoral que acerque a los ciudadanos y diputados, tenga en cuenta las tradiciones y al mismo tiempo sea suficientemente flexible para la inclusión de nuevos Estados en la Unión Europea. 
No necesitamos quince leyes electorales, y más adelante aún más, en las que se encuentren dispersos algunos principios europeos comunes. 
Esto no haría justicia ni a la letra ni al espíritu de los Tratados sobre cuya base trabajamos. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha realizado propuestas concretas al respecto que se contienen en lo esencial también en el informe Anastassopoulos. 
Nosotros tenemos que completar lo que falta o no está formulado de un modo suficientemente vinculante. 
Hay para ello toda una serie de enmiendas que llevan mi nombre porque la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos no puede aparecer como autora de las mismas. 
Me gustaría que el ponente recomendase que se aprobasen estas enmiendas pero también sé que tienen que rechazar muchas otras pues, de lo contrario, la Europa política se vería arrojada muy por detrás del nivel actual. 
Si miramos hacia el futuro necesitamos un derecho electoral europeo claro y concreto. 
Por ello, por ejemplo, debemos prestar atención para que la expresión vinculante "debe» de una norma no se convierta en un" puede» no vinculante de una opción. 
Sólo considero adecuadas las opciones allí donde engarcen con normas existentes en diversos Estados y abran otras posibilidades adicionales. Ejemplos al respecto son los votos preferentes y una cláusula límite que no debe superar el 5 %. 
Puede que algunos sacudan la cabeza, pero en algunos lugares tenemos que introducir algunas evidencias en el nuevo derecho electoral europeo para que se respeten. 
Piensen por ejemplo en la equiparación del hombre y la mujer que en todos los Estados miembros es casi sin excepción un derecho amparado constitucionalmente pero que, sin embargo, no se ha hecho realidad en la práctica. 
Si queremos acercar Europa a los ciudadanos como algo suyo y no como la Europa de una casta política, tenemos que prestar atención a una estricta división de poderes y la exclusión de mandatos dobles. 
Por ello, una enmienda proporciona una amplia lista de incompatibilidades que no van personalmente para mí lo suficientemente lejos. Yo excluiría de un mandato europeo incluso a todos los alcaldes, pero también es aceptable en la forma actual. 
Los ciudadanos tampoco nos comprenderán si no ponemos un límite a los costes electorales. 
Es evidente que se debe presentar una cuenta clara al respecto. 
Para finalizar voy a decir algo sobre las listas transnacionales y al mandato de un diputado del Parlamento Europeo. 
Sé que el ponente es un apasionado defensor de las listas de candidatos transnacionales como símbolo de la unidad de Europa. 
Yo también. Por ello, deberíamos aprobarlo sin peros en la forma propuesta por el colega Anastassopoulos. 
La enmienda nº 45 del ponente contiene una aclaración sobre el mandato de un diputado europeo. 
Yo retiraría esta buena enmienda en favor de la enmienda nº 48 del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. Señor Anastassopoulos, esta enmienda refleja aún mejor nuestro deseo común. 
Al haber llegado el momento del turno de votaciones, el debate se interrumpe a este punto y se reanudará a las 15.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.55 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Votacionesì 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido del los Socialistas Europeos y tras consultar con el ponente, señor Lehne, presento la siguiente solicitud: con base en el artículo 129 del Reglamento solicito que antes de que comencemos con la votación se devuelva el informe y las enmiendas a la comisión. 
Las enmiendas siguen siendo, en parte, muy controvertidas. 
El señor Lehne ha dado su conformidad a intentar de nuevo llegar a compromisos que alejen el actual peligro existente de que votemos al final sobre un texto tan contradictorio que modifique el informe hasta hacerlo irreconocible y pierda de ese modo su carácter. 
Solicitamos, pues, que admita que devolvamos el informe a la comisión. 
Señor Presidente, Señorías, por un lado me alegra mucho la propuesta que acaba de presentar el señor Schulz pues reacciona positivamente a la apelación que planteé ayer por la tarde en el debate cuando pedí que en especial la parte izquierda de esta Asamblea debería recapacitar sobre el resultado de las deliberaciones en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
Me alegra que exista esta disposición para hacerlo. 
Pero por otro lado quisiera realizar algunas observaciones críticas sobre esta solicitud, por la sencilla y evidente razón de que creo que este es el tercer informe que se devuelve esta semana a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
Sin duda, porque los socialistas no han hecho sus tareas en esta cuestión y porque han impuesto de modo muy concreto una serie de resoluciones en la mencionada comisión que, en nuestra opinión, son sencillamente inaceptables. 
Esto se refiere, por decirlo claramente, a la ampliación de la reunificación familiar también a parejas del mismo sexo, a la posibilidad de inmigrar cuando solamente se ofrece un puesto de trabajo o a la introducción de un derecho electoral municipal para los ciudadanos de terceros países, lo que va mucho más allá del derecho existente para los ciudadanos de la UE. 
Ante este trasfondo y la disposición que me han señalizado los socialistas para hablar de nuevo sobre estas cuestiones en la comisión, estoy dispuesto a apoyar la solicitud de devolución y ruego a mi grupo político así como a todos los demás miembros de la Asamblea que sigan la propuesta del señor Schulz. 
Presidente, si el propio ponente se puede conformar con la petición del Sr. Schult, yo como Presidenta de la comisión lo acepto. 
Pero quisiera decir que eso no tiene que ver, naturalmente, con los argumentos que utiliza el ponente. 
Aquí se trata de una comisión y en la naturaleza de esa comisión está que aparezcan temas políticos controvertidos. 
En realidad es milagroso que en la mayoría de los casos resulte que, en esa comisión, alcancemos un consenso. 
En cierto número de asuntos excepcionales en los que se trata de cuestiones políticamente pomposas, a veces es necesario tener ocasión de hablar sobre el tema una vez más. 
Pero en este caso- es lo que quería añadir- acaso fuera útil oír el parecer de la Comisión Europea en lo referente a las enmiendas presentadas por nuestras comisiones parlamentarias. 
Ayer no nos enteramos realmente muy bien. 
Sería muy útil para la continuación de nuestras discusiones y, naturalmente, también para la propia comisión, que oyéramos el parecer de la Comisión Europea, o en su caso el del Comisario responsable, acerca de las posturas que hemos tomado en común y que han sido presentadas en forma de enmiendas. 
Señor Presidente, quiero pronunciarme en contra de la solicitud y decirle a usted, señor Lehne, que sí hemos hecho nuestras tareas. 
Posiblemente o con toda seguridad lo que pasa es que tenemos unas opiniones diferentes. 
Lo que usted critica en el campo de la reunificación familiar corresponde a lo que el Parlamento Europeo ha aprobado en otros informes, en el informe sobre la igualdad de derechos para homosexuales y lesbianas o en el informe sobre los derechos humanos- tanto si le gusta como si no, la mayoría de la Asamblea estuvo a favor- donde se dijo que no pueden existir discriminaciones debidas a la identidad sexual de una persona. 
Por ello, ha sido muy consecuente definir ahora en este informe a la familia de un modo amplio. 
Usted dice que el derecho electoral municipal para ciudadanos de terceros Estados va mucho más allá de los derechos de los ciudadanos de la Unión. 
Señor Lehne, lo siento, pero no es cierto. 
La ciudadanía de la Unión ha traído consigo el derecho electoral al Parlamento Europeo y a los Ayuntamientos para los ciudadanos de la Unión y ahora se pide que se amplíe a los ciudadanos de terceros Estados, por lo demás plenamente en la línea de lo que el Comisario Flynn exigió el año pasado con motivo del Año contra el Racismo. 
Esto fue el último año, no debemos olvidarlo. 
Estoy en contra de la solicitud si bien estoy seguro de que la gran coalición existente en esta Asamblea va a acordar otra cosa. 
Me habría parecido positivo votar hoy sobre un informe que regule la inmigración y los derechos de los inmigrantes. 
(El Parlamento decide devolver el informe a comisión) 
Señor Presidente, sea cual sea el resultado de la votación final de esta resolución, quiero decir algo a la Comisaria Gradin, que ya respondió ayer tras la lectura de mi informe con una serie de propósitos políticos que equivalen al traspaso de todas esas propuestas políticas, a las que me adhiero especialmente y que creo que casi todo el mundo apoya, salvo acaso la derecha más extrema en este Parlamento. 
Con esto se reconoce a mi parecer ampliamente el trabajo de la Comisión de Libertades Públicas y el mío propio como ponente. 
Le doy las gracias por ello a la Comisaria. 
Señor Presidente, quisiera que Sus Señorías tomaran nota de que el conjunto de los miembros del Grupo PE no participará en la votación del informe del Sr. Oostlander ni a mano alzada ni por procedimiento electrónico ni por votación nominal, porque consideramos que el estatuto de las religiones es una competencia nacional, con arreglo al principio de subsidiariedad, por lo que no se debería haber presentado ante este Parlamento. 
Por consiguiente, de conformidad con nuestras reglas, pido al servicio de la sesión que tome nota de la presencia de nuestros colegas, que están presentes, pero no participarán en la votación. 
Gracias, velaremos por que se registre su asistencia. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Hemos comprobado que los apartados 1-6 de la exposición de motivos hacen una descripción real de la situación actual. 
Sin embargo, no podemos compartir la declaración recogida en el apartado 7, en la que se defienden las cláusulas de protección del tabaco y el arroz, puesto que, entre otros motivos, no consideramos que ésta sea, en términos generales, una solución duradera. 
En su lugar, se debería perseguir una adaptación de las normas vigentes de la OMC. 
Además, nos oponemos a las cláusulas de protección específicas para el tabaco, ya que consideramos que es completamente erróneo apoyar este sector, habida cuenta de las enormes consecuencias negativas que el uso del tabaco tiene para la salud. 
Hemos votado en el día de hoy a favor de la aprobación por el Parlamento Europeo de la propuesta de la Comisión relativa al régimen aplicable a los productos agrícolas y a las mercancías resultantes de su transformación originarios de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP). 
El motivo para que apoyemos la propuesta de la Comisión es que ésta mejora el acceso al mercado europeo de algunos de los países más pobres del mundo. 
Estos países, en la mayoría de los casos, dependen completamente de poder exportar sus productos agrarios. 
Con todo, mantenemos algunos reparos ante esta propuesta. 
En primer lugar, uno ha de lamentar que a la Unión Europea le haya llevado casi tres años llevar a cabo esta tramitación. 
Aunque la modificación se produzca con efecto retroactivo, han surgido incertidumbres innecesarias en los países ACP. 
En segundo lugar, hemos de pedir que la UE incluya en este reglamento más países en vías de desarrollo. 
Los países ACP figuran seguramente entre los países más pobres del mundo, sin embargo, también hay otros países que necesitan de igual modo poder exportar a Europa. 
En tercer lugar, es vergonzoso que la UE emplee tantas energías en proteger su propia producción agraria. 
Ni esta propuesta ni la Agenda 2000 ni otras propuestas en este campo indican que la UE esté dispuesta a sacrificar su propia producción para ayudar a otras partes del mundo. 
Nuestro Grupo ha votado a favor, naturalmente, de la propuesta de la Comisión encaminada a la aplicación de los acuerdos relativos a las importaciones preferentes a la Unión Europea de productos procedentes de los países ACP, sobre los que versa el anexo XL del cuarto Convenio de Lomé, firmado el 4 de noviembre de 1995. 
No obstante, en su explicación de voto, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones lamenta que la Comisión haya tardado tres años en hacer esta propuesta, que entrará en vigor retroactivamente el 1º de enero de 1996. 
Esta torpeza administrativa es inaceptable, porque esta propuesta es sencilla y responde a un doble objetivo: hacer algunas concesiones suplementarias a esos países y hacer modificaciones técnicas a las que obligan los acuerdos del GATT, que establecen, más en particular, la arancelización, es decir, la supresión de las deducciones agrícolas a la importación y su substitución por derechos aduaneros. 
En consecuencia, la diferencia percibida en exceso por la Unión entre los antiguos derechos aduaneros aplicados en el intervalo, es decir, después del 1º de enero de 1996, y los nuevos derechos reducidos será reembolsada a los exportadores ACP. 
Esa concesión es mínima ya que representa 10 millones de ecus al año por la reducción de derechos aduaneros y 2, 7 millones de ecus por el aumento de los costos de restituciones a la exportación relativos a los productos procedentes de los países ACP que la Unión Europea debe reexportar hacia terceros países. 
Así, pues, todo eso no justifica el lapso de tres años que ha tardado la Comisión para redactar esas pocas páginas relativas al reglamento. 
Por último, nuestro Grupo desea recordarle, señor Presidente, que está particularmente inquieto por el futuro de los acuerdos ACP-UE. 
EN efecto, como pudimos observar en la resolución del grupo especial del plátano, la OMC menoscaba, o incluso condena, el propio principio de los acuerdos preferentes con los países ACP, que son- he de recordarlo- países con los que los Estados miembros tienen relaciones históricas específicas y estrechas. 
Así, pues, pedimos a la Comisión que tenga en cuenta la especificidad de los países ACP en la reanudación de la negociación de la OMC al final de 1999, es decir, a partir del año próximo. 
Informe Dybkjaer 
Nuestro Grupo es partidario de la formulación de una estrategia de cooperación específica entre Europa y Asia relativa al medio ambiente y a su protección. 
En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidos puso de relieve la casi total falta de aplicación del pacto concluido en el marco de la Conferencia de Río. 
Así, pues, es necesario aplicar, mediante esa cooperación Europa-Asia, una política que tenga en cuenta ciertos compromisos de Río. 
En Asía, los problemas medioambientales son múltiples: 
respecto de la contaminación del agua, las aguas residuales de las familias en los centros urbanos y en torno a ellos constituyen una amenaza para la salud humana y la vida acuática, facilitan la propagación de las enfermedades y causan numerosos fallecimientos y enfermedades. 
Además, conviene tener en cuenta que la mayoría de las empresas arrojan directamente sus aguas residuales a las corrientes de agua; -respecto de la contaminación atmosférica, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha mostrado que 12 de las 15 ciudades con las tasas más elevadas de partículas y 6 de las 15 ciudades que presentan las concentraciones más fuertes de dióxido de azufre se encuentran en Asia. 
Este continente está pasando a ser la principal fuente de lluvias ácidas y gases que causan el efecto de invernadero; -respecto de la degradación de los suelos, se debe en gran parte a las medidas encaminadas a garantizar la autosuficiencia alimentaria mediante la utilización de tecnologías inadaptadas a las limitaciones edafológicas y climáticas específicas de esas regiones.No obstante, hecha esa comprobación más que alarmista, ¿qué podemos hacer? 
Algunos, como la Comisión en su comunicación, consideran la posibilidad de formular una política de cooperación medioambiental que requiere, claro está, fondos específicos. 
Por su parte, nuestro Grupo propugna otra solución que puede ser, no obstante, compatible con la primera a fin de reparar lo más rápidamente posible los daños causados por la situación actual. 
La mundialización, tal como la conocemos hoy, debe ceder su lugar a la internacionalización de los intercambios. 
Eso quiere decir que debemos formular, en el marco de la OMC, cláusulas específicas que garanticen el respeto de los principios sociales, medioambientales y sanitarios. 
Hay que poner fin al dumping social y medioambiental que hoy conocemos. 
¿De qué sirve liberalizar los intercambios limitando los obstáculos aduaneros y arancelarios y provocar desastres ecológicos? 
Nosotros somos partidarios de la libre competencia, con la condición de que se definan todos los parámetros sociales, medioambientales y sanitarios. 
Señor Presidente, voy a votar a favor de este informe, porque no debemos perder de vista la necesidad de preservar el medio ambiente en Asia, pese a la preocupación existente en este momento por los problemas económicos de esa región. 
De hecho, dado el acuerdo alcanzado el pasado invierno en la Cumbre de la Tierra de Kyoto en el Japón, ahora la contaminación está vinculada con el sistema comercial internacional en el acuerdo sobre cuotas de contaminación negociables. 
Me alegro de que el Viceprimer Ministro de mi país pudiera desempeñar un papel fundamental en aquellas negociaciones y de que este año mi país haya sido el anfitrión de la segunda reunión en la cumbre Asia-Europa de la Historia. 
Este informe está acertado al sostener que todos los fondos de los contribuyentes de la UE que se destinen a ayudar a los países asiáticos deben estar vinculados con el asentimiento por parte de los beneficiarios de respetar el medio ambiente al gastar esa ayuda. 
Resulta inútil ayudar a las economías asiáticas a salir de sus problemas actuales, si a consecuencia de ello se contaminan el aire y el agua del mundo. 
Tras haber desempeñado un importante papel en los acuerdos de la Cumbre de la Tierra de Kyoto encaminados a lograr que el progreso económico sea medioambientalmente sostenible, estamos practicando lo que predicamos al pedir a aquellos a los que prestamos asistencia con el dinero de nuestros contribuyentes que lo utilicen de forma inocua para el medio ambiente. 
Y los países beneficiarios obtendrán, a su vez, los beneficios de ello resultantes para poner fin a la espantosa tendencia por la que centenares de miles de sus niños pierden la vida todos los años a consecuencia de la contaminación del agua. 
Informe Oostlander 
Señor Presidente, he votado en contra de este informe del Sr. Oostlander y me complace mucho, la verdad, que el Parlamento lo haya rechazado por una decisiva mayoría de dos a uno. 
Estoy seguro de que el ponente tenía buena intención, pero al final este extraño informe ha mostrado como una fijación con la religión islámica. 
Estaba centrado innecesariamente en la religión islámica, cuando, en realidad, debía ser un informe sobre los problemas relacionados con el fundamentalismo. 
En conjunto, era un insulto general a los ciudadanos y residentes musulmanes de la Unión Europea. 
Uno de los párrafos se refería a la idea estereotipada que dan del islam y de los musulmanes en los medios de comunicación occidentales. 
Este informe contribuía, a su vez, a intensificar esa idea negativa. 
Existen millones de musulmanes comunes y corrientes y honrados, seguidores de la religión islámica en la Unión Europea, que son totalmente respetables y respetuosos con la ley y que tenían toda la razón de sentirse insultados por este informe. 
Me alegro de que se haya rechazado. 
Hemos elegido votar en contra del informe de la Sra. Oostlander sobre el fundamentalismo y el desafío que supone para el ordenamiento jurídico europeo. 
Esto se debe a las tres siguientes circunstancias: 
En primer lugar, el informe se centra casi exclusivamente en el fundamentalismo islámico, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
Pensamos que hay también otras formas de fundamentalismo religioso y no religioso.-En segundo lugar, preocupa el modo en que se destacan los aciertos de la Europol y del Tratado de Amsterdam. 
Somos y seremos contrarios a una cooperación policial supranacional. 
No tenemos nada en contra de la cooperación entre cuerpos policiales, sin embargo, ésta debe darse entre Estados miembros.-En tercer lugar, pensamos que el tema de este informe no figura entre los temas de los que el Parlamento Europeo y la Unión Europea deben ocuparse. 
Unas sociedades europeas sin ideal, sin meta y sin puntos de referencia están muy desarmadas antes el ascenso del fundamentalismo. 
Empantanadas en un materialismo desencantado o incluso desesperado, no saben cómo afrontar la amenaza, a veces violenta, que representa un fanatismo islámico tanto más grave cuanto que encuentra terreno abonado entre las poblaciones inmigradas desarraigadas, no asimiladas y víctimas del desempleo y del malestar de los suburbios deshumanizados. 
El informe de nuestro colega el Sr. Oostlander podía aportar una contribución interesante al debate sobre ese problema. 
No obstante, ese trabajo adolecía de una ambigüedad de partida: un título demasiado largo. 
Se trata de un informe sobre el fundamentalismo religioso, que insiste más en particular en el fundamentalismo islámico. 
No es fruto del azar, pues se trata sin lugar a dudas del que se ha manifestado de forma sangrante en la Unión Europea, en particular en Francia. 
El debate que se ha celebrado en este hemiciclo, lejos de aclarar o precisar los conceptos, no ha hecho sino aumentar la confusión, pues nadie coincide en la definición del fundamentalismo, palabra empleada a veces en el sentido de fanatismo, a veces en el de extremismo y que se aplica a esferas distintas de la religiosa. 
Además, con el comprensible deseo de no apuntar con dedo acusador al islam, algunos se han lanzado a amalgamas grotescas y han llegado hasta el extremo de hablar de «terrorismo católico» a propósito de los grupos que se oponen al aborto mediante la oración delante de los hospitales, sin olvidar los fantasmas agitados por otros a propósito del Opus Dei. 
Voltaire convirtió a los jesuitas en su obsesión, la red Voltaire parece tener una fijación con el Opus Dei, pero al menos el escritor tenía talento y estilo. 
Así, pues, todo este debate nada ha aportado al tema tratado. 
Seguramente habría sido preferible circunscribir mejor el objeto del informe, lo que habría evitado palabrería inútil. 
Así, pues, se trata de un informe sobre el fundamentalismo religioso, que insiste más en particular en el fundamentalismo islámico. 
Ese problema es importante, pues obliga a plantear la cuestión de la integración del islam en sociedades que conocen la idea de separación de lo espiritual y lo temporal -» Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» -, extraña a las sociedades islámicas. 
Así, pues, el imperativo que se nos plantea es doble: 
para nuestras sociedades, respetar el islam como expresión espiritual de poblaciones cada vez más numerosas de la Unión Europea, -para los musulmanes, respetar la separación de la esfera espiritual y la esfera temporal, que es fundamental en nuestras sociedades, y aceptar que la ley religiosa no se confunde con la ley civil.Así, pues, la ambigüedad del punto de partida sobre el ámbito de aplicación del informe ha menoscabado su coherencia, lo que entraña que, pese a contar con buenos elementos válidos, haya suscitado debates tan poco rigurosos. 
Para concluir, he de lamentar que no se haya mencionado una forma de fundamentalismo: el laicismo que propaga el odio a las religiones y que se ha ejemplificado tristemente y con demasiada frecuencia, en particular en Francia, sostenido y propagado por sociedades supuestamente secretas y mucho más peligrosas para el Estado que el Opus Dei. 
Al expresarme sobre este informe que versa sobre el «fundamentalismo» , quiero reiterar mi pesar por no haber podido ver anoche en nuestro Parlamento un debate y la aprobación de un informe sin complacencia contra las sectas, que son formas de fundamentalismo muy peligrosas. 
¡Nuestro Parlamento careció de valor! 
Por lo que se refiere al informe Oostlander, quisiera decir que yo también lucho contra el fundamentalismo islámico, como lucho contra todas las demás formas de integrismo, religioso o no. 
No sólo son portadoras de violencia y guerra, sino que, además, amenazan, todas ellas, los fundamentos de nuestras democracias y, por tanto, de nuestras libertades individuales y colectivas. 
Así, pues, ¡hay que luchar contra todas sin debilidad ni veleidades! 
Para ello, tenemos una peana y principios en los que debemos apoyarnos... ¡el LAICISMO, simplemente! 
Tal como aparece descrito en la exposición de motivos que acompaña a la presente propuesta de recomendación, parece entenderse aquí el fundamentalismo religioso como la voluntad de un grupo de imponer por la violencia un tipo de sociedad (¡aun cuando fuera en principio eminentemente democrática! ) basado en las convicciones religiosas que profesan sus miembros. 
En esa acepción, hay que concluir que un grupo que se dedicara a promover por medios pacíficos un tipo de sociedad no democrática y basada en las convicciones religiosas de sus miembros no sería fundamentalista. 
Así, pues, la definición ofrecida puede hacer pensar que no es tanto el fondo (el tipo de sociedad que se desprende de las convicciones religiosas) cuanto el medio utilizado (la violencia) lo que caracteriza el fundamentalismo, tal como se lo considera en el marco de esta propuesta de resolución. 
Ahora bien, como lo subraya con toda razón el ponente, el fundamentalismo religioso de carácter violento apenas encuentra implantación en la Unión Europea. 
Como máximo, encuentra en algunos Estados miembros un terreno a veces favorable para instalar bases de retaguardia en las luchas que riñe fuera de las fronteras de la Unión. 
A ese respecto es muy necesaria una mayor cooperación entre los Estados miembros. 
Asimismo, sería útil que en esa esfera, como en muchas otras, la política exterior común cobrara mayor coherencia, pero el fondo es el que debe ser el objeto de todas las atenciones al respecto. 
Paralelamente a eso, una política de prevención que englobe todos los aspectos que permitan un auténtico diálogo basado en una mejor comprensión recíproca es la clave de una sociedad realmente intercultural. 
Y ello con la condición de que el Estado de derecho garantice y fomente, mediante disposiciones adecuadas, esa política de prevención, que siga mostrándose efectivamente imparcial para con las religiones, al tiempo que respete las convicciones íntimas de cada cual, pero también que se muestre inflexible para con todo comportamiento social (¡aunque esté anclado en el corazón mismo de las convicciones religiosas! ) contrario a los derechos y libertades fundamentales. 
Pobres de nosotros si adoptamos la implacabilidad, la parcialidad, a menudo la ignorancia y principalmente, el fanatismo con el que el ponente se vuelve contra el fanatismo. 
Todo esto nos conducirá, con exactitud matemática, a lo que el Sr. Oostlander pretende intentar evitar: A la alteración de la cohesión social y a la conversión de nuestras sociedades en arenas de gladiadores de fanatismo racista. 
Con la coartada de la protección del orden jurídico se dan argumentos de primera para la estrecha vigilancia y el control de la vida social y cultural, que inducen a una ayuda adicional a los mecanismos de vigilancia, de fichaje policial, de acción y persecución operativa, esencialmente a la agudización y profundización de fenómenos de racismo y de xenofobia. 
El ponente habla, primitiva y absolutamente, en contra de todo tipo de fanatismo religioso de fuera de Europa, o contra Europa que amenace al bienestar y a la democracia europea; omite toda referencia a los fenómenos de fanatismo que están masacrando estos días con la misma dureza y violencia a Irlanda del norte porque evita, " como al mismo diablo» incluso rozar el sistema de la Unión Europea, la soberanía del catolicismo y del protestantismo y de sus grupos de fanáticos, pero excomulga a la fanática ortodoxia, acusándola de llevar a cabo matanzas en Bosnia. 
El informe del Sr. Oostlander llama con fanatismo a realizar nuevas cruzadas, elevando a dogma religioso "el orden jurídico» de la Unión Europea, llama a sus" fieles» a emprender una campaña de proselitismo en todas direcciones. 
Se convoca a la actual " Inquisición» a explotar los actuales mecanismos de Schengen y de la Europol. 
Es llamada a reducir la colaboración política y la política exterior común a mecanismos de extorsión y de imposición del " dogma europeo». 
No hay ninguna referencia a los fenómenos más profundos que empujan a acciones violentas y a acciones de ciega confrontación, ninguna referencia a las causas reales sociales, económicas, culturales que convierten la religión en el pretexto para la expresión, la canalización y el escape violento de problemas de clase y de otros más profundos que las constataciones y propuestas inquisitoriales del informe sólo pueden reforzar y agravar. 
Además, este es el objetivo esencial: la confección de una coartada defensiva para todas las intervenciones criminales en países extranjeros, del tipo de la guerra del Golfo Pérsico, Bosnia-Herzegovina, etc; pero también para cuanto maquine el nuevo orden en su versión americana o de la Europa unida, para nuevas intervenciones- por ejemplo en Kosovo o en cualquier otro lugar-. 
Incluso va a exigir la desorientación y otras coartadas para proyectos político-militares del tipo de la reestructuración de la OTAN y programas de armamento para que el complejo industrial-militar tenga clientela. 
El informe del Sr. Oostlander exclama " qué vamos a hacer sin los bárbaros» , sin amenazas ni peligros Y, cuando estos últimos no existen, nos los inventamos. 
Por estas razones vamos a votar en contra del informe. 
Hemos votado en contra de la resolución del Sr. Oostlander sobre el fundamentalismo a causa de su falta de equilibrio y su carácter tendencioso. 
El título del informe, " El fundamentalismo y el desafío que representa para el ordenamiento jurídico europeo» , ofrece la impresión de que se debe hacer una descripción objetiva del fundamentalismo en todas sus formas. 
Desgraciadamente, no ocurre así en el propio informe. 
Se hace referencia de nuevo al Islam como el mayor peligro potencial para el mundo occidental. 
La resolución se formula de manera insidiosa al mezclar puntos irreprochables en relación con, por ejemplo, la defensa del Estado de Derecho con puntos que ponen de manifiesto una visión condescendiente hacia los musulmanes, como si los musulmanes pudieran tener dificultades para aceptar las reglas democráticas y del Estado de Derecho. 
Los grupos y los partidos de extrema derecha llevan a cabo ataques contra residencias de refugiados, asesinan personas por el color de su piel, incendian casas y asesinan niños por tener distintas creencias. 
Estas tendencias autoritarias, y en algunos casos fascistas, representan para el ordenamiento jurídico europeo un peligro mucho mayor que un hipotético fundamentalismo. 
Veo los aspectos positivos de esta recomendación sobre todo en las cuestiones relacionadas con la política exterior común y la necesidad de ocuparse preventivamente del tema. 
Pero no estoy de acuerdo entre otras cosas con que el Consejo " deba instar a los Estados miembros a eliminar los obstáculos legales y prácticos en el cumplimiento de las obligaciones religiosas». 
Hay que rechazar esta injerencia del órgano supranacional en asuntos nacionales como la cuestión de la equiparación del Islam. 
Entre otras razones, los diputados liberales han votado en contra de este informe por este motivo en la votación final así como en numerosas votaciones parciales. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado en el día de hoy en contra de un informe que considera al Islam como un desafío para el ordenamiento jurídico europeo. 
El informe concluye que el problema del fundamentalismo religioso violento no es especialmente grave en Europa. 
Sin embargo, aún así, pone toda la carne en el asador para describir la amenaza del Islam. 
Hace referencia incluso a que el Islam como religión mantiene ciertas disposiciones específicas sobre un ordenamiento jurídico, que choca en ciertos puntos con el ordenamiento jurídico europeo. 
Y advierte del peligro de que los musulmanes europeos sean víctimas de la manipulación islámica. 
El informe contiene también buenas observaciones. 
Entre otras cosas, figura una petición para mantener una política firme y coherente con los gobiernos que apoyan y permiten el terrorismo. 
Todos los países deben ser medidos con el mismo rasero, lo cual significa que no debe haber diferencias basadas en consideraciones estratégicas o económicas. 
También apoyamos una petición dirigida a los países miembros para que prevengan el fundamentalismo poniendo en marcha una política concienciada de integración que fortalezca la posición de los grupos musulmanes en el mercado laboral y en el sistema educativo. 
Hemos votado, sin embargo, en contra del informe, pues pensamos que no promueve la integración de los grupos musulmanes en los países miembros, que el Parlamento se centra de manera negativa en el Islam como religión. 
¿Por qué razón se ha de someter a examen en el Parlamento Europeo un informe con la rúbrica " Medidas contra el fundamentalismo religioso»? 
El informe empuja a las religiones al enfrentamiento e identifica las corrientes religiosas con el fundamentalismo, menoscabándolas por lo tanto en relación con las religiones " europeas». 
Tampoco se ha definido el término " fundamentalismo». 
Se trata de una aproximación equivocada, ya que si la violencia representa la cuestión principal, ésta debería ser entonces el objeto del debate. 
Las cuestiones relativas a la legislación y los derechos religiosos deberían abordarse a escala nacional. 
No existe ningún motivo para que la UE ponga en marcha un programa especial sobre el Islam para periodistas o ningún estudio europeo para permitir " reconocer la necesidad de contar con dirigentes espirituales dotados de una formación a la europea». 
Por todo ello, he votado en contra de este informe. 
Nos oponemos frontalmente a este informe. 
No porque neguemos la importancia y la oportunidad de reaccionar ante los fenómenos del fundamentalismo, sino por la forma distorsionada y errónea como aborda el informe esa cuestión, al aplicársela al mundo árabe y confundirla con el islamismo y desconocer las causas políticas, sociales y culturales que están en su génesis. 
Al desconocer, en particular, las situaciones que, partiendo de Europa, vienen constituyendo un caldo de cultivo para su aumento. 
Por lo demás, resulta sintomático que los fenómenos de racismo y xenofobia, que tanto deben preocuparnos, se traten en el informe de forma sesgada y equívoca, como ridículo es que en ese marco se pase por alto- y con ello se incentive- la «Europa fortaleza» que se viene creando. 
No es de extrañar, así, que el informe conceda prioridad y atención particular a las medidas policiales. 
Éstas son algunas de las razones fundamentales por las que hemos votado en contra del presente informe. 
He votado contra este informe por su implícita opinión de que todos los musulmanes de Europa pueden caer en el fundamentalismo islámico y de que el fundamentalismo islámico siempre se manifiesta de forma violenta. 
No es cierto y el informe ha ofendido profundamente a muchos musulmanes europeos. 
En el informe figuran algunas secciones que se podrían apoyar, pero, por desgracia, pesa más la mayor parte, simplista, intolerante y desequilibrada del informe. 
A las personas que infrinjan la ley se les debe aplicar la ley pertinente en sus jurisdicciones nacionales, pero eso no debe tener nada que ver con sus convicciones religiosas. 
Yo también soy de la opinión de que en el asunto «fundamentalismo» el Parlamento Europeo no tiene ninguna competencia. 
Por ello me he abstenido en la votación final sobre el informe Oostlander. 
Voy a votar contra este informe, porque, pese a que condena todas las formas de odio y fanatismo raciales, está demasiado centrado en las variedades islámicas y parece olvidar los muchos otros tipos de extremismo que existen en Europa. 
Naturalmente, debemos combatir los extremismos violentos, como ya lo hacen nuestros gobiernos. 
No hace falta que se lo recuerde un informe como éste, que, si los gobiernos lo hicieran suyo, podría desviar su atención de los numerosos grupos extremistas y no islámicos que amenazan o utilizan la violencia para intentar imponer por la fuerza sus opiniones a los demás. 
Los numerosos conciudadanos musulmanes respetuosos con la ley de mi circunscripción se ofenderían- y con razón -, si se permitiera que se aprobara sin oposición semejante informe tendencioso. 
Yo mismo me siento ofendido por la vinculación de las palabras «islámico» y «fundamentalismo» , como si fueran juntas automáticamente. 
Creo que las personas de todos los credos representados en Europa contribuyen a nuestra civilización. 
Se debe dejar que nuestros gobiernos nacionales contrarresten cualesquiera amenazas terroristas, cualquiera que sea su procedencia, sin que se los aliente a centrarse en un tipo determinado de fundamentalismo. 
Ésa es la única forma justa y eficaz de proteger a todos nosotros de las posibles amenazas terroristas. 
Informe Karamanou 
Deseamos felicitar a nuestra compañera de partido, la Sra. Karamanou, por la buena formulación de su informe. 
La cooperación con los Estados de la antigua Unión Soviética reviste una enorme importancia, especialmente teniendo en cuenta que la implantación de una economía de mercado implica problemas de orden económico, social y político. 
Acogemos gratamente también la propuesta de crear un programa específico para el mar Báltico, que ha sido durante mucho tiempo un objetivo prioritario para los socialdemócratas suecos. 
Sin embargo, desearíamos hacer hincapié en la importancia que reviste la creación de un programa similar para la región de Barents. 
Informe Ribeiro 
En numerosos informes que se someten a debate en este Parlamento se recogen argumentos a favor de la creación o el mantenimiento de centros u organizaciones europeos. 
Así ocurre también en este caso. 
Casi nunca nos encontramos ante un informe que proponga el cierre de un centro o una organización. 
Consideramos que si la existencia de centros " europeos» tiende a traducirse, desgraciadamente, en la elaboración de muchos documentos, estos centros no tienen, por el contrario, ningún impacto en la vida cotidiana de las personas. 
Aunque hayamos votado a favor del presente informe, queremos expresar, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, nuestras profundas reservas al respecto. 
El informe del Sr. Sérgio Ribeiro sobre el plan de acción para la competitividad de la industria textil y de la confección merece todo nuestro apoyo. 
Como ponente, consideramos que la referida comunicación carece de propuestas concretas, con un calendario debidamente asignado, que se puedan plasmar en un verdadero plan de acción. 
Pero consideramos que el análisis del sector, hecho con cierta profundidad, es ya un primer paso para la política que se debe aplicar a corto plazo. 
De lo contrario, no tendrá sentido el documento que estamos examinando. 
Resulta evidente el peso específico de la industria europea del textil y de prendas de vestir, tanto desde el punto de vista económico como desde el social, y su importancia para el desarrollo de algunas de las regiones europeas más problemáticas. 
Consideramos que una política bien definida para ese sector debe fundamentarse en cuatro directrices. 
1- Aplicación estricta de las cláusulas promulgadas por la OIT. 
2- Desarrollo de la política de investigación e innovación para afrontar las rápidas mutaciones tecnológicas. 
3- Fomento y desarrollo del partenariado con las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad, en una sólida red de cooperación. 
4- Aplicación de medidas de rentabilización de las jornadas laborales en la industria de prendas de vestir. 
Sólo así podremos tener una industria viva y con futuro en la UE. 
Vamos a votar a favor del informe del Sr. Sérgio Ribeiro, porque tiene al menos el mérito de subrayar la importancia del ramo textil para la economía y el empleo en la Unión Europea y, en particular, en sus regiones menos favorecidas, las amenazas que afronta (el dumping, la competencia desleal, los traslados de empresas, etc.) y las claras insuficiencias de la acción de la Comisión. 
Pero vamos a emitir, de todos modos, reservas importantes. 
¿Cuándo vamos a tener un poco de coherencia en el nivel europeo? 
No se puede querer a la vez proteger la industria textil y aprobar el desmantelamiento del Acuerdo Multifibras. 
No se puede a la vez condenar el dumping y aceptar la legislación comunitaria de supuesta protección comercial, ridícula, ineficaz y voluntariamente lenta. 
No se puede a la vez adoptar una actitud social y seguir comerciando con países en los que se hace trabajar en condiciones de semiesclavitud a niños y presos políticos. 
No se puede a la vez querer apoyar un sector y prohibir a Francia su plan textil, en nombre del ultraliberalismo. 
En otros términos, ya es más que hora de que la Unión Europea se preocupe por fin con carácter prioritario del empleo y de la prosperidad de los europeos antes de preocuparse de la competencia y del librecambismo. 
Ya es más que hora de que se vuelva a situar al hombre en el centro de la construcción europea y se deje por fin de dar preferencia al capital. 
Con el presente escrito deseo manifestar el voto favorable que, en nombre del Grupo ARE, damos al informe Ribeiro. 
La base de nuestro apoyo se centra en la crítica que el ponente hace sobre el Plan de Acción presentado por la Comisión para reforzar la competitividad del sector de la industria textil y de la confección en la Unión Europea. 
Es cierto que la necesidad de dicho Plan viene dada por la precaria situación que actualmente está atravesando este importante sector que emplea a más de dos millones de trabajadores en toda la Unión y que cuenta con más de 120.000 empresas. 
Destaca el alarmante descenso del nivel de producción, alrededor del 5 % respecto a 1990, perdiéndose más de 600.000 puestos de trabajo en el período 1990-1996, siendo sólo en este último año 100.000 los puestos perdidos. 
El Plan de Acción de la Comisión Europea es bueno en cuanto a sus intenciones, pero poco concreto y falto de cohesión y compromisos precisos respecto a la financiación y el calendario de ejecución. 
Por ello, la Comisión debería realizar un nuevo Plan en donde se subsanen estas lagunas y se ponga el acento en la formación, la innovación, el desarrollo tecnológico y el antidumping. 
También en el mercado interior impera una intensa competencia. 
Para garantizar los lugares de emplazamiento empresarial y los puestos de trabajo, en el futuro será aún más importante garantizar plenamente las condiciones del mercado interior. 
El desplazamiento de las correspondientes actividades económicas se deriva de antemano del atractivo de los medios de producción. 
Este desplazamiento, en especial en favor de una producción que requiera mucha mano de obra no debería apoyarse adicionalmente con subvenciones o incluso ayudas de la UE. 
Por el contrario, hay que invertir en la formación de los trabajadores y, en consecuencia, en la competitividad personal en el mercado de trabajo. 
De este modo, impediremos eficazmente distorsiones perjudiciales de la competencia. 
El informe Ribeiro aborda la importante cuestión de la competitividad de la industria europea del textil y de la confección. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones ha querido presentar dos enmiendas a este informe a fin de subrayar los efectos particularmente perjudiciales de los traslados de empresas en nuestra industria textil y de la confección. 
Ésta, en particular en las regiones menos ricas de la UE, padece la competencia desleal, en particular de países de fuera de Europa con salarios bajos y poca protección social, lo que se manifiesta en la pérdida de mercado, cierres de empresas, numerosas supresiones de puestos de trabajo, traslados de empresas y un aumento del trabajo clandestino. 
Lejos de aportar más bienestar a las poblaciones menesterosas del Tercer Mundo y de los países emergentes, los traslados de empresas fomentan, al contrario, su explotación en condiciones de trabajo comparables a las de la esclavitud. 
Según la fórmula de nuestro añorado presidente, Sir James Goldsmith, los traslados de empresas enriquecen a los ricos de los países pobres en detrimento de los pobres de los países ricos y de los países pobres. 
Por eso, una vez más, reclamamos que la Unión Europea vuelva a aplicar el principio de la preferencia comunitaria, pilar del Tratado de Roma sacrificado en pro de los intereses americanos en las negociaciones de la Ronda Uruguay. 
Restablecer dicha preferencia comunitaria es el refuerzo más precioso y más eficaz que la Unión Europea podría aportar en la lucha en pro del empleo. 
Al apoyar este informe, quisiera señalar la opinión de la Comisión REX, cuyo contenido apoyo totalmente. 
Sobre el propio informe, quisiera apoyar la amplia crítica que hace el ponente de la falta de acciones auténticas en la propuesta de la Comisión. 
En este momento la industria textil de mi circunscripción está atrapada en una situación terrible causada por una combinación de acontecimientos. 
El alto valor de la libra esterlina, la crisis del Asia sudoriental y los elevados obstáculos arancelarios en nuestros más importantes mercados de exportación, como, por ejemplo, los EE.UU., han contribuido, todos ellos, a crear problemas a los empleadores y a los trabajadores. 
Casi diariamente recibimos nuevos informes de nuevas pérdidas de puestos de trabajo en zonas donde hay pocas perspectivas de encontrar otros tipos de empleo. 
Así, pues, que en estas circunstancias la Comisión llame a su propuesta «plan de acción» es un eufemismo de proporciones ridículas. 
He escuchado hoy al Comisario Bangemann en la Asamblea y no he oído nada que nos infunda esperanzas para el futuro. 
Necesitamos acciones ahora con una estrategia coherente y eficaz, por lo que quisiera pedir a la Comisión que vuelva a reflexionar al respecto. 
Represento una parte del noroeste de Inglaterra, con una historia muy digna de producción textil de la mayor calidad que se remonta a centenares de años atrás. 
Hoy voy a votar a favor de este informe, porque propone ideas prácticas para ayudar al sector a seguir siendo competitivo con los rivales de otras partes del mundo: una mayor utilización de incentivos para fomentar nuevas invenciones y la utilización de nueva tecnología son medidas fundamentales que la UE debe fomentar. 
Y, como en todos los sectores, se necesita la mejor formación posible encaminada a mejorar las aptitudes de los trabajadores para el desempeño de sus tareas cotidianas. 
También acojo con beneplácito la idea de un código de conducta que han de elaborar el personal y los empleadores del sector textil y encaminado a proscribir la utilización del trabajo infantil. 
No debemos guardar silencio sobre la utilización de trabajo infantil en otras partes del mundo hoy en sectores como, por ejemplo, el de los textiles, del mismo modo que nuestros antepasados en Europa hicieron con razón campañas para proscribir el trabajo infantil en nuestras fábricas. 
Sin embargo, respecto de una cuestión debo expresar mi desacuerdo con este informe. 
Pese al digno pasado de esta industria, muchas de las personas que hoy trabajan en sus empresas más avanzadas afrontan un futuro incierto por el proteccionismo de algunos de los miembros de la Comisión y en el sector europeo de la producción de algodón. 
Debemos poner fin a la reiterada utilización de derechos arancelarios antidumping contra la propia materia prima- la tela de algodón gris- que después nuestras empresas más avanzadas utilizan para elaborar con sus conocimientos técnicos y tecnología productos textiles de la mayor calidad. 
En un sector caracterizado por su ramo productivo, tanto en los niveles nacionales como en el espacio de la UE, que abarca productores de fibras, textiles, prendas de vestir, incluso fabricantes de equipo y minoristas, que emplea a dos millones de personas, 75 % mujeres, con 120.000 empresas y que en un corto período (de 1996 hasta el final del siglo) puede perder más de un millón de puestos de trabajo, no se puede seguir teniendo estrategias de recuperación basadas en el cierre de empresas y en la supresión de gran número de puestos de trabajo. 
La lógica de la competitividad del sector se ha basado en la prioridad para actividades con gran densidad de capital y en el traslado de las actividades con gran densidad de mano de obra a países con menores costos salariales y con total desreglamentación social. 
La elevada concentración regional, sobre todo en regiones más desfavorecidas de la UE, confiere al sector textil un peso económico y social de importancia primordial, como en el caso de Portugal. 
La presión competitiva de terceros países que están utilizando ampliamente subvenciones directas e indirectas, así como el Tráfico de Perfeccionamiento Pasivo (TPP) , que ha estimulado el traslado de las actividades con gran densidad de mano de obra a los PECOs y a los países MEDA, con consecuencias extraordinariamente negativas para la industria textil del sur de Europa, exige la aprobación de un verdadero «plan de acción para la competitividad de la industria europea textil y de la confección» , cosa que no ocurre con la presente iniciativa de la Comisión que no dispone ni medidas ni financiación adecuados. 
Sin poner en entredicho la necesidad de insertar la estrategia para el sector textil en la estrategia global de la política industrial ni defender medidas proteccionistas (por razones de tipo jurídico y de política internacional) , exigimos medidas y estrategias más dinámicas, debidamente expresadas en cifras y con un calendario designado, y no el «catálogo de buenas intenciones» que acaba de presentar la Comisión. 
Así, pues, exigimos un nuevo plan que promueva la innovación y la utilización de nuevas tecnologías en el sector, que refuerce la interacción entre todos los agentes de ese ramo industrial, que vaya apoyado por un amplio y dinámico programa de formación profesional, tanto en el nivel técnico como en el de gestión, y de medidas de carácter económico, financiero y fiscal de apoyo a las PYME del sector e incentivador del empleo en el sector. 
La lucha contra el dumping social y la inobservancia del principio de reciprocidad por parte de algunos terceros Estados debe constituir un planteamiento prioritario del plan antes citado. 
Hay que movilizar los Fondos estructurales, en particular el Fondo Social y el FEDER y las iniciativas PYME, ADAPT y EMPLOI, para que el textil europeo pueda seguir desempeñando un papel económico y social insubstituible en el panorama europeo. 
Informe Berès 
Dado que Suecia no va a participar en la introducción del euro durante el período 1999-2002, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. 
El presente informe trata sobre una cuestión que afecta únicamente a los Estados miembros que se incorporarán al territorio del euro. 
La composición del Comité Económico y Financiero, que con el inicio del tercer estadio de la UEM sustituirá al Comité Monetario, constituye una de las muchas cuestiones políticas y técnicas complementarias que generan el procedimiento de adopción de la moneda única y el funcionamiento del SEBC. 
Algunas disposiciones del informe en debate atañen a cuestiones especialmente importantes. 
El informe aparece como defensor de la posterior consolidación institucional de la Europa de las dos velocidades. 
Pide normas especiales durante el ejercicio de las competencias del comité, que conciernen a los preparativos del consejo Ecofin no oficial de los 11. 
Propone " que sea de manera diferente para los Estados de la zona del euro» en relación con los Estados que son objeto de una excepción en los marcos del Comité Económico y Financiero. 
Así pues, va más allá del Tratado de Maastricht, el cual prevé la participación de todos los Estados miembros. 
Una vez más es clara y plena la ausencia de un control democrático, aunque fuera elemental, en la construcción de la UEM. 
Las decisiones del Consejo en relación con el Comité Económico y Financiero, se toman después de consultar al FSE, mientras que el Parlamento Europeo simplemente es informado. 
Es decir, los banqueros- que de una u otra forma van a participar en el comité- participan activamente en el procedimiento, pero los representantes electos de los pueblos europeos no pueden opinar sobre un comité que va a desempeñar un papel importantísimo en las orientaciones y en las decisiones del Consejo, en el marco del proceso de supervisión multilateral, en caso de déficit excesivo y, más generalmente, en la apreciación de la situación económica y financiera. 
Y, por supuesto, el problema no lo resuelven algunos encuentros, aunque sean regulares. 
Para nosotros, la cuestión central es el carácter antidemocrático y antipopular de la UEM, que se hace patente en cada aspecto complementario y que conduce al refuerzo de la soberanía de las potencias del capital. 
Una cuestión fundamental, en la que nos basamos para determinar nuestra posición, es la política profundamente antipopular y contraria al desarrollo que se fomenta por medio de las orientaciones sobre la política económica y las otras directrices de la Unión Europea, que ya han llevado a una degradación importante del nivel de vida de los trabajadores. 
Por estas razones, que, en general, conciernen al papel de la UEM y, en particular, al papel del IME y del Comité Económico y Financiero que lo va a suceder, pero también por las propuestas del informe que consideramos que impulsan una Unión Europea más reaccionaria, vamos a votar en contra de este informe. 
Informe Tappin 
La comunicación de la Comisión así como el informe contienen algunos aspectos que pretenden una mayor participación de las PYMEs en la concesión de contratas públicas. 
Muchas empresas no saben nada de las AEIE, por no hablar de las posibilidades de un instrumento de este tipo. 
Por ello, hay que encontrar centros como, por ejemplo, las Cámaras de Economía y Comercio, que puedan ofrecer un asesoramiento y formación fundamentados. 
También el foro de la AEIE con representantes de la economía y de la administración puede impulsar la información. 
También es importante arrojar luz de modo general sobre los obstáculos prácticos en la cooperación trasfronteriza entre sociedades. 
Mientras no se puedan realizar directamente actividades de negocios y el objetivo se quede en el mero aligeramiento y mejora de las actividades comerciales de los miembros, habrá que encontrar caminos para hacer uso y fomentar el claro carácter de ayuda de las AEIE. 
No tenemos ninguna objeción de fondo en contra del informe Tappin y la comunicación de la Comisión que le sirve de base. 
Sin embargo, vemos que indirectamente se tocan dos problemas de fondo que van más allá de la problemática concreta de las Asociaciones Europeas de Interés Económico (AEIE) (European Economic Interest Groupings (EEGI) : En primer lugar, la deficiente estructura jurídica para una actuación comercial transfronteriza, en especial, en lo tocante a las formas europeas de las empresas y asociaciones; y en segundo lugar, la creación de unos instrumentos de apoyo adecuados para las pequeñas y medianas empresas que permitan a éstas realmente participar plenamente en el potencial del mercado interior (y su posterior profundización mediante la introducción del euro). 
Mientras en estos dos campos no se logren unos progresos reales, en nuestra opinión hay que enjuiciar escépticamente el éxito real de instrumentos híbridos como las EEGI. 
Esto no supone ningún descrédito del mérito de los esfuerzos realizados por el colega Tappin y la Comisión, pero no debe olvidarse que en el mejor de los casos son ayudas de urgencia y que deben seguir siéndolo. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Procedimiento electoral para las elecciones al Parlamento Europeo (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A4-0212/98) del Sr. Anastassopoulos, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre la elaboración de un proyecto de procedimiento electoral que contenga principios comunes para la elección de los diputados al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, tengo el gusto y el honor de hablar hoy en nombre del Grupo Socialista sobre este importante asunto. 
Permítaseme comenzar felicitando al ponente por la labor que ha llevado a cabo. 
Se trata, desde luego, de una cuestión antigua. 
Es una cuestión sobre la que los Tratados conceden al Parlamento el derecho de iniciativa y el Parlamento ha utilizado dicho derecho varias veces para presentar propuestas relativas a un sistema electoral uniforme. 
Pero, por desgracia, en ninguna de ellas ha podido encontrar la unanimidad necesaria en el Consejo para la aprobación de semejante sistema. 
Ahora se nos brinda una oportunidad, gracias a dos nuevos acontecimientos. 
El primero de ellos es la elección del Gobierno laborista en el Reino Unido que va a introducir un sistema de representación proporcional por regiones para las elecciones europeas. 
El Reino Unido era el único país que no tenía un sistema proporcional, por lo que con esto el Reino Unido se alinea con los demás Estados miembros al menos a ese respecto. 
El Sr. Anastassopoulos se ha referido a eso como un acontecimiento nuevo y sorprendente. 
En realidad, no es sorprendente; ha sido un compromiso desde hace mucho del Partido Laborista y figuraba en el programa electoral laborista cuando conquistó el poder el año pasado, por lo que no es sorprendente que haya ocurrido. 
Hay un gobierno decidido y dispuesto a cumplir sus promesas. 
Sin embargo, el segundo acontecimiento también es importante. 
La cuestión de la representación proporcional dista de ser la única cuestión sobre la que había resultado difícil alcanzar la necesaria unanimidad en el Consejo. 
Ésa es la razón por la que los cambios en el Tratado acordados en Amsterdam son igualmente importantes: por primera vez, será posible simplemente aprobar principios comunes para las elecciones europeas, en lugar de un sistema completamente uniforme. 
Si podemos alcanzar un acuerdo, nos permitirá lograr avances inmediatamente sin necesidad de llegar hasta el extremo de tener un sistema plenamente uniforme inmediatamente. 
Esa oportunidad es la que debemos aprovechar hoy. 
El informe del Sr. Anastassopoulos señala el camino. 
Figuran en él muchos aspectos atinados, deja mucho al arbitrio de los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad, pero determina varios principios comunes. 
Si podemos resolver uno o dos problemas menores que aún subsisten en su informe, podríamos conseguir una gran mayoría en su apoyo. 
Uno de esos problemas es la propuesta de que se reserve el 10 % de los escaños para listas transnacionales europeas. 
La verdad es que hay opiniones divergentes no sólo en mi Grupo, sino también en la mayoría de los Grupos a este respecto. 
Sobre un informe como éste es necesario conseguir una mayoría muy amplia a fin de que el Parlamento se pronuncie con autoridad. 
Así, pues, he presentado una enmienda de transacción en nombre de mi Grupo que debe dar satisfacción a ambas partes: tanto a los que creen que las listas transnacionales son importantes, porque son más europeas, como a quienes dicen que no necesitan un sistema así y que incluso los sistemas de tipo federal no tienen normalmente listas en el nivel federal. 
Si examinamos los casos de los Estados Unidos, Suiza o Alemania, vemos que no es así en sus elecciones. 
Si se aprueba mi enmienda, puede satisfacer a ambos bandos, porque dice que el Parlamento «examinará» una propuesta para semejante sistema a tiempo para las elecciones del año 2009, pero no lo haría legalmente obligatorio ahora incluyéndolo como un requisito en la legislación. 
Quienes apoyan el sistema tendrían la satisfacción de que se mantenga vigente la idea: pasa al Consejo y tendremos que volver a examinarla. 
Quienes se oponen al sistema tendrían la satisfacción de que no pase a ser inmediatamente una parte esencial y obligatoria de las leyes que se han de aprobar. 
Recomiendo esa transacción a la Asamblea y sigo convencido de que, si se aprueba y si se resuelven uno o dos problemas menores que plantea este informe, nos resultará posible conseguir la amplia mayoría que podemos- estoy seguro- conseguir para este informe y a la que, como Parlamento, debemos aspirar en efecto. 
Señor Presidente, una de las novedades que incorpora el Tratado de Amsterdam es la de establecer la posibilidad de que este Parlamento incorpore principios comunes para las elecciones al Parlamento Europeo. 
El Tratado de Roma nos daba un único mandato: el establecimiento de un procedimiento electoral uniforme. 
En 40 años no fuimos capaces de hacerlo. 
Y yo creo que con este informe del colega Anastassopoulos, que es un informe excelente y riguroso, vamos a ser capaces de establecer unos principios comunes para las elecciones al Parlamento Europeo, incluso antes de que el Tratado de Amsterdam entre en vigor. 
Por tanto, yo creo que esto es un ejemplo de una labor bien hecha, hecha con rapidez, con rigor y con sentido político. 
Además, yo creo que ejemplifica lo que en alguna ocasión ya he tenido la suerte de poder decir en esta Asamblea: hemos pasado de ser un Parlamento impulsor a ser un Parlamento codecisor. 
Y eso me parece extraordinariamente importante. 
El informe del Sr. Anastassopoulos pone de relieve aquellos principios capitales para un sistema electoral en las elecciones europeas. 
El primer principio es el del escrutinio proporcional. 
Seguramente en estos momentos, en esta Asamblea, existe una mayoría parlamentaria socialista como consecuencia de que en un determinado país de la Unión Europea las elecciones se efectúen por medio de un procedimiento uninominal mayoritario. 
Ese escrutinio mayoritario falsea en estos momentos la representación política. 
Y el hecho de que este Parlamento, unánimemente, vaya a aprobar este artículo 1 del informe Anastassopoulos establecerá que las condiciones de partida, las reglas del juego en todos los países miembros serán las mismas. 
Y por tanto creo que hay que felicitarse por esa aceptación, por parte de todos, de un escrutinio proporcional para las elecciones europeas. 
En segundo lugar, también este informe Anastassopoulos tiene la virtud de aplicar el principio de subsidiariedad, por ejemplo, en la facultad que otorga a los Estados miembros a la hora de trazar, con arreglo a las características específicas de cada país, las circunscripciones electorales. 
Hay un tercer punto que quiero mencionar y al que ya ha hecho referencia el orador precedente: la lista transnacional. 
En el Partido Popular Europeo creemos que hay que potenciar las listas transnacionales porque creemos que hay que desarrollar ese precepto, incorporado al Tratado de Maastricht, en el que se habla de partidos políticos europeos, y por tanto- yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Corbett- vamos a intentar encontrar una fórmula en la que todos los grupos políticos de esta Asamblea nos encontremos a gusto. 
Y, finalmente, queremos también hacer referencia a la incompatibilidad entre el mandato en el Parlamento Europeo y los mandatos nacionales. 
La labor que desarrollamos aquí es suficientemente importante. 
Este Parlamento es un Parlamento codecisor que tiene mucho trabajo que hacer y que tendrá más en el futuro y, por tanto, nos parece que no es posible ser diputado nacional y diputado europeo. 
Por ello, señor Presidente, con estas características, mi grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo, va a votar favorablemente, con toda su fuerza, el excelente informe que ha realizado el colega Anastassopoulos. 
Señor Presidente, Señorías, si hoy, en base a este excelente informe de nuestro colega Anastassopoulos, llegamos por fin a un acuerdo sobre los principios comunes de un derecho electoral para el Parlamento Europeo, habremos dado un gran paso, si bien ya necesario desde hace mucho tiempo, en dirección a una mayor democracia electoral en la Unión Europea. 
Es muy satisfactorio que nos pongamos de acuerdo sobre el principio del sistema proporcional o que estemos a punto de lograrlo. 
En este contexto, el responsable político británico que ha despejado esta vía, me merece un gran respeto. 
Es esencial que reconozcamos que el sistema proporcional hace posible un parlamentarismo más vital y dinámico. Esto es en especial aplicable al Parlamento Europeo y a la Unión Política. 
¿Porqué? 
Esta Unión Política está aún inacabada, no tiene aún unas estructuras constitucionales realmente afianzadas. 
Por ello, es muy, muy importante que en este Parlamento exista espacio para muchas tendencias políticas y, ¿porqué no? , también para intereses territoriales e ideologías. 
La diversidad es decisiva y no un Parlamento de dos bloques con unos comportamientos muy rígidos a la hora de votar, tal como ocurriría en caso de que se implantase un sistema mayoritario. 
Un Parlamento que debata abiertamente es muy importante en esta fase histórica. 
Nuestro ponente ha adoptado desde el principio una actitud totalmente correcta al pretender solamente definir los principios básicos de un derecho electoral común. Deja espacio a las tradiciones políticas y culturales nacionales. 
Por ello, quiero exponer algunos puntos que son de importancia en este contexto. 
En primer lugar, respecto a las circunscripciones electorales. Es positivo limitarlas a grandes países y determinar con total claridad que no se verá perjudicado por ello el sistema de elección proporcional. 
Un segundo punto: el obstáculo porcentual. 
Para mí el 5 % propuesto para grandes países es sencillamente demasiado elevado. 
Sería una lástima que en los grandes países millones de ciudadanos no estuviesen representados en este Parlamento Europeo. 
Por ello, espero que reduzcamos este porcentaje. 
Quiero referirme aún a dos cuestiones básicas. 
Una es la compatibilidad del escaño en el Parlamento Europeo con el del los Parlamentos nacionales. 
Debemos ser sinceros. Quien se tome en serio la tarea no puede cumplir las dos funciones. 
El último punto se refiere a la lista común europea: si nos tomamos en serio la Unión Política, entonces debemos estar contentos de que los ciudadanos se organicen a nivel europeo y se presenten a elecciones democráticas. 
Por ello, estoy a favor de esta posibilidad de las listas transnacionales en el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Anastassopoulos por el excelentísimo trabajo que aquí nos ha traído, sobre todo en elementos de derecho electoral europeo, que son muy importantes para nuestro trabajo. 
Además de este reconocimiento y de este agradecimiento, quisiera expresar unas consideraciones a propósito sobre todo de las circunscripciones territoriales y de las listas transnacionales. 
En este informe se reconoce que once de los quince Estados miembros actuales sólo tienen una circunscripción electoral. 
Aun así, considera importante hacer obligatorias las circunscripciones territoriales a partir de criterios de población de su territorio. 
Me he preguntado por qué y he encontrado la respuesta también en el informe: nuestro colega afirma que su objetivo y su finalidad son los de aproximar los elegidos a los electores. 
Por mi parte, me adhiero enteramente a ese principio. 
Considero efectivamente que Europa se construye mejor cuanto más cerca esté de los ciudadanos electores. 
Por tanto, considero digno de aplauso ese principio. 
Pero abrigo poderosas dudas de que el mecanismo, el sistema, sea el más adecuado para alcanzar esos fines. 
Tal vez existan otros caminos diferentes, basta- desde mi punto de vista- con que estemos atentos a las opiniones públicas de los diferentes Estados miembros, que se expresan, naturalmente, por mediación de los parlamentos nacionales. 
Y, por tanto, por mi parte, dejaría funcionar en ese sector, íntegramente, el principio de subsidiariedad, que tanto- también en este informe- se reconoce y aplaude. 
Otro aspecto que no pienso dejar de abordar tiene que ver con las listas transnacionales obligatorias a partir del año 2009. 
Tampoco yo puedo dejar de felicitarme por la apertura hecha por nuestro colega el Sr. Corbett a propósito de un posible entendimiento a ese respecto. 
Debo decir que, tal como está formulada esta propuesta, abrigo las más poderosas dudas. 
En primer lugar, desde el punto de vista jurídico e institucional: me pregunto- y pido a mis colegas que también lo hagan- si no se menoscabará tal vez el artículo 190 del Tratado de Amsterdam con una propuesta de esa naturaleza... 
Pero, aparte de esa cuestión jurídica, que, como parlamento de técnicos que también somos en esta materia, debe preocuparnos, hay cuestiones de carácter político que tampoco puedo dejar de poner de relieve. 
Pienso, por ejemplo, en la cuestión de cuál debe ser el papel de los parlamentos ante las opiniones públicas. 
Por mi parte, toda la vida he considerado que los parlamentos deben legislar de acuerdo con las aspiraciones de las opiniones públicas. 
Y no al contrario. 
Que yo sepa, las opiniones públicas de los diversos Estados miembros no están pidiendo listas transnacionales. 
Antes bien, quieren que nosotros hagamos aquí nuestro trabajo y que nuestros representados se sientan aquí defendidos efectivamente. 
Me gustaría citar una frase de un ilustre personaje portugués, que ni siquiera es de mi partido, quien acostumbraba a decir: » Dejen a los europeos casarse unos con otros, dejen que se entrecrucen unos con otros, no vayan por delante de ellos». 
Por mi parte, estoy dispuesta a entenderlo así precisamente porque me cuento entre quienes entienden que las opiniones públicas europeas no están pidiendo listas transnacionales. 
Señor Presidente, yo quería también rendir tributo al trabajo del Sr. Anastassopoulos y dejar patente que puede ser admirable el trabajo del ponente, y se le puede felicitar, sin estar necesariamente de acuerdo con todos los puntos de su ponencia. 
Yo estoy particularmente de acuerdo en cómo recoge todas las experiencias nacionales, en cómo propone un proyecto de procedimiento electoral fundado en principios comunes, desarrollando el Tratado de Amsterdam, y en cómo es capaz de presentar el principio de representación proporcional como el más importante, y las incompatibilidades, especialmente, aquellas entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. 
Pero tengo que decir, estando de acuerdo con esto y también con la dimensión transnacional de las elecciones, -aunque sé que en algunos países la opinión pública está en contra -, que no estoy de acuerdo con el planteamiento de las circunscripciones territoriales y su carácter obligatorio para países con más de 20 millones de habitantes. 
Primer argumento: la cifra es arbitraria. 
Resulta que en los países con 19 millones de habitantes, si los hubiere, los diputados elegidos en circunscripción única están cerca de los ciudadanos, y en los de 21 millones no, debiéndose dividir en varias circunscripciones, aproximadamente de cinco o seis millones de habitantes. 
Yo no creo que esto resuelva de manera tan aritmética la cercanía de los ciudadanos a sus representantes. 
Segundo: hay un efecto perverso para opciones políticas medianas que no son las del Partido Popular, al que pertenece el Sr. Anastassopoulos, ni al Partido de los Socialistas Europeos. 
Opciones políticas como la que yo represento, que tiene aproximadamente el 10 % de los votantes europeos y que no somos partidos nacionalistas, quedaríamos realmente en una situación muy difícil. 
O sea, los representados se quedarían prácticamente sin representantes. Y esto atenta contra el principio fundamental que defiende el Sr. Anastassopoulos, el de la proporcionalidad. 
Yo creo que hay que estudiar lo que ocurre en la realidad política. 
Quizá, aquí, la Conferencia de Presidentes se podría hacer sólo con cuatro presidentes de Grupo. 
Por eso, cada poco, el informe dice «sin menoscabo del sistema proporcional» ,» sin menoscabarlo globalmente» , etc. porque se produce un menoscabo del objetivo principal. 
Tengo que decir también que en algunos países se producen efectos políticos difíciles porque no todas las regiones son iguales o todos los territorios tienen capacidad política. 
De 200 regiones europeas solamente 69 tienen verdaderos parlamentos regionales, tienen diferente dimensión y es muy difícil establecer en los Estados miembros con comunidades históricas, con personalidad política, diferentes circunscripciones que tienen muy diferente dimensión. 
Voy a terminar ya, señor Presidente, diciendo que el sistema de circunscripciones en un país al que yo respeto mucho como es Italia no ha resuelto precisamente el problema de la cercanía de los ciudadanos porque además los partidos políticos se pueden presentar con los mismos candidatos en todas las circunscripciones, tema del que no trata este documento. 
No estoy seguro de que la subsidiariedad sea totalmente respetada y, por todo ello, si el Sr. ponente y el Parlamento no aceptan alguna enmienda, con dolor de corazón, no podremos votar a favor de este informe que tiene elementos tan interesantes. 
Señor Presidente, Señorías, si queremos que las personas consideren a este Parlamento Europeo como su Parlamento y a los diputados de este Parlamento como sus diputados, entonces necesitamos un derecho electoral común europeo y reglas y principios comunes. 
Hoy repetimos este parecer al cabo de 40 años y espero que su realización no requiera un tiempo similar. 
En nombre de mi grupo político, expreso mis felicitaciones al ponente, señor Anastassopoulos, por su informe. 
Lo apoyamos. 
Apoyamos en especial el principio del sistema proporcional como el más democrático. 
También apoyamos la posibilidad de los votos preferenciales, la regulación de las incompatibilidades y la creación y desarrollo de listas europeas aunque esto se trate de algo que va a ir acompañado de grandes dificultades técnicas. 
Si hemos presentado enmiendas es para que esto se haga realidad con mayor rapidez y para que la regulación de detalle sea más democrática. 
Por ejemplo, somos de la opinión de que ya a partir de 1999 debe existir la obligación para los partidos nacionales de hacer realidad la equiparación de las mujeres. 
Espero, señor ponente, que nos apoye al respecto. 
También creemos que la cuestión de las listas europeas es una propuesta que debería tener un horizonte temporal no hasta el 2009 sino hasta el 2004. 
Si no intentamos hacer avanzar estas reformas, ¿quién entonces? 
Ya habrá otros que intentarán retrasarlas. 
En lo que se refiere a la cuestión de la democratización, coincido con todos los que han expresado sus objeciones frente a las circunscripciones electorales regionales. 
Esta es una posibilidad para la subsidiariedad. 
Surgirían en esta Asamblea dos tipos diferentes de diputados: unos con una legitimación europea y otros con una legitimación nacional. 
Creo que debemos recapacitar de nuevo al respecto, independientemente de ciertas posibilidades de manipulación del sistema proporcional. 
Naturalmente, los pequeños grupos políticos- el señor Frischenschlager ha llamado la atención al respecto- desean reducir la cláusula del porcentaje mínimo. 
La representación de esta Asamblea es también su fuerte. 
Una reducción adicional de la edad electoral nos parece asimismo posible. 
Para finalizar, quiero llamar la atención sobre otro punto. 
Creo que esta evolución nos obliga a recapacitar sobre la representación de los intereses europeos y tener en cuenta la evolución de los partidos europeos. 
Si queremos plantear y defender un interés europeo, para ello hacen falta partidos europeos. 
Creo que hay motivo para pensar que los partidos de esta Asamblea no se consideran a si mismos sólo como partidos europeos sino que tienen que crear y organizar estos si queremos que el derecho electoral europeo tenga sentido. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme en primer lugar felicitar, en nombre de mi Grupo, al Sr. Anastassopoulos por el importante trabajo que ha llevado a cabo, así como por haber sabido integrar, en su informe, el espíritu de gran parte de los elementos que le habían indicado sus colegas de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
En efecto, constituye casi un milagro que haya logrado presentar en Pleno, y en un plazo razonable, un asunto de tal complejidad. 
Cierto es que las últimas modificaciones aportadas por el Tratado de Amsterdam, así como los nuevos datos de la política británica, han facilitado la tarea substancialmente. 
No por ello deja de ser cierto que la determinación de elementos comunes a todos los Estados miembros a fin de obtener un procedimiento electoral uniforme para las elecciones europeas es una tarea ardua que supone mucho tacto y mano izquierda. 
El informe presentado al Pleno constituye para mi Grupo una base de partida muy buena. 
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Tratado, corresponde al Parlamento Europeo hacer una propuesta al Consejo. 
Faltaríamos a nuestros deberes si, aun disfrutando de un marco político favorable, no fuéramos capaces de asumir nuestras responsabilidades en los casos en que el Tratado nos las confiere de forma muy clara. 
El Grupo de Coalición Radical Europea está particularmente satisfecho de encontrar en el informe principios claros orientados hacia la representación proporcional, la incompatibilidad de mandatos, las derogaciones favorables a los particularismos regionales, las listas transnacionales. 
Permítanme Sus Señorías un breve comentario precisamente sobre este último principio, las listas transnacionales. 
Considero que está totalmente justificado comprometer al Parlamento Europeo en la vía de la europeización de la campaña electoral, en total consonancia, por lo demás, con las propuestas de Jacques Delors. 
Por lo demás, el informe es prudente, tal vez demasiado, pero es cierto que estamos retrasados, al fijar una fecha y un umbral que nos den tiempo para afinar nuestras propuestas. 
A quienes reprochan que las propuestas no fijen a priori un número de escaños por Estado miembro, he de decir que el argumento me parece superado en esta fase de la construcción europea, en la medida en que la posibilidad que se ofrece a los ciudadanos de la Unión de presentarse como candidatos en otro Estado distinto del suyo reduce ya el alcance de ese principio. 
En mi Grupo ocupa un escaño, por lo demás, un diputado de nacionalidad belga elegido en Italia. 
Sin embargo, consideramos que el informe del Sr. Anastassopoulos puede mejorarse aún más. 
Ésa es la razón por la que mi Grupo ha presentado varias enmiendas que señalamos a la atención del ponente. 
En primer lugar, aun comprendiendo los argumentos del ponente a favor de las circunscripciones territoriales, me parece que la decisión debe dejarse al arbitrio de cada Estado miembro. 
En eso comparto la opinión del Sr. Puerta. 
En segundo lugar, se debe ampliar la lista de incompatibilidades a todo mandato que entrañe una función de naturaleza legislativa o ejecutiva. 
En efecto, nos parece que las responsabilidades cada vez mayores del diputado europeo hacen que el cumplimiento de un doble mandato resulte cada vez más difícil. 
Por último, en vista de su gran sensibilidad regionalista, mi Grupo apreciaría un fortalecimiento del dispositivo del artículo 4 a fin de fundamentar mejor la legitimidad de las disposiciones especiales que permitirían tener en cuenta una particularidad regional. 
Deploro que en el momento en que hablamos de las elecciones europeas, de listas transnacionales, de imperativos importantes para el futuro de nuestro continente, no se logre avance alguno en lo relativo a los partidos políticos europeos. 
Resulta deplorable que la Comisión no haya dado curso aún a las peticiones que el Parlamento le hizo en el marco del excelente informe del Sr. Tsatsos. 
Pido a todos mis colegas que insistan en que en uno de nuestros próximos períodos parciales de sesiones podamos debatirlo en este mismo hemiciclo. 
Presidente, dentro del Parlamento Europeo cada Estado miembro es representado por diputados elegidos en votación directa. 
Si los planes del informe Anastassopoulos llegan a realizarse, esto cambiará. 
Un porcentaje determinado de los escaños en el Parlamento Europeo se reparte en las denominadas listas transnacionales. 
Si nuestros ciudadanos ya están alejados del Parlamento Europeo, este nuevo procedimiento los alejará aún más. 
Además, el ponente quiere privar a los Estados miembros del derecho de organizar las elecciones europeas en un día que está en su tradición. 
El informe propone votar a los miembros del Parlamento en todos los países al mismo tiempo, eventualmente en dos días. 
Para un país como los Países Bajos esto es problemático, ya que el sábado y el domingo propuestos como días de elecciones va totalmente en contra de la tradición neerlandesa. 
Esto no acarrea sólo problemas organizativos, sino también de principios. 
En los Países Bajos hay un gran número de personas que consideran el domingo como su día de descanso, en el que por tanto no se pueden organizar elecciones. 
Estas dos razones harán que la participación en las elecciones europeas esté por debajo del 35 % de la vez anterior. 
Con ello una categoría determinada de votantes no aparecerán en absoluto y, por tanto, tampoco serán representados en el Parlamento Europeo. 
Además, lo que me interesa principalmente es que cada Estado miembro conserve el derecho a determinar por sí mismo cuándo quiere celebrar las elecciones. 
Las enmiendas presentadas por mí guardan relación con esto. 
Por último, si el Parlamento Europeo, como se supone, quiere aumentar la conciencia europea, debe adaptarse con estos planes electorales a las costumbres que tienen los Estados miembros en este punto. 
Esto sería bien fácil de regular haciendo que las elecciones tuvieran lugar en varios días. 
Señor Presidente, Alianza Nacional agradece al Sr. Anastassopoulos la excelente labor realizada y valora favorablemente el estudio ulterior del Parlamento Europeo para establecer un procedimiento electoral uniforme para las elecciones europeas en todos los Estados miembros. 
La inminente ampliación convierte esta decisión en especialmente urgente e importante, sin embargo, lo más urgente es que los partidos que representan un nexo con la democracia en los Estados miembros, entiendan que, hoy más que nunca, Europa necesita representantes electos por el pueblo que dediquen a los trabajos parlamentarios todas sus energías y capacidades. 
La Europa monetaria y, más todavía, si cabe, la próxima Europa política plantean problemas importantes y para resolverlos no se puede trabajar en régimen de dedicación parcial. 
Por lo tanto, Alianza Nacional, al reiterar lo que ya expresó en la anterior legislatura, reafirma que el escrutinio proporcional con voto preponderante sigue siendo la única y verdadera manera para implicar a los ciudadanos en las decisiones políticas y, en consecuencia, para alcanzar una democracia plena. 
Entrando en el fondo de las propuestas, consideramos que en el nuevo procedimiento uniforme, además de las incompatibilidades ya señaladas, se tiene que añadir la incompatibilidad o, mejor aún, la prohibición de elegir a los titulares de altos cargos nacionales como, por ejemplo, el de concejal regional, de alcalde de ciudades de más de 50.000 habitantes o de teniente de alcalde de ciudades capitales de regiones. 
En efecto, la Europa del año 2000 deberá contar con diputados dispuestos a trabajar en régimen de dedicación exclusiva, al objeto de atribuir, por fin, al Parlamento Europeo el tan esperado y necesario poder legislativo. 
Dichos diputados tendrán que representar a todos los ciudadanos de su país de origen en el marco de una verdadera realización de la ciudadanía europea. 
Por este motivo, pedimos al señor ponente que tome en consideración las observaciones a las incompatibilidades y prohibiciones antes mencionadas, y al Presidente del Parlamento que invite oficialmente a las fuerzas políticas y a los Gobiernos de todos los Estados miembros a que, a partir de las próximas elecciones que se celebrarán sin una ley europea uniforme, hagan todo lo que esté en su mano para garantizar que las listas electorales, representativas de las exigencias de los ciudadanos, estén integradas por personas institucionalmente comprometidas a desempeñar única y exclusivamente el cargo de diputado europeo. 
Señor Presidente, también yo desearía expresar mi agradecimiento al Sr. Anastassopoulos por este importante informe. 
Aunque no estoy de acuerdo con el ponente en todos los puntos del mismo, considero importante que se haya otorgado en el presente informe una importancia fundamental a la introducción de un procedimiento electoral proporcional para las elecciones europeas en todos los Estados miembros. 
El informe se refiere al principio de subsidiariedad como elemento esencial de la reforma electoral del Parlamento Europeo. 
Efectivamente, este es el planteamiento correcto, si bien parece que las personas hacen una interpretación muy distinta del contenido del principio de subsidiariedad en este contexto. 
Si, tal como recalca el ponente, el objetivo reside en incrementar el acercamiento entre los parlamentarios y los ciudadanos, no puedo compartir las estimaciones del ponente acerca de, entre otros puntos, la necesidad de listas electorales transnacionales. 
Ya en la actualidad, el contacto entre los diputados al Parlamento Europeo y sus votantes resulta con frecuencia demasiado frágil. 
Habida cuenta de esta circunstancia, no dejo de preguntarme cómo, por ejemplo, un diputado portugués elegido por una lista transnacional puede defender activamente los intereses de los habitantes de las islas Åland. 
El carácter comunitario y la representatividad no se generan a través de listas o jornadas electorales. 
Resulta trivial debatir si los belgas pueden votar un día antes que los finlandeses o no, y este debate no hace sino apartarnos del verdadero problema, que consiste en despertar el interés de los ciudadanos en general por las elecciones al Parlamento Europeo. 
El presente informe no ahonda suficientemente en la representatividad y en los problemas relacionados con el activismo ciudadano. 
Si lo que se pretende es una reacción activa de la ciudadanía, la cuestión central en lo relativo a la celebración de los comicios radica en garantizar un periodo suficiente para que todos los ciudadanos de la UE puedan ejercer el voto por adelantado. 
Desgraciadamente, este planteamiento brilla absolutamente por su ausencia en el informe. 
Cabe respaldar vivamente la propuesta del ponente para prohibir el doble mandato. 
La pertenencia simultánea a un parlamento nacional y al Parlamento Europeo pone en tela de juicio la credibilidad de los parlamentarios y de las instituciones. 
En Finlandia no está permitido el doble mandato, y espero que se corrija a la mayor brevedad posible esta cuestión en aquellos Estados miembros de la Unión en los que aún sea compatible esta doble fórmula. 
Señor Presidente, la democracia de los Estados miembros y de la Unión Europea se basa y emana de las constituciones y los parlamentos nacionales. 
Por este motivo, es ahí donde se deben concebir las reglas electorales, incluso las relativas a las elecciones al Parlamento Europeo. 
Y es ahí donde se encuentran las raíces y las consideraciones democráticas en torno a las características nacionales. 
El Partido de la Izquierda Sueca rechaza, por lo tanto, toda propuesta a nivel de la UE para regular el sistema electoral por lo que respecta a cuestiones tales como la distribución por circunscripciones electorales, los obstáculos contra los partidos pequeños y otras medidas similares. 
El apartado 4 del informe sobre las listas únicas a nivel de la UE resulta poco realista. 
La creación de este tipo de partidos es posible únicamente en la teoría. 
En la práctica, estos partidos europeos carecen de un apoyo y una base populares que no lograrán en un futuro cercano. 
Por lo tanto, estos partidos tampoco pueden desempeñar ningún papel verdaderamente democrático. 
Por consiguiente, tenemos previsto votar en contra del presente informe, exceptuando algunas partes del mismo, como las relativas a la celebración de las elecciones en el mes de mayo y a la incompatibilidad del doble mandato. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra para apoyar en particular la enmienda nº 46 del Sr. Ebner y mi enmienda nº 49, que se centran en los derechos de las nacionalidades históricas reconocidas en la Unión Europea. 
Estoy totalmente convencido de que una Europa democrática no puede desconocer los derechos de sus poblaciones minoritarias, ya sean frisonas, sardas o valadotanas. 
Las enmiendas que voy a apoyar señalan exactamente ese aspecto. 
Pero no me ha convencido lo más mínimo el argumento de que los Estados miembros grandes tienen que subdividirse en circunscripciones territoriales y los pequeños pueden quedar excluidos. 
Eso parece totalmente intrascendente. 
Portugal es un Estado-nación, pero también lo es Alemania. 
Lo que debemos examinar es el caso de los Estados multinacionales, tales como Italia, España y el Reino Unido, donde hemos de reconocer los derechos de nacionalidad. 
Eso es algo que una Europa sensible y democrática debe aceptar. 
Permítaseme concluir felicitando al ponente por su informe, que nos ha orientado hacia la vía correcta. 
Convengo con la observación formulada por el Sr. Corbett de que, después de 20 años de veto británico a un sistema de representación proporcional, es un alivio que al fin veamos en lontananza la consecución de esa meta. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales sobre el modo de elección de los diputados europeos entraña dos innovaciones discutibles. 
La primera es la obligación general de regionalizar el escrutinio, salvo en los países de menos de 20 millones de habitantes. 
A ese respecto, el informe reserva un buen lugar a la propuesta de ley Barnier que acaba de servir de base en Francia para un proyecto gubernamental encaminado a regionalizar dicho escrutinio. 
Pero debo decir a nuestra Asamblea que todas esas posiciones ya están superadas, porque el Gobierno francés, ante la oposición general, ha preferido retirar su proyecto. 
¿Por qué? 
Aparte de los argumentos circunstanciales propios de cada partido, el escrutinio proporcional, en el marco de una circunscripción territorial única, hoy en vigor en 11 de los 15 países miembros, es el que mejor permite a los diputados europeos representar a su país entero. 
Así, pues, nos parece más conforme a la concepción de una Europa de las naciones. 
En esas condiciones, me parecería inconcebible que el Parlamento Europeo votara ahora la obligación de la regionalización que Francia acaba de rechazar precisamente. 
Sería tanto más inconcebible cuanto que la propuesta de la Comisión de Asuntos Institucionales es claramente discriminatoria, ya que permite a los países de menos de 20 millones de habitantes conservar una representación que refleje su unidad nacional, cosa que estaría vedada a los otros. 
Tal vez otros países grandes saldrían mejor librados que Francia en este asunto. 
No lo sé; en todo caso, se lo digo claramente a mis colegas franceses: esta propuesta es contraria a los intereses de nuestro país. 
La segunda innovación discutible de este informe- la elección del 10 % de los diputados en el marco de una circunscripción europea única- corresponde claramente al folklore federalista. 
No tiene la menor posibilidad de ser incluida en una revisión del Tratado y me pregunto si su presencia, en el proyecto de resolución que se nos presenta, no va encaminada simplemente a desviar la atención de la primera, que es la más peligrosa a corto plazo. 
Por último, vemos que el Parlamento Europeo aceptaría con gusto la elección en un marco regional o bien en un marco europeo, pero el único marco que parece horrorizarle es el de la nación. 
Cualquier cosa menos el marco nacional: ésa parece ser su divisa. 
Precisamente ese marco es el que nos parece más sólido, más realista, más propicio a una expresión democrática serena, apoyada en los parlamentos nacionales. 
Todos los demás favorecerían la creación de una Europa confusa, privada de sus referencias y que se prestaría a todas las manipulaciones. 
Nos negamos absolutamente a internarnos por esa vía, señor Presidente, y preferimos la de una Europa sólidamente apoyada en sus democracias nacionales. 
Señor Presidente, también comienzo dando mi cordial enhorabuena al ponente. 
Creo que el informe del Sr. Anastassopoulos, sin duda, entra en la historia de las instituciones de la Unión Europea. 
El procedimiento electoral constituye- todos lo sabemos- el momento cumbre de la legalización del poder. 
Justamente por este motivo es totalmente deseable la convergencia de las legislaciones nacionales para la elección de los diputados al Parlamento Europeo. 
La convergencia, pero no la identificación. 
Somos, entonces, correctamente conducidos hacia el camino de los principios comunes, que es la lógica fundamental del informe del Sr. Anastassopoulos. 
La cultura institucional y política de todos los Estados miembros ha mostrado, en ocasiones, elementos comunes muy importantes y principios como la soberanía popular, la separación de funciones, los derechos fundamentales, etc. Así pues, en la medida en que los sistemas políticos nacionales no sólo originan estos principios, sino también están a su servicio, es razonable, fructífero y acorde con la filosofía de la Unión Europea conducirnos hacia los marcos comunes de los sistemas electorales. 
Si exigiéramos un único sistema electoral, ignorando así las particularidades nacionales, sean éstas geopolíticas, o sociológicas, o culturales, una opción política así, dejaría de servir al otro gran objetivo de la Unión Europea, que es el respeto de la identidad nacional de los estados. 
Pero paralelamente, con la convergencia de los sistemas electorales, imprescindiblemente deberá desarrollarse también la institución de los partidos políticos europeos, tal como ha señalado muy correctamente mi amigo y colega, el Sr. Voggenhuber. 
Sólo por medio de tales mecanismos y formaciones, en donde los ciudadanos activos de Europa con su participación lleven a cabo la fascinante labor de la integración europea, se podrán desarrollar, y finalmente afirmar, los elementos comunes de la cultura electoral común. 
La lista transnacional que se propone deberá considerarse como una medida correcta en principio; pero deberá pasar tiempo y no podrá jamás entenderse esta institución sin el desarrollo paralelo de los partidos políticos europeos. 
Con la propuesta del ponente sobre el voto preferencial se persigue la posibilidad de que el electorado elija también a personas concretas. 
Esta propuesta, que se halla en la dirección correcta, encierra dos condiciones: primera, la aceptación de las circunscripciones, condición que tiene sus problemas y deberá estudiarse, y segunda, que deberemos pensar bien en una formación de un sistema tal, que no lleve las elecciones al Parlamento Europeo al nivel de las rivalidades personales. 
Desearía que este Parlamento aprobase con una gran mayoría el informe del Sr. Anastassopoulos, porque es importante dar peso a una idea que pertenece a los temas del futuro europeo. 
Señor Presidente, querría en primer lugar agradecer al Sr. Anastassopoulos su excelente trabajo. 
Es necesario, efectivamente, que tengamos unos principios comunes en el procedimiento electoral para la elección de esta Asamblea. 
Uno de ellos debe ser un respeto global a la proporcionalidad. 
Pero, además, es necesario que todos los pueblos que componen la Unión Europea, todas las identidades nacionales, tengan capacidad de enviar representantes elegidos por ellos a este Parlamento. 
Y allí donde en un Estado conviven diferentes naciones, diferentes pueblos- como es el caso del Estado español, donde vascos, catalanes y otros somos naciones que formamos un Estado -, es necesario que esa pluralidad quede reflejada a la hora de establecer las circunscripciones electorales para el Parlamento Europeo. 
Para los que creemos en un proyecto europeo federal es importante que los ciudadanos sientan la realidad europea como algo cercano, algo con lo que se identifiquen. 
Y el establecimiento de circunscripciones territoriales acerca Europa a sus ciudadanos y a sus realidades nacionales y culturales. 
Por ello es importante el artículo 2 que se propone en este informe, en el que se establece que cada Estado miembro constituirá circunscripciones territoriales, obligando a ello fundamentalmente a los Estados de más de veinte millones de habitantes, aquéllos en los que esta falta de representación territorial es más evidente. 
Algunos Gobiernos, como el español, se oponen a que su pluralidad interna quede reflejada en la construcción europea. 
Es una visión arcaica, centralista, que teme el reflejo de realidades como la vasca, la catalana y otras en la política europea. 
Pero no tienen nada que temer. 
No queremos tener presencia en Europa para destruir nada, sino para construir un espacio europeo común. 
Vamos a aportar, a colaborar solidariamente en un proyecto- el europeo- que sea reflejo y suma pluricultural de todas las realidades, no sólo la francesa, la española y la británica, sino también la catalana, la vasca, la escocesa, la galesa u otras. 
Por ello, el establecimiento de circunscripciones territoriales para las elecciones europeas puede y debe ser un paso para alcanzar esa Europa de todos en la que todos sus pueblos participen. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, éste es un momento importante en esta sesión del Parlamento Europeo. 
Me gustaría empezar enviándole las felicitaciones más cordiales al colega Anastassopoulos de mi parte y de parte de todo nuestro Grupo por la calidad del trabajo que ha entregado. 
Decía que éste es un momento importante por la siguiente razón, Señorías. 
Sabrán que sobre todo el Grupo liberal europeo lleva muchos años luchando por la creación de un sistema electoral común para el Parlamento Europeo. 
Sólo tengo que remitirme a los importantes informes, aprobados por amplia mayoría, que mi compañero de partido y compatriota Karel De Gucht preparó en la legislatura anterior relacionados con el sistema electoral. 
En el informe De Gucht se planteaba una idea muy creativa, a saber, que un sistema uniforme no significa que en todos los Estados miembros se deba crear el mismo sistema electoral hasta en los más pequeños detalles, sino que todos los miembros del Parlamento Europeo deberían ser elegidos sobre la base de los mismo principios, por ejemplo, predominantemente el principio de la proporcionalidad. 
El principio de la proporcionalidad es muy apreciado por nosotros los liberales y realmente no es sólo porque seamos una de las familias políticas más pequeñas en Europa, sino porque nosotros, desde nuestra convicción y nuestra ideología, tenemos mucho apego al pluralismo de la democracia política, ya que creemos que una democracia adulta debe ofrecer espacio a la diversidad de ideas y de concepciones, porque creemos, Señorías, que la empresa política debe ser algo diferente a la confrontación de poder entre grandes bloques y por eso estamos muy contentos con este informe que, por tanto, nuestro Grupo aprobará. 
Señor Presidente, también yo reconozco el trabajo hecho por nuestro colega el Sr. Anastassopoulos, aunque considero que falta algún sentido de la oportunidad a este informe, porque el Tratado de Amsterdam aún no está en vigor y, en particular, porque en el Estado miembro al que normalmente van dirigidos este tipo de informes está haciendo modificaciones en su sistema electoral. 
Por otro lado, consideramos que la diversidad de sistemas electorales en nuestros países debería inspirar una gran prudencia en el planteamiento de estos asuntos. 
Es decir, que, cuando se habla de principios, sólo se debería hablar de eso. 
Cualquier derivación con vistas a ir más allá resultará inevitablemente inoportuna. 
Por eso, el relieve dado por el ponente al principio de proporcionalidad merece nuestra concordancia. 
Y lo mismo podríamos decir respecto del principio de no acumulación. 
Pero por las mismas razones no vamos a decir otro tanto respecto de algunas otras orientaciones que, directa o indirectamente, propugna. 
En cuanto a las circunscripciones electorales o a la circunscripción única, antes que nada, nos parece inoportuno trazar orientación alguna en esos ámbitos. 
Más aún, estableciendo vínculos entre los primeros y la población de los Estados miembros y olvidando, por ejemplo, sus formas de organización político-administrativa o concediendo una orientación marcadamente federal a la construcción europea con la creación de la circunscripción única y, así, en particular, alejando a los elegidos de los electores, cuando en el orden del día debería figurar, por encima de todo, la búsqueda de soluciones para el alejamiento real entre unos y otros, que ya se advierte hoy. 
Como también nos parecen desajustadas las referencias al escrutinio preferente o a la fijación de límites mínimos de votación. 
Entre otras cosas, por lo que significa, en este último caso, de contradicción con los principios de la proporcionalidad y del pluralismo. 
Por estas razones, pensamos que en este momento este informe es, de hecho, extemporáneo. 
Señor Presidente, señorías, el ponente se ha enfrentado con una difícil tarea. 
Es positivo que el Tratado de Amsterdam establezca las condiciones para unificar los procedimientos electorales en todos los Estados miembros. 
Si bien es una cuestión de igualdad, se trata de algo completamente distinto a la organización de elecciones europeas con una única circunscripción electoral. 
La representatividad regional garantiza la democracia en la política nacional y en la política internacional. 
Los Estados federales también han respetado la importancia de las regiones con una distribución en circunscripciones. 
Hasta en los Estados Unidos existe un reparto por circunscripciones electorales. 
Y todo ello a pesar de que en todo el país no hay más que una lengua común. 
A efectos de popularidad y de poder de influencia de los políticos, los canales de televisión son prácticamente los mismos en todos los estados de la Unión. 
Europa no es Estados Unidos, a pesar de lo cual se intenta hacer de ella un Estado federal con más cohesión que en aquel país. 
En la UE no hay, ni habrá en el futuro, una sola lengua ni una única programación televisiva que se reciba por igual en todos los hogares. 
Así pues, si nos pusiéramos a apoyar unas elecciones transnacionales europeas, estaríamos dando la espalda a la representatividad nacional. 
Estaríamos imponiendo una homogeneización injusta de culturas distintas. 
La diversidad es precisamente el símbolo de la europeidad. 
La homogeneización no constituye ninguna fuerza en la sociedad de la información. 
Así pues, los representantes británicos podrían darse a conocer en mi país, Finlandia, por medio de la BBC, que es un medio muy seguido por un pueblo con don de lenguas como es el finlandés. 
Sin embargo, los candidatos finlandeses y los asuntos que éstos defienden no se podrían dar a conocer en absoluto en Gran Bretaña. 
En la práctica, esta circunstancia significaría una reducción del número de escaños para los representantes de las lenguas o las nacionalidades más reducidas. 
Aunque se organizaran unas listas únicas, los representantes de los países más pequeños no tardarían mucho en figurar, al ser poco conocidos, como los farolillos rojos de estas listas. 
Así, este federalismo " fundamentalista» menoscaba la igualdad. 
¿Acaso no basta con que los ciudadanos se hayan distanciado ya de estos comicios? 
Señor Presidente, la historia de una sociedad civilizada es la de una sucesión de batallas contra la represión y la discriminación. 
Este informe pretende poner sitio a uno de esos bastiones de injusticia. 
Nuestra Unión Europea tiene 15 Estados miembros; actualmente utilizamos 16 sistemas electorales diferentes para elegir nuestro Parlamento. 
Utilizamos 16 porque un Estado miembro- el mío- utiliza dos sistemas: uno equitativo en Irlanda del Norte, donde la injusticia propiciaría un conflicto armado en una provincia que ya ha conocido demasiada violencia, y un sistema injusto en Gran Bretaña, donde la minoría se ha limitado a la protesta pasiva. 
Gran Bretaña es el único país que utiliza un sistema no proporcional de votación para elegir a los diputados a esta Asamblea, lo que- con razón- se ha condenado: no sólo porque es inherentemente injusto, sino también porque ha desbaratado el equilibro de poder entre los partidos políticos en esta Asamblea. 
Soy el primer liberal demócrata del Reino Unido que fue declarado electo a esta Asamblea. 
Participé en tres campañas electorales- en 1979, 1984 y 1989- en las que no hubo ni un solo liberal demócrata elegido, pese a que, en una ocasión, uno de cada cinco votantes votaron por mi partido. 
Los dos liberales demócratas elegidos por mi país en 1994 deberían tener, por derecho, 12 compañeros en esta Asamblea. 
Quisiera agradecer a los diputados a esta Asamblea, en particular al antiguo colega Karel de Gucht, a Gijs de Vries y ahora al Sr. Anastassopoulos, su labor en pro de la reparación de semejante injusticia. 
El Gobierno del Reino Unido ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento para reparar las injusticias que han persistido hasta ahora. 
Pero, mientras los procedimientos para la elección a esta Asamblea sean competencia de los gobiernos nacionales, no podremos garantizar una continuación del principio de proporcionalidad y ésa es la razón por la que este informe es tan importante. 
Debemos consolidar el derecho para el ciudadano europeo, tan atinadamente reconocido por los gobiernos en Amsterdam, a un sistema electoral basado en principios comunes. 
Este informe lo hace. 
Es un importante paso adelante, por lo que lo recomiendo a la Asamblea. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Anastassopoulos muestra claramente que la unificación política de Europa exige un Parlamento cuyos miembros sean elegidos con la misma visión, institucional y política, para el papel que va a desempeñar. 
Todo lo demás lo resolverán las legislaciones nacionales. 
Me estoy acordando de las protestas, en julio de 1989, de nuestros colegas Verdes, porque los Verdes británicos que habían ganado, si bien recuerdo, el 12 %, no tenían ningún diputado en este Parlamento. 
Esto era algo inadmisible para los Verdes y también para los ciudadanos británicos en su conjunto y para el propio Parlamento Europeo y el grado de su representatividad. 
Y sin embargo nosotros, señor Presidente, los diputados al Parlamento Europeo nos diferenciamos entre nosotros por la forma en que cada uno se ha distinguido en su cargo. 
A unos los prefirió el propio electorado, a otros principalmente los dirigentes de sus partidos, a otros los miembros de sus partidos y algunas veces el electorado. 
Esto no intensifica el interés por los asuntos europeos, ni lleva al diputado más cerca de los ciudadanos. 
Y aquí se exige una regulación que dé a los ciudadanos más posibilidades de intervención, y posibilidades de intervención proporcionales. 
Por eso apoyo las propuestas del Sr. Anastassopoulos sobre el sistema de representación proporcional, y también sobre la posibilidad de expresión de la preferencia del ciudadano entre los candidatos. 
Esto puede hacerse con distintas regulaciones técnicas nacionales. Pero el objetivo y el espíritu debe seguir siendo el mismo en todos los países. 
Por las mismas razones políticas, señor Presidente, el umbral para la atribución de los escaños no debe ser prohibitivo y, ciertamente, en mi opinión, no por encima del 3 %. 
Finalmente, la elección de un número de diputados al Parlamento Europeo en una base paneuropea es una idea muy positiva bajo la condición de que se den aquellas regulaciones que obstaculicen la marginación de los países más pequeños y de los de las lenguas menos difundidas. 
Señor Presidente, voy a sumar mi felicitación a todas las que se han dirigido hasta ahora al ponente. 
Este informe podría haber pasado inadvertido a la opinión pública. 
No va a ser así y el gran mérito del ponente ha sido el de haber tenido la idea y el valor de introducir la propuesta de listas transnacionales junto a otras propuestas cuya importancia no subestimo y por cinco razones. 
En primer lugar, se trata de una iniciativa que se inscribe en la línea recta de una construcción europea menos centrada en los imperativos nacionales. 
Además, gracias a las listas transnacionales e integrándose en ellas, podrían estar representados en el Parlamento Europeo grupos minoritarios, repartidos en los Estados miembros. 
Y, a título de ejemplo, citaré, entre las minorías, a los gitanos y los musulmanes. 
Tercera consideración: como socialista que vive la experiencia de un Partido de los Socialistas Europeos que coexiste con el Grupo parlamentario del mismo nombre, añado que esas listas darían un contenido extraordinariamente concreto a la constitución de auténticos partidos europeos. 
En cuarto lugar, tal vez sea interesante añadir un elemento de dramatización a las elecciones europeas para disociarlas de las elecciones nacionales. 
Por último, una vez más lo que está en juego en este debate es el problema de la Europa en construcción entre naciones y federaciones. 
Habrá que resolver aún numerosos problemas prácticos, pero no por ello deja de ser cierto que el principio de las listas transnacionales merecía ser planteado y que puede contribuir al desarrollo de la conciencia europea. 
Señor Presidente, la elaboración de un proyecto de procedimiento electoral para la elección de los diputados europeos es una labor de gran envergadura y se han sucedido muchos informes sobre ese tema, sin éxito: seguramente porque un procedimiento uniforme y vinculante no es ni aceptable ni deseable. 
El informe Anastassopoulos propugna el modo de escrutinio proporcional, que es el más justo, cosa de la que me felicito, pero impone a los Estados miembros la constitución de circunscripciones territoriales. 
Ahora bien, entre los Quince, once países tienen una circunscripción única. 
¿En virtud de qué derecho quiere el Parlamento Europeo imponer una solución diferente de aquella por la que han optado la mayoría de los Estados? 
El argumento a favor del acercamiento a los electores es ilusorio con circunscripciones de varios millones de habitantes. 
Por otra parte, esa disposición entraña dos inconvenientes importantes. 
En primer lugar, substituye el carácter nacional de las delegaciones de cada país por una carácter regional. 
Algunos Estados lo han escogido y están en su derecho. 
Pero otros no lo han hecho. 
En segundo lugar, atenta contra el principio de justa representatividad al elevar el umbral de elegibilidad, lo que compromete la representación de formaciones políticas medias o pequeñas, favorece el bipolarismo y, por tanto, atrofia la representación democrática. 
El Gobierno francés, que deseaba llevar a cabo una reforma del modo de escrutinio en esa dirección ha tenido que renunciar a ella por falta de mayoría sobre ese proyecto. 
Ha sido prudente y pido al Parlamento Europeo que se inspire en esa prudencia y deje claramente a los Estados miembros la elección de constituir o no una circunscripción única. 
Señor Presidente, quisiera sumar mi felicitación al Sr. Anastassopoulos por su informe y las consultas que ha realizado al redactarlo. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo acoge en general con beneplácito el informe. 
Como nos ha recordado antes el Sr. Corbett, en el manifiesto electoral del Partido Laborista de 1997 figuraba el compromiso de introducir la representación proporcional para las elecciones europeas. 
El Gobierno laborista ha actuado rápidamente para cumplir con su compromiso. 
El Parlamento Europeo es un órgano representativo, no un Parlamento a partir del cual se elija un gobierno. 
De modo que las objeciones a la representación proporcional en el nivel nacional no son aplicables a las elecciones europeas. 
También reconocemos que el sistema electoral del Reino Unido desbarata el equilibrio de fuerzas en este Parlamento, cada vez más importante. 
He de decir al Sr. Watson, que no cesa de refunfuñar ahí, que el sistema que hemos tenido, y seguimos teniendo, en el Reino Unido y que ha preservado bastante eficazmente nuestra democracia representativa por muchos siglos, consiste simplemente en que el candidato que consigue la mayoría de los votos gana la elección. 
Es de una sencillez maravillosa. 
No debe quejarse, si siempre queda en segundo lugar. 
Volviendo al informe, como todos los informes en el Parlamento Europeo, el del Sr. Anastassopoulos es una transacción. 
Sospecho que hay pocos diputados o Grupos políticos de esta Asamblea que apoyarían todas sus partes. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo tiene un problema particular y se opone radicalmente a la propuesta de que el 10 % de los escaños sean elegidos en una circunscripción única que abarque toda la Unión Europea. 
Esa propuesta no contará- no nos cabe dudacon apenas apoyo entre los ciudadanos de Europa. 
Los diputados elegidos en una lista transnacional no tendrían contacto con los ciudadanos de su circunscripción y serían independientes o dependerían de partidos transnacionales muy remotos. 
Además, a medida que se amplíe la UE, se va a reducir el número de diputados correspondientes a cada uno de los Estados miembros. 
Esta propuesta de que se reserve el 10 % de los escaños para una circunscripción transnacional reduciría su número aún más, por lo que alejaría aún más a los diputados de los ciudadanos de las circunscripciones que deben representar. 
Con esa salvedad, quisiéramos acoger con beneplácito este informe, pero no podemos apoyar la propuesta del 10 %. 
Señor Presidente, el informe adopta el principio de la representación proporcional simple. 
Correcto. 
Sin embargo, con otra disposición, introduce la división por circunscripciones de los Estados miembros. 
Esto significa que una mayoría puede hacer tantas circunscripciones y tan restringidas, que el sistema de representación proporcional se convierta en un sistema de mayoría monstruoso. 
Segundo, se apela a esta división para que el diputado esté cerca del ciudadano y de sus problemas. 
Pero también esto se amaña y se anula con la disposición que prevé diputados transnacionales. 
Estos, el 10 % de los diputados, estarán a una distancia tremenda del ciudadano y de sus problemas. 
Y además introduce una segunda categoría de diputados en esta sala, que estarán en una situación de superioridad. 
Han sido elegidos a nivel paneuropeo. 
Y esto sucede en nombre de un pueblo europeo único. 
¡No existe! 
¿Existirá alguna vez? 
No se ve en el horizonte. 
Puede que en el futuro, quizás después de la Segunda Venida, haya un pueblo así y que elija a diputados transnacionales. 
Y tercero, el 5 %. 
O sea, que aquí debemos decidir quién tiene derecho a ser representado y quién no. 
Con este sistema, puede que tres millones de alemanes no estén representados, a pesar de participar y votar. 
Trescientos cincuenta mil ciudadanos griegos eligen, votan y no van a estar representados con este 5 %. 
Esto es inadmisible, señor Presidente. 
Dice el Sr. Anastassopoulos que no éramos maduros etc. Pero parece que nos hemos pasado madurando, hasta nos hemos podrido, y estamos yendo hacia sistemas antidemocráticos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la propuesta de unos principios de derecho electoral común es sin duda un paso histórico. 
Con este texto nos ponemos de acuerdo sobre lo que somos, es decir, representantes de los pueblos de unos Estados unidos en una Comunidad. 
Con ello no podemos ni queremos crear una uniformidad total. Esto no correspondería ni al estado real de desarrollo de la UE ni tendría en cuenta las diferentes características regionales y nacionales. 
Creamos unidad con diversidad y tenemos al mismo tiempo en cuenta la variedad en la unidad. 
Esto significa en primer lugar que el acto jurídico para el que es necesaria la unanimidad en el Consejo, regula lo esencial y no está sobrecargado con demasiados detalles. 
Segundo: creamos la posibilidad de listas europeas que pueden y deben estar creadas para las elecciones a comienzos del siglo XXI. Esta es una tarea de los partidos. 
Desearía que en el año 2004 cualquier familia de partidos pudiese presentar sus principales candidatos europeos comunes para todos los Estados miembros. 
En tercer lugar, antes de la ampliación los países candidatos tienen que saber dónde se encuentran. 
Para Europa y para la Unión se debe aplicar el sistema proporcional electoral. 
El Tratado de Amsterdam encargó al Parlamento Europeo la tarea de elaborar un proyecto sobre los principios básicos de derecho electoral común. 
Hoy cumplimos este deber político. 
A partir de mañana, le toca mover pieza al Consejo. 
Expreso mis felicitaciones al ponente Anastassopoulos. 
Señor Presidente, los federalistas de la Unión tienen por objetivo potenciar el carácter transnacional de la toma de decisiones. 
Esto favorece a los países grandes, a las antiguas potencias coloniales. 
De esto se tratará cuando se adopte una única circunscripción para toda la UE en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Las exigencias para instaurar un procedimiento de este tipo son una parodia de democracia. 
Sólo existe la democracia nacional. 
Para que exista poder del pueblo, ha de existir primero un pueblo. 
Europa no es un pueblo. 
Por lo tanto, no hay un pueblo ante el que los representantes elegidos por una lista electoral europea deban rendir cuentas. 
Ante todo, en la UE no existe el concepto de democracia internacional. 
Las exigencias para instaurar una única circunscripción a nivel europeo se presentan en contradicción con todo lo que se dice acerca de la descentralización de la toma de decisiones. 
Se trata de una centralización de la toma de decisiones. 
Los votantes de los países grandes, las antiguas potencias coloniales, eligen también a los representantes de los países pequeños. 
Los escaños del Parlamento Europeo serán ocupados por representantes elegidos por estas listas con un yes, un jawohl, un oui o un sí, pero no por representantes de los países pequeños. 
Señor Presidente, creo que nuestro colega, el Sr. Anastassopoulos, se aproxima a un terreno difícil con moderación y prudencia, a un campo en donde hay realidades nacionales y opiniones políticas diferentes, y nos da una buena base sobre la que conversar. 
Yo estoy de a cuerdo con las observaciones que ha hecho antes mi colega, el Sr. Papayannakis. 
Simplemente quisiera subrayar cuatro puntos: 
El primero es la importancia de la representación proporcional como sistema electoral común, pero es una importancia que debe pasar a los Parlamentos nacionales en base al Tratado de Amsterdam. 
Es una parte de la disposición institucional de toda la Unión Europea. 
No es problema nuestro pero tenemos que indicarlo. 
El segundo punto es el umbral mínimo. 
El umbral mínimo tiene su punto de partida en el umbral mínimo en los Parlamentos nacionales, para que no haya escisión de las fuerzas políticas y que sean posibles los esquemas de gobierno viables. 
¿Puede darse una lógica de este tipo para el Parlamento Europeo? 
Y, en cualquier caso, creo que el 5 % es un umbral exageradamente elevado. 
El tercer punto es el voto preferencial. 
Creo que nuestro colega toca un tema muy importante. 
Naturalmente que hay partidos que eligen a sus candidatos basándose en el voto de sus miembros. 
Pero hay también partidos en que los candidatos son elegidos en base a las preferencias de su líder o de la corte de su líder. 
Esto es inadmisible y pienso que debemos reflexionar mucho sobre la elección democrática de los diputados al Parlamento Europeo, bien con voto preferencial, o bien con procedimientos democráticos en los partidos. 
El cuarto punto que querría presentar es el de los diputados transnacionales. 
Este tema es importante. 
Pero me pregunto si es más aconsejable la imposición del tema por los de arriba o su distinción por medio de los procedimientos normales de los propios partidos, encontrando así una mayor estabilidad y menos reacciones. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión quiere en primer lugar felicitar al ponente de la Comisión de Asuntos Institucionales, el Sr. Anastassopoulos, por el excelente informe que hoy presenta, y quiere expresar también el apoyo a este nuevo intento del Parlamento Europeo de zanjar definitivamente la cuestión del procedimiento electoral en aquellos aspectos fundamentales donde existe un amplio consenso en los Estados miembros. 
Considero que este intento es una parte esencial de un paquete de propuestas, cuyo objetivo final es mejorar la participación de los ciudadanos en la elección de los miembros del Parlamento Europeo, y su importancia, de cara a la futura ampliación de la Unión Europea, fue ya señalada por la Comisión en su opinión antes de la última Conferencia intergubernamental. 
Quiero recordar también que el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 138 deja en manos del Parlamento Europeo el ejercicio de la iniciativa legislativa en esta materia y que será el Consejo quien establecerá, por unanimidad y previo dictamen conforme del Parlamento, las disposiciones pertinentes. 
Por eso, quiero reconocer, en nombre de la Comisión, la importancia de los esfuerzos realizados por el ponente en los últimos meses para facilitar un acuerdo en el Consejo en el plazo más breve posible. 
Y por último, Señorías, únicamente quiero acabar agradeciendo la oportunidad de haber podido intervenir en este debate y reiterar el apoyo de la Comisión a los objetivos esenciales recogidos en el informe del Sr. Anastassopoulos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Programa de acción «Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0274/98) de la Sra. Fontaine, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece le programa de acción comunitaria «Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes» (C4-0381/98-96/0318 (COD) ). 
Señor Presidente, Señorías, nuestra Asamblea plenaria debe pronunciarse en este momento sobre el acuerdo de conciliación que concluimos con el Consejo, el pasado 23 de junio, relativo al programa sobre el Servicio Europeo de Voluntarios. 
Por practicar esta vez el ejercicio de la conciliación en calidad de ponente, debo decir que he sufrido, la verdad, como, por lo demás, los demás miembros de nuestra delegación. 
He sufrido, señor Presidente, al ver hasta qué punto el Consejo daba muestras de miopía política escatimando- ésa es la palabra más propia- los créditos necesarios para la realización de una iniciativa que ya hemos podido comprobar, gracias a su fase experimental, hasta qué punto respondía a las esperanzas de los jóvenes. 
Pero el Consejo lo sabía. 
No teníamos otra opción. 
No teníamos otra opción precisamente porque se trata de un programa excelente, precisamente porque los jóvenes nos escriben para expresarnos todo el interés que tiene ampliar su horizonte fuera de las fronteras nacionales, dominar la práctica de la lengua de un país vecino, poder afirmar en la acción sus proyectos personales. 
En conciencia, señor Presidente, Señorías, no podíamos defraudar esas esperanzas. 
Ahora bien, un desacuerdo en la conciliación habría diferido o incluso anulado los efectos positivos del Servicio Europeo de Voluntarios, al detener en particular el formidable impulso que ya ha suscitado. 
De modo que, después de muchas horas de debate, logramos arrancar al Consejo 47, 5 millones de ecus para el período 19981999. 
Ese plan financiero es totalmente insuficiente y agradezco a la Comisaria Cresson la declaración de la Comisión en la que se compromete a examinar favorablemente la posibilidad de un fortalecimiento de los créditos. 
No dudo que la Sra. Cresson hará todo lo posible para hacer realidad esa intención y que el Comisario Bangemann, que nos ha hecho el honor de substituir a la Sra. Cresson, nos lo confirmará dentro de unos instantes. 
Sobre los demás aspectos, celebro que el Consejo haya aceptado nuestras peticiones relativas a la necesidad de una preparación cultural y lingüística de los jóvenes y de proyectos de acogida de calidad. 
Tomamos nota también de los pasos dados- aún tímidos, desde luego, pero, aun así, bastante significativos- hacia la eliminación de los obstáculos jurídicos y administrativos que obstaculizan el acceso de los jóvenes a los programas y hacia el reconocimiento de la especificidad de los jóvenes voluntarios. 
Por último, sobre el problema siempre espinoso de la comitología, al final nos hemos puesto de acuerdo sobre una solución honorable a partir del modus vivendi. 
Habida cuenta del conjunto y de la imperiosa necesidad de que el Servicio Europeo de Voluntarios funcione en el plazo más breve posible, esta ponente propone a Sus Señorías que aprueben el proyecto común. 
Pero deseo ardientemente que el éxito del programa en los próximos meses haga estallar el corsé presupuestario en el que el Consejo lo ha encerrado, como, por lo demás, ha ocurrido con otros programas de movilidad comunitaria. 
Señor Presidente, por fin, estamos llegando a la última etapa del largo y laborioso proceso que nos está llevando a la aprobación del Primer programa plurianual «Servicio voluntario europeo para los jóvenes». 
Sabemos que este programa abarcará únicamente los años 1998 y 1999, sin embargo, el mismo reviste una importancia fundamental para establecer las condiciones de su continuidad a partir del año 2000, en el ámbito del nuevo programa «Juventud». 
Como es sabido, con respecto a la propuesta originaria de la Comisión que fue ampliamente compartida por este Pleno, el Parlamento presentó algunas enmiendas a pocos puntos esenciales. 
el límite de edad de los voluntarios cubierto por el programa; -el estatuto jurídico de los voluntarios; -la relación con los servicios civiles y los voluntarios nacionales; -la financiación del propio programa.Mientras que en el primer punto se alcanzó un compromiso aceptable con el Consejo desde la primera lectura- al convertir en más flexible el acceso al programa a los jóvenes mayores de 25 años- con relación a los demás puntos, constatamos una postura deplorable del Consejo- en particular, de algunos Estados miembros- que intentó evitar cualquier avance dirigido a valorizar plenamente todas las potencialidades- que, en realidad, son muchas- del Servicio voluntario europeo. 
Nuestro trabajo fue realmente difícil. 
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación y, en especial, a la Sra. Fontaine, y al Vicepresidente, Sr. Imbeni, su paciencia, tenacidad e inteligencia a la hora de dirigir las negociaciones. 
Quiero asimismo agradecer a la señora Comisaria Cresson el activo papel desempeñado por la Comisión a lo largo de las negociaciones. 
Los resultados que hemos logrado son satisfactorios sólo en parte. 
En materia de estatuto jurídico de los voluntarios europeos hemos conseguido una importante declaración de la Comisión, pero ningún compromiso concreto por parte del Consejo de cara a establecer una normativa común sobre los voluntarios europeos y los aspectos jurídicos, fiscales y de protección social y sanitaria. 
En lo que concierne a la relación con los servicios nacionales, hemos conseguido con extrema dificultad una formulación genérica de la posible «complementariedad entre el Servicio voluntario europeo y las actividades nacionales similares de diversos tipos» , una formulación que, de todos modos, va a permitir a los Estados miembros que lo deseen, ensayar iniciativas integradas entre el Servicio Voluntario Europeo y los servicios civiles y voluntarios nacionales. 
En cuanto a la dotación financiera del programa, ha sido imposible superar los 47, 5 millones de ecus para dos años, un importe que está muy por debajo de nuestras propuestas. 
Se trata de resultados parciales sobre los que pesa como una losa la actitud obtusa de algunos Gobiernos que tendrán que explicar a sus jóvenes que, por otra parte, han demostrado su entusiasmo por el Servicio voluntario europeo, por qué están en contra del desarrollo de las políticas comunitarias en favor de la juventud. 
No obstante y a pesar de estas limitaciones, el resultado alcanzado permite desarrollar el Servicio voluntario europeo en los próximos 2 años y proseguir las acciones ya emprendidas en la etapa experimental. 
La existencia del Servicio voluntario europeo es algo incuestionable y hace tan sólo pocos meses no se daba en absoluto por descontada. 
Por eso, nuestro Grupo recomienda al Parlamento que apruebe los resultados del Comité de Conciliación, al objeto de proceder sin demora a responder positivamente a los miles de jóvenes que intentan reforzar su formación, su cultura y su ciudadanía europea a través del Servicio voluntario europeo. 
Señor Presidente, parece una vulgaridad decir que el desarrollo europeo depende de la juventud de Europa. 
La formación y la educación de los jóvenes es un asunto esencial. 
En el mundo de hoy los jóvenes suelen poder funcionar en un clima internacional. 
Los programas de intercambio son un medio adecuado para dar a conocer a los jóvenes europeos la diversidad cultural dentro de Europa. 
Esto ofrece un bagaje para poder satisfacer las exigencias del mercado de trabajo cada vez más globalizante, a saber, el conocimiento de diferentes lenguas y de diferentes culturas. 
Tenemos diversos programas de intercambio de gran éxito para estudiantes y ahora con el programa de servicio voluntario europeo para los jóvenes, en definitiva un programa también para los que trabajan, a menudo jóvenes en paro que ya han dejado de estudiar o que nunca estudiaron. 
Con los planteamientos arriba mencionados no he dicho nada nuevo o espectacular. 
Tanto mayor es mi decepción al comprobar que las verdades arriba citadas no son compartidas- o apenas lo son- por el Consejo de Ministros, en cualquier caso no se ponen en práctica. 
El resultado de la intervención que hoy discutimos es, pues, muy decepcionante. 
El Consejo de Ministros ha mostrado en dos puntos que no toma en serio la mejora de la movilidad de los jóvenes en Europa. 
En primer lugar, el Consejo ofrece muy poco presupuesto. 
Un presupuesto de 47, 5 millones de ecus sólo brinda a algunos miles de jóvenes la ocasión de hacer uso del programa. 
La cantidad por joven es demasiado escasa para ofrecer un acceso general al programa. 
Así que hacemos un programa para los pocos afortunados que ganan la lotería y pueden pagar la participación. 
En segundo lugar, el Consejo no estaba dispuesto a garantizar que se solventarían todos los impedimentos que se presentan con la movilidad en el plano administrativo. 
El considerando 13 es un pálido reflejo de lo que el Parlamento ha propuesto y la explicación de la Comisión al respecto es sólo una tirita en la herida. 
El Consejo aspiraba a un compromiso, un compromiso entre la propuesta del Consejo y la de la Comisión, entiéndase bien. 
Las respuestas del Parlamento han quedado en realidad desatendidas. 
Por lo visto, yo era y sigo siendo bastante tonto al suponer que una conciliación significa una reconciliación de posturas entre el Parlamento y el Consejo. 
En la práctica, el Parlamento ha podido desempeñar en este asunto un gran papel. 
Ha sido tragar a la fuerza. 
La Comisión, en la persona de la Sra. Cresson, debe ser alabada por su tenacidad en este asunto. 
Sin embargo, me parece que la Comisión se alegra demasiado rápido. 
Es bueno que se cree un programa, aunque la dimensión del programa decepcione. 
En realidad estoy en contra del resultado de la conciliación. 
No fue con el corazón, sino sólo porque las organizaciones juveniles que están relacionadas con este trabajo me lo han pedido. 
Su postura era: mejor algo que nada en absoluto. 
Porque hago el trabajo para los jóvenes en lo que al programa se refiere, he dicho que sí. 
Por eso ganan en lo que a mí respecta el Consejo y la Comisión. 
Es un mal resultado. 
Temo que se cree un precedente con las siguientes intervenciones en el sector de cultura y educación. 
El Consejo debe empezar a percatarse de lo importantes que son la educación y la cultura para el futuro de Europa, especialmente en lo que se refiere a los jóvenes. 
Gracias a la Sra. Fontaine, que ha hecho posible este programa a través de su informe, su empeño y su capacidad de resistencia. 
Los jóvenes de Europa deben saber que si hubiera dependido de ella y de los demás miembros del Parlamento, el programa habría tenido mucho mejor aspecto. 
Señor Presidente, ¿tiene aún valor en nuestra sociedad un servicio de voluntarios? 
Cuando yo era joven y scout, eso se llamaba una «B.A.». 
Era una buena acción. 
Hoy se ridiculizan esas palabras, Y, aun así, se sigue sintiendo la necesidad, ya que se crea en el nivel europeo un servicio de voluntarios y el número de los jóvenes candidatos es mucho más importante que las posibilidades de darles acogida. 
Porque un servicio, cuando está inspirado en la generosidad, es también formador, engendra intercambios humanos, experiencias y enriquecimiento mutuo. 
Los jóvenes de 18 a 26 años pueden participar, así, en la labor de las ONG, acudir a los barrios difíciles, hacer una labor humanitaria al servicio de los demás, después de haber adquirido los rudimentos de la lengua del país al que se trasladan. 
Se trata plenamente de la realización de la educación no estructurada. 
Así, pues, los quince Estados de la Unión han decidido cooperar para ofrecer a los jóvenes europeos ese ejercicio cotidiano, pero el Parlamento y el Consejo no estaban de acuerdo sobre todas las modalidades de aplicación. 
Si bien todos los interlocutores convienen en el estatuto del joven voluntario, en la complementaridad de las actividades europeas y nacionales, el plan financiero sigue siendo, por desgracia, un aspecto decisivo. 
Sin embargo, el 11 de junio se llegó, en el Comité de Conciliación, a un acuerdo gracias a la mediación de la Comisión y la Sra. Fontaine ha subrayado antes el papel de la Sra. Cresson. 
¿Se puede decir, por lo demás, que hay conciliación cuando el Consejo tiene sistemáticamente la última palabra y es él quien decide el importe de los programas, pese a que la autoridad presupuestaria corresponde al Parlamento? 
Si me he abstenido de votar durante esa conciliación, ha sido porque 47, 5 millones de ecus para el período 1998-1999 son en gran medida insuficientes para responder a las aspiraciones de la generosidad de los jóvenes. 
Pero este programa debe salir adelante. 
Por eso, pese a una plasmación presupuestaria muy decepcionante, el Grupo UPE apoyará el informe de la Sra. Fontaine, a la que felicito aquí por su trabajo y su determinación de hacer llegar a buen término el expediente del Servicio Europeo de Voluntarios. 
Señor Presidente, desearía dar las gracias en nombre del Grupo de los Verdes al Comité de Conciliación, y especialmente a la Sra. Fontaine- quien ha demostrado con su labor un gran compromiso con estas cuestiones -, por haber logrado, cuando menos, elevar la oferta original del Consejo de 30 a 47, 5 millones de ecus. 
Naturalmente, habríamos deseado una suma mayor, pero resulta evidente que el Consejo no considera importante invertir en los programas de juventud, circunstancia que, sin lugar a dudas, lamentamos. 
Nuestro grupo tiene previsto apoyar esta propuesta, dado que consideramos importante el compromiso de la juventud, especialmente el compromiso en ámbitos que sabemos que son prioritarios para los jóvenes como el social, el medioambiental, o el cultural. 
Creo además que es importante que este programa esté abierto a participantes procedentes de países de la Europa Central y Oriental. 
Es importante que reduzcamos las diferencias existentes, y este programa puede constituirse en un medio trascendental para lograr esta tarea. 
No obstante, el partido ecologista sueco considera que una parte de la propuesta plantea ciertas dudas. 
A pesar de ello, considero favorable el principio del servicio voluntario europeo para los jóvenes, una iniciativa que debe contar con nuestro apoyo. 
No cabe lugar a dudas de que el Grupo de los Verdes votará a favor del presente informe. 
Señor Presidente, comparto las palabras pronunciadas por las oradoras y oradores anteriores en el sentido de que el programa de acción " Servicio voluntario europeo para los jóvenes» es un programa bueno e importante pero, tal como ha dicho la señora Fontaine, se cuestiona debido a la miopía política del Consejo. 
Yo y sin duda todos los colegas, sobre todo los de la Comisión de Formación y Cultura hemos sufrido junto con la señora Fontaine. 
Apoyo a los colegas Pex y Vecchi, quienes han dicho que se han recogido algunas de las buenas propuestas del Parlamento, pero que sin embargo, las precisas regulaciones que hemos propuesto respecto al status jurídico y social, es decir, las referentes de modo general a la supresión de los obstáculos jurídicos y administrativos para facilitar el acceso al programa, lamentablemente no han podido ser determinadas de modo satisfactorio. 
La cuestión de la compatibilidad de las actividades europeas y nacionales ha sido regulada parcialmente. 
Sin duda, es positivo que el programa esté abierto para terceros países. 
No quiero ocultar mi pesar porque no ha sido posible elevar la dotación financiera de este programa. 
Hemos propuesto 80 millones de ecus pero tampoco la Comisión ha logrado que se aprueben los 60 millones que ella proponía. 
Esta deficiente dotación del servicio voluntario europeo nos hace dudar si realmente se puede alcanzar el solemne objetivo del artículo 1, aprobado también por el Consejo, de realizar una decidida aportación a los ideales de democracia, tolerancia y solidaridad en la obra de construcción europea, para apoyar la cooperación entre la Comunidad Europea y terceros países. 
Señor Presidente, quisiera hablar un poco sobre el Servicio Europeo de Voluntarios. 
Ha tardado mucho, pero al final hemos llegado a una conclusión final. 
Espero que ahora sea un programa que derribe los obstáculos que separan a los jóvenes de todo el continente y brinde una oportunidad para contribuir a fomentar la integración europea y conseguir una experiencia valiosa. 
El sentido de la conciliación es enteramente el de buscar un acuerdo. 
El propio hecho de que hayamos llegado hasta este punto significa que ambas partes han tenido que aceptar una transacción. 
Siguen sin satisfacernos los recursos disponibles para este programa, porque en años futuros se reducirá, en realidad, la financiación. 
Sin embargo, creemos que es un programa que vale la pena mantener. 
La otra opción posible por nuestra parte era la de poner fin a toda la iniciativa. 
Así, pues, quisiera disculparme ante todos los jóvenes que podrían haber participado en el programa, si se nos hubieran concedido más fondos. 
Al menos, tenemos algo que mostrar por toda la intensa labor que se ha dedicado a las acciones experimentales. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Fontaine y a todos cuantos han participado en esta iniciativa. 
En el Parlamento, junto con la Comisión, concedemos gran importancia a la eliminación de todos los obstáculos jurídicos y administrativos que impiden el acceso a cualquier programa. 
Pero esa actividad resulta particularmente pertinente en el caso del Servicio Europeo de Voluntarios. 
Vamos a supervisar muy detenidamente la aplicación de este programa. 
Felicito a la Sra. Fontaine por habernos sacado de una situación muy difícil. 
Espero que en el futuro podamos continuarlo. 
Señor Presidente, la UE tiene que prestar atención a la juventud. 
Si la UE la ignora, en el mejor de los casos se crea indiferencia y, en el peor, animosidad. 
Por ello, la solución mínima de 47, 5 millones de ecus para el servicio voluntario aunque queda muy por debajo de los deseos del PE, sin embargo garantiza la prosecución del proyecto. 
Se posibilita al menos a un pequeño número de jóvenes también sin una formación superior que comprendan y vivan Europa. 
En unos tiempos de elevado desempleo juvenil, de aproximadamente entre un 15 y un 20 % de la cifra total, esto es sólo una gota de agua en el mar de necesidades. 
En Austria este programa ha sido especialmente bien acogido pues, al fin y al cabo, han participado ya 100 personas y otros muchos están en la lista de espera. 
Se trata de un programa que no pretende hacer competencia al año voluntario social europeo y que está dirigido a que los jóvenes miren algo más lejos de las propias puertas de sus casas. 
Para hacerlo atractivo no sólo hacen falta buenas ofertas de proyectos sino también un buena seguridad social. 
No está justificada la crítica de que mediante este programa se socavan los convenios colectivos. 
No se quiere poner a disposición trabajadores con bajos salarios sino que lo que se quiere es ayudar a formar la personalidad, a ganar experiencia internacional y a tener unas mejores oportunidades en la vida. 
Se puede cuestionar la justificación de proyectos como " salvemos las ranas de la Provence» , pero si se piensa que 10 millones de jóvenes no tienen en Europa ningún título escolar, sería más razonable aumentar en un 100 % el programa LEONARDO. Este dinero beneficia a los aprendices y alumnos de escuelas profesionales. 
En programas como el del servicio voluntario, una no puede evitar la sensación de que, a pesar de las buenas intenciones, sigue siendo un programa coartada. 
Señor Presidente, Señorías, podrán imaginarse que mi colega, la señora Cresson, habría deseado estar hoy aquí para felicitar a la ponente y, al igual que ella, recomendar también la aprobación del resultado de la concertación. 
Pero, lamentablemente, está imposibilitada y me ha rogado que hable en su lugar. 
Saludamos como Comisión el acuerdo. Ya ha dicho la señora Fontaine que la Comisión ha participado activamente en el logro de este resultado. 
Naturalmente, comprendemos también la decepción reflejada aquí por todos por la financiación del programa pero como ocurre con frecuencia en tales casos, el Consejo no está en situación de acceder a lo que el Parlamento y la Comisión desean. 
En el Consejo, estas medidas de ahorro son cada vez incluso más populares que los programas con las mejores intenciones; que este programa podría tener realmente unos efectos muy importantes lo muestra el interés mostrado por los jóvenes que se han apuntado a tales acciones piloto. 
No obstante y, como siempre en tales casos, hay que aceptar lo que se puede lograr en lugar de no tener nada. 
Estamos seguros de que este programa va a desatar una dinámica, pues por sus resultados y por este nuevo estilo de acercar los jóvenes a Europa, se revela que las esperanzas que la señora Cresson y el Parlamento depositan en él se pueden llevar a la práctica sin ningún problema. 
Vamos a hacer todo lo posible para superar esta barrera, esta limitación del programa por falta de medios financieros. Lo digo también en nombre de la señora Cresson. 
También vamos a eliminar los demás obstáculos que posiblemente puedan surgir. 
Sin duda, han quedado abiertas aún algunas cuestiones difíciles, a pesar de que en la concertación se han regulado muchas cuestiones derivadas de la complementariedad de los servicios civiles nacionales. 
Sin duda, esto es muy complejo, pero en la ejecución vamos a ver también dónde son posibles unas soluciones aún mejores. 
Aprovecho la ocasión para asegurar de nuevo al Parlamento, también en nombre de mi colega, la señora Cresson, que, al igual que en el programa " Juventud por Europa» , no se van a presentar a la comisión decisiones sobre proyectos aislados. 
Con la prevista dotación de créditos por un importe de 47, 5 millones de ecus, la Comisión puede garantizar el acceso al programa y la calidad de las acciones durante los 18 meses restantes. 
Sin embargo, las últimas experiencias muestran que el interés de los jóvenes en el servicio voluntario europeo es ya muy grande y que va a seguir aumentando. 
Por ello, a la hora de ejecutar el programa presupuestario, se deberá examinar la posibilidad de un aumento de créditos, lo que puedo prometer ya hoy en nombre de la Comisión. 
Queremos felicitar de nuevo a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y, en especial, a su ponente, la señora Fontaine. 
Naturalmente felicito también a la delegación del Parlamento Europeo y a su presidente así como al Parlamento en su totalidad, por el apoyo y comprensión por este proyecto, pues sin su apoyo no habríamos llegado tan lejos como hemos llegado. 
No hemos llegado aún al final pero sí un buen trecho en la dirección correcta. 
Estoy seguro de que junto con el Parlamento, la Comisión y quizás también por fin el Consejo comprenderán que hay que hacer más y que un programa de este tipo puede hacer más por el desarrollo de la identidad europea que algunos otros programas que se limitan a cuestiones técnicas y que no se ocupan realmente de las personas y de sus deseos, ideas y acepciones. 
Por ello, de nuevo muchas gracias a todos ustedes en nombre de la señora Cresson y también del mío propio. 
Esperamos que con este programa abramos realmente una nueva página en la historia de la integración europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas. 
Aditivos Alimentarios 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40242/98) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común (C4-0183/98-96/0166 (COD) ) del Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/2/CE relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes (Ponente: H. Breyer). 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, en primer lugar permítanme que diga algo de carácter general antes de presentar las enmiendas de la comisión. 
En principio hay que saludar una simplificación de la autorización y del uso de aditivos alimentarios en la Unión Europea. 
Sin una regulación unitaria de los aditivos, el principio del reconocimiento recíproco conduce a una gran inseguridad entre los consumidores y a graves carencias en el control y etiquetado de los alimentos. 
Junto a la simplificación de la autorización y del uso de los aditivos, se debería perseguir al mismo tiempo reducir al máximo el número de los mismos y de los campos de aplicación. 
Por desgracia, este objetivo no se puede lograr con las enmiendas presentadas por la Comisión pues tienen más bien en cuenta las necesidades de los productores que de los consumidores. 
Una política practicada durante muchos años y una exigencia de los consumidores europeos así como también una tendencia en la industria alimentaria es renunciar voluntariamente a determinados aditivos. 
Se ha mostrado que sobre todo en muchos países de la UE esto ha conducido a que en los últimos veinte años se hayan podido reducir los aditivos alimentarios no tanto por medidas legislativas sino como consecuencia de una renuncia voluntaria de la industria. 
La directiva marco define los siguientes criterios para la autorización: que se tiene que demostrar una necesidad técnica suficiente, que no se confunda al consumidor, que sea inocuo para la salud y que aporte ventajas al consumidor. 
En lo que se refiere al examen de la necesidad técnica, deberíamos ponernos de acuerdo- apelo también a usted, señor Bangemannsobre cómo se debe definir este concepto. 
Cuando se presentó el informe, usted no aclaró suficientemente qué es lo que debe entenderse por tecnológicamente necesario y dónde se encuentra la necesidad tecnológica en muchos puntos de las enmiendas. 
Por ello, es de temer que se convierta en una mera fachada de cara al público si en el procedimiento de autorización hay que fiarse exclusivamente de los datos de los fabricantes. 
Por ejemplo, se justifica la prevista nueva autorización de intensificadores del gusto en la margarina y la enzima invertasa, que permite un mayor contenido de azúcar, alegando que es técnicamente necesario a pesar de que sólo lo ha solicitado un único fabricante en la Unión Europea. 
Creo que no se debería reconocer una necesidad técnica sólo porque lo quiera un único fabricante mientras que todos los demás fabricantes demuestran que puede funcionar de otro modo. 
Hoy día se muestra que muchos alimentos se pueden ofrecer con y sin conservantes como ocurre, por ejemplo, con las ensaladas finas. 
Pero me voy a limitar a presentar ahora las enmiendas del Parlamento. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha aprobado diez enmiendas. 
El Parlamento Europeo aprobó en la primera lectura 26 enmiendas con lo que siguió en gran medida las decisiones de la comisión. 
Pero la posición común solamente ha tenido en cuenta por completo 11, 4 parcialmente y ha rechazado totalmente otras 11. 
Aunque se trata de un éxito parcial del Parlamento Europeo, es prueba también de la actitud amistosa de la Comisión y del Consejo de Ministros hacia la industria. 
Precisamente en cuestiones tan importantes, como el etiquetado para los alérgicos, no se produce, por lo visto, ningún movimiento en la Comisión. 
Un principio muy importante para nosotros debe ser la transparencia, lo que significa que hay que acabar con el secretismo, es decir, con la utilización de aditivos en los ingredientes alimentarios. 
Debo subrayar- lo que no niego en absoluto como ponente- que habría preferido un etiquetado más amplio. 
Lamento que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor no se haya adherido. 
Quiero preguntar aquí algo al Comisario Bangemann. La Comisión ha dicho que no apoya las enmiendas porque están colocadas en el lugar erróneo. 
Por ello, me gustaría saber cuándo y cómo se va a regular el etiquetado de aditivos manipulados genéticamente. 
Hay una propuesta de Austria. 
Quizás podría explicarnos cómo se va proceder con dicha propuesta. 
Con motivo del Novel food nos prometió que se iba a producir pronto una propuesta de la Comisión. 
Lo mismo es aplicable al etiquetado de alimentos sueltos. 
No puede ser que no haya que etiquetar alimentos sueltos. 
El Parlamento no quiere pues ninguna ampliación de los aditivos a los productos de tratamiento de la harina pues lo consideramos superfluo y ya hay suficientes productos. 
Asimismo rechaza el baño en cera de los melocotones y piñas, pues queremos que los productos naturales sigan siendo naturales. 
No se puede admitir que se confunda al consumidor haciéndole ver un frescor que no existe. 
En lo tocante a la nesina, en la segunda lectura el Parlamento no estuvo a favor de que los antibióticos se incluyesen en el mascarpone o en el queso. 
(El Presidente insta a la oradora para que finalice) Debemos seguir con el sistema de que los antibióticos se obtengan mediante receta, pero no que se añadan a los alimentos. 
Hasta aquí, brevemente las enmiendas que ha propuesto la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Sin embargo, espero que la Comisión esté aún dispuesta a entrar en estas cuestiones abiertas que también han apoyado verbalmente las y los colegas de la comisión, en lo que se refiere al etiquetado de aditivos elaborados mediante ingeniería genética y también... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, hay dos puntos sobre los que me gustaría llamar la atención antes de la votación de mañana. 
El primero es la nicina y el segundo, el sulfito. 
La nicina es un antibiótico que quizá a largo plazo puede producir resistencia a los fármacos. 
Los antibióticos tienen una importancia decisiva a la hora de curar ciertas enfermedades y al ser fármacos, en principio no deben utilizarse ni como estimuladores de crecimiento en una chiquera ni como conservantes en la comida. 
En mi opinión, esto no puede tolerarse en esta directiva. 
Un queso fresco como el mascarpone no debe convertirse ahora en un remedio contra las anginas. 
Cada vez más personas tienen alergia a los alimentos. 
El sulfito es una de las sustancias que contribuyen a ello. 
En mi opinión, debe fijarse al menos un valor límite concreto para el empleo de éste, en lugar de hacer una estimación de la cantidad que pudiera ser necesaria. 
El sulfito suele utilizarse en el tratamiento de las frutas pasas empleadas, entre otras cosas, en los productos para el desayuno. 
Y muchos padres compran frutas pasas a granel para sus hijos en lugar de golosinas considerando a aquellas una alternativa más sana, sin embargo, esto puede dar como resultado una alergia. 
Puedo comprender que las diferencias climáticas y con ello culturales proporcionen un punto de vista diferente sobre qué aditivos son necesarios. 
La distancia entre dos frigoríficos puede ser motivo para sopesar qué es peor, una intoxicación de salchichas o la presencia de aditivos. 
No obstante, es necesario ser consciente de que no es lo mismo la posibilidad de producir y añadir un aditivo y la necesidad de añadirlo. 
Hoy hay alimentos en las estanterías europeas que se conservan tanto tiempo que podrían durar hasta dar la vuelta al mundo en un bote de remos y es poco probable que necesitemos que todos nuestros alimentos deban poder aguantar esto. 
Recuerden que hubo una civilización europea que tenía métodos como el ahumado, la salazón, la confitura y el frío y gozaba de una buena higiene antes de que aparecieran todos estos extraños aditivos. 
Los socialdemócratas europeos votarán a favor de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente a la recomendación para la segunda lectura de la Sra. Breyer, a la que doy gracias por su trabajo, y espero que las enmiendas logren el número suficiente de votos. 
Seguro que tendrán muchos votos, sin embargo, deberán tener también los votos suficientes. 
No me cabe duda de que la tendencia hoy- aunque uno pasa por alto a los alimentos ecológicos como tales- va encaminada hacia una mayor sencillez y simplicidad en los alimentos. 
Señor Presidente, Señorías, en 1995 aprobamos en la Unión Europea una amplia directiva sobre aditivos exceptuando los edulcorantes y colorantes. 
Hoy, con esta opinión común, debatimos sobre la primera gran modificación de esta directiva. 
Esta directiva modificadora era necesaria, en primer lugar, porque durante los años de debates sobre la directiva del 95 no se comprobaron científicamente todos los aditivos o su aplicación y, por otro, porque entretanto ha evolucionado la aplicación técnica y además se deben tener en cuenta algunas características especiales de los Estados miembros, en especial, de los últimamente adheridos, Finlandia, Suecia y Austria y, finalmente, porque en el amplio texto de la directiva del 95 se han deslizado algunos errores que se quieren corregir ahora con esta directiva modificadora. 
Es cierto que el Parlamento ha presentado una serie de enmiendas y que el Consejo ha recogido ahora una parte de las mismas. 
En nombre de mi grupo político, puedo decir que estamos de acuerdo con la posición común. 
Aunque las enmiendas presentadas principalmente por la ponente en la Comisión de Medio Ambiente han sido aprobadas allí mayoritariamente, sin embargo, nosotros no podemos dar nuestro asentimiento. 
Quiero referirme de nuevo al tema tocado por la señora Breyer. 
El objetivo fue tener el menor número posible de aditivos y reducir además estos al mínimo. 
Soy testigo de este debate desde hace veinte años y he modificado algo mi opinión política. 
Creo que si nos concentramos en muy pocos aditivos, estos se utilizarán en todos los sitios. 
Creo que no hay que tomar siempre lo mismo pues sólo de este modo se pueden tener en cuenta los aspectos sanitarios. 
Además, la cuestión de la autorización no se regula en el sentido de que todos estén obligados a emplear aditivos sino que si se emplean, esto se haga hasta un cierto límite. 
Como he dicho, no hay que emplearlos pero si se emplean, naturalmente tienen que etiquetarse y esto es lo que hay que regular aquí. 
Considero innecesario despertar nuevos temores ante cosas que existen desde hace mucho tiempo tradicionalmente en países miembros, pues al fin y al cabo estas sustancias no han ocasionado ningún daño a la salud y además la comisión estaba ahí también para comprobarlo. 
Por ello, junto con mi grupo político puedo dar mi apoyo a la posición común en la redacción presente. 
Me gustaría volver a agradecer a la señora ponente el trabajo realizado con esta directiva. 
Debo, por lo demás, recordar mi intervención en la primera lectura, en la cual señalé lo ilegible de esta directiva en su conjunto a pesar del gran interés que su contenido despierta en muchos ciudadanos. 
También quiero recordar las preguntas que a continuación fueron hechas a la Comisión y al Consejo acerca de la posibilidad de simplificar la directiva sin modificar necesariamente su contenido y las respuestas a éstas. 
Mi opinión sigue siendo que las respuestas dadas por la Comisión pueden ser utilizadas como ejemplos de soberbia, mientras que, por el contrario, celebro las respuestas más constructivas del Consejo. 
Recuerdo esto porque es de esperar que iniciemos un procedimiento de conciliación, en el que esta simplificación quizá entre en escena durante la tarea encaminada a alcanzar un compromiso. 
El Grupo Liberal apoya las enmiendas de la comisión, sin embargo, en el caso de las dos primeras enmiendas, me gustaría decir que nuestro apoyo no se debe a que, en último término, queramos eximir de la directiva a los medios de tratamiento de la harina, sino a que aparentemente la posición común es tan amplia en este terreno que pierde totalmente su sentido. 
Lo más adecuado habría sido introducir la harina en el anexo 2, es decir, como el alimento básico que innegablemente es, e indicar allí las sustancias que se quieran autorizar. 
Lo que ahora se logra con esto es un exceso de permisividad y el argumento de que la industria evidentemente no empleará todos estos aditivos es realmente bastante poco convincente. 
Me parece que lo más adecuado será considerar a la harina como un alimento no elaborado y así tener como punto de partida que las sustancias incluidas en el anexo 1 no puedan ser añadidas a ésta. 
En este contexto me refiero también al punto primero del anexo 2 de la directiva 89/107 en el que se dice que debe existir una " necesidad motivada técnicamente suficientemente grande» para que los aditivos deban poder ser aprobados. 
Éste no creo que sea el caso cuando todas las sustancias del anexo 1 de pronto podrán ser empleadas en la harina y de hecho, no puedo leer la posición común de otra manera. 
Además, el Grupo Liberal es contrario al sulfito en nueces y maíz y también a que se efectúe un tratamiento de crecimiento de melocotones y piñas. 
Las piñas carecen en este caso de importancia, pues su piel no se come, sin embargo, no será conveniente en el caso de los melocotones. 
¡Aquí debemos pedir el artículo puro! 
Señor Presidente, los tres criterios aducidos por la Comisión para incluir aditivos en la lista de las substancias autorizadas son la necesidad tecnológica, la utilidad para el consumidor y la inocuidad. 
Creo que esos tres criterios se han utilizado demasiado, por lo que, como ha dicho muy bien la ponente, el resultado es, de hecho, un aumento importante del número de aditivos autorizados, sobre todo de su uso. 
Creo que es una mala opción y voy a ofrecer dos ejemplos que son- me parece a mí- bastante flagrantes. 
En primer lugar, la extensión de la utilización de los sulfitos como aditivos es sin lugar a dudas una mala opción: sabemos perfectamente que plantean problemas de salud para numerosas personas, en particular para las personas alérgicas. 
Conque, ¿en nombre de qué habría que utilizar esos sulfitos, cuando hay soluciones substitutivas y, por otra parte, se puede prescindir de ellos? 
En segundo lugar, la Sra. Jensen ha hablado muy atinadamente del problema de la nisina. 
Se trata de un antibiótico. 
¿Es coherente por parte del Consejo y de la Comisión utilizar como aditivo un antibiótico, cuando, por otra parte, estamos preguntándonos por la legitimidad de la utilización de los antibióticos en la alimentación animal y la OMS, por ejemplo, pone de relieve que están avanzando numerosas enfermedades infecciosas y que numerosos antibióticos están resultando manifiestamente ineficaces? 
Creo que algunos Estados miembros lo han indicado y quisiera dirigirme aquí a la Sra. Schleicher para señalar a su atención dos cosas. 
En primer lugar, varios Estados miembros, entre ellos Alemania, han votado en contra de la posición común. 
Además, no porque un producto se utilice desde hace mucho tiempo es inofensivo. 
Hace mucho que se utiliza el amianto y ahora todo el mundo está de acuerdo en que hay que dejar de utilizarlo. 
No veo por qué el hecho de que no se hayan puesto de relieve efectos directos de un aditivo permite considerarlo inofensivo. 
Sus Señorías saben perfectamente que son muy probables y posibles efectos indirectos y que en el caso de numerosos aditivos resulta difícil deslindar unos de otros. 
Así, pues, creo que es absolutamente indispensable apoyar las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y pido a la Sra. Schleicher y a su Grupo que revisen su posición a ese respecto. 
Señor Presidente, desde el año 1989 está en vigor la Directiva marco de la Unión Europea por la que se armonizan las disposiciones legislativas de los Estados miembros en materia de aditivos alimentarios. 
La Comisión ha propuesto adaptar la directiva a los avances científicos más recientes. 
La posición común fue aprobada por el Consejo el 23 de marzo de 1989, y de las 26 enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en la primera lectura, 11 de ellas fueron incorporadas en su conjunto, mientras que otras 4 sólo en parte. 
Asimismo, la propuesta de la Comisión fue objeto de una serie de modificaciones especialmente orientadas a proteger las necesidades de la industria alimentaria, entre las cuales cabe destacar la inclusión de sustancias para el tratamiento de harinas y la autorización para tratar el requesón con nisina y los melocotones y las piñas con cera. 
En nuestra evaluación, nos hemos esforzado en conjugar los intereses de la industria de la alimentación y los que, a nuestro entender, son prioritarios para salvaguardar la salud de los ciudadanos. 
Y esto, toda vez que la calidad de los productos debe ser protegida mayormente, puesto que, desgraciadamente, en el conjunto de la Unión, está desapareciendo la venta al por menor que primaba la calidad, en beneficio de las grandes superficies que logran presentar en los puestos de venta productos cada vez más sofisticados y refinados, pero cuyas características naturales han de garantizarse. 
En consecuencia, la necesidad de proteger la salud del ciudadano consumidor nos lleva a autorizar sólo la posibilidad de añadir aquellos aditivos conservantes que, a nuestro juicio, pueden aceptarse si, realmente, sirven para garantizar la calidad y las cualidades del producto. 
Nos oponemos a la utilización de nuevos aditivos en la crema pasteurizada y en la leche esterilizada, sobre todo porque, actualmente, se comercializan más de 38 aditivos autorizados, del mismo modo que estamos en contra de los nuevos aditivos que sirven para prolongar la conservación de algunos productos vegetales, así como de los aditivos azucarados, cuya única finalidad es fomentar el consumo por parte de los niños. 
Sin lugar a dudas, el establecimiento de un sistema comunitario uniforme para la autorización de los aditivos beneficiará al consumidor. 
Y nosotros subrayamos asimismo la necesidad de prever para los alimentos que llevan aditivos, un sistema de etiquetado que sirva para facilitar la máxima información posible y ante todo para proteger a las personas que padecen alergias, los recién nacidos y los ciudadanos menos protegidos y, por lo tanto, más necesitados de protección. 
En particular, con relación a las enmiendas 1 y 2, estamos en contra de la utilización de los aditivos que están clasificados como sustancias para el tratamiento de harinas en el anexo 1. 
En cuanto a la enmienda 3, relativa a la utilización de anhídrido sulfúrico y de sulfitos, consideramos que la misma ya no es necesaria desde el punto de vista técnico. 
De todos modos, el sistema de etiquetado tendrá que prever todas las indicaciones, incluidas las posibles contraindicaciones. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Breyer su intensa labor durante las dos lecturas y en la Comisión de Medio Ambiente. 
Es un miembro admirable de la comisión y será recordada en ella por la labor que ha llevado a cabo, en particular sobre la protección de los alimentos infantiles. 
Quisiera poder decir que todas las enmiendas que ahora se están debatiendo de nuevo pasarán a la conciliación, aunque dudo bastante que reciban las mayorías que necesitan. 
Así, pues, quiero limitarme tan sólo a tres de ellas: las enmiendas núms. 
4, 5 y 7. Paso a la enmienda nº 4 en primer lugar, porque la presenté yo y se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente tras un nuevo examen. 
Se refiere a la utilización de ésteres de sacarosa en el café y el té enlatados en forma líquida, que ahora se venden calientes directamente al consumidor. 
No sé si se podrá encontrar la felicidad en una lata caliente de cafeína: no sería mi bebida favorita. 
Lo que sí que sé es que los ésteres de sacarosa estabilizan las proteínas de la leche contra el proceso de desestabilización que se produce durante el almacenamiento. 
Como nación de bebedores de té, a los británicos les gustaría bastante saber por qué no aprueba la Comisión los ésteres de sacarosa. 
No se nos dice en realidad en la letra pequeña que acompaña sus decisiones. 
Siempre ocurre- y constituye uno de los problemas cuando llegamos a la segunda lectura- que sabemos mucho más sobre lo que la Comisión va a aprobar que sobre lo que no. 
En segundo lugar, quisiera mencionar la enmienda nº 5, que ya ha comentado brevemente la Sra. Dybkjaer, es decir, la utilización de cera de abejas como preservante para el tratamiento en la superficie de los melocotones y las piñas. 
Entiendo tan poco como ella por qué esas dos frutas son etiquetadas juntas. 
Hay otras que no se mencionan. 
Pensamos en los melones como algo intermedio entre esas dos, pero la distinción entre ellas es sin duda la de que no se consume el exterior de una piña- ¡a no ser que se sea en verdad muy estúpido! -, mientras que se suele comer la piel de un melocotón. 
Así, pues, convengo en gran medida con la ponente, cuando dice que sería peligroso poner esa capa en los melocotones, pero no veo la razón por la que debemos eliminarla en el caso de las piñas, en el que constituye un preservante auténtico. 
Mi última observación se refiere a la enmienda nº 7. 
A fin de cuentas, apoyo a la ponente en su enmienda encaminada a eliminar la utilización de la triacetina como producto para la goma de mascar, pero una vez más no sabemos gran cosa sobre por qué figura, para empezar. 
Tenemos el deber, para con los que sostienen que ese emulsionante no es necesario ni conveniente, de velar por que se zanje la cuestión de por qué es tan esencial y tan conveniente. 
Espero que la Comisión pueda decírnoslo, porque en estos asuntos la consigna debe ser siempre la claridad. 
Señor Presidente, también yo quisiera agradecer a la Sra. Breyer su intenso trabajo, pero a continuación he de decir que voy a oponerme a todas las enmiendas, como también lo hará un buen número de los diputados del Grupo PPE- como hicimos en comisión -, con la excepción de la enmienda nº 4. 
Ésta es una cuestión muy técnica relacionada con los aditivos alimentarios y los aditivos permitidos en los alimentos en toda la Unión Europea. 
Plantea la cuestión de cuál es la forma mejor para que el Parlamento Europeo aborde semejante cuestión técnica. 
La Sra. Breyer la ha abordado desde un punto de vista ideológico, cosa habitual en su Grupo. 
Pero hay dos cuestiones que debemos considerar como criterios. 
Uno es el de que debemos velar por que, cuando se examinen los ajustes a los aditivos permitidos, se salvaguarde constantemente la salud de la población europea. 
¿Qué orientación hemos de seguir? 
¿Nuestros propios juicios? 
Pues bien, yo soy historiadora y la Sra. Schleicher era intérprete de arpa. 
Puede ser una aptitud útil para la otra vida, por decirlo así, pero no necesariamente es la mejor aptitud para ocuparse de los aditivos alimentarios. 
No somos profesionales en esa esfera. 
Tenemos que guiarnos por el Comité Científico de la Alimentación Humana. 
Yo, la verdad, prefiero con mucho guiarme por lo que diga dicho Comité que por lo que diga la Sra. Breyer. 
En segundo lugar, hemos de velar por que la legislación de la Unión Europea sea suficientemente flexible dentro de los límites de la seguridad para permitir la creación de nuevos productos. 
Convengo con el Sr. Whitehead en que puede ser una bendición para los Exploradores Escoceses, que, al parecer, están aquí, en la tribuna, si en adelante no tienen que raspar dos ramitas para hacer fuego y hervir el agua gracias a la posibilidad de comprar té caliente en latas... si es que la Comisión Europea permite que así sea. 
Quisiera pedir al Sr. Bangemann, que, cuando responda al debate, diga si está dispuesto o no a permitir que se venda té en latas junto con la salchicha británica que ya salvamos de los estragos de la Comisión Europea hace unos meses. 
De modo que no creo que se trate de una cuestión en la que haya margen alguno para los extremismos. 
El fundamentalismo verde puede ser útil para desencadenar el planteamiento de las cuestiones, pero no es una opinión cuya prevalecencia se deba permitir. 
Señor Presidente, a mí me pasa como a la señora Jackson. 
En primer lugar, quiero felicitar encarecidamente a la ponente. 
No sólo se ha introducido realmente en esta materia sino que además ha adoptado unas posturas claras. 
Aunque no las comparta- ni personalmente ni en nombre de la Comisión -, puedo decir que la señora Breyer trabaja de un modo ejemplar. 
No tengo reparos en decirlo. No sé si se alegra de ello, pero quiero decirlo. 
Lo que la señora Jackson y, en especial, la señora Schleicher han dicho corresponde aproximadamente a la posición de la Comisión. 
Por ello, voy a ser breve. 
No soy ningún experto a la hora de enjuiciar los daños o inocuidad para la salud pues mi formación es la de jurista. 
Por ello, quiero decir a la señora Breyer que existe una clara posición al respecto que, al menos hasta ahora, era la posición de un Estado de derecho. Esta posición consiste en que no se debe prohibir algo si no hay un motivo para hacerlo. 
Porque no nos guste o porque nos agrade el principio de tener el menor número posible de aditivos, no podemos sencillamente prohibirlos sino que debe haber un motivo para ello. 
Lo hemos definido muy exactamente. 
Señora Breyer, no es cierto que la cuestión de la necesidad técnica no esté definida en el Anexo 2. 
Se exponen de nuevo los tres criterios generales: en primer lugar, hay que poder demostrar que existe un razonable motivo y finalidad técnica que no se puede lograr mediante ningún otro medio técnico. En segundo lugar, no debe existir ningún peligro para la salud y, en tercer lugar, no se puede confundir al consumidor. 
Estos son los tres criterios. 
No hay que cumplir los tres sino que pueden existir por separado. 
Es decir, en caso de existencia de uno de estos tres criterios, se puede prohibir un aditivo. 
Hemos dicho exactamente qué es una necesidad técnica y cómo debe ser definida también en base criterios aislados. 
Hemos establecido una certeza suficiente para todos, para el consumidor y para el fabricante. 
Un fabricante puede renunciar a cualquier tipo de aditivo. Puede hacer publicidad de ello. 
Puede decir: esto es Naturaleza pura. 
Esto es perfectamente posible. 
Muchos hacen uso de ello, lo que es absolutamente correcto. 
Pero si, a la inversa, se quiere prohibir algo, se necesita para ello una legitimación. 
Por estos motivos, no podemos aceptar las 11 enmiendas restantes. 
Por razones de tiempo, no puedo decir en detalle porqué no, si bien creo que se deduce de lo que he dicho hasta ahora. 
Quiero responder a las preguntas que se han planteado referentes al etiquetado. 
Señora Breyer, siempre me sorprende que aproveche la ocasión para regular todo a pesar del gran sentido lógico que usted siempre aplica. 
Esto no se puede hacer. 
De todas las posibles directivas que tenemos y que tienen una finalidad específica no se pueden deducir normas generales. 
El etiquetado es una cuestión general. 
La hemos regulado en la Directiva General sobre el Etiquetado 79/112. 
Aquí se incluyen también las posibles modificaciones. 
Así pues, si en los aditivos existe una necesidad de este tipo, entonces debe realizarse en la mencionada Directiva General sobre el Etiquetado. 
No podemos obligarnos ahora a recoger allí todos estos aditivos, pues supondría un cheque en blanco. 
Hay que examinar si los principios generales del etiquetado exigen que un aditivo de este tipo se etiquete del modo correspondiente. 
Se ha planteado también la cuestión del etiquetado de los aditivos obtenidos mediante ingeniería genética. 
Ya he anunciado- y usted lo ha repetido de nuevo- que lo estamos estudiando. 
Pero es enormemente difícil pues, por ejemplo, la cuestión de la prueba, de los correspondientes valores límite y, posiblemente, también de una lista negativa, no es tan fácil de responder para nosotros, por lo demás, tampoco para las comisiones científicas. 
Que no lo hayamos presentado no se debe pues a que tengamos mala voluntad sino a que se trata de un asunto muy difícil. 
En lo tocante a las alergias, hay que etiquetar todos los aditivos. 
Se deben indicar todos los aditivos en la etiqueta. 
De este modo, se informa suficientemente a las personas afectadas. 
Por lo demás, esta es también la opinión del Comité Alimentario. 
Al contrario de lo que ha dicho la señora Jensen- creo que ha sido ella -, el número de alergias es muy reducido en los alimentos, mucho más reducido de lo que se supone en general. 
Es absolutamente falso lo que ha dicho de que en los alimentos es especialmente agudo este peligro. 
Estamos trabajando también en una directiva sobre las llamadas " dietas equilibradas» , es decir, sobre los aditivos en alimentos destinados a lactantes y niños enfermos. 
El etiquetado general se modificará. 
(Exclamación: ¿qué pasa con los alimentos sueltos?) 
Esto se regulará del modo correspondiente en todos los Estados miembros. 
Los Estados miembros tienen la posibilidad de realizar o no este etiquetado. 
No vemos tampoco ninguna necesidad pues ya existe una obligación de etiquetado. 
Los Estados miembros pueden permitir una excepción para los alimentos sueltos. 
Pero esto es algo que es ya una norma legal en la Unión. 
Si no me equivoco, creo que estas eran las cuestiones centrales. 
Señora Jensen, no voy a referirme en detalle a las once enmiendas pues requeriría demasiado tiempo, pero que no podemos recogerlas se deduce de la posición general que acabo de exponer. 
Espero que el Parlamento o, al menos, algunos diputados sigan lo que ha dicho la señora Schleicher, pues entonces podremos finalizar el procedimiento y tendremos un fundamento razonable, también en el sentido del consumidor. 
Señor Presidente, quiero plantear al señor Bangemann dos preguntas adicionales. 
Creo que en esta Asamblea existe un gran acuerdo en que tenemos problemas con la nisina pues los antibióticos no tienen nada que hacer en los alimentos. 
El colega Lannoye ha llamado de nuevo la atención sobre el grave problema de las resistencias frente a los antibióticos. Existe el peligro de que pierdan su eficacia como elemento terapéutico. 
Me gustaría saber porqué piensa usted que se deberían autorizar los antibióticos en los alimentos, cuando se sabe que muchas personas no los pueden soportar y además existen los problemas de la formación de resistencias que muchos científicos alegan con razón. 
En segundo lugar, señor Bangemann, no puedo darle la razón cuando dice que la cuestión del etiquetado de los alimentos sueltos deben regularla los Estados miembros. 
El sentido de esta directiva es precisamente lograr una simplificación europea. 
No me parece correcto que los alimentos envasados se etiqueten pero que, por el contrario, los alimentos sueltos, ante los que los consumidores tienen la sensación de que se trata de productos frescos, no se etiqueten. 
Su representante en la comisión ha dicho que esto iba a solucionarlo la Comisión. 
Estoy muy sorprendida de que nos diga ahora aquí otra cosa y que no ve necesidad de actuar en absoluto. 
Me gustaría saber qué es lo que es cierto. 
¿Era falso lo que ha dicho su representante en la comisión en el sentido de que este asunto se debería solucionar en algún momento con la directiva sobre etiquetado? 
Tenemos una serie de puntos que caerían ya hoy bajo la directiva del etiquetado si nos ponemos de acuerdo, lo que usted mismo ha dicho. 
De ahí, mi última pregunta: ¿cuándo piensa proponer un nuevo proyecto o modificaciones sobre la directiva del etiquetado para que se puedan cerrar o cubrir estas lagunas y necesidades que se han producido ahora? 
Señor Presidente, en primer lugar me voy a referir a la cuestión de los antibióticos. 
La Comisión no tiene motivos para entrar en ella pues no se ha presentado ninguna enmienda al respecto. 
Aunque en la comisión se mencionó, no se presentó ninguna enmienda. 
No puedo hablar aquí sobre cuestiones hipotéticas. 
Respecto a la cuestión a la que se ha referido usted de nuevo, quiero repetir que tenemos una normativa para el etiquetado de alimentos sueltos y envasados. 
Ambos tienen que estar etiquetados. Existe, pues, una obligación de etiquetado. 
Sólo tenemos una regulación de excepción por la que los países miembros pueden eludir esta obligación de etiquetado en el caso de los alimentos sueltos. 
Respecto a su tercera pregunta, no puedo mencionar aquí una fecha, pero supongo que después de que comenzamos el debate sobre la directiva general sobre los alimentos, no podemos llevarla a término pues desempeñan un papel principios tales como la pregunta: ¿cuál es el fundamento principal del etiquetado? 
A este respecto, tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo existen lamentablemente posiciones diversas, siendo la posición extrema que se defendió también en el Parlamento- no sé si hoy se sigue defendiendo- la de etiquetar todo, tanto si tiene sentido como si no. 
Es decir, hacer que el contenido de las etiquetas sea un montón de detalles siempre ha chocado contra mi oposición pues de este modo el etiquetado no tiene sentido para el consumidor. 
Tiene que reflejar lo que es razonable para el consumidor. Entonces llegarán a él. 
Pero si etiquetan todo, no lo lograrán y el etiquetado fracasará en su intento de ser un medio para una mayor información del consumidor. 
Esto lo ha reconocido entretanto incluso un miembro de su partido en Alemania, quien me ha alabado abiertamente por ello. 
Lo considero como una señal de evolución e inteligencia y nos gustaría seguir por esta vía. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas. 
(La sesión se interrumpe hasta las 17.30 horas) 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0481/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Señor Presidente, la piratería informática ha afectado muy poco al desarrollo de los trabajos de la Comisión, ya que ésta ha procedido a mejorar activamente la seguridad de sus redes informáticas. 
Señor Comisario, hoy por hoy, la piratería informática ocasiona un grave perjuicio no sólo a las instituciones europeas sino a toda la sociedad en general; y ello tanto si se presenta como introducción del software ilegal en el disco duro, antes de la venta del ordenador, como si se trata de producción de software de imitación o de copia directa a través de Internet. 
Nos consta que el Consejo ha aprobado recientemente su posición común respecto de la posición jurídica contra la piratería de servicios de radiodifusión. 
Ante esta situación, ¿no estima la Comisión que sería del máximo interés, por ejemplo, promover el reforzamiento de la legislación de protección de la propiedad industrial? 
No olvidemos que, también en esta cuestión, Estados Unidos nos adelanta, pues el grado de piratería que Europa sufre todavía es un 43 %. 
Señor Presidente, se trata de una cuestión de gran importancia. 
Como consecuencia de las filtraciones en los sistemas informáticos que se produjeron a finales de los años 80 e inicios de los años 90, se modificó la arquitectura de los mismos de manera que los sistemas informáticos internos quedaron centralizados en los denominados grupos cerrados de usuarios. 
En la actualidad, las comunicaciones que entran y salen de nuestros sistemas están controladas por el centro de telecomunicaciones de la Dirección de Informática con arreglo a parámetros acordes con las disposiciones en materia de seguridad y a las posibilidades técnicas. 
Está claro que, debido al rápido desarrollo de las tecnologías de la información, este sistema exige una permanente actualización que es objeto de un estrecho seguimiento por parte de la Comisión. 
Pregunta nº 45 formulada por Philippe De Coene (H-0642/98): 
Asunto: Servicio voluntario europeo para jóvenes y Campeonato Mundial de Fútbol 1998 
De un comunicado de prensa de la Comisión se desprende que, en el marco de la acción relativa al servicio voluntario europeo, se ha puesto a 71 jóvenes a disposición del comité organizador del Campeonato Mundial de Fútbol 1998, que se celebra en Francia. 
Cada uno de estos jóvenes le cuesta 5.000 ecus al presupuesto europeo. 
La propia acción relativa al servicio voluntario europeo se encuentra en la actualidad en fase de negociaciones. 
De la documentación disponible se desprende también que los jóvenes en cuestión han de participar en una actividad no lucrativa y no remunerada. 
¿Considera la Comisión que el Campeonato Mundial de Fútbol y el Comité Francés de Organización (CFO) son organizaciones no lucrativas? 
¿Puede explicar la Comisión por qué uno de sus miembros favorece al CFO a través del presupuesto comunitario, mientras que otro de ellos condena al mismo CFO en sesión plenaria por la venta discriminatoria de entradas, discriminación que fue constatada asimismo mediante sentencia del Tribunal de Grande Instance de París de 5 de junio de 1998? 
Señor Liikanen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. De Coene. 
Señor Presidente, tal como ha señalado su señoría, 71 jóvenes que forman parte de la acción relativa al servicio voluntario europeo han participado en proyectos relacionados con el Campeonato del Mundo de Fútbol. 
Estos voluntarios han venido trabajando durante más de cinco meses en organizaciones locales de acogida de las ciudades donde se han disputado los encuentros. 
Además, estos jóvenes han contribuido durante varias semanas a la organización del Campeonato del Mundo de Fútbol. 
Este proyecto de servicio voluntario está relacionado únicamente de manera indirecta con el Comité Organizador del Campeonato del Mundo de Fútbol, ya que todas las organizaciones de acogida han sido colectivos de carácter de interés general en los ámbitos de la cultura, el deporte, el medio ambiente y la asistencia social. 
Por este motivo, el proyecto piloto no se ha aprovechado del Comité Organizador en su calidad de organizador, sino que ha apoyado los objetivos sociales, culturales y medioambientales del proyecto por medio de los colectivos locales de interés general 
Las actividades empresariales del Comité Organizador son objeto de las disposiciones de la UE en materia de competencia, por lo que la Comisión está investigando, con arreglo a las numerosas quejas presentadas, las medidas discriminatorias adoptadas por dicho comité con motivo de la venta al público de entradas. 
Durante estos seis meses, la Comisión ha financiado estos proyectos por un importe medio de 5 200 ecus, que representa una suma equivalente a la del resto de los proyectos piloto de servicio voluntario. 
Señor Comisario, sé que ha recibido muy recientemente la pregunta, pero debe perdonarme, en mi lengua a eso se le llama una respuesta jesuítica. 
Está muy claro que los jóvenes han colaborado con medios comunitarios en una iniciativa que aquí, en este hemiciclo, ha sido condenada dos veces por un Comisario, un colega Comisario, en primer lugar por la violación del principio de igualdad entre los ciudadanos y en segundo lugar por la violación de una serie de normas económicas, porque ese Comisario constató que la totalidad de la organización era un barullo puramente económico y, por tanto, sujeto a las normas sobre actividades económicas. 
Ahora se dice: en realidad era para el CFO, pero no era para el CFO. 
He de decir que no puedo conformarme de ningún modo con esta respuesta. 
Creo que es una respuesta improvisada y en realidad quería que me informara usted de cuáles fueron exactamente las actividades que llevaron a cabo los jóvenes. 
Como usted dice: eran actividades sociales y culturales, quiero que me diga lo que hicieron exactamente. 
Señor Presidente, como en el resto de los proyectos de financiación parcial con cargo a los proyectos piloto, las organizaciones locales de acogida han sido, por su naturaleza, colectivos relacionados con los ámbitos social, cultural, deportivo o medioambiental. 
Por ejemplo, estas organizaciones han desarrollado labores para fomentar las actividades al aire libre entre la juventud, el trabajo juvenil o el medio ambiente de las ciudades. 
La experiencia adquirida por los jóvenes que han participado en este proyecto ha sido única. 
Durante el Campeonato del Mundo de Fútbol, los voluntarios de once Estados miembros y de Noruega han cooperado con miles de franceses, lo cual les ha ofrecido una oportunidad para adquirir un bagaje cultural y aumentar la comprensión mutua. 
Deseo unirme a otros diputados a esta Asamblea para felicitar a Francia por su victoria en el Campeonato Mundial de Fútbol. 
Es maravilloso ver a un equipo europeo tener tanto éxito y, en particular, una actuación tan brillante como la de Francia. 
Pero nuestra alegría por ese resultado no debe ocultar que ha habido muchos problemas graves en la organización del Campeonato Mundial, uno de los cuales está examinando actualmente uno de los colegas del Comisario. 
Quisiera pedir al Comisario que examinara muy en serio la cuestión planteada por el Sr. De Coene. 
Esa cuestión gira en torno al estatuto del CFO. 
El Comisario debe investigar cuál es el estatuto del CFO en opinión de la Comisión o si merece una investigación la utilización- indebida, creemos nosotros- de ese sistema al prestar asistencia al CFO. 
Quisiera pedir al Comisario que respondiera al Sr. De Coene y a mí por escrito con una investigación más completa de este asunto. 
Señor Presidente, me uno al Sr. Watson en sus felicitaciones a Francia. 
Estuve presente en los Campos Elíseos el domingo por la noche y tuve la oportunidad de asistir a esta gran celebración ciudadana. 
Por lo que respecta a la cuestión sobre las disposiciones en materia de competencia, tengo previsto hacer llegar este intercambio de impresiones sobre la política de competencia al Comisario competente en este ámbito. 
Sé que está investigando este tema a fondo. 
Se trata de un caso típico en el que los servicios de la Comisión abordan el mismo tema desde dos planteamientos diversos. 
Uno es el trabajo voluntario y el otro la política de competencia. 
Comprendo sin lugar a dudas la preocupación de sus señorías por que la política global de la Comisión sea coherente y consecuente. 
Éste es nuestro objetivo. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
Corresponde tratar ahora la pregunta formulada por el Sr. James Nicholson sobre condiciones de objetivo prioritario de Irlanda del Norte. 
La Sra. Wulf-Mathies está con nosotros, pero el Sr. Nicholson no se encuentra entre nosotros. 
Esta Presidencia se permite suponer que la especial situación en que se encuentra Irlanda del Norte seguramente ha reclamado la presencia del Sr. Nicholson. 
Agradezco extraordinariamente la presencia aquí, como siempre valiosa, de la Sra. Wulf-Mathies, pero sin el diputado que ha formulado la pregunta no tenemos posibilidad de avanzar en este sentido. 
Estoy seguro de que hubiera sido muy interesante escuchar a la Sra. Wulf-Mathies sobre esta cuestión. 
Además, Señorías, ustedes saben que el Sr. Nicholson es muy cumplidor de estas responsabilidades pero entiendo que tal vez la situación de Irlanda del Norte le ha retenido en unos momentos tan importantes y, por qué no decirlo también, tan dramáticos como los que se están viviendo. 
Por lo tanto, dado que su autor no está presente, la pregunta nº 46 decae. 
Pregunta nº 47 formulada por Juan Izquierdo Collado (H-0708/98): 
Asunto: Programa LEADER II en España 
A la luz de la respuesta dada a las preguntas H-380/98, H-383/98, H-384/98 y H-385/98, la Comisión reconoce las dificultades que están atravesando los programas LEADER II, particularmente en España. 
¿Cree la Comisión que esta paralización se justifica por la obligatoriedad del cumplimiento de los planes de convergencia? 
¿Considera una actitud responsable por parte del Gobierno español el incumplimiento del marco financiero del programa LEADER II? 
¿Qué opinión le merece a la Comisión la posición de los Ministros de Trabajo, Economía y Agricultura, que se oponen a cofinanciar las partes del FSE, FEDER y FEOGA-Orientación que pactaron en su momento? 
Señorías, estamos esperando que llegue el Sr. Fischler, que se ha retrasado unos minutos. 
Es comprensible también porque, con anterioridad, esperábamos poder debatir la pregunta formulada a la Sra. Wulf-Mathies. 
Los servicios de la Comisión dicen que está en camino. Lo que no sabemos es si el camino es largo o corto y si en el camino existen dificultades. 
Señorías, el Parlamento es, como dice su propio nombre, para hablar, pero unos minutos de silencio tampoco van mal. 
Hay un poeta catalán, Joan Brossa, que dice que el silencio es algo tan importante que sólo debe romperse para cuestiones más importantes todavía. 
Por lo tanto, les invito a que, mientras esperamos al Sr. Fischler, respetemos ese extraordinario valor que tiene el silencio. 
Le damos la bienvenida al Sr. Fischler, dejamos que se siente tranquilamente, que abra su dossier como corresponde. 
Señor Fischler, le invito a que responda a la pregunta nº 47 formulada por el Sr. Juan Izquierdo Collado sobre el programa LEADER II en España. 
Señor Presidente, Señorías, en su respuesta a la preguntas nº 380, 383, 384 y 385, la Comisión comunicó que conoce las dificultades en la ejecución del programa LEADER II. Estas dificultades se deben, entre otras cosas, a la necesidad de respetar los criterios de convergencia de la Unión Económica y Monetaria. 
Está claro que algunas dificultades se deben a la deficiente participación financiera del Gobierno central pues no está garantizada la prevista cofinanciación por parte del Gobierno central para las intervenciones a realizar en el ámbito de competencias del FEDER y del FSE. 
Este problema retrasa la ejecución de los programas y se debería solucionar teniendo en cuenta los intereses de los grupos de acción locales afectados en el marco de la cooperación entre los Estados miembros, la Comunidad autónoma y la Comisión. 
La Comisión respeta la organización interna de los Estados miembros, por lo que no interviene en la estructura de la administración financiera de los créditos públicos que son necesarios para garantizar la cofinanciación de las diversas iniciativas de LEADER II. 
La Comisión está pues de acuerdo en que la financiación de la que debe hacerse cargo una administración pública sea sustituida por la correspondiente aportación de otra administración pública. 
Además, la Comisión está de acuerdo con la modificación de los planes de financiación para permitir que la reducción de la aportación del Gobierno español se compense con la elevación de las otras participaciones en el marco de los reglamentos sobre cofinanciación de las intervenciones comunitarias. 
Es evidente que cualquier modificación de las decisiones originarias puede conducir a un retraso en la ejecución de una iniciativa de LEADER. 
No obstante, este no es ningún motivo para hablar como hace el señor diputado de una paralización de los programas LEADER II en España. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El Sr. Izquierdo Collado quiere formularle una pregunta complementaria. 
Le daré ahora la palabra advirtiéndole que, además, se me han pedido tres preguntas complementarias más. 
Pero el Reglamento, lamentablemente, sólo me autoriza a conceder dos. 
Por lo tanto, le advierto ya que daré después la palabra al Sr. Camisón y a la Sra. Redondo y, sintiéndolo mucho, no le podré dar la palabra al Sr. Rübig. 
Tiene usted la palabra, señor Izquierdo. 
Señor Comisario, ¿por qué intentamos oscurecer lo que está claro? 
Esta pregunta lleva una solicitud expresa de ayuda a usted por mi parte, y yo le agradezco enormemente su presencia hoy aquí. 
Por tanto, vamos a ir al tema con claridad: hay un programa formidable, mimado por la Comisión y por usted mismo, que se llama Programa LEADER, de inversiones en contextos rurales, precisamente para ayudas vitales para estos contextos, pequeñas empresas, alojamientos turísticos, industrias artesanales, comercialización y valoración de los productos agrícolas, y esto, para esos contextos, está ahogado, parado, sentenciado en España. 
¿Por qué? 
Yo le pido ayuda, le pido que nos ayude a desatascarlo. 
Pero ¿por qué está parado? 
Está parado porque el Gobierno español se niega a financiar lo que ha firmado en el acuerdo de cofinanciación. 
El Sr. Rato, ministro de Economía, dice que no da un duro, una peseta o un ecu a través del FEDER para ese programa; y el Sr. Arenas, ministro de Trabajo, dice que no da un duro ni un ecu precisamente a través del Fondo Social Europeo; y la ministra de Agricultura dice que no cofinancia ni la mitad de lo que tiene firmado. 
¿Usted no nos va a ayudar a desbloquear esta situación tremenda que tiene a los alcaldes absolutamente avergonzados, a los grupos de acción local deprimidos, etc.? 
Señor Izquierdo, no se trata de la generosidad del presidente, se trata del tiempo que usted se autoatribuye; porque yo le he avisado cuando ha llegado el minuto. 
Debo advertirle que el tiempo que ustedes utilizan de más es en detrimento de otras preguntas. 
Por lo tanto, son ustedes los que tienen esta responsabilidad, no yo. 
Señor Fischler, tiene usted la palabra para responder a la pregunta complementaria del Sr. Izquierdo Collado. 
Señor Presidente, señor diputado, creo que en el fondo no existe ninguna discrepancia. 
Tanto usted como yo y la misma Comisión en su totalidad estamos interesados en que los programas LEADER acordados en España se lleven realmente a la práctica. 
Este debe ser el objetivo primordial, pues esto es de ayuda para aquellas iniciativas privadas que quieren ejecutar tales programas. 
También está claro que es necesaria una cofinanciación y que dicha cofinanciación debe realizarse tal como se prevé en las normas para el programa LEADER. 
Pero la Comisión es flexible a este respecto y no exige que tiene que ser exclusivamente el Gobierno central español quien garantice esta cofinanciación. 
Por principio, es también posible- y este es un asunto interno español- que otro ente público garantice esta cofinanciación. 
Una cosa está clara: si no hay un ente que la garantice, todo el programa LEADER estará en peligro. 
Según nuestras informaciones, existe una disposición para que en lugar del Gobierno central otras instituciones públicas se hagan cargo de dicha cofinanciación. 
Si se produce esto, entonces se podrán ejecutar los programas. 
Si no es así, los programas no serán ejecutables. 
Esta es la situación y la realidad y depende de la potestad decisoria de las autoridades españolas en los diferentes niveles. 
Debo intervenir en esta pregunta en un intento de poner sobre el tapete toda la verdad. 
Los grupos de acción local, los GAL, se seleccionaron en 1995- por cierto, durante el mandato del Gobierno español anterior -, y se seleccionaron mal. 
Prueba de ello es su deficiente funcionamiento. 
El LEADER 2 en España no se encuentra paralizado, prueba de ello es que el grado de cumplimiento de 1997 alcanzó el 36 %, que se ha incrementado en 1998. 
En años anteriores a 1996 era prácticamente nulo. 
En la contribución de la administración central no se dotaron en 1995 y en 1996 las correspondientes partidas, tal vez porque se esperaba- erróneamente- la acumulación de ayudas. 
Gran error que quedó al descubierto cuando el Sr. Legras de la DG VI dictaminó que no eran de recibo las acumulaciones de ayudas y ello demuestra que el modelo carecía del mínimo rigor, modelo por cierto de la administración anterior. 
Por cierto, ahora la gran mayoría de las comunidades autónomas ya han reprogramado sus cuadros financieros, a excepción de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha, ¡qué casualidad! 
Señor Presidente, señor diputado, he escuchado su comentario y su apreciación sobre esta situación, pero no he escuchado ninguna pregunta. 
Por tanto, no puedo responder si no se plantea ninguna pregunta. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
Señora Redondo, ¿desea usted formular una pregunta al Sr. Comisario? 
Le digo exactamente si desea usted formular alguna pregunta al Sr. Comisario. 
En ningún caso dejaré que se abra debate entre diputados y, en todo caso, el debate debe ser entre los diputados o diputadas y el Sr. Comisario. 
Tiene usted la palabra para formular una pregunta al Sr. Comisario. 
Yo voy a hacer algunas observaciones al Sr. Comisario pero no voy a abrir aquí ningún debate nacional porque pienso que éste no es el foro adecuado y además el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra ha dado ya las explicaciones pertinentes. 
Agradezco al Sr. Comisario que haya dicho que estos programas se pueden cofinanciar por cualquier entidad pública, y yo en este momento lo vuelvo a repetir porque la cofinanciación no es exclusiva del gobierno central. 
Se pueden cofinanciar también por las entidades regionales competentes y puede ser también añadida la cofinanciación privada, que también está firmada por estos grupos de acción local. 
A mí me gustaría preguntarle al Sr. Comisario si en estos programas LEADER- que en la presentación de la Agenda 2000 él nos ha dicho que son sumamente importantes- esa financiación inicial prevista va a ser incrementada. 
Yo considero que lo importante es abrir la línea presupuestaria pero quizá la dotación se quede un poco baja porque es sumamente importante para el desarrollo de las zonas rurales de todos los países de la Unión Europea, de la Europa de los quince. 
Respecto a la pregunta de la señora diputada Redondo sobre qué intenciones tiene la Comisión en relación con la Agenda 2000 en lo tocante a LEADER, puedo decir que estamos proyectando un programa sucesor para el programa LEADER II. Como esta iniciativa LEADER es tan importante- en lo que coincido con usted- se ha previsto que en el próximo período de planificación para este programa sucesor se pongan a disposición como iniciativa comunitaria más créditos que en el período en curso. 
Muchas gracias, señor Fischler, por su presencia y por sus respuestas. 
Pregunta nº 48 formulada por Ursula Stenzel (H-0670/98): 
Asunto: Recursos propios 
En la Cumbre de Cardiff, los Jefes de Gobierno se comprometieron a tomar una decisión sobre la Agenda 2000 para finales de marzo de 1999. 
A este respecto, Austria pretende impedir un empeoramiento de la posición de los países contribuyentes netos mediante un reparto justo de las cargas netas, el cumplimiento estricto de la disciplina presupuestaria de la Unión, la reserva de un margen claro para los nuevos Estados miembros así como la toma en consideración del carácter temporal del Fondo de Cohesión y su inclusión en la política estructural. 
¿Puede indicar la Comisión si, a la hora de evaluar el sistema de los recursos propios, piensa tener en cuenta los principios citados? 
Señor Liikanen, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Stenzel. 
Señor Presidente, la Comisión es plenamente consciente de las cuestiones que está planteando su señoría. 
Austria no es el único país que estima que su cuota de participación en el presupuesto es demasiado elevada. 
Estas cuestiones, que ya fueron expuestas en la reciente propuesta- respaldada por Austria- para aplicar un mecanismo corrector, son abordadas en el próximo informe sobre los recursos propios de la Unión. 
Al mismo tiempo, cabe hacer hincapié en que las propuestas de la Comisión que se incluyen en el programa de la Agenda 2000 y las reformas de las políticas de la UE pueden llegar a tener una considerable repercusión en la dirección que adopten los gastos comunes entre los Estados miembros. 
Las propuestas de la Comisión se ajustan a una estricta disciplina presupuestaria y a un margen de reserva suficiente para la financiación de la ampliación. 
La Comisión investigará minuciosamente estas cuestiones en su próximo informe sobre los recursos propios. 
Señor Presidente, a mí me interesa solamente la pregunta complementaria sobre si es usted realmente consciente de esta problemática, de que habría que tener en cuenta márgenes para no agotar totalmente este 1, 27 %. 
Dado que va a elaborar un informe sobre los recursos propios durante la Presidencia austríaca y la Comisión tiene el derecho a realizar propuestas, ¿puede realizar su propuesta de tal modo que las discrepancias entre los países del norte y del sur se puedan reducir algo ya en la misma elaboración del informe? 
Señor Presidente, en su proyecto de presupuesto para el próximo año, la Comisión ha partido de la base de que se debe mantener el nivel de gastos por debajo del marco financiero. 
El nivel de gastos presupuestarios para el próximo año se sitúa en un 1, 11 %, mientras que el nivel máximo de los recursos propios de la Unión representa un 1, 27 %. 
También la propuesta de la Agenda 2000 para el período 2000-2006 está estructurada de modo que los gastos no lleguen al límite del 1, 27 %, sino que se persigue que el nivel de gastos de los 15 Estados miembros incluso descienda de aquí al año 2006 hasta un 1, 13 %. 
De esta manera, se intenta garantizar que quede un margen suficiente para la ampliación. 
Todo esto requerirá una adaptación y una estricta disciplina presupuestaria. 
Señor Presidente, yo ya he recibido contestación a lo que quería preguntar. 
Mi pregunta al Comisario es- y ahora vienen cuatro preguntas adicionales- en primer lugar si ya hay una solución acerca de lo que ahora son los propios medios, sobre todo para las mercancías en tránsito de lo puertos y el de Rotterdam en especial. 
En segundo lugar si el Comisario es consciente de que en el programa de gobierno neerlandés se ha anotado un recorte en la contribución de 1, 4 millardos de florines. 
En tercer lugar si la contribución per cápita de la población. 
En cuarto lugar si se ha tenido en cuenta que el Reino Unido ha obtenido un recorte, en cualquier caso un contribuyente neto, y si por tanto eso debería servir también para otros países y si ahora se puede ya considerar aplicable un trato de a frailes tales partes iguales. 
Todas esas cuestiones se plantearán en el informe de la Comisión que se elaborará en la segunda mitad de octubre. 
Por lo que se refiere al reembolso para Gran Bretaña, en Edimburgo el Consejo pidió a la Comisión que informara al respecto y lo haremos en la segunda mitad de octubre. 
En segundo lugar, en el informe figurará también una base para que los Estados miembros evalúen sus gastos. 
Hay sectores en los que resulta más fácil y otros en los que es más difícil. 
Por eso debemos procurar no hablar del juste retour. 
Hay sectores de interés común, pero no se puede hacer la asignación país por país. 
También se facilitará información suficiente a ese respecto. 
En tercer lugar, sobre el efecto de Rotterdam, esa cuestión se ha examinado mucho, como sabe perfectamente Su Señoría, en Holanda y Bélgica recientemente. 
Hemos pedido un estudio especializado y ya se ha hecho. 
No todas las conclusiones han recibido aprobación total por las diferentes partes, pero este informe es una base para un debate suplementario. 
En cuanto a la cuestión de los 1.200 millones de florines holandeses en Holanda, no estoy del todo seguro de haber entendido lo que Su Señoría quería preguntar. 
En cualquier caso, en el informe de la Comisión se responderá al debate sobre la posición de los contribuyentes netos adoptada por cuatro países, en particular: Alemania, Países Bajos, Suecia y Austria. 
Señor Presidente, creo que la Agenda 2000 es un desafío especial para todos nosotros y, sobre todo, para las estrategias de los países que buscan la adhesión. 
Es indudable que se van a plantear unos desafíos muy especiales precisamente a aquellos países que se encuentran en la Unión Europea y a aquellos países que buscan la adhesión y que tienen una frontera geográfica común. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿existen en la estrategia de preadhesión unos enfoques para estos problemas especiales derivados de la proximidad geográfica y, en consecuencia, para encontrar una solución en función de la gravedad de los problemas? 
La Comisión entera visitó Austria hace un tiempo, cuando ese país estaba a punto de hacerse cargo de la Presidencia y se planteó esta cuestión entonces. 
Naturalmente, en todos estos programas, en particular en los relacionados, por ejemplo, con INTERREG y PHARE, es muy importante que se preste atención a las zonas fronterizas. 
Por lo general, allí donde la diferencia en los niveles de vida es mayor es donde se crea la tensión política y económica. 
En la Comisión examinaremos esa cuestión y espero que podamos actuar apropiadamente. 
Pregunta nº 49 formulada por Eva Kjer Hansen (H-0720/98): 
Asunto: Realización de los programas para la democracia 
¿Cómo va a realizar la Comisión los programas para la democracia previstos en el Capítulo B7-70 tras la decisión del Tribunal de Justicia de congelar los fondos para los programas que no tengan un fundamento jurídico? 
Señor Liikanen, le invito a usted a que responda a la Sra. Kjer Hansen. 
Señor Presidente, por lo que respecta a los capítulos del presupuesto que permiten la financiación de medidas en favor de los derechos humanos y la democracia, la Comisión presentó al Consejo el 24 de julio de 1997 un reglamento para fomentar y reforzar la democracia, el principio del Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Hay que hacer también hincapié en que la Comisión se coloca en la posición de órgano legislador al realizar una propuesta de fundamento jurídico. 
La Comisión ha solicitado en numerosas ocasiones a las instituciones competentes, primordialmente al Consejo, pero también al Parlamento Europeo, que agilicen sus trabajos para aceptar los fundamentos jurídicos necesarios a fin de lograr la aplicación de medidas comunitarias de gran importancia. 
Ante la situación desencadenada por la decisión del Tribunal de Justicia, la Comisión ha expresado su deseo de que el proceso legislativo pueda avanzar de la manera más rápida posible. 
A fin de evitar un bloqueo de las actividades comunitarias, la Comisión- que, de conformidad con el Tratado, es responsable de la aplicación del presupuesto- ha aprobado en su reunión de hoy una lista de las actividades que considera que puede continuar financiando, así como otra lista con las actividades para las cuales no se ha podido adoptar hasta el momento una decisión en torno a su continuidad, por lo que se debe proseguir el examen al respecto. 
Estas listas son públicas y está previsto someterlas a debate durante la reunión de hoy de la Comisión de Presupuestos. 
Por lo que respecta a los capítulos presupuestarios destinados al fomento de la democracia y a la protección de los derechos humanos, se han aprobado reglamentos relativos a programas de cooperación regional como fundamentos jurídicos alternativos para los capítulos presupuestarios relacionados con las siguientes regiones: países de la Europa Central y Oriental, terceros países mediterráneos, países de la antigua Unión Soviética y Mongolia, la antigua Yugoslavia y los países en desarrollo de América Latina y Asia. 
En lo relativo al presupuesto de años venideros, la Comisión se ha mantenido en contacto con las dos autoridades presupuestarias, el Parlamento y el Consejo, y hará todo lo posible para que pueda proseguir con agilidad el debate sobre los fundamentos jurídicos a fin de permitir un acuerdo entre las instituciones que resuelva las divergencias que han llevado a la situación actual. 
Para finalizar, desearía añadir únicamente que está prevista la celebración el 17 de julio de un encuentro trilateral entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, y que haremos todo lo que esté en nuestro poder para alcanzar en dicho encuentro un acuerdo a largo plazo. 
Me gustaría darle las gracias al señor Comisario por su respuesta y preguntarle a continuación cómo informará el señor Comisario de su situación a las partes afectadas, tanto a aquellas que figuran en la lista de programas que continúan como a aquellas otras que figuran en la lista de programas que no continúan. 
¿Cómo se enterarán estos afectados de cuál es su situación? 
El caso es que esto afecta muy duramente sobre todo a las ONG porque se saben en una situación problemática e ignoran qué actitud adoptar de ahora en adelante. 
En otras palabras, ¿ha preparado la Comisión alguna estrategia informativa? 
Espero proseguir este debate en la Comisión de Presupuesto, no obstante, quiero pedirle al señor Comisario que explique si los programas de democracia pueden proseguir su curso sin obstáculos. 
Y por último, mi última pregunta al señor Comisario: ¿Cuál es la razón de que el Consejo no haya aprobado la propuesta que la Comisión aparentemente presentó hace ya un año? 
¿Vetan ciertos países en el Consejo, por ejemplo, la continuación de los programas de democracia? 
Convengo totalmente con Su Señoría en que debemos procurar informar a todas las partes interesadas, en particular las ONG. 
Por eso hacemos pública la decisión de hoy por la que se desbloquean gran número de las líneas presupuestarias. 
El próximo intento de encontrar una solución para el fundamento jurídico con el que desbloquear otras líneas presupuestarias se hará el viernes. 
Voy a hacer lo posible, junto con mis servicios, para velar por que todas las ONG interesadas sean informadas en los próximos días. 
Por lo que se refiere al fundamento jurídico, la Presidencia austríaca hizo una gestión muy positiva ayer al plantear la cuestión en el Consejo de Asuntos Generales. 
El Consejo de Asuntos Generales ha encomendado el mandato al Comité de Representantes Permanentes para que intente encontrar una solución para ese problema esta semana. 
A veces no se ha aceptado el fundamento jurídico por cuestiones de comitología y demás. 
Pero espero que la gravedad de la situación, sobre la que muchas ONG de toda Europa han expresado su gran preocupación, presione al Consejo para que actúe más rápidamente a fin de que se acepte el fundamento jurídico propuesto. 
He escuchado con mucha atención tanto las preguntas como la respuesta del Comisario Liikanen. 
Usted sigue remitiendose a los fundamentos jurídicos necesarios para el pago de créditos del presupuesto de la Unión Europea. 
No me puedo sustraer de la impresión de que a las diferentes pequeñas iniciativas que este Parlamento ha tomado, y que precisamente tienen que ver con los grupos más vulnerables a los que las ONG defienden con pequeñas acciones que ciertamente quieren dar un empujón a alguna iniciativa comunitaria, no les será fácil poder llegar a un buen fin con un fundamento jurídico. 
En cualquier caso me parece impensable que para todas esas iniciativas particulares pueda crearse un fundamento jurídico particular. 
¿Tiene el Comisario alguna sugerencia para una solución más bien global de este tipo de problemas de acciones no significativas- pero sé que este es un término controvertido- que, sin embargo, son tan importantes para la actuación de la Unión? 
El Tribunal de Justicia falló que cualquier acción importante debía contar con consignaciones en el presupuesto y también un fundamento jurídico previo. 
En el caso de las acciones importantes, no tenemos otra opción que la de seguir la decisión del Tribunal. 
Pero hay sectores en los que hay más margen para la interpretación. 
Son los siguientes: en primer lugar, las acciones autónomas de las instituciones; en segundo lugar, los proyectos experimentales: y, en tercer lugar, las acciones que preparan el camino para acciones posteriores. 
Hemos estudiado todas las líneas presupuestarias desde ese punto de vista. 
Hemos intentado desbloquear todas las que no nos parecen incompatibles con la decisión del Tribunal. 
Es importante intentar una solución en la Autoridad Presupuestaria y llegar a contar con una definición de las acciones no importantes. 
A ese respecto, los debates entre los servicios han sido bastante fructíferos. 
Esperamos simplemente que en el nivel político ocurra lo mismo esta semana. 
El factor que se debe tener presente es el de que, según la decisión del Tribunal, en esos proyectos experimentales se debe situar la posibilidad de una acción comunitaria posteriormente. 
Así, pues, no pueden ser planes de apoyo permanente. 
Deben ser para la preparación de algo nuevo. 
Si llegan a la conclusión de que se puede hacer algo nuevo, adoptaremos medidas preparatorias y haremos nuevas propuestas legislativas. 
Si la conclusión de los estudios es la de que no es así, las interrumpiremos. 
Pero no pueden ser un fundamento para una actividad permanente financiada con cargo al presupuesto de la Comunidad. 
Sin embargo, espero que el viernes encontremos una solución. 
Señor Presidente, me permito preguntar de nuevo con precisión. 
Señor Comisario, creo que le he entendido correctamente pero quiero preguntarle si la cuestión de la oficina para las lenguas minoritarias que puso en marcha el Parlamento Europeo en el año 1982, está con ello asegurada o si es de la opinión de que un proyecto a largo plazo de este tipo no tiene aún ningún fundamento jurídico y cómo se imagina crear este fundamento jurídico. 
La atención a las culturas minoritarias es uno de los programas más importantes para la democracia dentro de la Unión Europea. Precisamente ante la próxima ampliación, exigimos continuamente a los países candidatos derechos para las minorías. 
Sería bastante grotesco que finalizásemos un programa que ha acreditado su validez desde hace 15 ó 16 años dentro de la Unión Europea y anulásemos la correspondiente línea presupuestaria. 
Para esta línea presupuestaria resulta difícil encontrar una solución. 
La Comisión no ha propuesto un fundamento jurídico, por lo que no podemos acusar al Consejo por no actuar. 
Seguimos estudiando esa cuestión, pero aún no hay una solución para ese asunto, pese a que hemos podido encontrar uno en la mayoría de los casos. 
Señorías, permítanme que agradezca una vez más al Sr. Liikanen sus respuestas y su presencia aquí. 
Pregunta nº 50 formulada por Carlos Carnero González (H-0623/98): 
Asunto: Despidos de representantes sindicales afiliados al sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) en la empresa Fábrica de Bisagras, S.A. 
El 26 de mayo, la empresa FABISA, cuyas acciones pertenecen al grupo alemán EDSCHA, despidió a los trabajadores Gilberto Alonso Poza y Segundo Fernández Pardo, miembros del Comité de Empresa y afiliados a CC.OO. Tal decisión- como ha constatado este diputado al visitar a los despedidos en su acampada de protesta frente a la factoría- ha causado un profundo malestar en amplios sectores de la opinión pública burgalesa, que la consideran una injustificable medida de represión contra significados dirigentes sindicales. 
¿No cree la Comisión que, en el marco de una verdadera política social europea, debe garantizarse plenamente el principio de que los representantes de los trabajadores cuenten con todas las garantías para el libre ejercicio de sus responsabilidades y, consecuentemente, que no puedan ser objeto en ningún caso de medidas coercitivas para la adecuada aplicación de su mandato? 
En esa dirección, ¿no cree la Comisión que la violación de dicho principio tendría que conllevar la anulación de los citados despidos dictados en FABISA? 
Señor Flynn, le doy la bienvenida y le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Carlos Carnero. 
Actualmente no hay una legislación comunitaria sobre los despidos de empleados en general o de representantes sindicales en particular. 
La cuestión planteada por Su Señoría es primordialmente un asunto que atañe a la legislación y la práctica nacionales. 
Sin embargo, en algunas situaciones el Derecho comunitario establece normas que prohíben el despido de un empleado por determinadas razones, tales como la nacionalidad, el sexo, el disfrute de la licencia parental, el traslado de una empresa o la negativa de un trabajador a pasar de un trabajo con jornada completa a otro con jornada parcial o viceversa. 
Si un despido no corresponde a una de estas categorías, esa cuestión es competencia enteramente del Estado miembro de que se trate. 
Si la empresa interesada tiene un Comité de Empresa Europeo o el representante sindical despedido es miembro de un Comité de Empresa Europeo, el artículo 10 de la Directiva 95/45 establece lo siguiente: » Los miembros de Comités de Empresa Europeos y los representantes de los empleados que ejerzan sus funciones de conformidad con los procedimientos a que se refiere el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva disfrutarán en el ejercicio de sus funciones de las mismas protección y garantías concedidas a los representantes de los empleados por la legislación o la práctica nacionales, o ambas, vigentes en el país en que tengan su empleo». 
Así, pues, según la información de que dispone la Comisión en este momento, la legislación española establece una amplia protección contra el despido relacionado con la actividad de un representante de los trabajadores. 
Entiendo perfectamente la respuesta que, de manera tan amable, nos ha ofrecido el Comisario Sr. Flynn. 
Ciertamente conocemos que no existe legislación comunitaria cuya base podría servir para que la Comisión interviniera y diera su opinión ante este tipo de situaciones que contiene la pregunta que he presentado. 
Eso es lo lamentable: que no exista una legislación comunitaria al respecto, porque estamos hablando de cuestiones que sin duda alguna deberían ser el núcleo central de una Europa social, de la posibilidad de que, junto a la moneda única, existieran normas que garantizaran, por ejemplo, a los trabajadores el ejercicio pleno de sus derechos y todavía más a sus representantes sindicales. 
Esta cuestión está siendo sin duda alguna de mucha importancia en Castilla-León. 
Mañana mismo hay convocada una manifestación a la que se han sumado diversos sectores sociales y políticos en la ciudad de Burgos para apoyar a estos trabajadores. 
Ha habido debates en la diputación de la provincia de Burgos y en el ayuntamiento de esa capital. 
Y mi pregunta es, señor Flynn, a pesar de que no exista esa legislación, ¿no cree usted que, en términos globales, podría darse un mensaje desde aquí que incitara a que situaciones como éstas no se repitieran? 
Agradezco que Su Señoría reconozca los límites impuestos a la Comisión en este caso. 
Tiene toda la razón y está claro que no hay legislación comunitaria que establezca normas detalladas sobre la protección de los representantes de los trabajadores contra el despido. 
He tomado nota de su observación y la Comisión está examinando la forma de abordar esa cuestión al llevar a cabo futuras acciones comunitarias en materia de información y consulta a los empleados en general. 
Estoy estudiando ese asunto. 
Pregunta nº 51 formulada por Bernd Posselt (H-0645/98): 
Asunto: Estudios sobre política familiar 
¿Ha encargado la Comisión, tal como propuse en el turno de preguntas del 31 de marzo, un estudio sobre el seguro de vejez de personas que se dedican exclusivamente a la educación de sus hijos? ¿No considera el Sr. Comisario que sería adecuado y merecería apoyo un estudio o un congreso especializado sobre la propuesta de un salario por educación? 
Señor Flynn, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Posselt. 
Como expliqué en mi respuesta a Su Señoría el 31 de marzo de este año, la Comisión es consciente de las tendencias demográficas y los cambios en las estructuras familiares, pero la Comunidad tiene poderes muy limitados en todo el sector de la política familiar. 
La Comisión ha examinado la situación existente en los Estados miembros en relación con la aplicación de la Directiva 79/7 relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los planes de seguridad social impuestos por la ley. 
La directiva es aplicable sólo a la población trabajadora, por lo que las personas que se dedican a criar a sus hijos quedan fuera de su ámbito de aplicación. 
En 1987 la Comisión propuso una enmienda a la directiva para colmar las lagunas en materia de igualdad de trato en la esfera de la seguridad social. 
Esa cuestión está aún pendiente en el Consejo. 
Entre los aspectos abarcados figuran las prestaciones de vejez concedidas a las personas que han criado a sus hijos. 
En los próximos meses la Comisión se propone substituir la propuesta de 1987 por una nueva para modificar la Directiva 79/7. 
Creo que en la nueva propuesta se debe tener en cuenta el equilibrio entre los sexos y la evolución de las estructuras familiares en general. 
Espero que esta respuesta sea de utilidad para Su Señoría. 
Señor Presidente, muchas gracias señor Comisario por su muy precisa respuesta. 
Quiero preguntarle de modo complementario en lo que se refiere a los estudios- sé que la Comisión no tiene competencias directas pero que elabora estudios -, si se podría proyectar por ejemplo un estudio sobre el tema de un salario por educación, tema sobre el que se debate actualmente en la Unión Europea cada vez con mayor intensidad. 
Usted sabe que en mayo se ha celebrado en Francfort un congreso al respecto con el Jefe de Gobierno de Sajonia, señor Biedenkopf, y la Jefa de Gobierno de SchleswigHolstein, la señora Simonis, es decir, por así decirlo, entre los diversos partidos. 
Quiero preguntarle si es posible que se celebre en alguna ocasión un congreso de este tipo o se elabore un estudio a nivel europeo. 
A Su Señoría podría interesarle saber que hemos organizado, en cooperación con la Presidencia austríaca, una importante conferencia sobre demografía y las repercusiones que tendrá en todo el tejido social de la Unión. 
Si bien no va encaminada a examinar concretamente el aspecto a que se ha referido Su Señoría, en octubre se celebrará un debate general y de gran alcance en dicha conferencia sobre toda la cuestión relativa a sus repercusiones en la Unión. 
Por lo que se refiere a la realización de estudios, me temo que la observación formulada por mi colega el Comisario Liikanen es aplicable en concreto también a este caso, a saber, el problema de la línea presupuestaria, en la medida en que la línea sobre proyectos en materia de política familiar está bloqueada actualmente. 
Tal vez si Su Señoría volviera sobre esta cuestión cuando se hayan acordado por fin las cuestiones a que se ha referido el Comisario Liikanen, podríamos estar en mejores condiciones para darle una respuesta más positiva. 
Asunto: Transferencia al Objetivo 3 de créditos del FSE no utilizados en el Objetivo 4 
Al comienzo del actual periodo de programación, había una insuficiencia de créditos para el Objetivo 3, mientras que los previstos para el Objetivo 4 apenas podían adjudicarse. 
Los diputados al Parlamento Europeo pidieron a la Comisión que permitiera a la Comunidad Flamenca la transferencia de créditos del Objetivo 4 hacia el Objetivo 3. 
La Comisión declaró que no podía aceptar esta transferencia dado que los problemas del inicio se solucionarían a la larga. Dejó abierta la posibilidad de prever dicha transferencia cuando se realizara la evaluación provisional. 
En la Resolución del 4 de diciembre de 1997 sobre la política estructural en Bélgica, el Parlamento Europeo observa la subutilización de créditos en el Objetivo 4 y reitera la petición de prever transferencias de créditos en la evaluación provisional para que los recursos no utilizados en el Objetivo 4 se asignen al Objetivo 3. 
A un año del final del actual periodo de programación se evidencia que los créditos disponibles para el Objetivo 4 no se utilizarán, aunque la situación haya mejorado considerablemente, al tiempo que persiste una necesidad de créditos para el Objetivo 3. 
¿Podría la Comisión, teniendo en cuenta las enormes necesidades y el próximo cierre del periodo de programación, autorizar la transferencia de créditos del Objetivo 4 al Objetivo 3? 
Señor Flynn, le invito a usted a que responda a la pregunta de la Sra. Van Lancker. 
Quisiera decir a Su Señoría que el objetivo 4, como sabe, prevé un planteamiento preventivo para mantener el empleo, en particular anticipándose al cambio industrial y en el mercado laboral y también fortaleciendo la estabilidad del empleo mediante la formación y las aptitudes profesionales. 
Así, pues, los programas para el objetivo 4 están directamente en consonancia con el desarrollo de una política activa y preventiva en materia de mercado laboral, de conformidad con la estrategia europea de empleo que el Consejo Europeo formuló recientemente en la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo y, posteriormente en las directrices sobre el empleo que se han aprobado para 1998. 
Los Estados miembros ya han formulado los planes nacionales de acción en materia de empleo para poner en práctica todas esas directrices. 
En cuanto al plan de acción belga, se refiere explícitamente a la intervención del objetivo 4 del Fondo Social Europeo con vistas a aumentar las posibilidades de impartir formación a trabajadores para promover la empleabilidad y desarrollar las posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida: el plan apoya, de hecho, ese punto de vista. 
Dada la importancia que el Consejo Europeo, como también las autoridades belgas, atribuye a la prevención del desempleo, al aprendizaje a lo largo de toda la vida y a la política activa en materia de mercado laboral, la Comisión considera inapropiada una reducción del presupuesto disponible para el objetivo 4 mediante una transferencia al objetivo 3. 
El Comisario sabe naturalmente que yo misma soy también una gran partidaria de los acuerdos europeos acerca del empleo y también una gran partidaria de la prevención. 
Pero, señor Comisario, la razón por la que planteo esta pregunta es la siguiente. No pretendo afirmar que las formaciones en sentido preventivo en Flandes sean las mejores del mundo. 
Hay Estados miembros que lo hacen mejor, pero quiero afirmar que son mejores que la media en Europa. 
Por el contrario, la situación del paro de larga duración en Flandes es especialmente mala, y por eso quisiera ampliar un poco mi pregunta y darle un alcance más general. 
¿Puede el Comisario europeo asegurarme, en vista de que en este período de programación ya no ve espacio para la reconversión y expone también en ese sentido argumentos de contenido, que en el próximo período de programación habrá un poco más de flexibilidad y un poco más de margen con los futuros Fondos Estructurales de los Estados miembros dentro de las prioridades de la Unión Europea para adaptar sus prioridades a una situación específica? 
He de convenir con Su Señoría en que conozco perfectamente su punto de vista y su actitud de apoyo tanto a la estrategia en materia de empleo como al planteamiento preventivo. 
Lo ha manifestado aquí, en la Asamblea, en muchas ocasiones y se lo agradezco profundamente. 
Conozco las dificultades del desempleo de larga duración en la zona de Flandes. 
Lo decisivo es cómo utilizar del mejor modo posible los fondos y abordar precisamente el problema mencionado por Su Señoría. 
Se pueden aceptar gastos hasta el final del año 2001, por lo que queda cierto tiempo para atender el gasto. 
De hecho, entre 1995 y 1997 hubo un gasto real de seis millones de ecus en ese sector determinado. 
Estoy convencido de que, a juzgar por las conversaciones que celebré ayer, sin ir más lejos, el balance pueda llegar a ser superior incluso. 
Teniéndolo en cuenta, junto con la posible situación a lo largo de los dos próximos años, estoy bastante convencido en este momento de que se puede aplicar ese gasto para el fin para el que estaba destinado y en apoyo del propio punto de vista expresado por Su Señoría. 
Más adelante, cuando pasemos a renegociar todas esas cosas, se tendrá muy en cuenta su punto de vista. 
Pregunta nº 53 formulada por Alfred Lomas (H-0653/98): 
Asunto: Racismo en Bruselas 
El 19 de abril de 1998, una electora de la circunscripción del autor de la pregunta, de nacionalidad británica, junto con su marido, de nacionalidad tunecina, que vive con ella en el Reino Unido, y un amigo, ciudadano belga de origen tunecino que se encuentra al servicio del ejército belga, entraron en un bar de Bruselas, Au Laboureur, Place la Constitution, nº 3. 
En el bar, se negaron a servirles una bebida a su marido y al amigo, aduciendo que eran «árabes». 
Notificaron lo sucedido a la policía, pero ésta no tomó ninguna medida, e incluso se negó a darles sus nombres. 
Este incidente provocó un gran malestar. 
¿Instará la Comisión a las autoridades competentes de Bruselas a que tomen medidas en este asunto manifiestamente racista? 
Señor Comisario, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Lomas. 
Su Señoría se refiere a un incidente racista padecido por una ciudadana de su circunscripción y su esposo tunecino. 
Se negaron a servirles en un bar de Bruselas. 
La Comisión y la Asamblea deploran ese incidente. 
Al mismo tiempo, pese a deplorarlo, la Comisión no está en condiciones de adoptar medidas a ese respecto. 
La lucha contra los incidentes racistas es primordialmente competencia de los Estados miembros, por lo que se deben dirigir las reclamaciones a las autoridades nacionales competentes. 
El órgano encargado de esos asuntos en Bélgica, cuya función es muy similar a la de la Comisión para la Igualdad Racial del Reino Unido, es el Centre pour l ' Égalité de Chances et de Lutte contre le Racisme, es decir, el Centro para la igualdad y la lucha contra el racismo. 
Se aconseja a Su Señoría que presente la reclamación de la ciudadana de su circunscripción a ese órgano, que tendrá mucho gusto en acogerla. 
Agradezco al Comisario su respuesta y la utilísima información que me ha dado. 
Naturalmente, haré lo que dice. 
Sin embargo, la CE ha comentado con frecuencia esa clase de asuntos y la Comisión, en particular, ha hecho declaraciones excelentes al respecto. 
Como el Comisario puede tener un poco más de influencia que yo, me gustaría saber, si, además de que yo me haga cargo de ese asunto, podría el Comisario informar a ese órgano- sé que no puede hacer más, no puede injerir en su labor- de que un diputado ha planteado esta cuestión y la Comisión siente inquietud al respecto. 
Debería hacerse una investigación del bar y de la policía y sería útil que el Comisario prestara esa asistencia. 
Agradezco lo que ha dicho Su Señoría. 
Como sabe Su Señoría, vamos a lanzar un amplio debate sobre el artículo 13. 
Espero que con nuestro Plan de Acción podamos dotarnos de un marco jurídico para ver cómo podemos luchar mejor contra el racismo en Europa. 
La última encuesta sobre las actitudes racistas fue muy inquietante y no está de más que conste esto en acta en la Asamblea. 
Cuando se llevó a cabo la encuesta en Bélgica, el 22 % de las personas entrevistadas se consideraron «muy racistas» y el 33 % se consideraron «bastante racistas». 
Así, pues, el 55 % de la población total de Bélgica era bastante o muy racista. 
Eso revela el mucho apoyo que necesitamos para el Plan de Acción propuesto. 
La cifra para Europa en conjunto fue del 33 %. 
Así, pues, una tercera parte de la población total de Europa- 120 millones de personas- se consideran «bastante racistas» o «muy racistas». 
Ello da cierta idea de la necesario que es perseguir incidentes como ése. 
Me complace bastante que uno de los éxitos del año pasado fuera la creación del Observatorio. 
Vamos a poder obtener mejores datos sobre todos esos incidentes- lo que los provoca y, es de esperar, algunas de las causas- para poder abordarlos adecuadamente con arreglo al artículo 13, cuando se haya ratificado el Tratado. 
Sé que es necesaria la unanimidad, pero tengo la intención de presentar, antes de que concluya el mandato de esta Comisión, una propuesta relativa al artículo 13. 
Ni siquiera voy a agotar ese minuto. 
Sé que el Comisario, como defensor de la lucha contra el racismo y la discriminación, es muy consciente de que también en el plano europeo quedan muchas cosas por hacer. 
Lo único que puedo decir al colega Lomas es que, por ejemplo, gracias al dinero de la Comisión Europea, precisamente en Bélgica se han creado proyectos de formación con el centro contra el racismo y por la igualdad de oportunidades en la policía. 
Si le puede ser útil al colega, quiero servirle de ayuda en la presentación de su queja, que a fin de cuentas debería tomarse muy a pecho por el observatorio del que hablaba el Comisario. 
Un aspecto determinado complacerá a Sus Señorías, a los dos. 
En relación con el presupuesto, vamos a poder zanjar la cuestión de nuestro Plan de Acción y de la línea presupuestaria para luchar contra el racismo. 
Muchas gracias, señor Flynn. 
Con esta observación, hemos agotado el tiempo correspondiente al bloque de preguntas formuladas al Comisario Sr. Flynn. Por lo tanto, las preguntas 54 a 57 se contestarán por escrito. 
Según la Comisión, la revisión de la Política Común de Pesca del año 2002 afectará al régimen actual que regula el acceso a la zona de las 6/12 millas. 
El Consejo, antes del 31 de diciembre de 2002 y conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 14 del Reglamento del Consejo, será quien tendrá que decidir sobre el mantenimiento del régimen vigente. 
Sin embargo, en su informe sobre la aplicación del régimen comunitario en materia de pesca y acuicultura del año 1996, la Comisión ha informado al Consejo y al Parlamento Europeo que, a la vista de la situación actual, no parece que se hayan formulado peticiones para modificar dicho supuesto de la normativa comunitaria. 
Asimismo, las respuestas al reciente cuestionario sobre la revisión de la Política Común de Pesca recibidas por la Comisión, parecen confirmar el punto de vista de la Comisión acerca de la necesidad de mantener las actuales disposiciones relativas a los límites de las 6/12 millas tras el 2002. 
Sin embargo, no ha dicho gran cosa. 
¿Podría, por favor, confirmar a la Comisaria si, en caso de que se formule una petición de anulación del límite de 6/12 millas después del año 2002, se decidirá mediante votación por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros? 
Ésa es la primera observación. 
¿Podría tranquilizar también a mis pescadores del norte de Essex y del sur de Suffolk en el sentido de que tendrán libertad para pescar en esa zona hasta el límite de 12 millas después del año 2002, porque ése fue el acuerdo que concertamos cuando Gran Bretaña firmó la Política Pesquera Común? 
En su opinión, ¿cuál es el estatuto jurídico de una carta enviada por Jacques Santer, como Presidente de la Comisión, a Tony Blair, Primer Ministro del Reino Unido, en la que le garantizaba que se mantendría el límite de 6/12 millas después del año 2002? 
¿Tiene un estatuto jurídico y pueden nuestros pescadores basarse en ella ante el Tribunal de Justicia? 
Puedo responder a esas dos observaciones. 
Desde luego, cualquier decisión por parte del Consejo de Ministros de anular el sistema actual se debe adoptar por mayoría cualificada. 
Creo que la carta del Presidente Santer al Primer Ministro Blair significa que la Comisión no hará propuesta alguna al Consejo para cambiar el sistema actual. 
La adopción de decisiones está en manos del Consejo de Ministros y puede anular la disposición por mayoría cualificada. 
Pero la Comisión no va a abogar por ello. 
También yo deseo agradecer a la Comisaria su respuesta. 
Según tengo entendido, en los cuestionarios a que se ha referido y que los representantes del sector en los diferentes Estados miembros devolvieron, había la impresión general de que, si acaso, se podía ampliar el límite de 6/12 millas. 
Me gustaría saber si, dado su deseo de tener en cuenta la consulta al sector y cooperar con éste, podría la Comisión presentar una propuesta para ampliar el límite, pongamos por caso, a 30 millas náuticas en lugar de las 6/12 millas actuales? 
Señor Teverson, Su Señoría sabe perfectamente que el sistema actual es ya una suspensión de la aplicación del Tratado. 
Es cierto que hay un proceso de consulta al sector. 
Aún no hemos analizado todas las respuestas, por lo que no conozco su reacción global. 
Por lo que se refiere a las respuestas que hemos recibido hasta ahora, son partidarias en gran medida- o incluso podría llegar a decir enteramente- partidarias del status quo. 
No voy a comprometerme a nada en esta fase. 
Lo que puedo decir es que no habrá una propuesta de la Comisión para anular el sistema actual, pero más no puedo decir. 
Quisiera agradecer a la Comisaria su habitual forma franca y directa de abordar estas cuestiones que a veces provocan comentarios alarmistas. 
Además de las seguridades sobre el límite de 6/12 millas, ¿tendrá a bien también tener presente la cuestión de la estabilidad relativa, dado que esas son los dos mayores motivos de preocupación de los pescadores? 
Tal vez tenga a bien dar seguridades, por mediación de esta Asamblea, sobre las dos cuestiones, en el sentido de que la Comisión está con los pescadores y contra los alarmistas. 
Tal vez pueda dar una garantía personal. 
Estamos iniciando consultas y no sería adecuado que me comprometiera ahora. 
La mayoría abrumadora de las respuestas recibidas hasta ahora pedían que se mantuviera la estabilidad relativa. 
Ésa es mi opinión personal en esta fase. 
No quiero comprometerme más hoy, porque estamos celebrando consultas y no quiero socavar completamente esa operación. 
Pregunta nº 60 formulada por John McCartin (H-0620/98): 
Asunto: Prohibición de las redes de deriva 
Tras la reciente decisión de prohibir la pesca con redes de deriva en las aguas comunitarias, ¿ha elaborado la Comisión alguna propuesta relativa a algún tipo de compensación para las personas dedicadas a la pesca del atún que están a punto de perder sus medios de subsistencia como resultado de esta decisión? 
Señora Bonino, le invito a que responda a la pregunta del Sr. McCartin. 
Señor McCartin, creo que la mejor respuesta que puede dar la Comisión al respecto consta en la declaración conjunta del Consejo y de la Comisión, aneja al acta de la reunión del Consejo de los ministros de Pesca del pasado 8 de junio, que dice textualmente así: » Al objeto de facilitar la reconversión en los mismos stocks, pero con artes de pesca más seguras, más selectivas y económicamente más convenientes, el Consejo y la Comisión han acordado que es necesario prever, a escala comunitaria, una serie adecuada de acciones y de medidas de acompañamiento específicas en favor de los pescadores embarcados y de los propietarios de buques de pesca. 
La medidas en cuestión, sin embargo, deben seguir siendo excepcionales e insertarse en el contexto del presupuesto de los actuales programas estructurales de los Estados miembros afectados. 
En particular, las medidas de acompañamiento comprenderán: la transformación de los buques de pesca con vistas a su conversión hacia técnicas de pesca más seguras y más selectivas, principalmente de las mismas especies y excluyendo las especies explotadas en exceso; compensaciones para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del cese de la actividad de los pescadores embarcados y de los propietarios de los buques de pesca; la conversión de los pescadores hacia actividades distintas de la pesca o su recualificación; la intervención de los buques de pesca que practiquen la pesca con redes de deriva». 
Es todavía prematuro facilitar datos más precisos acerca del carácter concreto de las medidas de acompañamiento, ya que, actualmente, las mismas son objeto de conversaciones bilaterales con las autoridades competentes de los Estados miembros que, por su parte, están consultando a los profesionales del sector. 
En consecuencia, por el momento, es imposible adelantar un juicio sobre las conclusiones de estas conversaciones y menos aún sobre lo que la Comisión va a proponer al Consejo. 
Es muy probable que las medidas en cuestión estén en línea con la medidas relativas a la pesca del pez espada, es decir, contemplarán unas compensaciones para los propietarios de buques de pesca y los pescadores tanto si abandonan la pesca definitivamente como si continúan la pesca del atún blanco con otras artes. 
Obviamente, y conforme al artículo 43 del Tratado, el Parlamento será consultado sobre la propuesta legislativa. 
Quisiera agradecer a la Comisaria su respuesta. 
¿Conviene la Comisaria en que existe considerable descontento entre los pescadores participantes que se consideran desplazados no por programa de conservación científicamente fundamentado alguno, sino simplemente por razones políticas, para permitir que exploten las capturas otros que tienen una diferente forma tradicional de explotar las poblaciones de peces? 
No acabo de entender si existe la propuesta de aportar nuevos fondos a fin de compensar a los pescadores desplazados o si lo que la Comisaria dice es que los gobiernos de los Estados interesados- ya sean Francia, el Reino Unido o Irlanda- deben proponer un programa de compensación utilizando los recursos ya asignados y que no se dispone de nuevos fondos y recursos. 
La respuesta es que sí. 
No hay nuevos fondos, pero existe la posibilidad de utilizar los fondos actualmente disponibles en los Estados miembros, de reprogramar los fondos actuales. 
Estamos examinándolo con las autoridades. En realidad, creemos que para Irlanda, el Reino Unido, Francia, etc., teniendo en cuenta la media gastada hasta ahora, hay margen, la verdad, para sufragar esos nuevos gastos. 
He de decir que el presupuesto establece un 50 % para algunos Estados miembros y un 75 % para Irlanda. 
Estamos examinando ese cálculo con cierto detalle. 
Pero permítaseme asegurar a Sus Señorías que existe una forma de renegociar y reprogramar el fondo actual. 
Existe gran confianza- acertada o erróneamente- en que las flotas que faenan con redes de deriva en el Atlántico desaparecerán a consecuencia de este reglamento comunitario que ahora se ha acordado. 
¿Confía la Comisaria en que las flotas mediterráneas que faenan con redes de deriva desaparezcan también y deje de haber flotas que faenen con redes de deriva en el Mediterráneo en aguas de la UE, como vamos a hacer ahora en el Atlántico? 
¿Habrá de verdad igualdad en la imposición de la aplicación del reglamento en las aguas europeas? 
No sé si todos los mares tendrán el mismo tratamiento, pero confío en que toda la flota europea recibirá el mismo tratamiento. 
No puedo prohibir la utilización de redes de deriva por buques con pabellón japonés o de otra índole. 
Ésa es otra dinámica que está ahora en examen en el CGPM, del que la Comisión ha pasado a ser miembro recientemente. 
Pero, por muchas razones, una de las cuales es los incentivos financieros, confío en que antes de que expire el plazo del 1º de enero del año 2001, incluso los pescadores del Mediterráneo comprenderán por fin que es incluso más conveniente para ellos aprovechar esta oportunidad. 
No tengo razones para dudar de la eficacia de la imposición de la aplicación, aunque quisiera subrayar una vez más que, si bien la Comisión se mantendrá muy vigilante, la imposición del cumplimiento de los reglamentos es primordialmente un cometido de los Estados miembros. 
Pregunta nº 61 formulada por Birgitta Ahlqvist (H-0644/98): 
Asunto: La pesca del salmón en las aguas de la zona del río Torne 
La Comisión finosueca de aguas fluviales fronterizas ha prohibido la pesca del salmón en el río Torne a pesar de que las aguas de esta zona son todas de propiedad privada. 
Las reservas de pescado son abundantes y hay sitio para todos, tanto turistas como pescadores. 
Nunca había habido tanto salmón en estas aguas como ahora. 
La Constitución sueca garantiza la inviolavilidad de los derechos de propiedad privada, que inexplicablemente no se respetan en este caso. 
Además, la pesca tiene importancia económica para los que la practican y es económicamente rentable. 
Es una ocupación tradicional que está desapareciendo como resultado de la prohibición. 
Habida cuenta de que la política regional de la UE tiene como objetivo, entre otras cosas, la creación de empleo en sectores que favorecen un desarrollo sostenible (y la pesca del salmón en la zona del río Torne satisface ambos criterios) , ¿qué piensa la Comisión que se debe hacer? 
Señora Bonino, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Ahlqvist. 
La Comisión finosueca de aguas fluviales ha prohibido la pesca del salmón en las aguas de los ríos, en virtud de la resolución aprobada por la Comisión Internacional de Pesca en el Mar Báltico de 1997 que invita a todos los Estados ribereños a que apliquen una moratoria para la pesca del salmón en las aguas interiores, en el ámbito de la estrategia para restablecer las reservas, el llamado plan de acción para el salmón. 
Quiero recordar que dicho plan de acción es una iniciativa que la Comunidad Europea, tras un amplio debate con los Estados miembros, ha emprendido con el objetivo de ponerla en práctica en todas sus partes. 
Hay que tener en cuenta asimismo que el salmón es un pez que emigra del mar donde se nutre a las aguas dulces interiores donde se reproduce y que, por lo tanto, para protegerlo a lo largo de todo su ciclo biológico, es necesario adoptar disposiciones en relación con las aguas costeras y las aguas interiores que integren las medidas adoptadas para alta mar en que, en consecuencia, las capturas se han reducido a la mitad respecto al año 1993. 
En los ríos en los que las reservas de salmón están casi agotadas, la moratoria tendrá que cumplirse plenamente durante algunos años, mientras que en los demás ríos se podrán autorizar gradualmente niveles de captura muy prudenciales, en cuanto los expertos nos confirmen la mejora del estado de las reservas. 
Desearía expresar mi agradecimiento a la Comisaria Bonino por haber ofrecido una respuesta que verdaderamente no me esperaba. 
Tal como yo la interpreto, la decisión que ha adoptado la Comisión finosueca de aguas fluviales fronterizas se basa en anteriores disposiciones de la UE. 
Así pues, no se trata de una cuestión nacional, sino de una cuestión de la UE. 
Esto representa un grave problema allá arriba, en el río Torne. 
Si no se hace nada a este respecto, se va a producir un conflicto fronterizo muy, muy grave. 
Y yo me pregunto si en la Unión no se puede de alguna manera repartir el salmón de manera equitativa entre Suecia y Finlandia, que son los dos países a los que afecta esta situación. 
Señora Ahlqvist, le puedo asegurar que se están llevando a cabo negociaciones y debates sobre la pesca del salmón en los ríos con los dos Estados afectados. 
Yo me he referido, en términos de procedimiento, a la decisión adoptada por la Comisión Internacional de Pesca en el Mar Báltico. 
Es cierto que dicha comisión se ocupa de regular la pesca en las aguas internacionales, pero, habida cuenta de que el salmón remonta los ríos para reproducirse, pensamos que lo más adecuado era implicar también a la Comisión del Mar Báltico. 
Dicho esto, está claro que la Unión no está escatimando esfuerzos en el diálogo con los dos Estados miembros para alcanzar una solución, posiblemente de acuerdo con ambos, al objeto de evitar las divergencias a las que ha hecho referencia su Señoría. 
A pesar de que se trata de una situación francamente bastante difícil, la Comisión, sin embargo, tiene esperanzas de llegar a una solución consensuada. 
Señor Presidente, me alegra que la Comisaria Bonino haya constatado muy oportunamente que el salmón salvaje se ha recuperado en muchas zonas del mar Báltico, y ella conoce muy bien la situación, sabe que tenemos numerosos y difíciles conflictos de carácter regional, así como conflictos motivados por las distintas especies de peces; es decir, no se trata tanto de un conflicto fronterizo entre Suecia y Finlandia, como de un conflicto regional. 
Ya que sabemos que es una cuestión difícil, me pregunto cuánto tiempo considera la Comisaria que debe continuar todavía el plan de acción del salmón con las rigurosas restricciones actuales. 
Por otro lado, según tengo entendido, existe un plan para cortar las aletas de los peces a fin de permitir distinguir los salmones salvajes de los procedentes de criadero. 
¿Tiene previsto la Comisión seguir adelante con este plan? 
Finalmente, me planteo si la Comisión no podría adoptar alguna medida para reforzar la posición de la actividad pesquera profesional, ya que se le han puesto las cosas verdaderamente muy difíciles. 
En las costas finlandesas del golfo de Botnia apenas quedan algunos ejemplares de salmónidos. 
La cantidad de capturas en el mar se ha reducido a la mitad, o sea, al 50 % respecto a 1993, al objeto de tratar de restablecer las reservas. 
La moratoria, por ahora, se ha cumplido. 
Naturalmente, la Comisión está dispuesta, por decirlo de alguna manera, a suavizar su posición en cuanto los científicos nos comuniquen que se ha restablecido el equilibrio de las reservas. 
Por ahora, sin embargo, la Comisión no dispone de informes científicos oficiales que indiquen la recuperación de las reservas en las aguas fluviales. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
Señorías, son las 7 de la tarde, hemos agotado el tiempo que el orden del día destina a las preguntas a la Comisión. Por lo tanto, las preguntas núms. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.00 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Hacia un desarrollo sostenible 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del Informe (A4-0275/98) de la Sra. Dybkjaer en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto, aprobado en el Comité de Conciliación, sobre la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0382/98-96/0027 (COD) ) relativa a la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible " Hacia un desarrollo sostenible». 
Señora Presidenta, hoy nos enfrentamos al resultado de un trabajo que se ha prolongado a lo largo de dos años y medio, y me gustaría comenzar agradeciendo a los señores miembros de la Comisión de Medio Ambiente su muy activa participación. 
Permítaseme recordar brevemente la historia. En la comisión discutimos seriamente si debíamos devolverles con cajas destempladas la propuesta de la Comisión relativa a una evaluación del quinto programa de acción medioambiental. 
Así de insatisfechos estábamos con ella. 
Una mayoría de la comisión pensó, sin embargo, que este método retrasaría todo el proceso y que había pocas garantías de que obtuviéramos una propuesta mejor. 
Optamos en consecuencia por seguir trabajando en el texto, utilizando entonces al máximo la influencia del Parlamento. 
El resultado fue que en las votaciones salieron adelante alrededor de cien enmiendas. 
Hicimos algo poco frecuente antes del pleno. 
Acordamos asegurar el control del proceso y antes retiramos cincuenta de las propuestas. 
Es poco probable que algo así haya sucedido antes en la historia del Parlamento, no obstante, la estrategia tuvo éxito. 
Logramos sacar adelante en las votaciones las enmiendas que más nos interesaban. 
Ni al Consejo ni a la Comisión les gustaban lo más mínimo nuestras enmiendas. 
Pocas fueron las que pudieron ser aceptadas y tuvimos en consecuencia que volver a presentarlas casi todas en segunda lectura, logrando aprobar la mayoría. 
Y ahora viene mi mayor agradecimiento, mi agradecimiento a la Presidencia británica. 
Su voluntad para negociar, su flexibilidad y profesionalidad han tenido por resultado que juntos hayamos podido alcanzar este resultado razonablemente bueno. 
El comienzo, de todas formas, fue difícil. 
Sólo tres de nuestras enmiendas podían ser aceptadas por el Consejo, sin embargo, la cosa mejoró. 
Y también, muchas gracias en último término a la Comisión. 
Pasó mucho tiempo antes de que se unieran a nosotros, pero esto al final se produjo. 
El resultado es, por supuesto, un compromiso. 
El Parlamento Europeo hubiera preferido ver cómo todas sus enmiendas eran aceptadas sin ser modificadas, no obstante, no vivimos en las nubes, sino con los pies en el suelo. 
¿Y qué es lo que hemos alcanzado? 
El programa, en un plano general, se ha hecho más vinculante jurídicamente. 
Ha quedado recogido que los nuevos Estados miembros, Austria, Suecia y Finlandia, no se verán obligados a disminuir el nivel de exigencia de sus normas medioambientales al final de sus períodos de transición, tampoco si la Unión Europea no logra poner en práctica lo prometido, es decir, un aumento en la exigencia de las normas comunitarias actuales. 
Aparece reflejado claramente y de modo evidente en el programa que la adecuación de la legislación comunitaria debe producirse teniendo en cuenta que las normas más elevadas de los nuevos Estados miembros pueden mantenerse y que todo esto se produzca a la vista de todos. 
Sin embargo, con la próxima ampliación de la Comunidad, los problemas relacionados con el medio ambiental seguirán con signo inverso. 
Cuando lleguen los países de Europa Central y Oriental, es importante asegurar que la dinámica y la perspectiva no desaparezcan. 
Los nuevos países deben cumplir las normas en vigor y las venideras, y nos hemos asegurado que la Comunidad ayude a éstos a asumir esta considerable tarea. 
Solos no pueden. 
La posición del Parlamento ha sido siempre que la Unión Europea debe asumir un liderazgo en el desarrollo sostenible en el plano global. 
Esto queda subrayado en el programa de actuación y, sobre todo, debe hacerse más en favor de que la OMC comience a tomar en serio la cuestión del medio ambiente. 
Sin embargo, de nada serviría si no se controlara de hecho el cumplimiento de la legislación. 
El Parlamento ha reforzado las disposiciones del programa relativas a la puesta en práctica y la vigilancia de las normas comunitarias. 
Además, la Comisión debe elaborar un informe sobre las normas mínimas comunes a utilizar en las inspecciones de carácter medioambiental en los diferentes países. 
También debe hacerse público lo bien o mal que lo hace cada país a la hora de cumplir los requisitos en materia medioambiental. 
Pueden mencionarse muchas otras cosas que también han sido puestas en práctica, sin embargo, para acabar esta enumeración, diré que, como ingeniera química ya mayor, no puedo dejar de alegrarme de que las sustancias químicas no sean sencillamente mencionadas como en el texto originario del Consejo, sino que se haya quedado fijada la necesidad de elaborar un plan de actuación detallado, de modo que podamos disponer rápidamente de una evaluación de todas las sustancias químicas, al igual que se concede especial importancia a una mayor vigilancia sobre la eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes (POP). 
En resumidas cuentas, me parece bien que el Parlamento dé a conocer su actuación. 
No sólo hemos mejorado considerablemente el quinto programa de actuación en materia de medio ambiente. 
También nos hemos preocupado de que toda la revisión haya sido un proceso abierto en el que muchos intereses se han dejado oír. 
El Parlamento Europeo es la institución verde de la Unión Europea y el Parlamento Europeo es diferente. 
Evidentemente, el resultado al que hemos llegado no le permitirá al programa convertir a la UE en sostenible pasado mañana. 
Se trata- como dije- de un compromiso, sin embargo, un compromiso claramente encaminado en la dirección correcta. 
El resultado quizá no sea razón suficiente para descorchar una botella de champán. 
Por otro lado, es tan bueno como para justificar un vaso de buen vino tinto. 
Y a continuación, deberemos tomarnos un café bien cargado, pues es en este momento en el que los resultados deben ponerse en práctica. 
¿Qué valor tiene un programa de actuación si no se pone en práctica? 
Contemplemos el quinto programa revisado de actuación en materia de medio ambiente como un simple paso encaminado hacia un desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores, el que hoy podamos estar hablando sobre la aprobación de la decisión sobre un desarrollo sostenible y respetuoso del medio ambiente a través del Comité de Conciliación entre el Consejo y el Parlamento se lo debemos a la tenacidad- una palabra que me suena mejor que persistencia- de la ponente, la Sra. Lone Dybkjaer, y del presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Kenneth Collins. 
Mediante esta tenacidad y con mucha sagacidad han conducido al Consejo a abrirse a las ideas del Parlamento y a aceptar las propuestas de un modo mucho más omnicomprensivo del que se hubiera podido esperar al comienzo de las negociaciones y, sobre todo, al comienzo de la primera lectura. 
Por ello les doy las gracias en nombre de mi Grupo. 
Para todo aquel que se ocupa de cuestiones medioambientales está claro que este programa puede ser el principio del desarrollo sostenible de la Unión Europea. 
Por ello celebro especialmente que ya en la declaración de objetivos se incluya este 5ş programa de acción, que después del 2000 puedan ser requeridas otras medidas y objetivos prioritarios para que la acción de la Comunidad no pierda su impulso y para que, naturalmente, también nos sea posible involucrar a los candidatos a la ampliación en este proceso medioambiental. 
Si se mencionasen todos los puntos en los que ha habido unanimidad y que pueden contribuir a la mejora de la legislación medioambiental necesitaría mucho más tiempo del que dispongo. 
Por ello sólo me es posible expresar algunas cuestiones esquemáticamente. 
Es especialmente importante que se inserte de forma más enérgica la política medioambiental en la política agrícola, y por esto estoy también muy agradecido a la Comisión porque esta declaración adjunta sobre la Política Agrícola Común pueda encontrarse en la decisión del Comité de Conciliación. 
También debo estar agradecido a la Comisión por otra declaración, según la cual va a realizar propuestas sobre como se podría regular legalmente la responsabilidad medioambiental. 
En esta Asamblea hablamos con frecuencia sobre ello, y con toda seguridad, se acabará por editar un libro blanco, sobre el que podríamos debatir y en el que podríamos incluir adecuadamente las diferencias nacionales, de modo que finalmente pudiéramos alcanzar una buena directiva para toda Europa sobre la responsabilidad medioambiental. 
También considero muy importante señalar que también en cada Estado miembro se debe introducir un green accounting, de modo que solicitandoselo a cada Estado miembro pudiéramos llevar en la Unión Europea una contabilidad medioambiental- una expresión poco afortunada en alemán. 
Esto es aun más importante desde que precisamente allí donde también podemos integrar la protección del medio ambiente de una forma favorable desde el punto de vista del coste, en los procesos empresariales, en las infraestructuras de saneamiento, sería muy provechosa esta integración de una contabilidad verde y muy positiva para la transposición de leyes medioambientales. 
Transposición, una palabra clave. 
También debemos tener un mejor control- la Sra. Dybkjaer ya lo ha dicho -, y eso llevaría a que, finalmente, y esto podría asegurarse más firmemente que antes en el Comité de Conciliación, consiguiésemos una mejor protección de la salud. 
No queda tiempo para enumerar todo. Sólo quisiera terminar con un asunto. 
Muchos de nosotros, que nos ocupamos de cuestiones de globalización, de comercio internacional observamos lo difícil que todo resulta cuando en el marco de la OMC no se tratan suficientemente las cuestiones de medio ambiente, las cuestiones de prevención. 
También ahora aparece en el texto un punto según el cual la Comisión se va a seguir esforzando en las negociaciones que ya deberían estar finalizadas dentro de dos años y que por lo menos estarán entonces muy avanzadas. 
Le doy las gracias de nuevo a todos los implicados. 
Aunque sólo sea un pacto, seguro que es un pacto con el que vamos a seguir avanzando en materia de medio ambiente. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, muy estimada señora Ponente, cuando se conoce la forma tan intensiva y magnífica en la que ha luchado Lone Dybkjaer en su informe, uno se siente un poco triste porque el Informe Dybkjaer fue mucho mejor anteriormente, pero hay que aprender que los pequeños pasos que se dan aquí en Europa, en materia de medio ambiente, deben ser bienvenidos en el Parlamento Europeo con agradecimiento. 
Quizá estos pequeños pasos puedan ser seguidos de forma efectiva por todos los Estados miembros. 
Europa también es eso. 
El texto común del Comité de Conciliación contiene la indicación de que los nuevos Estados miembros- Suecia, Finlandia y Austria- no necesitan rebajar sus normas medioambientales. 
Hasta ahí, muy bien, y estoy completamente de acuerdo. 
Naturalmente que sería catastrófico que la Unión intentase obligar a los nuevos Estados miembros a suavizar sus normas medioambientales. 
Esto, con seguridad, no ocurriría de esa forma. Pero se pone sobre la mesa de otro modo. 
Señora Comisaria, ¿no se llegó a discutir si se iba a verificar, si se iba a comprobar si la Unión iba a ser capaz de asimilar las normas ambientales más estrictas de los tres nuevos Estados miembros? 
¿Y no se llegó hablar de que usted misma, personalmente- lo cual también se lo creo- intentaría aplicarse aquí y presentar un éxito en casa? 
En una ocasión escuché a un funcionario de la Comisión decir que no debería haberse hablado de forma tan concreta con cada país. 
Debería haberse sabido que esos países no iban a poder adoptar nuestras normas ambientales, ˇcómo entonces siquiera buscar unas negociaciones! 
Un caso clásico de obediencia precipitada. 
Me parece lamentable para la Comisión, lamentable, señora Comisaria, le tengo en gran estima, pero esperaba un poco más de usted. 
¡También es lamentable para la Unión y lamentable para los ciudadanos de Europa! 
Presidente, el Parlamento ha conseguido, nuevamente, un fantástico logro para el medio ambiente y para el ciudadano europeo con los resultados de este procedimiento de codecisión sobre la revisión del programa de acción del medio ambiente. 
Reconozco que ha sido un procedimiento muy dificultoso, pero si dirigimos nuestra mirada hacia el resultado de la intervención seguro que ha merecido mucho la pena. 
Es la segunda intervención dentro de la Presidencia británica, en la que el Parlamento ha podido ejercer mucha influencia en el resultado final, y con la que nosotros podemos estar también muy satisfechos. 
Me refiero al programa de combustible para los automóviles, y ahora a la reforma del quinto programa de acción del medio ambiente. 
Quisiera felicitar a la ponente, Sra. Dybkjaer. 
Desde cerca he experimentado cuánta energía ha empleado hasta conseguir, para el ciudadano y para el medio ambiente, una excelente reforma del quinto programa de acción del medio ambiente. 
Todos mis elogios por ello. 
Es muy importante que el Parlamento agudice la vigilancia del cumplimiento de la legislación comunitaria. 
El artículo 4, que trata acerca de la aplicación y mantenimiento de la legislación, se ha replanteado minuciosamente y se ha ajustado a las enmiendas del Parlamento. 
Quiero hacer hincapié en que son los Estados miembros, sobre todo, los que tienen que tomar la responsabilidad cuando se trata de vigilar, pero también la Comisión tiene que mejorar la vigilancia del cumplimiento de la ley por medio de una red europea de inspectores del medio ambiente. 
Estoy satisfecho también de que la Comisión, con apoyo del Parlamento, haya sido clara en sus intenciones con respecto a la integración de los objetivos del medio ambiente dentro de la política agrícola común. 
Esto es muy importante para un futuro duradero de Europa. 
Se tienen que llevar a cabo, tan rápido como sea posible, las reformas imprescindibles para una agricultura sostenida. 
Yo mismo haré propuestas concretas en el marco de los presupuestos, para integrar los objetivos del medio ambiente en la política agrícola común. 
Tengo que dirigir mi mirada también a mi propio país que no aprovecha la ocasión- estoy pensando en el decreto de agricultura y de medio ambiente 2078/92- para hacer que la agricultura sea más respetuosa con el medio ambiente por medio de la cofinanciación. 
Para finalizar, es muy importante que los últimos países integrantes en la Unión Europea, Austria, Finlandia y Suecia, tengan la garantía de poder mantener sus estrictas normas de medio ambiente. 
Me gustaría concluir preguntando a la Comisión qué preparativos está haciendo ahora para dar al programa de acción del medio ambiente un nuevo punto de partida. 
Señora Presidenta, me adhiero a las palabras de la Sra. Flemming. 
Nos pareció en la primera y la segunda lectura que su informe, señora Lone Dybkjaer, era estupendo y un verdadero rayo de esperanza para el Parlamento Europeo. 
Pero, ¿no hemos votado favorablemente el resultado del Comité de Conciliación precisamente por las razones expuestas? 
Creemos que no merece una copa de vino, si no como mucho un vaso de sifón porque ¿qué queda de los diez puntos que presentó el Parlamento? 
¿Dónde podemos encontrar la promesa de que por fin llegará el libro blanco o- lo que es más importante- de que finalmente tendremos una legislación sobre la responsabilidad medioambiental? 
Desde hace años estamos siendo alimentados con promesas por la Comisión- me temo que durará hasta el día del juicio final- y todo continua igual. 
Como acaba de decir la Sra. Flemming: ¿dónde está la afirmación de que, de una vez, vamos a ver la legislación de los tres nuevos Estados miembros y también adoptar todo lo bueno que contienen? 
Obtendríamos toda un serie de beneficios. 
O ¿dónde queda, lo que nosotros en tanto Parlamento pedimos, el plan de gestión de residuos radiactivos? 
Nada de esto se incluye en el resultado. 
Por ello creo que la Sra. Bjerregaard, que se refirió a nosotros en relación con el quinto programa de acción como un Parlamento de dibujos animados, continuará riéndose de nosotros. 
Me hubiera gustado conocer qué es lo que concretamente se hará con la responsabilidad medioambiental, qué es lo que la Comisión planea sobre nuevas cuestiones. 
Nosotros mucho nos tememos, y por eso hemos votado en contra, que para la protección del medio ambiente el resultado es paupérrimo. 
Señora Presidenta, en febrero de 1996 el Parlamento recibió el texto de la Comisión acerca de la revisión del quinto programa de acción del medio ambiente. 
Hoy estamos tratando el resultado de la intervención. 
Han pasado dos años entre una cosa y otra, y eso es mucho tiempo para un programa de acción que finaliza en el año 2000. 
En otra ocasión se deberá hacer todo lo posible para acelerar el proceso, porque si no el programa volverá a transcurrir detrás de los hechos. 
Estamos muy contentos con el contenido del proyecto de texto común. 
En el texto final se pueden incluir muchas conclusiones del Parlamento Europeo. 
De esta manera el texto se hace más sólido. 
Mis felicitaciones a la ponente y a los restantes colaboradores de la intervención. 
Es una lástima que no se haya incluido nada más en el campo de la agricultura. 
Naturalmente tenemos la Agenda 2000, en la que la política de medio ambiente ocupa bastante más espacio, pero todavía tenemos que esperar su desarrollo. 
Estamos muy contentos por el hecho de que se le haya dado prioridad a la mejora de la fase de ejecución de la legislación del medio ambiente. 
Este es un terreno, realmente, al que hay que prestar mucha atención en los próximos años. 
La Comisión parece estar, últimamente, más cerca del asunto, pero se puede hacer mejor. 
Me parecieron muy bien los suplementos del Parlamento en el proyecto de texto común sobre esta prioridad. 
Principalmente es importante el uso de los instrumentos legales que tiene la Comisión para animar a los Estados miembros. 
Es francamente vergonzoso ver cómo se traspasan los plazos establecidos para la transformación de la legislación del medio ambiente. 
Dejemos a los Estados miembros que acudan más frecuentemente al Tribunal, para explicar por qué es tan difícil transformar las leyes, a lo mejor así se dan más prisa. 
Señora Presidenta, deseo agradecer muy cordialmente a la ponente del informe, la Sra. Dybkjaer, que haya sabido abordar claramente la siguiente cuestión: los tres últimos países en incorporarse a la Unión no deben sufrir las consecuencias derivadas de la manifiesta incapacidad de la Unión Europea para cumplir su parte del acuerdo. 
Cuando se produjo la adhesión de los tres nuevos Estados miembros, se acordó que la Unión Europea modificaría su propia legislación para ajustarla al nivel de los nuevos miembros, de manera que el período de transición no resultara perjudicial para estos Estados. 
Al mismo tiempo, se garantizaría un nivel más elevado para la Unión Europea en el ámbito medioambiental. 
A este respecto queda verdaderamente aún mucho por hacer. 
El Parlamento Europeo ha actuado con decisión en este sentido, y el resultado de este comité de conciliación no es sino una buena prueba más de esta circunstancia. 
Si bien la Agenda 2000 constituye un importante instrumento, merece la pena recordar que cuando exigimos ahora, con toda justificación, que los futuros Estados miembros deberán acatar con motivo de la próxima ampliación las disposiciones más estrictas de la UE- o más estrictas al menos para estos nuevos países -, también deberemos velar por el cumplimiento por parte de la Unión Europea de los acuerdos y compromisos que ella misma ha contraído. 
Precisamente con ocasión de esta futura ampliación, debemos preocuparnos por que no se menoscabe la legislación medioambiental de la Unión Europea, y por mejorarla en todo momento. 
En este informe, creo que merece la pena prestar atención al hecho de que se deben respetar los compromisos que ya existen en la actualidad. 
Señora Presidenta, al leer el informe final de esta conciliación, la decepción resulta obvia. 
En efecto, tras las importantes declaraciones que pudimos escuchar en el seno de la comisión y la afirmación de que el documento presentado por la Comisión era absolutamente inaceptable, ahora nos encontramos ante un texto que, a pesar de que aborda el desarrollo sostenible, plantea como mucho una hipótesis de desarrollo compatible entre el medio ambiente y el sistema productivo actual. 
Todo ello, naturalmente, sin poner en discusión opciones insostenibles que destruyen los recursos naturales, y sin instrumentos concretos para convertir en operativas las pequeñas posturas aperturistas incorporadas a raíz de las acciones del Parlamento Europeo. 
Sirven de ejemplo: la agricultura, pero, al mismo tiempo, la Agenda 2000 que incumple estos requisitos. 
O el hecho de que en el documento sobre la agricultura no se habla de organismos manipulados genéticamente. 
En materia de radioactividad acaba de intervenir la Sra. Breyer. 
En cuanto al tema de los consumidores, se ha hablado de etiquetado que debe garantizar el proceso, sin embargo, en realidad, hemos comprobado que nada de todo esto ha quedado reflejado en lo que a los productos transgénicos se refiere. 
Han sido tan sólo unos ejemplos, pero, ¿para decir qué? 
Que de una propuesta en favor del desarrollo sostenible hemos pasado a una propuesta dirigida, como mucho, a mantener el statu quo. 
Las modificaciones al texto originario son meros embellecedores y no alteran su sustancia. 
Por lo tanto, no se puede decir que ha quedado reflejado el espíritu con que el Parlamento Europeo ha tratado de llenar de contenido una propuesta vacía presentada por la Comisión Europea. 
Señora Presidenta, este informe pone de relieve involuntariamente dos problemas. 
En primer lugar, quien dice armonización entre los Estados miembros dice riesgo de nivelación por abajo. 
Me satisface la excepción que permite a Austria, Finlandia y Suecia conservar sus normas, pero el caso es que al principio no era evidente esa excepción. 
Además, de nada sirve elevar y armonizar nuestras normas medioambientales en Europa, si al mismo tiempo no conservamos el menor espíritu crítico respecto de lo que nos llega del exterior. 
El tema del desarrollo duradero es uno de los que mejor confrontan con sus contradicciones a los partidarios del euromundialismo. 
En este caso el aspecto industrial y comercial es evidentemente preponderante. 
Más precisamente, ¿cómo pueden los Estados miembros aplicar una política de desarrollo duradero en un marco de comercio mundial en el que el librecambismo pretende privar a nuestros Estados del derecho de fiscalización de la calidad de las importaciones procedentes de terceros países? 
Me refiero a productos fabricados en condiciones sociales y medioambientales con frecuencia deplorables que, a falta de una fiscalidad compensadora, revientan los precios en Europa y provocan cada vez un poco más de desempleo. 
Señoras y señores, Señorías, esas finalidades me parecen inconciliables y nos obligan a elegir entre dos ideas muy diferentes: la de idoneidad y la de baratura. 
Así, pues, si se quiere tener de verdad una política ambiciosa en materia de medio ambiente, hay que llevar primero el razonamiento hasta sus últimas consecuencias y conservar el dominio de esos preciosos filtros que son nuestras fronteras. 
Así, si sólo se autoriza la entrada de los productos respetuosos de lo humano y el medio ambiente en el espacio comunitario, no cabe duda de que los terceros países procurarán más rápidamente la elevación de sus normas. 
En caso contrario, si se impone la ley de la jungla, no doy gran cosa, por desgracia, por nuestras medidas encaminadas a la consecución de un desarrollo duradero. 
Esto es aplicable también a los métodos agrarios, pues, por ejemplo, si bien es menos oneroso, a precio de coste, criar ganado sobre las cenizas de la selva amazónica, resulta, en cambio, catastrófico para el medio ambiente y para el empleo confrontar en el mismo mercado semejante carne, mucho menos cara, claro está, con la producida en las praderas europeas. 
En semejante marco, un objetivo de normas elevadas me parece particularmente difícil de alcanzar. 
Señora Presidenta, me gustaría felicitar al Parlamento por el resultado de la conciliación en el caso de la decisión relativa a la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible que lleva por título " Hacia un desarrollo sostenible». 
Este resultado ha sido posible gracias a la actitud constructiva y realista mantenida tanto por el Parlamento como por el Consejo de Ministros. 
Quiero dar las gracias especialmente a la señora ponente, Sra. Lone Dybkjær, y al señor Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ken Collins, al igual que a la presidencia británica por el modo enérgico con el que han tratado este asunto. 
La Comisión se alegra por supuesto de haber podido contribuir al compromiso global con una larga serie de propuestas al texto y declaraciones al protocolo de sesiones. 
La Comisión se esforzará ahora en el tiempo que le reste al programa por presentar propuestas de las medidas que sean necesarias para la puesta en práctica del resultado ahora alcanzado. 
Confío en que la puesta en práctica de esta decisión fomentará aún más la integración de consideraciones de carácter medio ambiental en las restantes políticas sectoriales tal y como se exige en el tratado y tal y como quedó reflejado en la cumbre de Cardiff. 
Permítaseme, además, hacer unos cuantos comentarios sobre algunas de las preguntas hechas durante el debate de hoy. 
Varios oradores, entre ellos, la Sra. Dybkjær, la Sra. Flemming y la Sra. Myller abordaron la cuestión de los nuevos Estados miembros. 
Sólo puedo ratificar lo dicho en varias ocasiones anteriormente en relación con preguntas y debates en el Parlamento, mi opinión es que el nivel de exigencia de las normas de los tres nuevos Estados miembros no debe verse reducido. 
Me gustaría decirle también a la Sra. Flemming que, por ejemplo, toda la propuesta en torno a una estrategia para la acidificación y la propuesta posterior a ésta sobre el azufre en la gasolina son propuestas encaminadas directamente a un traslado del nivel de exigencia de las normas de los nuevos Estados miembros al resto de la Comunidad, luego estamos en una situación en la que nos hemos dejado inspirar por los nuevos Estados miembros. 
También puedo ratificar la promesa hecha por mí en la sesión del Consejo de Chester en el mes de abril de presentar un plan de acción para las sustancias químicas. 
En lo tocante a la política agraria, tema que abordaron tanto la Sra. Graenitz, el Sr. Eisma y el Sr. Blokland, me gustaría decir que comparto la opinión del Sr. Blokland de que habría sido bueno obtener una declaración más enérgica con relación a la política agraria, sin embargo, tendremos oportunidad de volver a ello, pues con motivo de la Agenda 2000 vamos a debatir la relación entre agricultura y medio ambiente. 
Los debates habidos al respecto muestran claramente la importancia de esta cuestión. 
Por último me gustaría resaltar únicamente con relación a la liability, que sigo esperando y trabajando para poder presentar un libro blanco al respecto en el transcurso del año. 
Una vez hechos estos comentarios, señora Presidenta, me gustaría dar las gracias una vez más por el resultado alcanzado. 
Gracias, señora Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Vigilancia epidemiológica 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0276/98) del Sr. Cabrol en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0383/98-96/0052 (COD) ) por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de enfermedades transmisibles en la Comunidad. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en vista de la amenaza grave, mortal en numerosos casos, que representan las enfermedades transmisibles para la población de la Unión Europea, la Comisión propuso en abril de 1996 la creación de una red comunitaria de vigilancia para poder responder más eficazmente en caso de resurgimiento de enfermedades graves. 
Hacía mucho tiempo que el Parlamento Europeo pedía esa iniciativa. 
No obstante, la respuesta a esa iniciativa por parte de los Estados miembros en el Consejo de Ministros ha sido muy decepcionante. 
En su posición común, aprobada en julio de 1997, el Consejo parecía querer hacer todo lo posible para limitar las medidas eficaces, es decir, las que se podrían adoptar a escala comunitaria, preservando al máximo las prerrogativas de cada uno de los Estados miembros y situando en cada caso las decisiones por adoptar no en el nivel de la colectividad comunitaria, sino en el del arbitrio de cada Gobierno. 
Por fortuna, el Parlamento, en sus enmiendas votadas en segunda lectura en enero de 1998, intentó restablecer la eficacia de las medidas por adoptar contra una enfermedad transmisible resurgente, lo que entrañó, por consiguiente, la aplicación de un procedimiento de conciliación. 
Durante numerosas sesiones de negociación, oficiales y oficiosas, con nuestra delegación y su presidente Ken Collins, hemos reñido una dura batalla, que ha permitido obtener garantías esenciales. 
En primer lugar, el reconocimiento público, en cada uno de los Estados miembros, de un centro nacional, oficialmente individualizado y encargado de recoger los datos sobre las enfermedades transmisibles en evolución y de las medidas de control. 
Además, la creación de una red comunitaria que conecte todos los diferentes centros nacionales, red encargada de reunir los datos recogidos y que funcione en los dos sentidos: de los centros nacionales hacia la red y viceversa. Ésa es la enmienda nº 13. 
Por último, mucho más difícil ha sido conseguir un centro encargado de clasificar dichos datos, analizarlos y dar la alarma temprana a fin de propugnar las medidas por adoptar. 
Sólo se ha conseguido que de ello se encargue la Comisión Europea: ésa es la enmienda nº 5. 
Hemos podido aceptar, con vistas a la cohesión comunitaria, definiciones coherentes en todas las etapas de la recogida de datos, la compatibilidad de los datos recogidos según los métodos convenidos, con un lenguaje y una metodología apropiados. 
Ha sido muy difícil conseguir recursos financieros particulares. 
El texto tan sólo brinda la posibilidad de una financiación comunitaria particular. Ésa es la enmienda nº 4. 
En la selección de las enfermedades por vigilar, hemos podido evitar el establecimiento de criterios arbitrarios y hemos podido lograr el reconocimiento de la necesidad de recoger las características no sólo clínicas, sino también microbiológicas de las enfermedades de que se trate. 
Además, la lista de las enfermedades transmisibles no es sólo indicativa, sino también real. 
Se podrá modificar dicha lista en concertación con el Parlamento Europeo. 
Por lo que se refiere a la adopción de medidas, se ha adoptado el concepto de línea directriz en el nivel comunitario, en lugar de que las decisiones sean competencia exclusiva de los Estados miembros, como exigía la posición común del Consejo. 
Al contrario, cada Estado miembro, antes de adoptar medidas, deberá consultar a los demás Estados, salvo, naturalmente, en caso de necesidad absoluta. 
Se admite asimismo un control en las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Se hará una evaluación periódica, en plazos razonables, del funcionamiento de todo el sistema en conjunto: centros nacionales, red, centros europeos. 
En conclusión, el proyecto común al que hemos llegado no es perfecto, pero resulta difícil conseguir más en el estado actual de la construcción europea. 
Así, pues, la delegación parlamentaria recomienda que el Parlamento apruebe la decisión, de conformidad con el texto del proyecto común aprobado por el Comité de Conciliación. 
Señora Presidenta, después del drama diurno al que asistimos cuando tratamos sobre el anterior informe del Sr. Cabrol, relativo a la prohibición de la publicidad del tabaco, es triste que esta noche nos hayan asignado el último turno a los que trabajamos en defensa de la salud en este Parlamento. 
Encuentro bastante irónico que nos hayan relegado a esta hora, habida cuenta de que la Comisión clasifica esta red de vigilancia de enfermedades contagiosas como uno de los principales puntales del marco de la salud de pos-Maastricht, y también que la Presidencia del Reino Unido ha concedido una prioridad especial a la buena culminación del procedimiento de concertación. 
No obstante, el trabajo del Sr. Cabrol para conducir unas complejas negociaciones hasta una conclusión merece una audiencia mayor y nuestras felicitaciones, así como el voto favorable que sin duda obtendrá mañana, con todo el apoyo de mi Grupo. 
En la segunda lectura quedaron pendiente de solución tremendos obstáculos. 
Principalmente los relacionados con el presupuesto- que parece ser un riesgo constante para la salud -, con la cuestión de la responsabilidad del control en las fronteras exteriores y, en particular, con la iniciativa del ponente, además de las propuestas de la Comisión, sobre un centro especial en el centro de la cadena. 
Una recapitulación de las anteriores lecturas nos recordará que, entonces, yo albergaba dudas de que esto se lograra en el actual clima económico y político, a pesar de la indudable solidez del argumento del ponente y del entusiasmo de esta Asamblea en ambas lecturas. 
La sospecha ha resultado tener fundamento. 
Aunque hay quien lo ve como una nube de tormenta, el anexo de la Comisión al texto definitivo, ciertamente, es un buen augurio. 
La compromiso obtenido de la Comisión de que estudiará con especial atención el establecimiento de una estructura claramente definida, con personal suficiente para garantizar la aplicación de la decisión, es un logro importante de las negociaciones entre las tres instituciones. 
Esta noche elogiamos de manera especial al Sr. Cabrol- y al Sr. Collins, como presidente de la comisión -, pero gracias a la diligente labor del Comisario Flynn y de su equipo de la DG V F, además del Presidente en ejercicio del Consejo de Representantes Permanentes, podemos apuntar otro éxito al creciente número de conclusiones satisfactorias de las consultas, sobre todo, las que se han llevado a cabo del modo que el Sr. Cabrol ha mencionado. 
¿Qué significará todo esto para nuestros ciudadanos? 
Deberemos mantenernos alertas para garantizar su total y pronta implantación. 
Pero es un reconocimiento más de que la UE está en condiciones de implantar medidas para proteger la salud de sus ciudadanos. 
Evidentemente, la OMS tiene su papel, con sus canales de información; los organismos nacionales y locales de salud tienen, naturalmente, un claro papel en el control y la vigilancia; pero ahora también lo tiene, acertadamente, la UE, cuando millones de nuestros ciudadanos deciden desplazarse a través del continente para trabajar, estudiar o, algo crucial en esta época del año, para ir de vacaciones. 
Los franceses que celebran esta noche la Toma de la Bastilla con fuegos de artificio en el centro de esta ciudad tienen derecho a esperar que no correrán ningún riesgo evitable en medio de la multitud que también participa en las celebraciones. 
Los cientos de miles de aficionados de la Copa del Mundo que ahora vuelven a casa tienen los mismos derechos y responsabilidades, en suelo europeo, a los más altos índices de protección de la salud, ya vengan de Alemania, Jamaica o de cualquier otro lugar. 
Es de este tipo de estructuras que la decisión hace ahora posible, de las que dichos ciudadanos podrán esperar con confianza una mayor protección de las enfermedades mortales que a veces vuelven a aparecer hasta niveles preocupantes en otros continentes, y también aquí. 
Eso es bueno para nuestros ciudadanos; es bueno para su salud y es bueno también para sus derechos democráticos. 
Aunque sean pocos los que lo sepan, mientras los fuegos de artificio explotan ahí fuera esta noche, es una razón excelente para que nosotros celebremos con calma la introducción de lo que es una medida modesta, pero importante, y para agradecer a todos los responsables que lo hayamos logrado, lo que ahora hago. 
Nuestro objetivo común es promover y proteger la salud de las personas y de nuestra población. 
En este contexto, el día de hoy marca un hito en el desarrollo de la política comunitaria de salud. 
El Parlamento parece inclinado a aprobar las decisiones sobre la creación de una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad. 
La aprobación de esta decisión significará un importante paso adelante en la lucha contra las enfermedades. 
Respaldo ambas intervenciones en este sentido. 
Realmente es una noche importante. 
Ahora podremos adoptar nuevas iniciativas concretas, además de ejercer mayores vigilancia y control. 
Se creará una red destinada a responder de manera eficaz y coordinada a las epidemias o brotes de enfermedades transmisibles en una Comunidad en la que no existen fronteras interiores. 
No se limitará simplemente a la transmisión de datos de vigilancia. 
Me complace reconocer el papel clave que el Parlamento ha desempeñado en dar forma a esta decisión y a los requisitos complementarios. 
Los diputados al Parlamento y, en particular, el ponente, Sr. Cabrol, y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, Sr. Collins, merecen todo el reconocimiento por sus esfuerzos y sus logros en la concepción de un importante instrumento jurídico de cardinal importancia para la salud pública europea. 
Acojo con satisfacción el talante positivo con que el Parlamento y el Consejo han abordado la fase de concertación y desempeñado plenamente sus respectivos papeles de cara a garantizar la adopción de esta decisión. 
Apoyo sinceramente lo que ha dicho el Sr. Needle al respecto. 
La reunión de concertación se desarrolló en un ambiente de máxima eficiencia y cooperación, y las delegaciones son dignas de todos los honores por un trabajo bien hecho. 
Quisiera reiterar las dos declaraciones que hizo la Comisión en dicha reunión para que conste debidamente en Acta, porque lo considero importante. 
Respecto al artículo 1, la Comisión prestará especial atención a proporcionar una estructura que cuente con el personal necesario y sea identificada debidamente, de cara a garantizar el cumplimiento de la decisión, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. 
Sobre la implantación de las disposiciones del artículo 7- el punto al que se ha referido el Sr. Needle y en el que el Sr. Cabrol también está sumamente interesado- la Comisión prestará especial atención a garantizar que el gasto relativo a la comisión que asistirá a la Comisión se determine en estricto cumplimiento de las normas de prudencia financiera, en particular, en lo que respecta al número de expertos considerados necesarios para la aplicación eficaz de esta decisión. 
Agradezco el apoyo del Parlamento. 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Situación sanitaria de la mujer 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0260/98) de la Sra. van Dijk en nombre de la Comisión de derechos de la Mujer sobre el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la situación sanitaria de la mujer en la Comunidad Europea (COM (97) 0224- C4-0333/97). 
Presidente, en nombre del grupo liberal me gustaría pedir que se remita de nuevo el informe de la Sra. Van Dijk a la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Me gustaría exponer con claridad que todos nosotros conocemos a la Sra. Van Dijk como una trabajadora tenaz y una defensora motivada de los derechos de la mujer, pero este informe, que presenta 90 propuestas a la Comisión y a los Estados miembros, no es el informe adecuado para dar impulso a la situación sanitaria de las mujeres. 
Se incluye una interminable lista de puntos diferentes. 
La Comisión Europea necesita una señal clara y concisa, y nosotros queremos que se actúe. 
Se incluye un gran número de propuestas que no son de la competencia de la Unión Europea, tal como la competencia nacional sobre el aborto. 
Por todas esas razones mi Grupo solicita que el informe se remita, de nuevo, a la Comisión de Derechos de la Mujer, para que, tan pronto como sea posible, podamos llegar en septiembre u octubre a la Comisión con un breve y conciso informe. 
Lamento que esto tenga que ser así, y esto lo digo personalmente, porque ésta es la última sesión de la Sra. Van Dijk. 
Hubiera preferido que hubiera sido de otra forma. 
Tiene un montón de buenos informes en su poder, y yo voy a contribuir personalmente a que el informe se trate de nuevo en el pleno, pero esta vez de forma más breve y concisa, con prioridades claras. 
Acaba usted de presentar una enmienda según el artículo 129. 
Ahora una persona puede intervenir respectivamente a favor y en contra de la enmienda. 
¿Quién desea dar argumentos a favor? 
¡Señora Heinisch! 
Señora Presidenta, me quiero adherir a lo expresado por la Sra. Larive. 
Hemos discutido profusamente, hemos introducido numerosas enmiendas y hemos sostenido debates verdaderamente positivos con la Sra. van Dijk. 
Pero no hemos conseguido en muchos aspectos alcanzar la unanimidad con los demás Grupos para alcanzar un buen resultado. 
Precisamente yo misma como farmacéutica estoy muy interesada en el tema mujer y salud. 
Pero sencillamente no podemos dejar que se incluyan en este informe muchas enmiendas que no tienen nada que ver con el asunto de la salud de las mujeres. 
Por ello me adhiero con mi Grupo al Grupo de los Liberales y los Demócratas y solicito la devolución a la comisión. 
Gracias, ¿quién quiere hablar en contra de esta enmienda? 
Señora Presidenta, quiero resistirme a la petición que ha formulado el Grupo Liberal puesto que, en primer lugar, ésta es la última sesión a la que asistirá la Sra. Van Dijk, por lo que sería verdaderamente una pena que no pudiéramos dar por terminado el examen de esta cuestión. 
En segundo lugar, si esta sesión rebosa ahora de asuntos, ello se debe sin lugar a dudas al hecho de que no se ha planteado con gran acierto la salud de las mujeres como un tema específico de por sí. 
Por ejemplo, las estadísticas son incompletas, por lo que, en mi opinión, el informe en su formulación actual debería servir a la Comisión como una recopilación de los asuntos que se deberán sistematizar y tener en cuenta con posterioridad. 
Considero extremadamente lamentable que se pretenda echar toda la culpa a la ponente. 
La comisión ha participado con toda seguridad como tal en la elaboración de este informe, ya que, si no recuerdo mal, ésta presentó 96 enmiendas. 
Ahora esta cifra ha quedado reducida a 34. 
Creo que podemos resolver sin graves problemas esta situación. 
Además, resulta evidente que en este foro no podremos jamás llegar a una opinión unánime sobre la cuestión del aborto. 
Antes de que procedamos a la votación, la Sra. Roth se pronuncia sobre el Reglamento. 
Sra. Roth ¿en qué artículo se apoya? 
Señora Presidenta, me refiero al artículo 112 relativo a la capacidad decisoria. 
Quisiera que se determinase el quórum. 
Si la Sra. Roth propone esta moción tienen que levantarse por lo menos 29 diputados para apoyarla. 
No puede interponer la moción usted sola, sino que necesita el apoyo de 29 diputados. 
Ruego a los diputados que vayan a apoyar a la Sra. Roth se levanten de sus asientos. 
(8 diputados se levantan de sus asientos.) Con ello se rechaza la moción de determinación de la capacidad de decisión. 
Disculpeme, señora Presidenta, pero el artículo 112 apartado 5 también dice que usted en tanto Presidente puede determinar si siquiera hay 29 personas en la Sala. 
Usted misma puede comprobar el quórum. 
La moción de determinación del quórum ha sido rechazada. 
(Protestas de la Sra. Roth) Señora Roth, yo presido esta sesión y he dicho que la moción ha sido rechazada. 
Llegamos pues a la votación sobre la enmienda de devolución a la comisión. 
(El Parlamento aprueba la devolución a la comisión) 
Señora Presidenta, antes no se me ha prestado atención. 
No sé si hubiera sido así, pero usted ha dicho que yo había presentado una enmienda respecto al quórum. 
Pero en mi segunda enmienda reglamentaria me he referido al artículo 112 apartado 5, porque quería saber si siquiera había 29 personas en la sala y, además, antes de la votación, antes de que el Sr. Posselt y el Sr. Bourlanges se precipitasen de nuevo al interior. 
Usted no lo ha concedido, entonces podía usted haber determinado el quórum. 
Eso ya es agua pasada, pero yo hice referencia a otra cosa diferente. 
Señora Roth he comprendido perfectamente lo que usted había solicitado, pero no se puede presentar una enmienda de ese tipo. 
El Vicepresidente puede hacerlo, pero no está obligado a ello. 
Discúlpeme pero en ese punto debe usted leer el Reglamento muy detenidamente. 
En cualquier caso la votación sobre la devolución se ha realizado ajustada a Derecho. 
Con esto se cierra este punto del orden del día, ya que el informe ha sido devuelto a la comisión. 
Respecto del orden del día, señora García Arias. 
Señora Presidenta, lamento que no se haya tenido en cuenta la cuestión de orden que la Sra. Roth había planteado. 
Simplemente, quiero recordar que no entiendo por qué una alusión al aborto en determinadas condiciones, que son las que rigen en todos nuestros países, ha motivado este tipo de reacción. 
Y les recuerdo esas condiciones en las que está regulado el aborto en la práctica totalidad de nuestros países: en caso de violación o incesto, de grave malformación del feto y también de peligro de enfermedad de la madre. 
No entiendo esta discusión. 
Discrepo desgraciadamente de la actitud de mi coordinadora, pero creo, señora Presidenta, que, para las actas, es necesario denunciar esta situación. 
Señora García Arias el debate se ha cerrado. 
Los diputados han votado y la votación ha sido inequívoca y clara. 
He querido que adicionalmente se votase electrónicamente de modo que no quede ninguna duda. 
Impuestos y gravámenes ambientales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0200/98) del Sr. Olsson en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Educación y Medios de Comunicación sobre la comunicación de la Comisión (COM (97) 0009- C4-0179/97) : Impuestos y gravámenes ambientales en el Mercado Único. 
Señora Presidenta, este informe me ha resultado personalmente una labor muy interesante. 
Se basa en una comunicación de la Comisión que en realidad no ofrece más que un marco jurídico para la posibilidad de introducir impuestos ambientales en los Estados miembros. 
Sospechaba que la Comisaria Bjerregaard, que desgraciadamente no se encuentra presente, habría esperado desde un primer momento una comunicación más política. 
Sin embargo, no se recogía nada de política porque no era más que un " esqueleto». 
Por mi lado, y con la ayuda tanto de la Comisión de Medio Ambiente como de otras comisiones que han presentado sus respectivas opiniones al respecto, hemos intentado " echarle un poco de sustancia» , ya que se trata de una cuestión de extrema importancia. 
Como es bien sabido, son muchos los problemas medioambientales que tienen un carácter transfronterizo. 
Por este motivo, son necesarias medidas comunes para lograr superar dichos problemas. 
A menudo, los instrumentos económicos son eficaces en esta tarea pero, a fin de lograr una mayor efectividad en el uso de estos instrumentos, es preciso mejorar la posibilidad de adoptar decisiones acerca de los impuestos ambientales en la Unión Europea. 
Nuestra propuesta recoge varias medidas. 
No voy a profundizar en todas y cada una de ellas, pero desearía, por poner un ejemplo, que la Comisión presentara propuestas sobre cómo utilizar los instrumentos económicos con el fin de reducir la contaminación y el aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales en todos los Estados miembros. 
Creemos igualmente que se deberían establecer niveles mínimos para los impuestos ambientales de acuerdo con el principio de " quien contamina paga». 
Además, consideramos que la UE debería actuar también para trasladar parte de la carga fiscal, desde la actividad laboral al aprovechamiento que se hace del medio ambiente, lo que se ha dado en llamar un intercambio fiscal. 
Con mucha frecuencia, los países que introducen diversos impuestos ambientales son objeto de críticas por parte, entre otros, de sus propios estamentos económicos. 
En contra de estos impuestos ambientales se argumenta que perjudican las condiciones de competencia para la industria o para la agricultura del propio país. 
Estas críticas están justificadas en la medida en que un impuesto ambiental implica naturalmente un coste adicional con el que no se enfrenta la competencia de otros países. 
Sin embargo, este razonamiento entraña grandes dificultades para la introducción de los impuestos ambientales. 
Me produce una gran alegría comprobar que la Comisaria Bjerregaard está de vuelta. 
Reiteraré rápidamente lo que he afirmado a modo de introducción, es decir, que creía que la Comisaria habría deseado en un primer momento que hubiera algo más que un simple marco para los impuestos ambientales, que hubiera habido un poco más de sustancia. 
No hemos obtenido de la Comisión más que un " esqueleto». 
Nosotros hemos intentado proporcionarle a este esqueleto " un poco de carne política» , y esto es lo que estamos presentando y debatiendo esta tarde. 
Si deseamos mantener con éxito en el mercado único de la Unión Europea una situación de igualdad entre los distintos países en materia de competencia, es necesario entablar una cooperación transfronteriza a este respecto. 
No existen oportunidades para llegar a acuerdos sobre reglamentaciones vinculantes. 
Lo hemos venido comprobando en distintas ocasiones, por ejemplo, por lo que respecta a las Naciones Unidas o a otros organismos de carácter mundial. 
Hoy por hoy, sólo existe verdaderamente una sola organización con la fuerza necesaria para crear este tipo de reglamentación común, y ésta es la Unión Europea. 
La exigencia de adoptar por unanimidad las decisiones de la UE relativas al medio ambiente representa un obstáculo político para el funcionamiento de la Unión. 
La comisión lamenta que el Tratado de Amsterdam no haya permitido avanzar por lo que respecta a la toma de decisiones a nivel de la UE sobre la introducción de los impuestos ambientales. 
Señora Presidenta, permítame finalizar diciendo que los impuestos ambientales a escalal de la UE no sólo mejorarían el medio ambiente, sino que también remediarían la situación actual, en la que los mejores de la clase se están castigando a sí mismos. 
Un intercambio fiscal aumentaría la competitividad de la industria europea y lograría también una Europa más competitiva en un entorno comercial mundial cada vez más duro. 
Una reforma fiscal " ecológica» podría contribuir a acercar las estructuras industriales europeas al desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía se ha mostrado unánime en sus conclusiones. 
Queremos hacer hincapié en la importancia que reviste esta cuestión. 
Consideramos que se deben establecer niveles mínimos a escala europea para agilizar el principio de " quien contamina paga». Se trata de un primer paso esencial. 
También hemos sometido a un amplio debate cuál es la situación actual en los Estados miembros. 
En determinados Estados miembros se dispone de numerosas cargas y gravámenes medioambientales, en otros no. 
Los Estados miembros cuentan por consiguiente con una gran libertad a este respecto. 
Lo más importante es que los Estados miembros puedan compartir sus experiencias en la materia con el resto de los países para permitirles introducir estas medidas. 
A este respecto, la investigación puede ser de gran ayuda. 
La investigación debe ocupar una posición muy avanzada en este ámbito para permitir al resto de los países aprender de los mejores ejemplos. 
Por este motivo, en la Comisión de Energía dejamos de manifiesto que se debe prestar atención al principio de subsidiariedad, en el sentido de que no se debe imponer una reglamentación distinta, sino que debemos ser capaces de encontrar distintas soluciones. 
Además, cuando se adoptó el Tratado de la Unión Europea, no se contaba en absoluto con la existencia de cargas y gravámenes ambientales. 
Esta circunstancia ha dado lugar a que toda la legislación de la UE se haya quedado rezagada en este ámbito, mientras que son los consumidores y las empresas los que salen en defensa del cambio. 
Por esta razón, es importante que la legislación comunitaria no frene el desarrollo que ya existe en muchos Estados miembros, como los nórdicos, y que se fije el objetivo de presentar más y mejores impuestos y gravámenes ambientales para que puedan extenderse y aplicarse y, de esta manera, lograr alcanzar una sociedad y una UE sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente. 
La legislación comunitaria no puede ser un obstáculo a todo esto. 
Sin embargo, también es importante darse cuenta de que no es posible solucionar los problemas del medio ambiente solamente con este tipo de impuestos. 
Es preciso encontrar la combinación adecuada entre una legislación favorable en la materia y una imposición fiscal medioambiental que la apoye. 
Únicamente esta combinación y esta cooperación permitirán alcanzar unos buenos resultados. 
El hecho de que ahora se someta a reflexión, tal como debe ser, la armonización del trato fiscal medioambiental en los distintos países significa verdaderamente que aquellos países que ya han introducido voluntariamente impuestos medioambientales no han de enfrentarse con las presiones que en estos momentos ejerce el sector industrial, cuando se da a entender que estos países habrían cedido voluntariamente ventaja a sus rivales en materia de competitividad. 
Sin embargo, no creo que se deba simplificar la cuestión de esta manera. 
También es posible considerar una ventaja para la competitividad la existencia de impuestos medioambientales y de métodos de producción que respetan el medio ambiente. 
En mi opinión, la Unión Europea, como mercado interior, debería asimilar que la ventaja competitiva de Europa radica precisamente en el hecho de que tenemos a nuestra disposición unos instrumentos para dirigir la producción y el consumo que permiten respetar y mejorar el medio ambiente. 
Creo que el impuesto medioambiental constituye una manera razonable de dirigir el consumo y la producción. 
Se ajusta de manera extraordinaria a la economía de mercado, ya que funciona de acuerdo con sus principios, si bien resulta evidente que no podemos fiarnos únicamente de esta economía de mercado. 
Es imprescindible que los políticos demuestren una voluntad real para dar importancia a las cuestiones medioambientales y para hacer uso de la imposición fiscal con este fin. 
Cuando se menciona, y creo que debemos efectivamente hablar de este tema, que la implantación de más impuestos medioambientales supondría una reducción de otro tipo de imposición fiscal, como los impuestos sobre la retribución, no se debe pensar bajo ningún concepto que, de alguna manera, los impuestos y los ingresos medioambientales estuvieran vinculados únicamente con inversiones medioambientales o con la gestión de cuestiones en esta materia. 
Cuando pensamos que es posible lograr una mejor protección del medio ambiente modificando los puntos prioritarios de la imposición tributaria, debemos darnos cuenta también de que se trata de un medio para recaudar un dinero que necesita la sociedad para prestar servicios de bienestar, por lo que se debe ver este impuesto medioambiental como una parte global del conjunto de la imposición fiscal. 
No se trata solamente de que los impuestos medioambientales permitan lograr un mejor entorno ecológico de una manera concreta, sino que, encauzando estos impuestos para lograr una producción mejor y más sostenible, será posible también obtener unos servicios sociales mejores y más sostenibles, un mejor bienestar para los ciudadanos. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, señora Comisaria, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Olsson. Se ha esforzado mucho en el proceso de este informe y creo que ha presentado un buen informe. 
Hay una demanda de acción en el ámbito del medio ambiente, a pesar de que, en este momento, hablar sobre medio ambiente no sea popular en todos los lugares. 
Únicamente cito la cuestión de cómo van a poner en práctica la Unión Europea y los Estados miembros sus obligaciones contraídas en Río y Kyoto en el campo de la reducción del CO2. 
Existen diferentes posibilidades para confrontar ahora estos problemas. 
Se puede intensificar la legislación reguladora, se pueden repartir ayudas estatales, cosas que son necesarias pero que a mi entender no son definitivas. 
Lo mejor es, también en este sector, servir a la economía de mercado. 
En primer lugar esto conduce a que se encuentre la opción más eficiente para la solución de los problemas, y en segundo lugar, que el principio del causante obtenga validez. 
Ahora, naturalmente, nos preguntamos todos: ¿por qué no están mucho más extendidas las tasas e impuestos medioambientales en Europa y en el Mundo, tanto en nuestros Estados miembros como en el plano de la Unión? 
La cuestión también reside en que siempre que se quieren aumentar los impuestos medioambientales surge la sospecha de que sólo servirá para la financiación de nuevos servicios públicos. 
Desgraciadamente mi la oradora que me precedió tampoco fue muy precisa a este respecto. 
Dijo que se podrían volver a hacer cosas que adicionalmente el Estado podría permitirse. 
Nosotros como PPE rechazamos este concepto. 
Queremos impuestos medioambientales para reducir impuestos y pagos en otros sectores. 
En Europa necesitamos, en conjunto, no más impuestos, sino menos. 
En la distribución de la carga impositiva necesitamos una redistribución, una mayor carga sobre los usos del medio ambiente y una descarga del factor trabajo. 
Pero les pido a mis colegas que siempre tengan en cuenta que este instrumento conduce al absurdo si a su través se pretenden conseguir nuevos ingresos para el Estado. 
Por ello también hemos presentado la correspondiente enmienda. 
Se trata de instrumentos de financiación neutrales y en ningún caso para el aumento de la presión fiscal. 
Por lo demás considero que el informe es muy bueno. Expresa acertadamente que es mejor introducir una tasa o un impuesto de esta índole en el plano europeo. 
Pero en tanto esto no ocurra, los Estados miembros deben ser estimulados para hacer uso de estos instrumentos y no debe permitirse lo contrario. 
Desgraciadamente tenemos ejemplos en el pasado, como con la introducción en Alemania de un impuesto de orientación ecológica sobre los vehículos, en los que la Comisión se ha resistido durante mucho tiempo a fomentar una tecnología respetuosa con el medio ambiente, y esto tiene que cambiar en el futuro. 
Los Estados que quieran utilizar este tipo de instrumentos deben ser apoyados. 
Quisiera, para terminar, proponer una modificación en la directiva del impuesto sobre el valor añadido, ya que creo que algunos Estados miembros estarían perfectamente capacitados para introducir un aumento en el impuesto sobre el valor añadido imputado a las emisiones derivadas del uso de energía. 
Además la directiva del impuesto sobre el valor añadido en vigor permite que se aumente un impuesto sobre el valor añadido sobre la energía mínimo, pero no uno máximo. 
Con relación a esto debería reflexionar la Comisión si precisamente no debería ser al contrario. 
El uso de energía es susceptible de ser reducido, como la carga del factor trabajo, y por ello se debe reflexionar al respecto. 
Señora Presidenta, el Sr. Olsson ha elaborado un informe realmente bueno, y no queda mucho que añadir al mismo. 
Creo que existe entre todos nosotros una amplia unanimidad acerca del nivel de este informe. 
Sin embargo, desearía hacer una corrección a lo que acaba de decir el Sr. Liese. 
En su intervención, ha señalado que la Sra. Myller quiere aumentar las carga fiscal en los Estados miembros. 
Yo lo he comprendido de otra manera completamente distinta. 
Según mi interpretación, lo que ha dicho la Sra. Myller es que los impuestos sobre el medio ambiente y la energía ofrecen la oportunidad de reducir la carga fiscal sobre el trabajo, lo cual constituye una cuestión de gran importancia. 
Como es sabido, este principio está recogido, entre otros, en la propuesta de impuesto energético del Comisario Monti. 
Los impuestos y los gravámenes medioambientales constituyen verdaderamente uno de los mejores instrumentos para promover la protección medioambiental. 
Sin embargo, cabe afirmar al mismo tiempo que se trata de uno de los ejemplos más sangrantes de lo difícil que resulta dar un paso hacia adelante a nivel de la Unión. 
Y la Cumbre de Amsterdam no ha facilitado en absoluto esta tarea. 
Según tengo entendido, el canciller alemán Kohl rechazó en el último momento los esfuerzos encaminados a simplificar la toma de decisiones sobre la imposición fiscal en materia medioambiental. 
Me gustaría indicar que los liberales han presentado una excelente enmienda al informe del Sr. Olsson, proponiendo que las decisiones acerca de los impuestos medioambientales podrían basarse en el artículo 130 S del Tratado constitutivo, lo cual facilitaría con toda seguridad también la toma de decisiones. 
Austria ha comunicado gratamente que tiene previsto promover una cuestión pendiente durante tanto tiempo como es la relativa a la fiscalidad energética. 
Creo que todos los diputados debemos esperar que los demás Estados miembros se unan a este esfuerzo. 
Es prácticamente seguro que no se alcanzarán los objetivos fijados en Kioto si la Unión Europea no emprende la introducción de una fiscalidad uniforme en materia energética. 
Numerosos Estados miembros hicieron hincapié en este hecho cuando aceptaron a título individual las bases del reparto de cargas medioambientales durante la reunión del Consejo de Medio Ambiente. 
Señora Presidenta, estamos ante un buen informe. 
La economía de libre mercado incluye en sí elementos que promueven el medio ambiente. 
La austeridad en el uso de los recursos es una necesidad, especialmente por motivos de costes y de competencia. 
Además, la libertad en el debate logra que los consumidores se conciencien al respecto. 
Éstos eligen productos de menor carga para el medio ambiente, estando incluso dispuestos a pagar un precio más alto por este tipo de productos. 
A pesar de todo esto, puede ser apropiado el uso de instrumentos económicos para corregir el impacto medioambiental del mercado, algo que puede resultar difícil de valorar por los propios consumidores. 
Unos gravámenes ambientales que permitan reflejar de manera correcta la incidencia de una emisión en el entorno medioambiental pueden representar un método eficaz de corregir la economía de mercado. 
No puede ser negativo hacer uso de unos ingresos para corregir los perjuicios causados por las emisiones. 
Otra ventaja de los instrumentos económicos radica en que sirven para promover el desarrollo técnico y la adopción de métodos con un menor impacto en el medio ambiente. 
A las empresas les resulta rentable invertir en técnicas respetuosas con el medio ambiente. 
En caso de que los gravámenes ambientales supongan una amenaza para la competencia entre los Estados miembros, las reducciones fiscales podrían ser una alternativa aceptable. 
Es importante implantar los gravámenes ambientales de una manera correcta, basándose firmemente en hechos, por ejemplo, por medio de análisis cíclicos. 
El informe aborda los impuestos medioambientales de las emisiones de dióxido de carbono. 
Se trata de impuestos necesarios para alcanzar los objetivos de Kioto. 
Es obvio que los países que ya vienen aplicando estos impuestos demuestren una gran interés por que éstos sean objeto de una armonización en el seno de la UE. 
Un instrumento económico que no se menciona en el informe es el de los derechos de emisiones transferibles. 
De acuerdo con éstos, es posible establecer un nivel de emisiones sostenible para la naturaleza y, posteriormente, comerciar con los derechos de emisiones, todo lo cual permite lograr un buen impacto medioambiental con un coste menor. 
Señora Presidenta, desgraciadamente ya no se encuentra presente el Sr. Liese, quién se ha pronunciado de forma tan vehemente a favor de los impuestos medioambientales. 
Le hubiera preguntado con gusto por qué la República Federal no desempeña la función de ariete y por qué ejerce un bloqueo desde hace 16 años. 
Creo que hoy no sólo deberíamos hablar sobre impuestos medioambientales, sino de una vez también sobre dónde van a parar. 
Ya en la antesala de la conferencia de Río exigimos que definitivamente se estableciese la fiscalidad sobre la energía, y todavía nos encontramos muy lejos de ello. 
También nos preguntamos por qué en el ámbito de los impuestos de uso se ha acordado un impuesto cero, lo que básicamente no es más que una cifra cero. 
Porque cuando se dice un impuesto cero, y los Estados miembros pueden hacer con ello lo que les venga en gana, entonces más que una cifra cero es una cifra de risa. 
Nos deberíamos preguntar también por qué para la introducción del Euro bastaba la mayoría de dos tercios y por qué para el impuesto medioambiental se requiere la unanimidad. 
Me hubiera gustado saber si para la Unión Europea los impuestos medioambientales juegan un papel menor que el Euro. 
¿No sería absolutamente necesario, dado el cambio y el deterioro climático, mundial y también en la Unión Europea, que las acciones siguieran de una vez por todas a las palabras? 
Una pregunta esencial es qué ha sido del impuesto combinado sobre el CO2 y la energía. 
¿Por qué no hemos abrazado la propuesta del antiguo Primer Ministro holandés Lubbers? 
En concreto, él habló sobre la introducción de un modelo piloto que consistiría en el establecimiento común de un objetivo de saneamiento del clima, es decir, definir el objetivo pero dejar abierto, en principio, el camino para su consecución. 
Aquellos Estados que no se cansan nunca de decir que están a favor de un impuesto medioambiental, de un impuesto sobre la energía, tienen que comprometerse con ello, en especial los llamados amigos del los ecoimpuestos, que se han agrupado informalmente en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente. 
Y nosotros añadimos que, a partir de una determinada fecha aquellos Estados miembros que no lo hayan logrado mediante otros instrumentos deben ser incorporados. 
Creo que con esto hubiéramos conseguido algo esencial, en concreto dejar de jugar al escondite, de dejar de esconder lo nacional tras Bruselas y de ese modo contribuir a la inacción. 
Lo que necesitamos es la resurrección del cadáver que es el impuesto energético sobre el CO2. 
Necesitamos empezar de una vez, que de verdad eche a andar un impuesto medioambiental, y un impuesto medioambiental sobre el CO2 constituiría un buen impulso para ello. 
Señora Presidenta, es indispensable que se integre la dimensión medioambiental, así como, por lo demás, la dimensión social, en los instrumentos fiscales. 
En efecto, es totalmente normal ver en competencia directa mercancías aparentemente equivalentes, pero cuyas repercusiones en el medio ambiente pueden ser muy diferentes. 
Resulta absolutamente inadmisible que instrumentos fabricados en las cárceles chinas, por ejemplo, se puedan vender diez veces más baratos que los fabricados por europeos que cotizan para la jubilación, para el seguro de enfermedad, para el seguro de desempleo, etc. 
Esta situación garantiza el esclavismo allí y el desempleo aquí. Así, pues, requiere una respuesta y ésta puede ser efectivamente fiscal, pero lo que se nos propone, a saber, el concepto de ecotasas, no es la solución adecuada. 
En todo caso, es tomar el problema por donde no se debe. 
Si se trata de una chapuza que consiste en recargar la carga fiscal, ya excesiva, que recae sobre los particulares y las empresas, ha de tener por fuerza consecuencias negativas para la economía. 
Sin embargo, he dicho que la respuesta puede ser fiscal. 
Cuidado: lo que necesitamos no son impuestos suplementarios, sino una nueva forma de concebir dichos impuestos mediante una profunda reforma fiscal que integre las dimensiones social y medioambiental en las bases mismas de los cálculos fiscales. 
Así, pues, más impuestos, pero con carácter constante, impuestos distintos, que favorezcan el empleo, las actividades económicas de proximidad, el medio ambiente y la salud. 
Señora Presidenta, la Comunicación de la Comisión sobre los impuestos y gravámenes ambientales en el mercado único objeto de nuestro debate, reviste enorme interés. 
Sin embargo, dada la complejidad de las disposiciones ambientales, es oportuno llevar a cabo una clara y correcta reflexión sobre cómo simplificarlas. 
Hay que recordar que, cuando se elaboró el Tratado de la Unión Europea, no se pensó en este tipo de instrumento fiscal. El hecho de que deba aplicarse conforme a modalidades compatibles con el Derecho comunitario, convierte esta materia en muy compleja. 
Sería oportuno considerar esta Comunicación un incentivo en pos de una política medioambiental uniforme también en el ámbito fiscal y, en consecuencia, evaluar sus componentes como recursos comunitarios. 
Es indudable que una mayor utilización de los beneficios fiscales, no solo permitiría aumentar la eficacia de la política medioambiental, sino que también mejoraría la relación costes/beneficios para evitar una renacionalización que, sin duda, no reforzaría la coordinación necesaria para los distintos sectores afectados. 
Estimo fundamental que la Comisión se ocupe, acto seguido, del problema del amplio impacto económico de los impuesto y gravámenes ambientales e incluso de sus efectos en la creación y eliminación de puestos de trabajo, así como en la competitividad internacional. 
Una de las enmiendas presentadas por nuestro Grupo tiene este sentido. 
Señora Presidenta, Suecia y el partido ecologista de este país tienen buenas experiencias acerca de los gravámenes ambientales, acerca de lo que se necesita para alcanzar el objetivo, esto es, que lo que es malo para el medio ambiente es caro, y que lo que es bueno para el medio ambiente resultará barato. Todo ello, naturalmente, con el fin de orientar el consumo en la dirección adecuada. 
No obstante, esto debe tener lugar, por ejemplo, a través del establecimiento a escala de la UE de unos niveles mínimos y no mediante reglas de armonización en torno a este tipo de gravámenes. 
Cada país ha de tener la libertad para introducir mayores gravámenes ambientales para demostrar que es posible y para demostrar los efectos positivos que pueden tener estas medidas. 
Los países nórdicos salen bastante bien parados en los estudios que se han llevado a cabo. 
En este debate es posible igualmente recurrir al modelo nórdico, con numerosos gravámenes ambientales, como un buen ejemplo de que es posible también para el resto de los países implantar unos impuestos similares, así como para demostrar que tiene una repercusión positiva no sólo para el medio ambiente, sino también para el empleo y la economía. 
Es interesante escuchar aquí hablar a algunos diputados de otros países que se muestran tan seguros de sí mismos cuando hablan de los gravámenes ambientales. 
Pero luego, en sus respectivos países- ya sea Alemania o Suecia -, sus partidos actúan en un sentido completamente distinto e impiden el establecimiento de cualquier impuesto que se denomine ambiental. 
¡Queremos comprobar una mayor actividad en torno a los gravámenes ambientales, y no sólo palabras vacías de contenido en una sala vacía de diputados! 
Señora Presidenta en la política medioambiental perseguimos ciertos objetivos. 
El objetivo más importante es asegurar el estado de salud del hombre hasta la edad más avanzada. 
Para ello debemos mirar por nuestro medio ambiente esté en orden. 
Podemos conseguirlo a través de dos métodos: por una parte a través de sanciones- y entre comillas los impuestos son una suerte de sanciones- y de otra parte mediante incentivos, deducciones y desgravaciones. 
Es importante que el seno de la Unión Europea y a escala mundial se establezcan unas bases jurídicas para la fiscalización y que se identifiquen individualmente conceptos fiscales. 
Nuestro objetivo debe ser descargar al ciudadano para quitarle la menor cantidad posible de su bien trabajado sueldo. 
Como un extraordinario ejemplo me gustaría citar los eficientes precios del transporte con los que la Comisión ha mostrado el camino a seguir. 
Deberíamos desear que los eficientes precios del transporte sean implementados cuanto antes. 
Señora Presidenta, me gustaría comenzar diciendo que me alegra que los impuestos medioambientales hayan entrado en el orden del día de la Unión Europea. 
Pienso que los impuestos medioambientales son uno de los medios más importantes para la lucha contra la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales. 
De ahí que también esté sorprendida por que la comunicación de la Comisión no vaya más lejos con vistas a aumentar las oportunidades de que disponen los Estados miembros para poner a la práctica este fabuloso medio de protección medioambiental. 
En su lugar, la Comisión sólo expone a grandes rasgos la práctica jurídica del Tribunal de Justicia hoy, en la que el punto de partida es y será el mercado libre y no el medio ambiente. 
A la Comisión le falta visión en este terreno y ello a pesar de que llevamos ya muchos años hablando de que los aspectos externos deben ser calculados a la hora de fijar los precios. 
Visto así, me parece que el informe del Sr. Olsson es positivo. 
Advierte del hecho de que los problemas medioambientales a menudo surgen de fallos del mercado, en tanto que precisamente el mercado no calcula los costes del la contaminación y explotación del medio ambiente. 
Unos impuestos medioambientales que estén fijados correctamente cumplen el muy importante principio de que " el que contamina, paga». 
La importancia de este principio radica en que sólo podemos invertir la tendencia si los productores y consumidores conocen las consecuencias y costes que acarrean sus elecciones tanto a la hora de producir como a la de consumir. 
El informe comprende que debemos permitir necesariamente la intervención política en el mercado si vamos a salvar nuestro medio amiente. 
Pienso, sin embargo, que la Comisión debe esperar a las conclusiones de los estudios sobre efectividad y efectos de los impuestos medioambientales, antes de que se adopten iniciativas encaminadas a introducir nuevos impuestos. 
Además, me parece que el informe debería centrarse más en la posibilidad de coordinar los impuestos medioambientales dentro de contextos internacionales más amplios, por ejemplo, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Por último, quiero mencionar mi reserva más importante. 
Si se adoptan iniciativas para introducir impuestos medioambientales comunitarios, debe ser con la condición de que el producto de éstos vuelva a los Estados miembros. 
Un estado se caracteriza, entre otras cosas, por su derecho soberano a exigir impuestos a sus ciudadanos. 
Este derecho goza de la adhesión indirecta de los ciudadanos a través de la legitimidad democrática del estado, una legitimidad de la que la Unión Europea no goza. 
La Unión Europea no es y no debe ser un estado. 
Señora Presidenta, me gustaría comenzar dando las gracias al Sr. Olsson por el gran trabajo realizado en el informe sobre la comunicación de la Comisión sobre impuestos y gravámenes ambientales en el mercado interior. 
La Comisión ha defendido en repetidas ocasiones un mayor empleo de instrumentos fiscales a la hora de promover una política medioambiental más contundente y más eficaz con relación a sus costes. 
Hace dos años vimos cómo debimos precisar la situación jurídica de los Estados miembros que deseen hacer uso de impuestos ambientales. 
Para muchos estaba poco claro si los impuestos ambientales eran verdaderamente compatibles con el mercado interior. 
También la cuestión del empleo ha adquirido una importancia creciente, como se desprende de las conclusiones de la cumbre de Cardiff. 
Una cuestión importante al debatir la situación del empleo suele ser la necesidad de reformas fiscales que reduzcan la tributación del trabajo. 
Los impuestos ambientales pueden convertirse en una importante fuente de financiación de tales reformas. 
En la comunicación sobre impuestos y gravámenes ambientales quedan explicados los marcos jurídicos por los que se regirán los Estados miembros, así como las posibilidades y límites de empleo de los impuestos y gravámenes ambientales en el mercado interior. 
De ahí que la comunicación sirva como una especie de pauta para los Estados miembros. 
Las reacciones habidas a la comunicación muestran que se trata de una herramienta útil para los que toman las decisiones políticas en los Estados miembros y también en los países solicitantes. 
He observado con alegría que en todos los países se habla de un mayor empleo de los impuestos y gravámenes ambientales. 
El Sr. Olsson defiende un mayor empleo de recursos económicos. 
Especialmente me sumo a lo dicho acerca de que una correcta fijación de precios de artículos y servicios que incluya los costes de carácter medioambientales constituye un factor importante en favor de un desarrollo sostenible. 
Al igual que el Sr. Olsson, estoy convencida de que la sociedad obtendrá ventajas tanto de carácter medioambiental como en lo relativo al empleo de una reforma fiscal verde. 
Las conclusiones del informe apuntan al futuro trabajo de la Comisión y contienen propuestas concretas de medidas y un análisis adicional de la situación, dirigido a los Estados miembros. 
En cuanto a las propuestas concretas, la DG XI ya ha comenzado a examinar las posibilidades de introducir impuestos sobre los pesticidas en el ámbito comunitario. 
La Comisión considerará las propuestas del informe al adoptar las decisiones sobre las medidas adicionales, no obstante, no puedo prometer que puedan llevarse a cabo a corto plazo análisis completos de todos los ámbitos enumerados en el punto 25. 
En lo que respecta al establecimiento de directrices adicionales, éste es más difícil, puesto que las competencias de los Estados miembros en este campo son muy amplias. 
Sabemos también que la mayoría de los Estados miembros son muy reacios a que su libertad de acción en el terreno fiscal se vea limitada por disposiciones adicionales además de aquéllas que ya figuran en la legislación comunitaria, tal y como es descrito en la comunicación. 
Estoy completamente de acuerdo con el informe en que sería deseable disponer en la Unión Europea de un proceso de decisión más efectivo en este campo. 
Sin embargo, todos sabemos que los asuntos relativos a la tributación exigen unanimidad en el Consejo. 
Y mientras que el tratado incluya este requisito sobre la unanimidad será difícil acelerar el proceso de decisión. 
En cuanto a la posición adoptada por el Consejo, sólo lamento que el Consejo aún no la haya sometido a tramitación y parece que tampoco figura en el actual orden del día de la presidencia, aunque observé que la Sra. Hautala parece disponer de otros datos. 
De todas formas, pienso que el valor de la comunicación como manual para los ministros de Medio Ambiente y los ministros de Economía de los Estados miembros no debe subestimarse. 
Me gustaría abordar el punto 2 de la propuesta de decisión, porque en él se afirma que no hicimos ninguna evaluación de las consecuencias que acarrearía la propuesta de impuestos sobre la energía. 
La Comisión ordenó, al contrario, la realización de un exhaustivo análisis de las consecuencias, incluido también en la propuesta y que muestra que ésta tendrá un efecto positivo sobre el medio ambiente y el empleo. 
Naturalmente, me sumo totalmente al punto 27 que defiende la aprobación de la propuesta de impuestos sobre la energía. 
También me gustaría aprovechar esta ocasión para subrayar la gran importancia que concedo a la propuesta de la Comisión de una directiva marco sobre el agua, sometida ya a tramitación en el Parlamento Europeo. 
Los impuestos sobre el agua destinados a asegurar la cobertura de los gastos son un elemento importante de esta directiva y espero recibir su apoyo en el debate que sobre este tema esperamos mantener con el Consejo. 
Finalmente, me gustaría volver a agradecer al Sr. Olsson su valiosísima contribución. 
Su informe incluye no sólo propuestas prácticas para el futuro trabajo de la Comisión sino que envía, además- y esto es importantísimo- una significativa señal política sobre la necesidad de que la Comisión adopte medidas concretas para integrar aún más las políticas medioambientales e impositivas. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.35 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, no voy a detener el proceso, ya que lo que tengo que tratar tiene relación con el Acta, con la inconstitucionalidad de la obligación de voto, con la ilegalidad de la imposición de compromisos financieros y las funestas consecuencias fiscales; pero usted es un célebre letrado, y en lugar de exponerlo aquí, le escribiré esta mañana una carta y se la entregaré en su despacho. 
Muchas gracias, señor Janssen van Raay, por su cooperación. 
(El Acta queda aprobada) 
Bienvenida 
Quiero dar la bienvenida, en nombre del Parlamento Europeo, a la sesión de hoy a los miembros de la delegación húngara en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Hungría, presidida por el doctor Jòzsef Szájer, que están presentes en la tribuna. 
Programa de actividad de la Presidencia austriaca 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, Austria se hace cargo de la Presidencia del Consejo en unos tiempos muy interesantes, casi decisivos. 
La Unión está llevando a cabo dos proyectos que van a acuñar decisivamente la imagen de nuestro continente en el siglo XXI. 
Con la introducción del euro, Europa da un gran paso hacia la unidad económica y política. Al mismo tiempo, como la mayor área económica integrada del mundo se convierte en uno de los actores centrales de la economía mundial. 
Mediante la ampliación de la Unión se quiere asimismo exportar estabilidad y bienestar a una Europa más amplia. 
Una persona perspicaz escribió no hace mucho en un gran periódico europeo: la culminación de la Unión Monetaria va a fortalecer la identidad de los europeos y la ampliación va a someter a prueba sus fronteras. 
Ya los fundadores de la Comunidad Europea soñaron con una Europa mayor que superase la profunda separación entre el Este y el Oeste de nuestro continente. 
Soñaron con una Europa que en base a unos valores comunes detentase los principios de la democracia y de los derechos humanos y asegurase la paz y la libertad de modo permanente. 
Soñaron con una Europa sin oficinas de cambios y barreras fronterizas que eliminase los obstáculos para que los ciudadanos europeos puedan convivir. 
Ahora ha llegado esta oportunidad histórica para hacer de esos sueños de ayer una realidad del mañana. 
La Unión Europea no ha carecido de éxito en estos esfuerzos. 
Examinemos brevemente lo que ha ocurrido desde la fundación: la Comunidad de los seis del año 1958 tenía 160 millones de habitantes, hoy son 370 millones y con los candidatos a la adhesión se acercan a los 500 millones. 
La UE actual tiene un producto interior bruto que en términos reales es casi seis veces superior al de la Comunidad Europea de 1958. 
La Unión actual es responsable de la tercera parte del comercio mundial. Al mismo tiempo es el mayor donante del mundo: el 60 % de la cooperación para el desarrollo y el 80 % de las ayudas que van a parar a los países de la antigua Unión Soviética provienen de la Unión Europea. 
Se puede decir, pues, con razón que ha llegado la ocasión de hacer realidad los sueños de ayer. 
El euro es la respuesta europea a la globalización. Podemos resistir a este desafío con éxito. 
La moneda única mejorará el funcionamiento del mercado interior, contribuirá al aseguramiento de los puestos de trabajo e impulsará también las reformas estructurales orientadas al mercado que son urgentemente necesarias para asegurar nuestra propia competitividad. 
Las condiciones para la introducción del euro son hoy mejores que lo que la mayoría de nosotros esperábamos, inclusive los más entusiastas optimistas, entre los que me incluyo yo mismo. 
Su Asamblea, el Parlamento de los europeos, el Parlamento Europeo se ha hecho cargo de una función democrática de control esencial mediante la participación en el nombramiento de la dirección del Banco Central Europeo y mediante la celebración de " hearings» reconocidos por todas las partes. 
En los próximos meses, bajo la Presidencia austríaca se va a intentar intensificar la coordinación económica y preparar la determinación definitiva de los tipos de cambio. 
Uno de los proyectos más importantes de la Presidencia austríaca va a ser, sin duda, contribuir a un buena puesta en marcha del euro el 1 de enero de 1999. 
Junto a las cuentas de resultados económicas y monetarias, aún más importante me parece otra comparación. 
Desde el año 1945 se han producido en el mundo más de 200 enfrentamientos bélicos, sin incluir aquí los conflictos menores. 
Según las estadísticas internacionales, no han pasado cuatro semanas en las que no se haya producido en algún lugar del mundo un conflicto militar de importancia, pero el territorio de la actual Unión Europea se ha visto libre de tales enfrentamientos armados. 
Me permito citar aquí al barón Friedrich von Gentz, el secretario del príncipe Metternich, quien por así decirlo fue el actuario, el notetaker del Congreso de Viena. 
Pensaba que cualquier sistema político que pudiese proporcionar a Europa la esperanza de evitar solamente tres o cuatro guerras en un siglo, merecería el máximo reconocimiento. 
Señorías, nosotros tenemos este sistema. 
Tenemos un sistema de este tipo, disponemos de ese instrumento. 
Se llama Unión Europea. Si queremos garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad económica en Europa de un modo permanente, creo que a largo plazo no existe un medio mejor que la inclusión de nuestros países vecinos en la Unión Europea. 
Naturalmente, a causa del gran número de candidatos- nunca se había hablado y negociado a los más diversos niveles con un círculo de once países- y de la gran diferencia en el grado de desarrollo económico, es necesario hacer una preparación muy a fondo. 
En su resolución del último diciembre, el Parlamento Europeo ha reconocido con razón que la próxima ampliación supone una etapa totalmente nueva del proceso de integración europeo que exige un profundo examen de todas las consecuencias institucionales, políticas, económicas y sociales para la Unión y los países candidatos. 
Sus Señorías saben que Austria comparte casi la mitad de sus fronteras con cuatro países candidatos a la adhesión. 
Quiero expresar en especial mi agradecimiento al Parlamento Europeo por la comprensión y sensibilidad que ha mostrado al tener en cuenta el 18 de junio en una resolución sobre la Agenda 2000 la especial situación de las regiones que tienen fronteras exteriores con los países candidatos y la necesidad de apoyarlas de modo especial en el marco del programa INTERREG. 
Pero también debo añadir que precisamente debido a nuestra situación especial- antes periférica y hoy central- estamos interesados como apenas ningún otro país en el éxito de esta ampliación. 
Hay que ser sinceros con los ciudadanos. 
La ampliación cuesta algo. Pero estos costes de ampliación, reflejados en la estrategia de preadhesión y en los créditos de la adhesión que se mencionan con razón y muy acertadamente en la propuesta de la Comisión, son probablemente la mejor inversión en nuestro propio futuro. 
Por realizar una comparación: los norteamericanos nos ayudaron también tras la Segunda Guerra Mundial. 
En aquella ocasión, transfirieron casi el 2, 5 % de nuestro producto interior bruto a lo largo de cuatro años a Europa, a los países de los antiguos enemigos. 
Lo interesante es que hoy, según la propuesta de la Comisión- me parece absolutamente correcto y espero que esta parte tampoco se cuestione, al menos hasta hoy no he escuchado ningún argumento auténtico en contra, tampoco en mi tour des capitales- se pondría a disposición durante siete años aproximadamente el 2, 7 % del producto interior bruto de estos países. 
Esto es otro plan Marshall, una inversión en nuestro propio futuro y en el de los países candidatos para el siglo XXI. 
Lo saludo y la Presidencia austríaca intentará que no se cuestionen estas propuestas. 
Las resoluciones del Consejo Europeo de Luxemburgo han creado las bases para el proceso de ampliación, un proceso con once candidatos. 
La Presidencia británica ha estado inmersa en el inicio solemne de este proceso. 
Los austríacos creemos que debemos mantener esta dinámica política y tanto la Secretaria de Estado, Benita Ferrero-Waldner, como yo mismo- esta es por así decirlo nuestra innovación- hemos incluido en el marco de nuestro tour des capitales también a los países candidatos, a los once, pues queremos enviar desde el principio a estos países la importante señal de que desde ahora pertenecen a la familia europea y que queremos tratarles e informarles con igualdad de derechos y solidariamente. 
Se van a ver afectados por todas las resoluciones que debemos adoptar, tanto si se trata de la Agenda o de la reforma de las instituciones, de la cuestión de la estrategia de la ampliación o de otros importantes temas de política exterior. 
Durante nuestra Presidencia queremos comenzar con negociaciones sustanciales sobre diversos capítulos. 
La Comisión está en el buen camino con el aquis screening y esperamos que hasta finales de año se hayan examinado aproximadamente la mitad de todos los capítulos, de modo que en noviembre se pueda comenzar realmente con las primeras negociaciones políticas sustanciales en una Conferencia de Ministros. 
Digo con total sinceridad que esto es muy importante pues apoyará también el proceso de reformas en los países candidatos. 
No nos hagamos ilusiones. 
En todos los países candidatos- estuvimos allí juntos- naturalmente hay también partidos políticos escépticos con la idea de Europa, populistas, críticos que no quieren este proceso de ampliación. 
Es nuestra tarea ayudar, fortalecer a aquellos que están a favor de un razonable acercamiento a la Unión Europea y que trabajan en favor de un valiente y, a veces, también doloroso proceso de preparación de la adhesión. 
(Aplausos) La ampliación no va a exigir solamente de nuestros futuros interlocutores unos grandes esfuerzos sino que la misma Unión no está aún preparada del todo para las adhesiones. 
Lo digo muy abiertamente. 
Las reformas recogidas bajo el concepto " Agenda 2000» , -la reforma agraria, las reformas estructurales, los flujos de financiación de la Unión- tienen por supuesto una importancia muy especial. 
Son necesarias a pesar de todas las justas críticas que muchos países miembros realicen sobre diversos puntos. 
Sin embargo, creo que las propuestas de la Comisión pueden constituir en cualquier caso una buena base para los debates políticos que van a comenzar este otoño. 
Somos conscientes del desafío de la propuestas y de la premura de tiempo. 
En Cardiff no se acordó otra cosa que la de adelantar el debate en casi un trimestre. 
Si, realmente, queremos tener terminado un paquete hasta marzo bajo la Presidencia alemana- esto es también importante pues, a ser posible, se debe tratar y acordar antes de las elecciones al Parlamento Europeo -, se deberán realizar unos esfuerzos gigantescos para abandonar la retórica general, el intercambio de declaraciones de principios y meterse de pleno en el arduo trabajo de unas negociaciones duras y difíciles. 
Sé que esto no es sencillo pues este programa 2000-2006 es un programa de 10.000 millones de chelines austríacos y, en realidad, es un programa para dos legislaturas parlamentarias completas. 
Si se piensa lo difícil que con frecuencia es en los Estados nacionales lograr un programa general para un período, entonces se es consciente de que esto no es sencillo. 
No obstante, sabemos que si queremos atenernos al plazo, tenemos que lograr unos progresos esenciales hasta el próximo Consejo Europeo en Viena. 
Terminar el paquete y acordarlo queda para la Presidencia alemana. 
Pero el lunes, en el Consejo sobre Asuntos Generales hemos acordado un calendario muy ambicioso y preciso. 
Este Consejo es responsable de la cooperación horizontal y tiene además que serlo pues todos los Consejos de Ministros específicos plantean con razón sus especiales intereses en el proceso negociador. 
En todas las reuniones nos tenemos que tomar tiempo, estar dispuestos a negociar. 
El centro de gravedad de la Presidencia británica fue la preparación de la vinculación del Parlamento Europeo a la adopción de resoluciones legislativas. 
Me parece muy positivo que el Parlamento Europeo se ocupe durante los próximos meses intensamente de todos los aspectos de la Agenda para contribuir a una conclusión a tiempo. 
Les expreso mi agradecimiento por esta disposición y subrayo que en el Consejo deberíamos ser plenamente conscientes de que esto no funcionará sin el apoyo de los diputados de los Parlamentos nacionales pero también de los diputados europeos elegidos directamente por el pueblo europeo. 
Señorías, el Tratado de Amsterdam va a contribuir al objetivo de lograr que Europa esté en forma para el futuro. 
A pesar de todas las deficiencias conocidas, este nuevo marco jurídico de la Unión va a aportar mejoras reales. 
Algunos califican al Parlamento como uno de los ganadores de este Tratado de Amsterdam. 
Es cierto que se ha fortalecido su papel en el procedimiento de codecisión. 
Sólo quiero recordar que Austria, en el curso de la Conferencia Intergubernamental, siempre ha estado a favor de configurar del modo más óptimo y amplio posible el papel del Parlamento Europeo y de incluir también a sus representantes en las negociaciones. El Presidente Hänsch, que siempre ha estado presente desde el principio, lo sabe. 
Es una lástima que Amsterdam no haya dado también los últimos retoques para terminar estas reformas institucionales. 
En Cardiff hemos acordado iniciar las conversaciones, las negociaciones, inmediatamente después de la ratificación del Tratado- espero que pronto- sobre estos aspectos institucionales aún abiertos. 
A ello viene a añadirse que en el sector de la PESC- me voy a referir a ello más adelante- hay que adoptar importantes resoluciones en Viena. 
Además, tenemos que preparar la recepción de las normas y de la Secretaría de Schengen en la Unión Europea. 
Especial importancia cobran los preparativos para la aplicación del nuevo procedimiento de codecisión, la nueva regulación de la Comitología y una participación justa del Parlamento. 
También han comenzado los trabajos en la Asamblea sobre un procedimiento electoral común para el Parlamento Europeo y sobre un estatuto unitario para los diputados. 
Me alegra que algunos de estos temas figuren en el orden del día de la primera semana de sesiones plenarias durante la Presidencia austríaca. 
Raras veces en la historia de la integración europea, la Unión Europea se ha encontrado ante tantos desafíos; para la mayoría de ellos necesitamos el apoyo de los ciudadanos. 
Saludamos, por ello, la iniciativa de los británicos de iniciar un nuevo y profundo debate sobre el futuro de la Unión. Proseguiremos activamente este diálogo en el segundo semestre. 
Eficiencia de la Unión, de las instituciones, cercanía al ciudadano, subsidiariedad, legitimidad democrática son con mucha frecuencia sólo declaraciones de labios afuera y adornos en intervenciones solemnes. 
(Aplausos) Pero les digo muy abiertamente que nunca podremos entusiasmar a las personas para la idea europea si no actuamos con pleno convencimiento. 
Saludo, por ello, que bajo la Presidencia austríaca pueda celebrarse un encuentro especial de los Jefes de Gobierno sobre este tema. 
Se trata además de un tema que probablemente no se pueda solucionar en una única conversación. 
Lo digo sinceramente. 
Va a seguir siendo un tema abierto, lo que me parece bien. 
Todo el mundo debe comenzar consigo mismo. 
Como Presidente de Consejo, me he propuesto tomar en serio el asunto y confrontar a nuestros colegas con el mismo para ver cómo podemos contribuir nosotros mismos a una mayor eficiencia y coordinación europeas. 
Todos tienen que analizar cómo pueden mejorar la Comisión y el Consejo en todas sus estructuras. 
¿No tenemos entretanto demasiados Consejos? 
¿Se coordina la cosa europea de un modo suficientemente europeo? 
¿Cómo se puede dedicar el Consejo Europeo de un modo más claro y preciso a la búsqueda de decisiones? 
¿Qué papel puede desempeñar el Parlamento Europeo en este diálogo interinstitucional tan importante? 
El tema de la subsidiariedad es interesante- hemos previsto y preparado un protocolo muy bueno al respecto en el Tratado de Amsterdam -, pues puede conducir a que tengamos las manos y las cabezas libres para el auténtico trabajo europeo. 
Hay muchos temas que sobrecargan el orden del día y que en el fondo nos impiden dedicar suficiente tiempo a los temas realmente grandes. 
Sin embargo, digo también sin tapujos que la subsidiariedad no se puede utilizar para socavar o dinamitar el auténtico asunto europeo. 
No se pueden debilitar las instituciones. 
(Aplausos) También me parece que no se pueden enfrentar la subsidiariedad y la solidaridad sino que tienen que complementarse. 
Ambos son elementos centrales de las sociedad del mañana. 
Sin Europa- personalmente estoy profundamente convencido de ello y cualquiera que me conozca sabe que digo lo mismo en todas partes y no sólo ante el Parlamento Europeo, sino que mantengo siempre la línea -, sin Europa, repito, los Estados nacionales ya no pueden dar una respuesta al desafío global. 
Sin Europa, las grandes cuestiones del futuro que interesan realmente a los ciudadanos- como la protección del medio ambiente, la política de empleo, el respeto de los derechos humanos, la seguridad global- no se podrán solucionar. 
Necesitamos más Europa y no más Estado nacional o la flor retórica de la subsidiariedad que está incluso por debajo de ese nivel. 
(Aplausos) El mejor medio para entusiasmar a los ciudadanos europeos con Europa consiste en escuchar lo que es importante para estos ciudadanos y colocar esas prioridades al principio de nuestra agenda. 
Es muy interesante que en todos los países europeos estas prioridades sean bastante similares, en primer lugar, los puestos de trabajo, a continuación la preocupación por un medio ambiente limpio y la seguridad. 
Este concepto de la seguridad- lo digo también sin tapujos- debe entenderse del modo más amplio posible. También como seguridad frente al crimen organizado y como protección segura hasta en las repercusiones militares. 
Pero también creo que la seguridad debe entenderse en un contexto social solidario que incluya la seguridad frente a centrales nucleares no seguras. 
(Aplausos) Ante un desempleo medio superior al 10 %, para la Presidencia austríaca la máxima prioridad sigue siendo la creación de empleo. 
Es nuestro deseo, lo fue durante la Conferencia Intergubernamental y lo seguirá siendo también a la hora de adoptar decisiones concretas. 
Hasta ahora, con mucha frecuencia cuando se hablaba del tema era también en un sentido lírico, tal como me gusta decir. 
Lo que es nuevo es que desde Amsterdam disponemos también de instrumentos. 
Por primera vez tenemos 5 programas precisos de empleo nacionales que han sido estudiados por la Comisión muy críticamente- lo que saludo- donde se puede y debe aprender recíprocamente, por ejemplo, lo que un país miembro ha hecho mejor que nosotros mismos o lo que uno aventaja a otro también en experiencias negativas. 
Muchas buenas ideas no se logran tal como uno desearía. 
Sir Karl Popper lo ha calificado en una ocasión como la esencia de la humanidad desarrollada: " Es nuestra ventaja que podamos dejar morir nuestras ideas en lugar nuestro». 
Es positivo e importante que del fracaso de las ideas se pueda aprender y beneficiarse tanto como de los ejemplos que han tenido éxito. 
Lo nuevo es que las directrices que se deben aprobar en Viena para el empleo se basan por primera vez en 15 planes nacionales concretos de acción. 
En segundo lugar, por primera vez hay sobre esta base resoluciones que son válidas para una introducción con éxito de la moneda europea. 
Al fin y al cabo, 11 países participan y 3 más podrían participar- pues cumplen los criterios- si tuviesen la voluntad política para ello. 
Voy aún más allá. 
Europa puede hacer aún más por el empleo en campos muy específicos: en las tribunas mundiales y, lo que es muy importante, en negociaciones con la Organización Mundial de Comercio, en la cuestión de la investigación y desarrollo. 
No oculto mis simpatías personales con muchas ideas- como Presidente no debería decirlo- del Parlamento Europeo en lo que se refiere al quinto programa marco, pues esto es naturalmente la base para las ideas y posibilidades de empleo del mañana. 
Los aspectos centrales de nuestros esfuerzos radican en las redes transeuropeas, en la tecnología medioambiental utilizada razonablemente, en la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, en unas mejores condiciones para las PYMES y en la formación inicial y continuada de los trabajadores. 
Respecto al medio ambiente, la protección permanente de nuestras condiciones de medio ambiente y de vida tiene en todos los lugares la misma importancia para los ciudadanos. 
Por ello, queremos practicar conscientemente una política medioambiental activa, tener entre nosotros unos elevados estándares de medio ambiente pero, sobre todo, desempeñar un papel dirigente en las negociaciones internacionales sobre problemas medioambientales globales. 
Saludo el Libro Blanco sobre energías renovables. 
Es muy interesante. 
Allí se esconden oportunidades de empleo directo e indirecto para unas 800.000 personas, el programa «Auto-Oil, la reducción del programa de la gasolina y del diesel. Es altamente interesante. 
La cuestión que naturalmente hay que tratar en la ampliación es la de los estándares de seguridad nuclear. 
Este aspecto es muy importante. 
Pues los austríacos, debido a nuestra situación geográfica nos vemos especialmente afectados. 
Digo también muy abiertamente, pues sé que a algunos diputados del Parlamento les gustaría oír oficialmente algo sobre este punto, que no queremos malinterpretarlo como un tema bilateral. 
Esto no debe ser obstáculo para nadie para que ingrese en la Unión Europea. 
Pero sí queremos que unas centrales nucleares renovadas tengan los estándares occidentales más elevados y que las centrales antiguas que ya no se pueden renovar, por ejemplo, Bohunice, situada a pocos kilómetros de Viena, se cierren lo más rápidamente posible en interés de los ciudadanos de allí y de los nuestros propios. 
(Aplausos) Hoy se nos ha presentado un estudio sobre los estándares de seguridad de Mochovce. 
No lo he dispuesto aún, pero esta tarde o mañana voy a hacer que se ponga inmediatamente a disposición de los grupos políticos de esta Asamblea este estudio de seguridad sobre Mochovce, pues probablemente despertará un gran interés en el Parlamento Europeo. 
La Unión tiene que convencer a los ciudadanos de que las fronteras abiertas no deben conducir a una pérdida de seguridad. 
Por ello, la seguridad interna va a ser una auténtica prioridad de nuestra Presidencia: la lucha contra el crimen organizado y contra el tráfico de personas. 
Por lo demás, estamos preparando un convenio internacional a nivel de la ONU con los 15 Estados miembros. 
En la lucha contra el tráfico de drogas hay que fortalecer la capacidad de actuación de la Unión en este campo. 
En base a nuestros contactos y visitas a la Europa central y oriental sé que este tema de la seguridad interior es un tema esencial también para los candidatos a la adhesión. 
En este contexto, quiero dirigir un ruego a la Comisión: las fronteras exteriores de estos 11 candidatos representan en total 6.600 kms. 
Hay que esforzarse para imaginárselo. 
Las fronteras exteriores de estos 11 candidatos no con la Unión sino con los países vecinos, donde sabemos muy bien que existen ciertos problemas. Con todo lo importante que sea que ayudemos a estos países en los campos del medio ambiente, redes transeuropeas o establecimiento de las instituciones, deberíamos recapacitar también- y éste es un encarecido ruego de estos países- si no podemos hacer más para ayudarles a asegurar sus fronteras, para que en este campo exportemos seguridad y no tengamos que importar inestabilidad en algún momento. 
(Aplausos) A este respecto, el inicio de las actividades de EUROPOL en el segundo semestre de 1998 va a proporcionar, naturalmente, un impulso muy importante. 
También pretendemos una distribución justa de las cargas de los refugiados y la elaboración de una estrategia común de la Unión en la política migratoria. 
Para mí, es especialmente importante un tema al que me quiero referir aquí, a saber, la protección de los niños. 
No hay nada que revele mejor el valor de una sociedad que el modo con que protege a sus miembros más débiles. 
Hemos proyectado algunas actividades interesantes. 
Queremos plantear el tema a nivel de la ONU. 
En el marco de la Organización Internacional del Trabajo, el tema " trabajo infantil» es naturalmente de la máxima importancia así como el desarrollo del Convenio de la ONU sobre los derechos de los niños. 
Hay que combatir urgentemente los abusos sexuales contra los niños- un tema especialmente amargo y doloroso- y las terribles repercusiones de la pornografía infantil en Internet. 
El 40 % de las víctimas de las minas terrestres son niños y creo que la Unión puede hacer mucho en este campo. 
He seguido con gran satisfacción el plan de acción propuesto por la Comisión y aprobado el 2 de julio por el PE. 
El respeto de los derechos humanos va a ser un tema especialmente importante precisamente en un año en el que celebramos el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Queremos tenerlo también en cuenta mediante un propio acto festivo. 
Me voy a referir a un tema que en estos momentos se incluye entre los más delicados y urgentes; me refiero a la financiación de la ONG, al desbloqueo de las líneas financieras y presupuestarias. 
A instancia mía, el lunes nos hemos ocupado intensamente del tema en el Consejo durante el almuerzo del mediodía. 
Se trata al fin y al cabo de 560 millones de ecus o euros. 
De esta cantidad, 200 millones afectan al campo de los derechos humanos. Si no se actúa con rapidez, las repercusiones pueden ser nefastas. 
(Exclamación del Sr. Samland: ¡dígaselo a los Ministros de Hacienda!) 
Por ello, quiero decir que en el Consejo hemos acordado- muchas gracias también por las propuestas de la Comisión que se aprobaron ayer- ejercer mañana la máxima presión en COREPER para desbloquear lo antes posible el asunto. 
El viernes se celebra el Consejo de presupuestos. 
Hemos pedido a todos los Ministros de Asuntos Exteriores que insistan en sus Gobiernos y que muestren que en este campo es posible un desbloqueo positivo. 
También pido que aplacemos aquí algo los problemas interinstitucionales, sobre todo para el desbloqueo de los créditos presupuestarios para 1998, pues cientos de ONG esperan naturalmente con la mayor preocupación qué es lo que aquí ocurre. 
Sé que en el Parlamento Europeo se ve el asunto muy positivamente. 
Naturalmente, la política exterior es para cualquier Presidente del Consejo un desafío muy importante. 
En comparación con otros grandes Estados, el potencial de la Unión Europea a lo que más se parece es a la potencia mundial de los Estados Unidos. 
La UE es mucho más que una potencia regional. 
Es la fuerza impulsora del nuevo orden del continente en la era postsoviética. 
Tiene una responsabilidad estratégica para sus propios 500 millones de miembros, para los 250 millones en el área del Mediterráneo y los 250 millones que viven en el territorio de la antigua Unión Soviética. 
Werner Weidenfeld dice que la debilidad de los europeos radica en la laguna existente hasta ahora entre el potencial y la infraestructura política y en esta combinación de potencial y debilidad Europa aparece como una potencia mundial a la espera. 
Creo que esta es una frase muy bonita e importante y que debemos prepararnos adecuadamente. 
Durante la Presidencia austríaca me he propuesto crear las importantes condiciones previas para que se lleve realmente a la práctica el órgano de planificación que realice los preparativos para la política exterior. 
En Viena se va a decidir la Secretaría General la cual representará la parte visible de la política exterior. 
Queremos impulsar los preparativos del Tratado de Amsterdam para mejorar los contactos entre la UE y la Unión Europea Occidental- se habla incluso de la posibilidad de una posterior fusióny también tenemos que desarrollar internamente algunas ideas sobre cómo podemos desactivar sobre todo los delicados conflictos entre vecinos. 
Si miran los conflictos existentes, en Kosovo- si lo desean puedo hablar más adelante al respecto -, Bosnia o Transnistria, en todos los lugares tienen el mismo patrón, es decir, se trata de conflictos étnicos sin solucionar, conflictos de minorías, la cuestión de qué grado de autonomía se puede y quiere conceder o cuál es la situación de la desintegración de sistemas estatales. 
La Unión tiene que presentar algo al respecto. 
Kosovo es un tema aparte, por lo que no voy a decir aquí nada. 
Respecto al proceso de paz en Oriente Próximo estamos muy preocupados por su estancamiento, que dura ya desde hace bastante tiempo. 
Vamos a apoyar todas las iniciativas para crear confianza y fomentar la cooperación y vamos a intensificar la presencia de la Unión en este campo. 
Creemos que la situación social y económica en los territorios palestinos requiere la máxima atención. 
La inclusión del problema sirio y libanés es un importante elemento. 
Respecto a Turquía, la Presidencia austríaca tiene un interés vital en la estabilidad y en la orientación proeuropea de este país. 
Vamos a trabajar por una normalización y desarrollo de las relaciones, si bien debe incluir todos los campos, incluyendo por supuesto los derechos humanos, la cuestión de Chipre y el Egeo. 
Para nosotros es importante la aplicación de la estrategia europea para Turquía elaborada por la Comisión. 
En lo referente a Chipre, queremos apoyar a las Naciones Unidas en el reinicio del proceso de paz que, en cualquier caso, debe estar abierto para el grupo turco-chipriota. 
Se debe seguir persiguiendo su participación, pues creo que la prosecución conjunta de las negociaciones proporcionaría un gran dinamismo al proceso de paz en ambos grupos étnicos. 
Naturalmente, seis meses son un tiempo muy breve. 
El mundo no se puede modificar en ese plazo y ni siquiera Europa se puede mover de modo duradero. 
Por ello, queremos seguir de modo muy consciente la tarea iniciada por la Presidencia anterior, con la que hemos estado en un contacto personal muy estrecho. 
Nuestro agradecimiento a la Presidencia británica así como también a la próxima Presidencia alemana, con la que queremos mantener asimismo una intensa y armónica cooperación para que todos podamos impulsar al máximo estos importantes temas. 
Tenemos que terminar algunas cosas que han comenzado los británicos. 
Los alemanes tendrán a su vez que recoger algunas cosas de nosotros, lo que harán tanto mejor cuanto más eficientemente hayan ejercido los austríacos su Presidencia. 
Para nosotros, esta Presidencia es algo especial, naturalmente, porque es la primera. 
Para muchos de ustedes provenientes de los países fundadores, se ha convertido en rutina. 
Mi amigo Jacques Poos me dice con toda naturalidad: he sido testigo de cuatro Presidencias y te puedo aconsejar gustosamente algo. 
Para nosotros se trata, naturalmente, de la primera. 
Por ello, nos hemos preparado bien y necesitamos en el Consejo el apoyo de los demás. 
Necesitamos y buscamos la cooperación con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 
No tenemos ante nosotros ningún acontecimiento histórico o espectacular, pero esto no nos incomoda en absoluto. 
A algunos les gusta traer a colación permanentemente el Congreso de Viena. 
A mí no, pues ya conocen la frase del Congreso de Viena de 1815: no ha trabajado sino bailado. 
El Congreso baila pero no hace avanzar nada. 
Nuestro deseo es que celebremos lo menos posible y, por contra, que trabajemos tanto más duro. 
Una gran diferencia: el Congreso de Viena de 1814/1815 fue en realidad reflejo del predominio de cinco grandes que dividieron Europa en perjuicio de los pequeños. 
Hoy es muy diferente. 
El nuevo concepto europeo es precisamente que quince interlocutores con igualdad de derechos, todos los cuales tienen la misma importancia aunque uno sea mayor y otro más pequeño, tienen que entenderse entre ellos. 
Esta es nuestra tarea. 
Tenemos así pues una Presidencia de trabajo ante nosotros y esperamos que nos apoyen en ese trabajo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, quiero felicitarle encarecidamente por esta declaración que ha emitido en nombre de Austria y mostrarle mi apoyo. 
Si piensa que puede lograr y mantener todo lo que nos ha prometido aquí, entonces tendrá sin duda el apoyo de mi grupo político. 
Voy a extraer cinco puntos- naturalmente, hay otros muchos sobre los que van a hablar los demás oradores- en los que mi grupo político va a seguir de un modo especialmente crítico a la Presidencia austríaca. 
En primer lugar, la cuestión de la seguridad. 
Usted ha dicho con toda razón que nos encontramos en una situación tremendamente difícil. 
Necesitamos un sistema de seguridad ampliado en Europa, una política exterior y de seguridad realmente común. 
Espero que logre lo que ha dicho aquí, que se puedan acordar en Viena las medidas institucionales tan necesarias desde hace mucho tiempo, para que podamos así tener la suficiente perspectiva y practicar una política de seguridad eficiente. 
Sobre Kosovo vamos a poder hablar aún. 
Pero creo que debe estar claro que algunas cosas que se han debatido en Austria en los últimos meses- usted sabe de qué se trata -, ahora se deben posponer pues el mensaje de la Presidencia austríaca debe ser el de que tenemos que proseguir la construcción de un sistema común de seguridad europeo. 
Quiero subrayar plenamente lo que usted ha dicho sobre el área del Mediterráneo pues precisamente Austria, como potencia no colonial y debido a las amistosas relaciones con este área, tiene posibilidades de hacer avanzar algunas cosas. 
En segundo lugar, la ampliación. 
Quiero realizar una pequeña observación al respecto. También en este caso se debe subrayar claramente lo que usted ha dicho. 
Hay que marchar por una vía realista. 
Pero no debemos permitir ninguna interrupción en el proceso de ampliación. 
Espero asimismo que pueda hacer realidad que se inicien las negociaciones con nuestros vecinos. 
Reconozco que se van a tratar los capítulos más sencillos, pero queremos lograr un progreso y mandar una señal en el sentido de que la ampliación, aunque es un proceso difícil, sin embargo se debe iniciar ahora precisamente en interés también de Austria y de todos los países miembros de la UE. 
En tercer lugar, la Agenda 2000. 
Es cierto que bajo la Presidencia austríaca no se van a producir en este campo grandes decisiones. 
Pero precisamente los austríacos han indicado últimamente que las decisiones se tienen que preparar bien. 
La Presidencia austríaca va a ser enjuiciada en función de lo bien que prepare estas cosas. 
Si en los últimos días han circulado algunos rumores por este Parlamento en el sentido de que se puede aplazar todo esto algo, se debe a que hay una serie de personas que porque la Agenda 2000 les va a ocasionar una serie de consecuencias dolorosas, quieren aplazar algunas cosas, quizás incluso hasta más allá del día de las elecciones. 
A este respecto, quiero decir con toda claridad en nombre de mi grupo político- supongo que Klaus Hänsch realizará una exposición aún más extensa- que queremos tener unas decisiones rápidas. 
Para nuestros ciudadanos es importante que se adopten decisiones con rapidez. 
Bajo la Presidencia austríaca se deben preparar tan bien los puntos esenciales que el año próximo se puedan adoptar las correspondientes decisiones lo más rápidamente posible. 
En cuarto lugar, la Europa de los ciudadanos. 
Quiero subrayar también lo que usted, señor Presidente del Consejo, ha dicho sobre este tema. 
No se puede debilitar a Europa. 
Sé que algunos de sus colegas tienen ganas- lo voy a decir en vienés- de sacudirle una a la Comisión porque entorpece algunas cosas. 
Pero el mercado interior no está aún terminado. 
Hay que hacer aún mucho. 
Necesitamos una política exterior y de seguridad común y ésta solamente puede ser una política exterior y de seguridad europea. 
Es también totalmente correcto que en el campo de la política económica y de empleo necesitamos el correspondiente complemento. 
También opino que esta Asamblea puede delegar algunas cosas pues nos ocupamos quizás de un modo demasiado extenso de algunos asuntos. 
Comparto también plenamente la opinión de que el Consejo y los Jefes de Gobierno deberían recapacitar sobre si un poco más de transparencia no sería de provecho para los ciudadanos. 
Mi último punto se refiere al empleo que, naturalmente, es para nosotros de especial importancia ante la horrorosa cifra de parados. 
Este va a ser también un baremo decisivo por el que las y los socialdemócratas vamos a medir a la Presidencia austríaca. 
¿Son sólo lugares comunes, sólo declaraciones genéricas las que se van a realizar al final de año respecto a la situación del empleo o se van a tratar también puntos delicados? 
Aunque se haga daño a algún que otro país, quizás al propio, tenemos que realizar declaraciones claras. 
Queremos impulsar la política de empleo. 
No hay solamente una vía pero hay que iniciar realmente la vía política del empleo. 
Quizás sería interesante leer en el Libro Blanco de Delors lo que allí se decía pero que aún no se ha decidido. 
Señor Presidente, para finalizar quiero subrayar de nuevo que si de lo que nos ha presentado hoy el Presidente del Consejo, solamente se logra al 80 % entonces, señor Presidente del Consejo, tendrá sin duda las felicitaciones de mi grupo político a finales de este año. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Presidente del Consejo, le damos la bienvenida a la Presidencia. 
Las prioridades de una nueva Presidencia son, para algunos, una cuestión rutinaria. Se cogen los informes que dejaron los predecesores o que se transfirieron púdicamente de un Consejo Europeo a otro. 
Tengo que decir que la Cumbre de Cardiff tuvo una repercusión en la opinión pública de, posiblemente, sólo una milésima parte comparada con la que tuvieron las Olimpiadas de fútbol. 
Sin embargo tenemos que tomar en serio los problemas que Vd. va tratar. 
Estamos convencidos de que no lo va a considerar como una cuestión de continuidad y de monotonía, sino que querrá darles un giro determinante. 
Ha subrayado que nuestros conciudadanos hacen patente su interés por la estabilidad del euro y muestran una creciente confianza en él. 
Lo respaldamos y opinamos que hay que reforzar esta confianza, porque también existe un vínculo claro entre la Unión Monetaria, el relanzamiento del crecimiento económico y la creación de nuevos empleos. 
Le están esperando tres prioridades urgentes. 
Su primera tarea consistirá en hacer operacional el Tratado de Amsterdam. 
Esperamos, tal como usted ha dicho, que ponga en práctica la creación de la unidad para la planificación de gestión y la prevención anticipada, y que se lo indique al Sr. " PESC». 
Su segunda prioridad urgente es la Agenda 2000. 
En Cardiff ya se habló de la política agraria común, pero la financiación desde el año 2000 al 2006 suponía un obstáculo. 
Naturalmente no podrá encontrar por arte de magia una solución para lo que parece ser la cuadratura del círculo. 
Algunos Estados miembros quieren gastar menos, otros quieren mantener sus logros, y todo el mundo está de acuerdo en que hay que ayudar financieramente a los países candidatos. 
Para solucionar esa cuestión espinosa y para evitar que se eche a perder la campaña electoral por egoísmos nacionales, esperamos que usted emplee un poder imaginativo y mucha diplomacia. 
Me gustaría plantear tres cuestiones en relación a esto. 
¿Tenemos que considerar tabú la hipótesis de trabajo de la Comisión de dejar inalterable hasta el año 2000 el tope actual de los recursos propios? 
¿Está conforme esta limitación de los recursos de la Unión con la dinámica de un desarrollo interno y externo? 
¿Es posible entregar nuevos recursos a la Unión sin incrementar la presión fiscal total? 
En cualquier caso el acervo comunitario ha demostrado que es posible gastar menos y destinar los gastos mejor procediendo de común acuerdo. 
Su tercera misión urgente es la ampliación. 
Usted ha anunciado que quiere negociar con seis países acerca de los capítulos que hayan pasado el estadio de la depuración. 
Esto debe suponer una señal alentadora para los países que se han esforzado por alcanzar el acervo comunitario. 
Pero no deben surgir situaciones ambiguas ni cerrarse vagos compromisos que supongan una hipoteca para el futuro. 
Tanto la Comisión como el Consejo deben vigilar cuidadosamente no sólo que los candidatos tengan buenas intenciones, si no también que se atengan a los logros de la Comunidad. 
Señor Presidente, le quedan aún dos misiones con efectos a largo plazo, a las que usted, estamos convencidos en el grupo PPE, dará un giro determinante. 
La primera es muy importante también para su propio país que está situado geográficamente en el corazón del continente, y que es testigo de mucho tráfico de paso e intercambios, y que ha tomado gran conciencia ante los riesgos nucleares. 
Me refiero a la seguridad global y a la seguridad nacional, la lucha contra la criminalidad, la política de inmigrantes, el tercer pilar en cuestión, con el que nuestros conciudadanos están tan sensibilizados. 
El libre tránsito y la seguridad interior son la cara y cruz de la misma moneda. 
Debido a sospechas burocráticas de administraciones nacionales y pesares anticuados sobre la soberanía de estado, se han hecho pocos progresos en este crucial dominio de la integración. 
Como Presidente del Consejo usted puede ser, con sus propias iniciativas, la fuerza motriz y puede dejar que se tomen decisiones que aumenten inmediatamente la seguridad y que refuercen la lucha contra el crimen. 
Bajo su Presidencia celebraremos el quincuagésimo cumpleaños de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Enviemos una señal diciendo que un derecho fundamental del hombre es vivir en una sociedad pacífica donde las personas y los bienes estén protegidos y donde, también, se defienda a los niños. 
Su segunda misión, con efectos a largo plazo, es la reforma de la Unión Europea. 
En octubre se celebrará una minicumbre, a la que el Presidente de la Comisión ha sido invitado, y eso nos reconforta. 
¿No estaría justificado y sería conveniente invitar también al Presidente del Parlamento Europeo? 
Nuestro Grupo ha comenzado sus propias elucubraciones y en el momento preciso pondrá sobre la mesa sus propuestas. 
El periodo de trabajo de remiendos y de medidas a medias ya ha pasado. 
Si no tenemos una visión clara de conjunto, de los grandes equilibrios institucionales, de las ambiciones y del papel de la Unión con 25 Estados miembros en el mundo, entonces estaremos avanzando a tientas en la niebla, y amenazando con chocarnos contra un muro. 
Ninguna sociedad puede desarrollarse sin tener un punto de vista. 
No nos queda mucho tiempo para decir conjuntamente qué Europa queremos. 
Su compromiso y el de su Gobierno, y su ambición nos reafirman en nuestra convicción de que un país pequeño puede ser un buen representante. 
Estamos convencidos de ello y le deseamos mucha suerte. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, cualquier Presidencia del Consejo se encuentra naturalmente ante la dificultad de tener que y poder anunciar muchas cosas. 
Le deseo que de las cosas que hoy ha expuesto pueda lograr el máximo posible. 
Depende de la ayuda de los demás. 
En la mayoría de los casos, tendrá el apoyo del Grupo Liberal Democrático y Reformista de esta Asamblea. 
Quiero referirme en especial a dos puntos. 
En primer lugar, la ampliación. 
Quiero someter, en especial, a debate la cuestión de la fecha de la misma. 
Creo que solamente puede haber un único criterio para la ampliación de estos países: tan pronto como lleven a cabo sus reformas en el campo de la democracia y de los derechos humanos y tan pronto como hagan su economía competitiva para el mercado interior, tendrán derecho a la adhesión. 
No tendrán un derecho sólo cuando los Estados miembros occidentales, que tienen una gran ventaja, consideren a su economía capaz de competir con estos sistemas económicos debilitados por muchos decenios de economía planificada de nuestros vecinos del Este, es decir, cuando acuerden que quieren someterse a esta competencia. 
Esto sería una auténtica vergüenza para Europa. 
Espero que la Presidencia austríaca diga con toda claridad que tan pronto como se cumplan las condiciones, estos países tendrán derecho y no cuando nos parezca a nosotros bien. 
Segundo: en su intervención de hoy así como en su programa por escrito se dice muy poco sobre la reforma institucional. 
Aunque se realiza la observación sobre esta, en mi opinión, extraña cumbre de octubre, que quizás tenga sentido si los Jefes de Gobierno realizan intercambios de opiniones sobre la subsidiariedad, la proximidad al ciudadano o, de modo muy general, sobre el futuro de Europa, sin embargo los anuncios o el motivo desencadenante nos hacen esperar algo malo. 
Por lo visto los Jefes de Gobierno más poderosos de la Unión Europea tienen previsto recortar las competencias a la Comisión y, en especial, del Comisario competente para la competitividad, quien se toma muy en serio su tarea. 
Si se lleva a cabo esto, sería un precedente catastrófico. 
Los pequeños países tienen sólo la estabilidad jurídica, tienen al Tratado como aliado. 
La Comisión es la garante de que se respeten los Tratados. 
Por ello, hay que hacer todo- y espero que cumpla lo que hoy ha prometido -, para que no tenga lugar este recorte de las potestades de la Comisión en esta tarea central. 
Creo que la Conferencia Intergubernamental o esta cumbre institucional que se va a celebrar en octubre en Austria sólo puede tener un sentido, el de proseguir los trabajos allí dónde los Jefes de Gobierno han fracasado últimamente, es decir, en la reforma de las instituciones en relación con el Tratado de Amsterdam. 
La tarea más importante es la superación del bloqueo de los posteriores pasos de integración mediante la superación del principio de unanimidad. 
Tanto el Consejo como la Unión Europea deben comenzar sin demora a recapacitar al respecto. 
Deberían hacerlo ya en la cumbre especial de octubre. 
Proximidad al ciudadano significa más democracia en la Unión Europea, más Parlamento, más estructuras democráticas. 
Esto es lo que debe buscar la reforma institucional y espero que usted se haga responsable en este campo. 
Espero y estoy también convencido de que va a empeñar su buena voluntad y sus buenas intenciones en esta tarea. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, antes que nada me complace dar la bienvenida a quien preside por primera vez el Consejo y lo hace de forma tan autorizada con este importantísimo discurso. 
Sin embargo, como el propio Presidente en ejercicio del Consejo acaba de manifestar, las tareas que aguardan a la Presidencia austriaca son tan ambiciosas que, sin duda, se tendrá que trabajar muchísimo. 
Ante todo, señor Presidente del Consejo, el tema de la Europa política. Está claro que la introducción del euro ha supuesto un gran paso adelante hacia la integración de los Estados europeos, pese a que ha reflejado la imagen de una Europa tecnocrática, a través de una operación que ha empezado desde arriba, en lugar de implicar a los ciudadanos desde abajo. 
He aquí, señor Presidente, el primer punto con el cual usted se va a confrontar: la Europa de los ciudadanos se construye a través de un control democrático del proceso de toma de decisiones y no de la Europa tecnocrática. 
El segundo punto es la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Con demasiada frecuencia se ha manifestado en este Parlamento que hace falta una representación única, uniforme, una voz autorizada y fuerte de Europa en el mundo. 
Pues bien, ¿qué imagen está proyectando Europa en estos meses, en estos años? 
La de una Europa dividida, una Europa que roza el ridículo cuando interviene en las zonas conflictivas del mundo, una Europa que no tiene ningún peso político y que, inevitablemente, está obligada a acudir a la ayuda de los amigos americanos para solucionar los problemas que surgen en el patio de su casa. 
Señor Presidente, basta con la Europa de los quince enanos políticos; queremos una Europa que tenga un peso político relevante a escala europea. 
En cuanto al tema de la ampliación, qué duda cabe de que ésta no puede llevarse a cabo a través de sistemas contables. 
Nosotros no somos contables, no debemos centrarnos en este o aquel indicador económico de los diversos países que han solicitado adherirse a nosotros. 
La ampliación es una ampliación política y debemos fijarnos en las razones subyacentes a la misma. 
Europa es un sueño de libertad y de democracia para estos países que piden incorporarse a lo que para ellos fue durante mucho tiempo tan sólo un sueño de libertad y de democracia. 
Por último, el aspecto más importante: el desempleo. 
Señor Presidente, en este ámbito se usa demasiada retórica, pero las tasas de paro en Europa demuestran que Europa ha elegido el camino equivocado: Estado del bienestar demasiado gravoso, rígido, redundante e injusto, que resta recursos a las inversiones. 
Es necesario lanzar un mensaje de flexibilidad, de desfiscalización, de desburocratización: queremos, por tanto, más espacio para la libre contratación, más mercado y más competencia. 
Únicamente a través de la elección por parte del ciudadano consumidor de un servicio, del mejor servicio al precio más bajo posible se podrá convertir a Europa en una realidad más social y solidaria. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo le desea a la Presidencia austríaca éxito en este primer semestre al frente de la Unión Europea, pero el éxito dependerá de conseguir resultados en la gestión de las actuaciones declaradas prioritarias: el empleo, la ampliación y el medio ambiente. 
En cuanto al empleo, esperamos que en el Consejo Europeo de Viena de diciembre se verifique la eficacia de los planes nacionales y se consiga su coordinación para que se cumplan las expectativas creadas en Luxemburgo. 
Al ser Austria el segundo país con la tasa más baja de paro de la Unión, esperamos que se pueda aprovechar su experiencia para conseguir resultados, especialmente en la lucha contra el paro juvenil y a favor de la igualdad de hombres y mujeres en el acceso al empleo. 
Respecto a la ampliación, la Presidencia deberá trabajar con rapidez en el estudio de la compatibilidad entre las legislaciones de los países aspirantes y la comunitaria, para poder iniciar este semestre las discusiones sobre alguno de los 26 capítulos de la negociación, a sabiendas de que habrá que establecer períodos de transición para que no se generen choques en sectores tan sensibles como la agricultura o la libre circulación de los trabajadores. 
Valoramos positivamente el papel de Austria como puente con la Europa Central y Oriental, pero también queremos recordarle la importancia de la negociación con el Gobierno legítimo de Chipre, que debe incorporar, si es posible, una representación de la comunidad turco-chipriota, sin interferencias ni chantajes del Gobierno de Turquía. 
Antes de la ampliación consideramos imprescindible la reforma institucional que fracasó estrepitosamente en el Consejo Europeo de Amsterdam. 
Por ello se hace necesario que, en la cumbre oficiosa prevista para octubre, se den pasos decisivos en el marco de un debate que debería contar con la presencia del Presidente del Parlamento Europeo. 
Consideramos que la propuesta de reforma institucional debe ser conocida por los ciudadanos en las elecciones de 1999 para su debate y legitimación. 
No tendría sentido que hablásemos de la opinión pública y de la participación de los ciudadanos y que, al mismo tiempo, en el momento más importante del compromiso entre los representantes y los ciudadanos, no pudiéramos dar a conocer a la opinión pública las propuestas del Consejo y de las instituciones europeas para la reforma institucional. 
Por otra parte, hay que tratar del tema difícil de la financiación simultánea de la ampliación y de la solidaridad interna de los países de la Unión. 
Podríamos hablar de la solidaridad norte-sur de los países de la Unión. 
Para mantener el objetivo de la cohesión económica y social es totalmente insuficiente el 1, 27 % del PIB como techo de los recursos propios, y eso es lo que define el actual presupuesto comunitario y sus grandes limitaciones. 
Se hace imperativo superar el 1, 3 % del PIB, y para ello debe contemplarse el establecimiento de un quinto recurso que tuviera en cuenta la riqueza relativa de los Estados miembros. 
Respecto al medio ambiente, nos felicitamos por la posición de la Presidencia austríaca que apuesta por el respeto del acervo comunitario en la negociación de la ampliación, que tiene en cuenta los temas sensibles de las centrales nucleares, y es necesaria, además, la integración de la dimensión ambiental en todas las políticas de la Unión. 
Hay que decirle a la Presidencia austríaca que existe preocupación por una posible aceptación de los bajos niveles medioambientales en los países candidatos. 
Y finalmente, señor Presidente, esperamos que la Presidencia austríaca asegure la presencia de la Unión Europea para una justa solución del problema de Kosovo. Y se preocupe activamente por garantizar la celebración del referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental patrocinado por las Naciones Unidas, no sólo porque es importante permitir que el pueblo saharaui pueda manifestar su voluntad, después de veinte años de guerra, sino porque garantiza también la seguridad europea desde la orilla sur del Mediterráneo. 
Quiero felicitarle especialmente por su concepto de la seguridad, que incluye no sólo la defensa, sino el medio ambiente y la cohesión social. 
Ésa es la posición en la que muchos de nosotros creemos, y por eso le apoyamos con mucha alegría y le deseamos éxito. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, el Ministro de Asuntos Exteriores Schüssel nos la ha servido. 
¿Qué hace la mundialmente famosa cocina austríaca? 
Se esconde y oculta. 
La mantequilla en el interior de la patata, el filete en el empanado, la carne picada en el pimiento. 
Me temo que el señor Schüssel nos ha servido hoy sólo el envoltorio. 
Pero de lo que se trata es del relleno, pues con el envoltorio no se satisface a Europa. 
Nuestra Europa tiene hambre de democracia. 
Más Europa mediante menos democracia, esta es la receta que nos quieren imponer los Jefes de Gobierno sometiéndonos a dieta. 
Pero ahora no se trata de adelgazar sino de acumular energías para que esta Europa tenga fuerzas, resistencia, valor y salud y para que tenga de nuevo alegría de vivir. 
El hambre de justicia social, distributiva y de participación, de derechos humanos y fundamentales, de igualdad de oportunidades, de transformación ecológica, de una política de paz, es grande. 
Lo que se reclama no son viejas conservas sino productos frescos. 
Señor Presidente del Consejo, no se deje ablandar metiéndose a remojo. 
La sopa de Kohl, Chirac y de la subsidiariedad no satisface a todos sino solamente a algunos. Se me remueve en el estómago la tortilla de la renacionalización así como la paternalista proximidad al ciudadano. 
No sólo queremos la nata batida de arriba sino los derechos ciudadanos. 
Esta es la tarta que nos gusta. 
Haga que su Presidencia sea un punto álgido culinario y ofrezca democracia, pues de ésta nunca se empacha uno y sólo ella suprime las manifestaciones de carencias. 
Como es conocido, el " Strudel» viene de Turquía, pasando por Hungría y Bohemia hasta llegar a Austria. 
¿Quién si no Austria tenía que estar totalmente al principio de la carta de la ampliación por motivos de antigua unión y cercanía? 
Pero no como rebaja sino como especialidad de la casa. 
Señor Schüssel, sólo que no debe inflarse como la masa del Strudel hasta que esté terminada. 
La totalidad de Europa no debe ser para nosotros un rábano, para todos los que no la comprenden, al menos a mí me importa más que un comino. 
Coloque pues la ampliación y la libertad de circulación de las personas como exigencia principal de su carta. 
Tareas principales, como el impulso de una auténtica política de empleo con iniciativas para reducir y redistribuir la jornada laboral, una política económica coordinada con iniciativas sobre la armonización fiscal, la realización de una política de medio ambiente sostenible con iniciativas para el control de la compatibilidad medioambiental y para el abandono de la energía nuclear así como una política de interior y de justicia que apueste por la seguridad jurídica en lugar de por la construcción de estructuras autoritarias en el marco de la EUROPOL. 
Las personas de esta Europa le expresarán su agradecimiento pues por fin sabrán por qué tienen que querer a esta Europa. 
Si en la oferta se encuentra la democracia, entonces aumenta el apetito. 
Como se sabe, el amor entra por el estómago, señor Ministro de Asuntos Exteriores, pero no todos los platos cumplen lo que prometen. 
Así pues, ofrézcanos algo mejor. 
Europa necesita hoy algo más que buñuelos de Salzburgo, que como se sabe, sólo están llenos de aire caliente y que al tocarlos se desinflan. 
¡Que aproveche! 
Gracias, señora Roth, por habernos abierto así el apetito. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Austria preside por primera vez el Consejo de Ministros de la Unión, y esta Presidencia despierta mucho interés y también una gran simpatía. 
Personalmente siento una enorme confianza, ya que conservo un buen recuerdo, un recuerdo excelente, de la colaboración con Austria cuando yo era Secretaria General del Consejo de Europa. 
El conocimiento de la Europa central y oriental, la preocupación por el equilibrio entre el este y el oeste, la gran experiencia de los servicios diplomáticos austríacos son otras tantas cualidades que hacen que se espere mucho de ustedes. 
Gracias, señor Presidente del Consejo, recogeré algunas de sus prioridades. 
En primer lugar, la ampliación de la Unión. 
Sin duda, no se trata de la primera de las prioridades para los próximos seis meses, pero será en este ámbito donde su situación geográfica e histórica y su experiencia política pueden ayudarnos a salvar no pocos obstáculos. 
Más que cualquiera, sabe usted por qué es esencial que la Europa central se una a nosotros y más que cualquiera siente preocupación frente a una ampliación que, en su país, puede alterar el empleo por causa de una afluencia excesiva de trabajadores, o competir duramente con su agricultura, ello sin hablar de otros problemas. 
Pero Austria está bien situada para servir de pasarela, de puente, entre Europa central y países como el mío, que no son fronterizos con los PECO, que al fin y a la postre los conocen bastante poco y sin los cuales sin embargo la ampliación sería un fracaso. 
Esta ampliación no puede reducirse a un cara a cara privilegiado entre vecinos, aunque cultural y económicamente Alemania y Austria están en primera línea. 
En segundo lugar, aunque para nuestros conciudadanos es lo más importante, en su Presidencia deberá continuar con los esfuerzos en favor del empleo. 
Ah, si pudiéramos movilizarnos por el empleo como nos hemos movilizado por el euro. 
Sé bien que no se puede obligar a las empresas a contratar empleados pero la Unión puede crear un entorno propicio y movilizar los medios de que dispone. 
Se ven algunos progresos pero aún queda mucho, mucho, por hacer. 
Al no poder desarrollar, por falta de tiempo, otras prioridades de su Presidencia como la necesaria reforma de las instituciones o la puesta a punto de la Agenda 2000- en este sentido me preocupan cuestiones como el tope de los gastos tal como los ha propuesto la Comisión- quisiera terminar señalando la decisión que ha tomado usted de dar un relieve particular a la celebración, en Viena, del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Esta decisión es acertada. 
Pensando en la función de Austria en el seno del Consejo de Europa puedo dar fe del compromiso profundo de su país en favor de la defensa de los derechos humanos y de todo corazón deseo que esta función se prolongue hoy en beneficio de la Unión Europea. 
Hay un último punto que me parece de buen augurio: la invitación que se ha cursado al Presidente de Turquía, señor Demirel. 
Cualesquiera que sean las dificultades de nuestras relaciones con este gran país, hay gestos que es preciso saber hacer con el fin de suprimir lamentables desaciertos. 
Reconozco en ese punto con agrado el papel tradicional de Austria, como en la época del canciller Kreisky: la mano tendida a unos y a otros. 
Señora Presidenta, en nombre de la Europa de las Naciones, me gustaría felicitar a Austria al asumir la Presidencia. 
Espero que las manifestaciones de Austria y del señor Ministro de Asuntos Exteriores sobre el principio de subsidiariedad sean algo más que buenas palabras. 
Pues cinco años después de la introducción del principio de subsidiariedad en el Tratado de Maastricht, hay en Bruselas un 50 % más de normas de las que ocuparse. 
La Unión ha llegado a ese punto del que hablaba Orwell en el cual el lenguaje indica lo contrario de lo que dice. 
Subsidiariedad significa ahora que 20 comisarios en Bruselas disponen de la exclusiva de proponer si una decisión debe corresponderles a ellos o a los ciudadanos y a los legisladores elegidos por ellos. 
Una base jurídica propuesta sólo puede modificarse si los quince países están todos de acuerdo. 
¿Acaso podrían ponerse de acuerdo quince zorras en salvar una gallina? 
El mero interés específico de un solo país puede impedir la devolución de poderes a los países miembros, a los parlamentos nacionales y regionales, a los representantes elegidos por el pueblo. 
De ahí que tristemente mi pronóstico sea que aún habrá más normas cuando Austria entregue el testigo a Alemania, y cuando Alemania vuelva a entregarlo tras haber hablado mucho del principio de subsidiariedad, la montaña de leyes será tan alta como una cumbre alpina. 
Se dice una cosa y se hace lo contrario. 
Un nuevo ejemplo es la aprobación el otro día de la propuesta de estatuto para los miembros del Parlamento que nos proporcionará un sueldo más alto, el mismo para todos. 
La propuesta nos convertirá en los representantes de Bruselas en los países miembros. 
En la Europa de las Naciones pensamos que es mejor ser los representantes de los países miembros en la Unión Europea. 
¿En qué países miembros encontramos gente que esté a favor de pagar 1000 ecus por un viaje de 500 ecus? 
¿Dónde ha habido manifestaciones defendiendo un aumento de nuestros sueldos? 
La propuesta de estatuto existente nos alejará de los electores y no estará de acuerdo con el principio de subsidiariedad. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, hace algo más de tres años que Austria, Suecia y Finlandia ingresaron en la Unión Europea. 
Austria es el primero de estos países que ostenta la Presidencia del Consejo. 
Esta es un tarea de gran responsabilidad, una tarea difícil, que si se ejerce adecuadamente aporta un gran prestigio. 
El programa de la Presidencia comprende temas que inevitablemente están prefijados. 
Con la Agenda 2.000 se nos presenta la gestión de un proyecto gigantesco. 
Un proyecto del que el Presidente de la Comisión, Santer, espera que adquiera una gran velocidad bajo la Presidencia austriaca. 
Un proyecto del que se espera que bajo la Presidencia austriaca no sólo se determinen diferentes opciones, sino también elementos que conduzcan a un feliz término. 
Esto implica superar el difícil equilibrio de intereses divergentes. 
Permítanme presentar un ejemplo concreto de esto, ya que, como es sabido, es en los detalles donde se encuentran las dificultades: la reforma estructural del Fondo de cohesión. 
Tres de los cuatro países beneficiarios del Fondo de cohesión están participando en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Con ello desaparece, ciertamente, la base justificativa de este Fondo. 
¿Cuál es la posición de la Presidencia respecto de esta cuestión y cómo piensa negociar una eventual compensación? 
Segundo ejemplo: ¿cómo piensa encontrar la Presidencia la compensación en el llamado debate de los contribuyentes netos? 
Las diferencias entre las exigencias de los alemanes en pro de una justa distribución de las cargas y la propuesta española de que se abran unas fuentes de financiación son evidentes. 
Tercer ejemplo: la reforma de las instituciones. 
De este complejo grupo de temas depende, y no en último lugar, la cuestión del futuro de la Unión y su capacidad de ser ampliada. 
No obstante, no aparece en el propio programa escrito de la Presidencia. 
Tanto más me alegra, señor Ministro Schüssel, que usted, al contrario que en declaraciones anteriores, haya prometido ocuparse de este tema. 
Cuarto ejemplo: quizás a algunos de ustedes no les parezca tan importante, pero un país como Austria, que se encuentra en inmediata vecindad con países de la Europa oriental, tiene un interés natural en uno estándares altos de seguridad en las centrales nucleares que se hallan próximas a las fronteras. 
Este no es un tema de minorías, ni un asunto marginal de Europa. 
La lista de temas se podría proseguir sin más, pero no me lo permite el tiempo de que dispongo. 
Con motivo de la asunción de la Presidencia del Consejo se ha debatido mucho en Austria acerca de cuánto margen de actuación posee una Presidencia. 
En su intervención en Cardiff, Jacques Chirac y el Canciller Federal Kohl han exigido de la Unión una mayor proximidad al ciudadano. 
Por lo demás, el presidente austriaco Klestil se refirió a ello hace pocos meses en esta Asamblea. 
Transparencia y cercanía al ciudadano, la cuestión de qué competencias debe tener Bruselas, constituyen una cuestión central para el desarrollo de la casa Europa. 
Con independencia de la solemne declaración de intenciones queda la cuestión de qué aportación concreta va a realizar la Presidencia austriaca. 
Sólo si se responde de manera concreta a esta pregunta se encontrará también la respuesta de hasta qué punto están dispuestos los ciudadanos de Europa a seguir construyendo esta casa europea. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, señor Presidente del Consejo, usted ha dicho que la misma Unión tiene que ser aún capaz de ampliarse. 
En el Parlamento Europeo haremos todo lo posible para que la Agenda 2000 se pueda aprobar dentro de este período electoral. 
Ruego al Consejo que considere que los plazos deben respetarse y que el Parlamento debe tener la ocasión de exponer su opinión al final de todo el procedimiento. 
En mayo se acaba. 
Usted ha dicho que la Presidencia alemana del Consejo presentaría en marzo la resolución. 
De acuerdo, pero esta es la última ocasión para que el Parlamento pueda llegar a una decisión hasta mayo. 
Más allá ya no es posible. 
Es decir- lo digo ahora como alemán -, no dejen demasiadas cosas en manos de los alemanes. 
Segunda observación: Kohl y Chirac le han obsequiado con una cumbre especial. Se quiere hablar allí sobre qué hay que hacer para que la Unión sea más eficiente, tenga más capacidad de actuación, esté más próxima al ciudadano y se delimiten mejor las competencias. 
Suena como una lista de fallos de su trabajo en Amsterdam. 
Todo esto se podría haber hecho ya en Amsterdam. 
(Aplausos) Pero no se ha hecho. 
Está bien que se hable ahora al respecto. 
Me viene a las mientes el primer acto, primera escena de "Los Piccolomini» del Wallenstein de Schiller :" Tarde llegáis, pero llegáis». 
Al menos es algo. 
Si se lograse que mediante el debate en la cumbre especial al menos mejorase el trabajo del Consejo, sería un resultado excelente de la cumbre. 
En tercer lugar: la subsidiariedad. 
Subsidiariedad significa- con lo que subrayo lo que usted ha dicho- tomarse en serio la cuestión europea. 
Subsidiariedad no significa menos Europa sino más Europa allí donde Europa puede aportar realmente algo. 
Dos ejemplos: los ciudadanos esperan que ahora, tras la introducción del euro, Europa practique también una política fiscal, presupuestaria y económica común. 
Necesitamos una especie de gobierno económico. 
Pero en contra de esto no sólo está Bonn sino también otros. 
No es suficiente y es además erróneo quejarse siempre de la impotencia de Europa en los Balcanes y al mismo tiempo negar más poder a Europa. 
Esto es también válido para los Ministros de Asuntos Exteriores. 
En cualquier caso, deseo que los Gobiernos no sólo hablen siempre, sobre todo en la cumbre especial, sobre qué es lo que Europa no puede hacer sino que hablen sobre lo que Europa tiene que hacer. 
Finalmente, señor Presidente del Consejo, no se trata tanto de poner de acuerdo a Europa en contra de un retorno del pasado sino más bien de aclarar a los ciudadanos y a nosotros mismos que tenemos que poner de acuerdo a Europa para que se autoafirme en el mundo del futuro. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, las esperanzas que se depositan en cada nueva Presidencia son grandes, en especial si esta función es ejercida por primera vez por un miembro recién llegado a la UE. 
Grande es también el crédito de confianza que se concede a Austria, tal como habrá podido constatar. 
Como la Presidencia cambia cada seis meses, lo que es considerado por algunos con razón como una debilidad inmanente de dirección, es oportuno poner de nuevo las cosas en su sitio, sin exagerar ni tampoco quedarse demasiado corto. 
El marco de actuación está fijado. 
En la cumbre de Cardiff la misma Unión se ha marcado una fecha vinculante. 
Hasta marzo del próximo año- es decir, aún antes de las elecciones al Parlamento Europeo- se quieren determinar los elementos esenciales de las reformas de la política estructural y agrícola así como las bases del próximo marco financiero. 
La Presidencia austríaca deberá presentar un paquete global con opciones para una solución definitiva. 
Una tarea titánica, pues las contraposiciones de intereses dentro de la Unión Europea son enormes, de lo que ha tenido un botón de muestra aquí en el Parlamento. 
Tienen que compensarse entre los contribuyentes netos y los beneficiarios netos, entre aquellos que temen tener un exceso de ventajas y los que temen lo contrario. 
Por ello, lo que ahora hay que hacer es buscar un consenso que llene a la solidaridad en la Unión Europea de un contenido claro en interés de una distribución justa de las cargas. 
Ya solamente por este motivo, el Parlamento debe ser incluido a tiempo en la toma de las decisiones sobre la Agenda 2000, lo que acaba de decir el señor Hänsch. 
Me alegra que usted quiera impulsar el diálogo interinstitucional. 
He escuchado el mensaje y personalmente no carezco de fe. 
Este proceso ha comenzado bajo la Presidencia británica y ahora hay que consolidarlo bajo la Presidencia austríaca. 
Hay demasiado en juego como para dejar al margen al Parlamento en los preparativos de la Agenda 2000, que pretende preparar a la Unión Europea para el cambio de milenio y la fase posterior. 
En este gremio están representados directamente los ciudadanos. 
Aquí se puede aplicar en concreto la tan cacareada subsidiariedad y los ciudadanos esperan un nuevo empuje energético para Europa. 
Precisamente usted se ha pronunciado claramente en favor de que el capítulo del empleo se reflejase en el Tratado de Amsterdam, ya que la preocupación por los puestos de trabajo se ha convertido en una obligación. 
Pero la energía de la UE no debe agotarse en la introducción del euro. 
El relanzamiento de la economía que cabe esperar del euro se debe reflejar en nuevo crecimiento y nuevos puestos de trabajo, sobre todo, para la juventud. 
Pero sólo esto es muy poco. 
Hay que impulsar una investigación próxima a la industria. 
Abogue como Presidente del Consejo por una variante máxima del quinto programa marco de investigación. 
No hay que ahorrar aquí, pues sería el sitio erróneo para hacerlo. 
Hay que fortalecer a la Unión Europea a todos los niveles- en lo que le doy toda la razón- pues sólo así estará en situación de llevar a cabo realmente el proyecto del siglo, la ampliación. 
Si miramos a nuestro alrededor, si vemos la crisis de Kosovo, las tensiones existentes en Chipre o la paralización en Oriente Próximo, solamente podemos extraer una conclusión: lo importante que es fortalecer a Europa desde el centro, lo que significa dinamizar el proceso de ampliación. 
Mis amigos y yo en el Parlamento Europeo le ayudaremos en esta tarea. 
Esto contribuirá también a la credibilidad de la Unión Europea, a lo que usted deberá realizar una aportación esencial. 
Presidente, doy la bienvenida a la primera Presidencia austriaca. 
Lo he notado claramente: Austria quiere prestar sus servicios entre la Presidencia británica y la alemana. Me produce mucha simpatía. 
Lamentablemente no quiere bailar la Presidencia austriaca en 1998, pero quizás podamos jugar al fútbol, ya que con este tipo de exhaustivas y fidedignas manifestaciones humanas podemos recobrar, con frecuencia, la solidaridad y la unidad. 
Fomentar la eficacia de la Unión, dar contenido a la subsidiariedad: puedo compartir estas opiniones, pero echo de menos un cierto número de medidas concretas relativas a la eficacia. 
Es necesario que tenga lugar la reforma antes de la ampliación, y acerca de esto he oído demasiado poco. 
Sobre el tema de la seguridad el Presidente se ha extendido en su exposición, el desempleo es lamentablemente un factor estimulante y, naturalmente, la creciente criminalidad. 
¿No estaría bien que la Presidencia austriaca, precisamente Austria, pusiera freno finalmente a la mafia que existe en el Este de Europa? 
Todos sabemos que hace algunas semanas han surgido los primeros atentados en Budapest. 
Me gustaría oír por parte de la Presidencia austriaca medidas concretas y claras contra esos sucesos. 
¿Querría Vd. convocar a un país miembro, especialmente a los Países Bajos, para que sea serio en la lucha contra la criminalidad, y para arrestar al ex-dictador del Surinam, un traficante de drogas buscado internacionalmente? 
Respecto a la estabilidad, la ampliación es importante, pero ¿querría la Presidencia austriaca no sólo dirigir la mirada hacia los Estados de Europa Central sino también apoyar la política mediterránea? 
Me preocupa que las negociaciones con Egipto duren ya tres años. 
El país que primero se ha sumergido valientemente en el proceso de paz de Oriente Medio amenaza, al final de este mandato del Parlamento, con no entrar en los acuerdos mediterráneos. 
Austria, echo de menos a las personas mayores en vuestra exposición. 
¡120 millones de ciudadanos europeos están por encima de los cincuenta! 
No puede suceder que la entrada en el euro se produzca a costa de ellos. Ellos han estimulado el éxito económico de Europa. 
¡Piensa en las personas mayores! 
Me alegro que quiera proteger a los niños pero haga algo por las personas mayores. 
Para finalizar, Presidente, se celebra el quincuagésimo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y yo le pido que tome una iniciativa. Hay 4000 ciudadanos europeos que se encuentran en prisiones fuera de la UE. 
Les falta todo tipo de apoyo jurídico y a veces, lamentablemente, también apoyo diplomático. 
Tome la iniciativa y ponga en marcha un fondo para dar a esos ciudadanos un apoyo jurídico justo; de este modo recobraremos la confianza en Europa. 
Señora Presidenta, quiero puntualizar que el discurso del Sr. Presidente del Consejo ha combinado la medida con la perspectiva. 
Esperamos muchas cosas de la Presidencia austriaca. 
He anotado que se ha referido a la cuestión de la aproximación a Europa de Turquía junto con el tema de los derechos humanos y de la cuestión de Chipre. 
Quizás haya olvidado el problema kurdo. 
Ha mencionado la importancia del fomento de la cuestión de Chipre. 
Quiero presentar un tema y una pregunta al Sr. Presidente del Consejo. 
Estamos entrando en una gran crisis en Turquía, en Chipre, etc. Turquía pone en tela de juicio el derecho de Chipre- de un país independiente- a tener su propia defensa. 
Ya hay claras amenazas de guerra y de medidas militares. 
Hace dos días, el Sr. Kliridis, Presidente de la República Democrática de Chipre, se encontró con el Presidente Yeltsin y declaró públicamente la intención de que Chipre no avanzara en la instalación de los S-300, siempre que Turquía diera algunos pasos encaminados a la desmilitarización y que hubiera un avance en la solución del problema de Chipre. 
¿Cómo va a contribuir y cómo va a ayudar a esta iniciativa la Presidencia austriaca? 
Desearía que el Sr. Presidente del Consejo me contestara. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, el comienzo de cualquier Presidencia del Consejo es el tiempo de las grandes palabras y de los buenos deseos, tal como habrán visto. 
Al final solamente se encuentra la estricta frase: por sus hechos los conoceréis. 
Esto lo enjuiciarán en diciembre el Parlamento y la opinión pública. 
Estoy convencido de que a finales de año, el Parlamento estará en situación de examinar si tras el ligero envoltorio que hoy nos ha servido hay un relleno o sólo aire caliente. 
Lo que hoy podemos o tenemos que decir es lo que las personas esperan de nosotros en Europa: trabajo, democracia y una distribución justa del bienestar. 
Esta es la carencia que padecen las personas. 
Es aquí donde se va a medir a su Presidencia. 
Muchas personas a las puertas de Europa esperan ser acogidas en esta Unión, en un área de paz y estabilidad. 
Ante el programa que hoy nos ha presentado, señor Presidente del Consejo, surgen sin embargo toda una serie de reparos. 
No se puede recolectar lo que no se siembra. 
Las tareas que no se reconocen no se pueden solucionar. 
En su programa, hoy no ha expuesto su postura sobre las urgentes cuestiones de la reforma democrática. 
No ha dicho ni una palabra sobre un concepto para la cumbre especial, en la que este Parlamento deposita algunas esperanzas, pues a la postre es la prosecución de un debate que se arrastra desde hace mucho tiempo. 
El colega Hänsch ya lo ha dicho: el Consejo ha colocado a la Unión Europea ante esta situación por su fracaso en Amsterdam. 
No ha sabido acallar hoy nuestros temores. 
Le felicito por las críticas y limitadoras palabras sobre la subsidiariedad, pero lamento que no haya tomado postura sobre la necesidad de superar el déficit democrático que se debe sobre todo al Consejo. 
¿Está dispuesto a que se dé publicidad a la legislación del Consejo? 
¿Está dispuesto a someter a un control de Estado de derecho, es decir, judicial y parlamentario, al sector de la Justicia y de la Cooperación Interior? 
¿Está usted dispuesto a atacar por fin en esta cumbre especial la reforma institucional que viene arrastrando el Consejo? 
Estas cuestiones están abiertas así como las relativas al futuro de la codecisión del Parlamento, su soberanía presupuestaria, un derecho electoral común, un catálogo de derechos fundamentales, etc. No es la hora de Presidencias de transición sino la hora de Presidencias con imaginación. 
No es cierto que sólo se pueda mantener la dinámica política. 
Hay que recuperarla. 
Su tarea debería ser la de una Presidencia rompehielos. 
Respecto al campo social, no he escuchado ni una palabra sobre la armonización fiscal, una ambición del propio Ministro de Hacienda. 
Ni una palabra sobre la reducción de la jornada laboral. 
Ni una palabra sobre una política económica común. 
Espero que aún se cumpla lo que falta, para ofrecer un auténtico relleno. Lamentablemente, hasta hoy la sospecha de que el relleno sea solamente aire caliente es muy grande. 
Señora Presidenta, el primer ministro Blair concluyó diciendo, al finalizar la Presidencia británica, que su Presidencia había sido muy exitosa, entre otras cosas porque habían mejorado las relaciones entre la Unión Europea y Gran Bretaña. 
Ahora que estamos al comienzo de la Presidencia austriaca es conveniente que formulemos nuestras expectativas con claridad. 
En cualquier caso la finalidad no es utilizar la Presidencia de la Unión para entablar mejores relaciones con otros Estados miembros. 
La Presidencia austriaca ha dado a conocer ya que, durante el próximo medio año, prestará atención al tema del trabajo, un claro aspecto político al que volveremos en la evaluación. 
No se puede esperar, sin embargo, que la Presidencia se vaya a centrar sólo en ese aspecto. 
En la próxima minicumbre de Viena se hablará de las reformas institucionales. 
Cada vez se hace más evidente que los ciudadanos de Europa no se consideran representados, entre otros, por el Parlamento Europeo. 
La Presidencia deberá, por eso, mejorar alguna que otra cosa en el campo institucional. 
Junto a esto existe un asunto importante al que Austria tendrá que dirigirse, a saber, los planes de la Unión de la ampliación al Este. 
Esto no puede dejarse esperar por más tiempo, se desea que exista, por eso, un impulso firme. 
La Presidencia ha dado a conocer, además, sus prioridades en el campo del medio ambiente. 
Es lógico que la política del CO2 sea una cuestión central ahora que se aproxima la Conferencia de las partes interesadas en Buenos Aires. 
Sería práctico que la Unión Europea pudiera hacer gala de una política efectiva con un buen documento. 
Pienso en la política de reducción del consumo de combustible en los coches particulares y en los camiones. 
Es insuficiente hacer convenios reguladores con la vida empresarial, tal como ahora se realizan. 
Espero poco de ello. 
Surtiría únicamente un efecto mínimo a largo plazo. 
Lo que necesitamos es una serie de requisitos legales para el consumo de combustible de los diferentes tipos de vehículos. Una propuesta, pues, para una directiva. 
En este campo es muy posible técnicamente. 
Así es como se podría acaparar la atención del público en Buenos Aires. 
Es la primera vez que Austria toma en sus manos la Presidencia. 
Esperamos que tenga mucho éxito esta primera vez y le deseamos mucha suerte a Austria. 
Señora Presidenta, una de las tareas importantes de la Presidencia austriaca es la formulación de las directrices del empleo. 
En relación a esto no tiene sentido hablar de Presidencia transitoria. 
Se trata de una misión muy importante. 
Existen muchísimas personas que son de la opinión que tenemos que mantener las resoluciones que se tomaron en la Cumbre de Luxemburgo y que durante los próximos cinco años tenemos que tomarlas en consideración. 
Esto no tiene ningún sentido ya que una de las misiones que se dieron allí es procurar que los acuerdos se transformen en directrices concretas para los Estados miembros, y espero que la Presidencia lo haga con ímpetu y que reflexione sobre la cuestión de si es necesario y posible llegar con nuevas pruebas de evaluación de prestaciones. 
Mi prioridad sería: un nueva prueba de evaluación en el campo de la inversión de los Estados miembros en prácticas y formación, sobre lo que se expresan muchas palabras bonitas, pero para lo que se contraen pocas obligaciones financieras. 
Estoy contento de que la Presidencia tome en serio el proyecto de coordinación de la política económica y de empleo. 
Estoy también muy satisfecho por el hecho de que se organice un llamado macro encuentro, y espero que esto sea un primer impulso para una mejor coordinación en el futuro de las dos formas de la política del empleo. 
A continuación quisiera decir algo sobre el diálogo social. 
A los agentes sociales se les ha dado un papel extraordinariamente importante en el Tratado de Amsterdam, también en el campo de la legislación. 
Es muy lamentable que se haya olvidado dar un papel al Parlamento Europeo. 
Apelo a la Presidencia para que desarrolle propuestas concretas en esta dirección, y si no está dispuesta a hacerlas, entonces que tome las propuestas del Parlamento Europeo. 
Para finalizar quisiera decir algo acerca de un proyecto sobre el que usted se ha pronunciado, por cierto positivamente: la falta de base jurídica. 
Nos gusta hablar en este Parlamento Europeo sobre los grandes proyectos de Europa. 
En mi opinión el proyecto más grande con el que estamos ocupados en este momento es con el de situarnos más cerca del ciudadano en los proyectos de Europa. 
Aquel que diga que podemos hacerlo solos, no sabe de qué está hablando. 
Debemos conceder un papel extraordinariamente importante a las ONGs, porque de hecho pueden formar el cemento entre lo que hacemos y la confianza que esto debe despertar en el ciudadano. 
Me parece incomprensible e inaceptable que se dañen esos proyectos que pueden conseguir esto, aquéllos que pueden dar un carisma social a Europa. 
He visto las propuestas de la Comisión Europa a este respecto y espero que la Comisión Europea no emprenda una estrategia de " divide y vencerás» , de forma que desbloquee, por así decirlo, una parte de los proyectos, y otros los deje bloqueados. Me refiero sobre todo a proyectos de exclusión social. 
Me parece realmente de locos que, por una parte, se pongan en marcha proyectos tales como la Secretaría de Schengen, porque en el Tratado ya se han regulado, y al mismo tiempo se queden congelados proyectos de la exclusión social, que están aprobados explícitamente en el Tratado. 
Apelo urgentemente a la Comisión para que brinde a la Presidencia la oportunidad de formular esta semana una resolución. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, señor Presidente del Consejo, al inicio de su intervención ha dicho con razón que necesitamos un sistema para impedir las guerras y que la ampliación de la Unión Europea es un importante elemento para ello así como también una política exterior y de seguridad común. 
Precisamente en el campo de la política exterior y de seguridad común hay que aprovechar el potencial de este campo a la hora de aplicar el Tratado de Amsterdam. 
Esto debe ocurrir en su Presidencia del Consejo hasta la cumbre de Viena. 
Hay que determinar si las posibilidades de la nueva troika, de la unidad de planificación y de estrategia, si las posibilidades de llegar a acuerdos conducen realmente a una superior revaluación europea o si se queda en el clásico enfoque intergubernamental de " la vieja política con nuevos collares». 
Creo que se le va a presentar una tarea clave en este campo. 
Algo similar es aplicable a la integración de Schengen. 
Como Parlamento, vamos a prestar mucha atención a si las burocracias nacionales al realizar las negociaciones dejan en el tercer pilar más elementos de Schengen de los que son necesarios, en lugar de llevarlos de conformidad con las posibilidades del Tratado de Amsterdam al primer pilar. 
Aquí se puede producir un grave enfrentamiento si estoy correctamente informado sobre el curso actual de las negociaciones en COREPER y en otros organismos. 
Quiero llamarle la atención expresamente al respecto ya aquí. 
Otro punto al que me quiero referir: tiene toda la razón en que las necesarias reformas institucionales para la ampliación no las hemos puesto aún lo suficientemente en marcha y que en la cumbre especial y después debemos conectar las condiciones necesarias con lo que hay que regular aún aquí. 
Está claro que el Parlamento Europeo es quien debe decir la última palabra a la hora de ratificar Tratados de ampliación. 
Les ruego que recuerden que en los preparativos de las reformas institucionales, que son para nosotros una condición de la ampliación, el orden del día y su trascurso se deben configurar de tal modo que el Parlamento Europeo esté también satisfecho con las reformas institucionales para que la ampliación no corra peligro. 
Por ello, en mi opinión se debe iniciar en una fase muy temprana el necesario diálogo con el Parlamento Europeo. 
Esto no debe realizarse solamente en forma de propuestas de resolución que le entrega el Parlamento sino también a otros niveles. 
El tema de la subsidiariedad debe tratarse del mismo modo. 
Cuando en la cumbre especial usted trate el tema de la subsidiariedad, debe saber que ésta debe orientarse al texto actual del Tratado. 
Esto significa que uno de los dos colegisladores, el Parlamento Europeo, debe tener una opinión similar de la subsidiariedad que la cumbre. 
Si la cumbre encuentra otra interpretación que el Parlamento Europeo, olvídense de ésta. 
Pues no nos orientaríamos a ella y con las posibilidades que tenemos, la política seguiría funcionando como hasta ahora. 
Por este motivo, es importante también para la preparación de la cumbre incluir del modo correspondiente al Parlamento Europeo. 
Debemos mostrar claramente que tenemos que redescubrir nuevos instrumentos, si bien quizás se trate también de antiguos instrumentos. 
Por ejemplo, se podrían aprobar de nuevo directivas como directivas marco, para hacer de este modo lo que es necesario en la configuración de Europa, pero dejando mucho margen de actuación al legislador nacional. 
Lo que no puede ser es que el Consejo nos comunique qué es lo que podemos hacer y que, por lo demás, introduzca todo lo que le apetezca en las propias resoluciones y luego intente frenarnos. 
Esto debe realizarse también en cooperación entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Tenemos que ser conscientes de que esto solamente puede funcionar si el Consejo realiza también su propia reforma del modo adecuado. 
Para finalizar, quiero decir- Klaus Hänsch ha llamado también la atención al respecto- que el método actual del Consejo de Asuntos Generales como legislador es uno de los números más hilarantes dentro de esta Unión Europea. 
El Consejo tiene que reorganizarse al igual que nosotros si quiere cumplir con su papel de legislador. 
Si no se realiza esta clara separación entre el Consejo como órgano ejecutivo y el legislativo y, en consecuencia, no existe una clara orientación, pueden ustedes decidir con subsidiariedad lo que quieran pero no resultará nada de ello. 
Esta es su tarea. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, configurar la Unión Económica y Monetaria es la tarea que tenemos que cumplir ya desde ahora y no a partir del 1 de enero. 
Por ello, la forma de la coordinación de la política económica deberá ser el tema central también de la Presidencia austríaca del Consejo, pues por primera vez se van a celebrar durante esta Presidencia varios Consejos euro-once. 
Como Parlamento Europeo, no podemos subrayar suficientemente lo importante que es para nosotros que, por un lado, funcione el proceso de coordinación entre los países de la zona del euro y también lo importante que es mantener la relación con ECOFIN. 
Por ello, va a ser para nosotros de especial importancia que los Consejos informales ECOFIN y también los Consejos euro-once sean más transparentes e informativos hacia el exterior de lo que han sido en el pasado. 
Pues a todos nos afecta lo que se acuerde en estos campos de importancia vital para la economía, el crecimiento y el empleo. 
Durante la Presidencia austríaca se va a hablar también por primera vez de planes de estabilidad que deberán presentar los 11 países del euro. 
A este respecto, quiero recordar que ha sido el Parlamento Europeo quien ha logrado que la evolución de las inversiones se incluya en los planes de estabilidad, tanto en el sector público como en el privado. 
Quisiera oír de la Presidencia austríaca la promesa de que no sólo se va a analizar sino sobre todo se va a avanzar. 
Pues de lo que adolece la Unión Europea es de organización del crecimiento en el sector privado y público. 
No podemos permitírnoslo si realmente queremos combatir el desempleo en masa. 
Este es un punto débil que caracteriza fatalmente a la Unión Europea y por ello los planes de estabilidad son muy importantes. 
Sin embargo, no pueden ser interpretados de modo rígido ni tampoco contradecir nuestros demás esfuerzos políticos. 
Los planes de estabilidad no deben conducir a que los planes de convergencia del pre-Ins sean considerados más estrictamente que lo que prescribe el Tratado de Maastricht. No debemos provocar aquí una división. 
Permítanme que llame aún la atención sobre otro punto. 
La Presidencia austríaca del Consejo ha indicado con razón que la última hora de su Presidencia será la despedida de 14 monedas y la transición a la moneda única para los 11 países de la zona del euro. 
Este viejo continente ha logrado realmente dar con esta nueva moneda una respuesta al desafío actual. 
Realicemos un inicio con la Presidencia austríaca también en los campos de la coordinación económica, como los acuerdos interinstitucionales, los procedimientos de control multilateral, el exceso de déficit o los rasgos básicos de la política económica. 
El Parlamento, el Consejo y la Comisión deben ser interlocutores cooperantes y sería positivo que la Presidencia austríaca del Consejo se ocupase por fin de este tema en interés de la democratización de los procesos decisorios en la Unión Europea. 
A pesar de la experiencia del Congreso de Viena, Austria tiene que llegar a un resultado satisfactorio el 31 de diciembre, en la noche de fin de año, para que el euro se convierta en un robusto niño de padres ufanos. 
Por ello, creo que esta bienvenida tiene que organizarse para que todos en la Unión Europea, sobre todo también en la población, sepan que el euro es bienvenido. 
Señora Presidenta, quisiera en primer lugar felicitar a la Presidencia en ejercicio del Consejo por su ambicioso programa, así como desearle suerte y resultados. 
Tiene usted razón, señor Ministro, al decir que en el plazo de seis meses ni esta Presidencia ni ninguna otra puede resolver todos y cada uno de los problemas que en estos momentos tiene planteados la Unión Europea. 
Pero lo que sí cabe esperar de la Presidencia austriaca es que fraguando consensos, aunando voluntades y haciendo lo más difícil, que es situarse en la perspectiva del interés común, se puedan producir avances sustanciales en todos los aspectos que han mencionado los colegas que me han precedido en el uso de la palabra. 
Todo ello, evidentemente, sentando las bases para el fortalecimiento y reforma de las políticas de la Unión, de tal forma que se pueda producir un impacto favorable con la ampliación, una mejora de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y un crecimiento sostenido con creación de empleo. 
Es evidente- y lo ha dicho también el Sr. Brok- la necesidad de un reforma institucional, y yo situaría en este capítulo un punto que me interesa particularmente: el de la subsidiariedad. 
A estos efectos, señor Presidente en ejercicio del Consejo, celebro que no haya caído en la utilización interesada, demagógica y manipuladora de este principio con el que algunos pretenden un frenazo en seco o un cambio de rumbo en el proyecto de unión política. 
Son los mismos que acusan a la Comisión Europea de ser un aerópago de burócratas apátridas, cuando lo cierto es que, sin su impulso decidido y su voluntad, el proyecto no podría haber alcanzado el grado de desarrollo, perceptible por supuesto, en el que se encuentra. 
En este sentido, hay tres cuestiones que me interesan particularmente. 
La Presidencia en ejercicio del Consejo se ha referido a la importancia que concede al principio de solidaridad. 
Y a mí me gustaría saber cómo se sitúa la Presidencia austríaca y cómo se posiciona en relación con el debate de las perspectivas financieras y, en concreto, con el reciente debate sobre los recursos propios comunitarios. 
La segunda cuestión es si piensa la Presidencia en ejercicio del Consejo efectuar un seguimiento puntual de los acuerdos alcanzados en el mes de mayo con los Estados Unidos sobre las leyes de efecto extraterritorial. 
Y, en tercer lugar, cómo encara y cómo enfoca la Presidencia en ejercicio del Consejo las relaciones con los países de América Latina y qué disposiciones piensa adoptar, de acuerdo con la Presidencia alemana, de cara a la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina, y qué papel piensa otorgar al Parlamento Europeo en esta Cumbre puesto que, como es sabido, el Parlamento Europeo participa en las cumbres internas de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. 
El tiempo, usted lo ha dicho, señor Ministro, es la medida de todas las cosas y yo espero que, cuando dentro de seis meses nos volvamos a reunir aquí para hacer balance de los logros alcanzados por la Presidencia en ejercicio del Consejo, ese balance pueda estar a la altura de las ambiciones y objetivos del programa que usted nos ha presentado aquí esta mañana. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, le he escuchado atentamente y mis compañeros Hänsch y Brok ya han dicho algunas cosas sobre cómo interpretan la subsidiariedad. 
Debo reconocer que he sonreído cuando usted ha dicho que la cumbre extraordinaria de los Jefes de Gobierno debe contribuir también a entusiasmar a los ciudadanos por la idea de Europa y que esto no se puede lograr si no se actúa con pleno convencimiento. 
Tengo una gran curiosidad por ver cómo lo logran los Jefes de Gobierno actuando con pleno convencimiento. 
He escuchado su declaración, fuertemente orientada a la política exterior, sobre la Presidencia austríaca del Consejo y he estado esperando para ver cuándo se iba a referir a puntos concretos. 
Ha mencionado unos pocos. 
Al menos, ha mencionado la política de medio ambiente en tres medias frases, lo que valoro. 
Me gustaría saber de usted, si está convencido de que la Unión Europea debe ser más eficiente y próxima al ciudadano- en lo que estamos todos de acuerdo- qué es lo que quiere aportar usted como Presidente del Consejo, pues uno de los aspectos esenciales de la Presidencia austríaca del Consejo es la política de medio ambiente. 
He leído que va a seguir siéndolo durante estos seis meses. 
Si esto es así, entonces tiene que lograr ser algo más concreto tras la cumbre de Cardiff. Esto significa integrar la política de medio ambiente en otros sectores políticos. 
No quiero aburrirle a usted ni a nosotros mismos con valores límite. 
No quiero discutir con usted sobre qué deben tener los coches o el aire. 
Pero sí quiero debatir con usted sobre si va a integrar la política de medio ambiente en la política económica como factor vinculante de la legislación económica tanto aquí como en los diversos países. 
¿Va a lograr interrelacionar el medio ambiente y el transporte de un modo vinculante? 
Cuando digo vinculante me refiero a vinculante y no un adorno semántico que usted mismo ha criticado con razón. 
Si no logra esto, seguiremos padeciendo una falta de eficiencia. 
Usted ha indicado con razón que la Unión Europea debe ser eficiente. 
Lo aprecio mucho. Pero si no logra controlar, por ejemplo, que se aplique lo que aquí acordamos en los países miembros, en los países de sus colegas, entonces no tendrá éxito. 
Si queremos que la Unión Europea esté cerca del ciudadano y la política de medio ambiente sea un tema importante y si esto es una prioridad de su Presidencia del Consejo y una Presidencia del Consejo sólo tiene éxito si cumple sus prioridades, entonces la suya sólo tendrá éxito si logra lo que le he pedido. 
Señora Presidenta, me felicito con el Presidente en ejercicio del Consejo por esta declaración realmente política: política porque, a mi juicio, es muy concreta, efectiva y responsable. 
Ésta es la forma de ganar credibilidad y de volver a merecer la confianza de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, usted ha declarado que será una Presidencia más de trabajo que de fiesta. 
Es preciso estar a pie de obra, no hace falta proyectar más obras. 
La obra ha comenzado, el euro ha marcado un cambio importante y ahora, como decía del Presidente Sr. Delors, hay que ponerse manos a la obra, y en este sentido creo que la Presidencia austriaca será una Presidencia eficaz- como usted, señor Presidente, ha prometido -, así como una Presidencia valiosa y memorable. 
Se lo agradezco, señor Presidente, porque a nadie se le pasa por alto la importancia del peculiar momento político, especialmente difícil, que nos aguarda. Tenemos ante nosotros las elecciones alemanas y, además, el Parlamento Europeo está llegando al final de la legislatura. 
Señor Presidente, le damos las gracias porque nos temíamos que el programa de la Presidencia austriaca sucumbiera a la tentación de convertirse en un programa de final de legislatura. No es así y lo celebramos. 
En este sentido, quisiera mencionar algunos de los asuntos concretos que usted ha señalado. 
En particular, me voy a referir a uno de ellos: las redes transeuropeas. 
Considero que esta Presidencia será una Presidencia digna de ser recordada en mi país si, en este semestre, se pudiera ir solucionando el problema del apartado de la línea ferroviaria del Brenner que, en cierto modo, obstaculiza la conexión de toda Europa central con el Mediterráneo. 
Además de esto, hay que desbloquear la cuestión del aeropuerto Malpensa 2000 que afecta a toda la economía del Mediterráneo y que, por tanto, no es sólo una cuestión nacional. 
Quiero recordar que, sin duda, existen problemas que hay que solucionar en Italia, sin embargo, tenemos la impresión- se lo digo sobre todo al Sr. Presidente Santer- que en la actitud de la Comisión juegan un importante papel la influencia y la presión de algún fuerte interés en Europa. 
Muy bien en lo que al desempleo se refiere: después del euro es preciso pasar de las palabras a los hechos en este apartado, así como ir reduciendo las competencias de los Estados nacionales, puesto que para resolver algunas cuestiones como el desempleo- y pienso en el desempleo del sur de los distintos Estados europeos- es necesario un fuerte impulso a escala comunitaria. 
Para terminar, señor Presidente, la última cuestión. Usted nos ha manifestado que la Unión Europea no está preparada para organizar la adhesión. 
No podemos permitir que ingresen nuevos países en una Europa que está paralizada y que no es capaz de tomar decisiones. 
Entonces, esto es lo que esperamos de la Cumbre de Viena: el Tratado de Amsterdam ha de ser revisado y modificado, las reformas, repito, deben hacerse antes de la puesta en marcha de los procesos de adhesión. 
El interrogante, sin embargo, estriba en cómo hacer estas reformas y con quién hacerlas. 
Señor Presidente, al ser el suyo un pequeño país, puede permitirse plantear a los países más grandes estas dos preguntas que todos conocemos y que no nos atrevemos a formular. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le agradezco su comparecencia y, como ponente general para el presupuesto de 1999, confío plenamente en su espíritu de cooperación. 
Querría agradecerle el que haya mencionado uno de los temas más importantes que tenemos en el candelero: los fundamentos jurídicos, es decir, el desbloqueo de las líneas presupuestarias que tenemos entre manos. 
También tomo nota de que usted ha logrado convencer- o se han convencido ellos mismos- a los ministros de Asuntos Exteriores. 
Pero le aseguro, señor Presidente, que el viernes 17 de julio deben estar convencidos los ministros de Finanzas, porque son ellos quienes llevarán la batuta, y nos veremos cara a cara el 17 de julio. 
Sabe usted también que el Parlamento Europeo no puede renunciar a sus prioridades políticas. 
Tampoco vamos a aceptar que se arreglen solamente algunas líneas presupuestarias que son del agrado del Consejo, sino que vamos a tener que llegar a un acuerdo general, global y vinculante y, sobre todo, tampoco vamos a aceptar que se haga un remiendo para solventar únicamente el período 98-99. 
Necesitamos algo que apunte hacia la Agenda 2000 y sea vinculante para ella. 
Por otro lado, señor Presidente, a mí y al Parlamento nos hubiera gustado tener este año un procedimiento presupuestario de una sola lectura. Una lectura sería el fruto de una buena cooperación y relegaría a la historia este juego fatídico del «quita y pon» entre las dos lecturas del Consejo y del Parlamento. 
Podríamos así elaborar un auténtico presupuesto de prioridades políticas y no de mera contabilidad. 
Le deseo una Presidencia fructífera y desde el Parlamento le ofrecemos nuestra cooperación. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, gracias por mencionar una política para los niños pues el futuro de Europa son nuestros niños. 
Protección legal de la maternidad, dos años de excedencia, ayuda familiar, la prohibición legal de pegar a los niños, lo que deseo para todos los niños de Europa. 
Los niños necesitan un medio ambiente sano. 
Estoy convencido de que la Presidencia austríaca va a impulsar la integración de los objetivos medioambientales en todos los campos políticos, también en el de la protección de los animales. 
Tanto Leonardo da Vinci como Francisco de Asís, siempre han sido las grandes figuras las que han dado su voz a los mudos. 
La Unión Europea es un gigantesco poder económico y estamos orgullosos de ello. 
Ayer sopló el gran espíritu de Europa por este país: libertad, igualdad, fraternidad. 
Estamos orgullosos de ello. 
Pero la calidad moral de una sociedad se refleja en el trato que da a los más débiles, los ancianos, los enfermos, los niños. 
Aquí se refleja el espíritu de Europa, surgido de la comprensión cristiana de la incomparabilidad e irrepetibilidad de cada persona. 
Desearía que en la Presidencia austríaca se reflejase un soplo del espíritu de nuestro gran continente. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, el tema que originariamente no estaba previsto para esta Presidencia del Consejo, ha ganado ahora en actualidad y dinámica, es decir, el desarrollo institucional. 
Ha avanzado positivamente gracias a la rápida ratificación del Tratado de Amsterdam en una serie de Parlamentos y el claro voto afirmativo en la población danesa. 
Sin embargo, está viciado por la carta común del Presidente de Estado francés, Chirac, y el Canciller Federal alemán, Kohl, quienes, bajo el concepto de la subsidiariedad, realizan ataques masivos contra un supuesto centralismo europeo y una supuesta distancia de las instituciones europeas con los ciudadanos. 
Desde el punto de vista alemán, la causa está totalmente clara. 
El no de la Comisión de la UE al proyecto de televisión Bertelsmann/Kirch ha afectado a un amigo muy íntimo y mecenas político de Helmut Kohl. 
Parece un sinsentido de la historia que precisamente este Gobierno alemán se haya pronunciado en los años 80 a favor de un derecho europeo de competencia y que en los años 90 no esté dispuesto a aceptar las decisiones de la UE. 
Con este ataque se favorece precisamente lo que supuestamente ni Kohl ni Chirac quieren, es decir, impulsar la renacionalización y el populismo. 
Todos saben que en lo tocante a la subsidiariedad se han creado todas las normas contractuales necesarias y que no existe una necesidad especial de actuar en este campo. 
Donde sí existe necesidad de actuar es allí donde la Comunidad está incompleta institucionalmente: ponderación de los votos en el Consejo, ampliación de la mayoría cualificada y composición de la Comisión. 
Como se sabe, todos estos puntos no se han solucionado en la última Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, Austria pertenecía ya entonces a los países que trabajaban muy estrecha y positivamente con el Parlamento Europeo. 
Ante este trasfondo y en vista de la tradición de la Presidencia en funciones del Consejo como Estado federal, tenemos confianza en el compromiso y creatividad de Austria para hacer avanzar soluciones europeas comunes. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, Señorías, la cuestión principal para este otoño es la siguiente: ¿cómo se crean puestos de trabajo? 
La respuesta es fácil de imaginar: sólo hay que fabricar productos y ofrecer servicios que se compren. 
¿Cómo se logra esto? 
Hay que invertir en formación inicial y continuada, en un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Yo propondría aumentar el programa LEONARDO- sobre el que ha hablado la señora Flemming- al menos en un 100 %. 
Si lo elevásemos al 0, 2 %, podríamos realizar una aportación esencial para hacer interesante el empleo e integrar a los jóvenes en el empleo. 
¿Qué necesitamos además? 
Una coordinación fiscal, una armonización de los fundamentos jurídicos fiscales. 
No debemos dirigir tanto nuestra atención a los tipos de impuestos, pues necesitamos un mercado pero no un cártel de Ministros de Hacienda sino un servicio barato para los ciudadanos. 
Necesitamos los menos impuestos posibles pero necesitamos fundamentos adecuados y no 163 disposiciones diferentes sobre el IVA. 
Lo que necesitamos es una definición del fraude fiscal y otras muchas cosas. 
¿Qué hace falta además? 
Un diálogo social. Es decir, tenemos que hablar unos con los otros. 
Tenemos demasiados problemas como para discutirlos sólo en la teoría, tenemos que sentarnos a una mesa con los prácticos. 
Señora Presidenta, el próximo 30 de septiembre comenzarán formalmente las negociaciones entre la Unión Europea y los países ACP con vistas a establecer los principios del nuevo acuerdo de partenariado que sucederá al IV Convenio de Lomé. 
Desgraciadamente, ya durante el debate que se llevó a cabo hace unos meses en el seno del Consejo sobre las características que deberá reunir dicho acuerdo, algunos Gobiernos mostraron ciertas reticencias ante los aspectos fundamentales de la futura cooperación. 
Quiero recalcar que es absolutamente necesario reforzar el contenido político del Convenio tanto en lo que se refiere a la promoción de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos humanos como a la prevención de los conflictos y también y ante todo para tratar de llevar a cabo una estrategia común entre la Unión Europea y los países ACP. Una estrategia dirigida a hacer frente con mayor eficacia a los retos de la globalización. 
Además de los contenidos del mandato de negociación, elaborado el mes pasado, será fundamental el espíritu con el cual los Estados de la Unión y, sobre todo, la Presidencia austriaca abordarán la negociación con los países ACP. 
Es imprescindible estar convencidos de que nos jugamos una parte muy importante de nuestra proyección internacional en el nuevo Convenio. 
Asimismo, la Presidencia austriaca deberá afrontar con urgencia el problema de la adopción de fundamentos jurídicos adecuados para todas las líneas presupuestarias relativas a la cooperación internacional que corren el riesgo de ser bloqueadas tras la nueva situación jurídica creada en las pasadas semanas. 
En particular, en lo que atañe a las organizaciones no gubernamentales y las acciones en materia de derechos humanos, es realmente necesario actuar cuanto antes para elaborar la legislación adecuada, porque, de lo contrario, el Consejo tendrá que asumir la pesada carga de haber puesto fin a una parte relevante de nuestra cooperación al desarrollo. 
Por último, es preciso adoptar las demás medidas que están sobre la mesa del Consejo desde hace tiempo, empezando por el reglamento relativo a los países ACP productores tradicionales de plátanos, sobre el que insistimos a fin de que también el Consejo haga suyas las enmiendas aprobadas por el Parlamento. 
Presidente, en primer lugar quisiera desear muchísima suerte a la Presidencia austriaca durante este periodo. 
Este periodo es corto pero también importante y veo que se ha comenzado de forma firme y tranquila. Esta es la mejor garantía para un buen acuerdo final. 
Quisiera llamar la atención sobre dos aspectos. 
El primer aspecto es el de las reformas institucionales y mejoras del Tratado de Amsterdam, con el que la Presidencia austriaca quiere comenzar a través de una Cumbre informal. 
Como antigua ponente sólo puedo hacer hincapié en que la democratización de la Unión Europea todavía no se ha completado. 
Aunque la hayamos nombrado ganadora del Tratado de Amsterdam, todavía hay que poner puntos sobre las íes, y yo recurro a usted para que perfeccione el contenido democrático de la Unión. 
Mi segundo llamamiento tiene que ver con los derechos humanos. 
También mi Grupo tiene que decir algo al respecto. 
Durante este periodo se va a celebrar el cincuentavo año de la existencia de la Convención de los Derechos Humanos. 
Cada vez hay nuevos debates de los Derechos Humanos en este Parlamento, y hay una serie de asuntos que no han llegado a buen fin, por ejemplo las acciones de la Unión Europea en dirección a Nigeria y Birmania. En ambos países ha empeorado la situación en los últimos dos meses. 
Hemos apelado a la Presidencia británica para que trace una línea y para que pase a tomar medidas más severas. 
No ha tenido éxito, apelamos nuevamente a la Presidencia austriaca para que acepte este desafío y para que procure que en estos dos países se restaure el derecho y la democracia, ya que esto es, después de todo, mucho más importante que los intereses económicos, incluso para la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, usted busca trabajo: tengo aún dos temas que me gustaría darle. Uno es el quinto programa marco de investigación. 
Se trata de la ridícula suma de 15 ó 16 mil millones de ecus. 
Debemos realizar este trabajo lo antes posible pues, de lo contrario, la Comisión no podrá poner a disposición los créditos el año que viene. 
Es decir, antes de la resolución sobre el presupuesto, tenemos que saber de qué disponemos. 
Y esto nos somete a nosotros y a usted- pues debemos hacerlo juntos- a una gran presión de tiempo. 
Supongo que en septiembre comenzaremos lo antes posible el procedimiento de conciliación para llegar entonces a un resultado. 
El segundo trabajo que quiero encomendarle y que ya figura en su orden del día es la cumbre de Buenos Aires sobre el clima. 
Aunque Buenos Aires está muy lejos de Europa también nos afecta. 
No hemos hecho un mal papel en Kioto en la última cumbre sobre el clima. 
Los europeos han mostrado realmente que en esta cuestión están a la cabeza. 
Esto se ha reconocido y, por lo demás, ha contribuido mucho a que en Europa haya surgido una sensación de cohesión y poner manos a la obra. 
A esos textos que se firmaron en aquella ocasión o que se han aprobado no ha seguido mucho. 
Como físico no sólo miro los textos sino que mido o dejo que otros midan y constato que hoy se genera más CO2 que hace un año. 
Y todo sigue igual. 
Es decir, necesitamos una estrategia- Buenos Aires es una ocasión para ello- y usted tiene la Presidencia para mostrar que no solamente somos capaces de pronunciar palabras sino también de realizar hechos. 
Mucha suerte para su Presidencia y espero que podamos cooperar. 
Señora Presidenta, se han planteado una serie de cuestiones por lo que no puedo referirme en detalle a todas ellas. 
Quiero disculparme también por haber sobrepasado al principio algo el tiempo por falta de experiencia. Voy a intentar ahora ser muy preciso. 
En primer lugar, muchas gracias por las amables palabras pronunciadas en favor de Austria. 
Tomo estos buenos deseos, la fuerza y energía deseadas, no personalmente sino para mi país pues, a la postre, redunda en beneficio de toda la Unión. 
Necesito también este apoyo porque el Presidente del Consejo- como profesionales con muchos años de experiencia lo saben mejor que uno que lo hace por primera vez- no puede imponer algo a los demás como si fuese un dictador sino que tiene la muy difícil tarea de mediar al máximo, de cooperar y de unificar intereses que con frecuencia son muy opuestos. 
Necesito para ello sus buenos deseos. 
Los tomo como han dicho, como un voto de confianza para Austria y para las personas relacionadas con estas actividades, los políticos, los funcionarios y los diputados que van a trabajar en este campo. 
Se han referido a unos importantes temas. 
En primer lugar, la cuestión de las instituciones y también este encuentro especial, pues no se trata de una cumbre en sentido clásico. 
Me permito decir abiertamente que la reforma institucional se iniciará inmediatamente tras la ratificación del Tratado de Amsterdam, lo que se acordó así en Cardiff. 
Quizás se deba comenzar antes a hablar, pero formalmente se puede comenzar solamente después de la ratificación de Amsterdam. 
Además creo que la cuestión institucional no debe reducirse a la ponderación de los votos o a la cuestión de la composición de la Comisión, aspectos sobre los que noto una cierta flexibilidad, hoy más que en Amsterdam. 
Aquellos países que, por ejemplo, han destacado la cuestión de la composición de la Comisión, hoy comienzan a comprender lo importante que es que en la Comisión estén representados todos los países miembros, pues fortalece la credibilidad de la misma que todos estén allí representados, a pesar de que, naturalmente, ya no son representantes nacionales. 
En contrapartida, los países pequeños y medianos comienzan también a comprender que en la cuestión de la ponderación de los votos va a ser necesaria más flexibilidad. 
No veo en ello nada negativo sino todo lo contrario. 
Creo que con un mayor número de votaciones mayoritarias se puede encontrar una salida hacia una Unión más eficiente. 
Respecto a la cuestión del empleo, queremos demostrar conjuntamente que una moneda fuerte, que va a gozar de credibilidad y que va a ser una competidora del dólar, no supone ninguna contradicción con la responsabilidad por el empleo sino, por el contrario, incluso una ventaja de emplazamiento para la industria, el pequeño comercio o las empresas de servicios en Europa. 
Hay que demostrarlo y es posible. 
Estoy convencido- sin emplear grandes palabras, cosa que no me gusta hacer- de que a finales de este año tendremos una cifra mucho más alta de puestos de trabajo que hace un año- que puede incluso superar el millón. 
Naturalmente, el crecimiento también contribuye pero también se debe a que hemos coordinado nuestra política económica mejor que hasta ahora y a que la coherencia y la convergencia ya están dando frutos. 
Respecto a la cuestión de las finanzas y de la solidaridad, permítanme unas palabras sinceras. La Unión del futuro no podrá renunciar tampoco a la solidaridad dentro de la Unión y con los más pobres- se han mencionado los países ACP. 
Esto es tan importante que un principio fundamental es que hay que salvar esta solidaridad, con total independencia de lo duro que sea el debate. 
No debe existir ninguna duda al respecto. 
Vemos con interés en el informe de la Comisión cómo se plantea esta justa distribución de las cargas dentro de la Unión. 
Entonces comenzará un debate dentro de la Unión y los países miembros. 
Pero estoy seguro- y se lo digo también abiertamente- de que estas difíciles negociaciones al final se solucionarán, como ocurre con todo lo que se debate entre personas que tienen una cierta tendencia a ser razonables, aunque sigan intereses diferentes. 
Respecto a la cuestión de la ampliación, he dicho que queremos comenzar con las negociaciones. 
El punto de debate es si debemos esperar hasta que se hayan examinado todos los capítulos de la Comisión o si ya podemos comenzar a trabajar paralelamente una vez que se examinen capítulos aislados. 
Prefiero la segunda vía, para lo que necesito realmente su apoyo, pues creo que la señal de comenzar ahora negociaciones sinceras y abiertas es muy importante y que apoya el proceso de reformas en los países. 
No nos hagamos ilusiones. 
Aquellos Gobiernos y políticos que están a favor de la Unión Europea y de la integración notarán aún una atmósfera muy hostil y deberán enfrentarse a una intensa oposición. 
Deberíamos ayudarles- esto es también solidaridad -, y no por motivos formales, a aplazar artificialmente el inicio de las negociaciones en un año. 
De esto se trata. 
Quería decirlo aquí sin ningún tapujo. 
Respecto a la cuestión de la cumbre quiero decir aún algunas palabras pues está relacionada con la ampliación. 
Necesitamos una estrategia más allá de los once, con los que ya hemos desarrollado una especie de filosofía de la adhesión. 
¿Qué ocurre con países como Ucrania, con Moldavia o con los Balcanes? 
Esta es una cuestión muy importante que no se puede responder sencillamente con tal o cual línea. 
Un debate estratégico de este tipo debe incluir la siguiente cuestión: ¿qué tipo de red de relaciones europeas ofrecemos, la Conferencia Europea, u otra cosa? 
Creo que este es un tema que, en mi opinión, puede ser tratado en la cumbre especial, en el Consejo informal de Gymnich en Salzburg, pero que quizás pueda ser tratado también por los Jefes de Gobierno. 
Se ha hablado de Latinoamérica. 
Bajo la Presidencia austríaca hemos comenzado ayer el primer Consejo conjunto con México. 
Les voy a decir también muy abiertamente por qué. 
México fue el único país que hace sesenta años protestó por la ocupación de Austria por la Alemania de Hitler. 
¡El único país! 
Esto ha quedado grabado durante sesenta años en nuestra memoria colectiva. 
Ha sido muy inusual que ni siquiera catorce días después de que entró en vigor el Acuerdo Interino hayamos creado este Consejo conjunto. 
Con ello, queremos expresar también nuestras disculpas y agradecimiento. 
Pueden ver que pequeñas cosas, con frecuencia puede ser muy importantes y la responsabilidad de Europa y las relaciones con Latinoamérica son decisivas. 
Queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano, naturalmente, con los alemanes, para que esta cumbre funcione el próximo año en Río de Janeiro. 
Unas palabras sobre el medio ambiente: Europa fue determinante para lograr el acuerdo de Kyoto. 
La reducción del 8 % es en realidad un escándalo. 
Si se refleja en medidas concretas, se deberán adoptar algunas medidas muy dolorosas que deberán defender también los Gobiernos nacionales. 
Por ello, tenemos que insistir para que esta cuestión sea apoyada también por medidas muy concretas. 
No queremos aquí andarnos por las ramas. 
La gran diferencia con anteriores declaraciones nacionales fue que esta es una obligación demandable internacionalmente. 
Por ello, creo que las conversaciones que mantenemos ahora con la Comisión y el Consejo tienen, a la postre, una nueva calidad. 
Me parece también muy positivo que muchos diputados se hayan referido al tema de la protección del medio ambiente. 
Una claras palabras sobre los derechos humanos. 
Hemos preparado ya un encuentro a tres con Argelia. 
Estamos en estrecho contacto con Nigeria y no quiero ocultar que aquí existen algunos elementos positivos. 
Espero que el nuevo hombre fuerte, el general Abubakar, cumpla las declaraciones que ha realizado. 
Pueden estar seguros de que la Presidencia austríaca no va a aflojar la presión en estas cuestiones. 
Muchas gracias de nuevo por la confianza mostrada. 
Gracias también por algunas observaciones escépticas realizadas. 
Por supuesto, Chipre se encuentra entre la lista de prioridades. 
En la cuestión del estacionamiento de los misiles, espero que lleguemos a otra solución que no ponga en peligro la seguridad de Chipre. 
El señor Klaus Hänsch ha citado a Wallenstein. Tarde llegáis, pero llegáis. 
La cita completa es: " Tarde llegáis, pero llegáis. 
El largo camino disculpa vuestra tardanza». 
Llevamos mucho tiempo en camino y perseguimos un buen objetivo. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo sobre la situación en Kosovo. 
En primer lugar, voy a exponer los hechos: actualmente entre 80.000 y 90.000 personas se encuentran en fuga, una gran parte aún en Kosovo, aunque debido a los pueblos destruidos en sus lugares de origen se han refugiado en otros lugares, entre 15 y 20.000 en el norte de Albania. 
Familias que tienen ya entre 10 y 15 miembros han acogido entre 10 y 15 refugiados. 
En habitaciones pequeñas hay 15 personas tiradas sobre el suelo que, de hecho no es otra cosa que tierra apisonada. 
Gracias a la ayuda de la Comisión y las diversas ONG al menos existe ahora una primera ayuda humanitaria. 
Muchas gracias también porque se han liberado los correspondientes programas. 
Sin embargo, creo que los países tienen que hacer más a nivel bilateral. 
Actualmente hay unos 10.000 refugiados en Macedonia. 
Saludamos expresamente la participación de Rusia. Es un importante aspecto. 
Sin duda, el encuentro entre Milosevic y Yeltsin en Moscú no ha sido ni mucho menos satisfactorio. No se han cumplido importantes elementos de las exigencias planteadas por la comunidad internacional. 
Pero al menos se ha logrado vincular a los rusos y obligarles a que se ocupen del tema de modo diferente a como lo han hecho hasta ahora. Yo mismo he estado en Belgrado y he hablado con Milosevic. 
He sido el primer y hasta ahora el único Ministro de Asuntos Exteriores que ha estado directamente en Prístina. 
Hemos abierto una primera oficina de la Presidencia en Prístina. 
Hemos logrado que vengan observadores internacionales a la región. 
No entiendo por qué sólo deben estar allí Holbrooke y Afanasiewsky. También se tiene que ver a representantes y embajadores europeos. 
(Aplausos) Hemos obtenido algunas importantes informaciones. Primera: las sanciones existentes han mostrado al menos un efecto parcial. 
La congelación de los proyectos de privatización seca naturalmente las fuentes financieras de Milosevic. Segunda: aunque tienen unos ciertos efectos económicos a largo plazo, no se deben sobrevalorar. 
Lo que viene a sumarse según mis apreciaciones es que la situación militar ha cambiado totalmente. 
Kosovo está hoy controlado en el 30 % -dicen los rusos- el 40 % dicen otras fuentes que creo están más cerca de la verdad, por el UCK. 
Militarmente, Milosevic no puede ganar este conflicto a no ser que realice un increíble esfuerzo militar. 
La cuestión es si la actitud de los mandos del ejército yugoslavo, le permite realizar un esfuerzo de tal tipo, lo que en si es ya una señal positiva, si bien no puede naturalmente excluirse. 
Segundo: vemos una cierta tendencia a una creciente radicalización también por parte de los albanos de Kosovo. 
El hecho es que la figura por la que siempre hemos apostado conjuntamente, Ibrahim Rugova, se debilita cada día, cada hora. 
Un hombre que merece la máxima admiración pues en unos tiempos muy difíciles tuvo el valor de pronunciarse siempre por la no violencia. 
Cuando mi secretario general estuvo en Malicevo- por lo demás, una vivencia increíble, casi como en su día ocurría con el Che Guevara, no se mencionaba ningún nombre, solamente se decía soy el comandante nº 7 y similaresconstató que el auténtico enemigo en Malicevo son los políticos de Prístina, sobre todo Rugova. 
Esto me preocupa. Lo digo abiertamente. 
Debemos fortalecer las fuerzas razonables y moderadas de la dirección kosovo-albanesa y no debilitarlas con falsas señales. 
Creo también que debemos adoptar las medidas necesarias para que Europa esté presente. 
Sobre todo, queremos concentrarnos en la cuestión del enhanced status, así es como lo llamamos en nuestro complicado " eurospeak». 
Ninguna persona sabe exactamente qué se debe entender bajo este concepto. 
Unos opinan que en lo esencial es algo más que el status quo, pero los albaneses de Kosovo dicen que excepto la secesión, es decir, un Estado independiente, no entra nada más en consideración. 
Naturalmente debe incluir la plena autonomía y no sólo la cuestión del uso de idioma, de la admisión en las Universidades o de enfermeras en los hospitales. Esta elaboración es un tema profundamente europeo al que debemos dedicarnos intensamente. 
Junto a ello, debemos exigir, naturalmente, como hasta ahora una suspensión inmediata de la violencia. Negociaciones inmediatas en presencia de los norteamericanos, de los europeos y de los rusos. 
Personalmente, creo que sin una participación en la región no se va a lograr a la postre una solución. 
En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas trabajamos paralelamente en una especie de resolución de dos niveles que pretende garantizar de facto la libertad de actuación para otras acciones. 
Las próximas semanas mostrarán si se logra que Milosevic dé un giro y sea posible una participación internacional. 
Se podrían ofrecer aquí también incentives como, por ejemplo, la readmisión en la OSCE. 
Si una misión pretende una auténtica presencia en la región, entonces me parece que el único punto razonable, el único estímulo razonable es ver el modo para que participen los yugoslavos. 
Digo también abiertamente que apenas podemos esperar de los albaneses que se den por satisfechos con concesiones de autonomía de cualquier tipo si al mismo tiempo dentro de Yugoslavia no se presiona para que se imponga una plena democratización y desarrollo pluralista. 
Sólo entonces será posible, en mi opinión, una autonomía, un auténtica discusión sobre el status y una solución negociada. 
(Aplausos) 
He recibido 6 propuestas de resolución posteriores a este debate. 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación de la Asamblea Nacional de la República Argelina Democrática y Popular, dirigida por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de dicha Asamblea, Sr. Abdelkader Hadjar, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
Debo aclarar que nos hacen ustedes el honor de visitarnos con motivo del cuarto encuentro interparlamentario con la delegación competente del Parlamento Europeo. 
Añadiré también que las relaciones entre Argelia y la Unión Europea pronto estarán basadas en el principio de asociación euromediterránea y que los contactos que mantenemos a nivel parlamentario han demostrado una voluntad común de cooperar en un gran número de sectores vitales. 
Deseo también a la delegación argelina que sus reuniones sean fructíferas y que disfruten de una excelente estancia en Estrasburgo. 
Señora Presidenta, me alegra mucho que hoy esté aquí presente la delegación argelina y al igual que usted, señora Presidenta, espero que vayamos mejorando paso a paso las relaciones entre Europa y Argelia y que la Presidencia austríaca pueda contribuir a ello. 
Pero me voy a referir a Kosovo. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha hablado del enorme debilitamiento de Rugova. 
No nos debe sorprender. 
Usted no tiene la culpa de ello pero la señora Pack y otros muchos diputados han dicho aquí con frecuencia- lo que sabe el Comisario, a quien quiero saludar especialmente- que la Unión tiene que hacer más para apoyar a las fuerzas que buscan la paz. 
Sinceramente, hay que decir que hasta ahora no ha hecho nada o casi nada. 
Es también nuestra culpa si las fuerzas democráticas que aman la paz se debilitan. 
Tenemos que decirlo claramente. 
Estoy muy satisfecho, también en nombre de mi grupo político, de que por fin- siguiendo el deseo de este Parlamento- estemos más representados como europeos y de que esto ocurra precisamente bajo la Presidencia austríaca. 
En segundo lugar me voy a referir al objetivo político, pues existen diversas opiniones en esta Asamblea. 
Debemos mostrar a todos claramente cuál es nuestro objetivo político, también en caso de una eventual intervención. 
Hace poco, el general Norman lo ha dicho también claramente. Ha indicado que está dispuesto a intervenir en nombre de la OTAN pero que quiere conocer cuál es el objetivo político. 
Este tiene que ser la autonomía de Kosovo en una Yugoslavia democrática, en lo que coincido plenamente con usted. 
Pero si perseguimos otro objetivo u objetivos diferentes, uno por la autonomía y otro por la independencia, sabemos que en el segundo caso estarán preprogramados los siguientes problemas, tanto en Macedonia o, tal como se dice aquí oficialmente, en FYROM como en la misma Albania. 
No debemos entrar en ese juego. 
Debemos pronunciarnos en favor de la autonomía y también de un sistema democrático. 
Me alegran los esfuerzos para que las Naciones Unidas autoricen si fuese necesaria- ojalá que no lo sea- una intervención, trayendo a nuestro lado a Rusia manteniendo para ello conversaciones con ella. 
Pero también quiero decir abiertamente, solidarizándome e identificándome plenamente con los objetivos de las Naciones Unidas, lo que la población albanesa debe saber: Europa no debe permitir jamás un degüello o supresión de la base de la existencia de este pueblo. 
Hay que realizar todos los esfuerzos posibles para lograr una regulación pacífica o para mover a las Naciones Unidas a que dé su asentimiento para una intervención si ésta fuese necesaria. 
Sin embargo, debe existir plena claridad de que no solamente luchamos por la autonomía del pueblo albanés sino por su derecho de supervivencia. 
No debe ocurrir otra vez lo que ocurrió en Bosnia pues, de lo contrario, perderemos plenamente nuestra credibilidad. 
Si estamos a favor de una política exterior y de seguridad común, entonces tenemos que demostrar que somos capaces de llevarla a cabo hasta las últimas consecuencias. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, su intervención me ha parecido excelente si bien llega con muchos años de retraso. 
El tiempo se nos escapa literalmente de las manos. 
Como ha dicho el señor Swoboda, usted no tiene la culpa de ello sino todos los Gobiernos occidentales. 
Desde 1989 he estado casi todos los años en Kosovo. 
Sé, pues, de qué hablo. 
Hace precisamente diez días estuve en Albania y he visto la miseria de los refugiados. 
Creo que debemos extraer la conclusión de que hemos llegado terriblemente tarde. 
Es cierto lo que ha dicho sobre Rugova. 
Rugova ha intentado durante ocho años mover a las personas hacia una resistencia no violenta y esto es lo que han hecho los ciudadanos. 
Es inconcebible que lo hayan hecho. 
Durante ocho años ha llamado a la gente a una resistencia no violenta y Occidente ni siquiera le ha agradecido por ello. 
Ahora nos encontramos ante la situación de que la política exterior occidental, que vive al día y que sólo reacciona ad hoc y no ha tenido en esta región unos objetivos a medio o largo plazo, tal como hemos visto en Bosnia, sólo reacciona si la televisión muestra a la población que allí se está derramando sangre. 
La solución política de Kosovo no puede ser ya desde hace mucho tiempo sólo la autonomía, que fue destruida en 1989 por Milosevic. 
Todo el mundo debe saberlo. 
Durante años estuve a favor de una nueva Federación Yugoslava democrática con tres repúblicas: Serbia, Montenegro y Kosovo. 
Pero pregunten por ahí: hoy esta solución ya no parece posible tanto más cuando Yugoslavia es todo lo contrario que democrática. 
Cuanto más tiempo duren los asesinatos, incendios y la expulsión de los albanos, tanto mayor será el apoyo a la UCK y decrecerá el apoyo a Rugova. 
Ceder ante Belgrado fortalece a la UCK y debilita a Rugova. 
Como usted ha dicho, las sanciones no surten en absoluto efectos. 
Por ello, debemos cumplir mejor nuestras obligaciones e intentar solucionar este problema. 
Mi opinión es que solamente podemos hacerlo con el idioma que entiende Milosevic. 
Señora Presidenta, los Liberales europeos criticamos la conducta del Consejo de Ministros en algunos puntos pero, aún así, agradecemos el hermoso discurso pronunciado por Schüssel. 
En primer lugar, opinamos que el Consejo de Ministros, los máximos representantes de las democracias europeas, deben actuar con mayor fuerza y celeridad. 
Milosevic continua con sus atropellos, hay combates, se bombardean ciudades, hay muchos muertos y la gente huye. 
Señor Schüssel, el Consejo de Ministros tiene que hacer algo más que hasta ahora para detener esta desgracia, y al decir desgracia me refiero al señor Milosevic. 
Se le tiene que obligar- con amenazas y graves represalias si fuese necesario- a terminar con sus abusos y a retirar sus tropas de Kosovo. 
A continuación se podrán iniciar las negociaciones sobre el futuro de Kosovo. 
¿O estima usted, señor Schüssel, que se puede pedir al oprimido que negocie con el opresor que le tiene sujeto por el cuello? 
En segundo lugar, es un gran anhelo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se abra para que las democracias puedan adoptar medidas militares, si no es posible enseñar buenos modales a Milosevic por otros medios. 
El Consejo de Ministros, sin embargo, no se debe dejar inmovilizar por un eventual veto. 
Esperamos que la Unión Europea, dirigida por su Consejo de Ministros, ponga fin a la opresión y a la tiranía en nuestro continente. 
En tercer lugar, los Liberales pensamos que la futura situación de Kosovo se va a decidir mediante negociaciones, y no antes de ellas. 
Es casi una insolencia pedir a Rugova, presidente elegido por los kosovares, que antes de que se inicien las negociaciones abandone sus pretensiones de soberanía. 
Esta pretensión ha sido la piedra angular de Rugova durante todos los años que ha liderado a su pueblo, oprimido por Milosevic. 
Durante esos años hizo hincapié en que la lucha únicamente se haría por medios pacíficos. 
¿Pero fue apoyado entonces por las democracias? ¡No! 
¡Lo dejamos en la estacada! 
" En Kosovo hay tranquilidad». 
En la Unión Europea no debe importar si somos suecos, griegos, austríacos o portugueses o si somos protestantes, católicos, musulmanes o judíos. 
La Unión es para todos nosotros como individuos. 
Mi secreta esperanza es que quienes actualmente luchan contra la opresión y por la libertad en Kosovo lo hagan impulsados por la voluntad de no enfrentar a grupos, ortodoxos contra musulmanes, serbios contra albanos, y que su objetivo sea incorporar Kosovo a una comunidad europea caracterizada por democracia y respeto por las personas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en su declaración usted acaba de manifestar su intención de cooperar con el Parlamento Europeo y se lo agradecemos. 
Ha de saber entonces que no existe ninguna cuestión parecida a la de Kosovo sobre la cual el Parlamento Europeo no se haya expresado en tantas y reiteradas ocasiones advirtiendo el drama que podía producirse y que luego ha ocurrido puntualmente. Y todo esto ante la absoluta indiferencia del Consejo Europeo y de la Comisión. 
Nosotros ya imaginábamos que, antes o después, el dictador Milosevic se desquitaría sobre los albaneses en su propio territorio aprovechando los métodos que ya empleó en la guerra y las limpiezas étnicas en Bosnia. 
Señor Presidente, en mi opinión, el punto fundamental es el último que usted ha citado, esto es, hasta que no haya democracia en Yugoslavia, no nos va a ser posible resolver la cuestión de Kosovo. 
Considero que, con respecto al dictador Milosevic, la voz de Europa debe ser alta, enérgica y unívoca con la amenaza de adoptar posiciones claras y firmes antes de que sea demasiado tarde. 
Señora Presidenta, el llamado Ejército de Liberación de Kosovo declara que quien desee la paz en los Balcanes debe apoyar la independencia de Kosovo. 
A pesar de todo, la diplomacia americana, haciendo gala de su postura frente a Yugoslavia, insiste en incluir al Ejército de Liberación en el proceso para encontrar una solución. 
Por otra parte, parece que el Consejo empieza a aproximarse a una opinión de este tipo, al considerar que cada grupo que tenga algo que decir debe participar. 
¿No cree el Consejo que la presión unilateral hacia Belgrado, sin que nadie adopte la táctica de Milosevic, en esencia está minando las fuerzas escasas de los albaneses de Kosovo y ayudando a las fuerzas intolerantes del Ejército de Liberación? 
El Sr. Presidente nos ha dicho que tienen controlado un 40 % de Kosovo y que su postura es la " independencia». 
¿Cómo van a imponer la solución pacífica que ambiciona el Consejo en el marco de una autonomía? 
Creo que alguna vez debemos sacar nuestras conclusiones y hacernos cargo de nuestras responsabilidades frente a la situación que se ha creado en los Balcanes. 
Presidenta, estimados colegas, muchísimas veces hemos llamado la atención sobre el drama de Kosovo. 
Hemos tomado infinidad de resoluciones. 
Muchas veces estuvo Rugova en Estrasburgo. 
Le concedimos a Demaçi el premio Sajarov, pero todo ese tiempo el Consejo se quedó estancado, ya que no hubo nunca una política exterior unánime, tampoco con respecto a Kosovo. 
Durante todo ese tiempo el Consejo supo que la violencia serbia conduciría automáticamente a más violencia. 
Por eso la situación carece de perspectiva y puede causar una matanza en masa. 
Por ese motivo, también, debe desaparecer fundamentalmente la causa de la violencia: ya sea el nacionalismo del estado serbio o el terror del estado serbio. 
Y por eso debe aplicarse el derecho internacional en Kosovo. 
En mi opinión esto entraña una gran ofensiva diplomática, en la que Kosovo está implicada como una nación de igual valor. 
Tengo mucha confianza en la Presidencia austriaca, pero me gustaría pedirle que haga una propuesta al Consejo para conceder a Kosovo un estatuto diplomático real, así como mi país, por ejemplo, hizo hace poco con los palestinos. 
La historia tiene que poder seguir hacia adelante, en lugar de ir siempre hacia atrás. 
Señora Presidenta, Señorías, representantes de la Serbia comunista de Milosevic en delegación aquí mismo hace siete años, en el momento de la heroica revuelta liberadora de Eslovenia y Croacia, yo hice las tres observaciones siguientes: 
Primeramente, en lugar de pretender el mantenimiento de su dominio sobre viejas naciones históricamente constituidas, sin duda federadas en Yugoslavia pero con derecho de secesión constitucionalmente reconocido, que espero también lo estará en nuestros países de la Unión Europea, la propia Serbia haría bien liberándose del comunismo. 
En segundo lugar, al reivindicar para Serbia los territorios de la Krajina croata, con el pretexto de que esas zonas fronterizas estaban mayoritariamente pobladas por serbios, se exponían a que se discutiera algún día, de forma análoga, su provincia de Kosovo, cuna histórica de la nación serbia pero poblada en un 90 % por musulmanes albaneses. 
Hace sesenta años, los serbios eran mayoritarios en Kosovo. 
Hoy ya no son más que un 10 %, por dos razones, el hundimiento de su natalidad y una inmigración continua de albaneses que ha reforzado a la minoría musulmana ya presente. 
En tercer lugar, los serbios hubieran hecho mejor tratando de invertir la corriente de inmigración y repoblando su tierra en lugar de intentar reducir al pueblo católico de Croacia a no vivir más que en la extensión de tierra visible desde el campanario de la catedral de Zagreb, según la fórmula cínica de uno de sus belicosos jefes. 
Recordemos que en esa época el régimen serbio bolchevique de Belgrado estaba apoyado aquí por Jacques Delors. 
Los pueblos, desafortunadamente, pagan siempre la falta de coherencia de sus dirigentes y la locura de las ideologías. 
Pero estas consideraciones no justifican la injerencia, actualmente, de los policías del Nuevo Orden mundial en los asuntos internos de Serbia, y menos aún la búsqueda del pretexto de una intervención militar que provocase su desmembración, con todas las consecuencias que pudieran imaginarse para los Balcanes y para Grecia, legítimamente preocupada y que mantiene en el recuerdo los siglos de terrible dominación otomana. 
Hemos de reafirmar aquí los principios del derecho internacional. 
En primer lugar, la inalterabilidad de las fronteras, que no deberían sufrir modificaciones más que excepcionalmente y de común acuerdo; en segundo lugar, el derecho de los pueblos a decidir por sí mismos, pero expresado únicamente de forma democrática y no bajo presión de organizaciones terroristas, como ocurrió en la Argelia francesa y como ocurre actualmente en el País Vasco español; en tercer lugar, la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. 
¿Cómo admitir que los palestinos, desde siempre en Palestina, pudieran tener menos derechos que los albaneses, cuya presencia en Kosovo es mucho más reciente? ¿Cómo admitir que se pueda exaltar para Israel el derecho al lugar de origen y negárselo a los serbios? ¿Cómo admitir que las condenas de Israel, ahora su feroz «apartheid» y que impone cada vez más su colonización, no tengan como consecuencia ningún tipo de aplicación de sanciones, cuando nos disponemos a golpear a Serbia? 
Habrá que aceptar, también, en zonas de Francia, Bélgica o Alemania la proclamación de repúblicas musulmanas, con el pretexto de que eso sería la voluntad de las nuevas poblaciones. 
Decimos no, no y no. 
Señora Presidenta, quiero expresar mi agradecimiento al Presidente en ejercicio del Consejo por su declaración. 
Ha sido, con mucho, la declaración más positiva de cuantas hemos escuchado sobre Kosovo durante los últimos meses, y viene a demostrar que los largos meses de paciente diplomacia están comenzando a dar frutos. 
Es importante que lo hayamos logrado, al tiempo que mantenemos la cohesión del Grupo de Contacto. 
Y también es importante que mantengamos la integración de todo el Grupo de Contacto, incluida Rusia. 
De lo contrario, será imposible mantener cualquier tipo de control de la situación. 
Hay dos aspectos de la declaración del Presidente en ejercicio que me preocupan. 
En primer lugar, sus observaciones sobre el debilitamiento de la posición del Sr. Rugova es motivo de inquietud para todos. 
No debemos olvidar- y me alegra que el Presidente en ejercicio se haya referido a ello- que de lo que aquí se trata es de autonomía, y ahora de una amplia autonomía; no estamos hablando de independencia. 
Repito lo que dije el mes pasado, que aquellos que hablan alegremente de independencia sólo conseguirán agravar la situación. 
Si dejamos este punto perfectamente claro, estaremos ayudando a personas como el Sr. Rugova. 
En segundo lugar, me ha inquietado no oír decir al Presidente en ejercicio que, como parte de la resolución de esta situación, debemos garantizar los derechos de los serbios que viven en Kosovo. 
Debemos reconocer que Kosovo es importante histórica y tradicionalmente para la nación serbia, y no debemos sustituir el temor de un colectivo por el temor de otro. 
Eso debe ser un elemento clave. 
Debemos dejar claro al conjunto de la población serbia, que tan pronto como se encuentre una solución al problema de Kosovo, estaremos dispuestos a levantar las sanciones. 
Estaremos dispuestos a intentar reconstruir la antigua Yugoslavia. 
No estamos convirtiendo en cabeza de turco a la población serbia por las acciones de sus líderes. 
Si queremos que la situación cambie, debemos adoptar un talante positivo. 
Intentar constantemente agobiar a la población no es ninguna solución. 
Dicho esto, es evidente que, en definitiva, el propio Milosevic sólo entiende la amenaza de la fuerza. 
Mientras buscamos salidas diplomáticas, no debemos bajar la guardia, sino proseguir los preparativos militares necesarios a través de la OTAN, además de nuestros intentos por que la ONU adopte la resolución de dotar de fundamento jurídico una posible intervención militar. 
Esperamos que no sea necesaria, pero sin embargo, debemos adoptar el enfoque de doble vía, que consiste en proseguir los correspondientes intentos diplomáticos por mantener la paz, al mismo tiempo que se mantiene abierta la opción de la fuerza. 
Señor Presidente del Consejo, sobre todo quiero felicitarle por la muy clara y concreta intervención que ha realizado sobre un tema sobre el que se han dicho ya muchas cosas que no tienen en cuenta la realidad. 
Aquí se ve que de algo ha servido la historia de Austria, que ha desempeñado un papel bastante importante en Kosovo. 
Para los albaneses Kosovo significa mucho. 
Por ello, le ruego que utilice este prestigio de Austria para llevar allí la paz, tal como en su día hizo. 
También quiero decir que para nosotros es importante seguir una política mucho más clara y le felicito por haberla iniciado. 
Lo más importante es que tenemos que mostrar una línea clara, que debemos apoyar al señor Rugova, pues esta es la solución política que debemos buscar. 
Por ello, estoy muy satisfecho de que mi grupo político haya presentado la solicitud de conceder al señor Rugova el próximo premio Sajarov. 
Debemos hacer todo lo posible para fortalecer la posición del señor Rugova quien, lamentablemente, se ha visto traicionado en los últimos meses e incluso años por la política, también la practicada por la Unión Europea. 
No se han apoyado las fuerzas en pro de la paz. Es comprensible que tengamos dificultades. 
En este sentido, le deseo mucho éxito en su tarea. 
Señora Presidenta, me parece que el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Schüssel, ha ilustrado perfectamente y presentado con gran dignidad una posición de Europa que, sin embargo, en el fondo es muy débil. 
Naturalmente, considero que el Consejo contará con el apoyo de todas o de la mayoría de las fuerzas políticas de este Parlamento para las acciones que ha anunciado y ha emprendido y que van en la dirección correcta. 
No obstante, permítannos decir que consideramos, como decía la Sra. Spaak en una intervención que comparto plenamente, que el momento para una solución pacífica ha pasado en vano y que ese debilitamiento que usted, señor Ministro, ha constatado en la parte más moderada del mundo albanés de Kosovo, es decir, de Rugova, tendrá graves consecuencias. 
En cierto modo, las manifestaciones que aquí hacen muchos colegas según las cuales Europa y la comunidad internacional pueden estar a favor de la autonomía, pero nunca de la independencia, significan, en definitiva, que Milosevic sabe que sus actos para aplastar Kosovo encontrarán una respuesta poco contundente por parte de la comunidad internacional. 
Es muy difícil, señor Ministro, que en estas condiciones se pueda imponer a Yugoslavia que recorra el poco camino que aún le queda para evitar que la situación en Kosovo estalle. 
Por lo tanto, confiamos en que usted tenga razón, aunque nuestra preocupación es que las diplomacias de Europa lleguen tarde y mal una vez más. 
Señora Presidenta, estimados colegas, debemos apoyar los esfuerzos del Sr. Rugova por una solución política dialogada y por esta razón aplaudo la declaración pública que ha hecho el Sr. Sali Berisha, Presidente del Partido Democrático de Albania, de apoyo al Sr. Rugova. 
Es importante esta declaración que procede del mayor partido de la oposición de Albania. 
Les recuerdo que la declaración de Cardiff apoya la autonomía y rechaza la independencia de Kosovo, deja libres a los serbios y a los montenegrinos que son contrarios a las políticas del régimen de Belgrado, para seguir luchando por una mayor libertad y democracia en Yugoslavia y por una amplia autonomía en Kosovo. 
Y, sobre todo recuerdo a mis señores colegas, a los buitres que se han escuchado en esta Asamblea, el no, el no de la Unión Europea, y también de este Parlamento, frente a los movimientos disidentes de los serbios de Eslavonia oriental y Crajina. 
Croacia y Bosnia-Herzegovina mantienen su integridad territorial gracias a esta política consecuente y sensata de la Unión y de todo Occidente. 
Finalmente, es urgente que cesen las acciones hostiles hacia las dos partes en lucha. 
Y únicamente como último medio, señorías, que se utilicen medios militares. 
Estos medios deben utilizarse si no hay otra solución, llámese OTAN, llámese Europa, para que cese el derramamiento de sangre que se está continuando. 
Señora Presidenta, el Presidente del Consejo se ha mostrado esta mañana como un auténtico europeo, con una visión clara de la cuestión en Kosovo. 
Estoy bastante impresionado por esto, y también por el correcto análisis que hace de este problema. 
En este Parlamento hemos dicho ya, frecuentemente, que no se puede hablar sobre la autodeterminación hasta que no se esté en un estado de derecho democrático. 
Si la Federación Yugoslava se transformase, en efecto, en un estado de derecho democrático, entonces la autonomía se podría aceptar por supuesto completamente, nada más que autonomía. 
Pero no podemos obligar a nadie a que viva en una dictadura antidemocrática y violenta. 
¡No puede ser! 
La cuestión es qué podemos hacer para que los serbios no elijan a criminales en los puestos superiores. 
Para ello deberá seguirse una política que sea clara para Milosevic. 
Me adhiero a aquéllos que dicen: Milosevic sólo entiende palabras duras. 
También lo vimos en Bosnia cuando fue necesaria una intervención de la OTAN durante una semana, para detener finalmente a Milosevic y sus truhanes. 
Pero también hay que seguir una política en dirección a una democracia, y fomentar el estado de derecho dentro de la República serbia y dentro de toda la Federación Yugoslava. 
Pregunto al Presidente del Consejo, y también a la Comisión, ya que ésta está implicada en la política de la democratización, si esa política puede ser ejecutada por el Consejo y por la Comisión, para que podamos tomar nuestra responsabilidad tal como corresponde. 
Porque no puede suceder otra vez que se produzca una evasión de la responsabilidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
Como han podido constatar, Señorías, el debate sobre la Presidencia austríaca ha necesitado de algo más de tiempo de lo previsto, pero no hay razón para lamentarlo, y creo que todos estamos de acuerdo en desear mucha suerte y un éxito total a la Presidencia austríaca. 
Votaciones 
Señor Presidente, se trata de una corrección bastante pequeña, pero hay un problema de traducción en el enmienda 49, que está encaminada a ampliar la representación de las minorías a aquellas que abarquen a más de un Estado- por ejemplo, el pueblo Sámi de Laponia. 
La versión inglesa habla de minorías que " tradicionalmente se han asentado». 
La versión que desearía es la misma que en la enmienda 46, es decir " minorías que residen tradicionalmente». 
No estamos hablando de colonizadores, sino de unas personas que tradicionalmente se encuentran en el territorio. 
La enmienda 46 fue redactada originalmente en italiano. 
Sólo deseo asegurarme de que somos coherentes en este sentido. 
Señor Presidente, en la votación sobre el artículo 2 usted ha dicho que la enmienda nº 8 del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo decaía. 
En mi opinión, no es así pues las enmiendas anteriores que hemos aprobado se refieren a crear circunscripciones electorales territoriales. 
La enmienda de los Verdes pretende añadir algo al artículo 2, lograr a nivel nacional una compensación del sistema proporcional si existen circunscripciones territoriales. 
Esto es constitucionalmente importante para los partidos pequeños en Europa. 
Por ello, ruego que se vote de nuevo sobre la enmienda nº 8. 
Señora Müller, es exactamente por esta razón por lo que hemos considerado que su enmienda no era compatible. 
Pero voy a consultar al ponente para que, con sus conocimientos, nos lo aclare. 
Señor Presidente, comparto su opinión. 
Señor Presidente, desearía proponer la devolución a comisión de este informe sobre la base del artículo 129. 
El informe, en efecto, no me parece completo. 
En el actual estado de cosas, no parece estar a la altura de la facultad de legislador que el Tratado confiere al Parlamento Europeo. 
Creo que el asunto es poco habitual como para que el Parlamento Europeo pretenda ejercer íntegramente su competencia. 
El informe habla de principios comunes, del escrutinio europeo, pero está lejos de ser completo. 
Hay varios aspectos que no se abordan, en especial los que ha señalado la Comisión de Asuntos Jurídicos en su opinión. 
Por ejemplo, se podrá ser elegible a los 18 años o a los 25, según los Estados miembros. 
El informe está también impregnado de contradicciones. 
Se pretende acercar los elegidos al elector, es el principio de proximidad. 
Pero además, se plantea una lista europea transnacional. 
Se hace referencia al caso francés cuando, como saben ustedes, Francia ha abandonado su proyecto, al haberlo retirado el Gobierno en la Asamblea Nacional. 
Creo que no iría en beneficio de la soberanía francesa, sólo unos días después del domingo 12 de julio y tras la fiesta nacional de este país, que el informe tuviera como única consecuencia práctica la de estar en contradicción con la voluntad de las autoridades francesas. 
Por ello, propongo la devolución a comisión y le sugiero que se vote mi propuesta por votación nominal. 
Presidente, me gustaría aprovechar la ocasión para expresar mi agrado y admiración por el trabajo del colega Anastassopoulos que, tal como usted sabe, no es de mi Grupo. 
Pienso que este es uno de los informes más importantes, y también uno de los más difíciles, que nuestro Parlamento tiene que tratar en este periodo de sesiones. 
Uno de los más importantes, porque damos un paso en dirección a la fase de ejecución del Tratado de Roma de 1957, que ya prescribe que debe existir un único sistema electoral europeo. 
Cuarenta años más tarde todavía no existe ninguno. 
El informe de Anastassopoulos nos acerca más a ese objetivo de los fundadores de la Unión. 
Pero también es uno de los informes más difíciles que tenemos que discutir, debido a las grandes diferencias entre nuestros países y debido al apego que tenemos a las tradiciones nacionales. 
Pienso que el ponente ha conseguido, excelentemente, presentar una propuesta realista, que es moderada y que toma en cuenta las sensibilidades de nuestros países. 
Pienso que hemos visto en el ánimo de todos que hay un amplio apoyo a esta propuesta y por eso me gustaría proceder a la votación. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, estimados colegas, seré muy breve. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. De Vries. 
El Parlamento Europeo ha cumplido una tarea esencial, encomendada por el Tratado de Roma. 
Esto no sería posible sin la competencia y la voluntad de negociar del Sr. Anastassopoulos, y también de muchos otros que han contribuido a la aprobación de este informe y de esta resolución. 
Bienvenida 
Quisiera señalar la presencia entre nosotros del Sr. Francesco Cossiga, antiguo Primer ministro y antiguo Presidente de Italia. 
Se encuentra en la tribuna oficial, a título privado, pero me agrada saludarle y darle la bienvenida. 
Votaciones (continuación) 
Se ha propuesto que la palabra energía se reemplace, en la enumeración que hay en el punto 25, por emisión de dióxido de carbono. 
He hablado con el redactor de la propuesta y hemos acordado que se podría hacer un añadido, de modo que en la versión inglesa dijera: energy, for example emission of carbon dioxide. 
La enmienda trata de una frase en el texto del punto 27 donde se dice impuesto por emisión de dióxido de carbono y energía. 
Quisiera reemplazar esas palabras por impuesto energético al dióxido de carbono. 
Creo que resulta más natural en el texto inglés ya que existe el concepto carbon dioxide energy tax. 
Por tanto, reemplazaría al actual texto tax on carbon dioxide emissions and energy. 
Señor ponente, imagino que su propuesta se aplica al mismo tiempo al texto inicial y a las dos enmiendas que voy a someter a votación, la enmienda 9 del PPE y la enmienda 2 del Grupo de los Verdes. 
¿Hay alguien que se oponga a esta modificación? 
Señor Presidente, no tengo nada que objetar pues este es el texto usual lingüísticamente, también en la Comisión. 
Le ruego solamente que ordene votar en cualquier caso sobre la enmienda nº 9 pues allí aparece la expresión " con independencia de los ingresos». 
Con la enmienda queremos mostrar muy claramente que con gastos medioambientales, no importa dónde ni cómo, no se puede elevar en ningún caso la cuota impositiva sino que hay que devolver el dinero a los ciudadanos. 
Sobre esto tenemos que votar. 
Tranquilícese, voy a someter a votación su enmienda así como también la del Grupo de los Verdes, pero con la enmienda oral del ponente que se aplica en cada ocasión al texto, ya que no concierne al texto de la enmienda en sentido estricto. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
En Dinamarca, la población de todas las edades mantiene viva una positiva y antigua tradición en lo que se refiere a la realización de trabajos voluntarios y no sólo los jóvenes, aunque el nivel de actividad sí que sea claramente más alto en este segmento de la población. 
Dinamarca recibe a menudo el apelativo de " país de las organizaciones» y, por término medio, todos los daneses son miembros de alguna organización, ya sea, un partido político, una organización juvenil, un grupo de exploradores o una asociación de vecinos. 
Todos estos daneses trabajan por mejorar las condiciones de los miembros de las asociaciones en cuestión y de otras personas que simpaticen con su causa. 
No obstante, es una minoría la que trabajará por desarrollar la dimensión europea. 
Ponemos en duda que exista de todos modos una " dimensión europea». 
Nos distanciamos de esta forma de propaganda comunitaria entre los jóvenes y entre el resto de la población en general. 
Igualmente, pensamos que tampoco hay necesidad de un estatuto común para los jóvenes voluntarios. 
Basándonos en las consideraciones anteriores, votamos en contra del informe de la Sra. Fontaine sobre un " Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes». 
Sólo puedo dar mi aprobación al informe de nuestra colega y primera vicepresidente, Nicole Fontaine. 
El servicio voluntario europeo para los jóvenes es una iniciativa de la Comisión y más en concreto de la Sra. E. Cresson, que el Parlamento Europeo ha llevado con entusiasmo a la pila bautismal. 
estimular la solidaridad mediante la promoción del voluntariado entre los jóvenes de 18 a 25 años, -promover la participación de los jóvenes en la construcción europea por medio de intercambios de jóvenes y, finalmente, -promover el espíritu de empresa y de creatividad de los jóvenes.Así las cosas, como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, debo señalar, para deplorarla, la actitud de los ministros reunidos en el seno del Consejo que, una vez más, está totalmente desfasada con respecto a sus discursos. 
No basta con ponerse de acuerdo sobre los principios, falta también dotarse de los medios prácticos de realización. 
Ahora bien, a este nivel, es evidente que los 47, 5 millones de ecus concedidos para el período 1998-1999 no están en absoluto a la altura de nuestras ambiciones ni menos aún de las de los jóvenes que esperan con impaciencia el momento de lanzarse a la aventura de la solidaridad. 
Votaré por tanto este informe manifestando esta reserva. 
Cuando todo el mundo se pone de acuerdo en reconocer que la formación y la educación de los jóvenes en el mundo de hoy constituyen ejes fundamentales para el desarrollo de nuestras sociedades, nos enfrentamos aquí a un proyecto común que se encuentra en el centro de estas materias, y que resulta enormemente decepcionante. 
Es decepcionante porque es el resultado de avances mínimos arrancados en conciliación. 
Porque lo menos que se puede decir es que, a pesar de los esfuerzos realizados por este Parlamento, el Consejo no fue en absoluto de los más conciliadores a lo largo del procedimiento, en particular sobre la cuestión del tope presupuestario del programa... 
¿Qué significan, Señorías, esos desgraciados 47, 5 mecus con respecto a los impulsos generosos de decenas de miles de jóvenes europeos, a la espera de este tipo de intercambios, de los que se ha repetido que son sinónimos de ejercicio ciudadano, de apertura a la diversidad social y cultural, de enriquecimiento mutuo y de bagaje indispensable para su pleno desarrollo? 
¿Cómo hacerles comprender, cuando desean invertir en actividades transnacionales de utilidad colectiva, que van a chocar con un gran número de obstáculos jurídicos y administrativos? ¿Qué se puede decir del grado de integración europea si no somos ni siquiera capaces, en los albores del siglo XXI, de favorecer de manera inteligente este tipo de iniciativas? 
Sabemos ya que este programa dispone de un potencial enorme y puede vivir un éxito fulgurante. 
Ése fue el caso de los programas de intercambio destinados a los estudiantes. 
El gran número de jóvenes trabajadores o jóvenes desempleados que ya no estudian, y a los cuales está orientado más en especial el servicio voluntario europeo, desean y merecen tanto como los otros que se les apoye en sus proyectos de movilidad y aprendizaje por Europa. 
Necesitamos, por supuesto, apoyar este texto, muy esperado, incluso aunque sea insuficiente, porque creo que vale más este poquito de imperfección que nada de nada. 
El desarrollo duradero es hoy objeto de un amplio consenso en nuestros países. 
Son muy pocos los que se atreverían a sostener todavía que economía y medio ambiente son cosas antinómicas. 
Sólo falta que las buenas intenciones ampliamente proclamadas sean objeto de medidas concretas. 
Las negociaciones interinstitucionales sobre el quinto programa de acción en materia de medio ambiente son, en este sentido, ejemplares. 
Sin duda, se puede lamentar su lentitud en un ámbito tan importante. 
Efectivamente, iniciado en febrero de 1996, el procedimiento no ha llegado hasta hoy a su conclusión. 
Han sido necesarios cerca de treinta meses para satisfacer las nuevas disposiciones previstas en el Tratado de la Unión Europea, que entró en vigor en noviembre de 1993, y ello, mientras que el quinto programa de acción preveía en reexamen de la estrategia aplicada en su marco antes de finales de 1995. 
Dicho esto, el Parlamento Europeo puede felicitarse por los resultados obtenidos mediante la puesta en práctica del procedimiento de codecisión ahora aplicable en la materia. 
El campo de los temas medioambientales se ha ampliado y el Consejo ha señalado su acuerdo sobre la necesidad de una evaluación global del presente programa. 
Ésta se verá acompañada de propuestas que inciden en los objetivos prioritarios y las medidas a tomar después del año 2000. 
Que el Consejo haya reconocido ya que unos y otros deberán ser «aún más ambiciosos» hace que esta aceptación sea mucho más positiva. 
Otro motivo de satisfacción, a mi juicio, es el acuerdo señalado por el Consejo sobre la posibilidad de iniciativas legislativas en el marco del recurso a instrumentos fiscales en materia ambiental con el fin de promover el empleo, la competitividad y el crecimiento. 
Se trata en este caso de una exigencia ya antigua que es importante concretar lo antes posible. 
A la espera del Libro Blanco anunciado por la Comisión, doy mi apoyo sin reservas a los resultados de la conciliación tal como se nos han propuesto. 
En lo referente a los resultados de los acuerdos sobre programas comunitarios de medidas medioambientales, tenemos que comprobar que, desgraciadamente, no queda mucho de las demandas y medidas del Partido del Medio Ambiente, y de la totalidad del movimiento ecologista, que son necesarias para alcanzar el objetivo de un desarrollo sostenible. 
Ni siquiera han quedado partes sustanciales de las propuestas de la primera lectura en el Parlamento Europeo. 
En la segunda lectura en el Parlamento Europeo se aprobaron por mayoría absoluta diez importantes enmiendas. 
Por ejemplo, se trataba de que los tres nuevos Estados miembros de la UE no necesitarían rebajar sus requerimientos medioambientales, que la Comisión formularía un plan de acción para saber qué hacer con los desechos nucleares y que la Comisión presentaría una directiva sobre responsabilidad medioambiental. 
Todas esas propuestas han sido eliminadas en las negociaciones para la propuesta de compromiso que ahora se debate. 
El contenido de la propuesta de compromiso se parece, en gran medida, a la que la Comisión, en todo caso, había pensado presentar en materia medioambiental. 
Han desaparecido del texto todas las propuestas que realmente hubieran presionado a la Comisión (y al Consejo) para actuar y tomar los asuntos medioambientales realmente en serio. 
Los miembros del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación no han logrado defender las demandas que la mayoría del Parlamento Europeo aprobó en el segundo tratamiento. 
En cuanto a las reglas transitorias para Suecia, Finlandia y Austria, la propuesta no significa ninguna garantía de que estos países puedan mantener un nivel más alto de protección medioambiental que el resto de la UE. 
Armonizar las normas es asumir el riesgo de nivelarlas por abajo. 
Eso es, por cierto, lo que ha estado a punto de suceder a tres de nuestros Estados miembros, Austria, Suecia y Finlandia, que afortunadamente parecen poder disfrutar de un estatuto aparte. 
Tanto mejor para ellos, lástima para los demás. 
Por otra parte, ¿por qué elevar nuestras normas medioambientales en Europa si, al mismo tiempo, no conservamos ningún espíritu crítico sobre lo que nos viene de terceros países? 
Los euromundialistas se encuentran aquí frente a sus contradicciones. 
En efecto, ¿como pueden comprometer los Estados miembros una política de desarrollo duradero en un contexto de comercio mundial, bajo la dictadura de la OMC, que tiende a prohibir a los Estados que tengan un derecho de control sobre la calidad de los productos importados? 
Si se pretende realmente tener una política ambiciosa para el medio ambiente y la salud, es preciso llevar el razonamiento hasta el final y conservar el control de esos filtros preciados que son las fronteras. 
Así, si sólo están autorizados a entrar en el espacio comunitario los productos respetuosos con el hombre y con la naturaleza, no hay ninguna duda de que los países terceros trabajarán más rápidamente por la elevación de sus normas. 
En caso contrario, si prevalece la ley de la jungla, no doy mucho por nuestros esfuerzos en materia de desarrollo duradero. 
Tras el rechazo por el Consejo de la mayor parte de las enmiendas presentadas por el Parlamento en la primera y segunda lecturas, me parece positivo que el Comité de Conciliación haya alcanzado de una manera relativamente rápida y a través de un trabajo eficaz un texto de compromiso. 
Estoy convencido de que las numerosas iniciativas contenidas en el programa de acción son necesarias si hemos de asegurarles un medio ambiente bueno y limpio a nuestros descendientes. 
La señora ponente ha hecho hincapié con razón en hacer vinculantes para la Comunidad el mayor número posible de las acciones del programa antes que considerarlas como ámbitos políticos prioritarios. 
En mi opinión, las mejoras de índole medioambiental sólo pueden garantizarse mediante un conjunto de normas claras y duraderas. 
Informe Cabrol (A4-0276/98) 
No podemos apoyar el informe del Sr. Cabrol sobre la creación de una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la CE. 
Consideramos innecesario establecer una red permanente en el plano comunitario bajo la vigilancia de la Comisión. 
Habría sido bastante mejor coordinar los esfuerzos bajo los auspicios de la OMS, puesto que las enfermedades en cuestión no están sólo limitadas al territorio de la Unión Europea. 
Tampoco podemos sumarnos al amplio registro que se plantea en la decisión del Parlamento y del Consejo. 
Las anteriores consideraciones hacen que votemos en contra del informe. 
Un ámbito de colaboración que obvia y claramente hay que observar, consultar e informar acerca de él, es el de las enfermedades contagiosas dentro de la UE y en otros países. 
La colaboración eficiente entre los países miembros puede aminorar los riesgos de contagios. 
Una función comunitaria de esta naturaleza es un instrumento importante para disminuir los riesgos de contagios y prevenir enfermedades, pero nunca podrá sustituir a la responsabilidad final de las instituciones democráticas de los países miembros y de sus autoridades pertinentes. 
No existe una responsabilidad democrática de este tipo en el ámbito comunitario, puesto que el legislador no puede ser relevado por elecciones generales. 
Para poder mantener un tratamiento efectivo de las enfermedades contagiosas en la Comunidad es absolutamente necesaria una coordinación transfronteriza. 
De ahí que sea también importante crear una red efectiva y eficaz de vigilancia y control epidemiológicos. 
Una red permanente entre las autoridades y las instituciones centrales epidemiológicas de la Comunidad es, en mi opinión, el único medio que puede garantizar a largo plazo que se ofrezca un tratamiento médico efectivo de las enfermedades contagiosas y que puede poner freno al lamentable desarrollo de microorganismos patógenos multirresistentes, que ya aparecen en ciertos lugares de la Comunidad. 
Constituye para mí una gran alegría que el Comité de Conciliación haya alcanzado un compromiso razonable sobre la red propuesta. 
Yo repito la idea que ya manifesté en la segunda lectura de este informe en enero de 1998. 
Obviamente, aquí se persigue un buen fin, esto es, el establecimiento de un centro para el control de las enfermedades contagiosas. 
Sin embargo, tengo muchas dudas respecto al valor de la incesante formación de nuevos institutos en el " nivel comunitario». 
Suecia ya tiene redes desarrolladas para este objeto, entre otros, en colaboración con la OMS. 
Si se van a desarrollar nuevas redes en Europa, deberá ser una estructura paneuropea. 
Estas nuevas instituciones comunitarias permanentes requieren recursos y esos recursos deben sacarse de algún sitio. 
Por consiguiente, una decisión a favor de una institución comunitaria significa, especialmente si nos atenemos a la actitud contraria a los impuestos que hay dentro de la Unión, que tal vez se adopten decisiones desfavorables en el ámbito nacional o global. 
Recomendación Breyer (A4-0242/98) 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones ha apoyado al mismo tiempo el informe y las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente. 
Desde 1989, está en vigor la directiva marco relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes. 
La propuesta de la Comisión, que votamos hoy, tiene por objeto adaptar la legislación europea al estado más reciente del progreso científico, técnico y tecnológico. 
Con respecto a la utilización de la nisina (un antibiótico) en la fabricación de huevos pasteurizados, la Comisión propone la supresión, autorizándola sin embargo para la fabricación de mascarpone. 
Ahora bien, antes que pretender la supresión de cualquier antibiótico en la alimentación del ganado por razones de biorresistencia, consideramos que es mucho más importante reducir su utilización en la alimentación humana. 
Efectivamente, la biorresistencia se desarrolla en función de la absorción de antibióticos activos destinados a la alimentación. 
Ésta es la realidad. 
Nuestro grupo no entiende, una vez más, la posición de la Comisión y denuncia la falta de lógica, a menos que ésta responda, a través de sus propuestas, a algún tipo de interés que pretenda desestabilizar la producción animal europea. 
Sea como sea, es necesario que la reglamentación europea se adapte regularmente al progreso científico, técnico y tecnológico, y que lo haga respondiendo únicamente al objetivo de la protección sanitaria de los consumidores. 
El propósito de la modificación de la Directiva 95/2/CE es adecuar sus anexos al gran desarrollo tecnológico que ha tenido lugar en el transcurso de pocos años y posibilitar a los Estados miembros que se han incorporado a la UE después de la aprobación de la directiva seguir empleando aditivos tradicionales. 
Supone un motivo de alegría ver que la vigilancia del desarrollo en el mercado de los aditivos llevada a cabo por la Comisión ha dado como resultado una rápida propuesta, de modo que la legislación comunitaria en este importante campo esté siempre al día. 
El gobierno danés ha manifestado en el Consejo su preocupación a la hora de autorizar la inclusión de ciertas sustancias en la directiva. 
Espero, no obstante, que sea posible alcanzar un compromiso aceptable para todos los Estados miembros. 
Informe Anastassopoulos (A4-0212/98) 
Señor Presidente, Señorías, el informe Anastassopoulos, tal como se ha votado esta mañana, no honra al Parlamento. 
Diré también que no responde, con mucho, a la obligación que fijaba el Tratado de Maastricht y después el Tratado de Amsterdam. 
Hay varios aspectos, y no de los menores, que no han sido adoptados, que no han sido tratados en este informe. 
Por otra parte, las enmiendas que presentamos, me refiero a las enmiendas 35, 29 y 26, fueron rechazadas cuando decíamos que los aspectos no tratados eran competencia de los Estados miembros. 
El Parlamento ha reconocido que hubiera debido hablar de ello, pero no lo ha hecho. 
No ha hablado ni de las condiciones necesarias para ser elector, ni del establecimiento del control y de la revisión de las listas electorales, ni de las condiciones de elegibilidad e inelegibilidad, ni de otras incompatibilidades además de las mencionadas en el artículo 8, ni de la propaganda electoral, ni de la financiación de la campaña electoral, ni de la preparación, desarrollo y control de las operaciones de votación, ni del contencioso electoral. 
Más grave, el informe que habíamos aprobado está en contradicción interna con lo que enuncia. 
Pretende aproximar el elegido al elector y propone instaurar una lista europea transnacional. 
Hace referencia al caso francés cuando Francia, tomando en consideración reservas muy fuertes de la población, acaba de abandonar el proyecto de regionalización del modo de escrutinio. 
¿Cómo se puede, en el momento en que los electores desean que se tomen las decisiones lo más cerca posible de ellos, plantear una lista que, si se la pusiera en práctica, llevará a un porcentaje de abstención cercano al 99 %? 
Es la hora de las naciones, la hora de dar la palabra al pueblo. 
Lo que se ha expresado recientemente en una manifestación deportiva era la alegría de los pueblos de Europa de pertenecer a una nación. 
Esto es lo que hubiéramos debido expresar hoy y no este informe que ni está hecho ni sin hacer. 
Señor Presidente, uno de los problemas con respecto a este informe y a la idea de que el Parlamento Europeo, los diputados al Parlamento y los partidos políticos pongan a punto un sistema electoral, es que se atenderá más a los intereses de los propios partidos políticos que a los intereses de los ciudadanos. 
Básicamente, se estudiará qué tipo de sistema les permitirá obtener mayores ventajas en las próximas elecciones. 
Asimismo, el informe pasa por alto el hecho de que en algunos Estados miembros existen sistemas electorales muy justos. 
Por ejemplo, Irlanda tiene uno de los sistemas electorales más justos de toda la Comunidad Europea. 
Una armonización de los sistemas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo podría ir en detrimento del sistema justo y equitativo que tenemos en Irlanda, y es probable que la mayoría de las personas que componen este Parlamento no tengan conocimiento de este hecho. 
Además, la idea de reservar un determinado porcentaje de escaños del Parlamento Europeo a diputados elegidos a nivel europeo, da por sentado que existe algún tipo de identidad política común a toda Europa. 
Pero no es así. 
Ello iría en detrimento de los Estados pequeños, de los partidos pequeños y de las regiones periféricas. 
Pensar que se puede imponer esta identidad política europea a las personas mediante la adopción de un sistema determinado es absurdo. 
Lo que hoy se ha hecho en el Parlamento es perjudicar a las personas de extracción rural y al sistema político y a la democracia. 
Realmente debemos replantearnos este sistema. 
Es un craso error que no beneficiará a la población, a pesar de lo que aquí se diga. 
Por ello he votado en contra del informe: realmente no es una buena idea. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir la Srta. McKenna, por lo que no lo repetiré. 
Me centraré, en cambio, en la cuestión de si este informe tiene realmente algún fundamento. 
La práctica de la representación proporcional apunta a que, si tenemos en cuenta las papeletas electorales que se pierden en cada Estado miembro que tiene representación proporcional, hay un elevado número de votantes que rechaza este sistema en todos los comicios. 
El único país de la Unión Europea que tiene un porcentaje menor de papeletas que se pierden es el Reino Unido, gracias a su sistema, ya experimentado, de first-past-the-post (el candidato es elegido por mayoría simple). 
Por lo que veo, después de mi experiencia de 14 años en el Parlamento, la representación proporcional es justa con respecto a un solo elemento: los partidos políticos. 
En eso coincido con la Srta. McKenna, porque, lamentablemente, produce un cargamento de clones, es decir, aquí viene aquel que interesa al poder, en vez del que conviene al electorado. 
Por consiguiente, estoy a favor de que sea el electorado el que tenga la última palabra acerca de a quién desea realmente enviar al Parlamento Europeo- o a cualquier Parlamento. 
Es el motivo por el que he votado en contra del informe. 
Señor Presidente, cada informe aporta una idea, y una idea máxima. 
El informe de Gucht aportaba la idea del sistema proporcional, el Parlamento se pronunciaba por el sistema proporcional. 
El informe Anastassopoulos aportaba como idea aquella según la cual las grandes circunscripciones, en los grandes países, los países más poblados, debían distribuirse en varias circunscripciones calificadas como territoriales. 
La pregunta que se plantea ahora es ésta: Al suprimir del artículo 2 la palabra «territorial» , ¿hemos cambiado o no este mensaje, que era el del ponente? 
Pues bien, quisiera simplemente llamar la atención de esta Asamblea ante el hecho de que, realmente, no hemos alterado el fondo de lo que había propuesto el ponente y por una razón simple, que es que el último párrafo de este artículo 2 excluye de la obligación de crear circunscripciones a los Estados que están por debajo del umbral de los 20 millones de habitantes. 
Imagínese que esos Estados no tienen la obligación de crear una circunscripción electoral nacional. 
El hecho mismo de que exista esta prohibición para los pequeños Estados significa que las circunscripciones de las que se trata en la primera frase del artículo 2 son circunscripciones infranacionales, circunscripciones territoriales. 
Señorías, hemos suprimido la palabra, hemos suprimido la idea. 
El espíritu del informe Anastassopoulos es claramente la obligación de los grandes Estados de dividir la circunscripción nacional en varias circunscripciones. 
Nuestra opinión es que cada Estado miembro debe decidir qué sistema tendrá para las elecciones al Parlamento Europeo. 
Nuestra opinión es que un sistema electoral proporcional es más justo que uno con elecciones en circunscripciones electorales de una persona. 
Pero ésta es una discusión que debe tener lugar en cada Estado miembro. 
Lo mismo vale para la posibilidad de que los electores voten por el sistema de listas abiertas. 
En cuanto al debate acerca de que un número de escaños deba elegirse en una circunscripción electoral común para toda la UE, rechazamos esta idea. 
En la Europa de hoy en que no hay debates en medios de comunicación que cubran toda la UE, con diferencias de lenguas, culturas y tradiciones políticas, es evidente, entonces, que la UE no está madura para crear una circunscripción electoral común. 
Queremos advertir sobre estos intentos de centralizar la democracia. 
Esto puede llevarnos a la creación de una oligarquía, ya que la democracia llegaría a estar tan centralizada y a escala tan grande que los ciudadanos no se sentirían partícipes en la política. 
Teniendo como base el Tratado de Amsterdam, este informe contiene las visiones del Parlamento Europeo acerca de un sistema electoral con principios comunes para sus miembros. 
Para poder apoyar esos principios, estos tienen que basarse en la noción de " una Unión de los pueblos y de los estados». 
Opinamos que el informe no debe abarcar más de lo que se contempla en el Tratado de Amsterdam, es decir, " principios comunes». 
Por esta razón no podemos dar nuestro apoyo al artículo 17 que establece que se elegirá un porcentaje determinado de escaños del Parlamento Europeo en una circunscripción electoral común. 
He apoyado el objetivo fundamental- y he votado a favor de él- de este informe: la formulación de principios electorales comunes para las elecciones europeas basados en el principio de proporcionalidad, que es la mejor garantía de democracia. 
He apoyado otros diversos aspectos, en particular la incompatibilidad entre el mandato de diputado europeo y el de diputado nacional y la creación de circunscripciones infranacionales como método de aproximación de los elegidos a sus electores, sin perjuicio de la proporcionalidad. 
He votado contra la propuesta de creación de una circunscripción electoral europea para listas transnacionales, porque esa idea peregrina, que tampoco va destinada a corregir desviaciones de la norma de la proporcionalidad y garantizar la representación de las minorías, ni siquiera es verdaderamente necesaria para garantizar una participación transnacional en las elecciones europeas, teniendo en cuenta las normas del Tratado de Maastricht sobre la ciudadanía política europea: 
va contra todos los principios de un poder democrático supranacional con moldes federales, ausente en un parlamento nacional con un número de miembros por país proporcional a su población; -et pour cause, elude la cuestión verdaderamente fulcral de la evolución del Consejo hacia el papel de una «Cámara Alta» en la que la representación de los Estados fuera paritaria; -plantea, pero no resuelve, el problema de la ponderación nacional en la lista europea, problema político en todo semejante al de la ponderación de votos en el Consejo; -aleja aún más, en vez de aproximarlos, a los elegidos de los electores; -sería, a fin de cuentas, un medio de perpetuar mandatos europeos de diputados cada vez más alejados de su base electoral y que quizá de otro modo nunca más serían elegidos.Así, pues, rechazo esta propuesta por una cuestión de principios europeístas y no por el cálculo posibilista que inspiró algunas de las soluciones de transacción en torno al informe Anastassopoulos. 
La propuesta es la expresión de un vanguardismo proeuropeo, que sólo puede tener resultados adversos en una opinión pública ya demasiado inquieta con el carácter esotérico de algunas de las instituciones de la «lejana Bruselas». 
Ahora bien, es indispensable y urgente un impulso proeuropeo y debería seguir otra vía, precisamente la difícil vía que, en nombre de la facilidad y del miedo a obstaculizar la lucha política por una democracia en Europa, ha rehuido este informe. 
Para mí, esa vía requiere la valorización del papel supranacional de la Comisión, con el inherente aumento de su responsabilidad política ante el parlamento elegido. 
Requiere la designación para las candidaturas al Parlamento Europeo de grandes personalidades políticas proeuropeas, con auténtica implantación e influencia reales en sus sistemas políticos de origen. 
Requiere la designación, como Presidente del Parlamento Europeo, de una personalidad de auténtica envergadura y autoridad política proeuropea. 
Y, por último, requiere la aceptación de la propuesta de Delors de que los partidos políticos europeos sometan a sufragio su candidato a la Presidencia de la Comisión, que pasaría a disponer, así, de legitimidad democrática propia ante los Gobiernos nacionales. 
Ese valor político europeísta no lo veo en esta propuesta, sólo «políticamente correcta» , de la circunscripción transnacional europea. 
El Parlamento Europeo acaba de adoptar el informe Anastassopoulos que prevé- aunque de manera algo más oscura que en el documento inicial- la obligación de regionalizar las elecciones europeas en todos aquellos Estados miembros cuya población no supere los 20 millones de habitantes. 
Mi grupo se ha opuesto, y se opondrá de nuevo a esta propuesta, que sólo está al principio de su recorrido legislativo, ya que será necesario, en aplicación del artículo 138 del Tratado, que el Consejo adopte una recomendación por unanimidad (sin duda, bajo la presión del Parlamento Europeo) y sobre todo que ésta sea aprobada por cada Estado miembro de acuerdo con sus propias normas constitucionales. 
Sin embargo, el proceso está iniciado. 
Nos parece contrario a la subsidiariedad que debería dejar a cada Estado miembro la decisión sobre el número y las dimensiones de sus circunscripciones. 
También es muy peligroso para los grandes Estados, que correrían rápidamente el riesgo de encontrarse divididos en varias entidades territoriales, cada una con un peso igual a un pequeño Estado. 
Algunos consideran que esta evolución no se produciría si las circunscripciones subnacionales aprobadas no coincidieran con los límites de las regiones históricas. 
Pero no hacen más que apaciguar de forma falaz su mala conciencia. 
En realidad, está claro que estaría aplicándose una acción destructiva, y se puede contar con la Comisión para alimentarla con todos sus medios. 
Me parece muy instructivo recordar que se han desarrollado en Francia los argumentos favorables a la regionalización del modo de escrutinio mediante un informe fechado en junio de 1996, preparado bajo la égida del «Movimiento europeoFrance» , que está, como todo el mundo sabe o debería saber, excesivamente subvencionado por la Comisión de la cual es un punto de apoyo complaciente de ideas no confesables abiertamente. 
Este modelo de influencia indirecta es utilizado frecuentemente por la Comisión a través de otras muchas asociaciones intermedias, a veces financiadas en un 100 % y de las que habría que hacer algún día el análisis para comprender bien los mecanismos de difusión del federalismo. 
Aún más destacable en este caso, el informe del «Movimiento europeo» había sido redactado por una comisión pluripartita cuyos miembros- afirma el prólogo con una cierta ostentación (página 11) -eran «procedentes de todas las formaciones políticas representativas de las grandes corrientes de la sensibilidad democrática del país». 
Sin embargo, es preciso señalar que los representantes de Independientes por la Europa de las Naciones no figuraban. 
Existía entre estos miembros y las instancias directoras del «Movimiento europeo» lo que la presentación del informe llama un «contrato inicial» que precisaba principalmente: » el objetivo esencial que debería asignarse la nueva ley electoral es acercar el elector al elegido (lapsus extraordinario, entre paréntesis) rompiendo el marco de la circunscripción nacional única» (página 13). 
Habida cuenta de este «contrato inicial» , no nos sorprende saber finalmente (página 16) que «los miembros de la comisión han sido unánimes al recomendar la reforma del sistema en vigor, y, en esta perspectiva, el mantenimiento de la representación proporcional y el fraccionamiento del cuerpo electoral en varias circunscripciones territoriales». 
No sabemos en qué medida algunos miembros de esta comisión han sido engañados. 
En todo caso, lo cierto es que la opinión pública se ve constantemente manipulada por el efecto de las subvenciones de la Comisión. 
Aprovechamos esta ocasión para exigir una vez más su supresión completa y definitiva. 
Recordamos también que para acercar el elegido europeo al elector (y no a la inversa) el medio más sencillo y seguro consiste en volver a darles un papel de máxima importancia a los Parlamentos nacionales en el proceso de decisión comunitaria, y hacer de ellos, de alguna manera, actores más activos en la escena europea. 
En cuanto a los representantes en el Parlamento Europeo, que deberían ser siempre elegidos por razones tanto teóricas como prácticas en el marco de una circunscripción nacional única, podrían ser mejor controlados por el elector si se aplicaran las propuestas que contienen los diferentes documentos del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones. 
Entre otros, es preciso que los diputados europeos se administren a nivel nacional y no en Bruselas, es mejor asociarlos al trabajo de reflexión preparatoria de las leyes nacionales, cuando los temas son comunes y es preciso permitir a los ciudadanos que hagan un verdadero balance de las tomas de posición de sus representantes en Bruselas, publicando sus diversas intervenciones en un apartado específico del Diario Oficial francés. 
Doy mi apoyo al informe de nuestro colega, Georgios Anastassopoulos. 
En lo esencial, las propuestas que se nos hacen van en el sentido de una Europa ciudadana y del refuerzo de la ciudadanía europea, dirección que apoyo y que canaliza toda mi energía. 
Dos disposiciones responden a estas exigencias necesarias, la creación de circunscripciones territoriales para los Estados que superen los veinte millones de habitantes y la elección de diputados europeos a escala europea. 
Sobre estos dos puntos debo lamentar la pusilanimidad de algunos, tanto de la derecha como de la izquierda. 
Aún entendiéndolos, sin compartirlos, los argumentos que toman como pretexto la pérdida de soberanía para rechazar esta evolución, no puedo admitir que otros la condenen por razones de estrategia política. 
Estos últimos son frecuentemente los que lamentan la falta de representatividad y el alejamiento de este Parlamento con respecto a nuestros conciudadanos. 
Intentaría comprender... si no comprendiera demasiado bien. 
Sin embargo, es lamentable tener que esperar al 2009 para que se pueda elegir un 10 % de diputados al Parlamento Europeo cuando la única frontera es la dibujada por la totalidad de los Estados miembros; 60 diputados elegidos por todos los Europeos hubieran sido un símbolo fuerte de la construcción europea si ello hubiese sido aplicable desde el 2004. 
Por otra parte, apruebo la voluntad de hacer incompatible la posibilidad de ser parlamentario nacional y parlamentario europeo. 
Estos dos mandatos exigen disponibilidad y trabajo. 
Permitir esta acumulación es, de hecho, desacreditar nuestro papel ante los ojos de la población: rechazarlo es, por tanto, una medida de sentido común. 
Deseo felicitar por última vez a Georgios Anastassopoulos, esperando que sus recomendaciones sean oídas por los parlamentarios nacionales, por encima de cualquier política de corto alcance. 
Lo espero sin poder decir, desafortunadamente, que estoy seguro. 
En el artículo 7 de su «proyecto de Acto» , el ponente ha tenido la buena idea y la valentía de introducir la propuesta de las listas transnacionales que cubren el 10 % del total de escaños a proveer en el Parlamento Europeo. 
Algunos considerarán quizás que al lado de las demás propuestas de este texto- lista de tipo proporcional, umbral mínimo, voto preferencial, circunscripciones territoriales en los Estados con una población superior a los 20 millones de habitantes- la de las listas transnacionales es secundaria. 
No es ésta mi opinión. 
Es, al contrario, una iniciativa que se inscribe en el camino recto de la construcción europea menos centrada en los desafíos nacionales. 
Ésta es la consecuencia lógica de la directiva que permite el derecho de voto a los europeos establecidos en otro país en las elecciones municipales de su país de acogida. 
En los dos casos se trata de desarrollar la realización de una verdadera ciudadanía europea. 
Y es por cierto sobre este precedente que sobrepasa el marco estatal como el servicio jurídico del PE ha emitido un dictamen sobre esta propuesta que, según éste, no constituye un elemento extraño a los principios del Tratado, pues existen ya elementos de transnacionalidad en las elecciones europeas. 
Como socialista que vive la experiencia de un partido de socialistas europeos (PSE) al lado del Grupo parlamentario de los Socialistas Europeos, debo añadir que ésta daría un contenido enormemente concreto a la constitución de verdaderos partidos europeos distintos de los grupos políticos tradicionales. 
Puede ser interesante añadir un elemento de dramatización a las elecciones europeas para disociarlas de las elecciones nacionales y separar los riesgos de confusión entre los dos niveles. 
Con las listas transnacionales, algunos grupos minoritarios distribuidos por los Estados miembros pueden encontrar el medio para valorizarse e incluso estar representados en el Parlamento Europeo. 
Entre otros, los gitanos y los musulmanes. 
Éstos son los principios. 
¿Qué ocurre con la realización concreta? 
No estamos en ello, pero todo el mundo ve que será necesario resolver muchos problemas prácticos: constitución de listas; equilibrio global de los diputados repartidos en función de los países; decisión de las personalidades de talla europea para que acepten figurar en una lista transnacional en lugar de en una lista nacional, etc. 
Éste es el problema de la Europa en construcción entre naciones y federaciones. 
Pero además el principio de listas transnacionales puede desarrollar el sentimiento de conciencia europea. 
La renovación a intervalos regulares, por parte de los ciudadanos, de sus representantes en el marco de elecciones por sufragio universal, libre, igual para todos y secreto es sin duda el rasgo distintivo de un poder realmente democrático. 
Con tal que respete estas características fundamentales, el modo de escrutinio puede variar. 
En definitiva, no es más que una modalidad de aplicación modificable en el tiempo y en el espacio, sin que se pueda ver en ello la causa de una puesta en tela de juicio de la naturaleza democrática de un régimen representativo. 
En el actual estado de la construcción europea, parece que la prioridad es que todos los ciudadanos de la Unión se sientan plena y verdaderamente representados en el seno del Parlamento Europeo. 
En esta perspectiva, una armonización de los elementos esenciales de los procedimientos electorales nacionales (en el sentido de una utilización generalizada del escrutinio proporcional por circunscripción para las elecciones europeas) , combinada con la introducción de un umbral mínimo de representatividad (destinado a evitar una excesiva desmembración de las formaciones políticas) , aparece como la mejor de las soluciones desde el momento en que el Gobierno británico ha presentado ante su Parlamento un proyecto de ley que instaura el escrutinio proporcional y regional para las elecciones europeas de 1999. 
Ésta es la razón por la que doy mi apoyo al proyecto de resolución que se nos ha presentado. 
Debo añadir sin embargo que la armonización de los elementos esenciales de los procedimientos electorales para las elecciones europeas no puede ser suficiente para colmar el déficit de legitimidad y reconocimiento que sufre el Parlamento Europeo. 
Mi convicción profunda es que así será en tanto éste no se vea investido de poderes fundamentales correspondientes a todo verdadero parlamento, entre otros: votar en última instancia el impuesto y el presupuesto, hacer y deshacer un gobierno europeo responsable ante sí mismo solamente. 
Este informe contiene la propuesta no madurada de las llamadas listas transnacionales para la elecciones al Parlamento Europeo, que yo no puedo apoyar de este modo. 
Al no realizarse en el informe más precisiones al respecto, es difícil saber qué es lo que significa exactamente. 
Listas transnacionales, es decir, listas europeas, parece que significan para el ponente que el 10 % de los diputados no se elijan a nivel nacional sino europeo. 
Esto está en contradicción con otras propuestas del informe. 
Por ejemplo, mediante la regionalización de las circunscripciones electorales propuesta para los países grandes, se intenta acercar los electores a la política. 
Por contra, las listas transnacionales hacen de toda Europa una única y enorme circunscripción electoral lo que distancia definitivamente a los eurodiputados a esferas superiores, lejos de los ciudadanos. 
Pero quizás con las listas transnacionales se quiere decir que en las diversas regiones como, por ejemplo, en la región del Sarre-Lorrena-Luxemburgo, se puedan establecer listas transfronterizas. 
Esto no sería malo para impulsar la idea de Europa, pero si esta es la idea del informe, debería al menos mencionarla. 
Tampoco está claro cómo se crearían tales listas y en especial cómo se tendría en cuenta a países como Luxemburgo, con un número de diputados muy reducido. 
Cuanto más recapacito, esta lista transnacional me parece cada vez más una especie de " samelsurio político» que está en contradicción directa con el objetivo que yo mismo persigo en la política europea, es decir, la proximidad del político europeo al ciudadano, la participación de los ciudadanos en el debate político en Europa y la transparencia de la política europea para los ciudadanos. 
La elaboración de una ley electoral uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo constituye una de las piezas del proceso de integración europea más difíciles de engranar. Prueba de ello es que el encargo de elaborar dicha ley figuraba ya en el Tratado de Roma y, sin embargo, casi cincuenta años después seguimos sin haber sido capaces de aprobarla. 
Primero era el hecho en sí mismo de unas elecciones directas al Parlamento Europeo lo que estaba en discusión; después, han sido las diferentes tradiciones existentes en los distintos Estados miembros lo que ha impedido que se llegara a un acuerdo. 
De ahí que debamos felicitarnos por la aprobación del informe Anastassopoulos al que, por esta razón, he dado mi voto positivo. 
Porque, en efecto, este informe permite al Parlamento dar un paso no tan largo como era de desear, pero sí de un gran significado político que contribuirá, sin lugar a dudas, a conseguir aquel acercamiento entre los electores y los elegidos indispensable para el buen funcionamiento del sistema democrático y para que el ciudadano participe de manera más directa en el proceso de toma de decisiones que le afecta y se sienta, en consecuencia, protagonista de la gran aventura de construir una Europa de paz y de bienestar. 
Me es grato explicar el voto favorable al informe Anastassopoulos sobre la elaboración de un proyecto de procedimiento electoral fundado en principios comunes para la elección de los diputados al Parlamento Europeo. 
El informe y su propuesta de Acto, establecido en conformidad con el apartado 3 del artículo 138 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (apartado 4 del artículo 190 del Tratado de Amsterdam consolidado) cubre un vacío en el cumplimiento del Tratado de Roma que preveía un sistema electoral uniforme a nivel de lo que es hoy la Unión Europea. 
En la necesaria profundización democrática de la Unión, que aún hoy adolece de un déficit democrático en alguno de sus ámbitos, cumplir el citado mandato significará un paso más y muy importante en la representación de los ciudadanos de la Unión en el Parlamento Europeo, que ha ido reiterando tal necesidad. 
Cabe recordar en este sentido el excelente proyecto precedente elaborado por mi antiguo colega liberal, el diputado flamenco Karel De Gucht. 
Desgraciadamente, la falta de voluntad y acuerdo entre los gobiernos de los Estados miembros de la Unión han impedido que las sucesivas propuestas del Parlamento se llevaran a la práctica. 
Espero y deseo que en esta ocasión el proyecto de nuestro vicepresidente, Georgios Anastassopoulos, se convierta en realidad. 
Es una buena propuesta que contiene los elementos esenciales para fundamentar el sistema electoral uniforme que reclama la democracia de la Unión. 
Entre tales elementos, me complace que se contemplen circunscripciones territoriales en los Estados de más de 20 millones de habitantes. 
Las circunscripciones que responden a naciones sin Estado y regiones bien definidas en la Unión Europea son entidades que contribuyen de forma destacada a consolidar la realidad de la Unión y la integración de los pueblos que la constituyen. 
La elección de sus representantes en el Parlamento Europeo respetando tales identidades ayudará sin duda y de forma muy destacada a mejorar el grado de representación y relación entre los ciudadanos y sus representantes parlamentarios. 
Una vez más el Parlamento Europeo se constituye en garante del progreso y la democracia en la construcción de una Europa Unida. 
Esperemos que esta vez los gobiernos de los Estados miembros sean conscientes de sus obligaciones y no constituyan ni obstáculo ni rémora para atender la voluntad expresada en el proyecto del informe Anastassopoulos. 
En el marco de la evolución del contexto institucional, marcada principalmente por la instauración del sufragio universal directo para la elección de los diputados del Parlamento Europeo, la atribución del procedimiento de codecisión por el Tratado de Maastricht y, muy recientemente por el Tratado de Amsterdam, hay razón para felicitar a Georgios Anastassopoulos por el trabajo que ha realizado. 
Comparto plenamente su ambición legítima de aproximar el diputado europeo a los ciudadanos en general y a sus electores en particular. 
Pero disiento sobre la decisión del método que propone. 
En efecto, el único modo de escrutinio que permita verdaderamente instaurar esta proximidad en los hechos es el modo de escrutinio uninominal para el que el número de circunscripciones correspondería al número de diputados a elegir. 
En la reciente tentativa del Gobierno francés destinada a regionalizar el modo de escrutinio, defendí la misma posición que hoy. 
La clase política nacional ha denunciado, por cierto, en su gran mayoría, el hecho de que esta propuesta de reforma reposaba sobre un método que no permitía alcanzar sobre el terreno el objetivo buscado. 
Este fracaso del Gobierno Jospin, que finalmente retiró su propuesta, demuestra que una reforma del modo de escrutinio de las elecciones europeas ha de tomar necesariamente en consideración las expectativas reales de los ciudadanos y de sus representantes, los datos geográficos y administrativos existentes y la evolución del número de diputados europeos para cada Estado miembro, posterior a la ampliación. 
Por otro lado, si es especialmente importante prever desde estos momentos unos principios generales comunes a todos los Estados miembros, estos últimos, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, deben conservar aquellas competencias que afectan a las modalidades relativas al establecimiento de las listas electorales, a la organización y financiación de las campañas electorales, a la preparación y desarrollo de las operaciones electorales, a su contencioso, así como a la fijación de un umbral mínimo para la atribución de escaños. 
Todas las enmiendas que contribuyen a ordenar el texto en este sentido no han sido aprobadas, desafortunadamente, por lo cual, señor Presidente, he votado contra el texto final. 
Con gran pesar por mi parte tengo que votar en contra del informe del vicepresidente Anastassopoulos, pero plantea cuestiones que afectan a los elementos básicos de nuestra política. 
La historia del parlamentarismo nos muestra de modo unívoco que aún ningún partido extremista ha llegado legalmente al poder en un país en el que haya existido el derecho electoral personalista. 
Un estudio realizado por una gran universidad alemana ha demostrado que Hitler jamás habría obtenido la mayoría si en Alemania no hubiese existido el sistema del derecho electoral proporcional. 
No nos hagamos ilusiones. 
La democracia está hoy en peligro y no nos podemos permitir ningún error. 
Hay que proporcionarle rostros humanos, los electores tienen que saber a quién otorgan su confianza. 
El sistema electoral proporcional nos conduce a una partidocracia en la que la mayoría de los diputados ya no son representantes del pueblo sino instrumentos de los funcionarios de los partidos. 
El creciente número de gente que no va a votar debería ser una advertencia a tomar en serio. 
Necesitamos diputados que obtengan por sus propias fuerzas la confianza de la población. 
Pero el sistema que hoy se quiere difundir hace fácilmente de ellos unos empleados de las estructuras del partido. 
Esto conduce a la decadencia y pone directamente en peligro la democracia. 
Por ello, aquellos de nosotros que hemos conocido la dictadura y la guerra solamente podemos tener las mayores objeciones frente al camino que se pretende seguir con un derecho electoral erróneo. 
Según el nuevo artículo 190 del Tratado de Amsterdam, debe elaborarse un conjunto de normas electorales comunes para el Parlamento Europeo. 
El señor ponente aboga, entre otras cosas, por: 
que se utilice el sistema de representación proporcional, -que se introduzca un límite de contención en una cifra no superior al 5 %, -que la elección del 10 % de los escaños quede reservada a una lista cuya circunscripción electoral sea toda la UE en las elecciones al Parlamento Europeo del año 2009.La novedad del apartado cuarto del artículo 190 del Tratado de Amsterdam es que debe utilizarse un: " modo de actuación unificado o principios que sean comunes para todos los Estados miembros». 
No figura en el Tratado ninguna exigencia semejante sobre una armonización directa, como reclama el señor ponente. 
Los socialdemócratas daneses pensamos que el señor ponente ha ido demasiado lejos, pues el artículo 190 no pide armonización alguna. 
Los procedimientos vigentes en las elecciones al Parlamento Europeo- por ejemplo, el sistema de representación proporcional y el límite de contención- compensan precisamente las diferencias entre pequeños y grandes países y dan por ello a los pequeños países una influencia proporcionalmente mayor. 
Los socialdemócratas daneses apoyamos las restantes enmiendas del Grupo de los Socialistas Europeos que tratan de alejar el informe del señor ponente de la idea de la armonización. 
Lindqvist (ELDR) , Eriksson, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL) , Holm y Schörling (V) , Bonde y Lis Jensen (I-EDN) , por escrito. 
(SV) Los abajo firmantes hemos votado en contra del informe. 
Opinamos que la reglamentación del sistema electoral es tarea de los parlamentos nacionales y de las constituciones, aun tratándose de elecciones al Parlamento Europeo. 
Son los parlamentos nacionales los que tienen la legitimidad democrática y el conocimiento de las circunstancias locales. 
Estimamos que la democracia en los países de la UE se basa en los parlamentos nacionales y en las constituciones. 
Por eso es relevante que sean esas instancias las que tengan poder sobre materias tan importantes como el sistema eleccionario. 
Rechazamos especialmente el punto 4 del informe. 
Allí se propone que un 10 por ciento de los escaños sea ocupado por personas elegidas en el ámbito de la UE. 
Semejante situación requeriría la existencia de partidos que funcionasen en el ámbito comunitario, algo que difícilmente llegará a concretarse en un futuro cercano. 
Actualmente los llamados partidos europeos carecen totalmente de raíces y de base entre los ciudadanos. 
Son grandes las diferencias entre los partidos nacionales con similares orientaciones y el debate político es, en gran medida, de carácter nacional. 
En el espíritu de una democracia plural y una Europa de todos los pueblos, deseo manifestar mi apoyo a las enmiendas 46 (presentada por el Sr. Ebner del Südtiroler Volkspartei) y 49 (presentada por mí). 
Ambas enmiendas expresan preocupaciones comunes por las poblaciones más pequeñas de Europa. 
Los sudtiroleses, valdostanos, sardos y friulanos de Italia, y los frisios de los Países Bajos, por ejemplo, están contemplados en la enmienda 46. 
Pero la enmienda 49 va más allá, ampliando esto hasta nacionalidades históricas reconocidas en más de un Estado. 
El beneficiario de este enfoque sería el pueblo de Sámi, que habita en las regiones del norte de dos Estados miembros (Suecia y Finlandia) , además del antiguo país aspirante Noruega. 
Existe una sólida razón moral para conceder al pueblo Sámi un escaño en este Parlamento. 
Bajo el actual sistema eso no es posible. 
Pero un Parlamento Europeo sin un escaño Sámi es un Parlamento incompleto, por lo que apelo a los colegas a que subsanemos este déficit, junto con todos los demás que el informe se propone corregir. 
Hoy (15/7) , el Parlamento Europeo somete a votación el informe Anastassopoulos, que propone un sistema electoral común para toda la UE que esté basado en la representación proporcional, para futuras elecciones al Parlamento Europeo. 
A pesar de que personalmente sentimos un gran respeto por el Sr. Anastassopoulos y apreciamos el enorme esfuerzo que ha dedicado a la elaboración del informe, los diputados Conservadores votaremos en contra de sus conclusiones. 
No podemos aceptar dos de sus conclusiones principales. 
En principio, nos oponemos a que la representación proporcional sea el sistema electoral obligatorio, tanto a nivel europeo, como nacional. 
No podemos apoyar la idea de que algunos diputados sean elegidos en una única circunscripción paneuropea, como propone el informe para el 2009. 
La experiencia británica demuestra que las circunscripciones de un solo diputado mantienen a sus representantes en el Parlamento Europeo más cerca de la población que los sistemas de la Europa continental, y les alientan a prestar más atención a sus electores que a los jefes del Partido. 
Grandes regiones o, peor aún, circunscripciones nacionales únicas, son enemigos de la representación eficaz. 
Acogemos con satisfacción el hecho de que el Partido gaullista RPR de Francia haya propuesto recientemente que la circunscripción nacional única de ese país dé paso a ochenta y siete circunscripciones individuales, según el modelo británico. 
Aunque no nos gusta la representación proporcional, es importante que allí donde se aplique, los gobiernos y los parlamentos elijan la versión más abierta y que más favorezca al elector de todas las que existan. 
Las listas cerradas son antidemocráticas y perjudiciales para la cultura cívica. 
Mi colega alemán del Grupo PPE, Sr. von Habsburg, las ha condenado acertadamente como el instrumento de un Estado de Partido. 
Haremos campaña para que las listas abiertas, y no cerradas, constituyan la norma en futuras elecciones al Parlamento Europeo. 
Acogemos con enorme satisfacción el apoyo personal del Sr. Anastassopoulos a las listas abiertas. 
Hoy, en el marco de nuestra campaña, publicamos un documento elaborado por el Profesor Vernon Bogdanor de la Universidad de Oxford, uno de los expertos más eminentes de Gran Bretaña en asuntos constitucionales y electorales, en el que defiende la causa de las listas abiertas de cara a fomentar la elección del elector de Europa. 
Hoy da comienzo también la votación en el seno del Partido Laborista Británico en la que se eligen a los candidatos para las próximas elecciones al Parlamento Europeo de junio. 
En cada una de las actuales euro-circunscripciones, los miembros del Partido Laborista podrán elegir a dos o tres candidatos para la elaboración de una lista central de más de 200 aspirantes. 
Acto seguido, los líderes Laboristas, a través del Comité Nacional Ejecutivo, decidirán el orden de los candidatos por cada región. 
Los miembros del Partido estarán excluidos de las decisiones clave sobre quién es elegido. 
Mientras que los otros dos partidos principales británicos- Conservador y Liberal Demócrata- han dejado en manos de los miembros voluntarios todo el control sobre el orden de cada lista regional, la tendencia Laborista de querer controlarlo todo les ha llevado a imponer listas de candidatos idénticas, formadas por clones de Blair desde el centro. 
La respuesta de los líderes Laboristas a la representación proporcional confirma todas nuestras peores sospechas sobre cómo se puede abusar del sistema cuando los burócratas del partido se niegan a entregar el control y deciden dejar fuera a los electores. 
El procedimiento electoral para la elección de los diputados al Parlamento Europeo resulta fundamental, principalmente para aquellos Estados miembros donde existe un sistema de gobierno descentralizado, como es el caso de España, en donde existen 17 Comunidades Autónomas cuyas organizaciones administrativas resultan más cercanas al ciudadano. 
Por este motivo, considero que debe ser la circunscripción autonómica la que sea aplicable a las elecciones europeas, ya que este método acerca y hace más accesible el diputado europeo a los ciudadanos que representa, alcanzando, así, uno de nuestros objetivos, esto es, que el Parlamento Europeo sea más sensible a las necesidades e inquietudes de todos los ciudadanos europeos. 
Además, con este tipo de circunscripción se pretende llevar a la práctica la realidad existente en muchos Estados miembros que comparten diferentes nacionalidades históricas, como es el caso español, donde no solo existen los casos catalán y vasco, sino que también conviven otras nacionalidades históricas, como la Comunidad Valenciana, que hacen aconsejable la implantación de una circunscripción autonómica para la elección de diputados al Parlamento Europeo. 
En este sentido, apoyo el informe Anastassopoulos. 
El señor Vicepresidente del Parlamento y ponente de este informe me perdonará que le recuerde a un ilustre compatriota suyo llamado Platón para afirmar que soy muy amigo de Anastassopoulos pero lo soy todavía más de la Verdad. 
Y la Verdad, en mi modesta opinión, es la de que cada Estado debe ser soberano para decidir sobre cómo se seleccionan o eligen los diputados que lo representan en este Parlamento. 
Carece de sentido, a mi modo de ver, que diez Estados miembros cuya población es inferior a diez millones de habitantes obliguen a los otros cinco Estados miembros a crear circunscripciones que, seguramente, violan en la práctica el principio de que todos y cada uno de los diputados representan al conjunto de los electores del país. 
Por otra parte, este sistema puede ocasionar efectos inesperados sobre los que quizá no hemos meditado bastante. 
Daré un ejemplo: con la actual fórmula española que considera el territorio nacional como una sola circunscripción, en esta legislatura son miembros del Parlamento seis ciudadanos españoles que proceden del País Vasco español. 
Si se aplicara el sistema proporcional al territorio y a la población de ese País Vasco, éste sólo contaría con dos diputados en el futuro Parlamento elegido según ese sistema. 
Con ello, sin duda se iría contra los intereses del País Vasco y contra la voluntad de acercar este Parlamento a una parte de España que merece, y obtiene, la atención especial de esta Asamblea, entre otros motivos gracias a la labor de sus seis actuales eurodiputados. 
Lo dicho es compatible con la admiración que merece el buen informe redactado por nuestro colega, Giorgios Anastassopoulos. Y por eso he votado a favor de ese texto. 
El informe Anastassopoulos es la ilustración perfecta del método y de la ideología antinacionales que animan a la mayoría federalista actual de este Parlamento. 
Se trata de un informe de propia iniciativa que reposa sobre una base jurídica que figura en un tratado no ratificado por los Estados miembros y que por consiguiente no está en vigor. 
Pero poco importa, ya que la táctica siempre es la misma: se trata de crear, sin tener en cuenta el derecho, el hecho consumado, de forma que se puedan utilizar después las propuestas del Parlamento Europeo como un estímulo que permita presionar al Consejo y ponerlo a la defensiva. 
El objetivo que se persigue en el fondo es el de romper las circunscripciones nacionales. 
Para llegar a ello, la ideología federalista utiliza conjuntamente sus dos canales predilectos: el nivel infranacional y el nivel supranacional. 
Con el pretexto de aproximar los miembros del Parlamento Europeo a su electorado, el informe Anastassopoulos propone un fraccionamiento máximo del corpus electoral que rompe la noción de circunscripción única nacional y el carácter de representantes nacionales de los diputados al Parlamento Europeo elegidos en los diferentes Estados miembros. 
Al mismo tiempo, el informe recomienda la constitución de listas supranacionales, que tienen el efecto exactamente inverso del objetivo señalado anteriormente. 
Pero poco importa que estas propuestas sean totalmente contradictorias: el objetivo es negativo- se trata de destruir el marco nacional- y no positivo- el acercamiento del diputado a su electorado sólo sirve aquí de pretexto falaz. 
Después de la votación de hoy, queda claro que va a regir un sistema electoral proporcional en toda la Unión. 
Al mismo tiempo, la propuesta respeta el principio de cercanía y elude reglamentar los procedimientos electorales de una forma demasiado detallada (por ejemplo, costes de las elecciones, edad mínima para alcanzar el derecho a voto, etcétera). 
También es importante comprobar que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, es opcional el establecimiento de condiciones electorales. 
Como una medida para crear condiciones más uniformes para los diputados, es importante que se haya establecido que no se podrá tener un escaño en otro parlamento al mismo tiempo que se es miembro del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, lamento tres puntos de la resolución aprobada hoy. 
En primer lugar, es deplorable que la mayoría del Parlamento haya estimado que las circunscripciones electorales serán obligatorias en los países miembros con más de 20 millones de habitantes. 
Si hay menos, el país no se divide en circunscripciones, por tanto, Finlandia no necesita hacerlo. 
En segundo lugar, también es lamentable que la mayoría parlamentaria (349 contra 173) votase a favor de discutir una propuesta sobre un porcentaje determinado de la totalidad de escaños que serán distribuidos en una circunscripción electoral común para todos los países miembros. 
Semejante sistema solamente serviría para enredar aún más el proceso electoral. 
En tercer lugar, lamento que no se pudiese obtener mayoría para decir claramente que podrán existir mecanismos de protección para las minorías (190 votos a favor y 287 en contra). 
A pesar de las deficiencias señaladas, estimo que es importante que pueda continuar el trabajo para conseguir reglas comunes en el Consejo de Ministros y por eso voté a favor del informe en la votación final. 
Debo dar las gracias a nuestro colega, Georgios Anastassopoulos, por el trabajo que ha realizado. 
Sin embargo, si bien comparto plenamente la ambición, totalmente legítima, de acercar el diputado europeo a los ciudadanos, no estoy de acuerdo con el método propuesto. 
El recurso al escrutinio proporcional regionalizado no constituye la mejor solución. 
Efectivamente, únicamente el modo de escrutinio uninominal con un número de circunscripciones que corresponde al número de diputados a elegir permite alcanzar este objetivo. 
En Francia, el fracaso del Gobierno Jospin, en su reciente propuesta de reforma orientada a regionalizar el modo de escrutinio de las elecciones europeas, está ampliamente vinculado a la falta de adecuación de los medios al objetivo. 
Hubiera sido deseable que este Parlamento extrajera las enseñanzas de esta experiencia nacional. 
Señor Presidente, he votado a favor de un gran número de enmiendas que mejorarían considerablemente la propuesta, teniendo principalmente en cuenta el principio de subsidiariedad. 
Al no haber sido todas aprobadas he votado contra este texto. 
Informe Olsson (A4-0200/98) 
Señor Presidente, para que nuestra sociedad lleve a cabo un desarrollo duradero y sostenible ha de enfrentarse a un doble desafío: estimular a los particulares y a las empresas a contaminar menos y corregir las distorsiones de competencia que penalizan a los industriales que hayan invertido en la lucha contra la contaminación, generalizando el principio de que el que contamina paga. 
Sin duda, es indispensable que la dimensión medioambiental esté integrada en las herramientas fiscales tanto como la dimensión social, pero el informe Olsson se basa en el concepto de impuesto ecológico, es decir, un impuesto suplementario que se añade a una carga fiscal ya excesiva. 
Esto sólo puede influir de forma nefasta en la economía. 
Sin embargo, es necesaria, efectivamente, una fiscalidad adaptada a las exigencias del desarrollo duradero. 
Se trata de una verdadera revolución fiscal, no más impuestos, sino otro tipo de impuestos, menos gravosos, mejor calculados y que favorezcan la contratación y no el desempleo, que favorezcan el medio ambiente y no a los que contaminan, que favorezcan la salud y no la angustia vital. 
El informe Olsson no permite realizar estos objetivos. 
Señor Presidente, el siglo XX se inició con impuestos rojos: impuestos sobre la renta, derechos de sucesión, impuestos sobre el capital, tanto en Europa como en Occidente. 
El siglo XX ha de terminar con impuestos verdes y ahora se nos presenta una nueva versión del intervencionismo fiscal, los impuestos sobre el CO2, contra la contaminación. 
Esto es ineficaz en el principio y peligroso en el funcionamiento. 
Con respecto al principio, tenemos muchos de doctrina fiscal francesa, europea y occidental. 
Nunca se ha visto funcionar el intervencionismo fiscal. 
África lo ha intentado en materia económica, con decenas de escuelas de inversión. 
No ha funcionado. 
Para construir la justicia, no ha funcionado. 
Para construir el relanzamiento democrático, no ha funcionado. 
Y no funcionará en materia de medio ambiente, a causa del régimen, porque será necesario en primer lugar tarificar teniendo en cuenta las diferentes hipótesis, los diferentes tipos de contaminación, las diferentes fuentes de emisión de contaminación. 
Ello provocará una nueva complejidad legislativa y una contaminación normativa. 
Esto es peligroso económicamente porque provocará distorsiones entre los países que lo apliquen y los que no lo apliquen. 
Ésta es la historia de las redes de deriva. 
Túnez y Japón no las aplican en el Mediterráneo. 
Finalmente, esto es condenable moralmente porque no es el principio del que contamina paga lo que se ha aplicado, sino el principio de que el que consume paga, el principio del inocente que paga, como la imposición excesiva de la carne frente a la contaminación, a las vacas locas. 
Y si el objetivo es favorecer el empleo, hagamos una gran reforma fiscal, con un tope europeo de impuestos obligatorios, y reflexionemos por fin sobre la tontería de mantener un impuesto sobre la creación de riquezas, es decir, un impuesto sobre la renta. 
Opinamos que los impuestos y derechos medioambientales son provechosos y contribuyen a disminuir la contaminación y el uso incorrecto de los recursos naturales. 
Pero esto, sin embargo, debe hacerse en el ámbito de los Estados miembros y no en el comunitario. 
Me felicito por esta iniciativa de la Comisión que, por primera vez, examina la utilización por parte de los Estados miembros de los impuestos medioambientales y enumera las posibilidades y obligaciones vinculadas a ellos. 
Sin embargo, es decepcionante que la Comisión no haya impulsado más adelante este inventario. 
Efectivamente, un estudio crítico y comparativo de la eficacia y rentabilidad, tanto medioambiental como económica de estos impuestos, hubiera sido especialmente interesante y útil. 
No comparto la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor sobre numerosos puntos, opinión que propone la promoción de los impuestos medioambientales sin exigir siquiera con carácter previo un estudio de la relación costes/beneficios. 
Personalmente, no estoy a favor de la instauración de nuevos impuestos. 
Al contrario, planteo, por una parte, el recurso al estímulo fiscal cuyo efecto es siempre más positivo y, por otra, la responsabilidad de los agentes que tengan actividades contaminantes. 
El impuesto nunca constituye la solución ideal, al contrario. 
El que contamina paga es un buen principio a condición de que en la práctica no lleve sistemáticamente a comprar el derecho a contaminar. 
Por esta razón fundamental, he votado contra la resolución propuesta. 
El informe del Sr. Karl Erik Olsson señala muchos problemas de carácter ambiental importantísimos, a cuya creación han contribuido el mercado interior de la UE y la globalización económica. 
Al mismo tiempo, el informe Olsson hace también referencia a una serie de compromisos en materia medioambiental que los respectivos países participantes contrajeron en las cumbres de Río y Kioto. 
Nos adherimos completamente a la opinión de que los impuestos y gravámenes ambientales de diversa índole pueden ser uno de los muchos medios eficaces a la hora de reducir la contaminación. 
No obstante, lo que nos hace considerar inaceptable el informe Olsson es, por ejemplo, sus recomendaciones relativas a impuestos y gravámenes ambientales comunitarios y armonizaciones de las políticas financieras nacionales en el plano comunitario. 
Traspasar a la Unión Europea competencias en los campos tributarios e impositivos no casa con las promesas que hicimos a nuestros electores. 
Prometimos que lucharíamos contra cualquier iniciativa que diera a la Comunidad mayor poder a costa de las democracias nacionales. 
Al mismo tiempo, apoyamos sinceramente todas las buenas iniciativas locales, nacionales, regionales e internacionales que puedan contribuir a reducir la contaminación de cualquier tipo. 
Sin embargo, nos oponemos a las propuestas de alcance del informe Olsson que implicarían una armonización comunitaria radical de partes vitales de la política financiera. 
Por estas razones votamos en contra del informe Olsson. 
Los socialdemócratas daneses apoyamos las iniciativas sobre impuestos y gravámenes ambientales en el ámbito comunitario. 
El producto de éstos debe, sin embargo, corresponderle a cada país y estos impuestos y gravámenes no deben ser trasladados a otros campos. 
Apoyamos el llamamiento del informe a la Comisión para que establezca propuestas comunes que, cuando menos, promuevan el empleo de impuestos y gravámenes ambientales. 
Los impuestos y gravámenes ambientales de cada país miembro pueden ser causa de problemas con las normas del mercado interior y de ahí la conveniencia de que estos impuestos y gravámenes ambientales estén por supuesto basados en la necesidad de resolver problemas de índole medioambiental. 
Nos alegramos de que este tema figure en el orden del día de la Presidencia para el otoño y esperamos que esta discusión pueda desembocar pronto en algo concreto. 
Votaré a favor del informe del Sr. Olsson, ya que una fiscalidad favorable al medio ambiente y basada en el principio de que el que contamina paga permite promover prácticas industriales y de consumo más vinculadas a apoyar un desarrollo duradero. 
Si embargo, los impuestos indirectos al consumo tienen el enorme inconveniente de no tener en cuenta los ingresos y no estar basados en el principio del carácter progresivo del impuesto, lo más justo que existe, por otra parte. 
Así, la multiplicación de esos impuestos, como es por cierto el caso del IVA, aumenta las desigualdades sociales penalizando más gravemente a los ricos. 
Por tanto, no pueden ser utilizados más que cuando estemos seguros de que el impuesto creado modifica realmente los comportamientos y reduce de forma efectiva los casos de contaminación. 
Es de señalar, por ejemplo, que en perjuicio de los impuestos importantes y crecientes que pesan sobre ésta, el consumo de gasolina no ha descendido de manera importante. 
En resumen, esta intervención está orientada a solicitar al Parlamento Europeo y a la Comisión que estén atentos a las consecuencias sociales de las tasas o impuestos medioambientales. 
No puede dejar de causar gran preocupación el entusiasmo sin reservas o con pocas reservas con que se desarrolló el debate sobre los impuestos medioambientales, en particular sobre la energía. 
Aun reconociendo sus méritos, está por demostrar que tengan el efecto pretendido de poder substituir la tributación del trabajo (si fueran eficaces desde el punto de vista medioambiental, serían pocos los ingresos obtenidos... ) o que no castiguen la inversión, en particular en un mundo marcado por la competencia y con fronteras abiertas. 
Por otro lado, nos choca la total ausencia de referencia a sus efectos regresivos, al castigar más a los pobres que a los ricos, así como la ausencia de referencia alguna a la circunstancia de que los grandes contaminadores de la Unión son los países más ricos (Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia por sí solos emiten el 71, 5 % del CO2, mientras que a Portugal corresponde el 1, 4 %... ) , por lo que están justificados exigencias y timings distintos o incluso la circunstancia de que la tributación de la energía resulte particularmente onerosa para los transportes y, por tanto, en mucha mayor medida para los países más pobres de la periferia. 
Por último, resulta también chocante que nunca se diga que la única política claramente óptima, sin efectos regresivos ni distorsiones de la economía, sería una política de apoyo directo a la reestructuración de los equipos. 
¿Será, no obstante, así porque se trataría de una política que recaería en mayor medida sobre los países más ricos, que con la insistencia en los impuestos medioambientales pretenden calmar sus conciencias y eludir sus responsabilidades? 
A propósito del informe de nuestro colega Olsson, han de distinguirse cuidadosamente dos niveles: el de la armonización de los impuestos ecológicos y el de una eventual fiscalidad europea. 
Para el Grupo Europa de las Naciones, la protección del medio ambiente es incuestionablemente un ámbito prioritario de interés común, en el que se puede y se debe buscar un grado de armonización elevado entre el mayor número posible de Estados miembros de la Unión. 
Por el contrario, resulta inaceptable que las cuestiones relativas a la contaminación se utilicen como pretextos para permitir a la Comunidad que disponga de recursos propios, que escapan a cualquier control de los Estados miembros, algo que busca, sin descanso, la Comisión. 
Hemos visto, con el asunto de las vacas locas y el de las redes de deriva, hasta qué punto la Comisión era experta en la manipulación de las cuestiones de salud y medio ambiente, a las que nuestras opiniones son especialmente sensibles. 
Por tanto no aceptaremos que, con el pretexto de impuestos ecológicos, se intente crear en realidad un impuesto europeo. 
Hemos de buscar al mismo tiempo la preservación del medio ambiente, del mercado único y de la soberanía fiscal de los Estados miembros. 
Con respecto al IVA y los impuestos especiales, por ejemplo, se han puesto en práctica procedimientos administrativos que respetan la independencia fiscal de los Estados miembros, preservando el principio del mercado único. 
Por lo que respecta a los impuestos ecológicos, hay una serie de Estados miembros que los han establecido para los envases. 
En Alemania, por ejemplo, el «dual-système» permite a los operadores participar en el impuesto ecológico y ello, cualquiera que sea su origen (país tercero u otro Estado miembro). 
El sistema del punto verde, en Francia, con la aplicación del ecoenvase, y de Adelphe también facilita intercambios comunitarios cómodos. 
Sin embargo, en Bélgica, el sistema de impuestos ecológicos aplicado, que obliga a los operadores de otro Estado miembro a indicar el número de autorización de cada uno de sus distribuidores, es un sistema pesado, generador de un cierto proteccionismo. 
Las enmiendas presentadas por nuestro grupo pretenden encargar a la Comisión una tarea de armonización de los procedimientos administrativos relativos a esos impuestos ecológicos. 
En efecto, al contrario de lo que se ha hecho en Bélgica, el sistema administrativo de recaudación del impuesto ha de ser simple, equitativo, eficaz y no debe poner obstáculos a los intercambios intracomunitarios. 
Si la Comisión sigue en su posición actual, los obstáculos serán tan importantes que algunos desearán crear un impuesto europeo, algo absolutamente inaceptable. 
El presupuesto de la Unión Europea ha de seguir siendo un presupuesto exclusivamente financiado por los Estados miembros y por los derechos arancelarios de los productos importados de países terceros. 
La creación de un impuesto europeo sería un paso más hacia la creación de un superestado europeo, que nuestros pueblos no desean. 
No es nuevo el tema de la imposición de los llamados impuestos y gravámenes ambientales, o de otra forma, impuestos ecológicos, y está pendiente de los órganos comunitarios desde hace años. 
Sin embargo, ahora se retoma con mayor intensidad, con una serie de propuestas, como, entre otras, la propuesta de directiva sobre la imposición de un impuesto sobre las emisiones de CO2 y sobre la energía, la propuesta sobre la fiscalidad de los productos energéticos, el Libro Verde sobre la tarificación en el transporte, en el marco de un esfuerzo más general de ampliar la competencia fiscal de la Unión Europea. 
Nosotros consideramos que el factor medio-ambiente debe constituir un parámetro básico de todas las políticas y acciones, que un desarrollo viable y de largo alcance no puede sino caminar de la mano de la protección del medio ambiente; que la política medioambiental debe apoyarse en la prevención, en la imputación de responsabilidades de cuantos están implicados en su destrucción, en la toma de medidas para el restablecimiento de los daños. 
Por otra parte desempeña un papel principal la finalización y aplicación del marco jurídico existente- a nivel nacional e internacional -, el compromiso de una acción coordinada para hacer realidad las declaraciones, que se hacen en ocasiones, como las medidas que se anunciaron en Río y en Kyoto, que se están ignorando de forma escandalosa en nombre del aumento de los superbeneficios del gran capital. 
La propuesta sobre impuestos ambientales ni siquiera garantiza que los ingresos se utilicen en la financiación de actividades de protección del medio ambiente, en acciones sobre los prototipos de producción viables, en estimular la utilización y la producción de tecnologías respetuosas del medio ambiente. 
El sector del medio ambiente podría llevar a la creación de nuevos puestos de trabajo y así contribuir al aumento del empleo. 
Pero debe garantizarse que cualquier medida que se tome para su protección no conducirá a una nueva subvención indirecta a los empresarios, porque hay un serio peligro de abuso, de retención de recursos y de su impago (como también muestran los problemas correspondientes a la devolución del IVA o las contribuciones no pagadas a la seguridad social, como ocurre en Grecia y en otros países). 
Por otra parte, cualquier financiación para llevar a cabo acciones encaminadas a la protección del medio ambiente puede conducir a subvenciones en favor del gran capital sin que haya, desde luego, ninguna garantía acerca de sus repercusiones en la creación de puestos de trabajo estables a jornada completa, como demuestra la, hasta hoy, falta de credibilidad de las investigaciones sobre el medio ambiente que obligatoriamente acompañan a las grandes construcciones. 
Estamos en desacuerdo con todo intento de conectar los impuestos ambientales con la lógica del Libro Verde para aumentar la competitividad mediante la reducción del coste laboral y, consecuentemente, de las cotizaciones sociales de los empresarios. 
Una cosa así llevaría a la reducción posterior del sistema de seguridad social público y al apoyo a la privada. 
Y esto porque su aprobación, si se combina con la reducción de las contribuciones empresariales, conducirá a la reducción de los ingresos de los organismos de la seguridad social. 
Por otra parte, hasta hoy la realidad ha demostrado que la reducción de las contribuciones de los empresarios no conduce a un aumento sustancial del empleo, sino al aumento de los beneficios. 
Nos causa una especial inquietud el hecho de que la gama de productos candidatos al impuesto se amplía de forma peligrosa, cubriendo una serie de bienes de primera necesidad y de amplio consumo como el agua, los transportes, las obras de construcción, los pesticidas químicos y los abonos. 
Nos tememos que el objetivo último es un generalizado gravamen fiscal sobreañadido para aumentar los ingresos fiscales. 
Por estas razones no podemos votar a favor del informe. 
Hemos terminado con las explicaciones de voto y con el orden del día de esta mañana. 
(La sesión, interrumpida a las 13.20 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Informe anual del IME 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0263/98) del Sr. Fourçans, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Informe anual 1997 del Instituto Monetario Europeo. 
Señor Presidente, es para mí un gran placer presentar el Informe anual 1997 del Instituto Monetario Europeo al Parlamento Europeo. 
Resulta irónico que la última vez que comparecí ante este Parlamento fuera para presentar el Informe anual de una institución en liquidación, a saber, el Informe anual del Comité de Gobernadores del Banco Central Europeo. 
En esta ocasión, he acudido a presentar el informe de una institución que será liquidada en breve, el Instituto Monetario Europeo. 
Los trabajos preparatorios para la tercera fase se desarrollaron en 1997 según lo previsto. 
A comienzos de 1994, el IME, en estrecha colaboración con los bancos centrales nacionales de la Unión Europea, emprendió la preparación técnica de los instrumentos necesarios para el establecimiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales, que dirigirá la política monetaria única y la creación de la moneda única. 
Estos trabajos serán completados por su sucesor, el BCE. 
El IME publicó un informe sobre la estrategia de la política monetaria en febrero de 1997, en el que identificaba dos estrategias posibles para la tercera fase: los objetivos intermedios de la política monetaria y los objetivos en materia de inflación directa. 
No obstante, el informe también destaca que, independientemente de la decisión final, debía definirse claramente el objetivo de estabilidad de los precios y utilizar objetivos específicos para medir la actuación del SEBC. 
Mantenía asimismo que el riesgo para la estabilidad de los precios debía evaluarse sobre una amplia serie de variables indicadoras, con especial referencia a los agregados monetarios. 
La preparación teórica de los instrumentos y procedimientos de la política monetaria quedó concluida a finales de 1996. 
El " informe marco» , publicado en enero de 1997, presenta la política monetaria única en la tercera fase y el marco operativo. 
En el ámbito de la política de cambio, el Consejo Europeo, reunido en Amsterdam en junio del pasado año, aprobó una resolución relativa al nuevo mecanismo para determinar los tipos de cambio en la tercera fase, ERM2. 
El IME concluyó un proyecto de acuerdo entre el BCE y los bancos centrales nacionales de los países que no formarán parte de la zona del euro, en el que se establece el procedimiento operativo que será presentado al BCE para su aprobación. 
Los trabajos sobre la infraestructura técnica siguen su curso con vistas a que el sistema pueda comenzar a funcionar a partir del 1 de enero de 1999. 
Se realizaron trabajos de implantación para permitir al BCE desempeñar su intervención en materia de cambio, que se centrará en apoyar el marco operativo y el sistema de información. 
También se han realizado trabajos de cara a la transferencia de activos en divisas al BCE al inicio de la tercera fase. 
En lo relativo a la preparación de los instrumentos estadísticos, los trabajos se han centrado en la implantación y clarificación de los requisitos estadísticos de gran alcance para la tercera fase. Por ejemplo, en 1997, el IME publicó un lista provisional- revisada posteriormente- de los organismos constitutivos de las instituciones monetarias y financieras. 
Asimismo publicó documentos sobre datos estadísticos monetarios y bancarios y balances de pago. 
También han comenzado los trabajos con EUROSTAT sobre cuentas financieras trimestrales. 
En el ámbito de los sistemas de pago, en septiembre de 1997, el IME publicó un segundo informe de actividades sobre el sistema TARGET, que actualmente está siendo analizando e implementando para que esté plenamente operativo a finales de diciembre. 
Ya han concluido las pruebas estáticas y dinámicas, así como las multilaterales. 
En estos momentos se están realizando pruebas de simulación en unas condiciones lo más parecidas posible al futuro panorama real. 
Prosiguen los preparativos para los billetes de banco en euros. 
En 1997, se desarrollaron los diseños definitivos basados en los bocetos elegidos por el Consejo del IME en diciembre de 1996. 
Los diseños revisados se hicieron públicos en julio de 1997 y se grabaron en planchas de imprenta durante el primer semestre de 1998. 
Para hacer posible la buena marcha de la producción de billetes de banco en euros, ocho diferentes molinos de papel y diez diferentes imprentas manufacturaron prototipos en 1997. 
Este proyecto reveló que todas las imprentas participantes deberían poder producir billetes de banco en euros de todas las denominaciones y alcanzar un nivel uniforme de calidad y presentación. 
La producción masiva de billetes de banco en euros se iniciará a comienzos de 1999. 
Finalmente en 1997, el IME participó activamente en otros aspectos de la transición al euro. 
Por citar apenas unos pocos ejemplos, el IME se reunió con representantes de asociaciones bancarias y financieras de toda la Unión Europea para tratar sobre temas como la sustitución de los precios de contrato, que pueden quedar obsoletos tras el inicio de la tercera fase, y los tipos entre los bancos. 
Después de que el IME instara a las asociaciones bancarias y a los mercados monetarios y de divisas a llegar a un acuerdo sobre definiciones comunes de los indicadores de la zona euro, la federación de bancos de la Unión Europea y la asociación de mercados financieros, es decir, la asociación de agentes profesionales del mercado de divisas, anunció su intención de calcular y publicar un indicador de los tipos entre los bancos para toda la zona euro, que se denominará EURIBOR. 
La composición inicial de la zona euro a partir del 1 de enero de 1999 se decidió, como ya saben, a comienzos de mayo. 
El Informe anual hace una breve descripción de las principales características de la zona euro, partiendo de la información disponible. 
Hoy he comenzado recordando que el establecimiento del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales tuvo lugar hace apenas seis semanas, el 1 de junio de 1998. 
Desde entonces, hemos estado muy ocupados con la preparación de la tercera fase. Ha habido reuniones del Consejo de Asuntos Generales y del Comité Ejecutivo- el Comité Ejecutivo ya se ha reunido en dos ocasiones. 
En las reuniones celebradas hasta la fecha, el Banco Central Europeo se ha ocupado de muchos asuntos relativos a la organización, como la asignación por parte del Comité Ejecutivo de responsabilidades entre sus miembros y el establecimiento de una nueva estructura que se adapte a las misiones del BCE. 
También ha aprobado ya el Reglamento del BCE, que será publicado en breve en el Diario Oficial de las Comunidades, y ha aprobado la creación de 11 comités del SEBC que deberán colaborar con el BCE. 
En términos de trabajos preparatorios, el Comité Ejecutivo aprobó en su primera reunión el método que se aplicará para determinar los porcentajes de participación de los bancos centrales nacionales en el capital del BCE, y las medidas necesarias para la aportación del capital del BCE. 
Como resultado, se realizó una dotación inicial de capital al Banco Central Europeo por un valor ligeramente inferior a los 4.000 millones de euros a comienzos de julio. 
El Comité Ejecutivo aprobó asimismo el marco para la organización de la prueba global de los sistemas y procedimientos para el SEBC, que se llevará a cabo durante los seis meses que quedan hasta el 1 de enero. 
También trató sobre dos temas específicos relativos a la preparación de la tercera fase: el sistema TARGET y los billetes de banco en euros. 
Respecto al sistema TARGET, se aprobó una política de precios. 
El principal elemento de dicha política de precios es que se aplicará una tarifa decreciente a las transacciones de pago que se realicen por este sistema. 
En cuanto a los billetes de banco, se ha acordado que el suministro inicial de billetes de banco para la zona euro se realizará, principalmente, siguiendo un enfoque descentralizado, es decir, cada uno de los 11 bancos centrales nacionales participantes podrá organizar la producción de los billetes de banco en euros necesarios para sustituir sus billetes de banco en la divisa nacional, bien produciendo ellos mismos los billetes necesarios o celebrando acuerdos bilaterales de puesta en común. 
En ella se decidió la introducción de un sistema de reserva mínima. 
Entre las funciones de utilidad que puede desempeñar dicho sistema, el Comité Ejecutivo consideró especialmente importantes su posible contribución al establecimiento de los tipos de interés del mercado monetario y al incremento de la demanda de dinero del Banco Central mediante la creación o ampliación del déficit de liquidez estructural del mercado. 
No obstante, el Comité Ejecutivo también analizó muy detenidamente las implicaciones de dicho sistema para el sector bancario. 
Con esto en mente, decidió que las participaciones en la reserva mínima serían remuneradas a un nivel que se ajuste al tipo de sus principales operaciones de refinanciación. 
La especificación exacta del sistema de reserva mínima, incluido el coeficiente de la reserva, que actualmente se define dentro de un margen comprendido entre el 1, 5 % y el 2, 5 %, se decidirá, a más tardar, en noviembre de 1998. 
También se tomó una decisión sobre el volumen y la forma de la transferencia inicial de activo en reserva de divisas por parte de los bancos centrales nacionales participantes. 
Sin entrar en detalles, la transferencia se eleva a unos 39.500 millones de euros. 
Asimismo se han decidido las condiciones para la participación en el sistema TARGET de los bancos centrales e instituciones de crédito de los Estados miembros que han quedado fuera del euro, teniendo en cuenta el riesgo que podría entrañar para la buena marcha de la política monetaria, permitir a dichas instituciones de crédito un acceso ilimitado a créditos intra-día colaterales en euros. 
Por consiguiente, los bancos centrales de la Unión Europea de la zona fuera del euro podrán proporcionar créditos intra-día colaterales en euros a sus instituciones de crédito, pero sujetos a un límite máximo tanto a nivel de los bancos centrales de la Unión Europea de la zona no euro, como a nivel de las instituciones de crédito de la zona no euro. 
Por último, el Comité Ejecutivo ha aprobado una serie de recomendaciones relativas al BCE para un reglamento del Consejo de la Unión Europea sobre la recopilación de información estadística por parte del BCE, la aplicación de reservas mínimas y la facultad del BCE para imponer sanciones. 
Quisiera llamar su atención, señor Presidente, sobre la recomendación sobre la información estadística. 
Tiene especial importancia para el BCE, porque éste basará sus decisiones sobre los datos estadísticos de toda la zona euro, especialmente, en este contexto, las estadísticas monetarias y de balances de pago que deberán facilitarse de conformidad con esta legislación marco. 
El reglamento del BCE en el que se recoge minuciosamente la actual población objeto de la información, así como los datos estadísticos que deberán proporcionar las instituciones responsables, no podrá hacerse público hasta que no entre en vigor el reglamento del Consejo. 
Estos requisitos están siendo discutidos desde hace ya bastante tiempo, pero un instrumento jurídico proporcionará las garantías necesarias para que los responsables puedan cumplirlos. 
El Consejo Ecofin tendrá oportunidad de aprobar el texto en cuestión en su sesión de octubre, lo que significa que agradeceríamos mucho al Parlamento Europeo, si éste pudiera presentar su dictamen, como es de rigor, en el transcurso de septiembre. 
Para concluir, la preparación técnica realizada por el IME durante 1997 y años anteriores, que en mi opinión ha sido muy minuciosa, nos permite afrontar con confianza la introducción de la moneda única a comienzos del año próximo. 
En el BCE y el SEBC se están culminando los trabajos preparatorios. 
No obstante, los sólidos cimientos colocados por el IME permitirán al BCE y al Sistema Europeo de Bancos Centrales crecer hasta convertirse en una institución creíble y poderosa, que perseguirá con determinación su principal objetivo de mantener la estabilidad de precios en la zona euro, lo que a su vez, proporcionará las condiciones idóneas para un crecimiento económico sostenible. 
La mejora de la situación económica en la Unión Europea presenciada el año pasado y que esperamos se mantenga en 1998, puede considerarse un punto de partida muy satisfactorio para la Unión Monetaria. 
No obstante, las políticas fiscales de los Estados miembros deberán encaminarse ahora hacia la consecución, lo antes posible, de los objetivos a medio plazo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Las técnicas de comparación de las políticas fiscales tienen el claro objetivo de permitir un presupuesto bien equilibrado o con superávit, y cabría añadir que un superávit es lo que necesitan especialmente aquellos países que siguen teniendo una deuda alta respecto a los coeficientes de PIB. 
Para comenzar, señor Duisenberg, quisiera decirle hasta qué punto apreciamos que se encuentre aquí para hacer balance con nosotros sobre la aplicación de la futura política monetaria del Banco Central Europeo. 
Creo reflejar la opinión de la mayoría de este Parlamento al afirmar que ha realizado usted su función de Presidente del IME, al igual que lo había hecho, por cierto, su predecesor, el Sr. Lamfaloussi, con competencia, eficacia y sentido del diálogo. 
Me parece que todo esto es un buen augurio de las relaciones de confianza que existirán entre el Parlamento Europeo y el BCE, por supuesto, en el respeto por la independencia del Banco, independencia que todos apoyamos, créame. 
Con respecto al informe del IME, que sirve de fundamento a nuestro debate de hoy, diré en primer lugar que constituye una excelente fuente de información sobre el estado de la convergencia de los diferentes Estados miembros y una no menos excelente síntesis de las características institucionales y técnicas relativas a la aplicación de la futura política monetaria de la zona euro. 
Pero es preciso confesar, señor Presidente, que no se encuentran los elementos novedosos a los que estábamos habituados en los informes precedentes. 
De ahí un cierto grado de frustración en su lectura, y quisiera intentar reducir estas frustraciones planteándole algunas preguntas. 
Por lo que respecta a la situación económica de la Unión, como ponente del Parlamento me felicito, al igual que hace usted en este informe, por los avances que han efectuado la gran mayoría de los Estados de la Unión en materia de convergencia económica en general, y de reducción de los déficits públicos en particular. 
Como usted, a pesar de la mejora de la situación económica, tengo algunas dudas sobre el escaso nivel de inversión y sobre el nivel aún demasiado elevado de desempleo en muchos Estados miembros. 
De ahí la necesidad de proseguir con las medidas de saneamiento presupuestario, de control del gasto público, de reducción de los costes laborales, sobre todo para los trabajos menos cualificados, y la no menos imperiosa necesidad de reformas estructurales, principalmente en el mercado de trabajo. 
Todas estas medidas son indispensables si se pretende asegurar un crecimiento duradero, con un empleo también elevado y duradero. 
Sobre estos puntos existe un amplio acuerdo, me parece. 
Lamentamos a pesar de todo que el informe siga siendo de los más discretos sobre la necesaria coordinación de las políticas presupuestarias y fiscales de los países de la zona euro, coordinación que será primordial en el marco de la política monetaria única. 
En lo que se refiere a la importancia de esta cuestión, hubiésemos preferido que el IME abordase el tema y el análisis de manera profunda. 
Por lo que respecta a la fase III del Tratado de Maastricht, es evidente que el IME ha efectuado un trabajo serio de preparación de la policía monetaria, pero si la seriedad de este trabajo es innegable, debo decirle, señor Presidente, que esperábamos más en lo que respecta a las grandes decisiones de esta política. 
Siguen existiendo zonas de sombra o confusas, aunque las ha suavizado un poco en su discurso de apertura. 
Espero que se pongan de relieve rápidamente ya que, después de todo, la nueva política se hará realidad en menos de seis meses. 
¿Cuándo va a desvelar, señor Presidente, los grandes principios de la futura política monetaria de la zona euro? ¿Cuándo va a explicitar su estrategia monetaria, o dicho de otro modo, los objetivos finales e intermedios de esta política? 
Nos ha hablado de dos estrategias potenciales en su discurso de hace unos momentos, pero ¿cuándo va a decidir la estrategia que finalmente será elegida? 
Sabemos que el objetivo principal, según el Tratado, ha de ser la estabilidad de los precios, pero sabemos también, siempre según el Tratado, que el Banco Central ha de dar su apoyo a las políticas económicas generales de la Comunidad. 
En este marco, ¿cuál será el indicador de la estabilidad de los precios? ¿Será una tasa de inflación igual a cero o una horquilla de tasa de inflación? 
En este último caso, ¿qué horquilla y sobre qué período se calculará? ¿Elegirá usted un agregado monetario como objetivo final de la política monetaria? 
En caso afirmativo, ¿de qué agregado se tratará? ¿Buscará una definición estrecha o amplia de la masa monetaria? ¿Fijará un objetivo cifrado de crecimiento de este agregado, una horquilla de la tasa de crecimiento? 
Y en ese caso, ¿sobre qué período? 
O bien se tratará- como ocurre actualmente con algunos bancos centrales- de una media sobre un período no precisado? 
Por lo que respecta a los objetivos intermedios, según el objetivo final elegido, ¿será la masa monetaria, el tipo de interés, el crédito bancario o la combinación de esas variables? 
Señor Presidente, ¿cuándo va a pronunciarse sobre estas cuestiones que son de una enorme importancia, usted lo sabe muy bien, para la gestión monetaria del BCE, para los mercados, para las políticas económicas de los Estados y para los agentes económicos en su conjunto? 
Y si puedo añadir, y para que este Parlamento pueda ejercer correctamente su responsabilidad democrática en materia de política monetaria. 
Otro ámbito en el que se utiliza la vaguedad, es el de los vínculos entre el BCE y los bancos centrales nacionales, en la puesta en marcha de la política monetaria. 
¿Podría precisar esas relaciones, principalmente en las operaciones open market? 
Hay también dos elementos de estrategia monetaria sobre los que quisiera insistir, si me concede un minuto más, señor Presidente: en primer lugar, es primordial que la política monetaria del euro esté dirigida en función de las condiciones generales de la zona y no en función de las condiciones particulares de uno u otro Estado miembro- algunos países parecen olvidarlo- y en segundo lugar, para establecer su credibilidad, el BCE no deberá llevar a cabo incrementos en los tipos de interés que no estuvieran justificados por las condiciones económicas fundamentales de la zona. 
Éstas son, Señorías, señor Presidente Duisenberg, las orientaciones que nos parecen esenciales. 
Ha comenzado usted a responder a algunas preguntas en su discurso. 
Por mi parte, desearía que usted nos dijera algo más, en unos instantes y, para terminar, quisiera saludar de nuevo el magnífico trabajo realizado por el IME y sus responsables durante los breves pero intensos años de su existencia. 
Y ahora, larga vida al Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Banco Central Europeo, ya antes del inicio de la segunda fase este Parlamento Europeo tomó sobre si la responsabilidad de organizar un diálogo monetario con el Instituto Monetario Europeo y subrayó al mismo tiempo que esto tenía aún que desarrollarse en la tercera fase de la Unión Monetaria con el inicio de la era del euro. 
En el Parlamento Europeo hemos podido ver el compromiso y dedicación de esta institución europea, el Instituto Monetario Europeo, en unos tiempos en los que había muchas dudas sobre si la Unión Monetaria podría comenzar realmente puntualmente. 
Hay que felicitar a este Instituto, a su Presidente y a sus colaboradoras y colaboradores por el trabajo realizado, que siempre ha estado impregnado por el principio esperanza y también por un espíritu común europeo, pues todos saben que si una cosa no se emprende conjuntamente tampoco se puede finalizar. 
Señor Presidente, mis mejores deseos también para el trabajo del Banco Central Europeo, que va a ser tan importante para nuestra vida cotidiana. 
Asimismo, quiero felicitar al ponente, cuya posición apoya el Grupo del PSE, por sus observaciones sobre el informe del Instituto Monetario Europeo. 
Aunque éste Instituto ya no viva, muchas recomendaciones suyas son de especial importancia para el Banco Central Europeo. 
Permítanme que subraye una cosa precisamente al comienzo de este debate. 
Cuando el 1 de enero de 1999 comience la política monetaria unitaria, no sólo los mercados sino también la población tienen que estar convencidos del valor del trabajo de esta institución, de la credibilidad de sus decisiones en interés de la estabilidad de los precios y también de la independencia de esta autoridad monetaria europea. 
Al mismo tiempo tiene que ser posible desarrollar una estrategia de información y comunicación que tenga en cuenta las necesidades de las personas que miran esta era del euro con inseguridad, temores y escepticismo. 
Por ello, la pregunta de este Parlamento es qué se va o debe hacer a través del diálogo monetario con este Parlamento Europeo en base a los informes trimestrales y al informe anual del Banco Central Europeo para configurar de modo concreto la obligación democrática de rendir cuentas y que se dé una publicidad europea a sus decisiones. 
Se plantea la pregunta muy concreta de qué significa este rechazo a la publicación de las actas. 
¿No puede realmente el Banco Central Europeo publicar las decisiones monetarias y, al mismo tiempo, también los argumentos y fundamentos de una decisión monetaria el día de la decisión, tal como siempre ha exigido este Parlamento Europeo? 
A nosotros no nos interesa saber quién ha argumentado de tal modo o quién ha votado de tal o cual modo en el Consejo del Banco Central Europeo. 
De lo que se trata es de que la opinión pública, de que todos nosotros comprendamos cuáles son las razones de fondo de las decisiones de política monetaria, que no solamente tienen repercusiones sobre la estabilidad de los precios sino también sobre las inversiones, el crecimiento y el empleo. 
A ello viene a añadirse que este diálogo monetario no sólo radica en interés del sistema democrático sino también del Banco Central Europeo, quien ganaría credibilidad. 
Por ello, creo que es importante debatir sobre estrategias de política monetaria. 
El ponente ha indicado que las masas monetarias y los objetivos de inflación están enfrentados. 
Como Parlamento Europeo hemos desarrollado muy pronto una doble estrategia mixta y creemos que las masas monetarias y el objetivo de inflación tienen que ir juntos pues queremos evitar cualquier riesgo, precisamente en la era del dinero electrónico. 
Hay que decir además que cuántos más indicadores pueda valorar el Banco Central Europeo, tanto más fácil será controlar la evolución de las masas monetarias y, con ello, la inflación, una de las tareas más importantes del Banco central Europeo. 
Señor Presidente, espero que su próxima aparición ante este Parlamento no sea como las dos veces anteriores, para hacer el informe de un organismo en vías de liquidación. 
Quisiera comunicarle tres preocupaciones y plantearle dos preguntas. 
Mi primera preocupación tiene relación con la representación exterior de la Unión Monetaria. 
La situación de estrecha interdependencia de los mercados financieros hace hoy más necesaria que nunca la cooperación de las autoridades monetarias principales- y usted es una de ellas -; ahora bien, y eso se ha visto recientemente durante la crisis asiática, usted no aparece, o en todo caso no está en primera línea para discutir sobre esos problemas. 
Me gustaría que nos dijera dónde está el problema de su representación exterior. 
La segunda preocupación es la coordinación de las políticas económicas que, a través del proceso previsto en el Tratado, no parece dar resultados muy espectaculares, y sobre todo la persistencia del esfuerzo, la consolidación del saneamiento presupuestario. 
Al igual que la Comisión, creo que tenemos algunas preocupaciones en este sentido. 
Parece que varios países que han conseguido respetar los criterios de convergencia hoy se dejan ir un poco y tienen la tendencia natural a relajar el esfuerzo que sin embargo ha de proseguirse. 
La tercera preocupación tiene relación con el impacto de la crisis asiática en conjunción con la crisis rusa, no precisamente en el plano económico- desde este punto de vista se nos han proporcionado estadísticas poco tranquilizadoras -, sino en lo que respecta al compromiso directo del sistema bancario europeo e internacional en los países afectados. 
Parece que las posibilidades de reembolso, de Rusia especialmente, son escasas y sabemos que ésta debe devolver este año más de treinta millardos de dólares cuando no tiene ni siquiera el primero. 
He agotado mi turno de palabra, pero en lo que respecta a la puesta en marcha del Banco Central, quisiera, a pesar de todo, preguntar cuál es la autonomía de acción que le deja el Consejo de Gobierno, ya que éste es un punto importante. 
Tiene usted un buen equipo; sabemos que está cohesionado. 
Hemos tenido la prueba durante las audiciones. 
¿Cómo se pone en marcha el Banco y qué crédito podemos conceder a los rumores que circulan sobre las dificultades relativas a la impresión de los billetes? 
Señor Presidente, nos encontramos en un momento de transición. 
Formalmente nos ocupamos del informe del Instituto Monetario Europeo correspondiente al año pasado, cuyo presidente se ha convertido en el primer presidente del Banco Central Europeo. 
Evidentemente, como se ha expuesto en las intervenciones anteriores, empezando por la del ponente, Sr. Fourçans, cuyo informe apoyamos, éste ha servido para un primer intercambio de puntos de vista sobre los primeros pasos del Banco Central Europeo, que se encuentra en un proceso de consolidación desde el 1 de junio de este año. 
Evidentemente, me gustaría insistir en algunos puntos que se han señalado y que creo que es conveniente dilucidar. 
Ayer, en este mismo hemiciclo, aprobamos el informe de la Sra. Berès, que hace referencia a la composición del Comité Económico y Financiero, y nosotros expresamos nuestra insatisfacción por el secuestro que ha habido en la composición de dicho Comité por parte de representantes de los Bancos Centrales de los Estados miembros y de los altos funcionarios de los ministros de Economía y Hacienda. 
Han dejado fuera a una pluralidad de expertos en temas fiscales y presupuestarios, a analistas sobre la situación internacional; con ello impiden, de hecho, que haya una auténtica dimensión comunitaria. 
La falta de esta dimensión comunitaria también la constatamos, por ejemplo, en la presencia del propio Banco Central Europeo y en la representación de la Unión Monetaria en los foros internacionales y en los organismos internacionales que hacen referencia a temas monetarios: desde el Fondo Monetario Internacional hasta los grupos en que están representadas las grandes economías industrializadas. 
Y también- como ha señalado el Sr. Herman- hago referencia al tema de las relaciones con ECOFIN, EURO 11 y al papel que juegan estas instituciones en sus relaciones con el Banco Central Europeo. 
Son cuestiones que nos preocupan profundamente y que creemos que, de aquí a principios de 1999, deberían dejarse solucionadas lo mejor posible. 
Señor Presidente, señor Comisario y señor Presidente del Banco Central Europeo, para comenzar, quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar al Presidente del Banco Central por su nombramiento y desearle suerte en el desempeño de su mandato. 
Este informe anual no proporciona un punto de referencia adecuado ni una explicación del tipo de política que se llevará a cabo. 
En el futuro, el Banco Central Europeo deberá incluir elementos importantes, como un análisis más detallado de la evolución de los mercados financieros del mundo y los posibles ámbitos en que podría discutirse la coordinación de las políticas fiscales. 
El resumen sobre los países de la Europa central y oriental es demasiado sucinto de cara a la futura ampliación. 
Si contemplamos la situación europea en su conjunto, la lucha contra el desempleo debe seguir siendo prioritaria y, evidentemente, la solución del problema pasa por una mayor inversión de los beneficios. 
También es de utilidad recordar que la política monetaria de la zona euro es indisociable de la introducción de una política económica de la Unión que esté basada en la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros. 
El Banco Central Europeo tendrá un papel decisivo en la creación de una tendencia económica que favorezca la inversión y, por tanto, su papel será decisivo en la creación de puestos de trabajo. 
A pesar de que desde 1994 se ha puesto el énfasis en la preparación del marco para la gestión del Banco Central Europeo, aún quedan decisiones por tomar. 
Las más importantes son las relativas a los instrumentos de la política monetaria. 
En particular, debe definirse el objetivo intermedio de la política monetaria. 
A continuación, el Banco Central, en función de un objetivo preciso, debe examinar toda una serie de criterios para poder tomar decisiones. 
El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo debe revelar su estrategia sobre este asunto en septiembre. 
Quisiera preguntar al Presidente del Banco Central, qué medidas se tomarán para garantizar que las personas con discapacidad de visión no estén en desventaja cuando los nuevos billetes se pongan en circulación. 
Para terminar, quisiera decir al Presidente del Banco Central que apreciamos mucho su oferta de comparecer regularmente ante la subcomisión del Parlamento. 
Puedo asegurarle que actuaremos como guardianes del euro. 
Pondremos en él nuestra mirada para que salvaguarde los intereses de los Estados miembros más pequeños. 
Señor Presidente, estos informes- el del Instituto Monetario Europeo y el del Sr. Fourçanstienen la misma orientación: se suman a los que proclaman el obsesivo principio de la estabilidad de precios, apuntan a la uniformización de las políticas fiscales y presupuestarias y van encaminados a la centralización de la política económica. 
Son otros informes más que desconocen las dificultades técnicas, que pasan por alto la indefinición del control político democrático, que dan preferencia a lo nominal y a convencer y a querer convencer de que todo va bien en la economía real. 
Y ya en él había preocupaciones que ha recogido y subraya en sus nuevas y siguientes funciones: es preciso, con la misma estrategia y cada vez más deprisa, por el mismo camino de la estabilidad de precios hasta la deflación, de disminución de los déficit presupuestarios hasta el superávit. 
Con consejos y avisos casi amenaza a los Estados miembros, ni siquiera les deja festejar la satisfacción de figurar entre los once. 
Si el Sr. Duisenberg está preocupado, y con él este Parlamento- con lo que recuerda al conejo atrapado de «Alicia en el país de las maravillas del euro» -, nosotros estamos preocupados por su preocupación. 
Y queremos decirlo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Banco Central Europeo, la desaparición del antiguo IME es el inicio del nuevo, el Banco Central Europeo y por ello debatimos sobre la política de este Banco. 
Supongo que el señor Duisenberg desmentirá noticias de prensa que dicen que su sueldo se va a tratar como un secreto de Estado. 
También supongo que vamos a tener aún muchos debates sobre qué política monetaria es realmente adecuada para garantizar las necesarias inversiones de futuro en Europa y la mejora de la situación del empleo que necesitamos tan urgentemente. 
También hay que debatir sobre los márgenes aceptables de inflación, el problema de la deflacción, la escasez de inversiones y el problema del trascurso asincrónico de la coyuntura que entretanto no es un problema sólo regional sino también social. ¿Tendremos que editar de nuevo en algunos años A Tale of Two Cities al extenderse el tercer Mundo por toda Europa? 
La política monetaria tiene que realizar también su aportación. 
Segundo: el gran complejo sobre el que vamos a debatir es la cuestión de la configuración democrática del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
Sólo quiero indicar al BCE que el nirvana institucional no es un lugar seguro. 
Señor Presidente, Señorías, hemos de reconocer que el último informe anual del Instituto Monetario Europeo representa un trabajo consistente y eficaz. 
Sin embargo hemos de observar, al igual que los oradores que se han pronunciado antes que yo, que este informe se acantona en generalidades. 
¿Por qué esas reservas? 
Porque, si tenía como misión la de prefigurar la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, el Instituto también tenía la misión de reflexionar, no solamente sobre la puesta en marcha de la futura política monetaria común, sino también la de poner de relieve tres consideraciones fundamentales para el buen mantenimiento de esta política monetaria. 
En primer lugar, ¿cuáles son las condiciones para una buena coordinación entre la política monetaria que dirigirá el Banco Central Europeo bajo control de este Parlamento, y las políticas económicas dirigidas por los diferentes Estados? 
En segundo lugar, ¿cuáles son las condiciones para la mejor coordinación posible, tanto en materia presupuestaria como fiscal? 
De la misma manera, ¿qué análisis ha podido hacer el Instituto de la interdependencia de las crisis financieras que están convulsionando Asia y Rusia? ¿Qué análisis ha hecho del ritmo necesario o deseable de la globalización? 
En tercer lugar, ¿cuáles son las incidencias de los principios de crecimiento duradero, de prosperidad y de empleo sobre las proyecciones emitidas en materia monetaria? 
Sobre estos tres puntos, el informe del Instituto sigue siendo demasiado general e impreciso. 
El Grupo de Coalición Radical Europea comparte por tanto la opinión crítica del Sr. Fourçans y votará a favor de su informe. 
Espera que el Banco Central Europeo esté con usted, señor Presidente Duisenberg, en los próximos meses, y sabrá extraer la lección de las imperfecciones que hoy lamentamos. 
Señor Presidente, el pasado 30 de junio celebramos en Frankfurt el bautizo, es decir, el nacimiento oficial de Banco Central Europeo, la casa común de la moneda única. 
La introducción del euro, en efecto, modifica la existencia del Instituto Monetario Europeo, cuyo informe anual hoy debatimos. 
En dicho documento se establece el estado de preparación de las Instituciones monetarias europeas justo antes de la introducción del euro y, por lo tanto, la política monetaria del nuevo Banco Central Europeo. 
En realidad, el nuevo banco tendrá éxito rápidamente si, además de desempeñar las nuevas funciones para la cuales se ha creado, cumple correctamente las tareas que en su día se encomendaron al IME. 
Por eso saludamos con simpatía al Sr. Duisenberg, en su doble función de Presidente y liquidador. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ya ha mostrado su satisfacción por el importante contenido informativo del documento. 
Por lo tanto, le damos las gracias al señor ponente por haber precisado los derechos y deberes de la Institución monetaria naciente- por eso hemos hablado de bautizo- comentando y analizando los de la agonizante institución monetaria para la que, de todos modos, no es necesario un funeral. 
Tampoco hablaremos de los funerales de los bancos centrales nacionales; su papel es todavía demasiado importante para la construcción monetaria del euro. Baste comparar sus actuales 60.000 empleados en los Estados miembros con los tan sólo 281 empleados en el IME. 
Sin embargo, en el futuro y a medio plazo, el BCE deberá desempeñar todas las funciones previstas en los Tratados. 
Los objetivos finales explicitados en cifras como tasa de inflación y masa monetaria, van a constituir los elementos de estabilidad y de crecimiento, a fin de demostrar a todos los ciudadanos europeos que, si hoy trabajamos tan intensamente en la moneda, lo hacemos para alcanzar mejor y cuanto antes los demás objetivos comunitarios, el primero entre todos el empleo. 
Por último, y para no confundirnos, reiteramos que el Parlamento Europeo es la única Institución comunitaria elegida directamente por los ciudadanos, a la que el IME tenía que rendir cuentas, una obligación que se repetirá con el BCE. 
El Parlamento Europeo cooperará al máximo, aunque controlará continuamente las actividades y las funciones del Banco Central Europeo, al igual que lo hizo antes con respecto a las del IME. 
Señor Presidente, el excelente informe de nuestro colega André Fourçans nos permite pronunciarnos una vez más sobre el Instituto Monetario Europeo y saludar el excelente trabajo efectuado por éste y por sus dos presidentes sucesivos, los señores Alexandre Lamfallussy y Wim Duisenberg. 
Permite también, siguiendo al ponente, recordar algunos principios que han presidido la puesta en marcha de la moneda única y que deben dirigir la acción de los europeos para los años venideros. 
El primero de estos principios es que el sistema europeo de bancos centrales ha de permitir pilotar la moneda única en el sentido de la complementariedad entre una política monetaria única y unas políticas económicas, que estarán naturalmente coordinadas pero cuya estrategia seguirá siendo definida a nivel nacional. 
Si las palabras clave son la estabilidad de los precios y el control de la inflación, y si los objetivos son el crecimiento duradero y la prosperidad, está claro que hemos de deplorar, como hace nuestro ponente, que el informe del IME se haya negado a abordar la problemática general de la coordinación de las políticas presupuestarias y fiscales en la Unión. 
Con el euro y el Banco Central Europeo, es preciso dotarse de los medios para una delimitación rigurosa de esas políticas, indispensables para el saneamiento de las finanzas públicas que necesitamos. 
En efecto, no se puede intentar reformar la gigantesca herramienta de redistribución que es la política agrícola común, fijarse objetivos ambiciosos en materia de ampliación, comprometerse por dos mandatos a través de la Agenda 2000 y no prepararse simultáneamente para poner en práctica instrumentos técnicos que previenen no solamente contra lo que se ha llamado eventuales choques asimétricos, sino también contra una lenta deriva hacia el laxismo que se beneficiaría de los frutos del crecimiento reencontrado en beneficio de intereses socioprofesionales y egoístas y en perjuicio del interés general. 
La capitulación sin condiciones del Gobierno francés hace unas semanas ante la huelga de pilotos de Air France es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. 
Los 200 millones de ecus perdidos por la compañía aérea durante el conflicto son un dinero que vendrá a gravar la cartera de los contribuyentes franceses y, por consiguiente, que no figurará en el déficit del presupuesto nacional. 
Sería hora de que los responsables nacionales tomaran conciencia de que ya no es el momento de los niños revoltosos a quienes se consiente todo y que es necesaria una reforma seria del mercado del trabajo, como escribe el ponente, para llegar a una reabsorción importante del desempleo. 
Naturalmente, nuestro grupo dará su apoyo al informe del Sr. Fourçans. 
Señor Presidente, cada vez que debatimos en el Parlamento Europeo sobre la política económica y sobre la situación económica de la Unión, sobran las palabras de autosatisfacción por los logros de esta política económica que sigue la Unión Europea por parte de los responsables de su trazado. 
Más o menos lo mismo está ocurriendo ahora. 
Pero ¿en qué medida puede sentirse satisfecho nadie con este nivel de desempleo que hay en la Unión y el nivel de inversiones que es totalmente incapaz de conducir hacia una solución elemental del paro? 
Primero, ¿cree que con la rigurosa aplicación del Pacto de estabilidad, tal como ha solicitado en su intervención, es posible solucionar el problema del paro con las tremendas limitaciones financieras que impone? 
Segundo; ¿es posible avanzar en una política de apoyo a la moneda única en el marco de una política fiscal como la que se está aplicando hoy en día? 
Me gustaría escuchar las respuestas del Sr. Duisenberg para ver si los pueblos de Europa pueden sentirse satisfechos con esta situación. 
Señor Presidente, al tiempo que doy la bienvenida al Sr. Duisenberg al Parlamento, felicito también al Sr. Fourçans por su comentario sobre el último e histórico informe del IME. 
Su anuncio de que el diálogo parlamentario con el BCE no debe limitarse a la política monetaria se basa en argumentos convincentes. 
En palabras del Sr. Fourçans: " El euro no sólo debe ser un éxito en lo monetario, sino también desde el punto de vista económico. 
El ciudadano europeo juzgará su nueva moneda con arreglo a este último parámetro». 
Menos complacientes son los comentarios del ponente acerca de la supuesta necesidad de moderación salarial y de un recorte del gasto público para cumplir los objetivos del pacto de estabilidad. 
Creía que todos estábamos de acuerdo en que las subidas salariales justificadas por un aumento de la productividad deberían considerarse normales y aceptables. 
Señor Presidente, permítame dirigirme ahora directamente al Sr. Duisenberg y pedirle que nos aclare cuál es su posición respecto a la elección de la estrategia de política monetaria y de los instrumentos para el mantenimiento de la estabilidad de precios. 
El informe 1997 del IME no refleja los interesantes e instructivos intercambios que mantuvo el Parlamento con los otros candidatos al BCE los días 7 y 8 de mayo sobre la elección de metas de inflación directa con objetivos de margen o de suministro monetario- o una combinación de ambos- como medida idónea para la estabilidad de precios. 
De hecho, el margen indicativo entonces del Presidente de entre un 0 % y un 2 % como objetivo razonable de inflación parece haber sido sustituido por un fuerte anhelo y poco más de objetivos de suministro monetario, si podemos dar crédito a los recientes informes y declaraciones del Sr. Duisenberg. 
¿Podría explicarnos cuáles son sus preferencias en este ámbito, especialmente habida cuenta del informe aparecido ayer en el Financial Times sobre la incertidumbre de las estadísticas sobre los agregados monetarios que arrojan duda sobre si su fuerte subida debe ser o no motivo de preocupación? 
Por último, ¿cree el Sr. Duisenberg que fue una decisión acertada que los billetes de banco en euros se impriman en once Estados miembros diferentes? 
¿No es éste un método costoso que tiene además implicaciones en la seguridad? 
Señor Presidente, este informe es, de alguna manera, un balance de la actividad del IME en relación con la conclusión de su misión. 
Necesariamente pues, permanece en marcos generales, ya que bastantes temas complementarios son objeto de informes separados más especializados. 
Sin embargo es muy útil y, con la sobriedad y el método que distingue siempre al Instituto Monetario Europeo, no sólo da muchas informaciones útiles sino que hace también puntualizaciones y da consejos sobre cómo enfrentarse a los problemas económicos de la Unión y sobre el funcionamiento eficaz de la UEM. 
Por supuesto, debemos decir que es un informe digno de mención, a pesar de que muchos desearíamos que entrase en más detalles y análisis y, posiblemente, desearíamos una forma más concreta de enfrentarse a estos problemas. 
Pero el carácter del IME impone este tipo de informe y, como tan correctamente ha mencionado en su informe el colega Fourçans, es la forma en la que debe verse. 
Por lo tanto debemos dar nuestra enhorabuena tanto al Sr. Duisenberg, por la labor que ha realizado hasta este momento y por la que realizará en el futuro, y también al Sr. Lamfaloussi, por su buen trabajo en la fundación del IME y de su posterior funcionamiento. 
Recuerdo el primer informe anual, del que fui ponente, que decía que deberíamos, de alguna forma, poner atención en los temas estructurales. 
Me temo que ahora estamos pasando por una crisis de confianza excesiva porque el euro se ha establecido mucho más fácilmente de lo que esperábamos. 
Y así, posiblemente, hemos olvidado que muchos de los problemas estructurales siguen existiendo. 
Los problemas financieros se han resuelto en gran medida porque ha aumentado la actividad económica en la Unión Europea. 
En gran parte, una correcta política monetaria; pero también el hecho de que tuviéramos muchísimos elementos de refuerzo del exterior han solucionado la inflación. 
No nos dejemos llevar, pues, por el entusiasmo de haber instituido el euro y, de ahora en adelante, sigamos una política que no sea la continuación de la que hemos seguido hasta ahora, es decir, la de luchar contra las causas estructurales del paro y contra el resto de los problemas que presenta la Unión. 
Quiero tener esperanzas en que vamos a realizar ya esfuerzos por solucionar el problema del Mecanismo de Paridad de Cambio II para los Estados que están fuera del sistema, fuera de la UEM, de modo que la UEM pueda finalmente ser un elemento de unión, como se había planeado, para el cumplimiento de su objetivo y para contribuir al progreso de todos los Estados de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el principio rector del Banco Central Europeo es la ideología neoliberal. 
En su nombre, se ha logrado registrar simultáneamente en Europa deflación e inflación, esto es, deflación en el mercado de trabajo e inflación en el mercado de capitales. 
El mercado laboral ha sufrido una deflación de diez puntos porcentuales en términos medios de desempleo masivo, mientras que el mercado de capitales ha registrado una inflación con el incremento entre un 40 y un 50 % de los índices bursátiles. 
Éstos índices han aumentado en mayor medida en Italia, Francia y Finlandia. 
En estos países, con índices de desempleo que figuran entre los peores de toda Europa, ocupan el poder gobiernos de izquierdas. 
Se trata de una convincente muestra de la falta de alternativas políticas y del afán por satisfacer todas las necesidades de los especuladores. 
Señor Duisenberg, ustedes están ocasionando a la vez deflación, es decir, desempleo en masa, e inflación, aplicando al mercado de capitales los principios de una economía volátil. 
Los precios del trabajo y del capital se alejan entre sí de un modo que propicia la aparición de una recesión en Europa como la crisis económica que se ha producido en Asia. 
Cuando esto ocurra, el Banco Central Europeo no tendrá el dinero que se precisa para salvar a los especuladores. 
Señor Duisenberg, durante mi mandato en el consejo de administración del banco central de mi país he venido diciendo estas mismas cosas, con mayor detalle incluso, a la Sra. Sirkka Hämäläinen, Gobernadora del Banco de Finlandia, por lo que le ruego que le pregunte a ella para saber con más exactitud a qué me refiero. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Duisenberg por la calidad de su trabajo al frente del Instituto Monetario Europeo. 
La excelente misión que ha realizado nos da todas las esperanzas en cuanto al trabajo que realizará al frente del BCE, para el que deseamos mucho éxito, y que es sin duda una buena prueba en cuanto a su concepción de la responsabilidad democrática. 
En todo caso puede contar con este Parlamento para ser, desde este punto de vista, muy exigente con él. 
Quisiera dar también las gracias al Sr. Fourçans por la calidad de su trabajo. 
También quisiera interpelarle, señor Duisenberg, sobre su concepción del papel del crecimiento de las inversiones públicas y privadas, con respecto al crecimiento. 
La experiencia de varios de los Estados miembros de la Unión señala que un crecimiento del gasto público y privado puede contribuir hoy al crecimiento- único medio real de crear empleos- más que una estrategia de estricta reforma de un mercado de trabajo del que nadie sabe exactamente cómo podría salir adelante. 
En este sentido, señor Presidente, tengo también algunas preguntas que plantear y que van en la misma dirección que las de algunos de mis colegas. 
¿Cuál será la orientación de la política monetaria del Banco Central? 
Sin duda recuerda usted las preguntas que le formulamos en su audición ante este Parlamento. 
Al no haber obtenido aún respuesta estas preguntas, es conveniente iniciar un diálogo, por ejemplo sobre la definición de una verdadera tasa de inflación. 
¿Qué es una tasa de estabilidad? 
Entre el 2 y el 0 %, hay un margen de imprecisión, un margen de interpretación sobre el que esperamos aclaraciones. 
Por otra parte, consideramos, al igual que nuestro ponente, que una política monetaria, para coincidir con los objetivos del Tratado, principalmente con su artículo 2, no podría ser una política monetaria al servicio de uno solo de los Estados miembros de la Unión, sino que ha de tener en cuenta el conjunto de objetivos de política económica de la Unión y ser definida para el conjunto de la zona. 
Señor Presidente, no deseo perder la grata oportunidad que me brinda su presencia aquí para plantearle una pregunta sobre un tema paralelo en cierto modo. 
¿Qué piensa usted de la presencia de once banqueros centrales nacionales de la zona euro en el seno del Comité Económico y Financiero? ¿No cree usted que no sirve para nada con los dos miembros que el Banco Central Europeo designará en el seno de ese comité? 
Presidente, tengo que hacer tres preguntas al Sr. Duisenberg y una de ellas se suma a la anterior de la Sra. Berès. 
En primer lugar, si miramos las cifras presupuestarias de los diferentes países vemos que, a pesar de un desarrollo económico favorable, el déficit reajustado para el ciclo no sólo no baja, sino que incluso sube ligeramente en un cierto número de Estados miembros que tienen un gran crecimiento. 
Me parece una amenaza para un desarrollo futuro que los Estados miembros no estén en situación de hacer retroceder su déficit en una época de economía favorable. 
Mi segunda cuestión hace referencia a la responsabilidad de la Comunidad. 
Las deliberaciones informales, tal como las de las finanzas G7, tienen una importancia esencial. 
Hasta ahora están incluidos representantes de tres Estados miembros de Euro-11, y los responsables políticos y responsables de sus bancos, pero ningún representante de la Comisión Europea, ni del Consejo Europeo, y ni del Banco Central Europeo. 
¿Cómo pueden ser efectivas las deliberaciones económicas y monetarias a nivel mundial sin que estén implicados los verdaderos representantes de Euro-11? 
Mi última cuestión, que se suma a la de la Sra. Berès, hace referencia a mi propio ministro de Asuntos Exteriores, que ahora dimite, y que previno a Europa contra una Europa dominada por ministros de Finanzas. 
Usted y yo sabemos que estos ministros de Finanzas operan de la mano del Comité Monetario. 
Ese Comité Monetario es acatado por el Comité Económico y Financiero y en ese Comité Económico y Financiero participan quince banqueros nacionales y también dos representantes del Banco Central Europeo. Es decir, diecisiete representantes del sistema europeo de bancos centrales. 
¿No es un poco exagerado? 
¿No es un tanto peligroso para la coherencia de la política? 
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, manifestar mi acuerdo con el informe del Sr. Fourçans y, al mismo tiempo, saludar la presencia del Sr. Duisenberg en el Parlamento Europeo. 
Es éste el momento de felicitarnos por la aportación del Instituto Monetario Europeo a la consecución del objetivo de la Unión Económica y Monetaria. La Unión Económica y Monetaria se inicia, efectivamente, en un panorama que podemos considerar satisfactorio. 
La Europa de los 11 se encuentra en una fase alcista de crecimiento, con un nivel de estabilidad de precios que podemos considerar prácticamente absoluto. 
Aunque en este panorama existen algunos puntos negativos que proyectan incertidumbres. 
Nos referimos a la crisis asiática, especialmente a la crisis de deflación que existe en Japón y al riesgo de bancarrota en Rusia. 
Pero sobre todo, aparte de estos puntos de incertidumbre, la economía europea, después de haber corregido sus desequilibrios macroeconómicos, continúa sufriendo un desequilibrio fundamental: el de la diferencia entre quienes buscan trabajo y quienes trabajan, el desequilibrio del desempleo. 
En esta situación la Unión Monetaria ofrece oportunidades para consolidar el crecimiento, para aumentar el nivel de la inversión y para progresar en la reducción del desempleo, pero con la condición de que la Unión no quede reducida a lo monetario, sino que sea también una Unión que albergue dentro de sí una política fiscal a escala europea capaz de enfrentarse con todos estos problemas. 
Por eso, señor Duisenberg, va a permitirme que le diga que me ha llamado la atención el que su primer mensaje hacia el exterior, hacia la sociedad, haya sido la semana pasada, y hoy reiterado aquí, un mensaje de alarma sobre el ritmo de reducción de los déficit, añadiendo que hay que sacar tarjeta amarilla a algunos países. 
Desde nuestro punto de vista, es ciertamente importante aprovechar la actual fase de crecimiento para reducir los déficit presupuestarios, al contrario de lo que se hizo en la segunda mitad de los ochenta, la anterior fase alcista; aunque el paralelismo con la situación de esa fase no es exacto, pues hoy existe una situación de estabilidad de precios mucho mayor y mucho más homogénea que en aquella época, en la cual el ritmo medio del crecimiento de los precios era el doble que el actual y con enormes diferencias entre unos países y otros. 
Pero, sobre todo, y más urgente que ese, nos parece que el mensaje que hay que oír es otro: el mensaje sobre la necesaria dimensión económica de la Unión, sobre los avances que deben producirse en este camino, para llegar a lo que dice el informe del Sr. Fourçans, que cito para concluir: » que la política monetaria de la zona euro es indisociable de la instauración de una política económica de la Unión basada en la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros». 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a sus Señorías por la atención que han dedicado al Informe anual y a los muchos otros temas que aún tiene pendiente el incipiente BCE. 
Ha habido preguntas repetidas o solapadas, por lo que intentaré agruparlas en la medida de lo posible. 
En primer lugar, como han indicado el Sr. Fourçans y otros, existe la necesidad de continuar con políticas presupuestarias rigurosas. 
Es todo lo que puedo decir. 
En respuesta a las preguntas formuladas por el Sr. Metten y, al final, por el Sr. Pérez Royo, quiero destacar que el actual auge económico parece proporcionar todas las oportunidades para seguir adelante con el proceso de convergencia y, en particular, para dirigir los déficits de los gobiernos hacia las metas fijadas en el Pacto de estabilidad y crecimiento. 
No obstante, a tenor de los actuales indicios, al menos en algunos países, la tendencia parece apuntar, cuando menos, a un estancamiento del proceso. 
Éste es el motivo por el que el Sr. Pérez Royo ha dicho que la semana pasada saqué una tarjeta amarilla y advertí a algunos gobiernos que no perdieran de vista los objetivos del Pacto de estabilidad y crecimiento. 
En este sentido, quiero reiterar al Sr. Herman que estamos plenamente de acuerdo con lo que dice la Comisión públicamente sobre este asunto. 
Muchos oradores me han instado a explicar la estrategia monetaria, los instrumentos que se utilizarán, la cuestión de la estabilidad de precios, su definición y los agregados que deben ser vigilados. 
Muchas, si no todas, de las decisiones tomadas por el Instituto Monetario Europeo durante los últimos tres años sólo podían ser necesariamente recomendaciones al BCE. 
En última instancia, las decisiones debía tomarlas el BCE. 
Actualmente nos encontramos en ese proceso. 
Somos conscientes de que la sociedad, el Parlamento, los integrantes del mercado y los miembros del futuro Sistema Europeo de Bancos Centrales nos exigen muchas decisiones con carácter de urgencia. 
Es también el motivo por el que, aun en las primeras semanas de existencia del BCE, hemos tomado algunas decisiones. 
Me refiero a las decisiones sobre el sistema TARGET y el acceso a dicho sistema por parte de los outs; decisiones sobre el requisito de reserva mínima que se hicieron públicas la semana pasada y que, debo subrayar, fueron las decisiones finales sobre los instrumentos monetarios que se aplicarán. 
Por tanto, en lo relativo a los instrumentos monetarios, todo el paquete está completo. 
Habrá dos servicios permanentes, además de los requisitos de reserva mínima, que se utilizarán como los tres instrumentos principales de la política monetaria. 
Todas las incertidumbres al respecto han quedado despejadas. 
El análisis de la estrategia monetaria ya está disponible. 
Básicamente, dice que la estrategia monetaria que se seguirá se limita a la elección entre el objetivo de inflación directa y el objetivo de suministro de dinero como objetivo intermedio. 
En respuesta a otra pregunta, espero que las decisiones pertinentes se tomen en septiembre- a más tardar en octubre, con toda seguridad. 
Las decisiones finales sobre dichas estrategias se harán públicas, como muy tarde, en octubre. 
Es posible que podamos alcanzar las decisiones en septiembre. 
Ha habido una pregunta acerca de la interrelación de las políticas del BCE con aquéllas de los bancos centrales nacionales. 
La política monetaria debe abarcar evidentemente a toda la zona euro. 
La interrelación entre las políticas del BCE y las de los bancos centrales nacionales no plantea ningún problema. 
La política monetaria la decidirá el Comité Ejecutivo del Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
O sea, desde el centro. La ejecución de las decisiones que se tomen se dejará- aunque no en su totalidad, sí en una proporción muy amplia- en manos de los bancos centrales nacionales, pero bajo estrecha y atenta supervisión y dirección del BCE. 
La coordinación aquí no creo que plantee ningún problema. 
Es sin duda cierto que la política monetaria debe abarcar a toda la zona euro. 
Siempre digo que la política monetaria regional no existe y que cuando se producen evoluciones económicas regionalmente diferenciadas, ello supone una pesada carga para otros instrumentos de la política, como la política fiscal, la política de salarios y las políticas financieras económicas, además de la política monetaria. 
Se han formulado varias preguntas sobre la responsabilidad democrática y la credibilidad. 
Mi respuesta es " sí» , necesitamos credibilidad; necesitamos confianza. 
Y quiero decir al Sr. Donnelly y a la Sra. Randzio-Plath que no las obtendremos a cambio de nada. 
Deberemos ganárnoslas, y puede que para ello necesitemos algún tiempo. 
Pero exigirá que el sistema de funcionamiento de los bancos centrales europeos sea lo más abierto y transparente posible. 
Eso quiere decir, que en lo que a nosotros respecta, existirá un diálogo intenso y abierto con el Parlamento Europeo. 
Habrá una amplia difusión de las políticas y de las consideraciones subyacentes a las políticas y a las decisiones. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Donnelly, estoy seguro de que comprenderá los motivos por los que no queremos desvelar los comportamientos exactos en las votaciones del Comité Ejecutivo, algo que hasta ahora es perfectamente comprensible. 
Pero, por otro lado, cada vez que se tomen decisiones- ya sean estratégicas o específicas sobre política monetaria -, se harán públicas y serán difundidas lo antes posible a partir del momento en que se tome la decisión; irán acompañadas de una explicación lo más amplia posible. 
Las consideraciones subyacentes a dichas decisiones también se difundirán. 
Puede que lleguemos incluso hasta el punto de indicar los pros y contras de las distintas consideraciones, así como una explicación de la decisión finalmente adoptada. 
En cualquier caso, será todo lo amplia posible. 
En definitiva, estamos dispuestos a difundir y a ser abiertos. 
El Sr. Metten y el Sr. Herman, entre otros, han preguntado sobre la presentación en el exterior de la Unión Monetaria. 
Es un asunto que aún se está estudiando y negociando. 
Es un asunto difícil. 
Creemos que el BCE debe estar presente en el FMI y en la OCDE. 
Las relaciones con la Comisión Europea, el G10 y el G7 están en fase de preparación y hasta ahora, todo va bien. 
De hecho, ya he sido invitado y he asistido por primera vez a las reuniones mensuales de los gobernadores de los 10 bancos centrales y, en el futuro, asistiré todos los meses. 
Respecto al G7, tengo entendido que está previsto que me inviten también. 
Actualmente estamos celebrando conversaciones con el FMI para determinar cuál sería una representación adecuada del Sistema Europeo de Bancos Centrales en el FMI, lo que es complicado debido al hecho de que la participación en el FMI está reservada a países, a gobiernos soberanos. 
Ningún banco central es miembro del FMI, por lo que deberemos encontrar el modo, y lo encontraremos, de garantizar que esta importante institución monetaria sea escuchada en el seno del FMI. 
Los trabajos en este sentido siguen su curso. 
En cuanto a la representación en el Comité Económico y Financiero, este comité es el sucesor del actual Comité Monetario- un comité que está compuesto por representantes al más alto nivel de los 15 ministros de Finanzas y por representantes de los 15 bancos centrales. 
En el futuro, el Comité Económico y Financiero, además de dichos representantes, tendrá asimismo dos representantes del BCE. 
O sea que, en este sentido, lejos de perder, ganamos con nuestra representación en dicho comité. 
En el futuro seremos un miembro de pleno derecho del Comité Económico y Financiero, y se ha acordado, con carácter informal, que cuando el orden del día del Comité Económico y Financiero incluya asuntos monetarios que deban ser debatidos en el seno de dicho comité, los representantes de los bancos centrales nacionales, por decirlo llanamente, mantendrán la boca cerrada y los representantes del BCE serán los portavoces de la política monetaria común a medida que se vaya desarrollando en el futuro. 
En lo relativo al análisis de las repercusiones sobre la Unión Monetaria de la crisis financiera de Asia y Rusia, pido disculpas, pero aún no somos operativos como Banco Central Europeo y, por consiguiente, aunque hemos observado y vigilado de cerca la evolución en la zona, así como sus repercusiones sobre la marcha de la economía en Europa, aún no tenemos autoridad para intervenir. 
Permítanme añadir que hasta ahora, al menos en mi opinión, ha sido diferente de todas las demás crisis de liquidez ocurridas en el pasado. 
Me refiero a la primera crisis de la deuda mexicana, la segunda crisis de la deuda latinoamericana u otras crisis de liquidez de las últimas décadas. 
Siempre tuvieron el efecto de crear tensiones y de causar estragos en el mecanismo de cambio europeo. 
Esta vez, la crisis no ha tenido la menor repercusión: no se han producido tensiones ni ha habido necesidad de intervenciones dentro de Europa, lo que considero significativo. 
Observo con satisfacción que el anuncio preliminar de los tipos bilaterales que se aplicarán en la conversión a finales de año ha sido realmente creíble, como se pretendía. 
Los mercados lo creen, como se deduce del hecho de que las crisis de liquidez de otras partes del mundo no hayan repercutido en absoluto en los tipos de cambio dentro de Europa. 
Hasta la fecha, Rusia y Asia han tenido una- me inclino a decir- extraordinariamente pequeña repercusión sobre la evolución de la economía en Europa. 
Una pregunta obvia es qué se está haciendo para atender a las necesidades de las personas con deficiencia de visión. 
Tras haber realizado amplias consultas a la Asociación Europea de Organizaciones de Ciegos y Personas con Deficiencia de Visión, se tomará una serie de decisiones específicas pensando en dichas personas. 
En primer lugar, los siete billetes de banco en euros tendrán tamaños diferentes. 
Es el primer paso para que los ciegos sepan lo que tienen en sus manos. 
En segundo lugar, las cifras de los billetes de banco serán " palpables» : estarán en realce. 
Los ciegos podrán " palpar» lo que tienen en sus manos. 
Además, para ayudar a los que no son del todo ciegos, pero tienen una deficiencia de visión, se ha decidido que los colores de los siete billetes de banco sean muy diferentes y fácilmente reconocibles, incluso para los que tienen una capacidad de visión muy limitada. 
¿Es mi salario un secreto de Estado? Ha habido algunas preguntas en este sentido. 
No, no es un secreto de Estado. 
Debo confesar que ni siquiera yo sé exactamente cuál es mi salario. 
En general, anque las cifras no son referencias, el sistema dicta que el salario de un miembro del Comité Ejecutivo del BCE será aproximadamente un 10 % superior al salario más alto de Director General de la Comisión Europea. 
El salario del vicepresidente es un 20 % más alto. 
Mi salario como Presidente es un 40 % más alto que el de un Director Ejecutivo. 
Ésa es más o menos la estructura salarial. 
Además, contrariamente a lo que parecen creer algunos en la Unión Europea, nosotros pagamos impuestos comunitarios, que en mi caso- si desean conocer los detalles- están sujetos a un tipo de gravamen del 45 %. 
Mi tipo de gravamen medio es del 33 %. 
No puedo decir más.