Señor Presidente, estando a finales de verano y con el hermoso día soleado que hace fuera, mucha gente probablemente pensará que el calentamiento global es verdaderamente algo bastante agradable. 
Pero sabemos en realidad que da lugar a gran cantidad de situaciones atmosféricas inestables y peligrosas y que va a tener efectos muy graves en todo el mundo. 
No pretendo dar hoy aquí una conferencia sobre el cambio climático porque hemos repetido el tema muchas, muchas veces en el Parlamento. 
Sabemos que esta legislación sobre seguimiento de los gases de efecto invernadero tiene una doble finalidad principal. 
En primer lugar, pretende construir un marco en el que podamos medir dichas emisiones en relación con los objetivos de reducción a los que nos comprometimos en Río de Janeiro. 
En segundo lugar, están pensados a una escala más local para ayudar a alertar a los ciudadanos sobre los momentos y lugares en los que la contaminación atmosférica pone en peligro la salud. 
En 1993, lo que se estableció como primer mecanismo de seguimiento era, francamente, poco mejor que reconocer y aprobar a nivel europeo las prácticas existentes en los Estados miembros. 
Pese a los llamamientos hechos por el Parlamento en ese momento para que se armonizaran las medidas nacionales y los métodos de compilación y que hubiera más transparencia, al Consejo de Ministros le resultaba excesivo para aprobarlo. 
Indudablemente, la estabilización de las emisiones no se ha producido. 
Supongo que nos encontraremos con que se hallarán unos niveles bastante alarmantes de emisión cuando la Agencia de Medio Ambiente publique en breve su próximo informe Dobris. 
Acabamos de saber, por ejemplo, que en Londres las directrices de la Unión Europea para los NOx se incumplieron por toda la ciudad durante la casi totalidad del año pasado. 
Por ello el intento de la Comisión de revisar y mejorar la decisión de 1983 es muy bien recibida. 
No sólo necesitamos ya un mecanismo mejor y más completo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que es esencial establecer un mecanismo que incluya el seguimiento después del 2000. 
Es particularmente importante tener más en cuenta los gases de efecto invernadero distintos del CO2, como por ejemplo el metano y los óxidos de nitrógeno. 
En diciembre vamos a Kyoto a intentar convencer al mundo de que acepte un 15 % de reducción de las emisiones de una cesta de gases de efecto invernadero entre 1990 y el año 2010. 
Sería de gran ayuda pensar que estamos haciendo algún progreso útil nosotros mismos. 
Las evidencias muestran, por desgracia, que no podemos alcanzar nuestras propias metas. 
La Comisión, con la actitud cautelosa que ahora adopta, ha sido muy imprecisa sobre su calendario. 
Por ello mi grupo apoya las enmiendas a favor de que todos los años se haga una informe acerca de las emisiones acumulativas de los gases de efecto invernadero y de las emisiones acumulativas previstas hasta el 2005, el 2010 y el 2020. 
Creemos que este seguimiento acumulativo es esencial para impedir que los países autoricen emisiones excesivas a lo largo de un período y no las reduzcan hasta justo el final a fin de cumplir el objetivo. 
Esto no sería de gran ayuda en la carrera del calentamiento global. 
Por otro lado, creemos que es mejor determinar si se están consiguiendo los objetivos gas a gas que con el enfoque de la cesta de gases. 
En cuanto al contenido de las enmiendas, apoyamos todas las de la comisión parlamentaria, pero no estamos a favor de la enmienda nº 13 de la Sra. Schleicher, que parece innecesariamente restrictiva. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la gran visión terrorífica de nuestro tiempo se llama cambio climático, es decir, el calentamiento de la Tierra, el efecto invernadero con sus graves consecuencias para el medio ambiente, la subida del nivel del mar o la extensión de los desiertos, pero también el efecto contrario, la destrucción de la capa de ozono, cuyas consecuencias harían imposible cualquier forma de vida sobre la Tierra. 
Estas teorías están basadas en modelaciones, que parecen aportar la prueba indudable de que estas consecuencias medioambientales tienen su origen en las emisiones que generan algunas actividades humanas. 
Las modelaciones sólo son válidas, no obstante, en la medida en que lo sean los supuestos que les sirven de base. 
Éste es, a mi entender, el quid de la cuestión. 
¿Por qué se produjeron, por ejemplo, las glaciaciones hace millares de años y luego volvieron a desaparecer? 
¿Por qué se produce con una determinada periodicidad cíclica, como acaba de ocurrir de nuevo, el fenómeno de " El Niño» frente a la costa oeste de Suramérica e influye sobre los sucesos climáticos? 
¿Qué influencia tienen realmente las corrientes marinas y los océanos? 
¿Qué influencia tiene la formación de nubes? 
¿Es un azar que precisamente ahora vuelvan a crecer las dudas sobre la capacidad de predicción de los actuales modelos climáticos que se elaboran con enormes costes en todo el mundo? 
El principal problema, como se lamentan muchos científicos serios, reside en que se dispone de demasiado pocos o ningún tipo de datos cuantitativos para muchas regiones de la Tierra o, cuando éstos existen, con frecuencia no son aprovechables ni comparables debido al mal estado de las estaciones de medición. 
Este contexto ilustra la importancia del presente informe sobre el mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y otros gases de invernadero que se propone aplicar la Unión Europea. 
La Unión Europea viene trabajando ya desde mediados de los años 80 en el establecimiento de estaciones de medición en todos los países de la Unión Europea, que cubran toda su superficie. 
Es importante que además de reducir las emisiones de CFC y abandonar su uso, también se incluyan progresivamente todas las restantes sustancias nocivas con efectos análogos. 
La propuesta de la Comisión representa un paso más en este sentido, que nuestro Grupo político apoya plenamente. 
Aun así también nosotros, al igual que el ponente, tenemos algunas propuestas para mejorarla. 
En primer lugar, las estimaciones, si se exigen, deberían elaborarse sobre la base de criterios estandarizados; sin embargo, estos criterios todavía no existen. 
Yo tengo, no obstante, considerables dudas sobre la utilidad de estos valores puramente estimativos a muy largo plazo, aparte de que requerirían un enorme despliegue burocrático. 
El segundo punto es que todas las medidas de la Unión Europea y de los Estados miembros en relación con esta cuestión están vinculadas, en virtud del Convenio de Río, a los trabajos internacionales del PNUMA, la OCDE y el IPCC, el grupo intergubernamental sobre el cambio climático. 
Para que la propuesta pueda llevarse a la práctica es preciso que los Estados miembros informen sobre las emisiones de conformidad con un procedimiento estándar que se establecerá con la presente directiva y que será concretamente el que está elaborando en estos momentos el IPCC. 
Éste es también el motivo de mi enmienda. 
Para aumentar nuestros conocimientos, también debemos aumentar las mediciones. Pero esto cuesta dinero. 
Por otro lado, tenemos la responsabilidad hacia las generaciones futuras de utilizar con cautela no sólo los recursos naturales no renovables, sino también, ciertamente, el recurso escaso del dinero. 
A mi parecer, es más responsable invertir dinero en el establecimiento de estaciones de medición en todo el mundo y no en modelaciones, que en parte también están inspiradas por consideraciones políticas. 
Yo lamento que el Sr. Fitzsimons no haya podido estar presente hoy aquí, dado que ya fue ponente de los otros dos informes y ha aportado mejoras esenciales que nosotros podemos suscribir plenamente, con la sola excepción de una enmienda, concretamente la enmienda 5. 
No obstante, yo quisiera proponer una adenda a mi enmienda, puesto que ustedes acaban de sugerirla. 
Si pudiera conocer el parecer de la Comisión sobre dicha enmienda, quizás sería posible mejorarla con una adenda. 
Yo no tendría ninguna objeción a que así se haga. 
Por lo tanto, me interesará mucho conocer la posición de la Comisión. 
Señor Presidente, en los Países Bajos, el mes de agosto ha sido el mes más caluroso desde que en el siglo XVIII se comenzó con la medición de las temperaturas. 
Está comprobado que, desde entonces, los siete años de más calor se sitúan después de 1980, es decir, en los últimos 17 años. 
El año pasado, las cifras del IPCC indicaron una vez más que, en efecto, se puede hablar de un efecto invernadero. 
Pese a ello, continúan creciendo las emisiones de CO2. 
En los Países Bajos, dichos niveles de emisión incluso aumentaron en un 8 % entre 1990 y el año en curso, mientras que en el 2010 deberán reducirse en un 10 %. 
El diputado Fitzsimons, que desafortunadamente no se encuentra hoy aquí, observó con razón, en su informe, que es realmente necesario disponer de un mecanismo de seguimiento e información con respecto a la emisión de los gases de efecto invernadero, ya que nos permitirá evaluar, de un modo adecuado, los resultados de nuestra política. 
De igual modo, mi Grupo acoge favorablemente la decisión de la Comisión para extender su propuesta más allá del año 2000, teniendo en cuenta que el Consejo de Medio Ambiente ya ha aceptado compromisos para el año clave 2010. 
Por lo tanto, es esencial que se adapte la legislación comunitaria en este sentido. 
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero requiere medidas drásticas que pueden tener consecuencias sustanciales para la economía. 
Las decisiones políticas de índole tan difícil, requieren un control adecuado. 
A menudo la discusión concierne tan sólo a unos puntos. 
Sin un sistema adecuado de medición, se podrá manipular fácilmente el debate. 
Hablamos de los mecanismos de seguimiento en un momento en que la economía europea va con viento en popa, pero el crecimiento económico conlleva, por desgracia, una creciente emisión de gases de efecto invernadero. 
Seamos sensatos y aprovechemos la reactivación económica para prestar especial atención a la contaminación del medio ambiente. 
Señor Presidente, la decisión que debatimos hoy, no es sino un instrumento para alcanzar un objetivo determinado, a saber, la reducción del efecto invernadero. 
La escasa prioridad que se ha dado a escala mundial a dicho objetivo es, en opinión de mi Grupo, sumamente inquietante. 
La Unión Europea ha de dar ejemplo en esta fase anterior a Kyoto, no sólo mediante la formulación de objetivos ambiciosos, sino también mediante la puesta en práctica de los mismos. 
Por lo tanto, me satisface que la Comisión haya presentado esta propuesta que modifica la decisión anterior. 
A fin de controlar la emisión de los gases de efecto invernadero, es preciso que dispongamos de un mecanismo de seguimiento. 
Necesitamos datos fidedignos y comparables, de lo contrario, el seguimiento no va a ser posible. 
La medición de todos los gases de efecto invernadero y no sólo la emisión del CO2 es, a mi entender, un criterio muy razonable. 
Últimamente, se puede apreciar en el mundo científico una discreta tendencia que, alegando otras causas del aumento de la temperatura, intenta minar las conclusiones del IPCC. 
Según los partidarios de esta tendencia, los cambios de intensidad de la radiación solar serían los principales responsables de las variaciones de la temperatura en la tierra. 
Considero ésta una inclinación peligrosa. 
En primer lugar, porque ignora el principio de la prevención y, en segundo lugar, porque la teoría existente demuestra, de un modo contundente, que el efecto invernadero es consecuencia de las actividades humanas. 
Es más, ya en este momento existe el peligro de que se excedan en un 5 % los objetivos del año 2000. 
Si este fuera el caso, las dudas relativas a la influencia de los gases de efecto invernadero, serían un motivo adicional de preocupación. 
Por tanto, respaldo con toda sinceridad la propuesta de la Comisión, así como las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, en la naturaleza todo está estrechamente relacionado: cada uno de nosotros participa en el equilibrio medioambiental que, a su vez, significa nuestro bienestar. 
Hoy la sociedad de consumo nos hace pagar a cualquier precio dicho bienestar con un progreso desenfrenado, que trae aparejado un desequilibrio medioambiental cada vez más insoportable. 
Éste es el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables, entre otras cosas, del calentamiento de la tierra, fenómeno extremadamente peligroso para el ecosistema del planeta. 
El informe Fitzsimons hace hincapié en la importancia del seguimiento y control de las emisiones a fin de evaluar los progresos realizados sobre la base de los estándares europeos. 
Estamos de acuerdo con el ponente a la hora de proponer el reforzamiento del mecanismo de seguimiento comunitario más allá del 2000 para tomar en consideración las demás emisiones de gases de efecto invernadero, derivadas de las actividades industriales. 
Por último, confiamos en la transparencia de los métodos de control tradicionales, así como en su comparabilidad. 
Señor Presidente, yo creo que el texto que presenta la Comisión es suficientemente significativo y da el mensaje que debe llegar a todos los ciudadanos, y no solamente a los Gobiernos sino a todos los operadores y a todos nosotros porque compartimos la responsabilidad de este fenómeno. 
La Comisión indica que hay incertidumbre en cuanto a la posibilidad de alcanzar el compromiso de esta reducción en el año 2000, y después indica que es necesaria la inmediata puesta en marcha de estrategias globales coherentes. 
Yo creo que este es el mensaje político y este es el apoyo que la Comisión, en este caso, va a recibir de este Parlamento. 
Hemos escuchado ya a la mayor parte de los representantes de los Grupos políticos y creo que aquí tenemos unanimidad. 
Tenemos que exigir a los Gobiernos que, realmente, cumplan los compromisos internacionales. 
Yo participé como representante de este Parlamento en la Conferencia de Río. 
Allí, todos los Jefes de Estado y Gobierno acordaron tomar medidas respetuosas y responsables y, sin embargo, no se están cumpliendo las previsiones. 
Esta llamada a la responsabilidad es lo más importante de la comunicación de la Comisión y, después, por supuesto la puesta en marcha de las medidas y de los planes nacionales. 
Yo creo que no ha calado y muchos Gobiernos no han aceptado la realidad e incluso no se está cumpliendo en su auténtico sentido el principio de «El que contamina paga». Se ha interpretado como que el que paga tiene derecho a contaminar. 
Sin embargo, éste no era el sentido originario del principio, sino que aquél que va a producir algo y, por lo tanto, el que lo va a consumir debe pagar todos los costes del producto. 
Por lo tanto, hay que transmitir a toda la sociedad que, en el caso que nos ocupa, respirar nos cuesta dinero, y debe ser así, y los fabricantes tienen que tomar todas las medidas necesarias para evitar en lo posible las contaminaciones y, por eso, la exigencia- aunque no es el momento de recordarla- de utilizar la mejor tecnología disponible sigue estando en vigor. 
Yo creo que en esta comunicación las enmiendas que ha presentado el ponente son acertadas, se pueden llevar a efecto, y tenemos, creo, las razones científicas y la preocupación social suficientes para exigir que las cumplan los Gobiernos. 
Yo creo que éste es el principio esencial y no podemos apoyar ninguna política económica que, bajo la justificación de intereses económicos a muy corto plazo, ponga en peligro la salud de los ciudadanos y el bienestar e incluso toda la naturaleza. 
Repito, esta comunicación tiene todo nuestro apoyo, como acaba de verse. 
Señor Presidente, quisiera hacer algunas observaciones sobre el efecto invernadero. 
Es cierto que estamos observando un calentamiento, pero como la dicho la Sra. Schleicher en su intervención, nada demuestra que dicho calentamiento provenga de la emisión de gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana. 
Quisiera, sencillamente, hacer algunas reflexiones sensatas. 
En los Alpes observamos que los glaciares retroceden desde 1820. 
En aquella época, la revolución industrial no podía, aún, haber producido efectos tan significativos. 
Asimismo, en la actualidad aún existen glaciares que cubren algunos puertos de los Alpes que en el siglo XII o XIII estaban sin hielo y por donde cruzaban los rebaños. Y sabemos a ciencia cierta que Erik el Rojo, tras cruzar el Atlántico, encontró una tierra que el llamó Groenlandia, sencillamente porque era cálida y porque era verde. 
No creo, sin embargo, que las embarcaciones de los vikingos produjeran gases de efecto invernadero. 
No hay duda de que hay mucho de exageración cuando se culpa del calentamiento a la actividad humana. 
También es cierto, sin embargo, que la prudencia nunca es excesiva y que, ciertamente, debemos intentar limitar la producción de gases de efecto invernadero. 
El dióxido de carbono, el CO2, es responsable del 65 % de dichos gases de efecto invernadero, y resulta interesante contemplar cuántas toneladas de dióxido de carbono por habitante se lanzaron a la atmósfera en 1995 en Europa, país por país: Alemania: 2, 9 toneladas, Austria: 1, 9 toneladas; Bélgica: 3, 2 toneladas; 
Dinamarca: 3, 2 toneladas; 
España: 1, 8 toneladas; 
Finlandia: 3, 6 toneladas; 
Irlanda: 2, 7 toneladas; 
Italia: 2 toneladas; 
Grecia: 2 toneladas; 
Luxemburgo: 6 toneladas; 
Gran Bretaña: 2, 5 toneladas; 
Francia: 1, 7 toneladas. 
¿Hay menos ciudades en Francia? 
No. ¿Hay menos automóviles en Francia? 
No. ¿Se utiliza menos calefacción? 
No. 
No. 
En realidad, el hecho de que en Francia se produzcan menos gases de efecto invernadero que en otros países se debe a una razón muy sencilla; a saber, en Francia hay más centrales nucleares que en otros países. 
Los ecologistas lanzaron durante mucho tiempo el eslogan: " nuclear no, gracias» , que fue traducido a las diferentes lenguas comunitarias. 
Pues bien, cuando analizamos los resultados del plan de gases de efecto invernadero, entran ganas de decir: " ¡nuclear sí, por favor!» 
Señor Presidente, intentaré concentrarme en las enmiendas planteadas, no obstante, me gustaría antes felicitar a la Comisión de Medio Ambiente y también al ponente, Sr. Jim Fitzimons, aunque no pueda encontrarse hoy aquí. 
Quiero pedirle al Sr. d 'Aboville que le transmita mis mejores deseos hacia una pronta recuperación y agradecer al Sr. d' Aboville el que se haya hecho cargo del asunto a tratar hoy aquí. 
Casi todas las enmiendas representan una mejora de la calidad y claridad de la propuesta. 
Como es sabido, la finalidad de la propuesta es modificar la decisión del Consejo de 1993, la cual introdujo el mecanismo de seguimiento referido. 
En general, actualizará el mecanismo extendiéndolo especialmente más allá del 2000 y ampliándolo para que se aplique a todos lo gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. 
Hubo varias preguntas individuales de algunos oradores sobre este tema. 
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas salvo la núm. 5. 
Las núm. 7 y núm. 13 pueden aceptarse en principio, no obstante, precisarán algunas modificaciones. 
Las enmiendas aceptadas son- como ya he dicho anteriormente- bienvenidas, o bien porque hacen clarifican las resoluciones, o bien debido a la idea que yace tras ellas. 
La Comisión no apoya la enmienda 5 porque deposita cargas suplementarias en los Estados miembros sin proporcionar ventajas claras. 
La enmienda 7 puede ser aceptada en principio porque obliga a los Estados miembros a remitir sus programas nacionales en un plazo de tres meses después de la aprobación por el Consejo de la propuesta de la Comisión y porque la Comisión emprende la posterior evaluación en un plazo de seis meses después de su recepción, y así estamos seguros de poder encontrar una solución razonable para los Estados miembros que poco antes hayan elaborado sus planes. 
La enmienda 13 acerca del estado y el informe de los datos mencionados podría aceptarse por principio. 
No nos damos por satisfechos con la presente redacción. 
Es probable que en los comentarios del Sr. d ' Aboville haya posibilidades de alcanzar un texto mejor en el terreno correspondiente. 
Para concluir, opino que podemos albergar la esperanza de que esta propuesta contribuya a garantizar que la Comunidad y los Estados miembros cumplan sus compromisos actuales y futuros de acuerdo con el convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y con los objetivos que esperamos ver reflejados en el Protocolo de Kyoto. 
Y con estas palabras me gustaría dar las gracias por el debate de hoy. 
Gracias, señora Bjerregaard. 
Me sumo a los saludos al Sr. Fitzimons. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Europa y Japón: próximos pasos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0259/97) del Sr. Moorhouse, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre " Europa y Japón: próximos pasos» (COM (95) 0073- C40147/95). 
Señor Presidente, es la tercera vez que, como ponente, he tenido el honor de presentar un informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre las relaciones entre la UE y Japón. 
Como antiguo presidente de nuestra delegación para Japón, usted, señor Presidente, está bien enterado. 
El presente informe tiene mayor alcance, pues trata no sólo de las relaciones comerciales y económicas sino también de los cada vez más trascendentales aspectos políticos, que me da la sensación que hemos tendido a olvidar como Unión Europea. 
Hace unos diez años, cuando presenté el proyecto de una propuesta de resolución en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, los grupos políticos estaban bastante en desacuerdo sobre lo que debería ser nuestra orientación con respecto a Japón. 
El informe, de hecho, se aprobó por una muy estrecha mayoría. 
Felizmente, sin embargo, ahora estamos mucho más de acuerdo, lo que sin duda dice algo sobre el cambio de actitudes, pero puede tener que ver igualmente con la modificación de las relaciones Japón-UE. 
En lo que se refiere a los aspectos políticos, tenemos mucho que agradecer al Gobierno japonés de 1991, el cual, junto con el Consejo de Ministros, aprobó una declaración conjunta que, entre otras cosas, destacaba los temas políticos y de seguridad, dando mucho más equilibrio a la relación. 
Creemos que habría que alentar a Japón a participar más en los asuntos internacionales. 
A este respecto, remito a la Asamblea al apartado 4 de la resolución, en el que abogamos por una reestructuración del sistema de las Naciones Unidas y, más concretamente, del Consejo de Seguridad, que tiene implicaciones claras. 
Sin embargo, es inevitable que un informe de esta naturaleza se vea rápidamente sobrepasado por los acontecimientos. 
Me refiero, por ejemplo, al excedente comercial EU-Japón, que entre 1992 y 1996 se había reducido a la mitad, a sólo 17.000 millones de ecus; una cifra muy elevada, desde luego, pero la mitad que antes. 
Por desgracia, desde el punto de vista europeo, está volviendo a aumentar, ya que ha caído el consumo interno en Japón y las exportaciones son la única parte de su economía que sigue boyante. 
Quizá el Sr. Comisario quiera hacer algún comentario sobre las perspectivas futuras. 
Gran parte del informe trata de las historias de siempre sobre acceso al mercado e inversiones extranjeras directas. 
Lo anterior no es exactamente terreno inexplorado, pero puede percibirse, no obstante, un cierto grado de avance, por muy lento que sea. 
Lo que resulta muy preocupante es el insuficiente progreso en los últimos diez años en cuanto a inversiones directas de la UE en Japón y liberalización del mercado de servicios- quizá con algunas salvedades. 
Acogemos con satisfacción el reciente anuncio de la Comisión de que se va a llevar a cabo un estudio que investigue los obstáculos para la inversión. 
No desearía anticiparme al estudio, pero la Comisión tiene una enorme experiencia con los japoneses. 
¿No podría decirnos el Sr. Comisario qué es lo que a él mismo le preocupa y qué se propone hacer al respecto? 
¿Hasta qué punto podemos mejorar la situación a escala bilateral? 
¿O tenemos que esperar al trabajoso proceso de obtener concesiones en el marco de la OMC? 
Esto me conduce a las relaciones eurojaponesas dentro de la OMC. 
Creo que podemos aceptar de buena gana que deseamos cooperar estrechamente con Japón, y en los apartados 20, 22, y 23 de la resolución se habla precisamente de este tema. 
Sin embargo, ¿comparte el Sr. Comisario la opinión de que dicha cooperación podría verse comprometida, digamos, por las negociaciones chinojaponesas sobre aranceles y contingentes, cuyo efecto puede ser el de debilitar los intentos EU-Japón de alcanzar unos acuerdos dentro de la OMC? 
Lanzo la pregunta. 
Para terminar, los preparativos de la conferencia de Kyoto en diciembre demuestran a todos cuán importante es profundizar en la relación diplomática triangular entre la UE, EEUU y Japón para ejercer un liderazgo mundial en los foros internacionales. 
Estoy deseando saber qué va a decir el Comisario para convencernos de que no se va a dejar que las viejas y rancias disputas comerciales enturbien la atmósfera política y diplomática entre las tres grandes potencias comerciales del mundo por culpa de las dificultades económicas internas de Japón. 
Una última palabra: se podría decir mucho más, más el tiempo no me lo permite; pero déjenme felicitar a la Comisión por el actual Programa de Formación de Ejecutivos para que vayan jóvenes ejecutivos europeos a Japón- unos 600 más o menos. 
Sin duda merece todo el apoyo, y en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores vamos a dárselo. 
Muchas gracias, señor Moorhouse. 
Tiene usted toda la razón al decir que asisto a este debate con especial interés. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, hace algunas decenas de años, y sobre todo después de la última guerra mundial, al declive de los intereses europeos en Asia y, en particular, en el Japón, sucedió el aumento de los intereses de los Estados Unidos. 
Como grandes vencedores de la guerra en la zona del Pacífico, los Estados Unidos supieron imponer sus normas en la política exterior en esa zona y aumentaron sus intereses económicos en toda Asia, con particular incidencia en el Japón. 
Ahora bien, en los últimos años las relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea y el Japón han tenido un desarrollo moderado. 
Las reuniones de las instituciones europeas con sus congéneres japonesas y los normales contactos bilaterales de los Estados miembros con el Japón han contribuido a ese desarrollo. 
Como continuación y profundización de esa política, la Comisión publicó un documento sobre las próximas etapas de las relaciones entre Europa y el Japón. 
Merece todo nuestro apoyo la propuesta de la Comisión con vistas al fortalecimiento de dichas relaciones, tanto por las ventajas recíprocas y los intereses mutuos como por el equilibrio de las relaciones exteriores del Japón, que encontrará en la Unión Europea un socio creíble en el escenario internacional. 
Pensamos que es ventajoso para la Unión Europea el apoyo activo- repito: el apoyo activo- y concertado con el Japón a la política de paz y seguridad mundial, así como la continuación del desarrollo de una política económica multilateral y abierta. 
La Unión Europea tiene interés en que el Japón sea un factor de estabilidad política en la región en que está inserto y en el mundo, apoye el sistema de comercio multilateral y liberal, fomente la práctica democrática y el aumento del respeto de los derechos humanos en Asia. 
En el sentido de lo anteriormente expuesto, pensamos que en primer lugar la Unión Europea debe apoyar las pretensiones del Japón con vistas a un mayor papel político en la escena mundial, en particular en la reestructuración, que se está examinando en este momento, del sistema de las Naciones Unidas. 
En segundo lugar, el Japón debe dar mayor apoyo a las políticas de la Unión Europea en Asia. 
En tercer lugar, en el diálogo político con el Japón deberá figurar la cuestión de los derechos humanos, muy en particular en otras naciones asiáticas. 
Para concluir, diré, señor Presidente, Señorías, que un desarrollo de la relación política de la Unión Europea con el Japón es un factor decisivo para un mayor equilibrio de la política exterior en el escenario mundial. 
Y quiero referirme muy en particular al desequilibrio existente en la zona en la que el Japón está inserto entre la política exterior de la Unión Europea y la política exterior de los Estados Unidos. 
Por estas razones, expresamos nuestro apoyo al preclaro informe del Sr. Moorhouse y un apoyo- así lo deseamos- activo- y para ello estamos a disposición de la Comisión- a la comunicación de la Comisión. 
Señor Presidente, queridos colegas, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al ponente por las aclaraciones que nos ha ofrecido con vistas a profundizar la colaboración entre la Unión Europea y Japón, y felicitar al Comisario, Sir Brittan, así como a la Comisión, por el enfoque tan pragmático del texto de la Comisión. 
En el marco de la globalización de los mercados y del comercio, al igual que en el del diálogo político, las relaciones entre la Unión Europea y Japón tienen un papel primordial en el seno de la OMC, en el marco de las cumbres anuales y de las reuniones ministeriales, como en el marco del diálogo interpalamentario en el seno de la delegación para las relaciones con Japón, que tengo el honor de presidir. 
Como usted sabe, señor Presidente, en su calidad de antiguo presidente de esta delegación, el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos e industriales se ha hecho indispensable cuando nos encontramos a las puertas del tercer milenio. 
En el plano político, en el marco de las nuevas relaciones comerciales entre Europa y Asia, Japón puede tener un papel preponderante. 
Creo que nuestros lazos históricos y culturales le conceden, incluso, una función bisagra y, sobre todo, desde la caída del Muro de Berlín, los parecidos sociológicos entre la Unión Europea y Japón son cada vez más flagrantes: envejecimiento de la población, fortalecimiento de las instancias administrativas, la amenaza del empleo y, a pesar de todo, el posicionamiento en los mercados exteriores. 
Al trabajar en la realización de objetivos comunes, encaminados a preservar la estabilidad en Asia, Japón se convierte para Europa en un interlocutor privilegiado para las relaciones con los países asiáticos. 
En el plano económico, la situación global es positiva. 
En el transcurso de estos últimos años, el superávit de la balanza de pagos de Japón, con respecto a las economías mundiales, registró una baja significativa. 
No obstante, debería corregirse en breve el desequilibrio que subsiste entre las inversiones de la Unión Europea en Japón y las inversiones japonesas en Europa. 
La negociación de un compromiso relativo a la celebración de un acuerdo multilateral sobre la inversión ofrecería mayores garantías a los inversores extranjeros que desean establecerse en el mercado japonés. 
En este contexto, el programa de desregulación, lanzado por Japón en marzo de 1995, representa un punto de partida de cara a un acuerdo global que incluya, asimismo, las modalidades para el reconocimiento mutuo de los productos. 
Por último, no puedo por menos que alegrarme de que la cooperación científica y técnica entre la Unión Europea y Japón avance con regularidad. 
Hace un momento, Glyn Ford- que es autor de un informe sobre este tema- se ha referido a dicha cooperación, como demuestra la reunión de científicos de alto nivel que se celebrará en Tokio dentro de dos semanas- en la que tendré la satisfacción de participar- con miembros eminentes de la comunidad científica internacional. 
En este preciso contexto, estoy a favor de las enmiendas presentadas, encaminadas a fortalecer la cooperación científica y tecnológica entre Japón y la Unión Europea. 
La Unión Europea establece así las modalidades de un diálogo que favorecerá los intereses mutuos y recíprocos de Japón y la Unión Europea de cara a la preparación de las próximas fases de nuestras relaciones políticas y económicas. 
Señor Presidente, señorías, señor Comisario, me es grato felicitar, en nombre del Grupo de los Liberales, al Sr. Moorhouse por su excelente informe. 
Señor Presidente, el desequilibrio de balanza comercial entre Europa y el Japón, ha sido desde siempre, motivo de gran preocupación para el Parlamento Europeo. 
Si bien opina que los avances logrados en cuanto a la apertura del mercado japonés todavía son demasiado exiguos, mi Grupo se congratula por la reciente disminución del superávit comercial. 
Sobre todo, en lo concerniente a la supresión de las barreras administrativas y al reconocimiento mutuo de los procedimientos de ensayo y certificación, nos queda mucho camino por delante. 
Son precisamente esas barreras las que obligan al empresario individual a hacer frente a unos elevados gastos, por lo que su competitividad se debilita. 
El acceso al mercado japonés sigue siendo demasiado limitado y a eso se debe probablemente la reciente evasión de capitales del Japón. 
El número de proyectos de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y Japón es relativamente escaso. 
Considerando que Japón es el país con los gastos de research and development más elevados del mundo, como porcentaje del producto nacional bruto, es lamentable que la cooperación en este ámbito sea insuficiente. 
En una economía que se caracteriza por un una competencia e internacionalización crecientes, no es posible limitarse a cooperar exclusivamente con los socios europeos en materia de investigación y desarrollo. 
En el Quinto Programa Marco relativo a la política de investigación y tecnología, debe destacarse más la cooperación internacional con otros países, incluso si éstos no pertenecen a la Unión Europea. 
Naturalmente esta cooperación ha de estar basada en la reciprocidad. 
La Unión Europea debe esforzarse, a todos los niveles, para incluir a Japón en la actualidad comunitaria, tanto política como económica. 
Mi grupo dará su conformidad a ello. 
Señora Presidenta, yo también deseo felicitar al Sr. Moorhouse por su informe y hacer algunas reflexiones. 
La reducción del déficit comercial de estos últimos años entre la Unión Europea y Japón, presentada a menudo como una victoria, sólo ha sido un espejismo originado por las fluctuaciones monetarias. 
La subida del yen con respecto al dólar ha dificultado enormemente las exportaciones niponas y ha conducido a deslocalizaciones masivas de sectores enteros de la industria japonesa. 
Esa es la realidad. 
Ahora, cuando el yen pasa por una variación a la baja, observamos una progresión considerable de las exportaciones niponas hacia la Unión Europea. 
El espejismo se ha disipado, pero los obstáculos permanecen. 
Con la excepción, naturalmente, de productos como el cuero, el calzado y algunos productos agrícolas, los aranceles nipones ya no son una restricción para acceder al mercado. 
Por otra parte, la negativa de Japón a aceptar las normas y los procedimientos internacionales en materia de pruebas y certificados plantea un grave problema para nuestros intercambios con ese país. 
En lo que respecta a esta cuestión crucial, sería necesario que las autoridades japonesas se muestren dispuestas a tolerar a Europa lo que toleran a los Estados Unidos. 
La Unión deberá rechazar abiertamente cualquier diferencia de trato. 
Hoy pedimos a las autoridades japonesas que garanticen la libertad de intercambio en el interior del país, sin que haya que pasar necesariamente por esas agrupaciones monopolísticas denominadas keiretsu. 
Si no realizan un auténtico esfuerzo en este ámbito, nos veremos obligados a reconsiderar la apertura total de nuestras fronteras a los automóviles japoneses en 1999. 
En cuanto a las inversiones directas, la cifras son aún más abrumadoras. 
Según Eurostat, la Unión ha reducido sus inversiones en Japón en 300 millones de ecus al año, de media, entre 1992 y 1995. 
Por consiguiente, si no hacemos hada, el desequilibrio de nuestros intercambios con este país continuará creciendo en los próximos años. 
No obstante, existen aspectos positivos en ámbitos como ciencia y tecnología, telecomunicaciones, servicios financieros y transportes, en los que se ha establecido una cooperación muy avanzada entre la Unión y Japón. 
La Comisión debe pues hacer una evaluación exacta de las relaciones entre la Unión y Japón, que tenga en cuenta todos los aspectos, incluidos los monetarios, y presentar al Parlamento previsiones en la materia. 
Debe proponer medidas claras y precisas para que los productos europeos puedan superar la actuación del keiretsu y para que las autoridades niponas adopten los procedimientos de pruebas y certificados internacionales. 
Señora Presidenta, las negociaciones bilaterales continúan, y continuarán aún durante mucho tiempo, desempeñando su papel a nivel del comercio internacional. 
El debate de ayer sobre el plátano demostró hasta qué punto la OMC carece aún de independencia para tratar determinados dossiers de crucial importancia para la Unión Europea. 
No permitamos que nos cerquen en negociaciones multilaterales que, en muchos casos, sólo benefician a las multinacionales norteamericanas, y desarrollemos un auténtico diálogo con Japón, que incluya los derechos humanos y la pena de muerte, que aún existe en aquel país. 
De este modo nacerá una auténtica política exterior comunitaria. 
Señora Presidenta, en el presente informe relativo al futuro de las relaciones económicas entre Europa y Japón, hemos encontrado datos y recomendaciones de utilidad, pero también importantes lagunas. 
El informe pone de manifiesto, precisamente, la necesidad de que la Comisión se mantenga más atenta a los efectos del bilateralismo que, con asiduidad, practican los Estados Unidos, país que, por otra parte, se hace pasar ante Japón por los chantres de las relaciones multilaterales, para evitar una posible discriminación de nuestras empresas de bienes y servicios en el mercado japonés respecto de sus homólogos norteamericanos. 
Es lo que ocurre realmente en sectores tan necesarios como los semiconductores, los teléfonos móviles o las piezas de automóviles. 
Si la Comisión quiere realmente- como sería su deber- defender los intereses de las empresas europeas, debería seguir las recomendaciones del Sr. Moorhouse que, acertadamente, aboga por una política mucho más ofensiva si queremos evitar que nuestras empresas se vean atenazadas, por una parte, por las condenas de la OMC a Europa a raíz de las quejas norteamericanas, y por otra parte, por los acuerdos sectoriales norteamericanos-japoneses, negociados en medio del mayor desprecio por nuestros intereses. 
¿No deberíamos habernos preguntado antes en el presente informe acerca de una serie de sectores estratégicos para los países europeos y, en particular, el de la industria automovilística? 
Pero no encuentro ningún análisis sobre el efecto de las disposiciones inspiradas en medidas proteccionistas norteamericanas, adoptadas por la Comisión en materia de cuotas de importación de vehículos japoneses, y tampoco encuentro ninguna recomendación para el futuro. 
¿Preservan eficazmente las cantidades fijadas y el calendario aprobado los intereses de nuestros constructores y de las innumerables PYME que dependen de ellos? 
¿Cuáles serán las consecuencias del final de las cuotas y qué contrapartidas se exigirán? 
Del mismo modo, nada se dice de la manera en que Japón ha insistido en preservar sus recursos alimentarios: los productos agrícolas, los productos agrícolas transformados y los productos de la pesca. 
¿Cómo es posible que este exportador neto y absoluto de bienes, servicios e inversiones pueda proteger sus acervos en materia de producción y de precios agrícolas, escapando así a la alineación de su agricultura con los precios mundiales y manteniendo la especificidad de la agricultura japonesa? 
¿Puede Japón desarrollar un modelo agrícola japonés que se ajuste a sus necesidades, mientras que para nosotros es imposible desarrollar un modelo agrícola europeo que se ajuste a las nuestras? 
¿Es Japón, en este sentido, un modelo a seguir? 
Nos hubiera gustado, señora Presidenta, encontrar en un informe, por otra parte pertinente en numerosos puntos, un tratamiento en profundidad de estas importantes cuestiones. 
Señora Presidenta, el mensaje claro del informe Moorhouse, como han subrayado muchos oradores, es que en los diez últimos años se han producido cambios significativos en las relaciones entre la Unión Europea y Japón. 
Ahora tenemos compromisos en muchas más áreas que hace diez o cincuenta años. 
Al mismo tiempo, creo que está claro que sigue habiendo una cierta distancia en lo cultural y en lo político entre Europa y Japón. 
Aunque con frecuencia se defina a Estados Unidos, a Japón y a Europa como los tres lados de un triángulo, muy claramente, desde el punto de vista japonés, las relaciones entre Europa y Japón son del tipo que ellos llamarían «de hermano pequeño» en comparación con las que existen entre Europa y Estados Unidos y entre éste y Japón. 
Desde luego no hay razón para la autocomplacencia. 
No podemos dar por sentado que las relaciones entre Japón y Europa van a desarrollarse tan estrechamente como las que hay entre Europa y Estados Unidos o entre Estados Unidos y Japón. 
Además, estamos forjando relaciones cada vez más estrechas con otras partes de Asia. 
Las relaciones con China son «jóvenes» al igual que la relación general de seguridad que tiene Japón con Estados Unidos. 
Para ese país, seguimos siendo el soporte fundamental. 
Es un aspecto que a menudo se pasa por alto en Europa. 
Estamos pidiendo exactamente un trato del mismo tipo. 
La pregunta que quiero hacer a Sir Leon es si no ha llegado la hora de buscar un objetivo más amplio, más estratégico, en nuestra relación. 
Es extraño que de todos los países del mundo, la Unión Europea no tenga acuerdos bilaterales ni con Estados Unidos ni con Japón. 
Tenemos un acuerdo con China desde 1984 y que sin duda va a desarrollarse. 
En el caso de los Estados Unidos, nuestros vínculos son de una naturaleza bastante diferente. 
La pregunta, por lo tanto, es si sería o no aconsejable trabajar por un acuerdo marco estratégico, que englobara los diversos vínculos que tenemos en los ámbitos científico, económico, político, cultural y medioambiental, como forma de decir que éste es el adelanto que nos permite una conexión estratégica con el futuro. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Moorhouse de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se preparó con esmero. 
Si bien no he tenido la oportunidad de participar personalmente en dicho informe, lo valoro muy positivamente. 
En su comunicación al Consejo, La Comisión Europea destaca la intensificación de las relaciones políticas con Japón. El ponente corrige acertadamente dicho planteamiento. 
La política de la Unión Europea ha de estar encaminada principalmente a la mejora de las relaciones comerciales con Japón. 
Para las empresas europeas, el acceso al mercado japonés sigue siendo muy laborioso. 
El superávit comercial de Japón, que todavía es significativo con respecto a la Unión Europea, constituye un indicador a tal efecto. 
Por lo que se refiere a las inversiones directas, tampoco se aprecia, ni con mucho, una situación equilibrada. 
Tanto la comunicación como el informe describen diversas barreras comerciales. 
Debemos exigir a Japón un claro compromiso tendente a la supresión de dichas barreras. 
Los propósitos que dicho país manifestó durante la Cumbre de La Haya, celebrada el último 25 de junio, dan alguna esperanza. 
La Organización Mundial de Comercio es, a mi entender, el medio idóneo para agilizar la relación comercial con Japón. 
Los EE.UU han optado por una agresiva estrategia unilateral con Japón que no armoniza con la Unión Europea. Por un lado, la situación de la Unión Europea es diferente y, por otro, el enfoque americano sólo ha dado resultados moderados. 
La estrategia de la Comisión y del ponente de insistir amplia y constantemente en el cambio es, también en mi opinión, la correcta. 
De ahí la gran importancia de que se concluyan, sin dilación, los acuerdos multilaterales relativos a las inversiones directas y a los servicios financieros. 
La Comisión formula la curiosa propuesta de apoyar la candidatura de Japón para ocupar un escaño permanente en el Consejo de Seguridad. 
Me parece prematura dicha propuesta y, por otra parte, queda aún por ver si tal toma de posición política se corresponde con las competencias de la Comisión. 
Así pues, el Consejo ha sido prudente en no adoptar dicha propuesta. 
Señora Presidenta, señoras y señores, lo primero de todo querría dar las gracias y felicitar al Sr. Moorhouse por su admirable informe, con el que estoy casi completamente de acuerdo, y dar las gracias a él y a otros como el Sr. Ford y el Sr. Pompidou por las amables observaciones que han hecho sobre la evolución de la política de la Comisión y mi papel en la misma. 
No es exagerado decir que todos los cambios en los asuntos exteriores, en los años en que he andado metido en ello, la evolución de la política, los progresos y actitudes en lo que a las relaciones entre Europa y Japón se refiere ha sido sustancial, si bien no muy llamativa. 
No ha sido llamativa porque no se ha conseguido con ningún salto o acuerdo único, pero ha sido sustancial porque hemos dejado atrás una época en la que, tal como se ha dicho, las relaciones- en gran medida comerciales- eran controvertidas a una época en la que las relaciones comerciales han mejorado notablemente y las relaciones en general se han ampliado de manera considerable para abarcar actividades políticas al igual que económicas. 
En relación con las actividades políticas se ha hecho referencia, por ejemplo, a la cuestión de KEDO por parte del Sr. Ford. 
Tiene una importancia fundamental porque pone de manifiesto que la Unión Europea está dispuesta a participar en un acuerdo que nos cuesta un poco con Estados Unidos, Japón y Corea, acuerdo de profunda importancia para la seguridad de la región. 
Es un símbolo de nuestro interés mucho más amplio por el conjunto. 
También se ha formulado la pregunta de cómo hemos llegado a hacer los progresos que hemos hecho y qué más progresos pueden hacerse. 
Se ha logrado adoptando un enfoque que es sensiblemente diferente al de Estados Unidos y desde luego, en mi opinión, más adecuado para nosotros y como mínimo igual de afortunado. 
No ha sido un enfoque suave. 
No ha consistido únicamente en admitir todo lo que hagan los japoneses. 
En nuestras relaciones con Japón hemos insistido en que no se nos discrimine en comparación con Estados Unidos. 
Aquí me permito disentir de lo que dijo el Sr. Souchete. 
Éste mencionó los semiconductores. 
Es interesante que fuéramos capaces de resistir y hasta retrasar todo el acuerdo sobre tecnología de la información, que fundamentalmente nos interesaba a nosotros, mientras no se llegó a un punto en el que se puso fin a las características exclusivas del acuerdo entre Japón y Estados Unidos con respecto a los semiconductores y se nos introdujo en el Consejo de semiconductores como socios de pleno derecho. 
Este es un ejemplo de cómo, haciendo uso de medidas multilaterales tanto como de presiones bilaterales, hemos podido defendernos contra lo que era objetable, ya procediera de Estados Unidos, de Japón, o de ambos. 
Pero también hemos tenido libertad para elegir el camino adecuado y estamos dispuestos a hacerlo. 
Por ejemplo, cuando Estados Unidos amenazó a Japón con medidas en el sector automovilístico, nos ganamos un grado considerable de enemistad en Estados Unidos al decir que aquello con lo que amenazaban sería contrario a las normas internacionales de la OMC. 
El resultado fue que Estados Unidos no siguió adelante con sus amenazas. 
Nuestro interés no era teórico, porque cualquier paso que se obligara a dar a Japón habría sido a expensas de la industria Europea. 
Así que fuimos capaces efectivamente de defendernos. 
En lo que a Japón se refiere, no dudamos en actuar en la OMC en lo referente a la discriminación en los impuestos sobre bebidas alcohólicas, y tuvimos éxito. 
Yo dejé perfectamente claro a nuestros amigos japoneses que esto no se estaba haciendo con hostilidad, sino utilizando el sistema internacional para conseguir los objetivos para los que estaba, a saber, la resolución pacífica de disputas. 
Espero que cuando la gente hable sobre los plátanos recuerde también este caso. 
No obstante, es un hecho que como consecuencia de las medidas citadas, que han sido de no confrontación, pero no han sido blandas ni débiles, hemos podido desarrollar una posición comercial con Japón y obtener acceso al mercado japonés. 
Sobre todo, hemos podido mostrar que nuestra experiencia en el tema de la desregulación es válida para Japón. 
El orador que dijo que a los japoneses, por sus propias razones internas, les preocupa ahora mucho la desregulación para modernizar la economía estaba totalmente en lo cierto. 
Hemos podido mostrar que, gracias a nuestra propia experiencia ganada con esfuerzo, podemos enseñar algo al respecto. 
En cuanto al futuro, todavía hay que hacer progresos. 
El Sr. Moorhouse se ha referido al giro positivo del déficit una vez más y la Sra. Sainjon ha aludido a la repercusión de los cambios monetarios en las cifras comerciales. 
Esto siempre es así y siempre será así. 
Por eso tenemos que seguir presionando e insistiendo en una mayor desregulación y dar consejos sobre cómo podría hacerse. 
Tenemos asimismo que proseguir con las disputas comerciales en las que tenemos quejas sobre lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el área de los puertos y también en algunos temas agrarios. 
Pero lo hacemos con un espíritu de cooperación. Lo que han dicho muchos oradores a lo largo de este debate sobre la ciencia y la tecnología y los nuevos avances que pueden hacerse tiene gran validez. 
Así que creo que lo mejor es una política de amistad y cooperación, aunque promoviendo al mismo tiempo los intereses europeos mediante los medios bilaterales y multilaterales que tenemos a nuestro alcance conjugándolo con un apoyo para que Japón desempeñe un papel más amplio en el mundo, tal como ha sugerido el Sr. Moorhouse, y contribuyendo nosotros a ese proceso estando dispuestos a participar nosotros mismos, como en KEDO, y a aportar dinero en lugar de promesas. Esta combinación de enfoques ha demostrado en la pasada década ser la acertada, tal como demuestra el hecho de que la Comisión y todas las partes de la Asamblea se hayan unido en un alarde insólito de gran unidad en apoyo de una política que interesa a Europa. 
Muchas gracias señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Servicio universal de telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0270/97) del Sr. Van Velzen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión (COM (96) 0608- C4-0647/96) relativa a los criterios de evaluación de los sistemas nacionales de cálculo de costes y de financiación del servicio universal de telecomunicaciones y directrices para los Estados miembros sobre la aplicación de dichos sistemas. 
Señora Presidenta, Comisario, señorías, en los Países Bajos el principal operador de telecomunicaciones va a lanzar al mercado, como truco de marketing, una tarjeta de telecomunicaciones perfumada. 
Esta fue la noticia publicada la semana pasada en el periódico neerlandés de mayor difusión. 
¡Señor Comisario, hay que ver hasta dónde puede llegar la liberalización del mercado europeo de telecomunicaciones! 
En el mes de diciembre, se introducirá en el mercado una tarjeta con olor a pino, flores, fresa o menta. 
Comisario, le prometo que le regalaré una de esas tarjetas en el momento en que estén en venta. 
Pero ahora hablemos en serio. 
El cálculo de costes del servicio universal de telecomunicaciones es un tema muy técnico y a la vez muy importante, teniendo en cuenta de que se trata de una sustanciosa suma de dinero. 
Diversas directivas de telecomunicaciones definen el contenido del servicio universal para el sector de las telecomunicaciones- que se recoge en el informe relativo a la ONP-telefonía vocal de la Sra. Read- y su financiación- que se reglamenta en la Directiva sobre interconexión y en la Directiva sobre plena competencia. 
La presente comunicación facilita a los Estados miembros unas directrices para calcular el coste del servicio universal. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento ha puesto en entredicho el estatuto jurídico de esta comunicación, ya que las disposiciones de una comunicación no son sancionadas jurídicamente y no deben, según el Tribunal de Justicia, crear nuevas obligaciones. 
Y aquí comienzan los problemas. Los operadores necesitan directivas claras en este ámbito, mientras que es precisamente el estatuto jurídico de una comunicación que impide una formulación clara de las mismas. 
Dadas las numerosas señales que recibimos de las empresas de telecomunicaciones sobre el hecho de que las tarifas del servicio universal son demasiado elevadas en determinados Estados miembros como para hacer inversiones rentables, el problema reviste un carácter fundamental. 
Es más, el propio concepto de " servicio universal» origina la inevitable incertidumbre, puesto que no siempre se define de un modo explícito. 
Quiero manifestar mi gran preocupación al respecto. 
Por mucho que las Instituciones Europeas elaboren una excelente legislación comunitaria, el buen funcionamiento de la liberalización dependerá, finalmente, del grado en que los nuevos agentes económicos estén dispuestos a invertir. 
Los servicios que los Estados miembros pueden financiar a través del mecanismo del servicio universal han de estar sujetos a unos límites estrictos. 
Después de todo, unas elevadas contribuciones para este servicio desvirtúan la competencia, acarrean tarifas elevadas para el consumidor y perjudican el desarrollo de la economía europea. Esta preocupación ya la expresé durante el debate sobre el informe de la Sra. Read, esta mañana. 
Naturalmente, sería conveniente elaborar una nueva directiva en este ámbito, aunque esto, justo antes de la liberalización total, quizá no sea factible. Tampoco es nuestra intención abrir la caja de Pandora, sino todo lo contrario. 
A corto plazo, una revisión técnica de la comunicación de la Comisión y la enmienda no 11 al informe de la Sra. Read, supondrían un gran paso adelante. 
Con ello facilitaríamos unos criterios inequívocos para los operadores. 
Por otra parte, la revisión técnica es una necesidad. Me gustaría ilustrarlo con algunos ejemplos. 
En primer lugar, se confunden las tarifas de interconexión, las contribuciones de access deficits y las tarifas del servicio universal, mientras que corresponden a conceptos totalmente diferentes: las tarifas del servicio universal sólo reflejan el coste real del servicio universal y deben ser cubiertos mediante la contribución del operador que tiene la obligación de prestar el servicio universal por los segmentos del mercado que le han sido asignados; los operadores de la red facturan las tarifas de interconexión por el uso de sus instalaciones y los access deficits provienen del desequilibrio en la estructura de las tarifas. 
El anexo a la comunicación menciona que los sistemas de access deficits sólo podrán aplicarse provisionalmente, hasta el 1 de enero del año 2000. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial coincide plenamente con respecto a dicho carácter temporal. 
El reajuste de las tarifas es una característica esencial del mercado liberalizado en el que no debe haber access deficits. 
No obstante, esto es precisamente lo que debemos esclarecer ahora. 
Gracias a mis contactos he entendido que, según la Comisión, esta cuestión ha de regularse dentro del ámbito de la ONPtelefonía vocal. 
A mí no me queda muy claro. 
Un corrigendum a esta comunicación que aclare todo lo anterior, nos sería de gran ayuda. 
Me gustaría plantear ahora una cuestión fundamental: ¿Quién puede prestar el servicio universal y cómo se fijan los costes? 
Por lo que se refiere a este último punto, la legislación comunitaria establece que el cálculo del coste neto ha de fundamentarse en unos criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. 
No obstante, todo el mundo de este sector sabe que, en un entorno liberalizado, se impone un cálculo de costes de cara al futuro. 
Pese a ello, la legislación no hace referencia a las partidas y clases de costes exactos, que son tan necesarios para el sector. 
Los párrafos del 1 al 7, ambos inclusive, de las directrices de esta comunicación ofrecen puntos de referencia adecuados pero, desafortunadamente, no tienen estatuto legislativo. 
Por último, me queda por comentar la cuestión de quién presta el servicio universal. 
Tal y como indica la Comisión en esta comunicación, el actual prestador del servicio universal no tiene por qué ser automáticamente quien continuará prestándolo en un mercado liberalizado. 
Por otra parte, es preciso que se prevea la posibilidad de asignar diferentes operadores para las diferentes regiones en un país. 
Esta cuestión es fundamental porque comparto la opinión de que una empresa que pueda suministrar el servicio universal de la forma más eficaz, debe continuar haciéndolo. 
Este sería un criterio que encajaría en un entorno liberalizado, pero ¿dónde figura en la legislación comunitaria? 
Además, la prestación del servicio puede conllevar importantes ventajas comerciales y de marketing para las empresas de telecomunicaciones. 
Por tanto, en el cálculo del coste neto, sería conveniente tener en cuenta el denominado principio " pay or play» , un principio que no está recogido en la legislación actual. 
Así que, por lo que se refiere a la financiación del servicio universal, me preocupa el grado de claridad con el que los operadores pueden funcionar en la actualidad. 
Pregunto, con insistencia, al Comisario si estaría dispuesto a efectuar una revisión de esta comunicación. 
Señora Presidenta, deseo empezar dando mis felicitaciones al ponente, Sr. van Velzen, por un concienzudo trabajo, tal como hemos llegado a esperar de él. 
Quiero poner de relieve algunos de los problemas que se derivan de esta propuesta de la Comisión. 
El primero es uno que ha tocado ya el Sr. van Velzen: el uso de una comunicación sobre el tema. 
Estoy segura de que el Sr. Comisario y Sus Señorías sabrán que el Tribunal de Justicia ha adoptado ya un punto de vista sobre un caso muy similar y, por supuesto, preocupa que esta forma de proceder pueda dar pie a actuaciones futuras en los tribunales por parte de empresas de telecomunicación y otros que se vean perjudicados. 
El segundo problema también se toca en el informe del Sr. van Velzen, aunque no se ha destacado explícitamente en su intervención. 
No quiero ser demasiado crítica a este respecto, porque varios aspectos de este tema de la financiación del servicio universal, y por supuesto las definiciones, están recogidos en diversos actos legislativos- algunos de los cuales, si bien no todos, resultan lógicos. 
En este Parlamento admitimos que las presiones para que se cumpla el plazo, y desde luego las presiones comerciales e industriales por el avance de la liberalización, hacen casi inevitable algún cruce. 
A veces, cuando vengo a esta Cámara a hablar de asuntos de telecomunicaciones, tengo la sensación de que podría meter la mano en un saco, sacar casi cualquier discurso y que éste valdría para la propuesta en cuestión. 
El tercer problema es que damos tanta importancia al desarrollo de un servicio universal de las telecomunicaciones que queremos aferrarnos a casi cualquier progreso. 
Como pueden ver por el informe del Sr. van Velzen, vemos un gran mérito en el contenido de lo que ha propuesto la Comisión. 
Sin embargo, mi grupo y yo seguimos pensando que sería mejor una directiva que reuniera los distintos actos legislativos existentes en este ámbito en un texto legislativo global. 
Fue mala suerte que esta mañana no pudiéramos oír hablar al Comisario tan extensamente como hubiéramos deseado sobre las propuestas relativas a la telefonía de voz. 
Sin embargo, estoy muy satisfecha de que se aprobara la enmienda en la que se pide un informe semestral de la Comisión a este Parlamento, y espero sinceramente que tanto al Parlamento como a la Comisión les pueda servir para consolidar parte de este trabajo. 
También me alegré al ver que el apartado 10 del informe del Sr. van Velzen «subraya que el servicio universal es un concepto evolutivo que puede ampliarse a largo plazo». 
Es posible que él y yo estemos en desacuerdo sobre el ritmo de dicha ampliación, pero es muy importante que documentos como éste reconozcan que hay razones para modificar nuestra definición conforme evolucionan la tecnología y el mercado. 
Espero que el Sr. Comisario tome en consideración lo que ya se ha dicho, porque éste es un caso en el que, tanto en la definición como en la financiación del servicio universal, los ciudadanos de Europa pueden sacar mucho partido en su propia vida privada y laboral de lo que se va haciendo en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, este informe forma parte de una estrategia de cambio encaminada a la privatización de sectores de actividad que estaban vinculados a una idea o concepto de servicio público. 
Si bien esa estrategia es comunitaria, por no decir universal, la forma como se concreta es, como no podía ser de otro modo, muy diferente en los diversos Estados miembros y da origen a una variedad de interpretaciones y de ritmos de ejecución, que el ponente comienza señalando, al hablar incluso de grandes divergencias de interpretación, de dispersión, preocupado sobre todo por el incierto clima de inversiones y con problemas de competencia. 
Es verdad que el informe hace referencia también al «nivel desigual de prestación de servicios para el ciudadano europeo» , pero parece evidente, incluso para la comisión competente de la que emana el informe, que la perspectiva de los precios y de los costos es la predominante. 
Por lo demás- y ésa es nuestra preocupación mayor, el de servicio universal es un concepto en evolución- punto nº 10 del informe- y luchamos para que el concepto de servicio público, que configura derechos del ciudadano, no sea substituido por ese nuevo concepto en evolución, totalmente dominado por la lógica de los precios, a pesar de ser accesibles- ¿a qué y hasta qué punto? -, y de los costos. 
La otra reserva que hacemos en este debate se refiere a la posibilidad de que se estén creando, aunque no explícitamente, mecanismos de servicio universal que correspondan a la posibilidad o el pretexto de subvención de intereses privados- que ya habrían aprovechado el proceso de privatización para apropiarse de lo que antes pertenecía a la colectividad- para que se puedan concretar dichos servicios universales por mediación de esos servicios o actividades privadas, es decir, que haya subvenciones para que haya precios asequibles sin que se menoscaben los coeficientes costo-beneficio de esos intereses privados o a fin de que éstos puedan llegar a obtener mayores beneficios. 
Ésa será la lógica subyacente a este proceso y dinámica. 
Pero ello no impide, sino que exige, que lo denunciemos y procuremos motivar la reflexión sobre esa lógica, ese proceso y esa dinámica. 
Señora Presidenta, empezaré agradeciéndole al Sr. van Velzen su informe, y que haya hecho todo lo posible por resumir y poner en claro un asunto muy complicado. 
Hemos debatido hoy sobre muchos aspectos en torno a las telecomunicaciones y los servicios sociales, partiendo de distintos informes. 
Existen, precisamente como apuntaba el orador que me ha precedido, muchas y dispares definiciones sobre lo que se quiere decir cuando se habla de servicios sociales. 
Existen distintos modos de llevar a cabo las desregulaciones que se están llevando a cabo. 
Creo que vamos a tener que prestar atención a esas modalidades en el futuro, puesto que existen distintas tradiciones y culturas. 
No podemos escoger de modo taxativo el modo en que van a producirse y la definición que se les va a dar, en cambio hay que reconocer que todo esto llevará tiempo y que hay que aceptar los fenómenos de la diversidad y la flexibilidad. 
Con respecto a esta comunicación de la Comisión, el hecho es que los Estados miembros pueden decidir en materia de financiación de los servicios universales y sobre el modo en que la van a realizar. 
Actualmente se hace a base del pago de derechos o redistribuyendo los ingresos entre los distintos operadores. 
Además, hoy en día tenemos varias directivas. Existe el Derecho comunitario, la Directiva sobre la competencia, la de comunicaciones y la de telefonía. 
Existen una serie de directivas que incluso dan a los Estados miembros orientaciones y directrices sobre cómo hay que aplicarlas. 
Ahora nos ha llegado una comunicación muy amplia de la Comisión sobre unas directrices adicionales para el cálculo de los costes y sobre el modo de distribuir los costes entre los operadores. 
Creo que la comunicación de la Comisión, además de las directivas que ya tenemos, son más que suficientes. 
Exigir, como hace el ponente, una nueva directiva, me parece que es ir demasiado lejos. 
Creo que necesitamos la flexibilidad de la que ya disponemos actualmente. 
Por consiguiente, en este caso apoyo a la Comisión. 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, yo también deseo felicitar al Sr. van Velzen por su informe y por la pertinencia de sus propuestas. 
Las telecomunicaciones están atravesando por una etapa de transformaciones sin precedentes: la fibra óptica, el inalámbrico, Internet y la desregulación constituyen el mayor maelström que jamás haya transformado el, hasta entonces protegido, universo de las telecomunicaciones. 
Pero las alianzas estratégicas que salen a la luz entre compañías europeas no deben obedecer únicamente a las exigencias de los principales clientes ni a la búsqueda de nuevos servicios de valor añadido. 
Hay que tener en cuenta, asimismo, los intereses de los empleados de las compañías y, naturalmente, los intereses de los usuarios privados y de los ciudadanos. 
Los ciudadanos no deben ser abandonados en el arcén de las autopistas de la información. 
Tenemos el deber de preservar el acceso para todos a las nuevas tecnologías, y poner los medios para que los operadores privados, recién llegados al mercado, no se instalen únicamente en las zonas urbanas, en las que, evidentemente, pueden esperar la obtención de beneficios rápidos. 
Es importante que los políticos como nosotros definamos determinadas misiones obligatorias del servicio universal en función de las expectativas sociales y gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 
Si hay que desarrollar un concepto europeo del servicio universal, éste es, naturalmente, que cada Estado pueda desarrollar su propio concepto de la acción del servicio público y garantice a todos los usuarios su conexión a la red sin un aumento de las tarifas, porque, como usted sabe, a la gran mayoría de los ciudadanos poco le importa saber si el precio de la comunicación entre Estrasburgo y San Petersburgo se ha reducido a la mitad. 
Creo que el interés del ciudadano consumidor es un elemento indispensable a tener en consideración. 
Es el único que sobrepasa incluso determinados conflictos dogmáticos. 
Es probable que la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones sea actualmente la estructura mejor adaptada a las misiones del servicio público, pero quiero llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que, sin una política europea de fomento de los recursos de un país, sin una política de cohesión social, la desregulación beneficiará únicamente a los intereses desprovistos de legitimidad democrática. 
Señora Presidenta, más allá de mi agradecimiento por las aportaciones del Sr. van Velzen y de los demás diputados de esta Cámara, que en los últimos años siempre han seguido con gran atención las propuestas de la Comisión y también las han mejorado, yo debo señalar, no obstante, que el debate se está desarrollando de manera algo confusa. 
El primer aspecto que se debate es qué estatuto jurídico tiene o podría crear la Comunicación. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha señalado, a través de su ponente, el Sr. Cot, el riesgo de que la Comunicación pueda crear la impresión de que se trata del resultado de un acto legislativo y dar lugar a una situación de la que podrían desprenderse terceros derechos. 
Esta interpretación no es posible por la naturaleza misma de la Comunicación. 
Ésta se dirige a los Estados miembros y naturalmente se debate en el Parlamento y el Consejo, pero no en tanto que acto legislativo, sino en el sentido de que, como ocurre siempre que la Comisión emite una comunicación, ésta tiene eco en las demás instituciones. 
Los destinatarios directos son los Estados miembros y en la Comunicación también queda claro que ésta no les impone ningún tipo de normas vinculantes. 
Asimismo, la presente Comunicación tampoco tiene el estatuto de acto legislativo vinculante por lo que a ustedes se refiere, sino que ofrece unas ciertas indicaciones sobre cómo podrían concretarse las disposiciones nacionales en relación con el difícil tema del servicio universal. 
Si el Parlamento y la Comisión de Asuntos Jurídicos siguen opinando- y el Sr. van Velzen parece compartir este punto de vista- que la Comunicación podría crear a pesar de todo esta impresión, porque formulaciones como " debe» , etc., contribuyen en cierto modo a generarla, estamos dispuestos a rectificar gustosamente estos aspectos. 
El problema no es éste. 
Podemos aclarar en una comunicación adicional, en primer lugar, que la Comunicación no tiene un carácter jurídicamente vinculante y, en segundo lugar, que determinadas formulaciones se modificarán precisamente para que no pueda crearse dicha impresión. 
Éste es un seudoproblema. 
Pero también los seudoproblemas pueden generar problemas y, por este motivo, estamos dispuestos a corregir este aspecto. 
En la práctica, ya acabo de hacerlo con esta aclaración. 
A continuación se plantea el tema de si necesitamos una directiva. 
¿Es necesario un acto legislativo y, si es así, en qué momento y con qué contenido? 
Ahora mismo no podemos responder a esta pregunta por dos motivos: en primer lugar, en la situación actual, los Estados miembros no estarían dispuestos a aceptar- y yo añado que en este caso incluso con razón- que se establezca una definición estándar de los servicios universales para el conjunto de la Unión, ya que cada uno se encuentra en una situación específica, no comparable con la de otros Estados miembros. 
Así lo evidencia ya, por ejemplo, el hecho de que nueve Estados miembros no prevean ningún tipo de financiación del servicio universal ni siquiera a partir del 1 de enero del año próximo, porque ésta no es necesaria en su sistema. 
En efecto, como ha señalado con razón el Sr. de Lassus, la competencia ha determinado que dicha financiación no sea en absoluto necesaria en su caso. 
Desde que se inició el debate sobre el servicio universal, yo he señalado repetidamente que las características económicas del sistema moderno de telecomunicaciones son tales que una infraestructura adquiere sentido económico cuando su oferta se dirige, en la medida de lo posible, a todos. 
En otras palabras, el constructor y el operador de una infraestructura tienen un interés económico en que ésta llegue al mayor número posible y, por lo tanto, no escatimarán costes para conseguirlo. 
Ya entonces yo profeticé, entre las risas de algunos colegas que no podían imaginarse que esto pudiera ocurrir- entre tanto, es posible demostrarlo con ejemplos prácticos -, que habría compañías telefónicas que ofrecerían gratuitamente, sin cargar ningún coste, la instalación de un teléfono, los aparatos necesarios e incluso el servicio, esto es, las conversaciones telefónicas, porque el hecho de establecer esta conexión con un interesado les ofrecería la base para desarrollar otras actividades económicas. 
La mayoría no aceptaron esta posibilidad en su momento. 
Muchos lo consideraron una utopía, algunos puede que lo interpretaran como un chiste inoportuno. 
Entre tanto se ha convertido en una realidad. 
¿Qué servicios universales deberían financiarse, entonces, si esto ya ocurre? 
Aun así, como ya ha señalado la Sra. Read, en las directivas aprobadas hasta ahora, es decir con efectos legalmente vinculantes, hemos establecido una cierta red de seguridad en relación con lo que puede incluirse dentro del servicio universal. 
Por consiguiente, existe una definición vinculante de lo que puede computarse como tal. 
Ciertamente, hemos destacado que esta noción no puede ser definitiva ni indefinidamente válida, pues el desarrollo tecnológico ampliará naturalmente las exigencias que deberán cubrirse. 
En efecto, lo que actualmente es sólo una conexión para la telefonía vocal puede convertirse dentro de cinco años en una conexión a una infraestructura pública o a Internet, con todas sus posibilidades de transmisión de datos. 
También hemos destacado que esta definición no es definitiva, sino que la revisaremos- y tendremos que revisarlaperiódicamente. 
Esto se ha explicitado repetidamente en cada uno de los actos legislativos. 
En 1999 se realizará en cualquier caso una revisión general. 
Por otra parte, hasta el momento no se nos ha planteado ningún problema por lo que respecta al servicio universal. 
Tenemos problemas en relación con la fijación de tarifas para la interconexión. 
Pero los Estados miembros han encontrado hasta ahora soluciones más o menos adecuadas para estas cuestiones y, mediante la Directiva relativa a las interconexiones, podemos corregir las actuaciones indebidas sobre la base de textos vinculantes. 
Por lo tanto, no nos encontramos en absoluto en una posición en la que, como quien dice, debamos limitarnos a contemplar la actuación de los Estados miembros, sin ninguna posibilidad de influir sobre ella. 
Yo comprendo que los Estados miembros quieran disponer, no obstante, de esta libertad en estos momentos, puesto que están evolucionando a partir de sus propias circunstancias. 
Por ejemplo, Finlandia... nunca había estado tan de acuerdo con una intervención de un miembro del Grupo de los Verdes como lo he estado con lo que ha manifestado hoy la Sra. Schörling. 
Espero que no le cree dificultades en su Grupo que así lo diga, pero lo cierto es que... 
(Protesta de la Sra. Roth) Con usted también coincido de vez en cuando, pero no tan plenamente como hoy con la Sra. Schörling, quien ha hablado, en efecto, sobre el telón de fondo de las experiencias finlandesas. 
En relación con todos estos temas, es posible abordar la resolución de los problemas desde dos perspectivas. O bien, aferrándose a ciertos temores que tal vez nunca lleguen a materializarse, o bien observando primero- observar varias veces, dijo acertadamente en una ocasión un alemán famoso, que abordó un problema de manera relativamente relajada- qué ocurre realmente en la práctica. 
En Finlandia y también en Suecia, la desregulación no ha tenido como resultado, en efecto, la oferta de un servicio de peor calidad a las regiones más apartadas, ni tampoco la ausencia de un servicio universal. 
En otros países ocurrirá exactamente lo mismo. 
No obstante, yo no excluyo en absoluto la posibilidad de una actuación, sobre la base de una propuesta legislativa, si surgiesen problemas. 
Nunca la hemos excluido, llegado el caso de que se dieran dichos problemas. 
De momento, con la presente Comunicación hemos hecho sólo una cosa: hemos instado a los Estados miembros a que consideren las propuestas que hacemos en la Comunicación, a fin de que puedan configurar de un modo razonable sus propias condiciones. 
Pero no están obligados a hacerlo; si quieren actuar de manera poco razonable, también pueden hacerlo. 
Quiero decir que la Comisión no puede obligar a nadie y en cualquier caso no a los Estados miembros, que son libres, a actuar de un modo totalmente distinto. 
Éste es precisamente el estatuto jurídico de la Comunicación. 
Rectificaremos aquellas formulaciones que quizás puedan crear la impresión de que se trata de un acto legislativo, a fin de evitar causar dicha impresión. 
Lo cual, de hecho, sería imposible después de lo que acabo de decir, pero a pesar de todo así lo haremos. 
Luego esperaremos a ver cómo se desarrollan los hechos. 
Dentro de dos años presentaremos en cualquier caso un informe al Parlamento. 
Por otra parte, el Parlamento ya ha tomado posición con su resolución en relación con el informe del Sr. van Velzen. Ésta tampoco tiene efectos legislativos, pero manifiesta claramente cuáles son los deseos del Parlamento. 
Si no queremos prescindir por completo del instrumento de las comunicaciones, tendremos que ser capaces de tolerar que la Comisión emita a veces una comunicación en la que se diga algo que no es del agrado del Parlamento. 
Éste adoptará entonces una resolución y manifestará: " ¡Eso no nos ha gustado nada! 
Y si la Comisión actúa en ese sentido, vigilaremos muy atentamente para que cambien las cosas.» 
De acuerdo, ésta es la interacción normal entre las instituciones. 
Yo no voy a indignarme ahora, ni fingida ni espontáneamente. 
Ustedes ya conocen el contenido de nuestra Comunicación y los Estados miembros también lo conocen. 
Suprimiremos la impresión de que se trata de un acto legislativo y dentro de dos años examinaremos la situación. 
Señora Presidenta, naturalmente me es grata la respuesta del Comisario que, como es habitual, ha sido muy instructiva. 
Asimismo me agrada el hecho de que haya accedido a corregir las formulaciones confusas. Pese a ello, también pregunté al Comisario si podía incluir simultáneamente algunas de las lagunas que mencioné, tales como: ¿Quién puede prestar el servicio universal, el principio pay and play y cómo se calculan los gastos de cara al futuro? 
Creo que incluyendo dichas cuestiones, no sólo los Estados miembros sino, sobre todo, los operators sabrían con claridad a qué atenerse y cuál ha de ser el punto de partida para los Estados miembros. 
Esto es a mi juicio esencial, ya que en esta fase tan importante, en algunos Estados miembros han surgido problemas con respecto a la financiación del servicio universal. 
El Comisario quizá pueda dar su opinión al respecto. 
Sr. van Velzen, permítame que le diga que su actitud es ahora un poco contradictoria. 
Por un lado, dice que la presente Comunicación no debe ser vinculante absolutamente en ningún sentido y que debemos estar muy atentos o nos veremos en un aprieto. 
Y ahora afirma que es incompleta porque debería incluir además esto y lo otro. 
Yo creo que de momento deberíamos dejar las cosas en este punto; nosotros corregiremos esa impresión, que tal vez podría dar lugar a una interpretación errónea y, en cualquier caso, dentro de dos años a más tardar tendremos la oportunidad de volver a considerar cómo se han desarrollado los hechos. 
Si surgiera algún caso- digamos- problemático, yo también me comprometo a entrevistarme con los miembros en cuestión para buscar la mejor manera de resolverlo. 
Pero como ya he señalado, este caso no se ha planteado de momento. 
El servicio universal no plantea ningún problema. 
Hay problemas en relación con la interconexión y con otras formas de acceso al mercado, con las tarifas, etc. En este contexto hay muchísimos problemas, pero contamos con las normas pertinentes. 
No tenemos absolutamente ningún problema con el servicio universal. 
Y si surgiera alguno, yo estoy dispuesto a examinar si podríamos hacer algo más para resolverlo. 
Pero incluir ahora aquí todo lo que quizás podría ocurrir en algún momento en algún Estado miembro, me parece un poco exagerado y yo les ruego que de momento lo dejemos tal como acabo de exponer. 
Muchas gracias señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 17.25 h., se reanuda a las 17.30 h) 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0520/97). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0591/97): 
Asunto: El Magreb en la Presidencia luxemburguesa 
En cuanto al Magreb, dentro de la política euro-mediterránea, ¿qué avances prevé la Presidencia luxemburguesa en materia política y de seguridad? 
¿No se está produciendo un gran declive en la política euro-mediterránea? 
Señoras y señores, en respuesta a la primera pregunta, que trata sobre el Magreb y cómo la Presidencia luxemburguesa se propone impulsar el capítulo entre la Unión Europea y los países de esa parte del mundo, diré que la Unión Europea atribuye una importancia muy especial a sus relaciones con los países en cuestión. 
Esta mañana hemos dedicado un largo debate a la situación en algunos de estos países o en las regiones limítrofes, y quisiera abrir aquí un breve paréntesis para hacer hincapié en el interés que siente el Consejo por el Magreb. 
En nombre de la PESC, la Unión sigue muy de cerca la situación interna de los países magrebíes, que son objeto de análisis minuciosos durante las reuniones que el grupo de trabajo Mashrek/Magreb celebra regularmente. 
En el marco de la política euro-mediterránea, las relaciones bilaterales se han visto fortalecidas por la creación del proceso de Barcelona. 
Los países magrebíes participan de manera activa en las relaciones comerciales y han demostrado su determinación a contribuir al éxito de dicho proceso. 
La Presidencia luxemburguesa tiene la firme intención de proseguir esta política de fortalecimiento de las relaciones con Argelia, Marruecos y Túnez, tanto por mediación del proceso de Barcelona, cuya próxima reunión de altos funcionarios responsables del capítulo político y de la seguridad tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre, como a nivel bilateral. 
En el plano de las relaciones bilaterales, la ratificación por parte de los Parlamentos nacionales del acuerdo de asociación con Túnez se encuentra en una fase muy avanzada, y el Parlamento Europeo ya ha dado su dictamen conforme; es posible, por tanto, que este acuerdo entre en vigor antes de finales de año. 
En estas condiciones, no se excluye la celebración, aún bajo la Presidencia luxemburguesa, de una reunión del Consejo de Asociación UE-Túnez, que permita analizar la situación en lo que respecta al acuerdo, y examinar, en una perspectiva más amplia, el futuro de las relaciones entre Túnez y la Unión Europea. 
Dicha reunión proporcionará, asimismo, la ocasión de mantener un intercambio de opiniones sobre cuestiones políticas de interés común en el marco del diálogo político previsto en dicho acuerdo. 
Agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo la buena disposición que ha demostrado tanto en la respuesta que ha dado a mi pregunta como en el debate de hoy por la mañana sobre Argelia. Él se ha referido también a ello. 
Digo que quiero agradecer en primer lugar la buena disposición que está demostrando la Presidencia luxemburguesa. 
Usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, se ha referido a algunas reuniones importantes, a algunos trabajos en curso. 
Pero debe saber también que estas reuniones no son suficientes y que en la dinámica en la que está entrando la política euromediterránea hay muchas más reuniones que hechos y realidades. 
Están ocurriendo sin embargo, diariamente, tragedias que no pueden quedar sin una respuesta de nuestra parte, de las instituciones europeas, tanto del Consejo y de la Comisión como del Parlamento. 
Hoy, una patera ha arrojado al mar más de 20 cadáveres en el Estrecho, en Gibraltar. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en vista de la buena disposición de la Presidencia luxemburguesa, yo quisiera que se hiciera eco de este problema y arbitrara alguna acción específica para contribuir a evitar esta tragedia. 
La tragedia de hoy- se están recogiendo los cadáveres en este momentodebe tener una respuesta, y contra esa emigración sabemos que el tratamiento eficaz, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es la inversión: seis polígonos industriales en el norte de Marruecos. 
Esto es lo que necesitamos para poder hablar de un freno eficaz a esa sangría. 
No es una cuestión de funcionarios ni de reuniones, es de hechos, de inversiones con urgencia. 
Gracias a usted Sra. Izquierdo, pero permítame que le advierta que el tiempo para repreguntar es de un minuto y usted ha doblado el tiempo que tiene para repreguntar. Esta presidencia le ruega una vez más que sea usted cumplidora porque en realidad hay muchas preguntas que el Sr. Wohlfart no podrá responder, si todos los miembros de la Asamblea que intervienen gastan el doble de tiempo que tienen establecido. 
Señor Wohlfart tiene usted la palabra para responder a la amplia pregunta de la Sra. Izquierdo Rojo. 
Intentaré que la respuesta sea más corta, pero, quizá también, un poco más concreta. 
No quisiera volver a hablar del debate de esta mañana sobre la situación en Argelia. 
En la conclusión de dicho debate, hice hincapié en que no solamente el Consejo, sino también la Comisión y el Parlamento tienen un papel que desempeñar, y me he unido a la idea lanzada por sus amigos del Parlamento Europeo, a saber, el establecimiento de contactos directos con sus homólogos del Parlamento argelino. 
El tema argelino nos afecta a todos. 
Usted dice que hay que actuar y que las reuniones no bastan para que las cosas avancen; le responderé, respetando su planteamiento, que el método que consiste en reunir alrededor de una mesa de negociación a los antagonistas ha sido objeto de un amplio consenso, como han podido constatar los participantes en el debate de esta mañana. 
Usted afirma que es imprescindible invertir en Marruecos, y yo le respondo que estoy de acuerdo con usted. 
He viajado a este país, y reconozco que el propio acuerdo de asociación representa un desafío enorme e histórico. 
Es un país cuya economía depende actualmente en más de un 40 % de la agricultura, un país que, de aquí a doce años, querrá ver hecha realidad esta zona de libre cambio con Europa. 
No hay duda de que necesita nuestras inversiones, y la Comunidad y la Presidencia harán todo lo posible para que el Acuerdo de asociación con Marruecos, que ya ha sido suscrito, sea ratificado por todos los Estados miembros en el plazo más breve posible. 
Quisiera referirme a un caso que me ha impresionado. 
La semana pasada acompañé a Ucrania al Primer Ministro, Sr. Junker, en el marco de una visita relacionada, a la vez, con la Cumbre Unión Europea-Ucrania, y con las relaciones bilaterales. 
Durante la conferencia de prensa, un periodista preguntó a los dos Primeros Ministros si habían celebrado algún acuerdo sobre inversiones. 
Apenas habían tenido una hora para hablar. 
Lo que quiero decir al evocar esta anécdota, es que las inversiones son vitales para Marruecos, es cierto, pero antes- y en esto estoy de acuerdo con usteddebemos crear las condiciones necesarias para la estabilidad política y económica; una vez que se haya creado el clima propicio, las inversiones harán su aparición en la región. 
Señor Presidente, yo agradezco mucho su intervención. 
Sin embargo, quisiera hacerle una pregunta adicional: ¿cómo juzga usted la situación en Marruecos, precisamente en relación con las inversiones a las que acaba de referirse? 
Mi propia impresión es que Marruecos es el país más estable del Magreb y que lo necesitamos. 
En segundo lugar, yo quisiera preguntarle: ¿cuánto tiempo se prolongarán, a su parecer, las negociaciones con Marruecos y cuándo será posible que éstas alcancen un punto en el que la posición de Marruecos sea equivalente a la que tiene actualmente Túnez? 
Esto sería muy importante, aunque sólo sea porque necesitamos a Marruecos, dada su vecindad con la que se considera la zona explosiva del Magreb, por decirlo así, o sea, Argelia. 
Mi última pregunta es: ¿cómo valora usted las perspectivas de un diálogo con el Parlamento de dicho país? 
El Parlamento sólo representa, sin embargo, a una pequeña parte de la población. 
¿No ha llegado tal vez el momento de preguntar también a los grupos más pequeños, que no están representados en el Parlamento, por las razones de su exclusión? 
Quisiera responder a las tres preguntas del Sr. von Habsburg, en primer lugar, comunicándole mi impresión personal con respecto a Marruecos. 
Visité ese país, a la cabeza de una delegación de hombres de negocios, en junio de este mismo año. 
Al igual que los que me acompañaban, quedé muy sorprendido por los esfuerzos que se están realizando en el marco de las reformas económicas e institucionales en ese país, aunque aún se encuentra atrasado con respecto al nivel actual de desarrollo en Túnez. 
También me sorprendió comprobar que nuestra delegación incluía a una decena de empresas luxemburguesas- es mucho, para un pequeño país -, que están dispuestas a ir en cabeza y participar en una auténtica asociación comercial entre Marruecos y Luxemburgo, una asociación en la que el Gobierno luxemburgués, por su parte, va a aportar medios financieros para intentar promover, como pueda, las inversiones en Marruecos. 
Creo que la segunda pregunta depende un poco de la rapidez con la que los Parlamentos de los diferentes Estados miembros ratifiquen este acuerdo. Es muy importante para Marruecos. 
Hemos insistido en este punto, nos hemos esforzado en transmitir el mensaje, no solamente a nivel del Consejo de Ministros, sino también en todas las instancias de la Unión Europea. 
El mensaje político es que ahora hay que conseguir que la asociación comience a funcionar. 
Una vez más, espero que, a nivel de los Quince, hayamos cumplido con nuestro deber antes de finales de año y, en mi opinión, si se cumplen las condiciones, creo que dentro de cinco o seis años, Marruecos podrá alcanzar el nivel de Túnez, país que, y es algo que me ha sorprendido igualmente, ha alcanzado un nivel de desarrollo excepcional en comparación con otros países de la región. 
Ruego al Sr. von Habsburg que me disculpe, pero en lo que respecta a su tercera pregunta, creo que es absolutamente legítimo afirmar que el Presidente del Parlamento Europeo o el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento está en mejor situación para responder a esta pregunta. Se trata de los contactos que deberán establecerse entre los diputados a este Parlamento y los parlamentarios de otras fuerzas políticas de Argelia. 
Pregunta nº 2 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0597/97): 
Asunto: Zonas periféricas para las Eurotasas 
Respecto a la «Eurotasa» relativa a la imposición del transporte de mercancías por carretera en la Unión Europea, ¿qué opinión le merece al Consejo la circunstancia de que Finlandia y España no gocen aún del carácter de «Zona periférica»? 
Intentaré responder a su Señoría, Sr. Asensio. 
En primer lugar, el Consejo no puede prejuzgar los resultados de las negociaciones, actualmente en curso, sobre la propuesta de directiva relativa a la imposición de mercancías pesadas por la utilización de determinadas infraestructuras, me refiero a la " eurotasa». 
El Consejo, no obstante, desea precisar que la excepción al derecho de utilización, que recoge la Directiva 93/89/CEE, permite únicamente la concesión de una reducción temporal de las tasas por derecho de utilización en algunos Estados miembros desfavorecidos por su débil desarrollo económico y por su situación geográfica particular, agravada, en su caso, por conflictos políticos en terceros países. 
Aprovechando la ocasión, conviene observar que la noción de Zona periférica no aparece en el texto de la Directiva 93/89/CEE- que, además, ha sido anulada mientras tanto por el Tribunal de Justicia- y que el objeto de la misma, repito y su Señoría lo sabe perfectamente, era acudir en ayuda de algunos Estados miembros que sufren dificultades por motivo de su lento desarrollo o de una situación geográfica especial. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, se nos había informado en comisiones de esta Asamblea que, durante el Consejo de Transporte del pasado mes de junio, la Presidencia holandesa se encontró ante una situación altamente confusa sobre este asunto. 
Una de las contradicciones consistió en proponer que Irlanda, Portugal y Grecia, debido a su situación periférica, se beneficiaran temporalmente de una reducción del 50 % de los derechos de utilización, de la eurotasa. 
Propuesta que, por cierto, nos parece razonable y justa. 
Sin embargo, se negaba ese beneficio, en los debates, a Finlandia y España por no considerarlos países periféricos. 
Ahí está el contrasentido que nosotros apreciamos, pues nos parece inadmisible negar el carácter periférico a un país, como España, que tiene una punta de Tarifa prácticamente embutida en África o a Finlandia que está tocando el Polo Norte. 
Esperemos que la Presidencia luxemburguesa arbitre una solución más razonable. 
Intentaré dar a su Señoría una respuesta que espero que sea satisfactoria. 
Hay que reconocer que en la sesión del 17 de junio del presente año, el Consejo de Transportes no pudo llegar a un acuerdo de compromiso. 
Su Señoría ya se ha referido, en parte, a algunas dificultades por las que no fue posible el consenso político, por no hablar de que, además, la aprobación debía ser unánime. 
Quisiera decir lo siguiente: la Presidencia luxemburguesa tiene intención de entablar contactos bilaterales, al más alto nivel político, para desbloquear el dossier. 
Es un compromiso que asumo en nombre de la Presidencia y en nombre de mi colega, la Sra. Delvaux, responsable del Consejo de Transportes. 
Pero me gustaría añadir también que la Presidencia sólo incluirá este punto en el orden del día de un Consejo, si los contactos bilaterales dejan prever una auténtica voluntad política de alcanzar una solución. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 
3 y 4 se contestarán conjuntamente. 
El Consejo nos explicará cómo pueden considerarse semejantes dos preguntas tan diferentes. 
Pregunta nº 3 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0599/97): 
Asunto: Derecho de asilo para los ciudadanos de la UE 
El Tratado de Amsterdam contiene un protocolo con un artículo especial (» Artículo único» ) que prevé la reglamentación y la limitación de las posibilidades de los ciudadanos de la UE de que sean examinadas sus solicitudes de asilo político en otro país de la UE. 
El significado concreto de dicho artículo es controvertido. 
¿Considera el Consejo correcta la interpretación de la letra d) de este artículo especial del protocolo, según la cual, pese a lo que establece este artículo, un Estado miembro puede examinar libremente todas las solicitudes de asilo de conformidad con la práctica nacional? 
¿Considera el Consejo correcta la interpretación de que, de ninguna manera se limita el derecho de los Estados miembros a examinar y aprobar a título individual las solicitudes de asilo de los ciudadanos de la UE Pregunta nº 4 formulada por Ulla Sandbæk (H-0505/97): 
Asunto: El Tratado de Maastricht II y la garantía de medio ambiente 
El recurso a la garantía de medio ambiente (apartado 4 del artículo 100 A) exige la aprobación de la Comisión. 
Con el nuevo Tratado de Maastricht II, la Comisión estará obligada a adoptar una posición en el plazo de 6 meses. 
¿Puede el Consejo informar en qué medida los Estados miembros podrán utilizar la garantía de medio ambiente y, por consiguiente, establecer mejores disposiciones en materia de medio ambiente en el plazo de 6 meses en el que la Comisión está obligada a adoptar una decisión y en qué medida los Estados miembros pueden utilizar la garantía de medio ambiente? 
Reconozco que, a primera vista, eso puede parecer extraño, señor Presidente, pero intentaré decirle por qué espero poder convencer a los diputados de este planteamiento. 
La Presidencia ha propuesto responder simultáneamente a las preguntas formuladas por la Sra. Sandbæk y el Sr. Sjöstedt, que, en ambos casos, tratan sobre Amsterdam en el marco de la revisión de los Tratados. 
En respuesta a estas preguntas, debo destacar que, en opinión del Consejo, es aún prematuro proceder a la interpretación del protocolo en cuestión. 
En esta perspectiva, conviene tener presente el hecho de que el Tratado del que forma parte este protocolo, no solamente no ha entrado en vigor, sino que además aún debe ser firmado, lo que se hará, si no me engaño, el próximo 2 de octubre. 
En estas condiciones, el Consejo estima que toda exégesis de los textos aprobados en Amsterdam es, en estos momentos, inoportuna, tanto más cuando la única institución habilitada para interpretar los textos de los Tratados es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Estoy convencido de que a partir del momento en que este Tratado haya sido no sólo firmado, sino también ratificado en los diferentes Estados miembros y además, en el caso de algunos Estados miembros, haya superado la prueba del referéndum, podremos volver a hablar sobre esta cuestión. 
En estos momentos, por las razones que acabo de exponer, no deseo entrar en detalles y entregarme a un ejercicio que sería de lo más peligroso. 
Doy las gracias por la respuesta, aunque pienso que es totalmente inaceptable que el Consejo se niegue a debatir sobre el Tratado que el Consejo Europeo acaba de concluir. 
Nos encontramos dentro de un proceso democrático, con la celebración de referenda en algunos Estados miembros, y de debates parlamentarios en otros. 
Es vital, y además una cuestión democrática, que se pueda saber sobre qué cosas se está decidiendo. 
El Consejo tendrá que mostrarse dispuesto a dar unas respuestas en los casos en que el Tratado sea ambiguo e impreciso, por ejemplo en la cuestión de los refugiados, es decir, sobre si se va a limitar el derecho al asilo al tiempo que se sigue manteniendo. 
Ayer participé en el debate celebrado sobre la misma cuestión del derecho al asilo con la participación de la Comisión, la cual estaba dispuesta a discutir el asunto, a pesar de que es el Consejo el que ha adoptado la decisión. 
La Comisión hizo, no obstante, referencia al Consejo, y apuntó que evidentemente era el Consejo a quien había que dirigir esta pregunta, ya que es el Consejo el responsable. 
Por tanto, espero respuesta a mi pregunta. 
A riesgo de decepcionar a su Señoría, debo decir que si se emprende un proceso de ratificación y de referéndum en los diferentes países, sería peligroso que la Presidencia o el Consejo hiciera ya interpretaciones susceptibles de provocar malentendidos en algunos países. 
Usted sabe perfectamente, acaba de referirse a ello, que se trata de un proceso democrático en el que se convoca a los Parlamentos e incluso, mediante referendos, a las poblaciones a hacer una elección política. 
En consecuencia y por las razones que acabo de exponer, es del todo inoportuno que la Presidencia en ejercicio del Consejo se entregue ahora a este ejercicio de interpretación. 
No obstante, no le devolveré la pelota, al responder que la Comisión ha dicho que debe dirigirse al Consejo. 
En las instituciones, cada cual tiene sus atribuciones. 
Una vez más, no está en la intención de la Presidencia del Consejo ocultar nada, pero deseo que este debate se aplace hasta después de la ratificación, que proporcionará los elementos necesarios. 
Aunque, como antiguo parlamentario, comprendo que, a veces, nos resulta muy difícil recibir una respuesta que no nos satisface. 
Precisamente he planteado esta pregunta porque se va a celebrar un referéndum en Dinamarca y me veré obligado a explicar a los electores que es lo qué se dice en el Tratado de Amsterdam y así, cuando lo sepan, puedan decidir qué votar. 
Debo, además, decirles que he preguntado al Consejo, el cual debería disponer de una interpretación de esto- puesto que es realmente el Consejo quién ha escrito el texto- sin embargo, en el Consejo dicen que no sabían lo qué querían decir al escribir el texto, y así, también debo decirles a mis electores: estáis obligados a comprar el gato en el saco sin verlo. 
No puedo explicaros que es lo qué han escrito. 
El Consejo no quiere explicaros que es lo qué han escrito. 
Opinan que deberíais ir y votar en un referéndum completamente a la buena de Dios, pues creen que deberíais tener suficiente fe en ellos y contar con que seguramente se interpretará con la mejor intención. 
Es completamente irrazonable decir que la gente debe votar sobre algo que ni una sola vez les ha sido explicado. 
No sólo lo escriben de manera que no se pueda entender, sino que, además, luego se niegan a explicarlo antes de un referéndum. 
Debo decir que la última frase de la Sra. diputada me gusta mucho más que la primera. 
Ha dicho que no estamos preparados para interpretar los textos, mientras que al comienzo decía que actuábamos como si no conociéramos los textos. 
Es una pequeña diferencia que, de paso, quiero observar. 
Ciertamente ha leído los textos y sabe interpretarlos tan bien como yo, sino mejor. 
Estoy seguro de que en su calidad de diputada respetuosa de sus electores y electoras, hará la lectura conveniente. 
Estoy convencido de que los electores y las electoras no se verán en la obligación de aceptar que " les den gato por liebre». 
Yo creo que la posición de la Presidencia ha quedado clara, pero el Sr. Lindqvist me pide una pregunta complementaria. 
Yo le voy a dar la palabra, porque reglamentariamente puedo hacerlo, pero les recuerdo a ustedes que prolongar un debate que tiene siempre la misma respuesta va en detrimento del tiempo que necesitamos para otras preguntas. 
Tiene la palabra el Sr. Lindqvist para una pregunta complementaria. 
Debo confesar que me asombra el hecho de que no se pueda recibir respuesta del Consejo. 
Responder que es demasiado pronto, o que no es conveniente, o que incluso puede resultar peligroso, constituye un modo muy extraño de acoger las preguntas de los diputados al Parlamento, que en sus Estados respectivos van a tener que debatir sobre estas cuestiones, y en algunos casos con anterioridad a la celebración de un referendum. 
¿Cómo vamos a reaccionar cuando nos hagan el mismo tipo de pregunta los ciudadanos, si no es posible recibir la más mínima información del Presidente del Consejo? 
No exagero cuando digo que estoy preocupado. 
Yo creo que hay muchas personas que se encuentran en mi caso. 
He comprendido que no vamos a recibir respuesta hoy. 
Tomo nota de que evidentemente la situación va a prolongarse hasta que los Estados miembros hayan celebrado sus posibles referenda y hayan adoptado su decisión sobre el sí o el no en los parlamentos nacionales, es decir, que no se nos informará de nada con anterioridad al debate que va a celebrarse en todos los Estados miembros. 
Así entiendo yo la respuesta. 
Estoy muy preocupado y decepcionado ante la respuesta del Consejo. 
Retomando la expresión de la Sra. Sandbæk en lo que respecta al gato, me doy cuenta de que podríamos seguir jugando " al gato y al ratón» durante una hora en este apartado. 
Pero no me pondré en el lugar de los diputados y parlamentarios elegidos de los Parlamentos nacionales que, estoy seguro, sabrán interpretar los textos tal y como han sido aprobados. 
También sabrán, al igual que ustedes y su colega aquí presente, hacer la lectura del texto y convencer también a sus electores. 
Además, por respeto a sus electores y como Presidente en ejercicio del Consejo, no deseo atribuirme el papel de juez y sustituir a los parlamentarios nacionales y a los diferentes gobiernos. 
Pregunta nº 5 formulada por Hans Lindqvist (H-0606/97): 
Asunto: Fondos estructurales de la UE 
La Agenda 2000 propone que se eliminen las regiones del objetivo 6 como regiones de ayuda separadas y pasen a formar parte de las regiones del objetivo 1. 
Se adoptarán «disposiciones especiales» para estas regiones en cuestión. 
¿Que consecuencias tendrá este cambio para Suecia en lo que respecta a las ayudas de los Fondos estructurales de la UE? 
Los trabajos, en el seno del Consejo, relativos a la comunicación de la Comisión Agenda 2000 no han hecho más que comenzar. 
Como ustedes saben, señoras y señores, durante su reunión de 22 de julio del presente año, el Consejo escuchó una ponencia del Presidente Sr. Santer sobre la Agenda 2000, así como las opiniones de la Comisión sobre los países candidatos a la adhesión. 
En dicha ocasión, el Consejo acordó celebrar en su próxima reunión, que tuvo lugar el pasado lunes, un primer debate de orientación general sobre el conjunto de estas cuestiones. 
Señaló, en particular, su acuerdo sobre el método de trabajo presentado por la Presidencia para la instrucción de estos diferentes dossiers. 
De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Amsterdam, el Consejo estudiará detenidamente los dossiers en cuestión y presentará un informe detallado al Consejo Europeo de Luxemburgo el próximo mes de diciembre. 
Consideramos que en estos momentos sería prematuro adoptar una posición sobre la cuestión de la reforma de las políticas estructurales de la Unión, que, por otra parte, sólo es un elemento de este paquete. 
Gracias por su respuesta. 
A Suecia y Finlandia se les concedió un nuevo objetivo especial dentro de los Fondos estructurales en relación con las negociaciones para la adhesión, el objetivo 6. 
Se hizo porque la zona norte de Europa donde residimos tiene poca densidad demográfica y por tanto mediaban razones especiales para conceder ayudas extraordinarias. 
Ahora se propone dentro de la Agenda 2000 que desaparezca la zona como región específica beneficiaria de las ayudas del objetivo 6, precisamente lo que Suecia había negociado en un principio. 
Se va a integrar en la zona del objetivo 1. 
En los documentos a nuestra disposición figura que, mediante unos mecanismos especiales, se procurará que las ayudas lleguen como lo hacían anteriormente, pero bajo el objetivo 1. 
Se han presentado propuestas por parte de las autoridades suecas, que seguramente están de acuerdo con la UE, para que se convierta todo el norte de Suecia en una gran zona receptora de ayudas, lo cual significa que a las zonas que originariamente las recibían por ser de escasa demografía les va a resultar más difícil conseguir fondos. 
La inseguridad es grande, y por tanto me gustaría recibir una respuesta un poco más clara de la que se me ha dado. 
En primer lugar, diré que en este primer intercambio de opiniones en el Consejo de Asuntos Generales, las dos delegaciones de los países a los que acaba de referirse el Sr. Lindqvist, manifestaron en su intervención las inquietudes que comparten con su Señoría, y creo que, en su pregunta complementaria, usted mismo se ha referido al reto que supone la desaparición del objetivo 6, es decir, la propuesta de la Comisión que, en el capítulo relativo a la cohesión económica y social de su Comunicación de la Agenda 2000, por razones de elegibilidad y eficacia, propone reducir a tres el número actual de objetivos, de los que dos son objetivos regionales y el otro un objetivo horizontal dedicado a recursos humanos. 
Asimismo afirmó que los países que actualmente se acogen al objetivo 6 y que no podrán hacerlo al objetivo 1, deberían beneficiarse de disposiciones especiales. 
Hasta ahora, el Consejo no ha aprobado aún su línea de conducta. 
Para los diferentes aspectos relacionados con la Agenda 2000, hemos aprobado nuestro método de trabajo, que consiste en desbloquear los diferentes problemas que surgen en los distintos ámbitos, en particular, en los Fondos estructurales. 
A continuación se propondrá al más alto nivel, es decir a nivel ministerial en los diferentes Consejos, Ecofin y los otros que se encargan de la preparación de la Cumbre de Luxemburgo, que, en la medida de los posible, tengan en cuenta los deseos de los diferentes Estados miembros, sin olvidar que ya se desprende una orientación que, por el momento, me parece bastante clara, según la cual, la amplia mayoría de los Estados miembros desea que el tope financiero no sobrepase el 1, 27 % que se fijó como límite hasta el año 2006. 
Pero hay muchas otras cuestiones que necesitan una respuesta, y la Presidencia se dispone a aplicarse en esta tarea. 
Es además uno de los objetivos de los diferentes Consejos informales que, como usted sabe, Sr. Lindqvist, a veces permiten que las cosas avancen mucho. 
En todo caso, nos aplicaremos en la búsqueda de un consenso a nivel de los Quince. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 6 y 7 caducan. 
La pregunta nº 8 que había formulado el Sr. Imaz San Miguel ha sido retirada. 
Pregunta nº 9 formulada por Hugh McMahon (H-0614/97): 
Asunto: Philoxenia 1997-2000 (turismo europeo) 
¿Tiene intención la Presidencia luxemburguesa de adoptar durante su mandato el programa Philoxenia destinado a ayudar al turismo europeo? 
En lo que respecta a la adopción de un programa destinado a promocionar el turismo europeo, el grupo de trabajo del Consejo, que fue instituido con este fin, reanudará su trabajo mañana. 
El objetivo que se persigue es precisamente establecer antes de finales de diciembre de 1997, o sea, este mismo año, un acuerdo sobre el contenido de este programa, y la Presidencia se propone presentar, como base de trabajo, un documento que tenga en cuenta las negociaciones mantenidas hasta ahora a nivel del Consejo. 
Una vez que se haya alcanzado este acuerdo, la Presidencia tiene previsto convocar una reunión del Consejo dedicada al turismo, al objeto de adoptar el programa en cuestión y establecer, de manera definitiva, las acciones que deberán promoverse en el sector del turismo. 
Estas acciones deberán apuntar, principalmente, a los objetivos que hayan obtenido un apoyo suficiente en el seno del Consejo, como el desarrollo de la información y la cooperación de los interlocutores afectados. 
Querría dar las gracias al Presidente en ejercicio por una muy completa respuesta. 
Quizá podría aclararme un punto. 
¿La conferencia que tiene que está previsto celebrar sería durante la Presidencia luxemburguesa o durante la británica? 
Lo intentaré, pero el Sr. McMahon es un especialista en lo que se refiere al turno de preguntas. 
Diré, Señoría, que ello depende no sólo de la Presidencia, sino también de la voluntad de algunos Estados miembros que, hasta ahora, han cumplido fielmente el principio de subsidiaridad. 
Por tanto, o bien lo consigue la Presidencia luxemburguesa, si se alcanza el acuerdo político, o habrá que confiar a la Presidencia británica la solución del problema. 
Las preguntas y respuestas siguientes van a ser más breves todavía porque el Sr. Sören Wibe, autor de la pregunta nº 10, no se encuentra entre nosotros. 
Tampoco el Sr. Watson, que es el autor de la pregunta nº 11. 
No veo en los escaños al Sr. Alavanos, autor de la pregunta nº 12. 
Por lo tanto, pasamos a la pregunta nº 13. 
Pero veo que acaba de llegar el Sr. Wibe. 
Señor Wohlfart, le propongo contestar primero a la Sra. Jensen, que ya se encontraba entre nosotros, y luego recuperaremos, ya que hemos tenido la fortuna de que haya llegado el Sr. Wibe, la pregunta del Sr. Wibe, si a usted le parece bien. 
Pregunta nº 13 formulada por Kirsten Jensen (H-0635/97): 
Asunto: La situación en Myanmar 
¿Qué consecuencias políticas piensa sacar el Consejo del ingreso de Myanmar en la ASEAN? 
Señor Presidente, señoras y señores, la respuesta a la pregunta formulada por su Señoría será algo más larga que la que acabo de ofrecer. 
En lo que respecta a las consecuencias políticas que saca el Consejo del ingreso de Myanmar en el seno de la ASEAN, puedo comunicar a sus Señorías que el Consejo de Asuntos Generales del pasado 26 de junio- y creo que todo el mundo ya está al corriente- sacó las conclusiones siguientes. 
El Consejo ha examinado la repercusión que, para la Unión Europea, tiene el ingreso de determinados países, en particular Myanmar, en la ASEAN, y ha destacado que el deterioro de la situación en Myanmar en materia de derechos humanos es motivo de grave preocupación para la Unión Europea. 
La Unión Europea ha expresado, en reiteradas ocasiones, su inquietud por los acontecimientos que se han producido en aquel país, y recientemente, el pasado 30 de mayo, la Unión Europea adoptó, con motivo del aniversario de las elecciones de 1990, una declaración en la que invita, en particular, al State Law and Order Restoration Council, más conocido por la sigla SLORC, a poner en libertad, en esta ocasión, a las personas detenidas y a entablar un auténtico diálogo con los grupos que están a favor de la democracia. 
Además, el Consejo solicitó al SLORC que apruebe la visita a este país que próximamente realizará el enviado especial de las Naciones Unidas. 
Por otra parte, el Consejo ha destacado la importancia que atribuye al fortalecimiento de las relaciones UE-ASEAN, de conformidad con las conclusiones de la reunión ministerial entre la Unión Europea y los países de la ASEAN, celebrada en Singapur en febrero de 1997. 
El Consejo ha confirmado el compromiso de la UE con el diálogo UE-ASEAN, en particular, sobre los derechos humanos y los principios democráticos, y espera que el ingreso en la ASEAN contribuya a la promoción de estos valores fundamentales en Myanmar. 
El Consejo estima que el diálogo UE-ASEAN debería ser la ocasión para examinar la situación en este país. 
Habida cuenta de que las circunstancias actuales, que han llevado a la Unión Europea a prorrogar su posición común por un nuevo período de seis meses, impiden el comienzo de las negociaciones sobre la posible adhesión de Myanmar al acuerdo de cooperación CE-ASEAN, el Consejo estima que la presencia de Myanmar en las reuniones ministeriales en el marco de la Conferencia post-ministerial de la ASEAN y del Foro Regional de dicha asociación (ARFPMC) no implicaría en nada su participación, en calidad de observador, en la próxima comisión mixta de cooperación UE-ASEAN, que se celebrará en noviembre de 1997, así como en otras reuniones en el marco institucional UE-ASEAN. 
El Consejo ha reafirmado que el ingreso de Myanmar en la ASEAN no significa que este país pase automáticamente a ser miembro de la Reunión Asia-Europa, es decir, la ASEM. 
En lo que respecta a la posible adopción de nuevas medidas contra Myanmar, el Consejo ha acordado volver en breve sobre esta cuestión y analizarla en función de los resultados de las reuniones ministeriales, ASEAN (Regional Forum post ministerial meeting) y de la evolución de la situación. 
Esta ha sido la posición que ha comunicado el Sr. Poos, Presidente del Consejo de la Unión Europea, a la ASEAN con motivo de la Conferencia post-ministerial de la ASEAN celebrada en Kuala Lumpur el pasado 28 de julio. 
Ante todo, quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su muy excelente respuesta, no obstante, hay aún un par de cosas sobre las que me gustaría preguntarle. 
¿Hay señales positivas en este crítico diálogo? 
¿Cómo se están desarrollando nuestras relaciones comerciales con la zona? 
¿No nos encontramos realmente desde el punto de vista político en una situación como la mantenida en su tiempo con Suráfrica en la época del apartheid, en la que Europa afortunadamente- aunque un poco tarde- comprendió que debería aplicar una presión fortísima poderosa para lograr modificar la situación en el país? 
Son los derechos humanos los que están en juego. 
Es la democracia la que está en juego. 
Y como usted sabe, la situación de los cargos elegidos por el voto popular en Birmania preocupa infinitamente a este Parlamento. 
Opino que usted utilizó palabras como: "se exhorta a» ," se exige respuesta» y otras por el estilo. 
Es quizá demasiado diplomático, siendo la situación tan grave como es. 
Ruego que me disculpe, Señoría, si he estado demasiado diplomático. 
Normalmente, en Luxemburgo, no tengo reputación de ser un gran diplomático, porque tengo la tendencia a decir siempre lo que pienso. 
Seré muy breve en mi respuesta a sus preguntas. 
Lamentablemente, en lo que respecta al progreso en el plano de la situación de los derechos humanos en Myanmar propiamente, creo que no ha habido mucho. 
Por otra parte, Señoría, me alegraría que dirigiera a la Comisión su pregunta sobre los intercambios comerciales. 
No estoy en condiciones de ofrecerle las cifras que a usted le interesan. 
No se trata de falta de voluntad, sino de la realidad. 
Volviendo a su pregunta sobre Sudáfrica relativa al hecho de presionar más, a título personal, creo poder afirmar que la política " del palo y la zanahoria» , como se conocía en los años 90-91, ha dado sus frutos. 
A pesar de que en un comienzo despertó fuertes polémicas entre nuestros amigos los países ACP-recuerdo una reunión ministerial en la que se impugnó esta política -, creo que al final ha dado sus frutos. 
Espero que suceda otro tanto en el caso del país que tanto le interesa. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, permítanme ustedes que, haciendo una interpretación generosa del Reglamento, invite al Presidente en ejercicio del Consejo a responder a la pregunta nº 10, es decir, volviendo un tanto hacia atrás. 
Se trata de la pregunta formulada por el Sr. Sören Wibe, que ahora se encuentra entre nosotros. 
Le invito a usted a que, si le es posible, responda usted a la pregunta. 
Pregunta nº 10 formulada por Sören Wibe (H-0618/97): 
Asunto: Evolución democrática en Europa 
En teoría, en la actualidad, todos los Estados de Europa son democráticos, lo que, desde un punto de vista histórico, constituye un fenómeno único. 
No obstante, existen diferencias en lo relativo al funcionamiento de la democracia, las libertades y los derechos democráticos, la seguridad legal, etc., y, si los examinamos detenidamente, algunos países muestran todavía ciertas escaseces. 
En la actualidad, este es el caso sobre todo de Croacia y Belarús. 
Sin duda, sus presidentes han sido elegidos democráticamente, pero la televisión y la radio han estado sometidas a un control tal que sólo el partido actualmente en el poder tuvo acceso a estos medios. 
Los electores no han recibido ninguna formación sobre el significado de la democracia. Toda su vida la han vivido bajo un régimen autoritario, desconocen sus derechos y no saben cómo deben comportarse e interpretar los mensajes políticos. 
¿Qué medidas se pueden adoptar para ejercer presión sobre los regímenes europeos que todavía utilizan métodos autoritarios ejerciendo un control estricto de los medios de comunicación? 
¿Ha considerado la Comisión la posibilidad de dirigir protestas diplomáticas y de imponer aislamientos económicos a los países, como Croacia y Belarús, que no respetan los derechos y las libertades democráticas fundamentales que deben reinar en las democracias europeas? 
Pueden estar completamente tranquilos, señoras y señores, en lo que se refiere a la flexibilidad del Presidente en ejercicio del Consejo respecto al procedimiento propuesto por el Sr. Presidente. 
Es cierto que la pregunta es de la máxima importancia, y me hago cargo perfectamente de lo ocupado que están los diputados. 
Yo también lo fui, hace algunos años. Por ello me someto con gusto a este ejercicio. 
Tratándose de los problemas que plantea su Señoría, señor Sören Wibe, creo que una pregunta sobre la evolución de la democracia en Europa merece una respuesta apropiada del Consejo. 
En primer lugar, en lo que se refiere al respeto de la democracia y de los derechos humanos, deseo asegurar al Sr. Wibe que siempre está en el centro de los principios fundamentales que defiende la Unión Europea y es un tema al que el Consejo presta especial atención. 
En los dos casos mencionados, Bielorrusia y Croacia, al igual que en otros, en los que estos valores se ven amenazados, el Consejo, manteniéndose alerta y decidido, se esfuerza por ejercer su influencia para promover, en la medida de lo posible, los valores democráticos. 
Quisiera dar cuenta de cuál es la situación en Bielorrusia. 
El Consejo sigue con viva preocupación la evolución de la situación en la República de Bielorrusia y se ha propuesto ejercer activamente su influencia sobre las autoridades del país para que garanticen el pleno restablecimiento y el respeto de las prácticas y los principios democráticos acordados a nivel internacional, así como la libertad de los medios de comunicación. 
En enero del presente año, la Unión Europea envió a Bielorrusia una misión de reconocimiento dirigida por un antiguo ministro de Justicia de los Países Bajos con el objetivo de investigar la legalidad de los referendos constitucionales de 1996, evaluar el cumplimiento del principio de separación de poderes y determinar si la oposición o los medios de comunicación fueron objeto de hostigamientos. 
La misión constató, en este sentido, graves irregularidades constitucionales y políticas en Bielorrusia. 
Habida cuenta de sus conclusiones, el Consejo definió, en febrero del presente año, el enfoque global en el que se inscribirían en un futuro las relaciones entre la Unión Europea y Bielorrusia. 
Además, en abril, el Consejo adoptó una declaración crítica y recordó que la cooperación entre la Unión Europea y Bielorrusia no podría continuar sin un esfuerzo convincente por parte de Bielorrusia para implantar un sistema político que se ajuste a las normas aceptadas a nivel internacional. 
Además, el Consejo ha exhortado a las autoridades de Bielorrusia a respetar el compromiso de iniciar consultas, en este sentido, con el decimotercero Sóviet Supremo elegido para que instituya una separación real de los poderes e inicie un diálogo en el seno del grupo de trabajo tripartito, compuesto por representantes del Gobierno de Bielorrusia, del decimotercero Sóviet Supremo y por expertos de la Unión Europea, del Consejo de Europa y de la OSCE. 
Ahora bien, el Consejo de 15 de septiembre, es decir, del pasado lunes, tuvo que constatar que, durante estos últimos meses, en Bielorrusia no se había logrado ningún progreso en el plano de las reformas políticas y económicas, y que la situación política y constitucional, así como las violaciones continuadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, en particular, la libertad de los medios de comunicación, continúan siendo motivo de grave preocupación. 
En abril del presente año, el Consejo adoptó conclusiones relativas a la aplicación de la condicionalidad con vistas a la puesta a punto de una estrategia coherente de la Unión Europea, aplicable a las relaciones con los países del sudeste de Europa que no mantienen relaciones con la Unión Europea mediante acuerdos de asociación, en este caso, Bosnia-Herzegovina, Croacia, la República Federal de Yugoslavia, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania. 
Al objeto de consolidar la paz y la estabilidad en la región, y contribuir a su recuperación económica, la Unión Europea tiene intención de establecer relaciones bilaterales con los países de la región, en un marco que favorezca la democracia, el Estado de derecho, el establecimiento de normas más estrictas en materia de derechos humanos y de los derechos de las minorías, la transición a la economía de mercado y el fortalecimiento de la cooperación entre estos países. 
En el anexo a las conclusiones, el Consejo ha incluido elementos para analizar el cumplimiento de las condiciones relativas a los principios democráticos, los derechos humanos, el Estado de derecho, el respeto y la protección de las minorías y la transición a una economía de mercado. 
En esta lista, el Consejo ha incluido, explícitamente, la libertad de expresión, en la que se circunscribe la libertad de los medios de comunicación independientes. 
Puedo asegurarle, señor Presidente, señoras y señores, que la Unión Europea sigue muy de cerca y evalúa regularmente los avances que los países de la región, incluido Croacia, realizan para satisfacer los requisitos de condicionalidad. 
Como recordó el Consejo durante la sesión de los días 16 y 17 de junio en Amsterdam, el respeto estricto de los derechos humanos y de los derechos de las minorías en todos los países, incluida la repatriación de las personas desplazadas y de los refugiados, sigue siendo una condición indispensable para una mejora de las relaciones entre la Unión Europea y Croacia. 
El establecimiento progresivo de las condiciones recogidas en las conclusiones de 29 de abril, permitiría el fortalecimiento progresivo de las relaciones, bajo reserva, naturalmente, de una evaluación política y económica global y permanente, en el transcurso de la misma, se juzgará la situación de cada país, incluida Croacia, sobre una base individual. 
Además, la Unión Europea continúa exigiendo a Croacia y a los demás países de la región, el respeto de las libertades y de los derechos democráticos fundamentales que, en nuestra opinión, deben prevalecer en las democracias europeas. 
En primer lugar, deseo dar las gracias por la generosidad con que se me trata. 
A pesar de haber llegado tarde, se me ha dado respuesta y derecho a réplica. 
También quiero darle las gracias al Presidente del Consejo por una respuesta que considero muy exhaustiva. 
Por lo que respecta a los planes para Belarús, yo no conocía los detalles. 
Es evidente que en este caso también nos hemos mostrado «duros» para ejercer presión sobre el régimen político. 
Creo verdaderamente que éste es el lenguaje que entienden los líderes de Belarús. 
No obstante, hay un aspecto que no he comprendido de su respuesta, y por ello tengo la siguiente pregunta complementaria: ¿Hay previsto algún medio de presión económica para el régimen de Croacia? 
En este contexto global, creo haber destacado, en dos o tres ocasiones, el concepto de condicionalidad. 
También he hecho hincapié en el hecho de que los países del sur de Europa que no mantienen relaciones con la Unión Europea mediante un acuerdo de asociación, en particular, Bosnia-Herzegovina y Croacia, estarían sujetos a dicha condicionalidad que, naturalmente, incluye también el capítulo " intercambios económicos». 
Señor Presidente, Croacia es una democracia joven, que todavía sufre las secuelas de una guerra. 
Sin duda es mucho lo que debería mejorarse allí. 
Sin embargo, yo considero inadmisible que se la equipare con Belarús, que es una dictadura. 
Sobre todo, yo quiero manifestar que el señor Presidente del Consejo se ha referido con razón a los derechos humanos y los derechos de las minorías- yo también soy un gran defensor de los derechos de las minorías -, pero lo ha hecho el mismo día que uno de los mayores Estados miembros de la Unión Europea acaba de declarar que no ratificará la Convención sobre derechos de las minorías del Consejo de Europa. 
Debemos procurar no caer en una situación de doble rasero y no aplicar una doble moral. 
Yo ya fui ponente para el Acuerdo de asociación con Eslovenia y pienso que en cualquier caso es importante que se establezca pronto un Acuerdo de asociación con Croacia; precisamente los eslovenos, que han tenido tensiones con Croacia, han manifestado que la aproximación y vinculación de Croacia a la UE redundaría también en interés de dicho país. 
Diré, brevemente, que comparto totalmente el enfoque de su Señoría, de que existe una diferencia, opinión que comparte el Consejo, entre Bielorrusia y Croacia. 
Creo que estamos de acuerdo en ese punto. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 11 caduca. 
Señor Wohlfart, es un peligro crear precedentes y usted y yo hemos caído en la complicidad de crear un precedente. 
Ahora resulta que tenemos el honor de que se encuentra entre nosotros el Sr. Alavanos, que ha formulado la pregunta nº 12 que, en el orden cronológico y desde un punto de vista reglamentario estricto, hubiera decaído. 
Pero yo le propongo que, ya que hemos hecho una excepción, hagamos una segunda y le pediría que tenga la amabilidad de responder a la pregunta. 
Pregunta nº 12 formulada por Alexandros Alavanos (H-0632/97): 
Asunto: Declaración común de Turquía y de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC) 
El 19 de julio de 1997, se firmó una declaración común entre Turquía y la denominada «República Turca del Norte de Chipre» (RTNC) , en la que figuran las siguientes disposiciones: 
» En toda reunión internacional que revista interés para Chipre, participarán en las representaciones de Turquía, representantes de la «RTNC». 
Para ello, ambos «Estados» ratificarán un acuerdo-marco así como un protocolo de cooperación de los «Ministerios de Asuntos Exteriores». 
Para limitar las repercusiones sobre la economía de la «RTNC» del embargo injustamente impuesto, se establecerá una unión económica y financiera entre Turquía y la «RTNC».» 
¿Puede el Consejo indicar si acepta, en el caso de que se solicite la participación de una representación de Turquía, la posibilidad de que figuren en ella representantes de la «RTNC» y qué medidas piensa tomar para que se siga prohibiendo la importación de productos procedentes de la zona ocupada de Chipre en el mercado comunitario? 
Seor Presidente, le doy las gracias, tanto por haber sentado las bases para que se pueda debatir mi pregunta, como por la prudencia con la que han afrontado el tema usted y el Sr. Ministro. 
Agradezco igualmente al Sr. Ministro la respuesta tan completa y positiva que ha dado a mi pregunta. 
De paso quisiera proponer una cuestión completamente relacionada; en concreto, el hecho de que Ankara decidiera la semana pasada no admitir en sus puertos barcos con la bandera chipriota, con la bandera de la República de Chipre. 
Es decir, desde la semana pasada está prohibido que se acerquen a los puertos turcos barcos con la bandera de la República de Chipre, o sea, de un país vinculado a la Unión Europea, de un país que se halla bajo su integración en la Unión Europea. 
Hasta hace poco nos acercábamos. ¿Cree que esta acción está acorde con el espíritu de la Unión Aduanera y del respeto a los principios básicos que la rigen? 
Bajo reserva de información complementaria por parte de los servicios competentes, si lo que acabamos de oír resulta ser cierto, será completamente inadmisible. 
Pregunta nº 14 formulada por Christine Oddy (H-0638/97): 
Asunto: Asesinato en Sri Lanka 
¿Está al corriente el Consejo del asesinato del Sr. A. Thanqathurai, diputado al Parlamento de Sri Lanka e importante dirigente del Frente Unido de Liberación Tamil (TULF) , una organización comprometida con la no violencia en el ámbito político? 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para presionar en favor de una solución pacífica a la escalada de violencia en Sri Lanka? 
En calidad de Presidente del Consejo, tomo nota del continuo interés de su Señoría por la situación en Sri Lanka, en particular, en lo que se refiere al cumplimiento, o mejor dicho, incumplimiento de los derechos humanos. 
No obstante, el Consejo no ha tenido aún conocimiento de los trágicos y lamentables sucesos a los que su Señoría hace referencia en su pregunta. 
En cuanto a la posición de la Unión Europea sobre la situación de guerra civil en Sri Lanka, su Señoría encontrará de utilidad remitirse a las respuestas dadas a las preguntas que usted misma formuló durante los períodos parciales de sesiones de mayo y julio pasados. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por sus amables observaciones y por su interés. 
Sin embargo, la situación no mejora. 
Continuamente hay atrocidades en ambos lados y se está estrujando a la población civil. 
¿Haría uso el Presidente en ejercicio de sus buenos oficios para intentar facilitar algún tipo de proceso político de paz a alto nivel, quizá por mediación de Mary Robinson, que es ahora representante de derechos humanos para las Naciones Unidas? 
Al leer la respuesta a la pregunta de la Sra. Oddy, acabo de observar que la práctica totalidad de los temas abordados hoy, ya sea en las declaraciones o en las preguntas que me dirigen para que ofrezca una respuesta, tratan todos ellos de violencia, terrorismo e incumplimiento de los derechos humanos. 
Es algo que me entristece enormemente. 
En lo que se refiere a la propuesta de la Sra. Oddy de por qué no examinar la posibilidad de encargar a Mary Robinson una misión especial encaminada a promover el acercamiento entre ambas partes, y a poner fin al conflicto que sacude a este país, estoy completamente abierto a esta propuesta. 
Además, en mi calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, me reuniré con la Sra. Robinson con ocasión de la Asamblea anual de las Naciones Unidas en Nueva York. 
Este será uno de los temas de la reunión. 
Le agradezco su propuesta. 
Pregunta nº 15 formulada por Richard Howitt (H-0646/97): 
Asunto: Representación regional en reuniones 
¿Puede el Consejo especificar en cuantas ocasiones y en relación con qué asuntos han asistido a las reuniones del Consejo representantes de los gobiernos regionales en lugar de representantes del gobierno central desde la ratificación del Tratado de Maastricht? 
Considerando las actuales tendencias en el Reino Unido hacia el reconocimiento de la autonomía para Escocia y Gales y también la propuesta de establecer cámaras regionales en Inglaterra, ¿puede el Consejo confirmar que acoge favorablemente la participación en sus reuniones oficiales de representantes de las regiones en lugar de los representantes del gobierno central? 
Mi respuesta es la siguiente: sin perjuicio del primer párrafo del artículo 146 del Tratado de la CE, que prevé que el Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, en este caso un ministro, facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado miembro, y establece las normas relativas al quórum que, como ustedes saben, exige una presencia mínima del Consejo para que éste pueda celebrar una votación, corresponde a cada miembro del Consejo componer su delegación de la manera que le parezca más apropiada. 
En consecuencia, sobre el rango ministerial, el artículo 146 dispone que un Estado miembro puede hacerse representar por un ministro regional a condición, naturalmente, de que tenga facultad para comprometer al Gobierno de dicho Estado miembro. 
No creo haber registrado tanto detalle en la respuesta como quizás esperaba cuando hice la pregunta inicialmente. 
Sabemos, por supuesto, que los miembros belga y alemán de la Unión Europea como mínimo han enviado ministros de gobiernos regionales de su país a las reuniones del Consejo. 
Quizá habría que hacer un ejercicio para contar las ocasiones en que esto está teniendo lugar en esos Estados miembros o en otros para demostrar que los gobiernos regionales pueden desempeñar en la Unión Europea una función de acercar nuestras decisiones a los ciudadanos y mejorar el proceso de toma de decisiones. 
En el contexto de lo anterior y de mi pregunta, a la que he observado que el Presidente en ejercicio no se ha referido, ¿acogería él ahora favorablemente la decisión que se ha tomado en Escocia mediante el referéndum de apoyar a un Parlamento escocés? 
Mañana habrá un referéndum en Gales en el que la gente tendrá la oportunidad de decidir si instaurar su propia asamblea legislativa. 
¿Se unirá a mí el Presidente en ejercicio para dar la bienvenida a esto y estará de acuerdo conmigo en que demuestra que los países y regiones del Reino Unido por fin están ocupando su lugar en la Europa de las regiones? 
No solamente en el mapa regional del Reino Unido, señor Presidente. 
Me satisface poder ofrecer un elemento de información complementaria a su Señoría, que se trata de la participación de los ministros regionales en las sesiones del Consejo. 
Puesto que existe, ¿por qué no hacerla extensiva también a otras regiones en función de los deseos de los diferentes Estados miembros soberanos? 
Desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, la delegación de dos de los miembros del Consejo estuvo, en treinta ocasiones, compuesta exclusivamente por uno o varios ministros regionales. 
En 37 ocasiones, el o los ministros federales estuvieron acompañados de ministros regionales. 
Las formaciones del Consejo fueron las siguientes en 67 ocasiones: Cultura, Educación, Industria, Juventud, Proteción Civil, Investigación, Transportes, así como Trabajo y Asuntos Sociales. 
Querría dar las gracias al Presidente en ejercicio por su muy completa respuesta. 
Como único diputado escocés presente y que votó doble sí en el referéndum de la semana pasada, querría decir que estamos especialmente interesados, sobre todo en lo que respecta a un área que no ha mencionado, concretamente la de pesca. 
Tres cuartas partes de las capturas del Reino Unido se desembarcan en Escocia. 
La pesca es una de las competencias que se transferirán al posible Parlamento escocés. 
Así que la situación será que en agricultura y pesca se transferirán las competencias del Parlamento nacional al Parlamento escocés. 
Por lo tanto, ¿qué pensaría el Presidente en ejercicio acerca de que un ministro de pesca escocés, que no tendría que ser necesariamente del mismo partido que el Gobierno del Reino Unido- asistiera a los Consejos de pesca y agricultura? 
Muchas gracias, señor McMahon. 
Tiene la palabra el Sr. Wohlfart para comentar la pregunta del Sr. McMahon si lo desea, claro está. 
Una pregunta muy interesante. 
Debo confesarle que no soy pescador, aunque creo que la pregunta va más allá de la pesca deportiva. 
Si existe un acuerdo entre el gobierno del land y el futuro gobierno regional, ¿por qué no? 
Si hay transferencia de competencias en beneficio de nuestro futuro colega escocés, que será el responsable de Pesca, no habrá ningún problema, aunque pertenezca a un partido distinto de aquel del Primer Ministro. 
No sé. 
De todas maneras, se impondrían las normas de la democracia. 
Pregunta nº 16 formulada por Bernd Posselt (H-0648/97): 
Asunto: Ingreso de la República Checa en la Unión Europea 
No obstante el Acuerdo Europeo y los esfuerzos por ingresar en la Unión Europea, la República Checa quiere seguir bloqueando la compra de bienes inmuebles por parte de extranjeros, es decir, también por parte de ciudadanos de la UE, y además quiere impedir que los ciudadanos de la UE participen en la privatización de la propiedad agraria. 
¿Qué opina la Presidencia del Consejo al respecto, especialmente teniendo en cuenta las condiciones de otro tenor que se impusieron a Eslovenia ya en el momento del Acuerdo de asociación? 
¿Cómo cuadra esa postura con la estrategia de preparación del ingreso? 
Las preguntas de su Señoría sobre la posibilidad de que extranjeros compren bienes inmuebles y terrenos agrícolas en la República Checa ya fueron tratadas durante las negociaciones sobre la conclusión de un Acuerdo Europeo de asociación con este país. 
Por petición de la parte checa, la parte comunitaria aceptó incluir en el capítulo sobre el derecho de establecimiento (artículo 45 y sucesivos) una serie de excepciones al principio general del tratamiento nacional que la República checa debe conceder a las empresas y los nacionales comunitarios. 
Así, la posesión, la utilización, la venta y el alquiler de bienes inmuebles forman parte de las excepciones del Anexo 16b, que fueron concedidas a la República Checa hasta que finalice el período transitorio y la entrada en vigor del acuerdo. 
En cuanto a la compra y venta de terrenos agrícolas y de bosques, figura entre las excepciones del Anexo 16c, que tienen carácter permanente. 
Hay que observar, por otra parte, que los acuerdos europeos celebrados con otros países de la Europa central y oriental contienen cláusulas similares. 
En lo que se refiere a las perspectivas de adhesión de la República Checa a la Unión, de conformidad con las conclusiones de la Cumbre de Amsterdam, el Consejo Europeo de Luxemburgo del próximo mes de diciembre tomará las decisiones necesarias relativas a todo el proceso de ampliación sobre la base de un informe detallado del Consejo de Asuntos Generales, que recogerá las opiniones sobre las solicitudes de adhesión, así como sobre la Agenda 2000. 
El Consejo toma nota de las observaciones de su Señoría y las tendrá en cuenta durante el proceso de negociación de cara a la adhesión. 
Muchas gracias, señor Presidente, por su respuesta tan precisa. 
Sólo quisiera añadir que en el caso del Acuerdo de asociación con Eslovenia se establecieron unas condiciones especiales y yo pienso que las condiciones establecidas en el contexto de las negociaciones para la adhesión difícilmente pueden quedar por detrás de las fijadas para la asociación con Eslovenia. 
Éste es el primer punto al que quería referirme. 
El segundo es la pregunta concreta de si algún Estado miembro o varios Estados miembros han planteado este tema en el Consejo o si sólo empezará a tratarse en Luxemburgo. 
En el caso de Eslovenia se ha aplicado una solución diferente. 
A continuación, en lo que respecta a la República Checa y otros países que han suscrito acuerdos de asociación, los problemas, en opinión del Consejo, son similares, pero aparecen en contextos diferentes. 
Creo que es mi primer elemento de apreciación. 
En cuanto a la cuestión de saber si otras delegaciones ya han planteado, en el seno del Consejo de Asuntos Generales, el problema al que usted hace referencia en su pregunta complementaria, debo confesar que no participo en todos los Consejos de Asuntos Generales. 
No obstante, que yo sepa, este problema aún no se ha planteado. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 17 caduca. 
Pregunta nº 18 formulada por Bertel Haarder (H-0658/97): 
Asunto: Fraude en detrimento de los intereses financieros de la UE 
Los Estados miembros tienen la obligación de informar sobre las irregularidades cometidas en relación con la gestión de los intereses financieros de la UE. También son responsables de recuperar todos los importes pagados indebidamente. 
En relación con estos importes, la experiencia muestra que los Estados miembros no siempre cumplen esta obligación. 
¿Cómo explica el Consejo que sólo haya sido reembolsado a la Unión Europea un tercio de los importes relacionados con casos de fraude cometidos en el período anterior a 1993, lo que supone un desprecio absoluto hacia el artículo 209 A del Tratado? 
¿Puede garantizar el Consejo que no se obstaculizará la acción de la Comisión cuando utilice todos los medios de que dispone para recuperar los importes pagados indebidamente? 
Es una situación completamente fantástica ésta a la que nos enfrentamos. 
El Consejo ha hablado una y otra vez de nuestro deber a la hora de combatir el fraude en la Unión y se revela que casi todos los países evitan colaborar en esta lucha contra el fraude y que no ayudan reembolsando a la Unión los importes pagados indebidamente. 
Planteo esta pregunta, porque sé que la señora Comisaria Anita Gradin se siente muy sola en este asunto. 
Siente que no obtiene ayuda desde el Consejo y por este motivo me gustaría preguntarle a usted, Sr. Wohlfahrt: ¿Querría comprometerse a ocuparse de este asunto en algún momento durante la presidencia luxemburguesa y echarles un rapapolvo a los ministros, pedirles que vuelvan a casa y hacerles reembolsar a la Unión el dinero que adeudan? 
Es lo mínimo que se puede pedir si se quiere hablar de lucha contra el fraude. 
El Sr. Haarder sobrestima un poco mis capacidades ministeriales para la recuperación fiscal. 
No obstante, me esforzaré en darle satisfacción en lo que respecta a las intenciones del Consejo, porque se trata, creo, de una cuestión que interesa no solamente al Parlamento Europeo y a la Comisión, sino también a nuestros contribuyentes. 
Quisiera, en primer lugar, referirme a las conclusiones adoptadas por el Consejo Ecofin. 
Tengo el documento delante, y puedo garantizar al Sr. Haarder que contiene elementos que deberían, en parte, satisfacerle. 
Pero no lo leeré ahora, porque el tiempo apremia. 
No obstante, puedo hacerlo llegar al Sr. Haarder, y le recordaré que nuestro Primer Ministro luxemburgués, Sr. Jean-Claude Juncker, es también ministro de Finanzas. 
Conociéndolo, no dudará en hacer de la recuperación de los importes pagados indebidamente uno de sus caballos de batalla, tanto más, cuando acaba de encargar a un diputado luxemburgués que redacte un informe exhaustivo sobre el fraude fiscal en nuestro país. 
Pregunta nº 19 formulada por Concepció Ferrer (H-0670/97): 
Asunto: Respeto de las normas sociales 
El ministro de Asuntos Sociales y de Trabajo Ad Melkert propuso la posibilidad de celebrar dos días antes del Consejo de junio una reunión en Ginebra de los ministros de Asuntos Sociales y Trabajo de la UE con sus homólogos asiáticos para tratar la cuestión del respeto de las normas sociales y sobre la ampliación de los procesos de control de la OIT, en consonancia con los acuerdos de Singapur. 
¿Puede explicar el Consejo si finalmente tuvo lugar esta iniciativa? ; En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los resultados de dicho encuentro? 
Puedo comunicar a su Señoría que, efectivamente, el ministro Sr. Ad Melkert, en su calidad de Presidente del Consejo de Trabajo y Asuntos Sociales, se entrevistó el 10 de junio de 1997 en Ginebra con los representantes de algunos países asiáticos, en el marco de la conferencia de la OIT. 
El tema principal del intercambio de opiniones que se produjo en esta ocasión giró en torno al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. 
El Sr. Melkert informó sobre estas conversaciones a sus colegas en el Consejo del pasado 27 de junio, e hizo hincapié en la utilidad de estos contactos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por su respuesta. 
Lo que ocurre es que, teniendo en cuenta la importancia que este Parlamento ha dado y está dando al cumplimiento de las normas sociales mínimas que preconiza la OIT, y, en la medida en que estas normas sociales están ligadas al respeto de los derechos fundamentales, de la libertad de sindicación, de la supresión del trabajo forzado y del trabajo infantil, pediría que impulsaran este diálogo, que no se contentaran simplemente con informaciones, con intercambios de opinión, sino que realmente hubiera un esfuerzo decidido, porque en ello nos va, precisamente, el que podamos ser fieles a uno de nuestros objetivos fundamentales, que es impulsar el respeto de los derechos humanos, defender el modelo social europeo. 
Y, no olvidemos tampoco, defender los puestos de trabajo de muchos de nuestros trabajadores, ya que ésta es la causa- una de las causas- de la deslocalización de nuestras empresas. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas nº 20 y nº 21 caducan. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 18.59 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Libro Verde del comercio 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0254/97) del Sr. Garosci, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Libro Verde de la Comisión relativo al Comercio (COM (96) 0530- C4-0646/96). 
Señor Presidente, señor Comisario, ésta es una noche toda para mí o, mejor dicho, toda para el comercio. Creo que el asunto objeto de debate merece esta sesión especial, dedicada al sistema distributivo y al Libro Verde elaborado por la Comisión. 
El Libro Verde del comercio, de hecho, se terminó a finales de 1996, tras casi dos años de preparación. 
Es un documento importante, sobre todo por dos motivos: se trata del primer texto global elaborado por las Instituciones europeas sobre un sector que ha sido subestimado y poco conocido en todas sus formas, un sector que ha ofrecido y puede ofrecer mucho a la economía y al ámbito social, un sector que hubiera merecido ser abordado con más rapidez y analizado en su entidad y potencialidad y cuya infravaloración ha causado la pérdida de enormes oportunidades empresariales y laborales. 
Son suficientes pocas cifras para recordar la importancia del comercio. 
Es la segunda fuente de empleo en la Unión Europea en orden de importancia: con 4, 5 millones de empresas comerciales- un tercio de todas las empresas europeas -, el 95 % de las cuales tiene menos de 10 empleados, 22 millones de puestos de trabajo directos- el 16 % de la población activa europea -, el 55 % de los empleados en el sector de venta al por menor constituido por mujeres, 3, 4 millones de empresas al por menor que emplean a 15 millones de personas; 1, 1 millones de empresas al por mayor que cubren 7 millones de puestos de trabajo y el 13 % del valor añadido de la economía europea. 
El Libro Verde, en consecuencia, es el resultado de una atención política y operativa por el comercio que, a partir de 1994, ha implicado sobre todo a las Instituciones comunitarias, hasta entonces más atentas a otros sectores económicos y a otras dimensiones empresariales, que no privilegiaban, desde luego, el comercio ni las pequeñas y medianas empresas. 
En efecto, es en las dimensiones pequeña y mediana donde el comercio encuentra su principal difusión y es gracias a la atención y al creciente empeño de la Dirección General XXIII que se ha logrado finalmente realizar un documento que constituye un análisis y una valoración de la entidad y las oportunidades del segundo sector económico de la Unión Europea. 
La Dirección General XXIII, precisamente por sus competencias- comercio, turismo, pequeñas y medianas empresas- deberá ser reforzada, del mismo modo que se están reforzando los sectores de los que se ocupa, para mantener un cada vez más continuado contacto con las indispensables estructuras consultivas que representan al comercio (Comité Económico y Social, Comité de Comercio y Distribución) , cuyo número de participantes también debe ser reforzado, precisamente para permitir que cualquier Estado y cualquier fórmula comercial pueda estar representada en Europa en este sector tan sumamente importante para el futuro económico y social. 
Es indiscutible, en efecto, que el comercio tiene un valor social que no tiene parangón en los demás sectores. 
Históricamente, ha sido siempre alrededor de los cafés, las tiendas y los talleres donde se ha reunido la comunidad y, aún hoy en día, es en los centros históricos y en los centros comerciales donde puede encontrarse una vitalidad de composición extraordinaria. 
De ahí la necesidad, percibida en el Libro Verde, de prestar atención y recursos a las distintas formas de distribución comercial. 
En última instancia, será el consumidor quien realice su elección entre las distintas oportunidades que el mercado le ofrece: puntos de venta pequeños, medianos o grandes, especializados o multiespecializados, tradicionales o de autoservicio, de barrio o en la periferia urbana. 
Las opciones dependerán de las distintas composiciones sociales: jóvenes, ancianos, familias, solteros, etcétera. 
El comercio debe ofrecer una respuesta a todas estas demandas, intentando además anticiparse e interpretar los cambios del consumidor final, que tiene el derecho de hallar todas las formas de distribución. 
Voy a mencionar rápidamente los sectores en los que el comercio está interesado y con respecto a los que el comercio debe manifestar su posición. 
Pienso en la asociación entre pequeños y medianos operadores, una mejor relación entre la venta al por mayor y al por menor, la función de las empresas que fabrican productos conocidos, el papel de la producción industrial y agrícola, la colaboración entre el turismo y los servicios, el crecimiento tecnológico y la difusión del comercio electrónico, el contexto internacional y la importancia de las sociedades comerciales, la recuperación de los centros históricos con una programación urbanística más adecuada, la protección del medio ambiente mediante, entre otras cosas, envases y sistemas logísticos más eficaces, la venta directa, el comercio justo y solidario, el desarrollo de nuevos y modernos métodos comerciales como la franquicia y las ventas por correo. 
A través del Libro Verde del comercio se pide a todas las instituciones, públicas y privadas, y a los protagonistas del mercado, pequeños y grandes, que recojan la invitación al debate, para permitir, en dos años, la realización de un Libro Blanco definitivo. 
Los Gobiernos de los Estados miembros, a pesar de su diversidad, protegida por el principio de subsidiariedad, deberán ser los primeros en asumir las indicaciones del Libro Verde para uniformar en lo posible y programar todo el sistema comercial de su propio país. 
Por si no bastaran los cambios económicos y sociales actuales, además deberán empezar a funcionar con una moneda única europea inmediatamente o en un futuro próximo. 
Un instrumento que sólo tendrá éxito si es acogido y apoyado oportuna y plenamente por el mundo comercial. 
El ciudadano europeo, de hecho, en su calidad de consumidor, descubrirá el euro no en los bancos, sino en las tiendas, los supermercados, las agencias de viaje, los restaurantes, y deberá encontrar ahí a un empresario, un funcionario, una cajera capaces de explicarle el funcionamiento de la moneda única. 
Cuanto antes se comprenda el euro, menores serán los costes de su introducción, que no podrán recaer, de ningún modo, sobre los hombros del consumidor final. 
En efecto, es al consumidor a quien, cada día, millones de empresarios y sus colaboradores dedican todos sus esfuerzos con productos y servicios cada vez más cercanos a un mercado cambiante. 
Señor Garosci, he respetado su esfuerzo y le he permitido que se excediese en el tiempo, ya que hoy ello es posible, pero no me gustarían las exageraciones. 
Señor Presidente, el ponente ha indicado con razón que no se ha prestado la suficiente atención al sector del comercio pero que no se debería infravalorar la importancia política de este sector tanto para la economía como para el empleo. 
Las cifras que ha mencionado, 4, 5 millones de empresas con 22 millones de puestos de trabajo, que generan por término medio el 13 % del valor que se crea en la UE, son impresionantes y son motivo para que recapacitemos, pues además el informe sobre el empleo que elaboró la Comisión Europea el último año constata que el empleo se está estancando también en este sector. 
Por ello, hay que observar con preocupación la evolución de las pequeñas y medianas empresas en este sector del comercio, que van cediendo cada vez más el paso a las grandes empresas y cadenas comerciales. 
Sabemos que son las pequeñas y medianas empresas las que crean empleo, no solamente en el sector de la producción industrial sino también en el del comercio. 
Por estos motivos, tenemos que seguir observando la situación del comercio y recapacitar sobre qué estrategias se pueden desarrollar en este campo. 
A la postre, el sector del comercio es de importancia central tanto para el mercado interior como para las relaciones exteriores de la Unión Europea. 
Creo el Libro Verde no se ocupa lo suficientemente a fondo de las diferencias en el sector comercial. 
Permítanme que haga en este contexto una observación: tras tanto tiempo y tras tan largas experiencias, habría sido oportuno no presentar primero un Libro Verde sino directamente un Libro Blanco. 
No se trata de exponer conocimientos, pues esto se ha hecho muy bien en el Libro Verde sobre el comercio, sino de la necesidad de actuar a nivel europeo. 
Junto a la modernización del comercio minorista, el problema del comercio electrónico, lo que se refleja también muy bien en el informe del ponente, se trata sencillamente de la orientación de futuro de este sector. 
Por ello, habría deseado que en el Libro Verde se hubiese recapacitado mucho más sobre las posibilidades de actuar en lugar de limitarse fundamentalmente al análisis. 
En el último sector, muchos aspectos se han tratado insuficientemente. 
Precisamente ante la crisis de confianza que podemos constatar actualmente en casi todos los agentes económicos del mercado interior, el comercio cobra una especial importancia pues la demanda del mercado interior es, sin duda, un importante elemento para el crecimiento y el empleo. 
La transformación estructural, los cambios debidos a la sociedad de la información, las nuevas tecnologías así como la pérdida de competitividad y la desaparición de un suministro que llegue a todos los lugares debido a los procesos de concentración, en especial en el comercio minorista, han transformado el comercio en la Unión Europea. 
Hay que reaccionar ante estas modificaciones. 
Tenemos que saber qué es lo que queremos lograr en este sector. 
El fuerte desarrollo que están experimentando los centros comerciales de grandes superficies, que en su mayoría son proyectados por grandes cadenas comerciales, no se debe enjuiciar sólo positivamente como una forma de atender el suministro, sino también críticamente pues, a la postre, muchas pequeñas empresas comerciales van a cerrar, tal como se ha indicado. 
Se mueren. No sólo en las ciudades sino ante todo en las regiones rurales. 
La Comisión de las Regiones llama la atención no sin razón sobre los problemas que existen en especial en las regiones desfavorecidas. 
Por todo ello, hay que encontrar nuevas respuestas a los desafíos que han surgido como consecuencia del traslado de la producción, de la internacionalización de la producción, del desarrollo urbano y rural así como del transporte y de la protección del medio ambiente. 
Naturalmente, el aumento de la proporción de mercado que controlan las empresas comerciales punteras ha agudizado esta tendencia. 
El mercado interior persigue con razón el objetivo de la integración del mercado. El nuevo plan de acción para el mercado interior lo subraya. 
Pero independientemente de esto, se quieren evitar distorsiones del mercado y hacer posible la competencia. 
El comercio desempeña un papel creciente en la relación existente entre la producción y las ventas. 
No obstante, el deseado aumento de la transparencia y de la competencia en el mercado interior puede irse al traste debido al aumento de las cadenas comerciales y sus fusiones, lo que no puede ser en el sentido del mercado interior y de su desarrollo. 
Asignamos con toda razón al comercio otras tareas. Esto es en especial aplicable a su dimensión ecológica, social y de la protección del consumidor. 
Por motivos de competencia, hay que regular de un modo jurídicamente vinculante la obligación de etiquetado a nivel europeo. 
Aquí no hay sitio para la subsidiariedad. 
La mejora de la dimensión ecológica es irrenunciable; lo mismo es aplicable a la dimensión social, en especial en el sector del empleo en precario que afecta en particular a las mujeres. 
Permítanme que realice una observación sobre el comercio y su importancia para el futuro de la Unión Europea. 
Sabemos que dentro de poco se va a introducir el euro. 
Como ha dicho el ponente, el comercio va a tener un significado tan importante como el sector de los servicios financieros. 
En este campo, sus tareas son enormes pues está en contacto directo con el cliente y aquí hay que solucionar cuestiones muy prácticas. 
No debemos dejar que el comercio soporte en exclusiva los costes. 
Por otro lado, precisamente por motivos de protección del consumidor, va a ser importante imponer también al comercio determinadas obligaciones de etiquetado doble de precios que, por motivos económicos empresariales, deberán solucionarse de modo que el comercio pueda superar los requerimientos que se le planteen. 
En cualquier caso, quiero rogar a la Comisión que integre el sector del comercio del modo más rápido y amplio posible en el plan de acción del mercado interior y en los programas y planes para el fomento de las pequeñas y medianas empresas y que lo apoye mediante iniciativas especiales. 
Señor Presidente, la envergadura del sector ya ha sido comentada en detalle. Así que no voy a repetirlo todo. 
No obstante, existen pocos sectores tan dinámicos como el del comercio. A modo de ejemplo, voy a citar los avances en el ámbito del comercio electrónico. 
Aunque en los Estados Unidos las evoluciones se dan con mayor rapidez que en Europa, se están vislumbrando los primeros cambios de los patrones compartidos, principalmente, en el comercio de discos y de libros. 
El comercio electrónico ha de ir aparejado con un nuevo sistema de pago que, para triunfar, necesita la confianza tanto del consumidor como del empresario, a fin de que éste decida invertir. 
Tal vez la Comisión pueda aportar su granito de arena para crear un soporte en el que pueda apoyarse dicha confianza. 
Cuando hablamos de la distribución comercial, nos referimos a un sector lleno de contradicciones, de cadenas de grandes almacenes, cadenas de comercios al por menor, cadenas de franquicia y de empresarios autónomos que se mantienen en pie gracias a una calidad y especialización notables y que a veces, se agrupan en, por ejemplo, diversas cooperativas de compra. 
No obstante, en cuanto a los sistemas de pago, esos mismos empresarios autónomos tienen que asumir cambios gigantescos, tales como el euro y el monedero electrónico. 
Este sector se rige por la legislación más compleja del mundo en materia de higiene alimentaria, medio ambiente y, en particular, de competencia junto con los que luchan a escala nacional contra los cárteles. 
Y encima, dificultamos al máximo la cooperación entre esos empresarios autónomos. 
Las obligaciones administrativas y fiscales, pongamos por ejemplo el IVA, se han convertido en una carga casi insoportable. 
Todo el mundo reconoce que este sector se beneficiaría de un nuevo sistema del IVA. 
¿Puede indicar el Comisario si se ha logrado algún avance con respecto a los problemas con los Estados miembros en este ámbito que, hasta la fecha, han obstaculizado la introducción del nuevo sistema? 
Y estos problemas no son pocos. 
En la actualidad, todavía no disponemos de un punto de vista europeo sobre lo que está sucediendo en el mercado, ni sobre los rápidos cambios del mercado rural. En las zonas rurales, los productores y el propio sector de distribución, como reacción recíproca, se agrupan en coaliciones siempre alternantes, con el fin de mantener su posición mutua en las negociaciones relativas al precio, a la calidad y al lugar de sus marcas en las estanterías de los supermercados. 
Por otra parte, en lo tocante a esta posición de poder, y me gustaría llamar la atención del Comisario sobre este particular, creo que en los Países Bajos todavía quedan algunas cadenas. 
Así que allí se observa que la libre competencia desemboca finalmente en monopolios, lo cual obviamente nunca puede haber sido el propósito. 
La introducción del euro afectará a todos los sectores. No obstante, tendrá una repercusión desmesurada sobre el comercio. 
Es obvio que el sector de la distribución será el lugar en el que el euro se pondrá en circulación, se retiren las divisas antiguas y se lleven a cabo una multitud de adaptaciones, sin que dicho sector pueda beneficiarse de un efecto de recuperación como es el caso de las empresas de importación y exportación. Todo lo cual implica unos gastos desproporcionados para el comercio. 
Por tanto, me gustaría pedir a la Comisión que inste a los Estados miembros a posibilitar, a partir del año 1999, reservas fiscales y partidas deducibles más amplias. 
Las subvenciones tienen un carácter demasiado burocrático y no irán a parar al bolsillo del empresario que asume el riesgo. 
No creo en las subvenciones. 
Es más, tal y como manifestó Christa Randzio-Plath, el sector de distribución está llamado a desempeñar un papel en la cohesión social. 
Extensas zonas rurales y barrios urbanos abandonados pierden su calidad de vida debido al envejecimiento de la población, la desertificación, el deterioro y la inseguridad y pierden, pues, su base económica para este sector. 
Un elemento añadido lo constituyen las preferencias cambiantes de los consumidores. 
Las personas de edad avanzada y las familias jóvenes sufren las consecuencias de esta situación. 
Con todo, tal vez la solución se encuentre en las nuevas formas de distribución, tales como el comercio electrónico. 
Considerando el sector en su conjunto y calculando la presión a la que se verán sometidos los empresarios autónomos, no puedo por menos decir que la Comisión no ha prestado atención suficiente a este sector tan dinámico e importante. 
A decir verdad, la Comisión ha tardado años en entablar el diálogo con el comercio y sigue informando todavía con arreglo a sus propias condiciones y por medio de un órgano de consulta por ella instituida, el CCD. 
Este procedimiento era correcto cuando el sistema comercial, desde una perspectiva europea, estaba todavía en pañales. 
Mientras tanto, el sector ha madurado. 
Pido a la Comisión que trate a este sector tal como es, un sector maduro. 
Es más, la Comisión ha de adaptar sus propios procedimientos con el fin de dar un servicio y asesoramiento adecuados a este importantísimo sector, lo cual implica el reajuste del DG XXIII. 
Señor Presidente, desearía, en primer lugar, subrayar, en nombre de mi Grupo, la importancia del informe de nuestro colega Riccardo Garosci, que apoyamos sin reservas. 
Deseo expresar también nuestra satisfacción por que la Comisión se haya ido progresivamente inclinando a prestar una mayor atención al sector del comercio, como lo demuestra la elaboración de este Libro Verde sobre el comercio. 
En el informe que hoy contemplamos se ponen de relieve las dimensiones cuantitativas y cualitativas del sector comercial en las economías de la Unión Europea. 
El proceso de cambio intenso que han sufrido nuestras economías y la evolución propia de toda economía desarrollada llevan, evidentemente, a un peso cada vez mayor del sector servicios, y, en éste, el comercio desempeña un papel clave. 
Nosotros lo conocemos muy bien: en mi país, en Cataluña, tenemos un eslogan que dice «el comercio es vida» porque es un elemento motor de la actividad económica. 
Es, evidentemente, la salida más importante que hay para la actividad manufacturera, que también es un muy importante y es un elemento básico de nuestras economías, y, a la vez, tiene efectos sociales muy importantes, como se demuestra en el Libro Verde- y se destaca en el informe del Sr. Garosci- en el ámbito de la ocupación y de la promoción de iniciativas privadas, que empiezan normalmente con iniciativas basadas en pequeñas y medianas empresas. 
Es un elemento regenerador- como decía la Sra. Peijs- tanto en el ámbito rural como en los centros urbanos. 
Por lo tanto, hay diez puntos- que no tengo tiempo de citar aquí, pero que sí tenía preparados para comentar- que resumiría básicamente en tres: primero, los efectos positivos que tiene en la sociedad actual y en el desarrollo de economías como las nuestras- las europeas desarrolladas -; segundo, la necesidad que hay- y ahí es esencial la acción de la Comisión Europea- de ayudar a la adaptación del sector comercial a una transformación muy intensa y muy dinámica; y en tercer lugar, la necesidad de interrelacionar los programas de la Unión Europea- sobre todo la aplicación de los Fondos estructurales- con las capacidades del sector comercial. 
Como no deseo abusar de la paciencia del Sr. Presidente, los diez puntos que tenía preparados los he resumido en estos tres fundamentales. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay aspectos de este informe que tengo mucho gusto en subrayar, porque me parecen muy importantes. 
Ante todo, es un informe que sirve para señalar la importancia del comercio como red de relaciones sociales que se deben integrar en una perspectiva global de relaciones económicas con la consideración de las vertientes productivas y regionales, medioambientales y sociales. 
Y en ese sentido quiero subrayar la importancia que se da al papel del comercio local en la cohesión económica y social y expresar mi conformidad con el punto 18 y con lo que en él se pide, en particular en el aspecto de información a los interesados, lejanos o poco habituados a los meandros de acceso a los fondos comunitarios a que pueden acogerse y que serán indispensables para que los eslabones más débiles de una red prescindible puedan resistir en una dinámica de competitividad que se asemeja a un «rodillo compresor». 
Por eso mismo, acojo también con beneplácito la reiteración de la función cultural del comercio, tal como figura en el punto 45, si bien creo que se debe vincular más intensamente con el citado papel del comercio local en la cohesión económica y social, entre otras cosas porque nada puede haber más desvirtuador culturalmente que los colonizados hipercentros comerciales, todos con la pretensión de ser los mayores de algún lugar de la ciudad, de la región, del país, de la península, de Europa, del mundo. Y, para ser tan mayores, tan grandes, tan mayores de algún lugar, son todos iguales en diferentes escalas y aplastan el comercio local, aplastan a los ciudadanos con su ostensible enormidad y engañosas facilidades financieras. 
Por eso mismo, por haber tantas referencias positivas que hacer a este informe, temo que no pase de un oasis de buenas referencias en la cada vez mayor desertización, consecuencia de que se someta todo a las leyes y los mecanismos financieros, como, por lo demás, se pueden encontrar en el propio informe al exponerse la idea- totalmente opuesta a la mía- de que el sector del comercio puede, o incluso debería, servir de instrumento para el proceso de difusión y conocimiento del euro, la moneda única. 
Posición totalmente opuesta que el ponente y sus colegas han reforzado en sus intervenciones. 
¿Qué es instrumento de qué y de quién? 
Pero, adelante. 
En esta noche tranquila, subrayemos las referencias positivas, que tan raras vienen siendo y tan necesarias son, incluso para poner de relieve las contradicciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos felicitamos por el hecho de que finalmente la Comisión aborde en un Libro Verde el importante sector del comercio, aunque las cifras que se mencionan estén totalmente obsoletas, ya que datan de principios de los años 90. 
Este Libro Verde debería ser especialmente importante debido al papel preponderante que juega el comercio en la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, ya que este sector es el segundo en importancia en cuanto a creación de empleo de la Comunidad. 
Pero, cuando la Comisión pida a los comerciantes que vendan el euro, ¿no habrá un riesgo de desequilibrio entre costes y beneficios para los pequeños comerciantes, que constituyen la mayoría en este sector? 
En efecto, la Comisión mete en el mismo saco a empresarios individuales, PYMES y grandes empresas, cuando es evidente que las repercusiones financieras y las dificultades en la puesta en marcha del euro con respecto a los clientes, en términos de conversión, de redondeos, de información, no van a sentirlas de la misma forma unas estructuras tan diferentes, aunque pertenezcan todas al sector del comercio. 
Lamentamos que la Comisión sólo aborde la cuestión de la protección del pequeño comercio en el marco de las relaciones y cooperación con las grandes superficies, cuando ella misma parece haber rozado el problema de fondo al mencionar el equilibrio que hay que encontrar entre el precio más ventajoso para los consumidores y la no desaparición del comercio independiente con relación a las grandes empresas integradas. 
En este ámbito, pensamos que cada país de la Unión, y Francia en particular, tiene una función que desempeñar en la defensa del pequeño comercio, en la promoción de los productos locales con etiqueta propia frente a las grandes superficies y a sus centrales de compras, aunque, una vez más, la defensa de nuestras particularidades choque de nuevo con las normativas supranacionales comunitarias. 
En términos de desregulación, es interesante señalar que la Comisión parte de una doble constatación, en primer lugar que es necesario que el comercio sea flexible, competitivo y, por tanto, no excesivamente regulado y, en segundo lugar, que esta regulación de las actividades comerciales es competencia de los Estados miembros. 
Pero ella misma se apresura a justificar la reglamentación europea centralizadora por la obligación de respetar las reglas comunitarias en lo relativo a la competencia, al derecho de establecimiento y a la libre circulación de bienes y servicios. 
Frente a la deseada reducción de las cargas administrativas, principalmente en beneficio de las PYMES, es obligado constatar el desenfoque que mantiene la Comisión. 
Sin duda, es loable hablar de la función de cohesión social que puede llevar a cabo el comercio, sobre todo el minorista, en el centro de las ciudades superpobladas o en las zonas rurales poco habitadas, pero la dificultad reside en el equilibrio que ha de encontrarse entre esta función social y la necesaria concentración, como instrumento, frente a la competencia mundial. 
Por tanto, parece que, en su Libro Verde, la Comisión se conforma con constatar las dificultades del sector del comercio sin proponer soluciones. 
Resulta paradójico pedir a los protagonistas del citado comercio que sean ellos quienes encuentren estas soluciones rechazándoselas por no respetar el derecho comunitario relativo a la competencia. 
Señor Presidente, estimados colegas, tras una larga espera, la Comisión ha logrado por fin llevar a cabo la elaboración del Libro Verde del comercio. 
Las empresas del sector comercial llevan muchos años siendo el segundo creador en volumen de empleo de la Unión Europea. 
Este sector está compuesto por cuatro millones y medio de empresas, que emplean a 22 millones de personas. 
A pesar de ello, y siendo el desempleo la peor pesadilla de la Unión Europea, ¿cómo es posible que se agrave aún más esta situación trasladando el buen servicio que ofrecen las tiendas de barrio a contaminantes hipermercados? 
No cabe lugar a dudas de que se han implantado de manera expresa unas estructuras absurdas. 
Se utilizan cien coches para desplazarse a las afueras de las ciudades a buscar artículos que cabrían en uno solo. 
Lo que se consigue es desempleo, contaminación, embotellamientos y ciudades mortecinas. 
Además, estos hipermercados comienzan a recordarnos a cajones llenos de conejillos de indias con tantos pasillos y puertas automáticas. 
Los comercios de barrio deben ser elementos del famoso principio de subsidiariedad. 
Propongo que nos pongamos a humanizar y a reactivar las ciudades ante este marchitamiento. 
Es posible diversificar los servicios de los comercios de barrio recurriendo, por ejemplo, a los servicios postales, las redes informáticas y los servicios de restauración para ancianos y descapacitados. 
Por ejemplo, la Cumbre sobre el empleo de la Unión, que se celebrará en noviembre, deberá adoptar una decisión sobre bonificaciones de intereses del tres por ciento para el sector de las PYME que cree empleo. 
Los comercios son una fuente fundamental de empleo que deberían incorporarse al ámbito de estas ayudas. 
De esta manera se podría mejorar a la vez la situación del empleo y la calidad de vida. 
En el informe se hace hincapié en el fomento de medidas de mercado nuevas e innovadoras por parte de las pequeñas y medianas empresas de este sector, el desarrollo regional del comercio y la potenciación de las aptitudes a escala local. 
No es difícil mostrarse de acuerdo con estos puntos, ya que resulta muy importante asegurar que el comercio local al por menor cuenta con alguna posibilidad ante una competencia cada vez mayor. 
Es precisamente ahora cuando debemos centrar nuestros esfuerzos en apoyar mediante los Fondos estructurales el sector del comercio, puesto que ya en la actualidad este sector emplea a más mujeres que hombres, lo cual constituye sin dudas un dato correcto. 
Tanto el meritorio informe del Sr. Garosci como el Libro Verde de la Comisión creen en el papel revitalizador del intercambio comercial por medios electrónicos para las regiones periféricas. 
Es positivo que las infraestructuras de estas regiones periféricas se desarrollen en el plano electrónico, si bien este intercambio comercial favorece en la actualidad a los hipermercados ya existentes, y no a las pequeñas tiendas de los pueblos. 
El informe del Sr. Garosci hace igualmente mención de que, una vez que haya entrado en vigor la moneda única europea, va a ser precisamente el sector del comercio el que se vea más afectado en un plano concreto por esta circunstancia. 
Y es que el dinero se usa en los comercios. 
Cuando se debate acerca de la moneda única y de sus fases de preparación, no conviene sin embargo olvidar ni a los trabajadores de los comercios, ni tampoco a los empleados de la banca, que son los que hacen todo el trabajo que desembocará en la moneda única, aun bajo la latente amenaza del desempleo. 
No podemos, por lo tanto, apoyar el empleo femenino en el sector del comercio y permanecer impasibles ante las reestructuraciones de los bancos que empujan a las listas del desempleo a mujeres de cuarenta o cincuenta años perfectamente capaces de trabajar. 
El Libro Verde de la Comisión sobre el comercio es un documento importante también por el hecho de que interviene ante el aplastante poder que están cobrando los hipermercados, haciendo referencia, entre otros, a los problemas de contaminación que estos causan. 
Por ejemplo, como consecuencia de la concentración de hipermercados, en Finlandia se ha llegado a una situación arbitraria dictada por las grandes empresas mayoristas en la que los comercios de barrio no pueden recurrir a sus proveedores locales, sino que se ven obligados a actuar como el resto y a hacer todos sus pedidos a este tipo de empresas. 
La Comisión respalda sin embargo la cooperación entre expertos regionales y condena la concentración vertical. 
Apoyo totalmente a la Comisión en esta propuesta, ya que es imposible responder a las necesidades de la demanda sin desmantelar las rígidas estructuras del comercio. 
El carácter uniforme de la oferta actual no ofrece al consumidor elección y, en estas condiciones, no se puede producir un desarrollo del comercio. 
Señor Presidente, la iniciativa de la Comisión y la toma de posición del Parlamento Europeo sobre el sector del comercio a partir del informe del Sr. Garosci, al que también felicito, son de lo más oportunas. 
Son impresionantes los números que evidencian su importancia, pues representan el 13 % del PIB de la Unión y dan empleo a 22 millones de personas (con un aumento de 2, 3 millones entre 1982 y 1992) en 4, 5 millones de empresas, 95 % de las cuales con menos de diez empleados, diseminadas por todo el territorio, de las grandes ciudades a las aldeas más remotas. 
De modo que el comercio desempeña un papel insubstituible en las esferas económica y social. 
Está ya superada la idea de que nada nuevo aporta y de que es incluso una fase intermedia e innecesaria, agravadora de los precios para los consumidores y reductora de las ganancias de los participantes en las actividades agrarias e industriales. 
Hoy está claro el enorme valor aportado por el comercio, que satisface los gustos de los consumidores, les da a conocer productos y les proporciona apoyos complementarios, por un lado, además de ampliar las oportunidades de venta a los participantes en la producción, por otro. 
El informe de la Comisión es también expresivo, al subrayar el papel social del comercio y, en palabras de la Comisión, » al servir de medio mediante en el cual las personas se encuentran, comunican, contactan e integran» , y para muchas de ellas es el «único medio regular de contacto y conversación con otras personas y el mundo exterior». 
Por lo demás, no es posible expresar en pocas palabras la riqueza de las oportunidades y de los apoyos que sólo él puede proporcionar. 
Determinadas evoluciones del mundo moderno, dignas sin duda de beneplácito, causan todavía aprensiones- que aparecen expresadas- en relación con el papel tradicional del comercio, en particular en relación con algunos aspectos de su función social. 
Así ocurre con los sistemas modernos de venta a distancia, con la entrega por correo, o incluso con los hipermercados, que hacen perder relieve a las pequeñas tiendas de nuestros barrios. 
Sería una lucha sin sentido intentar evitar esas evoluciones, aptas para proporcionar ventajas mayores a los consumidores y, por lo demás, nos parece, claro que el comercio de pequeña dimensión seguirá teniendo su papel, beneficiándose de la proximidad geográfica y personal que lo vuelve insubstituible. 
Reconocida su importancia, incluso desde el punto de vista político, en el mejor sentido de la palabra, lo que es necesario es que todos, comerciantes y autoridades, aúnen esfuerzos con vistas a superar sus limitaciones y potenciar sus virtualidades. 
De los primeros, de los comerciantes, es de esperar una adecuación aún más personalizada a los intereses de sus clientes o, por ejemplo, una más amplia exploración de las formas asociativas, que les permitan hacer compras en mejores condiciones. 
De las autoridades, son de esperar el alivio de cargas burocráticas- por ejemplo, en mi país -, facilidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, apoyos crediticios, etc. En particular, debe haber una mayor participación del comercio en la gestión urbana, con localizaciones adecuadas y apoyos de reestructuración (por ejemplo, en programas como Urban, extensivos a la generalidad de los medios urbanos, no sólo a los mayores). 
En las zonas turísticas el comercio será también, para beneficio de todos, un factor de especial importancia en la atracción de las personas, valorizando su presencia. 
También en eso corresponden a los comerciantes grandes responsabilidades, promoviendo productos de calidad y vinculados con el artesanado o con otros valores de la región, con lo que pasan a ser promotores preferentes de su cultura (que se difundirá en los países de origen, cuando los turistas regresen a sus casas con las compras allí hechas). 
El informe da también el relieve debido a la excepcional capacidad del comercio para promover zonas fronterizas. 
Se trata de una capacidad que reviste importancia especial para Portugal, por ser las zonas fronterizas- en el interior, con España- las zonas más atrasadas y, cosa sintomática, haber indicadores más favorables sólo en las ciudades cercanas a los principales ejes de abertura tradicional a España. 
Dadas esas circunstancias, en lugar de seguir dándose preferencia sólo a un número muy limitado de enlaces, conviene multiplicar y valorizar lo más posible las conexiones entre los países, con beneficios que superarán en gran medida los costos de las inversiones por hacer. 
Se trata de una ventaja que aumentará en gran medida con la entrada en circulación del euro, al dejar de haber los costos y las limitaciones actuales con la necesidad de los cambios de monedas. 
Señor Presidente, cuando se fundó la Unión Europea probablemente a cualquiera le resultaría inconcebible pensar que llegaríamos a un debate así. 
Hasta hoy en día, cuando vemos los efectos económicos que han tenido los cambios de nuestra sociedad en cuanto a distribución y consumo, no hemos reconocido lo importantes que han sido las pequeñas empresas, sobre todo en el sector comercial. 
Indudablemente hay que estudiar más esto y los efectos de la creciente concentración de grandes empresas. 
Como ya han dicho muchos oradores en el presente debate, las pequeñas empresas del sector comercial desempeñan una función que supera su papel en términos económicos. 
Desempeñan una función que es importante tanto social como medioambientalmente hablando. 
Representan una oportunidad para muchos de introducirse en el mundo de los negocios por su cuenta y desarrollar unas capacidades empresariales que de otro modo no estarían ahí. 
Quisiera citar como ejemplo la ciudad donde vivo. 
Es una pequeña ciudad del sudeste de Inglaterra llamada Langport. 
Está a 17 millas de la ciudad grande más próxima y a 12 de otra que incluso vagamente puede calificarse de grande. 
Somos afortunados. 
Tenemos tres quioscos de prensa, cinco peluquerías y dos carnicerías. 
Y sin embargo hay propuestas de abrir en la ciudad un supermercado. 
Algunos comerciantes están a favor. 
Dicen que de cualquier modo sus negocios se están acabando. 
Otros dicen que la introducción de un supermercado que no se limite- como ha sido la tendencia en Gran Bretaña hasta ahora- a vender alimentos, sino que venda cosas de todo tipo, acabaría con todos los demás comercios de la ciudad. 
Realizaremos una evaluación de impacto económico y una de repercusiones sobre el transporte antes de que esto siga adelante. 
Sin embargo es un ejemplo importante, porque es algo que está ocurriendo por toda Gran Bretaña y antes o después ocurrirá por toda la Unión. 
Acojo con satisfacción el informe Garosci. 
Es una contribución muy importante a este debate. 
Espero que la Comisión siga las recomendaciones del informe y presente un Libro Blanco en el plazo de dos años, reconociendo la importancia de las pequeñas empresas y reconociendo que necesitan de nuestra ayuda. 
Señor Presidente, el Libro Verde del comercio de la Comisión Europea ofrece un análisis adecuado de la situación en la que se encuentra, actualmente, el comercio europeo. 
Sin embargo, me gustaría hacer una crítica con respecto a dos puntos. 
En primer lugar, la Comisión parte, sin más, del punto de vista de que la legislación nacional constituye el principal obstáculo para el comercio transfronterizo. 
Si bien es cierto que el mercado único no funciona sin errores, una legislación uniforme o armonizada no eliminará sus causas. 
Haríamos más patente nuestro sentido de la realidad si respetáramos las costumbres culturales, a menudo, muy arraigadas. 
No quiero ni pensar en que se pueda sustituir la diversidad de estructuras de mercado y la variedad de las regiones por una aburrida monocultura unidimensional. 
En segundo lugar, la Comisión aspira a que el comercio funcione bien. Yo también. 
¿Pero sería conveniente aumentar su volumen? 
Resulta asombroso que el ir de tiendas en un entorno atractivo sea considerado como uno de los instrumentos encaminados a aumentar el volumen de ventas. 
Aquí la divisa de Descartes: "Je pense, donc je suis parece haberse convertido en :" Je dépense, donc je suis». 
Cuando la compraventa se convierte en un objetivo político prioritario, se fomenta el consumismo y el materialismo, relegando la importancia del medio ambiente a un segundo plano. 
Como es natural, coincido con la Comisión en su esfuerzo a favor de unos embalajes y unos productos más acordes con los intereses del medio ambiente. 
No obstante, dicho interés también requiere que se anime al consumidor a reutilizar y a reparar las mercancías. 
Por último, a fin de permitir una evaluación más matizada con respecto al comercio es, a mi entender, preciso que dispongamos de datos estadísticos complementarios referentes a la sobrecarga medioambiental que este sector produce. 
Me gustaría saber si el Comisario está dispuesto a incluir estas ideas en el próximo Libro Blanco. 
Señor Presidente, este informe y debate son muy importantes pues el comercio no solamente es significativo de un modo general para la política económica y de empleo europeas, lo que demuestran las cifras expuestas, sino que el comercio tiene también una dimensión cultural y político-social a nivel local. 
La pequeña tienda de la esquina o del pueblo es parte de la calidad de vida europea. 
Con frecuencia es centro de la vida local y tiene también una gran importancia para el turismo. 
Las tiendas de barrio que desaparecen de los centros de las ciudades así como los comercios del entorno rural que tienen que cerrar, dejan unos agujeros que acarrean unas gravísismas consecuencias político-sociales. 
Por ello, una importante tarea de los Estados miembros y de la Comisión tiene que ser restablecer un equilibrio mejor entre los comercios pequeños y grandes. 
No debe desaparecer de los pueblos la vivencia que significa ir de compras como consecuencia del cierre de las últimas tiendas. 
Hay que hacer todo lo posible para mover a los Estados miembros para que empleen los fondos estructurales y las adecuadas iniciativas comunitarias en favor de la conservación del comercio al por menor en las áreas rurales y urbanas. 
Pero para comprender la importancia del comercio para el desarrollo europeo, hay que verlo dentro de una correlación, por así decirlo, como nexo de unión entre la agricultura, los oficios, la industria y el turismo. 
Señor Presidente, ante todo deseo manifestar que es una circunstancia muy afortunada el hecho de que celebremos este debate sobre el Libro Verde- de lo cual me congratulo con la Comisión y le doy las gracias, en particular, al Comisario- y sobre un sector tan importante desde el punto de vista de su contribución a la economía y al empleo en Europa, ante un público tan amplio de jóvenes que, ciertamente, se preocupan por su futuro y que, creo, pueden hallar a través del debate en curso alguna indicación y algún signo de esperanza con respecto al empeño de las Instituciones europeas en pro de los sectores más prometedores de nuestra economía. 
Dicho esto, creo que ha quedado claro que el Grupo del Partido Popular Europeo aprueba completamente el informe del Sr. Garosci, al cual le agradecemos la dedicación con la que lo ha elaborado, un informe que, en todo caso, aceptamos plenamente. 
Quisiera hacer hincapié en algunos conceptos ya abordados y añadir otros. 
Deseo subrayar el hecho de que el comercio desempeña un papel clave no sólo para la economía y el empleo, sino desde el punto de vista social, ya que garantiza una pluralidad de funciones en los centros urbanos y las zonas rurales, como muchos colegas ya han apuntado. 
Especialmente, valiosa es asimismo la actividad y la potencialidad de las empresas de dimensión pequeña y mediana, cuya presencia contrarresta el fenómeno de la desertificación de los aglomerados urbanos y permite satisfacer múltiples necesidades. 
Debemos, sin embargo, tener en cuenta que el mercado único, con la creciente movilidad y competencia, planteará retos y problemas especialmente importantes, sobre todo para el comercio al por menor. 
A la luz de la multiplicidad de las funciones desempeñadas, no sólo meramente distributivas, ello requerirá una política atenta, a fin de que no perjudicar todas las demás potencialidades. 
También la moneda única, lo han manifestado el ponente y los demás colegas, conlleva retos especialmente importantes, habida cuenta de que el sector de la distribución estará en primera línea junto con el sistema bancario en el contacto con los ciudadanos consumidores. 
En consecuencia, no sólo deberá afrontar los costes de adaptación a la nueva realidad, sino que tendrá que desempeñar una función pedagógica, para que los problemas relacionados con la introducción del euro puedan superarse rápidamente. 
Creo que la política europea, así como las nacionales y locales, en el respeto del principio de subsidiariedad, deben prestar una mayor atención a los problemas y las potencialidades de este sector y elaborar líneas de intervención innovadoras. 
Me permito formular algunas ideas: en primer lugar, dichas políticas deben mejorar considerablemente el entorno operativo del sector desde el punto de vista burocrático, reglamentario y fiscal; asimismo, deben respaldarlo ante los problemas que origina la próxima introducción del euro con objeto de que el sector actúe junto con las Instituciones para el éxito de la moneda única y, más en general, se revele como un precioso aliado en los crecientes esfuerzos de protección de los consumidores, tal como se ha reflejado en el Tratado de Amsterdam; en tercer lugar, creo que debe establecerse un sistema de economías externas que fomente la creación y la sobrevivencia de las empresas comerciales, sobre todo de dimensión pequeña, con especial referencia, como se ha dicho, a las periferias de las grandes ciudades, los pequeños centros y los núcleos rurales; finalmente, hacen falta acciones que estimulen formas empresariales colectivas a fin de mejorar la eficacia económica de las empresas, dar una respuesta a los problemas comunes, reducir los costes y garantizar, de este modo, a los ciudadanos consumidores una serie de servicios en las mejores condiciones posibles. 
Permítanme una última recomendación. 
Esperamos, como es obvio, con interés, casi con ansiedad, el Libro Blanco en el plazo de dos años previsto, pero consideramos, y seguramente el Comisario habrá pensado en alguna iniciativa al respecto, que el tema que estamos abordando esta noche debe llevarse adelante con fuerza y tiene que desempeñar un papel destacado en la Conferencia sobre el empleo que se celebrará los próximos 21 y 22 de noviembre, en el marco de la Cumbre prevista al efecto. 
Lamento mucho que los jóvenes y las jóvenes europeos que se encuentran en la tribuna no hayan sido informados aún de que no está permitido exteriorizar manifestaciones. 
Pueden aplaudir o no una intervención, pero sin extralimitarse. 
Rogaría que esto no se repitiese. 
Señor Presidente, el comercio es un sector que está integrado por una multitud de PYME que no siempre recibe la atención que se merece. Pese a ello, dicho sector es el que casi más empleo ofrece y que contribuye de forma sustancial al bienestar económico y social de numerosos ciudadanos europeos. 
Señor Comisario, el Libro Verde no se ha publicado en un momento temprano, teniendo en cuenta precisamente que dicho sector se encuentra en plena evolución. 
La competencia va en aumento como consecuencia del funcionamiento del mercado único y origina una enorme tendencia a la concentración. 
Por otra parte, el comercio al por menor muestra un desplazamiento territorial desde el centro urbano hacia la periferia. También desaparece de las zonas rurales. 
Otros cambios son la inminente introducción del euro y el desarrollo de la sociedad de la información. 
No obstante el mercado único, no olvidemos que gran parte de los comercios al por menor limita sus actividades al mercado local en el que puede subsistir gracias a la cooperación. 
En nuestra calidad de empleador europeo, hemos de regular a escala europea todo aquello que requiere normas europeas, pero hemos de dejar asimismo un margen para la iniciativa de orientación local de los empresarios que se mueven en regiones diferentes en cuanto a estructura, cultura y demografía y que no siempre se benefician de un enfoque centralizado. 
Nuestros esfuerzos han de estar encaminados a la libre circulación, a la libertad de establecimiento, a la armonización de las normas técnicas y fiscales, sin olvidar las normas sobre la competencia, que no ignoran el carácter específico de los PYME pero que, en determinados asuntos tales como la implantación de espacios comerciales, horarios de apertura y similares, pueden ser regulados, a nuestro entender, por los propios Estados miembros. 
La segunda cuestión concierne al desplazamiento territorial. 
En las zonas rurales se observa el cierre progresivo de los comercios de barrio. Por otra parte, el surgimiento de centros comerciales en la periferia de las ciudades y de antiestéticas hileras de tiendas a lo largo de las principales arterias de tráfico, propicia el declive de los centros urbanos. 
La Comisión señala, con razón, que el comercio puede ser un instrumento eficaz contra la marginación de determinados grupos de personas y que es necesaria una estrategia integrada a favor de la ciudad. 
En Flandes, el Gobierno ha liberado fondos para la creación de centros comerciales en los centros urbanos. 
La Comisión Europea debería estimular tales iniciativas, como mínimo, mediante la organización de intercambios sobre las prácticas más logradas y sin liberar a ciegas, cuestiones en materia de ordenación territorial y establecimientos comerciales. 
Señor Presidente, es un hecho positivo que la Comisión haya dedicado una amplia atención, en su Libro Verde, al papel del comercio al por menor en la introducción del euro. 
Tanto el ponente como otros diputados han comentado el porqué. 
Así, pues, es preciso que se tenga suficientemente en cuenta la preocupación de este sector por cuestiones tales como la indicación de los precios y la fijación de la fecha inicial y final del período de transición. 
Es más, la Comisión no debe olvidar que la mayor transparencia en los precios como consecuencia del uso del euro, acentuará, como ha señalado exhaustivamente la Sra. Peijs, la necesidad de armonizar las tarifas del IVA. 
Por otra parte, el auge de la sociedad de la información causará alteraciones profundas en el sistema comercial, así como en sus relaciones, tanto con los consumidores como con los bancos. 
Varios diputados ya han manifestado que el comercio electrónico y los nuevos sistemas de pago sólo tendrán éxito si logran ganarse la confianza suficiente y si su uso es asequible. 
Al respecto queda todavía mucho por hacer. 
Para terminar, quisiera decir algunas palabras sobre el Comité de Comercio y Distribución. Es obvio que este comité ha de seguir reflejando la heterogeneidad del sector al que representa. 
Además, es preciso que se estudie la posibilidad de que no sólo los empresarios, sino también las organizaciones que les representan participen plenamente en dichas actividades. 
Señor Comisario, esta es una necesidad real, en particular, para el mundo de las PYME. Me gustaría conocer su opinión concreta en esta materia. 
Señor Presidente, tengo curiosidad por saber la opinión de otros con respecto al Libro Verde. 
En cualquier caso, espero que la Comisión tenga en cuenta la resolución del Parlamento. 
Por lo demás, quisiera felicitar al ponente por la preparación de la misma y espero recibir propuestas concretas por parte de la Comisión, que reflejen una estrategia bien meditada para el sector del comercio. 
Señor Presidente, es un placer dirigirme a una tribuna pública llena de gente. 
Sólo lamento que los escaños del Hemiciclo no estén tan llenos como la tribuna. 
Si, al final de mi intervención, el público de la tribuna desea aplaudir o incluso dedicarme una ovación entusiasta, me sentiré más que complacido. 
Aunque no suelo hacerlo, diré que me alegraría muchísimo de que usted recibiera esa ovación al final de la reunión. 
Respecto a su otro comentario de que no hay demasiados diputados presentes en el Hemiciclo, sabe muy bien que los diputados han estado trabajando, al igual que usted y yo, desde las ocho de la mañana de hoy. 
Realmente no puedo obligarles a permanecer en la Cámara hasta estas horas. 
Señor Presidente, ya lo comprendo. 
Están a punto de perderse un gran discurso, pero qué le vamos a hacer. 
El tema del informe de esta noche de nuestro colega, el Sr. Garosci, que es un informe excelente, es una cuestión de tremenda importancia porque el comercio, la distribución al por mayor y al por menor y los servicios de venta directa al público en general son grandes fuentes de empleo, tal como han señalado varios de los otros oradores que han participado en el debate hasta ahora. 
Querría centrar la atención en los apartados 10 y 11 del informe del Sr. Garosci. 
En el apartado 10 se afirma que las PYME del comercio distributivo están afectadas desmesuradamente por una reglamentación excesiva debida tanto a las directivas y los reglamentos de la CE como a los reglamentos nacionales. 
Quisiera extenderme un poco sobre este punto. 
Las grandes empresas pueden permitirse emplear a todos los expertos que exige la legislación moderna: encargados de salud y seguridad, encargados de incendios, encargados de seguridad social- todos los puestos que crean las grandes empresas para dar empleo a ejecutivos muy bien pagados. 
Las pequeñas empresas, por el contrario, y sobre todo las más pequeñas, no pueden permitirse dichos especialistas. 
El trabajo lo realiza el jefe o bien su mujer o marido. 
No podemos seguir añadiendo cargas de este tipo a las pequeñas empresas que son las principales creadoras de empleo. 
En mi país la situación es aún peor. 
Nos llegan las directivas de la Comunidad Europea, de las cuales puedo dar un ejemplo: el famoso «paquete» de seis directivas sobre salud y seguridad que aprobamos en 1992. 
Las seis directivas excluían explícitamente a los trabajadores autónomos. 
Muchos pequeños comerciantes lo son. 
Pero esas seis directivas, cuando se convirtieron en legislación del Reino Unido, se ampliaron para aplicarse a los trabajadores autónomos. 
No sólo se hicieron extensivas a los trabajadores autónomos, sino que incorporaron sanciones, penas de cárcel, multas y otras condenas que habrían dificultado la vida de estas personas. 
De todo ello se echaba la culpa a Bruselas, a esos malvados de la Comisión Europea, o al Parlamento Europeo. 
También en mi país- siento referirme expresamente a la experiencia británica- lamento decir que con demasiada frecuencia Bruselas, la Comisión Europea o la Comunidad Europea se usan como chivo expiatorio o, incluso, como hoja de parra. 
Puedo citar como ejemplo el de un pub de mi distrito electoral que servía comidas. 
Al dueño del pub el funcionario de salud medioambiental de la zona le dijo que ya no podía servir carne de vaca poco hecha. 
Entre paréntesis añadiré que esto fue mucho antes de la crisis de las vacas locas. 
Le dijo que ya no podía servir carne de vaca poco hecha porque Bruselas lo había prohibido. 
En otro restaurante, en Londres, de una categoría bastante superior, me dijeron hace poco que ya no se podían servir «Crêpes Suzettes» porque Bruselas había decretado que las llamas eran peligrosas y por lo tanto las Crêpes Suzettes ya no figuraban en la carta. 
El Sr. Comisario y usted, señor Presidente, se ríen. 
Les puedo asegurar que las personas que piden Crêpes Suzettes o las que solían ganarse la vida haciéndolas en el Reino Unido están ahora en el paro y que se echa la culpa a Bruselas. 
Una de las cosas importantes que espero que la Comisión saque en claro de nuestro debate de esta noche es el modo en que las administraciones nacionales- he hablado de la experiencia británica pero, comparando notas con otros colegas deduzco que la situación es igual de mala en otros países- utilizan Bruselas y la Comisión Europea como excusa. 
Si podemos animar al Comisario a que ponga esto de relieve y proteste cuando vea a los gobiernos nacionales actuar de este modo, sin duda contará con nuestro apoyo incondicional y con el mío en particular. 
El Sr. Comisario, que ha estado escuchando pacientemente, puede ahora contestar. 
Señor Presidente, quisiera agradecerle su muestra de paciencia con la duración de esta sesión y que haya permitido el desarrollo de un debate de fondo con importantes aportaciones por parte de todos los que han tenido la palabra. 
El mundo del comercio se lo agradecerá. 
Es una alegría para mí estar hoy con ustedes para informarles sobre la marcha de los temas que examina el Libro Verde sobre el comercio. 
Las reacciones positivas en el diálogo público han superado nuestras expectativas. 
Les debo decir que me alegré de forma particular cuando el Parlamento decidió a iniciativa propia presentar un informe sobre el Libro Verde. 
Ello demuestra que el Parlamento concede la misma importancia que yo a este sector tan importante de la economía. 
Permítanme felicitar al Sr. Garosci por el análisis detallado y el informe maravilloso que ha realizado sobre el Libro Verde. 
El objetivo principal del Libro Verde es provocar un amplio diálogo sobre el futuro del sector en Europa. 
En ese diálogo la contribución del Parlamento tuvo y tiene una particular importancia para poder afrontar y comprender los problemas y también para formular las políticas básicas que conciernen al comercio a escala europea. 
Su opinión es particularmente importante para nosotros, no sólo porque adopta, en líneas generales, el mismo acercamiento que la Comisión Europea, sino, sobre todo, porque desarrolla nuevas ideas y nuevas cuestiones para la evolución del sector. 
Durante el proceso de deliberación hemos recibido más de 1.000 respuestas por escrito de parte de las administraciones nacionales, organismos europeos, organizaciones profesionales nacionales, consejeros o empresas a título individual. 
Quiero decirles que esta gran contribución de más de 1.000 observaciones y propuestas es justo a lo que aspirábamos; nuestro deseo era crear un gran debate, un debate abierto a escala europea que pueda mostrar lo importante que es este sector. 
Estoy de acuerdo en que el Libro Verde no procede a una descripción detallada, y desde todas las perspectivas, de la situación del comercio. 
No dudamos tampoco de la utilidad de un análisis detallado a nivel intersectorial. 
Nuestra aspiración fundamental era, sin embargo, presentar, en forma de resumen, los problemas que tiene el conjunto del comercio y de esa manera contribuir a afrontar los retos que afectan a su futuro. 
También es de destacar la puntualización sobre la insuficiencia de los datos estadísticos del comercio, y las organizaciones profesionales han mostrado su deseo de mejora. 
Hay que señalar que se ha notado un progreso desde la publicación del Libro Verde hasta hoy. 
En diciembre de 1996, el Consejo adoptó un reglamento para la reestructuración de las empresas, incluidas las del comercio. 
También EUROSTAT y mis servicios de la Comisión Europea, junto con la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales, han organizado antes de que acabe el año un seminario sobre las estadísticas del sector. 
Dado que la actividad comercial está vinculada a una serie de asuntos económicos generales, los temas que se incluyen en las respuestas tienen a menudo un carácter horizontal, como son la necesidad de armonización fiscal, la reglamentación sobre el I.V.A. y, por supuesto, la adaptación a las normas generales de la competencia. 
Esos son los temas a los que debemos dar un gran interés y dedicar atención durante los próximos meses. 
La tendencia a la concentración en el comercio produce un tipo de inquietud particular, dadas las consecuencias que tiene en la distorsión de la competencia; los importantes riesgos a los que se enfrentan hoy los pequeños comercios están muy bien descritos en su opinión y es algo a lo que también han hecho referencia varios oradores. 
De manera especial se ha señalado la necesidad de estudiar medidas para la animación y concentración de comerciantes independientes, sobre todo mediante la creación de cooperativas y aquí hay que señalar que en varios países, en algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, esa idea de concentración de las empresas bajo forma de cooperativas ha tenido mucho éxito, especialmente cuando ello se ha visto reforzado por las autoridades del estado, por la legislación nacional y por los gobiernos de los Estados miembros. 
La creación de puestos de trabajo es una de las más importantes prioridades, diría la más importante, de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
La contribución del comercio en este sentido es particularmente importante dado que presenta una enorme variedad en su estructura y funcionamiento y ofrece empleo a una gran gama de trabajadores, desde aquellos que no tienen ninguna cualificación hasta aquellos que la tienen muy alta. 
También subrayan, muy correctamente en su opinión, la importancia de la formación. 
Es un asunto importante para el futuro del comercio en este ambiente actual donde lo tecnológico, lo social y lo legislativo cambian a gran velocidad. 
La Comisión comparte totalmente la necesidad de una simplificación administrativa y de una mejora del ámbito financiero. 
Ése es el objetivo de nuestra reciente decisión para la creación de un grupo específico task force tras el Consejo de Amsterdam, una decisión que la Comisión Europea materializó, ayer precisamente, presentando su composición. 
Sus conclusiones serán tenidas en cuenta en el plan de actuación sobre el comercio. 
Creemos que esta task force tratará de establecer un ambiente empresarial más propicio y podrá presentar un informe preliminar al Consejo extraordinario de la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo. En cualquier caso completará su trabajo y presentará un informe completo al Consejo Europeo de Cardiff, a finales de la presidencia de la Gran Bretaña. 
El comercio electrónico es también uno de los retos importantes del Libro Verde. 
Creo que su evolución ayudará a muchos comerciantes minoristas a internacionalizar su actividad y podrá también ser un instrumento útil para los comercios de las zonas remotas. 
La introducción de la moneda común, el euro, parece ser la principal inquietud de las empresas comerciales, y diría que de forma justificada. 
En su mayoría están en contra de la reglamentación legislativa que obliga al doble etiquetado de los precios; también hay una preferencia por un período más corto de circulación conjunta de la moneda única y la moneda nacional. 
Pero es necesario tener una información correcta. 
Es precisa una formación adecuada sobre la introducción del euro. 
Es necesario mejorar el diálogo entre los consumidores y el comercio. 
Sobre este punto la Comisión, en colaboración con el Parlamento, ha organizado una mesa redonda sobre el euro con la participación de todos los interesados. 
Además, para asegurar que las decisiones relativas al euro que tuviesen repercusión sobre el comercio se toman con el mayor acuerdo posible entre los usuarios, he promovido de forma inicial y con la opinión favorable de mis colegas, el Sr. De Silguy y la Sra. Bonino, una serie de encuentros comunes entre comerciantes y consumidores para encontrar soluciones comunes para todos. 
Otro de los asuntos importantes es la supervivencia de los pequeños comercios, especialmente de aquellos pequeños comercios que se encuentran en las zonas de menor población, insulares y montañosas; allí donde el pequeño comercio juega un papel social, económico y cultural de importancia vital, un componente que muchos de ustedes han señalado hoy durante el debate. 
La solución a este problema no puede ser la protección del pequeño comercio ante cualquier tipo de competencia, pero es necesario reforzar su capacidad para afrontar estos nuevos retos. 
Ello significa una mejor formación y una mejor información y también la consecución de fórmulas para la ubicación correcta de los pequeños comercios en el mercado. 
El programa piloto que ya conocen, el EMPORIO 2000, se orientará en esa dirección. 
También estamos organizando una conferencia sobre el comercio en las zonas rurales para los primeros meses de 1998 que se llevará a cabo con la colaboración del Comité de las Regiones. 
También quisiera señalar que nuestra política deberá contribuir a la salvaguardia y a la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, en los centros de las ciudades y en las zonas urbanas, teniendo en cuenta además las particularidades de los grupos desfavorecidos de consumidores, tales como los ancianos y las personas con necesidades especiales. 
Estamos en una fase de formulación de las conclusiones y su informe contribuye de manera importante a este proceso. 
Quisiera, una vez más, dar las gracias a las comisiones por su contribución ya que han expresado su opinión sobre este tema y, por supuesto, quiero agradecer una vez más su labor al redactor del informe, el Sr. Garosci. 
Las líneas directrices y los objetivos de nuestras futuras actividades se formularán en breve a través de un comunicado de la Comisión Europea y serán presentadas al Consejo, al Parlamento y a los restantes órganos. 
Espero que antes del fin del presente año estemos en situación de presentar un programa concreto de actividades con las actuaciones específicas que el comercio necesita en estos momentos. 
A su vez, tendremos en cuenta seriamente sus indicaciones para elaborar un Libro Blanco. 
También espero que antes de finales del mandato de esta Comisión Europea, es decir, antes de un año y medio o dos años, estaremos en condiciones de presentar un Libro Blanco sobre el comercio con directrices legislativas fundamentales dirigidas al reforzamiento del comercio, a la creación de un ambiente más propicio en el que el comercio pueda jugar su variado papel. 
Por descontado que ya sé que los servicios de la Comisión Europea cuando oigan algo así, sentirán que una gran carga del trabajo recae sobre sus espaldas. 
Y veo que mi director competente, el Sr. McKenzie, siente ya la carga de las responsabilidades por la tarea que tendrá que desarrollar. 
Pero sé que todos los que tienen responsabilidad sobre este gran asunto denominado " creación de puestos de trabajo» y creación de mejores condiciones para el desarrollo del comercio y de las actividades económicas en la Unión Europea, es decir, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, estarán de acuerdo en que para superar este gran reto, para poder afrontar y formular un Libro Blanco sobre el comercio, necesitamos el reforzamiento de la Dirección General XXIII. 
Necesitamos contar con más recursos humanos y con una mayor especialización en el tema. 
Y por ello, quisiera dar las gracias una vez más, como acostumbro, al Parlamento por el gran apoyo prestado en este sentido a la Dirección General XXIII. 
Espero, sin embargo, que no se quedará sólo en palabras, sino que continuaremos con la toma de decisiones concretas relativas a reforzar el funcionamiento administrativo de la Dirección General XXIII y que ello se traduzca en más recursos humanos y económicos. 
Posteriormente nuestras conclusiones nos llevarán a propuestas para un programa de varios años de actividades en el marco de un acercamiento global a la política de comercio. 
Y quiero asegurarles que nuestros esfuerzos continuarán para conseguir un marco dentro del cual el comercio pueda progresar y contribuir a la promoción del desarrollo y a la creación de empleo. 
Para concluir, señor Presidente, quisiera simplemente que me permitiera referirme al último comentario nuestro estimado colega, el Sr. Cassidy. 
Es verdad que en múltiples ocasiones la Comisión Europea y los órganos institucionales de la Unión se encuentran en el punto de mira de los gobiernos. 
En realidad, muchas veces se utilizan como coartada de las políticas ejercidas a escala nacional o de las debilidades de la política en los Estados miembros. 
Pero quiero señalar que hemos aprendido a vivir bajo esas condiciones y creo que así seguiremos viviendo mientras sepamos que la contribución de cada uno es positiva hasta el nivel donde se haya asumido. 
Ya sabemos que " toda la culpa es de Bruselas» y que, siempre, las cosas buenas son por cuenta de los gobiernos nacionales; en cambio, las más desagradables corren por cuenta de Bruselas y de los órganos institucionales de la Unión, especialmente de la Comisión Europea. 
Pero, a pesar de ello, continuaremos con nuestros esfuerzos para reforzar la unificación europea y seguiremos contribuyendo a la realización de una mejor y más rentable labor y a mejorar la eficacia de nuestros políticos, tanto a escala europea como nacional. 
En otras palabras, éste es el papel de la Comisión Europea: servir a los Estados miembros y servir al interés común de los ciudadanos de Europa. 
Señor Comisario, constato que al igual que el Sr. Cassidy, ante el importante número de ciudadanos europeos que se encuentran en la tribuna, se ha inspirado usted también y se ha extendido bastante en su respuesta a las observaciones de los colegas. 
Señor Presidente, dado que estamos luchando contra el tiempo, esta noche, voy a emplear algunos segundos, aunque no es una práctica habitual, para dar las gracias a los colegas que han intervenido en esta sesión, a los del Comité de Comercio y Distribución, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y, sobre todo, al Comisario Sr. Papoutsis por su empeño que no es nuevo, no sólo en pro del comercio, sino de todo el sector de las pequeñas y medianas empresas, y a toda la Dirección General XXIII, en particular a la Unidad de Comercio y Distribución. 
Gracias también a su trabajo, esperamos con confianza un gran Libro Blanco del comercio para finales de 1998. 
Gracias, señor Presidente, por tener la amabilidad de volver a cederme la palabra. 
Por supuesto, me adhiero a las expresiones de gratitud pronunciadas por el Sr. Garosci y creo que lo dicho por el Comisario realmente levanta la moral al sector del comercio. 
Pese a ello, me gustaría que me diera una respuesta concreta a una de mis preguntas, es decir, la referida a la composición del Comité de Comercio y Distribución. 
En la actualidad, dicho comité está integrado exclusivamente por empresarios. 
En su discurso sumamente claro, el Sr. Cassidy describió la diferencia entre las pequeñas y grandes empresas. 
Las empresas grandes disponen de conocimientos propios o tienen sus propios peritos y si no los tienen, pueden recurrir a los mejores expertos externos. Este no es el caso de las empresas pequeñas. 
Si en el Comité de Comercio y Distribución, los empresarios han de asistir y hablar ellos mismos, las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de defender sus intereses con la misma pericia que las grandes. 
De ahí que en dicho sector exista una demanda por una representación profesional y experta. Este es el motivo de mi pregunta. 
Quisiera que se tuviera en cuenta y estudiara esta circunstancia con vistas a la recomposición del Comité de Comercio y Distribución. 
Con todo, me gustaría conocer la opinión del Comisario sobre este punto, bien ahora o más tarde por escrito, pero quisiera saber lo que él piensa al respecto. 
Señor Presidente, de nuevo me da la oportunidad de volver a hablar y de dar una respuesta clara a la Sra. Thyssen, a la que quiero agradecer también su contribución particular al proceso de promoción de los asuntos relativos al comercio. 
Dirigiéndome a usted, señora Thyssen, quiero decirle que la Comisión Europea comparte totalmente sus puntos de vista y que dirigimos nuestra atención, cada vez con mayor interés, hacia las pequeñas empresas y al modo en que puedan participar en todos estos procesos de toma de decisiones. 
Si se refería a la constitución del Comité de Comercio y Distribución, quiero decirle que en este caso no está prevista la participación de organizaciones profesionales. 
La Comisión Europea se ocupa de establecer un marco en el cual los representantes de las pequeñas empresas puedan expresar sus puntos de vista a través de diversos procedimientos que se desarrollan en los Estados miembros o a escala europea. 
En cualquier caso, usted tiene toda la razón de que esto es muy difícil, ya que las empresas muy pequeñas ni cuentan con especialistas, no tienen la posibilidad de acudir a expertos para poder tener acceso a lo que llamamos ente europeo, al desarrollo que tiene lugar a escala europea e incluso a los programas que nosotros desarrollamos. 
Por esta razón intentamos a través de todos los medios de comunicación de que disponemos, tanto a escala europea como a escala de los Estados miembros, facilitar la información necesaria y pedir a la vez sus puntos de vista y sus opiniones en una relación de reciprocidad que hemos intentado desarrollar durante los últimos tres años. 
Debo decirle que hasta ahora los resultados son positivos y allí donde tuvimos la oportunidad de conversar con los representantes de la empresas muy pequeñas, tanto de organizaciones nacionales como de las europeas, defendieron sus reivindicaciones y sus posturas de una manera muy satisfactoria y en varios casos llegaron a sensibilizar incluso a los representantes de empresas más grandes. 
Pero en cuanto al Comité de Comercio y Distribución quisiera recordarle que está compuesto por representantes de las cámaras de comercio que son propuestos a la Comisión Europea por las cámaras de comercio nacionales o por representantes de las asociaciones de comercio de los Estados miembros. 
En ese sentido debemos observar algunos principios, debemos movernos dentro de un marco para poder ser fiables ante los Estados miembros. 
Si la Comisión Europea tuviese la iniciativa de seleccionar a los representantes de las organizaciones profesionales de uno u otro Estado miembro, entonces la Comisión Europea y su decisión, cualquier decisión suya, estaría sometida a una severa crítica, tanto por parte del Parlamento como de los Estados miembros. 
En cualquier caso, al concluir, quisiera decirle y asegurarle que nuestra firme decisión es reforzar a las empresas pequeñas de diversas maneras, bien a través del programa plurianual para pequeñas y medianas empresas, bien a través de iniciativas y programas especiales que desarrollamos en colaboración con los Estados miembros. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.30 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Tiene la palabra el Sr. Posselt. 
Señor Presidente, en la página 15 se dice que ayer planteé en el turno de preguntas una pregunta sobre la introducción de determinadas categorías naturales en la protección de la Naturaleza. 
Pero no planteé ninguna pregunta sobre la ampliación hacia el Este, sobre la República Checa y sobre la introducción de determinadas categorías jurídicas y de derechos humanos en el proceso de la ampliación hacia el Este. 
Es una gran diferencia. 
Quería llamar la atención al respecto. 
Gracias, señor Posselt. 
Se introducirá la corrección correspondiente. 
Señor Presidente, me gustaría preguntarle si es correcto que una decisión adoptada por la Mesa nos transforme de representantes del pueblo en contables de la administración, de tal forma que, de ahora en adelante, hemos de llevar la administración de los kilometrajes, de los billetes de tren, de nuestras visitas a diversos establecimientos y de las excursiones que hacemos. En resumidas cuentas, se nos pide que exhibamos a la administración todos nuestros movimientos. 
Señor Presidente, ruego que tenga en cuenta que nuestra misión es representar a los electores y no ser contables o auxiliares para llevar largas listas de desplazamientos para la administración. 
Permítame recordarle que son nuestros electores y no la Tesorería los que han de juzgarnos. 
Señor Presidente, veo que existe una tendencia por la que nos estamos convirtiendo cada vez más en un apéndice de la Administración perdiendo nuestra condición de representantes del pueblo. 
Le ruego encarecidamente que actúe con energía pues está totalmente claro que la Administración quiere hacer todo lo posible para convertirnos en ejecutores. 
Hace poco he oído que alguien de la Administración ha dicho: los diputados son un mal necesario. 
¡No queremos ser en absoluto un mal necesario! 
Muchas gracias, señor Habsburg. 
Yo no sé si alguien ha dicho esa frase, que me abstengo de calificar, pero en todo caso lo que es evidente es que la decisión de la Mesa no tiene nada que ver con la voluntad de la Administración de controlar nada. 
La decisión de la Mesa consiste simplemente en facilitar una prueba del viaje, y no es la primera vez que nosotros tenemos que facilitar prueba de nuestros viajes, como todas sus Señorías saben. 
Para cualquier viaje que no sea el viaje semanal normal, sino el llamado voyage intérimaire, se aporta una prueba, cosa que nadie ha considerado jamás atentatoria a la dignidad del diputado ni una voluntad de control por parte de la Administración. Sencillamente, este es un acuerdo que no es de hoy. 
Es una acuerdo que se adoptó en Luxemburgo en la reunión de junio y lo que la Mesa ha hecho ha sido sencillamente adoptar las medidas necesarias para la ejecución del Acuerdo de Luxemburgo. 
(El Acta queda aprobada) 
Ayer en Oslo, la comunidad internacional aprobó un acuerdo para prohibir la fabricación, el almacenamiento y el comercio de las llamadas minas antipersonales. 
Este tipo de armas mata o mutila más de 25.000 personas al año, fundamentalmente entre la población civil. 
Más de cien millones de minas siguen dispersas en unos 70 países. 
Nuestro Parlamento se ha pronunciado en distintas ocasiones, a través de resoluciones, para apoyar el resultado alcanzado ayer en Oslo. 
Quiero agradecer a los Estados miembros de nuestra Unión los esfuerzos realizados para conseguir este resultado. 
Asimismo, quiero saludar la «abstención constructiva» de los Estados Unidos, con la esperanza de que puedan revisar su posición. 
Este resultado no compensará el sufrimiento ya generado por estas armas. 
Tendremos que seguir apoyando el proceso de desactivación de las minas. 
Pero cada vez que la comunidad internacional alcanza este tipo de acuerdos, el mundo es un lugar un poco mejor. 
Europa contribuye a ello y es, para todos nosotros, estoy seguro, un motivo de satisfacción. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-265/97) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores sobre el Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Tiene la palabra la ponente Sra. Palacio Vallelersundi. 
Señor Presidente, desde que en 1957 el entonces incipiente proceso de integración europea proclamase como un objetivo la unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa, mucho hemos andado. 
Hoy nuestros tratados proclaman como objetivo la consecución de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Y mucho hemos andado, es cierto. 
Pero ese espacio de libertad es de libertad de circulación de mercancías, de capitales y de servicios, y todavía muy poco de libre circulación de personas. 
Ese espacio de libertad, señor Presidente, es un espacio que da más libertad a los delincuentes que garantías para perseguir esa misma delincuencia. 
En cuanto a los otros dos objetivos: la seguridad y la justicia, también hoy en día tenemos que resaltar que subsisten los obstáculos para una auténtica cooperación en materia de represión de la delincuencia. 
Señor Presidente, son muchas las frustraciones que en este ámbito embargan a los ciudadanos europeos. 
Las frustraciones son tantas como las expectativas de que la Unión Europea, las instituciones europeas, hagan algo en este terreno. 
Recordemos las recientes manifestaciones en Bélgica con motivo de los horrendos crímenes cometidos. 
¿Qué pedían ahí los ciudadanos de Europa? 
Que se den instrumentos para facilitar la extradición, que se den instrumentos para la entrega directa de los delincuentes a la jurisdicción, dentro de la Unión Europea, que corresponda. 
Y lo mismo se puede decir de las manifestaciones habidas en España a raíz del asesinato a manos de la banda terrorista ETA de un concejal de Ermua. 
Señor Presidente, he dicho que son muchas las frustraciones, y en este terreno es lo primero que hay que destacar. 
Pese a ello, hemos de acoger este convenio como un paso, un paso insuficiente, un paso que no nos satisface, pero un paso más en el objetivo de lograr este espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Y el convenio no nos convence, señor Presidente, en primer lugar, porque nos mantiene en el terreno del Derecho internacional público. 
Se trata de un convenio multilateral y, aunque se trata de un acto del Consejo, no se trata de un acto de la Unión Europea como tal, sino que aquí, todavía, cada uno de los Estados miembros es un ente independiente y habla por sí mismo. 
Lejos estamos, pues, de ese espacio interior, de ese espacio único de libertad, de seguridad y de justicia. 
Otra cuestión que hemos de denunciar es que no se ha consultado al Parlamento Europeo durante la elaboración del convenio que nos ocupa. 
Podríamos decir que estamos acostumbrados a ello si no fuera porque este Parlamento jamás se acostumbrará a que el Consejo no respete las reglas de los tratados, jamás se acostumbrará a que no se escuche su opinión, como establece el Tratado hoy vigente. 
Esperemos que, a partir de este momento y con las nuevas previsiones del Tratado de Amsterdam- que imponen con carácter imperativo la consulta al Parlamento -, el Consejo reaccione y deje ya estos malos hábitos, y consulte al Parlamento en todo este ámbito que es de máximo interés para la ciudadanía europea, a quien esta Asamblea representa, señor Presidente. 
El Parlamento no ha sido consultado. 
Se trata, además, de un convenio internacional. 
Pese a ello, hemos dicho que es un paso adelante y ¿por qué es un paso adelante? 
Porque simplifica las condiciones de extradición en comparación con el Convenio de 1957, que era un convenio establecido en el marco del Consejo de Europa y no un convenio entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Por el grado de integración política alcanzado, por el grado de confianza mutua entre los sistemas judiciales existentes, la ciudadanía clama por que se dé una solución dentro de la Unión Europea y no en foros externos como es el Consejo de Europa. 
Entre los logros más sobresalientes de este nuevo convenio debemos señalar, señor Presidente, la extensión de los hechos que dan lugar a la extradición al rebajarse la duración de la pena requerida de un año a 6 meses; el establecimiento de la posibilidad de privar a la persona de libertad en un lugar distinto a una institución penitenciaria; la inclusión de los delitos fiscales, pues importante es que Europa luche con unos instrumentos más adecuados contra el fraude fiscal; el establecimiento de la obligación de conceder la extradición a nacionales; la supresión parcial del requisito de especialidad, es decir, que se pueda perseguir a un delincuente por otros delitos por los que no se haya pedido la extradición siempre y cuando esos delitos no lleven aparejada una condena a reclusión. 
Y de la máxima importancia en estos momentos es la supresión del impedimento del delito político que contiene el artículo 5. Es decir, ya no se podrá denegar la extradición alegando la circunstancia de delito político. 
También es importante la supresión, al menos parcial, del requisito de doble incriminación en los delitos conexos al de terrorismo. 
Sin embargo, son también muchas las críticas que en esta Asamblea tenemos que hacer a este convenio. 
La primera es la existencia de muy pocas propuestas de mejora en lo que se refiere a la tramitación de los procedimientos de extradición. 
Hay que agilizar esos procedimientos. 
Es necesario simplificar esos trámites y hay que ir más allá. 
La segunda es que no se establece un tiempo máximo para la tramitación de estos procedimientos, cosa que sí se establece en el convenio del año 1995 sobre extradición con carácter voluntario, también en el ámbito de la Unión Europea. 
Además, hemos de señalar que el convenio tiene la posibilidad de establecer reservas en, prácticamente, todos los avances que he señalado, y que esto es algo que contradice la esencia misma de lo que proclaman los Tratados constitutivos de la Unión Europea y que recoge el preámbulo del convenio. 
Si existe una confianza mutua en los sistemas judiciales, si existe una confianza mutua en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, no se entiende la posibilidad de que existan estas reservas. 
Señor Presidente, una de dos: o somos un conjunto de Estados que nos reconocemos un valor equivalente en el sistema de garantías de las libertades públicas o, si no, la Unión Europea deja de tener sentido. 
La Unión Europea será un mercado interior, una unión aduanera, pero nunca una auténtica unión de ciudadanos libres que luchan por unos mismos intereses. 
Por último, señor Presidente, la máxima crítica que desde esta Asamblea hemos de hacer a este convenio es que no se establece competencia alguna para el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ni tan siquiera la incipiente, la mínima que establecen otros convenios como el Convenio de EUROPOL. 
Se dice que al cabo de un año se estudiará este tema. 
Pero es insuficiente y hemos de denunciarlo. 
Y, bien, ¿cuál es el balance? 
Pues el balance es, a pesar de todo, que hemos de apoyar este convenio, que hemos de pedir que se ratifique cuanto antes, que hemos de pedir que los Estados miembros que han establecido reservas no hagan uso de dichas reservas o las ratifiquen de forma limitada, y hemos de pedir incluso que el Consejo examine la posibilidad de que este convenio entre en vigor antes de que el más rezagado de los Estados miembros lo ratifique, con la misma filosofía de lo que ya establece el Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, mi Grupo va a pedir el voto favorable para este informe con una sola condición, y es que no se apruebe el apartado 13 que pide a los Parlamentos de los Estados miembros que no ratifiquen el convenio en tanto no se den competencias al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. 
He denunciado que no estamos de acuerdo, que queremos competencias para el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pero también he dicho que Europa se construye poco a poco, que se construye paso a paso, que este es un paso que no debemos desaprovechar, y que lo que debemos hacer es, a partir de esta base, proseguir avanzando para que, no a través de instrumentos de Derecho internacional público, sino a través de instrumentos auténticamente comunitarios, auténticamente de la Unión Europea, hagamos realidad esa proclama del Tratado de Amsterdam de crear un auténtico espacio de libertad, de seguridad y de justicia que nuestros ciudadanos nos reclaman. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Asuntos Institucionales ha planteado unánimemente tres peticiones a la Comisión de Asuntos Interiores. 
Es de agradecer que dos de ellas hayan sido tenidas en cuenta. 
Lamentablemente, la Sra. ponente se ha distanciado muy enérgicamente de una. 
Los dos puntos se refieren a la competencia del Tribunal Europeo de Justicia. 
Primero: apelar a los Parlamentos nacionales para que hagan depender su ratificación de la competencia del Tribunal Europeo de Justicia y segunda: instar al Consejo para que no examine la competencia del Tribunal Europeo de Justicia al cabo de un año sino inmediatamente. 
Una tercera petición se refiere a un aspecto que no ha tratado el informe de Asuntos Interiores bajo la ponencia de la Sra. Palacio Vallelersundi. Me refiero a la ausencia de unas condiciones jurídicas mínimas para la ejecución de tales procedimientos de extradición. 
Quizás alguien lo desconozca, pero en cualquier caso es una situación casi increíble que las garantías jurídicas más elementales que existen en cualquier derecho penal- el derecho a ser asistido por un abogado, a ser informado de sus derechos, a apelación, los plazos para los procedimientosno existan en este procedimiento de extradición nacional, es decir, los ciudadanos van a ser retenidos durante meses sin plazos y sin controles sobre la detención y sin que exista ningún intento del Consejo para llegar a un acuerdo al respecto. 
Lamento extraordinariamente el distanciamiento de la ponente en esta cuestión. 
Este Parlamento siempre ha sido defensor de dos objetivos: la profundización de la cooperación en Europa y la creación de una democracia europea con derechos fundamentales y cívicos. 
Es importante ver cómo el Parlamento se comporta en un caso de conflicto, conflicto que se presenta aquí entre la profundización de la cooperación, que nosotros saludamos, y los derechos cívicos. 
La ponente solamente ha indicado que se deben superar una serie de obstáculos. 
Naturalmente, saludamos que se superen obstáculos en los procedimientos de extradición entre los Estados de la UE, pero también es importante ver que estos obstáculos representan garantías jurídicas y de protección jurídica para los ciudadanos. 
No se trata de obstáculos burocráticos de cualquier tipo sino que se trata, por ejemplo, de la prohibición de extradición si el hecho punible no está castigado en el propio país, o de la prohibición de extradición para los propios nacionales o de la prohibición de extradición a terceros Estados sin consultar al primer Estado. 
Todos estos llamados obstáculos representan derechos cívicos esenciales. 
Creo que es correcto que estos obstáculos se cuestionen en el marco de una profundización de la cooperación europea, pero, y este «pero» es irrenunciable, sólo en un contexto en el que a nivel europeo se creen garantías jurídicas y competencias procesales. 
Estamos ante un conflicto que es totalmente determinante. 
Creo que si no dejamos de centralizar en algunos sectores, ante todo en el de la seguridad interna, y de desmontar derechos cívicos nacionales y estándares democráticos sin crearlos al mismo tiempo a nivel europeo, originaremos un profundo conflicto en esta cuestión de la integración europea. 
Apelo, por ello, a sus Señorías para que apoyen esta enmienda sobre las garantías mínimas en el procedimiento de extradición, que ha sido apoyada también en lo esencial por la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Mi grupo político no va a dar su voto favorable a este informe por los motivos citados. 
Señor Presidente, Señorías, al contrario que el Grupo de los Verdes vamos a dar nuestro voto afirmativo al informe de la Sra. Palacio aunque compartamos alguna que otra observación que el Sr. Voggenhuber ha expuesto en nombre de su grupo político. 
Como ocurre con frecuencia con informes de este tipo, comienzo con una crítica a un modo de proceder del Consejo que de nuevo es muy sintomático. 
Si nosotros- y el informe Palacio es una aportación al respecto- insistimos en que en la Unión Europea, paralelamente al desarrollo económico y al financiero, debe existir también un desarrollo común y duradero de las estructuras jurídicas, pero si ya desde el comienzo de los debates comprobamos que en cada ocasión se violan las reglas del juego más elementales, por ejemplo, consultando siempre a posteriori al Parlamento en el procedimiento de consulta, cuando las cosas ya se han puesto en marcha, este modo de proceder del Consejo revela el poco espíritu democrático que aplica en especial en el sector del tercer pilar del Tratado de Maastricht. 
Quizás esto cambie con el Tratado de Amsterdam que prescribe la consulta vinculante del Parlamento Europeo. 
Junto a este modo de proceder antidemocrático, también falta la competencia del Tribunal Europeo de Justicia, como ha mencionado la Sra. Palacio. 
No es la primera vez que ocurre. 
Nos quejamos continuamente de ello. 
Solamente el hecho de que el Tribunal Europeo de Justicia no sea competente supone ya que falta un elemento de protección jurídica para las ciudadanas y ciudadanos afectados. 
No recoger las garantías de protección jurídica que existen en las legislaciones nacionales cuando se delegan elementos de la legislación nacional relacionados con la seguridad interna a la Unión Europea, solamente fortalece la permanente desconfianza soterrada que existe contra el modo de proceder de la Unión Europea. 
En mi opinión, todo esto se ha expresado muy acertadamente. 
Sin embargo, a pesar de todas las críticas, existen algunas mejoras que debemos reconocer. 
En el curso del debate en nuestra comisión llegamos a un punto- que no quiero ocultarlo aquí- en el que tuvimos que mostrar claramente nuestra posición. 
Me refiero a la cuestión del delito político. 
La Sra. Palacio lo ha tratado someramente. Yo lo quiero repetir aquí de nuevo porque ha ocupado a nuestra comisión durante semanas. 
En nombre de mi grupo político quiero decir claramente que si somos una comunidad de Estados democráticos de derecho y cada país miembro solamente reconoce a los demás que las Constituciones que aplican corresponden a las reglas democráticas elementales, entonces no puede existir una protección ante los delitos políticos dentro de la Unión Europea. 
El hecho de que el informe Palacio lo precise y lo muestre es una de las significativas aportaciones que hemos realizado en este debate. 
No solamente la ponente sino todos los que han participado son acreedores a nuestro agradecimiento por ello. 
A pesar de las muchas objeciones que tenemos, hemos llegado finalmente a la conclusión de dar nuestro voto afirmativo a este informe. Felicito a la Sra. Palacio por su trabajo y su disposición para recoger nuestras aportaciones críticas. 
Señor Presidente, Señorías, no hace mucho tiempo un ciudadano portugués fue condenado en Alemania por asesinato a la pena de cadena perpetua. 
Lamentablemente, logró huir de la cárcel y llegar a Portugal. 
La exigencia de la República Federal de Alemania para que se extraditara a Alemania al asesino para que cumpliese su pena fue rechazada por el Estado miembro Portugal con la justificación de que allí no existe la pena de cadena perpetua. 
Por esta causa no se pudo atender positivamente la solicitud de extradición. 
Este caso describe exactamente el problema que nos ocupa. 
Al contrario de lo que ha dicho el portavoz de los Verdes, no se trata de desmontar el Estado de derecho sino, al revés, de crearlo en Europa. 
No es ninguna prueba de Estado de derecho que dentro de la Unión Europea no se castigue el asesinato o se haga de manera muy diferente. 
Somos testigos de nuevo de que en el sector de la economía tenemos un amplio espacio común pero que no va acompañado del correspondientes espacio jurídico. 
En la economía podemos actuar por encima de las fronteras- lamentablemente, los delincuentes, el crimen organizado puede hacerlo también- pero el derecho no ha dado aún de manera suficiente estos pasos necesarios transfronterizos. 
Este Convenio es sólo un paso muy precavido en esta dirección y, tal como muchos opinan aquí, insuficiente. Pretende garantizar que se pueda pedir cuentas a los delincuentes cuando se aprovechan de las ventajas que ofrece la Unión, por ejemplo, la libre circulación de personas. 
Esto no es más que de justicia. 
Si critico este Convenio, lo hago no sólo por los motivos que ha expuesto con precisión la colega Palacios y que también ha mencionado el colega Schulz, a saber, la deficiente participación del Parlamento Europeo, sino también porque los pasos en dirección al espacio común son muy insuficientes, porque el Convenio se ve socavado por muchas reservas, el Estado miembro Grecia se reserva no extraditar a nadie al que se acuse de haber luchado por la libertad. 
No me puedo imaginar que en algún lugar de la Unión exista una idea de la libertad tan diferente que permita ocultar actos delictivos. 
Todo esto muestra que no hemos avanzado aún mucho. 
Sin embargo, es un paso en la dirección correcta y es necesario ratificar este Convenio con rapidez para que pueda entrar en vigor. 
Señor Presidente, me siento honrado con la presencia del Comisario Fischler, que es experto en agricultura. 
No obstante, me pregunto humildemente dónde se encuentra la Comisario Grädin hoy. 
Señor Presidente, el nuevo Convenio relativo a la extradición supone una mejora. 
La extradición de delincuentes dentro de la Unión Europea constituye un procedimiento de larga duración con demasiado papeleo, que se agilizará a partir de la entrada en vigor del Convenio que nos ocupa. 
Con la obligación de conceder la extradición de nacionales, es decir, de neerlandeses por el Gobierno neerlandés y de belgas por el Gobierno belga, en cierto sentido, se ha dado un importante paso adelante. 
Asimismo es un logro que se conceda, de un modo más fácil o, mejor dicho menos difícil, la extradición de terroristas, todo lo cual nos aproxima al espacio judicial europeo por el que todos, al menos la mayoría de esta Asamblea, nos esforzamos. 
La debilidad del Convenio ya ha sido denunciada por la ponente a la que quisiera expresar mi enhorabuena por su trabajo. 
Me adhiero a su punto de vista. 
A este respecto, me gustaría señalar, en nombre del Grupo de los Liberales, que el hecho de que no se hayan atribuido competencias al Tribunal de Justicia, constituye una omisión grave, tratándose precisamente de una materia relacionada con el derecho penal y similares. 
El Tratado de Amsterdam ofrece algún desagravio, pero también después debemos seguir avanzando. 
Señor Presidente, no se ha consultado al Parlamento Europeo en esta materia. 
Este hecho ya se ha denunciado reiteradamente durante este debate. 
La propuesta de resolución menciona al respecto que lo lamentamos. Votaremos a favor, aunque en mi opinión esta expresión es demasiado suave. 
De hecho, no es razonable que no hayamos sido consultados. 
La conclusión del Grupo de los Liberales es que, considerándolo todo, votaremos a favor de la propuesta de resolución. 
Señor Presidente, el Convenio de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, que hoy nos ocupa, puede suponer un paso hacia adelante en la consecución de ese espacio jurídico y judicial europeo que, con la necesaria transparencia y garantías democráticas, debe completar y desarrollar la construcción de la Europa económica, como aquí se ha dicho. 
No obstante, es preciso hacer algunas observaciones sobre el mismo, tanto desde el punto de vista de su contenido como del de su procedimiento de adopción. 
Ante todo, tenemos que criticar con dureza el hecho de que el Consejo no haya respetado las disposiciones del Título VI del Tratado de la Unión Europea y haya adoptado el Convenio sin informar ni consultar previamente al Parlamento Europeo. 
Desde el punto de vista de su contenido, podemos compartir el objetivo de mejorar la cooperación judicial en el ámbito de la extradición. 
Pero el hecho de que se permita a los Estados miembros expresar reservas para la casi totalidad de las innovaciones que aporta el Convenio hará que su valor dependa de la formulación o no de dichas reservas por los Estados. 
En relación con los procedimientos de extradición por motivo de terrorismo, tenemos que lamentar, como la ponente, que la falta de claridad en la redacción del Convenio y la desconfianza entre los Estados miembros pueda conducir a que la colaboración o participación en banda armada quede excluida de la extradición, lo que carece de sentido en un espacio de libertad y democracia donde no tiene cabida el delito político. 
De todas formas, es preciso hacer hincapié en que la extradición siempre debe estar en manos de los órganos jurisdiccionales y no de los poderes ejecutivos, habida cuenta de que la atribución de la responsabilidad de decisión a los gobiernos constituiría una vulneración de las garantías jurisdiccionales del individuo. 
En definitiva, es importante ir hacia un procedimiento automático de extradición dentro del marco de un espacio de libertad, seguridad y derecho, con el fin de lograr un espacio jurídico y judicial europeo, siempre dentro del respeto de los derechos fundamentales, del control democrático y del mantenimiento del carácter jurisdiccional de los procedimientos y sin perjudicar los derechos de la defensa de los ciudadanos. 
Señor Presidente, creo que este mundo está al revés. 
Y no me refiero al excelente informe de la colega Palacio sino al Convenio del que es objeto su informe. 
No existe ninguna Carta de derechos fundamentales, ninguna política común sobre la justicia ni ninguna europeización de la política interior en los Estados miembros de la Unión Europea, lo que sería la única condición previa pensable para lo que se quiere hacer aquí. 
En lugar de dar por fin los pasos necesarios ¿qué hace el Convenio de Amsterdam? 
En el artículo K3 formula una serie de declaraciones de intenciones cuyo contenido jurídico, dicho de un modo suave, es absolutamente oscuro. 
Naturalmente, el Convenio que se nos ha presentado ahora proporciona una cierta claridad sobre la supresión precisamente de las garantías jurídicas del antiguo Convenio de Extradición de 1957. 
Es otro ejemplo de cómo en muchos países miembros se lleva a cabo la justificada lucha contra el crimen organizado: limitando los derechos fundamentales de todas las ciudadanas y ciudadanos. 
Pero el Convenio va un paso más lejos al realizar esta limitación jurídica de las ciudadanas y ciudadanos mediante un Convenio internacional. 
Es un paso que ningún Parlamento del mundo que se sienta vinculado a los principios de un Estado de derecho puede permitir. 
Por ello, la Comisión de Asuntos Institucionales tiene razón cuando insta a los Parlamentos de los países miembros para que no ratifiquen tal Convenio. 
Pero ¿qué debe hacer el Parlamento Europeo? 
No se puede quejar permanentemente de que no se le consulte. 
No hace falta preguntar cuando no tiene ninguna opinión en cuestión de derechos cívicos. 
Señor Presidente, en primer lugar creo que hay que felicitar de verdad al ponente por la calidad de su texto, si bien merece algunas observaciones. 
Sin duda, la cooperación judicial en el seno de la Unión está mejorando, pero nosotros todavía no estamos en un espacio judicial único. 
Se avanza en este sentido pero, de momento, se trata meramente de pasos muy pequeños. 
De hecho, ¿cuál es el objetivo de todo este asunto? 
Pues que el crimen no quede sin castigo y al mismo tiempo se proteja al ciudadano contra las arbitrariedades. 
En este sentido, la preocupación de cada cual, la que todos tenemos un poco en mente, es la criminalidad política o la que se ha bautizado como tal. 
Sin embargo, habida cuenta de las legislaciones e instituciones judiciales, en Europa hoy sólo se persigue de verdad a los asesinos y a aquellos que llevan a cabo extorsiones de fondos, secuestros o asesinatos premeditados, en todo esto el elemento político no se debería tener en cuenta, pues se persigue a delincuentes y a criminales. 
Tengámoslo bien presente para mejorar nuestro propio sistema judicial y, en cualquier caso, protejámonos hoy de los crímenes cometidos dentro de los países de la Unión. 
Estimadas y estimados colegas, el presente Convenio de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea que ha sido aprobado por el Consejo el 27 de septiembre del año pasado tiene un enfoque positivo. 
Creo que las oradoras y oradores anteriores lo han justificado suficientemente. 
Europa crece cada vez más conjuntamente, la movilidad de las ciudadanas y ciudadanos es cada vez mayor y, lamentablemente, también la de los delincuentes. 
Pero las disposiciones del actual derecho de extradición no han mantenido el ritmo de esta evolución, por lo que ya no son lo suficientemente eficientes. 
Es necesario mejorarlas. 
Sin embargo, queremos una Europa en la que se sientan seguras las personas y, por ello, reconocemos también que las condiciones de extradición propuestas son positivas. 
Pero al igual que la Sra. Palacio, a quien felicito por su buen fundamentado informe, tengo que protestar también del modo más enérgico contra el modo de proceder del Consejo. 
El Consejo no ha considerado necesario incluir al Parlamento de un modo amplio y completo en la elaboración del Convenio, tal como figura en el Tratado. 
Por ello, tenemos que recapacitar si debemos seguir presentando al Consejo a posteriori nuestras exigencias sobre tales Convenios que afectan al tercer pilar o si no debemos mantener más bien un debate sobre cómo tenemos que comportarnos en el futuro como Parlamento frente al Consejo, para que podamos utilizar mejor los pocos derechos que tenemos. 
Respecto al contenido, quiero decir lo siguiente: las numerosas reservas que han expuesto los diversos Estados miembros no son adecuadas para construir una Europa común en la que reine la confianza recíproca. 
Coincido también en este aspecto con la Sra. Palacio y con otros muchos colegas. 
Asimismo, existe coincidencia en que la competencia del Tribunal Europeo de Justicia para este Convenio necesita urgentemente una regulación satisfactoria, por lo que debe examinarse ya ahora. 
Las ciudadanas y ciudadanos de la Unión deberían tener la posibilidad de dirigirse al Tribunal Europeo de Justicia en asuntos jurídicos de dimensión europea. 
Por lo demás, para mí es muy importante limitar la duración del procedimiento de extradición, es decir, introducir un plazo concreto. 
Por motivos humanitarios y por respeto a los derechos humanos, es absolutamente necesario un procedimiento corto. 
Un procedimiento claro proporciona a los afectados la necesaria seguridad jurídica. 
De seguridad jurídica se trata también cuando hablamos sobre las relaciones existentes entre la extradición y el derecho de asilo en la Unión Europea. 
No ha sido casualidad que el Consejo haya considerado necesario añadir la correspondiente declaración al Convenio. 
Con el Tratado de Amsterdam, los Estados miembros han sido declarados como países de procedencia segura. 
Por ello, me parece consecuente que las declaraciones conjuntas sobre el derecho de asilo se tengan que adaptar en el Anexo del Convenio a estas nuevas circunstancias. 
Llego de este modo a la última observación de fondo, que es también muy importante para mí y les expreso mi agradecimiento por adelantado por escucharme. 
Tal como el Consejo indica en el preámbulo, un Convenio sobre extradiciones solamente puede aplicarse entre Estados que se hayan comprometido con los principios de los Estados democráticos de derecho y con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
Por ello, estoy convencido de que no se puede exigir a ningún Estado que realice una extradición a otro Estado miembro que pueda derogar por su cuenta partes de este Convenio mediante la aplicación del artículo 15 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos o del que se sepa que se producen violaciones de los derechos humanos en las comisarías de policía o en las cárceles. 
Lamentablemente, tengo que insistir sobre ello, pues muchas organizaciones de derechos humanos lo denuncian continuamente y nosotros lo hacemos también en nuestros informes anuales sobre las violaciones de los derechos humanos en la Unión. 
Señor Presidente, el asunto que debatimos es de máxima importancia para quienes entienden que, para que la Unión Europea se consolide y pueda cumplir internacionalmente su misión histórica, tiene que ser en un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
La presentación de un convenio eficaz sobre la extradición no supondrá la simple solución de los problemas técnicos y legales que hay en la actualidad. 
Contribuirá a la cooperación eficaz del procedimiento judicial y conducirá, finalmente, a la unificación del Derecho penal, que es una de las condiciones para una unión real con la correspondiente, aunque lamentablemente no debatida, organización federal. 
Porque, por descontado, si ya existiese esa infraestructura federal, si realmente hubieran desaparecido las fronteras interiores, no habría razón alguna para regular la extradición de los delincuentes desde un país a otro. 
Habría un mecanismo automático de entrega de los delincuentes a la autoridad competente, de acuerdo con las normas de la jurisdicción. 
Lamentablemente, dado el énfasis absoluto que se ha puesto en los aspectos económicos de nuestra marcha hacia la integración, esas pretensiones de unión son consideradas como secundarias y lejanas. 
El minucioso y frío informe de la Sra. Palacio indica los esfuerzos de eficacia que han de realizarse a medio plazo. 
Es preciso señalar la necesidad de no infravalorar el papel del Parlamento Europeo, ya que constituye la garantía de las libertades, ni el papel del Tribunal Europeo, y los Estados miembros, finalmente, no deben abusar de las reservas que contiene el Convenio y demorar mucho tiempo su aplicación. 
Señor Presidente, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea no ha llegado a un acuerdo unánime acerca de esta cuestión. 
Tanto otros diputados como yo tenemos previsto votar en contra de este informe, y lo haremos principalmente por dos motivos: por un lado, estimamos que el presente informe es claramente poco riguroso por lo que respecta a la seguridad jurídica y a las normas en este ámbito en lo relativo a la extradición; en segundo lugar, pensamos que las cuestiones en materia de Derecho penal son de competencia nacional, y que el convenio relativo a estas cuestiones debería tener un carácter interestatal. 
Este es, en fin, nuestro punto de vista. 
El presente informe apoya igualmente las restricciones al derecho de asilo propuestas en el Tratado de Amsterdam, a lo cual también nos oponemos. 
En Suecia se produjo hace algunos años un caso que llamó mucho la atención, cuando Francia solicitó la extradición a este país de un ciudadano argelino. 
Las autoridades suecas se negaron a adoptar tal decisión, al no poderse demostrar que esta persona hubiera incurrido en ningún delito. 
Posteriormente se probó que el acusado era inocente y que disponía de una coartada. 
En mi opinión, es correcto que las autoridades judiciales de un país puedan decidir por sí mismas si se debe extraditar a una persona en un caso de este tipo. 
Señor Presidente, creo que todos somos conscientes de que protagonizamos una operación difícil e innovadora, es decir, la creación de un elemento fundamental de la ciudadanía europea, consecuencia del espacio jurídico y judicial. 
Mis colegas ya han abordado las razones substanciales que son evidentes para todos ciudadanos, para ese 80 % de ciudadanos que considera la cuestión de la seguridad su preocupación prioritaria. 
Creo que en este momento hay que señalar el gran activismo del Consejo y, si quieren, también el paso adelante dado por el Tratado de Amsterdam. 
Dicho activismo, sin embargo, que afecta no sólo a este convenio, sino también a los demás que vamos a debatir en los próximo meses, y el Tratado mismo, se debaten en la contradicción, aquí mencionada, entre un avance en el camino de la cooperación y una lenta, demasiado lenta, puesta a punto de los instrumentos de garantía, sobre todo Tribunal de Justicia y Parlamento Europeo. 
Un trabajo que he de reconocer excelente también desde el punto de vista jurídico- cosa que no viene mal, pues debemos argumentar nuestra posición ante el Consejo- en primer lugar, precisamente porque se trata de la mejora de los procedimientos existentes en el ámbito de una institución histórica que con demasiada frecuencia se ha utilizado para sustraerse a la justicia. En segundo lugar, porque la experiencia nos demuestra que los delitos más frecuentes, al menos y no sólo en mi país, son los de terrorismo, y aquí coincido con el Sr. Pradier en su intervención sobre el tema, así como los delitos fiscales. 
Demasiado a menudo, quien dispone de mucho dinero y quien, sobre todo, es autor de delitos fiscales, consigue vincularse con mucha facilidad con el país de extradición. 
En tercer lugar, habida cuenta de que yo también estoy muy preocupado por la cuestión de las garantías, y creo además que todos debemos estarlo, porque nos afecta a todos, deseo mencionar la innovación introducida por el Tratado de Amsterdam, o sea, el artículo F que postula la aplicación de sanciones contra los Estados miembros que violan los derechos humanos. 
Considero que debemos combinar estas cosas, o sea, hay que tener el valor de no detener un importante tren en marcha y, a la vez, intervenir para impedir su descarrilamiento. 
Señor Presidente, creo sinceramente que este convenio de extradición constituye un instrumento válido para conseguir algo que este Parlamento ha defendido y persigue desde hace tiempo: hacer compatible un espacio de libertad, de libre circulación en Europa, con la seguridad y la protección de los ciudadanos. 
Es muy difícil que aquellos que sufren la violencia ejercida por los terroristas, ejercida por los delincuentes, entiendan que a causa de recelos entre Estados que, teóricamente, avanzan hacia un alto nivel de unión política, se permita a terroristas y delincuentes encontrar cobijo en esta Unión, aprovechando las lagunas existentes. 
Lo sabemos bien en mi país y, por esa razón, hemos perseguido desde hace tiempo este convenio. 
Me felicito, pues, por su existencia y felicito a la ponente, la Sra. Palacio, por su informe. 
Ahora sólo nos cabe esperar que el convenio sea ratificado por los Estados miembros en este complejo procedimiento al que nos aboca el tercer pilar y que éstos sean leales a su letra, y también a su espíritu, así como que el convenio sea un instrumento para mejorar el procedimiento de extradición, como todos esperamos. 
Y sólo me queda, como han dicho tantos colegas, esperar que en el futuro, además de felicitarnos por el contenido y por la letra de un informe de este Parlamento, podamos también salir de aquí satisfechos y felicitarnos porque éste tiene una verdadera operatividad, una verdadera utilidad. 
Muchas gracias, señora Terrón. 
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Comisario Sr. Fischler. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero felicitar en primer lugar a la Sra. Palacio Vallelersundi por su informe y por el trabajo realizado en las comisiones. 
El Convenio de extradición europeo firmado el 27 de septiembre de 1996 contiene una serie de principios claramente definidos que, entre otras cosas, se refieren a la confabulación para cometer un delito, a los delitos políticos y a la extradición de los propios nacionales. 
En estas disposiciones se muestra claramente que los Estados miembros están decididos a actuar conjuntamente contra el crimen organizado y el terrorismo. 
Al mismo tiempo, en el Convenio se expresa la confianza de que todos los Estados miembros respeten y apliquen los derechos humanos en sus procedimientos penales. 
Como sus Señorías saben, en el Tratado de Amsterdam los derechos humanos se contemplan de tal forma que gozan casi de rango constitucional para la Unión. 
Aunque el Convenio de extradición prevé regulaciones de excepción, sin embargo la causa de ello no es que exista un déficit de confianza recíproca. 
Más bien, lo que se pretende es tener en cuenta la sensibilidad de determinadas cuestiones en relación con las normas constitucionales de ciertos Estados miembros y dar tiempo a éstos para adaptarse a las nuevas circunstancias mediante la creación de un espacio común de libertad y de derecho. 
Pero independientemente de ello, la Comisión lamenta al igual que el Parlamento que no se haya recabado el dictamen consultivo del Parlamento antes de aprobar este importante instrumento. 
Sería positivo que un representante del Consejo tomase nota aquí de esta crítica. 
En la propuesta de resolución que figura en el orden del día se formulan opiniones y deseos que comprendo perfectamente. 
Por ejemplo, yo también deseo que se haga un uso muy limitado de las normas de excepción previstas. 
Pero quiero referirme más detalladamente a un punto especial. 
Me temo que la exigencia de los Parlamentos nacionales de ratificar el Convenio solamente cuando se haya decidido sobre el papel del Tribunal Europeo de Justicia, puede tener unas repercusiones muy negativas. 
Se quita a los Parlamentos nacionales un importante instrumento adicional para la lucha contra el crimen organizado sin que se fomente automáticamente una solución rápida y satisfactoria. 
Veo además una cierta contradicción entre los puntos 7 y 13 de la resolución. 
Me pregunto si no sería razonable examinar la competencia del Tribunal Europeo de Justicia al entrar en vigor el Tratado de Amsterdam, que reconoce expresamente al Tribunal de Justicia la competencia para interpretar los instrumentos introducidos en el marco del nuevo Tratado. 
Quizás sería este el momento adecuado para analizar, por ejemplo, si los instrumentos existentes que no prevén la competencia del Tribunal de Justicia, no podrían incluirse en la futura regulación. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
4º informe anual del Observatorio Europeo para las PYME 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0245/97) del Sr. Torres Couto, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el Cuarto Informe Anual del Observatorio Europeo para las PYME (1996) (C4-0292/97). 
Tiene la palabra el Sr. Torres Couto, como ponente, por tiempo de 5 minutos. 
Señor Presidente, las de 16, 5 millones de pequeñas y medianas empresas y de 110 millones de trabajadores de la Unión Europea son cifras que revelan perfectamente la importancia económica y social de ese sector empresarial en el nivel europeo. 
El Cuarto Informe Anual del Observatorio Europeo para las PYME se ocupa de forma extensa y significativa de ellas, además del sector artesanal, en todos los Estados miembros de la Unión. 
El objetivo primordial que aparece formulado en el informe, así como el de la red europea de investigación sobre las PYME, consiste en crear una base de información para la adopción de decisiones respecto de las PYME, incluido el sector del artesanado. 
Igual que el informe de 1995, el trabajo principal del Observatorio en 1996 ha consistido en medir los efectos de la realización del Mercado Interior para las pequeñas y medianas empresas. 
Atendiendo a la importancia de las PYME como columna dorsal de la economía europea, acojo, como ponente, favorablemente el informe y reconozco el trabajo a él dedicado. 
El informe de 1996 incluye dos estudios temáticos a fondo sobre las mujeres y las PYME, así como las cooperativas, sociedades mutuas y organizaciones no lucrativas. 
En la Unión Europea de doce miembros, en 1993, del 20 % al 30 % de todas las empresas estaban gestionadas por mujeres y del 25 % al 30 % de todas las nuevas empresas fueron creadas por mujeres y los cónyuges asistentes desempeñaban en ellas un papel importante. 
Podemos decir que, en este momento, del 60 % al 80 % de los cónyuges asistentes trabajan en el sector de las pequeñas y medianas empresas. 
A pesar de que esos valores demuestran con claridad la importancia de este asunto, no se le ha prestado toda la atención que merece. 
Las empresarias encuentran con frecuencia muchas dificultades: por ejemplo, en el nivel de la financiación. 
Hay una discriminación en el acceso al crédito por ser mujeres. 
Y, por consiguiente, es necesario intervenir urgentemente a fin de remediar esta situación. 
En cuanto a los principales problemas de los cónyuges asistentes, radican en la esfera de la protección social, del estatuto jurídico y del derecho de régimen matrimonial, fiscal y de sociedades. 
Es necesario hacer adoptar disposiciones adecuadas en materia de seguridad social y proceder a una reforma de las legislaciones antes citadas. 
Por lo que se refiere a las cooperativas, sociedades mutuas, asociaciones y fundaciones, representan, por lo menos, el 6, 5 % del número total de empresas privadas y, como tales, constituyen un factor no despreciable de la economía europea. 
Por desgracia, existe poca información. 
Es urgente que se apruebe el estatuto europeo de las cooperativas, porque podrá ser una ayuda valiosa para la resolución de esa carencia. 
La cuestión de la transferencia de empresas, analizado pormenorizadamente, merece una atención especial, teniendo en cuenta que, si se sigue pasando por alto la cuestión de las transferencias, cerca de 1, 5 millones de pequeñas y medianas empresas de Europa corren el riesgo de tener que cerrar y peligran cerca de 6, 5 millones de puestos de trabajo. 
El Observatorio enumera las cuatro principales trabas a las transferencias: la evaluación de la empresa, la financiación de la adquisición, los dispositivos jurídicos y los aspectos sentimentales. 
En particular, el elevado nivel de los impuestos de sucesión y de donación constituye un factor importante de inhibición de la transmisión de empresas en varios países europeos, por lo que se debería tener en cuenta la posibilidad de reducir o suprimir esos impuestos. 
Como ponente, considero que, aunque el Cuarto Informe Anual hace un análisis exhaustivo de esa cuestión, no se han tenido en cuenta suficientemente las posibilidades que brinda la transmisión de empresas a sus empleados. 
Otros aspectos importantes son la financiación y la formación profesional, aspectos también abordados en el Cuarto Informe Anual. 
Por lo que se refiere a la financiación, las experiencias positivas de seguridad financiera proporcionada por los regímenes de garantía mutua y regímenes de garantía de préstamos aplicados en los Estados Unidos revelan que en Europa se pueden y se deben utilizar esos instrumentos en mayor escala a fin de afrontar los graves problemas de financiación de las pequeñas y medianas empresas. 
En cuanto a la formación profesional, hay que perfeccionar no sólo la formación inicial, sino también la permanente, y una medida importante sería la armonización de los sistemas de aprendizaje en la Unión Europea. 
El medio fiscal contribuye de forma importante a la actividad de las pequeñas y medianas empresas. 
En muchos Estados miembros, el régimen actual de impuesto de sociedades sigue inhibiendo a muchas pequeñas empresas con posibilidades de crecimiento, al favorecer una inversión de capital fuera de la empresa y no en la propia empresa. 
Así, pues, recomiendo una reducción del impuesto de sociedades que incida en los beneficios de las pequeñas empresas, lo que podría constituir una medida eficaz para sustentar y aumentar el empleo. 
El Cuarto Informe analiza, así, señor Presidente, un elevado número de sectores muy importantes para el desempeño de las PYME. 
Y no podemos olvidar que sin ellas la economía y el empleo en Europa podrían resultar profunda y severamente castigados. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Torres Couto por su texto sobre el Cuarto Informe Anual del Observatorio Europeo para las PYME. 
Las PYME son aún más importantes después del Consejo de Amsterdam y de que la iniciativa sobre empleo de Gordon Brown en la que se hacía hincapié en la primacía de las PYME se incluyera en el texto definitivo. 
El Sr. Torres Couto señala algunas situaciones problemáticas, como la de la transmisión de empresas, en la que corren peligro 1, 5 millones de PYME. 
En un comunicado anterior, la Comisión nos decía que cierran anualmente unas 30.000 empresas debido a este problema, lo cual se traduce en unos 300.000 puestos de trabajo. 
Muchas veces los problemas son de carácter administrativo o legal al fallecer o jubilarse el empresario. 
Una segunda situación problemática es la de la financiación de las PYME. 
La existencia de la Unión Europea favorece el intercambio de las prácticas más correctas. Se hace referencia, en particular, a los fondos de garantía mutua. 
Estos son casi desconocidos en el Reino Unido, aunque frecuentes en la Europa continental. 
Pero me alegra decir que este otoño en Londres, bajo los auspicios de la ministra para las Pequeñas Empresas, Barbara Roche, se van a inaugurar los primeros fondos de garantía mutua del Reino Unido, dirigidos por mi colega Nigel Bottomley. 
Estos fondos llevan consigo un grado elevado de mutualidad. 
Por ello resulta decepcionante, tal como señala el ponente, que no se haya aprobado el Estatuto Europeo de las Cooperativas ni se haya aprobado el programa plurianual, que estaba previsto para 1994-96. 
Otro paso positivo que apoya el ponente es una reducción del impuesto de sociedades aplicada a los beneficios no distribuidos, como medio de incentivar a las PYME a invertir en crecimiento. 
Es otra vía inmediata para la creación rápida y sostenible de puestos de trabajo. 
A este respecto, acojo con satisfacción que el ministro de Justicia británico, Gordon Brown, esté reduciendo radicalmente el impuesto de sociedades para las pequeñas empresas en el primer presupuesto del Gobierno laborista desde hace dos décadas. 
Es más de lo que hicieron por las pequeñas empresas los conservadores en declive durante todo el período de su miserable mandato. 
En el Cuarto Informe del Observatorio se realiza un análisis a fondo y muy útil sobre las mujeres y las pequeñas empresas. 
Ésta es, en mi opinión, la gran reserva de talento por descubrir. 
Hablo como hijo y hermano de tres mujeres de mi familia que han dirigido con éxito o participado con éxito en la gestión de pequeñas empresas. 
La realidad, sin embargo, es que a las mujeres que tiran de esa reserva de talento se les ponen demasiados obstáculos en el camino. 
Hace poco, en mi oficina de Chester escuché cómo una mujer de mi circunscripción recordaba la discriminación a la que se había enfrentado tanto en el Reino Unido como en Holanda al intentar expandir su negocio, consistente en hacer publicaciones útiles para las PYME con actividades internacionales. 
Se estaba obstruyendo una buena idea comercial por razones que no tenían que ver con los negocios. 
Con ello Europa ha salido perdiendo. 
Otra mujer empresaria de mi circunscripción me advierte sobre la aplicación de legislación europea buena y digna de alabanza, por ejemplo, la directiva sobre trabajadoras embarazadas. 
Esta mujer en cuestión dirige una pequeña empresa en la que da la casualidad de que todos los trabajadores son mujeres. 
Teme que su pequeña empresa pueda peligrar por una serie de embarazos, con la pérdida de trabajadoras esenciales. 
Una empresa de gran tamaño no saldría perjudicada de forma tan desproporcionada en similares circunstancias. 
La solución no está en entrometerse en modo alguno en los derechos de los trabajadores de las pequeñas empresas. 
De hecho, yo defiendo que en estas circunstancias se dé un trato de favor a las pequeñas empresas y a sus trabajadores a través del sistema fiscal, sobre todo para evitar penalizar a las trabajadoras. 
Fuera del informe Couto, tenemos que hacernos más activos a la hora de impulsar a las pequeñas empresas dentro de su mayor campo de acción: el mercado único europeo, un mercado creado y conformado excesivamente según el modelo de las grandes empresas. 
Apoyo el informe del Sr. Couto. En él se dicen muchas cosas buenas. 
Debemos poner ilusión en ayudar a las pequeñas empresas a crear puestos de trabajo para el futuro. 
Señor Presidente, la misión del Observatorio Europeo para las pequeñas y medianas empresas consiste en facilitar anualmente a la Comisión Europea, datos de base, tanto cualitativos como cuantitativos, en relación con las PYME; un objetivo que se ha cumplido sobradamente en los últimos cuatro años. 
Entre tanto, el Informe Anual del Observatorio se ha convertido en una reconocida obra de referencia en los círculos científicos y económicos. 
Es más, los colaboradores del Observatorio se han organizado, con éxito, en una red eficiente de instituciones científicas que tienen conocimientos específicos relativos a las PYME. 
Para el sector de las PYME, esto supone un valor añadido nada despreciable. 
El informe que nos ocupa esta mañana fue adoptado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Económicos y ni que decir tiene que en el pleno, también daremos nuestro apoyo al mismo. 
En nombre de mi Grupo, quisiera felicitar al ponente por su trabajo. 
Además de la parte general, el Observatorio ha prestado especial atención a las cooperativas y a las mujeres, y con mucho acierto, dada su fuerte su fuerte presencia en el mercado. 
Con frecuencia, se subestima el potencial de esos dos grupos que, en consecuencia, no han recibido, asta la fecha, la suficiente consideración positiva. 
Esperemos que los datos reunidos en este informe contribuyan a que esta situación cambie. 
Diversos Estados miembros todavía distan mucho de ampliar las oportunidades para las mujeres empresarias y, en particular, reconocer un estatuto jurídico aceptable para las mujeres que asisten a sus cónyuges. 
Además, también las cooperativas necesitan espacio suficiente para funcionar. 
En mi opinión, las cooperativas tienen una imagen demasiado ideológica, especialmente en la parte septentrional de Europa. 
Hay que cambiar esa imagen, ya que su estructura jurídica también podría ser viable dentro del modelo clásico de comercio e industria. 
Por otra parte, quisiera preguntar a la Comisión cuánto tiempo tendremos que esperar para ver algún avance en lo tocante al Estatuto Europeo de las Cooperativas y si se está trabajando en la sociedad limitada europea, porque también en este ámbito existe una clara necesidad. 
Señor Presidente, mi Grupo aprecia enormemente el doble planteamiento del Observatorio. 
Estoy de acuerdo en que, en el futuro, se mantenga la frecuencia de las publicaciones, sobre todo, las de la parte genérica, que ofrece cifras relevantes y otros datos esenciales. 
No obstante, también los análisis de la parte más específica han de seguir realizándose con regularidad. 
Los datos exhaustivos sobre algún sector o aspecto de las PYME son muy necesarios, teniendo en cuenta que el mundo de las PYME no es homogéneo y que científicamente sigue siendo un terreno sin explorar. 
Señor Presidente, espero, y con esto termino, que la Comisión continúe dando su apoyo a esta útil iniciativa y me gustaría que me indicara sus planes concretos con respecto al futuro del Observatorio. 
Por lo que se refiere a nosotros, estamos a favor de su continuidad. 
Señor Presidente, no es fácil concertar una cita con mi fontanero. 
El hombre está muy atareado. Tiene una empresa familiar, trabaja duro y se gana bien el pan. 
Sin embargo, fracasa a causa del escaso sentido de responsabilidad de los colaboradores que no pertenecen a la empresa familiar. 
Después de varios intentos, ha decidido ahora limitarse a su propio círculo familiar. 
Mi deshollinador, esos profesionales todavía existen, es un empresario alegre de unos cincuenta años que disfruta de su trabajo y de los contactos con las personas y que, de ningún modo, estaría dispuesto a llevar el papeleo administrativo y social que conlleva la contratación de un empleado. 
Tanto el fontanero como el deshollinador son empresarios estables pero no crean puestos de trabajo. 
Durante la campaña de las elecciones europeas de 1994, también me encontré con el caso contrario, es decir, con personas cuya actitud empresarial era favorable a la ampliación. Se trataba de mujeres empresarias que no podían ampliar porque el banco les consideraba como un riesgo financiero. 
El informe anual señala, acertadamente, una serie de escollos: la discriminación financiera, algunos aspectos fiscales y el estatuto jurídico. 
Todo ello tiene mucho sentido, ya que el sector contribuye de un modo sustancial al empleo. 
En este contexto, el informe subraya una vez más el importante papel de la mujer. A mí no me sorprende porque la mujer, desde siempre, ha estado dispuesta y se ha atrevido a asumir responsabilidades. 
La armonización de la formación profesional en régimen de aprendizaje es conveniente pero no es, a mi juicio, una necesidad absoluta. Tampoco lo es el programa plurianual de trabajo en favor de las cooperativas. 
Me parece demasiado centralista. 
Ello no impide que las demás propuestas del Sr. Torres Couto para la mejora de la pequeña y mediana empresa siguen en pie, que merecen ser consideradas en la inminente Cumbre de Trabajo y que la continuidad del Observatorio reviste una gran importancia. 
Mi Grupo votará a favor de este informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, me gustaría felicitar al Sr. Torres Couto por su informe. 
Nos adherimos todos a sus conclusiones. Quisiera subrayar en mi intervención tres de ellas. 
En primer lugar, el estatuto y la protección social del cónyuge asistente. 
Me congratulo de que el Cuarto Informe Anual incluye un estudio completo sobre las mujeres y las pequeñas y medianas empresas. 
Hoy, al igual que el pasado martes durante la votación del informe anual sobre la igualdad de oportunidades, insistimos, con ocasión de este informe, en una reforma de la legislación matrimonial y fiscal, así como en la introducción de disposiciones adecuadas en materia de seguridad social, con objeto de ofrecer una mejor protección social a los cónyuges asistentes. 
Ya es hora de que los gobiernos nacionales dediquen atención a este ámbito. 
En segundo lugar, la financiación de las PYME. 
El programa ELISE era bueno por su efecto trampolín. 
Ahora bien, sabemos que los Gobiernos austríaco, neerlandés y alemán bloquean la decisión sobre el sistema de garantía de préstamos. 
Opinan, pues, que dicho régimen no es conforme al principio de subsidiariedad y que supone una competencia ilícita para sus propios sistemas de garantía. 
El ponente manifiesta con razón que lamentamos dicho bloqueo. 
Señorías, teniendo en cuenta la inminente Cumbre de Trabajo, es preciso que apoyemos al máximo la creación de nuevos programas para las PYME. 
Próximamente, la Comisión Europea hará una nueva propuesta: el joint european venture. 
Del Informe Anual del Observatorio se desprende que la europeización de las PYME constituye un problema. 
En este sentido, la Unión Europea podría ofrecer ayuda financiera en la creación de joint ventures transfronterizos. 
Se trata de un proyecto que debemos apoyar desde este Parlamento. 
Por último, al igual que otros diputados, quisiera abogar por una forma jurídica europea que facilite la colaboración entre las PYME a escala europea. 
Un acuerdo sobre el estatuto de la Sociedad Europea es un requisito esencial, si deseamos que las PYME funcionen cada vez más dentro de un contexto europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no cabe la menor duda de que se presta atención a las pequeñas y medianas empresas. 
La gran cuestión es la de si esa atención, si ese interés, es real o es tan sólo coyuntural e instrumental para atenuar la verdadera destrucción que se está produciendo en una red relativamente equilibrada de agentes económicos y para que la opinión pública vea que se están adoptando medidas con vistas a contrarrestar una dinámica depredadora. 
El informe del Sr. Torres Couto, al que felicito, tiene planteamientos positivos y puedo citar el relieve prestado a las cooperativas y el papel que, según subraya, corresponde a las mujeres por lo que se refiere a la supervivencia y la vitalización de las PYME. 
Ahora bien, el informe aborda sólo superficialmente algunas cuestiones fundamentales, como las de la financiación, el acceso al crédito y las dificultades y discriminaciones que sufren las PYME en esa esfera (punto 15). 
Es verdad que se trata de un informe que no se refiere a todos los problemas de las PYME, sino sólo al Cuarto Informe Anual del Observatorio Europeo, pero creo que podría haber ido mucho más lejos, aun con la modestia del objetivo, y tratar con más profundidad la cuestión de la financiación. 
Entre otras cosas, porque, como se anuncia, las PYME y su financiación por el BEI serán una de las «novedades» que se preparan para acompañar la cumbre extraordinaria de Luxemburgo con la clara intención de decir algo aparentemente nuevo. 
¡Lo que es muy diferente de hacerlo! 
Por último, volviendo a la atención que merecen las PYME, no puedo dejar de considerar significativo que la «Mesa Redonda de los Industriales» , que reúne a los grandes dirigentes de las enormes empresas o grupos transnacionales, publicara un estudio el pasado mes de julio sobre «la instauración de asociaciones concretas entre grandes y pequeñas empresas» , con el enunciado de cinco normas de «buena conducta» , igual que la zorra, estando ya en el gallinero, procura darse a sí misma un certificado de buena conducta a partir de las normas que ella misma ha establecido. 
Querría dar las gracias al ponente y a los oradores y decir que me identifico con lo que han dicho sobre la importancia de este área. 
En ella hay posibilidades de creación de puestos de trabajo. 
Sabemos que la deshonra de la UE son las colas para encontrar empleo donde millones de personas carecen de esperanza. 
Quisiera insistir en la importancia de las empresas muy pequeñas, de menos de 10 trabajadores, que es a lo que estoy acostumbrada en zonas como la mía, Highlands e Islas de Escocia. 
Roguemos a nuestros gobiernos que dejen de bloquear ELISE. Era una medida práctica que permitía a empresas muy pequeñas acceder a financiación. 
Lo que aquí nos hace falta son medidas prácticas y no promesas de boquilla, para que la gente pueda crear empresas. 
Es maravilloso que tantas mujeres quieran hacerlo en el ámbito de las empresas muy pequeñas. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho también Lyndon Harrison sobre la necesidad de un distinto régimen fiscal. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar al Sr. Torres Couto por su informe, en el que llama nuestra atención sobre los problemas con los que se ven enfrentadas las PYME. 
La falta de capacidad de gestión es uno de ellos. 
Un ejemplo práctico que cubre esta carencia, es el " Live Wire Project» de la Cámara de Comercio de Rotterdam, creado especialmente para los empresarios principiantes, en el que bancos, licenciados en derecho y expertos en gestión empresarial ofrecen un amplio paquete de formación y de asesoramiento. 
El siguiente problema guarda relación con la transmisión de las empresas. 
El cese de empresas origina una anulación no deseada de capital, conocimientos y de puestos de trabajo. 
Sólo Hacienda se beneficia. 
Los Estados miembros podrán estimular la transmisión de las empresas- garantizando así el empleo- mediante el reajuste de su legislación fiscal. 
Por último, quisiera preguntar al Comisario si existe la posibilidad de que el Observatorio, en su próximo Informe Anual, incluya el tema del medio ambiente. 
En una reunión informal del Consejo de Medio Ambiente celebrada el pasado día 18 de abril, se concluyó que las PYME, aparte de promover la creación de puestos de trabajo, originan gran parte de la contaminación medioambiental. 
Tengo curiosidad por saber su respuesta. 
Señor Presidente, el informe sobre el Observatorio Europeo para las pequeñas y medianas empresas, que se encuentra en su cuarta redacción, constituye un importante tema de debate, para tener una visión de la situación del artesanado y de las pequeñas y medianas empresas, así como para prever las medidas oportunas para un desarrollo efectivo que pueda contribuir a la creación de empleo. 
No cabe duda, sin embargo, de que no llega en su debido momento y parece que no avanza en unos temas que tienen una relevancia especial, por ejemplo, en el ámbito de la protección social y del estatuto jurídico de los familiares, titulares de la misma empresa. 
De cualquier modo, coincidimos con el ponente cuando considera que el alto nivel de los impuestos sobre sucesiones y donaciones, aplicado por la mayoría de los Estados miembros, constituye un freno para la transmisión de propiedad, y cuando denuncia la poca atención prestada a la posibilidad de transmisión de la propiedad a los trabajadores. 
Nos congratulamos asimismo con el ponente cuando habla de reducción de la fiscalidad subordinada a la reinversión de capitales, un principio que Alianza Nacional, en su etapa de Gobierno, intentó alentar, así como estamos convencidos de que, si se pudiera llevar adelante de forma efectiva la reducción de los gravámenes fiscales y se respaldara el modelo de asociación entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas, se obtendrían, sin duda, unos efectos beneficiosos tanto desde el punto de vista laboral como desde el de la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Señor Presidente, la señora Thyssen ya ha explicado los motivos por los cuales el Grupo del Partido Popular Europeo aprueba plenamente el informe del Sr. Torres Couto, y ha subrayado, asimismo, algunos puntos significativos del Informe Anual del Observatorio Europeo para las pequeñas y medianas empresas. 
Creo que la importancia de las pequeñas y medianas empresas y del artesanado en la economía y la sociedad europea se reconoce unánimemente y, por lo tanto, no hace falta extenderse más. 
Me voy a limitar a plantear y desarrollar algunos puntos que considero importantes. 
El primero se refiere al hecho de que, más que necesitar de los incentivos tradicionales, las pequeñas y medianas empresas y el artesanado precisan disponer ante todo de un contexto favorable a su creación y desarrollo. 
Y en particular, me refiero a la urgencia- manifestada en reiteradas ocasiones en este Pleno- de intervenir en los aspectos burocráticos, reglamentarios, fiscales y en materia de relaciones laborales, que constituyen un freno que podría contener de forma notable las potencialidades de este sector. 
En caso de que se quisieran facilitar ulteriores indicaciones, como quedó patente en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, creo que haría falta reflexionar mucho sobre el tema de la formación y, en particular, alentar formas de contacto y de cooperación entre las iniciativas que están llevando a cabo varias escuelas de dirección de empresas en los Estados miembros. 
Por último, deseo hacer hincapié en lo que ya han expresado los demás colegas. 
El tema de las pequeñas y medianas empresas y del artesanado deberá incluirse entre los que van a ser el centro de la atención en la Cumbre sobre empleo del 21 y 22 de noviembre próximo. 
Realmente, sólo las pequeñas y medianas empresas pueden contribuir a mejorar los niveles de empleo en Europa y sería una tomadura de pelo polarizar la atención en otros aspectos, olvidando este último. 
Señor Presidente, el Sr. Torres Couto ha hecho un buen análisis de los problemas y los desafíos de las PYME europeas, por lo que le estamos profundamente agradecidos. 
Tal como se desprende del informe, las PYME desempeñan un papel decisivo a la hora de crear empleo, y esta importancia no deja de aumentar. 
La cuestión estriba en cómo mejorar las condiciones para que estas empresas puedan desarrollar sus actividades. 
El informe aborda los problemas sociales y económicos relacionados con el cambio generacional. 
Una fiscalidad onerosa e innecesaria pone a menudo en peligro la actividad empresarial a largo plazo y puede llegar incluso a acabar con las empresas. 
No hay nada más fácil que acabar con las PYME y no hay nada más difícil que crear nuevos puestos de trabajo, tal como lo dejan claramente de manifiesto las cifras europeas de desempleo. 
En el informe se hace el debido hincapié a la importancia y a las posibilidades de la actividad empresarial que desarrollan las cooperativas, a la vez que se exige una reglamentación para este tipo de sociedades en Europa. 
Sin lugar a dudas, se trata de una medida apropiada, ya que las cooperativas representan una modalidad empresarial extraordinaria, especialmente en los ámbitos de reducido predominio de capital. 
En Finlandia, por ejemplo, muchas de nuestras grandes empresas se han desarrollado a partir de cooperativas. 
La UE apoya las nuevas actividades empresariales de numerosas maneras. 
El instrumento más importante lo constituyen los Fondos estructurales, que destinan ayudas especialmente a la formación y al desarrollo de productos. 
Desgraciadamente, la lentitud de los procedimientos y la burocracia bastan a menudo para impedir que las PYME puedan beneficiarse de estas posibilidades. 
La cuestión más complicada es la escasez de dinero de que adolecen las PYME. 
Las empresas necesitan dinero de manera acuciante, tanto para realizar inversiones como para disponer de capital social. 
En numerosos países se ha recurrido al sistema de bonificaciones de intereses para apoyar a las empresas. 
Esta modalidad constituye también un método habitual para ayudar a las empresas del sector agrícola. 
Por tal motivo, sería conveniente reflexionar acerca de la adaptación de este sistema a todas las actividades empresariales desarrolladas por las PYMES. 
El informe del Sr. Torres Couto señala bastante bien los obstáculos con que se enfrentan las actividades de las PYME y ofrece una serie de recomendaciones para su eliminación. 
Los resultados dependerán en gran medida de la capacidad de los Estados miembros para tomar en consideración estas recomendaciones. 
Señor Presidente, el cuarto informe anual en si y el informe del Sr. Torres Couto ofrecen una buena base de información y un gran número de observaciones para adoptar las necesarias decisiones y medidas políticas. 
Por ejemplo, un obstáculo especialmente grande para el funcionamiento de las empresas, ante todo para la estructura general de las pequeñas, es el hecho de que las mujeres empresarias se ven confrontadas con frecuencia a dificultades, por ejemplo, en el sector financiero. 
Los problemas en el campo de la protección social, jurídica, fiscal y social de los cónyuges que participan con su trabajo precisan urgentemente de una solución. 
Las pequeñas empresas son con frecuencia empresas familiares. 
El legislador debería adoptar las medidas necesarias de cara a su subsistencia y su importante papel para el aseguramiento de los puestos de trabajo. 
Esto afecta muy en especial al tema de la transmisión de empresas, donde los impuestos de sucesiones y donaciones pueden hacer peligrar la competitividad de la economía europea en general. 
Especialmente importante me parece el punto 18 del informe, en el que se indica que un instrumento para crear empleo sería reducir el impuesto de sociedades sobre los beneficios no distribuidos. 
La formación de capital propio y la innovación podrían aumentar sensiblemente con esta medida. 
El Estado podría motivar de este modo a las empresas a realizar inversiones dirigidas al crecimiento y a la innovación y a mejorar de este modo la situación de Europa como lugar de asentamiento empresarial. 
Señor Presidente, como herrero que proviene de una empresa familiar, me alegra muy en especial este informe pues muestra que se está practicando una new public management, es decir, que con procedimientos objetivos, como el benchmarking o la best practise, se crea la oportunidad de mejorar la situación en las numerosas empresas familiares de Europa. 
La tendencia actual es que muchas pequeñas empresas en Europa son cada vez más fuertes. 
Si se ve que en 1992 había siete empleados por empresa por término medio y que en 1995 solamente eran seis, se puede ver que las pequeñas empresas son el sostén de la coyuntura y las que ofrecen una seguridad de empleo pues en las oscilaciones de la coyuntura no dan preferencia al principio del hire and fire sino al de cooperación, ya que se conocen bien personalmente. 
Por ello, es importante fomentar la formación inicial y continuada y es totalmente incomprensible que actualmente se discuta sobre si, por ejemplo, hay que recortar los créditos de LEONARDO. 
Muy por el contrario, exijo a la cumbre del empleo de Luxemburgo una clara elevación de los créditos de LEONARDO pues ofrecen precisamente a los jóvenes que actualmente están en paro la posibilidad de tener una ocupación. 
También reclamo que se fomenten las colaboraciones dirigidas a la exportación y, finalmente, que se mejore también la cooperación con la industria, pues las exportaciones industriales son a la postre la base de muchas pequeñas empresas familiares en todo el mundo. 
El problema de la edad es también enorme. 
Una tercera parte de los empresarios en estas pequeñas empresas son mayores de 50 años, lo que corresponde aproximadamente a 6, 3 millones de puestos de trabajo en Europa. 
Exijo que se supriman los impuestos de sucesiones y donaciones cuando se transmita una empresa dentro de una familia y, naturalmente, que no se graven fiscalmente los beneficios no repartidos en la empresa. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario. La pequeña empresa desempeña un papel imprescindible a la hora de crear bienestar en Europa. 
Es ahora cuando se comienza a tener presente este papel por primera vez. 
Sin embargo, lo que estas empresas necesitan principalmente no son ayudas en forma de más medidas y programas, sino la eliminación de los obstáculos con que se enfrentan. 
En el informe y durante la excelente intervención del Sr. Torres Couto se ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, que la elevada fiscalidad representa un duro golpe para las empresas, especialmente la fiscalidad relativa a los traspasos. 
Resulta asimismo evidente que son las empresas más pequeñas las que se ven afectadas y paralizadas en mayor medida por la excesiva reglamentación. 
Necesitamos un cambio de actitud. 
Un mayor número de empresarios y una mayor actividad empresarial proporcionarán a Europa la capacidad de adaptación y la versatilidad que necesitamos para poder sacar provecho de la economía global. 
Son las pequeñas empresas- y no un mayor número de políticos en las reuniones sobre el empleo- los protagonistas que necesita la UE para conseguir superar el desempleo. 
Así pues, desearía decirle al Sr. Harrison- quien ha debido desgraciadamente abandonar este debate a toda prisa- que, con todos mis respetos para el Sr. Gordon Brown y sus iniciativas, ha sido con un gobierno conservador cuando el Reino Unido, como único país en toda la UE, ha logrado un fenomenal auge de la actividad empresarial y de la creación de empleo. 
En mi opinión, debemos prestar atención y dedicar una reflexión a esta circunstancia. 
Creemos, pues, las condiciones y eliminemos los obstáculos para permitir que la UE se convierta en una unión de emprendedoras iniciativas encaminada a lograr libertad, bienestar y confianza en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión saluda la exposición realizada por el Sr. Torres Couto sobre el Cuarto Informe Anual del Observatorio Europeo para las PYME. 
Al igual que en informes anteriores, el presente informe ofrece una buena visión de conjunto sobre la situación actual y las perspectivas de las pequeñas y medianas empresas y analiza sus prestaciones en el mercado interior. 
El informe llega a la conclusión de que la culminación del mercado interior ha tenido hasta ahora unas repercusiones positivas sobre el crecimiento económico en Europa, reflejándose en especial un fuerte aumento de las exportaciones y un considerable incremento de la productividad. 
El informe subraya también que las empresas que se han beneficiado más del mercado interior son fundamentalmente las PYME y que este tipo de empresas es el que refleja el potencial más elevado de creación de puestos de trabajo derivados directamente del crecimiento económico. 
La Comisión opina que el informe del Sr. Torres Couto destaca numerosos puntos importantes, de los cuales solamente me voy a referir a tres. 
En primer lugar, la importancia de las mujeres para las pequeñas y medianas empresas y la necesidad de medidas para ayudar a las empresarias y a las esposas que participan con su trabajo en la empresa. 
En las cumbres de Essen y de Madrid se confirmó la importancia del papel que desempeñan las mujeres en el desarrollo de las PYME, la creación de nuevos puestos de trabajo y la competitividad de la economía europea. 
Su éxito depende fundamentalmente también de si se ayuda de un modo óptimo a las mujeres. 
El tercer programa plurianual para las PYME desde el año 1997 al 2000 contiene medidas políticas concretas para la equiparación de las empresarias y co-empresarias. 
En segundo lugar, la aportación de las empresas de la llamada economía social- es decir, las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y las fundaciones, en breve, las CMAF- al crecimiento y al empleo. 
Por primera vez, el Observatorio Europeo para las PYME se ha ocupado a fondo de estas CMAF que, al fin y al cabo contribuyen al empleo con aproximadamente un 5 % y representan un 6 % de las empresas privadas. 
En la última comunicación de la Comisión, con la que se pretende dar a conocer mejor el papel de las asociaciones y fundaciones en Europa, se muestra claramente la creciente importancia de la economía social en la Unión Europea. 
En este documento se contienen los resultados de un amplio estudio ejecutado por la Comisión con el objetivo de conocer mejor este sector. 
Independientemente de ello, el documento propone una serie de medidas que podrían adoptarse a nivel de los Estados miembros. 
En tercer lugar, la importancia del fomento del espíritu empresarial como importante elemento para la creación de empresas artesanales y para el crecimiento de las PYME. 
La Comisión es consciente de que la creación de una cultura empresarial dinámica es de importancia esencial para la creación de puestos de trabajo y para el fortalecimiento de la competitividad en Europa. 
En lo tocante a la pregunta que se ha planteado aquí sobre el futuro de la ponencia, me permito indicar que el próximo informe del Observatorio está previsto para finales de este año y que la licitación para el informe de 1998/99 se pondrá en marcha asimismo este año. 
En lo que se refiere a los aspectos centrales de la próxima ponencia- en este informe era la cuestión de las mujeres en las pequeñas y medianas empresas -, es cierto que se ha previsto colocar al medio ambiente como tema central. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Carne de vacuno 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0260/97) de la Sra. Hardstaff, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a campañas de promoción y comercialización en favor de la carne de vacuno de calidad y a campañas de información sobre el etiquetado de la carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2067/92 (COM (97) 0070- C4-0193/97-97/0058 (CNS) ). 
Tiene la palabra la Sra. Hardstaffm como ponente, por tiempo de 5 minutos. 
Señor Presidente, me parece justo que, tras haber escuchado al señor Comisario, pueda ser oído al menos un representante de cada Grupo político. Le ruego, en consecuencia, que tenga a bien comprobar los tiempos a fin de atender esta solicitud. 
Según el orden del día, el debate es de las 10.00 a las 12.00 horas y de las 18.00 a las 20.00 horas, para los informes que se señalan a continuación y según el orden del día a las 12.00 horas se procederá a las votaciones. 
Tiene la palabra la ponente, Sra. Hardstaff. 
Señor Presidente, el telón de fondo de este informe, en el que se recomienda una campaña de comercialización y promoción de la carne de vacuno europea, es, por supuesto, el pronunciado descenso del consumo de carne de vaca y ternera desde que apareció la EEB hace más de 10 años. 
El descenso se hizo catastrófico para los ganaderos europeos dedicados al ganado bovino y para todo el sector del vacuno después de que en marzo de 1996 se anunciara que no se podía excluir una conexión entre la encefalopatía espongiforme bovina y la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobd en los seres humanos. 
Esto se planteó debido a que, trágicamente, algunos jóvenes habían contraído la enfermedad de Creutzfeld-Jacobd, una enfermedad que normalmente afecta a personas mayores. 
Se han tomado muchas medidas, tanto en el Reino Unido como a nivel de la UE, para abordar el problema, entre las cuales destaca la prohibición aún vigente de exportar carne de vacuno británica, que esperamos se suavice pronto como resultado de las numerosas medidas adoptadas y de la aplicación mucho más estricta de las normativas de alimentación e higiene. 
El Parlamento aprobó hace algunos meses medidas para la identificación de los rebaños y un sistema de etiquetado de la carne, con el apoyo de la base de datos de información sobre el ganado que se está creando donde no existía ya. 
Por otro lado, el Gobierno británico ha instado a todos los Estados miembros de la Unión Europea a que pongan en práctica las normativas ahora vigentes en el Reino Unido sobre la eliminación de determinadas vísceras bovinas. 
No obstante, el mercado de la carne de vacuno sigue estando muy deprimido y se están gastando grandes sumas de dinero público del presupuesto agrario en medidas de intervención de carne de vacuno de buena calidad. 
Si se consume más carne de vacuno dentro de la Unión Europea y se exporta más carne a terceros países, a la larga se podrá ahorrar mucho dinero público y el mercado europeo de este tipo de carne podrá de nuevo alcanzar alguna forma de equilibrio entre la oferta y la demanda. 
Este es el motivo de que la Comisión haya presentado propuestas sobre una campaña de comercialización y haya solicitado consultar pronto al Parlamento Europeo, a fin de que se puedan llevar a cabo lo antes posible. 
En mi informe sugiero que se amplíe la definición de «carne de vacuno de calidad» respecto a la limitada definición anterior, aplicada a un reducido número de tipos de cortes y categorías de canales. 
El concepto de calidad debería aplicarse a todos los tipos de canales, incluidos los cortes más baratos, a condición de que puedan cumplir los criterios de seguridad alimentaria mediante el sistema de etiquetado al que ya me he referido. 
Propongo asimismo que para llevar a cabo la promoción se recurra a organizaciones nacionales que dispongan de experiencia y conozcan las condiciones locales del mercado. 
Esta idea fue ampliada en la Comisión de Agricultura para que incluyera asimismo las organizaciones regionales equivalentes. 
Las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente refuerzan los aspectos de la campaña relacionados con el consumidor, haciendo hincapié en que el elemento central sea la información a este último. 
Quisiera dar las gracias a los compañeros de ambas comisiones por sus útiles enmiendas. 
Si queremos convencer a los consumidores europeos de que coman más carne de vaca y ternera y vender más fuera de la Unión Europea, tendremos que conseguir que se incrementen las ventas no por una hábil comercialización, sino porque los compradores tengan una confianza justificada en la calidad del producto. 
Se les deberá ofrecer la seguridad de que realmente se han introducido todas las medidas necesarias para garantizar que están adquiriendo alimentos buenos y sanos. 
El sistema de etiquetado y el logotipo europeo para la carne de calidad que se proponen deben ser una garantía indiscutible de que así es y de que realmente se ha aprendido la lección de la crisis reciente. 
Es algo sobre lo que nuestra Asamblea puede unirse hoy aprobando el dictamen dirigido a la Comisión y al Consejo. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha recomendado en esta ocasión que se conteste el fundamento jurídico del artículo 43, exclusivamente, y que se proponga que a la base del artículo 43 se le añada, en pie de igualdad, el fundamento jurídico de la letra b) del primer apartado del artículo 129 A. 
¿Por qué? 
Porque la letra b) del primer apartado del artículo 129 A establece las medidas, las acciones concretas, en aras de la protección de los consumidores a las que ha hecho referencia la ponente. 
Bien es cierto, señor Presidente, que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y esta Asamblea, en su conjunto, son conscientes de que, tradicionalmente, para todo reglamento, para toda acción en el ámbito de la agricultura, el fundamento jurídico apropiado es, con exclusión de cualquier otro, el artículo 43. Y que la jurisprudencia del Tribunal tiene constantemente establecido que eso es así no sólo porque el artículo 43 representa una lex specialis respecto de cualquier otro fundamento jurídico que se pudiera emplear, sino porque, además, en el artículo 43- con el sólo recurso del artículo 43, de acuerdo también con esa jurisprudencia del Tribunal- se tienen en cuenta todos los demás intereses jurídicos, como la protección de la salud o la protección de los consumidores. 
Hay una sentencia conocida de las condiciones sobre las gallinas ponedoras- año 1988-. 
Esa es una de las cuestiones claves. 
Sin embargo, señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha estimado, por segunda vez, que debía cambiar su tradicional planteamiento respecto de este fundamento jurídico. 
Y lo ha hecho en coherencia y en concordancia con los acontecimientos y las medidas tomadas a partir de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina y el informe que aprobó esta Asamblea. 
En aquel informe se estableció bien claramente que se podría recurrir al artículo 100 A, sobre todo en temas de armonización, y, ante todo, que debería haber una consulta, una participación, un control democrático más amplio por esta Asamblea. 
He de recordar ahora que la Comisión- en aquel momento por boca de su Presidente, el Sr. Santer, y posteriormente en actos concretos, como son dos reglamentos recientemente enviados a esta Asamblea- ha respetado ese criterio. 
En este caso, señor Presidente, una vez más reclamamos no el artículo 100 A- puesto que no se trata de armonización- sino el 129 A. 
¿Por qué? 
Pues, sencillamente, porque a partir de esa crisis, los intereses jurídicos protegibles han cambiado el orden de jerarquía. 
Ya no es la agricultura, ya no son los intereses de la agricultura los que deben prevalecer. 
Hoy en día, mientras no se restablezca la confianza de los consumidores, la protección de los consumidores es el interés prevalente y, por eso, aplicando estrictamente los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia a la hora de interpretar cuáles son los fundamentos jurídicos apropiados, entiende la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, y así espero que lo entienda el Parlamento- en eso creemos tener el respaldo de la Comisión- que se debe establecer claramente que esos son los intereses prevalentes, con el añadido del fundamento jurídico. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente quisiera felicitar a la ponente con la cual hemos colaborado también, como ella misma ha dicho. 
Tenemos unas enmiendas que pretenden corregir algunos fallos en el funcionamiento de la propuesta de la Comisión y que conciernen, bien a cuestiones técnicas y lingüísticas- terribles, Sr. Comisario -, bien a unas inexactitudes en la distinción de la carne de vacuno y la de ternera, bien a algunas deficiencias relativas, por ejemplo, al papel de los consumidores, que debiera ser más importante, y al papel del Parlamento Europeo en el seguimiento del asunto. 
Hemos introducido las enmiendas y esperamos que supongan una mejora. 
A pesar de ello, señor Presidente y señor Comisario, en estos momentos existe un problema mayor. 
El reglamento que estamos debatiendo, junto con otros dos o tres ya debatidos, pretende el restablecimiento de la confianza de los consumidores en un mercado que está en crisis, y el esfuerzo por restablecer la confianza se basa en la identificación mediante etiquetas, entre otros medios. 
Desde ayer, señor Comisario, circulan informaciones, procedentes directamente de la propia Comisión, acerca de que en estos momentos se puede alterar y distorsionar, incluso de forma legal, la legislación para que el sistema de etiquetado no sea digno de confianza. 
Tales informaciones han sido facilitadas también al Comité de seguimiento del asunto de las vacas locas. 
Señor Comisario, si algo de esto fuese verdad, entonces se estaría socavando la política que poco a poco y con grandes esfuerzos intentamos construir con el fin de restablecer la confianza de los consumidores. 
Por ello, señor Comisario, quisiera rogarle dos cosas: 
Primero, que nos dé una respuesta sobre si tales informaciones son verdaderas y sobre qué es lo que está pasando exactamente.-Segundo, que nos dé un compromiso por parte de la Comisión. Que ésta tome lo antes posible todas aquellas medidas adicionales que estime necesarias y que nos presente las propuestas complementarias dirigidas a hacer desaparecer aquellos elementos que permiten dichas alteraciones y socavan nuestra política. 
Señor Presidente, hay una cosa que no puedo comprender: la Sra. Presidenta solicita un debate a fondo pero nos dan la información de que el Sr. Comisario Fischler ya no va a estar presente esta tarde desde las 18 horas. 
No sé que significa entonces esta modificación del orden del día. 
Hablaremos al vacío, nadie escuchará nuestros argumentos ni se nos darán respuestas. 
Le ruego, por ello, algo más de flexibilidad. Tengo que plantear las siguientes preguntas: ¿está dispuesta la Comisión a dar preferencia a un endurecimiento de las normas de etiquetado? 
Señor Comisario, ¿hay nuevas propuestas que vayan más allá de lo que se acordó en el Consejo? 
El debate sobre si debemos cambiar el orden del día está durando más tiempo del que necesitaríamos para llevarlo a cabo. 
La cuestión de orden es lo único que voy a tener en cuenta. 
No voy a tener en cuenta la pregunta, porque no es momento de hacer preguntas. 
Ya he indicado anteriormente que el orden del día dice que el debate empieza a las 10.00 horas y sigue después por la tarde, y dice también, y así ya lo acordó esta Asamblea, que a las 12.00 horas hay votaciones. 
Por lo tanto, a las 12.00 horas, como es tradicional, se interrumpe el debate. 
Señor Presidente, invoco el artículo 130 y, en nombre del Grupo Unión por Europa al que pertenezco, le solicito, con arreglo a lo que dice el apartado 1 de dicho artículo, » el cierre del debate que podrá ser propuesto por el Presidente o solicitado por un grupo- el mío lo está solicitando- o por 29 diputados como mínimo, antes de agotar la lista de oradores». 
Creo que un reglamento tan importante no puede ser aplazado hasta mañana por la mañana, cuando el orden del día prevé sólo un informe y, probablemente, seremos sólo unos pocos los que vamos a votar aquí. 
Estamos debatiendo una normativa de la que depende el futuro de los ganaderos, comerciantes y consumidores de carne. Una normativa que responde asimismo a las muchas e inquietantes dudas planteadas por la EEB. 
Pido, por lo tanto, que los colegas que han preparado sus intervenciones, las consideren explicaciones de voto, y que se proceda a la votación, inmediatamente después de la intervención del Comisario Fischler. 
Bien, usted ha solicitado la aplicación del apartado 1 del artículo 130. 
Voy a dar la palabra a un orador a favor de la solicitud y a un orador en contra, y pasaremos después a la votación, tal como está previsto. 
Señor Presidente, quiero pronunciarme en contra de esta propuesta. 
No podemos interrumpir el debate en el Parlamento solamente porque existan dificultades organizativas o por compromisos personales del Comisario que posiblemente no puedan aplazarse. 
Se trata de un importante debate. 
En la Comisión de Agricultura se han presentado considerables enmiendas a la propuesta de la Comisión. 
Hay aún que discutir al respecto. 
También hay que discutir sobre una eventual devolución a la comisión, pues la directiva sobre el etiquetado a la que se refiere esta propuesta, se puede mejorar aún. 
Hay que discutir aquí sobre todo esto y deliberarlo entre los diputados. 
Es imposible votar ahora tras la intervención u opinión del Comisario. 
Estoy decididamente en contra y ruego a las y los colegas que no den tampoco su voto favorable a esta solicitud. 
Gracias, señor Graefe zu Baringdorf. 
¿Hay alguna intervención a favor de la solicitud del Sr. Santini? 
Tiene la palabra la Sra. Poisson a favor de la solicitud del Sr. Santini. 
Sí, intervendré en favor de la propuesta del Sr. Santini porque más allá del debate, que es muy importante, creo que la situación que deben soportar los ganaderos y los consumidores como consecuencia de la crisis de la EEB justifica ampliamente que hoy se dé por acabado el debate y la votación del informe, señor Presidente. 
Tiene la palabra la Sra. Hardstaff para una cuestión de orden. 
Señor Presidente; sólo quiero señalar, como ponente, que en esta Cámara es bastante habitual debatir asuntos un jueves por la tarde y votarlos el viernes por la mañana, y no veo por qué habría que hacer una excepción con mi informe. 
Gracias, señora Hasdstaff. 
Someto a votación la solicitud de cerrar el debate. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Prosigue, pues, el debate. 
Tiene la palabra el Sr. Fischler. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, me permito indicar que rogué que se tratase hoy este informe en primer lugar a causa de su importancia. Por lo demás no quiero prolongar este debate formal sobre el modo de proceder. 
Quiero felicitar a todos los que han contribuido a la elaboración de este informe, en especial a la Comisión de Agricultura y a su ponente, la Sra. Hardstaff, así como a todas las demás comisiones, por sus positivas aportaciones y por el trato profundo y benévolo dado a la propuesta. 
Con ella perseguimos dos objetivos diversos. 
En primer lugar, esta propuesta es de utilidad para informar a los consumidores sobre las garantías que ofrecen las nuevas normas de etiquetado de carne de vacuno que se introdujeron con el Reglamento 820/97. 
En segundo lugar, las campañas de marketing y de publicidad a ejecutar por el comercio y sus asociaciones, dirigidas a fomentar el consumo y comercialización de carne de vacuno no sólo en la Comunidad sino también en terceros Estados, deben ser cofinanciadas por la Comunidad para que se pueda recuperar el sector de la carne de vacuno que se encuentra en una crisis debido al fuerte retroceso del consumo. 
No debemos dejar esto de lado. 
La enmienda más importante es la nº 1, que se refiere al fundamento jurídico de la propuesta. 
Ante los argumentos del Parlamento y la promesa del Presidente de la Comisión, Sr. Santer, la Comisión puede declararse en parte de acuerdo con la enmienda nº 1 y reconocer el artículo 129a como fundamento jurídico adicionalmente al artículo 43. 
En lo tocante a las enmiendas nº 7 y 15, que se refieren a la definición de la calidad de la carne de vacuno que es objeto de estos programas de marketing, esta definición fue ya recogida en un reglamento de la Comisión. 
Por ello, estas enmiendas no tienen objeto. 
Tal como recomienda la ponente, se pueden proporcionar ayudas para todos los tipos de cuerpos en canal. 
Como la nueva reglamentación relativa al etiquetado es una reglamentación comunitaria, estoy convencido de que las medidas de información y de publicidad de la misma tienen que ser financiadas totalmente de modo excepcional por la Comunidad. 
En consecuencia, puedo aceptar también a las enmiendas nº4 y 12. 
Uno de los objetivos más importantes de toda esta propuesta es ofrecer al consumidor la garantía de que pueda seguir hacia atrás el origen de los productos. 
En lo que se refiere a la promoción de la comercialización directa, ésta tiene que cumplir naturalmente las normas comunitarias de calidad y de seguimiento del origen del producto y, ante todo, las normas higiénicas y veterinarias. 
Por ello, la enmienda que ustedes han presentado al respecto solamente se puede tener en cuenta parcialmente si se modifica su tenor literal del modo correspondiente. 
Independientemente de ello, no se puede aceptar la enmienda nº 13 en su forma actual debido al peligro de que no existiría la posibilidad de seguir el origen del producto. 
Tampoco se pueden aceptar las enmiendas nº 6, 10, 16, y el apartado 2 de la nº 17 relativas a la promoción de sellos y etiquetas de calidad. 
La misma propuesta contiene ya reglas para su utilización bajo las condiciones determinadas por la Comunidad. 
En opinión de la Comisión, la promoción de tales sellos y etiquetas de calidad debe dejarse en manos del comercio o asociaciones comerciales solicitantes. 
Las autoridades nacionales competentes pueden regular también esto si lo consideran necesario. 
En lo que se refiere a las enmiendas nº 5, 8, apartado 3 de la nº 17 y la nº 19, relativas a la participación de instancias nacionales y a la prestación de ayuda técnica, hay que subrayar que es tarea de las autoridades nacionales competentes supervisar todas las campañas y que el comercio y sus asociaciones tienen que presentar sus solicitudes ante las autoridades nacionales competentes. 
Este enfoque se basa en el principio de subsidiariedad. 
Por nuestra parte, debemos garantizar la necesaria flexibilidad. 
Si las autoridades nacionales lo consideran oportuno, pueden prescribir la auditoría de instancias especiales. 
Por ello, las enmiendas mencionadas no tienen ningún sentido, ya que contradicen estos principios básicos. 
Finalmente, la enmienda nº 2 es superflua desde el punto de vista de la Comisión y las enmiendas nº 13, 14 y el apartado 1 de la nº 17 son en parte poco claras o, sobre todo, incompatibles con los objetivos de la propuesta. 
Por ello, la Comisión no puede apoyarlas. 
La enmienda nº 18 se refiere a enmiendas que no han sido aceptadas, por lo que tienen que ser asimismo rechazadas. 
Finalmente, la Comisión está dispuesta a recoger la enmienda nº 11 al igual que la nº 20, que se refiere a un informe de la Comisión sobre la ejecución de esta exigencia. 
Será de utilidad para la preparación y mejora de futuras campañas. 
Para finalizar, me permito indicarles que debido a la aceptación de la enmienda nº 1, se aplicará también el artículo 129 sin que por ello esté previsto el procedimiento de codecisión. 
Señor Presidente, el Sr. Fischler nos ha explicado en nombre de la Comisión qué enmiendas se pueden recoger o no. 
Ha rechazado la enmienda nº 18 que se refiere a la financiación y a los porcentajes de la financiación. 
Podría deberse a que en la comercialización directa, usted introduce una aclaración... 
Esta es una continuación del debate, no una cuestión de oreden. 
Procederemos ahora a la votación. 
El debate continuará a las 18.00 horas. 
Señor Presidente, nos encontramos ante una situación especial que usted no conoce, que nos obliga a interrumpir un debate no pudiendo estar presente esta tarde el Sr. Fischler. 
Se trata de si tenemos que devolver el informe a la comisión, por lo que necesitamos que el Sr. Fischler nos aclare las cosas mientras esté aquí. 
Esta es la situación especial. 
Por ello, pregunto de nuevo sobre este punto para que en el debate de esta tarde tengamos la claridad que no podremos obtener luego. 
Señor Presidente, le ruego que lo permita. 
Usted no ha visto lo que ha pasado antes porque acaba de hacerse cargo de la Presidencia. 
En consecuencia, pregunto de nuevo si se va a reducir la financiación que figura en las enmiendas nº 18 y 22, por la que se asumen al 100 % los costes de la industria derivados de la información sobre la introducción del etiquetado. 
Es un caso único que se financie el 100 %. 
Es un escándalo. 
Si no aprueba una reducción lo devolveremos a la comisión. De ello estoy seguro. 
Fue un punto importante en la Comisión de Agricultura. 
He indicado que ante la situación existente y, ante todo, debido a las experiencias que hemos tenido en este contexto con la acción introducida ya anteriormente, estamos dispuestos a financiar en el campo del mercado interior esta actividad al 100 %. 
Por lo demás, no es esta la primera vez. 
Existe ya una regulación de este tipo en relación con las denominaciones de origen protegidas. 
Esto no tiene nada que ver con la comercialización directa. 
Si se realiza la correspondiente modificación en relación con la comercialización directa, he dicho que entonces se puede incluir también parcialmente la comercialización directa. 
En cualquier caso, es importante y condición previa que exista la posibilidad de seguir hacia atrás el origen del producto y que solamente participen aquellos comercializadores directos que aporten una prueba clara de que cumplen todas las normas higiénico-veterinarias al 100 %. 
Señor Presidente, ruego tome nota del hecho de que, en este momento, estoy aquí presente, que esta mañana he firmado y que, entre tanto, he estado en mi oficina, que he guardado los justificantes y que desde allí he regresado en bicicleta, ya que la Mesa no ha adoptado disposición alguna que contemple este medio de transporte. 
Gracias, y ¡bienvenido al Hemiciclo! 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Me disculpo ante la Asamblea, pero di aviso de ella a la Oficina del Presidente esta mañana. 
Hasta entonces no había tenido ocasión de mirar el texto de la resolución sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Etiopía. 
El considerando D se refiere a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su quincuagésimo tercera sesión y lo que supuestamente dijo en ella. 
Cuando consulté las fuentes de las Naciones Unidas, no encontré que esto se hubiera contemplado en la 53ª sesión. 
Por ello pido a la Presidencia que se ponga en contacto con la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra antes de que comiencen los debates de urgencia de esta tarde, porque sería poco aconsejable que la Asamblea comenzara un debate partiendo de información cuya veracidad no puede demostrarse. 
Hago la petición a la Presidencia de que se ponga en contacto con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y verifique si lo que se afirma en el considerando D acerca de lo que se decidió en la 53ª sesión tiene alguna base de exactitud. 
Señor Tomlinson, gracias por haber avisado del tema. 
De hecho la Oficina del Presidente lo ha investigado ya y está de acuerdo con su interpretación. 
Se hará un comunicado a las tres. 
Hace ya dos años que soy miembro de este Parlamento, y tanto en las publicaciones del mismo como en el resto de publicaciones parece que voy saltando entre demócratas cristianos, conservadores, verdes y socialistas. 
Quiero aprovechar este momento para informar a todos que no tengo ninguna intención de abandonar el grupo político al que pertenezco. 
Llevo ya dos años como miembro de la Izquierda Verde Nórdica, incluida en el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea. 
A partir de ahora, espero no tener que volver a ver cómo se me tacha en la prensa interna y en las distintas publicaciones del Parlamento de personaje extremadamente voluble. 
En primer lugar, puedo comprender que le cause cierta inquietud y nos aseguraremos de que se corrija. 
Bienvenida 
Tengo ahora el placer de dar la bienvenida a la tribuna de diplomáticos a una delegación de seis diputados del Parlamento de Islandia, el Althing. 
La delegación está visitando Estrasburgo para conocer a sus equivalentes del Parlamento Europeo con ocasión del 9º encuentro interparlamentario Parlamento Europeo/Islandia. Han tenido reuniones ayer y hoy. 
Entre los temas de los que se ha hablado figuran las perspectivas de la Unión Económica y Monetaria, las perspectivas y consecuencias futuras de la diferente participación en los Acuerdos de Schengen y, también, una perspectiva de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y del futuro desarrollo del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. 
Espero que la delegación haya disfrutado su estancia en Estrasburgo y le doy la bienvenida a la tribuna pública. 
Votaciones 
Hemos presentado la enmienda nº 6 en inglés y en la traducción al alemán en el punto d) se encuentra la palabra «falta». 
Esto no coresponde a nuestras intenciones. 
Ruego que que se emplee la palabra «delito». 
(El Parlamento acepta la enmienda oral) 
(El Presiente declara aprobada la posición común así modificada) 
Señor Presidente, el Sr. Fitzsimons se encuentra ausente por enfermedad y me ha rogado que hable en nombre suyo. Desearía añadir algunas palabras a la última frase de esta enmienda 13. 
La última frase dice: "sobre la base de los métodos fijados por el grupo intergubernamental sobre la evolución del clima» y nosotros quisiéramos añadir :" por ser estos métodos conformes con las normas más recientes aprobadas en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre el cambio climático». 
(El Parlamento rechaza la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, el Sr. Liese se ha referido a un texto español, pero el texto español que tengo delante termina en la frase: »... y asegure el mantenimiento de las producciones europeas y ACP de plátanos». 
Y ahí termina, no hay nada más. 
Por tanto, yo no sé si es posible introducir esa corrección ahora. 
El señor Medina Ortega tiene razón en que después, al distribuir los textos han faltado estas tres palabras también en español, pero los miembros de mi grupo político hemos firmado y presentado el original y allí se encontraban esas tres palabras. 
Leo de nuevo el texto español, las dos últimas líneas. 
...» y asegure el mantenimiento de las producciones europeas y ACP de plátanos y las producciones fair-trade de plátanos». 
(El Parlamento rechaza la enmienda oral) 
(El Parlamento rechaza la resolución) 
Señor Presidente, esto empieza ya a enojarme. 
Hemos presentado la enmienda del modo adecuado. 
Ruego a los servicios que lo revisen. 
Lo que está ocurriendo no está bien. 
Si en los servicios se produce un desliz técnico, es un fallo humano, pero tenemos que votar sobre lo que ha presentado el grupo político y ruego de nuevo que se haga. 
Haremos una comprobación para ver dónde se produjo el error, si es que lo hubo. 
Procedemos a votar sobre las enmiendas según se han publicado. 
Es demasiado tarde decírmelo cuando estamos a la mitad de un turno de votaciones. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, al haber presentado nosotros la presente resolución por la pregunta oral de la comisión parlamentaria, queremos dejar claro en el título que se trata de la propuesta del G7 sobre los reactores nucleares de Khmelnitsky 2 y Rovno 4 en Ucrania. 
Lógicamente, el Grupo de los Verdes no propone que se terminen dichos reactores; lo que queremos es que se cierren todos los reactores nucleares en Ucrania y en otros lugares. 
Los criterios del G7 para hacerlo tienen en cuenta el mínimo coste y la seguridad, pero ahora ha quedado demostrado por estudios oficiales que no es la opción de menor coste ni la más segura. 
Quiero que el título deje claro que se trata de la propuesta del G7 para la terminación de los reactores nucleares de Khmelnitsky 2 y Rovno 4 en Ucrania. 
(El Parlamento aprueba la enmienda oral) 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) Propuesta de resolución común sobre el cierre de la central nuclear de Chernobil en el 2000 y la propuesta de terminación de los reactores nucleares de Khmelnitsky 2 y Rovno 4 en Ucrania 
Ante el hecho de que adoptamos una nueva resolución, quiero presentar de nuevo la enmienda oral a pesar de que estamos mejor informados sobre todo. 
Ayer mantuvimos de nuevo un nebuloso debate con la Comisión sobre este tema. 
Pero seguimos estando a favor de que se nos preste atención. 
Quiero presentar al menos la enmienda sobre la resolución común. 
Solicito que votemos por separado sobre las enmiendas nº 3 y 4, para que al menos quede claro que una parte de esta Asamblea tiene aún las ideas claras y no quiere que se sigan fabricando reactores chatarra y no permita que siga en marcha otro reactor chatarra, de modo que al final no tengamos más dinero para poder pagar las terribles consecuencias; las consecuencias humanas no podemos pagarlas... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Desearía únicamente hacer constar que las cosas aquí se desarrollan a un ritmo demasiado rápido, por lo menos para mí y para los que hablamos sueco. 
Lograr alzar la mano no es en absoluto lo más importante en este foro, así que me gustaría solicitar al señor Presidente que aminore el ritmo y que piense un poco en los intérpretes y en nosotros mismos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, en el texto del informe se hace referencia al proyecto de Tratado de Amsterdam, que luego fue modificado en la firma final. 
Por ello, cuando se menciona el artículo 236, en realidad nos referimos al artículo único del protocolo al respecto. 
Son cuestiones técnicas que los propios juristas lingüistas podrán tomar en cuenta. 
Nos aseguraremos de que se corresponda con los artículos correctos del proyecto de Tratado. 
Apartado 8: 
Señor Presidente, la enmienda del Grupo Socialista es un añadido al texto original y yo propondría al Grupo Socialista votarla como considerando 8 bis, y con la siguiente ligera modificación: » Considera que la armonización de la legislación correspondiente a nivel europeo constituiría la mejor forma de erradicar» -no es la única, es la mejor forma de erradicar- «las reservas». En ese caso, mi opinión como ponente es votar a favor. 
Sometiendo la enmienda a votación, como digo, como considerando 8 bis y con esta redacción. 
Señor Presidente, la Sra. Palacio ha mantenido siempre una actitud muy estricta pero en esta ocasión es algo más flexible. 
Estamos de acuerdo. 
Señor Presidente, si en este caso la felicidad de la Sra. Palacio depende de ello, estamos a favor para que la Sra. Palacio sea feliz hoy. 
Es agradable que haya alegría en el Hemiciclo el jueves a la una de la tarde. 
(El Parlamento acepta la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, con arreglo al artículo 22 del Reglamento y con su venia, querría ir a comer al bar de los diputados. 
Después de comer le daré el recibo para que pueda controlarlo. 
Estoy deseando saber qué va a tomar. 
La opinión del Consejo por lo que respecta a esta cuestión es muy extraña y, además, inquietante. 
Por este motivo, respaldo plenamente el informe de la Sra. Flemming. 
Resulta crucial poder ofrecer a las organizaciones medioambientales la posibilidad de desempeñar su labor en un ámbito tan importante para nosotros como es el del medio ambiente. 
El Consejo debería ser consciente de esta circunstancia, en vez de frenar su labor asignando fondos por un importe menor al que ha propuesto el Parlamento Europeo. 
Dado que la UE, de manera directa o indirecta, apoya de tantas maneras a aquellos que se dedican a presentar nuevos planteamientos distintos a los que propone el movimiento ecologista acerca de las actividades en este ámbito, estimo necesario que la UE proporcione su respaldo a las organizaciones medioambientales. 
Es positivo además que el programa se amplíe de modo que pueda englobar también a los países de la Europa Central y Oriental. 
En conclusión, creo que es imposible apoyar la propuesta de enmienda n- 6 del Grupo del PPE. 
Un criterio como el propuesto resulta rotundamente insostenible. 
Debemos tener presente que las leyes y las normas son diversas en los distintos Estados miembros por lo que respecta a lo que se considera o no motivo de delito. 
Por consiguiente, dicha propuesta- basada en un criterio como este- no podrá ser equitativa. 
La abajo firmante ha votado en contra de la enmienda del Sr. Flemming, que contenía la propuesta de que se excluyeran las ayudas a organizaciones cuya culpabilidad quedara demostrada ante un tribunal del ámbito de la Comunidad Europea y que hubiesen incurrido en infracciones durante los dos últimos años. 
Mis motivos han sido dos principalmente: En primer lugar, compete a la Comisión como órgano ejecutivo adoptar normas suplementarias con respecto a la prioridad que hay que dar a las solicitudes. 
En segundo, el reglamento no debería haber establecido diferencias entre los tipos de infracción a que se refiere; lamentablemente tenemos casos de organizaciones que han hecho uso pacífico de la libertad de expresión y que se han visto sentenciadas por los tribunales. 
No obstante, espero que el Parlamento siga de cerca la actuación de las organizaciones a quienes se conceden ayudas, y que compruebe que sea totalmente descartable que organizaciones del tipo de Animal Liberation Front puedan beneficiarse de las ayudas a nivel europeo, teniendo en cuenta los recientes acontecimientos de Finlandia, donde se dejó escapar a las chinchillas de sus jaulas, con gran riesgo para la vida de las aves y unas cuantiosas pérdidas económicas como consecuencia de ello, dado que los autores desconocidos de los hechos se refirieron a la ALF. 
Informe Fitzsimons (A4-253/97) 
El hecho de que el Parlamento y la Unión Europea se ocupen de las emisiones de CO2 y de los gases de efecto invernadero no es nuevo; el proyecto de modificación inspirado por el Consejo nos propone que se refuerce el mecanismo de vigilancia. 
Sólo cabe estar de acuerdo con esto. 
Quisiera saludar el trabajo de nuestro colega y me sumo a las enmiendas que propone añadir al texto inicial de la Comisión. 
Asimismo, quisiera destacar que si bien es digno de elogio que se preste especial atención a los métodos de control, que se prosiga en la vía de una mayor transparencia y se vele por la comparabilidad entre los distintos Estados miembros, no se puede sin embargo silenciar lo fundamental, a saber, lograr que se reduzcan de modo significativo los niveles de emisión no sólo de CO2 (y de los gases de efecto invernadero) sino también de otros factores contaminantes. 
El pasado verano vimos lo urgente que era esto en nuestras grandes ciudades. 
Mostrar una voluntad de hacer algo ya es como contar con los medios para llevarlo a la práctica. 
No cabe ninguna duda de que deberemos pensar en medidas restrictivas y represivas en este delicado y complejo asunto del medio ambiente. 
Los discursos ya no bastan. 
Como responsables políticos, debemos poder garantizar a las generaciones actuales y futuras una mejora de las condiciones de vida sin por ello destruir el crecimiento y el empleo, y sin escudarnos en supuestas imposibilidades. 
Como de todos es conocido, el dióxido de carbono (CO2) es el gas de mayor incidencia de efecto invernadero y contribuye al 65 % del calentamiento. 
Por ello es indispensable evaluar con exactitud y regularidad el cumplimiento de los compromisos de la Comunidad en su reducción. 
Ello obligará a los Estados miembros a informar cada año sobre las emisiones acumulativas de cada gas de efecto invernadero para garantizar, además, la comparabilidad y transparencia. 
Todo ello supone un seguimiento adecuado de los programas nacionales de los Estados miembros y su remisión al Parlamento y a la Comisión. 
La nueva propuesta de la Comisión va en este sentido y, por ello, contará con mi voto. 
He votado a favor de la propuesta, si bien creo que el informe pasa por alto un punto importante. 
La UE debe planificar de una forma totalmente distinta el sistema de vigilancia y control del medio ambiente en los países candidatos a la adhesión. 
Este sistema se debería haber incluido ya en los mecanismos de vigilancia para el siglo XXI, especialmente si se tiene en cuenta la gravedad de los problemas con que a menudo se enfrentan estos países. 
Tal como pedía en mi propio informe sobre este instrumento en 1993, debemos asegurarnos realmente de que se distinga a los Estados miembros que no aporten datos. 
Sigue existiendo una falta de voluntad política de actuar en este área por parte de algunos Estados miembros. 
Hemos visto, en otras áreas en las que se supone que la Comisión debe entregar informes anuales al Parlamento, que la primera puede retrasar los informes si no han aportado datos todos los Estados miembros. 
Ya estamos hartos de esta historia y queremos informes anuales aunque haya lagunas, para poder formarnos una idea clara de lo que sucede y de dónde radican los problemas. 
Aunque a primera vista esto pueda parecer una simple medida técnica, el buen funcionamiento de las medidas de control e intercambio de información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero es un instrumento esencial en nuestra batalla contra el calentamiento del planeta, e insto a la Comisión y al Consejo a que aprueban las mejoras contempladas en la presente propuesta que el Parlamento ha aprobado hoy en sus votaciones. 
Grupo de trabajo de la OMC sobre el plátano 
Señor Presidente, parece que la Organización Mundial del Comercio está a punto de declarar que el sistema comunitario de licencias de importación de plátanos es incompatible con las reglas del librecambio, al menos tal como las concibe este organismo. 
Sin embargo, este sistema, que concede una preferencia a los plátanos de los departamentos franceses de Ultramar y de los países desfavorecidos de Africa, Caribe y Pacífico que queremos apoyar, parece indispensable para la supervivencia de economía de estas regiones. 
De este modo, el Parlamento Europeo se halla una vez más ante las desastrosas consecuencias de los acuerdos de la ronda Uruguay, acuerdos que, por cierto, respaldó con la mayor de las inconsciencias, sin comprobar previamente si se tenían en cuenta las distorsiones sociales, sanitarias, culturales o medioambientales para el comercio internacional. 
No estoy hablando de estos hechos con el fin de recordar continuamente siempre el pasado, sino para subrayar que existen, a nivel europeo, buenos y malos consejeros. 
Tal vez habría que volver a leer los debates del GATT para ver cuáles fueron los malos consejeros y extraer conclusiones de todo ello. 
Para tratar de salvar a los departamentos franceses de Ultramar, a pesar de las condenas de la OMC, el proyecto de Amsterdam ha previsto un artículo 229 (299 en la nueva numeración) con vistas a facilitar las subvenciones específicas para las regiones ultraperiféricas. 
De este modo, se habrá obtenido el maravilloso resultado consistente en sustituir un sistema de licencias de importación, que hacía que los departamentos franceses de Ultramar vivieran de sus producciones, por un sistema de subvenciones estatales que va a convertir a la población de estas regiones en una población asistida. 
De ambos sistemas, permítame pensar que el más liberal sea el que menos lo parece. 
Además, ¿acaso la OMC se ocupará también algún del sistema del artículo 227? 
Nadie lo puede descartar. 
Así pues, señor Presidente, pensamos que la única solución consistirá en volver a abrir las negociaciones comerciales internacionales para que se admita definitivamente la legitimidad de las preocupaciones sociales, sanitarias, culturales y medioambientales, y lamentamos que en su proyecto agrícola de la Agenda 2000 la Comisión parezca estar sólo guiada, una vez más, por la preocupación de ajustarse a los precios mundiales. 
Señor Presidente, junto con nuestros colegas del Grupo Independiente por la Europa de las Naciones, he votado a favor de la resolución común sobre la posición relativa al plátano del panel de la OMC, resolución aprobada por 286 votos a favor, 124 en contra y 14 abstenciones. 
En la aprobación de esta resolución veo un motivo de gran satisfacción y también un motivo de esperanza. 
Satisfacción, porque hace tres años fuimos los únicos que denunciamos las consecuencias negativas de los acuerdos de Marraquech y del GATT. 
Cuando lo hicimos tan sólo nos apoyó el Grupo de los Verdes. 
Al principio, en la Conferencia ACP de Libreville, y luego en la de Dakar, junto con mi colega Dominique Souchet planteamos el problema de la compatibilidad del sistema de las preferencias generalizadas con los acuerdos del GATT. 
La Comisión nos dio garantías muy formales en el sentido de que no iba a haber incompatibilidad alguna. 
Lo que ocurre hoy demuestra que teníamos razón. 
La esperanza viene del hecho de que nuestros colegas, que toman conciencia en este tema de las dificultades del GATT y de la OMC, lo ven desde un punto de vista mucho más general, tal como siempre nosotros lo hemos denunciado y, sobre todo, tal como lo había denunciado nuestro recordado Presidente Jimmy Goldsmith. 
He votado en contra de esta resolución al considerar que no es más que un argumento imperialista por parte de la UE para no acatar las decisiones de la OMC en torno a esta cuestión. 
Creo que no existe ningún motivo, ni ecológico ni económico, que justifique la rígida actitud que muestra la UE por lo que respecta a la importación de plátanos, de acuerdo con la cual sólo se aprueba la importación procedente de países ACP. 
Existen otros países, además de los ACP, que dependen de la exportación de sus plátanos. 
Por ello, podemos comprarles por igual los plátanos tanto a unos como a otros. 
Sin embargo, coincido en las críticas a la OMC en el sentido de que presta atención únicamente al libre comercio y olvida otros valores de importancia. 
Existen otros valores que deben ser también tomados en consideración antes de la adopción de una decisión por parte de esta organización, como, por ejemplo, en lo relativo al impacto medioambiental. 
Pero, como ya he dicho, creo que la OMC ha adoptado la decisión acertada en esta cuestión. 
Desde el Tratado de Roma, el acceso del plátano al mercado comunitario se ha beneficiado siempre de una normativa reglamentaria especial, que ha tenido en cuenta la especificidad de este producto tropical que, efectivamente, se cultiva tanto en algunas regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (departamentos franceses de Ultramar, Madeira, Canarias, Creta) como en antiguos territorios de Ultramar convertidos luego en Estados ACP, con los que tenemos obligaciones contractuales dentro del Convenio de Lomé. 
Los plátanos comunitarios y ACP, que no representan más que el 30 % de nuestro consumo, no pueden ser competitivos frente a los plátanos de la zona dólar, que en América Latina producen las multinacionales norteamericanas. 
Algunos oradores han propuesto que haya una ayuda financiera de la Unión Europea para diversificar los cultivos. 
Hay que tener presente, no obstante, que en los países tropicales, donde son frecuentes los ciclones, la diversificación de los cultivos resulta muy difícil. 
Conviene proteger la economía y la estabilidad de los productores de los departamentos franceses de Ultramar, donde rigen las normas de producción (salarios, cargas sociales) de la Unión Europea. 
Con el régimen europeo de organización común de mercados del plátano se había alcanzado un acuerdo que permitía que los productores de plátanos, incluidos los de la zona dólar, pudieran beneficiarse del acceso al mercado europeo gracias a un reparto de licencias de importación. 
Resulta necesario mantener este compromiso a toda costa. 
Por este motivo he votado a favor de esta resolución común. 
Centrales nucleares en Ucrania 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo de los Verdes ha votado en contra de la resolución común porque con esta resolución no hemos avanzado ni un solo paso en la cuestión esencial, a saber, el abandono paulatino de la energía nuclear. 
En esta resolución, el Parlamento Europeo no ha logrado ni siquiera ponerse de acuerdo en exigir el cierre de Chernobil y que no se terminen los reactores R4 y K2. 
Aparte de las más graves objeciones relacionadas con la seguridad, se ha ignorado también el hecho de que no hace falta la energía generada por las centrales nucleares en Ucrania y que estos reactores representan también una aventura económica. 
Lamentamos también que parte del Parlamento no haya aún reconocido el sinsentido del argumento least cost ante el riesgo de accidentes con costes no asegurables, ante los problemas no resueltos de los residuos nucleares y ante los problemas de seguridad no superados en el funcionamiento diario. 
No debe tener éxito el ultimátum político del Gobierno ucraniano- pues se trata sin duda de eso- de no desconectar Chernobil si no se ponen a disposición los créditos internacionales para la terminación de R4 y K2. 
Por el contrario, una demanda energética descendente y los enormes potenciales de ahorro permiten a Ucrania desconectar todas las centrales nucleares y lamentamos que el Parlamento Europeo no haya impulsado esta tendencia medioambiental tan importante para Europa. 
Señor Presidente, el debate de ayer no fue más que una pantomina. 
Las respuestas de la Comisión fueron oscuras y totalmente insuficientes. 
Solamente quiero llamar la atención sobre un aspecto: desde hace años estamos gastando fondos de PHARE y TACIS. 
Ahora se ha presentado un estudio sobre hasta qué punto ha mejorado la seguridad; dicho estudio llega al estremecedor resultado de que no se ha producido ninguna mejora en la misma. 
La Comisión ha encargado asimismo un estudio y se ha negado hasta ahora a ponerlo públicamente a disposición del Parlamento. 
Este estudio llega al mismo resultado. 
Estamos de nuevo intentando terminar dos reactores chatarra que no se pueden terminar porque la tecnología no es compatible y al cabo casi de once años sigue funcionando aún el reactor chatarra de Chernobil. 
Estoy a favor de terminar por fin el sarcófago y de dar dinero para ello. 
Pero es un escándalo ver cómo se pone en juego la salud, incluyendo la de generaciones futuras. 
Por ello he votado en contra, pues no ha sido ninguna declaración clara y no ha hecho justicia a la tarea del Parlamento. 
Esta cuestión planteada por nuestro colega Umberto Scapagnini sobre el cierre de Chernóbil y la conclusión de los reactores Kmelnitski 2 y Rovno 4 merece toda nuestra atención. 
Doy mi apoyo sin la más mínima vacilación. 
Todos estos temas son motivo de preocupación. No se puede perder más tiempo. 
Sin prejuzgar la respuesta de la Comisión, resulta indispensable que se autoricen los préstamos para estos dos reactores. 
Pues yo quisiera confiar en la aplicación estricta de las normas de seguridad para la fabricación y la construcción de los reactores Kmelnitski 2 y Rovno 4. 
Además, considero que sí se llevarán a cabo los controles. 
De modo más general, la cuestión del Sr. Umberto Scapagnini plantea el asunto de la aplicación del Tratado Euratom y de los compromisos incluidos en la Carta Europea de la Energía. 
Estos Tratados comprometen a los Estados que los ratifican y es importante que los industriales los apliquen, sobre todo en el ámbito de la energía nuclear. 
La preocupación de las poblaciones en materia medioambiental está legítimamente más presente. 
Concretamente en el sector de la energía nuclear conviene ser más transparentes y esto no es siempre así hoy en día. 
Actualmente, la energía nuclear es, sin duda, una fuente de energía necesaria. Pero no a cualquier precio ni según en qué condiciones. 
Sin embargo, el futuro nos obliga asimismo a pensar en soluciones alternativas para tratar de proteger nuestro medio ambiente ya degradado y nuestra seguridad en todos los ámbitos. 
Los diputados austríacos del PPE han rechazado hoy, jueves, una propuesta de resolución común presentada por cinco grupos políticos- entre ellos el PPE y el PSE- sobre la financiación para la terminación de los reactores nucleares ucranianos Chmelnitsky 2 y Rovno 4. 
Los diputados austríacos del PPE dicen su explicación de voto: » Naturalmente, los diputados del PPA están a favor de que el Parlamento apoye el desarrollo de una estrategia energética global, tal como se indica en la propuesta. 
También estamos a favor de que la Comisión exponga clara y nítidamente su posición y su política futura en el campo de la seguridad nuclear y de que el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo exponga su posición. 
Pero en esta resolución ni siquiera se refleja claramente que los solicitantes están en contra de la construcción de nuevas centrales nucleares». 
Tampoco se han podido tener en cuenta las enmiendas de diversos diputados. 
«Ante todo aquellas presentadas por los liberales, quienes, por un lado, apoyan de modo muy loable los esfuerzos para desarrollar una estrategia energética global y desean apoyar la utilización de energías alternativas en Ucrania, pero, por otro lado, se pronuncian con toda claridad en favor de que los Estados G7 y Ucrania se atengan al acuerdo firmado en diciembre de 1995, en el que se prometió la terminación de las dos centrales nucleares». 
Como los diputados subrayan, Austria ha declarado también al Presidente del BERD que está dispuesta a financiar y apoyar el reequipamiento de centrales térmicas en Ucrania, pero al mismo tiempo se ha pronunciado estrictamente en contra de cualquier financiación para la ampliación o construcción de nuevas centrales nucleares. 
» Es largamente conocido que la conjunción de una anticuada tecnología rusa con la nueva occidental produciría un híbrido que representaría un gran riesgo de seguridad en el futuro. 
Esto lo demuestran de modo suficiente tanto estudios extranjeros como austríacos». 
A pesar de ello, los trabajos para cerrar los reactores restantes de esta central nuclear avanzan a un ritmo demasiado lento. 
Desde mi punto de vista, resulta sorprendente que ni los accidentes que se han registrado ni las espantosas consecuencias de los mismos hayan sido suficientes para argumentar propuestas encaminadas a la desaparición de la energía nuclear. 
Por el contrario, la Comisión parece muy favorable a la construcción de nuevos reactores, como Khmenilitskij 2 y Rovno 4, en Ucrania. 
Esto es algo que no puedo aceptar; no se debe destinar fondos comunitarios a la construcción de nuevos reactores. 
En su lugar, estos fondos deberían destinarse a fomentar el uso de los recursos energéticos renovables, de manera que los países de la Europa oriental pudieran disponer de una estructura energética funcional basada en las fuentes de energía adecuadas, en el seno de una sociedad sostenible desde el punto de vista ecológico. 
La energía nuclear es una fuente de energía no renovable que, por lo tanto, deberá desparecer a la mayor brevedad posible del sistema energético. 
En mi país se ha dado finalmente el primer paso para acabar con la energía nuclear, empezando con el cierre de la central de Barsebäck prevista para el próximo año. 
Así pues, estos son los motivos que me han llevado a votar en contra de la resolución del Parlamento Europeo sobre esta cuestión. 
Los socialdemócratas daneses votan a favor de la resolución sobre el cierre de la central nuclear de Chernobil. 
Es irresponsable seguir produciendo energía en reactores del mismo tipo del que causó el grave accidente en 1985. 
No obstante, nos gustaría llamar la atención sobre el hecho de que el problema de la falta de seguridad en las centrales nucleares dista mucho de solucionarse cerrando la central de Chernobil. 
Entre otras, la gran central de Ignalina en Lituania presenta importantes problemas de seguridad. 
La Unión Europea tiene la obligación de brindar su ayuda al pueblo lituano, de la misma manera que hacemos con relación a Chernobil. 
Señor Presidente, nos alarma descubrir en la Unión Europea importaciones fraudulentas de clorofluocarbonos, con su abreviatura CFC, substancia que se considera una de las principales responsables de la degradación de la capa de ozono, y cuya producción está prohibida desde 1985 en la Unión Europea. 
Nos preocupa tanto más por cuanto los envíos ilegales procedentes de China recientemente descubiertos representan grandes cantidades- 1000 toneladas en un caso y 150 toneladas en otro- y constituyen obviamente la parte visible de un enorme iceberg. 
Ahora bien, el debate que se ha celebrado en este hemiciclo no parece que haya planteado todos los problemas. 
En efecto, se ha dicho sobre todo que la Unión Europea debería no sólo prohibir la producción sino también la importación y la comercialización de los CFC en su territorio. 
Esto es, evidentemente, de sentido común. 
La actual situación es incoherente y el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones también insta a los gobiernos de los países miembros reunidos en el seno del Consejo a que adopten una medida de prohibición total de las importaciones. 
Asimismo, esperamos que el protocolo de Montreal relativo a la protección de la capa de ozono se endurezca de modo que se prohíba rápidamente la fabricación de CFC en todos los países. 
Si la unidad antifraude de la Comisión, la UCLAF, ha tenido la virtud de descubrir algunas operaciones fraudulentas, está claro que con eso no se arregla todo. Según la agencia de investigación del medio ambiente, organismo independiente, Europa es el centro de una red de tráfico ilegal de CFC a escala mundial. 
Aprovecharé esta oportunidad para recordar que la capa de ozono también está deteriorada por el bromuro de metilo, pesticida muy utilizado en la agricultura. Para remediar tal cosa, debemos fomentar una agricultura mucho más respetuosa con el medio ambiente, pero éste es otro problema que, espero, se podrá debatir en el marco de la Agenda 2000. 
Ley Helms-Burton 
Hemos votado a favor de la resolución común relativa a la legislación HelmsBurton, que tiene el mérito de recordar claramente y firmemente el carácter inaceptable de las legislaciones extraterritoriales. 
La victoria pírrica que ha conseguido la Comisión no tiene por qué querer decir, en efecto, que los europeos se avienen a prácticas y a principios tan radicalmente contrarios al derecho internacional. 
¿Por qué la Comisión ha renunciado pues a pedir a la OMC que arbitre en este litigio? 
¿Será porque teme que la OMC trate a los Estados Unidos tal como ha tratado a la Comunidad Europea respecto a la carne con hormonas, y a los países en vías de desarrollo en el asunto de los plátanos? 
¿Acaso esta renuncia tendría por objeto reconocer implícitamente que visto que la OMC se comporta, en realidad, como brazo secular de los Estados Unidos, que impone a los países terceros su concepción y su visión del mundialismo, era preferible, en definitiva, negociar y embolsarse con sentido práctico algunas concesiones y renunciar a que prevaleciera el derecho? 
Pero si se decide negociar porque se considera que es la mejor manera de defender los intereses europeos, habrá que negociar correctamente. 
¿Por qué entonces no haber intentado obtener, como contrapartida a la retirada de la queja de la Unión Europea sobre la legislación Helms-Burton, la retirada de la queja norteamericana sobre la carne con hormonas y los plátanos? 
Situación en Argelia 
Hemos votado a favor de la resolución sobre Argelia, presentada a raíz de un compromiso entre diversos grupos políticos del Parlamento. 
Sin embargo, consideramos que la resolución debería ser más clara a la hora de criticar firmemente tanto los atroces desmanes y la falta de respeto por la dignidad humana de los grupos terroristas fundamentalistas islámicos, como la violación por parte del Estado argelino de los derechos democráticos y humanos. 
La declaración debería hacer igualmente hincapié en una de las principales causas de la crisis socioeconómica de Argelia, a saber, la enorme deuda que arrastra el país y cuyo pago exige, entre otros, el Fondo Monetario Internacional. 
El Grupo UPE lamenta no haber podido unirse al voto favorable de la resolución común sobre la situación en Argelia. 
En efecto, si bien es urgente denunciar y deplorar las masacres incalificables que se han perpetrado contra la población argelina por parte de grupos terrotistas, conviene asimismo recordar que este país acaba de vivir unas elecciones democráticas que han permitido que todos los componentes de la sociedad argelina estuvieran representados tanto en la Asamblea como en el Gobierno. 
Sin embargo, nuestra Asamblea mantiene dese siempre relaciones con los representantes del pueblo argelino en el marco de su delegación interparlamentaria. 
Por lo tanto, no es preciso en absoluto constituir una delegación «ad hoc» , como propone el texto de la resolución común, y nos parece incluso indispensable utilizar las estructuras parlamentarias existentes en una y otra parte con una eventual ampliación a algunos otros miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
A mi juicio, esta Asamblea, sólo en muy contadas ocasiones, ha hecho más el ridículo o ha mostrado una impotencia tan absoluta, como ayer durante el debate sobre la situación en Argelia. 
Resulta obvio que el encuentro entre el Parlamento argelino y el Europeo, tan enérgicamente defendido por casi todos los oradores, no conducirá a nada y que obedece a una política de espectáculo sin compromiso, que sólo puede suscitar el menosprecio de toda persona sensata. 
Que nadie sospeche del menor sentimiento de simpatía por mi parte, por los asesinos que en Argelia llevan a cabo actos de terrorismo islámico. Pese a ello, cabe preguntarse cuál es la diferencia entre, por un lado, un posible régimen del FIS en Argelia y, por otro, los regímenes de terror islámico tan apoyados por los países occidentales de, por ejemplo, Arabia saudí o Kuwait. 
Les seguiré recordando que esta desgracia comenzó en enero de 1992, cuando un golpe militar- nada menos que en nombre de la democracia- impidió las primeras elecciones democráticas en Argelia. 
Asimismo les recuerdo que la dictadura socialista del FLN en Argelia fue enterrada literalmente bajo ayuda francesa y europea y bajo los elogios de los denominados intelectuales de Europa. 
Han sido esos mismos socialistas que, en menos de treinta años, han transformado Argelia de un país relativamente rico y próspero en un país en desarrollo atrasado con una gran pobreza, en el que millones de personas encuentran en el extremismo islámico su única salida. 
Tal y como están las cosas hoy día, no creo que Europa tenga que cumplir una misión importante en dicho país. 
Como políticos europeos no nos corresponde dar lecciones a los argelinos. 
Al contrario, debemos procurar que este despliegue islámico no haga estragos en nuestro propio continente. 
Me gustaría que mis homólogos diputados, estuvieran tan motivados en esta materia como en los posibles viajes a Argelia. 
Informe Moorhouse (A4-259/97) 
Ante a los problemas que plantea el establecimiento de relaciones económicas equilibradas entre la Unión Europea y Japón, era deseable que se hiciera un balance de éstas. 
Comparto la opinión del ponente y de la Comisión en cuanto al estado actual de estas relaciones. 
Una vez dicho esto, si bien apruebo las orientaciones que a largo plazo deberían reforzar y reequilibrar nuestros intercambios con Japón, me preocupa uno de los puntos relativos a la desregulación. 
Me temo que este último aspecto se esté tratando una vez más en contra de nuestros intereses comunitarios. 
Me estoy refiriendo al sector textil, donde las empresas deben someterse a los reglamentos en vigor, mientras a menudo éstos son ignorados por una competencia que no está en absoluto dispuesta a aplicarlos. 
El sector del automóvil sería probablemente uno de los primeros en padecer los efectos de una desregulación aplicada con rigor por la Unión Europea. 
La industria del automóvil, uno de los pilares industriales de Europa, deberá someterse a una reestructuración en los próximos diez años. 
Conviene precaverse de las consecuencias que pueden resultar especialmente catastróficas para el empleo y para el futuro mismo del sector. 
Apruebo esta comunicación, pero seguiré atento a cómo se concreta esta nueva actitud respecto a Japón, oponiéndome a cualquier precipitación, a todo liberalismo desenfrenado y, sobre todo, a una actitud que consista en imponer reglas y obligaciones que nuestros competidores ignoran. 
Hemos decidido abstenernos en la votación del informe «Europa y Japón: próximos pasos» , elaborado por el Sr. Moorhouse. 
Apoyamos el desarrollo y la mejora de las relaciones entre la UE y Japón. Sin embargo, consideramos que el informe se centra únicamente en la economía y en el comercio, sin prestar ninguna atención a ámbitos importantes como son los relativos a la cultura o al medio ambiente. 
Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el comercio, nos oponemos a muchas de las trabas de orden técnico que Japón plantea al comercio, mientras que, por el contrario, podemos mostrar nuestra comprensión acerca de la existencia de monopolios públicos. 
No compartimos la visión positiva que se recoge en el informe por lo que respecta a la participación de Japón en las fuerzas de las Naciones Unidas, sino que coincidimos con la actitud crítica del movimiento pacifista de este país. 
Estos son, por consiguiente, los motivos de nuestra abstención. 
Un acercamiento entre la UE y Japón es positivo. 
Los derechos humanos, la paz internacional, las relaciones con China, Rusia y Corea, las cuestiones sobre armamento nuclear, medio ambiente, comercio, desregulación y la OMC constituyen importantes ámbitos de cooperación. 
He votado a favor del informe con la esperanza también de que se vayan atenuando las eternas pugnas entre la UE, los Estados Unidos y Japón, en favor de la cooperación y el diálogo. 
Informe Garosci (A4-254/97) 
El propio Libro Verde de la Comisión y el ponente reconocen que el sector del comercio es la segunda fuente de empleo en la Unión Europea en orden de importancia, ya que emplea a más de 22 millones de personas, y supone el 35 % del conjunto de las empresas, cuya mayoría son PYME. 
Si se analiza el marco general del enfoque de la Comisión, se constata que la tendencia general de reestructuración del sector augura un desarrollo negativo, especialmente para las pequeñas empresas, al tiempo que se acelerarán los procesos que existen y que abonan el terreno para la creación y el dominio de los oligopolios y el control del comercio por algunas grandes asociaciones de empresas multinacionales. 
Algo así resultaría catastrófico, tanto para el empleo, ya que significaría una pérdida considerable de puestos de trabajo y la generalización del empleo a tiempo parcial, como para la protección de los consumidores que, una vez más, serán las víctimas de la competencia desmedida y de las leyes del famoso mercado libre. 
Ni siquiera la expansión de las nuevas tecnologías, que pretenden modernizar la prestación de servicios y facilitar nuevas formas de transacciones directas, constituye una panacea. 
La aparición y la expansión de la venta a distancia a través de las redes electrónicas podría conducir a la marginación de grandes sectores de la población, sobre todo en las de zonas remotas, montañosas e insulares, allí donde los niveles de desarrollo son bajos y donde por razones físicas no es posible el acceso a tales redes de comunicación. 
El desarrollo de redes de este tipo, sin los planes adecuados, sin el desarrollo de infraestructuras, sin claves eficaces de seguridad, podría alterar de modo irreparable el tejido social y económico de dichas zonas, condenándolas a una decadencia y a un subdesarrollo crónico así como a su exclusión del mercado. 
Ni el consumidor, ni el empleado en el sector, ni el autoempleado, ni el pequeño comerciante tampoco podrán beneficiarse de la competencia de los monopolios comerciales y de la supresión de cualquier tipo de control. 
Lo que se necesita es una planificación conjunta de la actividad económica que busque el interés común de los trabajadores y los consumidores. 
Es necesario establecer medidas de tipo laboral que regulen el sector del comercio. 
Es preciso que funcionen, tanto por ramas como a escala de las grandes empresas comerciales de la Unión Europea, consejos de control laboral en la cuestión de precios, de las relaciones laborales y de las remuneraciones y en los temas de protección del medio ambiente y de los consumidores. 
Al mismo tiempo deberán establecerse normativas y reglamentaciones que impidan la actividad incontrolada de las grandes empresas multinacionales, las fusiones, las compras y la monopolización del sector del comercio. 
Es necesario establecer reglamentos que defiendan a los trabajadores y a los consumidores en los temas de horarios y de criterios de calidad. 
En esa dirección deberá promoverse un debate de fondo y un intercambio de opiniones con los interlocutores de los trabajadores y de las PYME. 
He apoyado hoy el informe del Sr. Garosci porque comparto su buena acogida al reconocimiento por parte de la Comisión de la importancia del comercio, que tendría que haberse producido hace mucho tiempo. 
Veintidós millones de personas de toda la UE trabajan en el comercio, el cual forma parte de un sector terciario más amplio que se está imponiendo a otras partes de la economía europea. 
El sector no sólo se refiere a la economía, sino también a la sociedad. 
El Sr. Garosci tiene razón en pedir que se quite el peso de normativas innecesarias a los pequeños comerciantes sobre todo. 
Los pequeños comercios de barrio forman parte de la comunidades a las que sirven. 
Todos hemos visto demasiadas zonas en las que los escaparates cerrados son indicativo de un barrio en decadencia. 
Mirando hacia el futuro, también es importante tener en cuenta la injusticia de que la venta estilo Internet no esté sometida al IVA, cuando las tiendas tradicionales sí lo están. 
La Comisión debería trabajar sobre la idea de buscar una respuesta internacional a esta cuestión. 
Sin embargo, la tecnología de los sistemas de pago electrónicos también podría servirnos para reducir las posibilidades de que los delincuentes roben a pequeños tiendas vulnerables, al reducir la cantidad de dinero en efectivo guardado en las mismas. 
Espero que las ideas potencialmente útiles que aparecen en el Libro Verde y en el informe conduzcan ahora a políticas prácticas que ayuden a las tiendas de barrio a disfrutar de un futuro próspero. 
Tras dos años de trabajo, la Comisión somete a nuestra atención el Libro Verde del comercio examinando la estructura y el desarrollo del sector del comercio y la distribución, el segundo en cuanto a volumen de actividad económica en la Unión. 
Emplea, en efecto, a 22 millones de personas- el 16 % del número total de trabajadores- en casi 4, 5 millones de empresas: un sector clave, en consecuencia, tanto para la economía como para el empleo. 
Felicito al Sr. Garosci por haber analizado exhaustivamente la situación actual y los retos relacionados con este sector, y es una lástima que tuviera que manejar los datos estadísticos, ya anticuados, que le facilitó la Comisión. 
La competencia en el sector del comercio ha aumentado como consecuencia de la multiplicación de los intercambios y la ampliación del mercado, y ha demostrado la exigencia del sector de adaptarse a los cambios en curso y de aceptar la evolución de las necesidades y demandas de los consumidores. 
Por ello, es imprescindible formar al personal y prever cursos de formación profesional para formar a los jóvenes y para especializar a la población activa, adaptándola a la modernización del sector a través de las nuevas tecnologías. 
Por otra parte, la formación profesional permite a las pequeñas y medianas empresas, así como a las empresas muy pequeñas, seguir el proceso de crecimiento del sector, que ahora se orienta hacia la creación de pequeñas y medianas empresas comunes en el comercio transfronterizo, con arreglo al principio de cohesión económica y social que la Comisión debe apoyar con medidas concretas a través de los Fondos estructurales y los proyectos innovadores. 
No hay que olvidar, asimismo, el papel de los Estados miembros, en particular por lo que se refiere a la reglamentación relativa al acceso al crédito. 
Para convertir en más ágiles las condiciones de actividad de las empresas es deseable una simplificación de la legislación comunitaria que tenga en cuenta las situaciones en cada uno de los Estados. No olvidemos, en efecto, que es especialmente importante en este sector. 
Por último, recuerdo que debe depararse una atención especial al sector con vistas a la introducción del euro, habida cuenta del impacto no sólo económico que la misma originará en el mercado. 
Informe Palacio Vallelersundi (A4-265/97) 
Señor Presidente, el convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, que aproxima las definiciones y los principios generales de este procedimiento en los distintos países, se ha celebrado en plazos muy breves, con arreglo a un método puramente intergubernamental. 
Esto constituye pues un desmentido a la afirmación, corriente aquí, de que sólo el método comunitario es eficaz. 
En realidad, resulta que cuando los Estados miembros sienten que una necesidad es acuciante, sobre todo si es de seguridad, el método intergubernamental funciona muy bien. 
Cierto es que esto ya no funciona cuando no se experimenta tal necesidad o cuando una de las partes plantea pretensiones desorbitadas o demasiado penalizadoras para otros socios, pero ¿acaso es esto motivo de queja? 
¡No, por supuesto que no! 
Al contrario, la colaboración intergubernamental garantiza aquí una auténtica función de regulación de las pretensiones desorbitadas contra las cuales el método comunitario erige barreras insuficientes. 
Ahora bien, la prudencia se hace totalmente indispensable en temas tales como los abordados aquí, que afectan directamente al ejercicio de las libertades públicas, y por este motivo el convenio ha optado con razón por el método intergubernamental. 
¿Qué mejoras se pueden aportar a este procedimiento sin dejar de respetar su naturaleza? 
En primer lugar, sería útil que a través de un acuerdo entre los socios se previera que el convenio pueda entrar en vigor entre los miembros signatarios sin tener que esperar que se produzcan todas las ratificaciones. 
En segundo lugar, creo que habría que buscar un procedimiento para garantizar mejor el control del convenio por parte de los Parlamentos nacionales, tal como ya lo ha propuesto el Grupo Europa de las Naciones. 
En cambio, nos parece inútil y hasta completamente contraproducente prever una jurisdicción del Tribunal de Justicia o una intervención sistemática del Parlamento Europeo. 
Estas instituciones, con sus excesivas pretensiones, con su manía de hacer siempre uso de los textos para abundar en el sentido de las finalidades que más les placen, provocarían reacciones negativas que debemos evitar a toda costa en temas tan delicados. 
Señor Presidente, he votado a favor de la resolución de la Sra. Palacio, pero en la votación nominal he votado en contra del punto nº 11 de esa misma resolución, que se refiere a las reservas que Grecia y Portugal, por razones diferentes, introdujeron en ese convenio. 
He votado en contra porque la referencia a Portugal está factualmente equivocada. 
Los fundamentos de la reserva portuguesa no son los mismos que los de la reserva griega. 
Portugal, en su Constitución, no permite la extradición cuando el país que la pide aplica la pena de muerte o la cadena perpetua. 
Y de eso es de lo que se trata. 
La reciente revisión constitucional hecha en Portugal mantuvo- y creo que acertadamente- esa prohibición. 
En ese sentido, considero que no podría aprobar aquí el tenor de ese punto nº 11, estando, además, como está, equivocado factualmente en su referencia a Portugal. 
El protocolo del Tratado de Amsterdam sobre esa materia de la extradición me parece que resuelve satisfactoriamente la cuestión en el marco de una progresiva construcción de un espacio de libertad y de justicia. 
Y ésa es la razón de mi declaración de voto. 
Aunque sea deseable una cooperación más estrecha en el ámbito del derecho penal como consecuencia del aumento del crimen organizado en Europa, no se debe ignorar que con el Convenio se arrojan por la borda principios muy esenciales del derecho de extradición que, en parte, repercuten también reduciendo la protección para los propios nacionales. 
Por ello, desde este punto de vista son perfectamente comprensibles las repetidas reservas que exponen los Estados miembros en el presente informe. 
Desde un punto de vista histórico, el derecho penal es un elemento central de la soberanía de un Estado, por lo que en el estado actual de las cosas hay que tomar nota de que ni una amplia unificación del derecho penal ni una creciente cesión de soberanía es apoyada por los ciudadanos. 
Independientemente de ello, en el Convenio se echa de menos un análisis de los problemas procesales, de la garantía de los estándares mínimos jurídicos. 
Por este motivo, no podemos dar nuestro voto afirmativo al informe. 
Las propuestas del informe implican, ante todo, una reducción a corto plazo de la seguridad jurídica como consecuencia de la vaguedad de las competencias del Tribunal de Justicia de las CE. 
La propuesta implica un aumento de la supranacionalidad en el futuro. 
Además, el informe apoya las restricciones en el derecho de asilo que contempla el Tratado de Amsterdam, lo cual nos resulta inaceptable. 
Por todo ello, hemos votado en contra del presente informe. 
El voto contra el párrafo 11 del informe Palacio se basa en el respeto de la «identidad constitucional» de los Estados, valor salvaguardado tanto por el Tratado de la Unión Europea como, ya antes, por la doctrina jurídico-comunitaria. 
Por lo demás, mediante dicha identidad es como contribuyen los Estados a una cultura jurídica común. 
Portugal es el país que primero eliminó la pena de muerte y la cadena perpetua de su catálogo penal. 
En el caso de la eliminación de la pena de muerte, se trata hoy de un acervo común de la propia identidad europea, en la medida en que ha dejado de aplicarse en todos los países de la Unión. 
El texto del párrafo nº 11 está, por lo demás, equivocado en relación con Portugal, pues en el caso de la cadena perpetua o de duración indefinida la reciente revisión constitucional ha contribuido a facilitar la extradición, que queda condicionada tan sólo a la existencia de mecanismos de reciprocidad y a la garantía de que la pena no será aplicada o ejecutada efectivamente. 
Ahora bien, defender nuestra «identidad constitucional» no entraña desconfianza alguna en los mecanismos del Estado de Derecho de los restantes Estados miembros, en que confiamos plenamente y con los que queremos colaborar cada vez más intensamente en la represión de la criminalidad y el terrorismo. 
Esperemos que idéntica confianza se nos conceda, pues no somos ni seremos refugio o santuario de criminales, sino, al contrario, un país particularmente seguro y pacífico, como ya han podido testimoniar millones de nuestros «conciudadanos europeos» de los restantes Estados miembros. 
Con esto concluye el turno de votaciones. 
(La sesión, interrumpida a las 13.20 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señor Presidente, con arreglo al artículo 22 del Reglamento, pido que se fije en el hecho de que usted quiere que, como diputados, informemos con exactitud de qué hacemos y a qué hora. 
Comenzamos la sesión de hoy tres minutos tarde. 
En segundo lugar, después de que se interrumpiera la sesión después de la una, yo fui al restaurante de los diputados, donde hablé con otros colegas sobre los asuntos del Parlamento. 
Tengo la factura del restaurante, que daré a la administración. 
Me dirigí al intergrupo de asuntos de turismo, donde pasé media hora. 
Por desgracia debo decirle que no tengo recibo de los servicios, por donde también me pasé rápidamente entre medias. 
La próxima vez procuraré que usted tenga también constancia de ello para que, con arreglo al artículo 22 del Reglamento, la Mesa esté informada con exactitud de mis actividades en esta Asamblea en calidad de diputado. 
Yo no creo que tenga que rendir cuentas a los miembros de la Mesa, sino más bien a mi electorado. 
Muchas gracias, señor Wijsenbeek. 
Nos gustaría tenerlo por duplicado y esperamos con ilusión recibir estos frecuentes partes, no obstante, quizá pudiera usted dárlos por escrito en lugar de utilizar siempre el tiempo del Parlamento para dárlos oralmente. 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
Doy las gracias a la Presidencia y a sus servicios por haber comprobado esto tan pronto. 
Pero es muy preocupante que en el considerando D se diga de hecho que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su 53ª sesión, expresó su condena. 
Esto es lo que dice el texto. 
No hubo tal condena. 
Por eso creo que todos los comentarios subsiguientes, los cuales son altamente perjudiciales, debieran suprimirse- todos ellos. 
A continuación se habla de la violación continuada de los derechos humanos en Etiopía. 
Si no hubo una decisión, todo lo demás son suposiciones. 
Esta no es manera de que un Parlamento, serio en teoría, lleve su política exterior y sus relaciones con países de otras partes del mundo. 
O bien la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sí expresó su condena en la 53ª sesión, o bien no lo hizo. 
Espero que en vez de cambiar una palabra suprimamos la totalidad del considerando D porque es un desatino tendencioso que pone en ridículo a este Parlamento ante el resto del mundo. 
Señor Tomlinson, me parece que aquí hay dos problemas. 
Uno era un error concreto. Éste ya ha sido corregido. 
Dice usted, además, -y comprendo muy bien lo que usted dice- que las dos frases siguientes también son tendenciosas. 
Si se está de acuerdo con usted- y quizá haya muchos miembros que lo estén -, la conclusión es que se ha de votar en contra. 
Como Presidente, no puedo permitir que el punto entero desaparezca, de manera que espero que usted quiera aceptar que se mantenga, por lo que quizá debiera leerlo según reza ahora: 
Enmendar el considerando D de la siguiente manera: » D. Considerando que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su 53ª sesión, habló de la violación de los derechos humanos en Etiopía, incluidas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, muertes en prisión, torturas, violaciones, arrestos y detenciones arbitrarias y por motivos políticos y la opresión a minorías étnicas y religiosas por parte de las autoridades». 
De esto se habló. 
Esto es lo que dice. 
Si a usted no le gusta, debería entonces votar en contra. 
Sería de ayuda que añadiera usted al final de la frase que se habló de ello sin llegar a ninguna conclusión. 
No estoy seguro de que, como Presidente, tenga competencia para hacerlo. 
La solución es votar en contra si no le gusta o presentarlo como enmienda oral si todo el mundo está de acuerdo, aunque me temo que algunos se opondrán. 
Yo, como Presidente, no puedo hacerlo, así que se quedará como está. 
Usted ha corregido el error informativo; el error político puede corregirse votando en contra. 
Señor Presidente, estimados colegas. Una votación más sobre la cuestión chipriota. 
Una votación más, repleta de bonitas palabras de apoyo a Chipre y cargada de indicaciones dirigidas a la parte turca y al Sr. Denktash. 
¿Cuál será su resultado? 
Ni el Sr. Denktash, ni Turquía, y lamento mucho decirlo, ni siquiera el Consejo y la Comisión, atribuyen una gran importancia a las votaciones del Parlamento Europeo. 
Además, para colmo de males, está el apartado 5 sobre la cuestión de los S300. 
Estimados colegas, ¿acaso desconocen que en las zonas ocupadas de Chipre hay un ejército turco de ocupación desde hace 23 años? 
¿No están informados de que hay 40.000 soldados turcos en la isla? 
¿Ignoran que también hay tanques y aviones? 
Entonces, ¿en nombre de qué principio del derecho de la Unión Europea niegan al gobierno de Chipre el derecho a organizar su defensa? 
Porque saben muy bien, estimados colegas, que los S300 son un arma defensiva y no ofensiva; a menos que estemos esperando que un buen día el Sr. Denktash ocupe el resto de Chipre y nosotros sigamos efectuando aquí votaciones de apoyo mientras Chipre es ocupado de nuevo por un ejército turco. 
Al menos, estimados colegas, y lamento decirlo porque la verdad es dura, reconozcamos que nos molesta que los S300 se compren en Rusia y no en la Unión Europea, es decir, en Francia, en Alemania o en Inglaterra, o bien en América. 
Parece que un cohete con el sello "made in United States» o" made in Europe» es un buen cohete, mientras que un cohete con el sello " made in Russia» es un mal cohete. Ésta es la sensación que teng. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, nos fuimos de vacaciones de verano con la esperanza de que las conversaciones entre Glafkos Klerides y Rauf Denktasch tuviesen éxito bajo el patrocinio de las Naciones Unidas. 
De nuevo se ha destruido esta esperanza, la esperanza de que se pudiese superar la división que Chipre sufre desde hace 23 años, la ocupación turca del 37 % del territorio chipriota, en favor de una solución que permitiese la convivencia pacífica de los chipriotas turcos y griegos. 
Esta esperanza se ha visto destruida de nuevo por la posición intransigente de Rauf Denktasch. 
Es totalmente inaceptable que Denktasch exija una congelación del proceso de adhesión entre la Unión y Chipre. 
Es también inaceptable que el Gobierno de Turquía y el régimen ilegal en la parte ocupada de Chipre amenacen con una anexión turca de esta parte ocupada en caso de que Chipre se adhiera a la UE. 
Rechazamos con indignación y horror el anuncio de Denktasch en el sentido de que una adhesión tendría como consecuencia una guerra en Chipre. 
¿Cuándo se comprenderá por fin que los tiempos están más que maduros para emplear la razón y no las armas? 
Las resoluciones de la Unión Europea son claras. 
Seis meses después de la Conferencia Intergubernamental, es decir, a principios del próximo año, van a comenzar las negociaciones de adhesión con Chipre. 
Tal como se subraya en la Agenda 2000, las negociaciones solamente se pueden iniciar con la única autoridad reconocida según el derecho internacional, el Gobierno de la República de Chipre. 
Quiero añadir que los ministros europeos deberían atenerse también a esto en las declaraciones privadas realizadas de cara a la opinión pública. 
Pero una adhesión debe beneficiar a todos los chipriotas. 
Esta es nuestra voluntad declarada. 
Por ello, hay que encontrar mecanismos para incluir a la comunidad turco-chipriota en las negociaciones. 
Pues a pesar del fracaso actual de las negociaciones y de la escalada de las palabras espero que triunfe pronto la razón en interés de todos los chipriotas. 
En la Agenda 2000, la Unión se declara decidida a desempeñar un papel positivo en la búsqueda de una solución. 
Una aportación importante sería mostrar de nuevo con claridad a Turquía que para mejorar las relaciones es necesario solucionar el problema de Chipre. 
Sabemos que Turquía tiene la llave para ello. 
Señor Presidente, aunque se trate de un compromiso, esta resolución sobre Chipre es interesante porque, por un lado, condena el bloqueo de las negociaciones por parte turco-chipriota, así como las nuevas maniobras de intimidación de Turquía y, por el otro, recuerda la voluntad europea- tal como se ha dichode iniciar a partir de 1998 las negociaciones de adhesión con el único gobierno reconocido, el de la República de Chipre. 
Más allá de todo esto, debemos recordar que Chipre ya cumple actualmente con casi todas las condiciones para adherirse a la Unión Europea. 
No sería bueno que una vez iniciadas las negociaciones se eternizaran a la espera de un acuerdo eventual, lo que equivaldría a ceder ante el chantaje turco. 
Así pues, hago un llamamiento a la Comisión para que las negociaciones con Chipre se lleven a cabo con todo el ahínco y la rapidez deseables, para que Chipre se convierta cuanto antes en el decimosexto Estado de la Unión Europea, incluso a falta de un acuerdo definitivo con el Sr. Denktash y con Turquía. 
Señor Presidente, como se ha mencionado, ésta es la enésima resolución sobre la situación de Chipre. 
Deseo manifestar que dicha resolución tendría sentido si el señor Comisario, a lo largo del debate, nos asegurara lo que se pide en la misma, es decir, si nos garantiza que se van adoptar sin dilación iniciativas a fin de intentar que se replantee la posición de boicot a la negociación que está llevando a cabo la comunidad turcochipriota. 
Y además, es importante que el señor Comisario nos asegure que la Comisión quiere ratificar sus declaraciones. En particular, creo que la Comisión debe reiterar sin dilación que las actuales dificultades se deben sólo y exclusivamente al hecho de que Turquía sigue siendo un país que ocupa a otro país y que lo hace militarmente. 
Asimismo es decisivo confirmar que, ante el bloqueo, la Unión Europea continuará las negociaciones con la única autoridad reconocida a escala internacional, o sea, el Gobierno de Chipre. 
Creo útil, por último, contestar a lo que manifestó la Sra. Rothe en su intervención. 
La toma de posición de un ministro italiano fue una toma de posición personal: el Gobierno italiano ha reiterado su pleno apoyo a las posiciones de la Unión Europea. 
He querido hacer esta precisión en nombre de mi país. 
Señor Presidente, creo que todos debemos esforzarnos para diferenciar entre el momento concreto y la evolución general. 
En el momento concreto está totalmente claro que tenemos que pronunciarnos nítidamente en contra del modo como Rauf Denktasch ha saboteado con su comportamiento las conversaciones de paz que comenzaron con tantas esperanzas. 
Sin embargo, y respetando el derecho internacional, no debemos olvidar que el conflicto de Chipre es algo más complicado, que existen dos partes y que es de trascendental importancia para la paz que los chipriotas acuerden la paz entre ellos distanciándose de sus falsos amigos a ambos lados del mar. 
Esta es la clave del problema. 
Puede que sea fácil aplaudir aquí echando las culpas a Turquía pues se pueden realizar muchas críticas. 
Rauf Denktasch ha planteado exigencias inaceptables, pero no puede haber paz en Chipre sin un acuerdo con la parte turco-chipriota y aquí hay que buscar nuevas vías. 
No estoy defendiendo que nos apartemos de resoluciones de cualquier tipo pero sí que actuemos con fantasía, imaginación e iniciativa. 
Señor Presidente, en efecto, Denktash ha dado el portazo a las negociaciones que, en un principio, parecían haberse abierto con mucha creatividad, gracias a la iniciativa de las Naciones Unidas. 
Sus condiciones previas eran inaceptables y la reacción de los turcochipriotas y de Turquía ha sido la esperada. 
Pese a ello, es preciso que se utilicen todos los medios posibles para encontrar una solución al conflicto y para hacer patente que la adhesión de Chipre a la Unión Europea no pueda quedarse bloqueada por la discontinuidad de la paz en dicha isla. 
La reacción de la Unión Europea fue la correcta. 
La Comisión dio la señal acertada. 
Las negociaciones de adhesión deben iniciarse a comienzos de 1998 y la Unión Europea ha de mantenerse firme en su postura de no reconocer el régimen ilegal de ocupación de Chipre del Norte que, como tal, no podrá participar en las negociaciones. 
Es preciso que las negociaciones sobre el conflicto chipriota sean independientes de las relativas a la adhesión. 
Nos tenemos que basar en los logros, como los avances obtenidos en los expedientes humanitarios. 
El reciente anuncio de que, en breve, se va a discutir también cuestiones de seguridad, es una señal alentadora. 
La excesiva presencia de armas en la isla hace que el conflicto sea aun más explosivo. 
Posiblemente, unos compromisos sobre la limitación de la importación de armas constituyan una primera medida adecuada. 
Señor Presidente, lamentablemente los últimos acontecimientos nos demuestran que nos encontramos ante la peor situación que atraviesa la cuestión chipriota desde 1974. 
El riesgo de la bipartición definitiva de la isla es grande. 
La responsabilidad de tal posibilidad es de la política que han seguido los Estados Unidos y la OTAN en la zona, pero también son graves las responsabilidades de la Unión Europea. 
El proceso de adhesión de Chipre a la Unión Europea, que para muchos suponía la solución de la cuestión chipriota, se ha convertido ya en un motivo de presión y de chantajes contra el gobierno reconocido de la República de Chipre y permite a Turquía, incluso con el consentimiento de la Unión Europea y de los gobiernos de algunos Estados miembros, socavar cualquier perspectiva de una solución justa y honesta. 
A lo único que va a contribuir la presente votación es a hacernos recordar el conflicto y la responsabilidad que tenemos respecto del mismo. 
Y esa es la razón por la que la suscribo. 
Señor Presidente, ahora que la cuestión de Chipre figura de nuevo en el Orden del Día, debo recordarle que en diciembre de 1995, esta Asamblea aprobó, con una mayoría muy amplia y sin condiciones, la unión aduanera con Turquía, así como una dotación financiera de millardos a favor de este país. 
No obstante, en aquella época, en diciembre de 1995, ya sabíamos que Turquía, desde 1974, ocupaba bajo régimen militar una parte de Chipre y que, además, llevaba una política fáctica de genocidio cultural. 
En aquella época, sabíamos asimismo que la adhesión de Chipre a la Unión Europea sería extraordinariamente problemática como consecuencia de dicha ocupación turca. 
A decir verdad, me parece hilarante que la resolución que nos ocupa, llama amablemente la atención del Gobierno turco sobre el hecho de que, y cito: " la existencia de relaciones constructivas entre Turquía y la Unión Europea depende, en parte, de la política en relación con Chipre». 
Después de todo, de la política turca con relación a Chipre se sabe que el Gobierno turco puede ser recriminado por muchos asuntos pero no se le puede reprochar, de ningún modo, no haber hablado claro al respecto. Ni entonces en diciembre de 1995, ni hoy tampoco. 
La diferencia es que en diciembre de 1995 era el momento de establecer exigencias y, sin embargo, ahora sólo podemos emitir una protesta sobre el papel. 
Naturalmente, esto no me impedirá aprobar dicha propuesta, ya que quizá pueda contribuir a que nuestro vecino y país aliado en la OTAN, Turquía, comprenda que el buen entendimiento entre vecinos sólo podrá subsistir, si desaparecen las tropas de ocupación de Chipre y, sobre todo y digamos las cosas con claridad, si cesa la amenaza de guerra en dicha isla. 
Señor Presidente, la solución de la crisis chipriota se basa en redescubrir una identidad chipriota asentada sobre los valores de la tolerancia y el respeto mutuo y en apartar los odios étnicos y las divisiones fundadas en reclamaciones retronacionalistas. 
Si los griegochipriotas se sintieran más chipriotas que griegos y si sucediera lo mismo con respecto a los turcochipriotas, y si tanto Grecia como Turquía cooperasen en la creación de una nueva identidad nacional que no fuera ni filogriega ni filoturca, quizás se pondría fin a dicha situación. 
Europa podría enviar un contingente de paz y garantizar la creación de un Estado federal respetuoso de las autonomías culturales y religiosas, en el que podrían recomponerse las diferentes identidades. 
Ésta es la propuesta de Alianza Nacional. 
Para lograrlo, es evidente que la Unión Europea debería ejercer la máxima presión política, comercial y económica posible sobre Turquía con objeto de que retire sus tropas de la isla, y del mismo modo la comunidad griegochipriota debería limar sus veleidades revanchistas. 
De lo contrario, es preferible cerrar el capítulo de la adhesión de Chipre a la Unión y considerar dicha zona como una de las muchas zonas de crisis de las que nos ocupamos de forma tan frecuente como vana. 
Señor Presidente, la Comisión acoge favorablemente las propuestas de resolución relativas a la situación política después de las conversaciones sobre Chipre de Troutbeck y Montreux auspiciadas por la ONU. 
La Comisión apoya plenamente los esfuerzos desarrollados bajo los auspicios de la ONU por trabajar en pos de una solución política y lamenta que en las conversaciones de agosto en Montreux no se hicieran progresos. 
Sin embargo, déjenme dejar bien claro que las negociaciones de adhesión con Chipre comenzarán seis meses después de que concluya la CIG, de conformidad con la decisión del Consejo del 6 de marzo de 1995. 
La Comisión comparte la opinión expresada por el Secretario General de las Naciones Unidas de que la decisión de iniciar las negociaciones debería considerarse como un avance positivo que podría impulsar la búsqueda de una solución política. 
Junto al Consejo, la Comisión cuenta con que los líderes de ambas comunidades reanuden sus negociaciones directas y les insta a que, mientras tanto, ellos y todas las partes interesadas trabajen y actúen de forma constructiva y de buena fe para propiciar el éxito de dichas negociaciones. 
En este contexto, la Comisión acoge con satisfacción el reciente anuncio de que el Presidente Clerides y el Sr. Denktash se reunirán próximamente para hablar de cuestiones de seguridad y la decisión de mantener los contactos directos sobre cuestiones humanitarias. 
Tal como ha solicitado el Consejo, la Comisión seguirá informando a la comunidad turcochipriota sobre las ventajas de la adhesión a la Unión Europea. 
Muchas gracias, señor Pinheiro. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes seis propuestas de resolución: 
Dell ' Alba y otros, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Bosnia-Herzegovina (B4-0762/97) ; -Aelvoet y otros, en nombre del Grupo V, sobre la situación en Bosnia-Herzegovina (B4-0765/97) ; -Swoboda y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Bosnia-Herzegovina (B4-0774/97) ; -Cars y Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Bosnia-Herzegovina (B4-0782/97) ; -Oostlander y otros, en nombre del Grupo PPE, sobre la situación en Bosnia-Herzegovina (B4-0789/97) ; -Pack y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre la antigua Yugoslavia (B4-0791/97). 
Señor Presidente, naturalmente el Grupo ARE- al que pertenezco- votará con toda probabilidad a favor de la resolución que se presenta. 
Sin embargo, no podemos silenciar algunas contradicciones relativas a esta resolución. 
La primera se refiere al hecho de que en los considerandos las instituciones europeas se muestran sumamente apegadas al restablecimiento de una sociedad multiétnica, pluricultural y pluriconfesional. 
Además, el apartado 6 en particular, menciona que conviene aprobar la actitud observada respecto a una persona que hoy ejerce responsabilidades en la República Srpska y que durante mucho tiempo, según sus propias declaraciones, estuvo a lado de los Sres. Karadzic y Mladic. 
Cabe preocuparse o, como mínimo, quedarse perplejo ante el hecho de que haya que seguir observando una actitud favorable frente a esta persona, por ser ella la que hoy en día defienda el Estado de derecho... 
El punto que me parece más importante dentro de este texto es el que defiende la presencia permanente de la SFOR, que es probablemente, a nuestro modo de ver, el único medio de evitar que se reproduzca una masacre programada como aquellas que han instigado algunas personas que ya he mencionado. 
Señor Presidente, como miembro de la delegación encargada de observar las elecciones en Bosnia, me place manifestar que debemos tomar nota con satisfacción del hecho de que las elecciones se desarrollaran sin incidentes y de forma satisfactoria desde el punto de vista formal. 
Y éste es un paso adelante tanto para la aplicación de los acuerdos de Dayton como para la superación de los límites de los acuerdos de Dayton. 
Dicho esto, sin embargo, creo que también es importante manifestar que el buen resultado formal no es suficiente, sino que es preciso llegar a superar la situación y esto sólo se conseguirá si, sobre la base del resultado de las elecciones, logramos que se restablezcan las relaciones de interacción que deben existir entre las distintas partes que constituyen Bosnia-Herzegovina. 
En particular, el resultado corre el riesgo de verse comprometido por la forma en la que se registraron las personas que debían votar. 
En consecuencia, el resultado es un resultado que, con la única e importante excepción de la ciudad de Tuzla, corre el peligro de otorgar un espacio sólo a los partidos nacionalistas extremistas. 
Esta situación es la consecuencia de la manera en que se enfocaron las elecciones. 
Confío en que sabremos como Parlamento, como Unión Europea, a partir de este resultado importante, pero no suficiente, sacar adelante iniciativas con objeto de lograr una verdadera pacificación de esa zona. 
Señor Presidente, en primer lugar yo también quiero expresar la consternación y pesar de nuestro grupo político por el trágico accidente de un helicóptero en Bosnia en el que han perdido la vida tantas personas meritorias, entre otras, el sustituto del Sr. Carlos Westerndorp, el Sr. Wagner, con quien me encontré hace pocas semanas en Sarajevo y que adquirió una reputación muy buena en muy poco tiempo. 
Quizás pueda indicar aquí como parte de su legado que se expresó críticamente sobre ciertas cosas que han impedido que Europa actúe con una voz más fuerte y con mayor energía en Bosnia. 
Ruego encarecidamente al Sr. Comisario que haga todo lo que está en su mano, no solamente para gastar mucho dinero- también se pueden decir algunas cosas al respecto- sino que actúe realmente con una mayor energía en Bosnia para lograr que se impongan nuestras ideas en general. 
Hoy debatimos sobre Bosnia no sólo porque hace poco tiempo se han celebrado elecciones sino porque queremos mostrar que no podemos, que no vamos a permitir que se torpedee el proceso de paz. 
Todos conocemos los acontecimientos en la República de Srpska. 
No se trata aquí de ángeles, no se trata solamente de buenos por un lado y en el otro lado sólo de malos. Se trata de que aquellos que están dispuestos a llevar a buen término el proceso de Dayton, independientemente de cuál sea la opinión personal al respecto, necesitan nuestro pleno apoyo. 
Aquellos que no pueden dejar de intentar torpedear este proceso de paz tienen que saber que vamos a adoptar medidas claras contra ellos y coincido plenamente con Carlos Westendorp y el alto comisionado en que tenemos que proceder con el máximo rigor y dureza y en que no debemos retroceder. 
Es inadmisible que tras el final de la guerra siga habiendo personas- lamentablemente, en todas las partes pero, sin duda, de peso pesado en uno u otro lado- que impidan que regresen los refugiados y que se ponga en marcha este proceso donde se va restablecer una Bosnia multiétnica. 
Señor Comisario, quiero decir también que hay casos en los que por parte de los EE.UU, de la Comisión y del representante de ésta se impide que retornen los refugiados a su tierra, que no vengan nuevos grupos porque ciertos grupos de la población se oponen a ello. 
Creo que hay que actuar con toda decisión en contra. 
Lo último que se contiene también en la resolución es lo siguiente: los países de Europa estamos poniendo a disposición mucho dinero que no siempre se emplea con eficiencia. 
No se emplea suficientemente o se hace demasiado tarde, entre otras cosas porque allí hay pocas personas que lo gestionen mientras allí haya expertos. 
Señor Comisario, le ruego que adopte las medidas necesarias para que se gestione con mayor rapidez y se emplee con mayor eficiencia el dinero que ponemos a disposición, para que podamos restablecer y garantizar la paz en Bosnia. 
Señor Presidente, ante todo, quiero sumarme a aquellos que han expresado su condolencia con los familiares de los fallecidos en el trágico accidente de helicóptero, acaecido recientemente. 
Asimismo, valoro positivamente el hecho de que el Sr. Swoboda, en nombre de su Grupo, haya resaltado una vez más, en esta ocasión, la importancia de actuar con firmeza contra los que hacen el mal en BosniaHerzegovina, sea cual sea el lado en que estén. 
Por lo tanto, esta postura que ha venido adoptando la gran mayoría de este Parlamento es, a mi juicio, significativa, sobre todo, de cara al futuro. 
El proceso electoral ha salido bien. 
Aunque no es mi intención profundizar en dicho proceso, el hecho de que varios serbios no se dejaran influir por sus dirigentes y votaran en sus lugares de origen, fuera de la República de Srpska, es sumamente importante y constituye todo un logro. 
Gracias a ello, se crea la posibilidad de que los criminales que en diversos lugares están en el poder sean destituidos. 
Esto reviste una especial importancia con vistas al necesario regreso de los refugiados a sus lugares de origen y a la subsiguiente reconstrucción de la economía. 
Después de todo, el regreso de los refugiados es condición indispensable para dicha reconstrucción. 
Realmente me gustaría instar a la Comisión a que preste su ayuda con mayor agilidad y de un modo descentralizado, a todas las comunidades que estén dispuestas a esforzarse, de verdad, por la conclusión del proceso de Dayton. 
Creo que es importante que se actúe con celeridad y se preste ayuda rápida y eficaz a aquellos municipios y regiones que desean cooperar realmente en los objetivos de Dayton. 
Espero que todo ello no continúe encallándose en procedimientos, como es el caso de nuestra promesa de volver a construir el edificio del parlamento en Sarajevo que, entre tanto, se está convirtiendo más o menos en el monumento de la incapacidad de la Unión Europea. 
Me gustaría insistir en la posibilidad de que se amplíe el mandato de la SFOR, teniendo en cuenta que el regreso de los refugiados y la puesta en práctica de los resultados de estas elecciones no pueden lograrse sin un brazo fuerte. 
En este sentido, valoro positivamente el hecho de que la SFOR ya adoptó una postura más severa en cuanto a la protección de los medios de comunicación y de las emisoras de radio y televisión en esta región de la República de Srpska. 
Así que me gustaría preguntar a la Comisión cómo piensa adaptar su estrategia a este resultado afortunado en Bosnia-Herzegovina. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, retomo el hilo donde lo ha dejado el colega Oostlander y quiero expresar también mi agradecimiento al Sr. Swoboda por mencionar el accidente que se ha producido. 
Se trata sin excepción de personas que, por mandato de la comunidad internacional, querían ayudar al pueblo a recuperar la paz y la libertad y a hacer posible una convivencia. 
Es muy triste que hayan perdido la vida en ello. 
Espero que la población de Bosnia-Herzegowina sepa apreciar que hay personas que arriesgan sus vidas para ayudarla en la superación de su futuro. 
Pero volviendo a las elecciones que hemos observado, creo que debemos constatar que este paso es de gran importancia para que en este país pueda reinar la paz. 
Sin elecciones municipales no puede haber una convivencia multiétnica en este país y sin la aplicación de las mismas no existirá. 
Tal como ha dicho el colega Oostlander, quiero recordar que las personas han votado en estas elecciones donde han querido, pues provienen de allí. 
No han votado donde fueron desplazadas sino en los lugares de los que provienen. 
Creo que esta es una importante señal para que nosotros- la comunidad internacional- intentemos ahora aplicar los resultados de estas elecciones municipales con las autoridades locales para que estas personas puedan realmente volver, no para que tengamos un Gobierno sin pueblo en un Municipio sino para que el gobierno que fue votado allí, la representación municipal, tenga de nuevo el pueblo que representa. 
Creo que este es un importante paso para la aplicación de Dayton. 
Naturalmente, ahora tenemos que dar otros pasos con la Comisión. 
El Comisario van den Broek me lo ha prometido. 
Tenemos que ser flexibles en las condiciones de la ayuda. 
Si un Municipio se comporta de tal modo que ejecuta realmente y con la mayor rapidez estos resultados electorales, entonces tenemos que darle la ayuda para la reconstrucción. 
Para que el ejemplo haga escuela y para que los pueblos vecinos vean que si se comportan adecuadamente y si se respeta realmente el Tratado se obtiene una recompensa. 
Esta es la única posibilidad para establecer la paz y para que sea posible una convivencia multiétnica. 
Señor Presidente, quiero referirme sobre todo a un punto que, gracias a Dios, se ha introducido en la resolución. Me refiero a la problemática del Sandjak de Novi Pazar, tema del que apenas hemos hablado pero que representa un problema muy serio de derechos humanos. 
Como saben, el Sandjak de Novi Pazar tiene unos 500.000 musulmanes que viven entre Serbia y Montenegro y que en el pasado ya han sido reprimidos del modo más drástico. 
El hecho es que de nuevo se ha estafado destituyendo a los concejales elegidos libremente sustituyéndolos por otras personas cercanas a los serbios. Esto es una prueba de que Serbia y quizás también Montenegro- si bien no hay que tomarse muy en serio la independencia de Montenegro- no están sencillamente dispuestos a desempeñar el papel que les hemos impuesto en Dayton. 
Les ruego encarecidamente que desde este momento se amplíe todo también al Sandjak de Novi Pazar y a los derechos de su población. 
Señor Presidente, como ya todos sabemos, el Parlamento Europeo ha estado representado en las elecciones de Bosnia por una comisión de observadores que estuvo compuesta sólo por 5 miembros y presidida de manera experta por la Sra. Pack. 
He tenido la oportunidad, como el año pasado, de observar de cerca junto con mis colegas la situación y en una zona especialmente delicada como es la de Britsko. 
Estaba muy claro que en estas elecciones los desplazados manifestaron el deseo de volver a sus hogares pero también quedó patente que la aplicación del resultado de los comicios encontrará muchas dificultades. 
El hecho de que el prudente y moderado alcalde de la ciudad de Tuzla resultase reelegido suscitó muchas esperanzas, pero ello no basta. 
El embajador, Sr. Frowick, procedió a festejarlo antes de que se cerraran las urnas. 
Pero hay más problemas. 
Hay que destacar que en el caso de Britsko todos estuvieron de acuerdo en señalar que hubo un clima de indeterminación y confusión y cuya principal responsabilidad la atribuyeron a los organizadores. 
¿Qué puede ocurrir? 
Por supuesto que, allí donde sea posible, deberán apoyarse todos los esfuerzos para la mayor reconstrucción de las comunidades locales multiétnicas, en el mayor número de casos que se pueda pero sin actuaciones que puedan llevar a otro tipo de violencia. 
En ese sentido la Unión Europea ha facilitado grandes recursos financieros en diversas ocasiones y ello sin llegar a jugar un papel político importante. 
La comunidad croata es la más desarrollada, la sigue la musulmana, que recibe grandes cantidades de dinero, incluso por parte de la Organización de los Estados Islámicos- nos lo dijo allí un oficial americano- mientras, la comunidad serbia se encuentra en una situación muy difícil. 
Por descontado que está pendiente el delicado asunto de los criminales de guerra. 
Pero tales criminales existieron en todas las partes y al final los que lo pagan son sólo los pueblos y, entre ellos, los más débiles. 
Bosnia, en todo su conjunto, necesita ayuda y apoyo a todos los niveles. 
También es preciso que se mantengan allí las tropas internacionales de la SFOR, si fuese necesario, y, debemos señalarlo nosotros aquí, que se mantengan los efectivos desarmados de la ECMM, es decir, de aquellos que con la bandera de la Unión Europea han prestado tantos servicios hasta ahora. 
Y cuando hablamos de ayuda, no hablamos de algo caritativo, hablamos de la necesidad que tiene la Unión Europea de no ver un incendio así a sus mismas puertas. 
Señora Presidenta, permítame comenzar diciendo que la Comisión está profundamente conmocionada y entristecida por el accidente de helicóptero ocurrido ayer, en el que perdieron la vida diez enviados extranjeros que trabajaban por la paz en Bosnia, entre ellos nuestro muy apreciado Alto Representante Adjunto, Sr. Wagner. 
La Comisión, por supuesto, acoge con agrado la celebración con éxito de elecciones municipales en BosniaHerzegovina los días 13 y 14 de septiembre. 
La elevada participación pone de relieve el hecho de que estas elecciones marcan un importante paso hacia la democracia. 
Pero no nos engañemos. 
El siguiente paso imprescindible será posibilitar que los representantes electos entren en funciones. 
La Comisión hace una llamamiento a todos los partidos para que hagan posible que esto ocurra pronto y sin contratiempos. 
Las elecciones constituyen un paso en el camino hacia la aplicación de los acuerdos de Dayton, que siguen siendo el firme objetivo de las comunidades nacionales y de la Comisión. 
Como ustedes probablemente recordarán, en la reunión ministerial de Sintra del pasado mes de mayo convinimos en la necesidad de apoyar a los partidos que a su vez apoyan los acuerdos de Dayton y de hacer lo que podamos para debilitar a los que se oponen a los mismos. 
Ello explica por qué la Comisión ha acogido tan efusivamente la determinación de la Sra. Plavsic de dirigir la República Srpska hacia la aplicación de los acuerdos y, al mismo tiempo, su intención de eliminar la corrupción en el Gobierno de la República Srpska. 
Desgraciadamente, la confusión política y la imposibilidad de estar seguros de que la ayuda no sería explotada en beneficio de Karadjic, así como algunas limitaciones jurídicas del memorándum de entendimiento que regula el programa de asistencia a Bosnia, han supuesto que no se hayan utilizado plenamente todos los recursos a nuestra disposición. 
Me estoy refiriendo a la utilización de 15 millones de ecus pero a la falta de utilización de 35 millones de ecus. 
Una de Sus Señorías preguntaba a la Comisión qué nos proponemos hacer al respecto. 
Hemos acordado con el Alto Representante, Sr. Westendorp, que trabajaremos en estrecho contacto, y con carácter urgente, con el grupo especial de trabajo de economía a fin de escoger los proyectos que mejor ayudarían a la población de Bosnia y contribuirían al proceso de Dayton. 
En ese sentido, apoyar la libertad de los medios de comunicación y, con la misma importancia, apoyar a los municipios que se están esforzando por poner en práctica los acuerdos de Dayton son las principales metas de la Comisión después de las recientes elecciones de Bosnia. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Señora Presidenta, me alegro de presentar esta propuesta. 
La situación en Kenia ha ido, según parece, de mal en peor. 
No sólo es mala la situación en lo referente a los derechos humanos, con la violación sistemática de la mismos, palizas habituales por parte de la policía o retenciones en prisión sin juicio, sino que también es mala la situación socialmente hablando. 
Ni los colegios y hospitales kenianos tienen los recursos que necesitan ni tampoco los tienen, en algunos casos, las administraciones locales. 
Parece que existe discriminación contra la población dependiendo de la tribu a la que pertenezca. 
Las relaciones tribales, en efecto, distan de ser buenas. 
La Unión Europea es un importante donante de ayuda a Kenia. 
Sabemos que podemos ejercer presión sobre el Gobierno keniano en colaboración con otros, una presión que puede resultar eficaz. 
Lo sabemos porque hace poco el partido en el poder hizo de hecho algunas concesiones a la oposición para ayudar a que haya elecciones libres y justas. 
Estoy agradecido al Sr. Comisario por haberse reunido conmigo y otro compañero esta mañana para hablar de esta situación. 
Yo le insto a que haga todo lo que pueda para llevar a cabo lo que se pide en la presente propuesta y haga presión sobre el Gobierno de Kenia con miras a unas elecciones libres y justas y al desarrollo de una democracia saludable. 
Señora Presidenta, nos encontramos ahora en una etapa bastante crucial en Kenia, con unas elecciones planeando en el horizonte. 
Sin duda acogemos con satisfacción las concesiones hechas por el Gobierno y lo votado por el Parlamento el 11 de septiembre. 
Tengo una pregunta que espero pueda responder el Sr. Comisario: ¿cuándo exactamente surtirán efecto las reformas? 
Desde luego, si nos fijamos en los antecedentes del Presidente Moi, éste retrasará su aplicación hasta después de las elecciones. 
Es algo que no sería aceptable ni para nuestro Parlamento ni para la Comisión. 
En segundo lugar, ¿hasta dónde llegarán las reformas? 
En particular, la exigencia de tener que contar con un determinada proporción de los votos en varias regiones parece ser la razón por la que se han producido actos de opresión, apaleamientos e intimidaciones en la región de Mombasa. 
¿También se incluirá esto en el paquete de reformas? 
Deseo terminar con una cita extraída de una carta que he recibido de la Iglesia Presbiteriana del Este de África. 
Dice, en nombre del pueblo: » la participación del pueblo en los asuntos de su país es un derecho inalienable que no puede negarse». 
Lo aplaudo ante la Asamblea. 
Hagamos todo lo que esté en nuestra mano para apoyar a la población de Kenia en el ejercicio de sus derechos democráticos. 
Señora Presidenta, una vez más, por desgracia, debemos ocuparnos de casos de violencia y de violaciones de los derechos humanos en Kenya. 
Creo que los graves disturbios de hace algunas semanas que causaron numerosas víctimas, han demostrado claramente que el régimen intenta oponerse a la apertura de un proceso de democratización del país por todos los medios posibles. 
A pesar de que es evidente que la interpretación de cada uno de los actos de violencia no es sencilla, lo que sí parece cierto es que una gran parte de dichos actos fue organizada y protagonizada por las fuerzas de seguridad del Estado o, de cualquier modo, por las fuerzas a las ordenes del régimen. 
A esto se añadió una feroz represión contra los miembros de las fuerzas de oposición y siguió perpetrándose la violación de los derechos humanos. 
Lo que, sin embargo, ha resultado aún más peligroso es el brote de violencia, presentado como de tipo étnico y religioso y que, por el contrario, tiene un clara connotación política, una violencia que puede llevar a desestabilizar el país definitivamente. 
Si fueran puestas en práctica las recientes reformas constitucionales aprobadas por el Parlamento keniano, podrían comenzar- sólo comenzar- a ofrecer un rayo de esperanza a la democratización del país. 
La perspectiva de unas elecciones libres que pongan fin al ya demasiado largo régimen autoritario, puede empezar a perfilarse. 
Para lograrlo, no obstante, es necesario seguir la vía de las reformas y establecer ante todo un diálogo político. 
Ahora más que nunca, la comunidad internacional puede desempeñar un papel positivo para respaldar esta perspectiva. 
En consecuencia, pedimos al Consejo y a la Comisión que vigilen de cerca la situación en Kenya y, sobre todo, que ejerzan presiones sobre las autoridades kenianas utilizando todos los medios a su alcance, con objeto de que cese toda provocación y violencia, y a fin de que no obstaculicen el proceso de reforma. 
Es preciso asimismo garantizar la máxima ayuda posible al gran número de personas desplazadas como consecuencia de los brotes de violencia de hace unos meses, así como recordar que en el territorio de Kenya hay cientos de miles de refugiados procedentes de otros países, y que la estabilidad de dicho país es fundamental para toda la región. 
Señora Presidenta, Kenia no siempre ha sido un lugar de desorden y brutalidad. 
Yo misma he sido testigo de ello en 1990 cuando, con motivo de la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Nairobi, esta ciudad acogió pacíficamente a 13.000 mujeres. 
Algo inimaginable hoy. 
Hoy imperan el miedo, el terror y la violencia de la policía y las bandas. 
El turismo de Kenia, la fuente de divisas más importante, se ve amenazado y los países vecinos temen que la crisis desborde sus fronteras. 
Exigimos a los partidos, tanto del Gobierno como de la oposición, que no apoyen las acciones de violencia y que actúen contra cualquier forma de terror, que apliquen la reforma constitucional con las posibilidades de libertad de opinión que ofrece, para preparar unas elecciones libres. 
Se trata en definitiva de su propio pueblo. 
Se trata de sus propias personas, sus propias familias. 
Hay que combatir la corrupción y yo también quiero adherirme a la siguiente exigencia: la Comisión y el Consejo deben utilizar mucho más sus posibilidades y aplicar el artículo 5 del Tratado de Lomé para poner fin a las violaciones de los derechos humanos en beneficio de la población. 
Kenia va a ser también un ejemplo de la seriedad con que nos tomamos nuestras propias cláusulas de derechos humanos que introducimos en los Tratados y de la eficacia con que logramos imponerlas. 
Kenia es un gran país africano; en el pasado ha desempeñado un importante papel, también de paz, y podría volverlo a desempeñar si logra restablecer el orden, la democracia y el derecho. 
Creo que no debemos cesar en nuestros intentos de influir en estos países, pues hemos tenido el ejemplo de que podemos lograrlo. 
Así pues, debemos apoyar a aquellos que están dispuestos a restablecer la paz y el orden. 
Señora Presidenta, también tenemos que volver a hablar de Kenya con una resolución- ya lo hicimos en el pasado mes de julio- y debemos volver a hacerlo, porque las autoridades militares de Nairobi siguen fomentando la tensión en dicho país. 
Actuando de esta forma, el presidente Arap Moi obstaculiza de hecho un proceso de democratización que Kenya aún no ha conocido y que, por el contrario, necesita en extremo. 
Creo que la comunidad internacional debe ejercer presiones políticas y económicas sobre el presidente Arap Moi. 
Desde un punto de vista práctico, considero que la Comisión debería utilizar todos los instrumentos previstos en el artículo 5 del Convenio de Lomé con objeto de impedir que el régimen siga violando los derechos humanos y las libertades democráticas. 
Yo también considero, como han preconizado los demás colegas, que la Comisión debe apoyar asimismo y de cualquier modo, incluso con compromisos concretos, financieros, prácticos, el proceso electoral, porque dicho país necesita unas elecciones democráticas, transparentes y multipartidistas. 
Quizás este objetivo, esta etapa de democracia podrá poner la palabra fin a un régimen dictatorial que, como hemos apuntado en la resolución, ha durado demasiado. 
Señora Presidenta, en julio hemos hablado sobre la situación en Kenia y hemos expresado nuestro pesar por la situación de violencia allí existente. 
Esta situación no ha mejorado. 
En el país impera el miedo, el terror y la violencia, violencia proveniente de los órganos del Estado. 
Estamos preocupados por los disturbios y la oleada de brutal represión que dominan y que han costado ya muchas vidas humanas. 
Estamos preocupados por los últimos ataques de milicias armadas que han obligado a miles de personas a abandonar sus casas en Mombasa. 
Kenia es uno de los Estados signatarios del Acuerdo de Lomé. 
Precisamente por este Acuerdo y su artículo 5 estamos obligados a defender los derechos humanos en Kenia y a exigir al Gobierno o su Presidente que aplique por fin la reforma constitucional prometida para preparar de este modo las condiciones para unas elecciones. 
Exigimos unas condiciones democráticas en Kenia. 
Esta es también la exigencia de los partidos de oposición del país para que exista igualdad de oportunidades en las elecciones. 
Como Unión Europea y como parte signataria de Lomé lo lograremos ejerciendo presión política y económica. Señor Pinheiro, creo además que esto debe incluirse en cualquier caso en la próxima reunión de Lomé. 
Señor Presidente, Señorías, como suele ocurrir desgraciadamente en nuestra Asamblea, los que dan lecciones han vuelto a actuar presentando una propuesta de resolución sobre Kenya que retoma prácticamente al pie de la letra un texto del Fondo Monetario Internacional del pasado mes de julio, cuando resultaba sumamente difícil saber quién era el responsable de la violencia en Kenya. 
Como estamos en año electoral, los medios de comunicación, mal informados, llegaron a la apresurada conclusión que se trataba de una revuelta de la oposición duramente reprimida por las fuerzas policiales. 
Por esta razón, la propuesta que se nos presenta contiene, sobre todo, una frase que precisa «que hay civiles que han huido ante los actos de intimidación y las brutalidades perpetradas por las fuerzas de seguridad». 
Ahora bien, un despacho de la Agencia France-Presse con fecha de ayer, 17 de septiembre, nos comunica que según los dirigentes de los tres partidos de oposición- Ford-Kenya, Ford-Asili y el Partido Demócrata- las violencias son producto de extremistas musulmanes que, en la región de Mombaza, en el Oceáno Indico, siembran el terror quemando casas e instalaciones turísticas porque en estos lugares se consume alcohol. 
A decir verdad, no veo el interés que tiene el gobierno del Sr. Arap Moi en arruinar la economía de su país, que se basa esencialmente en el turismo, a pocos meses de las elecciones y a pocas semanas de la temporada turística. 
Por esta razón el Grupo UPE no puede votar a favor de una resolución que se equivoca manifiestamente de objetivo y que demuestra, una vez más, que en lugar de hacer las veces de moscardón molesto, algunos miembros de nuestra Asamblea harían mejor en olvidar sus falsillas ideológicas e informarse celosamente de la realidad de la situación. 
Estados del Golfo 
Señor Presidente, hace más de 20 años, en 1975, el Gobierno de Bahrain disolvió el primer parlamento electo del país, que llevaba tan sólo dos años de existencia. 
Desde entonces, se ha negado a restablecerlo o a convocar nuevas elecciones. 
Las protestas y campañas contra el poder arbitrario han sido objeto de una represión draconiana en virtud de la Ley de seguridad del Estado de 1974 y de otras medidas. 
Un número ingente de personas han sido intimidadas, detenidas, condenadas, encarceladas sin juicio o enviadas al exilio forzoso. 
Además, ha habido denuncias muy graves de violencia, malos tratos y tortura. 
Bien es verdad que parte del descontento generado en el clima de tensión que se ha creado ha adoptado formas violentas. 
En el Parlamento Europeo no apoyamos de ningún modo actos de terrorismo, bombas o atentados de los fundamentalistas islámicos, por ejemplo, para limitar la libertad de las mujeres. 
Dichos actos, sin embargo, no pueden servir de justificación para negarse a facilitar unas auténticas estructuras democráticas o para no garantizar los derechos humanos. 
Muchos verdaderos demócratas y manifestantes pacíficos han sido castigados y perseguidos de un modo que constituye el más flagrante abuso de sus derechos humanos democráticos. 
Redadas en centros de reunión, viviendas y otros lugares, la suspensión de un profesor universitario en su trabajo, gente despedida por promover un escrito de petición y la redada de 13 de diciembre en una asociación de mujeres son todos ellos hechos inaceptables. 
La finalidad de la presente resolución no es sólo denunciar el abuso de los derechos humanos y democráticos, sino solicitar a las autoridades de Bahrain que restablezcan la democracia, convoquen elecciones, liberen a los presos políticos y permitan regresar a los exiliados. 
Acuso recibo de las protestas de las autoridades de Bahrain contra la resolución. 
Pero también les digo que no hay otro modo de que su país ponga fin a las tensiones y a la posibilidad de a la larga la cosa explote. 
Por ello hacemos un llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea, a Estados Unidos y a otros países para que ejerzan una verdadera presión sobre Bahrain, según se indica en la presente resolución, a fin de que introduzca sin dilación un auténtico cambio democrático. 
Señora Presidenta, la situación en Bahrain se está deteriorando visiblemente. El Sr. Newens ya nos ha dado su excelente comentario al respecto. 
Hace 22 años el parlamento fue disuelto y desde entonces persisten las violaciones de los derechos humanos. 
Las recientes manifestaciones que clamaban la restitución del orden constitucional fueron sofocadas de un modo agresivo y a gran escala. 
Persiste la tortura de presos políticos. 
Los informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch lo dicen todo. 
La Unión Europa debe condenar claramente esta política y hacer patente que tal reacción a una manifestación pacífica equivale a echar petroleo al fuego. Y tengo entendido que allí se tiene petroleo en abundancia. 
La Unión Europea ha de manifestar claramente dichos criterios en sus contactos bilaterales con Bahrain. 
La restauración de la democracia resulta ser la única solución para poner fin a la situación en dicho país. 
Es preciso que se libere a los presos políticos y se autorice, sin riesgo alguno, el retorno de los exiliados a Barhain. 
Por último, los Estados miembros de la Unión Europea deben abstenerse de proporcionar armas a Barhain y para que esta medida surta el máximo efecto, deben convencer a sus aliados a que hagan lo mismo. 
Señora Presidenta, siento realmente tener que contradecir a los dos oradores anteriores y buenos amigos míos. 
Yo he estado en más de una ocasión en Bahrein. 
Conozco un poco su historia desde los años cuarenta. 
Sólo muestra que estos informes sobre Bahrein no tienen nada que ver con la realidad de ese país. 
No debemos olvidar lo siguiente: al igual que en todos los Estados árabes, allí se producen sin duda ciertos excesos contra los que tenemos que actuar con toda decisión. 
Pero, por otro lado, Bahrein se ve muy amenazada por las fuerzas iraníes. 
Los responsables de los desórdenes que se han podido observar en Bahrein son chiítas extremistas dirigidos por las autoridades iraníes. 
Naturalmente, están en contra del Gobierno y quieren derribarlo por un motivo muy simple. 
Solamente hay que mirar el mapa. 
Bahrein tiene una posición clave, si es que no es la posición clave fundamental en toda la región. 
Si las fuerzas extremistas lograsen tomar el control de este país, no solamente sería un elemento de intranquilidad en la región sino que provocaría efectivamente una gran violencia. 
Lamentablemente, tengo que decirles que si lográsemos derribar al Gobierno de Bahrein veríamos entonces lo que significan realmente la violencia, la represión y las torturas. 
Por ello, soy de la opinión de que se debe hablar amistosamente con los bahraníes. 
No son nuestros enemigos. 
Pero también hay que mostrarles con toda claridad que se les va a defender contra el peligro que les amenaza desde el Irán, que se está a su lado y, sobre todo, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que exista una mayor libertad en Bahrein, pero, ¡por Dios! , no destruyendo ahora el orden interno. 
Por ello, vamos a votar en contra de esta resolución. 
Colombia 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en muchas ocasiones este Parlamento ha hablado sobre la situación en Colombia, sobre la violencia, el terrorismo y los ataques a los derechos humanos. 
Hoy este debate y la resolución correspondiente tienen un cariz distinto porque, por fin, se vislumbra un horizonte de esperanza. 
La violencia no ha resuelto ningún problema en Colombia. 
Por el contrario, la situación se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos 30 años hasta límites insoportables. 
El Estado se ha visto sustituido por organizaciones violentas o mafias del narcotráfico. 
La desvertebración del país es el resultado de una violencia que condenamos sin paliativos. 
De ahí que la propuesta lanzada por el Gobierno Samper para iniciar conversaciones entre las partes en conflicto deba ser apoyada por todas las instituciones de la Unión que, en muchas ocasiones, han manifestado en sus debates una enorme preocupación por el futuro de este país. 
Además, la sociedad colombiana está demostrando bien a las claras su compromiso con la paz a través de iniciativas de diversa índole que van desde la movilización ciudadana a la educación para la tolerancia, dejando a un lado el lógico temor a represalias. 
Esta es una situación nueva que debe hacer meditar a la guerrilla, a los paramilitares y a todos aquellos que utilizan las armas en lugar de la palabra. 
El empeño de la sociedad colombiana no puede ser frustrado. 
Así lo ha entendido el Gobierno de Colombia, que ofrece la apertura de un diálogo que debería conducir a la paz. 
Finalmente, pedimos varias cosas: a la guerrilla, que responda positivamente a esta iniciativa; pedimos también el desmantelamiento de los grupos paramilitares; y además, que se constituya un grupo de países amigos para garantizar el proceso, tal y como se ha hecho en otras ocasiones recientes; y a la Comisión que, con el apoyo decidido del Parlamento, ofrezca su cooperación para el éxito de esta empresa de paz. 
La condición previa para cualquier proceso de paz en Colombia es una mejora radical de la situación de los derechos humanos en el país. 
Hay más de un millón de personas refugiadas en su propio país no sólo porque han caído entre los frentes de la guerrilla y del ejército sino también porque son víctimas de un conflicto social cada vez más grave. 
Los grandes terratenientes, al igual que el ejército regular, sostienen bandas paramilitares con las que alejan a las personas de los suelos fértiles. 
Los defensores de los derechos humanos no están siquiera seguros en Bogotá, en sus viviendas de la capital, tal como hemos podido constatar hace poco con el asesinato de dos cooperantes del CINEP. 
Sin embargo, en esta situación hay que aceptar la oferta que ha realizado el Gobierno, consistente en iniciar negociaciones de paz con la guerrilla. 
Estamos gustosamente dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impulsar este proceso. 
Esto es aplicable a ambas partes. 
Tienen que sentarse ante una mesa y negociar por fin, pero no debe tratarse solamente de una mera campaña de prensa para estabilizar la degradada imagen de este Gobierno. 
Estamos dispuestos a contribuir. 
Señora Presidenta, en apoyo de esta resolución, es justo que el Parlamento Europeo mantenga sus críticas a la violencia y a los abusos de los derechos humanos que se producen en todos los bandos del conflicto colombiano. 
Condenamos la violencia de la guerrilla y, aunque acogemos con satisfacción la liberación de los 70 jóvenes reclutas secuestrados este año contra lo que algunos esperaban, expresamos nuestra preocupación por las noticias sobre las interferencias generalizadas en el proceso electoral antes de las elecciones que deberán celebrarse el 26 de octubre. 
Aunque acogemos con satisfacción las propuestas de paz del Gobierno colombiano, reconocemos las graves cuestiones sin resolver de abuso de los derechos humanos que penden sobre las autoridades del Estado, incluida la aparente aprobación de la violencia paramilitar ejercida a través de Conviver. 
Recordemos asimismo que la gran mayoría de la población civil se ve mezclada en el conflicto como víctimas inocentes, lo cual incluye casi un millón de personas desplazadas dentro del país que, como dice mi compañero diputado, han sido alejadas de sus hogares por el miedo. 
No puede haber una verdadera paz sin justicia; requisitos indispensables para una paz duradera es que se ponga coto a la impunidad general que reina en el país y que haya justicia social para los campesinos y las comunidades indígenas. 
Por último, este Parlamento aprobó una resolución ejemplar sobre los derechos humanos en Colombia el pasado octubre. 
Dígannos qué medidas prácticas han tomado y qué han conseguido en los últimos doce meses para contribuir a los objetivos de la resolución. 
Señora Presidenta, desgraciadamente, la violencia campa por sus respetos hoy en Colombia. 
Y la prueba es que más de 900 candidatos han retirado su candidatura para las próximas elecciones municipales que tendrán lugar en el mes de octubre, lo cual no es de extrañar si tomamos en consideración que más de 120 han sido secuestrados y 22 asesinados, y se recomienda a los miembros del Congreso de Colombia que lleven chaleco antibalas. 
La situación económica continúa degradándose y las relaciones con los Estados Unidos se sitúan en el punto más bajo de los últimos años. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea ante esta situación? 
Pues, desgraciadamente, muy poco: apoyar los esfuerzos del Gobierno y de diversos sectores de la sociedad civil, en aras de procurar la consecución de una paz justa, y apoyar los esfuerzos de la Comisión Europea- y en concreto, del Comisario Marín- en el mismo sentido. 
Pero no nos engañemos, ninguna solución se podrá alcanzar si no se crean las condiciones para que exista una justicia que merezca el verdadero nombre que este valor tiene que tener en un sistema de Derecho y si nadie, absolutamente, está por encima del imperio de la Ley. 
Señora Presidenta, en la propuesta de resolución se acoge con satisfacción la alternativa de paz del Gobierno de Colombia. 
Esta iniciativa fue proclamada el 28 de agosto. 
Sin embargo, el 4 de septiembre nos llegó la información acerca de una ofensiva del ejército y de grupos paramilitares que recurrieron, entre otros métodos, a bombardeos masivos contra objetivos civiles. 
Estos acontecimientos están documentados por, entre otros, la organización nacional de poblaciones indígenas y los diarios El País y El Mundo. 
Todo parece indicar que el Parlamento y la Comisión deberán prestar en el futuro una mayor atención al doble juego que practican tanto el Gobierno colombiano como sus fuerzas armadas. 
Chile 
Señora Presidenta, hace mucho tiempo que no hablamos en esta Asamblea sobre las violaciones de los derechos humanos en Chile. 
En este país existen aún heridas abiertas desde los tiempos de la dictadura del general Pincochet. 
Una ley de amnistía que garantiza impunidad penal a los militares ha impedido hasta ahora que los culpables de los terribles crímenes de la dictadura militar hayan sido llevados ante los tribunales y condenados en su propio país. 
Pero ahora podría acabar esta impunidad penal. 
Por ello es tan importante nuestra resolución de hoy. 
Una demanda de abogados españoles ha hecho que se inicien en España las instrucciones a causa de los crímenes contra la humanidad que se han cometido en la dictadura. 
Si, tal como es previsible, se produce un procedimiento penal, Pinochet tendría que ser extraditado incluso a España a causa del acuerdo de extradición existente. 
Creo que es muy importante que otros Estados sigan este ejemplo para que se puedan curar por fin estas heridas, pues solamente puede perdonar quien lo sabe. 
Señora Presidenta, en primer lugar ésta es una resolución que va dirigida directamente contra la impunidad. 
No es una referencia al pasado sino una defensa del presente y del futuro, pues la impunidad es la fuente de las continuas degradaciones de los derechos humanos. 
Pero, al mismo tiempo, es una resolución que está hecha con el máximo respeto a las autoridades civiles y democráticas de Chile. 
Difícilmente, exceptuando el pueblo de Chile, otra institución ha luchado tanto como este Parlamento para la restauración de la democracia en ese país pero, al mismo tiempo, la resolución es totalmente coherente con la política de este Parlamento, que continuamente se ha esforzado en la defensa de los derechos humanos, y coherente también con el Derecho internacional, que nos enseña que los crímenes contra la humanidad no pueden prescribir. 
Y, al mismo tiempo, estamos en línea directa con las resoluciones de las autoridades jurídicas chilenas, que afirman que las acciones de la policía política en tiempos de la dictadura eran auténticos atentados contra la humanidad. Y también con lo expresado por el actual Gobierno español en el Senado, que se hace eco del clamor popular y lanza todo su apoyo a la resolución de este caso. 
Y, al mismo tiempo, entronca con resoluciones aprobadas por el Parlamento vasco o por la Comunidad valenciana y también con el apoyo que las autoridades de Estados Unidos están prestando en estos momentos al juez español, abriendo los archivos referidos a los casos ocurridos durante la dictadura. 
Y, por lo tanto, hace referencia a un estado de opinión no solamente de España, sino de múltiples ciudadanos europeos que no quieren que la impunidad sea un elemento inatacable. 
Por lo tanto, este Parlamento no puede hacer oídos sordos a este clamor, y no podemos actuar con un doble lenguaje. 
Es por lo que les pido el voto afirmativo, porque nadie entendería que este Parlamento se desentendiera de este caso. 
Señora Presidenta, considero que el significado de esta propuesta de resolución ha sido bien explicado por el ponente, nuestro colega, Sr. Pons Grau. 
La posición que hoy vote aquí el Parlamento Europeo en ese sentido formará parte de la continuidad de una acción persistente, coherente y bien fundamentada en el Derecho y en la justicia contra la impunidad y contra el olvido de los crímenes cometidos sistemáticamente con violación de los derechos humanos. 
Este de Chile es un caso particularmente grave. 
Y resulta chocante que, tan sólo hace pocos días, el dictador pudiera vanagloriarse en una ceremonia militar, ofensiva para las propias fuerzas armadas chilenas, por no decir ofensiva para las autoridades democráticas, como si el pasado no hubiese sido, como fue, un pasado de crímenes contra la Humanidad. 
La iniciativa de la Unión de Fiscales Progresistas, que ha sido aceptada por un tribunal español, deberá ser apoyada por nosotros políticamente. 
Eso es lo que nosotros podemos hacer; eso es lo que, en nombre de la doctrina de la Comunidad Europea de defensa de los derechos humanos y de la democracia, deberíamos hacer. 
Eso es lo que pedimos a la Comisión que haga: apoyar las acciones que en Chile luchen contra la impunidad, las acciones que en Chile ayuden a consolidar la democracia. 
Señora Presidenta, el cese del General Pinochet como Jefe de Estado Mayor de Chile se producirá en marzo de 1998. 
La transición democrática culminará, según esperamos todos, en ese preciso momento. 
Condenando enérgicamente toda violación de derechos humanos, nuestro Grupo político no cuestiona lo más mínimo el fondo de la resolución presentada por nuestros colegas. 
Pero quisiéramos destacar que el Gobierno de Chile, con el Presidente Frei a la cabeza, está realizando notables esfuerzos en favor de la consolidación democrática y del Estado de Derecho. 
Quisiera recordar, además, a sus Señorías que el Gobierno de Chile es, desde hace más de una década, un Gobierno de concertación entre el partido del Presidente Frei, el Partido socialista y el Partido por la democracia. 
Las relaciones entre la Unión Europea y Chile se encuentran en un momento excelente. 
En este contexto, una delegación del Parlamento Europeo visitará próximamente Santiago de Chile. 
Quisiera terminar pidiendo, en nombre de mi Grupo, un voto separado sobre el apartado 4 de la resolución. 
Las razones son simples: Chile es el único país de América del Sur que conoció la democracia durante 150 años. 
Unas elecciones democráticas dieron el poder al Presidente Allende. 
El Gobierno de éste fue perturbado trágicamente por la acción violenta del MIR y de su dirigente, Altamirano, de quien tampoco es políticamente correcto hablar. 
Las persecuciones y muertes que se dieron en aquellos tiempos abrieron la vía para una dictadura militar violenta y trágica, más criticada en el nivel mundial que muchas otras, tanto o más violentas, que existen y existían en África y en Asia. 
El buen sentido democrático del pueblo chileno propició que el dictador se retirara parcialmente y que la democracia volviera. 
Yo, que nací y viví en la dictadura salazarista y que viví en la dictadura comunista que siguió y luché contra ella, quedé siempre agradecido a la suerte democrática que eximió a los militares que habían sido culpados de haber lanzado África y Timor a sangre y fuego y muchos de los cuales enriquecieron la llamada «revolución de los claveles». 
Por eso, pido a este Parlamento que tenga buen sentido y el valor de ver la viga en su ojo y no la paja en el del prójimo, porque, de hecho, lo que sucede es que ni siquiera dentro de nuestras fronteras somos capaces de luchar contra la corrupción, contra el fraude, cuanto más dar lecciones a un gobierno democrático ya establecido. 
Señora Presidenta, el sentido de esta resolución es mostrar también que como europeos tenemos una especial obligación cuando se trata de castigar a los responsables de los crímenes en una dictadura. 
La transición de la dictadura a la democracia es un proceso que han experimentado muchos países en Europa. 
Con frecuencia, no ha sido tan sencillo ni se ha logrado cambiando sin más de hoy a mañana la forma de dirección del Estado. 
No se trata de venganza ni tampoco de demostrar que quizás la nueva democracia no es lo suficientemente estable en Chile. 
Sin embargo, es necesario perseguir y condenar a los que ha sido responsables de los crímenes durante una dictadura. 
La transición de una dictadura a la democracia es también siempre una historia familiar. 
Mi generación lo ha vivido aquí en Europa. 
Se trata de víctimas y autores que ha habido en el seno de la misma familia y que ha habido que reconocer como parte de nuestra historia. 
Quizás, el reconocer estas transformaciones en la propia familia ha hecho que nuestras democracias sean tan estables en Europa. 
Por ello, la persecución de los responsables es una de las condiciones previas para la estabilidad de una nueva democracia. 
Una amnistía o prescripción no es expresión de generosidad sino que, a la postre, produce una desestabilización del futuro democrático de Chile. 
No se trata de venganza sino de un proceso en el que se demuestre que una democracia es lo suficientemente fuerte para condenar no a aquellos que sólo participaron sino a aquellos que han sido responsables concretamente de los crímenes. 
Etiopía 
Señora Presidenta, mi propuesta de resolución de hoy se refiere a la situación en Etiopía, país que, pese a sus recursos naturales, es uno de los más pobres y menos desarrollados del mundo. 
Es un país muy complejo habitado por 55 millones de personas, que integran como mínimo 76 grupos étnicos y hablan 286 lenguas. 
Etiopía, como todos bien sabemos y como supimos gráficamente por primera vez hace diez años o más, tiene una larga historia de guerra, hambre y sequía. 
Las últimas elecciones, celebradas en 1992, dieron a todos la esperanza de que la situación llegaría a mejorar. 
Pero hete aquí que, sólo tres años después de que se redactara la nueva constitución en la que se garantizan los derechos humanos, y a pesar de las promesas realizadas por las autoridades etíopes, sigue habiendo numerosas noticias sobre abusos de los derechos humanos cometidos por las fuerzas gubernamentales etíopes, y por otros sin duda. 
La autoridades admiten que algunos han ocurrido, pero dicen que se trata de incidentes aislados cometidos sin su aprobación. 
Sostienen que dichos abusos son de esperar en un país brutalizado por 17 años de opresión y guerra civil. 
El homicidio el 11 de junio de 1997 del Sr. Assefa Maru, de la Asociación de Maestros Etíope, vuelve a poner de relieve una vez más la necesidad de que las autoridades etíopes respeten los derechos humanos de sus ciudadanos, sea cual sea el grupo étnico al que pertenezcan, y de que la Unión Europea vigile de cerca la situación en Etiopía. 
Pido el apoyo de la Asamblea ante esta grave violación de los derechos humanos. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Me sorprende que justo antes de que empezara este debate sobre Etiopía, ni el Sr. Moorhouse ni nadie dejaran claro que el Presidente del Parlamento ha insistido en que se modifique el texto publicado. 
Esta mañana formulé la queja de que el considerando D del texto es esencialmente incorrecto. 
Pedí al Presidente que preguntara a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra si en su 53ª sesión hizo efectivamente la condena que alega el texto del Sr. Moorhouse. 
El Presidente hizo la comprobación en Ginebra y ha insistido en que las palabras «expresó su condena sobre la continuada... » (estas seis palabras) se supriman y se sustituyan por la expresión más exacta «habló de». 
En Ginebra se habló del tema, pero no hubo una manifestación de condena. 
Antes de que prosiga el debate, señora Presidenta, hay que dejar absolutamente claro a todos los presentes que estamos debatiendo un texto diferente al que presentó el Sr. Moorhouse, porque el Presidente ha ordenado que se haga la corrección debido al carácter esencialmente incorrecto de lo que dice el considerando D. 
Señor Tomlinson, he seguido esta mañana este asunto cuando usted ha intervenido. 
El considerando D ya no está contenido en el texto. Lo puede ver usted mismo. 
Ahora dice que esta selección de palabras «ha condenado» y en el artículo 1 «condena el asesinato» , etc., no corresponde a los hechos. 
En el texto alemán, yo lo vería así: la frase «condena el asesinato de Assefa Marin» no tiene necesariamente un sentido jurídico sino que también puede ser expresión de rechazo. 
Entretanto, me han informado que se ha examinado y que los hechos son ciertos. 
Señora Presidenta, si estoy bien informado, existen diferentes designaciones del artículo en las diversas versiones; lo que en el texto alemán es el considerando C, en una versión inglesa es el considerando D. Habrá que cambiar esto. 
Hay además voces en esta Asamblea que quieren que se suprima totalmente este considerando. 
Quiero preguntar al colega Moorhouse si no podría suprimir este considerando C en la versión alemana, el D en la inglesa. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
No acabo de entender por qué el Sr. Moorhouse se lo está tomando tan a pecho. 
Por lo que yo sé, es la primera vez que toma parte en un debate sobre derechos humanos. 
Lo único que se me ocurre es que haya sido inducido por el embajador de Etiopía ante la Unión Europea porque, como nos dirán en breve, el Sr. Embajador en Bruselas ha sido extremadamente lento, por decirlo suavemente- esto se confirmará pronto- en responder a acusaciones del tipo de las que hacemos en la presente resolución. 
Esto es lo primero que quería decir. 
Sencillamente no entiendo por qué tiene que estar, por decirlo de algún modo, metido en el bolsillo del embajador de Etiopía y de las autoridades etíopes, que desde luego son muy culpables en el terreno de los derechos humanos. 
Aquí nos preocupamos por las vidas humanas y por el destino del Sr. Assefa Maru, que fue asesinado. 
No es momento, por lo tanto, de ser muy crítico con la semántica de la resolución, la cual estoy más que feliz de enmendar en la medida en que la Asamblea lo estime necesario. 
De hecho, ya ha sido reconocido por la Presidencia y se han hecho modificaciones en la resolución que espero sean aceptables. 
Señor Moorhouse, ¿estaría dispuesto a retirar el considerando C? 
Esta es la propuesta de compromiso. 
Señora Presidenta, hemos tenido conversaciones informales. 
Estoy más que dispuesto a hacerlo dado que facilitaría nuestra situación al haber resaltado la cuestión de forma tan virulenta uno de mis colegas. 
Señor Tomlinson, si el considerando C se ha retirado, no necesitamos hablar más al respecto. 
El considerando C acaba de ser retirado por el Sr. Moorhouse. 
Señora Presidenta, el Sr. Moorhouse ha hecho una afirmación que es de lo más ofensivo que puede decirse jamás de un compañero diputado. 
Sus palabras exactas- y he de insistir en defenderme de las mismas- fueron primero que yo no participaba en estos debates, para sugerir a continuación que yo estaba «metido en el bolsillo» del embajador de un país extranjero. 
Es un insulto para cualquier parlamentario; es totalmente inexacto; es tan inexacto como el proyecto de resolución del Sr. Moorhouse. 
En el proyecto de resolución del Sr. Moorhouse- y tan sólo estoy pidiendo que haya una resolución que refleje la verdad- se dice que la Comisión de las Naciones Unidas «expresó su condena» ¡No hizo nada parecido! 
Es una falsedad y no hay que estar metido en el bolsillo de nadie para decir la verdad en un parlamento democrático. 
Espero que el Sr. Moorhouse tenga algo que se aproxime al valor suficiente para levantarse y retirar esa calumnia. 
Señor Tomlinson, creo que tenemos claro lo que al texto de la resolución se refiere. 
En lo que se refiere a usted, se siente ofendido. 
Creo que al final del debate podremos referirnos de nuevo a ello. 
Tenemos tres minutos para hacerlo. 
El Sr. Maccartney quiere hablar sobre una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, tengo dos cosas muy breves y pertinentes que decir. 
En primer lugar, si existe una auténtica confusión sobre lo que se presenta o no a la Asamblea para que ésta lo vote, de ninguna manera podemos votar esta tarde; y sí que hay confusión. 
En segundo lugar, el Sr. Moorhouse debería reconsiderar su postura y retirar las acusaciones ahora mismo, porque los que compartimos la preocupación nos sentimos igualmente atacados. 
Señor Maccartney, en lo que se refiere al texto, está totalmente claro sobre qué tenemos que votar después. 
Sobre este otro asunto hablaremos más adelante. 
Señora Presidenta, qué duda cabe de que las cuestiones terminológicas y conceptuales, así como la exactitud de los actos que aprobamos en este Pleno son extremadamente importantes. 
Sin embargo, el mismo tenor del debate que se ha desarrollado hasta ahora, testimonia lo importante que es que la Unión Europea y, concretamente, este Parlamento invite con firmeza a las autoridades etíopes a que respeten plenamente la libertad de prensa, la independencia de los sindicatos, el derecho de asociación de los ciudadanos, así como, y con independencia de los actos de otras Instituciones, lo extremadamente importante que es instar al Gobierno etíope a que ponga en libertad a los presos políticos y de conciencia y establezca procedimientos correctivos en el inicuo sistema judicial. 
Esto es lo que creo que debe hacerse con absoluta precisión e independientemente de la veracidad de determinados actos o hechos. 
Señora Presidenta, los derechos humanos no se pueden dividir y allí donde se violen, los miembros de nuestro grupo político así como otras muchas personas en esta Asamblea lo condenarán siempre. 
Pero así como ayer hemos rechazado hablar de nuevo sobre Turquía, no vamos a poder dar nuestro asentimiento a esta resolución pues si en el considerando G se exige un debate permanente y abierto con China sobre estas cuestiones, no tiene ningún sentido que en cada sesión de esta Asamblea redactemos una resolución contra China. 
Ruego que en el futuro se recapacite si es oportuno vincular siempre desde fuera la cuestión de los derechos humanos con la de la integridad de la República Popular China, debiéndose tener en cuenta además que se exigen cosas para el Tibet que ni siquiera las exige el Dalai Lama. 
Ruego que lo tengan en cuenta. 
Estamos de acuerdo en la lucha contra la violación de los derechos humanos. 
Pero no podemos vincular permanentemente esta cuestión con la de la integridad de la República Popular China. 
Señora Presidenta, naturalmente, tengo que achacar algo al orador anterior, Sr. Swoboda. 
Estamos hablando aquí del último gran imperio colonial en este mundo. 
Hablamos de un país que posee tres gigantescas colonias, a saber, el Tibet, el Turquestán Oriental y Mongolia. 
Si no mostramos aquí con toda claridad a favor de qué estamos y defendemos, de que estamos a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos y del respeto de los derechos humanos en las diferentes colonias de China, entonces creo que habremos errado nuestro objetivo y trabajos. 
Estamos viendo que en las tres regiones se emplean los mismos métodos. 
Se deporta a la gente, hay esterilizaciones y abortos obligatorios, se lleva allí a chinos con promesas increíbles, se les concede que allí puedan tener más hijos que en China donde sólo pueden tener uno. 
Se hace todo lo inimaginable, se transforman totalmente las estructuras de población en estas regiones y se quiere que cerremos prácticamente los ojos en estas diferentes colonias que representan diferentes sectores. 
No puede desear esto nuestro Parlamento. 
Creo que debemos decir aquí claramente a favor de qué estamos. 
En la Unión Europea tenemos un grupo de mongoles que viven entre nosotros, que han estado encarcelados durante años en prisiones de Pekín y en otros campos de concentración y que solamente han salido por presión de Occidente. 
Muchos de ellos son mis amigos y conozco su situación muy bien. 
Los mongoles se encuentran en una situación especialmente difícil porque participaron de modo muy intenso en diversas acciones, sobre todo en las de la Plaza de la Paz Celestial. 
Muchos murieron allí o posteriormente, muchos pudieron apenas escapar y se encuentran hoy fuera del país no teniendo ninguna posibilidad de retornar a su tierra. 
Creo que debemos tener muy claro también en este caso sobre qué hablamos, de que estamos a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos en todos los lugares donde se infringe este derecho. 
No debemos hacer una excepción solamente porque hablamos del mayor país de la Tierra. 
Tenemos que hablar de los derechos humanos y tenemos que defenderlos, es decir, como Unión Europea y como Parlamento Europeo tenemos que extraer consecuencias muy claras. 
Esta es nuestra tarea. 
Señora Presidenta, comenzaré por Kenia. 
Apoyo plenamente las preocupaciones expresadas por los autores de las propuestas no sólo sobre la situación de Kenia, sino también sobre las consecuencias de la inestabilidad del país y cómo una mala situación democrática puede afectar negativamente a toda la región. 
De modo que me ha alegrado mucho que se hayan aceptado los once puntos presentados al Parlamento. 
Son puntos sumamente importantes porque si se terminan de llevar a cabo en la práctica significarán una verdadera democratización del país. 
Como bien saben, algunas actuaciones de la policía fueron legitimadas por algunas de las leyes que confirieron al Gobierno, y en especial al Presidente, competencias y poderes excepcionales en ocasiones que no lo justifican. 
En mi opinión, hay que seguir los once puntos muy detenidamente, sobre todo porque algunos contienen plazos muy claros- quince días o un mes para aprobar nuevos partidos políticos o autorizar nuevos periódicos y emisoras de radio. 
Así que estamos siguiendo eso muy de cerca junto con nuestros jefes de misión en Nairobi. 
En la mayoría de los casos no hay un calendario explícito y es el Procurador General el que debe introducir los proyectos de ley para que puedan ponerse en práctica. 
Dimos instrucciones a nuestros jefes de misión de que ejerzan una gran presión para que los proyectos de ley no queden pendientes indefinidamente y para que haya leyes aprobadas mucho antes de las próximas elecciones, en especial las destinadas a establecer un campo de juego equitativo para los distintos partidos políticos de Kenia. 
¿Hasta donde llegarán? 
Ese es tema de preocupación. 
En principio, como saben, las once cuestiones acordadas abarcan tres, cuatro o cinco líneas. 
¿Debilitarán o reforzarán el espíritu de lo acordado? 
También estamos siguiendo eso muy de cerca. 
Debo mencionar además a propósito del artículo 5, que ha sido mencionado por algunos oradores, que aproximadamente el 50 % de nuestra cooperación en Kenia se destina a ONG que trabajan con los miembros menos privilegiados de la población en temas de salud, educación básica y agricultura en el interior. 
El resto se ha suspendido. 
Comprendía ajustes estructurales y los programas más recientes en los que participaba la administración, porque no estábamos del todo seguros sobre el uso transparente de los fondos de la Unión Europea. 
Por ello decidimos no proponerlo al Comité del FED a menos que tengamos la plena seguridad de que no habrá corrupción de ningún tipo dentro de nuestros programas. 
De modo que el artículo 5 no es la mejor arma en este caso ni por el momento. 
Esto explica que hayamos estado insistiendo en una diplomacia muy enérgica. 
Mencionaré de nuevo a nuestros jefes de misión en Nairobi, que están haciendo un magnífico trabajo. 
Yo mismo fui testigo de ello hace unos meses, en una visita a Kenia, en la que pude ver por mis propios ojos que los derechos humanos y la democracia eran una prioridad de primer orden en el diálogo con el Gobierno y la prensa. 
Finalmente, las noticias que nos llegaron confirman que la inestabilidad al sur de Mombasa en la zona costera se debía principalmente a fundamentalistas islámicos que atacaban bares, restaurantes y otros lugares en los que se vendía alcohol. 
La idea es transformarlos en centros comerciales. 
Teniendo en cuenta que el Presidente Moi recibió un 63 % de los votos en ese área en elecciones anteriores, muy por encima del 25 % requerido, sería una gran estupidez que el Gobierno contribuyera allí a la inestabilidad. 
Así que la información que leemos en la prensa y que recibimos de nuestros representantes en Nairobi parece mucho más realista. 
De todos modos, estoy seguro de que seguiremos volviendo sobre esta situación, por la importancia de Kenia y por la importancia de este país en la región en conjunto. 
Pasando ahora a los Estados del Golfo y en particular a Bahrain, los acuerdos que tenemos con el Consejo para la Cooperación en el Golfo (CCG) no contiene ninguna cláusula sobre derechos humanos. 
La razón es simple: estos acuerdos se establecieron antes de que decidiéramos que todos los acuerdos con terceros países incluirían una cláusula sobre derechos humanos. 
Por lo tanto, lo único que hemos hecho hasta ahora es utilizar las numerosas reuniones con el Consejo para la Cooperación en el Golfo, pero principalmente la Asamblea General de las Naciones Unidas, para entablar un diálogo sobre estos temas. 
Ahora estamos debatiendo un acuerdo de libre comercio con los Estados del Golfo, así que será una ocasión muy a propósito en la que tendrán que plantearse estas cuestiones e incluir una cláusula si se quiere celebrar el acuerdo. 
Así pues, en pocas palabras, tan sólo diría que compartimos las preocupaciones de ustedes acerca de la situación en Bahrain y espero que sea posible un diálogo constructivo para que puedan celebrarse elecciones democráticas. 
Con respecto a la pena de muerte, la Comisión ha expresado a menudo su apoyo absoluto a todos los que están a favor de la plena abolición de la pena de muerte. 
Debo decir que la Comisión ya ha tenido ocasión de confirmar en distintas ocasiones, en este mismo foro, su acuerdo total con el Parlamento respecto a la situación interna de Colombia, que no ha dejado de deteriorarse en estos últimos meses. 
La violencia se ha intensificado en el transcurso de este período y ya se ha perdido la cuenta de los desmanes cometidos contra civiles indefensos. 
Del mismo modo, el fenómeno de los desplazamientos de las poblaciones ha alcanzado una amplitud sin precedentes y por lo tanto cabe temer, de verdad, que la actual escalada degenere en una guerra civil total, sobre todo si las propuestas del Sr. Samper no se aceptan, como parece que ocurre, por parte de la FARC, que ha planteado condiciones realmente difíciles de aceptar. 
Pero si pensamos en las distintas eleccions que se celebrarán próximamente- el 26 de octubre para elegir a alcaldes y a gobernadores, en marzo del 98 para las elecciones legislativas, y en el mes de mayo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales -, cabe preguntarse cuáles serán las consecuencias para Colombia si no se alcanza en breve plazo un acuerdo. 
La Unión Europea ha multiplicado en estos últimos meses sus llamamientos a las partes con vistas a buscar una solución pacífica y negociada al conflicto armado. Se ha declarado dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo en este sentido. 
Por su parte, la Comisión ha manifestado su compromiso concreto en favor del pueblo colombiano al apoyar financieramente cierto número de iniciativas importantes que tienen por objeto reforzar la primacía del derecho, el respeto de los derechos humanos y el apoyo material a las víctimas de la violencia. 
Se trata del único país de Sudamérica, de América Latina, en donde ECHO dispone de un coordinador permanente in situ para una ayuda más eficaz y más rápida a las personas desplazadas, y también porque sentimos temor ante la evolución de la situación en un futuro próximo. 
Las conclusiones del informe de la Comisión exploratoria por la paz, entregadas el pasado 9 de septiembre, ponen en evidencia que las propuestas de paz presentadas por el Gobierno Samper constituyen una base sólida de debate entre el gobierno y la guerrilla. 
Los expertos encargados de este informe constatan, en efecto, que existe un número importante de puntos de convergencia o de aproximación de posturas entre las partes y que, por lo tanto, existe una posibilidad seria de que se llegue a una solución negociada de la crisis, en la medida en que se ahonde en las conversaciones, con la voluntad real por ambas partes de que éstas den sus frutos. 
Por lo tanto, es indispensable que las diferentes facciones de la guerrilla expresen claramente su postura sobre las propuestas del gobernador Samper, cosa que hasta la fecha no han hecho del todo, con lo cual se ha imposibilitado la continuación del diálogo. 
Por consiguiente, la Comisión comparte plenamente el llamamiento lanzado por el Parlamento Europeo a la guerrilla, con el fin de que ésta conteste rapidamente a las propuestas del Gobierno. 
Es evidente que la Comisión procurará con todos los medios de que dispone facilitar las conversaciones de paz e intentará que den resultado lo antes posible, habida cuenta de las citas electorales que ya he mencionado. 
Señora Presidenta, en lo que se refiere a Chile, sólo quisiera destacar que la Comisión se suma a las resoluciones presentadas por sus Señorías y que seguiremos aportando toda nuestro interés y apoyo para que este asunto se solucione del modo más apropiado. 
En lo que concierne a Etiopía, tomamos nota de la resolución sobre lo que se denomina «persistente violación de los derechos humanos» y sobre el reciente asesinato del Sr. Maru, que contemplamos con gran preocupación. 
No hay duda de que las libertades de prensa y de manifestarse públicamente se vulneran de forma grave y probablemente innecesaria, ni de que no existe ninguna explicación creíble para el homicidio del Sr. Maru, pese a haberse asegurado que hay investigaciones judiciales en marcha en este caso. 
Sin embargo, la Comisión no puede estar de acuerdo con lo que se declara en la resolución de que Etiopía es una «dictadura de un grupo étnico militar minoritario». 
Esta afirmación no tiene en cuenta el Gobierno de transición establecido después de la caída del régimen de Mengistu ni el proceso electoral que vino después. 
Por otra parte, sin duda hay que reconocer al Gobierno etíope muchos de los buenos resultados de su política de desarrollo, el cambio de la imagen internacional de Etiopía, su activa política exterior y su papel estabilizador en el Cuerno de África. 
Sin embargo, este papel puede verse comprometido hasta cierto punto por el uso de la fuerza, el bloqueo del diálogo con la oposición y la persistencia en la violación de los derechos humanos. 
Sin embargo, en no pocos incidentes dicha violación se ha cometido a nivel local después del proceso descentralizado que ha entablado el Gobierno etíope y no responde a instrucciones directas de este último. 
Por otro lado, claro está, hay un descontento social que no siempre se encauza correctamente. 
Conjuntamente con los Estados miembros, la Comisión es consciente de los problemas de Etiopía y sigue prestándoles atención, a la vez que vigila de cerca los cambios que se producen dentro del país en sí. 
Les aseguro que de ningún modo estamos dispuestos a abandonar todos los casos que nuestros jefes de misión o nosotros mismos damos por ciertos, y que no serán relegados al olvido. 
Como ustedes saben, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en China es un tema que preocupa mucho a la Comisión, al igual que a ustedes mismos. 
Hemos hablado de ello repetidas veces a lo largo de los años y ustedes están al tanto de nuestra dedicación para que mejore la situación. 
Compartimos la preocupación manifestada por Sus Señorías en lo que respecta a la Mongolia Interior y el Tíbet. 
La Comisión ha planteado con regularidad la cuestión de los derechos humanos en estos dos países como tema permanente en el diálogo bilateral con China. 
Les aseguro que estamos desempeñando un papel activo en este diálogo, que siempre es arduo, pero la Unión Europea ha tomado una orientación pertinaz y decidida. 
La Comisión tiene el vivo deseo de que el diálogo bilateral ente la Unión Europea y China sobre derechos humanos se reanude lo antes posible y sin condiciones previas. 
En vista de nuestra insistencia, estoy seguro de que en su día mis compañeros de la Comisión Sir Leon Brittan o Hans van den Broeck podrán muy pronto venir al Parlamento a decir que se ha reanudado dicho diálogo sobre derechos humanos con China sin condiciones previas. 
En ese caso, por supuesto, la Comisión estará dispuesta a desempeñar en el mismo un papel lo más completo posible y les mantendrá a ustedes informados. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El Sr. Moorhouse ha pedido la palabra para una cuestión de orden. 
Por favor, no reinicie el debate sino hable sobre sólo para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, creo que debo al Sr. Tomlinson una disculpa por mi dura afirmación acerca de sus opiniones. 
Tengo la seguridad de que él y yo deseamos del mismo modo sacar a relucir las violaciones de derechos humanos, no solo en Etiopía, sino en cualquier país con el que nos sintamos obligados a hacerlo; y de que él, lo mismo que yo, querrá tomar medidas cuando sea necesario contra los gobiernos culpables. 
Por lo tanto, retiro gustoso el comentario que hice en concreto que sé que le dolió bastante. 
Muchas gracias, señor Moorhouse. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de resolución (B40786/97) de los Sres. Günther, Corrie, MacMillan-Scott, Fabra Vallés, Maij-Weggen y Oomen Ruitjen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la Conferencia de Oslo para alcanzar una convención sobre la prohibición de las minas antipersonas a nivel mundial. 
Señora Presidenta, como Parlamento Europeo hemos participado activamente en el Proceso de Otawa. 
Se trata de un proceso iniciado por Canadá cuando se comprobó que los órganos oficiales de las Naciones Unidas no iban a estar en situación de combatir eficazmente la plaga de minas. 
Durante las negociaciones en Bruselas se logró un primer éxito. 
Durante esos días pudimos constatar que las Naciones Unidas se habían movido algo en sus conversaciones permanentes en Ginebra. 
Se ha nombrado un coordinador para los problemas relacionados con las minas. 
Sin embargo, tengo que reconocer que desde entonces no conozco bien sus actividades. 
Este Proceso de Otawa representa una esperanza para millones de personas. 
Entretanto, hemos aprendido a marcarnos unos objetivos modestos y a reducirlos en caso necesario. 
Personalmente, estaría satisfecho si lográsemos que anualmente se eliminasen muchas más minas de las que se colocan de nuevo. 
Que íbamos a avanzar un pequeño trecho en esta dirección fue nuestra esperanza cuando comprobamos que los Estados Unidos iban a participar en estas conversaciones de Oslo. 
Lamentablemente, esta esperanza se ha ido al traste. 
Sin embargo, esto no debe suponer el fin de esta evolución pues creo que, a la postre, en los Estados Unidos la opinión pública hará que los EE.UU no queden aislados sino que participen activamente en este proceso. 
Creo que debería ser una lección para las Naciones Unidas el hecho de que haya países que quieran avanzar sin esperar hasta que el último fabricante de minas esté dispuesto a abandonar su negocio. 
Les ruego que en la votación sobre esta resolución recojan sobre todo las enmiendas orales que hemos presentado el Sr. Bertens y yo con la finalidad de actualizar la declaración. 
Creo que un voto unánime de nuestra Asamblea en esta cuestión daría alas a la Conferencia de Otawa. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas de esta Asamblea, como la Sra. Günther, el Sr. Bertens, el Sr. Cunningham y otros que han contribuido esencialmente a que podamos celebrar hoy un éxito, a pesar de todas las limitaciones mencionadas. 
En cualquier caso, muchas gracias. 
Me permito también decirles que mi grupo político, a pesar de la reserva en el sentido de que no debe constituir un precedente presentar enmiendas orales en tal cantidad, va a dar su voto afirmativo pues estamos interesados en el asunto. 
Como ya se ha dicho, Oslo ha constituido un éxito. 
Estamos muy satisfechos de que se haya llegado a este acuerdo. 
Me permito decir con orgullo y alegría que, precisamente Austria, el país de donde vengo, ha sido uno de los primeros países que ha decretado mediante ley una prohibición total. 
Naturalmente, siento que Los Estados Unidos no participe o aún no lo haga, a pesar de que contradice realmente los principios que precisamente defiende siempre el Presidente Clinton. 
Espero que en los Estados Unidos haya fuerzas que adquieran el suficiente peso para mover al Presidente o, quisiera decir casi obligarle, a que estampe su firma. 
Pero tanto yo como mi grupo político preferimos que no se haya aguado esta prohibición total. Tenemos aún una tarea ante nosotros en lo que se refiere a los Estados Unidos de América en lugar de aceptar aquí una solución aguada. 
Sin duda, hay que cumplir aún una tarea en Europa que se puede deducir de la resolución y de las enmiendas. 
En Europa hay que convencer también a algunas personas de que, a pesar de todas las dificultades que puedan tener con una larga frontera, no puede ser que se coloquen allí minas antipersonas. 
Quien haya estado en Bosnia o en cualquier otro país donde cada día se originan muertos y heridos como consecuencia de las minas, no puede aceptar ningún motivo para que se sigan empleando. 
La situación en estos países, la situación de las familias, de los niños, de las personas, es motivo suficiente para que todos los países de Europa y del mundo firmen esta prohibición total. 
Señora Presidenta, los objetivos humanitarios de la Conferencia de Oslo para la prohibición total de las minas antipersonal son de por sí dignos de todo apoyo. 
Sin embargo, las minas antipersonal han sido también objeto de un uso responsable al servicio de una política de seguridad que no se puede comparar, por ejemplo, con la situación que se vive hoy por hoy en el territorio de la antigua Yugoslavia. 
Las minas antipersonal representan para Finlandia un instrumento fundamental en la defensa del país. 
Finlandia tiene algo menos de 1300 kilómetros de frontera común con Rusia. 
Durante los cerca de mil años de existencia de esta frontera, han sido habituales las guerras y los conflictos y, casi sin excepción, el agresor ha llegado del Este. 
A pesar de que la situación en nuestra frontera oriental, que es a la vez la única frontera de la UE con Rusia, parece estar más tranquila que en muchos años, no existen desgraciadamente garantías a largo plazo de que se mantenga así. 
En Finlandia, las minas antipersonal se utilizan única y exclusivamente en situaciones de crisis y con objeto de detener al enemigo. 
Los campos minados están detalladamente señalados y, una vez estallado el conflicto, se procede a la desinstalación de todas y cada una de las minas. 
La prohibición del uso de minas antipersonal implicaría para Finlandia un incremento insostenible del gasto militar. 
Por este motivo, también la exigencia, que se recoge en la propuesta de resolución del PPE relativa a las minas antipersonal, para adaptar los métodos de seguridad en las zonas fronterizas carecerá de todo significado mientras no se incluyan propuestas concretas sobre cómo un país como Finlandia puede proteger sus fronteras de una manera tan eficaz y económica en caso de conflicto. 
Creo que el orador que me precede no conoce la historia de la Línea Maginot, pero no le voy a dar una clase de historia. 
Ottawa ha sido un éxito. 
El hecho de que no hayan participado los americanos es lamentable. Aún así, se puede calificar de victoria importante el que los países signatarios no hayan cedido ante la presión americana a adoptar su misma actitud cobarde con respecto a la iniciativa canadiense. 
El éxito de Oslo, que se ratificará y se firmará más adelante, se consiguió en parte gracias la International Campaign to ban landmines, una ONG con la que el Sr. Cunningham, la Sra. Günther y yo mismo hemos colaborado estrechamente y de la que tengo que decir: me quito el sombrero. 
Confío en que se pueda convencer a Grecia y Finlanda a que firmen el nuevo Tratado, para que el apoyo internacional por parte de la Unión Europea sea convincente de cara a otros países. 
A continuación, la Unión Europea ha de manifestar dicho apoyo en su diálogo político bilateral con terceros países, incluso con los del tercer mundo. 
Después de la ceremonia oficial en el mes de diciembre, hemos de aprovechar dicho impulso y seguir esforzándonos para eliminar, de verdad, las minas antipersonales. 
Si bien se ha ganado la primera batalla, queda todavía mucho camino por delante, incluso para los países que siguen pensando que necesitan minas antipersonales para salvaguardar su seguridad. 
Señora Presidenta, las minas terrestres, las minas antipersonas, las minas en general son un instrumento diabólico que no deben emplearse ni producirse. 
La Conferencia de Oslo es un primer paso, una primera victoria, pero debemos ser muy precavidos a la hora de alabar demasiado sus resultados. 
Creo que sería una política hipócrita. 
Muchos países del Tercer Mundo no participan: Rusia, India, China y ahora los EE.UU. En su mayor parte no participan porque países occidentales producen minas High-tech y no querían incluir las minas antitanque. 
Pero si vemos la situación en Bosnia, constatamos que entre el 30 y el 45 % de los muertos en Bosnia se deben a minas antitanque. 
Naturalmente, tienen que incluirse en un convenio de este tipo. 
En el ejército de la República Federal de Alemania hay aún 1, 5 millones de estas minas antitanque. 
Cuando hablamos ahora de las minas antipersonas, para un Ministro de Asuntos Exteriores o de Defensa es fácil decir que hasta finales del año 1997 no va a haber más minas antipersonas. 
Pero si queremos eliminar realmente las minas, deben incluirse estas minas antitanque y además no debemos conceder créditos para la investigación. 
Para finalizar, quiero decir que empresas como Diehl y Rheinmetall están desarrollando la siguiente generación, es decir, una única mina cubre por término medio una superficie de 300 M2 y es imposible buscarlas. 
Hemos avanzado un pequeño trecho pero tenemos que hacerlo aún más desterrando las minas. 
No debemos producirlas y en la Unión Europea deberíamos aplicarlo y ser un buen ejemplo. 
Señora Presidenta, hoy volvemos a hablar de uno de los episodios más crueles de las guerras contemporáneas, y cualquiera de nosotros que haya vivido de cerca alguna de ellas habrá perdido a un amigo o bien habrá estado cerca o habrá atendido a alguna víctima de estas máquinas de matar. 
Se trata pues de darle un apoyo incondicional al proceso de paz de Ottawa. 
Se trata de la prohibición total, definitiva y sin reservas de este tipo de armas. 
Nuestros aliados estadounidenses, por razones falaces, no han querido unirse a este combate. 
Al menos deberíamos ayudarles a que se acerquen a esta idea. 
Hay una serie de elementos que son especialmente deplorables, sobre todo, la propuesta surrealista que se ha hecho a los eventuales signatarios de este Tratado de poder retirarse del mismo en caso de que tuvieran que arrostrar un conflicto armado. 
Dicho en otras palabras, renunciar a utilizar las minas antipersona, mientras no haga falta, pero estar dispuestos a emplearlas, a pesar de todo, el día en que sea necesario. 
¡Es inimaginable! 
En cualquier caso, lo que le puedo decir, señora Presidenta, es que más de 600.000 personas con miembros inferiores amputados tendrán en alta estima este tipo de coartadas. 
Señora Presidenta, este debate, al igual que los demás en los que se pidieron y se siguen pidiendo la reducción de los armamentos y la producción de ciertas armas, es surrealista. 
Tengo la impresión, en efecto, de que la búsqueda a toda costa de un acuerdo internacional, firmado por todos los países que producen minas antipersonas, esconde el deseo secreto de que la oposición de algún país haga fracasar el acuerdo en su conjunto. 
Me explicaré: ¿Por qué los eurodiputados laboristas ingleses, los socialistas franceses y la izquierda italiana, que en este Pleno se manifiestan ferozmente en contra de la producción de las minas antipersonas, no intentan convencer a sus colegas gubernamentales en Inglaterra, Francia e Italia, a que voten en sus respectivos Parlamentos una ley muy breve, muy breve que diga más o menos esto: » Se prohíbe a las industrias inglesas, francesas e italianas de armamento producir las minas antipersonas»? 
Esperar a que se firme un acuerdo que vincule a todos los países productores es, en nuestra opinión, una excusa hipócrita para no empezar a prohibir de inmediato la producción en los Estados europeos. 
En consecuencia, si vamos a prohibir dicha producción en nuestros Estados, no nos debe preocupar el hecho de que otros realicen buenos negocios. Lo que nos debe preocupar, por el contrario, es nuestra coherencia y nuestro sentido de la justicia. 
Señora Presidenta, estamos debatiendo una cuestión de humanidad; deseamos reducir el sufrimiento humano que provocan las minas antipersonal. 
Es importante que destinemos recursos con este fin y que nuestra lucha se encamine a lograr su reducción de una manera sostenible. 
Personalmente y como finlandesa, no puedo apoyar por desgracia todos los apartados de la resolución, aun si mi grupo ha actuado en este sentido. 
El objetivo es correcto: debemos esforzarnos por alcanzar una normativa internacional y controlable verdaderamente vinculante. 
En la actualidad existen grandes diferencias acerca de las posibilidades para someter a control o hacer cumplir el convenio que nos ocupa. 
La prohibición tendrá igualmente un efecto distinto dependiendo de los países. 
Esta prohibición afecta a las minas que se han instalado de antemano, no a las que se esparcen con ayuda de artillería. 
Desgraciadamente, debemos constatar que, a pesar de las afirmaciones contrarias recogidas en el informe de la Cruz Roja, la función de las minas con fines defensivos sigue vigente. 
Como otro diputado ya ha declarado en este foro, Finlandia instala minas únicamente con fines defensivos, para hacer frente a una agresión. 
Nuestra intención es en todo momento la de reducir al máximo el sufrimiento de la población civil en caso de agresión. 
Finlandia no fabrica ni vende minas antipersonal. 
Señora Presidenta, el desarme no avanzaría nunca si en todas las negociaciones se partiera de la base de que, en determinadas condiciones, algún armamento es precisamente imprescindible con fines defensivos. 
En mi opinión, este es un punto al que Finlandia debería prestar atención. 
Finlandia debería suscribir a la mayor brevedad el convenio por el que se prohíben las minas antipersonal y revisar sus prioridades en materia de defensa. 
En la actualidad se reconoce que se ha reducido considerablemente la amenaza militar en Europa y que la política de seguridad se basa cada vez más en la prevención de otros tipos de amenazas. 
Esta circunstancia debería llevar también a Finlandia a adoptar decisiones prácticas en materia de política de defensa, de lo cual tampoco se desprende que nuestro país debiera sustituir las minas antipersonal por otro tipo de armamento más costoso y más sofisticado desde el punto de vista tecnológico. 
Puesto que la Comisión suscribe totalmente los pensamientos contenidos en la propuesta, añadiré tan solo que sabemos que nuestro trabajo no estará completo mientras no se aplique una prohibición mundial efectiva por parte de todos los Estados, mientras no se hayan limpiado todas las minas de las zonas de habitación y uso económico y mientras no estén debidamente atendidas todas las víctimas de las minas. 
Es una meta alcanzable. 
En el área ACP, la Comisión, y yo sobre todo, seguiremos haciendo una contribución importante, como hemos venido haciendo en los cinco últimos años. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17, 30 horas. 
Señora Presidenta, el estado en que se encuentra la protección del Mar Báltico constituye un tema de conversación de gran actualidad. 
Durante este verano hemos asistido a un fenómeno nunca visto con anterioridad en el Mar Báltico: nada menos que una sexta parte de las aguas del Báltico se ha cubierto con una capa algosa debido a la fertilización excesiva de algas verdes en el mar. 
Y creo que debemos intervenir urgentemente a este respecto. 
La Unión Europea tiene un papel que desempeñar ante esta situación. 
De hecho, la Comisión participa como miembro de pleno derecho en las actividades de la organización para la protección del Mar Báltico, la Comisión de Helsinki. 
Me ha llegado información de que los métodos de trabajo de la Comisión están dictados por la rigidez y la burocracia, lo cual ha llegado a obstaculizar las actividades de la mencionada Comisión de Helsinki. 
Según algunas informaciones, la Comisión no puede adoptar decisiones sin consultar previamente a cada uno de sus quince Estados miembros su opinión acerca de la situación en que se encuentra la protección del Mar Báltico. 
Pero no es aceptable que la protección del Mar Báltico pueda sucumbir a la burocracia de la Unión Europea. 
Otro problema de la Comisión parece estribar en el hecho de que hay demasiadas Direcciones Generales involucradas en la protección del Mar Báltico que, a pesar de todo, no son capaces de cooperar entre sí. 
Resulta indispensable que la Comisión haga esfuerzos por mejorar su actuación a este respecto. 
Asimismo, los Verdes desearíamos hacer hincapié en la necesidad de establecer una ecotasa con objeto de reducir el uso de fertilizantes, habida cuenta de que este es uno de los motivos fundamentales de la fertilización excesiva del Mar Báltico. 
Indudablemente existen otras causas, como, por ejemplo, los residuos procedentes de las regiones orientales, especialmente de la ciudad de San Petersburgo, que cuenta con una población de cinco millones de habitantes. 
Se debería recurrir inexorablemente a la financiación del programa TACIS para proteger de manera más eficaz el Mar Báltico. 
Igualmente, resulta a todas luces fundamental abordar la cuestión de su protección cuando la Unión Europea emprenda las negociaciones de adhesión con Polonia y los países bálticos. 
Estamos ante un asunto que ya no puede realmente esperar por más tiempo. 
Señora Presidenta, tras la señal de alarma que han provocado los acontecimientos de este verano, espero que, aunque hasta el momento todas las intervenciones hayan sido finlandesas, el presente debate consiga que la Comisión comprenda la gran atención que todos los europeos prestan a la situación del Mar Báltico. 
La Comisión debe participar de manera más activa en la Comisión de Helsinki para el medio ambiente del Mar Báltico, ahora que aún le queda un año en la presidencia de este organismo, tan importante desde el punto de vista ecológico. 
En su respuesta a una pregunta mía, la Comisión ha prometido esta semana que servirá de guía para lograr el nivel más elevado posible en materia de protección medioambiental. 
Espero que todo el Parlamento vele por el cumplimiento por parte de la Comisión de su promesa. 
La anterior oradora se ha referido a una situación de eutrofia. 
Es importante tener esto presente, si bien debemos también actuar enérgicamente para evitar que se produzca un colapso ecológico. 
Se debe hacer un inventario con todos los factores de riesgo. 
Debemos saber quién ha vertido qué en el mar durante los últimos cincuenta años. 
Debemos evitar en el futuro que las embarcaciones sigan efectuando vertidos. 
Para finalizar, desearía añadir que en este debate se ha propuesto la introducción en toda la UE de un impuesto para gravar los fertilizantes. 
En principio, numerosos miembros de nuestro grupo respaldan esta propuesta, si bien son muchos también los que consideran que este no es el marco apropiado para abordar dicha propuesta. 
Señora Presidenta, el entorno ecológico del Mar Báltico pone de relieve la importancia de la cooperación entre sus Estados ribereños. 
En la situación actual, la UE y sus Estados miembros se encuentran en una posición óptima para impulsar el estrechamiento de esta cooperación. 
Por este motivo, es necesario que la Comisión incremente sus esfuerzos de cara a la cooperación en la región báltica, por ejemplo, para poner en práctica el programa AGENDA 21 relativo a esta región. 
Este programa sería igualmente el canal más adecuado para lograr la participación eficaz de los países bálticos y de Rusia en los trabajos colectivos de depuración de aguas. 
Es imprescindible limitar la sobrecarga que sufren nuestras aguas como consecuencia principalmente del uso de fertilizantes agrícolas, tanto en los actuales países de la Unión como en los venideros, mediante una reglamentación más estricta en materia medioambiental. 
A modo de ejemplo, más del setenta por ciento de la fertilización registrada en las aguas finlandesas se origina a raíz de las prácticas agrícolas. 
Se debe también tener en cuenta este punto cuando se emprendan las negociaciones de adhesión con los nuevos Estados miembros, ya que son países muy agrícolas. 
La Comisión de Helsinki dispone ya de un programa de acción para reducir la sobrecarga fertilizante. 
La Comisión Europea debería respaldar en mayor medida la aplicación de las medidas de este programa. 
No va ser la última vez que veamos una capa de algas floreciendo en el Mar Báltico. 
Las impresionantes inundaciones acaecidas durante este verano en Polonia y en la Europa Central darán lugar a una avalancha de fertilizantes que irá a parar al Mar Báltico, como consecuencia de la cual la situación será aún peor el próximo año por lo que respecta al florecimiento de algas. 
El Mar Báltico necesita ayuda, y la necesita urgentemente. 
Señora Presidenta, con la adhesión a la Unión Europea de los nuevos Estados miembros ha llegado también un mar que es ahora más comunitario que nunca, el Mar Báltico. 
Además, en todas las acciones comunitarias es igualmente necesario prestar atención a la otra dimensión septentrional, la del Mar de Barents, que ofrece grandes posibilidades económicas también desde el punto de vista de la Unión Europea. 
Los nuevos Estados miembros somos contribuyentes netos en la UE, por lo que desearíamos ver también adónde va a parar nuestro dinero en el marco de las actividades de la Unión. 
La mejor manera de no perder de vista nuestro dinero se logra mediante la creación por parte de la UE de diversos proyectos destinados a las regiones nórdicas, y la recopilación y unificación de iniciativas en un programa de acción que permita tanto la presentación de informes al Parlamento como un seguimiento de los fondos utilizados por la Comisión. 
Reviste una gran importancia que los fondos del programa TACIS no se dediquen únicamente a la seguridad nuclear, sino que se destinen también a fomentar la cooperación en materia de medio ambiente. 
Los fondos destinados a la seguridad nuclear van a parar lejos de las fronteras que separan a la UE de los países del programa TACIS, pero, en caso de que se destinaran fondos para la cooperación medioambiental, por ejemplo, en la región báltica y en las zonas fronterizas de Finlandia, se trataría directamente de la frontera entre la UE y Rusia. 
Por este motivo, es muy importante que se aborde esta cuestión también con motivo del examen del presupuesto. 
Señora Presidenta, para comenzar, me gustaría reseñar que soy de nacionalidad sueca, por lo que voy a terminar así con el monopolio de intervenciones finlandesas. 
Con el estado de abandono en que se encuentran sus aguas, el Mar Báltico es uno de los mares interiores más frágiles del mundo. 
Este año, la capa de algas venenosas causada por la fertilización ha cubierto un área equivalente al doble de la superficie de Bélgica. 
Es imprescindible que la UE comience a actuar de manera enérgica como la organización medioambiental que dice ser, que adopte seriamente la resolución de la Cumbre de Visby, así como que caiga en la cuenta de que la suma de todos los vertidos y de la contaminación pueden llegar a suponer la muerte del Mar Báltico. 
Por todo ello, resulta inaceptable que la UE conceda ayudas a proyectos que contribuirán a destruir aún más el medio ambiente. 
La mano derecha debe saber lo que hace la izquierda. 
Un ejemplo de este tipo de proyectos es el relativo a la instalación de cables de alta tensión para la distribución de electricidad, que, de acuerdo con los planes, atravesarán el Mar Báltico en todas las direcciones, y que, además de los grandes vertidos directos de cloro y los enormes campos magnéticos que provocará, conllevará un aumento del uso de lignito en Polonia, entre otros países. 
Otro proyecto que ha cobrado actualidad es el plan de cableado de alta tensión entre Blekinge, al sur de Suecia, y Polonia, el cual se enfrenta con una gran oposición por parte de los ciudadanos, que albergan temores por lo que respecta a su entorno medioambiental. 
¿Pueden contar estos ciudadanos con algún tipo de ayuda comunitaria para paralizar este enorme y demencial proyecto, que tendrá devastadoras consecuencias para el medio ambiente? 
¿Contribuirá el beneficio económico a corto plazo, en forma de una red transeuropea, a acabar activamente con el Mar Báltico? 
Durante dos años, desde julio de 1996, la Comisión Europea ha presidido la Comisión de Helsinki, órgano ejecutivo del Convenio sobre la protección del medio marino de la zona del mar Báltico. 
En su intervención, la Comisión Europea se guía siempre por el principio del mayor grado de protección medioambiental posible para la región del Báltico. 
Las perspectivas de adhesión a la Unión Europea de los países de Europa central ha llevado a la Comisión a intensificar más su cooperación, para que los países candidatos puedan adoptar y aplicar el acervo comunitario, incluida la legislación de medio ambiente de la UE. 
Esto se expone claramente en los documentos de la Agenda 2000. 
El programa PHARE se orientará totalmente a preparar a los países solicitantes de adhesión a la Unión Europea. 
También se dará una mayor prioridad a los temas de medio ambiente en el programa TACIS. 
Sin embargo, la responsabilidad por el bienestar ecológico del Mar Báltico recae primordialmente en los países que lo rodean. 
La Unión ha procurado cooperar con ellos en todos los foros oportunos que promueven la protección de este mar. 
Nuestra dedicación al dirigir la Comisión de Helsinki, el Consejo de los Estados del Mar Báltico y el desarrollo de la Agenda 21 para el Mar Báltico actualmente en marcha son algunos ejemplos de nuestras actividades. 
Es preciso que los países del Mar Báltico intensifiquen también sus esfuerzos en lo referente a la aplicación del Convenio del mar Báltico de 1992, que no ha entrado aún en vigor porque dos países no lo han ratificado todavía. 
La Comisión cree que la respuesta a las preocupaciones manifestadas en los proyectos de resolución que se han presentado reside fundamentalmente en que se apliquen en su totalidad las medidas previstas en el Convenio del mar Báltico y los programas de la Comisión de Helsinki, en particular, el nuevo programa global conjunto de actuación en materia de medio ambiente, en la observancia de los criterios medioambientales de la Unión Europea y en una ayuda adecuada por parte de la Unión y de otras fuentes, pero especialmente de los países afectados. 
Le doy las gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación sobre estas urgencias tendrá lugar dentro de unos instantes. 
Carne de vacuno 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la carne bovina. 
Señora Presidenta, Señorías, la producción de carne de calidad no debe ser durante más tiempo solamente un tópico. 
Ante la dimensión de la crisis de la EEB y la persistencia del enorme desequilibrio en el mercado, es urgentemente necesaria una revisión de la organización común de mercado para la carne de vacuno. 
El Consejo de Agricultura ha acordado ya una serie de medidas para estabilizar el mercado de la carne de vacuno afectado por la crisis de la EEB. 
En todo este debate sobre el mercado de ventas en el sector de la carne de vacuno, hay que tener ante todo en cuenta que los agricultores europeos y sus cooperativas se ven confrontados con normas cada vez más estrictas, como la conservación del paisaje, la protección del medio ambiente, unas disposiciones veterinarias más estrictas, normas sanitarias, higiénicas o de protección de los animales que les ocasionan con frecuencia unos costes adicionales considerables. 
Esto hace que, en parte, los productores de la UE pierdan fuerza competitiva en el mercado interior y en el exterior ya que en muchos terceros países se aplican normas estrictas. 
Es absolutamente necesario introducir unas medidas adecuadas para volver a ganar la confianza de los consumidores y reactivar el consumo. 
En mi opinión, las medidas de apoyo a las campañas dirigidas al fomento de las ventas son uno de los medios más eficaces para restablecer el equilibrio del mercado en el sector de la carne de vacuno. 
A pesar de que la población de Alemania es superior a la quinta parte de la población europea y la producción alemana de carne de vacuno representa aproximadamente el 20 % de la totalidad de la producción de la UE, en el pasado solamente fluyeron a nuestro país aproximadamente un 10 % de los créditos de promoción del programa de fomento de las ventas de la UE. 
Este ejemplo muestra muy claramente que en el proyecto de reglamento presentado por la Comisión existe la urgente necesidad de introducir modificaciones. 
Ante todo, hay que elevar los créditos financieros previstos y distribuirse entre los Estados miembros según criterios objetivos. 
Con criterios objetivos me refiero a la producción y consumo de carne de vacuno. 
Esto significa que Alemania tiene que participar al menos en un 20 %. 
Esta clave de distribución debe determinarse en el reglamento del Consejo. 
Además, me parece urgentemente necesario tener en cuenta las preferencias de los consumidores en la UE, que son diferentes regionalmente. 
Para que las características regionales sean tenidas en cuenta en los criterios de calidad, los Estados miembros y los agentes económicos deben tener una mayor influencia y más libertad a la hora de elaborar programas propios de fomento de las ventas, también los regionales, que son sustentados con créditos de la UE. 
Debemos lograr que la carne de vacuno no sea transportada a lo largo y ancho de Europa sino pensar más en los canales regionales para que el consumidor pueda comprar la carne en su región, donde conoce además la producción. 
Precisamente en Alemania se ha mostrado que el etiquetado de origen desempeña un papel central a la hora de recobrar la confianza de los consumidores. 
Por ello, se debería incluir una autorización expresa para que en el marco de los programas subvencionados se pueda hacer publicidad también sobre el origen regional. 
La producción de carne de calidad no debe ser durante más tiempo solamente un tópico. 
Se debe tener más en cuenta que hasta ahora que las ideas de calidad y las preferencias de los consumidores son muy diversas en la UE. 
Es urgentemente necesario modificar las regulaciones de las primas que son perjudiciales para la producción de calidad, como la regulación de la densidad de pastoreo o la segunda prima por los vacunos macho castrados. 
Para finalizar, permítanme que diga que todos deberían tener más en cuenta que en el pasado las esperanzas y exigencias de los consumidores y productores europeos. 
Señora Presidenta, Señorías, voy a intervenir también en nombre del Sr. Santini, coordinador de nuestro Grupo en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Suele decirse que la necesidad agudiza el ingenio: hacía falta la plaga de la encefalopatía espongiforme bovina para comprender que, incluso en un régimen de producción controlada y asistida, los consumos pueden hundirse como consecuencia de sucesos calamitosos o por los caprichos del consumidor. 
El descenso del consumo se ha ido acentuando en los últimos diez años y, por lo tanto, se podría pensar en un cambio de los gustos alimenticios de los consumidores europeos. 
Ésta podría ser en parte una explicación, pero, en gran medida, debe relacionarse con la plaga de la EEB. 
A pesar de que el momento álgido de la epidemia se ha situado entre 1994 y 1996, la misma ya existía en 1986 en Gran Bretaña. 
Muchos sabían, incluidas las organizaciones de consumidores, aunque pocos imaginaban las intrigas criminales que se escondían detrás de la que parecía una zoonosis algo más grave de lo normal. 
En realidad, alguien pretendió esconder algo en Gran Bretaña, es decir, la gravedad de la epidemia para salvar otras cosas, o sea, su mercado, con la complicidad de otros, esto es, los servicios de la Comisión Europea. 
Todo este teorema de ilegalidades, descubierto ahora de forma flagrante gracias al trabajo de la Comisión de investigación y control, ya era conocido por muchos. 
Y no se trataba sólo de sospechas, sino de signos preocupantes. 
El reglamento de 1993 se sitúa en el período de la gran inopia de la Comisión y del verdadero brote de la epidemia. 
No olvidemos que la misma empezó a manifestarse, como se ha dicho, en 1986. 
Un año después, los harinas animales fueron reconocidas como sus causantes efectivas, sin embargo fue en 1990 que se reconoció su gravedad también en Bruselas. 
Desde ese año, no obstante, y hasta 1994 se suspendieron todos los controles veterinarios; se dio la orden de silenciarla para no perjudicar a los mercados, y en 1992 se publicó este Reglamento (CEE 1318/93) , con objeto de promover el consumo de carne, incluyendo la inglesa, cuya peligrosidad se conocía. 
La propuesta de reglamento que hoy se debate integra la que entró en vigor en 1993 y está dirigida a promover no sólo la carne de primera calidad, sino también los cortes de inferior calidad, comercializándolos con el mismo etiquetado. 
Esta apertura nos parece una faceta débil de la propuesta, ya que en un clima de falta de confianza como el actual, el consumidor podría plantear alguna reserva a toda la normativa, reserva que, en consecuencia, también nosotros mantenemos en parte. 
Señora Presidenta, desearía en primer lugar felicitar a la Sra. Hardstaff por el buen informe que ha elaborado. 
El mercado comunitario de la carne de vacuno se vio sacudido a raíz de que se hiciera pública la aparición de la enfermedad de las vacas locas. 
El mercado estuvo a punto de derrumbarse en 1996, cuando se estableció una relación irrefutable entre la enfermedad de la EEB y la enfermedad humana de Creutzfeldt-Jacob. 
La UE ha intentado solucionar los problemas de comercialización de la carne de bovino. 
A principios de 1993 se elaboró un reglamento sobre la calidad, y en febrero de este año se introdujeron disposiciones sobre el sistema de reconocimiento del ganado, los pasaportes de animales, los sistemas de reconocimiento de animales y el etiquetado de la carne de bovino. 
Gracias a estas normativas se pretendía encontrar un camino que permitiera identificar el posible origen de la enfermedad. 
En la actualidad está previsto modificar el reglamento de 1993 e introducir nuevos elementos para resolver los problemas con que se enfrenta el mercado de la carne de bovino: un nuevo sistema homogéneo de etiquetado y clasificación de esta carne, la promoción del etiquetado original y una campaña de información. 
La cuestión de la carne de vacuno constituye el ejemplo típico de un problema cuya solución se presenta más difícil a medida que nos vamos alejando de las causas que lo originaron. 
Se corre el riesgo de que los sistemas actuales alcancen cotas de complejidad abrumadoras. 
La burocracia y los costes que requieren el control crecen de manera desorbitada a la vez que disminuye su eficacia y se hace más difícil restituir la confianza. 
La situación actual muestra claramente que se deberían concentrar las medidas en las causas que han originado este problema, es decir, en el control de la producción de la carne de vacuno y de la industria de los piensos para animales. 
Una vez que se ha permitido la producción de carne contaminada, resulta casi imposible en la práctica eliminar esta producción y restituir la confianza en el mercado. 
Por tal motivo, sería deseable ante todo que la Comisión se concentrara por todos los medios en identificar, eliminar y controlar las causas que han originado el problema. 
El reglamento que ahora examinamos no es importante únicamente en la lucha contra la enfermedad de la EEB, sino también con vistas a afrontar los difíciles retos del futuro. 
La carne hormonada podría invadir ya en fechas próximas los mercados de la UE, con la consiguiente aparición de más problemas y la necesidad de disponer de instrumentos válidos para afrontarlos. 
En este contexto, resulta positiva la posibilidad de distinguir la carne de vacuno comunitaria y de elevada calidad mediante un único etiquetado, ya que, recurriendo al etiquetado original, se podría introducir en el mercado carne de buena calidad y mejorar así la confianza de los consumidores. 
Señora Presidenta, la propuesta de reglamento que se nos presenta y el informe de la Sra. Hardstaff mejoran considerablemente el sector de la información de los consumidores y de la promoción de la carne bovina. 
En efecto, es preciso responder a la crisis de confianza de los consumidores de los países de la Unión, no sólo a través de la promoción de la comercialización de todas las carnes bovinas de calidad, sino también aportando a los consumidores auténticos elementos de información sobre el origen de la carne, su raza, su procedencia y sus condiciones de producción. 
Los esfuerzos ya desplegados en este sentido por parte de organizaciones profesionales regionales y nacionales demuestran que ésta es la vía correcta. 
Pero previamente hay que plantearse una pregunta. 
¿Acaso las autoridades nacionales y europeas garantizan las condiciones de aplicación de esta política de calidad efectuando los controles y sancionando los fraudes? 
¿Qué garantías nos aporta la Comisión en este ámbito? 
¿De qué serviría, en efecto, la promoción de la carne de calidad si los medios de control no existiesen o fuesen insuficientes, como lo ponen de manifiesto los trabajos de la Comisión EEB? 
En este caso, induciríamos a engaño a los consumidores y a los productores. 
Este asunto es tanto más importante por cuanto cabe preguntarse si la ambición de la Comisión y del Consejo es, en verdad, la de restablecer la confianza de los consumidores cuando, al mismo tiempo, adoptan o adoptarían disposiciones contradictorias en otros sectores. 
¿Cómo se puede defender la calidad si la Comisión y el Consejo no llevan hasta sus últimas consecuencias nuestra denuncia de los veredictos de la OMC en cuanto a la OCM sobre el plátano y sobre la carne con hormonas, nuestra denuncia de los veredictos dictados por los Estados Unidos, cuyos criterios en materia de calidad alimentaria producen 9.000 muertos por intoxicación alimentaria al año, frente al 5 % en Francia, por dar un ejemplo? 
¿De qué modo se puede defender la calidad si se propone una reforma de la PAC que, al reducir el precio de la carne bovina en un 30 %, lleva a un productivismo que ya nos ha llevado a los desastres sanitarios, sociales y humanos que hoy tratamos de reparar con este Reglamento? 
Esto plantea una última cuestión: ¿acaso no es necesario romper con lógica liberal y productivista que determina el actual funcionamiento de la Unión, que inspira la Agenda 2000 y cuyas consecuencias están pagando hoy los productores y los consumidores? 
Señora Presidenta, la protección del consumidor comienza ya con el modo de producción. 
Por ello, es comprensible que las consumidoras y consumidores hayan sido muy precavidos a la hora de consumir carne de vacuno en los años anteriores o en el pasado más reciente. 
Si hubiésemos dejado a las vacas en la pradera y no las hubiésemos alimentado con harinas animales, que además estaban infectadas, hoy no tendríamos este problema y probablemente no tendríamos que promocionar las ventas, pues la carne de vacuno es algo exquisito, lo que sabe todo el mundo y se podría vender suficiente carne sin estas medidas. 
Pero tenemos la EEB pues no hemos prestado la suficiente atención al modo de producción y también porque las consumidoras y consumidores no han buscado vías que hiciese posible un control de la producción en las explotaciones, es decir, sabían de donde provenía su carne. 
Ahora tiene que intervenir el Estado y reparar los daños. 
Este reglamento sobre el que hoy debatimos no es nuevo. 
Entró en vigor ya en 1993. 
Cito: » La calidad de la carne de vacuno depende de la raza, el modo de crianza de los animales y de las condiciones de la matanza, del tratamiento, transporte y comercialización». 
A continuación se dice que también depende de qué sustancias se empleen o no. 
Saludo que se presente una nueva edición de este reglamento, ante todo si tenemos la posibilidad de llamar la atención sobre el modo de producción. 
No solamente tenemos esta ayuda a las ventas sino que en el marco de este reglamento se realiza una ampliación, consistente en la ayuda al etiquetado ahora acordado para la carne de vacuno. 
Este etiquetado, que se impuso a los agricultores como medida obligatoria y a la industria como voluntaria- lo que cambiamos en el Parlamento siendo ponente el Sr. Mayer- fue aprobado a continuación por el Consejo. 
Ya conocen la decisión por la que se rechazó unánimemente nuestro modelo según 100 a. 
Se quiere financiar ahora al 100 % este etiquetado para la industria en el marco de esta medida. 
Esto no figura en absoluto en el articulado sino sólo en el Anexo. 
En los artículos sólo se habla de una ayuda por un montante del 60 o el 80 %. 
Esta es la ayuda a las ventas, pero la subvención al 100 % -cito- «es para la información sobre el nuevo etiquetado y el apoyo técnico». 
Lo que aquí pasa es que toda la logística que tiene que aportar la industria para llevar a cabo este etiquetado es subvencionada por la Comisión, no tenemos nada en contra de ello, pero sí que se haga ¡al 100 %!. 
He preguntado hoy al Comisario y ustedes han oído que ha insistido en esa ayuda al 100 %. 
Me he dirigido a él y, fíjense por dónde, no había tomado nota de que existe una nueva regulación, me refiero a la introducción de la logística. 
Quiere reconsiderarlo. 
Por ello, soy de la opinión de que debemos devolver a la comisión este informe de la Sra. Hardstaff, a pesar de lo bueno que es, por lo que la felicito, para aclarar este punto y no arrojar a la industria el dinero al 100 %, por así decirlo, en sus fauces. 
Señora Presidenta, el informe de la Sra. Hardstaff es de máxima actualidad, puesto que afecta a nuestras grandes preocupaciones actuales, como la EEB y la circulación de bovinos, de sus canales y de sus productos derivados en la Unión Europea, pero también afecta a las exigencias del consumidor en materia de calidad, problemas todos ellos que están en el núcleo de la reforma de la PAC y de los debates de la Agenda 2000, tanto desde la perspectiva de la sustitución de la cantidad, para contener las producciones excedentarias, como desde la perspectiva de la salud de los consumidores. 
Esto nos afecta a todos nosotros; primero, porque somos consumidores, luego porque la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural le ha encargado a nuestro colega Jan Mulder el informe de iniciativa sobre la calidad y el reconocimiento de los productos agrícolas y productos alimentarios. 
Hay dos puntos esenciales: el modo de producción y la confianza que le otorga el consumidor a los productos gracias a la rastreabilidad desde el lugar de origen hasta la mesa del consumidor. 
Insistiré en tres puntos: en primer lugar, el rigor en el modo de producción, que debe tender a ser lo más natural posible: hay que luchar contra la autorización de hormonas y vincular la producción a los lugares de origen. 
Luego, los controles y los dispositivos antifraude, que deben funcionar mejor- en particular en Gran Bretaña, tal como se ha visto con el reciente descubrimiento de un tráfico en dirección a Bélgica. 
Y por último, una promoción más activa de la carne bovina de calidad, que debe tener en cuenta a los consumidores y orientarlos hacia productos más sanos, pues de lo contrario asistiremos a un nuevo descenso del consumo de esta carne en beneficio de los cerdos y las aves de corral, producciones sumamente intensivas cuyo impacto sobre el medio ambiente sigue siendo muy importante. 
Mi Grupo apoyará el informe de la Sra. Hardstaff, a quien quisiera de paso felicitar por su trabajo. 
Sin embargo, cabe lamentar la ausencia de una verdadera armonización en cuanto a las menciones que deben incluirse en las etiquetas. 
Además, aquí sólo nos referimos a la carne bovina... ¿Qué ocurre con las demás especies? 
Para que haya una auténtica transparencia resulta indispensable que profundicemos también en estas cuestiones. 
Señora Presidenta, al no haberse desarrollado el orden del día como estaba previsto, mi colega des Places, que hubiera debido intervenir, no ha podido estar presente y me ha encargado que sea su portavoz. 
Este informe se inscribe totalmente en la línea de la crisis de la EEB, que ha supuesto un gran descenso en el consumo de carne bovina. 
Estoy convencido de que la pérdida de confianza del consumidor se ha atenuado gracias a la aplicación del embargo. 
La Comisión, las administraciones de los Estados miembros y el conjunto del sector «carne bovina europea» , incluidos los ganaderos, han hecho muchos esfuerzos para mejorar la rastreabilidad con el fin de recuperar la confianza. 
En su propuesta relativa a la promoción de la carne bovina, la Comisión no cuestiona en absoluto el principio de la calidad de los productos elegibles. 
La definición de esta calidad se plasma en reglamentos cuya aplicación está en vigor. 
Por supuesto, estamos a favor de esta postura. 
Desde la óptica opuesta, la Sra. Hardstaff propone en su informe que se transforme esta promoción de los productos de calidad en una promoción genérica indiferenciada y de uso general de la que, por consiguiente, no se excluiría ninguna producción ni ningún Estado miembro. 
En definitiva, las propuestas del ponente tienen por objeto desarrollar medidas de promoción, financiadas en parte por la Unión Europea, y ello en aras de la carne británica y de la carne procedente de las vacas lecheras de la reforma, cuya calidad organoléptica que tanto deja que desear todos conocemos. 
Si el Consejo aceptara las propuestas del ponente en su estado actual, se estaría penalizando al conjunto del sector «carne bovina de calidad» , que controla su suministro respetando un pliego de condiciones estricto. 
Como grandes defensores que somos de la agricultura de calidad, comprenderá, señora Ponente, que el Sr. des Places y yo mismo pediremos a nuestro Grupo que no vote la mayor parte de sus enmiendas y que se apruebe la propuesta de la Comisión en su estado actual. 
Señora Presidenta, debemos ocuparnos una vez más del asunto de la «carne» en un entorno que como nos lo recuerda el proverbio francés «cuando el asno no quiere beber no hay quien pueda hacerle beber». 
Del mismo modo, cuando el consumidor no quiere comer carne no sirve de nada intentar que se la coma. 
En un Reglamento de 30 de junio de 1992 se intentó promover el consumo de las carnes bovinas. 
Esto no fue realmente eficaz puesto que en febrero de 1997, aquí mismo, en este Parlamento, aprobamos un sistema de identificación de las reses bovinas. 
Los humanos pueden prescindir de pasaporte, gracias a Schengen, pero aquí se creó un pasaporte para las vacas, un fichero de identificación y se utilizó un gran término científico para tranquilizar, el de la «rastreabilidad». 
Esto no ha tranquilizado demasiado puesto que el etiquetado sólo era facultativo; sólo será obligatorio, dicen, a partir del año 2000. 
De aquí a entonces, los importadores de carne británica podrán no colocar etiquetas. 
Además, incluso cuando se coloca la etiqueta, la curva de descenso del consumo se suaviza pero no se detiene. 
Se detiene tan poco que esta vez debemos pronunciarnos sobre una propuesta de reglamento que tiene por objeto refundir, reactualizar y derogar el reglamento de 1992, porque las medidas anteriores no han dado evidentemente los resultados esperados. 
En el mercado interior, disminuye el consumo y en el mercado exterior, hasta los países terceros son reticentes a la hora de comprar carnes europeas. 
Así pues, se pone en funcionamiento un mecanismo de promoción del consumo mediante publicidad, las promociones en los supermercados -» Señora, coma carne» -, la participación en ferias y salones. 
Esto ilustra hasta dónde hemos caído. 
Nos ocupamos ahora de los supermercados, de las ferias y de los salones y, mientras tanto, el consumo de carne sigue bajando mientras que el de carne porcina, ovina, y de aves de corral, muy contaminantes desde el punto de vista de la cría, sigue aumentando. 
Dicho en otros términos, seguimos padeciendo las consecuencias de la EEB porque unos industriales británicos, los hermanos De Mulder, han querido envenenar a los bovinos británicos. 
El conjunto de Europa paga, por decirlo así, los cerebros bovinos rotos. 
El objetivo central del dispositivo puesto en práctica es tratar de tener una especie de carne «fiduciaria» , es decir una carne que se basa en la confianza, procedente de animales sanos, de ganaderías sanas, de una alimentación sana. 
Para lograr tal cosa se fija un presupuesto que, a su vez, deberá ser sano, con una cofinanciación. 
Se prevé una línea presupuestaria, la B-1.38, sobre las ayudas a la promoción, cuya cofinanciación llegará hasta el 60 %. 
Se prevé incluso una dotación que alcance los 32 millones de ecus, es decir más que para el programa Rafael. 
Dicho en otros términos, para el cerebro destruido de los bovinos, ¡se prevé más que para el cerebro de los intelectuales europeos! 
¡Aquí se ve el grado de desconcierto al que se ha llegado! 
Todo esto está muy bien y es más que inútil, y supone una serie de contradicciones. 
La primera se sitúa en el centro del mecanismo de la confianza, porque se quiere, por un lado, tranquilizar al consumidor mediante políticas publicitarias, pero, al mismo tiempo, se le preocupa mediante la importación de carne con hormonas, después del veredicto del panel de la Organización Mundial del Comercio. 
La segunda contradicción se refiere a las rentas. 
Se quiere proteger el mercado protegiendo al consumidor y aumentando los ingresos de los agricultores, pero, al mismo tiempo, se autoriza la importación de estas carnes con hormonas, que serán más baratas y harán que bajen las rentas de nuestros ganaderos. 
La tercera contradicción se refiere a los precios. 
Aquí también se quiere salvar el mercado mediante medidas publicitarias o de otro tipo, pero, al mismo tiempo, la Agenda 2000 prevé una reducción del precio de intervención de la carne bovina de un 30 %, lo que equivale a asestar un mazazo a los agricultores con los cuatro tomos de la Agenda 2000 ¡y luego darles un pequeño analgésico publicitario para tranquilizarlos! 
Seguimos practicando una política de pequeños parches. 
Pero todo esto no es inútil; ya Paul Valéry decía que incluso Sísifo, cuando empujaba la piedra, no hacía un trabajo inútil, puesto que ejercitaba la musculatura. 
Pues bien, nosotros, al intervenir por tercera vez en este tema de la carne bovina, cuyas consecuencias mediáticas de todos conocidas nadie desea, estamos ejercitando nuestra musculatura legislativa y normativa. 
Señora Presidenta, doy las gracias a la Sra. Hardstaff por un excelente informe. 
Es especialmente importante que lo haya escrito alguien del Reino Unido. 
La Sra. Hardstaff, silenciosa e incansablemente, ha dedicado mucho trabajo en la sombra para sentar los cimientos de un nuevo tipo de mercado de la carne en toda Europa. 
Creo que los habitantes de su circunscripción de Lincolnshire y Humberside pueden estar realmente orgullosos de su trabajo en este informe concreto. 
Yo iría más lejos: espero que mis compañeros diputados de este Parlamento comprendan que desde la elección de un Gobierno laborista en el Reino Unido hemos enfocado todo este tema de la venta de carne con cierta humildad, pero también con un cierto convencimiento de que en un momento dado la prohibición sobre la carne de vacuno tendrá que levantarse. 
Creemos que la prohibición tendrá que levantarse tomando como base una confianza de los consumidores, y no simplemente los comentarios xenófobos realizados por el Gobierno anterior. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf ha aludido al hecho de que la carne es un manjar. 
Estoy plenamente de acuerdo con él: uno de mis grandes placeres en la vida es hacer la comida para mi familia los domingos; y una de las cosas que sé es que cómo se elija la carne de entrada es lo que determina cómo cocinarla. 
Señora Presidenta, si alguna vez se encuentra usted cerca de Smethwick, en Inglaterra, un domingo a la hora de comer, le ruego venga a comer a mi casa. 
Le daré uno de los mejores roast beef ingleses, se lo prometo. 
Me agrada especialmente que dentro de mi circunscripción de Shropshire y Hereford los ganaderos locales se hayan juntado y sacado el denominado «Marches Quality Meat Scheme» , un plan para la carne de ganado vacuno y bovino criado localmente en las Marches (comarcas fronterizas entre Inglaterra y Gales). 
Tengo aquí alguna publicidad sobre él. La idea es que tranquilicemos al consumidor. 
Hemos mirado mucho el tipo de carne producida, que en Herefordshire y Shropshire se encuentra entre la mejor de Inglaterra. 
Procede de algunas de los rebaños más antiguos y alimentados a base de pastos. 
Es carne de buena calidad. 
Permiten seguir la pista del ganado de forma plena y completa; al consumidor se le garantiza que el animal ha sido bien cuidado durante su vida y que se la dado una alimentación segura; que se le ha administrado el tratamiento adecuado cuando ha estado enfermo; que se ha mantenido el historial completo sobre el canal después del sacrificio e, con la misma importancia, que se han tenido en cuenta consideraciones relativas al bienestar de los animales. 
Todos los mataderos son inspeccionados a fondo y responden a unos criterios de higiene muy exigentes. 
Estoy orgulloso de los ganaderos y de la industria cárnica de mi área, los cuales se han dado la vuelta y han visto la crisis de la EEB como una oportunidad de mostrar que nuestra carne de Shropshire y Herefordshire es el «champán» -perdonen la expresión- de la carne. 
No hay absolutamente ninguna razón por la que la carne de las Marches incluida en este plan no pueda venderse o consumirse en cualquier parte del mundo. 
Como primer paso para levantar la prohibición sobre la venta de carne de vacuno británica en la Unión Europea, deseo recomendar este plan en concreto. 
Me gustaría ver la carne de calidad de la región de las Marches en venta, claramente etiquetada, en cualquier parte de la Unión Europea. 
Puedo prometerle, señora Presidenta, que le espera una experiencia de lo más deliciosa si come nuestra carne. 
Gracias, señor Hallan, por su intervención y también por la invitación tan simpatica que usted me ha dirigido para ir a degustar la excelente carne británica. 
Me acordaré, señor Hallan. 
Señora Presidenta, Señorías, salto a la brecha sustituyendo a Honor Funk, pues ha tenido que marcharse urgentemente. 
Es cierto que actualmente está muy limitado el placer de comer carne de vacuno británica, si bien debo subrayar que la Sra. Hardstaff del Reino Unido ha presentado un buen informe, por lo que la felicito. 
Sabemos que el consumo de carne de vacuno está retrocediendo desde hace años. 
El año pasado, cuando se supo que no se puede excluir en la personas una relación entre la EEB y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, se llegó al punto mínimo de ventas. 
Las consecuencias son conocidas, no necesito referirme en detalle a ello. 
Los precios se hundieron y los excedentes de carne tuvieron que ser recogidos del mercado mediante la intervención. 
Por estos motivos, saludamos expresamente que se adopten medidas que detengan esta crisis de ventas y mejoren la situación. 
Siempre es mejor apoyar y financiar la promoción de las ventas de una buena carne de calidad que mantener existencias en almacén. 
Totalmente determinante es que los créditos financieros previstos vayan a parar a las manos adecuadas, lo que quiero subrayar especialmente. 
No puede ser que, a la postre el dinero acabe en agencias de publicidad o grandes comerciantes. 
Durante los últimos meses, mercados regionales, llamados en algunas regiones mercados campesinos, y oferentes agrícolas de productos autocomercialidos se han ocupado más intensamente de este mercado y han construido muchas cosas. 
Para ello son necesarios profundos conocimientos especializados sobre las necesidades locales y los correspondientes deseos de los consumidores. 
Estas instalaciones existen ya, por lo que no tienen que ser creadas de nuevo en muchas regiones. 
Deberíamos apoyarlos. 
Yo fui el ponente para el etiquetado de la carne de vacuno. 
La calidad de los animales, el etiquetado y el poder seguir hacia atrás el origen del producto son para los consumidores de especial importancia. 
Esta autocomercialización es el mejor modo de garantizar que el consumidor que tenga interés pueda saber exactamente dónde y bajo qué circunstancias y condiciones ha sido criado el animal. 
Estos estándares regionales de procedencia y de calidad se controlan ya hoy regularmente y se ponen continuamente en marcha acciones de ventas. 
Creo que hay que indicarlo claramente. 
Señora Hardstaff, en la enmienda nº 8 al considerando 7 hemos considerado que el concepto «gestión de la venta de carne» es algo limitador por lo que lo rechazamos. 
La Comisión lo ha formulado de un modo muy general pero este es muy limitador. 
Tengo que realizar aún una observación sobre la intervención del Sr. Graefe. 
Creo que ha sido algo ligero cuando ha dicho de un modo general que todos los productores cometen errores. 
Algunos sí, pero no todos. 
Señor Mayer, le quiero decir que tenía dos minutos pero le he dado cuatro porque le he asignado dos minutos del Sr. Cunha, que es de su mismo Grupo. 
Señora Hardstaff, ¿desea añadir algo al final de este debate? 
Señora Presidenta, sólo quisiera dar las gracias a todos los que han contribuido al debate. 
Quiero recordar a los diputados que ya llevábamos retraso en que nos llegara la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor cuando realmente habíamos esperado hacer la votación en julio. 
El destino de nuestros ganaderos e industria cárnica, en el sentido de que se ponga en marcha el mercado, depende de que esto empiece a funcionar lo antes posible. 
Por eso espero que sea aprobado mañana y que sea posible poner en práctica estas medidas y comenzar a vender carne europea no sólo dentro de Europa sino también en el mundo entero, para que se la vuelva a reconocer como una de las mejores del mundo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas. 
Como ve, señor Hallman, mañana por la mañana no perderemos el tiempo en absoluto y será ¡por razón doble! 
La siguiente sesión tendrá lugar mañna a las 9 horas. 
(Se levanta la sesión a las 18.55 horas). 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, generalmente recibimos el Acta en dos partes. 
Esta mañana hemos recibido cuatro partes. 
¿Cómo vamos a saber si tenemos ya toda el Acta? 
Supongo que Sus Señorías podrán resolver esa cuestión. 
Señor Presidente, en el acta de ayer, a mitad de la página 19, figura el siguiente texto: » Interviene el Sr. Wijsenbeek, quien refiriéndose de nuevo a su intervención realizada esta mañana al inicio de la sesión, (parte I, punto 1) , informa sus actividades hasta la reanudación de la sesión.» 
Esta frase, en cualquier caso, no está correctamente redactada en neerlandés, pero la cuestión es que todavía no he recibido respuesta alguna de la Mesa a mi pregunta de si efectivamente es cierto que, de ahora en adelante, la Mesa va a grabar con cámaras cinematográficas las entradas y salidas del Parlamento de los diputados. ¿Puede Usted indicar también si ello es conforme a la legislación relativa a la protección de la privacidad en Europa? 
Ya que Usted como Mesa pretende controlar cómo aprovechamos nuestro tiempo: ¿Puede decir a los miembros cuántos empleados adicionales van a necesitarse y qué va a costar todo ello al contribuyente? Esa información nos permitiría sopesar ambas posibilidades. 
Considero que, en nuestra calidad de diputados, tenemos derecho a recibir una contestación de la Mesa en esta materia y no le hemos concedido carte blanche para adoptar normas que sirvan para espiarnos y controlarnos de la mañana a la noche. 
Muchas gracias, Sr. Wijsenbeek. 
He de decir que, una vez más, no sé de qué está hablando usted. 
Señor Presidente, nuestro colega Liese advirtió ayer, durante el debate sobre la cuestión de los plátanos, que existía una discrepancia entre una ponencia ya entregada y otra posterior, se trataba de la falta de tres palabras. 
Sólamente quería preguntarle si se había aclarado esta circunstancia. 
Tengo entendido que se está investigando la cuestión. 
Señor Presidente, ayer se adoptó una importantísima decisión. 
Puesto que no hay en la sala ningún diputado que represente a Gales, me encargaré yo de felicitar al pueblo de Gales por haber ejercido su derecho democrático a la libre determinación. 
Esperemos que Gales y Escocia sigan adelante juntos. 
Secundo sus felicitaciones al pueblo de Gales. 
El resultado de la votación ha sido tan justo que no es de extrañar que no haya aquí ningún galés. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, voy a referirme a otra cuestión. 
Al venir aquí cada semana tengo que pasar por el Aeropuerto Charles de Gaulle de París. 
Este año, en tres diferentes oportunidades se me ha negado la entrada en el terminal D a pesar de haber presentado mi laissez-passer. 
Se me ha dicho que no es un documento oficial. 
En la última oportunidad, el lunes pasado, no se me dejó pasar hasta que no presenté mi pasaporte nacional. 
Supongo que los franceses saben que tenemos una Unión Europea y que tenemos un laissez-passer que nos da derecho a viajar a cualquier lugar que deseemos en los 15 países de la Unión. 
Ruego por lo tanto a su oficina que escriba a las autoridades francesas de inmigración para indicarles que el laissez-passer es un documento que nos permite pasar, para que no volvamos a tener esos inconvenientes en el futuro. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted. 
Como usted sabe, solía tomar el mismo vuelo que usted y dejé de hacerlo por los inconvenientes con que tropezaba en el aeropuerto de París. 
Cuando vengo aquí paso por el aeropuerto de Frankfurt y los aduaneros se ríen de nuestros pasaportes europeos. 
(Risas) 
Muy bien. 
Se han mencionado los aeropuertos de París y Frankfurt y me parece que alguien ha citado también el de Amsterdam. 
Si hay otras quejas ruego que me las pasen por escrito. 
Señor Presidente, le agradeceré que dé instrucciones a las autoridades alemanas para que acaben por reconocer nuestros pasaportes europeos, pues uno tropieza, de cuando en cuando, con grandes dificultades, incluso en el caso del aeropuerto de Munich, cosa que me entristece pues en general está considerado como el mejor aeropuerto del mundo. 
Convendría que hubiera una norma general para que todos esos países reconozcan el pasaporte de la Unión Europea. 
Muchas gracias, Sr. von Habsburg. 
Votaciones 
Señor Presidente, quisiera manifestarme en contra de la devolución del informe. 
Ha habido ya muchos retrasos. 
La solicitud original era de urgencia y se quería haber aprobado ya el informe en julio para que el programa pudiera seguir adelante. 
Éste es un programa que ahorrará dinero a la Unión. 
Si gastamos dinero para conseguir que la gente consuma nuestra carne de vacuno, a la larga podremos ahorrar mucho dinero en concepto de almacenamiento e intervención. Ésta es la finalidad principal del programa. 
La Comisión tiene sumo interés en poner en marcha el programa para beneficio del presupuesto de la Unión. 
No quisiera que esta cuestión se retrasara aún más. 
Señor Presidente, estoy a favor de la devolución. 
El Sr. Fischler se negó ayer de manera sistemática e insistente a responder a las preguntas y a dar explicaciones sobre el siguiente asunto: en la Comisión de Seguimiento de nuestro Parlamento se han detectado vacíos legislativos y existe la posibilidad de que se puede vulnerar, de forma legal, una legislación que poco a poco estamos elaborando aquí desde hace un año, para el establecimiento de un mecanismo de identificación de reses, un sistema de etiquetado de carnes y contribuir con ello al restablecimiento de la confianza de los consumidores. 
No se ha facilitado ninguna explicación y no se ha comprometido a mejorar la situación. 
Por lo tanto, el Reglamento debe devolverse con el fin de que la Comisión se lo piense mejor y el Parlamento pueda llevar a cabo su tarea ante los ciudadanos y ante los consumidores de la mejor manera posible. 
(El Parlamento rechaza la devolución a la comisión) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, hemos perdido la votación sobre la devolución a la comisión. 
El problema aun persiste. 
De todos modos hemos conseguido que este informe sea tratado conforme al artículo 129 a, lo que significa que pasará a la segunda lectura. 
Hasta entonces vamos a seguir atentamente si la Comisión resuelve su evidente inseguridad sobre si se va a retirar la subvención del 100 % a la industria. 
La introducción del etiquetado no atañe únicamente a la industria, sino también a las explotaciones agropecuarias, pero los agricultores no reciben ni un solo céntimo por sus rendimientos. 
Me parece razonable por decirlo, claramente por una vez. 
No quiero ningún apoyo. 
Pero si una de las partes tiene que conseguir y soportar financieramente una obviedad, es decir, esclarecer y establecer el seguimiento de origen de la carne de vacuno para los consumidores, no tiene mucho sentido premiar a la otra parte, o sea a la industria, con un 100 %. 
Hay que admitir que la instalación logística en los mataderos para el etiquetado no carece de relevancia, pero financiarla al 100 % es casi inmoral. Si además sólo se inscribe en el marco financiero entonces aparece como una operación de influencias, de la colaboración entre la administración y los grupos de presión de la industria cárnica, que no trasladan la cuestión al proceso parlamentario, sino que casi nos la endosan por la espalda. 
Esto debe ser decididamente rechazado. 
Queremos ocuparnos de ello en el Parlamento y espero que así ocurra en la segunda lectura. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero en primer lugar reconocer el excelente trabajo de la Sra. Hardstaff y de los ponentes de opinión Sr. Papayannakis y Giansily. 
Por otra parte, querría dejar constancia de que mi Grupo considera absolutamente necesaria la aplicación de medidas para una correcta información del consumidor, a través de un etiquetado correcto. 
Sin embargo, este informe, -excelente como dije- de la Sra. Hardstaff, debe ser considerado en su contexto. 
Este viene definido por la crisis de la EEB. 
Tanto en la Comisión de investigación sobre la EEB como en el seguimiento de la EEB se han detectado deficiencias que pueden restar eficacia a esta iniciativa legislativa. 
No se puede evitar la constatación de un vacío legislativo en la identificación de las carnes de vacuno. 
Actualmente no hay nada que prohíba suprimir las señales identificativas del origen de las canales de vacuno, y esto está creando serios problemas. 
Las deficiencias existentes en la reglamentación sobre la identificación y el control pueden inducir efectos contrarios a los buscados. 
Por lo demás, dado que no existen garantías de que la Comisión vaya a corregir estas deficiencias de modo inmediato, mi Grupo ha votado en contra de la resolución legislativa para presionar a la Comisión a que se realicen las correcciones necesarias en la reglamentación y en los controles. 
Deseamos felicitar a la ponente por el buen informe que ha elaborado. 
Sin embargo, hemos optado por abstenernos en la votación de las enmiendas relativas a la campaña de información para promocionar el consumo de carne de vacuno. 
Estimamos que los propios consumidores deben decidir por sí mismos qué tipo de alimentos desean consumir. 
Es inoportuno subvencionar campañas en favor de una determinada carne. 
Las campañas en favor del consumo de uno u otro tipo de carne debería llevarlas a cabo el sector alimentario, y sin hacer uso de recursos comunitarios. 
En nuestra opinión, es preferible permitir que sean los mecanismos del mercado para la fijación de precios los que establezcan un equilibrio funcional en el sector de la carne de vacuno, de manera que la oferta se ajuste a los precios que establezca la demanda por parte de los consumidores. 
Habida cuenta de las sospechas de los consumidores con relación a la carne de vacuno, la mejor y más inmediata estrategia era probar el origen de los productos y desarrollar la comunicación. 
En Francia, por ejemplo, a pesar de las acusaciones de proteccionismo formuladas por algunos Estados miembros, se ha desarrollado una campaña de comunicación, con diferentes soportes publicitarios en los lugares de venta y financiada por las organizaciones profesionales. 
Esta estrategia ha permitido, sin ninguna duda, evitar lo peor en un momento en que el mercado se encontraba extremadamente perturbado. 
Entre un 60 y un 70 % de los consumidores franceses interrogados declararon sentirse tranquilizados por la presencia de estos logotipos. 
Así, esta iniciativa permitió limitar la caída del consumo en un 15 % de media para el segundo trimestre de 1996, cuando el anuncio de la crisis de la EEB había provocado una caída de más de un 30 %. 
Resulta evidente que la propuesta de la Comisión está orientada en el sentido correcto, pero temo que el informe Hardstaff lleve a una trivialización de los productos manteniendo una comunicación genérica. 
Ello puede perjudicar enormemente a las carnes de vacuno de buena calidad, que se encontrarían en ese caso confundidas bajo una gran marca europea, sin mayor precisión. 
Sin embargo, reitero mi insistencia en la importancia de la identificación y rastreabilidad de la carne de vacuno. 
La información al consumidor sigue siendo esencial en este ámbito para ayudar al relanzamiento de un mercado que ya ha sufrido mucho y que ha dañado enormemente a los productores y a todo el sector hasta los últimos niveles. 
No hay que olvidar que, en este asunto, es el consumidor el que tiene las mejores cartas. 
Permítanme primeramente declarar que todos los interesados estamos de acuerdo en el objetivo: se trata de recuperar la confianza de los consumidores en la seguridad y calidad de la carne de vacuno. 
Sin embargo es evidente que no coincidimos en el camino para conseguirlo. 
La Comisión, que propone subvenciones económicas y medidas de fomento de la distribución así como campañas informativas sobre la identificación de la carne de vacuno, parece que va a obtener para todo ello un apoyo mayoritario en esta casa. 
No obstante considero que éste punto de partida es erróneo, por cuanto no establece de manera precisa suficientes puntos esenciales. 
La inseguridad y desconfianza de los consumidores ha aparecido en primer lugar debido a que en el mercado interior europeo la procedencia de la carne de vacuno y sus productos derivados no está ni suficientemente clara ni se puede determinar. 
Es precisamente por ello por lo que la nueva regulación sobre la identificación de la carne de vacuno y el registro de ganado tiene una importancia tan crucial. 
Sólo a través de la identificación y el registro puede el consumidor ganar claridad sobre la procedencia de la carne de vacuno, sólo así puede conseguirse la confianza. 
Considero que es absolutamente imperativo situar aquí el centro de gravedad de todos los esfuerzos políticos. 
Esta voluntad se puso claramente de manifiesto aquí en el pleno, al tratar las prescripciones sobre identificación. 
Sin embargo y lamentablemente se está difuminando en el debate de hoy. 
Porque si decidimos establecer simultáneamente y de manera proporcional un apoyo financiero y medidas de fomento de la distribución, así como campañas de información, entonces estamos perdiendo la oportunidad de introducir una señal política nítida, que es importantísima para la superación de la EEB y sus consecuencias: la salud y la protección de los consumidores tienen preferencia en la política europea y la seguridad de los mercados agrarios solamente podrá conseguirse una vez que esa prioridad haya sido atendida. 
Ciertamente la ejecución de medidas que fomenten la distribución es necesaria. 
Deberíamos concentrar nuestros de por sí limitados recursos en aquello que consideramos política y económicamente prioritario, que no es otra cosa que la recuperación de la confianza de los consumidores a través de la clarificación de la procedencia de la carne de vacuno. 
Como ha dicho mi colega Édouard des Places durante el debate, nuestro grupo rechaza la mayoría de las enmiendas que propone el ponente. 
En efecto, en la actualidad, sólo las carnes de calidad que ofrecen al mismo tiempo una garantía sanitaria, pero también una garantía organoléptica y de sabor, pueden obtener ayudas de la Unión Europea con vistas a una financiación de acciones de promoción. 
¿Qué nos propone el ponente? 
En su informe y en sus enmiendas, la Sra. Hardstaff pretende que todas las carnes de vacuno puedan ser objeto de ayudas comunitarias en favor de la promoción. 
Estas propuestas son contrarias a los intereses de la carne de calidad. 
Personalmente, sé que el Reino Unido persigue un levantamiento rápido del embargo sobre la carne de vacuno. 
¿Cuál será la consecuencia de este levantamiento del embargo sobre el comportamiento de los consumidores? 
Tengo la clara impresión de que la Sra. Hardstaff desea que la carne británica pueda disfrutar de las ayudas comunitarias para hacer su promoción. 
Por supuesto, dada la imagen de marca negativa de la carne de vacuno, la Sra. Hardstaff desea que esta promoción sea genérica, lo cual es inaceptable. 
Régimen agromonetario del Mercado Único 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0261/97) del Sr. Hallam, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo acerca del régimen agromonetario del Mercado Único: 1 de julio de 1995 a 30 de junio de 1996 (COM (96) 0636- C4-0026/97) 
Señor Presidente, me agrada mucho que esta Sala esté hoy tan concurrida, lo que indica la importancia que reviste esta cuestión. 
Quisiera explicar muy brevemente lo que entendemos por régimen agromonetario. 
Fundamentalmente, se trata de conseguir que nuestros agricultores puedan tener cierta estabilidad cuando planean su labor. 
Uno de los problemas con que tropezamos actualmente es que esa labor a veces dura bastante tiempo y a veces dura poco, según las fluctuaciones del mercado monetario. 
Anteriormente el Parlamento ha solicitado con razón que la Comisión le proporcione informaciones acerca de la forma en que está funcionando este sistema. 
Ha preparado un informe- que es el que estamos estudiando hoypara el período comprendido entre julio de 1995 y el 30 de junio de 1996. 
El informe incluye datos sobre la concesión de ayuda compensatoria, una evaluación de las repercusiones económicas y financieras, y propuestas acerca del futuro del sistema. 
La Comisión dice muy acertadamente que sería difícil en estos momentos efectuar cambios importantes del régimen agromonetario, porque estamos realmente en vísperas de la Unión Europea y Monetaria. 
Por lo tanto, ésta es una cuestión que tendremos que examinar en algún momento. 
Ahora bien, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha examinado el informe. 
Hemos convenido en que no podríamos efectuar ningún cambio de envergadura en esta fase pero que habría que efectuar cambios en 1998, o sea en nuestro camino hacia la UEM si ése es el punto de destino. 
Hemos aprovechado la oportunidad para formular diversas sugerencias. 
En primer lugar, queremos que las normas sean más sencillas y que la gente sepa exactamente de qué forma funciona el sistema. 
En segundo lugar, queremos conseguir que haya un límite superior y un límite inferior para que el importe del dinero no pueda sufrir cambios exagerados. 
Los agricultores de mi circunscripción han perdido aproximadamente el 20 % de sus ganancias el año pasado, como consecuencia de las denominadas «libras verdes». 
La agricultura está aquejada ya por demasiadas variables y es esencial que consigamos que esas variables, que podemos controlar, no experimenten cambios demasiado grandes. 
Por último, quisiera que el régimen agromonetario se financiase a sí mismo: si hay fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo, es natural que queramos fijar al dinero una especie de valor de referencia. De esta manera podremos estar seguros de que se emplea bien el dinero de los contribuyentes europeos. 
Amigos mios, no sé si estaremos discutiendo esta cuestión dentro de diez años: puede muy bien suceder que, con la institución de la UEM, la realidad vaya más de prisa que nosotros y que acabemos en una situación en la que cada agricultor pueda recibir la misma cantidad de ayuda en las mismas condiciones, independientemente del lugar de la Unión Europea en que se halle. 
Quiero asegurar a la comunidad agrícola- no solamente a la de mi circunscripción, sino a la de todos los puntos de la Unión Europea- que este Parlamento sabe muy bien cuáles son las dificultades con que se enfrenta, y que este Parlamento hará todo lo que pueda para conseguir que sus consumidores reciban el mejor servicio posible, a un precio decente y en una forma que les permita mantener un nivel de vida relativamente bueno. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, ayer bajo la presidencia de la distinguida Sra. Fontaine me extendí un poco en mis palabras. 
Hoy voy a ser más breve. 
Durante los pasados años se ha evidenciado que, en repetidas ocasiones y con una duración prolongada, las variaciones en la paridad de las divisas han producido, a gran escala, conflictos y distorsiones de la competencia. 
Las agriculturas de los Estados miembros debían equilibrar estas situaciones de algún modo. 
Y la legislación de compensación no fue suficiente. 
En el período que contempla el informe, del 1.7.1995 hasta el 30.6.1996, es decir, una temporada agrícola, no hubo prácticamente oscilaciones de paridad y cuando las hubo fueron exactamente al contario que las anteriores. 
Quiero felicitar al ponente, el Sr. Hallam, por su informe. 
Hoy puedo señalar que en la comisión ya imperaba un amplio consenso. 
Y hoy, también, consentimiento. 
Queremos subrayar claramente que hay que continuar con el reto y con el esfuerzo hacia la simplificación y la máxima transparencia y, desde luego introducir en 1998 una nueva reglamentación, a pesar de que los ánimos estén agitados y nos encontramos en el umbral de la unión monetaria, la ampliación de la Unión, naturalmente de la ronda de la OMC y, sobre todo, de la discusión en torno a la Agenda 2000. 
A este respecto no hay nada más que añadir por hoy. 
Señor Presidente, señora Comisaria, a pesar de aceptar- y quisiera desde ahora mismo felicitar al Sr. Hallam por el entusiasmo que ha puesto en el debate de este asunto tan importante para todo y cualquier agricultor de Europa, ya sea del Norte o del Sur- las tesis de la Comisión relativas al régimen agromonetario en vigor, es decir, ninguna modificación fundamental de los acuerdos vigentes, simplificación del régimen sin discutir la totalidad del sistema, es decir, abolir la tasa de reconversión agrícola y volver a formular las posibles opciones futuras del régimen actual, consideramos necesario expresar algunas reflexiones. 
En primer lugar, es probable que el régimen agromonetario pase a ser visto como un atraso- no es la primera vez que sucede- y considerando sólo la introducción del euro, que se ha vuelto, de hecho, un ideal europeo. 
O sea, que en todo el período hasta esa fecha subsiste el más que fundado recelo y el riesgo de un importante aumento de los costos del FEOGA con una peligrosa inestabilidad de los mercados cambiarios. 
Una reducida representatividad del euro en su primera fase de aplicación constituiría un perjuicio importante para la producción agrícola, cuyo equilibrio se apoya en una compleja- todos la conocemos- e integrada arquitectura común, cuya ponderación es el resultado de una concertación política persistente, difícil y conflictiva. 
El mundo agrario, un sector susceptible de sufrir los efectos negativos de una reducción de las estructuras europeas, sobre todo después de haber sentido la dificultad que entrañan unos criterios monetarios de convergencia demasiado rígidos, siente, por tanto, con acentuada sensibilidad y miedo las consecuencias relacionadas con esa hipótesis. 
El informe agromonetario presentado por la Comisión a finales de 1996 confirmó plenamente las sospechas de un desvío de importantes corrientes financieras, que propiciaron un aumento del 28 % en el nivel básico de la directriz agraria. 
Una situación de esas dimensiones para el presupuesto de la Unión Europea comprometerá, en la práctica, la reforma de la PAC y ha imposibilitado completamente hacer, como se debía, las necesarias mejoras de las estructuras y de las organizaciones de mercado de los cultivos mediterráneos. 
Señor Presidente, permítame que comience por felicitar al Sr. Hallam por su informe. 
Si lo he leído bien, he podido entender entre lineas que saca una gran ventaja a su Gobierno y a su Partido, puesto que, en este momento, ya defiende la idea de que todos los Estados miembros de la Unión Europea han de formar parte de la futura UEM. 
A mi entender, éste es un punto de vista valiente para un miembro del Partido Laborista. 
En primer lugar, creo poder constatar que el actual régimen agromonetario ha funcionado perfectamente desde que se suspendió el mecanismo switch-over. 
Los gastos se han reducido considerablemente y, en la actualidad, la diferencia entre el tipo de conversión agrario y el tipo de cambio normal es del dos por ciento. 
Con un poco de suerte, esta diferencia se reducirá aún más el curso del próximo año. 
Eso sí, necesitamos un poco de suerte. 
Me pregunto si la Comisión ya está haciendo suficientes preparativos para la abolición del tipo de conversión agrario, una vez que entre en vigor la UEM. 
¿Qué va a suceder? 
¿Se concederán ayudas compensatorias a los agricultores o se subirán provisionalmente los precios para que los agricultores de Europa no sufran los inconvenientes? 
Si los Ministros de Hacienda ya han dejado claro que en el mes de mayo se van a vincular determinados tipos de cambio, creo que sería conveniente que la población agrícola de Europa sepa lo que va a suceder con el régimen de los tipos de conversión agrarios. 
¿También van a vincularse? 
Con ello, automáticamente, el actual régimen ya no sería necesario. 
Por tanto, la gran incógnita será: ¿Qué va a pasar con los países y las monedas que no participan en la UEM? 
¿Entrará en vigor un sistema análogo, etc.? 
Otro punto importante es- y lo planteo porque soy ponente del presupuesto agrícola de 1998- que en el presupuesto agrícola de 1998 no se han previsto, en ningún momento, medidas para esta clase de eventualidades. 
Me pregunto si esto es correcto. 
Si bien es cierto que todo lo anterior comenzará, con toda probabilidad, después del 15 de octubre de 1998, en el mes de mayo se vincularán las monedas y es posible que haya alguna incidencia con respecto al ecu verde. En mi opinión, la Comisión ha de estar preparada para esta posible situación. 
Por otra parte, me gustaría conocer el punto de vista de la Comisión sobre el tema que el Sr. Hallam acaba de exponer: en este momento, antes de emprender ninguna acción, tenemos un tope máximo del 5 por ciento y un límite mínimo del 2 por ciento. 
¿Existe la posibilidad de igualar dichos márgenes? Por ejemplo, ambos el 3 o el 5 por ciento o cualquier otra cifra, para que en el futuro, después de entrar en vigor la UEM, pueda llegarse efectivamente a la neutralidad presupuestaria. 
Señor Presidente, Señorías, el presente informe de la Comisión es continuación del compromiso asumido en el Consejo «Agricultura» de junio de 1995 de elaborar un informe anual que analice las consecuencias de las fluctuaciones monetarias y del régimen agromonetario en vigor sobre la Política Agrícola Común y el mercado único, acompañado de propuestas adecuadas para poner remedio a las dificultades que pudieran derivarse. 
Las partes A y B están dedicadas a la descripción de los acontecimientos monetarios y agromonetarios del período 1995-1996, incluida la concesión de ayudas compensatorias. 
La redacción del considerando A, tal como se ha propuesto en la enmienda 1, corresponde en gran medida a esta parte descrita en el informe de la Comisión. 
Por consiguiente, votaremos a favor de esta enmienda. 
La parte C es un planteamiento de las consecuencias económicas en el ámbito de los mercados agrícolas y a los ingresos de los agricultores; la parte D evalúa los efectos del régimen agromonetario sobre el acervo comunitario. 
En su informe anual sobre el régimen agromonetario, la Comisión propone, en el fondo, abandonar el tipo verde para los derechos de importación poniendo por delante un objetivo de simplificación de las reglas agromonetarias. 
El proyecto de informe inicial del Sr. Hallam conservaba esta propuesta. 
En el sistema actual coexisten dos tipos para el cálculo de los aranceles, el tipo arancelario y el tipo verde, llamado tipo de conversión agrícola. 
Todos deseamos una simplificación de este sistema, pero contrariamente a las propuestas iniciales del ponente, esta simplificación no debe, en nuestra opinión, operarse mediante el recurso en exclusiva al tipo arancelario, sino al contrario, utilizando sistemáticamente el tipo verde. 
En efecto, el tipo verde es superior al tipo arancelario. 
La diferencia del tipo de conversión entre ambos puede llegar al 5 %. 
En consecuencia, tanto la propuesta de la Comisión como la del ponente tienden a reducir la protección comunitaria. 
Todos sabemos aquí que, en el difícil contexto internacional que vivimos, la preferencia comunitaria se ve amenazada constantemente y con frecuencia puesta en duda al mismo tiempo por los acuerdos de la OMC y por la gran cantidad de acuerdos que la Unión Europea ha concluido con países terceros. 
Por consiguiente, es particularmente importante conservar la mayor protección posible y así mantener el tipo verde, que seguirá siendo utilizado para las deducciones y para los precios interiores, y ello cualquiera que sea el modo de cálculo del tipo elegido para el cálculo de los aranceles. 
En realidad, la verdadera simplificación es la que hemos propuesto en una enmienda que he presentado con mi colega Édouard des Places y que ha sido aprobada en la Comisión de Agricultura. 
La verdadera simplificación es la utilización del tipo verde para el cálculo de los aranceles, como ya lo es para el cálculo de las deducciones y los precios interiores. 
Las demás enmiendas que presentamos en comisión con mi colega Édouard des Places, y que han sido aprobadas, nos permiten apoyar totalmente la propuesta de resolución del ponente, excepto en lo que respecta al considerando A, para el que preferimos la redacción de la enmienda 1. 
Como conclusión, señor Presidente, todos deseamos una simplificación de las tareas administrativas para la totalidad de las empresas europeas. 
Nuestro planteamiento difiere del de la Comisión en un punto concreto: pretendemos preservar al máximo la preferencia comunitaria. 
Este ejemplo de la decisión de un tipo único de conversión para los aranceles nos muestra que la Comisión, por su parte, elige sistemáticamente la solución que peor preserva los intereses de la economía agrícola europea. 
Ningún acuerdo internacional u obligación jurídica obligaban a la Comisión a proponernos el tipo arancelario en lugar del tipo verde para el cálculo de los aranceles. 
Entonces, ¿por qué lo hace? 
Al igual que muchos agricultores, después de unas propuestas así y, sobre todo, después de la lectura de la Agenda 2000, me pregunto si la Comisión tiene voluntad real de preservar la única verdadera política comunitaria integrada que existe y fundamenta gran parte de la legitimidad de la Unión, como es la Política Agrícola Común. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a las felicitaciones de que ha sido objeto nuestro colega, David Hallam, por el excelente informe que ha preparado, informe que realmente aclara una cuestión que es complicadísima: la forma en que funciona el régimen agromonetario. 
He leído el informe, y tengo realmente la impresión de que comprendo mucho mejor dicho régimen. 
Quisiera asegurar también a nuestros colegas que David Hallam no ha escrito el texto de mi discurso de esta mañana, como tampoco he escrito yo el texto de su intervención de ayer acerca de mi informe. 
Mis elogios son realmente sinceros. 
Una de las razones de la satisfacción que causa este informe es que los agricultores tienen que enfrentarse con muchísimas incertidumbres en su labor. 
Una tormenta muy fuerte o un par de días de tiempo muy seco en el momento crucial del año pueden decidir si toda la labor realizada a lo largo de un año entero se salda con un beneficio o con una pérdida. 
Las fluctuaciones de los tipos de cambio representan otro riesgo en lo que se refiere a la planificación de la campaña agrícola. Se supone que el régimen agromonetario les ofrecerá cierta protección contra este riesgo. 
Ahora bien, como indica el informe, los aumentos y las disminuciones de los tipos de cambio no se compensan necesariamente, y es preciso efectuar ajustes para que los agricultores de un grupo de países no se vean en situación de desventaja como consecuencia de esas fluctuaciones monetarias. 
Me satisfacen sobremanera las propuestas de la resolución del Sr. Hallam que recomiendan el mantenimiento de la máxima estabilidad durante la fase que precede a la introducción del Euro. 
Queremos que en el régimen actual no haya más que los cambios mínimos requeridos para mantener el equilibrio financiero del sector agrícola durante este período de transición. 
Tengo la convicción de que los agricultores de toda Europa acogerán con satisfacción estas recomendaciones, pues la incertidumbre es su mayor problema en una esfera en la que es absolutamente esencial planificar a largo plazo. 
También yo quisiera felicitar al Sr. Hallam por su informe y agradecerle sus denodados esfuerzos por aclarar un tema que es complicadísimo. 
Una vez oí decir a un antiguo miembro del Consejo de Ministros que había preguntado oficiosamente a todos los ministros de finanzas que estaban sentados a la mesa del Consejo estudiando un cuadro estadístico en francés: » ¿Qué son los NC? ». 
Nadie pudo explicárselo. Hubo que mandar a buscar alguien de la Comisión. 
El Sr. Hallam se ha apañado mejor. 
Hay una cuestión que no me parece bien: al principio del primer párrafo de su informe se dice que hay bastantes dudas acerca de toda la cuestión de la UEM, o algo parecido. 
Nosotros, en este Parlamento, no podemos aceptar que haya dudas acerca de la UEM. 
El Parlamento tiene que aceptar que la UEM está siguiendo y tiene que seguir el calendario prefijado. 
En efecto, a mediados del año que viene la UEM intervendrá en quizá el 80 % de toda la economía de nuestros 15 países y tenemos que partir de esa base. 
He de mencionar otra cuestión: el Sr. Hallam parece sugerir que podemos seguir utilizando este sistema después de que haya entrado en vigor la unión monetaria. 
Aunque no cueste nada para el presupuesto de la Unión, lo cierto es que el régimen financia pagos para los agricultores de la zona de moneda fuerte a expensas de los agricultores de países de moneda débil. 
No puedo aceptar que necesitemos un régimen de ese tipo. 
Supongo que la unión monetaria funcionará ya a mediados del año que viene. 
Una vez que se hayan fijado los tipos de cambio, todo el régimen agromonetario será totalmente superfluo. 
Tendremos aproximadamente el 80 % de la economía de la Unión Europea en el sistema monetario y habrá un par de países que querrían adherirse al sistema pero que tienen monedas demasiado débiles. 
Sería un absurdo completo que sugiriésemos que se estableciese un impuesto para los agricultores que exporten productos de esos países si sus gobiernos se ven obligados a devaluar sus monedas. 
Por otra parte no puede aceptar que los países que tienen monedas fuertes y que podrían adherirse a la Unión Europea pero que no quieren hacerlo, puedan recibir la ventaja de subvencionar las reducciones nominales de precios que habría si sus monedas se revaluasen en relación con el Euro. 
Eso equivaldría a ofrecer una especie de incentivo a esos países para que no participasen en la unión monetaria si tienen monedas fuertes y pueden adherirse a ella. 
Me parece que debemos partir de la base de que hay que utilizar el Euro a partir del momento en que se hayan fijado los tipos de cambio monetario. 
A partir de ese momento, todo el sistema es superfluo y los agricultores que estén incluidos en el sistema podrán planificar con certidumbre absoluta, mientras que los agricultores que no estén en el sistema tendrán que ocuparse de los problemas exactamente como los demás sectores de su economía: producción, industria, servicios, importación o exportación. 
Cambiarán su moneda al tipo de cambio que les dé el Euro. 
No necesitamos ningún otro sistema. 
Comprendo que en el pasado se hayan ejercido presiones políticas en países como Alemania y los Países Bajos, cuyas monedas se estaban apreciando con gran rapidez. 
Había presiones políticas en favor de dar concesiones. 
Me acuerdo que en 1992, en un informe que yo preparé, el Parlamento rechazó el sistema de conversión. Con el tiempo, ese sistema produjo gastos para el presupuesto comunitario. 
Mi Grupo no estaba de acuerdo conmigo en aquel momento, pero lo cierto es que el sistema representó un costo de aproximadamente 7.000 millones de ecus para el presupuesto comunitario. 
Yo estaba en contra del sistema porque ocasionaba aumentos imprevistos e inesperados de los ingresos de los agricultores, con que los agricultores no contaban ni que esperaban hubiera. 
Si hoy hubiéramos tenido esos 7.000 millones de ecus para consagrarlos a los aspectos de desarrollo rural de nuestra política agrícola, hubiéramos podido alcanzar objetivos económicos y sociales mucho más próximos al sentir de la mayoría de los diputados de este Parlamento. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Hallam por su informe sobre un asunto tan delicado. 
Sin embargo, tanto yo, como el resto de los colegas, albergamos en este punto numerosas inquietudes acerca de algunas propuestas de la Comisión. 
La propuesta de la Comisión acerca del régimen agromonetario del mercado único es correcta en líneas generales. 
El ponente ha subrayado muy acertadamente que no es recomendable en la fase actual proponer reformas de menor importancia ya que en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, a partir de enero de 1999, esas normativas serán reformadas. 
Pero quisiera añadir muy especialmente que la banda de seguridad entre unos límites superiores e inferiores en la moneda local, tal como está propuesta en el apartado 1 del párrafo d) , no puede superar el margen del 2 ó 3 %, como máximo; y también parece que el párrafo e) del mismo apartado crea más problemas que los que pretendía solucionar. 
Según nuestra opinión, sería bueno que desapareciera totalmente. 
Una posibilidad de circulación de los recursos comunitarios tal como se propone aquí, podría llevar fácilmente a los países que gozan de una economía más fuerte a practicar juegos monetarios con las paridades a costa de los países económicamente más débiles, ya que estos últimos no serían capaces de reaccionar. 
Además, limita el libre ejercicio de la política financiera a los Estados miembros en una fase anterior de la UEM, porque este apartado es en realidad un sistema de premio y de castigo. 
Si un país de una economía más débil se ve obligado a devaluar su moneda para conseguir una reconversión y una agilidad mayor de las exportaciones, entonces llegará la Unión Europea con este sistema y castigará al agricultor. 
Es decir, repartirá las cantidades entre los más fuertes, perpetuándose así un circulo vicioso cada vez mayor.. 
La Comisión señala, por una parte, que no existían grandes oscilaciones monetarias, pero dice que fueron infravaloradas las monedas más fuertes, al tiempo que se daba también la tendencia a hipervalorar otras. 
Esto puede ser verdad, pero no es suficiente para llegar a medidas de tal índole. 
En las conclusiones de su exposición de motivos, el ponente defiende la postura de la Comisión acerca de que la Comunidad debería de alguna manera dejar de salvaguardar las rentas de los agricultores, como hace actualmente. 
«No asegurar» -dice- «que los agricultores reciban más dinero, aunque la moneda se devalúe o se aprecie». 
Desde el punto de vista contable, esta reflexión puede tener fundamento. 
Y parece que, una vez más, los criterios de la Comisión son contables, financieros. 
Pero, en la práctica, los agricultores realizan un trabajo muy duro, imponderable, que depende de múltiples riesgos externos que no son sólo las circunstancias climáticas y los desastres naturales, como se ha dicho aquí hoy, sino también de algunas decisiones de tecnócratas europeos. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Hallam sobre el funcionamiento del régimen agromonetario del mercado único durante el periodo 1995-1996 proporciona un buen panorama de este sistema, lo cual es motivo de agradecimiento. 
Con ayuda de un régimen ecológico para el ecu, lo que se pretende es alcanzar los dos objetivos que se recogen en el artículo 39 del Tratado de la UE: garantizar un nivel de vida aceptable a la población que vive de la agricultura y la liberalización del mercado. 
El sistema ha funcionado muy bien por lo que respecta a este cometido básico, a lo cual ha contribuido, por otra parte, la relativa estabilidad entre las monedas de los Estados miembros. 
No hemos asistido a ninguna crisis monetaria como la que tuvo lugar a principios de los años ochenta. 
El régimen agromonetario se deberá adaptar en el futuro a dos grandes desafíos: la posible entrada en vigor de la tercera fase de la UEM y la orientación del sector agrícola al mercado mundial. 
La transición a la moneda única, que tendrá lugar a inicios del año 1999, podría proporcionar una cierta estabilidad de cara a la gestión de la política agrícola común. 
Los países que participen en la moneda única no sufrirán ya fluctuaciones monetarias, si bien aún queda por dilucidar la cuestión de los Estados miembros que probablemente permanezcan al margen de la UEM. 
De acuerdo con las informaciones vertidas por la prensa, entre estos figurarán algunos países de gran tradición agrícola como el Reino Unido, Dinamarca y Suecia, si bien aún es posible que crezca esta lista. 
La Comisión no ha presentado ningún plan en relación con vistas al nuevo régimen, a pesar de que, como se ha mencionado en numerosas intervenciones, dicha cuestión ya comienza a cobrar actualidad. 
La otra cuestión reside en cómo orientar en mayor medida la producción agrícola de cara al mercado mundial. 
El principio fundamental del documento AGENDA 2000 es la adecuación del nivel de ayudas a la política agrícola con arreglo a los precios del mercado mundial. 
Sin embargo, este mercado mundial se rige en gran medida por el dólar estadounidense. 
En los últimos años, el dólar se ha fortalecido, por ejemplo en relación al ecu, en más de un veinte por ciento. 
Esta circunstancia es con toda probabilidad la responsable, cuando menos en parte, de la inseguridad que planea en el mundo por lo que respecta a la nueva moneda. 
Habida cuenta de que, especialmente al principio de su andadura, es posible que el curso del euro presente cierta inestabilidad, ello podría dar lugar a grandes fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas en el mercado mundial una vez que se hayan fijado en esta moneda. 
A su vez, esta circunstancia se vería rápidamente reflejada en los precios interiores y en las ayudas al sector agrícola de la UE, lo cual ocasionaría rápidas fluctuaciones. 
Por todo ello, se debe reflexionar minuciosamente sobre los vínculos internos, recogidos en la AGENDA 2000, que nos unen al mercado mundial y, por ejemplo, también al dolar. 
Hay que actuar de manera que, una vez que haya entrado en vigor el euro, no aumenten las oscilaciones entre los precios de los productos agrícolas y entre los subsidios al sector agrícola, así como para lograr- si fuera posible- una disminución de dichas fluctuaciones. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar hacer referencia a mi amigo el Sr. Hallam, quien ha expresado al principio, y con no poca justificación, que lamentablemente tenía que exponer un tema tan importante ante un Parlamento muy vacío. 
Yo estoy presente desde el comienzo, por ello quiero consolarle y decirle que, según mi experiencia, el viernes están presentes aquellos que buscan calidad y los que están ausentes no lo hacen. 
La ponencia del Sr. Hallam es muy actual por una razón. 
Tal y como lo ha subrayado en sus reflexiones, es desde luego cierto que actualmente sólo pueden tomarse medidas a corto plazo, ya que el conjunto de la situación monetaria se encuentra a las puertas de un gran cambio. 
Justamente durante esta discusión se ha puesto de relieve lo importante que para nosotros es tener una moneda europea común. 
Puedo hablar sobre mi propia circunscripción electoral de Alta Baviera, en la que nuestros agricultores aguardan la llegada de la moneda europea porque la mayor parte del comercio se realiza con Italia y las acusadas subidas y bajadas en el reciente curso de la lira les han causado graves dificultades. 
Tan pronto como tengamos una divisa europea esta circunstancia no podrá presentarse más. 
Para entonces esperamos tener estabilidad y yo diría que el conjunto de la propuesta del Sr. Hallam sería una propuesta de transición, si bien de importancia vital. 
Desde luego en todas las cuestiones que tienen que ver con la agricultura es de fundamental relevancia que consigamos completar esa transición. 
Mi opinión personal es que las perspectivas a largo plazo para la agricultura son extraordinarias. Y ello por una razón sencilla: nuestra sociedad industrial se interna a ritmo acelerado en un callejón sin salida. 
Hemos construido mayoritariamente con materiales no renovables. 
Ahora comienza la época de los materiales renovables. 
Y ciertamente debiéramos considerar como una gran advertencia los conflictos de pesca. 
Aún hace 10 años nos contaban que el mar sería ese gran espacio ilimitado en el que se solucionarían todos nuestros problemas. 
Hoy tenemos dificultades en el mar con los conflictos pesqueros entre Europa y Canada, entre Europa y África, entre España y Francia. 
Tenemos que reconocer que el fin de los materiales no renovables ha llegado y los materiales renovables provienen ahora de la agricultura. 
Si nos ocupamos mínimamente del problema y no nos cegamos inmediatamente con las críticas de determinadas empresas multinacionales, se comprende perfectamente que no se trata de ningún canto de futuro. 
Tomemos el ejemplo de los combustibles. 
La última vez he venido a la sesión plenaria conduciendo un coche impulsado por un aceite natural, no aceite de colza, sino un aceite que se extrae de hierbas. 
Es fabuloso poder conducir con eso. 
Sin embargo es un hecho que actualmente en Alemania, por ejemplo, se hace todo lo posible por evitar la implantación de una red de estaciones de servicio donde se pudiera comprar este aceite. Ello porque sería considerablemente más barato que lo que se ofrece y quizá porque el estado aún no haya extendido su pillaje al sector. 
En nuestra política agrícola lo más relevante es conservar nuestras estructuras agrícolas para el momento en que vayan a ser enormemente utilizadas. 
Yo diría, y con mi edad uno ya puede permitirse profetizar porque uno siempre se dice que no estará cuando vosotros me juzguéis, que sólo podemos esperar que estas estructuras agrícolas se conserven, que más tarde también sean la base de nuestra agricultura y que tenemos que hacer todo lo posible por establecer medidas de transición para los agricultores. 
En este sentido quiero dar las gracias calurosamente al Sr. Hallam por sus palabras, porque comparte esta misma perspectiva. 
Creo realmente que deberíamos adoptar gustosamente tanto este informe como la resolución. 
Me adhiero a las palabras del Sr. Habsburg en lo que se refiere a la importancia que tiene el tipo de economía rural para nuestro continente europeo. 
Pero, Sr. Habsburg, aun con su edad debería reflexionar si quiere ingresar en el partido de los Verdes, porque dadas sus proposiciones no se encuentra usted correctamente instalado entre los cristiano demócratas. El partido cristiano demócrata ha defendido aquí, y no sólo aquí sino también en los parlamentos nacionales, una política que apunta exactamente en la dirección contraria, en concreto hacia la destrucción de las explotaciones agrícolas, aquéllas que usted reclama absolutamente necesarias. 
En la UE se hecha a perder un campo cada dos minutos y normalmente se trata de las explotaciones más pequeñas. 
Anualmente se destruyen en la agricultura europea 500.000 puestos de trabajo. 
Este es un balance estremecedor y si se quiere ponerle fin hay que adoptar sus concepciones o elevar a fin último de la política agraria, aquello que siempre fue la política agraria verde, el apoyo al tipo de economía rural. 
En ese caso no tendríamos que debatir este informe que nos ocupa, Sr. Hallam, porque hay dos posibilidades para superar este sistema. 
La primera de ellas sería, tal y como usted ha mencionado, la consecución de la moneda única, y el segundo sistema consistiría en abandonar la intervención, la compra pública al por mayor y las subvenciones a la exportación. 
Porque las medidas monetarias y de compensación, que aquí se están debatiendo, son solamente necesarias para algunos sectores y productos en los que la intervención se lleva a cabo. 
Son los clásicos productos de los reglamentos de mercado y no, por ejemplo, las patatas, ni, por ejemplo, la verdura, ni, por ejemplo, la fruta, ni toda la gama de productos que en nuestra casa, en Baringdorf, van directamente del campo al mercado, a la relación directa del productor con el consumidor. 
Éstos productos no se ven de ningún modo afectados por las oscilaciones de las divisas. 
Tampoco disfrutamos de los pagos de compensación que afectan a este sistema monetario, sino que obtenemos los precios del mercado, recibimos los precios que marcan la calidad de los productos y la conciencia de los consumidores y consumidoras de que estos productos tienen un valor especial para ellos. 
En este punto vamos cada vez más en la dirección de que el valor de los productos no sólo se fija según la calidad que se encuentra en los mismos productos y que se puede medir cuantitativamente, sino que cada vez con mayor frecuencia, y así lo quiero decir, se les atribuye una calidad externa, que haya una estructura del paisaje, que nuestros mayores no queden desamparados, que obtengamos una diversidad de género, que haya un paisaje con explotaciones rurales y no, como podemos apreciar en la antigua RDA, con explotaciones que carecían de cualquier estética. 
El mérito cultural de Europa reside en el espacio rural y tiene en él su origen, no queremos reivindicar que esa cultura sea obra de los campesinos, pero ellos fueron la base de la misma. 
Si arremetemos contra esta base, no debería extrañarnos, que la cultura de Europa cambiase. 
De ahí que tengan mucho que ver estas cuestiones monetarias con el desarrollo general y por ello quiero reclamar aquí que cuando nos ocupemos de la Agenda 2000, que es el próximo asunto, en la que se hacen unos tímidos esfuerzos por abandonar este sistema intervencionista en favor de la obtención de productos de calidad para el mercado, aprovechemos la ocasión en el Parlamento Europeo para hacer una propuesta valiente en favor de la implantación de un proyecto de política agraria diferente y opuesto a la lógica agroindustrial. 
Quien entonces, tal y como lo permite nuestra norma fundamental y nuestra regulación económica liberal, quiera producir determinados bienes agroindustriales para el mercado mundial, puede hacerlo, pero, por favor sin ayuda estatal. 
Y para aquellos que conservan la cultura y el paisaje, que producen con calidad, que también están en contacto con los consumidores y no son responsables de las cantidades millonarias que ahora tenemos que gastar a causa de la EEB, para ellos tiene que haber un apoyo. 
El presupuesto agrario no es demasiado alto, la agricultura no es demasiado cara. 
Únicamente se ha gastado el dinero de forma equivocada, se ha gastado contra el mantenimiento de las estructuras y no a favor de la conservación de éstas. 
Si nos atrevemos a hacer un diseño valiente y si usted, Sr. Habsburg vuelve a reflexionar sobre lo del partido Verde, entonces estaremos en el buen camino y su memoria también será venerada. 
Entonces se dirá: a su edad aun dio el paso correcto. 
Señora Presidenta, ante todo quiero dar las gracias a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a su ponente, el Sr. David Hallam, y a los distinguidos miembros del Parlamento Europeo por el apoyo otorgado al informe y al régimen agromonetario del Mercado Único en el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996 y por el debate en esta sala en el día de hoy. 
Estoy completamente segura de que al comisario Fischler le ilusiona en gran medida el debate sobre la Agenda 2000 y la política agrícola, por lo que de ninguna manera aprovecharé esta oportunidad para iniciarlo. 
Quiero abordar un sencillo punto que la Comisión de Agricultura y Desarrollo de Zonas Rurales ha acordado. 
La Comisión opina que es demasiado prematuro presentar una propuesta de reglamento del Consejo sobre la adecuación del régimen agromonetario sobre la base del euro. 
Aún no sabemos todavía cuáles y cuántos países participarán en él y desconocemos cuál será el cambio fijado, por lo que tampoco sabemos nada sobre las correspondencias monetarias entre estos cambios y los actuales tipos de conversión agrarios. 
Mientras que se mantenga esta incertidumbre sobre la dimensión del problema, es el parecer de la Comisión el que no tiene objeto el presentar una propuesta de reglamento del Consejo. 
Aunque la Comisión puede aceptar plenamente las directrices de la resolución propuesta, me voy a permitir hacer una pequeña observación sobre la primera consideración. 
Opino que la declaración sobre la relativa estabilidad de las monedas desde hace varios años es demasiado general. 
Por este motivo, me alegra el hecho de que se proponga una modificación a la primera consideración para limitarla al período comprendido por el informe entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996. 
El Sr. Mulder planteó varias cuestiones específicas, y se me ha informado de que los diversos servicios parlamentarios también están tomando en cuenta los planteamientos citados aquí junto a los diferentes escenarios posibles, de manera que se presta atención a estos problemas. 
Quiero concluir diciendo que la Comisión está conforme con las directrices citadas en la resolución acerca del futuro régimen agromonetario, i. e. detalle y transparencia, un número limitado de modificaciones para los tipos de conversión agrarios y unos costes manejables, y con estas observaciones, agradezco, una vez más, este debate. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación del informe del Sr. Hallam. 
Nos hemos abstenido en la votación de este informe. 
Desde nuestro punto de vista, sería deseable modificar el régimen agromonetario del mercado interior a la mayor brevedad posible. Es inaceptable un coste anual de 1.300 millones de ecus. 
La cuestión reside en saber si el régimen cumple o no su función, habida cuenta de que, en la actualidad, casi todos los agricultores pueden extraer un beneficio económico del mismo. 
No existe ningún equilibrio, ya que el importe que se abona a los agricultores de los países que revalúan su moneda no se equilibra con el ahorro que se registra en los pagos a los agricultores que perciben más en su moneda nacional como consecuencia de las devaluaciones. 
Acogemos favorablemente las conclusiones del ponente, al afirmar que los regímenes agromonetarios deberán desempeñar un papel menos importante y suponer unos gastos considerablemente menores que en la actualidad. 
Es deseable lograr cuanto antes un ahorro en este ámbito. 
Me es grato felicitar al ponente por este excelente informe. 
Me tranquiliza el hecho de que él también esté a favor de una simplificación de las normas. 
Coincido con él en que, dada la gran inseguridad alrededor de la UEM, éste no es el momento idóneo para introducir grandes cambios. 
No obstante, en un plazo más largo se impone una reforma a fondo. 
Por el momento, las fluctuaciones monetarias todavía no pertenecen al pasado. 
Hemos de encaminar nuestros esfuerzos a un régimen que se autofinancie. 
Las condiciones recogidas en el párrafo 1 d) del proyecto de resolución no eliminan el carácter de final abierto del sistema. 
Este final abierto podría cerrarse mediante un mecanismo asimétrico: las compensaciones para los agricultores en los países que devalúan su moneda, se pueden plasmar en la moneda nacional, mientras que en los países que revalúan, dichas prestaciones se pueden expresan en ecus. 
Los agricultores de los países que revalúan su moneda podrán percibir posteriormente ayudas compensatorias procedentes de los ahorros. 
De esta forma, se favorece la neutralidad presupuestaria de las compensaciones agromonetarias. 
Con motivo de la reforma del régimen en el año 1995, esta Asamblea advirtió del riesgo de que los Estados miembros pudieran pagar, en parte, la compensación correspondiente a la revaluación de los tipos verdes. 
Del Informe Anual de la Comisión se desprende que Luxemburgo, Alemania y Bélgica, concedieron ayudas compensatorias adicionales a sus agricultores. 
Otros países, tales como los Países Bajos, Dinamarca y Austria, no pagaron su parte de la compensación. 
Por lo tanto, los productores recibieron un trato desigual en circunstancias comparables, dependiendo de su lugar de establecimiento. 
El Mercado Agrícola Europeo no puede tolerar estas diferencias. 
Es preciso, pues, que en la revisión del régimen agromonetario, se suprima la posibilidad de compensación nacional. 
Ya en el año 1969, el Consejo abandonó uno de los principios básicos de la Política Agrícola Común, a saber, la uniformidad del mercado y del precio. 
Es posible que la fase III de la UEM signifique la rehabilitación de este principio en una parte importante del mercado agrícola europeo. 
Condición para ello es, sin embargo, que los tipos de cambio se mantengan estables. 
En vista de las diferencias macroeconómicas entre los Estados miembros, no cabe esperar que se alcance dicha estabilidad en curso del año 1998. 
Sería muy conveniente que el Banco Central Europeo llevara, desde el principio, una política monetaria sólida, encaminada a la estabilidad de los precios. 
Las monedas nacionales al margen de la zona de la UEM, tenderán a devaluar con respecto al euro, sobre todo, cuando ingresen los países de la Europa Central y Oriental. 
Con ello he querido demostrar que los problemas presupuestarios seguirán existiendo hasta que la Comisión logre cerrar este final abierto. 
Por lo tanto, pido al Comisario que estudie mi sugerencia para mejorar el régimen agromonetario. 
La Comisión tiene la intención de esperar hasta el 1 de enero de 1999 para la reforma del régimen agromonetario. 
Entre tanto, el Consejo ECOFIN ha decidido que va a redactar, en el próximo mes de mayo, una lista de los participantes en la UEM. También fijará las paridades bilaterales entre las monedas de dichos países. 
Es probable que surjan diferencias entre las paridades mutuas, con arreglo al tipo de conversión agrario central. 
¿Qué piensa hacer la Comisión en este caso? 
¿Procederá a un ajuste repentino o progresivo? 
La decisión del Consejo ECOFIN pide a la Comisión que, inmediatamente después de mayo de 1998, presente una propuesta de reforma del régimen agromonetario. 
¿Puede la Comisión comprometerse en una fecha para presentar dicha propuesta? 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Felicito al Sr. Hallam, y me alegro de que hayamos contado con la asistencia de tantos colegas en la presentación de su informe. 
Es un gran estreno para un viernes por la mañana. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 10.10 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 19 de septiembre de 1997. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 19 de septiembre de 1997 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, del acta se deduce que el viernes finalizamos la sesión a las 10, 10 horas y que solamente teníamos un único punto en el orden del día. 
Pero hoy nuestro orden del día se encuentra totalmente sobresaturado, por lo que un acuerdo tan importante como el de cooperación con Macedonia solamente se puede tratar hacia eso de la media noche. 
Ruego que en el futuro prestemos más atención a una mejor economía de las sesiones. 
Si hubiésemos utilizado de un modo razonable el tiempo del último viernes, podríamos tratar hoy sobre este importante tema durante el día en presencia de los invitados. 
Señor Posselt, tiene usted razón. 
Es una lástima que no hubiese más asuntos preparados para la última sesión en Estrasburgo, pero se da la circunstancia de que las comisiones que debían haber terminado los correspondientes informes no pudieron aprobarlos a tiempo. 
Señor Presidente, quiero indicar que tenemos entre nosotros a dos invitados del Estado Federado de Bahía de Brasil. 
Acabo de participar en un seminario sobre MERCOSUR y creo que hablo en nombre de todos si me pronuncio en favor de una profundización de las relaciones con Brasil. 
Quiero saludar afectuosamente al Ministro Barbosa de Deus y al Vicegobernador de Brasil, Sr. Borges. 
Muchas gracias, hacemos extensiva la bienvenida que acaba de expresar usted aunque, como sabe, la norma de esta Asamblea es que sólo se da la bienvenida cuando ha habido una visita organizada oficialmente. 
Hay muchos ilustres visitantes que vienen invitados por nuestros diputados y entonces, normalmente, no se expresa esta bienvenida pública, pero nos sumamos a ella con mucho gusto. 
Señor Fabre-Aubrespy, no se deben mezclar las cosas. 
El Acta recoge lo que se ha dicho, y se ha dicho que nosotros tendríamos una reunión en el día de hoy, que estamos celebrando. 
En segundo lugar, en cuanto a la sentencia del Tribunal de Justicia, la Mesa ha encargado esta mañana al Jurisconsulto que emita su dictamen sobre las consecuencias que pudieran derivarse. 
Una vez emitido el citado dictamen, se transmitirá a los órganos competentes de esta Asamblea con el fin de valorar todas las conclusiones que se deduzcan. 
Señor Presidente, efectivamente, el Tribunal de Justicia acaba de dictar una sentencia que nos concierne directamente y en donde se dice que conviene interpretar la decisión de Edimburgo en el sentido de que ésta define la sede del Parlamento como el lugar donde habrán de celebrarse, a un ritmo regular, doce sesiones plenarias ordinarias. 
Por otra parte, el artículo 176 del Tratado de Roma, que define nuestros trabajos, establece que la institución de la que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria al presente Tratado, estará obligada a adoptar las medidas adecuadas para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia. 
Acaba de comunicarnos, señor Presidente, la iniciativa esperada y nos alegramos por ello. Ésta permitirá que nuestra institución se ajuste a la sentencia del Tribunal. 
En resumen, le pido, señor Presidente, que tome una determinación para que este Parlamento cumpla la sentencia y nos evite tener que pronunciarnos todos los años sobre un calendario que debería estar definitivamente fijado. 
Señora, no voy a seguir con este debate. 
La Mesa, que es el órgano competente, ha solicitado un dictamen sobre las consecuencias de este asunto. 
Se transmitirá a la Conferencia de Presidentes y a la Mesa y, si fuera necesario, al Pleno de la Asamblea para que se extraigan todas las consecuencias. 
No las prejuzgo, lo cual, por supuesto, no menoscaba en absoluto el derecho del Parlamento a fijar su calendario. 
Pero todo esto se hará de acuerdo con los tratados, con la sentencia del Tribunal de Justicia y con nuestro Reglamento. 
Al día de hoy, eso es todo lo que podemos hacer en este asunto, que es serio y no permite ninguna improvisación. 
En este momento no se trata de abrir un debate sobre el tema y espero que todo el mundo me ayude en este sentido. 
Quisiera hablar del período de sesiones del Parlamento y también sobre los períodos parciales de sesiones para 1998. 
Todos ustedes han oído, y lo lamento, la sentencia del Tribunal de Justicia que fue dictada a instancias de Francia. 
Tenemos... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Striby, escúcheme, he dicho que no continuaría con este debate. 
Cuando llegue el momento vamos a extraer las consecuencias de estos hechos de acuerdo con nuestro Reglamento, pero no discutiremos sobre ello ahora. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, he estado intentando conseguir hacer uso de la palabra desde que he entrado. 
He indicado a sus servicios que quería hacer una declaración en nombre de mi Grupo, la Unión por Europa. 
Se trata del tercer Grupo, en importancia numérica, del Parlamento. 
Quería visitar Angola en una misión de paz... 
(Interrupción del Presidente) 
Señor Presidente, quisiera señalar a su atención un asunto muy importante. 
El 19 de septiembre una diputada a este Parlamento, cuando regresaba del período de sesiones de Estrasburgo, fue invitada a una recepción oficial en Florencia. 
En esa recepción, dicha diputada, la Sra. Baldi, se acercó a Antonio di Pietro, el magistrado de Milán, uno de los candidatos al Tercer Colegio Senatorial de Toscana. 
En aquel momento, fue atacada por uno de los guardaespaldas de Antonio di Pietro y derribada al suelo. 
No se le prestó asistencia, pese a que tanto el Sr. di Pietro como el guardaespaldas sabían que la Sra. Baldi estaba allí como invitada de honor de esta institución. 
Señor Presidente, quisiera que planteara usted ese asunto a las autoridades italianas para conseguir que las autoridades competentes y el Sr. di Pietro presenten disculpas a la Sra. Baldi. 
Le entregaré toda una carpeta sobre ese caso, incluida documentación fotográfica y médica. 
Quisiera que adoptara usted medidas para restablecer la dignidad de los diputados a este Parlamento. 
Es un momento muy oportuno: la Comisaria Bonino fue detenida en Afghanistán recientemente. 
Debemos condenar esa clase de actos fuera de la Unión Europea y dentro de ella. 
Muchas gracias, señor Crowley. 
Yo le agradeceré que me envíe la documentación al respecto y tomaré las medidas oportunas, en contacto con las autoridades italianas. 
En cuanto a la Sra. Bonino, no nos ha pedido ayuda alguna y estoy seguro de que el Presidente de la Comisión la ha amparado en la medida de lo necesario. 
No necesita nuestro apoyo, pero lo tendría si fuese necesario. 
Solicitud de aplicación del procedimiento sin debate 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa acaba de solicitar la aplicación del procedimiento sin debate, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento, al informe del Sr. Kittelmann sobre el procedimiento de adopción de la posición comunitaria en el Comité Mixto de la Unión Aduanera instituido por la Decisión nº 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía, relativa a la ejecución de la fase definitiva de la Unión Aduanera. 
Por tanto, este informe se someterá simplemente a votación en el turno de votaciones de mañana a las 11.00 horas. 
Señor Presidente, se trata de una solicitud según el artículo 99 (2) del Reglamento. 
Quiero rogar al Sr. Presidente que no permita el informe Kittelmann- no sé si está en la sala- sin debate. 
Se trata de la profundización de la unión aduanera. 
En una fase en la que de facto debatimos también sobre una adhesión de Turquía a la Unión Europea y se encuentran pendientes los problemas relacionados con Chipre, no podemos permitir un informe de este tipo sin debate. 
Ruego al Sr. Presidente que actúe del modo correspondiente, pues hay que decir algunas cosas al respecto, también por parte del Sr. Kittelmann. 
Usted ha invocado el artículo correspondiente del Reglamento y, como usted sabe, el informe debe someterse a votación sin debate salvo en el caso en que al menos 29 diputados pidan que se someta a debate. 
¿Hay 29 diputados que apoyen la petición del Sr. Kreissl-Dörfler? 
(El Presidente constata que más de 29 diputados apoyan la solicitud del Sr. Kreissl-Dörfler, por lo que el informe se inscribirá con debate en el proyecto de orden del día de uno de los próximos períodos parciales de sesiones) 
Asuntos políticos urgentes 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre las líneas directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1998 (preparación del Consejo Europeo sobre el empleo de los días 20 y 21 de noviembre de 1997 en Luxemburgo). 
Doy la palabra al Presidente de la Comisión, Sr. Santer. 
Señor Presidente, la comunicación sigue básicamente las mismas líneas que el informe que debatiremos dentro de poco en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales aunque, evidentemente, haya diferencias. 
Tengo dos preguntas. 
En primer lugar, no encuentro en toda la exposición sobre los incentivos fiscales la propuesta de rebajar el IVA en sectores de alta intensidad laboral. 
Me gustaría que me informara el señor Presidente si me equivoco en este punto. 
Y si no estoy equivocado, cuáles son los argumentos para no llevar a cabo esa propuesta tan importante, para la cual la Comisión misma tiene poder de decisión. 
En segundo lugar, quiero saber si usted ha basado esta propuesta en el sondeo de los Estados miembros o, dicho de otra forma: ¿cuánto apoyo cree usted que van a recibir sus propuestas en el Consejo en Luxemburgo? 
Señor Presidente, por lo que respecta a las propuestas fiscales, esta misma mañana hemos detallado un paquete global de medidas, entre ellas un código de conducta sobre el régimen fiscal junto con otra serie de propuestas, que tienen por objeto al mismo tiempo la fiscalidad directa y la fiscalidad indirecta. 
Este paquete será sometido, además, al Consejo «ECOFIN» del 13 de octubre. 
Esperamos que el citado Consejo proporcione algunas orientaciones para el Consejo Europeo del 21 de noviembre, ya que consideramos que el paquete fiscal ha de influir también en el empleo, que hay relaciones entre el empleo y la fiscalidad al igual que sucede con otros campos como por ejemplo el medio ambiente, etc., y contamos con que el Consejo Europeo del 21 de noviembre proporcione también algunas orientaciones. 
Por lo que respecta a su segunda pregunta, sobre si el Consejo se comprometerá con nuestros planteamientos, le contestaré que eso es precisamente lo que esperamos. 
En el tema de la fiscalidad, la unanimidad sigue siendo la norma y, en este sentido, consideramos que, cuando menos, de aquí al final del semestre de esta Presidencia, es decir, a finales de diciembre, podremos llegar a un acuerdo político relativo al paquete fiscal y espero que también relativo al paquete fiscal en relación con el empleo. 
Señor Presidente, de acuerdo con lo que muestran las estadísticas, una manera de reducir el desempleo- y hago aún hincapié en que esto es lo que muestran las estadísticas- pasa por la reducción también de la oferta de mano de obra mediante distintos tipos de reglamentación y subvenciones, es decir, despidiendo y mermando la participación de los trabajadores. 
¿O prefiere usted alinearse con las propuestas del señor Blair para el Reino Unido, es decir, con el aumento del empleo mediante una mayor flexibilidad de las reglas que bloquean el mercado laboral en Europa? 
Hemos incluido esa cuestión en una de las directrices sobre el empleo, en la que hablamos de la necesidad de que los sistemas fiscales hagan una mayor contribución al empleo. 
Para alentar a las empresas a crear más puestos de trabajo nuevos, los Estados miembros deben aprovechar el actual clima macroeconómico favorable a fin de invertir por fin la adversa tendencia a largo plazo hacia el aumento de los impuestos y, de hecho, los costos laborales, que han aumentado del 35 % en 1980 a más del 42 % en 1995. 
Conque lo que decimos es que cada uno de los Estados miembros debe fijar un objetivo de reducción de la carga fiscal representada por la mano de obra sin por ello dejar de mantener la neutralidad presupuestaría con vistas a lograr avances importantes en el año 2000. 
Mi pregunta se refiere a la política de esa cumbre extraordinaria sobre el empleo. 
Me gustaría que el Presidente Santer nos diera su evaluación de la situación sobre el impulso cobrado a medida que se acerca esa cumbre extraordinaria. 
De Amsterdam salimos a toda marcha tras el debate sobre el empleo. 
¿Cree que las directrices que ha adoptado hoy pueden ser un factor de cohesión para los jefes de Estado? 
¿Cuál es su evaluación de la dinámica actual entre los Estados miembros y cuál sería su criterio para evaluar el éxito de la cumbre extraordinaria? 
Por supuesto, es preciso movilizar a todos los protagonistas para que el Consejo Europeo sea un éxito. He dicho cuáles son las dificultades de esta cumbre. 
El ejercicio que hemos hecho esta mañana, es decir, las propuestas de líneas directrices, que son un estreno en materia de empleo porque anticipan el capítulo sobre el empleo del Tratado de Amsterdam, supone claramente una actuación de nuevo cuño. 
Y ello porque impulsa un proceso que permite a los Estados miembros reconsiderar anualmente la situación del empleo y aprobar líneas directrices para la política nacional de empleo. 
Por tanto, a partir de estas líneas directrices, pretendemos, un poco como se hace también en la Unión Económica y Monetaria, determinar métodos de convergencia y supervisión que permitan a los Estados miembros disponer de un monitoring, para saber si se han alcanzado los objetivos cada año. 
En segundo lugar, me pregunta usted cómo conseguir que evolucionen todas las medidas para que el Consejo Europeo del 21 de noviembre sea un éxito. 
Creo que es necesario movilizar a las demás instancias. 
He hablado de los agentes sociales, que tienen una función primordial que desempeñar, y por ello hemos organizado una cumbre para ellos el próximo 13 de noviembre. 
Considero que han de adherirse los demás órganos de la Comunidad, como el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, etc. Es preciso que se inicie realmente un proceso. 
Somos muy conscientes de que no será en el propio Consejo Europeo donde crearemos empleo, pero es preciso que se ponga en marcha un proceso y creo que, si es ésa la voluntad política de los quince Estados miembros, y tienen un documento que fundamenta esta voluntad política al aceptar el capítulo sobre el empleo del Tratado de Amsterdam que se firmará mañana precisamente en Amsterdam y al que hemos de someternos, entonces creo que este Consejo tiene una posibilidad de éxito. 
Presidente, esta cumbre sobre el empleo tiene que saldarse con éxito y por esa razón quiero insistir de nuevo en las dos preguntas que han sido formuladas por el Sr. van Velzen, ya que soy de la opinión de que no se ha respondido a esas dos preguntas del Sr. van Velzen. 
La primera pregunta era: ¿qué propone usted exactamente con arreglo a los impuestos? 
¿Propone Ud., por ejemplo, en concreto un desplazamiento de las cargas fiscales sobre el empleo a otros ámbitos tales como tasas energéticas? 
¿Y hará propuestas en el marco del IVA, sobre el cual tenemos competencia de reducir, las cargas sobre los sectores intensivos? 
Mi segunda pregunta vinculada a ello, la ha contestado ya tres veces, es: ¿qué posibilidad exacta tiene la Comisión Europea si los Estados miembros no están dispuestos a fijar criterios de convergencia? 
¿Qué sanciones puede imponer entonces la Unión Europea? 
¿O seguimos nadando como hemos hecho, como se empezó en Essen, donde se dijo que se iba a hacer esto y lo otro, pero que finalmente se carecía de fundamento para que los Estados miembros llevaran el asunto a cabo? 
Por último, Señor Presidente, ¿qué propuestas va a hacer para las reformas a largo plazo? 
Dado que lo que propone ahora tiene que ver con el corto plazo, ¿qué quiere hacer a largo plazo? 
Por lo que respecta al régimen fiscal, consideramos que debe ser más favorable al empleo. 
No he desarrollado la totalidad de las propuestas que, evidentemente, deben ustedes estudiar en ese paquete global y que incluye varias decenas de páginas pero pensamos que, si pretendemos estimular a las empresas a crear nuevos empleos, los Estados han de explotar el clima macroeconómico favorable para invertir, a largo plazo, la tendencia al entorpecimiento de la fiscalidad de las deducciones obligatorias. 
Hemos fijado un objetivo para la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo, manteniendo la neutralidad presupuestaria, de forma que, de aquí al año 2000, puedan conseguirse progresos sustanciales. 
Hemos hecho también una propuesta relativa a la fiscalidad de la energía y que sigue sobre la mesa. 
Consideramos que ése es quizá uno de los medios que permitirá reducir la presión fiscal sobre el trabajo. 
No es ésta una propuesta nueva ya que, desde el Libro Blanco en 1993, no hemos dejado de repetirla, y tanto la Comisión anterior como la mía han hecho propuestas en este sentido. 
Por consiguiente, existe un conjunto de propuestas que tienen por objeto reducir la presión fiscal sobre el trabajo y reforzar la tendencia general. 
Si usted examina el expediente sobre la fiscalidad, encontrará puntos muy precisos en este sentido. 
Después, pregunta usted cuáles son las sanciones previstas por la Comisión. 
Es difícil decirlo porque se trata de un proceso que estamos iniciando. 
Tampoco hemos previsto sanciones en nuestro planteamiento cuando iniciamos el proceso para la Unión Económica y Monetaria. 
Contamos con lo que llamamos el peer review, es decir, esa disciplina de grupo que se manifestará en el ámbito del Consejo, en el examen de los informes nacionales que los diferentes Estados miembros sometan anualmente y que habrán de insertarse en el ámbito de las líneas directrices. 
Posteriormente, como ya ha quedado reflejado en el capítulo sobre el empleo, la Comisión tiene derecho a formular recomendaciones a los Estados miembros. 
Todavía no es el caso. 
Por supuesto, esperamos al Consejo Europeo del 21 de noviembre para ver de qué manera podremos elaborar recomendaciones a los Estados miembros. 
Por consiguiente, hay todo un proceso que iniciar. 
No se ha fijado ninguna sanción porque resulta obligado recordar que la política social, la política de empleo o la política económica siguen siendo esencialmente competencia nacional. 
Señor Presidente, desearía preguntar aún al Presidente de la Comisión acerca del régimen fiscal. 
Si el Consejo no está preparado en la actualidad para adoptar una decisión unánime a este respecto, ¿qué conclusiones extrae la Comisión de esta circunstancia? 
De hecho, todas estas medidas se desfondarán si no somos capaces de modificar el centro de gravedad en materia fiscal para lograr la aplicación de modalidades sustitutivas de impuestos en los ámbitos de la energía y del impuesto sobre el valor añadido que permitan reducir el gravamen fiscal sobre las actividades laborales. 
Si se procediera únicamente a aliviar esta carga fiscal sobre el trabajo, ello obligaría a llevar a cabo recortes en materia de seguridad social. 
¿Es posible que el punto de partida de la Comisión sea la reducción de la carga fiscal al trabajo a expensas de un debilitamiento de la seguridad social? 
Desearía preguntar igualmente al Comisario Flynn qué se entiende por esta flexibilidad que se pretende aumentar en nombre de la capacidad de adaptación. 
¿Acaso se entiende por este término una evolución similar a la de los Estados Unidos, donde los nuevos puestos de trabajo son, de hecho, puestos de trabajo que no proporcionan a los trabajadores unos ingresos suficientes para vivir, o equivale, por el contrario, a un diálogo en el seno del mercado laboral? 
Lo primero que se debe decir aquí es que este proceso requerirá que cada uno de los Estados miembros elabore un plan de acción. 
Dicho plan será interactivo y abordará concretamente todos los asuntos planteados en las directrices, pero siempre- conviene recordarlo- dentro de un marco común europeo de objetivos y directrices establecidos. 
Pero cada uno de los Estados miembros lo orientará en función de sus circunstancias particulares. 
Respecto de la sanción, después de que la cumbre de diciembre adopte las directrices, los Estados miembros habrán de redactar los planes de acción. 
Entonces estaremos en condiciones de evaluar y supervisar lo que hagan los Estados miembros. 
Es posible que, a consecuencia de esa evaluación, la Comisión pueda hacer recomendaciones, por iniciativa propia, a cada uno de los Estados miembros sobre cómo han afrontado los imperativos de las directrices. 
No estamos hablando aquí de reducciones en la seguridad social; no se trata de eso. 
En los sistemas de seguridad social se gastan fondos enormes: más de 200.000 millones de ecus al año. 
Dos terceras partes de ellos se utilizan para medidas pasivas de mantenimiento de la renta. 
Queremos que se transfiera a políticas activas en materia de mercado laboral una proporción mayor de las reservas fiscales y de los sistemas de seguridad social. 
Debemos recordar siempre que se trata de medidas correspondientes a la estrategia acordada en Amsterdam. 
Eso es lo que nos pidió que hiciéramos la Cumbre de Amsterdam: considerar el desempleo y la creación de puestos de trabajo como un asunto de incumbencia común. 
Por lo que se refiere a las sanciones, no vamos a actuar en contra de los Estados miembros; vamos a actuar junto con los gobiernos. 
Estamos construyendo la cooperación para que al final podamos dar un salto cuántico. 
Ese proceso se remonta a 1993 y ahora ha llegado a un punto en el que podemos establecer directrices que ayudarán a los Estados miembros a elaborar sus planes de acción. 
Señor Presidente, la Comisión pretende cambiar radicalmente en cinco años. 
Es increíble ese optimismo, pero creo que, sin visión, nunca hay éxito. 
Para la nueva cultura de empresa ha de ponerse en práctica, por supuesto, la nueva mentalidad. 
Es una óptica a largo plazo. 
A corto plazo, es preciso pensar en la financiación de las empresas. 
No hay ni que pensar en que sea necesario un nuevo volumen de fondos. 
De lo que estamos hablando aquí es de tomar las estructuras financieras existentes, ya sea en el nivel comunitario o en el nacional, y convertirlas en políticas más activas en materia de mercado laboral. 
Debemos recordar que estamos hablando de aumentar la tasa de empleo al 65 % en cinco años. No es un objetivo inalcanzable. 
Teníamos esa cifra antes, en el decenio de 1970, cuando nuestra tasa de empleo estaba a la par con la de los Estados Unidos. 
Pero éstos han avanzado más. 
Según una simulación que hemos hecho, si conseguimos mantener el ritmo de crecimiento macroeconómico al menos en el 3 % anual en los próximos años, junto con las reformas estructurales y las directrices en materia de política de empleo que estamos proponiendo aquí, alcanzaremos al menos una tasa de empleo del 65 %, que corresponde a una tasa de desempleo de entre el 7 % y el 8 % al cabo de cinco años. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, estamos debatiendo aquí ante el trasfondo de casi 30 millones de parados y más de 50 millones de pobres en nuestra Unión. 
No debemos creernos que con la caja para franqueo vamos a poder financiar la necesaria política activa de mercado laboral. 
Pregunto a la Comisión si en diciembre, en relación con la iniciativa Monti, va a debatir al menos sobre la recuperación de la capacidad de fiscalización de operaciones financieras, de los beneficios empresariales y de los patrimonios, pues ante el pacto de estabilidad, solamente es posible mediante los beneficios en el lado del Debe. 
En segundo lugar, ¿dónde está la responsabilidad de la industria? 
¿Qué quiere hacer la Comisión para que la industria, en vez de destruir puestos de trabajo mediante la racionalización y deslocalización, genere puestos de trabajo y de formación? 
En tercer lugar, saludo que no se trate de una cumbre de la desregulación, si bien esto no es suficiente para contentarme. 
Tampoco debe tratarse de una cumbre del workfare y de la flexibilización, pues este modelo proveniente de los EE.UU no se puede aplicar a las sociedades europeas y ha conducido también allí a la destrucción de la cohesión social y a una ausencia permanente de paz social. 
Lo que pretendemos es promover y alentar la adaptabilidad. 
Estamos hablando aquí de la modernización de la organización laboral y de las estructuras laborales de la Unión. 
Vamos a pedir a los interlocutores sociales- que van a desempeñar un papel decisivo en todo esto- que negocien, en particular en los sectores económicos que están experimentando un importante cambio estructural, acuerdos sobre la organización laboral y disposiciones laborales flexibles. 
También se pedirá a los Estados miembros que creen un marco para formas más adaptables de contrato, teniendo en cuenta formas de empleo cada vez más diversas. 
Se debe dar una mayor seguridad a quienes tengan una situación laboral atípica: por ejemplo, una categoría laboral. 
No se debe castigar desde el punto de vista de la promoción profesional a quienes opten por una jornada laboral reducida. 
En definitiva, estamos apoyando la adaptabilidad en la empresa y queremos que haya una mayor empleabilidad y que se reduzca el desfase en materia de conocimientos especializados, que es el principal déficit estructural de la Unión en el momento actual. 
Señor Presidente, voy a empezar por un punto específico de su comunicación y, precisamente, por ese donde menciona que el 45 % de los estudiantes de enseñanza secundaria no terminan sus estudios. 
A estos últimos hay y que añadir un 65 % de estudiantes universitarios que tampoco consiguen licenciarse. 
De ahí que se me ocurre una idea que transformo en una propuesta dirigida a la Comisión: junto con los incentivos en favor del sector empresarial y la formación profesional de dichos jóvenes que se convierten en otros tantos desempleados, ¿por qué no puede preverse un programa de ayuda a los estudiantes en dificultades que, con mucha frecuencia, lo están no porque les falten ganas de estudiar, sino porque necesitan trabajar? 
¿Por qué no puede presentarse un programa que les ayude a acabar sus estudios? 
Obtendríamos un doble resultado: en primer lugar, lograríamos que disminuyera el número de desempleados potenciales y, en segundo lugar, conseguiríamos que aumentara el nivel cultural de estos jóvenes que, en consecuencia, tendrían mayores oportunidades de empleo a nivel superior. 
¿Por qué no se puede transformar esta propuesta en un futuro programa? 
Se trata de una idea muy buena. 
Quisiéramos indicar que entraña empleabilidad, es decir, el aumento de la capacidad de las personas para conseguir un empleo. Y ésa es la esencia de las directrices que estamos presentando hoy a Sus Señorías. 
Estamos hablando aquí de abordar el problema del desempleo de larga duración y el del desempleo juvenil. En particular, estamos hablando de quienes nunca han tenido la oportunidad de recibir formación. 
No debemos olvidar que el 10 % de todos los desempleados de Europa no han recibido formación alguna. 
Ésas son las personas que acaban engrosando las filas de los desempleados de larga duración. 
Queremos que se aplique una directriz y declaramos aquí muy concretamente que toda persona desempleada, después de doce meses de desempleo, deberá estar ocupando un puesto de trabajo o recibiendo formación o contar con una experiencia laboral. 
Y toda persona menor de 25 años estará, al cabo de seis meses, en una situación similar de formación, educación o experiencia laboral. 
De modo que desde el comienzo intervendrá la ética del trabajo y al final podremos reducir el nivel de dependencia en la Unión. 
Eso es lo que hay que abordar para colmar el desfase en materia de conocimientos especializados que está complicando la situación de todo el mercado laboral de Europa. 
Señor Presidente, en este momento nos encontramos en un período de transición hasta que se ponga en marcha la Unión Monetaria, que va a ser el instrumento que nos permita ser más competitivos y converger en nuestras economías. 
Pero el hecho cierto es que hoy los Estados miembros están haciendo un importante esfuerzo para sanear sus finanzas y para converger. 
Me gustaría que el Sr. Presidente de la Comisión valorara el esfuerzo que están haciendo los Estados miembros para la convergencia de sus economías y su incidencia en el mercado laboral y en la creación de empleo. 
Y también quisiera que el Sr. Presidente de la Comisión valorara cuál ha sido el grado de cumplimiento de los planes plurianuales de empleo desde 1995 y cómo ha valorado la Comisión dichos planes. 
En realidad, se han hecho muchas cosas en el pasado reciente. 
Si bien el Presidente Santer y yo nos hemos centrado hoy en las directrices sobre el empleo, también aprobamos otros dos documentos. 
Uno de ellos es el informe sobre el empleo correspondiente a 1997, en el que hemos reunido todos los datos, los hemos analizado y hemos examinado las cuestiones normativas. 
El segundo documento, el informe conjunto, reviste considerable importancia, porque de ese documento se derivaron las directrices. 
El informe conjunto es una recopilación de todos los procedimientos óptimos que se nos presentaron en los programas multianuales y de las propuestas hechas al Presidente en ejercicio de Luxemburgo. 
Hemos sacado las enseñanzas de las medidas y las experiencias óptimas, que figuran en el informe conjunto. En él se verá claramente que la mayoría de los Estados miembros han estado haciendo cosas positivas por lo que se refiere al desarrollo de sus mercados laborales y sus sistemas educativos y reformas de todos los demás sistemas. 
Por desgracia, no siempre se ha hecho de forma coordinada. 
Con estas directrices y con el mandato de Amsterdam, pretendemos lograr una acción coordinada expuesta en los planes de acción a fin de que podamos abordar el proceso de evaluación con carácter permanente. 
Se ha hecho mucho; no queremos dar a entender que los Estados miembros no concedan prioridad a esta cuestión. 
Pero ahora, por fin, gracias a Amsterdam, tenemos este proceso que permite que la estrategia haga mella de verdad. 
Y creo que hoy hemos agarrado el toro por las astas. 
Señor Presidente, aquí se han expuesto numerosísimas cuestiones relacionadas con la fiscalidad. 
Esta cuestión representa efectivamente un elemento muy importante de este paquete para el empleo que presenta la Comisión, o debería ser un elemento importante de la propuesta de la Comisión, entre otras razones, porque el Presidente de la misma ha afirmado que no se deben fijar excesivas expectativas por lo que respecta a las posibilidades de la Unión Europea para mejorar la situación del empleo. 
Sin embargo, la fiscalidad es uno de los medios que permiten verdaderamente lograr resultados. 
Desearía preguntar de qué manera están presentes en esta propuesta la imposición fiscal sobre el capital y su armonización. 
En caso de que no lleguemos a un acuerdo sobre esta cuestión, existe el temor de que nos veamos expuestos a una situación de dumping o a una competición en materia fiscal en cuanto se desate el ansia de los diversos Estados miembros por atraer puestos de trabajo e inversiones. 
Desearía aún formular, una vez más, la misma pregunta que se ha escuchado aquí en varias ocasiones: ¿qué quiere decir la Comisión cuando afirma que la flexibilidad salarial constituye un medio acertado para velar por la situación del empleo? 
Señor Presidente, para responder a esta pregunta, el paquete fiscal no forma parte de la presente comunicación de la Comisión, que tiene relación, exactamente, ya lo he dicho al principio y no debemos equivocarnos de tema, con las propuestas de líneas directivas para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1998, aplicándolas por adelantado con respecto al capítulo sobre el empleo del Tratado de Amsterdam. 
Es la comunicación que les he expuesto en el día de hoy. 
Ahora bien, aparte de esta comunicación, la Comisión ha detallado otro paquete fiscal esta mañana, pero en otro contexto. 
Se trata de un acuerdo de principio concluido en el Consejo informal de Ministros de Finanzas que tuvo lugar en Luxembourg-Mondorf-les-Bains hace algún tiempo, y del cual forma parte la armonización de la fiscalidad sobre el capital. 
Se trata de un paquete aparte que vamos a someter al Consejo «ECOFIN» el 13 de octubre. 
Por supuesto, le doy toda la razón sobre el hecho de que la competencia fiscal que existe actualmente entre los Estados miembros reduce las bases imponibles, crea problemas de beneficios fiscales para los Estados miembros y provoca el dumping fiscal. 
Por ello, considero que es necesario reaccionar contra esta competencia malsana entre los Estados miembros en materia de fiscalidad y, como ya he dicho, nosotros pondremos en práctica orientaciones más precisas a partir del Consejo Europeo para concluir, cuando menos con un acuerdo político, el paquete global sobre la fiscalidad que, le aseguro, va muy lejos. 
De este modo al menos tenemos la seguridad de haber conseguido desbloquear, después de un largo trabajo de dos años, el paquete de la fiscalidad que, como usted sabe, se había atascado en los últimos tiempos. 
Por consiguiente, creo que, el próximo 13 de octubre, el Consejo «ECOFIN» podrá dar luz verde a un acuerdo político que ratificaremos posteriormente en el Consejo Europeo. 
Señor Presidente con gusto le doy la razón a su Señoría, porque siempre he considerado que es un deber moral para cada Estado combatir el desempleo, que es una de las lacras de nuestro tiempo. 
El 31 de enero del año pasado yo mismo tomé la iniciativa de desarrollar ante ustedes un Pacto de Confianza por el empleo que, debo reconocer, no tuvo el mismo éxito entre los Estados miembros que entre ustedes. 
No he dejado de repetir que es preciso hacer algo contra el desempleo si Europa desea seguir siendo creíble ante los ciudadanos, ya que es necesario pensar en la percepción que tendrá el hombre de la calle, el trabajador europeo, si no conseguimos encauzar esta lacra. 
Me agrada enormemente que en Amsterdam se haya podido admitir este capítulo sobre el empleo (no era fácil, el Presidente lo sabe muy bien, por haber participado en una serie de reuniones de la Conferencia Intergubernamental) , ya que ahora, al menos mutatis mutandis, se ha establecido una correlación con el proceso que llevamos con la Unión Monetaria. 
En estos momentos, según la percepción de los ciudadanos, la Unión Europea no es sólo un mercado, no es sólo una moneda única sino que tiene también una dimensión social. 
Y espero, incluso diría que estoy convencido de que, gracias al proceso que se va a iniciar, los Estados miembros asumirán también sus responsabilidades. 
El proceso que va a resultar permitirá reconsiderar la situación del empleo de forma anual porque será necesario asegurar el seguimiento concreto año por año. 
Creo que es aquí donde radicará su éxito. 
Señor Flynn, ya que ha hablado usted de salto cualitativo y de nueva cultura, quisiera plantearle la posibilidad de que la Comisión pudiera sugerir, desde una orientación creativa intelectualmente, la perspectiva siguiente: ya que, como sabemos, las PYMES son la fuente principal de creación de empleo, ¿se podría considerar que una madre de familia numerosa fuera realmente el empresario de una verdadera PYME? ¿No habría que pensar entonces en una renovación muy profunda de nuestros conceptos en materia de economía? 
Sufro viendo que aún se piensa que esas madres no forman parte de la población activa cuando, en un trabajo de formación tan importante como es la infancia y que es la base de la formación posterior, éstas realizan una tarea de un enorme valor social. 
¿No sería ésta una gran innovación para proponer a los Estados miembros? 
Su Señoría tiene toda la razón. 
Le interesará en particular la cuarta línea de acción que hemos denominado así: » Fortalecer las políticas en pro de la igualdad de oportunidades». 
En ella declaramos con toda claridad que, según los informes demográficos esbozados, la población en edad de trabajar aumenta ahora mucho más despacio que durante los veinte últimos años. 
A lo largo del próximo decenio va a disminuir. 
A largo plazo tiene toda la razón Su Señoría: el aumento del empleo necesario para sostener nuestro nivel de vida y el modelo social europeo depende fundamentalmente de un aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral. 
Creo que lograremos resultados con lo que hemos puesto en marcha hoy. 
Como recordarán Sus Señorías, cuando se presentó el Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, se lo consideró un gran avance en el desarrollo de la política europea. 
Rechazaba la desreglamentación general y el crecimiento exclusivamente como solución para nuestros problemas en materia de desempleo. 
Propugnaba el crecimiento y la reforma estructural. 
Pero ninguna de ambas cosas se han logrado en la medida en que esperábamos. 
Los Gobiernos han tardado mucho y a veces han sido muy tímidos a la hora de adoptar las reformas que propusimos en aquel momento. 
Pero la situación ha cambiado y ha avanzado. 
Ahora se ve que hay un compromiso mucho más firme y resulta evidente desde la Cumbre de Amsterdam. 
Y hoy hemos comprendido aquí lo que es necesario para seguir avanzando y hacer que el compromiso sea realmente substancial: disponer de planes de acción que den resultado a lo largo de los cinco próximos años. 
Doy las gracias al Presidente de la Comisión y al Comisario Sr. Flynn por sus respuestas y por la prontitud con que han contestado a las preguntas formuladas. 
Queda cerrado este punto. 
Ejecución del presupuesto 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de resolución (B40818/97) del Sr. Brinkhorst, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, y del Sr. Tillich, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la ejecución del presupuesto de las Comunidades para 1997. 
Señor Presidente, primero quisiera agradecer al señor Comisario Liikanen y al señor Comisario Gradin por la manera en que se ha mejorado últimamente la ejecución del presupuesto europeo. 
Es evidente que ha habido una mejora en los últimos años en la manera en que el presupuesto, propuesto por la autoridad presupuestaria, ha sido acordado. 
Naturalmente, hay unos comentarios críticos, pero eso lo quiero dar por sentado. 
Está claro que aún tenemos problemas en relación con las cuotas de leche. 
Este año no menos de seis países han superado las cuotas y la pregunta a la Comisión es: ¿no es hora de reflexionar sobre las propuestas de reestructuración del sector? 
Por lo que respecta a los fondos estructurales también se observa una mejora global, no obstante, y muy a pesar de la Comisión de Control Presupuestario, hay ciertos fallos en la ejecución de determinadas iniciativas comunitarias. 
Quisiera llamar la atención del señor Comisario Liikanen sobre este tema en particular. 
En tercer lugar, el año pasado prestamos acertadamente atención a las redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones. La Comisión ha prometido que a finales de este año se procederá a una aplicación integral y que se agotarán los créditos. 
¿Es cierto que en agosto de este año sólo se había utilizado un 4 % de las redes transeuropeas y, en caso de que sea así, qué piensa hacer la Comisión para mejorarlo en el curso de este año? 
Nos alegramos del hecho de que haya habido un mayor uso de la perpetuidad de los fondos estructurales. 
La colega del Comisario Liikanen, la Sra. Wulf-Mathies, en colaboración con la Comisión de Medio Ambiente prestó atención de forma inequívoca al mejor uso de los fondos estructurales el año pasado, en especial para fomentar la perpetuidad. 
Nos alegramos de ello. 
También esperamos que sea posible continuar por este camino porque de este modo tomará cuerpo la perpetuidad en la Unión Europea. 
En cuanto a la política exterior, hay un cambio fundamental en los programas PHARE. 
Los programas PHARE, como anunció la Comisión, se revisarán para posibilitar también el pre-acceso. Esto ha conducido a que este año haya todavía una infrautilización de los créditos. 
La pregunta que tengo para el Comisario, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, es: ¿con qué velocidad se acometerá la revisión del programa PHARE, sobre todo porque tenemos que hacer un esfuerzo para poder dar a los países del este de Europa una señal, de que habrá mejoras? 
Con relación a la ex-Yugoslavia quedan todavía muchos problemas. 
Ayer mantuvimos una conversación con representantes del Alto Comisionado de la ex-Yugoslavia y resulta que hay, con respecto al empleo de los fondos, serios problemas, en especial en lo que se refiere al aumento de los terrenos en el área de la vivienda. 
Como punto final el programa MEDA. 
Nos alegramos de que actualmente se observe una mejora después de los problemas iniciales de MEDA. 
Esperamos también que en el punto de los créditos de fijación se pueda apreciar una diferencia clara de enfoque respecto de los créditos de pago. 
Bienvenida 
Señorías, me complace dar la bienvenida a los miembros de una delegación de la Asamblea de la antigua República Yugoslava de Macedonia, dirigida por la presidenta de Relaciones con la Unión Europea, Sra. Ilinka Mitreva, que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
Esta visita constituye el segundo encuentro entre las delegaciones del Parlamento Europeo y la Asamblea de la antigua República Yugoslava de Macedonia, así como la primera visita oficial de una delegación del Parlamento macedonio al Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo que representa a los ciudadanos de la Unión Europea, atribuye gran importancia a sus contactos con el Parlamento de la antigua República Yugoslava de Macedonia y, a través de sus miembros, con el país y el pueblo macedonio. 
Estoy informado de la frecuencia de sus reuniones y de los intercambios de opiniones que se están llevando a cabo y confío en que dichas reuniones sean fructíferas. 
En consecuencia, les saludo en nombre del Parlamento Europeo y les deseo un gran éxito. 
Ejecución del presupuesto de 1997 (continuación) 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, nuestra tarea como Parlamento no consiste en gastar más dinero a cualquier precio. 
Por el contrario, nuestra tarea consiste en detectar los obstáculos y quitarlos del camino para lograr que la Comunidad tenga capacidad de maniobra. 
El 11 de octubre de 1977, es decir, hace casi 20 años, Heinrich Aigner, el primer presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, fundamentó con estas palabras el sentido y finalidad de lo que hoy nos ocupa. 
El procedimiento iniciado en aquella ocasión por él para el control de la ejecución del presupuesto, no ha perdido nada de su importancia desde entonces. 
Como Parlamento, tenemos la obligación de comprobar si el dinero que hemos puesto a disposición en el presupuesto se gasta realmente del modo correcto. 
Tenemos que reconocer a tiempo si algo no marcha bien en su ejecución. 
Con la antelación suficiente para poder reaccionar o cambiar de rumbo. 
Además, en este procedimiento queremos averiguar qué es lo que tiene que cambiar o mejorar en el presupuesto del próximo año. 
Solamente voy a mencionar algunos ejemplos que indican que es absolutamente necesario mejorar las cosas. 
Primero: la reconstrucción en la antigua Yugoslavia. 
La Unión Europea estaba y está en primera línea cuando se trata de promesas de apoyar financieramente la reconstrucción para facilitar el retorno a las personas. 
Pero también sabemos que muchos proyectos han tenido que suspenderse o ni siquiera se han podido poner en marcha porque no se cumplían las condiciones políticas y porque solamente se quería dar dinero a aquellos que respetan total y plenamente el acuerdo de paz. 
En cualquier caso, el flujo real de fondos así como la gestión y la eficiencia de las ayudas de la Unión Europea dejan tanto de desear en muchos sectores que son necesarias unas urgentes mejoras a fondo. 
Aquí se encuentra en juego la credibilidad de la Comisión. 
Un segundo ejemplo: los fondos que hemos puesto a disposición para la seguridad nuclear en la Europa central y oriental se siguen sin utilizar o sólo de un modo muy insuficiente. 
Naturalmente, la Comisión no es responsable en exclusiva de la coordinación de la ayuda internacional en favor de Chernobil, pero los problemas de coordinación no deben servir eternamente de excusa. 
Insto a la Comisión para que trate estas cuestiones con la preferencia que se merecen. 
Sé que se puede discutir sobre las prioridades correctas en la política. 
Pero, el aumento de la seguridad de las instalaciones nucleares en la Europa central y oriental se incluye sin duda entre esas prioridades. 
La Comisión no es la única responsable de los problemas que surgen en la ejecución del presupuesto. 
Un ejemplo de ello son los fondos que se pusieron a disposición en el presupuesto para combatir el fraude, ante todo, en el sector de la agricultura. 
Existen 15 millones de ecus para programas destinados a mejorar los controles. 
El problema es que hasta ahora de los países miembros no han venido propuestas para los proyectos adecuados. 
No es esto algo que contribuya precisamente a mejorar su imagen en este campo. 
Solamente podemos esperar y apelamos para que se presenten propuestas en los próximos meses. 
Desde hace años estamos muy preocupados por el sobrepasamiento de las cuotas lecheras y en 1992 incluso tuvimos que aplazar la aprobación de la gestión. 
Pero permítanme que constate también algunas cosas positivas. 
En el caso de los fondos estructurales, parece confirmarse la tendencia que se reconoció en 1996. 
En el primer semestre se pudieron afectar en total más pagos que nuevos créditos. 
Sin embargo, los compromisos que aún deben tramitarse son aún gigantescos. 
Estamos adelantando promesas por un importe superior a los 24.000 millones de ecus y debemos tener mucho cuidado para que en los próximos años no resulte de ello una carga financiera del pasado que no podamos superar. 
Señor Liikanen, se lo ruego encarecidamente. 
También doy especial importancia a las iniciativas comunitarias que ya ha mencionado nuestro ponente, el Sr. Brinkhorst. 
Para finalizar, vuelvo otra vez al Sr. Aigner. 
En su intervención de hace veinte años, mencionó como primera prioridad acciones para la juventud. 
Se ha podido poner en marcha algo por presión del Parlamento Europeo. 
Pienso sobre todo en el programa SOCRATES, que se va a gastar totalmente y que debe tener suficientes créditos en el próximo presupuesto para que podamos contribuir también al tema sobre el que hemos debatido con el Presidente de la Comisión y la Comisión. 
Para finalizar, felicito a los dos ponentes por sus esfuerzos en el planteamiento de preguntas y en la evaluación de las respuestas y expreso mi agradecimiento a la Comisión, al Sr. Comisario Liikanen y a la Sra. Gradin por su positiva cooperación. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, permítanme que intente dar al debate de hoy un enfoque algo diferente al que quizás ha dado el orador anterior. 
Podríamos hacerlo algo más bajo el punto de vista de representantes totalmente normales de las y los contribuyentes. 
Entonces veríamos que con el debate de hoy en cierta manera damos el pistoletazo de salida para el debate de aprobación de la gestión de la Comisión. 
Veo que el documento de los dos ponentes, quienes han realizado un buen trabajo, cumple en cierto modo las esperanzas. 
Criticamos el sobrepasamiento de las cuotas lecheras, lamentamos la baja cuota de utilización en PHARE e incluso estamos preocupados por el empleo que hemos dado a los créditos para Yugoslavia. En contrapartida, saludamos la elevada tasa de utilización en MEDA, lo que refleja aproximadamente nuestra opinión. 
Al final de este procedimiento, en interés de las y los contribuyentes europeos y, espero, que de nuestras electoras y electores, levantaremos a modo de advertencia nuestro dedo y, en consecuencia, aprobaremos la gestión de la Comisión de la UE por la ejecución del presupuesto. 
Comprenderemos de nuevo- lo que suena así en ciertas intervenciones- que lamentablemente el 80 % del presupuesto de la UE es gastado por los Estados miembros y sólo un 20 % por la Comisión Europea directamente, lo que, dicho en cristiano, son solamente las migajas. 
Quizás sería interesante si hiciésemos lo que decimos a nuestras conciudadanas y conciudadanos antes de las elecciones, es decir, sencillamente ejercer sin apasionamientos un control político sobre la burocracia de Bruselas. 
Propongo en este contexto concentrarnos sobre este 20 % en el que los Estados miembros no son los chicos malos sino directamente la Comisión Europea. 
No nos concentremos exclusivamente en los porcentajes de la ejecución según el lema: una tasa elevada es buena, una reducida es mala. 
Se nos ocurrirán cosas con rapidez. 
Ya se ha hablado sobre el programa PHARE. 
Al cabo de siete años de funcionamiento, la Comisión no ha logrado gastar más que la mitad del presupuesto previsto. 
Cualquier ministro de un país se tendría que resignar y admitir que no está en situación de ejecutar adecuadamente los trabajos a él encargados, lo que el Tribunal de Cuentas confirma por lo demás también en sus informes. 
Y esto en un sector en el que la Comisión ha colocado su propio listón muy alto con su Agenda 2000 diciendo que prácticamente lo más importante que vamos a hacer en los próximos años es la ampliación hacia el Este. 
¿Podemos hacerlo realmente ante esta incapacidad absoluta de la Comisión Europea para gastar razonablemente 1.000 millones de ecus anuales en los países vecinos de la Europa central y oriental? ¿Podemos esperar realmente bajo este aspecto que la misma Comisión con la misma gente esté en situación de superar un proceso de adhesión sensiblemente más caro y complejo de estos Estados a la Unión Europea? 
En cualquier caso, yo no puedo explicárselo a mis electoras y electores en Austria en vista de las cifras sobre las que tenemos que debatir hoy. 
Esta sospecha se ve avalada por el uso- tengo que poner entre comillas el concepto de uso- de los créditos de 10 millones de ecus de la línea presupuestaria PHARE-democracia hasta el 31 de agosto de este año, que ha ascendido nada menos que a un 0 %. 
Y esto en un momento en el que la Comisión extiende certificados a nuestros países vecinos del Este y les alecciona dónde se debe mejorar en la sociedad civil y cómo pueden contar con el apoyo de la Comisión Europea. 
No quiero seguir insistiendo sobre PHARE y creo que podemos decir lo mismo sobre el programa MEDA. 
También existen informes del Tribunal de Cuentas al respecto cuyo resultado es: irregularidades. 
No hemos tenido aún la posibilidad de llegar a los detalles en este contexto debido a los reducidos recursos, también de personal, de que disponemos. 
La Sra. Theato, nuestra presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, ya se ha referido al sector de las centrales nucleares y a la utilización de los créditos de TACIS. 
La situación es también catastrófica en este campo. 
Tengo que decir que quizás sea positivo que no hayamos afectado más del 20 % de créditos en Ucrania. 
No quiero exponer más ejemplos pero creo que quizás deberíamos analizar en debates de este tipo la calidad de la ejecución del presupuesto. 
Se lo debemos a nuestras electoras y electores y a nosotros mismos como Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, quisiera comenzar con una observación general antes de hacer algunas observaciones concretas. 
Me parece que el debate que estamos celebrando esta tarde queda relegado a veces en importancia en nuestros debates presupuestarios. 
Parece que se lo considera un simple medio gracias al cual vemos cómo ha ido el presupuesto. 
Después hacemos una desconexión mental y nos ocupamos del debate sobre el presupuesto la próxima semana en la Comisión de Presupuestos y en fecha posterior de este mes de la votación en Estrasburgo. 
Pero la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Control Presupuestario y las comisiones parlamentarias que se ocupan del gasto deberían conceder igual importancia a la supervisión del gasto. 
Me ha complacido ver que se han logrado algunos avances para velar por que la supervisión del gasto sea una materia importante. 
Debería ser el centro de operaciones para nosotros. 
Después de este debate, deberíamos poder decir: sabemos cuáles son las deficiencias del proceso presupuestario. 
Y no deberíamos votar nuevos créditos hasta que se hayan aclarado asuntos como los planteados por el Sr. Bösch. 
Podemos utilizar la reserva para advertir a la Comisión que algo no va bien en el proceso de gasto. 
De modo que este debate forma parte de un proceso en desarrollo y es importante. 
El Sr. Brinkhorst y el Sr. Tillich han lanzado toda una serie de ideas en su resolución sobre la infrautilización de los créditos. 
La insuficiente utilización debe ser una señal para que se adopte una actitud de considerable cautela con las enmiendas en esos sectores. 
Hay zonas, como la antigua Yugoslavia, en los que hemos de tener en cuenta las circunstancias especiales. 
Me interesa lo que nuestro ponente, el Sr. Brinkhorst, nos ha dicho sobre las dificultades en la ejecución de programas. 
Sería útil escuchar las observaciones de la Comisión sobre lo expuesto en el párrafo 16. 
En segundo lugar, como ha dicho el Sr. Bösch- y mi Grupo conviene con él al respecto -, la utilización rápida no necesariamente propicia la utilización eficaz de los créditos. 
Un burócrata ansioso puede decir: Mientras yo gaste el dinero que me corresponde, el Parlamento votará para concederme más, porque ve que se ha utilizado en realidad. 
Vemos que, en los casos en que ha habido una buena utilización en la Categoría 1, las previsiones tal vez hayan sido excesivamente optimistas, por lo que acojo con beneplácito que, antes de que lleguemos a la votación final, vayamos a tener un panorama actualizado del presupuesto para 1998. 
En los programas de la Categoría 4, en los que vemos una gran utilización en MEDA y una escasa utilización en TACIS, el Grupo del Partido Popular Europeo no cree que debamos necesariamente votar todos los créditos para MEDA en el año próximo, sino que debemos poner TACIS en la reserva. 
Precisamente como dice el Sr. Bösch, tenemos que examinar la calidad del gasto. 
Por último, el Partido Popular Europeo espera que, en los casos en que se haya celebrado un acontecimiento inesperado, como en el programa JET en Culham de este año, en que haya habido movimientos inesperados de los tipos de cambio- la libra esterlina se ha revalorizado frente al ecu -, se debe prestar atención para velar por que no se hagan reducciones en los presupuestos operativos efectivos de un programa importante como el del programa de fusión en Culham. 
Señor Presidente, Señorías, el informe conjunto de nuestros colegas Brinkhorst y Tillich me parece una excelente ocasión para recordar un principio evidente que podría enunciarse de la manera siguiente: los créditos que vota el Parlamento están hechos para ser consumidos. 
Si, con toda razón, el informe señala progresos que reflejan una tendencia a un mejor consumo de los créditos iniciada hace dos años, señala también, y yo deseo insistir en ello, una serie de deficiencias de funcionamiento que deberán ser motivo de reflexión si se quieren extraer conclusiones drásticas para el próximo presupuesto. 
En primer lugar, en lo que respecta a los créditos del programa Phare, la disponibilidad de 150 millones de ecus, previsible para el final del ejercicio, ha de llevarnos a la formulación sincera de preguntas sobre la adaptación del instrumento al objetivo que se persigue. 
La delegación que ha viajado a Rumanía la semana pasada, en el marco de la comisión mixta, ha podido constatar las dificultades con las que se encuentra ese país, al igual que muchos otros, para integrar el acervo comunitario por falta de medios cuando tenemos al mismo tiempo 150 millones de ecus sin utilizar. 
Mientras iniciamos, con el debate sobre la Agenda 2000, un área de trabajo que debe representar una nueva frontera, me parece preocupante que no encontremos respuestas adaptadas a este tipo de problema que lleva a anulaciones de créditos cuando los candidatos a la ampliación manifiestan una evidente necesidad. 
En lo que respecta a la ex Yugoslavia, en mi calidad de ponente particular de este presupuesto, desearía señalar aquí también mi consternación total ante la casi inutilización de algunos de esos créditos. 
Así, por ejemplo, a finales del mes de agosto de 1997, el porcentaje de utilización de los créditos de pago asignados, por ejemplo, a la acción de reconstrucción de las repúblicas, ascendía a un 6, 14 %; los de Europa para Sarajevo ascendían a un 4, 15 % y no se había utilizado nada de los créditos asignados a las acciones de rehabilitación de las repúblicas procedentes de la antigua Yugoslavia. 
Debo decir que, sobre todo por lo que respecta a los refugiados, me parece increíble que los créditos concedidos por los europeos sirvan para un objetivo del que no se ven sus efectos concretos, ya que los refugiados siguen ahí, en los países que los han acogido. 
Creo que, para la votación del presupuesto de 1998, será necesario extraer una serie de conclusiones con objeto de que no se altere ese presupuesto con créditos abiertos, cuando hoy sabemos de forma fehaciente que no serán consumidos. 
Por lo que respecta a Tacis, quisiera decir que el problema es diferente, en la medida en que conocemos algunas dificultades concretas, y sobre todo las relativas a la energía nuclear en los antiguos países pertenecientes a la ex Unión Soviética; en este sentido sería igualmente muy útil que se tomaran decisiones especialmente eficaces en la materia. 
Por el contrario, el año pasado tuvimos que lamentar un bajo consumo de los créditos del programa Meda. 
Creo que debemos alegrarnos de la aceleración tan importante en el consumo de esos créditos. 
Pero, de una forma más general y como conclusión, desearía alertar al Consejo contra una iniciativa que se traduciría de nuevo en el presupuesto de 1998 en una reducción de los créditos de pago para el ejercicio siguiente. 
Ahora que el Pacto de Estabilidad se ha ratificado en Amsterdam, corresponde a los Estados miembros reducir sus gastos interiores y dejar de considerar el presupuesto comunitario como una pera para la sed que, al final del ejercicio presupuestario, permite, mediante la devolución de créditos no consumidos, proceder a los últimos ajustes de los que los créditos europeos serían una variable positiva para ministros de finanzas en dificultades. 
Creo que el principio de los créditos de compromiso y de los créditos de pago debe hacer que no haya diferencia, o que ésta sea la mínima posible entre los créditos comprometidos y los pagados. 
Por el hecho de que una serie de Gobiernos no apliquen totalmente el Acuerdo Interinstitucional ello podría dar pie, en muchas ocasiones, a pensar que el Parlamento Europeo no ha hecho su trabajo. 
Quisiera decir aquí precisamente lo contrario. 
Creo que la Comisión de Presupuestos de esta Asamblea trabaja minuciosamente en la utilización de los créditos, y desearía que su trabajo fuera seguido de la misma manera por el Consejo y por la Comisión. 
Señor Presidente, la propuesta de resolución de los señores Brinkhorst y Tillich ofrece un buen resumen de la ejecución hasta el momento del presupuesto para el presente ejercicio, lo cual es motivo de agradecimiento. 
El documento relativo a la ejecución del presupuesto para 1997 incluye algunos puntos de interés. 
Entre estos cabe mencionar el apartado 5, donde se afirma que supuestamente no se ha hecho uso de los créditos de compromiso correspondientes al Objetivo 6. 
Esta apreciación es motivo a la vez de sorpresa y de advertencia. 
Las regiones englobadas en el Objetivo 6 son las zonas septentrionales con una densidad de población muy reducida, que afrontan ingentes cambios estructurales y afrontan una situación muy complicada en materia de empleo. 
Por todo ello, hay que velar por que los créditos disponibles para el desarrollo de estas regiones no se conviertan en moneda de cambio. 
A pesar de ser de factura muy reciente, la propuesta de resolución presenta datos ya anticuados. 
De acuerdo con mis informaciones, en Finlandia se ha asignado la mitad de los créditos de compromiso del Objetivo 6 también por lo que respecta al presente ejercicio. 
Si bien este dato es en sí positivo, no se puede considerar que la situación sea satisfactoria. 
La utilización de los Fondos estructurales se ve dificultada por la burocracia y la complejidad del procedimiento. 
La obtención de fondos requiere un complejo procedimiento administrativo. Esta circunstancia da lugar a casos en los que, al no verse los solicitantes con fuerzas para luchar contra las formalidades del procedimiento de solicitud, se quedan sin realizar proyectos favorables. 
Este es el motivo por el que se debería simplificar dicho procedimiento. 
El tema central de la Cumbre de Luxemburgo es el empleo. 
La debilidad del empleo en Europa es alarmante. 
Los Fondos estructurales constituyen uno de los principales instrumentos con los que cuenta la Unión Europea para mejorar la situación del empleo, por lo cual se debería fomentar el uso de los mismos. 
Señor Presidente, estimado señor van den Broek, hemos dedicado 105 millones de ecus del presupuesto a la reconstrucción en Yugoslavia. De esta suma, hasta agosto sólo se han gastado 3, 376 millones de ecus. 
Hemos puesto a disposición de «Europa por Sarajevo» 15 millones de ecus para 1997 y hasta agosto se habían gastado 623.000 ecus. 
¿Cómo quiere demostrar al Parlamento, que es quien en el futuro debe aprobar su gestión, que la Comisión trabaja activamente, con dinamismo y con todas sus fuerzas para apoyar la reconstrucción en la antigua Yugoslavia? 
No han pasado aún cuatro semanas desde que estuve con usted en su oficina y vimos conjuntamente que hay considerables problemas políticos, jurídicos e internos cuando se trata de la cuestión del modo de utilizar los créditos. 
Llegamos conjuntamente al convencimiento de que no puede seguir así, de que hay que desarrollar fantasía política y recapacitar sobre propuestas para salir de esta situación tan precaria. 
Usted asintió a esto y sugirió que el Sr. Giansily, yo y otros colegas que se ocupan del tema, nos reuniésemos con la Comisión y recapacitásemos sobre el modo de hacerlo. 
Hemos esperado inútilmente a esta invitación, que debería haberse realizado ya en el último período parcial de sesiones. 
¿Cómo quiere la Comisión convencernos de que debemos tener confianza y de que está realmente dispuesta a hacer algo? 
Le puedo decir que en el procedimiento presupuestario del próximo período parcial de sesiones vamos a crear una reserva y no va a ser el Parlamento quien explique a la opinión pública porqué no fluyen los créditos sino que será la Comisión la que tendrá que explicar porqué no lo han hecho ya hasta agosto y me atrevo a afirmar que tampoco lo van a hacer hasta finales de año. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, estimados colegas, en mi vida pasada tenía que ver con el presupuesto belga, hoy con el presupuesto europeo. 
En el presupuesto belga era un problema durante años prevenir y remediar el descontrol en los gastos. 
En Europa es un poco diferente. 
Aquí nuestro primer problema es encargarnos de que lo que está previsto que se gaste, efectivamente se gaste. 
Ahora bien, reflexionando sobre ello, ambas tareas son unos imperativos democráticos igual de importantes. 
Un presupuesto tiene que ser el reflejo de una voluntad política, y nuestra tarea es la mejor ejecución posible del presupuesto dentro de los márgenes, pero tampoco fuera de ellos. 
Es importante aprovechar este debate para discurrir sobre ello. 
Me limito a dos observaciones breves. 
En primer lugar una observación favorable. 
Puedo corroborar lo dicho por el colega Brinkhorst de que hay una mejora paulatina referente al empleo de los fondos estructurales. 
Es un buen asunto. 
Puedo afirmar más enérgicamente lo que los colegas Giansily y Müller han dicho con respecto a las ayudas a la ex-Yugoslavia. 
En efecto, no es de recibo que ahora cumplamos de forma tan deficiente y poco transparente con nuestra importante obligación moral, que tenemos en el ámbito de la reconstrucción después de nuestro fracaso de limitar el conflicto. 
Esto se debe remediar a corto plazo y ese es el mensaje más importante que se desprende de la ejecución del presupuesto comunitario de 1997. 
Mi grupo parlamentario me ha pedido, con motivo de la ejecución del presupuesto de 1997, que mire también un momento hacia el futuro. 
En el futuro el presupuesto estará políticamente dominado por dos temas: 1. el empleo, 2. la ampliación. 
En cuanto al empleo tiene que haber claridad desde el principio. 
El Parlamento Europeo como autoridad presupuestaria tiene que atreverse a arriesgarse para contribuir a la ofensiva que Europa debe emprender contra el azote del desempleo. 
Pero también debe quedar claro que somos sólo una parte en una aproximación global. 
No podrá hacerse sin ulteriores esfuerzos, que no solamente abarcarán nuestro presupuesto, sino también a los Estados miembros y a otros temas no incluídos en nuestro presupuesto dentro del ámbito europeo. 
Sigo insistiendo en la no ejecución, la vergonzosa no ejecución del Libro Blanco de Delors de 1993, en especial en relación con las redes transeuropeas. 
Son temas sobre los cuales tenemos que pronunciarnos en un marco global y dentro de ese marco global tenemos que asumir nuestra responsabilidad con respecto al presupuesto europeo. 
La hipocresía debe acabar también donde la autoridad presupuestaria destina ciertas partidas que luego, por falta de soporte jurídico, no se pueden ejecutar. 
Esto es un burdo engaño. No se puede aceptar más. 
La dificultad ante la que nos hallamos en la discusión del presupuesto de 1998 de las próximas semanas, en primera lectura, es que la cumbre de Luxemburgo se sitúa entre la primera lectura del presupuesto y la segunda lectura del presupuesto. 
Creo que tendremos que ser creativos para maximizar la posición de negociación y la presión del Parlamento Europeo en la toma de decisiones durante la Cumbre de Luxemburgo a finales de noviembre. 
El segundo elemento, la realización y preparación de la ampliación de la Unión. 
Que quede claro: por nuestra parte, la ampliación depende de cambios institucionales. 
Presupueste lo que se presupueste, si institucionalmente no se puede ir más lejos de Amsterdam, entonces Europa se quedará paralizada con la ampliación. 
O sea, en primer lugar, la ampliación es para mí un debate institucional, pero al margen de esto es cierto que tenemos que prepararnos para la financiación de la Unión Europea después de la ampliación. 
En este contexto, una política estructural más racional será central, si bien no podrá ir en detrimento de la, a mi juicio infravalorada, función de redistribución que ya posee Europa y que es algo positivo. 
Debemos atrevernos a decir en voz alta que una ampliación de la Unión no conducirá a menos solidaridad sino a más solidaridad. 
También debemos atrevernos a decir que no aceptamos que se utilice la ampliación para empezar de nuevo un debate sobre el " juste retour» y volver a poner en entredicho unos compromisos en relación con la financiación de la Unión. 
Una ampliación de la Unión, nos guste o no, costará más dinero a los Estados miembros. 
Es nuestra obligación política elemental. 
Por último, tenemos que asumir responsabilidades. 
Dentro de un determinado encorsetamiento presupuestario, tendremos que recortar algunas partidas selectivamente. 
Permítanme hacer un llamamiento en la víspera de nuestro debate tanto al Consejo como a los colegas del Parlamento para acometer estos recortes de forma selectiva y evitar por todos los medios recortes lineales. 
Hacer recortes lineales es para mí equivalente a una falta de coraje y de elección política. 
De ahí mi alegato en favor de la selectividad. 
Señor Presidente, como ya han afirmado anteriormente varios oradores, en el Parlamento Europeo debemos mostrarnos satisfechos por la positiva evolución de los acontecimientos. 
La ejecución del presupuesto es cada vez mejor, si bien no por ello debemos bajar la guardia. 
Tal como se afirma en la resolución, aún queda mucho por hacer. 
Al igual que a mi colega finlandés del Grupo ELDR, también a mí me ha llamado la atención el apartado 5, relativo al ámbito del Objetivo 6, donde se afirma que no se han utilizado los créditos resrervados para este fin. 
Tras revisar este dato, he llegado a la conclusión de que no es correcto. 
Existen efectivamente créditos que no han sido asignados, pero el sistema de, entre otros países, Suecia impide que sean abonados estos fondos. 
A pesar de todo, es muy importante esclarecer por qué no se han utilizado al máximo estos recursos. 
La Comisión deberá investigar a la mayor brevedad posible esta cuestión en colaboración con los Estados miembros. 
Teniendo presente, entre otros aspectos, su situación geográfica, el Objetivo 6 reviste una importancia obvia para las regiones septentrionales de Suecia y de Finlandia. 
Entre paréntesis me gustaría señalar que la semana pasada cayeron las primeras nieves en el norte de Suecia, dejando un manto de veinte centímetros. 
Si comparamos esta circunstancia con las temperaturas de 20 grados que se registran en Bruselas, podemos caer en la cuenta de los problemas con que se enfrentan en el norte de Suecia. 
Por todo ello, debemos velar verdaderamente por una utilización plena de los medios que ofrece el Objetivo 6. 
Esta situación de desaprovechamiento se puede explicar por dos motivos distintos: en parte se puede deber a los procedimientos burocráticos, en parte a que quizás los medios no se adecuan a los proyectos para los que ya se ha adoptado una decisión en Suecia. 
Para finalizar, desearía referirme al eterno quebradero de cabeza que representa el sector de la agricultura. 
Desearía que la Comisión presentara de una vez por todas un plan de reestructuración para las cuotas lecheras, a ver si así es posible poner en orden alguna vez este problema. 
Me gustaría que la Comisión respondiera también a esta cuestión. 
Señor Presidente, la resolución examinada hoy concluye el procedimiento para informar a la Autoridad Presupuestaria sobre la ejecución del actual presupuesto comunitario. 
Dicho procedimiento, iniciado por el Parlamento Europeo, ha resultado muy útil para el control y también para nosotros, como ejecutores. 
Ha sido muy eficaz para permitir a la Comisión y al Parlamento un examen detallado del estado de ejecución, como hemos podido observar hoy. 
Además, constituye la base para la transferencia global que la Comisión propondrá la próxima semana. 
Por lo que se refiere a la ejecución general del presupuesto de 1997, los datos más recientes confirman los esbozos de que la Comisión informó a la Autoridad Presupuestaria en julio. 
Al final de septiembre la ejecución del presupuesto en conjunto excede el nivel de años anteriores, en particular respecto de las consignaciones para pagos. 
Aunque aún falta por ejecutar una tercera parte del presupuesto, la Comisión prevé que la ejecución al final de este año será superior que en 1996, por lo que continuará la tendencia reciente. 
Hay dos factores principales para explicar ese fenómeno. 
En primer lugar, no ha habido nuevos programas importantes de gasto en el presupuesto de 1997. 
La ejecución avanza ahora sin problemas, en particular respecto de los Fondos estructurales. 
En segundo lugar, el presupuesto de 1997 fue concebido expresamente con más rigor que los presupuestos anteriores. 
Tanto en la agricultura como respecto de las consignaciones para pagos con vistas a acciones estructurales, la Autoridad Presupuestaria decidió en cierta medida anticipar la realización de gastos inferiores a lo previsto. 
Si bien ello no parece crear problemas particulares en la Categoría 1, es muy probable que se utilicen totalmente las consignaciones para pagos destinados a los Fondos estructurales. 
He de hacer algunas observaciones y dar algunas respuestas sobre determinadas categorías. 
En la Categoría 1, la Comisión ya ha propuesto una transferencia para reequilibrar las líneas presupuestarias antes del fin del ejercicio. 
Unas necesidades inferiores a lo previsto en el sector de los cereales y la carne de bovino nos permitirán pagar el anticipo de la primas correspondientes a las semillas oleaginosas y sufragar los costos de la peste porcina. 
El acuerdo de la Autoridad Presupuestaria de examinar una carta rectificativa posterior permitirá sacar las conclusiones apropiadas también respecto del presupuesto para 1998. 
Por lo que se refiere al asunto de las cuotas lácteas, ese debate formará parte de la Agenda 2000, de la reforma de la PAC, por lo que podremos volver a referirnos a él en los debates en ese marco. 
En la categoría 2, las únicas excepciones a la elevada tasa de ejecución son unas pocas iniciativas comunitarias. 
En esos sectores ha sido inevitable cierta reprogramación hacia el final del período de programación. 
En cuanto a las preguntas del Sr. Virrankoski y del Sr. Holm sobre la ejecución del Objetivo 6, parece muy probable que al final del año se hayan utilizado los fondos totalmente. 
Nuestra información así lo indica. 
En el marco de la Agenda 2000 se han examinado ampliamente los problemas particulares del Objetivo 6. 
Respecto de las políticas internas, la Comisión espera una ejecución global cercana al 100 % en los compromisos, teniendo en cuenta reasignaciones muy limitadas en el marco de la transferencia global. 
El Sr. Brinkhorst ha preguntado por las redes transeuropeas. 
A la importancia concedida a las redes transeuropeas ha correspondido una tasa de ejecución ya muy alta. 
Tengo aquí las cifras de ayer, según las cuales la ejecución en cuanto a compromisos asciende al 82 %. 
En cuanto a los pagos, asciende al 40 %. 
En la Categoría 4, el panorama es más variado, como han observado varios oradores. 
La Comisión propondrá una reasignación más importante en la transferencia global. 
Y- lo más importante- la reorientación de PHARE para que pase a ser un instrumento de preadhesión reducirá la cantidad que aún puede ejecutarse este año en 150 millones de ecus. 
Esos fondos se podrían poner este año a disposición de MEDA y se podrían recuperar en 1999, con lo que se respetaría plenamente los planes plurianuales para los dos programas. 
Respecto de los comentarios del Sr. Bösch, he de hacer dos observaciones. 
Por lo que se refiere a PHARE, mientras los proyectos fueron muy pequeños por término medio, la ejecución fue extraordinariamente complicada y el control resultaba difícil también. 
Ésa fue una razón para la reorientación de PHARE hacia los dos importantes sectores de las infraestructuras y las instituciones y también para aumentar las dimensiones idóneas de los programas. 
Por lo que se refiere a MEDA, su crítica iba a dirigida a programas que pertenecen al pasado. 
En el caso del actual programa MEDA, las dimensiones de los programas son superiores y este año la ejecución asciende ya al 63 %. 
Por último, por lo que se refiere al presupuesto administrativo de la Comisión, la evolución de los tipos de cambio ha sido favorable. 
La Comisión transmitirá en breve una propuesta a la Autoridad Presupuestaria para utilizar esos fondos con vistas a reducir futuras necesidades presupuestarias y espero que esta propuesta reciba apoyo. 
Señor Comisario, le pido disculpas ya que, por error, no habíamos concedido la palabra al Sr. Lukas, pero se la concedo inmediatamente durante un minuto. 
Señor Presidente, tengo el inesperado honor de poder hablar después del Comisario. 
Mi declaración no es tan trascendental, pero tiene que existir un orden y lo acepto gustosamente. 
La propuesta de resolución proporciona una visión de conjunto muy objetiva sobre una situación muy seria. 
Los ponentes merecen nuestras felicitaciones por este trabajo. 
Si en muchos sectores importantes, los créditos no se han utilizado o sólo se ha hecho de un modo muy limitado, hay que preguntarse si las aportaciones de los Estados miembros o de algunos de ellos no son demasiado elevadas. 
En lo tocante a la proyectada ampliación hacia el Este, es especialmente lamentable la baja tasa de utilización de los créditos del programa PHARE y de los destinados a la cooperación transfronteriza en el sector estructural. 
La reducidísima tasa de utilización de la partida «Medidas para combatir la violencia contra los niños» no carece de un cierto cinismo. 
La permanentemente reducida tasa de utilización de los créditos para los controles en la agricultura es intranquilizante. 
Precisamente ante el creciente fraude y el lógico enojo de los ciudadanos de la Unión, todos los mecanismos de control deben aplicarse plenamente y con eficiencia. 
En Estados que son contribuyentes netos es muy difícil explicar a los ciudadanos porqué se emplean sólo reducidamente amplias partes del presupuesto cofinanciado por ellos. 
Por ello, es necesaria una reforma de la política de ingresos y gastos. 
Ante el descenso del nivel social en muchos Estados miembros, es necesaria una política presupuestaria más eficaz y disciplinada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Relaciones UE-Canadá 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate (A4-0140/97) del Sr. Graziani, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión (SEC (96) 0331- C4-0620/96) sobre las relaciones entre la Unión Europea y Canadá. 
Señor Presidente, al comienzo de la sesión solicité la palabra en orden a una de esas transgresiones del Reglamento que son bastante frecuentes en este Parlamento. 
Permítame, señor Presidente, reclamar la atención del Pleno y de la Comisión sobre el trágico suceso que afectó a dos regiones de Italia, Umbría y las Marcas: el balance de víctimas es alto y también son cuantiosas las pérdidas desde el punto de vista artístico. 
Al reclamar, en consecuencia, la atención de usted, señor Presidente, del Pleno y de la Comisión, creo que es útil, positivo y necesario que Italia, afectada directamente en este caso, así como la Unión Europea se hagan cargo de las obras de restauración de un patrimonio que, y no es retórico decirlo, no sólo es italiano o europeo, sino de toda la humanidad. 
Pasemos ahora al informe que figura en el orden del día. 
Las relaciones bilaterales entre Europa y Canadá se remontan incluso al día siguiente de la firma de los Tratados de Roma. 
El primer acuerdo versó sobre la cooperación en materia nuclear; posteriormente, en 1976, se celebró el acuerdo marco de cooperación comercial y económica; tras sucesivas etapas, hemos llegado a la declaración política y al correspondiente plan de acción conjunto del pasado mes de diciembre: una cooperación y un vínculo que, por consiguiente, se han ido renovando a través del tiempo y que hoy se convierten en más estrechos en el ámbito de reforzar las relaciones transatlánticas que, establecidas antes con los Estados Unidos, hoy por hoy no podrían ignorar a Canadá. 
Mejor dicho, en el contexto mismo de las nuevas relaciones internacionales, un acuerdo entre Europa y Canadá puede ser beneficioso para los equilibrios necesarios al propio conjunto de las relaciones transatlánticas. 
Se trata, en efecto, de constatar cuáles son, tras el final de la guerra fría, los nuevos campos de acuerdo entre Europa, los Estados Unidos y Canadá, una vez que el factor seguridad, que durante 50 años sustentó estas relaciones, ha variado ostensiblemente. 
A la etapa en que prevalecía la seguridad común no puede más que seguir la fase de la más estrecha cooperación en todos los ámbitos, que no tolera, como tal, excesivas hegemonías por parte de nadie. 
Las hegemonías, sin embargo, no se exorcizan: se limitan a través de instrumentos políticos adecuados. Desde este punto de vista, el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá constituye un elemento de equilibrio de primaria importancia, útil, a mi entender, para los propios Estados Unidos que, con las Leyes Helms-Burton y D ' Amico, pensaron, sin duda, y equivocándose, en hacer aceptar medidas unilaterales a los aliados. 
Los equilibrios justos son los aditivos de las democracias, de los Estados de Derecho, así como de las relaciones internacionales más sólidas. 
Cuando fallan los equilibrios justos, también los acuerdos y las colaboraciones se resienten de ello. Por esto, el hecho de que hoy nos ocupemos de las relaciones transatlánticas con Canadá, al igual que nos ocupamos de las relaciones con los Estados Unidos, es algo que responde a una misma lógica, un hecho refuerza al otro. 
Por otra parte, es interés de la Unión Europea que las realidades norteamericanas no supediten las relaciones con la propia Europa a sus, aunque necesarias, relaciones con la zona del Pacífico. 
Ciertamente, este contexto no será indiferente para diseñar el posible, pero por ahora objetivamente incierto, camino de Europa, si la misma no se convierte en sujeto político institucional y, como tal, dotado de una política exterior cuya configuración y desarrollo sean expresión de una verdadera capacidad de Gobierno. 
Hoy todo esto no existe, y esta carencia es causa de desequilibrio. 
Lo que nos propone Amsterdam es sólo un sucedáneo, es como decir que una tacita de cebada es igual a una tacita del clásico café. 
De todos modos, la cooperación con Canadá, un país joven que tiene las ventajas, pero a la vez los problemas de una nación joven y plurilingüe, abre espacios cada vez más amplios, que no pueden verse enturbiados por los actuales contenciosos como el asunto de la pesca. 
El mayor problema, desde este punto de vista, repito, es que los bancos de pesca de Terranova ya no son los que eran, y es interés de todos, no sólo de Canadá, sino también de Europa, que se tenga en cuenta este hecho, es decir, la falta de peces. 
Sucede lo mismo para la caza: hay que respetar ante todo la cultura y las necesidades de las poblaciones autóctonas, lo que no excluye la necesidad de utilizar medios de captura lo menos dolorosos posibles. 
Canadá es, lo repito, un socio esencial para la estabilidad y la seguridad de Europa. 
Se trata de un país moderno en cuanto a cultura democrática y respeto de las minorías. 
En este contexto, señor Presidente, me honro en presentar este informe al Parlamento, un informe que espero que pueda ser aprobado. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y Canadá contiene también un capítulo sobre la cooperación en el sector de asuntos interiores y de justicia. 
Es positivo que sea así. Tiene en cuenta el hecho de que mucho antes de la globalización de la economía existía una globalización del crimen organizado internacionalmente. 
Los modernos consorcios del crimen organizan entretanto sus actividades a nivel mundial. 
Constatamos que la mafia rusa practica un fraude organizado de los seguros sociales en Los Angeles y no sólo en Moscú. 
La Jacuza japonesa no sólo actúa en Tokio sino también en Toronto y en Düsseldorf. 
Las tríadas chinas no sólo actúan en Hong Kong sino también en Amsterdam, Londres y San Francisco. 
Hay que extraer conclusiones de ello y éstas son que el crimen está organizado desde hace mucho tiempo a nivel internacional mientras que la policía sigue estando encerrada en el límite de los Estados nacionales. 
En la Unión Europea hemos extraído conclusiones de ello con el desarrollo del tercer pilar. 
Pero esto no es suficiente. 
Tiene que completarse mediante acuerdos con terceros Estados. La seguridad interior debe ser protegida exteriormente por los flancos. 
Las condiciones para ello son favorables para hacerlo con el Canadá. 
En primer lugar: el Gobierno canadiense y las dos Cámaras de su Parlamento también lo quieren hacer. 
En segundo lugar: las autoridades del sector de asuntos interiores y de justicia en Canadá tienen un elevado grado de concienciación en lo que se refiere a los problemas sobre los que acabo de hablar. En tercer lugar: el interlocutor para una cooperación policial está altamente cualificado; de la Royal Canadian Mounted Police solamente se puede aprender si se ve lo que hacen. 
El obstáculo se encuentra más bien en la propia desunión existente en Europa. 
Hasta ahora no estamos en situación de hablar del modo que sería deseable con una sola voz. 
Esto tiene que cambiar. 
Pero al mismo tiempo quiero subrayar lo importante que es que el Parlamento Europeo emita su dictamen sobre el plan de acción conjunto. 
Precisamente porque la cooperación entre el Canadá y la Unión Europea es muy buena en muchos campos pero con frecuencia es difícil, por ejemplo, en el de la protección del medio ambiente, hay que intensificar los contactos entre los representantes populares. 
Necesitamos los numerosos contactos y conversaciones para entendernos recíprocamente y además debemos poder influir sobre el plan de acción. 
Por ello, me parece casi incomprensible que se haya aprobado el plan de acción antes de que el Parlamento Europeo haya podido expresar su opinión al respecto. 
Respecto a algunos temas de la protección del medio ambiente, creo que el medio ambiente es un campo en el que la Unión Europea y el Canadá trabajan en gremios internacionales para encontrar respuestas conjuntas a los problemas globales. 
Independientemente de ello, hay también cuestiones bilaterales, como los esfuerzos para lograr unos estándares humanos para la captura de animales. 
Unas intensas conversaciones y negociaciones han logrado entretanto que los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE hayan dado su asentimiento al convenio negociado entre la UE, Canadá y Rusia. 
En el futuro, en la aplicación del convenio, al que doy mi apoyo, será decisivo encontrar alternativas humanas concretas a los métodos actuales de captura. 
La mera supresión de los cepos no soluciona necesariamente el problema. 
No sólo deben intervenir los funcionarios gubernamentales y de la Comisión. Determinante es la aportación de quienes disponen de grandes conocimientos especializados y experiencias prácticas. 
Me refiero a las organizaciones protectoras de animales, a los tramperos indígenas del Canadá, de los EE.UU o de Rusia; ellos tienen la experiencia práctica. 
Pueden ver que, en especial, en el sector del medio ambiente y de la protección de los animales deseo ampliar las relaciones europeo-canadienses a otros niveles. 
Yo mismo tuve ocasión en el otoño del año pasado de hacerme una idea de las experiencias y prácticas de los indios de Quebec. 
Habría que discutir con colegas interesados de esta Asamblea sobre estas experiencias así como sobre las de otros grupos y pueblos, por ejemplo, en organizaciones protectoras de animales. 
Al fin y al cabo la protección de los animales es un asunto que afecta a todo el mundo así como el deseo de conceder a los pueblos indígenas un papel adecuado en la realización de un desarrollo sostenible y compatible con el medio ambiente y de que participen en las decisiones relativas al uso de recursos y al desarrollo de sus territorios. 
En lo que se refiere a la cooperación general en el campo del medio ambiente, el plan de acción muestra que deben proseguir las consultas sobre medio ambiente que se han celebrado en el pasado. 
En cualquier caso, constatamos que no se pronostica ninguna actuación sino sólo la ponencia. 
Saludamos además los procesos o acuerdos en el sector de la política sanitaria. 
Tomemos el programa y actuemos. 
Señor Presidente, estimados colegas, me gustaría felicitar al Sr. Graziani en nombre de la Comisión de Investigación por su extraordinario informe. 
Las relaciones bilaterales entre la Unión y el Canadá tienen una larga historia. 
Ya en 1995 se firmaron acuerdos importantes de cooperación en el sector de la ciencia y la tecnología. 
Asimismo, desde 1959 hay cooperación en el sector de la energía y, en especial, cooperación en materia nuclear. 
Y Canadá cuenta naturalmente con una larga tradición científica e investigadora. 
Esto le da buenas perspectivas a Canadá para ser la sede del futuro reactor termonuclear experimental, el así llamado ETER, siempre y cuando la Unión decidiera continuar la investigación nuclear en su totalidad. 
Estrechar los lazos con Canadá es importante también en el marco del reciente fortalecimiento de las relaciones transatlánticas con los Estados Unidos. 
En el nuevo Plan de acción se amplía la cooperación en el ámbito de la tecnología de la información y la comunicación y de la biotecnología. Dos de los sectores que más empleo crearán en el futuro. 
La Comisión de Investigación espera por lo tanto que la declaración de intenciones de cara a la cooperación científica en el sector de la biotecnología, incluida la reglamentación relativa a la manipulación genética, se pueda traducir en hechos en breve. 
Por lo que respecta a la cooperación en el sector de la tecnología de la información, nuestra atención debe estar enfocada a potenciar las redes entre las empresas para fomentar la transferencia de las tecnologías. 
Debemos dar mucha prioridad a los proyectos de investigación en el sector de ID+T. Teniendo en cuenta el gran desarrollo de este sector en Canadá, el sector europeo de ID+T puede sacar mucho provecho de ello. 
Señor Presidente, como mis colegas, también yo deseo felicitar al Sr. Graziani por la presentación de un informe excelente. 
Hablando en general, siempre ha habido cooperación y buena voluntad recíproca entre el Canadá y la Unión, por lo que a la mayoría de la gente le resulta difícil entender las relaciones, a menudo tensas, entre la UE y el Canadá en el sector de la pesca. 
Con frecuencia se formula la pregunta de cómo llegó a ser la pesca objeto de semejante discrepancia. 
Así, pues, es importante examinar los antecedentes. 
La UE y el Canadá tienen estructuras de pesca muy similares. 
En las regiones periféricas de la UE y del Canadá se da una gran dependencia de la industria pesquera y cualquier amenaza a ese recurso provoca- cosa comprensible- emociones y tensiones. 
En 1975 el Canadá, Islandia y Noruega declararon una zona económica exclusiva de doscientas millas para proteger sus poblaciones de peces, cada vez más reducidas, y Europa siguió su ejemplo en 1977. 
Ello provocó una pérdida de oportunidades de pesca para los buques europeos y, después de la adhesión de España y Portugal en 1986, los problemas que estos países afrontaban pasaron a ser problemas comunitarios. 
En 1992 el Canadá declaró una moratoria en la pesca del bacalao del Norte y, según sus cálculos aproximados, la consecuencia de ello fue la pérdida de unos 40.000 puestos de trabajo en Terranova. 
Los efectos de la reducción de oportunidades de pesca para la flota de la UE son de sobra conocidos; ha habido unos años de estancamiento y deterioro de las relaciones. 
En 1992 la Unión y el Canadá subscribieron un memorando de entendimiento que constituiría un nuevo acuerdo pesquero para substituir el acuerdo marco de 1981. 
En 1994, el Canadá modificó su ley de protección de la pesca costera para permitir la adopción de medidas en pro de la conservación de las poblaciones de peces dentro de la zona exclusiva de doscientas millas y en las aguas adyacentes. 
Dicha ley concedió poder a las autoridades para apresar buques de determinados Estados y en marzo de 1995 España y Portugal fueron añadidos a esa lista. 
El apresamiento de un buque español y la dura contienda consiguiente son ya cosa del pasado. 
Por fortuna, una semanas después se zanjó la disputa y en septiembre de aquel año España y Portugal fueron borradas de la lista de Estados designados. 
Ahora bien, comparto el optimismo, en el sentido de que parece posible que la Unión y el Canadá cooperen más estrechamente y que ambas partes entiendan mejor y respeten el punto de vista ajeno. 
Mi comisión espera que una cooperación cada vez mayor en el sector pesquero contribuya al desarrollo de los fuertes vínculos ya existentes. 
Se puede lograr mediante medidas de fomento de la confianza en los niveles bilateral y multilateral por mediación de la NAFO. 
Mi comisión pide a la Unión y al Canadá que velen por cumplimiento del compromiso bilateral. 
Apoyamos la iniciativa de la NAFO con vistas a mantener el actual mecanismo de impugnación. 
Rechazamos las disposiciones territoriales de la actual legislación pesquera canadiense y como conclusión he de decir... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, Señorías, ante todo, quisiera felicitar al Sr. Graziani por su informe y, además, saludar su presencia aquí porque significa que está restablecido. 
Querría aportar al debate dos cuestiones fundamentales. 
La primera es que, en un momento en el que estamos hablando de la actualización de las relaciones transatlánticas, cobra especial importancia este informe sobre nuestras relaciones con Canadá porque Canadá, desde el principio- y además lo demostró en los momentos más difíciles -, ha estado siempre con la causa de Europa y de la libertad y eso hay que reconocerlo y, además, hay que ponerlo al día. 
No se trata sólo de hablar con los Estados Unidos. 
Yo querría señalar dos aspectos. 
Uno es la nueva dimensión que ha tomado la relación transatlántica en la medida en que Canadá también se ha embarcado en la creación de una zona de libre comercio con los Estados Unidos- el Tratado NAFTA -, que, además, se ha ampliado a México y que, en este momento, incluso está planteándose la posibilidad de crear una zona de libre cambio continental, para toda América, lo cual significa que, en un futuro no muy lejano, también tendremos que reconsiderar nuestras relaciones no sólo económicas- y hay que saludarlo porque tiene consecuencias sobre nosotros -, sino también políticas. 
Igualmente, creo que es conveniente subrayar el aspecto de nuestras relaciones con Canadá referido al respeto de la legislación internacional y del marco de relaciones de la Organización Mundial de Comercio, y me refiero especialmente a las legislaciones extraterritoriales que, como en el caso de la ley Helms-Burton, nos están perjudicando tanto a Canadá como a la Unión Europea, y creo que es conveniente aunar esfuerzos en este sentido. 
Por último, señor Presidente, también querría señalar un aspecto que me parece importante en el informe y en el cual el Sr. Graziani incorporó enmiendas, presentadas, entre otros, por mí, que se refieren al tema de la pesca. 
Es importante señalar que es conveniente- y lo ha dicho el orador que me ha precedido- que relaciones seculares como las de la pesca, se puedan plantear en términos respetuosos de la legislación internacional. 
Bien sabemos que los temas de pesca son polémicos, y prueba de ello es la «guerra del salmón» de este momento entre los Estados Unidos y Canadá. 
Ya se sabe que, como dijo un viejo líder comunitario, Jesús había escogido a pescadores entre los apóstoles porque la pesca se convierte en tema muy polémico. 
Pero, en cualquier caso, yo creo que es positivo e importante de cara al futuro que desarrollemos nuestras relaciones en un clima de solidaridad, de cooperación y de respeto de la ley internacional. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, felicito también vivamente al Sr. Graziani por su magnífico informe. 
Canadá es un gran país con el que nos unen grandes vínculos históricos, políticos y económicos. 
Compartimos principios y valores comunes y la cooperación debe regir nuestras relaciones. 
Como español, y particularmente como gallego, tengo que hacer referencia, sin embargo, a un asunto que ha enturbiado nuestras relaciones: la pesca. 
Los gallegos, a quienes yo aquí represento, no entienden todavía la agresividad con que Canadá se comportó en el conflicto pesquero que desencadenó, violando el Derecho internacional. 
No deseo hurgar en heridas pasadas, sino ayudar a que éstas cicatricen definitivamente. 
Por ello llamo la atención sobre los apartados 20 y 21 del informe Graziani y las 8 conclusiones del informe de la Comisión de Pesca que se adjuntan al mismo, rechazando la legislación extraterritorial canadiense, reclamando su derogación y garantías para los buques comunitarios, llamando a una verdadera cooperación en NAFO, manteniendo el vigente mecanismo de objeción y evitando discriminaciones con otras flotas y reclamando también la entrada en vigor del acuerdo pesquero de 1992, aunque sea modificado, pero incluyendo las principales peticiones europeas ya acordadas como el acceso de la flota comunitaria a los excedentes pesqueros de Canadá. 
Como señala el informe Graziani, para que el plan de acción conjunto sea útil no debe ser una mera declaración de buenas intenciones sino un compromiso efectivo de avanzar en la cooperación. 
Como miembro de la delegación de este Parlamento con Canadá y de la Comisión de Pesca también, hago votos por el reforzamiento de esta cooperación. 
La pesca, señor Presidente, puede ser el test de estas nuevas relaciones entre Canadá y la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el interés común en mantener y desarrollar las relaciones entre la Unión Europea y el Canadá no se deriva- o, al menos, no debe derivarse sólode los importantes y voluminosos intereses comerciales en materias como las referentes a la extraterritorialidad de ciertas legislaciones nacionales, como las americanas Helms-Burton y de la OTAN, o a la igual cooperación y convergencia en el caso de ciertas acciones humanitarias, o incluso la resolución de la cuestión de la financiación de las Naciones Unidas, constituyen un campo político de colaboración conjunta que se debe mantener y fortalecer adecuadamente. 
En los aspectos estrictamente comerciales, conviene que algunos intereses económicos más importantes, como los vinculados al acero, al trigo, a la carne de bovino o incluso intereses audiovisuales, no se superpongan ni hagan olvidar- o incluso tiendan a considerar de importancia menor o marginal- la resolución concertada y mutuamente satisfactoria de cuestiones social y económicamente importantes para ciertas regiones y países de la Unión Europea casualmente pertenecientes a zonas menos desarrolladas, donde, además, la cohesión dista de ser una realidad. 
Me refiero- resulta evidente- a las cuestiones relacionadas con la controversia en materia de pesca en la zona NAFO, que subsiste y que, a nuestro juicio, no se puede resolver a costa de medidas unilaterales de ámbito extraterritorial, que en otro ámbito han merecido- y con razón- el repudio conjunto de canadienses y europeos. 
Así, pues, conviene que el Canadá no adopte en materia de pesca pesos y medidas diferentes y que, al contrario, prosigan las negociaciones a fin de salvaguardar todos los intereses presentes, incluido el interés común de la preservación de los recursos haliéuticos. 
Señor Presidente, la Unión Europea y Canadá mantienen relaciones desde hace apenas cincuenta años y hemos de felicitarnos de ver cómo éstas adquieren una nueva dimensión. 
Sabemos que la solidaridad trasatlántica ha sido un elemento indispensable para el mantenimiento de la paz, de las libertades y de la estabilidad. 
Por tanto es oportuno que esta comunicación, en el campo del acuerdo marco tomado anteriormente, acentúe su dimensión política, social y cultural, abriendo la cooperación a nuevos sectores como la investigación científica, el desarrollo tecnológico o la educación. 
Además, tras el período de la guerra fría, la situación internacional, que coloca a los Estados Unidos en una posición dominante, impone una revisión de las relaciones trasatlánticas. 
En ese contexto, las relaciones Unión Europea-Canadá son una prueba de reequilibrio. 
Nos encontramos en el terreno del rechazo del unilateralismo, y las leyes Helms-Burton y d ' Amato constituyen un ejemplo interesante y significativo de esta convergencia de intereses. 
Por ello, comparto totalmente el punto de vista expresado por el Sr. Graziani, autor de este excelente informe. 
No permitamos que controversias sectoriales pongan en duda vínculos bilaterales que existen desde siempre. 
El interés recíproco que representa el refuerzo de los vínculos políticos y comerciales es demasiado importante. 
Sin embargo, se plantean dos problemas: la pesca constituye el primer escollo, y el problema de las cuotas de capturas ha envenenado literalmente las relaciones entre Canadá y la Unión Europea durante los últimos años. 
Otra manzana de la discordia es la cuestión de los cepos dentados y la importación de pieles. 
En uno y otro caso deberían encontrarse soluciones para que no se quebrase la serenidad de nuestras relaciones. 
Canadá es un socio indispensable para la estabilidad y la seguridad en Europa. Y la importancia de los campos en los que cooperamos es un reflejo de los retos a los que se enfrenta el mundo occidental. 
Por consiguiente, es de desear que Canadá y la Unión Europea puedan unir sus esfuerzos en la búsqueda de un nuevo equilibrio para la comunidad internacional. 
Señor Presidentes, Señorías, Canadá es para nosotros un país especialmente cercano, a pesar de la distancia, ya que comparte una parte de su historia con dos miembros de la Unión como son Gran Bretaña y Francia. 
Debemos mantener nuestros valores heredados y conseguir que sirvan de base para una cooperación activa entre las entidades públicas, las empresas y, sobre todo, entre las personas que, en la actualidad, establecen vínculos cada vez más sólidos entre ambos lados del Atlántico. 
Canadá ofrece también el ejemplo, muy interesante para todos aquellos que reflexionan sobre las instituciones europeas, de un país federal que, a pesar de su antigüedad, no ha encontrado su equilibrio. 
Su agitada historia institucional está marcada por la falta de reconocimiento de la provincia de Quebec como tal en la actual constitución de Canadá y por la imposibilidad de encontrar, al menos hasta ahora, una fórmula original que conjugue la soberanía de los quebequenses francófonos y su asociación con el resto del país. 
En consecuencia, en el primer referéndum sobre la soberanía, que tuvo lugar en 1980, el sí obtuvo el 40 % de los votos. En el segundo, celebrado en 1995, obtuvo el 49, 5 % y ya se anuncia un tercer referéndum. 
Esta evolución debe provocar la reflexión entre los europeos ya que, si el federalismo funciona bien cuando se implanta en un solo pueblo como ocurre en Alemania, sin embargo se bloquea o sufre sobresaltos sin límite cuando se implanta en varios pueblos deseosos de conservar su identidad y la capacidad de decisión sobre su destino. 
En efecto, como la coordinación que éste impone subordina a las naciones miembros, da pie constantemente a sospechas sobre el respeto por parte de alguno de los socios. 
Evidentemente, esta observación es aún más verdadera cuando la constitución básica ni siquiera ha sido aprobada por una de las naciones miembros. 
Por ello, me alegro de ver que, en la actualidad, la mayoría de los responsables europeos no se dan explícitamente un objetivo federal. 
Y, en la misma perspectiva, quisiera transmitir también a nuestros amigos del otro lado del Atlántico la simpatía con la que seguimos los esfuerzos de Quebec y Canadá por encontrar una fórmula institucional que clarifique sus relaciones. 
Señor Presidente, Señorías, en su informe sobre las relaciones entre Canadá y Europa, el Sr. Graziani ha abordado temas muy diversos, que van desde los cepos dentados a algunas reflexiones sobre el interés de una dimensión trilateral Unión-Estados Unidos-Canadá pasando por el problema de la pesca costera. 
Por consiguiente, habría muchas cosas que decir, también habría críticas que formular, y en especial sobre la toma de posición en favor de una Organización Mundial del Comercio, es decir, de un mundo sin fronteras entregado a los apetitos de las multinacionales. 
Pero dos minutos no bastan, sobre todo porque el texto que se nos ha sometido no aborda las cuestiones principales. 
Lo que ha llegado a ser Canadá prefigura lo que puede llegar a ser Europa, es decir, un conjunto federal satélite de los Estados Unidos. 
Otawa constituye un modelo para Bruselas, es la capital de una entidad artificial que sujeta bajo un yugo federalista a dos naciones, a los canadienses franceses y a los anglosajones. 
Ambos son víctimas del sistema. 
Los canadienses franceses, por supuesto, pero también los anglosajones, los cuales a medida que Otawa corta los vínculos con Londres pierden toda su especificidad. 
Hoy, ambos pueblos se disuelven en el «melting pot» americano. 
Los quebequenses libran un hermoso combate por la defensa del francés, pero el descenso de la natalidad, desde lo que se ha dado en llamar la revolución silenciosa, hace que este combate sea vano. 
De aquí a unos decenios, los seis millones de canadienses franceses pueden haber desaparecido, borrados del mapa al igual que ocurrió con los acadios, los franceses de Luisiana. 
Sin embargo, queda una salida para estos dos pueblos, liberarse del yugo federal como han hecho los pueblos de la Europa central y como quieren hacerlo nuestras naciones, cada vez más asfixiadas por Bruselas. 
Ésta es la razón por la cual, patriotas franceses, apoyamos la causa de un Quebec libre. 
En 1995, los federalistas de Otawa ganaron por poco, al beneficiarse de las mismas ventajas que los eurofederalistas maastrichtianos en Francia en 1992- voto de las minorías étnicas, presiones de las autoridades mediáticas y financieras. 
Y, también, al igual que en 1673, París se ha desinteresado del destino de la nueva Francia. 
Nuestra intelligentsia es claramente heredera de Voltaire, que declaraba entonces: » Quisiera que Canadá estuviese en el fondo del mar glacial.» 
La próxima será la definitiva. 
Que los quebequenses sepan que no están solos. 
Cuando en Francia, nosotros mismos seamos liberados de la tutela de Bruselas, podremos renovar con nuestros hermanos de Quebec los lazos rotos hace dos siglos. 
Señor Presidente, señor Graziani, usted ha elaborado un excelente informe y le estoy muy agradecida de que haya transmitido una atmósfera tan positiva, pues creo que dependemos de unas buenas relaciones trasatlánticas, tanto con Canadá como con los EE.UU. Este es un importante cimiento para los valores occidentales, por lo que le estoy muy agradecida. 
Por lo demás, es muy positivo verle de nuevo aquí restablecido. 
El plan de acción común del 17 de diciembre de 1996 refuerza el acuerdo marco de 1976 y abre de este modo una nueva forma de cooperación entre la Unión Europea y Canadá. 
Me alegra que exista este acuerdo y que hayamos elegido nuevas formas para fundamentar esta cooperación. 
Después hablaré de nuevo al respecto. 
El centro de gravedad del acuerdo se encuentra en el sector de las relaciones bilaterales de comercio y de las inversiones así como en el fortalecimiento de la cooperación en las cuestiones multilaterales de comercio y en la ampliación y estabilización de la cooperación política. 
Es un amplio paquete y la Comisión ha realizado un sólido y eficaz trabajo. 
¿Cuál es esta nueva forma y cuál es el nuevo estilo de cooperación? 
Sólo quiero mencionar algunos sectores. 
El primer aspecto es que existe una forma directa de cooperación, es decir, la Comisión coopera con la correspondiente instancia administrativa canadiense. 
Existe una forma mucho más directa de cooperación política, es decir, en el futuro existirán para cada caso y cada tema que se deban tratar posibilidades directas de cooperación. 
El segundo aspecto consiste en que los litigios comerciales se pueden exponer directamente y ya no con las formas tan complicadas usuales anteriormente. 
No debemos infravalorar este aspecto. 
Sabemos que los litigios comerciales nos dificultan la vida, por lo que es importante que podamos hacerlo. 
Tenemos unas formas totalmente nuevas de acuerdos sobre la mesa y me alegra que lo haya hecho la Comisión. 
En cualquier caso, señor Presidente, usted tiene toda la razón. Necesitamos un mayor acompañamiento parlamentario de los programas. 
Ruego a la Comisión que nos tenga permanentemente informados de lo que hace. 
Presidente, permítame también comenzar con el señor ponente, el Sr. Graziani, para felicitarle por su informe tan extenso y, antes de nada, hacer hincapié un momento en lo que ha comentado en su introducción sobre la catástrofe en su país. 
Le quiero decir también a él que esta mañana la Comisión ha prestado atención a este asunto y me gustaría aprovechar la oportunidad de expresar, en nombre de la Comisión, los más profundos sentimientos para con las víctimas del terremoto en Italia. 
También hemos constatado esta mañana de forma espontánea que es una pena que no seamos capaces, por falta de medios y de presupuesto, de traducir este profundo sentimiento en un apoyo práctico, aunque fuera algo puramente simbólico, porque no disponemos de ningún medio para catástrofes naturales. 
Sí hemos buscado la manera, y sé que el Comisario Oreja está investigándola, para ver en qué medida podemos ayudar o tal vez destinar fondos para la restauración de tesoros artísticos- y todos sabemos que la Gran Basílica de Asís ha sufrido daños en este concepto. 
No puedo darles ninguna noticia concreta en este momento, pero me parecía correcto prestar un momento de atención a este tema. 
Por lo que se refiere al informe, me alegra poder informar al Parlamento del reciente desarrollo positivo en las relaciones entre la Unión Europea y el Canadá. 
Como continuación a la comunicación de la Comisión al Consejo del 28 de febrero del año pasado, el pasado 17 de diciembre se firmó una declaración política conjunta y un plan de acción. 
El plan de acción ya ha tenido su efecto positivo de cara a las relaciones bilaterales que ahora son más equilibradas que hace un año. 
Esto fue confirmado por ambas partes el pasado 20 de junio en la cumbre entre la UE y Canadá en Denver. 
En una reunión unas semanas más tarde con arreglo al diálogo político, el ministro de Asuntos Exteriores Axworthy manifestó que el progreso conseguido hasta entonces en el plan de acción había superado las expectativas. 
Según mi opinión se puede afirmar con tranquilidad que nuestras propias expectativas también se han visto superadas. 
Sin embargo, persisten algunos problemas en el ámbito bilateral sobre todo con relación a los diferentes puntos de vista sobre- esta tarde también se ha comentado- la aplicación extraterritorial de la legislación en el ámbito de la pesca, y asimismo se pueden mencionar algunas cuestiones relativas al comercio e inversión. 
No obstante en general, Canadá es para nosotros un importante socio transatlántico con quien compartimos muchos valores y objetivos. 
Estoy completamente de acuerdo con las observaciones del Sr. Graziani sobre la importancia de nuestras relaciones con Canadá. 
Por lo que respecta al proyecto de acción, quiero llamarles la atención sobre cuatro acuerdos con Canadá que están caso ultimados. 
Se trata en primer lugar del reconocimiento mutuo de normas y certificaciones. 
Las negociaciones han terminado y el acuerdo fue rubricado el 30 de mayo. 
Queda por intercambiar información de las instituciones sobre la evaluación conforme. 
En segundo lugar, un acuerdo de cooperación aduanera y asistencia mutua en cuestiones aduaneras. 
Ese acuerdo está listo para firmar. 
En tercer lugar, las normas veterinarias y fitosanitarias. 
Las negociaciones sobre este tema han terminado. Pero hay algunas cuestiones en relación con la situación BSE que tienen que ser tratadas con más detalle. 
En cuarto lugar, en el ámbito de la competencia, también han terminado las negociaciones y se mandará el acuerdo en las próximas semanas al Consejo. 
En su conjunto, creemos que se puede decir que estos cuatro acuerdos seguramente fomentarán el comercio con Canadá. 
También se ha empezado con los trabajos preparatorios de un estudio comercial conjunto enfocado al fomento del comercio de bienes y servicios y a la reducción o eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias. 
El 30 de septiembre se intercambiaron los inventarios de las barreras comerciales dentro del marco de este estudio. 
Asimismo, es digno de mención que Canadá es un socio importante en nuestro rechazo a las leyes Helms-Burton y d ' Amato. Es un tema sobre el cual hemos debatido con nuestros amigos canadienses. 
En el campo de la política exterior y de seguridad, la Unión Europea y Canadá llevan colaborando ya muchos años en foros multilaterales como la ONU y la OSCE. 
Como resultado directo de este proyecto de acción, la UE debatirá durante la presidencia de Luxemburgo entre expertos de alto nivel los siguientes temas: las reformas de la ONU, el desarme, la no proliferación, los derechos humanos, la Europa del Este y el Asia Central. 
Como observa con razón el Sr. Graziani en su informe, Canadá juega un papel importante en la región del Pacífico. 
Como tal ostenta ahora la presidencia de la APEC y organizará para noviembre próximo la cumbre APEC en Vancouver. 
En cuanto al último capítulo del plan de acción con el título: " fomento de las relaciones» , opino que los acuerdos con Canadá en el campo de la enseñanza científica y profesional y también en el de la ciencia y tecnología, ya han dado unos resultados muy buenos. 
Con referencia a las relaciones, digamos de pueblo a pueblo, quiero expresar mi satisfacción sobre la decisión canadiense del pasado abril de suprimir la necesidad para los ciudadanos portugueses de pedir un visado. 
Esta era una cuestión que la Comisión había debatido con Canadá en el marco del plan de acción. 
En último lugar, pero no de menor importancia, quiero señalar que la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Canadá hará una visita a la capital al final del presente año y soy de la opinión que esa visita se efectúa en un momento extremadamente apropiado en las relaciones entre la UE y Canadá. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Unión Económica y Monetaria 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación del informe (A4-0255/97) del Sr. Willockx, en nombre de la Comisión de Asuntos Monetarios y Política Industrial, sobre los criterios de convergencia para la Unión Económica y Monetaria y la financiación de los sistemas de seguridad social en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, me gustaría empezar dejando claro que mi informe respecto a la protección social forma parte de un conjunto. Un conjunto de tres componentes: trabajo, protección social e ingresos. 
Estos tres componentes forman un conjunto inseparable. 
En ese sentido las " tareas» que quiere proponer la Comisión a los Estados miembros, deben comprender los importantes elementos de garantía de la protección social y de los ingresos. 
Es sumamente importante no perder de vista durante la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, la correlación entre este conjunto de tres elementos. 
Como nota marginal, me gustaría decir que está mal afirmar por una parte que la aplicación de los criterios de convergencia en el campo presupuestario y por otra, que esa no aplicación hubiera solucionado el problema del desempleo. Por otro lado, también está mal utilizar la aplicación de los criterios de convergencia como coartada para recortar la protección social y también hipotecar de esa forma indirectamente la política de empleo. 
Creo además, que hemos de tener cuidado con las comparaciones artificiales con los Estados Unidos de América. 
Nosotros tenemos nuestro propio modelo continental. En Europa tenemos que ser fieles a este modelo propio. 
Estos criterios no constituyen, por lo que a mí respecta, un peligro para la financiación de la protección social. 
Por el contrario, en un país como Bélgica, la aplicación y el perseguimiento de los criterios de convergencia han resultado el mejor medio para garantizar la financiación de la protección social a largo plazo. 
Por lo tanto me niego, y quiero subrayar este punto con mucho énfasis, a reconocer la contradicción entre ambos objetivos. 
En este debate se ha discutido repetidamente sobre las pensiones. 
En este aspecto también hemos de tener cuidado con las expresiones en forma de eslóganes. 
La capitalización no es un remedio milagroso para asegurar el futuro de las pensiones. 
Por otra parte, apoyar los sistemas de reparto por medio de una capitalización adicional no es pecado mortal, en mi opinión. 
Pero hay algo muy claro, hace falta prudencia, y en este sentido corroboro el punto de vista que la Comisión Europea ha formulado en su última comunicación sobre la modernización de la protección social, en la transición de un sistema a otro. 
El asunto clave al que nos enfrentamos en el futuro es: ¿de qué forma podemos mantener unos sistemas de seguridad social asequibles sin debilitar la red de ayudas sociales? 
Doy tres elementos. 
El primero es una repetición: unas finanzas públicas saneadas. 
Es la mejor garantía para el futuro de la seguridad social ya que esto nos permitirá en el futuro disponer de más medios para ella. 
El segundo: creación de empleo. 
Ningún sistema de seguridad social puede funcionar sin un alto grado de empleo. 
El tercero: la modernización necesaria de los sistemas de cara a los nuevos retos. 
¿Qué podemos hacer, como Europa, al respecto? 
Nuestra labor en esta materia no es tan grande. 
Sólo podemos intentar crear el marco para llevar a buen fin esta tarea que acabo de formular. 
Existen tres instrumentos importantes. 
En primer lugar, la coordinación fiscal entre los Estados miembros en lo referente a las bases imponibles y a la tarificación. 
Me alegra lo que ha dicho el Presidente Santer esta tarde al respecto. 
En segundo lugar, la búsqueda de respuestas fiscales coordinadas a la necesidad de una financiación alternativa del sistema de seguridad social, por ejemplo el impuesto sobre el consumo de energía para financiar la bajada de la contribución del empresariado. 
En tercer lugar, la formulación de criterios de convergencia sociales para orientar la protección social y la política de empleo y para prevenir en el futuro el dumping social. 
Señor Presidente, estimados colegas, estoy completamente convencido que cuanto más democrática sea Europa, cuanto más firmeza tendrá un sistema adaptado y modernizado de seguridad social. 
Por mucho que digan los teóricos: la población, los que nos eligen, no quieren y no aceptarán nunca la degradación del sistema de protección social. 
Cuanto más democracia haya en Europa, más resistente será nuestro sistema de seguridad social. 
Esta es mi firme convicción. 
Señor Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales quiero decir en primer lugar que me alegro de que tanto el ponente como la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial hayan adoptado en su gran mayoría las conclusiones de nuestra Comisión. 
No cabe duda, evidentemente, que la Unión Económica y Monetaria ejerce una influencia importante en la seguridad social de los Estados miembros. 
No obstante, no se pone en cuestión la validez de la UEM. 
Justo lo contrario, los objetivos, las normas y el calendario deben respetarse plenamente. No porque formen parte de algún dogma económico, sino porque contribuyen al éxito de la UEM y por lo tanto a la estabilidad monetaria, al crecimiento económico, a una mayor competitividad y consecuentemente fomentan el empleo. 
Las desventajas temporales sí nos fuerzan a preparar la seguridad social para la UEM. 
Sin embargo, esto debe hacerse sin poner en peligro el núcleo doble de la seguridad social. 
El aspecto asegurador por una parte, esto es el asegurarse colectivamente contra los principales riesgos sociales, y, por otra parte, el aspecto asistencial que expresa la solidaridad. 
La seguridad social es la piedra angular del modelo social europeo. 
Todos estamos de acuerdo, sin embargo, que la financiación de la seguridad social constituye el gran problema al que se enfrenta cada Estado miembro. 
La estrangulación presupuestaria nos lleva inevitablemente a preguntarnos si todos los aspectos de la seguridad social se pueden mantener y si no es preferible intervenir con prudencia cuando se trata de la renuncia forzosa de derechos y servicios. 
Todavía se pierde demasiado de vista que la seguridad social no solamente está influída por la UEM, sino también por la evolución demográfica y los factores tecnológicos. 
Pensemos en el envejecimiento de la población. 
Pensemos en el cambio de la composición de las familias, el ingreso de las mujeres en el mercado laboral y el constante alto desempleo. 
Pensemos, por otra parte, también en el avance de la medicina y de los medicamentos, el desarrollo de la informática, la robótica, la telemática, los medios de comunicación. 
Tales cambios demográficos y tecnológicos llevan a una reducción de ingresos y a un aumento de gastos en la seguridad social. 
El desequilibrio que todo esto origina, no se puede sustentar. 
La Comisión de Asuntos Sociales propone, por consiguiente, cuatro medidas. 
En primer lugar, la realización del mercado interior para combatir las distorsiones de la competencia y dumping social. 
En segundo lugar, el apoyo al crecimiento económico, entre otras cosas, por medio de inversiones adicionales y la mejora de la competitividad. 
En tercer lugar, el fomento de empleo utilizando por ejemplo el subsidio de desempleo como dotación para sueldos. 
En cuarto lugar, la revisión del sistema fiscal para reducir tanto la imposición sobre el trabajo como para contribuir a reequilibrar el presupuesto estatal. 
En el proyecto de tratado de Amsterdam figura que la Unión Europea persigue un alto nivel de empleo y un alto nivel de protección social. 
Está puesto explícitamente. 
Aunque no exista ahora mismo ningún contrato social europeo, sí hay un capítulo dedicado al empleo en el Tratado de Amsterdam y se celebra en noviembre la cumbre sobre el empleo. 
Ojalá sirvan ambos como impulso para estas medidas que por si solas no bastarán para garantizar la financiación de la seguridad social, pero que en combinación con las diversas políticas nacionales pueden facilitar que vayamos por el camino de la unión económica, monetaria pero al mismo tiempo social, porque de eso se trata finalmente. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Sr. Willockx su informe y al Sr. Chanterie su opinión. 
Éste es un debate muy oportuno, porque esta tarde hemos oído al Presidente Santer examinar la cuestión de la cumbre sobre el empleo que se celebrará en Luxemburgo y existe una estrecha vinculación entre nuestros sistemas de seguridad social, los niveles de desempleo y todo el futuro del crecimiento y del empleo en la Unión Europea. 
Si bien este informe formula la pregunta de qué consecuencias tendrá la Unión Económica y Monetaria para los sistemas de seguridad social, los diputados a esta Asamblea de todas las orientaciones hemos de afrontar una verdad muy simple: nuestro sistema de seguridad social, independientemente de la Unión Económica y Monetaria, necesita una profunda reforma. 
El informe del Sr. Willockx lo señala en verdad con mucha claridad. 
El Grupo Socialista quiere que se revise la seguridad social, pero, como señala el informe del Sr. Willockx, queremos hacerlo velando por el mantenimiento de la red de seguridad social. 
Debemos reformar el sistema, pero mantener la red de seguridad que tenemos en la Unión Europea. 
El sistema establecido al final de la segunda guerra mundial ya no es apropiado para los tipos de empleo y los tipos de desempleo que tenemos hoy. 
Así, pues, nos gustaría que se abordaran tres cosas en el examen que se ha de hacer. 
Quisiera que la Comisión tal vez en sus estudios futuros y el Consejo las tuvieran en cuenta en el futuro. 
La primera es el establecimiento de un nuevo sistema de seguridad social que ofrezca ayuda, adaptada a las necesidades de cada uno de los ciudadanos y centrada en la asistencia a las personas en períodos de desempleo, en lugar de excluirlas permanentemente del trabajo. 
Es una realidad que en algunos de nuestros países los sistemas de seguridad social excluyen permanentemente a nuestros ciudadanos del trabajo. 
Ésa es la razón por la que el 50 % de las personas sin trabajo en la Europa de hoy son desempleados de larga duración. 
Hemos de reconocer que la factura de la seguridad social para el contribuyente va en aumento. 
Por esa razón, necesitamos la creación de puestos de trabajo en la Unión Europea. 
Si creamos puestos de trabajo, podemos reducir la deuda y el endeudamiento para pagar la seguridad social. 
Ésa es la razón, señor Comisario, por la que esa cumbre que se celebrará en Luxemburgo es decisiva no sólo para la cohesión social de la Unión Europea, sino también para reducir el déficit presupuestario y velar por que el pacto de estabilidad y el crecimiento puedan funcionar en realidad. 
En particular para nuestros jóvenes, tenemos que derribar las barreras que hacen casi imposible el paso de la recepción de prestaciones al trabajo para centenares de miles de jóvenes. 
En la Unión Europea hoy es virtualmente imposible para algunos de nuestros jóvenes pasar de la recepción de prestaciones al trabajo. 
Como socialdemócrata, he de decir a Sus Señorías lo siguiente: por amor de Dios, celebremos un debate sincero sobre esta cuestión y concibamos un sistema de seguridad social que sea sensible para con el individuo y contribuya a aprovechar al máximo las oportunidades para el empleo en la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, si he aplaudido de forma tan ostensible a los Sres. Willockx y Donnelly ha sido porque su discurso es exactamente el que me gustaría mantener. 
Pero no es precisamente lo mismo que figura escrito en su texto. 
Por ello tenemos algunas pequeñas diferencias de puntos de vista, aunque, en el fondo, me alegro de la coincidencia en las ideas y del consenso entre ustedes y nosotros. 
Como muy bien ha señalado el Sr. Donnelly, es preciso conservar el sistema social, y nosotros somos favorables a ello pero adaptándolo. 
No es exactamente lo que dice usted: es necesario mantener la seguridad social y reforzarla si fuera necesario. 
No es lo mismo. 
Si usted hubiera dicho que hay que reformarla para adaptarla, yo hubiera estado totalmente de acuerdo. 
Igualmente, cuando dice que ni el cumplimiento de los criterios de convergencia, ni la fecha de la entrada en vigor de la tercera fase pueden atentar contra los esfuerzos indispensables realizados por la Unión para crear empleo, lo siento, pero esta frase es ambigua. 
Si pudiera leerse como usted la ha dicho en su discurso yo la votaría, pero no es eso lo que ha escrito usted. 
Asimismo, en el párrafo 14 habla usted del nivel de protección social e introduce una noción de rigidez que no está ni en el discurso del Sr. Donnelly ni tampoco en el suyo. 
En el caso de usted, hay matices. 
Pero creo que el Sr. Donnelly es extraordinariamente realista y sólo puedo aplaudirlo. 
Probablemente se trata de la experiencia del poder, que hace las cosas un poco más comprensibles y a las personas más responsables. 
Dicho esto, señor Presidente, por lo demás, este informe es excelente. 
Nosotros tenemos todo el interés en mantener un sistema de seguridad social y de solidaridad ya que ésta es indispensable para que el sistema económico funcione bien. 
Nosotros no creemos en la ley de la jungla ni creemos que el mercado pueda regularlo todo. 
Pensamos que el Estado tiene una función que desempeñar y los agentes sociales también. 
Por consiguiente han de ponerse de acuerdo, y el Gobierno igualmente, pero ello implica por su parte una concienciación de la realidad. 
En efecto, como muy bien ha dicho el Sr. Donnelly, y yo lo repito, el sistema actual, tal como funciona en la mayoría de nuestros Estados, ya no es financiable, no es sostenible ante la globalización y la mundialización. 
Por tanto hay un esfuerzo de adaptación que hacer, y yo me alegro de que, en los discursos (desafortunadamente menos en los textos) hayamos llegado a ponernos de acuerdo sobre ese punto. 
Señor Presidente, por lo demás, nuestro grupo votará sin dificultades este informe y nosotros felicitamos y damos las gracias de nuevo al Sr. Willockx. 
Señor Presidente, colegas, el grupo parlamentario liberal tiene sentimientos contradictorios sobre el informe de nuestro colega Willockx. 
Sí celebramos que el ponente haya tenido el valor de ir buscando el consenso durante meses. 
Pero a pesar de todo, nadie se reconoce en el informe. 
Difícilmente puedo pasar por alto que la resolución es incoherente y ambigua. 
Incoherente ya que, por ejemplo, es difícil afirmar a la vez que Maastricht restringe los criterios del margen presupuestario destinado a medidas sociales, pero en el fondo no lo hace porque la reducción del déficit lleva a tipos de interés más bajos, más inversiones, crecimiento, creación de empleo y por lo tanto una base impositiva más amplia. 
Debo reconocer, Señor Willockx, que hoy su posición ha ganado en claridad, cosa que no se encuentra tan fácilmente en el informe. 
En nombre del grupo parlamentario liberal quiero dejar algunas cosas claras. 
En primer lugar, deseo subrayar que los países que persisten y sanean sistemáticamente sus finanzas estatales, son los que mejores índices tienen en el ámbito del empleo y crean, por lo tanto, las bases para una seguridad social asequible. 
En segundo lugar, en el ámbito de las pensiones, somos de la opinión que el sistema de capitalización puede coexistir con el sistema de reparto. 
No se trata de sustituir un sistema por el otro, sino que ambos pueden funcionar uno al lado del otro. 
Mi grupo parlamentario sí apoya el punto 6 de la resolución, en el cual se hace un llamamiento a la Comisión para que realice un estudio sobre el efecto del envejecimiento de la población en los sistemas de pensión. 
Por último, colegas, dentro de poco debatiremos aquí, en el Pleno, el informe de la modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea. 
De nuevo se volverá a plantear el mismo tema por el Parlamento. 
La credibilidad de esta Asamblea ganaría en puntos si dedicáramos un único informe a este tema en vez de una serie. 
No sólo reduciría la montaña de papel, sino también crearía más coherencia en nuestros puntos de vista. 
(GUE/NGL) - (EL) Señor Presidente, que todo el sistema de protección social en Europa se está enfrentando al peligro inminente del fracaso total, es un hecho del que no podemos dudar. 
Los organismos de la seguridad social se encuentran en el umbral de una quiebra catastrófica. 
El Parlamento Europeo, que es el único órgano electivo de la Comunidad y que por esta razón se supone que está más cerca de los pueblos de la Unión, debería dar una clara contestación a la siguiente pregunta: ¿Quién es responsable de esta inadmisible situación? 
La respuesta es, creo yo, evidente: el desempleo masivo y la política que lo genera. 
Pero automáticamente se presenta otra cuestión: ¿Quién se responsabiliza del paro? 
Aquí las respuestas que se dan no sólo ofenden al ciudadano europeo como ser pensante, sino también, al intentar poner patas arriba la realidad, exigen la continuación y la intensificación de la política responsable precisamente del aumento dramático del desempleo y de la pobreza. 
Desgraciadamente, el presente informe, que insiste en confiar la lucha contra el desempleo a la Unidad Monetaria y Económica, hace lo mismo. 
En un momento en que debería analizar las consecuencias de la UEM en el sistema de la seguridad social, exige que se apliquen los criterios y la fecha para la tercera fase para crear- dice- un marco efectivo para un mayor empleo. ¿autoengaño o distorsión consciente? 
Que los mismos interesados elijan cuál de las dos cosas prefieren. 
El resultado es el mismo. 
Ignorando por completo las consecuencias de los criterios de la UEM y de los programas de convergencia en la capacidad del sistema de la seguridad social de cumplir con sus obligaciones con los asegurados y los parados, proponen el desplazamiento de las fuentes de financiación de la seguridad social, así como el desplazamiento de los recursos de los que se dispone para el subsidio de desempleo y para la formación profesional, a iniciativas de empleo; es decir, en provecho de los beneficios empresariales. 
Señor Presidente, en una época en que las estadísticas demuestran que la aportación del empresariado a la seguridad social se reduce constantemente; facilitar aún más a las empresas que arruinen los recursos de la política social y que especulen a costa de los trabajadores y de sus derechos sociales, es, cuando menos, una provocación. 
Si la Nueva Estrategia Integral para la creación de Empleo, tal como denominan los gobernantes a la Unión Europea, y el llamamiento a las instituciones públicas a una adaptabilidad, a una elasticidad y a una toma de sus responsabilidades significa que los trabajadores y los ciudadanos de la Unión deben renunciar a los derechos que conquistaron con su lucha; si el éxito de la política que se traza significa la plena desarticulación del modelo social europeo, entonces pueden estar seguros de que su respuesta será otra vez la lucha que, tarde o temprano, hará desaparecer no sólo la política antipopular, sino también los vehículos de esta política. 
Señor Presidente, la UEM nos obliga ya a reflexionar sobre las estructuras de la seguridad social, habida cuenta de que se han creado fuertes presiones para lograr un recorte de los gastos estatales. 
Se debería reflexionar también con igual entusiasmo de dónde van a sacar los Estados en el futuro el dinero necesario para, por ejemplo, financiar la seguridad social. 
En mi opinión, la Unión Europea no presenta una política equilibrada por lo que respecta a esta cuestión. 
Se ha mostrado una preocupación más que suficiente por los excesivos déficit, si bien la Unión Europea no ha logrado en absoluto hacer todo lo que estaba en sus manos para poder garantizar una financiación básica de la seguridad social, es decir, una financiación basada en los ingresos estatales. 
En este orden de cosas, creo que la reforma individual más importante consiste en poner un punto final a la erosión fiscal, esto es, garantizar que los factores de producción no se trasladan en vano de un país a otro en búsqueda de condiciones fiscales más ventajosas. 
A este respecto, queda aún mucho trabajo por hacer, especialmente por lo que respecta a la armonización de la fiscalidad indirecta. 
Resulta obvio que, a medida que nos vamos acercando a la UEM, cada vez nos referimos más a un modelo europeo. 
No queremos tropezarnos con personas durmiendo en la calle. 
Incluso queremos pagar algún que otro impuesto para que las personas dispongan de una seguridad mínima. 
Se debe proseguir el diálogo ya emprendido acerca de los modelos de los distintos países en materia de seguridad social. 
Todos los países de Europa tienen seguramente algo que aportar a este modelo europeo. 
En mi opinión, los países nórdicos no solamente no tienen nada de que preocuparse, sino que además, en muchos aspectos, el concepto de seguridad social a escala europea se encamina hacia los planteamientos de los países nórdicos. 
Y puedo tomar como botón de muestra el régimen alemán de seguros en el ámbito asistencial, que representa claramente un paso en esta sentido. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Willockx es de una calidad extraordinaria y quisiera, por mi parte, felicitar por ello al autor y señalar que, probablemente, se trata del tema más difícil al que tendremos que hacer frente en los próximos años. 
La intervención del Sr. Hermann, hace unos momentos, nos ha dado una idea. 
La aplicación de la Unión Económica y Monetaria y del euro, si viene acompañada de una desregulación demasiado rápida puede, efectivamente, provocar un incremento general del desempleo y un agravamiento de las condiciones de vida de una parte creciente, y ya muy importante, de la población europea. 
Ello principalmente porque los Estados miembros llevan a cabo políticas divergentes en materia de protección social, lo que provoca distorsiones considerables y suplementarias de competencia. 
Por consiguiente, es preciso acometer la aplicación de una convergencia real de nuestros sistemas de protección social. 
Sobre este punto deseo señalar el interés que la Comisión encontrará en explotar más amplia y decididamente las conclusiones del Libro Blanco sobre el Crecimiento y el Empleo. 
Con respecto a la lucha por el empleo, debemos hacer hincapié en los presupuestos destinados a facilitar la inserción y el retorno a la situación de empleo, en el plano regional, apoyándonos principalmente en el excelente tejido asociativo que lucha, en la actualidad, por responder a ello pero sin medios suficientes. 
Es preciso también conseguir un principio de convergencia de las políticas del seguro de enfermedad de los Estados miembros teniendo mucho cuidado de no reducir el campo que hoy cubre el seguro de enfermedad, gestionado por instituciones públicas o de interés general, con el fin de que la salud de los europeos no se quede solamente en el comercio del seguro privado. 
Ello implica muchas decisiones nuevas, de las cuales la más urgente es sin duda la aprobación de una directiva sobre la mutualidad. 
Finalmente, quisiera aportar el apoyo del Grupo de Coalición Radical Europea a las decisiones que pudieran tomarse para impulsar la transferencia progresiva de los recursos necesarios al sistema de seguridad social hacia la fiscalidad de capitales y la fiscalidad de energías no renovables, de forma que se reduzcan otro tanto las cargas que todavía pesan enormemente sobre los salarios en detrimento del empleo. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Willockx es un informe problemático. 
Tal vez sea la única conclusión con la cual estamos todos de acuerdo hoy. 
Desde luego, admiramos el valor del ponente, que, por así decirlo, ha metido su mano en un avispero. 
Pero la pregunta previa es si todo esto era necesario. 
Quien lea la opinión de la Comisión Social sabe la respuesta: no. 
Porque el informe no trata en absoluto de las consecuencias de la UEM sobre la financiación de los sistemas de seguridad social en la Unión Europea. 
A esto hay que añadir que el informe es contradictorio. 
Fijémonos en la primera observación, que plantea que el modelo social actual debe mantenerse. 
Si buscas la solución de un problema no debes apagar la lámpara, sino arrojar su luz sobre todas las soluciones creativas. 
El reto de la creciente competencia mundial urge una respuesta adecuada. 
Según el " World Economic Outlook» del FMI de este mes, para poder reducir el paro hacen falta en la Unión Europea reformas drásticas en los ámbitos de la seguridad social y de la política de empleo. 
Es que una UEM requiere una mayor movilidad laboral. 
Quien considera esto socialmente inaceptable, ha de ser consecuente y borrar a la UEM de su lista. 
Sin embargo, el ponente no lo hace. 
Por último, este informe es anticuado. Está de espaldas al futuro. 
Destinar subvenciones para la creación de empleo y la reducción de diferencias interregionales no lleva a nada. 
Abortan cualquier iniciativa innovadora. 
De esa manera a nadie se le estimula para ganarse el sustento. 
El estado debe tomar medidas por supuesto para combatir el dumping fiscal, social y medio ambiental. 
Pero esto se puede combinar perfectamente con un desmantelamiento del estado de bienestar. 
Porque, ¿es justo endosar a nuestros hijos las enormes obligaciones de pago porque nosotros eludimos nuestra responsabilidad? 
Señor Presidente, este informe muestra de un modo muy claro qué abanico de medidas deben aplicarse precisamente en el campo de la política social y de empleo en relación con los preparativos de la Unión Monetaria. 
Cada una de las sugerencias y exigencias expuestas por el ponente son concluyentes y creo que deberían apoyarse. 
No obstante, soy de la opinión de que todos estos puntos están en contradicción con el apartado 1. 
Precisamente el hecho de que aún no existen sistemas fiscales coordinados, de que hasta ahora no se han logrado sanear de un modo socialmente defendible los presupuestos estatales y de que los Estados miembros empeoran la base de los sistemas de seguridad social para lograr los criterios de convergencia, son señales de que habría que reconsiderar la fecha de la introducción del euro. 
En este contexto, en Austria se celebrará a comienzos de diciembre una iniciativa popular para la celebración de un referéndum sobre este tema. 
Mediante esta importante acción democrática se quiere proporcionar al ciudadano la posibilidad de ocuparse críticamente de una cuestión que le afecta personalmente. 
Consideramos erróneo que se le intente hacer creer mediante acciones publicitarias y propagandísticas que no existen problemas de naturaleza social y de empleo derivados de la introducción de la Unión Monetaria. 
La Unión Monetaria Europea debe ser la última e importante fase del mercado interior y debe tener lugar en un momento en que al menos se hayan solucionado los problemas más graves, también los de naturaleza políticosocial, y se hayan creado realmente las condiciones previas más importantes. 
Señor Presidente, el informe que estamos debatiendo hoy ha originado un amplio y largo debate en la Comisión de Asuntos Económicos. 
Hace ahora más de veintidós meses desde que celebramos nuestro primer intercambio de opiniones al respecto. 
Dadas la importancia y la delicadeza de este asunto, nuestro ponente ha guiado a la comisión con destreza a lo largo de ese período hasta que pudimos llegar a una conclusión y aprobaba sin votos en contra. 
Ello dice mucho a favor del ponente, por lo que merece nuestra felicitación. 
No obstante, siguen pendientes cuestiones fundamentales, la verdad. 
No todos hemos podido convenir en los efectos de los criterios de convergencia y del pacto de estabilidad, en particular, en la economía europea. 
Soy de los que creen que tienen y seguirán teniendo efectos deflacionarios. 
Además, la moneda única expone a los Estados miembros al peligro de sacudidas asimétricas en la demanda, que ya no se podrán contrarrestar mediante un reajuste del tipo de cambio. 
Naturalmente, no abogo por que se abandone la moneda única, con los grandes beneficios y el histórico cambio que está aportando a los asuntos europeos, pero necesitamos antídotos. 
El antídoto importante en este caso es una política social y de empleo paneuropea y coordinada. 
Mediante nuevos impuestos, si es necesario, como el impuesto sobre ingresos extraordinarios que con tanto éxito se ha aplicado recientemente en Gran Bretaña y con la que se financió una importante campaña contra el desempleo. 
Hay que formular una última pregunta fundamental. 
Después de que se haya aplicado toda la diestra cirugía de que el Sr. Donnelly ha hablado tan justificadamente, ¿seguirá el nivel de vida del trabajador europeo siendo el mismo o disminuirá y se desplomará incluso hacia el nivel del trabajador del tercer mundo, al que se ha hecho referencia al hablar de la mundialización? 
Señor Presidente, este informe se esfuerza sinceramente por atacar los problemas, si bien en campos muy tradicionales y plantea algunas cuestiones básicas a las que me voy a referir. 
En primer lugar, en el informe se dice que no debe producirse un desmontaje social. 
Por supuesto que nadie quiere esto. 
Pero tenemos que añadir sinceramente que es inevitable una transformación de nuestras estructuras sociales, de nuestros sistemas de seguridad social, incluyendo el peligro de que aquí y allí se produzcan también recortes. 
Segundo punto: en el informe se dice que en el sector de las pensiones no se espera mucho de un cambio del sistema de reparto al de capitalización. 
Que esto duraría demasiado tiempo, también lo sé yo. 
Pero habría que decir también muy claramente que en el futuro la propia financiación de las pensiones va a desempeñar un papel central. 
El tercer punto se refiere a la cumbre del empleo en Luxemburgo. 
El Sr. Presidente del Consejo Juncker subraya siempre que no va a ser una cumbre de desregulación. 
De acuerdo, esto por si solo sería realmente demasiado poco. 
Espero que en esta cumbre del empleo se trate también sobre la necesidad de modificar y flexibilizar nuestras estructuras económicas y laborales. 
El informe señala tímidamente hacia el futuro en dos campos. En el primero, cuando se refiere a la reforma fiscal ecológica, es decir, el traspaso de las cargas fiscales del trabajo hacia la energía, el consumo, etc. Pero sólo quiere analizarlo y esto no es suficiente para mí. 
Sabemos que es uno de los instrumentos de futuro. 
En el informe se cita el informe de la Comisión del año 1995 sobre el futuro de la protección social, en el que se dice que se cuestiona la relación directa, la rígida vinculación, entre los pagos de cuotas de los asegurados y la cobertura del riesgo. 
Creo que deberíamos ocuparnos seriamente de la cuestión de una previsión básica, pues el trabajo va a ser menos y el hueco existente entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen va a agrandarse. 
Pero la solidaridad social tiene que abarcar también a aquellos que no han contribuido lo suficiente al sistema de seguridad social a través de su actividad remunerada. 
Señor Presidente, Señorías, éste es un debate más en el que se ilustran claramente los intentos de «cuadrar el círculo» o de «hacer circular el cuadrado». 
En el poco tiempo de que dispongo para un asunto tan urgente, alabo el esfuerzo del ponente, que ofrece algunos considerandos muy pertinentes, si bien saca las conclusiones contrarias al que parecería desenlace lógico de los considerandos. 
Pero conviene no olvidar que se trata de un informe de la Comisión de Asuntos Económicos, más preocupada por la UEM y por los efectos de la financiación de la seguridad social en ella que por la seguridad social y los efectos de la UEM en la situación y la protección social de los ciudadanos. 
A este respecto resulta urgente y fundamental una observación sobre la perspectiva que se va consensuando de que «la seguridad social protege a los ciudadanos contra riesgos de carácter social» , que se encuentra en documentos comunitarios, como también en documentos de los Estados miembros: por ejemplo, en el Libro Verde portugués al respecto. 
Considero que esa perspectiva puede ser muy perversa, si substituye otra según la cual la seguridad social consagra derechos de quien haya nacido, viva, trabaje o trabajó, como derechos sociales y correlativos a obligaciones de la sociedad para con los individuos. 
No se trata de una cuestión de seguros individuales y cálculos de actuarios, sino de derechos humanos en consonancia con la época en que vivimos. 
Por otro lado, no es inocente la forma como se escamotea, en la consideración del grave problema de la financiación de la seguridad social, la responsabilidad de quien no cumple con sus obligaciones sociales de contribuir a esa financiación- obligaciones que aún lo son, al menos mientras no se modifiquen los sistemas, que existen y no se cumplen -, sin que se haya subrayado y sin que se responsabilice a quien falta a sus deberes. 
Señor Presidente, espero que no lo encuentre mal, pero, habida cuenta de que solicité la palabra al comienzo de esta sesión y no fui atendido, siguiendo ahora el ejemplo del Sr. Graziani, comenzaré mi intervención sobre el informe Willockx con una pequeña transgresión. 
Deseo, en efecto, subrayar la gravedad de la situación que se ha creado en Italia, en particular en Umbría y las Marcas, a raíz del reciente catastrófico terremoto, así como reiterar a la Presidencia, a la Comisión de Presupuestos y a todos los colegas lo indispensable que es prever con urgencia unos fondos para las catástrofes naturales, también con vistas a la ya próxima votación del presupuesto de la Unión Europea para 1998. 
Así las cosas, resulta que el Gobierno italiano no ha remitido ninguna petición oficial de ayuda, pero Europa no puede seguir ausente e impasible ante unos sucesos tan graves que han causado muertos, miles de millones de daños, miles de personas sin hogar y sin trabajo y que han afectado a un gran número de obras de arte que no sólo son patrimonio italiano y europeo, sino universal. 
Pasando al informe del Sr. Willockx, los criterios de convergencia son un poco la cruz y el deleite de los Estados miembros. 
Por un lado, si bien es cierto que la convergencia limita el margen de maniobra del presupuesto de cada uno de los Estados miembros e impone la reorganización de los sistemas de previsión social, por el otro, el respeto de los criterios de convergencia aumenta la eficacia global de la economía europea y refuerza su posición en la economía mundial, favoreciendo el crecimiento y el empleo. 
El problema quizás es ligeramente distinto y reside en el hecho de que hasta la fecha no se ha adoptado un cuerpo de leyes y reglamentos comunitarios, incluso mínimos, en materia de política fiscal y financiera. 
El dumping fiscal reduce los ingresos del Estado, aumenta la carga impositiva a cargo del trabajo en favor de los capitales y obstaculiza las políticas asistenciales de los Estados miembros. 
En este sentido, sin embargo, parecen por fin alentadores los resultados conseguidos por el Consejo ECOFIN del pasado 13 de septiembre. 
Al parecer, los Quince están dispuestos a avanzar en lo referente a la armonización fiscal e, incluso, se proyecta que ya a finales de año, durante el Consejo Europeo, podrán tomarse las primeras decisiones entre las cuales está la aprobación del código de conducta en materia fiscal. 
Habrá que luchar contra la desfiscalización competitiva- lo ha recordado precisamente esta tarde el Presidente Sr. Santer, a propósito del empleo- y la competencia desleal, sin aumentar la presión fiscal. 
Hay que corregir a la baja el nivel de imposición, en especial los impuestos directos e indirectos sobre la mano de obra asalariada, cuyo peso creciente está produciendo un efecto desastroso en la ocupación. 
Sería deseable, como señala acertadamente el informe, la creación de un Fondo para la concesión de ayudas contra el desempleo en favor de los Estados miembros más necesitados. 
Hay que tener en cuenta que la falta de un acuerdo europeo con respecto a la protección de los trabajadores, permitirá a las industrias implantarse en regiones donde la población activa costará menos y está menos protegida, con el riesgo de que los sistemas nacionales se armonicen sobre la base de un nivel más bajo de seguridad social. 
Nuestra preocupación reside en que en esta carrera desenfrenada para fortalecer las posiciones dominantes de las industrias nacionales en el libre mercado, se favorezca la erosión del sistema de protección social y ello debido a que los Gobiernos nacionales pueden recortar los gastos destinados a la protección social para ser competitivos. 
Si queremos evitar este peligroso panorama, debemos emplearnos a fondo a fin de que la Unión Europea tenga cierto grado de maniobra en el ámbito de la protección social. 
Las políticas deben armonizarse a escala europea: si ha de existir una unión económica eficaz, creo que, con mayor razón, si queremos mantener realmente la cohesión económica y social de la Unión Europea, los estándares sociales a escala europea son un requisito previo importante. 
Muchas gracias, señor Cellai, y gracias por sus compasivas palabras sobre las personas afectadas por el terremoto. 
Celebro mucho que usted haya pronunciado estas palabras durante su intervención. 
Muchas gracias una vez más. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero felicitar al Sr. Willocks por haber mostrado claramente en su informe cómo se condicionan recíprocamente la política social y económica y que no se excluyen o representan una contradicción. Pero también por ello, dentro de los 15 Estados miembros de la Unión Europea se ha convertido casi en una práctica echar exclusivamente sobre los hombros de la UE la presión de reforma que existe en muchos niveles de la política. 
Hoy se puede ver ya que los criterios de convergencia se toman como excusa para no reformar lo sistemas de seguridad social sino para desreglar. 
Todos tenemos claro que esto no es la base adecuada para mantener el bienestar sino que tenemos que ver los problemas de un modo más amplio. 
Nuestro objetivo es una auténtica UE caracterizada por la armonía social y no una zona de libre comercio más avanzada que deje de lado la política social. 
Naturalmente, no debemos infravalorar la evolución demográfica. 
Solamente en el último decenio, la esperanza de vida ha aumentado entre dos y tres años. Este dato tiene que ser ya suficiente desafío para tratar más a fondo la cuestión del nivel de vida. 
Sin duda, es necesario trasladar la carga fiscal del factor trabajo al capital, al consumo energético y a la contaminación medioambiental así como a la creación de valor. 
Pero las distorsiones de competencia más grandes a las que hoy nos enfrentamos se deben a la diferencia de los sistemas fiscales. 
Es aquí donde hay que actuar pues esto conduce más directamente al objetivo que presionar indiferenciadamente sobre los sistemas sociales o los mecanismos sociales de protección. 
Por ello, condiciones previas esenciales para colocar sobre un nivel estable la financiación de los sistemas de seguridad social, son una política fiscal europea que se oriente al memorándum Monti de la Comisión, unida a un pacto social europeo para solucionar el problema del paro y una continuidad del crecimiento económico. 
En la UE es más que necesario un debate sobre el futuro de la protección social y precisamente el Parlamento Europeo podría realizar una aportación positiva con todas nuestras iniciativas. 
Las mejores sugerencias al respecto se encuentran en los informes. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial reconoce que los criterios de convergencia limitan el margen de maniobra presupuestaria del que disponen los Estados para satisfacer su misión social. 
Esta presión sobre el presupuesto puede acarrear dificultades para la financiación de la protección social. 
En lugar de profundizar en esta cuestión, el informe evacúa todas las contradicciones y se conforma con reafirmar que han de ser aplicadas sin restricciones las disposiciones relativas a la Unión Económica y Monetaria. 
Por supuesto, el informe tiene en cuenta los problemas planteados, pero se inscribe plenamente en la lógica actual que ha de llevar a la moneda única. 
Hubiéramos podido apoyarnos de forma útil en un estudio del Observatorio Social Europeo relativo a los desafíos sociales de la Unión Económica y Monetaria, que dice que ésta es intrínsecamente portadora de desregulaciones sociales. 
Para ser competitivos y poder responder a choques externos, los Estados miembros no podrán más que «ajustar los niveles de precios y salarios a través de la fiscalidad y de los sistemas de seguridad social». 
Este estudio señala igualmente que la Unión Económica y Monetaria permitirá ejercer una presión sobre los sindicatos, con el fin de que éstos acepten unos niveles salariales y de subsidios inferiores en nombre del mantenimiento de la competitividad. 
El informe de la Comisión de Asuntos Económicos va en este sentido al pronunciarse por una reducción del coste del trabajo mediante la reducción de las cargas empresariales. 
Su análisis y propuestas están lejos de lo que están viviendo los ciudadanos europeos. 
La sumisión a los mercados financieros, que han impuesto la moneda única y sus criterios, conlleva la aceleración de la desregulación en todos los sectores, la puesta en tela de juicio de los servicios públicos y el desmantelamiento de los sistemas de protección social. 
Los trabajadores y sus organizaciones sindicales van tomando conciencia de esta realidad cada vez más (se puede ver en Italia actualmente) y están iniciando acciones. 
El relanzamiento del poder adquisitivo, el desarrollo de los servicios públicos, la reducción del tiempo de trabajo sin disminución de salario, la evaluación de los movimientos especulativos de capitales para disuadir a los especuladores son pistas que el informe ignora deliberadamente y que, sin embargo, permitirían abrir la vía para otra construcción europea, cuyo motor sería el empleo y el progreso social. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la reflexión que nos propone hoy su ponente, el Sr. Willockx, viene en el momento preciso para recordarnos la finalidad de la Unión Económica y Monetaria, y yo deseo sumar mis felicitaciones a las de esta Asamblea en el día de hoy. 
El euro no es un fin en sí mismo. 
Debe ser un instrumento al servicio del crecimiento y del empleo. 
Debe también ser garante de nuestro sistema de protección social. 
Como señala su ponente, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea encomienda a la Comunidad el objetivo de «promover un alto nivel de empleo y de protección social». 
Esta Asamblea también se plantea legítimamente la cuestión de la financiación de los sistemas de seguridad social en los Estados miembros, en el marco de la Unión Económica y Monetaria. 
Este tema preocupa igualmente a la Comisión que, el pasado mes de marzo, aprobó una comunicación titulada «Modernizar y mejorar la protección social en la Unión Europea» que, por cierto, responde ampliamente a las cuestiones que acaba de plantear la Sra. Kestelijn-Sierens hace unos instantes. 
Con relación a sus debates quisiera hacer, brevemente, dos observaciones. 
La primera tiene relación con la evolución demográfica europea y sus posibles consecuencias sobre la financiación de los regímenes de la seguridad social de los Estados miembros en el futuro. 
La segunda es relativa a la dirección de las finanzas públicas para garantizar un buen funcionamiento de los sistemas de seguridad social. 
En primer lugar, las dificultades de financiación con las que podrían encontrarse en el futuro los regímenes de la seguridad social en Europa (contesto ahora al Sr. de Lassus) serán de orden demográfico. 
El envejecimiento de la población se verá materializado por cargas crecientes y por una población activa cada vez más reducida. 
En efecto, la tasa de empleo en Europa, es decir, la relación entre empleo total y población en edad de trabajar, ha pasado de un 67 % en 1960 a un 59 % en la actualidad. 
A título de información les recuerdo que, tanto en Estados Unidos como en Japón supera en la actualidad el 73 %. 
Sobre la base de la misma política, las cargas que gravan las finanzas públicas irán incrementándose con las consecuencias siguientes: Primera, aumentará la carga de las jubilaciones y de los gastos de salud vinculados al envejecimiento. 
La relación de los gastos de jubilaciones con respecto al PIB debería aumentar de 3 a 4 puntos entre 1995 y el 2030, lo cual es mucho. 
Segunda consecuencia: el cambio de la estructura de edades de la población debería llevar a un aumento de la demanda de los servicios y de las transferencias sociales lo que, presumiblemente, agravará también el gasto público. 
¿Cuáles serán los efectos de esta evolución demográfica? 
De orden presupuestario en primer lugar, pero también tendrán implicaciones en el mercado del trabajo. 
Efectivamente, por una parte, el ahorro nacional debería disminuir de forma significativa con el agravamiento de la situación de las cuentas presupuestarias. 
Igualmente, según un reciente estudio de la OCDE, la evolución del ahorro privado debería verse afectada de forma negativa por el envejecimiento de la población. 
Por otra parte, la movilidad en el mercado de trabajo será menor. 
El segmento de edad entre los 20 y los 30 años disminuirá en 9, 4 millones de personas, mientras que la de 50-60 años aumentará en 5, 5 millones. 
La reducción de la movilidad por razones profesionales y geográficas que se derivará podría afectar, además, negativamente al crecimiento y a la productividad. 
Estas perspectivas pueden resultar preocupantes para las generaciones futuras. 
Por tanto, deben llevarnos a tomar, para preservar la cohesión económica y social y asegurar el correcto funcionamiento de la seguridad social en Europa, y en definitiva, salvaguardar el modelo social europeo (por encima de la simple red de seguridad, señor Donnelly) , en este sentido, la realización de la Unión Económica y Monetaria (el 1 de enero de 1999, Sr. Lukas) puede aportar elementos de solución. 
Como señala el ponente de ustedes, no es peligroso el saneamiento de las finanzas públicas vinculado a la realización de la Unión Económica y Monetaria. 
Incluso constituye la mejor garantía para la salvaguarda de los sistemas sociales en Europa, y diría que también para el empleo. 
Pero este reequilibrio presupuestario ha de verse igualmente acompañado de auténticas reformas estructurales, y el Sr. Chanterie lo ha señalado hace unos momentos. 
Para hacer frente a este desafío demográfico y estar en condiciones de tomar las decisiones políticas necesarias (los arbitrajes habrán de ser políticos) los Estados miembros han de encontrar, en primer lugar, márgenes de maniobra presupuestaria suficientes. 
El marco presupuestario introducido por la Unión Económica y Monetaria proporciona un medio. 
En un primer momento, es preciso considerar el respeto por la regla del cuasi equilibrio del presupuesto que, por cierto, figura en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Si se mantiene el ritmo actual de saneamiento de las finanzas públicas, y ello debería ser posible con el relanzamiento del crecimiento, este objetivo de cuasi equilibrio debería alcanzarse en el 2002, es decir, varios años antes de que el desequilibrio demográfico dejara sentir sus efectos. 
El año 2010 será el del déficit demográfico más importante para la Unión Europea. 
Hasta ese momento, el impacto del envejecimiento de la población será mínimo. 
Por consiguiente, los Estados miembros disponen de un lapso de tiempo suficiente para prepararse para las necesarias adaptaciones. 
Esta preparación ha de iniciarse, sin embargo, desde ahora, y ese esfuerzo pasa por verdaderas reformas estructurales. 
De sus intervenciones, señoras y señores Diputados, he comprendido que todo el mundo coincidía en este punto, aunque las soluciones planteadas fuesen diferentes según los oradores. 
Las reformas estructurales que hay que emprender tienen relación tanto con los sistemas fiscales, y algunos de ustedes lo han señalado, como con los sistemas sociales o los sistemas de jubilación propiamente dichos. 
La reforma del Estado providencia está en el centro de los ajustes necesarios, y es indispensable para asegurar el carácter duradero de la consolidación presupuestaria ya que es preciso compatibilizar los objetivos de solidaridad y de protección social con el del control del gasto público. 
Como señala con toda razón su ponente, serán indispensables reformas fiscales adaptadas, lo que no quiere decir, señor Katiforis, que sea preciso necesariamente subir todos los impuestos pero, a falta de esas reformas, la armonización social sería mucho más difícil. 
Por ello, la Comisión ha relanzado la armonización fiscal, y los trabajos progresan en el seno del grupo de nuestro colega Monti. 
Algo que, por otra parte, han señalado muchos de ustedes y, especialmente, el ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Por ello insiste también la Comisión para que la armonización social se lleve a cabo mediante el diálogo social. 
No intervengo sobre el aspecto " empleo» , ya que el Presidente Santer y Padraig Flynn han tenido ocasión, hace unos momentos, de presentarles con amplitud las líneas directrices que ha adoptado la Comisión con vistas a la cumbre sobre el empleo, pero me parece que marcan un elemento totalmente innovador en el marco de esta voluntad de volver a crear empleo en Europa, algo que, sin duda, estará orientado hacia un saneamiento de nuestras cuentas sociales. 
Finalmente, la reforma de los sistemas de jubilación es también una prioridad. 
En la mayoría de los países se está desarrollando el sistema de jubilación por capitalización. 
Se trata de una evolución positiva, en la medida en que un sistema equilibrado ha de basarse al mismo tiempo en el reparto y en la capitalización. 
Sin embargo, una evolución así sólo puede ser progresiva, como recuerda, con toda razón una vez más, su ponente. 
Y la creación de fondos de pensiones no debe poner en duda de forma brutal los sistemas de reparto existentes sino que debe completarlos. 
Creo, además, que el Sr. Frischenschlager lo ha señalado hace unos instantes. 
Como conclusión, señor Presidente, señoras y señores Diputados, permítanme señalar que la Comisión se felicita por la aportación del Parlamento Europeo en este expediente especialmente sensible y delicado. 
Su informe participa así de forma muy útil en la concienciación que va surgiendo en Europa. 
Muchos Estados se entregan con valentía y determinación a poner en práctica las reformas fiscales y sociales necesarias. 
La cultura de estabilidad que acompaña a la introducción del euro refuerza las condiciones para el éxito de esta necesaria adaptación, y es aquí donde aparece la Unión Económica y Monetaria como la mejor salvaguarda del modelo social para el futuro. 
Muchas gracias, señor Comisario Silguy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Convención sobre el Derecho del Mar 
Señor Presidente, debo referirme, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, a la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración por la Comunidad Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 y del acuerdo de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de dicha convención. 
Esta Convención, llamada de Montego Bay, o de Jamaica, sobre el Derecho del Mar, es un texto fundamental que, además, fue firmado por la Comunidad Europea el 7 de diciembre de 1984, al igual que el acuerdo suplementario, que la Comisión firmó el 16 de noviembre de 1994. 
Evidentemente, se nos plantea una primera pregunta: ¿Por qué llegan ahora estos textos, casi quince años después de la Convención de Montego Bay? 
La respuesta es porque la organización internacional que somos, con respecto a la Convención, sólo puede presentar su instrumento de confirmación formal si la mayoría de los Estados miembros, es decir, de los Estados miembros de la Comunidad, han cumplimentado esta formalidad. 
Esta adhesión a la Convención sobre el Derecho del Mar nos parece indispensable, en primer lugar por las competencias propias de la Comunidad en lo relativo al Derecho del Mar, por las competencias en materia de política comercial, de pesca o de medio ambiente. 
El retraso con el que procederemos a la ratificación, lo señalaré inmediatamente en atención a nuestros colegas, no provoca ningún perjuicio a la Comunidad Europea, ya que ésta es miembro de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, es decir, del instrumento de ejecución de las disposiciones de la Convención sobre este capítulo, aunque a título provisional, es cierto. 
Perderíamos este privilegio si no autorizásemos la adhesión antes del 16 de noviembre de 1998, es decir, en un año. 
El principal problema que se plantea, a mi juicio, es el de la solución de los conflictos. 
El artículo 287 del Convenio propone decidir entre cuatro procedimientos: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, un Tribunal arbitral constituido de conformidad con el anexo 7 de la Convención y un Tribunal arbitral constituido de conformidad con el anexo 8. 
Ahora bien, en este asunto, la Comunidad ha decidido no decidir. 
La decisión que se nos ha sometido señala solamente que el Consejo se compromete a examinar, de acuerdo con una propuesta de la Comisión y en un plazo razonable, tras un período suficiente de funcionamiento, los procedimientos de solución de conflictos previstos en la Convención y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre de 1998 si está en el interés de la Comunidad la decisión de un procedimiento de solución de los conflictos diferente del arbitraje. 
La decisión me parece incómoda. 
Por mi parte, hubiera preferido que la Comunidad prestase ayuda a la constitución del nuevo Tribunal de Hamburgo, o, al menos, manifestase su confianza en el Tribunal Internacional de Justicia. 
El segundo problema diría que es de " billar». 
Durante la ratificación del acuerdo sobre la Convención de las Naciones Unidas relativa a la conservación y gestión de las reservas de pesca cuyo desplazamiento se realiza tanto en el interior como en el exterior de zonas exclusivas (véanse las especies que son así consideradas) la Comisión declaró que, en materia de solución de conflictos, aplicaría el modo elegido en el momento en que la Comunidad ratificase la Convención sobre el Derecho del Mar. 
Ahora bien, en este caso particular, el coste de las bolas de billar es tan alto que no permite marcar ninguno de los dos puntos que se habían previsto y provoca que las dos Convenciones queden en el aire en cuanto al modo de solución de conflictos. 
Finalmente, el tercer problema es el del procedimiento. 
Al dar nuestro dictamen conforme a la totalidad de la Convención ya no podemos participar posteriormente en la decisión sobre este punto particular y sin embargo esencial. 
Pido también al Sr. Van den Broek, en nombre de la Comisión, que, cuando llegue el momento, se comprometa a consultar al Parlamento sobre el contenido y las modalidades de la solución que haya que fijar sobre el punto relativo al procedimiento de solución de conflictos. 
Por todas estas observaciones, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos les propone, por unanimidad, después de haber examinado los dictámenes de la Sra. Van Bladel, de la Sra. Langenhagen y del Sr. Collins, que aprueben la decisión. 
Señor Presidente, quisiera iniciar esta intervención felicitando al Sr. Cot, nuestro vicepresidente en el Parlamento, profesor también de la Universidad, por su magnífico informe, y sumarme a la totalidad de las precisiones que ha establecido en este informe. 
Quiero poner de manifiesto también, como conocedor del tema, de la gran importancia que tiene esta Convención. 
Yo he seguido sus vicisitudes desde la Conferencia del Mar hasta la conclusión de la Convención en Montego Bay, Jamaica, en 1982. 
En esa Conferencia ocurrieron cosas muy reseñables, como el protagonismo importantísimo de los Estados pequeños, y por eso los representantes en la Conferencia quisieron que se acordase una convención de amplio espectro. 
Exigieron 60 ratificaciones como mínimo para que la Convención entrase en vigor, y ese es el motivo por el cual tardó 12 años en entrar en vigor. 
El acuerdo de aplicación de la parte XI de dicha Convención ya tuvo menos dificultades. 
Se trata de una Convención- y sigo resaltando su importancia- que define de una manera adecuada el Derecho del Mar en cuanto a sus aspectos económicos. 
Es de tanta importancia que, antes de entrar en vigor tras la llegada de la 60ª ratificación, había creado ya normas internacionales de carácter consuetudinario. 
Por lo tanto, si no hubiese llegado a entrar en vigor, hubiera sido también muy importante porque ella misma había producido costumbres de carácter internacional, como sobre la zona económica exclusiva, por ejemplo, y, por lo tanto, sobre competencias importantísimas hoy atribuidas, como ha dicho el Sr. Cot, a la Comunidad. 
El Parlamento, por medio de este informe, debe emitir su dictamen sobre la decisión del Consejo que examina la conveniencia de que la Comunidad sea parte tanto del Convenio como del acuerdo de aplicación. 
Y la propuesta de decisión del Consejo se centra- y ratifico lo que ha dicho el profesor Cot- en dos grandes cuestiones: en primer lugar, en la distribución de competencias- porque gran número de temas, atribuidos por el Convenio y por el Acuerdo, corresponden, en virtud de los Tratados, a la Comunidad y, por lo tanto, debe forzosamente llegarse a una atribución de competencias respecto de los países que forman parte de la Unión Europea- y mediante el depósito de un instrumento de ratificación, la participación de la Comunidad quedará finalmente consolidada y el problema resuelto. 
En segundo lugar, existe otro problema importante: el de la resolución de las controversias que va a aplicar la Convención. 
Desgraciadamente, no nos da una salida. 
Por eso, creo que con gran acierto y muy buen criterio el Sr. Cot se dirige al Comisario para preguntarle si es posible que esa indefinición quede resuelta a este respecto. 
El artículo 287 establece varios métodos, pero ni el Consejo ni la Comisión han querido definirse a este respecto. 
La única opción que queda en manos de esta Asamblea es confiar en la buena fe de las otras instituciones y solicitar de la Comisión- que propondrá el medio- y del Consejo- que decidirá sobre la propuesta- que, cuando procedan a su examen, vuelvan a consultar al Parlamento y tengan en cuenta sus opiniones. 
Yo pido, como ha hecho el Sr. Cot, al Comisario que esto sea una realidad. 
Señor Presidente, la adhesión oficial de la Comunidad Europea a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar concluye un largo y difícil proceso en el que los europeos no siempre supieron reconocer sus verdaderos intereses, proceso iniciado en 1982 con su firma y que pasó por su entrada en vigor en 1994 con la ratificación inicial de 60 Estados miembros. 
Para Portugal, país históricamente vinculado al mar y que ha protagonizado en los últimos años, junto con otros Estados pequeños, la lucha por la formulación concreta de normas internacionales que protejan el insubstituible patrimonio de los océanos, ese acto de adhesión de la Comunidad Europea tiene una gran importancia simbólica. 
En efecto, por iniciativa portuguesa se declaró el año 1998 «Año Mundial de los Océanos» y gracias a un gran empeño del Gobierno de Cavaco Silva se consiguió por las mismas fechas para Lisboa la Exposición Universal de 1998 con el tema «Océanos: un patrimonio para el futuro». 
En agosto de 1998, la Comisión Mundial Independiente de los Océanos, creada por la UNESCO en 1995 bajo la presidencia de un portugués, el ex presidente Mário Soares, presentará su informe final en Lisboa. 
Estoy segura de que la reflexión de esa comisión sobre el enorme potencial de los océanos indicará soluciones que contribuirán a la puesta en práctica de verdad de esa Convención sobre el Derecho del Mar, teniendo también en cuenta las conclusiones de Río, en su capítulo 17, sobre «mares y zonas costeras». 
Ahora bien, para ello será preciso superar las aparentes oposiciones que se arrastran indefinidamente entre los que defienden concepciones tradicionales basadas en usos establecidos y los que defienden concepciones intersectoriales e integradas. 
Los intereses de unos y otros deben ser- y son- compatibles. 
Los océanos son, sin duda alguna, un espacio tridimensional que exige una gestión integrada de recursos. 
Europa no puede por menos de beneficiarse, a raíz de su adhesión oficial a la Convención, al presentarse como abanderada de una concepción innovadora que formule propuestas concretas para su transposición al Derecho comunitario, con lo que abrirá las puertas al siglo XXI. 
Para ello es necesaria la creación de una Agencia Europea de los Océanos y una concepción de la gestión de recursos que equilibre no sólo los derechos de los Estados ribereños y los de los Estados que tradicionalmente pescan en alta mar, sino también el derecho colectivo a esos mismos recursos. 
Pero permítame, señor Presidente, para terminar, que denuncie la clamorosa contradicción que se da de momento en Portugal. 
Después del liderazgo que ha asumido en los últimos años con los resultados que he mencionado, resulta que mi país no figura entre los 120 firmantes- hasta la fecha- de la Convención. 
¿Será distracción, falta de visión o qué será? 
Señor Presidente, también la Comisión agradece al Sr. Cot su extraordinario informe y apoya con sinceridad el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Pesca, de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Medio Ambiente. 
La Comisión se alegra de que se tome este último paso tan importante con el cual la Comunidad se convertirá pronto en parte de la Convención siguiendo los pasos de la mayoría de sus Estados miembros. 
Representa una evolución real en la realización paulatina del Derecho internacional en este ámbito y constituye un ejemplo de cooperación para la celebración de Convenciones. 
La Comunidad ha participado activamente con los Estados miembros en las diferentes fases de las largas negociaciones que tenían por objeto constituir un orden jurídico marítimo global, de aceptación universal. 
Esta Convención cubre aspectos donde la CE tiene amplias competencias, en especial en el ámbito de la pesca, del medio ambiente, del comercio y de la seguridad marítima. 
El informe remite con razón a la importancia de la Convención para los intereses pesqueros de la Comunidad. 
La Comunidad como región ribereña, que tiene intereses pesqueros muy importantes en alta mar y que al mismo tiempo gestiona los recursos pesqueros en las aguas bajo jurisdicción de sus Estados miembros, aspira a conseguir un equilibrio entre los intereses de los países ribereños y los países con actividad pesquera en alta mar. 
Este equilibrio de intereses está claramente reflejado en las disposiciones de la Convención en el ámbito de la pesca. 
Además, la Comunidad siempre ha tenido en cuenta la Convención tanto en su política pesquera exterior como en los acuerdos pesqueros bilaterales y otras convenciones multilaterales. 
Por lo que respecta a la competencia comunitaria en el ámbito comercial, la Convención establece que la Comunidad es miembro permanente de la Autoridad Internacional de los Fondos Marítimos. 
Esta organización que se ocupa de la explotación de los fondos del mar, será operativa en el 2015 cuando se haga efectivo el comercio de granos polimetálicos. 
El Sr. Cot y otros han planteado el procedimiento arbitral y relación a esta referencia en el informe me gustaría subrayar que no ha habido segundas intenciones en la decisión que se ha tomado en esta fase. 
En particular, no ha sido en absoluto la intención de la Comisión esquivar los procedimientos de consulta con el Parlamento. 
Sin embargo, nos parecía más recomendable esperar a ver los acontecimientos antes de emitir un dictamen basado en un conocimiento de causa necesario. 
Se trata, por lo tanto, de dejar una opción abierta de cara al método arbitral definitivo al que hace alusión el artículo 15 de la Convención. 
La Comisión se suma totalmente a la petición del Parlamento Europeo de participar de pleno en la elección definitiva del medio de solución. 
A su debido tiempo, es decir antes de finales de 1998, se le presentará al Consejo una nueva comunicación, bien para confirmar la elección actual del método arbitral, que por falta de una alternativa se está tramitando de forma automática, bien para proponer una nueva posibilidad, como por ejemplo el Tribunal de Hamburgo. 
Pero sea cual sea la elección, se consultará al Parlamento Europeo de pleno ya que la nueva decisión ha de considerarse como el seguimiento del procedimiento de la firma de una convención en la cual el Parlamento Europeo debe jugar su papel institucional. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Derecho internacional, Derecho comunitario y Derecho constitucional 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-278/97) del Sr. Alber, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre las relaciones entre el Derecho Internacional público, el Derecho comunitario y el Derecho constitucional de los Estados miembros. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cuando se me nombró ponente para este informe que trata de las relaciones entre el derecho internacional, el comunitario y el constitucional, no podía sospechar que iba a ser el último que iba a redactar tras más de veinte años de pertenencia a esta Asamblea. 
Aún menos podía sospechar que el tema, el contenido de este informe, iba a estar tan relacionado con mi cambio al Tribunal Europeo de Justicia. 
Se equivocan quienes piensen que la causa de que en el informe hable tan positivamente sobre el papel del Tribunal Europeo de Justicia es que a partir de la próxima semana voy a ser miembro de dicho Tribunal en calidad de Abogado General. 
Ante la situación jurídica europea, no se puede llegar a ningún otro resultado que el de conceder primacía al derecho comunitario y de subrayar el papel del Tribunal Europeo de Justicia. 
La primacía del derecho comunitario no está determinada ni en el Tratado ni en ningún otro lugar. 
Se basa en la aceptación general, naturalmente, muy subrayada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, quien dice con razón que si se cuestiona la primacía, en el fondo se cuestiona toda la Comunidad. 
Ahora bien, sin duda es cierto que esta mera idea de la eficacia no es suficiente para fundamentar la primacía. 
En los inicios de la Comunidad se plantearon también objeciones. 
Recuerdo la jurisprudencia alemana que en la sentencia «Solange 1» dijo que mientras la Comunidad no respete eventualmente los derechos fundamentales y humanos, se tendrá que poder comprobar su compatibilidad con el derecho constitucional nacional. 
Siguió la sentencia «Solange 2» , que decía exactamente lo contrario, es decir, que mientras la Comunidad respete los derechos fundamentales y humanos, no existe la necesidad de una revisión nacional. 
Pero ahora, como consecuencia de la sentencia sobre Maastricht del Tribunal Constitucional federal, se plantean dudas en la jurisdicción nacional a las que siguen otros países reservándose el derecho a revisar, en su caso, la primacía. 
Estoy muy agradecido al colega Rothley por haber hecho que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya mantenido un hearing sobre esta cuestión cuyos resultados, naturalmente, se reflejan también en este informe. 
Sin duda, es cierto que, entretanto, debido a la densidad reguladora de la Comunidad Europea es difícil deducir la legitimación solamente con meros enfoques de derecho internacional. 
Es necesario un nuevo enfoque jurídico europeo. 
También creo que no debemos basarnos exclusivamente en las transferencias de competencias por parte de los Parlamentos nacionales sino tener en cuenta que el Tratado apunta a una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa. 
Naturalmente, este creciente entrelazamiento de los pueblos de Europa debe tener también consecuencias jurídicas. 
Por ello, el Tribunal alemán no ha podido, ni mucho menos querido, describir a la Comunidad actual como un Estado federal, sino que la ha calificado como una confederación entre Estados sin indicar exactamente qué consecuencias jurídicas deben derivarse de ello. 
Personalmente, incluso diría que entretanto el entrelazamiento entre los pueblos ha alcanzado tal densidad que eo ipso el derecho europeo tiene primacía sin que sea necesaria una modificación del Tratado o una inclusión en el mismo. 
No obstante, es bueno- y es lo que exigimos- que determinemos en el Tratado la primacía del derecho comunitario. 
Saludo que el Consejo diga también en el protocolo de Amsterdam que, al aceptar él mismo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, no se debería cuestionar prácticamente esta primacía. 
Si se ratifica este Tratado de Amsterdam, se podría decir que, mediante la ratificación y, tal como he dicho, mediante la inclusión de este protocolo, la primacía estaría en vigor. 
Pero hay que reconocer que no todas las leyes de ratificación tienen rango constitucional. Por tanto, el problema no se soluciona exclusivamente así. 
Coincido con el Tribunal Constitucional federal cuando trata de la cuestión del déficit democrático en este contexto. 
Lo vemos del mismo modo. 
Pero hay que rechazar las conclusiones de este Tribunal cuando dice que los Parlamentos nacionales tienen que amortiguar este déficit democrático y no el Parlamento Europeo ya que éste no puede tener plenos derechos pues no existe aún un pueblo europeo. 
No queremos un pueblo europeo sino que precisamente lo bonito de esta construcción está en conservar los pueblos de Europa. 
Seamos sinceros, ¿dónde existe un pueblo belga? 
En los tiempos de la Unión Soviética no ha existido jamás un pueblo soviético y mientras existía Yugoslavia tampoco había ningún pueblo yugoslavo y, sin embargo, nadie ha cuestionado el carácter de Estado y la personalidad jurídica de estas organizaciones y de estos Estados. 
Tampoco es cierto, tal como se dice en alguna doctrina, que el pueblo cree contractualmente al Estado. 
Se invoca a Rousseau y el contrat social pero nadie ha leído ni siquiera una copia certificada de este contrato. 
Es una mera ficción. 
El único documento que ha conducido a la fundación de un Estado fue el de los Estados Pontificios, la donación de Constantino, que como se sabe fue además falsificada y, por tanto, poco fidedigna desde un punto de vista jurídico-estatal. 
No nos aferremos pues a este concepto de «pueblo constituido en Estado» pues la mayoría de los Estados se han formado, empezando por Suiza y siguiendo en otros muchos más, aplicando a posteriori esa legitimación. 
Resumo: apoyamos en este informe la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el asunto Foto-Frost, por la que las jurisdicciones nacionales no tienen competencia para declarar la invalidez de actos de las instituciones comunitarias. 
Naturalmente, de ello se deduce también que la potestad jurisdiccional sobre el carácter vinculante del derecho comunitario radica exclusivamente en el Tribunal Europeo de Justicia. 
Esto tiene como consecuencia que, según el artículo 177, los más altos Tribunales nacionales tienen la obligación de presentar al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas las cuestiones litigiosas. 
En cualquier caso, e independientemente de lo que he expuesto, exigimos que la primacía del derecho comunitario se refleje en el futuro en el Tratado. 
También queremos que se prevea una clara solución a la relación derecho internacional-derecho comunitario en el Tratado y exigimos en este contexto una equiparación de la Comunidad con los Estados nacionales, lo que significa que el derecho internacional no es válido eo ipso sino que tiene que transformarse mediante un acto jurídico dentro de la CE. 
Exigimos asimismo que, a largo plazo, se aplique también la relación con el derecho internacional al segundo y tercer pilar de la Unión. 
En este contexto, naturalmente, también exigimos que toda la Unión Europea reciba la personalidad jurídica. 
Creo que este informe tiene en cuenta la evolución real de la Comunidad Europea. 
Si se dice sí a esta Europa y se saluda que los pueblos se entrelacen en una Unión- independientemente de la cuestión de si se quiere un Estado federal o una asociación de Estados- la única solución es que se acepte la primacía del derecho europeo y, en consecuencia, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. 
Señor Presidente, este es el último informe del colega Alber. 
Quiero expresarle mis felicitaciones por su colegial cooperación y desearle mucha suerte en su nuevo cargo. 
Mi grupo político va a dar su voto favorable a la propuesta de resolución y rechazar todas las enmiendas. 
Estimado colega Alber, unas palabras sobre la función específica del concepto Confederación de Estados. 
En la terminología del Tribunal Constitucional federal se ha realizado sin duda el intento de reducir el derecho de la Unión Europea, de las Comunidades Europeas, a derecho internacional. 
No hablamos sobre un problema teórico sino sobre un conflicto político real que puede derivar en una crisis de la Unión Europea. 
La cuestión no consiste de un modo muy general en si existen límites para la integración europea en la Constituciones nacionales sino si los Tribunales Constitucionales pueden revisar la validez de los actos de la Comunidad. 
De esto se trata. 
No es sólo un problema del Tribunal Constitucional federal sino que existen tendencias similares en otros Estados miembros. 
Menciono sólo como ejemplo a Austria o Suecia. 
Hace ya diez años, el Tribunal Europeo de Justicia dijo que la exigencia de unicidad, es decir, de un aplicación unitaria del derecho comunitario por parte de los tribunales nacionales, es especialmente imperiosa cuando se cuestiona la validez de un acto comunitario, por ejemplo, la aprobación de una directiva. 
Diferencias de opinión de los Tribunales de los Estados miembros sobre la validez de actos comunitarios serían adecuadas para poner en juego la unidad del orden jurídico de la Comunidad y perjudicar la exigencia básica de seguridad jurídica. 
Este es el fundamento de la primacía del derecho comunitario. 
No se trata de usurpación ni de arrogancia sino que se trata de una necesidad totalmente imperiosa. 
Por ello, no es de extrañar que el Presidente del Tribunal Europeo de Justicia, Rodríguez Iglesias, hable en este contexto de un ataque a los elementos fundamentales de la Constitución comunitaria. 
Espero que los Tribunales Constitucionales nacionales reconozcan que, según el artículo 164, el Tribunal Europeo de Justicia debe garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de este Tratado. 
Debe garantizar, este es el tenor literal, ¡debe garantizar! 
Ningún Tribunal Constitucional nacional puede arrogarse el papel de señor del derecho comunitario. 
Ningún Tribunal Constitucional puede ser el tutor. 
Por lo demás, a ello va unido un control de los Parlamentos nacionales pues deciden qué competencias pueden transferir. 
Espero que nos ahorremos al situación de tener iniciar un procedimiento de violación del Tratado contra un Estado miembro a causa de una decisión de su Tribunal Constitucional. 
¡Ojalá nos ahorremos tal situación! 
Señor Presidente, Señorías, la definición de las relaciones que existen entre Derecho comunitario, Derecho constitucional y Derecho internacional es una cuestión de gran importancia que afecta a todos los ciudadanos, a pesar de que, con frecuencia, no se dan cuenta de ello. 
De la aplicación de un principio en apariencia abstracto como es el principio de la aplicabilidad directa de la normativa comunitaria, se derivan, de hecho, para el juez competente nacional, obligaciones que condicionan su actividad jurisdiccional. 
Los más fervientes defensores de la supremacía del Derecho comunitario consideran que el mismo tiene primacía sobre cualquier otra norma tanto nacional como internacional. 
Dicha teoría considera que la relación entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional es una relación fundamentalmente de carácter federal. 
Una interpretación diferente es la que apoyan los que intentan amparar los principios fundamentales del Derecho constitucional nacional contra la intromisión del Derecho comunitario. 
Según estos últimos, el ordenamiento constitucional interno es la máxima expresión de la soberanía popular, mientras que el Derecho comunitario, en cuanto afecto de un déficit democrático, no puede concebirse como fuente de nivel jerárquicamente superior. 
El ponente, Sr. Alber, nombrado recientemente Abogado General del Tribunal de Justicia, y que felicito por este cargo, sostiene la posición federalista. 
La sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de octubre de 1993, sobre el proyecto de Tratado de Maastricht es objeto de su crítica: el autor no está de acuerdo con la tesis de que el traspaso de poderes a la Comunidad Europea tendería a dejar sin contenido el principio democrático. 
Nuestro Grupo aprecia las posiciones expresadas por el Sr. Alber y, en particular, recalca la importancia de que la primacía del Derecho comunitario, como solicita el ponente, sea consagrada en el Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas y que el mismo Tratado defina con claridad la relación entre el Derecho internacional y el Derecho europeo. 
Al respecto, consideramos que es necesario superar sin dilación el actual déficit democrático que, si no fuera atajado, acabaría por perpetuar las anomalías en los procesos de toma de decisiones europeos, tolerables sólo provisionalmente. 
Señor Presidente, no había visto nunca un informe con tantas sentencias citadas como el informe del Sr. Alber que debatimos ahora. 
Debe de haber sido un ejercicio preparatorio para su nombramiento como Abogado General y debo añadir que, ahora que se juntará en las filas del Tribunal de Justicia con nuestro ex colega La Pergola, no hace falta que gastemos palabras sobre el derecho de nombramiento del Parlamento Europeo de los miembros del Ministerio Fiscal en el Tribunal de Justicia, ya que dentro de poco los " juges de gouvernement» van a ser también los del Parlamento. 
¿Esto significa, no puedo dejar de referirme a eso, que una decisión como la de hoy, con la que el Tribunal nos ha dejado caer como una patata caliente, va a ser quizá un poco más difícil en el futuro? 
Pero aprendamos bien nuestra lección, ya que durante años hemos avisado en los informes sobre la aplicación del Derecho comunitario en la Comisión Jurídica, que no debíamos involucrar demasiado al Tribunal en nuestra lucha política con otras instituciones. 
Ahora se ha hecho, en este caso por Francia, pero en cualquier caso el Tribunal también tiene que distanciarse del Parlamento. 
Me parece que dejamos muy claro en la jerarquía normativa que se recoge en el informe del Sr. Alber, y también en la lucha política y en el papel político del Tibunal de Justicia, que hay, y el Sr. Rothley lo ha dicho muy bien, una primacía del Derecho comunitario. 
No obstante, no se trata sólo de que los Estados miembros tengan que adaptarse a eso, sino que también debe de haber una unidad de jurisdicción que tiene su causa principalmente en las cuestiones prejudiciales del artículo 177. 
Espero que el Sr. Alber en su cargo de Abogado General tenga que ver con una cuestión prejudicial que solicitaremos mi abogado, el Sr. Janssen van Raay, y yo mismo mañana por la mañana en el tribunal de Rotterdam, donde tengo que comparecer en un juicio penal que he provocado porque me parece que el Derecho comunitario se debe aplicar en todos los Estados miembros por igual y que el Tratado debe prevalecer sobre el Derecho nacional. 
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, la Unión Europea está aún muy lejos de convertirse en una Unión política. 
Pero como Comunidad Europea se trata sin duda de una comunidad jurídica que ha desarrollado una sorprendente dinámica en los decenios de sus existencia. 
El informe Alber es resultado de esta dinámica. 
Estimado colega Alber, para mí supone una satisfacción personal que este resultado sea consecuencia de una iniciativa del Parlamento Europeo, más exactamente, de su Comisión de Asuntos Jurídicos, quien en junio de 1995 llevó a cabo un simposio sobre la relación del derecho comunitario con el derecho internacional, por un lado, y sobre el derecho constitucional, por otro. 
Esta iniciativa y el subsiguiente debate han conducido a las clarificaciones que expone ahora este informe pero que están muy lejos aún de ser un bien general de la conciencia pública o, al menos, de la jurisprudencia de los países miembros. 
La primera clarificación, determinante de todas las demás, es la primacía del derecho comunitario frente al derecho nacional. 
Una primacía no derivada de una teoría de eurócratas ambiciosos sino que se trata de un hecho jurídico cierto, sencillamente por la razón de que en un espacio sin fronteras interiores, en el sector de las cuatro libertades, no puede existir ni existe una pluralidad de derechos, respetando plenamente las competencias nacionales protegidas por el principio de subsidiariedad y que se encuentran a un nivel muy diferente. 
También está relacionado con ello que la libertad de circulación de personas ya no se comprende desde hace mucho tiempo como una mera actividad comercial sino, tal como se dice en la sentencia Bosman, como un derecho de la personalidad y expresión de la libertad de los ciudadanos de la Unión. 
Motivo suficiente para este Parlamento para apoyar al ponente en sus exigencias de una elevada y amplia protección de los derechos fundamentales y de una personalidad jurídica para la Unión Europea para que esté en situación de representar y de defender estos derechos fundamentales a nivel internacional. 
Quiero unir mis felicitaciones por este hermoso y alentador informe a los mejores deseos en la futura y responsable actividad de su autor como Abogado General del Tribunal Europeo de Justicia. 
Señor Presidente, yo también tengo mucho respeto por el ponente y le deseo buena suerte en sus futuras funciones pero, en nombre de mi grupo, debo confesarle que estoy en total desacuerdo con el contenido de su informe. 
Esperábamos un estudio jurídico, una reflexión sobre los problemas que plantea la jerarquía de normas, por ejemplo las relaciones entre el Consejo Europeo y este Parlamento o el Consejo de Ministros; esperábamos la definición de un método que permitiera conciliar mejor el derecho comunitario y los derechos nacionales. 
En lugar de esto, nos encontramos ante un informe político, incluso diría ideológico. 
Su punto de partida es la constatación de que los Tribunales Supremos tienen la tendencia a resistir, " demandando el control del derecho comunitario derivado en lo que respecta a su compatibilidad con el derecho constitucional nacional». 
Evidentemente, son el Tribunal Constitucional federal alemán y su decisión del 12 de octubre de 1995, y el Tribunal Supremo danés, del que les hablará mi colega en unos instantes, en su sentencia del 12 de octubre de 1996, los que están en el punto de mira, y diría incluso que para ser vilipendiados. 
Pero hubieran podido añadirse el Consejo Constitucional francés, el Tribunal italiano y otros muchos tribunales. 
Y es que no se puede afirmar, como hace el informe, que la Unión Europea tiene vocación de crear derecho internacional primario, que se impondría a todos los Estados y a sus derechos nacionales. 
Tampoco se puede decir, como propone la resolución, que cada juez nacional, incluidas las jurisdicciones nacionales supremas, tiene la obligación de aplicar con prioridad el derecho comunitario. 
No se puede reclamar además que la Comunidad Europea sustituya a los Estados nacionales en lo que respecta a la aplicación del derecho internacional público. 
Es preciso respetar los derechos nacionales y en especial el derecho constitucional nacional, ya que éste ha de quedar subordinado al derecho comunitario, cuando el primero resulta, en muchos casos, de leyes refrendadas; lo que se está poniendo en duda es el derecho de los pueblos a decidir por sí mismos, lo cual es muy curioso para una institución que se pretende democrática. 
Bienvenida 
Señorías, quisiera dar la bienvenida al Sr. Zurab Zhvania, presidente del parlamento de la República de Georgia, y al Sr. Giorgi Kobakhidze, vicepresidente y presidente de la Delegación Parlamentaria permanente para las relaciones con la Unión Europea, a la que ya tuvimos el placer de recibir en el Parlamento Europeo, en mayo de 1997. 
Los dos distinguidos colegas parlamentarios de Georgia... 
... y la delegación que los acompaña participarán mañana y el próximo viernes en la Conferencia Europea «Iniciativa por la democracia». 
Los citados parlamentarios celebrarán también conversaciones en el Parlamento Europeo, en particular con la delegación para las relaciones con las Repúblicas Transcaucásicas y con el Presidente del Parlamento Europeo. 
Hago votos por que los debates y reuniones que celebraremos durante los próximos días sean fructíferos y contribuyan a la profundización de las relaciones entre su país y el Parlamento Europeo. 
Derecho internacional, Derecho comunitario y Derecho constitucional (continuación) 
Señor Presidente, permítanme en primer lugar que indique que el hecho de que omita regularmente las felicitaciones al ponente, no se debe a una ausencia de cortesía o por el contenido de su informe, sino por la necesaria economía de las palabras. 
Respecto al fondo de lo escuchado hasta ahora, me permito añadir otro aspecto. 
La Sra. diputada Spaak formuló originariamente como ponente en la Comisión de Asuntos Institucionales con una sinceridad realmente encomiable que los ciudadanos se sienten desbordados por el acelerado entrelazamiento institucional no pudiéndose identificar con el mismo. 
En nuestra opinión, la consecuencia lógica de ello sería buscar otra vía, una vía que conceda un mayor margen a los Estados miembros, pero lo que ocurre es lo contrario. 
Se busca otro método para hacer apetecible a los ciudadanos la vía que no aceptan. 
Se preguntarán qué es lo que tiene que ver esto con el presente informe. 
En nuestra opinión, tal como ha subrayado también el Sr. Fabre-Aubrespy, este informe insiste políticamente exactamente en el mismo punto ya que quiere poner a raya a los más altos Tribunales nacionales, como el Tribunal Constitucional alemán o el Tribunal Supremo danés, a causa de los límites de integración mostrados por ellos. 
Ya solamente por este motivo no podemos dar nuestro voto afirmativo a este informe con todos los respetos que, naturalmente, tenemos para con el ponente. 
Señor Presidente, tengo tres buenos motivos para apoyar plenamente este informe Alber. 
Como catedrático de Derecho Político y de Derecho Europeo estoy muy contento de que ahora exista un texto serio para mis alumnos en el que se expongan de forma muy precisa y desde la perspectiva adecuada las sutilezas de la jurisprudencia «Solange» del Tribunal Constitucional federal alemán, que no siempre es tan simple y, ante todo, tan fácil de comprender. 
Por ello, este informe Alber puede proporcionar material y base a numerosos- por no decir, innumerables- trabajos de seminarios y de licenciatura, lo que no se puede afirmar de otros muchos escritos académicos. 
Como comprometido defensor de la idea de Europa durante muchos años, saludo que con este informe se dé un claro rechazo a los muchos europeos del «sí, pero». 
Un rechazo a aquellos que en cualquier oportuna o inoportuna ocasión se pronuncian verbalmente siempre en favor de más Europa pero que luego, cuando va en serio, presentan excusas basadas en sus especiales intereses y situaciones jurídicas nacionales; un rechazo a aquellos que, por ejemplo, no sólo en Alemania sino también en mi país, quieren el euro- así lo afirman en cualquier caso- pero no ahora, no en esta forma y no en las condiciones previstas en el Tratado; un rechazo a aquellos que en los numerosos Estados miembros de la Unión quieren aplicar la subsidiariedad una vez así y otra de otro modo, en función de cómo les guste o encaje con los correspondientes intereses. 
A todas estas personas se les dice con toda claridad en el informe Alber que solamente puede existir una Europa común si los Estados miembros comparten su soberanía, transfieren partes de ella a la Comunidad y respetan esta renuncia a la soberanía y sus consecuencias. 
Sin embargo, en el informe Alber se dice también- lo que considero muy importante- que solamente puede existir una Europa común si esta Europa se preocupa con todas sus fuerzas por la correspondiente protección de los derechos fundamentales, tal como exige este informe con toda claridad. 
Como catedrático y defensor comprometido de la idea de Europa tengo buenas razones para decir sí por tercera vez a este informe Alber. 
Ya se ha dicho en varias ocasiones que este informe proporciona a Siegbert Alber una buena entrada en su nueva e importante función como Abogado General en el Tribunal Europeo de Justicia. 
Estoy seguro de que allí contribuirá no solamente a hacer realidad Europa con las decisiones del Tribunal sino además a acercarla a los ciudadanos. 
Contribuirá a ello con sus conocimientos y estilo y como he podido conocerle un poco en el breve tiempo en que he podido ser su colega y apreciar su humor, tengo la esperanza de que en el futuro haya decisiones del Tribunal Europeo a las que no solamente uno pueda adherirse, respetar y aceptar sino también dibujar una sonrisa de satisfacción. 
Señor Presidente, estimado colega Alber, querido Siegbert, tengo que reconocer que eso suena en la traducción alemana más normal que en neerlandés, usted es, después de la Sra. Ewing, el miembro de mayor edad de este Parlamento. 
Me gana por dos años. 
Hemos colaborado durante muchos años. 
Su canto de cisne ha estado en toda regla y como ya ha dicho el sospechoso Wijsenbeek: esperamos, yo como su letrado y él como sospechoso, conseguir mañana que el importante asunto de haberse negado a enseñar el pasaporte en el aeropuerto de Rotterdam en base a los principios 8A y 7A del Tratado se le presente en forma de cuestión prejudicial. 
Sólo que en ese momento ya no podremos decir: querido Siegbert, sino que utilizaremos el término correcto neerlandés: Ilustrísimo Señor. 
Le damos las gracias, Ilustrísimo Señor, por todo lo que ha hecho en la Comisión Jurídica por sus colegas y por Europa como estado de derecho. 
Le deseamos mucha suerte en su nuevo cargo. 
Será una equivocación freudiana por mi parte cuando lleguemos con nuestro juicio a su Tribunal de Justicia en Luxemburgo. 
No me cabe duda de que el Sr. Alber es un destacado jurista, y también querría unirme a las felicitaciones tanto por este informe como por su futuro cargo. 
Es una clara y manifiesta reproducción de uno de los principios decisivos de la integración de la Unión Europea, a saber el principio de primacía, de cuya lectura podrán disfrutar los alumnos del propio Sr. Rack. 
Hay seguramente también otros que pueden, entre ellos, los jueces del Tribunal Supremo danés, ante el que debo ejercer el mes que viene. 
Este principio, reproducido muy correcta y detalladamente, alcanza y logra más allá de la adhesión tanto del ponente como de la gran mayoría: el deber de desarrollarlo y afianzarlo, según se desprende de una serie de puntos del informe, y de combatir las tendencias en sentido opuesto, y con esto pienso antes de nada en algunos dictámenes y fallos del Tribunal Constitucional federal alemán, con arreglo a los cuales- con todo, en otro plano muy distinto- el Tribunal Supremo danés obra en un fallo el mes de agosto del año pasado en un caso en el que yo mismo ejercí. 
Sin embargo- y aquí surgen los problemas- a medida que se desarrollan la integración y el principio de primacía, los procesos decisorios nacionales se debilitan. 
El coloso- por decirlo así, si uno puede ser tan irreverente como para describir el sistema de esta manera- crece, no obstante, sus pies de barro son cada vez más débiles. 
Las democracias nacionales son socavadas, es de esperar que el Tribunal Supremo danés pronuncie en el plazo de seis meses una sentencia que enviará ondas de choque a través de este sistema satisfecho de sí mismo. 
Señor Presidente, he de confesar que me hacía mucha ilusión intervenir en este debate porque sabía que era el último informe del colega Siegbert Alber. 
Creo sinceramente que perdemos un diputado de primera magnitud. 
Y yo, de manera egoísta, he de decir que pierdo un compañero de sitio, porque, habida cuenta de nuestro apellido, siempre me he sentado a su lado, y perder su consejo y su ayuda en muchas ocasiones resulta muy triste. 
Pero, a la vez, también he de decir que me siento muy alegre y muy satisfecho porque creo que va a ocupar uno de los cargos que más desea un jurista, como es el prestigioso cargo de Abogado General en el Tribunal de Justicia de la UE. 
La Comunidad Europea es una comunidad de Derecho, que consagra el principio de legalidad. 
Y éste, a su vez, está íntimamente relacionado con el principio de separación de poderes. 
Los Estados, al ceder legítimamente a la Unión el ejercicio de la soberanía nacional en algunos aspectos, no deben debilitar el control democrático que puede originar esta cesión. 
Este posible déficit debería ser contrarrestado con un mayor control político por parte del poder legislativo. 
Podemos decir, de esa forma, que los derechos fundamentales sólo gozarán de una verdadera protección jurídica cuando exista un proceso paralelo entre la cesión de las competencias del poder nacional al poder comunitario, por una parte, y, por otra, cuando el Parlamento Europeo, en conjunción con los nacionales, vaya adquiriendo un mayor poder de control sobre las actividades del Ejecutivo. 
No debemos olvidar que, si bien la Comunidad Europea descansa sobre el principio de legalidad, no acaba de asumir totalmente el principio de separación de poderes, puesto que los Tratados tan sólo atribuyen competencias y no acaban de diseñar en su totalidad un sistema de control político. 
Otra de las consecuencias importantes- ya han aludido a ella los Sres. Rothley y Florio- es el principio de jerarquía normativa. 
Este axioma ha sido definido en repetidas ocasiones por el Tribunal de Justicia y podría resumirse en la idea de que toda disposición nacional contraria al Derecho comunitario es nula. 
Para garantizarlo está, por ejemplo, el artículo 177 que trata de la cuestión prejudicial. 
Durante la discusión de este informe en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos- y el colega Alber, el ponente, ha hecho referencia expresa a ello -, se ha mencionado la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el asunto Foto-Frost en la que se dice de una manera tajante y exclusiva que los tribunales nacionales no tienen competencia para declarar nulos los actos de las instituciones comunitarias y que el Tribunal de Justicia es el único competente para evaluar la naturaleza vinculante del Derecho comunitario. 
No hay que olvidar que el Derecho comunitario es un orden jurídico unitario en el cual se pueden encontrar diversos tipos de normas: el Derecho derivado, que es aquel que resulta de la actividad de las instituciones comunitarias y que es parte integral del Derecho comunitario. 
Es más, creo, si se me permite decirlo, que es la parte más visible del Derecho comunitario. 
Este Derecho derivado es sólo controlado por el Tribunal de Justicia y no por la jurisdicción nacional. 
El juez nacional no debe ni puede emitir una valoración sobre la validez del Derecho derivado. 
Este punto nos lleva, señor Presidente, a un tema escurridizo y peligroso, como el principio de subsidiariedad al que también se ha hecho alusión en este debate. 
Podría referirme- pero no lo voy a hacer- al Protocolo sobre la aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad del Tratado de Amsterdam y que se será incluido en el Tratado como anexo al mismo. 
Termino diciendo que me sumo a lo que ha dicho también el Sr. Rack respecto de la defensa firme, constante y decidida del Derecho comunitario y a la petición, que también ha hecho el Sr. Alber, de que la primacía del Derecho comunitario quede consagrada en el Tratado. 
Presidente, este es un debate para gastrónomos jurídicos y mi corazón de jurista está lleno de júbilo. 
Me gustaría empezar felicitando al ponente por este informe riguroso, que seguramente invita a una ulterior reflexión a la que querrá contribuir desde cierta distancia. 
Pero de nuevo, nuestra sincera felicitación por la calidad de este informe. 
Aporta, en opinión de la Comisión, un gran número de ideas interesantes, en particular sobre la primacía del Derecho comunitario y sobre la ratificación de tratados internacionales en el ordenamiento jurídico comunitario. 
La Comisión se suma a la postura del ponente que la doctrina de la primacía del Derecho comunitario es de una importancia crucial para que haya homogeneidad en la aplicación del Derecho comunitario. 
En especial, este aspecto del ordenamiento jurídico comunitario ha contribuido a que se realizaran los objetivos del artículo 2 del Tratado. 
Una serie de medidas que indica el ponente para reforzar la primacía del Derecho comunitario, y pienso en primer lugar en el reforzamiento del papel del Parlamento Europeo, ya han sido adoptadas en mayor o menor medida por la Comunidad. 
La Comisión considera las otras medidas, que el ponente propone, como ideas valiosas que merecen sin duda más reflexión. 
La aportación del ponente sobre la relación entre el Derecho comunitario y el Derecho internacional es muy interesante ahora que la Comunidad participa cada vez más en negociaciones internacionales y firma cada vez más tratados. 
La cuestión de la integración de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico comunitario, requiere seguramente ulteriores reflexiones pero las sugerencias que ha presentado el ponente para determinadas soluciones en este ámbito, suponen un buen impulso para ello. 
Podemos sin más concluir que el ponente ha tratado unos temas que son el núcleo del ordenamiento jurídico comunitario. 
La Comisión realizará posteriores estudios sobre todos estos temas y sobre las sugerencias del ponente. 
Permítame aprovechar la ocasión de desear al Sr. Alber, en nombre de la Comisión, mucha suerte en su nuevo cargo de Abogado General en el Tribunal de Justicia. 
Esta institución se reforzará ahora con alguien que es un firme defensor de los valores de la Comunidad y cuya importante aportación al desarrollo del Derecho comunitario es incuestionable. 
Me permito también expresar mi felicitación personal al Sr. Alber. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.000 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.55 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
Relaciones CE-Países del Asia sudoriental 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
A4-0221/97 del Sr Pettinari, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y el Reino de Camboya (COM (97) 78-6828/97- C4-0250/97-97/0060 (CNS) ) -A4-0216/97 del Sr. Castagnede, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y la República Democrática Popular de Laos (COM (97) 79-6829/97- C4-0251/97-97/0062 (CNS) ) -A4-0195/97 del Sr. Hindley, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo relativo a la ampliación del Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y Brunei Darussalam, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, países miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, a Viet Nam (COM (97) 0002- C40152/97-97/0017 (CNS) ) -A4-0262/97 del Sr. Hindley, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la Comunicación de la comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social ¨Por una nueva dinámica en las relaciones entre la Unión Europea y la ASEAN¨ (COM (96) 0314- C4-0467/96) 
Señor Presidente, la situación política en Camboya ha cambiado radicalmente después de que, en el pasado mes de julio, la Comisión de Desarrollo y Cooperación aprobara el Acuerdo de Cooperación. Una situación que mañana, cuando se va a votar mi informe, me obligará a recomendar al Pleno su devolución a comisión con objeto de permitirme actualizarlo debidamente y de disponer del tiempo suficiente para contribuir a una solución pacífica de la crisis camboyana. 
Hace dos meses asistimos a un terremoto político en Phnom Penh, donde el líder Hun Sen, gracias a una acción militar, se hizo cargo de hecho del control de toda Camboya y obligó al Príncipe Ranariddh a huir al extranjero. 
Detrás de esos enfrentamientos se escondía y sigue escondiéndose el fantasma de los Jémeres Rojos, sobre todo después de que el movimiento de Pol Pot se disgregara e intentara integrarse en la vida civil de Camboya. 
La perspectiva de que los Jémeres Rojos pudieran cambiar el marco político de Camboya, sobre todo gracias a las alianzas con los principales partidos nacionales, ha producido una situación de inestabilidad y ha puesto de manifiesto los componentes menos democráticos de la política camboyana. 
Creo que es preciso renovar el llamamiento a las partes en conflicto a fin de que acepten un inmediato alto el fuego en las provincias que siguen implicadas en los enfrentamientos, y pido al Gobierno camboyano que respete los derechos fundamentales de la población como condición previa para encontrar una solución a la crisis. 
La Unión Europea puede y debe desempeñar un papel de pacificación en Camboya y lo debe hacer también el Parlamento Europeo utilizando el instrumento del acuerdo marco de cooperación que, repito, es prematuro ratificar en este Pleno. 
Creo que la aprobación del acuerdo, que será necesaria en el futuro, debe supeditarse al cumplimiento de tres condiciones fundamentales, que ya fueron discutidas en el seno de la Comisión de Desarrollo y Cooperación: primera, el pleno respeto de los acuerdos de París de 1991 y del aparato institucional nacional establecido en virtud de dichos acuerdos; segunda, el respeto del calendario electoral, o sea, la garantía de que en marzo de 1998 se celebrarán las elecciones legislativas. 
Estoy hablando de elecciones que deberán ser libres, multipartidistas, democráticas y garantizar la plena expresión de todos los partidos camboyanos; unas elecciones que deberán asimismo ser controladas por observadores internacionales, incluidos, evidentemente, algunos enviados por el Parlamento Europeo. 
La tercera condición es el respeto riguroso de los derechos humanos en cuanto a los que no podemos transigir. 
Considero necesario, por el contrario, que una comisión de investigación internacional constate cuanto antes las supuestas matanzas perpetradas durante los recientes enfrentamientos de poco antes del verano. 
Mientras tanto, es asimismo cometido de la Unión Europea contribuir a la estabilización de la situación después de la alternancia entre el Príncipe Ranariddh y el ex ministro de Exteriores Um Guot en el poder. 
En este sentido, es preciso apoyar la labor de mediación del rey Sihanouk, que ha preferido mantener su imparcialidad respecto a los actores de la crisis política, e intentar recomponer el conflicto en nombre del pueblo camboyano, tan duramente castigado a lo largo de varias décadas de dramática historia. 
Tomo nota asimismo de la decisión de los ministros de Exteriores de la ASEAN de aplazar el ingreso de Camboya en su organización. 
Se trata de una verdadera novedad, habida cuenta de que, por primera vez en su historia, la ASEAN decide que la situación política interna de un país puede obstaculizar las relaciones de ese país con la organización. 
Se trata de cualquier modo de un enfoque positivo que confío en que se aplique en el futuro también con respecto a Birmania, esto es, con respecto a una dictadura militar que, sin embargo, fue recientemente admitida en la ASEAN. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo tiene la posibilidad de contribuir activamente a encontrar una solución política negociada a la crisis camboyana, y puede hacerlo si sabremos, con una amplia mayoría del Parlamento, utilizar el proceso de ratificación del acuerdo marco de cooperación económica y comercial. 
En cuanto a este punto, sabemos que podemos contar con la colaboración y cooperación de la Comisión. 
En consecuencia, y sobre la base de estos motivos, solicito que el Parlamento atienda mi solicitud de devolución a comisión del informe sobre Camboya. 
De esta forma, intentaré transmitir a las autoridades camboyanas toda la preocupación europea por una crisis política que debe resolverse cuanto antes. 
Señor Presidente, Señorías, Laos es uno de los países más modestos del Sudeste Asiático (pretendo hablar de su población, que es de sólo cinco millones de habitantes). 
También es uno de los más pobres, ya que un 46 % de su población vive por debajo del umbral de pobreza. 
Se trata quizá también de uno de los más atractivos por su diversidad étnica y cultural (en él conviven más de sesenta grupos étnicos diferentes) , por la autenticidad, todavía ampliamente preservada, de su naturaleza, de su patrimonio cultural y de sus modos de vida tradicionales. 
También es un país que se ha visto obligado a sufrir largas y penosas pruebas desde su independencia, que obtuvo en 1953. 
Primero, las pruebas de las divisiones internas entre la derecha, los neutralistas y el Pathet Lao comunista. 
Después, sobre todo, la guerra de Viet Nam, en la que Laos se encontró, a pesar suyo, como parte implicada y, principalmente, víctima. 
Al pasar las líneas de abastecimiento a lo largo de sus fronteras, Laos fue objeto de bombardeos de una intensidad totalmente inusitada por parte de la aviación norteamericana. 
Se estima que fueron arrojadas sobre Laos el equivalente aproximado de media tonelada de bombas por habitante. 
Sin embargo, sabemos que, tras la caída de Saigón y la salida de los americanos de la zona, en 1975, Laos pasó a control del movimiento comunista Pathet Lao, que impuso la experiencia de un funcionamiento económico de tipo soviético durante una década, sin éxito verdaderamente comprobado. 
Finalmente, a partir de 1986, Laos se lanzó a un programa de reformas económicas encaminadas a la economía de mercado, orientación ésta claramente confirmada por su constitución de 1991. 
Se ha concluido un acuerdo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, mientras que con la Unión Europea se han puesto en marcha los primeros elementos de cooperación. 
Esta preocupación por la apertura al exterior acaba de concretarse más ampliamente con el ingreso de Laos en la ASEAN, al tiempo que, paralelamente, se han iniciado negociaciones con vistas a la conclusión de acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Comunidad Europea. 
El acuerdo concluido entre la Comunidad y Laos es un acuerdo de comercio y cooperación. 
En el plano comercial, ambas partes se conceden el estatuto de nación más favorecida para el comercio de mercancías. 
Por lo que respecta a la cooperación, la Comunidad señala su voluntad de contribuir a un desarrollo duradero de Laos y de mejorar las condiciones de vida del pueblo laosiano. 
En este sentido, se han definido una serie de prioridades para luchar contra la pobreza, en favor del desarrollo rural, para la promoción de la función de la mujer en el desarrollo, y lo mismo para la valorización de los recursos humanos. 
Quisiéramos reclamar brevemente la atención de este Parlamento sobre cuatro aspectos particulares de este acuerdo de cooperación. 
Éste menciona, en primer lugar, el grave problema de los artefactos que no han explotado, esas minas antipersonas que se distribuyeron durante la guerra del Viet Nam. 
Su proliferación es actualmente un obstáculo de máxima importancia para el desarrollo de la agricultura. 
La Comunidad habrá de prolongar sus esfuerzos para contribuir a la erradicación de esta lacra. 
Es preciso señalar también la importancia particular de las consideraciones ambientales en este acuerdo de cooperación. 
No voy a entrar en detalles, pero hay en ello un aspecto muy interesante del propio acuerdo. 
Éste contiene, también, disposiciones orientadas a combatir la producción de opio, que sigue siendo un problema de gran importancia para Laos. 
En este caso, la solución es, evidentemente, la de la puesta en marcha de cultivos alternativos. 
Se han iniciado ya experiencias estimulantes, y el acuerdo permitirá prolongarlas. 
Finalmente, es preciso mencionar la especial importancia de la preocupación en materia de derechos humanos y principios democráticos en este acuerdo que estamos examinando. 
Recientemente incorporado al liberalismo económico, es cierto que Laos mantiene todavía un régimen de partido fuertemente dominante si no claramente único. 
Se trata de un régimen que ha ido evolucionando favorablemente a medida que se difuminaban las secuelas de la guerra civil y extranjera, pero ha de profundizarse en el respeto por los derechos humanos y los principios democráticos, algo por lo que se han preocupado muy claramente las partes en el acuerdo de cooperación. 
En su artículo primero, éste señala que el respeto por los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales constituye un elemento esencial del propio acuerdo, y cuya violación constituye un caso de especial urgencia que justifica la adopción de medidas para la no ejecución del acuerdo. 
Éste debe ser aprobado porque permitirá de este modo favorecer el desarrollo de los derechos humanos y las libertades en esta parte del Sudeste Asiático, constituyendo un elemento determinante de apoyo al desarrollo y a la apertura económica de Laos. 
Ésta es, en todo caso, la posición unánime de la Comisión de Cooperación y Desarrollo, opinión, evidentemente, que ha expresado aquí su propio ponente. 
Señor Presidente, antes de pasar a mi informe sobre Vietnam y el informe sobre la ASEAN, permítaseme hacer primero una breve observación de procedimiento. 
La Comisión de Asuntos Exteriores presentó una opinión a mi informe sobre la ASEAN. 
Por culpa de una desafortunada falta de coordinación entre comisiones, no se la ha incluido en la resolución de hoy. 
Se presentará mañana como enmienda oral, por lo que agradeceré a quien ocupe la Presidencia mañana que me conceda unos momentos de uso de la palabra para explicarlo antes de la votación. 
Pasando a la substancia del informe, quisiera dedicar unos minutos al acuerdo con Vietnam o a la parte relativa a Vietnam y después pasar a abordar la cuestión más amplia de la ASEAN. 
La cuestión de Vietnam es simplemente un detalle técnico para tener en cuenta que Vietnam es ahora miembro de la ASEAN y modificar nuestro acuerdo de cooperación con la ASEAN a fin de incluir a Vietnam. 
Vietnam es un país pobre, un país que está recuperándose, un país que tiene enormes posibilidades y un país que en esencia nunca ha formado parte, en realidad, del mundo en sentido amplio, porque, desde su independencia al final de la segunda guerra mundial, ha estado sumergido en sus guerras internas y externas. 
De modo que no se puede decir simplemente que la adhesión a la ASEAN y nuestros acuerdos con la ASEAN y nuestros acuerdos bilaterales con Vietnam están rehabilitando a Vietnam. 
En un sentido muy real, nunca se ha concedido a Vietnam el privilegio de incorporarse al mundo en sentido amplio y estos acuerdos dan a ese país ese derecho por fin. 
Se ha planteado la cuestión de los derechos humanos en Vietnam y estoy seguro de que otros diputados desearán referirse a ella en el debate subsiguiente. 
Por mi parte, permítaseme recordar a la Asamblea que en nuestro acuerdo bilateral con Vietnam figura la condición del respeto de los derechos humanos, que se incorporará, por decirlo así, junto con Vietnam a la ASEAN. 
Esa cuestión de la ampliación de nuestros acuerdos ya en vigor con la ASEAN a la adhesión de un nuevo miembro a la ASEAN y la cuestión de los derechos humanos me brindan la oportunidad de pasar a la cuestión más amplia de la propia ASEAN. 
Este verano la ASEAN admitió a Birmania por fin y, como se acaba de indicar, sigue existiendo la posibilidad de que se incorpore Camboya. 
Eso plantea la cuestión de como debemos abordar los derechos humanos, porque los Estados miembros tendrán claramente graves reservas a la hora de admitir a Birmania en nuestro tratado con la ASEAN y, en menor medida o quizás igualmente ahora, a Camboya. 
Permítaseme decir claramente que mi comisión y yo consideramos rotundamente que la adhesión a la ASEAN es una cuestión que incumbe a la ASEAN. 
La admisión de países como miembros de la ASEAN es un asunto de la ASEAN. 
Nadie puede recordar que la ASEAN tenga una opinión sobre la ampliación de la Unión Europea. 
Sin embargo, cuando se ha ampliado la ASEAN, es evidente que nuestras relaciones con la antigua ASEAN tendrán que cambiar en gran medida para tener en cuenta esa nueva composición. 
A ese respecto, permítaseme decir que la comisión consideró que lo más prudente y sensato era insistir en que, cuando haya que modificar el tratado para la adhesión de Camboya, Laos y Birmania- no cabe duda de que pronto será así en el caso de Laos y Birmania -, debemos seguir el procedimiento adoptado con Vietnam y formular un mandato aparte. 
No quisiera que en lo relativo a la ampliación de la ASEAN, incluidos Birmania y Laos, se utilizara el truco de agruparlos. 
Nos gustaría que hubiera un mandato por separado para que se pudiera considerar cada uno de ellos por sus méritos. 
Comprendemos que la composición y la constitución de la ASEAN están concebidas como círculos concéntricos y superpuestos, por lo que la adhesión a la ASEAN no entraña necesariamente que el nuevo miembro tenga el derecho a participar plenamente en todos los diálogos que la ASEAN celebre con terceros. 
De ello concluimos que, con cierta habilidad, cierto ingenio y sentido común, podemos continuar nuestras relaciones más amplias entre la UE y la ASEAN, teniendo en cuenta la desaprobación moral que podemos sentir por algunos de los nuevos miembros y, sin embargo, arreglárnoslas para continuar el diálogo. 
No creo que sea una tarea que supere la inteligencia de la Comisión, el Consejo y otros interesados. 
Sin embargo, la comisión no está satisfecha precisamente con la anómala situación de que ahora haya países dentro de la ASEAN cuyos acuerdos con nosotros estén condicionados bilateralmente al respeto de los derechos humanos, cuando el acuerdo global UE-ASEAN no lo está. 
Quisiéramos insistir lo más posible en que la necesidad de elaborar un nuevo acuerdo entre la UE y la ASEAN condicionado concretamente al respeto de los derechos humanos, no simplemente en forma de libertad de conciencia y libertad de expresión, sino también de observancia de los derechos humanos. 
Todos aceptamos la idea de que en la Unión Europea es importante la condicionalidad social; aceptamos un capítulo social. 
Así, pues, es perfectamente razonable exigir un capítulo social y una dimensión social en nuestras relaciones con cualquier otro bloque, entre otros la ASEAN. 
Si se me permite pasar a un aspecto más positivo, quisiera subrayar que nuestras relaciones económicas y comerciales con la ASEAN parecen haber tenido un gran éxito. 
Sin embargo, nada menos que el propio Primer Ministro de Singapur ha observado que en el mundo triangular que está surgiendo de Europa, América y Asia, no cabe duda de que la vinculación EE.UU-Europa es fuerte. 
También está claro que la vinculación EE.UU-Asia está cobrando gran fuerza, pero la vinculación Asia-Europa sigue siendo débil y consideramos que eso tendrá tarde o temprano efectos desproporcionados y desorientadores en el bienestar económico mundial. 
A ese respecto, cuando hablamos de fortalecer el diálogo, el Parlamento acoge con beneplácito el proceso de diálogo ASEM. 
Parece haber sido una forma lograda de introducir temas en el orden del día y velar por que haya avances que soslayen las dificultades causadas por el bloqueo de las propias relaciones UE-ASEAN. 
Felicitamos sinceramente a todos los que participan en ese diálogo. 
Cuando hacemos las aportaciones de ese diálogo, acogemos con beneplácito la mención de ministros que se reúnen, de profesores que se reúnen, los intercambios de jóvenes, los intercambios comerciales, los intercambios de visitas por parte de la Comisión. 
Sin embargo, lo que buscamos y no figura, desde luego, en ninguno de los documentos que hemos visto es la mención de que los diputados celebren intercambios. 
Es evidente que, para que desarrollemos un diálogo auténtico entre Europa y la ASEAN, debemos lograr la participación directa de los diputados elegidos que tienen un mandato y debemos facilitar los contactos como parte del proceso ASEM y de las relaciones más amplias UE-ASEAN. 
Por último, quisiera pronunciar unas palabras de beneplácito y agradecimiento sinceros por el documento, que habla de crear una nueva dinámica en las relaciones UE-ASEAN. 
Reconocemos la necesidad de más diálogo y de fortalecimiento de nuestros acuerdos y nuestra cooperación. 
Sin embargo, no deben ir en detrimento de los derechos del Parlamento a emitir opiniones y en su momento votar sobre esos asuntos. 
Podemos aceptar, como expediente temporal, la elaboración de un documento para fomentar el diálogo, pero, en realidad no hay- debo decírselo a la Comisión- un substituto para el acuerdo propiamente dicho. 
Si hay que evitar un acuerdo propiamente dicho, porque temamos que la parte de la ASEAN no vaya a aceptar que esté condicionado al respeto de los derechos humanos, me temo que el Parlamento no lo acepte. 
Conviene señalarlo; podemos aceptar como medida temporal que la Comisión utilice una comunicación con vistas a una nueva dinámica, pero eso no es un substituto de una relación permanente. 
No queremos que se socaven de ese modo las atribuciones del Parlamento, por lo que quisiéramos instar a la conclusión, por difícil que pueda resultar, por peliagudas que sean algunas cuestiones, de un nuevo acuerdo auténtico. 
A ese respecto, recomiendo, señor Presidente, a la Asamblea el informe sobre Vietnam y el informe más amplio sobre la ASEAN para que los apruebe. 
Gracias. 
Señor Presidente, Señorías, según la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, las relaciones entre la Unión Europea y la ASEAN son, como es obvio, extremadamente importantes y delicadas, y ello por varios motivos. 
Es inútil reiterar lo estratégicamente importante que se ha convertido la región del Sudeste asiático. Recuerdo asimismo que Europa es el segundo inversor económico en dicha región y está claro, por último, que ha quedado patente la necesidad de un diálogo político permanente entre la Unión Europea y la ASEAN. 
Sin embargo, con respecto a la cuestión técnica de cómo avanzar en este diálogo político, opinamos que negociar un nuevo acuerdo de tercera generación, sería la mejor solución posible. 
Por esto, creemos necesario invitar a Portugal a que revoque su negativa de otorgar a la Comisión el mandato para negociar este acuerdo de tercera generación. 
Los escamoteos estudiados por la Comisión para soslayar el problema, por ejemplo, la incorporación de protocolos al acuerdo de 1980 o un paquete de acciones económicas y de cooperación social, a nuestro entender, no pueden considerarse como una alternativa a un nuevo acuerdo de tercera generación con la ASEAN, y ello por un motivo muy simple: esto debilitaría el acuerdo entre Europa y la ASEAN en el plano político, sobre todo en lo referente a la cuestión de los derechos humanos, que es una cuestión fundamental. No podemos, en efecto, negar la evidencia, negar los intereses económicos, sin duda, legítimos, pero que, evidentemente, no pueden anteponerse a ciertas cuestiones fundamentales de extrema actualidad: Birmania, que hace pocas fechas ha ingresado en la ASEAN, viola de forma flagrante y cruel los derechos humanos y democráticos; algunos países de la ASEAN aplican la pena de muerte con mucha frecuencia, pese a todos los convenios internacionales; 
Timor Oriental se encuentra en una situación que sigue pendiente; el comercio de armas viola todos los convenios internacionales celebrados. 
A nuestro juicio, por lo tanto, es preciso que no se puedan negociar los principios de autodeterminación y de libertad y los derechos humanos. 
Consideramos indispensable que los países de la ASEAN firmen los dos convenios internacionales sobre los derechos humanos y contra la tortura. 
Termino, señor Presidente, diciendo tan sólo que, por motivos técnicos y burocráticos, la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa no fue incluida en el informe general de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Confío en que mañana, a través de las enmiendas orales, esta intervención sea tenida en cuenta. 
Señor Presidente, antes que nada, quería felicitar a mi colega el Sr. Hindley por su trabajo. 
Las conclusiones son resultado ciertamente de un estudio profundo de los complejos problemas que entrañan las relaciones de la Unión Europea con la ASEAN. 
Se registra la importancia cada vez mayor de los países de la ASEAN en la economía internacional, su importancia estratégica para la garantía de la paz, de la estabilidad y la seguridad en una región que influye en gran medida en los acontecimientos a escala mundial. 
Se evalúa correctamente la posición de la Unión Europea que es el segundo inversor, desde el punto de vista económico, en esa región y que deberá optar por una actitud positiva de fortalecimiento de su participación en las acciones tendientes al desarrollo económico y social de esos países. 
Así, es absolutamente necesario concretar un diálogo más estrecho y elevar los niveles de cooperación, desideratum no asegurado claramente- conviene decirlo- por la Agenda 2000 y de relación, ya sea en las esferas del comercio, de la política de inversiones o en el acceso a los mercados. 
Sin embargo, es indispensable una evaluación permanente de los niveles de cooperación teniendo presentes los requisitos de la reciprocidad y las limitaciones impuestas por las normas internas de la ASEAN. 
Como también resulta imperativo garantizar que la condición del respeto de los derechos humanos se aplique a todos los acuerdos Unión Europea-ASEAN y que no se quede sólo en el papel, sino que se garanticen efectivamente los derechos sociales de los trabajadores y la libertad individual de los ciudadanos. 
Todos consideramos normales las trabas que la Unión Europea está poniendo a Birmania por no respetar los derechos humanos. 
Pero también conocemos todos la posición irreductible de Indonesia, en particular en lo relacionado con Timor Oriental, en una actitud de claro enfrentamiento a la que la Unión Europea tiene que saber responder con eficacia y determinación. 
Por eso, sería más apropiado y políticamente sostenible exigir a este país el cumplimiento de las normas internacionales reconocidas por las Naciones Unidas que pedir a Portugal autorización para negociar acuerdos de tercera generación, aun cuando se les reconozca importancia y valor intrínsecos como mejor opción para la nueva dinámica en las relaciones Unión Europea-ASEAN. 
Todo esto en un marco democrático, de justicia y respeto de la dignidad humana. 
Señor Presidente, si hay un país en el mundo al que la Unión Europea deba conceder su ayuda, ése es Camboya, y ello al menos por dos razones. 
En primer lugar porque Camboya es uno de los países más pobres del mundo, y como su comercio exterior es claramente deficitario, únicamente un apoyo muy decidido por parte de la comunidad internacional puede detener e invertir el proceso de pauperización en que se encuentra inmerso. 
Pero este esfuerzo también se impone por razones morales. 
La pasividad y la cobardía que ha demostrado la comunidad internacional, y los países europeos en particular, mientras el pueblo camboyano era víctima de un verdadero genocidio a manos de los Jemeres Rojos, nos obliga ahora a ayudar a este pueblo a impulsar su economía, a mejorar sus condiciones de vida y a encaminarse por la senda de la democracia. 
También, hemos acogido con satisfacción el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Camboya, firmado el pasado 29 de abril en Luxemburgo. 
Éste es un buen acuerdo, y las prioridades que de él se desprenden responden muy bien a la situación del país y a las necesidades de sus habitantes. 
Entre sus principales objetivos figuran la lucha contra la pobreza, la búsqueda de un desarrollo duradero, la defensa del medio ambiente, principalmente mediante la lucha contra la deforestación, la retirada de minas, la educación, la promoción de la inversión privada y también la promoción de la democracia y el respeto por los derechos humanos. 
En el mes de junio pasado, por diferentes razones y a pesar de las reservas que se podían poner a la situación del país en lo que respecta a la estabilidad política y al respeto por los derechos humanos, el Grupo del PPE aprobó la aplicación de este acuerdo. 
Al día de hoy, la situación se presenta, por desgracia, muy diferente. 
El golpe de estado por el cual el Viceprimer Ministro, Sr. Hun Sen, destituyó al Primer Ministro, Sr. Norodom Ranariddh, ha sumido de nuevo a Camboya en el caos. 
Se han reiniciado los combates, la violencia se manifiesta de diferentes formas (pillaje, asesinatos) , el poder pone en duda el pluralismo político y los derechos humanos son objeto de escarnio. 
Ratificar este acuerdo hoy, en este contexto dramático, sería avalar el golpe de Estado y todas las exacciones a las que ha dado lugar, y que se multiplican también por todo el territorio camboyano. 
También el Grupo del PPE aprueba al ponente Luciano Pettinari que, al principio de la sesión, propuso que el Parlamento Europeo devolviera a la comisión su informe que defendía la ratificación del acuerdo con Camboya. 
Sin duda, para Europa, para la Unión Europea, no se trata de desinteresarse por segunda vez de la suerte desgraciada del pueblo camboyano. 
Al contrario, se trata, recurriendo a lo que el ponente definió como «devolución activa» , de presionar sobre aquellos que detentan el poder para que cese el imperio de la ilegalidad y de la violencia, para que se apliquen los acuerdos de París, principalmente en lo relativo a la celebración de elecciones en marzo de 1998, elecciones que debemos exigir se celebren bajo control internacional. 
El pueblo camboyano ha sufrido demasiado a lo largo de su reciente historia y nuestras responsabilidades con respecto a él son demasiado importantes como para que el Parlamento, en esta votación, no manifieste clara y decididamente su voluntad de ayudar a Camboya a comprometerse finalmente en la vía del desarrollo y de la democracia. 
Presidente, colegas, Comisario, en primer lugar quiero felicitar al ponente Hindley por sus dos amplios informes. 
El Grupo Parlamentario Liberal está satisfecho con la ampliación de lacooperación con la ASEAN a Viet Nam. 
Esto supondrá un estímulo para el crecimiento económico de ese país y fomentará la estabilidad social en este empobrecido país. 
Las alianzas comerciales dentro de la ASEAN estabilizarán las relaciones regionales con lo cual la región se hará más atractiva para inversores europeos. 
El comercio electrónico sobre todo tiene perspectivas muy interesantes tanto para los grandes como para los pequeños empresarios europeos, siempre y cuando los países de la ASEAN no apliquen aranceles nuevos en este sector. 
Pienso al respecto sobre todo en la severa reglamentación de Singapur referida a la censura en Internet. 
El diálogo internacional es muy importante para garantizar el libre comercio electrónico. 
El grupo parlamentario liberal se muestra satisfecho que la cooperación con Viet Nam se vincule al respeto por los derechos humanos. 
Esta cláusula es uno de los pocos instrumentos de los que dispone la Unión para forzar el respeto de los derechos humanos. 
Mi grupo parlamentario espera que se llegue pronto a un resultado positivo en cuanto a los derechos humanos en los otros países de la ASEAN. 
En cuanto a la cooperación con los otros Estados miembros de la ASEAN, los incendios forestales en Indonesia nos vuelven a demostrar claramente la importancia de la cooperación en el ámbito del medio ambiente y desarrollo. 
Por consiguiente, esperamos que la colaboración en estos ámbitos sirva para prevenir este tipo de catástrofes ecológicas en el futuro. 
Por último, mi grupo parlamentario quiere subrayar que es de gran importancia promocionar el euro, nuestra moneda común, en el mundo de los negocios en Asia. 
Esto puede llevar a una mejora en nuestra posición como tercer socio comercial de esta región. 
Señor Presidente, sin duda el Sudeste asiático es una región en plena expansión como acaba de decir el Sr. Hindley. 
Por ello, es comprensible que exista una prosecución del acuerdo de 1980 entre la Unión Europea y los Estados de la ASEAN. 
Pero ¿qué es lo que está en expansión actualmente? 
Los cracs, los miedos de que pase lo que ocurrió hace algunos años en México. 
En Tailandia se derrumba el Baht, en Kalimatan, Sumatra y las Célebes arden desde hace semanas los bosques tropicales. 
En Birmania, Camboya, Timor Oriental y muchas otras regiones se violan desde hace años los derechos humanos. 
¿Qué deducimos de ello? 
No se pueden proseguir las relaciones exactamente igual que hasta ahora. 
No se puede liberalizar sencillamente el comercio o impulsar la liberalización de las inversiones según el modelo de la OMC. 
Creo que deberíamos hablar más sobre si para la estabilización de los mercados financieros no sería razonable introducir algo así como el impuesto Tobin. 
El Premier de Malasia tenía razón cuando hace algunos días dijo en la Conferencia del Banco Mundial del FME en Hong-Kong que las especulaciones con divisas son inmorales y exigió su prohibición. 
En segundo lugar, si concluimos un convenio, los derechos humanos deben tener cabida en el mismo. 
La UE no debe eludir esta cuestión sencillamente mediante protocolos. 
Por nuestra propia comprensión democrática, la condición básica para nuevos convenios tiene que ser la participación del Parlamento Europeo. 
No necesitamos protocolos sino un nuevo acuerdo de la tercera generación. 
Por ello, al igual que muchos otros colegas, exigimos a Portugal que levante su veto relativo a Timor Oriental. 
Pero esto no significa que reconozcamos las violaciones de los derechos humanos que allí se producen sino que lo que expresamos es que este problema es un problema de la Unión Europea y no sólo de Portugal. 
Los demás países europeos están también implicados pues es responsabilidad de la historia colonial. 
Quizás logremos asignar a este territorio de Timor Oriental algo así como un mandato protector de la Unión Europea desde la responsabilidad histórica; quizás se pueda incluso excluir de los convenios. 
En tercer lugar: la economía sostenible debe tener la máxima prioridad. 
La economía no debe seguir liberalizándose sino transformarse. 
No se trata de la supresión de corsets sino de prohibiciones para productos fabricados bajo unas condiciones de derroche de recursos o contrarias a los derechos humanos. 
Necesitamos para ello unos compromisos de protección y creo que si los tuviésemos no se habrían producido los incendios forestales. 
Tengo que plantear una pregunta al Comisario: la Unión Europea o, en su caso, la Comisión, ha apoyado sistemas de prealerta en Sumatra. 
¿Porqué no han funcionado? 
¿Qué es lo que ha ocurrido con los nativos en esos incendios? 
¿Se han quemado también? 
¿Son estos incendios quizás una forma de liberalización para que se pueda plantar próximamente allí arroz y existan pronto plantaciones en lugar de bosques primarios? 
¿Qué hacemos para conservar el medio ambiente? 
¿Qué hacemos para proteger los recursos o transmitir los conocimientos, la riqueza, que tenían los pueblos en esa región y en los bosques? 
Para finalizar, me voy a referir a los convenios. Si tenemos nuevos convenios y Birmania viene a sumarse, por el momento solamente podemos apoyar- como muchos han dicho antes- la posición que Gran Bretaña defiende en lo tocante a la ASEAN 1998, no dando el visto bueno a Birmania. 
Creo que no debemos aceptar a un Estado así en la ampliación. 
Naturalmente, la ampliación es un problema de la ASEAN, pero tenemos que recapacitar sobre si aceptamos o no lo que nos presenta la ASEAN y si por motivos de violaciones de los derechos humanos o por motivos económicos no podemos aceptarlo, entonces tampoco deberíamos hacerlo y, en lugar de ello, mostrar claramente nuestra posición. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente Marín, Señorías, hoy, en algunos diarios europeos, un grupo de diputados ha dicho, entre otras cosas, que Europa va mal, que va mal porque, con respecto al Tratado de Amsterdam, no ha sabido colocar convenientemente la democracia en el primer lugar de sus instituciones, de sus procedimientos y de sus reglas de funcionamiento. 
Si Europa va mal, la ASEAN va muy mal. 
Por otra parte, no es por casualidad si los incendios arrasan la región, si las monedas están en caída libre. 
No es el liberalismo a cualquier precio el que impera allí, estimado colega Telkämper, sino un liberalismo, un sistema económico que soslaya los derechos humanos y la democracia, pretendiendo, en nombre del mercado y del crecimiento, olvidar que los derechos humanos son un valor universal, pretendiendo olvidar la democracia política y pensar que un modelo estatal puede funcionar con esos valores. 
Nosotros, como miembros de la Unión, tenemos otros valores y creo que, en este asunto, es importante señalar, como hacen todos los colegas con razón que, en nombre de la ley del comercio, de la ley de los beneficios, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que, a pesar de sus generales, un poco dictatoriales como ella misma reconoce, la ASEAN haya aceptado a Birmania mientras Aung San Sun Kyi, Premio Nobel y Premio Sajarov, se encuentra en situación de arresto domiciliario. 
No, creo que este Parlamento y la Unión tienen el derecho y el deber de decir que no y, por consiguiente, de hacer todo lo posible para que se acepten las cláusulas de los derechos humanos, las reglas que nosotros nos hemos dado en nuestras relaciones con aquellos países con los que cooperamos. 
Si éste no fuera el caso, podemos decir sencillamente a nuestros amigos de la ASEAN que pueden buscar en otra parte porque nosotros no estamos interesados. 
Sé que es una posición difícil y que, con mucha frecuencia, como ocurre con China y otros países, nos conformamos con hermosas palabras para después hacer otra cosa. 
Creo que una actitud firme con los países de la ASEAN sería un medio para probar que nuestros valores existen realmente o para ver si podemos soslayarlos cuando nos interesa. 
Malasia y otros países están poniéndose a la cabeza de un movimiento que tratará de oponerse al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Pues bien, si nuestros valores son reales, con ellos pondremos en práctica la cooperación que deseamos. 
Desde este punto de vista, las palabras del ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa son muy importantes. 
La puesta en tela de juicio de la pena de muerte que se practica en esos países y las demás violaciones denunciadas en el informe han de servir de prueba para la Comisión y para todos nosotros, a fin de mostrar nuestras prioridades en la forma como tratamos con esos países. 
El Ministro inglés Robin Cook acaba de rechazar un mercado de armas muy interesante con Indonesia. 
A mi juicio, ha hecho bien. 
Signos como ése son importantes para permitir que se rompa el acuerdo si la ASEAN pretende aceptar a Birmania en su seno. 
¿Por qué no concluir acuerdos bilaterales sobre la base de nuestros valores? 
Éste es el desafío al que, a mi juicio, hemos de enfrentarnos, un desafío para el que, por ejemplo, en el ámbito del presupuesto de la Unión Europea, nuestro grupo ha propuesto poner en reserva una serie de créditos asignados a los países de la ASEAN, precisamente para demostrar que no estamos contentos con la aceptación de Birmania entre sus miembros. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Hindley trata sobre las relaciones de la Unión Europea con Viet Nam y su extensión a través de los acuerdos firmados con la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. 
El texto presenta cifras indicadoras de los progresos económicos realizados por Viet Nam y recuerda también la posibilidad de suspensión de nuestros acuerdos en caso de violaciones de los derechos humanos. 
Este «en caso» es verdaderamente sorprendente, ya que el simple sentido común habría de llevar a la observación de que no se debería haber firmado ningún acuerdo desde el momento en que debiera someterse al respeto por los derechos humanos. 
Pero quizá los opositores al régimen comunista, los creyentes, los cristianos, los budistas y otros perseguidos, no serían aquí considerados como hombres. 
Viet Nam no ha sido liberado del yugo comunista, no más que Laos o Camboya. 
Habría mucho que decir a propósito de lo que de verdad reflejan las cifras del mayor bienestar económico, habiendo reducido el país a la miseria generalizada mediante el colectivismo más feroz. 
La mínima flexibilización provoca, con toda evidencia, un mayor bienestar, pero muy relativo. 
Lo que es, por desgracia, cierto es la increíble corrupción que gangrena el país, según el proceso en vigor en todos los regímenes socialistas, en los que, tras la erradicación de los hombres y de las estructuras de la economía de mercado natural, sólo pululan las mafias, como las malas hierbas en un campo devastado desde hace mucho tiempo. 
Pero, al igual que la China de «lao gaï» , que Camboya o Laos, Viet Nam sigue siendo un país de opresión, donde continúa el inmenso martirologio de los pueblos esclavizados por el comunismo. 
Repitámoslo tantas veces como sea necesario, el comunismo mataba antes que lo hiciera el nazismo. 
Mataba mientras lo hacía el nazismo. 
En 1997, sigue matando. 
Las noticias que nos llegan de Viet Nam (tengo tres ahijados vietnamitas) son siempre las de la represión violenta de todas las libertades, las de la represión sangrante de cualquier manifestación, pero aquí dos tercios de esta Asamblea luchaban por la llamada paz en Viet Nam. 
En sus dos guerras de conquista, el comunismo vietnamita ha matado a millones de personas, en las ejecuciones de masas, en los campos de la muerte, y también está la huida de los boat people. 
Por desgracia, en nuestros países occidentales no les faltaban apoyos a los Vietmin y después a los Vietcong, tampoco en el Partido Comunista, por supuesto, el del traidor Boudarel a quien todavía no se ha juzgado, el siniestro torturador del campo 113, autor de crímenes contra la humanidad, que esta mañana tomaba un café con leche en el bulevar Saint-Germain. 
Pero también obtuvo un apoyo masivo en la jerarquía y el clero católicos, según la propia confesión del cardenal de Courtray, el 5 de enero de 1990. 
Nosotros, los franceses, esperamos ahora que los obispos de Francia pidan perdón por sus compromisos sin excusas, durante decenas de años, con los verdugos de los 200 millones de víctimas de estos pueblos esclavizados. 
Señor Presidente, Señorías, el debate de hoy gira en torno a la organización de la ASEAN en general, en torno al miembro relativamente nuevo Viet Nam y al últimamente acogido Laos así como en torno a Camboya, cuya condición de miembro en ASEAN fue suspendida provisionalmente a causa del violento cambio de poder del pasado julio. 
Otro nuevo miembro de la ASEAN, Birmania, no es objeto hoy del debate pero no puede quedarse fuera de las consideraciones. 
Como el Sr. Hindley describe acertadamente en su informe, la ASEAN es una alianza interasiática que fue concebida como baluarte contra el comunismo. 
Pero con Laos y Vietnam se incluyen hoy en esta ronda de tigres dos países gobernados por comunistas, a pesar de todas las liberalizaciones económicas. 
Desde la disolución de los bloques, ha cambiado la situación. 
La asociación es hoy de importancia geoestratégica frente al gigante chino en el Norte. 
Hasta hace poco, la mayoría de los miembros de la ASEAN- en concreto, Malasia, Singapur, Tailandia y, en parte, también Indonesia- habrían podido ser considerados como ejemplos de una historia de éxitos encadenados. 
Tasas de crecimiento de dos cifras hicieron que los rascacielos surgiesen del suelo como setas y la producción y las exportaciones experimentaron un boom sin parangón. Europa notó también la agresiva competencia comercial y ha tenido y tiene que luchar con desplazamientos de puestos de trabajo. 
Al mismo tiempo, se vio en los países de la ASEAN un importante mercado que tenía que ser ocupado estratégicamente, de modo que la Unión Europea se convirtió en el segundo inversor más importante en esta región. 
El acuerdo de cooperación con la ASEAN se basa en el nivel de relaciones existente en 1980. 
Por ello, parece que es muy necesaria una actualización si bien creo que es más fácil decirlo que hacerlo. 
De momento, ampliar el acuerdo existente a otros nuevos miembros es solamente una intención. 
En el caso de Brunei, el rico sultanato petrolero, no ha supuesto ningún problema. 
También en el caso de Viet Nam es más o menos una cuestión de forma si bien con un inconveniente. 
Quien haya abierto los ojos en alguna ocasión en un país de la ASEAN habrá comprobado que el trabajo infantil, la explotación sexual de niños y mujeres, la ausencia de derechos de trabajadores y la represión de minorías étnicas y religiosas se encuentran en el orden del día en muchos lugares. 
Las condiciones laborales en Indonesia, en Malasia y en otros lugares son siempre motivo para exigir el respeto de las normas de las organizaciones internacionales de trabajo y para incluir una cláusula social en el marco de la OMC, lo que inquieta poco a los Estados de la ASEAN. 
Invocan los valores asiáticos que son los que hay que respetar. 
Malasia reclamó incluso una modificación de la definición de los derechos humanos en el Convenio de la ONU de 1950. 
Sin embargo, los tigres han sufrido en los últimos tiempos unos duros golpes. 
Turbulencias monetarias, quiebras económicas o catástrofes medioambientales, precisamente también en los últimos días y semanas, muestran claramente que la explotación exhaustiva de las personas y del medio ambiente y un desarrollo económico sin un sólido fundamento, se vengan dramáticamente. 
De este modo, la exigencia de una nueva dinámica en las relaciones con la ASEAN obtiene una nueva dimensión. 
Para la Unión Europea esto significa ejercitar un equilibrio entre los sistemas políticos y económicos, entre cooperación, permisividad y rechazo cuando se sobrepasan los límites tolerables. 
No debe realizarse un convenio con el nuevo hombre fuerte Hun Sen en Camboya, quien ha andado literalmente sobre cadáveres para hacerse con el poder. Tampoco debe apoyarse al régimen militar de Birmania, que pisotea los derechos humanos y se financia con el tráfico de drogas y el contrabando ejerciendo de este modo una nefasta influencia sobre los países vecinos a quienes la pobreza arroja a cultivar opio. 
Precisamente en el ejemplo de Viet Nam y de Laos, creo que es importante subrayar el aspecto del desarrollo y destacar que de lo que se trata es lograr un desarrollo sostenible. 
Esta es la tarea de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, en mi intervención me voy a limitar a Laos. Quiero felicitar al Sr. Castagnède por su informe y por lo que ha añadido en el debate. 
Cuando hablamos sobre el desarrollo, nos ocupamos fundamentalmente de los Estados ACP. 
Pero en el caso de Laos se trata de uno de los países más pobres del mundo que no tiene acceso a los recursos y créditos del Fondo de Desarrollo Europeo. 
Visto así, este acuerdo representa naturalmente una esperanza de participación y de cooperación. 
Pobreza en un país como Laos no sólo significa carencia de alimentos, sino también de salud, de formación y de oportunidades de vida en general. 
Los ingresos per cápita en este país son de 290 dólares al año y si se calcula en esta cantidad lo que hemos aportado hasta ahora como cooperación para el desarrollo, el 15 % de esos ingresos provienen de ayudas y subvenciones de la Unión Europea. 
Si ahora perseguimos una cooperación en el marco de este acuerdo, deberemos tener claro que proyectamos un comercio y una cooperación a lo largo de medio mundo. 
Por otro lado, como consecuencia del ingreso del país en la ASEAN, se abre un mercado que abarca al fin y al cabo 400 millones de consumidores. 
Por otro lado, tengo que plantear algunas preguntas a la Comisión aunque este acuerdo me guste mucho. 
La primera es la siguiente: ¿cuál es la situación de la democratización ante un Gobierno de partido único si además se constata que aproximadamente el 75 % de los dirigentes de este país son oficiales y militares de alto rango? 
La segunda pregunta es la siguiente: ¿van a mejorar sensiblemente las oportunidades comerciales del país con los países asiáticos vecinos, de modo que se pueda partir del hecho de que aquí surge lo que siempre queremos impulsar especialmente en el sector del desarrollo, a saber, un mercado regional, un mercado de trayectos relativamente cortos? 
La tercera pregunta se refiere a las minas antipersonas. 
En el acuerdo se dice que la Comisión quiere examinar el problema. 
Le pregunto qué significa eso de examinar el problema. 
Nos encontramos ante el hecho de que hasta ahora ni siquiera hemos logrado quitar anualmente más minas de las nuevas que se colocan. 
Aquí existe una enorme discrepancia y me alegraría si se tratase este problema con preferencia en vez de aplicar remedios absolutamente insuficientes en diversos lugares. 
La última pregunta que deseo plantear es la siguiente: ¿qué seguridad tiene la moneda? 
¿Se han realizado esfuerzos y planes para que el país obtenga paulatinamente una moneda estable y que sea convertible? 
Ante una tasa de inflacción del 20 %, las tasas de crecimiento del 7 % son algo más modestas. 
Señor Presidente, la ASEAN está creciendo rápidamente y la Europa fraternal acaba de advertir la presencia de ese precoz hermano menor cuyos lazos familiares con Europa, ya sean políticos, económicos o culturales, se fortalecen diariamente. 
Como buenos hermanos, necesitamos una forma sensata y constructiva de hablarnos, por lo que acojo con efusiva satisfacción las comunicaciones de la Comisión y los excelentes informes elaborados por los ponentes del Parlamento. 
Tomemos el proyecto mayor de Europa, la UEM; en una conferencia reciente en Singapur se pusieron de relieve las enormes oportunidades comerciales y financieras que se intensificarán entre los dos bloques, una vez que el euro se codee con el dólar y el yen como moneda mundial de reserva. 
La reciente visita del Comisario De Silguy a los países de la ASEAN pone de relieve esa apasionante evolución. 
Por desgracia, las recientes turbulencias financieras de la ASEAN pueden haber empañado el mensaje del Sr. De Silguy. 
Como ha dicho un funcionario tailandés: » Me preocupa más el marco de hoy que el euro de mañana». 
La rencilla del doctor Mahathir con George Soros sobre la amenaza al ringgit malayo contribuye simplemente a subrayar la interdependencia de los mercados financieros mundiales, como si no hubieran ya lanzado suficientes señales de alarma los Baring Brothers de Singapur. 
También se están fortaleciendo los vínculos políticos dentro y fuera de la ASEAN. 
Los diez países de la ASEAN deben abordar ahora las tensiones internas, en particular cuando dichas tensiones se extienden y contaminan las relaciones con la UE. 
Tenemos que encontrar una voz, ni ronca ni sotto voce, para plantear las preocupaciones por la violación de los derechos humanos y políticos en toda la región y en particular en Birmania. 
El Gobierno británico ha declarado con claridad que no se consideraría a Birmania participante pleno en la reunión del ASEM que se celebrará el año próximo en Londres durante la Presidencia británica. 
Al mismo tiempo, debemos aceptar la decisión de la ASEAN de incorporar a Birmania, como también a Laos y, en su momento, a Camboya al bloque completo. 
El declive de Camboya hacia la inestabilidad política debe sin duda movernos a apoyar cualquier movimiento hacia la democracia que surja en ese turbulento país. 
Esperemos que el próximo mes de mayo o de noviembre se puedan celebrar elecciones libres e imparciales con el aliento de la UE. 
En el caso de Vietnam, el acuerdo de cooperación con la UE brinda importantes oportunidades para un diálogo animado, pero constructivo. 
¿Cómo se interpretará el primer llamamiento hecho a un país de la ASEAN en pro de los derechos humanos en el caso de Vietnam? 
No cabe duda de que sería una negligencia por nuestra parte pasar por alto la importancia de países como Malasia e Indonesia en el mundo de hoy. 
Indonesia, la cuarta nación del mundo en importancia numérica, aún no ha resuelto sus dificultades con Europa, incluido Portugal, por la cuestión de Timor Oriental. 
Espero que se muestre receptiva a la petición del Parlamento de visitar Timor Oriental con una delegación oficial del PE. 
Si se conceden los visados, nosotros debemos estar, a nuestra vez, dispuestos a informar imparcial y rectamente de todo lo que veamos y oigamos, varios años después de las espantosas muertes de Dili. 
Por último, la contaminación. 
El Niño y las políticas de Indonesia de desforestación de tala y quema forman una combinación devastadora. 
Los países de la ASEAN no se pueden aislar del mundo exterior, como tampoco pueden hacerlo Europa y Gran Bretaña. 
Esperemos que, cuando nuestros amigos y colegas lleguen el año próximo a Londres, ahora milagrosamente libre de la contaminación que la tenía totalmente envuelta en el siglo XIX, sólo la neblina y la llovizna del siglo XXI se interponga entre la ASEAN y nosotros en el desarrollo de nuestro futuro fraternal y cooperativo. 
Señor Presidente, voy a referirme consecutivamente a los distintos informes de los Sres. Pettinari, Castagnède y Hindley y a las opiniones emitidas por la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Exteriores. 
En lo que concierne a Camboya, es cierto que, tras la expulsión por la fuerza del príncipe Norodom Ranariddh, este país, que parecía gozar de una relativa estabilidad, poco a poco ha ido llegando a una situación en que los últimos acontecimientos han puesto de relieve la precariedad de su situación interna, no solamente en términos democráticos o de evolución hacia la democracia sino también en términos regionales, como lo prueba la exclusión por primera vez de Camboya del marco ASEAN en la última reunión de Kuala Lumpur. 
Esto tuvimos posibilidad de discutirlo el pasado día 17 de julio, cuando el Parlamento presentó su resolución. 
Como ustedes saben, las elecciones están previstas para el día 23 de mayo de 1998 y es evidente que la comunidad internacional va a hacer de estas elecciones la prueba de intenciones del actual Primer Ministro, Sr. Hun Sen. En este momento, la Asamblea Nacional de Camboya está discutiendo la ley electoral. 
Su aprobación, y su contenido sobre todo, van a ser fundamentales para poder juzgar en ese preciso momento la estrategia de las autoridades camboyanas para los próximos meses. 
Es evidente, y en eso compartimos la opinión del ponente Sr. Pettinari, que la comunidad internacional, y particularmente la Unión Europea, tenemos que hacer todo lo posible para obligar a que los actuales líderes respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y aseguren, a través del proceso interno que tiene que culminar en las próximas elecciones del año que viene, un proceso que normalice la situación en Camboya, tal y como se estaba a duras penas consiguiendo antes de los incidentes que acabo de relatar. 
En este sentido, ustedes saben que la Comisión Europea está dispuesta a movilizar importantes recursos- 9, 5 millones de ecus, que es una cantidad importante- destinados precisamente a organizar las elecciones de 1998. 
Y, naturalmente, pensamos que tiene que haber una estrecha coordinación para tomar esta decisión. 
El presupuesto lo tenemos. 
Hay que tomar la decisión política de emplearlo. 
Porque la participación o no de la comunidad internacional y, particularmente, de la Unión Europea en la realización, ayuda, monitoring y observación de las elecciones dependerá de la credibilidad de la ley electoral que se está debatiendo ahora en la Asamblea Nacional camboyana y de las condiciones objetivas con que se desarrollen esas elecciones generales. 
En consecuencia, es evidente que, en su momento, habrá que optar por participar o no y, en el supuesto de que participemos, ver cómo participar para que se pueda ejecutar este proyecto en condiciones de limpieza y de transparencia, de modo y manera que el país se normalice. 
¿Cómo estamos operando, teniendo en cuenta la situación del país? 
Estuvimos discutiendo mucho tiempo en la reunión de Kuala Lumpur sobre cómo proceder y, finalmente, tomamos la decisión de hacer un ejercicio de modulación. 
Modulación, ¿por qué? 
Porque no era yo muy partidario- y no me importa confesarlo- en aquel momento, durante la Conferencia de la ASEAN- luego hablaremos del informe del Sr. Hindley -, de acordar una ruptura total y definitiva en la cooperación con Camboya, esencialmente porque la mayoría de la programación económica financiera que se está haciendo en Camboya está afectada a zonas importantes del mundo rural y del campesinado y, en consecuencia, si se hubiera tomado una decisión radical, no sé si le hubiera creado muchos problemas al Sr. Hun Sen pero, en cualquier caso, hubiéramos creado muchísimos problemas a la clase campesina, que realmente es la que se está beneficiando de estos programas de cooperación. 
En consecuencia, optamos por una vía de modulación, es decir, conservando en la programación aquellos proyectos que tienen el máximo de impacto en las zonas más vulnerables de la población y controlando mucho más aquellos proyectos que pudieran tener una conexión política con el poder, por así decirlo. 
Esta es la lógica que estamos utilizando. 
Ustedes saben que va a haber en la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente los días 22 y 23 del próximo mes de noviembre, un debate internacional sobre Camboya y que estamos esperando tener información más precisa de las gestiones realizadas por los países ASEAN. 
Además, dentro de un par de semanas el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia visitará la Comisión Europea para informarnos, entre otras cosas, de este punto, ya que él preside en este momento el grupo ASEAN y queremos saber exactamente cómo está la cuestión. 
Respecto a la ratificación por parte de Camboya, es más que probable que, debido a las actuales circunstancias, la Asamblea Nacional camboyana no pueda hacerlo antes del año en curso. 
Esto nos da un margen de maniobra, porque nos va a permitir poder constatar qué es lo que ocurre en las elecciones de marzo, pues cuando haya que tomar la decisión política en el Consejo y la decisión financiera en la Comisión- e indirectamente en el Parlamento Europeo, porque ustedes son la autoridad presupuestaria -, habrá que estimar si merece o no la pena hacer el gasto de 9 millones de ecus en relación con las condiciones de la ley electoral y en la medida de que haya un mínimo de transparencia en las elecciones. 
En cuanto a Laos, agradezco al Sr. Castagnède que haya puesto énfasis en los enormes desafíos que enfrenta en este momento Laos. 
Por sus características- país con un desarrollo social y económico débil, su transformación en una economía de mercado, sus esfuerzos por abrirse -, qué duda cabe de que la Unión Europea tenía también que dar una respuesta a estos esfuerzos. 
El mensaje político, como se señala en el informe, es el elemento esencial que se le está dando a la República Democrática de Laos y el hecho de que se firmara este acuerdo de cooperación es un mensaje político de que creemos que están en la buena vía. 
¿Vamos a poder influir en dicho país? 
Pues, naturalmente, esa es la pretensión de todos los acuerdos de cooperación que realizamos. 
Y yo creo que, en la medida en que se vaya integrando política, económica y regionalmente, es sumamente útil que pretenda trabajar dentro del marco general que les ofrece la ASEAN. 
Nuestra idea es, una vez que el Parlamento Europeo haya aprobado este acuerdo de cooperación, celebrar el primer comité mixto que está previsto en el acuerdo en Vientian a comienzos de 1998. 
Respecto de la ampliación del acuerdo ASEAN/Unión Europea al Viet Nam, debo decir que, para la Comisión, el realizar el acuerdo de cooperación con Viet Nam fue un reto político y una enorme satisfacción porque piénsese que este acuerdo empezó a negociarse, si mi memoria no me falla, hace aproximadamente dos años. 
Han sido unas negociaciones muy largas y empezamos a negociar en un momento en que las posibilidades de éxito eran muy reducidas. 
Viet Nam no era miembro de ASEAN, mantenía su estado de guerra con los Estados Unidos, y la Unión Europea, como pionera, empezó la negociación. 
Posteriormente, Viet Nam ha normalizado su situación con ASEAN y con los Estados Unidos, es decir, que, de nuevo, se ha demostrado que este tipo de negociaciones, aunque el interlocutor no tenga una democracia perfecta y pueda plantear perfiles de duda respecto del planteamiento europeo, al final hay operaciones que salen bien y de las que nos podemos sentir legítimamente satisfechos, y una de ellas es el acuerdo que iniciamos en tierra de nadie y atravesando el desierto hace dos años con esta República. 
Se arregló la situación. 
Viet Nam entró en la ASEAN. 
Pensamos que esto es positivo porque Viet Nam va a tener un acicate, va a tener un elemento de motivación para abrir su economía y, abriendo su economía, se producirá en Viet Nam un relevo generacional importante y la toma de nuevas decisiones dentro del Partido Comunista vietnamita. 
La transformación de Viet Nam no se va a hacer en 24 horas, ni en una semana, ni en un año, se trata de un proceso que todavía va a durar tiempo, pero el proceso se sigue confirmando y esto es lo importante. 
Que ASEAN aumenta la estabilidad política de la región me parece evidente. 
Como señalaban algunos oradores, la situación en esta parte del mundo cambió. 
Si hay una zona donde el final de la guerra fría, en términos geopolíticos, ha tenido una gran importancia es precisamente el southeast y las relaciones han cambiado fundamentalmente. 
En consecuencia, nos parece sumamente útil que se apoye esta iniciativa de ampliar el marco ASEAN en favor de Viet Nam. 
En cuanto a los derechos humanos, hay que decir que, tanto en el caso de Viet Nam como en los de Camboya o Laos, son una cláusula de posibilidades. 
Naturalmente que tenemos que mantener, como dice el Parlamento Europeo, esta cláusula en todos los acuerdos de cooperación. 
Pero no se puede pensar, porque sería ingenuo, que el hecho de lograr que la otra parte negociadora acepte la cláusula democrática en los acuerdos de cooperación signifique que el país se democratiza automáticamente. 
Eso no es así. 
Con la inclusión de la cláusula democrática en los acuerdos de cooperación se inicia la posibilidad de un diálogo político que nos puede permitir a todos ir progresando en el respeto de la libertad y de los derechos humanos. 
Pero que nadie piense que porque tenemos la cláusula democrática con Viet Nam, Laos y Camboya vamos a producir el milagro de la democratización automática de estos tres países. 
Eso no. 
Es una cuestión de tiempo, de perseverancia, de tenacidad, de mantener las tendencias y, naturalmente, de reaccionar, como ha ocurrido en el caso de Camboya. 
Si hay que dar marcha atrás, automáticamente modulamos, que es una forma piadosa de decir «intervenimos» , controlando el tipo de cooperación que hacemos. 
Yo creo que esa es la clave que tenemos que seguir para entender cómo vamos a trabajar con la cláusula de los derechos humanos. 
Señor Hindley, ¿qué puedo decirle sobre la situación general de la ASEAN? 
No puedo decir nada que ustedes no hayan dicho en el informe y nada que no hayan podido ni leer, ni ver, ni escuchar en los últimos meses de una situación de difícil manejo. 
Y la situación de difícil manejo, yo creo que la tendrán que explicar mucho más los países ASEAN que la Unión Europea. 
¿Por qué? 
Los países de la ASEAN toman una decisión valiente, interesante, de excluir a Camboya, precisamente porque en Camboya se ha producido una marcha atrás en términos de normalización democrática y, al contrario, otro país donde hay una junta militar, como Myanmar, sin embargo, se le admite. 
Esto tiene una explicación de carácter fundamentalmente geopolítico, perfectamente comprensible de la zona que estamos hablando. 
Pero, naturalmente, ellos mismos, los países de la ASEAN, son conscientes de que están en una situación muy incómoda en el plano de la explicación internacional, fuera de ciertas explicaciones de naturaleza geopolítica que ustedes pueden imaginar. 
En cualquier caso, lo que sí les quiero decir es que, independientemente de la situación complicada de Kuala Lumpur, se manifestó, tanto por su parte como por la nuestra: 
1.Que la ASEAN quiere seguir existiendo, independientemente del fenómeno ASEN. 
Es decir, ASEN no puede significar un fenómeno de sustitución o dilución de la organización ASEAN, y esto es bueno.2.Es cierto, y lo declaro así, que la Comisión se ha visto obligada a establecer una ingeniería institucional, al objeto de evitar el problema que plantea el no poder tener un acuerdo que pueda renovar el del año 1980. 
Y hemos tenido que hacer una ingeniería institucional que nos va a permitir progresar protocolo por protocolo, y «sectoriar» de una forma independiente, porque ésta era la única manera de salvar políticamente el momentum dado que las condiciones políticas para poder tener otro nuevo acuerdo regional que sustituyera al viejo acuerdo de hace ya 17 años, no se dan en este momento por las contingencias políticas que ustedes conocen perfectamente.En consecuencia, a falta de un acuerdo, lo que hemos hecho es seccionar las diversas partes del acuerdo y vamos a hacerlo a través de protocolos para, de ese modo, evitar los problemas institucionales. 
No sé si es genial, no sé si es bueno, no sé si es malo, pero, tras dos años ya de darle vueltas, la Comisión ha encontrado un artilugio institucional- yo lo reconozco -, pero es lo que nos está permitiendo por lo menos responder al desafío del comercio, al desafío de la propiedad industrial, al desafío de la sociedad de la información, al desafío, en fin, que implica la globalización. 
En cualquier caso, señor Hindley, si ustedes en el Parlamento Europeo descubren otro método mejor, no tendríamos ningún inconveniente en aceptarlo. 
Señor Presidente, he planteado al Sr. Comisario cuatro preguntas de las cuales ha respondido a dos en su intervención. 
Me gustaría saber si en lo tocante a las minas antipersonas existen ideas concretas. 
¿Qué significa eso de que se quiere examinar el problema?. 
Mi segunda pregunta era si existen medidas para estabilizar la moneda en Laos. 
Yo también he planteado al Sr. Comisario algunas preguntas. He mencionado que la Unión Europea ha apoyado o establecido un sistema de prealerta en Sumatra. 
Este sistema no ha llamado a tiempo la atención sobre los incendios forestales. 
¿Cómo es que no ha funcionado? 
Le rogaría una respuesta. 
Creo que es sencillamente importante ante el debate actual. 
Señor Presidente, yo también formulé una pregunta, aunque de manera no del todo explícita, que ahora deseo repetir: si, como se oye decir, el año que viene, durante la Presidencia británica, se va a celebrar la reunión de los países de la ASEAN y nosotros planteamos la cuestión de Birmania, y si a la ASEAN, en el caso de que tuviéramos que hablar de Birmania, se le ocurre proceder a través de acuerdos bilaterales, ¿cómo valora la Comisión la otra idea, o sea, la idea de no aceptar a la ASEAN como bloque y de negociar acuerdos de cooperación con los diferentes países por separado? 
¿Cuál es su posición en este caso específico que, evidentemente, puede producirse? 
Señor Presidente, para responder a la primera pregunta de la Sra. Günther sobre las minas antipersonales, diré que es una cuestión candente fundamentalmente en Camboya, pero no es objeto del acuerdo de cooperación en sí mismo. 
Es un problema que existe en el territorio pero no está en el acuerdo. 
¿Qué estamos haciendo al respecto? 
Pues en Camboya, desde hace ya tiempo, la Unión Europea tiene programas muy intensos de desminado, y hemos estado trabajando muy intensamente al objeto de intentar resolver este problema. 
Si me pide mi opinión sobre la cuestión de las minas antipersonales, yo estoy a favor de que no se fabriquen en todo el mundo. 
Es decir, no hay ningún problema a este respecto. 
Y esto es lo que piensa, yo creo, la Unión Europea en su conjunto. 
En lo que se refiere a la estabilización monetaria, la Comisión no tiene competencias monetarias, como usted sabe muy bien y, desgraciadamente, el euro todavía no existe. 
¿Podrá la Unión Europea intervenir el día que exista el euro? 
Me hace usted una pregunta a la que no le puedo responder. 
Usted sabe mejor que yo que la Unión Europea todavía no tiene una responsabilidad externa en materia monetaria. 
Quizá a partir del 1 de enero de 1999, cuando el euro tenga una responsabilidad interior y exterior, la Unión Europea podrá, eventualmente, intervenir a través de la normal participación en las instituciones financieras internacionales, por ejemplo el Banco Asiático de Desarrollo, que es una banca regional del Banco Mundial. 
Pero, hoy por hoy, no tenemos ni instrumento, ni capacidad, ni tan siquiera interna. 
Es un debate para el futuro. 
Si me pregunta mi opinión, yo participo bastante de las tesis expuestas por el director general del Fondo, Sr. Camdessus, en Hong Kong. 
La globalización está bien, la libre circulación de capitales es buena, pero, naturalmente, hay ciertos límites objetivos que hay que corregir para evitar que lo positivo de la globalización se pueda convertir en elemento de desestabilización fuerte, particularmente de los países de economía más débiles. 
Respecto de los incendios en Sumatra, se ha dicho que no ha funcionado el Early Warning System. 
No entiendo, señor Telkämper, su pregunta. 
Señor Presidente, una breve aclaración adicional. 
He mencionado que sería razonable apoyar proyectos sostenibles ecológicamente y en lo tocante a los derechos humanos, proteger a las personas que viven en esas selvas. 
Si estoy bien informado, con dinero de la Unión Europea se ha construido y apoyado un sistema de prealerta para la región de Sumatra, Kalimatan, para impedir tales incendios y catástrofes. 
La Comisión fue en este caso muy progresista haciendo algo sostenible. 
Ahora, la pregunta: ¿porqué no ha funcionado este proyecto de la Unión Europea? 
Señor Comisario, si la pregunta es demasiado específica también puede responderme por escrito. 
Señor Telkämper, ¿por qué dice usted que no ha funcionado? 
Porque existen los grandes incendios forestales actualmente y en mi intervención me he preguntado si quizás esto no ocurre incluso en el marco de la liberalización, es decir, que se queman sencillamente los bosques para tener campo libre para el proyecto de migración, para el cultivo de arroz, para nuevas plantaciones. 
Esta esa la pregunta subyacente. 
Pero, como he dicho, si esto es muy especial, puede responderme por escrito. 
Me resulta muy fácil, señor Presidente. 
Usted dice que el sistema no ha funcionado y yo le pregunto ¿cuáles son los argumentos que usted me da para decir que el sistema no ha funcionado? 
Porque yo, para decir que en este hemiciclo no hay luz, tengo que demostrar que estamos a oscuras. 
Quizás exista ahora un malentendido entre nosotros, pero si la Unión Europea apoya un proyecto, supongo que técnica y administrativamente está bien ejecutado y que por su intención tiene un carácter preventivo... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
No recuerdo la pregunta del Sr. Dell ' Alba. 
Mi amigo el Sr. Telkämper siempre me desestabiliza políticamente, señor Presidente. 
Ahora ya no sé donde estoy. 
Señor Comisario, puede contestar por escrito. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 23.00 horas. 
Acuerdo de cooperación CE-Antigua República Yugoslava de Macedonia 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación del Sr. Pons Grau (A4-0273/97) , en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la antigua República Yugoslava de Macedonia (COM (96) 533-8204/97- C4-0305/97-96/0259 (AVC)) 
Señor Presidente, intervengo en nombre de la Comisión REX para dar nuestro apoyo a este acuerdo que en la Comisión REX contó con la unanimidad de todos sus miembros. 
La antigua República Yugoslava de Macedonia es la única República que surgió de la antigua Yugoslavia sin derramamiento de sangre. 
Este pequeño Estado de dos millones de habitantes, enclavado en el corazón de los Balcanes, entre Albania, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, ha tenido que afrontar tensiones interétnicas y relaciones difíciles con sus vecinos más cercanos, lo que ha tenido consecuencias directas muy negativas en su economía y en su proceso de inserción en la economía y en la comunidad internacional. 
Sin embargo, más de seis años después de su declaración de soberanía, comienza a salir progresivamente del aislamiento económico e internacional en el que se encontraba sumida por un doble embargo: el embargo directo de Grecia y las consecuencias indirectas del embargo decretado por la comunidad internacional contra la República Federal de Yugoslavia. 
No me voy a extender, señor Presidente, en los problemas que ha compartido esta República con el pueblo griego- usted los conoce mucho mejor que yo -, pero, en la actualidad, de todos los problemas existentes, solamente permanece vivo uno: el nombre de la propia República. 
Todo parece indicar que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este punto también tendrá su solución en un breve plazo. 
Hay que considerar, dentro de la situación económica y política del país, que un éxito de la actual política de las autoridades de la República es el control de la inflación, que ha sido llevado de una forma contundente. 
Pero, al mismo tiempo, en el debe había que poner que también el desempleo ha alcanzado un récord del 37 % en poco tiempo, lo que da a entender que las medidas económicas han sido de una gran dureza. 
El problema clave de la economía de este país es cómo aumentar los niveles de inversión para modernizar el aparato productivo, las infraestructuras de transporte y las infraestructuras sociales en un contexto caracterizado por el ahorro interior muy bajo, altos tipos de interés y una pesada carga vinculada al gasto público. 
A pesar de los cambios positivos que se observan en la coyuntura económica de la República, su futuro económico aparece decisivamente condicionado por las incertidumbres políticas internas que caracterizan el panorama político del país y el de los países vecinos. 
La composición étnica del país nos permite comprender la complejidad de la situación. 
De hecho, la principal amenaza para la estabilidad del país reside en el tratamiento que se dé al problema de la minoría albanesa. 
Por lo que concierne al contenido del acuerdo de cooperación, es semejante al acuerdo de cooperación firmado con Eslovenia en 1993. 
Se trata de un acuerdo marco de comercio y cooperación preferencial de carácter evolutivo. 
Parte importantísima es el fundamento democrático de la cooperación, que constituye un elemento esencial del acuerdo. 
Al mismo tiempo, hay una declaración común que permitirá entablar un diálogo político regular; consolidar los principios e instituciones democráticos y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías; facilitar la plena integración de la República en la sociedad de naciones democráticas. 
Se prevén reuniones y contactos a nivel ministerial, técnico y parlamentario y la declaración común también prevé la posibilidad de organizar el diálogo político en una dimensión regional. 
Por lo que se refiere a los intercambios comerciales, son los clásicos en estos casos: disposiciones relativas a normas de origen; la propiedad intelectual, industrial y comercial; los procedimientos contra las prácticas de dumping y las subvenciones; las medidas de salvaguardia que resulten necesarias para las industrias incipientes y en dificultades comerciales y de balanza de pagos, así como los mecanismos de consulta en la sede del Consejo de cooperación. 
Nosotros consideramos que este acuerdo de cooperación tiene un inmenso valor político, más que económico. 
Y por lo tanto, en una región sacudida por continuas dificultades políticas, económicas e incluso militares que han afectado incluso al desarrollo de la Unión Europea, esta Comisión REX piensa que es una apuesta política importante que apoyemos este acuerdo de cooperación. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa ha expresado su opinión favorable sobre la celebración del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
A los motivos de carácter económico expuestos por el Sr. Pons Grau se añaden las consideraciones más estrictamente políticas de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Macedonia ha logrado, a lo largo de estos años, alcanzar su independencia sin las tremendas tragedias que acompañaron la independencia de las demás regiones de la antigua Yugoslavia, y es preciso que la Unión Europea haga todo lo posible para apoyar la ulterior transformación económica de Macedonia y consolidar su vida democrática. 
Desde nuestro punto de vista, sería muy conveniente que la Unión Europea estableciera una delegación en Skopje con objeto de seguir de cerca y muy atentamente la evolución de dicha experiencia democrática. 
Al sugerir al Pleno la aprobación de este acuerdo, cuya importancia política valoramos plenamente, consideramos obligado invitar al Gobierno macedonio a seguir con mucha atención la situación de sus minorías y la situación de los derechos civiles en general. Macedonia, en efecto, tiene una población compleja en cuanto a sus orígenes étnicos y es necesario que este Gobierno trate con respeto la complejidad de la situación que tiene entre manos. 
A través de esta opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, pedimos al Pleno que se exprese favorablemente. 
Señor Presidente, permítame ante todo emplear algunos segundos para decir que habiendo visto hablar al Sr. Telkämper con el Vicepresidente Sr. Marín, confío en obtener al menos por escrito la respuesta que esperaba a mi pregunta anterior. 
En mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Presupuestos, deseo manifestar que también nuestra comisión emite opinión conforme a fin de que este acuerdo pueda celebrarse. 
Esto es muy importante, ya que la situación de la antigua República Yugoslava de Macedonia es delicada, en un contexto en que, hasta la fecha, no se ha visto afectada por todas las guerras sangrientas que han caracterizado las Repúblicas de la antigua Yugoslavia. 
Este esfuerzo es muy importante. 
Tres son los medios esenciales en esta materia: el Parlamento ya procedió a aprobar la ayuda macroeconómica de cara al estado de la balanza de pagos del país; ahora, a través de este acuerdo y, por lo tanto, con todos los medios de cooperación técnica, financiera y comercial, estamos llevando a cabo una acción importante y significativa en favor de la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Desde este punto de vista, el aspecto del protocolo financiero es significativo: 150 millones de ecus del BEI, garantizados por el presupuesto comunitario. 
Habíamos pedido y, en su momento, obtuvimos de la Comisión la evaluación de la incidencia financiera. Ahora, la Comisión de Presupuestos ratifica la opinión favorable emitida sobre este acuerdo. 
Permítanme una pequeña puntualización en lo referente a la cooperación financiera, ya que el ponente considera que se puede luchar contra el blanqueo de dinero con otros métodos y con una política diferente en materia de droga. 
Señor Presidente, señores colegas, la celebración de un acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, junto al protocolo financiero y el acuerdo en el sector de los transportes, seguro que tiene un gran valor porque va a contribuir decisivamente al desarrollo económico de este pequeño país de los Balcanes; a la reestructuración de su industria, a favorecer las transacciones comerciales y a fomentar unas relaciones más firmes y más equilibradas con sus países vecinos. 
Aún se debe señalar que el acuerdo incluye una cláusula especifica y da especial importancia al desarrollo social y a los derechos sociales; un aspecto innovador de este acuerdo. 
Tal como se desprende de las conversaciones de dos días, que tuvieron lugar ayer y anteayer en la Representación Interparlamentaria, la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha hecho serios esfuerzos para actualizar y fortalecer la competitividad de su economía, así como por una adaptación gradual de sus estructuras a los modelos europeos y, sobre todo y como ya se sabe, bajo unas condiciones especialmente difíciles y en una coyuntura histórica también difícil. 
Tras su acuerdo intermedio con Grecia, las actividades económicas a través de sus fronteras del Sur adquieren cada vez mayor importancia. 
Grecia es el país comunitario con mayor número de exportaciones a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la tercera en el conjunto de las transacciones comerciales. 
Se espera que el desarrollo de la red de carreteras, que está previsto en el acuerdo, facilite más el desarrollo de las relaciones económicas y el aumento del volumen del comercio recíproco. 
Esperamos que el acuerdo de cooperación, entre otras cosas, facilite el diálogo político para consolidar las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos, incluídos los de las minorías, así como el fomento de la seguridad, de la paz y de la estabilidad en toda Europa; pero especialmente en esta zona tan sensible de los Balcanes. 
El acercamiento de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a la Unión Europea deberá ser apoyado. 
El país cuenta con un consejo europeísta y con un gobierno que reconoce la importancia de la buena colaboración regional. 
Sin embargo, srs. colegas, ya que procedo de un país que firma claramente este acuerdo, de Grecia, me van a permitir expresar mi deseo de que incluso el ultimo obstáculo en las relaciones entre los dos países sea eliminado para encontrar una solución viable y digna para las dos partes. 
Adicionalmente quisiera también apoyar la solicitud de este país para crear una oficina de la Unión Europea en Skopje. 
Señor Presidente, tal como acostumbraba a decir un obispo checo del norte de Bohemia: » el amor al prójimo sería algo maravilloso si el prójimo no estuviese tan terriblemente próximo». 
Exactamente este es el problema de Macedonia. 
Macedonia es un pequeño país con diversos vecinos y una historia muy complicada y siempre ha corrido el peligro de ser aplastado por esa historia. 
Tanto más satisfechos podemos estar hoy y mañana de que nuestro Parlamento diga sí a este acuerdo, que será un hito al acoger también a este país en la Comunidad de los europeos, un país que ha contribuido mucho a nuestra historia y cultura y que va a contribuir también mucho a nuestro futuro europeo. 
Sin embargo, los problemas siguen siendo enormes. 
Piénsese por ejemplo- a lo que se ha referido el Sr. Ponsen la problemática de la minoría albana en Macedonia. 
Pero ¿quién dice que esto dependa directamente de la cuestión de Kosovo y que, como consecuencia de la represión de Kosovo, haya surgido una situación tan grave en la universidad de Tetovo, que se encuentra en Macedonia? , por mencionar sólo este ejemplo y para mostrar cómo en la región siguen estando estrechamente interrelacionadas las diversas cuestiones. 
Estamos en deuda con este país y debemos apoyarle en su marcha hacia Europa y, ante todo, debemos tomar las medidas necesarias para que se garantice su libertad e independencia. 
Hoy hemos hablado sobre Asia- lo que es correcto -, pero es una vergüenza que hablemos sobre Asia y no estemos en situación de solucionar problemas europeos elementales. 
Hoy no existiría Macedonia si los Estados Unidos de Norteamérica no hubiesen comenzado en aquella ocasión a proteger la independencia del país frente a una posible agresión serbia. 
Si se ve qué fuerzas están intentando actualmente hacerse con el poder en Serbia, solamente se puede decir que se intenta expulsar al diablo con Belcebú y existe el peligro de que se produzcan nuevos y graves conflictos. 
Es hora de que tras años de bloqueo concluyamos este acuerdo de comercio y cooperación. 
Pero esto solamente puede ser un primer paso. 
Tenemos que apoyar a las fuerzas democráticas en el país. 
No debemos achacar al país ciertas debilidades de reforma que son lógicas, pues si se está sometido a presión exterior es increíblemente difícil llevar a cabo al mismo tiempo reformas internas. 
Por ello, es impresionante que se haya logrado en tan gran medida, pero debemos seguir impulsándolo. 
Sobre todo, debemos tener claro que el siguiente paso, el Acuerdo de asociación, debe seguir lo antes posible. 
Eslovenia ha necesitado tres años para este paso y creo que Macedonia no debe esperar más tiempo a un paso de este tipo. 
Señor Presidente, señor Comisario, después de que el colega Posselt ha señalado el camino diciendo que este acuerdo no debe ser más que un paso para el futuro de Macedonia, quiero añadir que me alegra muchísimo que este Acuerdo de cooperación con Macedonia caiga en este Parlamento sobre un suelo tan abonado. 
También quiero felicitar al Sr. Pons Grau por su informe. 
Macedonia es un país que ha pasado graves pruebas en los últimos años, un país que ha logrado liberarse de un abrazo muy difícil, lo que no han logrado otros muchos países que estaban en una situación similar- pensemos solamente en el destino de Bosnia-Herzegowina. 
Creo que este país merece que le brindemos nuestra ayuda. 
Quiero subrayar lo mucho que me ha alegrado que, cuando hace pocas semanas se trató de la cuestión de una ayuda macroeconómica a Macedonia, este Parlamento, superando todas las diferencias internas que normalmente existen, ha ofrecido esta ayuda a pesar de que antes no había tenido lugar el correspondiente debate en la comisión ni en el Pleno, otorgando de este modo una gran confianza, creo que acertadamente. 
En la Unión Europea tenemos una importante posición si se ve quiénes son los clásicos interlocutores comerciales de Macedonia. 
En primer lugar, Bulgaria, luego el resto de Yugoslavia y a continuación, Rusia. 
Pero si se echa un vistazo al mapa- y tengo la sensación de que esto se hace demasiado poco entre nosotros- se puede ver que Macedonia es realmente un país clave de los Balcanes. Por ello, hay que impulsar todas las vías de comunicación. 
Macedonia se encuentra prácticamente en la Unión Europea si se tiene en cuenta el tramo de unión desde Grecia hacia Austria o Alemania. 
Hay que establecer esta infraestructura del modo que se merece este país y también hay que mejorar las conexiones de la Unión Europea. 
Dicho sinceramente, creo que tenemos un gran compromiso frente a este país. 
Se trata casi de un compromiso moral si se mira la geografía y lo que ha pasado este país. 
Repito: me alegro de que este informe haya sido acogido tan positivamente en este Parlamento y espero que avance también en la vía predeterminada. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias al ponente, el Sr. Pons Grau, por la excelencia de su informe y señalarle que la Comisión comparte su opinión acerca de que el acuerdo de cooperación tiene una importancia capital para la antigua República Yugoslava de Macedonia y el desarrollo de sus relaciones con la Comunidad, puesto que incluye un régimen comercial preferente, un protocolo financiero y un diálogo político, basado en una declaración separada, que pone en marcha unas relaciones- qué duda cabe- importantes para este país en su futuro, no sólo dentro de la zona en que está ubicado, sino naturalmente también en sus relaciones con la Unión Europea. 
Además, junto con el acuerdo separado sobre el transporte, el acuerdo de cooperación es un gran impulsor de la estabilidad y la cooperación en la región. 
La Comisión también puede compartir la opinión general manifestada por los oradores, en el sentido de que se trata de un primer paso y que, en último término, mucho más que su valor financiero, lo que tiene este acuerdo de cooperación es un gran significado político. 
Dada su importancia y precisamente por eso, la Comisión espera que el Consejo apruebe sin dilación la decisión sobre la celebración del acuerdo de cooperación y del acuerdo del transporte, de manera que pueda entrar en vigor el 1 de diciembre de 1997 a más tardar. 
El Gobierno macedonio continúa aplicando su política de reformas económicas y políticas, pero todos sabemos que se halla ante difíciles problemas económicos y sociales, como el bajo crecimiento económico y, naturalmente también debido al bajo crecimiento económico, el elevado desempleo. 
Además de la ayuda financiera normal a través del programa PHARE- 15 millones de ecus directamente del programa PHARE y 10 millones de ecus para realizar la cooperación transfronteriza con Grecia -, se han puesto a disposición de este país recientemente 8 millones de ecus más. 
Estos fondos serán absorbidos fácilmente y se utilizarán para impulsar proyectos que entren dentro de las prioridades del programa indicativo plurianual existente para 1996-1999, a saber, las pequeñas y medianas empresas, la ayuda a la inversión pública y al programa TEMPUS de educación. 
La Comisión está estudiando asimismo de qué modo puede contribuir el programa PHARE a mejorar una de las situaciones políticas internas más complicadas, es decir, las relaciones interétnicas. 
Por último, la Comisión desearía agradecer las iniciativas del Parlamento Europeo para desarrollar los contactos con el Parlamento macedonio; contactos que constituyen un eje importante para el estrechamiento también de nuestras relaciones entre la Unión Europea y la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
En consecuencia, la Comisión vería con agrado que este diálogo político del Parlamento Europeo con el Parlamento macedonio se pudiera desarrollar y consolidar incluso más. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 23.00 horas 
(Se levanta la sesión a las 11.55 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
El Grupo Unión por Europa, del que soy miembro, inició la semana pasada una misión de paz en Angola. 
Recibimos visados para visitar Angola y el objeto del viaje era el puramente pacífico de procurar velar por que ambas partes participaran plenamente en la aplicación de los Acuerdos de Lusaka. 
Por desgracia, cuando llegamos a Lisboa, el embajador de Angola en Portugal anuló nuestros visados. 
Me parece que, si se impide a un vicepresidente de la Asamblea Paritaria ACP y a la Sra. van Bladel, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, y a cinco diputados al Parlamento Europeo visitar Angola, algo va radicalmente mal en esa región. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, en nombre del tercer Grupo en importancia numérica de este Parlamento que proteste por el trato dado a unos diputados al Parlamento Europeo por el Gobierno de Angola. 
Para que haya una solución en Angola y para aliviar la tensión en esa región, tiene que haber dos partes, la UNITA y el MPLA, que apliquen los acuerdos de Lusaka. 
Todos consideramos que el trato que recibimos era un desafío a la legitimidad del Gobierno de Angola. 
Quisiera que escribiese usted al Embajador de Angola ante la Unión Europea en Bruselas para pedirle una explicación de por qué se nos impidió visitar Angola en el último momento. 
Muchas gracias, señor Andrews. 
Su observación no sólo constará en Acta como es reglamentario, sino que, como Presidente de la sesión, recojo sus observaciones y las haré llegar al Presidente de nuestro Parlamento. 
2.Relaciones UE- ACP en los albores del siglo XXI 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0274/97) del Sr. Martens, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en los albores del siglo XXI- Desafíos y opciones para una nueva asociación (COM (96) 0570- C4-0639/96). 
Señor Presidente, estimados colegas, la complejidad de la materia de mi informe no puedo exponerla aquí en detalle. 
Sin embargo, sí haré un intento de perfilar las líneas maestras de este informe sobre el Libro Verde de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en los albores del siglo XXI, de los desafíos y opciones de una nueva fórmula de asociación. 
Primero me gustaría subrayar que me he esforzado para que la propuesta de resolución fuera una propuesta de consenso real de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Me gustaría, por ello, dar las gracias al presidente de la Comisión, Michel Rocard, y a todos mis colegas. 
Si me opongo a ciertas enmiendas, es porque son una amenaza para la cohesión de la resolución. 
Quiero decirles de antemano que intenté, en colaboración con mis colegas de la Comisión, hacer un balance político de los Convenios de Lomé. 
Por eso me planteé en primer lugar si tenía sentido continuar la cooperación entre la Unión Europea y los países ACP. 
El Convenio tiene ya más de 20 años. Expira el 29 de febrero del año 2000. 
No ha estado exento de críticas y el balance resulta insatisfactorio para muchos. 
Por eso, es necesario plantearse la cuestión del nexo que una la Unión Europea con los países ACP, o sea, los países de África, el Caribe y el Pacífico, con los que tenemos este Convenio. 
Mi respuesta y la de la Comisión a esta primera pregunta fundamental es clara e inequívoca. 
Hemos de continuar la cooperación con los países ACP, no solamente por solidaridad con los socios ACP o por interés propio, sino también porque, como queda formulado en la resolución, el espíritu y la política de Lomé constituyen elementos fundamentales de la identidad política de la Unión Europea. 
Hemos llegado a la conclusión de que la política de ayuda al desarrollo y sobre todo los Convenios de Lomé son imprescindibles para la organización y regulación de la economía mundial. 
Asimismo, queremos continuar la cooperación sin dañar la coherencia y la solidaridad del grupo ACP. 
Por eso, estamos convencidos de que la composición del grupo ACP, en principio, sólo se puede ampliar o modificar de mutuo acuerdo con los países ACP. 
Continuar la cooperación pero también cambiarla, renovar el convenio pero dotarlo de una nueva base. 
Debemos integrar totalmente la dimensión política en el nuevo convenio. 
Durante mucho tiempo la cooperación entre la Unión Europea y los países ACP era fundamentalmente económica. 
Europa misma se había quedado reducida al mercado común y existía la convicción de poder separar lo económico de lo político. 
La experiencia ha demostrado lo contrario. 
Para realizar los objetivos de los convenios de Lomé debemos tener en cuenta todos los elementos de la política de ayuda al desarrollo y adoptar la dimensión política totalmente. 
En torno a este tema su Comisión de Desarrollo y Cooperación ha formulado una serie de propuestas impresionantes. 
La segunda gran idea que encontrarán en nuestras propuestas y que es el hilo de nuestra exposición, es que tenemos que estar más cerca de la gente. 
Los hombres y mujeres que están activos en este campo, esto es que la cooperación al desarrollo la tienen que sustentar grandes grupos de nuestros conciudadanos. 
Durante mucho tiempo la cooperación fue, por ambas partes, el privilegio de unos pocos. 
Por eso, tenemos que involucrar a nuevos agentes tanto en la formulación como en la ejecución. 
Hay aquí una tarea importante para las múltiples organizaciones de la sociedad civil: las administraciones locales, el sector privado, las universidades, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, los jóvenes. 
Se hace mucho hincapié en la función de la mujer en este informe. 
La tercera línea maestra que recomendamos, es la de una simplificación drástica de la cooperación que, completándose y enriqueciéndose con el tiempo, se ha hecho sumamente complicada y cuya ejecución era cada vez más difícil. 
En este ámbito hemos formulado también una propuestas concretas que coinciden en gran parte con las ideas del Libro Verde. 
La cuarta idea es que la nueva asociación se tiene que caracterizar por la apropiación de la cooperación por parte de la población, lo cual exige transparencia y accesibilidad. 
Pero esta nueva asociación también tiene que tener en cuenta las necesidades de la población. 
El objetivo prioritario es la lucha contra la pobreza. 
Para el año 2015 queremos, como refleja la resolución, reducir a la mitad la pobreza extrema en los países ACP. 
También la protección del medio ambiente se tiene que integrar en todas las políticas. 
La singularidad de los convenios de Lomé reside verdaderamente en este concepto de asociación que vio la luz hace 20 años y que hoy en día es reconocida y aceptada por todo el mundo, también por la OCDE y el G8. 
Debemos mantener y renovar esta asociación como una realización fundamental de la cooperación entre la Unión Europea y los países ACP y para este propósito es esencial la función de la Asamblea Paritaria. 
Una última palabra de agradecimiento. 
Doy las gracias a la Comisión Europea y en particular al Comisario Pinheiro. 
El Libro Verde ha estimulado un amplio debate en la Unión Europea. 
Hoy en día podemos afirmar que el futuro de la cooperación entre la Unión Europea y los países ACP ya ha sido modificado y renovado. 
Doy las gracias también al presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, el Sr. Rocard, y a todos mis colegas. 
También extiendo mi agradecimiento a los colaboradores de la Comisión de Desarrollo y Cooperación en este Parlamento que me han asistido profesional y eficazmente en la realización de este informe. 
Señor Presidente, el tema del futuro de las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP es una parte esencial del futuro de las relaciones exteriores de la Unión Europea y la parte fundamental de las políticas de cooperación al desarrollo, así como un elemento importante para definir la estructura interna del proceso de integración europea. 
La Comisión Europea ha hecho bien en fomentar hace unos meses un amplio debate que implicó a miles de interlocutores tanto institucionales como pertenecientes a la sociedad civil. 
Hoy le corresponde al Parlamento Europeo manifestarse, antes de que se determine el mandato negocial de la Comisión para tratar el futuro del Convenio con los países ACP. 
La experiencia adquirida en más de veinte años de Convenios de Lomé me parece que nos muestra dos hechos fundamentales: primero, que los principios de un acuerdo global, paritario, contractual, basado en la asociación siguen estando vigentes, por no decir que deben ponerse en práctica con más fuerza y coherencia en la nueva realidad de un mundo cada vez más globalizado e interdependiente; segundo, que muchos de los mecanismos concretos y las prioridades de nuestra cooperación al desarrollo deben ser modificados para convertirlos en más eficaces y conformes a las actuales necesidades de unos países en los que el avance hacia la modernidad y el subdesarrollo conviven de forma cada vez más llamativa. 
Nos pronunciamos, en consecuencia, con gran fuerza con objeto de que, incluso después del año 2000, haya un V Convenio de Lomé, basado en el mismo marco geográfico y en los mismos principios fundamentales del Convenio actualmente en vigor, pero al mismo tiempo con un profundo replanteamiento de sus contenidos. 
La base de todo esto radica, sin embargo, en una nueva conciencia de la Unión Europea en cuanto a que el desarrollo de las relaciones con los países ACP representa una opción estratégica ventajosa para todas las partes contratantes con objeto de afrontar juntos los desafíos de la globalización. 
La cooperación europea al desarrollo, por consiguiente, debe dejar de ser un elemento políticamente marginal y tiene que convertirse en una parte esencial de nuestra política exterior, así como contribuir a replantear nuestras opciones estratégicas. 
Los países ACP en su conjunto, y sobre todo los países africanos, han sufrido un fuerte proceso de marginación que los ha llevado, a pesar de alguna excepción, a un subdesarrollo más acentuado. 
Entonces, la lucha contra la pobreza y el apoyo a la integración de los países más pobres en el sistema internacional deben convertirse en las dos caras de la misma moneda. 
Para hacerlo es necesario conceder absoluta prioridad a los objetivos del desarrollo humano sostenible, participativo y descentralizado, basado en la asimilación del desarrollo por parte de los países más pobres mediante la valorización de los recursos humanos. 
Junto con los países ACP, la Unión Europea deberá contribuir a redefinir los mecanismos que regulan las relaciones internacionales. 
De ello depende no sólo el futuro de cientos de millones de personas de los países ACP, sino también la posibilidad de que la Unión Europea se convierta en protagonista efectiva y eficaz en la escena internacional, capaz de promover equidad, justicia y bienestar en todas las partes del mundo. 
Presidente, permítame empezar felicitando al Sr. Martens por su extraordinario informe. 
Extraordinario porque se desprende de él una visión amplia sobre la relación entre la Unión Europea y el tercer mundo y también extraordinario porque el informe tiene comprensión para la difícil posición en la que se encuentran muchos países en desarrollo. 
En este aspecto el ponente no se ha dejado arrastrar por la discusión que está de moda de criticar sobre todo nuestra relación con el tercer mundo. 
Aquí se ponen unas propuestas constructivas sobre el tapete para mejorar, agilizar y adaptar esa relación a los tiempos modernos de globalización, de relaciones comerciales renovadas y de desarrollo de la sociedad civil. 
En este marco, quiero hacer unas observaciones para subrayar de nuevo nuestra visión. 
Mi primera observación se refiere a la regionalización. 
Muchos países del tercer mundo con los que cooperamos, dependen fuertemente de Europa y de los grandes bloques comerciales en cuanto a su comercio. 
Su infraestructura para la exportación está enfocada a la costa y las conexiones con los países, los países vecinos, son muchas veces deficientes. 
Quiero subrayar que la estructura de una economía exitosa está dirigida, en primer término, al propio mercado, en segundo término al mercado de lo países vecinos y sólo después al lejano mercado de ultramar. 
Es, por lo tanto, de gran importancia estimular la estructura de cooperación regional al otro lado de las fronteras. 
Esto va a ser, a mi juicio, un punto muy importante en el Lomé V. 
La segunda observación se refiere a la democratización y el respeto de los derechos humanos y de los derechos de las minorías. 
Ha pasado más de una vez que lo que se había construído con mucho esfuerzo, se destruyó porque grupos pequeños tomaban el poder, se producían guerras internas y la corrupción a gran escala se convertía en práctica diaria. 
Me parece particularmente importante crear mejores condiciones y prestar más atención a esto. 
En este marco es tambíen importante que se dé más oportunidades y posibilidades a la diplomacia preventiva, como estableció el Sr. Rocard en un informe anterior. 
Mi tercera observación se refiere a la sociedad civil. 
No es suficiente subrayar que los países no pueden desarrollarse basándose solamente en las administraciones y empresas y semejantes, sino también que las organizaciones sociales desempeñan un papel clave en la estructura de una sociedad. 
Es de suma importancia, y estoy satisfecha de que el Sr. Martens lo haya subrayado, que eso vaya a tener un sitio destacado en la nueva estructura de Lomé V. 
Por último una observación sobre los países y regiones de ultramar. Muchas veces están situados en medio de los países ACP, pero la relación con la Unión Europea y los países ACP es especialmente complicada. 
Quisiera hacer un llamamiento al Comisario Pinheiro para que presente lo antes posible las decisiones de estos países y regiones de ultramar y procurar que la relación entre éstos, los países ACP y también la Unión Europea mejore y no conduzca a situaciones desastrosas como pasó, entre otras, con el conflicto referente al arroz. 
Es un asunto doloroso que se tiene que poner sobre el tapete en el marco de esta discusión. 
Presidente, el Sr. Martens ha hecho un trabajo extraordinario. 
Se han proporcionado suficientes propuestas para la renovación de Lomé V. Queremos un Lomé V, que quede claro, pero un buen Lome V que siga las líneas que en el informe tan bueno del Sr. Martens se plantearon tan claramente. 
Señor Presidente, el Convenio de Lomé, modelo de cooperación por excelencia, está a punto de entrar en el tercer milenio, a pesar de sus imperfecciones. 
Los diferentes problemas planteados, examinados y tratados por el Libro Verde de la Comisión, así como la importante contribución de la Comisión de Desarrollo y Cooperación- desearía rendir homenaje, en esta Asamblea, a nuestro ponente -, han servido de fermento para la elaboración de este proyecto de resolución, del que se desprende claramente una voluntad del Parlamento Europeo en el sentido de ver salir a la luz un Lomé V, con el objetivo concreto de llenar las lagunas de la cooperación. 
Todos nosotros sabemos que la globalización de la economía genera disparidades sociales. Por consiguiente, la cooperación al desarrollo, que es el postulado del Convenio de Lomé, debería servir de instrumento regulador de la economía, para repartir mejor las riquezas del planeta. 
Esta nueva alianza que surge entre los países ACP (África, Caribe y Pacífico) y la Unión Europea debe enfocarse de forma global y coordinada, teniendo en cuenta la falta de armonía que existe entre las intervenciones de los Estados miembros en el ámbito de la política de cooperación al desarrollo. 
Únicamente, señoras y señores, una concertación entre la Unión Europea y sus Estados miembros con miras a una política de cooperación al desarrollo eficaz, permitiría progresivamente la integración de los países ACP en la economía mundial. 
Si bien deben mantenerse los grandes principios que rigieron la elaboración del Convenio de Lomé de 1975- es decir, la contractualidad, la asociación, la seguridad, la previsibilidad -, también es deseable que la Unión Europea destine medios más adecuados y más sustanciosos, para satisfacer las necesidades reales que se ponen de manifiesto en las negociaciones. 
Así, por ejemplo, la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo en los presupuestos de la Unión Europea debe constituir una obligación jurídica, destinada a garantizar la estabilidad de un nivel decente de recursos y una mayor implicación de nuestro Parlamento en la gestión de estos últimos. 
Además, el hecho de conciliar el deber de solidaridad de la Unión Europea- frente a los países que fueron colonizados por los europeos- con la salvaguardia de nuestros intereses comerciales, a través de una asociación con los países ACP- lo que también representa una obligación jurídica- es ante todo un deber de orden moral que todos nosotros compartimos. 
Es evidente que no es posible realizar ningún progreso, ningún avance, si el librecambismo sigue siendo el único vector del comercio internacional. 
Es evidente que el hecho de poner en duda la organización común de mercados en el sector del plátano, a fin de cuentas, confirma y refuerza nuestras convicciones al respecto. 
Finalmente, desearía insistir en la necesidad de tomar en consideración la dimensión de la integración regional y de la cooperación descentralizada, a través de la creación de mecanismos jurídicos y de la asignación de medios adecuados que permitan desarrollar relaciones concretas sobre todo entre los países ACP y algunas regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, yo también me sumo a los que han elogiado el excelente trabajo realizado por el Sr. Martens y, precisamente por esto, me voy a detener, por el contrario, en algunos puntos críticos del informe que acaba de presentar a este Pleno. 
El primero se refiere al tercer guión del apartado 9, donde el Sr. Martens desea sustituir el acuerdo por la acumulación no gestionable de múltiples condiciones. 
Pues bien, mi Grupo y yo compartimos la necesidad de reducir el número de condiciones, a pesar de que, al mismo tiempo, hay que hacer hincapié con fuerza en que el instrumento de las condiciones es la mejor forma de conseguir que un país emprenda el camino de la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
Es por esto que mi Grupo y yo consideramos que dicha sustitución del acuerdo por la acumulación de condiciones debe supeditarse al hecho de que los países afectados respeten los derechos humanos y los principios de la democracia. 
Las misma crítica vale para el apartado 83, donde se afirma que se puede exceptuar de los principios establecidos por la Organización Mundial de Comercio a los países en desarrollo. 
Si creemos en los principios de la economía liberal y librecambista sobre los que se asienta la Unión Europea, no podemos dejar de afirmar esto única y exclusivamente en función de la consecución de los objetivos fijados con carácter previo. 
En cuanto un país en desarrollo es capaz de caminar por sí mismo, no se entiende por qué se deben exceptuar los principios establecidos por dicha Organización. 
Éste es el significado de las dos enmiendas que hemos presentado y que vamos a apoyar en el Pleno. 
Señor Presidente, en un marco de mundialización económica y en un momento, lamentablemente, de retroceso de la cooperación al desarrollo en muchos países, es más preciso que nunca que la Unión Europea confirme, como lo exige un deber mínimo de solidaridad internacional, su compromiso político, económico y financiero con los 70 países ACP. 
Desde nuestro punto de vista, es imprescindible aprovechar el debate sobre Lomé V para algunas cuestiones esenciales. 
En primer lugar, para promover una mayor coherencia de los instrumentos entre la política de cooperación al desarrollo y otras políticas sectoriales, particularmente la comercial. 
Y en este punto no podemos olvidar el lamentable y negativo ejemplo de la directiva sobre el cacao. 
En segundo lugar, es imprescindible que, desde la Unión Europea, se transmita el mensaje de que los países ACP no pueden estar sometidos estrictamente a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, porque los países ACP no están en condiciones de competir en situación de igualdad con los países más desarrollados económica e industrialmente. 
En este sentido, es imprescindible conservar los instrumentos de la política ACP que garantizan a los países ACP la presencia, a través de sistemas prioritarios, en las exportaciones a los países europeos. 
Y aquí podemos, sin duda alguna, recordar el ejemplo del plátano, también de carácter negativo. 
Sin duda alguna, es imprescindible que se refuerce el diálogo político con los países ACP y que se pase de un sistema de asistencia y cooperación a un sistema sobre todo de partenariado político. 
Y finalmente, es necesario que, en este debate sobre Lomé V, se dé coherencia también a lo que es un marco único de referencia por lo que se refiere particularmente a los objetivos políticos de la cooperación de la Unión con los países ACP, aunque se puedan establecer también otros mecanismos que favorezcan la cooperación subregional y la integración también subregional. 
Señor Presidente, el Sr. Martens ha expuesto aquí un informe que es apoyado por una amplia mayoría y ello porque también se ha preocupado de que exista un profundo diálogo entre los grupos políticos. 
Esto se corresponde con lo que anteriormente ha llevado a cabo el Sr. Pinheiro viajando por todas las capitales de los Estados miembros para hacerse una idea sobre la continuidad de la Asamblea Paritaria y de las relaciones ACP-UE, y es a causa de este diálogo que hemos llegado a una clara posición en el seno de la parte europea. 
Lo que falta, según mi opinión, es la expresión clara por parte de los ACP del contenido de sus ideas y pretensiones. 
Solamente podemos decir que éste ha sido un programa especial. 
También tiene que seguir siéndolo. Se trata de los más pobres entre los pobres y por ello es un requisito básico que desde la parte europea propongamos un programa en el que... 
(El Presidente interrumpe al orador). 
Creo que no debemos ejercer una política de divide et impera, en el sentido que dividamos el futuro de los ACP en A, C y P. Precisamente porque son los países más pobres deben poder situarse frente a nosotros de manera conjunta y tener un carril de diálogo desde el sur. 
Los instrumentos que tuvimos en el pasado, como el STABEX para la estabilización de los precios, fueron instrumentos importantes para desligarse de la dependencia del colonialismo. 
Pero por la experiencia que hemos acumulado, éstos deben ser revisados ya que a menudo han conducido a la implantación de monocultivos. 
Los científicos nos han propuesto algunos modelos que creo deberíamos llevar a la práctica. 
Creer lo que dijo el Sr. Fassa, en concreto que estos países se desarrollan dentro del marco de las reglas de la OMC y que pueden codearse con los países industrializados y participar igualmente en el mercado mundial, no es defendible desde el punto de vista de la política de desarrollo, ya que no es eso lo que la experiencia indica. 
Necesitamos protección para los países pobres para que de una vez puedan siquiera desarrollarse y recuperarse. 
Lo que aun falta es que se involucre a la mujer en el desarrollo. 
En estos países la mayoría de las veces ellas son las figuras protagonistas que cargan con el proceso de desarrollo. 
Ante todo necesitamos a la Asamblea Paritaria y creo que esto no sea ha subrayado suficientemente en el informe del Sr. Martens. 
La historia de estas relaciones ha sido una historia de colaboración y ésta tenemos que conservarla. 
Por ello necesitamos un lugar de diálogo político, de debate común y eso era precisamente lo especial del Acuerdo de Lomé y lo que deberíamos mantener en el futuro. 
En resumen, es preciso que alcancemos un quinto acuerdo marco, que esta historia pueda proseguirse en favor de un desarrollo y no de un encorsetamiento en la industrialización, que cambien las estructuras, que obtengamos los recursos presupuestarios, que este Parlamento se involucre en todo el proceso y, sobre todo, que en los propios países se transformen las cosas, que puedan llevar a cabo un desarrollo democrático como en la Unión Europea, que se observen los derechos humanos. 
Éstas deben ser las bases esenciales del nuevo acuerdo. 
El Sr. Martens así lo ha descrito y por eso vamos a apoyar este informe. 
Señor Presidente, la Comisión Europea afirma en su Libro Verde que el balance de Lomé es mediocre. 
A pesar de las preferencias comerciales, la cuota de los países ACP en el mercado interno de la Unión bajó del 6, 7 % en 1975 al 3, 7 % en 1994. 
SYSMIN y STABEX no han contribuído a la diversificación de la exportación de los países ACP. 
La ayuda a proyectos no ha incrementado el bienestar. 
Mi gran reparo contra la resolución del Sr. Martens es, a pesar de su extensión, que hace caso omiso del análisis de la Comisión. 
La resolución subraya los puntos de partida del Convenio de Lomé como la asociación, previsibilidad y seguridad. 
Por muy nobles que sean estos puntos de partida, en más de 20 años no ha proporcionado ninguna mejoría en la situación de los países ACP. 
Continuar más o menos de la misma manera, como propone el ponente, no es de interés para los países ACP. 
Por eso votaré en la votación final en contra. 
Esto no quita que esté de acuerdo con muchos puntos de la resolución sin más. 
Sobre todo apoyo con total sinceridad el punto 20 sobre la cooperación descentralizada y el punto 43 sobre el refuerzo de la cooperación comercial y la supresión de los obstáculos comerciales remanentes. 
En cambio, tengo grandes reparos contra el punto 80 en el cual se lamenta que la política de cooperación no se haya integrado en la política comunitaria. 
En mi opinión, los Estados miembros tienen que mantener su responsabilidad sobre la política de desarrollo. 
También por eso me parece que el diálogo político permanente, que ha propuesto la Comisión Europea, va demasiado lejos. 
Señor Presidente, Señorías, hoy es necesario que el Parlamento Europeo dé una señal política muy clara, en vísperas de la cumbre de Jefes de Estado ACP, que se celebrará en Libreville. 
Mi Grupo, la Coalición Radical Europea, está convencido de la necesidad absoluta de mantener el marco de referencia del Convenio de Lomé, y revitalizar su contenido. 
Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con el ponente, cuyo notable trabajo sabrá convencer- así lo espero- tanto al Consejo, a la Comisión y a nuestros socios ACP como al conjunto de los ciudadanos europeos de la necesidad de un V Convenio de Lomé. 
Haré hincapié en algunos puntos esenciales. 
Tenemos que luchar contra la pérdida de interés por la cooperación al desarrollo y contra la denominada " crisis de legitimidad» que ésta podría sufrir. 
Siguen existiendo unos intereses comunes entre los países de la Unión y los países en desarrollo. 
También hay que luchar contra la incipiente tendencia a la " renacionalización» de las políticas de cooperación al desarrollo. 
La Unión Europea debe seguir siendo el punto de encuentro de la ayuda pública al desarrollo, puesto que es el socio privilegiado capaz de enfrentar a los norteamericanos y a los asiáticos. 
Dentro de esta misma lógica, debemos procurar que la ampliación de la Unión Europea no sea utilizada como pretexto para desviar a nuestra Unión de las solidaridades preexistentes, en particular con los países ACP. 
Debemos trabajar sobre estas bases para volver a fundar la cooperación ACP-Unión Europea en el marco de una asociación responsable. Hagamos todo lo posible, sin embargo, para que ésta sea realmente equilibrada y no esté nuevamente orientada a responder únicamente a las preocupaciones europeas. 
Esta asociación nos crea deberes: procesos de democratización, formación de personas y desarrollo de estructuras económicas, en el ámbito local y de forma sostenida. 
Con este fin, tomamos nota con interés y satisfacción que Togo, país anfitrión del Convenio de Lomé, conjugue hoy una tasa anual de crecimiento del 6 % con una evolución positiva y rápida de sus instituciones democráticas. 
Es una señal clara y alentadora con miras a la celebración de la próxima reunión de la Asamblea paritaria, que tendrá lugar, por lo tanto, a finales del mes de octubre. 
Señor Presidente, Señorías, como no soy partidario de una Europa de la fusión y de la confusión, sino de una Europa confederal, respetuosa de la libertad y de la soberanía de nuestros pueblos, no sorprenderá si anuncio que nosotros no aprobamos en su integridad el espíritu del Libro Verde ni, por tanto, el del informe de nuestro colega Martens. 
Estamos de acuerdo, naturalmente, con las aspiraciones y los grandes principios: la asociación, el llamamiento a la participación de toda la población. 
Pero nosotros no creemos que una visión globalizadora, que determina, en cierto modo, relaciones de bloque a bloque, sea satisfactoria. 
Aprobamos, naturalmente, la regulación de los precios; pero con respecto a la cooperación concreta al desarrollo, la agricultura, la industria, la salud, el hábitat, nosotros pensamos que habría que tender más a una coordinación flexible que a una organización centralizada. 
En efecto, nuestros países han creado con los países de África unos vínculos que representan un pasado, una historia, los frutos de una experiencia. 
Con Senegal, Costa de Marfil o Tongo, es Francia la que mejor puede trabajar, y muy probablemente Portugal con Angola o Mozambique. 
Temo, por lo tanto, que en el ámbito del desarrollo los pueblos continúen pagando muy caro el constructivismo ideológico. 
Señor Presidente, tengo el honor de ser ponente para opinión de la Comisión de Agricultura sobre esta cuestión. 
Lamento que el apretado calendario no haya permitido a la Comisión de Desarrollo y Cooperación tomar en consideración esta opinión. 
Por lo tanto, pediré hoy a Sus Señorías que le presten la debida atención. 
El Libro Verde de la Comisión tiene el mérito de proporcionarnos interesantes elementos de juicio sobre las nuevas formas de cooperación con nuestros socios ACP. 
El mismo refleja una voluntad real de mantener la cooperación entre la Unión Europea y los países ACP. 
Pero algunas de sus opciones podrían ser peligrosas, a la larga, para la propia existencia de una asociación ACP-UE. 
Al igual que el Sr. Martens- a quien de paso felicito muy sinceramente por su excelente trabajo- defiendo, junto con la Comisión de Agricultura, el mantenimiento y la profundización de las relaciones ACP-UE. 
No debe olvidarse que, a pesar de lo que se diga, el Convenio de Lomé es el modelo más avanzado de cooperación al desarrollo. 
Sus aportaciones tanto para los países ACP como para la Unión Europea distan mucho de ser despreciables. 
Hoy el Parlamento Europeo, como ya se ha dicho, debe dar una señal política clara frente a los futuros negociadores. 
Nosotros deseamos que la cooperación UE-ACP se renueve sobre la base de una asociación, que debe reforzar su dimensión política y que tendrá que vincular más estrechamente a las poblaciones al proceso de cooperación al desarrollo. 
Pero este modelo de cooperación al desarrollo se halla hostigado a la vez por una creciente globalización de los intercambios y por las dificultades de una Unión Europea que está en un proceso de transformación, forzada por la ineludible apertura del continente europeo. 
Sin embargo, no me parece aceptable que la Unión Europea ponga en tela de juicio la existencia de unas solidaridades profundas. Esto es particularmente cierto con respecto a las cuestiones agrícolas. 
Por esta razón, lamento que el Libro Verde no haya tenido realmente en cuenta la agricultura y el desarrollo rural. 
No hace falta que pase mucho tiempo para poder comprobar que las cuestiones agrícolas son el meollo a la vez del proceso de desarrollo en la mayoría de los países ACP y de las relaciones comerciales. 
Desde el último Convenio de Lomé, los intercambios agrícolas han dominado nuestras relaciones con estos países. 
Pero ¡cuidado! , con ello no quiero decir que los resultados han estado siempre a la altura de sus esperanzas y de nuestras expectativas. 
Y no pretendo menospreciar los efectos nefastos generados por el funcionamiento erróneo de los sistemas de preferencia comercial ni las situaciones de dependencia que han creado. 
Por eso hay que dar mayor importancia a las cuestiones agrícolas. 
Si se quiere acabar con las situaciones de dependencia, si queremos tender a la autosuficiencia de los mercados nacionales y regionales, si se quiere facilitar la integración de los países ACP en los mercados mundiales, la Unión Europea debe asumir sus responsabilidades tanto en el plano interno como en el externo. 
Para ser eficaz, la política de cooperación debe integrarse en las demás políticas. 
A título de ejemplo, la reforma de la PAC no deberá pasar por alto los compromisos asumidos por la Unión con los 70 países ACP. 
Asimismo, la Unión Europea debe defender las solidaridades que existen en las organizaciones internacionales, y con ello me refiero, evidentemente, a la Organización Mundial del Comercio. 
El desafortunado caso del plátano nos recuerda que es fácil caer en los excesos del liberalismo. 
La Unión Europea debe defender sus compromisos. 
Yo soy favorable, por ejemplo, del mantenimiento de los mecanismos preferenciales, en la medida en que participen en los esfuerzos de diversificación de las producciones agrícolas, único medio de acabar con las dependencias peligrosas. 
Para finalizar, más allá de la nueva definición de las relaciones comerciales en el sector de los productos agrícolas, una relación UE-ACP equilibrada permitirá fomentar el desarrollo rural, verdadero motor del proceso de desarrollo socieconómico capaz de garantizar la diversidad económica en las zonas rurales, la participación efectiva de las poblaciones locales, la creación de dinámicas y de sinergias regionales e interregionales, y capaz de garantizar, finalmente, la seguridad alimentaria de las regiones afectadas, así como la utilización sostenida de los recursos naturales. 
Estas son las vías, Señorías, que habrá necesariamente que transitar, si deseamos de verdad revitalizar nuestras relaciones con nuestros socios ACP. 
Muchas gracias, señora Barthet-Mayer. 
Esta Presidencia debe hacer un doble ruego general a la Asamblea. 
En primer lugar, que procuren ustedes, en la preparación de sus intervenciones, respetar el tiempo que sus Grupos les han asignado. 
Yo sé lo difícil que es decir las cosas importantes que ustedes han de exponer en la Asamblea en tiempo tan breve. 
Pero la suma reiterada del tiempo sobrepasado, luego no permite que cumplamos el calendario. 
El segundo ruego es que, a pesar del poco tiempo que ustedes tienen, hagan sus intervenciones de una forma pausada, porque, si no, hacen difícil el ya de por sí difícil trabajo de las cabinas de interpretación. 
Recibo constantemente avisos de las cabinas de interpretación de la dificultad que tienen para seguir nuestras intervenciones. 
Señorías, ustedes saben que yo no limito nunca la palabra, sólo aviso, digamos con energía, pero aviso cuando ustedes han agotado su tiempo. 
Les ruego que se autorregulen para el buen orden de nuestros trabajos. 
Y dicho esto, Señorías, y sin que sea ninguna recomendación especial para nadie, doy la palabra por el tiempo de dos minutos al Sr. Rocard. 
Señor Presidente, nuestro colega Martens ha elaborado un informe de un valor excepcional. 
Este informe honrará al Parlamento a la par que será muy útil a la Comisión y a los negociadores. 
¡Gracias! 
Dicho informe tenía dos virtudes: la fuerza de su lenguaje, la fuerza de sus convicciones y la apertura para que los elementos que proporciona puedan completarse a través de muchas enmiendas y añadidos de detalle, lo que da al conjunto de la resolución un muy marcado carácter innovador. 
La casi unanimidad obtenida en nuestra comisión, presagio- así lo espero- de la casi unanimidad que se obtendrá en este Parlamento, quiere mantener un convenio; afirma que no hay que cambiar el campo geográfico del mismo, como no sea a instancia de los países ACP; e insiste en que, más allá del capítulo económico, la principal innovación que podemos esperar afectará al capítulo político, ausente hasta ahora de los cuatro primeros convenios. 
Ello implica apoyar el aprendizaje y las estructuras de la democracia. 
Ello implica la integración. Se ha presentado incluso una enmienda, que les sorprenderá por su tecnicismo- aunque es muy importante -, sobre la prevención de las crisis y la forma de enfocar los conflictos. 
Ello también implica disposiciones solidarias- interafricanas, ciertamente- de aliento a la buena administración y a su control. 
Si los países ACP están de acuerdo entre ellos, la idea que aportamos será importante. 
En el plano económico somos, naturalmente, menos innovadores, pero subrayo, con todo, el interés de reforzar el sistema de estabilización de ingresos de la exportación de productos mineros (Sysmin) ; nuestra ayuda para infraestructuras en un mercado que se globaliza; y sobre todo el aspecto más reciente: el reconocimiento de esa economía popular, que habría que dejar de llamar " informal» para no confundirla con la droga y con la delincuencia, ya que la pequeña economía básica constituye el meollo mismo del desarrollo. 
Cuando se habla del mundo rural, señora Barthet-Mayer, en eso es en lo que se piensa, y creo que usted lo ha olvidado. 
Y, además, señor Presidente, y terminaré con esto, quizá el aspecto más innovador del informe sea el deseo, más que de esperar una cooperación directa al desarrollo, de soltar el freno, de hacer ceder los bloqueos al desarrollo. Primeramente, hay que acabar con el saqueo intelectual de África y proteger las escasas patentes y licencias, así como sus nuevas creaciones, para evitar que las multinacionales de los países ricos se hagan con su propiedad intelectual. 
En segundo término, hay que hacer hincapié en la necesidad de la integración regional como apoyo al desarrollo. Y en tercer término, apostar por la cooperación descentralizada, insistiendo, señor Comisario, en el hecho de que en la cooperación descentralizada las colectividades locales no son tratadas como las ONG, es una categoría diferente. 
Finalmente, el último punto: insistimos en el surgimiento de ese nuevo concepto muy prometedor, como son los microcréditos. 
Un banco que funciona a través de pequeñísimas unidades de préstamo, basándose en la confianza y en pequeños grupos, pero sin garantías materiales. 
Se trata de otro mundo. 
Esa es la forma de salir de la pobreza. 
Nos satisface que este informe introduzca tantas innovaciones. 
Señor Presidente, el informe presentado por el presidente de nuestro grupo, Wilfried Martens, al que en nombre del Grupo del PPE quiero seguir apoyando, es el reflejo de nuestra larga experiencia en el Parlamento Europeo en la cooperación al desarrollo y no sólo en la comisión de desarrollo sino también en la Asamblea Paritaria ACP-UE. 
Este informe que contiene conclusiones ampliamente expuestas, es la expresión del consenso del Parlamento Europeo y por ello pido, Comisario Pinheiro, que se incorporen los elementos esenciales del informe en el mandato de negociación con los países ACP que debe presentarse próximamente. 
Tenemos mucho interés en ello. 
Permítame extraer tres elementos clave del informe del Sr. Martens. 
Primero: queremos establecer una asociación, preferentemente con las democracias de los estados ACP y aquellos países que han acometido irreversible y decididamente el camino hacia la democracia, el estado de Derecho y los derechos humanos y que lo consolidan con éxito a través de las acciones de los gobiernos y también de los parlamentos. 
Para nosotros es inconcebible que esta cooperación pueda extenderse a dictadores corruptos. 
En la negociación del nuevo acuerdo estos dictadores tampoco pueden desempeñar ningún papel. 
Segundo: el continente africano tiene que ser centro de gravedad de nuestra cooperación al desarrollo. 
La política de buena vecindad, la proximidad geográfica con África, la responsabilidad histórica de muchos países de Europa, como también los discretos resultados de nuestra asociación son algunos de los retos para mejorar los instrumentos y profundizar la amplia base de cooperación. 
África es el continente más perjudicado en el desarrollo económico, social y de las estructuras democráticas. 
Por ello es necesario dar un nuevo ímpetu a las relaciones. 
Tercero: la política de desarrollo ACP como parte de la estrategia global de desarrollo también significa que debemos revisar los instrumentos de cooperación con los estados del caribe y del pacífico. 
Los países en vías de desarrollo más perjudicados, que son vecinos de nuestros asociados en el caribe y en el pacífico deben, asimismo, poder participar en un desarrollo económico y social sostenido. 
Pedimos a la Comisión que reflexione si puede abordarse la introducción del sistema de preferencias generalizadas para los países en vías de desarrollo más pobres del mediterráneo, de América central y del sur y del sudeste asiático, que son vecinos de nuestros asociados del caribe y del pacífico, o si por otra parte, la UE pudiera crear, en el marco de los recursos disponibles, instrumentos de cooperación adicionales que operasen más allá de la base geográfica de los estados de la Convención de Lomé. 
Esta cuestión, permítame, Sr. Pinheiro, pedírselo explícitamente, debería examinarse minuciosamente durante la elaboración del mandato de negociación UE/ACP. 
Señor Presidente, hay muchas reflexiones, análisis y conclusiones importantes en el Libro Verde de la Comisión y en el informe del Sr. Martens, y por este motivo el debate no debería quedar cerrado hoy. 
1.La Comisión dice que las imágenes negativas que muchos tienen de África como continente en descomposición no reflejan las circunstancias reales hoy en África. 
África es una imagen abigarrada. 
Con otras palabras, el ayudar no es tarea desesperanzadora. 
Es útil. 
Dicho de otra manera: no tenemos disculpa para no ayudar. 
Podemos contribuir dándoles a las personas una vida que también proporcione esperanzas a sus hijos. 
La UE tiene una gran responsabilidad a propósito de esto, por un lado, a través de la actuación conjunta, y por otro lado, a través de la actuación individual de cada país.2.Hoy no discutimos los proyectos de ayuda, sin embargo, debería decirse cada vez que discutimos la ayuda a los países en vías de desarrollo y, en suma, nuestra relación con respecto a estos países que es vergonzoso que la UE no cumpla siquiera aproximadamente el objetivo del 0, 7 %.3.Los pobres siempre devuelven el dinero. 
Subrayo esta frase como un símbolo de lo muy útil que puede ser si llevamos a cabo las cosas de la manera adecuada, esto es, apoyando la dignidad e igualdad de las personas. 
Lo digo también porque, a pesar de todas las reservas posibles sobre violaciones de los derechos humanos por parte de los regímenes y la reducción de nuestra ayuda a propósito de esto, nuestro objetivo tiene que ser siempre el ayudar allí donde haga falta. 
Señor Presidente, el informe Martens aborda una cuestión esencial que, desde el principio, ha constituido uno de los rasgos distintivos de la Comunidad Europea: la voluntad de establecer una asociación, una forma de cooperación específica basada en una importante ayuda pública al desarrollo, y con un área geográfica preferente de cooperación. 
Este ejemplo es único y sus resultados son positivos. 
El deseo de los países ACP es continuar esta asociación. 
Por lo tanto, es evidente que debe mantenerse esta aspiración. 
Es lo que recomienda, con mucha razón, el Sr. Martens, al insistir en la necesidad de conservar un marco global Unión Europea-países ACP, así como los instrumentos que han hecho suscitar el interés de Lomé- protocolo sobre productos, Stabex, Sysmin -, que garantizan a los países ACP un mínimo de previsibilidad y de seguridad, necesario para permitirles dominar su desarrollo. 
Pero graves amenazas gravitan sobre la continuación de esta política. 
En realidad, nos encontramos totalmente estancados porque se ha dejado que la Comisión llevara a cabo al mismo tiempo dos políticas contradictorias: una política comercial exterior de libre cambio absoluta y una política de cooperación al desarrollo con socios preferentes. 
La contradicción se pone hoy de manifiesto con el desbaratamiento por parte de la OMC de un primer elemento del dispositivo de Lomé: el protocolo sobre el plátano. 
Si no queremos dejar que la OMC desmantele invariablemente el sistema de Lomé, instrumento tras instrumento, ya sería hora de que el Consejo desempeñara por fin un papel rector y de reconocida preeminencia para definir con coherencia y defender con determinación- en los grandes ámbitos de interés común, de los que forma parte el desarrollo- orientaciones claras y a largo plazo, que incluyan el conjunto de los instrumentos de la política exterior. 
Sólo así, señor Presidente, la Unión Europea podrá evitar que sus opciones políticas obedezcan a intereses exteriores. 
Lamentamos que el informe Martens no insista lo bastante en este punto absolutamente decisivo. 
Nosotros votaremos, no obstante, a favor del mismo, habida cuenta de la voluntad positiva, claramente reafirmada, en el sentido de continuar decididamente nuestra asociación con los países ACP. 
Señor Presidente, también yo quisiera acoger con beneplácito este informe y recomendarlo a esta Asamblea. 
Como recordará el Comisario Pinheiro, muchos de nosotros expresamos algunas reservas sobre el Libro Verde, pero acogemos con el mayor beneplácito la consulta que se ha celebrado y la oportunidad de mantener un diálogo desde la publicación del Libro Verde. 
Espero que la posición de la Comisión refleje las opiniones expresadas en dicha consulta por este Parlamento, el Grupo ACP y, naturalmente, las ONG que hayan participado. 
En el informe del Sr. Martens hay varios aspectos fundamentales. No se debe poner en entredicho la composición del grupo ACP hasta que ellos decidan que así deba ser. 
La dependencia de los mercados y la liberalización global exclusivamente en modo alguno son una panacea para los países más pobres. 
La Comisión debe seguir apoyando nuestra opinión de que, sin ayuda y preferencias comerciales que aporten las redes de seguridad, nunca habrá posibilidad alguna de propiciar un crecimiento equitativo a los países más pobres. 
La UE es el mayor bloque comercial del mundo y ya es hora de que dejemos de bailar al son de la OMC y de los Estados Unidos. 
La Comisión de Desarrollo ha determinado varias prioridades importantes relativas al papel fundamental desempeñado por las mujeres en el proceso de desarrollo. 
También debemos introducir un mecanismo independiente de presentación de reclamaciones para personas individuales o comunidades que consideren que sus intereses no han sido representados. 
Además, se debe consultar a la Asamblea Paritaria ACP/UE, si alguna vez surge una situación en la que se invoque el artículo 5 con vistas a la supresión de los países en examen. 
Quisiera pedir que apoyemos la idea del acuerdo 20/20: la idea de que los países beneficiarios deben aumentar su gasto en prestaciones sociales básicas. 
Además, la Comisión debe emprender una evaluación de las repercusiones de los conflictos en las regiones que padecen situaciones de inestabilidad para velar por que podamos proteger a los grupos y las comunidades vulnerables. 
Ahora tenemos una oportunidad excelente para defender la necesidad del desarrollo multilateral a largo plazo. 
Ha habido un importante cambio de vocabulario y el Comisario Pinheiro ha utilizado ese nuevo vocabulario. 
Ya no decimos post-Lomé, ahora decimos Lomé V, por lo que acogemos con gran satisfacción ese cambio de vocabulario. 
Señor Presidente, la actual reflexión sobre cuáles han de ser las bases de una nueva asociación entre la Unión Europea y los países ACP debe dar ocasión para que el Parlamento Europeo señale con determinación algunos hechos evidentes. 
En primer lugar, para la Unión Europea la política de cooperación no es una política marginal. Debe ser el centro de la política de la Unión Europea, el centro de la voluntad política. 
En efecto, no puede concebirse una Europa replegada en sí misma. 
La apertura al mundo, la voluntad de contribuir a una nueva solidaridad entre los pueblos, figuran entre los elementos esenciales de la identidad europea. 
La Unión Europea debe ser ejemplar por lo que respecta a la cooperación con los países pobres. 
También debemos señalar que, para la Unión Europea, no se trata en modo alguno de imponer un modelo a los países situados en otros continentes y pertenecientes a otras culturas. 
Nuestra aspiración debe ser, por el contrario, ayudarlos a salvaguardar lo que hay de más respetable en sus tradiciones, en su forma de pensar, en su forma de vida, a pesar de los riesgos que la creciente globalización implica para los países frágiles. 
Debemos asimismo señalar, en el momento en que la Unión Europea inicia el proceso de una nueva ampliación, que dicho proceso, que supondrá nuevas cargas para la Unión Europea, no debe realizarse en detrimento de nuestra cooperación con los países ACP. 
Eso sería olvidar nuestras responsabilidades frente a estos países y nuestra misión en el mundo. 
Finalmente, debemos señalar que el éxito de esta nueva asociación exige la participación de las poblaciones. 
En tal sentido, la cooperación descentralizada practicada por un número creciente de colectividades locales está destinada a desempeñar un papel cada vez más importante. 
Esta forma de cooperación refuerza los procesos de descentralización y de democratización en los países ACP al mismo tiempo que sensibiliza a los habitantes de los países europeos con respecto a los problemas de sus socios. 
La cooperación descentralizada da a las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP la dimensión humana, sin la cual ésta no lograría sus objetivos definidos en el excelente informe del Sr. Martens. 
Señor Presidente, señoras y señores, el informe Martens es un buen avance para encauzar hacia el futuro el próximo debate y espero que, al fin y al cabo, también el diseño de Lomé V. Quiero destacar un aspecto que me parece no ha sido suficientemente tenido en cuenta. 
Por eso mi grupo ha propuesto también unas enmiendas, que sin embargo creo coinciden con la línea de la comisión de desarrollo y que el ponente podría confirmar. 
Se trata del acceso de la mujer a la provisión de servicios básicos, sea formación o salud, pero también se trata de la justa participación en los procesos de toma de decisiones, porque la llave para el desarrollo está en el fortalecimiento de los derechos de la mujer. 
Esta es una percepción unánime y se discute desde hace años de una manera muy básica. 
Tenemos el concepto del mainstreaming para la Unión Europea y creo que el mainstreaming también tiene que ser válido para nuestra cooperación al desarrollo. 
En este sentido espero que en la votación aun logremos introducir una enmienda en el informe. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, el éxito de la cooperación europea con los países ACP tiene que extenderse al futuro y por ello quiero agradecer personal y afectuosamente a nuestro colega Martens que haya asumido el trabajo de poner esto sobre el buen camino. 
Sin embargo hay aun en la cooperación entre Europa y los países en vías de desarrollo una serie de puntos susceptibles de ser mejorados, a pesar de los ciertos éxitos del pasado, que son un motivo para que nos ocupemos hoy de este tema de una forma tan detallada. 
A este respecto se ha demostrado que la comparación del Libro verde con el informe hace evidente una señal que indica el movimiento que ha llegado recientemente al debate. 
En mi opinión hay un par de cuestiones que no han quedado claras a nuestros asociados y que son dignas de discusión. 
En primer lugar está la pregunta en torno a una administración eficiente. 
Vemos en los países nórdicos dificultades en la aceptación de la cooperación si no se reconocen esfuerzos por asegurar la ayuda a través de una administración que funcione. 
Segundo: uno de los puntos lo constituyen los gastos en armas. 
En los últimos años determinados países en vías de desarrollo han gastado constantemente más en defensa que en la educación de sus ciudadanos. 
Un tercer punto son los relativamente abundantes recursos disponibles. 
Se plantea la cuestión de hasta que punto se beneficia la población de las riquezas del país o si sólo lo hacen unos pocos. 
En relación con esto habría que preguntarse si todos los países ACP son igual de pobres o si debiera hacerse una cierta diferenciación entre ellos. 
Hay que reforzar que los países en vías de desarrollo asuman mayor responsabilidad en su propio futuro, y sería bonito que llegara el día en que las transferencias de capital, en su medida actual no fueran necesarias, pero hasta entonces estos países tienen que estar seguros de nuestra solidaridad. 
Señor Presidente, ahora que existe conformidad para embarcarnos en un nuevo Convenio de Lomé, es importante que nos atrevamos a reconocer las deficiencias del anterior convenio. 
Así lo hace también el Libro Verde, en el cual se señala, entre otros aspectos, que el concepto de asociación no funciona en numerosos países donde la débil capacidad de sus instituciones no permite poner en práctica dicha asociación. 
Con esto se pone una vez más de manifiesto que se debe hacer distinciones en la cooperación con los setenta países ACP que componen este heterogéneo grupo. 
Desde mi punto de vista, al llevarse a cabo dicha diferenciación, deben colocarse en primer plano los criterios de pobreza y el desarrollo sostenible. 
Además, tal como acaba de señalar la señora Junker, la situación de las mujeres debe ser objeto de una atención mucho mayor que la que le hemos prestado nosotros hoy aquí. 
Señor Presidente, desearía llamar la atención acerca del momento en el que tienen lugar las negociaciones para la renovación del Convenio de Lomé. 
Desde el punto de vista de la Unión Europea, el éxito de las negociaciones para la ampliación y la puesta en marcha de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria constituyen cuestiones cruciales para toda Europa. 
Con este telón de fondo, existen motivos para hacer hincapié en la importancia de las negociaciones para la renovación del Convenio de Lomé. 
Se trata de la dimensión geopolítica de la Unión Europea, de su eficacia y, a la vez, del papel de la Unión en un contexto global. 
Existen razones para pensar que la Unión Europea del futuro comprenderá con mayor claridad que en el pasado que sus relaciones en materia de cooperación para el desarrollo están estrechamente ligadas al ámbito de la política exterior y de seguridad común. 
En consecuencia, cabe esperar que el éxito de las negociaciones para la ampliación no tenga como resultado un debilitamiento de la situación de los países en desarrollo. 
Señor Presidente, en sus reflexiones la Comisión REX fue muy consciente de que las disposiciones relativas al comercio del Convenio de Lomé son el aspecto económicamente más importante de la relación UE-ACP. 
Por eso creemos que se debe llevar a cabo un análisis y una evaluación detallados de las repercusiones económicas de las propuestas opciones para el cambio en cada uno de los países. 
En el Libro Verde falta ese análisis y tal vez sea una tarea que deba asumir la Comisión REX en los próximos meses. 
En cualquier caso, este Parlamento debe insistir en un análisis idóneo antes de dar apoyo a cualquiera de las opciones relativas al comercio. 
El informe Martens declara, muy acertadamente, que las preferencias comerciales no recíprocas son instrumentos decisivos de desarrollo y como tales se las debe reconocer. 
También quisiera decir que la Comisión podría mejorar mucho su actuación para defender ante la OMC a sus socios en materia de desarrollo. 
Léalo y actúe, Comisario, por favor. 
La Comisión REX tenía muy presente eso cuando pidió la elaboración de un criterio en materia de comercio y desarrollo en la OMC. 
Dicho criterio debería abordar más radicalmente que las normas vigentes de la OMC la cuestión de los acuerdos comerciales recíprocos y no recíprocos entre países en desarrollo y países desarrollados. A diferencia de las normas actuales de la OMC, debería tener también en cuenta los diferentes niveles de desarrollo y las dimensiones de las economías respectivas. 
La OMC propugna normas iguales para todos, pero, si algo hemos aprendido de los debates relativos a Sudáfrica y al grupo especial sobre el plátano, es lo siguiente: si se trata igual a socios desiguales se acaban obteniendo resultados desiguales e injustos. 
Señor Comisario, le doy las gracias. 
Creo que sus consideraciones han sido muy apreciadas por el ponente, por todos los miembros de la comisión que trabajaron en este informe y por todos los miembros del Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Transporte de animales vivos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-266/97) de la Sra. van Dijk, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el transporte de caballos y demás animales vivos. 
Presidente, este informe sobre el transporte de caballos y otros animales vivos no ha surgido de la nada. 
En octubre de 1994 le fue entregado al Presidente del Parlamento Europeo una petición con más de tres millones de firmas. 
Mientras tanto se ha puesto en marcha otra petición que también se refiere al transporte de animales vivos y ya se han recogido más de medio millón de firmas. 
Es una señal de la indignación social que suscita la manera en que transportamos nuestros animales vivos en Europa, a Europa y desde Europa. 
Las condiciones en las que se efectúan esos transportes son muchas veces abyectas. 
Los miembros de este Parlamento y otras personas que han podido ver las imágenes emitidas en la televisión de muchos Estados miembros, han podido llegar a la conclusión de que las reses llegan a las fronteras muchas veces deshidratadas, agotadas, gravemente heridas, con fracturas de patas pero también dentro de la Unión Europea tienen lugar estos abusos. 
A menudo los animales llevan muchos días de viaje y están por lo tanto completamente exhaustos y deshidratados. 
Son situaciones inaceptables. Este Parlamento Europeo quiere tomar medidas contra esto y también hay una gran presión social para tomar esas medidas. 
Además, de hecho, va en contra del Derecho comunitario. 
Porque bajo la presión de la misma opinión público se modificó en 1995 la Directiva sobre el transporte de animales. 
Esta normativa de 1995 dispone que el transporte de animales no debe exceder las ocho horas. 
Después deben ser sacados, deben tener un período de descanso de 24 horas y se les debe suministrar alimentación y agua. 
Esta Directiva rebosa de disposiciones a favor del animal pero en la práctica no se lleva apenas a cabo. Esto ocurre por una serie de causas. 
En primerísimo lugar porque nada menos que cinco Estados miembros todavía no han transpuesto la Directiva completamente a su legislación nacional. 
Pero también en el caso de los que sí lo han hecho, resulta que la aplicación de esta Directiva es completamente insuficiente y hay además también insuficiente control. 
Tengo que decir que la Comisión Europea, y eso también tiene que ver con las posibilidades de las que dispone, lo ve y lo contempla y no tiene tantos medios de fuerza para actuar. 
El segundo problema con la Directiva vigente es que se establece en esa Directiva que habrá que incorporar dos directivas más. 
La primera sobre los puntos de parada en la que se ha trabajado duramente mientras tanto, esa directiva ya está, y la segunda sobre los criterios que deben respetarse en relación con los medios de transporte cuando el viaje de los animales supera las ocho horas. 
Por la falta de esos criterios, se puede utilizar en la actualidad cualquier camión para ganado como si fuera un " camión para ganado de lujo» con el que se pueden transportar los animales durante más de ocho horas. 
Resumiendo, de esta manera la Directiva de 1995 se ha convertido en letra muerta. 
Es muy necesario que el Consejo, por supuesto a propuesta de la Comisión, adopte por fin la Directiva para establecer los criterios de camiones para ganado y se encargue de cambiar la situación actual. 
La postura negligente de los Estados miembros no solamente tiene repercusiones negativas para los animales que se transportan. 
Tampoco es bueno para el consumidor. No causará asombro que la calidad de la carne de los animales que se transportan en estas condiciones estresantes no mejore mucho. 
Los animales están heridos, están deshidratados. 
Precisamente nosotros intentamos que la situación de los mataderos reúna las condiciones para que los animales sufran el menor estrés posible para mejorar sobre todo la calidad de la carne pero durante el transporte no queremos ver nada. 
Esto es incomprensible. 
El informe pide claramente un período máximo de transporte de ocho horas para los animales que van directamente al matadero. 
Si se trata de animales de engorde o que se utilizan para la cría, sólo se puede hacer una excepción cuando se transportan en camiones para ganado excelentes cuyos criterios están enumerados en el informe. 
Y aún así tienen que ser sacados después de ocho horas, para la alimentación, el suministro de agua, el descanso y eventualmente para su posterior transporte. 
Es incomprensible que la Unión Europea fomente el transporte de animales vivos por medio de restituciones a la exportación. 
Por eso, este informe pide claramente que se ponga fin a esto. 
Además, debemos darnos cuenta de que de todas formas tenemos que poner fin a las restituciones a la exportación por los acuerdos de la OMC. 
Confío en que este Parlamento adopte la resolución tal como está redactada. 
Confío además en que la Comisión se tome muy en serio esta resolución y que la Comisión y el Consejo se pongan manos a la obra. 
Señor Presidente, agradezco a la ponente su total compromiso con este informe. Ha hecho un trabajo espléndido para presentar hoy este informe ante el Parlamento. 
Es la primera vez que la Comisión de Transportes ha abordado en realidad la cuestión del transporte de animales. 
Me encanta que se hayan comprometido, porque, a no ser que todos los interesados en la producción de animales participen y sean consultados, no lograremos la aplicación idónea de las normas. 
El bienestar de los animales es un asunto extraordinariamente importante, por lo que se refiere al transporte. 
Me encanta que haya hoy representantes de la Liga Internacional para la Protección de los Caballos en las tribunas. Fueron los que promovieron la petición, que es la más numerosa que se haya formulado nunca en Europea. 
Consta prácticamente de tres millones y medio de firmas de toda la Unión Europea. Ello revela la intensidad del convencimiento de los ciudadanos de la Unión de que algo hay que hacer a este respecto. 
Varios programas de televisión han revelado claramente que, cuando se abordan las cuestiones de la producción de alimentos y del bienestar animal, ésta ocupa un lugar destacado en opinión de los ciudadanos. 
Así, pues, se trata de un asunto que importa a muchas, muchas personas. Va a cobrar cada vez mayor importancia y es oportuno que este Parlamento aborde esta cuestión hoy. 
El objetivo principal debe ser el de poner fin al innecesario transporte en trayectos largos de animales para el sacrificio. 
No hay razón para que no se los sacrifique lo más cerca posible del punto de producción, lo más cerca posible del lugar en que han vivido. 
Transportar animales de la indigna forma como se ha hecho en el pasado es totalmente incorrecto. 
Podemos tomar el ejemplo de los caballos que llegan a países de la Comunidad procedentes del extremo oriente de Rusia después de soportar transportes de tal vez dos mil quinientas a tres mil millas, cinco mil kilómetros; es totalmente innecesario, pero es un comercio que resulta muy lucrativo a los que a él se dedican por la baja cotización del rublo. 
Están explotando a animales de forma totalmente innecesaria y este Parlamento- tengo el gusto de decirlo- se va a alzar y va a imponer normas para velar por que esos animales sean transportados al menos con cierta dignidad. 
A fin de cuentas, debemos velar por que se los sacrifique lo más cerca posible del lugar en el que hayan vivido. 
Sin embargo, nada de ello se llevará a cabo eficazmente, salvo si disponemos de mecanismos adecuados de control en los puntos de entrada a la Unión Europea. 
Se trata de algo que la Comunidad debe afrontar; se trata de algo por lo que hostigaremos a la Comisión hasta que se haga de forma idónea. 
Hay muchas organizaciones voluntarias en toda Europa que tienen la oportunidad de velar por que recibamos el asesoramiento adecuado, cuando se incumplan las normas. 
Este informe aporta en verdad lo que considero el mínimo necesario para velar por el respeto adecuado del bienestar de los animales en su transporte. 
Presidente, como ya observó nuestro colega Provan en su informe en nombre de la comisión de Agricultura, yo ya fui ponente en 1983 del mismo tema. Me siento ahora un poco como un eco de mí mismo. 
Porque desde 1983 no ha cambiado mucho el bienestar de los animales de cara al transporte. Porque lo que hay, no se transpone o se transpone apenas a los Estados miembros, y si se ha transpuesto no se controla. 
Esto nos extraña y nos preocupa mucho. 
Naturalmente queremos limitar el transporte de animales vivos lo más posible. 
Lo que haya que transportar debe hacerse de la forma más favorable posible para los animales. 
La Sra. Van Dijk acaba de hablar sobre los puntos de parada. 
Afortunadamente, el Consejo de Ministros ha establecido criterios en mayo de este año bajo la presidencia neerlandesa, pero mi pregunta a la Comisión es ahora: ¿cómo se lleva a cabo el control, la aplicación de este tipo de criterios que hemos establecido para los puntos de parada? 
¿Cuántos de los 100 inspectores veterinarios, que la Comisión contrató hace poco, se destinan a esta tarea? 
¿De qué forma se implica a las ONG fiables para llevar a cabo el control de estos temas? 
Porque resulta otra vez, y así lo ha dicho Sra. Van Dijk, que el límite de ocho horas que tenemos es letra muerta. 
Ocho horas y no más se pueden transportar los animales pero nadie que lo controle. 
O sea, no ocurre. 
Asimismo me pregunto, ahora que hablamos de camiones para ganado de lujo, los camiones " businessclass» como se denominan a veces, cuándo establecerá la Comisión los criterios para poder hacer operativos este tipo de camiones. 
Es extraño que las restituciones a la exportación de la Unión fomenten todavía el transporte de larga distancia de animales vivos. 
¿Qué posibilidades ve la Comisión en el marco de la OMC de suprimir estas restituciones a la exportación? 
Espero una reacción clara de la Comisión a las sugerencias del extraordinario informe de la Sra. Van Dijk, y a las preguntas específicas que acabo de formular. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, estoy muy complacido de que tratemos este tema en el Parlamento Europeo, ya que el sentimiento de protección hacia los animales y el bienestar de los mismos se encuentran entre las prioridades de la población europea. 
Para asegurar estos objetivos es necesario establecer controles de las condiciones de transporte y el estado de los animales, tanto en la importación como en la exportación. 
Naturalmente también es preciso prever sanciones para aquellos casos en los que se constaten contravenciones de la legislación comunitaria. 
La sanción podría consistir, por ejemplo, en la retirada de la licencia de exportación o la concesión de contingentes de exportación desde terceros países. 
Las devoluciones por exportación de ganado vivo deberían depender del peritaje de un veterinario de la administración que certificase la adecuación del transporte a las normas vigentes. 
Las severas normas vigentes en Austria, que establecen, por ejemplo, un tiempo máximo de transporte de seis horas, deberían extenderse a toda Europa. 
No obstante creo que un primer paso sería limitar el tiempo de transporte internacional en los casos de tráfico transnacional a ocho horas. 
Hay que decir además, que el porcentaje de exportación de ganado bovino respecto del porcentaje total ha descendido de un 16 % a un 10 %. 
Pero no hay que dejar de observar que en estas cifras se incluyen las de exportación de ganado bovino útil y de cría, que ha aumentado de un 16 % a un 28 %, es decir, en este sentido se reconoce un desarrollo positivo. 
También hay que decir que el volumen de devoluciones por ganado bovino en vivo es mucho menor que por el ganado bovino sacrificado. 
En cualquier caso quiero señalar desde el punto de vista de los campesinos, que una renuncia total al transporte de animales vivos es imposible, pero si sería deseable que el trayecto del mismo fuera lo más corto posible. 
Los agricultores de Europa tienen el mayor de los intereses en que su ganado de cría y matanza no sufran ningún tormento en el transporte, ya que éstos y el estrés influyen de manera muy negativa en la calidad de la carne. 
De manera general apoyo la exportación de carne, pero ello demanda el fomento de la construcción de mataderos e instalaciones frigoríficas en aquellos terceros estados que sean los principales clientes de la UE y no dispongan de esas posibilidades de conservación. 
Por lo mismo debemos construir en la Comunidad Europea los correspondientes mataderos para posibilitar a los compradores de terceros países la adquisición de carne en lugar de ganado vivo. 
La opinión pública es muy sensible a este tema y ello me complace enormemente. 
Señor Presidente, desearía expresar mi agradecimiento a la Sra. Van Dijk por la elaboración de un informe tan detallado. En dicho informe, la ponente presenta propuestas muy positivas para organizar el transporte de animales de un modo que permita en todo momento velar por el bienestar de los mismos. 
El objetivo de la Unión Europea debe ser la desaparición por completo del transporte de animales de matadero, puesto que dicha actividad provoca tensión y sufrimiento a los animales. 
Esta es la posición oficial finlandesa. 
La Unión Europea deberá abordar esta cuestión durante la próxima ronda de negociaciones de la OMC, ya que se trata de un asunto sobre el que se deberá llegar a un acuerdo de carácter global. 
En especial, el transporte de animales para matadero ha permitido reducir la sobreproducción de carne de vacuno que se generó a raíz de la pérdida de confianza en este tipo de carne por parte de los consumidores como consecuencia, entre otras causas, de la crisis de la EEB. 
La ponente del informe insta a la Comisión a suspender la concesión de restituciones a la exportación a la producción destinada a terceros países. 
No puedo compartir todavía este punto de vista, ya que esta medida implicaría una sobreproducción de carne de vacuno, unas restituciones a la exportación más cuantiosas y más presión presupuestaria para la agricultura. 
En primer lugar, hay que solucionar este problema. 
La ponente del informe propone también que se aumente la dotación de personal de la Comisión, así como que se asignen más recursos para controlar las zonas de descanso del transporte de animales y los mataderos. 
No puedo respaldar esta propuesta puesto que los controles deben correr a cargo de las autoridades competentes de cada Estado miembro, esto es, allí donde tiene lugar el transporte. 
Resulta imposible controlar desde Bruselas lo que ocurre durante el transporte de animales en Alemania, Italia o Francia. 
Finalmente, exijo que se incorporen las directivas existentes al Derecho nacional de todos los Estados miembros, incluidos los cinco Estados que aún no lo han hecho. 
La Comisión ha de emprender urgentemente medidas para lograr la ratificación por parte de estos Estados miembros. 
La ley se ha de aplicar en todos los países, y corresponde a la Comisión la responsabilidad de velar por su respeto y de exigir a los Estados miembros su cumplimiento. 
Señor Presidente, el buen informe que ha redactado la Sra. van Dijk reviste una gran importancia. 
A pesar de que la UE ha reforzado su normativa relativa al transporte de animales y de la presión que ejerce la opinión pública, continúa teniendo lugar el transporte innecesario y cruel de numerosos animales. 
La disminución que se ha registrado del número de viajes se debe principalmente a la crisis de la EEB y no a que se tenga hoy a los animales en mayor consideración. 
El hecho de que no hayan entrado aún en vigor las directivas complementarias más importantes para intensificar las acciones de la UE, las directivas sobre la composición de los vehículos y las áreas de descanso, constituye también un grave problema. 
Hasta que se produzca su entrada en vigor, se deberá prohibir cualquier transporte de una duración total superior a las ocho horas. 
Resulta también positivo el hecho de que la Sra. Van Dijk acometa más a fondo contra el sistema en su informe. 
Me refiero ante todo al apartado 35, relativo a la supresión de las restituciones a las exportación, ya que en la práctica estas implican el respaldo del sistema por parte de la UE. 
También es importante que, por principio, el sacrificio tenga lugar lo más cerca posible de los centros de cría de los animales. 
Señor Presidente, la causa del escándalo y de los padecimientos y tormentos de millones de animales, padecimientos y tormentos gratuitos, es que son tratados como mercancías de las que se puede uno servir libremente para obtener el mayor beneficio posible. 
Y cuando no se les necesita, son simplemente desechados, como ocurre, por ejemplo con el caballo, que es un compañero del hombre desde tiempos remotos. 
En muchas ocasiones el hombre no hubiera prosperado sin los caballos y eso convierte ese hecho en especialmente deprimente. 
En tanto no comprendamos que los animales no son mercancías que tienen que sufrir a costa de nuestro beneficio, nada cambiará al respecto. 
Permítanme leerles algo de San Francisco de Asís del siglo XII. Muestra lo poco que hemos aprendido a pesar de que nos tengamos por una gran cultura: " todas las criaturas de la tierra sienten como nosotros. 
Todas las criaturas de la tierra buscan la felicidad como nosotros. 
Todas las criaturas de la tierra aman, sufren y mueren como nosotros. 
Por tanto son obras del creador todopoderoso equiparables a nosotros». 
Deberíamos ser conscientes de ello ahora y en el futuro. 
Nosotros también somos un parte de la creación, al igual que los animales y nosotros los maltratamos y nos aprovechamos de ellos al máximo. 
Imagínense que es lo que ocurre en los transportes de caballos que realizan miles de kilómetros. 
Los caballos son animales miedosos que huyen en desbandada. 
Son arrancados de sus establos y metidos en otros o en medios de transporte sin beber ni comer nada. 
Son atados en corto, imposibilitando que se tumben, que descansen, no pueden hacer prácticamente nada, se patean entre ellos hasta morir. 
¡Aun hoy consentimos que ocurra esto! 
Pasa todos los días. 
Es el mismo caso que el transporte porcino y bovino, etc. Hacemos grandes debates, producimos mucho papel y reglas y nadie se preocupa de si hay resultados. 
¡Esto tiene que cambiar! 
Si nos queremos seguir mirando al espejo o como todavía hacen muchos, yo entre ellos, seguir yendo a la iglesia y rezar, entonces no tenemos ningún derecho a continuar tratando a estos seres, que son también fruto de la creación, como lo estamos haciendo actualmente. 
Esto tiene que acabar de una vez y sólo puedo esperar que la Comisión se plante y en los Estados miembros se empiece a controlar de manera seria. 
Señor Presidente, Señorías, soy favorable, naturalmente, a la aprobación del informe de la Sra. van Dijk, donde se hace un buen planteamiento del problema, se describen la legítima indignación de muchos de nuestros conciudadanos y los escándalos relacionados con estos transportes de animales. 
No obstante, creo que el problema no puede examinarse únicamente desde el punto de vista romántico y de la indignación moral, sino que también debe dar la ocasión para ver cuáles son los mecanismos nefastos del comercio internacional, que permiten la propagación de todos estos perjuicios. 
Las propuestas de la Sra. van Dijk son positivas con respecto a la mejora de las condiciones de transporte y también porque incitan a reducir dichos transportes. 
Esta es la cuestión central. 
Hace un momento hablábamos de las difíciles condiciones en que se encuentran algunos terceros países. 
Debemos ocuparnos de ello. 
Se pueden ver muy bien los perjuicios que provoca el libre cambio en este asunto, y el apartado 38, en este sentido, no va muy lejos. 
¿Por qué no se establece un impuesto a la importación de animales vivos? 
Desde el punto de vista económico sería lógico a la vista del apartado 35, que propone eliminar las restituciones. 
Por lo tanto, también es la ocasión de interrogarse sobre los mecanismos económicos y los perjuicios que éstos provocan en una civilización puramente mercantil, en la que actualmente estamos sumidos. 
Presidente, cuando tres millones de personas se toman la molestia de mandar cartas y firmas a este Parlamento suplicando que se haga algo contra los transportes indignos de animales por Europa, entonces es que de verdad algo está pasando. 
Cuando además resulta de las imágenes de equipos de inspectores de protección de animales que los intentos de la Unión para mejorar las condiciones de los animales no han sido seguidos por unos países, que no se aplica la legislación, que se hace caso omiso de las disposiciones, entonces debemos reconocer que las protestas de nuestros ciudadanos están justificadas. 
Debemos reconocer que la Unión ha de actuar mejor. 
Quiero subrayar cuatro puntos. 
Los animales deben ser sacrificados lo más cerca posible del lugar de cría. 
La carne se puede transportar congelada. 
Los transportes de animales muchas veces son realmente innecesarios. 
Los transportes de más de seis u ocho horas hay que prohibirlos sin más. 
Es una locura marear tanto a los animales tanto antes de sacrificarlos. 
Los transportes de animales de fuera de la Unión sólo se les debe permitir el acceso cuando se les trata de la misma manera que en la Unión. 
Los transportes de caballos desde Polonia, Bielorrusia y Lituania son sencillamente una auténtica vergüenza. 
Se ha de aplicar la legislación del transporte de animales. 
Si no se hace, la Comisión tiene que actuar. 
Presidente, Nel van Dijk hizo un excelente informe y Jimmy Provan se merece todos los elogios por su actuación. 
Hablamos muchas veces sobre la Europa de los ciudadanos, pero aquí hay un tema planteado por tres millones de personas. 
Esperamos buenas propuestas y acciones de la Comisión para poner fin a esta situación indigna y penosa. 
Señor Presidente, desearía en primer lugar felicitar calurosamente a la Sra. Van Dijk por su excelente informe. 
Apoyo completamente todas las propuestas recogidas en el mismo, incluido este apartado 35 que ha sido aquí objeto de debates. 
Sin embargo, estoy totalmente segura de que es necesario que la Comisión presente nuevas normas al respecto. 
Aun cuando todavía no ha entrado siquiera en vigor, la normativa actual es insuficiente. 
Se precisan propuestas concretas por parte de la Comisión. 
Tal como ha aquí quedado de manifiesto, durante el transporte de animales tienen lugar atroces crueldades. 
Personalmente, creo que el único medio para lograr la desaparición de estos hechos pasa por la aplicación de sanciones económicas. 
Habida cuenta de que resulta imposible suprimir rápidamente las restituciones a la exportación, que- por ejemplo- durante el periodo 1995-96 supusieron un desembolso de 300 millones de ecus, la Comisión debería ahora emprender medidas para lograr la devolución de las subvenciones al transporte percibidas por las empresas que hayan incurrido en abusos. 
Creo que este sería uno de los métodos posibles. 
La responsabilidad última recae en los Estados miembros, eso es algo innegable. 
De todos modos, creo que es necesario que la Comisión disponga de una mayor dotación de personal para llevar a cabo actividades de control. 
Se precisa una mayor transparencia, ya que lo fundamental es que estos abusos salgan a la luz pública. 
Igualmente, se deberían hacer públicos los nombres de las empresas que violan de tan atroz manera los derechos de los animales. 
Señor Presidente, desearía felicitar a la Sra. Van Dijk por su importante informe, ¡y esperemos que traiga consigo mejoras! 
Espero realmente que el Parlamento Europeo tenga hoy el coraje de aprobar el presente informe en su totalidad. 
Es fácil dejarse invadir por el pesimismo cuando leemos que, de hecho, el Parlamento Europeo lleva desde 1983 mostrando su voluntad por introducir mejoras por lo que respecta a la protección de los animales. 
En realidad, no se ha registrado ningún avance en especial. 
Se continúan exportando e importando animales vivos en unas cantidades y bajo unas condiciones que no serían posibles sin el concurso de la propia política agrícola de la UE, que, mediante su apoyo en forma de restituciones a la exportación y al transporte, ha conducido a esta situación y ahora fomenta su continuidad. 
Asimismo, resulta una muestra incomprensible de negligencia el hecho de que la Comisión no haya fijado las normas y la reglamentación que prometió en lo relativo a los medios de transporte y a las áreas de descanso, lo cual priva a la directiva de todo sentido. 
Así pues, nos hallamos ante una situación completamente inaceptable. 
La Sra. van Dijk recoge las mejoras técnicas que se deben llevar a cabo en vehículos y áreas de descanso. 
Me complace comprobar la presencia de dos cuestiones, las dos forzosamente razonables: por un lado, que se debe poner punto final a las restituciones a la exportación o a cualquier otra forma de ayuda, directa o indirecta, al transporte de animales vivos de abasto; en segundo lugar, que la actuación de la UE deberá ir encaminada a que el sacrificio de un animal cuya carne está destinada al consumo tenga lugar lo más cerca posible de su lugar de cría. 
¡Esto es lo único que entra dentro de la razón! 
Las repugnantes imágenes que hemos presenciado acerca del brutal trato que se les depara ilustran el vivir cada día de los animales en las carreteras europeas. Esto no puede permitirse en una sociedad civilizada. 
Estimados colegas, voten a favor de la totalidad de este informe. 
Señor Presidente, apoyo completamente el informe de la Sra. van Dijk. 
Todas las medidas técnicas y veterinarias reclamadas para la mejora de las condiciones de transporte de los animales son absolutamente oportunas. 
Tales medidas han sido bien meditadas y, sobre todo, son realizables. Deberían ponerse en práctica lo antes posible. 
Permítanme señalar que en Austria son precisamente los liberales quienes admiten a los animales atormentados por el transporte. 
Nuestras actividades hasta la fecha van desde el envío de cartas abiertas al comisario Fischler, pasando por recogida de firmas o la celebración de jornadas de acción hasta el bloqueo de puntos fronterizos neurálgicos, ya que en Austria se da una situación muy especial que atañe a la ley de transporte de animales. 
La fijación del tiempo máximo de transporte aun no ha sido adatada a las severas disposiciones de las directivas de la UE, a pesar de que la duración máxima de seis horas establecida por la legislación austríaca es más rigurosa que la limitación prevista por la UE, no se puede actuar contra un transportista que en el extranjero ya haya superado las seis horas si no lo ha hecho dentro de Austria. 
Esto es, y perdónenme que lo exprese tan abiertamente, un sin sentido absolutamente despreciable. 
Se trata de una invitación al fraude de un precepto que es en sí mismo bueno. 
Este es precisamente el problema principal. 
Sin controles severos y eficaces y, sobre todo, sin sanciones eficientes cada una de las directivas se convierten en un tigre desdentado. 
Esto quiere decir que las citadas directiva conducen a serios déficit de aplicación, sencillamente porque no contienen ninguna disposición sancionadora. 
Creo por ello que en éstas deberían formularse las exigencias de una más rigurosa. 
De motu propio en Austria hemos instalado, desde abril de este año, en las autopistas más transitadas un inspector de transporte de animales que conduce obligatoriamente a aquellos transportistas, que no hayan alimentado ni dado de beber a los animales, a estaciones de aprovisionamiento especialmente instaladas al efecto. 
No obstante, repito que sin disposiciones sancionadoras eficaces, sin multas ejemplares no llegaremos a ninguna parte. 
El transporte de animales vivos ha aumentado geométricamente desde que la Comisión empezara a apoyarlo de forma tan generosa. 
Ello demuestra que en el sector se entiende muy bien el lenguaje del dinero y que con el sufrimiento de los animales aun hay mucho dinero por ganar. 
Este es el verdadero núcleo del problema. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, quiero felicitar a la Sra. van Dijk por este excelente informe. 
Ciertamente la situación que tenemos ante nosotros fue y es un hecho terrible, la manera en que son tratados los animales, en una forma y medida solamente calificable como inhumana. 
Apoyo completamente la reclamación a la Comisión de que promulgue una directiva sobre condiciones de transporte, independientemente de que se trate de transporte por carretera, en tren o con cualquier otro medio. 
También hemos visto en la película la forma en que los animales son encerrados, cómo perecen en el transporte, cómo no se hace nada para posibilitar un transporte más razonable y más respetuoso con los derechos de los animales. 
En segundo lugar se ha abordado muy apropiadamente la dotación de los mataderos. En algunos casos no existe un servicio de fin de semana. 
Los animales perecen, yacen allí, no son retirados cuando mueren, etc., es decir, ¡se dan situaciones inconcebibles! 
En tercer lugar hay que eliminar toda subvención, todo apoyo financiero a estos transportes anacrónicos e inapropiados. 
Al contrario, necesitamos fuertes sanciones para evitar que tales sucesos continúen produciéndose. 
Además debería conseguirse, a través de ese sistema financiero, algo que nos llega al corazón, en concreto, que el transporte de animales vivos por Europa sea lo más reducido posible, ya que existe la posibilidad del transporte frigorífico. 
Éste debería ser nuestro objetivo principal. 
No se trata de una cuestión de alta política, acorde con las normas de políticos y periodistas, sino de un tema en el que la UE puede mostrar que toma en serio las preocupaciones de los ciudadanos, en el que la UE, la Comisión, el Consejo y también este Parlamento pueden mostrar que cuando los ciudadanos asumen un problema, cuando tienen un conflicto emocional con el mismo, la UE va a actuar y lo va a hacer rápidamente. 
En sentido no sólo pido aprobación, sino también solicito del Comisario, de la Comisión que aprovechen la ocasión para demostrar a los ciudadanos de Europa que la UE es capaz de actuar rápidamente en aquellos temas que les importan, que la UE es capaz de actuar, donde el ciudadano considera que su actuación es necesaria. 
Señor Presidente, Señorías, el informe van Dijk, elaborado a raíz de una propuesta de resolución del Sr. Provan y otros, finalmente fue solicitado por la Comisión de Transportes y Turismo al Parlamento Europeo en noviembre de 1996. 
El mismo atañe para opinión también a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
El informe aborda una problemática muy seria: el transporte de caballos y demás animales vivos, y el hecho de que sea seria queda demostrado por el número de comisiones implicadas para opinión y representadas por los Sres. Provan y Eisma. 
Dado el tiempo de que dispongo, no me voy a entretener hablando de las condiciones generales- medios de transporte, lugares de parada, importación, exportación de animales vivos: vacunos, porcinos, ovinos y caballos en particular- sino que, habida cuenta de que todos estos puntos que acabo de mencionar tienden al bienestar de los animales durante el transporte, tanto si se destinan al consumo o al esparcimiento de los seres humanos como los caballos de carrera, diré, por el contrario, que estoy de acuerdo con las resoluciones del Parlamento y las sugerencias de la ponente, con la que me felicito, ya que todas las propuestas son válidas. 
Voy a mencionar algunas de ellas: el límite máximo de 500 km para el transporte por carretera o, de todos modos, no superior a las 8 horas de viaje; la matanza de reses destinadas al consumo humano llevada a cabo lo más cerca posible del lugar de producción; la potenciación de la plantilla adscrita al servicio de inspección veterinaria; los lugares de parada vigilados, sobre todo por lo que se refiere a la alimentación, los abrevaderos, la carga y descarga de los animales y la estabulación; la mayor vigilancia de la exportación y la importación. 
Asimismo, recibimos con satisfacción el derecho de actuar judicialmente en virtud del cual se reconoce la facultad de demandar a las personas y las empresas que infligen sufrimientos a los animales transportados. 
Bienvenidas sean, ahora, las sugerencias de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, como pueden ver en el preámbulo al excelente informe de la Sra. Van Dijk, la preocupación por el transporte seguro de los caballos y otros animales tiene una larga tradición en este Parlamento. 
También la Comisión considera la protección de todos los animales- entre los que figuran, evidentemente, los caballos- durante el transporte un asunto de gran importancia. 
Esta Asamblea, como también muchas organizaciones y personas individuales, ha subrayado repetidas veces su deseo de que la Comunidad adopte medidas eficaces a ese respecto. 
La Comisión comparte la opinión de Sus Señorías de que son necesarias normas comunitarias eficaces y correctas sobre el bienestar de los animales y puedo asegurarles que la Comisión ha concedido siempre y seguirá concediendo la máxima prioridad al bienestar de los animales. 
La preocupación de la Comisión por el bienestar de los animales durante su transporte y, en particular, el transporte de animales en trayectos largos ha ido en aumento. 
Aunque la Unión tiene a su disposición diversas medidas para proteger los animales transportados dentro de su territorio y también en los casos en que una parte del viaje transcurre por territorios de terceros países, no se puede negar que ha habido problemas debidos a que las autoridades de los Estados miembros encargadas de hacer cumplir la ley no han adoptado todas las medidas pertinentes al respecto y a que las empresas comerciales no han respetado plenamente las normas. 
La Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra Estados miembros por su incumplimiento. 
Ahora voy a referirme a algunas de las preocupaciones concretas expresadas en el proyecto de resolución, tales como los medios de transporte, los puntos de parada y las restituciones a la exportación. Conviene reconocer que se han logrado avances considerables en la esfera de la legislación comunitaria sobre el bienestar de los animales. 
Voy a citar algunos ejemplos. 
A raíz de la aprobación en el Consejo de nuevas normas sobre la protección de los animales durante el transporte, la Comisión hubo de proponer nuevas normas detalladas sobre dos obligaciones importantes. 
Respecto de los puntos de parada, la propuesta de la Comisión fue aprobada ya el pasado mes de junio. 
Además, en julio la Comisión envió una propuesta al Consejo sobre las normas relativas a la mejora de los camiones. Esperamos que durante la Presidencia luxemburguesa se concluya ese asunto. 
La Comisión presentó también una propuesta al Consejo con arreglo a la cual el pago de las restituciones a la exportación estarían condicionados al cumplimiento de las disposiciones sobre la protección de los animales durante el transporte. 
Como saben perfectamente Sus Señorías, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural examinó esa propuesta hace tan sólo unos días y se espera que se examine ese asunto en el período parcial de sesiones de noviembre. 
Una vez que el Consejo apruebe ese reglamento, la Comisión decidirá normas de aplicación detalladas, que aumentarán gradualmente la protección del ganado transportado a esos países. 
Pasando ahora a los métodos de imposición y supervisión del cumplimiento de la ley, los expertos veterinarios de la oficina de la Comisión encargada de los asuntos veterinarios y los relativos a los alimentos han llevado a cabo controles in situ en todos los Estados miembros. Dichos controles han indicado que aún no se ha logrado en todos los Estados miembros la aplicación uniforme de la directiva pertinente del Consejo. 
Se han descubierto tres deficiencias importantes. 
En muchos Estados miembros se descubrió en diversas ocasiones que los animales sufrían durante el transporte. 
Se consideraron inadecuados o insuficientes los controles llevados a cabo por algunos Estados miembros y en gran número de casos los medios de transporte eran inadecuados. 
La Comisión seguirá desempeñando, por mediación de la oficina de la Comisión encargada de los asuntos veterinarios y los relativos a los alimentos, su misión de supervisar la situación en los Estados miembros, pese a que la imposición del cumplimiento de la ley incumbe a cada uno de los Estados miembros. 
En conclusión, mi colega el Sr. Fischler me ha pedido que asegure a Sus Señorías que la Comisión está tan deseosa como esta Asamblea de facilitar el marco legislativo dentro del cual cada uno de los Estados miembros pueda velar por que se transporten todos los animales en condiciones legales y facilitar a las empresas una normativa clara que deban cumplir. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, quisiera hacerle saber que hoy se encuentran con nosotros diputados del Parlamento Nacional de Grecia, en calidad de visitantes, y rogaría a la presidencia que, si es posible, les saludara. 
Por supuesto, señor Trakatellis. 
Según la costumbre sólo damos la bienvenida a las visitas estrictamente oficiales. 
No obstante, tengo el gusto de dar la bienvenida a nuestros colegas del Parlamento griego. 
Señora Presidenta, a raíz del debate que ayer se celebró en el Pleno y también sobre la base del trabajo llevado a cabo con la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y la Comisión de Desarrollo y Cooperación, deseo solicitar al Pleno la devolución a comisión de mi informe y ello por una razón muy simple: cuando aprobamos el informe en la Comisión de Desarrollo y Cooperación en el mes de junio, la situación en Camboya era muy diferente de la que luego ha resultado ser. 
El debate celebrado ayer por la tarde ha confirmado la necesidad de una devolución para permitir a la comisión y también a este ponente modificar la exposición de motivos, continuar trabajando y contribuir asimismo a una solución pacífica de las actuales tensiones en Camboya. 
Por todo ello, necesitamos algo más de tiempo, sin perjuicio del objetivo de llegar a la posterior ratificación del acuerdo, pero en un contexto político pacificado. 
Es por esto que solicito al Pleno que tenga a bien aprobar la propuesta de devolución a comisión que aquí formulo. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Por un error administrativo, la resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa no va incluida en el texto como debería. 
Los servicios de la Presidencia han acordado que se puede hacer mediante una enmienda oral. 
Quisiera preguntar si la Asamblea lo apoyaría. 
Para ayudar a los servicios, tal vez fuera mejor que fuese incluida después del artículo 16 de mi resolución. 
Conque propongo que votemos sobre todo el texto hasta el párrafo 16, después votemos sobre los párrafos 2 a 7 de la Comisión de Asuntos Exteriores en conjunto y después continuemos con el párrafo 17. 
Espero que haya quedado claro. 
Quisiera añadir como orientación a la Asamblea que la Comisión de Asuntos Exteriores aprobó su resolución por unanimidad. 
Conque no hay motivo para controversia política alguna. 
¿Hay alguna objeción? 
Señor Hindley, procederemos de esta manera. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, estimados colegas, del interesante debate sobre mi informe de anoche surgió una propuesta de compromiso en forma de una enmienda oral que supone la síntesis de este artículo de mi texto original con el texto de la enmienda del EVP. 
Leeré el texto que hace posible esta combinación en voz alta: " 2. 
Recuerda que la disciplina presupuestaria y la realización de la unión monetaria son compatibles con las fórmulas políticas destinadas al crecimiento estable y la creación de empleo. Pero ni la aplicación de los criterios de convergencia, ni la fecha para la tercera fase pueden ser utilizados como pretexto para poner trabas a los necesarios esfuerzos de la Unión y de los Estados miembros para crear empleo y mantener el alto grado de protección social.» 
Creo que este compromiso está en línea con el espíritu del debate de anoche y pido por lo tanto a los colegas aceptar esto como enmienda oral. 
Señora Presidenta, es un problema clásico de formas de expresión y de la traducción. 
En el texto neerlandés, en la enmienda referente a las tecnologías innovadoras se lee: " más determinado en el ámbito de la protección del medio ambiente». 
" Más determinado» estrecha la definición. 
Tiene que ser: " entre otras cosas en el ámbito de la protección del medio ambiente». 
Esta es una de las posibilidades. 
Es la interpretación que quiero darle y deseo concretarlo en el texto neerlandés cambiando la terminología "más determinado» por" entre otras cosas». 
Se ha consultado al grupo parlamentario verde sobre esto. 
Felicito al Sr. Alber- desgraciadamente, este es su último informe -... 
(Vivos aplausos) y le deseo mucho éxito en sus nuevas funciones en el Tribunal de Justicia. 
Señora Presidenta, esta enmienda refleja la opinión unánime de la Comisión de Agricultura. 
Como ponente para opinión, deploro que el calendario no haya permitido a la Comisión de Desarrollo tomar en consideración esta opinión, que permite valorar la importancia de la agricultura. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, ¿podría la ponente ofrecernos una aclaración respecto del párrafo 22? Dice con toda claridad: » Opina que el transporte transfronterizo, etc.» 
Que nosotros, los miembros de este Grupo, sepamos, ya no hay barreras internas en la Comunidad. 
Quisiera que la ponente me asegurara que se refiere simplemente a las fronteras exteriores de la Comunidad. 
Respecto del párrafo 26, hay un matiz en las diferentes lenguas. 
En la versión alemana dice: » Además, sería oportuno encomendar este control, etc.» En el texto inglés dice: » Sería oportuno encomendar esta supervisión. etc.» 
Podemos apoyar la palabra «supervisión» , pero no «control». 
Quisiera que se me confirmara que el texto válido es el inglés. 
Presidente, no tengo ningún inconveniente en añadir al punto 22 la palabra "externo» , ya que mi intención era por supuesto que se tratara de" las fronteras externas de la Unión» y no de " las fronteras internas». 
No deben existir ya, evidentemente. 
Esto por lo que se refiere al punto 22. 
En cuanto al punto 26, la palabra inglesa "monitoring» es efectivamente mejor que la palabra" control». 
Tendría que ser quizá en neerlandés "toezicht» en vez de" controle». 
Esto valdría también para el alemán. 
Señora Presidenta, desearía solicitarle que, cuando compruebe el resto de versiones lingüísticas, haga lo mismo también con el apartado 5 de la versión sueca, ya que presenta una incorrección. 
Creo que debería decir cría y reproducción en lugar de cría y ceba. 
Existen además otros errores, por lo que le ruego que los compruebe igualmente. 
Me comprometo a que así se hará. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
La Convención de las Naciones Unidas reviste una gran importancia de cara a la regulación a escala internacional de los problemas relacionados con el Derecho del mar y con el entorno medioambiental marino. 
No tengo nada en contra del contenido de esta Convención. 
Por el contrario, sí me muestro crítico ante el hecho de que la UE se convierta en una de las " partes» de esta convención. Ello implica una aceptación de la UE como persona jurídica, es decir, como si fuera un Estado, lo cual me resulta inaceptable. 
Cada uno de los Estados miembros de la UE debe estar representado en los tratados internacionales como una sola parte ante las Naciones Unidas. 
¡La Unión Europea no es un Estado! 
No existe absolutamente ninguna razón para que sea la UE, y no sus Estados miembros, la que actúe como parte formal en la firma de la Convención. 
Esta circunstancia se vuelve aún más incomprensible si se tiene en cuenta que esta Convención no ha sido ratificada por todos los Estados miembros. 
Por consiguiente, no existe motivo alguno para que, tal como se propone en el informe, los Estados miembros deleguen sus competencias en favor de la UE en materia de política comercial, política pesquera, cuestiones medioambientales, soberanía de las aguas territoriales y derechos de pesca. 
Por todo lo anteriormente expuesto, he votado en contra de este informe. 
Señora Presidenta, yo también tengo una explicación de voto sobre el informe del Sr. Martens, pero es también por escrito. 
Señora Presidenta, en la exposición de motivos del informe de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se afirma que la ASEAN fue concebida como una alianza contra el comunismo. 
Un designio muy meritorio, pensarán algunos. 
Y están en su derecho. 
Ahora bien, tendrían la obligación de no olvidar las matanzas que tal batalla provocó ya por aquellos pagos, en Indonesia, por ejemplo, antes incluso de que existiera la ASEAN. 
Pero la REX, por ser la comisión competente para el fondo, se preocupa más del fortalecimiento de las relaciones con el importante interlocutor económico y cito: » Por eso, su propuesta va encaminada a contribuir al desbloqueo del atolladero provocado por la oposición de Portugal en el acuerdo de tercera generación». 
Y ni siquiera se refiere al bloqueo y a sus causas, sino que elude el problema mediante opciones posibles para una nueva dinámica, con protocolos anexos al acuerdo de 1980, partenariados activos u otras estratagemas y afirma, con excelentes intenciones, la necesidad de salvaguardar la preservación medioambiental y cultural, en la que se considera oportuno incluir la lengua portuguesa y otras manifestaciones de un pasado histórico en Timor. 
Y subraya con idénticas intenciones excelentes la importancia de la observancia del principio de la condicionalidad del respeto de los derechos humanos. 
La opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores es ya más política: se refiere explícitamente al bloqueo del acuerdo y ve la salida de la situación en la imposición a Portugal de la retirada de su objeción con el argumento de que así se creará un fundamento jurídico para la protección de los derechos humanos en Timor Oriental. 
Ahora bien, nada pide a Indonesia, que continúa con una ocupación militar desde hace más de veinte años, aunque la opinión- loada sea- hace un llamamiento a los Estados miembros para que respeten la resolución del Parlamento en cuanto a la venta de armas a Indonesia. 
Por eso, estamos ante un ejercicio de malabarismo político que olvida la invasión y la ocupación militar de un territorio por descolonizar, pasa por alto el genocidio cultural y físico de un pueblo, desconoce las decisiones de las Naciones Unidas que exigen el respeto concreto del derecho a la libre determinación, que todo reduce la protección de los derechos humanos en la tasa de aceptación de lo que olvida, de lo que pasa por alto, de lo que desconoce, como si Timor fuera parte integrante de Indonesia. 
En nombre de la economía, de los negocios, se buscan salidas para situaciones incómodas, pero que no cuenten con nuestro silencio cómplice, porque hay una invasión y operación militar, hay un incumplimiento del derecho de libre determinación de un pueblo, hay un genocidio cultural y físico. 
Se comprende el empeño de la Unión Europea de establecer una nueva dinámica en las relaciones con la ASEAN, que constituye un espacio con posibilidades extraordinarias. 
Pero eso no significa que se puedan desatender los valores por salvaguardar, en particular en las esferas económica y social. 
Pero, además de éstos, teniendo en cuenta en particular la gravísima situación de Timor Oriental, convenía haber hecho una mención muy concreta a la necesidad de que se respeten los derechos humanos. 
Se trata de un aspecto al que prestamos atención especial en la Comisión REX, pues se aborda en el apartado 16 de la resolución aprobada, en el que se subraya su importancia y se exige incluso el «respeto de los derechos humanos, como condición para las relaciones bilaterales entre la UE y determinados Estados miembros de la ASEAN». 
Por grande que sea la seducción de los grandes negocios, hay valores respecto de los cuales Europa no puede transigir, so pena de perder todo su crédito. 
La declaración conjunta euro-canadiense del 17 de diciembre de 1996 y el correspondiente plan de acción no nos parecen respetar el derecho vigente en la Unión, y no comprendemos cómo los gobiernos nacionales representados en el Consejo pudieron aceptarlo. 
En efecto, en el Tratado no existe fundamento jurídico alguno que permita a la Unión firmar este género de compromisos. 
No se trata de una posición común (artículo J.2) , porque estamos en presencia de un acuerdo con un país tercero. 
Por la misma razón, tampoco se trata de una acción común (artículo J.3) , y, además, porque no se ha seguido el procedimiento que allí se establece. 
Además, también debemos expresar nuestras reservas sobre la naturaleza de los ámbitos cubiertos por la declaración y el plan de acción: no sólo se refieren a relaciones comerciales, ámbito en que la Comunidad posee competencias, sino también a seguridad, desarme, justicia, inmigración, terrorismo, etc.; es decir, ámbitos estrictamente nacionales o intergubernamentales. 
La sorpresa es aún mayor cuando uno observa que este documento, en el que todo cabe, está cofirmado globalmente por la Comisión, cuando ésta sólo tiene competencias de negociación con respecto a algunos apartados concretos. 
Es cierto que la Comisión, ya en su comunicación inicial al Consejo, a principios de 1996, explicaba fríamente la necesidad de tomar en consideración el cambio de la naturaleza de las relaciones exteriores de la Unión después de Maastricht. 
Desearíamos saber en qué consiste dicho cambio, porque, tanto después de Maastricht como antes, la política exterior común es siempre de naturaleza intergubernamental. 
Es, sin duda, para ilustrar este supuesto cambio por lo que Leon Brittan fue a presentar su propuesta a los canadienses, incluso antes de que el Consejo le diese formalmente luz verde. Es, ciertamente, dentro de este mismo espíritu que a lo largo de todo el documento suscrito se considera a la Unión en un pie de igualdad jurídica con Canadá, como si ésta fuese un Estado, cuando la Unión ni siquiera posee personalidad jurídica. 
En realidad, estos acuerdos tendrían que haber sido cofirmados por el conjunto de los países europeos, o por aquellos que estaban más interesados en hacerlo. 
En su forma actual, no tienen valor jurídico. 
A la voluntad de los redactores de considerar a la Unión Europea como una especie de Estado federal se añade su empeño en eliminar del cuerpo del texto cualquier mención del nombre propio de algún Estado miembro, incluso el de aquellos que, como Francia o el Reino Unido, poseen los vínculos históricos más evidentes con Canadá. 
Es necesario haber leído este documento para tomar conciencia, no sin marcado estupor, de esta verdadera afición por eliminar las naciones. 
En efecto, la propia noción de Estado miembro parece haber sido proscrita. 
Sólo aparece en un circunloquio breve y sibilino, añadido a último momento en las negociaciones, donde se dice que dichos documentos no tendrán consecuencias con respecto a la posición jurídica de la Comunidad Europea, de sus Estados miembros y de Canadá. 
Es el único lugar del texto en que el lector se entera, accidentalmente, que en la Unión existen Estados miembros. 
Hay que señalar, además, el estilo confuso utilizado (" posición jurídica» ), para no revelar esta verdad inconfesable: los únicos actores de pleno derecho de la política exterior de la Unión son los Estados miembros soberanos. 
Puesto que en ningún caso hay que hablar de los Estados miembros y de sus políticas exteriores diferentes, los documentos euro-canadienses no aluden nunca, por supuesto, a la existencia de vínculos especiales francoquebequeses y a la necesidad de conservarlos. 
Vemos actuar aquí la mecánica integradora: en lugar de proteger las diferencias, como en teoría tiene el deber de hacerlo, la Unión tiende a eliminarlas; en lugar de valorizar las naciones miembros y de defenderlas, trata de eliminarlas para erguir el cuello y ponerse delante. 
Creo que los gobiernos y las diplomacias nacionales deberían meditar sobre este texto y sacar conclusiones. 
He votado a favor del informe sobre las relaciones de la UE con Canadá, si bien también he votado en contra de las críticas que se hacen a la política pesquera de este país. 
Creo que su política pesquera es bastante más inteligente que la de la UE, ya que tiene en cuenta el descenso de la población de peces. 
La política de Canadá es necesaria para evitar que este país se quede sin recursos pesqueros. 
Me opongo igualmente a un aumento de la cooperación entre la Europol y las autoridades policiales canadienses. 
Habida cuenta de que estoy en contra de la creación de un órgano como Europol, considero que el mejor marco para una cooperación policial a escala internacional lo ofrece la Interpol. 
El informe Willockx es el resultado de una iniciativa del Parlamento Europeo para explicitar cuáles son, según éste, los vínculos entre los criterios de convergencia de la unión monetaria y la financiación de los sistemas de seguridad social en los Estados miembros. 
La conclusión a la que ha llegado es tan incómoda, que ha preferido dejarla para la exposición de motivos, oficialmente redactada bajo la exclusiva responsabilidad del ponente, y mantener en la resolución final, votada en el Pleno, una sarta de banalidades. 
En efecto, esta resolución, después de haber expuesto que es difícil, aunque necesario, reabsorber el déficit de los regímenes sociales (nadie dirá lo contrario) , desvía el problema y propone flexibilizar la fiscalidad sobre el trabajo, para facilitar a cambio el aumento de las cotizaciones sociales. 
Así pues, esta propuesta no da una solución de fondo al déficit social, ni siquiera al problema global de los criterios de convergencia, ya que si se desplaza la fiscalidad, habrá que ahorrar en otro sitio. 
No obstante, el debate no acaba allí. 
La unión monetaria tendrá muchos más efectos en los regímenes sociales, y si bien el problema de los criterios de convergencia es el más inmediato, no por eso es el más importante. 
Es sólo la cabeza del iceberg. 
En efecto, como lo demuestra la exposición de motivos, las consecuencias más importantes de la unión monetaria se producirán después de su entrada en vigor: sería preciso aplicar en el plano europeo una redistribución centralizada, en favor de las regiones menos favorecidas, sobre todo con respecto a su protección social. 
El ponente intenta evaluar el coste de esta redistribución y cita estudios, para llegar a la conclusión que se necesita un presupuesto europeo del 5 al 7 % del PNB de la Unión (frente al 1, 2 % actual). 
Nos enfrentamos aquí a las verdaderas dificultades de la unión monetaria en el ámbito social; dificultades que los ciudadanos descubrirán después, cuando ya estén inmersos en el nuevo sistema, pero que el Grupo Europa de las Naciones denuncia desde hace tiempo: habrá que establecer, a la larga, un presupuesto europeo mucho más importante que el actual, junto con las bases imponibles obligatorias correspondientes, que anularán las ventajas desde el punto de vista de la competitividad que habrá podido procurar el euro. 
Así, las empresas y los ciudadanos habrán sido engañados. 
La vinculación que establece el informe entre los criterios de convergencia y los sistemas de seguridad social no me parece justificada. 
Si bien nuestro ponente en ningún caso pone en entredicho la pertinencia de los criterios, no comparto, sin embargo, el punto de vista según el cual los criterios de convergencia limitarían el margen de maniobra de los Estados miembros con respecto a sus cometidos sociales. 
En efecto, una vez que los déficit se sitúen por debajo de la barrera del 3 % y que logren luego el equilibrio exigido por el Pacto de estabilidad y de crecimiento, los Estados dispondrán de un verdadero margen de maniobra: tendrán entonces la posibilidad de ampliar su déficit hasta el 3 % del PIB, para enfrentar posibles repercusiones económicas y sociales. 
De igual modo, si bien apruebo la necesidad de bajar las cotizaciones empresariales para reabsorber nuestro desempleo, una subida compensatoria de otros impuestos no sería bien recibida. 
En modo alguno la salvaguardia de nuestros sistemas sociales debe suponer nuevas subidas del impuesto sobre el patrimonio, como lo sugiere el ponente. 
Iríamos en contra de la tan buscada eficacia económica, es decir, en contra del crecimiento y del empleo, sin por ello resolver los diferentes problemas sociales y los déficit de nuestras cuentas sociales. 
Sería mucho más prudente racionalizar nuestros gastos de seguridad social, sin poner en peligro el edificio social, sino todo lo contrario. 
En cierta manera, con este informe se reconoce que la situación social de la mayor parte de los Estados miembros pasa por momentos difíciles como consecuencia, principalmente, de los esfuerzos por cumplir los criterios de convergencia de la UEM. 
A pesar de ello, se afirma que la UEM continúa siendo la única vía política. 
El informe recoge numerosas conclusiones que me resultan ajenas. 
Por ejemplo, el apartado 4, donde se constata que en el futuro se necesitará más dinero en el sector social a causa de un mayor gasto en pensiones y seguros de enfermedad, así como que este aumento del gasto " se compensará con una reducción de las ayudas por hijos y de los subsidios de desempleo». 
No puedo respaldar una política de este tipo. 
Para mejorar las finanzas estatales, resulta mucho más positivo ahorrar en el gasto militar y en la construcción de autopistas que en los niños, que son nuestro futuro, ¡y además a costa de quienes más necesidades tienen! 
No obstante, el ponente no se contenta con esto, sino que exige además una coordinación de los regímenes fiscales, es decir, que se adapten a la política de la UE. 
Si esto llegara a ocurrir, se vendría abajo una gran parte del régimen sueco de bienestar, ya que, al ser el nivel impositivo en Suecia más elevado que en otros países, se deberían rebajar los impuestos en este país. 
Esta circunstancia no aportará a los ciudadanos ninguna seguridad desde un punto de vista social. 
No comparto esta visión del futuro modelo social de los países de la UE y, por lo tanto, he votado en contra de este informe. 
. Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe del Sr. Frederik A. Willockx, el cual se ocupa de la relación entre la UEM y los sistemas de seguridad social en los Estados miembros de la Unión Europea. 
El informe constata que los países en su intento por cumplir los criterios de convergencia han visto restringido su margen de maniobra presupuestaria. 
Los socialdemócratas daneses están conformes con la constatación arriba indicada, no obstante, advierten que estas reducciones del margen de maniobra presupuestaria sólo han afectado a los países que han elegido ahorrar para cumplir los criterios de convergencia, mientras que un país como Dinamarca ha optado por activar la economía para con ello cumplir dichos criterios de convergencia. 
El informe pide una mejor coordinación de los sistemas fiscales considerando las diferentes necesidades de los Estados miembros en materia de bienes públicos. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo en que una mejor coordinación de los sistemas fiscales sería positiva, teniendo en cuenta también las desgraciadas situaciones que se han visto cuando Irlanda bajó drásticamente el impuesto sobre sociedades y con ello quitó puestos de trabajo de otros países, entre éstos, Dinamarca. 
Los socialdemócratas daneses subrayan que la política social sigue siendo asunto de los estados nacionales y soberanos. 
Comparto las intenciones del informe sobre la necesidad de garantizar un alto nivel de protección social en el seno de la Unión Europea, así como el análisis por el que se constata que los criterios de convergencia limitan el margen de maniobra presupuestaria de que disponen los Estados miembros para cumplir con sus cometidos sociales. 
Me sorprende, en cambio, la afirmación no demostrada de que ni estos criterios ni la fecha de entrada en vigor del euro pueden perjudicar los esfuerzos de la UE para crear empleo, para mantener la seguridad social, si fuera necesario, ¡y para reforzarla! 
Por el contrario, en numerosos países de la UE, los peligros gravitan sobre el nivel de las pensiones o la aplicación del derecho a la salud. 
Ninguna disposición concreta se ha aplicado, simultáneamente con la unión monetaria, para garantizar que los dos objetivos, "política presupuestaria saneada» y" empleo-protección social de calidad» , sean compatibles. 
Lamento sobre todo que no se adopte el principio de las convergencias sociales, armonizando hacia arriba los logros sociales, y la falta de medidas sociales que se orienten en tal sentido. 
Finalmente, el Libro Blanco de la Comisión tiende a adaptarse a la precariedad creciente de los asalariados e incluso a justificarla en nombre de la flexibilidad. 
El Libro Blanco tiende a fomentar en Europa una evolución del sistema de reparto a un sistema mixto de pensión mínima, que se garantizaría a los asalariados mediante un sistema de reparto; los Fondos de pensión se harían cargo del resto. 
Eso daría lugar a una seguridad social de dos velocidades y a un giro, a largo plazo, hacia la capitalización, que es un sistema más injusto. 
No puedo aprobar este apoyo incondicional del informe al Libro Blanco de la Comisión. 
Por consiguiente, voto en contra del debate propuesto en el informe del Sr. Willockx. 
En los asuntos europeos se producen a veces extrañas coincidencias: precisamente cuando el informe Alber del Parlamento Europeo se preocupa por las resistencias nacionales a la omnipotencia del Derecho comunitario, el proyecto de revisión aprobado en el Consejo de Amsterdam propone resolver este problema de forma radical y, en nuestra opinión, antidemocrática: subordinar totalmente las constituciones nacionales al Derecho comunitario. 
En el plano europeo, el Tribunal de Justicia proclamó hace mucho tiempo la supremacía del Derecho comunitario sobre los Derechos nacionales. 
El Tribunal infería este principio de un razonamiento deductivo, y no propiamente del Tratado, que nunca ha contenido ninguna norma general al respecto (salvo la norma especial del artículo 189 sobre los reglamentos). 
El tribunal fue más lejos: proclamó esta supremacía no sólo con respecto a las normas anteriores, sino también a las normas posteriores, lo que es más discutible; aclaró asimismo que la supremacía era aplicable con independencia de la naturaleza de la norma nacional, incluyendo los derechos fundamentales establecidos por la constitución de un Estado miembro o por los principios de su estructura constitucional nacional. Finalmente, el Tribunal de Justicia concluyó su desarrollo calificando el Tratado como " carta constitucional de base» de la Comunidad. 
Frente a esta verdadera agresión jurídica, ¿qué ocurrió en el plano nacional? 
Al principio, nada. 
Las jurisdicciones de última instancia avalaron la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; los gobiernos callaron; los pueblos no fueron consultados al respecto; en ningún momento se revisó el Tratado para integrar claramente los supuestos nuevos principios. 
Pero posteriormente, algunos Tribunales constitucionales nacionales, concretamente en Dinamarca y Alemania, manifestaron su preocupación por el creciente déficit democrático provocado por el principio de supremacía absoluta del Derecho comunitario. 
¿No podía acaso llegarse a la conclusión, tras una serie de deducciones lógicas, que un simple reglamento de la Comisión podía ser superior a una ley nacional aprobada por referendo? 
El Tribunal Constitucional de Karlsruhe, en su sentencia de 12 de octubre de 1993, la denominada " sentencia Maastricht» , reaccionó claramente: el mismo proclama la supremacía de la Constitución alemana, así como el deber nacional de proteger los derechos de los ciudadanos alemanes contra los eventuales excesos del Derecho comunitario; reafirma la inaplicabilidad del Derecho comunitario en caso de que éste se extralimitase en las delegaciones otorgadas por el pueblo alemán. El Tribunal menciona incluso la hipótesis de un abandono de la Unión, si los derechos constitucionales de los ciudadanos alemanes no fuesen respetados. 
Así pues, esta decisión judicial, por la que se autoriza la aprobación del Tratado de Maastricht por Alemania, constituye la interpretación oficial de dicho Tratado, con idéntico valor que éste. 
Frente a esta situación peligrosa para el poder supranacional, las instituciones europeas meditaron mucho su respuesta. 
Cuatro años después, en 1997, lograron que el proyecto de Amsterdam, a través del protocolo sobre la subsidiariedad, avalara claramente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, expresando que: la aplicación del principio de subsidiariedad no se opone a los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en lo que se refiere a la relación entre el Derecho nacional y el Derecho comunitario. Como si estos principios estuviesen claramente establecidos, como si fuesen evidentes y como si no suscitasen ninguna duda. 
Así, en caso de que el proyecto de Amsterdam se ratificase, los pueblos aprobarían indirectamente la supremacía absoluta del Derecho comunitario- incluso sobre las leyes posteriores, incluyendo las leyes aprobadas por referendo -, la completa subordinación de las constituciones nacionales al Derecho comunitario y la creación de un Estado federal europeo, de la forma más implacable que se pueda imaginar: aquella que niega pura y simplemente el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. 
Detengámonos también un momento en el método utilizado: esta reforma, de gran envergadura- como no puede negarse -, nunca ha sido discutida claramente en el Conferencia Intergubernamental. 
Nadie ha hecho la lista de los principios jurisprudenciales que consagraría el Tratado si se aprobara el protocolo sobre la subsidiariedad. 
Estamos en la imprecisión total, cuando incluso tratamos aquí cuestiones delicadas, muy importantes desde el punto de vista de la soberanía nacional, ámbito en el que sólo deberían aceptarse delegaciones de competencias concretas y bien delimitadas. 
Finalmente, si aceptáramos esta imprecisión, nos remitiríamos al Tribunal de Justicia para hacer interpretaciones, y ya sabemos de antemano que serían las más amplias posible en favor de las competencias comunitarias. 
Todo esto no es serio, y uno se pregunta en qué piensan los negociadores al querer hacernos aceptar esta chapuza. 
En cuanto al fondo, desde hace mucho tiempo el Grupo Europa de las Naciones ha expuesto sus contrapropuestas, sobre todo en el proyecto de informe sobre la naturaleza institucional de la Unión Europea, que yo mismo había presentado, y que, evidentemente, no fue apoyado por la mayoría federalista que domina en esta Asamblea. 
Nosotros consideramos que el conjunto de valores, de normas jurídicas, de solidaridades, constitutivo de nuestras naciones, representa el marco natural para un correcto ejercicio de la democracia. 
La empresa europea actual- que consiste en destruirla y en tratar de construir en su lugar un conjunto equivalente, que los eurócratas nos lo dan hecho, y que abarca toda la Unión- es un despropósito. 
Lo único que puede lograr, después de haberlo desmantelado todo, es dejar a nuestros ciudadanos en medio de un vacío que no beneficiará a nadie. 
Por lo tanto, nosotros consideramos que es preciso proteger las democracias nacionales y construir sobre esta base, poco a poco, cooperaciones complementarias en el plano europeo. 
En consecuencia, las constituciones y las leyes nacionales aprobadas por referendo deben estar claramente reconocidas como normas superiores de la Unión. 
El Tribunal de Justicia no es un " super» Tribunal Constitucional, sino un tribunal encargado de interpretar correctamente un Tratado, y cuyas decisiones deben poder ser sometidas al veredicto superior de los pueblos, si éstas modifican la concepción inicial de las normas. 
Por todas estas razones, nosotros rechazamos el proyecto de Amsterdam y, accesoriamente, el informe Alber sobre el Derecho comunitario. 
Lindqvist (ELDR) , Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL) , Holm, Lindholm y Schörling (V) , Bonde, Krarup y Sandbæk (I-EDN) , por escrito. 
(DA) La propuesta de resolución contiene parte una reproducción pormenorizada de uno de los mecanismos de integración fundamentales de la Unión Europea, esto es, el principio de que el Derecho comunitario desplaza al Derecho nacional (principio de primacía, puntos 1, 3-8, 10 y 13) , parte una serie de recomendaciones de política legal que apuntan al desarrollo y afianzamiento del principio de primacía y con ello de la integración (puntos 2, 11, 12 y 14-17) , parte un distanciamiento de " las evoluciones en determinadas partes de las jurisprudencias nacionales, que toman en consideración la posibilidad, contraria al Derecho comunitario, de revisar el Derecho derivado comunitario» (punto 9). 
Con esto último, el informe alude, por un lado, a la práctica del Tribunal Constitucional federal alemán iniciada con la sentencia sobre el Tratado de Maastricht de 12 de octubre de 1993 y, por otro lado, a la sentencia del Tribunal Supremo danés de 12 de agosto de 1996, la cual permite a los tribunales daneses verificar el sentido de la constitución danesa con relación al Tratado de Maastricht. 
Trabajamos para que no se cumplan las tendencias presentes en las constataciones y recomendaciones del informe. 
Estas tendencias, al mismo tiempo que estimulan la integración, restan significado a la defensa de las constituciones nacionales frente a las demostraciones de poder por parte de la Unión Europea. 
En consecuencia, votamos en contra del informe. 
Presidente, el Grupo Parlamentario EVP ha votado en contra del punto 87 de la resolución del informe Martens. 
Pensábamos que no estaría de más que comentáramos el porqué. 
El punto 87 se refiere a la propuesta de la Comisión de una nueva directiva sobre el cacao. 
Todo el mundo sabe que se trata de un dossier muy complejo y muy delicado. Es un dossier que requiere un estudio profundo. 
No se puede, de pasada y con ocasión de un informe mucho más amplio, adoptar una posición sobre esto, sobre todo porque se está deliberando ahora en la Comisión de Medio Ambiente y lo debatiremos en el plenario próximo en plena sesión. 
Sí les puedo anunciar que el EVP se esfuerza con todos sus medios para contribuir a que se forme una gran mayoría en este Parlamento, de tal forma que podamos contribuir con todo nuestro peso para que se realicen los cambios necesarios en la propuesta de la Comisión. 
Respaldamos el informe, ya que toma en consideración tanto el principio de asociación y la lucha contra la pobreza, como una mayor concordancia entre la política para el desarrollo y la política agrícola. 
No podemos, sin embargo, mostrarnos de acuerdo con los apartados 84 y 85, puesto que se deben respetar las normas comerciales de la OMC en todos los ámbitos. 
Entendemos que no se puede sostener a largo plazo una excepción a las normas comerciales de la OMC, ya que ello eliminaría la previsibilidad necesaria de que debe disponer la economía de todos los países. 
El Libro Verde de la Comisión sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) constituye una iniciativa de gran alcance político tanto en el plano de las opciones estratégicas como en el operativo. 
Así, pues, merece una felicitación la Comisión y, en particular, el Comisario João de Deus Pinheiro, encargado de ese sector. 
El punto de partida de un nuevo Convenio de Lomé para el período 2000-2010 es el convencimiento de que el espíritu y la política de Lomé constituyen un elemento básico de la identidad política de la Unión Europea y que los cuatro Convenios de Lomé ya concluidos representan el más avanzado instrumento de cooperación Norte/Sur. 
Al mismo tiempo, se reconoce que la mundialización económica, que castiga por principio a los más pobres, debe complementarse con un fortalecimiento de la solidaridad con los más débiles y que esa dimensión debe complementar el apoyo al desarrollo sostenible de esos países y su inserción estable en la economía mundial. 
Quisiera subrayar tres aspectos profundamente innovadores en las políticas de cooperación y de apoyo al desarrollo: 
La consagración de formas de cooperación que superan el nivel nacional tradicional y van encaminadas a fortalecer la integración regional de las economías de los países ACP, en particular en África.-El carácter selectivo de la futura cooperación dando prioridad absoluta a los países más pobres entre los que figuran la mayoría de los países africanos de lengua portuguesa (PALOP).-La creación de dispositivos de prevención de conflictos en todos los programas indicativos nacionales y regionales, con lo que se garantiza una mayor eficacia política en la relación entre los medios empleados en la ayuda humanitaria y los resultados obtenidos en los conflictos bélicos, por desgracia tan frecuentes en muchos de esos países.El informe del Sr. Wilfried Martens, presidente del Partido Popular Europeo (PPE) , subraya todas esas ideas y las refuerza con importantes ideas innovadoras, como la prioridad que se debe conceder, en particular, a los niños de esos países, a los desmovilizados de la guerra, a las operaciones de desactivación de minas y también a la prohibición total de la fabricación de minas antipersonal y a una mayor restricción y control de la venta de armamento. 
Por todas esas razones apoyo este informe y hago un llamamiento a Sus Señorías para que también lo apoyen. 
He votado a favor del informe Martens por los siguientes motivos: 
1.En los últimos tres años hemos elaborado en el seno de la Asamblea Paritaria y conjuntamente con nuestros asociados ACP una serie de lineas orientadoras contenidas en informes centrales. 
Entre ellas se encuentra: -la absoluta necesidad de una cooperación regional transfronteriza en África, -una mejor aplicación de los instrumentos destinados a la cooperación industrial, como por ejemplo, el apoyo a los jóvenes empresarios africanos y a la pequeña y mediana empresa, -la construcción de infraestructuras desde la costa hacia el interior africano para el desarrollo transfronterizo de regiones enteras, -condiciones mínimas para el desarrollo urbano.Relacionados con todo ello tiene ahora la Comisión informes concretos de parte de la Asamblea Paritaria, que deberían ser tenidos en cuenta en el mandato de negociación de la Comisión y el Consejo. 
2.Subsidiariedad y ayuda para la autoayuda son otro de los decisivos puntos de gravedad de nuestras proposiciones. 
La economía de mercado social y ecológica es únicamente posible si se entretejen y combinan los esfuerzos de las ONGs con la ayuda nacional para el desarrollo y la cooperación europea. 
Esto es una percepción extraída de nuestras conversaciones con los socios de África.3.Frente a nuestros socios de los países ACP necesitamos una política exterior unida, que por una parte reúna el aseguramiento de la paz, la prevención de los conflictos armados y la ayuda humanitaria y por otra fomente la cooperación económica y el comercio internacionales con los países ACP y que para ello coordine nuestros instrumentos de cooperación para el desarrollo.4.La nueva asociación exige también, sobre todo con África, una gran eficiencia y unos controles del resultado de las subvenciones financieras. 
La financiación de la cooperación para el desarrollo como parte del presupuesto comunitario, el control eficaz del Parlamento, a través de la comisión de control presupuestario, con respecto a un uso más eficaz y moderado de los recursos, así como el fomento sistemático de la ayuda para la autoayuda y la observación de la subsidiariedad, son otras necesarias y decisivas modificaciones prácticas que deben establecer el marco de la nueva convención.Las organizaciones para el desarrollo sobre el terreno y las numerosas iniciativas europeas de desarrollo para el continente africano deben de seguir siendo apoyadas como la base de la solidaridad de los pueblos de Europa con aquéllos de África. 
Señora Presidenta, quiero felicitar expresamente a la Sra. Nel van Dijk por su informe sobre el transporte de animales. 
Creo que este es el primer paso que hemos dado aquí en el Parlamento da para salir de esta situación, por lo menos para hacer el sufrimiento de los animales soportable. 
No obstante quiero decir, como agricultor, que el sufrimiento de los animales empieza con anterioridad al transporte. 
Éste solo añade el resto a lo que se les hace. 
Porque tal y cómo se les ceba, cómo se les guarda, cómo se les mata, lo que hacemos es, en definitiva, una barbaridad. 
No tiene nada que ver, como se cree, con poder o deber convivir con otras criaturas. 
No sirve de nada correr a la iglesia los domingos, rezar y proclamar que todas las criaturas son de Dios y por ello hay que convivir con ellas. 
¡Lo que hacemos es vergonzoso y humillante! 
Por eso estoy tan complacido de que este informe salga del Parlamento con el apoyo de una mayoría tan abrumadora y quizá consigamos que en los parlamentos nacionales despierte el hombre y reflexione sobre lo que significa, en la creación, convivir en este mundo. 
Como ya he dicho el sufrimiento de los animales comienza antes del transporte y no puedo más que pedirle al Sr. Fischler que persevere en el camino hacia una política agraria en la que se trate a los animales de manera justa y en la que se genere una actitud hacia ellos que también sea merecedora de ese adjetivo. 
Señora Presidenta, quiero expresar mi alegría por que se haya aprobado este informe sin enmiendas. 
Felicito a la ponente. 
Constituye un importante paso adelante en el establecimiento de requisitos idóneos, mientras haya que seguir transportando animales. 
En mi opinión, y en la de muchas personas, es necesario que avancemos hacia la eliminación de cualquier transporte en trayectos largos de animales vivos. 
El transporte de carne debe hacerse en forma de reses muertas y no «en pie» , caso, este último, en el que los animales pueden sufrir y sufren mucho. 
Tengo mucho gusto en decir que esta semana el nuevo Gobierno laborista ha anunciado en Gran Bretaña que en el futuro la disposición tan cómoda, pero bastante insatisfactoria, por la que los transportistas encargan a sus propios veterinarios los controles sería substituida por la de que dichos controles corran a cargo de veterinarios nombrados por el Ministerio de Agricultura de Gran Bretaña. 
Los transportistas tendrán que costear controles muy rigurosos llevados a cabo por veterinarios nombrados por el Ministerio. 
Como en todo este asunto es esencial que existan inspecciones y supervisiones idóneas de lo que sucede, se va a intensificar el rigor de la vigilancia y se han dado garantías de que los transportistas que infrinjan los reglamentos europeos sobre estos asuntos perderán al instante sus licencias de transporte. 
Es la única forma como podemos garantizar que se aplicarán normas decentes y humanitarias. 
Señora Presidenta, permítame para que quede constancia en el Acta que tanto mi colega el Sr. Karl Habsburg-Lothringen como yo mismo hemos votado o queríamos votar en contra de los puntos 16 y 17. 
No estamos seguros de que nuestros aparatos hayan funcionado correctamente. 
Queríamos y hemos votado en contra de los apartados 16 y 17. 
Puedo explicarles a los diputados austriacos del Grupo del PPE y también a nuestro colega el Sr. Frischenschlager, de los liberales, por qué hemos rechazado las ocho horas. 
No ha sido porque apoyemos una duración mayor del transporte, sino, muy al contrario, porque la consideramos demasiado larga e incluso en Austria ya hemos establecido por vía legal una duración límite de seis horas. 
Seguro que en este Parlamento no nos vamos a cansar si volvemos a pugnar por la aceptación de las seis horas en otros estados europeos, en otros estados de la Unión. 
En esta ocasión no hemos podido dar nuestro consentimiento porque cualquier otra cosa nos parece maltratar a los animales y en nuestra opinión esto debería estar contemplado como un hecho delictivo en todos los países europeos. 
Señora Presidenta, me he abstenido en la votación del informe de la Sra. van Dijk, aunque yo sea, naturalmente, favorable a la protección de los animales y, por tanto, a todas las disposiciones que permiten garantizar su bienestar en sus condiciones de transporte, en particular en los trayectos largos. 
Primeramente, creo que algunas disposiciones son demasiado rigurosas; me refiero al apartado 16 sobre la duración de ocho horas. 
Desde el punto de vista de su homogeneidad en el conjunto de los países, esta disposición plantea problemas. 
No estoy seguro que se hayan valorado todas las consecuencias. 
Tampoco estoy seguro de que se hayan valorado todas las consecuencias económicas de este informe que, al principio, se refería al transporte de caballos, y que luego se ha ampliado al transporte de otros animales. 
Pienso que hubiese valido la pena someterlo a la Comisión de Agricultura. 
Mi último interrogante obedece a la ausencia de una disposición, y terminaré con esto. 
No se menciona el transporte ocasional de caballos. 
Ahora bien, como es sabido, en muchas de nuestras fiestas tradicionales, y en particular en la región de Provenza, en las fiestas tradicionales de San Eloy, se transportan caballos en trayectos cortos y de manera ocasional. 
No debería imponérseles obligaciones demasiado severas. 
Este informe no es realista y está fundamentalmente viciado. 
La Sra. Van Dijk reafirma la norma de las ocho horas de transporte pese a la transacción a que habían llegado los Estados miembros a ese respecto. 
Además, pide a la Comisión que ponga fin a la concesión de restituciones a la exportación a terceros países de ganado vivo destinado al consumo. 
Los Verdes están una vez más «arrojando al niño con el agua del baño». 
La cuestión de las restituciones a la exportación es una parte fundamental del sistema de apoyo a la PAC. 
Sin restituciones a la exportación, el excedente de carne de bovino de la UE acabará creando nuevas y costosas montañas de carne de bovino sobrante. 
En terceros países existe una demanda de ganado vivo. 
Si los Estados miembros no suministran ese ganado, dichos países lo encontrarán en otros lugares. 
Los Estados miembros de la UE, incluida Irlanda, han adoptado considerables medidas desde enero de este año para mejorar las condiciones de transporte de animales. 
Si se suprimen, como piden los Verdes, las restituciones a la exportación, la demanda de ganado vivo no disminuirá y los beneficiados serán países carentes de legislación protectora... en perjuicio de los animales. 
He votado contra el informe Van Dijk porque imposibilitaría virtualmente el transporte de ganado vivo desde Irlanda. 
Los productores irlandeses de carne de bovino ya han experimentado una grave crisis financiera. 
Si se aplicaran las propuestas del informe Van Dijk, agravarían los problemas. 
Muchos no sobrevivirían, si se nos denegase la oportunidad de vender ganado «en pie» en los mercados no irlandeses y no europeos. 
Si se les denegara esa posibilidad, estarían aún más a merced de quienes forman monopolios y cárteles en el comercio del ganado irlandés. 
Además, la ejecutoria de los ganaderos irlandeses en relación con el bienestar de los animales es ejemplar. 
Ante todo no podemos menos que lamentar el procedimiento seguido con respecto a este informe por propia iniciativa de la Comisión de Transportes y Turismo. 
En efecto, no es en absoluto normal que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haya sido excluida del proceso legislativo y que en ningún momento haya tenido la posibilidad de discutir y emitir una opinión sobre esta cuestión, que incide directamente a la vez en el mercado de la carne, en los agricultores y en el conjunto de los operadores del sector. 
El Grupo I-EDN ha pedido una votación nominal con respecto a dos puntos esenciales. 
El punto 16 de la propuesta dice: " Opina que el transporte por carretera de animales destinados al sacrificio debe limitarse a una duración máxima de 8 horas». 
En efecto, bajo capa de un informe por propia iniciativa sobre el transporte de caballos, el texto afecta al conjunto del transporte de animales (bovinos, ovinos, etc.). 
Esta práctica parlamentaria no es en absoluto normal. 
En el punto 35 se dice: " Pide a la Comisión que ponga fin a la concesión de restituciones a la exportación cuando se trate de la exportación hacia países terceros de reses vivas destinadas al consumo». 
Me permito recordar, sobre este punto en concreto, que la Unión Europea exporta animales vivos hacia algunos países terceros, en particular hacia determinados países árabes, que prefieren sacrificar ellos mismos los animales por razones religiosas, de infraestructuras frigoríficas o, simplemente, de empleo. 
Si dejamos de exportar hacia estos países, otros lo harán en nuestro lugar. 
Me pregunto si no existe una relación entre los grupos de presión y ciertos países terceros que desean hacerse con los mercados tradicionales de la Unión Europea. 
Finalmente, en este mismo orden de ideas, me sorprende que los mismos grupos de presión, defensores del bienestar de los animales vivos, no se preocupen de las condiciones de transporte de los animales vivos que la Unión Europea importa de países terceros. 
La Comisión de Transportes, muy cercana a estos grupos de presión, hubiera podido, por ejemplo, pedir la supresión de las ventajas preferenciales que concedemos a algunos países terceros. 
¿Por qué hay que sancionar las exportaciones europeas y no las importaciones? 
Como miembro de la Comisión de Agricultura, no puedo menos que señalar que la Unión Europea se ha construido en torno a una política agrícola común que integra la noción de preferencia comunitaria. 
Se hace todo lo posible, en el propio seno de este Parlamento, por destruir el conjunto de la agricultura europea y la política agrícola. 
No se deben pagar bajo ningún concepto restituciones a la exportación en favor del transporte de animales vivos. Ello privaría al informe de todo sentido. 
El control de los transportes debe ser, en primer lugar, una cuestión de ámbito nacional. 
No se debe dotar de nuevos medios a los servicios de la Comisión con los ingresos procedentes del control. 
La elaboración de las disposiciones detalladas sobre, por ejemplo, la disposición de los muelles de carga correrá a cargo de las autoridades correspondientes, en vez de adoptarse mediante una decisión de principio. 
Por lo general, se trata de un buen informe y, por lo tanto, he votado a favor de su aprobación. 
He votado en contra del informe Van Dijk sobre el transporte de animales vivos, porque está concebido para imposibilitar todo el comercio del ganado vivo. 
La plena aplicación de las propuestas que figuran en este informe encarecería tanto el costo del transporte de animales vivos, que el precio de la carne comunitaria resultaría inaceptable para el consumidor. 
El informe pasa por alto que, mientras que se ejercen presiones implacables sobre los agricultores y ganaderos para que acepten el libre comercio de los productos agropecuarios, nosotros no tenemos medios para velar por que nuestros competidores de terceros países observen las costosas normas que intentamos imponer a nuestros propios ganaderos. 
La propuesta que figura en el informe de que se dispongan mataderos móviles es totalmente irreal y pasa por alto que la Comisión, mediante la utilización de fondos con cargo al FEOGA, ha fomentado el establecimiento de grandes mataderos para garantizar menores costos y mantener normas más rigurosas. 
La propuesta que figura en el párrafo 35 de retirar los reembolsos a la exportación de ganado vivo constituiría una grave discriminación contra los ganaderos de regiones remotas en las que el comercio de ganado vivo es necesario para garantizar la competencia y mantener precios razonables. 
En el informe que estamos debatiendo se declara que «el transporte en trayectos largos de animales destinados al consumo no solamente resulta indeseable, sino también innecesario». 
Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. 
No hay justificación- económica, cultural o de cualquier otra índolepara someter a los animales a la crueldad que la exportación de ganado vivo entraña. 
Hoy, día en que se reúnen en Amsterdam los dirigentes de la UE para firmar el nuevo Tratado, conviene que recordemos que uno de los compromisos que han acordado es el de «prestar total atención a los requisitos del bienestar de los animales» , al aplicar las políticas sobre el sector agropecuario, el transporte, el mercado interior y la investigación. 
Para que cumplan ese compromiso, se debe poner fin al transporte de animales vivos. 
En Irlanda la industria ganadera ha argumentado con ferocidad que las exportaciones de ganado vivo, en particular al Oriente Medio y al África del Norte, son una fuente esencial de ingresos para el sector agropecuario irlandés. 
La única razón por la que es así es la de que las autoridades se han centrado en la preservación de ese comercio en perjuicio de otras actividades agrarias. 
Organizaciones como la Asociación de Productores Irlandeses de Carne han argumentado que tendría más sentido que el Gobierno pusiera fin a las exportaciones de ganado vivo y en su lugar creara puestos de trabajo en el sector de la elaboración de carne sacrificando los animales en Irlanda, en lugar de exportarlos vivos. 
Unos 1.000 puestos de trabajo dependen de las exportaciones desde Irlanda de ganado vivo. 
El grupo de presión de los productores de carne calcula que, si se adoptara la política de sacrificar el ganado en el país, se podrían crear tres veces más. 
La crisis de la EEB debería haber propiciado una reevaluación de esa cuestión. 
Durante años Egipto ha sido el principal importador de ganado irlandés, pero ahora ha prohibido esas importaciones por miedo a la contaminación de EEB. 
Recientes crónicas periodísticas han indicado que Egipto podría estar dispuesto a levantar la prohibición en un futuro próximo después de una intensa campaña de cabildeo por parte de funcionarios irlandeses. 
Sería un paso atrás, que tendría consecuencias nefastas para el bienestar de los animales. 
El año pasado 5.000 cabezas de ganado irlandés quedaron abandonadas en el puerto egipcio de Alejandría con pocos suministros de alimentos, porque las autoridades egipcias se negaron a aceptar la entrega. 
Si el Gobierno insiste en mantener su política de exportaciones de ganado vivo, no habrá reglamentación que pueda impedir la recurrencia de sucesos semejantes. 
Ha habido otros casos documentados de grandes sufrimientos infligidos a animales con destino al Oriente Medio y África del Norte. 
En febrero de 1995, 140 cabezas de ganado de una remesa de 1.000 destinadas a Egipto murieron, cuando el barco que las transportaba entró en las turbulentas aguas del golfo de Vizcaya. 
En conclusión, quisiera decir que los simples retoques periféricos del problema no pondrán fin a la inherente crueldad de los transportes en trayectos largos de ganado vivo. 
Los nuevos reglamentos sobre los vehículos utilizados para el transporte y sobre los períodos de descanso para los animales afectados son insuficientes. 
Quisiera instar a todos Sus Señorías a hacer campaña en pro de la supresión completa de los transportes en trayectos largos de ganado vivo. 
Antes de hacer cualquier comentario sobre el informe van Dijk, deseo, en calidad de miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, manifestar mi sorpresa ante el hecho de que este informe sobre el transporte de caballos y otros animales vivos no haya sido objeto de una opinión de la Comisión de Agricultura, a la que dicha cuestión le concernía directamente. 
En la votación de esta resolución, mi Grupo ha pedido algunas votaciones por partes, separadas, así como dos votaciones nominales, con el fin de evitar procesos de amalgamas al retirar de dicha resolución los puntos que han sido indebidamente añadidos y que no atañen a su objeto concreto: el transporte de caballos. 
Ya que el objetivo de este procedimiento era, naturalmente, separar de esta resolución todo aquello que no guardaba relación con el transporte de caballos. 
En efecto, debido a la presión de algunas asociaciones, tras una solicitud presentada por la Liga Internacional para la Protección de los Caballos, la directiva de 1991 ya fue modificada en 1995. 
Es totalmente anómalo que la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, influida por estos mismos grupos de presión, haya emprendido la elaboración de este informe por propia iniciativa con el objetivo claramente expresado de poner en entredicho un texto que se modificó hace apenas dos años y cuyas dificultades de aplicación conocemos. 
Nuestro Grupo ha pedido una votación nominal del punto 35, y ha votado, naturalmente, en contra del texto propuesto. 
En efecto, la Comisión de Transportes deseaba pura y simplemente suprimir todas las restituciones a la exportación de animales vivos europeos, tratándose de la exportación hacia países terceros (incluyendo, evidentemente, la carne de bovino... ). 
Deseo señalar que la Unión Europea exporta hacia algunos países terceros, sobre todo árabes, cerca de 500.000 cabezas de ganado vivo. 
Si nosotros mismos bloqueamos nuestras propias exportaciones hacia estos países, otros países se harían rápidamente con este importante mercado. 
Puesto que conocemos la situación del mercado europeo de la carne de bovino, es evidente que no podemos menos que oponernos con firmeza a esta propuesta. 
Constatamos con sorpresa que la Comisión de Transportes y Turismo no ha propuesto suprimir las ventajas arancelarias que concedemos a determinados países terceros cuando importamos animales vivos. 
Esta incoherencia demuestra claramente cuáles son las verdaderas intenciones de quienes han inspirado y sacado adelante este texto: una vez más los grupos de presión se sirven de cualquier pretexto para intentar desmantelar la política agrícola común y la preferencia comunitaria. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Se levanta la sesión a las 12.45 horas 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 2 de octubre de 1997. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en relación con el acta de la sesión del viernes 19 de septiembre voy a intervenir para pedir la protección del señor Presidente. 
El 19 de septiembre pasado, estuve presente en la sesión como siempre suelo hacer, participé en las votaciones nominales y estuve hasta el momento en que se levantó la sesión. 
A pesar de que esas declaraciones fueron rectificadas por el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, por mí mismo y por algunos otros miembros de este Parlamento- y creo que el propio Presidente ha hecho algo a ese respecto -, algunos medios de comunicación en España han utilizado esto para atacarme a mí personalmente. 
Y en este momento, señor Presidente, me encuentro en la difícil situación de un diputado que alega haber cumplido con su deber frente a algunos medios que alegan que no ha cumplido con su deber. 
Pido a la Presidencia que en este momento haga público que este parlamentario estuvo presente ese día. 
Y aclaro que siempre he procurado estar presente hasta el final de la sesión de los viernes y por ello- y creo que le consta al señor Presidente- suelo coger no ya el vuelo especial, sino un vuelo que sale a las tres de la tarde, al objeto de poder estar aquí hasta la una. 
Espero que la presidencia del Parlamento ampare a este diputado ante la campaña de calumnias que se ha lanzado contra él. 
Señor Presidente, permítame que intervenga sobre el mismo tema que el Sr. Medina Ortega, ya que pienso que sus Señorías tienen todo el derecho a que este asunto se aclare totalmente. 
Como también me afecta a mí misma, invoco el artículo 108 del Reglamento por alusiones personales. 
El pasado 13 de octubre, en una emisión de la cadena de televisión holandesa NCRV, fuimos todos gravemente difamados. 
Efectivamente, como muchos de ustedes recordarán, ya que éramos bastantes, el viernes 19 de septiembre debatíamos en sesión pública el excelente informe de nuestro colega Hallam. Ese mismo día, esta cadena holandesa había decidido montar una emisión, cuyo objetivo públicamente confesado ya desde el primer momento por el presentador, era el de demostrar que «la mala utilización de las dietas seguía bien». 
Para hacerlo, y violando las reglas del Parlamento, los técnicos de la cadena escondieron cámaras en las tribunas del público donde habían sido admitidos. 
No estoy inventando nada, ha sido el presentador quien lo ha dicho, y sin el menor escrúpulo. 
Deciden grabar a los diputados que acaban de firmar en la lista de asistencia y seleccionan sobre todo a dos víctimas: Manuel Medina Ortega y yo misma. 
Los comentarios que acompañan a las imágenes son reveladores de la evidente intención de hacer daño. 
Pueden juzgar ustedes mismos. «Inmediatamente después de las 9.30 horas, el socialista español Manuel Medina Ortega, abandona el hemiciclo. 
Unos instantes más tarde llega a la oficina de conductores. 
El Sr. Ortega ha firmado por 500 florines de dietas. 
Menos de un minuto después llega la demócrata cristiana Nicole Fontaine. 
La Vicepresidenta francesa ha trabajado menos de tres cuartos de hora. 
También ella ha estampado su firma por 500 florines.» 
Pero, por desgracia para esa cadena, las dos víctimas habían sido mal elegidas. 
Nuestro colega Manuel Medina no se esfumó tras haber firmado- como él mismo acaba de decir- sino que cumplió íntegramente sus deberes como diputado hasta el final de la sesión, votando el informe Hallam, como demuestra la votación nominal. 
En cuanto a mí misma, presente desde las 9.00 horas, no abandoné el hemiciclo hasta que el orden del día de la sesión llegó a su término, ya que era yo quien la presidía. 
Todos pudieron darse cuenta. 
Esta grosera difamación, señor Presidente, tiene al menos el mérito de poner en evidencia la incompetencia e impostura de los periodistas implicados, que no se preocuparon por saber lo que hacíamos, que votábamos, quién había votado, quién presidía... 
(Aplausos) Todo esto carecía de importancia para ellos. 
Tenían un objetivo y cualquier medio era bueno para conseguirlo. 
«Vayan, cojan dos o tres diputados, preferiblemente de grupos políticos diferentes, así parecerá objetivo, los graban mientras firman, después van ustedes a la oficina de conductores, los esperan, vuelven a grabarlos y con eso será suficiente.» 
Pues no, señor Presidente, ¡no es suficiente! 
Ninguna asamblea parlamentaria, en ningún país democrático, puede tolerar el trabajo en un entorno de cámaras ocultas. 
Ningún diputado puede aceptar que continúe impunemente esta campaña a la que estamos asistiendo desde hace varios meses y que está hecha a base de artículos mendaces, de filmaciones trucadas- ahora tenemos una prueba formal de ello- destinadas a manchar, a ridiculizarnos personalmente y, por encima de nosotros, a esta institución y a la democracia. 
Señor Presidente, respeto demasiado la libertad de prensa como para saber que los periodistas que hacen su trabajo con honradez- que afortunadamente son muchos- no avalarían estos procedimientos que, de rechazo, podrían incluso volverse en su contra. 
Aquellos de nuestros colegas que han sido objeto de ataques similares, víctimas de imágenes explotadas, mutiladas o falsificadas, no han tenido la suerte, como el Sr. Medina o yo misma, de poder confundir a los que los han calumniado. 
También, pensando en todos nosotros y en esta institución que usted tiene la tarea de defender, solicitaré a continuación, en la reunión de la Mesa, que se adopten disposiciones ejemplares con el fin de poner término a estas argucias que atentan gravemente contra la dignidad de nuestro Parlamento. 
(Vivos aplausos) 
Tengo una serie de peticiones de palabra. 
Habida cuenta de la emoción que el tema suscita en la Asamblea, excepcionalmente voy a ir dando la palabra a los que la pidan. 
Empezaré por otra de las personas afectadas por la información. 
Tiene la palabra el Sr. Kreissl-Dörfler. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, no puedo menos que sumarme al Sr. Medina Ortega y a la Sra. Fontaine. 
Yo también tuve el dudoso placer de aparecer en la televisión. 
Espero al menos que la calidad de la imagen en esta importante intervención fuera tan buena que no saliéramos demasiado feos. 
En cualquier caso debo decir que yo, evidentemente, me informé antes de cuánto duraría la sesión. Se dijo que hasta las 10.00 horas. 
Yo mismo me encontraba inmediatamente después en viaje a Brasil en misión oficial como miembro de la Delegación para Latinoamérica. 
Yo desearía a estos periodistas- por fortuna sólo son pocos los que trabajan así- que durante una semana acompañaran a alguno de nosotros en todo lo que hacemos aquí. 
Entonces quisiera ver si resisten toda la semana. 
Por lo demás, no quisiera repetir una vez más lo que han dicho ya mis predecesores y predecesoras en el uso de la palabra. 
Aquí se ha hablado suficientemente. No vamos a permitir semejantes cosas. 
Si ellos quieren que instalemos un reloj de fichar, nosotros hemos de decir que en esto no colaboramos con ellos. 
Señor Presidente, yo voy a repetir lo que ya dije en la Conferencia de Presidentes: que es indigno e inaceptable que se juegue con la dignidad del Parlamento y de los diputados. 
Las personas que han sido ofendidas son ejemplares y ese día estaban cumpliendo con su obligación. 
Por lo que toca a España, esa televisión holandesa tuvo eco en alguna prensa y ahora es muy difícil establecer la verdad y defender el trabajo parlamentario del Sr. Medina Ortega o de la Sra. Nicole Fontaine o el de los demás compañeros afectados. 
La lucha contra la corrupción o contra los abusos exige también defender la dignidad del Parlamento y la ejemplaridad de los que cumplen con su función de representantes del pueblo. 
Por eso, me sumo a las protestas en nombre de mi Grupo y en nombre de todos, sin ningún corporativismo. 
Aquí no hay ningún corporativismo de «ayúdame tú hoy, que mañana nos cambiaremos el apoyo». 
En absoluto. 
Lo que está en juego es nuestra dignidad de representantes del pueblo europeo. 
Por ello, insisto en solicitar el amparo y la protección para estos diputados que han sido ofendidos gravemente y que ahora tienen grave dificultad para explicar a la opinión pública cuál ha sido su trabajo. 
Señor Presidente, quisiera asociarme con mucho gusto a las observaciones hechas, en particular por el Sr. Medina Ortega y la Sra. Fontaine. 
Deseo dirigirme a los medios de comunicación holandeses y, en particular, a algunos sectores de los medios de comunicación españoles, que han utilizado este incidente de forma muy aviesa contra el Sr. Medina Ortega. 
Deseo hacer constar claramente que, mes tras mes, el Sr. Medina Ortega, como vicepresidente de este Grupo, ha asumido su representación los viernes por la mañana en el Pleno aquí, en Estrasburgo. 
Lo ha hecho para que yo pudiera ocuparme de la administración de mi Grupo y para que dispusiese de cierto tiempo, cuando no debo acudir al Pleno. 
He de señalar que estoy siempre aquí, aunque no esté presente en el Pleno. 
El Sr. Medina Ortega lo ha hecho concienzudamente, mes tras mes, lo que le impide tomar, como otros diputados, el avión especial con destino a Madrid para volver a casa, sino que toma un avión posterior, con lo que pierde un tiempo que podría dedicar a otros asuntos personales. 
Quiero que quede absolutamente claro que cuenta con mi completa confianza y la de mi Grupo y que esas imputaciones contra su integridad personal nos ofenden profundamente. 
Señor Presidente, menos de un minuto es necesario para decir que mi Grupo sin duda ninguna- estoy seguro de que el presidente Martens acepta que así lo diga- se solidariza plenamente con los diputados que han sido objeto de un ataque tal vil. 
Desde luego, lo hacemos con todos ellos. 
Quiero referirme muy en particular a la Sra. Fontaine, cuyo trabajo admiramos todos, y a mi compatriota y amigo el Prof. Medina, que es un hombre extremadamente cumplidor- y aquellos que tenemos la costumbre de estar aquí habitualmente los viernes lo sabemos muy bien, no sólo los viernes sino los demás días de las largas semanas de Estrasburgo o de Bruselas-. 
Nos parece que esta televisión holandesa ha hecho un pésimo servicio a la libertad de información y nos parece lamentable que algunos periódicos de nuestro país, del Sr. Medina y mío, se hayan hecho eco de semejantes mendaces acusaciones. 
Y también nosotros, señor Presidente, estamos seguros de que usted ejercerá su máxima capacidad de protección para el honor de esta Asamblea y de sus miembros, particularmente de aquellos que, como los citados que han hablado aquí, cumplen rigurosamente con sus obligaciones. 
Señor Presidente, estimados colegas, no quiero prolongar el debate, pero creo que es mi deber, tal y como ha hecho la Sra. Green, dejar claro en este Parlamento hasta qué punto Nicole Fontaine y el Sr. Medina son un ejemplo del cumplimiento de su deber. 
Me encuentro entre los que también están aquí los viernes. 
Tuvo lugar un cobarde ataque contra ellos. 
En segundo lugar quisiera decir lo siguiente: bajo su presidencia y la de su antecesor, se han propuesto importantes disposiciones en este Parlamento que pueden contribuir en gran medida a nuestra credibilidad. 
Todos aquellos que han asumido responsabilidades en este Parlamento se están ocupando de poner en práctica esas medidas que con certeza aumentarán y reestablecerán la credibilidad de este Parlamento. 
Pero quiero añadir lo siguiente: mientras este esfuerzo tiene lugar, la campaña contra este Parlamento también es alimentada frecuentemente por determinados miembros del propio Parlamento, y esto no es admisible. 
Señor Presidente, tengo dos observaciones. 
En primer lugar yo también intervine en ese programa; pregunté si era adecuado que fuesen filmados todos los miembros de este Parlamento teniendo en cuenta las normas de protección de la intimidad. El Sr. David Martin de la Oficina me dijo que él no sabía nada, como hace cada vez que le pregunto algo. 
Evidentemente el Sr. Martin estaba erróneamente informado, parece ser ahora, y en base al artículo 8 desearía que retirase estas palabras. 
En segundo lugar llamo la atención a los Sres. Telkämper y Kreissl-Dörfler sobre el hecho de que únicamente deben pedir cuentas a su grupo parlamentario que ha contribuido al nacimiento de esta emisión, ya que de su propio grupo parlamentario parte la inspiración y la iniciativa para este programa. 
Señor Presidente, necesito menos de treinta segundos. 
Deseo decir simplemente que quizá hay un medio para añadir a la legítima indignación una respuesta necesaria que, a mi juicio, sólo puede emanar del Presidente del Parlamento Europeo, ya que es él mismo quien defiende a la Institución. 
Esta respuesta consiste, por lo que respecta al Presidente, en hacer uso del derecho de réplica en los medios cuando este derecho exista y, para los países en los que éste no existe, en exigir un derecho de réplica moral, a fin de proteger a la Institución. 
Es preciso que a la indignación se añada ahora la réplica. 
Presidente, de este debate se desprende con suficiente claridad que algunos miembros del Parlamento Europeo han sido criticados injustamente en el programa al que se está haciendo referencia. 
Pero la emisión tenía una intención más amplia. 
Porque todos nosotros sabemos que algunas de las prácticas que se denunciaron en este programa desgraciadamente ocurren. 
Por esto precisamente la Oficina de nuestro Parlamento decidió en julio tomar una serie de medidas reformistas. 
La Oficina ha decidido, entre otras, que debe haber una nueva reglamentación para la presencia y las compensaciones monetarias diarias de los miembros. 
La Oficina también ha decidido que debe haber una nueva reglamentación para los gastos de viaje. 
Ambas reformas son indispensables porque en estos dos terrenos está en juego la reputación de esta Cámara y por lo tanto de la Unión. 
Es responsabilidad nuestra encargarnos de que esta institución esté por encima de toda crítica. 
Por lo tanto quiero solicitar con énfasis, Presidente, que nos ocupemos de que las decisiones de la Oficina, como las tomadas en julio, sean llevadas a la práctica al pie de la letra antes de final de este año. 
Este asunto debe desaparecer del mundo de una vez y para siempre. 
Presidente, somos grandes partidarios del hecho de que este Parlamento ejerza la fuerza suficiente, tanto moral como política, para poner orden en los asuntos en los que sea necesario. 
Y el hecho de que era necesario poner los asuntos en orden se ha hecho evidente con la iniciativa que tomó hace más de un año Klaus Hänsch. 
La pregunta subyacente de este programa era: ¿qué ha ocurrido después de este año? 
Y éste es el punto en el que escasamente se ha tomado una decisión, todo lo demás está aún por suceder. 
Mi grupo parlamentario, como la mayoría, ha contribuido a esta emisión. 
También hay otros miembros de esta Cámara que han formulado críticas directamente. 
Rechazo de pleno que hayamos organizado esto y que nos hayamos encargado de que colegas hayan sido atacados cobardemente. 
¡Eso no es cierto! 
Sólo preguntamos una única cosa, y ésta es que el Parlamento mismo ponga los asuntos en orden. 
Cuando estemos capacitados para hacerlo, seremos juzgados de otro modo por las personas ajenas al asunto. 
Esta es mi petición a todo el Parlamento. 
Señor Presidente, no deseo añadir nada más a nuestro debate. 
Me alegro de la unanimidad que reina en este hemiciclo sobre el tema. 
Sin embargo, como ha dicho hace unos momentos el Sr. de Vries y como yo mismo manifesté en nombre de mi grupo en la Conferencia de Presidentes, creo que lo que está en tela de juicio son nuestros métodos. 
Hubiera deseado que la misma unanimidad y la misma voluntad de reforma presidieran el grupo de trabajo que se puso en marcha bajo la presidencia de la Sra. Péry, y que todo el mundo estuviera de acuerdo también en la aplicación de las escasas decisiones que ha tomado la Mesa. 
Deseo recordar que, por nuestra parte, hemos planteado propuestas sobre el importe de las dietas, sobre el importe de la dieta por kilómetro, sobre las condiciones de reembolso de los viajes y también sobre las condiciones de reembolso de los viajes intermedios. 
Creo también que, cuando haya la mínima sospecha, ha de manifestarse la voluntad de transparencia, y que la constitución de una comisión de investigación ha de recabar la unanimidad, tal como hemos pedido en muchas ocasiones, sobre todo en la Comisión de Control Presupuestario. 
Muchas gracias, señor Fabre-Aubrespy. 
Yo no voy a entrar en el fondo del debate. 
Pero, en primer lugar, la Conferencia de Presidentes me encargó que me dirigiese a la emisora de televisión en cuestión para poner las cosas en su sitio. Cosa que naturalmente haré hoy mismo, puesto que he necesitado tiempo para preparar una carta debidamente clara y motivada sobre los errores cometidos, y agradezco las precisiones que en el día de hoy se han hecho. 
En segundo lugar, y a petición de uno de los señores vicepresidentes, la Mesa examinará este tema en su reunión del día de hoy, así como las medidas que pudiera ser necesario adoptar, que, como es natural, no voy a prejuzgar. 
En tercer lugar, como quizás sepan ustedes, -y, si no, yo les informo de ello -, el grupo de trabajo sobre el estatuto de los diputados comenzará inmediatamente su trabajo, bajo la presidencia del vicepresidente Sr. Martin. 
Estas son las tres informaciones que les puedo dar en contestación a su justa indignación, a la cual creo que es innecesario que me sume yo puesto que, como todos los demás, soy testigo del espíritu de trabajo con que los diputados afectados en este caso desarrollan sus labores parlamentarias. 
Por tanto, si no hay más observaciones a este respecto, pasamos al tema suscitado por el Sr. Coates. 
Señor Presidente, voy a plantear un problema al que se refieren los artículos 2 y 3 del Reglamento del Parlamento, es decir, los relativos a los mandatos y a los privilegios e inmunidades, respectivamente. 
Como ya le he informado por carta, se plantea esta cuestión porque diputados a esta Asamblea del Partido Laborista recibieron un llamado «código de conducta» encaminado a determinar su comportamiento de formas que parecían reñidas con el Reglamento del Parlamento. 
En este mismo momento se me acaba de informar de que el Secretario General del Partido Laborista ha respondido a mi carta. 
Debo explicar que había escrito al Secretario General del Partido Laborista para informarlo de que, de conformidad con el artículo 2, no se nos podía imponer un mandato y de que, de conformidad con el artículo 3, como parte de los protocolos que rigen a los diputados al Parlamento Europeo en los Tratados, estaba claro que no estaríamos sujetos a forma alguna de investigación... entre otros, por órganos exteriores. 
Aún no sé si el Sr. Sawyer ha accedido o no a mi petición de que retire el código de conducta. 
Le ruego que me permita obtener esa respuesta antes de plantearle esa cuestión de nuevo, si es necesario. 
Cuando reciba su carta, naturalmente le prestaré toda la atención necesaria. 
Y, si hace falta pedir alguna información, como es lógico la pediré. 
Presidente, tengo una breve pregunta sobre otra materia. 
En vísperas a la Cumbre Europea sobre el Empleo recibimos diversas cartas e informes a cerca de que la supresión que tenemos prevista en 1999 de la venta libre de impuestos en el mercado europeo llevará a la pérdida de algunas decenas de miles de puestos de trabajo. 
Mi petición es si usted querría instar al presidente de la Comisión Europea a que fuesen presentados los resultados de 1990 del estudio del tema lo antes posible. 
Yo le agradeceré que no vuelva a formular propuestas de este tipo, que nada tienen que ver con el orden del día y que lo único que hacen es perturbar la buena marcha de los trabajos. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden, a raíz de la observación hecha por el Sr. Coates, creo que puedo ayudar a la Asamblea. 
De lo que habla es de una orden del Partido Laborista en el sentido de que ningún diputado a esta Asamblea hable con la prensa sobre los mecanismos electorales en el Reino Unido. 
Si le sirve de ayuda, yo mismo tengo una copia de esa orden y puedo transmitírsela. 
No es éste el momento de hablar de cuestiones políticas internas, como sabe Su Señoría. 
(El Acta queda aprobada) 
Calendario de los períodos parciales de sesiones 1998 
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1 de octubre de 1997 (Asunto C-345/95) , la Conferencia de Presidentes, en su reunión de 16 de octubre de 1997, ha decidido hacer la siguiente propuesta: no añadir un período parcial de sesiones para este año, sino añadir al calendario de los períodos parciales de sesiones para 1998, aprobado por el Parlamento Europeo el 17 de septiembre de 1997, un período parcial de sesiones del 5 al 9 de octubre de 1998. 
El plazo de presentación de enmiendas a esta propuesta concluirá el martes 21 de octubre de 1997, a las 12.00 horas. 
La votación tendrá lugar el miércoles 22 de octubre de 1997 a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, la Conferencia de Presidentes ha decidido, efectivamente, proponer lo que acaba usted de recordar en el Pleno. 
Quisiera mencionar que nuestro grupo estaba en contra de esa propuesta, ya que no aplica al año 1997 una decisión del Tribunal de Justicia. 
Ahora bien, en un sistema que se pretende democrático, las decisiones que toma una instancia jurisdiccional han de ser aplicadas. 
Por consiguiente, pedimos que sea posible enmendar esta propuesta en los dos aspectos que implica, tal como ha señalado usted mismo, es decir, al mismo tiempo para 1997 y para 1998. 
No veo cómo el Parlamento podría seguir dando lecciones de democracia a todo el mundo todos los jueves por la tarde, si él mismo no respeta una decisión dictada por el Tribunal de Luxemburgo en última instancia. 
Esta decisión es extraordinariamente clara y ocurre que, en nuestros Estados, se puede ser condenado en virtud de la decisión de una instancia jurisdiccional y que, naturalmente, sean algo penosas las consecuencias en la práctica. 
Pues bien, aunque se produzcan consecuencias prácticas difíciles, debemos aplicar la sentencia del Tribunal. 
Señor Presidente, no quisiera echar gasolina al fuego, pero creo que no debemos contradecir las disposiciones claras y nítidas de la sentencia del Tribunal de Justicia que, de forma incuestionable, se aplican al año 1997. 
Tenemos que decidir entre dos soluciones. 
O bien añadimos un período parcial de sesiones a 1997 en Estrasburgo y todo queda en orden, o bien no lo hacemos, por razones de dificultades materiales u otras. 
Pero no podemos mantener los dos períodos parciales de sesiones adicionales previstos en noviembre y diciembre. 
El considerando 29 es de una nitidez cristalina en este sentido. 
Por tanto, señor Presidente, le planteo dos preguntas; en primer lugar, las votaciones emitidas en Bruselas, si persistimos en mantener períodos parciales de sesiones en estas condiciones en noviembre y diciembre, ¿no podrán ser recurridas ante el Tribunal por cualquier persona que tenga interés en hacerlo? 
En segundo lugar, los gastos ocasionados por la celebración del período parcial de sesiones, ya que no se pueden comprometer gastos para períodos parciales de sesiones irregulares ¿estarán de acuerdo con nuestro reglamento financiero? , y el visado del interventor para esos gastos- todos conocemos su celo- ¿se podrá obtener? 
Contesto a la pregunta del señor Blot. 
La Conferencia de Presidentes ha comprobado que era prácticamente imposible celebrar un nuevo período parcial de sesiones en noviembre o diciembre; en noviembre a causa de los problemas para completar el orden del día y en diciembre porque el hemiciclo está ocupado por el Consejo de Europa. 
La regla jurídica ad imposibilia nemo tenetur es bastante antigua como para que todos los juristas la conozcan. 
Precisamente en virtud de esta regla se ha pronunciado la Conferencia de Presidentes. 
Por otro lado, es esta misma regla jurídica la que justifica que, a falta de una decisión del Tribunal de Justicia relativa a 1997, no podamos volver sobre los acuerdos relativos a la celebración de dos períodos parciales de sesiones suplementarios en Bruselas. 
Evidentemente, cada cual puede, evidentemente, tener un punto de vista diferente. 
Aquí se trata de la decisión de la Conferencia de Presidentes, de su fundamento jurídico. 
Es la decisión que la Conferencia somete a esta Asamblea para que se pronuncie el próximo miércoles. 
Orden de los trabajos 
Señor Presidente, todos somos conscientes de la gravedad de la situación en Afganistán. 
Muy bien, pero preferiríamos que la Comisión emitiera una declaración sobre este punto, declaración que podría tener lugar mañana por la tarde o por la noche. 
¿Por qué? 
Sabemos que uno de los Comisarios ha estado recientemente en Afganistán, donde ha podido recabar información de primera mano, por cierto, de una gravedad extrema y que nos afecta muy directamente. 
Ahora bien, sabemos que, en caso de urgencia, la Comisión no puede pronunciarse. 
Por ello no nos parece inoportuno decidirnos por una declaración en lugar de un simple debate de urgencia: de este modo tendríamos informaciones totalmente recientes y muy importantes sobre la situación en este país y sobre la ayuda que la Unión Europea le aporta a través del programa ECHO. 
Éste es el objeto de nuestra solicitud. 
Repito que esta declaración podría tener lugar en la noche del martes si el orden del día de mañana estuviese demasiado cargado durante la jornada. 
Señor Presidente, puedo decir en nombre de mi colega, la Sra. Bonino, que ella estaría dispuesta a dar tal explicación el martes por la tarde o el martes por la noche, pero evidentemente la Comisión tiene que atenerse también al Reglamento del Parlamento. 
Si el tema se trata en el debate de cuestiones de actualidad y urgencia, existiría también, en mi opinión, la posibilidad de que la Comisión diera tal explicación durante el debate de cuestiones de actualidad y urgencia. 
Hasta ahora no he sabido que la Comisión se puede manifestar sobre las cuestiones de actualidad y urgencia. 
Pero sí puede hacerlo. 
Dejo a la Asamblea que decida qué cosa prefiere. 
Podemos hacer las dos. 
Presidente, quisiera llamar su atención y la de los colegas sobre la seguridad del grupo que nos visita. 
Ayer noche fue atracado un grupo de visitantes en Molsheim al bajarse del autobús. 
El atracador salió de un BMW, y se marchó con una bolsa. 
Uno de los visitantes le hizo frente y resultó herido. 
A posteriori parece ser que estos atracos se producen con regularidad. 
Le pregunto, Presidente, cuáles son sus sugerencias de cara a garantizar en cualquier caso una entrada segura en Estrasburgo a los grupos de visitantes. 
Por otra parte en lo que respecta a la seguridad y la lucha contra la delincuencia, el Consejo sigue sin contestar a mis preguntas desde marzo, concretamente el Sr. Van Mierlo no lo ha hecho. 
Señora van Bladel, no es el momento ni el cauce para plantear este tema y, por tanto, yo no le voy a contestar absolutamente nada. 
Presidente, he preparado una resolución para mi grupo parlamentario sobre el tema Afganistán, y pienso que el punto que ha hecho la Sra. Lalumière es un punto muy bueno. 
Quisiera apoyarlo, y pienso que un buen debate sobre la situación que ha pasado por alto la Sra. Bonino es por lo tanto suficientemente importante como para tratarlo en el debate sobre los temas de actualidad. 
Por lo tanto quiero apoyarlo. 
Presidente, lo lamento muchísimo pero, Señora Maij-Weggen, hoy hemos dejado de discutir este punto en mi grupo parlamentario. 
Decidimos en la conferencia de presidentes del jueves que la explicación que a la Sra. Bonino le gustaría tratar el martes por la tarde es absolutamente imposible, ya que tenemos el debate sobre el presupuesto y éste me parece un debate muy importante. 
Eso significa por lo tanto, Presidente, que nos hemos encargado de que en el debate de temas de actualidad del jueves aparezca una resolución. 
No queremos por lo tanto un debate el martes, sino que lo queremos hacer sencillamente en el debate de temas de actualidad del jueves por la tarde. 
Muchísimas gracias y excusas a la Sra. Maij-Weggen. 
Con el fin de permitir al Comisario Van Miert participar en el debate sobre el informe del Sr. Areitio Toledo- en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre el XXVI Informe sobre la política de competencia 1996- el Grupo PSE solicita- como estaba inicialmente previsto- que este informe se incluya en el orden del día del jueves 6 de noviembre y que el informe del Sr. Sainjon- en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre las deslocalizaciones y las inversiones directas extranjeras en los terceros países- se incluya el miércoles 5 de noviembre como penúltimo punto. 
Tiene la palabra la Sra. Green para justificar la solicitud. 
Señor Presidente, apoyamos firmemente el informe Areitio Toledo, porque es importante que se aborde delante del Comisario. 
Tenemos entendido que no va a poder estar aquí presente el miércoles, pero sí el jueves por la mañana. 
Cuando adoptamos la decisión de cambiar de fecha el informe en la Conferencia de Presidentes, no disponíamos de esa información. 
Quisiéramos pedir al Pleno que dé su conformidad. 
Señor Presidente, quisiera apoyar también esta solicitud. 
Así pues, nadie está en contra. 
Someto a votación la solicitud del Grupo PSE. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado) 
Suplicatorios de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Campos 
Señor Presidente, vamos a hablar de inmunidades, lo cual quiere decir hablar de los derechos y prerrogativas de esta Asamblea y de quienes la integramos. 
Y, como siempre que se habla de derechos y prerrogativas, hay que pensar muy a fondo cuál es la razón de esos derechos y prerrogativas. 
Pues bien, seamos claros: los derechos y prerrogativas de esta Asamblea y de los parlamentarios que la integramos no nos pertenecen; son, por el contrario, un caudal que con exquisita responsabilidad debemos administrar y que habrán de ser sopesados frente a aquel otro principio fundamental, que está en los cimientos de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra cultura, que es el principio de igualdad. 
Todos somos iguales ante la ley. 
Todos somos iguales ante la justicia. 
Y si ese principio ha de ser excepcionado, no puede ser en ningún caso por interés o por beneficio o como prerrogativa de una persona en particular, sino porque otros principios más altos como es, en última instancia, el mantenimiento del sistema democrático, así lo aconsejan. 
Estamos pues, señor Presidente, ante un problema de ponderación de intereses jurídicos y de responsabilidad de esta Asamblea. 
Vamos a analizar los dos informes que hoy nos ocupan por separado. 
En primer lugar, me voy a referir al informe sobre el procedimiento 384/96, cuya ponencia figura a mi nombre. 
En ese informe, señor Presidente, la primera cuestión que debe analizar esta Asamblea es si se dan los requisitos de procedimiento necesarios para que se pueda tomar en cuenta la suspensión de la inmunidad. 
Porque como ya he señalado, nosotros somos depositarios de esas prerrogativas. 
Somos depositarios de esos derechos. 
Únicamente depositarios. 
Por ello, debemos analizarlos con exquisito, con extremo cuidado. 
Pues bien, señor Presidente, en el caso de la solicitud de las autoridades judiciales portuguesas- y así fue el voto unánime de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades cuando lo analizó -, el Parlamento no puede pronunciarse sobre la suspensión de la inmunidad porque no se reúnen las condiciones de procedimiento. 
Para que se entre al examen de si procede o no la suspensión de la inmunidad, de acuerdo con la normativa europea aplicable que se remite a la normativa constitucional portuguesa y a los reglamentos de la Cámara portuguesa, tiene que existir una inculpación definitiva, un auto de acusación formal. 
Es decir, en otras palabras, no basta con que se abra un procedimiento, una investigación para analizar si se ha producido una determinada conducta punible criminalmente, sino que tienen que haber avanzado esas investigaciones, se tiene que haber constituido un sumario y el órgano judicial competente tiene que haber estimado que hay un principio de pruebas suficientes como para emanar un auto de procesamiento, un auto de acusación formal. 
En este primer caso- y repito: este primer caso 384/96- no se da este requisito de procedimiento. 
Por lo tanto, la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades fue tajante- y yo como ponente no puedo sino apoyar esa postura -: no ha lugar a la suspensión de la inmunidad del Sr. Ribeiro Campos en este procedimiento. 
Y no ha lugar, vuelvo a decir, porque no se han reunido los requisitos de procedibilidad que exige el respeto de nuestras normas europeas en conjunción y en remisión a las normas constitucionales portuguesas, en particular el artículo 160 de la Constitución portuguesa. 
Muy distinta es la situación del segundo procedimiento- procedimiento 6119/94. 
Aquí, señor Presidente, lo primero que tenemos que decir es que existe un auto de acusación formal. 
Por lo tanto: primera cuestión, se han cumplido los requisitos de procedimiento. 
Nos queda pues analizar si debemos- si esta Asamblea debe- suspender o no la inmunidad del compañero Ribeiro Campos. 
Recordemos que la suspensión de la inmunidad pedida por las autoridades judiciales portuguesas persigue permitir que el Sr. Ribeiro Campos declare como acusado en este procedimiento, exclusivamente que declare como acusado. 
Y aquí volvemos al principio de mi alocución: lo más fácil, lo más cómodo para esta Asamblea sería no suspender la inmunidad, e incluso razones políticas así lo pueden aconsejar. 
Sin embargo, yo, señor Presidente, abogo por la suspensión de la inmunidad, aunque digo acto seguido que acataré y respetaré y suscribiré la que sea la opinión mayoritaria de esta Asamblea, recordando aquellas bellísimas palabras de Argüelles, en el Discurso Preliminar de la Constitución española de 1812, cuando decía que desde el cielo estrellado de las ideas se hace la luz. 
Con esa premisa, entiendo que esta Asamblea, actuando responsablemente, debe levantar la inmunidad del Sr. Ribeiro Campos en este segundo procedimiento. 
Y me explico: he dicho que la inmunidad parlamentaria no es un derecho que nos corresponde, es una responsabilidad que administramos en nombre y por razón de nuestro cargo y en beneficio de la Asamblea y nunca en beneficio propio. 
Y no voy aquí a alegar los intereses particulares que están en juego, porque eso no nos corresponde: eso le corresponde al juez. 
Pero qué duda cabe de que aquí se han producido, por parte del Sr. Ribeiro Campos, unas imputaciones que son, en principio, clara, lisa y llanamente calumnias, y que así lo recoge el auto de inculpación. 
No voy a alegar el interés del ofendido de que esto se aclare. 
Sólo se puede aclarar si el juicio se ve. 
Porque, como decía el viejo brocardo latino, si no, nos encontramos con la probatio diabolica. 
Nadie puede probar que no es un corrupto. 
Nadie puede probar que no ha actuado en contra de los intereses patrimoniales de la administración que tenía a su cargo. 
Salvo que se vea en juicio. 
No estoy alegando tampoco que aquí haya un interés particular del Sr. Ribeiro Campos en probar que lo que dice tiene sustancia, que efectivamente ha habido un caso de corrupción. 
Lo que está en juego, señor Presidente, es sencillamente la responsabilidad que a nosotros nos incumbe de administrar estas prerrogativas y estos derechos. 
Porque esta Asamblea, que todos los días demanda transparencia e igualdad a otras instituciones, debe entender que recae sobre uno de sus miembros una acusación formal, recogida en un auto, tras un procedimiento sumarial instruido con todas las garantías. 
Y que es de su interés el despejar esa incógnita y que se aclaren las cosas. 
Sin prejuzgar. 
Que se aclaren las cosas. 
Que el juez diga si en este caso se ha producido un delito de calumnias o no. 
Porque la ambigüedad, señor Presidente, la falta de transparencia, en caso contrario, recae sobre el conjunto de la Asamblea. 
Entiendo que puede haber argumentos políticos- aunque son argumentos políticos esencialmente de oportunidad, que creo que no son los que hay que tomar en consideración en este caso- para aconsejar lo contrario. 
Y ese fue además el voto que salió de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Pero yo, señor Presidente, desde este escaño y en nombre propio, y de varios compañeros que pensamos lo mismo- que debemos administrar esos derechos y esas prerrogativas con responsabilidad y que cualquier prerrogativa y cualquier derecho que contraviene el principio fundamental de la igualdad, debe ser interpretado restrictivamente, entiendo que, por interés de esta Asamblea, por interés del mandato que todos hemos recibido de los ciudadanos europeos, conviene que cuanto antes esta situación se aclare y que, por lo tanto, debemos autorizar la suspensión de la inmunidad para que el Sr. Ribeiro Campos pueda ir y declarar. 
Señor Presidente, como vicepresidente de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, voy a presentar este informe en nombre del Sr. Fayot, que no puede estar presente y cuyas excusas transmito. 
Como ha dicho la primera ponente, la Sra. Palacio, el Sr. Fayot se hizo cargo de su función de la forma aceptada, cuando ella indicó, después de la votación, que no podía continuar. 
Ella era de otra opinión y, una vez que la comisión aprobó el informe, pidió al Sr. Fayot que lo presentara. 
Sin embargo, quisiera rendir homenaje a la Sra. Palacio por su contribución a este informe y por la extraordinaria probidad con que hizo su contribución al informe y con que ha expuesto sus opiniones de nuevo esta tarde. 
La votación en nuestra comisión no respondió a orientaciones políticas. 
Como se ha dicho, este caso se remonta a más de tres años atrás, en el momento de las últimas elecciones al Parlamento Europeo en el verano de 1994. 
Por diversas razones, ha tardado todo este tiempo en llegar al Parlamento. 
Una de dichas razones- tal vez la primordial- fue la de que hubo comunicaciones bastante ambiguas con las autoridades portuguesas al principio y el Parlamento no estaba exactamente seguro de lo que se le pedía. 
Durante la campaña para las elecciones europeas de 1994, el Partido Socialista portugués celebró una conferencia de prensa en su sede en la que el Sr. Campos hizo algunas observaciones sobre el Sr. Arlindo Cunha, ex ministro de Agricultura. 
El informe que Sus Señorías tienen ante sí expone tres alegaciones. 
Figuran enumeradas en la página cinco de este informe, por lo que no necesito leerlas en voz alta. 
Las acusaciones son las de que, de conformidad con la legislación portuguesa, al hacer esas observaciones, el Sr. Campos infringió varios artículos del Código Penal portugués. 
Todos sabemos que la prensa puede presentar los asuntos y las declaraciones de una forma que no necesariamente presente favorablemente a un diputado al Parlamento Europeo y en este caso no cabe duda de que la prensa sacó de su contexto y tergiversó una observación. 
Sin embargo, parece que los comentarios del Sr. Campos no fueron algo precipitado. 
Aun así, de conformidad con el artículo 10 del Protocolo del Tratado de las Comunidades Europeas, un diputado al Parlamento Europeo es inmune al procesamiento durante sus períodos de sesiones. 
Se ha interpretado y aceptado que significa en cualquier momento durante el período en que ocupe su escaño y en cualquier lugar de su país y dentro de cualquier otro Estado miembro. 
Como ha dicho la oradora anterior, para que un diputado pueda ser procesado por alguna acusación, se debe suspender su inmunidad. 
Como el delito del que se acusa al Sr. Campos ocurrió en Portugal, está protegido por las mismas leyes que protegerían a un diputado al Parlamento portugués, de conformidad con el artículo 160 de su Constitución. 
En este Parlamento, el artículo 6 del Reglamento es aplicable a este asunto. 
Las acusaciones contra el Sr. Campos se remontan a la campaña electoral y la campaña electoral se celebró antes de que fuera elegido. 
El objetivo del artículo 6 es el de proteger a los diputados y al Parlamento mismo garantizando la independencia de la institución. 
En aquella época el Sr. Campos era un diputado al Parlamento portugués, pero sólo como miembro de la oposición. 
En cualquier constitución o cualquier democracia, la función de la oposición es a veces la de apoyar al Gobierno, pero también la de oponerse a él, cuando lo considere oportuno. 
No puede haber un momento más importante para oponerse que durante una campaña electoral. 
Eso fue lo que el Sr. Campos hizo cuando el Sr. Cunha y él eran candidatos. 
Se opuso a las políticas de un ministro del Gobierno durante una campaña electoral haciendo diversas declaraciones públicas. 
Creo que, durante la campaña, el ministro, el Sr. Cunha, podría haberse defendido del mismo modo político. 
Es algo que sucede todo el tiempo en política. 
Sucede en particular en época electoral: para eso están las elecciones. 
Ésta fue la interpretación y la opinión que prevaleció por mayoría en la comisión. 
Por las razones que he expuesto y que aparecen enumeradas en el informe, la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades decidió en este caso sólo en contra de la suspensión de la inmunidad parlamentaria del antes citado Sr. Campos. 
Señor Presidente, con la mayor brevedad posible razonaré los principios en que se basa mi toma de posición. 
Yo estoy en contra de que se levante la inmunidad del Sr. Campos. 
Hay dos acusaciones en detrimento del Sr. Campos. 
La primera hace referencia a un suceso que se produjo antes del inicio de este periodo de mandato. 
Por este motivo no se considera que deba seguir disfrutando de inmunidad parlamentaria. 
Pero el carácter de nuestra inmunidad consiste en que ésta dura todo el periodo de mandato, es decir, que podemos llevar a cabo nuestra actividad política sin limitaciones durante el periodo. 
Esto es lo central en este asunto; desde el punto de vista jurídico es irrelevante que la acusación haga referencia a un suceso que se produjo antes o durante el periodo de sesiones. 
Por lo que respecta a la infracción que se dice que ha cometido el Sr. Campos, es muy evidente que la inmunidad que tenemos los diputados no cubre los actos criminales normales, de robo, asesinato, etc., sino que se limita a los conflictos políticos en que podamos vernos involucrados en nuestra calidad de diputados al Parlamento Europeo. 
En este caso, está muy claro que de lo que se acusa al Sr. Campos es de una actuación política; se ha manifestado políticamente ofendiendo al entonces ministro de agricultura, por lo cual se le acusa. 
Para mí es evidente que son estos dos datos mencionados los que hacen que no se deba levantar la inmunidad al Sr. Campos. 
En este caso debemos seguir la propuesta de la ponente. 
Señor Presidente, quisiera disculparme ante el Sr. Campos por intervenir en este debate, pero quisiera decirle también que creo que la cosas le habrían resultado más fáciles, si él mismo hubiera desistido de la inmunidad. 
Ésta es, de hecho, un escudo que nos protege: podemos acusar, insultar, hacer todo lo que deseemos, pero eso, naturalmente, está reñido con la ética política. 
En tiempos de mi abuelo, esas cosas se resolvían con un duelo. 
Ahora todo el mundo tiene miedo a disparar. 
En tiempos de mi padre, se resolvían con unos bastonazos o unas bofetadas. 
Ahora se resuelven con un debate aquí en el Parlamento. 
Señor Campos, podría habernos ahorrado este inmenso trabajo y esta tarea extraordinariamente difícil, desagradable, de tener que decir si «sí» o «no» queremos la suspensión de la inmunidad de un colega al que respetamos. 
Y yo, personalmente, siempre lo he considerado un hombre con valor, pero siempre he lamentado que su carácter apasionado lo incite hasta el extremo de disparar no sólo contra los enemigos, sino también contra los amigos, y acabar disparándose en su propio pie. 
¡Eso es lo que le ha sucedido! 
Siempre he pensado que quien no debe no teme. 
Es evidente que hay aquí dos casos diferentes: hay un caso de insultos personales, pero hay también un caso más político, en relación con el Gobierno actual. 
Si, de hecho, los diputados quieren granjearse algún crédito, quieren granjearse algún prestigio desde el punto de vista ético- que no tienen -, si quieren merecer una consideración de la prensa- y yo sé que hay muchos periodistas poco probos, como se vio en el caso que examinamos hace aún poco -, deben ser los propios diputados quienes luchen por ello. 
El día en que yo quiera insultar a alguien, ese mismo día, abdicaré de mi inmunidad parlamentaria, si no hay un cambio de impresiones más violenta con la persona a la que haya insultado. 
Creo que la suspensión de la inmunidad es, como pensé en el caso del Sr. Tapie- y en modo alguno son comparables los dos casos -, necesaria para preservar la ética de este Parlamento. 
Señor Presidente, quisiera antes de nada felicitar a la Sra. Palacio por la disertación que ha realizado, así como al Sr. Evans. 
La contradicción entre ambos informes señalan exactamente cuál es la pregunta de fondo sobre la que hablamos hoy aquí: ante la falta de un estatuto común, aplicamos distintos métodos que proceden de distintas tradiciones. 
En algunos Estados Miembros no existe ninguna inmunidad parlamentaria para todo aquello que se dice fuera de la sala de reuniones del parlamento. 
En otros sistemas, las declaraciones políticas que se hacen dentro del mandato político- pero estaba claro que esas acusaciones fueron manifestadas en el marco de la campaña electoral- también son consideradas dentro del mandato político. 
Hasta ahora tenemos la jurisprudencia que fue establecida por el Sr. Donnez, y posteriormente la del señor Defraigne, en la que el mandato político, en el sentido más amplio de la palabra, debe mantener la inmunidad. 
A pesar de ello, después de que el Parlamento italiano haya considerado otra interpretación, nosotros en realidad también hemos cambiado de rumbo en el Parlamento. 
Esta es precisamente la pregunta que se desarrolla aquí en los dos informes. 
¿Nos parece o no que aquí se haya actuado dentro del mandato político? 
Pienso que la ponente, la Sra. Palacio tiene razón y nosotros decimos al respecto: cuando hay un conflicto personal el juez debe arreglárselas. 
Para todo lo que sucede aquí, dentro del Parlamento, la inmunidad parlamentaria debe conservarse y existir en interés de la institución y no en interés de los individuos. 
Señor Presidente, en esas dos solicitudes de suspensión de la inmunidad parlamentaria se trata de considerar los hechos tal como se produjeron, independientemente de la personalidad de nuestro colega. 
Estos hechos han sido recordados por la Sra. Palacio y yo quisiera decirle que comparto enteramente sus conclusiones. 
En lo que respecta al segundo caso- el de 1996 -, el Sr. Campos, en su momento, acusó al Sr. da Silva de malversación de subvenciones comunitarias, de favores que le había hecho una empresa amiga, de conflictos de intereses, etc... 
A mi juicio, la solicitud que se nos ha formulado debe rechazarse por dos razones, la primera, de forma: no hay conclusiones o actos de acusación establecidos sobre una base contradictoria, como lo demanda el párrafo tercero del artículo 160 de la Constitución; la segunda es una razón de fondo: las manifestaciones se han producido mientras el Sr. Campos era diputado del Parlamento Europeo, afectan a la actividad de éste en el ejercicio de su cargo y creo que éste es el caso en el que ha de considerarse la inmunidad parlamentaria. 
Por el contrario, no ocurre lo mismo con el primer asunto, de 1994, el de la conferencia de prensa en la sede nacional del Partido Socialista, durante la cual el antiguo Ministro de Agricultura Sr. Cunha, que hoy es nuestro colega, y el Sr. Rosado Fernandez, también colega nuestro, fueron acusados de tráfico de influencias y corrupción. 
Efectivamente, estas palabras fueron pronunciadas por el Sr. Campos durante la campaña para las elecciones europeas de junio de 1994. 
En aquellos momentos, el Sr. Campos no era diputado europeo. 
La suspensión de su inmunidad parlamentaria le permitiría defenderse, justificar las graves acusaciones que ha realizado contra nuestros dos colegas. 
Nos dice que no habría ningún mal en hacerlo, y creo que puedo decir que, si se tratase de Francia, se consideraría sin problema que las palabras, por desafortunadas que hayan sido, no constituyen un delito desde el momento en que han sido pronunciadas en el marco de una campaña electoral. 
Ésta es la razón por la que votaré a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria en el primer caso y reclamo la atención de nuestros colegas ante el hecho de que, por querer proteger demasiado a los diputados con la inmunidad parlamentaria, contribuyen a alimentar la campaña contra la clase política, como hemos podido ver en el día de hoy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Comunicaciones por satélite 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0279/97) del Sr. Hoppenstedt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (97) 0091- C4-0131/97) sobre el Plan de Acción de la UE: las comunicaciones por satélite en la sociedad de la información. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, señor Comisario, en el orden del día de hoy figuraban realmente dos informes que se ocupan de la política espacial. 
Por un lado, la Unión Europea y el fomento de la navegación espacial, desde el punto de vista de su aplicación, de los mercados y de la competitividad industrial y, por otro, el plan de acción de la UE: la comunicación por satélite en la sociedad de la información. 
Lamentablemente, el informe citado en primer lugar no puede ser tratado hoy. 
Sin embargo, considero acertado que nuestro informe, que guarda una determinada relación con el primeramente citado, sea tratado hoy, pues no podemos permitirnos ninguna pérdida de tiempo. 
No nos podemos permitir pérdida alguna de tiempo dada la vertiginosa velocidad con que se trabaja en el ámbito de la telemática por satélite. 
Precisamente el tema de los satélites en la sociedad de la información figura en el orden del día de muchos competidores y es tratado con mucha rapidez. 
La Comisión de Asuntos Económicos ha aprobado por unanimidad este informe. 
También es bueno que sea así, pues de esta manera se apoya, sin duda, el informe y, sobre todo, se presta también apoyo a los esfuerzos de la Comisión por emprender todo lo que esté en su mano para contribuir a configurar el futuro de la información y de la comunicación a través de satélites. 
Hasta ahora ha habido algunos planteamientos, algunos informes interesantes, que aquí, en el Pleno, y en el Parlamento en general, pero también con la Comisión y con otros grupos, han conducido a discusiones interesantes tanto sobre el tema de la comunicación personal por satélite como también sobre la introducción de los satélites en el ámbito de las telecomunicaciones. 
Éstos son, en mi opinión, pasos importantes que van encaminados a fortalecer la capacidad y la competencia europeas en este sector. 
Las infraestructuras globales de satélites se están convirtiendo en un componente crítico del sistema económico mundial. 
En consecuencia, un sector eficaz y coherente de comunicaciones y de servicios por satélite, es absolutamente importante para Europa desde el punto de vista tecnológico y político. 
Si dirigimos nuestra mirada hacia los EE.UU., el mayor ofertante de estos servicios, veremos que allí se ha recorrido ya de forma sustancial y decisiva el camino hasta la época de la comunicación por satélites. 
Por consiguiente, la condición para ostentar una posición puntera en el espacio es también la realización exitosa de servicios y aplicaciones comerciales. 
Si se analizan las cifras que se han pronosticado en este sector, en concreto, un segmento de mercado de aproximadamente 400.000 millones de dólares en los próximos 10 años, cabe imaginar qué otras posibilidades de aplicación se hallan latentes probablemente aquí que no han sido incluidas todavía en el cálculo. 
Si se tiene en cuenta que Teledesic propone una perspectiva de servicios y de posibilidades de comunicación, que consiste en interconectar toda la órbita con algunos cientos de satélites, para ofrecer servicios con una cobertura total, entonces se ve cuán avanzados se encuentran ya otros en este sector. 
El tema, ya mencionado, de los servicios de comunicación personal está ya muy avanzado: en el mercado hay ya 17 posibles ofertantes, entre ellos uno que es potencialmente europeo. 
Naturalmente, esto no es suficiente para consolidar claramente nuestra presencia en el mismo. 
Sin embargo, creo que tenemos aún una posibilidad de participar y de incorporarnos. 
Por esta razón, el informe de la Comisión constituye un paso importante en esta dirección. 
Lo que necesitamos es una más intensa cooperación entre la Unión Europea y otras naciones que compiten, como los Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Japón y China. 
Necesitamos implantar la posición europea en el plano internacional y, en especial, en el marco de la Organización del Comercio Mundial. 
Necesitamos intensificar la cooperación entre la Unión Europea, los organismos espaciales y los participantes más relevantes del mercado. 
Esto último ya ha tenido lugar, pues, afortunadamente, para la preparación de este documento se ha consultado a todos los participantes más relevantes del mercado. 
También se pide de nosotros que se lleve a cabo un mayor apoyo de la investigación y del desarrollo y una intensificación de la cooperación en estos ámbitos, lo cual, a su vez, puede estimular el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Hay que emprender también, naturalmente, una inmediata armonización de las normas técnicas para los avanzados aparatos de banda ancha de emisión y recepción por satélite aplicados a los multimedios. 
El énfasis en la importancia de una concepción orientada al mercado es evidente. 
Naturalmente, también somos de la opinión de que han de solucionarse los diversos problemas de armonización. 
Creemos también que hay que evitar las dilaciones burocráticas, sobre todo, las de las agencias nacionales respecto de la Unión Europea. 
Necesitamos con especial urgencia- y éste es también uno de los planteamientos esenciales de los próximos meses- un plan de acción sobre navegación por satélites. 
No puede ser que sigamos siendo dependientes, incluso en la navegación aérea, de GLONASS y GPS, sistemas militares ruso y norteamericano, respectivamente. 
Aquí hay que introducir los componentes europeos. 
También estoy seguro de que la Comisión Europea presentará en breve un plan de acción. 
Apoyamos a la Comisión en la medida de nuestras fuerzas, pues sabemos que precisamente aquí la dimensión europea desempeña un papel especial, no sólo para Europa, sino también para Africa, y que Europa debe cooperar con los otros partícipes del mercado que acabo de mencionar, es decir, con Rusia y con Norteamérica. 
Si desde el punto de vista europeo no se tiene nada en la mano, tampoco se podrá negociar en este punto. 
No puede ser que se diga que los gastos para la investigación de la navegación espacial, para la navegación espacial tripulada, para el laboratorio espacial europeo, no han tenido sitio en el panorama político por la urgencia la presión del ahorro. 
Debe estar justificada la pregunta de si tienen cabida en el panorama político mil millones de ecus para el fomento del cultivo en Europa, cuando este tema con proyección hacia el futuro no tiene cabida en dicho panorama. 
Creo que debemos hacer todo lo posible para hacer mucho más patente en el futuro al contribuyente europeo que el tema de la navegación espacial, de toda la industria de los satélites y de sus aplicaciones para los ciudadanos europeos y para todo el mundo posee una dimensión muy especial en el contexto global. 
Estoy seguro de que en el futuro también lo podremos hacer a través de muchas acciones y conversaciones aquí, en el Parlamento, y con otros a lo ancho de Europa. 
Señor Presidente, intervengo en nombre y de parte del ponente para opinión, Sr. Franco Malerba. 
Dado que guarda relación con el tema, me es grato recordar que el Sr. Malerba fue el primer astronauta italiano y uno de los primeros en Europa, que voló al espacio con los americanos. 
Creo, por consiguiente, que habría sido una verdadera lástima no disponer hoy de su valiosa opinión, ya que su experiencia en materia de satélites es, sin duda, más amplia que la de todos nosotros. 
Los satélites de comunicaciones son un sector espacial que presenta el máximo potencial de desarrollo. 
La competencia entre tecnologías telefónicas y televisivas en la conexión a los hogares y la oferta de capacidad de transmisión multimedia sin fronteras geográficas para su empleo en el ámbito de los negocios, convierten las comunicaciones por satélite en una tecnología y un sistema estratégico para la consecución de la sociedad de la información. 
Esta percepción de negocio estratégico queda muy patente en la acción centrada y concentrada de la industria americana en los proyectos de investigación respaldados por el Gobierno americano tanto en el programa civil de la NASA como en el militar y también en el empeño internacional de la Federal Communication Commission. 
El plan de acción presentado por la Comisión merece pleno apoyo y un gran respaldo. 
En la opinión presentada por el Sr. Malerba, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, se subraya la necesidad de incluir varios apartados en el programa marco de investigación para el desarrollo de algunas tecnologías básicas específicas y para la puesta a punto de plataformas. 
Se insta a la Comisión a que se convierta ella misma en cliente y usuaria de los nuevos servicios, así como de las aplicaciones por satélite al servicio de las políticas de la Unión. 
Se propone además el tema de las comunicaciones por satélite en el ámbito de los proyectos de colaboración con los terceros países mediterráneos, lo que serviría tanto para la difusión de los estándares técnicos, con el objetivo de la interoperabilidad, como para las muchas aplicaciones que podrían multiplicar con rapidez las oportunidades de diálogo con la otra orilla del Mediterráneo a través de la asistencia en el ámbito del tráfico aéreo y marítimo, la educación a distancia, la telemedicina, la promoción del turismo a través del estudio y la vigilancia del territorio y de las costas y, por último, del control de los recursos naturales. 
Deben asimismo profundizarse más aún, si cabe, dos aspectos, esto es, el estatus de los operadores de servicios por satélite del tipo EUTELSAT, para que sea coherente con el contexto de la liberalización de los servicios, y los respectivos papeles de la Comisión y la Agencia Espacial Europea en la gestión de los programas en materia de satélites aplicativos, aunque la buena coordinación- que de hecho ya existe- entre la Comisión y la Agencia Espacial Europea convierte este problema en menos urgente. 
Esperamos, en cambio, cuanto antes un plan de acción en materia de navegación por satélite, que no fue objeto de esta comunicación y que, desde nuestro punto de vista, reviste el mismo carácter de urgencia que el tema objeto del informe que estamos tratando. 
Por último, deseo felicitar muy vivamente al ponente, en nombre del Sr. Malerba y en el mío propio. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Hoppenstedt su excelente informe y su respuesta a un documento, a mi juicio excelente, de la Comisión Europea. 
Las tecnologías de las que estamos hablando son decisivas para el éxito o el fracaso de industrias europeas fundamentales en el próximo siglo. 
El avance hacia la convergencia digital ha significado que muchas tecnologías utilizan ahora el mismo tipo de métodos de comunicación y, por esa razón, gran parte de lo que estamos examinando hoy tendrá repercusiones que superarán la cuestión del lanzamiento de satélites al espacio y la utilización que se puede hacer de ellos, en particular los aspectos militares, pero también el desarrollo de aspectos pacíficos y, en particular, el desarrollo de la sociedad de la información. 
Lo que hemos de reconocer es que o adoptamos ese planteamiento o quedaremos rezagados respecto de los americanos. 
El propio plan de acción de la UE hace una firme defensa de un planteamiento europeo más dinámico y coherente en materia de comunicaciones por satélite, al afirmar- y atinadamente- que la tecnología europea de la información y la tecnología de los satélites está rezagada respecto de los Estados Unidos: en primer lugar, desde el punto de vista de la propia tecnología, pero también desde el del marco regulador. 
Sé que en octubre del año pasado el Sr. Bangemann se reunió con la Sra. Cresson y otros ministros de la UE en París, cuando se examinó con cierto detalle este plan de acción. 
A consecuencia de dicha reunión, resulta evidente la necesidad de coordinar esa acción de la UE para completar el mercado interior de la UE y eliminar las barreras comerciales a la creación de mercados interiores para las comunicaciones por satélite, en particular en el sector manufacturero y también en el sector de los servicios. 
También existe la necesidad de mejorar la coordinación para fortalecer la posición de la UE, en particular en los foros internacionales en los que se examinan esos asuntos en el nivel mundial y, de hecho, también en los mercados. 
También necesitamos una insistencia mayor en los programas de investigación e innovación de la UE en esos sectores en particular. 
Creo que el quinto programa marco será, cuando se aplique, una parte esencial de ello. 
Los objetivos son muy claros. 
Debemos apoyar la iniciativa de la Comisión. 
Además, debemos subrayar que la CEPT, aunque ha logrado importantes avances en la armonización hasta cierto punto de la función de los Estados miembros, no parece tener respuesta para todo. 
Creo que la Comisión puede desempeñar un papel destacado a ese respecto. 
No comparto una o dos observaciones que figuran en el informe del Sr. Happenstedt, en particular el punto 5, que habla de que la privatización es necesaria para liberalizar. 
En mi opinión, hay otros modelos de liberalización que no incluyen la privatización. 
También se deben aportar a la ecuación combinaciones de capital público y privado. 
Tal vez se deba encontrar algún tipo de transacción entre el papel principal desempeñado por la Comisión y el papel principal desempeñado por la CEPT en el sentido de ser los portavoces, simplemente porque algunos Estados miembros pueden no estar aún en condiciones de aprobarlo. 
Se trata de cuestiones complejas para cuya resolución hay que hacer esfuerzos denodados. 
Si no cogemos el toro por los cuernos ahora en la Unión Europea, quedaremos aún más rezagados, hasta el punto de que nunca podamos reducir la distancia. 
Señor Presidente, tratamos de un sector en expansión con un muy alto nivel tecnológico que tiene, como se ha comentado en anteriores intervenciones, un muy amplio mercado a nivel internacional del cual, obviamente, la Unión Europea no puede estar ausente. 
Muy al contrario, debería tener una capacidad de incidencia muy amplia no únicamente a nivel de la Unión Europea, sino a nivel internacional. 
Por esto, nosotros, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas acoge muy positivamente las propuestas de la Comisión, que ha dedicado una especial atención precisamente a este sector, en base al cual se ha hecho el informe del Sr. Hoppenstedt cuyas líneas globales apoyamos. 
Desgraciadamente, el sector que aquí nos ocupa vuelve a presentar un problema típicamente europeo. 
En muchos aspectos ha sido pionero y en algunos aspectos tiene un muy buen nivel tecnológico. 
Pero en cambio se vuelve a encontrar con una serie de problemas como el fraccionamiento de los mercados, la reserva existente desgraciadamente en algunos subsectores por parte de los Estados miembros, es decir una falta adecuada de liberalización del sector en algunos Estados miembros, y un desarrollo tecnológico en investigación y desarrollo desequilibrado. 
En algunos aspectos, nos mantenemos a la punta del desarrollo mundial; en otros, vamos excesivamente atrasados. 
Por ello, creemos que tanto las propuestas de la Comisión como las que insiste el Sr. Hoppenstedt que deben llevarse a cabo en el ámbito de la investigación y el desarrollo, la coordinación de los sectores y una mejor operatividad entre los mismos y la Agencia Espacial Europea, van en la buena dirección y, por ello, las apoyamos sin reservas. 
Señor Presidente, el que cada avance tecnológico provoca desconfianza y dudas según el tamaño de los cambios que este conlleve, es un hecho. 
Sin embargo, en este caso concreto, estamos hablando de la elaboración de un proyecto que intenta, no sólo traer cambios, sino también reorganizar las estructuras de nuestra sociedad y, por esta razón, son necesarias la máxima prudencia y una postura crítica; la más amplia participación de los ciudadanos y de sus instituciones en la configuración de los programas finales. 
No obstante, todo el programa de actuación de la Comisión está proyectado en base a las estrategias que dictan las grandes multinacionales activas en el sector y teniendo como norma principal los intereses de dichas empresas e industrias europeas frente a sus equivalentes americanas y japonesas, sin tener en cuenta las necesidades de la sociedad, de los servicios que deberán ofrecer a los ciudadanos y la garantía de su carácter universal y la salvaguarda de que todos los ciudadanos tendrán la posibilidad de poder acceder a ellos. 
Mucho nos tememos que el punto de partida de este proceso, tal como se desprende del comunicado de la Comisión, y los objetivos que se determinan, van a conducir a una sociedad tipo Orwell, de conexión de la materia gris europea, con vistas a su esclavitud y a su canalización en el logro de objetivos económicos concretos basados en el beneficio, y no a una sociedad de pensamiento libre, de igualdad ante la ley y de progreso. 
Nuestra intranquilidad está más que basada si se tiene en cuenta que también, hace poco tiempo, la recomendación del grupo de alto nivel, el cual elaboró el comunicado de la Comisión sobre la sociedad de la información, se ha caracterizado no sólo por la ausencia de los Estados miembros sino también por la exclusión plena, en todo el debate, de las instituciones sociales y culturales de los ciudadanos europeos, incluso de la Comisión de la juventud, cultura, educación, medios de comunicación y deportes del Parlamento Europeo. 
En ningún punto del comunicado, en el desarrollo de los problemas, se mencionan válvulas de seguridad para proteger a los consumidores y las conquistas sociales de los trabajadores. 
Lo único que se les pide es que parezcan preparados y que muestren su consenso en nombre de un progreso que, finalmente, los suplantará y los deshumanizará convirtiéndolos en ejes de producción de riqueza en beneficio del gran capital. 
Sigue siendo incierto cuál será el marco legal de defensa de la intimidad y de la dignidad del ciudadano. 
¿Estamos hablando del pluralismo de la información o de una superconcentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos para poder conducir el libre pensamiento? 
El desarrollo de la tecnología y la configuración de sistemas vía satélite tienen que caracterizarse por la colaboración más amplia posible, que tenga como objetivo la contribución a la prosperidad y a la mejora del nivel de vida de los ciudadanos y también el concepto del progreso en una dirección antropocéntrica. 
Estos programas de colaboración internacional no deben utilizarse con fines militares ni dividir la explotación del espacio entre las grandes compañías multinacionales. 
La organización del espacio, con una orientación insistente hacia el mercado, abre caminos peligrosos para todo el planeta y sus ciudadanos. 
¿Quién puede eliminar verdaderamente el control centralizado a nivel mundial del conjunto de la comunicación vía satélite? 
Si en el centro del desarrollo se encontrase el ser humano y no el beneficio del gran capital multinacional, entonces la Unión Europea debería ser líder en el marco de la ONU de un acuerdo mundial y de igualdad en la utilización del espacio, líder en la participación de todos los países; no sólo en los gastos, sino también en los beneficios, en la protección de la seguridad mundial y en la supremacía de todos los estados, en el fomento de la colaboración de los países que dispongan de los medios y de la tecnología, teniendo como norma también las necesidades de las zonas más retrasadas del planeta, algo que no puede asegurar el mercado y su competitividad. 
Señor Presidente, el sector de las comunicaciones por satélite afecta a muchos ámbitos. 
Muchos de estos ámbitos son de gran importancia en mi opinión, por ejemplo el de las emisiones por radio y televisión, el de los servicios multimedios e Internet, que representan verdaderamente para mi generación, y en especial para las personas que residen en zonas despobladas, la posibilidad de participar en la nueva sociedad que está cristalizando. 
En consecuencia, cabe invertir grandes recursos en este sector. 
Es muy, muy importante, que participemos en la competencia que se está produciendo en la arena internacional. 
No obstante, debo confesar que tengo ciertas críticas con respecto a la resolución del Sr. Hoppenstedt, ya que incluye demasiados aspectos militares. 
Ésto es lo que yo considero como punto crítico, la concentración en el aspecto espacial y militar. 
Sabemos que en Rusia y Estados Unidos estas cuestiones van estrechamente ligadas al tema militar. 
Yo no pienso que la UE deba desarrollar en absoluto una capacidad militar. 
Por eso va a resultar muy difícil establecer unos límites en este sentido. 
Por último, me limitaré a comentar lo que el Sr. Malerba ha abordado en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
En ella consideramos que la Comisión debe dedicarse a promover la utilización de nuevos servicios por satélite que sean relevantes desde el punto de vista social. 
Pienso que éste es un aspecto realmente muy importante del que verdaderamente espero que se ocupe la Comisión, y que también pienso que el Sr. Hoppenstedt ha omitido en parte en su conclusión. 
Señor Presidente, puesto que la futura infraestructura de la información a nivel mundial se va a basar en gran medida en los satélites, no cabe menos que apoyar el informe del Sr. Hoppenstedt, pues hay que impedir que Europa se quede rezagada en este sector económico. 
Es especialmente importante introducir de lleno la AEE en los proyectos de la Comisión e intensificar con insistencia la investigación y el desarrollo en este ámbito. 
Los sistemas de satélites ofrecen la extraordinaria ventaja de que hacen posible a costes competitivos el objetivo político de un acceso universal de todos los ciudadanos a la sociedad de la información. 
Para terminar, un ejemplo ficticio para una aplicación adecuada. 
EUTELSAT ha mostrado en Ginebra en el «Telekom Interaktiv» que se pueden recibir servicios Internet por satélite. 
Un nuevo canal propio de Internet, el canal europeo de turismo, lleva informaciones turísticas a casa, posibilitando así un nuevo camino revolucionario para un marketing turístico eficiente. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, cuando en 1957 la antigua Unión Soviética colocó en órbita el satélite Sputnik, se produjo una gran conmoción en el mundo, pero sustancialmente era de interés militar. 
Las primeras aplicaciones civiles, por ejemplo, en la transmisión de programas televisivos entre Norteamérica y Europa tampoco fueron tan entusiasmantes, teníamos un desfase de tiempo de once minutos. 
Hoy estamos habituados a telefonear directamente a todo el mundo a través de satélites y existen transmisiones televisivas directas que pertenecen a la normalidad. 
Sin embargo, el desarrollo no se detiene. 
En este sentido es bueno que la Comisión Europea haga propuestas, tanto más cuanto que no estamos en una situación en que haya un compromiso privado y público suficiente como respuesta a los desafíos. 
Pero algunos otros argumentos se quedan demasiado cortos y quiero referirme ahora a los mismos. 
Por un lado, el planteamiento de la Comisión se orienta esencialmente al mercado y a la iniciativa privada. 
Creo que esto no establece una igualdad de armas con nuestros principales competidores. 
Los estímulos correspondientes siguen procediendo de la industria de armamentos de Norteamérica, de Rusia y también de China. 
Y no constituye un secreto que en Japón las viejas situaciones siguen conduciendo a que el apoyo pertinente siga procediendo también del MITI. 
En segundo lugar, deberíamos reflexionar también a tiempo acerca de qué significa esta tecnología para la progresiva globalización que se está produciendo también en el mercado de trabajo. 
Ciertamente, no estoy en contra, pero no debemos esperar a hablar de ello cuando sea ya demasiado tarde. 
En tercer y último lugar: debemos procurar también que las redes terrestres de banda ancha que representan el despegue para este sistema, deben ser ampliadas también en su superficie pues, de lo contrario, sólo disfrutaremos de las ventajas del asunto en las zonas urbanas y no en las regiones rurales. 
Señor Presidente, nuestro colega el Sr. Hoppenstedt ha elaborado un excepcional informe acerca de las comunicaciones por satélite, cuyo examen en la Comisión de Asuntos Económicos se ha desarrollado de una manera verdaderamente fluida. 
Basándose en la propuesta de la Comisión, el informe tiene como punto de mira el rápido desarrollo de las condiciones de cara al siglo XXI, en el que las comunicaciones por satélite tendrán una gran importancia. 
Debido al rápido examen de que ha sido objeto el informe, he comentado esta cuestión quizás demasiado tarde con algunos expertos finlandeses. 
Estos han corroborado mi opinión en el sentido de que, junto con el resto de los apartados recogidos en este excepcional informe, existen motivos también para hacer hincapié en la importancia de la protección de la información. 
Si bien esta cuestión ya es abordada por una directiva, hay que señalar que a causa del distinto espíritu que emana de la legislación de los Estados Unidos y de las de los países europeos podría resultar difícil garantizar suficientemente la protección de datos a nivel mundial. 
Si en la sociedad actual se pone precisamente cada vez más de manifiesto la necesidad de proteger los datos de los particulares y las empresas, es mejor no hablar del siglo XXI, ya que los satélites transmitirán en el futuro un número cada vez mayor de secretos de empresas, lo cual justifica el interés del mundo empresarial por garantizar la protección de datos. 
Los satélites transmiten información financiera, tanto acerca del sistema de finanzas como información sobre particulares. 
A través de los satélites se desplaza información delicada relativa a los ciudadanos como, por ejemplo, en el ámbito de la medicina telemática, por no hablar del aluvión de información relacionado con la seguridad. 
En este contexto, el acceso ilegal a la información interesa a sectores muy amplios, desde los espías industriales a los piratas informáticos o a aquellos que persiguen datos de los sistemas de seguridad ciudadanos. 
En este contexto, cabe desear por lo tanto que la Comisión, en representación de la cual asiste hoy el señor Bangemann, preste atención a esta cuestión. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente y también a todos los colegas por el hecho de coincidir fundamentalmente con lo que proponemos en este plan de acción. 
Naturalmente, siempre existen comentarios acerca de este o aquel punto a los que también quisiera referirme; sin embargo, me parece importante, ante todo, subrayar una vez más lo que ha dicho el Sr. Hoppenstedt. 
Si no realizamos un esfuerzo ahora, el año que viene y el próximo no necesitaremos discutir más, pues los otros estarán ya allí y, nos guste o no, dominarán entonces la comunicación por satélite y no sólo estarán por delante de nosotros en un sector muy importante del desarrollo económico, sino que incluso nos echarán del sector. 
Si alguien pregunta qué ventajas sociales se esperan, puedo afirmar con toda sencillez que si queremos crear puestos de trabajo, éste es uno de los ámbitos, en concreto, la comunicación en general, en los que surgen puestos de trabajo. 
Según nuestros cálculos, en los próximos años la mayoría de los puestos de trabajo- no sólo los nuevos, sino también los viejos que experimenten una transformación- se producirán en este ámbito de la comunicación y de la información. 
Por consiguiente, no se debería minusvalorar su importancia. 
No avanzaremos si no colaboramos todos los que estamos implicados. 
Estoy seguro de que el Parlamento y la Comisión harán lo que sea necesario. 
Podremos eliminar los obstáculos que existan todavía en el mercado interior. 
También debemos sentar nuevos puntos de interés- el Sr. Hendrick lo ha dicho con razón- en la investigación. 
Esto quizá lo consigamos, pues ahí pueden colaborar bien la Comisión y el Parlamento. 
Hay dos cosas que nos crean dificultades: por un lado, una cierta precaución por parte de la industria, todavía, lamentablemente. 
Aunque ahora, por decirlo así, hemos aglutinado a la industria, pero aunque trabajamos con ella, aunque existe también unos progresivos debates positivos, existen demasiado pocas acciones por parte de la industria. 
La industria no está realmente tan presente como lo está cada una de las corporaciones en Norteamérica. 
Hemos encargado un estudio que analice dónde están las posibilidades económicas. 
Naturalmente, es totalmente acertado lo que ha dicho el Sr. Schmid y también el Sr. Hendrick: necesitamos también una cierta participación del sector público bajo la modalidad de public private partnership o bajo cualquier otra modalidad. 
Por esta razón no debería verse demasiado ideológicamente el asunto de la privatización. 
Ésta es una mera alusión al tema; en la telecomunicación necesitamos dinero privado y, precisamente, el dinero privado vendrá sólo si merece la pena. 
Actualmente estamos investigando la mejor forma de organizar esto, de suerte que se pueda controlar el riesgo relativamente alto, pues un sistema como éste no se puede tener por menos de 10, 000 millones de dólares. 
Por consiguiente, esto significa que cualquiera que se dedique a este campo debe tener la certeza de que también puede recuperar realmente este dinero, si es que no obtiene beneficios, lo cual es normalmente el objetivo de la actividad. 
No quiero referirme a las puntualizaciones del Sr. Theonas. En parte las hemos tratado ya en la discusión general. 
Existe el Foro de la sociedad de la información, en el cual están representados consumidores, sindicatos, periodistas, todo tipo de gente. 
No es cierto que desde el principio hayamos visto esto solamente bajo puntos de vista tecnológicos o económicos. 
Soy de la opinión de que habría que pensar si brave new world no es mejor en cualquier caso que timid old world. 
Bueno, quizá éstos sean enfrentamientos ideológicos, pero que ojalá hayamos dejado atrás hace tiempo. 
El Foro de la sociedad de la información, en el que trabaja toda esta gente de la que habla el Sr. Theonas, está totalmente entusiasmado por las nuevas posibilidades. 
Este debería visitarlo alguna vez allí. 
Lo hemos dotado también de diputados. 
En el mismo existen puestos para diputados y sería muy bueno para él que viera que la gente, cuyos temores formula aquí, se ha vuelto entretanto mucho más valiente. 
Pero esto es un mero comentario al margen. 
¿Qué tiene que ver esto con el aspecto militar al que se ha referido el Sr. Holm? 
Para todos los problemas de la navegación de transporte- navegación marina, navegación aérea- utilizamos hoy sustancialmente el GPS, es decir, un sistema norteamericano que fue desarrollado para finas militares. 
El sistema ruso fue desarrollado también para fines militares. 
Si ahora queremos que, por ejemplo, nuestras aeronaves aterricen con estas posibilidades, constituiría un avance, en mi opinión, si tuviéramos un sistema propio en lugar de tener que apoyarnos en un sistema norteamericano o ruso que ha sido desarrollado y ampliado por razones militares. 
Vista así, la creación de una comunicación europea por satélite es, si ustedes lo quieren, un trozo de desmilitarización de los sistemas actuales. 
Que luego pueda utilizarse también militarmente, si se quiere- ustedes admiran todavía mis argumentos ¿no es así?. 
¡Considero tan estimulante que ustedes me escuchen aquí de esta manera! 
Naturalmente, un sistema semejante podría utilizarse también militarmente si se quisiera; esto es claro. 
Pero ésta es una decisión que ha de adoptarse en el terreno político y que en la Unión Europea tiene su lugar bajo la siguiente pregunta: ¿necesitamos una política exterior, de seguridad y de defensa común? 
Ésta no es mi decisión; lo que haya de suceder con esto es decisión de toda la Unión. 
Pero, ante todo, necesitamos este sistema para objetivos plenamente normales, por ejemplo, para el aterrizaje de los aviones. 
Ustedes dirán con toda razón que para las regiones periféricas, por ejemplo, para las islas griegas- hablo ahora en favor de las islas griegas, pues nadie ha hablado aquí en favor de las islas griegas, incluso el Sr. Theonas. 
Cada isla griega, si se quiere así, es periférica y, en este sentido, ocurre igual que en Suecia o en Finlandia, un país que es muy extenso y que está débilmente poblado. 
Si se quiere garantizar allí la comunicación, el medio más barato es el satélite. 
Es lo más sencillo, lo más barato. 
Con esto se puede ofertar realmente algo. 
Y con esto se habrá hecho también algo en favor de las personas que habitan en tales regiones. 
Luego están los países miembros. 
Lamentablemente, los países miembros están remisos por dos razones: por un lado, a causa de las viejas disputas sobre las competencias- en parte, puedo entenderlo, pues cuando se pierde, por decirlo así, competencia política y ésta va a parar a las instituciones europeas, no les resulta fácil a los políticos nacionales, no les gusta -; por el otro, a causa de la existencia de la CEPT. 
La CEPT tiene, naturalmente, la ventaja de que abarca más países que la Unión Europea. 
Por otro lado, constituye una alianza muy floja, en la que los argumentos estratégicos y tácticos no encuentran siempre el eco necesario. 
Por esta razón, en nuestro programa de acción hemos dejado claro que los países miembros deben marchar juntos. 
Por lo demás, lo que he dicho siempre entra ahora en el ámbito de la telecomunicación. 
Las autoridades reguladoras independientes que se instituyeron están trabajando conjuntamente de una manera excelente. 
Han creado un plano europeo en el que trabajan muy bien conjuntamente y esto muestra que la mejor manera de superar las resistencias nacionales es creando ejemplos buenos y prácticos. 
Ultima puntualización: necesitamos una mayor cooperación en el plano internacional. 
Todo el sistema sólo puede ser global y, por esta razón hemos de pensar- y la Comisión lo va a hacer y presentará sus resultados al respectocómo podemos integrar en las organizaciones internacionales actuales lo que hacemos en el ámbito de la sociedad de la información, o dónde deben ser modificadas las actuales organizaciones internacionales para que puedan responder a este carácter global. 
Hemos abordado aquí una parcela importante de esta sociedad global de la información y quiero dar las gracias por el apoyo del Parlamento. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Cuarto programa marco para las acciones de investigación, de desarrollo tecnológico y de demostración (1994-1998) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-322/97) del Sr. Linkohr, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo al Comité de Conciliación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la segunda adaptación de la Decisión 1110/94/CE (C4-0516/97-96/0034 (COD) ) relativa al cuarto programa marco de la Comunidad Europea para las acciones de investigación, de desarrollo tecnológico y de demostración (1994-1998). 
Señor Presidente, señoras y señores, después de año y medio de negociaciones extraordinariamente difíciles con el Consejo- y han sido unas negociaciones muy difíciles- que amenazaron varias veces con fracasar, el Parlamento ha logrado a través del procedimiento de intermediación un aumento de 115 millones de ecus en el actual programa marco de investigación. 
Esto ha sido difícil- lo digo una vez más con toda claridad- porque la Comisión se habría dado por satisfecha con 100 millones de ecus. 
Por consiguiente, los 115 millones de ecus constituyen también realmente un éxito del Parlamento, y quisiera dar las gracias a todos los que han hecho posible este esfuerzo, y no en último lugar a nuestros colegas, y también- lo digo una vez más con toda claridad- a la Presidencia luxemburguesa del Consejo. 
¿Hasta qué punto merece realmente este resultado el nombre de «éxito»? 
Sin duda, hay que valorar positivamente que hayamos conseguido algo, aunque originariamente partimos de 700 millones de ecus. 
Hay que valorar también positivamente que hayamos aceptado un nuevo programa y, por cierto, por primera vez por iniciativa del Parlamento Europeo y no por iniciativa de la Comisión, un programa para la investigación de nuevos métodos de eliminación de minas antipersonal. 
Para este objetivo hay disponibles, incluyendo el presupuesto rectificativo, 20 millones de ecus. 
Por lo demás quiero señalar- cosa que ya se ha dicho con frecuencia aquí- que en todo el mundo se encuentran instaladas aproximadamente 110 millones de minas antipersonal. 
Si se las eliminase con el método actual- aun teniendo el dinero para hacerlo- se necesitarían 1.000 años. 
También hemos logrado que se dispongan ahora 35 millones de ecus más para la investigación de la EEB; esto es también, en mi opinión, un éxito. 
A este respecto no se trata solamente de la investigación de la enfermedad de la EEB en sí, sino también de la investigación de los nuevos mecanismos de transmisión. 
En cualquier caso, de los resultados espero también indicaciones sobre otras vías de transmisión epidémica. 
También tenemos más dinero ahora- y esto se ha producido también, creo yo, por la presión del Parlamento- para las energías renovables y, naturalmente, también para los programas en curso sobre multimedios, clima, transportes, telemática, etc. 
No obstante, da que pensar que el procedimiento que había que aplicar aquí, al menos en este caso, no permitía unas auténticas negociaciones. 
Frente a nosotros no se sentaban los auténticos agentes decisorios, por mucho que yo estime a los Ministros de Investigación. 
Efectivamente, tendríamos que haber negociado con el Consejo de Ministros de Finanzas; pero éste no estuvo presente, pues desde el punto de vista formal este tema no es asunto suyo. 
Pero también da que pensar que en el procedimiento presupuestario el Parlamento quisiera habilitar mediante modificaciones 200 millones de ecus para la investigación y que el Consejo, finalmente, quisiera sólo 115 millones. 
Se habrían habilitado 200 millones sin necesidad de gastar más dinero, pues esta suma resultaba de las modificaciones. 
Pero el Consejo quería solamente 115 millones para investigación. 
Este es un tratamiento muy extraño de la investigación que produce muchos discursos solemnes, mentiras como las que se dicen aquí. 
Esto es tanto más lamentable cuanto que los gastos en investigación en la Unión Europea continúan estancados. 
Puede que haya excepciones, pero, en general, los gastos en investigación han descendido en los quince Estados miembros o, al menos, se hallan estancados. 
Este no es un buen ejemplo de una política de innovación. 
Probablemente en las próximas semanas o meses tendremos ya el fenómeno de que, gracias al crecimiento que afortunadamente se vuelve a observar, se necesiten nuevos especialistas que ya no existen porque en los últimos años no se ha formado ninguno más, pues muchos jóvenes se desaniman de estudiar ingenierías o ciencias naturales. 
Y en el futuro habrá que recurrir probablemente a especialistas procedentes de la India o de otras partes. 
Considero esto como una alegría para los indios, pero como una cosa triste para los europeos. 
Ultima puntualización: sin duda, para los diputados no ha sido fácil aprobar al final este compromiso. 
No obstante, quisiera pedir a todos, incluso a los que entonces se mostraron muy remisos, que en la votación de mañana den su voto al programa. 
No nos debemos comportar como si no quisiéramos, en absoluto, esto. 
En efecto, si votásemos en contra obtendríamos menos que lo que podríamos lograr así. 
Por consiguiente, solicito el apoyo de todos. 
Pido también urgentemente a la Comisión que traslade lo antes posible estos acuerdos. 
Lo mismo hay que decir, especialmente, respecto de las minas. 
La Comisión debe implantar también- lo digo claramente una vez más- una gestión determinada que sea operativa, y en el corto espacio de tiempo de que se dispone en el próximo año, debe gastar también adecuadamente el dinero. 
Señora Presidenta, en primer lugar felicito al Sr. Linkhor, muy en particular por su paciencia y persistencia a lo largo de los años. 
Como él, me complace que tengamos un resultado, aunque recomiendo la aceptación sin entusiasmo. 
Tengo sentimientos encontrados y algunas dudas. 
Por un lado, siento un gran alivio: parece que, si el Parlamento conviene en ello, habrá acuerdo. 
Eso da cierta seguridad a la comunidad científica de la Unión Europea, permite que continúen algunos programas importantes, nos permite hacer borrón y cuenta nueva para el quinto programa marco y permite gastar fondos con un fundamento jurídico. 
Por otra parte, siento una profunda decepción ante el resultado de todos los debates, el despilfarro de toda la labor de elaboración de propuestas más ambiciosas, las oportunidades desaprovechadas, la falta de inversión en la economía de Europa y la falta de reacción ante las amenazas para nuestra economía procedentes de otras partes del mundo. 
Me siento decepcionada también ante el acuerdo incumplido, si no la promesa incumplida, y la falta de reconocimiento por parte del Consejo de Ministros de los poderes de codecisión del Parlamento Europeo. 
Existe una clara y demostrable vinculación entre el crecimiento y la investigación e innovación. 
Eso es algo que entiende la Comisión de Presupuestos del Parlamento y quiero poner de relieve aquí esta noche que se hizo todo lo posible, en particular por parte del presidente de dicha comisión, para contribuir al proceso de obtener más fondos para la investigación. 
Puede existir la tentación de pensar que esas gestiones con vistas a este acuerdo fueron inútiles y no se agradecieron. 
No es así. 
Si no hubiera sido por sus gestiones, gracias a las cuales se pudieron asignar a la línea 100 millones de ecus procedentes de la reserva mediante el presupuesto suplementario, habríamos carecido del impulso para conseguir este pequeño éxito. 
El Consejo de Ministros ha sido menos servicial, ya que no irreductible, en su actitud. 
Hubo dos reuniones muy insatisfactorias, la primera de las cuales reveló una desatención para con el papel del Parlamento Europeo. 
En la segunda hubo, por fortuna, algunos avances y se sumaron 15 millones de ecus a la cifra que se asignará a las prioridades del Parlamento. 
No es una victoria magnífica para la causa de la investigación y la innovación. 
Podíamos seguir negociando, intentando conseguir más cambios en la redistribución de los fondos: si hubiéramos tenido más tiempo, podría haber sido una opción válida. 
Podríamos haber abandonado las negociaciones y haber renunciado a toda posibilidad de conseguir fondos suplementarios contentándonos simplemente con redistribuir unos pocos fondos mediante el presupuesto suplementario, lo que habría sido un mensaje muy ambiguo del Parlamento a la comunidad investigadora. 
Por último, podíamos hacer lo que estamos recomendando al Parlamento: aceptar, dado que no hay posibilidad de conseguir más fondos, para ser realistas, pero reconocer que se han hecho algunas concesiones a nuestras prioridades. 
No fue fácil decidir nuestra táctica. 
Nuestra estrategia estaba clara: más fondos para la investigación. 
Cada una de esas opciones presentaba graves desventajas. 
Mantengo que la aceptación del acuerdo conseguido en la conciliación es la mejor solución para el Parlamento, pero hemos de aprender las enseñanzas que de ello se desprenden, en particular en nuestras negociaciones sobre el quinto programa marco. 
Señora Presidenta, yo no voy a repetir lo que nos han explicado muy bien el Sr. Linkohr y la Sra. McNally. 
Ningún miembro de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía del Parlamento Europeo está satisfecho con el resultado, pero también debo decir que todos nosotros hemos cumplido con nuestro deber. 
Esta es la tercera lectura de un procedimiento de codecisión relativo a un programa muy importante para el futuro de Europa, que es el de investigación y desarrollo. 
Yo le felicito, señor Linkohr, por su tenacidad, y a todos los miembros que han participado en los comités de conciliación. 
No quiero insistir en que el resultado no nos gusta, pero sí quiero subrayar lo positivo, y hay cosas positivas. 
Los ministros de Hacienda creen que hay que ahorrar, todos lo creemos, las amas de casa lo hacemos constantemente, pero quizás se han equivocado en unas partidas tan importantes como las de la investigación. 
No obstante, hemos abierto varias líneas: hay 115 millones de ecus más- tampoco había tiempo para negociar más porque realmente la Comisión, la Dirección General XII, no hubiera tenido tiempo para disponer y utilizar bien estos recursos. 
Tendremos oportunidad en el 5º programa marco de investigación y desarrollo de continuar las ideas que nosotros queríamos plasmar en estos programas. 
Pero sí quiero decir que algo por lo que todos hemos peleado- y usted mucho, señor Linkohr- aparece ya aquí: la investigación para eliminar las minas antipersonas, inmenso problema ante el que este Parlamento no puede quedarse quieto. 
Hemos abierto también la línea de energías renovables, tímidamente pero ahí está; hemos abierto la investigación sobre tecnologías del agua en dos programas, en el de tecnologías de la industria y medio ambiente; y hemos ampliado la biomedicina en distintas líneas. 
Europa está envejecida, señor Comisario: dígaselo usted a todos los comisarios a ver si reaccionan dotando mejor los programas de biomedicina. 
Europa necesita mucha investigación en el campo del cerebro, en el área de la biomedicina y de la biotecnología. 
Es una primera línea simple, sencilla, pero yo creo que satisfactoria. 
Por lo tanto, señor Linkohr, puedo decirle que el Grupo del Partido Popular Europeo le va a apoyar en su mayoría. 
Seguramente algún miembro no está contento con el resultado y hubieran querido continuar las negociaciones o romper. 
Presidente, colegas, Comisario Bangemann, desgraciadamente no puedo felicitar al ponente por la exposición del informe sobre el aumento financiero conseguido en el cuarto programa marco. 
No comparto su opinión de que éste sea el mejor resultado. 
Mi grupo parlamentario está decepcionado y sobretodo lo está por la postura poco firme que han mantenido diversos colegas durante la exposición del informe. 
El aumento financiero definitivo del programa marco financiero a 115 millones de ecus es muy pobre. 
El Consejo fue ahí también extremadamente inflexible. 
En lo que respecta al reparto de los medios entre los distintos temas de investigación se podría haber conseguido más, honestamente, si nosotros tal y como hace el Consejo, no hubiésemos accedido tan rápidamente, es decir, haber conseguido un reparto más equitativo, más orientado a las nuevas tecnologías que generen empleo que a proyectos orientados a la ilusión diaria como el BSE o a las propias aficiones. 
Pero acerca de la postura de la Comisión en la exposición del informe- y ahora si que dirijo naturalmente a la Dirección General de la Sra. Cresson porque sino volveré a provocar que la cólera del Sr. Bangemann caiga sobre mi- acerca de la postura del Comisario Cresson tampoco tiene nada que decir el grupo parlamentario. 
Desde el comienzo ha estado conchabada con el Consejo, y la Comisión tiene más cosas en contra que las que han siso debatidas con el Parlamento para conseguir más dinero para investigación. 
A pesar de este negativísimo resultado mi grupo parlamentario va a votar a favor, porque la decisión está tomada, ya ha tenido lugar la deliberación, y desafortunadamente no cabe otra posibilidad. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, naturalmente, ésta no es un relato de auténtico éxito, en primer lugar por lo que respecta al volumen de los recursos y, en segundo lugar, por lo que se refiere, naturalmente, a la distribución. 
Nueve millones de ecus más para energías renovables ya no son un chiste, son una tragedia. 
La proporción entre lo que sabemos acerca de los cambios climáticos y lo que estamos dispuestos a gastar es realmente ridícula. 
El segundo punto es, naturalmente, digno de celebrarse. 
Está claro: 15 millones de ecus más para estudios acerca de cómo se pueden eliminar con más eficacia las minas antipersonal son una buena cosa. 
Sin embargo, al mismo tiempo, se están fabricando, vendiendo y colocando a diario otras nuevas. 
Sólo en la antigua Yugoslavia se necesitan 40, 5 millones de dólares para erradicar las minas instaladas hasta ahora. 
Paso al punto siguiente: queremos gastar 35 millones de ecus en investigación de la EEB. 
Sin embargo, esto no me gusta absolutamente nada, por dos razones. 
En primer lugar: hasta que se disponga de los primeros resultados de la investigación sobre la EEB, habrán transcurrido diez años. 
Habremos aniquilado de nuevo miles de chimpancés, cosa a la nada nos autoriza en este mundo. 
Y todo esto sin que hayamos modificado nuestra política agrícola. 
La causa de la EEB es la política agrícola. 
Sin embargo, no modificamos nada en ella. 
Sin embargo, gastamos sumas enormes para investigar algo cuya causa conocemos realmente desde hace tiempo. 
Está claro: esto es secundario, cuando por auténtica codicia se quiere convertir necesariamente un rumiante en un carroñero. 
Luego se hará alguna otra cosa en la misma dirección. 
Se cometen errores en este punto- con la aquiescencia de la política- y luego corremos detrás y gastamos el poco dinero que hay disponible, que es todavía dinero de impuestos arduamente obtenidos, para apagar de nuevo un poco las llamas. 
No puedo considerar buena esta manera de actuar, estoy decididamente en contra. 
Por esta razón, nos resulta muy difícil, muy difícil, señor Linkohr, dar mañana nuestra conformidad a su informe. 
Sé que un poco de dinero es mejor que nada. 
Esto lo dijo ya mi abuela: un gorrión en la mano es mejor que una paloma en el tejado. 
Pero tenemos que pensar de una vez qué camino queremos tomar por fin y no como estamos haciendo aquí. 
En lo que respecta a las minas antipersonal, la política no se ve suficientemente empujada a ponerse en contra. 
Incluso se argumenta que aporta puestos de trabajo fabricarlas y comercializarlas. 
Luego volvemos a gastar el dinero que hemos obtenido de los puestos de trabajo para averiguar cómo las eliminamos. 
Ésta es una política absurda. 
Pero para lo principal, para las energías renovables, para las tecnologías de futuro, para esto no nos quedan siempre sino limosnas. 
Esto es una vergüenza. 
Gracias por su generosidad. 
Señora Presidenta, no cabe duda de que vamos a añadir 115 millones de ecus al programa de investigación gracias a este informe, pero hay que verlo en el marco de la cifra indicativa original de 700 millones de ecus. 
Se trata de una gran diferencia. 
Aunque apoyamos y agradecemos mucho la labor que ha llevado a cabo el Sr. Linkhort al respecto, es evidente que existe mucha decepción sobre el posible resultado del proceso. 
Por una vez, mis sentimientos coinciden tal vez más con los de la Sra. Plooij-van Gorsel y con los de la Sra. Bloch von Blottnitz de lo que suele ser habitual en las deliberaciones de nuestra comisión. 
Un aspecto muy importante que la Sra. McNally ha revelado es el de que la Comisión de Presupuestos había asignado un total de 200 millones de ecus. 
Vamos a gastar sólo 115 millones de ellos, conque el resultado no refleja las prioridades financieras del Parlamento. 
¿Qué va a ser de los otros 85 millones de ecus? 
Hubo mucho debate al respecto en el proceso de conciliación y ciertas discrepancias. 
El presidente de la Comisión de Presupuestos dijo con mucha firmeza que esos fondos se emplearían, en cualquier caso, para prioridades menores, en opinión del Parlamento. 
Los representantes del Consejo de Ministros opinaban claramente que estaban ahorrando, en realidad, en el total general del gasto presupuestario. 
La verdad se verá en el resultado final. 
Espero que nuestros colegas de la Comisión de Presupuestos vuelvan a examinar esa cuestión, tal vez mediante un pequeño informe por iniciativa propia o algo de ese tipo, para revelar qué será, a fin de cuentas, de esos 85 millones de ecus. 
Ése fue en realidad el quid del debate y no pudimos convencer al Consejo. 
En segundo lugar, el resultado tampoco respeta en realidad las prioridades del Parlamento en materia de investigación, porque no conseguimos fondos suficientes para la telemática, la tecnología de la información, el medio ambiente, el transporte o las energías no nucleares, como esperábamos en un principio. 
De hecho, el Consejo se negó a celebrar debate alguno sobre la consignación. 
Si a eso se llama codecisión, hay palabras mejores que se le podrían aplicar. 
No hemos celebrado debate alguno sobre la consignación. 
Respecto del propio equipo del Parlamento, hemos tenido muchas dificultades. 
Las condiciones en que hemos de trabajar en esos procedimientos no son ideales. 
No conseguimos el acuerdo de todos los Grupos políticos que deberíamos haber tenido para una cuestión tan importante. 
Espero que aprovechemos esas enseñanzas cuando pasemos a ocuparnos del quinto programa marco. 
Estas cantidades suplementarias son consecuencia del ingreso de mi país, Suecia, y también de Finlandia y Austria. 
Me decepcionan los escasos fondos destinados. 
Es cierto que los ámbitos elegidos son muy correctos, por ejemplo el de las tecnologías de la información, las fuentes de energía renovables y las acciones contra las minas antipersonales, pero distan mucho de ser suficientes. 
Me adhiero a lo que ha mencionado mi colega, el Sr. Block von Blottnitz, y le pregunto al Comisario Bangemann: ¿No existe el riesgo de que se estén derrochando fondos al destinarlos a la Encefalogía Espongiforme Bovina mientras no se reforme la política agrícola de la UE? 
¡Esto es lo importantel! 
Espero verdaderamente que el Comisario dé inicio a la reestructuración de la política agrícola, para que con ello se pueda controlar también este problema. 
La decisión entre el sí y el no con respecto a este informe equivale a elegir entre dos males iguales. 
Habrá que apoyarlo, puesto que vale más esto que nada. 
Señora Presidenta, no repetiré lo que ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero recordaré un punto de la historia del que fui testigo directo. 
Cuando, en abril de 1994, se concluyó la primera codecisión entre el Parlamento y el Consejo, dos de los doce países se opusieron a que se concediera un importe de 12, 359 millardos de ecus. 
Hasta el último momento se opusieron dos países, el Reino Unido- lo cito a título de información- y Alemania. 
Ambos suscribieron finalmente la posición común diciendo: no podemos estar de acuerdo en cuanto a la cantidad, pero no la presentaremos tal cual. 
Por una parte, habrá 11, 700 millardos, y después 700 millones, que serán refinanciados a lo largo del proceso. 
Hoy observamos que no sólo el Consejo no ha cumplido sus compromisos sino que de nuevo son esos dos países los que, hasta el último momento, nos han impedido conseguir cantidades más importantes, a pesar de que no se han revisado las perspectivas financieras. 
Por consiguiente, se trata de una situación totalmente extraordinaria. 
Señor Comisario, la Comisión, como guardián de los Tratados, haría bien en hacerse preguntas, tal como ha dicho hace unos momentos Rolf Linkohr, sobre esta deriva institucional que es cada vez más grave, y donde se ve a un Consejo particular como «ECOFIN» arrogarse unos poderes que son superiores incluso a los del Consejo Europeo, como se ha visto recientemente con el Libro Blanco. 
Hay en este caso una deriva sobre la que deseo reclamar la atención. 
No es éste un discurso para la galería. 
Se trata de una verdadera amenaza contra el equilibrio de nuestras instituciones y de los mecanismos de codecisión. 
En cuanto a la Comisión, ésta ha sido criticada. 
Diría, con gusto, en este sentido y para ser justo, que ha cumplido con su deber conscientemente al presentar una propuesta de 700 millones. 
No me atrevería a decir que lo ha hecho con una gran convicción. 
Y nosotros no hemos sentido siempre su apoyo indispensable en este asunto. 
A todos aquellos que hoy piensan, y no sin razón, que el resultado es algo pobre, les propongo, algo que no sorprenderá a mis compañeros del Grupo Socialista, un proverbio chino que dice que vale más encender una vela que maldecir las tinieblas. 
Por tanto, aprobamos la vela que nos enciende Rolf Linkohr. 
Señora Presidenta, con independencia de que la delegación parlamentaria, según mis informaciones, haya peleado bien- quizá pueda pelearse aún mejor, pero, en cualquier caso, ha conseguido este resultado- puedo entender que alguien se pregunte: ¿qué vamos a hacer ahora con esto? 
Sin embargo, si se tienen en cuenta las diversas alternativas que ha expuesto la Sra. McNally, la pregunta se vuelve, en realidad, relativamente sencilla. 
Hemos impulsado tan lejos los trabajos previos en todos los puntos- me acabo de cerciorar una vez más- que el dinero podrá gastarse en el próximo año. 
Esto significa que en el próximo año dispondremos de 115 millones más. 
Pero, si ahora se rechaza el resultado o se introduce otro procedimiento de codecisión, entonces no se podrá gastar el próximo año, esto está completamente claro. 
Por consiguiente, creo que es mejor aceptar aquí el resultado. 
En lo que respecta a la Comisión, acepto la crítica que se ha expresado aquí por la Sra. Plooij-van Gorsel y, al final, por el Sr. Desama. 
Haré llegar esto a las señoras y señores que estaban representados allí. 
Puede ser que ellos no hayan luchado con todo el convencimiento, como ha dicho el Sr. Desama. 
Esto, naturalmente, no está bien, está completamente claro. 
La Comisión debe luchar siempre con todo el convencimiento, precisamente cuando quizá no vea muchas posibilidades de lograr lo que se haya propuesto. 
Es un error estratégico si no se va a la batalla con toda la música y con las banderas desplegadas. 
Comunicaré esto a mis colegas y a los señores representados allí. 
Espero que esto no ponga en cuestión la conformidad de ustedes. 
Les doy las gracias por este debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Protección jurídica de los dibujos y modelos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0319/97) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0296/97-00/0464 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. 
Señora Presidenta, estamos con un tema que nos lleva ya ocupando cierto tiempo, que es la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. 
En una primera lectura, el Parlamento Europeo formuló una serie de enmiendas. 
La Comisión hizo suyas y corrigió y modificó algunas de esas enmiendas. 
El tema se llevó al Consejo, y el Consejo, en general, rechazó el conjunto de enmiendas del Parlamento Europeo. 
La Directiva es una directiva de ámbito más amplio de lo que a veces entiende la opinión pública. 
Porque se trata, en general, de la protección jurídica de los dibujos y modelos. 
A diferencia de las otras formas de propiedad industrial- que son lo que podríamos llamar la propiedad industrial funcional -, que trata de que los aparatos funcionen, de que las cosas marchen, el dibujo y el modelo introducen un elemento artístico. 
Se podría decir que es la propiedad artística dentro del sistema intelectual. 
Por tanto, no nos interesa tanto que la máquina funcione o no funcione, sino que la apariencia- lo que es visible- constituya un conjunto armónico. 
Aquí entran elementos que podríamos llamar de propiedad artística más que de propiedad industrial propiamente dicha. 
La Directiva no se refiere a una forma concreta de protección jurídica de dibujos y modelos, sino que se refiere a todas las formas. 
Estamos hablando de la protección, por ejemplo, de los modelos textiles, de los modelos en cristal, de los modelos en plástico, de todo tipo de modelos que cualquier producto industrial tenga en un momento determinado. 
La directiva tiene estas características generales, pero creo que hay que distinguir dos tipos de problemas: los que se refieren a las características generales de la construcción del modelo y los que se refieren a un asunto concreto, el famoso tema de las piezas de recambio. 
Con respecto al primer problema general- el del funcionamiento de la protección de los diseños y modelos industriales a través de una directiva de armonización -, me da la impresión de que no hay demasiadas diferencias, y esto ha inducido al Consejo a pensar que el asunto se podría resolver dejando entre paréntesis el otro problema, el relativo a la protección de las piezas de repuesto. 
Hay que poner de relieve que la discusión con respecto a las llamadas piezas de recambio es una discusión que comienza por un tema prácticamente filosófico- es decir, si lo que se protege es la totalidad del diseño del producto industrial o si se protege solamente una parte de éste-. 
Yo recuerdo que en mi niñez, cuando se estropeaba un aparato de radio o algo así, se mandaba a reparar. 
Hoy, como sabemos, en la mayor parte de los productos industriales la reparación es más costosa que la compra del producto en su integridad, por lo que no se plantea el problema de las piezas de recambio. 
Si a uno se le estropea un reloj, lo normal es tirarlo y comprar otro, a no ser que sea un objeto de antigüedad, con lo cual prácticamente estamos fuera también del ámbito industrial. 
Donde el tema se ha planteado es en las piezas de repuestos de automóviles, concretamente las piezas exteriores. 
Cuando hay un accidente importante en el que hay muertos, etc., normalmente el automóvil desaparece o queda volatilizado, pero la mayor parte de los accidentes de automóvil consisten en esos pequeños roces que tenemos en las ciudades, en las que alguien pasa imprudentemente por un lado y le rompe a uno una puerta, un cristal o simplemente queda dañado el parachoques. 
Esto da lugar al desarrollo de una importante industria, en muchos países europeos, que es la industria de las piezas de repuesto. 
Los fabricantes de automóviles sostienen que, cuando un fabricante de una pieza de repuesto copia el modelo de su coche X, como puede ser un coche de lujo, y lo coloca en el mercado, está violando su propiedad intelectual. 
Hay quien dice, en cambio, que no, que la protección al diseño tiene que ser al diseño en su conjunto y que, por tanto, si se estropea una parte de un diseño, esta parte no está protegida. 
En este momento, hay una división jurisprudencial muy clara por parte del Reino Unido- en el Reino Unido no hay en este momento protección a las piezas individuales -, y hay por lo menos dos países europeos donde hay una incipiente jurisprudencia que va dirigida también a negar esa protección al fabricante original, dando por tanto derecho a un fabricante de piezas de recambio a sustituir las piezas de una y otra forma. 
El ponente, en la primera lectura, partió de la base de una protección íntegra de las piezas, pero fui derrotado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y, como buen jugador, acepté la pérdida y asumí el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos propuso una solución intermedia que consistía en dar la posibilidad a los fabricantes de piezas de recambio de utilizar esos modelos- o utilizar la parte de los modelos que se utilizaban en la reparación -, indemnizando, fijando una compensación al fabricante. 
Con lo cual se podría llegar a una solución de compromiso entre unos y otros. 
Esta propuesta establecía un sistema que podríamos llamar de licencias obligatorias, y parece que le pareció bien a la Comisión, que decidió llevarla adelante. 
El Consejo estimó que no y llegó a una solución salomónica, que consistía en decir «no resolvemos el problema». 
Desde el punto de vista del Parlamento, creemos que es la peor solución, porque no hay cosa peor, desde el punto de vista de la actividad del mercado interior, que dejar las cosas abiertas. 
Los problemas tienen que resolverse para que pueda haber una cierta fijeza en las relaciones comerciales, industriales y de inversiones, y esa fijeza se consigue con una solución- sea buena o sea mala-. 
La peor solución es no dar una solución. 
Por ello, el Parlamento ha vuelto a introducir la mayor parte de las enmiendas en primera lectura, aprovechando las mejoras que introdujo en ese texto la Comisión. 
Hay algunas otras enmiendas de menor importancia. 
Por ejemplo, hay un considerando que se refiere al tema de las motocicletas, a partes que son visibles y a partes invisibles. 
Pero, en líneas generales, nos encontramos, por un lado, con un rechazo por parte del Consejo de las propuestas del Parlamento y con un intento de dejar el tema entre paréntesis y, por otro lado, con una postura por parte del Parlamento que propone una solución. 
Espero que, en el Consejo, sean capaces de solucionar las diferencias internas, porque el problema real, como todos sabemos, es que dentro del Consejo hay Estados que son partidarios de una solución y Estados que son partidarios de otra. 
Por parte del Parlamento, creo que cumplimos con nuestra obligación al presentar este conjunto de enmiendas- que es un conjunto de enmiendas razonables, que va dirigido a buscar un compromiso, que ha encontrado el apoyo de la Comisión en un momento anterior y que puede ser perfectamente defendido ante el Consejo. 
O sea, la posición del Parlamento es una posición enteramente constructiva, tenemos gran interés en que esta directiva se adopte con la mayor prontitud al objeto de armonizar todo el tema de los diseños y modelos industriales. 
Pero, por otro lado, insistimos en que la reglamentación que salga tiene que ser una reglamentación correcta que solucione efectivamente los problemas. 
Por tanto, yo pido a esta Asamblea que apoye las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar a Manuel Medina Ortega por la cantidad de trabajo que ha dedicado a este informe y también por la total imparcialidad con que ha sintetizado todas las diversas opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Éste es un informe muy importante. 
Están en juego muchos puestos de trabajo: hay unos 70.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera automovilística y de piezas de recambio tan sólo en Coventry y en West Midlands, conque estamos hablando de algo de importancia económica en esta directiva. 
Estoy muy irritada- y comparto la irritación de Manuel Medina- por que el Consejo considerara oportuno rechazar la muy imparcial solución que este Parlamento elaboró en su primera lectura. 
Fue difícil conseguir que todo el mundo coincidiera más o menos y reconocemos que ésa fue la mejor solución que pudimos encontrar: no es absolutamente perfecta, pero consiguió el máximo apoyo en esta Asamblea. 
Después el Consejo la rechazó y se lanzó a una pelea, por lo que no hubo armonización sobre la cuestión de la cláusula relativa a las reparaciones. 
No ha cumplido con su deber de buscar una solución europea idónea y espero sinceramente que escuche a este Parlamento y substituya la cláusula relativa a las reparaciones. 
Es importante para los puestos de trabajo, como ya he dicho, y es importante para las exportaciones a fin de velar por que las empresas puedan exportar de un país a otro. 
Como ha dicho el Sr. Medina Ortega, el mercado británico permanecerá abierto, pero nos preocupa que se pierdan puestos de trabajo, si no podemos exportar a otros países. 
Además, hay que tener en cuenta la cuestión de los consumidores. 
Las consumidores tienen derecho a que se les hagan reparaciones rápidas y a precios razonables y con la mayor posibilidad de elección y la cláusula relativa a las reparaciones lo propicia. 
Hay algunas preocupaciones sobre las cuestiones relativas a la salud y la seguridad de las piezas de recambio, pero es mejor abordarlas en otros instrumentos legislativos. 
Insto al Consejo a que escuche adecuadamente a este Parlamento. 
Señora Presidenta, deseo abordar tan sólo el aspecto que fue objeto de específicas discusiones en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
La dificultad de este tema estriba en el hecho de que la finalidad de la disposición objeto de examen es, sin duda, la de sentar las bases de una armonización entre las varias legislaciones de cara a garantizar una competencia más libre y una mayor facilidad de circulación. 
Por lo que se refiere al asunto que hoy se somete a debate y, en particular, el de las piezas de recambio de la industria del automóvil y de las motocicletas, la Comisión parte con una propuesta que prevé que los derechos de los fabricantes de las piezas originales que forman parte de un único conjunto se protejan sólo durante un plazo de tres años. 
El Parlamento considera que esta solución no es apropiada y recurre al sistema de la licencia obligatoria que, sin duda, implica una protección, pero una protección que no debe impedir la libre circulación de las piezas de repuesto, la libre fabricación y el resarcimiento por medio de una indemnización justa. 
La Comisión aprueba esta solución de compromiso, pero el Consejo, en la posición común, abandona el objetivo por el cual fue propuesta esta directiva, esto es, crear una armonización y garantizar una mayor competencia y una más libre circulación de los bienes, y decide que no vamos a decidir nada a lo largo de cinco años. 
Esta solución es claramente inaceptable, motivo por el cual la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, a través del ponente y por amplia mayoría, vuelve a proponer que se presenten de nuevo las enmiendas y, por consiguiente, la posición que el Parlamento ya votó en su momento. 
El Partido Popular, a quien represento, respaldará la posición del ponente sobre este punto, acerca del cual voy a argumentar de manera muy sintética exponiendo cuatro consideraciones. 
La primera, a la que ya se ha referido el Sr. Medina Ortega, es de carácter filosófico o, mejor dicho, ontológico: la belleza- el diseño significa esto -, la estética está relacionada con la totalidad y no con cada parte. 
Un ojo, una nariz, un cabello son bonitos o feos con respecto a la totalidad del cuerpo a los que pertenecen. 
Quien proyecta el diseño de una máquina piensa en el conjunto de la máquina que se adquiere también porque es armónica en su totalidad: no es por cada pieza, que en sí no tiene una belleza suficiente. 
La otra razón, sin embargo, y la más importante quizás es la competencia. 
La competencia, dicen los especialistas, se puede basar en la estética, en el sentido de que a igualdad de precio un producto es más apetecible si es más bonito- y es en este sentido que hoy pugnan entre sí las industrias del automóvil y de las motocicletas- o en el precio, en el sentido de que a igualdad de producto y de estética, se intenta bajar el precio y así se protegen mejor los consumidores. 
Por lo que se refiere a las piezas de repuesto, si no permitimos la intervención de los fabricantes de piezas de recambio, la competencia deja de existir, existe un régimen monopolístico, habida cuenta de que las piezas de recambio no pueden competir entre sí estéticamente, deben ser necesariamente siempre las mismas y deben colocarse en un determinado tipo de vehículo. 
En consecuencia, si queremos garantizar la competencia que, por cierto, es el objetivo de la directiva, debemos autorizar la fabricación de piezas de recambio también a los que no han fabricado todo el conjunto, evidentemente con unas garantías- la marca, el conocimiento, la eficacia- que se describen muy bien en la directiva. 
También se ha mencionado la tercera consideración, el riesgo de que, si no legislamos en este ámbito, podríamos provocar otra causa más de despidos y de desempleo, habida cuenta de que deberían cerrar sus puertas muchas empresas fabricantes de piezas de repuesto. 
Por último, debo manifestar que cabe hablar de un motivo jurídico muy serio, porque, si bien ya existe una ley en Inglaterra, tal como decía el Sr. Medina Ortega, en algunos países, no obstante, hay una jurisprudencia que no reconoce el derecho a la propiedad intelectual a la fabricación de piezas individuales de un conjunto. 
Quisiera, por último, recordar que también el Tribunal de Justicia, a través de la sentencia de 6 de abril de 1995, indicó que en esta materia hay que conciliar el derecho a la propiedad industrial con el interés por la libre competencia y la libre circulación. 
Me parece una indicación que puede sustentar las enmiendas que el Parlamento formula a través del ponente Sr. Medina Ortega, que espero que se aprueben por amplia mayoría. 
Señora Presidenta, nos encontramos ante un texto muy delicado, por razón de su contenido. 
La propuesta de directiva sobre los dibujos y modelos ha sido objeto de una posición común aprobada en el Consejo por unanimidad. 
A partir de ahora, es más que deseable que ésta llegue a concluir en la versión equilibrada fijada por el propio Consejo, ya que su paso por la fase de conciliación pondría en peligro esta delicada construcción y, sobre todo, podría terminar en un fracaso definitivo de todo el texto. 
Ahora bien, la Unión Europea necesita realmente disponer de un sistema armonizado y equilibrado de protección jurídica de la propiedad industrial. 
Retomando la cláusula de reparación aprobada en primera lectura, hemos creado un sistema que no puede aplicarse a la realidad de los hechos. 
Las cláusulas de reparación no establecen ningún vínculo contractual entre el titular del derecho y el imitador, que se limita a ofrecer una compensación sin ninguna garantía en cuanto al volumen que se ha vendido y en cuanto al pago efectivo. 
Esta relación desequilibrada sólo contribuye a multiplicar los contenciosos. 
En principio, la cláusula de reparación no debería aplicarse cuando el titular está en condiciones de probar que el imitador no puede o no quiere cumplir con sus obligaciones. 
Pero, ¿cómo producir una prueba así contra los imitadores, sobre todo cuando éstos están establecidos fuera de la Unión Europea? 
Incluso provista de un sistema de remuneración, la cláusula de reparación que propone el ponente plantea objeciones muy importantes en el plano de la equidad. 
Por una parte, establece que, para que su actividad de copia se considere lícita, el imitador está obligado únicamente a ofrecer una remuneración al titular de los derechos escapando así a la posibilidad de ser acusado de falsificación. 
Por otra parte, el propio imitador se limitará a producir piezas de rotación rápida y de gran volumen de ventas, mientras que el constructor, por su parte, se verá obligado, durante un período de diez años, a producir más de 150.000 referencias de piezas para que éstas se encuentren a disposición del consumidor. 
Al contrario de lo que se pretendería hacernos creer, la cláusula de reparación no beneficiará al consumidor. 
Únicamente las piezas originales ofrecen las garantías de resistencia a la corrosión, de resistencia mecánica y de seguridad exigidas legítimamente por el consumidor y a las que se compromete el constructor. 
Ha sido principalmente por razones de seguridad como, en contacto con las autoridades judiciales y administrativas competentes de los Estados miembros o de la Unión Europea, los constructores han emprendido un esfuerzo sin precedentes de lucha contra los peligros derivados de la seguridad provenientes de la falsificación y de los mercados paralelos de piezas sueltas. 
En realidad, en cuanto a precios, el respeto por la propiedad industrial no es perjudicial para el consumidor. 
En el Reino Unido, donde la copia es libre, los precios de las piezas sueltas aumentaron en un 13 % entre 1989 y 1993, mientras que en Francia, país en el que la propiedad industrial está protegida, los precios sólo aumentaron un 1, 6 % en el mismo período. 
La ventaja para el consumidor corre el riesgo de ser, sobre todo, ilusoria. 
Un precio en apariencia más bajo corresponde en realidad a un coste final más elevado, por razón de los problemas de calidad, seguridad y adaptabilidad. 
Finalmente, al aceptar la reproducción de las piezas sueltas desde el primer día, esta cláusula contraviene los principios esenciales de la propiedad industrial y representa un riesgo económico muy elevado para los industriales que han de invertir de forma masiva en elementos estéticos. 
La posición común es un conjunto equilibrado que no puede ser puesto en tela de juicio por un elemento tan pesado en términos económicos como la reintroducción de la cláusula de reparación. 
Presidente, ya desde el comienzo se ha centrado la discusión en esta importante materia sobre cláusula de reparación. 
Espero también por lo tanto que el Parlamento, después de la Comisión de Asuntos Jurídicos, promueva asimismo un equilibrio justo entre todos los intereses en el caso. Esto en contraposición a la impotencia del Consejo de ministros, que deja la solución a cada uno de los países miembros. 
Este tipo de nodecisiones es la negación de cada uno de los esfuerzos de la harmonización a nivel europeo. 
Por lo tanto, mientras el Consejo quiere seguir al Parlamento Europeo y a la Comisión, nosotros nos dirigimos directamente a una confrontación. 
Confío sinceramente en que encontraremos una avenencia para toda la materia de dibujos y modelos, de forma que finalmente salga a la luz una sólida protección de modelos a nivel europeo. 
La protección de dibujos y modelos no es solamente de interés para el mercado del automóvil y de la bicicleta. 
Es de interés para el mercado del automóvil, y el mercado del automóvil es importante. 
Pero otros innumerables sectores, nuestras casas de diseño europeas, aquellas que dan forma a los objetos de uso diario como teléfonos, material de ordenadores y radio, esperan una legislación europea uniforme sobre el asunto. 
La defensa de la propiedad intelectual es la traducción jurídica de nuestro deseo de análisis, de nuestra creatividad, de nuestra inventiva, aquello que representa tantos triunfos no solamente para la realización posterior del mercado interno, sino sobretodo en nuestra lucha por la competencia con nuestros socios más importantes. 
Es, con ese espíritu, con el que espero sea aprobado el informe del colega Medina Ortega. 
Señora Presidenta, los problemas que han surgido en los debates sobre la posición común relativa a la protección jurídica de los diseños y modelos han sobrevenido, no por proteger el diseño artístico, sino por intentar resolver los conflictos de intereses existentes entre fabricantes y consumidores. 
La dificultad para alcanzar una definición jurídica satisfactoria de diseño ha sido expresión de los problemas que comporta la resolución de este conflicto. 
El mismo hecho de recurrir, para excluir del derecho a la protección, a la visibilidad o no del diseño aplicado a un producto complejo demuestra hasta qué punto ha sido, y sigue siendo difícil, conciliar estos intereses mediante una fórmula conceptual que los abarque sin entrar en ambigüedades jurídicas que afecten a la seguridad jurídica. 
Los equilibrios que han tenido que hacerse para salvaguardar los intereses de los consumidores y de los fabricantes independientes de piezas de recambio de vehículos de motor, que dan empleo a un número considerable de trabajadores, evidencian también las dificultades habidas para conciliar estos intereses. 
Los equilibrios alcanzados cuidadosamente en el Parlamento han puesto de manifiesto que éste es consciente de que nos encontramos ante una cuestión delicada. 
Pero, también, que defiende el mantenimiento de un mercado de piezas de recambio en el que opere la libre competencia, preservando también los intereses de la industria. 
Las soluciones propuestas por el Parlamento confieren seguridad jurídica a la competencia en el mercado interior y protección suficiente a los diseños y modelos, que es lo que a fin de cuentas se pretende. 
La remuneración razonable establecida en el ámbito de la cláusula de reparación garantiza a los fabricantes de automóviles que amortizarán la inversión hecha en las mejoras técnicas de los modelos. 
Por lo tanto, no se entiende el rechazo de las soluciones de compromiso aportadas por el Parlamento. 
Yo incluso hubiera sido partidaria de una mayor reducción de los plazos de protección pero, a pesar de ello, pienso que las soluciones aportadas por el Parlamento son soluciones de compromiso que merecen ser apoyadas. 
Y a pesar de las diferencias que mantengo sobre los plazos de protección, creo que en este momento se debe plantear con seriedad que una protección mínima, como la aportada en la solución de compromiso establecida, no puede de ninguna manera dejarse de considerar ponderadamente. 
Señora Presidenta, quisiera decir que la del Parlamento es una posición equilibrada y que ha sopesado todos los pros y los contras en este debate. 
Sin embargo, la posición del Consejo es muy extraña y, si se sale con la suya en la controversia sobre la cláusula relativa a las reparaciones y las piezas de recambio que figura en el artículo 4, equivaldría a crear y preservar monopolios en perjuicio de los consumidores, de la libertad de competencia y de las pequeñas y medianas empresas que pretendemos apoyar. 
Yo me pregunto: ¿se trata de verdad de una posición del Consejo o es la posición de uno o dos Estados miembros? 
El 80 % de los Estados miembros protegen los dibujos y modelos en su legislación nacional. 
De modo que el Parlamento tiene derecho a preguntar si se trata de verdad de la posición del Consejo o de la posición de uno de los Estados miembros. 
La votación sobre este informe revelará quién está en la práctica a favor de la libertad de competencia, cuando resulta útil para los consumidores y las pequeñas empresas, y quién apoya, por otro lado, la protección jurídica de los monopolios multinacionales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, por mi parte deseo dar las gracias al ponente, Sr. Medina Ortega, por su trabajo muy profundo y por la voluntad que ha manifestado en los debates de la Comisión de Asuntos Jurídicos por tener en cuenta la opinión de la mayoría de los miembros de esta Asamblea. 
Me refiero, por supuesto, al dictamen emitido en primera lectura por nuestro Parlamento el 12 de octubre de 1995. 
La introducción de la cláusula de reparación en el sector industrial del automóvil ha estado en el centro de los debates desde que la propuesta de directiva se sometió a esta Asamblea. 
Esta focalización en el sector del automóvil apenas sorprende, y los desafíos económicos vinculados al automóvil son considerables. 
¿Acaso no representa el coche, después de la casa, la inversión más importante y costosa para la mayoría de los consumidores europeos? 
Por poco sorprendente que sea, esta focalización en el sector del automóvil no es por ello menos injusta. 
¿Cómo hemos podido descuidar otros sectores industriales afectados en el mismo sentido por esta armonización de las legislaciones nacionales como el textil y la ropa, la relojería o la electrónica? 
Ustedes me dirán que la culpa es de la cláusula de reparación cuyo impacto sería menor en estos sectores. 
Sobre esta famosa cláusula, que ahora es el centro de interés de nuestros debates, resulta obligado señalar que, en su propuesta modificada, la Comisión ha suscrito la posición expresada por el Parlamento en primera lectura. 
Este hecho es suficientemente raro como para señalarlo y debe recabar toda nuestra atención. 
Por tanto, la situación es ahora muy clara. 
Por un lado tenemos al Parlamento Europeo, sin prejuzgar la votación de mañana en la que serán necesarios 314 votos, tenemos a la Comisión y al Comité Económico y Social, que no son favorables a una protección de los dibujos y modelos en las piezas sueltas. 
Por otro lado, tenemos al Consejo de Ministros, que pretende ampliar a las piezas de recambio la protección de que disfruta ya el producto completo. 
Yo mismo, con la casi unanimidad de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, voté a favor de la reproducción por parte de los fabricantes, desde el primer día, de las piezas de carrocería para vehículos automóviles. 
Observo que las protecciones previstas por nuestra comisión son importantes: autorización legal que asegure una remuneración equitativa a los titulares del derecho, información al público y al consumidor acerca del origen del producto, información al titular para la utilización de su dibujo. 
Pero lo que ha movido mi convicción es la naturaleza jurídica particular de las piezas sueltas. 
La inclusión de las piezas sueltas en la protección de los dibujos y modelos puede implicar un monopolio del producto, algo que está en contradicción con la esencia del derecho de la propiedad intelectual que se supone que sólo produce un monopolio de forma. 
La no introducción de una cláusula de reparación tendría consecuencias considerables para los consumidores, que sólo podrían satisfacerse con una fijación arbitraria de los precios. 
¿Qué decir sobre las consecuencias en materia de empleo? 
Las numerosas PYMES, para las que el Parlamento Europeo desea un plan importante- mañana por la mañana debatiremos sobre ello -, ya sometidas a pliegos de condiciones muy severos por parte de los constructores, son el vivero del empleo en Europa. 
Por tanto, hemos de pensar en ellas de forma prioritaria. 
Estos argumentos han sido oídos en el seno de mi grupo político, la Coalición Radical Europea. 
No les oculto que algunos de mis colegas tienen una opinión diferente y no son favorables a la liberalización del mercado de piezas sueltas. 
Sus argumentos son conocidos por todos: una cláusula económicamente peligrosa para los fabricantes de automóviles europeos y una cláusula jurídicamente discutible que no respetaría los acuerdos internacionales firmados por la Comunidad Europea. 
Para resumir, algunos diputados de mi grupo han tomado la decisión de luchar a posteriori contra las falsificaciones, sabiendo que los riesgos en términos de seguridad tienen unas consecuencias en el sector del automóvil diferentes de lo que serían en el caso de un reloj o de un bolso de mano. 
Otros diputados, que son mayoría, han tomado como yo mismo la decisión de una protección jurídica más flexible, adaptada a las realidades de la creación. 
En otras palabras, el diseño de las piezas sueltas no puede separarse del producto original. 
Señor Presidente, la función del legislador es la de elaborar textos justos, equilibrados y claros, con el fin de evitar conflictos jurídicos permanentes y efectos económicos nefastos en los sectores afectados. 
La propuesta de directiva relativa a la protección de los dibujos y modelos ya no responderá a esos criterios si se restablece la cláusula de reparación. 
Ésta suprime toda protección de los dibujos y modelos de piezas exteriores. 
En compensación, se ha propuesto que el fabricante independiente de piezas de recambio tome por sí mismo la iniciativa de informar al poseedor de los derechos de propiedad sobre su intención de copiar las piezas y proponer una remuneración justa y razonable. 
En la práctica, nadie sabe cómo podrá aplicarse esta remuneración ni cómo los creadores podrán hacer valer sus derechos. 
El desafío es el de la investigación y la innovación en la Unión Europea, donde las empresas industriales llevan a cabo esfuerzos muy intensos para poner a punto dibujos originales, al término de un proceso complejo. 
Esos esfuerzos, que son una exigencia de la competencia internacional, constituyen una asunción de riesgos industriales que se cifra en miles de millones de francos en algunos sectores. 
La cláusula de reparación organiza la copia del resultado de esos esfuerzos por terceros que no soportarán nunca ni los costes de concepción y desarrollo ni los costes de industrialización. 
La adopción de esta cláusula, que contraviene el principio esencial de la propiedad intelectual, sería un signo negativo dirigido a muchas empresas europeas que podrían verse tentadas a reducir sus esfuerzos de innovación o de creación, o a trasladarse a lugares donde los costes fueran menores. 
La cuestión es la de la elección de una Europa industrial, en la que las empresas que crean e invierten reciban una justa protección del fruto de sus esfuerzos de creación, de innovación y de desarrollo. 
Además, esta cláusula de reparación será una fuente de contenciosos sin fin y de inseguridad jurídica permanente. 
Siempre se nos habla de una Europa de 380 millones de consumidores; es preciso que esta Europa sea también la Europa de los productores, a falta de lo cual será siempre en mayor medida la de los desempleados. 
Éstas son las razones por las que no votaremos la cláusula de reparación. 
Señora Presidenta, deseo expresar mi decepción y la de mi Grupo por la clara incoherencia del Consejo. 
Me explico: por un lado, el Consejo no pierde ocasión para alabar el libre mercado, la protección de los consumidores y la defensa de los puestos de trabajo; por el otro, y con referencia a la protección jurídica de los dibujos y modelos, adopta artificios jurídicos muy discutibles y tendentes a fomentar, de hecho, la supremacía de los grandes fabricantes en materia de recambios, en detrimento de los pequeños industriales, el libre mercado, los consumidores y los trabajadores. 
Ésta es la razón de la pugna entre el Consejo, la Comisión y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
En efecto, mediante la introducción y aprobación, incluso en segunda lectura, de la enmienda al artículo 14, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento ha intentado defender el mercado y a los trabajadores. 
Con la exclusión del artículo 14 se va a peor, ya que a través de la introducción, a nivel de cada uno de los Estados miembros, del derecho de opción entre libertad y monopolio, el Consejo desvirtúa los principios mismos de la Unión Europea. 
El Grupo de Alianza Nacional elige la libertad siguiendo su costumbre y sus convicciones. 
Confiamos en que hagan lo mismo los demás Grupos apoyando el informe Medina Ortega. 
Señora Presidenta, querría también respaldar el informe del Sr. Ortega. 
Esta directiva se ocupa de algo muy importante en el mercado interior de la Unión Europea: la necesidad de amparar las empresas que investigan y desarrollan. Son estas empresas las que crean la competitividad de Europa. 
La piedra fundamental en la economía del futuro es la iniciativa y la investigación. 
Sin embargo, cuando se dice esto, es también importante mencionar que no debe crearse ninguna situación de monopolio para el fabricante en detrimento de los consumidores. 
La segunda lectura de esta directiva me permite expresar mi sorpresa ante el Consejo y la actitud que ha manifestado en este proceso. 
El Consejo nos ha dejado en un vacío con su cláusula " free for all». 
Esta cláusula " free for all» otorgará a los productores de automóviles el monopolio en el mercado de las reparaciones, una situación de monopolio que implica una fuerte subida de precios en los repuestos. 
Y es un precio que los consumidores europeos deben pagar. 
El Consejo, además, ha renunciado a adoptar una postura en torno a las leyes de modelos y con ello ha dejado pasar la oportunidad de establecer un estándar que pudiera asegurar un mercado interior de eficaz funcionamiento en el terreno de los modelos en la parte que concierne a los repuestos. 
Nuestra tarea en este Parlamento es asegurar la realización del mercado interior. Esto redundará en beneficio de la población europea y asegurará las empresas frente a terceros países. 
Es una importante tarea, es un ejercicio de acrobatismo y es evidente que una situación de monopolio para los fabricantes de automóviles en el terreno de los repuestos va en detrimento de la población. 
Es absolutamente necesario que la cláusula " free for all» sea retirada. 
Los consumidores deben confiar en el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Espero que mañana obtengamos mayoría para modificar el texto. 
Esta tarde se ha empleado la palabra " copiar». 
Sobre esto, me gustaría decir que en algunos casos es el subcontratista quien desarrolla un respuesto- cumpliendo el estándar- lo cual quiere decir que aquí tenemos una colaboración entre fabricantes de automóviles, subcontratistas, etc. Así que no sólo es de los fabricantes de automóviles de los que aquí se trata. 
Señora Presidenta, acojo con el mayor beneplácito la propuesta de la Comisión y quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar al ponente por su excelente labor. 
El Parlamento Europeo alcanzó, al cabo de mucho tiempo, una transacción aceptable. 
En mi opinión, la situación actual, en la que las diferencias en las legislaciones nacionales obstaculizan la libre circulación, ya no es aceptable. 
La propuesta de la Comisión es digna de beneplácito, porque pretende armonizar las disposiciones que más directamente afectan el funcionamiento adecuado del mercado interior: la definición de los requisitos relativos a los dibujos y los modelos para conseguir la protección, el alcance y las condiciones de dicha protección, las razones para el rechazo o la inaplicabilidad de dicha protección, la definición de los derechos conferidos y sus limitaciones. 
La aprobación de esta directiva beneficiaría a todos los sectores de la industria manufacturera, pero muy en especial al sector de los bienes de consumo. 
Como cuestión de principio, espero ardientemente que esta Asamblea vuelva a incluir la enmienda sobre la cláusula relativa a las reparaciones. 
Estoy totalmente de acuerdo en que, cuando sea necesario para la reparación, la libre posibilidad de copiar los dibujos y modelos de piezas de recambio a cambio del pago de una remuneración representa una transacción razonable. 
Así, pues, apoyo la propuesta de la Comisión y las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Espero que esta Asamblea tenga el valor de aprobar dichas enmiendas y satisfacer las necesidades de los consumidores y de la industria manufacturera al respecto. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que esta directiva es una buena ocasión para alertar con respecto a enmiendas que podrían poner en duda el equilibrio extremadamente delicado que se ha elaborado al nivel de Consejo entre los Estados y entre los intereses económicos. 
Por supuesto, consideraré sobre todo, teniendo en cuenta el tiempo, el artículo 14, es decir, la cláusula de reparación. 
Con el pretexto de la defensa del consumidor, incluso de las pequeñas empresas, se corre el riesgo de poner en dificultades a los productores europeos y de facilitar en algunos casos las copias y falsificaciones que pudieran desarrollarse, sobre todo en el Sudeste Asiático, aunque hasta ahora, y por razones de reserva comprensibles, nadie haya querido mencionar este peligro real en el plano geográfico. 
Por otro lado, el Parlamento Europeo se ha mostrado siempre preocupado por el nivel de desempleo en Europa, con toda razón por cierto, así como por las deslocalizaciones, que agravan de manera considerable la situación del empleo en el sector industrial. 
Por consiguiente, con el pretexto de abrir un poco más ese sector a la competencia, cuando ésta es evidente y muy fuerte en el campo de la industria automovilística y no se puede hablar decentemente, creo, de monopolio en el sector industrial, se corre el riesgo de debilitar la validez de los derechos cuyos titulares sobre sus piezas protegidas son los constructores. 
En nuestra opinión, ello sólo puede favorecer las falsificaciones, crear litigios, en una palabra, crear inseguridad jurídica. 
Ahora bien, todo el mundo sabe que la inseguridad jurídica es desfavorable para la empresa y que lo que es desfavorable para la empresa es, por lo general, en un segundo momento, desfavorable para el empleo. 
Una vez más, la industria automovilística es poderosa, es cierto, pero también es muy frágil y los argumentos favorables a las enmiendas del Parlamento, aunque son muy coherentes en el plano jurídico, les falta a mi juicio en algunos casos, pertinencia económica y argumentación en el plano de la vida económica cotidiana real. 
Por ello deseo encarecidamente que este Parlamento se atenga, por todas estas razones, a la posición común del Consejo, y yo votaré por supuesto en este sentido. 
Señora Presidenta, estamos en la segunda lectura. 
En la primera lectura el Parlamento aprobó casi por unanimidad la cláusula de reparación. 
La Comisión apoyó esta posición del Parlamento, y el Consejo ha eludió una decisión. 
En la cuestión decisiva, en concreto, de qué hacemos con los accesorios- pues éste era el sentido de la directiva- el Consejo escurrió el bulto. 
Ahora el asunto va a la segunda lectura del Parlamento y nosotros decimos que no hemos pensado todo tan en serio. 
Así se puede debilitar, naturalmente, al Parlamento. 
En el futuro ninguna Comisión ni ningún Consejo más van a tomar especialmente en serio la posición del Parlamento en la primera lectura, aunque haya sido adoptada casi por unanimidad. 
Hay dos decisiones de las más altas autoridades judiciales, en concreto, de la Cámara de los Lores y del Tribunal Constitucional Italiano, que rezan lo siguiente: la protección del boceto sólo protege al modelo, pero no a los componentes que lo constituyen. 
Sea como sea, son dos sentencias de las más altas autoridades judiciales. 
Ahora se dice que los puestos de trabajo están en peligro. 
La cláusula de reparación no quita a la industria automovilística su cuota de mercado en las piezas de recambio, sino que solamente la expone a la competencia. 
Los fabricantes de automóviles poseen actualmente una participación del 88 % en el mercado. 
Poseen una eficaz red de comercial y de distribución y, aparte de esto, siempre existirán muchos clientes que dan importancia a las piezas originales de recambio. 
Por esta razón es totalmente irrealista un retroceso de esta cuota de mercado. 
Se trata de si el mercado libre va a poder mantener o no también en el futuro una cuota de mercado del 12 % en las piezas de recambio. 
Los fabricantes quieren un monopolio en este mercado, esto es todo, y ello no es deseable. 
Señora Presidenta, deseo limitarme a la cláusula de reparación. 
Si seguimos al Consejo, próximamente va a ser una realidad que a 180 fabricantes de automóviles y de motocicletas les amenazan aumentos de precios en las reparaciones y, como consecuencia, naturalmente, también en los seguros. 
Todo esto, si nosotros no seguimos lo que el Parlamento ya ha aprobado y la Comisión ha propuesto ya una vez. 
Esto significa, y aquí quiero reforzar lo que se ha dicho antes de mi intervención, que se podría llegar a prohibir la imitación de las piezas de recambio visibles. 
Se llegaría a un monopolio, es decir, se seguiría una posible dictadura de precios impuesta por los trusts automovilísticos. 
Naturalmente, no deseamos esto. 
No queremos reparaciones caras, ni queremos que se pierdan puestos de trabajo. 
Quisiera indicar que no sólo se pierden puestos de trabajo en la producción, sino también, evidentemente, en el comercio, donde se venden las piezas de repuesto, y también, claro está, en los talleres libres, que dejarían de estar en condiciones de trabajar en toda su amplitud. 
También aquí se pierden puestos de trabajo. 
Deberíamos defender ambas cosas, es decir, las piezas originales de recambio y la imitación de las piezas de recambio; ambas cosas deben ser posibles como lo son los talleres concertados y los talleres libres. 
Todo esto caracteriza, a fin de cuentas, al mercado libre y debe caracterizarlo. 
Esto está justificado, si se considera que a los trusts automovilísticos se les compra el 70 % de las piezas originales. 
Por consiguiente, en este punto existen esas razones evidentes sobre las que algunos se manifiestan. 
La conclusión debería ser la siguiente: sí a la protección del modelo, pero con una cláusula de reparación y, por cierto, con la posibilidad de copiar las partes visibles bajo condiciones muy determinadas, en concreto, que el fabricante original sea informado, y que se satisfaga un canon de licencia. 
Creo que el Consejo ha tomado partido indirectamente a favor de los trusts automovilísticos, y nosotros, como Parlamento, deberíamos tomar partido mañana, en la votación, a favor de los consumidores y del mercado libre. 
Señora Presidenta, en primer lugar considero lamentable que la discusión sobre el informe, tan importante, de Manuel Medina Ortega sobre la protección jurídica de los dibujos y de los modelos se haya limitado sustancialmente a la cláusula de reparación. 
Una decisión en favor de esta cláusula de reparación sería, en mi opinión, una victoria pírrica para los representantes de los automovilistas. 
Una victoria pírrica, no en el sentido económico, sino en el sentido jurídico. 
Puedo entender muy bien los argumentos de los representantes de los automovilistas y de los fabricantes de piezas de recambio, pero como jurista soy incapaz de reconocer un criterio objetivo para que se abandonen principios de la protección jurídica del dibujo precisamente en conexión con las piezas de repuesto para automóviles. 
Considero más bien esta tendencia como sumamente dudosa y posiblemente llena de prejuicios. 
En verdad, el presente problema no es, en mi opinión, un problema de la protección del dibujo, sino un problema de la competencia y, en consecuencia, habría que enjuiciarlo bajo este aspecto. 
Señora Presidenta, como Comisario competente en materia de industria tendría mucho que decir sobre cuanto se ha dicho hoy. 
Sin embargo, en consideración de la hora, no quisiera hacerlo, sino que quisiera seguir la invitación del Sr. Rothley a ser consecuente en mi calidad de miembro de la Comisión. 
La Comisión apoyó en primera lectura las enmiendas expuestas por el Sr. Medina Ortega. 
El Consejo no las aceptó. 
Por lo demás, permítanme decir a una diputada, que ha preguntado sobre ello, lo siguiente: fue una decisión unánime del Consejo, de suerte que se debe hablar realmente de un acuerdo del Consejo. 
Pero queremos seguir siendo consecuentes. 
Por esta razón, apoyamos las enmiendas del Parlamento salvo cuatro excepciones: no apoyamos la enmienda 12, porque, en nuestra opinión, complica las cosas innecesariamente, pues se refiere a una cuestión permanentemente abierta y con ello no se puede fomentar la marcha de las cosas, especialmente una decisión rápida. 
Tenemos también razones sustantivas para rechazar las enmiendas núms. 
1, 5 y 6. Si se vuelve a introducir la cláusula de reparación, como quiere el Parlamento, estas enmiendas, en nuestra opinión, podrían suscitar más bien dudas acerca de la importancia intrínseca de esta cláusula de reparación. 
No obstante, esto significa que apoyamos la gran mayoría de las enmiendas, entre ellas, también, la cláusula de reparación, como lo hicimos ya en la primera lectura, y esperamos que la discusión de hoy influya algo en el Consejo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.15 horas.) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Tiene la palabra el Sr. Medina Ortega. 
Señor Presidente, una cuestión de mero detalle. 
Pero como incluso afecta al Sr. Presidente, yo querría que se corrigiera el Acta. 
Concretamente en mi intervención primera se dice «Pide que el Presidente del Parlamento confirme públicamente que efectivamente estaba presente en esa sesión y que no tomó el avión para regresar a España hasta las quince horas». 
Aunque el Presidente del Parlamento suele viajar conmigo, concretamente ese día yo creo que viajé en el mismo avión del Presidente que salió a las 13.00 horas. 
Concretamente ese día salí a la una porque la sesión terminó antes. 
Es una cuestión de mero detalle. 
Presidente, muchísimas gracias por haber asistido el 12 de octubre en Madrid a nuestro certamen contra el racismo, aunque ese naturalmente no es mi tema. 
Aún así muchísimas gracias. 
Mi tema es que nosotros como Parlamento deberíamos tener el acceso que no tenemos a nuestros propios documentos legislativos. 
Hoy mismo le escribiré una carta al respecto. 
Señor Presidente, tomo la palabra en relación con el asunto que ha planteado el Sr. Coates y que figura en la página 6 del Acta. 
A mí no me parece que el Acta esté redactada de forma exacta. 
En primer lugar, se limita a indicar que el Sr. Coates planteó un asunto relacionado con el Reglamento, pero no indica que planteó una cuestión importantísima: la del mandato de los diputados. 
En segundo lugar, el Acta no recoge la respuesta de la Presidencia, que también es de gran importancia. 
El Presidente dijo que se trataba de una cuestión interna. 
Si un Jefe de Gobierno de esta Unión impone una restricción a los diputados, diciendo que no pueden hablar de la reforma electoral con la prensa, esto representa una total invasión de la independencia que se enuncia en el artículo 2. 
Quisiera que el Acta reflejara esta cuestión de forma fidedigna. 
Señora Ewing, se trata de una cuestión interna y por eso no figura en el Acta. 
Fue al contestar al Sr. McMillan-Scott cuando dije que éste no era el momento de hablar acerca de problemas políticos internos de Gran Bretaña, que es algo diferente de lo que ha indicado. 
En respuesta al Sr. Coates, dije que estudiaría su carta y que la contestaría a su debido tiempo. 
Señor Presidente, en relación con la misma cuestión he de decir que, claramente, lo que la Sra. Ewing ha dicho no tiene sentido y es absurdo. 
Quisiera reafirmar lo que acaba usted de decir e indicar que el código de práctica es, sin duda alguna, una cuestión interna del Partido Laborista que atañe a los diputados del Partido Laborista en este Parlamento. 
No tiene nada que ver con los privilegios parlamentarios, y nada que ver con la función de este Parlamento. 
Además, por lo que se refiere al Partido Laborista del Parlamento Europeo, diré que nos disociamos por completo de las observaciones y de los actos del Sr. Coates. 
El Sr. Coates ha hablado por su propia cuenta y en su propio nombre. 
Señor Presidente, quisiera referirme también a la misma cuestión. 
¿Podría confirmarnos usted si ha recibido o no ha recibido una carta del Sr. Coates? 
Quisiera insistir en lo que ha dicho la Sra. Ewing y oponerme a lo que ha dicho el Sr. David. 
No hay duda alguna de que se trata de una cuestión que este Parlamente debe examinar. 
Tengo aquí una noticia de la prensa en la que se dice que los diputados del Partido Laborista no pueden hacer declaraciones a la prensa sobre esta cuestión. 
Señor Perry, la Presidencia se ocupa con toda seriedad de las cuestiones planteadas por los diputados. 
Es evidente que contestaré a la carta y, si queda alguna duda sobre el particular, presentaré la respuesta a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades: eso es, a mi juicio, el camino que hay que seguir. 
No permitiré que consagremos más tiempo a esta cuestión. 
Señora van Bladel, sus consultas serán contestadas adecuadamente. 
Ya ayer le rogué que no plantease este asunto en el Pleno porque no es el camino adecuado en este caso. 
Si consulta usted el Acta, verá que le digo exactamente que no es un punto del orden del día. 
Señor Presidente, en la página 24 del Acta de la sesión de ayer se recoge la propuesta que hizo usted, en nombre de la Conferencia de Presidentes, sobre el calendario para 1997 y 1998. 
En ella mencionaba la Conferencia de Presidentes del martes. 
Para gran sorpresa mía, al salir de nuestra sesión, en mi casillero estaba el calendario para 1998, tanto en formato grande como pequeño. 
Quisiera decir que esto denota, en el peor de los casos, la intención de no tomar en consideración la votación que se celebrará el miércoles y, en el mejor de los casos, una grave disfunción en los servicios que distribuyen un calendario que sabemos que va a modificarse o, en todo caso, que será objeto de una propuesta de modificación. 
Me gustaría que nos aclarara este punto. 
Señor Fabre-Aubrespy, lógicamente, después de la primera votación, que se celebró durante el período de sesiones de septiembre, los servicios se ocuparon de imprimir el calendario con arreglo a esta decisión. 
Esta última fue distribuida después de la reunión de la Conferencia de Presidentes. 
Evidentemente, la votación que va a celebrarse puede modificar esta decisión. 
Hasta ahora, la decisión ejecutoria es la de septiembre y no se podía retirar el calendario, que ya estaba en fase de distribución. 
Otros diputados lo han recibido probablemente antes de la reunión del miércoles; en su caso, le llegó más tarde. 
Señor Presidente, lo único que quiero es decirle que algunos diputados del Partido Laborista compartimos la preocupación del Sr. Coates y quisiéramos que el Presidente se ocupase del código de conducta en este Parlamento. 
(El Acta queda aprobada) 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, se trata sin duda de una cuestión importante. Estamos trabajando en ello pero, lamentablemente, no va a ser posible debatir al respecto en esta sesión. 
La próxima semana tenemos la reunión de la comisión y en el primer período parcial de sesiones de noviembre podremos aprobar definitivamente nuestra resolución. 
Propongo, por ello, que rechacemos la urgencia para esta semana. 
Señor Presidente, quisiera insistir en que no obremos con tanta precipitación, pues he descubierto algo curioso en el comportamiento de la Comisión. 
El verano pasado pregunté por qué la Comisión insistía en utilizar oro escandinavo para el nuevo euro en vez de níquel; el día después de que la cuestión se examinase en la comisión parlamentaria, la Comisión Europea me dijo que no había absolutamente ninguna prueba médica que indicase que el níquel pudiera presentar un problema para la mayor parte de la población, que es lo que parece estar diciendo en su documento. 
Por consiguiente, sugiero a la comisión parlamentaria que se fije mucho en lo que está diciendo la Comisión Europea acerca del níquel y del oro escandinavo, pues lo que está diciendo no es verdad. 
Señor Presidente, dado que la ponente, la Sra. Soltwedel-Schäfer, no se encuentra presente, propugno que, siguiendo el plan acordado, no se examine su informe hasta el periodo parcial de sesiones de noviembre en Bruselas. 
Sin ánimo de pronunciarme sobre las repercusiones del oro o del níquel nórdicos en la salud, todos estarán de acuerdo en que se debe examinar esta cuestión de una manera detallada y de que no es posible acceder a esta solicitud de procedimiento de urgencia. 
Someto a votación la solicitud de procedimiento de urgencia. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Consejo Europeo sobre el empleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0307/97) del Sr. van Velzen, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta del Parlamento Europeo para la Cumbre Extraordinaria del Consejo Europeo sobre el Empleo (20-21 de noviembre de 1997) - (C4-0389/97) 
Tiene la palabra el ponente, Sr. van Velzen. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo Europeo, Señorías, el año 1997 puede ser un año decisivo en la lucha por el empleo. 
En primer lugar, porque se confirman los frutos de la estrategia macroeconómica, en términos de crecimiento, pues así lo avalan las previsiones económicas de otoño; luego, debido a la consolidación en el Tratado de la necesidad de una acción coordinada a nivel de la Unión y, por último, porque estamos llevando a cabo una auténtica política de coordinación de los mercados laborales nacionales, faceta ésta que se había desarrollado menos en el plano de la Unión. 
Todos sabemos que la lucha contra el desempleo es compleja y multiforme y que resultaría limitador juzgarla sólo a la luz de uno de sus componentes. 
Por ese motivo, hace años que abogamos por una estrategia coherente e integrada. 
Este es también, por cierto, el mensaje del excelente informe del Sr. van Velzen, cuyo trabajo quisiera aquí destacar. 
Este año se ensamblan los distintos elementos del puzzle. 
Hay que capitalizar y ampliar lo obtenido en las propuestas recogidas en el Libro Blanco, en el Pacto de confianza, en nuestra estrategia macroeconómica y en la multitud de acciones iniciadas. 
Sobre todo, hay que volver a situar estas acciones en su contexto coherente y recordar que se inscriben en una perspectiva a largo plazo. 
El pasado 1 de octubre, la Comisión presentó sus ideas sobre las reformas de los mercados nacionales de trabajo. En el mes de noviembre, la Comisión detallará sus ideas sobre la aportación de las políticas comunitarias en la lucha en favor del empleo. 
En lo referente a la línea directriz sobre las políticas nacionales del empleo, el enfoque de Amsterdam, que construye sobre lo ya consolidado, es innovador. 
Me gustaría decir algo sobre el método que propugnamos, pues tengo la sensación de que sigue habiendo algún malentendido. 
Hay quienes parecen centrar toda la atención en un único elemento de nuestra propuesta, que, además, tergiversan. 
El ponente van Velzen lo menciona. 
Se trata de nuestra afirmación de que si las hipótesis de base macroeconómicas se confirman y si se toman las medidas estructurales necesarias se podrán crear doce millones de puestos de trabajo en cinco años. 
Lo fundamental de nuestro enfoque no estriba en la cifra sino en los medios que proponemos para conseguir el objetivo. 
Para entenderlo, bastará con leer nuestro texto. 
Además, no tengo que recordar ante esta Asamblea que durante el período que va de 1985 a 1990 la Europa de los Doce logró crear diez millones de nuevos puestos de trabajo y consiguió reducir la inflación en un 3 %, haciéndola pasar del 10, 5 al 7, 5 %. 
Así pues, estos desafíos son realistas y debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlos. 
En mi opinión, hay una segunda observación esencial. 
La Comisión sugiere que las líneas directrices acordadas se traduzcan en planes de acción nacionales. Esto permitirá tener en cuenta las especificidades propias de las distintas situaciones nacionales del mercado de trabajo. 
No podemos dejar de establecer aquí un paralelismo con la coordinación de las políticas económicas en el marco de la Unión Económica y Monetaria. 
La experiencia de ésta demuestra que el escepticismo inicial referido al intercambio de prácticas correctas y la dinámica de la evaluación de las paridades era injustificada. 
El diálogo evolutivo, la búsqueda de la convergencia a través de objetivos comunes procedentes de las experiencias que habían tenido éxito, ya han demostrado su valía, y el esfuerzo de convergencia se ha beneficiado evidentemente de instrumentos vinculantes bajo forma de criterios precisos. 
En materia de empleo, éste no es el caso. El esfuerzo de persuasión recíproca debe pues ser mucho mayor. 
También hay que destacar que cualquier estrategia en favor del empleo requiere una acción multiforme y debe inscribirse en una dinámica a largo plazo. 
En cuanto a este último punto, hay que recordar que estamos en el inicio de un nuevo proceso instaurado de modo anticipado. 
El Consejo Europeo de Luxemburgo deberá pronunciarse sobre las ideas adelantadas por la Comisión. 
¿Acaso estará dispuesto a seguir nuestra recomendación de garantizar una nueva oportunidad a cada parado en un plazo de doce meses y a cada joven desempleado en un plazo de seis meses? 
¿Acaso se comprometerá a reducir a la mitad en los próximos cinco años el número de jóvenes que abandonan el sistema escolar sin ninguna cualificación? 
¿Acaso los distintos Estados miembros aceptan alcanzar el nivel de los tres mejores Estados en términos de formación de parados, es decir el 25 %? 
¿Acaso nuestros Gobiernos están dispuestos a fijar, como lo pide también con ahínco el Sr. van Velzen, un objetivo preciso en cuanto al número de personas que han de pasar de un apoyo pasivo a otro activo? 
¿Se va a reducir, por fin, la presión fiscal sobre el trabajo? 
Estas son algunas de las preguntas planteadas a los jefes de Estado y de Gobierno, y para las cuales espero respuestas. 
A la luz de las respuestas que se den, los desempleados valorarán las declaraciones repetidas de los Consejos Europeos sobre la prioridad que debe tener el empleo. 
Y, sobre todo, no habría que refugiarse en una subsidiariedad mal entendida para eludir el debate. 
La fuerza de nuestra propuesta reside precisamente en el hecho de que respetamos plenamente las competencias de los Estados miembros y de que nuestras propuestas permiten tomar en consideración las situaciones nacionales específicas. 
Corresponderá a los Estados miembros asumir sus responsabilidades en el marco de las líneas directrices que se impusieron ellos mismos. 
Señor Presidente, las reformas estructurales de los mercados nacionales de trabajo sin duda centrarán nuestros debates en Luxemburgo, pero esto no es suficiente. 
Como he recordado cada vez que he podido, esto sólo es un elemento de nuestra estrategia en favor del empleo. 
Esta estrategia no puede compartimentarse; deberá incluir plenamente las cuatro facetas necesarias para su éxito: un marco macroeconómico sano, la realización efectiva del potencial del mercado interior, las ambiciosas reformas del mercado de trabajo y una utilización óptima de los Fondos estructurales en favor del empleo. 
La acción de la Unión no corre en paralelo a la de los Estados. 
Por el contrario, se inserta en ésta y lo hace de dos modos. 
En algunos ámbitos, crea un marco de referencia indispensable para la acción de los Estados miembros. 
Esto es válido para el marco macroeconómico, el mercado único, la fiscalidad, las ayudas estatales, la simplificación del entorno empresarial y la protección del medio ambiente. 
Un único ejemplo bastará para ilustrar mis palabras. ¿Cómo quieren ustedes que un Estado miembro disminuya la fiscalidad sobre el trabajo si los riesgos de una competitividad desleal sobre la tributación del capital lo privan de sus necesarios ingresos? 
En otros ámbitos, la acción de la Unión completa o apoya la de los Estados miembros. 
Me estoy refiriendo aquí a los Fondos estructurales, a las redes transeuropeas, a la investigación, a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y a la sociedad de la información. 
No quiero entrar, en este momento, en detalles, puesto que la Comisión dará a conocer su postura antes del Consejo Europeo especial; aprovechará tal ocasión tanto para garantizar el seguimiento de Amsterdam como para llevar a cabo una reflexión más general sobre la aportación de nuestras políticas en la lucha por el empleo. 
Señor Presidente, en mi discurso de investidura del 17 de enero de 1995 ya dije que a Europa no le faltan bazas sino una estrategia para poder sacarles partido. 
Tengo la sensación de que hoy tenemos la posibilidad de desarrollar, por fin, tal estrategia y pasar de las declaraciones de intenciones a los hechos. 
El crecimiento una vez recuperado, gracias también a la perspectiva de la UEM, deberá servir para aprobar las reformas necesarias. 
Se está creando una acción integrada, coordinada, con participación de todos los actores en función de sus competencias; dará sus frutos, aunque no les agrade a quienes siempre critican cuando no toca. 
Afirmo que se ha puesto en marcha el reequilibrio de la construcción europea en favor de las preocupaciones reales de los europeos. 
Señor Presidente, después de las negociaciones de Amsterdam y de la introducción del nuevo capítulo sobre el empleo, y a raíz también de la decisión de celebrar una cumbre especial sobre el empleo, el Sr. Jean-Claude Juncker planteó un problema para todos los Estados miembros y para todas nuestras instituciones al decir que dicha cumbre sólo tendría razón de ser si se saldaba con medidas concretas y viables. 
Hay que felicitar al Sr. Wim Van Velzen por haber resuelto ese problema en nombre del Parlamento en su excelente informe. 
Hay que felicitar también a la Comisión por sus directrices. 
El proyecto de directrices que ha presentado sobre las cuatro cuestiones: la cuestión empresarial, la cuestión del empleo, la cuestión de la adaptabilidad y, asunto importantísimo, la cuestión de la igualdad de oportunidades, ha dado realmente en el blanco. 
Ésas son las cuestiones de que tenemos que ocuparnos si queremos gestionar debidamente todas las modificaciones que hay que introducir en nuestras sociedades. 
Los resultados de las negociaciones de Amsterdam se pueden juzgar de dos formas: o bien nuestros dirigentes estaban poniendo en práctica un legítimo deseo de restaurar el equilibrio en el Tratado entre las aspiraciones de convergencia y la unión monetaria, por una parte, y el empleo por otra: estaban obrando honradamente para conseguir que el Tratado tuviera pertinencia para la totalidad y cada uno de los ciudadanos de Europa, o bien estaban desarrollando un ejercicio cínico y al incluir un capítulo sobre el empleo querían convencernos de algo que no tenían intención alguna de reconocer o de poner en práctica. 
Si es esto lo que querían, entonces confío sinceramente en que los ciudadanos y los que participen en algún referéndum sepan ver claro. 
También es evidente que nosotros, los que estamos a este lado de la sala, no participaremos en ningún ejercicio de comercialización encaminado a vender el resultado de esas negociaciones. 
La cumbre especial sobre el empleo demostrará si esos resultados representan una voluntad legítima o si se trata de un ejercicio de cinismo. 
Si no acaban con los círculos sin fin de la retórica del pasado, si no desembocan en medidas concretas o en garantías para los ciudadanos, serán considerados como un fracaso y merecerán que así se les considere. 
No será un fracaso que desaparezca pronto en el olvido: será un fracaso que obstaculizará las tentativas para conseguir que se ratifique el Tratado de Amsterdam. 
Al mismo tiempo hemos de reconocer que la cumbre especial sobre el empleo es el principio y no el final del nuevo proceso. 
No cabe esperar que todos los mecanismos y procedimientos destinados a dar sustancia al capítulo sobre el empleo sean suficientes; que las directrices sobre el empleo y los procedimientos de recomendación queden instituidos en un santiamén. 
No hemos de depositar en esa única cumbre especial todas las expectativas que hemos puesto en esos nuevos procedimientos, pero es preciso que haya una clara señal de que esos procedimientos tendrán sustancia y significarán algo positivo para nuestros ciudadanos. 
Esto quiere decir que tendrá que haber acuerdo al menos sobre algunas medidas concretas o algunas garantías. Así lo reconocen en la actualidad la mayor parte de los gobiernos. 
Espero que los que todavía no lo han reconocido puedan sumarse a los demás de aquí al 20 de noviembre. 
En mi opinión, sobre la base de las consultas sostenidas estas últimas semanas, hay cuatro garantías o acciones fundamentales respecto de las cuales nuestros dirigentes pueden llegar a un acuerdo en la cumbre: en primer lugar, la garantía de que nadie permanecerá más de 12 meses en situación de desempleo sin intervención externa: prolongación en un puesto de trabajo, capacitación o nueva capacitación, educación complementaria, o cualquier combinación de esas posibilidades que se determine en el plano de los Estados miembros; en segundo lugar, la garantía de que ninguna persona de menos de 25 años de edad pueda ser clasificada como persona desempleada, sino más bien como persona que se está capacitando, que se está volviendo a capacitar, que está en espera de colocación, o que está prosiguiendo sus estudios o cursando estudios superiores; en tercer lugar, la decisión de permitir que se reduzca al nivel más bajo posible el IVA social sobre servicios que requieren mucha mano de obra; en cuarto lugar, el acuerdo de establecer un punto de referencia basado en la razón entre población activa y población inactiva en los tres Estados miembros que se hallen en la mejor situación desde ese punto de vista. 
En mi opinión, hay ensayos decisivos que nos permitirán determinar si la cumbre ha tenido éxito o ha fracasado. 
Espero que nuestros dirigentes sepan superar este problema. 
Presidente, quiero dar las gracias al ponente en primer lugar por el trabajo que ha realizado con este informe pero sobre todo por haber tenido el acierto de hacer escueto el informe. 
Creo que esto supone para el Parlamento una prestación fuera de lo corriente. 
Si bien, cuando miro a algunas de las enmiendas parece que algunos quisieran alargar el tema. 
Nos parece básicamente bien que se trate de un informe escueto. 
El Tratado de Amsterdam ha sido firmado. 
En este Tratado, como es sabido, se ha incluido el capítulo «Empleo». 
Siendo un poco reiterativo: este capítulo posibilita la formulación de directrices en las que los Estados Miembros pueden apoyar su política de empleo- artículo 109 Q, apartado 2; el Consejo puede además de eso, adoptar medidas de estimulación y fomentar modos de aproximación haciendo uso de los proyectos de prueba- artículo 109 R. 
Esta mañana estamos tratando fundamentalmente, como es lógico, la primera parte. 
Esta tarde, con el presupuesto trataremos de alguna forma la segunda parte. 
Pero los presidentes de gobierno tendrán que desarrollar este capítulo. Con esto quiero decir este capítulo y también todo el capítulo y nada más que este capítulo. 
A veces uno tiene la impresión de que esto es considerado de otra manera. 
El Presidente del Consejo, el Sr. Juncker, se ha esforzado y se está esforzando mucho, debería decir mejor, en alinear a los Estados Miembros para la Cumbre de Luxemburgo. 
Esto es fundamental. 
El Sr. Juncker se ha afanado muchísimo en conseguir una convergencia de objetivos entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
También esto, creo yo, es bastante excepcional. Nuestras tres instituciones casi siempre siguen una dirección propia intentando coordinar algo al final. 
Esto no ha ocurrido aquí. 
Desde el principio se ha trabajado bastante estrechamente entre las tres instituciones. 
Deseamos, pienso yo, convertir en un gran éxito la Cumbre de Luxemburgo. 
La cuestión es aportar medidas que actúen efectivamente sobre los 18 millones de parados en Europa, a pesar de las diferencias que existen en cada país y a pesar de las diferentes circunstancias de los Estados Miembros europeos. 
Y en este punto no se debe olvidar de ninguna manera que sin una economía que funcione bien no se puede generar empleo. 
Pero una buena economía no siempre significa, según hemos comprobado, que el empleo esté completamente bien. 
Esta Cumbre también trata de esto. 
La Cumbre de Luxemburgo tiene que conducir a algo que se pueda comparar con la unión monetaria. 
Esa es la intención por otra parte. 
Por esto deben formularse criterios seguros. 
Debe tratarse de criterios cuantificables, de forma que los países y, pienso yo, después también las regiones puedan ser evaluadas por cómo lo hacen. 
En el informe también se mencionan algunos de estos criterios. 
Tiene que establecerse una norma que refleje la relación entre los activos e inactivos de los tres Estados Miembros que tengan mejores rendimientos. 
Esta norma estimularía a los países a poner todo se empeño. 
Esto implicaría simultáneamente el problema del mercado mundial. 
Esto es siempre de gran importancia, precisamente porque implicas a los tres países de más rendimiento. 
Claro está que a su vez los Estados Miembros deben ser estimulados para aprender de las buenas y malas prácticas mutuas. Esto es algo que debe ocurrir más a menudo de lo que ahora sucede. 
En lo que respecta a los criterios en sí mismos, el EVP puede estar de acuerdo con el informe Van Velzen. 
A pesar de lo cual, hay una serie de puntos sobre los que el EVP no está totalmente satisfecho. 
En primer lugar se trata de la firme conexión entre los criterios y la cantidad de años. 
Es muy difícil establecer en qué plazo habrá descendido el paro hasta un 7 %. Es mejor revisarlo anualmente. 
En segundo lugar tampoco es sensato, pienso yo, profundizar demasiado desde ya mismo en cuánto dinero exactamente debe destinarse a formación. 
Se trata de que el esfuerzo en la formación debe ser enormemente incrementado. 
En tercer lugar revisar la formulación del tema sobre las tarifas del IVA. 
Estamos de acuerdo con el Presidente del Consejo que debe ser revisado con urgencia. 
Pero debemos estudiar si ésta es la mejor versión. 
Un último punto son los fondos estructurales. 
No creemos que sea prudente mencionar la cifra del 50 %. 
Y en último lugar: deseamos a los presidentes de gobierno muchísima suerte en su Cumbre. Porque esta es la única respuesta que puede dar Europa a los 18 millones de personas que en este momento a pesar de la prosperidad de Europa siguen estando en paro. 
Señor Presidente, debemos constatar que Europa tiene hoy más de 18 millones de desempleados, de los cuales 5 millones son menores de 25 años, y como lo recordaba hace un momento el Presidente Santer, más del 50 % son desempleados de larga duración. 
Así pues conviene- y para nosotros es importante si queremos evitar este proceso destructor- que se vuelva a dar a cada cual la oportunidad de hallar un puesto de trabajo en una sociedad en crecimiento con rostro humano. 
De hecho, nuestros conciudadanos esperan medidas concretas, medidas realistas, pues sólo ellas permitirán que Europa relance una dinámica generadora de empleos. 
Todos sabemos que el Tratado de Amsterdam incluye mejoras sociales, sobre todo en materia de lucha contra la exclusión social, pero debemos reconocer que en lo referente al empleo, los progresos en el plano jurídico no son lo bastante concretos. 
Este es el motivo por el cual el Consejo Europeo dedicado al empleo, que se ha de celebrar los días 20 y 21 noviembre, va a hacer que nazcan esperanzas muy legítimas entre la población, ya que, señor Presidente, Señorías, nuestros conciudadanos esperan de esta Cumbre del empleo iniciativas tangibles, y a tal efecto deberán movilizarse todas las buenas voluntades. 
Con este espíritu debatimos hoy un informe importante, y el trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, bajo la égida de su ponente y su Presidente, presenta gran interés. 
¿Cómo actuar entonces en la práctica? 
Nuestro Grupo, a través de mi persona, ha presentado una enmienda que nos parece muy importante, puesto que pedimos que se utilicen, por adelantado, los excedentes de la CECA para fomentar el empleo gracias a una dotación excepcional del Banco Europeo de Inversiones, con el fin de que puedan alentarse los proyectos con posibilidades de empleo de las PYME. 
De este modo, se pondrán a disposición 50 millones de ecus. 
Creemos que el método no burocrático, con una gestión transparente de los fondos, que consiste en adscribir directamente los fondos al BEI, tiene la ventaja de estimular el espíritu empresarial y de innovación y, además, sienta las bases de una ayuda real a la creación duradera de empleo, sobre todo en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. 
A este respecto, le quisiera dar las gracias al ponente por su apoyo, pues me parece importante que defendamos en común esta propuesta constructiva para el empleo. 
La segunda iniciativa importante es que hay que fomentar la emergencia de una nueva organización del trabajo. 
Me gustaría hacer algunas observaciones sobre lo que dice el informe al respecto. 
El informe dice, en efecto, que para esta reorganización será necesaria obligatoriamente una reducción sistemática de la jornada laboral. 
Me temo, en realidad, que actualmente la expresión «reducción de la jornada laboral» esté de moda en algunos países europeos y que, a la larga, quizá no enseguida, pero sí a largo plazo, esta medida resulte antinómica y antisocial si se aplica de manera obligatoria a todas las empresas. 
También me temo que la reducción automática de la jornada laboral favorezca, por el contrario, el desarrollo de las horas extras, incluso el trabajo en negro y la mecanización. 
Así pues, en lugar de hablar sistemáticamente de la reducción de la jornada laboral, preferiría que, en aras de la competitividad de las empresas europeas, reflexionáramos sobre una organización flexible y razonable de la jornada laboral, adaptada a las realidades económicas y humanas de la empresa y de su entorno. 
Este es el espíritu con que nuestro Grupo ha presentado algunas enmiendas al informe del Sr. van Velzen. 
Presidente, me complace sobremanera que el Presidente del Consejo se encuentre presente, no obstante no puedo por menos que decir que la Unión da bandazos de una propuesta de empleo a otra desde que se llegase a los primeros acuerdos sobre la política de empleo en la Cumbre Europea de Essen. 
Los ingredientes de los planes siguen siendo los mismos. 
La propuesta de la Comisión también es una repetición de posturas. 
¿Cuál es la diferencia? 
La diferencia es que ahora hay un Tratado de Amsterdam del cual partirá la Cumbre de Luxemburgo. 
El Presidente del Consejo, Sr. Juncker acaba de infundirnos esperanzas. 
Pero aún así, mi grupo parlamentario también miraba lleno de esperanza al reciente Consejo de Ministros de Asuntos Sociales, tanto en lo que respecta a acuerdos concretos a corto plazo como a la puesta en marcha de una nueva política a más largo plazo. 
Desde el Libro Blanco «Crecimiento, posibilidades de competencia y política de empleo» de Delors ni una sola nueva idea ha visto la luz, dejando que colectivamente se empezase a poner en práctica las sugerencias existentes. 
Es sintomático de ello que se haya vuelto a estancar un dossier a cerca de los tipos de sociedades. 
Esto se conoce desde hace tanto tiempo: un tipo de sociedad europea incrementa enormemente la actividad interfronteriza y se ocupa de una fuerte reducción de los gastos jurídicos. 
A pesar de lo cual determinados Estados Miembros siguen obstinadamente sujetos a sus arraigadas posiciones llevando así treinta años obstaculizando la toma de decisiones. 
Es este Parlamento también intentamos todos llegar a una única línea, por la cual desaparecen las ideas renovadoras. 
El debate político debería tratar sobre nuestras diferencias, no sobre nuestras semejanzas. 
Pero para empujar al Consejo Europeo sea como fuere, en el informe Van Velzen y en las enmiendas a él presentadas se busca sobre todo el consenso, consenso en el Parlamento y consenso entre el Parlamento y la Comisión. 
Por supuesto que todos participamos en ello, pero la importancia de la lucha contra el desempleo en Europa nos parece extraordinariamente grande. 
Europa no podrá, a mi modo de ver, eludir a la larga la introducción de un sistema de impuestos que no cargue el factor empleo, y que vaya más allá de los ya conocidos ecoimpuestos y recargos de energía. 
La mejoras de eficacia dentro de las empresas están por el momento dirigidas en casi su totalidad a la reducción de la mano de obra. 
La media de la presión fiscal sobre la mano de obra y las empresas en la Unión Europea es alta. 
En muchos países más de un 50 %. 
En muchas propuestas a nivel de la Unión se habla de un desplazamiento de las cargas sobre la mano de obra al capital. 
Nadie tiene realmente el valor de prever el impuesto sobre el capital desde un fundamento laboral. Generalmente se sigue estando agarrado al impuesto sobre el patrimonio, un impuesto que cada vez se complica más por la globalización. 
No obstante, el Sr. Juncker me ha animado al haber barajado este punto y haber dicho que tendríamos que hacer algo basándonos en este dossier. 
Otras ideas innovadoras, como otros sistemas de pensiones, crecimiento y dinamismo mediante una infraestructura adecuada y un buen funcionamiento de los mercados de bienes y servicios e innovación, son todos ellos temas que deberán ser tratados a fondo, a corto y largo plazo, si este paro de empleo quiere convertirse en un éxito. 
Para ello necesitamos ánimo. Ánimo de los Estados Miembros, ánimo de este Parlamento y ánimo de la Comisión Europea. 
Esto es lo que les deseo. 
Señor Presidente, la celebración de un Consejo Extraordinario sobre el Empleo, organizado a petición del Gobierno francés, sitúa en el centro del debate esta cuestión así como la dimensión social de la construcción europea, inexistente hasta la fecha. 
Con cerca de 20 millones de desempleados y 50 millones de pobres, está claro que las políticas seguidas hasta ahora han sacrificado el empleo y arruinado la existencia de millones de ciudadanos de nuestros países, en su mayoría jóvenes. 
Desgraciadamente, la Comisión no manifiesta voluntad política de modificar sus orientaciones. 
Se han fijado objetivos atractivos. 
¿Quién no va a estar de acuerdo con la idea de crear 12 millones de puestos de trabajo, reducir el índice de paro al 7 % y reducir a la mitad el desempleo juvenil de aquí al año 2002? 
¿Pero cuáles son los medios propuestos? 
La Comisión basa sus propuestas sobre la competitividad en la flexibilidad, camuflada bajo los conceptos de adaptabilidad y viabilidad que, insisto, soslayan el derecho elemental de cada cual a un empleo estable, correctamente remunerado y conciliable con la vida familiar. 
La Comisión sigue considerando que el trabajo es como un coste que hay que reducir sea como sea, pero el trabajo no es un coste sino una riqueza. 
El informe van Velzen es fiel a los objetivos de las Comisión así como a la lógica que subyace tras él y que es la de la moneda única y sus obligaciones. 
Esto es tan cierto que el informe van Velzen, cuando se refiere al empleo, no dice ni una palabra sobre la reducción de la jornada laboral, y esto en un momento en que dos Gobiernos de la Unión Europea han decidido orientarse hacia las 35 horas semanales en los próximos años. 
Las 35 horas no son una moda, señora Hermange, son un gran objetivo de civilización para vivir mejor y para crear puestos de trabajo. 
Nuestro Grupo valora, pues, positivamente la decisión de los Gobiernos francés e italiano de avanzar por esa vía de progreso, iniciando una ruptura con las políticas llevadas a cabo hasta la fecha. 
Las 35 horas han hecho su aparición en Europa; así rezaba un titular reciente del diario El País. 
El Secretario General del CES no se equivocó al declarar: » Las líneas directrices en favor del empleo que se decidirán en Luxemburgo deberían incluir de manera explícita la perspectiva de la reorganización y de la disminución del tiempo de trabajo entre las prioridades esenciales de la lucha contra el desempleo». 
De modo más general, nuestro Grupo considera que hay que arrostrar el desafío del paro para dejar de poner en peligro la cohesión social de nuestras sociedades. 
Contamos con los medios para poder hacerlo. 
Se dilapidan fondos considerables en la capitalización bursátil; se utilizan indebidamente enormes cantidades de fondos públicos; el crédito y la fiscalidad no fomentan el empleo y la inversión. 
Esto es lo que hay que cambiar para poder aumentar el poder adquisitivo, para poder relanzar las políticas industriales, para desarrollar la formación a gran escala, para reducir el tiempo de trabajo y para desarrollar y renovar el sector público. 
Nuestro Grupo quiere contribuir a ello, con el movimiento social y los sindicatos, y actuar para que la Cumbre de Luxemburgo se traduzca en actos políticos y no sólo... 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el escándalo latente del desempleo europeo en masa está de nuevo a punto de transformarse en un escándalo abierto y agudo. 
Todavía no está claro si la Cumbre de Luxemburgo va a ser una acción «PR» o si va a abrir seriamente las puertas a un cambio de rumbo en la política europea. 
Estimados colegas del Grupo GUE, por ello estamos obligados a discutir aquí sobre los minima minimorum, lo que deberíamos hacer también seriamente. 
La urgencia no consiste en que el empleo represente una excepción sino que la evolución del empleo es síntoma de una política errónea, una política unilateral que fomenta la oferta y que ha mostrado claramente sus resultados al cabo de 10 años. 
Hay que acabar con esta política. 
Tenemos una clara alternativa. 
O se produce un cambio de rumbo, no fundamentalmente de carácter macroeconómico, sino en la política económica general, en dirección a un nuevo modelo de desarrollo ecológicosocial o los gobiernos europeos tendrán que escuchar la crítica de que el euro se va a introducir sobre las espaldas de los desempleados. 
Esta Cumbre no debe ser una Cumbre de coartadas hermosas, de desregulación y flexibilización o de un trabajo impuesto y sin perspectivas. 
No obstante, el intento de aplicar el método de Maastricht a la política de empleo con las muy inteligentes propuestas del Sr. Juncker y también de la Comisión, no es sencillamente la prosecución de lo que se ha hecho hasta ahora. 
Existe la oportunidad de abrir una puerta por la que más adelante una mayoría de Estados miembros pueda pasar con toda decisión. 
Me refiero a que la correlación de fuerzas probablemente cambie el próximo año al existir también en Bonn un Gobierno socialista-verde. 
En la política europea de empleo necesitamos un nuevo enfoque a varios niveles. 
Necesitamos un policy mix orientado al empleo que debe incluir el diálogo social, la formación inicial y la continuada. 
Tenemos que ver que una transformación de la política industrial crea trabajo. 
Necesitamos de hecho la redistribución del trabajo, una nueva organización así como la reducción de la jornada laboral. 
Francia e Italia han dado un ejemplo de ello y son motivo de esperanza. 
Necesitamos un tercer sector entre la economía privada y el clásico servicio público que organice el empleo de responsabilidad pública de tal forma que se pueda eliminar de nuevo la exclusión social, el resultado de más de 10 años de política neoliberal. 
En una cumbre verde que vamos a celebrar a comienzos de noviembre, vamos a seguir elaborando y unificando nuestras propuestas. 
Coincido con el Sr. van Velzen en que no se trata ahora en primer lugar de la cuestión del dinero, a pesar de que, naturalmente, esto no se puede financiar con cuatro duros. 
Ahora necesitamos el instrumental, una clara idea de qué tareas tenemos que realizar. 
Entonces el Gobierno federal que se encuentra actualmente atrincherado abrirá el camino para la necesaria transformación. 
Señor Presidente de la Comisión, no se trata solamente de mostrar los triunfos estratégicamente, esto no es suficiente. 
Lo que hay que hacer es barajar por fin de nuevo las cartas. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. van Velzen por su excelente trabajo. 
Sólo lamento que el informe deje un poco de lado, en efecto, todo el asunto de la reducción de la jornada laboral. Creo que no es bueno temer hablar de ello como uno de los medios, junto a otros, para luchar contra el paro en Europa. 
Sin duda no se trata, en mi opinión, de caer en una visión dogmática al incluir de modo autoritario las 35 horas en un esquema clásico semanal, pero la reducción de la jornada laboral va en el sentido de la historia. 
La reducción del tiempo de trabajo puede crear cientos de miles de empleos en Europa, siempre que ésta lleve aparejada una auténtica revolución en la organización del trabajo, basada- ¿por qué no iba a ser así? -en el computo anual y en un relanzamiento de la política de la innovación y de la formación. 
Esta política ya fue destacada por la Comisión. 
Hoy resulta claro, sobre todo, que el crecimiento económico y el descenso del desempleo en los Estados Unidos reposan, en parte, en las innovaciones tecnológicas. 
¿Por qué no imaginar un plan europeo que pudiera agrupar cierto número de programas existentes en materia de desarrollo de las tecnologías industriales? 
Estoy pensando en BRITE y EUTRAM, pero también en las tecnologías de la información con ACTS y resulta vital, en este sentido, que las PYME europeas tengan más acceso a Internet. 
Creo que también es fundamental que se cree una cooperación con el programa EUREKA sobre este tema. 
No nos hagamos ilusiones: los fondos del BEI que se nos anuncian son, en definitiva, poca cosa frente a lo que está en juego. 
Las PYME europeas tienen dificultades, la mayor parte del tiempo, cuando no logran obtener créditos de los bancos. 
¿Por qué funciona tan bien el programa EUREKA? 
En primer lugar, porque está en el lugar y cerca de los jefes de empresa, pero también y sobre todo, porque concede un marchamo de calidad tecnológica, lo cual ayuda a que algunas empresas obtengan préstamos de los bancos. 
Así pues, ¿por qué no reflexionar sobre esta idea de marchamo para el BEI, que sería el garante de las empresas frente a los bancos? 
La idea de proponer obligatoriamente para los jóvenes una actividad al cabo de un período de un año y seis meses me parece excelente. 
Considero que para algunos jóvenes es necesaria actualmente una campaña realmente contundente para sacarlos del pozo sin fondo en el que algunos están cayendo. 
Creo, pues, que un programa que los metiera de lleno en la modernidad aportaría una respuesta a esta situación de desamparo; este programa debería conjugar el aprendizaje de las tecnologías de la información con el aprendizaje de lenguas extranjeras a partir de los programas LINGUA y LEONARDO. 
Por último, la política danesa en materia de rotación de los efectivos ya ha dado sus frutos: inspirémonos en este ejemplo. 
Mientras algunos asalariados están con licencias parentales o de formación, hay parados de larga duración que los sustituyen y consiguen así una formación en la empresa, y a menudo éstos son mayores de 50 años. 
Participemos pues en este desafío a partir de un objetivo 4 y de un programa ADAPT reforzado. 
Los europeos esperan mucho de los Estados de la Unión. 
Están hartos de discursos. 
Los 20 millones de desempleados y los 50 millones de personas que viven en condiciones de precariedad grave esperan hechos concretos. 
Se han formulado propuestas en vísperas de la Cumbre de Luxemburgo; van en el sentido correcto. 
Aparece una lucecilla de esperanza: procuremos darle más esplendor. 
Permitir que los ciudadanos de Europa tengan trabajo es una tarea de primer orden para todos los responsables políticos. 
Es un deber para cada uno de nosotros hacer todo lo posible para vencer este cáncer económico y social. 
Es también un medio para la vida de millones de europeos vuelva a tener sentido. 
Señor Presidente, Señorías, la Cumbre europea por el empleo tiene que dar los primeros pasos para que el sistema político en la Unión Europea gane algo más de credibilidad. 
Los 18 millones de parados no pueden tener ninguna esperanza si al Tratado de Amsterdam no siguen medidas concretas. 
Aunque las indicaciones de la Comisión, la Presidencia del Consejo y también del ponente sean correctas, más allá de los impulsos y reformas del mercado laboral necesitamos necesariamente unas condiciones marco económicas diferentes. 
A pesar del favorable pronóstico de otoño, hay que seguir negociando al respecto pues la tasa de inversiones en la Unión Europea es totalmente insatisfactoria y no puede contribuir a superar el paro. 
Necesitamos al menos un 1 % más de inversiones públicas y al menos un 1 % más en inversiones privadas en relación con el producto interior bruto. 
Espero que estas inversiones se puedan unificar mediante una cooperación entre el sector público y el privado y crear de este modo una plusvalía europea en este campo que tenga efectos positivos sobre el empleo. 
Me parece realmente importante que la Cumbre se ocupe con decisión de este campo para poder superar la dramática crisis del empleo. 
Creo que también es necesaria una nueva orientación fiscal. No solamente se debe desgravar el factor trabajo sino que al mismo tiempo se debe fomentar la demanda interior. 
En interés del empleo- que no se puede fomentar exclusivamente mediante medidas políticas de mercado laboraljunto al bench marking para las inversiones y las inversiones en el sector de la infraestructura, es necesaria también la obligación de demostrar que las inversiones públicas son realmente eficaces para la creación de empleo. 
Creo que esta prueba debería presentarse una vez al año. 
Pues mediante las inversiones en el sector de las infraestructuras, no solamente superaremos la debilidad competitiva de la Unión Europea en la logística, transporte y comunicaciones, sino que crearemos además realmente puestos de trabajo. 
En interés de la eficacia del empleo, creo también que las medidas, todas las medidas políticas de la Unión Europea, deben estar orientadas al empleo, por lo que, no deben dirigirse tanto hacia las grandes empresas, en especial en el campo de la industria, tecnología y política de investigación, sino hacia el mayor generador de puestos de trabajo que existe, las pequeñas y medianas empresas. 
Entonces podremos realizar realmente una aportación al cambio de rumbo de una política laboral pasiva a otra activa. 
Señora Presidenta, Señorías, la importancia de este tema ya ha sido subrayada por más de uno. 
Estamos tratando- utilizo las palabras del Sr. Jacques Delors cuando abandonó este Pleno- el tema más importante para Europa en los próximos quince años. 
Hoy, alguien ha utilizado una expresión muy contundente: desempleo de masas, casi 20 millones de europeos sin un empleo estable. 
Evidentemente, la necesidad de aumentar los recursos destinados al desarrollo es una de las cuestiones prioritarias, sin embargo, considero que uno de los aspectos fundamentales es el que afecta a las condiciones en las que los recursos destinados al desarrollo pueden ofrecer un resultado estable de mayor ocupación. 
Estamos viviendo un momento en que las economías mundiales pugnan entre sí, y esto sucederá cada vez más. 
No podemos, en consecuencia pensar en tomar derroteros separados del contexto general. 
Ahora bien, así las cosas, produce una gran preocupación la elección hecha por dos Estados- Francia e Italia- que han decidido reducir el horario de trabajo por ley, de forma burocratizada y planificada. 
Hoy, hace tan sólo unos minutos, alguien ha utilizado la frase «una vida más digna». 
Pero, Señorías, el trabajo no es indigno. 
El trabajo tiene su sacralización, es algo que ennoblece al ser humano, y el hecho de reducir por ley el tiempo de trabajo es algo incomprensible. 
Reflexionen por un momento: el trabajo lo crea la empresa y la empresa es una entidad viva, una entidad que diariamente tiene unas exigencias que van cambiando. 
Sólo si las fuerzas sociales serán capaces de dialogar, de llegar a un consenso sobre las que son las necesidades y los objetivos, será posible proteger realmente el empleo. 
¿Qué pasará si reducimos por ley el número de horas de trabajo hasta 35 horas? 
Probablemente, tendremos un incremento de los costes y habrá un impulso hacia una mayor mecanización de las producciones y una mayor automatización y, probablemente, fomentaremos una desubicación más allá de la Unión Europea, no sólo de las grandes, sino también de las pequeñas y medianas empresas. 
Tenemos unos ejemplos concretos en Europa: Gran Bretaña y Holanda, donde en pocos años la tasa de desempleo se ha reducido en algunos puntos porcentuales gracias precisamente a la flexibilidad y no imponiendo de forma planificada y burocrática la reducción del horario laboral. 
Habida cuenta de que, en mi opinión, a todo el mundo le interesa vencer el reto- que es el más importante- del empleo estable, de la creación de riqueza para preservar las garantías del Estado Social, creo que Europa debe utilizar vías eficaces en esta situación global con la que debemos enfrentarnos. 
Señora Presidenta, nuestra resolución de hoy no tendrá carácter obligatorio pero ofrece un marco importante a la forma de actuar de los Estados miembros y la Comisión en la cumbre. 
Es una lástima que no hayamos podido conseguir un mayor consenso en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo: hay nada menos que 55 enmiendas presentadas por tres grupos políticos importantes. 
Lo que sabemos es que procuramos que haya un crecimiento normal, pero ese crecimiento no bastará para reducir el desempleo a un nivel tolerable, y tenemos que ocuparnos muy particularmente del desempleo de los jóvenes y del desempleo a largo plazo. 
Sabemos que para conseguirlo tenemos que lograr que funcione el mercado único. 
Tenemos que reconocer la interdependencia de nuestras economías y los límites para la eficacia de las políticas nacionales, particularmente la política monetaria. 
Es curioso que los países que no pueden pronunciarse acerca de la moneda única sean los países en los que la unión monetaria tendría el mayor efecto por lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo. 
Tenemos que facilitar acceso al capital y a la capacitación, especialmente para las pequeñas empresas, y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de la cual soy ponente, ha introducido partidas presupuestarias de un valor total de 150 millones de ecus en un paquete presupuestario para conseguir que los jefes de gobierno hagan lo que acabo de indicar. 
Espero con gran interés la llegada del Comisario Flynn a mi circunscripción, dentro de tres semanas, para que vea de qué forma estamos utilizando actualmente el dinero con cargo a esas partidas presupuestarias, pero ese dinero sólo estará disponible para las decisiones de la cumbre si los gobiernos nacionales están dispuestos a tomarlas en serio. 
Un buen punto de partida sería hacer realidad los proyectos de infraestructura examinados en la cumbre de Essen. 
Tenemos que desplazar la carga fiscal para que, desde las cosas que queremos, como puestos de trabajo e inversiones, se transfiera a las cosas que no queremos, como la utilización de recursos naturales escasos y la contaminación. 
Me satisfacen particularmente los proyectos de directrices sobre empleo para la cumbre y sus cuatro pilares: cuestión empresarial, cuestión del empleo, cuestión de la adaptabilidad, y cuestión de la igualdad de oportunidades, que tan importantes son para crear un clima que conduzca a la creación de puestos de trabajo. 
También es importante el intercambio de las mejores prácticas en la materia. 
La cumbre ofrece a los Estados miembros la oportunidad de demostrar su voluntad de crear más puestos de trabajo. 
El intercambio de experiencia es un papel fundamental para la Unión Europea. 
Para acabar, me parece que la labor más difícil para el Presidente en ejercicio, Sr. Junker, será encontrar un compromiso entre diferentes conceptos ideológicos de la organización económica. 
La consecución de ese compromiso no debe recaer en Luxemburgo. 
Señora Presidenta, es necesario que la Cumbre sobre el empleo de Luxemburgo culmine con éxito, es decir, que durante esta reunión se adopten medidas claras para mejorar la situación del empleo. 
Esta mejora representa tal vez la mejor manera de fomentar la confianza que los ciudadanos tienen depositada en las actividades de la UE. 
Con motivo de la entrada en vigor de la UEM, necesitaremos una política de empleo más eficaz que permita que continúe el crecimiento en Europa y que se logre un reparto equilibrado del bienestar. 
He respaldado la aprobación del informe del Sr. van Velzen porque es importante emprender ahora las medidas relacionadas con el empleo en la Unión. 
De no ser así, se corre el riesgo de que estas medidas no trasciendan más allá de los meros discursos. 
No sirve de nada elaborar ambiciosos programas de objetivos si se aparca su aplicación hasta el próximo siglo. 
En el informe se recoge una propuesta especialmente importante como es la posible reducción del impuesto sobre el valor añadido en los sectores laborales con predominio de mano de obra. 
Sería preciso presionar al Consejo para que se pronuncie favorablemente a este respecto. 
El informe adolece también de deficiencias. 
No se ha prestado la suficiente atención a la cuestión relativa a la reducción de la jornada laboral. 
Esta reducción constituye la manera más estable de responder a la pérdida de puestos de trabajo relacionada con el aumento de la productividad laboral, que afecta particularmente a la industria. 
En mi opinión, la cuestión fundamental no estriba en si se debe o no acortar la jornada laboral mediante una modificación de las leyes, negociaciones entre las organizaciones del mercado de trabajo o con arreglo a experimentos con los horarios de trabajo. 
Lo importante es ponerse en marcha ahora. 
En Finlandia se han registrado resultados muy interesantes en las pruebas que se han llevado a cabo con un sistema de 6 + 6, esto es, un turno de trabajo de ocho horas que se ha sustituido por dos de seis. 
La utilización cotidiana de la capacidad de producción, más eficaz y de mayor duración, ha aumentado tanto el número de puestos de trabajo como los recursos de las empresas. 
En el informe no se presta tampoco suficiente atención a los puestos de trabajo del sector público de servicios. 
Especialmente en los países nórdicos de la UE, estos empleos, además de proporcionar seguridad en el ámbito social, revisten una importancia primordial de cara a lograr una favorable ocupación laboral de las mujeres. 
Con la entrada en vigor de la UEM, el sector público podría también cumplir una función estabilizadora de coyunturas e irregularidades en materia de empleo. 
Por todo esto, se debería prestar una mayor atención al sector público. 
Señora Presidenta, en primer lugar felicito al Sr. Wim van Velzen por su informe sobre el empleo y por las propuestas que el Parlamento Europeo y él mismo presentarán con vistas a la Cumbre de Luxemburgo. 
Este informe contiene muchas propuestas de calidad que voy a respaldar. 
La Cumbre necesita verdaderamente de toda la ayuda y las buenas propuestas que se puedan reunir, ya que se enfrenta a una tarea realmente muy difícil. 
La Cumbre no debe fracasar, ni tampoco acabar en expectativas y declaraciones solemnes, sino que es necesario realizar unos esfuerzos por alcanzar una solución, sobre todo cara al desempleo de larga duración y al juvenil. 
Con ocasión de la minisesión de Bruselas, en la que el Presidente Santer dio cuenta de las directrices que deben debatirse en la Cumbre y sobre las que hay que adoptar una posición, dijo que debíamos evitar crear unas expectativas demasiado ambiciosas, lo cual también se ha dicho aquí hoy. 
No obstante, la política de la UE se basa en la esperanza de un crecimiento extremadamente optimista con un aumento anual de más del 3 por ciento. 
Esto significa además que la política de empleo y los esfuerzos de la UE por crear más empleo se basan en este crecimiento y en estimular a las empresas a que realicen inversiones. 
Ésta es naturalmente una de las acciones a realizar, pero no hay que creer que el crecimiento económico constituya una garantía de creación de empleo. 
En tal caso nos estaríamos engañando a nosotros mismos y a los demás. 
Lo que se necesita son unas acciones contra el paro de tipo más estructural en la línea de una jornada laboral más corta y sostenible, además de la reducción de la presión fiscal sobre el trabajo. 
La jornada laboral debe reducirse y ser más flexible. 
El objetivo a largo plazo debería ser la semana de 30 horas, y en la actualidad la de 35. 
En nuestra opinión, cabría financiar la reducción de los impuestos a las empresas, además de otros impuestos sobre el trabajo realizado a base del aumento de los impuestos sobre el consumo de energía y el desgaste medioambiental, la llamada reforma fiscal. 
La UEM me preocupa como preocupa al ponente. 
Por consiguiente, pienso que con motivo de la Cumbre debería debatirse el hecho de que es la propia política de la UE la que contribuye a crear más paro, al efectuarse unos recortes tan duros en el sector público. 
También existe un grave problema estructural en el sistema actual y en la política de la UE, que consiste en que muchas empresas se enriquecen agotando los recursos naturales y destruyendo el medio ambiente. 
Por eso presentamos una enmienda, la nº 51, que espero reciba un buen apoyo. 
A través de ella proponemos que se acuerde un nuevo pacto que equilibre los demás, un pacto con un contenido ecológico, para que se creen puestos de trabajo a través de unos programas de reestructuración ecológica. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, después de la esperanza suscitada por las grandes obras europeas de Jacques Delors en los años 90, Europa se preocupa por fin del empleo, y de ahí el informe de hoy. 
El sector de innovación de las tecnologías de la comunicación y de los multimedia acapara toda la atención, mostrando así la importancia de la formación. 
El 50 % de los 20 millones de parados europeos- y no 19- están sin empleo desde hace un año, y el 30 % desde hace dos años. 
En el 2007, el 80 % de las técnicas utilizadas en la actualidad quedarán anticuadas. 
Por esta razón, los radicales proponen que a partir del año 2000 cerca del 2 % de los presupuestos nacionales se dedique a formación. 
La segunda prioridad del informe es la ayuda a las PYME y a las PYMI, pues desde hace quince años son la única fuente de empleos en Europa; y esto a diferencia de los grandes grupos industriales que han ido perdiendo peso continuamente. 
Pero para ayudar a estas PYME es necesario crear un fondo de apoyo a la creación de empresas en Europa con una dotación de 800 millones de ecus si queremos que el esfuerzo sea significativo. 
Hay también otros ámbitos: creación de un estatuto europeo jurídico y fiscal de jefe de empresa, pues si se quiere alentar las iniciativas individuales hay que precisar y limitar los riesgos del que toma la iniciativa de crear; puesta en funcionamiento de una política fiscal incentivadora, con reducción de las cargas y supresión de las cargas por creación de empleos. Fomento, también, de empresas a domicilio muy pequeñas y del teletrabajo, pues ésa será la economía del siglo XXI. 
Es preciso que la Unión Europea deje de ser el Red Adair de la economía en Europa e intervenga en las fases preliminares, que reflexione sobre el mundo de la actividad tal como será en los próximos veinte años. 
Por último, que defina, e insisto en ello así como mi Grupo, la economía del cuaternario que se basará en la vida asociativa y en la actividad de proximidad, y que nos hará pasar de la utilidad social a la utilidad económica. 
Ya que, no lo dudemos, señora Presidenta, la modernidad tal como la habían previsto los grandes pensadores del siglo XIX ya ha cumplido con su misión histórica: el trabajo nos ha liberado del trabajo. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, la Presidencia luxemburguesa ha colocado muy alto el listón de la Cumbre sobre el empleo. Hay que felicitarla por ello. 
Especialmente hay que felicitarla por haber introducido ideas nuevas y haber vuelto a lanzar una y otra vez el diálogo con los Estados miembros, con los interlocutores sociales y, evidentemente, también con el Parlamento Europeo. 
Aunque sólo fuese por ese aspecto, esta Cumbre ya no podrá considerarse únicamente un acto de relaciones públicas, tal como ha dado a entender el Sr. Wolf. 
Es preciso que sea, más bien, una cumbre de ruptura en relación con las declaraciones para la galería de las anteriores cumbres. 
Señora Presidenta, no hay que creer que se pueda estar satisfecho a partir de ahora con arreglos puntuales. 
Si deseamos evitar una sociedad de dos velocidades, deberemos revisar algunos lugares comunes. 
Y como quien no quiere la cosa, el informe de Wim van Velzen es preciso y a la vez exhaustivo puesto que pone en tela de juicio lo esencial y, al mismo tiempo, propone por dónde se puede empezar inmediatamente. 
Como, por ejemplo, la propuesta de un tipo de IVA social o mínimo para los servicios que absorben mucha mano de obra, que podría aplicarse a los servicios de proximidad, a la economía social y al aprendizaje. 
Se trata de un cambio de perspectiva radical. Esto permitiría respetar, por fin, la economía local y regional, dentro de su especificidad, junto a la economía global. 
Esto permitiría modular para un sector de la economía la lógica uniformizadora del mercado interior. 
Creo que la Comisión debería hacer suya esta idea e introducir propuestas concretas en el marco del Grupo Monti. 
Por otra parte, esto no debería impedir que al mismo tiempo los Estados miembros se activasen. 
Señora Presidenta, en definitiva, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno, o, en todo caso, algunos de ellos, cansados tras una noche de negociaciones en Amsterdam, creyeron haber logrado la paz postergando el asunto del empleo hasta una cumbre especial, no pensaron que les saldría tan bien. 
Han dado a Europa una ocasión de oro no sólo para reflexionar sobre el empleo sino también sobre el sistema económico en su conjunto y, sobre todo, para poder decidir respecto a éste. 
Con el informe van Velzen, señora Presidenta, nadie podrá decir que no existen medidas concretas sobre las que pueden tomarse decisiones inmediatas. 
Señora Presidenta, comparto plenamente la opinión del Presidente de la Comisión, Sr. Santer, en el sentido de que la política de empleo es tarea de los Estados nacionales. 
Por otro lado, estoy convencida de que debido a la elevadas cifras de paro, la UE no puede cerrar los ojos ante este problema. 
Saludo por ello la Cumbre del empleo que se va a celebrar en noviembre. 
Espero resultados, pues ya se han intercambiado suficientes palabras a las que ahora tienen que seguir los hechos. 
El ponente, Sr. Wim van Velzen, con el apoyo de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ha realizado sin duda un buen trabajo. 
Se contienen numerosas y positivas sugerencias para la Cumbre del empleo. 
Coincido en que la formación de los jóvenes parados y de los de larga duración es importante. 
Al igual que el Presidente del Consejo Juncker y mi colega Pronk, dudo que sean necesarias unas normas exactas al respecto, pues la situación de partida en los Estados miembros es diferente y de este modo solamente se despiertan falsas esperanzas. 
Esto es aplicable también a los datos expresados en porcentajes. 
Sin duda hay que fomentar la educación y formación a lo largo de toda la vida, pero otra cuestión diferente es si para ello es necesario en todos los lugares un 0, 5 %. 
Es extraordinariamente importante para la motivación de las jóvenes trabajadoras y trabajadores encontrar un empleo tras la formación. 
Desde hace ya mucho tiempo exigimos con razón la reducción de las horas extraordinarias pues contribuiría a la creación de empleo. 
Esto es válido en Alemania también para los empleos de 610 DM. 
El abuso de esta regulación de excepción destruye muchísimos empleos en la República Federal de Alemania. 
Apoyo sin trabas la equiparación jurídica de las relaciones laborales atípicas y el trabajo a tiempo completo. 
No se ha alcanzado aún ni mucho menos la igualdad de oportunidades para las mujeres. 
Los costes laborales no salariales tienen que ser reducidos por fin para las pequeñas y medianas empresas con unos costes elevados de personal. 
Esto sería de ayuda también para combatir el trabajo negro que aumenta cada vez más destruyendo también puestos de trabajo. 
Hay que facilitar la creación de nuevas empresas. Hay que reducir la burocracia y simplificar las condiciones legales. 
Son absolutamente necesarios fondos de garantía para el capital de riesgo, para que las ideas innovadoras se puedan convertir en trabajo. 
El BEI puede realizar su aportación al respecto. 
El euro tiene que introducirse el 1-1-1999 pero para ello todos los participantes deben cumplir los criterios de adhesión según el Tratado, pues sólo un euro fuerte traerá puestos de trabajo. 
Para finalizar, permítanme que diga que el Consejo y la Comisión tienen que eliminar por fin el dumping fiscal en los países miembros, pues de este modo se destruyen asimismo puestos de trabajo. 
Repito: ya se han intercambiado suficientes palabras y ahora tienen que seguir los hechos. 
Tenemos que mantener en Europa la economía social de mercado. 
No debe ser ni socialista ni liberal. 
Para finalizar, quiero indicar que la tasa de inversiones en Baviera es superior en más de un 5 % a la que existe en todos los Estados federados alemanes gobernados por los socialistas y verdes. 
Por ello, el consejo del Sr. Wolf para cambiar el Gobierno es erróneo, lo pueden ver en este ejemplo. 
Señora Presidente, en vísperas de la Unión económica y monetaria surge la imagen del ciudadano de una Unión que se ocupa exclusivamente de la fusión de grandes empresas y sirve al interés del accionista. 
Esta imagen corrige la propuesta del colega Van Velzen al cual estimo. 
Si bien soy personalmente de la opinión de que la creación de puestos de trabajo corresponde primordialmente al empresario, esta iniciativa puede tener su utilidad y tenerla en el terreno de la formación y en el del desplazamiento a través de medios presupuestarios para la creación de puestos de trabajo. 
Tengo verdaderas interrogantes en conceptos como aprender de por vida. 
¡Estupendo! 
Pero ¿cómo y quién corre con los gastos? 
Problemas con la erradicación de las horas extras sistemáticas. ¿Por qué motivo se iba a obligar a la gente? 
Y porqué obligarles a trabajar menos horas. 
Estos tres aspectos forman parte de la competencia del individuo y por supuesto de los agentes sociales a los que no debemos socavar. 
La preocupación de los colegas no está dirigida fundamentalmente a los jóvenes parados. 
Pero, Presidente, las generaciones que han proporcionado prosperidad y bienestar a Europa no pueden quedar al margen en base a la discriminación por edad. 
Deben ofrecerse oportunidades para que tras haber alcanzado la edad de derecho a pensión se pueda seguir en el proceso laboral. Por ello es por lo que he presentado una enmienda. 
No solamente para seguir utilizando el conocimiento y la experiencia de esta generación y de tal forma fomentar un mercado de trabajo flexible, también las pensiones, sí Presidente, poder seguir pagando las pensiones en el futuro. Y eso también es de importancia. 
Presidente, a condición de si se aceptan o no las objeciones que tengo, estaré totalmente de acuerdo con la propuesta del Sr. Van Velzen. 
Señora Presidenta, el pueblo y el trabajador de Europa no pueden sino verse dominados por la ira y por la indignación al oír que el empleo puede adquirir un fundamento firme fomentando la UEM, el mercado interno, unos cambios salariales negativos y la flexibilidad del horario de trabajo. 
Es decir, estamos confiando al lobo el cuidado de las ovejas. 
¡Pero si los criterios y las políticas para la UEM. y el mercado interno son precisamente los responsables del desempleo! 
La flexibilidad y la elasticidad del mercado laboral son los responsables de la pobreza masiva. 
El Presidente del Consejo Europeo, y también nuestro ponente, han expresado sus temores sobre la credibilidad de la Cumbre Extraordinaria. 
Pregunta: ¿Están ustedes en situación de cambiar de política? 
Sólo en ese caso no se demostrará que la Cumbre Extraordinaria es la coartada para la aceptación y el fomento del pacto de estabilidad 
Señora Presidenta, sólo una combinación de medidas políticas que reforzase la reducción del horario laboral sin reducción del salario, el aumento del poder adquisitivo de las capas sociales más amplias, el aumento de los gastos sociales, el fomento de las pequeñas y medianas empresas, el estímulo y la renovación de las inversiones públicas y del sector público, solamente una política de este tipo podría contribuir a la suavización del paro y al fomento del empleo sin extender la pobreza y la exclusión social. 
Estos son los objetivos inmediatos de los trabajadores. Y pueden ustedes estar seguros de que con su lucha, tarde o temprano, los impondrán. 
Señora Presidenta, ante la cifra de 18 millones de parados, el mayor desafío de la Unión es mejorar la situación de empleo. 
En conversaciones con los ciudadanos, todos nosotros somos testigos de una considerable porción de escepticismo que se refleja en una pregunta que se repite continuamente: ¿de qué nos sirve Europa si no se logra asegurar nuestros puestos de trabajo? 
Creo que si logramos dar pasos decisivos en la lucha contra el paro, llevaremos también Europa al corazón de los ciudadanos. 
Amsterdam realizó un mandato claro. 
El objetivo definido- o, tal como dijo el Comisario Flynn, el resultado- es la creación de 12 millones de puestos de trabajo en cinco años, una ambiciosa empresa. Tanto más si se considera que no se van a poner a disposición créditos adicionales. 
Así pues, se plantean dos preguntas. 
Primera: ¿soportan las propuestas de financiación un análisis crítico? 
Segunda: ¿son adecuadas las medidas que se van a adoptar? 
Cuando se habla de una increíble puesta a disposición de fondos por parte del BEI, un análisis más detallado enfría algo el entusiasmo. 
Según un estudio interno de la República Federal, los mencionados fondos del BEI solamente son suficientes para crear un máximo de 60.000 puestos de trabajo. 
Las medidas propuestas por la Comisión para combatir el paro son recetas ya conocidas. 
El informe sobre el empleo en Europa 1997, renueva en lo esencial las exigencias ya planteadas, por ejemplo, de una reforma de la política fiscal, de una mejora de la formación inicial y continuada, de un descenso de los costes salariales y otras muchas más. 
Se trata de medidas cuya aplicación cae dentro del ámbito de competencias de cada Estado miembro. 
La UE solamente puede participar mediante el intercambio de experiencias, pues Europa carece de los instrumentos adecuados para la creación de empleo. 
Así pues, sólo queda esperar si tras los resultados de Amsterdam, la UE cobra en Luxemburgo nuevos bríos y sobre todo si gana credibilidad y si se cumplen las esperanzas despertadas en los ciudadanos. 
Señora Presidenta, quisiera dar gracias al Presidente en ejercicio del Consejo, al Presidente de la Comisión y al ponente por las observaciones que han formulado hoy. 
Al Presidente en ejercicio del Consejo quisiera decirle que si el resultado fundamental de la reunión en la cumbre de Luxemburgo es sencillamente el funcionamiento del Banco Europeo de Inversiones, y si eso es todo lo que suscita toda nuestra atención, entonces hay que concluir que no es ésa la finalidad de la reunión en la cumbre. 
Tenemos que reconocer que el BEI no puede resolver los problemas del desempleo en la Unión Europea. 
Al final de la reunión en la cumbre de Luxemburgo no podemos presentar ese resultado como la panacea de todos nuestros problemas. 
Yo me serviría más bien de esa reunión en la cumbre como de una oportunidad histórica para estudiar toda la cuestión del empleo y la forma de fomentar las posibilidades de empleo en la Unión Europea. 
Si queremos que Luxemburgo sea un éxito, todos los sectores de este Parlamento tienen que ser muy francos consigo mismo. 
Tenemos que ocuparnos de las posibilidades de empleo en relación con las pautas de trabajo. 
Utilizo esta frase porque usted, señora Presidenta, habló de «pautas de trabajo» y no de «una semana laboral más corta». 
Tenemos que fijarnos en las posibilidades de empleo en el contexto de la educación y de la capacitación. 
Es un desastre, el número de personas desempleadas a largo plazo que no se están educando o capacitando en Europa. 
Tenemos que fijarnos en las posibilidades de empleo desde el punto de vista del Estado de bienestar. 
Tenemos que admitir que en estos momentos nos caracterizamos por un Estado de bienestar pasivo, en vez de tener un sistema activo de remuneración que anime a la gente a buscar empleo en la Unión Europea. 
Digo lo que antecede porque represento a la región del Reino Unido que tiene el nivel más elevado de desempleo, aparte de Irlanda del Norte. 
Para acabar, no buscamos una panacea para el desempleo. 
No queremos salir del atolladero a base de chapuzas. Lo que queremos es que Luxemburgo sea una cumbre histórica que se ocupe de las posibilidades de empleo, que no acepte la existencia de vacas sagradas y en la que todos los sectores de este Parlamento, independientemente de sus ideologías, se ocupen de forma madura y sensible de conseguir que nuestros ciudadanos vuelvan a tener trabajo. 
Señora Presidenta, sin ninguna duda la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo es uno de los resultados más importantes de la Cumbre de Amsterdam. 
A pesar de se trata de una materia de competencia de los Estados nacionales, lo cierto es que Europa no puede fingir que no ve que entre los ciudadanos europeos es grande la espera de una respuesta global y coordinada. 
Me satisface, en consecuencia, que el Presidente Sr. Santer y el Presidente en ejercicio del Consejo Sr. Juncker se hayan impuesto con firmeza el objetivo de alcanzar resultados lo más concretos posibles. 
En consecuencia, Europa no puede dejar de hacerse cargo de ello. 
No hay duda de que habría una contradicción con el objetivo de la Unión Monetaria, que conduce inevitablemente al supuesto de establecer un Pacto de Estabilidad que lleve aparejada la paz social dentro de cada Estado y, por consiguiente, la estabilidad política. 
Como ya se ha manifestado, la paz social se consigue tanto a través de la armonización de las políticas fiscales como de las políticas del bienestar. 
Europa tiene que ocuparse de este tema, porque los datos facilitados por el Presidente Santer revelan que el desempleo se ha transformado en estructural; hay unos elementos estructurales en el desempleo europeo. 
A partir de la afirmación de que se registra un 50 % de parados de un año, un 30 % de más de dos años, que el 20 % lo constituyen jóvenes y el 75 % de los desempleados ha cursado sólo la enseñanza obligatoria, surge la urgente necesidad de enfocar la formación profesional y, con arreglo a lo afirmado por el Sr. van Velzen, la utilización de los Fondos estructurales, así como y ante todo de llevar a cabo una acción en favor de las pequeñas y medianas empresas- como se ha indicado- a través de la reducción del gasto administrativo, de un más fácil acceso a los capitales y al crédito, de la desfiscalización en particular del coste del trabajo y de una mayor flexibilidad del mercado laboral. 
Los puestos de trabajo- algo que aquí no se ha mencionado todavía, se crean no sólo a través de la flexibilidad del mercado laboral, sino también por medio de la flexibilidad de otros factores productivos empezando por el mercado de productos. 
Los Estados que han creado más puestos de trabajo han emprendido una verdadera desregulación del mercado de productos. 
La última consideración, en mi calidad de ciudadano italiano, afecta a la propuesta de reducción de la jornada laboral. 
Evidentemente, el progreso tecnológico lleva implícita una reducción del tiempo de trabajo. 
Recientemente, se ha publicado un estudio que afirma que, si en Alemania se aplicara y se extendiera el empleo de los robots que hoy se conocen, habría 9 millones de puestos de trabajo menos y en los Estados Unidos 25 millones. 
En consecuencia, el problema de la reducción del horario de trabajo existe realmente; se trata de estudiar de qué forma hay que hacerle frente. 
No me sorprende- mejor dicho pido- que se presten ayudas financieras por parte del Estado. 
Será mucho mejor que el Estado pague por el trabajo, más que por el desempleo. 
Señora Presidenta, Señorías, los días 20 y 21 de noviembre en Luxemburgo, los jefes de Estado y de Gobierno tendrán que enfrentarse a un difícil cometido. 
Deberán saber conjugar la necesidad de encontrar una voluntad común para definir las orientaciones y los medios para luchar contra el desempleo en Europa, y la exigencia de sortear compromisos u obstáculos y todo lo que pueda perjudicar el camino hacia la moneda única. 
Sin embargo, la Unión Europea, y en particular los Gobiernos, obligando a nuestros Estados a alcanzar incluso con dificultades- al límite de las posibilidades- los objetivos presupuestarios establecidos por Maastricht, tiene el deber de hacer un esfuerzo igualmente importante con objeto de contribuir de forma concreta a resolver el grave problema del desempleo. 
La Unión Europea debe ante todo tener el valor y la determinación de instar a los Estados miembros, que hayan adoptado políticas económicas deflacionistas e incluso depresivas en detrimento del empleo, a que no se entreguen a la Unión Monetaria carentes de recursos. 
La intervención del Sr. Podestà, que hago mía, no necesita más comentarios. 
A nuestro entender, la Unión Europea, al establecer las condiciones para la moneda única, debe indicar- aunque tenía que haberlo hecho antes, hace mucho tiempo- las vías para lograr el desarrollo pleno. 
Me parece que, si se aprueba el programa presentado por la Comisión, podremos considerar que vamos por buen camino. 
La declaración de hoy del Presidente Sr. Santer me induce al optimismo. 
La misma atañe a la cuestión de los Fondos estructurales que, a mi juicio, pueden desempeñar un papel aún más incisivo en este contexto. Es sabido que en algunos Estados los Fondos estructurales no han cumplido los cometidos que les fueron asignados, sin embargo, frente a la gravedad del desempleo, no debemos sentirnos prisioneros de mecanismos que, activados por nosotros, facilitan ingentes financiaciones que, de hecho y con frecuencia, permanecen sin utilizar o son utilizadas incorrectamente. 
A título de ejemplo, y sin pretender agotar la reflexión, recuerdo que este Pleno votó el pasado 16 de septiembre, por amplísima mayoría, el informe que tuve el honor de elaborar sobre la ampliación de los Fondos estructurales a esas acciones dirigidas a preservar y valorizar el patrimonio artístico y arquitectónico en beneficio directo también de un nuevo empleo estable y cualificado. 
Señora Presidenta, no esperamos soluciones milagrosas de la Cumbre de noviembre; deseamos que dicha Cumbre no acabe en declaraciones comunes y sin resultados apreciables, sino que conlleve actos realmente concretos que, en el respeto del principio de subsidiariedad, definan las acciones nacionales y comunitarias más oportunas tanto a corto como a largo plazo, de cara a la recuperación económica, el desarrollo y el empleo. 
Un augurio a la Cumbre de Luxemburgo. 
Señora Presidenta, comparto la opinión del ponente en el sentido de que es importante que concretemos antes, durante y después de la Cumbre. 
Voy a dar algunos ejemplos de estas concreciones. 
Comparto la opinión del ponente sobre la formación y adquisición de conocimientos durante toda la vida, pero, en concreto, durante los últimos años hemos visto en mi país cómo se realizaban ahorros en el sector de la enseñanza, desde el nivel básico al universitario, y cómo aumentaba el segregacionismo dentro de la educación básica. 
Comparto la idea de unas acciones en lugar de medidas pasivas, pero al mismo tiempo en Suecia hemos visto durante los últimos años cómo decenas de miles de mujeres han pasado de sus empleos en el sector público, donde hacen mucha falta en la sociedad, al paro pasivo. 
Esto es una crítica de los criterios de convergencia establecidos por la Unión Económica y Monetaria. 
Por último: el proyecto TEN. 
Las redes de transporte transeuropeas han creado además en los últimos tiempos una catástrofe medioambiental de grandes proporciones en Suecia. 
Por eso cada vez que debatimos estos proyectos creo que es extremadamente importante ver qué repercusiones surgen en concreto a raíz de lo que estamos decidiendo. 
Señora Presidenta, con la Sra. Bérès y algunos otros colegas hemos presentado tres enmiendas al informe del Sr. van Velzen, informe que aprobamos y al que espero se le preste la atención debida en los debates de la Cumbre de Luxemburgo. 
En primer lugar, se ha de constatar que para luchar contra el desempleo no sólo hay que gestionar el empleo sino también crear empleo. 
Al igual que usted, por cierto, planteamos el problema del marco macroeconómico, pero entendemos que los medios puestos a disposición de las grandes redes, incluso los fondos del BEI y nuestro presupuesto, son anémicos. 
Queremos volver a lanzar la idea de un gran empréstito europeo y nos gustaría saber lo que piensan ustedes al respecto. 
En segundo lugar, creemos que son necesarias unas políticas industriales europeas en sectores sensibles como el del automóvil, sin duda, pero también en sectores más activos, como las telecomunicaciones, la informática y los multimedia, o sectores con futuro como el del espacio. 
Hay que crear empleo en Europa, hay que crearlo en los sectores industriales dinámicos y promover inversiones tanto públicas como privadas. 
En tercer lugar, el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo ha entrado de forma irremisible en Europa, sobre todo por la política del Gobierno francés. 
Creemos que hay que plantear el problema a escala europea, pues hay quien alberga dudas, y con razón, acerca de la competitividad de las empresas, y nos gustaría conocer su nivel de compromiso en favor de acuerdos sobre las 35 horas o saber, incluso, lo que piensan de la vía normativa. 
El señor Santer ha dicho, con toda la razón, que había que reequilibar Europa. 
Obviamente, desde la óptica política se toma conciencia del hecho de que es necesaria ahora una unión social y de empleo además de la Unión Económica y Monetaria. 
Desde la óptica sindical es una reivindicación, pero desde la óptica de la patronal, cabe preguntarse lo que se hará. 
Los empresarios lo han conseguido todo de Europa: la moneda, el mercado único y la liberalización. 
Sin embargo, ahora no vemos que estén a nuestro lado para llevar a cabo una auténtica política de empleo. 
Por mi parte, no conozco ningún remedio para lograr que se mueva la patronal. 
Dígannos cómo piensan convencerla. 
Señora Presidente, estimados colegas, esta mañana hemos podido escuchar tanto del primer ministro Juncker como del Presidente de la Comisión Santer que en los últimos años se han elaborado muchas decisiones, actas, resoluciones e informes, mucha palabrería, pero que desafortunadamente se ha decidido poco, y que los grandes planes que ha habido hasta ahora en realidad no han podido cambiar los hechos, particularmente que el empleo que en la Unión sigue siendo inadmisiblemente alto, 18 millones de parados. 
Pero recuerdo que el comisario Flynn ha indicado que una cifra más elevada sería más realista, quizás la de 25 millones. 
Por desgracia sigue pensándose bastante que el empleo está relacionado exclusivamente con el crecimiento económico. 
Por supuesto que necesitamos crecimiento económico. Sin crecimiento económico no se pueden crear directamente futuros empleos, pero estamos igualmente necesitados de una política de empleo activa y eficiente, tanto en períodos de coyuntura favorable como desfavorable. 
Quisiera añadir cuatro pistas concretas a las propuestas que se han oído esta mañana. 
En primer lugar la pista de las redes transeuropeas. 
Espero que esta pista sea definitivamente desbloqueada, y que se decida en Luxemburgo los medios financieros necesarios para ello, porque sabemos que estas redes transeuropeas son en realidad coordenadas que traen consigo las inversiones adicionales que estimularán el crecimiento económico y que también traerán automáticamente consigo más colocación. 
Segunda pista: inyecciones de capital en las PYMES. Las PYMES que ya son las mayores creadores de puestos de trabajo. 
Tercera pista: estímulos financieros para la investigación científica y el desarrollo tecnológico para poder cerrar el abismo entre Japón y los Estados Unidos, pero también créditos para servicios de colocación, formación profesional, posibilidades de colocación en el sector de medio ambiente y sectores culturales dentro del llamado tercer sector, el sector de la economía social. 
Cuarta pista: la pista de la reducción de las cargas sobre el trabajo tanto fiscales como parafiscales. 
El Comisario Monti ha realizado en realidad una obra que hace época a la vista de esta problemática. 
Espero que también en esto se pueda avanzar mediante el esfuerzo de la presidencia de Luxemburgo. 
En tal caso llego al último elemento, el elemento al que nos podemos adherir completamente en relación con las propuestas acerca de cómo se puede abordar esto. 
Creo que efectivamente es bueno decir que el único método eficaz- demostrado por la Unión Económica y Monetaria- es el método de convergencia, partiendo de la combinación con un esquema temporal. 
Es este método el que tenemos que concretar en un terreno como el de el empleo juvenil, la definición del nivel de colocación, por ejemplo del 65 % dentro de 5 años, la formación de los parados de larga duración y la renovación de la jornada laboral entre otros. 
Tres actores son los que deben desempeñar un papel importante y tomar el cometido juntos. 
La Unión Europea, que debe dar los impulsos, los Estados Miembros que deben redactar su plan político anual y los agentes sociales, que deben poder asumir su responsabilidad. 
Este es el camino a Luxemburgo. 
Espero que este camino, que nos han indicado dos eminentes políticos luxemburgueses, también sea el buen camino para la unión social. 
Señora Presidenta, existe en este Parlamento la lamentable creencia de que somos más inteligentes que los miembros de los parlamentos nacionales. 
Especialmente cuando haya veinticinco países miembros, no puede servir de nada el que este Parlamento quiera debatir todos los asuntos posibles, cuya presencia está justificada antes en los parlamentos nacionales. 
Estoy seguro de que el informe del Sr. Van Velzen es bueno para un gobierno socialdemócrata en Holanda, no obstante, no funcionará en mi país ni tampoco en otros países porque los problemas son diferentes. 
Algunos necesitan más formación, otros precisan el fin de las limitaciones profesionales y mayores incitamentos para encontrar trabajo. 
Esto debe ser debatido y aclarado en los parlamentos nacionales. 
Por ello, aquí debemos intentar restringir la cantidad de consejos generales- y perdón por decirlo así- y superficiales que atañen a cosas sobre las que la Unión no influye. 
Concentrémonos en aquello que la Unión puede hacer: marcos estables, moneda común, acceso a los mercados, investigación, innovación. 
Coincido en que nadie por debajo de los veinticinco años debe recibir asistencia pasiva, no obstante, también es una idea que debe ser desarrollada en los parlamentos nacionales. 
Señora Presidenta, comparto la opinión de que esta Cumbre extraordinaria del Consejo Europeo sobre el empleo es de gran importancia para la credibilidad de la Unión Europea. 
Mis colegas han destacado que el tema que tiene más importancia es la reducción del tiempo de trabajo. 
Yo quiero destacar dos cuestiones que- para mí- tienen gran importancia: las PYME y las mujeres. 
Las PYME son esenciales en la creación y mantenimiento del empleo. 
Y una magnífica prueba de ello lo tenemos en España, en la Comunidad Valenciana donde yo vivo, donde existen innumerables pequeñas y medianas empresas de cerámica, juguetes, calzados, muebles, con una alta intensidad de trabajo, pero en crisis porque su competitividad está basada en mano de obra barata. 
Y es necesario que cambien y sus productos sean de calidad, con diseño y tecnológicamente avanzados. 
Pero esta adaptación- yo diría casi revolución- no pueden hacerla solas, necesitan ayuda y necesitan facilidad de financiación y disminución de las cargas. 
Y sobre las mujeres, que representamos el 83 % del total de trabajadores a tiempo parcial y un 4 % más de la media del paro comunitario, han de tomarse en esta Cumbre medidas concretas que garanticen el acceso equitativo al mercado de trabajo. 
Yo creo que este Parlamento y las instituciones comunitarias seremos creíbles, si damos respuestas al principal problema que tienen los ciudadanos de la Unión: la creación de empleo. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. van Velzen, con quien me congratulo, se propone pasar sin más demora de las palabras a los hechos poniendo en práctica lo que desde hace siempre el Parlamento Europeo viene manteniendo: si se quiere dignificar una política consensuada en materia de empleo atribuyéndole la misma importancia que se le otorga a la transición a la moneda única, es preciso tomar decisiones en lo referente a los criterios de convergencia en materia de empleo, junto con los objetivos a medio plazo y las directrices para alcanzarlos. 
La cuestión fundamental es, en consecuencia, demostrar la voluntad de dirigir los procesos incluso a través de una política europea consensuada y que obligue a las Instituciones, a todos los niveles, europeo, nacional y local, a orientar las opciones económicas globales hacia un nuevo modelo de desarrollo, y a crear unas condiciones básicas con objeto de que dicho desarrollo vaya en la dirección de crear nuevos puestos de trabajo. 
Creo que las condiciones básicas se pueden determinar a través de las indicaciones que figuran en el informe van Velzen: la intervención en la formación y la formación continuada, la intervención en la reorganización y la reducción del horario de trabajo. 
Con respecto a este último punto, quisiera abrir un pequeño paréntesis, ya que mi Gobierno, el Gobierno italiano, ha formulado, a mi juicio, una propuesta valiente que no es la de establecer la reducción del tiempo por ley a través de un decreto que obliga a todo el mundo, sino la de favorecer, a través de una acción de las Instituciones, la concertación entre las partes sociales de cara a llegar a una reducción del horario. 
Esta orientación es en beneficio de todos los desempleados, aunque, creo, de las mujeres en particular que, por lo que se refiere a tasa de desempleo, son las más perjudicadas y que desde siempre han planteado el problema del tiempo de trabajo como una acción necesaria que beneficia a todos, hombres y mujeres. 
Las condiciones básicas se crean asimismo a través de acciones que fomentan la recualificación, la innovación tecnológica y el apoyo de los capitales para las pequeñas y medianas empresas. 
El Parlamento Europeo lo ha hecho no sólo con el informe van Velzen, sino también con las opciones en materia de presupuesto que vamos a debatir esta tarde. 
El Parlamento Europeo ha demostrado valor. 
Es cierto, como decía el Sr. van Velzen, que los recursos no son siempre necesarios, sin embargo, la experiencia me demuestra que si las estrategias no se traducen también en recursos quedan fácilmente en letra muerta. 
El Parlamento Europeo ha hecho una elección específica, es decir, un paquete para el empleo que contiene acciones en favor de las pequeñas y medianas empresas en colaboración con el BEI, pero dirigida asimismo a fomentar proyectos piloto para el empleo a nivel local. 
Pues bien, creo que la Comisión a través de sus líneas directrices y el Parlamento Europeo, por medio de las precisas indicaciones señaladas en el informe van Velzen y con las opciones presupuestarias, han desempeñado su papel. 
Ahora, toda la responsabilidad recae en el Consejo. 
La Cumbre de Luxemburgo debe finalizar con elecciones concretas que sirvan de fundamento jurídico para estos programas. 
Quiero decírselo al Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Juncker, que ha sido muy valiente a la hora de presentar sus propuestas. Esta Cumbre, sin embargo, debe terminar con un hecho concreto: fundamentos jurídicos para este programa, de lo contrario y una vez más, sólo serán palabras. 
Señora Presidenta, me alegra que todos constatemos que la política de empleo se ha convertido entretanto en uno de los elementos esenciales de la Unión Europea. 
Esto se debe en parte a que el Presidente del Consejo, Sr. Juncker, y el Presidente de la Comisión, Sr. Santer, han hecho suyo este tema. 
Pero también es una necesidad absoluta cuando vemos en especial el desempleo juvenil que ha alcanzado entretanto a nivel europeo el 20 % y en algunos Estados incluso ha pasado la marca del 40 %. 
Es decir, si no nos enfrentamos a este tema, tendremos una bomba de relojería social que podría poner en peligro incluso el futuro de la Unión. 
Quiero dirigir por ello mi atención en especial a las medidas contra el paro juvenil, que deberíamos apoyar tanto a nivel nacional como europeo. 
El Presidente Santer ha dicho al respecto que necesitamos nuevas estrategias que deben ser variadas y duraderas y yo añado que, ante todo, deben ser concretas. 
Quiero extraer y subrayar algunos puntos del programa cuya realización creo que es necesaria para luchar contra el paro juvenil. 
Respecto al primer punto, deberíamos intentar proporcionar a los jóvenes una formación básica que, por un lado, incluya conocimientos fundamentales de informática y, por otro, un idioma de otro país de la Unión, para elevar su movilidad. 
Segundo punto: deberían aprender la movilidad y me refiero tanto a los alumnos como a los profesores, que con frecuencia aún no la conocen. 
Es decir, debemos intentar introducir las ofertas de la Unión en los programas de movilidad y eliminar los obstáculos existentes frente al uso de estos programas. 
Tercer punto: tenemos que aprender a proporcionar cualificaciones para las necesidades reales del mercado de trabajo. Con mucha frecuencia, lo hacemos ignorando las necesidades. 
Propongo para ello presentar análisis anuales que pueden servir de ayuda a los diversos países para contribuir a que se pueda cualificar para las necesidades del futuro. 
Cuarto punto: deberíamos armonizar la formación de los trabajadores especializados, es decir, colocarla al nivel que ha propuesto la Comisión. 
Por ejemplo, la formación dual, que es considerada la mejor, debería introducirse en todos los Estados europeos. 
Quinto punto: impulsar las creaciones de empresas, pues en las PYMES se encuentran los mayores potenciales y porque muchos jóvenes tienen el deseo de realizarse como profesores, transferir el sistema Business angels de los Estados Unidos. 
El último punto que propongo para que la innovación se aplique en las empresas, es introducir en Europa bolsas de innovación interconectadas para que la innovación se ofrezca y se realice. 
Veo en la Cumbre del empleo una oportunidad realmente grande para impulsar el empleo en la Unión y, en especial, para nuestra juventud, es decir, para el futuro. 
Señora Presidenta, el gran debate de este final de siglo es cómo crear empleo en nuestras sociedades. 
En ese debate no se puede actuar con prevención o a la defensiva ni utilizando fórmulas que quizás fueron válidas en el pasado, pero que hoy no lo son tanto. 
Una cierta audacia sería útil para enfocar la situación actual. 
Y frente a ese concepto de desregulación, que parece abarcarlo todo, deberíamos articular nuestras propuestas conjugando flexibilidad y seguridad, pensando que no hay una única política de empleo, sino que todas las políticas pueden y deben ser útiles para el empleo, aunque también sean necesarias política activas en favor del empleo. 
Hay muchas expectativas puestas en la próxima Cumbre extraordinaria sobre el empleo, quizás demasiadas esperanzas. 
Confiemos en que no se defrauden esas expectativas. 
Sería deseable, como recoge el informe de Wim van Velzen, que se llegara a objetivos concretos, hasta cuantificables, conscientes de que las cifras iniciales de la situación sobre el empleo no son iguales en todos los Estados miembros, y conscientes de que tampoco son iguales las condiciones para crear trabajo, para crear empleo en todos y cada uno de nuestros Estados. 
Porque sólo se crea empleo creando trabajo, se crea empleo cuando se crea trabajo que satisfaga tradicionales y nuevas necesidades. 
Para los jóvenes sin empleo, con dificultades añadidas para encontrar un puesto de trabajo, hacen falta fórmulas imaginativas y hasta arriesgadas, incrementando los porcentajes dedicados a formación profesional, vinculando formación y experiencia laboral, y apostando decisivamente por la formación permanente. 
Hay que compartir experiencias de cómo convertir las políticas pasivas en políticas activas, convertir los subsidios por desempleo en apoyos a nuevos empleos. 
Los interlocutores sociales deben ofrecer acuerdos concretos orientados a crear empleo, por ejemplo convirtiendo las horas extraordinarias en puestos de trabajo- en mi país, el año pasado se han hecho 65 millones de horas extraordinarias -, convirtiendo esas horas extraordinarias en puestos de trabajo y no en remuneraciones, mediante fórmulas de trabajo flexible, por ejemplo acordando reducciones de jornada a cambio de empleo, salvaguardando siempre la productividad de las empresas, apostando por acuerdos sobre nuevas formas de organización del trabajo. 
Hay que insistir en la flexibilidad fiscal para trabajos más intensos en mano de obra o más bajos en cualificación. 
La atención a las pequeñas empresas debe ser algo más que una declaración de intenciones e incluso algo más que la concesión de créditos bonificables. 
Las pequeñas empresas necesitan apoyos para sentir cómo se incorporan a las potencialidades del mercado único y cómo se benefician de una moneda única. 
La Unión Europea debe encontrar, como se ha dicho muchas veces, un valor añadido a las políticas de los Estados miembros y apoyar decididamente algunas políticas activas en favor del empleo. 
Si es así, la Cumbre sobre el empleo que se celebrará en Luxemburgo podrá plasmarse en un pacto europeo por el empleo y la solidaridad. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, ante más de 18 millones de personas en paro en la Comunidad, la Unión Europea debe actuar aunque las competencias principales en la política de empleo radiquen en los países miembros y aquí, ante todo, en los interlocutores sociales. 
En el Consejo de Amsterdam se ha impuesto esta opinión y se ha reflejado en un capítulo por el empleo así como en el protocolo adicional con el objetivo de una Cumbre propia. 
El Parlamento Europeo ha participado con éxito en los preparativos de la Cumbre de Luxemburgo y Wim van Velzen, con su trabajo en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, ha realizado una muy buena aportación. 
Muchas gracias y felicitaciones por ello. 
Coincidimos en muchos puntos, por cierto, también en lo que ha dicho el Presidente de la Comisión. 
De las numerosas propuestas que se han expuesto para luchar contra el paro, repito sólo la importancia de la cualificación de los empleados y, ante todo, de los parados. 
Debería constituir un punto central en la reunión especial de los Jefes de Estado y de Gobierno en Luxemburgo. 
También son necesarios estímulos para una formación continuada permanente, para un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
El lugar de emplazamiento empresarial que es Europa no solamente necesita máquinas modernas de tecnología puntera sino también trabajadoras y trabajadores que sepan utilizarlas. 
Win van Velzen realiza interesantes propuestas para la formación profesional de adultos y para la lucha contra el desempleo juvenil. 
Sin embargo, algunas de ellas están demasiado orientadas a porcentajes y a planificación, aspecto sobre el que han llamado la atención varios oradores. 
Esto lo quiere corregir y agilizar el PPE mediante enmiendas. 
El Presidente del Consejo ha aportado un tono refrescante al debate europeo. 
Advierte con razón frente a poner el listón demasiado alto. 
Estoy convencido de que el Sr. Juncker realizará una aportación esencial a una Cumbre que debe adoptar resoluciones concretas y prácticas y no perderse en oscuras teorías. 
Sin dinero, no es posible. 
Estimado colega van Velzen, usted lo sabe. 
Hay que examinar el presupuesto línea a línea para ver si no hay reservas en ellas. 
El informe Davignon propone la sociedad anónima europea como un instrumento jurídico ideal con el que se puede movilizar en especial capital privado para el establecimiento de redes transeuropeas. 
Hasta ahora, el proyecto de una sociedad europea ha fracasado en la cuestión de la codecisión. 
La Presidencia luxemburguesa del Consejo ha desarrollado una interesante solución de compromiso. 
Un acuerdo político en el Consejo de Ministros dentro de este año sobre la base de esta solución sería también positiva para la política de empleo europea. 
La respuesta a los desafíos en el mercado laboral no se llama economía libre sino economía social de mercado y cooperación. 
Señora Presidenta, Señorías, los social-demócratas estamos contentos de que tenga lugar hoy este debate. 
Estoy especialmente satisfecho porque todas y todos los colegas coinciden en que no se pueden crear puestos de trabajo desmontando los logros sociales. 
Señor Presidente del Consejo Juncker, quiero recordar que al principio no se quería incluir un capítulo del empleo en el Tratado de Amsterdam. 
En especial, Alemania quería negarse hasta el último minuto a aceptarlo. 
Solamente mediante el debate público, la intervención del Parlamento Europeo, la Comisión y algunos Estados miembros, hemos llegado a este resultado. 
Lo menciono porque, naturalmente, existe el peligro de que los que se han opuesto hasta ahora intenten echar abajo y boicotear todos nuestros esfuerzos el 21 de noviembre. 
Hemos perdido mucho tiempo debido a la falta de perspectiva del Consejo para aprobar el programa ELISE. 
El capital de riesgo para las PYMES va a tener en Luxemburgo la máxima prioridad. 
Los Parlamentos nacionales y los Gobiernos siguen siendo responsables pero, señor Santer, usted tiene razón cuando dice que una subsidiariedad mal entendida no nos es de ayuda. 
Quiero llamar brevemente la atención sobre tres aspectos. 
Necesitamos puestos de trabajo cualificados y duraderos. 
Ya tenemos suficientes trabajillos sin formación, sin futuro y sin seguridad social. 
En segundo lugar, necesitamos puestos de trabajo para mujeres. 
Hoy hace falta algo de valor para exigirlo, pues para los responsables es mucho más cómodo enviar a las mujeres a la cocina o al tiempo parcial. 
En tercer lugar, necesitamos nuevas ideas. 
Lo que no pueden hacer los Estados miembros, lo que han dejado escapar, lo que aún no se atreven debería realizarse en Europa mediante proyectos piloto. 
Pero estoy también seguro de que los créditos financieros proyectados del Banco Europeo de Inversiones no van a ser suficientes a medio plazo si el Consejo de Ministros se toma en serio su tarea. 
Señor Juncker, vamos a seguir crítica y benévolamente las actividades del Consejo, exigir resultados y a seguir inmiscuyéndonos constructivamente. 
Señora Presidenta, en su conjunto la UE dispone actualmente de los instrumentos necesarios para poder beneficiarse de la globalización que se está produciendo y del desarrollo tecnológico. 
A través de la creación del mercado interno y de la introducción de la UEM, hemos establecido unos fundamentos para que resulten viables las nuevas opciones. No obstante, esto requiere una mayor capacidad de adaptación entre las naciones, las regiones y los individuos en Europa. 
El problema que presenta el informe van Velzen es que solamente enfoca el síntoma de un mercado que funciona mal. 
Tenemos iniciativas de empleo bienintencionadas y queremos fijarnos unos objetivos ambiciosos, pero todo esto puede resultar contraproducente. Yo creo que hay un riesgo muy grande de que estemos evitando el debate estructural necesario. 
La situación de los costes- nuestros impuestos son demasiado elevados. Los reglamentos- hay límites a la contratación. 
Sé que estas cuestiones no son nuevas, pero pienso que es vergonzoso que no se hayan extraído unas consecuencias de la Cumbre de Essen, y que no se hayan empezado a llevar a la práctica muchas de las acciones que ahora hay que aprobar. 
No sirve de nada que la Comisión realice unos amplios estudios. 
Esto no compensa si los Jefes de gobierno evitan llevar a cabo unas reformas a nivel nacional. 
No envidio la posición del Presidente del Consejo, el Sr. Juncker, que ha asumido un papel muy importante. 
Espero verdaderamente que él y la UE no acaben de chivos expiatorios, es decir, que no se les dé la culpa de un desempleo que se debe a unos mercados de trabajo nacionales que no funcionan. 
Mi consejo es hacer hincapié en lo que la UE tiene de bueno, el mercado interno y una moneda única, además del intercambio de buenas ideas- esto naturalmente debe ser posible entre amigos. 
Pero no nos fijemos demasiado en la UE; vivimos en una economía global y podemos aprender de otros países y continentes donde aumenta el empleo y disminuye el paro. 
Merece la pena analizar la palabra flexibilidad. 
No hay que permitir que la expresión tan utilizada de una política activa en torno al mercado de trabajo nos tiente a realizar unas inversiones presupuestarias supranacionales. 
Del mismo modo en que Europa no puede crear nuevo empleo y bienestar relajándose, espero que usted no falle ante las numerosas tareas que le esperan. 
Opino que es extraño que tantas personas crean que vamos a estar mejor trabajando menos horas. 
Los que eligen esa vía me parecen haber abandonado la lucha; defienden un mercado de trabajo estancado y reducido. 
Señor Presidente del Consejo, acaba de decir de una forma muy poética en su introducción que desea que la cumbre no se convierta en una paráfrasis. 
La cumbre no puede dar a luz otro poema. 
Yo no podría haberlo dicho mejor y comparto completamente su opinión. 
Incluso me gustaría decirle a Johanna que en realidad no necesitamos nuevas ideas. 
Hemos generado suficientes ideas. La Comisión en el Libro Blanco, en el pacto de confianza, este Parlamento en el informe Rocard, en las distintas resoluciones que ha producido el Parlamento. 
Lo que necesitamos es ejecutar esas ideas. 
Si Luxemburgo debe convertirse en un éxito, son necesarias al menos dos cosas Señor Presidente del Consejo. 
En primer lugar, la Cumbre debe formular objetivos más claros. 
Ya se ha dicho aquí en un par de ocasiones que: un pacto para el empleo europeo debe tener por fin el valor de formular normas de convergencia del empleo. 
La cumbre también debe atreverse a formular objetivos para la formación, la inversión en empleo, las garantías de puestos de trabajo y también para la jornada laboral. 
Debo decir que sinceramente me ha sorprendido un poco que algunos colegas hayan leído por encima este pasaje del informe de Van Velzen. 
Pero me sorprendo aún más de lo que es el miedo al agua fría en muchos gobiernos y que yo veo incluso en algunas enmiendas del EVP y de los liberales cuando se trata de formular objetivos concretos. 
Ya sabemos desde hace mucho tiempo por las experiencias de la convergencia monetaria que este tipo de normas son necesarias para apuntar en la misma dirección. 
Confío, Señor Presidente del Consejo, que la Cumbre lo conseguirá. 
En segundo lugar, cocinar cuesta dinero. Y eso también es válido para una estrategia del empleo europea que no quiere producir ningún proyecto, si no garantías de trabajo, inversiones en empleo, un futuro mejor. 
Y en ello difiero quizás un poco en acento del ponente Win Van Velzen. 
Naturalmente es cierto que el empleo debe ir en la agenda nacional y que por lo tanto el espacio presupuestario del que se dispone en los Estados Miembros debe gastarse, prioritariamente, en el empleo. 
Pero eso no será suficiente estimados colegas. 
La preocupación por las finanzas saneadas de las administraciones que, a todo esto ya está consignada en el pacto por la estabilidad, hace que este espacio político al menos en mi país, Señor Presidente, sea especialmente pequeño, y que por lo tanto haga falta oxígeno nuevo para activar esta economía europea. 
Y por esta razón al menos debe concretarse el compromiso de Amsterdam en relación a la financiación de una iniciativa de crecimiento europeo. 
En lo que a mi respecta incluso las federaciones europeas, una de las iniciativas Delors, tendrían cabida de nuevo en la agenda. 
En cualquier caso, para concluir quisiera, Señor Presidente del Consejo, desearle mucha suerte. Espero que la Cumbre no vuelva a producir un bonito poema. 
Señora Presidenta, no esperamos ningún milagro de la Cumbre del empleo pero contamos con que desde ahora la lucha contra el desempleo de 18 millones de personas en Europa tenga lugar donde debe ser, es decir, a la cabeza de todos los órdenes del día. 
No sólo para los millones de afectados y sus familias sino para otras muchas más personas, la credibilidad de la política europea depende de hasta qué punto se alcanzan resultados aplicables. 
Tal como ha indicado Jean-Claude Juncker, esto ya no sería repetir viejas canciones sino una nueva melodía con nuevos textos. 
El principio de subsidiariedad no se toca. 
La responsabilidad principal sigue siendo de los Estados miembros sólo que tienen que concretizar la estrategia común en el campo del empleo que se acordó en la Cumbre de Essen. 
El Presidente de la Comisión, Jacques Santer, tenía razón cuando dijo que hay que pasar inmediatamente a acciones integradas y coordinadas. 
Los cinco sectores que se determinaron en la Cumbre de Essen: inversión en la formación profesional, aumento de la intensidad del empleo, descenso de los costes laborales no salariales, una política de mercado de trabajo más eficaz y medidas en favor de los grupos afectados por el paro, siguen siendo la base correcta. 
Son también un elemento principal en el informe de Wim van Velzen, quien ha logrado un trabajo preciso y concentrado en lo esencial y que queremos mejorar con enmiendas de nuestro grupo. 
La política de empleo y la económica son las dos caras de la misma moneda de la economía social de mercado. 
Así pues, necesitamos criterios de convergencia para el empleo como complemento al pacto de estabilidad iniciado por Theo Waigel. 
Los compromisos de los Estados miembros tienen que ser comprobables y mensurables. 
Se debe extraer un balance público sobre lo alcanzado así como sobre lo no alcanzado también en base a los informes anuales aquí en el Parlamento Europeo. 
Sólo con objetivos cualitativos y con calendarios claramente determinados se logrará un nivel que pueda coordinar eficazmente las políticas nacionales. 
Los puntos que hemos propuesto son realizables, por ejemplo, en lo tocante a los recursos humanos. 
Los costes para medidas de formación deben orientarse en los presupuestos nacionales al valor medio de los tres mejores Estados miembros. 
Los sistemas de formación tienen que adaptarse mucho más flexiblemente a las necesidades del mercado. 
Los interlocutores sociales tienen que adoptar acuerdos para que los desempleados de larga duración y los jóvenes puedan tener un trabajo tras la formación, aunque sea temporal. 
O en el sector de las PYMES: superación de riesgos en la creación de empresas, fondos de garantía para préstamos del Banco Europeo de Inversiones y, naturalmente, fortalecimiento de la competitividad de estos garantes de la mayor parte de los puestos de trabajo y de formación en Europa. Y en el sector de las regiones: creación de iniciativas y medidas locales de empleo en favor de los pactos territoriales. 
Creo que el Parlamento Europeo ha llenado de vida tanto la decisión del Consejo sobre el crecimiento y el empleo como el capítulo de empleo de Amsterdam. 
Señor Presidente del Consejo, su ambicioso objetivo de celebrar una Cumbre con resultados palpables tiene todas las posibilidades de que sea un éxito gracias a su enorme compromiso personal y a su inspirador estilo. 
Señora Presidenta, con el Tratado de Amsterdam hemos dado un eficaz paso en dirección hacia una Europa mejor. 
La Unión Europea debe pues acometer aquello que es más importante para la población de Europa, a saber, el empleo y con ello la defensa de la sociedad del bienestar. 
El Tratado no resuelve los problemas de por sí. 
Las numerosas propuestas y las buenas intenciones deben conducir a la acción. 
En los años 1992 y 1993 Dinamarca se encontró con un importante desempleo y déficit en la hacienda pública. 
Llevamos a cabo un alivio de la política financiera a través de una reestructuración de nuestro sistema tributario y una amplia reforma del mercado laboral. 
Cosas que han convertido hoy a Dinamarca en la campeona de Europa en la creación de empleo. 
Queremos, en resumidas cuentas, arrancar la economía y de esa manera asegurarnos un mejor empleo y al mismo tiempo un superávit en las cuentas del estado. 
Hemos llevado a cabo una reforma tributaria, que fue el comienzo para una tributación más baja del trabajo y una tributación más alta del gasto de los recursos. 
Hemos llevado a cabo una reforma del mercado de trabajo que ha logrado ocupar a los desempleados y los permisos por paternidad y de formación han contribuido a un mercado de trabajo más flexible y social tanto para la vida económico-industrial como para la población asalariada. 
Hemos optado por una estrategia que apuesta por la educación de las personas y no por la pasividad. 
Una estrategia en la que el crecimiento y el empleo van cogidos de la mano con una economía estable. 
En Dinamarca hemos recorrido un largo trecho del camino en dirección tanto a un mayor empleo como a un orden en la hacienda pública, conservando al mismo tiempo una sociedad socialmente responsable y mirando por el medio ambiente. 
Necesitamos ahora que todos los países de la UE se comprometan a objetivos concretos en la lucha por el empleo. 
En la creación de empleo debemos apostar en Europa por formación, investigación y calidad y con ello mejorar nuestra competitividad frente a terceros países. 
El mercado interior implica que tenemos una economía común en un 90 % y que por ello dependemos los unos de los otros. 
El esfuerzo danés habría tenido aún un mayor efecto de haberse producido un arranque simultáneo de la economía en la UE. 
¡Os deseo mucha suerte con la cumbre de noviembre! 
Señora Presidenta, Señorías, la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se celebrará el próximo mes de noviembre en Luxemburgo no deberá ni podrá constituir una de las muchas cumbres europeas en las que firme y convincentemente se van repitiendo declaraciones de buenas intenciones, que nunca fueron ni serán puestas en práctica. 
No será un momento para más reflexiones y elucubraciones sobre el desempleo; deberá ser un momento para concretar y poner en práctica los textos aprobados en el Consejo Europeo de Amsterdam, sobre todo los que son esenciales para el desarrollo de una estrategia europea de empleo, activa y coordinada. 
El nuevo capítulo del Tratado sobre el empleo, la resolución sobre el aumento del empleo y las conclusiones de la Presidencia sobre el empleo, la competitividad y el crecimiento incluyen principios, disposiciones e intenciones de tal importancia, que deberán estudiarse y aplicarse hasta las últimas consecuencias y urgentemente. 
No se puede esperar el resurgimiento de nuevas ideas en la cumbre extraordinaria de Luxemburgo. 
Lo que importa es concretar las innumerables concepciones ya difundidas y ampliamente examinadas. 
Conforme al Tratado de Amsterdam, los Estados miembros consideran la promoción del empleo una cuestión de interés común, por lo que la Comunidad ha de contribuir a la consecución de un alto nivel de empleo, incentivando la cooperación entre los Estados miembros, apoyando y, de ser necesario, completando su acción. 
La Comunidad respetará las competencias de los Estados miembros, pero éstos no deberán dejar de asumir sus responsabilidades para la resolución de ese preocupante problema social. 
Los ciudadanos europeos, en particular los millones de jóvenes sin empleo y los otros tantos millones de desempleados de larga duración, esperan, tal vez con alguna esperanza aún, que se apliquen urgentemente, entre otras medidas, la formación para el empleo adaptada a las necesidades del mercado, la organización de la jornada laboral- no sólo su reducción -, las medidas financieras necesarias y la coordinación de la política económica. 
El informe ahora en debate constituye una importante contribución a la Cumbre de Luxemburgo. 
Procura establecer un inventario de las nuevas posibilidades que brinda el Tratado de Amsterdam deduciendo de él un número considerable e importante de propuestas concretas, que se deberían tener en cuenta en la Cumbre de Luxemburgo y aplicarse el día siguiente a su celebración, sin más demoras. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en primer lugar yo también quiero felicitar a Win van Velzen por su excelente informe. 
Saludo también las medidas propuestas para lograr una mayor flexibilidad en el puesto y en los horarios de trabajo. 
Sin embargo, la flexibilización no debe realizarse sin un aseguramiento social. 
La flexibilidad para los empresarios es una cara de la medalla, pero la otra cara debe ser la seguridad social. 
Todos estamos obligados, no sólo los Gobiernos sino también los interlocutores sociales. 
Pues el enorme aumento de las relaciones laborales temporales y de teletrabajo son el resultado de una explotación similar al capitalismo de Manchester por parte de las empresas bajo el signo de una competencia global. 
Como es mejor tener algún trabajo que ninguno, cada vez más personas, ante su situación de necesidad, se ven obligadas a aceptar tales formas de empleo a pesar de que en la mayoría de los casos no tienen el mínimo aseguramiento social y desde un punto de vista jurídico-laboral están muy lejos de poder equipararse a los empleados a tiempo completo. 
Aquí se manifiesta un gran déficit de la política social europea pues superar esta situación debe ser absolutamente prioritario si nos tomamos en serio la flexibilidad. 
Hay que crear reglas precisas y estándares mínimos europeos pues si nos quedamos al nivel que los interlocutores sociales han mostrado en su acuerdo europeo sobre trabajo a tiempo parcial, entonces ¡apaga y vámonos! 
El progreso social no se ha logrado nunca gratuitamente ni tampoco la paz social se logrará en el futuro. 
Necesitamos unas relaciones laborales flexibles pero sin discriminación laboral o social. 
Señora Presidenta, también yo quisiera felicitar al ponente por haber preparado un informe muy conciso que elimina la habitual palabrería que tenemos que escuchar cuando hablamos de la forma de reducir el desempleo. 
A este respecto quisiera refutar las críticas que han hecho aquí la Sra. Carlsson y otros oradores en relación con el informe. 
La semana pasada, en Bruselas, escuchamos las predicciones económicas más recientes de la Comisión y, sobre la base de esas proyecciones, el Comisario de Silguy nos dijo que hasta 11 Estados miembros tomarán parte en la UEM a partir de enero de 1999. 
Ésta es una noticia satisfactoria, pero la verdad es que significa muy poco para millones de personas de toda la Unión Europea. 
En particular me permitiré decir que no significa nada en absoluto para esos 18 millones de personas de los que tan a menudo hemos oído hablar esta mañana: nuestros ciudadanos de la Unión Europea que no tienen trabajo. 
Mi país, Irlanda, ha podido presenciar un cambio muy satisfactorio en su fortuna económica a lo largo de los cinco últimos años, pero incluso nuestro «tigre celta» padece el cáncer del desempleo. 
Su rugido es, en mi opinión, una ofensa para nuestros numerosísimos desempleados a largo plazo y para los jóvenes que no consiguen encontrar un puesto de trabajo para comenzar su carrera. 
Hay que adoptar medidas concretas en la Cumbre de Luxemburgo para conseguir la victoria en la lucha contra el desempleo. 
Una importantísima medida que podrían adoptar los Estados miembros sería cambiar de actitud por lo que se refiere a la supresión de las tiendas de ventas sin impuestos en los viajes dentro de la Unión Europea. 
Esta decisión, adoptada por Bertie Ahern y los demás ministros de finanzas en 1991, tendrá gravísimas consecuencias para millares de trabajadores de toda la Unión Europea. 
Es absurdo que, por una parte, hablemos de la creación de puestos de trabajo y que, por otra parte, nos dediquemos a suprimirlos. 
Quisiera preguntar al Comisario Flynn, que está hoy con nosotros, qué es lo que piensa sobre el particular. 
¿Puede explicarnos lo que piensa acerca de las tiendas libres de impuestos y si va a esforzarse en la Comisión por que se mantengan esas tiendas? 
De lo contrario, millares de trabajadores pasarán a engrosar nuestras vergonzosas estadísticas. 
Por último, acabo de regresar de una reunión del Intergrupo sobre el envejecimiento. El Sr. Santer desea asegurarnos que en sus deliberaciones en Luxemburgo se tendrán en cuenta las inquietudes de los trabajadores de edad. 
Señora Presidenta, voy a empezar dando las gracias al ponente por un informe de gran calidad. 
En mi país se está debatiendo la posibilidad de que el elevado índice de paro se deba a la UE. 
Esto no es cierto, puesto que la UE no ha tenido hasta la fecha los instrumentos necesarios para llevar una política activa en torno al empleo. 
En cambio, los Estados miembros sí los han tenido pero no han podido llevar adelante por sí solos una buena política de empleo. Estos instrumentos se encuentran ahora en el Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, esto no significa que haya que negarles a las regiones o a los Estados la responsabilidad que tienen cara a la futura política de empleo, sino crear un efecto de plusvalía. 
Para la creación de este efecto cabrá actuar de un modo concreto. 
La Cumbre no debe ser de nuevo una reunión que se componga de unas declaraciones solemnes, pero en modo alguno vinculantes. 
Se trata de tener unos objetivos claros en lo referente al nivel de empleo, al del paro, sobre todo el juvenil y de larga duración. 
También se trata de tener unos objetivos claros por lo que respecta a la cuestión de una política activa en torno al mercado de trabajo. 
En este aspecto, resulta aclarador el informe del Sr. Wim van Velzen. 
Tomen nota de esto en la próxima reunión del Consejo en Luxemburgo, y no dejen que se convierta en un documento aprobado y nada más. 
Con respecto a la cuestión del tiempo de trabajo, lo cierto es que la reducción de la jornada laboral, si se lleva a cabo correctamente, puede crear nuevos empleos. 
Lo sabemos porque hay ejemplos de ello en Europa. 
Lo que hemos aprendido de la UEM es lo siguiente: Si se establecen unos objetivos claros y concretos, los países también se esforzarán por cumplirlos. 
Esto ya se ha hecho en el ámbito de la inflación y del déficit presupuestario. 
Hagamos ahora lo mismo en el del empleo. 
Se trata de un gran desafío, pero es un desafío que el Consejo debe aceptar. 
Para concluir, yo también me adhiero a los puntos de vista del Sr. Malone en la cuestión de la venta libre de impuestos. 
Esforcémonos por que no se produzca una situación en la que- al tiempo que trabajamos por aumentar el empleo y reducir el paro- aumente el paro en sectores específicos a causa de unas decisiones adoptadas con anterioridad. 
Dejemos que el empleo sea el objetivo prioritario. 
Aplacemos la propuesta de supresión de la venta libre de impuestos. 
Señora Presidenta, señores Presidentes, Señorías, con motivo del Acta Única anunciamos a nuestros pueblos la creación de numerosos empleos. 
Sin embargo, el paro no ha hecho más que aumentar. 
En Maastricht se realizaron las mismas promesas incumplidas. 
El rigor de los criterios de convergencia no ha permitido salir de la espiral del desempleo. 
Cambiar de rumbo macroeconómico, quizá, pero también cambiar de método. 
Ya no se pueden aceptar criterios económicos obligatorios sin que se fijen al mismo tiempo en Europa criterios sociales protectores y favorecedores del empleo. 
Esta es la razón por la que Europa debe encaminarse con rapidez hacia la reducción del tiempo de trabajo. 
Los beneficios de la productividad y las nuevas tecnologías deberán acelerar este movimiento secular de la historia. 
Podemos trabajar menos para producir más; por lo tanto, hay que repartir el trabajo, reducir el tiempo de trabajo. 
Para que con ello se creen empleos, es necesario que esta reducción sea masiva, rápida y generalizada. 
Entonces es evidente que vale más negociar. 
Por supuesto, son mejores los incentivos, pero es preciso que en los albores del siglo XXI, en el año 2000, Europa consiga las 35 horas para todas las empresas. 
Esto es posible. 
Siempre se han dado los mismos argumentos en la historia: no lo podrá soportar la economía, la empresas dejarán de ser competitivas. 
Esto mismo le dijeron a Jaurès cuando se impuso la jornada de 8 horas, esto mismo se dijo también con motivo de las vacaciones pagadas, pero la historia ha tenido la última palabra y la realidad ha desmentido esos argumentos. 
Podemos crear masivamente empleos si junto con esta reducción del tiempo de trabajo reequilibramos la relación capital trabajo, que estaba singularmente desequilibrada en detrimento de los asalariados, y si procedemos a una reforma de los cargas fiscales y de las cargas sociales favoreciendo a las empresas con mucha mano de obra y penalizando más a las empresas con grandes beneficios y no creadoras de empleos. 
Por lo tanto, es necesario que la reducción del tiempo de trabajo vaya acompañada de una política fiscal adecuada. 
Por último, esta Cumbre no deberá ser la de la desregulación social acelerada, sino al contrario, deberá ser un freno para dicha desregulación; pues, ¿de qué servirían, señor Presidente, los índices de convergencia con una menor tasa de paro aparente si, en realidad, habría asalariados, que no figurarían ya en las estadísticas, que no tendrían ya medios para vivir y que vivirían por debajo del umbral de pobreza? 
Esta no es la Europa que queremos. 
La Europa social deberá tomar un nuevo impulso a partir de la lucha contra la desregulación. 
El progreso social deberá acarrear el progreso económico. 
Desgraciadamente, esto nunca llega de forma espontánea como una especie de consecuencia inevitable. 
Señora Presidenta, por primera vez en la historia de Europa disponemos de posibilidades reales para establecer una estrategia de empleo en este ámbito. 
El Parlamento lleva ya mucho tiempo mostrándose activo y exigiendo medidas. 
El informe del Sr. van Velzen es un excelente ejemplo más de ello. 
Por el contrario, el Consejo no se ha incorporado a esta cooperación hasta fechas muy recientes, después de que, una vez transcurridos los periodos electorales, hubieran tenido lugar los cambios políticos necesarios en los gobiernos de los Estados miembros. 
En estos momentos existen posibilidades reales de lograr un programa sobre el empleo que permita alcanzar objetivos concretos. 
No se debe permitir que nuestros dirigentes vuelvan de la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo con las manos vacías. 
Se han dirigido críticas contra los objetivos concretos presentados por la Comisión, al resultar difícil su cuantificación. 
Sin embargo, estimo que estas medidas son necesarias precisamente por que debemos disponer de instrumentos para evaluar la eficacia de las medidas para la creación de empleo. 
No quiero decir, ni mucho menos, que nuestro objetivo debiera fijarse en una tasa de desempleo del siete por ciento y que este objetivo fuera lo suficientemente ambicioso, pero deben existir objetivos intermedios que nos permitan examinar los éxitos logrados al respecto. 
Naturalmente, la creación de empleo representa el término clave. 
Aun reconociendo las limitaciones presupuestarias de la UE, es necesario aprovechar todas las posibilidades que ofrecen los Fondos estructurales y el Banco Europeo de Inversiones. 
También a este respecto, el Consejo dispone de un mayor número de posibilidades de actuación de las que ha estado dispuesto a aprovechar hasta el momento. 
La fiscalidad representa un modo eficaz de la economía de mercado para dirigir la oferta y la demanda también en el mercado laboral. 
Numerosos oradores han hecho hincapié en el cambio de orientación que ha sufrido la fiscalidad, desde los ámbitos con predominio de la mano de obra a los relacionados con la energía, el capital y el medio ambiente. 
Si bien resulta verdaderamente imprescindible lograr una transformación de este tipo, debemos comprender al mismo tiempo que el desplazamiento de las cargas fiscales no debe suponer bajo ningún concepto una amenaza para el Estado de bienestar. 
Los criterios del programa de empleo han de ser tan verosímiles como los criterios de la UEM, y la Cumbre sobre el empleo de Luxemburgo deberá establecer también unos criterios en materia de empleo que acompañen a los existentes en el ámbito de la UEM. 
Llegado ese momento, la Cumbre habrá cumplido con éxito su tarea. 
Señora Presidenta, la lucha contra el paro es hoy un término fundamental para el restablecimiento y la salvaguarda de la cohesión social en Europa. 
Esto ya se distingue como la condición para posibilitar que la sociedad europea responda al reto de la universalización. 
Y estoy hablando, claro, del modelo europeo y no de otro modelo made in USA o made in Japan. 
Dieciocho millones de parados en la Unión Europea; nuestros conciudadanos, personas valiosas; pero no es sólo este monstruoso número. 
En este círculo vicioso están incluidas también las personas que, aún siendo ahora trabajadores, sufren en su inseguridad, y los jóvenes candidatos a un empleo que padecen en su incertidumbre. 
Y, seguro que este círculo de pesadilla crece aún más al sumar las familias de todos ellos. 
A los desesperados ciudadanos, en último caso, no les interesa saber quién o qué tiene la culpa. 
Exigen, con justicia, soluciones y resultados. 
Y esto significa una distribución y una toma de responsabilidades, de obligaciones y de acciones en todo el espectro de las competencias y en todos los frentes. 
La asamblea especial para el trabajo puede ser literalmente histórica. 
¡Ahora o nunca! 
Señora Presidenta, señoras y señores, debo decir que este debate es frustrante. 
No lo es en cuanto al fondo, sino por razones de procedimiento. 
En efecto, muchos de ustedes se han expresado e imagino que habrá frustraciones al constatar, frente a tal avalancha de ideas, lo tibias que son las reacciones de la Presidencia, limitadas en gran medida por premuras de tiempo. 
Me habría gustado, ciertamente, participar en un debate de cuyo alcance hemos podido tener hoy noción, especialmente gracias a la intervención de la Sra. Dury, que en varias ocasiones ha apuntado diversas vías en las que deberíamos concentrarnos más. 
Pero desgraciadamente no puedo analizar todas las vías que han mencionado ustedes hoy. 
Diré simplemente que este debate ha mostrado que ha cambiado el ambiente, puesto que incluso el Parlamento contempla en la actualidad de una forma algo diferente a como lo hacía hace unos años los problemas sobre el empleo. 
Salvo algunas excepciones, sin duda de lamentar, pero no necesariamente significativas, estamos todos de acuerdo respecto al método que convendría utilizar, método de convergencia que nos ha legado el Tratado de Maastricht y que, por cierto, se había ganado nuestras iras por cuanto obligaba a los Estados miembros a aceptar la obligación de presentar resultados. 
En la actualidad, al considerar que el método está probado, nos gustaría aplicarlo a la política de empleo. 
Todos estamos de acuerdo en que son necesarios resultados concretos, y la mayoría de nosotros considera que las líneas directrices deberían ser cuantificables y verificables. 
Por lo tanto, ahí tenemos un factor común de análisis que debería poder permitirnos realizar un buen trabajo en lo que se refiere a este punto. 
He observado, con un asombro a veces rayano en la ironía, el entusiasmo de aquellos que han considerado que los recientes progresos de la política interior en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea deberían ayudar a la causa de la Presidencia y permitir preparar mejor la Cumbre sobre el empleo. 
¡Ojalá fuera verdad! En tal caso yo sería el primero en felicitar a los que han expresado este punto de vista. 
Desgraciadamente, no todos los Estados miembros están aún convencidos de que el enfoque que hemos elegido y el método que la Comisión ha sugerido sean los correctos. 
Constatamos un gran ecumenismo entre los que no comparten nuestros puntos de vista y, de hecho, tampoco comparten los puntos de vista aquí expresados. 
Para tranquilizar a algunos, diré que los conservadores no son los únicos que se oponen al sentido común y al entusiasmo cuando se trata de luchar por el empleo. 
Les invitaré, por tanto, señoras y señores, a ustedes que están de acuerdo conmigo, a que inicien debates profundos con todos los que no comparten aún nuestros puntos de vista. 
Cuando nos vayamos de Estrasburgo y volvamos a nuestros países, deberemos ver a todos los interesados para convencerlos de que sigan la pauta que el Parlamento ha indicado esta mañana con mucho acierto, pauta, vías e ideas respecto a las que tengo muy pocas discrepancias. 
Pero si todo el mundo pudiese compartir estas ideas en Londres, Bonn, Luxemburgo, Bruselas, Roma o París, dado que todas las sensibilidades políticas se han expresado hoy en el mismo sentido, dispondríamos de todos los elementos y de todos los ingredientes capaces de permitir a la Presidencia componer un cóctel que sería visto por sus destinatarios como algo suficientemente innovador para volver a dar esperanza a los que ya no la tienen. 
Somos responsables de estos hombres y de estas mujeres, y todos los que deseen una cumbre literaria, una cumbre seminario o una cumbre coartada, incurrirán en graves responsabilidades si se acaban imponiendo sus puntos de vista. 
Dependerá de ustedes y de nosotros instarlos a que sigan los métodos, sugerencias e ideas que han expuesto ustedes esta mañana y que, en gran parte, coinciden con los puntos de vista e ideas de la Presidencia. 
Quisiera añadir unas palabras de agradecimiento a todos los que han intervenido en los debates esta mañana. 
En particular quisiera felicitar al Sr. Van Velzen y al Parlamento por el contenido de la resolución. 
No hay duda de que es para nosotros un motivo de gran confianza saber que todas las fuerzas políticas de Europa se están movilizando tan eficazmente para luchar contra el desempleo. 
La situación ha variado en comparación con lo que era antes. 
La diferencia es exactamente lo que el Presidente en ejercicio ha mencionado: el cambio provocado por el Tratado de Amsterdam y el hecho de que el empleo es, hoy en día, una cuestión de interés común que está ocupando el centro del escenario. 
Además, ahora tenemos también en el mismo programa de trabajo el vínculo entre la política económica y el empleo. 
Si añaden ustedes todo esto a lo que ha dicho el Presidente Santer- que ahora tenemos también una nueva estrategia del empleo en consonancia con el contenido de nuestro Tratado- me parece que podemos decir que nos hallamos en el buen camino. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Hughes acerca de la necesidad de obrar con urgencia. 
Esto ha de ser muy evidente para todos nosotros. Es un rasgo penoso de lo que a veces denomino «las estadísticas de la vergüenza» del mercado laboral de la Unión Europea. 
No podemos olvidar que nuestras políticas actuales añaden cada año dos millones de personas a las estadísticas de desempleados a largo plazo de Europa. 
Cuando uno se percata de que una persona de cada cinco de todas las que salen de nuestro sistema de educación y capacitación en Europa no posee ninguna aptitud comercializable, cuando uno se percata de que una persona de cada diez personas desempleadas nunca obtiene una sola oportunidad de capacitación, es fácil coincidir con nuestras directrices en materia de empleo que dicen que hay una deficiencia de puestos de trabajo, que hay una deficiencia de aptitudes, y que la situación requiere una respuesta y un cambio fundamental de doctrina respecto de la forma en que trabajan nuestros sistemas: nuestros sistemas docentes, nuestros sistemas de capacitación, nuestros sistemas de seguridad social y nuestros sistemas fiscales. 
Para poder progresar tenemos que reconocer los fracasos del pasado. 
A mi juicio los fracasos del pasado se hallan en tres esferas: obra y gestión económica, falta de inversiones en recursos humanos, y sistemas anticuados de seguridad social y de mercado laboral. 
Creo que el fracaso fundamental de los Estados miembros es que durante demasiado tiempo han adoptado una actitud de espera que se ha extendido a todas las doctrinas sobre el particular. 
O sea que estoy de acuerdo con el Sr. Hughes, y también el Sr. Pirker ha dicho muy acertadamente que para abordar esos problemas, es absolutamente necesario que los identifiquemos sin pérdida de tiempo y que intervengamos sin demora, basándonos en las necesidades individuales de las personas involucradas. 
No hay duda de que nos hallamos en el buen camino, y creo que la UEM y la moneda única combatirán el primero de los fracasos, que es la cuestión de la mala gestión de nuestra política económica. 
Nuestras ambiciones laborales son realistas y se pueden conseguir por lo que se refiere a la calidad y a la cantidad de los puestos de trabajo. 
Para conseguirlas tenemos que lograr que la actual recuperación económica se mantenga, no solamente durante unos cuantos años sino durante los diez próximos años. 
Tenemos que obrar con decisión para llevar a cabo las reformas estructurales. 
Ya hemos pasado por todo esto antes de ahora. 
No olvidemos que en la segunda mitad del decenio de 1980 se crearon diez millones de nuevos puestos de trabajo en Europa en una situación económica mucho más floja: antes del mercado único, antes de la moneda única y sin ninguna activación sistemática de nuestras políticas de mercado laboral. 
La aritmética es sencillísima. 
El crecimiento de la productividad en Europa es del dos por ciento al año, o sea que necesitamos por lo menos un dos por ciento de crecimiento económico para mantener el empleo en su nivel actual. 
Es evidente que hay que animarnos- como ha indicado un orador- si pensamos en las últimas previsiones de la recuperación en curso que estamos experimentando en la actualidad. 
Es una recuperación estable y con buenos cimientos. Podemos conseguir ese tres por ciento de aumento. 
Si conseguimos algo aún mejor y lo combinamos con las reformas estructurales que hemos mencionado y que tan necesarias son, entonces la situación mejorará notable y rápidamente. 
No solamente crearemos más puestos de trabajo- dos millones o más al año- sino que los fondos para la situación del empleo podrán aumentar, los fondos necesarios para el desempleo disminuirán, y los ingresos fiscales aumentarán también. 
Ése será el círculo " virtuoso» que, en mi opinión, creará suficientes puestos de trabajo- los 12 millones que mencionamos- para aumentar nuestra tasa de empleo a la cifra apetecida del 65 por ciento para la Unión Europea en su conjunto, porcentaje que hemos fijado en las directrices sobre política en materia de empleo. 
La noción de objetivos específicos no atrae a todo el mundo. 
Eso es fácil de comprender, si se trata sencillamente de objetivos específicos que no se basan en ninguna realidad y si no tenemos voluntad política ni maquinaria operacional para poder alcanzarlos, pero no es así como definimos los objetivos de las directrices ni como creemos que van a reaccionar los Estados miembros. 
Los objetivos de las directrices son objetivos que se pueden conseguir. 
Son la consecuencia de acciones, y nos indican qué situación prevalecerá en la Unión Europea si seguimos las estrategias y las políticas fijadas en las directrices sobre empleo y en las amplias directrices económicas. 
Las expectativas son altas pero las expectativas son importantes, y sin expectativas rigurosas y exigentes no habrá razones de peso para reconsiderar nuestras antiguas políticas y para lograr el nivel de empleo de que disfrutan nuestros principales interlocutores comerciales. 
O sea que nuestros objetivos son realistas y se pueden alcanzar dentro de sus propios límites, como los criterios de convergencia económica que los Estados miembros adoptaron y se fijaron después de Maastricht. 
La Sra. Ghilardotti tiene mucha razón a este respecto. 
Quisiera decir que, acerca de la cuestión de las directrices propuestas, la Comisión no ha esquivado la cuestión del tiempo de trabajo. 
Al tratar de la cuestión de la adaptabilidad, la Comisión reconoce que en algunos sectores o en algunas situaciones quizá sea apropiado reducir el tiempo de trabajo, pero estima que dichas reducciones deben ser negociadas por los interlocutores sociales. 
La finalidad principal tiene que ser lograr que las empresas sean productivas y competitivas y conseguir el necesario equilibrio entre la flexibilidad para la empresa y la seguridad para el trabajador. 
Por lo que se refiere a las razones de comparación y a los indicadores, y a las directrices que presente la Comisión, formularemos una propuesta para conseguir que los Estados miembros convengan en indicadores y una base de datos comparables a fin de poder supervisar la aplicación. 
Después de las conclusiones de la Cumbre, esta cuestión revestirá prioridad en 1998. 
En cuanto a la cuestión de los fondos estructurales, las directrices piden a los Estados miembros que aumenten el nivel de la financiación destinada a sus políticas de desarrollo de recursos humanos con cargo a dichos fondos. 
Por eso me satisface sobremanera que compartan ustedes mi interés en conseguir que en el futuro se destinen fondos mucho mayores a los recursos humanos. 
Por último, el grado de apoyo de este Parlamento para las directrices sobre el empleo es muy reconfortante. 
Las directrices son ambiciosas y quedo muy agradecido al Parlamento Europeo por su apoyo. 
Ese apoyo es tranquilizador, no solamente para las instituciones sino también para los millones de ciudadanos desfavorecidos y desilusionados que dependen de nosotros y de que les ofrezcamos el grado de liderazgo y de visión necesario para cambiar la situación de su vida. 
No hay que decepcionarlos una vez más, y se ha dicho acertadamente que tenemos que evitar las letanías de declaraciones de buenas intenciones; como ha dicho el propio Presidente en ejercicio, hay que evitar que esta Cumbre sea una tarta de crema. 
Espero con mucho interés la fecha del 21 de noviembre, pues va a ser el momento de la verdad en el desarrollo de una verdadera estrategia del empleo en la Unión Europea. 
No cabe imaginar siquiera que fracasemos, y tampoco podemos quedarnos esperando a ver lo que pasa. 
Le doy las gracias al señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará dentro de unos minutos a las 12.30 horas. 
(La sesión, suspendida a las 12.25 horas, se reanuda a las 12.30 horas) 
Votaciones 
Debo decir que ante una serie de resultados sentí un fuerte impulso de aconsejar negativamente, básicamente porque para mí la petición está muy ligada a lo que significa en realidad acuerdos y consultas. 
Pero sería un escándalo absoluto si el Parlamento Europeo no fuera capaz de elevar un informe a la Cumbre. 
Esta es la única pero también la razón suficiente para aconsejar encarecidamente que se vote a favor del informe. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, siento que pueda hablar solamente después de la votación. 
El Parlamento Europeo se ha permitido un gran escándalo en su debate al tratar este importante informe con una participación tan escasa- sólo han participado los expertos sobre empleo de la Comisión de Asuntos Sociales. 
Ahora hemos echado una gota más en el vaso al quedarnos con nuestra aportación a la Cumbre del empleo por debajo del mínimo de los mínimos. 
Esto es un escándalo. 
Y hemos votado ahora solamente para que el escándalo no sea aún mayor. 
Señor Presidente, desearía hacer uso de la palabra para explicar por qué he optado finalmente por votar a favor del presente informe. 
Tal como ha afirmado el Sr. Wolf, habría resultado escandaloso que se hubiera echado abajo aquí el informe. 
El Presidente interrumpe al orador 
El Grupo de los Verdes ha decidido hoy votar a favor de las conclusiones del comité de conciliación con respecto a la revisión del Cuarto Programa Marco. 
No obstante, lo hacemos sin demasiado entusiasmo. 
Este compromiso no representa realmente un paso adelante para el Parlamento Europeo. La distribución de los fondos va por el buen camino, pero las cantidades destinadas a algunos de los sectores son demasiado exigüas. 
Los fondos destinados, por ejemplo los 9 millones para las fuentes de energía renovables, son cuantías ridículas teniendo en cuenta las necesidades de la UE. 
Si queremos ir suprimiendo la energía nuclear, hay que destinar sumas más elevadas a las fuentes de energía renovables. 
Naturalmente, consideramos positivo que se destinen fondos a los trabajos para eliminar las temibles minas antipersonales, pero las cantidades destinadas no van a llevarnos muy lejos en la labor de extraer los 100 millones de minas que hay colocadas por todo el mundo. 
Un aspecto crítico es el de los fondos destinados a la investigación en torno a la Encefalogía Espongiforme Bovina. 
No tenemos nada en contra de que se investigue en este ámbito, pero existe el serio riesgo de que se tire el dinero, puesto que la raíz del problema se encuentra en la política agrícola de la UE. 
Mientras no se modifique la política agrícola de la UE de manera que se disminuya la utilización de productos químicos, mientras no se elimine el uso de antibióticos, no se acabe con las modalidades crueles de transporte de animales, y no se dejen de realizar experimentos de clonación ni se retiren los productos basados en genes modificados, etc., seguirá habiendo problemas. 
La agricultura ecológica es un requisito previo para poder reducir las especies que existen actualmente dentro del ámbito agrícola de la UE. 
Pero las iniciativas innovadoras en este sentido brillan por su ausencia dentro de la Comisión Europea. 
La revisión del Cuarto Programa Marco para la investigación es una consecuencia de la adhesión de Suecia, Finlandia y Austria a la Unión. 
Las nuevas acciones realizadas son excelentes, pero los niveles son demasiado bajos. 
Yo considero que éste es un compromiso viable, y he votado por tanto a favor de la propuesta. 
Accidentes industriales (C4-469/97) 
En mayo de 1994, al comienzo de la campaña electoral para el Parlamento Europeo, fui insultado y herido en mi honor por el señor ingeniero Antonio Campos, hoy colega mío en este Parlamento. 
Por esa razón, presenté una demanda penal contra él, de resultas de la cual el Tribunal de Instrucción Penal de Lisboa declaró al diputado y acusado Antonio Campos autor de un delito de difamación e injuria contra mi persona. 
Como el juicio no se puede celebrar sin la supresión de la inmunidad parlamentaria, el Tribunal Correccional de Lisboa así lo solicitó al Parlamento Europeo. 
Como el Parlamento Europeo tiene por costumbre no suspender nunca la inmunidad «en todos los casos en que los actos imputados al diputado europeo correspondan al ámbito de una actividad política» (véase el informe Fayot, pág. 9) , sólo quedaba que el diputado Antonio Campos mismo fuera quien pidiese la suspensión de la inmunidad parlamentaria o renunciara a su mandato para que se pudiera juzgarlo. 
No ha hecho ni una cosa ni otra, al contrario de lo que prometió anteriormente, lo que significa que tiene miedo a ser juzgado ante el Tribunal. 
Al final, siempre es verdad el dicho de que «quien debe teme». 
Como seguirá sin duda ocultándose tras las sucesivas inmunidades parlamentarias, he llegado a la triste conclusión de que, para algunos, el delito compensa a fin de cuentas. 
Por eso, quiero informar a Sus Señorías de que no voy a adoptar ninguna otra iniciativa sobre el proceso en cuestión. 
Para terminar, quiero informar a este Parlamento de que me he abstenido en la votación que acabamos de celebrar. 
Señor Presidente, las propuestas que estamos examinando con vistas al próximo Consejo Extraordinario sobre el Empleo se apoyan en una excelente idea de partida. Convendría que los Estados miembros intercambien sus experiencias en materia de empleo para que todos puedan aprovechar los logros de los demás y seguir, al mismo tiempo, siendo responsables de sus propias políticas. 
Desgraciadamente, los procedimientos definidos a partir de la aplicación de esta buena idea, en particular en el proyecto de Amsterdam, nos resultan sumamente burocráticos. 
En primer lugar, la comunidad no debería limitarse a una mera coordinación sino que debería definir un marco bastante estricto con normas de referencia para todos. 
Hemos evitado por poco que se pusiera en práctica un sistema de sanciones que algunos solicitaban. 
Además, las competencias de los Estados y la Comunidad parecen estar muy enredadas en la práctica, ya que el Consejo elaborará líneas directrices capaces de ir bastante lejos en los detalles y podrá, por otro lado, aprobar unas prescripciones mínimas en materia social. 
Por último, el procedimiento de reducción de las diferencias entre los Estados previsto en el proyecto de Amsterdam, pero que parece que se aplicará anticipadamente, se presenta tremendamente complejo, ya que en él hay al menos diez etapas diferentes. 
En definitiva, esta coordinación, que podría haber sido muy útil en forma de concertación e intercambios mutuos, corre el peligro de convertirse en una cortapisa y un maratón burocrático. 
En cuanto al fondo, las propuestas formuladas por el Parlamento Europeo en el informe van Velzen parecen basarse en el sentido común, especialmente en lo referente a la formación y a la flexibilidad del tiempo de trabajo así como a la rebaja de las cargas en los salarios bajos. 
En cambio, expresaremos dos reservas. 
El informe manifiesta demasiado respeto por la reducción sistemática del tiempo de trabajo, que es una idea contraria a la tendencia de la economía actual, pero que permite a todos los que no tienen verdaderas soluciones contra el desempleo demostrar aplomo fomentando la agitación social. 
En segundo lugar, advertimos una vez más, tanto en la conclusiones del Consejo de Amsterdam como en las propuestas de la Comisión o en las del Parlamento Europeo, la total ausencia de cualquier referencia a la función de la política europea de defensa comercial en la lucha por el empleo. 
Sin embargo, para nosotros esta política deberá formar parte integrante de la definición de un buen marco macroeconómico para la Unión Europea. 
Señor Presidente, se ha hablado mucho aquí esta mañana de recetas, mejores o peores, para reducir el desempleo en Europa. 
Algunos han defendido soluciones como la reducción del tiempo de trabajo generalizada, con una compensación integral de los salarios, que es tanto como diabolizar la flexibilidad y la nueva organización del trabajo. 
Son recetas que pueden destruir aún más el empleo en Europa. 
Paralelamente a todos los loables esfuerzos para que la próxima Cumbre sobre el empleo en Luxemburgo sea un éxito y no otro acto literario añadido a los que se han sucedido desde Essen, la Comisión y, sobre todo, el comisario Monti, ponen todo su empeño en destruir al menos otro cuarto de millón de empleos, puesto que se niegan a tomar una iniciativa que pueda detener este tren legislativo que llegará, en 1999, a suprimir de forma automática las tiendas sin impuestos en los aeropuertos y en los barcos para los pasajeros intracomunitarios. 
Acabamos de votar un apartado 17 de la resolución referida a la Cumbre sobre el empleo que invita al Consejo a declarar que las propuestas Monti referidas al mercado interior deberán ser aprobadas cuanto antes, debido a la muy favorable incidencia que pueden tener sobre el empleo. 
Esto no es válido, sin duda, en lo que se refiere a la postura del Sr. Monti, que contempla la supresión del tax free en Europa y que es la razón por la que no he votado a favor de este informe. 
Señor Presidente, lamento realmente no haber podido votar a favor o abstenerme, y lamento haber votado contra el informe. 
No obstante, pienso que hemos hablado mucho- y eso es bueno- sobre los 20 millones de parados, pero que no hemos hablado de los 55 millones de pobres, de los cuales muchos tienen un empleo. 
Tampoco pienso que hayamos debatido aquí los fallos fundamentales de la política económica que nos aquejan. 
Dado que continuamos por este camino, a ciegas, sin aceptar ninguna modificación aunque vemos que vamos por el camino equivocado, yo he votado activamente en contra. 
Resulta irónico que en repetidas ocasiones y a escala menor hayamos comprobado durante el debate de hoy que las decisiones que adoptamos aquí nos conducen a un aumento del paro, aunque digamos lo contrario. 
Me habría satisfecho más un debate y una resolución que hubieran tenido más en cuenta el valor de las personas que el de los bonos. 
Me imagino que las esperanzas se centran en los Gobiernos italiano y francés cara a la próxima Cumbre de Luxemburgo, a los que lamento no haber podido apoyar. 
Señor Presidente, he votado a favor de la aprobación del informe del Sr. van Velzen a pesar de que, desgraciadamente, dicho informe ha salido aún más debilitado después del examen a que se le ha sometido en esta sala. 
Si ya antes del mismo presentaba ciertas deficiencias, cabe lamentar que la aprobación del informe se ha conseguido principalmente a costa de aceptar propuestas que no hacen sino empeorarlo. 
No obstante, estimo que es más importante que el Parlamento cuente con una serie de objetivos claros en el ámbito de la reducción de la jornada laboral y el empleo para su presentación con motivo de la Cumbre. 
Resultaría extremadamente vergonzoso que no ocurriera así. 
Sin embargo, no tengo intención de comprometerme con las enmiendas contra las que he votado. 
A pesar de que he apoyado la aprobación de la totalidad del informe, no me comprometo con la creación de sectores de baja remuneración, incluida en la propuesta de- entre otros- los liberales, y que ha sido aprobada por la mayoría de este Parlamento. 
No obstante, considero positivo el hecho de que el Parlamento tenga finalmente una opinión que presentar al respecto. 
Habría resultado desconcertante que el Parlamento se presentara en Luxemburgo sin una opinión propia. 
No es exagerado afirmar que las conclusiones de la Cumbre de Amsterdam brillan, sobre todo, por su mediocridad. No gustan a los antieuropeístas y desesperan a los defensores de una Europa unida. 
Sin duda, si bien todo no es negativo, al futuro Tratado le falta ímpetu. 
Afortunadamente, entre los puntos positivos, se encuentra, a petición de los gobiernos de izquierdas y del Gobierno francés, el anuncio de una Cumbre en Luxemburgo totalmente dedicada al empleo. 
Esta Cumbre no puede fracasar; la opinión europea no nos lo perdonaría. 
El Parlamento Europeo y el Sr. van Velzen han trabajado bien. 
Varios Gobiernos se han movilizado y la Presidencia luxemburguesa y el Sr. Junker han mostrado sus competencias y su disponibilidad. 
Quisiera felicitarlos. 
¿Qué cabe esperar de esta Cumbre? 
¿Grandes declaraciones y la enésima evocación de grandes principios? ¿Medidas concretas e incluso limitadas o una combinación de las tres? 
¿Cómo se financiarán éstas? 
¿Por quién? 
¿Cuándo? ¿Se tendrá el valor de abordar el asunto del tiempo de trabajo y de su reducción? 
Son tantas las preguntas básicas... 
Personalmente creo que son necesarias decisiones concretas, palpables e innovadoras, enmarcadas dentro de grandes principios y apoyadas por grandes trabajos, que recurran mucho al empréstito, que tengan políticas de formación, que contemplen la reactivación laboral de los parados de larga duración, unas políticas para el empleo de jóvenes, el incremento de programas de investigación, la reordenación y la reducción del tiempo de trabajo, la agresividad comercial frente a Estados Unidos y una cooperación con el Sur. 
Es evidente que lo que está en juego es considerable y el Consejo de Ministros deberá tener en cuenta nuestras reflexiones y propuestas, aunque en el pleno una mayoría de derechas las haya desnaturalizado un poco en algunos casos. 
52 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la paz en el mundo exige más que nunca que haya una construcción europea. 
Esta construcción tiene dos condiciones: 
Instituciones políticas sólidas; -Fuerte reducción, incluso erradicación del desempleo. 
El informe del Sr. van Velzen parte de un buen sentimiento: afirmar en voz alta y con firmeza que la Cumbre sobre el Empleo no debe ser una vez más pretexto para nuevos textos y nuevas soluciones contra el desempleo que se queden en letra muerta. 
En este sentido, me uno a nuestro ponente. 
Por el contrario, nuestros caminos se separan cuando se trata de hablar de los medios para que disminuya el desempleo en Europa. 
No creo que logremos nada en esta empresa con artificios y tecnocracia: fijar un índice de paro del 7 % para la población activa como objetivo en los próximos tres años, me parece erróneo. 
¿Por qué no el 5 % o incluso el 3 %? 
No, este tipo de medida sólo sirve para tener buena conciencia. 
No se puede fijar un índice de desempleo como objetivo como se han fijado otros criterios de convergencia económica. 
No cabe duda de que es necesario reducir el desempleo, pero establecer una cifra carece de fundamento económico y los medios para combatir el subempleo son sobradamente conocidos; sobre todo, flexibilizar el mercado laboral, reducir el coste del trabajo e intensificar la formación, velando por la protección de los más desfavorecidos. 
Para tal cosa, Europa tiene por supuesto una función que cumplir y el euro será de gran ayuda. 
Pero la solución deberá venir en mayor medida de las economías nacionales, que por fin deberán poner en práctica las reformas estructurales convenientes. 
El informe del Sr. van Velzen está demasiado lejos de las realidades económicas. 
Sólo podré votar a favor si se aprueban algunas enmiendas del PPE. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Wim van Velzen sobre la Cumbre Extraordinaria sobre el Empleo. 
El informe viene acompañado de una serie de buenas propuestas de cómo los países de la UE pueden comprometerse mutuamente a combatir el desempleo. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo con las numerosas buenas propuestas del informe para la creación de empleo. 
El informe solicita un tipo de IVA más bajo sobre las industrias intensivas de trabajo. 
Los socialdemócratas daneses, no obstante, no consideran éste el camino adecuado a seguir en la lucha en favor de un menor desempleo. En su lugar, debe apostarse por la formación, la investigación y la calidad, si Europa pretende acabar con el desempleo. 
El desempleo, la creación de empleo y de nuevos puestos de trabajo son tareas de signo nacional. 
A raíz de la intención de la UE de introducir una moneda única gracias a la UEM, se necesita no obstante atacar el problema del empleo en relación con esta cuestión. 
El ciudadano espera que la UE dedique sus fuerzas a los grandes temas; el paro y la creación de trabajo forman parte de ellos. 
Es necesario, por tanto, que se incluyan los criterios de convergencia en el Tratado de la UE para que no aumente aún más el desempleo a causa de la UEM. 
Puede promocionarse el empleo a nivel de la UE a través de unos criterios de convergencia para la creación de trabajo que tengan la misma relevancia que los criterios de convergencia para la UEM, de unos esfuerzos de formación de la opinión pública y de unos buenos ejemplos. 
Los Estados miembros y los parlamentos nacionales deben conservar la responsabilidad principal a través de la legislación, de la imposición fiscal y de la estimulación de la inversión, de unos acuerdos colectivos y de la gestión adecuada. 
En base a estos razonamientos, he votado a favor del informe. 
Mis colegas del Partido Laborista en el Parlamento Europeo, y yo mismo, acogemos con gran satisfacción el informe del Sr. Van Velzen. El informe aborda una cuestión de inmensa importancia para Europa: el desempleo. 
Los apartados 3 y 5 tratan de obligaciones financieras adicionales que, en nuestra opinión, son innecesarias. 
El apartado 7 también es excesivamente específico y taxativo, mientras que el apartado 11 también es deficiente y además contiene una obligación financiera innecesaria. 
Por último, el apartado 13 también tiene repercusiones financieras poco apropiadas. 
A título de observación general sobre el informe, diré que es importante reconocer que las economías reaccionan de forma diferente en momentos diferentes. 
El informe van Velzen ha logrado evitar la usual retórica descriptiva de los problemas económicos y sociales que se repitan año tras año y Consejo tras Consejo. 
Es de saludar, pues sólo así la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo aportará resultados satisfactorios. 
Tal como el Presidente del Consejo Jean-Claude Juncker ha recalcado, lo que hace falta es actuar concretamente. 
En este contexto, hay que tener en cualquier caso en cuenta que la política de empleo debe dirigirse a nivel nacional. 
No es tarea de la Unión Europea dar instrucciones exactas a los Estados miembros sobre cómo tienen que solucionar el problema del desempleo. Las circunstancias de cada Estado miembro son demasiado diferentes como para poder solucionarse mediante una línea europea. 
Lo que la UE debe hacer es proporcionar directrices para elaborar una estrategia marco coherente en cuyo interior se insta a los Estados miembros para actuar a nivel nacional. 
Este marco no debe mencionar nombres para no azuzar artificialmente la desilusión y el desengaño sólo porque no se han alcanzado unos criterios calculados abstractamente. 
Por ello, es erróneo colocar en primer plano criterios cuantitativos tal como propone la Comisión de la UE en su documento estratégico. 
Como el mismo informe propone, primero hay que identificar las «prácticas ejemplares» (best practices) antes de poder deducir de ello algunos puntos de referencia. 
Es pues muy pronto para dejarse influir ya ahora por ensayos controvertidos de determinados Estados miembros. 
Esta crítica que afecta algunos artículos de este informe no pretende sin embargo disminuir las buenas y cualitativas propuestas del informe: formación como medio de adaptación de los desempleados a la demanda del mercado laboral, mayor flexibilidad en la organización del horario de trabajo, unos tipos de IVA más reducidos para servicios que requieren mucha fuerza de trabajo, tener mejor en cuenta los objetivos político-laborales al emplear las ayudas estructurales, reducción general de la carga fiscal sobre el trabajo y reducción de las cargas para las PYMES. 
El ejemplo de la reducción de la jornada laboral muestra que la flexibilidad es necesaria pero que no tiene sentido determinar un número de horas rígido a nivel europeo o incluso nacional: se tiene que dejar a criterio de los diversos empresarios encontrar la medida adecuada junto con los interlocutores sociales. 
Más importante que unos criterios de convergencia determinados estrictamente es una mejor coordinación de la política económica, financiera, monetaria y de ingresos europea para elaborar un marco en el que el crecimiento, las inversiones y el empleo se vean favorecidos por igual. 
Es cierto que he votado a favor del informe van Velzen en la línea del Grupo socialdemócrata. 
Pero tengo fuertes objeciones con respecto a dos de sus apartados. 
El contenido del apartado 9 significa que se reduciría el IVA en los sectores de trabajos intensivos. 
En Suecia se dice que esto son subvenciones al " servicio doméstico» y no consideramos que aumenten el empleo de un modo que pueda contrarrestar las repercusiones negativas que se derivan de la reducción del impuesto. 
En el apartado 10 se expresa que cabe gravar menos el trabajo, mientras que hay que gravar más el uso de la energía y de los recursos naturales. 
Ésta es una idea que a menudo se relaciona con la creación de nuevos puestos de trabajo, pero no existen pruebas teóricas ni empíricas que lo demuestren. 
A pesar de su encomiable ambición, mi conclusión es que el camino que se dibuja en el informe del Sr. Van Velzen no va a reducir el paro en la Unión. 
La Cumbre se arriesga a fabricar " un nuevo volumen de poesía» sobre el empleo. 
Con esto acaban las votaciones. 
(La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15 horas) 
PRS 1 para 1997- Proyecto de presupuesto general 1998- proyecto de presupuesto operativo CECA 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-299/97 de los Sres. Brinkhorst y Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 para el ejercicio 1997; -A4-290/97 del Sr. Tillich, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998- Sección III- Comisión (COM (97) 280- C4-300/97) ; -A4-280/97 del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1998 (COM (97) 280- C4-300/97) Sección I- Parlamento Europeo, anexo Defensor del Pueblo Sección II- Consejo Sección IV- Tribunal de Justicia Sección V- Tribunal de Cuentas Sección VI- Comité Económico y Social y Comité de las Regiones-A4-314/97 del Sr. Giansily, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto operativo de la CECA para 1997 (SEC (97) 933- C4-270/97 y C4-249/97). 
Señor Presidente, éste es un debate conjunto sobre varios informes. 
Me limitaré a formular una observación sobre el informe respecto del cual soy ponente. 
Lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo con el Consejo para limitarnos a una lectura. 
El procedimiento del Consejo no permite hacerlo, aunque sólo se han presentado enmiendas de poca monta. 
El resultado de ello ha sido, entre otras cosas, un retraso en la aprobación del puesto suplementario para la DG XXIV: servicios para la lucha contra la EEB. 
Todo esto es muy triste. 
Quisiera insistir firmemente en que el Parlamento no tiene culpa alguna de lo sucedido, y quisiera pedir a la Comisión que, por lo menos, dé muestras de flexibilidad y adopte medidas muy rápidamente para ocuparse de la cuestión de la DG XXIV. 
De los dos informes principales, felicito al Sr. Tillich y al Sr. Tomlinson por sus informes. 
John Tomlinson es una persona completamente fiable y, una vez más este año, ha dado mayor transparencia al Parlamento Europeo. 
Mi grupo estima que es importante que vayamos más allá de lo que él preconiza por lo que se refiere a la función del Parlamento, concretamente en lo que concierne a los gastos y diversos arreglos especiales que existen en beneficio de los diputados. 
Si criticamos a los demás, es natural que aceptemos sus críticas. 
El Sr. Tillich, que es nuestro ponente para 1998, ha establecido una excelente cooperación con varias comisiones parlamentarias pero especialmente, como en años anteriores, con la Comisión de Agricultura. 
Esto es algo que merece mencionarse en este Parlamento. 
Le ha ayudado en esta empresa el hecho de que el Sr. Mulder fuera ponente de la Comisión de Agricultura. 
Es evidente que vamos por el buen camino cuando establecemos reservas y cuando pedimos a la Comisión que procure formular modificaciones que nos permitan instituir un presupuesto agrícola antes de que acabe este año, plazo que está más en consonancia con la realidad. 
Una vez más, el presupuesto para 1998 es un presupuesto rigurorísimo y, una vez más también, el Parlamento ha contribuido mucho a conseguirlo. 
En la actualidad estamos por debajo del 1, 15 por ciento, es decir, un 0, 11 por ciento menos de lo que se permitió en Edimburgo. 
Ya es hora de que el Consejo- y me agrada que esté con nosotros el Presidente en ejercicio- reconozca que el Parlamento también ha intervenido en el cambio de la doctrina de desembolsos de la Unión Europea. 
Por lo tanto, sería muy útil que la entidad encargada del presupuesto en el Consejo reconociese también que importantes renglones presupuestarios de interés para los ciudadanos de Europa, como los relativos a la información, las organizaciones no gubernamentales, el desarrollo, el medio ambiente y los consumidores, no se pueden reducir sencillamente a un valor casi nulo, utilizando a continuación el margen correspondiente al Parlamento para restaurarlos. 
Esto es un juego de niños y sería muy deseable que dos instituciones ya maduras como el Consejo y el Parlamento adoptaran las medidas comunes necesarias para conseguir que en el futuro no tengamos que jugar esos partidos de ping-pong. 
Una importante iniciativa para este año es la del empleo. 
Quisiera felicitar a la presidencia luxemburguesa por haber colaborado tan activamente con el Parlamento sobre esa cuestión. 
Provisionalmente se han reservado 150 millones de ecus, que pueden ser de gran utilidad según la forma en que se utilicen para los préstamos y las garantías del Banco Europeo de Inversiones. 
También es importante que el Consejo se entere del siguiente mensaje: si no responde de forma efectiva, y todos sabemos que la presidencia luxemburguesa desea esforzarse activamente en esa dirección, y no crea la estructura jurídica debida, entonces, con toda sencillez, el Parlamento seguirá un rumbo diferente en la segunda lectura. 
El dogmatismo del Consejo ha tenido la culpa de que cuestiones sencillas relativas a las bases jurídicas hayan tropezado con dificultades durante demasiado tiempo. 
Tengo un par de observaciones que formular sobre cuestiones concretas. 
Es importantísimo que en materia de política interna comencemos a desarrollar una verdadera política de la información. 
El hecho de que el Parlamento pondrá probablemente en reserva un 30 por ciento es señal de que no estamos enteramente satisfechos. 
Un Sistema europeo de información que merezca semejante título sólo se puede conseguir si hay verdadera cooperación entre la Comisión y el Parlamento. 
Por lo tanto, es importantísimo que mancomunemos todas nuestras reservas a este respecto. 
Finalmente, por primera vez este año hemos colocado la cuestión de las subvenciones en el centro de nuestros debates. 
Las subvenciones no tienen nada en común con las operaciones financieras de los que poseen informaciones secretas. 
Las subvenciones se efectúan para ayudar a instituciones útiles a trabajar con miras a mejorar la situación que reina en Europea en diversas esferas. 
Por esa razón hemos rechazado la idea de que cada renglón presupuestario tiene una finalidad específica oculta. 
Incumbe ahora a la Comisión el pasar a la acción. Corresponde al Parlamento determinar con claridad de qué forma va a desempeñar la función de control. 
Espero que continuemos por ese camino en los próximos años. 
, ponente. Señor Presidente, en este debate conjunto empezaré por comentar la presentación del presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 del año 1997 para el Tribunal de Cuentas. 
Como todos sabemos, el Tribunal de Cuentas tiene un déficit de auditores debido, en primer lugar, al radio de acción de los controles que efectúa; en segundo lugar, al incremento en su volumen de trabajo y, en tercer lugar, a la extensión de los controles de fiabilidad de cuentas que realiza. 
Se hizo un estudio conjunto de cuáles podrían ser las necesidades que tenía dicha institución y se llegó a la conclusión de que necesitaba 48 puestos. 
Se creyó que parte de ellos, o sea 23, se cubriría haciendo un PRS dentro del presupuesto del 97 y que 25 serían cubiertos por el presupuesto que a continuación presentará el Sr. Tomlinson. 
En cuanto a los 23 puestos que corresponderían al presupuesto del 97, nos hemos encontrado con que el Consejo, en su primera lectura, aprobó 5, y en la segunda lectura ha aprobado otros 5. 
Yo espero, deseo y pido que, al final, sean aprobados también los 13 puestos restantes, aparte de los 10 que han aprobado ustedes, para que puedan cubrirse y poder contar así con estos 23 puestos en total que pedimos para el Tribunal de Cuentas dentro del año 1997. 
Quiero felicitar desde aquí el trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas y, sobre todo, la aplicación clara y diáfana que hace siempre- si la hay y, en este caso la hay- de la evolución favorable del cambio ecu-franco belga, ya que no en todas las instituciones podemos ver dicha aplicación. 
Por otro lado, quiero recordar el trabajo indispensable que realiza el Tribunal de Cuentas para el trabajo de control que efectúa el Parlamento. 
Respecto del presupuesto que nos va a presentar el Sr. Tomlinson, creo que es un gran presupuesto el que ha llevado a cabo. 
No tiene otros hilos para poder tejer un presupuesto mejor, y éste es el que hay. 
Es un presupuesto austero, sigue en la misma línea de los años anteriores y, es más, sigue en la línea que estamos imponiendo a los Estados miembros para poder realizar la Unión Monetaria. 
Creo que, a pesar de dicha austeridad, no se verá entorpecido el funcionamiento adecuado de las instituciones. 
Por otro lado, quiero agradecer al Sr. Tomlinson, también, la mejora que ha presentado de la gestión del personal teniendo en cuenta el factor coste-eficacia y la igualdad de oportunidades para el mismo, así como, también, que se evalúen las necesidades objetivas de las instituciones en cuanto a bienes inmuebles, que se tomen medidas para reforzar y mejorar la cooperación interinstitucional, que se garantice una política de información coherente y que se favorezca la utilización de nuevas tecnologías. 
En cuanto al gran presupuesto de la Comisión, presentado por el Sr. Tillich, yo aquí solamente añadiría que veo con buenos ojos que la iniciativa PEACE haya podido seguir adelante, el que se hayan restablecido estos 1.000 mecus para los Fondos estructurales y, por otro lado, en la categoría 3, por ejemplo, que se cree el paquete de líneas denominado «Mercado de trabajo e innovación tecnológica» , y que se hayan incrementado también, aunque sea a través de enmienda, los créditos para América Latina. 
Y quisiera resaltar que en una enmienda se aprobaba, a pesar de que aquí en el Pleno nos podemos quizás encontrar con otra nueva, una reserva para el programa MEDA del 10 %. 
Quisiera recordar que fue precisamente una enmienda mía la que el año pasado rebajó la reserva del programa MEDA. 
Lo que pretendo es que, a través de una reserva, no se entorpezca un trabajo. 
Ahora bien, en estos momentos hace falta un informe de evaluación provisional y creo que un 10 % es algo que no entorpece y, sin embargo, creo que deja muy claro ante la Comisión cuál es la petición que hace el Parlamento: necesitamos dicho informe de evaluación provisional. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, quiero expresar mi agradecimiento a los dos oradores anteriores, quienes, por así decirlo, me han quitado parte del trabajo. 
Como pueden ver, no había que decir mucho más respecto al presupuesto suplementario 1997. Por ello, el presupuesto 1998 ha desempeñado un papel dominante en la exposición realizada por mis dos colegas. 
En mi caso va a ser igual. 
Me voy a esforzar por no utilizar los 15 minutos de que dispongo pues no estoy sencillamente acostumbrado a hablar 15 minutos en el Pleno. 
Nuestro objetivo en relación con el presupuesto de 1998 es proporcionar un sello europeo de calidad que se caracterice por la economicidad, la transparencia, el aseguramiento de la plusvalía europea, la lucha contra el paro y el apoyo a la juventud, también financieramente, para entusiasmarla por una Europa común. 
El Parlamento Europeo presenta en su primera lectura un proyecto de presupuesto que corresponde plenamente a los deseos de los Estados miembros de tener para 1998 un presupuesto ahorrativo y razonable. 
El proyecto de la Comisión para el presupuesto de 1998 representa un 1, 15 % del producto social bruto y el del Consejo un 1, 12 %. 
Nosotros les presentamos un proyecto que se encuentra entre ambos. 
Quiero recordarles que Edimburgo prevé un posible aumento de gastos del 1, 26 % del PSB para 1998. 
En su anteproyecto, la Comisión ha dejado un gran margen por debajo de los límites superiores de las categorías. 
Creo poder decir con razón que, aunque hemos debatido políticamente con gran intensidad, hemos demostrado nuestra responsabilidad con la actual propuesta; ha quedado un margen de unos 700 millones de ecus. 
Esto es mucho más que en los últimos años juntos. 
Este resultado no ha sido fácil de lograr. 
Quiero expresar aquí mi agradecimiento a los ponentes de las diversas comisiones por su colegial cooperación para lograr este resultado. 
Este resultado significa al mismo tiempo una nueva cualidad de cooperación entre las instituciones. 
Pido a la Comisión y ante todo al Consejo que reconozca este resultado y, ante todo, que lo acepte políticamente. 
Digo esto especialmente de cara a la iniciativa por el empleo. 
No solamente el margen es un buen resultado sino también nuestro apoyo para que la Cumbre especial del empleo que se va a celebrar en noviembre en Luxemburgo sea un éxito. 
El Parlamento Europeo quiere dedicar 150 millones de ecus del presupuesto de 1998 al sector de las políticas internas, es decir, la categoría 3 del presupuesto. La finalidad es que, mediante una cooperación entre la Presidencia del Consejo, la Comisión y el Parlamento así como del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones, se creen instrumentos que proporcionen estímulos a las pequeñas y medianas empresas para que inviertan en puestos de trabajo adicionales. 
El Consejo debe proporcionar para ello el fundamento jurídico y realizar en noviembre en Luxemburgo un claro cambio de rumbo. 
El Consejo debe ser consciente de que de este modo la cooperación entre las dos partes de la autoridad presupuestaria adquiere una nueva calidad. 
Usted, señor Presidente del Consejo, tiene en su mano convencer de ello a sus colegas. 
Con su propuesta, el Parlamento Europeo ha cumplido su parte de las tareas con el convencimiento de que de este modo da prioridad a las líneas presupuestarias de 1998 que acordamos en marzo de este año. 
Amsterdam y los Gobiernos siguieron a finales de la primavera solamente teniendo en cuenta la problemática del empleo en la Unión Europea. 
Si el Consejo no estuviese en situación de realizar su aportación, no solamente el Parlamento Europeo quedaría profundamente decepcionado sino sin duda también la opinión pública en Europa. 
Pero además el PE no repetiría un esfuerzo tal en el procedimiento presupuestario. 
Para 1998 agotaríamos totalmente nuestras posibilidades técnicas en el marco de la segunda lectura y para el año siguiente tampoco habría ningún motivo para que el Parlamento Europeo renunciase a sus propias prioridades en favor de otras comunes. 
Quiero subrayar en este contexto la muy positiva cooperación con la Presidencia luxemburguesa del Consejo. 
Apreciamos en mucho su actividad así como la promesa que realiza en su carta del 6 de octubre de no escatimar esfuerzos para que la Cumbre especial constituya un éxito también en este sentido. 
No tengo ninguna duda de ello. 
Sin embargo, no tenemos la total certeza de que todos sus colegas piensen igual. 
Por ello y, sólo por ello, hemos creado unas condiciones técnicas para no debilitar nuestra posición en el procedimiento presupuestario. 
En el Parlamento Europeo partimos del hecho de que va a consistir un éxito. 
Pero el ponente general proviene de donde lo hace la porcelana de Meissen y hay un refrán alemán que se ha convertido en nuestra divisa: » La prevención es la garantía de la porcelana». 
Permítanme que realice algunas observaciones sobre las diversas categorías de gastos. 
Respecto a los gastos agrícolas: al mantener abierto el procedimiento ad-hoc y, en consecuencia, la posibilidad de que la Comisión presente una carta rectificativa sobre su anteproyecto de presupuesto, las dos partes de la autoridad presupuestaria estaremos en situación de aprobar un enfoque presupuestario realista que esté orientado a las auténticas necesidades de gastos de 1998. 
Este es un importante objetivo que nos hemos marcado para cumplir la disciplina presupuestaria. 
Pero también significa- y para ello se le ha invitado al igual que a nosotros- que alcancemos un acuerdo sobre esta importante carta rectificativa. 
Respecto a la política estructural ya ha hablado el colega Fabra Vallés. 
La nueva inclusión de un crédito de pago de mil millones para los Fondos estructurales no ha sido para nosotros en principio ningún punto conflictivo; hemos estado a favor de ello, lo que indicamos ya al principio y lo hemos reflejado también en la propuesta. 
Nos alegramos de que la Comisión haya encontrado una posibilidad de apoyar financieramente la iniciativa de paz para Irlanda del Norte. 
Quiero subrayar expresamente que esto ha ocurrido bajo la condición de que no se toquen los acuerdos de Edimburgo y que no se reclamen las iniciativas comunitarias existentes para la financiación. 
Bajo esta condición estamos dispuestos a dar nuestro voto afirmativo a esta propuesta de la Comisión lo que hemos reflejado en nuestra propia propuesta. 
Quiero recordar además las resoluciones del informe especial de 1995, por las que nos pusimos de acuerdo en que las iniciativas comunitarias RECHAR y RETEX son prioridades del Parlamento Europeo. 
Como la Comisión encontró dinero en la Categoría 2 para PEACE y las cifras ascendieron continuamente en las negociaciones con la Comisión, para el Parlamento Europeo no había nada más lógico que hacer uso también de esa fuente de dinero para financiar RECHAR y RETEX. 
En el campo de las políticas internas quiero indicar que naturalmente nos afirmamos en las prioridades que acordamos en marzo, consistentes en apoyar a SOCRATES y el Año Europeo de Voluntarios. 
Quiero subrayar de nuevo- con lo que vuelvo a lo que mi colega Brinkhorst ya ha dicho- que el Parlamento Europeo fomenta desde hace tres años una política de información europea. 
Se pueden detectar los progresos pero la cooperación interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión deja aún que desear. 
Junto con las directivas sobre la política de información que se deducen del informe por propia iniciativa del Parlamento Europeo, se deberían acordar directrices políticas al máximo nivel entre los representantes del Parlamento y de la Comisión para un sistema europeo de información. 
Insto a la Comisión para que aporte por fin claridad sobre las últimas agencias que han surgido. 
No se puede admitir que exista un laberinto de diferentes regulaciones que no permitan ninguna transparencia presupuestaria. 
La Agencia Veterinaria que se quiere crear en Irlanda es un nuevo ejemplo de ello con una nueva estructura y nuevas normas. 
Lo que se debe hacer es impulsar consecuentemente y concluir por fin la armonización de las normas. 
En el sector de la investigación se ha presentado una propuesta que promete aportar un ahorro de más de 13 millones de ecus haciendo hincapié sobre la transparencia de los gastos administrativos. 
Esto equivale casi al resultado que han aportado las diez negociaciones en el procedimiento de conciliación entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Respecto a la transparencia, la exigencia planteada a la Comisión pretende que en el futuro se muestre la parte que está prevista, por ejemplo, en el programa SOCRATES, para los países con los que se han concluido acuerdos de asociación. 
Hemos presentado una enmienda al respecto. 
Si es cierto que están previstos importes, entonces queremos saber como Parlamento Europeo de qué importes se trata. 
En la política exterior hemos restablecido el equilibrio entre los Estados del Mediterráneo, los Estados de la Europa central y oriental y Latinoamérica en favor de esta última. 
Como tenemos un sistema de informes regulares en el programa PHARE, queremos lo mismo para MEDA y TACIS. 
Les presentamos, por ello, una enmienda para obligar a la Comisión a mostrar más transparencia también en el campo de MEDA y TACIS, tanto más cuando la Comisión ha reconocido en un dictamen provisional que no está en situación de presentar un informe de evaluación sobre MEDA. 
Por ello, creo que una reserva del diez por ciento es razonable. 
No impide la ejecución del programa pero obliga a la postre a la Comisión a ceder a nuestros deseos y condiciones. 
Y en el caso de los gastos administrativos apoyamos el enfoque de la Comisión de tener un crecimiento cero y no apoyamos el recorte previsto por el Consejo en este campo. 
Pero exigimos a la Comisión que cree las condiciones previas necesarias para ello. 
Por ello, hemos colocado en la reserva también determinados créditos para estar preparados para las negociaciones de ampliación con los candidatos a la adhesión, para justificar y apoyar los trabajos de la DG XIV, tal como se exige en las diversas Comisiones de Investigación, y para garantizar las actividades de la UCLAF en la inspección de la ayuda a países terceros. 
De ahí nuestra exigencia a la Comisión para que lo garantice personalmente y realice las necesarias restructuraciones dentro de la Comisión. 
Para finalizar, quiero expresar de nuevo mi agradecimiento a todos los colegas que han participado en el presente proyecto de presupuesto, que han realizado sugerencias y prestado su apoyo. 
Tampoco quiero olvidar expresar mi agradecimiento a los funcionarios de esta Asamblea que han contribuido al éxito de la preparación de este proyecto de presupuesto que se les ha presentado hoy. 
(Vivos aplausos) Finalmente, dirijo el ruego a todos los grupos políticos y colegas de esta Asamblea para que den su apoyo a lo que se nos ha presentado como resultado de los debates presupuestarios en la Comisión de Presupuestos. 
Entonces este presupuesto de 1998 podrá ser un éxito para el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, con el acuerdo de la sesión voy a unir las dos intervenciones previstas para hoy en una sola, pero ésta tendrá dos partes: la primera, en nombre de la Comisión de Presupuestos, se referirá al presupuesto de la CECA, y la segunda será la opinión del Grupo UPE sobre los demás informes debatidos. 
La primera, ante todo. 
Si el proyecto rectificativo de la CECA para 1997, que es objeto de nuestro debate de hoy, no suscita ningún comentario especial por mi parte, quisiera llamar la atención de los colegas sobre la propuesta, actualmente examinada en el plano jurídico y que desearía formular en nombre de la Comisión de Presupuestos, que tiende a mantener para 1998 la tasa del 0, 011 % sobre el volumen de negocios de los industriales del carbón y del acero. 
En efecto, la CECA, creada en 1952 para una duración de cincuenta años, desaparecerá como entidad institucional específica en el año 2002. 
Dado que los préstamos financiados por la CECA estaban previstos para cinco años, a partir de 1998 dejarán de concederse. En opinión del Consejo, esto parece justificar la desaparición de esta tasa que es- y quiero subrayarlo- el único impuesto comunitario, es decir, el único instrumento de ingresos, respecto al que nuestra Asamblea tiene algo que opinar. 
En un momento en que la Unión Europea debe dar muestras de iniciativa en el ámbito del empleo y en el que todo el mundo sabe que el futuro no consistirá en la creación de trabajitos en una función pública ya pletórica, sino por el contrario en una ayuda selectiva a las PYME y a las PYMI que, según la opinión general, son el caldo de cultivo para que crezca de verdad el empleo, me parece que un gesto por un importe de 50 millones de ecus con cargo al presupuesto de la CECA, cuyo botín de guerra sería, si se ha de creer a la Comisión, de más de mil millones de ecus, un gesto por lo tanto, que consistiría en transferir al BEI 50 millones de ecus para permitir conceder préstamos bonificados a las PYME y PYMI que utilicen elementos procedentes de los sectores del acero y del carbón, sería algo visto de forma positiva por la solidaridad con una industria completamente reestructurada gracias al sistema comunitario y que, creo, debe velar por que éste se perpetúe. 
Veamos ahora cuál es la opinión de nuestro Grupo sobre los otros informes que se están debatiendo. 
En lo que se refiere al presupuesto para 1998, el Grupo UPE considera que éste es claramente más fructífero que los de los años anteriores, debido en especial a la enorme voluntad de diálogo que han manifestado en esta ocasión las Presidencias neerlandesa y luxemburguesa, y está marcado, debido a razones relacionadas sin duda con la coyuntura económica, por la voluntad manifiesta de alcanzar un consenso cuando falta un mes para la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo. 
Debo decir que casi todas las tendencias de la Comisión de Presupuestos han aceptado la invitación que les hacía el Sr. Jean-Claude Junker de realizar un especial esfuerzo con vistas a conseguir los medios financieros para que sea un éxito. 
El ponente, nuestro colega Stanislaw Tillich, nos ha propuesto que del título III se obtenga una cantidad de 150 millones de ecus para destinarlos a favorecer la creación de empleos. 
Ni que decir tiene que nuestro Grupo no puede estar de acuerdo con esta propuesta y que nos parece que no hay apenas riesgo de que la Comisión utilice fondos que, de esta manera, estarían disponibles para una finalidad distinta a la que es objeto de todas las preocupaciones europeas. 
Por otro lado, nuestro Grupo no desea que se apoye al Consejo en su propuesta de disminuir en mil millones de ecus los créditos de pago de 1998 destinados a los Fondos estructurales. 
A nuestro modo de ver, el respeto de la letra del acuerdo interinstitucional, en lo tocante a la mayor utilización posible de los créditos comprometidos en el marco de la programación 1994-1999, resulta más que evidente. 
No olvidemos que estos fondos son también empleos, sobre todo en el sector de la construcción y de las obras públicas, y acordémonos simplemente de que 1998 y 1999 son los dos últimos años en los que los Fondos de Cohesión se destinarán en su totalidad a las zonas con dificultades dentro de la Europa de los Quince. 
La ampliación no podría traducirse, salvo si se sacrifican deliberadamente los equilibrios que tanto ha costado conseguir a lo largo de años, en una transferencia de los países de la cohesión hacia los países candidatos a la adhesión, sin que se imaginen otros sistema para las regiones con niveles más bajos de renta. 
Esta es la tarea del programa Agenda 2000, sobre el que nos tocará volver a pronunciarnos. 
Pero esto es una razón de más para que los compromisos adquiridos anteriormente se mantengan y los créditos de pago estén a la misma altura, y sin la menor alteración, de los créditos ya comprometidos. 
En lo que respecta a los créditos específicos, y sobre todo los programas especiales como PHARE, TACIS, MEDA y el programa de reconstrucción para la antigua Yugoslavia, se deberá realizar con premura un verdadero esfuerzo de control y optimización. 
En efecto, sería de lamentar que los programas destinados a permitir la ampliación dentro de las mejores condiciones, a superar las dificultades de las antiguas Repúblicas de la Unión Soviética, a desarrollar cooperaciones euromediterráneas y a poner fin a la guerra en la antigua Yugoslavia se inutilicen por falta de organización, de control y, en una palabra, de eficacia. 
Esta es la razón por la que la reserva del 30 % de los créditos destinados a la reconstrucción de la antigua Yugoslavia deberá interpretarse como la voluntad de comprobar escrupulosamente el buen uso de los fondos, cualquiera que sea el beneficiario. 
Europa, que se dirige alegremente hacia un gasto superior a cinco mil millones de ecus para el conjunto de sus programas, desembolsa en términos relativos mucho más de lo que en otro tiempo supuso el plan Marshall, por el que muchos europeos sienten no obstante nostalgia. 
Pero estas nuevas tareas que son competencia desde ahora del Tribunal de Cuentas, institución indispensable para la coherencia del sistema presupuestario de la Unión Europea, necesitan importantes medios suplementarios. 
Por lo tanto, el Grupo UPE apoyará con gusto a nuestro colega Tomlinson en sus propuestas de creación de partidas para el Tribunal de Cuentas en 1998. 
En otro ámbito, como es el de la Comunicación, nuestro Grupo apoya la propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos que tiene por objeto incrementar de forma significativa los fondos destinados a informar a la opinión pública de los Estados miembros sobre la puesta en funcionamiento del euro. 
Esto ocurrirá dentro de menos de quince meses; no corramos pues el riesgo de ponerlo en funcionamiento con ciudadanos mal informados o, lo que es peor, deliberadamente desinformados. 
Este presupuesto debe ser asimismo motivo suficiente, y esto es para nosotros un punto crucial, para sentar bases legales irrecusables, como por ejemplo para los fondos de garantía audiovisual. 
El compromiso obtenido en la Comisión de Presupuestos sobre la resolución, me parece que va en el buen sentido. 
Por último, terminaré hablando del gasto agrícola, que tan importante es para la cohesión de las políticas europeas y que constituye un modelo de política común. 
El cálculo sumamente ajustado, fijado por la Comisión para el año próximo, cuenta con nuestro acuerdo. 
Ahora cabe esperar que ninguna catástrofe del tipo de la «vaca loca» venga a perturbar un edificio que, sin duda, puede resistir una coyuntura fácil pero que no resistiría tensiones demasiado fuertes en los diferentes regímenes de la OMC. 
ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad. (EL) Señor Presidente, en la Comisión de Asuntos Exteriores hemos intentado, en el presupuesto de 1998, restablecer los niveles de financiación de 1997 y tener en cuenta las prioridades políticas del acuerdo de dos órganos de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
En primer lugar centramos nuestra atención en el programa MEDA y pusimos énfasis en las observaciones que ahora les rogamos que tengan en cuenta. 
En segundo, nos centramos en el registro de las cantidades para el KEDO de modo que se salvaguardaran los derechos del Parlamento Europeo, y 
En tercero, insistimos en conservar el PHARE en los mismos niveles de 1997. 
Nuestra Comisión, en líneas generales, está satisfecha de la respuesta del ponente general y de la Comisión de Presupuestos, y es por esta razón, por la que volvemos a presentar sólo una enmienda: concierne a la línea B7661 y la campaña de las minas antipersonal, que constituye una prioridad para nosotros. 
Solicitamos tres millones más de Ecus que los que decidió la Comisión de Presupuestos y pedimos al Parlamento que apruebe esta propuesta. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar en esta ocasión de la misma forma que en las anteriores y quisiera agradecer al Sr. Tillich la buena colaboración que hemos tenidos como informadores. 
Esto ha conducido a que, por primera vez, hasta donde puedo acordarme, la preocupación de este Parlamento no haya finalizado tras la votación del jueves. 
El procedimiento ad hoc sigue abierto y esto significa a mi modo de ver, que el Parlamento puede adquirir una mayor influencia en el presupuesto para la agricultura, y este es un buen asunto. 
Ahora hay que esperar la carta de rectificación de la Comisión. 
Esperamos que la subida se mantenga dentro del 0, 45 %, pero les puedo asegurar que en lo que respecta a otros asuntos la Comisión de Agricultura se seguirá preocupando debidamente del uso del dinero. 
Ya hemos manifestado en anteriores ocasiones nuestra preferencia por que no haya un recorte lineal, si no un recorte o subida adecuada a las líneas presupuestarias individuales según se produzcan. 
Como Comisión de Agricultura nos alegramos de que la mayoría de las enmiendas hayan sido aceptadas por la Comisión de Presupuestos. 
Somos neutrales en presupuesto y todas ellas guardan relación con una agricultura más favorable con el medio ambiente, mayor lucha contra el fraude en los gastos de la agricultura y mayor calidad en los productos agrícolas mediante campañas activas de promoción. 
Esperamos que el Consejo y la Comisión den una buena acogida a estas enmiendas. 
También son importantes las medidas adjuntas en la categoría B1. 
En lo que se refiere a este punto es bastante decepcionante que a pesar de la promesa de la Comisión, este Parlamento no haya podido estudiar los resultados de este programa. 
Esperamos gustosos un pronunciamiento del Comisario. 
¿Cuándo podrá examinar el Parlamento este informe? 
En lo que respecta a otras categorías, todas las enmiendas que han sido rechazadas por la Comisión de Presupuestos, al menos la mayoría menos una, han vuelto a ser presentadas por la Comisión de Agricultura. 
Quisiera llamar la atención sobre una de ellas, y ésta es la enmienda en relación al B2-5122, entre otras ayudas a aquellos agricultores que han sido tocados de refilón por todo tipo de medidas políticas derivadas de la política agrícola. 
Se lo recomendamos por su gran interés y esperamos que el Pleno lo apruebe. 
Señor Presidente, con el tiempo el presupuesto de la Comisión REX ha aumentado muy considerablemente a medida que se iban desarrollando nuestras relaciones con la Europa central y oriental, la antigua Unión Soviética y los países del programa MEDA. 
Esta razón basta de por sí para que, como comisión parlamentaria, ejerzamos una vigilancia cada vez mayor. 
No me es honradamente posible pretender que tenemos un control completo del presupuesto por lo que se refiere a esas tres esferas de trabajo de gran importancia. 
Sin embargo, la Comisión sabe que cada vez insistimos más en que haya una rendición de cuentas más concreta. 
Dicho lo que antecede, no me parece que las respuestas de los funcionarios de la comisión parlamentaria sean apropiadas, ni mucho menos. 
Ésta es una cuestión que los Comisarios deberían examinar a fondo desde un nuevo punto de vista: el programa PHARE, el programa TACIS y el programa MEDA. 
En relación con cuestiones concretas, diré que hemos cuestionado la cuantía del presupuesto para delegaciones de relaciones exteriores. Hay colegas que insisten en apoyar a determinadas organizaciones europeo-latinoamericanas, y estoy de acuerdo con ellos. 
Hay apoyo para la industria textil en relación con el presupuesto de relaciones exteriores. Ésta es una cuestión que figura en buen lugar en nuestra lista de prioridades, y me remito en particular a la enmienda presentada por la Sra. Ferrer. 
Somos partidarios de mantener el renglón presupuestario que trata de la promoción de exportaciones europeas al Japón, que consideramos como una de las esferas de mayor éxito. 
Lamentablemente, el Consejo- no sé por qué- quiere reducir dicho renglón presupuestario, pero nos oponemos resueltamente a todo corte. 
Señalo aquí a la atención de los representantes del Consejo esa cuestión concreta, pues muchos diputados de este Parlamento están al corriente del notable éxito del programa de capacitación para personal ejecutivo que permite que jóvenes de ambos sexos vayan cada año al Japón para aprender japonés durante 11 meses y transcurran 6 meses en empresas japonesas para familiarizarse con ellas. 
De este plan han podido beneficiarse nada menos que 650 graduados; el plan representa una nueva oportunidad de fomentar las exportaciones europeas al Japón y las inversiones en ese país. 
Presidente, el presupuesto de este año lleva el signo del ahorro, tanto por parte del Parlamento como por la del Consejo y de la Comisión. 
Creo que el Sr. Tillich está especialmente capacitado para combinar dicho ahorro con una buena marcha del presupuesto. 
El aspecto más importante referido a la política social es la iniciativa del empleo. 
La Cámara ha hecho de ésta una partida, la partida Tillich, que consta de 150 millones. 
Lo especial de esta partida es que se compone tanto de medidas que pueden tener una influencia directa sobre el empleo como de medidas de política del mercado laboral. 
Queremos contribuir con el Consejo y especialmente con usted, Presidente del Consejo, y también con su Presidente, para que puedan hacer algo al respecto en el marco de la Cumbre de Luxemburgo. 
La partida es flexible, pero también claramente suficiente. Se trata de una partida con la que se pueden bien emplear 150 millones y con la que se pueden ahorrar de hecho 200 millones. 
Pienso que estamos muy bien capacitados para ello y que éste puede ser un punto esencial de este presupuesto. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Sociales estoy muy satisfecho de que se haya podido llevar a cabo. 
Por lo demás, Presidente, debo decir unas palabras acerca de la Comisión. 
La Comisión ha menospreciado bastante el capítulo de asuntos sociales y empleo en su proyecto de presupuestos. 
Las prioridades del Parlamento estaban claras y en las prioridades de la Comisión para Kinnock había demasiado de «el empleo es dinero» ; creo que no es esto lo que se pretende y que atenta contra lo que se ha decidido en Amsterdam. 
Opino que tiene que crearse una partida equilibrada en la cual también tiene que contemplarse el tema del transporte, pero no debe volverse tan exclusiva como había propuesto la Comisión. 
Creo que estamos capacitados para reducir algo este punto. 
Pienso que se ha hecho un buen presupuesto y agradezco especialmente por ello al ponente. 
Señor Presidente, Señorías, hablando también en nombre de mi colega el Sr. Costa Neves, que no ha podido estar aquí con nosotros hoy, quisiera subrayar que la propuesta del Parlamento es substancialmente mejor que el mal proyecto de presupuesto que nos envió el Consejo. 
Y el Sr. Tillich merece un elogio particular por ello. 
Efectivamente, el Consejo dijo que quería promover una política en pro del empleo. 
Ahora bien, la propuesta que nos presentó nada tiene que ver con el empleo. 
En los Fondos estructurales se disponían a suprimir mil millones de ecus en pagos. 
Fue el Parlamento, por mediación del ponente, Sr. Tillich, de la Comisión de Política Regional, el que repuso los mil millones de ecus. 
Son asignaciones que, como se ha dicho, se utilizan en proyectos que, evidentemente, promueven el empleo en las regiones más desfavorecidas. 
El Consejo nada nos propone sobre los programas RETEX y RECHAR, como nos dice aquí la Comisión de Presupuestos, y ésos son programas que contribuyen a la lucha contra el desempleo en zonas afectadas por la reestructuración minera o del sector textil. 
El Consejo nada nos dice en relación con el conjunto de medidas sobre el desempleo. 
Hay una carta del Sr. Jünkers, que considero una carta poética, porque estamos hablando de presupuesto y, por tanto, si el Consejo era serio al proponer una iniciativa para el empleo, debería haberlo inscrito en su propuesta de presupuesto que envió a esta Asamblea. 
Fue este Parlamento, en particular por mediación del ponente, Sr. Tillich, el que preparó el mecanismo para que se consiguiera un plan de 150 millones de ecus, que el Consejo no consiguió encontrar en los cortes que hizo, a diestro y siniestro, en el presupuesto de las Comunidades Europeas. 
Por último, la educación y la movilidad de los jóvenes. 
Este Parlamento es el que promueve los programas SOCRATES y LEONARDO. 
Son instrumentos fundamentales para la empleabilidad de los jóvenes, para su formación técnica y profesional, para su movilidad, somos nosotros los que tenemos que dar el refuerzo presupuestario que los señores del Consejo no son capaces de dar. 
Y, además, el programa PRINCE para el refuerzo de la información a los ciudadanos, del que ya hablamos aquí. 
Quisiera tan sólo pedir al Sr. Tillich que haya, tal vez en los últimos días, alguna buena voluntad en relación con los bosques tropicales, programa también extraordinariamente importante en materia de ayuda y para el prestigio de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, si hubiese sido por la Comisión o el Consejo, la protección del consumidor y la política de medio ambiente habrían salido pésimamente mal paradas desde un aspecto financiero. 
Que no haya ocurrido se debe a que la Comisión de Medio Ambiente ha presentado una propuesta muy aceptable y a que el ponente, señor Stanislas Tillich, nos ha ayudado en gran medida. 
Le quiero expresar por ello mi agradecimiento así como también a la Comisión de Presupuestos, que se ha mostrado muy cooperativa. 
Estamos de nuevo en la vía correcta para poder seguir impulsando la política de medio ambiente y del consumidor tal como comenzamos a hacerlo en los últimos años. 
Exponer aquí las diversas líneas nos llevaría demasiado lejos. 
No obstante, creo que podrían proseguirse las condiciones básicas que hemos establecido en los últimos años, como, por ejemplo, la cuestión de que los ciudadanos pueden participar realmente en el mercado interior, por ejemplo, en la normalización. 
Hemos podido ampliar el sector medioambiental LIFE. 
En la salud pública, hemos tomado las medidas adecuadas para que haya estructuras para definir y ejecutar en el futuro la política sanitaria europea y obligar por fin a la Comisión a que haga algo. 
Pues, lamentablemente, no lo ha hecho durante los últimos años en la cuestión de la enfermedad de Alzheimer. 
Hemos complementado las medidas en el ámbito de investigación de la nueva enfermedad. 
La política de medio ambiente no es solamente una cuestión de dinero sin también de imaginación. 
Me refiero con ello al «screening» del Presupuesto, que no tiene por finalidad, por ejemplo, suprimir dinero en los sectores estructurales sino hacer que sean eficaces todas medidas de política medioambiental en todos los sectores estructurales y medidas de ayuda. 
Queremos dejar la competencia en estos sectores a los que le incumbe por ley, pero debemos insistir en que las normas europeas deben respetarse en el futuro también en lo que se refiere a las medidas estructurales. 
No puede ser que dejemos aquí fuera de consideración intereses medioambientales y de competencia. 
Creo que es un enfoque correcto «verdear» la política estructural y que en el futuro se «verdee» también la política agrícola. 
Algunos se opondrán, pero es la única vía para salir sanos y salvos de las futuras negociaciones agrícolas. 
Muchas gracias de nuevo al ponente. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en el procedimiento para la elaboración del presupuesto 1998 en general y en la elaboración de la opinión que he realizado en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, se ha logrado una constructiva cooperación entre la Comisión y el Parlamento así como también entre los diputados de los diferentes países y partidos. 
Muchas gracias, por ello, a todos los que han participado. 
La Comisión de Transportes y Turismo saluda el considerable aumento de los créditos para la realización de las redes transeuropeas, pues crean puestos de trabajo a corto y largo plazo. 
Las cuatro últimas Cumbres de la UE han destacado las RTE como motor para reactivar la coyuntura. 
Aunque la dotación financiera de la línea presupuestaria «redes transeuropeas» se quede por detrás de las promesas o declaraciones de intenciones de la Comisión y el Parlamento, es una señal correcta que debemos apoyar. 
La Comisión de Transportes y Turismo también está de acuerdo en que el aumento de las ayudas a las RTE no debe realizarse a costa de todas las demás políticas de transporte. 
Por ello, la comisión está preocupada por el recorte en el sector de la seguridad del transporte y en el de las ayudas al transporte combinado o en el de una movilidad sostenible permanente. 
Aquí se ha llegado al límite de lo soportable. 
Si, a pesar de ello, recomiendo que den su voto afirmativo a esta propuesta de la Comisión de Presupuestos, lo hago confiando en un empleo efectivo de los fondos en el marco de la iniciativa por el empleo. 
En cualquier caso, recomiendo a todas y todos los colegas no seguir la propuesta de la Comisión de Presupuestos en lo tocante a la línea presupuestaria B5-325, título abreviado: fomento del turismo. 
Aún reconociendo todo lo que se dice en los debates sobre la subsidiariedad, no puede ni debe admitirse que la Unión Europea no ponga a disposición créditos presupuestarios para un ramo industrial tan dinámico y que proporciona tantos puestos de trabajo. 
Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Cultura quisiera indicar que en general estamos muy satisfechos con el desarrollo del proceso presupuestario, que representa un reconocimiento de la importancia de la cultura, la educación y los medios de comunicación en el proceso de creación de puestos de trabajo. 
En nuestra comisión parlamentaria obramos con apertura y transparencia, y hemos dejado de asignar fondos a proyectos específicos. 
Nos agrada muy particularmente el apoyo que hemos recibido del programa SOCRATES, que es el programa que trata de la educación, y espero que al notable incremento que se nos ha concedido en el presupuesto del Parlamento Europeo corresponda ahora una asignación del Consejo Europeo. 
En cuanto a los programas culturales, nos ha decepcionado mucho la cantidad sugerida para el programa RAPHAEL, especialmente a raíz de un proceso de conciliación tan prolongado. 
La cantidad propuesta por el ponente general no tiene en cuenta el nuevo programa cultural general que se propone para dentro de dos años. 
Esperamos que se tenga esto en cuenta durante la votación. 
En cuanto al presupuesto para los medios de comunicación, nos defrauda que el Consejo no haya aceptado la cuestión del fondo de garantía cinematográfica y esperamos que más adelante se encuentre una solución para volver a incluir esa cantidad, una vez que se haya instituido una base jurídica. 
En cuanto a los renglones presupuestarios sobre información, nos preocupa que buena parte del dinero para los relés vaya a manos de solamente cinco grandes centros de documentación, pero aparte de lo antedicho me place felicitar al ponente por su buena labor. 
, ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. Señor Presidente, la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha considerado, desde el primer momento, absolutamente inaceptable el proyecto de presupuesto presentado por el Consejo, en lo que a la rúbrica «Acciones exteriores» se refiere. 
Ya el anteproyecto presentado por la Comisión había introducido recortes importantes para las líneas específicamente de desarrollo. 
Pero si la propuesta de la Comisión presentaba de por sí un crecimiento de gasto muy limitado, del 0, 41 % en el caso del conjunto de «Acciones exteriores» , la propuesta del Consejo ha supuesto una auténtica reducción del 2 %, en comparación con el presupuesto del 97, y son aquellos créditos de cooperación referidos a los países de África, Asia y América los que han sido más afectados. 
Los resultados obtenidos, tras la votación en la Comisión de Presupuestos, han sido satisfactorios gracias a la actitud del ponente, Sr. Tillich, al cual mostramos nuestro agradecimiento, habida cuenta de que se han aprobado algunas enmiendas. 
Otras las continuaremos manteniendo vivas en el Pleno. 
Y quisiera recordar, señor Presidente, en este minuto que tengo, que los ahorros que haga la Unión Europea no pueden estar siempre basados en detrimento de los países más necesitados. 
Señor Presidente, Señorías, como ponente de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, quisiera en primer lugar lamentar que las enmiendas que hemos propuesto, al menos algunas de ellas, que eran importantes para nosotros, no hayan sido aceptadas por mis eminentes colegas de la Comisión de Presupuestos. 
Me refiero, en concreto, a los modestos créditos suplementarios que habíamos solicitado para luchar contra el crimen organizado y apoyar la acción común del Consejo. 
Se han concedido muchos más medios para el hermanamiento de ciudades, sin duda esto es lo que se llama «alta política». 
Me refiero sobre todo, y éste será el núcleo de mi intervención, al rechazo de la Comisión de Presupuestos de no añadir ni un solo franco a la línea presupuestaria B3-4109, dedicada a la implantación de las medidas de lucha contra la violencia en los niños, los adolescentes y las mujeres. 
No quiero insistir sobre los trágicos sucesos del asunto Dutroux, que han puesto de luto a mi país y consternado a toda Europa. 
Quiero, sin embargo, recordar que tras estos sucesos la Unión Europea en su totalidad declaró que la protección de los niños y la lucha contra el tráfico de seres humanos constituían una prioridad fundamental de la Unión. 
Recordaré, también, que dentro de quince días, el Parlamento Europeo aprobará el informe de nuestro colega Schulz, que contiene numerosas recomendaciones urgentes, necesarias e indispensables, para cuya puesta en práctica se requieren medios suplementarios. 
Pido, por lo tanto, a nuestro Parlamento que apoye la solicitud de la Comisión de Libertades Públicas y que conceda créditos suplementarios para la línea B3-4109. 
Sé que hay en este Parlamento colegas que piensan que al pedir a un juez europeo que dimita hacen una gran labor en favor de la protección de los niños. 
Por mi parte, afirmo que los que no voten a favor de los créditos suplementarios para la línea B3-4109, encumbrándose en superioridades morales frente a un juez, se estarán comportando como farsantes y aun peor, como impostores. 
Señor Presidente, como ponente del presupuesto de la pesca, he intervenido en varias ocasiones, a lo largo del procedimiento presupuestario, para llamar la atención del ponente general sobre el hecho de que no era posible llevar a cabo- como se había previstouna reducción lineal del conjunto de las partidas presupuestarias relativas a la pesca sin poner en entredicho la correcta ejecución de la programación plurianual de elementos esenciales, constitutivos de la política común de pesca. 
Me complace que me haya comprendido la Comisión de Presupuestos sobre este punto importante. 
Además, al aprobar unánimemente las dos enmiendas que había propuesto en lo referente a las líneas B2-910 y B2-901 y 902, la Comisión de Pesca ha manifestado un interés particular en relación con dos aspectos esenciales de la PCP, a saber, la prioridad que hay que dar a la pesca artesanal y los medios indispensables que hay que prever para instaurar un control equitativo. 
En lo referente a la pesca artesanal, me agrada que la Comisión de Presupuestos haya secundado nuestra propuesta en el sentido de dotar a esta línea con 2 millones de ecus. 
La pequeña pesca costera constituye, en efecto, una actividad permanente de crucial importancia para la supervivencia de numerosas regiones marítimas. 
Así pues, resultaba indispensable proseguir con la acción iniciada en 1995 en favor de una actividad profesional que recurre a una numerosa mano de obra local y cuya función en materia económica, social y de ordenación del territorio es irremplazable. 
En cuanto a los controles, la Comisión de Presupuestos, por desgracia, no ha seguido nuestra idea y lo lamento de veras. 
Si el pleno confirma esta votación, no dispondremos de los medios suficientes para llevar a la práctica un objetivo indispensable no obstante para la eficacia de la política pesquera común. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Sr. Tillich. En todo momento se ha esforzado por ser útil y cooperativo. 
Me defrauda mucho la continua reducción de los gastos en materia de energía renovable y de eficiencia energética. 
Tenemos dificultades con la cuestión de las bases jurídicas. Es preciso que la Comisión las supere. 
En lo que se refiere a la investigación, siempre hemos apreciado el apoyo de la Comisión de Presupuestos, que ha continuado este año. 
Entendemos que la Comisión efectuará ajustes de sus arreglos administrativos a fin de seguir atendiendo a las necesidades del servicio al mismo tiempo que se cerciora de que están justificadas. 
De hecho, la transferencia es mayor en el caso de los programas de investigación que en cualquier otro programa, pues se ve claramente qué gastos representan la administración de cada uno de esos programas concretos. 
Debido a la falta de una base jurídica y del escaso progreso realizado en materia energética, enviamos nuestros delegados a Kioto con muy poco que ofrecer. 
Nuestras prioridades tienen que seguir siendo la eficiencia energética y las energías renovables. 
Señor Presidente, Señorías, el 16 de septiembre pasado tuve el honor de presentar ante ustedes los principales elementos del proyecto de presupuesto para 1998, tal como quedaron fijados en la primera lectura que hizo el Consejo en el mes de julio. 
Hoy, cuando se disponen a proceder a la primera lectura del proyecto de presupuesto, es de la máxima importancia para mí destacar lo que le parece esencial a la institución a la que represento en el actual procedimiento presupuestario. 
En primer lugar, diré que el primer deber de toda autoridad presupuestaria- y en particular de las autoridades presupuestarias comunitarias- debería ser el de practicar una política de gastos tan eficaz y eficiente como fuera posible. 
El respeto de esta norma- el respeto de este principio presupuestario- es un must en el marco del rigor presupuestario que subyace tras el ejercicio de 1998. 
El Consejo ha evaluado, precisamente con este criterio, los gastos inscritos en el proyecto de presupuesto para 1998. 
Señor Presidente, el ejercicio que deberá ejecutar hoy y mañana es, de hecho, un acontecimiento de máxima importancia en el procedimiento presupuestario; y digo que es «un acontecimiento de máxima importancia» porque las enmiendas que van a debatir y votar constituyen, en realidad, la transcripción presupuestaria de las orientaciones fijadas por el pleno en la resolución del mes de marzo. 
Se trata de un acontecimiento de máxima importancia porque estas enmiendas reflejan en gran parte la imagen del proyecto de presupuesto que el Presidente del Parlamento va a firmar definitivamente en el mes de diciembre. 
Es un acontecimiento de máxima importancia porque- y no se incumple la tradición- cierto número de enmiendas contienen ya sea un caramelito, ya sea una almendra amarga para la otra autoridad presupuestaria y, una vez más, constato que el actual ejercicio no constituye una excepción en esta práctica. 
Señor Presidente, Señorías, sin querer prejuzgar respecto a las votaciones del próximo jueves sobre las enmiendas que van a debatir, quisiera destacar especialmente la enmienda nº 815, que se refiere a la financiación necesaria para la promoción del empleo y en la que la Presidencia ha querido hacer participar al Parlamento desde el inicio del procedimiento presupuestario. 
Esta iniciativa, señor Presidente, honra mucho al Parlamento, así como también contribuye de modo determinante a legitimar el paquete «empleo» tal como queda sometido al Consejo Europeo Extraordinario de los días 20 y 21 de noviembre. 
Pero esta iniciativa será tanto más creíble cuanto más estén dispuestos a mantener en la rúbrica 3 un margen lo suficientemente elevado, a la manera de los márgenes totalmente sustanciales que se disponen mantener en las rúbricas 4 y 5. 
En lo que se refiere más específicamente a la rúbrica 1, la Presidencia detecta cambios- y hablo de cambios, no hablo de modificaciones- en la subsección B.1 que recoge el anexo de la propuesta de resolución del honorable ponente Sr. Tillich. 
De hecho, estos cambios constituyen un mandato de negociación del Parlamento con el Consejo con ocasión de su próximo triálogo que versará sobre la carta rectificativa que la Comisión aprobará el próximo 29 de octubre. 
El Consejo se pronunciará sobre esta carta rectificativa de la Comisión, pero yo ya quiero dejar bien claro el compromiso bilateral del mes de abril para decirle, señor Presidente, que la Presidencia utilizará todos los medios a su alcance para que el procedimiento se cierre en una sola y única lectura. 
En lo que se refiere a la rúbrica 2, su Parlamento, lo he entendido perfectamente, se dispone a reinstaurar los créditos de pago reducidos por el Consejo en primera lectura. 
Quiero recordar, para que quede claro, que esta decisión se basa en la ejecución previsible de los compromisos de pago a lo largo del ejercicio próximo. 
En cuanto a la iniciativa PEACE hemos visto la alternativa al anteproyecto de presupuesto, tal como la ha sugerido la Comisión, que quisiera recurrir a créditos no asignados procedentes de la rúbrica 2. 
La Presidencia está encantada con esta solución, que apoyará con toda su energía y creo que el Consejo también apoyará esta solución, con la condición, evidentemente, de que permita respetar las decisiones de Edimburgo y, más específicamente, las decisiones referentes a los recursos disponibles para los compromisos del objetivo 1. 
Respecto a la financiación de la PESC, debo decir que el triálogo del 6 de octubre ha sido un buen triálogo, totalmente fructífero tras la firma del acuerdo interinstitucional del 16 de julio. 
Este triálogo ha examinado un nuevo reparto del importe global en las diferentes líneas, tal y como han sido aprobadas por el Consejo. 
Así pues, el Consejo se pronunciará definitivamente sobre este reparto. 
Para terminar, señor Presidente, me congratulo de que, gracias a la disponibilidad y al sentido de la responsabilidad del Parlamento, el entendimiento entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria haya sido ejemplar desde el principio del procedimiento presupuestario. 
Constato que la cooperación entre el Parlamento y el Consejo ya está produciendo resultados tangibles, tanto en el ámbito de los gastos agrícolas como en el ámbito de la pesca y de la PESC. 
Señor Presidente, esto es lo que quería decirles cuando se disponen a hacer la primera lectura del proyecto de presupuesto. 
Para terminar, quisiera también y especialmente dar las gracias a todos los que en el Parlamento han contribuido de forma determinante a alcanzar los resultados que hemos obtenido en esta fase del procedimiento presupuestario. 
Con ello me estoy refiriendo en primer lugar al Presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Detlev Samland, y también a los dos ponentes, los Sres. Tillich y Tomlinson, y, last but not least, quisiera por supuesto valorar el considerable trabajo llevado a cabo por el Sr. Comisario Liikanen y sus servicios e incluirlos en mis agradecimientos. 
Dicho esto, señor Presidente, le agradezco su atención y permaneceré a la escucha del Parlamento. 
Muchas gracias, señor Ministro Fischbach, también por sus amables palabras para con el Parlamento y el Sr. Liikanen. 
Bienvenida 
Tengo el gusto de dar la bienvenida en nombre del PE, a los miembros de una delegación del Parlamento francés, dirigida por el Sr.Nallet, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
Se trata de la primera visita de la delegación al Parlamento tras las elecciones recientemente celebradas en Francia. 
La delegación ha mantenido una serie de encuentros sobre temas de interés común, entre otros, sobre el tratado de Amsterdam a la luz de la ampliación y la Unión Económica y Monetaria. 
Estoy convencido de que estos encuentrs contribuirán a fortalecer la frutífera colaboración entre el Parlamento Europeo y la Unión Europea, y una vez más vuelvo a dar una cordial bienvenida a la delegación. 
PRS 1 para 1997- Proyecto de presupuesto general 1998- Proyecto de presupuesto operativo CECA 1997 (continuación) 
Señor Presidente, después de escuchar hoy la presentación del presupuesto por los ponentes y los comentarios del Consejo, quisiera recordarles el debate presupuestario del año pasado. 
Fue un debate dificilísimo, había mucha tensión y tropezamos con dificultades para encontrar una línea común entre las instituciones. 
Todos tenemos que alegrarnos de que las cosas hayan sido diferentes este año y de que se haya renovado la cooperación interinstitucional que comenzó positivamente al principio del procedimiento presupuestario con la presidencia neerlandesa y que continúa este otoño. 
Tenemos que seguir ocupándonos del presupuesto con el mismo espíritu. 
Por lo que se refiere al presupuesto rectificativo y suplementario para 1997, la segunda lectura del Parlamento ofrece soluciones consensuadas para casi todas las cuestiones planteadas. 
Es una lástima que el procedimiento haya sido tan prolongado, pero el resultado permite, en particular, dar un primer paso de importancia para el fortalecimiento de los servicios de protección del consumidor de la Unión Europea. 
Quisiera felicitar al ponente, Sr. Brinkhorst, y al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, por los considerables esfuerzos que han desplegado para conseguir este resultado. 
En cuanto a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, hay acuerdo entre el Parlamento y la Comisión acerca de los presupuestos rectificativo y suplementario para 1997. 
Tengo entendido que el ponente, Sr. Giansily, desea examinar las recientes propuestas de la Comisión acerca de la continuación de algunas actividades de la CECA después del año 2002, antes de puntualizar su opinión sobre el proyecto de presupuesto para 1998. 
Por lo tanto, ese debate tendrá lugar más adelante. 
Por lo que se refiere a la primera lectura del proyecto de presupuesto general para 1997, en casi todas las partes del presupuesto se pone de evidencia el valor de la cooperación interinstitucional. 
En el caso de los gastos obligatorios, la concertación sobre las cantidades que han de inscribirse se ha ampliado e incluye la información más reciente que figura en la carta rectificativa. 
Es lo que el Parlamento Europeo quería desde hace mucho tiempo, y ahora es una realidad. 
La esencia del resultado no está todavía definida, pero hasta ahora los triálogos indican que hay convergencia de opiniones. 
En cuanto a las políticas internas, la iniciativa conjunta del Parlamento y de la Presidencia del Consejo sobre el empleo constituye un logro prometedor. 
Está formulada seriamente y con rigor, y concentra los gastos en programas que puedan tener verdaderas repercusiones para la creación de puestos de trabajo y mercados laborales en la Unión. 
Combinada con la movilización de los recursos del BEI convenida en Amsterdam, esa iniciativa, si la hace suya el Consejo, podrá contribuir mucho al éxito de la cumbre sobre el empleo. 
Las instituciones siguen esforzándose por encontrar los instrumentos apropiados para obtener el máximo valor añadido para la creación de empleo en el marco de las iniciativas. 
En la Categoría 4 agrada saber que los recientes acuerdos entre las instituciones acerca de los presupuestos para los acuerdos internacionales sobre pesca y para la política exterior y de seguridad común se han aplicado efectivamente. 
Frente a estas numerosas causas de satisfacción, hay, evidentemente, algunas cuestiones inquietantes. 
La orientación de nuestro Parlamento para la ejecución del presupuesto de 1998 prevé un grupo consultivo de trabajo para que apruebe programas en la esfera de los derechos humanos. 
La Comisión está siempre disponible para la cooperación institucional en la medida en que se respeten las competencias y obligaciones de cada institución, pero es importante no menoscabar las obligaciones y no poner en peligro la buena aplicación de programas comunitarios. 
Hablando ahora de cuestiones más concretas diré que la Comisión preparará el presupuesto de 1999 utilizando como unidad de cuenta el euro. 
El informe sobre métodos de producción agrícola que ha solicitado el Sr. Mulder se presentará antes de la segunda lectura. 
Las preferencias del Parlamento con relación a los programas RECHAR y RETEX, que se han mencionado a menudo, son muy claras para nosotros. 
Las iniciativas que se puedan adoptar a este respecto se examinarán, pero este examen debe incluir también posibilidades de ejecución realistas. 
El Parlamento ha prestado atención a menudo a las cifras relativas a la ejecución de programas, y eso es lo que queremos hacer también en este caso. 
Por lo que se refiere al Diario Oficial, se adoptarán iniciativas para publicarlo por medios electrónicos. 
Ya adoptamos una importante iniciativa cuando el verano pasado decidimos publicar por medios electrónicos el programa Agenda 2000. 
Casi 20 000 personas de la Unión Europea nos consultaron a través de Internet el día en que apareció el documento. 
Ahora bien, es improbable que se obtengan las importantísimas economías que el Parlamento espera conseguir en 1998. 
Necesitamos modificar una serie de directivas antes de que sean vinculables jurídicamente. 
Se han hecho importantes progresos hacia la transparencia y la armonización de la financiación de las entidades de comisiones parlamentarias, gracias en particular a los considerables esfuerzos desplegados por diputados del Parlamento Europeo. 
El Sr. Tappin no está aquí, pero el Parlamento sabe muy bien lo mucho que ha trabajado a ese respecto. 
Corresponde ahora al Consejo abordar con espíritu constructivo las propuestas que se han presentado. 
Por lo que se refiere a las subvenciones, la Comisión comparte plenamente la intención de dar a las organizaciones pertinentes un incentivo para diversificar sus fuentes de financiación. 
En cuanto a la aplicación, habrá que seguir pensando en la forma de que sea viable para la Comisión, el Parlamento y las organizaciones interesadas. 
Ahora bien, en lo que se refiere a los principios, los compartimos sin reservas. 
Por último, he podido observar que el Parlamento concede una importancia cada vez mayor al establecimiento de presupuestos de base cero. 
Si entiendo bien las ideas en que esta actitud se basa, la intención consiste en luchar contra la inercia presupuestaria y en reforzar la evaluación anterior y posterior antes de pronunciarse sobre una disposición presupuestaria. 
Esto fortalece las iniciativas que ha adoptado la Comisión en el contexto del programa SEM 2000 para reforzar la evaluación, particularmente por lo que se refiere a los programas plurianuales. 
Se está preparando un informe sobre las actividades de evaluación de la Comisión, que debe demostrar los progresos efectuados. 
Estoy seguro de que la intención del Parlamento es aplicar normas de evaluación rigurosas a todas las iniciativas de financiación presupuestaria, sea cual fuere su fuente. 
Acabaré mi intervención felicitando a los ponentes, Sr. Tillich y Sr. Tomlinson, así como al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, por su labor respecto del proyecto de presupuesto general para 1998. 
Doy gracias también al Sr. Fischbach, Presidente en ejercicio del Consejo, por su actitud sumamente cooperativa en los debates que hemos sostenido. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, quisiera simplemente expresar a la vez una preocupación, una satisfacción y una determinación. 
La preocupación, un poco anticipada, es que la llamada en el futuro Tratado de Amsterdam a la responsabilidad de los Estados dentro de la ejecución del presupuesto, no se traduzca en una disolución de las responsabilidades de la Comisión, especialmente por el hecho de que ésta dejaría de ser la única responsable de la aprobación de la gestión ante esta institución. 
La satisfacción viene del hecho de que el acuerdo institucional sobre la PESC es ya aplicable y esto es algo bueno, pues pone de manifiesto que estos gastos se consideran gastos no obligatorios, es decir, gastos ordinarios. 
Por último, la determinación será ver cómo la Comisión y sobre todo al Comisario Oreja llevan a buen término la política de información relativa al Tratado de Amsterdam y a los asuntos institucionales. 
Este Tratado ya es de por sí suficientemente complicado e incomprensible para los ciudadanos para que encima se compliquen las cosas, por lo que, evidentemente, se impone un esfuerzo de información y pedagogía. 
Esto es, Señorías, lo que tenía que decirles en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Permítanme añadir unas palabras personales de felicitación a la Presidencia luxemburguesa, quizá algo prematuras, pues estamos sólo en la primera lectura. 
Creo que la calidad de las relaciones que se han establecido entre esta Presidencia y el Parlamento muestra cuál puede ser el resultado de una buena colaboración entre las instituciones. 
Nadie duda de que ésta es la cooperación que permitirá dar un poco de contenido a la iniciativa en favor del empleo y al Consejo Europeo de Luxemburgo que se dedicará al empleo. 
Esperemos que las relaciones establecidas entre este Parlamento y el Presidente del Consejo puedan tener muchos retoos, pues estamos en el buen camino. 
Señor Presidente, quisiera reiterar lo que han dicho el Sr. Bourlanges y el Comisario Liikanen sobre la buena cooperación con el Consejo que hemos tenido en esta ocasión, en comparación, por ejemplo, con la del año pasado. 
Esto demuestra lo que podemos hacer cuando trabajamos en colaboración. 
Pronto me oirán decir «pero». 
Quisiera felicitar a los dos ponentes porque la labor que han realizado nos ha ayudado muchísimo. 
En el caso del Sr. Tomlinson, el informe sobre las demás instituciones ha pasado sin grandes dificultades; en el caso de Stanislaw Tillich, no le ha importado hacer más de lo que tenía que hacer y se ha puesto en contacto con los diversos grupos para procurar obtener buenos resultados en las votaciones en comisión parlamentaria. 
Quisiera dar gracias también a Jan Mulder, ponente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, porque los problemas con que tropezábamos en el pasado acerca del presupuesto agrícola se han visto muy facilitados gracias a su intervención. 
No necesito decir nada acerca de la categoría 1, porque ya lo ha dicho Jan. 
Quisiera dejar bien sentado que el Grupo Socialista ha procurado ser coherente en su actitud respecto de este presupuesto. 
Sabemos que se necesitaba un presupuesto riguroso y prudente, y también sabemos que la cuestión del empleo tenía que figurar en cabeza del orden del día. 
Hemos procurado fijarnos en las diversas actitudes expuestas en el Parlamento, y en lo que tenía y lo que no tenía una base jurídica; nos hemos cuidado de los deseos de la comisión parlamentaria, y de la forma en que se desembolsaba el dinero asignado. 
Teniendo todas esas cosas en consideración, hemos podido dar pruebas de coherencia en nuestra política. 
A veces hemos hecho cosas con las que yo no estaba de acuerdo. 
En el sector agrícola, lo cierto es que yo encabecé la votación contra la Comisión de Medio Ambiente, Salud pública y Protección del Consumidor acerca de la cuestión del tabaco, y coincidimos en seguir asignando los fondos que recibía el tabaco en vez de retirarlos, porque así es como votó el Parlamento en julio. 
Esto que acabo de decir no es más que un ejemplo de nuestros esfuerzos por respetar los deseos del Parlamento. 
Por lo que respecta a los fondos estructurales, los 100 millones de ecus en que todos hemos convenido para el proceso de paz en Irlanda es un excelente ejemplo de la forma en que las tres instituciones han trabajado juntas para conseguirlo sin base jurídica. 
Quisiera dejar bien sentado ante la Comisión un aspecto de esta cuestión, y no sé con seguridad si me estoy dirigiendo a la DG XIX o a la DG XVI: no estamos bromeando, ésta es una cuestión seria, queremos que el dinero que hemos asignado a los programas RECHAR y RETEX se utilice en la forma apetecida. 
Eso es lo que el Parlamento quería el año pasado, y tenemos que velar por que el dinero para los programas RECHAR y RETEX se utilice realmente. 
En cuanto a la Categoría 3, como he dicho, nuestra prioridad es el capítulo sobre el empleo. 
A este respecto quiero decir lo siguiente al Presidente en ejercicio: nuestro Grupo se ha esforzado mucho por obtener un compromiso y un acuerdo sobre esta estrategia. A veces no ha sido fácil conseguirlo. 
Ha habido que sacrificar algunos renglones presupuestarios para que pudiéramos alinearnos en favor de dicha estrategia; algunos renglones han recibido menos dinero, y otros han desaparecido, a pesar de que algunos de nuestros colegas nos pedían que los mantuviérmos e incluso que los aumentáramos. 
No ha sido fácil convencer a nuestros colegas de la validez de este ejercicio, pero hemos insistido en nuestra actitud, hemos salido adelante, y espero que el jueves el Parlamento pueda votar a favor de un programa que ayudará a crear puestos de trabajo en Europa. 
He de decir al Presidente en ejercicio, y ahora es cuando llega el «pero» , que nuestra gran cooperación depende de lo que acabo de decir. 
Si el Consejo no nos escucha, si no obtenemos una base jurídica y si sus colegas tratan esta cuestión con displicencia, entonces sabremos reaccionar como lo requieren las circunstancias. 
Esos 350 millones de ecus se redistribuirán entre los demás renglones de la Categoría 3. 
Ya sabremos encontrar renglones a los que asignárselos; nos ocuparemos de que el dinero se asigne a los renglones en los que se puede desembolsar; y no tendremos que ocuparnos de nuestra estrategia. 
Mucho depende de que el Presidente en ejercicio pueda convencer a sus colegas del Consejo, y estoy seguro de que se esforzará por hacerlo. 
Si lo consigue, si tenemos éxito, entonces podremos demostrar una vez más que tenemos una buena colaboración interinstitucional, que podemos encontrar las soluciones que buscamos en muchas y muy diversas esferas. 
En cuanto a la Categoría 4, el Grupo Socialista ha abordado el caso de Turquía y del programa MEDA con coherencia. 
No estamos de acuerdo con la votación que hubo en la comisión parlamentaria acerca de dejar una cantidad en reserva. Que quede bien claro que votaremos en contra de la enmienda encaminada a dejar en reserva la cantidad para el programa MEDA. 
Vale la pena mencionar dos renglones concretos de la Categoría 4: uno es el relativo al turismo sexual, presentado por el Sr. Colom, y se trata de un asunto respecto del cual tenemos que hacer algo; el segundo se refiere a las minas terrestres. Estas cuestiones deben recibir el pleno apoyo de todos los grupos. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a los que han felicitado a los dos ponentes, pero en particular al Sr. Tillich. 
Me parece que ha realizado una excelente labor en un año que no ha sido nada fácil desde el punto de vista presupuestario. 
Como el Sr. Liikanen, prefiero la atmósfera que hemos tenido este año a la que tuvimos el año pasado, pero he de decir sencillamente que en el PPE somos tan consecuentes ahora como lo éramos el año pasado y preconizamos un enfoque severo y riguroso del presupuesto y también el mantenimiento de nuestros compromisos que, como Parlamento, firmamos en el contexto del Acuerdo Interinstitucional. 
Voy a exponer el punto de vista del PPE sobre tres cuestiones relacionadas con el presente debate. 
En primer lugar quisiera subrayar lo que el ponente ha puesto de relieve acerca del enfoque riguroso del Parlamento Europeo respecto de este presupuesto. 
Vamos a estar tratando de un porcentaje situado entre el 1, 12 por ciento del Consejo en primera lectura y del 1.15 por ciento de la Comisión. 
Esto debe ya tranquilizar a los que creen que esta institución no tiene más interés que gastar todo el dinero disponible. 
Los márgenes de la Categoría 3 rebasan los 200 millones de ecus, y en la Categoría 4, la política exterior, en la que quizá tendamos a gastar dinero en selvas tropicales y otras esferas de importancia como hemos hecho hasta ahora, hemos mantenido un margen de unos 500 millones de ecus. 
Esto representa más de 700 millones de ecus en total para la primera lectura. Que yo sepa, nunca habíamos logrado semejante cosa. 
En segundo lugar, si nos fijamos en las demás instituciones- y si nuestro ponente puede adaptarse a mi forma de ver las cosas, señor Tomlinson- diré con satisfacción que hemos cumplido nuestra promesa de no rebasar el 20 por ciento, como siempre hemos hecho. 
En particular quisiera dar gracias a nuestro Secretario General y a la Secretaría del Parlamento por haber presentado un informe sobre cooperación interinstitucional. El informe indica que la cooperación funciona. 
Demuestra que en nuestras instituciones podemos sacar partido del dinero que gastamos. No dudo en apoyar lo que se recomienda al final de ese informe: que en el marco del sistema presupuestario debe haber un proceso anual para que, cuando el Secretario General presente su anteproyecto, recibamos un informe sobre el particular. 
Quizá la Comisión podría prever eso a título regular en su presentación del presupuesto. 
Con referencia a las demás instituciones y al presupuesto del Parlamento Europeo en particular, quisiera poner de relieve lo que consideramos como una innovación: exponer clara y públicamente el costo de todos los edificios que poseen las instituciones europeas. 
Estimamos que se trata de un " patrimonio» común de la Unión Europea, y que, por lo menos, de esta forma podemos empezar a aclarar la situación y a indicar dónde va a parar el dinero. 
Esperamos que se haga lo mismo todos los años. 
Por lo que se refiere al presupuesto propiamente dicho de la Unión, en el caso de la Comisión, sección III, se trata de la iniciativa relativa a los puestos de trabajo. 
Desde 1994 preconizamos que se hable de crecimiento y de puestos de trabajo. 
Ése fue el punto de partida de la idea, que siempre ha tropezado con dificultades por falta de una base jurídica. 
En el PPE apoyamos lo que ha dicho el Grupo Socialista. 
Confiamos en que se llegue a un acuerdo en la cumbre, para que pueda haber una segunda lectura que se desarrolle según lo previsto. 
Como indica con toda claridad el informe del Sr. Tillich, también quisiéramos que la cumbre se comprometiera a que, cuando nos ocupamos de un porvenir más alejado- cuando llegamos al mes de diciembre y hablamos de Agenda 2000- agrupemos todos los elementos relativos a la creación de puestos de trabajo en una sola sección en el marco de la perspectiva financiera. 
Es bastante absurdo que hablemos de la Categoría 3 cuando nos ocupamos de la creación de puestos de trabajo, si la Categoría 2 también está contribuyendo mucho a que progresemos en esa esfera. 
Por último, en lo que se refiere a la utilización de las reservas, hemos demostrado que en el sistema relativo a JET- sistema para el que queremos encontrar una solución en segunda lectura, como también para el sistema de información -, nosotros, como Parlamento, podemos utilizar sensatamente la reserva para cuestiones de política, para así cerciorarnos de que el sistema funciona como este Parlamento quisiera que funcionase. 
Señor Presidente, entre los gobiernos nacionales y la Comisión Europea están en curso negociaciones acerca del próximo programa de fondos estructurales, y este presupuesto afecta a dichos fondos. 
El presupuesto de la Unión va a desempeñar un papel fundamental, si se tiene en cuenta que no se propone ningún aumento presupuestario. 
Desde el punto de vista irlandés hemos de recordar que el nefasto Tigre Celta no ha dado por resultado ninguna mejora para todo mi país. 
Diversas partes de la circunscripción que represento en los condados fronterizos y en el Oeste de Irlanda no han sentido en absoluto los efectos de ese Tigre Celta. 
El ingreso medio per cápita en mi región es muy inferior al promedio nacional, y no hablemos del promedio de la Unión Europea. 
Para 1999 el ingreso medio per cápita correspondiente a la totalidad de Irlanda se aproximará al 90 por ciento del promedio de la Unión Europea, mientras que en mi región será inferior al 75 por ciento. 
Las reasignaciones presupuestarias de fondos regionales, sociales, agrícolas y de pesca de la Unión Europea tendrán que efectuarse en el futuro sobre una base regional, teniendo en cuenta los problemas sociales y económicos de cada región, junto con las desventajas de su carácter periférico. 
Los condados fronterizos de Irlanda y del Oeste de Irlanda tienen que pasar a formar parte de las zonas del Objetivo 1, que les aseguraría la cuantía máxima de fondos estructurales de la Unión Europea en el marco del programa para 2000-2006. 
No es justo ni equitativo que a mi región, a efectos de asignaciones de fondos estructurales de la Unión Europea, se la compare con otras regiones más prósperas del país y de Europa. 
Es indispensable que a los condados fronterizos y al Oeste de Irlanda se les trate como región aparte a efectos de los fondos estructurales, y esto no tiene nada de nuevo ni de innovador. 
Ha habido un caso especial con el Norte de Escocia, así como con el Sur de Italia. 
Por consiguiente, no hay razón para que no se prevea también un caso especial para el Oeste de Irlanda, que no está menos desfavorecido. 
Para acabar quisiera decir al Parlamento que no haga reducciones o nuevas reducciones en zonas en las que se hablan idiomas menos utilizados. 
Los idiomas menos utilizados forman parte integrante de nuestra cultura y, en vez de reducir los fondos, habría que aumentarlos. 
Acabaré mi intervención manifestando mi agradecimiento por la nueva asignación destinada al fondo de paz y reconciliación. 
Señor Presidente, el presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 1998 ha sido elaborado de una manera minuciosa y responsable. 
Por este motivo, desearía felicitar calurosamente tanto a los ponentes, los Sres. Tillich y Tomlinson, como al Sr. Samland, Presidente de la Comisión de Presupuestos. 
La mejora de la situación del empleo representa el principio fundamental del presupuesto. 
La reforma más importante la constituye una iniciativa para el empleo a la que esperamos que se dote de fundamento jurídico. 
En esta iniciativa se han propuesto recursos para servir, entre otros objetivos, a la financiación de riesgo de las PYME, de manera que la Unión Europea avale los préstamos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones. 
Quizás convendría igualmente investigar la posibilidad de recurrir a préstamos de bonificación de interés, ya que- por ejemplo- estos presentarían una mayor facilidad de gestión. 
En relación con el empleo se inscribe también la financiación de la iniciativa comunitaria sobre las PYME. 
Si bien ya ha sido confirmada, lo más importante es la restitución a los Fondos estructurales de los mil millones de ecus que recortó el Consejo. 
A pesar de la ineficacia que presenta la gestión de los Fondos estructurales, estos constituyen de todos modos el instrumento más importante de la UE para mejorar la situación del empleo. 
Con motivo del examen del presupuesto se ha planteado de nuevo un par de problemas. 
La gestión y el presupuesto de las agencias de la Unión Europea continúan resultando confusos. 
A pesar de que estas agencias hacen uso de poderes basados en la legislación comunitaria y de que, en función de ello, ingresan pagos, no existe claridad por lo que respecta a la financiación y al seguimiento de las mismas. 
Dado que los pagos ingresados no se incluyen en las cuotas de financiación de los Estados miembros, la Comisión no muestra gran interés por realizar un seguimiento de estas agencias. 
Por todo ello, se debería esclarecer su gestión administrativa. 
Otro problema lo constituyen los gastos administrativos recogidos bajo el título A-30 (Subvenciones comunitarias). 
Todo parece indicar que este capítulo es demasiado detallado y que los destinos y los importes de las ayudas son un reflejo del favoritismo mostrado por anteriores generaciones de parlamentarios hacia determinadas organizaciones y agrupaciones. 
Por lo tanto, se debería aclarar también este apartado del presupuesto. 
Pero, a pesar de estas observaciones, cabe señalar que se trata de un buen proyecto de presupuesto, que merece ser aprobado. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar a los ponentes, aun cuando, en términos generales, deba afirmar, desde ahora mismo, una profunda discordancia con la muy restrictiva orientación que se nos propone para el año de 1998, en particular en el proyecto del Consejo. 
Porque ésa es, en efecto, la característica esencial del actual proceso presupuestario y que resulta, por lo demás, contradictoria con la prioridad que se pretende atribuir al empleo. 
Evidentemente, no podemos dejar de concordar con la atribución de prioridad al empleo. 
Ésa debería ser, por lo demás, no sólo la prioridad presupuestaria, sino también la prioridad general de la Unión. 
Pero esa concordancia y el voto favorable que daremos a la inscripción de una asignación para ello no significan que nos hagamos grandes ilusiones en cuanto al alcance de esa prioridad anunciada. 
En primer lugar, porque consideramos que la lucha contra el desempleo y la creación de puestos de trabajo deberían entrañar, antes que nada, el abandono de las actuales políticas restrictivas. 
Después, porque no sólo es limitado el monto inscrito, sino que, además, los 390 millones de ecus destinados para ese fin se consiguen, esencialmente, mediante un proceso de auténtica ingeniería financiera, que se resume en retirar asignaciones de varios otros objetivos, o que a ellos podrían destinarse, en particular de objetivos sociales, para concentrarlos en ese nuevo objetivo. 
La importancia de esa prioridad exigía, a nuestro juicio, mucho más. 
Reclamaba nuevos y suficientes medios para afrontar la gravedad del flagelo que todos nosotros conocemos en esa esfera. 
Es cierto que el Parlamento Europeo poco más podría hacer frente al anteproyecto y al proyecto del Consejo. 
Pero no podemos dejar de hacer constar, en cualquier caso, los límites profundos de esa acción, evidenciados en particular por los ahorros realizados, sobre todo en rúbricas importantes de las políticas sociales, de la política de educación y juventud, de la cultura, del medio ambiente, de la defensa del consumidor, de la investigación, por citar sólo algunos de los más importantes. 
Límites evidenciados también por los propios aumentos propuestos para otras rúbricas, en particular los que se proponen para las campañas de información, que ascienden a 106 millones de ecus y que transforman esta cuestión en una verdadera prioridad- esa sí- no anunciada. 
También a propósito de los cortes, quiero decir que en la votación del jueves insistiremos en la recuperación de algunas rúbricas que fueron sacrificadas, como también insistiremos en el refuerzo de algunos objetivos. 
Nos referimos, por ejemplo a la rúbrica para el turismo- que ha desaparecido -, a la lucha contra el racismo, al sector audiovisual y a las regiones periféricas. 
En cuanto a otros aspectos de este proceso, quiero decir que consideramos positivo que se proponga el rechazo del corte de mil millones de ecus en los pagos de las acciones estructurales adoptado por el Consejo. 
Se trata de una propuesta de todo punto inaceptable y, por eso mismo, no debe merecer aprobación. 
Ahora bien, en la misma línea de pensamiento, no comprendemos ni aceptamos que la Comisión de Presupuestos haya inscrito 100 millones de ecus en la categoría II, para la iniciativa PRINCE, como tampoco convenimos en que los refuerzos de los programas RETEX y RECHAR, que ascienden a un total de 60 millones de ecus, se hagan igualmente a costa de las acciones estructurales normales. 
Estamos de acuerdo con esos objetivos, pero no con la vía seguida para inscribirlos. 
Señor Presidente, al igual que el año pasado, la Comisión de Presupuestos se niega a sumarse a la voluntad de austeridad expresada por el Consejo, que ha aprobado un presupuesto para 1998 de crecimiento cero en ecus constantes. 
Preocupada como siempre por afirmar el poder presupuestario del Parlamento Europeo, la Comisión de Presupuestos nos propone reducir el margen, respecto al techo de las perspectivas financieras, de 1.350 millones de ecus a 500 millones de ecus, frente a los 950 millones de ecus que se recogían en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión. 
Nuestro Grupo votará en contra de este proyecto de presupuesto y lamenta que la Comisión de Presupuestos no haya mantenido las líneas generales del proyecto de presupuesto inicial del Consejo. Un proyecto en el que los 82.500 millones de ecus de créditos de pago- a pesar de tener un retroceso de 1.800 millones de ecus respecto al anteproyecto de presupuesto- rebasan en un 8 % los gastos efectivos de 1996 y están adaptados a las necesidades previsibles de ejecución. 
El aumento del proyecto de presupuesto del Consejo está limitado a 0, 7 % en relación con el presupuesto de 1997. Hay un esfuerzo equilibrado entre las rúbricas y, concretamente, una reducción de mil millones de ecus en los Fondos estructurales que, a pesar de todo, aumentan en un 4, 2 %. 
De este modo el proyecto de presupuesto tiene en cuenta la necesidad de limitar las contribuciones nacionales al presupuesto comunitario. 
Haré tres comentarios para ilustrar el fundamento de este objetivo. 
Actualmente la contribución de Francia para 1998 se eleva a 91.500 millones de francos, es decir, el 6, 3 % de los ingresos fiscales o el 36 % del déficit presupuestario. 
La aceptación del proyecto de la Comisión de Presupuestos supondría un aumento de esta contribución de 1.900 millones, es decir, un aumento del 2, 2 %, frente al 1, 4 % de aumento en el incremento general de los gastos. 
Si el presupuesto francés hubiese sido indexado en relación con el aumento de PIB, como propone el proyecto de presupuesto, los gastos suplementarios habrían representado para Francia 45.000 millones de francos, es decir, el 0, 5 % del producto interior bruto. 
Señor Presidente, hay un desfase entre los discursos de nuestro Parlamento Europeo sobre la necesidad de instaurar la moneda única y su comportamiento como autoridad presupuestaria. 
Señor Presidente, este presupuesto es a la vez excesivo, clientelista y cosmético. 
Es excesivo por tres razones. 
En primer lugar, porque el Consejo Europeo de 1992 sobreevaluó las necesidades de gastos comunitarios y al fijar el techo de los recursos propios en el 1, 27 % del producto interior bruto de los Estados miembros, incitó al laxismo presupuestario. 
Este laxismo presupuestario ha hecho que los Gobiernos propongan para 1998 un presupuesto superior en créditos de pago al 8 % de los gastos efectivamente realizados en 1996. 
Este laxismo presupuestario hace que la Comisión de Presupuestos del Parlamento lleve las cosas más lejos y proponga un aumento de los créditos de pago y de los créditos de compromiso del 2, 9 %, casi el 3 %, respecto al presupuesto de 1997. 
Es decir, aumentos mucho más elevados que los de los presupuestos nacionales, cuyas limitaciones presupuestarias son, no obstante, mucho más importantes. 
Estos gastos excesivos se explican en primer lugar por el clientelismo. 
Clientelismo de los Fondos estructurales, cuya cantidad se fija arbitrariamente a un nivel demasiado elevado, lo que provoca que los estados, las regiones, las provincias, los municipios y los organismos públicos y privados se desvivan por hallar ocasiones de gastos, a menudo inútiles y a veces incluso perjudiciales. 
Este mismo clientelismo lo encontramos en las políticas internas, con una multitud de subvenciones sin control. 
Tengo aquí un registro, obtenido gracias a las respuestas facilitadas por la Comisión a mis preguntas escritas, y quisiera darle las gracias al Comisario, que recoge las subvenciones no para el conjunto de asociaciones sino sólo para las asociaciones francesas, lo que significa que para el conjunto de Europa existen quince registros equivalentes. 
¿Cómo se puede creer que estos gastos sean todos realmente útiles y se controlen de manera efectiva? 
En realidad este Parlamento está demasiadas veces pendiente de los lobbies, que están omnipresentes, y no lo bastante pendiente de los contribuyentes, muchas veces tenemos la sensación, en el Grupo de las Derechas Europeas, de que somos los únicos defensores de los contribuyentes europeos. 
Por último, este presupuesto es cosmético puesto que pretende maquillar la realidad. 
La Comisión de Presupuestos nos propone 150 millones de ecus para luchar contra el desempleo. 
¿Es realmente una cantidad seria 150 millones de ecus para 20 millones de desempleados? 
¿Quién creerá que con 7 ecus por desempleado se solucionará el problema? 
En realidad, con estos ecus no se trata de solventar el problema del paro, que se debe a la apertura de las fronteras, al librecambismo y al exceso de inmigración, sino que se trata de hacerle publicidad al presupuesto europeo. 
150 millones de ecus no permiten solucionar el problema, pero permiten que los medios de comunicación hablen del tema. 
Entonces, este presupuesto es clientelista, cosmético, excesivo e inflacionista... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Sr. Gallou no nos ha dicho nada nuevo. Señor Gallou, la diferencia entre usted y nosotros en la Comisión de Presupuestos- usted no estuvo presente en las votaciones que llevamos a cabo- es que nosotros no discutimos sobre el tema sino que decidimos. 
Se puede afirmar con toda razón que hemos decidido un presupuesto que habla en favor del fortalecimiento de la gestión financiera y que- muy al contrario de lo que usted ha dicho- tiene realmente muy en cuenta los intereses de los contribuyentes. 
Quiero exponer esto en base a tres ejemplos. 
Primero: señor Gallou, nos hemos propuesto como meta precisamente aquello sobre lo que usted acaba de hablar y hemos dado una respuesta decisiva al abuso de las subvenciones. 
Para que de entre los «lobbystas» que acechan omnipresentes ante nuestras puertas, no puedan imponerse solamente aquellos que se encuentran ante el máximo número de puertas, el ponente ha desarrollado un concepto muy presentable para la financiación de organizaciones en la Unión Europea. 
Las organizaciones deben aportar al menos un 10 % de recursos propios. 
La Comisión debe presentarnos en septiembre del año siguiente un informe sobre el empleo de los créditos que la Comunidad ha entregado a una organización, junto con una valoración sobre si se debe seguir dando fondos a dichas organizaciones. 
En caso negativo, bajan como en una liga de fútbol. 
Segundo: hemos contribuido a que la estructura de los gastos administrativos cambie de modo radical. 
En la historia de la Unión Europea aún no ha habido ningún presupuesto en el que el organigrama de la Comisión prevea menos puestos para el siguiente ejercicio presupuestario que para el anterior. 
Esto lo vamos a imponer con nuestra resolución, con lo que establecemos también un enfoque estructural. 
No puede ser que en la Comisión el número de puestos de la categoría «A» sea igual que en la categoría «C». Aunque las nuevas tecnologías de la informática penetren también en la Comisión, solamente es una cuestión de prestigio que a un puesto «A» le esté asignado un puesto «C». 
Por ello, debe producirse un cambio en la estructura del organigrama y por ello, señor Comisario, no cejaremos no solamente en este año sino también en los siguientes para que esta estructura se modifique. 
Tercero: hemos presentado la prueba de que realmente hemos preparado la ampliación. 
Ni el Consejo ni la Comisión han tenido en cuenta lo que ellos mismos han propuesto en la Agenda 2000, a saber, comenzar negociaciones a partir del 1 de enero de 1998 con los interlocutores, independientemente de su número. 
Para una negociación de este tipo hace falta una estructura y para que esta estructura sea capaz de establecer mayorías hemos realizado una propuesta. 
A este respecto, quiero decir aquí con absoluta claridad- y me remito a un debate que mantuvimos en Bruselas sobre el procedimiento «Notenboom» -lo siguiente: a quien, como la Dirección General I, no esté en situación de gestionar a nuestra plena satisfacción los programas YUGOSLAVIA, PHARE y TACIS, no se le puede transferir la responsabilidad para el proceso de ampliación si no se quiere que el primer país que se adhiera a la Unión Europea lo haga en 25 años. 
Por ello, tiene que estar muy claro que solamente se dispondrá de los créditos que hemos colocado en la reserva para una nueva estructura administrativa si existe en la Comisión un organigrama eficaz que sea diferente al actual. 
No puede ser que se transmita esta tarea a aquellos que no están en situación de administrar los créditos. 
Me he centrado conscientemente en otro tema diferente al de sólo la política de empleo y otros temas que ya se han tratado aquí. 
El debate en este procedimiento presupuestario ha sido muy atractivo pues ha aportado un gran número de nuevos elementos, también de carácter institucional. 
Se ha indicado con razón que en los gastos obligatorios hemos encontrado un procedimiento que habría sido impensable hace años: carta rectificativa tras la primera lectura del presupuesto en el Parlamento, no presentar a votación ninguna enmienda en la primera lectura en el Parlamento y, a continuación, un procedimiento conjunto en el diálogo tripartito antes de la segunda lectura del presupuesto en el Consejo, todo esto es institucionalmente un paso decisivo hacia adelante. 
Permítanme que haga la siguiente observación: ayer por la tarde cité en la Comisión de Presupuestos a Bert Brecht, quien dijo en una ocasión: los tiempos no son así o no son siempre así. 
El problema es que actualmente tenemos una Presidencia del Consejo con la que es posible una cooperación basada en la plena confianza. 
Lamentablemente, pueden venir tiempos en los que haya Presidencias del Consejo que o no despierten confianza o no sean lo suficientemente fuertes para imponer también en el Consejo los intereses que ellas mismas formulan. 
Por ello, este procedimiento que comenzamos aquí es una invitación al Consejo para una modificación interinstitucional de las condiciones marco y, a la postre, también para la modificación del Tratado, para que tengamos por fin unas líneas claras, también en el campo de la política agrícola. 
Señor Presidente, en Europa se está produciendo en la actualidad una deflación con ayuda de los criterios de la UEM, la cual constituye una manera errónea de luchar contra el desempleo. 
El Parlamento se muestra también favorable a esta política deflacionaria. 
A esto se refería el Sr. Tillich cuando afirmaba que el Parlamento había hecho sus deberes. 
En realidad, la iniciativa del Parlamento en favor del empleo no va a influir considerablemente en la prevención del paro en Europa. 
Ello significa que hay disponible alrededor de un ecu mensual por desempleado. 
Este método es el mismo con el que un hombre dio de comer en cierta ocasión a cinco mil personas con cinco panes y dos peces. 
No creo que esto funcione hoy en día. 
Este motivo explica el hecho de que, en caso de que no se disponga de recursos, se tilde a la Cumbre sobre el empleo de reunión propagandística y se la condene al fracaso. 
El informe del Sr. Tomlinson me llama la atención. 
Este diputado ha desempeñado una labor digna de consideración los proyectos inmobiliarios, habiendo defendido muy bien los intereses del Parlamento Europeo en esta cuestión. 
Desearía que se prestara atención a dos puntos: el Sr. Tomlinson está abriendo camino a la ayuda en favor de los partidos políticos europeos y ha modificado argumentos de los recursos financieros del Parlamento para permitir la utilización del dinero en apoyo de los partidos paneuropeos. 
En mi opinión, se trata de un criterio erróneo para garantizar la independencia y la libertad de los diputados. 
Asimismo, este Parlamento debería mostrar una mayor audacia al pronunciarse a favor de la reforma del sistema de remuneraciones, a lo cual no se ha mostrado dispuesto el Sr. Tomlinson. 
Tras cubrir la totalidad de mis gastos, a mi me quedan en mano todos los meses doce mil ecus entre salario e indemnizaciones, lo cual me resulta exagerado. 
En los países nórdicos no podemos disponer de tales emolumentos. 
Cuando emprendamos la reforma del régimen salarial, debemos también dejar las cosas bien claras con el Sr Elmar Brok y con el resto de los diputados que, como él, actúan al servicio de compañías privadas a la vez que ejercen como diputados al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, si bien en este debate tiene preferencia la iniciativa del empleo, la Unión Europea no puede contribuir al empleo substancialmente con 150 millones de ecus. 
Como mucho la Unión puede contribuir, por ejemplo, al intercambio de información entre los Estados Miembros. 
La política de empleo deber seguir siendo una materia primordial de los Estados Miembros. 
Estoy hasta cierto punto descontento con el procedimiento por el cual el Parlamento trató de intervenir en la legislación del empleo del Consejo. 
El Parlamento se excede con ello en sus competencias. 
La propuesta de concentrar todas las enmiendas en una sola dentro de la categoría 3 está en conflicto con el espíritu del procedimiento presupuestario. 
En una segunda lectura únicamente deben ser planteadas las líneas presupuestarias que han sido enmendadas por el Consejo, no una categoría completa de ediciones. 
La presentación aún tiene demasiado el carácter de propaganda para el modelo federalista. 
Está bien que en la explicación de la línea presupuestaria B3-300 se contemple que la política explicativa y comunicativa debe tener más en cuenta los distintos puntos de vista de la integración Europea. 
Por este motivo tengo grandes objeciones al hecho de acoger al Euronews en la presentación Europea. 
Encuentro igualmente poco deseable que se vuelvan a aumentar los pagos de mil millones de ecus de los fondos estructurales que el Consejo ha recortado. 
La moderación del gasto de 1997 no da lugar a ello. 
En el proyecto presupuestario del Consejo, los créditos de pago ascienden ya al 4, 18 % respecto a 1997. 
Señor Presidente, no quiero aminorar en lo más mínimo el buen trabajo realizado por el ponente pero el proyecto de presupuesto supone en lo esencial una prosecución de la línea actual sin tener claramente en cuenta las grandes prioridades políticas y sin auténticos enfoques de reforma. 
El problema más grave- todos lo sabemos- es el elevado desempleo y en especial el desempleo juvenil y de larga duración. 
La presente iniciativa tan alabada para combatir este megaproblema es muy de tener en cuenta pero sigue siendo muy insatisfactoria. 
Es especialmente lamentable que los créditos de 3.500 millones de ecus para investigación y desarrollo tecnológico representen menos del 4 % del presupuesto total. 
Pero apenas hay otro campo más importante para una política de empleo a largo plazo que precisamente la investigación y el desarrollo, en especial ante el hecho de que la UE está perdiendo continuamente competitividad frente a los EE.UU y otros países asiáticos. 
Sólo una Europa sana económicamente y competitiva podrá crear realmente puestos de trabajo. 
Señor Presidente, comenzaré por el informe del Sr. Tomlinson, a quien quiero felicitar por el excelente informe que nos presenta y que es fruto de muchísimo trabajo. 
Y por tanto, quiero indicar que, a diferencia de lo que hice en comisión, por esos motivos votaré a favor. 
Sin embargo, quisiera denunciar desde esta tribuna que se haya perjudicado, que se haya visto este trabajo incluso hostigado por una serie de enmiendas populistas y demagógicas, que sólo pueden contribuir a reforzar los prejuicios evidenciados, por ejemplo, en la emisión de televisión de la que ayer se ocupó este Pleno y que van en detrimento, en definitiva, del prestigio de la institución. 
El Parlamento paga las consecuencias de la falta de voluntad política del Consejo que, hasta Amsterdam, no ha considerado necesario un estatuto del diputado. 
Había estatuto del funcionario, estatuto del Comisario, estatuto de los magistrados del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de Justicia, pero no había estatuto del miembro del Parlamento Europeo. Y esto tiene una serie de consecuencias que han ido en contra del sistema de remuneraciones del parlamentario. 
Creo que ya es hora de que esto se resuelva de una vez y de una manera global. 
Cualquier medida parcial generará insatisfacción e injusticias. 
No quiero insistir más sobre este tema. 
Voy a pasar al presupuesto general, Señorías. 
Al señor Tillich le quiero agradecer su trabajo, pero hay demasiados procedimientos ad hoc, encontramos propuestas de modificación en la resolución pero no en la partida presupuestaria, hay también demasiadas cartas rectificativas, o el compromiso del Consejo para aprobar una base legal para acciones contra el paro, pero que aún no están aprobadas en el momento de la primera lectura, etc., etc., etc. 
En todo caso, creo, amigo Tillich, señor Presidente, que si preguntáramos a una persona normal si ha entendido algo, la respuesta sería que no. 
Y por lo tanto, creo que este procedimiento presupuestario prueba hasta la evidencia que el Tratado de Amsterdam se quedó corto al no actualizar el artículo 203 del Tratado. 
Creo que es un punto muy claro. 
No voy a insistir en la cuestión del programa MEDA, pero sí señalar, Señorías, que me resulta sorprendente que, hace quince días, votáramos una inusual felicitación a la Comisión por la buena ejecución del programa y ahora, en el presupuesto, intentemos incluir una parte de sus fondos en la reserva. 
Sobre los Fondos estructurales, me parece buena la fórmula de este año, y quisiera agradecer al Partido Popular Europeo su cambio de actitud respecto al año pasado, puesto que ahora ya podemos contar con el dinero para dotar a los Fondos estructurales plenamente. 
Hay que señalar que los Fondos estructurales en este sector son objetivos de gasto y que la actitud del año pasado podía suponer una hipoteca muy grave de cara al futuro. 
Señorías, quisiera acabar mencionando la iniciativa por el empleo. 
Felicito a la Presidencia luxemburguesa por la misma y por su compromiso y no dudo en absoluto de la palabra del Presidente Juncker. 
Pero permítanme que les diga que tengo muchos reparos y una desconfianza motivada respecto a la actitud de algunos miembros del Consejo y, por lo tanto, no me gustaría que el Parlamento sacrificara una parte de los gastos no obligatorios- de los que podría disponer- simplemente para pagar los titulares de un telediario al día siguiente de la Cumbre extraordinaria de Luxemburgo. 
Señorías, creo- espero incluso, porque el Sr. Fischbach lo ha dicho de forma muy diplomática- que nuestra enmienda al respecto es una muestra de desconfianza. 
Ciertamente. 
Y esperamos poder ver desmentida esta desconfianza y que, dentro de un mes, seamos puestos en evidencia por la decisión del Consejo. 
Pero es más, Señorías: ya es hora de movilizar todo el presupuesto comunitario, desbloquear otras iniciativas contra el paro que están inmovilizadas por el Consejo desde hace tiempo, de manera que el presupuesto comunitario sea todo él contra el paro, de manera que motivemos a los ciudadanos y preparemos la Unión para la ampliación. 
Señor Presidente, creo que tanto los Srs. Tillich, Tomlinson y Samland como toda la Comisión de Presupuestos han realizado un trabajo substancial y agotador, pero pienso que este es un juego que se está jugando cada año, que tiene su técnica, su arte, sus dificultades, sus bromas, pero, en esencia no da al Parlamento Europeo la posibilidad de presentar sus directrices y de poner en tela de juicio algunos de los puntos más importantes de todo el desarrollo en la Unión Europea. 
Y en este sentido, pienso que la primera observación que quiero hacer es que el presupuesto de 1998 muestra que tenemos una Unión Europea con bases muy frágiles, con grandes ambiciones, con grandes posibilidades; pero sin un mecanismo financiero esencial como para poder moverse en un planeta al que presiona la competitividad. 
El segundo punto que quiero mencionar, es que nosotros aplaudimos la iniciativa para el empleo; pero no podemos olvidar la experiencia de las redes intereuropeas y que no tuvimos resultados substanciales en la erradicación de la corriente de producción del desempleo en la Unión Europea. 
Y debemos decir también que, desgraciadamente, si dividimos los 150.000.000 de Ecus entre los 20.000.000 de parados, estamos hablando de cuatro perras gordas. 
Gracias. 
Señor Presidente, quisiera referirme en particular al informe Tillich y a la nueva prórroga de dos años para el fondo de paz y reconciliación en Irlanda del Norte. 
Estoy seguro de que los diputados de este Parlamento se harán cargo de la delicadísima posición de mi circunscripción en la actualidad, por lo que se refiere al proceso de conversaciones y negociación. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar gracias al Sr. Tillich y a los demás miembros de la Comisión de Presupuestos que fueron a Irlanda de Norte para comprobar directamente el apoyo que suscita la paz en esa circunscripción, y para ver cómo personas de muy diferente extracción colaboran con miras a conseguir un consenso. 
Que el Sr. Samland, el Sr. Tomlinson, el Sr. Wynn y el Sr. Tillich reciban nuestro agradecimiento por la iniciativa de ir a Irlanda del Norte y dedicar su valioso tiempo a una comprobación directa de la situación. 
El fondo de paz y reconciliación surgió prácticamente de la nada, e incluye en la actualidad muchos elementos de financiación. 
Si tuviera que hacer una crítica diría que quizá haya un exceso de burocracia. 
Es preciso que en los dos próximos años el mecanismo funcione con menos trabas. 
Una nota positiva es que las asociaciones de distritos han representado un éxito notable, y han agrupado a todos los interlocutores sociales en el esfuerzo común por erigir un futuro para cada uno. 
Esto no ha sido un éxito de poca monta en nuestra sociedad dividida, y nos da un ejemplo cuya base no solamente podemos seguir aprovechando en Irlanda del Norte, sino que también podemos ampliarla y trasladarla a otras zonas de la Unión Europea, especialmente a medida que nos extendemos hacia los países de la Europa oriental. 
A pesar de las preocupaciones que mis colegas y yo mismo tenemos, quisiera hacer constar que apoyo ese programa y quisiera reiterar mi agradecimiento a la Comisión de Presupuestos. 
Sé que hay una controversia entre la Comisión de Presupuestos y la Comisión Europea. 
Sabemos de qué se trata, comprendemos la posición de la Comisión de Presupuestos, la ayudamos en la controversia con la Comisión, y estamos seguros de que la situación se resolverá. 
Señor Presidente, el tiempo me permite solamente hacer una puntualización sobre el presupuesto y, como en los últimos cinco años, voy a hablar de la política cultural. 
Por fin, después de casi dos años de conciliación con el Consejo, nace un programa cultural en la Comunidad llamado RAPHAEL. 
Nace un niño esperadísimo y deseadísimo, pero, lamentablemente, un poco raquítico por falta de una adecuada dotación financiera. 
Un niño realmente sin muchas posibilidades de cumplir completamente con su destino. 
Me pregunto: cuando hablamos de cohesión social, ¿no incluimos a la cultura? 
Y cuando hablamos de desarrollo económico y el problema del paro, ¿no es la cultura una fuente de empleo y desarrollo económico? 
Tendrá que llegar un momento en que las declaraciones de buena voluntad de esta Asamblea se reflejen en el presupuesto. 
Espero poder tratar el año que viene, como ponente de presupuesto, a RAPHAEL como a un hijo verdadero y no como a un hijastro. 
Señor Presidente, el proyecto de presupuesto que se nos presenta es relativamente restringido. 
Pienso que está bien que exista un marco estricto. Así deberíamos seguir en el futuro si queremos que se realicen unas reformas a fondo en materia de política agrícola y de ayudas regionales en los próximos años. 
Creo además que es una buena iniciativa la de liberar unos fondos y destinarlos a la creación de empleo. 
Pero todo depende naturalmente del contenido político que se dé a la iniciativa, el cual permanece sin aclararse. 
Me preocupa un poco el modo en que se va a financiar, ya que existe el riesgo de que no suceda nada nuevo y de que desaparezcan los fondos de otro modo, para financiar unas actividades como las que ya conocemos. 
Estoy en contra de las propuestas de llevar a cabo unas campañas informativas que en realidad son una versión más de la propaganda política en favor del euro o del Tratado de Amsterdam. 
No es justo que la UE haga publicidad en favor de unas ideas concretas, por ejemplo en relación con el Tratado de Amsterdam, cuando se trata de una cuestión política controvertida en muchos países. 
También pienso que el Parlamento debe aprovechar la ocasión de ganar credibilidad reformando sus propios sistemas, por ejemplo en la cuestión de las devoluciones por concepto de viajes. 
En consecuencia, he participado presentando una enmienda en este sentido. 
Señor Presidente, me referiré a las entidades satélites. 
En primer lugar, quisiera dar gracias al Sr. Liikanen y por su conducto a su colega el Sr. Mingasson por la forma en que nos han ayudado a armonizar las normas. 
Con el nombramiento de un contralor financiero, las cantidades abonadas en exceso deben devolverse al presupuesto de la Unión Europea y de esta manera habremos conseguido mucho en nuestro control sobre la ejecución del ejercicio presupuestario. 
Mucho me agrada el conjunto de medidas que se somete a la aprobación del Consejo. 
Muchas gracias por ayudarnos: ha prevalecido el sentido común. 
En segundo lugar, como se indica en el presupuesto nos encaminamos hacia un sistema institucional eficiente y transparente. 
Nos encaminamos hacia un sistema de gestión por objetivos, hacia una transparencia gracias a la cual los gastos en concepto de personal, los gastos administrativos y los gastos sustantivos se exponen ahora en las observaciones relativas al presupuesto. 
Esta evolución es positiva. 
Para acabar, quisiera decir que hace falta más de un año para establecer y desarrollar instituciones. 
El Parlamento Europeo tiene que mantener sus compromisos respecto de las entidades actuales cuando defina nuevas prioridades presupuestarias. 
Gracias por las amables observaciones que me ha transmitido mi grupo de visitantes. 
Al final de la historia llegamos nosotros con la moraleja. 
Quisiera hablar de la credibilidad de este Parlamento en una serie de Estados Miembros. 
No creo que hallamos llegado al extremo, tal y como me sugería recientemente un periodista de su país cuando me indicaba que es difícil hablar de fraude con defraudadores, pero el hecho es que cada vez tengo más dificultad para aseverar que el Parlamento sea tomado en serio. 
La discusión que lleva prolongándose un año sobre nuestro sistema de compensaciones, concretamente las compensaciones de viaje, junto con que ahora en los Países Bajos vuelve a hablarse de nuestro fondo voluntario de pensiones contribuyen a este denso clima. 
A veces se puede, como ayer a raíz de lo acontecido en un programa de televisión de los Países Bajos sobre las firmas, venir el viernes con la conciencia tranquila y culpar a la prensa. 
Pero a veces, nosotros mismos deberíamos poner más empeño en ser creíbles. 
Soy consciente de que es delicado en un Parlamento que consta de 15 países cuyos miembros perciben 15 salarios diferentes y además tienen que trabajar en el entorno de los funcionarios europeos con altos sueldos. 
En la resolución Tomlinson se prueba justificadamente no obstante, en lo que yo aprecio, que la Oficina debe tomar más medidas que las ya tomadas hasta ahora. 
Los miembros del partido laboral opinan que esta resolución no va lo suficientemente lejos. 
Por esta razón nosotros junto con muchos otros, también de otros países, hemos presentado una enmienda para reforzar el texto. 
Somos de la opinión que el fondo de pensiones debe volver a ser examinado y que las cargas deben desplazarse del Parlamento hacia los parlamentarios. 
Se trata al fin y al cabo- aún no tenemos ningún estatuto- de una pensión complementaria. 
Sé positivamente que no llegará a ser tan rápidamente una relación completamente equilibrada. 
Por ello necesitamos un estatuto. 
Igual trabajo, igual salario, iguales monjes, iguales sayos. 
Eso es lo que hemos decidido en relación a los británicos en Culham y con salarios diferentes a los de los funcionarios europeos. 
También deberíamos tenerlos en lo que respecta a nosotros mismos. 
Ese estatuto tiene que llegar. Creo que eso es incluso de importancia, a cierto plazo, para la legitimidad de la Unión. 
Señor Presidente, colegas, no puedo decir otra cosa sino que en nombre de los socialistas flamencos me adhiero completamente a lo que ha dicho el colega Dankert. 
Considero este presupuesto positivo en la medida en la que estemos capacitados para plantear la distribución centralizada en la discusión y la elaboración del presupuesto. 
También encuentro positivo que la traducción monetaria garantice que en la segunda lectura podamos evaluar los resultados de la Cumbre de Luxemburgo en relación a la distribución presupuestaria. 
Quisiera recalcar que esta evaluación debe ser una evaluación global, y eso es lo que hecho en falta en la resolución que tenemos delante. 
En la resolución se pone el énfasis demasiado exclusivamente en los problemas que hay en torno al fundamento del derecho. 
Este es un problema importante, pero es solamente uno de los aspectos. 
En la segunda lectura de los resultados de la conferencia de atribución de Luxemburgo debemos cotejar la globalidad de lo que el colega Van Velzen ha hecho aprobar hoy por este Parlamento. 
Debemos intentar revalorizar el papel político del instrumento presupuestario, y la única forma que tenemos de hacerlo es aprovechando la oportunidad única de la evaluación de la conferencia de atribución. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera darles las gracias a todos los diputados que han intervenido en este debate. Su calidad está a la altura del envite que representa para la Unión. 
La iniciativa del Parlamento en materia de empleo demuestra hasta qué punto sus miembros desean que, por fin, la economía vuelva a ponerse al servicio del ser humano y no al revés. 
Así, la expectativa ante el éxito que la Presidencia quiere a toda costa es ampliamente compartida por el Parlamento. 
Pero no hemos llegado al final de nuestras preocupaciones y debemos seguir trabajando intensamente para alcanzar los resultados perseguidos. 
Dicho esto, señor Presidente, el debate al que acabo de asistir me ha enriquecido personalmente. Ha enriquecido a la Presidencia como tal, la inspirará y la orientará en su andadura futura. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Contratos públicos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0309/97) del Sr. Tappin, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el Libro Verde de la Comisión- Contratos públicos en la Unión Europea: exploración del camino a seguir (COM (96) 0583- C4-0009/97). 
Señor Presidente, es para mí un gran placer presentar al Parlamento el informe sobre el Libro Verde acerca de nuestros contratos públicos. 
El Libro Verde es un documento normativo. 
No es un texto legislativo, y por lo tanto la respuesta del Parlamento tiene que tenerlo en cuenta. 
Hay cosas que podemos pedir a la Comisión que aborde ahora y otras medidas que requerirían una modificación de las normas del Consejo antes de ponerlas en práctica. 
¿Qué podemos hacer en el próximo futuro? 
Una de las primeras cosas que la Comisión puede y debe abordar es la necesidad de aclarar las normas, los procedimientos y el texto de las directivas. 
Este aspecto de la enmienda no debería crear dificultades a mis colegas. 
Lógicamente, tampoco debería crearlas la aclaración de los procedimientos. 
Es perfectamente legal que una entidad contratante especifique la naturaleza del producto o del servicio que desea que se le suministre siempre y cuando las especificaciones no provoquen una distorsión de la competencia. 
Esto parece ser una posición razonable, y sin embargo algunos colegas del otro lado de esta sala quisieran negar o limitar ese derecho básico. 
Se han presentado enmiendas que piden a la Comisión que explique cómo se pueden incluir en las estipulaciones previas de un contrato público criterios diferentes del precio, para que las autoridades contratantes puedan adaptar el producto a sus necesidades, incluidos criterios cualitativos, ambientales, sociales o de otro tipo que no provoquen una distorsión de la competencia, si así lo desean. 
Permítanme que repita «si así lo desean». 
Nadie puede obligar a nadie si no se modifican las normas del Consejo. 
Las actuales directivas prevén ya la posibilidad de ejercer una opción. 
El problema se debe a que, como consecuencia de la complicada naturaleza de las legislaciones en materia de contratos públicos y de la relativa falta de conocimientos, muchas entidades contratantes prefieren no tomar en consideración criterios diferentes del precio por temor de que no sean legales. 
O sea que si el Parlamento vota en contra de esas enmiendas, no habrá ninguna modificación legislativa ni se promoverá la causa del mercado libre, a no ser que lo que se quiera es que el mercado libre se caracterice por la ignorancia y el miedo. 
Como el precio más bajo no es necesariamente el mejor valor en todos los casos, se estará evitando que el ciudadano pueda aprovechar la mejor oferta. 
Además, el criterio del precio más bajo puede favorecer a las grandes empresas en contra de las pequeñas y medianas empresas que generalmente están basadas en la región en la que se ofrece el contrato. 
El Parlamento quiere hacer algo para estimular a las pequeñas y medianas empresas a participar en este mercado de 720 000 millones de ecus. 
Tenemos la obligación de estimular a las pequeñas y medianas empresas para que creen puestos de trabajo y prosperidad en las regiones, y de promover la diversificación de la creación de prosperidad. 
Este informe nos ofrece una posibilidad de hacerlo. 
Teniendo en cuenta los problemas que plantea la comprensión de las actuales directivas, hemos pedido a los Estados miembros que identifiquen o establezcan uno o más centros de información sobre contratos públicos, o sea, lugares en los que se pueda obtener información oficial acerca de dichos contratos. 
La utilización de una red, un centro o una oficina existentes no significa que creemos un nuevo estrato burocrático: lo único que significa es que podremos saber dónde hay que ir para obtener informaciones y asesoramiento fidedignos. 
No hay involucrada ninguna función de control, y la propuesta representa subsidiariedad. 
Desde los puntos regionales o centrales de información espero que haya una corriente de buenas informaciones a través de centros oficiosos como las bibliotecas, las tiendas de surtido diverso, etc. 
Finalmente, para completar la cadena de buenos consejos, he sugerido que los Estados miembros establezcan exámenes nacionales para presentación de contratos públicos. 
De esta manera los encargados de esos contratos en empresas o centros comerciales o los asociados de bufetes de abogados o de oficinas de contabilidad podrían ser consultores acreditados. 
Éste es un plan para el sector privado y, por lo tanto, no requiere financiación externa, no tiene carácter burocrático y es totalmente eficiente. 
La idea ha sido acogida con satisfacción por empresas pequeñas y empresas importantes, así como por gobiernos y otras organizaciones. 
La necesidad es evidente. 
Una entidad indicó que el 75 por ciento de las ofertas procedentes de pequeñas y medianas empresas tuvieron que descartarse por estar mal presentadas. 
Necesitamos que las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea, al igual que las empresas más importantes, sean competitivas. 
Estamos trabajando en un mercado global. Por lo tanto, la difusión es importante. 
A la larga tendremos que individualizar también otras esferas que haya que revisar, y también esto requerirá la promulgación de normas legislativas. 
Tenemos que insistir en que las futuras revisiones se efectúen con arreglo a un calendario, en que sean revisiones legítimas y no sencillamente simulacros de revisiones, en que se fije el momento y la oportunidad de decidir qué sectores hay que incluir, qué procedimientos se pueden simplificar, y de qué forma podemos conseguir que se apliquen las normas sin embrollar a todo el mundo con reglas y reglamentos. 
También hay que hablar de la cronología y de los detalles. 
Podemos pedir a la Comisión que busque la manera de que la aplicación pueda ser más eficiente y menos prolija, la forma de mejorar las comunicaciones por conducto de Internet, las investigaciones acerca del carácter sostenible, las acciones encaminadas a elevar los valores límite. 
Algunas de esas actividades no pueden ser llevadas a cabo por la Unión Europea obrando por sí sola. 
Ya tenemos relaciones con el Acuerdo GPA y con la OMT. 
Se han presentado enmiendas que indican firmemente qué camino deben seguir las negociaciones, y espero que tengan el apoyo de todos los partidos. 
Por último, quisiera dar gracias a la Comisión, a los colegas y a la Secretaría por toda la asistencia que me han dado para preparar este informe. 
Los problemas de la UE con los contratos públicos no van a desaparecer. 
Son la mazmorra del mercado interior y espero que con este informe el Parlamento la haya iluminado un poco. 
La finalidad de este informe era fijar los parámetros para un futuro debate y doy gracias a los colegas que nos han ayudado a conseguir esa finalidad. 
Señor Presidente, Señorías, ¿para qué necesitamos un marco jurídico europeo para la contratación pública? 
Es una parte importante del mercado interior europeo y la Comisión ha intentado presentar en el Libro Verde un inventario. 
Pero también lo necesitamos porque hay que garantizar el uso racional de los créditos públicos, un sistema de adjudicaciones transparente y limpio, la competencia por parte del oferente y el acceso más libre posible de las empresas al gran mercado de las contrataciones que mueve más de 700.000 millones de ecus. 
Si no se garantiza la competencia, existe la amenaza de la corrupción, precios excesivos, un trato no equitativo de los competidores así como inversiones erróneas. 
Por ello, es importante que nos ocupemos de este asunto. 
La Comisión ha expuesto las experiencias tenidas hasta el momento con el sistema actual. 
Sólo el 3 % de los contratos públicos se adjudican al otro lado de las fronteras. 
La transposición de las normas jurídicas en derecho nacional se estanca y los procedimientos de asistencia judicial en Europa tampoco son equivalentes. 
Los procedimientos son burocráticos y difíciles de superar en especial para las pequeñas y medianas empresas. 
Por ello, el mercado interior no funciona en este campo y es importante que hagamos aquí propuestas concretas de cuál debe ser la vía a seguir. 
¿Qué propuestas hace la Comisión? 
En primer lugar, realiza una valoración relativamente pesimista al mencionar la desobediencia jurídica de los Estados miembros como causa de la insuficiente activación de los contratos públicos transfronterizos. 
Propone vincularlo a otros objetivos, como la protección del medio ambiente, social y del consumidor. 
Quiere potestades sancionadoras adicionales para la Comisión, por ejemplo, la creación de un organismo central que reúna los casos de corrupción y de fraude- lo que es competencia de los Estados miembros. 
Quiere fomentar la formación y el empleo de tecnología de la información para mejorar la transparencia de las pequeñas y medianas empresas, lo que me parece positivo. 
No ha realizado ninguna propuesta para desarrollar el marco jurídico, por ejemplo, el artículo 8 de la directiva sobre los sectores, en lo tocante a las telecomunicaciones. 
El colega Tappin ha trabajado muy intensamente, por lo que le felicito. 
En el informe de la Comisión de Asuntos Económicos se contienen sin embargo algunos aspectos que no coinciden con lo que hemos debatido en el Parlamento, en la audiencia. 
Por ejemplo, no se indican unas normas razonables en lo tocante a la elevación de los valores umbral en el sector de los servicios. 
En el diálogo técnico se propone un procedimiento de acreditación. 
Me parece un absurdo. 
No se realizan propuestas sobre el trato a dar a las telecomunicaciones en un mercado liberalizado y privatizado. 
Quien realmente quiera el mercado interior no puede seguir endureciendo las normas y dificultándolas especialmente para la pequeñas y medianas empresas. 
Unas consideraciones no relacionadas con el campo que nos ocupa conducen a la confusión y unas obligaciones adicionales impulsan hacia arriba los costes y enturbian la transparencia. 
Las directivas son cada vez más complicadas en lugar de más sencillas. 
No queremos una superburocracia en Bruselas sino que los países miembros hagan por fin sus deberes. 
Este es el objetivo de mi grupo político. 
Señor Presidente, Señorías, el sector de los contratos públicos en nuestros países representa 720.000 millones de ecus cada año o, si se prefiere, 11 % del producto interior bruto de la Unión Europea. 
Tras el establecimiento de una legislación europea, este sector se ha abierto a la competencia comunitaria y esto es algo bueno, tanto para los consumidores como para las empresas. 
Si la Unión Europea ya ha llevado a cabo progresos considerables en la puesta en práctica de su política en materia de contratos públicos, es preciso también que las directivas se controlen y se apliquen de modo más eficaz, sobre todo imponiendo, si procede, sanciones importantes a los que no respeten las reglas, por ejemplo, prohibiendo a las empresas infractoras poder licitar durante cierto tiempo. 
En el plano internacional, sin duda, la Comisión Europea debe actuar de modo que los Estados terceros puedan acceder a los contratos públicos de la Unión, pero sobre una base de total reciprocidad. 
Asimismo, ante la perspectiva de las próximas ampliaciones a los Estados de la Europa central y oriental, es fundamental que los candidatos a la adhesión adopten la actual normativa aplicable a los mercados públicos en un plazo muy razonable. 
En aras de nuestras pequeñas y medianas empresas, es asimismo indispensable que la Comisión luche, en el marco de la OMC, para obtener un aumento de los valores límites que condicionan la aplicación de las directivas. 
Por último, señor Presidente, nuestro Grupo solicita un voto por separado del apartado 5 del informe, con el que no podemos estar de acuerdo. 
En efecto, consideramos que esta problemática no tiene cabida aquí. 
Sin embargo, para concluir, quisiera darle las gracias al Sr. Michael Tappin por la calidad de su informe y por el trabajo realizado, pero también por haber aceptado nuestras reflexiones y comentarios en la formulación de su texto y en la exposición de motivos. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Tappin, por su concienzudo trabajo en este informe. 
Ha prestado mucha atención a las diferentes posturas políticas sobre este tema. 
Naturalmente estoy de acuerdo con el ponente en que hace falta una evaluación de la situación de las licitaciones públicas en la Unión. 
Desgraciadamente hay muchos países- como hemos oído también en este debate- que aún no han implementado las directivas existentes, lo cual constituye un enorme problema. 
Esto implica un mercado impenetrable y una desigualdad de trato para los licitadores. 
Por ello, es necesario, para alcanzar unas mejores condiciones de competencia y en atención al cumplimiento del mercado interior, que la Comisión mire por la implementación y ejecución de las directivas. 
Una segunda cosa que querría señalar es la importancia de que no haya dudas sobre la interpretación de las directivas. 
Por ello la Comisión debe considerar una redacción más uniforme de las directivas en revisiones futuras y con ello excluir ambigüedades. 
También podría considerarse la estandarización de las especificaciones de la base de referencia y de los datos de referencia. 
La Comisión debe ejercer naturalmente un control efectivo sobre las directivas, y las empresas deben disponer de mejores posibilidades de reclamación. 
El plantear una reclamación debe ser fácil y debe ser rápido para las empresas. 
Sin embargo, ¿qué sucede cuando una empresa pública quebranta las normas? 
¿Sucede algo? 
¡No! 
¿Dónde están las sanciones? 
Hemos de abordar este problema y quiero exhortar a la Comisión a que mire por las sanciones. 
Por último, quiero llamar la atención sobre la cuestión de las especificaciones medioambientales en las adquisiciones públicas. 
Opino que la empresa que saca a concurso debe tener derecho a poner especificaciones medioambientales en todas las fases del proceso productivo y no sólo a las propiedades finales. 
Con ello podemos cumplir la política medioambiental de la UE. 
Celebro mucho oír la postura del señor Comisario Monti sobre la cuestión de la estandarización de la base de referencia, sobre la cuestión de las sanciones y sobre la cuestión de la supresión de la cuestión medioambiental en la adjudicación de contratos. 
Señor Presidente, los contratos públicos constituyen un elemento verdaderamente muy importante de la actividad económica. 
En la UE se destinan cada año 720.000 millones de ecus a la adquisición de bienes y servicios públicos, una cantidad que equivale a una proporción elevada, casi el 12 por ciento, del producto nacional bruto de los quince Estados miembros. 
Sin embargo, desearía llamar la atención sobre los criterios ecológicos y sociales que se deben respetar ineludiblemente con motivo de los contratos públicos. 
Me gustaría mencionar a modo de ejemplo el hecho de que en numerosas ocasiones las autoridades locales han comenzado ya a poner en práctica la estrategia de desarrollo sostenible recogida en la AGENDA 2000 y se han mostrado verdaderamente dispuestas a aplicar los criterios ecológicos en sus propias actividades. 
Estos criterios pueden ser importantes también de cara a la solución de los problemas medioambientales a escala de la Unión. 
Me muestro totalmente de acuerdo con lo que ha afirmado la Sra. Riis-Jørgensen: debemos asegurarnos de que las reglas por las que se rigen los contratos de la Unión permitan tomar en consideración los criterios en materia de medio ambiente. 
Los criterios sociales revisten asimismo una gran importancia. 
A la vez que se busca un ahorro y una eficacia mayores, se debe también fijar criterios para establecer qué se entiende por un buen nivel de servicios para las personas. 
Un periódico sueco mencionaba un caso hecho público recientemente en este país: una compañía danesa del sector asistencial que operaba en asilos de Suecia había privado a los ancianos de todo cuidado. 
¿A quién se debe culpar en casos como este? 
Debemos contar con la posibilidad de garantizar que los servicios públicos cumplen también unos determinados criterios de calidad, con arreglo a los deseos de los ciudadanos. 
No debemos contentarnos en términos de pura eficacia. 
Me colma de alegría el hecho de que el ponente, el Sr. Tappin, se muestre dispuesto a escuchar estos puntos de vista, pero- desgraciadamente- la mayor parte de nuestras enmiendas ha sido rechazada en la Comisión de Asuntos Económicos. 
Señor Presidente, estimados colegas, deseo comenzar felicitando al Sr. Tappin por un informe tan amplio y bien elaborado en el que se abordan las cuestiones problemáticas relacionadas con el Libro Verde de la Comisión sobre la contratación pública. 
Este informe reviste de entrada una gran importancia puesto que, como se ha dicho anteriormente aquí, el volumen de mercado de los contratos públicos se eleva a 720.000 de ecus. 
Los contratos públicos se pagan públicamente, lo cual implica, de acuerdo con el Sr. Tappin, que el mercado asume una responsabilidad ante los consumidores. 
Se estima que los contratos públicos eficientes fomentan las posibilidades de la industria y del comercio para beneficiarse del mercado único, a la vez que mejoran la competitividad de las empresas europeas en el mercado mundial. 
Sin embargo, la Comisión se ha visto obligada a aceptar que los contratos públicos de la propia Unión no se han desarrollado de un modo tan eficaz como cabía esperar. 
La razón fundamental de esta situación hay que buscarla en la abultada administración de la Comisión y en el hecho de que los Estados miembros no han incorporado de una manera lo suficientemente exhaustiva las directivas relativas a la contratación pública al Derecho nacional. 
Los contratos públicos no han estado al alcance de las PYME de la Unión. 
Sin embargo, es ahora cuando debemos dedicar esfuerzos en favor de estas empresas, puesto que se considera que las PYME constituyen uno de los principales elementos para aliviar el desempleo. 
Comparto la propuesta del Sr. Tappin en la que hace un llamamiento para formar e informar al personal de las PYME. 
El acceso de estas empresas al mercado se ve igualmente dificultado por el retraso en el pago por parte de los departamentos de contrataciones. 
En este Parlamento deberíamos contar cuando menos con la posibilidad de influir para solventar estas irregularidades. 
La principal debilidad de la política de la Comisión en materia de contratos públicos estriba en que estas adquisiciones públicas no se consideran más que como instrumentos en el marco de la aplicación del mercado interior. 
Este tipo de contratos se examina casi exclusivamente desde el punto de vista del sector económico privado. 
El documento de la Comisión tampoco recoge ningún tipo de evaluación acerca de la medida en que la política de competencia apoya una mejora del acceso y de la relación calidad-precio de los servicios públicos. 
A pesar de ello, los contratos públicos constituyen precisamente una actividad de gestión y servicios por parte de las autoridades públicas. 
La Comisión somete también a examen el procedimiento de adquisiciones en sí y los problemas relacionados con este únicamente desde el punto de vista del productor, no del sector privado. 
No se presta atención a las necesidades del cliente, que, en este caso, es el sector público, o lo que es lo mismo, las autoridades públicas. 
Poner a competir entre sí a los contratos públicos resulta igualmente absurdo desde el punto de vista del personal. 
Se debería desarrollar el procedimiento de contratación publica de manera que, cuando se persiga la competencia, se tengan en cuenta las ventajas relacionadas con la seguridad y con las condiciones laborales de los trabajadores de aquellos servicios que se convierten en objetivo de contratos. 
Cuando se registren elevadas tasas de desempleo, habría que aumentar el volumen de la contratación pública. 
En ese momento se deberían tener presentes a las fuerzas del mercado y a las fuerzas del mercado laboral, es decir, habría que incorporar en este proceso las políticas de empleo, asuntos sociales y medioambiental. 
Presidente, tanto los oferentes como los concursantes de empleos públicos tienen sus problemas. 
Este es el motivo por que el recientemente la rama de la construcción de una organización de los Países Bajos calificaba como disparate y extremadamente costosa la salida a concurso europeo. 
Por ello la queja más destacable de cualquiera que tenga que ver con las directivas es su ambigüedad. 
Precisamente en los puntos importantes el texto te deja indiferente. 
Pongamos por caso una región con grave desempleo, que tiene que sacar empleo a concurso. 
¿Puede exigir dicha región a un oferente que tome a su servicio una serie de parados locales o regionales para realizar el trabajo? 
Nadie lo sabe. 
¿Puede un oferente público pedir requisitos más exigentes, por ejemplo en el ámbito del medio ambiente, a oferentes de su propio país que a oferentes extranjeros porque puede pedir esos requisitos como administración por ser administración? 
Serias ofertas que no cuestan ni cientos de florines han sido tiradas a la papelera porque les faltaba una sola copia, y no en pocas ocasiones la pequeña y mediana empresa pierde el tren mientras que anteriormente podían hacerse con las órdenes. 
Dada la naturaleza de los procedimientos burocráticos ya no tienen ninguna posibilidad. 
Al igual que ésta hay muchas preguntas a las que la Comisión Europea debe dar respuesta. 
Hasta ahora por ejemplo algunos países cumplían las directrices y a otros países se las traían sin cuidado. 
Ni que decir tiene que ha de haber un tratamiento igualitario también en este terreno. 
¿Qué es lo que va a hacer el Comisario al respecto? 
Las directivas son de desastrosa aplicación en el sector de la construcción. 
El informe Aitkins ya alertó que la competencia desenfrenada en el sector de la construcción no significaba que el precio bajase y la calidad aumentase. 
Lo que ocurre es lo contrario. 
Los márgenes están bajo presión, las empresas afrontan trabajo por un precio injustificablemente bajo y al consumidor se le brinda un mal trabajo, del que es consciente normalmente y por desgracia diez años después. 
A mi entender, y este no es el modo de ver del ponente, este informe sí era el lugar para señalar los asuntos específicos del sector. 
Se dice, Comisario, que no va a salir ningún libro blanco. 
¿Cuándo va a ser el momento de hablar de los sectores si no? 
¿Y puede el Comisario indicar con quién va a discutir sobre los sectores en una fase posterior? 
Señor Presidente, me congratulo con el Sr. Tappin del informe que no ha presentado y quisiera centrarme en el sector inmobiliario en el marco de las grandes obras. 
Evidentemente, los objetivos principales, como se ha dicho y repetido, son la transparencia y el establecimiento de una situación de no discriminación no sólo entre Estados, sino también a nivel de dimensiones de la empresa. 
Sin duda, y se acaba de manifestar en la intervención anterior, existe asimismo el objetivo de lograr una transparencia en términos de marco jurídico y de simplificación de los procedimientos. 
Considero que, ante todo, existe la necesidad por parte de las administraciones públicas de tener la certeza de que les serán entregadas las obras ejecutadas en plazos ciertos y a los precios pactados. 
Mi pregunta, señor Comisario, es la siguiente: ¿No cree la Comisión que se pueden y deben establecer otras formas de garantía diferentes de las usuales, para muchos Estados europeos, y, en consecuencia, por ejemplo, las garantías de cumplimiento que ya se han introducido en la práctica americana y en la anglosajona? 
Existe una diferencia sustancial que es preciso subrayar, lo digo para aquellos colegas que no tienen familiaridad con estas cosas: actualmente, las garantías se conceden ante todo sobre la base de la capacidad patrimonial de la empresa, mientras que, por el contrario, las garantías reales de las que estamos hablando, se refieren a la capacidad técnica y de organización de la empresa en cuanto a ejecutar dichas obras en los plazos convenidos. 
Esto ofrece una ventaja a la administración pública, no ya de obtener un resarcimiento tardío de los posibles daños y perjuicios y la obra inacabada, sino de disponer de la obra y de su uso en los plazos planeados, así como a las propias empresas de no agotar esos recursos que el sistema bancario les puede conceder. 
Señor Presidente, este debate sobre al informe del Sr. Tappin, a quien deseo felicitar, aborda un aspecto crucial del mercado único: la apertura a la competencia de una parte importante de los suministros, de las obras y de los servicios realizados dentro de la Unión Europea, cuando los mismos son objeto de concursos de la administración pública o de las entidades que gestionan servicios de interés económico general. 
Como se ha mencionado, estamos hablando del 11 % del Producto Interior Bruto. 
Las reglas de apertura a la competencia de los concursos públicos, actualmente en vigor, han producido hasta ahora un impacto limitado en el mercado. 
Esta situación es preocupante y, precisamente por este motivo, nuestro firme propósito es emprender, con el apoyo de sus Señorías, las oportunas iniciativas, a fin de que el mercado único desarrolle plenamente sus potencialidades también en este sector- los objetivos que están en juego son de hecho realmente importantes -, que se refuerce la competitividad de los suministradores y mejore la calidad de la oferta, se reduzcan los precios y mejoren día a día los servicios ofrecidos por el sector público, así como, en definitiva, que el dinero del contribuyente se gaste con más cautela con objeto de contribuir, además, a reducir los déficit públicos. 
No hay que olvidar asimismo que el respeto riguroso de las reglas del juego permite luchar con más eficacia contra la corrupción en el ámbito de los concursos. 
A dicho fin, es necesario que el marco normativo, elaborado con respecto a esta materia, sea transpuesto en los ordenamientos nacionales y aplicado debidamente. 
Sin embargo, para que la normativa comunitaria produzca los efectos deseados, no basta con concentrarnos en los textos jurídicos, ya que es preciso modificar procedimientos y comportamientos que en el pasado situaron la política en materia de concursos en una óptica preferentemente nacional. 
Por ello, es preciso que prevalezca una verdadera voluntad de lograr ese objetivo que en inglés eficazmente se define best value for money, incentivando a los suministradores para que salgan de los límites del territorio nacional y participen en los concursos convocados en el mercado de la Unión. 
Con nuestro Libro Verde henos querido polarizar de forma mayoritaria y poderosa la atención pública hacia el sector y hemos entablado así un amplio debate al respecto. 
La posición del Parlamento Europeo es crucial para nuestro análisis. 
Su contribución, junto con las otras 300 aportaciones procedentes de las varias partes interesadas- Instituciones comunitarias, Estados miembros, compradores y suministradores- permitirá a la Comisión fijar los objetivos y las directrices de una nueva política en materia de contratación pública en una comunicación que la Comisión presentará al principio del próximo año. 
El proyecto de informe que estamos abordando presenta ideas y propuestas interesantes. 
El debate de hoy y los debates celebrados en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial han centrado los puntos esenciales de la cuestión. 
Señor Presidente, deseo subrayar ahora algunos de los apartados más sobresalientes del mismo. 
Comparto plenamente el punto del informe que considera necesario poner en práctica las medidas de cara a que la normativa vigente se trasponga en cada uno de los Estados miembros permitiendo de esta forma a todos los operadores de la Unión participar en los concursos en condiciones de igualdad. 
La Comisión ha dispuesto todas las medidas oportunas a fin de que los Estados miembros que todavía no han llevado a efecto dicha transposición, lo hagan sin demora. 
Deseo recordar que, en el ámbito de plan de acción para el mercado único, al cual el Parlamento Europeo prestó su valioso apoyo, hemos fijado un plazo- el 1 de octubre- que, por otra parte, ha sido respetado por la gran mayoría de los Estados miembros, de cara a la presentación por parte de los mismos del calendario de aplicación de las directivas todavía pendientes de transposición, y en este marco, por desgracia, las referidas a los concursos son muchas. 
Asimismo debemos intentar que la normativa en vigor responda a las demandas del mercado. 
En lo referente a algunas problemáticas como la que atañe a la posibilidad de emplear procedimientos electrónicos, harán falta modificaciones específicas de las directivas. 
Otras posibles adaptaciones, sin perjuicio de la existencia de los requisitos necesarios, podrían afectar a algunos sectores específicos para los que se está llevando a cabo un proceso gradual de liberalización a escala europea. 
Lo mismo vale para el tema de la asociación entre el sector público y el privado, con las peculiaridades propias de cada Estado miembro. 
Con respeto a otros temas como, por ejemplo, la posibilidad de acudir a procedimientos negociales, el debate está todavía en curso. 
En otros sectores quizás será suficiente aclarar las normas vigentes a través de documentos de interpretación o de un vademécum. 
Existe una necesidad que nosotros recalcamos y que me parece que fue subrayada por más de uno, o sea, una necesidad de estabilidad en el marco normativo. 
Deseo añadir que se trata de un mensaje extremadamente importante para aquellos mercados que han intentado adaptarse a las normas en materia de concursos en estos últimos años. 
A pesar de que hará falta adaptar y aclarar la vigente normativa por lo que respecta a algunos puntos, así como garantizar su correcta y uniforme aplicación en todos los Estados miembros, lo cierto es que será preciso promover una serie de acciones de acompañamiento que permitan obtener de la normativa todos los beneficios esperados. 
Un importante ámbito de acompañamiento se refiere a la formación y a la información, así como a la preparación de los distintos mercados de cara a la utilización del comercio electrónico. 
El informe recalca el importante papel que pueden desempeñar las pequeñas y medianas empresas de cara a la liberalización del sector de los concursos. 
Comparto plenamente este punto de vista y estoy convencido de que un mayor acceso a la información sobre las convocatorias de contrato y las reglas, incluso a través de medios electrónicos, representaría un significativo paso adelante hacia la efectiva integración de las pequeñas y medianas empresas en el sector. 
Señor Presidente, en cuanto a las cuestiones específicas que se han planteado, seré muy breve. 
En lo que respecta a las telecomunicaciones, la misma directiva relativa a los «sectores especiales» establece las condiciones para la exclusión de las telecomunicaciones de su ámbito de aplicación. 
El Tribunal de Justicia, por otra parte, ha precisado tales condiciones afirmando que la posible exclusión de las telecomunicaciones de la directiva relativa a los «sectores especiales» podrá llevarse a cabo cuando dicho sector opere en unas condiciones de mercado realmente competitivas. 
La Comisión no dejará de llevar a cabo un estudio de la efectiva situación del mercado en el sentido señalado por el Tribunal de Justicia. 
Por lo que se refiere a la importante cuestión de la política medioambiental y los concursos, el objetivo de una auténtica política en materia de contratación es elegir el mejor producto con arreglo a las condiciones más favorables ofrecidas por el mercado. 
Los concursos no constituyen el contexto adecuado para perseguir otras políticas. 
Esto no significa, sin embargo, que no se puedan ni se deban tener en cuenta los elementos de la política en materia medioambiental. 
Existen posibilidades concretas de protección del medio ambiente en la vigente normativa, por ejemplo, a nivel de definición de las características técnicas o de calidad de un producto, aunque podría hacer otros ejemplos. 
Con relación a la posible introducción de nuevas formas de garantía- por ejemplo, las garantías de cumplimiento- creo que se trata de una buena idea y haría falta lograr que no perjudicara la situación de las pequeñas y medianas empresas. De cualquier modo, a través del estudio de las prácticas incluso de origen americano, creo que se podría obtener una visión más de vanguardia en este campo. 
Por último, quisiera señalar que en una actividad de fortalecimiento y de aplicación del Derecho comunitario que hemos convertido en cada vez más incisiva, es prioritaria la atención que hay que deparar a los concursos. Alguien de ustedes ha mencionado el número de procedimientos de infracción que hemos incoado y, con referencia al futuro mercado único- el de los países de Europa Central y Oriental- les puedo asegurar que, en el trabajo previo que estamos llevando a cabo con dichos países, asignamos extrema prioridad a la problemática de los concursos. 
Y concluyo volviendo a dar las gracias al Sr. Tappin, y por su contribución, también a los ponentes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, Sr. Thors, y de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, Sr. Hughes. 
Seguramente, la colaboración prestada revestirá una importancia decisiva de cara al seguimiento que la Comisión dará pronto a este asunto través de su comunicación. 
La respuesta tan concreta del Comisario Sr. Monti a muchas de las observaciones de los Srs. colegas, ha hecho necesario un tiempo de uso de la palabra proporcional. 
Y, normalmente, el tiempo de uso de la palabra es mucho mayor que la media del tiempo que programamos para las intervenciones de los Señores Comisarios. 
En este caso concreto, no voy a protestar porque creo que esto facilitará un debate más claro; pero quizá debamos tenerlo en cuenta para programar nuestros trabajos de la mejor forma. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Intermediación financiera (SIFMI) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0282/97) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la atribución de los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) en el marco del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC) (COM (97) 0050- C4-0138/97-97/0037 (CNS)) 
Señor Presidente, la propuesta de reglamento que se nos ha pedido que evaluemos hoy, nace de la necesidad de armonizar un funcionamiento- la palabra clave aquí es " armonizar» -de los servicios estadísticos de los Estados miembros. 
Esta necesidad surge del hecho de que no se haya creado (aunque cabe esperar que se cree en el futuro) un servicio estadístico único para la Unión Europea. 
La Oficina Estadística de las Comunidades Europeas basa su funcionamiento en los mecanismos de recogida de información de los servicios estadísticos de los Estados miembros. 
No obstante, para lograr la indispensable uniformidad de métodos de recogida y transmisión de datos, dicha Oficina recurre a la publicación de reglamentos por parte de las instituciones legislativas de la Unión, incluso para cuestiones que un servicio estadístico unificado podría resolver mediante procedimientos internos. 
Evidentemente, en la Oficina prevalece la opinión de que, de este modo, se evitan las diferencias de puntos de vista y las divergencias entre los expertos de los distintos servicios nacionales, que podrían provocar retrasos interminables en el cumplimiento de las obligaciones de la Oficina para con la Unión. 
Desde un punto de vista práctico, esta solución podría ser justa, pero tiene el inconveniente de someter cuestiones técnicas al juicio de instituciones políticas legislativas no preparadas para este tipo de dilucidaciones. 
Además, podría afirmarse, que la intervención legislativa en temas estadísticos incumple; sin mala intención, como claramente no hay en este caso, el principio de independencia científica de los estadísticos, que resulta necesaria para la objetividad de su trabajo. 
Aquí, en el tema que nos ocupa, ciertamente no existe tal problema y además la Oficina Estadística solicitó nuestra intervención; pero la cuestión de dicho principio se mantiene y se mantendrá como algo seguramente preferible a las normas legislativas sobre detalles técnicos, y así seguirá hasta que se cree un servicio estadístico único. 
Señor Presidente, creo también que este debate nos brinda la oportunidad de presentar en el orden del día la importante cuestión de la creación de un servicio estadístico unificado para la Unión Europea. 
Ahora, en cuanto a las disposiciones específicas que propone el reglamento de referencia, atañen al cálculo del valor de las rentas del sector financiero. 
El sector financiero produce distintos servicios inmateriales, algunos de los cuales cobran comisiones específicas, mientras que para otros el pago se percibe según el tipo de interés de los préstamos o de los depósitos bancarios. 
No hay problemas estadísticos con aquellos servicios que recurren a comisiones específicas y emiten una factura. 
El valor de estos está claro y se calcula y añade a los demás datos sobre el rendimiento del sector financiero. 
El problema surge de aquellos servicios en los que los importes se confunden con el tipo de interés pagado y no constan como dato aparte en la contabilidad de la actividad comercial de las empresas del sector. 
En el pasado el Sistema Estadístico Europeo seguía el método siguiente: consideraba que estos ingresos que no se reflejan en los tipos de interés diferenciales eran ingresos por beneficios intermedios y dichos beneficios, como bien saben los expertos en las estadísticas de las rentas nacionales, no se incluyen en el beneficio final. 
Por consiguiente, una parte de los servicios que ofrecía el sector comercial no se calculaba y no se añadía al total de las rentas nacionales. 
Una parte, digamos, importante se escapaba del registro estadístico. 
La solución que propone ahora la Oficina Estadística Europea es determinar la diferencia entre el tipo de interés interbancario y el tipo de interés que paga el consumidor final y considerar que esta diferencia representa el precio de los servicios que no se cobran en facturas concretas al consumidor final; como cuando alguien obtiene un préstamo, por ejemplo, para construir su casa y paga un tipo de interés algo elevado, frente al tipo de interés interbancario. 
Técnicamente, esta solución- por supuesto aproximativa- no es de precisión científica; pero como aproximativa, yo la considero satisfactoria y propongo que la aceptemos. 
Claro que existen algunos problemas concretos en el reajuste del tiempo que necesitan los servicios estadísticos de los Estados miembros para adaptarse al nuevo método que introduce la Oficina Estadística de la Unión Europea y, por eso, he propuesto dos enmiendas cuyo único objetivo es permitir una introducción de estos métodos, más conveniente, en los Estados miembros. 
Señor Presidente, con esta salvedad, considero que la propuesta de la Oficina de Estadística Europea es útil y debemos aprobarla. 
Subrayo, sin embargo, que no es labor nuestra solucionar los problemas de la Oficina Estadística Europea y que la solución ideal es crear una oficina estadística independiente para toda la Unión; y sería un comienzo muy bueno para la unificación política en un tema relativamente fácil. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera darle las gracias al Sr. Katiforis por este informe. 
Quiero dejar claro inmediatamente que no es ahora el momento de entrar en un gran debate sobre la naturaleza y la precisión de las estadísticas. 
Sabemos que cada país tiene su método de cálculo y que a partir del momento en que queremos hacer comparaciones y tomar decisiones sobre la base de éstas, es preciso que las cosas sean comparables. 
No voy a respaldar al Sr. Katiforis en su puesta en entredicho o en sus dudas acerca del modo en que los estadísticos han realizado este propuesta. 
Todos sabemos que el modo en que los Estados miembros fijan sus estadísticas puede ser objeto de crítica en cuanto se entra en los pormenores. 
Por lo tanto, hay que contentarse con las mejores estadísticas posibles. Y esto es suficiente para los objetivos que perseguimos. 
Lo importante es que no haya distorsiones de un país a otro. 
Por esta razón, la propuesta que acaba de hacerse va en el sentido correcto cuando pone a todos en pie de igualdad, imponiendo un método único. 
Aunque este método no sea el mejor, lo importante es que todo el mundo aplique el mismo. 
En este caso, creo que podemos utilizar estadísticas diferentes. 
Este es el motivo, señor Presidente, por el que nuestro Grupo apoya la propuesta de la Comisión. 
Nos ha sorprendido un poco la propuesta del ponente de solicitar cuatro años. 
He hecho consultas en mi país y se me ha dicho: » Pero si aquí probablemente no necesitemos tantos años». 
No conozco la situación en los demás países, pero me habría gustado que la Comisión nos dijese lo que opina al respecto. 
Tal vez disponga de informaciones que nosotros no tenemos. 
Es muy probable que el Sr. Katiforis, al hacer la propuesta, se haya inspirado en algunos países que conoce mejor. 
Tampoco hay que minimizar el interés que pueda tener contar con estos documentos lo antes posible. 
Así pues, me parece que el plazo de cuatro años es un maximum maximorum. 
Hubiese preferido- pero todo dependerá de lo que nos diga la Comisión al respectover con el Sr. Katiforis si no podemos ponernos de acuerdo respecto a tres años o a un período similar. 
Señor Presidente, Señorías, deseo intervenir muy brevemente para expresar el apoyo de mi Grupo a esta propuesta que considero interesante como ejemplo del avance en la dimensión europea a nivel económico, financiero y monetario en diversos ámbitos. 
La necesidad que ha apuntado el ponente Sr. Katiforis de profundizar en un servicio de estadística a nivel auténticamente europeo, no únicamente de coordinación, así como la intervención de nuestro colega Herman cuando apuntaba la conveniencia de precisar mejor los criterios en algunos sectores que cada vez han ido teniendo más importancia en la economía europea, como son los sectores de servicios y dentro de ellos los financieros, creo que demuestran que es necesario ir profundizando tanto en aplicar la dimensión europea y en su expresión estadística como en mejorar la precisión. 
En cuanto a la propuesta del plazo de nuestro ponente, nuestro Grupo la aceptó en comisión, pero creo que se puede llegar a un acuerdo de consenso en aquel plazo que realmente garantice que los servicios estadísticos de todos los Estados miembros ofrezcan una información fiable a los efectos de este informe. 
Señor Presidente, señoras y señores, el proyecto de reglamento que se presenta hoy tiene por objeto modificar el modo en que se contabilizan en las cuentas nacionales los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, lo que se ha dado en llamar SIFMI. 
Señor Katiforis, usted ha planteado el problema del servicio estadístico unificado, tema muy amplio pero que no entra en el marco del debate de hoy. 
Merecería por sí solo largos debates, a la luz también de la coherencia y del principio de subsidiariedad. 
Así que entenderán que hoy desee limitar mi intervención al problema de los SIFMI. 
Estos famosos servicios de intermediación financiera medidos indirectamente son, como lo ha subrayado con toda razón el señor ponente, servicios facilitados por las profesiones financieras y para los cuales no existe una facturación explícita. 
La remuneración del operador financiero se percibe indirectamente, ofreciendo o pidiendo al consumidor un tipo de interés distinto al que utiliza el operador financiero para refinanciarse. 
Hasta la fecha, estos servicios se contabilizan sistemáticamente en las cuentas nacionales como consumo intermedio, mientras que, como lo han destacado ustedes, señoras y señores oradores, la lógica contable exigiría que cuando estos servicios se presten a consumidores finales se repartan en las partidas de consumo final. 
Por esta razón, la Comisión propone el presente reglamento con el fin de completar el SEC 1995, dicho con otras palabras, el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales actualmente en vigor. 
El SEC 1995 define las reglas contables que se aplican para obtener una descripción cuantitativa coherente, fiable y comparable de las economías de los Estados miembros. 
Este SEC 1995 fue aprobado por el Consejo del 25 de junio de 1996 y es el Reglamento 2223/96, y prevé, por cierto, en el apartado 3 de su artículo 2, que el Consejo se pronunciará antes de finales de 1997 sobre la introducción del sistema de reparto de los SIFMI. 
Así pues, la propuesta de reglamento SIFMI que hoy se examina es, en definitiva, una adaptación técnica del documento SEC que responde a una lógica meramente contable. 
Este nuevo Reglamento permitirá medir mejor el PIB-PNB de cada uno de los Estados miembros y, además, mejorará, de modo significativo, la coherencia entre nuestro sistema contable y el de las Naciones Unidas. 
Este Reglamento tendrá dos consecuencias importantes. 
En primer lugar, permitirá medir mejor a largo plazo el PIB-PNB de cada uno de los Estados miembros. 
Añadiré que, de todos modos, este proyecto de Reglamento no tendrá ningún impacto en la elección de los Estados miembros que participarán en la Unión Económica y Monetaria. 
No sé si era necesaria esta aclaración. 
En segundo lugar, y tal como lo ha destacado muy acertadamente el Sr. Herman, mejorará sustancialmente la comparabilidad de las economías europeas, cosa indispensable para poder satisfacer en el futuro las exigencias que plantea en particular la gestión de la Unión Económica y Monetaria. 
Este acto legislativo, puesto que en este caso se trata de un Reglamento del Consejo, permitirá fijar el marco de referencia de las reglas contables en materia de desglose de los SIFMI. 
Pero la ejecución del desglose de estos SIFMI sigue siendo competencia de los Estados miembros, a los que corresponderá adaptar su sistema estadístico. 
Entonces su Asamblea propone dos enmiendas relativas al período de prueba de cuatro años para evaluar el método de cálculo. 
Puedo decirles que la Comisión está en condiciones de aceptarlas. 
En efecto, la Comisión reconoce que es útil instaurar un período de prueba obligatorio para todos los Estados miembros, con el fin de evaluar la eficacia del método propuesto antes de incluir definitivamente este nuevo método en los actos comunitarios. 
Cuatro años, señor Herman, usted ya dijo que era demasiado. 
Parece verosímil que debe aceptarse este plazo y que es aceptable, en la medida en que cierto número de países son muy reticentes ante la idea de introducir el método a corto plazo y, sobre todo, porque algunos países, como Alemania, Dinamarca y Finlandia, no disponen actualmente de los datos necesarios. 
Así pues, señor ponente, creo que es un plazo razonable y que podemos aceptar sus enmiendas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Lucha contra el fraude 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0287/97) , del Sr. Herbert Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario sobre el informe anual de la Comisión 1996 (COM (97) 0200- C4-0230/97) y su programa de trabajo para 1997/98 sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha contra el fraude (COM (97) 0199- C4-0231/97) 
Señor Presidente, Señorías, como quizás comprobarán, la comisión competente está representada aquí algo débilmente, pero algo que caracteriza al diligente Parlamento Europeo es que tengamos al mismo tiempo reunión de comisión y sesión plenaria. Espero que todos los ponentes de esta Asamblea tomen nota de lo diligentes que somos los diputados del Parlamento Europeo. 
El informe que se nos ha presentado sobre la protección de los intereses financieros y sobre la lucha contra el fraude y que les presento en esta Asamblea, es en muchos tramos un informe negativo en si. 
En el centro de mi análisis se encuentran consideraciones sobre un tema que no ha mencionado la Comisión con una sola palabra, es decir, la corrupción, la mala gestión y el fraude en las filas de las instituciones europeas. 
Me parece una desvergüenza presentar un informe de este tipo con tales lagunas en un momento en el que en nuestros distritos electorales los diputados somos preguntados diariamente sobre los casos de fraude en la burocracia de Bruselas. 
Como diputados elegidos directamente al Parlamento Europeo y, en consecuencia, como representantes de las y los contribuyentes, no podemos aceptar tales omisiones de la Comisión Europea. 
A más tardar desde el informe y las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el fraude en los procedimientos generales comunitarios, está claro que una de las causas centrales del muy elevado fraude en el presupuesto europeo consiste en que, por un lado, existe una competencia europea para el mercado interior y, por otro, 15 protectores más o menos fiables de este mercado interior que cooperan con métodos en parte casi medievales. 
Por ello, solamente se podrán superar las causas del fraude si las competencias se unifican a nivel europeo, resultado este al que llega también el informe final de esta Comisión de Investigación. 
Sabemos que existen aún muchos problemas hasta llegar a ello pero, en cualquier caso, una condición previa es que garanticemos que la Comisión Europea antes de transmitirle estas competencias, quede fuera de toda sospecha en las cuestiones relacionadas con un trato correcto de los fondos recaudados. 
Actualmente, no tengo este convencimiento. 
¿Cómo puedo aclarar a mis electores o de cualquier otro lugar de Europa que como diputado directamente elegido de esta Asamblea y además como miembro de la Comisión de Control Presupuestario, tras repetidas preguntas en reunión cerrada, ni la Comisión Europea ni la unidad antifraude UCLAF me hayan podido informar qué funcionario ha sido competente para una determinada firma para un determinado contrato? 
Es algo insostenible que nosotros, como la institución que debe controlar por definición la burocracia de Bruselas, tengamos que enterarnos por los artículos de la prensa del fraude de los fondos recaudados. 
Este es un error del sistema que debilita la credibilidad de la totalidad de la Comisión Europea y de la integración. 
Por ello, está claro que solamente podremos cumplir nuestra tarea como representantes del pueblo si disponemos por fin de los créditos necesarios para ello. 
En este contexto, es de importancia central la exigencia de un servicio europeo de investigación, cuya base puede ser posiblemente la actual UCLAF. 
En cualquier caso, además será necesario que: a) se conceda a los empleados de la UCLAF un status especial en el marco de la Comunidad con el objetivo de protegerles frente a presiones exteriores, b) la UCLAF obtenga una mayor independencia presupuestaria y c) la UCLAF responda políticamente frente a nuestra Asamblea. 
Ya en la fase previa de la construcción de un servicio de investigación de este tipo se debe asegurar que no pase lo mismo que en el caso de Europol, sobre la que el pasado domingo la Fiscalía federal alemana constató- cito de un periódico: » Este modo de política de unificación europea en el campo de la lucha contra el crimen pone en peligro el Estado de derecho». 
Espero que este informe, con las conclusiones que en él se contienen, suponga un paso importante y esencial hacia una mayor transparencia en Europa. 
Les ruego su apoyo. 
Señor Bösch, le he permitido que se excediera bastante en su tiempo de uso de la palabra porque creo que un ponente que ha trabajado seriamente sobre un tema debe tener la posibilidad de expresar algunos puntos de vista. 
Señor Presidente, considero que este asunto de la lucha contra el fraude y este seguimiento que llevamos a cabo también este año a través del excelente informe del Sr. Bösch, demuestran la capacidad de la Unión Europea de avanzar en dos sentidos: el de una mayor eficacia y el del mantenimientos de las características democráticas fundamentales. 
Me parece que éste es el punto; la reflexión que llevamos a cabo a lo largo de estos años y sobre todo en estos últimos años y meses, está encaminada a hallar uno de los medios para garantizar dicha eficacia en el ámbito de los instrumentos más avanzados de cooperación, concretamente, entre los órganos administrativos y de investigación, así como entre los órganos judiciales, en un marco, sin embargo, de control parlamentario y de control jurisdiccional fundamentales. 
Creo que al decir esto, sobre la base de la evaluación del presente año de este programa de trabajo, es preciso recordar los esfuerzos llevados a cabo por ese estudio llamado corpus iuris que, precisamente en la lucha contra el fraude, encuentra la necesidad de llegar a unificar las normas de Derecho penal substantivo y de Derecho procesal para permitir que los instrumentos que tenemos a disposición en nuestra construcción democrática, o sea, el Parlamento y el Tribunal de Justicia, participen a través de su función de control, en una acción que, por otra parte, sólo gracias a la unificación puede convertirse en eficaz. 
Es por esto, repito, que tenemos muy en cuenta que la apuesta en juego es la de ofrecer no sólo una respuesta a las exigencias de seguridad de los ciudadanos y a las necesidades de nuestra finanzas, sino también de construir un tejido democrático eficaz en lo que atañe más en general a la lucha contra la criminalidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridas y queridos colegas, Herbert Bösch lo ha dicho en su informe y también en la exposición aquí realizada: existe una insatisfacción en la Comisión de Control Presupuestario, no sólo por la lucha contra el fraude en general y en los Estados miembros sino también por nuestros contactos, nuestra cooperación con la Comisión y nuestro debate sobre cómo se debe organizar la lucha contra el fraude en diálogo con el Parlamento. 
Hay muchos ejemplos al respecto y no me voy a referir ahora a todos ellos. 
Sé que estamos sometidos a presión de tiempo. 
Se hablará sobre ellos en otro lugar. 
Sólo quiero llamar la atención sobre un aspecto: un resultado de la insatisfacción fue que la Comisión de Control Presupuestario ya hace varias semanas acordó dirigir al Presidente de la Comisión Santer una carta solicitando un encuentro. 
Hasta hoy no se ha respondido a esta carta. 
Esto no fortalece nuestra confianza en la cooperación con la Comisión. Esta actitud encaja también con la imagen que ha descrito el colega Bösch de que la Comisión habla de muchas cosas pero no lo hace gustosamente sobre las medidas que piensa adoptar cuando se trata de su propia posible implicación en el fraude y corrupción. 
No es el tema que ahora nos ocupa pero, sin embargo, lo saco a colación. 
En su comunicación sobre la lucha contra la corrupción, la Comisión se ha referido a muchas cosas pero no a la posible corrupción en su propia casa y esto es algo negativo. 
Nuestro punto de vista es el siguiente. 
No se trata de una aspecto negativo casual sino de un aspecto negativo que vemos cada vez más claro. 
¿Porqué no actúa la Comisión preferentemente allí donde ella misma tiene las cartas en la mano y donde puede predeterminar el ritmo y la dirección a seguir? 
Esta no es ninguna pregunta teórica o retórica. 
Nos preguntamos cada vez más porqué no actúa la Comisión en su propia casa. 
Sería un ejemplo para los Estados miembros, para el frecuentemente criticado control de la ejecución y también la con razón criticada ejecución de los controles en los Estados miembros. 
Sería mucho más creíble si usted diese ejemplo en su propia casa. 
Quiero mencionar otro ejemplo. 
En su programa de trabajo se anuncia por enésima vez que nos va a enviar una comunicación sobre la corrupción en los sistemas de preferencia aduaneros. 
Señora Comisaria, si se lee una vez suena muy convincente, pero esta es ya la tercera o cuarta vez que se encuentra en el programa de trabajo. 
Siempre se anuncia de nuevo. 
Sabemos que allí existe un gran problema y esto es algo que se encuentra en el ámbito de competencias de la Comisión. 
La Comisión ha prometido presentar una comunicación al Consejo y al Parlamento porque se trata de un problema urgente. 
Usted se refirió a ello como un problema urgente ¡hace años! 
El colega Bösch prepara una audiencia al respecto y le gustaría tener su comunicación como base de trabajo. 
Pero creo que la audiencia se ha retrasado ya en un año. 
Hasta ahora lo hemos hecho con paciencia y cortesía. 
Ahora lo hacemos solamente con cortesía pues nuestra paciencia se ha terminado. 
Presidente, yo también quisiera comenzar felicitando el informe del Sr. Bösch. 
Creo que si existe una materia en la cual no podremos hacer nunca lo suficiente, esa es la lucha contra el fraude y creo que el Parlamento Europeo tiene ahí que desempeñar un papel importante. 
Las cosas son de tal forma que ningún parlamento nacional puede controlar a la Comisión Europea o a otro órgano europeo cualquiera que sea, bajo cuya vigilancia o responsabilidad pueda producirse fraude. 
En este conjunto creo que es esencial el papel de la UCLAF. 
¿Cómo juzgamos el papel de la UCLAF? 
Mi grupo parlamentario es de la opinión de que no hay que crear ningún nuevo órgano a parte dentro de la Unión Europea. 
No es necesario, lo que sí es necesario es que la UCLAF tenga una posición muy independiente dentro de la Comisión. 
Una posición independiente que acaso sólo sea responsable ante el Presidente de la Comisión y que pueda ejercer con total independencia del directorado general de la Comisión cualquiera que sea. 
En este aspecto el control democrático es esencial y es por ello por lo que pienso que es necesario que de vez en cuando tenga lugar un debate especial sobre las actividades de la UCLAF en este conjunto. 
Si hablamos de lucha contra el fraude y constatamos que en ésta hay errores, es esencial que existan sanciones. 
Creo que la Comisión, la Comisión de Investigación, ha hecho unas observaciones dignas de defensa, y creo que la Comisión va a perseverar en ello, al menos esa es la impresión que tengo. 
También es importante que la Comisión, y eso también es competencia de la Comisión de Investigación, haga mayor uso del derecho en cuanto al 10 % que se les paga a los Estados Miembros para el ejercicio de control, sobretodo a las fronteras exteriores. 
Si esto no se hace bien, ese 10 % puede llegar a ser cuestionado alguna vez. Esto es algo, pienso, que la Comisión debería tener en mayor consideración para llevarlo a la práctica. 
Señor Presidente, ya se han dicho muchas cosas. Por tanto voy a concentrarme en la corrupción interna. 
Existe un número de casos que demuestra que evidentemente también hay corrupción y fraude dentro de la Comisión Europea, lo cual es naturalmente grave. 
A pesar de ello, estas cuestiones no se abordan en el programa de trabajo de la Comisión, lo cual considero un grave error. 
¿O es que tal vez se quiere echar tierra sobre el asunto? 
Por este motivo tenía pensado presentar una serie de enmiendas, pero lamentablemente se me ha pasado el plazo, y por ello presento una enmienda oral muy sencilla. 
Mi intención es añadir algunas palabras al apartado nº 11, mediante una mayor transparencia e información. 
El apartado 11 quedaría así redactado: " considera que sólo mediante una mayor transparencia e información y una autoridad judicial europea independiente etc., se puede abordar de manera correcta el fraude y la corrupción internos en el seno de las instituciones europeas». 
Pienso que precisamente es a través de la apertura y de la información como se neutralizaría el riesgo de que se produzcan irregularidades. 
No podemos eliminarlo, pero constituiría un paso en la dirección correcta. 
Me gustaría conocer la opinión de la Comisaria Gradin sobre la enmienda. 
Finalmente, agradezco a la Sra. Wemheuer su enmienza nº 1, que recibirá el apoyo del Grupo de los Verdes. 
Naturalmente, también doy las gracias al Sr. Bösch por su informe. 
Señor Presidente, la planificación de fechas ha sido realmente algo difícil. 
No solamente se reúne a la misma hora la Comisión de Control Presupuestario sino también el comité seguidor de la EEB. 
Acabo de abandonar el debate con el Presidente Santer para poder utilizar esta ocasión. 
El colega Bösch, a quien tenemos que felicitar por su excelente informe ha criticado con razón la falta de una mejor cooperación entre la Comisión y el Parlamento Europeo en muchos sectores sensibles, en especial, también en esta cuestión que es de gran interés para nuestra población, es decir, saber qué pasa realmente con el dinero de Europa y sobre todo si se emplea correctamente. 
En algunos aspectos podemos apoyar plenamente al colega Bösch, quien ha analizado muy críticamente la actividad de la Comisión y, en algunos aspectos, también la de la UCLAF. 
Me voy a referir por segunda vez al comité seguidor de la EEB: se ha revelado que no en último lugar debido al trabajo de la UCLAF se han podido descubrir, por ejemplo, las exportaciones de carne de vacuno del Reino Unido a la Comunidad a través de la llamada Irish Connection, por lo que visto de este modo puede ser y es realmente efectiva. 
Por ello, pienso que debe radicar en interés de todos nosotros que prosigamos con el fortalecimiento de los instrumentos existentes. 
Junto a todas las cosas sobre las que ya se ha hablado, a la larga considero irrenunciable que en el campo del derecho penal nos ocupemos de los hechos relacionados con fraudes de fondos comunitarios. 
Precisamente ante la imagen que tenemos de la Comunidad, no queremos que ésta se inmiscuya siempre y en todos los lugares en campos originariamente estatales. 
Pero no debemos renunciar allí donde es necesario e imperativo en servicio de la corrección financiera. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho del problema que tenemos hoy en la organización de comisiones y de plenos, ya que en estos momentos estábamos precisamente en la Comisión de Control Presupuestario, que es la que debe atender este asunto. 
Quisiera aprovechar- ahora que contamos con intérpretes, con buenos intérpretes- para ver si por fin el Sr. Bösch y yo nos ponemos de acuerdo sobre el contenido de las dos enmiendas que presento. 
Por un lado, señor Bösch, la primera enmienda que presento trataría de encargar a la Comisión de Control Presupuestario de este Parlamento que presente un informe sobre la independencia, el papel y el estatuto de la UCLAF y, por otro lado, un informe sobre los procedimientos judiciales encaminados a garantizar la protección de las finanzas comunitarias. 
Parece ser que con esto no hay problema; lo había sobre la ubicación de la enmienda, pero entiendo que debe ir entre el apartado 12 y el 13. 
Respecto a la segunda enmienda, lo que yo añado a ese apartado tercero es, en la tercera línea, que ese informe que encargamos a la Comisión Europea esté de acuerdo con las orientaciones que formule el Parlamento Europeo, o sea, con el informe que antes habremos confeccionado nosotros en la Comisión de Control Presupuestario. 
Y en la última línea de este apartado 13, añado «en las instituciones comunitarias». 
O sea: » revisando la cadena de responsabilidades y los supuestos casos de corrupción y fraude internos en las instituciones comunitarias». 
Es decir, aquí ya no hablo solamente de fraudes que se hayan llevado a cabo en Estados miembros o de fraudes que pueda haber en la Comisión. 
No. 
Incluyo todo tipo de fraudes que pueda haber en las instituciones europeas. 
¿Por qué? 
Pues porque muchas veces comprobamos que la colaboración de alguien de las instituciones ha facilitado que nosotros no nos hayamos enterado de un fraude. 
Como me quedan todavía 15 segundos, señor Presidente, quisiera resaltar la importancia que tiene el trabajo que ha llevado a cabo la Comisión de Control Presupuestario, y que, con la ayuda del voto posterior del Parlamento, se han conseguido grandes avances. 
Aquí el único problema que tenemos- y acabo ya- es que la división del espacio jurídico que continúa en Europa es lo que impide que se pueda llegar hasta el final. 
Mientras los Estados no se den cuenta de que las bandas son internacionales y de que, por tanto, necesitamos hacer un solo espacio jurídico, mientras esto no se consiga, no avanzaremos. 
Señor Presidente, hay que gestionar eficazmente el dinero de los contribuyentes de modo que se les proteja del fraude y de las irregularidades. Ésta ha sido siempre la intención de la Comisión. 
Permítame también reafirmarme, señor Presidente, en que me he esforzado por mantener unas buenas relaciones con la comisión parlamentaria. Siempre he estado presente para las consultas y con ocasión de las reuniones que ha celebrado aquélla. 
Al mismo tiempo hace una crítica de lo escasos que son los medios de que disponemos para llevar adelante estos trabajos. A continuación, el informe presenta diversas propuestas de mejoras. 
Me parece un buen procedimiento de trabajo. Por mi parte, estoy abierta a propuestas nuevas de signo constructivo. 
En primer lugar, unas palabras sobre la exposición de motivos. 
Es cierto que el número de casos de fraude e irregularidades descubiertos en 1996 ha sido menor que en años anteriores. 
Con todo, hemos comprobado que la suma total sigue estando a un nivel elevado inaceptable. Esto se aplica tanto al sector de gastos como al de ingresos. 
En lo concerniente a la agricultura, esperamos que disminuya el fraude a medida que las ayudas pasen de aplicarse a los precios a destinarse a las ayudas directas a los agricultores en concepto de ingresos. 
El informe anual confirma que el crimen organizado es responsable de una gran parte de las infracciones cometidas con fondos de la UE. 
Esto demuestra claramente que debemos disponer de la posibilidad de luchar contra el fraude y la mala gestión de un modo más sistemático y coordinado, tanto en los Estados miembros como dentro de la Comisión. 
Son los Estados miembros los que de un modo inequívoco detentan la responsabilidad sobre el sector de los ingresos del presupuesto de la UE. También la detentan sobre el 80 % de los gastos. 
En consecuencia, me preocupa mucho que ni siquiera uno de los Estados miembros haya ratificado el Convenio para la protección de los intereses financieros de la UE. Lo mismo sucede con los dos protocolos adicionales sobre la cooperación jurídica y la corrupción. 
Esto es necesario para que sea posible presentar pruebas ante un tribunal y para poder demandar e incoar procesos contra personas sospechosas de ser fraudulentas y malversadoras de fondos. Algunas de estas ideas se encuentran en el estudio sobre el corpus juris llevado a cabo por el Parlamento. 
Estoy muy de acuerdo en que hay que seguir prestando atención a estas cuestiones desde una perspectiva técnica y constitucional, y también en base al Tratado de Amsterdam. Pero, lamentablemente, el Tratado no tiene en cuenta estas necesidades. 
También voy a referirme al papel y la función de la UCLAF. 
En primer lugar, la UCLAF tiene un caracter independiente: Es absolutamente necesario que la Comisión tenga este tipo de capacidad investigadora que representa la UCLAF para poder investigar los casos de fraude y de mala gestión financiera. 
Se nos plantearían graves problemas jurídicos y constitucionales si dependiésemos de instituciones externas para investigar los casos de sospecha de fraude dentro de la Comisión. 
Para reforzar aun más la autonomía de la UCLAF, la Comisión está reflexionando sobre la posibilidad de transformarla en una task force. 
El Parlamento también ha debatido sobre la posibilidad de dar unas competencias formales a la UCLAF en indagaciones que afecten a otras instituciones de la UE. 
Esto ya ha sucedido, y se ha pedido a la UCLAF que prestara ayuda en determinadas investigaciones. 
En este sentido quiero asimismo señalar la autonomía de cada institución y su responsabilidad única sobre sus propias finanzas. 
Con ésta va aparejada la responsabilidad de la lucha contra el fraude y la corrupción en sus actividades. 
En caso de sospecha de irregularidades cometidas dentro de la Comisión, estamos obligados a seguir las normas para el personal administrativo y el protocolo de inmunidad especial. 
También debemos respetar el derecho fundamental de todo funcionario a defenderse contra este tipo de acusación. 
Pero no tenemos absolutamente ninguna intención de echar tierra sobre lo que haya podido producirse dentro de la Comisión. 
Es evidente que toda decisión de la Comisión en una cuestión disciplinaria debe poder ser admitida por parte del Tribunal de Luxemburgo. 
Asimismo, la Comisión concede un gran peso específico a estas cuestiones y a la necesidad de seguir correcta y detalladamente cada uno de los posibles casos. 
Las nuevas disposiciones para los controles sobre el terreno, controles on the spot, abren la posibilidad a la UCLAF de poner en marcha investigaciones por propia iniciativa. 
Éste es un claro paso adelante, pero seguimos encontrando dificultades para la cooperación jurídica, por ejemplo en cuestiones de admisión de pruebas y de jurisdicción. 
Espero que el Consejo se ocupe de estos problemas. 
También voy a decir algunas palabras sobre el modo en que se han organizado los trabajos de la Comisión en torno a la lucha contra el fraude. 
Es importante tomar nota de las críticas que se han expresado. 
Por eso en la Comisión hemos seguido la propuesta del Parlamento de crear una unidad especial para tramitar las sospechas de fraude en los programas Phare, Tacis y (SV) Meda, así como en otros proyectos de ayuda al desarrollo. Esto es especialmente importante cara a la ampliación de la Unión. 
Los preparativos para la adhesión de los nuevos Estados de Europa del Centro y del Este significan que van a tenerse que conceder unas ayudas significativamente mayores. 
Ya se ha designado más personal a este fin, pero hemos de estar preparados para los grandes problemas que nos esperan en los países receptores en este ámbito. 
La Comisión ha reaccionado positivamente a las ideas de cooperación jurídica, la legal interfaces. 
Lo mismo se aplica a la propuesta de creación de una unidad especial de presentación de información sobre fraudes cometidos en el sector aduanero. 
En base al informe de la comisión parlamentaria pertinente sobre el tránsito, la Comisión ha incluido estas recomendaciones en el nuevo programa de trabajo. 
Comparto la idea de que es preciso dar a la UCLAF un papel en esta cuestión. 
Es importante que fiscales y jueces reciban toda la ayuda necesaria para que se produzca una colaboración jurídica eficaz en Europa. 
Puesto que carecemos de una unión aduanera europea única, es muy necesario que se produzca un intercambio eficaz de información entre los órganos aduaneros nacionales. 
De esto estamos convencidos mi colega, el Comisario Monti, y yo misma. 
De otro modo no vamos a poder luchar contra el fraude y la mala gestión en Europa. 
No obstante, esto exige unos medios mayores. Se pueden conseguir a través de una redistribución de los fondos existentes, o haciendo que las instituciones responsables del presupuesto destinen medios a las nuevas ramas de servicios. 
El Presidente Santer ha sido muy claro a este respecto. 
En el turno de preguntas del parlamento de 15 de abril de este año explicó que los trabajos de la UCLAF no pueden ampliarse exclusivamente a través de una redistribución de medios, y que se necesita una decisión para concederles nuevos fondos. 
La Comisión da la bienvenida a los progresos realizados en Amsterdam en lo referente al fundamento jurídico para la lucha contra el fraude y las irregularidades. 
El nuevo y mejorado artículo 209a, artículo 280 en el nuevo Tratado, hace posible una lucha eficaz y equilibrada contra el fraude en todos los Estados miembros. 
Se adoptará una decisión por mayoría cualificada sobre el tema en el Consejo, y el Parlamento va a participar en todo el proceso. 
Creo que esto es una clara mejora. 
Tan pronto como se haya ratificado el nuevo Tratado, la Comisión podrá naturalmente empezar a hacer uso de su derecho a adoptar iniciativas también en este ámbito. 
Yo también lo siento porque la reunión paralela de la Comisión de Control Presupuestario, desgraciadamente, no ha hecho posible la presencia de todos los Srs. colegas que podrían estar en la sala en un debate tan importante. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.15 horas se reanuda a las 21.00 horas) 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B4-0524/97). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
No existe una propuesta como aquella a la que se ha referido Su Señoría en su pregunta. 
Lo que está actualmente en examen- y subrayo: en examen- es la abolición de la llamada norma de no discriminación, plasmada en algunos sistemas de pago. 
Dicha norma prohíbe a los comerciantes imponer a los clientes un recargo por utilizar el medio de pago ofrecido por su sistema de pago. 
Eso significa un recargo sobre el precio de venta del producto suministrado o del servicio prestado. 
La cuestión que está en examen se refiere a la compatibilidad de la norma de no discriminación con las normas de la competencia de la UE. 
Si la Comisión adopta una posición acerca de la abolición de las normas sobre no discriminación respecto de un sistema nacional de pago determinado, se aplicará, naturalmente, en todos los Estados miembros en que esté implantado el sistema. 
Por lo que se refiere a Suecia, ya abolió la norma de no discriminación en 1995. 
Lo mismo se puede decir de otros Estados miembros. 
Sólo formularé una pregunta suplementaria muy breve. 
Me satisface que todo esto esté solamente en " fase de estudio» , puesto que se trata de una cuestión de gran importancia para el consumidor europeo. 
Creo que éste reaccionaría muy mal si se llevara a término la propuesta, al menos del modo en que la ha descrito la prensa sueca. 
Mi pregunta suplementaria es: ¿Hasta dónde se ha llegado en estas reflexiones? 
¿Se puede esperar que la Comisión presente una propuesta durante el próximo año, o se hará más adelante? 
Ésta era sencillamente mi pregunta. 
Vuelvo a decir que no va a haber una propuesta en el sentido clásico del término. 
Al final del procedimiento, podría haber, en su momento, una posición adoptada por la Comisión a partir de las normas de la competencia para abolir la norma de no discriminación. 
De momento está en examen. 
Examinaremos este asunto con las autoridades nacionales competentes en materia de competencia inspirándonos en la experiencia existente en algunos Estados miembros. 
Como he dicho antes, Suecia ya ha abolido la norma de la no discriminación y antes lo había hecho Gran Bretaña y, al parecer, las organizaciones de consumidores están muy satisfechas por ello. 
También la han abolido los Países Bajos y otros dos Estados miembros. 
Las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros interesados- Finlandia e Irlanda- están examinando también activamente la posibilidad de abolir la norma de no discriminación. 
La situación es un poco más confusa en otros Estados miembros y los demás siguen manteniendo esa norma. 
Si examinamos la situación en los diferentes Estados miembros, vemos un panorama bastante complicado. 
Creemos que se debe examinar y, al final de ese proceso, la Comisión debe llegar a una conclusión. 
Después, en su momento, la Comisión adoptará una decisión, no a partir de una propuesta, sino como las autoridades en materia de competencia y nosotros mismos solemos hacer. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 31 caduca. 
Pregunta nº 32 formulada por Julio Añoveros Trias de Bes (H-0709/97): 
Asunto: Comercio de bebidas entre Estados miembros 
¿Permite el Derecho comunitario que unas empresas compren bebidas refrescantes en un Estado de la Unión y las vendan en su Estado manteniendo el etiquetaje original? 
¿Cuál es la posición del distribuidor oficial de la marca de bebidas del Estado en que se venden estas bebidas importadas? 
¿El hecho de que estas bebidas estén etiquetadas en otro idioma puede provocar algún riesgo para la salud de los consumidores del Estado en que se venden las bebidas, aunque éstas tengan una reconocida presencia internacional en los mercados? 
El etiquetado de los productos alimenticios, incluidas las bebidas refrescantes, está reglamentada a nivel comunitario por la Directiva 79/112. 
Esta Directiva precisa, en su artículo 14, que las menciones que deben figurar obligatoriamente en el etiquetado han de aparecer en una lengua fácilmente comprensible para el comprador. 
Se trata de asegurar una buena información del consumidor respecto a todas las características del producto que compran, y por tanto, evitar cualquier riesgo para la salud. 
Esta disposición fue objeto de una interpretación en el marco de una comunicación de la Comisión en 1993. 
En esta comunicación, se precisó que una lengua oficial del Estado miembro de comercialización es, en principio, una lengua que garantiza una buena comprensión del etiquetado por el consumidor. 
El control de la buena aplicación de estas disposiciones es competencia de los Estados miembros. 
Las autoridades de control de los Estados miembros examinan caso por caso si el etiquetado de los productos puestos en venta en su territorio es fácilmente comprensible por los compradores. 
Asimismo, hay que precisar que la reglamentación comunitaria permite la utilización de varias lenguas en un mismo etiquetado. 
En conclusión, las bebidas compradas en un Estado miembro para ser revendidas en otro Estado miembro sólo pueden conservar su etiquetado de origen si la mención que figura en éste es comprensible para el consumidor del Estado miembro de comercialización. 
Señor Presidente, no deseo volver a preguntar porque la respuesta del Comisario me ha satisfecho plenamente. 
En primer lugar, doy las gracias a la Comisaria Gradin por su respuesta, y le aseguro que en lo tocante a la ratificación de Europol no tengo ningún problema a la hora de trabajar para que todos los países lo hagan, todos en los que yo pueda influir. 
También observo que la respuesta que da la Comisaria es distinta de la que la prensa ha publicado en torno al resultado del referéndum celebrado en Suiza y de su repercusión. 
Estoy convencido de que su respuesta se basa en datos correctos. 
En tal caso, no parece que exista un riesgo inminente de que se puedan entrar estupefacientes en la Unión Europea por esta vía. 
Pero es importante y beneficioso que la Comisión esté atenta a los lugares de donde puede provenir este riesgo, para que se adopten acciones en un estadio temprano si es que hay motivos para creer que podrían introducirse estupefacientes en la Unión Europea con mayor facilidad como consecuencia del tipo de cuestiones que se hicieron valer con motivo del referéndum. 
Me quedaba un segundo de tiempo de uso de la palabra cuando el Presidente me la ha quitado. 
Le agradeceré al Presidente que no me interrumpa antes de que expire mi tiempo. 
El motivo de la urgencia de la ratificación de Europol es que cuando la ocasión se presente, sea viable una cooperación policial más allá de las fronteras. 
En este sentido también soy consciente de la posibilidad de cooperar con las autoridades suizas en el ámbito del comercio de estupefacientes. Creo que esta cooperación resultaría valiosa. 
Señor Presidente, señora Gradin, en primer lugar muchas gracias por haberse comprometido tanto con EUROPOL. 
Mi deseo es el siguiente: Suiza no es para nosotros solamente un peligro en lo que se refiere a las drogas sino también en otro campo. 
Especialmente en Alemania se ha desatado una campaña salvaje en contra el euro y muchas personas pobres, por ejemplo, jubilados, reciben cartas de Suiza en las que les dicen que coloquen su dinero en Suiza para evitar el peligro del euro. 
Al mismo tiempo, se les ofrecen fondos de inversión que prometen réditos del 30 % y esto no existe sencillamente en la economía. 
Este es el comienzo de pirámides que se construyen en Suiza exactamente como en su día hubo pirámides en los diversos países liberados. 
Señora Gradin, ruego que se haga aquí algo seriamente para advertir a la gente. 
Pregunta nº 34 formulada por Anita Pollack (H-0736/97): 
Asunto: Incendios forestales en Indonesia 
¿Está evaluando la Comisión los efectos generales a plazo medio y largo que tendrá la catástrofe medioambiental que se está produciendo en el Sudeste asiático como resultado de los incendios forestales y de la sequía? 
¿Qué medidas piensa proponer al respecto? 
Señor Presidente, Señores diputados, la Comisión y las representaciones de los Estados miembros en Yakarta han formado una comisión común de especialistas de la Unión Europea. 
Esta comisión está formada por expertos en temas de incendios forestales en distintos programas de la Comisión y de los estados miembros de Indonesia. 
La labor de este grupo de especialistas es, mientras sea necesario, proporcionar información y aconsejar al gobierno local, seguir de cerca la situación y evaluarla diariamente, estimar las posibles necesidades, como por ejemplo, en cuanto al equipamiento para la extinción de incendios, así como la mejora de la efectividad de las medidas que toma el gobierno local. 
En esta fase, la comisión evalúa la repercusión, a medio y largo plazo, de los desastrosos incendios forestales a nivel regional y mundial; que se agrava por el fenómeno " El Niño». 
Este es uno de los trabajos de este grupo de especialistas de la Unión Europea. 
Lo mismo cumplirá, sin ninguna duda, el grupo competente que ha llegado recientemente a Yakarta para la evaluación de los desastres y la coordinación de las Naciones Unidas. 
La Comisión está dispuesta a ayudar al gobierno y a las poblaciones locales de cualquier forma posible que se le solicite; naturalmente, en los límites de sus competencias. 
Permítaseme preguntar a la Comisión, en vista de su alentadora respuesta, si el comité abordará los efectos del clima en Europa y localmente. 
Éste es tal vez uno de los mejores ejemplos que tenemos de algo que agrava el problema del cambio climático y se debe a las consecuencias del problema que representa el cambio climático en primer lugar. Por ello brinda una posibilidad única para intentar averiguar qué está sucediendo exactamente. 
¿Conocen también la Comisión y su comité de expertos los problemas que arrostrará probablemente nuestro clima aquí, en Europa, en los próximos años a consecuencia de algo que es similar a una erupción volcánica? 
Señor Presidente, quisiera asegurar a la Sra. Pollack que realmente, tal como he mencionado también en mi contestación, la Comisión Europea dirigirá sus esfuerzos y sus investigaciones para determinar exactamente las consecuencias que tendrán este fenómeno y los incendios en esta zona de Indonesia en todos los estados, a nivel mundial y, por supuesto, también en la Unión Europea. 
Y claro que compartimos las inquietudes de la Sra. Pollack en cuanto a que, eventualmente, haya consecuencias de este tipo. 
Pero, en cualquier caso, quiero asegurarles una vez más, que los especialistas encaminarán sus esfuerzos también en esta dirección, es decir, con vistas a determinar cuáles serán las consecuencias futuras en Europa. 
Pregunta nº 35 formulada por Caroline Jackson (H-0717/97): 
Asunto: Supresión de los fondos destinados a CMAF 
La Comisión anunció en el mes de agosto que había anulado la convocatoria para la presentación de propuestas de acción en favor de las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y las fundaciones (CMAF, 96/C 246/15). 
La Fundación Europea de Osteoporosis fue informada de esta decisión mediante carta de 18 de agosto de 1997, aunque había presentado una solicitud a la Comisión (DG XXIII) en diciembre de 1996 y no había sido informada de ninguna posible supresión de fondos cuando estableció contacto con la Comisión en marzo y junio de 1997. 
¿Puede la Comisión indicar las razones por las que la acción en favor de CMAF ha sido cancelada y qué ha ocurrido con los fondos correspondientes? 
Señor Presidente, comprendo y comparto la decepción de los responsables de los distintos proyectos que, a pesar de la labor que han realizado para preparar sus propuestas, no se han financiado. 
La convocatoria para la presentación de propuestas a que se refieren los dos miembros del Parlamento se publicó el 24 de agosto de 1996 y se unió a la propuesta de la Comisión sobre la decisión del Consejo relativa al programa de acción plurianual- les recuerdo que concernía a los años 1994 hasta 1996- en favor de las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y las fundaciones, es decir, de todo el sector que llamamos economía social. 
Desgraciadamente, hasta finales de 1996 esta propuesta no fue corroborada por el Consejo de Ministros. 
Pero mientras tanto, como ya sabrán, y según la decisión sobre medidas provisionales del Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 24 de septiembre de 1996, se puso en tela de juicio la legalidad de los gastos que realiza la Comisión y que no están basados en decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros. 
Por consiguiente, la Comisión se vio obligada a encontrar una solución adecuada para la financiación de los proyectos que se habían presentado en el marco de la convocatoria para la presentación de propuestas. 
Con este objetivo, la Comisión retiró primero su propuesta de un programa de acción plurianual 1994-1996 al que se había referido la convocatoria para la presentación de propuestas y, a continuación, anuló esta misma propuesta. 
Al mismo tiempo, la Comisión había aprobado para 1997 la financiación de doce proyectos que fueron elegidos entre los que se habían presentado en el marco de la convocatoria para la presentación de propuestas. 
Todo esto sucedió el 29 de julio de 1997. 
En agosto de 1997, los servicios de la Comisión enviaron una carta a todos los interesados cuyas solicitudes habían sido rechazadas, para explicarles cómo estaban las cosas. 
Tanto por distintas reacciones presentadas por escrito, como por sus preguntas, me doy cuenta de que las razones de la anulación no fueron expuestas satisfactoriamente. 
En este momento, dirigiéndome a la Sra. Jackson, querría decir que la decisión de la Comisión relativa a la anulación se tomó el 29 de julio de 1997 y que, por consiguiente no era posible dar ninguna contestación más clara, en marzo o en junio de 1997, es decir, cuando los responsables de la Fundación se pusieron en contacto con los servicios de la Comisión, a dicha Fundación, que había solicitado la financiación del proyecto de la propuesta que había presentado. 
Y además, señor Presidente, me va a permitir, a pesar de que no se encuentre en la sala el Sr. Killilea, que diga que las razones para la no elección de un proyecto de financiación son siempre las mismas: o bien no se cumplen los criterios de la convocatoria para la presentación de propuestas, o bien los proyectos no son los mejores desde el punto de vista de la calidad o de los costes. 
Como ejemplo voy a decir que en cuanto a la propuesta de la Fundación para la Osteoporosis, a la que se refiere la Sra. Jackson, se consideró que no tenía relación con las cuestiones de economía social y que se ocupa más de temas que toca la política de salud pública. 
Entonces, ya que, como he explicado no hay relación entre la anulación de la propuesta de presentación de proyectos y el rechazo de un proyecto, no considero correcto sacar a relucir cualquier tema sobre indemnizaciónes. 
Creo, y estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo en que la Comisión no debe correr con los gastos de preparación de los dossieres de cuantas compañías u organismos hayan presentado, sin éxito, una solicitud de financiación. 
¡Pobres de nosotros si esto sucediera con todas las propuestas y solicitudes que se presentan a la Comisión Europea en todos los sectores! 
En cuanto a la pregunta, más general, de cómo dispone la Comisión del capital que se prevé en el presupuesto para la economía social, querría decir que la Comisión tiene la intención de someter una propuesta al Consejo para un programa plurianual de acción para los años 1998-2000.En este marco, pues, decidió financiar con el presupuesto de 1997 y, más concretamente, con los créditos de la línea B5-321, o sea, el capital que concierne especialmente a la economía social, aparte de los doce proyectos que fueron elegidos en base a la convocatoria para la presentación de propuestas, algunas nuevas acciones preparatorias. 
El objetivo principal de estas acciones es exactamente fomentar el sector de la economía social, las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y las fundaciones, de tal forma que mejore su eficacia operacional para poder desempeñar un papel básico en la lucha contra los problemas que se surgen especialmente en esta época a causa del creciente desempleo. 
Ha sido una respuesta bastante confusa. 
No sé si podría pedir simplemente al Comisario que confirme que al final de 1996 el programa de que estamos hablando no había sido aprobado por el Consejo de Ministros, pero que, aun así, la Comisión decidió financiar doce proyectos con cargo al programa que no había sido aprobado. 
Su respuesta ha sido confusa a ese respecto. 
Si al final de 1996 el Consejo no había aprobado la decisión, ¿por qué seguía su oficina escribiendo a la Fundación Europea de Osteoporosis e informándola en marzo de 1997, por mediación de la SDG XXIII, de que en junio de 1997 tendría noticias de la Comisión? 
Si se había anulado el programa, ¿por qué seguían ustedes animando a la presentación de solicitudes? 
¿Por qué dice usted que no se debería compensar financieramente a una organización a la que se animó a que presentara una solicitud con cargo a un programa que se había anulado? 
¿Y qué esperanza se puede infundir a una organización como ésa en el futuro, cuando es probable que la propia junta de la organización diga: » ¿Para qué vamos a molestarnos en solicitar algo que está tan mal gestionado? »? 
Señor Presidente, querría contestar a la distinguida Sra. Diputada que, de hecho, la Comisión Europea esperaba que, hasta finales de 1996, el Consejo de Ministros aprobara el programa plurianual en favor de la economía social, e inmediatamente después, los meses siguientes, continuamos esperando que, en los primeros meses de 1997, el Consejo lo aprobara, aun con retraso, para poder explotar los créditos de que dispone el Consejo para la economía social en una base legal aceptable. 
Pero no fue posible. 
Por esta razón, también mi oficina, dirigiéndose a la organización a la que se refiere, la institución para la osteoporosis, le dijo que, en los meses siguientes, le informaría de cuál sería exactamente el desarrollo. 
La decisión de la Comisión de retirar el programa plurianual para la economía social se tomó en julio de 1997 y la comunicación oficial fue a principios de agosto de 1997 y se publicó oficialmente en todos los documentos oficiales de la Comunidad. 
Pero por la misma época debíamos tomar también una decisión política sobre la continuación de determinados proyectos que concernían a la economía social. 
Por esto, pues, tras anularse la convocatoria de interés se decidió financiar los doce proyectos. 
Y, para que no hubiera quejas por parte de aquellos que habían manifestado interés, se eligieron doce de los 173 para los que habían sido llamados a presentar solicitudes. 
Sin embargo, en cuanto a la institución concreta para la osteoporosis, la razón de la anulación de la solicitud de financiación de este programa fue que esta misma institución para la osteoporosis había hecho una propuesta, presentando una solicitud a la Comisión Europea, con acciones que no tenían ninguna relación con la economía social, tenían, sin embargo con otros sectores, con los programas que conciernen a la salud pública. 
No tenían que ver con el sector de la economía social. 
Por estas razones se excluyó su demanda. 
En todo caso, si existen instituciones equivalentes que sean realmente activas en el sector de la economía social y que cumplan los criterios que refiere el mismo presupuesto del Parlamento Europeo en la línea correspondiente para el programa en favor de la economía social, y especialmente en las notas de la línea B5-321, en donde se da cuenta de las condiciones de la financiación de estas labores, es decir, que realmente fomenten el funcionamiento de la economía social, creen puestos de trabajo, den su aportación a la mayor competitividad de estas instituciones cuando se activen en el marco de la libre economía, entonces sí, la financiación se puede realizar. 
En el caso concreto, sin embargo, y especialmente en cuanto a la institución para la osteoporosis a la que usted se refiere, no había tal posibilidad, desde el punto de vista, repito, de que las propuestas se relacionaban con la salud pública y no con la economía social. 
En lugar de intentar pasar la culpa al Consejo, como nos gusta hacer a todos, ¿convendría la Comisión en que se trata de un caso de grave desorganización? 
En primer lugar, convocar una licitación para algo que no ha recibido la aprobación del Consejo me parece increíble, por no decir algo peor, y, en segundo lugar, alentar a una organización que trabaja claramente en el sector de la salud pública a presentarse a una licitación que se refiere también a la economía social me parece también un caso de buena intención tal vez, pero, aun así, revela una grave desorganización. 
¿Reconocerá el Comisario que no es ésa la forma de intentar apoyar programas que tal vez todos podríamos desear apoyar, pues el resultado es, sencillamente, pésimo? 
Señor Presidente, para empezar querría aclarar que las instituciones activas que presentan propuestas en el sector de la salud pública tienen la posibilidad de presentar las mismas propuestas para los programas equivalentes de la Comisión Europea y de la Unión Europea que están encaminados hacia la salud pública. 
La economía social tiene relación con las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones, las uniones, las cooperativas que actúan en el marco del libre mercado y de la economía. 
El programa de la economía social, tal como el mismo Parlamento Europeo ha apoyado en repetidas ocasiones y como él mismo ha vinculado a la Comisión Europea en cuanto a la ejecución de los créditos del presupuesto de la línea B5-321, dice muy claramente en qué dirección se podrían encaminar estos créditos. 
La Comisión Europea no podía alejarse de este marco, por mucho que lo quisiera. 
En este caso no podía salirse de este marco. 
Ahora, en cuanto al programa plurianual, de hecho no fue aprobado por el Consejo, a pesar de los repetidos y constantes esfuerzos en las últimas Presidencias y, especialmente, durante toda la Presidencia Holandesa. 
Tuvimos esperanzas, incluso hasta la primavera de 1997, en que podrían aprobar este programa. 
A pesar de todo, no fue aprobado. 
Sin embargo, ya había expirado el plazo relativo a este programa. 
Les recuerdo que el programa llegaba hasta finales de 1996. 
Tuvimos esperanzas también durante los primeros meses de 1997 y no hubo progreso alguno. 
Seguiremos tratando de presentar un nuevo programa plurianual que se referirá a los años 19982000. 
En el periodo intermedio, sin embargo, existían los fondos del presupuesto que el propio Parlamento Europeo ha inscrito- y quiero dar las gracias una vez más al Parlamento por esta iniciativa política y por la vinculación política que contrajo- existían, entonces los créditos disponibles que se debían hacer efectivos según la disposición política que había expresado el Parlamento. 
Y fue exactamente esta recomendación del Parlamento la que seguimos para financiar algunos de estos programas- doce de ellos- los cuales no se sitúan en el programa plurianual, ya son autónomos y, por supuesto, por otro lado, asumimos la obligación de financiar determinadas acciones piloto que prepararían la presentación de un nuevo programa plurianual para la economía social. 
Repito que la Comisión Europea, especialmente en el sector de la economía social, justamente por los problemas que se presentan en el Consejo y por la debilidad que tiene el Consejo para alcanzar una adopción de base legal. Desea colaborar estrechamente con el Parlamento y no sólo esto. 
En este caso concreto seguimos fielmente sus órdenes 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 36 caduca. 
Pregunta nº 37 formulada por Ivar Virgin (H-0724/97): 
Asunto: Dominio estatal del mercado de la electricidad 
En su propuesta «una nueva ley de la electricidad» (96/97: 136) el Gobierno sueco propone que se introduzcan nuevas disposiciones que tienen como objetivo otorgar a la empresa estatal Svenska Kraftnät la concesión exclusiva para la instalación de nuevas líneas para las conexiones con las redes de otros países y también ha propuesto que se introduzca un sistema de notificación para que los productores de energía eléctrica puedan utilizar los nuevos cables. 
¿No es contraria esta medida al artículo 30 del Tratado CE sobre libre circulación de mercancías y no constituye una discriminación de los intereses extranjeros, de conformidad con el artículo 37 sobre monopolios estatales de carácter comercial? 
Señor Presidente, el funcionamiento del mercado interior de electricidad en la Unión Europea está regulado por la directiva 96/92/CE del 19 de diciembre de 1996 relativa a las normas comunes sobre el comercio interior de la electricidad. 
Esta directiva en concreto entró en vigor el 19 de febrero de 1997. 
Suecia tiene dos años de plazo para poner en vigor las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que son necesarias para ajustarse a esta directiva. 
La Comisión Europea colabora estrechamente con todos los Estados miembros para asegurar la oportuna y correcta aplicación de la directiva. 
Esta colaboración se materializa por medio de encuentros bilaterales con las administraciones nacionales, entre otros, con instituciones legislativas, así como por medio de reuniones multilaterales con todos los Estados miembros. 
La directiva determina las normas que tienen relación con la organización y el funcionamiento del sector de la electricidad, con el acceso al mercado, los criterios y los procedimientos que se aplican a los anuncios de licitación y a la concesión de permisos, como también con los mecanismos de explotación de sistemas eléctricos. 
Pero la directiva no regula los temas relacionados con la propiedad de la red eléctrica de transporte y no obliga a los Estados miembros a abrir a la competitividad la construcción de nuevas líneas eléctricas, ya sea en el interior de los Estados miembros ya sea entre ellos. 
Sin embargo, el artículo 21 de la directiva determina que la producción de electricidad y las empresas de suministro de energía, cuando los Estados miembros permiten su existencia, pueden disponer de edificios propios, de compañías filiales y de clientes receptores conectados con línea directa. 
La construcción de líneas eléctricas directas se hará en base a aprobaciones, con criterios objetivos que no introducen discriminaciones. 
Esta aprobación puede conectarse con una negativa anterior al acceso a líneas eléctricas existentes, por ejemplo por falta de potencia. 
Con esta orden, que se expresa en el artículo 21, apartado 4, pueden evitarse líneas eléctricas paralelas cuando hay suficiente potencia. 
La Comisión sigue de cerca este asunto, incluido, naturalmente, el sistema de notificación propuesto y en la próxima región bilateral que tendremos con las autoridades suecas debatiremos la cuestión que nos ha expuesto y, si lo desea, le informaremos por escrito de los resultados en relación con ello. 
Gracias por su respuesta, señor Comisario, sobre todo por su conclusión, que creo que indica que se ha dado cuenta de que hay algo sospechoso y que hay que estudiar más de cerca. 
En este sentido, veo que el riesgo reside en que la Svenska Kraftnät es la autoridad concesionaria y la que al mismo tiempo va a responsabilizarse del funcionamiento. 
Existe un gran riesgo de que se beneficie de sus derechos de monopolio. 
Esto está dentro de los verdaderos intereses comunitarios, especialmente ante la apertura inminente de los mercados energéticos de Europa a la competencia. 
Supongo, por tanto, que seguirá de cerca esta cuestión y espero realmente que logremos tener una Directiva más completa que también pueda aplicarse a estos casos. 
De la manera en que yo veo la evolución del mercado de la electricidad en Suecia, las cosas van por el mal camino. 
Señor Presidente, querría asegurar a la distinguida Sra. Diputada que realmente continuaremos en estrechísima colaboración con las autoridades suecas y también con los gobiernos de todos los Estados miembros, el esfuerzo por la correcta aplicación de la directiva. 
Y también quiero confirmarles que la Comisión Europea agotará todo el margen del que dispone para la intervención en este debate, con vistas a que la aplicación de esta directiva haga posible la competitividad en el sector de la energía eléctrica y no la creación de monopolios naturales. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 38 caduca. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 39 caduca. 
Pregunta nº 40 formulada por Roy Perry (H-0732/97): 
Asunto: Seguridad nuclear 
Tras la reciente suspensión de las actividades de limpieza en las instalaciones de reelaboración de Cap de la Hague por parte del Gobierno francés, ¿puede Comisión ofrecer plenas garantías, por una parte, de la seguridad de las actuales operaciones en Cap de la Hague, desde el punto de vista de su posible incidencia sobre la población a ambas orillas del Canal de la Mancha, y, por otra, de la validez de los controles nacionales franceses de la radiactividad en instalaciones de reelaboración de combustible nuclear? 
Agradezco a la Comisaria esta respuesta. 
No soy uno de esos diputados que se oponen a la energía nuclear per se, pero reconozco que, si ha de haber energía nuclear, no hay margen ni para un solo error. 
Por eso hubo preocupación en la costa meridional de Inglaterra y en la isla de Wight cuando el ministro francés del Medio Ambiente no sólo ordenó la suspensión de la navegación y de la natación en las cercanías de Cap de la Hague, sino que, además, después del control de julio, ordenó que se pusiera fin al proceso de descontaminación. 
Agradecería mucho a la Comisaria que nos diera información suplementaria sobre los controles que, según ha dicho, llevó a cabo la Comisión en julio y sobre si ha habido controles posteriores por la Comisión o por las autoridades de Euratom después de que el Gobierno francés ordenara poner fin al proceso de descontaminación en Cap de la Hague. 
Estoy seguro de que la Comisaria comprenderá que los ciudadanos que residen en la costa meridional de Inglaterra, aunque puede que no afronten una amenaza grave, deben tener la garantía de que la propia Comisión Europea está examinando esos problemas. 
Comparto totalmente la opinión del Sr. Perry de que nos compete llevar un estrecho control sobre las instalaciones existentes y cuando surja la sospecha de que algo va mal, es por supuesto nuestra misión controlarlo tan minuciosamente como nos sea posible. 
Fue por ello también por lo que hice referencia a nuestro informe sobre el estudio, además, acabo de enterarme de que hemos seguido vigilando la zona. 
Luego, no deberíamos superar las dosis permitidas, tal y como también dije en mi primera intervención. 
Seguimos, con otras palabras, vigilando el desarrollo. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 41 caduca. 
Pregunta nº 42 formulada por Hans Lindqvist (H-0697/97): 
Asunto: Sistema de retorno de botellas y latas 
En Suecia existe desde hace largo tiempo un eficaz sistema de retorno de botellas de vidrio y latas de aluminio (se reciclan más del 95 %). 
También existe desde hace algunos años un eficaz sistema de retorno de botellas de plástico. 
El comercio cada vez más internacionalizado y la apertura de las fronteras interiores de la UE ha dado lugar a una mayor variedad de productos. 
Por desgracia, esta evolución conlleva graves perturbaciones del sistema de retorno sueco. 
Las latas de importación no se adecuan al sistema debido a que el depósito original no fue pagado en Suecia, etc. El sistema de retorno utilizado por el monopolio sueco de bebidas alcohólicas (Systembolaget) está prácticamente paralizado debido a los distintos tipos de botellas extranjeras. 
Esta evolución es inaceptable desde el punto de vista del medio ambiente. 
¿Existen planes para una normalización de botellas y latas? 
¿Puede un Estado miembro, por razones medioambientales, exigir que las botellas y las latas importadas se ajusten a su respectivo sistema de retorno? 
Gracias por su respuesta, Comisaria Bjerregaard. 
Yo creo que el sistema que tenemos en Suecia funciona bien. 
Funciona bien, aunque el 20-30 por ciento de los envases no se reutilicen como anteriormente. Esto no se deduce del propio proceso. 
En él sólo se ven los envases que es posible reutilizar. 
Los otros envases están en los garages, en las neveras o en las despensas domésticas y no se ven, pero sí son visibles en los vertederos de residuos de Suecia. 
Esto lo vemos nosotros, pero posiblemente no sea evidente en las oficinas donde se solicita la información. 
Mi pregunta es, por tanto: ¿Es ésta una cuestión tan importante que un Estado miembro, invocando motivos medioambientales y haciendo referencia a la cláusula de salvaguardia, pueda exigir que las botellas de vidrio importadas y otros envases de vidrio se adapten al sistema de nuestro país? 
¿Deberíamos, para conservar nuestro sistema, invocar la cláusula de salvaguardia que según la Comisión y el Consejo de Ministros se ha hecho más estricta con el Tratado de Amsterdam? 
Ante todo, me gustaría agradecer la confirmación de que el sistema sueco funciona de manera sobresaliente. 
Tuve mis dudas al leer la formulación de la pregunta, así que me gustó enterarme de que funciona. 
En lo que se refiere a la posibilidad de conservar los sistemas existentes y hacer valer la garantía ambiental, es una elección que cada Estado miembro toma y hoy no me es posible adoptar una postura sobre si sería adecuado o erróneo por parte de Suecia el llevar cabo algo similar, o bien pronunciarme sobre el resultado al que conduciría. 
Como ya mencioné en la respuesta a la pregunta, la valoración de cada régimen existente, sería a título completamente individual, y nada general puede decirse en lo referente a estos regímenes. 
También, está relacionado con la existencia de numerosos regímenes diferentes en los Estados miembros. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 43 caduca. 
Pregunta nº 44 formulada por Mihail Papayannakis (H-0713/97): 
Asunto: Vulneración de directiva sobre el agua potable 
Recientemente se ha descubierto en Grecia, según los inspectores de salud pública, que la mitad de las redes de abastecimiento de agua eran inadecuadas, mientras que en varios casos de aguas embotelladas se detectaron iones de bromo en cantidades décuplas de los 10 mg/l establecidos en las Directivas 80/777/CEE y 80/778/CEE, e incluso superiores. 
¿Puede indicar la Comisión cuál es la situación que reina en los Estados miembros en cuanto a la aplicación de las citadas directivas? 
¿Se registra, especialmente en Grecia, una transposición imperfecta o errónea al derecho nacional de las directivas referentes al agua potable? 
¿Qué sanciones se impondrán por la aplicación deficiente de las citadas directivas, siempre que ésta se constate, principalmente en lo que se refiere a la superación del límite establecido para los iones de bromo y la vulneración del artículo 12 de la Directiva 80/778/CEE, según el cual «los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para que se lleve a cabo un control regular de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano»? 
Señor Presidente, la Comisión comprende los reparos de los dos honorables miembros en esta cuestión, la cual toca un tema de importancia tan vital como la calidad del agua potable. 
El agua mineral natural y el agua de manantial están englobados en la Directiva 80/777, se trata de la Directiva sobre agua mineral natural que fue modificada por la Directiva 96/70. 
Todos los otros tipos de agua, ya sea embotellada o no, están englobados en la Directiva 80/778. 
Se trata de la llamada Directiva del agua potable. 
Ninguna de estas directivas contiene disposición alguna sobre el bromato. 
El motivo para ello es que el bromato normalmente no se esperaba que estuviera presente en el agua natural, puesto que es un producto derivado para desinfección. 
El bromato se halla especialmente en el agua tratada con ozono. 
Las directivas de agua potable actuales están basadas en los conocimientos existentes en los años setenta, y en ese momento no había razón alguna para suponer que el bromato pudiera estar presente en el agua potable. 
A la luz de las directrices de la OMS para el agua potable y a la luz de los conocimientos actuales sobre los efectos cancerígenos del bromato, la Comisión ha incluido el bromato en su propuesta por la que modifica la Directiva del agua potable con una norma propuesta de 10 miligramos por litro. 
Que yo recuerde, la directriz de la OMS está en 25. 
En cuanto al agua mineral natural, se prohíbe la desinfección de acuerdo con la Directiva sobre agua mineral natural, y me remito a lo expuesto en el artículo 4. 
Luego, el bromato no debería encontrarse en el agua mineral natural. 
La Comisión no ha sido informado oficialmente de que ciertos tipos de agua embotellada en Grecia, según la prensa, contendrían bromato en cantidades varias veces superior a la norma propuesta para agua potable. 
La Comisión quiere enviar próximamente a las autoridades griegas una carta para averiguar si se trata de una inobservancia de la legislación de la UE, y si, dado el caso, deben tomarse medidas suplementarias. 
Como un paso más en las informaciones sobre las trece directivas del agua, sobre las cuales la Comisión quiere publicar un informe el próximo año, actualmente se está efectuando una evaluación de los datos sobre la calidad del agua potable en Grecia, tanto como en otros Estados miembros. 
Señora Comisaria, no he entendido todos los datos técnicos que usted ha mencionado; pero me imagino que sus servicios los conocen mejor que nosotros. 
Sin embargo, la pregunta estaba relacionada con dos cuestiones: 
Primera, en cuanto a los iones de bromo, tenemos informes e informaciones sobre, por lo menos, ocho marcas de agua embotellada que sobrepasaban este famoso 10 mg/l. En relación con esto, querría que me dijese: ¿qué más puede prever y hacer la Comisión? 
Porque, por lo que parece usted no cuenta con la información completa de Grecia sobre cómo protege la calidad del agua potable que va los consumidores, algo que prevé la Directiva 80/778/CEE. 
Segunda, también habíamos hecho con anterioridad, y yo personalmente, muchas preguntas a su Dirección General relativas a la calidad de los sistemas de abastecimiento de agua: Hay, en los sistemas de abastecimiento de agua en ciudades, plomo y amianto, y querría saber qué medidas va a tomar la Comisión. 
¿Puede decirme algo nuevo al respecto? 
Como mencioné en mi primera respuesta, el caso es que la Comisión no ha sido informada oficialmente acerca de este problema, el cual claramente ha sido adelantado en los medios de comunicación griegos. 
No obstante, teniendo en cuenta la pregunta que usted ha planteado, Sr. Papayannaki, dirigiremos una petición a las autoridades griegas solicitándoles que examinen el asunto. 
Normalmente, éste el procedimiento que empleamos en esta clase de asuntos. 
Si las autoridades griegas encuentran en el agua mineral sustancias que no debieran estar allí, ante todo, damos por descontado que las propias autoridades griegas rectificarán el desequilibrio que se haya producido y si éste no es el caso, usted sabe tan bien como yo que entonces se iniciaría un procedimiento que en último caso podría concluir ante un tribunal. 
También le dije al final de mi primera respuesta que, efectivamente, estamos llevando a cabo un estudio de la calidad del agua potable y, en suma, de nuestras directivas sobre el agua y de su cumplimiento en los Estados miembros. 
Contamos con poder publicar un informe para el año que viene, y allí podremos ver claramente cómo está la situación en los Estados miembros. 
Pregunta nº 45 formulada por Bárbara Dührkop Dührkop (H-0727/97): 
Asunto: Modificación de la ley española de caza 
El Parlamento español ha aprobado recientemente (26 de septiembre de 1997) una modificación de la Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y Flora y Faunas Silvestres. 
Con dicha modificación se permite «en sus lugares tradicionales, en pequeñas cantidades, con control estricto por parte de la Administración y con las limitaciones precisas para garantizar la conservación de las especies» la caza de aves en su migración prenupcial o de primavera, es decir, cuando emigran desde la Península ibérica al centro y norte de Europa para anidar. 
El Tribunal Europeo de Justicia ha condenado anteriormente a Italia, Francia y Alemania por haber permitido en el pasado la caza en contrapasa. 
¿Tiene la Comisión conocimiento de la nueva normativa española? 
¿Vulnera el artículo 7.4 de la Directiva de las Aves, que dice que «las especies migratorias durante su período de regreso hacia su lugar de nidificación no podrán ser cazadas»? 
Señor Presidente, la Comisión tiene conocimiento de la modificación de la Ley española 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y Flora y Fauna Silvestres, la cual probablemente permitiría la caza de aves durante su vuelo de regreso a sus lugares de nidificación. 
La Comisión ya ha comunicado a las autoridades españolas que la aprobación de semejante medida estaría reñida con las disposiciones del artículo 7, inciso 4, de la Directiva del Consejo 79/409 de abril de 1979 de Protección de Aves Silvestres. 
Hemos advertido a las autoridades españolas de que esta medida claramente se traduciría en una contravención de la directiva anteriormente mencionada. 
Las autoridades españolas contestaron el 1 de agosto de 1997 y explicaron que el propósito de la modificación propuesta de la Ley 4/1989 era adaptarla a una sentencia del Tribunal Constitucional español según la cual, España está obligada a tener en cuenta el reparto de competencias entre el gobierno central español y las autonomías. 
De acuerdo con las informaciones de las que la Comisión dispone, ha existido un gran riesgo de que en la modificación de la Ley 4/1989 llegara a introducirse un consentimiento para la caza de aves en su vuelo anual de regreso a sus lugares de nidificación. 
El honorable miembro confirma ahora que el Parlamento español ya ha aprobado la respectiva modificación de la Ley 4/1989, incluido este consentimiento ilegal. 
De entrar en vigor esta modificación, la Comisión tomaría todas las providencias necesarias, entre ellas el procedimiento del artículo 169, para garantizar que la directiva se cumpla completamente. 
Señora Comisaria, creo que esta respuesta hasta puede chocar a la ministra española de Medio Ambiente, porque la misma ministra ha dicho en las Cortes que es la propia Comisión Europea quien ha exigido esta modificación de la ley española para regular la excepción a la prohibición de cazar aves en período de nidificación. 
Quisiera que la Comisaria, si puede ser, valorara esta justificación de la ministra española. 
Por otra parte, ¿qué opina la Comisión sobre otra modificación de la misma ley que suprime la obligatoriedad de pasar un examen para tener licencia de caza? 
Entiendo que el miembro que planteó la pregunta se dio completamente por satisfecho con mi respuesta, en la que manifestaba que, por supuesto, no aceptamos que se infrinja la legislación aprobada. 
En lo que se refiere a las normas de caza, he de decir que se encuentran bajo mi competencia. 
No sé cuál es la legislación de la Comunidad vigente en ese terreno, por lo que esta pregunta habrá de ser planteada a otra persona. 
Señora Comisaria, quería decirle que, si esta reforma ha consistido única y exclusivamente en la incorporación a la Ley 4/89 española de una excepción en unas condiciones precisas que están contempladas en la Directiva 79/409 europea, se puede observar que estas modificaciones e incorporaciones se han realizado en un marco más restrictivo todavía que el que marca la propia Directiva. 
Es decir, las excepciones son más restrictivas, ya que la Directiva europea contempla que estas excepciones se pueden aplicar a todo tipo de aves y aquí se limita a ciertas especies cinegéticas y aves no catalogadas. 
Por otro lado, se limita en pequeñas cantidades, y esta expresión el propio Tribunal de Justicia no la ha interpretado como un valor absoluto, sino como un valor relativo, y además el control lo llevaría a cabo el órgano competente para la regulación y el control de las excepciones, que son los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. 
Por tanto, dadas estas circunstancias, preguntaría a la Comisaria concretamente si es que entiende o comparte el criterio de que esta adaptación de la ley española es, por tanto, más restrictiva que la Directiva europea en cuanto a la excepcionalidad y, por otro lado, si está de acuerdo la Comisaria en que, si están reguladas las pequeñas cantidades y si está perfectamente regulado el control, la Comisión Europea no tendría que poner ninguna traba ni ningún impedimento a la aprobación de esta ley española. 
Puedo darme cuenta de cómo estamos entrando ahora en una discusión interna española. 
No tengo la intención de entrar en esta discusión, y así me limitaré a remitirme a la respuesta que anteriormente dí a la pregunta formulada por la Sra. Dührkop. 
Mencioné que ya habíamos advertido en una consulta preliminar a las autoridades españolas de que considerábamos que la modificación no se compaginaba con la directiva. 
De acuerdo con las informaciones de las que la Comisión dispone, ha existido un gran riesgo de que en la modificación de la ley en cuestión llegara a introducirse un consentimiento para la caza de aves en su vuelo anual de regreso a sus lugares de nidificación. 
Por supuesto, nos vemos obligados a llevar a cabo una investigación, pues si éste es el caso, está reñido con la Directiva de Aves aprobada, y España, evidentemente como otros Estados miembros, debe acatar la legislación aprobada. 
Por ello, nos vemos obligados a entablar contactos adicionales con las autoridades españolas con el fin de aclarar esta cuestión. 
Pregunta nº 46 formulada por Heidi Hautala (H-0744/97): 
Asunto: Natura 2000 y zonas militares 
Los países miembros de la UE elaboran sus propuestas para la red Natura 2000 sobre la base de las directivas sobre aves y espacios naturales. 
Sin embargo, algunos países miembros tienen la intención de no proponer determinados territorios para formar parte de la red Natura 2000 debido a que están situados en zona militar. 
¿Puede precisar la Comisión la legislación comunitaria al respecto y cuáles son las disposiciones que se aplican a los espacios de la red Natura 2000 en caso de que se extiendan total o parcialmente por zonas militares? 
Señor Presidente, la red Natura 2000 consta de dos partes: áreas especialmente protegidas designadas a tenor de la Directiva 79/409 de Protección de Aves Silvestres- se trata, por otra parte, de la directiva de la que hemos tratado justamente en la pregunta anterior- y también zonas especiales de conservación de acuerdo con la Directiva 92/43 de Conservación de los Hábitats Naturales y la Fauna y Flora Silvestres. 
La Comunidad ha aprobado una lista de tales áreas basándose en las listas elaboradas por cada Estado miembro. 
Para las áreas especialmente protegidas el Tribunal de Justicia de la CE ha confirmado que la designación debe tomar en consideración exclusivamente criterios ornitológicos. 
Para las zonas especiales de conservación de acuerdo con la Directiva 92/43 incluye la Directiva criterios científicos, que deben emplearse en la preparación de las listas de los Estados miembros y de la Comunidad. 
La Comisión opina que ninguna de las dos directivas permite excluir a las zonas militares de ser acogidas en el Programa Natura 2000, si éstas cumplen los requisitos anteriormente mencionados. 
Señor Presidente, le agradezco su respuesta y le formulo aún otra cuestión, esta vez relacionada con la delimitación de las regiones de Natura 2000 en Finlandia. 
Hay un detalle que me ha dejado sorprendida. 
El primer concejal de alcalde de la ciudad de Helsinki ha declarado públicamente que se le ha garantizado por parte de la Comisión el visto bueno para la construcción de un gran puerto en esta ciudad, a pesar de que, como usted bien sabe e incluso ha declarado públicamente, los valores ornitológicos de esta zona se han establecido con toda claridad de conformidad con la Directiva sobre las aves. 
Él afirma que la Comisión le ha asegurado que, efectivamente, se podrá construir este puerto. 
He de decir que tanto la red Natura 2000 como la Directiva de Aves pueden llevarnos a muchas partes. 
La pregunta a la que he debido contestar en el día de hoy y la pregunta complementaria que me ha sido planteada atañían al puerto de Helsinki. 
Sin haber examinado el caso de antemano, no estoy por supuesto, en posición de contestar. 
Si se da el caso de que consideramos que tenemos una serie de zonas protegidas que hay que establecer, y que un país ha presentado por ejemplo la propuesta de que se proteja una especie determinada de conformidad con la Directiva sobre las aves para que pueda decirse que las existencias de esta especie son suficientes, no hay la posibilidad, señora Comisaria, de establecer el hecho de que la especie ya está suficientemente protegida y de que se podría excluir esta zona? 
Los motivos pueden ser varios. 
Puede ser que el país presente esta propuesta cuando haya comprobado que tiene zonas que cumplen con los requisitos. Más tarde, se escoge entre las que se han analizado científicamente. 
No abordaré en mayor profundidad la selección de espacios de la Red Natura 2000 que ha tenido lugar en Finlandia. 
Sé que ha dado lugar a un debate muy amplio e intenso en Finlandia. 
En lo que concierne a elecciones totalmente específicas con respecto a otras zonas, tomaremos postura en el caso de que nos topemos con una infracción o recibamos una solicitud del gobierno finlandés para hallar soluciones alternativas. 
En relación con esta cuestión, hoy no he investigado la existencia de semejante solicitud y cuáles serían las posibilidades, dado el caso. 
Al haberse agotado el tiempo asignado a la Sra. Bjerregaard, las preguntas nº 47 y 48 se contestarán por escrito. 
Tal como entiende la pregunta la Comisión, Su Señoría desea saber si la Ley de Pensiones Alimenticias del Reino Unido podría infringir el artículo 6 de la Directiva 93/104 del Consejo sobre el tiempo de trabajo. 
En una respuesta a la pregunta escrita nº 1175/93 afirmé: » Las cuestiones relativas a los pagos de pensiones alimenticias a mujeres que viven solas con sus hijos, hechos de conformidad con la Ley de Pensiones Alimenticias, son un asunto exclusivo del Reino Unido». 
La Comunidad no tiene competencias para actuar en esa esfera. 
Sin embargo, según la información de que dispone la Comisión, el organismo que se ocupa de las pensiones alimenticias carece de competencias para forzar a nadie a trabajar determinado número de horas. 
Además, aunque, según tenemos entendido, el examen automático y periódico de evaluaciones de los apoyos a los niños en general sólo se hace cada dos años, la Sección 17 de la Ley de Pensiones Alimenticias dispone expresamente la posibilidad de que el padre o la madre interesados soliciten una revisión en cualquier momento, si sus circunstancias han cambiado. 
Según tiene entendido la Comisión, las evaluaciones de las pensiones alimenticias se determinan en proporción a los ingresos reales y la única excepción es la tarifa de emergencia aplicada cuando el padre o la madre que ha de pagar se niega a cooperar y a dar detalles de sus ingresos y gastos. 
Además, también tenemos entendido que, si un padre o una madre que ha sido objeto de una evaluación de la pensión alimenticia no está satisfecho con la decisión del funcionario encargado de los asuntos relativos al apoyo a los niños, puede recurrir dicha decisión ante un tribunal concreto e independiente y después, sobre aspectos jurídicos únicamente, a un inspector independiente encargado de las pensiones alimenticias, al Tribunal de Apelación y, en última instancia, a la Cámara de los Lores. 
A la luz de las consideraciones precedentes, no parece haber una relación entre la actuación del organismo que se ocupa de las pensiones alimenticias y el artículo 6 de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Quisiera agradecer al Comisario Flynn su respuesta. 
Espero que siga supervisando la aplicación de la directiva por cada uno de los Estados miembros, aunque la aplicación detallada dependa de ellos. 
Quisiera simplemente aclarar que lo que da a entender es que en este caso un organismo encargado de las pensiones alimenticias no debe, a su juicio, incluir las horas extraordinarias y las bonificaciones en la jornada laboral de 48 horas. 
¿Quiere decir también que, a su juicio, si hay una controversia, debe existir la posibilidad de recurrir a los tribunales del Reino Unido? 
Como ha de saber Su Señoría, las disposiciones relativas a la aplicación no entrarán en vigor en el Reino Unido hasta abril, aproximadamente, del año próximo. 
Pero, desde luego, haremos lo que dice Su Señoría. Seguiremos supervisando la aplicación. 
Pero, como he intentado exponer con claridad, existe la posibilidad de recurrir incluso hasta la Cámara de los Lores. 
Es de esperar que nunca haya que llegar tan lejos, pero quien no esté satisfecho puede seguir esa vía. 
Puede recurrir al tribunal independiente y después a las demás vías de recurso también. 
Estamos deseosos de que pronto se aplique, por fin, en el Reino Unido. 
Como ha de saber Su Señoría, cuando el último gobierno estaba en funciones, se envió un documento de consulta. 
Se está evaluando con vistas a que pase a formar parte del ordenamiento legal lo antes posible. 
Lo seguiremos de cerca y lo más rigurosamente posible. 
Pregunta nº 50 formulada por Anne McIntosh (H-0627/97): 
Asunto: Desempleo en la industria del sector de servicios de la Unión Europea 
¿Qué ayudas específicas ofrece el Fondo Social Europeo (FSE) para luchar contra las consecuencias del desempleo en las industrias de los sectores portuario y turístico? 
¿Estaría dispuesta la Comisión, en el marco de la próxima revisión de los Fondos estructurales para el período posterior al año 2000, a ampliar las iniciativas destinadas a apoyar a las industrias del sector de servicios, con el fin de afrontar eficazmente el problema del desempleo en la industria portuaria y turística? 
El Fondo Social Europeo es el principal instrumento de la Unión Europea para el desarrollo de los recursos humanos y la mejora del funcionamiento del mercado laboral en toda la Unión. 
Su metodología no es sectorial, sino que abarca actividades muy diversas encaminadas a mejorar la empleabilidad de las personas para el mercado laboral local formándolas para que puedan desempeñar los empleos disponibles o dándoles acceso a nuevas oportunidades de empleo. 
Esas actividades centradas en las personas pueden tener relación con las industrias del sector de servicios, incluido el turismo. 
De hecho, la mejora de la preparación profesional y de las aptitudes para la gestión es un requisito básico para el desarrollo de la industria turística, que ofrece, como todo el mundo reconoce, considerables perspectivas para el aumento de la creación de puestos de trabajo y representa ya el 6 % del empleo total en la Unión. 
Como la asistencia del Fondo Social a las industrias del sector de servicios va incluida en los programas de desarrollo general de los recursos humanos, no es fácil de determinar concretamente en los documentos de programación. 
Sin embargo, algunos de los programas formulados por el Fondo Social van encaminados a respaldar las medidas adoptadas en el nivel regional para desarrollar el turismo en varios países: dos ejemplos serían los de Portugal y Grecia. 
En ese marco regional, la asistencia del Fondo Social para mejorar las aptitudes relacionadas con el turismo asciende a más de 200 millones de ecus para el período 1994-1999 y abarca a más de 100.000 participantes. 
Los efectos totales de las acciones del Fondo Social en ese sector aumentan, naturalmente, si tenemos en cuenta el alcance de los programas generales encaminados a abordar el desarrollo de los recursos humanos. 
Para el período posterior al año 2000, el documento de la Comisión Agenda 2000 ha esbozado un nuevo marco basado en dos objetivos regionales y un objetivo horizontal en materia de recursos humanos, que entraña un planteamiento transversal coherente respecto del desarrollo de los recursos humanos. 
Las prioridades en los nuevos objetivos en materia de recursos humanos son muy similares a las actuales: adaptabilidad profesional, formación permanente, inclusión social y planteamiento preventivo del desempleo. 
Así, pues, las actividades en materia de desarrollo de los recursos humanos en las industrias del sector de servicios seguirán pudiendo acogerse al apoyo con cargo al Fondo Social, con arreglo a los principios esbozados. 
Por último, quiero añadir que no acabamos de entender la referencia a «las industrias de los sectores portuarios» , por lo que no podemos abordar ese aspecto de la pregunta. 
Sin embargo, las observaciones que ya he hecho respecto del turismo- y en particular la relativa al carácter horizontal y no sectorial del apoyo con cargo al Fondo Social- sería aplicable- si no a todas- a la mayoría de las actividades industriales y de servicios de los puertos. 
Agradezco la completa respuesta que hemos recibido esta noche del Comisario. 
Como represento una zona que no abarca parte alguna de Portugal ni de Grecia, tal vez entienda usted mi impaciencia. 
Si se me permite explicarlo, las actividades portuarias son las que se refieren a una zona portuaria, en mi caso Harwich... aunque podría tratarse del puerto de Atenas o del de Hamburgo, donde se han perdido puestos de trabajo por la reducción de las actividades portuarias y una reducción general del sector del transporte marítimo. 
Tal vez el paralelismo más próximo sea el existente con el éxito del programa CONVER, que de todos los programas del Fondo Social Europeo y de otra índole es el que más fondos ha aportado para los recursos humanos y la formación a los condados de Essex y Suffolk; también, en relación con el turismo y el programa ADAPT, a Felixstowe, que no forma parte de mi circunscripción. 
Lo único que pedimos es que la Comisión, mediante el programa Agenda 2000, se muestre un poco más flexible a fin de incorporar las ideas incluidas en los programas ADAPT y CONVER a otros programas del FSE. 
Quisiera responder a la Sra. McIntosh diciendo que lo que sea aplicable a un país determinado lo es también a todos los Estados miembros. 
He elegido Portugal y Grecia simplemente como ejemplos de cómo se puede contribuir a las actividades turísticas. 
Se puede contribuir a ellas en cualquier país. 
Su Señoría tiene toda la razón al decir que hay zonas en declive y zonas que han sufrido mucho por la falta de actividad y el cambio de las circunstancias. 
Desde luego, el Fondo Social se aplica en forma horizontal a actividades encaminadas a reciclar a los trabajadores y devolverlos al mercado laboral. 
Semejante apoyo y asistencia está a disposición de los Estados miembros. 
Desde luego, está a disposición de la zona representada por Su Señoría, como de otras zonas del Reino Unido. 
Pregunta nº 51 formulada por Graham Watson (H-0667/97): 
Asunto: Europa contra el cáncer 
¿Está de acuerdo la Comisión en que, en la lucha contra el cáncer, debería hacerse mucho más hincapié en las estrategias de prevención? 
¿Qué planes tiene la Comisión para reducir el número de nuevos casos de cáncer en los próximos diez años? 
El cáncer ha sido siempre una de las cuestiones principales de la política sanitaria en Europa. 
A una tercera parte, aproximadamente, de los ciudadanos europeos se les diagnosticará cáncer en algún momento de su vida. 
Así, pues, el actual tercer programa de acción de la Comisión subraya en particular la importancia de la educación sanitaria y la información al público en la esfera de la previsión del cáncer, pues en general se acepta que un 70 %, aproximadamente, de las muertes relacionadas con el cáncer tienen su origen en opciones individuales que afectan al estilo de vida y al medio ambiente. 
Un instrumento importante que el programa Europa contra el Cáncer utiliza en sus campañas de comunicación es el Código Europeo contra el Cáncer, que es una serie de recomendaciones en las que figuran los mensajes fundamentales para la prevención del cáncer formuladas por destacados expertos europeos en materia de cáncer. 
Todos los años el programa Europa contra el Cáncer organiza la Semana Europea de Lucha contra el Cáncer, que es una campaña destinada al público en general y centrada en uno de esos mensajes preventivos. 
El tema de este año, por ejemplo, es la prevención y la detección precoz de casos de cáncer mamario y cervical. 
El programa Europa contra el Cáncer ha estado también en la vanguardia haciendo recomendaciones para la organización y garantía de calidad de programas de detección precoz de cáncer mamario y cervical, que puede propiciar una importante reducción de la incidencia de esas enfermedades. 
Además, el programa apoya y coordina uno de los mayores estudios epidemiológicos mundiales en la esfera del cáncer y la nutrición, que abarca más de 400.000 sujetos y determinará las dietas que pueden reducir el riesgo de ciertos cánceres. 
Respecto de la segunda parte de la pregunta, los expertos predicen, principalmente por el envejecimiento de la población de Europa, un aumento continuo de la incidencia del cáncer en los próximos años. 
Las opciones individuales contribuyen también a dicho aumento. 
Por ejemplo, es de esperar que el hecho de que una gran proporción de mujeres en la Europa meridional comenzaran a fumar en el pasado decenio provoque un repentino aumento de la incidencia del cáncer de pulmón entre las mujeres de esa zona en los próximos años. 
Entre las actividades de prevención que la Comisión lleva a cabo o apoya actualmente, figuran las de información, educación y detección precoz. 
Van encaminadas a aminorar el ritmo al que avanza el cáncer y prevenir su aparición a edades más tempranas. 
Acojo con beneplácito la respuesta del Comisario y, de hecho, las medidas que está adoptando la Comisión, porque se trata de un asunto importantísimo y respecto del cual podemos hacer mucho en el nivel europeo. 
Este año hemos celebrado la quinta «Semana Europea de Lucha contra el Cáncer» y la segunda prioridad ha sido la salud, la educación y la información. 
Comisario, como parte de esta «Semana» , fui a visitar uno de los hospitales locales de mi circunscripción- de hecho, la mayor unidad dedicada al cáncer de todos los hospitales locales- en una ciudad de tamaño medio, precisamente porque era la Semana Europea de Lucha contra el Cáncer. 
Lamenté mucho enterarme de que en dicho hospital nunca habían oído hablar siquiera de la Semana Europea de Lucha contra el Cáncer, pese a que era el quinto año que se celebraba, y de que el hospital no había oído hablar, desde luego, del plan de diez puntos que debía yo lanzar con mi visita. 
Me gustaría saber si el Comisario tendría a bien investigar en qué medida se está divulgando esa información. 
En la documentación de la Comisión leí que había convocado una licitación y había seleccionado a una agencia profesional de comunicación con oficinas en casi todos los Estados miembros. 
La única conclusión que puedo sacar, Comisario, es la de que esa agencia no está llevando a cabo su labor adecuadamente en el Reino Unido. 
En primer lugar, agradezco al Sr. Watson esa información. 
Resulta consternador, por lo que me propongo ocuparme de ese asunto. 
Le agradezco su interés. 
Quisiera decir que, como sabe perfectamente Su Señoría, no disponemos de fondos cuantiosos para el programa: unos 11-12 millones de ecus al año, repartidos entre los 15 Estados miembros, son muy pocos. 
Sin embargo, hacemos una evaluación a fondo de la Semana Europea de Lucha contra el Cáncer. 
Como sabe Su Señoría, se organiza todos los años en la segunda semana de octubre. 
Todos los años se organiza la campaña y se imprimen y distribuyen más de seis millones de folletos por toda Europa, junto con anuncios en la prensa, y también contratamos algunas cuñas publicitarias televisivas y en vídeo. 
Según los datos que se me han facilitado, han propiciado entre 300 y 500 millones de contactos con ciudadanos europeos todos los años. 
Pero, pese a toda esa campaña, puede ocurrir que los folletos acaben traspapelados y no se muestren al público. 
El Eurobarómetro, que hace encuestas antes y después de la campaña, calibra sus repercusiones. 
Resulta interesante examinar la campaña de 1995 y los resultados de la encuesta correspondiente, que se comunicaron al Parlamento Europeo. 
Revelan, por ejemplo, que al final de la campaña más de 20 millones de europeos más estaban convencidos de que se puede prevenir el cáncer y de que los diversos factores de riesgo- por ejemplo, el tabaco y la falta de frutas, verduras y cereales en la dieta- eran mejor conocidos después de la campaña. 
Eso es todo lo que puedo decir. 
Parece que hubo una reacción positiva desde ese punto de vista, pero, como dice Su Señoría, dependemos de los expertos. 
Me interesaría en particular que me comunicara el nombre del hospital en privado, discretamente, y tendré mucho gusto en comprobar si estaba, de hecho, en la lista de contactos, porque debía estarlo. 
Para las mujeres se trata de un tema urgente que ha sido de actualidad este año, el de la prevención del cáncer. 
No obstante, lo que nos preocupa es que se dice que una mala labor de prevención equivale a una ausencia total de prevención. 
Lamentablemente, hay indicios de que existen laboratorios en Europa que realizan análisis y controles de las pruebas cancerígenas de las mujeres de un modo que no es correcto ni completo desde un punto de vista científico. 
¿Qué recomendaciones piensa dar la Comisión a los Estados miembros en este sentido? 
Es evidente que necesitamos una especie de control de calidad de los laboratorios que analizan las pruebas. 
La otra pregunta es: ¿Cómo ve el señor Comisario las posibilidades de conseguir realmente un sistema completo de prevención, los screenings systems, en los Estados miembros? 
Creo que esto es decisivo si queremos vencer en nuestra lucha contra el cáncer. 
Su Señoría tiene toda la razón en destacar la cuestión del control de calidad y la cuestión de la detección precoz. 
Gran parte de lo que recomendamos al respecto se refiere, de hecho, a la calidad absolutamente necesaria en cualquiera de esos procesos de detección precoz. 
Quisiera recomendar a Su Señoría un folleto que hemos elaborado sobre el Código contra el Cáncer, que expone en líneas generales todas las recomendaciones, junto con los diez puntos formulados por expertos en materia de cáncer de toda la Unión. 
Es un documento muy útil y aborda los elementos primarios y secundarios. 
Por lo que se refiere al sector primario, hablamos de la exclusión y los factores de riesgo- por ejemplo, el tabaco y la bebida y demasiada exposición al sol- y el secundario corresponde a la detección precoz, que plantea toda la cuestión de los exámenes y reconocimientos periódicos. 
Nos ocupamos activamente de promover el control de calidad y la detección precoz, pero, naturalmente, la organización de las actividades de detección precoz incumbe a los Estados miembros. 
Pero desearíamos que compartieran los procedimientos óptimos de que disponemos y procuramos ponerlos a su disposición. 
Perdone señor Comisario, el debate me impulsa a plantear una pequeña pregunta adicional: ¿no le parece a veces contradictorio que la Comisión, por un lado, llame la atención de un modo admirable sobre los peligros del cáncer pero, por otro, cada año ponga a disposición fondos considerables- probablemente, sensiblemente superiores- para fomentar el cultivo del tabaco, un sector en el que además apenas es defendible por aspectos de empleo? 
La respuesta, brevemente, es que Su Señoría está en lo cierto. 
Hay una contradicción en esto, sobre la que me he expresado en diversas ocasiones. 
Cuando se apoya un producto que, en mi opinión, es perjudicial, se apoya implícitamente toda una industria y lo lamento. 
Me gustaría que no fuera así y estoy deseoso de que llegue un día en que no sea así. 
Como ha de saber Su Señoría, la Comisión aprobó un informe sobre la organización del mercado del tabaco simultáneamente con una comunicación sobre la prevención del tabaquismo. 
Fue en el pasado mes de diciembre. 
Al adoptar ese planteamiento paralelo, demostró que la reforma del mercado del tabaco y el fomento de la salud pública deben ir coordinados. 
Después de mucho luchar, se llevó a cabo una amplia reforma, que apoyo activamente, y, en mi opinión, la decisión que se adoptó en aquel momento propiciará una mejora de la situación. 
Se pudieron conseguir otros fondos suplementarios, pues se aplicó un recargo del 1 % a todas las subvenciones, que se puso a disposición del Fondo Comunitario de Investigación e Información en el ámbito del tabaco y espero que dé buenos resultados. 
Sin embargo, Su Señoría tiene toda la razón y yo lo apoyo. 
Estoy deseoso de que llegue un día en que esta Unión no apoye el cultivo de un producto que causa daños, perjuicios, enfermedades y muertes. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 52 a 89 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
Acuerdo con la antigua República yugoslava de Macedonia- Acuerdo con Eslovenia 
Señor Presidente, para empezar querría dar las gracias a la secretaría de la Comisión de Transportes y Turismo porque, como siempre, ha cumplido con gran escrúpulo su labor y ha ejecutado las órdenes que había recibido de la Comisión de Transportes y Turismo y del ponente. 
Digo esto porque la secretaría de la Comisión de Transportes y Turismo ha sufrido un ataque por parte de personas que no tenían ninguna competencia en cuanto a esto. 
Señores colegas, este informe se realiza de acuerdo al artículo 80 de la Reglamentación, lo que significa que lo que está escrito, está escrito. 
El Parlamento no tiene la posibilidad de intervenir haciendo modificaciones. 
Por consiguiente, o lo acepta tal como está o lo rechaza tal como está. 
Sin embargo, de acuerdo al artículo 90 de la Reglamentación, la Comisión tenía la obligación de, cuando preparaba este informe, informar al Parlamento. 
Me apena estar obligado a informar a mis Srs. colegas que la Comisión no informó nunca al Parlamento durante la elaboración del informe. 
Lo segundo que debo decir sobre este tema es que cuando se preguntó a la Comisión por qué no lo había hecho, dijo que se debía a un malentendido y que cuidaría de que no se repitiera en el futuro. 
Saquen ustedes sus conclusiones. 
Este informe, por si mismo, se sitúa en el marco de una política de la Unión Europea para el fomento económico y político de los países de esta zona, de la región de los Balcanes, con la financiación de distintas obras. 
Así también, estas redes que incluyen transportes ferroviarias y por carretera, son financiadas por la Unión Europea con 150 millones de Ecus + 20 millones de Ecus que son la garantía, y gratis, porque lo primero es en forma de préstamo, frente al Fondo Europeo de Inversiones. 
Hasta aquí, todo está bien y yo personalmente estoy de acuerdo. 
Mis objeciones empiezan de ahora en adelante, porque este informe que, como he dicho, no puede modificar el Parlamento, contiene tres puntos que son especialmente desfavorables para la Unión Europea y aún más para un estado miembro que es fronterizo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, es decir, para Grecia. 
El informe dice, entonces, que este acuerdo entre la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la Unión Europea se va a contraer y empezará a aplicarse, consiguientemente, lo más pronto posible Se dan ustedes cuenta de que la frase " lo más pronto posible» no dice casi nada. 
Sobre este tema, envié una carta a la Comisión Europea para que nos determinara qué significa " lo más pronto posible». 
Los Srs. colegas de la Comisión de Transportes y Turismo lo saben. 
No recibí respuesta. 
El segundo problema de este informe es que da derecho al tercer país, en este caso en concreto a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, a imponer una agravación tributaria a los vehículos, a los coches de la Unión Europea que no se ajusten a los modelos de este país. 
O sea, mientras que estos coches se ajustan a los modelos que nosotros aquí, en esta sala, hemos determinado y votado, es decir, a los de la Unión Europea, el informe les da derecho a imponer un impuesto especial. 
Y una tercera objeción que tengo es que, una vez más, les da derecho a imponer un impuesto especial si, por casualidad, estos automóviles, desde el punto de vista del gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, causan desperfectos en las carreteras. 
Y sobre estas cuestiones escribí también en mi carta a la Comisión Europea y no he recibido ninguna contestación vinculante. 
Las respuestas eran vagas y me decían que se crearía una comisión que dirima las diferencias y, en caso de igualdad de votos, la Antigua República Yugoslava de Macedonia decidiría. 
Aparte de esto, con gran pena digo que los Srs. colegas son libres de votar lo que quieran; pero yo como ponente, no puedo votar a favor de un informe que es desfavorable a la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Acuerdo Europeo de asociación con Eslovenia prevé un apartado referido al sector de los transportes. 
Se trata de un acuerdo preferencial de carácter mixto, destinado a sustituir el acuerdo de comercio y cooperación, que prevé la creación de una zona de libre cambio transcurrido un período transitorio de una duración máxima de 6 años. 
El mismo prevé disposiciones sobre la libre circulación de bienes y de trabajadores, el derecho de establecimiento de empresas de transporte y la libre prestación de servicios. 
Se contempla asimismo una cooperación económica en el sector de los transportes, correos y turismo. 
Se establece, por último, una cooperación financiera, por medio de la participación de Eslovenia en el programa PHARE y de los préstamos concedidos por el BEI. 
Junto con dicho acuerdo preferencial mixto, se entabla un diálogo político, hecho que es muy importante. 
El acuerdo incluye disposiciones específicas en materia de transportes. Concretamente, se mantienen en vigor las disposiciones del acuerdo entre la Unión Europea y Eslovenia en el ámbito de los transportes en lo que atañe al transporte terrestre, las normas relativas a la libre prestación de los servicios de transporte, así como el derecho de establecimiento. 
Este último, hay que recordarlo, no se aplica entre la Comunidad Europea y Eslovenia, habida cuenta de que las relaciones entre los Estados miembros y Eslovenia están sujetas a acuerdos bilaterales. 
Debe recalcarse asimismo que, sobre la base del artículo 46 del Protocolo, y éste es un punto que pone de manifiesto una laguna, no se aplican los acuerdos relativos a los servicios de transporte aéreo, la navegación interior y el cabotaje marítimo. 
Todos estos son unos puntos que deberán abordarse en una fase posterior, en el momento en que se lleve a efecto la plena adhesión. 
Obviamente, deseamos que este acuerdo contribuya a la plena adhesión de Eslovenia a la Unión Europea y, por otra parte, somos conscientes de que la Unión Europea abarca una región delicada, es decir, la región alpina, afecta de grandes problemas incluso medioambientales. No es una casualidad, en efecto, que en este acuerdo haya una referencia específica a Eslovenia y Austria y, en lo referente al comercio de bienes y al tráfico por carretera, se mencione de forma específica el sistema de los ecopuntos, que deberá ser evaluado y condicionado al acceso entre cada uno de los países. 
Éste es un aspecto que afecta sobre todo a la protección del medio ambiente. 
Estimo que otro tema importante es el de las infraestructuras. 
A través de este acuerdo se prevé una fuerte inversión en este sector, esto es, Eslovenia se compromete a pagar el 50 % del coste estimado de las obras de infraestructura, mientras que el porcentaje restante deberán aportarlo las entidades de crédito internacionales. 
Con respecto a este punto, sin embargo, nos encontramos ante una afirmación genérica y de principio, ya que de hecho sabemos que, mientras que Eslovenia ya ha empleado un importante porcentaje de su presupuesto para realizar algunas obras de infraestructura, el restante 50 % a cargo de las entidades financieras no ha llegado todavía. 
Contamos con participaciones del orden de un 12-15 %, por lo que, hasta la fecha, las entidades financieras internacionales no han respondido plenamente a las expectativas reflejadas en el acuerdo para la consecución de la libre circulación de bienes y personas. 
Desde este punto de vista, por lo tanto, sigue existiendo un déficit por parte de la Unión Europea que, mientras afirma y reitera algunas cosas importantes en los tratados y las organiza, luego en la práctica, cuando se trata de poner a punto las actividades de carácter financiero tiene problemas para cumplir los compromisos adquiridos ante estos países. 
En lo que se refiere al ámbito financiero, por consiguiente, considero importante insistir con objeto de que se realicen dichas infraestructuras fundamentales para la penetración, a través de Eslovenia, en los demás países PECO. Me refiero a Hungría, la República Checa y a los países que se hallan vinculados a Eslovenia en virtud de relaciones comerciales ya consolidadas en el pasado. 
Para concluir, estimo que éste es un acuerdo importante que debe ser aprobado. 
Evidentemente, deberemos velar con objeto de que la Comisión ofrezca las informaciones necesarias. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, después de que se han planteado algunas críticas, quisiera destacar los aspectos positivos de este acuerdo. 
Este acuerdo entre la Comunidad Europea y la antigua República Yugoslava de Macedonia- un largo nombre, pero me parece mejor expresarlo así que con ese nombre artificial de ARYM, es para mi un fanal de esperanza en esta región europea tan inestable económica y políticamente. 
Por ello, debemos dar nuestro voto favorable al acuerdo. 
Considero que el fomento y la ampliación de la infraestructura de transportes de este país son una clave para un posterior desarrollo económico positivo. 
Ahora bien, la UE no ha concluido este acuerdo de un modo tan desinteresado. 
Por un lado, representa una importante aportación a la culminación del mercado interior mediante la mejora del tránsito de norte a sur en Europa hacia Grecia y para la ampliación de las relaciones entre Macedonia y Grecia. 
Por otro lado, el acuerdo, con su enfoque interregional, fortalece la posición de este país como factor económico y político en esta región sudoriental de Europa sacudida por las crisis. 
La Comisión tiene que prestar ahora especial atención a que las planificaciones de los proyectos de transporte no se ejecuten aisladamente sino en estrecha coordinación con los Estados vecinos- en especial, con la República Federal de Yugoslavia- como aportación al saneamiento económico de toda esta región en crisis. 
En el sector del comercio, me parece esencial mejorar las condiciones del acceso al mercado interior a los productos de la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
En este contexto, hay que prestar atención para que las negociaciones sobre un acuerdo sobre la simplificación de los controles y formalidades en el transporte de mercancías se inicien sin demora en interés de una reducción de los obstáculos comerciales. 
Finalmente, también me parece importante que en este acuerdo no sólo se tengan en cuenta aspectos medioambientales sino que se ejecuten medidas concretas de protección del medio ambiente a lo largo de las nuevas vías de tránsito dando prioridad al transporte por ferrocarril y al combinado. 
Señor Presidente, habría sido muy desgraciado y no habría podido dormir hoy si no hubiese tenido esta oportunidad de ser llamado ahora por usted. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, aquí tenemos dos acuerdos que son muy importantes para mí. 
Me alegra mucho que el Sr. Comisario Van den Broek esté aquí pues en lo esencial no se trata de cuestiones detalladas de transporte en sentido estricto sino de que en nuestra vecindad más próxima o alejada lleguemos a infraestructuras de transporte que estén adaptadas a las necesidades del último o próximo proceso de ampliación. 
La pasada semana he ido a Eslovenia para participar en la reunión mixta de diputados del Parlamento Europeo y de Eslovenia. 
Como por motivos de horarios no pude tomar el avión de la mañana de Viena, tuve que volar de Viena a Francfort y de Francfort a Laibach pues la combinación de trenes existente es tan complicada que habría perdido la cita de la tarde el domingo en Liubiana, es decir, en Laibach. 
Esto muestra claramente que hoy en regiones vecinas hay que soportar caminos muy difíciles y, sin duda, no muy ecológicos, para llegar a un país vecino. 
Por ello, es muy importante- y en este acuerdo se coloca la piedra angular para ello- que lleguemos a una ampliación de la infraestructura de transportes que corresponda a los tiempos actuales y a las futuras tareas que tenemos que solucionar. 
Precisamente Eslovenia, como candidato a la adhesión de primer rango, es naturalmente importante. 
También tenemos que ampliar esta infraestructura para la estructura económica, que en Eslovenia precisa de una reforma aunque la economía funcione allí bien. 
No hay que decir demasiado al respecto. 
La ampliación de la infraestructura de los transportes será naturalmente una parte de la cooperación para la adhesión. 
También quiero mencionar que hemos pedido a los eslovenos que amplíen las comunicaciones, sobre todo, con Croacia y que no lo olviden. 
En el segundo acuerdo se trata de la ARYM o de Macedonia; aquí la situación es diferente pues hasta la adhesión va a durar mucho, mucho más tiempo. 
Sin embargo, me parece importante y que radica precisamente en interés de Grecia que la infraestructura de transportes- los ferrocarriles y, naturalmente, también la carretera- se amplíen del modo correspondiente, pues la unión de Grecia con el resto de Europa, si me permiten que así lo diga, pasará en lo esencial a través de la ARYM y todo lo que contribuya a una mejora de estas comunicaciones no sólo es de utilidad para la ARYM sino también para la Unión Europea. 
Señor Presidente, en este sentido quiero recomendar que, a pesar de ciertas carencias informativas que se han producido, se aprueben estos dos informes por motivos de política de transportes y también de política exterior. 
Señor Presidente, para empezar querría hacer sólo dos observaciones en relación con los dos acuerdos, No sólo sobre el protocolo con Eslovenia, sino también sobre el acuerdo con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Lo primero que quería observar, y me alegra que esté aquí el Sr. Van den Broek es que no se ha observado el artículo 90, es decir, que la Comisión informe al recibir una orden del Consejo para establecer un acuerdo, tal como exige el artículo 90. 
El artículo 90 del Reglamento es el resultado de un acuerdo de dos órganos, entre la Comisión y el Parlamento, de un acuerdo al que dimos una gran importancia justo después de la firma del tratado de Maastricht. 
Este acuerdo no se ha observado y, su no observación puso en una situación comprometida al ponente en cuanto al acuerdo con la Antigua República Yugoslava de Macedonia porque retrasaba su informe y muchos Srs. colegas empezaron a preguntarse a qué se debía esto y por qué se producía este retraso, mientras se había demostrado que se había presentado un documento a la Comisión y que la Comisión no contestaba, esto es, no quiso nunca informar a la Comisión de Transportes y Turismo en cuanto a las negociaciones y tampoco sobre lo que había sucedido, cómo realizó los acuerdos y cuál era el contenido de la orden. 
Esta es una observación. 
La segunda es que estos dos acuerdos deben votarse. 
Están los dos por encima del camino trillado de los acuerdos que ha realizado el Parlamento Europeo. 
Quizás recuerde, señor Comisario, que en 1990 se había firmado con la antigua Yugoslavia un acuerdo sobre los transportes. 
Se había formado también un tercer protocolo financiero. 
Desgraciadamente, no se aplicó nunca. 
Se suspendió al principio y esencialmente, no existe hoy este protocolo que preveía, recuerdo, en 1990 aproximadamente 800 millones de dólares par toda Yugoslavia. 
El segundo tema del que quiero hablar es que se ha creado en los países de la antigua Yugoslavia una singular situación para los transportes. 
Y, por un lado, sí, tal como lo subrayé, estamos avanzando y aprobando, y hacemos bien al aprobar los acuerdos por etapas, pero, por otro lado, diría que no hay una base común. 
Y empiezo con el acuerdo de Eslovenia: ustedes saben que existe una gran oposición entre Eslovenia y Croacia sobre el famoso nudo de Bereber. 
Allí no es posible ir poco a poco, de un país a otro, y ver, de pronto que estos países no pueden utilizar el dinero que reciben de la Comunidad por esta disensión entre Eslovenia y Croacia. 
Es decir, deberá darse un acuerdo superior multilateral, principalmente sobre las redes ferroviarias, no en cuanto a los automóviles, para que estos países puedan, en algún momento, organizar la red ferroviaria. 
Con estas observaciones, querría que el Sr. Van Den Breque, que se ocupa principalmente de otros temas de política exterior, que transmita estos programas a las direcciones generales competentes y a los encargados, al Sr. Kinnock, por ejemplo, que es un gran orador, pero creo que, a veces, estos detalles tienen una gran importancia para servir a una eficiencia de política exterior de la Comunidad en los Balcanes. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar a los colegas Baldarelli y Kaklamanis por sus informes. 
Aunque no comparto las conclusiones de mi colega Kaklamanis en la sesión de hoy, sin embargo ambos colegas se han esforzado por preparar este tema y creo que no se puede mantener la crítica de que colegas interesados han intentado retardar este acuerdo. 
Señor Comisario van den Broek- y me dirijo también al Comisario Kinnock- tenemos que encontrar un nuevo sistema para que el Parlamento esté mejor informado sobre las negociaciones que la Comisión lógicamente tiene que mantener, para que no se produzcan tales dificultades de comprensión entre el Parlamento y la Comisión. 
Señor Kaklamanis, creo que a pesar de todos los fallos de información, deberíamos estar contentos de que el Parlamento apruebe mañana ambos acuerdos, espero que con gran mayoría. 
Estos acuerdos no solamente son importantes para la reconstrucción o la política de transportes en los dos países del sudeste de Europa sino que benefician también a nuestros amigos griegos, quienes se han visto gravemente impedidos, por expresarlo suavemente, en su transporte y comercio con el resto de la Comunidad debido a la guerra en la ex Yugoslavia. 
Ayudar a Macedonia y Eslovenia, pero también a Grecia, es una importante tarea. 
Independientemente de ello, en junio de este año se ha celebrado la Tercera Conferencia Paneuropea de Transportes en Helsinki que nos ha mostrado que necesitamos más cooperación en el campo de los transportes dentro de Europa, tanto en lo que se refiere a las infraestructuras como a la regulación del tráfico. 
Por tanto, deberíamos estar contentos de que se debata hoy aquí sobre ambos informes y de que mañana se vote sobre los mismos. Los dos Estados no tienen ningún motivo para estar enfadados con el Parlamento. 
Vamos a dar nuestro voto afirmativo y luego podrán entrar en vigor los acuerdos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.17 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera señalar que en la página 11 del Acta hay una referencia a mi oposición a la urgencia aprobada ayer. 
El Acta no refleja exactamente mi preocupación por que en el documento (COM (97) 0247) figuraran varias afirmaciones extremosas sobre la utilización de monedas de níquel, en el sentido de que éste tenía consecuencias importantes para la salud y demás. 
Sin embargo, la semana pasada, sin ir más lejos, recibí una respuesta del Sr. de Silguy, en la que señalaba que se trataba de absolutos disparates, que el níquel no representa una amenaza para la salud. 
Pero aquí estamos a punto de insistir en que no se utilice el níquel en las nuevas monedas de euros. 
Disponemos de quince días para impedir que la Unión Europea- el Consejo, los Estados miembros, este Parlamento y la Comisión- hagan un ridículo espantoso. 
Los servicios tomarán nota de su observación. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra en relación con el Acta y la observación que en él figura de mi colega el Sr. David, quien dijo que mi queja ante usted al comienzo de esta semana fue de carácter personal. 
Deseo, asegurarle, por mediación de usted, señor Presidente, que no fue de carácter personal, sino en mi calidad de diputado a esta Asamblea, en la que tengo ciertos deberes democráticos. 
No la hice por sensación personal de agravio alguna, sino con arreglo a mi deber de diputado. 
El martes le prometí que lo informaría sobre la carta que por fin recibí del Secretario General del Partido Laborista, Sr. Sawyer. 
Recibí la carta ayer por la mañana, después de que se hicieran indagaciones. 
En realidad, era una carta muy conciliadora, pero insistía en el mantenimiento del código de conducta de que me quejaba yo. 
El problema radica en que posteriormente recibí una carta del encargado de la disciplina del Partido Laborista en la que me amenazaba con acciones disciplinarias. 
Señor Coates, es un asunto muy grave, pero no es un asunto del orden del día de hoy. 
Le daré una respuesta por carta esta mañana, pero no ahora, en el Pleno, porque no figura en el orden del día. 
No voy a admitir un debate sobre este asunto. 
. Señor Presidente, ya se recoge en las actas literales de las sesiones, pero quiero que conste en Acta- hablo pues del Acta- que Cantona, presidente de la Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales, ha expresado su satisfacción por el hecho de que usted asistiera en Madrid al partido organizado en contra del racismo. 
En cuanto a la carta sobre la legislación, la recibirá hoy mismo. 
Pero le agradecemos mucho que haya estado presente en el estadio del Real Madrid. 
Fueron tres los partidos y hay que reconocer que fueron bastante entretenidos. 
Disfruté mucho, sobre todo por el motivo. 
Señor Presidente, quisiera indicar brevemente que mi nombre no consta en la lista de presencia de ayer, probablemente por culpa mía, que me olvidaría de firmar, pero ruego que lo incluyan ya que estaba aquí. 
Así se corregirá. 
Señor Presidente, se trata del mismo problema. 
Ayer hablé sobre el presupuesto pero resulta que estaba ausente. 
Posiblemente no firmé. 
Ruego que se corrijan las actas. 
Muy bien, lo comprobaremos y lo añadiremos. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, antes de que se aprobara el Acta he intentado captar su atención en relación con una cuestión reglamentaria planteada ayer por el Sr. Imaz. 
El Reglamento me parece muy claro. Sólo se puede formular una pregunta complementaria durante el turno de preguntas. 
Así se le dijo a mi Grupo. 
Sin embargo, el Acta afirma que, en respuesta a las preguntas núms. 46 y 51, se permitió a la Sra. Thors formular dos preguntas suplementarias. 
¿Podría aclararnos esa decisión? 
Muy bien. Tomo nota de la cuestión y le contestaré a la mayor brevedad. 
Señor Presidente, también sobre el Acta, quisiera señalar a su atención una noticia que aparece en el diario The Times de esta mañana y según la cual cuatro de nuestros colegas han recibido un ultimátum para firmar un documento antes de las 3 de esta tarde, porque, si no, se vulnerarán sus derechos como diputados a esta Asamblea. 
Señor Mather, ya he dicho que no iba a iniciar un debate sobre ese tema. 
Se lo he dicho a todos los colegas de Su Señoría. 
Estado de la Unión y programa anual de la Comisión para 1998 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, mis responsabilidades me llevan a tomar la palabra en sendas ocasiones en menos de 24 horas en esta misma tribuna. 
Preocupado por no despertar un sentimiento de hastío entre los que tienen la amabilidad de escucharme por segunda vez, seré breve, contrariamente por lo demás, a mi costumbre. 
Me limitaré a un análisis, espero conciso y realista, del estado de nuestra Unión. 
Este tercer debate sobre el estado de la Unión tiene lugar 23 días después de la firma del Tratado de Amsterdam, 30 días antes de la Cumbre Europea sobre el Empleo, 52 días exactamente antes del Consejo Europeo de diciembre dedicado a la ampliación y cuando faltan siete meses para tomar la decisión final sobre la Unión Económica y Monetaria. 
Los distintos plazos que acabo de enumerar nos han proporcionado o nos proporcionarán valiosas indicaciones sobre el futuro de la idea y la acción comunitarias y, por tanto, sobre el porvenir de nuestro proyecto común. 
Este proyecto común debe seguir basándose en una finalidad y en un método, gracias a una fuerte solidaridad entre todos sus miembros. 
Aspiramos a crear paulatinamente una entidad política con vocación federativa, accionada por diversos engranajes virtuosos puestos en marcha por instituciones que salvaguardan el interés común. 
Mediremos por el mismo rasero comportamientos recientemente adoptados, o que tendremos que adoptar cuando se cumplan los plazos a los que acabo de aludir, si esta visión sigue siendo compartida por todos y si nuestro proyecto sigue siendo un proyecto pertinente. 
No voy a repetir aquí, señor Presidente, lo que pienso sobre el Tratado de Amsterdam. 
Lo hice públicamente el día que se firmó. 
Permítame simplemente recordar que el Tratado, que habrá atravesado los conocidos y desconocidos meandros de la ratificación, es un buen tratado. 
Implica innegables avances en pos de las aspiraciones de nuestros ciudadanos. 
Contiene virtualidades y potencialidades que abren nuevos cauces a la acción comunitaria. 
Por último, también en el ámbito institucional, Amsterdam hace acopio de manifiestos progresos. 
Su Parlamento lo reconocerá con toda objetividad, incluso si, en este ámbito, el Tratado acusa demasiada timidez y es insuficientemente conclusivo. 
Reconozcamos que este nuevo Tratado, a pesar de sus lagunas, a pesar de sus debilidades, constituye una etapa importante en el largo camino de la realización de nuestra Unión. 
Desconfiemos de juicios demasiado apresurados y demasiado sumarios. 
Demos una oportunidad a este Tratado y recordemos esta doble certitud: los tratados perfectos pueden conducir a resultados imperfectos. Sin embargo, los tratados imperfectos, y el de Amsterdam merece sin duda alguna este calificativo, pueden llevar a resultados perfectos, si esa es la voluntad colectiva de todos aquellos a los que incumbe ponerlo en ejecución. 
No cabe duda alguna de que los tratados son importantes, pero son mucho más esenciales la ambición de sus protagonistas y la voluntad de aquellos que los animan. 
En tal caso, tengamos ambición, tengamos una alta ambición. 
¡Superemos la división entre los partidarios de la «soberanía» que, por un momento, estuvieron a punto de llevarse la palma y los «federalistas» que no superaron todas las trabas! 
En cuanto a la Unión Económica y Monetaria, ha continuado de manera casi imperturbable su metódica marcha hacia adelante, según un guión aceptado y articulado alrededor de una miríada de nuevas disposiciones legislativas. 
Hay que decir, y mostrarnos orgullosos de ello, que el método de Maastricht ha tenido un notable éxito. 
Los progresos de convergencia, en todos nuestros países, han sido y siguen siendo impresionantes. 
La Unión Monetaria verá la luz, como previsto, el 1 de enero de 1999. 
La revolución monetaria se llevará efectivamente a cabo, a pesar de todos aquellos que, tanto en el exterior como en el interior, han tratado de desacreditar la moneda única. 
Recuerden las palabras malsanas de aquellos que se creyeron autorizados a escindir los Estados miembros en dos grupos: los países virtuosos por un lado, y el club Mediterráneo, expresión ¡oh cuan injuriosa! por el otro. 
Recuerden las repetidas incitaciones de aquellos que no cesaban de hacernos creer que sería mejor que la Unión Monetaria esperara todavía unos años más. 
Si no realizamos la moneda única antes de finales del siglo, la habremos perdido para siempre. 
¡Piénsese en el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa! 
La Presidencia, por su parte, ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para fortalecer más la credibilidad del euro. La decisión reciente de los ministros de Finanzas de fijar las paridades, el mismo día que se fijará la lista de los Estados miembros que participan en el euro, se orienta en este sentido. 
Las cifras provisionales publicadas por la Comisión abundan en este mismo sentido. 
Los buenos resultados económicos y presupuestarios de los Estados miembros me llevan a creer que un gran número de ellos están preparados para unirse al euro desde el 1 de enero de 1999. 
La decisión está próxima, pero permanezcamos vigilantes. 
No permitamos, desde ahora hasta la decisiva primavera del año próximo, que los nostálgicos del Estado-nación pongan trabas al proceso en curso. 
Es posible, quizás, ganar elecciones oponiéndose al euro. Sin embargo, no cabe la menor duda de que perderemos el porvenir matando la última gran ambición europea de este siglo. 
(Aplausos) Señor Presidente, el 21 de noviembre, los Jefes de Estado y de Gobierno van a reunirse para hablar y tomar diversas decisiones, así lo espero, sobre el empleo. 
Espero que el 21 de noviembre se convierta en una gran cita europea. 
Si debiéramos separarnos con la mera comprobación de que el paro es una plaga y que es preciso combatirlo, sin establecer, no obstante, los instrumentos concretos, cuantificados y comprobables, para combatirlo eficazmente, la Cumbre «empleo» será un fracaso y así lo diré. 
(Aplausos) Es preciso actuar, entonces actuemos juntos. 
Propongo aplicar el método de Maastricht, el de la convergencia económica y monetaria, a la política del empleo. 
Quisiera que nos invada, en materia de empleo, la misma ansiedad de convergencia que nos mueve desde hace años en materia económica y monetaria. 
Demostremos que la Cumbre del empleo habrá sido más que una mera cumbre. 
Procuremos que dé un viraje. 
Quisiera que después del 21 de noviembre el proyecto europeo se haya vuelto más completo y que, al haber sido concreto, haya vuelto a situar al hombre y su dignidad en el centro de nuestras preocupaciones. 
Si tenemos éxito en la Cumbre del empleo, y unos meses más tarde en la Unión Monetaria, la confianza volverá a formar parte de las virtudes europeas. 
Lo que más falta hace a la Europa de hoy es la confianza en su propio destino. 
Mostrémonos entonces a la altura de nuestro cometido. 
Nosotros, somos ustedes, el Parlamento, la Comisión, los Gobiernos nacionales y regionales, los responsables de la toma de decisiones locales y los agentes sociales, cuya responsabilidad iguala la nuestra. 
La historia europea, señor Presidente, no se detiene en los confines de sus ambiciones monetarias y sus deberes sociales. 
Debemos fijarle una nueva frontera. Esta frontera será la ampliación hacia los países de Europa central y oriental y hacia el sur. 
Antes de la última recta de este siglo, la historia y la geografía europeas se han reencontrado. 
Ahora debemos reconciliarlas e iniciar resueltamente y sin titubeos la ampliación. 
La ampliación es una ardiente obligación moral. 
Los hombres y las mujeres que, a costa de mil renuncias y de tantos sacrificios, se han liberado de la opresión comunista y han encarnado nuevas esperanzas que creíamos perdidas para siempre, hoy nos formulan una pregunta muy sencilla: ¿están listos para concedernos el lugar que nos corresponde en el seno de la esfera de solidaridad europea, o no? 
Nuestra respuesta no debe ser complicada. 
Debe ser sencilla, debe ser «sí». También debe ser honrada. 
La adhesión a la Unión Europea no resolverá todos los problemas a los que han de hacer frente los países candidatos. 
A veces, al escuchar a nuestros amigos que, durante demasiado tiempo, estuvieron separados de nosotros por la que, felizmente, ya no es la cortina de hierro, tengo la impresión de que prevalece el sentimiento de que la Unión Europea sería el mejor de los mundos posibles. 
No, aún se requieren importantes esfuerzos de ajuste en todos los países candidatos. 
Sin embargo, me apresuro a añadir que, nosotros también, debemos prepararnos para la llegada de nuevos Estados miembros. 
La Agenda 2000, presentada por la Comisión, trabajo de análisis y concepción de una calidad excepcional, demuestra que la ampliación impone considerables esfuerzos a los futuros, pero también a los actuales, miembros de la Unión. 
En el Consejo Europeo de diciembre, deberemos tener presente a todos los países candidatos. 
Nuestro mensaje deberá ser claro: todos los países candidatos tienen la vocación de convertirse en miembros de la Unión Europea. 
Todos formarán parte del proceso de ampliación, a partir del momento en que éste se ponga en marcha. 
No rechazamos a nadie, no tenemos derecho a excluir a un país candidato de nuestra familia europea. 
(Aplausos) Es muy probable, Señorías, que comencemos las negociaciones con los países mejor preparados. 
Serán negociaciones bilaterales entre la Unión Europea y los países interesados. 
No habrá negociaciones de grupo. 
Los PECO no forman un grupo. 
Son naciones independientes y orgullosas, orgullosas con toda razón. 
Considerarlas como parte de un grupo, sería volver a caer en la lógica soviética. 
A aquellos que hayan hecho progresos suficientes, se les ofrecerá la apertura de negociaciones. 
No cabe duda de que será difícil comenzar las negociaciones el mismo día con todo el mundo, ni tampoco se terminarán el mismo día con todos, pero será de esencial importancia procurar que la noche del Consejo Europeo de diciembre, todos los pueblos de Europa tengan la certidumbre, la garantía, de que Europa nunca más estará dividida. 
Señor Presidente, entre todas las consideraciones que me inspira la Agenda 2000, me referiré brevemente a un debate que apasiona sobremanera a aquellos que lo animan y que, si no ponemos cuidado, podría causar mucha irritación. 
Quiero hablar de esta sempiterna cuestión que constituyen las contribuciones nacionales al presupuesto comunitario. 
Entiendo perfectamente las reacciones de aquellos que consideran aportar una contribución sumamente pesada. 
Sería preciso, pero únicamente en el momento oportuno, reflexionar sobre una nueva articulación del sistema de recursos propios, que tiene en cuenta los deseos de unos y las necesidades de todos. 
Hasta entonces, quisiera hacer tres observaciones. 
La primera: no acreditemos la idea de que las ventajas de la Unión Europea pueden medirse basándose únicamente en los flujos y reflujos presupuestarios. 
(Aplausos) El presupuesto de la Unión representa el 1, 2 % del producto interior bruto de la Unión Europea. 
Ahora bien, la idea europea no puede reducirse al 1, 2 % de su PIB. 
¡No es correcto! 
(Aplausos) Segunda observación: existen, dentro del gran acervo de la construcción europea, elementos inmateriales que no pueden cuantificarse. 
No hay una respuesta en cifras a la única pregunta realmente importante: ¿cuál es el precio de una hora de paz? 
Tercera observación: no caigamos de nuevo en los errores de un pasado aún reciente. 
Hemos perdido cuatro años muy valiosos a principios de la década de los años 1980, porque la batalla presupuestaria que nos oponía entonces había terminado por paralizar todas nuestras políticas. 
Ahora bien, ahora que estamos a punto de salvar el umbral de un nuevo siglo, no tenemos tiempo que perder. 
Europa, señor Presidente, Señorías, no debe bastarse a sí misma. 
Tenemos un papel por desempeñar en la escena internacional, un lugar por ocupar, una vocación que hemos de hacer valer. 
El próximo siglo no será europeo. 
Lo compartiremos con otros protagonistas. 
Por tanto, debemos mantener y desarrollar relaciones equilibradas con los Estados Unidos y fortalecer las que tenemos con los países que, mañana, serán los vecinos de palio de la Europa ampliada. 
Quiero hablar de Rusia y Ucrania. 
Nada de lo que concierna a Rusia o Ucrania, en el curso de los próximos treinta años, nos será realmente ajeno. 
Así, debemos reforzar nuestra presencia y nuestro compromiso en el Oriente Medio. 
Debemos tener ahí una presencia influyente. 
We want to be players, not only payers. 
(Aplausos) Debemos continuar un diálogo directo y multiforme con los países asiáticos y volver nuestra mirada hacia África, ese continente desgraciado, pero muy a menudo valiente, esta África en la que vemos, junto a lamentables deslices, surgir aquí y allá, al mirar de cerca, nuevos y jóvenes dirigentes democráticos, capaces y generosos, que merecen nuestra confianza. 
En resumen, señor Presidente, sin dejar de tener presente nuestras múltiples debilidades y decaimientos, no logro comprender, a fin de cuentas, por qué cedemos con tanta facilidad a la melancolía ambiente que distingue el estado de ánimo de nuestro continente al de los demás. 
No todo es perfecto, sin duda alguna, pero en todo caso, podemos sentirnos orgullosos de los éxitos obtenidos desde que se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. 
Pertenezco a la primera generación europea que no conoció, ni vivió, la guerra. 
Cuando mi padre nació, en 1924, él era la generación de la posguerra. 
Cuando yo nací, 30 años más tarde, mi padre era de nuevo de la generación de la posguerra. 
Nuestros padres forman parte de una generación que ha pertenecido dos veces a la generación de la posguerra. 
Entonces, sí, dediquémonos a perfeccionar la construcción europea, pero mostremos reconocimiento a aquellos que nos han precedido y que supieron, en circunstancias mucho más difíciles que las de hoy, aprovechar las verdaderas enseñanzas de la historia. Procuremos, nosotros que crecimos en la paz, que en el curso del próximo siglo la guerra no vuelva a convertirse, como ha ocurrido tan a menudo en nuestra historia, en una opción europea. 
Quien quiere la paz, quiere Europa. 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, ciertamente, el año 1997 ha representado un cambio de rumbo para la Unión Europea. 
El Tratado de Amsterdam es, sin duda, una nueva piedra miliar de la construcción y del desarrollo de la Unión Europea. 
¿Cómo olvidar, por ejemplo, el paquete «Agenda 2000» presentado por la Comisión para poner en marcha todos los procedimientos de reforma para la adhesión de los nuevos países? 
Dentro de un mes, además, el Consejo de Europa abordará un problema aún más urgente, si cabe, y que afecta de cerca a nuestros ciudadanos, o sea, el desempleo con sus 20 millones de parados. 
Evidentemente, la actividad de la Unión Europa registra una notable aceleración en estos doce meses; pero si, por una parte, la acción de propulsión para el reforzamiento de la Unión no puede más que obtener nuestro aplauso y apoyo, por otra, nos preguntamos si sigue siendo adecuada la estructura institucional y democrática de la Unión. 
Hemos constatado, por ejemplo, que la reciente Conferencia Intergubernamental puso de manifiesto los límites del actual proceso de reforma de los Tratados. 
Este Parlamento tiene la obligación y el derecho de reclamar un papel institucional que pueda incidir en el plano político de cara, también y ante todo, a las futuras reformas de los propios Tratados. 
La Unión se está dirigiendo hacia nuevas metas y la función legitimadora de este Parlamento, la única Institución elegida democráticamente, no puede aplazarse en el tiempo, so pena de la erradicación de un firme convencimiento de nuestros ciudadanos, es decir, el de una Europa de los Gobiernos y de los burócratas y cada vez más alejada de sus intereses. 
En cuanto a la moneda única y la ampliación, por ejemplo, el procedimiento de toma de decisiones de la Unión ha demostrado sus fallos, a pesar de que compartimos sus objetivos finales. Desde hace tiempo, y en lo referente a cuestiones como el desempleo y el desarrollo económico, el Parlamento viene reclamando una atención tan fuerte y firme como la que se depara a la unión monetaria y, sin embargo, hemos tenido que esperar, sobre todo la Comisión, la iniciativa de un Estado miembro. 
Voy a abordar ahora el asunto de la ampliación. 
Se trata de un proceso de alcance histórico tanto por las implicaciones geopolíticas como por el número de países implicados y el impacto en nuestros Estados. 
Pues bien, el Parlamento fue informado de las decisiones de la Comisión con relación a un proceso de esta envergadura a través de la prensa y tuvo que esperar mucho tiempo para disponer de un texto motivado. Habida cuenta de que las decisiones de esta naturaleza deben ser, como de hecho lo son, estrictamente políticas, me pregunto cómo es posible y aceptable que tales responsabilidades sean asumidas por la Comisión. 
Quizás, señor Presidente, ésta es la paradoja de esta Europa: establecer unos objetivos extremadamente ambiciosos sin disponer de una estructura política e institucional adecuada que tenga en cuenta las voluntades de sus ciudadanos a través de la representación parlamentaria que ya tiene conferida. 
Así y todo, quiero evidenciar para terminar con el tema de la ampliación, que hemos valorado profundamente el voto favorable otorgado a la resolución Barón Crespo, que reconoce más adecuado el principio según el cual los procedimientos de verificación y de preadhesión deben emprenderse con respecto a todos los países candidatos y al mismo tiempo. 
Voy a pasar ahora a las grandes prioridades políticas para 1998, o sea, el empleo. 
Estoy de acuerdo con el Sr. van Velzen que, en la resolución que votamos ayer, recordó lo inútil que es inventarse cosas nuevas e inútiles e incluso perjudiciales: pienso, por ejemplo, en las 35 horas. 
Considero que, reorientando los Fondos estructurales, estableciendo un Pacto de Estabilidad y de Cohesión Social, fomentando y logrando que los Estados miembros se doten de políticas presupuestarias y fiscales adecuadas para el relanzamiento económico, se puede luchar contra el desempleo a medio plazo. 
Muchos de nosotros no creen que el enfoque monetario por sí solo sea adecuado y suficiente, so pena la exclusión y la marginación de varias capas de la población. 
Moneda única. Creemos que en la primavera del año que viene, junto con las, sin duda, necesarias evaluaciones de orden técnico para la admisión de los Estados en la Unión Monetaria, no hay que olvidar que el objetivo de la moneda única es sólo un instrumento al servicio de un objetivo político. 
Me pregunto ahora cuáles fueron las razones de la decisión del Bundesbank y del Banco de Francia en cuanto a subir los tipos de descuento. Es algo que sigue provocando mi perplejidad. 
» Agenda 2000» y ampliación: valen las mismas consideraciones que acabo de expresar. 
Además me felicito del hecho de que el propio ministro de Exteriores de la República Italiana haya expresado dudas y reservas con respecto a la exclusión de algunos Estados. 
Nosotros pedimos un profundo debate parlamentario sobre este tema y considero que este Pleno debe considerarlo como una de sus prioridades políticas para los próximos meses. 
Las reformas contempladas en la Agenda 2000 serán motivo de un amplio y profundo debate en nuestra Institución, pero ya desde ahora podemos manifestar que se podrá contar con todo nuestro apoyo para realizar el mercado único, replantear el tema de los impuestos indirectos, orientar mejor los esfuerzos para convertir en más competitiva nuestra economía, avanzar con más rapidez en el ámbito de las redes infraestructurales transeuropeas, recalificar el potencial científico y tecnológico, así como para revisar los Fondos estructurales. 
Todo ello deberá llevarse a cabo en un marco de cohesión económica y social en beneficio de los ciudadanos de la Unión exclusiva y directamente. 
Esto supone un nuevo marco financiero a medio plazo que deberá estar operativo a partir del 2000 y garantizar los medios adecuados para los ambiciosos objetivos que nos hemos propuesto. 
No encuentro, sin embargo, en el texto de la Comisión mención alguna con respecto a dos requisitos previos que consideramos fundamentales: una seria lucha contra el fraude y un mayor control y una efectiva racionalización de los gastos de la Unión. 
Se trata de dos recursos financieros muy importantes, habida cuenta del límite del 1, 27 % del Producto Interior Bruto, como contribución para la financiación de los recursos propios. 
La presencia de la Unión en la escena internacional. Aquí abordamos un punto muy delicado. 
En realidad, a pesar de que, por una parte, la ausencia de una unión política nos impide disponer de una representación fuerte y única a escala internacional- habiendo recientemente optado por una estructura sin rostro- por la otra, llevamos a cabo una política exterior, aunque limitada, constituida por ayudas, contactos, delegaciones itinerantes, acuerdos bilaterales, representaciones de la Comisión y demás. 
Una política que una vez más, se deja de hecho en manos de una institución de funcionarios, la Comisión. 
Creo, no obstante, que nuestra Institución debe reconocer a la Comisión la bondad de su actuación, aunque debe fijarse, sobre la base del voto de los ciudadanos, un objetivo dentro de las prioridades del próximo año, esto es, la puesta en marcha de un Foro parlamentario euromediterráneo, deseado por esta Asamblea, y que nosotros saludamos muy favorablemente, ya que, entre otras cosas, somos sus convencidos promotores. 
Desde nuestro punto de vista, sin embargo, es indispensable y seguramente conveniente para las ambiciones de la Unión una mayor implicación del Parlamento Europeo en la política exterior. 
Calidad de vida de los ciudadanos. La mejora de la calidad de vida de los ciudadanos europeos no es sólo un objetivo de la Comisión, sino también una prioridad de este Parlamento. 
Señores Presidentes, creo que en los albores del tercer milenio, la Unión Europea se está preparando para afrontar un reto sin precedentes, esto es, realizar por fin el proyecto de los padres fundadores de la Europa comunitaria, un proyecto político en que el ideal europeo se concreta a través de la unión de los objetivos en una patria común fuerte y solidaria. 
Señor Presidente, permítame que empiece por dar la bienvenida en nombre de mi grupo parlamentario al Presidente del Consejo de Europa. 
El Señor Juncker con razón ha criticado la falta de autoconfianza en Europa. 
En nombre de mi grupo parlamentario quisiera manifestar nuestra plena confianza en la Presidencia luxemburguesa, así como en las cualidades de este Presidente del Consejo. 
A principios del año que viene, el Consejo de Europa decidirá cuáles serán los países que puedan participar en la moneda europea. 
El ofrecimiento del país más importante de Europa, Alemania, de compartir su primer instrumento de poder, la moneda, con sus países vecinos es de importancia histórica. 
El euro es esencial para todos aquellos europeos que, como dijo Thomas Mann, prefieren una Alemania europea ante una Europa alemana. 
El segundo lugar, el euro es necesario para contrarrestar la fuerza centrífuga de la ampliación. 
En atención a dicha ampliación deberían haberse adaptadas las reglas correspondientes a la toma de las decisiones de la Unión. 
Esto, en Amsterdam, desafortunadamente no se ha hecho en la medida suficiente; nuestro Parlamento todavía no tiene la facultad de aprobar los Tratados. 
Esto significa que en la actualidad el euro es el único proyecto de profundización de la Unión. 
También las ventajas económicas de esa moneda son claras: menos inestabilidad de los tipos de cambio, mayor transparencia de precios, una baja inflación. 
Pero, ¿está Europa preparada para el euro? 
En algunos países la población aún tiene muy poca confianza en la moneda nueva. 
En lugar de esforzarse para ganar el apoyo de la población para ese euro, algunos gobiernos, como los de Suecia e Inglaterra, rehuyen esa responsabilidad. 
Pero, ¿cómo se van a fiar los ciudadanos de una moneda cuya legitimidad no se atreven a defender los políticos? 
Un segundo riesgo afecta a los tipos de interés. 
Cuanto más se amplíe la UEM, tanto más restrictiva habrá de ser la política antinflacionista del Banco Central. Ese banco no deberá dudar en aumentar los intereses cuando sea necesario. 
Sin embargo, aquí amenaza un conflicto entre el banco y los gobiernos nacionales. 
Porque, esos gobiernos están interesados en un tipo de interés bajo. Les permite financiar de forma más barata los déficits y las deudas y, además, beneficia la creación de empleo. 
De este modo, el euro fácilmente se podrá convertir en chivo expiatorio del paro. Y tanto más es así, porque los propios Estados Miembros se verán obligados a tomar un largo número de medidas impopulares. 
Unos intereses permanentemente bajos exigen una deuda y unos déficits de estado permanentemente bajos también. 
En países como Alemania, Francia, Italia y España aún no se han atrevido a introducir las necesarias reformas estructurales. 
Para crear empleo, será necesario reducir los gastos de empleo, flexibilizar los salarios y la jornada laboral, y los parados deberán percibir mayores incentivos para ponerse a trabajar. 
Dichas reformas serían necesarias sin euro también. 
Los gobiernos han de atreverse a explicar esto, porque de otro modo, muchos se volverán en contra de la moneda europea, y ésta no sería una aportación a la unidad europea sino una causa de reavivamiento del nacionalismo. 
La política monetaria, señor Presidente, pertenece a los dominios clásicos de la soberanía nacional. 
Quien comparte su moneda, comparte el poder. 
La concentración del poder, que será la consecuencia de la introducción del euro, requiere una potenciación paralela del control democrático en Europa. Usted mismo ya lo ha señalado en su introducción al debate. 
Afortunadamente, en el Tratado de Amsterdam se reforzaron las facultades del Parlamento Europeo. 
Pero se necesita más. 
Nuestro Parlamento deberá hacer uso de sus propias facultades de una forma más efectiva. 
Para ello, se requiere una serie de reformas. 
En primer lugar, opino que deberemos iniciar una cooperación mucho más intensiva con los parlamentos nacionales, lo cual constituye una parte esencial de la legitimidad democrática de Europa. 
Deberían establecerse consultas anuales sobre asuntos como la política exterior, la política monetaria, política interior y justicia, y la lucha contra el fraude. 
Luego están las investigaciones parlamentarias. 
Nuestras dos comisiones de investigación parlamentaria para la EEB y el fraude aduanero han dado unos excelentes e impresionantes resultados. 
Tenemos que continuar ese trabajo. 
Estudiemos si hay razones suficientes para constituir comisiones de investigación parlamentaria en terrenos como los programas de ayuda para Europa del Este o el Mediterráneo, o de la administración interna de la Comisión. 
Es importante que reforcemos al máximo el control democrático de la Comisión. 
Naturalmente, el funcionamiento del propio Parlamento deberá corresponder a los mismos requisitos de transparencia que aquellos que exigimos de las demás instituciones. 
La persistente publicidad negativa sobre los gastos de viaje de los diputados perjudica la reputación del Parlamento. 
Por lo tanto, las reformas decididas por el Buró en el mes de julio, deberán ser llevadas a cabo sin demora, antes de fin de año. 
Se necesitan, además, medidas a nivel de la dirección interna. 
En áreas como la política de la construcción, ofimática, seguridad e informática se han cometido serios fallos, y en breve se debe iniciar una investigación independiente con objeto de evitar ese tipo de errores en el futuro. 
Señor Presidente, debe mejorarse también la organización de nuestro trabajo parlamentario. 
Ningún parlamento en Europa cuenta con tantos días de sesión como el Parlamento Europeo. 
Pero la cantidad no necesariamente corresponde con la calidad. 
Demasiadas veces nos encontramos con agendas sobrecargadas, demasiadas veces nuestros debates son aburridos. 
El Parlamento ha de atreverse a definir sus prioridades. 
Menos tiempo para las votaciones, menos tiempo para asuntos indiscutibles, más tiempo para el debate político. 
Por tanto, hemos de aprovechar nuestras facultades hasta sus límites máximos; hemos de atrevernos a ser perseverantes. 
Creo, señor Presidente, que no sólo el Consejo y la Comisión soportan el peso de la responsabilidad por la respetabilidad de la Unión ante los ciudadanos. 
Este debate se ha centrado en las responsabilidades del Consejo y de la Comisión. También nuestra Casa es responsable de la reputación de la Unión. 
Este Parlamento debe hacer un máximo esfuerzo para mejorar la reputación de la Unión, también a través del perfeccionamiento de su propio funcionamiento. Por eso he querido pedir en este debate su atención para esta faceta. 
Señor Presidente, sentíamos preocupación ante el debate, porque este debate del estado de la Unión, que celebramos por tercera vez, no puede ser rutinario ni retórico ni superficial. 
Y tengo que reconocer que desde el inicial discurso del Presidente del Parlamento, y pasando por las otras intervenciones, se han hecho análisis importantes y se han hecho planteamientos de futuro. 
Por eso nos tenemos que felicitar. 
Pero, realmente, hay que hacer balance. 
Con ese símil médico del estado de la Unión es necesario no sólo tomar el pulso al supuesto enfermo, es necesario hacer un verdadero chequeo de su salud, una buena revisión con diagnósticos y con propuesta de soluciones. 
Y en este sentido el problema principal, la enfermedad principal, la hemos detectado todos: es el desempleo, es el paro. 
Aumenta el empleo- ha aumentado el último año -, pero de forma muy poco significativa. 
Al echar la vista atrás- como decía algún poeta como Antonio Machado- vemos los puestos de trabajo que han desaparecido, además de los que se han creado. 
Estoy pensando ahora en el dramático caso de Vilevoorde, que se planteó en este Parlamento, y en otros casos dramáticos que tenían también esa importancia. 
Por eso, desde el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, yo puedo decir que defendemos de una forma rotunda integrar las políticas de empleo en la Unión Europea. 
Pensamos que es necesario que la reducción del tiempo de trabajo sea un eje vertebrador de las políticas de empleo y, en este sentido, los compromisos del Gobierno francés y la decisión reciente que se ha tomado después del debate en el Parlamento italiano permiten abrir una esperanza al futuro, permiten que haya un debate verdadero y que pueda haber soluciones positivas. 
Y hay que decir que en estas dos naciones se ha ido mucho más allá que en los debates del propio Parlamento y de las instituciones de nivel europeo. 
Le damos naturalmente gran importancia a la Cumbre de Luxemburgo y apoyamos los esfuerzos del Presidente de la Comisión y, en este caso, muy especialmente del Presidente del Consejo, Sr. Juncker, en su impulso por defender y hacer actuaciones que vayan a favor de la convergencia real, de la convergencia que él ha llamado la convergencia del empleo. 
Y también apoyamos dedicar 150 millones de ecus del presupuesto para programas de empleo. 
Pero si hacemos la fácil división, vemos que corresponden solamente unos 8 ecus por cada uno de los desempleados europeos. 
Deseamos mucha suerte a estos programas de empleo. 
En mi país, el líder de mi formación política suele repetir que es muy importante el «programa, programa, programa». 
Y yo me atrevo a trasladar aquí, al Parlamento Europeo, esta propuesta de empleo diciéndola tres veces: empleo, empleo y empleo. 
A ver si diciéndola tres veces podemos aumentar los resortes y los mecanismos que tienen que trabajar por una política de empleo. 
Respecto al euro, todos estamos de acuerdo en que estamos en la recta final. 
Deseamos que cuantos más países compartan el euro, mejor. 
Será mejor para todos estar en esa misma responsabilidad. 
Pero somos críticos con las condiciones de Maastricht y escépticos ante el automatismo que se plantea: euro produce crecimiento, crecimiento produce empleo. 
No nos parece tampoco buena medicina el pacto de estabilidad y tememos sus consecuencias para la sociedad europea. 
Y en este chequeo queremos también hablar no solamente de la parte fisiológica, sino del estado de ánimo de la sociedad europea, cómo está el alma de la sociedad europea. 
Y, ya se ha dicho aquí, hay desasosiego, hay incertidumbre. 
Y mucho de ese desasosiego, de esa incertidumbre se plantea porque no hay un modelo claro para la ampliación. 
Apoyamos la ampliación, pero pensamos que un mal enfoque, una falta de previsión puede producir efectos negativos en los países que se adhieren y en los que ya estamos en la Unión. 
El mayor peligro: reconvertir la unión política, a la que aspiramos, en una gran zona de libre cambio. 
A esto se añade el problema de las perspectivas financieras y los efectos que se producirían sobre la actual solidaridad norte-sur en el interior de Europa, con la disminución de los Fondos estructurales y las repercusiones sobre la Política Agrícola Común. 
Es necesario, como ya se ha dicho hoy, contar con todos los países que piden la adhesión y no clasificarlos drásticamente en válidos y no válidos. 
Pero hay que conseguir en ese nuevo marco- y yo me acojo a las palabras del Sr. Martens, que tiene una posición política y una referencia ideológica tan diferente a la mía- que haya una verdadera identidad en la política exterior europea. 
El Sr. Juncker ha pasado hoy del subcontinente europeo a las ambiciones en un continente euroasiático. 
Pero esto no podremos hacerlo nunca, ni siquiera en el subcontinente europeo, si la identidad europea se subordina a la política de los Estados Unidos de América. 
Debemos ser amigos, pero no subordinados. 
Ante estos retos- y ya voy terminando, señor Presidente -, el Tratado de Amsterdam ha resultado incapaz de realizar la imprescindible reforma institucional previa a la ampliación. 
Un periodista español lo ha definido así: » Es un tratado incoloro, inodoro e insípido». 
Yo creo que darle el tratamiento que se le da ecológicamente al agua quizás sea excesivamente optimista. 
Y terminando ya realmente, debo decir que para resolver problemas clave hay que resolver también los problemas de la democracia. 
Voy a coincidir, creo, con la opinión pública europea. 
¿Quién decide en la Unión Europea? 
¿Quién es responsable? 
¿Ante quién es responsable? 
Quizás ha llegado el momento de que el Consejo empiece a ser responsable políticamente ante este Parlamento Europeo, que representa a todos los ciudadanos de la Unión. 
. Señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente, Señorías, existe un programa de la radio belga muy interesante que se titula: » la situación es desesperada, pero no preocupante '. 
Transponiéndolo a la Unión Europea, diría: la situación es preocupante y se amenaza con convertirse en desesperada, salvo si los principales actores ponen manos a la obra. 
Los decepcionantes resultados de Amsterdam no han dotado a la Unión de aquello que necesita para enfrentarse a los cometidos que tiene por delante. 
Incluso el Comisario Van Miert ha declarado públicamente, en septiembre, que Amsterdam ha sido un compás de espera y nada más que eso. 
La Unión, pues, no está preparada para la ampliación, puesto que ni siquiera existe un principio de reforma institucional. 
La necesaria plena unión política, que debería estar capacitada para una compensación social y ecológica de una deregulación del mercado, no se ha hecho realidad. 
La restrictiva política monetaria sí ha provocado que para millones de europeos el euro, incluso antes de su introducción, ya sea identificado con el derrumbamiento social y la pérdida de puestos de trabajo. 
Si bien Amsterdam ha limado algo el Pacto de Empleo, el talón de Aquiles sigue siendo el hecho de que no se asignó ningún dinero europeo para apoyar la creación de puestos de trabajo. 
Si la Cumbre sobre el Empleo de Luxemburgo no ofrece ningún avance y se limita a formular unas recomendaciones sin compromiso, la decepción será muy grande. 
Por esta razón. mi grupo parlamentario critica especialmente el que no se hayan tomado medidas para terminar con la carrera impositiva entre los Estados Miembros. 
Sigue avanzando la tendencia a incrementar los impuestos sobre el trabajo y reducirlos sobre el capital, lo que provoca la pérdida de empleos cuando precisamente deberían de crearse nuevos. 
A mi parecer, precisamente la Presidencia luxemburguesa es la más apropiada para solucionar el grave problema de la armonización de los impuestos. 
Mi pregunta a usted, señor Presidente Juncker, es si piensa impulsar alguna iniciativa en este sentido. 
No sólo en los resultados de Amsterdam, sino también en el trabajo de la Comisión vemos que no se producen impulsos, o no se producen en la medida suficiente, para un desarrollo sostenido. 
No se introduce un impuesto sobre el consumo de energía y la Comisión no logra ni tan siquiera en los concursos públicos utilizar la baza de la producción ecológica para valorar los expedientes. Todo un terreno que se ha dejado en baldío. 
Por último, y aquí estoy de acuerdo con el señor Presidente Santer, no podemos por menos que decir que la política exterior muestra unas lacras dramáticas, por ejemplo en Bosnia, Argelia y Palestina, y podíamos seguir mencionando a muchos más. 
Europa no ha hecho la diferencia necesaria para apoyar de manera adecuada y eficaz los procesos de paz en esos países. 
Hasta dónde llegan nuestras intenciones para con África se verá, sobre todo, esta semana, en la votación de la directiva sobre el chocolate. 
Sea como sea, sin un proyecto político democrático convincente orientado al interior y al exterior, Europa seguirá siendo una fría burocracia. 
Señor Presidente, en este otoño de 1997 el estado de la Unión parece lleno de contrastes. 
Por un lado, existen elementos positivos. Retendré uno, ya mencionado: la moneda única. 
Todo hace pensar que el euro se pondrá en circulación, se respetará el calendario y el número de países que participarán en la UEM desde el principio será importante, puesto que países como España e Italia, que suscitaban inquietudes, muy probablemente formarán parte del grupo de salida. 
En sí mismo, el euro es positivo para el poder financiero y económico de Europa, e indirectamente- cabe esperar- para el empleo. 
En sí mismo el euro es también sumamente positivo para el fortalecimiento de la unión política, que sigue siendo nuestro objetivo. 
Por último, añado que los considerables esfuerzos realizados por unos y otros- pienso en particular en Italia- para hacer convergir sus economías y conseguir el euro son la señal de una voluntad política que es preciso proclamar. 
Esta voluntad contrasta felizmente con la atonía y la melancolía que se deja sentir en otros ámbitos. 
En efecto, el estado de la Unión presenta también claroscuros. 
No mencionaré de nuevo el punto más negro, en este caso el paro; ya otros lo han hecho. 
Me quedaré con el ejemplo de la ampliación, que rige- como usted lo dijo, señor Presidente del Consejo- todo el porvenir de Europa. 
Hasta ahora, se ha abordado el problema, pero sin entusiasmo ni dinamismo, tanto el Consejo como la Comisión dan la impresión de resignarse a abrir un expediente que produce inquietud y llega en un mal momento. 
¡Ah, qué cómodo era cuando los países del Este estaban detrás de la cortina de hierro y fuera de la órbita de nuestros asuntos europeos! 
Espero que, dentro de unos meses, cuando el euro se encuentre en marcha, el Consejo y la Comisión se ocupen por fin realmente de la ampliación. 
Aún carecemos de un objetivo político claro. 
¿Queremos, para la nueva Europa una unión política fuerte o una mera zona de libre cambio? 
La cuestión no está realmente resuelta. 
Así, es difícil aceptar sin protestar la imprudente presentación propuesta por la Comisión y que consiste en separar de entrada a los candidatos en dos categorías. 
La Conferencia europea propuesta por algunos países- entre los que se encuentra Francia- corre el riesgo de no ser más que un paliativo, que sin duda alguna será mejor que nada, pero que se revelará insuficiente, como todos los paliativos. 
Carecemos también de una reforma de las instituciones de la Unión que permita a ésta soportar las consecuencias de la ampliación sin desintegrarse ante el número de miembros. 
Desde este punto de vista, el Tratado de Amsterdam es un fracaso e ilustra con gran exactitud esta carencia de voluntad política que caracteriza todo el expediente de la ampliación en su conjunto. 
A este expediente se añade otro, que por otra parte no deja de tener relación con la ampliación. 
Se trata del expediente financiero. 
Todo el mundo, en el Consejo, en la Comisión y en los Estados miembros, parece alegrarse de un presupuesto con crecimiento nulo y de un techo estrictamente establecido al 1, 7 % del PIB, con la esperanza de permanecer por debajo de este techo. 
Este dogma presupuestario no es coherente con los nuevos cometidos de la Unión, trátese de la ampliación, claro está, pero también de la lucha en favor del empleo y el mantenimiento de las políticas de solidaridad. 
En definitiva, señor Presidente, la Unión Europea se ha recobrado un poco, estos últimos meses, reanudando un crecimiento ciertamente muy moderado y habiendo demostrado una verdadera voluntad de conseguir el euro. 
Sin embargo, a la par de estos progresos aún queda mucho por hacer, para lo que se necesitaría- lo pido y lo deseo con todas mis fuerzas- la voluntad política. 
Señor Presidente, las dos prioridades esenciales retenidas por el Consejo y la Comisión para el año próximo, el empleo y el euro, parecen sumamente contradictorias. 
En efecto, el euro va implicar, por definición, la unidad de la política monetaria y la armonización de otras políticas económicas, de tal suerte que forzosamente ya no estarán adaptadas a las especificidades de cada país. 
El aumento de los tipos de interés a principios de octubre, que prefigura la unificación monetaria, lo puso de manifiesto. 
Mi país, en efecto, siguió esta alza cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo e implica el riesgo de frenar la recuperación de su crecimiento. 
De manera más general, habida cuenta de que no existe una zona monetaria óptima a escala de la Unión, el euro va imponer una rigidez monetaria contraria a la idea de flexibilidad que, por lo demás, pretende buscarse, y que implicará un alto coste para el empleo. 
Además, como pudo comprobarse en el debate de ayer, el procedimiento de coordinación para el empleo, con sus líneas directrices y, pronto sin duda alguna, sus sanciones, quiere ser exactamente un calco del utilizado para la Unión Económica y Monetaria. 
En ambos casos, los procedimientos están dominados por una palabra clave, la «convergencia» que, por otra parte, todavía se ha escuchado frecuentemente en los discursos de hoy. 
Ahora bien, la convergencia parece haberse convertido en Bruselas en una verdadera ideología. 
Exige que se admita sin ambages que, en todos los ámbitos, decretar una norma unificada para todos es mucho mejor para el crecimiento y el empleo que la diferenciación de las políticas en función de las necesidades de cada uno. 
Ahora bien, si quizás sea verdad que, en una Unión solidaria, es deseable evitar las contradicciones fuertes, a saber, que un país, debido a una pequeña ventaja, causará graves perjuicios a sus vecinos; en cambio, es falso pensar que la convergencia, extendida como alineamiento mutuo sistemático, sería un bien en sí. 
El Sr. Juncker habló hace un momento de engranaje «virtuoso». 
Yo, por mi parte, hablaría más bien aquí de engranaje «vicioso». 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, por su parte, piensa en efecto que el óptimo empleo se alcanzará mejor en la libertad de los países que en la ejecución de una regla uniforme decretada desde arriba. 
Señor Presidente, 1997 tenía que ser el año de las reformas y la señal de puesta en marcha de una nueva etapa de la unificación, caracterizada por la renovación de la estructura institucional, el aumento de las competencias del Parlamento, el establecimiento concreto del inicio de la Unión Política. 
Se trataba, y estas eran nuestra esperanzas cuando se inauguró la Conferencia Intergubernamental, de avanzar hacia la democracia dentro de la Unión y de sentar las bases para definir las reglas adecuadas de cara a crear la Unión Política y reunir las condiciones necesarias con objeto de llevar a cabo la ampliación. 
Nunca como en este caso nuestra esperanzas se han visto defraudadas. 
El Tratado de Amsterdam, firmado sin que trascendiera a la prensa, coronó el fracaso de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
No fue suficiente el tardío golpe de timón de los franceses, a los cuales en el último momento se añadieron también mis compatriotas, con la convocatoria del Consejo Europeo del día 21 de noviembre dedicado al empleo, para disipar el temor en cuanto a nuestro porvenir presente y futuro. 
El de la Unión Económica y Monetaria solamente o el de la Unión en su conjunto que incluye también a los países que no podrán entrar de inmediato en el euro? 
Las dos velocidades podrían por sí mismas añadir más problemas a los que ya conocemos, para los que no tenemos respuestas exhaustivas. 
Los problemas del empleo y de la ampliación que, junto con el euro, serán las prioridades políticas del próximo año, son una apuesta que reviste una importancia extraordinaria para el futuro de la Unión, apuesta que, si no se acertara, podría hacer añicos ese poco de comunitario que seguirá habiendo, antes de que se convierta sólo en una gran zona de libre cambio. 
Éste es el problema fundamental: o la Unión, gracias al impulso de la moneda única, sabrá otorgarse un estatuto político o estará destinada- crisis tras crisis, ampliación tras ampliación- a convertirse en un espacio comercial de 400 millones de consumidores, sometidos a decisiones políticas que serán tomadas en el extranjero, en función de unas relaciones de fuerza, económicas y financieras, que regirán en cada momento. 
No debemos olvidar el creciente peso del Pacífico, China inclusive, en los asuntos del mundo, y el inmovilismo actual del Atlántico, del que Europa es parte implicada. 
Es para alejar estos temores que pedimos a nuestros Gobiernos, al Consejo y a la Comisión que hablen con voz firme y que hagan entender a los ciudadanos electores que el desarrollo o el declive de nuestros países depende del desarrollo y declive de la Unión que, si no acertará las formas y los plazos de la ampliación, si no resolverá cuanto antes el problema del empleo, si no conseguirá por estas razones mantener el consenso de los ciudadanos, modificará su rostro y se convertirá en lo que nadie de nosotros quiere: una entidad fuertemente burocratizada, algo librecambista y dirigista, que se moverá como un elefante entre las copas de cristal de la política internacional, sin seguridad y defensa comunes, sin una política en materia de justicia, sin, en definitiva, ese algo que sirve para desempeñar ese papel político que le corresponde a una entidad de estas dimensiones. 
Deberemos abrigar las mismas esperanzas frustradas en los propósitos que se nos presentan para luchar contra el desempleo. 
Por ahora no encontramos ante una larga lista de deseos y afirmaciones nominalistas: diálogo entre las partes, Europa solidaria, Europa social, lucha contra la marginación, y, sin embargo, no se ha anunciado ninguna nueva política, ni tampoco se ha presentado ninguna estrategia a medio o largo plazo. 
¿Sobre qué base se crearán los nuevos puestos de trabajo? 
¿Se desbloquearán las rigideces de las disposiciones de los mercados de trabajo nacionales, auténticos corsés de la movilidad y de la contratación de nuevo personal? 
¿Se recurrirá quizás a los presupuestos públicos- como intenta hacer algún Gobierno- para generar una euforia temporal? 
Jacques Delors en su Libro Blanco sobre el empleo, a propósito de la insistencia de métodos milagrosos para el crecimiento, afirmaba: » Desatar los cordones de la bolsa puede generar, al igual que una droga, una euforia temporal, pero» -añadía- «el despertar será todavía más duro cuando luego haya que reparar los daños causados por la inflación y los desequilibrios internos. 
El daño más grave» -concluía- «sería el empeoramiento del desempleo». 
Esto es, sin duda, lo que nadie quiere, sin embargo, nadie hace nada para evitarlo. 
En el mismo capítulo, el Sr. Delors decía «no» , al igual que hoy dicen «no» los Sres. Monti y Bangemann, a la reducción generalizada del horario de trabajo, a la que parece que algunos Gobiernos hacen referencia. 
Debe hacerse el mismo discurso en cuanto a la ampliación, ya que a falta de un esfuerzo financiero más ingente, se asistirá a la consistente reducción de los fondos actualmente asignados a las regiones de la Unión que se benefician de la política de cohesión- objetivos 1 y 5- y a un probable empeoramiento de los desequilibrios entre las regiones ricas y las pobres. 
No existe una política en materia de crecimiento y sin ella, sin embargo, no se generan los recursos que conducirán al desarrollo tanto de los nuevos posibles miembros como de los 15 actuales. 
Quisiéramos ahora plantear algunas preguntas: ¿Cuál será nuestro futuro si el Reino Unido se echara a un lado y Londres- una de las primeras plazas financieras- quedara fuera del euro? 
Y ¿qué cínica indiferencia nos permitirá continuar a ignorar el Mediterráneo? 
Europa será mediterránea o no lo será si no tendremos la fuerza para resistir una inmigración cada vez más desesperada. 
Europa será política o no será nada. 
En consecuencia, señor Ministro, si bien es cierto que tenemos unas obligaciones- como usted afirmó esta mañana- incluyendo las obligaciones frente a los países de las antiguas Repúblicas del Este, lo cierto es que ante todo tenemos obligaciones frente a los 20 millones de parados europeos: unas obligaciones para controlar la desubicación de las empresas, unas obligaciones para conciliar las libertades del mercado con la solidaridad y para construir por fin la Unión Política. 
Señor Presidente, Señorías, al escucharles empezaba a desesperar porque muy raros fueron los momentos en los que tuve la impresión de que podríamos disentir. 
No quisiera caer en el defecto de la paráfrasis para confirmar sus palabras repitiendo las reflexiones que hice en la apertura de este debate. 
Felizmente, hacia el final, se elevaron ciertas voces para hablar de cosas que, por fin, son tan opuestas a mi pensamiento y mis palabras que me alegra aprovechar esta ocasión para reiterar lo que pienso. 
No hay que oponer la ampliación y las prioridades que conlleva, por una parte, a la prioridad que debe corresponder al empleo, por otra. 
Creo que se trata de dos prioridades que no son antinómicas, ni contradictorias, entre ellas. 
Será preciso que continuemos ambas. 
Lamentablemente, la Señora que suscitó esta respuesta, al abandonar la sala, no puede aprovecharla. 
Se formuló una pregunta- casi me pareció divertida- a propósito de una iniciativa luxemburguesa en materia de armonización fiscal, porque, según parece, Luxemburgo estaría especialmente bien situado para lanzar tales iniciativas. 
Rogaría a la Sra. Aelvoet que tuviera a bien remitirse a las páginas financieras de todos los diarios europeos, a partir de principios de julio, que le mostrarán la multitud, la agudeza y la solidez de las propuestas luxemburguesas en materia de armonización fiscal. 
Sí, estamos bien situados para poder hablar y discutir de la armonización fiscal en Europa, después de haber dedicado una reunión del Consejo informal de ministros de Finanzas a este tema, y luego de haber organizado un debate en el Consejo ECOFIN de los días 13 y 14 de octubre pasado. 
Debo decir que somos quince especialistas, ya que escuché, en la boca de mis catorce colegas, muchos argumentos que, hasta ahora, siempre habían temido emplear. 
En el momento en que la Presidencia luxemburguesa acaba de proponer un enfoque más amplio, para no concentrar el debate fiscal únicamente en la fiscalidad del ahorro, sino para incluir, en nuestros esfuerzos destinados a una armonización fiscal suficientemente sólida en Europa y con vistas a evitar el dumping social, todos los aspectos de la fiscalidad, compruebo que, contrariamente a lo que algunos habían podido pensar hace poco, no sólo hay un paraíso fiscal en Europa, sino efectivamente quince. 
Por ende, somos quince especialistas sentados a la mesa para poder debatir esta cuestión, y espero que este ecumenismo del Consejo no dejará de ser profundamente percibido en esta Asamblea, y que ésta lo amplificará todavía para conducirnos a una armonización fiscal acertada en Europa. 
De todas maneras, la Presidencia luxemburguesa continuará haciendo todo lo que esté en su mano, de aquí hasta finales de diciembre, para poder llegar a un acuerdo sobre este punto. 
Agradezco, pues, las dos o tres intervenciones un poco, pero no suficientemente, discordantes, que me han dado la oportunidad de retomar la palabra ante ustedes. 
Agradezco a los demás oradores por sus profundos análisis. 
Me gusta este calificativo, porque de hecho me encuentro en armonía completa con lo que han dicho. 
Señor Presidente, señores Presidentes, Señorías, nos encontramos ante unos años decisivos y cuando el Presidente Gil-Robles se ha remontado a Robert Schumann y la CECA, mi impresión ha sido que estamos ante la culminación de todas las décadas de desarrollo europeo. 
La ratificación del Tratado de Amsterdam, la ampliación y las reformas institucionales y financieras asociadas a la misma, todo ello nos dará la oportunidad de completar esta obra en ámbitos más amplios. 
Debemos preguntarnos, no obstante, si realmente tenemos las fuerzas necesarias para ello y esto nos obliga a prestar atención a muchos aspectos. 
Las prioridades que ha enumerado la Comisión, en relación con el euro, el empleo, la ampliación, el papel de la UE en el mundo y los derechos de los ciudadanos son, a mi parecer, las adecuadas. 
Me parece acertado que el Presidente del Consejo señale que debería aplicarse el método de Maastricht también al tema del empleo, puesto que los países que no participen en esta coordinación de la política de empleo acabarán teniendo dificultades para justificar su actuación ante sus propios ciudadanos, debido a sus malos resultados. 
Yo pienso que se trata de un enfoque adecuado. 
Nuestro increíble éxito en el terreno de la estabilidad como preparación para el euro- que hace dos años nadie hubiese creído posible- constituye, a mi parecer, una prueba de lo acertado del método. 
La Unión Europea se ha convertido en una comunidad de la estabilidad, en una medida que nadie creía posible. 
Sin embargo, ahora que nos disponemos a abordar la ampliación, también debemos disponer de los instrumentos adecuados para responder a dichas tareas y competencias. 
De nada sirve que la Unión Europea acumule competencias si no dispone de los instrumentos para ejercerlas de manera que el ciudadano perciba su capacidad de actuación, perciba unos resultados. 
Por lo tanto, una condición esencial para la ampliación es el desarrollo del procedimiento de decisión por mayoría cualificada. 
Si no avanzamos en esta dirección y si este paso no se prepara de manera sistemática en los próximos años, no conseguiremos tener una Unión reforzada. 
Por consiguiente, la Comisión y el Consejo, y también nosotros desde aquí, estamos obligados a hacer una importante aportación en este ámbito. 
Sin duda, lo más importante no es conseguir nuevas competencias para Europa, sino que sobre todo necesitamos instrumentos para ejercer las competencias actuales. 
Y deberíamos empezar a establecer ya una práctica adecuada en aquellos aspectos en los que el Tratado de Amsterdam ofrece posibilidades. 
Por esto, señor Presidente de la Comisión, es preciso velar, por ejemplo, por que la Unidad de planificación en el ámbito de la política exterior no se convierta en una nueva organización del Consejo, según el modelo del COREPER, sino que se defina, con la participación de la Comisión, de manera que esté dotada de un valor comunitario añadido. 
La Comisión debe prepararse para que en el futuro podamos contar con una nueva " troica» , donde el Comisario de Asuntos Exteriores tenga un papel esencial. 
Por consiguiente, la Comisión debe empezar a pensar ya en una reorganización que le permita responder a estas oportunidades, a fin de empezar a consolidar una práctica sobre esta base. 
El Tratado ofrece un potencial, ¡pero es preciso aprovechar este potencial preparándose debidamente para ello! 
Por lo que respecta a nuestro papel en el mundo, nos disponemos a iniciar la nueva ronda de negociaciones de la OMC. 
Sin embargo, no nos fue posible adoptar las decisiones necesarias en el marco del Tratado de Amsterdam. 
Por lo tanto, debemos empezar a pensar ya cómo cumpliremos nuestra tarea de manera que responda a los intereses comunes. 
Quizá podríamos considerar una solución que nos permita dotar rápidamente de competencias a la Comisión. 
Señor Presidente de la Comisión, apreciados Gobiernos de los Estados miembros, necesitamos un análisis de los beneficios de la Unión Europea. 
Cuando se habla de costes, todos ustedes se apresuran a dejar claro que pagan demasiado, reciben demasiado poco y tienen que recibir más. 
Pero nosotros quisiéramos disponer también de una cuantificación de los beneficios de la Unión Europea para cada país. 
Una vez que se halla aclarado este aspecto, estaremos en condiciones de desarrollar un debate equilibrado que permita definir una compensación justa. 
Yo pienso que la Comisión debería proporcionarnos esta cuantificación. 
La Unión Europea actual puede convertirse después de la ampliación en una comunidad de paz para toda Europa. 
Puede aportar estabilidad y equilibrio y, con ello, a la larga reportará beneficios económicos y socioecológicos para todos. 
Lo que todos debemos comprender es que sólo unidos podremos conquistar el futuro y que el beneficio común resultará más favorable para cada uno que aferrarse a aparentes ventajas individuales. 
¡Debemos promover una alianza de las instituciones para responder debidamente a esta tarea! 
(Aplausos) 
Señor Presidente, ilustres señores de Luxemburgo, Señorías, este debate es muy interesante porque nos obliga a extender nuestras reflexiones un poco más allá de la rutina cotidiana. 
¿Qué necesita en realidad esta Europa si ha de llegar a ser la Europa de los ciudadanos, en vez de refugiarse en la ciudadela del poder? 
Europa necesita en primer lugar que personas combativas la hagan combativamente suya. 
Literatos, como Günther Grass, por ejemplo, que dan muestras de responsabilidad cuando intervienen en la política y señalan las actuaciones erróneas, ¡eso necesita justamente Europa! 
No políticos pobres de espíritu y estrechos de miras que quisieran mantener el arte y la cultura recluidos en su torre de marfil. 
¡Europa necesita visiones! 
Las gentes deben saber por qué debe interesarles en realidad formar parte de Europa. 
Necesitan visiones, en la línea de las que Ernst Bloch describe como lo " todavía no existente» , es decir, aquello por lo que merece la pena luchar. 
Lo único que puede hacer posibles los cambios. 
El Tratado de Amsterdam no es una visión, sino una plúmbea chapuza jurídica que no responde a la exigencia central que debía cumplir, esto es, garantizar la democracia europea; pues sólo ésta hará posible un futuro para Europa. 
Una reforma de la Unión Europea bajo el lema: más Europa con menos democracia, es una falsa solución peligrosa, pues la democracia europea es un requisito previo, una cuestión vital, y no una visión. 
Europa debe ser la perspectiva de lo común, en lugar de lo que nos separa; de la unión en igualdad de condiciones, en lugar de la división; de la decisión de derribar los muros que nos dividen. 
Europa no debe definirse a través de la exclusión, sea geográfica, ideológica, en relación con el tema de la religión, entre hombres y mujeres, entre mayores y jóvenes, entre ricos y pobres. 
Una política de paz europea supone en su mejor sentido la superación de las fronteras. 
Europa necesita urgentemente aire fresco, como el que sopla en Gran Bretaña y Francia después de los cambios de gobierno. 
Pero, sobre todo, Europa necesita un cambio de política, esto es, una política verdaderamente dispuesta a luchar contra el escándalo del desempleo masivo y que deseche al fin el credo neoliberal para convertirse en la Europa de los hombres y no en la de los mercaderes. 
Europa necesita una democracia social. 
Europa es la totalidad de Europa y es preciso convencer a las gentes de ello. 
Así lo ha manifestado sincera y verazmente el Sr. Juncker esta mañana. 
Sí, sincera y verazmente. 
Pero a continuación también es preciso añadir que un proyecto histórico, como el de la unión de toda Europa, no puede pagarse con cargo a los gastos corrientes. 
Todo esto necesita Europa y sólo así podrá recuperar la confianza y la aceptación. 
Esto necesita Europa y yo, señor Presidente, necesitaría disponer realmente de más tiempo. 
Señor Presidente, Señorías, en este debate, dedicado al estado de la Unión, naturalmente interesa evaluar cuál es la influencia que se percibe del Tratado de Amsterdam, que al fin y al cabo fue el acontecimiento más importante de este último año. 
¿Cómo valora la Comisión ese Tratado? 
¿Encontró el resultado, al igual que nosotros, decepcionante? 
Y de ser así, cuáles son las consecuencias que extrae de ello? 
Sin embargo, señor Presidente, en los planes de la Comisión, Amsterdam brilla por su ausencia, justamente cuando yo esperaría que en sus planes la Comisión anunciara nuevas iniciativas, bien para llegar a las mayores reformas institucionales necesarias que se requieren para la ampliación, o bien para empezar a aprovechar ya mismo, de manera concreta y creativa las posibilidades que efectivamente brindará ese Tratado. 
De todas formas, esperamos algo más de iniciativa de la Comisión, al igual que de algunas comisiones parlamentarias, entre ellas de la que yo presido, que ya están siendo consultadas en anticipación a la ratificación. 
De esta misma manera, la Comisión tal vez debería tomar ya su anticipo a la entrada en vigor del Tratado. 
Pero si no quieren hacerlo, tanto más importante será que mientras esperen esa ratificación oficial, terminen de tratar una serie de asuntos que ya llevan tanto tiempo sobre la mesa. 
Pienso, señor Presidente, en primer lugar en la libre circulación de ciudadanos, las así llamadas propuestas de Monti. 
En el resumen de los trabajos del '97 no se mencionan en absoluto, y en el de los del' 98 sólo en el marco de la recomendación del grupo consultivo Veil. 
Tampoco el Consejo se ocupa de esas iniciativas, y se ve que se está esperando la ratificación del Tratado. 
Aparte del hecho de que las propuestas de Monti van más lejos y son más fuertes que aquello que aparece en el Tratado de Amsterdam sobre el libre movimiento de las personas, diríase que es inaceptable que no se esté haciendo nada en este terreno. 
En el año ' 93, nuestro Parlamento obligó a la Comisión a emprender acciones en esta materia. 
Así pues, quiero saber ahora qué es lo que va a hacer la Comisión, ¿o es que el Parlamento deberá obligar al Consejo a emprender acciones por la vía jurídica? 
A continuación, señor Presidente, llego a un problema de índole más general que tiene la Unión: la pérdida de confianza en la Unión que observo en muchos ciudadanos. 
Veo las propuestas de Monti como una buena prueba. 
¿Cómo es posible que la Unión se queje de la falta de apoyo para el proyecto europeo si la propia Unión no es capaz de realizar ni tan siquiera una parte tan esencial de su política, como es la libre circulación de los ciudadanos? 
¿En qué cabeza cabe que las judías verdes puedan pasar libremente las fronteras interiores y, sin embargo, las personas tengan cada vez más trabas? 
Deberá prestarse más atención, y así se lo pido expresamente a la Comisión, a la Unión de los ciudadanos, a la constitución de un puente entre las instituciones y la política por un lado y, por otro, las personas, quienes fueron al fin y al cabo la razón fundamental de todo esto. 
Los artífices de las políticas nacionales, los Ministros de Finanzas nacionales, una y otra vez tocan a rebato porque la Unión cuesta demasiado dinero y a nivel nacional exigen recibir tanto como paguen en contribución. 
Una y otra vez se juega esa carta de la renacionalización, y naturalmente, como Parlamento, nos oponemos a ello. 
Sin embargo, la Comisión estará de acuerdo conmigo en que sería ingenuo pretender atenuar estas tendencias de renacionalización sin que viéramos a su vez unos resultados europeos concretos. 
Señor Presidente, el objetivo esencial del debate de esta mañana es el de hacer un balance de la situación en que nos encontramos hoy en la Unión Europea y trazar la vía por la que avanzar hacia el futuro, una vía práctica pero también estimulante. 
Hoy, si somos objetivos, tenemos razones para mostrarnos optimistas. 
Se ha acordado un nuevo tratado, un tratado que amplía la democracia, que profundiza la Unión y aclara muchos de nuestros procedimientos y estructuras. 
Tenemos la Agenda 2000, que constituye un marco para la ampliación y una nueva perspectiva financiera. 
Al mismo tiempo, todo indica que vamos camino de la creación de una moneda única el 1º de enero de 1999. 
Ahora bien, no debemos mostrarnos autocomplacientes: muy al contrario. 
Lo que queda por hacer es inmenso. 
Se debe hacer hincapié- creo yo- en dos cuestiones por encima de todas las demás. 
En primer lugar, la cuestión de la ampliación. 
Creo que es esencial que las negociaciones sobre la ampliación se inicien en cuanto sea viable. 
Para que haya avances rápidos, debemos iniciar dichas negociaciones con cinco de los Estados candidatos de la Europa central y oriental, más Chipre, naturalmente. 
Sin embargo, no se debe excluir de ese proceso a los otros países que aspiran a la adhesión. 
Debemos mostrarnos receptivos, no sólo enviando el mensaje idóneo, sino también haciendo propuestas prácticas para facilitar ese proceso. 
Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de nuestras obligaciones respecto de la cohesión económica y social dentro de los Estados miembros actuales. 
Muchas de las observaciones y propuestas que está haciendo la Comisión al respecto me resultan alentadoras. 
La segunda cuestión es la del desempleo. 
Francamente, una situación como la actual en la que tenemos de 18 a 20 millones de desempleados en la Unión Europea es inaceptable. 
Nuestro objetivo no debe ser otro que el del pleno empleo. 
Pero debemos procurar también no lanzarnos a la retórica del pleno empleo, sino presentar al mismo tiempo propuestas encaminadas en realidad a alcanzar esa meta. 
Espero que la cumbre extraordinaria sobre el empleo sea una oportunidad ideal para que los Gobiernos nacionales mancomunen sus experiencias y también presenten un conjunto de propuestas prácticas que todos podamos aplicar a nuestros diferentes modos en los 15 Estados miembros. 
Debemos entender claramente que no hay atajos para la creación de puestos de trabajo para nuestros ciudadanos. 
Debemos velar por que se haga hincapié en la competitividad de nuestra economía europea en conjunto. 
Debemos procurar disponer de políticas radicales para garantizar en la medida de lo posible la empleabilidad de nuestra mano de obra. 
Debemos seguir haciendo hincapié en la educación y la formación en todos nuestros sistemas educativos. 
Al mismo tiempo, debemos procurar disponer de políticas que estimulen el crecimiento sostenible en los sectores de la economía que pueden producir el mayor número de puestos de trabajo. 
Destaca un sector: el de las pequeñas y medianas empresas. 
Si queremos crear puestos de trabajo, debemos hacer hincapié en ellas. 
No olvidemos que, aunque tenemos el Mercado Único sobre el papel, distamos mucho de tenerlo en la realidad. 
Debemos velar por el establecimiento de verdad de dicho Mercado Único, que, según muchos, ya existe, aunque sabemos que en realidad no es así. 
En otras palabras, debemos procurar disponer de un programa práctico, que sea pertinente para los ciudadanos y que sirva de inspiración para una auténtica Europa de los ciudadanos. 
Pido silencio a todo el mundo. 
El Presidente de la Comisión está hablando. 
Tengan la amabilidad de entrar en la sala en silencio. 
Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión. 
Con ello llegamos al final de este debate y quisiera agradecer a todos cuantos han participado en él, y muy especialmente a los Presidentes del Consejo y de la Comisión, las facilidades dadas para que hayamos podido realizar realmente un debate político en torno al estado de nuestra Unión. 
Creo que debemos felicitarnos. 
Señor Presidente, ha pedido usted silencio en la Asamblea. 
De conformidad con el artículo 2 de nuestro Reglamento, deseo referirme a otra petición de silencio. 
Le he escrito a usted hoy para indicarle que se ha pedido a cuatro diputados a esta Asamblea que acepten antes de las 3 de la tarde de hoy el código de conducta impuesto por el Partido Laborista en Londres, que les impide hacer declaraciones a la prensa y que, en mi opinión, constituye una infracción del Reglamento de esta Asamblea. 
Tengo entendido que ha escrito usted al Sr. Coates. 
Sin embargo, tengo entendido también que la carta dice que es un asunto que no incumbe a esta Asamblea. 
Opino que es un asunto que incumbe a esta Asamblea, que la libertad de expresión debe ser absoluta y que la Mesa tiene el deber de mantenerla. 
Señor McMillan-Scott, no voy a permitir un debate sobre este asunto. 
Lo siento, pero no figura en nuestro orden del día: es otro asunto. 
Eso es lo que he dicho esta mañana. 
Por esa razón, he respondido a los diputados interesados que me han escrito a ese respecto. 
El Sr. McMillan-Scott me ha pedido que presente ese asunto a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Así lo haré, para que nadie abrigue duda alguna sobre la interpretación correcta. 
El Pleno no es el lugar para celebrar un debate sobre ese asunto. 
Señor David, lamento no concederle el uso de la palabra a Su Señoría ni a ningún otro, porque no quiero plantear de nuevo un asunto que se va a presentar a la Comisión de Reglamento. 
Votaciones 
Intervendré en relación con la enmienda 1. 
Muy bien, señor Fabre-Aubrespy, pero permítame precisarle que la enmienda 1 no es admisible y que le doy el uso de la palabra porque supongo que no está usted de acuerdo. 
Señor Presidente, efectivamente contesto su punto de vista, basado, me lo imagino, en el artículo 125 del Reglamento, y más exactamente en la letra a) del apartado 1. 
Está usted resuelto a aplicar el artículo según el cual la enmienda no es admisible porque se aplica al año 1997 y no al año 1998. 
Primeramente, hago la precisión de que el texto integral de mi enmienda no era exactamente el que se propuso a nuestra Asamblea. 
Asimismo, quisiera recordarle, remitiéndome a la página 24 del Acta de nuestra sesión del lunes, tal como fue aprobada el martes por la mañana, que usted mismo propuso no añadir ningún período de sesiones al calendario 1997, y añadir uno al calendario 1998. 
El plazo de presentación de las enmiendas a esta propuesta se fijó un martes, a las 12 horas. Por tanto, existía muy bien la posibilidad de enmendar su propuesta. 
Esta propuesta era doble y lo único que he hecho, señor Presidente, es retomar los términos de su carta del 8 de octubre dirigida a todos los presidentes de Grupo. 
En ella decía que después de verificar todos los datos en su conjunto, cabía inscribir en el orden del día del Pleno de octubre en Estrasburgo un punto relativo a la fijación de las fechas de una doceava sesión en Estrasburgo, del 3 al 7 de noviembre. 
Asimismo, no hice sino remitirme a la opinión del servicio jurídico, y sabe usted muy bien que si el Parlamento no introduce esta doceava sesión, también se pone en una situación peligrosa respecto al fallo del Tribunal de Justicia. 
También, como lo dijo el otro día JeanClaude Pasty, se pone en una situación peligrosa respecto a las normas financieras de nuestra institución. 
Yo sé, señor Presidente, que ha sufrido considerables presiones para no someter a votación esta enmienda, pero usted es Presidente del Parlamento. 
Le corresponde hacer respetar la institución en el exterior. 
El respeto de nuestra institución implica el respeto de una decisión del Tribunal de Justicia. 
Por ello, le pido que someta a votación esta enmienda. 
Señor Fabre-Aubrespy, consideré esta enmienda no admisible por dos razones. 
La primera es que en el orden del día figura: » votaciones relativas a la modificación del calendario de los períodos de sesiones del Parlamento Europeo para el año 1998». 
Por tanto, no se trata de 1997, como usted mismo lo ha comprobado. 
Pero hay todavía una razón mucho más importante, Sr. Fabre-Aubrespy. 
Después de mi carta, pude verificar que sería imposible, en la práctica, celebrar este período de sesiones. 
Ayer mismo, después de mi primer impulso, que fue el de declarar admisible su enmienda, pude comprobar, con la Comisión, que ello plantearía problemas insuperables también a sus miembros. 
Como consecuencia, considero que sería incompatible con la seriedad de un parlamento aprobar una resolución que no podrá aplicar. 
No cabe la menor duda de que esta es la razón por la que decidí declarar no admisible esta enmienda, sabiendo que esta decisión sería criticada. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Me ha asegurado usted que se ha comprometido a respetar la decisión del Tribunal sobre nuestro período de sesiones aquí, en Estrasburgo, pero también se ha comprometido a aplicar todo el conjunto de medidas de Edimburgo relativo a las reuniones del Parlamento. 
En ese caso, retiro mi enmienda. 
Ahora tenemos que celebrar la votación sobre la propuesta de la Conferencia de Presidentes, que es la única presentada. 
El Grupo Socialista ha pedido una votación nominal. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Señor Presidente, Señorías, pienso que la cuestión planteada por el Sr. Fabre-Aubrespy, más allá del estricto problema de la procedencia de su enmienda, es en todo caso una cuestión que merece ser planteada. 
Nuestra Asamblea, cuando votó su calendario 1997, violó el derecho, violó los Tratados, violó el Compromiso de Edimburgo y violó su Reglamento. 
(Reacciones diversas) Esta violación del derecho fue condenada por la más alta instancia judicial de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades, a la que los Tratados confieren la misión de estatuir el derecho. 
Ahora bien, el año 1997, que yo sepa, no se ha terminado. 
Por tanto, es perfectamente posible todavía conformarse a esta decisión. 
Y la cuestión que se planteó es la de saber cómo vamos, de aquí a finales del año 1997.... 
Señor Gollnisch, ha sobrepasado su minuto de uso de la palabra y en todo caso está usted consciente de que el Tribunal de Justicia no se pronunció en relación con el año 1997. 
Se pronunció en relación con el año 1996, eso es exactamente lo que hizo en su fallo que basta con leer. 
Por el momento, pues, no hay ninguna decisión relativa al año 1997. 
El Tribunal tiene la libertad de tomar una decisión, por lo demás, se encuentra en curso un procedimiento. 
Los Estados que habían tomado la iniciativa de este procedimiento son totalmente libres de continuarlo o, como lo espero, suspenderlo, vista la imposibilidad de celebrar este período de sesiones. 
Nuestro papel no es el de enconar la situación, sino tratar de calmarla. 
Es lo que ha hecho esta Asamblea esta mañana con la votación a la que acaba de proceder. 
(Aplausos) 
Estimadas y estimados colegas, este informe es verdaderamente importante. Se ocupa del porvenir de un sector del futuro, concretamente el de las telecomunicaciones. 
Se ocupa de la regulación de la Organización Mundial de Comercio, que se está implantando como un nuevo gobierno mundial en muchos ámbitos que precisamente son fundamentales para nosotros. 
El propio informe deja claros los problemas que todavía subsisten en relación con el acuerdo que debemos debatir. 
Por ejemplo, Estados Unidos se arroga normas de excepción, que no concede a los demás. 
(Aplausos, protestas aisladas) El informe no extrae ninguna conclusión al respecto y, a la vista de que ésta es la última oportunidad en que el Parlamento se pronunciará sobre este tema, yo no voy a pedir ahora que se aborde de un modo distinto al que se había propuesto. 
Señor Presidente, intervengo sólo para decir que no puedo más que estar de acuerdo con la opinión del Sr. Wolf. 
Deseo asimismo manifestar que tuvimos que aceptar el hecho de votar este informe sin debate por el enorme retraso con que el Consejo decidió consultar el asunto al Parlamento. 
¡Esto sucede siempre! 
Aprovecho, por lo tanto, la ocasión para señalar que así no podemos trabajar. 
Sra. Castellina, tomo nota de su observación que, efectivamente, tiene un contenido más general. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de votación legislativa) 
Señor Presidente, en principio cita usted cada vez la opinión del ponente. 
Recuerdo a éste que debe defender el texto votado en comisión y no solamente la lista socialista. 
Señor Herman, esta es la regla. 
El ponente también puede tener opiniones personales, pero siempre debe dejar muy claro que se trata de una preferencia personal y que la comisión ha votado de manera distinta. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de votación) 
Señor Presidente, yo había solicitado que se me concediera la posibilidad de proceder a una explicación de voto en relación con la aprobación del calendario. 
Ahora se me comunica que esto no es posible y yo quisiera pedirle, en primer lugar, que me aclare por qué no puedo presentar una explicación de voto y, en segundo lugar, que me conceda la oportunidad de hacerlo. 
Señora Müller, lo siento mucho, pero no puedo aceptar que haga una explicación de voto por una cuestión de orden. 
No existe un texto sobre el que pueda hacer una explicación de voto. 
Eso no ha ocurrido nunca. 
Señor Presidente, podría indicarme entonces, por favor, sobre la base de qué fundamento jurídico me niega usted la posibilidad de proceder a una explicación de voto. 
Ya que afirma que esto no es posible por una cuestión de procedimiento, ¡dígame entonces sobre la base de qué artículo del Reglamento no se me concede la posibilidad de proceder a dicha explicación de voto! 
Señora Müller, nunca hemos aceptado explicaciones de voto durante las votaciones sobre el programa del Parlamento porque en este punto no hemos tenido ninguna votación final en virtud del artículo 122, que dice: 
» Cerrado el debate general, todo diputado podrá formular, en el marco de la votación final, una explicación oral, » etc. 
En este punto no hemos tenido votación final alguna. 
Por lo tanto, nunca hemos aceptado explicaciones de voto en casos similares. 
Señor Presidente, no quiero entretenerle demasiado ahora. 
Tomo nota de su respuesta, pero quisiera reservarme el derecho de solicitar una explicación comprensible de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, En efecto, tal como yo lo interpreto, el apartado que usted acaba de leer indica que, puesto que hemos procedido a una votación final, yo ciertamente tengo derecho a proceder a una explicación de voto. 
No obstante, no quisiera seguir debatiendo este tema ahora con usted. 
Yo le agradecería que considere la posibilidad de sumarse a mi consulta a la Comisión de Reglamento. 
Señora Müller, no tengo objeción alguna en remitir este asunto al Comité de Reglamentación para que nos facilite su propia interpretación y, en caso de que considerase que el Reglamento deba ser modificado, proceder a una propuesta de modificación. 
Pero tal como está expresado el artículo 122, no permite, de acuerdo con nuestra interpretación, una explicación de voto dado que no se trata de una votación final. 
Sin embargo tomo nota de su propuesta, con la que personalmente no estoy en desacuerdo. 
¿Significa esto que puedo ofrecer ahora mi explicación de voto? 
No. 
He acordado remitir el asunto al Comité de Reglamentación para que lo aclare y, si así lo considerase, proponer una modificación del artículo en cuestión. 
sobre la recomendación (A4-0319/97) del Sr. Kaklamanis 
Hemos de pronunciarnos, según el procedimiento de dictamen conforme, sobre el acuerdo que une nuestra Unión con la antigua República yugoslava de Macedonia en el ámbito de los transportes. 
En lo que toca a nuestra Asamblea, se trata de dar una señal política enérgica dirigida a este país sumamente afectado por la situación de guerra que ha prevalecido en las fronteras de Bosnia. 
Al dar nuestra «luz verde» , permitimos el desarrollo necesario de infraestructuras de carreteras, ferroviarias y de transporte combinado. 
La mejora de la infraestructura permitirá un mejor tránsito en el interior de este país, pero también con nuestra Comunidad. 
La Unión Europea debe ocupar su lugar en la reconstrucción de esta parte de Europa. 
Lo hará si damos nuestro dictamen conforme, tal como lo propone nuestro ponente. 
Ello se traducirá en la concesión de una ayuda económica importante a través del BEI. 
Me sumo a la solicitud de nuestro compañero y espero que nuestra Asamblea también lo haga. 
Estimamos que los convenios entre países deben basarse en el respeto mutuo y no, como en estos casos, en que una parte es obligada a cambiar su Constitución y su sistema impositivo para conseguir un acuerdo comercial y subvenciones para su sistema de transportes. 
Consideramos además que se debe dar más importancia a los aspectos medioambientales cuando la Unión Europea subvenciona las inversiones en el ámbito de los transportes. 
Por estas razones nos abstenemos en la votación del Protocolo Adicional al Acuerdo entre la Unión Europea y Eslovenia en materia de transportes y el Acuerdo, en el mismo ámbito, entre la Unión Europea y la República de Macedonia. 
sobre la recomendación (A4-0319/97) del Sr. Medina Ortega 
Apoyamos el proyecto de enmienda nº 10 del Consejo, referente a las excepciones a la protección de los dibujos y modelos, para beneficiar a los consumidores. 
Otorgar a terceros fabricantes la posibilidad de producir componentes que forman parte de, o se incluyen, en otros productos más complejos contribuye, al aumentar la competencia, a bajar los precios en el mercado. 
El nivel de los precios es un factor de importancia para el consumidor. Consideramos que esto no dañaría el desarrollo industrial. 
Voy a votar a favor de este informe hoy, porque me he comprometido a conseguir que se reintroduzca la cláusula relativa a las piezas de recambio en la directiva sobre los dibujos y modelos. 
No soy el único. 
El Gobierno británico está muy interesado en que se reintroduzca dicha cláusula. 
Existe un amplio consenso entre los fabricantes de vehículos originales y el mercado de las piezas de recambio en Gran Bretaña sobre que dicha cláusula constituye una transacción aceptable. 
La cláusula relativa a las piezas de recambio se parece a una clásica transacción británica. 
Los fabricantes de vehículos tienen derecho a beneficiarse de su inversión en los dibujos y modelos. 
Los clientes merecen también un acceso fácil a las piezas de recambio y la reducción de los precios propiciada por la competencia entre los proveedores de piezas y los fabricantes originales, siempre y cuando los proveedores de piezas hagan un pago razonable a los fabricantes. 
Confío en que la industria podrá obtener una transacción sensata en este caso. 
Al votar hoy a favor de la cláusula relativa a las piezas de recambio, podemos instar al Consejo a que permita a la industria continuar con esa tarea y proteger los intereses de quienes trabajan en el sector de las piezas de recambio o recurren a él. 
De ese modo podemos salvaguardar puestos de trabajo y crear un marco competitivo para que las empresas prosperen en él. 
sobre los productos transformados a partir de frutas y hortalizas 
En su propuesta de modificación del Reglamento, la Comisión Europea propone retirar 15.000 toneladas a la cuota de tomates pelados enteros en conserva y aumentar, en contrapartida, su cuota por la misma cantidad de «otros productos» con vistas a tomar en consideración las necesidades de la industria francesa de transformación. 
Nuestro Grupo votó, claro está, sin reserva esta modificación del Reglamento del Consejo. 
Quiero precisar que esta modificación resulta de la negociación, en la pasada primavera, del paquete de precios y responde a las demandas del ministro francés de Agricultura de la época. 
Es importante que el Parlamento apruebe muy rápidamente esta modificación de Reglamento, ya que nuestra industria de la transformación la necesita para poder adaptar su producción en función de la evolución del mercado. 
Aprovecho la ocasión para recordar las dificultades que experimentan los productores franceses de tomate, y ello desde hace varios años. 
Nuestro Grupo había propuesto en tiempo oportuno un determinado número de enmiendas en el marco de la reforma de la organización común del mercado de frutas y hortalizas (informe Arias Cañete). 
En su mayor parte habían sido aprobadas en el Pleno, pero lamentablemente, las relativas a la preferencia comunitaria no fueron retomadas por la Comisión. 
En conclusión, recuerdo que los productores franceses tienen cargas importantes y que la competencia procedente de otros Estados miembros, pero también de países terceros, es en realidad una competencia desleal, ya que los costes de mano de obra y fiscalidad no son los mismos, cuando los mercados son cada vez más globalizados. 
Es menester que la Comisión tenga en cuenta estas observaciones, si desea preservar una producción de hortalizas en el conjunto de estas regiones. 
sobre el informe (A4-0305/97) de la Sra. Castellina 
Desde hace tiempo se está pidiendo al Parlamento Europeo que se pronuncie sobre textos relativos al funcionamiento de la OMC. 
El informe de la Sra. Castellina es una excelente contribución a la sensibilización, en el seno de este Parlamento, a las consecuencias reales de los compromisos generales suscritos sin un estudio atento de sus efectos económicos y sociales previsibles. 
Subraya la regularidad con la que la parte europea renuncia, sin hacer valer con energía los intereses de sus Estados miembros, las más de las veces, al principio de simetría de las concesiones, especialmente cuando se trata de los Estados Unidos de América. 
El informe denuncia, con toda razón, la ausencia de previsión, de parte de la Comisión, que le habría permitido, así como a este Parlamento, medir las repercusiones de este acuerdo sobre el sector de las telecomunicaciones de los Estados miembros de la Unión. 
Asimismo, se preocupa de esta ausencia de previsión en lo que toca a las consecuencias que este acuerdo puede tener sobre este sector en los países en vías de desarrollo. 
No puedo sino aprobar esta toma de posición de la ponente. 
La ausencia de datos que permitan evaluar las consecuencias de nuestros acuerdos comerciales internacionales es lamentablemente una constante de la política comercial exterior de la Unión Europea. 
En su gestión de la OMC, de los acuerdos de libre cambio a diestra y siniestra y de las uniones aduaneras en las que se interna a ciegas, la Unión Europea parece más guiada por presupuestos ideológicos que por la voluntad de servir los intereses reales de los Estados miembros. 
La Comisión parece a menudo renunciar de antemano a la sumamente variada gama de protecciones que los Estados Unidos, especialmente, sabe utilizar. 
Este acuerdo proporciona una ilustración más de esta situación en el ámbito de las telecomunicaciones. 
, por escrito. (NL) Es un hecho positivo que, después de tres años de negociaciones, casi 70 países hayan firmado un acuerdo sobre la liberalización del mercado internacional de telecomunicaciones, especialmente porque constituye un marco legal estable para las inversiones a nivel mundial en el sector de las telecomunicaciones. 
El principio de " Nación más favorecida» y el arbitrio de conflictos de la OMC ofrece claridad a las empresas. 
Sin embargo, la conclusión que saquemos de ello no debe ser que en este acuerdo sólo haya vencedores. 
Acertadamente el informe Castellina se caracteriza por su tono de crítica positiva. 
Nosotros hemos votado en favor del informe y, con ello, en favor de los resultados de la negociación. 
Sobre dichos resultados deben hacerse las siguientes connotaciones críticas. 
1.Aún no se producirá una liberalización completa en todos los países. 
Especialmente los EE.UU. y Japón han negociado varias excepciones, que hacen más insegura la extensión del acuerdo. 
Crean, además, el riesgo de una desventaja para la UE, la cual sí abre completamente su mercado. 
La ejecución del acuerdo requiere una supervisión apropiada.2.Sigue siendo incierto si el acuerdo conllevará una reducción drástica de las tarifas de telefonía internacional. 
Sólo cabe esperarla en los países no-occidentales con empresas estatales con un monopolio sobre el mercado de las telecomunicaciones. 
Las tarifas de los EE.UU. ya son bajas y el mercado de la UE se liberalizará completamente a partir de 1.998. 
Por tanto, el consumidor no notará gran cosa del acuerdo internacional sobre las telecomunicaciones.3.También hay que relativar las ventajas para los países en desarrollo. 
Gracias a la mejora del marco jurídico internacional, esos países se harán más atractivas par las inversiones que estimulen el crecimiento económico y el desarrollo técnico. 
Pero, puesto que esos países están poco desarrollados también en su infraestructura de telecomunicaciones, existe un gran riesgo de que se vean tomados y seriamente perjudicados en el momento en que se produzca la liberalización total de su mercado de telecomunicaciones.Por último, no hay que sobrevalorar el significado del acuerdo para la creación del empleo. 
Probablemente aumente únicamente la demanda de puestos altamente cualificados. 
Los escalafones más bajos del mercado de trabajo se verán poco favorecidos por la liberalización del mercado de telecomunicaciones. 
Por lo tanto, aún está por ver la aportación que pueda significar el acuerdo para la reducción del desempleo. 
sobre el informe (A4-0275/97) del Sr. Baldarelli 
La República de Eslovenia, tras la caída del muro de Berlín es, con sus 2 millones de habitantes y con sus 20.250 km² de superficie, una de las Repúblicas del Este que más se han desarrollado económicamente y la que proclamó en primer lugar, por medio de un referéndum popular, su independencia el 25 de junio de 1991. 
Tiene una economía saneada con una inflación estimada de un 6 %. 
Su moneda, el tálar, puede considerarse una de las monedas europeas más fuertes. 
Eslovenia presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea en junio de 1996. 
La Comisión recomendó que se iniciaran las negociaciones para su adhesión. 
Desde hace tiempo, dicho país ya ha establecido relaciones económicas y comerciales con la Unión Europea al celebrar un Acuerdo de cooperación económica y comercial y un Acuerdo en el ámbito de los transportes- tanto viarios como ferroviarios- vigente hasta el año 2003. 
No voy a recordar aquí cuáles son las obras que deberán realizarse y los servicios que les servirán de soporte. 
Deseo, por el contrario, recalcar que Eslovenia se comprometerá a invertir 2, 2 millardos de ecus de su presupuesto, correspondiente al 2, 9 % de su Producto Interior Bruto. 
Y termino expresando, en nombre de mi Grupo, Alianza Nacional, opinión favorable a la aprobación de esta propuesta coincidiendo, por lo tanto, con el ponente. 
sobre el informe (A4-0309/97) del Sr. Tappin 
Quiero agradecer al ponente por un buen trabajo de reflexión sobre un asunto muy importante para Europa. 
Durante el trabajo de preparación del informe, presenté algunas propuestas adicionales a dicho informe en el dictamen elaborado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que principalmente resaltaban los aspectos sociales y medioambientales de las contrataciones públicas. 
Mis propuestas adicionales no han sido tomadas en cuenta del todo por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
Considero que argumentos de carácter social y medioambiental deben ser tomados en cuenta más a menudo en las reglas que rigen la contratación pública y que la normativa actual contiene vaguedades que dificultan tales objetivos. 
Esto ha sido trascendental para mi decisión en la votación. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Michael Tappin, el cual se ocupa del Libro Verde de la Comisión, que hace balance dentro del terreno de las adquisiciones públicas. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo con el informe en que las adquisiciones públicas constituyen un área importante, puesto que estas adquisiciones ascienden en total a un 11 % del PIB conjunto de la UE. 
Los socialdemócratas daneses recalcan que es necesaria una competencia libre y sana en el mercado de las adquisiciones públicas para consolidar un mercado interior de eficaz funcionamiento en beneficio de todos los ciudadanos de la UE. 
El Sr. Niels Sindal expresó en su intervención durante el debate su escepticismo a la hora de otorgar a la Comisión la posibilidad de multar con efecto dilatorio y suspender la oferta de licitación. 
Los socialdemócratas daneses consideran esta área cuestión de los tribunales nacionales. 
El informe exhorta a cada Estado miembro a implementar lo antes posible la legislación de la UE ya aprobada en este terreno. 
Los socialdemócratas daneses esperan ansiosos el debate más amplio sobre el terreno de las adquisiciones públicas que surgirá a la luz del Libro Verde de la Comisión y del informe del Parlamento Europeo ahora aprobado. 
, por escrito. (NL) En la discusión sobre este proyecto de resolución se ve claramente que las diferentes visiones sobre el papel de la Administración en nuestra sociedad determinan el tema central del debate. 
Los unos lo esperan todo de la Administración y confían en unas buenas perspectivas de empleo. Los otros tienen miedo a la Administración como el gran mandamás y temen los altos impuestos al igual que gastos de empleo. 
Esta contraposición hace muy difícil llegar a un punto de vista común acerca de la política futura referente a los contratos públicos de la Unión Europea. 
La diferencia de opiniones también se refleja en los puntos de vista sobre el descenso del umbral. 
La complejidad del reglamento tiene toda suerte de efectos secundarios. 
Las Administraciones dividen sus proyectos de forma astuta, o bien posponen algunas partes de los mismos, con objeto de mantenerse por debajo del umbral y poder adjudicar los encargos a la pequeña y mediana empresa local o regional. 
Yo apoyé la enmienda en contra del descenso del umbral, porque más bien opino que se necesita una subida del umbral. 
Muchas pequeñas y medianas empresas y administraciones locales experimentan el reglamento actual sobre los contratos públicos como una lastre burocrática. 
El deseo del ponente de instaurar unos órganos europeos de control independientes a diferentes niveles, en mi opinión es absolutamente irrealista. 
El verdadero problema se radica en la opacidad de la legislación actual. 
Si se hiciera más transparente, con unos procedimientos de resolución de conflictos efectivos con multas fuertes, conseguiríamos el mismo resultado. Sólo que sin esa entretenida y extensa burocracia. 
Al fin y al cabo, los encargos de la Administración pública no deben utilizarse para realizar otros objetivos diferentes de la política administrativa. 
Por otro lado, la Administración, como comitente, debe respetar las normas (ambientales) vigentes y excluir de los concursos (siguientes) a aquellos empresarios que no las cumplan. 
Si bien no puedo estar de acuerdo con todos sus apartados, al final he brindado mi apoyo a la resolución. 
Acojo con beneplácito la elaboración de este informe. 
En particular, apoyo la propuesta de confeccionar una lista negra con las empresas que participen en cárteles y acuerdos para la fijación de precios. 
Si bien el informe se refiere en concreto a los contratos públicos, quisiera señalar a la atención de la Comisión la sospecha de que en las fábricas de elaboración de carne de Irlanda se dan métodos similares. 
Los productores irlandeses de carne de bovino han experimentado graves problemas financieros a consecuencia de la crisis de la EEB. 
Como se les ha negado el acceso a ciertos mercados europeos y de terceros países, no han podido exportar su carne de bovino como en el pasado. 
Eso los coloca a merced de quienes dominan la industria irlandesa de la carne. 
Quisiera instar a la Comisión a que investigue ese sector para ver si existen conductas impropias y, en caso de que las haya, adopte inmediatamente las medidas oportunas. 
Los niveles de contratación pública en la Unión Europea deben ser tan bajos como sea posible, para posibilitar la producción local destinada al consumo local y para estimular las actividades empresariales locales. 
Puesto que algunas propuestas de enmienda que se referían a la observancia de aspectos no estrictamente económicos han sido aprobadas, por ejemplo la propuesta de enmienda nº 6 sobre el respeto a factores medioambientales, he votado afirmativamente en la votación final. 
sobre el informe (A4-0287/97) del Sr. Bösch 
Sentimos gran simpatía por el deseo del ponente de poner fin a los fraudes que tienen lugar en la Unión Europea. 
Contrariamente al ponente creemos, sin embargo, que esto no hace necesario un nivel supranacional en la lucha contra el delito, sino que basta con una lucha intensificada a escala nacional. 
En consecuencia, estamos en contra de la supranacionalidad que se propone en el punto 3, la autoridad judicial europea independiente que se propone en el punto 11 y del ámbito penal especial del que se habla en el punto 17. 
Es por estas exigencias de supranacionalidad en el ámbito de la justicia del ponente que nos abstenemos en la votación final. 
Queremos dar las gracias al ponente por un buen informe sobre un tema importante. 
Votamos a favor del informe, pero pensamos que la conformación de una autoridad judicial europea independiente, debe ser examinada en el trabajo futuro. 
, por escrito. (NL) El fraude es un mal importante que hace peligrar la UE, no sólo por los daños financieros, que probablemente superan con mucho el importe de 1.300 millones de ecus. 
El fraude daña seriamente, además, la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas. 
Al igual que el ponente, estoy contento con el informe anual y el programa de trabajo de la Comisión referente a la lucha contra el fraude. Comparto muchas de las recomendaciones de la comisión presupuestaria, entre ellas, la de constituir una entidad independiente que investigue el funcionamiento de las instituciones europeas. 
Sí quiero distanciarme expresamente de la idea de que el fraude sólo pueda ser combatido eficazmente por un servicio de investigación europeo, controlado por las instituciones europeas. 
Tal institución estaría en conflicto con el principio de la subsidiariedad. 
La justicia y la investigación criminal (incluido el derecho penal) son responsabilidad de los Estados Miembros. 
Hay que reconocer que después de la entrada en funcionamiento del mercado interior los Estados Miembros han descuidado sus servicios aduaneros. 
Mientras crecía a un alto ritmo el comercio entre los Estados Miembros, se recortaron la plantilla y el presupuesto de los servicios aduaneros. 
Además, aún es insuficiente la cooperación entre estos servicios. 
Una optimización del funcionamiento y de la cooperación de los servicios de investigación nacionales ofrece suficientes posibilidades de combatir el fraude a nivel europeo. 
Rechazando esa entidad de investigación Europea, opinamos que la lucha contra el fraude reviste tal importancia que en lo demás apoyamos gustosamente el informe. 
El período de tiempo de las votaciones ha concluido. 
(La sesión interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Protección de las personas desplazadas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0284/97) del Sr. Wiebenga, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la propuesta al Consejo (COM (97) 0093- C4-0247/97-97/0081 (CNS) ) de una acción común sobre la base de la letra b) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativa a la protección temporal de las personas desplazadas. 
Señor Presidente, desde la caída del muro de Berlín- el final de la guerra fría -, el mundo ha conocido una serie de guerras entre países y civiles. Un día tras otro nos llegan noticias de ellas. 
Se dan relaciones inestables en un mundo revuelto, y también Europa, lo sabemos todos, no se libra de las guerras civiles y demás, veamos el caso de Bosnia. 
Ese desasosiego provoca numerosas migraciones. 
En la antigua Yugoslavia existen dos millones de desplazados, medio millón de los cuales ha venido a la Unión Europea. 
Tal cantidad de personas no puede ser acogida a través de los procedimientos de asilo normales, y, sin embargo, necesitan ser acogidos. 
Hasta ahora, la acogida de desplazados en la Unión Europea ha sido desequilibrada. 
Alemania ha acogido un gran número de desplazados de Bosnia. 
Los Países Bajos y Suecia han aportado lo suyo, pero, por ejemplo, Francia, Inglaterra y España apenas han hecho nada. 
Esto no es bueno, porque en este momento, como sabemos todos, se van suprimiendo las fronteras dentro de Europa; tendremos un espacio jurídico único, y, por tanto, debemos operar solidariamente, en el marco de una política conjunta de inmigración y asilo. 
Esto significa que un reparto justo de la carga, y preferiría decir: un reparto justo de la responsabilidad, ha de ser la base de la política europea de asilo y de inmigración. 
La actuación conjunta que se debate, una especie de propuesta de ley, constituye un paso en ese sentido. 
Naturalmente, la actuación conjunta pretende también armonizar los derechos de los desplazados en los diferentes Estados Miembros, puesto que hasta ahora todos los regímenes han sido diferentes, orientados de forma nacional. 
Se trata de alojamiento para los desplazados, educación, trabajo, etc. Esto constituye un aspecto estupendo de la propuesta de ley que debatimos, pero cabe señalar también una serie de puntos críticos. 
Por ejemplo, está la duración de los regímenes de acogida de los desplazados. 
¿Cuánto tiempo ha de durar el régimen? 
Sobre este punto, la propuesta es poca clara. 
Se indica que los procedimientos de asilo pueden suspenderse después de cinco años como máximo, y que después los gobiernos estudiarán qué hay que hacer. 
Señor Presidente, una enmienda propuesta por mí ante la Comisión, y adoptada por ésta última, indica claramente que el régimen de acogida de los desplazados en ningún caso puede durar más de cinco años. 
Es inhumano mantener a la gente en una situación de inseguridad durante más de cinco años. 
Después de cinco años, las personas deberán volver a su país de origen si la situación allí es segura y humanamente digna, o bien se les habrá de conceder un permiso de residencia permanente en el país de acogida, es decir, en la Unión Europea, con la posibilidad de integrarse como ciudadano. 
Otro punto de preocupación con referencia a la actuación conjunta que se debate es el modo de la toma de decisiones. 
En la actuación conjunta se propone adoptar las decisiones respecto a la introducción de regímenes de acogida por mayoría reforzada, y esto es una cosa muy positiva. 
¿Cuál, pues, es el problema? 
Hay, lo digo abierta y claramente, dos enmiendas, de la Señora Palacio y de algunos otros colegas diputados, las enmiendas números 39 y 40, que pretenden reintroducir la unanimidad de votos en este terreno, y esto significa que vuelve a existir el derecho de veto. 
A mis colegas españolas les diría lo siguiente: imagínense que estalle una guerra civil en Marruecos y decenas de miles de marroquíes, o incluso más, se van a España, y España quiere establecer un régimen de acogida de desplazados en la Unión Europea, y que existe el derecho de veto. 
¿Realmente se creen que España conseguiría el apoyo de cada uno de los quince Ministros de Justicia? 
Naturalmente, sería imposible. 
Así pues, pido al Parlamento que rechace enérgicamente sobre todo las enmiendas de la Señora Palacio que pretenden restablecer el sistema de unanimidad de votos en este terreno, y así se lo pido por supuesto también al Grupo del Partido Popular Europeo. 
Señor Presidente, quiero concluir mi intervención con mi enhorabuena a la señora Comisaria Gradin. 
Ha sido la primera vez que la Comisión Europea haya usado su derecho de iniciativa en el marco de una acción común, el Parlamento ha sido consultado plenamente. 
Espero que con algunas enmiendas podamos mejorar y limar un poco más el proyecto de la Comisión Europea, pero ésta es la forma en que debemos trabajar. 
Señor Presidente, la cantidad de desplazados ha aumentado drásticamente en los últimos años. 
Por eso nos alegra mucho la iniciativa tomada por la Comisión para la protección temporal de una gran cantidad de personas que huyen de determinadas zonas geográficas. 
Se pide al Consejo que decida en conformidad al artículo K 3 sobre reglas comunes de protección. 
Durante los últimos años hemos visto muchas catástrofes, como la emigración de Bosnia y la huida desde Albania. 
Gracias, señora Zimmermann, por nombrar las aportaciones suecas en esta materia, que por cierto han sido bastante considerables. 
Cuando grandes grupos de personas empiezan a moverse en las cercanías de la Unión a causa de catástrofes de diferentes clases, la Unión se ve afectada. 
Nuestros valores comunes en la Unión, una Unión basada en la humanidad, exigen que también en estos asuntos mostremos solidaridad hacia las personas que huyen de las catástrofes. 
La solidaridad exige, sin embargo, que las medidas estén rodeadas de un sistema normativo que pueda ser aceptado por los ciudadanos de la Unión. 
Actualmente es cosa de cada país resolver esto por sí mismo, o bien hay unos pocos países que asumen las consecuencias en solitario. 
Esto es inadmisible en una Unión con libre circulación. 
Tenemos que ayudarnos. 
Esto implica normas colectivas, pero también que en el futuro necesitamos plataformas de decisión comunes, cuando aprobamos esas normas, normas que no hagan de esas personas permanentes refugiados sino que les den precisamente lo que necesitan, es decir, protección durante el tiempo en que ellos no pueden permanecer en sus países. 
Como la Comisión también ha señalado, es importante que en nuestros países se creen las condiciones para que esas personas puedan sustentarse a sí mismas y a sus hijos. 
Ésta es, efectivamente, también una de las condiciones para que sean acogidos de manera adecuada en todos nuestros Estados miembros. 
Este campo es uno de los que el Consejo debiera contemplar con ojos más modernos en el futuro y adaptar al nuevo, creciente mercado laboral que exige mayor flexibilidad. 
Quiero terminar dando las gracias a la Comisaria Gradin por esta iniciativa y también porque ella ha querido escuchar al Parlamento. 
Esta iniciativa es esencial para la Unión, ya que constituye una prueba de nuestra capacidad de asumir responsabilidades colectivas en situaciones delicadas. 
Si no logramos arreglarnos en estos asuntos, ¿cómo vamos a tener éxito entonces en todos los demás? 
Por esto es importante que estemos atentos y seamos sensibles entre nosotros. 
En el grupo PPE tenemos algunos capítulos políticos que consideramos esenciales. Aquí he dado cuenta de algunos de ellos. 
Como Grupo PPE queremos, señora Zimmermann y también señor Wiebenga, apoyar esta ponencia. Pensamos que el señor Wiebenga ha elaborado un buen informe. 
Quiero destacar especialmente el excelente ejemplo de España, que me gustó mucho y que yo comparto. 
El requisito para nosotros en el Grupo PPE es, sin embargo, que algunos de nuestros puntos esenciales sean aceptados. En caso contrario, nos veríamos obligados a abstenernos en la votación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, he apreciado mucho el trabajo llevado a cabo por el Sr. Wiebenga, siempre muy atento a estas temáticas, y mi Grupo apoyará las posiciones generales mantenidas por el ponente. 
También nosotros consideramos muy serio el procedimiento puesto en marcha por la Comisión, un procedimiento que implica directamente al Parlamento Europeo. 
Se trata de algo muy importante y de un avance significativo. 
El asunto que hoy estamos abordando es, sin duda, muy delicado. 
Por otra parte, las guerras, el hambre, las hambrunas, las catástrofes que siguen siendo historia en estos días, forman parte de la historia que ha caracterizado las migraciones en el mundo, y pertenecen a la historia del mundo. 
Es evidente, en consecuencia, que no podemos permanecer con los ojos cerrados ante lo que ha acaecido en estos últimos años, así como a lo largo de la historia. 
De ahí la necesidad de dotarnos de instrumentos normativos más desarrollados, más refinados y de otorgar una identidad a esta nueva, por decirlo de alguna forma, categoría de las «personas desplazadas» : una categoría que se distingue de la de los refugiados y de los solicitantes de asilo; una categoría a la que hay que prestar mucha atención, ya que no quisiéramos que esta categoría se hubiera creado, digamos, artificialmente, para eludir en cierto modo un término que aprecié mucho en la intervención del Sr. Wiebenga, o sea, el término «responsabilidad». 
En este sentido, hoy Europa tiene, en efecto, una gran responsabilidad: la responsabilidad de ser un faro, un punto de referencia para todos aquellos que pasan por circunstancias difíciles y que viven en unas específicas y temporales condiciones dramáticas. 
No podemos olvidar que Europa es un punto de referencia y, por consiguiente, tiene grandes responsabilidades y unos deberes de solidaridad. 
Por otra parte, debemos poner mucho cuidado para que el marco normativo no llegue a ser un vínculo más, una atadura más y una pequeña atadura para la obra de responsabilidad, de solidaridad con la que Europa debe contar. 
Estoy de acuerdo, en consecuencia, con el Sr. Wiebenga cuando afirma que la mayoría cualificada es absolutamente necesaria en este caso y que volver a la unanimidad sería un error manifiesto. 
Es muy importante asimismo la cuestión de la compensación, dado que compensación significa que no es sólo un Estado miembro quien asume la posible responsabilidad de la acogida de estas personas desplazadas, sino que se trata de una responsabilidad común de los 15 Estados de Europa. 
Señor Presidente, el Grupo de Coalición Radical Europea rara vez se muestra pródigo en cumplidos y, sin embargo, esta vez, creo que es preciso felicitar muy expresivamente al autor de este informe. 
No se trata de una mera fórmula de costumbre, sino de felicitaciones por la excelencia del texto. 
Esta propuesta relativa a una acción común es efectivamente ejemplar por más de un motivo, y se inscribe en la trayectoria del movimiento de construcción europea que tanto deseamos. 
Ante todo establece una verdadera solidaridad entre los países de la Unión exigiendo una repartición de las cargas y las responsabilidades. 
No deja de ser interesante, en esta ocasión, destacar o mencionar de paso que durante el conflicto de la antigua Yugoslavia, Alemania recibió varios centenares de miles de personas desplazadas y que, sin reprochar nada a nadie, nuestros amigos británicos, por ejemplo, todavía están por recibir uno solo. 
En segundo lugar, esta propuesta intenta también armonizar los textos legislativos y reglamentarios que rigen la suerte de las personas desplazadas. 
También aquí brinda la oportunidad de aproximar los comportamientos de los Estados y los Gobiernos. 
Por último, se informa o solicita- su dictamen- al Parlamento Europeo sobre la línea de conducta a seguir de ahora en adelante. 
Se trata de un procedimiento que debería ser la norma, pero que sigue siendo, lamentablemente, demasiado rara. 
El principal interés de este documento es que se centra en la persona humana directamente amenazada por la guerra y por sus repercusiones. 
Insisto especialmente en los derechos mínimos que los refugiados o las personas desplazadas pueden reivindicar, a saber una vivienda digna, la educación, la protección social, el derecho a ejercer una actividad y la movilidad en el interior de la Unión. 
A este respecto, no obstante, es preciso advertir sobre algunas desviaciones. 
Pienso especialmente en los elementos que un determinado número de enmiendas tratan de introducir al limitar el derecho al retorno, cuando ese derecho es absolutamente imprescriptible. 
En segundo lugar, el ponente insistió particularmente- con toda razón- en el preeminente papel que desempeña el Alto Comisariado para los Refugiados que un determinado número de enmiendas trata de limar un poco, cuando se trata de la estructura que ha asumido hasta ahora un máximo de responsabilidades y demostrado una gran eficacia. 
En cuanto a las exclusiones, el texto las prevé naturalmente en relación con los criminales de guerra y los autores de crímenes contra la humanidad. 
En este caso, pienso que evidentemente conviene excluirlos en cuanto se dicte una sentencia y se haya demostrado su culpabilidad, pero solamente en este caso. 
Con este motivo, puede recordarse la necesidad de instituir rápidamente este Tribunal de Justicia internacional permanente capaz de dictar sentencias en plazos razonables. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Wibenga se refiere a la acogida de las personas desplazadas, en realidad a la llegada masiva de refugiados a la Unión Europea. 
Se pretende establecer una especie de derecho europeo que se impondría a los Estados miembros y les obligaría a recibir refugiados políticos que llegarían masivamente de países no europeos. 
En realidad, el informe no se preocupa del hecho de que el fraude al derecho de asilo es uno de los primeros métodos fraudulentos de inmigración en los Estados miembros. 
En segundo lugar, el informe no permite apreciar las intenciones de las personas en cuestión. 
Para ser concreto, ¿por qué, por ejemplo, los tamiles de Sri Lanka huyendo de este país y del conflicto que los opone a los cingaleses de origen deberían obligatoriamente encontrar asilo en Europa, cuando, del otro lado del estrecho de Colombo, existe un poderoso Estado federado de la Unión india, el Tamil Nadu, que debería normalmente recibirlos? 
¿Por qué los argelinos se precipitarían a Francia, cuando muchos de ellos han contribuido a echar a Francia mediante los mismos métodos de asesinato que hoy se practican en su contra? 
Si tememos la situación del Magreb recurramos más bien a la Liga Arabe. 
Hoy día, nadie comprende, señor Presidente, y con ello termino, que, en mi propio país, el régimen que se aplica a estos últimos sea más favorable que el que se aplica a los harkis, que por lo demás han huido de Argelia con peligro de su vida, sencillamente porque se sentían franceses. 
Pienso sobre todo en aquellos cuyos hijos han perdido todo y se dejan morir de hambre, hoy día, en el propio corazón de París. 
Señor Presidente, tal y como viene a ser habitual, mi colega que acaba de hablar desde el otro lado de esta Casa, ni tan siquiera se tomó la molestia de leer la propuesta de la Comisión, ni las enmiendas del Señor Wiebenga. 
Las tonterías que acabamos de escuchar no tienen ninguna relación con el contenido de la propuesta, puesto que se trata aquí de la entrada masiva de gente, una entrada masiva de gente tal y como se produjo en el caso de la antigua Yugoslavia. 
Lo bueno de la propuesta es que ofrece una protección temporal y que impone un límite de tiempo. 
Intente usted escuchar; tal vez dejaría de soltar tantas disparatadas. 
En segundo lugar, se subraya nuevamente que la protección temporal es un instrumento que no viene a sustituir el convenio sobre el estatuto de los refugiados, sino a completarlo, estimado colega. 
En tercer lugar está el llamamiento a repartir la carga, el «burden sharing '. 
Esperamos que también los gobiernos nacionales tengan esa actitud positiva con respecto a la protección temporal. 
Espero especialmente también que los correligionarios del Señor Wiebenga en el Parlamento holandés compartan sus ideas al respecto. 
Si queda alguna crítica de nuestra parte, esta afectaría a dos puntos, diría que menores. 
Dentro del sistema de protección temporal no queremos un seudo-nuevo convenio sobre el estatuto de los refugiados, es decir, no queremos un nuevo estatus jurídico, no unas reglas burocráticas como las que propone la última parte de la enmienda nº 2, la cual nosotros, del grupo socialista, rechazamos. 
De hecho, lo mismo es válido para la protección temporal que se menciona en la enmienda 21. 
Creo que produce demasiado papeleo innecesario y, además, a nosotros, el Parlamento Europeo, no se nos consulta sobre esa protección temporal. 
Pero en cuanto a lo demás: Un muy buen trabajo, el del Señor Wiebenga, que merece todo nuestro apoyo; y, al igual que hizo él: mis felicitaciones a la señora Comisaria Gradin por esta hermosa forma de cooperación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Wiebenga por su informe. 
Son muchos los aspectos a destacar, pero voy a circunscribirme a algunos párrafos que me parecen de especial interés. 
Uno de los principales puntos es el que se refiere al artículo 10 de la acción común. 
En su actual redacción, este artículo 10 es, en mi opinión, jurídicamente incorrecto. 
Establece literalmente la posibilidad de aplazar el examen de la solicitud de asilo, presentada en virtud de la Convención de Ginebra por el beneficiario de un régimen de protección temporal, hasta que el Consejo haya adoptado una decisión sobre la supresión gradual del régimen de protección temporal. 
El examen de una solicitud de asilo no se puede demorar jurídicamente. 
El procedimiento deberá ofrecer a todo solicitante la posibilidad de presentar lo antes posible su solicitud de asilo. 
En realidad, este artículo debe establecer qué es lo que se hace con las personas desplazadas que, además de recibir una protección temporal humanitaria, solicitan asilo. 
Y, por ello, les ruego que presten especial atención a la enmienda 37, presentada en nombre de nuestro Grupo, donde se recoge que el hecho de beneficiarse de un régimen de protección temporal podrá tenerse en cuenta al examinar una solicitud de asilo, sin que ello- insistodetermine el rechazo de la solicitud o un retraso en la concesión que pueda poner en peligro el objetivo final de la protección. 
De otra forma, a mi juicio, se vulneraría la esencial protección jurídica que debe otorgarse al solicitante de asilo. 
En atención al artículo 11 es fundamental destacar la importancia de este Parlamento en su misión de contribuir a garantizar una aplicación uniforme de las formas del Estado de Derecho en situaciones específicas dentro de la Unión. 
En este sentido, quiero llamar la atención de sus Señorías sobre el contenido de la enmienda 41, donde se establecen las causas de la denegación de la concesión de un régimen de protección temporal. 
Debemos ser conscientes de que no podemos sacralizar el contenido de los textos legislativos, en este caso el Convenio de Ginebra, ya que la jurisprudencia de los tribunales internacionales y de los Estados miembros, y las tradiciones constitucionales de los mismos, interpretan las distintas fuentes de las que se nutren nuestros ordenamientos jurídicos- y la evolución del Derecho es algo constante como ustedes saben-. 
Debo también pedirles que consideren atentamente la aprobación de las enmiendas 39 y 40 sobre la adopción por unanimidad en el Consejo, a la luz del informe del Parlamento Europeo, de las medidas de aplicación de la presente acción común. 
Desde esta Asamblea siempre hemos intentado defender que el papel del Parlamento debe reforzarse y la consulta al Parlamento debe incluirse también en las modalidades de aplicación de esta acción. 
Del mismo modo, como segunda parte del contenido de estas enmiendas, incluimos la decisión en el Consejo por unanimidad, algo a lo que ya ha hecho referencia el Sr. Wiebenga con el que lamento en este caso no estar de acuerdo. 
Soy consciente de que esta petición despierta ciertas discrepancias entre algunos de nuestros colegas. 
Sin embargo, debo argumentar a su favor que, como todos nosotros sabemos, ninguna institución comunitaria puede ir en contra de lo establecido en nuestro Derecho originario o nuestro acervo comunitario y es necesario resaltar que incluso en el nuevo Tratado de Amsterdam se mantiene la unanimidad en el seno del Consejo en materia de procedimiento en estas materias. 
Y es por ello que el PPE español no va a retirar, señor Wiebenga, estas enmiendas. 
Por todo ello, Señorías, espero su apoyo a los argumentos que he establecido. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Wiebenga. 
He estudiado este informe y no veo razón para presentar enmiendas a él. 
Apoyo totalmente su posición al respecto. 
El informe sobre la protección temporal representa el reconocimiento del deseo en el nivel de la Unión Europea de una acción conjunta y coordinada para abordar la situación en los casos en que haya una afluencia en masa de personas desplazadas a consecuencia de un conflicto armado en sus países. 
Esta iniciativa se deriva de las experiencias de conflicto en la antigua Yugoslavia y, más recientemente, de la situación en Albania. 
La pregunta que hay que hacerse es la de si la Unión Europea podrá, mediante una acción conjunta, encontrar una forma flexible de responder de modo coordinado a cualesquiera situaciones futuras que puedan surgir en las que haya personas temporalmente necesitadas de protección internacional. 
Las personas necesitadas de semejante acción temporal no necesariamente reúnen las condiciones para obtener el estatuto de refugiado de conformidad con el Convenio de Ginebra. 
La propuesta es esencialmente una reacción humanitaria ante la necesidad de ofrecer protección con carácter temporal a las personas que huyan de un país en número importante porque sus vidas corran peligro inminente. 
El período de protección temporal está limitado al tiempo durante el cual las condiciones en su país de origen no permitan un regreso seguro de las personas involucradas en los conflictos. 
Es importante tener presente que no podemos predecir ahora cuándo podría surgir el próximo conflicto, el número de personas en peligro inmediato ni sus circunstancias particulares. 
No hay dos situaciones que afecten a personas desplazadas que sean iguales. 
No hay simples formulas matemáticas que se puedan preparar por adelantado. 
Así, pues, los criterios que se han de acordar deben ser adaptables y flexibles. 
Se deben examinar las solicitudes de asilo sin demoras indebidas. 
Una de las características fundamentales de la protección temporal es la de que no es un derecho establecido por instrumento internacional alguno. 
Como señala la Comisión, con la propuesta acción conjunta no se pretende introducir un nuevo derecho a buscar una protección temporal, además del derecho ya existente a buscar asilo. 
Algunas de las enmiendas presentadas no facilitarán los avances con esta propuesta, que debe preparar el camino- quisiera subrayarlo- para una reacción humanitaria ante situaciones futuras que podrían surgir en las que se produzca una influencia en masa de personas necesitadas de protección internacional. 
Por último, quiero felicitar a la Comisaria. La conozco desde hace muchos años. 
Cualquier propuesta que presente ante esta Asamblea contará con mi apoyo total y mi confianza, porque tengo la mayor fe en su integridad respecto de estos asuntos. 
La felicito por ello. 
Señor Presidente, seguramente pocos temas de los que aquí se debaten nos afectan tan profundamente en el plano moral y ético como el problema de las personas desplazadas. 
Por esto es particularmente necesario, a mi parecer, que encontremos una solución que cuente con el respaldo de una gran mayoría del Parlamento. 
Sin embargo, precisamente porque se trata de una responsabilidad moral- y Europa tiene, en efecto, una particular responsabilidad histórica -, pensamos que en el informe se presta demasiado poca atención a la compensación de cargas en el aspecto personal. 
En efecto, en el caso del problema de las personas desplazadas no se trata sólo de pagar y de decidir quién debe pagar, sino que también se trata sobre todo de que toda Europa se muestre dispuesta a resolver conjuntamente este problema. 
Otro problema- y en este caso coincidimos en que se trata de un problema particular- es el tema de la mayoría cualificada. 
No obstante, éste puede contemplarse como un vaso de agua, que según como se mire puede considerarse que está medio lleno o medio vacío. 
El derecho de veto constituye obviamente un problema con el que tenemos que lidiar desde aquí. 
Pero por otro lado también puede ser positivo que éste se considere un problema común europeo y que nos veamos obligados a resolverlo conjuntamente entre todos. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Wiebenga es un excelente informe, que puede contribuir a superar la impotencia de los Estados miembros, tal como ha quedado patente ante la repentina afluencia de refugiados de las diversas regiones lindantes con Europa y de la propia Europa. 
En los últimos años acabamos de tener ocasión de constatar que la Unión Europea no ha sido capaz de responder más que de manera insuficiente a unos problemas que han generado flujos de refugiados hacia la Unión Europea, pero procedentes de Europa. 
La insuficiencia de la respuesta política sólo se explica, por otra parte, porque en los Estados miembros de la UE hay fuerzas, que también están representadas en esta Asamblea y que hoy también han tomado la palabra en el presente debate, qué sólo aguardan la oportunidad de poder explotar los flujos de refugiados en el marco de su táctica política. 
La extrema derecha de esta Asamblea tiene efectivamente el descaro de pronunciar aquí una intervención como la que acaba de hacer el colega Gollnisch. En el curso de la misma ha pronunciado una frase que no puedo dejar de retomar. 
Sr. Gollnisch, usted ha dicho que se pregunta por qué llegan tantos argelinos a Francia. 
Yo también me lo pregunto cuando pienso que un argelino puede encontrarse con usted allí. 
De inmediato se marcharía a otro país, de eso estoy absolutamente convencido. 
Usted debería reflexionar alguna vez que las causas de semejante flujo de refugiados procedentes de Argelia también están relacionadas con el hecho de que hasta hace pocos meses la industria de armamento de su país ha estado suministrando armas a los partidos que allí contribuyen a las causas de la huida de esas personas. 
Sr. Presidente, el Sr. Gollnisch acaba de indicarme con un gesto que estoy loco. 
Yo le pido que lo haga constar en el Acta, pues considero un honor para mí ser tachado de loco por un fascista. 
Esto sólo puede significar que debo ser un político serio. 
Yo felicito al colega Wiebenga en un aspecto: ha presentado unas propuestas que pueden ser contribuir a que los Gobiernos de la Unión Europea y también las instituciones de la Unión Europea, en particular la Comisión, puedan hacer algo más de lo que han hecho hasta ahora. Me refiero concretamente a la reivindicación, que el Parlamento formula invariablemente, de que no concibamos nuestras estrategias para responder a los problemas políticos únicamernte desde una perspectiva monetaria y económica, sino también sobre todo desde una perspectiva humanitaria, y de manera que luego también sea posible trasladarlas a la realidad y a la práctica. 
El informe Wiebenga puede constituir una buena aportación en este sentido. 
. Señor Presidente, quisiere empezar por felicitar de todo corazón al Señor Wiebenga por su excelente informe. 
Opinamos que es una cosa sólida. Ha sido elaborado con esmero. 
Y algo que me ha gustado especialmente es que carece de dramatismo. 
Acabamos de escuchar desde los escaños del extremo de la derecha que Europa tal vez se verá inundada de hambrientos parisinos. Creo que ese tipo de expresiones dramáticas no son propias de esta Casa. 
Me alegro enormemente que el Señor Wiebenga haya evitado totalmente dar la más mínima oportunidad a manipular este tema a través de los sentimientos xenófobos; lo ha evitado expresamente y opino que eso es extremadamente importante, porque tendremos que tratar con las personas desplazadas y con otra gente que se dirige a nosotros por necesidad de modo que quede garantizada la armonía de nuestra sociedad. 
Por tanto, nos oponemos absolutamente a cualquier dramatización xenófoba del fenómeno. 
Ser una persona desplazada es algo terrible. 
Eso no se es porque sí. 
El ser desplazado se debe también a nuestra política exterior, o más bien, a nuestra falta de política exterior. 
Debo reconocer que existen algunos Estados Miembros que estarían bien dispuestos a adoptar una política exterior común- y a ellos no se les puede reprochar nada -, pero aquellos que lo rechazan, de modo que efectivamente se produce todo este sufrimiento alrededor nuestro, como en Bosnia-Herzegovina, sí que tienen que reprocharse algo y no deben quejarse ahora de los inmigrantes que nos llegan aquí impulsados por la necesidad, los desplazados que aquí se debaten. 
Hay algunos países que hacen muchísimo, y en quienes se relega ahora continuamente la responsabilidad. 
Menciono Alemania y, por la proporción a su número de habitantes, menciono a Luxemburgo, menciona a Suecia, Austria, Holanda... Y creo que ya están todos. 
Por lo tanto, es muy importante que en el futuro esas responsabilidades se repartan de una forma más equitativa. 
También quisiera felicitar a la señora Comisaria por el hecho de que haya elaborado un buen escrito que pueda ayudar a producir, por fin, una política del tercer pilar. 
Esa no debe convertirse en un gesto vacío, cuya principal virtud sea su capacidad de obviar los intereses mezquinos de los quince Estados Miembros, por que si es así, más vale callarse. 
En cuanto a la tercera columna, Amsterdam constituye una promesa. 
Quiero decir también que por esta razón el informe tiene algunos grupos de apartados que para nosotros, los democristianos, son importantes y que en nuestra opinión deberán mantenerse imprescindiblemente en la versión definitiva. 
En primer lugar, son los artículos sobre el reparto de la responsabilidad que ha aportado el propio Señor Wiebenga. 
Luego están los artículos sobre el consenso o la decisión mayoritaria. 
Por esta razón creemos inaceptables las propuestas españolas en este campo, porque con ellas renunciaríamos de hecho a Amsterdam; por tanto, este segundo grupo es muy importante. 
Un tercer grupo importante que hemos discutido afecta al principio que debe mantenerse intacto el concepto de los «países seguros '. 
Si bien no es del todo un asunto de los propios desplazados, la idea es que el principio de los países seguros, que no es un simple concepto tipo piloto automático, sino que realmente deja opción a realizar una evaluación individual cuando es realmente necesario, que ese principio de países seguros se mantenga inalterado. 
Por estas razones tengo el gusto de afirmar que nuestro grupo parlamentario apreciaría enormemente que este informe fuera aprobado en buena forma, porque un informe como éste se merece una amplísima mayoría. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar felicito al Señor Wiebenga por sus connotaciones críticas respecto a la actuación conjunta para la protección temporal de las personas desplazadas. 
Quiero hacer un par de observaciones al respecto. 
Es una buena cosa el que se proponga un régimen aparte para la protección temporal de los refugiados en casos de llegada de grandes masas. 
Es esencial que se armonicen los regímenes existentes, puesto que contienen numerosas diferencias, diferencias que tienen gravísimas consecuencias para los refugiados. 
Con razón el Señor Wiebenga propone que los Estados Miembros deban iniciar, aplicar y terminar simultáneamente la protección temporal de desplazados, con objeto de evitar flujos migratorios impropios y procurar que el esfuerzo se reparta equitativamente entre los distintos países. 
No puede ser que un Estado Miembro cierre sus fronteras en situaciones de grandes movimientos migratorios, obligando a las personas desplazadas a entrar ilegalmente a otro país vecino. 
Sin embargo, el punto más importante de esta propuesta es la armonización de los derechos básicos de las personas desplazadas. 
La propuesta es, efectivamente, tal como dijo el ponente, compartir la responsabilidad dentro de la Unión. 
Una propuesta sorprendentemente buena después de la firma del Tratado de Amsterdam es que aprovechemos las oportunidades que nos vienen dadas en la forma del tercer pilar. 
Tengo una gran curiosidad por saber cómo se comportarán en este terreno los propios Estados Miembros. 
En cualquier caso, señor Presidente, no debemos dar marcha atrás hacia la instauración del veto. Me sumo completamente a lo manifestado al respecto por el ponente. 
Señor Presidente, en primer lugar permítaseme felicitar al Sr. Wiebenga por un informe muy bien intencionado y bien presentado. 
Naturalmente, presupone básicamente la aprobación de las propuestas de la Comisión. 
Reviste importancia decisiva que formulemos disposiciones idóneas para una afluencia en masa de personas desplazadas del tipo de las que hemos tenido al menos una vez en los últimos años. 
Debemos velar por que se pueda prestar la asistencia adecuada a esas personas en cuanto a vivienda, atención médica, educación para sus hijos y demás. 
De hecho, en mi país ya existen y se aplican las disposiciones relativas a esas personas. 
Sin embargo, a los diputados laboristas británicos les plantean algunos problemas las propuestas de la Comisión en su forma actual. 
Tengo entendido que las propuestas de la Comisión no recibieron una respuesta totalmente positiva del Consejo. 
Sospecho que esta cuestión volverá a plantearse, porque dudo que el Consejo las acepte en su forma actual. 
Acertadamente o no, varios Gobiernos de Estados miembros consideran que la de abordar esta cuestión debe ser competencia nacional, desde luego, en cuanto a la duración del período de tiempo en que las personas desplazadas reciban asistencia, y no una función de la Comisión. 
Nos plantea un problema particular la cuestión de cómo se organizará el reparto de las cargas y la flexibilidad en relación con estos asuntos. 
Existe la sensación, básicamente, de que deberíamos poder abordar lo más prontamente posible los casos de carácter individual, en lugar de agrupar a todo el mundo y aplazar, así, la adopción de una decisión. 
Por último, puede que lleguemos a la conclusión de que debemos abstenernos sobre este informe, según se voten las enmiendas, por lo que quería poner de relieve los problemas que se nos plantean. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en el presente debate se está repitiendo reiteradamente una confusión de conceptos. 
El problema no son los solicitantes de asilo en aplicación de la Convención de Ginebra. 
En este caso, si bien es cierto que los países poseen normas distintas, ya existe no obstante una normativa al respecto. 
El problema tampoco son los trabajadores inmigrantes, que son aceptados en los diferentes Estados siguiendo criterios también muy distintos. 
Todo esto genera unas cargas, con un reparto también diverso, pero todos estos aspectos se resuelven a escala nacional. 
El problema que nos crea dificultades y para el que debemos encontrar soluciones es el de las personas desplazadas. 
Nos enfrentamos por primera vez con este problema a una escala absolutamente masiva y sin precedentes en el contexto de la crisis de los Balcanes. 
Éste es el problema para el que tenemos que encontrar soluciones. En efecto, Estados concretos, como por ejemplo Alemania, Austria y otros, se han visto sumamente afectados por la sencilla razón de ser los más próximos a la zona en crisis. 
Si a este problema se suma, además, el que ya existía previamente, dado que estos Estados ya ocupaban a muchos extranjeros de terceros países como trabajadores inmigrantes y habían acogido a sus familias, con lo cual a los problemas que esto planteaba- en relación con la integración, la escolarización, las viviendas, etc.- vinieron a sumarse nuevos problemas adicionales, no es posible contemplar la continuidad de este procedimiento. 
Necesitamos nuevas soluciones porque no es posible seguir imponiendo una carga excesiva a dichos países, a los que les ha correspondido ocupar en la práctica un lugar destacado en la acogida de refugiados a escala internacional. 
Por consiguiente, yo considero adecuadas las propuestas que aquí se han hecho. 
El reparto de las cargas es ineludible, pero éste debe incluir también una compensación de las cargas a escala personal. 
El pago de compensaciones no soluciona el problema de los Estados afectados, debe haber una compensación de las cargas a escala personal. 
No obstante, yo quisiera ir un poco más allá, pues la realidad nos ha demostrado que en este contexto se plantean ciertos problemas, concretamente, por ejemplo, por el hecho de que muchos elementos criminales se aprovechan del flujo de refugiados, de personas desplazadas, de desterrados, y se introducen con ellos en los correspondientes países y desarrollan allí su actividad delictiva, sea ésta el tráfico de armas o el tráfico de drogas. 
Tenemos que introducir mecanismos que impidan que estos sujetos criminales puedan cruzar en adelante las fronteras. 
Debemos excluir de antemano esta posibilidad mediante la inclusión adicional de la sospecha fehaciente como causa de exclusión y de rechazo. 
Un aspecto problemático es que, además de ofrecer protección a la familia de los afectados, también deba acogerse, como aquí se ha propuesto, a otros parientes no incluidos dentro del núcleo familiar inmediato. 
Esto generaría situaciones extremas en nuestros países. 
Es una propuesta que no podemos aceptar en su presente forma. 
Por lo demás, yo me congratulo de que contemplemos la posibilidad de establecer una regulación que sea útil para los citados países y para toda Europa. 
Señora Comisaria, ya hemos debatido en muchas ocasiones el tema del reparto de las cargas y usted también ha manifestado a varios ministros, entre ellos por ejemplo al Ministro del Interior bávaro Beckstein, su interés por el reparto de las cargas. 
En este sentido, yo lamento que su propuesta no contenga ninguna mención a un posible reparto de las cargas. 
Yo agradezco al colega Wiebenga que haya dado un paso en la dirección adecuada con su informe, sobre todo si conseguimos la aceptación de la enmienda del colega Nassauer y que las demás sean rechazadas. 
Esto nos permitiría dar un paso en la dirección adecuada. 
Sin embargo, aun así yo pienso que el verdadero problema del reparto de las cargas personales no se habrá resuelto, puesto que no se trata primordialmente de una cuestión financiera, sino de solidaridad comunitaria. 
Esta solidaridad se pide en muchos ámbitos y también debe prevalecer naturalmente cuando se trata de dar acogida a personas desplazadas y refugiados. Que no son solicitantes de asilo, como ha señalado con razón el Sr. Pirker. 
También en este aspecto, hay países que soportan proporcionalmente una carga extrema. 
Lo que interesa es una distribución de las personas, pues un flujo puntualmente demasiado amplio hace disminuir la aceptación de estos flujos, con todas las peligrosas consecuencias psicológicas que esto conlleva. 
Por esto necesitamos una cláusula firme- como la que tenemos, por ejemplo, en Alemania con el sistema de distribución entre los distintos Estados federales- que regule la redistribución entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Dado que ésta no figura en la propuesta, yo pienso que ésta no ha conseguido dar respuesta a este tema y que se requeriría una segunda propuesta. 
Nosotros procuraremos conseguir la aprobación de algunas mejoras. 
No obstante, confiamos en que en el Consejo se introduzcan otras más y sobre todo confiamos en que, en una segunda fase, encontremos una solución que permita alcanzar los objetivos que perseguimos. 
Por lo que se refiere a la unanimidad, yo pienso que deberíamos asumir el compromiso de Amsterdam, en el sentido de establecer por unanimidad los fundamentos de una nueva política y dar respuesta luego por mayoría cualificada a las exigencias políticas cotidianas dentro de un plazo de cinco años. 
Señor Presidente, los exilios masivos son un fenómeno que se repite. 
Raras veces podemos prever cuándo y dónde ocurrirán, sólo sabemos con seguridad que van a volver a producirse en el futuro. 
Durante los últimos años hemos experimentado una crisis de refugiados que ha significado que casi un millón de personas necesitadas de protección hayan encontrado un refugio temporal en Europa. 
Pienso en la crisis de Bosnia. 
El principal problema ha sido que la cantidad de personas huyendo ha sido tan grande que nuestra capacidad de examinar las solicitudes de asilo ha estado a punto de colapsar. 
La mayoría de los países miembros ha elegido, por esta razón, aplazar el examen de las solicitudes durante un tiempo y ofrecer, en cambio, protección temporal. 
De este modo, una gran cantidad de personas ha obtenido la ayuda que necesita. 
El problema es que esto ha sucedido sin ninguna forma de coordinación o colaboración entre los Estados miembros. 
El resultado ha sido que la política se diferencia mucho de un país a otro. 
Hemos visto, por ejemplo, cómo ha sido la posibilidad de obtener un permiso de residencia temporal en distintos momentos. 
Lo mismo vale para la decisión de concluir la protección. 
Todo esto ha tenido como consecuencia que personas con permisos temporales de residencia que están por vencer, hayan empezado a desplazarse hacia otros países donde las posibilidades de obtener protección provisional todavía rigen. 
También hemos podido ver que los derechos sociales de los necesitados de protección son diferentes en los distintos Estados. 
En un país pueden trabajar, en otro tienen que esperar y en un tercero tienen que estar totalmente fuera del mercado laboral. 
También hay grandes diferencias en cuanto al acceso a la vivienda, la sanidad, la enseñanza y otros beneficios. 
Esto también puede llevarnos a movimientos de refugiados dentro de la Unión Europea. 
Por todas estas razones es importante que la Unión Europea revise sus condiciones para enfrentar futuras crisis de refugiados. 
Nuestros ciudadanos ven una mejor colaboración y el establecimiento de reglas análogas como algo obvio. 
Esto se refleja en el tratado de Maastricht y, aún con mayor intensidad, en el nuevo Tratado de Amsterdam. 
Nuestra tarea es encargarnos de que estos objetivos sean alcanzados. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión puede ser, en muchos aspectos, considerada como una transacción. 
Sabemos que los lazos históricos y los factores geográficos influyen poderosamente cuando se trata de determinar qué países acogen solicitantes de refugio de unas determinadas regiones o países. 
Nuestra propuesta otorga, por eso, una gran flexibilidad al Consejo de Ministros. 
La intención es que se adopten decisiones en cada caso concreto. 
Este es un tema que ha ocupado intensamente a este Parlamento a través de los años. Creo que el debate de hoy también lo demuestra. 
Nuestro propósito es crear espacio para que el Consejo de Ministros también pueda adoptar resoluciones cuando se produzcan situaciones de exilios masivos. 
Después podremos discutir siempre si esta propuesta es o no suficiente. 
Este tema es quizá el más polémico de la propuesta y fue discutido intensamente en la Comisión. 
Es por esta razón que yo también he optado por tomar en consideración, tanto como me ha sido posible, el resultado de las largas y numerosas discusiones que ya hemos tenido sobre el asunto en el Consejo de Ministros. 
Mi propósito ha sido evitar una situación en que el contenido de la propuesta en esta parte arriesgue la posibilidad de alcanzar, si se puede, un acuerdo sobre permisos de residencia temporal. 
La presidencia de Luxemburgo ha propulsado hasta ahora las discusiones de una manera muy constructiva. 
La propuesta fue también debatida recientemente en la reunión informal de ministros en Luxemburgo el 9 y 10 de octubre. 
En esa oportunidad tuve ocasión de recordar al Consejo de Ministros sobre la importancia de que obtengamos resultados positivos. 
Nosotros solamente podemos conjeturar acerca de cuándo se producirá el próximo exilio masivo. 
Cuánto antes podamos obtener resultados en este campo, mejor será. 
Señor Presidente, el último comentario del colega Gollnisch me reafirma justamente en mi constatación de que hay personas a quienes es preciso perdonárselo todo, debido a su lamentable condición. 
¡El Sr. Gollnisch es una de ellas! 
Señor Presidente, yo había solicitado el uso de la palabra por otro motivo, pero antes quisiera añadir tan sólo que rechazo la injuria contra los padres del Sr. Schulz y contra todos nuestros padres, y quiero manifestar mi oposición a cualquier tipo de tesis de culpabilización colectiva. 
¡Éstas no tienen cabida en esta Cámara! 
Yo así lo declaro aquí en mi calidad de alemán y de europeo. 
Sin embargo, yo quisiera hacerle una pregunta a la señora Comisaria y por este motivo había solicitado el uso de la palabra. 
En efecto, no ha dicho nada al respecto en su respuesta. Señora Comisaria, yo sólo quisiera saber por qué no ha presentado al Consejo ninguna propuesta sobre el reparto de cargas. 
¿Se debe a que ya no ha conseguido de entrada la mayoría suficiente en la Comisión? 
¿O ha sido por obediencia anticipada al Consejo? 
Ésta es mi pregunta concreta. 
Señor Presidente, de hecho dije que la Comisión también trata en su propuesta el tema de la repartición de las cargas y posibilita absolutamente también al Consejo de Ministros para que, a propósito de esta situación, discuta la propuesta sobre repartición de cargas. 
Después se puede siempre discutir si esta propuesta es suficientemente eficaz o no. 
Pero, como he dicho, está en la propuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Cacao, chocolate, café y achicoria 
Señor Presidente, contrariamente a las apariencias, el expediente del chocolate no tiene nada de frívolo. 
Claro está, el chocolate es una golosina, pero es una golosina que ocupa un lugar nada desdeñable en la vida diaria de muchos europeos, que atañe a la cultura, a la gastronomía y, yo añadiría, a la afectividad. 
Además, el cacao, que es el producto de base del chocolate, es una materia prima esencial para numerosos países del Sur, en particular los de Africa del oeste y el conjunto de los países ACP con los que tenemos relaciones privilegiadas. 
Por ello, creo que queda muy claro en la cabeza de muchos de nosotros, se trata de un expediente político candente. 
La propuesta de la Comisión está encaminada a modificar la directiva de 1973 permitiendo a los Estados miembros que lo deseen, autorizar la introducción hasta el 5 % del peso total de materias grasas vegetales de sustitución de la mantequilla de cacao en la composición del chocolate. 
Este porcentaje significa mucho, ya que el 5 % del peso total puede representar hasta casi el 30 % del peso en mantequilla de cacao. 
Esta propuesta de la Comisión es la excepción a la regla. 
Citaré cuatro importantes. 
Primero, no existe un método de análisis, entiéndase fiable y preciso, que permita cuantificar la presencia de estas materias grasas vegetales en el chocolate. 
Segundo, la Comisión no propone ninguna limitación para el tipo de materia grasa vegetal utilizada. 
Puede tratarse de cualquier materia grasa vegetal. 
Tercero, no se hizo una evaluación previa de las repercusiones negativas que conllevaría la aplicación de esta directiva para los productores de cacao, en especial los productores ACP. 
Cuarto, la Comisión no prevé claramente una denominación que permita al consumidor hacer una elección consciente, basada en una información concreta. 
Habla de una mención clara, neutra y objetiva, sin más, lo que resulta demasiado vago. 
La posición de la Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que aquí represento, sólo me satisface parcialmente, y creo que sólo satisface parcialmente a un determinado número de diputados. 
Voy a recordar las principales posiciones de esta comisión. Primeramente, condiciona la entrada en vigor de la directiva a la existencia de un método de análisis fiable. 
Este es un punto muy positivo, vista la crítica que acabo de emitir a este respecto. 
Se precisaría un método de análisis fiable para que la directiva entre en vigor. 
En segundo lugar, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha aprobado dos considerandos importantes destinados a limitar el uso de materias grasas vegetales obtenidas artificialmente, pienso en los procedimientos enzimáticos. 
Sin embargo, sólo votó los considerandos y no los artículos, lo que manifiestamente demuestra cierta incoherencia. 
En tercer lugar, propone una evaluación de las repercusiones sobre los países ACP, pero a posteriori, lo que resulta de todas maneras problemático. 
En cuarto lugar, en lo relativo a la denominación, la Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor propone, y es la decisión de una mayoría que es preciso respetar, mencionar la presencia de materias grasas vegetales junto a la lista de los ingredientes, lo que, según mi interpretación en calidad de ponente me parece más restrictivo que la propuesta de la «Comisión». 
Por lo demás, se votaron los considerandos que recuerdan las obligaciones y compromisos de la Unión Europea en relación con los países ACP y los países en vías de desarrollo, pero sin disponer ningún artículo. 
Estos son algunos de los hechos que me llevan a sacar varias conclusiones. 
En primer lugar, es preciso aprobar 18 de las 21 enmiendas de la Comisión. 
En mi calidad de ponente, creo que es preciso apoyarlas sin reserva. 
En cambio, hay tres enmiendas que presentan un problema. Especialmente las dos enmiendas relativas al etiquetado, a la denominación. 
Esta no se modificará ni mejorará, antes al contrario, se la reducirá un poco haciendo figurar sencillamente una mención especial al lado de la lista de los ingredientes. 
Algunas enmiendas presentadas por varios grupos políticos están destinadas a corregir esta situación. 
Creo que es preciso apoyarlas y en mi calidad de ponente, tomo la libertad de hacerlo. 
En segundo lugar, es preciso votar un determinado número de enmiendas que introducen los artículos que corresponden a los considerandos que se han votado. Es lo menos que puede hacerse. 
He aquí el meollo del asunto, señor Presidente, y quisiera comentar las conclusiones en la forma de dos observaciones. 
Ante todo, hace unas semanas votamos el informe del Sr. Martens sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a nuestras relaciones con los países ACP. 
Contenía una frase, en el punto 97 que decía: » El Parlamento recuerda la propuesta negativa destinada a modificar la directiva cacao, aprobada por la Comisión, lo que ejemplifica la incoherencia de la política de desarrollo». 
Se trata, pues, de una crítica muy clara y unánime del Parlamento en contra de la propuesta de la Comisión. 
Segunda observación en forma de llamamiento, creo que la Unión Europea no tiene, por ahora, una buena imagen ante la opinión pública. 
¿Puede permitirse legislar en un ámbito como este, que afecta a la alimentación, rompe la diversidad, es manifiestamente contraria a una mejora de la calidad y agrede de manera muy clara a un buen número de consumidores europeos? 
Creo que la respuesta es no, señor Presidente. 
Señor Presidente, Señorías, en mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, tengo el deber de informarles que una mayoría votó en favor de incrementar al 5 % la tasa de materias grasas vegetales distintas a la mantequilla de cacao que entran en la fabricación del chocolate. 
Una vez dicho esto, quiero decirles a título personal, que no comparto en lo más mínimo esta opinión, y ello, por cuatro razones fundamentales y de principio. 
Si reconozco a todos el derecho de tener gustos y tradiciones distintas a las mías, tienen la obligación de asumirlas. 
En efecto, para mí, el chocolate es un producto alimenticio cuyo componente de grasas vegetales lo proporciona la mantequilla de cacao. 
Parece elemental, no obstante, cabe destacarlo. 
Los consumidores tienen derecho a lo que este producto tiene de mejor. 
Toda modificación de esta composición dará paso a los sucedáneos de toda naturaleza, con consecuencias que no necesariamente carecerán de peligro para la salud humana. 
Por último, señor Presidente, Señorías, ustedes saben como yo que para un determinado número de Estados con una economía débil, el cacao constituye la única producción para la exportación económicamente rentable. 
Considero que sería inaceptable para los europeos que participan la semana próxima, en Logo, en Togo, en la reunión de la Asamblea Paritaria ACP-UE deber confirmar nuestra incoherencia en actitud y discurso. 
En efecto, celebramos fastuosos acuerdos sobre el papel, y en la práctica, damos prioridad a los ricos financieros estadounidenses o a otros que, para realizar ganancias enormes, con los mercados y el comercio como guía, no titubean en destruir las economías y pisotear estos compromisos morales. 
Africa es el complemento natural de Europa. 
Durante dos siglos, la hemos explotado o destruido, en la época colonial. 
Ha llegado el momento de respetarla y desarrollar con ella una asociación económica, solidaria para ambos continentes, resistiendo a adiposos grupos de interés. 
Señor Presidente, pocas veces una propuesta de directiva ha llevado a tantos problemas como el documento que nos ha presentado ahora la Comisión. 
Si consideramos que esta cuestión lleva arrastrándose desde hace ya más de veinte años, y que ya se han hecho tres intentos anteriores por parte de la Comisión para encontrar un compromiso aceptable, sólo podemos constatar que la Comisión ha resultado incompetente en esta materia. 
En cuanto a la Comisión para el Desarrollo y Cooperación, de la que soy ponente, nuestra opinión es que esta es la enésima propuesta de la Comisión que es simplemente inaceptable. El señor Comisario Bangemann haría bien en tomarse muy en serio esta situación. 
¿Cuáles son nuestras objeciones? 
Volveré a enumerarlas. 
Con esta propuesta, la Unión Europea viola sus propios Tratados; tanto en el Tratado de Roma, como en el Tratado de Maastricht, el Tratado de Amsterdam y el Tratado de Lomé consta que la Unión Europea debe mejorar la posición de los países en desarrollo. 
Me limito a citar sólo uno de los artículos. Artículo 130, párrafo 1º del Tratado de Maastricht: " La política de la Comunidad en el área de desarrollo y cooperación va encaminada hacia un desarrollo económico y social sostenible de los países en desarrollo, y más especialmente de los países en desarrollo pobres, así como hacia una integración armónica y paulatina de los países en desarrollo en la economía mundial. 
Pues bien, esta directiva conllevará un descenso de la exportación de entre 60.000 y como máximo 200.000 toneladas de cacao de más de 10 países del tercer mundo, con gran perjuicio para millones de pequeños cultivadores de cacao que dependen de este producto. 
Con esta directiva, la Comisión Europea vulnera también el acuerdo internacional sobre el cacao que obliga a la Unión a fomentar la libre importación del cacao con objeto de estabilizar los ingresos de sus países productores. 
Con ello, nuevamente, viola sus propios tratados. Porque el Tratado de Maastricht reza: " La Comunidad cumplirá con las obligaciones y objetivos que haya suscrito en el marco de las Naciones Unidas y otras entidades internacionales competentes». 
Además, la Comisión nos ha presentado una directiva que impone que en toda la Unión se permita la utilización de un 5 % de grasas alternativas en el chocolate, cuando no es posible determinar exactamente dicho 5 %. 
Hace poco, la Comisión decidió incluso iniciar un estudio acerca de unos mejores métodos de medición para poder detectar el margen de un 40 %. 
¿Por qué la Comisión no ha hecho esto nunca antes en los 20 años que lleva luchando con este problema? 
La posición de la Comisión de Desarrollo y Cooperación es clara. 
Opinamos que no deben utilizarse grasas alternativas en el chocolate, y opinamos que la Comisión debe definir la presente directiva en un 0 %, o bien retirarla. 
Los perjuicios para los países en desarrollo no guardan proporción alguna con los beneficios del mercado interior, ni con las ventajas para el consumidor. 
El único que sale ganando- y ahí le doy la razón al Señor Happart- es la gran industria del chocolate, los grandes multinacionales que pasarán a ganar 40 millones de dólares más al año. 
En caso de que ninguno de nuestros puntos de vista obtenga una mayoría, como último remedio, lo subrayo, votaré en favor de las enmiendas de la Señora Thyssen. Ella solicita que como grasas alternativas permitamos únicamente las grasas tropicales, y que no entre en vigor la directiva hasta que no esté seguro que efectivamente pueda determinarse con exactitud ese 5 %. 
Pero ese será un último remedio, cuando no haya otra forma de salvarse. 
En principio mantengo mi punto de vista: debe mantenerse un límite cero, y si no, lo mejor que puede hacer la Comisión es retirar la propuesta. En el fondo es una propuesta vergonzosa. 
Señor Presidente, Señorías, el debate del chocolate es un debate emocional, y por tanto hemos de limitarnos a los hechos. 
La Comisión Europea ha formulado una propuesta con dos principios. 
En primer lugar, son los propios Estados Miembros los que deciden sobre la utilización de otras grasas vegetales que la manteca de cacao. 
En segundo lugar, debe garantizarse la libre circulación, pero imponiéndose una condición adicional al etiquetado de chocolate con grasas vegetales. 
Dos observaciones: ¿En qué medida podrá resistir un Estado Miembro la presión de su propia industria si ésta sufre las consecuencias de la competencia de otros Estados Miembros donde sí se permite la utilización de las grasas vegetales? 
También en este asunto, la presión económica amenaza con socavar el principio de la proporcionalidad. 
La condición adicional al etiquetado es muy vaga. 
La Comisión menciona una indicación clara, neutra y objetiva al margen de la relación de ingredientes. 
Pero, ¿qué quieren decir con esto? 
¿Esa obligación adicional para el etiquetado no irá en contra de la sentencia Béarnaise, o bien de la directiva sobre el etiquetado? 
Formulé la pregunta ante la Comisión durante el periodo de sesiones de nuestro Parlamento de septiembre. 
Recibí una contestación oficial por escrito de la Comisión, y permítanme que cite. 
La Comisión me escribe, literalmente: " La sentencia en cuestión, la sentencia Béarnaise, no es aplicable». 
Y, en segundo lugar: " Las directivas sobre el etiquetado de ningún modo constituyen un obstáculo. 
Al contrario, el artículo 6, párrafo 6º, de la directiva 79/112 prevé expresamente la posibilidad de este tipo de medidas». 
La Comisión, pues, se apoya en el artículo 6, párrafo 6º, de la directiva sobre el etiquetado y, junto con algunos colegas diputados he presentado dos enmiendas que se apoyan precisamente en el mismo artículo. 
Por lo tanto, me parece de lo más normal que la Comisión acepte dichas enmiendas, ya que estamos diciendo exactamente lo mismo. 
Luego espero recibir una respuesta detallada de la Comisión al final de este debate. 
Porque, ¿cuál es, al fin y al cabo, la cuestión central? 
Naturalmente, no se trata de si estamos en favor o en contra de las grasas vegetales cuando en siete Estados Miembros, mal que me pese, pero es así, se tolera y se permite la utilización de esas grasas vegetales. 
Naturalmente se trata de cómo informamos de ello al consumidor, y me asombra constatar que algunas personas sí quieren informar al consumidor, pero preferiblemente no demasiado. 
Los defensores de las grasas vegetales dicen que sus productos son excelentes. 
Y yo los creo. 
Pero entonces, ¿de dónde viene ese miedo a informar al consumidor sobre la utilización de algo que es tan estupendo? 
¿Es que tienen algo que esconder? 
Otro aspecto es el siguiente: La directiva propuesta parte del principio que para un mismo producto debe utilizarse el mismo envase en cualquier lugar de la Unión Europea. 
Por tanto, tampoco debemos permitir excepciones para el chocolate con leche familiar. 
La comisión de medio ambiente ha informado en ese sentido: seamos consecuentes. 
Un solo régimen para todos y, por tanto, sin excepciones. 
Quisiera terminar con un llamamiento a las delegaciones nacionales y a los grupos parlamentarios. 
Dejemos ya este vergonzoso y penoso espectáculo sobre quién haya propuesto la mejor enmienda. 
Por que, al igual que muchas otras personas, y exceptuando algunos detalles, todos queremos lo mismo, una mejor información al consumidor. 
Hemos formulado una propuesta sobre la base de lo que quiere la Comisión, el artículo 6, párrafo 6º de la directiva sobre el etiquetado. 
Pero otros diputados han formulado buenas propuestas también. 
No se trata de quién presentara la mejor enmienda, sino de cómo podemos alcanzar una holgada mayoría política para poder influir en el proceso legislativo. 
Y un segundo llamamiento afecta a lo siguiente: Muchos gobiernos nacionales, muchos partidos políticos y muchos parlamentarios tienen objeciones de principio contra la utilización de grasas vegetales. 
Hemos hecho una abstracción de nuestra posición. 
Aceptaremos los dos reglamentos, pero basándose en una clara información al consumidor. 
¿Podremos pedir también de la otra parte que dé un paso significativo hacia delante? 
. Señor Presidente, yo tampoco he visto prácticamente nunca una propuesta de directiva que haya provocado tantas emociones, discusiones y cabildeo. 
Creo incluso que he gastado más energía en este tema a lo largo de este último año que la que podría recuperar comiendo chocolate durante todo un año. 
El expediente del chocolate es un ejemplo por excelencia de que el aplazamiento de un problema no ofrece ninguna garantía de que su solución vaya a ser mejor. 
Señor Presidente, la postura del EVP ha sido clara desde el principio y seguiremos defendiéndola. 
Es decir que queremos lo siguiente: defendemos la subsidiariedad en el sentido de que si un Estado Miembro así lo desea, debe tener el derecho de decidir que dentro de su territorio quede prohibida la producción de chocolate con grasas alternativas. 
En segundo lugar, defendemos la limitación de la categoría de grasas a determinadas grasas tropicales. 
En los considerandos de la directiva, la comisión de medio ambiente apoya esta exigencia, pero desgraciadamente no ha sido así, o mejor dicho, aún no ha sido así en la parte operativa. 
Digo aún, porque se han presentado enmiendas, también por nuestra parte, para cambiarla, y esperamos poder contar con el apoyo de sus Señorías. 
En tercer lugar, señor Presidente, nosotros del EVP no aceptaremos nunca que se impongan leyes cuyo cumplimiento no se pueda controlar. 
En la comisión de medio ambiente ya habíamos presentado una enmienda en el sentido de que primero deberá encontrarse un método de análisis que permita conocer con suficiente exactitud si, y en caso afirmativo, cuántas grasas alternativas se han utilizado en el chocolate, y la entrada en vigor de la nueva directiva ha de depender de ello. 
Aquella enmienda obtuvo una mayoría y naturalmente seguimos apoyándola. 
En cuarto lugar seguiremos luchando por un debate democrático de las leyes. 
No aceptaremos que la «comitología ' ponga fuera de juego al Parlamento Europeo si la directiva en algún momento ha de ser adaptada a los reglamentos generales de la política alimentaria. 
Nuestra enmienda para reducir el campo de influencia de la «comitología ' obtuvo una mayoría en la comisión de medio ambiente. 
Naturalmente, seguiremos defendiendo y apoyándola. 
En quinto lugar, pedíamos en la comisión de medio ambiente un estudio retrospectivo del impacto que tuviera esta directiva sobre la venta de la manteca de cacao por los países en desarrollo. 
Una política buena requiere un seguimiento; hay que atreverse a mirar las consecuencias del voto propio y, si es necesario, hay que adaptar las propias leyes a los resultados. 
También en este campo, señor Presidente, la comisión de medio ambiente tiene unas ideas claras y mantenemos nuestra postura. 
Y sexto y último, pero no por ello menos importante, los intereses del consumidor. El consumidor tiene derecho a ser informado y a conocer la calidad de lo que se le ofrece. 
Queremos garantizarle estos derechos. 
Pero nunca hemos estado de acuerdo con la modificación o el añadido de la denominación comercial. 
En el debate de la directiva sobre el etiquetado, el EVP siempre ha defendido una filosofía diferente, una aplicación más amplia de la letra y del espíritu de la jurisdicción al respecto, y nos mantenemos en esa vía. 
Pero esto, señor Presidente, no significa que no queramos informar al consumidor. 
Hemos vuelto a debatir el asunto, porque nuestras enmiendas sobre el etiquetado no hallaron una mayoría en la comisión. 
Nuevamente incluimos este punto en la agenda de nuestro grupo parlamentario y al final una amplia mayoría apoya una nueva enmienda en la que solicitamos que se indique de forma legible, destacada, y siempre en el anverso del envase, el contenido de otras grasas vegetales en el producto. 
Creemos, señor Presidente, que con esta exigencia es como mejor defendemos los intereses del consumidor. 
Todas las alternativas dicen: Lo hacemos en la denominación del producto. 
En el caso de este producto, el chocolate, significa que el consumidor deberá buscar entre la letra pequeña del dorso, porque allí es donde aparece la denominación del producto, y donde podrá seguir aunque se añaden otras grasas al producto aquí debatido; entonces el cliente habrá de buscar entre la letra pequeña y dorada del lateral del envase para saber si contiene alguna grasa vegetal. 
Nuestra propuesta garantiza que se utilice el anverso y creo, señor Presidente, que es la forma que ofrece mejores garantías. 
Señor Presidente, concluyo con lo siguiente: Con todas estas enmiendas, con todos los esfuerzos preferiblemente conjuntos que realicemos aquí, no lo salvaremos todo, pero es que no tenemos alternativas. 
Hemos tenido que sopesar los pros y los contras; devolverlo habría sido para nuestro grupo parlamentario prueba de incompetencia y de irresponsabilidad, ya que se trata de un procedimiento de codecisión y de que podamos ejercer plenamente nuestra competencia legislativa. 
Queremos ejercerla, decimos que " sí» a ese cinco por cien, pero queremos, además, todas las garantías para África y para el consumidor; y así es nuestra postura, señor Presidente, que ha sido coherente durante un año y medio, y así definiremos nuestro voto. 
Señor Presidente, la aplicación de normas y controles de calidad es un ingrediente esencial del sector alimentario de Europa y, desde una perspectiva propia del consumidor, debemos estar alerta para velar por que todos los productos alimentarios cumplan los requisitos más estrictos en materia de producción y de mercado. 
Sin embargo, el exceso de reglamentación resulta innecesariamente sofocante para el sector, con la consiguiente falta de variedad, y pasa por alto la gama autóctona de productos alimentarios regionales y nacionales de gran calidad. 
Desde una perspectiva irlandesa, el sector agropecuario y la industria alimentaria conexa son fundamentales para nuestra economía y la industria del chocolate, objeto de este debate, es un componente muy importante. 
El sector irlandés del chocolate de calidad da trabajo a 3.000 personas y utiliza 225 millones de litros de leche y 40 toneladas de azúcar irlandés. 
El chocolate con leche irlandés- he sentido la tentación de comerme la tableta de chocolate que está exhibida ahí- es apreciado como un producto de calidad y da gran satisfacción a los consumidores. 
El sector agrolechero es decisivo para los ganaderos de Irlanda como el cacao lo es para otros países productores y no deseo minimizar la importancia del cacao para los países que dependen de él. 
La propuesta de la Comisión de permitir hasta un 5 % de grasa animal en la fabricación del chocolate es aceptable, como también la decisión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor de permitir la enumeración de las grasas vegetales junto con los demás ingredientes. 
Así queda excluida la necesidad de poner la designación en la parte delantera del envase. 
La propuesta de la Comisión, que posibilita la venta de chocolate con grasa vegetal en los 15 Estados miembros, en lugar de los siete actuales, es, en mi opinión, loable, pues con ello se permite el funcionamiento idóneo del mercado interior. 
Por las razones ya expuestas y en particular por la dependencia de Irlanda de su sector agroalimentario, hago un llamamiento a Sus Señorías para que apoyen la exención vigente en Irlanda y el Reino Unido a fin de permitir la utilización de la descripción «chocolate con leche» en el territorio comercial de los dos países. 
Quisiera pedir a los Estados miembros y a los presentes que permitan la prórroga de dicha exención. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me temo que nos perderemos en un debate donde la razón y los principios generalmente aceptados cedan ante las emociones, los intereses nacionales, y el egoísmo. 
La armonización de la legislación del chocolate deberá satisfacer, en mi opinión, un objetivo doble: en primer lugar, someter a los productores, importadores y exportadores de chocolate a los mismos derechos y obligaciones, para que todos jueguen con las mismas ventajas en el mercado interior europeo, y en segundo lugar, permitir al consumidor disfrutar de las ventajas de un mercado interior, ofreciéndole más posibilidades para elegir. 
Por lo tanto, el grupo liberal es partidario, en primer lugar de una total armonización, y en segundo lugar de un claro etiquetado. 
Por total armonización entendemos que no sólo la venta, sino también la producción del chocolate con grasas vegetales ha de ser posible en cualquier lugar de la Unión. 
Si somos partidarios de un auténtico mercado interior, la lógica impone que no sólo permitamos la libre circulación, sino también la producción en cualquier lugar. 
No es sostenible un reglamento donde cada uno de los Estados Miembros decida si permite o no la utilización de grasas vegetales en su producción. 
Los grandes productores podrían trasladar su producción a aquellos países donde sí se permite esa utilización, para a continuación vender sus productos con la misma marca en aquellos países que lo prohibieran. Sin embargo, el pequeño fabricante de chocolate, con una producción a nivel local, tiene unas posibilidades de establecimiento limitadas, y sería víctima de la situación. 
El etiquetado: En un mercado libre, no es cometido del legislador decidir qué receta ha de emplear el productor. 
Sí es cometido suyo controlar el cumplimiento con las cantidades mínimas que se impongan. 
Por otro lado, el consumidor debe tener la posibilidad de elegir el chocolate que corresponda a sus gustos, sus tradiciones y, ¿por qué no? , su preocupación por los países en desarrollo, con la ayuda de un etiquetado claro. 
Por un etiquetado claro, los liberales entendemos una indicación uniforme, clara, en un lugar fijo, preferiblemente arriba, y en todo caso claramente distinguible de la lista de ingredientes, con letra claramente legible. 
Señorías, permítanme dos observaciones más: Nuestro grupo parlamentario se opone a la idea de limitar las grasas vegetales a tres grasas tropicales. 
Tal disposición provocará problemas inmediatos con la Organización Mundial del Comercio, con lo que esta directiva estaría abocada al fracaso. 
Y en segundo lugar, tampoco apoyamos las enmiendas que acondicionan la entrada en vigor de la directiva a ese método de detección comunitario. 
En este contexto quiero remitir a sus Señorías a la directiva del ' 89 sobre el control oficial de productos alimenticios que establece unas reglas uniformes al respecto. 
Por tanto, presentamos la enmienda 54, en sintonía con esta directiva. 
Señor Presidente, nosotros apoyamos, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, la propuesta del Sr. Lannoye porque nos parecía equilibrada. 
Y si estábamos de acuerdo con la propuesta del Sr. Lannoye es porque creo que era respetuosa con determinados principios que deberían tenerse en cuenta a la hora de aprobar la revisión de esta directiva. 
En primer lugar, un etiquetado claro y completo. 
Como dice muy bien la Directiva 79/111 en su artículo 2, no ha de inducirse a confusión a los consumidores. 
Y en segundo lugar, tener en cuenta la reducción al mínimo de las repercusiones ecológicas, sociales y económicas. 
También tuvo en cuenta el Sr. Lannoye el Convenio con los países ACP y los artículos 130 U y 130 V del Tratado, que reflejan muy bien la consideración que debe tener la Unión Europea con los países ACP, sobre todo con treinta o treinta y uno de ellos, que tienen que ver con la producción directa del cacao. 
Sin embargo, este debate da cuenta de la complejidad del tema y da cuenta de cómo hay que optar por favorecer lo que el Sr. Lannoye decía. Es decir, intentar reducir al mínimo las repercusiones económicas, ecológicas y sociales. 
Esta mañana, en el debate sobre el estado de la Unión, los dos líderes de los dos grandes Grupos de esta Asamblea recordaron nuestras relaciones con los países ACP y la necesidad de que esas relaciones estuvieran basadas en el comercio justo. 
Si la directiva, tal como está propuesta, se aprueba, según dice la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo, la demanda podría llegar hasta 200.000 toneladas menos de manteca de cacao, lo que supondría un grave deterioro económico para determinados países, sobre todo si se tiene en cuenta que hay más de un millón y medio de agricultores- pequeños agricultores que, como muy bien dice el Sr. Lannoye en su informe, son respetuosos desde el punto de vista ecológico porque utilizan pocos productos químicos- que se verían terriblemente afectados. 
Por otra parte, está el problema del etiquetado: yo creo que la opinión pública europea está sensibilizada. 
Todos recordamos el problema de las vacas locas sobre el que la Sra. Roth-Behrendt ha de presentar el informe de la comisión de seguimiento. 
Esa sensibilidad de la población europea exige una información cada vez más clara sobre lo que va a consumir, sobre lo que va a gastar. 
La Sra. Thyssen enseñaba muy bien la tableta de chocolate y decía cómo el indicar muy claramente que el chocolate contiene grasas vegetales o que no las contiene va a determinar que el consumidor pueda o no elegir. 
Es decir, respeto por los acuerdos que tenemos con terceros países, respeto por el consumidor, respeto por la propia legislación de la Unión Europea. 
Esto es lo que se exige en la propuesta del Sr. Lannoye. 
Esperemos que las enmiendas propuestas vayan adelante y podamos votar a favor de esta propuesta. 
. Señor Presidente, Señorías, para empezar y sobre todo deseo dar la bienvenida al Señor Gauze, Ministro de Materias Primas de Costa de Marfil, quien ha estimado este debate de suficiente interés para justificar su presencia con nosotros. 
En primer lugar, quisiera observar que nuestro representante en la comisión de medio ambiente, Paul Lannoye, que asimismo fue ponente sobre esta directiva, tuvo que comprobar muy pronto que no había base suficiente en absoluto en este Parlamento para la opción cero. 
De ahí que, con gran dolor de corazón, nos hemos visto obligados rápidamente a renunciar a ella. 
En segundo lugar, tan pronto vimos que esa opción no era viable, hemos centrado todo el peso de la discusión en el consumidor, y para que éste pueda desempeñar plenamente su papel es necesario hacer algo con el nombre del producto, haciendo algún tipo de añadido. 
Ese era nuestro planteamiento, que en ningún momento fue rebatido en la comisión de medio ambiente; sin embargo, sí se han presentado posteriormente una serie de enmiendas para hacerlo imposible. 
En todo caso, para nosotros sigue siendo igualmente importante, y por tanto hemos presentado una enmienda en la que nuevamente se ofrece esa posibilidad, ya que constituye la mejor opción. 
Y no es porque sea nuestra, sino porque cuando en la denominación se indica: » con grasas vegetales ', cualquier consumidor lo podrá ver. 
Los ejemplos que nos dio la Señora Thyssen con los envases, naturalmente se dan en la situación actual, en la que sólo existe chocolate auténtico en nuestro mercado; entonces, Cote d ' Or no necesita indicar nada en grandes letras en el anverso de sus envases. 
Eso está claro, lo entiende un niño. 
En tercer lugar, y ahí doy toda la razón al Señor De Coene, es perfectamente posible trabajar sobre la denominación del producto en sintonía con la directiva sobre el etiquetado. 
Para nosotros se trata de intentar conseguir la mejor opción y de reunir una mayoría en torno a ella. 
Cuanto más amplia, mejor para nosotros, y para eso lucharemos. 
En cuarto lugar, es evidente que esta propuesta de proyecto de la Comisión, que no ha sido revisada por la comisión de medio ambiente, es radicalmente contraria a las obligaciones que contrajimos en Lomé, al igual que al acuerdo internacional sobre el cacao, en el que también la UE defendió la compra de una mayor cantidad de manteca de cacao. 
Es imposible pretender poner a salvo la exportación, sobre todo de los países africanos, mientras no se dé más que una muy débil indicación en el envase para informar al consumidor. 
El resultado de la comisión de medio ambiente es una indicación en letra pequeña al final; es preferible que se haga dentro del propio nombre, y si esto no es viable, habrá que ver dónde se podrá hacer mejor. 
Pero dediquemos todos nuestros esfuerzos a la mejor opción. 
Por último, una observación a la Señora Maij-Weggen: Opino que su conclusión es algo incoherente. 
Por un lado dice usted, con razón, que esta propuesta es mala, y, a continuación dice claramente: apoyemos, pues, las enmiendas de la Señora Thyssen. 
No digo yo que no habría que apoyarlas nunca de ninguna de las formas, pero sí debo llamar la atención sobre el hecho de que existen posibilidades de protección más fuertes que las enmiendas de la Señora Thyssen, y que habrá que probarlas primero. 
Así opino, y con esto concluyo, que si la Señora Thyssen pide un estudio de impacto para el año 2.002, nos está ofreciendo una solución a destiempo; y así me lo dijo el jefe del gabinete del Señor Moreels: eso no sirve de nada; para entonces ya será muy tarde. 
Un estudio de impacto debe hacerse de antemano. 
Y, segundo, si se dice que primero hemos de disponer del instrumento de análisis, es útil que sea aceptado, porque nos permite ganar tiempo. 
Pero esa ganancia de tiempo sólo tiene sentido si va ligada a una completa información al consumidor, de forma que éste pueda distinguir efectivamente; y para que pueda hacerlo lo mejor será que se haga un añadido al nombre. 
Señor Presidente, la Señora Aelvoet se ha dirigido a mí, y es que me ha entendido mal. Puedo aclararlo con unas pocas palabras. 
He dicho que si no se acepta la opción cero- y se han presentado varias enmiendas al respecto -, ni tampoco se acepta la devolución- también se han presentado enmiendas para ello -, entonces, en el peor de los casos, las enmiendas de la Señora Thyssen todavía son mejores que los 5 %. 
Pero mi opinión es que finalmente el ponente debe considerar cuál es el resultado, y si el resultado no es bueno, deberá devolverlo simplemente a la Comisión. 
Muchas gracias, señora Maij-Weggen. 
En cualquier caso, la posibilidad de que un orador intervenga dos veces en un debate sólo se puede justificar en función de una cuestión de orden, cosa que no se ha hecho. 
Y yo lo señalo. 
En cualquier caso, gracias por su breve intervención. 
. La Señora Aelvoet ha mencionado mi nombre tres veces. 
Dice ella que mi propuesta al final no es viable, o que no es buena, pero yo quisiera decirle a la Señora Aelvoet: Haga el favor de leer primero la directiva sobre el etiquetado. 
Señora Thyssen, si quiere formular alguna protesta, le concederé el uso de la palabra al final del debate. 
Ahora no puede hacerlo. 
Señor Presidente, no sabía que la señora Comisaria fuera especialista del chocolate, pero este miércoles sus compañeros sin duda alguna tenían otras obligaciones. 
Señorías, señor Ministro de Materias Primeras de la Costa de Marfil, no nos engañemos: nuestro debate sobre el chocolate es mucho más importante de lo que podría creerse a primera vista. 
Si nuestro Parlamento se ve dividido hoy de esta manera y si las pasiones se desencadenan sobre este tema, no se debe a la proximidad de las fiestas de fin de año, sino más bien a que abordamos un expediente esencial y sumamente revelador del riesgo de una desviación del mercado interior. 
Desde este punto de vista, es una pena que el Comisario competente no esté presente, aunque estoy muy contento de verle entre nosotros. 
Ya que, por último, ¿de qué estamos hablando? 
Desde 1973, la Unión Europea ha aprobado, en el sector del chocolate, una legislación que cumple perfectamente una doble función: por una parte, la protección del consumidor y, por otra, la defensa de los intereses de los países productores. 
Se han concedido derogaciones en atención a algunos nuevos Estados miembros con el fin de respetar sus tradiciones nacionales. 
En efecto, no habría podido verse que Bruselas o Estrasburgo impusieran a los ciudadanos europeos la naturaleza de sus gustos. 
Ahora bien, resulta que la Comisión considera que la cohabitación de estos dos regímenes no es satisfactoria ya que no respeta las sacrosantas reglas del mercado interior. 
Por tanto, hoy nos propone generalizar estas derogaciones. 
De hecho, mediante este viraje completo, nos propone una vez más una armonización a la baja. 
Hoy, veo sencillamente que la Comisión vuelve a la carga con este expediente, cuando me parece recordar muy bien que el Parlamento Europeo ya había rechazado claramente su primera tentativa. 
A este ritmo, vamos a dejar construir un modelo europeo que no tenga ningún sabor, comenzando por la armonización de su cocina. Sería perfectamente estúpido y terriblemente peligroso. 
Contrariamente a muchos de ustedes, yo no soy especialista del chocolate, pero en este caso veo que la Comisión se dispone a generalizar una práctica que, según su propia confesión, entraña muchos riesgos. 
Por tanto, les ruego que no sigamos hasta el final lo que nos propone la Comisión. 
Hemos presentado enmiendas- y otros compañeros lo han hecho- que permitirían al Informe Lannoye conformarse a la tradición del Parlamento. 
Creo que tenemos como prioridad la armonización de los intereses de nuestros países, pero también la protección de los intereses de nuestros socios tales como los países ACP. 
Espero que el Parlamento sabrá defender estas prioridades sin dejarse llevar como quien no quiere la cosa por una armonización que corre el riesgo de volverse sumamente amarga. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre el cacao que hoy debatimos, muestra faltas claras en varios puntos. 
Y esos puntos habrán que revisarse. 
Sólo entonces la propuesta será aceptable también para mi grupo parlamentario. 
La Comisión Europea ha intentado solucionar de la forma más simple los problemas que existen en el mercado interior en cuanto a producción y venta de productos de chocolate, a saber, aplicando el régimen de producción de chocolate más liberalizado para todos. Es decir: Total libertad para todo el mundo para utilizar un 5 % de grasas alternativas. 
Esto parece una solución atractiva, pero constituye una negación de las contradicciones existentes desde hace más de veinte años entre los Estados Miembros sobre la utilización de esas grasas. 
Para nosotros, el principio es que el chocolate puro no debe contener grasas alternativas; el consumidor en la mayor parte de la Unión está acostumbrado a esto, y no se debe cambiar así como sí. 
Un aspecto añadido es que las consecuencias para aquellos países en desarrollo que producen cacao pueden ser especialmente graves. 
Los fabricantes de chocolates puros, sin grasas alternativas, sufren una desventaja en cuanto a competitividad, y al consumidor es fácil engañarle con un nombre de producto que apele a lo que está habituado. 
Así que, algo habrá que hacer. 
Opino que un buen compromiso puede estar en la indicación en la etiqueta. 
Hay una clara tendencia hacia la emancipación del consumidor; quiere saber lo que come. 
Por lo tanto, no veo ninguna objeción a que se indique de la forma más clara posible qué es lo que tiene y deja de tener cada producto. 
No debemos pasar por alto, además, las consecuencias que tenga una modificación de la composición del chocolate para los países productores de cacao. 
Si bien llevamos años observando un aumento de la demanda del cacao, una modificación repentina respecto a ese 5 % sin medidas compensatorias podría ser desastrosa para algunos países en desarrollo. 
Nuevamente, quiero subrayar que en mi opinión la etiqueta es el lugar indicado para resolver este conflicto que llevamos arrastrando desde hace tantos años. 
Sí que es necesario que esa indicación conste de forma prominente en la etiqueta, es decir, no en esa letra diminuta de las relaciones de ingredientes. Eso sería burlarse de la mayoría de los consumidores de chocolate en Europa. 
Si resultara que las votaciones de las enmiendas nos llevaran por esa vía, nosotros no podríamos dar nuestro apoyo a la resolución. 
Señor Presidente, ante todo vaya nuestro aplauso al Sr. Lannoye. 
El elemento que caracteriza la propuesta es el artículo 2 de la directiva que hoy debatimos, en cuya virtud los Estados miembros pueden autorizar la inclusión de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao. 
Si la directiva fuera aprobada, ésta obligaría a los Estados miembros a comercializar productos con grasas vegetales bajo la denominación de chocolate en su territorio. 
En consecuencia, se privilegiarían los productos con grasas vegetales restando así importancia al producto superior, que dejaría de ser chocolate con cacao puro para convertirse en un producto más caro que entraría a formar parte de los productos de lujo. 
Conscientes de que, sobre la base de los actuales conocimientos técnicos, la determinación de la proporción de materias grasas vegetales en el chocolate es difícil y puede llevarse a cabo con un margen de error del 40 %, hemos presentado una enmienda que autoriza la sustitución de la manteca de cacao por grasas vegetales hasta el 5 % del peso total del producto acabado, precisamente para cuantificar las obligaciones. 
Las consecuencias socioeconómicas de la directiva, por lo tanto, ejercerían una influencia negativa sobre todo en los países productores. 
En África Occidental, por ejemplo, el cultivo de cacao afecta a 2 millones de agricultores que generan una actividad familiar que eleva a más de 11 millones las personas afectadas por los destinos de este cultivo. 
También los países ACP productores- 31 entre 70- sufrirían el impacto negativo de una directiva que, en nuestra opinión, tendría que haberse basado ante todo en un método de análisis seguro en cuanto a la determinación de las grasas vegetales contenidas en el producto, tendría que haber cuantificado a tiempo las consecuencias en la evolución del mercado del cacao y, sin duda, sólo después hubiera podido ser eficaz. 
Las economías africana y caribeña que se basan totalmente en los ingresos producidos por el cacao, sufrirían una caída y, nosotros añadiríamos, hambre y desempleo, así como, evidentemente, emigración para las poblaciones que han convertido el cultivo del cacao en su principal fuente de ingresos. 
Si consideramos los desordenes políticos y económicos que acarearían una adopción demasiado precipitada y un estudio superficial de la directiva, opinamos que dicha directiva debería rechazarse también a la luz de la lucha contra la pobreza que la Unión Europea está llevando a cabo en los países en desarrollo, con vistas a su gradual introducción en la economía mundial. 
Señor Presidente, nada de lo que diga yo hoy tendrá buena acogida entre la gran alianza de preocupaciones legítimas por el Tercer Mundo, aversión al Mercado Único e intereses económicos disfrazados de principios excelsos que ha dominado en el debate de hoy. 
Quisiera decir simplemente dos o tres cosas a los ponentes y después a los diputados a la Asamblea. 
Hablo como persona apasionadamente preocupada por el Tercer Mundo y emocionalmente afectada por algunos de los ataques que ha habido a los que resulta que hacemos el chocolate de forma diferente y así lo hemos hecho durante toda mi vida. 
Lo primero que quisiera decir a los ponentes es que el intento de la Comisión de Medio Ambiente de lograr una transacción se basó en la necesidad de lograr aquí un punto medio entre esas preocupaciones legítimas y las presiones del Mercado Único. 
Quien sólo quiera una cosa y no la otra no puede venir con nosotros. 
Pero el Sr. Lannoye no ha presentado exactamente algunas de las enmiendas, incluida la enmienda nº 13 presentada por mí y otros diputados y que iba encaminada a establecer un etiquetado adecuado situado de modo que el consumidor pudiera verlo y pudiese obtener toda la información necesaria a fin de hacerse la idea de si se utiliza mantequilla de cacao o no en la fabricación. 
Después la Sra. Maij-Weggen ha dicho, en nombre de su comisión, que lo que quieren es que el contenido sea cero. 
No quieren que haya grasa alguna en toda la Unión Europea. 
Si eso no es posible- y es evidente que no lo es: incluso el Sr. Happart ha tenido que aceptar, por mucho que lo deplorara, que la Comisión de Agricultura estaba dispuesta a aceptar el 5 % de grasas vegetales en toda la Unión Europea -, habrá que recurrir a la posición de la Sra. Thyssen, que ya ha dado dos mordiscos a este chocolate con gusto a cereza. 
Quiere que tengamos un método infalible para medir los chocolates que no se había concebido antes. 
Nunca se piensa en eso cuando se muerde el praliné ni se habla de si el chocolate está o no adulterado en cuanto a los ingredientes. 
Ahora vamos a tener que disponer de un método infalible para medir todos los ingredientes. 
En la directiva de control hay ya una forma de asegurarse de que los fabricantes están obligados a decir, en cuanto a lo que compone el chocolate, dónde está el 5 % y cuáles son los ingredientes. 
El Sr. Happart no está en lo cierto cuando dice que el chocolate tal como lo hemos fabricado siempre es un sucedáneo de chocolate. 
Eso es lo que quieren, en realidad, cuando hablan aquí del cambio de denominación. 
Quieren que llamemos sucedáneo de chocolate al chocolate tal como se fabrica en siete Estados miembros. 
No lo es, es chocolate y más vale que se hagan a la idea. 
En el Mercado Único tiene que coexistir con otros productos y tiene que hacerlo conforme a nuestras obligaciones internacionales. 
Por último, en cuanto al chocolate con leche, la decisión de suprimir las exenciones relativas al chocolate con leche está fuera de lugar en este debate. 
La realidad es que en este caso se trata de grasa animal añadida: un asunto muy distinto. 
No se me ocurre una denominación más concreta del chocolate al que se le ha añadido leche que la de chocolate con leche. 
A partir de ahí, apoyaríamos las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente y la mayor parte de las gestiones de la Comisión. 
Señor Presidente, quisiera felicitar sinceramente al Sr. Lannoye por la calidad de su informe. 
Tengo varias razones para hacerlo, puesto que hace ya doce años me encontré en su misma situación, presentando el informe durante la primera tentativa de la Comisión. 
Hoy, como hace doce años, el texto de esta obra no ha cambiado. 
Los envites son los mismos y el expediente no ha progresado. 
La propuesta de la Comisión es inútil, es peligrosa y es mala. 
Es inútil porque hoy el statu quo permite a todos consumir el chocolate que desean. 
Es peligrosa porque cuestiona gravemente la calidad de nuestras relaciones y nuestra ayuda respecto a algunos países en vías de desarrollo. 
Es mala porque ha sido mal preparada, porque carece de un buen soporte técnico. 
No retomaré las dimensiones del problema en su conjunto. 
Simplemente quisiera llamar su atención, señor Presidente, sobre el aspecto del control en lo que se refiere al máximo del 5 % de materias grasas vegetales de sustitución. 
Actualmente no existe una técnica que permita, ya no detectar, sino cuantificar estas materias grasas de sustitución. 
Hace doce años, la Comisión decía: » Estos métodos van a ponerse a punto». 
Hoy día, nos repite: » Estos métodos van a ponerse a punto». 
La inminencia sigue siendo la misma. 
No ha habido progreso alguno. 
Interrogado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, el funcionario de la Comisión ha recalcado que había progresos. 
No ha sido capaz de citar el menor progreso a este respecto. 
Lo que demuestra, dicho sea de paso, la dependencia de la Comisión, en la preparación de este texto, respecto a ciertos agentes de influencia. 
Así lo espero. Yo lo dudo. 
Si no podemos enmendarla, señor Presidente, habrá que tener el valor de rechazarla. 
Señor Presidente, claro está que hay algo de cultural, de afectivo, en el chocolate, pero sin ser especialista, quisiera hablar de gusto. 
Los aficionados lo saben: un buen chocolate, es un chocolate fabricado con mantequilla de cacao. 
Toda adjunción de cualquier otra materia grasa deteriora el gusto y, con el fin de defender esta cualidad, la directiva de 1973 preveía la prohibición de la utilización de materias grasas vegetales distintas a la mantequilla de cacao para la fabricación del chocolate. 
Los seis países fundadores de la Comunidad cumplían esta regla. 
Con la primera ampliación de la Comunidad, los nuevos Estados miembros beneficiaron de una derogación que autorizaba la utilización de materias grasas vegetales al nivel del 5 % del peso total del chocolate, la brecha estaba abierta. 
Actualmente, siete Estados miembros utilizan esta derogación y ocho mantienen la prohibición inicial. 
Bajo la presión de firmas multinacionales chocolateras, la Comisión aprobó, el 17 de abril de 1996, un proyecto de directiva destinada a dar a los Estados miembros la facultad de autorizar la adición de materias grasas vegetales en nombre de la libre circulación de mercancías. 
Con esta directiva, el proceso es imparable. 
Su aplicación tendría, todos lo sabemos, grandes repercusiones tanto sobre la calidad del chocolate como sobre la renta de los países ACP productores de cacao. 
En lo relativo a la calidad del chocolate, la adjunción de materias grasas vegetales, incluso sintéticas, llevaría a una nivelación a la baja. 
Además, no existe una técnica precisa y fácil de aplicar para medir la cantidad de materia grasa incluida en el chocolate. 
En cuanto a los países en desarrollo productores de cacao, experimentarían una baja importante de sus entradas- evaluada en 300 millones de dólares- debido tanto a una pérdida de salidas como a una baja de los precios. 
Esta directiva constituye asimismo un incumplimiento de los compromisos de la Unión Europea en el marco del acuerdo internacional sobre el cacao. 
Me felicito de que la Comisión de Desarrollo y Cooperación haya rechazado la propuesta de directiva. 
Desgraciadamente, no ocurrió lo mismo con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Escuché con atención los argumentos del Sr. Lannoye, sin embargo, aprobar enmiendas a la directiva es internarse en un engranaje peligroso que equivale, de hecho, a aceptarla. 
A pesar de que se introduzcan un determinado número de modificaciones, seguirán siendo sobre todo de forma. 
En nombre de la defensa de la calidad del chocolate y los intereses de los países ACP productores de cacao, soy favorable a rechazar la directiva con el fin dar una señal fuerte al Consejo. 
Si el Consejo quiere realmente una armonización a nivel europeo, que prohíba en toda la Unión la adjunción de materias grasas distintas a la mantequilla de cacao, sin dejar a los Estados miembros la posibilidad de derogación alguna. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la propuesta de la Comisión constituye un ataque contra las personas amantes del chocolate. 
Éstas quieren que el chocolate siga siendo chocolate. 
No quieren un sucedáneo del chocolate, sino chocolate auténtico con manteca de cacao. 
Pero, además, el chocolate con productos materias grasas sintéticas, como el aceite de soja o de colza, no sólo se les atragantan a los gourmets, sino que la autorización de estos sucedáneos también tendrá consecuencias devastadoras para los países en desarrollo, pues para ellos se hundirá la demanda. 
Esto también representa un claro incumplimiento del Acuerdo sobre el cacao, por el que la Unión se comprometió ya en 1993 a fomentar el desarrollo del consumo de cacao. 
Los productores de esos países han cultivado cacao con la esperanza de que se cumpliría dicho Acuerdo. 
Alrededor de una décima parte de la producción global de granos de cacao ya no encontraría comprador. 
El Parlamento Europeo debe abogar por que se establezca una denominación clara. 
Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente querían limitarse a insistir únicamente en que se incluyan en la lista de ingredientes del chocolate las materias grasas vegetales sintéticas. 
No obstante, nosotros sabemos que sólo un 4 % de los consumidores lee esta letra pequeña. 
Por consiguiente, nosotros abogamos por que el consumidor mayor de edad siga teniendo el poder de decidir. 
Nuestra enmienda tiene, por lo tanto, por objeto que este dato figure de manera clara y legible en el producto, a fin de que el consumidor pueda adoptar su decisión. 
Cualquier otra cosa, como por ejemplo una indicación únicamente en letra pequeña en la lista de ingredientes, sería totalmente inaceptable para nosotros. 
Tampoco queremos que se empleen ningún tipo de sucedáneos químicos o obtenidos mediante la tecnología genética. 
Sabemos, en efecto, que el chocolate es una droga sucedánea, pero no queremos que contenga productos sucedáneos. 
Instamos al Parlamento Europeo a que no se incline ante la industria de los sucedáneos, sino que por el contrario se manifieste en favor de la regulación de la pureza chocolate. 
¡Ésta debe ser la posición del Parlamento Europeo! 
Es acertado proceder a la armonización, pero ésta debe orientarse en el sentido adecuado. 
En vez de aceptar el empleo de productos sucedáneos de calidad inferior y en vez de aceptar pagar el precio de un creciente endeudamiento de los países en desarrollo, deben mantenerse unas normas de calidad exigentes, y también las importaciones de cacao. 
Señor Presidente, Señorías, voy a decirlo con toda claridad, personalmente soy, al igual, por lo demás, que mi Grupo, totalmente hostil al proyecto de directiva que se nos presenta y especialmente a su artículo 2. 
Mi punto de vista parecerá quizás excesivamente simple, pero pienso que el chocolate debe ser hecho con cacao y que todo producto obtenido a partir de otros componentes debe llevar sencillamente otro nombre. 
Para defender la directiva, nuestro compañero Sr. Schnellhardt nos dijo, de manera bastante curiosa, que nadie exigiría saber cuántas fresas habría en una tarta de fresas. 
Es verdad, pero yo quisiera responderle con la misma simplicidad, que si la tarta está hecha con ciruelas, ya no se trata de una tarta de fresas, sino de una tarta de ciruelas. 
¿Aceptaríamos considerar como vino una bebida hecha con zumo de manzana, o de llamar mantequilla a una especie de margarina? 
¡Desde luego que no, y tendríamos razón! 
Hemos aceptado ver como vacas a animales extraños, hinchados con hormonas y alimentados con harina de despojos de cordero; ya vimos el resultado. 
Siendo menos grave, sin duda alguna, el tema que nos ocupa hoy sigue siendo serio, como lo recordó nuestro ponente, y aquí ya se ha dicho todo sobre los aspectos técnicos y comerciales de esta cuestión. 
Por tanto, quisiera formular la pregunta en términos generales. 
¿Nuestra Unión Europea es un supermercado en el que sólo prevalecería la ley del máximo rendimiento y el menor coste de producción, o se trata de una construcción política, fundada especialmente en los valores de solidaridad, calidad y lealtad? 
La solidaridad respecto a los países productores de cacao que hemos alentado en esta especulación, es, por lo menos, no aprobar una legislación que contribuiría a arruinarlos. 
La calidad que debemos promover, es la de los productos que compitan por su singularidad, sus cualidades propias, el aspecto cultural de su uso, en una alimentación que reconcilia al hombre con lo mejor de sí mismo, incluso tratándose únicamente de chocolate. 
Yo creo, por mi parte, que el combate de la calidad contra la cantidad es una de las batallas que la civilización humana libra contra la barbarie industrial y productivista. 
La lealtad, por último, consiste, más allá del mero liberalismo y las normas de mercado, en informar con precisión a los consumidores, que son también ciudadanos, sobre lo que se les propone. 
Nuestro esfuerzo de integración debe corresponder en el espíritu de los europeos a una mejora constante y no a una degradación de su calidad de vida. 
Si debe haber una armonización, debe hacerse a la alza, con la exigencia más elevada y no a la baja, ya que nuestros conciudadanos rechazarían una Europa concebida de esta manera. 
Por ello, señor Presidente, con la unanimidad del Grupo de Coalición Radical Europa, me opongo a este proyecto y apoyo las enmiendas que se oponen a ella radicalmente. 
Señor Presidente, cuando hoy tratamos la cuestión del chocolate, nos encontramos con desacuerdos nacionales, porque tenemos diferentes tradiciones y normas para las materias grasas vegetales que pueden usarse en la producción de chocolate. 
Las normas de siete países han mirado por el bienestar de los países productores de cacao. Las normas de ocho países les han asegurado a las mujeres de países pobrísimos como Burkina Faso y Mali la exportación de sus cacahuetes, que supone el 20 % de su producto nacional. 
Personalmente, me parece que bien se podía haber seguido viviendo con esta distorsión de las condiciones de la competencia para la producción de chocolate y haberse concentrado en zanjar la cuestión de las normas de etiquetado en esta directiva. 
No obstante, una vez dicho esto, quiero felicitar al Sr. Paul Lannoye por su trabajo a la hora de intentar alcanzar en un asunto más difícil de lo que parece un compromiso que considero razonable en una serie de puntos. 
Es evidente que aquello que uno como consumidor en algunos Estados miembros siempre ha llamado chocolate, debe seguir llevando esta denominación y que a través del etiquetado se debe informar sobre las grasas vegetales empleadas. 
Me parece lógico que el etiquetado tenga lugar con arreglo a la lista de ingredientes, conforme fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente. 
Lo que, no obstante, me parece completamente decisivo es lograr la aprobación de las enmiendas que prohíben el uso de métodos sintéticos en la fabricación de materias grasas vegetales. 
Con ello se les da a los países en vías de desarrollo la seguridad de que pueden seguir exportando los productos que producen de modo natural. 
Si estas enmiendas no son aprobadas, sería completamente inaceptable aprobar en modo alguno la incorporación de otras materias grasas vegetales diferentes a la manteca de cacao, y digo esto como danés. 
Esto también es válido para la enmienda que prohíbe los OGMs. 
El Reglamento de alimentos nuevos regula sólo el etiquetado, mientras que lo que necesitan los países en vías de desarrollo es que se prohíba su producción. 
Señor Presidente, Europa se entremete en todo, hoy se entremete en el chocolate. 
La dictadura del mercado único desemboca ineluctablemente en la dictadura de una reglamentación única. 
Valga, entonces, para una reglamentación sobre el chocolate, pero a condición de que respete los principios esenciales. La información honrada del consumidor, la diversidad y la calidad de los productos, los intereses de las empresas nacionales. 
Este no es el sentido de lo que nos proponen las autoridades europeas y algunas enmiendas. 
No, no es respetar la información honrada del consumidor llamar chocolate a productos que integran materias grasas vegetales distintas al cacao, sobre todo cuando se sabe que será difícil verificar realmente los porcentajes de los distintos aceites incorporados. 
No, no es respetar la diversidad y la calidad de los productos poder vender como chocolate productos grasos, a base de carité o aceite de palma, incluso de soja o colza. 
Ello representa dirigirse a una normalización y hacer banales las costumbres alimentarias, en el sentido de una pérdida del gusto y de los sabores, una especie de anglosajonización de la gastronomía. 
Y saludo aquí a los embajadores del chocolate y del sabor que se encuentran en la tribuna. 
No, no es respetar los intereses europeos, y además los de algunos países amigos con los que cooperamos, tales como la Costa de Marfil, hacer el juego de las multinacionales y preparar la entrada del soja estadounidense en la composición de las golosinas que no tendrán de chocolate sino el nombre. 
En este asunto, la Comisión de Bruselas actúa mal. 
Actúa como ya se lo temía el General de Gaulle, como una comisión del Congreso de los Estados Unidos de América. 
Rechazamos la normalización a la americana del mundo, nos negamos a servir los intereses de las multinacionales. 
Los diputados del Frente Nacional votarán contra este proyecto de directiva. 
Señor Presidente, estamos hablando- permítanme que vuelva a recordarlo- de la legislación de la Unión Europea en materia de productos alimenticios, que como todo el conjunto de la legislación europea se rige por el principio de la armonización. 
En efecto, todos aquellos que desean vender sus productos, desean la libre circulación de mercancías. 
Entre éstos también figura, por otra parte, Francia, cuando desea vender sus productos franceses, pero esto es algo que se prefiere olvidar en el marco del presente debate. 
Si queremos que exista la libre circulación de mercancías y queremos garantizarla- y todos así lo desean -, ello exige unos determinados requisitos. 
Para nosotros, éstos siempre han sido que en toda la Unión Europea los productos, sus ingredientes y su composición, no deben representar ningún peligro para la salud. 
Éste ha sido siempre el credo de nuestra legislación en materia de productos alimenticios. 
A diferencia de muchas de las personas que han intervenido hoy, yo vengo siguiendo desde hace ocho años cada una de las propuestas legislativas relativas a los productos alimenticios y siempre he repetido lo mismo: los ingredientes no deben representar ningún peligro para la salud, no deben comportar ningún riesgo alergénico, no deben ser cancerígenos, deben ser de unas características tales que las personas puedan ingerirlos sin enfermar. 
En esto sin duda coincidiremos. 
Pero cuando hoy se discute que algunos ingredientes son al parecer peores que otros, yo quisiera saber por qué. 
Me admira el arresto- si fuese malintencionada, diría la arrogancia- de quienes piensan que hay chocolate bueno y chocolate malo. 
Quienes comen con agrado chocolate suizo- y yo soy una experta en todos los chocolates del mundo- se quedan muy sorprendidos cuando constatan que contiene materias grasas vegetales. 
Otro tanto ocurre con otros chocolates. 
Yo tengo mis chocolates favoritos, como los tenemos todos, y me es indiferente que contengan o no materias grasas vegetales. 
Se trata de una cuestión de gustos y lo mismo les ocurre a todas las demás personas. 
Pensar que porque en Gran Bretaña o en Suecia el chocolate también contiene materias grasas vegetales- materias grasas vegetales, insisto -, se trata de un sucedáneo del chocolate es una arrogancia hacia el conjunto de la población de esos países que está habituada a ese chocolate y lo consume gustosa. 
Yo siempre había pensado que nuestra actuación en el Parlamento Europeo estaba encaminada a apoyar la capacidad de decisión de los ciudadanos y ciudadanas; esto es lo que oigo repite continuamente. 
Si así lo hacemos, sólo deberemos regular una cosa: ¿cuál ha de ser el contenido cuantitativo de un producto para que todavía pueda denominarse como tal? 
Así lo hacemos con el embutido de hígado: determinamos cuánto hígado debe contener; así lo hacemos con el vino, y con todos los demás productos. 
Y yo estoy segura de que cuantos hoy han hablado me apoyarán cuando dentro de poco hablemos de la protección y la información de los consumidores- en el caso del vino, por ejemplo- del etiquetado y de otras cuestiones. 
Pero entonces las abordaremos desde otra perspectiva. 
No le demos más vueltas, ¡hoy se está hablando de competencia y de dinero! 
Lo que está en juego son intereses económicos y nada más. 
Quien diga que lo que hoy está en juego es la degradación de un producto, no dirá la verdad. 
Las recetas y la composición de un producto no pueden modificarse a voluntad. 
En algo tienen razón: debemos informar a los consumidores, en este aspecto coincido con la Sra. Thyssen y con todos los demás oradores. 
Pero si pensamos que la lista de ingredientes no es suficiente para ello, entonces yo les rogaría que regulen de otro modo la información de los consumidores por lo que se refiere a todos los colorantes, a todos los demás aditivos. 
Yo estoy convencida de que en un producto se debe indicar la lista de sus ingredientes, de su contenido. 
Esto vale en igual medida para la manteca de cacao, para el cacao en polvo o para las materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao. 
Señor Presidente, en este debate se han repetido muchas cosas. 
Somos muchos los que estamos de acuerdo con el informe que ha preparado el Sr. Lannoye y con algunas exigencias fundamentales. 
Y no es malo que, uno tras otro, distintos representantes de partidos políticos y con distintas sensibilidades estemos repitiendo a la Comisión una idea primaria. 
Y aquí ya no nos preocupa, señora Comisaria, sólo el tema de la ordenación y la armonización de la norma técnica del chocolate, sino que nos está preocupando, y muy seriamente, la mentalidad o lógica que está llevando a la Comisión a hacer esta propuesta. 
Y más, cuando hace unos años este Parlamento la rechazó de plano. 
Por ello, tendrá que explicar a este Parlamento qué le lleva a hacer esta propuesta que va en contra de los intereses de los consumidores, que afecta gravemente a la economía de países terceros, que colaboran ampliamente con esta Comunidad, y que incluso rompe el esquema de una información necesaria y suficiente. 
Señora Comisaria, no podremos entender nunca por qué la Comisión no ha adoptado la fórmula simple de diferenciar entre la denominación genérica de un producto y la denominación específica de productos particulares como derivativos del producto básico. 
Señora Comisaria, puede que esto no le interese mucho, pero creo que era la única solución racional. 
Y ustedes mismos reconocen que cuando se equivocaron- la Comisión como colegioa la hora de no diferenciar por ejemplo en el caso de la miel, hoy tienen que rectificar, después de años de haberse producido una mistificación y un fraude a los consumidores, y aceptan que es necesario diferenciar la denominación genérica para la miel y la denominación específica para otros derivativos de la miel. 
Y ustedes mismos reconocen que esto lo hacen con objeto de evitar distorsiones de la competencia y confusiones para el consumidor. 
Lo que aceptan para la miel, después de un error sostenido durante años, no quieren introducirlo para el chocolate. 
Nadie en esta Asamblea entiende por qué no va a haber una denominación genérica para el chocolate y una específica para las distintas variedades que se puedan comercializar en los distintos países según sus tradiciones- como puede ser el chocolate a la taza español que, en el momento del ingreso de España en la Comunidad Europea, se nos obligó a diferenciar específicamente porque no cumplía los requisitos generales que, según la Comisión de Bruselas, caracterizaba al chocolate de una forma genérica. 
Lo aceptamos en aquel momento, se aprobó la directiva y ahora ustedes quieren introducir confusionismo. 
Yo creo que el quid pro quo en el ámbito de la alimentación conduce a la Comisión Europea hacia un camino inaceptable y por eso estamos mostrando aquí esta preocupación sostenida por todos los grupos políticos. 
Señor Presidente, en febrero de 1995, en la Asamblea paritaria ACP-Unión Europea celebrada en Dakar, el Comisario Pinheiro declaraba que no había ninguna propuesta para cambiar las normas existentes en la directiva del chocolate y añadía «Incluir materias grasas distintas a la mantequilla de cacao, tendría graves consecuencias para numerosos países ACP». 
Hoy, a unos días de la Asamblea paritaria en Togo, nos vemos obligados a constatar que no se ha cumplido con los compromisos. 
Las materias grasas se aceptarán en la fabricación del chocolate y, peor aún, nada garantiza que no se recurrirá a materias grasas artificiales. 
Los ACP saldrán perdiendo en toda la línea. 
La caída de los precios mundiales del cacao corre el riesgo de ser catastrófica para un buen número de ellos. 
Queda de manifiesto que seremos los primeros responsables y que, claro está, para darnos buena conciencia, quizás compensemos las pérdidas financieras. 
Nosotros también perderemos en toda la línea. 
Perderemos en la calidad de nuestros chocolates y deberemos absorber los déficits engendrados por nuestra actitud indigna con aquellos que nos dieron su confianza. 
Yo no puedo, en lo que a mi toca, señor Presidente, aunarme a esta traición. 
Señor Presidente, sólo algunos de nuestros debates han sido seguidos por la prensa y la opinión pública como el del chocolate. 
Alguien se extraña, alguien sonríe y alguien dice: » ¿Pero no tenéis nada mejor que hacer?» 
El hecho es que esta guerra del chocolate es ante todo una guerra comercial, en la que están implicados grandes intereses económicos, no sólo de los países productores de chocolate, sino también de los países en vías de desarrollo, exportadores algunos de ellos de cacao y otros de manteca de karité o de otras grasas vegetales. 
Están en juego los intereses de las grandes multinacionales no sólo del sector de la confitería, sino también del sector químico. 
Se trata, sin embargo, de un gran conflicto emocional, ya que existe una identidad cultural muy fuerte en países como Bélgica e Italia, productores históricos de históricos y magníficos chocolates; está la infancia de muchos de nosotros; hay niveles de racionalidad y niveles de nostalgia irracional. 
Pero ¿qué es el chocolate? 
Desde que se descubrió el cacao en el siglo XVI y desde su introducción en Europa, el chocolate es el producto que se obtiene a partir de los productos del cacao. 
Es esto para la Organización Mundial de la Salud y para el Codex Alimentarius; así era en la Europa comunitaria hasta el ingreso del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, países en que- a partir de la posguerra, y no desde siempre, y lo siento por ellos, porque ya son dos las generaciones que no conocen el verdadero chocolate en dichos países- se comercializa un producto que contiene un porcentaje más o menos elevado de grasas vegetales. 
Con el reciente ingreso de tres nuevos Estados con las mismas costumbres, y en presencia del mercado único, nos encontramos ante la necesidad de una armonización. 
Ante la discutible propuesta de la Comisión, habida cuenta de que se tenía que haber instado a 7 Estados a hacer lo que hacen los otros 8, o sea, la mayoría, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor llevó a cabo un serio y minucioso trabajo, y el Grupo Socialista considera que el texto aprobado y que ahora se somete a la votación del Pleno es un sabio compromiso que hay que apoyar en su conjunto. 
La delegación nacional italiana, a la que me honro pertenecer, se apartará de la opinión general sólo con respecto a un punto, o sea, el que afecta al etiquetado, con objeto, señor Presidente, Señorías, de proteger mejor al consumidor permitiéndole leer, junto con la denominación del producto, si se trata de chocolate a base de cacao o si se trata, por el contrario, de un producto que contiene un porcentaje más o menos elevado de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao. 
Señor Presidente, este mes se celebra el 25º aniversario de la aprobación en el Parlamento británico de la Ley sobre las Comunidades Europeas, que fue la señal para la llegada del Reino Unido a la Comunidad Europea. 
Creíamos que nos incorporábamos a un mercado común y lo asombroso es que han hecho falta 24 años para intentar acordar un mercado común del chocolate. 
Uno de mis colegas- el Sr. Valverde, creo- ha preguntado por qué es necesaria esta directiva. 
Voy a decírselo ahora. 
El mercado común no funciona. 
El 25 de marzo de 1996, el ministro italiano de Sanidad hizo pública una nota en la que declaraba que el chocolate procedente del Reino Unido, de Irlanda y de Dinamarca sólo podría comercializarse en Italia con la denominación de sucedáneo de chocolate. 
Creo que se retiró ante la insistencia de la Comisión Europea, pero siguen existiendo dificultades. 
Lo que queremos en el Reino Unido es un mercado común libre. 
Acogemos con beneplácito la directiva de la Comisión, que permite hasta un 5 % de grasa vegetal en el chocolate con la indicación de su presencia junto a la lista de ingredientes. 
Rechazamos esas enmiendas, presentadas por algunos colegas, que consideramos los últimos intentos desesperados de fragmentar el mercado supuestamente común y proteger las industrias nacionales, en particular las de Bélgica, Francia, Italia y Países Bajos. 
Ésa es la razón por la que hemos oído precisamente intervenciones de colegas belgas, italianos, franceses y holandeses a ese respecto. 
En particular, rechazamos las enmiendas encaminadas, en primer lugar, a hacer que la declaración sobre la grasa vegetal forme parte del nombre del producto o a colocarla en la parte delantera del producto. 
Al fin y al cabo, ¿qué es la mantequilla de cacao sino una grasa vegetal? ¿Y por qué no nos atenemos simplemente a la directiva sobre el etiquetado, según la cual todo etiquetado debe ser claro, visible e indeleble? 
Otra enmienda dice que la directiva no puede entrar en vigor hasta que se acuerde un método para verificar el contenido de grasa vegetal. 
¿De qué estamos hablando aquí? 
Por amor de Dios, ¡que no es radiactiva! 
¿Por qué no lo incluyeron en la directiva de 1973? 
Han necesitado 24 años para que se les ocurriera eso y después, en el último momento, alguien lanza la idea de que debemos verificar la presencia de grasa vegetal. 
Por último, la idea de que los británicos y los irlandeses tengan que rebautizar su chocolate con leche es ridícula. 
Que los consumidores elijan. 
¿Por qué habrían los consumidores de cambiar o encontrarse un producto con un nombre distinto del que ha tenido tradicionalmente? 
No sé qué diputado ha preparado esa enmienda. 
Creo que ha sido el Sr. De Coene, por lo que quisiera invitar al Sr. De Coene a que venga a Cadbury's Works, en mi circunscripción de Keynsham, y diga a las personas que allí trabajan por qué quiere rebautizar el chocolate que fabrican. 
El resultado de esta directiva sería- estamos convencidos de ello- el de aumentar el mercado del chocolate, lo que redundaría en beneficio de los consumidores y de los productores de cacao y de grasas vegetales. 
Pero, sobre todo, el resultado de esta directiva sería el de hacer que funcione el mercado común. 
¡Y ya era hora! 
Señor Presidente, como ha puesto en evidencia el debate de esta noche, esta directiva versa sobre sentimientos e intereses. 
Tenemos los países en vías de desarrollo, tenemos a los productores de chocolate, tenemos a los consumidores, y luego tenemos el llamado buen sabor. 
Para un danés, es interesante oír que el chocolate que yo he comido desde hace casi cuarenta y cinco años no tiene buen sabor o es de mala calidad. 
Para un político liberal, de lo que hoy se trata es de hacer que el mercado interior funcione, como la Sra. Jackson acaba de decir. 
Debemos poder producir y vender en toda la Unión chocolate con hasta un 5 % de grasas. 
Además es importante que como consumidores dispongamos de libertad de elección, que por tanto podamos escoger cuándo queremos el llamado buen sabor y cuándo, el llamado mal sabor. 
Como consumidores, esto hemos de elegirlo nosotros mismos, y por eso, apoyamos un etiquetado que sea neutral, objetivo, claro y siga de cerca la lista de ingredientes. 
Esto es lo que recomiendo a mis colegas esta noche. 
Mi nombre ha sido mencionado por la Señora Jackson, quien me invitó a dar explicaciones. 
Lo haré, acepto su invitación y utilizaré el argumento de la propia Señora Jackson, a saber: en nombre el mercado interior, los productos iguales deben llevar nombres iguales. 
Sin excepciones, sin diferencias: armonización. 
Señor De Coene, a pesar de que su intervención ha sido corta, debería recordarle que en las circunstancias actuales, cuando se trata de aclarar alguna situación personal que no haya sido- a su entendercorregida, Su Señoría tiene derecho, según el Reglamento, a hacerlo al final del debate. 
Como lo ha hecho muy brevemente, no le he retirado el uso de la palabra. 
Señor Presidente, yo nací en la patria de Cote d ' Or, Leonidas y Ferrero, que, como sus nombres no lo indican, son de Bélgica, un país donde se hace el verdadero, el gran chocolate. 
Bélgica es también el país del sentido común. 
Es reconocido universalmente. 
Y pienso que el sentido común ordena, Señorías, reservar la apelación «chocolate» a los productos que la merecen. 
Del mismo modo en que no se bautiza con el nombre de «conejo» a una carpa, no se bautiza con el nombre de «chocolate» a, por ejemplo, una golosina anglosajona con un sutil sabor de loción para después de rasurar. 
Como mucho podríamos conceder, con extrema generosidad, a los productos que contienen materias grasas vegetales de calidades muy distintas la apelación «fantasía de cacao». 
Si no fuera así, también podría llamarse «whisky» a cualquier aguardiente malo destilado fuera de Escocia o Irlanda. 
Por favor, respetemos las tradiciones de nuestros respectivos países. 
A fuerza de burlarnos de ellas mantenemos con seguridad el desafecto creciente de los ciudadanos con respecto a las instituciones europeas. 
Señor Presidente, debo decir que yo también soy de los que opinan que lo lógico sería que la minoría siguiera a la mayoría, es decir, que sólo importara manteca de cacao. 
Pero esa no es la lógica de la política. 
Me gustaría comunicarles algunas cosas que posiblemente no se hayan comentado todavía. 
El chocolate lleva fabricándose desde hace varios cientos de años a base de una preciosa materia prima, y es un producto semiacabado. 
La Señora Jackson nos ha hablado de una empresa en su distrito electoral. Yo, que soy de Amsterdam, quisiera decirle: Venga a visitarnos a Amsterdam, donde está el mayor puerto de cacao del mundo, y vea como la manteca de cacao es uno de los diez principales productos de exportación de los Países Bajos. 
Quede claro que los intereses aquí no sólo son los intereses ingleses. 
¿Sabía usted, por ejemplo, que un 75 % del chocolate que comemos dentro de la Unión Europea se consume en aquellos países que utilizan exclusivamente la manteca de cacao? 
Esto significa que la cosa va más allá que siete contra ocho, u ocho contra siete. 
¿Sabía usted, por ejemplo, que en Inglaterra, su país, hasta principios de este siglo también se utilizaba exclusivamente manteca de cacao, y que esto era impuesto por Ley? 
¿Sabía usted que con ocasión de las negociaciones con los últimos países que entraron a la Unión, la Comisión simplemente se había olvidado de incluir este expediente? 
Fue esta una omisión imputable a la Comisión, y ésta la ha reconocido en contestación a una pregunta que se la formulé yo. 
¿Sabía usted por ejemplo, que Austria, unas pocas semanas antes de su adhesión a la Unión Europea, también modificó su legislación, con lo que de repente nos encontramos casi con siete contra ocho, porque aún estaba Portugal. De hecho, Portugal debería ser llevado al Tribunal Europeo de Justicia, puesto que actuó infringiendo la legislación europea y ya está permitiendo esas grasas alternativas. 
Es muy incorrecto e incomprensible que la Comisión Europea no haya demandado a Portugal ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
Pero puedo asegurarle que en cualquier momento veremos actuar alguno de los actuales Estados Miembros de la Unión. 
Espero que acudan el Tribunal Europeo de Justicia porque en esta directiva hay sobrados asuntos que no están como debían ser. 
. Señor Presidente, me sumo a grandes rasgos al discurso de la Señora Jackson. 
De hecho, al hablar sobre el comercio internacional, me asombra que nuestra Comisión de Relaciones Económicas Exteriores esté ausente en este debate. 
Quisiera plantear dos preguntas. Comisión, ¿puede decir si el conceder un trato diferente a los países exportadores de cacao y a los países exportadores de aceite y grasas está conforme a nuestras obligaciones comerciales internacionales? 
Yo pensaba que no, pero me gustaría oír la opinión de la Comisión. 
En cuanto a la enmienda nº 7 de la Señora Thyssen, con todo el respeto que debo a su persona y a cuanto haya dicho aquí: ¿No va en contra de nuestras obligaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio y en el marco del GATT el limitarnos aquí a hablar de la importación de grasas tropicales? Me gustaría recibir una contestación clara. 
Por lo demás, me ha sorprendido que en este debate se esté creando la impresión de que en el futuro de la Unión Europea quedará prohibida la producción de chocolate con un 100 % de cacao. 
Señor Presidente, estamos hablando de la calidad del chocolate y de su etiquetado. 
Nuestra tarea es, desde luego, proteger debidamente a los consumidores europeos e identificar los productos de una manera adecuada. 
Sin embargo, en el presente debate sobre el chocolate, en realidad es mucho más lo que está en juego. 
También decidiremos sobre las condiciones de vida en los países productores de cacao. 
Este informe ha estado precedido de un debate que en adelante no deberíamos perder de vista en ningún momento. 
Tenemos que establecer a medio plazo una asociación justa entre los consumidores europeos y los países productores. Es decir, que también debemos velar por que las condiciones de producción en dichos países sean lo más justas posible. 
Cuanto más seriamente abordemos esta tarea, más serán las personas a quienes podremos liberar de la esclavitud de las potencias económicas neocoloniales y aportarles la paz y el bienestar. 
Yo pienso que ésta es una labor que redundará en beneficio de ambas partes. 
Señor Presidente, la directiva que hoy debatimos procede de 1973, en la que se hizo constar que el chocolate con leche común debe contener al menos un 25 % de cacao, mientras que el chocolate negro debe contener al menos un 35 % de cacao. 
Me parece importante insistir en esto durante este debate. 
Muchos ya han afirmado que con una autorización para emplear un 5 % de materias grasas vegetales no se puede llamar al producto de ninguna manera chocolate. 
Esto es una tontería. 
Nada en esta directiva altera la norma fundamental de que como mínimo deba haber un 25 % y 35 %, respectivamente, de cacao en el producto para que éste pueda denominarse chocolate. 
En siete países de la UE, entre ellos, Dinamarca, se autoriza y se emplean las materias grasas vegetales. 
En los restantes ocho países, donde se atienen a la manteca de cacao, se quiere prohibir el empleo de materias grasas vegetales. 
El mercado interior, por consiguiente, no funciona, como hemos visto hoy aquí, en este terreno. 
No me parece que los argumentos en contra de una prohibición sean contundentes. 
Se dice que deberíamos emplear manteca de cacao en consideración a los países africanos exportadores de cacao, sin embargo, esta controversia sólo es válida para el 5 % máximo del producto de chocolate, que pueden representar las materias grasas vegetales, luego este asunto difícilmente puede conducir a la catástrofe a los países en cuestión. 
Además, -y no ha sido mencionado por muchos, entre ellos, ha sido mencionado por la Sra. Sandbæk y me pareció bien- las materias grasas vegetales son elaboradas a partir de cacahuetes y aceite de palma, que son importados igualmente de países del tercer mundo. 
Uno de los países más pobres del mundo, Burkina Faso, depende de hecho completamente de la exportación de sus cacahuetes. 
Por ello, creo que este aspecto no sirve para nada, cuando discutimos estas cosas. 
Serán igualmente países pobres los que se verán afectados en el caso de que se logre prohibir el empleo de materias grasas vegetales. 
Señor Presidente, al final de este debate, resulta evidente que la propuesta de modificación de la directiva actualmente en vigor, relativa a los productos de cacao, además de ser inoportuna y, a mi juicio, desacertada, era incluso innecesaria, y sobre todo que no se diga que se trata de una disposición tan sólo técnica con objeto de evitar una sentencia desfavorable del Tribunal de Justicia. 
Dicho sector, en efecto, se ha regido con eficacia a lo largo de más de veinte años a través de la Directiva de 1973 que no ha impedido la circulación de producto alguno en ningún país, sino que sólo ha permitido a los consumidores saber lo que iban a comprar y consumir, al menos en esos ocho Estados en los cuales dicha normativa se ha respetado y aplicado. 
¿Quién perdería y quién ganaría si la propuesta de la Comisión fuera aprobada? 
Ciertamente, saldrían maltrechos los países cuyas economías dependen de las exportaciones de cacao, y perjudicados los consumidores europeos que ya no tendrían la posibilidad de saber con claridad qué van a consumir, así como, probablemente, muchos pequeños productores de chocolate europeos a quien les costaría soportar con mayor dificultad la competencia o deberían modificar los procesos productivos tradicionales. 
Se beneficiarían, por el contrario, sólo algunos de los pocos grupos multinacionales que controlan la gran parte de la fabricación y del comercio europeo de productos de confitería. 
En consecuencia, nuestra pregunta es: ¿Por qué? 
Por qué se quiere armonizar a toda costa a la baja un sector que depende mucho de la calidad de sus producciones, en beneficio, por contra, de algunas multinacionales únicamente? 
¿Por qué éstas y no otras opciones? 
Por estos motivos, votaremos a favor de aquellas enmiendas que, al menos, prevén que se indiquen de forma clara las características fundamentales de su composición en la denominación y el etiquetado, en particular por lo que se refiere a la existencia de materia grasas vegetales distintas de la manteca de cacao, que no casualmente son objeto de disposiciones específicas. 
Así y todo, creemos que sería necesario que el Consejo estudiara la hipótesis de suspender la adopción de una directiva que, tal como se ha presentado, resulta inoportuna, fea y peligrosa. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente, quisiera lamentar el hecho de que los Comisarios directamente interesados, el Sr. Bangemann y el Sr. Pinheiro, no estén presentes. 
Esto no es un debate, en la medida en que la Sra. Gradin, con mucha buena voluntad, acaba de leernos una carta en la que se retoman las informaciones que se le comunicaron. 
En segundo lugar, compruebo, al escuchar lo que ella acaba de decirnos, que la Comisión rechaza sistemáticamente todas las enmiendas políticamente significativas que hoy se han apoyado. 
Ello plantea un enorme problema y deseo debatir mañana este asunto con el Comisario, al que se le interrogará de nuevo durante la votación sobre la actitud real de la Comisión. 
¿Podría confirmar la Comisaria que va a rechazar todas las enmiendas, excepto las siete que, según ha dicho, va a aceptar? 
¿Va a rechazar efectivamente todas las demás? 
¡Manténgase firme, señora Gradin! 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-524/97). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Permítanme que pida disculpas al Presidente en ejercicio del Consejo y a todas y a todos ustedes por este retraso, cuyas causas son ajenas a mi voluntad y, por lo tanto, quiero expresar públicamente mi desacuerdo con este retraso, cuyas causas llevaré consecuentemente a la Mesa. 
Para una cuestión de orden tiene la palabra la Sra. Izquierdo Rojo. 
Señor Presidente, es para solicitar que me sea contestada por escrito la pregunta nº 2, teniendo en cuenta que yo estaba aquí presente a las cinco y media de la tarde, que era la hora en que, según el orden del día, estaban previstas las preguntas. 
Tengo una convocatoria para una reunión que comienza a las seis y, por tanto, solicitaría que me fuera contestada por escrito. 
Señora Izquierdo, le pido también especialmente disculpas a usted y estoy seguro de que la Presidencia en ejercicio del Consejo no tendrá ningún inconveniente, dadas las circunstancias que se han producido, en hacerle llegar la respuesta por escrito. 
Tiene la palabra el Sr. von Habsburg. 
Señor Presidente, quisiera solamente preguntarle si usted tendría la gran bondad, cuando se celebre la reunión de la Mesa, de plantear la cuestión de qué vamos a hacer con esta media hora perdida para las preguntas. 
Porque tenemos un Reglamento con una normativa clara en materia de tiempo para las preguntas. 
Es un abuso que el programa haya ocupado nuestro tiempo. 
Y muchas gracias por sus palabras tan amistosas para todos nosotros. 
Muchas gracias a usted, señor von Habsburg. 
La autoridad personal que usted tiene y las palabras que acaba de pronunciar me dan mayor responsabilidad a la hora de exponer este problema ante la Mesa. 
Por lo tanto, le agradezco sus palabras y les propongo ya que sin más dilación pasemos a la primera pregunta. 
Pregunta nº 1 formulada por Ulla Sandbæk (H-0668/97): 
Asunto: Financiación comunitaria para la conservación del elefante africano tras la 10ª CoP del CITES 
La décima reunión de la Conferencia de las Partes del CITES se celebró en Harare, Zimbabwe, los días 9 a 20 de junio de 1997. 
Las partes acordaron, por una abrumadora mayoría de dos tercios, incluir de nuevo las poblaciones de elefante africano de Botswana, Namibia y Zimbabwe en el Apéndice II del Convenio. 
Según las principales organizaciones dedicadas a la conservación de dichos animales, esta firme decisión reconoce el éxito de los tres países africanos, cuyas poblaciones de elefantes no deberían haber sido incluidas nunca en el Apéndice I del CITES. 
Los mecanismos y procedimientos acordados en Harare proporcionan todas las garantías debidas, y la decisión condicional de permitir la reanudación de dicho comercio en el futuro resultará positiva y beneficiosa a largo plazo para la conservación del elefante en África. 
Sin embargo, para que la decisión tomada por las Partes firmantes del CITES resulte eficaz y tenga resultados positivos, es necesario que la comunidad de donantes de fondos, de la que la UE es una parte importante, actúe con rapidez para proporcionar al menos una parte sustancial de los fondos necesarios. 
¿Está dispuesto el Consejo a tomar todas las medidas necesarias para que los fondos requeridos para la ejecución de las decisiones adoptadas por la 10ª CoP del CITES sean concedidos lo antes posible? 
¿Qué ayuda financiera y política cabe esperar de la UE? 
No creo que mi pregunta haya sido contestada en absoluto. 
Por un lado, el CITES ya se ha implementado en la UE, luego no es correcto que no se haya tramitado. 
Por otro lado, considerando que la UE ha desempeñado un papel determinante justamente en relación con el cambio del elefante del Apéndice I al Apéndice II, uno ha de preguntarse si se obrará de acuerdo con esto y se dará el dinero para cubrir semejante sistema de observación, puesto que si no llega, es evidente que no puede utilizarse para nada la promesa de que el elefante será emplazado en el Apéndice II. 
Me gustaría hacerle otra pregunta: ¿se tiene la intención de asignar una cantidad de dinero de forma que pueda obtenerse algún beneficio del traslado del elefante de un apéndice a otro? 
Comprendo muy bien las preocupaciones que han llevado a la Sra. Sandbæk a formular una pregunta adicional. 
Queda por supuesto que la aplicación de los mecanismos de conversión de las reservas de marfil existentes en recursos monetarios destinados a alimentar un fondo asignado a la conservación de los elefantes es de todas maneras necesario. 
En este orden de ideas, creo que se impondrá una mayor ayuda financiera, como acaba usted de subrayarlo, con el fin de aplicar estas decisiones, que mejoran así la capacidad de lucha contra la caza furtiva y la gestión de las poblaciones de elefantes. 
Simplemente quisiera decir que la Comisión ya contribuye a ello en el marco de acciones administradas por la DG VIII. En lo relativo a una ayuda financiera suplementaria, la Comisión no ha presentado, por ahora, una propuesta al Consejo. 
Por tanto, estamos, al igual que el Parlamento Europeo, en espera de esta propuesta. 
Le recuerdo que nos hemos comprometido- yo lo he hecho en su nombre- a que la pregunta nº 2 de la Sra. Izquierdo Rojo, se la haríamos llegar por escrito. 
Pregunta nº 3 formulada por Patricia McKenna (H-0689/97): 
Asunto: Suministros británicos de armas a Indonesia 
El Gobierno británico anunció recientemente que cumpliría los contratos para vender a Indonesia 16 aviones entrenadores Hawk, 50 carros blindados Alvis y un cañón de agua Tactica. 
Se tienen noticias de que las tropas indonesias han utilizado armas de fabricación británica en actos de opresión en Timor Este. 
Los periodistas John Pilger y Hugh O ' Shaughnessy han documentado la utilización en dicho lugar de reactores Hawk. 
En 1991 la Comunidad Europea estableció una serie de criterios para la política de exportación de armas. 
Entre los factores que se deben tener en cuenta está la situación de los derechos humanos en los países que compran armas en los Estados de la UE. 
Considerando dichos criterios, la evidencia de la utilización de armamento británico en ataques contra Timor, los numerosos informes sobre abusos contra los derechos humanos en Indonesia y la posición común de la UE sobre Timor Este, ¿cuándo piensa el Consejo imponer un embargo de armas a Indonesia? 
El Consejo siempre se muestra vigilante respecto a la situación de los derechos humanos en Timor-Este. 
Por lo demás, la adopción en junio de 1996 de una posición común de la Unión Europea relativa a Timor-Este es- me permito recordarlo- la prueba de ello. 
La promoción del respeto de los derechos humanos y la democracia forman parte integrante de la política exterior de la Unión. 
El Consejo continúa siguiendo con inquietud, al igual que el Parlamento Europeo, la situación en Timor-Este, y expresa su preocupación a este respecto cada vez que se presenta la oportunidad. 
No obstante, considera que el diálogo es la única vía capaz de conducir a una solución durable. 
En este contexto, apoya firmemente las negociaciones celebradas entre Portugal e Indonesia, bajo la égida del Secretario General de la ONU. 
Espera que tengan como corolario, en un futuro previsible, una solución justa, global e internacionalmente aceptable. Esta solución debe aplicarse, claro está, en el respeto de los derechos del pueblo de Timor-Este, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General y en conformidad con los principios inscritos en la Carta de las Naciones Unidas. 
Como, por otra parte, lo recordó con toda razón, el Consejo Europeo se puso de acuerdo, durante sus reuniones de junio de 1991 y 1992, en una lista de 7 y luego de 8 criterios comunes aplicables a la exportación de armas. 
Estos criterios comunes sirven de orientación a las decisiones que siguen siendo, no obstante, competencia de las autoridades nacionales. 
Habida cuenta de esta situación, el Consejo no ha considerado oficialmente hasta ahora la posible imposición de un embargo del suministro de armas a Indonesia. 
No obstante, el Consejo continuará siguiendo muy cerca la situación en Indonesia y en Timor-Este. 
Sigo considerando que no se ha respondido a la pregunta sobre la imposición del embargo de armas a Indonesia. 
En este momento corren rumores de que en Gran Bretaña van a impedir incluso las ventas a ciertos países del mundo por la campaña contra el comercio de armas. 
Resulta muy difícil obtener información alguna del Foreign Office, pese a que el nuevo Gobierno laborista había prometido transparencia. 
Una diputada laborista británica, la Sra. Clwyd, recibió una carta del Departamento de Comercio e Industria en la que se reconocía que el Gobierno británico estaba examinando 59 licencias de exportación de armas. 
De ellas se han rechazado cuatro y se han aprobado once. 
No se han dado detalles sobre los tipos de armas que se exportarían, su valor o las decisiones que probablemente se adoptarán sobre las otras 44 licencias. 
Los grupos que han organizado campañas contra el comercio de armas se han sentido muy frustrados al respecto. 
Pese a que ha habido un cambio de gobierno, no parece haber un cambio de política. 
Los conservadores solían anunciar todos los años que estaban impidiendo algunas pocas exportaciones de armas a regímenes despiadados, al tiempo que continuaban con operaciones de venta mucho más importantes. 
No creo que el Sr. Robin Cook esté aplicando una política exterior ética, como prometió. 
Debemos considerar qué clase de ética es la de prometer una cosa y hacer otra diferente. 
La Unión Europea tiene que imponer un embargo de armas a Indonesia. 
Ya hemos visto los resultados de lo que esas armas están haciendo al pueblo de Timor Oriental. 
Es inaceptable que nos quedemos aquí sentados, en la Unión Europea, y no hagamos nada al respecto. 
Creo que en realidad la Sra. McKenna no ha formulado una pregunta complementaria. 
Sólo ha comentado y lamentado el hecho de que, hasta ahora, el Consejo no haya decidido todavía otras medidas, especialmente un posible embargo del suministro de armas a Indonesia. 
Simplemente diré lo siguiente. Sra. McKenna, entiendo su compromiso en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos en esta parte del mundo. 
Por lo demás, si no me equivoco, ya recibió usted una respuesta por escrito a una pregunta similar a la que acaba de formular. 
Creo, Sra. MacKenna, que ambos podríamos seguir discutiendo todavía durante horas sobre este tema en el que tanto empeño pone, pero sólo repetiré que el Consejo no ha podido, hasta el momento, examinar oficialmente la posible imposición de un embargo del suministro de armas a Indonesia. 
Puede lamentarse que así sea, pero estos son los hechos. 
No puedo darle otra respuesta. 
Pregunta nº 4 formulada por Arthur Newens (H-0693/97): 
Asunto: Régimen del plátano en la UE- Veredicto de la OMC 
Tras el debate celebrado en el Parlamento Europeo el 16 de septiembre, ¿puede el Consejo hacer una declaración acerca de las opciones que aún tiene abiertas y qué medidas piensa tomar para contrarrestar los probables efectos que para los pequeños productores de plátanos puede tener el rechazo de la apelación al grupo de expertos de la OMC? 
Quisiera agradecer al Parlamento la propuesta de compromiso, habida cuenta que todavía debo ir esta tarde a Ginebra. 
Por tanto, se lo agradezco, señor Presidente. 
Para volver a la pregunta del Sr. Newens, quisiera decir lo siguiente: el Consejo quiere destacar que es consciente de las consecuencias que implica el rechazo de la apelación contra la decisión del grupo de expertos de la OMC en lo relativo al régimen comunitario en el sector del plátano. 
Visto lo anterior, en esta etapa, el Consejo todavía no está en posibilidades de tomar una posición sobre el informe de la instancia de apelación del órgano que se ocupa del arreglo de los litigios de la OMC, ni sobre el curso que conviene dar a este asunto. 
Queda de manifiesto que lo hará en el momento oportuno tomando como base las propuestas formales de la Comisión, sin dejar de tener presente el interés bien entendido de los productores europeos así como de los productores de los países ACP, y respetando plenamente las normas internacionales existentes. 
No obstante, habida cuenta de las exigencias técnicas relacionadas con este expediente, no cabe esperar que estas propuestas se presenten antes de algunos meses. 
Me siento bastante decepcionado de que el Ministro no haya podido decirnos algo más. 
En teoría al menos, la Unión Europea podría mantener el presente régimen del plátano, si accediera a compensar a los países que han presentado reclamaciones o se negara firmemente a faltar a sus compromisos con los países del Caribe y otros, de conformidad con el Convenio de Lomé, y pidiera la celebración de conversaciones, como ocurrió, por ejemplo, con la cuestión de la ley Helms-Burton. 
¿Qué medidas han adoptado el Consejo o la Comisión para calcular el costo de la compensación o para iniciar conversaciones con los países que han presentado reclamaciones a fin de buscar otro medio de mantener el mercado para los pequeños productores de plátanos? 
La semana pasada, el Presidente del Ecuador, Sr. Fabián Alarcón, al tiempo que se oponía al sistema actual de concesión de licencias, dijo, en una respuesta dirigida a mí personalmente, que su país no deseaba perjudicar a otros y estaba dispuesto a examinar otras posibles opciones. 
No cabe duda de que deberíamos examinar más a fondo algunas de esas posibles opciones substitutivas. 
En primer lugar, quisiera retener de la segunda pregunta que se me ha formulado la idea de que podría hacerse en teoría. 
Es una idea en la que convengo plenamente. 
En segundo lugar, quisiera decir al Sr. Newens que en lo relativo al arreglo que acaba de evocar, evidentemente incumbe a la Comisión presentar propuestas. 
Puedo asegurarle que la Presidencia hará todo lo que esté en su mano si la Comisión presenta rápidamente propuestas encaminadas a conciliar la reciente decisión de la OMC especialmente con los intereses de los productores europeos. 
Muchas gracias, señor Wohlfart, pero no nos movemos todavía del ámbito de la pregunta del Sr. Newens. 
He recibido la petición de 3 preguntas complementarias. 
Sólo puedo conceder 2. 
Por lo tanto, daré la palabra al Sr. von Habsburg y al Sr. Medina. 
Tiene la palabra por el tiempo de un minuto el Sr. von Habsburg. 
Señor Presidente del Consejo, acaba de decir que todavía se necesitarían algunas semanas o meses antes de que se tome una decisión. 
No estaría usted dispuesto a pedir una solución muy rápida, porque, no lo olvidemos, nuestros productores de plátano, que se ven afectados por estas decisiones, son pequeños agricultores cuyos capitales y posibilidades financieras son relativamente limitados, mientras que, por otra parte, están las grandes sociedades capitalistas tales como la United Fruit, Chiquita, etc., que pueden resistir bastante tiempo. 
Creo que es nuestro deber tomar una decisión lo más rápidamente posible. 
Por ello, quisiera pedirle si no estaría usted dispuesto a pedir a la Comisión que mostrara diligencia, ya que la cuestión es decisiva para los pequeños productores. 
Quisiera dar una respuesta, que espero positiva, al Sr. von Habsburg. 
Me propongo inscribir este punto en el orden del día del Consejo «Asuntos generales» del 10 de noviembre, ya que vamos a dedicar este Consejo a la revisión del Convenio de Lomé, y creo que es un tema interesante y de actualidad. 
Procuraré que se transmita el mensaje a la Comisión, que estará representada, y también cuento con los miembros de este Parlamento para ejercer las presiones necesarias sobre la Comisión. 
Señor Presidente, mi preocupación es prácticamente la opuesta a la que acaban de expresar los Sres. Newens y von Habsburg. 
El problema de los plátanos es un problema muy complejo porque no sólo afecta a unas pequeñas islas en las Antillas, afecta también a territorios comunitarios importantes, a territorios africanos y a la totalidad del mundo. 
La preocupación que tengo, señor Presidente, es que, al parecer, en la última reunión de la Organización Mundial de Comercio, se ha presionado a la Comunidad para que resuelva en muy breve plazo. 
Y, concretamente, se ha fijado un plazo, diríamos guillotina, de 15 meses. 
La pregunta que le hago al representante del Consejo es si en efecto ese plazo es perentorio o podríamos contar con un plazo más largo, porque me temo que la adaptación del régimen nuevo va a requerir más que esos 15 meses. 
La Presidencia se encuentra entre dos fuegos: por una parte se quiere un trato rápido del problema, con argumentos válidos, por otra, se acaba de plantear el otro aspecto de la cuestión, es decir el del plazo que se nos impone. 
Yo no creo que se trate de una fecha tope. 
Si mis informaciones son exactas, se trata de un plazo razonable. 
Este plazo de quince meses podría ser en realidad de dieciséis o diecisiete meses. 
Sin embargo, estoy contento de que se haya admitido la complejidad, no solamente técnica, sino también política del problema. 
De todas maneras, creo que hay que ponerse manos a la obra lo más rápidamente posible, cualquiera que sea su complejidad. 
Pregunta nº 5 formulada por Hans Lindqvist (H-0696/97): 
Asunto: Sistema de retorno de botellas y latas 
En Suecia existe desde hace largo tiempo un eficaz sistema de retorno de botellas de vidrio y latas de aluminio (se reciclan más del 95 %). 
También existe desde hace algunos años un eficaz sistema de retorno de botellas de plástico. 
El comercio cada vez más internacionalizado y la apertura de las fronteras interiores de la UE ha dado lugar a una mayor variedad de productos. 
Por desgracia, esta evolución conlleva graves perturbaciones del sistema de retorno sueco. 
Las latas de importación no se adecuan al sistema debido a que el depósito original no fue pagado en Suecia, etc. El sistema de retorno utilizado por el monopolio sueco de bebidas alcohólicas (Systembolaget) está prácticamente paralizado debido a los distintos tipos de botellas extranjeras. 
Esta evolución es inaceptable desde el punto de vista del medio ambiente. 
¿Existen planes para una normalización de botellas y latas? 
¿Puede un Estado miembro, por razones medioambientales, exigir que las botellas y las latas importadas se ajusten a su respectivo sistema de retorno? 
La respuesta del Presidente en ejercicio del Consejo a esta pregunta será muy breve. 
Quisiera subrayar que el Consejo toma nota con interés de las explicaciones del Sr. Lindqvist, así como de las preguntas conexas que formula. 
No obstante, debo llamar su atención sobre el hecho de que el Consejo, en cuanto tal, no tiene competencia en la materia. 
Corresponde a la Comisión examinar el problema al que se hace alusión y presentar, llegado el caso, propuestas apropiadas. 
Yo hice la misma pregunta ayer en la Comisión y a la Comisaria Bjerregaard. 
También de parte de ella obtuve una respuesta vaga. 
Es verdad que la Comisaria no se refirió al Consejo, pero no me dio respuesta. 
Se trata de sistemas construidos para el retorno de botellas de vidrio, latas, plásticos y metales que han funcionado, y funcionan, bien en Suecia. 
Después que los controles de fronteras desaparecieron, se han mezclado desgraciadamente las botellas, latas, etcétera que había antes, con cantidades de botellas plásticas de diferentes clases, latas y frascos que ahora no se ajustan a nuestros sistemas. 
Mi pregunta es si el Consejo tiene alguna recomendación acerca de cómo se podría evitar que se produzcan todos estos problemas medioambientales. 
Tal vez se podría sacar algún provecho de los buenos sistemas existentes en países como Suecia. 
Quizá llegue una propuesta de la Unión Europea que solucione los problemas de las basuras que tenemos ahora, desgraciadamente, como consecuencia de que se han abierto los controles fronterizos. 
Creo poder decir al Sr. Lindqvist que lo que distingue mi respuesta y la de la Comisión, quizás no sea no haber satisfecho el autor de la pregunta, pero al menos mi respuesta no se anduvo con rodeos, era clara. 
La remití a la competencia de la Comisión. 
Sé muy bien que el sistema sueco al que acaba de hacer alusión es un sistema modélico y que funciona desde hace muchos años, para satisfacción general. 
Creo que la directiva del Consejo relativa a los embalajes, aprobada el 20 de diciembre de 1994, prevé efectivamente la reutilización y el reciclaje de los embalajes, pero no la normalización, por ejemplo, de las botellas y las latas de bebidas. 
Los sistemas nacionales de retorno y colecta de embalajes deben abarcar tanto los productos nacionales como los productos importados, sin discriminación. 
Habida cuenta las informaciones de que dispongo, a pesar de no ser miembro de la Comisión, parece que otros Estados miembros no experimentan las mismas dificultades a este respecto. 
Corresponde a la Comisión proceder a esta verificación y sacar las conclusiones que se impongan. 
Creo que ya se dirigió usted ayer a la persona correspondiente. 
Conociéndole, Sr. Lindqvist, no dudo ni por un instante que va a seguir insistiendo en este asunto en las semanas y meses por venir. 
Pregunta nº 6 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0698/97): 
Asunto: Sustitución del término «hechos científicos» por «pruebas científicas» 
El texto del apartado 5 del artículo 100A del Tratado de Amsterdam, relativo a la posibilidad de introducir disposiciones nacionales en el ámbito del medio ambiente y del medio de trabajo, difiere en cierto sentido de la versión preliminar después del examen del texto realizado por los juristas lingüistas. 
En la versión preliminar, se leía que las disposiciones deben basarse en «hechos científicos» , pero en la versión final enviada a las delegaciones figuran las palabras «pruebas científicas». 
La palabra «pruebas» tiene normalmente el sentido de algo más definitivo y puede ser también objeto de controversia por parte de científicos e investigadores, cuyo trabajo consiste en investigar y plantear preguntas. 
¿Cuál es la razón por la que las palabras «hechos científicos» se han sustituido por «pruebas científicas» en la versión definitiva del proyecto de Tratado de Amsterdam? 
¿Puede el Consejo proporcionar ejemplos de lo que son «pruebas científicas» y en qué se distingue este término de «hechos científicos»? 
Creo que mi respuesta no va a satisfacerle. 
Durante los períodos de sesiones de julio y septiembre ya se han formulado preguntas similares, es decir, en relación con las motivaciones que sustenta tal o cual disposición del Tratado de Amsterdam y su interpretación. 
En este caso, debo hacer hincapié una vez más en que no corresponde al Consejo comentar las razones que han llevado a la Conferencia Intergubernamental a enmendar ciertas disposiciones del Tratado que instituye la Comunidad Europea, tales como la que acaba de citar. 
Asimismo, debo destacar que tampoco corresponde al Consejo, en todo caso no en esta etapa, tomar posición respecto a una cuestión que atañe una disposición de un Tratado que todavía no está en vigor, aunque haya sido firmado en el intervalo. 
En estas condiciones, pido al Sr. Sjöstedt que tenga a bien comprender que en esta etapa, resulta inoportuna toda exégesis de los textos decretados en Amsterdam, más aún cuando la única institución habilitada, a nuestro parecer, para interpretar los textos de los Tratados es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no sé si es una pregunta o una amenaza. 
En todo caso tiene usted la palabra, porque parece ser que no coinciden exactamente las opiniones del Sr. Sjöstedt y la suya, pero para esto está el Parlamento. 
El Sr. Sjöstedt conoce muy bien mi opinión sobre este tema. 
Acaba de hacer alusión a los referéndums que van a llevarse a cabo en algunos países de la Unión Europea. 
Asimismo, hay debates a nivel de los Parlamentos sobre este Tratado de Amsterdam. 
Creo que corresponde a los distintos Gobiernos que participaron en la Conferencia Intergubernamental hacer la interpretación que juzguen no solamente oportuna, sino también exacta del Tratado. 
Yo no quisiera intervenir en el referéndum o prerreferéndum en Suecia, pero en cuanto se terminen los procedimientos de ratificación, Sr. Sjöstedt, podremos tener un debate de fondo sobre el Tratado de Amsterdam. 
Por lo demás, éste será revisado, si estoy bien informado, en los próximos años, porque este proceso de integración es un proceso dinámico. 
Asimismo, formuló usted una pregunta relativa a la diferencia entre la prueba científica y los hechos científicos. 
Yo no soy un gran jurista ni un gran especialista de la lengua. 
Por tanto, tuve que recurrir al Pequeño Larousse de mi hijo y creo poder decirle que el hecho científico- pero es totalmente personal, no le doy esta respuesta en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo- es un elemento de una prueba científica. 
Por tanto, no tiene el mismo valor que la prueba científica. 
Entiendo que su referencia a una determinada enciclopedia no ha sido propaganda subliminal, porque en esta Asamblea no se puede hacer propaganda subliminal. 
En todo caso, representa única y exclusivamente, como usted ha dicho, una opinión muy, muy personal. 
Pregunta nº 7 formulada por John Cushnahan (H-0701/97): 
Asunto: Deuda de los países en desarrollo 
El problema de la deuda de los países en desarrollo estaba en el orden del día de la Conferencia anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Hong Kong en septiembre. 
¿Qué medidas ha tomado el Consejo con objeto de paliar las dificultades con que se enfrentan los países deudores? 
El Consejo está determinado a apoyar a los países pobres fuertemente endeudados. 
Al leer esta frase, me di cuenta que ahora hay una nueva sigla, PPFE, es decir «países pobres fuertemente endeudados». 
La Comisión presentó recientemente una comunicación que propone una respuesta comunitaria a la iniciativa en favor de estos países, iniciativa lanzada por la comunidad internacional a raíz de la Cumbre de Lyon con vistas a aligerar la deuda de estos países. 
Esta propuesta se encuentra en examen en el seno del Consejo. 
Los Estados miembros, especialmente en el marco del Club de París, así como las instituciones comunitarias indicaron que se asociarían a la iniciativa en cuestión. 
Aportarán una contribución adecuada a este compromiso internacional en favor de los países más pobres del planeta. 
Por lo demás, la participación de la Unión Europea y de sus Estados miembros fue recientemente confirmada en Hong Kong durante las asambleas anuales del FMI y el Banco Mundial. 
Acojo con el mayor beneplácito la respuesta del Presidente en ejercicio y estoy seguro de que conoce la gravedad del problema. 
Aunque los países latinoamericanos serían los más endeudados en cantidades globales, los países del África subsahariana son los que se encuentran con mayores dificultades. 
Lo que mejor lo revela es la importancia de la deuda que tienen ahora contraída. 
En 1962 debían 3.000 millones de dólares, mientras que ahora asciende a unos 235.000 millones de dólares: el equivalente del 76 % del PNB. 
Los atrasos de esos países, que ascendían a 1.200 millones de dólares en 1980, han aumentado ahora a 43.000 millones de dólares. 
Tienen un problema real para atender el servicio de la deuda. 
Reconozco que ha habido una reprogramación de la deuda, pero los prestadores multilaterales no reprograman, lo que se refleja en el hecho de que los países africanos deban a la Agencia Internacional de Desarrollo 25.000 millones de dólares, frente a los 2.580 millones de dólares de 1980. 
Teniendo en cuenta lo que el Presidente en ejercicio ha declarado en relación con las iniciativas que se han adoptado, me gustaría saber si se puede o no presionar a los prestadores multilaterales para reprogramar las deudas a fin de prestar asistencia a esos países. 
Creo que el Sr. Cushnahan ha situado bien la magnitud y los elementos que pone en juego este debate. 
Es, por tanto, un peso muy grande, y creo que vamos a poder debatir este tema durante el Consejo «Asuntos generales» del 10 de noviembre. 
Espero que podremos ponernos de acuerdo no solamente para pedir a la Comisión que nos presente, en los próximos meses, una propuesta concreta en lo relativo al esfuerzo financiero que podrá soportar la Unión Europea y sus Estados miembros, pero también sobre la estrategia que deberá adoptar la Unión Europea para hacerse escuchar en los foros internacionales. 
Pregunta nº 8 formulada por Hugh McMahon (H-0702/97): 
Asunto: Agenda 2000 
¿Puede informar la Presidencia luxemburguesa al Parlamento sobre los resultados de los debates relacionados con la Agenda 2000 en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del 15 de septiembre de 1997? 
¿Qué esfuerzos ha hecho la Presidencia para conseguir un compromiso entre los Estados miembros que desean reducir los desembolsos de recursos comunitarios y los que desean mantener los actuales niveles de gastos de la Comunidad? 
Habida cuenta de que la «Agenda 2000» es un tema que interesa en sumo grado no solamente a la Presidencia, el Consejo, la Comisión, sino también a los parlamentarios, me esforzaré en dar una respuesta apropiada a la pregunta formulada por el Sr. McMahon. 
Quisiera hacer un breve resumen de este voluminoso conjunto de documentos, relativos no solamente a la evolución de las políticas de la Unión, en particular las políticas agrícolas y estructurales así como el marco financiero, ¡oh cuán importante! , de la Unión a partir del año 2000, sino de un determinado número de cuestiones generales relacionadas con el proceso de ampliación y, finalmente, las opiniones de la Comisión sobre los países candidatos a la adhesión. 
El debate de orientación sobre la «Agenda 2000» , entablado por el Consejo durante su sesión del 15 de septiembre pasado, ha permitido a la Presidencia anotar las primeras reflexiones de los Estados miembros en relación con las tendencias generales que acaban de perfilarse en lo que se refiere, por una parte, a la profundización y el desarrollo de las políticas de la Unión así como su futuro marco financiero y, por otra, a las decisiones que deberá tomar el Consejo Europeo para el proceso de ampliación en su conjunto. 
Este debate identificó, por tanto, los elementos políticos esenciales que requerirán, claro está, un profundo examen ante la perspectiva del informe que el Consejo ha de presentar ante el Consejo Europeo de Luxemburgo el próximo mes de diciembre. 
Por lo demás, la Presidencia puede asegurar al Sr. McMahon que tomará todas las disposiciones útiles para proceder a un examen atento y detallado a nivel político y técnico de todo este conjunto de cuestiones complejas y sensibles. 
La Presidencia, tal como le corresponde, no escatimará esfuerzos para contribuir en el curso de este semestre a la aproximación de las posiciones con el fin de llegar a tomar las decisiones que se impongan, en el interés de la Unión y de los países candidatos, en relación con todas las cuestiones vinculadas al proceso de ampliación durante el Consejo Europeo de Luxemburgo. 
Por lo demás, creo saber que nuestro Primer ministro, Sr. Jean-Claude Joncker también aprovechó la jornada de ayer y la de hoy en el marco del debate sobre el estado de la Unión y sobre la Cumbre del Empleo, para comentarles toda la importancia que concede personalmente a estos expedientes. 
Señor Presidente, me ha interesado oír lo que el Presidente en ejercicio podía decir sobre las gestiones que la Presidencia luxemburguesa va a hacer para procurar encontrar una transacción entre las diferentes opiniones de los Estados miembros. 
En primer lugar, ¿qué gestiones hará la Presidencia luxemburguesa para velar por que se cumpla el calendario de la adopción en diciembre? 
En segundo lugar, respecto a la observación hecha por varios miembros del Consejo de que debería haber más cambios institucionales antes de la ampliación, ¿qué impulso o importancia dará la Presidencia luxemburguesa a eso? 
Esta pregunta relativa a la fecha y a los plazos merece algunos comentarios de mi parte. 
Ante todo, la propia fecha del Consejo Europeo, que se fijó los días 12 y 13 de diciembre, nos impone un calendario muy apretado. 
Por lo demás, creo que desplegamos nuestros esfuerzos a todos los niveles para llevar a cabo los preparativos del Consejo y lograr un consenso absolutamente necesario sobre temas tales como la ampliación y todos los demás temas conexos. 
Dirigimos nuestros esfuerzos, ante todo, a nivel de los Primeros ministros. 
Nuestro Primer ministro está recorriendo todas las capitales de la Unión Europea para entrevistarse personalmente con los Jefes de Estado y de Gobierno, para conocer sus sentimientos, sus comentarios y sus observaciones con vistas a la formulación, durante la Cumbre de Luxemburgo, de un compromiso, porque necesariamente habrá un compromiso sobre este tema habida cuenta de las divergencias de puntos de vista sobre, por ejemplo, el aspecto financiero e igualmente sobre la asignación de los fondos estructurales, y me quedo corto. 
Sin embargo, el consenso es necesario y se obtendrá, estoy convencido de ello. 
El envite es demasiado importante como para que se falte a esta cita. 
Enseguida, dirigimos nuestros esfuerzos a nivel de los ministros correspondientes. 
Trátese de los ministerios de Asuntos Exteriores o de otros ministerios técnicos, también tenemos contactos regulares con nuestros homólogos en los países de la Unión Europea. 
Asimismo, hemos previsto, bajo la Presidencia luxemburguesa y además de los Consejos «Asuntos generales» , los Consejos ECOFIN y otros Consejos especializados, seis reuniones ministeriales informales con la preparación de la Cumbre de Luxemburgo en perspectiva. 
Por lo demás, yo mismo presidí la reunión que se ocupa de los asuntos del mercado interior. 
Asimismo, era la oportunidad, para la Presidencia luxemburguesa, después de la decisión de la Cumbre de Amsterdam, de tener un contacto a nivel ministerial con los países de Europa central y oriental que quieren formar parte de la Unión Europea. 
Creo poder decir, señor Presidente, si me lo permite, que esta cita a nivel ministerial se ha desarrollado en condiciones de franca amistad, con un espíritu sumamente abierto que nos permitió evitar una especie de ruptura. 
La gente ha entendido bien que está embarcada en un proceso histórico, en un proceso que merece dedicación, porque es la única alternativa para el año 2000 y más adelante. 
Por último, dirigimos nuestros esfuerzos a nivel del Comité de los Representantes Permanentes que ha recibido un mandato del Consejo de Ministros. 
Estamos ultimando las distintas agendas horizontales, con el fin de disponer de una base de debate para la Cumbre de Luxemburgo. 
Incumbirá, entonces, a nuestros Jefes de Estado y de Gobierno asumir sus responsabilidades. 
Yo solamente puedo decirles que juntos, con la Comisión y los demás Estados miembros, ponemos todo nuestro empeño para estar listos en los plazos previstos. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio por esa completísima respuesta. 
Creo que todos convenimos en que no se trata de que unos ganen y otros pierdan e interesa a todos los Estados miembros acoger a nuevos miembros por la generación de ingresos y las nuevas relaciones comerciales que aportarán. 
He de decir que yo y- creo- mis colegas en esta Asamblea tenemos la sensación de una amenaza en algunos sectores. 
Hemos de subrayar, como ha dicho usted, la necesidad de una distribución justa y equitativa de los recursos sin por ello dejar de conservar la prioridad para las zonas más pobres y las regiones en declive. 
Me gustaría saber si ha advertido también usted esa renuencia y qué Estados miembros están preocupados, en su opinión, por el futuro y que Estados miembros temen que se les pida que paguen la ampliación. 
¿Cómo podemos velar por la consecución de un consenso que sea una distribución justa y equitativa? 
Creo que no necesito dar el nombre de los países a la Sra McCarthy, visto que ella los conoce tan bien, sino mejor que yo. 
Se está llevando a cabo un debate sobre la repartición justa y equitativa de la carga financiera que ha de asumirse. 
Es un debate sumamente apasionante y diré simplemente que en lo que se refiere a mi país, Luxemburgo, las cifras, que no siempre son correctas, lo hacen aparecer unas veces como un aprovechado neto, otras como deudor. 
Puedo decirles que es deudor, pero no quisiera entrar ahora en el detalle de este debate. 
Creo que el consenso es realmente posible. 
Ello va decidirse, Sra. McCarthy, al más alto nivel, y por lo demás, quizás vaya a decidirse, no soy profeta, muy tarde en la madrugada, o tarde en la noche, no lo sé. 
En lo que se refiere a la ampliación, estuve mirando las estadísticas relativas a nuestras relaciones comerciales con los países de Europa central y oriental. 
Comparto su análisis: no se tratará de una operación nula, claro está. 
Sin embargo, si examina las estadísticas de nuestro comercio exterior en tanto que Unión Europea con estos países, a pesar de la instalación de zonas de libre cambio, a pesar de las ventajas, nos vemos obligados a comprobar que los intercambios comerciales son ampliamente, siempre ampliamente excedentarios en favor de la Unión Europea. 
Personalmente, estoy convencido de que la no adhesión de estos países de Europa central y oriental, según criterios objetivos y un calendario bien escalonado, será a fin de cuentas mucho más onerosa que la adhesión. 
Es un desafío, estoy convencido de ello, como lo estoy de que es una oportunidad histórica para este continente. 
No la dejemos pasar. 
Pregunta nº 9 formulada por Sören Wibe (H-0704/97): 
Asunto: Manuales de Schengen clasificados secretos 
Según noticias procedentes de Suecia, el gobierno sueco ha clasificado secretos dos de los tres manuales de Schengen. 
Se trata de instrucciones sobre la aplicación de los controles en las fronteras exteriores de la UE y sobre intercambio de información entre los Estados miembros. 
El Acuerdo de Schengen va a incorporarse al Tratado de la UE, que hace hincapié en el principio de la transparencia. 
¿No considera el Consejo que convendría recomendar a los Estados miembros que se encargaran de que todos los manuales de Schengen fueran públicos? 
Es un placer contestar a esta pregunta, puesto que fui uno de los firmantes del Convenio de aplicación de Schengen en 1990, lo que remonta a varios años. 
Para contestar a la doble pregunta que se nos ha formulado, diré que durante su sesión del 16 de octubre de 1997, hace seis días, el Comité de Representantes Permanentes instituyó un grupo de trabajo encargado de examinar las cuestiones relativas a la recuperación del acervo de Schengen y a su distribución entre el primer y tercer pilares. 
Este grupo comenzará sus trabajos mañana, 23 de octubre. 
Entre los temas que deberá examinar figura el de la publicación del acervo de Schengen. 
Esta publicación plantea distintos problemas que se deben tanto al volumen del acervo de Schengen como al carácter confidencial de algunas informaciones. 
Comprenderá usted, sin duda alguna, que algunas instrucciones, que se dirigen, por ejemplo, a las autoridades responsables del control en las fronteras exteriores, son por naturaleza confidenciales y, por ende, no son accesibles al público. 
Ello no pone de ninguna manera en cuestión el principio de transparencia que vuelve a afirmar el Tratado de Amsterdam. 
Agradezco mucho la respuesta. 
Fue una respuesta muy positiva. 
Yo no conocía este grupo de trabajo y estoy muy contento por su formación. 
En realidad, tengo sólo una pequeña pregunta complementaria: ¿Podría usted decirme qué principios sobre publicidad rigen el trabajo de este grupo? 
Usted dice que los controles en las fronteras exteriores no pueden hacerse públicos. 
Yo no estoy tan seguro de eso. 
Una gran parte de ellos deberían hacerse públicos, pero entiendo que algunos detalles técnicos deben mantenerse en secreto. 
Si usted tiene algún comentario sobre esos principios orientadores, le estaré agradecido. 
De hecho, voy a tratar de darle un elemento de respuesta. 
Creo que la Presidencia y los miembros del grupo de trabajo tienen efectivamente la intención de tener presente las preocupaciones muy legítimas de los parlamentarios europeos y nacionales en lo relativo a la transparencia del funcionamiento del sistema de Schengen. 
Recuerdo, señor Presidente, haber comparecido yo mismo ante la comisión competente del Parlamento Europeo en 1992, en la época en que Luxemburgo asumía la Presidencia de Schengen. 
En esa época, uno de los grandes reproches que se hizo a Schengen se refería evidentemente a la ausencia de control parlamentario y a la ausencia de control del Tribunal de Justicia Europeo. 
De todos maneras, creo poder decir que con la nueva disposición del Tratado de Amsterdam, que retoma el acervo de Schengen a nivel comunitario, se ha dado actualmente un gran paso hacia adelante, estoy convencido de ello, aunque todavía se precisen algunos acondicionamientos. 
Por tanto, respecto a la transparencia, podría imaginar que los ministros responsables, el Presidente en ejercicio del Consejo responsable de la justicia y la seguridad interior se presenten regularmente ante las comisiones competentes del Parlamento Europeo para presentar un informe sobre las actividades e igualmente sobre el acervo de Schengen. 
Asimismo, podría imaginarse un debate público, como los hay muchos, aquí en el Parlamento Europeo sobre el funcionamiento de Schengen. 
Creo que sería una buena manera de probar que realmente se desea la transparencia del sistema de funcionamiento diario de Schengen. 
En segundo lugar, otro gran debate en el marco de Schengen es el de la protección de la vida privada, que atañe todo lo relacionado con los datos nominativos. 
Creo que en este ámbito, todos y todas ustedes están de acuerdo conmigo en reconocer que es preciso ser muy prudente y, por razones evidentes de protección de la vida humana, será preciso limitar el acceso a estos datos a las personas realmente autorizadas. 
Asimismo, quisiera señalar que existe una autoridad de control independiente que se ocupaba de la vigilancia de Schengen y velaba por la no violación de los derechos del individuo en el marco del sistema de Schengen. 
Creo que será preciso articular nuestros trabajos alrededor de estos dos ejes: transparencia y protección de la vida privada. 
Muchas gracias, señor Wohlfart, pero le ruego que no desplace todavía su atención de la pregunta del Sr. Wibe, porque debo reglamentariamente conceder la palabra para una pregunta complementaria al Sr. Sjöstedt. 
Por lo tanto, sobre esta misma cuestión el Sr. Sjöstedt tiene un minuto. 
Quiero dar las gracias al Consejo por la respuesta que, en mi opinión, fue muy interesante, es decir, que en todo caso hay un adelanto en este tema de la gran cantidad de material clasificado como secreto en Schengen. 
Usted nombró las instrucciones para el control de las fronteras exteriores. 
Hay otros dos documentos no públicos que son polémicos: el manual SIRENE y las instrucciones a las embajadas y consulados en el extranjero. 
¿Tiene usted el mismo criterio para esos documentos, es decir, que deben seguir siendo calificados como secretos? ¿Podría usted concebir la idea de hacerlos públicos, aunque sólo sea parcialmente? 
Yo puedo entender que allí hay datos que no se pueden revelar pero, ¿no sería posible hacer públicos otros detalles de esos documentos? 
Además, me pregunto si se va a concluir el proceso de calificación de publicidad antes del comienzo de la ratificación del Tratado por los países miembros. 
Esto es también, por cierto, objeto de ratificación. 
Por ejemplo, el Tratado de Amsterdam implica para Suecia y Dinamarca que, por primera vez, serán parte de Schengen. 
Por eso, esto tiene que decidirse antes de iniciarse la ratificación en los Parlamentos nacionales. 
Me pregunto, para finalizar, si es posible conseguir una copia del diccionario del hijo del Presidente del Consejo, que parece ser un documento esencial para la interpretación del Tratado de Amsterdam. 
Tengo la impresión de que las cosas son un poco vagas, demasiado vagas todavía respecto al acervo de Schengen. 
Recuerdo un debate muy interesante, en 1991, en el que los parlamentarios europeos dirigían dos reproches fundamentales a la iniciativa Schengen: que las negociaciones relativas al Convenio de aplicación de Schengen se habían desarrollado en el marco de una Conferencia Intergubernamental y sin el concurso del Parlamento Europeo. 
Por lo demás, en esa época, yo estaba un poco sorprendido, lo digo sin amargura y sin cinismo, que tanta gente- hasta nuestros Parlamentos nacionales- afirmaran cualquier cosa al hablar de Schengen. 
O bien era el big brother is watching you, o la mera instauración del estado policial que interviene en todos los ámbitos, o bien, era precisamente lo contrario. 
Sin embargo, en nuestras negociaciones, de todas maneras habíamos tratado de compensar la desaparición de las fronteras interiores a través de medidas en las fronteras exteriores. 
Creo que, hoy, nos encontramos un poco en la misma situación. 
Que es menester una determinada cooperación policial, creo que todo el mundo está de acuerdo porque la criminalidad organizada plantea desafíos que escapan a la acción de una policía particular, de una policía nacional por muy competente que sea. 
Por tanto, es preciso dotarse de determinados medios de prevención y represión, sin dejar de tener presente lo que para mí es primordial en el sistema de Schengen, a saber, la protección de la vida privada, la protección de los datos. 
Sé que hay determinadas disposiciones, especialmente en lo relativo a la concesión de visados, que ya no son competencia de cónsules honorarios, como ocurría en esa época, sino que están reservadas a las embajadas y consulados. 
Existen, a nivel de los Parlamentos nacionales, comisiones de vigilancia que, en todo momento, pueden recurrir a los datos que juzguen necesarios. 
Creo que será preciso ser muy prudente en la gestión de algunos expedientes. 
Pregunta nº 10 formulada por Anne McIntosh (H-0707/97): 
Asunto: Supresión de las ventas libres de impuestos 
Ahora que el Consejo se encuentra en plenos preparativos para su Cumbre extraordinaria sobre el Empleo, ¿no comprende la contradicción que supone seguir previendo, por un lado, la supresión de las ventas libres de impuestos para 1999 con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en los sectores de los transportes y el turismo, y, por otro, medidas para fomentar la creación de empleo? 
A la vista del reciente informe del sector de la aviación en el que se indica que la supresión de las ventas libres de impuestos a partir de junio de 1999 entrañará la pérdida de 30.000 puestos de trabajo y obligará a los aeropuertos a incrementar sus tasas y a las compañías aéreas a aumentar sus tarifas, ¿no conviene el Consejo en que resulta imperativo realizar nuevos estudios acerca del impacto social y económico que provocaría la mencionada supresión? 
Durante la hora de preguntas del mes de julio, ya tuve la oportunidad de responder a preguntas similares, y me temo que la respuesta que voy a darle a la Sra. McIntosh va a decepcionarla. 
En efecto, quisiera señalar de entrada que no hay ningún elemento nuevo en este expediente que tanto le interesa. 
Debo, señor Presidente, señalar de entrada que mantener las ventas libres de impuestos, en el tráfico intercomunitario de los viajeros, está en contradicción con la existencia de un mercado interior sin fronteras. 
En efecto, la circulación, entre dos Estados miembros, de bienes comprados por particulares para su uso personal, no tiene consecuencia desde el punto de vista de derecho fiscal. 
Así, los particulares pueden comprar bienes destinados a su uso personal en cualquier Estado miembro y llevarse esos bienes a cualquier otro Estado miembro sin tener que declararlos y pagar un impuesto en la frontera. 
Vista esta situación, ya no se justifica la aplicación de franquicias para los viajeros. 
Mantener las ventas libres de impuestos en el tráfico intercomunitario de viajeros, más allá del período previsto, podría crear por otra parte distorsiones de competencia en relación con los comercios que venden mercancías con el impuesto incluido así como los diversos modos de transporte, según posean o no ventas libres de impuestos. 
Si el Consejo prolongó temporalmente las ventas libres de impuestos a los viajeros intercomunitarios hasta el 30 de junio de 1999, lo hizo para paliar las dificultades sociales y regionales que podrían resultar de una abolición súbita de estas ventas. 
La declaración que acaba de hacer el Presidente en ejercicio del Consejo constituye una completa burla de la idea de la cumbre sobre el empleo que se va a celebrar en Luxemburgo. 
No veo el sentido de celebrar dicha cumbre. 
Los países periféricos y las islas dependen más de las ventas libres de impuestos que los países del centro del continente europeo. 
Las distancias recorridas en Bélgica, Holanda y Luxemburgo son necesariamente menores y los precios cobrados inferiores. 
Así, pues, la contribución a la economía local de las ventas libres de impuestos, sobre todo en forma de puestos de trabajo, no es notable. 
El número de personas empleadas en las ventas libres de impuestos de los aeropuertos, las compañías aéreas, los puertos marítimos y los transbordadores son substanciales, en particular en países como el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Noruega y Suecia, donde nadie disfruta de los mismos bajos impuestos que en Luxemburgo y Bélgica, en particular. 
Las personas empleadas en aeropuertos, compañías aéreas, puertos de mar y transbordadores ya no encontrarán empleo a partir del 1º de enero. 
Pido al Presidente en ejercicio que aproveche la Cumbre de Luxemburgo para estudiar esa cuestión. 
Créanme, el empleo, y el pleno empleo, es una de las preocupaciones, no solamente del Parlamento Europeo- y felicito a los parlamentarios que se preocupan por este expediente- sino de mi función, ya que puedo decirle, Sra. McIntosh, que todos los días, también recibo solicitudes, ya sea por escrito o por teléfono, pidiendo un apoyo ministerial para conseguir un empleo. 
Por tanto, ninguna manera subestimo la magnitud del problema que les preocupa. 
No obstante, con todo el respeto que le debo, no quisiera establecer un vínculo entre una de las disposiciones del mercado interior y la Cumbre del empleo en Luxemburgo. 
Creo que es una tentación hacerlo. 
Y yo quisiera decir simplemente una palabra sobre este mercado interior, porque tengo a mi cargo el expediente «Mercado interior» desde hace ocho años. 
El objetivo de la libre circulación de los bienes, servicios, capitales, personas que debería ser operativo al 100 % el 1 de enero de 1999, es un objetivo que, sin duda alguna a medio plazo, será incluso capaz de asegurar la creación de nuevos puestos de trabajo. 
En un primer balance sobre el funcionamiento del mercado interior, que la Comisión llevó a cabo en el mes de noviembre del año pasado, se puso de manifiesto- según los cálculos de la Comisión- que la puesta en marcha del mercado único el 1 de enero de 1993 habría dado lugar a la creación de hasta 900.000 puestos de trabajo. 
Aún quedan obstáculos y distorsiones, ya se sabe. 
Por ello, el Consejo Europeo hizo suyas las propuestas de la Comisión encaminadas a lanzar este plan de acción del mercado interior, con cuatro objetivos estratégicos para la puesta en práctica efectiva y sin cortapisas del mercado único para el 1 de enero de 1999. 
¿Por qué lo digo? 
Pues bien, porque algunos elementos contenidos en estos planes de acción, en estos objetivos estratégicos, incumben ámbitos igualmente sensibles, pero muy importantes para el funcionamiento del mercado interior, al de la fiscalidad- y no solamente la fiscalidad de las empresas- tales como, por ejemplo, las ayudas estatales y otras subvenciones, en el marco de la implantación de nuevas compañías en nuestros distintos países, la ayuda a la investigación y el desarrollo, y me quedo corto. 
Todas estas medidas se tomaron con el deseo expreso de evitar las distorsiones de competencia, Sra. McIntosch, así como con el propósito de instaurar una moneda única para el mercado interior. 
Por tanto, una vez reunidas, todas estas condiciones permitirán el pleno desarrollo de este mercado único e igualmente, con el año 2000 en perspectiva, la creación de nuevos puestos de trabajo como corolario de la puesta en práctica al 100 % del mercado único. 
Sin embargo, también lo digo porque estoy convencido de que, a breve plazo, determinadas disposiciones fiscales, estatales y otras, podrían tener como consecuencia- digo efectivamente a breve plazo- la dolorosa pérdida de puestos de trabajo. 
Cuando se habla del mercado único de 1999, hay que ver bien las oportunidades que implica. 
Claro está, no hay que subestimar que a breve plazo podrían plantearse algunos problemas relacionados con las disposiciones reglamentarias, fiscales y de otra índole que acabo de mencionar. 
Sin embargo, a medio plazo, el objetivo que nos hemos fijado es efectivamente la promoción del empleo. 
Sra. McIntosh, conozco bastante bien a nuestro Primer ministro, aunque no pertenezco a su partido. 
Está realmente convencido de la utilidad de la Cumbre del empleo y va a hacer todo lo que esté en su mano, a la par de sus compañeros, para que esta Cumbre del empleo merezca tal nombre. 
Como acotación al margen, puesto que estamos ocupándonos de la realización del Mercado Interior, me gustaría saber qué podríamos hacer para abrir el mercado aquí a fin de contribuir de algún modo a la mejora del atroz servicio de Air France en los vuelos a Estrasburgo. 
Sin embargo, sobre el asunto que se está tratando, tengo entendido que las ventas libres de impuestos contribuyen a la prestación de los servicios para los viajeros de esta zona. 
¿Qué garantías tenemos de que esa medida no redundará en perjuicio de los viajeros? 
Deseo felicitar al Presidente en ejercicio por su firmeza ante lo que, dicho sea francamente, ha sido un cabildeo fraudulento y sin escrúpulos de un grupo de presión de este Parlamento. 
El presidente en ejercicio podría estar interesado en saber que existe un llamado «Intergrupo de las ventas libres de impuestos» , que es simplemente una organización de ese grupo de presión, y que participan en él intereses creados muy poderosos. 
¿Sabe que muchas de las estadísticas aducidas sobre pérdidas de puestos de trabajo y aumentos en las tarifas de los vuelos son puramente conjeturales y que, en realidad, se trata de una subvención de los contribuyentes a los viajeros? 
¿Sabe que, según me reconoció un ejecutivo de una compañía aérea británica, las ventas libres de impuestos equivalen a una subvención de 21 ecus por pasajero en los vuelos fletados? 
Señor Wohlfart, ¿quiere usted responder a la pregunta del señor Cassidy o hacer un comentario? 
No, señor Presidente, creo que todavía puede haber otra pregunta que merezca una respuesta. 
Gracias de todos modos por haberme concedido el uso de la palabra. 
Es normal que mi colega acuse a quienes apoyan las ventas libres de impuestos de carecer de escrúpulos, cuando lo único que están intentando hacer es preservar puestos de trabajo, garantizar tarifas aéreas inferiores y promover el turismo y el mantenimiento de servicios esenciales en los transbordadores. 
Creo que se trata de un grave insulto a quienes quieren que se mantengan las ventas libres de impuestos. 
Señor Cushnahan, permítame usted que le diga que esto no es una cuestión de orden. 
En todo caso podría producir desorden en nuestros trabajos. 
Me pide la palabra para una cuestión de orden el Sr. Papayannakis. 
Pero no por alusiones personales. 
Yo no he oído que se le nombrara a usted personalmente. 
Quizá se le haya nombrado a usted con algún alias o con algún sobrenombre que yo no conozco. 
Señor Presidente, soy de los que lucharon para que se concediera la prórroga a los duty free. 
Todavía continuo en ello. 
No me considero deshonesto; lo hago en colaboración con los sindicatos de los trabadores de los duty free de Grecia. 
Estamos hablando de 2.500 trabajadores. 
Nada más. 
Pregunta nº 11 formulada por Christine Oddy (H-0711/97): 
Asunto: Nicaragua: el foro nacional y el diálogo nacional 
¿Qué medidas está tomando el Consejo de Ministros para promover el diálogo nacional oficial en Nicaragua y el foro nacional tras las protestas callejeras que se han producido este año? 
¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para ayudar al Gobierno de Nicaragua a que aplique el acuerdo sobre la propiedad que puede resolver el problema de 20.000 inquilinos urbanos y de numerosas familias rurales y evitar su desalojo? 
El Consejo siempre ha apoyado los esfuerzos de las fuerzas democráticas nicaragüenses para entablar un diálogo nacional y desea profundamente que puedan consolidarse los acuerdos ya logrados y desarrollar el diálogo con todos los sectores de la sociedad civil. 
El Consejo es sumamente consciente del desafío con el que se encuentra la administración nicaragüense, afrontando un amplio programa de reformas sociales y económicas, que no podrán realizarse sino con el consenso de todos los grupos políticos y el acuerdo parlamentario entre el partido gubernamental y la oposición. 
Por lo demás, el Consejo desea que Nicaragua, con vistas a lograr su entrada armoniosa en la economía mundial, pueda aprovechar el proceso de integración actualmente en curso entre los países pertenecientes al grupo de San José. 
El Consejo ha apoyado al grupo de San José desde su creación y saludo en este contexto la decisión recientemente tomada en Managua, por los países miembros, de dotarse de instituciones comunes calcadas del modelo de la Unión Europea. 
Quisiera simplemente señalar a la atención del Consejo que en ese país hay problemas sociales, incluido el de los niños de la calle, y una tensión en aumento. 
Confío en que el Consejo siga dando muestras de la mayor preocupación por Nicaragua, porque es un país que necesita nuestra ayuda y asistencia. 
Realmente puedo convenir en todo lo que acaba de decir la Sra. Oddy y la Presidencia del Consejo no escatimará sus esfuerzos. 
A título personal y en mi calidad de ministro de la Cooperación al Desarrollo y no como Presidente del Consejo, debo decirle que tengo especial interés en Nicaragua, y sus situación interna, ya que es uno de los países hacia los que dirigimos nuestros esfuerzos. 
Pregunta nº 12 formulada por Mary Banotti (H-0719/97) , suplida por la Sra. Ewing: 
Asunto: Premio de la Unión Europea de Literatura (ARISTEION) e impuestos nacionales 
El Estado danés no grava el dinero del premio de literatura Nórdico ni tampoco el del premio Nobel. 
Sin embargo, el dinero obtenido por el ganador danés del premio de literatura de la Unión Europea (ARISTEION) de 1996 ha sido objeto de un impuesto nacional de casi el 50 %. 
¿Puede informar el Consejo de las razones por las que el Estado danés hace esta diferencia entre un premio de la Unión Europea y un premio escandinavo, y no considera el Consejo que ello constituye un evidente acto de discriminación contra los ganadores de los premios europeos? 
En respuesta a la pregunta de la Sra. Banotti, lamento tener que destacar que las modalidades de organización del Premio Literario Europeo ARISTEION no incluyen disposiciones relativas al régimen fiscal al que puede someterse el premio en cuestión. 
Por lo demás, debo señalar, que no corresponde al Consejo hacer apreciaciones sobre las posiciones adoptadas por los Gobiernos de los Estados miembros, ni interpretar estas posiciones. 
Me siento muy honrada de substituir a la Sra. Banotti, a la que otras ocupaciones no han permitido estar presente. 
Quisiera pedir al Presidente en ejercicio que tenga presente que se trata de un premio de la Unión Europea financiado por la Unión Europea, un premio de traducción, que es la esencia de nuestro intercambio cultural, caro a todos nosotros, pagado por los ciudadanos europeos. 
La mitad del premio ha sido, efectivamente, robada por la Hacienda danesa. 
No cabe duda de que, si lo examinamos, se trata de algo diferente a todos los demás premios similares. 
Se trata de un premio de la Unión Europea, no de un premio sin relación con ella. 
Pido al Presidente en ejercicio que vuelva a examinarlo. 
Ciertamente no puedo hacer un compromiso formal, la Sra. Banotti lo comprenderá sin duda alguna, pero su idea me parece interesante y voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance para que se le pueda dar satisfacción. 
Sin embargo, no me comprometo en tanto que Presidente, sino simplemente en mi calidad de ministro de la Cooperación. 
Tiene la palabra, para una cuestión de orden, el Sr. Cushnahan. 
Pero, por favor, que sea verdaderamente de orden, pues antes no lo era. 
Usted ha sorprendido mi buena fe. 
Ayer estuve con la Sra. Banotti, que había acudido a solicitar el voto a mi ciudad de residencia. 
Me pidió que la disculpara por no haber podido estar presente aquí. 
Aprovecho también esta ocasión para expresarle mis mejores deseos en las elecciones a la Presidencia de Irlanda. 
¿No sería maravilloso para nosotros que una diputada a esta Asamblea llegara a ser el Jefe del Estado constitucional de Irlanda, sobre todo tratándose de una persona que está comprometida con el ideal de la integración europea, de derribar barreras y desechar antiguas enemistades? 
¿Quién podría ser mejor Presidenta de Irlanda que la Sra. Banotti, que ha laborado en pro de ello en esta Asamblea y que es la más indicada para tender puentes en Irlanda y desechar antiguas enemistades? 
En nombre de Sus Señorías, le hago llegar mis mejores deseos. 
Muchas gracias, señor Cushnahan. 
Hemos escuchado con mucha atención sus palabras, y no sé si encajan perfectamente en el turno de preguntas. 
Pero la generosidad de esta Presidencia lo admite ampliamente. 
¿Quiere hacer una pregunta complementaria, señor Posselt? 
Señor Presidente, sólo quisiera referirme a una cuestión de orden. 
Usted ya conoce el tema. 
Mis repetidas críticas no van dirigidas contra usted, pues su posición es la adecuada, sino a nuestra Mesa y a la Conferencia de Presidentes. En efecto, casi nunca es posible agotar todo el tiempo destinado al turno de preguntas, debido a que éste se ha trasladado de la noche a la tarde. 
En cada sesión plenaria se reproducen los retrasos y cada vez que critico este hecho, un representante de la Mesa me responde que se trata de una excepción. 
Yo quisiera saber, cuántas excepciones más queremos permitirnos y si no deberíamos extraer por fin una conclusión y volver a celebrar el turno de preguntas a una hora fija. 
Señor Posselt, a la hora de empezar el turno de preguntas, yo he pedido disculpas por el retraso, en primer lugar al Presidente en ejercicio del Consejo y, luego, a todos los miembros de la Asamblea y les he dicho que voy a llevar esta cuestión a la Mesa. 
Pero ésta no sólo es una cuestión de la Mesa, es una cuestión también de los grupos políticos. 
Por lo tanto, les invitaría a ustedes a que hablaran también con los presidentes de sus propios Grupos. 
Tiene la palabra el Sr. Martin para una cuestión de orden. 
Para abundar en la observación que ha hecho usted, señor Presidente, la Conferencia de Presidentes es la que fija el orden del día del Pleno y no la Mesa. 
En segundo lugar, esta Asamblea es soberana a este respecto. 
Si un número suficiente de diputados compartieran la opinión del Sr. Posselt sobre el turno de preguntas, podríamos trasladarlo a las 5 de la tarde de un lunes. 
El problema es que actualmente los diputados a esta Asamblea infravaloran el turno de preguntas. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas núms. 
13 a 29 se contestarán por escrito. 
Pero antes de levantar la sesión, permítanme que les agradezca a todos ustedes, a los intérpretes y a los demás funcionarios del Parlamento que nos han ayudado esta tarde, la paciencia mostrada ante el retraso del día de hoy. 
(La sesión, interrumpida a las 19.21 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del 2º informe (A4-0295/97) de la Sra. Mosiek-Urbahn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el sentido y el objetivo de la presente propuesta de directiva son equipar mejor a las autoridades supervisoras para que puedan evaluar la solvencia efectiva de las empresas de seguros individuales que formen parte de un grupo. 
Conseguir este objetivo con unos medios adecuados es un empeño extraordinariamente difícil. Sobre todo porque la regulación jurídica de la supervisión de los grupos es sumamente diversa en Europa, tanto por lo que se refiere a la supervisión individual adicional, como también en relación con métodos de cálculo empleados, el umbral establecido, las empresas " holding» y las empresas de reaseguros. 
La supervisión de las empresas de seguros abarca actualmente en la Unión Europea, tras la Tercera Directiva sobre seguros no de vida y la Tercera Directiva sobre seguros de vida de 1992, la autorización y la supervisión corriente de la actividad aseguradora. 
El objetivo primordial de las normas de supervisión de los Estados miembros, coordinadas y armonizadas mediante dichas directivas, es la protección del tomador de seguros y, por consiguiente, hacen hincapié en la supervisión de la situación financiera y la solvencia de las empresas consideradas individualmente. 
Esta supervisión individual de la situación financiera resulta del principio de gestión separada de los ramos de seguros. 
El objetivo de la propuesta de directiva es complementar, por medio de la supervisión individual adicional, las directivas relativas a la supervisión individual de las empresas de seguros con normas adicionales de supervisión para empresas de seguros que forman parte de un grupo. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos se ha reunido doce veces en total, lo cual es un hecho extraordinario. 
La comisión ha celebrado consultas sobre esta materia extremadamente compleja con expertos de los ámbitos de la supervisión, la ciencia y la práctica así como del Comité europeo de seguros. 
Asimismo, algunos miembros interesados de la comisión se han reunido conmigo en sesiones informales para intentar hallar soluciones. 
A todos ellos quisiera manifestarles mi especial agradecimiento por su paciencia, su perseverancia y su esfuerzo para alcanzar, mediante propuestas constructivas, una posición capaz de obtener un respaldo mayoritario en comisión. 
La comisión considera necesario y adecuado que las autoridades supervisoras dispongan de información sobre la estructura y transacciones internas de los grupos de seguros, con objeto de que puedan intervenir oportunamente, en cumplimiento de su misión de protección del consumidor, en caso de riesgo financiero inminente. 
En este sentido, la comisión acoge con satisfacción la propuesta que perfecciona el derecho de información con objeto de aumentar la transparencia de los grupos de seguros- artículos 5 y 6- y de reforzar la cooperación entre las autoridades supervisoras, a la vista de la creciente internacionalización de los grupos de seguros- artículo 7-. 
También acogemos con satisfacción la propuesta de una supervisión de las transacciones entre las diferentes sociedades de un grupo basada en las condiciones de mercado- artículo 8-. 
En cualquier caso, no debemos perder de vista que las disposiciones existentes- la Tercera Directiva sobre seguros, la Directiva relativa a las cuentas consolidadas y las disposiciones en materia de derecho de sociedades y derecho fiscal- ya otorgan a las autoridades supervisoras del sector de seguros amplias posibilidades de control. 
Las normas adicionales que propone la Comisión son aceptables, en la medida en que resultan comprensibles: el texto de la propuesta es lamentablemente muy poco claro e incluso equívoco en algunos puntos. 
Aun así, dichas normas pueden ser indiscutiblemente útiles para alcanzar los objetivos fijados. 
Sólo se plantea la duda de si siguen respondiendo al principio de proporcionalidad. 
En este contexto, yo quisiera referirme a cuatro puntos. La Comisión propone que se incluyan en el ámbito de aplicación de la directiva las participaciones minoritarias de un 20 % como mínimo y las empresas de seguros no " dominadas». 
Una participación del 20 % no constituye, no obstante, un valor relevante para la inclusión de las sociedades matriz. 
La legislación europea debería mantener una coherencia interna. 
El umbral del 20 % pasa totalmente por alto el hecho de que ya existen normas para las situaciones de grupos de empresas en Europa en el marco de la Séptima Directiva sobre sociedades. 
Las cuentas consolidadas de conformidad con dicha Directiva y certificadas por los interventores sobre esta base, deberían aplicarse también como criterio en el caso de la supervisión. 
Más allá de todo esto, debe tenerse en cuenta lo siguiente: el doble cómputo de capitales propios (double gearing) ofrece a una empresa la oportunidad de ampliar su actividad sin una inversión adicional de capital propio, empleando en lugar de otros valores patrimoniales una participación en otra sociedad, que por otra parte ya utiliza el capital de dicha participación como cobertura de su propia actividad. 
El doble cómputo debe considerarse, por lo tanto, como una técnica financiera independientemente de cuál sea el nivel de la participación. 
Nadie ignora que el doble cómputo puede generar riesgos financieros para las empresas de seguros y para el consumidor y, en este sentido, está justificada la adopción de una directiva europea. 
La Comisión, al igual que una parte de las autoridades supervisoras del sector de seguros de los Estados miembros, consideran el doble cómputo como un recurso para eludir las presentes disposiciones en materia de solvencia establecidas para las empresas de seguros. En efecto, llegado el caso, cada empresa individual de un grupo de seguros cumple los mismos requisitos de solvencia que una empresa de seguros aislada, pero en conjunto se comprometen menos recursos propios para el mismo volumen de negocios que en el caso de una empresa aislada. 
Por consiguiente, se reclama la desactivación del efecto del doble cómputo en aras de la igualdad de trato, pero sin contemplar las ventajas y desventajas de los grupos de empresas y las empresas aisladas por lo que respecta a la seguridad y sin citar casos concretos en los que, desde que se adoptaron las disposiciones europeas en materia de seguridad aplicables a las empresas de seguros, dichas empresas hayan sufrido, como resultado del doble cómputo, dificultades financieras en perjuicio del consumidor que no haya sido posible resolver en el marco de la legislación vigente en materia de supervisión. 
La normativa europea en materia de supervisión bancaria ha servido sin duda en cierto modo de inspiración o de modelo para las disposiciones destinadas a excluir el efecto del doble cómputo mediante la presente propuesta de directiva. 
Los representantes de la Comisión comunicaron a la comisión que no ignoran las diferencias que existen entre los sistemas de supervisión bancaria y de supervisión de las empresas de seguros, así como que el nivel de riesgo es distinto en el caso de las entidades bancarias, o sea, de las pirámides de créditos, de la alineación coyuntural, y de las empresas de seguros, donde se aplica el principio de gestión separada de los ramos de seguros. Por esto la Comisión propone un umbral de participación más elevado, concretamente del 20 %, para toda la directiva. 
La comisión, en cambio, se manifestó mayoritariamente en el sentido de que la adopción de medidas legislativas de supervisión contra los efectos del doble cómputo sólo es necesaria en la medida en que dicha práctica genera un riesgo financiero para las empresas de seguros y, por consiguiente, también para los consumidores. 
Este riesgo no puede darse con una mera participación minoritaria del 20 %, sino sólo en el caso de participación mayoritaria y cuando una participación minoritaria vaya unida a elementos cualitativos de influencia dominante o dirección centralizada. 
Esta situación corresponde exactamente al acuerdo de consolidación al que hace referencia el artículo 1 de la Séptima Directiva sobre sociedades. Ésta ha sido también la opinión mayoritaria en la Comisión de Asuntos Jurídicos y, por lo tanto, yo solicito al Pleno el voto afirmativo para las enmiendas 1 a 7 y 8. 
En segundo lugar, según la propuesta de la Comisión, en el cálculo de la situación de solvencia ajustada de los grupos de seguros no se incluirían determinados recursos propios que se reconocen como tales en la supervisión individual. 
Con dicha propuesta la Comisión se propone evitar el cómputo múltiple de los recursos propios en un grupo de seguros. 
El doble cómputo de los recursos propios no representa, sin embargo, forzosamente, por principio, un riesgo particular en los grupos de seguros, sino que es la consecuencia natural del principio de gestión separada de los ramos de seguros, enraizado en el interés de los consumidores. 
Por lo tanto, el previsto endurecimiento de la exigencia de recursos propios no es necesario ni tampoco procedente. 
Los recursos propios que se consideran admisibles en el marco de la supervisión individual, también deben poder computarse como recursos propios en el marco de la supervisión individual adicional. 
No pueden establecerse distinciones entre los recursos propios. 
No es posible que determinados recursos considerados aptos pierdan de repente su calidad de recursos propios por el hecho de que una empresa de seguros de vida, por ejemplo, sea la empresa matriz de otras empresas de seguros supervisadas. 
De lo contrario, podría crearse la situación absurda de que una empresa de seguros de vida que posea participaciones industriales, podrá seguir computándolas como recursos propios en el marco de la supervisión individual adicional, pero en el momento en que adquiera alguna filial de seguros sujeta a supervisión, dichos recursos perderían su calidad de capital propio. 
Esto sería contradictorio desde el punto de vista de la economía empresarial y afectaría muy especialmente a las mutualidades de seguros. 
Éste fue también el punto de vista de la comisión, por lo que yo solicito el voto afirmativo para la enmienda 14. 
En tercer lugar, la Comisión propone la inclusión de las sociedades " holding» en la directiva y, en particular, en el control preventivo de la solvencia. 
La opinión mayoritaria de la comisión fue que la inclusión de las sociedades " holding» está justificada. 
Personalmente, en mi calidad de ponente, yo hubiese preferido no incluirlas. 
Dichas sociedades desempeñan funciones dirigentes y están en condiciones de financiar también participaciones en grupos de seguros mediante recursos externos. 
Si una sociedad "holding» situada en la cúspide entra en quiebra, las sociedades de seguros participadas por ésta no pierden su capital, sino que lo pierden los accionistas del" holding». 
Sin embargo, su protección no corresponde jurídicamente a la legislación sobre supervisión de las empresas de seguros. 
La Comisión justifica la propuesta de hacer extensivas a las sociedades "holding» de seguros las medidas destinadas a eliminar los efectos del doble cómputo, por el temor a que una sociedad" holding» no obtenga su financiación de créditos tomados fuera del consorcio, sino dentro del mismo, o sea, de sus sociedades filiales, o a que ejerza presiones inaceptables para obtener apoyo financiero de las mismas en caso de dificultades. 
Por esto yo había propuesto excluir por completo la posibilidad de financiación de créditos intragrupo. 
La comisión no aceptó esta propuesta. 
No obstante, en nombre de mi Grupo político, yo solicito el voto afirmativo del Pleno para las enmiendas 23 y 24, que prevén que en el cálculo de la situación de solvencia se incluyan los recursos de la sociedad " holding» no procedentes del grupo de seguros. 
En cuarto lugar, la Comisión incluye, finalmente, en su propuesta a las empresas de reaseguros. 
Es indiscutible que la seguridad de las empresas de reaseguros, o sea, su capacidad económica, es de una importancia decisiva para la capacidad del asegurador primario. 
La protección de los reaseguros constituye, por lo tanto, un indicador adicional de calidad, en términos de protección de los consumidores, en el sector de seguros. 
Las empresas de reaseguros no están sujetas a las disposiciones europeas en materia de solvencia ni a otras disposiciones europeas relativas a la supervisión de las empresas de seguros, por lo cual no es aplicable de entrada en este caso el argumento del trato en plano de igualdad. 
Sin embargo, diversos Estados miembros someten a las empresas de reaseguros a la supervisión individual o a la supervisión de grupo, de conformidad con su legislación nacional. 
Atendiendo a este hecho, la comisión rechazó mayoritariamente la exclusión de las empresas de reaseguros, pero también el derecho de opción de los Estados miembros. 
La enmienda 22, que vuelvo a presentar en nombre de mi Grupo político, sólo se propone conseguir ahora, en un intento de alcanzar un compromiso, que los Estados miembros puedan establecer por ley que las empresas de reaseguros no serán incluidas en el cálculo de la situación de solvencia adaptada de conformidad con el Anexo 1. 
En nombre de mi Grupo político, yo también pido el voto afirmativo para dicha enmienda. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Ponente, Señorías, en nombre de mi Grupo me felicito por el importante trabajo de la Sra. Mosiek. 
No hemos estado siempre de acuerdo, señora Mosiek, pero usted se ha esforzado mucho para que este expediente pudiera avanzar, así como para organizar la importante audición pública que nos permitió aclarar muchas cuestiones, para preparar las deliberaciones de nuestra comisión- que se reunió doce veces con la finalidad de tratar este asunto- y para buscar entre nosotros los términos de un acuerdo. 
Mi Grupo comparte el espíritu general de la propuesta de la Comisión. 
Por lo demás, suscribe asimismo la opinión de la mayoría de los Estados miembros y de las autoridades de control. 
Pensamos que es importante armonizar nuestros respectivos Derechos sobre esta cuestión, con miras a la realización del gran mercado. 
Compartimos la mayoría de las enmiendas de la Sra. Mosiek, ya que mejoran el texto. 
El punto de desacuerdo que se mantiene- y que no deja de tener su importancia- se refiere a la inclusión de los " holdings» y de las sociedades de reaseguros en el ámbito de aplicación de la directiva. 
Junto con la mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos, nosotros pensamos que la directiva debe cubrir ambos casos, en beneficio de los consumidores, de los tomadores de seguros y también para garantizar la igualdad de los operadores- y sobre todo de las sociedades cooperativasfrente al Derecho europeo. 
Por lo tanto, no podemos apoyar la enmienda 22, que la Sra. Mosiek acaba de exponer. 
En cuanto al texto, en conjunto, hubiésemos preferido ciertamente una redacción más clara con respecto a algunos puntos. 
Pero consideramos que, en general, el texto aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos es un buen texto, y lo votaremos positivamente, sin perjuicio de mejorarlo en la segunda lectura. 
Apoyamos, naturalmente, las enmiendas 23 y 24 de la Sra. Mosiek, que son corolario de las votaciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y dan coherencia al conjunto de nuestras deliberaciones. 
No podemos aceptar las demás enmiendas del PPE, que creemos ponen en tela de juicio el equilibrio del texto votado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Esperamos que el espíritu de compromiso que anima este texto tras nuestras votaciones, sea respetado por nuestra Asamblea. 
A reserva de estas observaciones, nosotros votaremos, naturalmente, a favor del informe de la Sra. Mosiek, a quien deseo nuevamente dar las gracias por su excelente trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, hay dos cosas que yo querría elogiar: la valerosa incursión de la Comisión en un terreno legislativamente muy controvertido y la infatigable paciencia con que la señora Ponente ha procurado encontrar una vía de compromiso aceptable en este terreno de controversias. 
Aun así, yo tengo la impresión de que estos intentos han desembocado en alternativas entre las que sólo es posible decidir mediante votación. 
O bien seguimos la propuesta de la Comisión de incluir en la definición de empresa matriz y empresas filiales a todas las empresas dominantes o dominadas, o bien suscribimos las enmiendas que proponen interpretar ambos términos en el sentido más restringido de la antigua Directiva. 
O bien se calcula el margen de solvencia incluyendo los recursos externos, o bien se excluyen éstos, tal como prevé la propuesta originaria de la Comisión. 
No voy a ocultar- y la señora Ponente lo sabe- que en ambos casos yo apoyo la propuesta de la Comisión y votaré en consecuencia. 
Lo cual no menoscaba en absoluto mi agradecimiento por la labor de la ponente, más aún dado que la presente directiva constituye, de hecho, un proyecto piloto por lo que respecta a la supervisión de los movimientos de capitales. También espero que, a pesar de mi posición, el colega Cot no me niegue el espíritu de compromiso. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Ponente, Señorías, la adopción de la directiva relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que forman parte de un grupo de seguros no sólo es deseable, sino también necesaria. 
En efecto, es muy importante que las autoridades supervisoras nacionales puedan tener una visión clara de lo que ocurre dentro de nuestros grupos de seguros, con el fin de evitar el doble cómputo de capitales propios y de prevenir los casos de insolvencia de las sociedades, de los que los consumidores serían, en definitiva, las principales víctimas. 
El informe de la Sra. Mosiek-Urbahn- resultado de los trabajos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos- es un conjunto coherente. 
La ponente ha sabido lograr un acuerdo en un ámbito muy técnico. 
La prudencia nos exige alejarnos lo menos posible del texto de la Comisión de Asuntos jurídicos. 
Al igual que el Sr. Cot, nosotros consideramos que para que esta directiva sea plenamente eficaz es necesario que las participaciones de las empresas de reaseguros y los " holdings» estén incluidos en su ámbito de aplicación. 
Con esta condición nosotros votaremos a favor del informe de la Sra. Mosiek-Urbahn. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Sra. Mosiek-Urbahn por su denonada labor respecto de esta difícil cuestión y quisiera apoyar en general las conclusiones presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y agradecer a mis colegas de dicha comisión el denonado trabajo que le han dedicado. 
La de los seguros es una cuestión importante. 
Es un poco árida y aburrida y ésa es la razón por la que no hay muchas personas escuchándonos esta noche. 
Pero tiene aplicaciones decisivas para la sensación de seguridad financiera de los ciudadanos. 
Cuestiones como el seguro de enfermedad, el seguro jurídico, el seguro de accidentes automovilísticos, de accidentes domésticos, etc., hacen, todas ellas, sentir a la gente un poquito más segura de que, si ocurre una tragedia, estará protegida financieramente. 
En el futuro puede llegar perfectamente a ser más importante, a medida que los sistemas de seguridad social resulten insuficientes a causa de las restricciones financieras de los Gobiernos. 
Ahora bien, quisiera señalar simplemente dos o tres aspectos de las enmiendas presentadas después de que la comisión aprobara las suyas. 
La enmienda nº 22 permite a los Estados miembros excluir a los reaseguradores del cálculo ajustado de la solvencia. 
Es algo desafortunado. 
Se debe incluir a los reaseguradores en el ámbito de aplicación de esta directiva. 
En segundo lugar, respecto de las enmiendas núms. 23 y 24, permiten que en el análisis de la sociedad matriz se tengan en cuenta los fondos de una compañía de seguros procedentes de fuera del grupo. 
Eso es importante y se debe apoyar. 
La enmienda nº 25 nos plantea algunos problemas. 
Al final, apoyaremos la enmienda nº 27, pero no la enmienda nº 26. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, deseo ante todo dar las gracias a la Sra. Mosiek-Urbahn por el excelente y difícil trabajo que ha realizado sobre esta compleja materia. 
Puesto que personalmente no soy especialista en esta cuestión, aprecio en su justo valor los esfuerzos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Imagino la dificultad de los debates, a la vista del tecnicismo y de la importancia de este asunto. 
La propuesta de directiva sobre los grupos de seguros constituye una etapa importante de la realización del mercado único de los seguros. 
Como ustedes saben, las empresas de seguros están obligadas a reservar un determinado volumen de fondos propios para garantizar su solvencia. 
Este margen de solvencia, que representa una garantía de seguridad para los tomadores de seguros, refuerza la protección de los consumidores. 
El objetivo de la presente propuesta es impedir que grupos de empresas de seguros eludan estas obligaciones, y puedan computar, a falta de estas medidas, dos veces el mismo capital en su cálculo de solvencia. 
Además, esta propuesta facilitará la eliminación de ciertas distorsiones de competencia en el mercado europeo de los seguros. 
Ciertos Estados, como ustedes saben- algunos de ustedes incluso lo han mencionado -, ya han adoptado normas similares a las propuestas por la Comisión. 
Contrariamente a los grupos de entidades de crédito y de sociedades de inversión, que ya están cubiertos por una legislación comunitaria, no existía ningún texto referente a los grupos de seguros. 
El objetivo de esta propuesta es remediar esta carencia, atendiendo a un interés de proporcionalidad. 
Deseo subrayar que la misma no impone nuevas obligaciones a las empresas de seguros en cuanto al capital. 
Tampoco sanciona a las empresas que forman parte de un grupo. 
La propuesta apunta simplemente a garantizar que el margen de solvencia actualmente exigido por las directivas comunitarias sobre los seguros sea efectivamente respetado. 
Su objetivo tampoco consiste en imponer obligaciones a las empresas de reaseguros y a las sociedades " holding» de seguros en cuanto al capital. 
La propuesta pretende, sin embargo, garantizar que la situación financiera de estas entidades será debidamente tenida en cuenta para determinar si las empresas de seguros del grupo al que pertenecen satisfacen los criterios de solvencia exigidos. 
Con respecto a las enmiendas que propone esta Asamblea, me congratulo de informarles que la Comisión está dispuesta a aceptar parcialmente las enmiendas 1, 2, 3 y 14. 
En relación con las enmiendas 1 y 2, el añadido de una referencia al apartado 2 del artículo primero de la séptima directiva " Derecho de sociedades» es aceptable, con la condición de que no se cambien las demás definiciones. 
En cuanto a la enmienda 3, es aceptable la referencia a la primera frase del artículo 17 de la cuarta directiva " Derecho de sociedades» , siempre que no se cambie el resto de la definición. 
Por lo que respecta a la enmienda 14- creo que era el segundo punto de su exposición, señora Mosiek- sólo pueden aceptarse el primer apartado y los dos primeros guiones, donde se enumeran los elementos que deben tenerse en cuenta para calcular el margen de solvencia y que ya admiten las actuales directivas sobre seguros. 
Mencionaré a continuación otro grupo de enmiendas cuyo espíritu puede ser aceptado, introduciendo algunas adaptaciones en su redacción. 
Se trata de las enmiendas 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 y 27. 
Dos palabras sobre las enmiendas 18 y 19- creo, señora, que era el tercer punto de su exposición- referentes a las sociedades " holding». 
¿Por qué están incluidas en el ámbito de aplicación? 
La creación de fondos propios artificiales a través de sociedades "holding» puede servir para ocultar la situación de solvencia real de una empresa de seguros, y la sociedad" holding» , excesivamente endeudada, puede entonces provocar tensiones financieras en el seno del grupo, al querer reembolsar dicha deuda. 
Si la propuesta tiene en cuenta las sociedades " holding» es para poder calcular debidamente la solvencia de las empresas de seguros. 
Por eso el texto establece un método de detección para controlar el nivel de fondos propios de las sociedades " holding». 
Sin embargo, la propuesta no impone obligaciones a las sociedades " holding» como tales. 
Existe otra enmienda muy importante: la enmienda 8- era el primer punto de su intervención-. 
Su aprobación restaría a la propuesta una parte importante de sus efectos. 
Esta enmienda 8 reduciría considerablemente el alcance de la directiva, limitando su ámbito de aplicación sólo a las relaciones entre la empresa matriz y la filial. 
En cambio, el criterio dominante que sustenta la relación entre la empresa matriz y su filial no es pertinente con respecto al doble cómputo. 
Esta enmienda tendría un efecto negativo con respecto a la protección de que gozan actualmente los consumidores y tomadores de seguros, ya que permitiría que los grupos de seguros eludieran con mayor facilidad las normas sobre solvencia. 
Sería un retroceso, señora, con respecto al enfoque aplicado por la Comunidad en los demás sectores de los servicios financieros. 
Por consiguiente, debo informarles que la Comisión no puede aceptar esta enmienda. 
Por las mismas razones, la Comisión no puede aceptar la enmienda 22, que dejaría en manos de los Estados miembros la aplicación a las empresas de reaseguros de las disposiciones claves de la directiva. 
En efecto, cuando una empresa de seguros posee una participación en otra empresa de seguros, los riesgos que cubre esta última repercuten indirectamente en la primera. 
Además, como puede observarse, las actuales directivas permiten a las empresas de seguros deducir de sus obligaciones en materia de gastos de solvencia las operaciones que han cedido a una empresa de reaseguros. 
Esta deducción se justifica por el hecho de que los riesgos relativos a estas operaciones son, al fin de cuentas, sufragados por la empresa de reaseguros, que se supone que es un tercer país. 
Creemos que otras enmiendas también deben ser rechazadas para no alterar la coherencia con respecto a otros elementos de la propuesta. 
Se trata de las enmiendas 4, 5, 6, 9, 20, 25 y 26. 
Finalmente, señor Presidente, concluiré mencionando brevemente un punto al que se han referido hace un momento algunos oradores, que deseaban saber si esta propuesta supondría gastos adicionales. 
No, no debería suponer gastos adicionales ni para el sector de los seguros ni para los consumidores, en la medida en que la propuesta no contiene obligaciones adicionales en cuanto al capital con respecto a las empresas de seguros y en la medida en que su único objetivo es procurar que los grupos no eludan las actuales obligaciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la mañana. 
Derechos de autor y derechos afines 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0297/97) del Sr. Barzanti, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la Comunicación de la Comisión relativa al seguimiento del Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (COM (96) 0568- C4-0090/97). 
Tiene la palabra el ponente, Sr. Barzanti. 
Señor Presidente, hasta la fecha la Unión Europea ha llevado a cabo un buen trabajo para apoyar un enfoque armonizado, un compromiso unánime y semejante en todos los Estados miembros en cuanto a las complejas cuestiones relativas a los derechos de autor y los derechos afines. 
Sin embargo, lo que se ha hecho, mejor dicho, lo que se ha conquistado, gracias a la fundamental contribución de nuestro Parlamento, es insuficiente, incompleto y, por otra parte, seguiría encontrando nuevas dificultades de aplicación en una panorama alterado por desarrollos tecnológicos de gran alcance que, habitualmente, incluimos en el concepto, algo nebuloso, pero fascinante, de sociedad de la información global. 
Creo que es conveniente repetir ante todo que hay que oponerse a la euforia tecnológica que con frecuencia niega la necesidad de reglas y normas claras e incisivas y se opone a la posibilidad misma de dirigir y orientar la liberalización de las telecomunicaciones, el pluralismo de la información y los derechos de acceso que deben garantizarse a los ciudadanos, la protección de las obras en interés de las industrias, los usuarios y los autores. 
Todos estos objetivos son fundamentales para la Unión Europea, llamada cada vez más a estar presente y activa por medio de su voz inconfundible en los foros internacionales y, en particular, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
Por consiguiente, es preciso actuar sin escepticismo y desconfianza. 
Diré, entre paréntesis, que siempre he considerado prioritaria en este ámbito una eficaz legislación antitrust, incluso en clave europea, que evite la anormal formación de posiciones dominantes en un sector en que es fundamental garantizar el derecho de los ciudadanos a una información plural. 
No es éste, sin embargo, el tema del informe que estoy presentando. 
El tema de mi informe es el derecho de autor y los derecho afines. 
Pues bien, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos estima que el derecho de autor y los derechos afines no deben considerarse como unos obstáculos, una molesta herencia del pasado que quizás hay que oponer al derecho de los consumidores, al derecho del público. 
Garantizar la protección de las obras y proteger el derecho de autor en sus nuevas formas, es básico para que haya un desarrollo democrático, útil y coherente de la sociedad de la información y de todas las oportunidades que la misma debe ofrecer. 
El entorno digital, la creciente expansión de las redes informáticas y la globalización del mercado no anulan los principios, los derechos ni tampoco la necesidad de convertir en concretos y actuales tales derechos. 
La convergencia de las tecnologías y de los medios no debe ser óbice para negar especificidades y políticas que hoy se necesitan más que nunca. 
Nos oponemos a una idea de la información en cuya virtud cada dato, cada contenido se puede incluir en este concepto genérico. 
Hay informaciones e informaciones; hay obras y obras; existen las obras de autor que requieren la necesaria diferenciación y precisan la oportuna protección. 
Sin unas buenas reglas, sin el respeto de la integridad y de la autenticidad de los lenguajes de los que se alimentan las obras de los autores, no puede haber una buena y sólida industria cultural europea, ni tampoco se puede garantizar ni proteger la creatividad de los autores que, sin reglas, no merecería un respeto moral ni una remuneración concreta. 
Es por esto que estimamos importante disponer cuanto antes de la directiva que está elaborando la Comisión, relativa los sistemas de identificación técnica de las obras y de una directiva que actualice unos conceptos fundamentales como son la difusión al público, la distribución y la reproducción, y que prevea las excepciones que deben preverse, que colme las lagunas que se siguen registrando en materia de copia privada, que perfile las modalidades de gestión de los derechos que privilegian el papel de las sociedades de gestión colectiva, así como la práctica de la ventanilla única, necesaria para que los derechos puedan adquirirse de forma más simple y rápida con vistas a una mayor difusión multimedia. 
En este contexto, deseo señalar que estoy a favor de muchas de las enmiendas presentadas, que enriquecen una resolución que ya de por sí es algo larga, debido también al atento trabajo llevado a cabo por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. En particular, estoy de acuerdo con las enmiendas 9, 7, 4, 10, 15 y 16, presentadas por diferentes Grupos. 
Como sabemos, se han elaborado dos tratados muy importantes en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
Es absolutamente necesario que los derechos exclusivos que los mismos prevén para los artistas e intérpretes o para los ejecutores y productores de fonogramas, sean reconocidos también a los artistas e intérpretes que actúan en el entorno audiovisual, como, por otra parte, vienen subrayado desde siempre las directivas comunitarias. 
Quisiera terminar haciendo hincapié en el hecho de que también el derecho moral- un concepto discutido internacionalmente, pero muy típico de la cultura europea- debe ser fomentado y considerado como uno de los elementos por medio del cual Europa actúa en el contexto internacional para garantizar una protección cuya finalidad no es sólo la remuneración, sino también la inseparable relación entre obras y autores, ya que estamos convencidos de que las obras no son otra cosa que una proyección de la actividad creativa y una relación con el público que se renueva día a día en términos de continuidad y de un modo que merece un profundo y absoluto respeto. 
Confío en que nuestro Parlamento seguirá luchando para valorizar las estrategias industriales, el patrimonio de ideas y lenguas, el impulso creativo y de identidades culturales que constituyen la Europa plural que amamos. 
Señor Presidente, Señorías, las posibilidades técnicas de la sociedad de la información y, como podemos observar, también su afortunadamente enorme aceptación entre los participantes, tanto privados como comerciales, ofrecen a los artistas y creadores culturales posibilidades absolutamente inéditas para expresar su creatividad y también una enorme difusión entre su público. 
Al igual que en la sociedad de la información se suavizan las fronteras entre profesor y alumno en el ámbito del aprendizaje y de la enseñanza, aquélla también puede contribuir a difuminar las líneas divisorias entre las personas creativas, por un lado, y el público pasivo, por el otro. La interactividad tantas veces invocada también se da en este contexto. 
Ésta es una difuminación deseada; otra difuminación, no deseada en cambio, es la imprecisión del marco de condiciones jurídicas para estas nuevas formas. 
La situación jurídica imprecisa y poco clara que tenemos en estos momentos no beneficia a nadie, ni a los prestadores de servicios y operadores de redes, ni a los consumidores. 
Por lo tanto, interesa a todos los implicados que la Comisión presente rápidamente, tras las prolijas consultas sobre el Libro verde, un proyecto de directiva que contenga regulaciones para todos los temas candentes y no vuelva a aplazar y postergar ciertos aspectos. 
Deberían contemplarse y resolverse los temas del derecho de reproducción, el derecho de comunicación al público y el derecho de difusión, pero también la tutela jurídica de la integridad de los sistemas técnicos de identificación y de protección, al igual que la limitación de las responsabilidades. 
Yo pienso que, dada la dependencia mutua de cuantos intervienen en estos sistemas y las perspectivas de un mercado rápidamente creciente, tendría que ser posible encontrar una solución de compromiso equitativa entre los intereses de todas las partes implicadas. 
El informe del Sr. Barzanti contiene excelentes y bien meditadas propuestas en cuanto a la forma que podrían adoptar dichos compromisos. 
Yo también quiero agradecerle sinceramente desde aquí la disposición para el compromiso que ha demostrado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Libro Verde sobre los derechos de autor o derechos similares en la sociedad de la información es, como nos ha dicho sabiamente el ponente, un documento de la Comisión que propone realizar una reflexión sobre cuál debe ser el tratamiento jurídico de los derechos de autor. 
Derechos de autor vistos en un entorno dinámico marcado por una evolución tecnológica, que permite tanto nuevas formas de reproducción como nuevas vías de expresión de los trabajos intelectuales. 
Estas posibilidades nuevas no deben ser, en modo alguno, una amenaza para el alto nivel de protección otorgado al derecho de autor. 
Por otra parte, conviene encontrar un equilibrio entre el derecho y el interés de las diversas categorías de titulares de derechos de autor y el derecho de los consumidores y empresarios implicados en la explotación de estos derechos. 
Podemos anunciar que, para llegar a este justo equilibrio, es necesario impulsar iniciativas en varios campos: el derecho de reproducción- hay que promulgar al respecto medidas legislativas que definan la extensión de los actos protegidos por el derecho de reproducción -, el derecho de comunicación al público- dentro de este campo hay que destacar nuevas iniciativas, hay que proteger las transmisiones numéricas personalizadas, así como los límites a esos derechos que son similares a las medidas previstas para la armonización de los derechos de reproducción-. 
La protección jurídica de la integridad de los sistemas técnicos de identificación y protección también deben ser armonizados. 
El derecho de distribución será armonizado para consagrar el principio de agotamiento del derecho, sólo en el momento de la primera venta de la obra en la Comunidad por el titular del derecho o cuando éste haya expresado su consentimiento. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos propone una medida legislativa coherente que englobe los principales temas antes citados: el derecho de reproducción, el derecho de comunicación al público y el derecho de distribución. 
Este justo equilibrio debe ser también extensible a los titulares de los derechos, a los agentes económicos que explotan esas obras, y a los derechos de los usuarios, tal como se recoge en el asunto, de 6 de abril de 1995, » RTE/ITP contra Comisión de las Comunidades». 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos lamenta que la Organización Mundial de la Propiedad Industrial no haya sido capaz de llegar a un acuerdo sobre los derechos similares de los artistas intérpretes en el campo audiovisual. 
Veo con satisfacción que el ponente ha admitido algunas de las enmiendas, prácticamente todas en las que pensaba poner especial énfasis. 
En la 10, especialmente al apartado 26, y en la 7 y 8 a los apartados 22 y 22 bis. 
No quiero terminar, señor Presidente, sin decir, con toda justicia, que el trabajo del colega Roberto Barzanti ha sido magnífico. 
Y aunque nos tenga acostumbrados a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos a que estos trabajos sean siempre magníficos, no por ello quiero dejar de felicitarle efusivamente. 
Señor Presidente, mi objetivo es que en la UE hablemos tan claro como nos sea posible de modo que la mayor cantidad de personas entienda lo que decimos. 
Desafortunadamente, me temo que este informe es de muy difícil lectura a pesar de que no se trata de un texto legal sino que de una respuesta a un comunicado. 
Hablamos de codificación, pero nuestro lenguaje es críptico y, a menudo, hacemos referencias a diversos artículos. 
Me temo que muchos de los que votarán mañana, no saben bien de lo que hablamos. 
También estoy inseguro sobre si hemos tenido éxito. 
Creo que es importante que en este asunto, que básicamente trata de la democracia, logremos hacer más asequible lo que hablamos, qué tipo de sociedad intentamos construir. 
Yo estoy sinceramente convencido de que este asunto es uno de los más urgentes para la UE. 
Necesitamos legislación y normas para el comercio electrónico y firmas electrónicas. 
La consumación de esta parte de la sociedad de la información depende, hoy, en un 80 ó 90 por ciento, de la política y la legislación. 
La falta de normas es tan grave para el desarrollo de la sociedad de la información, y dentro de este sector, como nuestra ambición por tener muchas y muy detalladas reglas. El progreso es vertiginoso. 
Estoy convencido de que, también para los titulares de derechos, aparecerán nuevas formas de aprovechar, en forma justa, sus derechos de autor, a obtener compensación por lo que han producido. 
La sociedad de la información que estamos creando es a menudo independiente de lo que los políticos hacen, es decir, de lo que nosotros hacemos. 
Es una sociedad en la que estaremos seguros de que nuestros mensajes son confidenciales, que nuestro hermano mayor no controlará lo que leemos. 
También tenemos que pensar en esto cuando damos responsabilidades a los diferentes actores en la cadena de la información. 
No vamos a obligarles a aquello que es irrealizable, aquello que impide el desarrollo. 
Me alegra que en el punto 15 demos énfasis al equilibrio, es decir, que tendrá que haber armonía entre los diferentes intereses que actúen en este terreno. 
Lo que me llamó la atención en el debate fue la oposición a dar todavía más énfasis a este equilibrio. 
Al mismo tiempo que pretendo equilibrio y justicia entre las partes, también deseo armonía entre los diferentes titulares de derechos, tal como el anterior interviniente lo señaló y como lo mencionamos en el informe. 
También queremos dar derechos a quienes han creado obras audiovisuales. 
Espero que la Comisión presente pronto una propuesta, ya que necesitamos una situación donde tengamos un mercado sin límites, también en este campo, en nuestra UE. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo quiero agradecer especialmente al señor Ponente que haya abogado repetidamente por que la legislación de la UE no aborde las nuevas posibilidades de la sociedad de la información desde la perspectiva del mercado interior y de la competencia, sino como oportunidades culturales. 
En ese caso es inevitable, no obstante, que los derechos de autor ocupen el lugar central en este empeño. 
Pero, ¿qué clase de derecho es en realidad el derecho de autor? 
Según los acuerdos TRIPS, se trata de un derecho de propiedad. 
Pero algo falla por fuerza en esta sistematización, cuando ésta concede al recopilador de un banco de datos iguales o incluso mayores derechos que a un compositor, un escritor o un artista plástico. 
El derecho de autor, es un derecho de la personalidad, un derecho al reconocimiento y la identificación. 
Las enmiendas de mi Grupo político responden en conjunto al objetivo de que estos problemas se contemplen en futuros actos legislativos y, por consiguiente, introducen claridad normativa en una terminología que en estos momentos se ha vuelto imprecisa. 
Yo pienso que esto explica también que la organización de los compositores, de los artistas creadores e intérpretes, las apoye explícitamente. 
Aun así, consideramos que el Informe Barzanti constituye en conjunto un importante avance en esa dirección, en favor de la cual nosotros también nos manifestamos sin reservas. 
Señor Presidente, señoras y señores, el Parlamento Europeo ya ha participado activamente en el pasado en los trabajos relativos a la aplicación de un marco reglamentario sobre los servicios de la sociedad de la información en el seno del mercado interior. 
El informe del Sr. Barzanti representa una contribución determinante con miras a dicho proceso y deseo felicitarlo por ello. 
Querría recordar, en efecto, la influencia decisiva del Parlamento Europeo con respecto a las cinco directivas actualmente en vigor en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines. 
Gracias a su acción, el Parlamento Europeo ha fomentado la creación de un mercado único de obras y prestaciones protegidas, realizado sobre la base de un alto nivel de protección a los interesados. 
Deseo, por lo tanto, dar las gracias en especial al ponente, el Sr. Barzanti, por la calidad de su informe. 
Éste confirma ampliamente la coincidencia de puntos de vista de nuestras dos instituciones sobre las orientaciones fundamentales que deben predominar en relación con el desarrollo de este sector y con la protección del derecho de autor y derechos afines. 
Pienso que el debate de hoy se refiere ante todo al contenido de estos nuevos servicios de la sociedad de la información. 
Ahora bien, deseo recordar que estos servicios estarán constituidos, en la mayoría de los casos, por obras y prestaciones protegidas por los derechos de autor y derechos afines. 
En este sentido, la protección de la propiedad intelectual representa uno de los elementos fundamentales del desarrollo de la sociedad de la información. 
La comunicación aprobada por la Comisión el 20 de noviembre de 1996 se inscribe en el seguimiento del Libro Verde de 1995 sobre los derechos de autor en la sociedad de la información. 
En aquel momento, dicho documento había permitido iniciar una amplia consulta a los medios interesados. 
Esta comunicación resultó muy fructífera y las conclusiones formuladas entonces por el ponente del Parlamento Europeo fueron muy importantes para la elaboración de la misma. 
La comunicación presenta los resultados de la consulta y define cuatro ámbitos prioritarios para la acción legislativa en el marco del mercado interior: el derecho de comunicación al público, el derecho de reproducción, el derecho de distribución y- creo que muchos oradores han insistido en este punto- la protección de la integridad de los sistemas técnicos de identificación y protección. 
Sí, señor Barzanti, el autor tiene derecho a ser protegido, y por esta razón la Comisión prepara una directiva. 
Estos cuatro ámbitos deben ser objeto de una armonización comunitaria; y ello por dos razones. 
La primera consiste en que han sido definidos como tales por los medios interesados con ocasión de la consulta que yo mencionaba hace un momento. 
La segunda es que ahora tenemos la obligación de transponer en el plano comunitario las nuevas obligaciones internacionales definidas por los dos nuevos tratados aprobados el pasado mes de diciembre en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
Estos dos nuevos instrumentos completan y adaptan el Convenio de Berna en relación con los autores, y ciertos aspectos del Convenio de Roma en relación con los derechos afines al entorno digital. 
Los mismos han permitido establecer normas de protección mínima en el plano internacional y son esenciales sobre todo para luchar contra la " piratería». 
Para responder a esta exigencia de armonización, la Comisión se propone, conforme al deseo del Parlamento Europeo, elaborar una directiva comunitaria antes de fin de año. 
Puedo asegurarles que, en el plano técnico, los trabajos ya están muy avanzados por parte de nuestros servicios. 
El objetivo de este instrumento es permitir el buen funcionamiento del mercado interior con respecto a los nuevos servicios y crear un entorno favorable a la creatividad y a la innovación en todos los Estados miembros. 
Por consiguiente, esta futura directiva se inscribe plenamente en el marco de las iniciativas relativas al mercado interior. 
Evidentemente, para la elaboración de esta directiva se tendrán en cuenta las recomendaciones del informe del Sr. Barzanti. 
La misma debería armonizar el ámbito de aplicación de los derechos, así como las excepciones correspondientes, y creo que el " acervo» comunitario nos indica la vía que debe seguirse en la materia. 
En tal sentido la Comisión considera que es fundamental mantener el nivel elevado de protección de los derechos de autor que caracteriza, desde hace mucho tiempo, al Derecho de los países europeos y que hoy forma parte de nuestro " acervo» comunitario. 
Es necesario, señor Añoveros Trias de Bes, mantener un justo equilibrio entre los propios derechos y los intereses de las diferentes categorías de titulares de estos derechos, de quienes los explotan y de los usuarios. 
Y para responder concretamente a su observación, debo decir que las líneas directrices sobre la armonización en general, y en especial las excepciones, estarán basadas en el " acervo» comunitario. 
La Comisión procura aplicar un enfoque prudente y pragmático, que tome en consideración los legítimos intereses de los usuarios y no perjudique la normal explotación de las obras. 
La Comisión procura asimismo basarse en la prueba del perjuicio económico, de acuerdo con los nuevos tratados de la OMPI, para garantizar un equilibrio entre los derechos de los titulares y los intereses de los usuarios. 
Las líneas directrices deberán armonizarse teniendo en cuenta sus efectos en el mercado interior. 
Las excepciones deberían reflejar las tradiciones jurídicas de los Estados miembros y tomar en cuenta el principio de subsidiariedad. 
Varios oradores han mencionado el problema de la responsabilidad, me refiero en particular a la Sra. Berger y a la Sra. Thors. 
Desearía decir sobre este punto que la Comisión considera que la cuestión de la responsabilidad es muy importante para el desarrollo de la sociedad de la información. 
En materia de infracción del derecho de propiedad intelectual, no existe vacío jurídico. 
Las normas en materia de responsabilidad están perfectamente establecidas en los Estados miembros y son aplicables al entorno digital. 
Sin embargo, el problema de la responsabilidad es de naturaleza " horizontal» , y afecta a ámbitos distintos del de los derechos de autor. 
Por lo tanto, sería útil clarificar la situación en este campo, -yo diría- de manera " horizontal» , con ocasión de la creación de un marco reglamentario para los servicios de la sociedad de la información, que la Comisión prevé para 1998. 
Para no pasar ningún punto por alto, diré dos palabras sobre los derechos de los artistas intérpretes, a los que también ha aludido un orador. 
Estos derechos ya ocupan un lugar importante en el " acervo» comunitario y la armonización se efectuará según las mismas directrices. 
En esencia, la Comisión apoya los derechos de los artistas intérpretes en el marco de las negociaciones en curso en el seno de la OMPI. 
Para concluir, estoy convencido de que el Parlamento Europeo, como lo ha hecho antes, contribuirá en el marco de esta nueva iniciativa a la adopción de soluciones, que serán las más satisfactorias para este sector. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la mañana. 
Aditivos alimentarios 
Señor Presidente, esta noche debatiremos sobre los aditivos. 
Antes se los denominaba " materias extrañas». Un término que deja claro de qué se trata, esto es, de substancias extrañas que están presentes en los productos alimenticios. 
La propuesta de la Comisión tiene por objeto la modificación de la Directiva de 1995 relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes, y las 35 modificaciones propuestas corresponden casi exclusivamente a los anexos de la misma. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor partimos en principio de la base de que la armonización de la autorización y empleo de los aditivos alimentarios en la Unión Europea debe acogerse con satisfacción, ya que sin una reglamentación unitaria para los aditivos, el principio del reconocimiento mutuo provoca una considerable inseguridad en los consumidores y grandes deficiencias en el control de los productos alimenticios y su etiquetado. 
La armonización de la autorización y la utilización de los aditivos debería llevar aparejada simultáneamente, en la mayor medida posible, una reducción de la multiplicidad de substancias y de las áreas de utilización. 
La Comisión de Medio Ambiente también ha insistido una vez más en la necesidad de responder a las peticiones de los consumidores europeos y de sus asociaciones, cuyo principal interés es que la industria alimentaria renuncie voluntariamente en la mayor medida posible a los aditivos. 
Los consumidores y también la industria alimentaria han demostrado en los últimos años que es posible reducir mucho el uso de aditivos. 
En efecto, en estos momentos hay en el mercado productos que pueden ofrecerse con aditivos y también sin aditivos. 
En la Directiva marco de 1989 se contemplan los criterios para la autorización de los aditivos. 
Por una parte, debe existir una necesidad tecnológica probada; asimismo, éstos no deben representar ningún peligro para la salud, no deben inducir a error al consumidor y, obviamente, deben reportar ventajas demostrables. 
No obstante, es de lamentar que en la propuesta de la Comisión no se haya procurado definir este criterio de la necesidad tecnológica y aclarar cuáles son las ventajas que cabe esperar para los consumidores. 
Por consiguiente, pedimos que se revise la futura evaluación del criterio de la necesidad tecnológica en el contexto de la autorización de aditivos y también que se reconsidere si dicha necesidad subsiste en la práctica. 
Sería deseable que la Comisión estableciese finalmente criterios objetivos que desarrollen estas consideraciones esenciales para la aprobación y que permitan una evaluación más adecuada de los aditivos. 
La Comisión de Medio Ambiente ha propuesto varias enmiendas. 
Según la propuesta de la Comisión se permitiría el empleo de otros aditivos en la nata desnatada, semidesnatada y esterilizada, para las que en la actualidad están autorizados 38 aditivos. 
La comisión se ha manifestado contraria a ello, dado que debemos partir de la base de que el consumidor desea productos alimenticios relativamente naturales y percibe precisamente la nata como uno de éstos. 
También se debería informar al consumidor cuando existan riesgos sanitarios potenciales para determinados grupos de población. 
Se ha demostrado que los aditivos poseen un creciente potencial alergénico y precisamente estas alergias están aumentando. 
La comisión señala, por consiguiente, que el empleo de dióxido de azufre o sulfatos y sulfitos en los frutos secos no resulta tecnológicamente necesario y propone que el etiquetado incluya una indicación para los asmáticos, con objeto de que este grupo de riesgo particular tenga la posibilidad de estar informado sobre estos riesgos en el futuro, sobre todo habida cuenta que se dispone de datos procedentes de Estados Unidos que prueban que ya se han producido casos de fallecimiento y también de intolerancia en este contexto. 
La Comisión propone asimismo la autorización del aditivo E 405 en combinación con el E 999 en la sidra, con objeto de permitir obtener un sombrero de espuma más duradero. 
La comisión se manifestó contraria a la aprobación general de su uso en la sidra, ya que la propuesta de la Comisión contribuiría a engañar al consumidor, toda vez que un sombrero de espuma duradero sugereriría una imagen de bebida " fresca/refrescante» que no correspondería a la realidad. 
La comisión rechazó igualmente el recubrimiento del arroz con una cera microcristalina, que también induciría a un error en relación con este producto alimenticio básico, pues el arroz no es brillante, sino que tiene una textura natural. 
También en este caso, la comisión opinó que no existe una necesidad tecnológica. 
Por lo que se refiere a la alimentación para lactantes llegamos a la conclusión de que precisamente en este ámbito es de especial importancia que se aplique el principio de la prevención, dado su carácter particularmente sensible. 
En este contexto, hemos reducido de 50 g/kg a 5g/kg la cantidad admisible de almidón en los preparados para lactantes propuesta. 
También en este caso influyen los intereses de la industria y esperamos que el Parlamento apoye la enmienda de la comisión, habida cuenta que está en juego la protección de los consumidores. 
Éstos han demostrado en los últimos años, junto con la industria, que el objetivo ha de ser reducir los aditivos en la mayor medida posible y velar atentamente por que se mantenga el estado natural de los productos. 
Señor Presidente, la Directiva 95/2 dice que dentro de cinco años deberá emprenderse una evaluación del nivel de uso y el consumo de alimentos. 
Los aditivos autorizados en la UE deberán evaluarse a la luz del número de aditivos a los que la gente puede ser expuesta. 
Es sumamente extraño que la Comisión nos presente una propuesta ahora, antes de que los análisis de la potencial ingestión de aditivos para la población sean dados a conocer. 
Ahora debatimos la propuesta a partir del principio de responsabilidad sanitaria y el concepto de la necesidad tecnológica. 
Hay muchas personas que andan por este Parlamento deseando una política sanitaria propiamente europea. 
Mi consejo a estas personas es que examinen la política de la UE que puede afectar a la salud de la gente, política alimentaria incluida. 
Más vale prevenir que curar. 
Esta directiva no debe ser extendida, sino reducida. 
Sustancias como las nicinas no deben ser utilizadas en alimentación, pues son antibióticos y por ello, forman parte del mundo de los fármacos. No debemos entrar a sabiendas en un problema de resistencia. 
Las salchichas y los quesos podrán sin duda seguir encontrándose en la vía central europea también sin la adición de la nicina. 
El etiquetado de alimentos es el principio y fin de todo. 
Ciertos alimentos, que la mayoría puede tolerar, pueden provocar ataques de asma y alérgicos en otros. 
Por ello, debemos saber qué hay en la comida. 
Con la propuesta para permitir el sulfito en el proceso productivo de los productos de desayuno, nos arriesgamos a que restos de sulfito lleguen hasta la consumidora sin que ella pueda leer en el producto que éste puede contener sulfito, porque el sulfito no está incorporado como ingrediente. 
Es irresponsable y por ello, las enmiendas de la comisión de Medio Ambiente. 
Se ha desplegado una considerable actividad de pasillos contra la propuesta que otorga a dos carragaenos sus números E, esto es, los E 407 y E 408. 
Puesto que las sustancias se han refinado de manera diferente y la 408 es menos pura que la 407, opino que cada una debe recibir su propio número. Debe pensarse en que el carragaen puede emplearse en potitos y crear problemas en el sistema intestinal de los bebés. 
Es importante insistir en que sólo debemos usar aditivos si existe una necesidad tecnológica y tras superarse una prueba sanitaria. 
La Comisión está obligada a justificar la necesidad tecnológica, sin embargo, no lo ha hecho en ningún caso. 
Más bien, toman como base ésta y otras propuestas del PPE lo que es técnicamente posible para la industria, y esto sí que es algo totalmente distinto. 
Ha sido sólo en los últimos años cuando la comida se ha atiborrado de aditivos. 
Antes podíamos fabricar alimentos sin materias auxiliares artificiales. 
Habiendo existido una civilización europea anterior a los aditivos, no estoy preocupado por nuestra sociedad, si hacemos uso ligeramente del freno de mano, ¡más bien al contrario! 
El número de alérgicos aumenta cada vez más y la Comisión seguramente también acabará viéndose obligada a presentar un día una propuesta totalmente distinta, si ésta debe cumplir los objetivos sanitarios del Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señoras y señores, hemos estado a punto de correr el riesgo de que el debate sobre los aditivos naufragara hoy en un baño de cacao y chocolate. 
Habitualmente éste también suele ser un tema propicio para despertar las emociones e invariablemente siempre se aprovecha para generar inseguridad en los consumidores con respecto a los productos alimenticios. 
Ya basta de listas falseadas de aditivos alimentarios, que reaparecen regularmente y se presentan como científicas, incluidos los informes terroríficos sobre ciertos efectos perjudiciales para la salud. 
La directiva de modificación que ahora se debate es la primera revisión importante de la Directiva del año 95 sobre aditivos, que regula muy exhaustivamente este ámbito. 
En el curso de las consultas en relación con la citada Directiva del 95 se anticipó la necesidad de posteriores directivas de modificación, puesto que algunos aditivos todavía estaban siendo objeto de verificación científica. 
Con la presente directiva de modificación se pretenden alcanzar, a mi parecer, cuatro objetivos. 
Los primeros son rectificar algunos errores de la Directiva básica del año 1995 y tener en cuenta las tradiciones de los nuevos países miembros: Austria, Finlandia y Suecia. 
Por otra parte, se autorizarían algunos nuevos aditivos, sobre la base del resultado positivo de la verificación realizada entre tanto por el Comité científico de alimentación humana, y se introducirían nuevas aplicación o modificaciones de las cantidades autorizadas para los aditivos ya autorizados. 
Finalmente, en cuarto lugar, se propone la incorporación de un Anexo totalmente nuevo, con los aditivos autorizados en los alimentos para lactantes y niños de corta edad. 
Mientras que la rectificación de los errores, la contemplación de las tradiciones de los nuevos países miembros y la incorporación del Anexo relativo a los alimentos para lactantes y niños de corta edad en general no suscitan objeciones, los Grupos políticos tienen en cambio opiniones distintas sobre los demás puntos. 
Nuestro Grupo no apoya las enmiendas de la Sra. Breyer relativas al etiquetado, suponiendo que este aspecto tenga cabida en la presente directiva sobre aditivos. 
Tenemos poco que objetar en cuanto al contenido de la petición de la Sra. Breyer en relación con el etiquetado. 
Sin embargo, lamentablemente, dichas enmiendas están fuera de lugar en la directiva sobre aditivos. 
Ya tenemos una directiva detallada sobre el etiquetado y, en aras de la sistemática legislativa, a ésta deberían incorporarse las enmiendas relativas a la identificación de los aditivos en el etiquetado. 
Podemos apoyar, no obstante, la enmienda 42 del Sr. Lannoye, que se remite a la Directiva sobre el etiquetado. 
Yo pido a la Comisión que exponga también su posición en relación con dicha enmienda 42. 
También se ha presentado, asimismo, la enmienda 32 y en este caso yo me siento dividida. 
Mi nombre se ha vinculado, además, erróneamente con la misma. 
Aun así, yo también quisiera preguntar a la Comisión cuál es su posición con respecto a la enmienda 32 y más concretamente en relación con la nisina. 
Entre tanto, he tenido noticia de que es una sustancia muy útil para resolver determinados problemas en los productos que contienen huevo y quisiera conocer la posición de la Comisión. 
La enmienda 6, que fue aprobada en comisión por una estrecha mayoría, es objeto de fuertes debates. 
Se trata de si debe clasificarse con el número E 407 o E 408 las algas Eucheuma elaboradas. 
En una anterior modificación de la Directiva conseguimos en dos lecturas que el Parlamento Europeo aprobara precisamente la clasificación E 407. 
Está norma está en vigor desde marzo de este año y no tiene absolutamente ningún sentido volver a modificar una norma de la Unión Europea que acaba de entrar en vigor y que, además, también está establecida internacionalmente como norma de la OMS. 
Al contrario de lo que se afirma en la enmienda 6, dicha clasificación se publicó en el Diario Oficial y, por lo tanto, está legalmente en vigor. 
También quisiera explicar mi enmienda 30, que coincide en su primera parte con la enmienda 31 de la Sra. Jackson y la enmienda 38 del Sr. Whitehead. 
Ésta se refiere al empleo de SO2, o sea, de dióxido de azufre, para la conservación de los frutos secos. 
La Sra. Breyer ha querido insistir particularmente en este punto, ya que en su opinión bastaría emplear ácido sórbico. 
Toda la información de que dispongo no confirma esta opinión, pues el ácido sórbico sólo influye sobre la pérdida de color, o sea, sobre el oscurecimiento, y no en la conservación. 
Por otra parte, el texto de la propuesta de la Comisión no es del todo correcto en el aspecto técnico. 
Lo cierto es que las manzanas y las peras deshidratadas se venden al consumidor final con un grado de humedad superior al 12 % y, por lo tanto, deben tratarse con una dosis superior que los productos destinados únicamente a una posterior transformación. 
Estos usos distintos hacen necesario emplear cantidades también distintas. 
Por esto, al igual que la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales, yo propongo en mi enmienda 30 una diferenciación más adecuada y, naturalmente, rechazo la correspondiente enmienda 11 de la ponente. 
El empleo de aditivos, tras una meticulosa evaluación científica, es una necesidad tecnológica en muchos casos. 
El Parlamento Europeo siempre ha hecho hincapié precisamente en dicha necesidad tecnológica. 
Según las evaluaciones a las que he podido tener acceso, la propuesta de la Comisión también merece ser apoyada en este aspecto. 
Señor Presidente, como lo ha recordado la Sra. Breyer, el objetivo de la propuesta que se nos somete es modificar una directiva sobre aditivos alimentarios, con el fin de adaptarla a los cambios recientes y a las necesidades de los consumidores. 
En este contexto, desearía ante todo expresarme, a título personal, sobre la enmienda 6- de la que ya se ha hablado- por la que las algas Eucheuma elaboradas, producidas en Filipinas, se clasifican con el nº 408 y no con el nº 407 A, para diferenciarlas mejor de los productos similares clasificados con el nº 407. 
Sabemos que estos productos similares se comercializan en Europa y que nuestros productores desean distinguirlos muy claramente de los demás para proteger sus intereses. 
Pero también debemos considerar que la Unión Europea gasta sumas considerables- 250 millones de ecus anuales- en concepto de un programa de ayuda a Filipinas destinado sobre todo a garantizar la estabilidad a través del desarrollo económico en algunas regiones sensibles. 
Me refiero a la isla de Mindanao, donde 240.000 familias viven de la producción de dicha alga. 
¿Esta política consistente en ayudar por un lado y en penalizar por otro no es acaso una política corta de miras, poco coherente? 
Finalmente, y ahora hablo en nombre de mi Grupo, la Sra. Breyer ha presentado una serie de enmiendas con el fin de suprimir las autorizaciones de nuevas sustancias que, no obstante, han sido de objeto de dictámenes favorables de la Comisión y del Comité Científico de la Alimentación Humana. 
Además del hecho de que su posición no parece estar basada en datos científicos muy serios, podría producir consecuencias muy negativas en algunos productos cuya comercialización ya ha sido autorizada en la mayoría de los Estados miembros. 
Pienso, por ejemplo, en la producción de mozzarella, de ciertas margarinas y de sidra, con unos tipos de envasado muy utilizados sobre todo en Irlanda. 
Por esta razón nuestro Grupo no podrá apoyar la propuesta de la Sra. Breyer. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dándole las gracias a la Sra. Breyer por el gran trabajo realizado en este informe. 
Lo hago además, porque opino que las directivas sobre aditivos, etcétera, se encuadran en la clase aparte de difícil accesibilidad. 
Regresaré a este tema más adelante. 
Esto se debe en parte, naturalmente, a la historia de las respectivas directivas, con todos los compromisos y modificaciones que se han propuesto en el transcurso de los años. 
No obstante, al leer esta modificación de la directiva, no se puede evitar pensar que la Comisión tampoco tiene especiales ganas de explicar qué es lo que en realidad sucede. 
Esto se ha subsanado sobre la marcha con un resumen técnico. 
Sin embargo, fuera de esto, allí donde la Comisión pretende explicarse a sí misma los móviles generales de la propuesta, surgen discrepancias entre la exposición de motivos de la propuesta y las observaciones específicas. 
En la exposición de motivos se dice que es el desarrollo técnico y científico el que determina la presentación de esta propuesta. 
Esto, por lo demás, no está motivado en absoluto, aunque se trate de una llamada exposición de motivos. 
En las observaciones específicas se menciona que en realidad se trata de una repesca de aditivos olvidados, que se han incorporado nuevos Estados miembros con tradicionales especiales, además de que se ha llevado a cabo una puesta al día de algunas sustancias, con las que el Comité Científico ha acabado desde la última vez. 
Al fin y al cabo, quizá también se trate de que algunos países vuelven a tratar de introducir ciertas cosas que anteriormente intentaron sin resultado. 
La verdad se lee en las observaciones específicas. 
Y de haberse dicho esto nada más empezar, podríamos haber emprendido totalmente en serio una discusión sobre esta base. 
Sin embargo, no es lo que se dice en la exposición de motivos general. 
Y cuando a esto se añade que, en general, es inaccesible, es normal que debamos emplear un montón de horas en la directiva, y que ésta bien pueda volverse ligeramente irritante. 
Y con esto, me encuentro de nuevo en el comienzo, esto es, en que esta directiva en realidad sólo puede ser leída por expertos. 
Esto podría justificarse quizá en parte en un momento en el que fuera decisiva la presencia de expertos relacionados con la propuesta de directiva, no obstante, en el momento actual, cuando la directiva forma parte de un proceso democrático tanto a escala internacional como a escala nacional, es completamente inaceptable. 
La intención no puede ser el que la legislación europea sólo pueda ser leída, comprendida y modificada por expertos. 
Y esto conduce, como sabemos, a debates totalmente desacertados. 
El principal requisito para la próxima modificación, la cual sabemos que llegará, debe ser por ello, aparte de la inclusión de algunos resultados de un estudio de consumidores, que se procure también rehacer estas directivas de manera que sean legibles en una medida razonable. 
Proseguir con las modificaciones sobre la base actual es completamente inaceptable. 
Por lo demás, debo añadir que mi grupo, con la excepción de dos enmiendas, puede votar a favor de las enmiendas planteadas por la comisión, y debo destacar de manera especial que, aunque las propuestas de etiquetado sean ligeramente complicadas, opinamos que es increíblemente importante lograr que sean puestas en práctica. 
Señor Presidente, no cabe duda de que el etiquetado debe ser claro. 
Las personas que padecen alergias necesitan saber lo que contiene el paquete. 
No sólo es aplicable a los productos empaquetados, sino también a los productos sueltos. 
Las personas que padecen alergias examinan la lista. 
Volviendo a una observación que el Grupo Unión por Europa ha hecho sobre el aditivo de la sidra, yo soy de Irlanda y no soy partidario de ese aditivo. 
Ya está prohibido en los alimentos para gatos, por lo que graves interrogantes se ciernen sobre él. 
Por lo que se refiere a los aditivos en general, la inmensa mayoría de ellos representan pocas ventajas para el consumidor. 
Benefician a las empresas y el consumidor resulta engañado, cosa completamente injusta. 
En cuanto a la cuestión de los antibióticos, resulta completamente inaceptable que se vaya a permitir la aplicación de la licina a los productos a base de huevos. 
Ya se dan casos de personas que mueren por ser inmunes a los antibióticos. 
Se deben mantener las medicinas alejadas de los alimentos. 
Es una cuestión completamente diferente y resulta inaceptable. 
Esa cuestión de los huevos es relativa a la higiene y no a los consumidores. 
No se deben añadir antibióticos a los alimentos. 
En cuanto a los sulfatos y los sulfuros, es evidente que causan asma y, en los peores casos, el resultado es mortal. 
De modo que hemos de tener cuidado con lo que hacemos y los intereses de los consumidores deben prevalecer sobre los de las grandes empresas y los beneficios. 
Se deben rechazar las enmiendas núms. 32 y 36 relativas a los antibióticos. 
No está bien incluir antibióticos en los alimentos. 
La consecuencia a largo plazo será la de que retrocederemos cien años, porque morirán personas a consecuencia de enfermedades que actualmente se curan con antibióticos. 
Es una irresponsabilidad que se diga que ello redunda en beneficio de los consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario, esta propuesta de directiva sobre aditivos surge en un contexto por todos conocido, un contexto de preocupación y, por lo tanto, de prudencia con respecto a la calidad de los productos alimenticios. 
Esta tarde, en relación con el chocolate adulterado con materias grasas vegetales, hemos podido comprobar nuevamente la gran inquietud del conjunto de los diputados. 
Es, evidentemente, comprensible. 
Después del asunto de las " vacas locas» , después de la amenaza de la leche con somatotropina, con hormonas, o después de la carne norteamericana tratada con cleubuterol y otros estrógenos- y que debemos consumir en virtud del acuerdo del GATT, que, según el Sr. Comisario constituía un avance para la humanidad -, puede comprenderse, ciertamente, el recelo que existe con respecto a los aditivos. 
Estos aditivos están autorizados por anexos y una directiva de 1995, y debemos modificar 35 puntos de la misma sin que aún podamos disponer de criterios generales y objetivos para valorar, por ejemplo, la " necesidad» tecnológica de dichos aditivos, su inocuidad para la salud o incluso la información del consumidor. 
Evidentemente, esto es lamentable- como todos los colegas lo han expresado -, desde el momento en que se sabe que el aumento de los casos de alergia no sólo en lactantes, no sólo en adultos, sino también en quienes padecen deficiencias, temporales o no, del sistema inmunológico, se debe a estos aditivos o a alimentos modificados con métodos industriales. 
Se han mencionado los sulfitos o los dióxidos de azufre, que entrañan el riesgo de que se produzcan casos de alergia o de asma. 
Pero hay que ser razonables, no debemos ocasionar un perjuicio mayor provocando una " neurosis» nórdica con respecto a los problemas sanitarios, sobre todo sabiendo que los nórdicos esterilizan a los adolescentes marginados. 
Pienso sobre todo en el problema de Filipinas, en los 240.000 filipinos de Mindanao, una región castigada por la guerrilla musulmana, que necesitan exportar sus algas Eucheuma y que hasta ahora gozaban de un régimen favorable, al menos desde 1996. 
Al modificarse la clasificación se comprometerá el conjunto del equilibrio económico de esta región de por sí ya muy perturbada. 
Hay que buscar un equilibrio- el Sr. d´Aboville lo decía hace un momento- entre los 250 millones de ayuda, los 150 millones de ecus concedidos, entre la necesidad de proteger los intereses de nuestros propios productores, particularmente franceses, y la necesidad de ser coherentes y de no perturbar el desarrollo de una zona que ya atraviesa dificultades en el plano militar. 
De ahí nuestra oposición a la enmienda 6. 
Lo mismo puede decirse del ácido metatartárico utilizado en los mostos de uva- yo procedo del Languedoc-Rosellón- para estabilizar su acidez. 
En los mostos de uva hay ácido tartárico. 
Añadido al bitartrato de potasio se obtiene una sal, que con la acción del frío se precipita. 
Eso quita la acidez del mosto de uva e impide apreciar los aromas. 
De ahí la necesidad de añadir un ácido metatartárico para devolver su acidez y sus aromas. 
Salvo estas dos excepciones- la enmienda 6, que es desproporcionada con respecto a las algas de Filipinas, y la enmienda 41, que también es desproporcionada con respecto al ácido metatartárico -, podemos suscribir la actitud prudente de la Sra. Breyer. 
Señor Presidente, ésta es la segunda vez en que nos vemos hoy siguiendo una vía que nos imponen dos hechos simples: uno, la extensión y expansión de la Comunidad, lo que significa que hay que tener en cuenta las costumbres y los usos de los diferentes Estados miembros y, en segundo lugar, el ritmo del cambio tecnológico. 
La Sra. Breyer, que ha dedicado una enorme cantidad de trabajo a esto y merece una felicitación por ello, está absolutamente en lo cierto al señalar a nuestra atención las advertencias que entraña el segundo: la presión del mercado para introducir nuevos productos que no se pueden someter a ensayos científicos. 
Sin embargo, cuando examino las enmiendas, hay algunas que no puedo apoyar y que pasaron por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
No veo por qué se deben excluir productos que no son nuevos, no son resultado de una rareza tecnológica, sino que son tan antiguos como los sorbatos, por ejemplo, como ahora se propone que se haga con las manzanas y las peras deshidratadas. 
Vamos a apoyar las enmiendas núms. 31 y 38 para que se los vuelva a incluir. 
En segundo lugar, respecto de las objeciones planteadas en esa tremendamente apasionada e impresionante filípica que acaba de pronunciar la Sra. McKenna- y casi me ha convertido -, la realidad del asunto es la de que, cuando pasamos a la cuestión de la licina, hay que de decir que no tiene aplicaciones médicas. 
Conque la idea de que se crea una resistencia a la licina como antibiótico es totalmente errónea. 
Lo que me gustaría que dijera la Comisión es si acepta que las opciones substitutivas, los sorbatos y los benzoatos, necesarias para eliminar la listeria son igualmente eficaces. 
En la Comisión de Medio Ambiente no se nos dio en ningún momento una respuesta clara al respecto y me gustaría que se me diera ahora. 
Y la razón es, señora McKenna, que más personas están muriendo- en particular, en mi país- por la acción de la listeria y por infecciones debidas a la producción en masa de alimentos que las que pueden morir a consecuencia de habérseles creado una resistencia a los antibióticos. 
Ése es un peligro real y se debe reconocerlo. 
Mi última observación se refiere a la cuestión de la enmienda nº 6, al alga Carrageenan y al alga Eucheuma elaborada. 
No es ésta la posición de mi Grupo, pero estoy convencido de que debemos examinar de nuevo el asunto en pro de Filipinas y resulta irónico que quienes han querido cambiar la designación aquí por un número E completamente nuevo, el E 408, sean los mismos que hoy han estado argumentando que debemos defender al Tercer Mundo y su derecho a exportar productos a la Unión Europea. 
Debemos examinarlo de nuevo y analizar detenidamente las consecuencias que va a tener la decisión que adoptemos para los productores de ese material en Filipinas. 
Señor Presidente, la Sra. Breyer y la Sra. McKenna son las peores propagandistas posibles en pro de una vida sin aditivos. 
Creo que probablemente necesiten algunos aditivos para calmarse un poquito. 
Convengo con el Sr. Whitehead en que lo que debemos hacer es tener mucho cuidado con cualesquiera nuevos aditivos que permitamos dentro del mercado europeo. 
Quiero hacer tres observaciones. 
Una se hace eco de la que él ha hecho sobre las enmiendas núms. 31 y 38. 
Me gustaría saber si el Sr. de Silguy, que ha dejado de ocuparse del euro por un rato, podría decirnos si la Comisión Europa va a mostrarse a favor de las enmiendas núms. 31 y 38. 
Dichas enmiendas rectificarían una situación en la que los elaboradores de frutas italianas han creado esencialmente una zona protegida y están intentando excluir la posibilidad de que se utilice el dióxido de azufre como conservante en los frutos secos. 
Conque espero que la Comisión se muestre a favor de las enmiendas núms. 
31 y 38. Si no, queremos que nos dé razones muy válidas para ello. 
Apoyo lo dicho por el Sr. Whitehead sobre la licina. 
Desafío a la Comisión a que presente prueba alguna de que actúe como un antibiótico. 
En la comisión recibimos información engañosa. 
Si yo fuera el Sr. de Silguy, no escucharía al Sr. Gaerner. 
Están ahí cuchicheando como niños. 
Lo que queremos es que la Comisión argumente por qué no ha aceptado esas enmiendas en el pasado. 
Quisiéramos que se nos explicara eso aquí, a las claras, porque la utilización de la licina como protección contra la listeria es un aspecto muy importante de la lista de aditivos para el futuro de la salud humana. 
Por último, ¿cuál es la opinión de la Comisión sobre la enmienda nº 16 relativa al E-405? 
La ponente desea suprimir la utilización del E-405. 
La Sra. McKenna se ha referido a ello. 
Según la propuesta enmienda a la lista, se utilizaría para conservar la espuma de la sidra. 
Quisiera señalar a la Sra. McKenna que ya está permitido en la cerveza. 
Si su gato bebe cerveza, probablemente sea eso lo que enferma al gato. 
No es la presencia del aditivo, sino que el gato no debería beber cerveza. 
¿Podría decirnos el Comisario si está o no a favor de la enmienda nº 16? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los aditivos alimentarios son de una gran importancia, no sólo por su gran influencia sobre el precio y la calidad, sino también porque son importantes para el consumidor. 
Austria, Finlandia y Suecia tienen una tradición en este ámbito y yo creo que este tema es particularmente significativo para los nuevos países miembros. 
Yo soy del parecer que la Directiva relativa al etiquetado es suficiente. Por lo que se refiere al caso particular de la clasificación E 407 y E 407 bis de las algas Eucheuma, yo pienso que no tiene sentido modificar la legislación vigente, dado que estos productos no se venden al consumidor, sino de hecho sólo a la industria transformadora, que naturalmente ya está habituada a emplear este producto y para la cual resulta sumamente conveniente seguir empleándolo en el futuro. 
Filipinas, que tiene una importante participación en su suministro, puede alegar precisamente en su favor que estos productos también están autorizados en Australia, Nueva Zelanda, Japón y Estados Unidos y su enorme utilidad es reconocida. 
A fin de cuentas, unos 240.000 puestos de trabajo dependen de este producto en Filipinas. 
Yo pienso que deberíamos considerar seriamente el hecho de que este tema también afecta al futuro de estos países. 
Señor Presidente, señoras y señores, creo que uno de los diputados ha dicho hace un momento que este texto era ilegible para alguien que no fuese técnico en la materia. Con mayor motivo puede decirse, señora, que tampoco es muy fácil hablar de cuestiones monetarias. 
A pesar de ello, procuraré responder a sus preguntas. 
Desearía decir ante todo que en noviembre de 1994, con ocasión de la aprobación por el Parlamento Europeo de la Directiva 95/2 sobre aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes, la Comisión se había mostrado consciente de la necesidad de proponer rápidamente una directiva modificada, que se adaptara a los nuevos productos industriales. 
Desde entonces, como ha señalado con mucha razón la Sra. Schleicher, la adhesión de tres nuevos Estados miembros- Austria, Finlandia y Suecia- ha planteado la necesidad de ampliar a los alimentos tradicionales de dichos países la utilización de aditivos ya autorizados. 
La Comisión agradece al Parlamento por su colaboración en este difícil expediente, y deseo agradecer en particular a la Sra. Breyer, así como felicitarla por su notable trabajo. 
La propuesta se basa en una evaluación toxicológica y en un análisis tecnológico. 
Debo señalar que los aditivos figuran en la etiqueta; con ello quiero tranquilizar a algunos diputados que, hace un momento, me han causado la impresión de que podía haber algún malentendido en esta cuestión. 
La propuesta original de la Comisión está basada en tres principios esenciales, que me permito recordarles, ya que son fundamentales. 
Primer principio: la Comisión ha tenido escrupulosamente en cuenta los dictámenes del Comité Científico de la Alimentación Humana, los cuales aseguraban que los aditivos alimentarios, utilizados dentro de los límites establecidos por la directiva, no presentan ningún riesgo para la salud pública. 
No se preocupe usted, señora Jensen, la evaluación se ha hecho antes de la elaboración de la propuesta y el objetivo prioritario de la Comisión es la protección de los consumidores. 
Segundo principio- y respondo con ello a la Sra. Breyer -: los aditivos alimentarios se autorizan siempre que su utilización esté debidamente justificada por imperativos tecnológicos. 
Finalmente, tercer principio: en la medida en que se respete el dictamen del Comité Científico y en que se determinen los imperativos tecnológicos, la legislación comunitaria debe respetar las prácticas de los Estados miembros con respecto a la utilización de ciertos aditivos en especialidades y productos alimenticios tradicionales. 
Habida cuenta de estos tres principios, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 26 y 43. 
En efecto, dichas enmiendas no tienen suficientemente en cuenta los imperativos tecnológicos que existen en algunos Estados miembros. 
Su aprobación acarrearía la desaparición de productos alimenticios, perfectamente seguros, de las tiendas de alimentación de algunos Estados miembros. 
Por otro lado, la Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas 30, 31 y 38, ya que ésta insiste, teniendo en cuenta el interés del consumidor, en que dichos productos no deben ser autorizados para el consumo final. 
Finalmente, la Comisión no es favorable a la adopción de las enmiendas 2, 3, 4 y 42 porque introducen obligaciones en materia de etiquetado que son competencia de la directiva marco relativa al etiquetado de los productos alimenticios. 
Los consumidores- repito- son informados a través del etiquetado de la presencia de ingredientes y aditivos en los alimentos. 
La Comisión prefiere una información neutra en lugar de incluir advertencias. 
El papel de la Comisión es controlar cuidadosamente la existencia de imperativos tecnológicos que justifiquen la utilización de aditivos. 
Por lo tanto, acepta la enmienda 12, incorporada a la enmienda 10, así como las enmiendas 13, 14, 32 y 36 sobre la utilización de aditivos en aquellos casos en que se hayan determinado los imperativos tecnológicos. 
Sin embargo, la Comisión no está en condiciones de evaluar la necesidad de utilizar los aditivos en los casos mencionados en las enmiendas 15, 17, 39, 40 y 41. 
Por el momento, no puedo aceptar, por tanto, estas enmiendas. 
Me felicito, no obstante, de que se propongan las enmiendas 20, 21, 23, 25 y 35, ya que, además de ajustarse al dictamen emitido recientemente por el Comité Científico de la Alimentación Humana, responden a la " necesidad» tecnológica de producir alimentos para lactantes y niños de corta edad que gozan de buena salud, así como alimentos para fines médicos especiales. 
Con respecto a las enmiendas 22 y 33, la Comisión prefiere la enmienda 33 porque traduce mejor el dictamen del Comité Científico de la Alimentación Humana. 
Por esta misma razón, la Comisión prefiere la enmienda 34 a la enmienda 24. 
No obstante, la Comisión desearía reservarse el derecho de introducir, en su caso, correcciones en la redacción. 
En este sentido, todos los aditivos para alimentos de lactantes y niños de corta edad son objeto de una evaluación especial del Comité Científico de la Alimentación Humana. 
La Comisión no puede aceptar, por lo tanto, la enmienda 27 ni las tres primeras sustancias mencionadas en la enmienda 28, que establece una dosis máxima para la utilización de un aditivo, que es inferior a la dosis que el Comité admite como seguro y no se ajusta a los imperativos tecnológicos existentes. 
Sin embargo, la Comisión acepta las cinco sustancias mencionadas en la enmienda 28, pero no acepta la enmienda 29 porque impediría la producción de alimentos de lactantes y niños de corta edad para fines médicos especiales. 
Tampoco puede aceptar la enmienda 6, que establece la asignación del código E 408 a las algas Eucheuma elaboradas, en sustitución del código E 407 A- si he entendido bien al Sr. Aboville -, puesto que dicha enmienda modifica las disposiciones de la directiva de 1996 sobre aditivos alimentarios, aprobada por el Parlamento Europeo. 
Esta propuesta, por lo tanto, no forma parte de la propuesta de la Comisión y es difícil, en nuestra opinión, que la Asamblea modifique su propia decisión. 
Añadiré, para responder a otras preguntas, concretamente sobre las alergias, que está científicamente probado que el 1 % de los consumidores, como máximo, padece alergias producidas por alimentos y que estas alergias, en la mayoría de los casos, son provocadas por productos alimenticios y no por aditivos. 
Se trata de huevos, crustáceos, moluscos, pescados, nueces u otros alimentos. 
De todas maneras, les recuerdo que los aditivos figuran en las etiquetas. 
Desearía responder asimismo a la Sra. Jackson para decirle que estamos de acuerdo con ella con respecto a la enmienda 32 sobre la lisina: este aditivo es eficaz contra la listeria, que es una bacteria peligrosa; por eso es por lo que la Comisión acepta la enmienda. 
En cambio, no acepta la enmienda 16, y en este sentido está de acuerdo con los deseos de la Sra. Jackson. 
La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas 31 y 38, pero acepta las enmiendas 32 y 36. 
Para finalizar, les diré que hemos entregado por escrito a la Comisión de Medio Ambiente todas las explicaciones técnicas necesarias. 
No obstante, si la Sra. Dybkjær desea más informaciones para " descifrar» estos textos, nuestros servicios están, naturalmente, a su disposición. 
Señor Presidente, tanto la Sra. Schleicher como el Sr. Rübig han manifestado que están en favor de regular el etiquetado, pero piensan que no debe hacerse en el presente contexto, sino en el de la Directiva marco. 
Usted también me ha indicado lo mismo, señor Comisario. 
Por lo tanto, mi pregunta es: si todos estamos de acuerdo en apoyar políticamente estas disposiciones en materia de etiquetado, pero no coincidimos en cuanto al lugar jurídicamente apropiado para las mismas, ¿podríamos llegar a un acuerdo en el sentido de que la Comisión manifieste su compromiso de incorporar dichas disposiciones a la Directiva marco si el Parlamento las aprueba? 
Ésta sería mi pregunta a la Comisión. 
Veo que la Sra. Schleicher hace un gesto de asentimiento. 
Confío en que ella también estaría de acuerdo con dicha regulación, dado que el citado etiquetado favorece al consumidor. 
También quisiera hacerle otra pregunta, señor Comisario. El Sr. Gerner, que está sentado a su lado, manifestó hace pocos días y también con motivo de la última votación en la Comisión de Medio Ambiente, que la Comisión no le apoya, precisamente por los recelos que también se han mencionado hoy, e indicó que existen otras posibilidades, o sea, que tecnológicamente es posible prescindir de la nisina. 
A mí me interesaría saber ahora qué ha determinado el cambio de opinión de la Comisión en un plazo de pocas semanas y si se dispone de nueva información. 
Finalmente, puesto que la Comisión acaba de declarar que nos remitió el informe con la justificación de la necesidad tecnológica, yo quisiera añadir que a mi parecer, y varios oradores que me han precedido- la Sra. Dybkjær, pero también la Sra. Schleicher- lo señalaron asimismo en la comisión, ésta era lamentablemente muy insuficiente, señor Comisario, y yo espero que esto se enmiende en el futuro. 
Señor Comisario, yo sólo quería preguntarle una vez más por la enmienda 42 y desearía conocer la opinión de la Comisión. 
Señor Presidente, no me quedó demasiado claro si el nombre que el señor Comisario pronunció fue realmente el mío, sin embargo, apenas si podía ser otro en este momento. 
Quiero decir que a lo largo de bastantes años me he ocupado de estas cosas y esto quiere decir que, visto así, conozco bien su complejidad. 
He hablado también, quizá al contrario que el señor Comisario, con gente normal y corriente, si así puedo decirlo, la llamada gente normal y corriente, que ha tratado de leerlo porque le interesaba y a pesar de toda la superioridad con la que el señor Comisario toca estas cosas, sencillamente comete un error el señor Comisario si no puede comprender que estas directivas sencillamente se han escrito de una manera tan complicada que son ilegibles para otras personas que no sean los expertos. 
Con toda modestia, era eso lo que trataba de decir, y así lo dije: cuando la directiva de todas formas deba modificarse, y lo será, podría rescribirse de manera lógica y legible. 
Esto no tiene nada que ver con el hecho de si se emplean la E y las otras denominaciones posibles. 
Ése no es de ninguna manera el problema. 
Son la complejidad del texto, la forma conforme a la que se han estructurado los anexos, etcétera, las que la hacen totalmente inaccesible. 
Sí, ya lo sabemos, pero ésa no es la cuestión. 
¿Quiere el señor Whitehead hacer una pregunta? 
Señor Presidente, quiero apoyar la solicitud de la Sra. Breyer por la razón exactamente opuesta. 
Me encanta saber que se han aceptado las enmiendas núms. 32 y 36, pero ahora tenemos que dar esa información a los ciudadanos mediante la votación de mañana. 
Lo único que tenemos es la declaración de que se ha cambiado la posición, no la razón por la que se ha hecho. 
Me gustaría oír las explicaciones igual que a la Sra. Bayer, pero por la razón opuesta. 
¡Responderé dentro de los límites de mis posibilidades, señor Presidente! 
Primeramente, con respecto al etiquetado, creo que hace un momento he sido lo suficientemente claro al decirles que la Comisión no es favorable a la adopción de las enmiendas 2, 3, 4 y 42 porque introducen obligaciones en materia de etiquetado que son competencia de la directiva relativa al etiquetado de los productos alimenticios. 
No quiero asumir aquí, en ausencia del Sr. Bangemann, un compromiso en su nombre respecto a la modificación de la directiva relativa al etiquetado. 
Sólo puedo asumir el compromiso de estudiar la sugerencia del Parlamento Europeo y de transmitírsela para examinar el curso que podemos darle. 
En cuanto a la enmienda 32, les he dicho que éramos favorables a la autorización, en la medida en que está científicamente probado que este aditivo es eficaz contra la listeria, que es una bacteria peligrosa. 
Otra pregunta sobre la enmienda 42. Rechazamos la enmienda por la razón que les he dado hace un momento: porque este punto es competencia de la directiva relativa al etiquetado. 
Creo que ya he respondido al Sr. Whitehead sobre las enmiendas 32 y 36. Le he dicho que podíamos aceptarlas. 
No quisiera que hubiera un malentendido con respecto a lo que he dicho a la Sra. Dybkjær. 
No pongo en duda la complejidad de algunos textos, pero ello es reflejo- diría yo- de la complejidad de la materia tratada. 
Pienso que corresponde a las instituciones comunitarias, que corresponde a nuestros servicios de comunicación, que nos corresponde a nosotros presentarlos y explicarlos de tal modo que sean más accesibles para los consumidores. 
Por lo tanto, comparto su punto de vista, señora, que no sólo puede aplicarse a los textos sobre aditivos alimentarios. 
Podría presentarles algunos textos en materia monetaria que tampoco son directa y fácilmente accesibles, mientras que el euro afectará a todos los ciudadanos. 
Considero, en general, que el conjunto de las instituciones europeas tiene que realizar grandes esfuerzos en materia informativa y que, si queremos convencer y lograr la adhesión de nuestros ciudadanos, debemos ante todo presentar de manera más legible, más comprensible, lo que decidimos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0320/97) en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión 819/95/CE por la que se crea el programa de acción comunitario SÓCRATES (C4-0481/97-97/0103 (COD) (Ponente: Sra. Pack) 
Tiene la palabra la ponente, Sra. Pack. 
Señor Presidente, estimado colega, estimadas colegas, a estas horas de la noche yo quisiera exponer sólo algunas constataciones. 
Cuando se habla de Sócrates, no del difunto Sócrates, sino del programa SÓCRATES, existen algunos hechos indiscutibles. 
Primero: el citado programa SÓCRATES es, en sus partes correspondientes a los programas ERASMUS y KOMENIUS, en la formación de adultos y en la formación lingüística, uno de los éxitos de la Unión Europea. 
¿Qué sería, por lo tanto, lo más indicado? ¿Qué aspectos convendría reforzar o mejorar? 
En realidad, ninguno, salvo por el hecho de que dicho programa está vinculado a un gasto. 
Segundo: La educación y la formación son los pilares esenciales de todas las acciones que podemos emprender ahora con vistas al futuro. 
Nuestro capital en Europa son los jóvenes de todas las capas sociales, es decir, independientemente de su origen familiar, con la mejor formación posible. 
Tercero: Sólo la movilidad y la convivencia en Europa permitirán acabar con la xenofobia y evitarla. 
El programa SÓCRATES, en todas sus partes, es para muchos jóvenes un instrumento que les permite adquirir competencias europeas. 
Yo tengo la seguridad- y así se desprende también de la posición común del Consejo- de que esto es favorable para todos. 
Las conclusiones de dicha posición común son, no obstante, curiosamente ilógicas. 
Aun sabiendo que el programa es bueno, que goza de aceptación, que los jóvenes desean dedicar un tiempo de su vida a adquirir un valor añadido europeo con ayuda de este programa, el Consejo no toma en consideración para nada todo esto. 
Hoy he recibido por azar una carta de un joven estudiante que me dice: " Yo quería tomar parte en el programa ERASMUS, así lo hice y fui aceptado, recibo 100 marcos alemanes al mes, 50 ecus a cambio de mi movilidad. Lo siento, pero no puedo continuar.» 
Es decir que, en primer lugar, necesitamos más dinero para satisfacer los deseos que hemos despertado. 
En segundo lugar, el Consejo también debe financiar sólidamente sus propias promesas. 
Yo deseo que los Estados de la Europa central y oriental y todos los países asociados puedan participar también en el programa SÓCRATES. 
Sin embargo, yo hoy me pregunto si el Consejo también lo desea realmente. 
Nosotros lo deseamos. 
El Consejo todavía no nos ha dado pruebas de ello. 
Nos concede la ridícula cantidad de 25 millones de ecus para 1988 y 1999, o sea, 12, 5 millones de ecus para el próximo año. 
¡Muy generoso! 
Sin embargo, únicamente para 1997, necesitaríamos más de 80 millones de ecus para cubrir tan sólo la parte de ERASMUS. 
El Parlamento tiene en verdad muy pocas pretensiones. 
A la vista de la tensa situación presupuestaria en todos los Estados miembros, realmente no quisiéramos hacer peticiones desmesuradas. 
Pero no somos tan modestos, Sra. Cresson, como seguramente tendrá que serlo usted de nuevo hoy por razones de responsabilidad colegiada. 
Tan modestos no somos. 
Para el próximo ejercicio- y esta mañana lo hemos incluido en el proyecto de presupuesto y lo votaremos afirmativamente- pedimos 50 millones de ecus. 
Esta cantidad sigue siendo muy inferior a la prevista en el año 1994, cuando ni Suecia, ni Finlandia, ni Austria estaban incluidas en el programa, ni tampoco ningún país asociado. 
En estos momentos seguimos situándonos por debajo la cantidad prevista entonces para la duración total del conjunto del programa en doce países, que era de mil millones de ecus. 
Actualmente seguimos sin alcanzar dicha cantidad. 
No es posible ser más modestos. 
Pero comprendemos la situación presupuestaria. 
Es decir, que no nos queda más remedio que apelar al Consejo. 
Yo confío que la Presidencia luxemburguesa nos ayudará a conseguir un progreso real en las próximas semanas. 
Desde aquí apelamos al Consejo para que haga cuanto esté en su poder para no dejar perder esta oportunidad de invertir en el futuro de nuestros hijos. 
La oportunidad que perdamos hoy, ya no podremos recuperarla. 
¡Se trata de la mejor inversión en favor de un buen futuro para toda Europa! 
Señor Presidente, gracias por venir a escucharnos debatir sobre SOCRATES de nuevo. 
Espero que sea la última vez que nos congregamos para examinar esta cuestión, porque esperamos lograr un resultado después de la conciliación. 
Pero es importante que apreciemos la importancia del programa SOCRATES en sus intentos de cimentar los lazos entre los jóvenes de Europa. 
Es un programa que ha servido para combatir el racismo y la xenofobia. Pero, para continuar su buena labor, necesita la financiación adecuada. 
Si tomamos el ejemplo de las becas para estudiantes con cargo a Erasmus, el máximo que pueden conseguir es unos 5.000 ecus. 
Si todos los estudiantes elegibles recibieran financiación, sólo podrían recibir unos 750 ecus cada uno. 
Es algo totalmente inadecuado para quienes carecen de medios. 
Pero es una forma decisiva de velar por que continúen trabándose lazos entre los ciudadanos de Europa. 
El Parlamento ha mostrado coherentemente su compromiso con este programa al apoyar el aumento de 100 millones de ecus en su financiación para los dos próximos años del programa. 
La Comisión ha propuesto 50 millones. 
Comprendemos que tienen cometidos colegiados. 
Naturalmente, después viene la gran batalla con el Consejo, que ha propuesto la mísera suma de 25 millones de ecus. 
Es importante que el Consejo demuestre con la aportación de fondos a este programa decisivo que habla en serio. 
Es importante decir que nuestros hijos son nuestro futuro. 
Eso lo entendemos, pero es importante que nuestra retórica vaya respaldada por nuestro compromiso y por recursos. 
Se va a ampliar también el programa a los diez países asociados de la Europa central y oriental. 
Hay que tener en cuenta las consecuencias presupuestarias de esa ampliación. 
En un principio encargamos un menú para nuestra familia de doce miembros. 
Después invitamos a 12 personas más a la mesa, pero no encargamos comida suplementaria alguna, la verdad. 
Lo que necesitamos es más recursos para que el proveedor vele por que ninguno de los miembros de nuestra familia ni nuestros invitados abandone nuestra mesa educativa sin alimentarse o con hambre. 
Nuestros ciudadanos tienen apetito educativo y cultural. 
Debemos velar por que se sacien dichos apetitos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la formación es uno de los instrumentos más importantes con que contamos para poder garantizar el empleo en el futuro. 
La economía política comprende esencialmente tres grandes ámbitos: investigación y desarrollo, infraestructura y formación. 
Yo creo que en Europa hemos hecho mucho en el ámbito de la formación. 
Celebramos el Año Europeo de la Educación y la Formación Permanente, tenemos el programa SÓCRATES, tenemos el programa LEONARDO, tenemos Jóvenes por Europa, tenemos el Libro verde de la educación y la formación profesional. 
A mi parecer, será necesario seguir dedicando muchísimos más esfuerzos a este ámbito en el futuro. 
Para nosotros es sencillamente esencial que en las profesiones, en el ejercicio de las profesiones, podamos contar con personas que estén preparadas para tomar decisiones cualitativas y cuantitativas, que dominen la gestión del tiempo y que también sean capaces de comprometerse personalmente e intenten aportar los correspondientes esfuerzos. 
El programa SÓCRATES es precisamente idóneo para motivar a nuestros jóvenes, mediante las actividades transfronterizas, a mostrarse activos en este ámbito y ofrecer un modelo para los demás jóvenes. 
El objetivo de la formación debe ser, a nuestro parecer, que los jóvenes adquieran competencias prácticas. 
De hecho, en el pasado siempre se había dado por sentada la adquisición de conocimientos y la capacidad de transmitirlos luego. 
Pero ahora nos interesa también la adquisición de competencia social, como la capacidad de comunicarse con ciudadanos de otros países, de conocer la situación que existe allí y de llevar consigo de regreso al propio país todos los aspectos positivos de esos otros países. 
En último término también la adquisición de competencia personal, o sea, cómo uno se comporta, cómo se presenta. 
Yo creo que en este aspecto es posible aprender mucho de los países europeos. 
Es una satisfacción para mí que el Programa se extienda ahora más allá de la Europa de los quince, para abarcar también a los Estados que han solicitado la adhesión. 
Yo pienso que a través de la educación podemos indicar precisamente la dirección del camino que está siguiendo Europa. Y por esto pienso que es necesario invertir en este programa y procurar integrar en el futuro en la vía de la formación y transmitir nuestros conocimientos también a los países que preparan su adhesión. 
Dado que el Parlamento ha puesto a disposición de la Cumbre de Luxemburgo 150 millones de ecus, yo creo que en última instancia corresponde al Consejo y a la Comisión determinar cuál es la manera más adecuada de invertir estos recursos. 
Yo, por mi parte, pienso que los programas de formación ofrecen el mejor punto de partida para actuar sobre el empleo, para ofrecer en un futuro un programa de ocupación a los jóvenes que en esto momentos no tienen un empleo. 
La integración en el mundo del trabajo, ése debería ser nuestro principal objetivo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en los órganos de decisión de la Unión Europea suscitan una gran preocupación, justificada por otra parte, las actitudes indiferentes o directamente negativas de los ciudadanos hacia la Unión. 
A las personas les resulta difícil percibir en su vida cotidiana una repercusión positiva de las medidas que se adoptan a nivel de la Unión Europea. 
Sin embargo, se espera de la Unión que fomente proyectos favorables que permitan lograr un verdadero valor añadido europeo e incrementar la comprensión mutua y la seguridad. 
De hecho, este debería ser sin lugar a dudas el objetivo manifiesto de toda cooperación internacional. 
¿Cuál es entonces la respuesta de la Comisión y del Consejo de Ministros ante este desafío con motivo del examen de la financiación del programa SOCRATES? 
La posición común del Consejo, en la que se rechaza la financiación adicional solicitada por el Parlamento, resulta sencillamente incomprensible con este telón de fondo. 
¿Cómo podemos aproximar la Unión a los ciudadanos si echamos por tierra un programa que los ciudadanos de todos los Estados miembros consideran importante, beneficioso y eficaz? 
Un Parlamento que represente a los ciudadanos no puede aceptar esto. 
En el marco del programa SOCRATES se han logrado ya muchos resultados positivos para mejorar la calidad de la formación en Europa, y reviste una gran importancia proseguir los esfuerzos por desarrollar la formación complementaria del profesorado y el estudio de lenguas. 
El programa SOCRATES no solamente reviste una gran importancia para los nuevos Estados miembros, sino también de cara a los países candidatos de la Europa central y oriental. 
Se debe garantizar la movilidad recíproca, y los cien millones de ecus exigidos por el Parlamento representan el importe mínimo imprescindible para asegurar el buen funcionamiento y la credibilidad del programa. 
No podemos permitirnos dejar que un programa tan positivo e importante quede simplemente reducido a un programa elitista a causa de la reducción del número de proyectos subvencionados y de los recortes en las ayudas. 
Debemos poder mantener las ayudas a un nivel que garantice a todos los estudiantes la posibilidad de participar en los programas de intercambio. 
Por supuesto, la situación es particularmente grave en aquellos centros educativos que no disponen de medios propios para apoyar los proyectos. 
Espero vehementemente que el próximo procedimiento de conciliación consiga salvar el buque insignia de la política de formación de la Unión Europea, el programa SOCRATES, y que en el futuro los jóvenes dispongan de una posibilidad para acceder a estudios de carácter internacional y recíproco, independientemente de su entorno familiar o su lugar de residencia. 
Le deseo el mayor éxito a la Sra. Pack en una tarea extraordinaria y valiente como es la suya. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo quiero apoyar de todo corazón la crítica que aquí se ha expuesto. 
¡La dotación financiera para el programa SÓCRATES es un verdadero escándalo! 
Sin embargo, existen pocos campos de actuación comunitaria que permitan experimentar tan directamente el valor añadido de Europa a nivel absolutamente personal, el valor añadido perceptible, como los programas de formación e intercambio, y éstos han sido un verdadero éxito. 
Éste es un hecho que nadie puede negar. 
Estos programas de formación también constituyen cada vez más una aportación a las políticas europeas de empleo dirigidas a los jóvenes que, con el aprendizaje de lenguas extranjeras y el conocimiento de nuevos sistemas jurídicos, nuevos sistemas de administración y nuevas mentalidades en otros países, adquieren conocimientos y habilidades de un valor incalculable y se abren de este modo nuevas oportunidades en el mercado del empleo en Europa. 
Precisamente en este campo, donde Europa puede hacer visible una parte de su credibilidad, el Consejo se comporta como un avaro, si se me permite decirlo. 
Se muestra totalmente insensible a lo que en realidad constituye el fundamento de Europa, o sea, la aproximación y el entendimiento como bases para la integración. 
Las profesiones de fe del Gobierno alemán y de otros ante la opinión pública mundial en favor del trabajo y la vida en Europa pierden credibilidad ante este telón de fondo. 
Yo quisiera añadir también unas breves palabras sobre el aspecto político-social. 
No se trata sólo- lo cual ya es un escándalo- de que se reduzcan tanto las becas. 
Lo preocupante es que esto ha determinado una auténtica selección de los participantes. 
Quienes pueden permitírselo ya estudian igualmente en el extranjero y, si no se aumentan los fondos- para el programa ERASMUS, por ejemplo -, los jóvenes socialmente más débiles seguirán sin poder hacerlo en los próximos años. 
Sin unos recursos financieros adicionales no conseguiremos superar el escaso 1 % de jóvenes procedentes de la formación profesional que participan en el programa. 
Cuando trabajamos en nuestra zona, nos vemos continuamente en el aprieto de tener que decidir si debemos hacer propaganda en favor de los programas en los colegios y en los centros de trabajo que nos invitan o si no sería más responsable callar, dado que la relación entre recursos y solicitantes es cada vez más baja. 
Yo también quisiera añadir algo en relación con la apertura a la Europa central y oriental: los mismos Jefes de Gobierno que prometen a dichos países la integración en la UE, ponen trabas financieras al contacto entre sus poblaciones mediante el intercambio juvenil. 
¿Qué representa un incremento de 25 millones sobre un presupuesto global de 860 millones cuando los países que deberían beneficiarse del programa SÓCRATES en los próximos años representan aproximadamente un tercio de la población de la Unión Europea actual? 
Sigan por este camino, no nos queda más remedio que comentar cínicamente, ¡sigan por este camino y la credibilidad de esta UE continuará bajando entre la población! 
De nada servirán todos los relucientes folletos. 
La realidad habla otro lenguaje y con esta dotación financiera no entusiasmaremos a los jóvenes de Europa. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, primeramente desearía dar las gracias al Parlamento Europeo, en particular a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, por el compromiso y la tenacidad que ha demostrado para lograr un aumento sustancial de la dotación presupuestaria para el programa SÓCRATES. 
Deseo agradecer en especial a la ponente, la Sra. Pack, por su acción en favor de este programa que- todos estamos de acuerdo en ello- es de gran importancia para el futuro de Europa. 
Su interés resulta evidente. 
Ahora más que nunca el completo desarrollo de las facultades de los ciudadanos, la lucha contra la exclusión social, la creación de empleos, dependen, en efecto, de lo que se invierta en la educación y en la formación a lo largo de la vida. 
Es gracias a SÓCRATES y a otros programas como LEONARDO DA VINCI, " La Juventud con Europa» y, próximamente, el servicio voluntario europeo, como alcanzaremos progresivamente una Europa del conocimiento y como se convertirán en realidad las expectativas de nuestros conciudadanos en este ámbito. 
Pero existen muchas más razones para que se dote a SÓCRATES con los medios necesarios. 
En primer término, porque, el permitir cada año que un centenar de miles de personas participen activamente en la cooperación europea, contribuye a acercar la Unión a sus ciudadanos. 
Este es un papel de gran importancia, en particular en esta fase de ratificación del nuevo Tratado de Amsterdam. 
En segundo término- y ustedes han tenido razón en llamar la atención sobre este aspecto en la primera lectura del expediente -, este programa constituye un punto de apoyo importante para la ampliación de la Unión a los países asociados de Europa Central y Oriental. 
Sin embargo, el Consejo no ha apoyado nuestra propuesta de aumentar significativamente la dotación financiera del programa. 
Los 25 millones de ecus de la posición común del Consejo representan sólo la mitad de lo que la Comisión ha propuesto. 
Ello relega el principio de austeridad a unos límites que no corresponden ni al proyecto de la Comisión ni al del Parlamento en esta materia. 
Por eso, en el Consejo del mes de junio, luché hasta el final en favor de nuestra propuesta. 
Sin llegar a hablar de un aumento real de los medios disponibles, los importes propuestos por el Consejo ni siquiera permitirían cubrir cada año la tasa de inflación. 
La Comisión, en el dictamen que acaba de remitir al Parlamento y al Consejo, ha rechazado claramente este importe. 
El Parlamento, al proponer un aumento de 100 millones de ecus en la primera lectura, ha demostrado hasta qué punto valora las repercusiones de SÓCRATES tanto con respecto a los ciudadanos como a la perspectiva del desarrollo de la Unión a más largo plazo. 
Con ocasión de la presentación de su propuesta modificada, la Comisión ha tenido en cuenta la casi totalidad de las enmiendas propuestas por el Parlamento. 
Señor Presidente, señoras y señores, es verdad que la propuesta de la Comisión relativa al importe del aumento es modesta. 
Nosotros lo hemos reconocido al declarar inequívocamente en nuestra exposición de motivos que, en un contexto presupuestario global más favorable, la Comisión no habría dudado en proponer un aumento mucho más importante, que justificaría plenamente la relación coste/ventajas de la referida actividad y la clara necesidad de medios suplementarios. 
Sin embargo, para 1998, la Comisión ha aprobado un anteproyecto de presupuesto que supone un aumento que se limita al 2, 4 % de los créditos para compromisos en relación con 1997. 
Habida cuenta de los importes que deben asignarse a las acciones estructurales para respetar los compromisos del acuerdo interinstitucional del mes de octubre de 1993, este rigor supone un aumento extremadamente reducido de las demás rúbricas para gastos. 
En el conjunto de las políticas internas, dicho aumento se limita al 0, 5 % en relación con 1997. 
Esta limitación con respecto al aumento de los medios de las políticas internas no permitiría proponer una revisión de SÓCRATES acorde con nuestros deseos y con la importancia y el éxito de este programa. 
La Comisión se ve obligada a seguir manteniendo una situación de rigor. 
Pero pueden estar seguros de que la Comisión comparte el compromiso de esta Asamblea. 
Lucharemos hasta el final por un aumento significativo, lo que permitirá que el programa alcance sus objetivos en los próximos años. 
Primeramente, redoblaremos nuestros esfuerzos para convencer al Consejo de que debe flexibilizar su posición de aquí a la reunión del Consejo sobre Educación del próximo 20 de noviembre. 
No obstante, es probable, como todos sabemos, que dentro de poco tengamos que recurrir a un procedimiento de conciliación. 
Puedo garantizarles que la Comisión está dispuesta a desempeñar plenamente el cometido que el Tratado le encomienda en el marco de este procedimiento. 
Haremos todo lo que esté en nuestras manos, en estrecha colaboración con el Parlamento, para obtener un resultado lo más favorable posible. 
Permítanme, para concluir, mirar hacia el futuro. 
En efecto, en este momento acometemos la tarea de proyectar la próxima generación de programas comunitarios que deben aplicarse a partir del año 2000. 
La Comisión adoptará a principios de noviembre una comunicación con las líneas directrices según las cuales esperamos continuar nuestra acción. 
Será una nueva ocasión para nosotros de intercambiar nuestras opiniones respecto al futuro de este sector tan importante. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la mañana. 
Se levanta la sesión a las 23.17 horas). 
Señora Presidenta, tengo una pregunta. 
Antes del verano solicité información por escrito al Colegio de Cuestores y al Presidente del Parlamento sobre la situación en. que se encontraba la mudanza y la instalación de los ordenadores en los despachos de los miembros del Parlamento. 
Ahora tengo entendido que empezaremos la mudanza en noviembre; por lo tanto, en la semana de reunión de los grupos parlamentarios y en la semana del Pleno. 
Señora Presidenta, me gustaría saber si existe la posibilidad de que si un diputado quiere conectar un ordenador propio en su despacho corriendo él mismo con los gastos, pueda colocar el equipo suministrado por el Parlamento Europeo en el despacho de los asistentes, y en caso afirmativo qué medidas debo tomar para llevarlo a cabo. 
Ésta es la primera pregunta. 
La he presentado por escrito y desgraciadamente aún no he obtenido respuesta alguna. 
La segunda observación es la siguiente: ya ha habido algunas mudanzas durante las semanas pasadas y se garantizó que cuando los miembros del Parlamento se trasladaran no sólo funcionarían la electricidad y el agua, sino también todo el suministro de telecomunicaciones. 
Tengo algunas dudas al respecto porque las anteriores mudanzas en las pasadas semanas han transcurrido rematadamente mal. 
¿Podría usted garantizar esto y quizá presentar también al Parlamento el plan con el que todo pueda comenzar a funcionar en esos quince días sin ningún fallo? 
Señora Oomen-Ruijten, su cuestión de orden tiene el gran mérito de permitir a nuestros colegas que se unan lo más rápidamente posible a nosotros, ya que, en breve, procederemos a la votación sobre el presupuesto. 
Siendo así, es una pregunta importante. 
El Colegio de Cuestores examinó el pasado martes la cuestión que usted plantea y, según las informaciones de que dispongo, la respuesta será transmitida en breve. 
El Sr. Tomlinson tiene algunos pormenores que ofrecerles sobre esta cuestión. 
Le doy la palabra porque, una vez más, como pueden comprobar, aún no tenemos foro para votar sobre el presupuesto, pero le ruego que evitemos eternizarnos sobre esta cuestión. 
Puedo garantizarle, señora, que, naturalmente, se examinarán con la atención que merecen todas las cuestiones que usted ha planteado. 
Señora Presidenta, esto es una continuación, en una dirección ligeramente distinta de la interesante observación hecha por la Sra. Oomen-Ruijten. 
Circulan rumores sobre el nuevo mobiliario que se ha adquirido para el Edificio D3. 
Los que voy a llamar diputados al Parlamento de «primera clase» tienen mobiliario de mayor calidad que los diputados al Parlamento de «segunda clase» , que han llegado a la conclusión de que no les satisfacen sus asignaciones de primera clase. 
También circula el rumor de que varios diputados han pedido que se saque de sus despachos el mobiliario no utilizado. 
Eso- estoy seguro- no es cierto. 
También estoy completamente seguro de que la Mesa y los presidentes de las comisiones y todos los demás desearán mostrarse lo más responsables posible financieramente, cuando estamos intentando cumplir los criterios de convergencia de Maastricht. 
Sin embargo, si hay algo de verdad en ese rumor, ¿podrían examinarlo en la Mesa y velar por que no se propague? 
Sr. Tomlinson, le hemos escuchado. 
En cualquier caso, en lo que a mí respecta, he recibido su mensaje. 
Aprobación del Acta 
Si bien la agresión y el robo del grupo de Twente que me visitó ha sido declarado fuera del orden del día, el propio Presidente ha intervenido en ello, por lo que doy las gracias y quisiera transmitírselas al Sr. Gil-Robles. 
Señora Presidenta, hay un error en la página 8 del Acta, donde se dice que el Presidente transmitió una carta de un colega a la Mesa. 
En realidad, el Presidente decidió transmitirla a la Comisión de Reglamento. 
Personalmente, creo que ambos órganos deben participar en su examen: la Comisión de Reglamento para determinar una interpretación auténtica y la Mesa para pronunciarse sobre la descortesía del Partido Laborista al suspender a cuatro de sus diputados después de que el Presidente dijera claramente que deseaba que se examinara más a fondo el código de conducta. 
Sr. Donnelly, para que quede claro, no vamos a reabrir el debate. 
Se dijo: " la Comisión de Reglamento» , todos lo hemos oído en nuestros auriculares. 
Hay un error en la versión inglesa en la que aparece " la Mesa». 
Se revisarán todas las versiones para que aparezca la " Comisión de Reglamento». 
Por el momento, aprobamos el Acta y es importante que el Acta refleje fielmente lo que se dijo ayer. 
Ahora bien, de lo que se habló fue de la " Comisión de Reglamento». 
Señora Presidenta, quisiera refutar las observaciones hechas al otro lado del hemiciclo y decir que son totalmente inapropiadas. 
Quisiera también apoyar las observaciones que el Presidente ha hecho por escrito. 
Señora Presidenta, le pido ayuda. 
En dos ocasiones he planteado una cuestión en esta Asamblea durante debates como éste y no se ha reflejado correctamente en el Acta. 
Ahora voy a dictar la redacción del Acta correspondiente al martes que yo deseaba y cuya rectificación volví a pedir. 
Debería decir: » El Sr. Halam se queja de que la propuesta de Reglamento 96/0247 del Consejo por el que se prohíbe la utilización del níquel en las nuevas monedas de euros por razones sanitarias está basada en un mito. El níquel no plantea riesgos para la salud. 
Lo que acabo de mencionar corresponde al martes y pido que se incluya en el Acta correspondiente a ese día. 
Sr. Hallam, puedo asegurarle ahora que sus palabras serán recogidas fielmente en el Acta de la sesión de hoy, naturalmente, pero será necesaria una rectificación en el caso de las otras sesiones. 
Señora Presidenta, en las páginas 18 y 19 de la edición española se recogen las incidencias que ayer se produjeron en el turno de preguntas al Consejo y, fielmente, el Acta recoge que el Presidente en funciones, al iniciarse el debate, pidió excusas al Presidente en ejercicio del Consejo por haber retrasado el inicio del turno de preguntas hasta cerca de media hora. 
Se recoge también fielmente que algunos diputados expresaron también su disconformidad. 
Lo que no se recoge, señora Presidenta, es que el Presidente en funciones del Parlamento, después de consultar al Presidente en ejercicio del Consejo y después de consultar a los servicios de la Asamblea, propuso alargar durante 20 minutos el tiempo de preguntas. 
Esto fue una propuesta explícita que no se recoge en el Acta. 
Rectificaremos el Acta en ese sentido. 
Señora Presidenta, veo en el Acta de esta mañana, así como en la de ayer por la mañana y del día anterior, que existe, evidentemente, un problema grave de subempleo entre los diputados conservadores a esta Asamblea. 
Parecen emplear la mayor parte de su tiempo en examinar los procedimientos internos de otros partidos. 
Tal vez se les podrían asignar algunos informes, alguna labor real. 
Deseo darle la bienvenida a la tribuna de la Presidencia y llamar la atención, en particular, de la Sra. Van Dijk y de su agregado de prensa sobre este hecho. 
¿Hay alguna otra observación sobre el Acta? 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Me gustaría saber si la Mesa podría aclarar las normas que rigen las manifestaciones en esta institución. 
Al llegar al hemiciclo, los diputados han sido recibido por una manifestación de miembros del personal con un objetivo muy loable: » Tomlinson, ¡márchese a casa!» 
En el pasado hemos celebrado debates al respecto y recuerdo que, durante las manifestaciones de mineros, a los que apoyábamos a los mineros en su lucha contra el Gobierno Thatcher no se nos permitió manifestar nuestro apoyo y publicar carteles. 
Sin embargo, ahora vemos que los miembros de personal pueden, quieras que no, manifestarse, ¡y a los diputados se les niega ese mismo privilegio! 
No me opongo a que se permitan manifestaciones, pero sí a que se hagan diferencias al respecto entre unos y otros. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
El Reglamento dispone con toda claridad que el Parlamento debe publicar sus enmiendas y sus informes en las lenguas de los diputados presentes. 
He ido a Distribución y he pedido las enmiendas del informe Tomlinson y me las han dado en alemán. 
Ahora bien, como la mayoría de los presentes en este hemiciclo han de saber, por culpa de la enseñanza de la lengua inglesa que recibimos los escoceses, nuestro inglés no es demasiado bueno. 
Puedo asegurarle que mi alemán es desastroso. ¿Podría usted ordenar a la oficina que vele por que esas enmiendas estén disponibles en inglés y las lenguas de los demás diputados para que podamos entender aquello sobre lo que estamos votando? 
Señor Falconer, creo que se trata de un error, porque las enmiendas están disponibles en todas las versiones lingüísticas. 
El servicio de distribución ha debido pensar que usted también hablaba alemán. 
Señora Presidenta, yo había anunciado al Secretario General del Parlamento que plantearía una cuestión de orden al comienzo de las votaciones sobre el presupuesto de hoy. 
Fuera de esta Asamblea se está desarrollando una manifestación, lo que constituye una infracción fundamental del Reglamento. 
Nosotros, como Parlamento, hemos prohibido todas las manifestaciones fuera del hemiciclo. 
Nuestro personal está haciendo una manifestación. 
Si algún representante de un grupo de interés hubiera ejercido presión contra el Parlamento de la forma como lo está haciendo nuestro personal, lo habríamos expulsado, de conformidad con el Reglamento. 
Es inaceptable que, cuando el Parlamento está desempeñando su cometido en relación con el presupuesto y cuando la Comisión de Presupuestos está siguiendo la decisión de la Mesa del Parlamento, haya una manifestación personalizada contra el Secretario General y el ponente de este Parlamento, como ocurre con el espectáculo que se está dando en este momento. 
Así, pues, ¿tendría usted a bien ordenar a los ujieres que digan al personal del Parlamento que vuelva a su trabajo? 
¡Para eso se les paga y a nosotros se nos paga por legislar! 
Le doy las gracias, señor Tomlinson. 
El Sr. McMahon había apuntado al mismo problema y, mientras tanto, he podido verificar que, en efecto, existe esa manifestación. 
No es en absoluto normal. 
Hay que poner fin a la misma, y pido a los ujieres que actúen en el sentido indicado por el Sr. Tomlinson. 
Creo que, por la dignidad de nuestro Parlamento, debemos procurar poner fin a las actuaciones que perjudican la credibilidad de nuestra institución. 
Creo que debemos tener mucho, mucho cuidado y que cada uno debe poner de nuestra parte. 
Espero que así se haga. 
Señora Presidenta, siguen estando ahí los carteles que atacan a un diputado a esta Asamblea. 
He pedido a los ujieres que los retiraran y me han dicho que estaban autorizados. 
Les he preguntado quién los había autorizado y no he recibido respuesta. 
Está situación es muy insatisfactoria. 
Señora Ewing, nadie ha autorizado esos carteles y realmente todo esto está ocasionando mucho daño. 
Debemos estar atentos. 
Esos carteles, al parecer, están fuera del hemiciclo. 
Si siguen expuestos, deberán ser retirados. 
Ningún parlamento nacional toleraría algo semejante. 
Señora Presidenta, quisiera advertirle que en el texto neerlandés ha aparecido un fallo en la lista de asistentes. 
Se consigna a los presentes desde la A a la K, y en la segunda página lo mismo. 
Para la tranquilidad de la señora Van Dijk y de su portavoz oficial sería importante que también se recogieran en la lista de los asistentes desde la K a la V. 
Votaciones 
Proyectos de enmienda a las Secciones I, II, IV, V y VI del proyecto de presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1998, relativas al Parlamento Europeo, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones 
Tillich (PPE) , ponente general. 
(DE) Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, durante el debate la Asamblea no ha estado tan llena. Por ello, quiero repetir una cosa que he dicho en el debate: muchísimas gracias a todos los colegas de esta Asamblea que han participado de modo tan cooperativo y eficaz en la elaboración del proyecto de presupuesto. 
La votación sobre el presupuesto es algo especial. 
Esto lo refleja el margen horario que hemos previsto hoy para la votación. 
La Comisión de Presupuestos así como las demás comisiones se han esforzado en principio por hacer todo correctamente. 
Sin embargo, siempre existen pequeños fallos técnicos o correcciones que se derivan necesariamente de la votación pues a veces no ha sido totalmente congruente o coherente. 
Por ello, quiero proponerles que den su asentimiento a mi enmienda oral. 
Se trata, por un lado, de la enmienda nº 693 al programa RAPHAEL. 
Quisiera introducir de nuevo el HVE, lo que corresponde a la enmienda de la Comisión de Cultura. 
Respecto a la enmienda nº 731 relativa a los bosques tropicales se solicita un aumento de 5 millones sobre el importe total de 50 millones. 
En lo tocante a la enmienda nº 10- línea B7-6602- nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a colocar en la reserva el 50 % de este importe con la condición de que se debe presentar un programa de trabajo para esta línea presupuestaria hasta el 31 de marzo. 
En lo tocante a la enmienda nº 800 relativa a la línea presupuestaria A-4015 nos hemos puesto de acuerdo en colocar como complemento de nuevo el 100 % de este importe como corrección en la reserva. 
A este respecto, hay que explicar algunas cosas adicionalmente. 
En las enmiendas nº 746 y 815 habría que realizar aún dos adaptaciones técnicas en las explicaciones. 
Aquí no se trata de importes sino sólo de las explicaciones. 
En la enmienda nº 746 es necesario adaptar las explicaciones al texto de la resolución en el punto 30. 
He hablado al respecto con todos los grupos políticos, también sobre las anteriores líneas presupuestarias; todos los grupos están informados y no ven en ello ningún problema. 
En la enmienda nº 815, debido a la presión, hemos perdido en cierta manera un paréntesis. 
Este texto entre paréntesis se refiere a una cuestión en el campo de la iniciativa por el empleo. 
Ruego que acepten también esta corrección técnica. 
Por último, debo llamarles la atención sobre el hecho de que en la votación, naturalmente, se presentan de nuevo problemas en lo tocante a los deseos individuales de los colegas. 
Por ello, no hemos realizado aún ninguna corrección. 
En la línea presupuestaria B7-6000- organizaciones no gubernamentales -, les ruego que acepten las explicaciones de la enmienda nº 729 y las cifras de la nº 151 para dar nuestro asentimiento a un aumento en este sentido. 
En la B7-631 solicito que incluyamos las cifras de la enmienda nº 158. estas eran las correcciones técnicas que quería presentar oralmente a la Asamblea. 
Señora Presidenta, lo hemos presentado de nuevo los de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Aquí se trata de un aumento de 1 millón, lo que se rechazó en la Comisión de Presupuestos. 
Nos hemos puesto de acuerdo ahora con el ponente en que vamos a intentar solucionarlo de nuevo en la segunda lectura y para que no surja ahora la impresión de que se trata de un programa que tiene que ser defendido por el Parlamento frente a la Comisión como si hubiese sido rechazado aquí, vamos a retirar esta enmienda. 
Con relación a la enmienda 707. 
Señora Presidenta, resulta importantísimo que se voten las observaciones de la 199, porque pondrán más fácilmente los fondos a disposición de la Administración para facilitar el gasto. 
En este momento encuentran ciertas dificultades para funcionar y las observaciones van encaminadas a eliminarlas. 
Por eso se ha pedido una votación por partes sobre las observaciones. 
Felicito muy cordialmente al Sr. Tillich que ha realizado un trabajo excelente, así como a todos los miembros de la Comisión de Presupuestos que han colaborado. 
Señora Presidenta, desearíamos una votación por partes sobre esta enmienda al apartado 13, es decir, que se vote en primer lugar sobre la primera frase hasta las palabras " mejoras necesarias» y que a continuación votemos sobre la segunda parte. 
Señora Presidenta, esta resolución que se ha presentado, al parecer, a raíz de la exhibición de un programa de televisión en Holanda, socavaría en realidad, si no destruiría, el plan de pensiones del Parlamento. 
Se trata de un plan voluntario. 
Quien quiera abandonarlo puede hacerlo. 
Espero que la Asamblea vote firmemente contra toda esta enmienda. 
Después podemos celebrar debates sobre si queremos hacer algunos cambios, pero no cambiemos el plan de pensiones mediante una resolución presentada en el último minuto. 
Pido a la Asamblea que vote en contra. 
(Reacciones diversas) 
Señora Presidenta, yo he firmado asimismo esta enmienda y quisiera decir al Sr. Balfe que con respecto a los ataques a este sistema de la pensión voluntaria, al que yo también pertenezco, necesitamos la autoridad de una institución de la Unión Europea que confirme lo que pensamos, sobre todo que el sistema es correcto, que el fondo de pensiones es correcto; pero no ganaremos nada si los ataques que se lanzan continuamente quedan sin respuesta. 
Consideramos que esto lo puede y lo debe confirmar una institución con autoridad de la Unión Europea, y por ello estamos a favor de esta enmienda. 
Mis queridos colegas, me siento bastante incómoda, porque realmente no quisiera que reabrieran un debate sobre este tema. 
La Sra. Green y el Sr. Samland me han pedido la palabra. 
Se la daré muy brevemente, pero comprenderán que ahora no podemos entablar un debate sobre una cuestión semejante. 
Señora Presidenta, no tengo intención de iniciar un debate sobre la enmienda. 
Para criticar eso es para lo que hago uso de la palabra: que se le haya concedido el uso de la palabra al Sr. Balfe para hablar de esa cuestión. 
No es apropiado examinar el contenido de la enmienda en este punto. 
Algunos de nosotros- simplemente para que todos los presentes lo sepan- llevamos años argumentando y pidiendo aclaraciones sobre este fondo de pensiones. 
¡No es resultado de un programa de televisión! 
Señora Presidenta, sólo quiero evitar que aquí surja una impresión falsa. 
Si acepta esta propuesta de resolución, no cuestiona el sistema sino que apoya una revisión adicional. 
Para los colegas que quizás no dispongan del texto no debe surgir la impresión de que se quiere cuestionar el sistema con una decisión a favor de la enmienda. 
Quería puntualizar esto en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
A título personal, opino que la precisión que ha hecho el Sr. Samland es muy importante, y le doy las gracias por ello. 
Señora Presidenta, antes de la votación final sobre la segunda resolución, quiero expresarle personalmente mi agradecimiento en nombre de la Asamblea y de la Comisión de Presupuestos por haber dirigido con seguridad toda la votación sobre el presupuesto de 1998. 
Muchas gracias. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
El balance global me parece muy satisfactorio y, por consiguiente, propongo que votemos a favor. 
Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre la existencia de graves errores en la traducción danesa, por ejemplo, en la enmienda 20 se habla de aditivos de recubrimiento alrededor de los propios productos de destete que contengan grasos poliinsaturados. 
Éstos han sido traducidos en la traducción danesa por embalaje. 
Embalaje hace pensar inmediatamente en un envase físico, y no se trata en absoluto de eso. 
En la enmienda 19 se han quitado las palabras arroz blanco de la traducción danesa, es decir, que podría seguir llevándose a cabo el tratamiento de superficie del arroz blanco, aunque lo opuesto sea el caso en la enmienda 19. 
En la enmienda 15 leemos café y té líquidos enlatados, mientras que en la francesa se lee café líquido y bebidas a base de té enlatadas. 
Cuando votamos cosas que son bastante técnicas y no siendo expertos técnicos, opino que es bastante importante que las traducciones que recibamos sean correctas. 
No pretendo decir en modo alguno que no votemos estas enmiendas, sí en cambio, me gustaría sugerir que se compruebe que las traducciones danesas en el futuro sean esencialmente más correctas de lo que ha sido el caso con este informe. 
Señora Sandbæk, le agradezco su intervención. 
Seguramente, se llevarán a cabo todas las comprobaciones lingüísticas necesarias a fin de que, cuando concluya nuestro trabajo, no queden dudas o ambigüedades. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Seré lo más breve posible, ya que no deseo retrasar la votación. 
Ayer, con motivo del debate sobre el informe Wiebenga, el Grupo PPE solicitó una respuesta de la Comisión, pero no se nos dio. 
No voy a retrasar el procedimiento mencionando todos los aspectos en que se centraba, pero voy a nombrar uno, la distribución de la carga en casos de asilo provisional. 
No sé si a la Comisaria Wulf-Mathies le es posible responder a algo que está dentro del ámbito de competencias de la Comisaria Gradin. 
En todo caso, quiero dar a la Comisión la ocasión de responder, ya que por razones democráticas seguramente habría sido justo que el Grupo PPE hubiese escuchado los puntos de vista de la Comisión en torno a sus enmiendas esenciales en este ámbito, aunque fuera con la mayor brevedad. 
Paso ahora la palabra a la Comisaria, señora Wulf-Mathies, con objeto de que, tras su intervención, sus Señorías puedan expresar mejor su voto. 
Señor Presidente, Señorías, espero que la información que he recibido sea correcta: que desean que la Comisión se exprese sobre las enmiendas nº 39 y 40, 25 y 30 y 20. 
Si es así, estoy dispuesta a darles las respuestas en nombre de mi colega, la Sra. Gradin. 
En primer lugar, en lo tocante a las enmiendas nº 39 y 40, la Comisión debe insistir en su propuesta de que la resolución se adopte con mayoría cualificada. 
Consideramos esencial que se aplique aquí la mayoría cualificada para que se puedan alcanzar resultados concretos. 
La Comisión no puede apoyar, por ello, la exigencia de una resolución unánime. 
(Aplausos persistentes) En lo que se refiere a las enmiendas nº 25 y 30, quiero indicar que apenas es realista levantar la obligación de visado y las posibilidades de repatriar en la frontera. 
El hecho es que actualmente todos los Estados miembros deciden sobre la entrega de visados. 
En lo que se refiere a la repatriación, este punto cae bajo la Convención de Ginebra. 
Respecto a la enmienda nº 20, el motivo por el que la Comisión no ha previsto como condición en el artículo 12 la audiencia del Parlamento, se debe a que el Consejo de Ministros debe poder reaccionar con rapidez en caso de huída en masa. 
Pero en la práctica, informará inmediatamente al Parlamento. 
Ultima observación general: en el debate que se va a celebrar en el Consejo de Ministros, estamos gustosamente dispuestos a introducir las positivas observaciones del Parlamento y esperamos llegar de este modo a un compromiso razonable. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Perdóneme, señor Presidente, es otra cuestión. 
En el informe Breyer, no sé si por cansancio o por enfermedad o ambas cosas a la vez, yo he querido votar en contra de la enmienda nº 6, y no tengo la certeza de haberlo hecho así, dado el cansancio y el estado en que me encuentro. 
Que conste, pues, que he querido votar en contra de la enmienda nº 6. 
Señor Presidente, es muy significativo para mí formular esta explicación de voto. 
Acabamos de vivir una jornada importante y, en consecuencia, es fundamental que conste en Acta, para que quede memoria, la profunda decepción que siento, también en nombre de mi Grupo y de otros muchos colegas, en este momento. 
Me explicaré: al final de un procedimiento presupuestario, marcado por un clima de diálogo y de tolerancia, en que el conjunto de los Grupos políticos, demostrando una actitud benévola, aceptó que se adoptara un procedimiento que, en contra de cualquier norma reglamentaria, ha aprobado por medio de enmiendas orales toda una serie de puntos- lo que, en la práctica, significa una serie de millones de ecus que, de forma oral, decidimos asignar o no asignar en el presupuesto- siento que una serie de enmiendas, aprobadas tanto en la Comisión de Presupuestos como por las comisiones competentes, no hayan logrado el apoyo del Pleno. 
Me parece importante que conste en Acta nuestra decepción por la mezquindad con la que se trataron algunas enmiendas. 
Señor Presidente, en nombre de los diputados austríacos del PPA quiero subrayar que en la votación sobre el presupuesto, estamos en especial a favor de la seguridad y de la protección de la salud así como de los derechos y obligaciones de información que se deben garantizar con los medios correspondientes en el campo de la obtención de energía nuclear. 
He votado en contra del proyecto de presupuesto general para 1998 al objeto de manifestar mi desacuerdo, en primer lugar, con el elevado importe de gastos de los Fondos estructurales previstos en el anteproyecto, pero también con otros incrementos de gastos solicitados por el Parlamento Europeo. 
La Comisión había presentado un anteproyecto en el que los créditos de pago ascendían a 91.350 millones de ecus. 
El Consejo redujo esta cifra a 90.884, con el fin de obligar a la Unión a participar en los esfuerzos de disciplina presupuestaria que se les exige a los Estados miembros ante la perspectiva de la moneda única. 
Ahora bien, el Parlamento Europeo acaba de proponer un incremento total hasta alcanzar la suma de 91.750 millones de ecus. 
La diferencia, desde luego, no es enorme, pero está destinada a cubrir unas peticiones cuyas motivaciones no comparto, especialmente, la propaganda a favor del euro y para subvencionar los proyectos de asociaciones de supuesto interés europeo o de asociaciones de emigrantes procedentes de terceros países. 
A este respecto, recuerdo una vez más que es inadmisible que asociaciones de emigrantes, como el Foro de emigrantes, sean subvencionadas en un 100 % por la Comisión- es decir, por los contribuyentes de los países de Europa -, que sean invitadas a reuniones del Parlamento Europeo para que nos den lecciones sobre los derechos de ciudadanía que deberíamos conceder a los nacionales de terceros países. 
Deberían ser sancionados estos métodos de intoxicación permanente que utiliza la Comisión para obligar a aceptar políticas que considero antieuropeas. 
Hay que privar a la Comisión, de una vez por todas, de los créditos que le permiten manipular la opinión. 
Por último, el proyecto de presupuesto contiene una importante anomalía jurídica: mediante un acuerdo suscrito el pasado 16 de julio entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, se acordó situar el presupuesto de la Política Exterior y de Seguridad Común en la categoría de " gastos no obligatorios» , sobre los que el Parlamento Europeo tiene la última palabra. 
Ahora bien, debido a que la PESC, hasta nueva orden, tiene un carácter intergubernamental, otorgar semejante poder al Parlamento Europeo va en contra del Tratado. 
Esta situación que, al mismo tiempo, demuestra hasta qué punto las instituciones europeas eluden la letra de los textos cuando lo desean, justificaría por sí sola, por principio, el rechazo del presupuesto. 
El presupuesto general presentado para el año1998 es un vergonzoso intento para engañar a los trabajadores y a la opinión pública. 
Se caracteriza por la descarada insistencia de la lógica de los programas y las políticas de austeridad, el desprecio por los graves problemas económicos, sociales y de otro tipo y, también, por el desprecio hacia las protestas y reivindicaciones de los trabajadores. 
Mantiene el insuficiente porcentaje del 1, 27 % del comunitario AEP para la financiación del presupuesto y, además, prevé una absorción del 1, 15 % como máximo. 
Reduce las partidas del presupuesto destinadas al sector agrícola, que se encuentra en una peligrosa crisis de viabilidad, al ámbito estructural, al fondo de cohesión y a los fondos estructurales. 
Por razones de demagogia y de desorientación, hace referencia al problema del desempleo y anuncia la posible disposición de una cantidad extremadamente insuficiente de 150 millones de ECUs. 
Presentar las cantidades que se van a destinar al desempleo y a la creación de empleo es una hipocresía ya que no se ha añadido un solo ECU al presupuesto de la Unión Europea y sólo se cambian los títulos de determinados artículos del mismo. 
Las propuestas del Parlamento europeo sobre el empleo, que no se sabe si serán aceptadas por el Consejo, ascienden aproximadamente a 8 ECUs por parado registrado que, naturalmente, no pueden contribuir ni siquiera de forma mínima a afrontar este tema tan delicado para los pueblos de Europa. 
Las propuestas del Parlamento son en definitiva una coartada para acallar a quienes no aceptan un presupuesto más de extrema austeridad para los trabajadores, los agricultores y las pequeñas y medianas empresas; pero que favorecen la competencia de las grandes empresas y el mantenimiento de los voluminosos beneficios del gran capital. 
Existe la evidente certeza de que las cantidades destinadas a atender las cuestiones sociales (desempleo, seguridad social, salud, educación) son inaceptablemente bajas. 
Sin embargo, es bien seguro que los beneficios de los grandes grupos capitalistas serán muy elevados. 
Todo ello demuestra que estamos ante el peor ejemplo de presupuesto-locura de la Unión Europea. 
La misma lógica distinguirá también a nuestro Parlamento si llega a aprobar ese Presupuesto. 
Puesto que sólo en los temas presupuestarios tiene el Parlamento Europeo un poder fundamental, ya es hora de ejercerlo a favor de los trabajadores, a favor de los pueblos, cuyo voto lo han convertido en órgano institucional de la Unión Europea. 
Los siete diputados firmantes de PPA-PPE han votado favorablemente al presupuesto porque es un buen e importante instrumento para el desarrollo de nuestra Unión. 
Sin embargo, protestamos del modo más enérgico contra la «prima de Herodes» que se contiene en el presupuesto, una prima por matar terneras recién nacidas. 
Vamos ha hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta prima no figure en el próximo presupuesto. 
Los socialdemócratas daneses apoyan la propuesta para que la UE preste apoyo a la creación de una oficina de información para agricultura ecológica en la UE. 
Además, opinamos que debe mantenerse un estricto control sobre el dinero que en el presupuesto se asigna a Turquía. 
Opinamos que es importante que las once lenguas oficiales de la UE sigan disfrutando del mismo status oficial. 
Por ello, apoyamos el que se siga destinando la suma total a la traducción del acta de las reuniones del Parlamento Europeo. 
Además, apoyamos la idea de que se ejerza un mejor control sobre los viáticos del Parlamento Europeo. 
Los gastos de viaje deben ser reembolsados con arreglo a los pagos efectuados realmente o contra la presentación del justificante del pago del viaje conforme a la tarifa publicada más barata. 
Mis observaciones versan sobre el presupuesto de racionamiento agrícola para 1998. 
¿Qué encontramos en los créditos destinados a la agricultura? 
Que se les ha puesto el límite máximo de 40.800 millones de ecus, lo que supone un incremento de apenas el 0, 45 %; en otras palabras, la mendicidad. 
Por su parte, el presupuesto general, con 90.800 millones en créditos de compromiso, presenta un incremento del 1, 97 % y los Fondos estructurales, es decir, los créditos regionales para el desmantelamiento de los Estados naciones, un aumento del 6, 3 %, de conformidad con lo que se exigió en la Cumbre de Edimburgo; en cambio, para los créditos agrícolas se aplica el espíritu maltusiano del Club de Roma, es decir, el espíritu de crecimiento cero. 
A la población agrícola no se le dispensa nada. 
Para los apicultores encontramos apenas 3 millones de ecus; 3 millones de ecus para las abejas que garantizan la polinización y aumentan en un 30 % la producción frutícola. 
En cambio, para la propaganda europea, para la promoción del euro en el marco del programa PRINCE, encontramos 38 millones de ecus; 38 millones de ecus tirados para nada, en comparación con tan sólo 3 millones de ecus para una actividad apícola de capital importancia. 
Es cierto que hemos encontrado 15 millones de ecus para la promoción de la calidad de los productos agrícolas. 
Pero a causa de la EEB, que- como recuerda la Comisión de Seguimiento- podría haberse evitado sin los errores de la alta función pública europea, se han utilizado nada menos que 1.500 millones de ecus en 1996 y 2.200 millones de ecus en 1997. 
¡Los campesinos deben reparar los errores de los altos funcionarios y de la industria, pero en cambio, el presupuesto agrícola ni siquiera apoya a los campesinos! 
El símbolo de este gusto por la miseria presupuestaria que perjudica a los campesinos lo hemos llevado aquí mismo, con nuestra votación sobre el presupuesto para 1998, al rechazar la enmienda relativa a fomentar la utilización de la lana. 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya había excluido la lana de los productos agrícolas. 
Ahora se rechaza la posibilidad de utilizar esa misma lana. 
Nuestros pastores y nuestros productores de ganado lanar no tienen otra solución que correr con los gastos de la esquila y también de la destrucción del producto de la esquila. 
Estos racionamientos se agravarán hasta la asfixia de los campesinos. 
Con la ampliación de la Unión Europea, la reforma de la PAC y la renegociación mundial del acuerdo comercial agrícola, los precios agrícolas se hundirán, los ingresos agrícolas caerán, la demografía agrícola se invertirá y, por último, las restricciones presupuestarias se convertirán en racionamientos financieros; el sueño de Sicco Mansholt se hará realidad: en el siglo XXI desaparecerá el último campesino de las tierras europeas. 
En lo referente al procedimiento por los gastos de agricultura se puede constatar que la colaboración entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión tuvo en este año un carácter más abierto y más continuo que en los años precedentes. 
Esto sirve también para las dos comisiones dentro del Parlamento: la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Agricultura. 
Al tener preparado a tiempo un juicio sobre el anteproyecto de presupuesto, fue posible un sensato diálogo a tres bandas antes de que el Consejo fijara el proyecto de presupuesto. 
Por ello, el grado de realidad estuvo más garantizado que en años precedentes. 
Además, posteriormente se acordó no cerrar el procedimiento ad hoc en la primera lectura del Parlamento, sino registrar el mandato del Parlamento en un apéndice de la resolución del Parlamento. 
Con ello se mantiene el presupuesto de agricultura y la evolución de los gastos reales sigue hasta la segunda lectura del Parlamento. 
En este caso concreto, eso puede llevar a una revisión con tiempo suficiente del recorte lineal- no considerado deseable por el Parlamento, pero aceptado en el diálogo a tres bandas- en todas las partidas presupuestarias de la rúbrica 1. 
En un próximo año presupuestario se debe considerar de nuevo si este enfoque bastante simplista y automático de los recortes lineales es susceptible de repetición. 
El Parlamento sigue dando preferencia a un recorte eventual basándose en experiencias recientes. 
Pero como queda dicho, el mantener abierto el procedimiento ad hoc después de la primera lectura en el Parlamento compensa en gran medida ese inconveniente. 
La financiación de las primas a los ingresos ha sido este año el centro de atención durante la presentación del presupuesto. 
Ante un amenazante déficit en el presupuesto de agricultura (al principio a causa de la crisis del BSE) , la Comisión cogió inmediatamente esta partida presupuestaria y propuso un recorte lineal del 7 % sobre los gastos. 
La Comisión utilizó para ello incluso el argumento de compensación excesiva dominante. 
El Consejo y el Parlamento se han opuesto abiertamente a este enfoque de la Comisión, por supuesto con éxito. 
Sin embargo, esta tramitación sigue siendo insatisfactoria. 
En el futuro deberemos buscar seriamente un sistema de diferenciación en las primas por hectárea y por animal. 
Pero además me parece necesario, con vistas a una mayor estabilidad de la financiación de las primas para los ingresos agrícolas, que nos pongamos a buscar una nueva lógica propia para la financiación de estos gastos. 
Más ahora, que esas primas para los ingresos aumentan tanto que aproximadamente constituyen ya la mitad de los gastos en el Departamento de Garantías del FEOGA, lo que apenas hace ocho años era un escaso porcentaje. 
El reparto de las cargas de estos gastos muy específicos, que a mi modo de ver no pueden compararse con los restantes gastos de la UE, sigue siendo el mismo, y hay que ver si eso a la larga se puede sostener. 
Esta propuesta de directiva, en su capítulo chocolate, ha suscitado numerosas y vivas reacciones, perfectamente comprensibles debido a las consecuencias económicas y sociales que tendrá en Europa y también fuera de Europa, especialmente en África. El debate, al igual que las numerosísimas enmiendas que se han presentado, han hecho aflorar posiciones muy encontradas. 
Hay quien desea conceder una atención privilegiada a los consumidores, los productores de cacao y las empresas chocolateras de tamaño pequeño y mediano, mientras que hay otros que, en cambio, desean privilegiar a las seis empresas transnacionales que, por sí solas, representan el 74 % del mercado europeo de los productos chocolateados. Nuestro Grupo, naturalmente, pertenece a la primera categoría y, en este sentido, ha presentado numerosas enmiendas. 
Le recuerdo que los productores de cacao de África occidental comercializan el 90 % de su producción en el seno de la Unión Europea y que 11 millones de personas dependen directamente de la cosecha de cacao. La Dirección de Estudios del Parlamento Europeo estima que, en caso de que se apruebe la propuesta en su versión actual, el descenso de la demanda se situaría entre las 30.000 toneladas, como mínimo, y las 200.000 toneladas. 
Ahora bien, la Unión Europea, imperativamente, debe cumplir los acuerdos que ha celebrado con sus interlocutores, los Estados ACP; éste es el sentido de la primera serie de enmiendas que hemos presentado. 
Es necesario, además, difundir una información exacta entre los consumidores. Dicha información debe ser clara, precisa, legible y aparecer impresa, al mismo tiempo, en la lista de ingredientes y sobre la cara de presentación del producto, junto a la marca comercial. 
En efecto, ¿cómo se puede autorizar la incorporación de materias grasas vegetales en un producto chocolateado, y ello hasta un nivel máximo del 5 %, sin disponer de medios fiables apara el control cuantitativo? 
Pero lo que conviene hacer no es un estudio a posteriori. Propongo, por el contrario, que se encargue la realización de un estudio a priori, antes de toda autorización de incorporar dichas materias grasas vegetales, sobre las consecuencias económicas y sociales en Europa y fuera de Europa que tendría esta autorización. 
Sobre el plan de empleo en el seno de la Unión Europea, le recuerdo que seis empresas representan por sí solas el 74 % del mercado europeo del chocolate y que existe un gran número de empresas agroalimentarias de tamaño pequeño y mediano que se reparten el porcentaje restante. Dichas empresas no tienen capacidad financiera ni la estructura de producción suficientes para poder incorporar las materias grasas vegetales distintas del cacao. 
Si se aprueba esta directiva en su estado actual, muchas de estas empresas estarán abocadas a desaparecer y, naturalmente, muchos puestos de trabajo del sector lo harán con ellas, a pesar de que representan una actividad europea tradicional de prestigio. 
Informe Tillich (A4-0290/97) 
Más de la mitad del presupuesto comunitario se destina a apoyar la producción agrícola de los Estados miembros. 
Pensamos que ya va siendo hora de que el Consejo de Ministros profundice en sus debates sobre la futura política agrícola, puesto que es el Consejo el que tiene una influencia decisiva sobre las cuestiones relativas a la agricultura. 
En nuestra opinión, es completamente inaceptable que se destine una gran parte del presupuesto comunitario a una producción agrícola que en su configuración actual no está adaptada ni a los requisitos medioambientales, ni de la protección de animales, los intereses del consumidor o la producción global de alimentos. 
Además, pensamos que es completamente inaceptable que se destinen medios comunitarios al apoyo del cultivo de tabaco. 
Pensamos que es positivo que el Parlamento demuestre con su presupuesto que apoya las acciones encaminadas a crear empleo. 
Respaldamos la propuesta de establecer una nueva partida presupuestaria para las acciones especiales en favor de la zona del Báltico. 
En relación con el trámite presupuestario, ha surgido de nuevo la cuestión de las devoluciones en concepto de viajes. 
Respaldamos la propuesta de que estas devoluciones se basen en las cantidades desembolsadas en iguales condiciones para todos los diputados. 
Con respecto al sistema voluntario de pensiones para los miembros del PE, apoyamos la propuesta del Sr. Dankert de reformar si fuera necesario el plan de pensiones voluntario, además de aumentar la transparencia y el control. 
Nos hemos abstenido de votar. 
Acogemos con satisfacción las restricciones que caracterizan el presupuesto anual, aunque no sea tan ambicioso como el proyecto presupuestario del Consejo. 
También consideramos positiva la idea de dar relevancia a la cuestión del empleo, pero no podemos apoyar unos métodos de financiación que incluyen recortes incluso en sectores que no están relacionados con el empleo. 
También estamos en contra de que se relacionen las inversiones en las redes transeuropeas con el factor del aumento del empleo. 
Pensamos que el Parlamento debería también haber reducido las subvenciones a diversas campañas propagandísticas. 
Nos abstenemos en el punto «fusión termonuclear controlada, fusión nuclear controlada». 
Apoyamos la constatación «se deben garantizar la seguridad, la protección de la salud así como los derechos y obligaciones de información con los medios correspondientes en el campo de la obtención de energía nuclear». 
Con la tramitación del presupuesto anual hemos tenido como objetivo reducir el presupuesto de la UE y al mismo tiempo hacerlo " más verde». 
Esto significa que hemos apoyado las propuestas encaminadas a disminuir las subvenciones al cultivo de tabaco, a destinar más medios a la promoción de cultivos ecológicos y a conceder menos ayudas a las organizaciones que se ocupan de lanzar la idea de Europa, y que hemos respaldado las propuestas que van en contra de las campañas de información de la UE, por ejemplo la del euro. 
Respaldamos la línea de la Comisión de Presupuestos en lo concerniente a la política de empleo. 
Lo hacemos puesto que no se trata de aumentar el presupuesto, sino solamente de una redistribución de los fondos. 
Pensamos que sería mejor invertir los 150 millones de ecus propuestos en las pequeñas y medianas empresas que en diversas campañas y programas dudosos. 
No obstante, esto no quiere decir que pensemos que la UE tenga que iniciar una política activa en torno al mercado de trabajo. 
A esto nos oponemos totalmente. 
También existen aspectos positivos, entre ellos figura el aumento de 1 millón de ecus para la subvención destinada a la desactivación de las minas militares dentro del apartado destinado al desarme. 
Algo es algo. 
Los gastos del sector de la agricultura y de los Fondos estructurales para las regiones pertenecen a la categoría de gastos obligatorios, y sobre ellos decide el Consejo de Ministros aunque el Presidente del Parlamento ponga finalmente su firma. 
Pensamos que hay muchas cosas que pueden cuestionarse dentro de los gastos de la UE en los dos sectores mencionados. 
Lamentablemente, no tenemos la oportunidad de influir con nuestros votos sobre los gastos de la política agrícola y regional con los que no concordamos. 
Pensamos que cabe devolver la política regional a los Estados miembros. 
Asimismo, ha de ponerse en marcha a la mayor brevedad posible una reforma profunda de la actual política agrícola comunitaria por motivos de eficacia y para facilitar la ampliación de la Unión. 
Además, deben cesar rápidamente las ayudas a la producción vinícola y de tabaco. 
Además, existe una serie de rúbricas presupuestarias de dudosa motivación cuyo objetivo real es reforzar la idea de Europa. 
Sobre todo nos oponemos a las rúbricas A-3020, "Ayuda a las organizaciones que promueven la idea de Europa» , a la A-3030 ," Ayuda a proyectos puestos en marcha por organizaciones y sociedades de interés europeo» , y a la A-3501, " Preparativos y contribución a la realización de la Unión Económica y Monetaria». 
Nos oponemos rotundamente a estas rúbricas presupuestarias. 
Hay más que son también superfluas en nuestra opinión, pero sobre las que no podemos influir en esta fase. 
Informe Tomlinson (A4-0280/97) 
Señor Presidente, también esta votación se ha caracterizado por la misma actitud. 
Cuando se examinó el presupuesto de las demás Instituciones se intentó seguir una línea unitaria que, una vez más, con respecto a algunas enmiendas no totalmente secundarias, sino más bien importantes como la referida a aumentar la dotación del Premio Sájarov, chocó contra un muro. 
Todos sabemos que la dotación del Premio Nobel se aproxima al millón de dólares para cada premiado. 
Y esto me parece un aliciente para la investigación, la ciencia, la cultura y la labor en favor de la paz. 
Ahora, el obstinado rechazo del ponente Sr. Tomlinson y del Grupo Socialista en cuanto a aumentar dicha dotación, que hoy por hoy es de tan sólo 15.000 ecus, no puedo dejar de considerarlo una terquedad hacia mi persona y hacia los diputados que me apoyaron al pedir esta modificación que, por otra parte, fue aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores, hecho que, francamente, me parece absolutamente mezquino. 
Esto es lo que deseo subrayar aprovechando la posibilidad- la única que me queda- de lamentarme, ya que hemos decidido que las explicaciones de voto se formulen estando el Pleno vacío y haciendo perder tiempo a usted, señor Presidente, y a los que quieren escucharme. 
De todos modos, deseo que conste en Acta que, también en este momento, en un presupuesto en que hemos conseguido asignar el edificio Van Maerlant a tres Instituciones diferentes en un año y quizás cambiaremos de idea en segunda lectura, se ha rechazado con obstinación una enmienda que habría permitido otorgar una mayor dignidad a una de las manifestaciones más importantes del Parlamento Europeo en la escena internacional, ese Premio Sájarov que hoy por la tarde será concedido por la Conferencia de Presidentes y al que luego asignaremos la miseria de sólo 15.000 ecus. 
Deseo que también esto conste en Acta. 
Con motivo de la votación sobre el presupuesto, hemos apoyado consecuentemente las propuestas encaminadas hacia una reforma de las diversas devoluciones a los diputados en concepto de viajes, de manera que sólo se perciban reembolsos por los gastos efectuados (enmiendas 2 y 3, que vienen a decir lo mismo). 
Con respecto al Fondo de pensiones voluntario, hemos decidido apoyar la enmienda 4. 
La enmienda no elimina el Fondo de pensiones, pero exige que el Tribunal de Cuentas realice una indagación, y solicita propuestas por parte de la Mesa sobre el modo en que se puede modificar. 
En cambio, no apoyamos la propuesta de un estatuto único para los diputados, como menciona la enmienda. 
Naturalmente, también hemos apoyado el cese de subvenciones a los restaurantes del Parlamento Europeo (apartado 24 del informe). 
Deploramos la decisión del Tribunal de la UE en el sentido de que el Parlamento Europeo celebre 12 períodos de sesiones al año en Estrasburgo, lo cual repercutirá en el presupuesto, de manera que aumentarán los gastos causados por el traslado semanal. 
También hemos apoyado consecuentemente el resto de propuestas que consisten en reducir los gastos administrativos. 
En las circunstancias actuales los Estados miembros de la UE se ven fuertemente afectados por los recortes efectuados en el ámbito social, el del cuidado de enfermos y de los servicios para la infancia como consecuencia del programa de convergencia. 
Al mismo tiempo, parece que la situación de desempleo, con 20 millones de parados, se ha hecho endémica en los 15 países miembros. 
Creo que también debe someterse a un serio análisis y ponerse en cuestión el presupuesto de la UE. 
Hay muchas actividades de la UE que, comparadas con los sectores de actividad social en los que se están efectuando recortes en los Estados miembros, carecen de peso específico y deberían suprimirse primero en una situación en que debemos establecer unas prioridades. 
Mientras se están cerrando departamentos de cuidados médicos de larga duración en los hospitales suecos, creo que es muy deplorable que la UE tenga unas instituciones en funcionamiento a las que se destinan muchos fondos y cuyos resultados, incluso su propia razón de ser, pueden ponerse muy en duda. 
Es un derroche económico que el Parlamento se traslade de Bruselas a Estrasburgo. 
Se trata de unos costes enormes, acompañados por los de unos edificios que se están finalizando actualmente en las dos localidades. 
Es un derroche económico que menoscaba gravemente la imagen de la Unión entre sus ciudadanos. 
De los 914 millones de ecus de gastos del Parlamento, el 23 % se destina a los costes de construcción de edificios. 
Esto demuestra lo absurda en que se ha convertido la situación debida a unos serios e innecesarios gastos locales. 
Otros sectores en los que tengo objeciones con respecto al presupuesto del Parlamento Europeo y que deseo modificar son: 
Los reembolsos a los diputados del Parlamento Europeo pueden reducirse si se expide una tarjeta de viajes, en lugar de la situación actual en que se adelantan unas generosas dietas. 
Naturalmente, hay que exigir la presentación de recibos.-Bajo ninguna circunstancia debe el Fondo de pensiones de los diputados subvencionarse con medios de la UE si no es rentable económicamente. 
Los diputados que pertenecen al Fondo no tienen sólo el derecho a que se distribuyan medios cuando hay ganancias, sino que también deben responsabilizarse de cubrir las pérdidas. 
Los medios que se han financiado con el presupuesto de la UE hasta la fecha han de reponerse.Asimismo, pienso que cabe rechazar todas las propuestas de subvenciones económicas para los partidos a nivel europeo. 
Tampoco es correcto en estos tiempos de recortes que los políticos aumenten los privilegios de sus propias organizaciones. 
Las actividades que se produzcan a nivel " europeo» lanzadas por los partidos políticos deben financiarlas los partidos de que se trate. 
También pienso que se puede poner en cuestión la existencia del Comité Económico y Social. 
¿Realiza este comité unos trabajos que correspondan a los costes que se derivan? 
Informe Lannoye (A4-0310/97) 
Señor Presidente, no he votado a favor de la propuesta de directiva y no comparto totalmente la satisfacción del ponente, porque a pesar de las mejoras, nos encontramos ante un proyecto que es, eminentemente, discutible. 
En la Unión Europea, sustancias viscosas de color marrón y, en el mejor de los casos, inodoras podrán ser denominadas " chocolate» , a pesar de no serlo realmente. 
La falta de toda precisión sobre las denominaciones específicas supone una pesada hipoteca sobre la legitimidad de esta directiva. 
Quiero añadir que el carácter inaplicable de algunas disposiciones hacen que la directiva resulte caduca incluso antes de haber sido adoptada. 
Y si la Comisión ejecutiva tuviera una pizca de sentido común, haría lo que hizo hace doce años, retiraría su proyecto. 
Deseo que la Comisión haga gala de ese sentido común. 
La Comisión propone generalizar, en los quince países de la Unión Europea, la utilización, hasta un máximo del 5 %, de materias grasas vegetales (MGV) en la composición del chocolate. 
En nuestra opinión, antes de prever una medida semejante, deben cumplirse ineludiblemente tres condiciones. 
Primera condición: que se incluya una indicación clara y evidente para el consumidor, es decir, no una simple mención en la lista de ingredientes, sino una denominación bien visible como: " chocolate a base de materias grasas vegetales». 
Segunda condición: es necesario que pueda medirse con exactitud la calidad de estas MGV, lo que no es el caso en el estado actual de los conocimientos científicos. 
Si se aceptan las MGV con un límite máximo del 5 %, sólo deberá permitirse esta posibilidad cuando sea posible medir con precisión su cantidad. 
Tercera condición: que se establezca una lista restrictiva de las MGV autorizadas. 
Si no se cumple alguna de estas tres condiciones- que están traducidas en las enmiendas -, no podremos votar a favor del informe Lannoye. 
La revisión de la antigua directiva de 1973 se ha revelado como de gran utilidad y la armonización comunitaria era absolutamente necesaria. 
Pero la armonización no significa hacer una nivelación a la baja en lo relativo a la protección y la información del consumidor. 
Motivos por los que, actualmente, la situación es seria e incluso grave. 
Cuando se revisa una directiva, en este caso sobre el chocolate, ésta debe mantener el requisito de calidad del producto y permitir su armonización en el seno de los países europeos. 
Es la pura evidencia. 
Este es el motivo por el que la propuesta de autorizar la adición en el chocolate de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao no es aceptable, en la medida en que atenta contra la integridad del producto. 
Además, siendo la composición de las materias grasas vegetales muy semejante a la de la manteca de cacao, resulta difícil, incluso imposible, controlar el límite del 5 %, lo que no es admisible para el consumidor. 
Apoyo y he apoyado las enmiendas que respetan estos principios. 
Por tanto, en estos momentos, no comprendo y desapruebo la actitud de la Comisión. 
Señor Presidente, quiero que conste en acta que he votado en contra del informe Lannoye. 
Las enmiendas núms. 9 y 21 eran particularmente hostiles a los intereses de la industria irlandesa del chocolate con leche, como, por lo demás, muchas otras enmiendas. 
Aunque yo estaba a favor de la directiva, estoy convencido de que las propuestas legislativas en su forma modificada perjudicarán al sector irlandés del chocolate. 
En primer lugar, quisiera insistir en el hecho de que la Comisión ha introducido una propuesta que viene a perturbar una situación ciertamente algo desordenada (ocho Estados miembros por un lado, siete por otro) , pero en la que, en definitiva, todo el mundo estaba relativamente satisfecho y, en particular, los consumidores, que podían consumir el tipo de chocolate que deseaban. 
A partir del momento en que, en nombre del mercado único, se propone elaborar un reglamento uniforme sobre la composición del chocolate, es normal que cada uno quiera proteger "su sistema» y, por tanto ," su chocolate». 
En mi opinión y en la de muchos de mis conciudadanos, la denominación " chocolate» debe limitarse a los productos elaborados a base de cacao 100 %. 
Por lo tanto, si se quiere permitir la comercialización en todos los Estados miembros de productos chocolateados que contienen hasta un 5 % de materias grasas vegetales de sustitución, me resulta difícil aceptar que dichos productos lleven exactamente la misma denominación que los productos a base de cacao 100 %. 
Para este tipo de productos debería utilizarse un etiquetado claro, como el de " productos chocolateados». 
Si no conseguimos ponernos de acuerdo sobre este punto, en última instancia deberemos, al menos, imponer que se incluya en grandes letras y al lado de la palabra "chocolate» la mención" contiene materias grasas vegetales de sustitución» , para que el consumidor esté informado de las calidades objetivas del producto que se dispone a comprar y consumir. 
Hasta que no se establezca un consenso sobre uno de los principios, prefiero votar en contra de la propuesta de directiva y que se mantenga el statu quo. 
Siete Estados miembros utilizan un 5 % en grasas vegetales distintas de la manteca de cacao en la elaboración de los productos del chocolate y, ante la acción de la Comisión destinada a simplificar, por la presente directiva, las normas relativas a los productos alimenticios, ha estallado la «guerra del chocolate» , entre otras razones porque- y para qué vamos a engañarnos- la industria también está dividida. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a la que pertenezco, entiende que lo que corresponde es informar adecuadamente al consumidor. 
Ello exige un etiquetado en el que quede claramente marcado si el citado chocolate contiene materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao o no, para garantizar así su libre elección. 
Hace años, recuerdo que tuve que defender y convencer al Sr. Nordmann, como afortunadamente ocurrió, de que el chocolate a la española, o a la taza, espesado con harina, no era dañino, sino una peculiaridad culinaria de mi país que se debía respetar. 
Así quedó reflejada esta excepción en el voto final. 
Otras consideraciones hoy, en este caso, son muy respetables, no cabe duda; pero hoy el debate es éste y no otro. 
Por ello, mi voto final será positivo. 
Quiero felicitar a nuestro colega Lannoye por haber realizado un excelente trabajo que, personalmente, apoyo. 
A pesar de la complejidad de este dossier, el ponente ha conseguido enmendar la propuesta de la Comisión Europea en unos términos que encuentro plenamente satisfactorios. 
La directiva de 1973 define el chocolate y en su composición prohíbe la utilización de materias grasas vegetales en sustitución de la manteca de cacao. 
No obstante, con ocasión del ingreso en la CEE de tres nuevos Estados miembros; el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, se previó una excepción por la que se autorizaba a dichos países a utilizar materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao hasta en un 5 % del peso total. 
Austria, Finlandia, Suecia y Portugal aplican asimismo esta excepción, a pesar de que no todos ellos disponen jurídicamente de la autorización formal de la Comisión. 
Por consiguiente, esta excepción autoriza a dichos Estados a fabricar y vender este tipo de chocolate exclusivamente en su territorio. 
Actualmente, estos productos se encuentran a la venta en la mayoría de los demás Estados miembros, aunque no llevan la denominación de " chocolate». 
Sólo Italia y España han cerrado sus fronteras a estos productos, violando así las normas de libre circulación de mercancías. 
En virtud del principio de subsidiaridad, la propuesta de la Comisión deja a los Estados miembros la facultad de autorizar la adición de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao, hasta un máximo del 5 % del peso total del producto, al mismo tiempo que garantiza su libre circulación en el conjunto de la Unión Europea (UE) bajo la denominación de " chocolate». 
No obstante, el etiquetado propuesto por la Comisión debe mencionar dicha adición de manera clara y objetiva. 
Esta simple condición es del todo insuficiente y, por consiguiente, inaceptable. 
En efecto, la Comisión desea permitir que un producto que contiene materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao, fabricado en un Estado en el que se permite esta adición, se denomine chocolate, algo que en estos momentos no es posible. 
Actualmente, los países que prohíben estas materias grasas vegetales en la fabricación del chocolate representan dos terceras partes de la producción comunitaria. 
La Comisión, por tanto, ha optado por convertir la excepción en la regla, en detrimento de los chocolates tradicionales y de la información de los consumidores. 
Creo que es inadmisible. 
Es indispensable que el etiquetado incluya la denominación del producto y que esta última se presente de manera evidente, que permita al consumidor apreciar la diferencia entre dos productos que no presentan las mismas características, y ello con un solo golpe de vista, sin que sea necesario leer " con lupa» toda la lista de ingredientes. 
En calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor- y a pesar de que me gusta el chocolate negro tradicional -, considero que al aceptar las tradiciones diferentes de nuestros vecinos ingleses, austríacos, suecos o daneses, hemos dado un paso adelante. 
No obstante, no podemos aceptar que los productos tradicionales que contienen únicamente cacao sean confundidos con productos que contienen otras grasas vegetales. 
Los ingleses, los suecos o los daneses nos dirán que sólo se trata de una cuestión de gusto. 
Naturalmente que se trata de una pura cuestión de gusto y que no puede representar un argumento decisivo, pero deseo defender el chocolate " auténtico» , no solamente para mí, sino, sobre todo, para las generaciones futuras. 
La propuesta de la Comisión, además, plantea una serie de problemas que afectan básicamente a las relaciones de la UE con los países en vía de desarrollo (PVD) y, en particular, con los países productores de cacao. 
Por estas razones, la Comisión de Desarrollo y de Cooperación, a la que se le pidió su opinión, ha rechazo por unanimidad la propuesta de la Comisión. 
Por ello es indispensable limitar la utilización de grasas vegetales a materias grasas tropicales- illipé, karité y aceite de palma- de las que algunos países ACP, como Mali o Burkina Faso son productores, con el fin de no desfavorecer demasiado a estos países y limitar el empleo de grasas vegetales por parte de los productores. 
Su peso no es pues nada desdeñable. 
La principal motivación de estos gigantes del chocolate es económica; las materias grasas vegetales son mucho más baratas que el cacao, y el consumidor tiene muy pocas posibilidades de que este beneficio repercuta en el precio de venta del chocolate. 
Además, actualmente no existe ningún método que permita detectar con exactitud la presencia, la calidad y la naturaleza de las grasas vegetales distintas de la manteca de cacao en el chocolate. 
El margen de error es, al menos, del 30 %. 
Opino que no es serio imponer unas normas cuando no disponemos de los medios para vigilar su cumplimiento. 
Por tanto, es conveniente supeditar la entrada en vigor de esta directiva a la puesta a punto de una técnica de detección de las grasas vegetales distintas de la manteca de cacao en el chocolate. 
Señor Presidente, yo había puesto tres condiciones acumulativas para aprobar la propuesta, a saber: 
imponer una denominación diferente para el chocolate que contenga grasas vegetales distintas de la manteca de cacao; -supeditar la entrada en vigor de la directiva a la puesta a punto de un método de detección y de calificación de las grasas vegetales; y-limitar el empleo de materias grasas vegetales en el chocolate a determinadas grasas tropicales.Lamentablemente, estas enmiendas no han obtenido la mayoría de los votos, motivo por el que he rechazado el texto en su conjunto. 
Esta cuestión ha sido muy difícil para mí, en parte porque no formo parte de la comisión que ha debatido detalladamente el informe del Sr. Lannoye. 
No obstante, en mi opinión el principio a seguir es el de salvaguardar principalmente los intereses del consumidor, los aspectos comerciales y el trasfondo cultural de los países afectados en lo tocante a la cuestión del chocolate. 
Por consiguiente, he votado a favor de las propuestas que defienden un etiquetado que informe al consumidor de lo que está comprando y está a punto de ingerir. 
Me he guiado por el principio de que la política comercial debe gestionarse teniendo en consideración los aspectos sociales y ecológicos. 
Y como último aspecto, pero no menos importante que los anteriores, hay que tener en cuenta la vertiente cultural. 
Los países de la UE distan mucho de tener una historia uniforme por lo que respecta a la cantidad de cacao que lleva el chocolate. 
Por ejemplo, en Suecia la cantidad de cacao que contiene el chocolate es tradicionalmente baja. 
Teniendo en cuenta este aspecto, no es conveniente introducir una directiva rasa que vaya en contra de estas divergencias culturales. 
Esta propuesta de directiva, en su capítulo chocolate, ha suscitado numerosas y vivas reacciones, perfectamente comprensibles debido a las consecuencias económicas y sociales que tendrá en Europa y también fuera de Europa, especialmente en África. 
El debate, al igual que las numerosísimas enmiendas que se han presentado, han hecho aflorar posiciones muy encontradas. 
Hay quien desea conceder una atención privilegiada a los consumidores, los productores de cacao y las empresas chocolateras de tamaño pequeño y mediano, mientras que hay otros que, en cambio, desean privilegiar a las seis empresas transnacionales que, por sí solas, representan el 74 % del mercado europeo de los productos chocolateados. 
Nuestro Grupo, naturalmente, pertenece a la primera categoría y, en este sentido, ha presentado numerosas enmiendas. 
Un primer grupo de enmiendas es relativo al abastecimiento de cacao. 
Es indispensable preservar la economía de los 31 Estados ACP que son altamente tributarios de las exportaciones de cacao. 
Le recuerdo que los productores de cacao de África occidental comercializan el 90 % de su producción en el seno de la Unión Europea y que 11 millones de personas dependen directamente de la cosecha de cacao. 
La Dirección de Estudios del Parlamento Europeo estima que, en caso de que se apruebe la propuesta en su versión actual, el descenso de la demanda se situaría entre las 30.000 toneladas, como mínimo, y las 200.000 toneladas. 
Además de la pérdida de mercados, cabe esperar también consecuencias importantes sobre los niveles de las cotizaciones mundiales de la materia prima cacao. 
Ahora bien, la Unión Europea, imperativamente, debe cumplir los acuerdos que ha celebrado con sus interlocutores, los Estados ACP; éste es el sentido de la primera serie de enmiendas que hemos presentado. 
Una segunda serie de enmiendas es relativa a la protección del consumidor. 
No se puede permitir que un producto que incorpora materias grasas vegetales distintas del cacao pueda denominarse chocolate, sino producto chocolateado. 
Es necesario, además, difundir una información exacta entre los consumidores. 
Dicha información debe ser clara, precisa, legible y aparecer impresa, al mismo tiempo, en la lista de ingredientes y sobre la cara de presentación del producto, junto a la marca comercial. 
Una tercera serie de enmiendas es relativa al control. 
En efecto, ¿cómo se puede autorizar la incorporación de materias grasas vegetales en un producto chocolateado, y ello hasta un nivel máximo del 5 %, sin disponer de medios fiables apara el control cuantitativo? 
Finalmente, una última serie de enmiendas es relativa a la curiosa solicitud manifestada por la Comisión de Medio Ambiente de encargar un estudio que evalúe las repercusiones de la presente directiva sobre las exportaciones de cacao de los países en vías de desarrollo. 
Pero lo que conviene hacer no es un estudio a posteriori. 
Propongo, por el contrario, que se encargue la realización de un estudio a priori, antes de toda autorización de incorporar dichas materias grasas vegetales, sobre las consecuencias económicas y sociales en Europa y fuera de Europa que tendría esta autorización. 
Sé perfectamente que la Comisión tiene por costumbre proceder de este modo y aprobar decisiones en materia de relaciones comerciales exteriores, sin ningún estudio previo de sus consecuencias. 
No considero necesario, sin embargo, que, por nuestra parte, alentemos y aprobemos estas malas inclinaciones. 
Sobre el plan de empleo en el seno de la Unión Europea, le recuerdo que seis empresas representan por sí solas el 74 % del mercado europeo del chocolate y que existe un gran número de empresas agroalimentarias de tamaño pequeño y mediano que se reparten el porcentaje restante. 
Dichas empresas no tienen capacidad financiera ni la estructura de producción suficientes para poder incorporar las materias grasas vegetales distintas del cacao. 
Si se aprueba esta directiva en su estado actual, muchas de estas empresas estarán abocadas a desaparecer y, naturalmente, muchos puestos de trabajo del sector lo harán con ellas, a pesar de que representan una actividad europea tradicional de prestigio. 
Felicito al ponente, Sr. Lannoye, que ha realizado un trabajo difícil, pero notable. 
Su informe ha conseguido hacer el balance de todos los problemas que plantea esta propuesta de la Comisión Europea. 
En calidad de miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta UE/ACP, no puedo aceptar que la Comisión Europea proponga semejante texto. 
Nuestros interlocutores no podrán comprender, realmente, que decidamos aprobar una propuesta que viola el Tratado de Maastricht y que viola acuerdos celebrados por la UE. 
Sin volver a entrar en los detalles de estas cuestiones, quiero, no obstante, hacer hincapié en que una autorización generalizada de la adición de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao en el conjunto de la UE, traería consigo un descenso del consumo de cacao, estimado entre las 88.000 y las 125.000 toneladas, sobre una producción mundial de 2, 6 millones de toneladas. 
Por consiguiente, esto afectaría de lleno a numerosas explotaciones agrícolas. 
Los países más afectados serían Costa de Marfil, Ghana y Camerún. 
La UE es una de las partes de los acuerdos celebrados en el marco de sus relaciones con los países ACP. 
El Convenio de Lomé, del que uno de los principales objetivos es la promoción de las exportaciones de estos países, se violaría pura y simplemente. 
Además, esta decisión sería contraria al acuerdo internacional sobre el cacao y tendría repercusiones muy negativas sobre el precio de este producto y, por consiguiente, sobre el STABEX (sistema de estabilización de ingresos de la exportación) del Convenio de Lomé, lo que podría costar millones de ecus a la UE y, a largo plazo, tendría consecuencias muy nefastas para los países productores. 
Por todas estas razones, la Comisión de Desarrollo y Cooperación, a la que se le solicitó su opinión, ha rechazo por unanimidad la propuesta de la Comisión, y hoy insisto en el hecho de que, a pesar de estos elementos, estaba dispuesto, si se cumplían algunas condiciones, a votar a favor de esta propuesta. 
Las enmiendas que debían condicionar mi voto favorable para este texto no han sido aprobadas en su totalidad, y lo lamento. 
Por ello he votado en contra de este informe, tal y como ha sido enmendado por nuestra Asamblea. 
He votado siguiendo la línea de los socialdemócratas suecos consistente en permitir que se añada al chocolate un 5 % de otros tipos de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao. 
Sin embargo, no puedo dejar de pensar en la cantidad increible de documentos que se producen en torno a este tema, cuando en su lugar podríamos haberlo dejado bajo la legislación nacional. Ha estado funcionando muy bien durante cien años como mínimo. 
Son asuntos como éste los que empeoran la imagen de la Unión entre sus ciudadanos. 
Informe Mosiek-Urbahn (A4-0295/97) 
No hay ningún motivo para que la UE se ocupe de esta cuestión. 
Se trata de una cuestión de carácter nacional, o de un tema del que debe ocuparse una organización internacional de este ramo en concreto. 
Informe Breyer (A4-0281/97) 
Señor Presidente, quisiera intervenir sobre el informe Breyer, como diputado de Lubéron y del Languedoc-Rosellón, la primera región vitícola del mundo, incluido su país, señor Presidente Imbeni. 
Por necedad, hemos rechazado la enmienda 41, relativa al zumo de uva y, más específicamente, de manera técnica, al ácido metatartárico, que permite devolver acidez al zumo de uva y apreciar los sabores del mismo. 
Con nuestro rechazo, ocasionamos un daño considerable a la producción de zumo de uva, que permite utilizar miles y miles de hectolitros de mosto. 
No pueden decirnos que hay exceso de producción vitícola, lo que, además, es falso, e impedirnos utilizar o, en todo caso, disminuir este supuesto exceso de producción vitícola. 
A dos votos de la mayoría, de la que uno partió de la izquierda, disculpe, señor Presidente, pero con ello hemos ocasionado un daño económico considerable. 
Cuando se conoce el medio ambiente y cuando se conoce el comportamiento de la Comisión Europea, como usted sabe, con respecto a la organización común del mercado del vino, cuando se conocen todos los esfuerzos que realiza la Comisión Europea para destruir el viñedo europeo en beneficio del viñedo chileno, de Europa del Este, argentino o australiano, no podemos sorprendernos, una vez más, de la acción de un grupo de interés pseudo-verde, del daño que acaba de ocasionar. 
Lamento esta actitud y la condeno. 
Espero que usted y su Grupo no carguen con esta responsabilidad, señor Presidente. 
Para la culminación del mercado interior era absolutamente necesario armonizar el empleo de aditivos en los alimentos. 
Realmente, ante el desarrollo en el ámbito de los aditivos para alimentos era necesario modificar las directivas existentes y completarlas con anexos ampliados con valores límite. 
De las 28 enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, son ante todo de importancia aquellas que complementan los anexos con nuevos aditivos. 
Sin una regulación básica y unitaria de los aditivos, el principio del reconocimiento recíproco conduce a una gran inseguridad de los consumidores. 
En la tabla del Anexo III, donde se indican las cantidades máximas permitidas de SO2, se ha introducido un nuevo alimento, en concreto, las bebidas alcohólicas destiladas con peras enteras, en especial, el brandy Williams. 
Esto es de considerable importancia en especial para las destilerías de frutas del norte de Italia que fabrican tradicionalmente este producto. 
El brandy Williams, que se produce, por ejemplo, en el Tirol del Sur, contiene una pera entera. Desde siempre, ésta es tratada con azufre, con una mezcla de 50 mg/l de dióxido de azufre, es decir, la pera se sumerge en una solución acuosa con dióxido de azufre. 
Hay que añadírselo para que la fruta no cambie de color y se descomponga inmediatamente. 
La dosis propuesta es tan pequeña que no tiene riesgos para la salud y se puede emplear debido a sus efectos antimicrobianos. 
El producto es distribuido ya desde hace muchos decenios por nuestras destilerías. 
Si no se complementa el anexo a la Directiva 95/2, amenaza el fin para este producto elaborado tradicionalmente. 
El brandy Williams con una auténtica pera dentro es un producto tradicional que es apreciado mucho más allá de las fronteras del país, también por muchos clientes en otros Estados de la UE. 
Sería una pérdida que ya no se pudiese vender este producto. 
Quiero expresar de nuevo mi agradecimiento a los miembros de la Comisión de Presupuestos que han defendido este asunto en la comisión aceptando la enmienda por mí propuesta. 
Hemos votado a favor del informe puesto que el debate conlleva una actitud restrictiva con respecto a los aditivos para alimentos. 
Esto no significa que aprobemos el aumento de aditivos en los productos para lactantes, lo cual puede desgraciadamente ser una de las consecuencias de esta Directiva, y eso es algo que ha intentado evitar la normativa estatal sueca para alimentos, y que han intentado contrarrestar los representantes suecos del Consejo. 
Pensamos que debería investigarse esta cuestión de un modo significativamente más riguroso. 
Los deseos de los consumidores son evidentes. 
Los consumidores europeos piensan de una manera cada vez más ecológica. Desean materias primas más puras y no desean aditivos. 
Una vez más ha de constatarse cómo los deseos de los consumidores son ignorados. Voto a favor del informe de la Sra. Breyer en su totalidad, porque implica un endurecimiento de los requisitos de etiquetado en una serie de áreas esenciales y critica el juego de la Comisión y la ampliación de la lista positiva. 
Una serie de enmiendas del informe constituye, con todo, un factor de preocupación. 
Voto en contra de las enmiendas que buscan ampliar la serie de aditivos permitidos. A menudo no hay ninguna razón para la ampliación- y especialmente menos cuando se trata de aditivos en alimentos infantiles. 
Una excepción aquí la constituirían, con todo, los aditivos en alimentos infantiles previstos para niños enfermos, donde pueden haber unas necesidades especiales. 
Cuando se trata de los sulfatos y los sulfitos, he de oponerme con todas mis fuerzas al empleo de estas sustancias. 
Se ha intentado limitar los sulfitos en Dinamarca, entre otros países, y así también debería ser en un contexto europeo. 
Los sulfitos les han ocasionado a un gran grupo de gente problemas de salud sobre todo bajo la forma de reacciones de hipersensibilidad, y de manera especial en los asmáticos. 
Las reacciones dependen naturalmente de la dosis ingerida, y del grado de propensión de cada uno, no obstante, pueden oscilar entre malestar y problemas respiratorios hasta la muerte en los peores casos. 
Deben restringirse los sulfitos- también, porque con frecuencia no son necesarios como hemos visto, por ejemplo, en relación con el debate sobre frutas deshidratadas. 
También en la producción de patatas de bote, es innecesario el uso de sulfitos, considerando que sustancias inofensivas como el ácido cítrico y los antioxidantes pueden emplearse igualmente de bien, lo cual, por ejemplo, sucede en Dinamarca. 
Para evitar más usos del sulfito, voto en contra de las enmiendas 7, 30, 31 y 38. 
Voto a favor de la enmienda 10, porque ésta justamente busca limitar el uso del sulfito. 
Sin embargo, voto en contra de la parte que trata de la posibilidad de emplear el sulfito en relación con bebidas alcohólicas que contengan peras enteras, que se desea añadir a la lista, con lo que el empleo del sulfito sería mayor. 
He de oponerme con todas mis fuerzas a que la nicina sea inscrita en la lista positiva (enmiendas 32 y 36). 
La nicina es un antibiótico, y ¿quién desea añadir un antibiótico a sus alimentos? 
La medicina y los alimentos deben mantenerse siempre bien separados, sin embargo, especialmente, cuando se trata, como sucede en la enmienda, de derivados del huevo empleados como materias primas en un amplio abanico de productos. 
Por último, el aditivo PES debe disponer de un número E autónomo, considerando que, de no ser así, puede ser confundido por los consumidores con el E407, el cual se diferencia sustancialmente del PES, tanto desde el punto de vista de su fabricación como desde el sanitario. 
El informe de la Sra. Breyer es fundamental y sólo puede esperarse que las sensatas y restrictivas normas danesas no sean minadas por una legislación europea menos amiga de los consumidores. 
Para los consumidores daneses- y en especial, la población incluida en los grupos de riesgo- esto sería una verdadera catástrofe. 
El informe de la Sra. Breyer no está hecho precisamente para favorecer el desarrollo de una serie de productos alimentarios importantes. 
Por ejemplo, algunas de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente ocasionarán problemas muy graves en el sector de la fabricación de productos lácteos desnatados o el de las patatas deshidratadas. 
Nuestro Grupo ha presentado dos enmiendas muy específicas que están relacionadas con dos sectores de actividad diferentes. 
Estas dos enmiendas ilustran la filosofía por la que, en nuestra opinión, debería haberse guiado la directiva relativa a los ingredientes. 
La primera enmienda es relativa a la utilización del ácido metatartárico, hasta en una proporción de 50 mg/l, que permite la elaboración de zumo de uva. 
Sobre este tema, la Comisión de Tecnologías Alimentarias publicó el pasado 8 de octubre una opinión sin ninguna ambigüedad en la que autorizaba la utilización del ácido metatartárico con el fin de preservar el potencial de acidez natural de las frutas. 
Al no estar completamente rebajado, este ácido metatartárico debe considerarse un aditivo alimentario. 
Todos sabemos que el zumo de uva supone una salida importante para la producción vitícola europea. 
El ácido metatartárico se utiliza en gran número de producciones alimentarias. 
¿Por qué prohibirlo entonces para el zumo de uva? 
Hay que saber que Francia representa el 75 % de la producción europea de zumo de uva. 
No me atrevo a pensar que el desarrollo de esta producción, que parece responder perfectamente a las necesidades de los consumidores, pueda considerarse una competencia indeseable, por ejemplo, para los productores de zumo de naranja, pertenecientes en su mayoría a otros Estados miembros, y que podrían desear limitar así el desarrollo de dicha industria. 
La segunda enmienda es relativa a la utilización del sulfato de potasio, necesario en la producción de lonjas de tocino envasadas. 
El objetivo de esta enmienda es garantizar la seguridad microbiológica de los productos. 
Hay que saber que, a menudo, puede existir contaminación en el exterior a partir de la propia materia prima. 
Por ello hay que impedir el desarrollo de este germen, sobre todo si se produce una ruptura en la cadena del frío fabricante-consumidor. 
En conclusión, deseo llamar la atención de nuestra Asamblea sobre el hecho de que no deben utilizarse las normativas como medios encaminados a desviar cuotas de mercado en beneficio de empresas competidoras establecidas en otros Estados miembros. 
Además, en nombre de una protección del consumidor mal entendida, no se debería rechazar la aplicación de determinados aditivos reconocidos como perfectamente neutros por las autoridades científicas, y ello en detrimento de la propia seguridad alimentaria. 
Sobre este último punto, quiero recordar que los Estados Unidos, a menudo presentados como ejemplo por la sofisticación de su legislación en materia de seguridad alimentaria, es uno de los países con mayor número de intoxicaciones alimentarias. 
Informe Wiebenga (A4-0284/97) 
Tanto más cuando la situación en Argelia podría tener consecuencias graves para los países europeos de la cuenca mediterránea. 
En este contexto, aunque puede ser deseable organizar una cooperación entre las naciones que componen la Unión Europea, nos parece imprevisible la eventualidad de que a un Estado miembro se le imponga el establecimiento de un régimen de protección temporal mediante una decisión del Consejo tomada por mayoría cualificada. 
¿Quién no ve, en efecto, que el flujo masivo de personas desplazadas podría poner en peligro la paz civil, el equilibrio social y económico de la nación que sufra semejante acontecimiento? 
En este ámbito, quizá más aún que en otros, debe respetarse absolutamente la soberanía de los Estados. 
Además, el régimen que se nos propone, a pesar de que no existe ninguna obligación internacional, ¿no encierra el riesgo de tener un desastroso efecto de atracción, tanto más cuando no se ha previsto ninguna medida para alentar a las personas desplazadas a que regresen a su país? 
El infierno está empedrado de buenas intenciones, señor Presidente, y una generosidad que no está enmarcada por la razón puede resultar más desastrosa que nada. 
Estos motivos no nos han permitido votar a favor del informe Wiebenga. 
La propuesta de acción común sobre la protección temporal de las personas desplazadas, dirigida por la Comisión al Consejo, debería alarmar a todos los responsables que se preocupan por los intereses de nuestros conciudadanos. 
La propuesta resulta tanto más inquietante, porque revela un estado de ánimo constante en Bruselas. 
Ahora bien, si por desgracia llega a ratificarse el Tratado de Amsterdam, en el plazo de cinco años, el Consejo podría aprobar, por mayoría cualificada, propuestas como ésta en codecisión con el Parlamento Europeo y sobre la base del monopolio de iniciativa de la Comisión. 
¿Qué contiene esta propuesta de " acción común»? 
Un estatuto protector de los grupos de personas desplazadas por causas de guerra, que serían susceptibles de ser acogidas en nuestros países. 
Esta categoría es diferente de aquélla de los solicitantes de asilo, es decir, de las personas perseguidas por sus opiniones, que pueden refugiarse en nuestros países de acuerdo con el Convenio de 28 de julio de 1951. 
En efecto, el espíritu de este convenio va dirigido a casos individuales. 
Ahora bien, la situación a la que asistimos durante la guerra en la antigua Yugoslavia- y que, desgraciadamente, existe el riesgo de que en un futuro vuelva a presentarse en otros países- ya no es la de un puñado de intelectuales que huyen de gobiernos más o menos dictatoriales, sino que afecta a grupos de población muy numerosos, desarraigados por las guerras civiles y a menudo sin ningún nexo con ninguna de ambas partes. 
Esta situación plantea un problema nuevo y muy difícil al que, subrayémoslo, actualmente no nos ata ninguna obligación internacional. 
¿Debemos aceptar sin límite a estos nuevos refugiados, sabiendo que su número puede elevarse a varios centenares de miles, o incluso a millones? 
¿No deberíamos, por el contrario y teniendo en cuenta que ya no se trata solamente de casos individuales, buscar sistemáticamente otras soluciones? 
Y, en este caso, ¿cuáles? 
A pesar de todo, habría merecido la pena hacerse esta pregunta. 
También nos habría gustado leer en alguna parte de este documento que el primer elemento a tener en cuenta es el interés de los ciudadanos de los países de Europa- que tenemos el deber de defender, se lo recuerdo a aquellos que lo olvidan -, siendo el segundo criterio las capacidades de acogida, y el tercero, el deseo de las personas desplazadas de ir a un país mejor que a otro. 
No obstante, resulta sorprendente que no encontremos en ninguna parte ninguna mención de los dos primeros criterios. 
Y lo que es peor, el marco jurídico que propone la acción común corresponde a una armonización al alza en toda Europa de los derechos sociales, los derechos económicos y del derecho a la reagrupación familiar para las personas desplazadas. 
Estas ventajas no predispondrán en absoluto a dichas personas a volver a sus países. 
En cualquier caso, resulta evidente que eso no preocupa a los redactores del texto, que se han limitado a indicar, en el artículo 4 del proyecto, que " Al organizar el retorno, se concederá prioridad a la repatriación voluntaria, en estrecha cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes». 
Por último, los problemas de procedimiento no son menos preocupantes. 
Si el Consejo llegara a adoptar el marco general propuesto hoy, en el futuro se decidiría por mayoría la aplicación del estatuto de la persona desplazada a tal o cual grupo de refugiados. 
¿Puede Francia permitir que le impongan la obligación de acoger a refugiados de guerra lejanos, simplemente porque sus socios de la Unión así lo hayan decidido? 
Un abandono semejante de la soberanía sobre nuestro territorio sería absolutamente contrario a nuestros intereses vitales. 
Hay quien nos responderá que todavía hace falta que el Consejo adopte el marco general propuesto por la Comisión. 
Ahora bien, en el régimen actual de la letra b) del apartado 2 del artículo K.3, dicho marco debe resolverse por unanimidad. 
Esta barrera no es tan infranqueable como cabría pensar. 
En primer lugar, a alguien se le ha ocurrido consultar al Parlamento Europeo- a pesar de que no está previsto en ningún texto -, sin duda con el fin de poder presionar mejor al Consejo. 
Hoy hemos presenciado con qué complacencia se ha prestado a ese juego nuestra Asamblea. 
Pero lo esencial está en otra parte: debemos tener presente que el obstáculo que representa la unanimidad en proyectos como éste, corre el riesgo de saltar por los aires con la aplicación del Tratado de Amsterdam. 
¿Quieren los pueblos de Europa poner sus destinos en manos de unos irresponsables que, además, tienen el descaro- hasta tal punto se sienten seguros de ellos mismos- de anunciar por adelantado la política antinacional que se proponen poner en marcha? 
He aquí una de las cuestiones fundamentales que debemos plantear con ocasión del debate sobre la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
Pensamos que las cuestiones relativas a los refugiados y a las personas desplazadas son de la mayor importancia, y nos preocupa mucho el respeto de los refugiados y de sus derechos. 
En cambio, nos gustaría que se coordinasen estos asuntos a nivel del Consejo de Europa y no a nivel de la UE, y tampoco deseamos una armonización de las políticas de los distintos Estados miembros en torno a la cuestión de los refugiados y del asilo. 
Hemos dado nuestro apoyo al informe, dado que exige la humanización de la acogida de refugiados. 
Al mismo tiempo, queremos hacer hincapié en que esto no debe utilizarse para debilitar las competencias soberanas de los Estados miembros para decidir por sí mismos, de acuerdo con lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas, en materia de inmigración y de asilo. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe sobre la protección temporal de las personas desplazadas. 
La enorme multitud de refugiados de la guerra en Yugoslavia está fijada en nuestra memoria. 
Con estas experiencias hemos de poder entender por qué es tan importante que cooperemos en este terreno. 
Se trata de personas necesitadas y de que seamos conscientes de nuestra responsabilidad humanitaria. 
La propuesta de la Comisión es buena, porque proporciona a las personas necesitadas la posibilidad de ser atendidas de la misma manera en la UE. 
De este modo, podemos alcanzar unos determinados derechos mínimos en la Comunidad. 
Para nosotros, es importante que una guerra en un país no destruya el futuro de estas personas. 
Cuando logran el permiso para estar en la UE, luego deben también poder obtener formación y trabajo. 
Nos hubiera gustado, con todo, ver un reparto de cargas concreto. 
Por este motivo, debe trabajarse también en favor de un compromiso que reparta a los refugiados dentro de la UE, ya antes de que superen las fronteras de la UE. 
Todos deben admitir su responsabilidad. 
En último término, esto es lo más útil para todos, tanto para los Estados miembros como para los refugiados. 
En los casos en que los Estados nacionales no puedan encontrar soluciones a las cuestiones relativas al asilo, éstas deben resolverse a través de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa, y mediante contactos con las organizaciones internacionales de refugiados. 
La UE no es un estado, sino que debe tener un carácter de estricta cooperación interestatal. 
La cuestión del asilo es en gran medida una cuestión internacional que, en caso de que no se pueda resolver a nivel nacional, es demasiado amplia para que se la limite al de la UE. 
Mi idea de la Europa de las democracias consiste en que cada uno de sus Estados independientes lleve una política general y humana en torno a la cuestión de los refugiados. 
No tengo nada en contra de que se añada un protocolo al Convenio sobre el asilo en favor del asilo provisional de las personas desplazadas. 
En cambio, me es difícil ver qué motivos hay para que esto deba debatirlo el Parlamento Europeo. 
Pero, naturalmente, es deseable que el Consejo llegue a la unanimidad en la cuestión de unos derechos mínimos en esta materia. 
(La sesión, interrumpida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0826/97 de los diputados André-Léonard, Fassa y Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Afganistán; -B4-0840/97 del Sr. Karamanou, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la violación de los derechos de las mujeres en Afganistán; -B4-0852/97 de los diputados Lalumière, Dell ' Alba, Dupuis y Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre Afganistán; -B4-0860/97 de los diputados Maij-Weggen, Thomas Mann y Oomen-Ruitjen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre Afganistán; -B4-0874/97 de los diputados Aglietta, Van Dijk, Roth, Gahrton, Schroedter, Telkämper y Ripa di Meana, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Afganistán; -B4-0875/97 de los diputados Sornosa Martínez, Pailler, Castellina, González Alvarez, Papayannakis, Eriksson, Ojala y Gutiérrez Díaz, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Afganistán; -B4-0888/97 de los diputados Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en Afganistán. 
Señora Presidenta, el Parlamento debe expresar su más enérgica condena al régimen talibán. 
El arresto de la Comisaria Bonini es un duro golpe al importante trabajo que ha venido realizando en el terreno de la ayuda humanitaria en Afganistán. 
Asimismo, al mantenerse los Estados Unidos en un segundo plano en lo concerniente a Afganistán, la Unión Europea desempeña un papel especialmente importante, y debemos estar dispuestos a desempeñar ese papel. 
Debemos utilizar toda nuestra influencia para mejorar allí la situación de los derechos humanos y, naturalmente, debemos condenar merecida y continuamente la política de derechos humanos de los talibanes, que es a todas luces inaceptable. 
La Comisión debe colaborar precisamente en sus ayudas con las ONG independientes, que dan prioridad al respeto por los derechos humanos y a la igualdad de trato a hombres y mujeres. 
En el terreno político debemos atenernos al no reconocimiento de las autoridades talibanes. 
La Unión Europea debe tomar iniciativas para el restablecimiento de la paz. Hay que convencer a otros países para que insistan en la misma línea. 
Sólo una paz duradera podrá poner fin al constante padecer de la población afgana. 
Y además, ésta será la única forma que tendremos de poder frenar la producción y el tráfico de opio que han ido en aumento bajo la protección del Gobierno talibán, y para ello se ha presentado también una enmienda que apoyaremos gustosos. 
Señora Karamanou, puedo comprender que tenga muchos deseos de decir muchas cosas, pero si cada uno se pasa en un minuto, necesitaremos una tercera parte más de tiempo para nuestro debate y hoy vamos muy ajustados con el horario. 
Ruego, por ello, a los autores y a los oradores que se atengan realmente al tiempo de uso de la palabra. 
Señora Presidenta, queridos colegas, mi Grupo solicitó, modestamente, que a raíz de la misión de la Sra. Bonino en Afganistán se organizara un debate para escucharla en directo y conocer sus impresiones, en particular, para saber qué sintió durante las tres horas que pasó " en chirona» , si me permiten la expresión, en las cárceles de los talibanes. 
Pero los grandes grupos no lo han querido así, y el Comisario de Silguy se ve ahora obligado a desviarse de sus preocupaciones monetarias para dedicarse al capítulo de Afganistán. 
Le agradezco que esté presente. 
Y agradezco a la Comisión que, por mediación de Emma Bonino, haya tenido el valor de volver a plantear la cuestión de los talibanes y de su régimen medieval que, como todos sabemos, oprime especialmente a las mujeres afganas con una crudeza sin parangón en ningún otro país. 
Me alegra mucho, por tanto, de que la Comisión haya tenido ese gesto. La Comisión ha recordado a la Unión Europea y a la comunidad internacional cuáles son sus deberes. 
Es necesario que el Consejo se manifieste, que la Unión se manifieste, que la ONU tome una posición clara sobre la actitud que debe adoptarse en lo relativo a este régimen. 
La Unión Europea debe hacer oír su voz, especialmente en lo que respecta a la suerte de las mujeres afganas. 
Desde ese punto de vista, me alegra enormemente que un apartado de la resolución que nos disponemos a aprobar en breve declare que la fecha simbólica del 8 de marzo sea dedicada a las mujeres afganas. 
Quisiera preguntar al Comisario de Silguy, en su calidad de miembro de la Comisión, qué opina de esta idea del Parlamento, si puede hacerla suya y si podemos estudiar juntos los medios para que el 8 de marzo de 1998 sea un día dedicado a las mujeres afganas y, con ello, a la libertad de las mujeres y los hombres de todo el mundo. 
Señora Presidenta, el arresto en Kabul de nuestra Comisaria Bonino, ocurrido hace algunas semanas, no sólo fue un escándalo sin precedentes en el terreno diplomático y una ofensa enorme para la Unión Europea y para la Sra. Bonino, también fue una señal clara de lo grave de la situación en ese país, sobre todo en lo tocante a las mujeres. 
Desde que los talibanes tienen el poder allí, se ha iniciado una política de terror sin precedentes contra las mujeres de todas las edades y condición. 
Las mujeres están excluidas del mundo laboral, se les niega el derecho a la educación, se les dificulta el acceso a la asistencia sanitaria, están obligadas a cubrirse todo el cuerpo, y cuando tienen que salir han de hacerlo ateniéndose a normas muy estrictas y en compañía de un miembro varón de la familia. 
Para definir una situación así no se puede encontrar otro término que no sea el de absoluto terror. 
Y también nos sorprende que la protesta mundial no haya sido mayor hasta ahora. 
El hecho de que la Sra. Bonino, que tanta ayuda ha prestado a los refugiados, haya sido tratada así, debería intensificar ciertamente la protesta desde la Unión Europea. 
Presidenta, una observación más que enlaza con lo que acaba de decir mi estimado colega socialista. 
El proceder de los talibanes contra las mujeres también es de hecho una vergüenza para el Islam. 
Sería bueno que el mundo árabe se manifestara de forma más clara y enérgica en el sentido de que éste no es el ejemplo de Islam a seguir. 
Creo que en este asunto tanto las democracias occidentales como las democracias árabes deben actuar hombro con hombro para combatir este enorme terror, porque lo que allí ocurre es una vergüenza para el mundo árabe y una vergüenza para el Islam. 
Señora Presidenta, el régimen talibán se sirve del Islam como pretexto para oprimir a las mujeres de una manera realmente repugnante. 
Por supuesto, es verdad que nos encontramos con la opresión de la mujer también en otros países musulmanes, pero en ninguna parte se llega en verdad al extremo de los talibanes en Afganistán. 
De hecho, esto no tiene nada que ver con el Islam, sólo tiene que ver con un abuso de poder de los talibanes sin precedentes. 
En realidad no es más que un grupo de granujas que intentan ampliar su poder de esta manera. 
Es absolutamente necesario poner en marcha una iniciativa para resolver el conflicto en Afganistán de manera pacífica y procurar que de nuevo vuelva a aparecer allí el respeto por los derechos humanos. 
Me parece absolutamente necesario crear un código de conducta en las personas que prestan ayuda para lograr que se excluya en la ayuda humanitaria cualquier forma de discriminación por motivos sexuales y de esa manera intentar aislar del todo al régimen talibán. 
Aquí se requiere una actuación conjunta de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Afganistán no está retornando a la Edad Media. 
Está yendo bastante más atrás, aunque parezca increíble. 
El régimen establecido por los talibanes es hoy uno de los más bárbaros y antidemocráticos existentes sobre el planeta. 
Ejemplos claros y execrables de ello los hay y a montones, por ejemplo, en la ausencia de cualquier derecho para la mujer, en las continuas violaciones que se realizan de las libertades fundamentales e incluso, como comprobamos todos los días, en las bárbaras ejecuciones y castigos que se llevan a cabo contra la población civil. 
Población civil que malvive en la miseria y en la destrucción porque, señora Presidenta, a las consecuencias de la guerra civil se suman el desgobierno talibán y la continuación de la Guerra Fría. 
Pero yo creo que tenemos que ser claros: los talibanes tienen la principal responsabilidad, pero la comunidad internacional y sus principales miembros deberían empezar a asumir sus responsabilidades, porque los errores de los setenta, de los ochenta y de los noventa todavía se están pagando ahora. 
Y no podemos limitarnos a lamentar las barbaridades de los talibanes o a rechazar lo que se ha hecho a la Comisaria Bonino. 
Hay que actuar. 
Y yo creo que hay cosas muy sencillas, muy claras y muy contundentes que podemos hacer. Condenar continuamente el régimen talibán, desde la Unión Europea y en el marco de las Naciones Unidas, pedir a países como Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que tienen relaciones con esta Unión, que no tengan relaciones diplomáticas con los talibanes y, en caso contrario, aplicarles alguna medida de presión. 
Se podría pedir, por ejemplo, en esa relación transatlántica de la que hablamos tantas veces, que Washington pidiera a Pakistán, a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos que dijeran algo sobre el régimen de los talibanes; que de una vez hubiera un embargo de armas verdadero y también de las piezas que sirven para mantener en funcionamiento las armas; que se ayudara a las ONG para que éstas a su vez lo hagan directamente a la población y con un código de conducta claro y, desde luego, poner en todo momento los derechos de la mujer en el frontispicio de nuestra actuación. 
Hace falta una conferencia internacional de compromiso y, señor Comisario, yo creo que sería la hora de proponer que hubiera una acción común en el marco de la PESC por parte de la Unión Europea que siguiera la audacia, la claridad y la valentía de la Sra. Bonino. 
Señora Presidenta, la situación de los derechos humanos en Afganistán es cada vez más amenazante. 
La población padece bajo una guerra civil que dura casi 20 años, con sus catastróficas consecuencias económicas, y padece bajo el autoensalzamiento y desprecio de los derechos humanos de las partes combatientes. 
Los talibanes son un régimen de fundamentalistas de la Edad de Piedra. 
Su política se orienta contra la parte femenina de la población. 
Con ayuda de medidas draconianas son excluidas sistemáticamente de la vida pública, se niega la atención médica y las violaciones y el terror están a la orden del día. 
Estos autonombrados santos guerreros tienen otras víctimas: minorías religiosas y étnicas, comprometidos políticamente e intelectuales. 
En el mundo islámico solamente son reconocidos por Arabia Saudí y el Pakistán. 
Este aislamiento muestra que a los talibanes no les interesa la religión sino sólo el poder y el dinero. 
Lo poco que les importan los convenios sobre derechos humanos lo ha revelado la delegación de Europa en Afganistán. 
Debemos prestar atención para que con ayuda de la Unión Europea no se afloje la presión, que las ONG participen y que esta ayuda adopte formas concretas. 
Tenemos que esforzarnos por lograr una solución pacífica del conflicto. 
El Consejo de Ministros no debe quedarse durante más tiempo al margen. 
Señora Presidenta, señoras y señores, la Comisión siente una gran preocupación por la situación en Afganistán, y nuestra emoción- yo diría, nuestro asco o nuestro sentimiento de repulsa- con respecto a lo que sucedió durante la detención de la Sra. Bonino, ciertamente no tiene otro parangón que el propio sentimiento de repulsa que sienten ustedes. 
La continuación de los conflictos armados y las frecuentes violaciones de los derechos humanos por parte de las diferentes facciones están golpeando duramente a la población civil, y a la Comisión le inquieta, en particular, la situación de las mujeres, cuya situación es cada vez más precaria, como, acertadamente, ha denunciado la Sra. Karamanou. 
El orden riguroso impuesto por los talibanes restringe los derechos fundamentales de las mujeres y las convierte en ciudadanas de segunda clase. 
Asimismo, señor Dell ' Alba, en lo relativo al apartado 9 de la resolución, es para mí un placer apoyar su propuesta de conceder una atención muy especial a la situación de las mujeres afganas con ocasión del próximo Día mundial de la mujer del 8 de marzo de 1998. 
Además, puedo asegurarle, señor Carnero González, que el 18 de octubre de 1996 ya se decidió emprender una acción común en el marco de la PESC; acción que sigue en vigor y fue confirmada durante la última reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de comienzos del mes de octubre. 
No obstante, la Comisión hace hincapié en la necesidad de proseguir el diálogo con las autoridades de hecho que controlan Kabul e insiste en que tenemos la obligación moral de continuar con nuestra ayuda y nuestros esfuerzos humanitarios por mediación de las ONG. 
¿Por qué proseguir el diálogo? 
Sencillamente porque aislar hoy a Afganistán favorecería ineludiblemente la radicalización del régimen de los talibanes. 
En efecto, las esperanzas de liberalización van unidas a la reanudación del diálogo internacional, a la acción de las Naciones Unidas y, naturalmente, a la paz. 
Por otra parte, hay que continuar prestando ayuda humanitaria. 
Les recuerdo que la Unión Europea es el principal proveedor de ayuda a Afganistán, que toda la ayuda que ésta concede pasa por las ONG, y que la suma de las ayudas concedidas en el transcurso de los dos últimos años asciende a 120 millones de ecus. 
Diría, por consiguiente, que interrumpir la asignación de ayudas cuando se acerca el invierno, agravaría una situación de por sí muy difícil- por no decir insoportable- de la población civil. 
Las consideraciones políticas deben desvanecerse ante un simple hecho: nuestra inacción causaría numerosas víctimas, y este país no lo necesita. 
La Unión Europea aprobó, en diciembre de 1996, el embargo declarado sobre el suministro de armas a Afganistán. 
La Comisión desea que este embargo se amplíe al conjunto de países que proporcionan asistencia militar a los beligerantes. 
Las Naciones Unidas están desplegando esfuerzos importantes para encontrar una solución pacífica. 
La firma de un acuerdo de paz- que ustedes han mencionado en repetidas ocasiones- supone, no obstante, asociar al conjunto de los interlocutores regionales que directa o indirectamente forman parte del conflicto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0829/97 del Sr. Cars, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Corea del Norte; -B4-0841/97 de los diputados Ford, Malone, Needle y Thomas, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la hambruna en Corea del Norte; -B4-0853/97 de los diputados Dupuis y Dell ' Allba, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la hambruna en Corea del Norte y sobre la situación política en ese país; -B4-0861/97 de los diputados Habsburg-Lothringen, Rinsche, Decourriére y Oomen-Ruitjen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la grave hambruna en Corea del Norte; -B4-0873/97 de los diputados Bloch von Blottnitz, Müller y Holm, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la catástrofe de la hambruna en Corea del Norte; -B4-0876/97 de los diputados Alavanos y Eriksson, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la hambruna en Corea del Norte; -B4-0889/97 de los diputados Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en Corea del Norte. 
Señora Presidenta, Corea del Norte cumple con todos los requisitos clásicos para poder ser llamada una dictadura. 
Lo que es peor todavía es que se trata de una dictadura hereditaria, donde el poder pasa de padres a hijos. 
Se está obligando al pueblo norcoreano a vivir en un estado de catástrofe permanente. 
La información que nos llega indica que se están produciendo atropellos de un nivel extremo. 
Los niños mueren de inanición, y la desnutrición ha adquirido tales proporciones que existe el riesgo de que surja el fenómeno del canibalismo. 
Corea del Norte destaca como un gran campo de concentración donde los prisioneros, que son los propios ciudadanos, son maltratados brutalmente- tanto desde el punto de vista físico como mental. 
Este régimen ha cerrado la puerta con llave y se ha vendado los ojos. 
¡El mundo tiene que hacer que se ocupe de los sufrimientos que provoca, y que mire a su pueblo cara a cara! 
Me permito añadir que es triste que en este Parlamento haya personas que, invocando una solidaridad socialista mal entendida, cierren los ojos ante el sufrimiento del pueblo norcoreano. 
Señora Presidenta, por haber visitado Corea del Norte, corriendo yo mismo con los gastos, junto con dos colegas- Clive Needle y David Thomas -, en las dos últimas semanas, me complace intervenir en este debate. 
Es un país triste. 
El clima, la cultura y la Historia han conspirado contra él. 
En los dieciocho últimos meses han tenido las peores inundaciones en 63 años y la peor sequía en 52 años. 
El resultado ha sido que la distribución diaria de alimentos se ha reducido de 700 gramos diarios a 500 y después a 300 y ahora a 100 gramos diarios, que equivalen a la inanición. 
Desde 1989 la producción agrícola ha descendido en un 50 %, la producción de carbón en un 65 % y la de fertilizantes en un 75 %. 
Durante nuestra visita, se encontraban en la extraña situación de no poder extraer el carbón de las minas por no tener electricidad para que funcionara la maquinaria. 
Las Naciones Unidas han indicado recientemente que el 17 % de los niños norcoreanos sufren malnutrición. 
Visitamos un centro infantil, un hospital pediátrico, diversos orfanatos y guarderías para verlo con nuestros propios ojos. 
Las ONG que trabajan in situ, el PNUD, el UNICEF, Médecins sans Frontières, Children´s Aid Direct y representantes de la Comisión Europea, confirmaron lo que vimos con nuestros propios ojos. 
Algunos dirán: » ¿Y qué? 
Es el último de los regímenes estalinistas dirigido por un rey títere y que controla el ejército, dotado, según los Estados Unidos, de armas nucleares». 
Quisiera hacerme eco de lo declarado por el Sr. de Silguy en el último debate. 
Sería un crimen contra la Humanidad infligir un castigo a los niños de hoy por las perfidias del pasado. 
¿A quién se le ocurriría invocar el infanticidio como nueva arma de destrucción en masa? 
Es una locura arrinconar un país con 1, 5 millones de soldados y armas nucleares. 
El portaaviones estadounidense «Independence» , que nos protege de Corea del Norte a nosotros y a los japoneses, cuesta un millón de dólares al día. 
La otra posibilidad es seguramente la guerra, el hambre y la pestilencia. 
Un aterrizaje suave nos vendría bien a todos. 
Por eso vamos a intentar modificar la resolución durante la votación. 
Corea del Norte está empezando a abrirse lentamente. Las ONG y la Comisión Europea lo confirman. 
Imponer las exigencias de un acceso inmediato y completo al país, aún en guerra oficialmente con su vecino, equivaldría a pedirle que se abriera más que sus vecinos de Corea del Sur. 
Debe abrirse y está abriéndose, pero pedir lo imposible no contribuirá a ello. 
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, ataco como falso el cuadro idílico que mi predecesor acaba de bosquejar sobre lo que está sucediendo en Corea del Norte. 
Sólo faltaban angelitos revoloteando para que fuera perfecto. 
Lo que actualmente sucede en Corea del Norte es el resultado de cuarenta años del régimen más descabellado. 
Ceausescu casi parecía un niño del coro al lado de los que reinan en Corea del Norte, y hoy quieren hacernos creer que el problema de la penuria alimentaria únicamente se debe a la sequía, a pesar de que nos encontramos ante un régimen demente que se lanza a empresas faraónicas en honor de los Kim Il-Sung I, II y, pronto, III. Tenemos ante nosotros a un régimen absurdo y- los amigos Socialistas- quieren hacernos creer que debemos moderar nuestra resolución, que no hay que condenar abiertamente al gobierno. 
Tal vez podamos criticar a las autoridades norcoreanas, pero sólo un poco. 
Es realmente delirante. 
Se nos pide una votación separada sobre el punto 2, cuyo único propósito es que los periodistas occidentales puedan viajar a Corea del Norte y circular por el país para verificar si, al menos, la ayuda alimentaria no termina en los bolsillos de los que ostentan el poder en el país, sino que beneficia a los necesitados. 
Los Radicales, por nuestra parte, hemos introducido una pequeña enmienda para que, si la situación no cambia radicalmente y no se procede a las privatizaciones y a las reformas políticas, el país sea puesto bajo tutela internacional en el plazo de seis meses, porque no solamente no garantiza la libertad, sino que ni siquiera garantiza el pan para sus habitantes. 
Señora Presidenta, al ocuparnos hoy del asunto de urgencia de Corea del Norte, debemos tener claro que no hablamos sobre un país normal. 
Corea del Norte es un país que actúa hoy como si estuviese desvinculado de cualquier obligación y moral. 
Es un Estado totalitario sin parangón. 
No se puede comparar en sus acciones con ningún otro país. 
Por ello, creo que es totalmente erróneo que hoy, en un momento en que nos enfrentamos a la mayor hambruna de la segunda mitad del siglo, ciertas personas nos intenten aclarar que esto solamente tiene que ver con las catastróficas inundaciones, períodos de sequía y similares. 
La hambruna en Corea del Norte existía ya en un momento en que estas terribles catástrofes medioambientales no tenían lugar allí. 
Solamente intensifican lo que allí ocurre. 
Seamos sinceros con nosotros mismos. 
Incluso los chinos reconocen hoy que se debe a la política de Corea del Norte y la política, señor Ford, no ha cambiado demasiado en los últimos tiempos. 
Hambrunas existen desde hace mucho más tiempo que en los últimos cuatro años. 
Las cifras hablan por si mismas aunque no estén claras. 
Todas las ONG que allí trabajan, las diversas organizaciones que se han indicado mencionan cifras diferentes. 
Pero todos coinciden en que varios millones de personas están expuestas a esta hambruna, que hay unos 800.000 niños hambrientos, que se han producido los primeros casos de canibalismo y que la ayuda es siempre rechazada por Corea del Norte como agitación política. 
Esto no es aceptable para nosotros. 
El Parlamento debe decir con toda claridad que queremos vincular nuestra ayuda a corto y largo plazo a determinadas condiciones. 
La ayuda a corto plazo tiene que estar claramente vinculada a la condición de que digamos que queremos saber adónde va nuestra ayuda. 
No se puede aceptar que hoy una gran parte de la ayuda que alcanza realmente a Corea del Norte vaya a parar en su mayor parte a los militares y no llegue a la población en la medida que sería necesario. 
En el caso de la ayuda a largo plazo, también va a ser necesario hacerla depender de las mejoras reales en este país. 
Creo que la propuesta del Sr. Dupuis de comenzar con privatizaciones en este país sería un importante ejemplo. 
Creo que debemos pronunciarnos en este sentido. 
Señora Presidenta, cada vez hay más hambre. ¿Y qué hace el régimen de Corea del Norte? 
Dificulta, incluso impide en ocasiones, que la ayuda que va llegando se distribuya en el país y alivie de este modo a las personas afectadas. 
No tenemos otra alternativa que no sea expresar la condena del Parlamento Europeo. 
La Comisión debe reforzar rápidamente su ayuda humanitaria, y al mismo tiempo adoptar una estrategia a más largo plazo para impedir que se produzcan situaciones parecidas en el futuro. 
No obstante, en este caso la actuación de la UE se caracteriza por su doble moral. 
Se están concediendo muchos fondos a Corea del Norte para que el país construya dos nuevas centrales nucleares. 
Sin embargo, cuando se hayan construido seguirá sin existir una red que pueda distribuir la electricidad. 
Esto no es otra cosa que tirar el dinero, y es una política con la que la UE no puede continuar. 
En cambio, hay que ayudar a los ciudadanos de Corea del Norte a combatir el hambre, ¡y dejar de construir tantas centrales! 
Señora Presidenta, como se ha dicho, el pueblo de Corea del Norte está sufriendo una hambruna sin precedentes que está provocando una verdadera hecatombe. 
Este hecho se ve agravado por la bien conocida política de cierre del Gobierno de Pyongyang que nos impide entender concretamente los límites reales de la crisis alimentaria que afecta a dicho país. 
La hambruna, sin embargo, existe y es gravísima y creemos que la Comisión debe conceder una amplia ayuda alimentaria de urgencia al pueblo de Corea del Norte. 
Confío en que el Comisario responda a este punto y responda a la propaganda que se hace también en este Pleno ante una tragedia de este tipo, es decir, la propaganda de quien quiere supeditar las ayudas a un pueblo al hecho de que se pueda obligar a una negociación política a un Gobierno que podemos condenar, sin que esto, no obstante, modifique en absoluto la gravedad de la situación. 
A nadie de nosotros se le pasa por alto la necesidad de reformas en Corea del Norte y espero que las mismas se emprendan cuanto antes. 
Considero, sin embargo, que ahora lo más urgente es la ayuda humanitaria y Europa no puede echarse atrás ante esta tragedia; sería gravísimo y una complicidad. 
Señora Presidenta, ante todo, se trata de un problema humanitario. 
Ésa debería ser la preocupación fundamental del Parlamento Europeo. 
Agradezco a mis colegas los Sres. Ford, Thomas y Needle y la Sra. Malone que nos hayan traído información sobre la hambruna en Corea del Norte y nos hayan alertado respecto de la difícil situación de los niños hambrientos en ese país. 
Me alegro de que la UE haya sido el mayor donante a Corea del Norte en los últimos tiempos. 
Pero quisiera hacer una observación política: resulta imperativo reanudar las conversaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte, copresididas por los Estados Unidos y China. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para alentar esa búsqueda de soluciones políticas. 
Sé que nuestros colegas de Corea del Sur están deseosos de que así sea. 
Espero que Corea del Norte corresponda con una actitud similar. 
Ésa debe ser la mayor esperanza a medio plazo para esos niños hambrientos. 
Señora Presidenta, he de decir que es algo que no me ocurre todos los días, pero esta vez estoy totalmente de acuerdo con la resolución presente acerca de la hambruna en la tiranía comunista de Corea del Norte. 
Así pues, por mi parte, sólo un par de palabras sobre las enmiendas. 
En primer lugar, las tres enmiendas del colega Dupuis, que a mi modo de ver aportan un útil complemento, al remitir más explícitamente que la resolución misma al auténtico responsable de esta calamidad: el régimen comunista con su increíble lujo para los dirigentes y sus familias, con su igualmente increíble miseria para la población, y con su lento martirio para los doscientos mil presos políticos de los que el Sr. Ford no ha dicho nada. 
Efectivamente, no son las inundaciones devastadoras las que han ocasionado la miseria y la hambruna, sino en primer lugar las décadas de gobierno estalinista. 
A pesar de todo, la enmienda 4 del grupo socialista no quiere condenar al régimen, sino sólo criticarlo. 
El colega Ford es, por lo general, un poco más atrevido en su lenguaje, sobre todo si se trata de representantes de la derecha nacional y democrática europea; pero ahora que se trata de auténticos asesinos políticos y criminales de izquierda, al colega Ford le asalta de repente una especie de agorafobia verbal. 
Eso me parece especialmente interesante. 
Por último, una palabra más acerca de las tres enmiendas de los verdes sobre la ayuda norteamericana y europea para la construcción de dos reactores. 
No es la primera vez que los verdes insisten sobre este tema. 
Tampoco es la primera vez que lo hacen injustificadamente, porque las dos nuevas centrales sirven para la urgente sustitución de dos centrales nucleares ya existentes y altamente peligrosas que además producen plutonio de uso militar para el régimen. 
Quien se oponga a esto aboga de hecho por un nuevo Chernobil, acaso mucho más dramático. 
Entre tanto, la lección más importante de hoy para mí sigue siendo la solidaridad vergonzosa pero real del colega Ford y del grupo socialista con el monstruoso régimen comunista de Corea del Norte. Un régimen al que no quieren condenar, sino que a lo sumo critican en voz baja. 
No debemos olvidar esto. 
Señora Presidenta, recientemente visité Corea del Norte con Trocaire, una agencia católica irlandesa, gracias a mis dietas en ecus. 
Aún no me he repuesto de lo que allí vi. 
Presencié las manifestaciones de una secta. 
No cabe duda de ello. Es extraña y misteriosa. 
Ahora bien, creo que es importante infundir un poco de equilibrio al debate. 
No cabe duda de que hay una gravísima escasez de alimentos. 
Hay un enorme déficit de suministros médicos y existen- convengo en elloproblemas estructurales por encima de los recientes desastres del maremoto, etc. 
Tuve oportunidad de plantear todo lo relativo a los derechos humanos a los diversos ministros con los que me reuní y obtuve una concesión en relación con el acceso para los medios de comunicación. 
Convengo con la resolución cuando dice: » La supervisión es un problema». 
Siempre hay un dilema entre la ayuda humanitaria y la dimensión política. 
Debemos guiarnos por el imperativo humanitario. 
Respecto de la idea de enviar una delegación del Parlamento, si acordamos hacerlo, deberá basarse en la labor de los que ya han estado allí y no ser simplemente una visita sensacionalista. 
No hay estadísticas disponibles, pero no hay testimonios de canibalismo. 
Ese tipo de observaciones son indignas de este Parlamento. 
Si aparecen en los medios de comunicación, sólo sirven para instigar el odio. 
No estamos aquí para eso. 
Debemos continuar con el diálogo. 
Ellos desean la organización de empresas mixtas. 
Quieren ayuda con la nueva tecnología. 
Quieren asistencia y están muy agradecidos de recibirla. 
Señora Presidenta, es sabido que para los comunistas las razones de la lógica y la realidad desnuda de las cifras son impugnables si las mismas no coinciden con sus análisis pseudocientíficos. 
Evidentemente, los comunistas de Corea del Norte han decidido en algún comité central que su cosecha agrícola, producida por las granjas colectivas, es suficiente para cubrir las necesidades de la población norcoreana y, fieles a dicha posición, siguen negando la evidencia, esto es, que su propia población se está muriendo de hambre y que cientos de miles de niños y ancianos versan en un estado de indigencia y se mueren por malnutrición. 
Y, desde su punto de vista, las ofertas de ayuda que provienen del mundo occidental no son otra cosa que provocaciones capitalistas y reaccionarias. 
Por ello, señor Presidente, quizás para convencerles de que acepten todas nuestra ayudas, sería mejor que llegásemos a un acuerdo con otro país comunista, por ejemplo, Cuba para que actúe como intermediario ante el Gobierno norcoreano, no escondiéndole, sobre todo, el verdadero origen de las ayudas. 
Pido disculpas por haberme puesto algo irónico sobre un asunto tan trágico, pero es tan absurda la actitud del Gobierno norcoreano que, si quisiéramos ser realmente serios, haría falta confiar en un movimiento revolucionario popular que devolviera la libertad y la legalidad a este martirizado país. 
Señora Presidenta, la política de aislamiento del Gobierno norcoreano no permite disponer de datos exactos sobre el alcance del problema humanitario. 
Las cifras, señor de Habsburg, que circulan sobre el número de víctimas de la hambruna son todas ellas estimaciones muy difíciles de verificar. 
No obstante, la situación es indiscutiblemente muy preocupante. 
La Unión Europea aporta una ayuda humanitaria importante desde 1995, año en que Corea sufrió graves inundaciones. 
Dichas ayudas se han incrementado para hacer frente a la penuria alimentaria. 
El total de la ayuda en 1997 asciende así a unas 230.000 toneladas equivalentes en cereales. 
Una parte es distribuida por mediación del Programa Mundial de Alimentos, y la parte restante se distribuye por la vía bilateral. 
A estas ayudas se suman programas de nutrición específicos en favor de los niños y toda una serie de medidas de ayuda sanitaria, proporcionada por la UNICEF y diferentes ONG, como MSF, la FICR, etc. La Unión Europea, señor Pettinari, con 66, 5 millones de ecus, es actualmente el primer donante de ayuda a Corea del Norte. 
En el país trabajan observadores independientes, en estrecha colaboración con el PMA, la UNICEF y las organizaciones no gubernamentales con el fin de garantizar la aplicación eficaz de nuestra ayuda y, naturalmente, asegurar que ésta no es desviada de sus objetivos. 
La Comisión ha adoptado con éxito una posición firme para que los equipos de vigilancia puedan trabajar sin trabas. 
El balance de estas acciones de urgencia es positivo. 
Los responsables del Programa Mundial de Alimentos estiman que el estado de nutrición de los niños de corta edad ha mejorado. 
La situación alimentaria de Corea, sin embargo- y comparto el sentimiento de muchos de ustedes- continúa siendo muy difícil. 
Para ello, la Comisión espera el resultado de los estudios realizados por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos sobre la calidad de las cosechas en Corea. 
Pero es evidente- y me uno aquí a una observación, creo que, del Sr. Dupuis- que hacen falta reformas económicas. 
Diré asimismo que también hacen falta reformas políticas para resolver el déficit estructural de la producción alimentaria de Corea del Norte. 
Las ayudas palían el peligro de hambruna, pero no curan los males que la originan. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0825/97 de los diputados André-Léonard, Fassa y Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la partida de la Comisión de Investigación de la ONU del Congo; -B4-0832/97 de los diputados Aelvoet y Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la misión de la ONU en el Congo; -B4-0850/97 de los diputados Dury y Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la obstaculización a una Comisión de Investigación de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo; -B4-0856/97 de los diputados Hory, Dell 'Alba y Dupuis, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la Comisión de Investigación de las naciones Unidas para cuestiones de derechos humanos en la República Democrática del Congo; -B4-0863/97 de los diputados Chanterie, Stasi, Tindemans, Verwaerde, Maij-Weggen y Oomen-Ruitjen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en la República Democrática del Congo; -B4-0877/97 de los diputados Pettinari, Carnero González, Ojala y Sjöstedt, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la Comisión Internacional de Investigación de las Naciones Unidas para las violaciones de los derechos humanos en el antiguo Zaire; -B4-0890/97 de los diputados Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en la República Democrática del Congo; -B4-0830/97 de los diputados Bertens y Larive, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la posición de la Unión Europea para el fomento de los derechos humanos en China; -B4-0847/97 del Sr. Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el fomento de los derechos humanos en China; -B4-0855/97 de los diputados Hory, Dell' Alba y Dupuis, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la posición de la Unión Europea sobre el fomento de los derechos humanos en China; -B4-0862/97 de los diputados McMillan-Scott y Habsburg-Lothringen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la posición de la Unión Europea sobre el fomento de los derechos humanos en China; -B4-0872/97 de los diputados Aglietta y Schroedter, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el fomento de los derechos humanos en China; -B4-0828/97 de los diputados Cars y La Malfa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Kosovo; -B4-0837/97 de los diputados Aelvoet, Cohn-Bendit, Gahrton, Müller y Tamino, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Kosovo; -B4-0848/97 del Sr. Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Kosovo; -B4-0854/97 de los diputados Dell ' Alba y Dupuis, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Kosovo; -B4-0865/97 de los diputados Oostlander, Pack, Habsburg-Lothringen, Maij-Weggen, Posselt y Oomen-Ruitjen en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Kosovo; -B4-0878/97 de los diputados Manisco, Sjöstedt, Sierra González y Mohamed Alí, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las violaciones de los derechos humanos en Kosovo; -B4-0858/97 del Sr. Pradier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre las condiciones de encarcelamiento en el centro penitenciario de Khiam; -B4-0864/97 de los diputados Soulier y Peijs, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación de Souha Bechara encarcelado en el sur del Líbano; -B4-0879/97 de los diputados Wurtz, Castellina, Marset Campos, Miranda, Ephremidis, Alavanos y Seppänen, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la liberación de Souha Bechara; -B4-0849/97 de los diputados Hoff, Wiersma, Bösch y Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación política en Eslovaquia; -B4-0827/97 de los diputados André-Léonard, Fassa, Bertens y Nordmann, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Argelia. 
República Democrática del Congo 
Señora Presidenta, el pasado 3 de octubre, la misión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instada a volver al cuartel general de la propia ONU para consulta. 
El Gobierno congoleño le impidió de hecho llevar a cabo las investigaciones sobre las presuntas masacres perpetradas en el país. 
Al mismo tiempo, el Alto Comisionado para los Refugiados y numerosas organizaciones no gubernamentales decidieron suspender sus actividades en la parte oriental del Congo y, posteriormente, fueron obligadas a abandonar dicho territorio. 
Es muy difícil, por no decir imposible, que las nuevas autoridades congoleñas puedan llevar a su país por el camino de la democracia y del desarrollo sin la ayuda de la Unión Europea. 
No podemos, sin embargo, dejar de recalcar que dicha ayuda de la Unión deben ganársela respetando los derechos humanos, los principios fundamentales de la democracia y, ante todo, cooperando constantemente y sin ambigüedades ni obstáculos con quien está allí para ayudarlas. 
Señora Presidenta, lamentamos la total ausencia de disposición a cooperar por parte del Gobierno congoleño y queremos expresar nuestra profunda preocupación por la partida de la República Democrática del Congo de la Comisión de Investigación de la ONU. 
Esta delegación entró en el país el 24 de agosto y el 3 de octubre tuvo que partir ya de Kinsasa. 
Creo que esto sólo perjudica la evolución pacífica y el futuro del Congo. 
Queremos subrayar que la medida de la ONU tiene que llevarse a cabo y apelamos al Presidente Kabila para que coopere plenamente con la Comisión de Investigación de la ONU y que le garantice el acceso ilimitado y sin condiciones al interior del país. 
De lo contrario, el Congo corre el peligro de quedar aislado cuestionándose también el reinicio de la cooperación. 
Consideramos la cooperación europea con el nuevo Gobierno y autoridades congoleñas como decisiva para el fomento de la democratización y el desarrollo del país, que tiene que recuperarse de la dictadura y de la guerra. 
Subrayamos que el respeto de los derechos humanos, de las instituciones democráticas y del derecho internacional representan una condición previa para una cooperación de este tipo. 
Hay que garantizarlo y para ello la ONU es una importante institución. 
Espero que el Sr. Kabila se muestre dispuesto en el futuro a cooperar. 
Señora Presidenta, en primer lugar, qué no haya ambigüedad sobre nuestro planteamiento. 
Intervenimos en el marco de la defensa de los derechos humanos y quizá debamos precisar que, además, estamos encantados de que el régimen de Mobutu haya terminado. 
Esperamos que sea en beneficio del conjunto de la población congoleña y, al fin y al cabo, es lo que debe preocuparnos. 
Es cierto que, a partir de ahora, el nuevo régimen debe aclarar cuál es la situación de los derechos humanos, y sería realmente lamentable que Kabila desaproveche la ocasión que le brinda la misión de derechos humanos, porque ésta debe hacer justicia a la verdad sobre las matanzas y las masacres que realmente se han cometido. 
Sabemos que la Sra. Bonino también nos ha dado testimonio de ello. 
Deseamos realmente que la misión de los derechos humanos de las Naciones Unidas pueda hacer su trabajo. 
Hasta el momento eso no ha sido posible y lo lamentamos. 
Lo lamentamos por dos razones evidentes; porque opinamos que un régimen sólo puede asentar su autoridad y sólo puede infundir confianza a nivel internacional si está basado en los valores comunes del respeto de los derechos humanos. 
Por ello le decimos al Sr. Kabila: abra sus fronteras, realicemos encuestas, encuestas que serán objetivas, y después, juntos, intentaremos reconstruir el Congo con toda la ayuda que pueda aportar la Unión Europea. 
Realmente, en este asunto sólo nos preocupa una cosa, y es la suerte de los congoleños y de su maravilloso país. 
Señora Presidenta, me uno, naturalmente, a los diputados de mi Grupo y a la mayoría de los diputados a esta Asamblea en la reprobación dirigida contra los obstáculos que las autoridades de la República Democrática del Congo hayan podido poner a la misión de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Me uno asimismo a la emoción que todos sienten ante la suerte que corren los refugiados ruandeses, rehenes desde hace tanto tiempo de las antiguas dictaduras ruandesa y zaireña. 
Quiero agradecer a la Sra. Dury las especificaciones que acaba de facilitar a propósito de dichas dictaduras, porque, a fin de cuentas, no puedo evitar comparar el interés que demuestra nuestra Asamblea por la situación en el antiguo Zaire, con su falta de interés, por ejemplo, por la República Popular del Congo. 
Por un lado, cada mes condenamos a aquellos que han sabido levantar un ejército de liberación con el apoyo de la población para derrocar una tiranía que varios Estados miembros de la Unión habían protegido durante treinta años, en nombre de la corrupción recíproca. 
Al otro lado del río, un dictador derrocado por las urnas recupera el poder por la fuerza y gracias a la ayuda de varios Estados extranjeros, y en este caso no encontramos nada que decir en el marco de nuestras resoluciones de urgencia. 
¡Como si no hubiera nada de urgente en dicha situación! 
Si queremos conservar la credibilidad en nuestras intervenciones, en el futuro deberemos poner cuidado para considerar los atentados a los derechos humanos y a la democracia de manera equitativa. 
Señora Presidenta, muchos de nosotros habíamos confiado en que el final de la dictadura de Mobutu llevaría al nuevo Congo a mayores conquistas democráticas y de desarrollo. 
Sin embargo, desde los primeros lances realizados por el Presidente Kabila, parece necesario seguir llevando a cabo una política activa y firme con respecto a las nuevas autoridades de Kinshasa. 
La Unión Europea, en efecto, no puede aceptar que el Presidente congoleño desafíe a toda la comunidad internacional e impida que una misión de las Naciones Unidas investigue las acusaciones, que llovieron sobre el Gobierno de Kinshasa, de haber perpetrado matanzas indiscriminadas en el este de Zaire. 
Europa debe convertir el respeto de la legalidad internacional y la implementación de la misión de la ONU en Kivu en una condición fundamental para la reanudación de la cooperación con la República Democrática del Congo. 
Nos parece, en consecuencia, oportuno que la Comisión y, sobre todo, el Consejo coordinen esta posición de necesaria firmeza con los Estados Unidos con objeto de que el Presidente Kabila no tenga ninguna escapatoria y se le pueda, por decirlo así, obligar, en virtud de la iniciativa internacional y europea, a respetar al menos algunas normas democráticas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la Unión Europea ha estado cegada por el antiguo presidente Kabila, que nunca tuvo la intención de aceptar nada democrático, por ello la resolución de hoy no sólo tendría que haber expresado indignación, sino que tendría que haber hecho un llamamiento a esa misma indignación para poner fin a las ayudas. 
La ayuda a un autócrata es dinero tirado. 
Ya teníamos esa experiencia de Mobutu. 
Bien, señora Presidenta, me alegro de tener un colega que comparta mi opinión. 
Hoy tendríamos que haber hablado del otro Congo, de la República Popular del Congo. 
¿Dónde están las protestas de la Comisión y de este Parlamento contra la intervención militar de la vecina Angola en ese país? , y eso que va en perjuicio de un dictador. 
También a Angola le damos mucho dinero. 
Presidenta, yo no creía que el dinero de la Unión Europea estuviera dirigido a tapar el déficit humanitario que se crea después de que el Gobierno de Luanda haya contratado a cientos de mercenarios, haya destinado las ganancias del petróleo a comprar armas rusas y haya pedido 30 aviones a Norteamérica para seguidamente ir corriendo en ayuda del país vecino. 
Estoy a favor de poner sobre la mesa para el ciudadano europeo el apoyo que recibe África para ayuda humanitaria, y eso no podemos hacerlo mientras sigamos apoyando a déspotas en África. 
Señor Comisario, le animo a distanciarse de los déspotas africanos. 
Señora Presidenta, el Sr. Tindemans me ha pedido que le represente. 
Solamente quiero decir que aunque el segundo nombre del Sr. Kabila es Desiré, sin embargo no era nuestro candidato deseado. Fue llevado al poder por intereses económicos norteamericanos. 
Los europeos debemos prestar mucha atención a que no se produzcan allí violaciones de los derechos humanos mucho peores que en la época de Mobutu. En el marco de la cooperación atlántica debemos insistir también para que los Estados Unidos lo hagan junto con nosotros. 
Se trata del apoyo a la posición de la Comisión de la ONU. Se trata además de una política de derechos humanos enérgica sin cuya existencia reinará el caos en el país más grande, importante y mayor proveedor de materias primas del Africa Central. 
China 
Señora Presidenta, durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el pasado mes de marzo, la Unión Europea puso en juego tanto sus relaciones con China como la credibilidad de su política de derechos humanos. 
La división entre los Estados miembros llevó a que la ONU dejara pasar una oportunidad para denunciar las violaciones de los derechos humanos. 
Pero esa división llevó además a que China pudiera castigar impunemente a unos cuantos Estados miembros. 
Esa falta de unidad ha hecho de la Unión Europea un compañero muy débil de China. 
La Unión Europea debe mostrar ahora que ha aprendido la lección. 
El Tratado de Maastricht obliga a la Unión Europea a una política activa y común en derechos humanos. 
Las experiencias de marzo han demostrado, vuelvo a decirlo, que esta política sólo puede darse de manera colectiva. 
Para hacerlo posible, la Unión Europea debe empezar ahora con las conversaciones preliminares en cuanto a una posición común para la próxima asamblea de la Comisión de Derechos Humanos. 
La reanudación del diálogo político con China es una buena causa, pero es necesario concertar las posiciones nacionales. 
Confiamos en que esta resolución sea una señal importante y al mismo tiempo una invitación al Consejo para analizar lo que ocurrió y evitar que se repita el desastre de hace un par de meses. 
Por ello, el grupo ELDR ha decidido también esta mañana solicitar para el mes próximo una pregunta oral con debate para que el Consejo pueda explicar su estrategia. 
Ojalá quede claro para entonces que el Consejo también se ha aprendido la lección. 
Tanto la política de derechos humanos como una relación inequívoca con China son más importantes para la Unión Europea que bailar al son de los gobernantes chinos. 
Señora Presidenta, algunos tienen un minuto y luego hablan dos. 
Yo voy a intentar mantenerme dentro de los dos minutos. 
Quiero recontinuar en el lugar donde ha terminado el Sr. Bertens. 
Necesitamos una actitud unitaria, una opinión unitaria. 
Si los Estados de la UE no lo han logrado, al menos debería hacerlo el Parlamento Europeo. 
Hoy tenemos una propuesta de resolución que, desde mi punto de vista, hace posible una opinión unitaria. 
Ustedes saben que hemos tenido una serie de propuestas de resolución a las que yo precisamente no pude dar mi voto afirmativo en nombre de mi grupo político porque se han unido cuestiones de derechos humanos a una serie de cuestiones políticas, sobre las que se puede ser de opinión muy diferente. 
Creo que la cuestión de los derechos humanos en si es tan urgente en China- no solamente por el principio de su respeto, sino también para un sano desarrollo económico y social en China- que es acertado adoptar esta iniciativa. 
Es nuestra tarea- y para ello necesitamos el diálogo con China- convencer a nuestros interlocutores chinos de que mientras no se reconozcan los derechos humanos a una mayor escala y que mientras no se produzcan avances en este campo, en el sistema económico y social tampoco se producirá el nivel de progreso que es necesario. 
Pues una sociedad que no reconoce los derechos humanos, que los pisotea, no puede ser una sociedad que encuentre una gran aceptación y no puede organizar realmente todos los recursos humanos para impulsar la economía. 
Naturalmente, el desarrollo económico avanza con rapidez en China, pero pronto se encontrará con los límites si en dicho desarrollo no mejora la situación. 
En este sentido, hay que subrayar las exigencias que hemos planteado y espero que al menos en esta Asamblea se configure una actitud unitaria y crítica, pero abierta y solidaria respecto a la cuestión de los derechos humanos en China. 
Señora Presidenta, tomo nota de las buenas resoluciones del Sr. Swoboda. 
Tomo nota, sobre todo, de la excelente propuesta del Sr. Bertens, del Grupo Liberal, relativa a una declaración del Consejo en el próximo período parcial de sesiones. 
Creo que mi Grupo respaldará plenamente dicha propuesta. 
Debemos adoptar un ritmo muy rápido para no dejarnos embaucar por el Consejo, como sucedió el año pasado. 
Debemos conseguir una posición clara que diga que no habrá resolución, demostrando así que la Unión Europea tiene un doble lenguaje, con bellos discursos sobre los derechos humanos cuando se trata de pronunciar discursos, pero nada de concreto cuando se presenta la ocasión, o bien un cambio de posición de cinco Estados que nombraré- Italia, Francia, Gran Bretaña, Grecia y España- para que, por fin, se unan a los diez Estados miembros restantes y luchen por que la Unión Europea adopte una postura clara sobre la cuestión de los derechos humanos. 
Una cuestión que estos días ha vuelto a relativizar el Presidente Jiang Zemin, que ha hablado de diferencias de derechos dependiendo del lugar del planeta en que nos encontremos. 
Ya sabemos lo que eso significa. 
Creo, señor Swoboda, que resulta especialmente difícil hablar de diálogo en estas condiciones. 
Señora Presidenta, como recordarán Sus Señorías, en esta Asamblea aprobamos, justo antes de las vacaciones de verano, una resolución, de la que fui autor, sobre la cuestión de las relaciones UE-China a largo plazo. 
Ese informe abordaba un espectro muy amplio de relaciones: las económicas, las políticas y, naturalmente, la cuestión de los derechos humanos. 
El aspecto fundamental es el de que la situación de los derechos humanos en China sigue siendo absolutamente atroz. 
El año pasado hubo 6.000 condenas a la pena capital, lo que equivale al total correspondiente al resto del mundo. 
La Unión Europea, representada en esta ocasión por la Comisión, ha llegado recientemente a un acuerdo con arreglo al cual la troika encargada de los derechos humanos, en otras palabras el diálogo entre China y la Unión Europea, se reanudará sin condiciones. 
Felicito a la Comisión por ese logro, en particular a Sir Leon Brittan, porque eso significa que una vez más podemos entablar conversaciones sobre esos asuntos muy delicados. 
Lo más importante es que, como no hay condiciones, la Unión Europea puede continuar, si lo desea- y espero que así sea -, presentando una resolución en Ginebra en el próximo período de sesiones del año próximo para reparar nuestro fracaso el año pasado: la PESC recibió muchas críticas porque no pudimos unirnos respecto de esta cuestión. 
Si bien reconocemos que muchos Estados miembros tienen profundos vínculos económicos con China- y se están desarrollando -, no debemos seguir la misma vía que los americanos, que consiste en casi pasar por alto la cuestión de los derechos humanos y la dimensión política en pro de los vínculos económicos. 
China se toma a Europa muy en serio, pero tal vez no tanto como debería. 
Quisiera decir al Comisario que está aquí esta tarde que el año pasado el Sr. Qian Qichen, Ministro de Asuntos Exteriores de China, dijo que sólo podría tomarse en serio a la Unión Europea cuando tuviese una moneda única. 
Quisiera que lo tuviese presente. 
Señora Presidenta, apoyo a los oradores que comprueban que no se ha producido nada digno de tener en cuenta en lo relativo a los derechos humanos en China. 
Tengo ante mí el último informe de Human Rights Watch sobre China y los derechos humanos durante 1997. 
En él se comprueba que no se han producido grandes avances. 
Por tanto, es evidente que lo justo es que adoptemos la resolución que yo mismo he firmado hoy aquí. 
Al mismo tiempo he de admitir que el otro día el profesor Tommy Koh, director de la Asia-Europe Foundation de Singapur, me hizo reflexionar durante su estancia en el Parlamento Europeo a través de sus comentarios sobre nuestro modo de relacionarnos con China. 
El profesor apoyaba incondicionalmente nuestras críticas, pero cuestionaba nuestros métodos. 
Hay que reconocer que ésta es seguramente la resolución número cuarenta que adopta el Parlamento con un contenido crítico con respecto a China. 
Los resultados que hemos obtenido hasta la fecha han sido limitados. 
Tenemos que criticar a China, pero seguramente deberíamos reflexionar sobre el modo en que podrían hacerse más eficaces nuestras relaciones, de manera que también a través de ellas pudieran mejorar los derechos humanos en este país. 
Señor Presidente, cuando, al principio de esta semana, me reuní con el Jefe del Ejecutivo de Hong Kong, Tung Chee-hwa, planteé varias preocupaciones relativas a acontecimientos recientes allí ocurridos que no presagiaban nada bueno para la protección de los derechos humanos. 
Pregunté por la reducción del número de personas con derecho al voto para las elecciones del próximo mes de mayo en la antigua colonia, a consecuencia de la cual sólo podrán votar 180.000 de los 2, 7 millones de posibles votantes. 
La utilización del sufragio universal sería más apropiada. 
La introducción del criterio de la seguridad nacional en la legislación es también un paso atrás, sobre todo si se utiliza para limitar las libertades fundamentales y, en particular, el derecho a la disidencia política. 
También se habló de la revocación de cuatro leyes laborales el 16 de julio por el Consejo Legislativo Provisional. 
Dichas leyes protegían derechos fundamentales de los sindicatos y su supresión es un hecho muy preocupante. 
Celebramos un intercambio muy franco de opiniones y, como ponente del Parlamento para Hong Kong, me propongo supervisar la situación muy estrechamente para velar por que no se erosionen los derechos humanos y libertades fundamentales. 
Pero también quisiera decir que agradezco mucho que, cuando el Sr. Tung visitó la Unión Europea, el primer sitio al que acudió fue el Parlamento Europeo. 
Le agradezco que haya mostrado ese respeto para con nuestra institución. 
Kosovo 
Señor Presidente, muchas, demasiadas veces se ha visto obligado el Parlamento a pronunciarse sobre la represión injusta que ejerce Serbia sobre la población albana de Kosovo. 
A pesar de los acuerdos contraidos, los serbios niegan a los albanos, que son la población mayoritaria de Kosovo, la formación y la cultura a que tienen derecho. 
Con una aplastante violencia policial se disuelven manifestaciones pacíficas. 
De Serbia exigimos los representantes elegidos por la vía democrática de Europa que el Gobierno dé comienzo lo antes posible a las negociaciones con los líderes kosovo-albanos sobre el estatuto futuro de la región, y que se conceda inmediatamente a la UE el derecho a abrir una delegación en Pristina. 
Hay que recordar nuestra propuesta de celebración de una conferencia internacional sobre la cuestión de Kosovo. 
¿Es necesario siempre que mueran miles de personas para que la comunidad internacional actúe? 
Sería extraño que nuestra resolución obtuviera unos resultados ahora. 
Pero si éste no es el caso, no vamos a abandonar. 
En nuestra lucha en favor del respeto de los derechos humanos, Kosovo sigue ocupando un lugar prioritario del orden del día. 
Señor Presidente, nadie olvida en este Pleno que los problemas del Kosovo están estrechamente relacionados con el problema general de los Balcanes y con el hecho de que las comunidades albanesas asentadas en Yugoslavia y Macedonia, que a su vez están íntimamente ligados a los problemas que luego se plantean en Albania. 
Mantener una actitud que tenga presente dichos problemas y que garantice el respeto de las minorías dondequiera que estén, es un factor de estabilidad y de seguridad en esa región de tan alto riesgo. 
Por ello, no podemos más que deplorar que las manifestaciones estudiantiles fueran reprimidas por el régimen serbio de forma absolutamente inaceptable por medio del uso de la fuerza. 
En consecuencia, reiteramos la necesidad, como ya se ha dicho, de abrir una delegación de la Unión Europea en Pristina, así como la necesidad de que se respeten el diálogo y los acuerdos ya establecidos entre Milosevic y Rugova y que debían garantizar la apertura y el mantenimiento de los sistemas de educación universitaria para la minoría albanesa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lamentablemente tenemos que ocuparnos de nuevo de Kosovo, que sigue siendo un barril de pólvora, probablemente el más peligroso de Europa. 
La evolución de los últimos tiempos no ha sido en absoluto positiva si vemos los acontecimientos ocurridos en Pristina y qué tendencias han fortalecido en parte las elecciones en Serbia, donde la oposición no ha salido fortalecida o no ha encontrado una vía para una política democrática y que tenga también en cuenta los derechos de las minorías. 
La pequeña esperanza proveniente de Montenegro no va a ser suficiente para mejorar la situación de un modo determinante. 
No existe una alternativa a que las autoridades yugoslavas inicien un diálogo que tenga en cuenta los incuestionables derechos de la minoría que vive en Yugoslavia, que en Kosovo constituye la mayoría absoluta. 
No es la intención de este Parlamento y de la Unión Europea provocar modificaciones fronterizas. 
Por el contrario, tenemos que enviar una clara señal en el sentido de que no se someten a debate las fronteras de los Estados en Europa. 
Sin embargo, dentro de Yugoslavia tiene que existir una solución para una auténtica autonomía y un auténtico respeto de los derechos humanos y cívicos. 
Es también importante porque en la cercana Macedonia o ARYM se están produciendo acontecimientos que nos preocupan. 
No son comparables con lo que está pasando en Kosovo pero producen intranquilidad entre la gran minoría albanesa. 
Algunas de las penas draconianas me parecen demasiado fuertes y negativas. 
El barril de pólvora de Kosovo puede tener repercusiones sobre las zonas y Estados circundantes. 
Por ello, es muy importante que no escatimemos esfuerzos para convencer a Yugoslavia de que tiene que solucionar ella misma sus problemas con nuestra ayuda, ante todo en Kosovo. 
Señor Presidente, sobre el tema de Kosovo, al igual que hace un momento sobre el tema del Congo, intentaré ir en contra de las ideas dominantes. 
No subestimo los problemas democráticos que pueden plantearse en Kosovo, ni los posibles atentados contra los derechos humanos, pero, una vez más, quiero alertar contra la tentación, mayoritaria en nuestra Asamblea, de " diabolizar» a Serbia. 
Les recuerdo que en los Balcanes no habrá estabilidad pacífica si se aparta a los serbios de su historia y de su futuro. 
Quiero formular aquí tres preguntas sencillas. 
¿Cuál de nuestros Estados toleraría las injerencias en sus asuntos internos que todos los meses cometemos en los asuntos serbios? 
Segunda pregunta: tanto si trata de los límites territoriales de Bosnia, ayer, como de la autonomía de Kosovo, hoy, si tanto nos importan las garantías que conceden las leyes yugoslavas, ¿por qué hemos tenido tanta prisa en desarticular Yugoslavia? 
Por último, la tercera pregunta: al alentar, sin ninguna precaución, las aspiraciones a la autonomía de los albaneses de Kosovo, ¿no corremos el riesgo de alimentar el irredentismo en Albania y de volver a poner así en cuestión todas las fronteras de la región? 
Les propongo que salgan del maniqueísmo antiserbio y que trabajen seriamente a favor de una paz auténtica, por ser equitativa, y no por una desestabilización partisana. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, lamentablemente, no tengo suficiente tiempo para responder al Sr. Hory. 
Hacía mucho tiempo que no escuchaba tantos sinsentidos juntos. 
Como conozco la región mejor que el Sr. Hory- estoy desde siete u ocho años permanentemente en esta región -, desde hace tiempo me temo que la tranquilidad de cementerio que reina en Kosovo, finalice pronto sangrientamente. 
Los Gobiernos occidentales han mirado hacia otro sitio durante ocho años y ahora se pagan las consecuencias. 
Nadie ha realizado un esfuerzo serio por ayudar allí a los albanos que desde hace ocho años son golpeados, torturados y expoliados en sus derechos humanos más elementales. 
Por no hablar de que uno haya realizado el intento de devolver a los albanos de Kosovo, donde son el 90 por ciento de la población, los derechos que les robó Milosevic. 
Nuestros Gobiernos occidentales concluyen incluso acuerdos con Serbia para devolver a los refugiados de Kosovo a sus verdugos. 
Al contrario que los EE.UU, todos los Gobiernos europeos han reconocido a Yugoslavia sin la condición previa de que dé pasos para solucionar el problema de Kosovo. 
Lamentablemente, los EE.UU- al igual que todos los demáshan fracasado también en Dayton. 
En Dayton tendría que haberse puesto sobre la mesa el tema de Kosovo pues sólo así Milosevic habría tomado nota de que no queremos que se trate así a las personas, tal como ocurre en Kosovo día a día. 
Desde hace siete años sólo existe un sistema fantasma de formación en esta región, cuyos diplomas no tienen ninguna validez. 
Se escamotea el futuro de la juventud y tengo miedo de que sea precisamente esa juventud la que algún día se vengue de nosotros. 
La juventud albanesa es muy numerosa. 
La estamos ofendiendo pero, sobre todo, el Gobierno serbio de Yugoslavia. 
Espero que desde Montenegro quizás se vea una posibilidad de que Yugoslavia se configure de tal modo que todos los que allí viven puedan ser gobernados democráticamente. 
Señor Presidente, la política occidental respecto a Kosovo se puede calificar de auxilio para el asesinato. 
Hace ocho años el Sr. Milosevic ocupó ilegalmente Kosovo. 
Yugoslavia fue destruida por Milosevic y los serbios cuando en 1988 suspendieron la autonomía de Kosovo en contra de la Constitución yugoslava. 
Desde entonces reina allí un régimen policíaco brutal. 
Tenemos que hacer por fin algo. 
En primer lugar, tenemos que lograr con presión y no sólo con hueras palabras que se abra por fin una oficina, tal como los norteamericanos pudieron abrir sin problemas en Kosovo. 
Nos lamentamos pero no hacemos nada. 
Tenemos que presionar. 
En segundo lugar, tenemos que supervisar allí las elecciones con observadores internacionales. 
Esto es fundamental pues, de lo contrario, el régimen policíaco no desaparecerá de allí. 
Y en tercer lugar, tenemos que obligar al Sr. Milosevic también con presión a respetar las débiles promesas que ha realizado al Sr. Rugova, pues el Sr. Rugova, al igual que Gandi, ha optado por la vía pacífica. 
Le hemos desautorizado y, por ello, ahora hay jóvenes que empuñan las armas. 
Somos culpables de ello y nuestras manos están manchadas de sangre. 
Presidente, dos aspectos caracterizan la situación en Kosovo. No hay ningún contacto entre la población albanesa y las autoridades y de hecho las dos partes están- por así decirlo- estancadas en su propia retórica, y es sobre todo en los Balcanes donde uno puede perder el prestigio al ponerse a negociar. 
Desde hace poco, los estudiantes son un factor más junto a los dirigentes políticos como Rugova y Demaci. 
Además se dan cada vez más atentados- también contra refugiados que se han establecido en ese territorio- y dirigentes como Rugova y Demaci se distancian a mi gusto demasiado poco de estos atentados. 
Con la introducción del concepto de autonomía en el territorio, las partes se han enredado también en sus propias tesis y en este caso prácticamente no se puede empezar a negociar con el enemigo sin esa conocida pérdida de prestigio. 
Se dice que los serbios sí quieren hablar de una solución, pero no de una situación especial para Kosovo. 
Los albaneses quieren antes que nada haber satisfecho todas sus condiciones. 
Éste parece el momento para la Unión Europea, Presidente, para llegar a una mediación con discreción absoluta, preparar paso a paso posiciones que a continuación sean firmadas por ambas partes. 
Entonces quizá se logre desarrollar ese concepto de autonomía en el que los albaneses puedan vivir su propia identidad, pero probablemente bajo la dirección del Gobierno serbio. 
Una mediación allí de la Unión Europea puede ser muy sensata. 
Belgrado no se deja presionar, es la experiencia que tenemos, pero tal vez se deje convencer, intentémoslo en cualquier caso. 
Souha Béchara 
Señor Presidente, a través del caso de Souha Bechara, lo que realmente debemos condenar es el Estado de no derecho que prevalece en esta región. 
Entre los territorios en los que se aplica la legalidad libanesa y los territorios del sur, donde la ley sale a la luz bajo el control democrático de Israel, se encuentra una zona, en principio, libanesa, pero que, en realidad, está controlada por unos señores de la guerra, alimentados, armados, remunerados y comandados por militares israelíes. 
Pero siendo ésta una zona de no derecho, donde reina la voluntad de los que están armados, se detiene, se encarcela y se ejecuta, incluso, sin que nadie pueda decir nada. 
Una cárcel, la de Jiam, vive en este régimen de no derecho. 
La joven Souha Bechara, que es autora de un intento de tiranicidio, es cierto, sobre la persona de uno de estos señores de la guerra, permanece detenida en dicha cárcel desde hace casi diez años. 
Esa cárcel debe ser desmantelada y los detenidos deben comparecer ante una jurisdicción legítima. 
El importante papel que desempeña el Estado de Israel en la región convierte a dicho Estado en la parte a la que incumbe el deber de poner fin a esta ignominia. 
Presidente, hace ocho años el Parlamento Europeo, en una resolución, solicitó que se prestara atención a la situación de Souha Bechara; el 25 de mayo de 1989, hace ocho años. 
Ahora lleva ya nueve años en prisión, tenía 21 años cuando entró. 
La muchacha que era, ha pasado a ser una joven mujer de treinta años que no tiene la menor idea de cómo transcurrirá su vida, porque en todos esos años ha estado esperando un juicio; y creo que es culpable, Presidente, pero todo el mundo, culpable o no culpable, tiene derecho a un juicio, también esta joven mujer. 
Creo que eso es lo que solicitamos esta tarde, culpable o no culpable; y creo que es culpable, pero en cualquier caso no se trata de eso, nadie lo niega, ni siquiera la madre, pero a la madre le gustaría volver a verla alguna vez. 
A la familia se le prohibe el acceso, a los abogados se les prohibe el acceso, a la Cruz Roja se le prohibe el acceso. 
No creo que esto sea lo que entendemos como un proceso judicial. 
Presidente, le pedimos que informe al Gobierno de Israel de lo que está pasando allí para que ciertamente pueda tomar medidas como Estado de derecho. 
Señor Presidente, Souha Bechara tenía 21 años cuando fue detenida, el 7 de noviembre de 1988, tras un acto de resistencia a la milicia de reemplazo de Israel en el Líbano. 
Desde su arresto, permanece detenida, sin haber sido acusada ni juzgada, en el siniestro campo de Jiam, que recuerda a la prisión de Tazmamart de Marruecos. 
Son muchos los prisioneros que allí han muerto, y la salud de los que sobreviven se ve grave y, a veces, irremediablemente afectada. 
Las visitas de los abogados, de la Cruz Roja y de las organizaciones humanitarias están prohibidas. 
Ya en 1989, como se ha recordado, nuestra Asamblea exigió la liberación de Souha Bechara. 
Pero el Gobierno israelí ha permanecido sordo a todas las gestiones. 
El Gobierno israelí, que es directamente responsable de este encarcelamiento, puesto que ocupa militarmente el sur del Líbano, utiliza a Souha Bechara como rehén. 
Ya es hora de poner fin a esta situación intolerable, como nos pidieron en el transcurso del último período parcial de sesiones la madre de Souha Bechara y las organizaciones humanitarias. 
En su propuesta de resolución, nuestro Grupo pide a la vez la liberación de Souha Bechara y de otros presos políticos, así como el desmantelamiento del campo de Jiam. 
Eslovaquia 
Señor Presidente, he leído con interés la propuesta de resolución sobre Eslovaquia. 
Tengo que criticar que en esta resolución no se realiza una diferenciación suficiente entre el pueblo eslovaco y sus actuales tiranos. 
Nosotros, los más mayores, los que hemos tenido algunas experiencias con dictaduras, sabemos exactamente que por un lado hay culpables pero que existe una población que no se puede castigar porque algún dictador se haga con el poder. 
Esto es en especial aplicable a la situación en Eslovaquia. 
Por ello, tengo que rechazar con pesar dos de las enmiendas presentadas. 
Me refiero a las enmiendas nº 7 y 8, que identifican demasiado al Presidente Kovacs con el Sr. Meciar. 
Meciar es una cosa, Kovacs es otra. 
Kovacs está al lado de la población. 
Nosotros debemos hacer todo por la población pero estar en contra de los tiranos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, creo que es poco usual que en el marco de un debate del jueves por la tarde tengamos que hablar continuamente sobre un país asociado. 
Asimismo, es poco usual que un Presidente de nuestra Asamblea no pueda participar en un encuentro, proyectado ya desde hace mucho tiempo, con sus colegas de los países de la Europa central y oriental en Eslovaquia porque hace poco tiempo precisamente un colega ha perdido su cargo en el Consejo Nacional de la República Eslovaca, violando gravísimamente la Constitución eslovaca. 
Tomamos nota de que por lo visto los dirigentes de la República Eslovaca comienzan a comprender lentamente que el rumbo seguido en los últimos años impulsa a este país al aislamiento, no sólo frente a la Unión sino también frente a los restantes Estados vecinos. 
Esperamos- y lo digo también como Presidente de la Comisión mixta parlamentaria- que el Presidente del Estado eslovaco y el Presidente del Consejo de Ministros tomen nota de las recomendaciones de la Comisión mixta parlamentaria y que sean conscientes de su importancia para el proceso de integración de Eslovaquia. 
Esto no ha sido solamente papel impreso y los dirigentes eslovacos tienen que ser conscientes de que es la última posibilidad de participar en una ronda temprana para la ampliación en dirección al Este. 
Sobre todo, vamos a tomar la palabra del Presidente del Consejo de Ministros de este país. 
En el próximo encuentro con nuestros colegas eslovacos debatiremos sobre los progresos logrados, que aún no puedo ver en este campo y, a continuación, realizaremos la correspondiente recomendación al Pleno. 
Señor Presidente, si hay una cuestión en la que la Unión Europea no puede transigir en sus relaciones con los países asociados, es la de los derechos humanos y la democracia. 
El caso del Sr. Gaulieder, que ha sido despojado de su escaño parlamentario, es el último de una larga serie de casos que bastan para demostrar que Eslovaquia no escatima esfuerzos para hipotecar sus relaciones con la Unión Europea, a la que le une un Acuerdo de asociación. 
La Comisión, en su Agenda 2000, no mide sus palabras para condenar el comportamiento de Eslovaquia. 
Huelga añadir que la solicitud de adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea debe permanecer sin efecto mientras este Estado no se decida a adoptar un comportamiento digno de un Estado de derecho y compatible con los criterios de Copenhague, condición indispensable para que se ponga en marcha el proceso de adhesión. 
El papel irresponsable e inadmisible de algunas instituciones eslovacas produce el efecto de un mayor aislamiento de Eslovaquia y ello, como acaban de destacar los oradores que me han precedido, en detrimento del pueblo eslovaco. 
Señor Presidente, la Comisión interparlamentaria con Eslovaquia ha elaborado esta primavera un programa concreto de trabajo. Este fue aprobado unánimemente por ambas partes. 
Eslovaquia es bienvenida sin duda como miembro; en especial, el desarrollo económico es muy satisfactorio. 
Sin embargo, el caso Gaulieder, la cuestión de las minorías, el trato dado a la oposición, las leyes electorales y algunos otros temas son motivo de graves objeciones. 
Si a más tardar hasta finales de noviembre, tal como se acordó conjuntamente, no se aplican los puntos deseados, surgirán serios problemas. 
La Unión Europea puede esperar. Para la Unión Europea no va a suponer ningún problema. 
Sin embargo, creo que aquellos miembros del Gobierno que son responsables presentarán la factura al pueblo eslovaco y, naturalmente, también al revés. 
Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de hablar en el debate, pues soy el segundo vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta con Eslovaquia. 
Es absolutamente atinado que el Parlamento, en esta fase, diga con toda claridad al Gobierno que esperamos que existan normas democráticas en ese país. 
Ésos fueron, desde luego, los requisitos impuestos por la Comisión Parlamentaria Mixta y acordados por unanimidad con nuestros colegas eslovacos: que al final de noviembre, a más tardar, establecerían ciertos criterios para la democracia en ese país. 
Lamentablemente, el ejemplo Gaulieder demuestra que hasta la fecha no lo han hecho. 
Ahora bien, creo que debemos dejar totalmente claro que nuestro conflicto es con el Gobierno, no con el pueblo, de Eslovaquia. 
También debemos dejar totalmente claro que en la Unión Europea consideramos importante que el pueblo y el país de Eslovaquia deben ocupar, en última instancia, el lugar que les corresponde dentro de la Unión Europea. 
Nos complacería ver al pueblo de Eslovaquia dentro de la UE. 
Argelia 
Señor Presidente, el miércoles por la mañana, nuestra Asamblea aprobó la inclusión en el debate de urgencia de una resolución relativa a Argelia. 
Dos horas más tarde, el PPE, que había aprobado el debate, se retractó alegando que se había equivocado al votar. 
Señor Presidente, ¿es concebible que, en un tema tan grave como la crisis que sufre Argelia, un grupo al completo se equivoque al votar? 
Me permito ponerlo en duda. 
¿Tenemos derecho, nosotros que intervenimos en todas partes del mundo, a permanecer en silencio en el caso de Argelia? 
Hay quien opina que nuestra resolución del mes de septiembre es suficiente, que la audición pública con las autoridades argelinas y la sociedad civil, prevista para el 25 de noviembre, podría verse comprometida si hoy nos expresamos, que la delegación parlamentaria ad hoc podría ser anulada. 
En lo que a mí respecta, afirmo que son excusas. 
Debemos tener el valor de expresarnos y decir en voz alta y clara que queremos la verdad. 
Si nos callamos, nos convertimos en cómplices. 
Ningún periódico silencia hoy la situación de Argelia. 
Liberation, por su parte, plantea la pregunta: " ¿Quién mata en Argelia?» 
Toda la prensa narra relatos inadmisibles de la barbarie que padece a diario, testimonios abrumadores denuncian la pasividad de los militares, cuando no su implicación. 
Resulta imposible verificar los hechos si no se emprende rápidamente una encuesta internacional. 
Ahora bien, el poder argelino rechaza sistemáticamente cualquier encuesta, alegando que sería una injerencia en los asuntos internos argelinos. 
Tres países- Francia, Italia y España- han solicitado, por mediación de la Unión Europea, la constitución de una célula de crisis con el fin de definir una posición y una acción comunes con respecto a Argelia. 
La ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han solicitado la apertura de un diálogo, y ¡quieren que el Parlamento Europeo se calle! 
¡No, no y no! 
¡Basta de inmovilismo! 
¡La Unión Europea debe pronunciarse! 
Argelia es un interlocutor mediterráneo. 
Nuestro lazos culturales, económicos e históricos nos obligan a actuar. 
El silencio del Consejo Europeo es inadmisible. 
La comunidad internacional dispone de instrumentos para evitar y, sobre todo, bloquear la crisis argelina. 
Las Naciones Unidas pueden enviar una misión de investigación, alegando que existe una amenaza para la paz, y las autoridades argelinas no pueden oponerse si la autoriza el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Hoy, por cuarta vez en el espacio de dos años, los argelinos acuden a las urnas. 
La indiferencia de la población es evidente y perfectamente comprensible. 
Se le ha atraído con el señuelo de la paz, pero sólo tiene la guerra. 
Desde 1991, ni los militares ni el poder establecido han logrado traer la calma. 
Estoy dispuesta a conceder el beneficio de la duda al Presidente Zerual, a condición de que acepte que se eche luz sobre las masacres, que los culpables sean juzgados y condenados, que esté dispuesto a reconsiderar su posición sobre la erradicación del terrorismo y, por último, que acepte la libertad de expresión y, por tanto, la libertad de prensa. 
Un Estado de derecho, señor Presidente, debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos. 
Qué ponga los medios para que la sociedad argelina pueda, por fin, vivir, sencillamente eso. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Sra. André-Léonard, usted no ha debido enterarse de la última sesión de este Parlamento, al menos en lo que se refiere a la cuestión de Argelia. 
En la votación de ayer no nos hemos equivocado como grupo político. 
Estábamos en contra porque ya en la última ocasión aprobamos una resolución sobre Argelia tras un extenso debate. 
En aquella ocasión se acordó el hearing sobre los derechos humanos, lo que, naturalmente, no sólo aceptamos plenamente sino que además nos vamos a tomar muy en serio. Además, el Parlamento acordó enviar una delegación a Argelia. 
Lamentablemente- tengo que decirlo críticamente frente a la Mesa- tales resoluciones del Parlamento recorren largos caminos y no comprendo porqué por parte de la Mesa y de la Conferencia de Presidentes se ha titubeado y aún se sigue titubeando y se desea esperar al hearing. 
Aquí doy la razón a la Sra. André-Léonard. 
El problema es tan urgente y grave y precisa además sin duda de largas deliberaciones con el Gobierno y el Parlamento argelino hasta que podamos enviar esta delegación, que no comprendo porqué se titubea aquí. 
Probablemente se podría ahorrar presentar hoy de nuevo una propuesta de resolución y mantener un breve debate si en esta Asamblea se reaccionase más rápidamente a los deseos de la propia Asamblea. 
Me sorprende algo como relativamente novato que esta Asamblea acuerde algo pero que exista además un gremio que diga: bueno, ¿lo queremos o no o quizás más tarde? 
Si la Asamblea expresa un deseo auténtico y claro, defendido por muchos grupos políticos, se debería tener en cuenta lo más rápidamente posible. 
Respecto a la declaración en si, quiero realizar una breve observación: apruebo plenamente su contenido. 
Es una situación inaceptable. 
Tenemos que llamar la atención del Gobierno argelino de que no se trata de un problema interno sino de toda el área del Mediterráneo. 
Por ello, no vamos a cejar en usar nuestras posibilidades para lograr una pacificación de la situación en Argelia. 
Presidente, la situación en Argelia sigue siendo grave y es absolutamente inaceptable. 
La Unión Europea y este Parlamento se preocupan con razón, como queda registrado en la resolución tomada durante el anterior período de reunión. 
Presidente, Comisario, estamos en vísperas de una audiencia pública que se está preparando en este momento por la Subcomisión de Derechos Humanos, una audiencia sobre los derechos humanos en ese país. 
Dentro de poco vendrá el ministro del Interior de Argelia a la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Tal vez se conceda el premio Sajarov- creo que tiene grandes posibilidades- a una mujer argelina. 
La opinión de mi grupo es que debemos concluir primero estas cuestiones antes de pasar a las iniciativas presentadas en la resolución, por sensatas que acaso sean éstas en el futuro. 
Consideramos la resolución tomada el mes pasado como pertinente y equilibrada, y por lo tanto hoy no podremos respaldar esta resolución. 
Señor Presidente, durante el período parcial de sesiones de septiembre- como ya se ha recordado -, nuestra Asamblea aprobó una resolución sobre Argelia que exigía al Gobierno argelino profundizar en el diálogo con todas las fuerzas políticas y los componentes democráticos nacionales que rechazan el uso de la violencia. 
De conformidad con dicha resolución, una delegación del Parlamento Europeo se encuentra en vías de constitución para viajar al país. 
En estas condiciones, no acabo de explicarme las razones para un nuevo debate sobre Argelia. 
¿Es para intentar, una vez más, poner a las fuerzas integristas y a su brazo armado en la vía de la negociación con las autoridades, tras el fracaso de esta propuesta en el marco del período parcial de sesiones de septiembre? 
Nuestro Grupo votará en contra de la propuesta de resolución del Grupo Liberal, por constituir una provocación el día mismo que se celebran elecciones municipales en Argelia. 
No obstante, aprovecho este debate para reafirmar nuestra condena de los actos de barbarie perpetrados por los grupos integristas y nuestro apoyo a todos los que luchan contra el integrismo, en primer lugar, a las mujeres argelinas. 
Como decía recientemente la presidenta de la Agrupación argelina de mujeres demócratas, tenemos las claves de la solución; afirmemos, pues, con más fuerza nuestra solidaridad con el pueblo argelino, en particular, fortaleciendo la cooperación en conexión con las fuerzas vivas del país. 
Señor Presidente, naturalmente siempre podemos preguntarnos cuántas veces es preciso criticar a un país en concreto y adoptar resoluciones en este sentido. 
Pero en el caso de Argelia disponemos de nuevos datos. 
Los periódicos franceses informan que hay sospechas muy bien fundadas de que el propio Gobierno argelino está seguramente involucrado en las masacres que se atribuyen a los fundamentalistas del Islam. 
Es cierto que no existen pruebas todavía, pero cuando un periódico tan fiable como Libération toma en serio esta noticia, y además informa de que no se permite a sus periodistas viajar al país para verificarla, el asunto adopta unas proporciones graves. 
Pienso que ha habido en el Parlamento una tendencia a tratar al Gobierno argelino como el único agente que podía arreglar el problema, mientras que en la práctica seguramente tenemos a dos agentes en Argelia, los cuales son, por decirlo de algún modo " tal para cual». 
Existe de todos modos la sospecha de que esto es lo que sucede, lo cual hace que esté justificado someter de nuevo la cuestión a revisión y hacer que se estudie bajo una nueva perspectiva. 
Por consiguiente, estoy de acuerdo en todo lo esencial con la Sra. André-Léonard. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, nos ocupamos hoy de seis países en tres continentes; ello me lleva a pensar que, desgraciadamente, los atentados contra los derechos humanos no son el atributo ni el monopolio de determinados países o determinadas regiones del mundo. 
Es lamentable. 
Comenzaré por el Congo, es decir, la República Democrática del Congo, porque la resolución trata únicamente sobre este país. 
Recordaré que la Cumbre de Amsterdam y el Consejo de Asuntos Generales manifestaron la intención de que la Unión Europea establezca " relaciones constructivas con el nuevo Gobierno de la República Democrática del Congo». 
No obstante, el artículo 5 del Convenio de Lomé vincula la ayuda europea al respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional a un compromiso real en favor de la democracia y al establecimiento del Estado de derecho. 
La Comisión reanudará progresivamente su cooperación con la República Democrática del Congo en función de los progresos que se vayan registrando en estos ámbitos; es lo que se denomina, condicionalidad constructiva. 
La actual situación en el Congo está lejos de ser satisfactoria. 
En primer lugar, el Gobierno congoleño mantiene su bloqueo a la misión de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Se opone a que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados lleve a cabo las operaciones de protección y asistencia a los refugiados ruandeses. 
Por otra parte, el Gobierno se demora en poner en marcha el proceso democrático, indispensable para el restablecimiento del país. 
La Comisión lamenta que el diálogo constructivo emprendido con motivo de la misión de la troika en Kinshasa y que se prosiguió en el encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Karaha, en Bruselas, no haya surtido efecto. 
El Gobierno congoleño debe concretar los compromisos asumidos en favor de la democratización y de los derechos humanos, y debe permitir que las Naciones Unidas lleven a cabo el trabajo que les ha sido encomendado. 
Por ahora, la Comisión prosigue sus programas de ayuda humanitaria con el fin de ayudar al Congo a curar sus heridas: a este objetivo se han asignado 81 millones de ecus. 
China es el segundo país que nos ocupa. 
La Comisión se mantiene muy atenta a la cuestión del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en China. 
Es un tema que abordamos regularmente con las autoridades chinas en el marco de nuestro diálogo bilateral, desde su instauración en 1994. 
La Comisión prestará la máxima atención, en particular, al cumplimiento en Hong Kong de los acuerdos celebrados con Gran Bretaña. 
El Sr. McMillan-Scott se ha referido a ello hace un momento. 
Puedo decirle- aunque ya no se encuentra entre nosotros- que nos tomamos muy en serio esta cuestión, sin esperar siquiera a la llegada del euro el 1 de enero de 1999. 
China participa actualmente en los preparativos de la primera reunión sino-europea de expertos sobre los derechos humanos, preparativos que se están llevando a cabo en estos mismos momentos en Luxemburgo. 
La Comisión espera que este diálogo dé frutos, y está dispuesta a proporcionar a China toda la asistencia técnica necesaria para ayudarle en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, especialmente, en el marco de los convenios de las Naciones Unidas relativos a la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, con el fin de fortalecer la sociedad civil y el Estado de derecho en China, por ejemplo, mediante la formación de jueces y juristas u organizando un intercambio de expertos. 
Puedo asegurarles que la Comisión mantendrá al Parlamento Europeo informado sobre los progresos alcanzados en la materia. 
El tercer problema es el de Kosovo. 
La Comisión desea aprovechar la ocasión para unirse al Parlamento en su condena de la represión violenta que sufrieron las personas que se manifestaban pacíficamente el pasado 1 de octubre, y expresar su constante preocupación por la situación general en Kosovo. 
Los derechos de la minoría albanesa deben estar garantizados, y Kosovo debe conseguir un amplio grado de autonomía en el interior de las fronteras de la República Federal de Yugoslavia. 
La Comisión y el Consejo han expresado en múltiples ocasiones su deseo de abrir una oficina en Pristina, e invitan a las autoridades yugoslavas a dar su aprobación, que es jurídicamente indispensable. 
No creo, por otra parte, que eso suponga una injerencia en los asuntos internos. 
La Comisión apoya a la OSCE en su voluntad de reemprender su misión en Kosovo, e insta a las autoridades de la República Federal de Yugoslavia que tenga a bien aceptar la presencia en el país del Alto Comisionado de la OSCE para las minorías nacionales. 
Para la Unión Europea, la instauración de un diálogo real sobre el estatuto de Kosovo es una condición indispensable para el desarrollo de relaciones bilaterales con la República Federal de Yugoslavia. 
El cumplimiento de este requisito se tendrá en cuenta a la hora de examinar, el año próximo, una posible prórroga de las medidas comerciales autónomas. 
El cuarto punto es relativo a la situación de la Sra. Souha Bechara. 
En primer lugar, la Comisión desea que se aplique la resolución 425 del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se pide al Israel que ponga fin a la ocupación del sur del Líbano. 
Por ahora, la Comisión espera de Israel, la potencia de ocupación responsable, que respete las normas internacionales en materia de derechos humanos, así como el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. 
La Comisión- puedo asegurar esta cuestión a la vez a los Sres. Pradier y Querbes y a la Sra. Puech- presta la máxima atención a la detención arbitraria de la Sra. Souha Bechara y de otras personas en la prisión de Jiam. 
Esta cuestión, como todos los demás asuntos relacionados con la ocupación del sur del Líbano, se plantea regularmente durante los contactos celebrados con las autoridades israelíes. 
La Comisión insta a las autoridades competentes a que abran un juicio justo y autoricen las visitas de la Cruz Roja internacional. 
La Unión estará aún en mejores condiciones para ejercer una influencia positiva sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, cuando haya sido ratificado el Acuerdo de asociación euro-mediterráneo. 
El diálogo político euro-israelí ofrecerá entonces un excelente foro para este fin. 
El quinto tema trata de Eslovaquia. 
La Comisión sigue muy de cerca la evolución de la situación en Eslovaquia. 
En este aspecto, la Comisión se siente decidida y optimista. 
En primer lugar, decidida, porque se propone plantear las cuestiones de los derechos humanos, del buen funcionamiento de las instituciones democráticas eslovacas y de la protección de las minorías en cada uno de sus contactos con las autoridades políticas de Eslovaquia. 
La democracia incluye unas reglas con las que no se puede transigir. 
Primero, los representantes elegidos por el pueblo deben poder ejercer libremente y con total independencia su mandato. 
En este sentido, la decisión del Parlamento eslovaco de no volver a investir al Sr. Gaulieder, a pesar de la exhortación del Tribunal Constitucional eslovaco, es preocupante, y el Sr. Goerens tiene razón. 
Segundo, la oposición debe estar en condiciones de participar en el funcionamiento normal de las actividades parlamentarias. 
La Comisión, por tanto, deplora seriamente que los representantes de la oposición no tengan acceso a las comisiones parlamentarias encargadas del control de los servicios secretos y del ejército. 
Tercero, las minorías deben gozar de la protección de la Ley. 
El importante deterioro de las relaciones entre las autoridades públicas y la minoría de origen húngaro es inquietante. 
Las autoridades eslovacas, por consiguiente, deben proseguir sus esfuerzos con el fin de cumplir las normas democráticas reconocidas en los demás países europeos. 
No obstante, la Comisión se siente optimista. 
El Presidente, el Primer Ministro y el Parlamento eslovacos se han comprometido públicamente a remediar estas carencias. 
La voluntad de Eslovaquia de incorporarse a la Unión Europea es fuerte. 
Sus autoridades son conscientes de los esfuerzos que deben realizar. 
Puedo asegurar al Sr. Bösch que la Comisión, por su parte, examinará atentamente todos los progresos que se registren. 
El Acuerdo de asociación para la adhesión, que se encuentra actualmente en fase de preparación, dedicará un lugar importante a la cuestión de los derechos humanos y al buen funcionamiento de las instituciones. 
Está claro que la protección de las libertades fundamentales es una condición sine qua non para la integración en la Unión Europea. 
Y para terminar, paso al último tema: Argelia. 
La Comisión comparte la preocupación del Parlamento Europeo por los asesinatos reiterados de civiles en Argelia. 
En el transcurso de su último período parcial de sesiones, el día 17 exactamente, el Sr. Marín se pronunció ampliamente sobre este dossier en su conjunto, y el debate, muy acertadamente, puso de manifiesto el alcance y la complejidad de la crisis por la que atraviesa la sociedad argelina. 
La Unión no puede desentenderse de un conflicto que, a sus puertas, ya ha causado decenas de miles de víctimas y que cada día parece superar los límites del horror. 
Argelia es un interlocutor importante de la Comunidad en el marco del Acuerdo de asociación euro-mediterráneo lanzado en 1995 en Barcelona. 
El objetivo a largo plazo sigue siendo la creación de una zona de paz y prosperidad compartida. 
El 10 de junio de 1996, la Comisión recibió del Consejo un mandato de negociación para preparar un Acuerdo de asociación entre la Unión y Argelia. 
Dicho acuerdo, evidentemente, debe estar basado en el respeto de los principios democráticos y de los derechos fundamentales del ser humano, tal y como están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Ya han tenido lugar dos ciclos de discusiones. 
Hay quien se ha preguntado sobre la conveniencia de proseguir estas negociaciones. 
En opinión de la Comisión, dichas negociaciones- repito- son indispensables. 
Una gran parte de los actos de violencia tienen su origen en los graves problemas económicos y sociales que padece Argelia. 
Todas las acciones encaminadas al desarrollo económico del país pueden contribuir a atenuar estos actos de violencia. 
La Unión debe perseverar en unos momentos en que Argelia atraviesa por las peores dificultades. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Presidente, la política de las autoridades indonesias de liberar los terrenos forestales apartados y ponerlos al servicio del desarrollo económico está fallando gravemente. 
Indonesia no tiene la capacidad suficiente para controlar las infracciones contra el medio ambiente cometidas por las empresas, ni tampoco para ejercer bien ese control. 
El servicio forestal en Indonesia no es capaz de llevar a cabo las actividades de gestión necesarias debido a la carencia de personal y de medios. 
También en la lucha contra los incendios forestales está muy poco claro quién es el responsable y quién debe tomar las medidas. 
Hemos concebido conjuntamente esta resolución y nos llama la atención que, en efecto, la Comisión Europea haya tomado la iniciativa de acudir en ayuda de Indonesia para combatir los incendios forestales, pero me parece demasiado tarde. 
Por ello considero tan bueno el parágrafo 13 de la propuesta de resolución, en el que solicitamos la creación de un cuerpo de cascos verdes europeos como una suerte de fuerza de intervención especializada en la lucha contra las catástrofes naturales y ecológicas. 
Me agradaría mucho que la Comisión Europea adoptara esa iniciativa. 
Entonces Europa significaría algo para el mundo. 
Señor Presidente, los incendios forestales que han hecho estragos en Indonesia son nada menos que una catástrofe medioambiental mundial. 
Algunos los achacan a El Niño, pero la sequía causada por esa falta de lluvias es, a su vez, resultado de la desestabilización climática, a la que la desforestación tropical en gran escala sigue contribuyendo: un círculo vicioso. 
El humo carcinogénico, que se ha extendido por una zona de más de 3.000 km, tendrá efectos duraderos en la salud de 70 millones de personas, muchas de las cuales no tienen acceso a un nivel suficiente de asistencia de salud o incluso a un agua no contaminada. 
El culpable es el Gobierno indonesio que ha hecho la vista gorda ante las talas ilegales y la codicia de las empresas privadas que apoya y que, exactamente igual que las empresas petroleras en América, no se preocupan de los dramáticos efectos que sus acciones están causando en el clima mundial. 
Resulta lamentable para el planeta que los magnates indonesios de la madera se preocupen más de negar la culpabilidad que de prevenir la repetición de esta tragedia en el futuro. 
Señalo a la atención de la Asamblea el artículo aparecido la semana pasada, sin ir más lejos, en The Economist que predecía exactamente ese suceso. 
Señalo a la atención de la Comisión- además de lo que el Sr. Eisma ha dicho y en lugar de repetirlo- los párrafos 10, 11 y 12 de esta resolución y confío en que este desastre centrará el juicio de los que gobiernan en el Asia sudoriental para que desempeñen su papel en la construcción de un futuro más sostenible, cosa que, desde luego, no han hecho en el pasado. 
Señor Presidente, Señorías, ya se ha hecho referencia a la magnitud de la catástrofe desencadenada por los incendios forestales que están devastando el sureste asiático, especialmente Indonesia. 
Están ardiendo superficies de terreno que, en términos europeos, superan la extensión de cualquiera de los mayores Estados miembros de la Unión. 
La propuesta de resolución conjunta, elaborada por seis grupos parlamentarios, alude a los devastadores efectos sobre la salud y las pequeñas economías de millones de habitantes de las zonas afectadas, y yo quiero hacer propias estas mismas manifestaciones. 
Pero, Señorías, quiero llamar la atención con la mayor contundencia sobre la preocupación que produce el progresivo número de catástrofes naturales como ésta y la falta de medidas correctoras sobre determinadas actividades industriales del mundo desarrollado que amenazan el medio ambiente, causa del cambio climático, ante la pasividad de quienes están obligados a adoptar medidas de prevención más eficaces. 
La declaración de estas últimas horas del Presidente Clinton en la Sociedad Nacional de Geografía anunciando sus propuestas en relación con la reducción de las emisiones de CO2 es sencillamente insatisfactoria por insuficiente. 
Insuficiente por sus objetivos finales y por los plazos que se anuncian. 
Estamos en las vísperas de la Conferencia de Kyoto organizada por Naciones Unidas sobre el cambio climático. 
Estamos obligados a hacer un esfuerzo para que la cita de Kyoto no se salde con un fracaso, como ha ocurrido en conferencias anteriores similares de esta última parte del siglo. 
No podemos esperar que ocurra una nueva catástrofe como la de Indonesia para enviar algunos expertos y transferir algunos fondos para apagar el fuego, mientras, simultáneamente, continuamos paralizados en la adopción de medidas de prevención para evitar el calentamiento del planeta, que es la primera causa y origen de muchas catástrofes. 
Señor Presidente, cuando nos enteramos por primera vez de esas catástrofes, los medios de comunicación achacaron los incendios forestales en Indonesia a El Niño. 
Cuando pensamos más sobre las causas reales, descubrimos que era la sobreexplotación de los bosques tropicales: no sólo para producir madera, sino también la reconversión de los bosques en plantaciones. 
Así, pues, mi Grupo ha propuesto que se introduzca un sistema de responsabilidad civil en el marco de un convenio internacional sobre los bosques. 
Naturalmente, sabemos que existe una fuerte oposición a la formulación de semejante convenio y lo hemos visto recientemente en el foro intergubernamental sobre los bosques de Nueva York. 
Como ponente sobre la comunicación relativa a la investigación y la innovación en los países en desarrollo, insto a la Comisión en particular a que vele por que se introduzca la gestión sostenible- no la explotación sostenible, como decimos aquí en nuestra propuesta de resolución- de los bosques tropicales. 
La Comisión debe ayudarnos en esto. 
Presidente, la resolución que tenemos ante nosotros refleja, desde luego, la preocupación por el medio ambiente en Indonesia y en la comarca, pero a mi gusto la resolución se concentra casi exclusivamente en el medio ambiente y pasa del todo por alto las necesidades de los muchos pequeños campesinos que se deben procurar suelo en esa zona para crearse un medio de existencia. 
Para este problema la resolución no ofrece solución alguna. 
También me parece un poco hipócrita, cuando aquí en Europa no podemos aplicarla en nuestras propias carnes al no encontrar normas comunes para la emisión de vertidos. 
La resolución me parece algo simplista, por valiosas que sean las sugerencias a las que responde. 
Mi grupo parlamentario votará a favor de esta resolución, pero yo votaré en contra debido a esa simplicidad que no puedo soportar. 
Señor Presidente, estos incendios forestales en Malasia e Indonesia no son ninguna catástrofe natural. 
Son resultado de un modo determinado de practicar la economía a costa de la Naturaleza. 
Se está destruyendo una gran parte del pulmón ecológico. Pero además se está matando y destruyendo también a personas que viven en los bosques, los pueblos indígenas. 
Según datos del Ministerio indonesio de Silvicultura, el 80 % de los incendios forestales actuales han partido de las plantaciones de árboles de los grandes consorcios madereros. 
Las mayores superficies de plantaciones pertenecen a empresas como Finantara Intiga, una empresa común de dos empresas indonesias y del consorcio finlandés ENZO FINLAND. 
Hace poco, UPM-Kymmene Finnland y el grupo asiático APRIL que opera desde Singapur, se pusieron de acuerdo sobre la fundación de una nueva empresa conjunta para la fabricación de papel. 
El nuevo consorcio es el mayor productor de papel fino en Europa. 
En Asia, fábricas de papel en Sumatra, Indonesia y China producirán aproximadamente dos millones de toneladas de papel y de celulosa. 
El papel de Nordlan en Alemania pertenece también al grupo UPM-Kymmene y participa en el «Deal» euro-asiático. 
Los intereses de los consorcios europeos contribuyen a que en Indonesia las selvas vírgenes se conviertan en plantaciones. 
Para ello, los territorios afectados son con frecuencia quemados. 
El establecimiento de plantaciones pone además en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas en la región, cuya tierra tradicional es con frecuencia expropiada perdiendo de este modo su base económica. 
En la resolución del Parlamento Europeo se dice que los más gravemente afectados por los incendios y la contaminación del aire son los aborígenes del interior de Indonesia ya que su acceso a un agua sin contaminar es limitado. 
Además, la población indígena de Papua Occidental padece una escasez aguda de alimentos causada por la combinación de la sequía reinante en el momento y los incendios forestales. 
Hasta ahora han muerto unas 500 personas. 
Fuentes de la ONU calculan que al menos 90.000 personas se van a ver afectadas por la escasez de alimentos. 
Los incendios forestales en Kalimantan afectan asimismo gravísimamente a los pueblos indígenas que allí viven ya que su supervivencia cultural y económica depende de la conservación de los recursos del bosque. 
Científicos del lugar opinan que las plantaciones, exclusivamente de tipos de árboles de rápido crecimiento y cortos tiempos productivos, contribuyen al desecamiento de los bosques. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me han sorprendido ciertas cosas que se han dicho aquí, como si se tratase fundamentalmente de catástrofes naturales sobre las que apenas se puede influir. 
Algunas y algunos colegas han indicado claramente que existe un estrecho entrelazamiento de factores naturales pero también de otros muchos y decisivos factores políticos, sociales y económicos. 
Las roturaciones de bosques mediante incendios son en gran medida la causa no sólo de catástrofes naturales sino también de efectos globales e internacionales. 
Existen roturaciones de bosques mediante incendios por dos motivos: porque grandes consorcios quieren ganar grandes territorios para ser habitados, explotados, para la producción de aceite de palma, por ejemplo, precisamente en el caso indonesio, o porque pequeños agricultores no ven otra oportunidad para llegar a poseer tierra. 
En ambos casos, se trata de interferencias realmente graves en el proceso vital natural, pero es especialmente grave en el caso de los grandes consorcios, como es especialmente el caso en Indonesia. 
No es que estemos en contra del progreso económico ni contra la roturación, también de las selvas tropicales, pero tiene que existir un modo de explotación sostenible. 
No debe estar en primer término un beneficio de corta duración como ha sido el caso hasta ahora. 
Por ello, hay que hacer todo lo posible, también por parte de la Unión Europea. 
Ruego realmente a la Comisión que conceda más atención a estas cosas para actuar en contra de esas medidas y lograr un modo de explotación razonable, precisamente también en interés de los pequeños, que han sido expulsados en numerosos casos. 
Especialmente grave me parece que haya mucho informes periodísticos que afirman que muchas de esas empresas están vinculadas, tanto económica como personalmente, incluso con parientes del Presidente Suharto. 
O sea, que hay en juego también corrupción política. 
Creo que la Comisión y el Consejo deberían investigar todos estos factores para impedir o detener este infausto proceso que aniquila a las personas. 
Señor Presidente, señoras y señores, como ustedes saben, los incendios forestales constituyen un problema recurrente en Indonesia. 
Los agricultores queman cada año cerca de un millón de hectáreas para despejar terrenos o cultivar plantas comestibles- el Sr. Swoboda se ha referido a ello hace un momento. 
La magnitud del incendio actual se debe a la fuerte sequía que ha favorecido una propagación extremadamente rápida de los incendios. 
Para apoyar los esfuerzos de las autoridades indonesias, la Comisión y los Estados miembros, conjuntamente, han creado en Yakarta el European Union Fire Response Group (Eufreg) , formado por expertos en incendios forestales. 
Este grupo se encarga de comunicar al Gobierno todas las informaciones de utilidad, evaluar día a día la situación sobre el terreno, determinar las posibles necesidades, por ejemplo, en equipos de lucha contra incendios, y de asesorar al Gobierno sobre las medidas que debe adoptar. 
La semana próxima se esperan las propuestas concretas del Eufreg sobre las posibilidades de intervención y, naturalmente, mantendremos informada a su Asamblea sobre sus posibles propuestas. 
La Comisión está procediendo actualmente- y respondo aquí a la observación de la Sra. Pollack, en particular, sobre los puntos 10, 11 y 12 de la propuesta de resolución- a una evaluación de las repercusiones, a medio y largo plazo, que tendrán los incendios sobre la región y, en la medida de lo posible, la Comisión ayudará al Gobierno y a la población de la zona a superar las secuelas. 
No obstante, quiero añadir que los expertos estiman hoy que sólo fuertes lluvias podrán apagar por completo los incendios. 
Por último, no quisiera terminar sin responder al Sr. Eisma, que me ha dirigido una pregunta relativa al punto 13 sobre la creación de un cuerpo de cascos verdes europeos. 
La preocupación que se encuentra en el origen de esta iniciativa es evidente, pero la Comisión considera que los servicios competentes pueden recurrir y coordinar eficazmente los recursos capacitados y con amplia experiencia que existen en los Estados miembros, en el marco de los dispositivos de cooperación y de conocimientos expertos que ya existen. 
Lo más conveniente hoy, por consiguiente, es movilizar dichos recursos. 
Señor Presidente, sólo quiero decir que el Comisario no se ha referido a los aspectos esenciales de nuestros argumentos en su intervención, de la que no es responsable. 
Desearía recibir una información y respuesta por escrito a nuestras preguntas. 
Ha sido una respuesta que no hace justicia en absoluto a esta resolución. 
Aportaremos todos los elementos que usted desea. 
Transmitiré su petición a mis colegas, el Sr. Marín y la Sra. Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, por desgracia, el terremoto que sacudió a Italia sigue causando efectos desastrosos en una de las zonas más queridas por la cultura italiana, por la cultura europea y, añadiría, por la cultura mundial. Asís, la patria de San Francisco, donde se encuentran las grandes obras maestras de Giotto y Cimabue, donde existe una memoria histórica y una memoria de cultura extraordinaria, está padeciendo esta catástrofe que, desgraciadamente, sigue haciendo sentir sus efectos, no obstante el tiempo transcurrido. 
Pues bien, considero que sería del todo condenable que la Unión Europea no prestara una atención especial, no tanto a esta catástrofe en sí misma, sino a lo que representa en términos de pérdida del patrimonio cultural de la humanidad; una atención especial hacia la patria de San Francisco donde surgieron movimientos culturales de gran alcance europeo y mundial, donde hoy una población vive sumida en terribles condiciones y donde hubieron muchas víctimas. 
Señor Presidente, los terremotos en el centro de Italia no sólo han causado considerables daños humanos, sino que también han destruido tesoros culturales. 
La Unión Europea no puede quedarse contemplándolo con los brazos cruzados y debe intentar comprender y seguir este drama humano y cultural y aliviar el dolor. 
Por supuesto que debe suministrar una aportación financiera para la reconstrucción de las casas destruidas y dar cobijo a las decenas de miles de personas sin hogar. 
Hay que estudiar con qué apoyo específico puede contarse para la restauración de la basílica de Asís y los frescos de Giotto y Cimabue. 
Han sido dañados más de mil edificios históricos durante los temblores y eso es naturalmente- como decía el Sr. Grazini- un golpe considerable para la herencia cultural europea, no sólo la italiana. 
La Unión Europea debe por ello buscar posibilidades para prestar apoyo a las tareas de reconstrucción, por ejemplo a través del programa RAPHAEL o a través de los fondos estructurales destinados a Italia. 
Por último, naturalmente, una palabra de condolencia para con los familiares de las víctimas. 
Señor Presidente, Asís, como acaba de recordar el Sr. Graziani, así como Foligno, Nocera Umbra, Colfiorito y muchos otros municipios de Umbría y de las Marcas sufrieron muchos daños con irreparables pérdidas de monumentos, obras de arte, iglesias, hogares y con una profunda pena de las poblaciones. 
La propuesta de resolución común presentada hace confiar, habida cuenta de que siete Grupos políticos sintieron la necesidad de afrontar de lleno la cuestión y de preparar, de alguna manera, dirigiéndose a la Comisión, el terreno para un acuerdo que ayude a la reconstrucción por medio de recursos europeos. 
Umbría y las Marcas están incluidas en el objetivo 5 b y disponen, a lo largo del período 1994-1999, de unos 150 millones de ecus. 
Ahora bien, la negociación que se celebrará el próximo 5 de noviembre en Bruselas entre el Presidente Sr. Santer y el Ministro Sr. Ciampi, podría decidir la financiación de 500 millones de ecus con cargo a otros Fondos estructurales destinados a Italia y que las autoridades responsables no han utilizado todavía. 
La justa flexibilidad invocada por las dos regiones afectadas en cuanto al empleo de estas sumas debe, sin embargo, ofrecer firmes garantías de que habrá una reconstrucción coherente con el patrimonio cultural, arquitectónico y paisajístico dañado. 
Señor Presidente, la tragedia que sacudió Italia central tiene dos particularidades que requieren medidas e intervenciones más complejas e innovadoras respecto de las habituales, tanto del Gobierno italiano como de la Comisión Europea. 
En primer lugar, la zona afectada es una de las más ricas en cuanto a patrimonio histórico y artístico tanto a escala italiana como europea. 
No se trata sólo de grandes monumentos aislados como los de Asís, que es un patrimonio de la humanidad, sino de un tejido urbano, formado por varias decenas de centros que van desde la Edad Media hasta el Renacimiento, que se encuentra parcialmente destruido o seriamente dañado. 
En segundo lugar, las sacudidas continúan desde hace ya veinte días y esto es algo excepcional, mantienen viva la congoja de la gente- se trata de decenas de miles de personas alojadas en tiendas de campaña mientras llega el invierno- y convierten en difícil ese trabajo de consolidación de los edificios que amenazan con caerse, que ya ha comenzado. 
La voluntad de renacer es tenaz y sorprendente; los colegios siguen funcionando dentro de las tiendas de campaña; los artesanos y las administraciones municipales intentan trabajar en lugares improvisados. 
Sin embargo, hay que prestarles ayuda inmediata y correctamente. 
El trabajo que debe llevarse a cabo es ingente y difícil, porque se trata de reconstruir los rasgos fundamentales de un mundo extremadamente civilizado compuesto por lugares históricos y por un tejido democrático organizado alrededor de los municipios a través de una red de pequeñas y medianas empresas artesanales altamente cualificadas. 
Por esto, siete Grupos políticos están proponiendo una resolución en la que se solicita una ayuda urgente que, creo, ya se está tramitando. 
Se pide a la Comisión una ayuda excepcional con objeto de hacer frente al problema de las personas sin hogar, de las viviendas y de los edificios públicos, así como el apoyo necesario para que se reanuden las actividades productivas y, además, se pide sobre todo, y ésta es una novedad, poder utilizar los Fondos estructurales destinados a Italia, todavía no empleados. 
Considero que es una vía interesante también en otros casos similares, ya que se presenta un abanico de propuestas para afrontar de forma coherente la complejidad de la situación que se ha creado en esta parte de Italia. 
Evidentemente, también se piden garantías por lo que se refiere al respeto de las características arquitectónicas, así como se pide, y también esto no deja de ser importante, la implementación de dos programas de investigación sobre la prevención de los terremotos y sobre los nuevos métodos técnicos de restauración. 
Señor Presidente, los graves daños producidos en los lugares habitados de dos regiones italianas afectadas por el terremoto del 26 de septiembre y por las violentas sacudidas que siguen registrándose veintisiete días después, las últimas dos esta mañana con el ulterior derrumbamiento de edificios, ascendían la semana pasada a más de 3, 5 millones de ecus, es decir, 7 millardos de liras, siendo la evaluación aproximada por defecto. 
Ante este desastre, no sólo humano- 13 muertos y 9.000 personas sin hogar -, sino también económico-financiero, la Comisión dispuso en un primer momento una financiación de tan sólo 10.000 ecus, o sea, 200 millones de liras. 
Ayer, en Bruselas, durante una reunión con una delegación italiana, el Comisario Fischler y sus colaboradores, a pesar de que demostraron cierta disponibilidad en cuanto a la utilización de los Fondos ya asignados a Italia- lo acaba de recordar el Sr. Ripa di Meana- y a afrontar cuestiones técnicas, desatendieron la necesidad de recuperar los Fondos no utilizados por Italia en los años 1989-1993, y de invertir recursos adicionales por el importe mucho mayor solicitado. 
Ésta es la misma Comisión que, por boca del Comisario Monti, no deja pasar un día sin salmodiar solicitudes virtuosas al Gobierno italiano de más recortes al bienestar para adecuarse a los criterios de Maastricht. 
No está mal como introito en el altar de Dios, como exaltante prólogo al ingreso de un Estado europeo en el santuario de la moneda única. 
Lo que, sin embargo, preocupa con relación a la Comisión es la manifiesta indiferencia hacia una gravísima problemática que va mucho más allá de una catástrofe nacional y afecta a intereses de seguridad común y a valores culturales de toda la Unión. 
No queremos interpretar en este Pleno los acallados temores de la comunidad científica por la anómala duración del terremoto que podría afectar a largo plazo, y no sólo a largo plazo, a otras regiones de Europa expuestas a riesgo sísmico. 
Quisiéramos hablar, por el contrario, de los gravísimos daños causados al patrimonio incomparable y único de las dos regiones afectadas, un patrimonio que pertenece a Italia, así como a Europa y a toda la humanidad. 
De la gravedad de dichos daños se deriva, entre otras, nuestra solicitud a la Comisión de movilizar mayores recursos en el marco del V programa marco de investigación y desarrollo para hallar nuevas tecnologías y nuevos medios destinados a intervenciones de urgencia, a la consolidación preventiva de las estructuras arquitectónicas antiguas, así como a la protección y recuperación de las obras de arte expuestas a riesgo sísmico. 
Señor Presidente, los colegas que han intervenido antes que yo, han hablado ampliamente de la catástrofe que empezó el pasado 26 de septiembre en Umbría y en las Marcas, en Italia central. 
Lo único que puedo añadir es que, siendo yo oriunda de las zonas afectadas por el terremoto, podría testimoniar personalmente lo sucedido y hablar de los muchos amigos que hoy siguen viviendo y, por desgracia, seguirán viviendo por mucho tiempo en una situación de extrema incomodidad. 
Se ha hablado de los enormes sacrificios que la gente está soportando tanto desde el punto de vista psicológico como material. 
El nudo principal del asunto, por lo que han manifestado los demás colegas, es la ayuda que la Unión Europea hoy por hoy puede garantizar a las zonas afectadas por el terremoto. 
Con arreglo a lo que pedimos en el apartado 4 de la resolución conjunta, consideramos importante, necesario y oportuno que se destinen fondos especiales a estas poblaciones. 
En nombre del Grupo Unión por Europa, deseo advertir al Pleno que hemos pensado en añadir un párrafo al apartado 4, en el que pedimos al Consejo y a la Comisión que valoren la posibilidad de que, en el caso de catástrofes naturales en un Estado miembro y, en consecuencia, no sólo a la vista de la situación específica de Italia, la contribución de los Fondos estructurales destinada a un Estado miembro y aún pendiente de utilización, pueda volverse a emplear para hacer frente a situaciones de urgencia. 
Creo que éste puede ser, no sólo de cara a la situación por la que atraviesa Italia, sino también de cara a las situaciones de catástrofes en general en la Unión Europea, un tema sobre el que se puede llevar a cabo un debate, y una decisión importante a tomar hoy en el Pleno. 
Por lo que se refiere a la situación específica de Italia, hablando y manteniendo constantes contactos con la Dirección General XVI y con la oficina del Comisario Monti, resulta que esto puede ser viable. 
El ministro italiano de Economía está trabajando en este sentido. 
Las regiones italianas que todavía no han utilizado parte de los Fondos estructurales están dispuestas a ofrecérsela a las zonas afectadas por el terremoto y, en consecuencia, a Italia central. 
Confío en que este principio sea aprobado y, en consecuencia, que el Pleno esta tarde se exprese convenientemente. 
No sólo, repito, por la que hoy es la situación catastrófica de Italia, sino para hacer frente a las que serán las necesidades de los demás Estados miembros. 
Deseo recalcar una vez más la importancia que revisten los programas de investigación, mencionados de forma conjunta en la propuesta de resolución, para la prevención y la seguridad en las zonas hoy siniestradas por el terremoto, así como para el estudio de nuevos métodos técnicos. 
Señor Presidente, yo también deseo recordar en este Pleno el drama que están viviendo cientos de miles de ciudadanos europeos, amén de los italianos, víctimas de una enésima catástrofe. Y deseo hacerlo para que Europa, por una vez, pueda ser oída también en estas circunstancias. 
Nuestros desafortunados siniestrados se benefician- si se me permite una pizca de ironía- de la suerte de pertenecer a un Estado que no ha conseguido gastar más que una décima parte de los Fondos estructurales que le fueron asignados. 
Por lo tanto, si logramos, a través de los esfuerzos que todos los Grupos políticos, la Comisión y el Gobierno italiano están haciendo- y esta vez me alegro de que sea el Comisario de Silguy quien nos esté escuchando- llevar a cabo esta operación de poner los Fondos no utilizados a disposición de las poblaciones que tienen cientos de miles de millardos de liras italianas de daños, creo que sería un resultado excelente y realmente útil también para toda la Unión Europea, su imagen y sus ideales. 
Señor Presidente, todos tenemos ante nosotros las imágenes de los catastróficos efectos del terremoto que ha alterado las regiones de Italia central. 
Nuestra solidaridad debe expresarse ante todo con las poblaciones afectadas que padecen directamente los dramas del seísmo, pero también debe inducirnos a tener en cuenta la devastación que ha sufrido el inmenso patrimonio artístico de la región. 
En Italia, se ha abierto una verdadera carrera de solidaridad para socorrer a las víctimas, una solidaridad que hoy, habida cuenta de las anomalías del seísmo y de sus dramáticas consecuencias, necesita una ayuda especial de urgencia, que inscribe los Fondos especiales y los añade a los Fondos estructurales destinados a Italia en el marco del período de programación 1992-1999. 
Sin embargo, además de las acciones de ayuda más urgentes y a la luz de la duración excepcional, la extensión y las anomalías del fenómeno telúrico, creemos que es oportuno y urgente prevenir cualquier tipo de catástrofe por medio de la investigación en el ámbito de los nuevos métodos de prevención, recurriendo también a los nuevos métodos técnicos que nos ofrece la ciencia moderna. 
A dicho fin, es preciso que la Comisión ponga en marcha programas específicos de investigación para el estudio y la prevención de los terremotos, junto con la investigación sobre nuevas tecnologías dirigidas a la consolidación del patrimonio arquitectónico existente en las zonas caracterizadas por un elevado peligro sísmico y de catástrofes naturales en general. 
Señor Presidente, antes que nada deseo expresar mi pesar por la pérdida de vidas humanas en las inundaciones que afectaron a Valencia y Murcia. 
No es una casualidad que hayamos coincidido, en esta propuesta de resolución conjunta, en que la gravedad de dichas inundaciones reside en la periodicidad con la que tienen lugar y en la geomorfología del terreno, que es un área proclive a la deforestación y a la erosión. 
Por todo ello, reclamamos, pedimos, solicitamos con carácter de urgencia ayuda financiera para reparar los daños y un plan de rehabilitación y reconstrucción de todo lo que ha sido destruido por estas inundaciones. 
Pero yo señalaría como lo más importante el pedir una línea presupuestaria específica para prevenir y subsanar los efectos de estas inundaciones periódicas. 
Señor Presidente, señor Comisario, por no repetir demasiado, es verdad que estas inundaciones se producen de forma periódica en la zona de Alicante, Valencia, Murcia- en la zona del Levante español -; es verdad también que en esta ocasión ha habido cinco muertes, que es lo que más hay que lamentar; pero también es verdad que ha habido la pérdida de más de 10.000 millones en viviendas, infraestructura y terrenos agrícolas. 
Por ello, como dice mi compañero, solicitamos a la Comisión una ayuda urgente. 
Además, hay que recordar que, cuando examinamos un informe sobre protección civil, una de las enmiendas proponía el crear una partida específica, porque desgraciadamente, catástrofes de estas características se están dando con frecuencia, todos los meses las vemos en los Plenos, y una partida específica quizá facilitaría y haría más eficaz la ayuda y más rápida en el momento en que se necesita. 
Señor Presidente, nadie puede quedar sorprendido por la noticia de que en el Amazonas arde el bosque. 
Pues desde hace años, en esta región extremadamente frágil ecológicamente, la mano humana está cometiendo errores irreparables, desde hace años se practica sin ninguna consideración la roturación mediante el fuego y desde hace años se crean condiciones de infraestructura para poder talar y transportar los árboles con más rapidez y aún con mayor rapidez desaparecen los bosques tropicales para siempre. 
Es un hecho que no existe un uso sostenible de los bosques tropicales con finalidades industriales y bajo la égida de las empresas multinacionales. 
Los únicos que realmente saben convivir con el importantísimo ecosistema de los bosques tropicales son los indios que viven allí. 
Son los primeros que padecen bajo la actual capa de contaminación y no los pilotos de aviones y conductores de vehículos en Manaus. 
Desde hace tres años son los primeros que son expulsados por ganaderos incendiarios y caterpillars al servicio de empresas madereras y también se ven sometidos a presión por gente sin tierra de otras regiones de Brasil. 
Si existiese en Brasil una reforma agraria, si el Gobierno brasileño aprobase y aplicase leyes eficaces contra la roturación por fuego, si se aplicasen los resultados de investigación del programa piloto G7 para el Amazonas, al que ha ido a parar mucho dinero, las selvas tropicales estarían menos amenazadas y se venderían aquí productos obtenidos de un modo sostenible y ecológico a unos precios justos. 
Y las maderas tropicales se quedarían allí donde hoy están, en interés de las personas que allí viven, de las multinacionales y de nuestro ecosistema que es la Naturaleza. 
Muchas gracias, Señor Presidente, Señor Comisario, antes decía mi colega, mi compatriota Fernando Martín, que el incendio en Indonesia y los incendios en Brasil no son una buena noticia para la Cumbre de Kyoto. 
Y es verdad. 
Hay dos razones fundamentales por las que se producen los incendios en Indonesia y en Brasil: los intereses de los madereros y las reivindicaciones de los agricultores. 
Los dos han de tener un tratamiento completamente diferente. 
Los madereros, a los que los incendios les producen beneficios económicos, han de ser tratados con una legislación justa que prevea sanciones. 
En cuanto a los agricultores, cabe recordar que hace un tiempo- no mucho- más de 40.000 campesinos se desplazaron 1.000 kilómetros en Brasil, exigiendo una distribución justa de la tierra. 
Pues bien, esa es una de las razones de los incendios provocados. 
Creemos que éstas son las dos medidas que hay que adoptar: sanciones a los madereros que acaban con un recurso natural que es patrimonio de toda la humanidad, distribución justa de las tierras para que los campesinos no se vean obligados a quemar el bosque. 
Señor Presidente, queremos empezar esta intervención diciendo que nos alegramos mucho de felicitar por una vez a la Comisión, porque parece que la ayuda de ECHO, la ayuda humanitaria, fue muy rápida y eficaz. 
Sin embargo, nosotros creemos que la gravedad de lo que ocurrió con el huracán Paulina, 120 personas muertas y tres Estados afectados- nosotros visitamos uno de ellos, Chiapas, pero los tres están en circunstancias parecidas de pobreza y en circunstancias parecidas de falta de viviendas y de infraestructuras -, reside en que no sirvió nada más que para agravar una situación que ya era mala. 
Por ello, nosotros lo que solicitamos es que las ayudas previstas sean proporcionales a las pérdidas de esas zonas tan depauperadas. Porque es la única manera de conseguir que no sigan perdiendo su capacidad de calidad de vida. 
Gracias, Señor Presidente, yo también creo que esta ayuda que ha concedido la Unión Europea, es una ayuda muy adecuada, porque muestra la solidaridad de la Unión Europea con un país como México que se encuentra en estos momentos estrechando sus relaciones con la Unión Europea en su conjunto, como lo prueba el hecho de que se va a firmar el próximo día 8 de diciembre un nuevo acuerdo de cooperación. 
Como ha dicho la Sra. González Álvarez, aunque los datos que se tienen son datos provisionales, son lo suficientemente inquietantes como para que la Unión Europea se plantee la necesidad de incrementar esta ayuda, por la que coincido también en su apreciación de que hay que felicitar a los servicios de la Comisión, situados bajo la autoridad de la Sra. Bonino, por la diligencia y por la rapidez con la que han movilizado esta ayuda de 400.000 ecus. 
Pero yo creo, Señor Presidente, que la Comisión tiene que continuar sus esfuerzos y que de alguna manera tiene que incrementar esta ayuda a medida que se vayan consolidando y vayan apareciendo los datos definitivos. 
Por lo tanto, Señor Presidente, yo le rogaría al Sr. Comisario que transmita a la Sra. Bonino el deseo de que una vez que se consoliden estos datos, se puedan incrementar las ayudas como se ha hecho con otros países, como es el caso de los países del Este. 
Intoxicación por aclilamida en Suecia 
Señor Presidente, la construccción del túnel entre el macizo de Halland y el sur de Suecia es un gran escándalo medioambiental que yo no creía posible en Suecia en 1997. 
Las partes involucradas en este escándalo son dos gobiernos, una red de ferrocarril que construye ferrovías, una gran empresa, Skanska, que realiza los trabajos, y una empresa química francesa, Rhône-Poulenc, que suministra el producto impermeabilizante Rhoca-Gil para la construcción del tunel. 
Este impermeabilizante contiene mucha mayor cantidad de la substancia contaminante acrilamina de lo que la empresa había declarado con anterioridad. 
También está involucrada en este asunto la Unión Europea, puesto que se trata de un proyecto de las redes transeuropeas TEN, que recibe ayuda de la UE. 
Se han inyectado al macizo nada menos que 1.004 toneladas de este producto. De esta cantidad, 400 toneladas son de acrilamina pura. 
Sabiendo lo increiblemente contaminante que es esta substancia, se entiende que se trate de un gran escándalo medioambiental- no sólo en Suecia sino en toda Europa, dado que la substancia se ha estado utilizando durante más de veinte años en todo el mundo. 
En Suecia, el país que considerábamos más riguroso de Europa en materia medioambiental, se descubrió el escándalo al observarse que algunas vacas empezaron a sufrir de parálisis, y nos vimos obligados a investigar el motivo de su enfermedad. 
¿Cúantas personas que sufren de entumecimientos inexplicables y de pinchazos en las manos, piernas, etc., pueden haber sido afectadas por la acrilamina? 
¿Cuántos casos de cáncer descubiertos o por descubrir se deben a emisiones no descubiertas de esta substancia? 
Ésta es la pregunta que hay que formularse, y que también debe formularse la Comisión. 
Por tanto, la Comisión debe ocuparse de que se indague a fondo si se ha respetado el requisito de la descripción de las repercusiones medioambientales en los proyectos de las TEN. 
También debe averiguar la Comisión dónde y cómo se ha aplicado esta substancia. 
Señor Presidente, como ya han mencionado los oradores anteriores, hace unas semanas se descubrió la existencia de ganado contaminado en la región donde se está construyendo este túnel ferroviario. 
A continuación, se interrumpió la construcción y se controló el estado de las aguas. 
Entonces se comprobó que las aguas subterráneas, no sólo las de los arroyos de la superficie, sino también las subterráneas están envenenadas, lo cual quiere decir que el agua potable de la zona no es apta para el consumo de las personas. 
No sabemos cuántos años va a durar esta situación. 
Es una ironía del destino que esto suceda en relación con la construcción de un túnel ferroviario, que es un medio de transporte respetuoso hacia el medio ambiente. 
Pero la acrilamina, que es un componente del producto impermeabilizante Rhoca-Gil, vendido y distribuido por la empresa química francesa, no se utiliza solamente para la construcción de túneles sino también en las minas. 
En 1983 se utilizaron en una de las minas más grandes de Suecia 50 kilos de este material. 
No obstante, se dejó de aplicar al descubrirse que perjudicaba a los trabajadores que lo manipulaban. 
También en el caso que nos ocupa hay trabajadores perjudicados. 
No sabemos el alcance de los daños, pero lo que sí sabemos es que hay personas que los sufren entre las que han trabajado en este proyecto. 
En otras palabras: ganado contaminado, ganado de cría sacrificado, producción de carne interrumpida porque se ha comprobado que la carne estaba contaminada, y contaminación del agua subterránea a gran escala. 
El Gobierno sueco ha puesto en marcha una investigación policial. 
Además, va a investigar el asunto una comisión independiente. 
Sin embargo, yo creo que también la UE tiene una gran responsabilidad y debe, puesto que se trata de un proyecto de las TEN, controlar si este producto se sigue vendiendo a gran escala, cuántos ciudadanos de la UE han podido entrar en contacto con él y controlar además que se siga catalogando como substancia peligrosa. 
Señor Presidente, lo acontecido en el macizo de Halland es naturalmente una tragedia. 
Es en Suecia donde hay que tomar medidas con respecto a los daños producidos. 
No obstante, me parece bien que también se sometan a debate aquí, puesto que naturalmente es importante que la UE y los Estados miembros aprendan algo de lo sucedido. 
Por tanto, la Comisión debe controlar dónde y cómo se ha utilizado y se sigue utilizando la acrilamina, considerar la posibilidad de su prohibición, pero también controlar que el fabricante haya seguido las Directivas vigentes en materia de etiquetado. 
Es asombroso cómo puede manipularse un producto químico peligroso del modo en que se ha hecho en este caso. 
El resultado es un medio ambiente externo contaminado y unos trabajadores que han visto afectado su sistema nervioso. 
Los productos químicos son en cierto modo los rehenes de la sociedad. 
Los que vigilamos la legislación llevamos una lucha continua para seguir el ritmo de los nuevos productos que van haciendo su entrada en el mercado. 
El Parlamento Europeo ha defendido vigorosamente la idea de un amplio experimento ambiental en favor de las redes transeuropeas. 
No obstante, aquí no ha tenido ningún papel, ya que la decisión de realizar el proyecto se adoptó antes de la adhesión de Suecia. 
También merece mencionarse en todo caso que el túnel concreto del macizo de Halland no se financia con fondos de la UE, aunque la construcción del ferrocarril entre dentro de los proyectos de las TEN. 
Esto no le resta importancia a la catástrofe, pero pienso que es de interés para los colegas del Parlamento Europeo saber que el túnel no se financia con Fondos de la UE. 
Doy la bienvenida a la resolución, y espero que la Comisión se mantenga activa al respecto. 
Señor Presidente, me permito empezar lamentando lo sucedido, y manifestando mi solidaridad con los afectados. 
En éste como en tantos otros casos, el camino más cómodo suele ser exigir una nueva legislación y nuevas directivas a nivel de la UE. 
Quedan muchas preguntas en el aire. 
¿Quién es el responsable cuando todos se dan la culpa recíprocamente- empresa constructora, autoridades y Gobierno? 
Esto deben aclararlo la comisión designada al efecto y las autoridades judiciales. 
Parte de la verdad es que también ésta es en términos generales una cuestión de ámbito nacional. 
Durante los tres últimos años, desde la entrada de Suecia en la Unión, el Gobierno socialdemócrata sueco ha dado largas a una parte de la legislación sobre el medioambiente, y con ello a la ejecución de tres directivas de la UE y a las disposiciones en torno a la descripción de las repercusiones sobre el medio ambiente. 
El túnel del macizo de Halland se considera como la medida que ahorrará más tiempo en un recorrido ferroviario muy extenso. 
Sería muy desafortunado eliminarlo de un plumazo y hacer que resulte imposible de realizar una de las mejores alternativas medioambientales en el terreno de los transportes. 
Lo erróneo no es el túnel, sino la lamentable ejecución debida a la incompetencia y la falta de responsabilidad de los órganos ejecutivos. 
Señor Presidente, en Suecia se ha producido un caso de contaminación durante la construcción del túnel de Halland, una contaminación nada desdeñable, pues parece ser que ha afectado a la capa freática. 
Como se ha recordado, el 30 de septiembre, varías vacas que bebían agua a la salida del túnel presentaron síntomas neurotóxicos y tuvieron que ser sacrificadas. 
Desde entonces, la obra está parada. 
Se ha abierto una investigación judicial para determinar las responsabilidades de los diferentes agentes. 
Se ha producido una mediatización muy fuerte en torno a este suceso, pero la Comisión gubernamental de investigación, creada con este fin, aún no ha presentado sus conclusiones. 
Y éste es el quid de la cuestión. 
El producto que ha originado la contaminación lo fabrica un industrial francés, que algunos se complacen en poner en cuestión. 
Ahora bien, este producto se viene utilizando desde hace veinte años sin que haya tenido ninguna consecuencia negativa para el medio ambiente, pero en su aplicación debe seguirse un proceso riguroso. 
Les recuerdo que, el 8 de octubre, el propio constructor declaró a la prensa que en su obra podrían haberse cometido errores y que asumía toda la responsabilidad de los daños físicos que habían sufrido sus empleados. 
Naturalmente condenamos toda contaminación; naturalmente pedimos a la Comisión que abra una investigación, pero esta condena sin pruebas del proveedor del material incriminado nos parece tanto menos urgente hasta que la investigación oficial presente sus conclusiones. 
Señor Presidente, todos los involucrados, desde el Gobierno sueco hasta los suministradores son responsables del terrible escándalo del macizo de Halland. 
La situación en la zona de construcción es catastrófica: los residentes no pueden utilizar el agua local, la región se arriesga a perder atractivo como zona turística y de recreación, sus productos agrícolas y de jardinería no son utilizables, el mercado está reaccionando y ni siquiera pueden venderse los productos no dañados de la región. 
Los costes no previstos relativos a la construcción del túnel han influido en la seguridad medioambiental. 
Pero los recortes necesarios, y esto se aplica también a los del presupuesto estatal, no deben conducir nunca a una reducción de los controles medioambientales. 
La industria y el fabricante involucrados son multinacionales. 
Por eso es necesario y urgente que la sociedad internacional, en este caso la UE, reaccione. 
Por eso el Parlamento debe exigir encarecidamente que la Comisión investigue si se respeta la legislación vigente y si ésta puede mejorarse. 
Doy mi apoyo a la resolución, y también me alegra que los diputados suecos que están en contra de la UE depositen su confianza en las instituciones de la UE. 
Señor Presidente, resulta triste comprobar cómo los representantes de Rhône-Poulenc han mentido acerca del contenido de acrilamidas en este material. 
Se han visto obligados a aceptarlo, lo cual no es óbice para que este misma empresa haya suscrito en numerosas ocasiones todo tipo de declaraciones en favor de una actividad empresarial responsable y del respeto por el medio ambiente. 
Esta circunstancia muestra muy a las claras que la industria no está en absoluto preparada para ningún tipo de autorregulación. 
En este Parlamento, muchos parecen creer lo contrario, si bien este ejemplo vuelve a demostrar que se presenta necesaria una legislación al respecto. 
Como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, puedo informarles que tenemos previsto someter a votación en breve en el pleno un informe relativo a los materiales de construcción. 
Quizás sea posible abordar con dicho motivo esta cuestión y exigir una evaluación más rigurosa de los peligros que entrañan los materiales de construcción. 
Resulta obvio que continuamente se están incorporando al mercado nuevas sustancias sobre cuyas repercusiones no tenemos los suficientes datos, especialmente por lo que respecta a su impacto ecológico cuando se vierten en el entorno medioambiental. 
Señor Presidente, una de las regiones más bellas de Europa desde el punto de vista de su entorno natural se ha visto afectada por una catástrofe medioambiental. 
Los ciudadanos que residen en las cercanías del macizo de Halland tienen un agua, unas cosechas y un ganado contaminados a causa de una substancia carcinógena. 
También las personas han sufrido graves daños. 
Es central que se dilucide la cuestión de la responsabilidad, y que los causantes de la catástrofe se responsabilicen de ello. 
La empresa Rhõne-Poulenc mintió sobre la peligrosidad del producto, y con ello puso en juego la salud de los trabajadores y de los habitantes. 
Pero tampoco el Gobierno sueco ni la compañía ferroviaria han sabido asumir su responsabilidad. 
Se ha dejado que el proyecto continuase demasiado tiempo, sin tener en consideración los riesgos que representaba para el medio ambiente. 
Se puede continuar con la construcción del túnel de Halland si se hace sin que ello repercuta sobre el medio ambiente y en colaboración con el ayuntamiento de Båstad, a cuyos puntos de vista hay que atribuir un papel decisivo. 
Lo más importante por el momento, no obstante, es que se proporcione ayuda inmediata y satisfactoria a las personas afectadas. 
Señor Presidente, señoras y señores, comenzaré por los dos primeros temas, Italia y España. 
Permítanme presentar conjuntamente la posición de la Comisión sobre los terremotos en Italia y las inundaciones en España, y asegurarles que la Comisión se une al dolor de los ciudadanos europeos que se han visto golpeados por estas dos catástrofes. 
En lo relativo a la ayuda directa a las víctimas de estas catástrofes, la Comisión recuerda que el presupuesto de las Comunidades Europeas para 1997, lamentablemente, no incluye ningún crédito para ayudas de urgencia en el interior de la Unión Europea; la autoridad presupuestaria aprobó la línea B4/3400 que, por segundo año consecutivo, había sido dotada de un " pro memoria». 
Pasemos a continuación, más particularmente, al problema del patrimonio cultural al que se ha hecho referencia hace un momento. 
Para su restauración, la Comisión desbloqueó en Italia, el 1 de octubre de 1997, una ayuda de urgencia de 100.000 ecus destinada a acelerar los trabajos de restauración de los frescos de Giotto y de Cimabue, que han sufrido graves daños en Asís. 
La Comisión es consciente de la insuficiencia de esta ayuda, y la dotación cuatrienal total del programa Rafael- 30 millones de ecus- no bastaría para rehabilitar el millar de edificios históricos dañados, y más específicamente, la basílica de San Francisco de Asís. 
No obstante, la Comisión está dispuesta a examinar la posibilidad de organizar, de acuerdo con las autoridades italianas, una especie de asistencia técnica europea para evaluar rápidamente la magnitud de los daños y proceder, en las mejores condiciones técnicas y científicas posibles, a la restauración de los edificios dañados. 
Los terremotos en Italia han afectado zonas rurales incluidas en el objetivo 5B. 
Los presidentes de las dos regiones afectadas han dirigido a la Comisión una petición para que se adapte la programación del objetivo 5B, en función de las nuevas prioridades y de las nuevas necesidades derivadas de este seísmo. 
Con este fin se ha organizado un encuentro entre la Comisión y el representante del Gobierno italiano que ha permitido delimitar mejor la magnitud de esta catástrofe y evaluar los daños. 
La Comisión- y creo responder al conjunto de los oradores de esta tarde -, hará todo lo que esté en sus manos, dentro de las posibilidades jurídicas para la utilización de los Fondos estructurales, para responder a esta necesidad. 
Diré a la Sra. Todini que he tomado buena nota de su sugerencia sobre la investigación y que daré cuenta de ello a mi colega, la Sra. Cresson. 
En lo que respecta a España, la Comisión estima que el fortalecimiento indispensable de la prevención debe y puede adquirirse mediante los medios de cofinanciación existentes. 
Me refiero, en particular, al objetivo 1, aplicable a la Comunidad Autónoma de Valencia. 
Los servicios de la Comisión permanecen a disposición de las autoridades nacionales y regionales competentes para encontrar, en el marco del FEOGA, del FEDER y del Fondo de cohesión, las soluciones adecuadas. 
Toda petición de cambio de programación de las acciones o de los créditos que aún no han sido asignados, susceptible de prevenir la zona afectada contra catástrofes de este tipo, será instruida por la Comisión sobre la base de las ayudas financieras establecidas en los marcos comunitarios de apoyo. 
El FEOGA podría así financiar la recuperación del material de producción agrícola y silvícola dañado y facilitar la creación de instrumentos de prevención. 
En este contexto, pueden tener derecho a fondos las medidas de formación de expertos y de sensibilización de la población en materia de prevención. 
No obstante, es indispensable que los recursos financieros adecuados sean previstos en el marco comunitario de apoyo a las regiones de los objetivos 1 o 5B. 
Asimismo, la Comisión recuerda que el Gobierno español propuso la pasada primavera, en aplicación de la iniciativa comunitaria Interreg 2C, un programa operativo relativo al fomento de los recursos del país y a la lucha contra la sequía. 
Este programa concede especial atención a la gestión de las crecidas excepcionales y de las situaciones de riesgo resultantes de la aridez de los suelos. 
Actualmente se está finalizando la fase de instrucción de dicho programa, cuyo importe previsto será del orden de los 140 millones de ecus. 
La Comisión lo aprobará cuando haya finalizado esta fase. 
En lo relativo a los incendios en Brasil, naturalmente, la Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento Europeo sobre las consecuencias de los incendios forestales en el Amazonas. 
En el marco del programa piloto para la conservación de las selvas tropicales de Brasil- les recuerdo que este programa tiene como objetivo inspirar a las autoridades brasileñas una estrategia para el desarrollo del Amazonas que se adapte mejor a los condicionantes medioambientales- acaba de ser aprobado un proyecto para el control de los incendios y la deforestación, por un importe de 20 millones de dólares. 
La Comisión aportará su apoyo a esta iniciativa. 
Ya se han establecido contactos con este fin entre el Centro Común de Investigación de Ispra y sus socios brasileños. 
Las modalidades de este proyecto se discutirán la semana próxima en Manaos, Amazonia, con ocasión del cuarto encuentro de los participantes en el programa piloto. 
El plan para controlar los incendios permitirá comprender mejor las causas y las consecuencias de los mismos mediante el estudio de nueve zonas de prueba del Amazonas. 
La Comisión desea ayudar a las autoridades brasileñas a controlar mejor la gestión sostenible de las selvas, y se esfuerza en multiplicar los incentivos con este fin, por ejemplo, mediante la certificación de los productos obtenidos a través de una gestión sostenible o la introducción de una cláusula medioambiental en el seno del sistema de las preferencias generalizadas. 
En lo que respecta a México, la Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento sobre la situación provocada por el huracán Paulina. 
La Comisión ha reaccionado con rapidez tras tener conocimiento de los daños, y ya el 10 de octubre aprobó una ayuda por un importe de 400.000 ecus. 
El número de víctimas mortales asciende aproximadamente a 180 y el de desaparecidos a 300. 
La población afectada se estima en más de 300.000 víctimas. 
Los daños materiales son importantes, pero difíciles de evaluar. 
En respuesta a la Sra. González Álvarez, diré que los fondos asignados están dedicados a la rehabilitación urgente- la depuración de las aguas y la construcción de refugios provisionales- y a la compra de productos de primera necesidad- mantas, ropa y equipos de urgencia. 
Asimismo se incluye una ayuda alimentaria. 
Esta ayuda se pondrá en marcha por mediación de las ONG y, actualmente, la Cruz Roja mexicana está procediendo a la evaluación de las necesidades. 
A la luz de las conclusiones de estas evaluaciones y complementando esta intervención de primeros socorros, la Comisión podrá decidir, en su caso, la concesión de ayudas adicionales y, en este sentido, transmitiré las peticiones que sus Señorías me han encomendado a la Sra. Bonino. 
Finalmente, sobre el último tema relativo a la acrilamida utilizada en la construcción de un túnel en Suecia, les recuerdo que, en el marco de la Directiva 67/548 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, la acrilamida está considerada un agente químico tóxico, que posee un potencial cancerígeno y mutágeno. 
Este producto aparece, asimismo, en la primera lista de prioridades para la evaluación del riesgo, aprobada por la Comisión y los Estados miembros. 
Actualmente, las autoridades suecas están analizando las consecuencias de la exposición accidental de los trabajadores de la obra a la acrilamida. 
Puedo decirles que, actualmente, Suecia está estudiando las respectivas hipótesis. 
El estudio de estas hipótesis, encaminado a descubrir los efectos de la exposición a la acrilamida en el medio ambiente que se ha visto afectado, permitirá hacer una nueva valoración de los datos existentes sobre la acrilamida en relación con la salud humana y el medio ambiente. 
Los resultados de estos trabajos serán presentados el próximo mes de diciembre a los Estados miembros para poder adoptar las medidas de reducción de riesgos pertinentes. 
En lo que respecta a la evaluación del impacto ambiental, según las informaciones facilitadas por las autoridades suecas, dicha evaluación, de conformidad con la legislación sueca, se llevó a cabo antes de la entrada de Suecia en el Unión Europea y antes, incluso, de que dicho país formara parte del Espacio Económico Europeo. 
Por consiguiente, diré con carácter precautelar y de acuerdo con las informaciones de que disponemos que es muy poco probable que se hayan aplicado las disposiciones de la Directiva 85/337. 
En lo relativo a su pregunta sobre el apoyo comunitario al proyecto de Hallandsås y al túnel en cuestión, la financiación de una serie de mejoras en la West Coast Railway ya fue incluida en una decisión de la Comisión aprobada en 1995. 
Esta decisión, sin embargo, no mencionaba específicamente el proyecto de dicho túnel y no se efectuó ningún pago relativo a los trabajos en el mismo. 
La Comisión no ha adoptado ninguna medida para prestar su apoyo financiero a la futura construcción del túnel. 
En caso de que se presente una solicitud de financiación, la Comisión ciertamente examinará la cuestión del cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. 
Y para terminar con este tema, les recordaré que la propuesta de directiva sobre el agua potable que, la semana pasada fue objeto de un acuerdo político en el seno del Consejo, prevé limitar rigurosamente la presencia de la acrilamida a 0, 1 microgramo por litro. 
En consecuencia, la Comisión, al igual que los Estados miembros, hacen todo lo posible para limitar al máximo los riesgos relacionados con la utilización de determinadas sustancias y prevenir los accidentes. 
No se trata de una cuestión de orden, señor Presidente, Solamente deseo darle las gracias al Comisario de momento. 
Espero que también investigue la existencia de la substancia en otros lugares además de Suecia, puesto que sabemos que se ha utilizado. 
También le daré una satisfacción a mi colega Olsson diciendo que naturalmente espero que sobrevivan las personas, los animales y el ecosistema, y que sobrevivan más o menos con la misma intensidad que mis repetidas críticas hacia la UE. 
Señor Presidente, Señorías, al grupo liberal le pareció una buena idea presentar una resolución sobre la situación en Argelia, asimismo a la luz de una audiencia pública a finales del mes próximo. 
Hemos deliberado sobre el tema y gracias a un «sí» en bloque del grupo político EVP pudimos llevar a cabo el debate. 
Tengo entendido que ahora hay un «no» en bloque por parte del grupo político EVP. 
Para no ponerles en aprietos y cargarles con la vergüenza de una resolución rechazada, retiramos nuestra resolución. 
Señor Presidente, según lo que manifesté durante el debate en el Pleno, nuestro Grupo desea proponer un añadido al apartado 4 de la resolución común. 
Habíamos presentado una enmienda, sin embargo, quisiera recalcar que, por el contrario, se trata de un añadido al apartado 4. 
Desearíamos agregar lo siguiente: » Pide asimismo al Consejo y a la Comisión que valoren la posibilidad de que, en el caso de catástrofes naturales en un Estado miembro, la parte de los Fondos estructurales destinada al Estado miembro y aún pendiente de utilización, pueda volverse a emplear para hacer frente a situaciones de urgencia». 
Reitero nuevamente que lo anterior debe incorporarse a lo previsto en el apartado 4. 
Señor Presidente, discúlpeme, pero sé que hoy es un día en el que resulta difícil dejar pasar ciertas cosas. 
La Sra. Todini no propone una enmienda oral. 
Propone sencillamente que su enmienda, que ha sido presentada de conformidad con el Reglamento, traducida a las nueve lenguas y que figura en sus dossieres, no sustituya a nada, sino que se considere como añadido. 
Por tanto, desde ese punto de vista, es perfectamente aceptable. 
Examinaremos el problema llegado el momento, que será cuando toque el turno a la enmienda de la Sra. Todini. 
Votaciones 
La consulta propuesta por nuestro colega Roberto Barzanti marca un avance en la toma en consideración, por parte de la Comisión, de la aparición de nuevos modos de comunicación. 
Ya era hora. 
En efecto, esta irrupción masiva de la información en nuestra sociedad modifica de manera radical la noción de los derechos de autor y derechos afines. 
Es realmente imprescindible que la Unión se dote de herramientas legislativas que vayan en el sentido no de una mayor armonización, sino de la total armonización. 
La eficacia de las medidas que se aprueben dependerá de nuestra cohesión, pero debemos tener presente que cualquiera que sea el grado de coerción, estas medidas no podrán ser completamente " impermeables». 
Mis queridos colegas, permítanme esta digresión: está a punto de nacer una paradoja. 
A pesar de que nuestros más ilustres economistas no escatiman elogios a la mundialización liberal, ésta erosiona la noción de propiedad privada. 
Apruebo la comunicación y la orientación general que ha ofrecido nuestro colega. 
Mis dudas no apuntan en absoluto a una desconfianza, por el contrario; quiero sencillamente que todos tengan presente la dificultad y el retraso que hemos acumulado colectivamente en la sociedad de la información. 
Los socialdemócratas daneses votan a favor del informe del Sr. Barzanti. 
La sociedad de la información plantea grandes desafíos al sistema de la propiedad intelectual, con el que hasta ahora nos hemos arreglado, y la globalización ha suscitado la necesidad de reglas internacionales en este terreno. 
Se trata, por un lado, de crear condiciones semejantes y razonables para los titulares de la propiedad intelectual. 
Por otro lado, debe hallarse una ordenación que tenga en cuenta las nuevas posibilidades técnicas. 
Esto es válido tanto para la producción y reproducción como para la distribución. 
Por ello, constituye motivo de alegría el que se pida ahora a la Comisión que presente una proposición conjunta en este terreno. 
Esperamos en serio que quiera asumir el desafío. 
En Europa ha habido tradicionalmente una exigente protección de los derechos de autor. 
En un entorno que ha registrado transformaciones revolucionarias como es este que nos ocupa, se debe velar por el mantenimiento de este elevado nivel de protección, lo cual representa una tarea increíblemente difícil y complicada. 
Por todo ello, se presenta muy necesaria la comunicación de la Comisión relativa al seguimiento del Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. 
Partiendo de esta base, ahora debemos avanzar rápidamente en el desarrollo de la legislación que exige la nueva sociedad de la información. 
Desde el derecho de copia al derecho de difusión, aún quedan muchas cuestiones por resolver. 
Cuando reflexionamos sobre la cuestión de los derechos morales en un entorno digital, debemos tener en cuenta tanto los intereses de los poseedores de los derechos como los de los consumidores. 
Los centros educativos y las bibliotecas desempeñan para la mayoría de los ciudadanos una función de servicio público cuyas condiciones se deben garantizar en el apartado de actividades que recoja la ley sobre los derechos de autor. 
En lugar de la confrontación, se debe estudiar el derecho del usuario por lo que respecta al acceso, la copia y la transferencia de las obras de la manera más conveniente posible. 
Desde el punto de vista de la sociedad ciudadana de la información, es importante lograr que la Organización mundial de la propiedad intelectual, la OMPI, reconozca en su Convenio sobre los derechos de autor el derecho de divulgación al público. 
De este modo, será posible adaptar de una manera equilibrada este derecho a la transferencia por vía digital. 
Por ejemplo, no se debe impedir o dificultar la copia provisional y circunstancial realizada como fase de un proceso considerándola sujeta a los derechos de autor como reproducción. 
Por lo que respecta a las obras multimedias, se deben definir por separado procedimientos eficaces y equilibrados en torno a las modalidades de indemnización. 
La existencia de un régimen de derechos de autor funcional y equilibrado es importante cuando se tiene en cuenta el buen funcionamiento del mercado, pero también desde un punto de vista cultural. 
La cuestión reside en mantener el justo equilibrio entre los derechos de autor y los derechos de los usuarios. 
Una sociedad de la información basada en los recursos intelectuales requiere la protección de los derechos de ambas partes ante las transformaciones que se registran. 
Los agentes que median entre autores y usuarios han de formar también parte del sistema, si bien no se debe reforzar su papel a expensas de los derechos fundamentales del autor y del usuario final. 
El carácter de la sociedad de la información es internacional y absolutamente transfronterizo. 
Por este motivo, las medidas comunitarias se deben acompañar de una sólida normativa internacional. 
Para lograr aplicar la protección de los derechos de autor es necesario también recurrir a instrumentos más enérgicos para acabar con el extendido pirateo. 
Las nuevas tecnologías y la prensa escrita 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0289/97) de la Sra. Daskalaki, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre las repercusiones de las nuevas tecnologías sobre la prensa en Europa. 
Señor Presidente, tengo el honor y la alegría de presentar hoy al Parlamento Europeo el informe de la iniciativa del Parlamento Europeo sobre la prensa escrita, que es el resultado de un trabajo de más de un año de duración realizado por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación del Parlamento Europeo, a lo largo del cual se han realizado consultas a todas las partes interesadas. 
La aprobación del informe sometido a debate mediante una resolución casi unánime de la Comisión de Cultura (creo que había una abstención) y espero que también del Parlamento, es especialmente oportuna ahora, cuando la prensa internacional atraviesa una crisis en las cifras de circulación de ejemplares. 
Además, existen fuertes críticas desde diversas posiciones respecto al papel que debe jugar la prensa y el código deontológico que deba seguir y, a su vez, está siendo de actualidad el debate sobre los límites entre la libertad de prensa y el respeto a la vida privada. 
Nosotros, que partimos del papel histórico e indiscutible que la prensa escrita ha jugado y juega en la democracia, la libertad y los derechos humanos, hemos elaborado este informe con el fin, por una parte, de recordar este destacado papel de la prensa y, por otra, para promover un diálogo más amplio sobre el nuevo papel de la prensa escrita en un ambiente de comunicación nuevo y de trascendental importancia en la sociedad de la información. 
No está dentro de nuestras intenciones infravalorar las novedades. 
Por el contrario, concebimos que la influencia de las nuevas tecnologías en la información del público europeo es multidimensional y muy importante. 
Sin embargo valoramos que, por una parte, la combinación y la complementariedad de la utilización de los nuevos medios de comunicación y, por otra, la costumbre congénita de la cultura europea de leer la prensa, llevarán a una información completa y global del ciudadano. 
Al asumir el principio que debe regir a la sociedad europea moderna; que no es otro que la información no es un simple producto entre el resto de mercancías, a pesar de que circule en el mercado; invitamos a la Comisión y a los Estados miembros a crear las condiciones adecuadas para el diálogo y la autorregulación de las partes interesadas, que son además las únicas competentes para volver a determinar la función de la prensa en este nuevo ambiente de información y proponer soluciones sobre los asuntos que surgen en este marco competitivo y en una crisis general de fiabilidad en la vida pública, a la que se añade la indiferencia de una parte importante de la población acerca de las cuestiones públicas. 
Al creer, también, en el papel educativo de la prensa, especialmente de algunas ediciones con contenido educativo, cultural, científico o de cualquier otro tipo, reclamamos la necesidad de apoyar una política europea que acerque más la prensa a los jóvenes, incluso desde la escuela. 
Al reconocer la importancia de que los periodistas estén familiarizados con las nuevas tecnologías y, también, su responsabilidad para ofrecer una información fiable y de calidad, subrayamos en especial la necesidad de su educación y formación continua. 
También es necesario que la Comisión y los Estados miembros animen el diálogo de los periodistas con los demás socios comunitarios sobre temas como son las condiciones laborales, las nuevas modalidades de empleo y los derechos intelectuales en el marco de la sociedad de la información. 
Asimismo, al considerar que la libertad de acceso a las redes de distribución es también un elemento indispensable de la libertad de prensa, invitamos a la Comisión y a los Estados miembros a supervisar los sistemas nacionales de distribución y a procurar la existencia de igualdad de oportunidades de acceso a los canales de distribución para todos los títulos. 
Por último, respetando siempre el principio de la subsidiariedad, proponemos la cooperación entre la Comisión y las autoridades competentes en los Estados miembros para una posible ampliación de la armonización de algunas normas sobre asuntos que sean de interés común para la prensa en toda Europa, como puedan ser el asunto del impuesto del valor añadido en los periódicos y revistas y el franqueo de la prensa. 
Espero, señor Presidente, que este esfuerzo que ha partido de nuestro Parlamento encuentre una respuesta más amplia a partir de ahora. 
Muchas gracias a todos los colegas por su atención. 
No voy a utilizar todo el tiempo del que dispongo, creo que ya he dicho todo lo que quería decir. 
Por último, quiero dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y a todos ustedes por su atención. 
Señor Presidente, quiero corresponder a las felicitaciones expresadas por la colega Daskalaki a los diputados de la Comisión de Cultura, pues me parece muy importante que la Sra. Daskalaki se haya referido en este informe por propia iniciativa a esta cuestión tan importante para la prensa en el contexto de las nuevas tecnologías. 
Debido a la competencia de los nuevos servicios de comunicación, surge una difícil situación para la prensa. 
Por ejemplo, entre 1991 y 1995, la tirada de los periódicos diarios en los Estados miembros de la UE ha retrocedido en aproximadamente un 3, 7 % y la proporción de gastos de publicidad que van a parar a los medios escritos se está reduciendo de modo permanente desde 1980. 
Esta es la principal preocupación de la prensa. 
Desde comienzos de los años 80, la televisión era en casi toda Europa la causa principal del retroceso de los ingresos por publicidad. Las condiciones de competencia entre los medios escritos y los restantes medios se ven agudizadas actualmente aún más debido a la difusión de nuevas formas publicitarias en los medios electrónicos y a la aparición de servicios de información Online. 
Por ello, me parece muy acertado lo que la Sra. Daskalaki ha subrayado en su informe, que los nuevos medios se han beneficiado de subvenciones comunitarias en el marco de iniciativas para el fomento de la sociedad de la información, mientras que la prensa escrita no ha obtenido el correspondiente apoyo. 
En la Comisión de Cultura no exigimos ahora una ayuda directa a la prensa por parte de la Comunidad Europea pero al menos medidas de apoyo indirecto. 
Sobre todo, considero las medidas de formación para los periodistas como muy importantes. 
Quiero indicar que en el informe de la Comisión de Cultura sobre la Agenda 2000, del que fui ponente, llamé en especial la atención sobre la necesidad de la formación de periodistas en los nuevos países candidatos a la adhesión. 
Coincido con la Sra. Daskalaki en que la prensa escrita y los medios restantes deben complementarse y que pueden coexistir en un nuevo campo de comunicaciones, pero la Comisión debe ocuparse de esta difícil situación de la prensa. 
Por ello, saludo que en este informe por propia iniciativa se pueda tocar por primera vez en el Parlamento Europeo la cuestión de las repercusiones de las nuevas tecnologías sobre la prensa. 
Señor Presidente, convengo en lo que se ha dicho de que el informe de la Sra. Daskalaki aborda una cuestión decisiva para todos nosotros en las democracias. 
Todos convenimos en que uno de los pilares fundamentales de una democracia es una prensa libre y una prensa libre y vibrante es una señal tan clara de una democracia sana como un parlamento vibrante. 
Las nuevas tecnologías son inevitables e inevitablemente afectarán la naturaleza de la prensa y las condiciones de los periodistas. 
No debemos intentar detener esos cambios. 
Debemos procurar velar por que en las nuevas condiciones se mantengan la vitalidad y la independencia de la prensa. 
Por esas razones creemos que el considerando W y el párrafo 9 no son correctos. 
Las nuevas tecnologías requerirán la determinación de nuevos derechos legales. 
Las antiguas normas relativas al derecho de autor no se pueden aplicar, sencillamente, a la nueva red Internet, por ejemplo. 
En Gran Bretaña tenemos, desde luego, una prensa muy dinámica: demasiado dinámica, dirían algunos a veces. 
Pero esa vitalidad y crecimiento se logran mediante la libre empresa, alentando la iniciativa y adoptando la utilización de las nuevas tecnologías. 
Personalmente, abrigo poderosas dudas sobre la petición de la armonización del IVA de los periódicos y revistas en toda Europa. 
En mi opinión, los periódicos deberían estar exentos del IVA. 
Nunca deja de asombrarme las variaciones de precio de los periódicos en los diferentes países de Europa. 
El Times, que puedo comprar en Londres por 35 peniques- pido disculpas por su titular sobre la prohibición de los diputados laboristas al PE -, cuesta 400 % más cuando lo compro en Francia. 
De modo que el párrafo 13, que pide la igualdad de oportunidades de distribución, es más importante que la armonización de los tipos del IVA, que en algunos países significaría sólo la introducción de un impuesto que ahora no tenemos. 
Hay otros dos aspectos que quiero comentar. 
En el párrafo 16 se pide a la Comisión que presente el proyecto de directiva sobre la propiedad de los medios de comunicación para que podamos asegurarnos de la protección del pluralismo de la prensa en toda Europa. 
Eso es importante. 
Los monopolios privados pueden ser tan enemigos de la libertad como los monopolios estatales. 
Se trata de un sector en el que existe una clara necesidad de normas europeas, además de nacionales. 
El párrafo 10, que pide la autorregulación por la prensa, alude también a una cuestión importante y de actualidad y ha habido intentos de impedir que se debata en este Parlamento. 
Yo apoyo la autorregulación. 
A raíz de la muerte de la Princesa de Gales, debería haber quedado claro para todos nosotros que la actual autorregulación que vemos en los países europeos no está funcionando. 
Desde luego, espero que los periodistas y editores europeos pongan orden en sus casas respecto de esta cuestión. 
Esta Asamblea tiene el deber de abordar esta cuestión y, si no va a funcionar la autorregulación, puede que el Parlamento Europeo y la Unión Europea deban examinar esa cuestión y encontrar una solución legislativa. 
Señor Presidente, la Sra. Daskalaki nos ofrece en su informe una buena reseña de la influencia de las nuevas tecnologías en la prensa europea. 
Confirma una ventaja de los medios audiovisuales sobre la prensa escrita. 
En el norte se lee más que en el sur, pero quizá, señora Daskalaki, quizá sólo sea porque el tiempo es frío en el norte y es muy agradable estar leyendo sentado junto al fuego o tumbado en la cama, mientras que en el sur el clima saca a las personas a la calle para desarrollar otro tipo de actividades. 
En el informe Daskalaki aparece una constatación interesante, a saber, que la prensa regional escrita se logra mantener en pie de forma excelente. 
Esto coincide, a mi parecer, con el interés creciente de los ciudadanos por su propia comarca ante una creciente globalización. 
Todos nosotros tropezamos con esto en otros terrenos a los que nos lleva nuestro trabajo diario en las comisiones. 
Un peligro creciente, a mi modo de ver, para que la prensa pueda funcionar bien con las condiciones necesarias, es la concentración de poder dentro del mundo editorial. 
Los accionistas de Elsevier Read daban gritos de alegría por la reciente fusión con Wolters-Kluwer, una absoluta concentración de poder en el terreno de las publicaciones científicas. 
Me parece una evolución negativa. 
La prensa escrita en mi país está en manos de cuatro grandes grupos. 
Todavía no ha pasado nada malo con la pluralidad, pero tampoco es una garantía para esa pluralidad en el futuro. 
El papel de la prensa en relación con la democracia parece algo evidente en nuestra región. 
Desgraciadamente, desgraciadamente se habla cada vez más del debilitamiento de nuestras instituciones democráticas a causa de la prensa. 
No es general, pero va creciendo: por la deformación de los hechos, los enfoques parciales, la manipulación de imágenes y sonido, la no aplicación del principio de contradicción, la no disposición a corregir las faltas cometidas. 
Mi opinión es que en esto la prensa debe corregirse a sí misma finalmente. 
Sería muy peligroso que se la corrigiera desde fuera. 
Espero que esto no ocurra. 
Concluyendo, nuestro grupo comparte las preocupaciones de la Sra. Daskalaki, pero también queremos señalar que las nuevas tecnologías pueden y deben servir para crear mejores condiciones de funcionamiento para la prensa y nunca, nunca pueden ser ni una sustitución ni una amenaza para el funcionamiento, la pauta y la ética periodísticos. 
Agradezco a la Sra. Daskalaki su informe y estoy seguro de que el Parlamento lo aprobará mañana de corazón. 
Presidente, Señorías, Comisario, quien escribe sobrevive. 
Este antiguo refrán neerlandés fue el adagio del periodismo desde la invención de la imprenta. 
La Sra. Daskalaki escribe en su informe que los nuevos medios de comunicación podrían constituir una amenaza directa para la prensa escrita, e indirectamente también una corrosión de la democracia, la cultura y los derechos humanos. 
Señorías, esto no es poca cosa, y me gustaría confrontarlo con la visión del grupo liberal, que es algo más positiva, y más importante aún, una visión que está más en línea con resoluciones anteriores de este Parlamento y que han sido aprobadas por gran mayoría. 
I welcome thereby the contribution of mister Perry just before. 
Los nuevos medios de comunicación actuales, tales como Internet, ofrecen posibilidades nunca vistas para difundir información por todo el mundo y comunicarse. 
Desde que yo mismo tengo una conexión a Internet y mantengo correspondencia electrónica con personas del mundo entero, nunca había leído y escrito tanto. 
Por lo tanto, no comprendo en qué se basa la ponente cuando dice que vivimos en un mundo en el que se lee y escribe cada vez menos. 
Se puede leer en un libro, pero también en una pantalla, y eso también difunde información. 
Presidente, en este informe se describen las nuevas tecnologías como una amenaza para la prensa escrita. 
La verdad es lo contrario. 
Los periódicos y revistas existentes aparecen ahora bastante a menudo en versión electrónica y así tienen un alcance mucho más amplio que antes. 
En los Países Bajos ha habido recientemente una sentencia judicial en la que se dicta que los textos escritos por periodistas no pueden ser utilizados de nuevo sin su consentimiento para publicarse por ejemplo en Internet. 
Así pues, si el editor de un periódico publica un artículo tanto en forma impresa como en forma electrónica, el periodista recibe por ello una remuneración extra. 
Por lo tanto, al periodista se le paga dos veces y su artículo puede leerlo mucho más público. 
Aunque sólo fuera por esto último. 
Presidente, Europa no se dirige directamente hacia la sociedad de la información, ya estamos dentro. 
La tecnología de la información y de la comunicación determinará en el siglo XXI la imagen de cada sociedad. 
En la época digital el conocimiento y el acceso a la información son esenciales para la prosperidad y la democracia. 
También la prensa debe adaptarse. 
Los periodistas deben instruirse en las nuevas tecnologías y aplicarlas a su trabajo. 
Puedo asegurárselo: ya está sucediendo. 
No es posible, y bajo mi punto de vista tampoco deseable, impedir los nuevos desarrollos en el terreno de la tecnología de la información y la comunicación. 
El progreso tecnológico es irreversible. 
El freno de las nuevas tecnologías sólo conduce a un descenso del rendimiento de las empresas, detiene el crecimiento y lleva finalmente a una pérdida de puestos de trabajo. 
Ayudándonos a razonar y a prever, las nuevas tecnologías pueden ofrecer nuevas oportunidades, también para la prensa escrita. 
Los nuevos medios de comunicación ofrecen un gran número de posibilidades para tratar con la oferta de noticias de una manera innovadora, y la tarea y la responsabilidad de este Parlamento es apoyar este tipo de desarrollo, pues en él hay posibilidades para la creación de nuevos empleos. 
Presidente, lo que mi grupo echa en falta en el informe de la Sra. Daskalaki es un párrafo- o quizá más de un párraofo incluso- sobre la libertad de prensa, porque eso puede ser una amenaza real para la prensa que resulta de la aparición de las nuevas tecnologías, a saber, la censura impuesta por las administraciones. 
La administración amenaza con intervenir en las nuevas tecnologías, algo que antes ocurría en mucha menor medida con la prensa. 
La libertad de prensa puede por ello correr un riesgo. 
Naturalmente, en Internet aparecen inadmisibles declaraciones racistas y pornografía, aquí ya hemos discutido extensamente al respecto. 
Después de todo, Internet es un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. 
Pero para mi grupo sigue siendo válido lo siguiente: lo que off line es ilegal, también es ilegal on line, y en la práctica ha resultado además que las medidas nacionales para limitar la libertad de expresión apenas han tenido efecto en los nuevos medios de comunicación. 
Por lo tanto, las redes mundiales de ordenadores, como Internet, son medios de comunicación sin intermediarios y sin fronteras. 
Los Estados y Gobiernos afortunadamente no pueden ejercer ningún control, o si lo hacen es con dificultad. 
Presidente, quisiera concluir con lo siguiente: la prensa escrita y audiovisual tiene una posición dominante en lo concerniente al suministro de noticias sobre un gran número de asuntos. 
La reciente información negativa acerca del Parlamento Europeo es un claro ejemplo de ello. 
Los nuevos medios de comunicación, como Internet, ofrecen a cualquiera la posibilidad de dar a conocer su opinión y comunicarse con todo el mundo, y eso limita el monopolio de la prensa. 
Gracias a esto, la información no depende sólo de la prensa profesional. 
Según el punto de vista del grupo liberal, ello va en beneficio de la libertad de expresión y, por tanto, de la democracia, garantizándose así además la pluralidad. 
Señor Presidente, primero quiero felicitar a la Sra. Daskalaki por su informe en el que ha expresado lo que es fundamental y más característico de nuestra cultura: la relación insustituible con el texto escrito. 
No se podía esperar menos de una persona que proviene de la prensa como la Sra. Daskalaki. 
Pero quiero también destacar algunos puntos. 
Primero, no es verdad que haya una crisis general de la prensa escrita, pues hay indicios de su firme resurgir en varios países de la Unión Europea originados por nuevas formas de apoyo y compromiso por parte de los lectores de prensa y de los amigos de ésta, pero también de su desarrollo en las provincias y de la prensa especializada y monográfica. 
Me refiero, por ejemplo, a la prensa ecológica o a las publicaciones juveniles. 
Y éstos son mensajes optimistas. 
El asunto es si merece la pena plantear este debate a escala de la Unión Europea y cómo podemos ayudar a la prensa sin menoscabo de su libertad. 
Expresándome de manera telegráfica, señor Presidente: primero, es necesario aclarar la cuestión de la propiedad. 
Segundo, es también necesario apoyar y garantizar la independencia de los periodistas con garantías para su libertad y su situación profesional. 
Será también necesario y útil idear formas de favorecer las inversiones, por ejemplo para la modernización de la prensa provincial, pues es el caso que la prensa provincial se queja en mi país de que las inversiones que propone no son atendidas en los planes de apoyo al desarrollo regional de las diferentes partidas europeas. 
Asímismo, podemos cuidar la parte destinada a la educación y formación de los periodistas a través de las partidas del Fondo Social. 
Igualmente, podemos armonizar los sistemas fiscales para que puedan facilitar el ejercicio de una profesión tan difícil y delicada como es la de periodista y la de editor de prensa. 
Pero hay un asunto más, señor Presidente. 
Y es la competencia desleal que sufre la prensa. 
En primer lugar desde otros medios de comunicación de masas; como también dice de forma muy acertada la Sra. Daskalaki, no se está cumpliendo en muchos países, al menos en el mío, la directiva sobre " televisión sin fronteras». 
Se trata de una competencia alevosa en lo referido a la captación de las cifras de la publicidad, por ejemplo, y es ahí donde se incumple de forma violenta esa directiva. 
Pero también, se produce una competencia desleal y, permítanme decir, más grave hacia los periódicos pequeños, por parte de la gran prensa: Nos encontramos con que las publicaciones comercian con una gran variedad de productos. 
Probablemente es allí donde podríamos ayudar, pidiendo que se investigue si tales prácticas, como la de vender el periódico junto con alfombras, cremas, alimentos, colecciones de libros y no sé cuántas cosas más, no suponen un tipo de fraude y una cuestión escabrosa. 
Por último, señor Presidente, podemos ayudar también al intercambio entre periodistas y entre propietarios de periódicos, si favorecemos los contactos profesionales y apoyamos formas de colaboración para producir diversas modalidades de prensa a escala de la Unión Europea. 
Señor Presidente, me parece que no hay un mejor momento que cuando el marido y los hijos han salido de casa por la mañana y una se puede sentar con tranquilidad en la mesa del desayuno, con el cigarrillo, el café y el periódico para poder leer por fin con tranquilidad. 
Quiero comenzar de esta guisa. 
Las nuevas tecnologías, lo nuevos medios han tenido también efectos positivos sobre los medios de información. 
Pero en ningún caso debemos olvidar el riesgo de que los medios impresos sean desplazados cada vez más por los medios modernos. 
Es suficiente con echar un vistazo a las estadísticas pertinentes mencionadas por algunas y algunos oradores anteriores para ver que en Europa parece imponerse la misma tendencia que en los Estados Unidos, a saber, que la prensa escrita cada vez se vende menos reduciéndose en consecuencia también los fundamentales ingresos por publicidad. 
La Unión Europea debería dar prioridad a la exigencia de una información variada, en la que se dé preferencia a una actitud crítica frente al sensacionalismo y que no sea rechazada por las capas de población más pobres y menos formadas. 
En este sentido, muchos diarios, revistas especializadas, semanarios y periódicos locales que se han nombrado, desempeñan un papel muy importante para el pluralismo, para el análisis de las noticias y, sobre todo, para la profundización. 
En lo tocante a la resolución del informe de la Sra. Daskalaki, los Verdes queremos subrayar ante todo lo importante que es un mundo de las noticias no homogeneizado u homogeneizado. 
Estos esfuerzos tienen que promover una profundización crítica de los acontecimientos así como garantizar los derechos de las minorías e informar sobre éstas minorías y otras opiniones. 
Me refiero a los derechos de las minorías a tener sus propios medios de información y a difundir también ideas contrarias a las mayoritarias. 
Para finalizar, quiero añadir un asunto actual. 
El Parlamento ha caído de nuevo en un gran descrédito debido a unas imágenes de segundos en la televisión holandesa y en la ARD. 
Es algo totalmente diferente si se trata de un artículo largo y profundo, aunque sea en el periódico inglés Sun, o si se trata de dos segundos sobre dos diputados que, por lo visto, firman a las 9.00 horas y a las 9.05 se van. 
Me parece increíble que precisamente también en mi grupo político haya diputados que hagan lo mismo. 
Debemos prestar mucha atención en esta Asamblea a que el Parlamento sea protegido en este sentido y que no solamente se hable sobre tales asuntos sino sobre nuestros contenidos importantes. 
Señor Presidente, queridos colegas, la ponente desea, con razón, defender la democratización de la información en la prensa, reservando al menos un determinado estatuto para la prensa ante la competencia audiovisual. 
Pero en la mayoría de los países comunitarios asistimos, por el contrario, a un retroceso de la democracia y del pluralismo en la prensa como consecuencia de dos fenómenos concomitantes: por una parte, la concentración de la oferta y, por otra, el debilitamiento de la demanda. 
Me referiré, en primer lugar, a la concentración de la oferta. 
Mediante este fenómeno económico, estamos asistiendo a una uniformidad y al control creciente del poder político sobre la prensa. 
Podríamos citar varios ejemplos, en particular, la campaña que la prensa llevó a cabo en Occidente durante la guerra contra Irak, que fue realmente el mayor despropósito que se haya visto en muchos años. 
Todos sabemos que en las redacciones actuales se elimina muy discreta y socarronamente a los periodistas que no se muestran de acuerdo. 
Para ello no son, en absoluto, necesarias órdenes directas de los gobiernos. 
Además, existe un debilitamiento de la demanda, porque una gran parte de la población lee cada vez menos o, en todo caso, la lectura vuelve a convertirse en privilegio de una elite. 
Es el fracaso de la democratización lo que fortalece la concentración del poder real. 
Creo que ante una situación semejante, las diferentes iniciativas que se adoptan, incluido el presente informe, no pasarán de ser buenas intenciones, porque, actualmente, los gobiernos no desean realmente que la población salga del entumecimiento en el que se intenta sumirla. 
Se intenta más bien flexibilizar la democracia y, sin duda, es ahí donde está la auténtica razón de la, digamos, debilitación de la prensa, por encima incluso de la competencia de la tecnología moderna. 
Señora Presidenta, el informe de la Sra. Daskalaki muestra muy bien las dificultades a las que se ven sometidos los medios impresos frente a los medios electrónicos. 
Sin embargo, es inimaginable que los nuevos medios desaparezcan ni tampoco sería deseable que ocurriese. 
Además son utilizados de modo creciente por los periódicos y revistas. 
No obstante, los medios impresos corren el peligro de quedar a la zaga. 
No hay que ver más que el retroceso de las tiradas de los periódicos en los EE.UU. Pero esto se debe menos al avance de los nuevos medios que a la tendencia a la concentración de medios en el sector de la prensa escrita. 
Solamente puede sobrevivir quien tenga acceso al mercado, es decir, quien disponga del correspondiente sistema de distribución. 
Se debe apoyar cualquier política que contribuya a la igualdad de oportunidades entre los diferentes medios impresos. 
Sólo así existirá además la diversidad de opinión. 
Los periódicos y revistas no deben ser gravados con elevadas tarifas postales y ser apartados de este modo del mercado. 
Finalmente, hay que tomar las medidas necesarias para fomentar y formar a las nuevas generaciones de periodistas. Esta formación debería ser también subvencionada por la UE. 
Para compensar una desventaja de los medios impresos frente a los medios electrónicos más rápidos, se debería garantizar para los medios impresos una información global. 
La Comunidad Europea debería crear las condiciones para que los periódicos tengan un acceso más fácil para abrir oficinas de corresponsales, a demás a nivel mundial. 
Señora Presidenta, quiero felicitar a la Sra. Daskalaki y sobre todo alabar la calidad de su trabajo, puesta de manifiesto en este informe, pero sobre todo quiero también alabar el modo como ha colaborado con los otros miembros de la Comisión de Cultura. 
Es una colaboración que también es necesaria entre los medios de comunicación electrónicos y los tradicionales. 
Yo no veo la información electrónica como una amenaza para la prensa, sino como la creación de nuevas posibilidades. 
Sin embargo, a diferencia de lo que ha planteado la Sra. Plooy, me parece que la Sra. Daskalaki ha expresado muy bien no sólo la colaboración necesaria, sino también el equilibrio que se debe seguir conservando: hay que tratar de rescatar lo bueno en favor del nuevo método de información electrónica. 
Quiero limitarme a dos pequeñas observaciones. 
En primer lugar, debe mantenerse la pluralidad, sobre la que ya hemos hablado tanto. 
Enfrente está el problema de la concentración de los medios de comunicación, que en mi opinión se debe solucionar rápidamente a través de una legislación que estamos esperando. 
La Comisión Europea no termina de entrar en materia con una nota. 
De lo que se trata, naturalmente, es de si somos capaces de establecer una separación entre la propiedad económica de los medios de comunicación y la libertad de las redacciones, separación que tenemos ya por ejemplo en mi país a través de los estatutos de redacción. 
Además, quiero llamar la atención sobre el problema de la distribución. 
Quien amenaza la libertad de prensa es el monopolio de distribución de periódicos y revistas. 
Me parece un escándalo que la mayoría de los presidentes de los grupos parlamentarios en este Parlamento me hayan impedido en nombre de la Comisión de Cultura plantear preguntas a la Comisión y celebrar un debate con la Comisión sobre ese tema. 
Se necesitan medidas urgentes, sobre todo en el Reino Unido. 
Es curioso que no se haga nada allí al respecto. 
Cualquiera que se dedica a la prensa sabe que un monopolio de distribución impide la aparición de nuevos medios de comunicación. 
Ése es un asunto que merece una atención aparte. 
Señora Presidenta, la sociedad de la información de la que tanto se habla no es una catástrofe natural que se abata sobre nosotros, pobres seres humanos indefensos. 
La sociedad de la información es un producto del ingenio humano que pone a nuestra disposición nuevos instrumentos y nuevas oportunidades para que mejoremos nuestra calidad de vida. 
Y así- creo yo- deben afrontarla tanto los ciudadanos individuales como las industrias de bienes y servicios y los afectados por ella. 
La prensa, igual que el libro, se ve afectada, pero no necesariamente perjudicada, por la llegada de las industrias multimedios y de los servicios on line. 
La Comisión, las empresas de los múltiples sectores que hoy producen información y los profesionales de esos sectores, deben tener como prioridad la de establecer un diálogo urgente para encontrar formas de complementaridad entre la prensa escrita y los nuevos medios de comunicación. 
Urge igualmente adoptar formas adecuadas de autorregulación, las más eficaces y, desde luego, las más realistas, que anulen la competencia salvaje que se plasma en graves atentados al derecho individual a una información creíble y a la intimidad personal. 
La calidad democrática de la vida en Europa exige la continuidad y el fortalecimiento de la prensa escrita, aunque no toda la prensa escrita contribuya a ello. 
Hablo tanto de la gran prensa, de la que crea opinión y hace investigación periodística, como de la prensa local, que tiene, para las sociedades alejadas de los grandes centros y para las comunidades emigradas, un papel insubstituible de integración social, de vinculación con las raíces e incluso de ilustración de las poblaciones locales sobre el sentido de la ciudadanía europea. 
Para mantener viva la prensa, es preciso crear en el nivel europeo las condiciones reglamentarias para ello. 
Es preciso imponer el cumplimiento de la directiva existente- como pide la ponente -, pero las directivas suelen volverse- conviene decirlo- instrumentos de eficacia cada vez menor. 
Y termino, señora Presidenta, diciendo que es preciso también introducir en los planes de estudios, desde el nivel más elemental, modelos dedicados a la lectura de la prensa. 
Así, tendremos en Europa ciudadanos que piensen y que no sean juguetes de intereses que los superen. 
El informe Daskalaki es una contribución en ese sentido. 
Eso es lo que quería aclarar. 
Señora Presidenta, la Comisión se congratula por el presente informe de iniciativa, y quiero expresar mi agradecimiento personal a la Sra. Daskalaki por la calidad de su trabajo. 
En él pone de manifiesto dos puntos principales; por un lado, el papel fundamental de la prensa para el buen funcionamiento de la democracia, para el pluralismo y los derechos humanos, como muy acertadamente observaba hace un momento la Sra. Soltwedel-Schäfer, y por otro, la difícil situación en la que actualmente se encuentra la prensa, debido especialmente a la competencia de los medios audiovisuales. 
Es cierto, señora Plooijvan Gorsel, no es conveniente poner en peligro, ni en lo más mínimo, la libertad de prensa, de lo contrario será sencillamente la libertad la que estará amenazada. 
No obstante, la Comisión siente preocupación por las consecuencias que el desarrollo de nuevas tecnologías de la información puede tener sobre el equilibrio de la prensa. 
El aumento de poder de una prensa comercial sensacionalista, la evolución de los lectores y las condiciones de distribución tampoco contribuyen al fortalecimiento del sector. 
Unos y otros se han referido al problema de los medios de comunicación y la vida privada y al problema del régimen de la propiedad, tantos temas difíciles, controvertidos, temas en los que la subsidiaridad influye plenamente. 
Por ejemplo, en materia de distribución, la Comisión no tiene competencias. 
Por ello es delicado encontrar un equilibrio, y no tendré la pretensión de querer solucionar en unos minutos estos difíciles problemas. 
Deseo, sin embargo, hacer dos observaciones. 
La primera es relativa a la prensa, el medio tradicional de comunicación e información, que corre el riesgo de verse considerablemente debilitada con todas las consecuencias perjudiciales que ello podría acarrear en términos de pérdida de calidad y de independencia. 
La Comisión siempre ha sido de la opinión que el conocimiento, la información y la cultura no son simples productos, que no se trata sencillamente de cremas o productos lácteos comparables a otros productos comerciales. 
Además, la Comisión siempre ha defendido la necesidad de preservar el pluralismo y evitar nuevas formas de concentración o de monopolio a nivel de la propiedad de los medios de comunicación. 
Es cierto que la ayuda a la formación de los periodistas a la que, en particular, se han referido las Sras. Schierhuber y Hauwlicek es importante y, además, se recurre a ella. 
La Comisión acoge favorablemente, señora Daskalaki, las sugerencias que recoge su informe. 
Me refiero, en particular, a las iniciativas concretas que usted prevé para garantizar la originalidad, la función y la permanencia de la prensa escrita. 
Se trata, en particular, de examinar la necesidad de un marco jurídico e institucional para la protección de los derechos sociales y profesionales de los periodistas, para armonizar a la baja la fiscalidad aplicada a los periódicos y revistas y para instaurar reglas comunes en materia de reducción de los derechos postales, de los costes de las telecomunicaciones y los transportes. 
Es un debate difícil y puede estar segura de que la Comisión seguirá atentamente la futura evolución del sector. 
Vamos a examinar todo esto detalladamente y la Comisión emprenderá una vasta concertación con el fin, por una parte, de crear las condiciones necesarias para la ampliación del debate sobre las nuevas necesidades de la prensa y, por otra, estudiar los problemas que plantea el desarrollo de la sociedad de la información. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Protección de los menores y de la dignidad humana 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0227/97) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación sobre el Libro Verde de la Comisión (COM (96) 0483- C4-0621/96) relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información. 
Señora Presidenta, este informe tuvo su punto de partida en el importante debate acerca de la Directiva «Televisión sin Fronteras» , que celebramos en esta Asamblea el año pasado. 
Al final de aquel largo debate, había dos preocupaciones. 
Una se refería a la proliferación de nuevos servicios, como el vídeo por encargo, las teleconferencias, las comunicaciones interactivas- líneas de charlas y demás- y, de hecho, la red Internet. 
Todos ellos estaban colmando el desfase entre la televisión, tal como la entendíamos hasta ahora, y las telecomunicaciones. 
Muchos de ellos parecían deseosos de evitar la reglamentación tradicional. 
Podemos reconocer sus energías y, de hecho, sus ambiciones sin tener necesariamente que aplaudirlos o aprobarlos siempre, porque existía la preocupación de que esos servicios, como la nueva abundancia de transmisiones digitales, produjera programas que fuesen perjudiciales para algunos, aunque no ilegales para todos. 
Al fin y al cabo, esos servicios están rebasando todos los límites reglamentarios nacionales con una insolente facilidad y pueden ser perjudiciales para los jóvenes, las personas vulnerables o las minorías expuestas. 
Todos queríamos supervisar el funcionamiento de la directiva. 
Queríamos financiación para la investigación de las posibles aplicaciones del «procesador V» , como ha pedido también el Libro Verde de la Comisión. 
Queríamos un estudio sobre la eficacia de los diferentes sistemas existentes para clasificar el contenido de los programas. 
Hoy mismo el Parlamento Europeo ha aprobado la supresión de la financiación de ambas cosas en la línea B3-2011. 
Lo deploro y creo que mi colega el Sr. Perry diría lo mismo. 
No se puede desear el fin sin desear también los medios. 
También deploro que se pidiera a dos direcciones diferentes de la Comisión que elaboraran informes sobre los nuevos servicios y la red Internet, aunque su convergencia resulta evidente para todos. 
La cuestión de la convergencia es ahora objeto, a su vez, de otro Libro Verde de la DG XIII, que aún no se ha distribuido a los diputados a este Parlamento. 
Debemos examinar lo que tienen en común las formas de supervisión que necesitamos para el sistema, para los servicios y para los contenidos. 
Cuando oigo decir que está circulando un documento sobre la convergencia que aún no hemos visto y que adopta una opinión bastante hostil hacia las formas tradicionales de reglamentación- tengo entendido que la DG X y, de hecho, su Comisario ya han protestado por ello -, me gustaría decir simplemente que en este Asamblea creemos también que la cuestión de la convergencia debería airearse y todos los organismos de la Comisión y, de hecho, del Parlamento deberían examinar ese asunto. 
Señor Presidente, el Sr. Pex y yo hemos preparado sendos informes, pero a su modo convergen y espero que convenga con ello cuando examinemos la red Internet y los nuevos servicios. 
¿Qué estamos diciendo aquí? 
En primer lugar, hay que mantener siempre un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a no verse acosado. 
Necesitamos la autorregulación, como la propia industria ha llegado a reconocer, y algún grado de fiscalización general. 
Incluso la red Internet está pasando rápidamente de una anarquía creativa al control: no mediante los últimos adelantos de la electrónica, sino por obra de las grandes empresas de siempre. 
Debemos responder a los avances sin frustrar la indudable energía que las acompaña. 
Mi informe pide un marco eficaz de autorregulación y establece las formas como se puede aplicar en cada uno de los niveles. 
Afirma el objetivo del interés público, que considero primordial, y hace una clara distinción entre lo generalmente ilegal y lo legal, pero a veces perjudicial. 
Propone un completo intercambio de información entre los Estados miembros para elaborar normas concertadas y acciones comunes cuando se las infrinja. 
La idea de cumplimiento voluntario, apoyada hasta cierto punto por el Libro Verde, está muy bien en sí, pero los códigos creados por comisiones están hechos para ser observados y no infringidos. 
Tenemos que contribuir a ello siguiendo el circuito tradicional del emisor al usuario y la compleja gama que ahora existe de proveedores de acceso, proveedores de contenidos y proveedores de servicios. 
En este informe nos proponemos establecer un marco para la protección de los menores y de la dignidad humana que se debe lograr mediante requisitos mínimos para todos los proveedores de contenidos y todas las definiciones existentes de responsabilidad. 
Eso significa ensayos de autorregulación doméstica e industrial. Significa que todos los ciudadanos participen en la supervisión de la autorregulación y los códigos de conducta. 
Por último, si se examina el párrafo 25 de mi informe, se ve que pedimos un marco jurídico apropiado en cada uno de los nuevos servicios, que equilibre los intereses y las obligaciones de los proveedores, los consumidores y los Estados miembros, a partir de la experiencia de más de 75 años de reglamentación en la radio y las emisiones televisivas. 
Los que nos dijeron en el debate sobre la televisión sin fronteras que los servicios audiovisuales no podían acaparar la nueva tecnología ahora tienen la arrogancia de afirmar que las megatecnologías del futuro deben absorber los servicios audiovisuales. 
A eso nos oponemos: siempre se debe mantener un equilibrio entre cultura y tecnología, entre contenido y conveniencia. 
Señora Presidenta, voy a intervenir simplemente para expresar el pleno acuerdo del Grupo Socialista con el informe que acaba de presentar el Sr. Whitehead. 
Dicho informe subraya aspectos fundamentales y es necesaria una rápida decisión porque ya no se puede esperar más. 
Las cuestiones que aquí se evidencian, es decir, la necesidad de que también a escala europea sea posible luchar contra la utilización cada vez más preocupante de los nuevos servicios para transmitir mensajes ilegales y perjudiciales para el desarrollo de la personalidad, debe ser considerada con extrema seriedad. 
Creo que para hacerlo es preciso reflexionar de nuevo sobre la necesidad de una autoridad europea propiamente dicha, cuya legítima actuación se base en textos normativos concretos, en este caso en un reglamento que tenga un enfoque horizontal, esto es, que incluya todos los tipos de servicios que se prestan, con la particularidades y las especificidades que deben abarcar los distintos tipos de servicios, pero cuya finalidad además- ya lo dijimos también en el informe sobre los derechos de autor que se acaba de aprobar- sea precisamente fijar, desde el punto de vista normativo, unos estándares legales mínimos que deben ser respetados por los suministadores de los nuevos servicios, que son más agresivos y más accesibles que los tradicionales. 
Por lo tanto, no es suficiente tan sólo la autorregulación, que sigue siendo un enfoque fundamental, la autorregulación voluntaria, mencionada en el apartado 14, sino también hace falta una acción normativa que evidentemente no implica censura, sino control y responsabilidad de todos aquellos que, al suministrar estos nuevos servicios, deben hacerlo con la máxima corrección posible e impedir que los mismos actúen como vehículo de mensajes corrosivos, nocivos para el desarrollo de la personalidad y ofensivos para la dignidad humana. 
Señora Presidenta, en la mayoría de las partes estoy de acuerdo con el Sr. Whitehead. 
Ha realizado un excelente informe que, en efecto, como decía hace un momento, muestra mucha sinergia con el informe que yo he realizado. 
Pero no podía ser de otro modo, porque sobre este tema mantuvimos una discusión muy provechosa y razonada en la Comisión de Cultura. 
Señora Presidenta, hay una tensión entre la libertad de expresión y el derecho a la autodeterminación en la información por un lado, y la protección de los menores y de la dignidad humana por otro, y esa tensión seguirá existiendo siempre. 
En realidad, no hay nada nuevo bajo el sol con la información electrónica en relación con las formas tradicionales de información. 
Lo que ahora no puede aparecer en papel o en película tampoco puede aparecer en el ordenador o en Internet. 
La diferencia, naturalmente, es el aspecto internacional. 
Ya no hay fronteras en el campo de la información electrónica, por lo tanto es necesaria la colaboración internacional en el terreno legislativo, sobre todo en la legislación criminal y en la búsqueda de los delitos. 
Es importante que se haga una diferenciación clara entre lo que está prohibido y lo que no es deseable. 
Finalmente, todo se reduce a una buena transmisión de normas y valores, por lo tanto a una buena educación de los niños y una buena enseñanza. 
Además, quisiera observar que en mi opinión todo el mundo es responsable en la red: todo aquel que se dedique al suministro de información, el almacenamiento y transporte, la transmisión y recepción de información. 
La autorregulación es, en efecto- y en esto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Whitehead -, la mejor solución para el problema esbozado. 
Donde no llega la autorregulación debe aparecer la legislación, pero el mantener esa legislación seguirá siendo el problema central. 
Señora Presidenta, primero quisiera decir que apreciamos íntegramente la calidad del informe del colega el Sr. Whitehead y propongo que apoyemos sus conclusiones. 
Sin embargo, quisiera recalcar que, tanto él mismo como todos nosotros, reconocemos que existe un gran componente de incertidumbre en nuestros análisis; aunque, en el fondo, son teóricos y preocupados. 
Hay perplejidad. 
Probablemente, no sea suficiente lo que el colega, el Sr. Whitehead, denomina equilibrio entre libertad de expresión y " libertad» de delinquir, ni por supuesto es suficiente el concepto de la autorregulación. 
Porque, aunque todo discurriera con normalidad, uno se pregunta: el que tenga la intención y el beneficio de la ilegalidad y la transgresión, ¿será ecuánime? ¿Se preocupará por la ecuanimidad y practicará un autocontrol? 
Creo que no. 
Eso está claro y así lo advertimos en todas partes. 
El debate que estamos desarrollando me recuerda discusiones anteriores sobre nuestra relación con el medio ambiente, el amor que nos debiera inspirar, etc. cuando descubrimos que de la destrucción del medio ambiente algunos obtenían mucho dinero. 
Creo que existe una analogía entre ambos asuntos. 
Hay un problema grave de aplicación de los principios del estado de derecho bajo nuevas condiciones. 
Y estoy en desacuerdo con algunos colegas que afirman que no hay nada nuevo. 
Hay algo nuevo: Se dan unas nuevas circunstancias que no se atienen a los estados y sus fronteras. 
Es, pues, una cuestión de controles y de seguimiento del delito y, además, de un seguimiento en la fuente del crimen, antes de que ocurra; eso sería lo más correcto. Existe, por último, un problema de sanciones como se diría en cualquier estado de derecho. 
Pero la novedad es la pregunta: ¿quién hará legítima, no sólo legal, esta intervención? ¿Quién la hará legítima ante la sociedad en un ambiente que no tiene en cuenta los estados y las fronteras? 
¿Con qué criterios se llevará a cabo? 
¿Con qué medios de control se aplicará? 
Todas estas cuestiones superan el marco de nuestro debate, pero quisiera recordar, señora Presidenta, aquello que surge cada vez que debatimos problemas nuevos: es la cuestión de qué autoridad política, elegida de manera legal y democrática, lo gestionará de forma legítima. 
Es decir, en pocas palabras, vuelve a cuestionar de manera firme el asunto de la unión política de Europa y yo diría, ya que la escala europea es muy pequeña, de su papel a escala mundial en cuanto a una regulación legal y democrática de tales materias. 
Aunque ello pueda parecer utópico, señora Presidenta, es tan utópico como cuando hablábamos hace 5 ó 10 años sobre las nuevas tecnologías. 
Señora Presidenta, en el Libro Verde de la Comisión y en el informe exquisitamente bien redactado del Sr. Whitehead se abordan diversas cuestiones importantes. 
Es importante tomar nota de que, en los artículos introductorios del Tratado de la Unión Europea se hace referencia directa al Convenio Europeo sobre la protección de los derechos humanos, que entre otras cosas establece el derecho a la libertad de expresión. 
Este derecho debe servir de orientación para nuestros trabajos. 
Formo parte de la generación de jóvenes que han crecido con las tecnologías de la información, Internet, y otros servicios audiovisuales. 
Los considero unos instrumentos evidentes para conseguir e intercambiar información. 
Asimismo, es cierto que el desarrollo tecnológico altera totalmente la situación a que estamos acostumbrados, en que el estado controlaba el contenido de la información. 
Hoy por hoy es el nivel global el que se impone, y hemos dejado atrás las limitaciones geográficas del estado nacional. 
Hay que reconocer que existen una serie de desventajas en las nuevas tecnologías. 
Es lamentable que sean precisamente los servicios audiovisuales y de información los que menoscaben en algunos casos la dignidad del ciudadano. 
Por lo que respecta a los servicios televisados, por ejemplo, estoy en favor de que los consumidores, sobre una base voluntaria, puedan aplicar algún tipo de sistema de filtrado. 
¿Pero qué podemos hacer respecto a la red global de Internet? 
Cabe añadir que estamos debatiendo en el seno del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
Pero lo que se requiere es una solución global por la vía de las Naciones Unidas o de la Organización Mundial del Comercio- no sé cuál es preferible. 
Pero si queremos que suceda algo, debe ser a través de una solución global. 
Internet encierra unas posibilidades fantásticas. 
Incluso yo en mi labor política he entrado en contacto con personas y ciudadanos con los que de otro modo nunca me habría relacionado, pero que en estos mmentos se encuentran frente a su ordenador y reaccionan rápidamente cuando me ven por televisión o leen una entrevista en el periódico, y desean hacerme preguntas. 
Se trata de ciudadanos que antes no podían hacerse oir. 
Esto representa una revitalización de la libertad de expresión democrática. 
Lamentablemente, no es una libertad sólo accesible para los ciudadanos tolerantes. 
También conlleva libertad de expresión para los neonazis, por ejemplo, que difunden e intercambian sus mitos despreciables y ponzoñosos y para los pedófilos, quienes en pocos segundos pueden intercambiar información. 
Para concluir, deseo comentar el apartado 23 del informe del Sr. Whitehead, que también figura en la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos de la Sra. Lindholm, sobre la posibilidad de poner unos medios a la disposición de padres y maestros, los cuales deben ser informados sobre el mejor modo de proteger a los menores de edad de la exposición a una información que puede menoscabar su desarrollo. 
Es importante que se incluya este aspecto. 
Señora Presidenta, a primera vista estoy de buen humor por el hecho de que la Comisión y el Parlamento presten atención a los productos nocivos de los medios de comunicación y nos protejan contra ellos. 
Del campo científico nos llegan cada vez más indicios de que las escenas de violencia y sexo son perjudiciales para el sano desarrollo de los jóvenes hacia la madurez. 
Es repugnante que los magnates de los medios de comunicación confronten a muchos jóvenes una y otra vez con producciones de dudosa clase, sembradas de palabrotas, violencia, sexo y discriminación. 
Con el objeto del lucro financiero se pisotean las reglas universales de los diez mandamientos bíblicos. 
Insisto en que aquí no está en juego tanto la abstracción de la dignidad humana como la humanidad misma. 
El filósofo de la cultura inglés, C. S. Lewis, dijo lo siguiente: » Quien no respeta las normas de Dios es como si estuviera suprimiendo la humanidad». 
El punto de partida de la política es que los padres y educadores son responsables de los niños en primera instancia, pero la avalancha de información y el apresuramiento de nuestra cultura hacen necesario que se ayude a los padres a cumplir con su responsabilidad. 
Estoy pensando en remedios de bajo coste tales como los chips antiviolencia, los pictogramas en cintas de video que aparezcan en la imagen también durante la película, las clasificaciones por edades, códigos con los que los padres puedan bloquear determinados canales. 
Los padres deben recibir sobre todo una orientación adecuada. 
Creo que ésta no es tanto una tarea de la Comisión Europea como de los Gobiernos nacionales. 
En segunda instancia, la administración también es responsable. 
La sociedad obtiene beneficios en la prevención de la criminalidad. 
La autorregulación del sector audiovisual, defendida por la Comisión, debe ir acompañada de severas normas mínimas de responsabilidad criminal. 
Y ya que los productores tienen tendencia a ir al extremo de lo admisible, deben preverse sanciones duras y efectivas para los productores que incurran en error. 
La libertad de expresión es un gran bien. 
Si queremos protegerlo no debemos hacerlo de manera tan intangible que toleremos el abuso de esa libertad. 
Si nosotros como políticos no tenemos el valor de poner coto con vigor a la calumnia, es como si estuviéramos firmando la condena de cada una de las futuras víctimas infantiles. 
La impresionante pregunta a nosotros y a usted, Comisario, es si estamos suficientemente concienciados. 
El Libro Verde me decepciona en este sentido. 
El informe del estimado colega Whitehead va en la buena dirección. 
Confío en que las dos enmiendas de mi colega Seillier consigan su apoyo. 
También llamo la atención de la Comisión hacia los muchos juegos de ordenador que despiertan el comportamiento agresivo de los niños. 
¿No sería sensato desarrollar también para estos productos un marchamo de calidad y una clasificación por edades? 
Por último un punto que mi viejo colega Leen van der Waal ya subrayó durante el tratamiento del informe Pradier sobre el contenido ilegal y dañino en Internet. 
También en ese debate sobre las producciones de los medios de comunicación desempeña un papel importante la diferencia entre contenido punible y dañino. 
Esta diferencia tan tratada es, sin embargo, una ficción teórica. 
Yo soy incapaz de comprender que lo que sea muy dañino para los jóvenes sea bueno- o al menos inofensivo- para los adultos. 
Todos esos acosos sexuales, el abuso sexual de mujeres y niños, el aumento del turismo sexual y la demanda de pornografía infantil- le pregunto con urgencia- ¿no son las producciones audiovisuales más o menos perversas las que estimulan estas prácticas pecaminosas? 
¿No es ésa una pregunta cuya respuesta en realidad sabemos ya? 
La esencia del problema es si nosotros queremos participar en el juego. 
Debemos combatir no sólo las perversidades extremas, sino también las prácticas refinadas- las llamadas cultas -, pero inmorales. 
El gran mal que se juega la habitabilidad de nuestra sociedad comienza, después de todo, a muy pequeña escala. 
Señora Presidenta, la Historia no siempre se repite, pero con frecuencia vemos inquietantes similitudes. 
Al final del siglo XIX, hubo el motor de combustión interna y el automóvil, que aportó grandes ventajas, pero también algunos problemas, evidentemente, tales como la contaminación y la congestión. Cambió todas nuestras vidas en el siglo XX. 
Al final de este siglo, tenemos las nuevas tecnologías audiovisuales, los servicios de información, Internet, la televisión digital, etc. Aportarán grandes ventajas, que no se deben desaprovechar, pero también problemas e indudablemente transformarán nuestras vidas, nos guste o no. 
Al abordar esas nuevas tecnologías, debemos procurar no crear un sistema como el del hombre con la bandera roja que intenta detener los avances del automóvil. 
Normalmente digo que, cuando afrontamos problemas de esa naturaleza en la aplicación de la ciencia, debemos recurrir a la ciencia misma para encontrar una solución. 
Pero tenemos un problema a ese respecto. 
Discrepo hasta cierto punto de la opinión de mi colega el Sr. Pex, quien ha dicho que se trataba en realidad de los sistemas antiguos y que no era un gran cambio. 
Lo que está sucediendo ahora es que las publicaciones que se encuentran en las estanterías más altas de los establecimientos de prensa están llegando a las alcobas de nuestros hijos. 
No me considero un lego en informática, pero el pasado fin de semana pensé que más valía que navegara por la red para ver lo que había disponible. 
He de confesar que pedí ayuda a mi hija para descubrir qué pasaría si buscaba en «porno». 
Gracias a Dios que estaba allí ella. 
¡Me ahorró algunos rubores y me protegió de parte del horrible material disponible! 
Sin embargo, creo que la ciencia ofrece algunas soluciones. 
Hay procedimientos que pueden supervisar, controlar y descartar parte de lo peor y hemos de esperar que nuestros hijos e hijas no sean tan inteligentes como para adelantarse a la industria. 
El consejo que quisiera dar a la Comisión es el de hablar, hablar y hablar de nuevo con los industriales. 
Están dispuestos a ayudar y creo que así podríamos encontrar algunas soluciones. 
Nuestra tarea- y es nuestra tarea, evidentemente- consiste en crear un marco jurídico claro que permita a la industria autorregularse. 
Presidenta, yo mismo vengo de un país que en el los dos últimos años se ha visto especialmente conmocionado por un escándalo de pedofilia de suma gravedad, así que estoy naturalmente de acuerdo con la línea general del informe que tenemos ante nosotros y también con la línea general del documento de la Comisión en que aquél está basado. 
Sin embargo, si se me permite hacer algunas breves consideraciones, no de tipo técnico, puesto que no domino la técnica en absoluto, sino de tipo político; lo primero de todo, decir al ponente que considero un fallo el ceder en este informe a un cierto terror de lo que viene en llamarse «políticamente correcto» , y por lo tanto el delito de opinión del llamado racismo- y lo digo enérgicamente: ¡el llamado racismo! -porque hablo, claró está, de la idea de la preferencia nacional, para poner esa idea en una misma línea con crímenes reales como la pedofilia. 
En segundo lugar, valoro naturalmente la preocupación del ponente y de la comisión ante la utilización de los nuevos medios de comunicación por mentes enfermas. 
Sólo compruebo que a esas mismas mentes enfermas apenas se les han puesto trabas en lo que a los medios de comunicación tradicionales respecta, y que, por ejemplo, en algunos de los Estados miembros basta con entrar en el primer puesto de periódicos de una estación para que te metan por los ojos la basura pedofílica más repugnante. 
Por último comparto la convicción del ponente y de la comisión acerca del papel fundamental de la familia en la protección y la educación de los niños. 
Sólo puedo comprobar con tristeza que en muchos países de Europa esta vida familiar tradicional ha sido dejada en la estacada por la administración y por el presupuesto europeo, cuando no ha sido castigada y saboteada fiscalmente. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la velocidad con que se desarrollan las tecnologías de la información y los nuevos servicios exige una rápida reacción por parte del legislador para combatir los abusos. 
Creo que es oportuna una regulación a nivel europeo, a pesar de que veo las dificultades para determinar unos valores comunes europeos en este campo. 
Me alegra en especial que se subraye el importante papel de la propia responsabilidad en el informe del Sr. Whitehead. 
Es importante la formación de la capacidad crítica individual y, ante todo, la familiar. 
En este contexto, me parece absolutamente necesario garantizar en todos los Estados miembros en la familia y en la escuela una formación que enseñe a nuestros jóvenes a utilizar adecuadamente los medios- los antiguos y los nuevos. 
Aquí no funciona la socorrida solución de apretar sencillamente el botón de desconexión. 
Lo que hay que hacer es ejercitar en la familia un trato crítico con los medios, lo que solamente será fructífero si se analizan conjuntamente los contenidos y objetivos. 
También aquí es la educación el mejor ejemplo. 
Por este motivo, los padres deben ser incluidos mucho más intensamente en la educación de los medios. 
Unos cursos de formación inicial y continuada comunes para padres y profesores los considero muy oportunos en este campo, al igual que en otros muchos. 
La campaña de información propuesta en el informe puede ser de ayuda. 
Tenemos que sensibilizar a todos los responsables de la educación y formación en la problemática e informarles suficientemente sobre los avances en el sector tecnológico. 
Muchos padres y profesores tienen un enorme miedo a entrar en contacto con las nuevas tecnologías, por lo que no saben nada en absoluto de los peligros que de ellas derivan para sus niños. 
No son conscientes de que la formación en los nuevos medios debe comenzar ya en la casa, en el colegio y en la guardería infantil. 
Es aquí donde debemos insistir. 
Hay que organizar una formación continuada conjunta en cooperación entre la guardería infantil, la escuela y los padres. 
Así podremos sensibilizar a todos los afectados y evitar eficazmente los daños a nuestros hijos. 
Las posibilidades técnicas de seguridad, como por ejemplo, el chip V, no deben ser motivo para que los padres, educadores y profesores eludan su responsabilidad. 
Felicito al Sr. Whitehead por su excelente informe y me alegra en especial que se hayan incluido en el informe todos estos puntos. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, los nuevos servicios audiovisuales y de información abren a Europa nuevas posibilidades para desarrollar acciones en el ámbito de la educación y del acceso a la formación y la cultura. 
El auge de estos servicios en la Unión Europea no sólo supone unas condiciones económicas y políticas favorables, sino también una protección eficaz de los intereses generales del ciudadano europeo. 
¿Cómo proteger el interés general en el marco de los nuevos servicios? 
El Libro Verde intenta aportar elementos de respuesta a esta pregunta. 
Para ello es necesario, en primer lugar, conocer bien el carácter específico del servicio que se ofrece. 
También hay que conocer bien el marco jurídico apropiado y el grado idóneo de obligación jurídica y de autorregulación. 
En esta perspectiva, la Comisión aprobó el 16 de octubre de 1996, hace justamente un año, el Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana, con el fin de lanzar un amplio debate sobre una cuestión fundamental: la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información de la televisión y de Internet. 
Gracias, señor Whitehead, por su excelente informe, por el que le felicito. 
El informe pone de relieve los aspectos fundamentales de este debate. 
Primer aspecto: los debates que acompañaron la salida del Libro Verde demostraron el interés de todas las partes afectadas por un enfoque ético de la sociedad de la información. 
La protección de los menores y de la dignidad humana es una condición indispensable para el establecimiento de un clima de confianza favorable para el desarrollo de los nuevos servicios. 
El segundo aspecto que su informe saca a la luz es relativo a lo que debe hacer la Unión Europea. 
La Unión Europea, teniendo en cuenta la diversidad de las sensibilidades culturales nacionales y en estricto cumplimiento del principio de subsidiaridad, debe promover una coherencia mínima de los marcos nacionales de autorregulación. 
Es necesario realmente, señor Perry, establecer las bases para una cooperación a nivel europeo al conjunto de las partes afectadas- industriales, usuarios y poderes públicos- y es necesario fomentar la evaluación de las medidas adoptadas. 
Creo que ha sido el Sr. Barzanti quien, hace un momento, ha insistido en este punto. 
Es indispensable la autorregulación, sí, pero que vaya unida a una evaluación. 
Y la autorregulación no quiere decir que al final no haya regulación, pero no debemos querer ir demasiado deprisa en la materia. 
Tercer aspecto: para fortalecer la eficacia de las medidas nacionales, continúa siendo esencial identificar y formalizar a nivel de la Unión Europea los objetivos comunes- es la primera tarea de la Unión Europea- en materia de protección de los menores y de la dignidad humana. 
Es asimismo esencial promover una utilización legal y responsable de los servicios de información y de comunicación. 
Cuarto aspecto: hay que establecer también acciones de información, de sensibilización y de educación. 
En esta cuestión estoy de acuerdo con el Sr. Holm y la Sra. Heinisch. 
Quinto aspecto: habida cuenta de la dimensión mundial de las redes de comunicación- el Sr. Holm se ha referido a este aspecto hace un momento -, el desarrollo de un enfoque europeo permitirá tomar en consideración nuestros valores fundamentales en el debate internacional. 
Es cierto que el enfoque debe ser mundializado, pero antes necesitamos una posición europea. 
Sexto aspecto, y respondo al Sr. Papayannakis: la cooperación judicial y policial, el tercer pilar, el artículo K. El artículo K del Tratado de la Unión Europea nos permite desarrollar la cooperación en la identificación de los contenidos ilegales y la persecución de sus autores. 
La Comisión está a favor de esta medida y la apoyará. 
Por último, terminaré respondiendo al Sr. Blokland sobre el sistema de clasificación. 
La Comisión, con todas las partes interesadas, estudiará este aspecto, teniendo en cuenta, naturalmente, las diversidades culturales. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 09.00 horas. 
Profesiones jurídicas y el derecho comunitario (Acción Robert Schuman 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0323/97) de la Sra. Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción para una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas ante el derecho comunitario (Acción Robert Schuman (COM (96) 0580- C4-0606/96-96/0277 (COD) ). 
, ponente. Señora Presidenta, el objeto de la propuesta de decisión que nos ocupa es establecer un programa de sensibilización ante el Derecho comunitario para aquellas profesiones que más directamente intervienen en la administración de justicia. 
Lo primero que quiero decir es que el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, integrado por 23 enmiendas y que fue aprobado en comisión por unanimidad, apoya los principios, el contenido y los objetivos planteados por la Comisión. 
Y esto no nos debe sorprender. 
En efecto, en la resolución del Parlamento de 13 de febrero de 1996- informe Anastassopoulos -, en su punto 31, esta Asamblea pedía a la Comisión que, con el fin de mejorar la aplicación efectiva y uniforme del Derecho comunitario por las jurisdicciones de los Estados miembros, se estableciese un programa de formación y de información de aquellas profesiones jurídicas más involucradas en la administración de justicia para que se sensibilizasen ante este Derecho comunitario. 
Repito, pues, que el presente informe suscribe y apoya las bases de la propuesta de la Comisión. 
Así, está de acuerdo con el marco financiero global de 5.600.000 ecus propuestos y suscribe la importancia de que sea una acción de apoyo financiero, es decir, que aporte apoyo financiero a un esfuerzo que deberán hacer sobre todo los grupos implicados, sustentando con ello un trabajo que, en primera instancia, a ellos corresponde. 
También suscribe el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos el ángulo planteado por la Comisión, es decir, que se trate de una formación práctica, no académica, que se refiera a la aplicación del Derecho comunitario, pues las estadísticas, por desgracia, demuestran que ello falta todavía en estas profesiones jurídicas que son las más directamente relacionadas con la administración de justicia. 
Insistamos. 
Desde el punto de vista de la coherencia de la acción comunitaria, el programa Schuman concierne y complementa acciones desarrolladas anteriormente, como pueden ser las acciones Leonardo da Vinci, Jean Monnet o Grotius. 
Y por lo tanto, y como decía, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos lo que ha hecho es apoyar y reforzar. Apoyar y reforzar la propuesta de la Comisión sobre todo en lo que respecta al ámbito y a la base jurídica. 
En efecto, la Comisión propone, como base jurídica, el artículo 100 A que, como sabemos, apunta a la aproximación de las legislaciones en el ámbito del mercado interior. 
La razón que justifica esta elección de base jurídica es situar al programa de la Acción Robert Schuman en el marco de un dispositivo global de aplicación rigurosa y eficaz del Derecho comunitario. 
Y es que, señora Presidenta, la legislación sobre el mercado interior es en estos momentos ya tan amplia que el esfuerzo exclusivo de las instituciones comunitarias para su control de aplicación es insuficiente. 
O aquellas profesiones que más directamente están involucradas en la administración de justicia toman conciencia de su responsabilidad, o la aplicación seguirá siendo no uniforme y seguirá, por lo tanto, creando un perjuicio para la consecución de los objetivos del mercado interior. 
Ante esta cuestión de la base jurídica, otro planteamiento podría ser elegir la base jurídica del artículo 127 o 128. 
Pero, a este respecto, la reflexión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo ha apuntado en tres direcciones: en primer lugar, no es la primera vez que la Comisión propone un programa de acción de formación sobre la base del artículo 100 A. Por no citar más que dos casos, tenemos el caso Matthaeus y Matthaeus Tax. 
En el artículo 5 de estos dos programas se contempla la posibilidad de un intercambio de funcionarios, pero no es menos cierto que en el programa que nos ocupa, Robert Schuman, tampoco se descarta esa cooperación transnacional. 
En segundo lugar, es cierto que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha sido muy amplia al interpretar lo que formación quiere decir. 
Tenemos la sentencia del asunto Gravier, del año 1985, y la sentencia Blaizot, del año 1988, e incluso otra sentencia de 1979, pero no olvidemos que ahí se está interpretando un artículo 128 que no es el artículo 128 vigente actualmente, sino un artículo de indefinición clara, y hoy en día esa jurisprudencia, claramente, debería ser revisada. 
Y en tercer lugar, señora Presidenta, indudablemente, lo que determina la base jurídica a la que nos hemos referido es el objetivo. 
Y el objetivo aquí es crear una jurisprudencia uniforme, porque en todos nuestros ordenamientos jurídicos la doctrina que emana a través de las resoluciones de los tribunales es una fuente de Derecho, es decir, que forma parte del Derecho comunitario en última instancia. 
Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha sido firme en mantener el criterio del artículo 100 A como base jurídica. 
Por otra parte, las 23 enmiendas que ha planteado la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos tienen por objeto el acotar mejor el ámbito de la acción, para que se aplique esta base del artículo 100 A a aquellas profesiones que están involucradas, como he dicho, en la administración de justicia. 
Y por último, hemos recogido, con muchísimo agrado, porque son muy justificadas, tres enmiendas propuestas por la Comisión de Presupuestos que se refieren a cuestiones financieras. 
Señora Presidenta, la urgencia de que en los Estados miembros se tenga este reflejo claro y directo ante el Derecho comunitario no la podemos exagerar; esperemos que esta acción, que tiene una perspectiva clara, obtenga una solución rápida y se ponga cuanto antes en marcha. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, como diputado de un país que es miembro de la Unión Europea desde hace apenas dos años, durante mucho tiempo fui de la opinión de que el desconocimiento o la falta de conocimiento suficiente del derecho comunitario era una característica específica austríaca. 
Con motivo del debate sobre la propuesta de la Comisión en nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, tuve que escuchar también los informes de los demás Estados, miembros ya desde hace muchos años, y constaté que la situación no es tampoco mucho mejor. 
El desconocimiento del derecho comunitario entre los abogados, jueces y fiscales no es solamente un problema de profesionalidad de estas profesiones sino también un riesgo para el ciudadano, para las empresas y para el funcionamiento del mercado interior. 
Los programas existentes hasta ahora, como LEONARDO, GROTIUS o el también muy exitoso programa JeanMonet no han cubierto del modo suficiente todos los grupos objetivo importantes. 
Pero incluso aunque, tal como está previsto, lográsemos con el programa Schuman que 450.000 abogados y 100.000 jueces conociesen mejor el derecho comunitario, no va a ser suficiente para superar los déficits existentes. 
Saludo por ello en especial la propuesta de la ponente de añadir una resolución en la que se exija que el derecho comunitario sea una materia obligatoria en todas las facultades de Derecho. 
Esto suena como algo evidente pero, lamentablemente, en muchos Estados miembros, incluida Austria, aún no es así. 
Todos estos esfuerzos deben ir acompañados por el empeño permanente de lograr una mejor comprensión y un acceso más fácil al derecho comunitario. 
Actualmente, parece que con frecuencia no es fácil acceder al derecho comunitario incluso para abogados, jueces y fiscales bien formados. 
Espero que en especial la Oficina de Publicaciones Oficiales de la UE, que ha realizado propuestas muy interesantes al respecto, logre aplicar también estas propuestas. 
Para finalizar, quiero felicitar en nombre de mi grupo político a la Sra. ponente por su trabajo. 
Señora Presidenta, señoras y señores, la acción Robert Schuman tiene un claro objetivo: mejorar la aplicación del Derecho comunitario en la Unión- y no formar magistrados- mediante una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas en Europa. 
Aunque modesta en sus medios, la acción Robert Schuman se considera ambiciosa y bien enfocada. 
Se trata de familiarizar cada vez en mayor medida a los jueces y abogados con los principios del Derecho comunitario. 
El Parlamento siempre ha hecho hincapié en que una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas es una condición indispensable para una mejor aplicación de la regla del Derecho comunitario. 
Para la buena aplicación de este Derecho y, sobre todo, el buen funcionamiento del mercado interior, es fundamental que los ciudadanos, donde quiera que estén, conozcan sus derechos y puedan acogerse a los derechos que les confiere el orden jurídico comunitario. 
En efecto, sin un reflejo comunitario automático de los profesionales de la Justicia en la gestión de sus asuntos, corremos el riesgo de reducir el Derecho comunitario a un sistema jurídico de segunda categoría, y su aplicación pasaría entonces a ser subsidiaria del Derecho nacional, lo que, cuando menos, sería paradójico. 
La Comisión se congratula también por el informe de la Sra. Palacio- y le doy mi enhorabuena, señora, por su excelente trabajo- que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de los Derechos de los Ciudadanos del Parlamento. 
Al tiempo que respeta el espíritu de la propuesta de la Comisión, el informe mejora aún la formulación, y debo decirles que gracias a sus enmiendas, ha fortalecido el fundamento jurídico que proponía la Comisión. 
Se trata, en efecto, del artículo 100A, puesto que el objetivo de esta acción es una aplicación efectiva y uniforme de la regla del Derecho comunitario, requisito imprescindible para el buen funcionamiento del mercado interior. 
Por tanto, con sus enmiendas, señora, por las que le doy las gracias, usted ha consolidado y ha hecho explícito el fundamento jurídico que la Comisión proponía. 
Además, la Comisión está en condiciones de aceptar todas las enmiendas de su informe, a condición de que se introduzca una pequeña precisión en la redacción de la enmienda 20, que contiene una flexibilidad razonable de la obligación de continuidad, pero que, sin duda, hay que precisar para no vaciarla, o correr el riesgo de vaciarla, de contenido. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 09.00 horas. 
(Se cierra la sesión a las 21.01 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna objeción? 
Señora Presidenta, quisiera agradecer a los servicios el tercer intento de hacer constar en el Acta correctamente lo que he estado diciendo día tras día en esta Asamblea sobre la inocuidad para la salud del níquel en las nuevas monedas de euros. 
Lamento tener que seguir sacándolo a colación, pero es que no puedo entender por qué está tan decidida la Comisión Europea a imponer a Europa un metal privado fabricado por una empresa finlandesa, llamada Outokumpu. 
No entiendo por qué va a tener dicha empresa el monopolio del suministro. 
Desde luego, espero que en las próximas semanas podamos aclarar este asunto. 
Señora Presidenta, con respecto a la votación de la enmienda 4 referente a la votación del presupuesto- página 11 de la versión francesa del informe -, el Sr. Samland intervino para efectuar una aclaración extremadamente importante; manifestó que el objetivo de la enmienda no era en absoluto poner en duda la legitimidad de los fondos de pensión. 
Creo recordar, además, que yo le respondí que se trataba de una aclaración muy importante, de la que tomábamos nota. 
Desearía que ello se incluyese en el Acta. 
Señora Presidenta, no hago uso de la palabra para hacer observaciones sobre los gags laboristas sobre mordazas- aunque algunos pensamos que han sido cosa de chiste esta semana- 
(Reacciones diversas) sino sobre la observación hecha por el Sr. Hallam. 
Estoy un poco confuso y no sé si el Sr. Hallam ha sorprendido a la Comisión sin níqueles o con los níqueles cruzados. 
Señora Presidenta, quisiera llamar la atención sobre algo: es un absoluto sinsentido que los grupos políticos distribuyan el tiempo de uso de la palabra. 
Estamos aquí hasta las 13.00 horas y si se pide la palabra entonces significa de repente que ya no hay tiempo de uso de la palabra aunque terminamos antes de las 11.00 horas. 
Pero oficialmente estamos aquí hasta las 13.00 horas y es un escándalo que los jefes de los grupos políticos pierdan sencillamente el tiempo y no permitan después ninguna intervención más. 
Le ruego que saque este tema a debate pues aquí se están haciendo tonterías con el dinero de nuestros contribuyentes. 
Estamos aún con el Acta. 
Ruego que lo comprueben. 
Creo que en el informe Breyer no se presentó ninguna solicitud, por lo que se han suprimido las dos enmiendas que tenían que ser presentadas. 
Ruego que lo comprueben de nuevo. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Señora Presidenta, respecto del Acta, es en relación con la observación que hice ayer y que también hicieron la Sra. Ewing y el Sr. Tomlinson sobre la manifestación. 
Como el Sr. Habsburg, creo en la necesidad de ahorrar el dinero de los contribuyentes para que el personal de aquí no organice manifestaciones contra la reputación de los diputados en el momento en que está reunido el Parlamento. 
¿Se ha hecho algún estudio sobre las medidas que la Presidencia va a adoptar para velar por que no se repita? 
¿Se ha examinado la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias contra los ofensores? 
Señora Presidenta, puedo responder rápidamente al Sr. McMahon. 
Naturalmente, me he informado de la naturaleza de esta manifestación, ya que había tenido lugar durante mi Presidencia. 
En primer lugar, los manifestantes eran muy poco numerosos, apenas unos diez. 
La manifestación no fue organizada, en ningún caso, por el comité del personal, el cual ha aclarado que no estaba en absoluto de acuerdo con la misma. 
Dicho de otro modo, se trataba de una pequeña manifestación espontánea. 
Esta es la información que deseaba darle. 
No estamos manteniendo ahora un debate sobre cualquier cosa. 
Por favor, sólo intervenciones para cuestiones de orden. 
Señora Presidenta, no estamos celebrando un debate al respecto, pero es bastante insincero por parte del Comité de Personal decir que no habían organizado la manifestación, cuando habían colocado carteles por todo el edificio para convocarla. 
De hecho, introdujeron una carta en todos los buzones de correo de los diputados. 
Fue un ataque personal contra el Secretario General del Parlamento, contra la decisión de la Mesa, al preparar el proyecto de presupuesto del Parlamento, y contra la Comisión de Presupuestos por haber aprobado un informe firmado por mí. 
Era muy personal en lo que decía sobre mí como ponente de esa comisión. 
Si se va a aceptar que el Comité de Personal no participó, creo que éste tendrá que explicar por qué colocó carteles por todo el edificio. 
Creo que la Mesa debe examinar otro problema. 
Como en las últimas elecciones al Comité de Personal no hubo quórum, es de suponer que no tenemos un Comité de Personal y creo que la Mesa debe examinar por qué hay miembros del personal liberados para que se dediquen a tareas sindicales en un Comité de Personal elegido sin quórum. 
Señora Presidenta, quisiera referirme a las observaciones que acaba de hacer mi colega el Sr. McMahon. 
Si bien no me pareció bien la manifestación de ayer, no puedo aceptar ni aceptaré que se adopten medidas disciplinarias contra unos sindicalistas. 
He sido sindicalista toda mi vida. 
Tienen derecho a organizarse y manifestarse. 
No debemos adoptar medida alguna contra ellos. 
Señoras y señores, ya se han dicho algunas cosas al respecto. 
El caso va a ser tratado de nuevo. 
Señora Presidenta, como ponente del informe sobre los derechos humanos del año pasado, quiero rogar al Sr. Tomlinson que mire de nuevo este informe y que lea el capítulo relativo a los derechos de los sindicatos y de sus representantes. 
El Parlamento Europeo ha indicado que los miembros de los sindicatos, que los trabajadores naturalmente tienen también el derecho a manifestarse y a decir su opinión... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señora Roth, el debate sobre este asunto no se encuentra hoy en el orden del día. 
Lo trataremos cuando se encuentre en el mismo. 
Señora Presidenta, deseo intervenir sobre la página 2 del Acta, y en particular a propósito de la intervención del Sr. McMahon. 
Y como en este hemiciclo hay diputados que pueden expresarse sobre cuestiones... 
Ya se ha aprobado el Acta. 
Permítame decir que en el hemiciclo acaban de producirse dos intervenciones... 
Señor Fabre-Aubrespy, lo siento, pero ahora no se va a debatir. 
El Acta ya ha sido aprobada. 
Votaciones 
Señora Presidenta, la Sra. Palacio ha presentado un excelente informe sobre la sensibilización de las profesiones jurídicas ante el derecho comunitario y deseo decir aquí que este programa ostenta con razón el nombre Robert Schuman, pues él hizo de nuestra Comunidad una comunidad jurídica. 
Hoy ampliamos esta comunidad jurídica hacia el Este, nos preocupamos por la economía pero desatendemos la idea del Estado de derecho. 
Nos debemos ocupar intensamente en formar los servicios jurídicos, los Tribunales y también las administraciones de los países asociados. 
Me he enterado en Praga a través de la ministra de Justicia que se han recabado para esta finalidad los servicios de la ENA. 
Yo aprecio la ENA pero no creo que su finalidad sea la de sensibilizar en cuestiones de derecho comunitario. 
A este respecto, hay que comprometer más que hasta ahora al Tribunal Europeo de Justicia y las instituciones europeas. 
-Respecto al informe Daskalaki (A4-289/97) 
Respecto de la votación sobre el informe Daskalaki, la mayoría de los diputados laboristas del Reino Unido, aunque apoyan los aspectos principales de dicho informe, tienen reservas sobre el párrafo 12. 
Nos hemos abstenido sobre ese párrafo, porque creemos que reviste importancia decisiva que el IVA aplicado a los periódicos y revistas siga siendo del 0 %. 
La palabra escrita y su libre disponibilidad para todos, sin censura ni restricciones, es un principio importante de las democracias. 
No se trata de una cuestión que entre dentro de las competencias de la UE. 
Se trata de unos asuntos que están dentro de una órbita estrictamente nacional, y que deben administrar los Estados nacionales. 
La UE no es, ni debe llegar a ser, un estado. 
El informe sobre el futuro de la prensa tuvo como punto de partida el temor de que la palabra impresa se viera arrollada ante al impetuoso desarrollo de los medios de comunicación electrónicos y de la tecnología de la información. 
No obstante, también es cierto que la propia prensa se beneficia de numerosas maneras de las nuevas tecnologías. 
Para afrontar el desafío que, sobre todo desde un punto de vista educativo, representan las rápidas transformaciones que están teniendo lugar en este sector, es posible aprovechar también los programas de la UE en materia de formación y de medios de comunicación. 
Los periodistas constituyen uno de los colectivos clave de la sociedad de información, por lo que es necesario apoyar a nivel nacional y de la UE la adaptación de su formación continuada a las exigencias que plantea el mundo de las comunicaciones internacionales. 
Los periodistas llevan a cabo una labor creativa y, desde un punto de vista ético y moral, se debe seguir velando en el futuro por la protección de los derechos de autor de esta labor, puesto que los distintos medios se benefician repetidamente de este trabajo periodístico. 
Todo ello pone de manifiesto igualmente la responsabilidad personal que asume el periodista por lo que respecta al contenido y a la calidad de su labor. 
Los recientes acontecimientos, que han planteado hasta dónde llegan los límites de la protección de la intimidad de los personajes públicos, han reforzado el propio diálogo interno en el seno de los medios de comunicación desde el plano de la ética profesional. 
Merece la pena reflexionar con motivo de este diálogo acerca de la necesidad de establecer a nivel europeo unas reglas del juego en el seno de un órgano consultivo de la prensa escrita. 
Tanto los periodistas como, particularmente, la prensa local, más cercana al pueblo, desempeñan un importante papel en la construcción de una Europa de los ciudadanos. 
Si de verdad se pretende superar el abismo que separa en la actualidad a instituciones y ciudadanos, se debería dotar de una mayor claridad y transparencia a las campañas de información acerca de la UE destinadas a estos últimos. 
Para ello es necesario también poder disponer de formación complementaria en materia de política de la UE, lenguas y cultura. 
¿Acaso se debería apoyar a la prensa escrita? Y en caso afirmativo, ¿cómo se podría ayudar a la prensa escrita en relación con la transferencia de información por medios electrónicos? 
En primer lugar, seguiremos necesitando en el futuro prensa impresa y medios de comunicación electrónicos, en cuanto ambos son modalidades de comunicación que se complementan entre sí. 
No solamente no ha desaparecido el cometido histórico de la prensa, esto es, la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, sino que incluso, en cierta medida, ha aumentado esta necesidad. 
Dicho cometido se ve amenazado por la concentración que está teniendo lugar en el mundo de la comunicación, presente en todos los Estados miembros, y también en Finlandia y Suecia. 
Como caso extremo cabría mencionar el de Italia, donde el máximo dirigente político poseía los principales medios de comunicación de radio y televisión. 
Para mantener el equilibrio en el ámbito de la comunicación impresa- libros, prensa, lectura- se presenta ahora necesario un apoyo de orden informativo. 
Se debe educar ya desde la infancia para lograr en el futuro lectores críticos y ciudadanos partícipes. 
Por ejemplo, la campaña que lleva a cabo en Finlandia bajo el título «El periódico en el colegio» está registrando resultados positivos. 
Aunque la prensa se ve obligada a luchar sometida a fuertes presiones en materia de costes, numerosas modalidades de ayuda a las nuevas tecnologías sirven casi exclusivamente a la comunicación de carácter electrónico. 
Sería necesario lograr que los Estados miembros cooperaran entre sí para reducir los costes, por ejemplo en lo relativo al transporte y al impuesto sobre el valor añadido. 
Se debe garantizar a todos un acceso equitativo a los sistemas de distribución. 
Además, el modelo de la sociedad europea de la comunicación deberá basarse en el mantenimiento del pluralismo y la prevención de los monopolios en este sector. Al mismo tiempo, de este modo se garantizará la libertad de expresión. 
El abajo firmante desea dar las gracias al ponente por un informe bien realizado sobre un ámbito de urgencia. 
El abajo firmante piensa, no obstante, que la propuesta del informe consistente en la armonización de las disposiciones en torno al IVA para periódicos y revistas, con el objetivo de llegar al menor nivel de IVA posible (apartado 12) , además de la propuesta de control del sistema de distribución (apartado 13) no pueden considerarse como fundamentadas. 
No veo ningún motivo para armonizar las disposiciones en torno al IVA para periódicos y revistas dentro de la UE. 
Los periódicos no compiten entre sí más allá de las fronteras de los Estados miembros sino de una forma muy marginal hoy en día. 
Tampoco veo motivos para que la Comisión participe controlando el sistema de distribución de la prensa escrita en los Estados miembros. 
Eso lo hacen mejor los propios Estados miembros. 
Por consiguiente, he votado contra los apartados Z, 12 y 13 del informe. 
OCM de la carne de bovino 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0302/97) de la Sra. Anttila, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0161- C4-0212/97-97/0122 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CEE) nº 805/68, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino. 
Señora Presidenta, también nosotros apoyamos esta propuesta. 
Como es sabido, versa sobre un antiguo reglamento de 1968. 
Es necesario puntualizar unas cuantas cosas, tanto de la directiva de 1991 como de la directiva de 1995, para mejorar el bienestar de los animales. 
El punto de partida en este asunto ha de ser el hecho de que el transporte de animales vivos no es deseable en general, no obstante, desde luego es necesario. 
La razón, por un lado, es el enorme peligro de contagio para los animales y, por otro lado, el bienestar de los animales. 
Es completamente inaceptable que animales vivos se transporten a largas distancias a lo largo y ancho de las autopistas europeas en camiones mal equipados. 
La situación es estresante para los animales y en ciertos casos, el estrés alcanza un punto tan alto que los animales mueren durante el transporte. 
El problema quizá esté relacionado con el haber reunido los mataderos en grandes agrupaciones industriales y que, por ello, a partir de argumentos económicos se tenga que transportar los animales. 
Esto podría indicar la necesidad de otra postura en este terreno. 
Sin embargo, hasta entonces, son necesarias especificaciones más severas para los camiones que transportarán los animales. 
Asimismo, el control en las fronteras debe extremarse como ha sido mencionado. 
Y por último, aunque no por ello menos importante, es necesario que aparezcan argumentos económicos que se puedan compaginar con la mejora del bienestar de los animales. 
Se podría transportar a los animales ya sacrificados. 
Además, los camiones frigoríficos ya están inventados. 
Opino que en el Parlamento no debemos meramente aportar regímenes que conserven el antiguo sistema, sino también pensar un poco en el futuro y por ello opino que, en lo futuro, el Parlamento tanto en la Comisión de Agricultura como en otras comisiones debe discutir este asunto. 
Es positivo que en este informe se proponga plantear la obligación de que un veterinario dé el visto bueno al transporte y la imposibilidad de conceder derechos de aduana preferentes en el caso de que no se obedezca la disposición. 
Me parece que constituye un paso en la dirección adecuada, no obstante, como he dicho, opino que debemos seguir trabajando en este asunto. 
Señora Presidenta, quisiera en primer lugar agradecer a la Comisaria que haya presentado el documento original en que se basa este informe. 
En particular, quiero agradecer a la Sra. Anttila su informe sobre el transporte de animales. 
Es un informe muy equilibrado. 
No ha cometido el error habitual de condenar todo el sistema. 
Ha insistido acertadamente en la necesidad de imponer el cumplimiento de las normas relativas al bienestar que ya están en vigor. 
Ha señalado casos de crueldad y malos tratos deliberados de animales que han ocurrido en algunos Estados miembros. 
En junio de 1995 el Consejo de Ministros aprobó normas de gran alcance sobre el transporte de animales. 
De hecho, tenemos las disposiciones más rigurosas en materia de bienestar animal consagradas en la legislación irlandesa y estamos imponiendo su aplicación plena. 
Por desgracia, otros Estados miembros no han aplicado aún plenamente la legislación europea. 
Como ha dicho la ponente, deben cumplirla sin más demora y la Comisión debe supervisar la situación e imponer sanciones severas en los casos en que no se cumplan las normas plenamente. 
La mayoría de las crueldades con los animales ocurren cuando éstos han abandonado la granja. 
Por esa razón, el personal encargado del transporte de animales debe estar plenamente formado para garantizar un alto nivel de atención en todo momento. 
Ésa es también una característica de las normas irlandesas y en los barcos grandes es muy habitual que viaje a bordo un veterinario para supervisar el ganado. 
Ahora se necesita urgentemente una supervisión apropiada de la aplicación de las normas de la directiva. 
La Comisión debe hacer cumplir estrictamente las disposiciones relativas al bienestar animal y velar por que se respeten en toda la Unión Europea tanto en el caso de los animales importados como en el de los exportados. 
Pido a la Comisión que rechace la enmienda que tenemos ante nosotros encaminada a prevenir el transporte de animales fuera de la Unión Europea eliminando las restituciones a la exportación. 
Eso destruiría, evidentemente, el mercado de la carne de bovino no sólo en Irlanda, sino también en algunos otros lugares y permitiría a las empresas de elaboración de carne reducir aún más los precios a los ganaderos. 
Además, no existe un fundamento para semejante propuesta, si de verdad nos preocupa el bienestar de los animales afectados. 
Se pueden transportar- y se están transportando- los animales con pleno respeto de su bienestar. 
Sería muy injusto y perjudicial hacer pagar a exportadores y ganaderos inocentes que llevan a cabo su tarea cuidadosamente la falta de preocupación y la negligencia de unos pocos. 
La ponente ha insistido en que se pueda adoptar una medida contra esas personas, a saber, la retirada de las restituciones a la exportación. 
La UE exporta unos 500.000 animales vivos al año. 
Irlanda es una isla y exportamos más del 90 % de nuestra producción total. 
De hecho, todos los años hay que exportar un millón y medio de cabezas de ganado, como carne de bovino y como ganado vivo. La mayoría es en forma de carne de bovino. 
Evidentemente, dependemos de los mercados de Europa y de otros zonas y, si no abastecemos los mercados de fuera de Europa, lo harán sin lugar a dudas nuestros competidores internacionales. 
Cuando hay demanda de animales vivos, debemos satisfacer la demanda cumpliendo estrictamente las normas y reglamentos establecidos, naturalmente. 
Estoy de acuerdo con la propuesta de introducir sanciones severas cuando se descubra que se han dado malos tratos a animales durante la producción y durante el transporte. 
Casos así son, por fortuna, raros, pues los productores son personas razonables y su sustento y sus beneficios totales dependen de que los animales a su cargo estén en buenas condiciones al final del viaje. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en la atonía de una sesión del viernes, considerada, por lo tanto e injustamente, algo conclusiva de toda la semana, abordamos este asunto, sobre el que pido la atención de sus Señorías. No se trata de un tema estrictamente agrícola, sin embargo, trae a colación una serie de factores- me atrevo incluso a decir de valores- y, transversalmente, implica a muchas otras comisiones. 
Recuerdo, entre otras, la Comisión de Transportes y Turismo, donde debatimos ampliamente la cuestión de las condiciones de transporte y sanitarias de los animales durante su traslado, y es bueno que haya habido esta sinergia de opiniones y de intenciones e incluso de esfuerzos de cara a lograr una solución común y multilateral. 
Evidentemente, hay que partir de un supuesto de carácter técnico y económico, es decir, la modificación de este Reglamento 805/68. 
Evidentemente, como manifestaron los colegas más autorizados y que están aquí desde hace más tiempo que yo, no se trata de un asunto nuevo, pero precisamente porque se habla del mismo desde hace mucho tiempo y sigue siendo necesario abordarlo, ello significa que no tiene fácil solución. 
Antes de decidir, debemos tener en cuenta muchos factores, algunos estrictamente económicos como la liquidación de las primas, y otros de civilización vinculados con el transporte de estos animales. 
La ponente, con gran equilibrio, se declara de acuerdo con la propuesta de la Comisión, sin embargo, menciona todos estos valores, con moderación y a la vez con decisión, en particular el que se refiere al bienestar de los animales durante el transporte, con respecto al cual la ponente presenta una enmienda que pide la introducción de un sistema de vigilancia que incluya controles regulares sobre muestras y se valga, si fuera necesario, de una agencia independiente sometida no obstante al control de la Comisión y financiada por medio de las restituciones a la exportación. 
El verdadero nudo de esta cuestión es el sistema de control. 
Alguien recordará, hace algunos meses, un reportaje televisivo escandaloso dirigido contra un puerto italiano y otro puerto del sur de Francia. 
Aparecían unos caballos procedentes de los países del Este que eran tratados de una forma considerada poco apropiada, por no decir bárbara. 
Era el destino final de un largo viaje iniciado no se sabe dónde, realizado de forma igualmente poco clara y que acababa en un lugar cualquiera, no importa si en Hanover o en cualquier puerto de Europa. 
En esa ocasión sólo se debía tomar nota de las penosas condiciones en las que dichos animales estaban llegando. 
Es por esto que es conveniente recordar lo que la ponente propone, es decir, la responsabilidad del transportista; es preciso que hayan garantías de que durante el viaje se respeten las horas máximas previstas, que se establezcan áreas de parada para abrevar y alimentar los animales y que quien realiza el traslado, el transportista y, por consiguiente, el conductor del vehículo, estén capacitados para cuidar los animales. 
Piensen en las dimensiones del problema en el caso de transportes destinados a los países islámicos lo cuales, en virtud de los preceptos de su religión, exigen animales vivos en perfecto estado. 
Piensen en el perjuicio económico, habida cuenta del largo trayecto que estos animales deben efectuar, si inician su viaje, como sucede con frecuencia, desde los países del Este. 
He aquí, por lo tanto, muchas consideraciones que giran en torno a un único informe que nos obligará a seguir debatiendo, al menos mientras no aclaremos definitivamente un tema fundamental: cómo controlar a los responsables. 
Señora Presidenta, desearía felicitar a la Sra. Anttila por el excelente informe que ha elaborado acerca del transporte de ganado vivo. 
El transporte de ganado, y especialmente el del ganado para sacrificio, se ha convertido en un serio problema de orden ético, puesto que se han hecho públicos casos en los que los animales han sido sometidos a un trato inhumano y cruel. 
La Comisión presenta ahora una modificación del reglamento relativo a las restituciones a la exportación para lograr una mejora de la situación. 
De acuerdo con la propuesta de modificación, el pago de estas restituciones se condiciona al cumplimiento de las disposiciones comunitarias. 
No se puede decir que este nuevo principio sea muy innovador. 
Por el contrario, resulta sorprendente que no se haya aplicado antes este requisito, puesto que el cumplimiento de las disposiciones establecidas viene siendo desde hace muchísimo tiempo la condición general para la obtención de subsidios agrícolas. 
La reducción de las restituciones a la exportación es prácticamente el único método eficaz de que dispone la UE para obligar a los transportistas a velar por que los animales reciban un trato correcto. 
Naturalmente, siempre se puede argumentar que los transportistas no tienen posibilidad de controlar los transportes. 
Sin embargo, los transportistas sí que pueden influir eficazmente en la organización del transporte, por ejemplo, exigiendo un contrato por el que el conductor se compromete a resarcir las pérdidas en concepto de restituciones a la exportación que se ocasionen como consecuencia de negligencias en el acatamiento de las instrucciones o del trato cruel a los animales. 
Uno de los elementos más positivos del informe que ahora se somete a debate reside en el hecho de que el control de los transportes se ampliaría también a los animales que entraran en la UE. 
Este punto ha de considerarse justificado. 
La modificación del reglamento que ahora examinamos nos proporciona la posibilidad de abordar más ampliamente cuestiones éticas relacionadas con la agricultura. 
También la cría de otros animales en la UE presenta características inquietantes e insostenibles desde un punto de vista ético. 
Como ejemplos de estos métodos, cabría mencionar la cría de terneros en jaulas para la producción de carne blanca destinada a los mejores restaurantes, la alimentación forzosa de gansos para, a fuerza de introducir comida en el estómago de estos animales, provocar una dilatación de su hígado, o la reproducción de ganado mediante operaciones de cesárea. 
Resulta incomprensible que una comunidad internacional civilizada pueda permitir la producción completamente antinatural de un tipo de carne mediante la práctica repetida de cesáreas, en las que se extrae el ternero del interior de la vaca a través del corte provocado durante la operación. 
Uno de las piedras angulares de la cultura europea reside en el respeto y el trato correcto hacia los animales. 
Resultaría espeluznante que, en nombre de la economía de mercado, se permitiera que los empresarios de este sector que deparan un trato brutal e inhumano a los animales se beneficiaran económicamente de este hecho. 
En el informe se señala que la UE no dispone de posibilidades para controlar el trato que reciben los animales una vez que han llegado a su destino más allá de las fronteras comunitarias. 
Este puede llegar a ser extremadamente inhumano. 
Por tal motivo, convendría reducir el transporte de animales vivos, lo cual debería conseguirse mediante métodos positivos, fomentando y apoyando la adquisición de instalaciones y vehículos frigoríficos tanto en la UE como en los países que son destino de sus exportaciones. 
Desde el punto de vista de la credibilidad de la UE, es de gran importancia mejorar la situación en que se desarrolla el transporte de animales. 
Espero que el reglamento se examine con prontitud y entre en vigor a la mayor brevedad posible. 
Señora Wulf-Mathies, me dirijo personalmente a usted. 
Los reembolsos por exportaciones son un sinsentido económico. 
Reembolsos, es decir, subvenciones por la exportación de ganado vivo son ayudas para la tortura de los animales. 
Cuando hablamos aquí sobre medidas para mejorar el control, no debemos engañarnos en que realmente se trata de suprimir estos reembolsos por exportación. 
Si los animales están pagados en lo esencial cuando se encuentran en el camión, no hay que sorprenderse de que se actúe de tal modo con ellos. 
Si compra un caballo árabe por un millón en el Cercano Oriente, no debe preocuparse de que llegue aquí bien. 
Si subvenciona animales de matadero de este modo, ocurrirá exactamente lo que vemos en estas imágenes. 
Así pues, debemos abandonar esta subvención a las exportaciones y apoyaremos las enmiendas en este sentido. 
Señora Wulf-Mathies, no endurezca su corazón y díganos que usted está también en contra de este sinsentido aunque tenga que representar esta mañana a la Comisión. 
Tenemos que lograr que los ganaderos del Norte de Africa puedan vender sus animales y que puedan hacer su negocio con las personas que quieren comer carne allí de este modo. 
Nosotros tenemos que mantenernos al margen en este asunto. 
Entonces habremos realizado una importante aportación a la protección de los animales. 
Las personas tratan razonablemente sus animales, sólo nosotros no les dejamos. 
Este es el problema. 
Señora Presidenta, Señorías, en materia de transporte y de bienestar de los animales, el hecho de condicionar el pago de las restituciones por exportación de bovinos vivos al respeto de las normas comunitarias constituye una necesidad. 
El problema, que hemos discutido ampliamente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, afecta al control de los animales hasta su llegada a los terceros países. 
Desde el inicio de la crisis de la encefalitis espongiforme bovina, se hace constantemente hincapié en la naturaleza de los controles veterinarios, en especial en la frecuencia y en la calidad de éstos, así como en la independencia de los inspectores; y, en general, la Comisión reconoce a menudo las dificultades con que se encuentra para hacer respetar las normas comunitarias con respecto a los terceros países. 
Es fundamental que los veterinarios encargados de los controles estén autorizados, sean independientes de las sociedades de transporte o de recepción y que pertenezcan a un servicio administrativo de la Comisión o de un Estado miembro. 
En cuanto a los controles, éstos deben ser imprevistos y aleatorios. 
Nosotros apoyaremos las enmiendas orientadas en este sentido. 
Por otro lado, el texto de la Comisión adolece de una importante laguna en caso de que los animales vivos se importen directamente de los terceros países, sin pasar por los operadores de la Unión Europea. 
El informe de la Sra. Anttila colma esta laguna y propone que la Comisión adopte disposiciones que permitan suprimir ciertas ventajas preferentes con respecto a las importaciones de bovinos. 
Para concluir, desearía felicitar a la Sra. Anttila por su eficaz trabajo. 
Mi Grupo votará a favor de este informe. 
Señora Presidenta, desearía felicitar a nuestra ponente, la Sra. Anttila, por su excelente informe y por haber incorporado las cinco enmiendas que habíamos presentado en comisión. 
Las enmiendas 1 y 6 aclaran oportunamente que los controles deben efectuarse por expertos oficiales de la Comisión o de los Estados miembros. 
Además, nos ha parecido importante especificar que la Oficina Alimentaria y Veterinaria está plenamente habilitada para efectuar o encargar dichos controles. 
Asimismo, contrariamente a los deseos de algunos, hemos creído indispensable que el coste de estos controles no corriera a cargo del presupuesto destinado a las restituciones. 
En efecto, puesto que el importe de estas últimas es limitado- debido a las obligaciones que ha aceptado la Unión Europea en el marco de la OMC -, la incorporación del coste de los controles al presupuesto " Restituciones» supondría un desmantelamiento suplementario de la preferencia comunitaria. 
La enmienda 2, que habíamos presentado en comisión y que hemos aprobado, subraya la necesidad de que este reglamento responda plenamente a los objetivos y disposiciones de la OCM de la carne de bovino. 
En efecto, debo recordar que la Unión Europea exporta casi 500.000 cabezas de ganado vivo a Líbano, Egipto, Turquía y Libia. 
Quiero hacer hincapié en que si estos países desean importar animales vivos ello se explica por tres razones: problemas relacionados con la cadena frigorífica, procesos de matanza tradicionales y mantenimiento de los puestos de trabajo en los mataderos de los países afectados. 
Si la Unión Europea deja de exportar animales vivos hacia dichos países, no debemos pensar que estos últimos comenzarán a importar piezas en canal, sino que seguirán importando animales vivos, pero procedentes de países distintos de los de la Unión Europea. 
Las enmiendas 3 y 4, que habíamos presentado en comisión y que han sido aprobadas, especifican que las obligaciones y penalizaciones financieras que se aplican a la exportación de animales vivos de la Unión Europea hacia los terceros países, en caso de que las condiciones de transporte de los animales no sean adecuadas, deben también aplicarse a las importaciones de animales procedentes de terceros países. 
Con respecto a este punto debo señalar que en 1996 la Unión Europea importó casi 500.000 cabezas de ganado vivo procedente de los terceros países. 
Si imponemos obligaciones a nuestras propias exportaciones, hay que aplicar estas mismas obligaciones a nuestras importaciones. 
Para concluir, señora Presidenta, en la votación nos opondremos a las enmiendas presentadas por el Grupo PSE, las cuales establecen que no se debería pagar ninguna restitución a la exportación de animales vivos hacia los terceros países. 
Esta propuesta es absolutamente absurda y totalmente contraria a nuestros intereses europeos, ya que, como he dicho antes, si dejamos de exportar animales vivos, otros países lo harán en nuestro lugar. 
No dejemos, pues, que Australia y Nueva Zelanda nos quiten mercados tradicionales, situados, además, en una zona geográfica cercana a nuestras regiones de producción. 
El transporte de animales vivos procedentes de los países de la Unión Europea permitirá efectuar trayectos más cortos, que favorecerán mucho más el bienestar de estos animales. 
Señora Presidenta, deseo comenzar agradeciendo a la Sra. Anttila su excelente informe y su denonada labor para prepararlo. 
El reglamento representa un paso más en la dirección correcta. 
El bienestar animal es una cuestión que ha inspirado mucho interés público en los últimos años. 
Es un asunto que se ha incluido en el protocolo al Tratado de Amsterdam, firmado este año, en el que se reconoce la necesidad de tener en cuenta el bienestar animal al formular la política al respecto. 
Las propuestas de la Comisión lo cumplen haciendo depender el pago de las restituciones a la exportación del cumplimiento de las normas sobre el transporte de animales. 
Sin embargo, eso en sí mismo significa que la legislación actual da una protección adecuada. 
Apoyo plenamente la propuesta de la Comisión que el Parlamento tiene ante sí hoy, pero insto a la Comisión a que examine formas de lograr otras mejoras. 
La ponente ha señalado a nuestra atención que las normas del transporte de animales son inadecuadas respecto del transporte por mar y no protegen los animales unas vez que llegan a su punto de destino fuera de la Unión Europea. 
La Sra. Anttila ha indicado acertadamente las dificultades para garantizar el bienestar de los animales una vez que han abandonado la Unión Europea: aun cuando existan normas en los países de destino, nosotros no podríamos imponer su cumplimiento. 
Más aún: los argumentos comerciales en pro del mantenimiento del régimen de subvenciones da la exportación son poderosos. 
No cabe duda de que pagando la subvención sólo por las reses muertas podríamos velar por que se cumplan las normas relativas al bienestar de los animales sin desbaratar un mercado aquejado de muchos problemas. 
Señora Presidenta, Señorías, desde hace años empresarios responsables suministran animales en el mejor estado. 
Muchos transportistas han permitido que se visite sus empresas para salir al paso de las frecuentes críticas que se realizan a los transportes de animales. 
Deberíamos constatar esto también en el debate general de esta mañana. 
Desgraciadamente, también existe el otro lado de la medalla. 
El informe de la Sra. Anttila apunta a ello, es decir, a aquellos que no se toman muy en serio un transporte de animales conforme a su especie. 
Somos nosotros los que debemos tomar más iniciativas para enfrentarles con toda la dureza de la ley. 
Para mejorar los transportes de animales vivos, se deben cumplir los siguientes puntos: 
En primer lugar, se debería aumentar la densidad de los controles, tanto dentro de la UE como también en terceros países, pues en la mayoría de los casos, los problemas de transporte no se deben a fallos en la legislación sino su cumplimiento. 
En segundo lugar, hay que elaborar unas condiciones de transporte concretas y, ante todo, acordarse con países terceros compradores cuyas normas jurídicas correspondan a las de la UE. 
En tercer lugar, necesitamos unas sanciones rigurosas para las infracciones contra las normas protectoras de los animales por actuaciones negligentes o dolosas. 
Y «last but not least» , señora Comisaria, exigimos a la Comisión Europea que regule los reembolsos a la exportación de carne de vacuno y de reses en canal de modo que ya no exista ningún estímulo por la exportación de animales vivos a terceros países. 
Precisamente en el sistema de transportes internacionales, sólo es posible una protección eficaz de los animales mediante una legislación unitaria de la UE. 
No niego que a un nivel europeo este es un proceso muy difícil y complicado pues, de lo contrario, no discutiríamos durante tanto tiempo sobre este tema. 
Naturalmente, yo también soy consciente de que la concesión de reembolsos por exportación se critica de modo muy general. 
Las relaciones naturales de producción, las imposiciones medioambientales, los criterios de protección de los animales y las normas sanitarias para los animales en la UE significan, sin embargo, que nuestra producción de carne de vacuno es de mayor coste que en Argentina o en los Estados Unidos. 
En la industria normal, es usual que si la presión de los costes asciende, las fábricas se trasladen sencillamente al extranjero. 
Esto no pueden hacerlo nuestros agricultores y los acuerdos de la OMC para el sector del vacuno prevén ahora una drástica reducción de las exportaciones de carne de vacuno con reembolsos por exportación. 
Entre el año 1995 y el 2001 se van a reducir de 1, 1 millones a 0, 8 millones de toneladas. 
Esta es sin duda una vía pero creo que, ante el asunto de la EEB con las crecientes existencias en almacén, la agricultura europea se ve sometida a una presión interminable. 
Yo diría que deberíamos prescindir de un modo general de los transportes de animales. 
Naturalmente, esto suena bien en los oídos de los consumidores pero, por otro lado, éstos no están dispuestos a pagar más por los productos para que nos podamos permitir todo este lujo. 
Señor Presidente, quisiera unirme a los oradores anteriores en la felicitación a la Sra. Anttila por su presentación muy objetiva y equilibrada. 
La organización común del mercado de la carne de bovino es una medida importante en el marco global de la Política Agraria Común y reviste gran importancia para mi país, Irlanda, donde la producción de carne de bovino es una de las principales actividades agropecuarias. 
El hecho de que exportemos más del 90 % de nuestra producción hace que el sector irlandés sea pertinente para otros Estados miembros y, de hecho, con frecuencia se dice que la producción irlandesa de carne de bovino es el superávit de Europa. 
Todos sabemos que el sector de la carne de bovino ha pasado por un período muy difícil, pero subsisten problemas muy graves para los ganaderos. 
La ganadería siempre ha sido una empresa de beneficios bajos e incluso con las generosas subvenciones de la CE muchos ganaderos no obtienen unos beneficios aceptables. 
Las exportaciones de ganado vivo son una característica importante del sector ganadero de Irlanda. 
Muchos de los animales exportados vivos no son apropiados para nuestra industria de carne de bovino y constituye un mérito del Gobierno irlandés haber creado las instalaciones más modernas para la exportación de ganado a terceros países. 
Si Europa no satisface las necesidades en materia de ganado vivo, otros países lo harán y no cabe duda de que en nuestro orden del día debe figurar el objetivo de aprovechar al máximo todas las posibilidades del sector agropecuario de Europa. 
En conclusión, debemos reevaluar las propuestas que figuran en la Agenda 2000 para el sector de la carne de bovino de Europa y, en el marco de las conversaciones mundiales sobre el comercio, aportar un mayor grado de protección y oportunidad para los productores de ganado bovino de Europa. 
Presidenta, quisiera plantearle a la Comisaria Wulf-Mathies un par de preguntas. 
Cuando trabajaba en mi informe sobre el transporte de ganado vivo en Europa y fuera de Europa, llegué bastante pronto a la conclusión de que la Unión Europea de ninguna manera es capaz de controlar la buena salud de los animales durante el transporte de manera suficiente ni de procurar que se respete la reglamentación europea, sobre la que se pueden hacer aún muchas observaciones. 
Me gustaría preguntar a la Comisaria Wulf-Mathies cómo cree que, si en la Unión Europea no se logra, puede tener éxito ese control fuera de la Unión, y no sólo durante el transporte, sino también en la descarga y en lo que ocurra después en los mataderos. 
¿No es cierto que ese control después va a costar tanto dinero que ya no compensarían en absoluto las ventajas que pudiera obtener el sector ganadero en Europa con la exportación de 500.000 cabezas de ganado al año? 
Realmente se trata de una parte muy pequeña del total del mercado ganadero en Europa, y es completamente ridículo que queramos continuar, también este Parlamento, con el pago de las restituciones por exportación. 
Debemos acabar con ello inmediatamente. 
Señora Presidenta, en primer lugar espero que el Presidente corrija su decisión anterior de no admitir mi explicación de voto aduciendo que yo no estaba presente. 
Estoy presente. 
Lo he estado desde el lunes, y lo estaré hasta que se interrumpa este periodo de sesiones. 
Con respecto a la cuestión, hay pocos temas que hayan tenido una repercusión tan fuerte sobre el ciudadano sueco como la ocasión en que pudieron verse imágenes televisadas de la increible tortura de animales que se produce en relación con la exportación de animales vivos a países fuera de la Unión. 
Esta exportación tiene un origen único, la existencia de ayudas a la exportación para este sector. 
Sólo hay un modo de eliminar la exportación, y es eliminando las ayudas. 
Los controles suplementarios que se proponen son naturalmente un paso en la dirección correcta. 
No obstante, es posible que se produzcan infracciones. Además, no nos es posible controlar el tratamiento que se da a estos animales en los lugares de destino. 
Por consiguiente, voy a votar a favor de las enmiendas 11 y 12. Espero que todos los diputados lo hagan también. 
La razón es bien sencilla: ¡Los contribuyentes no desean que sus fondos se destinen a subvencionar la promoción de la tortura de animales! 
Señora Presidenta, señora Comisaria, en primer lugar quiero felicitar a mi colega Anttila por su excelente y cuidadosamente elaborado informe. 
A continuación, quiero comenzar con la siguiente provocadora pregunta: ¿porqué hacemos transportes de animales si todo es tan imposible como aquí se dice? 
Quiero constatar lo siguiente al respecto: tenemos un continuo exceso de producción de carne de vacuno. Esta situación se ha visto además agudizada por el escándalo de la EEB. 
El consumo de carne de vacuno ha retrocedido con rapidez e importamos aún muchos animales de terceros países. 
Esta es la situación del agricultor europeo. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento buscan ahora el modo de superar la crisis. 
¿De qué posibilidades disponemos? 
El método más caro e improductivo es almacenar la carne. 
Esta vuelve más tarde al mercado, se vende barata y la calidad se resiente. 
El siguiente método que se emplea para reducir grandes cantidades de carne es una prima de comercialización temprana para los terneros. 
Se ha acordado ahora de nuevo, pero presupone que tengamos un mercado de carne de vacuno, que tengamos en Europa consumidores que coman esta carne de vacuno. 
De lo contrario, será también una medida fallida. 
El siguiente método no lo quiero describir muy exactamente pues se describe con una cita bíblica y en la Biblia se dicen también muchas cosas positivas. 
No es este precisamente un ejemplo adecuado, pero este método no se emplea en la mayoría de los Estados pues choca con reparos éticos. 
Esta es la situación ante la que nos encontramos. 
Ahora tenemos un mercado en el Próximo Oriente y en los Estados del norte de Africa, pero la venta de animales en estos países presupone unos transportes gigantescos. 
Este es el problema. 
Mientras queramos utilizar este mercado de ventas, al menos deberíamos proporcionar a los animales unas condiciones que puedan soportar. 
En cualquier caso, presento la solicitud de que la exportación de carne tenga preferencia frente a todos los demás métodos. 
Esto es lo más importante. 
Tampoco puede ser que detengamos totalmente los transportes de animales. 
He comprobado las cifras en mi país. Entretanto, hay un 48 % de transportes de animales vivos, constituidos por animales de cría y animales útiles. 
No hay nada que objetar si los agricultores de allí quieren crear un ganado para poder alimentar ellos mismos a su población con leche y productos cárnicos. 
Es decir, no debemos dejar este punto fuera de consideración y no echar todo en un mismo saco; tenemos que seguir fomentando a los animales útiles y a los de cría para que puedan llegar a estos mercados. 
Así lograremos también un razonable efecto político de desarrollo. 
Por lo demás, los transportes los deben realizar solamente especialistas que sepan tratar a los animales y respeten las normas de la Comunidad. 
Si no se logra, no se deben pagar tampoco reembolsos por la exportación. 
Debemos guiarnos por este principio. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Éste es un debate de lo más interesante sobre la ganadería y las subvenciones a la ganadería. 
¿No sería apropiado preguntar si podrían todos los oradores indicar o si han indicado- estoy seguro de que la mayoría de ellos lo habrán hecho- si tienen intereses financieros particulares en este debate? 
Se me ocurre que uno o dos de ellos podrían ser ganaderos y su participación e interés financieros en el proceso de adopción de decisiones afectaría, por tanto, a cómo han votado o a lo que han dicho. 
Debemos saberlo. 
Estoy seguro de que lo habrán declarado conforme al Reglamento. 
No obstante, estoy a favor de la supresión de las subvenciones a la exportación. 
Naturalmente, tengo intereses. 
Yo lo comentaría de otro modo. 
En mi opinión, esto afecta a la integridad de cada diputado de esta Asamblea. 
No vamos a realizar aquí una consulta de este tipo. Naturalmente, tampoco vamos a preguntar a los diversos oradores. 
Señora Presidenta, el libre comercio habrá topado sin lugar a dudas con sus propios límites éticos si nos vemos forzados a transportar animales vivos a escala mundial. 
Se debe poner fin a esta actividad. 
En mi opinión, la única solución pasa por que la Unión suprima las ayudas económicas a la exportación de animales vivos. 
Aquí se ha dicho que, en tal caso, los árabes comprarían los animales vivos a Nueva Zelanda o a Australia. 
Sin lugar a dudas, este es un problema de difícil solución. Pero creo que la Unión Europea podría también ejercer su influencia en las negociaciones en materia de comercio a escala mundial para que se reconocieran en el futuro los derechos de los animales, y para intentar que desapareciera de manera global este tipo de transporte y que los sacrificios tuvieran lugar lo más cerca posible de los puntos de cría. 
La Unión Europea tiene una enorme responsabilidad ética de cara a la divulgación de estos valores europeos. 
El Sr. Virrankoski ha señalado que entre los valores europeos se incluye el respeto por los animales. 
Este debería ser el verdadero punto de partida para intentar ejercer nuestra influencia al respecto a nivel mundial. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, creo que en el caso de la carne de vacuno o de los animales vivos, todos los que nos encontramos en esta sala tenemos intereses, bien como productores, como comercializadores o como consumidores. 
La Comisión propone que la concesión de reembolsos por la exportación de animales vivos en el marco de la OCM de la carne de vacuno, se haga depender del bienestar de los animales durante el transporte. 
Quiero adelantar que debe ser un objetivo de la Unión acabar con los transportes de animales vivos destinados al matadero en favor de las exportaciones de carne. 
Este debe ser un objetivo a largo plazo. 
Pero hasta que lleguemos a eso, al menos hay que mejorar la situación de los animales durante el transporte. 
Por este motivo, un veterinario oficial debe confirmar el transporte adecuado de los animales y la concesión de los reembolsos por exportación debe hacerse depender de esta confirmación oficial. 
Los ganaderos tienen un gran interés en un transporte conforme a la especie, pues la calidad de la carne depende mucho de cómo se transporten a los animales. 
Se ha podido observar durante los últimos años una evolución en este sentido. 
Así, la proporción de exportaciones de animales vivos de la UE ha descendido en un 6 % en el plazo de tres años y alcanza actualmente aproximadamente el 10 %. 
Por contra, la proporción de exportaciones de animales de cría ha ascendido del 16 al 28 %, cifra que me parece que habla por si misma. 
Además, hay que constatar que la exportación de carne está favorecida frente a las exportaciones de animales vivos destinados al matadero y los reembolsos por exportación por animales sacrificados en canal son muy superiores a los que se conceden por animales vivos. 
Para acabar totalmente con las exportaciones de reses destinadas al matadero, la UE debe apoyar dos cosas. 
En primer lugar, hay que construir dentro de la UE mataderos que correspondan a los criterios de los países de destino. 
De este modo, se podrían sacrificar los animales dentro de la UE y la carne se podría exportar. 
Para la exportación de carne, la Unión debería además apoyar las correspondientes instalaciones de refrigeración con know-how y ayuda financiera en los países de destino. 
El transporte de animales de cría no se debate y las estrictas normas de protección de animales que radican en interés de los ganaderos son algo evidente. 
La Comisión tiene la tarea de ejecutar y de controlar las normas para la protección de los animales. 
El Parlamento debe ser informado regularmente al respecto. 
Asimismo, es necesario no solamente controlar la observancia de las normas sino que en caso de infracciones se impongan también sanciones. 
Apoyo plenamente el informe de la Sra. Anttila. 
Señora Presidenta, hace unas semanas este Parlamento pidió que se pusiera fin a los pagos por ganado vivo. 
Haríamos el ridículo ahora si volviéramos a adoptar una posición menos estricta. 
Lo que la Comisión propone es simplemente que, si se infringen las normas relativas al bienestar de los animales durante el transporte, no se paguen las restituciones a la exportación. 
Pero eso no es realista. 
Es de imposible cumplimiento y, cuando los animales han abandonado la UE, es imposible supervisarlos. 
En 1995, se exportaron 600.000 reses desde la UE y la mitad de ellas procedían de Irlanda. 
No estoy de acuerdo con mis colegas irlandeses. 
Lo que está sucediendo es inaceptable. 
Los contribuyentes de la Unión Europea tienen que conceder subvenciones importantes para algo que la inmensa mayoría de ellos no aprueban. 
Estamos utilizando el dinero de los contribuyentes para subvencionar una forma inhumana de tratar los animales. 
Es una locura también desde el punto de vista económico. 
En Irlanda, exportamos también puestos de trabajo. 
Exportamos animales vivos para su elaboración en otros países y después nos quejamos del problema del desempleo en Irlanda. 
Resulta absolutamente ridículo y se tiene que acabar. 
Tiene los días contados. 
Los contribuyentes de la Unión Europea ya no quieren ver películas en la televisión en las que se documenta el cruel e inhumano trato dado a los animales. 
No es carne de bovino vivo, como ha dicho alguien, son animales vivos que sienten el dolor igual que nosotros. 
No podemos apoyarlo por más tiempo. 
Señora Presidenta, ya hemos tenido ocasión varias veces de debatir en este Parlamento esta cuestión tan importante y delicada del transporte de los animales. 
Sabemos que no es un asunto apacible, pero considero que en los últimos tiempos hemos sido capaces de ir llegando, poco a poco, a algunas avenencias y algunos consensos. 
Y hay una cosa que parece inequívoca a lo largo de los debates que hemos celebrado en el pasado reciente y es la importancia de las buenas condiciones higiénicas y de trato reservadas a los animales durante el transporte. 
¿Y por qué es inequívoca? 
Porque, de hecho, por un lado, es justo precisamente desde el punto de vista del derecho que el propio animal tiene, y, por otro, reviste importancia decisiva para la mejora de la calidad de la carne- y es importante que se subraye esto -, lo que interesa doblemente: al productor que vende y al consumidor que compra la carne. 
El informe de la Sra. Anttila es un trabajo de gran calidad, bien fundamentado y lleno de propuestas sensatas. 
A partir del texto que ella ha propuesto, las diversas enmiendas presentadas contribuyen a mejorar, de hecho, sus propuestas y dan una impronta de una contribución muy positiva al texto inicial. 
Creo, en particular, que su propuesta de que en algunos casos se limiten parcialmente los pagos de restitución o incluso se denieguen en el caso de que no se respeten las condiciones legales exigidas- ya sean higiénicas o de bienestar- es interesante y puede contribuir a financiar el fortalecimiento de los medios técnicos y, sobre todo, veterinarios que la Unión Europea y los Estados miembros necesitan. 
La propuesta es muy interesante y muy positiva. 
Considero un disparate total- con el debido respeto- que se proponga aquí una eliminación de las restituciones a la exportación en el transporte de animales vivos, pues carecería del menor sentido. 
Por lo demás, el Sr. Souchet ya ha hablado aquí de eso y lo ha justificado. 
Se trata de un asunto sumamente justificado y sólo es una lástima que algunos propugnen la eliminación de las ayudas a la exportación, como si fuera en cierto modo un credo religioso. 
No lo es, es algo perfectamente justificable en el marco actual de la Unión Europea. 
Para terminar, señora Presidenta, quisiera decir una cosa: hace poco un colega inglés ha pedido a sus colegas que declararan si tenían o no intereses al respecto. 
Yo quiero decir que no tengo, no soy productor de bovinos. 
Pero quiero afirmar que esa interpelación, por la forma como la ha hecho, a colegas suyos que son ganaderos, es un auténtico insulto a la probidad de sus colegas. 
¡Y, por eso, protesto! 
Señora Presidenta, debemos recordar que la Unión dispone ya de un reglamento en el que se exige que el transporte de animales financiado con cargo a los recursos comunitarios debe respetar el bienestar de los animales. 
Sin embargo, no ha sido así en todos los casos. 
Por ejemplo, a finales del año pasado se emitió en Finlandia un reportaje donde se mostraba cómo se cargaba a los animales con destino a Beirut. 
Este programa suscitó la ira justificada de los finlandeses. 
Resulta claro que hay conductores cuyos valores morales no se corresponden con los propósitos del reglamento. 
Por este motivo, se deberían apoyar las mejoras propuestas en el informe de la Sra. Anttila por lo que respecta a la expedición por parte de veterinarios de documentos que certifiquen que se ha deparado un trato correcto a los animales. 
Parece más que probable que en ocasiones, o incluso con frecuencia, se olvida el bienestar de los animales durante su transporte, razón por la cual resulta necesaria la práctica de controles esporádicos y el aumento de la vigilancia. 
En esta cuestión, la Unión tiene tanto el derecho como la obligación de adoptar medidas, ya que, cuando se desembolsa dinero del contribuyente europeo, se tiene también el derecho a comprobar que el beneficiario actúa de acuerdo con la voluntad de la Unión y de sus ciudadanos. 
En caso de que no ocurra así, se debe mostrar también la valentía para suprimir las ayudas. 
El titular de la autorización para un transporte debe asumir claramente las responsabilidades derivadas del mismo. 
Atendiendo al bienestar de los animales, debemos reconocer que todo transporte es negativo, y cuanto más largo aún peor. 
Parece difícil encontrar algo que se adapte peor a la política de la Unión que las restituciones a la exportación de animales vivos. 
Debemos apoyar igualmente la enmienda 9, presentada por la ponente. 
Cabe también recordar que el volumen de restituciones a la exportación de animales vivos ha descendido en comparación con la exportación de carne registrada en los últimos años, por lo que resulta evidente que estas restituciones no fomentan la exportación de animales vivos. 
Pero la cuestión que se plantea es: ¿cuándo podremos de una vez por todas renunciar a las restituciones? 
Aquí se ha apuntado hoy en numerosas ocasiones como pretexto para el transporte y para las restituciones a la exportación la sobreproducción de carne de vacuno de la UE originada, entre otras razones, por la enfermedad de la EEB. 
Señoras y señores diputados, la culpa no es de las vacas, así que si, en vez de discursos, lo que queremos es mostrar un verdadero respeto por los animales, tampoco debemos pasarles a ellos la factura. 
Desearía aún felicitar a la ponente por su excelente informe, que esperemos que, en caso de lograrse su aplicación, contribuya a lograr el respeto por los animales no sólo sobre el papel, sino también en la realidad. 
Desgraciadamente, a menudo se necesita aplicar una sanción económica o someter un control para que las personas puedan mostrar humanidad también hacia los animales. 
El debate queda cerrado. 
Procedemos a la votación. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa) 
Señor Presidente, quien quiera emitir una explicación de voto debe estar también presente. 
No es este el caso en todos los que han pedido la palabra para hacerlo. 
Tiene razón, señora Pack. 
Lo vamos a registrar. 
No puede registrarlo. 
Tiene que llamar ahora y si no están ahí, no pueden tampoco emitir una explicación por escrito. 
Podemos verlo desde aquí, pero si así lo desea voy a llamar a los afectados. 
Señor Morris, señor Waidelich, señor Cushnahan y señor Lindqvist, ¿están todos presentes? 
Muy bien, ahora podemos proseguir con el orden del día. 
Si el informe Van Dijk sobre una cuestión conexa hubiera sido vinculante, habría destruido, en realidad, el comercio del ganado irlandés. 
Los productores irlandeses de ganado bovino exportan el 90 % de su ganado y dependemos mucho de nuestra capacidad para exportar ganado vivo. 
Hasta época reciente no se había podido seguir esa opción y se calcula que su reanudación representa 60.000 millones de libras irlandesas al año. 
Es importante que se permita su continuación y creo que el informe Anttila, si se aprueba en su forma original, logra un equilibrio adecuado entre los derechos de los animales y los derechos de los ganaderos a continuar con su comercio. 
Los ganaderos irlandeses siempre han aplicado las normas más estrictas en materia de bienestar de los animales. 
También los reglamentos irlandeses al respecto son estrictos. 
Tengo plena confianza en que en Irlanda se aplicarán, para satisfacción de todos, las normas más estrictas para velar por que los animales no sufran. 
He votado a favor del informe, pero no puedo aceptar en absoluto que se concedan ayudas a la exportación destinadas al transporte de animales a terceros países. 
Por eso he votado a favor de las enmiendas 11 y 12. 
Las ayudas a la exportación originan unos transportes de animales superfluos, que perjudican innecesariamente a los animales. 
Como ponente encargado de la introducción de la norma de las ocho horas- el tiempo máximo de viaje para los animales destinados al sacrificio -, quisiera decir que las subvenciones a la exportación de animales vivos propician mucha crueldad. 
En 1995, se exportaron 600.000 reses vivas tan sólo al Oriente Medio. 
Los ganaderos ganaron más de 200 millones de libras irlandesas con cargo a ese tipo de gasto público. 
No es correcto utilizar los fondos públicos de ese modo. 
Con ello se propicia la subvención de la crueldad. 
La Comisión se justifica diciendo que, si se infringieran las normas relativas al bienestar de los animales, no se pagarían las restituciones a la exportación. 
Eso no es realista: una vez que esos animales abandonan las fronteras de la UE, resulta imposible supervisar el trato que reciben. 
Los principales exportadores se encuentran en Alemania, Irlanda y el Reino Unido. 
Aparte de la crueldad que padecen esos animales en el viaje y del sufrimiento causado por el desembarco con cuerdas y eslingas, se los somete a una crueldad posterior en el matadero. 
Pido a Sus Señorías que apoyen el fin de las subvenciones a la exportación. 
Doy las gracias a la ponente por un informe bien realizado sobre una cuestión relevante. 
Deseo destacar la importancia de una normativa bien desarrollada para la mejor protección posible de los animales durante su transporte, lo que constituye una cuestión que hay que considerar en gran medida en relación con las ayudas a la exportación. 
Quiero destacar en especial mi apoyo hacia las enmiendas 11 y 12, consistentes en que no se destine ninguna ayuda a la exportación para el transporte de animales de la Comunidad a terceros países. 
Manzanas, peras, melocotones y nectarinas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0301/97) del Sr. Rehder, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0035- C4-0135/97-97/0031 (CNS) ) relativo al saneamiento de la producción comunitaria de manzanas, peras, melocotones y nectarinas. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando al Sr. Rehder por su informe. 
Como de costumbre, ha hecho un trabajo excelente. 
Las propuestas forman parte de una serie de medidas que la Comisión ha adoptado para reducir el gasto por la retirada de manzanas, melocotones, peras y nectarinas del mercado y la estabilización de las rentas de los productores. 
De hecho, sólo afectará a 10.000 hectáreas en los 15 Estados miembros. 
La adquisición y destrucción de frutas y verduras con fondos de la UE no contribuye precisamente a mejorar la imagen de la Unión Europea ante el contribuyente, en particular cuando los precios al por menor limitan las cantidades de productos frescos en las dietas de muchos de nuestros ciudadanos. 
Todos conocemos las historias alarmistas relativas a las montañas de alimentos. 
La naturaleza de los productos requiere su elaboración y preservación o su destrucción. 
En 1994 y 1995, las inspecciones llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas revelaron que la destrucción de fruta había contaminado hasta tal punto las aguas subterráneas en algunas regiones de la Unión, que había afectado al abastecimiento de agua de las viviendas cercanas a los lugares en que se hacía la destrucción. 
Aún no resulta evidente toda la amplitud del daño al medio ambiente que ese método causa, pero fue tal motivo de preocupación, que se lanzó una investigación sobre los aspectos medioambientales de la Política Agraria Común. 
Aún no se ha publicado ese informe. 
Incluso los que tenemos el conocimiento científico más rudimentario sabemos que la eliminación de toneladas de frutas y verduras con alto contenido en nitratos representa un riesgo medioambiental. 
Ésta es una iniciativa loable para equilibrar mejor la oferta y la demanda. 
Espero que esta mañana Sus Señorías apoyen esta propuesta en esta Asamblea, pues veo que han acudido muchos diputados para participar en este interesante debate. 
No obstante, pido a la Comisión que vele por que se revisen periódicamente los precios de la retirada para que no fomenten la superproducción. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, examinamos hoy la propuesta de reglamento del Consejo relativo al saneamiento de la producción comunitaria de manzanas, peras, melocotones y nectarinas. 
Está basada la propuesta de reforma en lo decidido ya para las manzanas en 1990 y para melocotones y nectarinas en la campaña 1994-1995, con algunas modificaciones que tienen en cuenta la experiencia adquirida. 
Las medidas se han extendido también a las peras. 
La superficie total propuesta va a ser de 10.000 hectáreas, para manzanas y peras, y 10.000 hectáreas para melocotones y nectarinas. 
Esta superficie se distribuye en los Estados miembros en función de las superficies plantadas, de las producciones obtenidas y de las cantidades retiradas en cada uno de ellos. 
La experiencia demuestra que las operaciones realizadas en 1990-1993 y en 1994-1995 de arranque total limitan la eficacia y son más difíciles de controlar puesto que se requiere un conocimiento y control completo de las plantaciones de frutales de los solicitantes, por lo que estimamos que la medida debe hacerse extensiva al arranque parcial de frutales, no solamente al arranque total, con la condición de un arranque mínimo de 0, 5 hectáreas para evitar abusos. 
Para garantizar la eficacia de la medida se aplicará sólo a plantaciones regulares, que tengan un mínimo de 300 árboles por hectárea, y su financiación correrá a cargo de la Sección de Garantía del FEOGA. 
Esta medida es útil para eliminar la destrucción masiva de excedentes a costa del erario comunitario, que tanta y tan mala prensa tiene en la opinión pública, a la que ha irritado más que otras medidas de la PAC por los reparos éticos que provoca la destrucción de productos alimenticios en perfecto estado y además valiosos, de los que hay una gran necesidad en otras partes del mundo y que, por distintas razones, no son colocados en los canales de comercialización, provocando excedentes en los países de la Unión. 
Se ha propuesto que, para que esta prima única sea efectiva, estas medidas deben aplicarse a plantaciones con más de 300 árboles por hectárea y en parcelas de al mínimo media hectárea, que las explotaciones que puedan acogerse a esta prima fijada tengan una edad máxima y mínima, y que esta edad sea fijada por los Estados miembros. 
Se propone también que se apliquen estas medidas a aquellas plantaciones que cumplan determinados requisitos ecológicos, medioambientales y sociales, dejando a criterio de los Estados miembros su determinación para que, en el marco del reglamento futuro y bajo la propia responsabilidad de los Estados miembros, éstos fijen las regiones y zonas concretas y los detalles de su aplicación. 
Por tanto, apoyamos el informe Rehder, así como las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que, creemos, mejoran su puesta en marcha y su aplicación, pero no estamos de acuerdo con las enmiendas nº 7, 8 y 9, pues no encontramos la debida justificación para el cambio de distribución propuesto por la Comisión, que se ha hecho con arreglo a criterios, como ya hemos dicho, de las superficies plantadas, de la producción total y de las cantidades retiradas. 
Y entendemos que la propuesta presentada por la enmienda 7 es aleatoria y discriminatoria, y además sectaria. 
En cuanto a la enmienda nº 8, nos gusta más la redacción original del texto, el artículo 1, apartado 2, párrafo segundo. 
La enmienda nº 9 no la entendemos, puesto que no sabemos cuáles pueden ser los criterios objetivos para designar las categorías prioritarias de productores, no de producciones ni de explotaciones. 
¿Es que los señores autores de la enmienda se refieren a que sean altos, rubios y de ojos azules? 
Bueno, esto es una broma. 
No la podemos apoyar, puesto que las condiciones fijadas por la Comisión y matizadas por las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, en cuanto a las explotaciones, nos parecen suficientes. 
Por tanto, consideramos que este reglamento es una medida positiva para el sector y para la imagen pública de la Unión Europea que nosotros, como Grupo, apoyamos. 
señora Presidenta, también nosotros apoyamos este informe, porque se esfuerza en superar un obstáculo inexistente. 
Cuando un informe propone reducir unas cantidades que contaminan el mercado con un excedente y que, sobre todo, ayudan a librar el panorama comunitario de imágenes, sin duda, poco populares como las montañas de fruta destruidas por las apisonadoras, no puede más que recibir el respaldo general. 
En este informe del Sr. Rehder, sin embargo, nos parecen asimismo equilibradas las propuestas técnicas, la medida con la que se quiere hacer frente al grave problema de los excedentes que, como todos sabemos, es una de las obligaciones más duras que debemos proponer, mejor dicho imponer, a los Estados miembros. 
Nos parece equilibrada la oferta de una prima a cambio de 10.000 hectáreas menos plantadas de manzanas y peras, así como de 10.000 hectáreas menos plantadas de melocotones y nectarinas. 
También porque, sobre todo en cuanto a estas dos clases de fruta, ha habido una especie de furor debido a la moda, ya que se ha abandonado el antiguo melocotón de piel aterciopelada, como lo llamamos en Italia, y se han empezado a producir grandes cantidades de nectarinas, con el inevitable resultado de saturar el mercado y de confundir al consumidor. 
Es preciso llevar a cabo unos controles muy concretos. Por lo tanto, las superficies arrancadas no deben ser repobladas con la misma clase de frutales. 
La superficie mínima de media hectárea nos parece adecuada. 
También la edad es algo importante de cara a evitar operaciones de tipo especulativo a raíz de esta intervención. 
Una edad mínima y máxima contribuye a evitar que se monten plantaciones ad hoc para luego cobrar la prima. 
Nuestro ponente afirma que, gracias a este nuevo programa, podremos reducir las retiradas hasta un 80 %. 
Confiamos en que sea así. 
El ponente afirma asimismo que, en menos de cuatro campañas anuales, los costes previsibles resultarán compensados con los ahorros. 
Esto es algo que todos deseamos, con un pequeño pesar: ¿Por qué no lo pensamos antes? 
Señora Presidenta, el objetivo de la propuesta de reglamento del Consejo es aplicar nuevamente una política de arranque de árboles frutales, con el argumento esencial de reducir el gasto presupuestario que supone la financiación de las retiradas y de la destrucción de frutas. 
Los productores de frutas aceptarán esta prima de arranque, aun cuando implique una disminución de su potencial de producción. 
Algunos de ellos verán en ello, en efecto, una forma de reducir las dificultades financieras que soportan. 
¿Pero se trata de una señal de una política ambiciosa y eficaz en el ámbito de la producción de frutas? 
No lo creo. 
La razón principal del descenso de las ventas de las frutas producidas en la Unión no responde a un desequilibrio real entre la oferta y la demanda en el marco comunitario. 
Ello se debe esencialmente a las nuevas prácticas del comercio internacional y de la distribución a gran escala, que se sirven de las importaciones de los terceros países para imponer un desequilibrio artificial entre la oferta y la demanda, y provocar así la caída de los precios con respecto a los productores, el descenso de las ventas y la destrucción. 
¿Acaso la Comisión y el Consejo no deberían plantearse la adopción de medidas para que se respetase la preferencia comunitaria, de medidas que permitiesen una aplicación rápida y eficaz de las cláusulas de salvaguardia, así como la necesidad de llevar a cabo concertaciones y cooperaciones en el seno de la Unión para prevenir las situaciones de competencia interna? 
¿El Consejo y la Comisión no deberían también plantearse la propuesta y adopción de medidas tendentes a moralizar las relaciones entre los productores y los consumidores, por una parte, y el comercio internacional y la distribución a gran escala, por otra, y establecer, por ejemplo, un coeficiente multiplicador máximo entre los precios a la producción y los precios al consumo, en aras del interés mutuo de los productores y de los consumidores? 
En lugar de hablar de superproducción, ¿no habría que ver la realidad del subconsumo? 
El Consejo y la Comisión deberían preguntarse si la demanda de frutas en el mercado de la Unión no sería más importante si se hiciera retroceder verdaderamente el desempleo y la pobreza, que prohíben a decenas de miles de familias un consumo normal de frutas, que, además, son indispensables para la salud. 
En este sentido, ¿no habría que escuchar el llamamiento de las organizaciones de caridad, que hacen hincapié en la pobreza y en la subnutrición en la Unión, así como en la disminución de la ayuda alimentaria de la Unión? , una ayuda que debería, en su opinión, aumentarse a 230 millones de ecus para responder a las necesidades de las personas desposeídas. 
Finalmente, ¿ya no es hora de que en el sector de la producción de frutas y hortalizas- globalmente deficitaria en la Unión- garantizáramos una remuneración justa del trabajo agrícola y financiáramos la diversificación, el desarrollo de la producción y las reconversiones- cuando son necesarias -, para permitir de este modo que decenas de miles de jóvenes agricultores puedan instalarse, en particular en las regiones meridionales? 
Eso haría que la prioridad del empleo fuese una realidad y no un eslogan. 
El informe de nuestro colega Rehder se refiere a un reglamento que posee esencialmente un aspecto puntual y coyuntural. 
No debe servir para ocultarnos las reformas de fondo que quedan por realizar y que acabo de mencionar. 
Señora Presidenta, la Comisión dice que arranquemos: arranquemos, pues, si hay que hacerlo. 
Arranquemos en nombre de la ley del mercado; no olvidemos que también hemos plantado y cosechado en nombre de la ley del mercado. 
Dejemos que un mecanismo contable artificial gobierne la evolución y la vida de nuestras regiones. 
Arranquemos porque hoy el arranque representa la alternativa políticamente correcta para la destrucción masiva de los excedentes. 
Pienso que no, puesto que, en este caso, ya es la tercera propuesta destinada a corregir los excedentes permanentes de manzanas, peras, melocotones y nectarinas. 
Me preocupan los efectos nefastos de este sistema, que parece haber permitido que algunos plantaran para luego poder arrancar mejor, e incluso convertirse en verdaderos cazadores de primas: primas de plantación, después primas de arranque, pasando por las primas de destrucción de excedentes. 
Naturalmente, no. 
¿Cómo se podría reprochar a algunos productores utilizar los recursos de un sistema, por más criticable que éste sea? 
Todo eso es chocante, incluso inmoral, pero hoy estamos obligados a dar nuestro aval a este tipo de medida " tapagujeros». 
Ya que estamos, convirtamos ese " tapagujeros» en algo eficaz. 
Somos favorables al informe del Sr. Rehder; pero, suponiendo que haya que arrancar, no generemos ni distorsión de competencia ni injusticia. 
Por lo tanto, es inútil supeditar el pago de la prima a la edad de los árboles, desde el momento en que se ha fijado un límite mínimo de 300 árboles por hectárea. 
Rechazamos, por consiguiente, la enmienda 6. 
Dicho esto, pienso que, como diputados, nadie desearía remediar aquí y allí los efectos nefastos de un sistema de producción falseado. 
Un día habrá que tener el valor político de romper este círculo vicioso para mostrarse realmente creativos. 
Producir menos para producir mejor: ¿cuándo se oirá y se comprenderá realmente este mensaje? 
Señora Presidenta, de las cifras de la Comisión Europea resulta que hay un considerable excedente de manzanas, peras, nectarinas y melocotones. 
De 1991 a 1996 fueron retiradas del mercado y destruidos en la Unión Europea un promedio de 800.000 toneladas al año de manzanas y peras. 
El ponente amonesta que éticamente se puede justificar con dificultad este despilfarro de productos alimenticios en buen estado, pero fácticamente no. 
Un reglamento europeo de saneamiento puede aportar una valiosa contribución a la reducción de excedentes. 
La regulación de arranque ahora presentada es considerablemente mejor que anteriores regulaciones. 
La prohibición de nuevas plantaciones en el mismo terreno es muy beneficiosa para la efectividad. 
Estoy de acuerdo con la distribución propuesta de la superficie entre los Estados miembros. 
La Comisión basa su propuesta en criterios objetivos y relevantes. 
Eso no quita que siga siendo posible que determinados Estados miembros no utilicen completamente la parte adjudicada a ellos. La efectividad del reglamento de arranque sufriría por ello. 
La completa seguridad no la tendremos hasta que los cultivadores hayan tenido la ocasión de inscribirse al reglamento de saneamiento. 
Por ello estimo conveniente no considerar hasta después del período de inscripción si es deseable una redistribución de las superficies concedidas a los Estados miembros, en lugar de empezar ahora a hacer chapuzas con el reparto en los Estados miembros. 
Estoy de acuerdo con la mayoría de las enmiendas del ponente, salvo con la enmienda 6, por supuesto. 
Soy incapaz de comprender por qué los árboles jóvenes no podrían entrar en la reglamentación; después de todo tienen ante sí todavía una larga vida productiva. 
El arranque de tales plantaciones unido a la prohibición de otras nuevas sí que contribuiría a largo plazo a la reducción de la producción de excedente. 
Además, las exigencias de edad para los árboles son difíciles de controlar. 
Por último, lamento que la presentación de este informe en el Parlamento haya sido aplazada durante tanto tiempo. 
La propuesta de la Comisión tiene ya 8 meses. 
El retraso del dictamen del Parlamento ha retardado la toma de decisiones en el Consejo. 
La implantación en la legislación nacional y la notificación a los cultivadores necesitan aún más tiempo. 
Por lo tanto, hay que temer que la reglamentación no pueda entrar en vigor antes de mediados de enero, habiendo así pasado otra vez una parte importante del invierno, el período por excelencia para el arranque. 
Señora Presidenta, permítame empezar diciendo que éste es un informe de gran calidad, pero que mi Grupo no puede votar a favor. 
El motivo es que de ningún modo podemos aprobar la Directiva que le sirve de fundamento. 
Éste es otro ejemplo de los absurdos resultados a que nos lleva la política agrícola de la UE. 
En primer lugar, tenemos contribuciones a la producción de manzanas, peras y nectarinas, ayudas que crean unos excedentes. 
A continuación, compramos estos excedentes. 
En un mundo donde hay gente que se muere de hambre, nosotros destruimos la fruta. 
El ciudadano está escandalizado, pero en lugar de reducir las ayudas, creamos unas nuevas, esta vez para la tala de árboles. 
Le aseguro, señora Presidenta, que esto nos llevará a una nueva reacción de indignación por parte de los ciudadanos cuando vean que se conceden ayudas para la tala de árboles frutales. 
Además, esto no nos va a llevar a ninguna reducción visible de las readquisiciones que realiza la Unión. 
El 80 por ciento que se menciona es exclusivamente en relación con la producción media del 2 por ciento de los campos donde se va a realizar la tala. 
Además, no hay nada que le impida a un agricultor plantar de nuevo este campo empleando una nueva clase de árbol frutal, o que lo venda a un hermano, que a su vez puede plantar la misma clase de árbol que se acaba de talar. Y esta vez con ayudas de la Unión. 
Tampoco hay nada que le impida al agricultor que tale los árboles menos productivos, o que una vez los haya talado, destine los ingresos que recibe de la Unión a una producción más intensiva del resto de árboles. 
Permítame decir que esto va a salir mal. 
No nos llevará a ningún tipo de ahorro. 
El único camino justo a seguir si queremos alejarnos de este derroche descomunal, es reducir las ayudas directamente y sin vacilación. 
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, por lo que parece, existe un exceso de producción de peras y manzanas, de melocotones y nectarinas en la Unión Europea. 
A ese respecto, no se han borrado aún de nuestra memoria las imágenes de las recientes destrucciones de toneladas de peras en Portugal, que parecen sugerir la confirmación de ese posible exceso de producción. 
Para que no sigamos viendo imágenes de ese tipo y para que no sigan causando la repulsa generalizada de quienes las ven, en particular los millones que en esta Unión nuestra y en este mundo siguen pasando hambre o siguen viviendo en los umbrales de la pobreza, el Consejo dio indicaciones y la Comisión, obediente, propuso el establecimiento de una prima de arranque de árboles con el correspondiente abandono definitivo de la producción. 
Son cerca de 100 millones de ecus más para fomentar de nuevo el abandono definitivo de la producción. 
Esa inversión será recuperada- se indica- en menos de cuatro años, ya que se prevé la eliminación de la actual carga de 28 millones de ecus por año destinados al pago de precios garantizados de retiradas de excedentes. 
La Comisión establece, además, el límite global máximo de la superficie por abandonar, distribuye ese valor por los Estados miembros, fija en media hectárea el valor unitario mínimo de la superficie por abandonar, siempre que la densidad de la plantación sea igual o superior a 300 árboles por hectárea. 
Pero, para proponer esas orientaciones y valores, la Comisión no pondera ni analiza algunas cuestiones que para nosotros son esenciales. 
No determina los desfases entre consumos y producciones nacionales, lo que podría aclarar quién contribuye, de hecho, a una producción global excedentaria y quién produce en niveles inferiores a los consumos respectivos, no pondera las repercusiones comerciales de las actuales importaciones comunitarias de esos productos hechas en condiciones que muchas veces prefiguran una competencia cada vez mayor y desleal, no reflexiona sobre el hecho de que el actual sistema de precios de garantía asegura al menos las rentas y podría, con el tiempo, dejar de constituir una carga, si se invirtiera, de hecho, en la mejora de las condiciones de comercialización y se fomentara la exportación y el consumo para obtener un equilibrio más estable entre producción y demanda. 
Por último, revela y renueva una insensibilidad y un distanciamiento totales respecto de las consecuencias que las ayudas al abandono definitivo de la producción han tenido siempre y seguirán teniendo en el aumento del desempleo, en la desertización cada vez mayor y en el abandono en aumento del mundo rural. 
Mientras no se haga ese análisis global, y no nos parece que haya siquiera voluntad alguna de hacerlo, seguiremos luchando por que no se generalicen ni se apliquen las primas al abandono definitivo de la producción. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
Vamos a proceder a la votación. 
He estado unos instantes fuera. Durante ese tiempo, vino una señora- parece ser que una empleada de la Asamblea, tal como me dijo mi vecino, el Sr. Rübig- y cogió mi tarjeta. 
Cuando él dijo que debía dejarla metida, ella respondió que le habían encargado llevársela. 
Yo no lo he encargado a nadie. 
Le ruego que tome note de ello. 
Deseo votar. 
Puede hacerlo. 
En lo que puedo ver, no se han solicitado votaciones nominales. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa) 
El Movimiento de Junio no puede votar a favor de la propuesta de la Comisión sobre el descuajo de plantaciones de árboles frutales. 
El desequilibrio en el mercado puede corregirse de mejores maneras. 
El Movimiento de Junio podría, por ejemplo, votar a favor de un subsidio a los fruticultores, si esto sólo fuera una recompensa por su cambio a la producción ecológica. 
Es completamente absurdo que la UE destine primero unas ayudas a la cosecha frutal a través de las ayudas para la agricultura y que, más adelante, cuando surgen excedentes, se concedan también unas ayudas, que según el informe ascenderán a 100 millones de ecus, para que se destruya la cosecha. 
Lo mejor sería recortar o eliminar las ayudas destinadas a este tipo de cultivos o vender los excedentes en el mercado mundial. 
Hay que introducir unas modificaciones en la normativa para que con ello no resulten afectados los agricultores ni aumente el desempleo. 
A pesar de que el informe mejora la propuesta de la Comisión, parte de unos principios de regulación que existen dentro de la política agrícola que yo no puedo respaldar. 
En su lugar, debería reformarse rápidamente la política agrícola de la UE, con menos reglamentos y menos subvenciones. 
Por consiguiente, no puedo dar mi apoyo al informe. 
El programa de arranque establecido, limitado a 10.000 hectáreas para la Unión Europea, es totalmente insuficiente, ya que en el caso de Francia, por ejemplo, la superficie distribuida es sólo de 2.750 hectáreas; superficie muy por debajo de las necesidades manifestadas por el conjunto de la profesión. 
Nuestro grupo ha presentado, por lo tanto, tres enmiendas destinadas a la vez a aumentar la superficie distribuida para el arranque, pero también a permitir ampliar al máximo los márgenes de maniobra de que deben disponer los Estados miembros para que puedan controlar adecuadamente la gestión de su sector de la arboricultura. 
La aplicación de un programa de arranque debe responder a un objetivo de saneamiento del mercado, que actualmente se caracteriza por unos excedentes específicos para cada uno de los Estados miembros. 
En efecto, sabemos que el consumo evoluciona tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
En cuanto a Francia, constatamos dificultades para la comercialización en determinadas regiones, como las regiones del Loira. 
Los explotadores están muy endeudados y no logran superar la crisis iniciada en 1992. 
Las explotaciones han perdido su valor, pero continúan siendo explotadas para evitar las quiebras. 
Sus productos se venden, por consiguiente, a precios inferiores y la situación económica de estos productores es particularmente delicada. 
Además de reducir la oferta, la prima de arranque puede permitir salir del estado de endeudamiento a algunas explotaciones y, por tanto, también puede permitir mantener empleos agrícolas, que actualmente se encuentran en una situación muy precaria. 
Para concluir, nuestro Grupo se opone a la enmienda 6, cuyo objetivo es establecer una edad máxima y una edad mínima de los árboles objeto del arranque. 
Confiemos en el sentido común de nuestros agricultores. 
¿Cree usted, señor Presidente, que un agricultor arrancará de buena gana una hectárea? 
¡No, señor Presidente! 
Si alguien arranca una hectárea de huerto, es porque se ve obligado a ello por razones económicas. 
Pienso que en el seno de esta Asamblea no habría que razonar en términos exclusivamente macroeconómicos y contables. 
No habría que seguir olvidando, simplemente, la realidad de la tierra y de los hombres. 
Señora Presidenta, comprendo que a algunos les provoque risa pero no es un asunto cómico. 
Me ha pasado dos veces que antes de la votación desaparezca la tarjeta. 
Ruego que se siga el asunto y se compruebe si alguien del servicio de sesiones es responsable de ello, pues a la protesta del Sr. Rübig diciendo que el Sr. Posselt necesita aún la tarjeta, la señora ha respondido que se le ha encargado retirarla. 
Ruego que se indague el asunto. 
Señor Posselt, como ha pedido antes la palabra, he encargado que se compruebe y nadie del servicio de sesiones lo ha hecho. 
Vamos a seguir el asunto y en la próxima sesión sabrá cuál ha sido la causa. 
Señora Presidenta, creo que tengo una explicación de ello. 
El Sr. Posselt pertenece al club de los viernes, es decir, a las personas que como yo están siempre hasta el final aquí. 
Probablemente ha sido alguien del «lobby» de Bruselas quien le ha robado la tarjeta pues siempre quieren demostrar que el viernes no debe ser un día de sesiones en Estrasburgo. 
Una aportación que también vamos a comprobar, señora Lulling. 
Vamos a ver qué resulta. 
Señora Presidenta, como pocas personas tienen acceso a la sala y no ha sido nadie del servicio de sesiones, voy a mirar la lista de diputados y si conozco el nombre, lo comunicaré. 
Como he dicho, vamos a comprobarlo y se aclarará. 
Con ello, nuestro orden del día ha terminado y les deseo un buen fin de semana. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.24 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 24 de octubre de 1997. 
Como algunos colegas han sido informados, el Presidente del Parlamento Europeo ha sido sometido a una pequeña intervención quirúrgica benigna de apendicitis. 
Este es el motivo por el que le sustituyo en la tribuna para abrir la sesión. 
En nombre de todos nosotros le deseo una pronta recuperación. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 24 de octubre ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, hago uso de la palabra sobre una cuestión de orden y para preguntar si puede el Comisario acudir al Parlamento hoy para hacer una declaración urgente sobre el bloqueo de los camiones franceses y sobre la infracción por Francia de los Tratados de Roma. 
¿Podría confirmar si va a estar con nosotros el Comisario hoy para hacer una declaración? 
Queridos colegas, pido a todos aquellos que se disponen a presentar cuestiones de orden sobre el mismo tema, que tengan la amabilidad de escuchar, porque en unos instantes les haré una propuesta que va enteramente en el sentido que ustedes desean. 
Señora Presidenta, no debe considerarnos un apéndice, ni siquiera una apendicitis, a los que nos encontramos a este lado del hemiciclo. 
Si la Sra. McIntosh hubiera seguido los debates que han precedido a su anuncio, señora Presidenta, sabría que ha sido el Grupo de los Liberales el que ha solicitado este debate y que el mismo tendrá lugar. 
Señora Presidenta, me refiero a algo que no figuraba en el Acta del viernes del anterior período parcial de sesiones, porque no pude incluir mi observación. 
El jueves pedí por escrito que se hiciera una corrección inmediatamente después de la votación relativa a la directiva sobre el chocolate a fin de modificar mi voto sobre la enmienda nº 25. 
Pero el viernes no se corrigió en la lista de votaciones del Acta. 
Intenté plantear ese asunto, pero, pese a que los servicios del Parlamento sabían que iba a intentar plantear una cuestión de orden- circunstancia que no se daba en el caso de todos los demás diputados llamados a intervenir -, el Presidente se negó y volví a verme obligado a formularla por escrito. 
Le pido que me garantice que se corregirá la votación en el Acta del jueves de conformidad con las dos cartas que he enviado. 
Señora Hardstaff, haremos constar en el Acta de hoy su declaración relativa a la votación a la que acaba de hacer referencia. 
En las Actas del pasado 23 de octubre se han colado unos errores molestos que tengo que corregir absolutamente, Señora Presidenta. 
Hablé entonces de la contratación de mercenarios por parte del gobierno de Luanda y la adquisición de unos aviones C-130 que llevaron a continuación al trono al ex-dictador en Congo-Brazzaville. 
En el informe no viene Luanda sino Ruanda. 
Se habla de un suministro de 130 aviones americanos. 
Eso hubiera sido el suministro del siglo, Señora Presidenta. No se trata de eso naturalmente. 
Señora van Bladel, en realidad, su observación se refiere a las Actas literales. 
Dicho esto, puedo comunicarle que sus palabras serán recogidas en el Acta del día de hoy, con el fin de rectificar las cosas como usted desea. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, se trata de una importante cuestión reglamentaria relativa a la aplicación del apartado 5 del artículo 123 de nuestro Reglamento al artículo 102, relativo a las lenguas. 
Se refiere, en particular, a las importantes variaciones que aparecen en las diversas versiones lingüísticas del informe Fraga. 
Hay diferencias entre las versiones lingüísticas y también entre la versión aprobada por la comisión y la que tenemos ante nosotros. 
Tiene usted un dilema, si ocupaba la Presidencia en aquel momento. 
La semana pasada señalé ese problema a la atención de los servicios del período de sesiones. 
Escribí personalmente al Secretario General al respecto y temo que, si llegamos a votarlo mañana, no tenga usted otra opción que la de declarar inválida la votación sobre el informe Fraga. 
En lugar de crearle esa dificultad, estaría dispuesto a escuchar las opiniones de los Grupos grandes sobre si preferirían devolverlo a comisión, lo que me parece una posibilidad. 
La otra opción es aplazar la votación hasta que logremos solucionar los problemas lingüísticos. 
No podemos votar sobre esto mañana. 
Señora Presidenta, el informe del que acaba de hablar nuestro colega Macartney pone de relieve problemas en diferentes niveles. 
En primer lugar está el hecho de que se trate de un informe de iniciativa de la Comisión de Pesca, pero en el que la Comisión de Pesca dejó de solicitar las opiniones de las Comisiones que siempre deben ser consultadas para que den su opinión. 
En especial la opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, que no está. La opinión de la Comisión de Medio Ambiente, que no está. 
La opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que no está. A propósito de esto, me gustaría referirme al hecho de que exista una decisión muy reciente de la Conferencia de Presidentes de Comisiones en la que se acordó en este Parlamento que también aunque se trate de un informe de iniciativa, se ha de respetar en cualquier caso el procedimiento de opinión. 
Este no ha sido el caso en relación con el informe de la Sra. Fraga Estévez. 
En segundo lugar, me gustaría que prestaran atención a que la semana pasada hubo una votación en la Asamblea paritaria ACP-UE, entre la ACP y la Unión Europea, diametralmente opuesta a algunos puntos de este informe. 
Por lo tanto no me parecería normal que este asunto se dejara de lado. 
Por estas razones creemos que se pide con razón, con toda la razón, la devolución del informe a la comisión. 
Queridos colegas, no podemos abrir un debate sobre esta cuestión. No obstante, algunas personas desean intervenir y voy a darles la palabra. 
Señora Presidenta, este informe de la Sra. Fraga es un informe de iniciativa propia y muy importante para el futuro de la Política Pesquera Común. 
Quisiera decir a esta Asamblea que la Sra. Fraga ha actuado de forma impecable como ponente. 
Después retiró su informe y redactó otro sobre el que la mayoría de la Comisión de Pesca pudo llegar a un acuerdo. 
Constituye un ejemplo excelente de cómo debe actuar un ponente al orientar la labor del Parlamento y la labor de las comisiones. 
Así, pues, confío de todo punto en que esta Asamblea desee mantener el informe ante la Asamblea, porque, pese a uno o dos problemas lingüísticos menores, que los servicios pueden solucionar, la mayoría de los Grupos desean mantener el orden del día y hacer avanzar adecuadamente la labor de esta Asamblea. 
Señora Presidenta, esta mañana he planteado esta cuestión en mi Grupo, porque el Grupo ARE me la había planteado varias veces, al señalar que había importantes errores técnicos y lingüísticos. 
La inmensa mayoría de mi Grupo ha considerado que nada insuperable había en el informe que tenemos hoy ante nosotros. 
Así, pues, creemos que se debe mantenerlo tal cual en el orden del día. 
Las cosas están, por tanto, perfectamente claras. 
En cualquier caso, como ustedes saben, hemos aprobado el orden del día. 
Por consiguiente, no podemos someter a votación la devolución o no de este informe. 
Únicamente en el momento en que procedamos al debate de este punto podrá plantearse la cuestión, pero considero importante que se faciliten las aclaraciones pertinentes. 
Señora Presidenta, quiero apoyar la petición del Sr. Macartney de devolución a comisión. 
Cuando había más de 460 enmiendas y se presentó el informe de transacción con muchas enmiendas, en la comisión no tuvimos oportunidad de votar dichas enmiendas y debemos tenerla ahora. 
En la versión inglesa del informe hay varias discrepancias con las versiones española y francesa. 
Además, en la versión inglesa figuran expresiones enteramente nuevas que no figuran en las otras versiones del texto. 
Lo más justo y razonable es que pidamos un aplazamiento hasta que los diputados a esta Asamblea y los miembros de la comisión hayan tenido tiempo de examinar y, en caso necesario, modificar el informe. 
En conclusión, si bien la Sra. Fraga ha dado a usted, o a la secretaría, una lista con las recomendaciones para la votación, no cuenta con la aprobación de la Comisión de Pesca para hacerlo y no habla en nuestro nombre. 
Señor Gallagher, usted, como yo, conoce el Reglamento. 
Normalmente, las peticiones de devolución a comisión no deben hacerse ahora, sino en el momento en que comience el debate sobre el informe de la Sra. Fraga Estévez, o en el momento de la votación. 
Siendo así, creo que es mejor solucionar este problema mientras los colegas están presentes. 
Decido, por tanto, proponerles que votemos, ya que hemos escuchado a unos y otros. 
(El Parlamento decide el mantenimiento del orden del día) 
Señora Presidenta, Señorías, el pasado viernes, un fuerte temporal se abatió sobre la región autónoma de las Azores. 
Por desgracia, a consecuencia de las inundaciones y desmoronamientos de tierra que las lluvias torrenciales provocaron, hay que lamentar la muerte de 29 personas. 
Murieron 29 personas sepultadas por el cieno en la pequeña aldea de Ribeira Quente, municipio de Povoacão, en la isla de San Miguel. 
No quiero, ahora y hoy, hablar de los perjuicios materiales y de lo mucho que hay que hacer para reparar y prevenir situaciones futuras. 
Sin duda volveremos a plantear este asunto en el próximo período de sesiones de Estrasburgo. 
En este momento, le pido tan sólo, señora Presidenta, que nos solidaricemos con las familias de las 29 personas que murieron y que, en nombre del Parlamento, en nombre de todos los colegas aquí presentes, se dirija a todas las familias de las víctimas, a la población de Ribeira Quente, a las autoridades locales, regionales y nacionales, para manifestar a todos, sin excepción, el profundo testimonio de nuestra consternación y nuestro pesar. 
Estoy seguro, señora Presidenta, de que interpretará esta petición y que lo hará de inmediato. 
Señor Novo, puedo asegurarle que actuaremos en ese sentido y dirigiremos un mensaje de solidaridad y simpatía a todos aquellos que se han visto afectados por este drama y que, naturalmente, como usted ha propuesto, en Estrasburgo decidiremos sobre una serie de disposiciones concretas que permitan paliar esta catástrofe. 
Señora Presidenta, tengo, la verdad, que protestar por la forma como ha abordado usted esta cuestión de devolución a comisión. 
En primer lugar, nos aseguró usted que el procedimiento normal era el de esperar hasta que se llegara a ese punto del orden del día, antes de someter a votación la devolución a comisión. 
No estábamos examinándolo, pero de repente pasó usted a la votación. 
Se trata de una cuestión extraordinariamente importante y debo hacer constar mi protesta por que se apartara usted del procedimiento que usted misma describió al comienzo del período de sesiones. 
Señor Macartney, creo, por el contrario, que he hecho todo lo posible para darle satisfacción. 
Normalmente, como usted sabe perfectamente, no habría debido proceder a esta votación, ya que ésta sólo puede hacerse en el momento en que, de conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe, es decir, en un momento en que hay menos colegas presentes. 
He pensado, y esto se ajustaba a sus deseos, que nuestra Asamblea debía pronunciarse claramente. 
Por tanto, hemos escuchado a dos oradores a favor de la devolución a comisión y a otros dos en contra de la devolución, para que el procedimiento estuviera perfectamente equilibrado. 
Ahora bien, si usted deseaba una votación nominal, debía haberla solicitado. 
Como usted ha podido ver, la votación ha sido de una claridad absolutamente evidente. 
Creo realmente que las cosas se han hecho conforme al Reglamento, pero, en cualquier caso, puedo asegurarle que velaremos muy atentamente para que se solucionen los problemas lingüísticos, con el mayor rigor posible como, por otra parte, se hace en muchos otros casos. 
Señora Presidenta, mi cuestión de orden es conforme al artículo 22 del Reglamento: funciones de la Mesa. 
En el fin de semana, el Sr. Liikanen hizo una declaración en la Radio BBC sobre los usos en materia de empleo y la discriminación por razones de edad. 
Indicó que a partir de 1998 la Comisión Europea dejará de poner un límite de edad en los anuncios para los puestos. 
Sé que la Mesa del Parlamento Europeo ha estado examinando este asunto y lo que es oportuno para la Comisión debe serlo también para este Parlamento, que debe también abolir la discriminación en el empleo por razones de edad. 
Así lo establece el Tratado de Amsterdam. 
Quisiera saber qué medidas va a adoptar la Mesa para velar por que actuemos en consonancia con las otras instituciones que no discriminan contra los ciudadanos de edad de la Comunidad. 
Señor McMahon, como usted sabe, no se trataba de una cuestión de orden. 
Si lo desea, puede dirigir esta pregunta al Sr. Liikanen. 
La pregunta será atendida en las instancias correspondientes. 
Asuntos políticos urgentes 
Me complace celebrar un intercambio de opiniones hoy sobre los resultados de la reunión oficiosa de ministros de Asuntos Exteriores, que se celebró hace diez días en Mondorf. 
Se centró en las cuestiones relativas a la ampliación y a la Agenda 2000. 
Para empezar, puedo decir que no se llegó a conclusión alguna respecto de todas las cuestiones relativas a la ampliación. 
Al fin y al cabo, estamos en el período previo a la Cumbre de Luxemburgo, en la que los Jefes de Gobierno habrán de decidir sobre el inicio de negociaciones y acordar varias orientaciones directa o indirectamente relacionadas con todo el proceso de la ampliación. 
Vale la pena tomar nota de que nuestros Estados miembros convienen, de hecho, en que, al hablar de la ampliación, reviste la mayor importancia decir con claridad a todos los candidatos sin excepción que, por lo que se refiere a su solicitud, está aceptada. 
Es decir, que la ampliación se producirá con todos esos candidatos tan pronto como... 
(Interrupción del Presidente) Los Estados miembros, al examinar la ampliación unánimemente, deseaban subrayar que la ampliación como tal es un proceso del que ninguno de los países candidatos está excluido. 
Eso significa que, tan pronto como se cumplan las condiciones económicas y políticas para la adhesión establecidas en diversas ocasiones y en particular en la Cumbre de Copenhague de 1993, se hará realidad la adhesión. 
Eso significa también- y en esto me hago eco una vez más de lo que todos nuestros Estados miembros acordaronque la ampliación entraña, evidentemente, diversos elementos de negociación y preparación. 
Aunque no se llegó a conclusiones firmes y claras sobre las recomendaciones de los ministros a sus Jefes de Estado y de Gobierno sobre cómo iniciar las negociaciones, resulta totalmente claro que se debe insistir más claramente en la omnicomprensividad del proceso como tal que en que unos inicien las negociaciones y otros continúen con los preparativos. 
En ese sentido, se llegó a una conclusión firme, a saber, la de que en los casos en que se aplique la diferenciación no debe significar nunca discriminación. 
En las propuestas hechas por la Comisión en la Agenda 2000, se aborda también esa cuestión al proponerse que los partenariados de adhesión deben representar, para todos los candidatos sin excepción, el marco en el que se debe seguir una vía continua hacia la adhesión, con todo lo que ello entraña. 
El partenariado de adhesión debe consistir en «guías» muy claras que muestren, a partir de las opiniones que se han publicado, cuáles son los puntos débiles de cada uno de los países candidatos que se deban abordar a fin de satisfacer las condiciones para la adhesión. 
Por otro lado, como parte de dicho partenariado de adhesión, debe haber una estrategia nacional de todos y cada uno de los países candidatos en la que expliquen y describan cómo ven su futuro calendario de trabajo. 
En tercer lugar, el plan financiero, el papel correspondiente a PHARE en ese partenariado de adhesión, que indica claramente los fondos de que se dispone para respaldar esa operación común de preparación suplementaria. 
Ello refleja claramente la omnicomprensividad del proceso, porque se aplica ese modelo de partenariado de adhesión a todos los candidatos. 
En segundo lugar- y esto se aplica también a todos los candidatos -, hemos dicho que se hará un examen anual sobre la marcha de los trabajos con vistas a satisfacer las condiciones. 
No se harán excepciones, pero, evidentemente, los países que aún no han llegado a la fase de la negociación pueden esperar también que, tan pronto como satisfagan las condiciones, la Comisión recomendará inmediatamente a los Jefes de Gobierno que se inicien las negociaciones. 
Quisiera recordar que en nuestras propuestas originales propusimos que se recomendara el inicio de las negociaciones en el caso de los países respecto de los cuales se podría esperar que satisficieran las condiciones de adhesión a medio plazo. 
Una vez que se dé esa situación en los otros países, se recomendará inmediatamente el inicio de las negociaciones. 
Un tercer elemento en toda la idea de la omnicomprensividad de la Comisión fue la propuesta relativa a la creación de esa conferencia permanente o conferencia europea. 
En ese caso se crearía un foro multilateral en el que podrían participar todos los países de los que se dice en la Agenda 2000 que tienen una vocación europea o que aspiran a la adhesión. 
Dicho foro multilateral abordaría las cuestiones de carácter horizontal, que representan un interés común de cada uno de los países candidatos. 
Sería el único foro multilateral en el que los representantes de esos países se sentarían junto con los Estados miembros, dado que las negociaciones para la adhesión se celebrarían en un marco bilateral. 
Cada uno de los países candidatos negocia con la Unión Europea bilateralmente y no en un foro multilateral. 
De modo que las cuestiones de fondo de la conferencia permanente serán las horizontales. 
Puede ser el segundo pilar o el tercer pilar o incluso el primer pilar- piénsese en la cooperación regional, piénsese en las redes transregionales -, siempre y cuando el debate multilateral no obstaculice en modo alguno las negociaciones bilaterales. 
Si no voy errado al respecto- y creo que no -, los Estados miembros están de acuerdo con eso, aunque hubo dos Estados miembros que dudaban de si la creación de semejante conferencia europea era necesaria y si no iba a ser más o menos un substituto del Consejo de Europa. 
Pero no creo que se hicieran esas observaciones con la intención de vetar la creación de una conferencia europea. 
Así, pues, si aceptamos que se debe hacer todo lo necesario para subrayar la omnicomprensividad del proceso de ampliación, muy probablemente dicha conferencia europea recibirá la aprobación y reflejará la recomendación de la Agenda 2000 de la Comisión. 
Lo que está por ver es la cuestión de la participación de Turquía, sobre la que no se llegó a conclusiones claras. 
Es un país que, conforme a la definición utilizada por la Comisión, se puede considerar sin duda un país que aspira a adherirse a la Unión Europea. 
En opinión de la Comisión debería, conforme a ello, participar en esa conferencia, pero aún no se ha llegado a conclusión alguna a ese respecto. 
Lo único que puedo decir es que, durante mi visita a Turquía de la semana pasada, celebramos intensas conversaciones con las autoridades de ese país en preparación, en cierto modo, de una visita que tiene prevista el Presidente del Consejo Europeo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, para el 27 de noviembre y también en preparación de un Consejo de Asociación con Turquía que se celebrará el 24 de noviembre. 
Todavía hemos de celebrar difíciles debates sobre cómo satisfacer las aspiraciones de Turquía en relación con la conferencia europea. 
Ello depende hasta cierto punto de cierta colaboración por parte de Turquía respecto de la cuestión de Chipre, los derechos humanos en el plano interno y las relaciones bilaterales con Grecia. 
No voy a entrar en detalles, porque el tiempo de que dispongo es limitado. 
Quisiera concluir diciendo que Mondorf ha sido un importante indicador en la futura preparación de las decisiones importantes relativas a la ampliación y que habrá de adoptar la Cumbre de Luxemburgo en diciembre. 
Señora Presidenta, agradezco al Comisario la inclusión de matices propios de la pintura holandesa en su declaración. 
La primera pregunta que deseo formular al Comisario es la siguiente: ¿considera que el comienzo simultáneo de la ampliación y de la Conferencia europea significa, en opinión del Comisario, aproximarse a la llamada «teoría de la regata»? 
En segundo lugar, ¿considera que en la cumbre de Luxemburgo tiene que aprobarse, además de los principios de negociación, el marco general de la misma? 
Reconozco las características de la pintura holandesa descritas por el señor diputado Barón Crespo. 
La visión de este cuadro en este momento no es tan clara. 
No puedo adelantar conclusiones a las que aún no han llegado los Estados miembros. 
A juzgar por lo que les oí decir, tengo la impresión de que, mientras podamos determinar que todos los países candidatos quieren formar parte de un proceso de ampliación, se podrán evitar gran parte de los perjuicios causados por la utilización de una terminología inadecuada. 
En segundo lugar, ninguno de los Estados miembros ha discutido la exactitud ni la corrección de nuestra evaluación del estado de preparación política y económica de los países candidatos. 
Ninguno de los Estados miembros ha negado que existan diferencias importantes en el estado de preparación entre los diversos candidatos. 
Ahora bien, al tiempo que subrayo la omnicomprensividad del proceso, espero que haya una confluencia de opiniones en Luxemburgo. 
Señor Comisario, acogemos con satisfacción la noticia de que en la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores se realizó deliberadamente un esfuerzo para ofrecer una indicación muy clara de que ningún candidato debe quedar excluido. 
Todavía falta saber cuál será la decisión de los Jefes de Gobierno en cada caso individual. 
En este contexto, a mí se me plantea una vez más un interrogante con respecto a cuál será el contenido de dicha Conferencia europea. 
¿Sobre qué casos concretos, sobre el estado de qué negociaciones concretas se debatirá y/o se decidirá en el marco de dicha Conferencia europea y en qué medida será posible garantizar de este modo que todos se sientan incluidos efectivamente en el proceso de aproximación y de futura adhesión? 
Aun sin intentar sacar conclusiones definitivas a partir de un debate que no ha concluido, lo que de él se desprende es que las cuestiones que se tratarían en la conferencia entre los Estados miembros y los países candidatos no estarían directamente relacionadas con la adhesión. 
Estoy diciendo de forma diferente lo que he mencionado antes: que el foro multilateral y sus actividades deben mantenerse separadas de las negociaciones bilaterales que se celebrarán con los países candidatos. 
Para ser más concretos, por lo que se refiere a las cuestiones horizontales de interés común, podemos abordar, como se indica en la Agenda 2000, las cuestiones relativas a la política exterior y de seguridad común, en las que existe en realidad un interés común: por ejemplo, en las relaciones con ciertos terceros países. 
Podemos abordar en las cuestiones de cooperación regional, en las que se está determinando un interés común. 
Como he dicho antes, podríamos hablar también de las redes transeuropeas. 
Podemos abordar también cuestiones horizontales relativas, por ejemplo, al medio ambiente. 
Me resultaría muy comprensible que en los casos en que la importante cuestión del medio ambiente preocupe en gran medida tanto a los países candidatos como a los Estados miembros y en vista de que se están imponiendo exigencias tan rigurosas en todo el proceso de ajuste, ciertas cuestiones horizontales que todos los países candidatos afrontan podrían constituir el tema de semejante debate horizontal sin que se saquen conclusiones para un país determinado o sin que el debate se convierta en una negociación, cosa a la que, desde luego, no está destinado. 
También brindará una oportunidad para engendrar un sentimiento de familia europea respecto de asuntos de interés común, pero, desde luego, eso no debería representar en modo alguno una duplicación de la labor que corresponde propiamente a otros foros, tales como el Consejo de Europa o la OSCE. 
De modo que, cuando hablo de asuntos no relacionados con la adhesión, es porque no deben obstaculizar las negociaciones bilaterales, pero eso no quiere decir que no se puedan examinar cosas de interés común con las que debemos familiarizarnos en previsión de la futura adhesión. 
Como sabe usted, soy el vicepresidente de la CPM con Eslovenia. 
Recientemente estuve en Eslovenia asegurando a los eslovenos que el planteamiento por parte de la Comisión del proceso de ampliación era objetivo, que se juzgaría a cada uno de los países por separado. 
Imagínese mi malestar cuando, al regreso de Eslovenia, me enteré de que un funcionario de la Comisión calificado de asesor superior de usted había dicho en una conferencia sobre Eslovenia: » Aun cuando Eslovenia cumpliera los criterios de adhesión mañana, no pasaría a ser Estado miembro inmediatamente. 
Tendría que esperar a Polonia». 
¿Podría decirme el Comisario si la política oficial de la Comisión, pese a sus buenas palabras, es la de que las adhesiones se van a hacer en grupos, independientemente de cómo se desarrolle cada uno de los países? 
En segundo lugar, el problema en Eslovenia, como sabe usted perfectamente, es su falta de capacidad administrativa. 
La Comisión ha propuesto en la Agenda 2000 que se destine el 30 % de los fondos con cargo a PHARE a mejorar la capacidad administrativa, incluidos los intercambios de funcionarios nacionales. 
Según tengo entendido, los Estados miembros están rechazando ese planteamiento. 
¿Podría usted hacer alguna observación sobre lo que dijeron los ministros de Asuntos Exteriores respecto del intercambio de funcionarios nacionales para fortalecer la administración? 
Podría ser perfectamente que hayan corrido por ahí opiniones, evaluaciones o cálculos personales. 
Desde el punto de vista de la política formulada, para mí está muy claro. 
De la Agenda 2000, si se lee detenidamente, se desprende también que los países que satisfagan las condiciones pasen a ser miembros en cuanto las satisfagan. 
Evidentemente, será necesaria la ratificación de los resultados de la adhesión. 
Sin embargo, yo iría más lejos. 
La posición que expusimos en la Agenda 2000 es la de que debe seguir siendo posible que los que comiencen más tarde, pero puedan resolver sus problemas antes, puedan alcanzar a los que hayan sido los primeros en iniciar las negociaciones. 
En otras palabras, en todos los sentidos debemos insistir en que se juzguen los países por sus méritos particulares, lo que también es aplicable a la satisfacción de las condiciones para la adhesión. 
En segundo lugar, por lo que se refiere al intercambio de administradores nacionales de los países candidatos para fortalecer la capacidad administrativa, parte de la preparación y la reorientación del programa PHARE consiste en asignar el 30 %, aproximadamente- no se interprete esto demasiado rígidamente -, de los fondos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo institucional. 
Se trata de una definición suficientemente vaga y aplicable a muchas actividades, que pueden abarcar desde el fortalecimiento de las estructuras democráticas o su consolidación hasta el fortalecimiento del poder judicial, que tan importante es también. 
Pero también abarca programas de formación para las administraciones nacionales. 
En ese marco hemos pedido también a nuestros Estados miembros que nos aporten un punto de referencia en su administración que nos permita abordar esas cuestiones relativas a conocimientos especializados o al intercambio- o a la fórmula que se elija- de expertos de ambas administraciones, ya sea que reciban formación en los Estados miembros o que auxiliares de los Estados miembros se trasladen a los países candidatos. 
Lo que el Sr. Titley ha mencionado parece ser uno de los principales imperativos en el período venidero. 
Una cosa es la aprobación y la aproximación de la legislación y otra su aplicación y, en caso necesario, la imposición de su aplicación por una judicatura experta. 
Para ello hará falta tiempo sin duda. 
Así, pues, los programas multianuales para la formación y los intercambios deben ser una parte importante de todo el proceso de preparación. 
Presidenta, me siento muy contento con la muestra de convergencia de opiniones en la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
Esto se desprende claramente, a mi juicio, del planteamiento del comisario de que sí habrá diferenciación pero no discriminación, o sea, no habrá una clasificación rígida siquiera. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿tiene el comisario idea de si la propuesta de la Comisión de convocar una Conferencia Intergubernamental previa al próximo ingreso tiene perspectivas? 
En segundo lugar, en cuanto a Eslovaquia: ¿la Comisión ha percibido del Consejo que Eslovaquia, según el Consejo por lo menos, podría participar en las negociaciones de carácter bilateral o multilateral antes de que Eslovaquia haya dado pasos significativos para cumplir con los criterios políticos de Copenhague? 
Comenzando por la última pregunta, aún no está totalmente clara la participación en la conferencia. 
Por lo que a Eslovaquia se refiere, no ha concluido ese debate. 
Repito: opinamos que Eslovaquia debería participar en esa conferencia por las razones que antes he mencionado. 
Nadie puede decir que ya se haya adoptado una decisión y no sé si se adoptará en la Cumbre de Luxemburgo respecto de la convocatoria de una nueva conferencia intergubernamental para que aborde los asuntos institucionales que quedaron pendientes y sin resolver en Amsterdam. 
Como ha de saber Su Señoría, entretanto tres Estados miembros han hecho una declaración común en la que insistían en la necesidad de hacer ajustes institucionales antes de que se produzca la ampliación. 
La Agenda 2000 dice con toda claridad que la mejor forma posible de actuar, a nuestro juicio, sería que se abordaran todas las cuestiones institucionales que quedaron pendientes en Amsterdam antes de que se hiciera realidad la primera ampliación. 
Ésa es la razón por la que Agenda 2000 recomienda que esa conferencia intergubernamental comience hacia el año 2000 o un poco después. 
La Conferencia Intergubernamental de Amsterdam no aportó ninguna reforma, señor Comisario, usted mismo lo ha dicho. 
Todavía falta dar algunos pasos para reforzar la capacidad de ampliación de la Unión. 
Las reformas y la ampliación deben ir, sin embargo, unidas. 
Francia ha propuesto que se refuerce el papel de la Conferencia europea permanente y que ésta abarque también los temas institucionales. 
¿Apoya la Comisión esta propuesta? 
¿El Consejo y la Comisión están interesados en que los Estados candidatos a la adhesión participen en las reformas institucionales? 
Y en caso afirmativo, ¿a partir de qué momento? 
¿Qué planes concretos ha elaborado la Comisión para vincular dichos procesos? 
Tengo la impresión de que las propuestas francesas relativas a la Conferencia Europea están muy próximas a la propuesta de la Comisión o, al revés, que nuestras propuestas están muy próximas a las francesas. 
En ese sentido, no existe en realidad una diferencia fundamental. 
Podría ser perfectamente que primero se hubiera de aclarar qué participación se desea en dicha conferencia y después se podrían resolver muy fácilmente la mayoría de las demás cuestiones. 
Si mi evaluación es correcta- y aún hay vacilaciones sobre ciertos elementos de la conferencia -, tenían más que ver con la participación que con la substancia. 
Todo está relacionado con la cuestión de si la participación abre, en cierto modo, automáticamente la vía hacia la adhesión. 
Es necesario aclararlo más, pero, por lo que recuerdo de los debates celebrados aquí y que fueron muy constructivos, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo y en su momento se celebrará la conferencia europea. 
Señora Presidenta, con mi pregunta querría detenerme en el tema de Turquía, y también basándome en la experiencia que tuvo el Señor Comisario en una importante visita suya. 
¿Cree el Señor Comisario que Turquía, que debe tener la perspectiva de la integración, podría participar en esta Conferencia Europea sin ninguna condición en relación con las cuestiones democráticas o con las del respeto al derecho Internacional, cuando además estamos viendo últimamente sus demostraciones, particularmente provocadoras en los combates aéreos y las violaciones del espacio aéreo nacional de un país miembro? 
Lo único que puedo hacer es repetir que en la Agenda 2000 la Comisión formuló las condiciones, a nuestro juicio, idóneas para esa participación. 
Si se interpretan claramente dichas condiciones, deberían ser aplicables también a Turquía. 
Eso no significa en sentido alguno que no debamos esperar claras señales de mejora respecto de varias de las cuestiones que he mencionado antes. 
Una novedad alentadora es que, en todas las conversaciones que hemos celebrado con el Primer Ministro, el Primer Ministro adjunto, el Ministro de Asuntos Exteriores y el Presidente del Parlamento, convinieron, todos ellos, inmediata y claramente en que la situación de los derechos humanos en Turquía debía mejorar. 
Eso fue bastante inequívoco. 
Evidentemente, no es una garantía de mejora, pero para que haya esperanzas de mejora es necesario en primer lugar que haya un reconocimiento por parte de Turquía de que debe hacer algo. 
Hablamos también con el Secretario de Estado de Derechos Humanos, quien explicó con mayor detalle la legislación que está en preparación. 
Volvimos a indicarle que no sólo deseábamos que se aprobara la legislación en el Parlamento, sino también que se aplicase en la práctica. 
Hablamos por extenso del artículo 8, que se ha debatido aquí, en el Parlamento, en muchas ocasiones y nuestro mensaje fue inequívoco. 
Por último, lo que resulta alentador- y deberíamos fomentarlo más- es la suspensión del estado de excepción en varias provincias. 
Se ha aplicado en tres de ellas; aún hay seis que están en estado de excepción y esperamos que, antes del final del año, se suspenda el estado de excepción en otras provincias. 
Señor Comisario, ¿no cree que la ampliación, tal y como se presenta, creará un desequilibrio hacia los países que bordean el mar Báltico, en detrimento de aquellos otros que bordean el mar Negro? 
Sin hablar de Turquía, país en el que motivos distintos de las consideraciones geográficas, conducirán a una negociación difícil, como usted ha señalado hace un momento, me preocupa Rumania, que el pasado mes de diciembre fue testigo de una auténtica alternancia política. 
¿No opina usted que, por razones políticas, es indispensable ayudar más y mejor a este país, especialmente en el marco del programa PHARE, para hacer posible cuanto antes la entrada de los rumanos en el dispositivo comunitario? 
La ampliación prevista es perfectamente equilibrada, porque abarca futuros Estados miembros del Norte, del Este y del Sur. 
No es una coincidencia. 
Intentamos mantener un equilibrio. 
Si damos un paso más- aunque no se hizo, como Sus Señorías entenderán, por razones geográficas -, veremos que hay países del Norte que negocian y otros que, a nuestro juicio, deben continuar por un tiempo con la preparación. 
Lo mismo es aplicable a los del Este. 
Respecto de los del Sur, no propusimos un nuevo avis, porque, por lo que se refiere a Chipre, la situación es algo especial. 
De modo que en ese sentido hay un claro equilibrio. 
Respecto de Rumania, en general la Comisión está reflexionando sobre si esos países menos avanzados que los demás en su estado de preparación pueden recibir- y cómo- una atención o asistencia suplementarias. 
A ese respecto, tenemos cierta flexibilidad respecto de los instrumentos para una preparación mayor, incluido el programa PHARE, y podemos insistir más en diferentes aspectos. 
En general, hay que intentar encontrar un equilibrio razonable gracias al cual los que estén más avanzados no se vean perjudicados por estarlo. 
Se les debe dar el reconocimiento que merecen al respecto. 
Iniciaron su proceso de reforma en una fase anterior y en muchos casos con muchos sacrificios políticos, etc. No obstante, en el marco de la omnicomprensividad, nos interesa a todos que los menos avanzados reciban la atención suplementaria necesaria para que alcancen a los otros lo antes posible. 
He tomado nota con gran interés y cierta satisfacción de las palabras del Sr. Van den Broek relativas a su voluntad de integrar a los países de Europa- digo bien de Europa, porque para mí Turquía debe constituir la excepción por no tratarse de un país europeo, sino asiático -, en la Unión Europea. 
No obstante, tengo la impresión de que en cierto modo estamos jugando con dos barajas. 
Hace dos días escuché al Sr. Santer en Riga, que pronunció el mismo discurso que el Comisario, y también me sentí bastante satisfecho. 
Pero al mismo tiempo vemos, por ejemplo, como Eslovaquia ha quedado un poco al margen porque, en mi opinión, la Comisión se permite una injerencia en sus asuntos internos. 
¿Qué se le dice, en definitiva? 
Se le dice: " cambien de Presidente de la República, y luego ya veremos». 
Otro problema que me preocupa es el de los países bálticos, que están a las puertas de nuestro imperio y de los que hoy se dice que no todos ingresarán en la Unión Europea al mismo tiempo. 
Ahora bien, por razones del más elemental sentido común, considero necesario que los tres países bálticos ingresen en nuestra gran Europa al mismo tiempo. 
Voy a comenzar por la última pregunta sobre los países bálticos. 
Si en los próximos años se da la situación de que se pueda considerar que en todos los países bálticos por separado se da el mismo estado de preparación para la adhesión, no veo por qué no habrían de poder pasar a ser plenamente Estados miembros en el mismo momento. 
Pero también lo contrario es cierto: si no están preparados al mismo tiempo, no hay razón para decir a los más avanzados que esperen al que necesite más tiempo. 
Todo eso está recogido en la concepción y el análisis que hemos elaborado. 
Ahora hay diferencias que se han evaluado objetivamente. 
Que las diferencias o distancias entre los diversos países candidatos sigan siendo las mismas en los próximos años depende en gran medida de ellos. 
Unos pueden avanzar más rápido que otros. 
Unos pueden superar ciertos problemas con mayor facilidad que otros. 
Por lo que se refiere a Eslovaquia, quisiera decir a Su Señoría que no estamos inmiscuyéndonos en los asuntos internos. 
Estamos aplicando una condicionalidad que hemos establecido para la adhesión a la Unión Europea y que considero enteramente legítima. 
Si no se cumplen esas condiciones o sólo insuficientemente, de ello se derivan ciertas consecuencias. 
Su Señoría está en lo cierto cuando dice que hemos aplicado la condicionalidad política en un sentido más estricto, a saber, que no hemos previsto cuál puede ser la evolución política en el futuro, sino que hemos evaluado la situación política en el momento y a partir de esa base hemos sacado nuestras conclusiones respecto de la recomendación de iniciar negociaciones. 
Eso no sólo es defendible, sino también imprescindible. 
Jugar a la lotería sobre la posible evolución política es algo que la Unión Europea, con todos los valores y criterios que tiene y comparte con otros países europeos, no debe hacer. 
Algunos pueden decir: » Turquía es un país distinto, no es un país europeo» , pero tal vez convendría echar otro vistazo al Acuerdo de Asociación concertado en época tan temprana como 1963. 
No quiero iniciar ese debate ahora mismo. 
Se podría celebrar en otro momento. 
Señor Comisario, después de las críticas recibidas y las dudas suscitadas por los cálculos financieros de la Comisión, ¿puede usted seguir afirmando seriamente que el límite máximo del 1, 27 % del PIB de la Unión Europea como recursos propios será suficiente para afrontar, entre otros grandes retos, la ampliación y el mantenimiento y desarrollo de políticas de solidaridad, como las estructurales y de cohesión? 
Agradezco que Su Señoría, tras haber utilizado al Sr. Liikanen de sparring en el primer asalto, esté ahora haciendo lo mismo con este Comisario. 
Sin embargo, me atrevo a decir que el punto 27 debe ser suficiente hasta el año 2006, inclusive. 
Los cálculos presentados y que el Parlamento conoce perfectamente muestran que, en consonancia con ese razonamiento, no se puede afirmar que la ampliación se hará sólo a expensas de un grupo de Estados miembros o de un solo Estado miembro. 
Desde luego, si nos referimos a las políticas estructurales y regionales, que, como sabe Su Señoría, se están reconsiderando, la cantidad de 275.000 millones de ecus para ese fin y durante ese período debe ser suficiente para continuar aplicando varias políticas regionales importantes en nuestros Estados miembros actuales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el cumplimiento de los criterios de la UEM en los Estados que son actualmente miembros de la UE está siendo complicado desde un punto de vista social y también político. 
Ahora se van a incorporar a la Unión países particularmente pobres. 
Los criterios de la Unión Europea son amplios y exigentes, y el cumplimiento de los mismos debe tener lugar con arreglo a las condiciones de la UEM. 
¿Cómo creen que es posible evitar que se registren estallidos sociales o que surjan problemas de este tipo en dichos países en cuanto comiencen a afrontar los durísimos preparativos que requiere su adhesión? 
No es un problema que presente un solo factor. 
Las medidas que los países están adoptando- por ejemplo, para estabilizar sus economías: por una parte, las medidas macroeconómicas y, por otra, las que están adoptando para reestructurar la economía -, todo el proceso de privatización y modernización de sus industrias, lo que están haciendo, por ejemplo, para reformar sus sistemas de pensiones, que en este momento representan una carga insoportable para muchos de sus presupuestos nacionales, son medidas, todas ellas, que tienen relación con su aspiración a la adhesión, pero que, en cualquier caso, serían necesarias en términos generales para el desarrollo económico del país y también para su desarrollo social. 
Podríamos decir incluso que tienen que dar un paso más en lo relativo a la transposición, además, de todo el corpus legislativo de la Unión Europea. 
Su Señoría está en lo cierto totalmente. 
Cuando hablamos de medidas duras- por ejemplo, eliminar toda clase de subvenciones que elevan el nivel de precios correspondientes a productos primarios, aunque se están exceptuando temporalmente muchas de ellas de ese proceso de liberalización -, no cabe duda de que todo ello representa condiciones difíciles. 
Al mismo tiempo, en muchos de esos países podemos ver que, gracias a las medidas económicas que se han adoptado, el poder adquisitivo y el nivel de vida están aumentando lenta, pero ininterrumpidamente. 
En los casos en que hay problemas graves y estrangulamientos- por ejemplo, los seis últimos meses en Bulgaria -, ha sido la Unión Europea la que, al tiempo que reconocía las repercusiones de ciertas medidas económicas, ha aportado dos programas de 20 millones de ecus para intentar aliviar las dificultades de los más necesitados. 
De modo que se trata de una cuestión de solidaridad con esos países, por una parte, para animarlos a mantener sus políticas de reforma- y lo hemos visto en varios de los países candidatos -, sin las cuales el futuro se presenta aún más sombrío, y, por otra, podemos echar una mano para aliviar los estrangulamientos temporales e intentaremos prestar ayuda a ese respecto. 
Agradezco la oportunidad de informar a la Asamblea sobre la huelga de transportistas franceses y asuntos conexos. 
El pasado jueves, antes de que comenzara la huelga actual, escribí al Sr. Gayssot, Ministro de Transportes, y al Sr. Chevenèment, Ministro de Interior, para instarlos a adoptar todas las medidas posibles a fin de evitar una huelga y también para pedirles que adoptaran disposiciones que, si se producía la huelga, facilitasen el tránsito internacional por carretera dentro del Mercado Único. 
Además, pedí al Sr. Gayssot que aplicara una propuesta que había hecho en nuestra correspondencia anterior para establecer un sistema de información a fin de ayudar a los camioneros a viajar por Francia. 
El pasado viernes a última hora, recibí una respuesta de los dos ministros en la que exponían las diversas gestiones que estaban intentando hacer para evitar una huelga y en la que también me informaban de que estaban examinando las medidas más apropiadas en esas circunstancias para evitar, mediante todos los medios posibles, las molestias que para los transportistas internacionales podrían derivarse de la huelga. 
Además de esos y otros contactos, el Sr. Monti ha mantenido correspondencia con el Sr. Moscovici, Ministro de Asuntos Europeos de Francia, para comunicarle una opinión similar respecto de la necesidad esencial de mantener la libre circulación. 
Cuando se inició la huelga, el Gobierno francés respondió desplegando fuerzas de policía para dejar expeditos varios pasos fronterizos. 
El Gobierno cumplió sus promesas anteriores de establecer también un sistema de información e hizo gestiones constantes para velar por que continuaran las conversaciones entre los empleadores y los sindicatos. 
Ayer, segundo día de la huelga, escribí de nuevo al Sr. Gayssot y al Sr. Chevènement y a los dirigentes competentes de los sindicatos. 
En mis cartas a los ministros, reconocía las gestiones que ha hecho el Gobierno para eliminar los bloqueos en los pasos fronterizos internacionales, pero también los instaba a que lograran la eliminación de los bloqueos restantes. 
Espero respuesta a esa carta más reciente. 
En mi carta a los dirigentes sindicales, señalaba la profunda preocupación de los camioneros, los empleadores y los Estados miembros por los impedimentos a la libre circulación, insistía también en que los trabajadores y las empresas de fuera de Francia estaban viéndose gravemente perjudicadas por una controversia con la que nada tenían que ver y en la que en modo alguno podían influir. 
Así, pues, insté a los sindicalistas a retirar sin demora las barreras que impiden el paso de los transportistas internacionales. 
Ayer por la noche las autoridades francesas me informaron de que en aquel momento el único paso fronterizo que estaba bloqueado era el de Calaís. 
También me dijeron que se había retirado el bloqueo del Túnel del Canal después de que se informara a los huelguistas de que, si no se levantaba el bloqueo, las autoridades estaban dispuestas a utilizar la fuerza en la medida apropiada. 
Como han de saber Sus Señorías, parece que se siguen manteniendo aún varios bloqueos en diversos lugares y se están trasladando a otros lugares a intervalos. 
Así, pues, continúa la interrupción del tránsito en gran medida. 
Ante esa situación, la Comisión ha examinado, naturalmente, las cuestiones relativas a las obligaciones de los Estados miembros de mantener la libre circulación de conformidad con el Tratado y de los poderes de la Comisión para intervenir, como garante que es del Tratado. 
Debo comunicar a la Asamblea que, como en ocasiones anteriores, concluimos a partir del asesoramiento jurídico, en primer lugar, que los Estados miembros deben adoptar todas las medidas posibles para facilitar la libre circulación del tránsito internacional en el Mercado Único y, en segundo lugar, que todo poder legal efectivo que la Comisión tiene para intervenir está en relación directa con la intensidad de dichas medidas adoptadas por los Gobiernos de los Estados miembros. 
Al haber llegado la actual huelga francesa a su tercer día, es evidente que las autoridades francesas han adoptado medidas rigurosas y continuas para cumplir con las obligaciones que les impone el Tratado mediante la utilización de las fuerzas de policía, las gestiones que han hecho para mantener las negociaciones y la facilitación de información a los transportistas. 
Naturalmente, nos mantendremos en estrecho contacto con el Gobierno francés y seguiremos observando atentamente los acontecimientos. 
El Gobierno y la Comisión actúan a sabiendas de que, si un Estado miembro incumple sus obligaciones de esforzarse por mantener la libre circulación, la Comisión ejercerá sin lugar a dudas su poder para incoar procedimientos legales. 
Entretanto, si bien respetamos, naturalmente, el derecho civil de las personas a dejar de trabajar, la obstaculización de la libertad de circulación internacional es censurable, como también cualquier violencia física, por parte tanto de los huelguistas como de los afectados por la huelga. 
En los últimos días, ha habido peticiones de cambios jurídicos para que existan normas que impongan el requisito de unos servicios mínimos y disposiciones reglamentarias relativas al pago de indemnizaciones a los perjudicados por controversias que impiden o inhiben la libre circulación. 
Mis colegas y yo estamos dispuestos a examinar si hay posibilidades prácticas de compilar propuestas vinculantes sobre esos asuntos, si bien somos conscientes al mismo tiempo de que puede que no resulte fácil que en un Consejo de Ministros de los Estados miembros se preste apoyo a esas iniciativas. 
Cuando se hayan evaluado más detenidamente las consecuencias jurídicas y prácticas que entrañan las propuestas formuladas, tendré mucho gusto en informar a esta Asamblea al respecto. 
Señor Comisario, quizá sea oportuno recordar que recientemente, en noviembre de 1996, en el sur de Francia, los agricultores franceses repitieron sus ataques contra camioneros españoles y de otros países que transportaban productos agrarios. 
Se prometieron compensaciones y todo ha quedado más bien en el cajón de los recuerdos. 
Ahora surge un nuevo conflicto y, debido a la situación geográfica de Francia, ha adquirido una dimensión europea. 
Estamos realmente ante una «eurohuelga» , que afecta a países que, como España, son ajenos a las causas de esta huelga y, sin embargo, los daños son cuantiosos. 
Se ha llegado a cifrar las pérdidas, en el caso español, hasta cerca de 3.000 millones de pesetas al día, siendo la zona del Levante español una de las más afectadas. 
Aparte de recordar que las indemnizaciones pasadas debieran estar ya satisfechas, ahora es el momento de pedir a la Comisión, ante el nuevo conflicto, que adopte inmediatamente las medidas necesarias para asegurar la libre circulación de mercancías y estudie las indemnizaciones justas a recibir por los sectores de producción que han sido perjudicados. 
El Sr. Comisario nos habla de una serie de acciones. 
Mis palabras, entonces, son para animarle a que siga actuando en la misma dirección. 
Es también momento, por tanto, de exigir que se adopten, por las autoridades competentes, las medidas oportunas para garantizar, durante este conflicto, la libre circulación y la creación de corredores específicos que garanticen el paso y que se cumpla este principio básico de la Unión Europea. 
Para terminar, señor Comisario, quisiera... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
No, señor Camisón Asensio, eso no es posible, es más una declaración que una pregunta y, lamentablemente, ya ha sobrepasado en un minuto su tiempo de intervención. 
Reconozco la preocupación y la pasión que inspira la pregunta formulada por el Sr. Camisón. 
Quisiera decirle en primer lugar que todos los diputados a esta Asamblea, así como los miembros de la Comisión, entenderán las repercusiones particulares en países como España y Portugal y en los del norte de la Comunidad de una controversia que impide gravemente la libre circulación de mercancías por el Mercado Único. 
En segundo lugar, como probablemente ya sepa Su Señoría, respecto de los incidentes anteriores en que camioneros españoles que transportaban frutas y productos similares han sufrido ataques físicos hay un procedimiento incoado ante el Tribunal de Justicia y éste no tardará en llegar a conclusiones particularmente pertinentes para ese caso. 
Sin embargo, es evidente que esos ataques en esas ocasiones son considerablemente diferentes de los experimentados en la controversia actual. 
Estoy seguro de que la Asamblea deseará mantener bien clara la distinción entre esos dos conjuntos de circunstancias. 
Su Señoría pide que la Comisión «adopte las medidas necesarias en relación con la libre circulación y las indemnizaciones». 
He de decir que la situación relativa a las poderes legales de la Comisión es la que he expuesto precisamente en mi declaración inicial. 
No cabe duda de que, mientras un Estado miembro no se muestre negligente en relación con su deber de mantener la libre circulación, la Comisión carece de poder efectivo para actuar. 
En segundo lugar, no existe una legislación comunitaria- y, por tanto, la Comisión carece de poder al respectopara imponer el establecimiento del pago de indemnizaciones. 
Sin embargo, durante muchos meses he hecho repetidos llamamientos a los Gobiernos anterior y actual de Francia para que cumplan las promesas hechas de pagar indemnizaciones a los transportistas de toda la Comunidad. 
Lamento haber de decir que hasta ahora el número de solicitudes de indemnización satisfechas es extraordinariamente reducido y existen más de mil que aún no han recibido indemnizaciones efectivas. 
Señora Presidenta, permítame comenzar felicitando a la Comisión que esta vez ha asumido su responsabilidad con mayor rapidez y eficacia y ha intervenido ante el gobierno francés. 
Aún reconociendo que hace un año hablamos exactamente del mismo tema y que el comisario dijo entonces: " Se está trabajando en las compensaciones» , está claro que menos de un 1 % de las reclamaciones han sido satisfechas. ¿No estima el comisario que ha llegado el momento de que también el Consejo de ministros estudie el asunto y que llegue a un acuerdo de compensación gestionado por la Comisión Europea para que pueda disponer de un fondo para pagar rápida y directamente, evitando así que en este sector empresarial, que ya pasa por dificultades, se declaren más quiebras? 
Señora Presidenta, es imposible hablar aquí mientras los colegas, tenemos una palabra neerlandesa para ello, están hablando entre ellos como cotorras. 
Gracias, señor Wijsenbeek, pero no he notado que los colegas hablaran de manera excepcional. 
Agradezco al Sr. Wijsenbeek su pregunta, aunque podría señalar que en esta ocasión estamos actuando de forma totalmente coherente con lo que hicimos la última vez. 
El año pasado procuré intervenir antes de que se produjera la huelga. 
Estuvimos en contacto permanente con las autoridades francesas y ejercimos las presiones que podíamos ejercer para encauzar los acontecimientos. 
Exactamente esa vía se está siguiendo esta vez, por lo que quisiera pedir a Su Señoría que reflexione al respecto. 
El año pasado por estas fechas, formulé la promesa de ocuparme de las indemnizaciones. 
He cumplido dicha promesa, como he indicado antes, con repetidos llamamientos orales y escritos a los sucesivos ministros franceses a fin de que velaran por que el sistema establecido para las indemnizaciones funcionara eficaz y rápidamente. 
Debo manifestar mi profunda decepción- como ya se la he expresado al Gobierno francés- por que no haya sido así. 
Por lo que se refiere a actividades futuras, tengo entendido que hay quienes se muestran partidarios entusiastas de la creación de alguna forma de fondo comunitario y de la consecución del acuerdo del Consejo de Ministros para ese fin. 
Cuando se haya reflexionado más al respecto, tal vez se comprenda que no todos los Estados miembros estarían dispuestos a aceptar ese planteamiento colectivo. 
En segundo lugar, vale la pena reflexionar también sobre la posibilidad de que la existencia de un fondo, en lugar de reducir las huelgas, podría contribuir, en realidad, a fomentar las controversias. 
Se deben evaluar y analizar esos asuntos como he propuesto antes. 
No hay que excluir nada, pero al mismo tiempo resulta aconsejable en todas las circunstancias una actitud moderada. 
Señor Comisario, ha tendido la honestidad de decir que, evidentemente, el actual Gobierno de Francia está gestionando con mucho acierto este conflicto derivado del incumplimiento de compromisos anteriores, y que se está esforzando en pos de un auténtico acuerdo social a largo plazo. 
Usted recordó antes incluso de que estallara este conflicto, que el Gobierno francés se ha mantenido en contacto con su gabinete y los principales responsables de los Estados miembros para transmitir la información, analizar la situación de estos bloqueos y para que se conozcan todos los aspectos del mismo. 
La acción emprendida por el Gobierno francés ha permitido también que los principales ejes de carreteras permanezcan abiertos. 
Le doy las gracias, señor Comisario, por haberlo recordado. 
No obstante, este conflicto tiene una clara dimensión europea. 
La libre circulación de las mercancías va unida a la armonización de las condiciones de trabajo. 
Negarlo equivaldría a enfurecer al conjunto de los ciudadanos de Europa. 
Hoy nos enfrentamos a este conflicto; mañana nos enfrentaremos a otro que afectará a un Estado miembro distinto. 
Señor Comisario, una última pregunta: ¿cree usted que en este conflicto se cuestiona la libre circulación, en el sentido exacto de los Tratados, es decir, una distorsión intencionada de la competencia? 
Me parece que no. 
Se trata, más bien, de un conflicto que deriva de la falta de armonización social. 
Quisiera pedir al Comisario una aclaración sobre un aspecto de su declaración que me parece una presentación inexacta de la legislación en vigor. 
El Tratado de Maastricht introdujo por primera vez el poder de la Comisión para imponer sanciones en forma de multas a un Estado miembro que, como en este caso, infrinja claramente las disposiciones relativas a la libre circulación. 
No sé qué más pruebas necesita la Comisión. 
Esas interrupciones del tráfico se han sucedido desde 1984 y las del año pasado provocaron pérdidas de millones de libras esterlinas. 
Así, pues, ¿tendría a bien el Comisario aplicar las normas introducidas por el Tratado de Maastricht y retirar fondos con cargo al presupuesto de los contribuyentes europeos destinados a los agricultores, los pescadores y los aprendices franceses? 
¿Tendría a bien aplicar esas disposiciones y confirmar que no es necesario cambiar la legislación? 
Debe limitarse a aplicar las disposiciones del Tratado de Maastricht. 
Sé que Su Señoría es abogada y, si asistiera a algún juicio en el que se afirmara ante ella que existe un medio automático de conformidad con el Tratado de Maastricht para aplicar la legislación como propone, lo consideraría completamente ridículo. 
De modo que quisiera decirle que, si bien conozco las disposiciones del artículo 30 y del artículo 5 del Tratado de la Unión, el caso es- y se trata de una realidad legislativa irrefutable- que, si un Estado miembro está procurando por todos los medios prácticos cumplir con su deber de mantener la libre circulación dentro del Mercado Único, los poderes de la Comisión para intervenir son muy limitados. 
En este caso el Gobierno francés ha desplegado las fuerzas de policía. El Gobierno francés está facilitando información y ha hecho diversos intentos de velar por que continúen las negociaciones. 
En esas circunstancias, estoy seguro de que cualquier abogado o diputado ha de saber que resultaría extraordinariamente difícil intentar demostrar que un Gobierno de un Estado miembro no estaba cumpliendo con el deber que le impone el Tratado. 
Señor Comisario, nuestro Grupo político se ha manifestado repetidamente en favor de una reducción de las horas de trabajo, de una remodelación social y ecológica de los transportes y del derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas a la libertad de manifestación. 
La Asamblea se ha sumado a nosotros en algunas ocasiones, cada vez más frecuentes. 
Los Verdes queremos manifestar hoy, por consiguiente, nuestra solidaridad con los camioneros franceses en huelga. 
Felicitamos a los huelguistas por su valor y su iniciativa. 
¡Ésta es una huelga a favor y no en contra de Europa! 
Deberíamos pararnos a pensar, señor Comisario, si no nos hemos quedado anclados en los tiempos de Peterloo, cuando la función del Estado era abatir a tiros a los obreros en huelga. 
El papel del Estado es ahora el de mediador y yo felicito también al Gobierno francés por el acierto que ha demostrado hasta ahora en la búsqueda de soluciones. 
No comprendo que usted sólo haya hecho referencia a los sindicatos y no haya mencionado la escandalosa actitud de las asociaciones patronales, a quienes ha costado un enorme esfuerzo hacer volver a la mesa de negociaciones. 
Señor Comisario, el sector del transporte está excluido de la Directiva 104/93 sobre la duración de la jornada de trabajo. 
El dumping social que con esto se favorece es evidente. 
¿Por qué se proponen presentar una vez más sólo un Libro blanco y no una directiva? 
¡Francamente es como para preguntarse cuáles son las intenciones políticas de la Comisión! 
Agradezco al Sr. Wolf su pregunta. 
El Libro Blanco sobre los sectores excluidos se ha publicado, evidentemente, y al final de este año habrá concluido la formulación de proyectos legislativos. 
Comparto la esperanza de los diputados de toda esta Asamblea, de prácticamente todos los sectores políticos, de que podamos lograr avances respecto de esta legislación y de la inclusión no sólo del transporte por carretera, sino también de otros sectores del transporte en la legislación vigente de la Comunidad. 
Su Señoría tiene derecho a declarar su solidaridad con los camioneros franceses. 
Sin embargo, yo aprendí desde niño que la solidaridad es indivisible y estoy seguro de que Su Señoría desearía hacer extensiva su solidaridad a los camioneros de varias nacionalidades ahora paralizados en Francia y que están soportando condiciones muy difíciles. 
Señora Presidenta, señor Comisario, no debemos contemplar este dossier de una manera exagerada. 
Más allá del aspecto jurídico de las cosas, y estoy totalmente de acuerdo con usted cuando afirma cuán importante es defender en todo lugar y siempre la libre circulación, comprendo la posición apremiante en la que usted se encuentra con respecto al Gobierno francés. 
Pero, en primer lugar, el verdadero problema no se sitúa a nivel de las causas. 
Escuche, señor Comisario, el grito de angustia de los camioneros franceses, escuche el mismo grito de angustia que lanzan los empresarios, muchos de los cuales se encuentran en la cuerda floja, e incluso en una situación de supervivencia. 
El fondo de la cuestión es que, en este ámbito como en muchos otros, nos falta más Europa. 
No hablemos de un mercado interior serio con semejantes distorsiones de la competencia. 
No nos hagan reír con el futuro tacógrafo, que permitirá verificar que no se cometen fraudes, mientras que en unos países se trabaja 45 horas y en otros 65 horas. 
Señor Comisario, es muy importante que ahora se tomen iniciativas europeas indispensables en el plano social y en el plano fiscal. 
He de decir, aunque no por primera vez, que convengo totalmente con el presidente de la Comisión de Transportes y Turismo al hacer tanto hincapié en la conexión entre la competencia leal y unas condiciones decorosas de trabajo. 
Ésa es en parte la razón que inspira el entusiasmo con que la Comisión y muchos diputados a esta Asamblea desean un cambio de la legislación que permita la inclusión de muchos sectores del transporte, incluido el transporte por carretera, en las disposiciones de la directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Además, la substitución del tacógrafo actual por un dispositivo electrónico que constituirá una salvaguarda mucho más firme contra las infracciones o los fraudes constituirá- no me cabe duda- un avance importante para garantizar la competencia leal en el sector de la Unión y velar por que las condiciones sociales de los camioneros estén protegidas adecuada y humanamente frente a la falta de protección que padecen algunos ahora. 
Señora Presidenta, el debate sobre la paralización de las carreteras francesas es un debate casi ritual que tenemos todos los años. 
Los oradores anteriores han hecho referencia a algunos aspectos relativos a la libre circulación. 
Yo creo que es bueno que tengamos al Comisario Kinnock en este cargo en este momento. 
Yo, desde luego, no imagino al Comisario Kinnock dirigiendo una carga de la caballería de la Comisión para liberar la carretera Lille-Bruselas. 
No creo que esa sea su función. 
No lo veo convertido en agente represor de los trabajadores franceses en un nuevo Germinal, pero, en cambio, sí lo conozco lo suficiente como para esperar de él una iniciativa de carácter ambicioso, al objeto de que la política social en el terreno de los transportes y una gran política comunitaria en materia social puedan llevarse a cabo. 
El Comisario Kinnock va a poder aprovechar esta ocasión para lanzar esta política ambiciosa. 
Agradezco a Su Señoría su pregunta. 
Como dice, nos conocemos bien y compartimos- espero- un respeto mutuo. 
Quisiera simplemente aprovechar la oportunidad que me brinda su pregunta para subrayar una vez más con insistencia que, a medida que un número cada vez mayor de personas, incluidos los empleadores, van entendiendo la profunda vinculación entre la competencia leal, el funcionamiento eficiente y las condiciones laborales decorosas, no cesa de intensificarse el ambiente favorable en el que la Comisión pretende lograr el apoyo para sus iniciativas. 
Así, pues, espero que podamos abrigar fundadas esperanzas de que en un futuro no lejano se produzca no sólo la promulgación de proyectos legislativos, sino también su pronto refrendo por los Estados miembros y su aplicación y la imposición de su cumplimiento en todas partes. 
El debate está empezando a derivar lentamente, a mi parecer, en una dirección equivocada. 
En efecto, lo cierto es que es preciso distinguir entre dos aspectos: los conflictos salariales entre empresarios y trabajadores en Francia están justificados, pero el recurso a la huelga en el marco de dichas negociaciones regionales no puede tener como resultado que los camioneros de toda Europa se conviertan en rehenes de este conflicto interno francés. 
¡Esto es inaceptable! 
Así lo ha expresado también abiertamente el señor Comisario. 
Señor Comisario, usted ha dicho que ha mantenido contactos con el Gobierno francés. Sin embargo, también ha dicho que los piquetes continúan estableciendo barricadas en diferentes lugares y que, a pesar de las promesas del Gobierno francés, los camioneros procedentes de Portugal, España, Alemania y otros países comunitarios siguen viendo obstaculizado repetidamente su paso. 
Mi primera pregunta es, por lo tanto, la siguiente: señor Comisario, ¿cuándo se propone solicitar usted en caso necesario- y si así fuera, en un plazo de pocas horas- una conminación inmediata del Tribunal de Justicia Europeo contra el Gobierno francés para que suprima todas las medidas de bloqueo y garantice la libre circulación? 
Paso a formular ahora mi segunda pregunta. De conformidad con el artículo 5 del Derecho comunitario, cada Estado está obligado a garantizar la libre circulación de personas- esto es lo que ahora se debate- y la circulación de mercancías y si un país no lo hace, a mi parecer está obligado a pagar compensaciones por los daños. 
¿Qué se propone hacer usted para proteger los justos intereses de los trabajadores y empresarios? 
Agradezco a Su Señoría su pregunta, aunque no necesariamente algunas de sus conclusiones: por la sencilla razón de que oigo peticiones de diversas procedencias para que la Comisión adopte medidas instantáneas y forzosas sin que se hagan peticiones similares de cambios en la legislación que otorguen a la Comisión el poder para adoptar dichas medidas. 
He de decir también- y con ello no me refiero necesariamente al Sr. Jarzembowski- que entre quienes hacen las peticiones más apremiantes de intervención por parte de la Comisión hay muchos que serían los primeros en mostrarse escandalizados, si se otorgaran a la Comisión poderes para substituir las decisiones y las actitudes de los gobiernos nacionales cuando dichos gobiernos estaban esforzándose por cumplir la legislación comunitaria. 
He de decir que espero que no haya ningún diputado a esta Asamblea que intente dar una idea exagerada o inexacta de la realidad en materia legislativa. 
Con arreglo a lo dispuesto con claridad en la legislación, los Estados miembros tienen el deber de mantener la libre circulación y, a no ser que- y hasta que- se pueda demostrar que adolecen de negligencia en el cumplimiento de dicho deber, el poder efectivo de la Comisión para intervenir o incoar procedimientos contra dicho gobierno es muy pequeño, por no decir inexistente. 
Espero que se entienda eso claramente. 
Si existe una petición de cambio de la legislación, no cabe duda de que los diputados pueden hacer esa petición. 
Les pido que la contrasten con las realidades políticas y la actitud de los Estados miembros y no sólo con la atmósfera de esta Asamblea. 
Al comienzo quiero agradecer, como mis colegas, al Comisario Kinnock que nos haya puesto al día. 
Se lo agradecemos. 
El público tiene la sensación de que la Comisión ha actuado más rápidamente esta vez que la anterior. 
Ésa es la sensación, aunque puede no ser la realidad. 
Es de esperar que el resultado sea una pronta resolución del problema. 
La controversia está costando a la economía irlandesa 10 millones de libras irlandesas al día en transacciones comerciales perdidas. 
Cada uno de los camiones pierde mil libras irlandesas al día. 
Hay 400 camiones irlandeses afectados por este problema y, como resulta fácil de comprender, la inmensa mayoría de nuestros productos son exportados a la Europa continental y la mayoría de ellos por Francia. 
Podría tener- y si se prolonga mucho más tiempo tendrá- consecuencias catastróficas para la economía irlandesa. 
Muchos camioneros tendrán que abandonar su actividad y muchas empresas también. 
No podemos permitírnoslo. 
Estamos orgullosos de nuestra ejecutoria y no queremos menoscabarla a consecuencia de esto. 
La Comisión no tiene poder legal para intervenir en semejantes controversias, a no ser que haya incumplimiento de la legislación. 
Creo que hay incumplimiento respecto de la última ocasión, pues ninguno de los camioneros irlandeses ha recibido aún el pago de la indemnización. 
La Comisión me dijo en el Pleno del período de sesiones de septiembre que estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para lograr que se pagaran prontamente. 
Pero no ha habido nada. 
Se ve afectada la liquidez, por lo que quiero preguntar al Comisario qué está haciendo en relación con los camioneros irlandeses que aún no han cobrado y para ayudar a los camioneros irlandeses en relación con esa controversia. 
Conozco el continuo y asiduo interés del Sr. Collins por estos asuntos. 
Conozco perfectamente- como, por lo demás, todo el mundo- los perjuicios causados por una controversia de este tipo a la economía irlandesa: en mayor medida tal vez que a otras por su situación y dimensiones. 
Lo único que podemos hacer es lamentarlo y esperar, como hago yo en todos los sentidos, que esta controversia toque a su fin rápida y satisfactoriamente. 
Por lo que se refiere a las indemnizaciones, aprovecho la oportunidad de esta pregunta para repetir observaciones que he hecho antes. 
No hay instrumentos legislativos comunitarios de índole alguna relativos a la necesidad de que se paguen indemnizaciones por las pérdidas y perjuicios sufridos a consecuencia de una controversia como la que ahora está produciéndose en Francia. 
Así, pues, no estoy en condiciones de hacer más de lo que he hecho repetidas veces y que es escribir y hablar a los sucesivos ministros franceses de Transportes para subrayar el intenso descontento que existe en toda la Comunidad y la justificable exigencia de que se paguen, como se había prometido, indemnizaciones justas por los perjuicios causados en controversias anteriores. 
Espero que la experiencia de esta controversia sirva para recalcar aún más la necesidad de que se cumplan las promesas hechas. 
En mi carta a los ministros franceses del pasado martes, sin ir más lejos, aproveché la oportunidad para repetir de nuevo la necesidad de velar por que se emplee inmediatamente un sistema eficaz para el pago de las indemnizaciones por las pérdidas provocadas por la última controversia. 
Señora Presidenta, la libre circulación de mercancías no puede realizarse pisoteando los derechos de las personas. 
La patronal del transporte por carretera es la única responsable del actual conflicto, porque no ha cumplido los acuerdos celebrados en 1996, porque ha cerrado la puerta a las negociaciones lanzadas por el gobierno. 
Los camioneros franceses no quieren seguir siendo los esclavos de la carretera. 
Están actuando en defensa de sus salarios y sus condiciones laborales, pero también en defensa de las condiciones en los demás países. 
Me congratulo de que la Comisión reconozca los esfuerzos desplegados por el Gobierno francés y su ministro de Transportes para, en el más breve plazo posible, alcanzar un acuerdo aceptable para los asalariados. 
Quiero decir aquí que cualquier planteamiento de sanciones, cualquier intervención vindicativa de la Comisión sólo conseguiría agravar el conflicto y comprometer los esfuerzos del Gobierno francés para encontrar una salida. 
En términos generales, sería inadmisible que, como lamentablemente piden algunos colegas, la Comisión decidiera arrogarse la capacidad de gendarme de los movimientos sociales. 
En lugar de enfrentar entre sí a los asalariados de los pueblos en una competencia feroz, es necesario promover la armonización social al más alto nivel, a la que podría contribuir de manera efectiva la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de salario en los sectores excluidos, una cuestión que debemos incluir, con carácter de urgencia, en el orden del día del Parlamento. 
Desearía que la Comisión garantice que dará prioridad hasta el final a las medidas sociales, e incluso fiscales, en vez de a aquéllas de dumping social, como se ha venido haciendo hasta ahora. 
Agradezco a la Sra. Moreau las observaciones que ha hecho. 
Como reconocerá- estoy seguro -, si bien tengo, como ciudadano, mis opiniones personales sobre los orígenes de esta controversia, la Comisión no puede- ni, de hecho, debe- expresar una opinión sobre las circunstancias que produjeron esta controversia. 
Estoy seguro de que lo entenderá. 
En lo que yo insisto- como, por lo demás, insistía Su Señoría- es en conseguir que se acelere lo más posible la conclusión satisfactoria de esta controversia, cosa que redundará tanto en beneficio del transporte internacional en toda la Comunidad como, de hecho, de Francia y de los franceses. 
Haré todo lo que pueda para contribuir al resultado, como también lo harán mis colegas. 
Confío en que el Parlamento adopte la misma opinión e insista del mismo modo en la consecución de un rápido y satisfactorio resultado y no en el simple intercambio de opiniones políticas que, aunque interesantes, no son necesariamente una contribución a un resultado provechoso. 
En nombre de todos ustedes, doy las gracias al Comisario Kinnock, así como a los colegas que han intervenido. 
Lamento enormemente no haber podido conceder la palabra a todos aquellos que la habían solicitado. 
Han sido muy numerosos. 
Pero, como pueden comprobar, lamentablemente, el tiempo no nos lo permite. 
Abuso sexual de los niños 
Señor Presidente, me es grato constatar que la resolución presentada merece nuestro consenso por la indignación provocada por los actos de pederastia y en general por el abuso sexual de los niños y por todo lo que está directa o indirectamente relacionado con los mismos. Merece nuestro consenso por la solicitud de severidad penal tanto a nivel de supuestos criminales, penales, como a nivel de disposiciones procesales, así como en relación con las investigaciones policiales; merece, en particular, nuestro consenso por la invitación dirigida a la Comisión y a los Estados miembros para que emprendan campañas de propaganda y de información dirigidas a prevenir y reprimir el turismo sexual llegando a unos puntos clave como los aeropuertos, los hoteles y las agencias donde se organizan viajes turísticos; merece, por último, nuestro consenso el severo juicio sobre la pornografía. 
A pesar de que existe un problema de definición de la pornografía infantil, existe un problema más general al que en cierta forma se alude en la resolución: para no ser hipócritas, deberíamos tener en cuenta el fenómeno actual de la pornografía industrial en su globalidad que es capaz de producir hábitos en virtud de los cuales se buscan manifestaciones cada vez más intensas que conducen a estas terribles aberraciones de la pederastia. 
Desde el punto de vista del lenguaje técnico-jurídico, algunos aspectos de la resolución son menos convincentes. 
Sentimos- y lo digo como representante de la Comisión de Asuntos Jurídicos- que algunas fórmulas técnicas para lograr la posibilidad de perseguir los delitos perpetrados en el extranjero no hayan sido tomadas en consideración en el texto, pero esto, en definitiva, es secundario. 
Quizás el énfasis y la indignación han escapado del control; en el apartado 2, por ejemplo, es difícil decir, como se dice, que hay que dar carta de naturaleza a «la punibilidad de la pederastia» , habida cuenta de que la pederastia no es punible, sino que lo son, evidentemente, los actos de pederastia; la pederastia puede ser incluso una enfermedad, tanto es así que en el mismo apartado 2, se habla de clínicas psiquiátricas para aquellas personas que las necesiten. 
Existe quizás un excesivo énfasis en el apartado 26, en el que se dice que las personas que no asumen de forma suficiente sus responsabilidades de cara a la protección de los niños deben ser apartadas de las instituciones públicas y privadas. 
No cabe duda de que es justo apartar a los que han realizado actos de pederastia, así como a los pederastas, sin embargo, me parece algo excesivo aplicar las mismas medidas a quien no se ha mostrado lo bastante sensible en cuanto a la atención en favor de los niños. 
Deseo confesar, sin embargo, que mi desacuerdo, como jurista, atañe sobre todo al apartado 29, es decir, a la referencia al caso Wathelet. 
Estimo que en una resolución tan importante y relevante, acudir a referentes específicos, como el caso Wathelet, no es jurídicamente correcto. 
Considero que está en juego el principio de la división de poderes, porque, en resumidas cuentas, el Ministro actuó como juez de la ejecución. 
En mi opinión, creo también que es injusto, porque no se puede hacer una valoración a priori, esto es, en el momento en que se tomaron las decisiones y no en virtud de lo que luego ocurrió. 
Habiendo sido yo mismo juez y sabiendo lo difíciles que son las previsiones y los equilibrios que se deben hacer cuando el juez está llamado a emitir pronósticos, no puedo compartir dicho apartado 29 que confío en que sea suprimido o corregido adecuadamente. 
Señor Presidente, Señorías, la multiplicación de los abusos y de los actos de violencia sobre los menores adolescentes, el tráfico mundial de menores y el aumento de la pederastia, son un motivo de gran inquietud y preocupación. 
Todos estos hechos, en consecuencia, deben inducir a la Unión Europea a intervenir concretamente emprendiendo ante todo una acción de sensibilización de la opinión pública y de los operadores del sector turístico hacia este problema con la ayuda de los medios de comunicación. 
Estoy de acuerdo con la Comisión en la posibilidad de atribuir a los tribunales nacionales una competencia extraterritorial para los delitos y crímenes cometidos en el extranjero, aunque sería asimismo necesario que los Estados miembros introdujeran en sus ordenamientos jurídicos disposiciones contra el turismo sexual que conlleva el abuso de los niños, y ordenaran su aplicación armonizando cuanto antes determinados casos recogidos en sus legislaciones penales, así como reconociendo los mismos como delitos y aplicando penas similares en sus respectivos códigos penales. 
Las Instituciones europeas, de acuerdo y en colaboración con los Estados miembros, deben emplearse a fondo con objeto de que el abuso comercial de imágenes pornográficas de los menores, la incitación al turismo y el abuso sexual de los niños sean severamente reprimidos dentro del territorio de la Unión Europea y a fin de que, en las clases de sanción, se prevean asimismo penas privativas de libertad, como ha ocurrido en Francia en estos días. 
Es fundamental contrarrestar el flujo de este tipo de turismo del sexo proveniente de los Estados miembros con la cooperación de todos los Estados de la Unión Europea intentando crear un frente de protección común contra aquellos grupos y sociedades que, por el contrario, tienen interés en facilitar el turismo sexual en perjuicio de los niños. 
Es grave que en la comunicación de la Comisión, no se haya puesto acento alguno en la coordinación de los recursos económicos y sociales comunitarios disponibles para la protección de los niños, víctimas de abusos sexuales definiendo y promoviendo acciones para la reinserción de los mismos en la sociedad garantizando su protección especial, como ha recalcado el Sr. Schulz justamente. 
La nueva línea presupuestaria propuesta por el Parlamento- B3-4109 N de 3 millones de ecus- que promueve acciones contra los actos de violencia cometidos sobre los niños, los adolescentes y las mujeres, a pesar de ser estimable, sin embargo, tiene una estructura heteróclita, que no se corresponde de forma exacta con el plan de acción de Estocolmo. 
Por consiguiente, las Instituciones deberán realizar una profunda reflexión al respecto. 
Considero asimismo indispensable la creación de una task force ad hoc, encargada de coordinar la acción de la Unión en materia de lucha contra el abuso sexual de la infancia, en todos los ámbitos en que se practica. 
En el marco de la lucha contra el turismo sexual, es importante que la Comisión desempeñe una función de promoción de cara a solicitar y coordinar determinadas medidas con objeto de disuadir y sancionar toda forma de turismo sexual tanto en los países de origen de los turistas como en los países con metas turísticas, y esto en estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales, cuya acción es, sin duda, eficaz en este ámbito. 
Es importante que se fomente la adopción de códigos de conducta o de autorregulación por parte de las agencias de turismo y de viaje y, en consecuencia, favorecer su difusión y publicidad supeditando cualesquiera apoyos y ayudas comunitarias a la adopción de dichos códigos. 
Por último, es preciso tomar las medidas necesarias con respecto a aquellos países que, por el contrario, siguen fomentando el abuso de los menores, estableciendo incluso a escala europea esa coordinación que no existe en este momento. 
La acción europea en materia de lucha contra el abuso de los niños, por consiguiente, debe ser coordinada y atenta y tiene asimismo que concentrarse, porque si no esta plaga no tendrá fin. 
Señor Presidente, el 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la primera convención internacional de derechos del niño, que obliga a los países firmantes a poner en práctica, a nivel nacional, la protección de sus ciudadanos niños. 
Y ocho años después, los niños siguen no sólo desprotegidos sino secuestrados, violados y asesinados, unos, y vendidos cual vulgar mercancía sexual para uso y disfrute de clientes desaprensivos y amorales, otros. 
¿Son estos niños víctimas de la incompetencia o de la desprotección? 
Hay muchas preguntas sin respuestas y esta realidad afecta a los valores fundamentales de la ética y la democracia. 
Hoy examinamos el informe del Sr. Schulz, al que agradezco su gran trabajo y esfuerzo, sobre la contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra los abusos y explotación sexual de que son víctimas los menores y la comunicación contra el turismo sexual que afecta a los niños. 
Son dos informes que no podemos analizar por separado, ya que muestran una evidencia innegable: el ser humano niño ha pasado de ser sujeto jurídico a convertirse en mercancía en manos de abusadores pederastas y comerciantes del sexo y de la pornografía de los que la sociedad conoce poco su perfil y se lleva a engaño, no tienen un rostro que les delate, son lobos con piel de cordero. 
A estos degenerados y desaprensivos criminales y comerciantes del abuso con menores queremos que se les identifique, se les castigue y se les obligue a recibir tratamiento específico que prevenga su recaída. 
Desde la Comisión de Derechos de la Mujer, somos conscientes de que gran parte de la violencia y abusos sexuales contra mujeres y niños se produce en el seno de la propia familia y, tanto desde esta comisión como desde el intergrupo de la familia y niños de este Parlamento que me honro presidir, solicitamos y apoyamos la línea presupuestaria DAFNE que impulsará acciones de colaboración con las ONG que trabajan en este ámbito. 
Pedimos a la Comisión que no ignore la importancia de la familia, ya que, desgraciadamente, sabemos que la crueldad del ser humano empieza por sus hijos. 
Si no les ayudamos, los menores que sobrevivan también serán crueles por herencia. 
Otra vía de explotación sexual es el llamado «turismo sexual». 
Expresión engañosa, ya que se confunde con vacaciones exóticas cuando, en realidad, son viajes al extranjero para abusar de niños y niñas, cuyos organizadores tienen, a menudo, vínculos con redes delictivas internacionales y sus clientes se amparan en la excusa de que los niños y niñas en Tailandia, Cuba o Brasil son más maduros sexualmente que los europeos. 
Y los niños, señor Presidente, son niños e indefensos en cualquier parte del mundo. 
Deberíamos, pues, aplicar el principio de extraterritorialidad. 
Hacemos, pues, una llamada a la industria turística y a las empresas de publicidad sobre la necesidad de autorregulación. 
No todo vale en turismo y publicidad. 
Existe un comercio multimillonario que es una plaga, una vergüenza. 
Independientemente de la declaración de la ECTAA condenando esta actividad, es imprescindible un compromiso y registro de empresas y agencias que vendan este producto, así como un código de conducta vinculante a las empresas publicitarias que utilicen las imágenes de niños ambiguamente. 
Para terminar, pido que, desde este Parlamento, denunciemos la hipocresía en nuestra sociedad y especialmente en las de algunos países que condenan la pornografía, la pederastia, la violencia y el turismo sexual, pero no hacen casi nada para erradicarlo. 
Necesitamos instrumentos de coordinanción policial, un registro de niños desaparecidos y de perpetradores convictos, teléfonos de ayuda gratuitos, acompañamiento a las víctimas, educación en los colegios y, sobre todo, en las familias. 
Presidente, me gustaría comenzar felicitando expresamente al colega Schulz por su excelente informe que quisiera apoyar en todos sus aspectos, no solamente en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sino también muy explícitamente en nombre de la delegación socialista flamenca. 
Este informe ya ha levantado mucha polvareda en muchos países, pero sobre todo en Bélgica, antes de que haya sido sometido a votación. 
Y no podía ser de otra manera. 
El primer tren, y sobre todo europeo, de medidas contra el abuso de niños sólo se ha puesto bien en marcha, y bien, con motivo del asunto Dutroux, que tuvo lugar, desgraciadamente, en Bélgica. 
Pero por haber tenido lugar en Bélgica el drama de An y Eefje, de Julie y Melissa y de otros niños desaparecidos, no se puede decir sin embargo que el abuso de que son víctimas los niños no se produzca en otros lugares de Europa. Justamente lo contrario, como ya ha quedado muy claro por cierto. 
Por eso se han de tomar medidas en todos los países europeos y también en los países donde todavía no se haya hecho. 
También hay que coordinarlo y llegar a una cooperación europea sobre todo allí donde están operando redes internacionales. 
En segundo lugar, está claro que Bélgica impulsó, también en el Consejo, la discusión sobre las medidas contra el abuso de niños. Medidas para poder actuar de forma coordinada y poder luchar en todos los países de forma similar y equivalente contra el abuso de que son víctimas los niños como la más vergonzante violación de los derechos del niño. 
El gobierno belga no vio entonces satisfechas todas sus exigencias en el Consejo de febrero. 
Así por ejemplo, es lamentable que un punto del que acaba de hablar Martin Schulz, es decir la posesión de pornografía infantil para uso personal no haya sido tenido en cuenta por el Consejo. 
Tampoco las otras iniciativas de Bélgica en el Consejo respecto del principio de la territorialidad y de la supresión del principio de la doble punibilidad, han podido convencer al Consejo. 
Estoy por lo tanto satisfecho de que este Parlamento Europeo sí apoye estas propuestas. Y que seamos capaces de poner sobre la mesa una serie de medidas coherentes y muy enérgicas de las que se tienen que ocupar tanto la Comisión Europea como los Estados miembros nacionales, como el Consejo Europeo. 
Por último, colegas, está el llamamiento a Melchior Wathelet para que dimita de su cargo de juez del Tribunal de Justicia Europeo. Un llamamiento que deseamos apoyar muy explícitamente. 
Es cierto que el antiguo Ministro de Justicia no es culpable personalmente del drama. 
Es también cierto que actuó dentro de los márgenes de la legislación belga de entonces, que afortunadamente se está cambiando ahora. 
Pero esto no quita el hecho de que Melchior Wathelet sea el responsable político y moral de haber firmado entonces la decisión de poner en libertad a Dutroux. 
Constato, por cierto, que el grupo parlamentario EVP comparte este diagnóstico. 
Estamos convencidos de que Melchior Wathelet no tiene la autoridad moral que debe tener un juez europeo. 
El que insiste, como el colega Casini acaba de hacer, en que el Parlamento Europeo no tiene competencia para pronunciarse sobre los jueces europeos, quizá tenga formalmente razón, pero se niega por otra parte a reconocer que el Parlamento Europeo debe hacerse oír cuando se trate de la autoridad de las instituciones europeas. 
Aunque incluso no podamos hacer más que un llamamiento a Wathelet para que dimita, creo que sólo cuando todos asuman su responsabilidad en sus cargos respectivos, habrá respeto para los derechos del niño. 
Señor Presidente, queridos colegas, ha sido necesario que un drama espantoso sacuda a nuestros países para que el trágico fenómeno de la violencia de que son víctimas los niños, una violencia de la que muchos de nosotros no nos atrevíamos a hablar hace unos años, no solamente pase a ser un problema reconocido y una monstruosidad contra la que debemos luchar, sino además una prioridad de la Unión Europea. 
Y aunque ha sido necesario pasar por este horror, me complace comprobar que en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores- como espero que hagamos en esta Asamblea- hemos hecho realidad la unión sagrada para ponernos de acuerdo sobre todas las medidas encaminadas a luchar contra esta lacra. 
Felicito al Sr. Schulz, porque su informe contiene una serie de propuestas que, al igual que mi Grupo, considero fundamentales y que de haber sido presentadas hace unos años en determinados grupos políticos, no habrían tenido la menor posibilidad de ser aprobadas. 
Dicho esto, quisiera manifestar mi profundo pesar. 
En el presente informe, el apartado 15 de la resolución dice que el Parlamento Europeo solicitará, y se hará mañana, la concesión de un aumento suficiente de los créditos de la línea presupuestaria destinada a apoyar las iniciativas de lucha contra la violencia de que son víctimas los niños, los adolescentes y las mujeres. 
¿Saben ustedes, queridos colegas, que en el anterior período parcial de sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo, a raíz de una propuesta de la Comisión de Presupuestos, no se aprobó la solicitud de conceder créditos complementarios presentada por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y la Comisión de Derechos de la Mujer? 
Nosotros, que pronto daremos lecciones de moral a los demás, hemos comenzado por no aplicar nuestras propias resoluciones. 
Y cuando pregunté por qué motivo no se podían incrementar los créditos presupuestarios de dicha línea, me respondieron que había que movilizar todos los créditos a favor de la política de empleo. 
Y es cierto. 
Pero, ¿no creen ustedes que los desempleados también tienen derecho a que nos ocupemos de sus hijos? 
¿Creen ustedes que los que ahora están sin trabajo no se plantean la cuestión de saber si, mañana, sus hijos corren el riesgo de ser víctimas de pederastas? 
¡Antes de dar lecciones de moral, debemos comenzar por aplicar los principios que queremos imponer a los demás! 
Mi última observación es relativa al problema del Sr. Wathelet. 
Porque, al igual que la mayoría de mi Grupo, creo que la cuestión no es saber si es oportuno o incluso legítimo que el Sr. Wathelet sea juez europeo. Es juez europeo. 
Y en lo que se refiere a saber si debe seguir siéndolo, es una pregunta que cada uno puede hacerse a sí mismo y puede hacer también al Sr. Wathelet. 
El auténtico problema radica en saber si el Parlamento Europeo, que ostenta el poder legislativo en la Unión Europea, puede o no pedir a un juez la dimisión. 
Señor Presidente, mi respuesta es no, aunque resulte difícil decirlo, porque los Estados democráticos viven de acuerdo con una serie de principios fundamentales, uno de los cuales es la separación de poderes. 
Transgredir este principio y permitir a un Parlamento que se arrogue la calidad de autoridad moral para juzgar a los jueces supone un peligro para la democracia. 
Cada uno puede pensar lo que quiera del Sr. Wathelet, pero que el Parlamento pida su dimisión, señor Presidente, constituye un error político y una falta contra la democracia. 
Señor Presidente, todos convenimos en que el Sr. Schultz ha elaborado un informe excelente y completo sobre las medidas que se deben adoptar para luchar contra el turismo sexual con la participación de niños y fortalecer la prevención de los abusos sexuales y la explotación de los niños. 
La evaluación de los problemas principales y las medidas propuestas han quedado eclipsadas en parte por el interés substancial que ha despertado el párrafo 29 de la resolución. Dicho párrafo pide a un juez del Tribunal Europeo de Justicia que dimita de su cargo europeo por haber adoptado personalmente, cuando era Ministro de Justicia y antes de tomar posesión de dicho cargo, la decisión de permitir la liberación prematura de Marc Dutroux, sospechoso de múltiples asesinatos de niños. 
Entiendo y respeto los argumentos de quienes dicen que el Parlamento Europeo no tiene competencia ni derecho a hacer semejante petición. 
De hecho, nos estamos viendo arrastrados todos a un debate político interno, pero, como dice el ponente, las consecuencias de la decisión fueron, en verdad, espantosas. 
Existe una responsabilidad moral y política sobre la que no se puede correr un velo. 
Es más que evidente que el Parlamento Europeo no tiene poder para destituir a un juez del Tribunal de Justicia. 
Sin embargo, tenemos la obligación moral de señalar esta situación y tenemos que dar la cara en relación con una cuestión tan importante como ésta. 
En esta resolución se presentan muchos otros argumentos y propuestas importantes y complace en particular a mi Grupo que, al comienzo del informe, subraye el Sr. Schulz el decisivo papel de la familia para garantizar el desarrollo equilibrado de los niños. 
La familia debe representar un remanso de seguridad para el niño. 
En algunos casos también es en ella donde se producen los malos tratos a los niños y sabemos que se ha maltratado a niños en escuelas e instituciones. 
Ahora se está alzando el velo del secreto sobre los malos tratos y ningún país puede enorgullecerse de aquello a lo que con demasiado frecuencia se han visto sometidos algunos niños. 
El delito mayor es no hacer nada, incumplir nuestro deber de proteger a los niños en todas partes, incluidos los que se ven forzados a ejercer la prostitución infantil. 
Necesitamos una diversidad de servicios para proteger a nuestros niños y un sistema de alerta rápida que nos avise de los posibles peligros. 
Somos quince Estados miembros con tradiciones diferentes, pero mediante la cooperación podemos contribuir a cerrar la puerta a los malos tratos a los niños y velar por que no haya ningún escondrijo en la UE para los autores de malos tratos a niños. 
Es lo mínimo que podemos hacer por los padres y las familias de todos los niños que han sido raptados, incluidas Julia, Melissa y Lubna. 
Debemos derribar las barreras jurídicas para armonizar los conceptos de la legislación penal de los Estados miembros que reducen nuestra capacidad para proteger a nuestros niños. 
Debemos intentar armonizar el delito penal de las actividades pedófilas, el delito penal del turismo sexual con participación de niños y la pornografía infantil y debe haber penas comparables para esos delitos en todos los Estados miembros. 
Es apropiado que se creen en el nivel nacional bases de datos relativos a las personas convictas de actividades pedófilas y se debe hacer todo lo posible para facilitar la aportación sin temor de pruebas por parte de los niños a los tribunales. 
El Centro de Niños Desaparecidos y Explotados de Washington es un ejemplo. Todos los países deben apoyar la línea telefónica de ayuda para niños. 
Mi posición sobre los malos tratos a los que se puede someter a los niños para fines publicitarios es muy crítica y sostengo firmemente la opinión de que se deben respetar los derechos de los niños. 
El caso de la joven au pair británica que fue considerada culpable en los Estados Unidos de herir mortalmente al niño que tenía a su cuidado ha planteado otros motivos de preocupación. 
Existe un Convenio del Consejo de Europa sobre las au pairs, pero muy pocos países lo han firmado. 
Así, pues, pido al Consejo ahora que encargue a la Comisión la formulación de un reglamento de la Unión Europea sobre el papel y los deberes de las au pairs, pero también- lo que es más importante- sobre los deberes y la responsabilidad de las familias que las acogen en sus casas. 
En conclusión, quiero subrayar lo que se dice en el párrafo 30 de la resolución. Todos cuantos deben adoptar decisiones que pueden afectar la seguridad o el bienestar de los niños deben tener el mayor cuidado posible y adoptar las máximas precauciones para salvaguardar y proteger los intereses de los niños. 
Se ha alzado el velo del secreto. 
Puede que no nos guste lo que se ha descubierto, pero no podemos fallar a nuestros niños. 
Señor Presidente, el Sr. Schulz acaba de presentar su informe por el que quiero felicitarle. 
El ponente se propone definir la actitud del Parlamento Europeo en materia de lucha contra una de las formas más odiosas de la criminalidad. 
Lo que hasta hace poco tiempo aparecía en los periódicos bajo la rúbrica " crónica de sucesos» ha pasado hoy a convertirse en el centro de una crisis de confianza que no ha acabado con la inculpación de los autores de los crímenes, cuyas víctimas más conocidas son Julie, Melissa, Ann y Efje. 
Esta crisis contribuye también a alertar a nuestras conciencias y a poner de manifiesto las responsabilidades de toda naturaleza. 
Este atestado evidente se revela indispensable para avanzar en el estudio del presente informe. 
Por ello, la Comisión de Libertades Públicas invita al Parlamento Europeo a pronunciarse a favor de una serie de herramientas múltiples en materia de lucha contra el turismo sexual, que habría que denominar, como especifica nuestro ponente en su exposición de motivos, " el viaje realizado al extranjero para abusar sexualmente de niños». 
La prevención, la represión y la cooperación a todos los niveles, y quisiera añadir la asunción de la responsabilidad a todos los niveles, forman parte del abanico de medidas para luchar contra esta lacra. 
El cariz que ha tomado el debate sobre este informe, mucho antes de ser presentado en nuestra Asamblea, hace que prácticamente sólo se hable de un tema, el punto 29 de nuestra resolución, lo que es realmente lamentable, porque todos los puntos merecen que les dediquemos especial atención. 
En el punto 29 se insta al Sr. Wathelet, juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, "... a que dimita de su cargo; la decisión adoptada personalmente por él en su calidad de antiguo Ministro de Justicia belga de poner en libertad anticipadamente a Marc Dutroux... ha tenido consecuencias devastadoras por las que ha de asumir responsabilidad moral y política». 
Esta cita está sacada del informe del Sr. Schulz. 
La enmienda de nuestros colegas Nassauer y Chanterie apunta exactamente a la misma obligación de resultado, pero sin mencionar explícitamente la palabra dimisión. 
Recordemos también que en un informe aprobado por todos los diputados al Parlamento belga se mantiene la responsabilidad del entonces ministro de Justicia belga. 
La decisión que debe tomarse no es un asunto baladí. 
No faltará quien eche en cara a aquellos que voten a favor del informe Schulz el deber de respetar el principio de separación de poderes en cualquier circunstancia, y se trata de un argumento importante. 
Tampoco faltará quien reproche a aquellos que apoyan el informe Schulz el haber creado un precedente peligroso en la medida en que, por el mismo, el Parlamento deberá asumir la obligación de pronunciarse sobre todo nombramiento posterior que pueda ser objeto de algún tipo de crítica. 
También este argumento pesa mucho en el presente debate. 
Tanto el argumento de la separación de poderes, como el relativo al riesgo de crear un precedente que pudiera hipotecar en el futuro la acción del Parlamento Europeo, con toda la consideración que ambos merecen, presentan un único punto débil: tomados por separado, e incluso juntos, no facilitan la búsqueda de la actitud que debemos adoptar ante la crisis de confianza desencadenada por el caso Dutroux. 
Se trata de una crisis de confianza que no perdona nada ni a nadie, y que sacude los cimientos mismos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
Esta crisis corre el riesgo, además, de prolongarse inútilmente si nadie piensa asumir la responsabilidad política. 
La mayoría de los miembros de mi Grupo, en nombre del cual me manifiesto, apoya el informe Schulz en su punto 29, y lo hace tras una detenida reflexión. 
Insiste en el hecho de que su toma de posición se inscribe en el contexto extremadamente grave y excepcional de la crisis de confianza desencadenada en Bélgica por el caso Dutroux. 
Si se ve obligada a asumir su responsabilidad con su voto favorable, es porque otros, en circunstancias diferentes, no han tenido el valor de asumir las suyas. 
En primer lugar, el Sr. Wathelet, a quien nadie acusa de ser culpable, pero sobre el que el Parlamento del Estado miembro del que es nacional mantiene por unanimidad la responsabilidad. 
Luego, el Gobierno del Estado miembro que propuso su nombramiento habría podido evitarnos este penoso debate, eligiendo para el cargo a una personalidad menos polémica. 
Y, por último, los Estados miembros que han ratificado esta decisión. 
De hecho, en el centro del verdadero debate se sitúa la cuestión de saber cómo nos proponemos a contribuir al mantenimiento, o incluso al restablecimiento de la credibilidad de las instituciones. 
La respuesta, en este caso difícil, no puede hacerse sin un alto grado de moralidad, en primer lugar y lamentablemente, no nos permite darla sin correr el riesgo al que acabo de referirme. 
Señor Presidente, el tema que hoy nos ocupa es una de las peores plagas a las que tiene que responder la sociedad de nuestro tiempo y, cómo no, los poderes públicos en primer lugar, incluida la Unión Europea. 
Ninguna sociedad moderna puede mantener su dignidad si es incapaz de proteger a los niños frente a crímenes como la prostitución infantil, el turismo sexual o la pornografía infantil. 
Me gustaría hacer referencia a las conclusiones del Congreso mundial contra la explotación sexual de los niños celebrado en Estocolmo en 1996 para recordar que la lucha contra esta nueva forma de esclavitud debe abarcar varios campos, a saber: la cooperación internacional reforzada, la prevención, la protección y la reintegración de las víctimas. 
En este sentido, la Unión Europea tiene que contribuir a luchar contra la explotación sexual de los niños, aplicando no sólo los instrumentos de que dispone dentro del marco comunitario sino también a través de acciones comunes dentro del tercer pilar. 
La Unión Europea debe manifestarse a favor de la promulgación de disposiciones legales nacionales, de acuerdo con las cuales los ciudadanos de los Estados miembros que hayan cometido delitos sexuales contra niños en el extranjero tengan que responder ante los tribunales nacionales. 
También debemos apoyar la prohibición de la producción y posesión de pornografía infantil y la implantación de medidas para impedir que las nuevas tecnologías se utilicen para fines ilícitos. 
Por otro lado, la prevención es algo esencial. 
No debemos olvidar que, aunque las causas de estos problemas son múltiples, sin lugar a dudas, la pobreza y la desigualdad social son factores determinantes, sobre todo en los casos de prostitución infantil. 
Por eso, junto a la prevención específica de las campañas de información dirigidas a las familias y a los profesionales de los sectores educativo, sanitario, judicial y turístico, no se deben dejar de lado medidas de carácter social general que disminuyan la posibilidad de que los delincuentes encuentren su cebo perfecto en la pobreza y la marginación. 
Presidente, colegas, el informe del colega Schulz sobre el turismo sexual que afecta a niños y sobre la lucha contra los abusos y la explotación sexual de los niños, es un informe muy completo. 
En él se propone una larga serie de medidas. 
Medidas que atañen tanto a cosas que hay que hacer dentro de la Unión Europea como a cosas que hay que hacer fuera de la Unión Europea. 
En este contexto, a mi grupo parlamentario le parece muy importante prestar atención al punto que aquí está teniendo una fuerte defensa para la creación de un Centro europeo de niños desaparecidos. Un asunto que ya se ha llevado a cabo en Bélgica y es importante que se tome una iniciativa a nivel europeo. 
Asimismo, ambas medidas internas nos parecen importantes para la Unión Europea para que se preste suficiente atención y apoyo a las ONG que trabajen en la prevención y detección de la violencia sexual de que son víctimas los niños. Porque, por supuesto, más vale prevenir que tener que curar después. 
En cuanto a las medidas hacia fuera, nos parece sobre todo importante que se realice un trabajo legislativo. Un trabajo legislativo respecto a la existencia del principio de doble punibilidad. 
Respecto a esto, Bélgica ya ha adaptado su legislación y espero que los distintos otros países nos sigan en este ámbito. 
También el punto de la lucha contra la pobreza es muy importante en este sentido. 
Me parece que el colega Deprez tiene cien por cien razón cuando señala que este Parlamento debe asumir la responsabilidad del déficit presupuestario referente al punto 15. 
Efectivamente, me parece incomprensible que no se haya encontrado una mayoría en este Parlamento para incluirlo. 
Mi grupo parlamentario ha votado a favor y, gracias a la presencia de este punto, esperamos que esto se consiga en el futuro. 
Por lo que respecta al asunto Wathelet, es evidente que el principal responsable es el gobierno belga que le ha propuesto de nuevo para ese cargo. 
Ese es problema principal. 
Pero sigue siendo cierto que el Parlamento Europeo no solamente es un legislador, sino también un organismo que se pronuncia políticamente, que emite deseos políticos. 
Hacemos eso con todo el mundo, pero con Bélgica entonces no podríamos hacerlo. 
Me parece completamente normal que el Parlamento Europeo también se tome la libertad también respecto del Sr. Wathelet de pedir sin más su dimisión, porque esa es la única conclusión lógica. 
Señor Presidente, estimados colegas, apoyo plenamente las muchas y buenas recomendaciones de este informe. 
Nuestro grupo parlamentario apoya este informe plenamente, pero como grupo parlamentario no estamos de acuerdo en todo. 
Quiero hablar del punto en que se pide la dimisión del Sr. Wathelet. 
Personalmente apoyo esta petición de dimisión, o sea el punto de vista del ponente, aunque creo que la connotación de responsabilidad moral no viene al caso. Me parecería mejor que ir a la responsabilidad política y solamente eso, o sea a la responsabilidad política en el sentido más amplio y pleno de la palabra. 
Los detractores de la opinión Schulz argumentan la separación de poderes. 
Esa separación de poderes es evidente, pero esa separación no tiene nada que ver con el nombramiento en sí, pero sí con la integridad, la objetividad y la independencia como actuación de un juez después del nombramiento y durante el ejercicio del mandato. 
Además, el Tratado establece que los jueces para el Tribunal deben ser elegidos entre las personas que den todas las garantías de independencia, que sean reconocidos como juristas de prestigio y sin embargo en este caso concreto tengo grandes dudas. 
Que sea un jurisconsulto competente tenemos que buscarlo con lupa. 
Y también en otros expedientes, por ejemplo en los de compra de armas y en expedientes de fraude medioambiental, se menciona a la misma persona. 
La comisión de investigación del parlamento belga tuvo por lo tanto, la tarea de un juez de instrucción y estableció en el asunto Dutroux que debía tenerse en cuenta la responsabilidad del entonces Ministro de Justicia Wathelet. 
El gobierno belga consideró que, por esta mención, Wathelet ya había sido castigado suficientemente y que podía ser juez en Europa por lo visto. Un mandato europeo del más alto nivel para librarse de este hombre por lo visto, una señal de desdén hacia el Tribunal de Justicia que en ese sentido es considerado como una especie de máquina de reciclaje político. 
Quizá algo más. Uno de los argumentos en contra de este punto es que el Parlamento no tendría competencia respecto de los jueces europeos. 
Permítanme referirme a los Estados Unidos donde los jueces del Tribunal Supremo están sujetos a la auditoría del Congreso y después el nombramiento del presidente tiene que ser ratificado o no. 
Dicho de otra forma, ¿no podemos dar un paso más y pedir más competencias para el Parlamento Europeo? 
Eso podría ser, quizá, una auténtica prueba. 
Señor Presidente, el grado de civilización de una sociedad se mide por el baremo del tratamiento que dispensa a sus hijos. 
Nuestro siglo, que oscila entre la peste roja y la peste negra, ha conocido demasiado bien la peste marrón; ha conocido demasiado bien las infancias masacradas. 
Hoy conocemos otra forma de abyección y de desprecio de la infancia; su explotación sexual. 
¿Es, por otra parte, sorprendente en una época de relativismo moral, en la que la dictadura de lo políticamente correcto prohíbe hablar del bien y del mal? 
En una época en la que, además, el dinero es rey. 
El informe del Sr. Schulz tiene el mérito de abordar con realismo esta cuestión dramática, tanto en lo relativo a las incriminaciones penales, especialmente en lo que se refiere a la incautación de material pornográfico pederasta, como en lo relativo a las medidas de prevención. 
Hemos tomado nota con satisfacción de que el informe hace hincapié en el papel primordial de la familia y de la estabilidad para el desarrollo equilibrado del niño, y que llama la atención de los Estados miembros sobre la necesidad de garantizar la protección de la familia, en la medida en que ésta constituye el medio más apropiado para que las aptitudes fundamentales de los niños alcancen su plenitud. 
El ponente se congratula por las acciones de la Comisión. 
Espero que, en consecuencia, ésta adopte las medidas más rigurosas para con los responsables de hechos deplorables que han salido a luz en una guardería que está bajo su autoridad. 
Lamentamos la mención explícita del caso del Sr. Wathelet que, en nuestra opinión, realmente no corresponde aquí. 
No obstante, votaremos sin dudarlo a favor del informe del Sr. Schulz, a quien doy mi más cordial enhorabuena por la calidad de su trabajo. 
Presidente, dado el muy poco tiempo que se me ha asignado para hablar, me tengo que limitar a unas consideraciones sobre el famoso punto 29 de Wathelet. 
Desde el estallido del asunto Dutroux en este país, ya se ha dicho demasiadas veces que todo el mundo se siente impotente frente al aberrante mal del abuso de que son víctimas los niños. 
Por una parte se invoca con razón esa impotencia porque en cada sociedad habrá criminales, sádicos y monstruos, pero por otra parte se invoca esa impotencia sin ninguna razón. 
Los asesinatos, los secuestros, las violaciones sádicas que perpetraron Dutroux y sus cómplices, podrían haber sido evitados si el actual juez europeo Wathelet hubiera cumplido con su obligación. 
Todos los colegas de este Parlamento deben saber que Wathelet ni siquiera puede invocar la circunstancia atenuante de: " Wir haben es nicht gewusst» (No lo sabíamos). 
Él es él que personalmente ordenó la muy anticipada puesta en libertad del violador multireincidente Dutroux, completamente en contra de todas las recomendaciones negativas de los organismos implicados. 
Se podía decir con seguridad que Dutroux iba a reincidir. 
No obstante, Wathelet puso en libertad por propia iniciativa y libre voluntad a ese hombre y firmó con ello no solamente la órden de puesta en libertad sino también la sentencia de muerte de An y Eefje, de Julie y Melissa. 
Wathelet es, sin embargo, personal y políticamente también uno de los principales responsables de la putrefacción total de la justicia en este país, en Bélgica. 
Quiero dejar sin contestar si esto es debido a la incompetencia, la corrupción o a un descuido de sus tareas por una acumulación notoria de empleos. Queda el hecho que la justicia belga después del periódo Wathelet es más corrupta, menos eficiente y menos humana que nunca. 
Es por ello, por cierto, que incluso en Bélgica él era imposible como ministro y que fue llevado a un sillón de diamantes en Luxemburgo. 
Lo menos que se debe decir de Wathelet es que ha sido incompetente, negligente e irresponsable. 
Pero añado que en el expediente de los asesinatos de niños en este país bajo Wathelet se ha incurrido en tantos " casualidades, equivocaciones, errores, negligencias» que debemos preguntarnos por la protección de redes de pederastia con ramificaciones hasta las más altas esferas políticas. 
De este modo llegamos, para terminar, a las tres preguntas a las se enfrenta el Parlamento con relación al punto 29. 
¿Queremos un juez europeo que puso en libertad a un cuadruple asesino de niños? 
¿Queremos como juez europeo a un hombre que ha arruinado todo el sistema judicial belga? 
¿Queremos como juez a un individuo del que se sospecha en amplios sectores de, como mínimo, la protección indirecta de una red de pederastas? 
La respuesta a estas tres preguntas debe ser: no, no y no. 
Me alegra, por cierto, que mi colega de los socialistas flamencos comparta esta opinión conmigo. 
Solamente constato que su partido en el propio país y el presidente de su partido han aprobado la renovación del nombramiento con mucho entusiasmo. 
¡Que lo entienda quien pueda! 
Señor Presidente, quiero decir en primer lugar que éste es un buen informe sobre una comunicación de la Comisión que contiene medidas acertadas. 
Me parece que pone sobre la mesa, de un modo sereno y serio- como debe hacerse -, los problemas que debemos afrontar para proteger eficazmente a los niños en un aspecto tan sensible como el abuso sexual. 
Además, creo que contiene otro acierto importante: abordar en un mismo texto la lucha contra el abuso sexual de menores y la lucha contra el turismo sexual que afecta a menores. 
Tenemos, evidentemente, la obligación de proteger a nuestros niños, a los que conviven con nosotros. 
Pero tenemos también la obligación de proteger a los niños que, en este mundo, son víctimas de lo peor de ciertos ciudadanos, de lo que no nos gustaría que existiese en nuestra sociedad. 
Este informe empieza señalando acertadamente que es en el ámbito privado donde se producen la mayoría de los casos de abuso sexual. 
Y quiero hacer un paréntesis para decir que, en este sentido, deberíamos trabajar más y poner más imaginación en la prevención de estos casos, en la protección de los niños en este ámbito. 
Pero alerta también sobre la quiebra de algunos tabúes y sobre cómo puede afectar a ello la irrupción del turismo sexual y la pornografía infantil en nuestra sociedad como algo más o menos tolerado o que, por lo menos, se da en ámbitos amplios y de una forma ya menos oculta que lo que sucede en el ámbito privado. 
Hay niños de otros países, supuestamente diferentes, cuyas culturas supuestamente les hacen menos víctimas, que son agredidos por nosotros y eso parece que podría llegar a ser más tolerado. 
Tenemos que ser estrictos en ello. 
Quiero, por tanto, dar apoyo a las medidas que propone este informe, en primer lugar, a las que proponen usar los medios que la Unión Europea puede aportar: la lucha contra la criminalidad organizada, la creación de un centro de niños desaparecidos, etc. y también la armonización de nuestras legislaciones para luchar eficazmente contra la pornografía que usa a niños. 
No debemos olvidar que quien comercia o adquiere ese tipo de material está abusando de un niño que no es sólo una imagen, sino una criatura real, que existe y que ha sido ultrajada. 
Debemos cooperar con los países donde se produce este comercio y debemos exigir de ellos un comportamiento decente, pero asumiendo nuestras responsabilidades y asumiendo que la mayoría de los abusadores, de los «clientes» por así decirlo, los aportamos los países desarrollados. 
Debemos, pues, poderles juzgar en nuestro propio territorio. 
Este informe pretende extremar las medidas para que los niños puedan vivir sin temor, puedan crecer libremente, respetando sus derechos y libertades. 
Y quiero, por último, felicitar a su ponente. 
Señor Presidente, hacía falta el drama de las niñas violadas, torturadas y asesinadas en Bélgica para que por fin nuestra sociedad reaccione, para que por fin caigan los tabúes y para que por fin nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos con los niños, degradados hasta convertirse en mercancía y expuestos indefensos a los apetitos incontrolados de algunos adultos. 
Una sociedad incapaz de proteger a sus hijos contra crímenes semejantes no puede preservar su dignidad. 
Por consiguiente, debemos decir sí a que todas las legislaciones penales nacionales definan como delito la explotación sexual de los niños, ya sea en Europa o en extranjero. 
Sí a la lucha europea eficaz contra las redes criminales transfronterizas que explotan sexualmente a los menores. 
Sí a la creación de un centro europeo de niños desaparecidos, a la ayuda a las víctimas y a sus padres, a la creación de bancos de datos adecuados. 
Sí a un seguimiento médico y social riguroso de los autores de crímenes sexuales y a la detención prolongada o la reclusión permanente de los reincidentes. 
Sí a la condena, no sólo de la producción, sino también de la posesión para uso personal, de material pornográfico en el que aparezcan niños. 
Proteger a nuestros hijos debe convertirse en la primera de las responsabilidades de los políticos nacionales y europeos. 
Espero que estemos a la altura de las circunstancias. 
Es un error, por tanto, si se consideran todos estos elementos positivos, reducir el informe Schulz a su artículo Wathelet, que ha sido tan mediatizado. 
El Parlamento Europeo no tiene competencia para destituir a un juez europeo. 
Es un hecho. 
Pero también es cierto que los hombres políticos deben aceptar las responsabilidades morales y políticas de sus acciones, y no esconderse tras una pantalla jurídica. 
Rechazar este principio y ocupar un escaño del Tribunal de Justicia lo considero, personalmente, completamente incompatible. 
Señor Presidente, quiero dar mi enhorabuena al Sr. Schulz por esta propuesta de un sistema jurídico para proteger a los niños de la pederastia, del turismo sexual, de la explotación. 
Igualmente quiero felicitar al Comisario, Sr. Papoutsis porque, a pesar de las limitaciones del sexto apartado del Tratado de la Unión Europea, intenta construir propuestas concretas en el marco del Comunicado sobre la lucha contra el turismo sexual. 
Quiero arrojar luz sobre una parte especial del problema, que atañe a las chicas de 15, 16, 17, 18 años que proceden de países de Europa central y oriental y que encontramos ahora en todas estas redes rosas que florecen en Grecia, florecen en Turquía, florecen en Europa del Sur, florecen en Europa central y del Norte. 
Digamos lo que digamos sobre estos países, por lo menos sabemos que existía una red de guarderías infantiles, de escuelas, de actividades deportivas y culturales. 
Las cosas han cambiado. 
¿Es este el mundo que nosotros vamos a darles? 
La pobreza genera explotación y por eso es muy importante, primero: enfrentarse al problema; segundo: desarticular las redes; tercero: utilizar los mecanismos jurídicos que el Sr. Schulz propone y, cuarto: servirnos de programas como el PHARE, el TACIS y otros programas comunitarios para dar un golpe a las causas de este problema. 
Señor Presidente, como acaba de decir mi colega Jaak Vandemeulebroucke, nuestro Grupo aprueba la voluntad expresada por el ponente de reforzar los medios de la Unión y de los Estados miembros para prevenir la violencia y, si se produce la desgracia, para castigar a los autores de la violencia de que son víctima los niños, en particular, la violencia sexual. 
El informe, inspirado en el respeto de los niños, contiene importantes propuestas firmes y valientes. 
No obstante, hay un punto sobre el que nuestro Grupo está dividido. 
Se trata del punto 29, relativo al cuestionamiento del antiguo ministro de Justicia de Bélgica, Sr. Wathelet. 
El Sr. Cassiniet y otros oradores también se han referido hace un momento a este punto 29. 
Por mi parte, y expreso aquí la opinión de varios colegas de mi Grupo, este cuestionamiento, que está encaminado a ejercer presión sobre el Sr. Wathelet para que dimita de sus actuales funciones como juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no es de recibo. 
En primer lugar, el punto 29 reconoce expresamente que el Sr. Wathelet no cometió ninguna ilegalidad en el marco del Derecho belga, al autorizar la puesta en libertad de Marc Dutroux. 
Estamos, por tanto, fuera del ámbito de la responsabilidad penal y del Derecho penal. 
En estas condiciones, el Parlamento Europeo interviene en el plano de la responsabilidad política y moral del Sr. Wathelet. 
En lo que respecta a su responsabilidad política, no vemos muy bien sobre qué base se apoya el Parlamento Europeo para poner en cuestión la responsabilidad política de un ministro belga. 
No somos el Parlamento de Bélgica. 
En cuanto a nuestros poderes con respecto al Tribunal de Justicia y la elección de sus miembros, hay que constatar que no tenemos ninguno. 
Es cierto que podemos proponer una reforma de los textos sobre esta cuestión. 
Puede que sea deseable, pero hoy no hay nada. 
Además, no podemos transgredir el principio de separación de poderes. 
Queda la responsabilidad moral del Sr. Wathelet. Es el aspecto más delicado. 
Mis queridos colegas, ¿acaso somos una autoridad moral que pueda pedir cuentas a alguien sobre una base moral? 
Comprenderán que sienta fuertes reticencias a que sigamos por este terreno peligroso. 
La ley y el Derecho son terrenos sólidos, en cualquier caso, más sólidos que el de la moral, en el que cabe temer la subjetividad y las pasiones. 
El Parlamento Europeo, órgano político por excelencia, debería resistirse a convertirse en una autoridad que juzgue a un hombre en función de un orden moral definido caso por caso. 
A pesar de que aprobamos el informe del Sr. Schulz, en su conjunto, comprenderán porqué, en conciencia, algunos de nosotros no votemos a favor del punto 29. 
Señor Presidente, antes de empezar, en mi calidad de austriaco, permítame que señale que la comunicación de la Comisión que ha motivado el informe es incompleta por cuanto, además de los países allí citados, también Austria estableció, mediante la Ley de reforma del Código Penal de 1996, los fundamentos jurídicos que permiten castigar los delitos de abuso sexual de niños y pornografía infantil cometidos en el extranjero. 
Con motivo del debate sobre la determinación del límite de la edad protegida en Austria, ya expresé nuestra especial preocupación por la protección de los adolescentes. 
Es una satisfacción para mí que, al menos en el presente contexto, la protección de los niños se extienda hasta los 18 años. 
Las medidas que propone el informe deben ser acogidas con total satisfacción, más allá de alguna confusión de conceptos por lo que se refiere a los términos niños, jóvenes y menores de edad. 
La referencia al hecho de que éste es un fenómeno que no puede combatirse únicamente por medios penales, sino que también tiene un carácter sociopolítico, resulta insuficiente a mi parecer. 
En efecto, es evidente que la permisividad sexual que ha venido propagándose durante varios decenios y cuyos frutos se han abierto paso hasta las cámaras de tortura de Europa a través de los quioscos de prensa sobresaturados de pornografía, también contribuye a encauzar la demanda. 
No obstante, en resumen, estamos de acuerdo con el informe del Sr. Schulz. 
Señor Presidente, Yo también querría felicitar al Comisario Sr. Papoutsis, por la sensibilidad y por la rapidez con la que ha respondido al deseo de todos nosotros de tener un documento para comenzar el debate sobre este candente tema, que preocupa a miles de ciudadanos, no sólo en los países europeos, sino en todo el planeta. 
También quiero dar mi enhorabuena al Sr. Schulz por su excepcional informe; porque analiza el problema con gran sinceridad política y con gran valor, también político, propone medidas para la solución de esta complicada cuestión 
El rápido aumento del número de las víctimas de la explotación sexual infantil y de la violencia espanta a los ciudadanos. 
Los ciudadanos se asustan, pero nosotros, paralelamente, debemos hacernos cargo de nuestra responsabilidad política y presionar, realmente y con fuerza, para que los gobiernos de los 15 Estados miembros tomen medidas. 
Medidas que se van a enfrentar, no me atrevo a decir que harán desaparecer, sino que se van a enfrentar con este problema. 
La pobreza, que afecta a muchas zonas de nuestro planeta, es la primera causa que estimula y fomenta la pedofilia y el turismo sexual infantil. 
Por otro lado, el desarrollo económico de nuestros países, y dentro de nuestros países, de determinadas clases de ciudadanos, les da derecho a explotar la pobreza y la indigencia de estas zonas en la persona de estos niños. 
Por esta razón considero muy correcta la postura del informe del Sr. Schulz, al decir que los usuarios o los espectadores de material pornográfico en que los niños son protagonistas deben ser considerados cómplices y deben ser, realmente, condenados al igual que los autores naturales. 
Incluso creo que, más allá de cualquier condena legal, tal como prevé el código Penal, deberá haber, en el caso de estas personas más poderosas económicamente que pertenecen a este sucio círculo, una condena social. 
Y esta condena social vendrá al desvelar las acciones de estos señores que en sus patrias o en sus familias o en su entorno quieren ser llamados dignas personas. 
Estoy de acuerdo con todas las propuestas sobre los cambios de la legislación penal de nuestros Estados miembros, como es castigar severamente la utilización de menores en espectáculos de carácter pornográfico, privados o públicos; como es el severo castigo de la producción, de la venta y de la distribución de material pornográfico. 
Y principalmente, vuelvo a insistir, deberá castigarse por igual a los espectadores y a los propietarios de este material. 
Terminando, querría decir que el problema es complicado, económico, político y social. 
Una condición para empezar a solucionar el tema es que haya voluntad política por parte de los políticos, aquí y en nuestros países, de dar un golpe a este sucio círculo que económica, social y políticamente es muy poderoso. 
Algún día los políticos deberemos asumir nuestras responsabilidades y éstas no son sólo penales. los políticos, aparte de responsabilidad penal, tenemos también responsabilidad moral. 
Por eso, creo que la Comisión pide justamente, sin intervenir en cuestiones internas de la sociedad y del sistema belga, la dimisión del ex-ministro; no porque tenga responsabilidad penal, sino por tener responsabilidad moral frente a estos niños que no podrán jamás crecer ni disfrutar de la vida. 
Señor Presidente, el fenómeno de los viajes realizados con la finalidad de abusar sexualmente de los niños supone una grave incriminación moral contra la industria de los viajes y el turismo como sectores en expansión del siglo XXI. 
Las compañías de aviación, los operadores turísticos y las agencias de viajes tienen, por lo tanto, la obligación de ofrecer información preventiva a los autores potenciales. 
Éstos son en muchos casos hombres que también tienen hijos o, al menos, que manifiestan una sensibilidad hacia los niños en el entorno de su país. 
Una sensibilización dirigida a su conciencia podría frenar a estas personas. 
Por lo tanto, además de las medidas legales, debería explotarse plenamente la vía de la información preventiva mediante una cooperación entre el sector público y la industria. 
En los aviones que vuelan a determinados destinos no deberían repartirse condones entre los pasajeros varones, sino folletos informativos en los que se exponga claramente que en Tailandia o en África las niñas menores de edad también son sólo eso: ¡niñas indefensas y nada más! 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hace exactamente algo más de un año que se celebró en Estocolmo la Conferencia contra el abuso sexual comercial de los niños. 
Es bueno que la Comisión haya elaborado propuestas sobre esa base y que éstas se debatan hoy en el Parlamento. 
Debe valorarse muy positivamente la elaboración de un excelente informe dedicado a examinar cómo podemos combatir estos abusos y qué podemos hacer para proteger a nuestros niños. 
Esta semana he leído en el periódico Süddeutsche Zeitung que la violencia sexual está muy extendida entre los jóvenes y que, desde luego, no sólo en los países en desarrollo hay hombres jóvenes que recurren a las drogas y el alcohol o ejercen coacciones psíquicas o físicas para imponer sus designios sexuales. 
Yo pienso que esto no ocurre sólo en esos países, sino que también es una realidad entre nosotros. 
Éste es el terreno abonado sobre el que florecen el turismo sexual y el abuso sexual de los niños. 
El informe que hoy se debate transpone las peticiones de una protección más adecuada para las víctimas y un castigo proporcionadamente severo de los culpables, que vienen formulando desde hace ya varios decenios asociaciones como ECPAT (Organización contra el turismo sexual en Asia) y las asociaciones de mujeres. 
La prevención es, sin embargo, muy importante. 
En primer lugar, debemos hacer todo lo posible para evitar que las víctimas no se conviertan luego en verdugos. 
En segundo lugar, no debe erigirse un tabú en torno a la violencia sexual entre los jóvenes. 
En tercer lugar, no debe responsabilizarse colectivamente a las familias de los culpables; estas personas necesitan recibir, por el contrario, asistencia social y psicológica adecuadas. 
La Comisión de Derechos de la Mujer se ha preocupado mucho de destacar que no debemos concentrarnos sólo en el turismo sexual y la pedofilia. 
Esto supondría descargar el problema sobre unas minorías anormales y enfermas. 
Es más importante que lo abordemos directamente y nos preguntemos cuáles son las relaciones de poder entre los sexos en nuestra sociedad. 
Es una cuestión que nos afecta a todos y nosotros instamos a todos a que aborden personalmente este problema y actúen personalmente para evitar que se siga abusando de los niños. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero unirme a la felicitación al Sr. Schulz por su informe. 
Son muchos los aspectos a destacar de este informe, y por ello no voy a entrar en el asunto Wathelet. 
Por ello, voy a resaltar sólo algunos aspectos y, especialmente, la necesidad del establecimiento por parte de la Unión de una mayor coordinación de las medidas nacionales contra la explotación sexual de los menores de los Estados miembros. 
En este sentido, los Estados deben proceder a modificar y revisar sus ordenamientos para tipificar de manera más precisa los delitos contra la libertad sexual, teniendo en cuenta la edad de las víctimas. 
En esta tarea no podemos olvidar la importancia de la protección de los derechos inherentes a la dignidad de la persona y, sobre todo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la integridad sexual de los menores, cuya voluntad, carente de la necesaria formación, puede ser manipulada y dañada de forma, en muchos casos, irreparable. 
Como dato, puedo adelantarles, Señorías, que en España hemos procedido a la modificación de nuestro Código penal en tal sentido. 
Modificación que en estos momentos se está debatiendo en nuestro Parlamento y que, previsiblemente, entrará en vigor en enero del próximo año. 
Creo igualmente de enorme importancia resaltar que para que las medidas legislativas consigan el efecto que nos proponemos es necesario, en la mayoría de los casos, una mejora efectiva en las formas de atención a la infancia, procurando una mayor coordinación en la aplicación de los medios humanos y materiales. 
Debemos ser conscientes de que cuando un menor está necesitado de ayuda, es necesario facilitársela con urgencia, sin que una lenta burocracia paralice una efectiva y posible solución a cada uno de sus problemas. 
Quiero asimismo hacer hincapié en la enmienda que hemos presentado, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, referente a la identificación de los menores en las fronteras. 
Como diputada, he recibido un número significativo de quejas formuladas sobre situaciones de vulneraciones de derechos de menores de edad producidas por la sustracción de niños y adolescentes que han sido retenidos y trasladados ilícitamente a través de fronteras internacinales con el peligro de que estas situaciones puedan terminar, en muchos casos, en tráfico o explotación sexual de menores en cualquiera de sus formas. 
Frente a esta situación, creo necesario- y así lo especifico en la enmienda- extremar las garantías de protección jurídica mediante la inclusión de nuevos medios físicos de identificación de los menores en los documentos públicos, así como en el modelo del pasaporte comunitario. 
Por todo ello, señor Schulz, espero que pueda apoyar esta enmienda. 
Señor Presidente, en realidad, el cometido del ponente no era uno de los más sencillos, ya que debía responder con medidas concretas a un compromiso internacional como el de la Conferencia de Estocolmo, a una serie de acciones comunes del Consejo, a comunicaciones inmediatas de la Comisión, pero sobre todo debía responder al impacto que todos nosotros sufrimos a raíz del caso Dutroux que ha originado una serie de dolorosas denuncias y ha puesto de manifiesto cierta infravaloración también dentro de nuestros Estados. 
Es siempre difícil responder al dolor y la exasperación a través de las razones de la política y la racionalidad de las propuestas. 
El ponente ha elegido un método que para mí es aceptable, ha aprovechado esta tensión para afrontar los temas más candentes y más arriesgados. 
El Sr. Deprez tiene razón: en otros momentos no habríamos alcanzado un acuerdo tan mayoritario en cuanto a la definición, por ejemplo, del delito de actos de pederastia, la posesión de material pornográfico que utiliza a los niños, la edad misma del consentimiento para la madurez sexual o el problema de la extraterritorialidad. 
Cierta pseudocultura, que también se manifestaba entre nosotros, habría quizás entorpecido decisiones valientes. 
Hoy, en cambio, hemos alcanzado un acuerdo que ha sido más amplio que el logrado dentro del Consejo de los Ministros. 
Estamos asistiendo a modificaciones de las legislaciones nacionales precisamente con respecto a estos temas en nuestros Estados. 
En el informe encuentro, sin embargo, que se depara mucha atención al valor del niño en particular y a sus derechos y es precisamente sobre la base de este valor que interpreto el apartado 27 que para mí es el punto que trata la responsabilidad política, mucho mejor que el apartado 29. 
Considero que dicha responsabilidad política- hay que decirlo claramente- no afecta tan sólo a los niños, sino que encuentra en este aspecto, por lo delicado de los contenidos, un ejemplo, sin duda, concreto. 
He sabido a través de mis amigos belgas y del Partido Popular que se ha presentado una enmienda. 
Considero que acerca de este tema debe lograrse un amplio consenso, al igual que respecto al resto del informe y recuerdo sólo un dato: en el año 1993, bajo la Presidencia belga, fue precisamente Bélgica quien propuso cinco recomendaciones contra el tráfico para el abuso sexual. Cinco recomendaciones que no fueron aprobadas, no sólo por parte de Bélgica, sino de toda la Unión Europea. 
Confiemos en que ya no nos hagan falta más víctimas. 
Señor Presidente, voy a ayudarlo rasgando mi discurso: sé que quiere usted que sigamos con esto. 
Estoy de acuerdo con los aspectos fundamentales del informe. 
Sé que ha habido problemas particulares en Bélgica, pero todos sabemos que se trata de un problema que no se limita a un solo país, sino que traspasa las límites nacionales. 
Se plantea la cuestión de qué debemos hacer y qué podemos hacer en el nivel europeo. 
Desde luego, creo que el informe no insiste, lamentablemente, lo suficiente en lo que se debe hacer para controlar la red Internet. 
El mes pasado se examinó un buen informe, queremos que se ponga en práctica lo antes posible ese buen informe del Sr. Whitehead. 
Existe un problema de niños desaparecidos en toda Europa, por lo que la de la oficina de niños desaparecidos es una idea extraordinariamente buena. 
Convengo con el Sr. Collins en que necesitamos alguna reglamentación de control de las au pairs. 
En Gran Bretaña se cuentan numerosas historias graciosas sobre las au pairs suecas; seguramente habrá historias graciosas en otras partes de Europa sobre las au pairs británicas; tiene que haber alguna reglamentación. 
Por último, soy uno de los diputados que creen en la separación de poderes, señor Presidente. 
No voy a permitir que se utilice mi mandato político para obstaculizar el mandato judicial de los jueces. 
En inglés decimos «un error no se corrige con otro error». 
Señor Presidente, yo me congratulo de que las intervenciones de los últimos oradores hayan devuelto el debate al tema que realmente nos ocupa, esto es, el abuso y la explotación de los niños con fines sexuales, una de las facetas más lamentables de nuestra sociedad. 
Entre tanto, también estamos enterados de que se han convertido en un negocio, en un negocio internacional, una pornoindustria, de la cual sabemos que obtiene ilegalmente la mayor parte de sus ganancias a expensas de los más débiles de nuestra sociedad. 
Se trata de un negocio casi tan grande como la industria de la droga. 
Por consiguiente, es imperativo que actuemos contra este negocio internacional que trafica con los más débiles de nuestra sociedad. 
Por consiguiente, yo acojo con satisfacción el debate en torno a estos puntos, o sea, en relación con la lucha contra el abuso de los niños. 
Me congratulo de que se haya presentado un paquete de medidas que contempla la cooperación internacional, pues sólo ésta tendrá éxito en este caso. 
Sólo voy a referirme a un par de aspectos que me parecen esenciales. 
El primer requisito es, desde luego, la armonización de la legislación. 
Sin dicha armonización no tendremos ninguna posibilidad de actuar contra todos estos hechos tratándolos como conductas delictivas. 
Yo quisiera destacar que considero particularmente importante que se introduzca el principio de extraterritorialidad, de la vigencia extraterritorial de la ley. 
En nuestro país, en Austria, ya lo hemos introducido y yo me congratularía si consiguiésemos su adopción a escala europea como una posible vía de actuación. 
También acojo con satisfacción las demás medidas previstas, como por ejemplo el internamiento preventivo de los reincidentes o la búsqueda internacional mediante el sistema de información de Schengen. 
Me complace muy especialmente que se prevea destinar los beneficios de estos negocios a la atención de las víctimas. 
En resumen, se trata de un paquete de medidas que yo espero que reciba el apoyo de todo el Parlamento, en beneficio de los más débiles de nuestra sociedad, ¡en beneficio de los niños! 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Política Común de la Pesca después del año 2002 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0298/97) de la Sra. Fraga Estévez, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Política Común de Pesca después del año 2002. 
Tiene la palabra, como ponente, la Sra. Fraga Estévez. 
Señor Presidente, la reforma de la PCP a partir del año 2002 es, sin duda, la cuestión más trascendente de todas las que van a afectar al sector pesquero en un futuro que ya está muy cercano. 
La importancia y repercusiones de esta reforma han quedado de manifiesto a lo largo del intenso debate que, durante muchos meses, ha ocupado a la Comisión de Pesca, fruto del cual es el texto de compromiso que hoy les presento para su aprobación. 
Es evidente que, en dicho compromiso, no pueden estar representados todos y cada uno de los aspectos que algunos diputados hubieran querido reflejar ni, por supuesto, las posturas más extremas y opuestas. 
Los compromisos son la búsqueda de un consenso respecto a las cuestiones más transcendentales y, desde el principio, la intención del proyecto de informe era huir de posturas dogmáticas e identificar las contradicciones, vacíos y aspectos obsoletos de la actual PCP para, a partir de ahí y con la contribución de todos los colegas, poder ofrecer a la Comisión y al sector pesquero una visión de lo que no funciona en la política pesquera actual y las posibles vías para dotarla de realismo y eficacia. 
No todos, como digo, hemos estado de acuerdo ni en el diagnóstico de lo que falla ni en las soluciones más adecuadas. 
Pero tengo que manifestar mi agradecimiento a los miembros de la comisión que, a pesar de las discrepancias y las distintas opciones políticas, han colaborado para tratar de llegar a un acuerdo sobre las bases que deben regir la PCP del futuro. 
Fruto de este trabajo es este compromiso en el que, aunque no todos se reconocen plenamente en él, creo que sí recoge las principales preocupaciones de la mayoría. 
el consenso sobre que la PCP actual tiene graves fallos de fondo que dificultan la evolución del sector; -el reconocimiento de que la flota comunitaria está sobredimensionada y es urgente que se adapte a los recursos, muchos de los cuales están, por otra parte, en grave peligro; -la necesidad de que la nueva PCP tenga un enfoque integrado, que contemple como un todo a la industria pesquera y sus necesidades, y normas claras y coherentes para la protección de los recursos con una visión global de lo que las medidas suponen para todo el ecosistema marino.El compromiso recoge también la especial preocupación de la Comisión de Pesca por las repercusiones sociales de las medidas que se tomen; la necesidad de salvaguardar las economías más dependientes de la pesca costera, reservándoles la franja de las 12 millas; la necesidad de consultar e implicar al sector en las decisiones que les afectan, y dotar a la PCP de una gestión auténticamente descentralizada. 
El informe, además, propugna una verdadera política de control comunitario y aboga por normas urgentes para la armonización del sistema de infracciones y sanciones en todos los países miembros y mira hacia el futuro de las posibilidades de la acuicultura y de la industria de transformación, cuya capacidad de dotar a los productos pesqueros de valor añadido debe tenerse muy en cuenta pero cuya viabilidad pasa por una reforma profunda de la organización común de mercados. 
Para que los sectores pesqueros comunitarios puedan moverse en el futuro con parámetros de competitividad, se proponen algunas alternativas que debe ser analizadas y estudiadas, como la eventual propiedad y transferibilidad de derechos de pesca y la demanda de que la pesca deje de ser un sector apartado de los conceptos que rigen la eficacia y la rentabilidad y su plena integración en las reglas del mercado único. 
Todas estas posibilidades pueden ser más o menos factibles, pero han sido fruto de una reflexión muy seria, profunda y debatida. 
Sin embargo, señor Presidente, la verdadera importancia política de este informe y el mayor de sus méritos es el de haber tomado la iniciativa de reflexionar sobre lo que debe esperar la pesca europea de la reforma del 2002, haber dado el primer paso para debatir y contrastar con los sectores afectados lo que se espera de ella y haber lanzado el desafío a la Comisión de que es necesario empezar ya un profundo debate con todas las partes implicadas para afrontar la actual PCP y todo lo que forma parte de ella, con sus contradicciones y fallos. 
A este respecto y en lo que se refiere a la Comisión, no puedo dejar de lamentar la ausencia en un debate de esta transcendencia de la Comisaria de Pesca, Sra. Bonino, comunicada a última hora, que dice mucho de la preocupación e interés que últimamente viene mostrando por las cuestiones pesqueras. 
En cualquier caso, cada uno debe cumplir sus responsabilidades. 
La futura política común pesquera debe implicar un debate entre todas las partes afectadas, debate que deberá llevarnos hasta el año 2002 para ofrecer a la pesca europea posibilidades de ser un sector con futuro y cuyos resultados pueden ser, a lo mejor, muy diferentes de las alternativas que hoy aquí se plantean. 
Pero, aunque así sea, si son alternativas realistas y eficaces, este primer y valiente paso del Parlamento Europeo habrá cumplido su misión. 
Un debate cuyo protagonista es el Parlamento que, antes que las demás Instituciones comunitarias, anticipa las propuestas e indica las perspectivas en lo referente a la reforma de la pesca. La indicación del Parlamento es rigurosa y seria y tiene en cuenta algunos principios importantes que han sido subrayados en el texto: primero, el principio de la estabilidad relativa que se ha establecido en el momento en que ingresaron en la Unión Europea dos Estados importantes, España y Portugal; segundo, el principio del mantenimiento de los recursos pesqueros a un nivel medioambiental compatible, habida cuenta de que con respecto a este tema no le corresponderá sólo a la Unión Europea, es decir, a las Instituciones comunitarias- Parlamento, Comisión y Consejo- intervenir, sino que, cada vez más, les corresponderá también a las demás organizaciones internacionales disciplinar las estructuras y los esfuerzos en materia de pesca. 
Los recursos encuentran fuertes dificultades y están sometidos a una fuerte sobreexplotación. Debemos conseguir que se protejan, y al mismo tiempo tenemos que lograr que la Unión Europea mantenga sus recursos dentro de los países y sobre todo, desempeñe una función importante en el marco de los acuerdos internacionales. 
En este sentido, las compatibilidades medioambientales son muy importantes, al igual que es importante el papel de la Unión Europea en el ámbito de los acuerdos internacionales, unos acuerdos que prevén el desarrollo de una relación paritaria con los terceros países, permiten el crecimiento de las actividades artesanales y no someten a estos países a verdaderos actos de rapiña por parte de la Unión Europea y de los países más desarrollados. 
Por ello, es evidente que el medio ambiente y las relaciones internacionales son importantes, pero también existe otro aspecto que, en el ámbito de la Política Común de Pesca, consideramos significativo, es decir, el aspecto social. 
No cabe duda de que este sector está en crisis, tiene dificultades y es un sector que tiene una escasa influencia en el Producto Interior Bruto, sin embargo, es muy importante y nosotros nos damos perfectamente cuenta de que la pesca además de un valor económico, tiene asimismo un valor social y cultural, ya que en la pesca actúan los artesanos y operan la industria y las cooperativas. 
En consecuencia, cuando hablamos de Política Común de Pesca debemos pensar en unas actividades económicas que se basen en el respeto de los horarios de trabajo, en la no explotación y en la posibilidad de que también los trabajadores gocen de condiciones de seguridad a la hora de utilizar los instrumentos de su actividad, ya que, como sabemos, la pesca es uno de los sectores que presenta los mayores riesgos laborales respecto de las demás actividades. 
Por esta razón, la orientación que hemos fijado tiene en cuenta la gran opción social, una opción en que queremos afirmar el modelo europeo, más que otros- estadounidense, del sureste asiático, etcétera-. 
En el sector de la pesca el modelo social europeo debe afirmarse plenamente, también porque la pesca es uno de los sectores en que los acuerdos regionales y locales tienen una tradición histórica y antigua, presentan unas características incluso antropológicas en algunos aspectos y, en consecuencia, mantienen una relación muy directa entre la gestión de los recursos, el aprovechamiento de los mismos y la capacidad de introducirse en el mercado. 
Creo que éste es el primer informe que tiene en cuenta todos estos factores y por ello me congratulo con el ponente y puedo manifestar que el grupo Socialista lo va a apoyar. 
Señor Presidente, hoy se debate un informe por propia iniciativa de la Comisión de Pesca sobre la Política Común de Pesca después del año 2002. 
La llamada Europa azul se estableció en 1983 por un período de veinte años y, por lo tanto, tocará a su fin en el año 2002. 
El propósito del informe era ofrecer una primera base orientativa de discusión para la reformulación de la política pesquera. 
De hecho, pudimos constatar que nadie se había ocupado seriamente hasta ahora del futuro de la política de pesca. 
De ahí la especial importancia del presente informe, con el cual el Parlamento Europeo no habrá dicho, obviamente, su última palabra sobre este tema. 
El problema central para la Política Común de Pesca es la situación catastrófica de las poblaciones de peces, asociada a un sobredimensionamiento de la flota pesquera. 
Casi todos los apartados del informe giran en torno a esta cuestión. 
¿Qué se pide en el informe? 
Frente al problema de una flota pesquera sobredimensionada, el informe pide la adaptación de sus efectivos a los recursos existentes con vistas a alcanzar un equilibrio. 
Evidentemente, sin dejar de tomar en consideración la componente social. 
En segundo lugar, con vistas a la conservación de los recursos se pide que se establezca un sistema que sea sencillo y eficaz. 
Las cuotas de capturas que se establezcan anualmente deberán estar basadas en la consideración de los factores biológicos, económicos y sociales, y debe promoverse una mayor implicación de todos los pescadores en el proceso. 
En el reparto del volumen total de capturas se seguirá aplicando el principio de la estabilidad relativa. ¡Esto es increíblemente importante! 
En tercer lugar, la Política Común de Pesca debe seguir apoyando la reconversión estructural del sector, con objeto de que ésta se realice de manera socialmente compatible. 
En cuarto lugar, la política de control es parte integrante de la Política Común de Pesca y resulta imprescindible para desarrollar una política razonable de protección de los recursos. 
Por esto también otorgamos una enorme importancia a que así se expresara en el informe y que se pidiera la armonización de las normas mínimas de los Estados miembros, un refuerzo del control de los recursos y la ampliación de los controles existentes a la producción de los países terceros. 
En quinto lugar, por lo que se refiere a la política relativa a los recursos externos, el informe se remite a los principios ya aprobados por el Parlamento Europeo. 
Yo hubiese deseado, no obstante, una manifestación más inequívoca en favor de que la negociación de los acuerdos con terceros países sea en adelante de la exclusiva competencia de la Comisión Europea. 
Es lisa y llanamente necesario, a mi parecer, que la Unión Europea se presente en la medida de lo posible como una unidad en el ámbito de la política exterior y de la política económica exterior y que ésta no quede rota por un exceso de acuerdos bilaterales. 
Como es sabido, el informe constituye un texto de compromiso que el Grupo del Partido Popular Europeo suscribe gustoso. 
Debemos expresar, ciertamente, nuestro especial agradecimiento a la ponente, Carmen Fraga, que se ha enfrentado con arrojo a una empresa muy difícil. 
Señor Presidente, también yo creo que es muy triste que la Comisaria no esté aquí hoy para el que probablemente sea el debate más importante sobre el sector pesquero en los próximos años. 
Por lo que se refiere a la Comisión de Pesca, una de las cosas más importantes es que el Parlamento como institución debe ir por delante de las otras instituciones en el debate dentro de la Unión Europea para exponer sus opiniones sobre cómo debe ser la Política Pesquera Común. 
Quisiera decir a otros diputados que no debemos considerar marginal la pesca; de lo que estamos hablando aquí es de la ecología marina, en sentido más amplio. 
Los océanos cubren unas dos terceras partes de la superficie de la Tierra y las flotas europeas cubren la mayor parte de esas zonas en algún momento. 
Una de las cosas más importantes que revela el estado de la PPC es que en conjunto ha fracasado constantemente. 
Ha fracasado en sus objetivos de conservación, ha fracasado en el mantenimiento de los puestos de trabajo y también ha fracasado en gran medida en el sector de los acuerdos internacionales con vistas a defender a terceros países y sus poblaciones de peces y desarrollar sus industrias. 
Ha sido en parte por la excesiva centralización y la politización de la Política Pesquera Común. 
El resultado es que la industria no respeta la política misma; creo que eso es aplicable a toda la Unión Europea. 
Como hemos visto en muchos otros informes en la Comisión de Pesca, no ha habido la voluntad política entre los Estados miembros para imponer su cumplimiento. 
Hemos intentado resolverlo añadiendo más reglamentos a los ya existentes, lo que ha surtido poco efecto. 
¿Qué nos revela eso? Creo que se trata de un mensaje sencillo. 
En primer lugar, el de que en modo alguno podemos continuar con la situación actual. Eso significa que es esencial una reforma fundamental de la política pesquera. 
Entonces, ¿cómo podemos avanzar? 
Me parece que hay dos claves para encontrar una vía por la que avanzar. 
En primer lugar, tener objetivos claros: no creo que los tengamos en este momento. 
Son los siguientes: explotación sostenible de las poblaciones de peces, prosperidad a largo plazo para la industria pesquera y las comunidades que de ella dependen, oferta al consumidor de pescado de buena calidad a precios aceptables- con frecuencia olvidamos la vertiente relativa a los consumidores en esa industria- y protección a largo plazo del medio marino en sentido amplio. 
Más importante es la necesidad de una política que funcione de verdad y podemos aprovechar las lecciones que se desprenden de la experiencia ajena. 
En primer lugar, sólo podemos gestionar con éxito las poblaciones de peces mediante la coincidencia de las zonas en que son gestionadas con el propio régimen de gestión y la diversidad de dichas poblaciones de peces. 
La respuesta para eso es la regionalización. 
También tenemos que hacer participar a los interesados en el proceso microeconómico y darles poder para regir de verdad su propia industria y tenemos que dar a los pescadores el derecho sobre sus poblaciones de peces hasta cierto punto. 
A ese respecto creo que este informe no es lo suficientemente breve, no está lo suficientemente concentrado y, aunque es valioso en muchos aspectos, ha cedido demasiado a la transacción y resulta deficiente en relación con esos sectores fundamentales. 
Señor Presidente, he escuchado atentamente lo manifestado por la ponente, sin embargo, debo confirmar que para el Grupo de los Verdes el contenido de la resolución, a pesar de que es el resultado de un compromiso, no es todavía aceptable. 
El problema de la Política Común de Pesca después del año 2002 es un tema muy relevante para la Unión Europea y, por consiguiente, también muy controvertido. 
No hay duda de que es conveniente mantener una Política Común de Pesca después del año 2002, aunque para nosotros los Verdes el objetivo principal es garantizar la conservación del stock de pesca y considero que éste es un objetivo sensato porque, si no habrá peces en el futuro, no habrá tampoco pesca. 
Actualmente, la industria de la pesca no permite a los peces cumplir el ciclo reproductivo normal, lo que reduce el stock de pesca y genera situaciones de crisis para la propia industria. 
Poner en tela de juicio los métodos de pesca que afectan a la propia sobrevivencia de los peces es, en consecuencia, ventajoso no sólo para el medio ambiente, sino para la industria pesquera y para garantizar un futuro aceptable para los pescadores. 
Por consiguiente, a pesar de que supone una mayor dificultad, es necesaria una verdadera reforma de la pesca que tenga como objetivo la sostenibilidad y el mantenimiento de los recursos pesqueros. 
La resolución objeto de debate, por el contrario, no modifica de hecho el planteamiento de la actual Política Común de Pesca, incluso cuando se confirman de palabra importantes innovaciones. Se afirma, por ejemplo, justamente, el principio de precaución pero, sin una adecuada definición del mismo, éste puede interpretarse de forma distinta en los diferentes países. 
Por estas razones, hemos presentado unas enmiendas de cara a convertir en más clara la parte del informe que se refiere al medio ambiente y a la conservación de los recursos pesqueros. 
Pensamos asimismo que los acuerdos de pesca, en particular con los países ACP, deben ser modificados a fin de asegurar una adecuada cooperación científica y técnica para el seguimiento y control de los recursos con objeto de garantizar su conservación. 
De todos modos, existen otros aspectos del informe que merecerían un debate más profundo. 
Gran parte del debate que se llevó a cabo en el seno de la comisión, se centró en la posibilidad de que la Política Común de Pesca siga siendo una excepción con respecto al principio del libre acceso a las aguas comunitarias. 
Consideramos que el problema del acceso es un problema importante, aunque debe supeditarse a otras cuestiones como la conservación, el control real de la actividad pesquera, la adopción de medidas técnicas adecuadas y la significativa reducción de la capacidad de la flota, de forma compatible con el mantenimiento de los stocks pesqueros. 
Señor Presidente, me ha sorprendido un poco oír a la ponente presentar el informe diciendo que no se han incluido las ideas más radicales: es lo opuesto enteramente. 
En realidad, es mi Grupo, el Grupo Radical, el que está intentando conservar lo que tenemos de nuestra Política Pesquera Común, mientras que las ideas de ella no sólo son radicales, sino también, a mi juicio, temerarias y peligrosas. 
No puedo concebir nada más desestabilizador para Europa que la perspectiva de guerras de pesca en todas las aguas europeas, no sólo en las aguas actualmente abarcadas por esta PPC, sino también en el Báltico y en el Mediterráneo. 
Me preocupa mucho que, al intentar insistir en esas obsesiones sobre el mercado libre y la eficiencia económica, hayamos de afrontar una situación en verdad muy desestabilizadora. 
Resulta muy significativo que la Política Pesquera Común reconociera lo contrario exactamente a lo que la Sra. Fraga ha dicho, a saber, que la pesca no es una actividad económica antigua, sino que, al contrario, es una forma muy específica y excepcional de actividad económica y tiene que seguir siéndolo. 
Es demasiado importante para que se la deje a merced del libre mercado. 
La Política Pesquera Común no es una excepción temporal del principio de la libertad de acceso que vaya a desaparecer automáticamente al final del año 2002. 
Ése es un punto decisivo de discrepancia entre los dos bandos de este debate. 
Los que queremos conservar la PPC, pese a sus defectos, y basarnos en ella afrontamos el ultimátum de que desaparezca totalmente y haya una batalla campal después del año 2002. 
Resulta muy alarmante para las industrias pesqueras no sólo de Escocia, a la que represento, sino también de toda la Unión Europea desde el Báltico hasta el Mediterráneo. 
La estabilidad relativa, que varios colegas han subrayado- cosa que me ha dado alegría -, no es, en realidad, el centro y la piedra de toque de este informe como lo es de la Política Pesquera Común. 
La estabilidad relativa es, naturalmente, lo único que hace la PPC casi aceptable para la industria pesquera en este momento. 
He tomado nota aquí detenidamente de que los Sres. Baldarelli y d ' Aboville y la Sra. Langenhagen han subrayado la importancia de la estabilidad relativa. 
Convengo totalmente al respecto, pero ése no es el aspecto principal del informe, es un aspecto muy secundario. 
Así, pues, quiero que la Asamblea se oponga a este informe por las tres razones siguientes: 
La conservación es incompatible con la eficiencia económica y el funcionamiento del mercado libre. 
En segundo lugar, socavará las comunidades costeras que dependen de la pesca en alta mar, su modo de vida y su viabilidad. 
Por último- y esto debe preocupar a todos los diputados a esta Asamblea, aun cuando vivan lejos del mar -, socavará el apoyo a la Unión Europea y constituirá un acicate para quienes dicen que sólo hay una vía para salir de esta pésima Política Pesquera Común y es la de abandonar la Unión Europea. 
Debemos resistirnos a esos cantos de sirena y debemos oponer resistencia a este informe. 
Señor Presidente, aunque no señora Comisaria, la idea de elaborar un informe de iniciativa sobre el futuro de la PCP después del año 2002 a partir de un balance, sin concesiones, del funcionamiento y de las disfunciones de veinte años de la Europa Azul era buena. 
La Sra. Fraga Estévez presentó en la Comisión de Pesca un primer proyecto que dio lugar a encendidos debates. 
¿Por qué? 
Porque el enfoque ultraliberal que se defendía puede que convenga a un Estado miembro, España, pero no a los demás, para los que dicho enfoque habría supuesto una desorganización fatal de las estructuras de las pescas nacionales. 
Estas primeras propuestas volvían a cuestionar el principio de relativa estabilidad según el cual, cada país dispone de un porcentaje fijo de captura anual que él mismo se encarga de repartir, en beneficio de un sistema de asignaciones individuales transferibles de los derechos de pesca, que abre la puerta a una generalización de la práctica perversa del quota hopping (traspaso de licencias de pesca) y, con el tiempo, a la posible desaparición de flotas nacionales completas en beneficio del poder costero de que ya goza la flota más pletórica. 
A este nuevo planteamiento de las cuotas nacionales venía a sumarse la concesión de prioridad absoluta al sector de la transformación, considerado de manera abusiva como una actividad de sustitución de la reducción del número de pescadores, y la ausencia de toda medida de apoyo eficaz relativa al mercado de la pesca fresca, a pesar de que es fundamental para la vida y la actividad, incluso turística, de nuestras regiones costeras. 
El carácter paliativo de la actual PCP se veía, por fin, reforzado mediante el llamamiento a nuevas y drásticas reducciones generalizadas de las flotillas- siempre la reconversión mediante el desguace. 
La Sra. Fraga Estévez se ha prestado de buen grado a un replanteamiento fundamental de su informe inicial. 
Hemos podido aportarle una serie de mejoras. Pero el resultado final sigue siendo insatisfactorio, pues no se han tenido en consideración algunas de nuestras enmiendas. 
Primera cuestión, hay que mantener, sin lugar a dudas, el principio de la estabilidad relativa de las cuotas nacionales y de la subsidiaridad en la gestión de estas cuotas, y garantizar un control equitativo y eficaz del sistema de TAC y de cuotas. 
Segunda cuestión, es indispensable mantener la no comunitarización de las aguas territoriales en el límite de las 12 millas, que deben seguir estando reservadas a los pescadores artesanales ribereños. 
Tercera cuestión, es fundamental que la PCP se convierta en una política incitadora y protectora, en beneficio de un sector que, en todos nuestros países costeros, desempeña un papel de capital importancia en materia de fomento de los recursos del país. 
Por ello, en lugar de frenarla, hay que reforzar las ayudas destinadas a la pesca artesanal y proporcionarle los medios para que se desarrolle y, en particular, fortalecer el capítulo mercado en el ámbito fundamental de la pesca fresca y de la calidad de los productos. 
Nuestro Grupo, señor Presidente, no puede dejar de lamentar que el informe sobre el futuro de la PCP no haya sido articulado con la suficiente claridad en torno a estos tres objetivos fundamentales, que sólo en caso de que se persigan, podrá justificarse en el futuro el mantenimiento y la aprobación de la Europa Azul. 
Señor Presidente, hay que defender y mantener la industria pesquera de Irlanda del Norte después del año 2002. 
Los que se ganan el sustento con la pesca y los frutos de la pesca en Irlanda del Norte deben ver respaldado su trabajo por salvaguardas apropiadas y procesos y políticas estructurales. 
Nuestra industria pesquera va camino de quedar totalmente eliminada. 
No se debe permitir que quienes no tienen- o no tienen bastantes- aguas pesqueras propias saqueen a aquellos cuyos caladeros han sufrido ya a manos de los llamados expertos en conservacionismo, que en muchas ocasiones han resultado estar equivocados. 
Por ejemplo, ciertas poblaciones de peces llegarían, según nos dijeron expertos de la UE, a extinguirse en el mar de Irlanda, si no se aplicaban sus propuestas. 
Ocurrió lo opuesto, pero los pescadores sufrieron drásticamente las consecuencias de una decisión equivocada de Bruselas. 
En toda formulación de políticas se deben tener en cuenta las diversidades regionales. 
Una de las grandes deficiencias del pasado ha sido una falta de imposición eficaz del cumplimiento de la normativa y muchos países miembros han contribuido a ello. 
Debe haber un respeto leal de los caladeros y todas las partes deben comprometerse a cumplir las normas y se las debe obligar a que las cumplan. 
Se debe abordar la picaresca en torno a las cuotas y se debe abolir en el mar del Norte la preferencia de La Haya, que distorsiona totalmente las cuotas de pesca. 
Las comunidades pesqueras que han visto la reducción de sus flotas deben recibir apoyo ahora para que puedan conservar lo que queda y aliento para iniciar un nuevo desarrollo. 
Señor Presidente, después de un largo y difícil debate, la Comisión de Pesca alcanzó un compromiso en relación con el tema central de la orientación de la Política Común de Pesca después del año 2002, que obtuvo un apoyo mayoritario en comisión y que ahora se presenta al Pleno. 
Sin embargo, el procedimiento por el que se concretó finalmente el texto del informe sin duda no fue óptimo y la Comisión de Pesca debe procurar no tomarse por costumbre abordar los temas importantes y difíciles mediante textos de compromiso amplios, que luego debido a la premura de tiempo tienen que someterse a votación por el procedimiento de urgencia. 
Yo insto, por lo tanto, a los futuros ponentes a que tomen en consideración con tiempo la opinión de los demás miembros de la comisión ya en el momento de elaborar el proyecto de informe, a fin de evitar que vuelvan a presentarse 420 enmiendas en la comisión, como ocurrió en el presente caso. 
Que el informe consiguiera finalmente a pesar de todo el respaldo de la inmensa mayoría es un hecho que debemos agradecer en primer lugar a la gran voluntad de compromiso de la ponente, por la cual yo quisiera expresarle mi reconocimiento personal. 
Un compromiso, como es obvio, no puede satisfacer plenamente todos los intereses y, por consiguiente, fue preciso dejar de lado determinados aspectos de detalle. 
Sin embargo, lo importante para mí es que el informe sigue reconociendo el principio de la estabilidad relativa y la posibilidad de que también se mantenga la limitación del acceso a las aguas costeras de los Estados miembros después del año 2002. 
Yo creo que del informe se desprende asimismo con suficiente claridad que, por razones socioeconómicas y bioecológicas, no es posible considerar la pesca como si se tratase de cualquier otro sector económico, aun cuando yo hubiese deseado la inclusión de alguna que otra formulación explícita. 
Por lo tanto, no puedo suscribir la opinión de algunos colegas que ven en el informe un ataque contra el acervo comunitario. 
Por otra parte, no debemos olvidar que se trata de una primera aproximación al tema y que éste sin duda no será el último debate que celebre el Parlamento sobre la forma que deberá adoptar la Política Común de Pesca después del año 2002. 
Señor Presidente, no creo que deba repetir mis observaciones anteriores sobre la forma como ha hecho su trabajo la ponente. 
Al aceptar muchas enmiendas- y me alegro que haya aceptado muchas mías -, se ha situado en una posición bastante incómoda para ella, porque el informe que entrega hoy es muy diferente de su borrador inicial. 
Pero eso demuestra que ha hecho su trabajo adecuadamente y creo que el Parlamento lo reconoce. 
La Política Pesquera Común es bastante desastrosa en este momento. 
Tenemos una mezcolanza entre recursos y capacidad de capturas y necesitamos reconstruir las flotas. 
Diariamente se desechan cantidades superiores a las cuotas y la venta de pescado no registrado en el mercado está acabando con el respeto que mucha gente siente por la Política Pesquera Común. 
Naturalmente, necesitamos una política que proteja a las personas que viven en las zonas más periféricas y pobres de la Comunidad y creo que el principio general en que se inspira este informe es correcto. 
Subraya la estabilidad relativa, digan lo que digan algunos colegas, e insiste en que se deben respetar las zonas delicadas de la Comunidad. 
Me encanta que el primer párrafo de este informe pida una zona exclusiva de doce millas para los países y las comunidades ribereñas a fin de que los pescadores de dichas zonas puedan gestionar sus propios recursos con arreglo a la normativa comunitaria. 
Reviste importancia decisiva que los pescadores se sientan participantes de la política, a diferencia de lo que sucede ahora. 
El ochenta por ciento de los pescadores faenan cerca de sus costas, por lo que el ochenta por ciento de los pescadores participarán en la política. 
Los buques mayores que faenan a mayor distancia requerirán mucho más control de la Comunidad que en el pasado. 
Creo que todo esto figura en este informe, por lo que le doy mi apoyo total. 
Señor Presidente, aunque no estoy de acuerdo con muchos aspectos del informe de la ponente, quiero felicitarla por haberlo sacado hasta aquí. 
He escuchado las opiniones de los representantes de los pescadores, muchos de los cuales creen que se ha preparado esta propuesta de resolución simplemente para acabar con el concepto de las pesquerías nacionales sometidas a cuotas y considera esta industria como cualquier otra. 
Todos nosotros sabemos que la pesca no es lo mismo que cualquier industria. 
Parece haberse pasado por alto totalmente- o haberse tratado con desdén- la importancia de que existen comunidades pesqueras ribereñas viables. 
La propuesta no tiene en cuenta adecuadamente las necesidades en materia de asignación de recursos de las comunidades costeras situadas cerca de los caladeros. 
El informe no refleja exactamente las opiniones ni las necesidades de todos los interesados en la pesca comunitaria. 
Esta propuesta intenta básicamente afirmar que las cuotas nacionales son incompatibles con los principios del Mercado Único y la libre circulación de capitales, como si no hubiera que tener en cuenta ningún otro principio. 
Se han hecho algunas concesiones con vistas al mantenimiento del límite de seis a doce millas. 
Al mismo tiempo, la propuesta va encaminada a velar por que, en última instancia, tras un período de estudio- y esto es importante -, se racionalice la asignación de TAC asignando derechos de pesca entre los pescadores: en otras palabras, ITQ. 
En otros sitios se han ensayado los ITQ, que han sido polémicos y no han logrado alcanzar los objetivos económicos. 
Se han utilizado como bienes comercializables, se han vendido fuera de los Estados miembros y creo que crearán problemas infaliblemente. 
No se deben nacionalizar las cuotas. 
La idea de que la estabilidad relativa y el reparto de cuotas se introdujeron para facilitar la adaptación al Mercado Único no es correcta y no se debe permitir que los requisitos del Mercado Único se confundan con un acceso ilimitado a los recursos. 
Me opongo a la tesis de que el de la pesca sea un sector en declive. 
Creo que se trata de una predicción demasiado sombría. 
Las reducciones de las flotas no son necesariamente la clave para la conservación. 
La gestión es la clave para el futuro. 
¿Por qué no examinamos la posibilidad de utilizar el método de la retirada de la actividad para la industria pesquera? 
La retirada de tierras es buena para la política agraria, conque deberíamos aceptar una retirada de la actividad para la industria pesquera. 
En conclusión, lo único que puedo decir es que se debe rechazar esta propuesta en su forma actual. 
Su aprobación podría exacerbar el considerable riesgo de que algunas flotas nacionales pudieran reducirse por debajo de un nivel mínimo prudencial, con lo que la prestación de servicios infraestructurales y de apoyo resultarán antieconómicos para muchos de nuestros Estados miembros. 
Señor Presidente, la reforma de la política pesquera con perspectivas posteriores al año 2002, debemos reconocerlo, debe tener el objetivo de fomentar, de apoyar este sector, útil y valioso desde múltiples puntos de vista. 
Para que esto suceda esta reforma deberá examinar el sector en todos sus aspectos, en todas las particularidades que lo caracterizan. 
Me temo que el informe de la Sra. Fraga Estévez, a pesar de las significativas mejoras que aporta al informe inicial y con la aceptación de las modificaciones, no se corresponde plenamente con los problemas principales que tiene el sector. 
Concretamente, es positivo que haga una clara distinción entre la pesca local a pequeña escala y la pesca comercial a gran escala, la industrial. 
También es positivo que pida determinadas medidas positivas para las pequeñas flotas pesqueras costeras. 
Pero existe la tremenda contradicción: una Política Común de la Pesca para el Atlántico, para el Mar del Norte y para el Mediterráneo. 
En los dos primeros casos, aguas territoriales de 200 millas. 
En el tercer caso, el caso mediterráneo, de 6 a 12 millas. 
Es un tratamiento evidente, desigual, peligroso. 
Segundo, son positivos algunos motivos para la retirada de la pesca de los que se dedican a ella. 
Pero, no obstante, por muy poderosas que sean las razones, no solucionan el problema. 
Es como la aspirina, en algún momento se acaba. 
¿Dónde van a trabajar estas personas? 
¿Se amontonarán en los millones de parados? 
Aquí no hay solución, no hay recomendación, no hay punto ni apartado que diga: " medidas preventivas para el empleo de los trabajadores retirados de la pesca». 
Señor Presidente, señor Comisario, considero que, a pesar de todo, las relaciones internacionales no son siempre una selva. 
Reconozco que este informe es aún un informe inicial, pero quiero manifestar mi satisfacción global por el documento de la Sra. Fraga Estévez, aunque reconozca que en tal o cual aspecto no estoy en sintonía con lo que ella propugna. 
Considero que se trata de una primera contribución y el Parlamento Europeo ha hecho bien en entrar en el juego, en encabezar este debate y en procurar señalar la posición con vistas al debate de la futura Política Pesquera Común después del 2002. 
En primer lugar, la cuestión de los acuerdos internacionales de pesca. 
Quiero manifestar mi reserva de principio sobre la renacionalización de la Política Pesquera Común. 
Efectivamente, remitir el pago de los acuerdos internacionales de pesca al presupuesto de cada uno de los Estados miembros, haciendo depender dichos acuerdos de los presupuestos nacionales, aunque en el plano inmediato represente una salida para las trabas, las dificultades y las dudas de quienes ponen en entredicho este informe, es, a mi juicio, abrir una brecha en la responsabilización de la Comisión en un aspecto fundamental de la Política Pesquera Común: los acuerdos internacionales de pesca. 
Y, por tanto, la aplicación del principio de subsidiariedad debe limitarse al componente privado, a las organizaciones de productores, al diálogo entre armadores, tal vez con apoyo de las regiones, pero sin renacionalizar la negociación global de dichos acuerdos internacionales de pesca. 
Voy a abordar un segundo aspecto, sobre la política de las estructuras (y no podemos desvincular esto del documento Agenda 2000) , para denunciar el insuficiente tratamiento dado a la pesca en el marco de la Agenda 2000 y la excesiva rigidez en la separación entre el objetivo 1 y el objetivo 2 en el marco ahora trazado con la valorización de objetivos estrictamente de desarrollo, lo que colocará la pesca en una posición secundaria y residual en los futuros marcos comunitarios de apoyo. 
Una tercera observación sobre el equilibro entre la flota y los recursos. 
Aunque soy partidario del establecimiento y del cumplimiento- y subrayo bien: el cumplimiento- de los objetivos de los planes de orientación plurianual, no considero que el equilibrio entre la capacidad de la flota y los recursos sea la única forma de reducir las capturas. 
Pero conviene subrayar que la reducción del esfuerzo de pesca se hace igualmente mediante la reducción de los días de pesca, el control de los desembarques, las medidas técnicas de conservación y la protección de los recursos pesqueros. 
Y, por último, somos partidarios de la valorización del componente medioambiental, en particular al abordar el principio de precaución, citado en el proyecto de informe, así como en la salvaguarda que se hace del principio de estabilidad relativa. 
Porque, a fin de cuentas, si no mantenemos la pesca, no habrá pescadores en el futuro para debatir la Política Pesquera Común después del 2002. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero lamentar también, como otros diputados, la ausencia de la Comisaria, Sra. Bonino, en un debate de tanta relevancia para la pesca como es éste que estamos celebrando. 
La labor ha sido muy larga, ha sido ardua, pero ha dado sus frutos. 
El informe que lleva el nombre de la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo es el primer documento de una institución comunitaria que se plantea con rigor y en su conjunto la reforma de la Política Común de Pesca tras el año 2002. 
Es preciso felicitar a este Parlamento y a su Comisión de Pesca por esta iniciativa y muy vivamente a su ponente, la Sra. Fraga, por su tesón, su rigor, su capacidad de compromiso, que ha permitido alcanzar un buen documento, un buen punto de partida en una tarea muy difícil que ahora comienza. 
Del informe me permito destacar, en primer lugar, el haber puesto el dedo en la llaga de los principales problemas de la actual Política Común de Pesca y aportar soluciones y alternativas; el destacar que la pesca debe ser un sector más de la actividad económica, favoreciendo la capacidad de la empresa privada y de su competitividad en una actividad más racionalizada; reclamar más claridad, sencillez y transparencia de sus normas y de su gestión, con la participación de los agentes sociales implicados, en particular de los pescadores y de sus asociaciones; concebir la pesca con un enfoque integrado, ecológico, económico, social e industrial; resaltar la crisis en que vive el sector y su afectación al empleo y a regiones enteras con retraso económico y muy dependientes de esta actividad, lo que demanda el aumento de fondos y el mantenimiento de instrumentos estructurales específicos; equiparar también la pesca al resto de los sectores económicos a la hora de negociar exigencias y contrapartidas en acuerdos pesqueros internacionales; la necesidad de una reforma eficaz de la actual OCM y el refuerzo y racionalización del actual sistema de control, extendiéndolo al transporte y a la comercialización. 
Espero, señor Presidente, que la Comisión tome nota de estas propuestas y, en cualquier caso, felicitamos una vez más a la ponente por el buen trabajo realizado. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la ponente. 
Nosotros no hemos conseguido lo que queríamos, ella no ha conseguido lo que quería y otras muchas personas no han conseguido lo que querían. 
Como han dicho muchos oradores, éste es un primer intento de hablar de la reforma de la Política Pesquera Común en el año 2002. 
Debemos felicitarla. 
Su informe presenta la mayoría de los elementos sobre los que hemos de basarnos. 
Está la estabilidad relativa. 
Está la preservación de la zona de seis/doce millas para los pescadores locales. 
Está la gestión regional: quisiera subrayar que, cuando hablo de gestión regional, me refiero a zonas como los países ribereños del mar del Norte que gestionan las pesquerías de ese mar y lo mismo es aplicable al Mediterráneo, al mar de Irlanda y demás. 
Está la conservación: a no ser que conservemos nuestras poblaciones de peces, careceremos de industria pesquera sobre la que haya de versar política pesquera alguna. 
Está la supervisión, la evaluación y la imposición del cumplimiento de la normativa. 
Si no hacemos algo respecto de las capturas clandestinas de pescado, las capturas de juveniles y la tasa de pesca desechada, careceremos de una industria pesquera. 
No habrá pescadores, no habrá puertos pesqueros y afrontaremos una crisis. 
Tenemos que hacer algo en pro de la imposición del cumplimiento de la normativa a escala europea. 
La Comisión dijo que iba a presentar un documento en 1997 sobre la imposición de dicho cumplimiento en todas las aguas de la Unión Europea. 
Me temo que no va a llegar en 1997. Ojalá llegue a principios de 1998. 
Por último, me complace mucho lo que dice la ponente sobre los acuerdos internacionales de pesca. 
Es algo que se desprende de mi informe del pasado mes de mayo y también me complace mucho que el Consejo haya adoptado la mayoría de las directrices que formulé en mi informe. 
Conque a ese respecto estamos todos contentos y a partir de aquí debemos avanzar con vistas a acuerdos internacionales. 
Felicito de nuevo a la ponente y pido apoyo para este informe. 
Señor Presidente, el informe de nuestra colega Carmen Fraga Estévez va encaminado a establecer una estrategia a largo plazo para la evolución de la Política Pesquera Común. 
Ha hecho un trabajo notable, bien sistematizado y que, en lo esencial, corresponde a lo que era o a lo que se espera de la Política Pesquera Común en el futuro. 
Por mi parte, quisiera subrayar cuatro aspectos que me parecen importantes. 
El primero tiene que ver con la aplicación del principio del Mercado Único. 
Dada la conflictividad- tan frecuente, como se sabe- en el sector de la pesca, la experiencia nos enseña que se debe atenuar el principio, teóricamente correcto, del libre acceso a los recursos pesqueros por parte de todos los Estados miembros con preocupaciones por la estabilidad relativa, que propician la prórroga de la actual exención que permite la reserva absoluta de pesca en la zona de doce millas. 
La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que la Unión Europea debe velar por que sus industrias de transformación de pescado tengan las mismas condiciones de abastecimiento en materias primas que las de sus principales competidores. 
Por eso, además de deber seguir negociando acuerdos de pesca internacionales que garanticen un mínimo de aprovisionamiento interno, las concesiones de mercado que haga en acuerdos comerciales con terceros países no pueden poner en tela de juicio la supervivencia de nuestra industria. 
Se deberán evitar a toda costa los traslados en masa de empresas a otros sectores de pesca que se están dando en el sector de las industrias conserveras, so pena de condenar al desempleo en masa a muchas zonas ribereñas. 
En tercer lugar, quiero también subrayar la importancia de una programación sólida, a medio plazo, en el marco de los planes de orientación plurianual, los POP. 
Sin embargo, para que los POP sean eficaces, habrá de haber un fundamento jurídico que imponga sanciones por los incumplimientos a fin de evitar lo que sucede actualmente. 
Por último, quiero subrayar también que debemos avanzar con grandes pasos hacia un sistema común y relativamente uniforme de vigilancia y control, so pena de que toda la política para el sector se caiga por la base, ya que estamos ante un elemento determinante para la gestión cuantitativa y cualitativa de los recursos haliéuticos en el futuro. 
Señor Presidente, en primer lugar tengo que felicitar a la Sra. Fraga por el magnífico trabajo que ha efectuado con este informe. 
Los documentos de trabajo realizados por la ponente recogen claramente lo que es la Política Común de Pesca, o lo que debería ser, debido a las derogaciones que estarán en vigor hasta el año 2002 y los retos que se plantean a la Unión Europea en el capítulo pesquero. 
El informe que debatimos ha sido aprobado, después de largos debates, por una amplísima mayoría de la Comisión de Pesca. 
Hay que agradecer a la ponente los buenos oficios que ha mostrado al aportar una solución de compromiso asumible por todos, también por quienes pensamos que el informe original expresaba con mayor fortuna los distintos elementos de la Política Común de Pesca. 
Sin embargo, la Comisión de Pesca ha hecho de la necesidad virtud, y ello pese a tristes y reiteradas maniobras de filibusterismo que a nada conducen salvo al descrédito de los que las producen. 
También resulta curioso que sean los que más se quejan de la actual Política Común de Pesca y de sus resultados los que más se resisten a modificarla e impulsarla cara al 2002. 
Me complace comprobar, sin embargo, que hemos colocado como prioridades la preservación de los recursos y el mantenimiento del empleo en el sector pesquero. 
La pesca es un sector de la actividad económica que se concentra principalmente en regiones periféricas de la Unión Europea, caracterizadas por un alto índice de paro y una renta per cápita inferior a la comunitaria. 
En el 2002 la Política Común de Pesca habrá llegado a su mayoría de edad y le corresponderá un nuevo régimen conforme al mercado interior de manera similar a lo que ocurre en el resto de los sectores económicos. 
El libre acceso a los mercados se verá así acompañado por el libre acceso a los recursos. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la ponente su trabajo en el informe y que lo haya reescrito para tener en cuenta las numerosas enmiendas que se presentaron, incluidas las presentadas por mí. 
Agradezco su petición de que aumente el papel desempeñado por los pescadores en el proceso de adopción de decisiones y su insistencia en la conservación de las poblaciones de peces y las consideraciones medioambientales. 
Apoyo su petición de que se dé carácter prioritario al sector agropecuario en la Política Pesquera Común. 
Creo que las zonas costeras pueden beneficiarse enormemente de una política cuidadosamente formulada. 
Recientemente, me impresionó extraordinariamente una visita a la circunscripción de la ponente- Galicia -, al ver la contribución que el cultivo de los mejillones ha hecho a su economía. 
Creo que la oferta de marisco fresco y barato puede ser una atracción turística enorme en las regiones periféricas, en particular en zonas como Galicia, el oeste de Irlanda y Escocia. 
Ése es un factor importante en su informe. 
Me ha decepcionado que no se haya aceptado mi enmienda para ampliar la zona a treinta millas. 
Creo que aún existe un gran apoyo para esa idea y espero que la Comisión la examine como parte de una estrategia para conceder un mayor control a las comunidades locales. 
Lamento haber de decir una y otra vez que no puedo aceptar sin una reserva el principio de la estabilidad relativa. 
Los pescadores en la costa occidental de Irlanda reconocen que sólo se les permite pescar el veinte por ciento de los ricos recursos pesqueros adyacentes a su región. 
Son los recursos naturales de una región natural de la Comunidad. 
Si a los pescadores de España, Portugal o Dinamarca se les dijera que sólo podían pescar el veinte por ciento de las poblaciones de peces en las aguas adyacentes a ellos, no aceptarían la Política Pesquera Común. 
He de decir que debemos seguir insistiendo a ese respecto. 
Señor Presidente, yo quería en primer lugar felicitar a la Sra. Fraga por su informe y por su voluntad de alcanzar un compromiso de equilibrio. 
Compromiso que no es, posiblemente, el que muchos hubiésemos deseado. 
A mí me gustaba más el informe inicial de la Sra. Fraga, pero el informe final hay que entenderlo como un paso positivo, como reflexión sobre lo que deben ser las grandes líneas de futuro de la Política Común de Pesca europea. 
Es un equilibrio en favor de una pesca competitiva y responsable. 
Competitiva como industria que es y que debe sobrevivir en el mercado. 
Es importante que se diga en el informe- como se dice- que hay que tratar a la pesca como un sector más de la actividad económica. 
Quiero subrayar las propuestas relativas al reparto de derechos de pesca entre empresas, así como al derecho de transferibilidad de estos derechos de pesca que se apuntan también en el informe, mecanismos necesarios para dotar a las empresas del sector de una cierta dimensión, de flexibilidad en cuanto a sus derechos y también de rentabilidad. 
Si las empresas no son competitivas, el sector no tendrá futuro, se perderá empleo y las zonas dependientes de la pesca perderán sus posibilidades económicas. 
Además, el informe apuesta por una pesca responsable. 
Responsable desde el punto de vista medioambiental, porque la competitividad, a largo plazo, exige también una conservación de los recursos. 
Se propone y se establece un sistema de TAC dependiente de factores biológicos y factores socioeconómicos, se apuesta por una reducción de los descartes y se apuesta también por las artes selectivas. 
El informe apuesta también por la responsabilidad social. 
Se subraya el cumplimiento y la necesidad de las POP para adaptar la capacidad a los recursos y, además, se hace una apuesta para que esta adaptación de la flota y sus repercusiones socioeconómicas, que puede perjudicar gravemente a las entidades locales, cuente con alternativas y cuente también con un soporte económico. 
Se hace además en el informe una referencia a que no toda la pesca es industrial, sino que existe también una pesca local, una pesca artesanal, y la adaptación de este sector, las medidas para este sector tienen que ser también diferentes del resto de la pesca industrial y competitiva. 
Yo lo único que diría es que esta pesca local debe ser únicamente respetada en su propio análisis socioeconómico y tiene que depender y ser definida no únicamente en función del tamaño de los barcos sino de otros aspectos como dar servicio a comunidades locales, utilizar artes selectivas y otro tipo de cuestiones. 
Y termino, señor Presidente, felicitándome porque este informe, además, hace una apuesta por los acuerdos pesqueros con terceros países en función de las características de cada uno de ellos. 
Por eso, pediría el voto a favor del informe de la Sra. Fraga. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, antes de nada querría expresar mis felicitaciones a la Sra. Fraga Estévez por el admirable informe que ha presentado y su contribución al debate relativo a la Política Común de la Pesca después del año 2002. 
La propuesta de votación que se acaba de examinar recomienda, realmente, una contribución especialmente importante, contribución que tendremos seriamente en cuenta en todos los debates que se continúen los próximos años. 
Querría, en este punto, expresar la tristeza de mi colega, la Sra. Bonino, por su ausencia del debate de hoy, ya que había contraído compromisos, fuera de Bruselas, que no podía eludir. 
No obstante, creo que en esta sala nadie puede dudar del especial respeto que siente la Sra. Bonino hacia el Parlamento Europeo. 
En este momento, la Comisión Europea no quiere expresarse sobre el fondo del asunto para no influir en el resultado del debate que acaba de comenzar ahora. 
Sin embargo, tal como se ha anunciado en numerosas circunstancias, tanto en el Parlamento Europeo como también en otras tribunas, la Comisión Europea tiene la intención de proceder a la revisión de la Política Común de la Pesca. 
Y esto lo haremos organizando un debate abierto y constructivo, consultando estrechamente, por supuesto, a todas las instituciones del sector. 
La participación de todas las instituciones del sector, y especialmente de las instituciones comerciales, recomienda el dato básico del método que se propone seguir la Comisión Europea: Nuestros servicios redactarán un cuestionario relacionado con la Política Común de la Pesca para enviarlo, a principios de 1998, a todas las partes interesadas. 
Las respuestas a este cuestionario nos permitirán localizar los temas principales sobre los cuales deberá centrarse el estudio de la Política Común de la Pesca después del año 2002, para que haya una mejor orientación del debate. 
En una segunda fase, los servicios de la Comisión procederán, en estrecha colaboración con los Estados miembros, a la organización de sesiones descentralizadoras que permitan, a la Comisión y a los interesados, analizar y debatir juntos los resultados de esta primera investigación basada en el cuestionario. 
Finalmente, desearía hacer un comentario relacionado con el contenido del estudio de la Política Común de la Pesca después del año 2002. 
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el año 2002 está caracterizado directamente por tres datos que derivan de los textos que tienen validez en la actualidad: 
primero, por el acceso a las aguas, en el interior de la zona de las 12 ó las 6 millas naúticas, según el artículo 6 del Reglamento 3760/92. 
Segundo, por los detalles de la aplicación que se aplican en el CETATOX, según el artículo 7 del Reglamento 3760/92 y 
tercero, por los límites de acceso al Mar del Norte para los buques de España y Portugal, según el Tratado de Adhesión de 1985 y de Suecia y Finlandia, según el Tratado de Adhesión de 1994. 
Sin embargo, la Comisión ambiciona no limitarse a este marco claramente jurídico, tal como prevén el Reglamento básico y las Acciones de Adhesión. 
El 2002 nos da la oportunidad de acceder también a la evaluación del total de los diferentes aspectos de la Política Común de la Pesca, de ver sus logros, de detenernos en sus fracasos. 
Deberíamos también examinar en qué grado la Política Común de la Pesca ha contribuido al mantenimiento de los recursos, al empleo y al resto de los objetivos del Tratado, como es la protección del medio ambiente. 
Se trata, pues de un plan muy ambicioso, un proyecto que nos obliga a empezar desde ahora mismo el procedimiento relativo al estudio, siempre en colaboración, como he dicho, con todas las instituciones interesadas y, naturalmente, en estrecha colaboración con el Parlamento. 
En este marco, la votación del Parlamento Europeo sobre la Política Común de la Pesca después del año 2002, así como el informe de la Comisión relativo a la aplicación del régimen comunitario de pesca y de acuicultura recomiendan ya las primeras fases de este procedimiento. 
Exactamente las que serán las líneas generales en cuanto al proyecto, a corto y medio plazo, de la Comisión Europea. 
Muchas gracias, señor Comisario Papoutsis. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para segunda lectura (A4-0326/97) , en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la posición común adoptada por el Consejo (C4-0441/97-96/0196 (SYN) con vistas a la adopción de una directiva del Consejo relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo (Ponente: Sra. Ghilardotti). 
Señor Presidente, estamos abordando la segunda lectura de la posición común del Consejo sobre la directiva relativa a la carga de la prueba. 
Deseo ante todo comunicar, también en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, que el Consejo ha asociado al Reino Unido a esta directiva, el Reino Unido que ha manifestado su intención de adherirse a las disposiciones en materia social del nuevo Tratado y de aceptar las directivas ya adoptadas o que se vayan a adoptar antes de la entrada en vigor del propio Tratado. 
Creo que se trata de un hecho muy positivo que debe valorarse favorablemente. 
Dicho esto, es preciso manifestar que, por desgracia, la posición común del Consejo en su conjunto difiere bastante de la expresada por el Parlamento Europeo y de la modificada por la Comisión, después de la votación del Pleno sobre esta directiva en primera lectura, ante todo porque en muchos puntos esenciales no ha aceptado la posición original de la Comisión. 
La Comisión de Derechos de la Mujer y yo, en mi calidad de ponente, desearíamos volver a presentar en la segunda lectura una serie de enmiendas escogiendo las fundamentales que tienen que ver precisamente con los elementos esenciales de esta directiva. En particular, las que afectan al artículo 2 relativo a la definición de la discriminación indirecta, así como al artículo 3 que se refiere a la definición del ámbito de aplicación de la directiva, al artículo 4 que define las modalidades de la carga de la prueba y al artículo 5 que establece los procedimientos. 
Nos limitamos a volver a presentar estas enmiendas dejando a un lado toda una serie de enmiendas que, aun considerándolas importantes, no son esenciales de cara a la decisión sobre la directiva. 
Es por esto que deseo detenerme sólo en algunos puntos y preguntar al Comisario, a quien agradezco su presencia en el Pleno, qué va a hacer la Comisión en cuanto a estas enmiendas que volvemos a presentar, en particular en relación con el artículo 2. Desearíamos volver a presentar, aunque algo modificada respecto a la primera lectura, la definición de discriminación indirecta que retoma de forma explícita, incluso desde el punto de vista terminológico, los elementos fundamentales que el Tribunal de Justicia ha expresado en repetidas ocasiones en la definición de discriminación indirecta, razón por la cual volvemos a presentar la enmienda. 
En lo que concierne al ámbito de aplicación, deseo manifestar que nos pareció muy restrictiva la motivación del Consejo que excluye del ámbito de aplicación las directivas relativas a la protección social, los trabajos profesionales y los trabajos independientes, ya que dicha exclusión carece de un fundamento jurídico y, en consecuencia, con relación al ámbito de aplicación, es nuestra intención volver a proponer la aplicación de esta directiva a las directivas ya en vigor. 
Con relación al artículo 4, relativo a las modalidades de la carga de la prueba, la decisión del Consejo de rechazar la última frase que se refiere a la duda residual sobre la base de que únicamente afecta a los procedimientos penales, nos parece infundada en el sentido de que, con esta frase, la directiva deja a los jueces la decisión en cuanto a los casos prima facie, sin embargo, en el caso de persistir dicha duda, establece que la carga de la prueba corresponde al empresario, habida cuenta de que éste dispone de todas las informaciones, y no representa ingerencia alguna en cuanto a los ordenamientos jurídicos, porque se trata sólo de una indicación sobre cómo hay que comportarse. 
Lo mismo vale para los procedimientos. 
También por lo que atañe a los procedimientos, se hace referencia al hecho de que es necesario que exista la máxima transparencia y la puesta a disposición de todas las informaciones necesarias a la parte actora para que pueda pleitear. 
Éstas son las razones por las cuales el Parlamento vuelve a proponer las enmiendas que ya presentamos. 
Quisiera preguntar al Comisario Sr. Flynn qué va a hacer la Comisión y si va a apoyar, como hizo en primera lectura, las posiciones del Parlamento. 
Recuerdo que no volvemos a presentar todas las enmiendas, sino que nos detenemos en los elementos esenciales de esta directiva. 
Deseo asimismo recordar que se empezó a hablar de una primera propuesta de directiva en el año 1988 y, por lo tanto, hace diez años que esperamos un directiva sobre esta materia. 
Mientras tanto ha habido una abundante jurisprudencia, de la cual quiere hacerse eco la presente directiva. 
Señor Presidente, yo felicito a la Sra. Ghilardotti por el trabajo que ha realizado. 
Su proyecto de resolución sobre la directiva relativa a la carga de la prueba en casos de discriminación por razones de sexo resume excelentemente las decisiones adoptadas en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Las enmiendas propuestas constituyen una aportación importante a la construcción de la Europa social. 
Las socialdemócratas queremos una directiva sólida que ayude a las mujeres a hacer valer sus derechos. 
Yo espero que la Comisión, que hasta ahora ha colaborado con el Parlamento con una gran voluntad de cooperación, seguirá manteniendo esta misma línea. 
Nuestro objetivo es mejorar la posición de las trabajadoras en los casos de discriminación en los ámbitos de la contratación, la promoción y la retribución. 
La propuesta que viene debatiéndose desde hace 15 años debe incluir a nuestro parecer los tres aspectos centrales que ya ha expuesto la Sra. Ghilardotti y que no fueron recogidos en su totalidad por el Consejo tras la primera lectura. 
La inversión de la carga de la prueba, que dejaría de corresponder a la demandante para recaer en el empresario, debe completarse con una cláusula definitiva, tal como propone la enmienda 8, de manera que las dudas que subsistan recaigan sobre la parte demandada. 
Ésta es una exigencia central a nuestro parecer. 
La segunda es que debe establecerse explícitamente una definición clara de la discriminación indirecta, como la que ya ha elaborado el Tribunal de Justicia Europeo en su jurispridencia. 
El Proyecto de Tratado de Amsterdam apunta también en esta dirección. 
En tercer lugar, queremos que el ámbito de aplicación de la directiva incluya asimismo la protección maternal y las Directivas relativas a la seguridad social, a fin de no dejar de nuevo resquicios abiertos en los Estados miembros que impidan una vez más que las demandantes puedan hacer valer su derecho a la no discriminación también por la vía civil. 
Por consiguiente, en nombre del Grupo socialista yo insto a todas y todos los colegas a que voten afirmativamente todas las enmiendas propuestas, incluida también la declaración fundamental de la enmienda 8. 
Yo confío que obtendremos la mayoría necesaria y espero que el señor Comisario haga suyas las enmiendas. 
Señor Presidente, como ya dije durante la primera lectura de la presente propuesta de directiva, en debate desde hace ya más de diez años, estoy a favor de una mejora razonable y viable de la carga de la prueba en el caso de discriminación directa o indirecta por razón de sexo. 
Pero como predije cuando me pronuncié en contra de algunas incongruencias jurídicas aprobadas en primera lectura por una mayoría de este Parlamento, el Consejo no las ha mantenido en su posición común que, afortunadamente, representa un avance considerable en relación con su anterior posición de bloqueo. 
Compruebo con satisfacción que la Comisión de Derechos de la Mujer ha renunciado a representar la mayoría de sus enmiendas que, de haberlas mantenido, podrían haber supuesto el riesgo de desalentar a los patronos a adoptar una política activa de empleo para las mujeres. 
Ahora bien, las mujeres que no encuentran trabajo ciertamente no corren ningún riesgo de ser discriminadas por sus patronos. 
Mi mayor preocupación, señor Presidente, señor Comisario, en lo que respecta a la posición común del Consejo, es que en el ámbito de aplicación se incluyan las directivas sobre la igualdad de trato en materia de Seguridad Social. 
Sé que podemos preguntarnos si la directiva sobre la igualdad de trato en materia de sistemas jurídicos de la Seguridad Social puede ser incluida en este ámbito de aplicación, porque los organismos de la Seguridad Social no toman iniciativas comparables a las de los patronos, sino que simplemente se limitan a aplicar la legislación. 
Ello equivaldría a pedirles que demuestren que la legislación que ellos aplican no contiene ninguna discriminación. 
Pero, en todo caso, es necesario que la directiva se aplique a los regímenes profesionales de la Seguridad Social. 
Por otra parte, cabe preguntarse si la directiva relativa a la igualdad de trato de los trabajadores que ejercen una actividad autónoma puede situarse en el ámbito de aplicación de la directiva que, en el fondo, como muy bien ha explicado la Sra. Gröner, abarca las relaciones conflictivas entre un patrón y su asalariado. 
¿Puede un trabajador autónomo presentar un recurso contra sí mismo? 
Me lo pregunto. 
En lo que respecta a las otras enmiendas, quisiera recordar que, por constituir una intromisión en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, el Tratado no prevé ningún fundamento jurídico para las mismas, porque el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros depende del tercer pilar, nos guste o no. 
Por último, en lo relativo a la propuesta de introducir una disposición en el artículo 4 que especifique que la parte demandante goza del beneficio de toda duda que pudiera subsistir, he tomado nota de la posición del Consejo, que estima que se trata de una noción de Derecho penal, y los procedimientos penales están expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la directiva. 
Mi Grupo votará, por consiguiente, en contra de esta enmienda. 
En otra enmienda, la Comisión de Derechos de la Mujer solicita un primer informe sobre la aplicación de la directiva en el 2002 y, a continuación, un informe cada tres años que, evidentemente, esté basado en las informaciones de los Estados miembros sobre la aplicación de la directiva. 
Por mi parte, me parece bien, aunque sé lo difícil que resultará esta tarea a los Estados miembros y a la Comisión. 
Señor Presidente, esta es una directiva que significa y evidencia que la UE puede llevar progreso a los hombres y mujeres de Europa. 
Tenemos que ponernos de acuerdo en una política de largo plazo en esta materia y la directiva es una parte de esa política. 
Yo represento a algunos países que tienen una legislación similar. 
Quiero, con gusto, colaborar a que esta directiva se apruebe aquí. También quiero decir que esta directiva va a demostrar exigencias de cambios allá. 
Nuestro grupo va a apoyar la propuesta de la Comisión tal como hicimos en la primera fase. 
Quiero en todo caso dejar en claro que esta directiva no es para invertir el peso de la prueba sino que es una directiva sobre un peso de prueba compartido. 
Opino que el articulo 4 es técnicamente mejor en esta propuesta que en la anterior. 
Para que una directiva con peso de prueba compartido funcione, necesitamos que se establezca el derecho a recibir información, como se señala en la propuesta de enmienda 9. 
Este derecho es imprescindible para que la directiva tenga sentido. 
Yo entiendo que el Parlamento ha aspirado a una formulación que garantice la integridad personal para todas las partes involucradas. 
No se deberá entregar información que contenga datos delicados referentes al estado de salud de las personas y otros temas parecidos. 
También espero que aprobemos la propuesta de enmienda 3. 
En el supuesto que el párrafo 15 del preámbulo se mantuviese, se dejaría prácticamente a los estados miembros con las manos libres para hacer o dejar de hacer algo. 
La propuesta da gran énfasis tanto a la proporcionalidad como a la subsidiareidad. 
Por eso es aceptable y admisible, al mismo tiempo que la discusión sobre la propuesta de enmienda 3 también demuestra que es muy difícil trazar el límite entre el primer y tercer pilar de nuestra construcción unitaria. 
Si somos muy rígidos en esta materia, no podremos realizar una política efectiva en muchos campos. 
Señor Presidente, desgraciadamente, esta directiva no encuentra una salida adecuada a causa de los sucesivos obstáculos y bloqueos desde que, en 1988, la Comisión presentó su primera propuesta. 
¿Se teme que las mujeres podamos utilizar instrumentos legales para exigir la igualdad y defendernos de la discriminación? 
¿Qué mejor razón que ésta de defendernos de la discriminación- antes que otras consideraciones técnicas- para sacar a la luz esta directiva? 
Se la debería dotar de un contenido claro que no se preste a equívocos de interpretación a la hora de ponerla en práctica y, en la directiva, debería haber una definición clara sobre lo que constituye discriminación directa e indirecta y establecer a qué directiva sobre igualdad puede aplicarse y constituir un marco legal sin ambigüedades para los Estados miembros, limitando en lo posible las excepciones. 
Todo ello es importante para las mujeres y serviría para fortalecer la credibilidad de las políticas de igualdad y mainstreaming que forman parte de los programas de la Comisión y de los fundamentos del Tratado. 
Les diré que es desalentador que la Comisión tenga en cuenta la opinión del Parlamento sólo en un 50 % de sus propuestas y que el Consejo se limite a tomar sólo en consideración el 10 % después de este largo recorrido. 
Desde luego, mi Grupo apoyará estas enmiendas de la Sra. Ghilardotti y de la comisión parlamentaria. 
Presidente, en primerísimo lugar, me gustaría preguntar al comisario Flynn si nos puede explicar de qué vale esta directiva si el Consejo sólo está dispuesto a adoptar su propia propuesta. 
Porque, sinceramente, el Consejo no ha entendido el espíritu de esta directiva y más aún, ¿no nos es más útil la jurisprudencia existente, con la que la primera propuesta de la Comisión y las enmiendas del Parlamento guardaban mucha más relación, que lo que ha confeccionado el Consejo finalmente en la primera lectura? 
Sinceramente, me preocupa un poco que el Consejo también en la segunda lectura pase olímpicamente de lo que opinan el Parlamento y la Comisión juntos, pero que ya haya encontrado su unanimidad y que sea una decisión simple. 
Entonces me pregunto realmente cuál es valor añadido de la directiva de cara a la jurisprudencia que ya existe. 
¿No sería más prudente, entonces, intentar imponer la jurisprudencia existente en los Estados miembros, forzar la aplicación de la misma? 
En el fondo, esta directiva nos hace mucha falta, pero, eso sí naturalmente, una buena directiva porque tenemos que darnos cuenta de que las mujeres también en el mercado laboral, y esto afecta por lo tanto a todas las directivas que tenemos en Europa sobre la igualdad de trato y no a la mitad o a algunas, de que las mujeres sufren todavía una fuerte discriminación en el mercado laboral. 
Tenemos que darnos cuenta de que las mujeres todavía siguen ganando un 30 % menos que los hombres en empleos de las mismas características. 
Tenemos que darnos cuenta de que las mujeres, por regla general, todavía por ejemplo no pueden cotizar de igual manera para su jubilación que los hombres. 
Tenemos que constatar pues, que las mujeres al final de su vida seguirán siendo más pobres. 
Nos hace mucha falta esta directiva, pero una de calidad y me gustaría oír la opinión del comisario al respecto. 
Señor Presidente, cuando examinamos este asunto en primera lectura, felicité a la Comisión por la iniciativa adoptada y a la Sra. Fiorella Ghilardotti por la excelencia de su informe y por las oportunísimas e importantísimas enmiendas que entonces propuso. 
Hago ahora extensivo mi agradecimiento a la Asamblea de la República Portuguesa, porque durante este período ha aprobado una nueva ley (que acaba de entrar en vigor) basada en las propuestas elaboradas por la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo y que va mucho más lejos que el proyecto que hoy estamos examinando aquí. 
En efecto, esta nueva ley, que garantiza el derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el trabajo y en el empleo, ha consagrado el concepto no de distribución, sino de inversión de la carga de la prueba, por lo que ahora corresponde al empleador probar la inexistencia de discriminación alguna. 
Define mejor también esta ley, muy claramente, el concepto de discriminación indirecta por el que la Sra. Fiorella Ghilardotti y tantas de nosotras hemos luchado. 
Como se dijo durante el debate en Portugal, esta ley se ha basado en muchos de los principios por nosotros defendidos, razón por la cual las mujeres portuguesas no pueden dejar de estar agradecidas a la Comisión, al Parlamento Europeo y, en particular, a su Comisión de Derechos de la Mujer. 
Éste es un ejemplo excelente de cómo puede la Unión Europea contribuir al aumento de los derechos de sus ciudadanos y, en este caso especial, de las ciudadanas portuguesas. 
Por desgracia, en la primera lectura el Consejo suprimió algunos aspectos considerados por nosotros esenciales. 
Señor Comisario Flynn, esperamos, pues, que se aprueben con la mayoría necesaria las enmiendas ahora propuestas en segunda lectura, sobre todo la enmienda nº 5- sobre la discriminación indirecta -, la enmienda nº 8- sobre el beneficio de la duda- y la enmienda nº 12 y que la Comisión las defienda con toda energía, pues son factores indispensables para la defensa de los derechos de las mujeres en materia de empleo y de seguridad social. 
Y el Parlamento y la Unión Europea quedarán mal, si se sitúan muy por detrás, a este respecto, de uno de los países del sur de Europa. 
Señor Presidente, la propuesta que hoy debatimos sobre la inversión de la carga de la prueba, como se denomina en el lenguaje normal, naturalmente no es en realidad una inversión de la carga de la prueba. 
Se ha intentado interpretar un poco las sentencias del Tribunal de Luxemburgo. 
No soy tan pesimista como la Sra. Van Dijk. 
Creo que Europa ha hecho mucho para la posición de la mujer, y eso se lo puedo decir en todo caso a la Sra. Van Dijk con cierto orgullo,. 
Creo que esta propuesta es un paso adelante en el camino hacia una posición de la mujer aún algo mejor. 
El punto de vista del Consejo, si lo comparo con la propuesta original presentada por la Comisión, lamentablemente se ha debilitado también bajo la presidencia neerlandesa. 
He entendido ahora y ustedes acaban de oír que también en el grupo parlamentario EVP hay personas que temen esta propuesta y que piensan que podríamos ir demasiado lejos en determinados puntos. 
Esa es en realidad la razón por la que pido al comisario una atención especial a unas enmiendas. 
¿Es verdad, comisario, que la Comisión sigue empeñada en incluir en este ámbito de la directiva la posición de la trabajadora autónoma? 
Afirmo que vale la pena mantenerlo. 
A continuación, me gustaría saber la opinión de la Comisión Europea sobre la enmienda 9. La enmienda 9 es el texto exacto de la propuesta original de la Comisión. 
Estoy muy de acuerdo con este texto. No impone nada a los Estados miembros, pero sólo se les pide que procuren disponer de información para las partes que se quieran defender. 
¿Lo mantiene? 
Entonces, el grupo parlamentario EVP estaría dispuesto a apoyarla con mucho gusto. 
Otro tema es, y se puede hacer rápidamente, la enmienda 8. Tengo la sensación de que ese texto no está muy claro jurídicamente. 
Me gustaría pedirle su opinión acerca de esto. 
Pero por lo demás, deseo a la Comisión que siga apoyando la posición de la mujer. 
Señor Presidente, la posición común representa un paso adelante para la supresión de las prácticas discriminatorias en la medida en que asume la dificultad existente para demostrar judicial y extrajudicialmente las formas elusivas que cobran ciertas formas indirectas de discriminación. 
Sin embargo, aun reconociendo ese aspecto positivo, hay que señalar que este reconocimiento explícito en un texto normativo constituye un avance que no se llega a concretar como tal porque la instrumentación de las medidas jurídicas a adoptar para suprimir la continuidad de las prácticas discriminatorias se queda a medio camino y naufraga en la ambigüedad. 
El peso de las tradiciones jurídicas existentes en la generalidad de los Estados miembros según la cual la carga de la prueba corresponde al demandante y no al demandado se manifiesta en aspectos tales como el ámbito de aplicación de la directiva, la definición de la discriminación indirecta y la inversión de la propia carga de la prueba, hipotecando las soluciones que se han dado. 
Todo ello nos lleva, para concluir, a apoyar las enmiendas propuestas por la Comisión de Derechos de la Mujer, que superan las ambigüedades y garantizan que los procedimientos judiciales y extrajudiciales sirvan para impedir la discriminación. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo quiero felicitar a mi colega de Grupo, la Sra. Gilardotti, destacar sus argumentaciones y exponer brevemente el inaudito proceder del Consejo. 
Todo empezó ya de un modo curioso cuando el Consejo adoptó a toda prisa su posición común el 27 de julio de 1977, si bien el texto no fue remitido luego al Parlamento hasta el 15 de septiembre. 
Por lo tanto, adoptó su decisión con casi dos meses de antelación. 
Sin embargo, sólo recogió dos enmiendas de las once que había aceptado la Comisión. 
Por otra parte, el Consejo retrocedió con su decisión 11 y hasta 18 años atrás, al suprimir del considerando 8 tres de sus propias Directivas relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato entre los hombres y las mujeres de los años 1979 y 1986, para remitirse sólo a dos disposiciones legislativas de los años 1975 y 1976, de conformidad con el lema que recomienda volver a los inicios. 
¡Pero éste no es, desde luego, el lema de los diputados del Parlamento Europeo y mucho menos de la Comisión de Derechos de la Mujer! ¡Y esto ocurre después de Amsterdam! 
Por consiguiente, señor Comisario Flynn, nosotros pedimos, en primer lugar, que se haga referencia a las otras Directivas sobre la igualdad de trato, esto es, que se definan claramente los ámbitos de aplicación. 
En segundo lugar, que la definición de la discriminación indirecta refleje la jurisprudencia elaborada por el Tribunal de Justicia Europeo durante diez años, en la que se contempla la existencia de una situación en la que un número proporcionalmente más elevado de personas de un determinado sexo se ven desfavorecidas y donde no tiene cabida la referencia a la necesidad de la empresa ni a la política de cada Estado miembro. 
En tercer lugar, es preciso que se mantenga la pieza fundamental del informe Gilardotti, esto es, la inversión de la carga de la prueba, ya aceptada por el Parlamento y la Comisión. 
En cuarto lugar, debe garantizarse la transposición de la directiva. 
Esto incluye la adopción de medidas de acción positiva y la presentación de un informe al Parlamento cada tres años, que fue suprimida incomprensiblemente por el Consejo, así como la supresión de las disposiciones atenuantes de los considerandos 15 y 16. 
En efecto, señor Comisario Flynn, si elevamos a la categoría de posición común este texto que se propone tomar en consideración las peculiaridades de los ordenamientos jurídicos de algunos Estados miembros, ¡entonces ya no valdría la pena adoptar ninguna directiva comunitaria y podríamos ahorrarnos ese trabajo! 
Señor Presidente, el camino hacia la igualdad entre hombres y mujer es trabajoso y tiene considerables baches. 
Las discriminaciones por razones de sexo siguen produciéndose con demasiada frecuencia en las empresas. 
Las mujeres- y no sólo ellas- desean cambios concretos y la armonización del procedimiento en todos los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo se ha manifestado en este sentido. 
El Consejo ha tomado en consideración en su nueva posición común algunas objeciones de nuestro Grupo político. 
Éste es un hecho que no han mencionado hasta ahora algunas colegas. 
Así, se ha suprimido, por ejemplo, el principio de indagación. 
Tampoco se establece ya para todas las partes la obligación de aportar información. Esta exigencia habría dado lugar a indagaciones que son incompatibles con el Derecho civil de los Estados miembros. 
La Comisión Europea hizo suyas las propuestas éticas de este Parlamento, por lo cual damos gracias al señor Comisario Flynn. 
Voy a citar tres ejemplos. Primero: la ampliación de la definición de la discriminación indirecta. 
Segundo: la inclusión de las Directivas relativas a la seguridad social. 
Tercero: la obligación de los Estados miembros de presentar un informe en un plazo mínimo de dos años. 
Nosotros no podremos apoyar algunas de las enmiendas de la ponente, Sra. Ghilardotti- que busca como es habitual en ella una gran precisión -, como por ejemplo la supresión de los considerandos 15 y 16. 
A nuestro parecer, es ciertamente necesario tomar en consideración las peculiaridades de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, sobre todo cuando existe una discriminación manifiesta. 
En conjunto, se ha buscado una solución intermedia. 
La parte demandada deberá probar que ha cumplido el principio de la igualdad de trato, lo cual representará un importante correctivo en todos los Estados miembros, toda vez que los instrumentos jurídicos comunes contemplarán tanto la discriminación indirecta como la directa. 
La presente directiva sobre la carga de la prueba constituye, a mi parecer, un progreso muy considerable en el pedregoso camino al que aludía al principio. 
Señor Presidente, en esta brevísima intervención tengo la intención de manifestar mi apoyo a la ponente y a sus propuestas, en este vaivén en que la posición común aprobada por el Consejo representa un retroceso inaceptable. 
Antes que nada, no es aceptable porque este retroceso coloca la posición común por detrás de legislaciones nacionales entretanto promulgadas y representa una desincentivación o una falta de estimulo para que los que afrontan y procuran resolver situaciones de discriminación evidente, como es el caso- escandaloso y que se arrastra desde hace años- del Banco Comercial Portugués, que se opone al acceso igualitario de las mujeres al trabajo. 
Y que sólo se podrá tratar en el plano jurídico con la inversión de la carga de la prueba, como permite vislumbrar la legislación portuguesa, con la posibilidad de que la parte demandante pueda ser de carácter sindical y beneficiarse de cualquier duda que pueda subsistir y también con otros aspectos presentes en el informe en enmiendas para la segunda lectura. 
Por eso, felicito a la ponente y, junto con mi Grupo y- espero- que junto con todo el Parlamento, me propongo fortalecer sus propuestas frente a la posición común. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar agradecer a todos que se haya concluido tan rápidamente el examen de la posición común. A ese respecto doy las gracias en primer lugar a la Sra. Ghilardotti y a todos los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Las propuestas revisadas de la Comisión se basaban en gran medida en las enmiendas que Sus Señorías aprobaron en la primera lectura y la posición común del Consejo se separa de la propuesta revisada en dos cuestiones esenciales: la definición del concepto de discriminación indirecta- es decir, el apartado 2 del artículo 2- y el alcance de la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva. 
La Comisión ha expresado profundas reservas sobre ambas cuestiones y, por lo que se refiere al concepto de discriminación indirecta, incluyó en su propuesta original los cuatro elementos que han reaparecido constantemente en los fallos del Tribunal. 
La Comisión considera muy difícil aceptar sólo algunos de esos elementos, ya que cada uno de ellos está justificado por la inclusión de los demás. 
Precisamente el hecho de que estén ensamblados es lo que da coherencia a esa definición. 
Por lo que se refiere al alcance de la Directiva, la Comisión ha expresado también los problemas que le plantea el criterio adoptado en la posición común. 
Considera que el principio establecido por el Tribunal respecto del cambio de la carga de la prueba es general y se debe aplicar en todas las directivas encaminadas a cumplir el principio de igualdad de trato entre los sexos. 
Quisiera pasar a examinar las enmiendas de Sus Señorías y la Comisión cree, como la ponente, Sra. Ghilardotti, que ahora es importante centrarse en las cuestiones fundamentales. En la propuesta reexaminada, la Comisión desea centrar la atención en esas cuestiones. 
Para lograrlo, la Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: las núms. 3, 4, 7, 9 y 10. 
1 y 6 y, al aceptar estas dos últimas, debo rechazar las núms. 11 y 12. 
1 y 6, que restituyen una referencia a las tres directivas sobre la seguridad social adoptadas en el ámbito de la igualdad de trato y, aunque la inmensa mayoría de los Estados miembros se oponen firmemente a esa referencia, la Comisión debe seguir intentando convencer a los Estados miembros de que no se deben excluir esas tres directivas del ámbito de aplicación de la directiva; la enmienda nº 5, cuyo objeto es el de fortalecer la definición, bastante deficiente, de discriminación indirecta que figura en la posición común; la enmienda nº 8, que restituye al final del apartado 1 del artículo 4 el principio de que, en caso de duda, se debe inclinar la balanza a favor de la demandante. 
De modo que, como ven Sus Señorías, la Comisión acepta sus enmiendas propuestas sobre las tres disposiciones fundamentales del texto de la Comisión. 
La Sra. van Dijk ha formulado una pregunta concreta: la de si había valor añadido en este caso. 
Creo que la respuesta es afirmativa, pero habría que fortalecer en gran medida la posición común, por lo que espero que podamos convencer al Consejo de la necesidad de hacer lo que proponen las enmiendas. 
He de decir a Sus Señorías que la propuesta de la Comisión va encaminada a aumentar la certeza jurídica y a velar por que en todos los Estados miembros se cumpla escrupulosamente la interpretación del principio de igualdad de trato dada por el Tribunal de Justicia. 
Además, se trata de un claro paso adelante respecto del texto de la transacción sobre la que once Estados miembros estaban dispuestos a llegar a un acuerdo en 1993, en particular el mayor ámbito de aplicación y la mayor claridad del artículo 3 y del apartado 1 del artículo 4. 
La Sra. Oomen-Ruijten ha formulado una pregunta sobre la enmienda nº 9, en la que se propone la restitución de un nuevo apartado del artículo 4 sobre el procedimiento. 
No se acepta, porque hoy es necesario centrarse en las cuestiones fundamentales. 
La supresión de esa disposición en la posición común no tiene efecto negativo alguno, pues, de hecho, lo que establecía existe ya de una forma o de otra en los sistemas jurídicos de todos los Estados miembros. 
En conclusión, quisiera reiterar mi agradecimiento a todos los interesados y espero que podamos convencer al Consejo de la necesidad de fortalecer su posición común, como ha propuesto la Asamblea. 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.25 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0286/97) de la Sra. Kjer Hansen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe especial 3/97 del Tribunal de Cuentas relativo al sistema descentralizado de ejecución del programa PHARE, acompañado por las respuestas de la Comisión (C4-0349/97). 
Sr. Presidente, permítame comenzar antes de nada agradeciendo la buena colaboración en la redacción de este informe. 
Esto es válido tanto en lo que respecta al Tribunal de Cuentas como en lo que respecta a la Comisión, la cual de buen grado se ha puesto a mi disposición para debatir y proporcionar datos que profundizan en la materia. 
Celebro también la franqueza en torno a las dificultades expresada por la Comisión, sin embargo, lo fundamental en este momento es lograr enderezar las circunstancias, de manera que el programa PHARE llegue a funcionar mejor de ahora en adelante. 
Lamentablemente he de constatar que muchos de los problemas que durante años han sido mencionados desde el Parlamento, especialmente en relación con la decisión de aprobación, siguen existiendo. 
Siempre ha existido un amplio consenso sobre la necesidad de la existencia del programa PHARE, sin embargo, al mismo tiempo han estado menos claras las tareas del programa y las metas concretas del programa. 
Por ello no me cabe duda de que es una buena idea reorganizar el programa, de manera que ahora el objetivo esté claramente orientado a la adhesión. 
No obstante, me parece importante subrayar que modificar los objetivos no proporciona resultado alguno por sí mismo. 
Sólo si se producen mejoras concretas en la ejecución del programa, podremos obtener resultados más concretos y visibles, y permítaseme en este sentido mencionar que esto mismo es valedero con relación a la decisión de la Comisión de crear una Unidad especial para coordinar las actividades externas. 
Si al mismo tiempo no se lleva a cabo una racionalización y una simplificación de los procedimientos, existe, por el contrario, el riesgo de que el reparto de tareas y responsabilidades también se vea oscurecido. 
La cuestión de la descentralización constituye un problema esencial. 
El tema es que no se ha producido una verdadera descentralización, a lo sumo una desconcentración. 
Y considerando que los países PHARE se enfrentan dentro de poco tiempo a su adhesión a la UE, es fundamental en atención a la estrategia de adhesión lograr poner en práctica un sistema de ejecución auténticamente descentralizado. 
Por ello, recomiendo a la Comisión que lleve a cabo la idea de descentralización permitiendo que al menos un país asuma la responsabilidad de la ejecución de su programa nacional PHARE totalmente con arreglo al Reglamento Financiero y permitiendo también que al menos una delegación de la Comisión en un país asuma la responsabilidad de idéntica manera y, finalmente, permitiendo que la gestión financiera de sectores específicos del Programa PHARE pase a las administraciones nacionales. 
Cuando esperamos que una ampliación se produzca en un plazo de tiempo tan corto, no puede tampoco caber duda alguna de la necesidad de que los países respectivos asuman la administración del Programa PHARE. 
Una de las dificultades recurrentes es el problema del personal en la Comisión. 
No me explico cómo incluso en los puestos más altos de la administración PHARE hay una rotación tan violenta del personal. 
La rápida rotación a todos los niveles implica naturalmente pérdida de continuidad, experiencia y conocimiento. 
Y la situación en las delegaciones es muy mala, y me parece del todo inaceptable que la Comisión no haya tratado de establecer un servicio exterior para evitar la falta de personal cualificado en las delegaciones. 
Hay así una serie de áreas en las que la Comisión ha manifestado una serie de iniciativas, las cuales tienen como fin que se reduzca el plazo de contratación de los tratados a seis meses, que los contratos no efectuados sean finalizados, que las unidades de gestión del programa sobrantes sean cerradas, que los procedimientos de aprobación sean simplificados, que el informe de evaluación sea seguido por la acción concreta, y que los fondos PHARE no utilizados sean redistribuidos. 
Ciertamente es positivo que la Comisión haya prometido mejoras en estos ámbitos. 
Espero con ilusión que sean puestas en práctica y espero que la Comisión, como se ha pedido, presente un informe sobre estos progresos antes de final de año. 
Con respecto a las enmiendas al informe, he de decir que me extrañan los intereses de los que algunos de mis colegas desean cuidar. 
Desde el Parlamento nos hemos quejado todo el tiempo de la grotesca situación que supone el que menos de la mitad de los fondos comprometidos bajo el programa PHARE sean de hecho destinados a pagos efectivos. 
Es por ello decisivo que los procedimientos de ejecución sean modificados y estimulados de manera que se implante un plazo de seis meses entre el compromiso de los fondos y la firma del contrato pertinente. 
Esto es un problema bien conocido, y el plazo de seis meses es efectivamente lo que los propios representantes de la Comisión han propuesto. 
La enmienda núm. 2 contrarresta la idea de descentralización, y, además, todos los elementos aislados directa o indirectamente están cubiertos por el texto original. 
Por ello, sólo puedo pedir a mis colegas en la sala que voten en contra de estas enmiendas. 
Por último, quiero dar las gracias a mis colegas por su positiva colaboración y por los numerosos y buenos debates mantenidos sobre el Programa PHARE y el futuro del Programa PHARE. 
Si la Comisión sólo quisiera poner en práctica las medidas aquí propuestas, no me cabe duda que el programa PHARE llegaría a funcionar según su finalidad, crearía resultados visibles en los países receptores y precisamente impulsaría la incorporación de éstos a la UE. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar, en nombre del Grupo Socialista, a la ponente por su excelente informe. 
Creo que expone con claridad las dificultades del programa PHARE y marca, además, algunas pautas a seguir en el futuro. 
El tercer informe especial del Tribunal de Cuentas, que es la base de este informe, señala por enésima vez las deficiencias de este programa. Principalmente son que los compromisos no son un indicador del porcentaje de ejecución, puesto que los pagos sólo ascienden a un 44 % de los compromisos, y menos de la mitad de los fondos destinados a PHARE desde su inicio han llegado al beneficiario final. 
Yo creo que nadie en esta Asamblea ha cuestionado la razón de ser del programa por pura voluntad política pero, en los 7 años de su existencia, se ha criticado su mala ejecución sin que la Comisión haya planteado, hasta hoy, un remedio eficaz. 
Yo creo que no es de recibo simplemente atribuir la culpa de la mala ejecución a la mala administración o al mal funcionamiento de los países beneficiarios. 
Año tras año, se ha seguido aprobando el presupuesto sin plantearse más que una vez una reserva poco eficaz para esta línea presupuestaria. 
Yo deliberadamente excluyo aquí el factor Value for money, que debería ser un debate prioritario para el futuro del programa. 
La respuesta de la Comisión ahora para una mejora, dando un enfoque de prorrogación hacia la adhesión, creo que tampoco es una panacea. 
Hace falta también definir con claridad el objetivo, mejorar los procedimientos y aligerar sobre todo los niveles de toma de decisión. 
La exigencia del informe de la Sra. Kjer Hansen de que no podrán pasar más de seis meses entre un compromiso y la firma del contrato pertinente podía ser una de las vías en aras de la transparencia y de evitar abusos que están constatados. 
Además, al evaluar los resultados, se constata que han sido, hasta ahora, muy insuficientes. 
A finales de 1995 sólo había informes de evaluación y control para un 30 % de los procedimientos. 
Yo creo que una evaluación progresiva, cada seis meses, sobre una base independiente como instrumento de reforma, sería realmente muy valiosa. 
Por último, hay que subrayar- y la Sra. Kjer Hansen también lo ha mencionado- la imperiosa necesidad de lograr la mejora de la situación de la plantilla, tanto en Bruselas como en las delegaciones en los países beneficiarios. 
Hay que remediar la alta fluctuación de la plantilla de personal. 
Señor Presidente, a nadie se le oculta que PHARE es el principal instrumento financiero de apoyo a la estrategia de preadhesión. 
De ahí la importancia de este informe y de las consecuencias que se generarán en el momento que lo votemos. 
También quiero resaltar que hay que felicitar a la Sra. Kjer Hansen por el magnífico trabajo realizado y agradecerle su buena disposición a la hora de aceptar nuestras enmiendas. 
Pero si resolución y enmiendas han sido posibles, ha sido porque, una vez más, el Tribunal de Cuentas ha cumplido con su trabajo de una forma escrupulosa, elaborando un análisis objetivo y crítico del sistema descentralizado de ejecución del programa PHARE. 
Si contar con un sistema descentralizado hubiera tenido que significar ejecución fluida de los programas y movilización acelerada de los recursos financieros, no siempre ha sido así. 
La verdad es que se han observado ineficiencias, recursos humanos limitados y con experiencia reducida, escasa capacidad de absorción de los países beneficiarios, dispersión de los créditos en una amplia gama de programas, entre otras. 
Dichas ineficiencias pueden justificar una cierta ralentización en la ejecución. 
Pero que el programa PHARE, desde su inicio, haya dejado más de un 50 % sin ejecutar denota que adolece de mayores y más profundos problemas. 
Celebro que la Comisión hable de reformas concretas en lo que se refiere a la gestión, de mayor rigor en la programación y en la gestión financiera. 
Estoy convencido de que la Comisión no se equivoca al decidir crear una unidad de evaluación independiente en el seno de la DG I A, ya que, si asegura su independencia y la dota de recursos suficientes, no sólo se tratará de una innovación constructiva, sino que contará con la mejor herramienta para mejorar dicho programa. 
Señor Comisario, cuando la Comisión habla de «reasignar fondos a actividades más fructuosas» , o bien de «reasignación de las subvenciones no utilizadas» , se refiere al interior del programa PHARE. 
Pero si el resultado final no mejora, habrá que hablar de «reasignar» pero, desgraciadamente, para otro programa. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo creo que, a la vista del excelente informe de la colega Kjer Hansen, hoy debemos emitir al fin un juicio demoledor sobre la labor de la Comisión por lo que se refiere a la ejecución del programa PHARE. 
He leído las sucintas observaciones de nuestra Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y en ellas se señala que se procedió a la descentralización sin que la Comisión tuviera un conocimiento claro de los procedimientos introducidos por las autoridades nacionales para su ejecución. 
El importe de los recursos financieros destinados al programa PHARE supera la capacidad de gestión de la Comisión. 
¿Qué significa esto? 
El Tribunal de Justicia ha manifestado su preocupación por la transparencia y la equidad en relación con la adjudicación de contratos y la elaboración de listas restringidas de candidatos. 
Se han dado pruebas de ineptitud en un ámbito central de la Agenda 2000. 
Ya lo manifesté aquí en otra ocasión: ¿cómo podemos explicar a nuestros conciudadanos y conciudadanas que una Comisión que ni siquiera es capaz de distribuir de manera sensata un millardo de ecus anuales a unos países que tienen una enorme necesidad de recursos, estará en condiciones de impulsar, de grado o por fuerza, un proceso de ampliación considerablemente más amplio, más costoso y más exigente? 
¡Nadie podrá explicárselo! 
Por esto, yo pienso que debe incorporarse un punto adicional a la Agenda 2000, a saber, que la Comisión deberá adoptar por fin las medidas necesarias para estar en condiciones de poder ejecutar debidamente el programa PHARE y un programa de ampliación. 
En efecto, señor Comisario, sus problemas de personal, a los que se ha referido antes la colega Dührkop Dührkop y que se señalan en el informe, no son de la responsabilidad de los Estados miembros ni del Parlamento, ni de nadie. 
¡Son ustedes quienes deben hacerse cargo de ellos y resolverlos! 
Éste es, a mi modo de ver, el mensaje del informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, la discusión de hoy constituye en cierto modo un anticipo del debate que celebraremos aquí, en esta Sala, justamente dentro de un mes, sobre la Agenda 2000 y, por ende, sobre la ampliación de la Unión Europea. 
Cuando se habla del programa PHARE, se trata del conjunto de los países del Mediterráneo que están aguardando su incorporación- unos antes, otros después- como miembros de la Unión Europea. 
La base de nuestro debate de hoy es un informe específico del Tribunal de Cuentas. 
Es propio de la naturaleza de estos informes que, sobre todo, se hable en ellos de las dificultades y de los problemas. 
Por esto uno se podría ver tentado a actuar con pesimismo y éste se ha hecho sentir ya. 
Quisiera dar de forma expresa las gracias a la ponente, la Sra. Kjer Hansen, por no haber cedido a esta tentación de pesimismo. 
Pero esto no quiere decir que no tomemos en serio el informe del Tribunal de Cuentas. 
Al contrario. Todos sabemos que los candidatos a la adhesión deben realizar aún grandes esfuerzos. 
Esto no es nuevo, pero el Tribunal de Cuentas nos muestra que la Comisión debe realizar también cambios decisivos en su forma de trabajo para que el proceso de ampliación no se convierta en un desastre. 
Sé cuán difícil es la tarea de la Comisión y puedo entender también, señor Comisario, que usted haga a veces de cabeza de turco. 
Por un lado lamentamos aquí, en el Parlamento, que los recursos que hemos habilitado, como autoridad presupuestaria, se hayan gastado y se gasten solamente en parte. 
Inmediatamente después lamentamos que todo haya ido mal donde se han gastado realmente los recursos. 
Sin embargo, ambas cosas son propias de nuestra función como Parlamento y espero que ustedes entiendan las puntualizaciones críticas como crítica constructiva, como estímulo para seguir trabajando. 
En este contexto, un concepto decisivo es el de concentración de fuerzas. 
De hecho, en el pasado se ha dado con demasiada frecuencia la impresión de que tanto la Comisión como también los países del programa PHARE se han extraviado a la hora de identificar los proyectos dignos de ser financiados. 
Un fenómeno concomitante de esto ha sido un sistema de ejecución muy complicado que ha originado costes considerables innecesarios. 
Por esta razón es acertado que se definan con claridad las tareas respectivas de todos los participantes, que se reduzca el número de programas y que las delegaciones in situ de la Comisión se vean reforzadas, por fin, en su dotación de personal y en sus competencias, de suerte que puedan asegurar una eficaz vigilancia de los programas. 
Estas son también nuestras exigencias que coinciden con las que ha planteado el Tribunal de Cuentas. 
Señor Presidente, señor Comisario, sin duda, no vale cerrar los ojos y seguir adelante. 
Se trata de un problema estructural difícil en la ejecución de los programas de la Comisión. 
El trasfondo o la quintaesencia del informe es, como se ha dicho, que la Comisión no ha logrado realmente hasta ahora habilitar para el PHARE un sistema de evaluación mediante el cual puedan medirse los efectos políticos del programa. 
Falta también un sistema convincente de vigilancia particularizada de los gastos y falta claridad sobre la competencia de evaluación que, ciertamente, como sabemos, es ejercida en parte por la Comisión y en parte reside en los órganos inferiores. 
La falta de transparencia ha alimentado, naturalmente, la sospecha de que a la hora de otorgar los encargos no siempre se procede con rectitud pero, evidentemente, ha sucedido también que, al menos en la fase inicial, algunas entidades occidentales se han hecho de oro con determinado apoyo o la buena fe, por decirlo así, de los países perceptores. 
Me atrevo a dudar de que los resultados de los servicios hayan correspondido siempre a lo que los países han esperado. 
Muchos de los dictámenes han acabado en los cajones y se han hecho a costa de los contribuyentes. 
A pesar de todas las críticas necesitamos el programa más que nunca para apoyar la adhesión de los estados de la Europa central y oriental. 
Con esto tampoco hay que poner en duda la descentralización de la ejecución si deseamos tener socios con igualdad de derechos en la Europa central y Oriental. 
La descentralización debe ir pareja con un seguimiento razonable, con una vinculación financiera más fuerte de los países perceptores y con una mejor preparación administrativa de estos países a estas tareas, y creo que esto se ha descuidado un poco. 
Pero necesitamos también una nueva metodología de la valoración de los resultados sobre la base de unos objetivos políticos claramente definidos. 
Por lo que respecta a la sospecha de nepotismo, me podría imaginar algunas propuestas concretas acerca de cómo se pueden introducir nuevas entidades y cómo se garantiza una participación amplia. 
¿Por qué no se hace esto a través de calls for interest, periódicas y generales, para ampliar la cadena de solicitantes? 
¿Por qué la gerencia de los programas no atrae con más frecuencia nuevos ofertantes en vez de atraer siempre a los mismos? 
Sería también muy importante que los propios Estados miembros que se sientan en el comité de gestión del PHARE hicieran publicidad de estos programas en sus países. 
Espero que este disparo delante de la proa contribuya a que el disparo de salida para la ejecución del programa MEDA funcione mejor de suerte que no tengamos los mismos problemas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Deslocalizaciones e inversiones en los terceros países 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0294/97) del Sr. Sainjon, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre las deslocalizaciones y las inversiones en los terceros países. 
Señor Presidente, señor Comisario, mis queridos colegas, sería injusto e incluso falso afirmar que la mundialización y los movimientos internacionales de empresas sólo tienen efectos negativos. 
La libre circulación de las personas, las ideas y las mercancías, el final de algunos grandes imperios totalitarios y la caída de los muros y de los telones de acero son, en términos generales, grandes progresos. 
En algunos casos podemos afirmar incluso que ciertas deslocalizaciones dan trabajo a los países pobres y que la bajada de los precios de los productos que se consumen en los países ricos, favorecen el crecimiento. 
Sin embargo, señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, cuando contemplamos las reacciones de los ciudadanos y de los trabajadores europeos ante la construcción europea, lo que siempre aparece en primer plano de los fenómenos considerados negativos, son las deslocalizaciones. 
Los ciudadanos europeos ya no lo soportan más, y además son muchos, a menudo sin razón, los que culpan de ello a la Unión Europea. 
Nuestro colega, André Sainjon, ha realizado un excelente trabajo. 
Cuenta con mi apoyo, el de los Socialistas, y todos nosotros apoyamos las iniciativas políticas y sindicales encaminadas a la lucha contra un ultraliberalismo destructor. 
En resumen, hay que distinguir entre dos espacios en lo que respecta a las deslocalizaciones, aquellas que se producen en el interior de la Unión y aquellas otras que se hacen en el resto del mundo. 
En el caso de las primeras, en el interior de la Unión, naturalmente no pueden prohibirse, pero se puede, se debe y es necesario acelerar la armonización fiscal y social, una armonización al alza. 
Es imposible aceptar un mercado único en el que las reglas del juego y, por tanto, los costes, sigan siendo básicamente diferentes. 
Eso sería desastroso para todos, en particular, para los asalariados y, por consiguiente, para la idea misma de la construcción europea. 
Armonización, desde luego, pero sobre todo, e insisto, se puede, se debe y hay que prohibir las deslocalizaciones que se benefician de ayudas directas o indirectas de la Unión Europea. 
Los casos son numerosos y conocidos. 
Es intolerable y deben adoptarse medidas legislativas. 
Es perfectamente posible hacerlo y es muy sencillo. 
Basta con que exista la voluntad política. 
Pero junto a las deslocalizaciones internas, existen naturalmente también las deslocalizaciones en el exterior de la Unión. 
André Sainjon hace en este sentido propuestas interesantes que yo apoyo, en particular, la de un código de conducta para las multinacionales europeas, así como la propuesta de modificar el código de inversión de la OCDE. 
Sin entrar en detalles, afirmo, afirmamos, también nosotros, que hay que luchar contra el trabajo forzado, contra la esclavitud infantil, contra las discriminaciones de todo tipo, pero también a favor de una promoción de la libertad sindical, a favor de la generalización de las negociaciones colectivas y, en materia de Derecho laboral, a favor de un código mínimo en todos los países. 
En conclusión, señor Presidente, repetiré que aunque la libre circulación en Europa y en el mundo de las personas, las ideas y los bienes es algo excelente y supone un progreso en materia comercial, económica e industrial, hay que organizar esta libre circulación, regularla, evitar los excesos, establecer un mínimo de reglas comunes para no favorecer a los explotadores de cualquier color y de cualquier calaña. 
Aunque la libertad siempre es buena, ésta no debe conducir a la ley del más fuerte. 
Señor Presidente, el mundo es cada vez más pequeño y hoy es tan obvio este principio que la globalización o mundialización de la economía es un hecho que todo el mundo admite como algo natural. 
Y es así de claro como que por la mañana puede haber una pequeña tormenta monetaria en el sudeste asiático y por la tarde puede haber un crack en la bolsa de Nueva York. 
Esto lo estamos viendo y lo hemos vivido recientemente. 
Esto, que nos puede asombrar a los adultos porque cuando nacimos todavía existían las distancias, las fronteras, etc., a los jóvenes de hoy les parece obvio y forma parte del medio en el que vivimos. 
La propuesta de resolución del Sr. Sainjon sobre deslocalizaciones es excelente, bien razonada y fundada pero quizá algo voluntarista. 
Así, en el considerando A nos dice textualmente: » Considerando que la mundialización del comercio, la producción y las inversiones es una oportunidad que se ha de aprovechar limitando los efectos negativos.» y añade en el considerando C, con toda razón, que «las deslocalizaciones constituyen un fenómeno que responde a la lógica económica y que no deberían abordarse sólo desde el punto de vista ideológico». 
Naturalmente, dentro de los temas económicos, tenemos que considerar todo lo que es el área, el producto, el mercado, el coste, la paridad de las monedas, el euro, el dólar, u otras monedas más débiles. 
Esto es algo que hay que tener en cuenta siempre. 
El informe trata extensamente de las relaciones entre las inversiones directas en el extranjero, normalmente inversiones de capital, y de las deslocalizaciones que, como todo el mundo sabe, consisten en el traslado de los medios de producción a otro país o en la implantación directa de los mismos mediante inversiones directas. 
Él se centra en un conjunto de conceptos, en todo lo que son las ayudas, las promociones, los estímulos, las estrategias que directa o indirectamente tienen otros lugares fuera de la Unión Europea. 
Finalmente, el Sr. Sainjon se hace una pregunta, que quizá es la clave de las deslocalizaciones: ¿son el comercio internacional y las deslocalizaciones de la producción hacia los países en desarrollo responsables del aumento del desempleo en Europa? 
Éste es un principio clave. 
Pero yo, sinceramente, creo que no. 
Porque ahí tenemos a los Estados Unidos, que tiene un índice de desempleo inferior a la media comunitaria y tiene normalmente una renta más alta. 
Es decir, yo creo que no es la causa. La causa del desempleo hay que buscarla en otro sitio. 
Y quiero terminar con un dicho español: » Es difícil poner puertas al campo». 
En cualquier caso, me parece un informe interesante y que yo votaré a favor. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Sainjon es interesante y lleno de ideas originales, pragmático y no demasiado ideológico. 
El ponente no siente la tentación de volver a traer a colación los beneficios del libre mercado ni siquiera por un momento y aparta con valor algunos falsas tesis sobre el desempleo y las deslocalizaciones. 
La tecnología, por ejemplo, no es causa ineluctable de desempleo, sino que sirve de estímulo para las nuevas localizaciones, ya que las oportunidades de la producción flexible, incluso fuertemente automatizada, son preferidas por la mayor parte de los sectores manufactureros al trabajo de escasa cualificación, aunque de bajísimo coste. 
El mercado libre vuelve a situar al consumidor en el centro de la escena y beneficia la especialización y la innovación de los productos respecto al puro y simple ahorro en el precio, por lo que los proyectos y la producción vuelven a sentir más fuerte la necesidad de permanecer cerca del mercado. 
Asimismo, en el informe Sainjon se revalorizan las multinacionales, pues se las considera como correas de transmisión de riqueza, a través de las inversiones creadoras de empleo, y como emisoras de la cultura del trabajo moderno, embajadoras y de hecho casi operadoras sociales en los países en desarrollo a través de sus códigos voluntarios de autorreglamentación. 
Del análisis del ponente resulta evidente lo que ya muchos admiten, o sea, que las condiciones de atracción de una zona para la inversión y, por consiguiente, para la creación de empleo de calidad, están cada vez más ligadas a la disponibilidad de capacidades técnicas muy avanzadas y, en consecuencia, a la calidad de la educación y de la formación, y están relacionadas con las infraestructuras de comunicación y de transporte, así como con las redes de conexión con el mercado mundial. 
A dichas condiciones yo añadiría, al igual que lo hace en parte el Sr. Sainjon, la certeza y la transparencia de las leyes. 
Señor Presidente, esto lo digo también en clave de mensaje a nuestro país, Italia, que goza de la reputación de prestar escasa atención a las reglas sobre la propiedad intelectual y donde, sobre todo, rige una normativa fiscal y laboral demasiado compleja que desalienta cualquier espíritu emprendedor y que quizás fomenta, precisamente, las deslocalizaciones. 
Estoy de acuerdo con la sugerencia del ponente en cuanto a una orientación de los Fondos estructurales, entendida cada vez más en términos de apoyo a los programas de investigación y de tecnología para las empresas. 
Me convence menos la propuesta de pedir el reembolso de las financiaciones asignadas a las empresas que practican las deslocalizaciones y opino que sería más factible suspender los pagos y hacer figurar dichas empresas en una lista negra. 
Y termino rápidamente congratulándome con el ponente del trabajo que ha llevado a cabo. 
Presidente, colegas, Comisario, el grupo parlamentario liberal tiene sus reparos al informe Sainjon por tres razones. En primer lugar, el título no se refiere al contenido. 
El informe debería tratar de las deslocalizaciones de empresas y las inversiones directas extranjeras en los terceros países. 
Ahora bien, gran parte de resolución trata de la política socio-cultural dentro de la Unión Europea, o trata de las recomendaciones sobre el paso al Euro. 
Estos asuntos exceden el ámbito de este informe y la competencia de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
La segunda razón por la que mi grupo parlamentario tiene reparos a este informe, se refiere a los puntos de partida del contenido. 
El Sr. Sainjon basa sus conclusiones y su resolución en una sociedad industrial que ya no existe. 
En este aspecto me alegra de que se haya adoptado mi enmienda en el considerado B del informe, en el que se señala que la sociedad de la información desplegará un nuevo potencial económico y social y todas las consecuencias que esto tendría en el comercio mundial y en la progresiva mundialización. 
También he señalado que el AMI, el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones de la OCDE, que se tiene que celebrar lo antes posible. 
Pero hay otras enmiendas esenciales mías que no han sido adoptadas. 
Esto constituye la razón, la tercera razón, por la que el informe, tal como se nos presenta ahora, no es aceptable para mi grupo parlamentario. 
Hemos vuelto a presentar, por lo tanto, doce enmiendas. 
En el fondo, el informe Sainjon es un proyecto inacabado. 
Mi grupo parlamentario solicitará por lo tanto mañana antes de la votación, que se devuelva el informe a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores para que se llegue dentro de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores a un conjunto más equilibrado. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, estamos discutiendo sobre cientos de miles de puestos de trabajo sacrificados o amenazados en la Unión Europea por las deslocalizaciones que llevan a cabo las empresas en pos de la competitividad y la reducción de gastos. 
Las industrias que utilizan mano de obra son las más afectadas, aunque también lo son cada vez en mayor medida los servicios. 
Las empresas que deslocalizan, desde Hoover hasta Renault, obedecen al credo liberal de la Comisión Europea que Jacques Delors manifestó en su día mediante la fórmula: " con el gran mercado, cada uno se instala allí donde las condiciones sean mejores». 
Ahora bien, donde las condiciones son mejores es allí donde los beneficios son más altos. 
Así, estas deslocalizaciones hacen competir a los pueblos y los territorios, apostando por las diferencias sociales y salariales y haciendo chantaje a las ayudas públicas. 
A menudo se llevan a cabo sin previo aviso y sin consultar a las organizaciones sindicales ni a los representantes locales, con total desprecio por los asalariados y sus familias, y con total desprecio por el futuro económico de las regiones. 
Deben tomarse medicas eficaces en los planes nacionales y comunitarios para impedir el dumping social. 
Temo que el código de conducta de las empresas multinacionales, propuesto en el informe de la comisión y que ni siquiera es vinculantes, sólo constituya una barrera demasiado débil ante las multinacionales que no incluyen la moral en su estrategia. 
¿Qué repercusión pueden tener entonces las recomendaciones del ponente a las multinacionales europeas sobre " el deber moral de convertirse en auténticos vectores del desarrollo social en el mundo»? 
¿Es ingenuidad? 
Este es el motivo por el que nuestro Grupo presenta otras medidas, por un lado, para que se cuestione el proceso actual de liberalización y de desregulación lanzado por Bruselas y, por otro, para que se establezcan nuevos derechos de los asalariados, que les permitan salvaguardar su acervo social, defender su puesto de trabajo y controlar la utilización de las ayudas públicas a las empresas. 
Para luchar contra el dumping social, proponemos asimismo que se incluyan cláusulas sociales y medioambientales en todos los acuerdos comerciales y que se fiscalicen los movimientos de capitales con el fin de dirigirlos hacia inversiones productivas y creadoras de empleo. 
Quiero también manifestar mi inquietud por el apartado 5 de la resolución, en el que se pide que se celebre rápidamente un acuerdo multilateral sobre la inversión en el marco de la OCDE. 
Esta posición corresponde a la estrategia norteamericana para acelerar sin condiciones la liberalización del mercado mundial. 
Es el motivo por el que nuestro Grupo ha presentado una enmienda encaminada a que se excluyan la cultura y el sector audiovisual de dichas negociaciones. 
Señor Presidente, los Verdes no estamos fundamentalmente en contra de las deslocalizaciones de las explotaciones, al contrario. 
En situaciones adecuadas, éstas pueden significar una contribución importante al desarrollo regional. 
Esto implica, ante todo, coherencia con los principios humanos, sociales y de la política de desarrollo. 
Por consiguiente, la Mercedes podría fabricar absolutamente en Brasil. 
Pero un trabajador de la sucursal de allí debería tener el mismo derecho a organizarse sindicalmente que su colega de aquí. 
Una empresa francesa va a fabricar sin más dilación aparatos de radio en el sudeste asiático, pero la salud de las trabajadoras allí es exactamente tan importante como la de una trabajadora del primer mundo. 
Sin embargo, el proyecto neoliberal de vía libre para el capital libre empuja, sobre todo, al Tercer Mundo y a los países industriales hacia una horrenda competencia de localizaciones en busca de las mayores exenciones fiscales, de la peor protección laboral y de los salarios más precarios. 
Pero a este propósito sabemos desde hace tiempo que los costes salariales bajos no son determinantes de la mayoría de las deslocalizaciones. 
Pero, evidentemente, los empresarios creen que no sólo podrían conquistar nuevos mercados sino al mismo tiempo podrían también obtener ganancias sin estorbo en unas situaciones inhumanas. 
Precisamente por esto necesitamos unas reglas obligatorias de juego a nivel global. 
Los códigos voluntarios de conducta no son suficientes. 
Nuestra tarea es incluir nuestras empresas en la obligatoriedad. 
Hay que excluir, sobre todo, de las subvenciones de la UE a las empresas de aquí que contravengan fuera los estándares europeos. 
Es más que cínico establecer primas para salarios de hambre y para la contaminación del medio ambiente. 
En este sentido pedimos también apoyo para nuestras enmiendas. 
El Informe Sainjón está ya vencido, pues desde hace tiempo se está negociando en la OCDE un acuerdo multilateral de inversiones que dinamice las regulaciones estatales y la influencia política. 
Naturalmente, mañana votaremos a favor de que se apruebe el informe. 
Hemos tenido una audiencia muy buena al respecto. Hemos discutido abundantemente. 
A la Sra. Plooij van Gorsel no puedo menos que decirle una frase típica del fútbol: rozar el larguero es también un disparo fuera de puerta. 
Presidente, del informe del colega Sainjon se desprende que la deslocalización de actividades empresariales no es un fenómeno masivo. No es tanto la consecuencia de las diferencias salariales sino más bien del descubrimiento de nuevos mercados. 
Por eso, para las administraciones no tienen por donde cogerlo. 
A pesar de este análisis de fondo, es curioso que el ponente en la continuación de su informe sea bastante " dirigista». Propone una estrategia comunitaria con armonizaciones, códigos de conducta y una etiqueta social europea. 
Incluso quiere que las multinacionales realicen una " misión» social. 
¿Estima el colega Sainjon que este concepto de que todo es posible es verdaderamente realista? 
Aunque valoremos su trabajo, no queremos ir por el camino que nos indica el ponente. 
Una intromisión pública excesiva y compleja causa altos costes. Estos minan justamente la competitividad de las empresas europeas y su capacidad de creación de empleo. 
La descentralización, la reducción y la mejora legislativas favorecen un buen clima empresarial. 
Lamentablemente, esto no se subraya suficientemente en el informe. 
Sí comparto la recomendación del Sr. Sainjon de prestar más atención al desarrollo y a la innovación. 
El punto de partida es que eso es primariamente una tarea de los Estados miembros. 
La cooperación europea tiene una función complementaria en esto para crear las condiciones favorables. 
Señor Presidente, no esperábamos encontrar bajo la firma del Sr. Sainjon palabras que hubiera podido decir Lord Brittan, porque tras leer el presente informe, ¿qué queda de las deslocalizaciones? 
Muy poca cosa. 
No son tan numerosas, no son debidas a las diferencias de los costes salariales, o en muy poca medida, y no guardan prácticamente ninguna relación con el crecimiento del paro en nuestros países. 
Es más, son beneficiosas en la mayoría de los casos y, por tanto, hay que fomentarlas. 
Y los escasos efectos negativos que pudieran tener al margen, basta con corregirlos mediante mecanismos facultativos, mediante códigos de conducta voluntarios y mediante hipotéticos contratos de confianza. 
Aquellos de nosotros que, como representantes locales elegidos, vivimos a diario y sobre el terreno las deslocalizaciones, los desarraigos, la desorganización de las estructuras del territorio, los despidos masivos y las desestabilizaciones económicas y sociales que provocan, no nos reconocemos en este informe reductor e ingenuamente idílico. 
Es cierto que ninguna empresa ha recibido promesas de vida eterna, pero ¿por qué debemos rechazar preguntarnos acerca de los dispositivos reguladores que permitirían disciplinar la mundialización, atajar la perversidad de un mecanismo que destruye puestos de trabajo en Europa sin crear ningún efecto multiplicador de desarrollo en los países de acogida? 
¿Por qué no intentar hacer un balance objetivo de estas zonas francas que se multiplican en los países en desarrollo? 
¿Por qué no analizar los efectos nocivos de las subvenciones europeas que se convierten en elementos desencadenadores y que están en el origen de numerosas decisiones de deslocalización, como el programa ECIP e incluso algunos proyectos apoyados por Phare y Tacis? 
El ponente ha perdido de vista por el camino su objetivo, vencido por los conocimientos expertos dominantes. 
Es realmente una pena. 
Habrá que retomar rápidamente, pero de forma diferente y sobre unas bases más realistas, este gran asunto. 
Señor Presidente, este informe es amplio y ambicioso y en general acojo con beneplácito su tono. 
Felicito al Sr. Sainjon por el informe y por su discurso introductorio en el período de sesiones. 
Quisiera decir al Sr. Souchet que, si hay coincidencias entre lo que el Sr. Sainjon dice y lo que yo pienso y voy a decir, es porque los dos hemos visto las realidades de la vida que no corresponden a algunas de las declaraciones más ideológicas que se hacen sobre este tema. 
No voy a entrar en las cuestiones más periféricas que, según se ha lamentado la Sra. Plooij-van Gorsel, no se han abordado en el debate y menos aún voy a entrar en la cuestión de lo que debe o no debe figurar en la resolución. 
Pero creo que el informe está acertado al adoptar la opinión de que la inversión directa en el extranjero aporta considerables beneficios tanto al país del que procede la inversión como al que la recibe. 
Eso lo ha reconocido perfectamente el Sr. Caudron. 
Además, se debe considerar esa cuestión en el marco de la liberalización de las inversiones en conjunto, porque hay que tener en cuenta no sólo la inversión de países europeos en el extranjero, sino también la inversión por parte de empresas extranjeras en la Unión Europea y no me cabe la menor duda de que la Unión se beneficia en gran medida de la inversión directa procedente del extranjero. 
Me resulta alentador que el informe no se deje llevar por la retórica que a veces rodea este asunto y en particular la idea de que la inversión directa en el extranjero es una consecuencia de la competencia desleal de países cuyos trabajadores reciben sueldos bajos. 
Ése es un fenómeno muy limitado y la mayor parte de la inversión extranjera directa se debe, en realidad, a razones relacionadas con el acceso a los mercados. 
Eso lo han explicado muy bien el Sr. Malerba y el Sr. Valdivielso, que han explicado la complejidad de los factores de verdad responsables del desempleo en la Unión Europea. 
Aun cuando los problemas planteados por los traslados de empresas no sean tan grandes como a veces se dice, constituye, evidentemente, un motivo de preocupación para determinados sectores y, desde luego, un motivo de preocupación para el público en general. 
Así, pues, debemos buscar formas de reducir las repercusiones negativas que tengan los traslados de empresas. 
Por consiguiente, me alegro de que se haya abordado esa cuestión directamente en el informe y de que se hayan buscado formas como podrían mejorar su competitividad las empresas europeas, lo que les permitiría continuar con su producción en Europa. 
Las ideas expuestas en el informe sobre la innovación tecnológica son muy dignas de beneplácito. 
Me complace tomar nota del planteamiento adoptado respecto de un código de conducta relativo a los criterios sociales para las empresas que inviertan en terceros países. 
Es un planteamiento sensato y pragmático que reconoce el equilibrio entre la necesidad de obtener el máximo beneficio que la inversión extranjera aporta a un país y la de no desincentivar a los inversores. 
De hecho, hace mucho que resulta claro que en términos globales los empleados de empresas multinacionales en países en desarrollo cobran más, reciben más formación y trabajan en mejores condiciones que los trabajadores de empresas nacionales equivalentes. 
La verdad es que eso contradice lo que daba a entender el discurso del Sr. Querbes. 
Además, ha habido, en gran medida a consecuencia del aumento de la sensibilización de los consumidores, una tendencia reciente a la elaboración de códigos de conducta por las propias empresas, sobre todo en los Estados Unidos, como ha señalado el Sr. Malerba. 
Permítaseme señalar a quienes menosprecian el valor de los códigos de conducta, que, en realidad, son un problema para quienes los formulan, porque constituyen indudablemente un criterio en función del cual se los puede juzgar y se los juzga y, por lo tanto, son algo que se debe tomar en serio. 
Creo que respecto del papel que la Comisión tiene que desempeñar en el proceso de creación de códigos de conducta establecido en el párrafo 1 de la resolución es sobre lo que nuestras concepciones difieren hasta cierto punto y prácticamente sólo sobre eso. 
Considero que el papel más idóneo para la Comisión es el de apoyar a las empresas en la elaboración de sus propios códigos, cuando lo soliciten, en lugar del de intentar imponer un código. 
En el nivel político, la Comisión ha hecho gestiones para intentar mejorar las normas laborales y medioambientales internacionales. 
Fue la Comisión la que propuso al Consejo una iniciativa sobre normas comerciales y laborales antes de la Reunión Ministerial de la OMC en Singapur, pero no se adoptó ese planteamiento. 
No obstante, la Comisión sigue apoyando la labor de la OMI en esta esfera y examinando medios para mejorar las normas: por ejemplo, mediante el sistema de preferencias generalizadas. 
Así, pues, concluiré diciendo que este informe ha sido beneficioso al desechar algunas de las ideas falsas, señalar algunas de las realidades y hacer algunas propuestas prácticas, con muchas de las cuales podemos convenir, con vistas a un planteamiento realista de este complejo problema. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Valores de las monedas en euros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la Sra. SoltwedelSchäfer (A4-0334/97) , en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0247- C4-0340/97-97/0154 (SYN) ) relativa a los valores de las monedas en euros. 
Señor Presidente, señoras y señores, estimados colegas, voy a presentar hoy un informe técnico sobre la Unión Monetaria, pero con ello quiero poner también de manifiesto que la Unión Monetaria se está haciendo cada vez más concreta paso a paso. 
El informe se refiere más al tipo de las monedas con las que a partir del año 2002, en opinión del Parlamento y ahora en opinión de la comisión, el consumidor europeo va a realizar sus compras cotidianas. Creo que hay cuatro puntos que son esenciales para este informe y también para la decisión de la Comisión de Asuntos Económicos. 
El número de valores de las monedas europeas debe limitarse a cuatro, en lugar de los ocho que ha propuesto la Comisión. 
He propuesto la supresión de las monedas de 2 céntimos y de las de 20 céntimos. 
En mi exposición de motivos quisiera poner claramente de relieve una vez más que con menos monedas se produce una mayor visión de conjunto para el consumidor y que la irrupción de los sistemas electrónicos de pago para pequeñas cantidades, que actualmente va en constante aumento, seguirá reduciendo el número de transacciones en mano en este terreno. 
El segundo ámbito es esencial. 
Se trata del diámetro de las monedas. 
Desearía que éste fuese en aumento en consonancia con el valor facial de las monedas, para lograr una mayor discernibilidad para los usuarios, en especial para los ciegos y para las personas con dificultades de visión. 
El documento de la Comisión en este punto es más bien un revoltijo que una panorámica clara. 
Al contrario que la variación propuesta por la Comisión sobre el grosor de las monedas para varias series monetarias de aproximadamente el mismo diámetro, nuestra propuesta, procedente de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, tendría la ventaja de que se podría reducir notablemente el peso de las nuevas monedas. 
Tercer punto: por razones de seguridad contra la falsificación y de facilidad de utilización por parte de los usuarios las nuevas monedas deberían ser iguales en las dos caras en todos los Estados miembros. 
Este no es tanto un punto técnico cuanto un punto de naturaleza nacional o emocional. 
En cualquier caso esto ha suscitado hasta ahora el mayor interés en los medios de prensa. 
He elaborado la propuesta, y he obtenido al respecto la conformidad de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, de que la cara individual nacional podría significar la variedad de los Estados miembros de la Unión; no obstante, este proceder, que también propone la Comisión en su documento, significaría que el consumidor- escuchen y asómbrense- tendría que vérselas en caso extremo con 120 monedas diferentes. 
¿Cómo es posible esto? 
Esto se produciría si en cada uno de los 15 Estados miembros hubiese 8 valores nacionales con un diseño modificado. 
De esta suerte ya no estaría garantizada más la rapidez y seguridad de identificación de cada uno de los valores faciales. 
Un papel importante es el de los aspectos sanitarios de las euromonedas. 
Para mí ha tenido una importancia especial que para las monedas de 1 euro y de 2 euros se fueran a utilizar aleaciones de níquel; así lo ha propuesto la Comisión. 
El níquel puede provocar reacciones alérgicas cuando entra en contacto con la piel humana. 
Esto se halla explicado y especialmente destacado en un informe del gobierno sueco. 
Por lo demás, en Suecia no se utilizan monedas que contengan níquel. 
Por consiguiente, puesto que se puede llegar a reacciones alérgicas, pedimos- igual que para todos los demás productos como pendientes, cadenas y cursasteis de relojes- que no aparezca níquel en las monedas. 
Esta ha asido la enmienda primitiva. 
Sin embargo, fue rechazada por mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, y por esta razón me he decidido por la enmienda de transacción que prevé para las citadas monedas una aleación de acero inoxidable, libre de níquel, y de latón. 
De esta manera no sólo se ha reducido el contenido en níquel en las monedas mencionadas, sino, sobre todo, la liberación de níquel en la utilización de las monedas. 
Por lo demás, se podría satisfacer otra petición del informe, en concreto, la de procurar que se utilice material reciclable en las nuevas monedas. 
Tampoco esto deja de ser irrelevante sino que, al contrario, reviste gran importancia. 
En la comisión ha vuelto a flotar en el aire la pregunta de hasta qué punto sigue siendo relevante nuestro trabajo. 
¿No han decidido ya las naciones por sí mismas qué quieren hacer? 
¿Qué papel jugamos nosotros, como Parlamento? 
Con independencia de la cuestión de qué posición mantengan mis colegas, por ejemplo, sobre el tema de la cara nacional- sobre esto se puede celebrar, sin duda, un debate- somos unánimes en un punto: que la comisión- y también mañana el Pleno- considera como algo evidente que este informe, tal como se ha presentado y votado, sea tenido en cuenta, aunque, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas alemán se diga ya lo siguiente: lo que ese Parlamento Europeo decida ahí no nos interesa, en absoluto, fabricaremos nuestras monedas, haremos nuestra cara nacional. 
Esto no nos interesa. 
No puedo imaginarme que sea posible algo semejante con los nuevos acuerdos de Amsterdam. 
Creo que también en esto existe una gran unidad entre nosotros, los diputados, acerca de que el Parlamento trabaja y decide, crea así los fundamentos, y no realiza en balde un trabajo cualquiera. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la ponente su informe, con la mayor parte de cuyo contenido podemos convenir. 
Antes de referirme directamente a las cuestiones planteadas en el informe, creo que vale la pena observar en este punto que, allá por 1989, preparé el primer informe del Parlamento sobre la primera fase de la UEM. 
En aquel momento apenas había europeos interesados en el proceso de unión económica y monetaria. 
Hoy estamos hablando del diseño y del contenido de las monedas, porque se van a acuñar en un futuro muy próximo. 
Una señal de los enormes avances logrados por la Unión Europea es que ahora estemos ocupándonos en realidad de los aspectos prácticos de la moneda única y no hablando simplemente de la teoría de la Unión Económica y Monetaria. 
Por lo que se refiere al informe directamente, permítaseme decir que estoy de acuerdo con la observación de la ponente respecto del contenido en níquel de las monedas. 
Espero que la Comisión inste al Consejo ECOFIN a que vuelva a examinar esta cuestión. 
Ahora existe un gran grupo de intereses en la Unión Europea relacionado con las consecuencias para la salud del níquel y de la posibilidad de que se introduzca en las monedas utilizadas en toda la Unión Europea. 
Como recientemente aprobamos un informe en este Parlamento en el que pedíamos que se suprimiera el níquel de la joyería y de otras cosas con las que tienen contacto las personas, sería bastante incoherente, que aceptáramos grandes cantidades de níquel en nuestra nueva moneda. 
La verdad es que se debe escuchar la opinión sobre esta cuestión del grupo de intereses de los consumidores. 
No sólo existe preocupación al respecto en los países escandinavos. 
En toda la Unión Europea hay organizaciones de consumidores que representan a la opinión pública aquí. 
Si alguien resulta alérgico al níquel y entra en contacto con él, puede sufrir, naturalmente, una reacción muy grave. 
Quisiera pedir al Comisario Kinnock que vuelva a abordar esta cuestión y pida a la Comisión que la examine de nuevo. 
Hemos visto las pruebas científicas y, evidentemente, hay motivos para sentir preocupación. 
Respecto del número de monedas y sus dimensiones, también apoyo a la ponente. 
Queremos intentar racionalizar el número de monedas que vamos a utilizar y, de hecho, en muchos de nuestros Estados miembros estamos reduciendo el número de monedas en cuanto a su denominación. 
Parece bastante extraño que, cuando avanzamos hacia la moneda única y disponemos de la posibilidad de tarjetas inteligentes y dinero electrónico y demás, propongamos el paso, bastante retrógrado, de disponer de ocho tipos de monedas diferentes en circulación. 
Conque quisiera pedir también al Comisario que examine esa cuestión. 
En relación con las dimensiones, en este Parlamento Europeo hemos tenido un enorme grupo de intereses correspondiente a las organizaciones que representan a los ciegos, que quieren poder diferenciar claramente la denominación de unas monedas de la de otras. 
No creo, la verdad, que los ministros de Hacienda hayan abordado esta cuestión y quisiera pedir a la Comisión y al Consejo que vuelvan a examinar ese asunto. 
Por último, quiero pasar a la cuestión de los símbolos nacionales en la moneda única. 
Vamos a lanzar dicha moneda única el 1º de enero de 1999 y las monedas y los billetes estarán en circulación en el año 2002. 
No es un simple cálculo ni un simple paso dado por los banqueros: es un paso que van a dar los ciudadanos de la Unión Europea. 
Reviste una importancia absolutamente decisiva que en las fases iniciales de ese inmenso paso histórico los ciudadanos se sientan cómodos y familiarizados con la moneda que utilicen. 
He de decir que consideraría demencial que esta Asamblea eliminara la posibilidad de que la nueva moneda, cuando se acuñe, lleve símbolos nacionales. 
Por esa razón, en el Grupo Socialista vamos a oponernos a los párrafos del informe que piden una moneda armonizada para toda la Unión Europea y apoyaremos la enmienda de la Sra. Peijs en la que se pide que se puedan incluir los símbolos nacionales en dichas monedas. 
Después de haber debatido la Unión Económica y Monetaria durante muchos años, no debemos subestimar en esta Asamblea el nivel del sentimiento público no sólo en países como el Reino Unido, sino también en otros países de toda la Unión Europea. 
Queremos que sea en gran medida una iniciativa de los ciudadanos y que éstos estén cómodos con la unidad monetaria, con las monedas y los billetes que lleven en el bolsillo. 
La posibilidad de que dichas monedas y billetes lleven, si así lo desean, una representación nacional es un paso extraordinariamente importante para lograr la aceptabilidad pública en las primeras fases. 
Apoyamos en gran medida este informe; es un paso importante y esperamos que la Comisión y el Consejo escuchen algunas de las críticas que hemos expresado. 
No debemos intentar armonizar por armonizar. 
Debemos reconocer con la moneda única que seguimos deseando cierta diversidad nacional. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, desde hace miles de años las monedas constituyen un medio de pago tradicional. 
Tienen aleaciones muy diversas, para ello se han utilizado los más diversos metales. 
Esta tradición va a continuar, sin duda, aunque, seguramente, la competencia del dinero electrónico ejerce una cierta influencia en lo que respecta al volumen. 
El Grupo del Partido Popular Europeo ha presentado algunas enmiendas al Informe Soltwedel-Schäfer. 
En lo que se refiere al valor facial, usted se ha equivocado, señora Soltwedel-Schäfer. No son cuatro, sino seis clases de monedas las que se fabricarán. 
Nosotros opinamos también que la progresión en el tamaño, en lo que se refiere al diámetro y al peso, y el tipo de borde son, naturalmente, los elementos importantes para la identificación de las monedas. 
Son niños, adultos, ancianos y jóvenes, y también once millones de personas con dificultades de visión, quienes en el futuro van a utilizar este dinero. 
Por esta razón, esto es importante aquí. 
Para nosotros también es especialmente importante la seguridad contra la falsificación de las monedas, sobre todo, en lo que respecta a los valores más altos, y es importante también la reconocibilidad por las máquinas automáticas. 
Sabemos, y esto está incluido también en nuestras enmiendas, que por esta razón es necesaria una cierta combinación de níquel y cobre. 
También apoyamos esto. 
Conocemos los dictámenes y sabemos que hay que establecer también diferencias aquí a la hora de valorar los elementos alergógenos. 
Para nosotros es importante, y por ello como Grupo del Partido Popular Europeo hemos presentado una enmienda en favor de la cara nacional, que esta cara nacional sea un trozo de anticipo de confianza para los ciudadanos a la hora del cambio. 
En la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial estuvimos muy preocupados, porque estábamos en inferioridad, y la mayoría votó en contra de la cara nacional. 
Encuentro excelente, Alan, que tú, a la cabeza del movimiento y en nombre de tu grupo, hayas escrito este tema en vuestras banderas y lo introduzcas aquí. 
Pero creo que para el futuro hay que pensar en un nuevo paso, en una moneda mayor, sobre todo en una pieza de 5 euros, porque la industria de las máquinas automáticas y, sobre todo, la industria que obtiene sus ingresos de ventas a través de máquinas automáticas, tienen un derecho absoluto a poder salir al mercado con valores más altos, ofrecerlos y permitir obtenerlos mediante monedas. 
También es importante para nosotros el tema del oro. 
En el futuro la moneda de 100 euros- lo han dicho repetidas veces el Sr. Stevens y la Sra. Randzio-Plath- debería ser de oro. 
Creo, ciertamente, que esto prolonga una antigua tradición que es perfectamente imaginable en el futuro y que también contribuye a reducir las elevadas reservas de oro. 
Creo que merece la pena. 
Espero que nuestras enmiendas sean aprobadas mañana y, en consecuencia, nos alegramos por las futuras nuevas monedas. 
Señor Presidente, la propuesta de reglamento del Consejo que atañe a los materiales para las euromonedas parece inexplicablemente centrada en el sistema cobre y soslaya el empleo del acero inoxidable que también se puede definir como la plata europea para el liderazgo mundial que los Estados miembros de la Unión representan en su conjunto tanto en términos cualitativos como cuantitativos. 
Además de recordar la función de este material que más que cualquier otro se identifica con nuestra era tecnológica y, al mismo tiempo, con las expectativas del público en términos de higiene, reciclaje, inalterabilidad y disponibilidad a costes reducidos, deseo reiterar que en el sector específico de la amonedación, el acero inoxidable cubre el 20 % de las necesidades mundiales y está presente en decenas de países de los cinco continentes y en la Unión Europea desde siempre. 
Este producto de Europa no puede faltar en la más grande operación de amonedación de la historia de la humanidad, y no puede sustituirse, por ejemplo, con aleaciones como el oro nórdico- Nordic Gold- impuesto por Suecia que ni siquiera participará en la moneda única, o de cuprohierro, aleación de alta tecnología y costes muy elevados, para crear un producto no reciclable que se altera enseguida debido a la corrosión y al uso y no puede ser vertido por ser ecotóxico. 
Hemos calculado que se ahorran 250 millones de euros en el suministro de discos para acuñar, gracias al menor coste de las aleaciones de acero inoxidable respecto a las que contienen como elemento principal el cobre. 
Cualquier controversia relacionada con el terrorismo científico, planteada por la cuestión del níquel, se resolvería de plano a través de la elección del acero inoxidable, ya que tanto en los tipos sin níquel como en los que lo contienen, la investigación científica más reciente ha demostrado que dichos aceros no producen alergias. 
¿Y qué decir por último acerca del reciclaje que afecta al 50 % del laminado del cual se obtendrán las monedas? 
Mientras el acero inoxidable se va a reciclar en bienes de consumo y de inversión para la vida diaria del ciudadano, ¿qué se hace con los demás materiales que no pueden emplearse más que en las nuevas monedas, y con el hierro aleado con el cobre que refundido no sirve para la metalurgia del hierro ni para la del cobre, ya que está contaminado? 
Señor Presidente, no quiero que piense en que tengo otra profesión, es decir, la de representante de acero inoxidable; sin embargo, a través de la lectura del informe del Consejo, fruto de tres o cuatro años de trabajo de las cecas de los 15 Estados miembros, se pone de manifiesto la falta de respeto hacia muchos ciudadanos europeos que ven eliminar de sus bolsillos, sin un motivo válido, un metal al que están acostumbrados, o sea, el acero inoxidable. 
En pocas palabras, la fiesta del cobre, por no hablar de la ofensa que se nos hace a nosotros los diputados europeos que estamos obligados ahora, en tan poco tiempo, a decidir y expresar nuestro parecer. 
Hará falta inventarse nuevas capacidades productivas y encontrar nuevas soluciones para reducir el cobre utilizado en la aleación. 
Personalmente considero que este Parlamento debe rechazar la propuesta elaborada por el Consejo. 
El número de monedas me parece bien equilibrado, no obstante, por lo que se refiere a la efigie de los Estados miembros, me pregunto qué deberán hacer los ciegos para distinguir un Estado de otro. 
Las enmiendas que presenté fueron dos y a través de las mismas quise aportar una mejora a las enmiendas de la Sra. Soltwedel-Schäfer. 
A pesar de todo, estimo que el informe fue escasamente analizado y las enmiendas no fueron discutidas en absoluto. 
Señor Presidente, mientras existan las monedas divisionarias, deberán estar libres de níquel. 
En algunas aleaciones se libera el níquel y esto conlleva un riesgo evidente para las personas que habitualmente manejan esas monedas y que son alérgicas al níquel. 
El manejo continuado de monedas es importante para muchos grupos y para distintos rubros, por ejemplo el personal de las cajas en el comercio detallista, en los restaurantes, en la administración de correos y en el servicio de transporte urbano. 
El ejemplo sueco, monedas sin níquel, debería servir de modelo. 
Los intereses de la industria del níquel no se deben enfrentar con la salud de las personas. 
El futuro de la moneda Euro es cuando menos inseguro pero, en cualquier caso, no debe atentar contra la salud física. 
Señor Presidente, estamos debatiendo acerca de estos símbolos nacionales como si finalmente se fueran a mantener las monedas nacionales. 
No cabe lugar a dudas de que se trata de una cuestión delicada desde un punto de vista emocional, a pesar de lo cual desearía resaltar ciertos puntos de vista muy prácticos. 
No se deberían introducir en el territorio de la Unión Europea 120 tipos distintos de monedas, ya que resulta obvio que ello ocasionaría una increíble confusión. 
Los discapacitados con problemas de vista, más de diez millones, sufrirían con toda seguridad más que el resto de los ciudadanos las consecuencias de esta medida. 
Además, no resultará fácil lograr la aceptación en todos los países de las monedas que presenten distintivos propios de los pequeños países, mientras que los terrirtorios de los países con economías reducidas se llenarán sin duda de monedas con distintivos de los países más grandes. 
Esta es una razón más por la que considero algo exagerado este entusiasmo por la simbología nacional. 
Por lo demás, se trata de un informe excelente. 
Deberíamos lograr también que la Comisión comprendiera el riesgo real para la salud que entraña el níquel. 
Presidente, el presente informe sobre el diseño de las monedas en euros se ha convertido en algo muy discutible por las acciones de los socialistas y verdes. 
Lo que más me sorprende es que las enmiendas propuestas vayan en contra de los argumentos utilizados. 
En primer lugar, ocho monedas serían demasiadas. 
Se cree que seis son suficientes. 
Por eso se suprimen las monedas de dos y de veinte céntimos. 
Yo no veo la lógica. Porque según eso, se necesitan como media más monedas en cada transacción. 
Y por lo tanto, el consumidor notará mucho antes que el monedero le pesa demasiado. Esto es algo que no contribuye especialmente a una mejor aceptación. 
En segundo lugar, las características nacionales en las monedas serían indeseables ya que crean confusión y facilitan el fraude. 
Sin embargo: las monedas con una característica enteramente europea no ofrecen al ciudadano medio más posibilidades de identificación. 
Por consiguiente, el grado de aceptación se reduce considerablemente entonces. 
En este punto el Parlamento Europeo debe mostrar más realismo. 
En la propuesta de la Comisión, las monedas tienen suficientes características comunes como para poder distinguir las falsas de las auténticas. 
En tercer lugar, la utilización de níquel en las monedas sería un error. 
Las monedas, sin embargo, no son joyas que están todo el día en contacto con la piel. 
En los Países Bajos no tenemos problemas con el níquel de las monedas. 
Es un material muy bueno y resistente al desgaste. 
No hace falta entonces fundir las monedas tan frecuentemente y acuñarlas de nuevo. 
Tanto ruido sobre este asunto está completamente fuera de lugar y no se hace en beneficio de la salud pública y el medio ambiente. 
Si el Parlamento Europeo no vuelve sobre sus pasos, corre un alto riesgo de alejarse más del ciudadano medio que el Consejo y la Comisión juntos. 
Señor Presidente, la relación de los pueblos europeos con el dinero es parte de su cultura común. 
Esto es especialmente cierto de las relaciones, de los modismos sobre el dinero y también de los nombres del dinero. 
Una muestra de esto es la disputa en torno a los nombres de euro y cent a la hora de la desaparición del ecu. 
Pero confortémonos con un viejo proverbio europeo: » El lenguaje del dinero se entiende en todos los pueblos.» 
Ojalá valga esto también para las futuras euromonedas, pues el presente proyecto de reglamento muestra muy claramente que muchas cosas deben ser mejoradas y que el Parlamento Europeo hace bien en insistir en su derecho a presentar también propuestas de mejora en un procedimiento legislativo. 
Celebraría mucho que en el futuro este Parlamento Europeo pudiera expresar su opinión no sólo sobre las monedas sino también sobre los billetes de banco. 
Considero absolutamente insuficiente, aunque históricamente explicable pero no aplicable para el futuro, que como Parlamento Europeo no juguemos el papel de colegislador para todo tipo de dinero. 
Vuelvo sobre las monedas. 
Deben ser manejables para el usuario, seguras frente a la falsificación, atractivas, sólidas y no costosas. 
Estas llegarán, pero pienso que hay todavía algunas deficiencias. 
Quiero apoyar a mis colegas; en lugar de ocho necesitamos seis monedas. 
Ello va en beneficio de los consumidores y de las consumidoras, de la seguridad contra la falsificación y de una mayor seguridad jurídica. 
Sin embargo, no quisiera renunciar a la moneda más pequeña, pues en todos los países europeos el denominado céntimo de la suerte desempeña un gran papel, y en tal sentido es acertado que el Parlamento Europeo renuncie solamente a las magnitudes 0, 02 y 0, 20. 
Quisiera referirme además al tema de las monedas europeas «en lo que respecta a las dos caras de la medalla.» 
A la larga, es seguramente importante que tengamos una moneda europea. 
Pero sé también que en la actual situación es importante transmitir un sentimiento de seguridad y tomar en cuenta también el significado emocional de esta moneda. 
Desde este punto de vista no es posible a la larga que el comercio al por menor en la Selva de Baviera, en la Nimes francesa o en la Mons belga tenga que aceptar reversos diferentes, pero en una fase de transición puede ser también absolutamente necesario en interés de las ciudadanas y de los ciudadanos. 
Queremos poner en claro una cosa: deseamos un euro utilizable y, ciertamente, de tal manera que pueda ser utilizado y que todos los ciudadanos y ciudadanas opinen que también es, de hecho, su euro. 
Considero como un avance la discusión sobre la utilización del níquel y sobre aspectos de la protección del consumidor y los argumentos sanitarios. 
Permítanme que concluya con otro punto. 
Creo que la Subcomisión de Asuntos Monetarios ha hecho una propuesta constructiva en orden a compensar la falta de una competencia legislativa respecto de los billetes de banco. 
Queremos, sencillamente, una moneda de oro de 100 euros. 
A este respeto no se trata solamente de fomentar los pagos sino, al mismo tiempo, de fomentar también un comportamiento inversor y contribuir por razones económicas a que puedan reducirse de manera lucrativa las reservas de oro, como ha indicado ya mi colega. 
Presidente, Christa Randzio-Plath no tiene que preocuparse de que todo el mundo pague con monedas distintas en Mons y Alemania. 
Después del verano, todo el mundo pagará en los Países Bajos con la cara alemana detrás. 
Sin duda. 
Inesperadamente, este informe se ha hecho importante para el ciudadano. 
El Parlamento tiene que tomar decisiones importantes. 
En primer lugar sobre el número de monedas. 
No me parece mal que se hayan suprimido dos monedas. 
En contra de Chista Randzio-Plath, me parece una lástima que no hayamos suprimido la de un céntimo. 
Llevamos ya años en los Países Bajos sin el céntimo y todo el mundo está extraordinariamente contento. 
El segundo punto es si vamos a utilizar níquel o no. 
En mi grupo parlamentario esto es muy delicado, e incluso es posible que el grupo parlamentario entero vote en contra del informe si queda incorporado el rechazo al níquel. 
Es simplemente una tontería. 
Tenemos en los Países Bajos todo tipo de monedas con níquel y es simplemente una tontería decir que esto provoca algún problema. No se conoce ninguna queja. 
La tercera decisión es la cara nacional en el euro. 
Estoy completamente en contra de la enmienda del Sr. Metten para diseñar las monedas con dos caras europeas. 
Estoy a favor, y mi grupo parlamentario apoyará mi enmienda, de reservar una cara nacional en las monedas nuevas. 
Estoy convencida de que así a la gente le será más fácil de aceptar la nueva moneda. 
Las monedas pueden empezar a circular tranquilamente en la Unión Europea. 
No tienen que ser devueltas al país de origen. Son válidas en todos los sitios y los argumentos que se han aducido de que no se podrían utilizar en las máquinas, de que facilitarían el fraude, son tonterías. 
Las máquinas no registran las caras de las monedas. Las máquinas registran el diámetro, el material y el canto acordonado o el canto que sea. 
O sea, todo esto es una tontería. 
Una de las razones por la cual estoy a favor de una cara nacional del euro, tiene su origen en que la política de información está fallando. 
Tengo que decir que siento muchísimo que el Sr. de Silguy no esté, porque no me gusta hablar sobre alguien que no está. 
Hasta ahora la información ha sido únicamente pasiva. 
Parece que hay discrepancias entre el Sr. de Silguy y el ministro neerlandés de Hacienda, por las cuales el ciudadano neerlandés carece completamente del dinero europeo. 
Por lo visto no se ha llegado a ningún acuerdo y hago un llamamiento a ambos señores, y en este caso al Sr. de Silguy, para dar al ciudadano neerlandés lo que tiene derecho: información sobre el euro. 
Señor Presidente, Señorías, el pasado 29 de mayo la Comisión presentó su propuesta de reglamento. 
Con carácter previo, hay que recordar que dicha propuesta se refiere únicamente a las denominaciones y a las especificaciones técnicas de las monedas metálicas destinadas a ser puestas en circulación. Los demás aspectos planteados en el informe de la ponente como la existencia de una cara nacional o la emisión de piezas de oro para colección, no se mencionan en absoluto en la propuesta de reglamento de la Comisión. 
La votación que se llevó a cabo en la Comisión de Asuntos Económicos aprobó la posición expresada en el informe de la ponente que rechaza el principio de la cara nacional en las monedas en euros, reduce de ocho a seis el número de piezas, intenta modificar totalmente sus tamaños y pide, por último, la eliminación del níquel de la composición metálica de las monedas. 
Señorías, me parece realmente necesario y urgente ir al grano. 
Me permito recordar ante todo que la propuesta de la Comisión se basa en un profundo análisis técnico, realizado por los responsables de las distintas cecas nacionales. 
Dicha propuesta es, en consecuencia, el resultado de un largo procedimiento de consulta del sector profesional, de las asociaciones de consumidores y de las organizaciones de invidentes. 
Estas consultas, llevadas a cabo de forma seria y profunda, han permitido llegar a una serie de especificaciones aceptables por el conjunto de los usuarios. 
A esto hay que añadir que las propuestas de la Comisión fueron aprobadas por el Consejo ECOFIN por unanimidad y tres Estados miembros ya eligieron e hicieron públicas sus caras nacionales, mientras que los demás Estados están a punto de hacer lo mismo. 
Ahora, resulta extremadamente evidente que un nuevo análisis en este Pleno de los puntos planteados por el informe de la Sra. Soltwedel-Schäfer, no permitirá respetar el plazo del 1 de enero del 2002 de cara a la puesta en circulación de las nuevas piezas y de las nuevas monedas. 
Dicha fecha que constituye ya de por sí un compromiso muy serio, debería aplazarse al menos un año y quizás incluso dos. 
Esto conlleva el riesgo de perjudicar realmente la imagen de las Instituciones comunitarias ante los ojos de los ciudadanos europeos y de crear confusión. 
Tras una campaña de comunicación emprendida en varios Estados, ¿cómo se puede explicar a los ciudadanos que las nuevas monedas dejarán de entrar en sus bolsillos en el año 2002, como se les había dicho, sino uno o dos años después? 
Y ¿por qué? 
Porque Bruselas no consigue ponerse de acuerdo respecto a si las monedas deben o no deben tener una cara nacional. 
Francamente, no creo que los ciudadanos europeos puedan llegar a comprender un aplazamiento de la fecha de introducción por estas consideraciones. 
Desde el punto de vista formal, el Consejo Europeo de Madrid celebrado en 1995 y el Consejo ECOFIN ya tomaron, a tiempo y plenamente, en el marco de sus competencias, las decisiones rebatidas por el informe: el principio de las caras nacionales, color, número y tamaño de las piezas, composición y características técnicas de las monedas. 
No cabe duda de que ocho piezas pueden parecer demasiadas, aunque existe una razón importante para esto. 
Aquí me dirijo en particular a la ponente: es necesario considerar que en cada Estado existen costumbres y usos de la moneda metálica totalmente diferentes, y sólo a través de una amplia gama de piezas en cada Estado se podrá establecer la relación correcta entre la moneda corriente y el valor de cada pieza. 
En definitiva, no estamos de acuerdo con los distintos puntos rebatidos por el informe de la Sra. Soltwedel-Schäfer. 
Estoy totalmente de acuerdo en que el níquel no debe estar presente en la moneda euro. 
El principio de la prudencia basta para concluir que el níquel no debe emplearse. El níquel es, ademas, la principal causa de las alergias por contacto en Europa y en los países industrializados. 
Sin embargo, también existe un problema en el que quizá no se ha pensado, que este asunto es una cuestión de igualdad entre los sexos y un problema de clases. 
¿Quién es el que manipula monedas con sus manos? 
No son especialmente frecuentes las ocasiones en que los poderosos señores o los directores de empresas toman monedas con sus manos, pero sí lo hacen las mujeres jóvenes. 
El 20 por ciento de las mujeres jóvenes sufre de alergia al níquel y ellas son, por ejemplo, cajeras en autoservicios y dependientas. 
Son, por tanto, jóvenes sin poder las que sufren la alergia al níquel. 
Sería, por consiguiente, bastante escandaloso que una corporación como ésta, dominada hasta un grado extremo por hombres de mediana y avanzada edad, decidiera, sin tomar en cuenta a las mujeres jóvenes de Europa, que las monedas llevaran níquel. 
Señor Presidente, estimados colegas, si queremos fomentar la aceptación, creo que es demasiado poco decir que mantendremos una cara nacional. 
Esto es un vulgar ungüento. 
Si la gente tiene problemas acerca de qué le aguarda con el euro, es porque no se le ha explicado de forma fidedigna cómo se puede hacer bajo las condiciones del euro una política económica, una política social y una política de empleo, que son de interés para ella. 
Aprovechar ahora el momento diciendo que hemos de añadir un poco de sentimiento azucarado nacional es realmente una señal de pobreza. 
O logramos desarrollar todavía realmente el euro como un proyecto político del que los ciudadanos de Europa puedan decir que les interesa, que les aporta algo, que lo apoyan, o se producirán reacciones nacionalistas. 
Se producirán también reacciones de tedio frente a la política y de rechazo de las esperanzas de futuro. 
No se podrá frenar todo esto diciendo que ahora vamos a buscar todavía un símbolo nacional especialmente fuerte. 
No se qué símbolo tendría en Alemania esta fuerza aglutinante. 
En Italia también me devanaría los sesos; en España o en Portugal, donde también conozco un poco la situación, se me pone carne de gallina al pensar qué símbolos nacionales se podrían producir. 
Por consiguiente, no deberíamos ir por ese camino. 
Nos deberíamos imponer todos la tarea urgente de desarrollar el euro como un proyecto interesante, digno de apoyo, para la amplia masa de ciudadanos de Europa, en vez de impulsar la aceptación mediante una estimulación sentimental y una apertura de los sentimientos nacionales. Éste es, con toda seguridad, el camino equivocado. 
Señor Presidente, no comprendo por qué al orador que acaba de hablar parece ponerle los pelos de punta los símbolos nacionales que puedan colocar España y Portugal en sus monedas. 
Señor Presidente, mi colega Yves de Silguy me ha pedido que transmita a la Asamblea sus disculpas por no poder estar aquí presente esta noche. 
Tiene que asistir al Consejo Ecofin, que está haciendo los preparativos para la Cumbre sobre el Empleo. 
Naturalmente, necesita mucho tiempo para ello. 
Estoy seguro de que, cuando le diga que ha sido objeto de crítica por parte de la Sra. Peijs, se va a sentir destrozado, sobre todo porque reconoció la preocupación de ésta por la necesidad de que el hombre de a pie- y la mujer de a pie, supongo- de los Países Bajos y de otros países entienda este proceso. 
Probablemente desee recordarle que la Comisión, teniendo presente ese problema precisamente, ha ofrecido incluso una contribución financiera de 1, 5 millones de ecus al Gobierno de los Países bajos para contribuir al programa de sensibilización sobre las consecuencias de la introducción del euro. 
Por consiguiente, puede que la Sra. Peijs quiera sumar a su opinión de mi colega otra campaña para lograr que el Gobierno acepte la oferta de 1, 5 millones de ecus. 
El 29 de mayo, la Comisión, de conformidad con el artículo 105 A del Tratado, presentó su propuesta de reglamento sobre la denominación y las especificaciones técnicas de las monedas de euros. 
Desde ahora hasta el 1º de enero de 2002, habrá que fabricar 70.000 millones de monedas para su distribución a la población de los Estados miembros que participen en el euro. 
Evidentemente, se trata de una tarea imponente, si bien los ministros de Hacienda no podrán adoptar una decisión oficial al respecto hasta que los Jefes de Estado y de Gobierno hayan adoptado una decisión sobre la lista de países que participarán a partir del 1º de enero de 1999 en la tercera fase del euro. 
Para que se pueda llevar a cabo dicha tarea a tiempo, es imprescindible que se adopte la decisión al final del año. 
Así, pues, la Comisión, como recordará la Asamblea, pidió que se abordara ese asunto con carácter de urgencia y mis colegas y yo lamentamos que el Parlamento no aceptara dicha petición. 
La ponente, la Sra. SoltwedelSchäfer, ha hecho cuatro observaciones principales de discrepancia con la propuesta de la Comisión y quisiera abordar cada una de ellas por turno después de una breve descripción del proceso mediante el cual se preparó la propuesta. 
Y quisiera prestar atención brevemente al fondo de la propuesta. 
En primer lugar, la formulación de la propuesta fue objeto de una detenida preparación por los directores de las Casas de la Moneda de los Estados miembros, lo que ha garantizado la viabilidad industrial del proyecto conforme al calendario establecido por el Consejo Europeo de Madrid en diciembre de 1995. 
Es la culminación de un lento proceso de consultas con todos los sectores empresariales interesados, con las asociaciones de consumidores y las organizaciones que representan a los ciegos. 
Durante la consulta se hicieron cambios sucesivos en las características previstas de las monedas de euros. 
Ahora tenemos un conjunto de especificaciones aceptable para todos los usuarios o al menos para las organizaciones representativas auténticas que estaban evaluando ese asunto en nombre de los usuarios. 
Así, pues, la propuesta está basada en criterios de aceptabilidad pública, viabilidad técnica y salud pública. 
Es una propuesta equilibrada y coherente con las limitaciones industriales y con las necesidades de los usuarios. 
En segundo lugar, la propuesta establece ocho denominaciones, como resulta claro de todo lo que se ha dicho en la Asamblea: monedas de uno, dos, cinco, diez, veinte y cincuenta céntimos y de uno y dos euros. 
Esa disposición refleja la experiencia procedente de todos los Estados miembros y garantiza la coherencia con las denominaciones previstas de los billetes de euros. 
Se han decidido el número y la serie de las monedas con vistas a satisfacer las necesidades de todos los consumidores y tener en cuenta las diferentes circunstancia nacionales. 
En algunos Estados miembros el valor de la moneda más pequeña en circulación es de un céntimo, aproximadamente. 
En otros, como Bélgica, se acerca más a los dos céntimos. 
Las especificaciones técnicas relativas al diámetro, el peso, el espesor, la forma, el color, la composición, el relieve y los rótulos de los cantos se han adoptado con vistas a garantizar una fácil identificación de las monedas y satisfacer las necesidades de los principales grupos de usuarios, en particular porque sé que ello interesa considerablemente a los diputados a esta Asamblea, a los ciegos y a las personas con discapacidades visuales. 
Las especificaciones constituyen también garantías contra la falsificación, en particular en el caso de las monedas con denominaciones más elevadas. 
Por último, tienen en cuenta las preocupaciones en materia de salud pública que se han expresado aquí, en esta Asamblea, y en otros sitios y constituyen las garantías necesarias a ese respecto. 
Quisiera referirme ahora a los cuatro puntos principales de discrepancia entre la Comisión y la ponente. 
En primer lugar, la cuestión de la cara nacional. 
La Comisión quisiera señalar que la decisión en principio de que figure un símbolo nacional en las monedas de euros fue adoptada en abril de 1996 por los ministros de Hacienda y fue confirmada en junio del mismo año por el Consejo Europeo de Florencia. 
Desde entonces toda la labor preparatoria se ha basado en esa decisión, por lo que, si se pusiera en tela de juicio, se desbarataría todo el programa de introducción del euro. 
Es esencial observar que el concurso europeo sobre los diseños lanzado en la primavera de 1996 y ratificado por el Consejo Europeo de Amsterdam se refiere sólo a una de las caras y tres Estados miembros- Francia, Alemania y Bélgica- han hecho público ya su diseño para la cara nacional. 
Los otros Estados miembros interesados están a punto de hacerlo. 
En segundo lugar, en este debate se ha postulado la cuestión del abandono de las monedas de dos euros y de las de 20 céntimos. 
Evidentemente, el número de monedas previsto no fue elegido al azar. 
Se adoptó el sistema de ocho monedas para guardar la coherencia con los billetes de euros y con arreglo a los usos nacionales. 
Está concebido para facilitar, en la mayor medida humanamente posible, las operaciones de redondeo y contabilidad en toda la zona del euro. 
Es algo, evidentemente, esencial para salvaguardar a los consumidores contra aumentos de precios encubiertos. 
En tercer lugar, sobre la cuestión de la simplificación del tamaño de las monedas, el sistema propuesto por la Comisión se centra en un consenso entre los usuarios que abarca la forma de la flor española para las monedas de 20 céntimos. 
(Interrupción del Sr. Jarzembowski) Ya sabía yo que eso iba a hacer saltar al Sr. Jarzembowski. 
Tres grupos de monedas con tres colores diferentes- monedas rojas, monedas amarillas y monedas de dos colores -, una diferencia de al menos 2 mm. entre cada moneda del mismo grupo y las diferentes definiciones del canto, ya sea liso o tenga ranuras. 
Si se pusiera en tela de juicio la propuesta de la Comisión sobre el tamaño y la forma de las monedas, esa decisión sería contraria a los propios términos del consenso alcanzado y no fomentaría precisamente la aceptabilidad del euro para el público en general, asunto que despierta- lo sé- entusiasmo entre los diputados al Parlamento Europeo. 
En cuarto lugar, la divergencia sobre la eliminación del níquel es, evidentemente, un asunto de importancia. 
Cuando la Comisión preparó su propuesta, tuvo muy en cuenta las necesidades de la salud pública. 
Así, la propuesta limita el uso del níquel a las monedas de uno y dos ecus. 
El volumen de monedas que contengan níquel se reducirá al 8 %, frente al 75 % actual. 
La Comisión quisiera recordar también al Parlamento que el Comité Científico sobre Toxicidad y Ecotoxicidad, al que se consultó a petición del Parlamento, llegó a la conclusión de que los riesgos asociados con el uso del níquel en las monedas existentes son infinitesimalmente pequeños. 
La situación mejorará aún más en el futuro gracias a la propuesta de la Comisión, en particular porque se reducirá en gran medida el contacto con el níquel. 
Por último, la Comisión tiene mucho interés en subrayar que no se ha hecho una validación o un examen técnico de las capacidades de producción existentes respecto de las aleaciones propuestas por la ponente. 
Espero que la Asamblea tome buena nota de que, si se aprobaran las enmiendas a que me he referido, no sería posible que la producción de monedas de euros comenzara de forma fiable el año próximo, lo que pondría en peligro, evidentemente, el cumplimiento del plazo del año 2002 y la introducción de los billetes y las monedas. 
En conclusión, por las razones que he indicado, la Comisión no puede aceptar las enmiendas de la ponente relativas a las características técnicas de las monedas de euros. 
Sin embargo, la Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento sobre la necesidad de un sistema fiable y eficaz y sobre la aceptabilidad del sistema para todos en la Unión. 
Esos principios han guiado indudablemente la labor de la Comisión en todo momento. 
Así, pues, la Comisión está dispuesta a aceptar cuatro enmiendas de su propuesta. Son las enmiendas núms. 
1, 2 y 3 en parte y el primer párrafo de la enmienda nº 8. Defenderá su nueva posición ante el Consejo y hará todo lo posible para velar por que se pueda adoptar una decisión definitiva antes del final del año, ya que las instituciones de la Comisión tienen la obligación de cumplir el calendario para la introducción del euro establecida hace dos años por los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Agradezco profundamente la atención de la Asamblea a esta avanzada hora. 
He temido que hubiera alguna posibilidad de que se celebrara el debate antes de las 8 de la tarde, con lo que me habría visto privado de este inmenso placer. 
Me alegro mucho de que, como es costumbre en el Parlamento Europeo, no debiera haberme preocupado, porque el debate se ha iniciado hacia las 10.30 de la noche. 
Presidente, tengo que decirle que no me gusta que me informen mal. 
Ayer llegó la información sobre la campaña neerlandesa que acabo de darle de la oficina del Sr. De Silguy y fue confirmada por la oficina de información de la Comisión en La Haya. 
Se trata de una propuesta pragmática a la que Bruselas se opone. 
Lo encuentro muy desagradable. 
Una de estas informaciones está equivocada, o bien la que acabamos de recibir esta noche, o bien la que recibí ayer. 
En ambos casos me parece inaceptable. 
Señora Peijs, en mi opinión esto forma parte de otro debate que deberemos plantear más adelante. 
Tendremos que hacer un balance de la campaña de comunicación sobre el euro -» Ciudadanos de Europa- Construyamos juntos Europa» -, ya que creo que, dentro de un año, será conveniente comprobar cómo se ha gastado nuestro dinero, una cantidad ingente que incluso supera la mencionada por el Comisario Sr. Kinnock. 
Se trata, sin embargo, de un debate que se deberá llevar a cabo en su momento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Seguridad de los buques de pasaje 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0332/97) , en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (C4-0359/97-96/0041 (SYN) ) con vistas a la adopción de la directiva del Consejo que establece reglas y normas de seguridad para los buques de pasaje (Ponente: Sr. Stenmarck). 
Señor Presidente, muchas personas critican al Parlamento Europeo, quizá muchas veces con razón. 
Sin embargo, son pocos, o casi nadie, quienes han tenido tanto éxito y han sido tan efectivos como este Parlamento a la hora de poner exigencias para aumentar la seguridad en la navegación marítima, aérea y en nuestras carreteras. 
En muchas ocasiones se han levantado los parlamentarios, como un solo hombre, y exigido medidas y acciones a la Comisión y han hecho que ésta estudie amplias propuestas con el objetivo de evitar que se produzcan nuevas tragedias. 
Esto ocurrió, por ejemplo, después de la catástrofe del navío Estonia en septiembre de 1944. 
Este accidente, que costó la vida a más de 900 personas, ha originado, después de una cantidad de iniciativas en el Parlamento, diversas decisiones que aumentan el grado de seguridad de diferentes modos. 
La cuestión que ahora tenemos que decidir es otro ejemplo de lo mismo. 
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Comisario Kinnock por su gran interés, en especial tratándose específicamente de los asuntos de seguridad. 
Con la decisión que tomemos en relación con el informe, vamos a poner exigencias más altas que antes a los transbordadores en que trafican rutas nacionales. Esto es importante. 
Hasta ahora nunca había existido una legislación común. 
Las legislaciones nacionales han sido muy variadas en los diferentes países. Al mismo tiempo, esto hace que la resolución de hoy tenga alcances muy distintos. 
Algunos países miembros han dado prioridad, desde hace tiempo, a la seguridad en este tipo de barcos. 
La resolución de hoy no tiene, por lo tanto, consecuencias importantes para las empresas navieras de transbordadores de esos países. 
Por el contrario, los aspectos de seguridad han sido flojos en otros países. Ahora pondremos allí grandes exigencias para que alcancen un nivel de seguridad mayor que el que han tenido hasta hoy. 
Lo que hacemos es ampliar el convenio de SOLAS- SOLAS es la sigla de Safety of Life at Sea- que durante mucho tiempo ha sido un pacto para la seguridad en el tráfico internacional de transbordadores, dándole validez también en las líneas nacionales de transbordadores. 
Los cambios que han tenido lugar entre la primera y la segunda discusión de este asunto, y que al mismo tiempo ha sido la causa de la infundada demora en el Consejo de Ministros para tratar la cuestión, tienen relación con el rápido desarrollo técnico. 
Los veloces transbordadores que ahora son cada vez más comunes en nuestras aguas, también van a someterse totalmente a la directiva. 
Evidentemente esto es positivo. 
Quisiera también agregar que durante todo el proceso de discusión de este asunto, es decir dos años, solamente me he topado con una opinión negativa. 
Viene de aquellos que dicen: " Esto seguramente va a costar dinero». 
Posiblemente sea verdad, en todo caso para aquellos que no han hecho inversiones en aspectos de seguridad. 
Mi respuesta a esas personas es, y siempre ha sido, que probablemente haya algunas cosas que tengan que costar dinero. 
La seguridad en la navegación marítima es una de esas cosas, si con ello se pueden evitar esas catástrofes que han sido demasiado comunes durante los últimos decenios. 
Es importante que los esfuerzos para aumentar la seguridad continúen. 
Se ha hecho mucho en los últimos años, pero probablemente también falte mucho por hacer en el futuro. 
Permítanme, finalmente, dar mis agradecimientos a todos los colegas de la Comisión de Transportes por sus constructivas opiniones referentes al aumento de la seguridad en los transbordadores en toda Europa. 
Señor Presidente, la seguridad en el mar es una prioridad para todos nosotros en el Parlamento Europeo, en particular para el Grupo Socialista. 
Esta noche nos complace poder ofrecer nuestro total apoyo al ponente, Sr. Stenmarck, que, como siempre, ha trabajado en esta propuesta de directiva con gran pericia y ha tramitado la propuesta por la comisión a gran velocidad. 
Tengo mucho gusto en adherirme a lo que acaba de decir y doy las gracias a él, a nuestro personal y al personal de la Comisión por la elaboración de una propuesta que aumentará en gran medida la seguridad en el mar. 
Nuestro argumento es, sencillamente, el de que millones de ciudadanos de la UE viajan en alguna forma de vehículo marítimo. 
Creen que ya están protegidos por la UE. 
Por desgracia, en algunos casos no es así. 
Los buques de pasajeros que hacen viajes nacionales y los buques internacionales de pasajeros cuyas travesías no penetran a más de 20 millas de la costa más cercana no están cubiertos en este momento por suficientes salvaguardas de la seguridad, por lo que nos alegramos de que el Comisario haya presentado propuestas que colman esas lagunas jurídicas. 
Además, en el marco del Mercado Único, teniendo presente que en 1993 se liberalizó el transporte marítimo nacional, consideramos importante que esta medida consolidará aún más el Mercado Único. 
La acogemos con beneplácito también por esa razón. 
Representa un régimen uniforme, sencillo, seguro y armonizado que todos los sectores de esta Asamblea pueden apoyar. 
Sin embargo, quisiera centrar la atención de la Comisión en otra cuestión. 
Se trata de una de las numerosas medidas encaminadas a la consecución de la seguridad en el mar y en cuya formulación el Comisario ha tenido el honor de participar. 
Pero la cuestión que ahora se presenta ante el Parlamento es la de cómo podemos garantizar mejor que los Estados miembros apliquen rápida, rigurosa y lealmente esta medida y todas las medidas encaminadas a la consecución de la seguridad en el mar. 
A muchos de los miembros de la Comisión nos preocupa que, si los Estados miembros no cumplen al pie de la letra los instrumentos legislativos que acordamos en la Unión Europea, la buena labor del Comisario y del Parlamento quede apenas en nada. 
Tal vez pudiera el Comisario hacer alguna observación breve sobre cómo podemos colaborar durante el año próximo para velar por que los Estados miembros apliquen efectivamente propuestas como ésta y las muchas otras relativas al control por el estado del puerto. 
Me gustaría que llegara un momento en que este Parlamento pudiera dedicar más tiempo a centrar la atención en la legislación que ya se ha acordado y a examinarla en lugar de a comentar y preparar la legislación futura. 
Ahora tenemos los argumentos y los instrumentos que necesitamos para lograr la seguridad en el mar en un nivel muy superior y mucho más aceptable. 
Debemos colaborar con el Comisario para velar por que se pueda aplicar la labor positiva que él hace y la que nosotros hacemos en pro de la seguridad del público que viaja. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, distinguido señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias a mi colega, Per Stenmarck, por su excelente informe. 
Se ha interesado muy intensamente, como siempre, por el tema de la seguridad de los buques, en especial, por la seguridad de los buques de pasaje. 
Creo que es muy importante que lleguemos, por fin, a estándares únicos europeos de seguridad para buques de pasaje, incluso en la navegación interior. 
Es importante que tengamos normas comunes de seguridad en la construcción de navíos, en la prevención de incendios y también en los correspondientes medios de salvamento. 
Considero también muy importante que tengamos estándares únicos razonables, con independencia de la diferentes clases de navíos de pasaje. 
Creo que, como ha dicho con razón Per Stenmarck, la confianza de los pasajeros se ha resentido mucho con un accidente especialmente grave y serio en el Mar Báltico y debemos recuperar otra vez esta confianza de los pasajeros en los navíos de pasaje. 
Una pequeña gota de tristeza, señor Comisario, es que no tenemos aún un cabotaje marino libre; tenemos todavía una reglamentación provisional. 
No se ha conseguido aún la liberalización de la competencia, pero es importante que ahora, en la preparación de la liberalización, nos pongamos de acuerdo sobre normas únicas de seguridad. 
Considero también muy bueno que el Consejo, la Comisión y el Parlamento hayan adoptado en la posición común una serie de aspectos, por ejemplo, que los estados que tengan normas superiores tengan un derecho de cogestión sobre la utilización de navíos de otros países. 
Considero importante que para la seguridad de los ciudadanos se puedan seguir dictando dentro de los estados normas adicionales de seguridad pues dentro de la Unión Europea las situaciones de peligro son también absolutamente diferentes. 
Permítanme, para terminar, una pregunta práctica importante que ya ha tocado mi colega, el Sr. Watts. 
¿Cómo aseguramos que las inspecciones regulares de los navíos, prescritas en el artículo 10 de la directiva, se lleven también realmente a cabo por parte de los estados bajo cuyo pabellón navegan? 
Ciertamente, somos la pobre gente que discute entre las 23.00 horas y las 24.00 horas, pero hemos desarrollado ya una cierta alegría interior por ello. 
Quizá, señor Comisario, le resulte posible exponer una vez más cómo la Comisión quiere asegurar también en este caso dentro de seis o de doce meses, en el sentido del control estatal de los puertos, que se lleve a cabo realmente la inspección obligatoria de los navíos por parte de los estados bajo cuyo pabellón navegan, a fin de garantizar también de forma concreta en cada caso los estándares de seguridad. 
¿Cómo va a organizar esto la propia Comisión? 
Efectivamente, la cuestión del control de los Estados miembros por parte de la Comisión es algo que deberíamos apoyar de manera conjunta. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la Comisión de Transportes y Turismo y, en particular, al ponente, Sr. Stenmarck, por la labor que se ha hecho sobre la posición común del Consejo relativa a esta medida. 
Agradezco la constructiva labor, que se demuestra claramente en un número de enmiendas que no sólo representan un apoyo, sino que, además, realzan considerablemente las nuevas disposiciones introducidas por el Consejo. 
Por esa razón voy a tener mucho gusto en aceptar la incorporación de todas menos una de las enmiendas en la propuesta reexaminada de la Comisión. 
Muchas de las enmiendas van encaminadas a mejorar aún más las nuevas disposiciones que el Consejo introdujo en su posición común a fin de distinguir entre los buques de pasajeros de gran velocidad construidos a partir del 1º de enero de 1996 y los construidos antes de esa fecha. 
Me complace que la comisión apoye al Consejo y a la Comisión en su planteamiento, al incluir también el nuevo principio en la disposición sobre las inspecciones y la certificación. 
Así, pues, espero con impaciencia que se logren rápidos avances en relación con esta legislación y también tengo mucho gusto en aceptar las enmiendas núms. 6 y 7. 
La enmienda nº 3 propone la equivalencia total entre los requisitos correspondientes a buques de pasajeros de gran velocidad que hagan trayectos nacionales y los que hagan trayectos internacionales. 
Evidentemente, guarda una coherencia total con el objetivo principal de esta propuesta y garantizará que se logre un nivel equivalente de seguridad en todos los buques de pasajeros de gran velocidad que surquen las aguas de la Unión Europea, independientemente de que hagan trayectos nacionales o internacionales. 
Agradezco a la comisión que ofrezca una solución pragmática para los buques ligeros de pasajeros que naveguen a velocidades normales en zonas marítimas de las clases B, C y D. La enmienda nº 2, después de que se le hagan unas mejoras de redacción, garantizará que no se consideren erróneamente los buques de ese diseño como buques de pasajeros de gran velocidad, como podría haber ocurrido, si se les hubiera aplicado la fórmula de la definición de seguridad de la vida en el mar correspondiente a los buques de gran velocidad. 
Tengo mucho gusto en comunicar a la Asamblea que puedo aceptar la propuesta de que se incluya la protección del medioambiente como uno de los objetivos de esta medida, como se pide en la enmienda nº 1. 
Como recordarán Sus Señorías, en la primera lectura me referí al Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, el Convenio Marpol, como el instrumento principal para la protección del medio ambiente marino. 
Sin embargo, como ahora el Consejo ha incluido nuevas disposiciones sobre cláusulas de salvaguarda que se pueden aplicar en caso de peligro para el medio ambiente marino, la protección del medio ambiente ha pasado a ser una parte determinada de los objetivos de esta propuesta. 
Así, pues, tiene sentido aceptar la sensata propuesta de la Comisión de Transportes y Turismo. 
También hay que apoyar la enmienda nº 4. 
Fortalece la orientación principal de la posición común utilizando la misma terminología que en las nuevas disposiciones introducidas por el Consejo en el apartado 5 del artículo 7. 
Al utilizar esos mismos términos, ha indicado con inequívoca claridad que, si el comité llega a la conclusión de que las medidas propuestas por un Estado miembro no están justificadas, se exigirá al Estado miembro de que se trate que modifique o no proponga esas medidas. 
Por lo que se refiere al propuesto cambio del tipo de comité, la Comisión no puede aceptar la enmienda nº 5 y ello se debe a que un comité de reglamentación es el más apropiado, porque la directiva permite la adaptación de sus disposiciones con vistas a tener en cuenta las novedades que se produzcan en foros internacionales, como, por ejemplo, la Organización Marítima Internacional. 
1, 2, 3, 4, 6 y 7. Lamento no poder responder, por lo avanzado de la hora, a las numerosas observaciones interesantes que han hecho el Sr. Watts y el Sr. Lindqvist y otros, pero estoy seguro de que tendremos una oportunidad de volver sobre ellas y sobre la formulación de otros instrumentos legislativos que aumenten eficazmente la seguridad de la vida y de los buques en el mar y salvaguarden el medio ambiente marino. 
Concluyo agradeciendo a la Asamblea que haya facilitado la aprobación rápida de esta directiva. Tendrá repercusiones directas en la seguridad a bordo de los buques y las embarcaciones. 
Una vez más expreso mi agradecimiento a la Comisión de Transportes y Turismo y, en particular, al Sr. Stenmarck por su constante apoyo y su eficaz labor, que contribuye a la formulación de la legislación por la Comisión y el Consejo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Seguridad de los buques pesqueros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0336/97) , en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (C4-0360/97-96/0168 (SYN) ) con vistas a la adopción de la directiva del Consejo sobre un régimen armonizado para la seguridad de los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros (Ponente: Sr. Le Rachinel). 
Señor Presidente, en su posición común, el Consejo ha introducido varias modificaciones a la propuesta de directiva de la Comisión sobre la seguridad para los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros. 
La Comisión ha aprobado estas modificaciones por razones de coherencia y de claridad de conjunto. 
Lo mismo es cierto en el caso del ponente y de la Comisión de Transportes, que sólo ven en estas modificaciones cambios de tipo técnico y jurídico sin grandes consecuencias, tanto en lo relativo al contenido en sí de la propuesta de directiva, como de su filosofía general. 
Se trata, en primer lugar, de excluir del ámbito de aplicación a los buques de recreo que realizan actividades pesqueras con fines no comerciales. Se trata de una serie de puntualizaciones sobre la terminología y modificaciones de la redacción encaminadas a simplificar y hacer más explícitos algunos términos y disposiciones del texto de la Comisión, considerados demasiado vagos o poco precisos, a fin de asegurar mayor coherencia con el texto del Protocolo de Torremolinos y las definiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Para el Consejo, se trata de hacer una distinción en lo relativo a la conformidad con las normas de concepción, construcción y mantenimiento entre los buques pesqueros ya existentes y los de nueva construcción. 
Sólo los buques de nueva construcción estarán obligados a cumplir el artículo 14 de la Directiva 94/57 de la CEE. 
Los barcos ya existentes responderán a las normas que estaban en vigor en el momento de su construcción. 
Por consiguiente, no habrá nuevas cargas para estos empresarios del sector pesquero, que como sabemos es un sector frágil que atraviesa por dificultades. 
Se trata de una adaptación de las fechas de entrada en vigor de las prescripciones generales para los buques pesqueros de nueva construcción y los ya existentes. 
Se trata también del añadido de un nuevo Anexo IV a la Directiva. 
Dicho anexo es relativo a la construcción, hermeticidad al agua, al equipamiento, a la estabilidad, al estado correspondiente de navegabilidad, a las máquinas y las instalaciones eléctricas y a los sistemas de extinción de incendios. 
Las condiciones del anexo han contado con la aprobación de la Comisión, porque se ajustan perfectamente al objetivo de armonización de las normas de seguridad al nivel más alto posible. 
Con ello sólo se hará más estricto el nivel de seguridad a bordo de estos buques. 
Se trata de aclaraciones relativas a las condiciones en las que los buques con pabellón de un Estado tercero pueden ser sometidos a una inspección por parte del Estado rector del puerto. 
Se añade además que, tras la entrada en vigor del protocolo, dicho control se aplicará por igual a los buques pesqueros con pabellón de un Estado que no haya suscrito el protocolo. 
La Comisión ha aceptado estas modificaciones que, además, vienen a reforzar las disposiciones sobre el cumplimiento, por parte de los buques pesqueros con pabellón de un Estado tercero, de las prescripciones del Protocolo de Torremolinos. 
La línea recta a 60º de latitud Norte, por encima de la cual se pueden aplicar medidas especiales, se ha modificado ligeramente en función de las aguas territoriales de los Estados miembros. 
Por último, se ha modificado la naturaleza del Comité Consultivo propuesto por la Comisión (Comité I) y se le ha reemplazado por un Comité III (a) que atribuye mayores poderes a las autoridades nacionales. 
La Comisión ha aceptado estas modificaciones. 
No obstante, el ponente desea insistir en dos cosas. 
En primer lugar, en el hecho de que el Parlamento Europeo desea ser informado de la actividad del Comité Reglamentario instituido conforme al artículo 8. 
De hecho, incluso si este comité no pueda aportar más que adaptaciones, el Parlamento Europeo querría estar al corriente de los asuntos que se traten, con bastante antelación a su inclusión en el orden del día. 
Y sobre el hecho, para terminar, de que en caso de infracción de las normas, los Estados miembros deben fijar sanciones coordinadas. 
En definitiva, podemos sentirnos satisfechos con esta posición común del Consejo, que respeta los principios fundamentales de la propuesta inicial y representa un valor añadido por el hecho de que las puntualizaciones y, sobre todo, las disposiciones complementarias refuerzan el nivel armonizado de seguridad. 
No se ha presentado ninguna enmienda, señor Presidente, por lo que creo que sería conveniente aprobar el presente informe en estas condiciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, voy a ser muy breve. 
Seguro que los colegas lo van a agradecer a estas altas horas ya de la noche. 
Simplemente quiero señalar, como ya hice en mi anterior intervención ante el Pleno en primera lectura, que el alto índice de accidentes en la mar convierten a la pesca en una de las actividades de mayor peligrosidad y riesgo. 
Esta directiva constituye el resultado de un largo y difícil proceso en pro de la mejora de la seguridad de los buques de pesca. 
Llevémosla, por tanto- y nunca mejor dicho -, a buen puerto, y hagámoslo con seguridad y rapidez. 
Esta directiva es necesaria desde hace ya tiempo y permitirá conseguir, en un primer paso, una armonización de las legislaciones de los Estados miembros y permitir a éstos incorporar situaciones específicas, pero dentro de unos principios comunes básicos. 
Es cierto, como recuerdan la Comisión y el Consejo, que las medidas deben tener en cuenta que estamos hablando de un sector en crisis, con graves problemas de todo tipo, lo que implica valorar el grado de onerosidad de ciertas medidas para los armadores del sector. 
Coincidimos con el ponente cuando reclama que el Parlamento Europeo sea informado puntualmente de la actividad del comité reglamentario que se crea. 
En conclusión, señor Presidente, y como ya hemos señalado anteriormente y por tratarse de una primera medida, la directiva debe ser adoptada lo antes posible. 
Señor Presidente, agradezco el total apoyo dado a la posición común, que, evidentemente, acelerará la aprobación de esta directiva por el Consejo. 
Estoy seguro de que todos compartimos la opinión de que, cuando se aplique, esta medida representará un mayor apoyo para nuestras actividades conjuntas- de la Comisión, del Parlamento y del Consejo- encaminadas a lograr una gran calidad de la navegación en las aguas europeas al garantizar un nivel uniforme de seguridad para los buques y un mayor grado de protección para las personas que viajen en ellos. 
Ése es, naturalmente, el objetivo primordial de nuestra propuesta y, además, contribuirá a la lucha contra la distorsión de la competencia por las compañías que trágica, deliberadamente, no adoptan las disposiciones adecuadas en materia de seguridad. 
Quisiera responder brevemente a las dos observaciones concretas hechas por el ponente en su recomendación. 
La Comisión responderá de buen grado a la petición concreta de que se informe a la Asamblea por adelantado de los puntos del orden del día de la reunión de la comisión que traten de las adaptaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva. 
La Comisión comparte también la preocupación de que la existencia de niveles diferentes de sanciones podría propiciar distorsiones de la competencia y obstaculizar el funcionamiento idóneo del mercado interior. 
Para evitar precisamente esa situación, el artículo 11 de la posición común exige que las sanciones sean eficaces, proporcionadas y disuasivas. 
Además, para garantizar la transparencia total, los Estados miembros deben notificar, de conformidad con el artículo 13, su sistema de sanciones correspondientes a las infracciones de las disposiciones nacionales que se adopten conforme a la directiva. 
Creo, señor Presidente, que el ponente intentaba subrayar la necesidad de velar por la observancia de dichas disposiciones en pro de la transparencia y la competencia leal. 
Naturalmente, la Comisión cumplirá con sus obligaciones a ese respecto y en todos los aspectos de la directiva. 
Estoy seguro de que la Asamblea no esperaría menos que eso y le agradezco una vez más su cooperación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Fomento de las energías renovables 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0288/97) de la Sra. Bloch von Blottnitz, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (97) 0087- C4-0308/97-97/0106 (SYN) ) relativa a un programa plurianual de fomento de las energías renovables en la Comunidad (ALTENER II). 
Señor Presidente, ALTENER II constituye la prosecución de ALTENER I, es decir, constituye un programa plurianual de fomento de las energías renovables. 
Para los dos primeros ejercicios presupuestarios están previstos 30 millones de ecus. 
Naturalmente, la suma es absolutamente ridícula y es menos que la famosa gota de agua sobre la piedra al rojo. 
Es mucho más incomprensible aún frente a la reducción, urgentemente necesaria, de los gases que dañan el clima, en relación con lo cual los países miembros se han comprometido ya en Río, en Berlín y ahora con vistas a Kioto, con el objetivo de una reducción del 15 %. 
Es completamente absurdo que se produzca una negativa a contribuir a penetrar intencionadamente con todos los medios a nuestro alcance el mercado con energías renovables como la biomasa, el biogás, la energía solar, su utilización térmica y fotovoltaica, el viento y el calor terrestre. 
Esto es tanto más sorprendente, cuanto que es indiscutible que precisamente esta forma de obtención de energía no sólo nos acerca a nuestros objetivos de reducción de los gases que dañan el clima, sino que también en relación con la creación de puestos de trabajo liberaría enormes recursos, sin contar con que nos liberaría en gran medida de nuestra dependencia respecto de las importaciones de energía desde terceros países. 
En el caso de un fomento intencionado- y no en estas celebraciones de coartada- habría que satisfacer de aquí al año 2010 mediante fuentes de energía renovable al menos el equivalente del 30 % de la demanda de energía primaria de la UE. 
Es indiscutible que para el éxito de las energías renovables es preciso eliminar, como condiciones marco, algunos obstáculos administrativos. 
Necesitamos, por ejemplo, una regulación europea de los precios de suministro para las energías renovables y es preciso adoptar también medidas fiscales. 
Sin embargo, esto no es posible sin una firme voluntad política, voluntad de la que hasta ahora los Estados miembros carecen. 
Mientras las condiciones marco no sean adecuadas, la totalidad de los programas como SAVE, ALTENER, THERMIE, SYNERGIE, no serán más que una cosmética que enmascara la realidad. 
Dada, por un lado, la amplia paleta de los ámbitos de acción que se han propuesto y, por otro, la escasez de recursos, tiene poco sentido trabajar con arreglo al principio de la regadera. 
Por consiguiente, el programa debería concentrarse solamente en algunas medidas estratégicamente importantes. 
Pero no hay que tolerar en ningún caso que, tal como está previsto, se califique de energías regenerativas los desechos urbanos. 
Los desechos urbanos, como la misma palabra dice, no son regenerativos. 
No puede ser que de este reducido presupuesto, realmente ridículo, financiemos también la combustión de desechos urbanos, aunque la industria lo demande expresamente. 
En lugar de esto, deberíamos tratar, a lo sumo, los elementos de biomasa de estos desechos. 
Sin embargo, preferiría que empleásemos excepcionalmente nuestros escasos recursos de manera valiente, dirigida y en formas de energía cargadas de futuro, para sentar, por fin, un signo de política energética. 
En este sentido, deberíamos apoyar, en mi opinión, de manera consecuente la energía fotovoltaica y el calor terrestre. 
La dispersa financiación que propone la Comisión no nos llevará muy lejos. 
Queda por afirmar que ALTENER II seguirá siendo un remiendo mientras falte voluntad política, y es indiscutible que ésta falta. 
La prueba está en el triste hecho de que desde hace aproximadamente diez años diversas propuestas de la Comisión sobre la implantación de impuestos sobre la energía en toda Europa son discutidas sin término y torpedeadas regularmente por el Consejo. 
Otra prueba: los gobiernos europeos han gastado desde Río más de 125.000 millones de marcos en la subvención de energías fósiles y nucleares y sólo un 9 % de esta cantidad, es decir, 2.500 millones de marcos, en energías renovables. 
Esta mala relación entre el fomento de las energías convencionales y el de las energías renovables es máxima en Gran Bretaña y en Alemania. 
Llevadas a un breve denominador, equivalen a decir: predicar la protección del clima pero fomentar el derroche de energía. 
El pequeño programa ALTENER II puede oponer pocas cosas a esto. 
Efectivamente, las políticas fuertemente subvencionadas discurren precisamente en la dirección contraria: más transporte, más consumo de energía, más desechos, más emisiones, más problemas de medio ambiente. 
Mientras no practiquemos la política energética y de medio ambiente como una política transversal, programas tan enternecedores como ALTENER II tampoco aportarán mejoras fundamentales. 
Señor Presidente, señores colegas, núcleo del ALTENER II son las acciones que tienen como objetivo fomentar las inversiones públicas y privadas en las fuentes de energías renovables. 
Sin embargo, en la propuesta de la Comisión, las dos terceras partes del presupuesto del programa están destinadas a las acciones de continuación del ALTERNER I. Igualmente, los 30 millones de ecus que propone la Comisión para los dos primeros años del ALTERNER II son, según la opinión y el punto de vista general de la Comisión económica, monetaria y de política industrial, insuficientes para un programa con objetivos tan ambiciosos. 
Con el presente informe solicitamos a la Comisión que introduzca el aumento de la financiación del programa en general, así como que reconsidere la distribución de los gastos y que refuerce la asignación del artículo 2 letra e que constituye la piedra de toque del programa. 
En la propuesta de la Comisión se da más peso al estudio de las perspectivas de competitividad de las fuentes de energías renovables. 
Creemos que deberán proponerse acciones más concretas para que estas fuentes no sólo sean viables económicamente sino también competitivas como para atraer el interés de los inversores. 
En el futuro, la Comisión deberá trazar una estrategia concreta de penetración de las fuentes de energías renovables en el libre mercado, elaborando un proyecto de inversión analítico con propuestas concretas sobre las medidas económicas de promoción de estas fuentes de energía. 
Es útil crear un ambiente de inversiones favorable a nivel nacional y comunitario, con nuevos prestamos incentivados y medidas de apoyo, subvenciones y exenciones tributarias que equilibren el coste de instalación inicial de las fuentes de energías renovables. 
La Comunidad debe conducir a los Estados miembros hacia la modernización de sus marcos jurídico y de inversiones. 
La actitud circunspecta de los organismos financieros, la insuficiente información de los inversores y también del público y la inexistencia de proyectos integrados de acción sobre las fuentes de energías renovables a nivel nacional, se deben principalmente a debilidades institucionales y estructurales de los Estados miembros. 
Esperamos que estos puntos se cubran por el Libro Verde sobre las fuentes de energías renovables que en este momento está preparando la Comisión y que basándose en él, se vea alentado el desarrollo de una industria europea con verdaderas posibilidades de exportación de conocimientos técnicos y de inversiones en terceros países, principalmente de Europa central y oriental, pero también en países del Sur del Mediterráneo. 
Con los terceros países se deberán elaborar, igualmente, proyectos de aplicación con la participación de la Comunidad. 
Sería útil que se salvaguardara la ayuda económica de las acciones del programa incluso por parte de terceros organismos financieros, como el Banco Europeo de Inversiones. 
La Comisión va a tener que combinar el resto de sus acciones relativas a las pequeñas y medianas inversiones, que están dispersas en su programa, y deberá dar más importancia a las acciones que prevén inversiones en las fuentes de energías renovables. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, estimados colegas, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Bloch von Blottnitz, por la presentación de un informe realmente bueno. 
Pero la Comisión merece también reconocimiento por esta propuesta de un programa plurianual por el que se fomenta las fuentes renovables de energía en la Comunidad. 
Coincido sin restricciones con la afirmación de la propuesta de la Comisión que reza: la actual composición de la oferta de energía es incompatible con las exigencias a largo plazo de un desarrollo sostenible. 
Desde el punto de vista de una política climática y de medio ambiente, dada nuestra creciente dependencia de la importación de energía, en vista de la importancia en una política industrial y de empleo, existe el compromiso político de velar por una utilización cada vez mayor de fuentes renovables de energía. 
Si consideramos las escasas tasas de crecimiento de los años pasados sabremos también que son necesarios enormes esfuerzos para lograr el objetivo, todavía muy modesto, de duplicar la utilización de las fuentes renovables de energía, objetivo que se ha fijado en el Libro Verde sobre energías renovables. 
Junto a medidas políticas de ordenación que- tal como esperamos, señor Comisario Papoutsis- nos presentará usted en breve como elementos integrantes del Libro Blanco, el Parlamento Europeo ha pedido en su opinión sobre el Libro Verde un programa ALTENER II más fortalecido desde el punto de vista sustantivo y financiero. 
Sin duda, la dotación financiera prevista de 30 millones de ecus para 1998 y 1999 no responde a las demandas que hay que dirigir a la Unión. 
Por consiguiente, es preciso coincidir plenamente con la Comisión en que los recursos presupuestarios deben ser aumentados notablemente en los tres ejercicios presupuestarios restantes, especialmente también en relación con la propuesta, digna de celebrarse, de que un nuevo punto relevante del Programa ALTENER II consista en acciones dirigidas al fomento de la penetración de las fuentes renovables de energía en el mercado. 
En el informe sobre el Libro Verde el Parlamento Europeo pidió un gran programa comunitario para las energías renovables con un millón de instalaciones fotovoltaicas en tejados y fachadas, 15.000 megavatios en instalaciones eólicas y 1.000 megavatios en instalaciones de biomasa. 
Si contemplamos las actividades de los EE.UU. y del Japón, éstas demandas son más bien cortas. 
Espero, señor Comisario Papoutsis, que nos responda en breve con un Libro Blanco orientado en esta dirección, para que en el marco del programa ALTENER II, tan insuficientemente dotado, como ya se ha dicho, desde el punto de vista financiero, puedan iniciarse unas primeras acciones específicas que luego han de ser ampliadas sobre una nueva base financiera. 
Dos pequeñas puntualizaciones más. 
En las enmiendas de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía se pide una ampliación del programa a los estados ribereños del sur del Mediterráneo y a los socios de la cooperación de la UE. 
Mi grupo apoya sin limitaciones el fomento de fuentes de energías renovables en estos países, pero el presupuesto del ALTENER no da para esto. 
Hay que aprovechar, por ejemplo, los programas MEDA, TACIS y PHARE. 
Permítanme todavía una frase para terminar: ahora no hablo en nombre de todo el Grupo; se que en el mismo existen otras posiciones, pero clasificar y financiar los residuos urbanos, excepto la biomasa, como fuentes renovables de energía, es dejar de lado la realidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos- aunque escasos- colegas, creo que en primer lugar tenemos que felicitar a la Comisión y particularmente al Sr. Comisario Papoutsis, que ha demostrado una gran sensibilidad, yo diría que mediterránea, para entender estos problemas, de lo cual es buena prueba el Libro Verde y espero que lo sea el inmediato Libro Blanco que esperamos con expectación. 
Creo también, señor Presidente, que hay que tener algún optimismo. 
Están produciéndose datos que indican que la situación cambia. 
Por ejemplo, en Alemania hoy hay la información de que el Gobierno, y el Gobierno también de dos Estados federados, van a invertir seriamente en grandes fábricas de células fotovoltaicas. 
Un libro reciente publicado en Inglaterra señala para mi país, para España, un objetivo hacia el principio del milenio próximo, de 800 megavatios en energía eólica. 
Pues bien, sólo una región, Galicia, la Comunidad Autónoma gallega, que es menos de la décima parte quizá de la población española, aspira, en esa misma fecha, a llegar a los 900 megavatios. 
Sabemos que la situación es mucho mejor de la media en países como Austria, Finlandia y Suecia y creemos, en resumen, que la situación está cambiando. 
La misma carta de la Comisión de Medio Ambiente señala un objetivo inglés oficial de que, en el año 2025, nada menos que el 20 % de su energía proceda de fuentes eólicas. 
Creo también que tenemos que elogiar, y yo elogio con mucho gusto, el admirable trabajo de la Sra. Bloch von Blottnitz que naturalmente lo ha hecho con toda su vehemencia y con toda la firmeza de sus convicciones. 
Creo que a ese trabajo ha contribuido nuestra comisión competente para la energía, con algunas enmiendas que han sido aceptadas por la Comisión. 
Y por eso, nuestro Grupo va a votar a favor del informe de la Sra. Bloch von Blottnitz tal como ha quedado modificado en el debate legítimo con el cual la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía ha enriquecido el excelente texto de ella misma. 
En cambio, no vamos a poder estar de acuerdo con la última enmienda, la enmienda 28, la del Sr. Holm, en nombre del Grupo de los Verdes, porque nuestra comisión rechazó ya, después de un debate serio, y desde luego nuestro Grupo participó en ese sentido, la enmienda que pretendía eliminar el concepto de los residuos urbanos. 
A nosotros nos parece que son unos elementos que deben ser utilizados, como ha venido siendo hasta ahora, en el marco de los programas generales de ALTERNER. 
Nos parece que nuestras enmiendas aportan algo de utilidad. 
Por ejemplo, recordemos los antecedentes. 
La Comisión, y en algún caso aunque con poco entusiasmo, los Gobiernos han hecho, sin duda, mucho. 
Pero la Comisión se ha apoyado en la sociedad civil. 
La propia Conferencia ALTERNER en Sitges, hace menos de un año, y las conferencias sobre energías renovables en Madrid, en Milán, en Atenas, que no hubieran sido posibles sin el apoyo de la Comisión, prueban que hay una base social que creo que conviene recordar. 
Nos parece también que hemos contribuido a enriquecer el documento al fijar algunos objetivos, como el del 15 % mínimo, que es un mínimo en materia de energía renovable para el año 2020, y también fijar en un 15 % la reducción, en comparación con 1990, del dióxido de carbono. 
En resumen, señor Presidente, nosotros creemos que estas y otras enmiendas han contribuido a enriquecer el excelente texto de la Sra. Bloch von Blottnitz y esperamos que la Comisión tenga a bien aceptarlas y que puedan formar parte del documento definitivo que apoyará un ALTERNER II del que esperamos, al menos, frutos modestos por la cuantía de los medios económicos, pero tan eficaces como los que ha tenido el ALTERNER I. 
Señor Presidente, en el caso de la energía renovable hablamos de protección del medio ambiente, esto es correcto. 
En relación con las fuentes renovables de energía hablamos de puestos de trabajo; esto es también correcto. 
Prácticamente nunca hablamos de los problemas que se dan a la hora de conseguir fuentes fósiles de energía. 
Cientos de miles de personas mueren cada año a causa de esto. 
Quiero recordar la Guerra del Golfo, la guerra en Afganistán, en Chechenia y, actualmente, en el Zaire o en el Congo. 
Hemos de hacernos conscientes de la dimensión del problema, en concreto, de que para el siglo XXI no puede haber un régimen de paz que se base sobre las fuentes fósiles o nucleares de energía. 
Por consiguiente, necesitamos las fuentes renovables de energía no sólo por razones de protección del medio ambiente, por razones económicas y sociales, sino, sobre todo, por razones de política de paz, pues, de lo contrario, sin un cambio a las fuentes renovables de energía no habrá para el siglo XXI un régimen de paz. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo acoge con beneplácito este programa quinquenal. 
Acogemos con satisfacción el compromiso permanente del Comisario Papoutsis con la energía renovable. 
ALTENER I contribuyó a la financiación del único centro de asesoramiento sobre la energía renovable existente en el Reino Unido. 
ALTENER II es una de las- lamentablemente pocas- medidas que permitirán a nuestros delegados acudir a la conferencia de Kyoto con algo que ofrecer. 
Es acorde con el espíritu de la época. 
Alemania ha anunciado hoy dos cuantiosos programas en pro de la energía renovable: la fotovoltaica. 
Shell y BP van a hacer grandes inversiones en tecnologías de energía renovable. 
Los Estados Unidos están avanzando al respecto, como también el Japón. 
Señoras y señores diputados, espero que visiten la exposición situada en el exterior de este hemiciclo sobre el programa TERES II. 
Permítaseme agradecer a la Comisión ese programa y a la Sra. Pérez Latorre, en particular, su ayuda para montar la exposición. 
Quisiera repetir tres veces mi argumento principal: no hay bastantes fondos, no hay bastantes fondos, no hay bastantes fondos. 
Espero que quede claro lo que quiero decir. 
La financiación adecuada y realista para ALTENER II debería ascender a 250 millones de ecus. 
Gastamos esa cantidad casi sin pensar en la fusión nuclear. 
Tenemos que formular adecuadamente nuestras prioridades, tenemos que mirar hacia el futuro al modo representado, a mi juicio, por ALTENER II. Me alegro de que vaya a formar parte de un marco energético que se debería haber establecido hace mucho. 
Servirá para que los diputados a este Parlamento vean con claridad lo que hacemos exactamente en materia de energía y espero que muy pronto se determine un fundamento jurídico al respecto. 
El Comisario cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo para sacar adelante ALTENER II. 
Señor Presidente, apoyo la propuesta de la Comisión para mantener el programa ALTENER I. Sin embargo, el informe recoge algunos puntos que no puedo aceptar, como, por ejemplo, la contraposición entre las fuentes de energía renovables y la investigación en el ámbito de la fusión. 
Deberemos tener firmemente los pies en el suelo cuando establezcamos objetivos en torno a cuotas de unas cuantas unidades porcentuales para las fuentes de energía renovables en relación con la producción energética total. 
La mejor manera de reducir las emisiones de dióxido de carbono es la construcción de más centrales nucleares e hidroeléctricas. 
Si se pudiera sustituir una central de carbón que produce mil megavatios por una central nuclear, se reduciría la emisión de dióxidos de carbono en seis millones de toneladas al año, la cual es verdaderamente una cifra muy elevada. 
En 1996, la emisión de dióxido de carbono en toda Finlandia fue de sesenta millones de toneladas. 
Cabe recordar igualmente que todas las modalidades de producción energética, incluidas las de energía renovable, tienen un impacto negativo para el medio ambiente. 
Las fuentes de energía renovables más prometedoras son las que se basan en materiales biológicos, como la combustión de madera. 
Finlandia figura a la cabeza de Europa en el aprovechamiento de este tipo de energía, principalmente como consecuencia del uso que se hace de los líquidos residuales de origen industrial con fines energéticos. 
Los combustibles de origen maderero proporcionan alrededor del 15 % de la energía que se produce en Finlandia. 
En un futuro próximo, las energías solar y eólica constituyen modalidades verdaderamente marginales. 
De no producirse un adelanto técnico revolucionario en el aprovechamiento de la energía solar, ésta no ocupara ninguna posición digna de mención en el ámbito de la producción energética global. 
Por su parte, la energía eólica es apropiada sobre todo para la producción local de electricidad a pequeña escala, en archipiélagos y zonas costeras. 
Un país que, por su situación geográfica, disfruta de excepcionales condiciones para aprovechar la energía eólica como es Dinamarca sólo produce un 3 % de la electricidad que consume mediante esta técnica. 
En el informe se insta a realizar mayores esfuerzos en la investigación de las fuentes de energía renovables para lograr una mejora de los resultados. 
A pesar de que, por lo general, soy partidaria de la investigación, no puedo apoyar esta exigencia. 
Las perspectivas de futuro de las fuentes de energía renovables no dependen de los esfuerzos económicos que se realicen, puesto que la proporción de las mismas en relación con la producción global de energía no dejará de ser marginal. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, permítanme empezar dando las gracias a la Sra Bloch von Blottnitz por su admirable informe. 
El primer programa ALTENER demostró la importancia del fomento de las fuentes de energías renovables y los primeros resultados del programa fueron realmente satisfactorios. 
El nuevo programa ALTENER II no es una simple prolongación del antiguo programa. 
Creo que, realmente, el programa ALTENER II, tal como se va a desarrollar en el futuro, va a desempeñar un papel especialmente importante. 
Para empezar querría hacer determinadas observaciones sobre el carácter del nuevo programa. 
El primer punto en el que quisiera detenerme concierne al Libro Verde sobre las fuentes de energías renovables, que tuve ocasión de presentarles hace algunos meses. 
Sus propuestas y el apoyo que han mostrado generosamente al Libro Verde, nos han permitido avanzar en el tratamiento del Libro Blanco sobre una estrategia comunitaria y, al mismo tiempo, un nuevo plan de acción en relación con las fuentes de energías renovables. 
Querría decir ante ustedes que tengo la intención de presentar el Libro Blanco a la Comisión en noviembre. 
El programa ALTENER II se ha reorientado con vistas a incorporar nuevas acciones en el ámbito de nuestra estrategia comunitaria más general sobre las fuentes de energías renovables, así como en el marco del plan de acción que vamos a proponer. 
El segundo punto que quiero subrayar se refiere a la propuesta sobre el programa- marco sobre la energía, sobre el que hoy hemos tenido un debate en la Comisión Europea. 
El programa ALTENER II se situará en este futuro programa- marco sobre la energía y será uno de sus ejes básicos. 
Quisiera subrayar que es indispensable que el Consejo apruebe el ALTENER II para la continuación ininterrumpida del programa. 
Y esto es absolutamente compatible con el programa- marco en el que se incorporará cuando, finalmente, se apruebe, los próximos meses o, probablemente, el año que viene. 
El tercer punto concierne al proceso de ampliación de la Unión Europea. 
De hecho, en el marco de las acciones que aspiran a facilitar la adhesión de los países de Europa central, oriental y de Chipre, el nuevo programa prevé la posibilidad de su participación, así como la de los países del ámbito económico Europeo. 
Ahora bien, en cuanto a las acciones y las medidas que pensamos emprender en el marco del programa ALTENER II, en un principio, nuestro objetivo básico es continuar ampliando las acciones del programa que se consideraron positivas y efectivas. 
Nuestra preocupación básica es concentrar nuestra atención en aquellas acciones que podrían mejorar los resultados que hemos tenido hasta ahora e, igualmente, que nuestros esfuerzos sean más eficaces. 
El programa prevé también nuevas acciones que sirven a dos objetivos concretos. 
Ante todo, impulsar las inversiones públicas y privadas en la producción y consumo de energía derivada de fuentes renovables. 
Segundo, la creación de las medidas necesarias para la materialización y el seguimiento de la estrategia comunitaria y del plan de acción sobre las fuentes de energías renovables, que tienen por límite el año 2010. 
Señor Presidente, el programa ALTENER II tiene, verdaderamente, especial importancia porque, tal como han subrayado muchos de los oradores, contribuye a la materialización de nuestros objetivos primordiales comunitarios en cuanto a la reducción de las emisiones de gases tóxicos con efecto invernadero. 
Y también va a desempeñar un papel importante en la formación de las condiciones necesarias para aumentar la participación de las energías renovables en nuestro balance energético, así como en la disminución del grado de dependencia de la Unión de las importaciones de energía. 
No debemos olvidar que el desarrollo de las fuentes de energías renovables aspira a su mayor penetración en el mercado. 
Y, por supuesto, de esta manera contribuye positivamente al fomento de las prioridades políticas generales de la Unión en los sectores de cohesión económica y social, al desarrollo local y regional, más generalmente al desarrollo económico y, naturalmente, a la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Señor presidente, en este momento querría referirme más especialmente a las enmiendas que se han presentado. 
Para empezar, haré una observación general: la mayoría de las enmiendas nos permiten mejorar la propuesta, y por eso podemos aprobarlas. 
Pero hay determinadas enmiendas que creemos que conciernen más al Libro Blanco sobre la estrategia comunitaria para las fuentes de energías renovables que al programa ALTERNER II en si mismo. 
A pesar de todo, y más concretamente, la Comisión puede aprobar tal como están, tal como han sido presentadas, las enmiendas: 2, 6, 8, 10, 19, 21, 23 y 25. 
La comisión también puede aceptar, para empezar, algunas de las enmiendas del Parlamento. 
Estas, o bien podríamos fijarlas en el texto con un cambio en su formulación, o consideramos que ya están cubiertas por nuestra propuesta. 
Entonces, en este marco, aceptamos, con una leve modificación, las enmiendas 5 y 7. 
En cuanto a la enmienda 12, creemos que puede incorporarse en la propuesta de una petición general que tenga como objetivo duplicar la participación de las fuentes renovables, con límite temporal el 2010 como consecuencia de los debates sobre el Libro Blanco. 
No obstante, los objetivos concretos se desarrollarán más allá de los límites del Libro Blanco. 
Creemos que se puede incorporar en la propuesta la segunda parte de la enmienda 12, exceptuando, sin embargo, la petición del fomento de la tecnología, porque precisamente esta petición tiene más relación con las actividades que se desarrollan en el ámbito del programa THERMIE. 
El contenido de la enmienda 13 creo que queda cubierto por el artículo 1 de la propuesta del programa. 
También estamos de acuerdo en la enmienda 15. 
Por esta razón vamos a presentar de nuevo la petición a los distintos sectores que cubren los estudios del artículo 2, apartado 1, letra a. 
En cuanto a la enmienda 16, estaré de acuerdo con ustedes en que el turismo ecológico constituye una parte inseparable de la planificación a escala local y regional. 
La enmienda 16 podría incorporarse a la propuesta, en el punto en que nos referimos a determinados sectores neurálgicos en el marco de la planificación. 
Igualmente podemos exponer de nuevo y concentrar las acciones de información que se refieren en el artículo 2, apartado 1 letra c, de manera que queden reflejadas las enmiendas 17 y 18. 
En cuanto a la enmienda 20, la Comisión estima que la exposición del primer y el tercer caso del artículo 2, apartado 1 letra f, debe ser global y completa. 
El seguimiento de la aplicación de la estrategia y del avance realizado a nivel comunitario y también de los Estados miembros deberá cubrir todos los aspectos y todos los sectores que se desarrollen en el Libro Blanco. 
Por consiguiente, no sería aconsejable referir especialmente sólo determinados sectores. 
Por esta razón, también preferiríamos que en este punto permaneciéramos en nuestro texto originario. 
No obstante, estamos de acuerdo en la enmienda 22 y la incorporaremos a la enunciación correspondiente del artículo 2. 
Por el contrario, la Comisión no puede aprobar las enmiendas 1, 3, 4, 11, 14, 24, 26, y 27. 
Referente a la enmienda 1, la Comisión expresa su plena satisfacción por el éxito del Congreso ALTENER y está dispuesta a repetir esta experiencia que ha mostrado su utilidad. 
Sin embargo, una petición de este tipo podría darse en el informe causativo que acompaña a la propuesta; pero no en la parte jurídica de la decisión. 
Lo mismo es aplicable también a la enmienda 3. 
La enmienda 4 constituye un ejemplo de iniciativa que es más acorde situarla en el Libro Blanco sobre nuestra estrategia comunitaria. 
El contenido de la enmienda 11, es decir, en cuanto a la apertura del programa ALTENER en los países mediterráneos, no se puede aprobar en este momento a causa de la inexistencia de acuerdos de conexión con estos países. 
En cuanto a la enmienda 14, la Comisión considera que el tamaño de la financiación deberá decidirlo la Autoridad Competente sobre el Presupuesto. 
Por eso no podemos, por nuestra parte, aprobar esta enmienda. 
La enmienda 24 tampoco puede ser aprobada porque los informes que presenta la Comisión hacia los Órganos son objeto del artículo 6. 
En cuanto a las enmiendas 26 y 27, que se refieren a la comitología, la Comisión no puede aprobarlas ya que también en este caso debemos seguir el procedimiento general que se prevé para este tema. 
Señor Presidente, antes de terminar, querría también informarle de que hoy por la mañana, la Comisión Europea ha debatido sobre el programa- marco para la energía. 
Como ya saben, una gran parte de este programa concierne a las fuentes de energías renovables y también a la efectividad energética. 
Desgraciadamente mientras que la Comisión Europea estaba de acuerdo con los objetivos políticos del programa, no ha conseguido tomar la decisión final sobre este programa porque había distintas aproximaciones y distintos puntos de vista en cuanto al presupuesto del programa. 
Y les digo, sinceramente, que no me siento especialmente feliz con las propuestas que se escuchan. 
Sin embargo, el principal argumento que se aduce es que las perspectivas financieras actuales que se refieren, por supuesto, a 1998-99, no permiten grandes aumentos en el ámbito de las fuentes renovables de energía, mientras que el Parlamento no había previsto expresar su voluntad política, como hoy se está expresando aquí, y tampoco durante el debate sobre el presupuesto de 1998. 
Y ciertamente, permanece abierto el marco de las nuevas perspectivas financieras del año 2000 en adelante, sobre el que, en este momento no hay indicaciones. 
La única indicación oficial de la que disponemos en este momento por parte de los órganos institucionales es sólo la propuesta de la Comisión Europea sobre la Agenda 2000. 
Y en el ámbito de la Agenda 2000, la energía no constituye una de sus primeras prioridades. 
Sin embargo, ya que nos encontramos al comienzo de este proceso, ya que estamos aún en el principio del debate en el marco del Consejo y del Parlamento, considero que cuantos creemos y queremos continuar apoyando las fuentes de energías renovables, cuantos creemos que deberá ser un ámbito para el que, realmente, deberán agotarse importantes capitales y utilizarse sumas significativas del presupuesto comunitario, precisamente porque contribuye a todas las prioridades básicas para la protección del medio ambiente, para las nuevas tecnologías, para la creación de nuevos puestos de trabajo, deberemos intensificar nuestros esfuerzos los próximos años, para que las fuentes de energías renovables constituyan realmente, no sólo una prioridad política en las palabras, sino también en la financiación y en el presupuesto comunitario. 
Por esta razón querría, por un lado aceptar su crítica en cuanto al tamaño del presupuesto que presentamos para el programa ALTENER II, pero también, por otro, deberé explicar por qué nos encontramos en esta situación tan difícil, exactamente la difícil coyuntura económica en la que se encuentra el total de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quisiera decir y asegurarles que la Comisión Europea ha hecho todos los esfuerzos posibles para incorporar la mayor parte de las propuestas del Parlamento en el texto de la propuesta para el programa ALTENER II. Quisiera una vez más darles las gracias, darles las gracias a todos, dar las gracias a la Sra. Bloch von Blottnitz y a todos los oradores que han hecho uso de la palabra por su apoyo, tanto en la propuesta concreta como también en el esfuerzo más general, para fomentar las fuentes renovables de energía. 
Tengo solamente una pregunta: ¿qué pasa con las enmiendas 28 y 29? 
Lamentablemente, en este punto no hemos oído de usted ninguna cosa y estas enmiendas son muy importantes para nosotros. 
En caso de que no disponga de ellas en este momento, quizá nos lo pueda decir también mañana temprano. 
De acuerdo, podremos facilitarle la respuesta de otra forma. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Acuerdo de pesca con Mauritania 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0303/97) del Sr. Imaz San Miguel, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (97) 0263- C4-0421/97-97/0158 (CNS) ) sobre la celebración del acuerdo, mediante canje de notas, por el que se modifica el acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Unión Europea y la República de Mauritania. 
Señor Presidente, el informe que analizamos hoy fue aprobado por la Comisión de Pesca con fecha de 8 de octubre y hace referencia a cuatro modificaciones técnicas llevadas a cabo al vigente acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania. 
La verdad es que son modificaciones de rango menor. 
En cualquier caso, quiero agradecer a la Sra. Comisaria que, pese a ser de rango menor estas modificaciones y pese a haber estado ella hoy de viaje, esté presente a una hora tan tardía en el hemiciclo. 
Se trata de modificaciones que no afectan a los elementos esenciales del acuerdo pesquero como son la duración del acuerdo, la compensación financiera y las posibilidades de pesca, sino que afectan meramente a cuestiones técnicas cuya posibilidad de modificación estaba ya contemplada previamente en el artículo 8.5 del acuerdo firmado anteriormente. 
Concretamente, el primero de los cambios aportados hace referencia a una modificación del periodo de pesca de los cefalópodos y este cambio ha sido ya aplicado, de hecho, antes del 31 de julio de este año y se refiere a un máximo de tres navíos de la cuota del segundo año que han pasado a la cuota del primer año, de forma que lo que en realidad era una distribución de 25 barcos y 40 para el primer año, ha pasado a ser 28 y 37. Todo ello, lógicamente, conservando el 3 % de margen de flexibilidad en el tonelaje autorizado del anterior acuerdo. 
El segundo cambio, que se ha realizado precisamente a instancias de las autoridades mauritanas, se hace al objeto de adaptar el acuerdo a la legislación interna mauritana prohibiéndose en el caso de la pesca pelágica el uso de doble red en el copo de arrastre y el doblado de los hilos que constituyen el copo de arrastre. 
El tercer cambio se refiere a la posibilidad de obtener licencias trimestrales para los atuneros cañeros y para los palangreros de superficie, en lugar de los anuales como estaba establecido. Todo ello, por supuesto, con una reducción proporcional de los cánones. 
Finalmente, el cuarto cambio hace referencia a la imposición a los 22 buques pelágicos de una contribución mensual de 350 ecus por navío para los gastos de observación científica. 
En definitiva, cuatro modificaciones que no afectan a la sustancia del acuerdo ni a sus montantes presupuestarios y que, en cierta forma, contribuyen a mejorar las posibilidades de los armadores comunitarios y, en unos casos o en otros, contribuyen a aplicar medidas de conservación de recursos establecidas en la legalidad mauritana. 
Por tanto, cuatro modificaciones técnicas que, lógicamente, deben ser aprobadas también por este Parlamento, todo ello en el marco de un acuerdo pesquero, como es el mauritano, beneficioso para la flota comunitaria y con vigencia todavía hasta el mes de julio del año 2001. 
Como se recoge en el informe sobre la Política Común de Pesca y su futuro a partir del año 2002, que ha sido discutido esta tarde en este mismo foro parlamentario, los acuerdos pesqueros constituyen una aportación interesante a la flota comunitaria ante el desequilibrio entre capacidades y recursos y, por tanto, puesto que crean empleo y actividad económica en la Unión Europea, debemos apoyar estas modificaciones, que constituyen una mejora de uno de los acuerdos existentes. 
Por ello, espero de este Parlamento Europeo un firme compromiso en la defensa de esta filosofía de los acuerdos pesqueros- adaptados siempre a las realidades del país con el que se establecen- y, por tanto, estas modificaciones que vamos a aprobar contribuyen a este desarrollo. 
En lo que respecta al procedimiento, hay otro aspecto que quiero subrayar. 
Tal y como la Comisión de Asuntos Jurídicos ha expresado a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo a través de una carta, la propuesta de decisión por la que se modifica este acuerdo no justifica que se recurra al procedimiento de dictamen conforme, puesto que ninguna de sus disposiciones consideradas individualmente tiene consecuencias presupuestarias importantes, tal y como establece el artículo 228 del Tratado. 
Sin embargo, ello no obsta para que el Parlamento mantenga su postura- y esto lo expondrá después la Sra. Palacio, lógicamente, con mucha más precisión -, recogida en la resolución de noviembre de 1996, por la que estima que el fundamento jurídico que se debe aplicar en el Acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania es el de dictamen conforme, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43. 
Esta es una atribución del Parlamento Europeo a la que ni debemos ni podemos renunciar y cuyo cumplimiento significa dar más poder y capacidad de control a los ciudadanos y afianzar, en definitiva, el proyecto europeo. 
Por ello, hacemos una referencia expresa a esta posición en el punto 2 de la resolución legislativa que vamos a votar. 
Por todo ello, tal y como fue aprobado en la Comisión de Pesca y con las preceptivas opiniones positivas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, por un lado, y la de Desarrollo y Cooperación, por otro lado, solicito al Pleno del Parlamento Europeo la aprobación del referido informe que votaremos mañana por la mañana. 
Quiero nuevamente, señor Presidente, agradecer la presencia de la Sra. Comisaria que hoy estaba fuera y, sin embargo, ha tenido la deferencia de estar presente en el debate de este informe sobre modificaciones técnicas que, aunque de rango menor, lógicamente, son importantes como todas las medidas que adopta la Unión Europea. 
Señor Presidente, la avanzada hora en que nos encontramos no es una hora muy apropiada para un discurso en profundidad de carácter académico sobre el convenio con Mauritania. 
El Sr. ponente lo ha expuesto con una gran claridad: no se trata de un Tratado internacional completo, sino de un simple canje de notas. 
Un canje de notas que hace algunas adaptaciones técnicas y que, por tanto, eso hace que el fundamento jurídico propuesto por la Comisión sea perfectamente correcto. 
Pero, como estamos a estas horas de la noche, yo no sé, señor Presidente, si en vez de hacer un análisis completo, aprovechando que tenemos aquí a la Comisaria, no sería mejor contar un cuento, como si estuviéramos en un cuento de las mil y una noches, a ver si con esto podemos ir a dormir con un poco más de facilidad. 
La Sra. Comisaria y yo mismo, en nuestra juventud, éramos admiradores de algún tipo de pensamiento, me imagino, como otros muchos que estamos aquí. 
Me refiero al pensamiento de un gran político chino. 
Se llamaba Mao Zedong, que dejó una obra que tuvo mucho impacto, que se llamaba el Libro Rojo y, a través de una traducción- yo no pude leer nunca el Libro Rojo en chino, porque no tengo esa facilidad -, leí una frase muy famosa en ese libro donde Mao Zedong recomendaba que, en vez de darle un pez a un niño para que comiera, era mejor darle una caña para pescar. 
Parece que el impacto del Libro Rojo fue tremendo, fue enorme. 
Y en este momento, los chinos han aumentado de una manera extraordinaria su capacidad de pesca, hasta tal punto que, en este momento, al mismo tiempo que nosotros nos preocupamos por alguna modificación técnica en el convenio con Mauritania, da la casualidad de que yo tengo mi residencia muy cera de allí y los pescadores me dicen que hay una flota china que, mientras nosotros vamos pescando pez por pez, debe de haber unos cuantos millones de chinos pescando porque están arrasando el banco pesquero. 
Entonces, esto demuestra, por un lado, la utilidad del pensamiento de Mao Zedong, la eficacia del pensamiento de Mao Zedong y, al mismo tiempo, el peligro para la pesca y para los peces. 
Porque, por lo visto, tienen una técnica- no sé si la han aprendido de Confucio o de Lao-Tzé- que hace que cubren una zona determinada y, en esa zona, los barcos chinos se pasean con todos los chinos pescando, de forma que, después de unas cuantas pasadas, allí no queda un pez ni hay posibilidad de que quede un pez en el futuro. 
Como hemos hecho venir a la Comisaria esta noche, a pesar de las altas horas en las que estamos y está evidentemente cansada, yo querría aprovechar la oportunidad para ver si en ese mismo espíritu lectivo y de maestro que tenía Mao Zedong no podríamos, desde la Comisión, dar alguna lección complementaria, y es explicarle al chino que si pesca demasiados peces al final también acabará sin comer y acabará pasando hambre. 
Y habría que explicarles a nuestros amigos mauritanos y a nuestros amigos chinos que, en el ejercicio de la actividad pesquera, la limitación es buena. 
Yo creo que la Comunidad Europea, en este momento, está dando ejemplo en este aspecto. 
Creo que nos estamos preocupando y creo que la Comisaria Bonino tiene gran parte de la responsabilidad y gran parte del mérito de esta limitación, y de la forma en que la Unión Europea en este momento está ejercitando la actividad pesquera. 
Pero quizás como una segunda parte de esa actividad- y yo sé que la Comisaria Bonino está muy recargada en su trabajo- podría quizás esta Comunidad Europea, aprovechando estos convenios de pesca, explicarle a los amigos mauritanos y a los amigos chinos que, después de un cierto nivel de eficacia en las capturas, lo que se produce es la destrucción. 
En conclusión, señor Presidente, no basta con que nosotros, los comunitarios, limitemos nuestra capacidad de capturas y adoptemos medidas de carácter específico para producir esa reducción, sino que, además, quizás deberíamos utilizar nuestra posición para enseñar a otros que la pesca es una actividad muy peligrosa, que una pesca excesiva puede destruir los bancos pesqueros, y que quizás podamos ayudar a chinos y mauritanos a ejercer esa actividad con una cierta moderación y limitación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, después de esta interesantísima digresión del Sr. Medina resulta un poco árido volver a la cuestión del fundamento jurídico. 
También tengo que decir que el Sr. Imaz San Miguel ya ha dicho lo más importante. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, es importante que resaltemos que consideramos apropiado el fundamento jurídico propuesto por la Comisión, es decir, el artículo 43 en cuanto al fondo y, en cuanto a la forma, el artículo 228, apartado 3, primer párrafo. 
Y ello, como ha dicho el Sr. Imaz San Miguel, porque no se considera que en este acto haya modificaciones sustanciales que tengan implicaciones presupuestarias importantes. 
Y ello también porque, en este caso y en Derecho comunitario, no interviene el paralelismo de las formas. 
Es decir, la modificación de un acto no tiene por qué seguir necesariamente el mismo procedimiento que el acto de base. 
Dicho lo cual, tenemos que insistir, aunque ya lo haya hecho el Sr. Imaz San Miguel, en que el Parlamento se mantiene firme, como en su día se mantuvo la Comisión, en defender que el fundamento jurídico apropiado para el acto del acuerdo con Mauritania- el Reglamento 408/97 -, es el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 228, en conjunción con el artículo 43, que sigue vigente en cuanto al fondo. 
Y ello es así porque, en tanto en cuanto un acuerdo interinstitucional, como viene pidiendo esta Asamblea, o bien, en última instancia y si no nos queda más remedio, el Tribunal de Justicia no acoten ese concepto jurídico que, por el momento, es indeterminado de qué es una implicación presupuestaria importante, esta Asamblea debe reivindicar que tiene derecho a interpretación y sobre todo cuando, como en este caso, en el Consejo no se da ninguna razón para el cambio de fundamento jurídico propuesto en su día por la Comisión, que fue, como es el criterio del Parlamento, el tercer párrafo del apartado 3 del artículo 228. 
Así pues, señor Presidente, tenemos un recurso en anulación ante el Tribunal de Justicia y esperamos que sea, en este caso, el Tribunal quien determine qué se debe entender por ese concepto de «implicaciones presupuestarias importantes». 
Señor Presidente, señores diputados, efectivamente, sobre el informe del Sr. Imaz San Miguel no tengo que añadir muchas cosas porque, como ya lo decía él, se trata de medidas técnicas y pequeños cambios que mejoran la conservación de los recursos con instrumentos más selectivos. 
Entonces, quería aprovechar estos pocos minutos para decir dos cosas: la primera se refiere a la flota pesquera extracomunitaria en Mauritania. 
Ya hubo una visita reciente en Mauritania para controlar el acuerdo de pesca hace diez días. 
Y efectivamente hay dos problemas: uno es la flota china que utiliza pabellón mauritano en joint ventures o como sea, pero hay también otro problema que es el desarrollo desordenado de la flota artesanal. 
Hay ahora unas 3.000 o 4.000 piraguas que pescan pulpo y, además, pescan en la zona del litoral, que es la zona de reproducción. 
Entonces tenemos estos dos problemas. 
Y yo quería asegurar al Sr. Medina que estamos explicando todo esto con todos los razonamientos posibles. 
Pero no podemos imponerles nada, puesto que es un país soberano que actúa en sus propias aguas territoriales. 
No obstante, el debate que tuvimos también con los pescadores mauritanos- no los chinos, sino los mauritanos- puede ayudarnos a alcanzar un poco este concepto de pesca responsable que estamos todos intentando cumplir en la flota comunitaria con muchos problemas para los pescadores. 
Por tanto, este diálogo ya comenzó, pero no se puede imponer, por razones jurídicas que usted comprende muy bien. 
Pero confío en que podamos, por lo menos, alcanzar algunos aspectos positivos, por ejemplo, que también la flota artesanal cumpla veda en las zonas de reproducción. 
Además, estamos ayudando a los mauritanos, con los Estados miembros pero también con parte de la financiación de este acuerdo, para mejorar el sistema de control. 
Va a ser un camino muy largo, pero quiero asegurarle al Sr. diputado que ésta es una de nuestras preocupaciones. 
Señor Presidente, señores diputados, ustedes me permitirán utilizar dos minutos para hacer algunas precisiones sobre el debate que tuvo lugar hoy. 
Hoy, después de mediodía, hubo un debate muy largo en esta Asamblea sobre la reforma de la Política Común de Pesca después del año 2002. 
Yo no estaba presente simplemente, señor Presidente, porque todavía no tengo el don de la ubicuidad. 
Y no estaba ni de viaje ni en el cine, sino enfrente de aquí, en una reunión de consumidores por la cual se habían movilizado decenas de personas. 
El Parlamento, señor Presidente, es seguramente soberano para elaborar su propio orden del día, pero desde el momento en que supe que este debate tendría lugar hoy, contacté con la presidenta de la Comisión de Pesca y la Secretaría General para ver si se podía modificar el orden del día para estar presente, puesto que el debate sobre la reforma de la Política Común de Pesca, como usted puede imaginar, es para mí de un gran interés. 
El orden del día no se pudo modificar. 
Me explicaron que los informes se ordenan en base a su propia importancia, y entonces no se pudo incluir el debate por la noche. 
Y yo el milagro de la ubicuidad, señor Presidente, todavía no lo puedo tener. 
Digo esto porque a la luz de esto y a la luz del hecho de que la presidenta de la Comisión de Pesca sabe que intentamos cambiar el orden del día del Parlamento desde hace diez días para ver si se podía arreglar, estimo que algunas críticas de hoy me dejan estupefacta, por un lado, y son políticamente poco conformes, por otro. 
Yo creo que deducir de la ausencia de la Comisión en el debate de hoy escaso interés de la propia Comisaria me parece francamente gratuito. 
Me imagino que la Sra. presidenta Fraga está también muy interesada en la pesca, y si no está ahora aquí, imagino que tiene algo que hacer. 
Yo no me lamento, no me quejo. 
Simplemente espero que esta relación institucional pueda ser más correcta y confío en ella, señor Presidente. 
Señora Comisaria, le doy las gracias. 
Evidentemente, debemos pensar en que la Sra. Fraga no posee aún el don de la ubicuidad. 
Me imagino que estará ocupada en otras reuniones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.30 horas) 
Señor Presidente, necesito su ayuda en relación con el asunto de los subsidios pagados a los diputados y a los miembros del personal del Parlamento que asisten a cursos de idiomas. 
Hace unos meses yo asistí a un curso de lengua irlandesa y se me denegó ese subsidio, pese a que en años anteriores el Parlamento había aprobado esos cursos. 
Esa lengua es la que emplean habitualmente gran número de ciudadanos de mi circunscripción. 
Es una lengua a la que se traducen los Tratados. 
Es una lengua del Tribunal de Justicia y de las Escuelas Europeas. 
¿Ha habido algún cambio en el estatuto de esa lengua? 
Hace años se aprobaron los cursos en el caso de otras personas. 
Si ha habido un cambio en el estatuto, ¿quién adoptó esa decisión y cuándo se adoptó? 
Muchas gracias, señor McCartin. 
No tengo información concreta que darle en este momento; ahora bien, sus preguntas constan en acta y las remitiremos no sólo a la Mesa, sino también a la propia comisión que se ocupa de la defensa del multilingüismo. 
Y más tarde le informaremos al respecto. 
Protección social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0291/97) de la Sra. Weiler, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión: » Modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea (C4-0143/97). 
Señor Presidente, estimados colegas, la política social ha sido en los últimos años, a pesar del tratado de Maastricht, el hijo desgraciado de la política europea. 
La Comisión ha sido muy titubeante al presentar iniciativas y éstas, además de escasas eran, en general, bloqueadas por el Consejo de ministros. 
Tampoco el diálogo social ha colmado las expectativas que nosotros, como políticos, habíamos depositado en él. 
Actualmente se está cambiando el contenido del debate. 
El punto muerto se está superando. 
Desde luego esto tiene, en parte, que ver con las grandes esperanzas que tenemos en el tratado de Amsterdam, que además ha conseguido que los ingleses se suban con nosotros al barco sociopolítico y que el protocolo social vaya a formar parte del tratado. 
Además, los ciudadanos y trabajadores de Europa esperan que en los tiempos de vuelcos económicos y riesgos, el estado proporcione una seguridad social más protectora, que estimo que para nosotros, como políticos, supone una obligación. 
No puedo aceptar los lemas neocapitalistas que sostienen que habría que preocuparse más por la propia previsión, porque los trabajadores y empleados contribuyen muy bien a su protección social, bien a través de las cotizaciones de sus sueldos, bien a través de los impuestos. 
Que haya surgido un movimiento debe atribuírse también a la consecución del mercado interior. 
Cada vez más trabajadores quieren disfrutar y aprovechar la libertad de establecimiento que les hemos garantizado vía tratado. 
Por otra parte si hacen uso de esa libertad a menudo se encuentran con discriminaciones relativas a la seguridad social o a la elección del puesto de trabajo. 
Hemos presentado hoy, tras la comunicación de la Comisión, un segundo informe después de que el primer informe sobre el futuro de la seguridad social en Europa fuera aprobado en febrero con una gran mayoría. 
Tenemos ahora ante nosotros un informe que bajo el título " Modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea» aborda los problemas de manera aun más concreta. 
En el informe me congratulo, fundamentalmente, de que la Comisión haya hecho propuestas concretas, de que la Comisión se haya ocupado del tema de forma continuada y quiero destacar algunos temas que considero especialmente importantes y que se incluyen en el informe, aprobado con una extensa mayoría en el seno de la comisión. 
Es de lamentar que a pesar de los resultados de Amsterdam, aun queden campos de la seguridad social y de la política fiscal que no alcanzan la unanimidad en el Consejo de ministros. 
Esto, según evidencian los resultados del pasado, va a conducir a nuevos bloqueos, porque ya hemos tenido muy malas experiencias con Gran Bretaña y, sobre todo, con la República Federal de Alemania, que continuamente han practicado, en el seno del Consejo y respecto de la seguridad social, una política de bloqueo. 
No creemos que el cumplimiento de los criterios de la UEM esté en contradicción con el sistema de seguridad social, por mucho que eso se crea en los Estados miembros o lo propaguen determinados grupos. 
De todos modos esperamos de la Comisión y del Consejo que asuman los desafíos que la unión económica y monetaria arroja sobre el sistema de prestaciones y el empleo. 
Esperamos, y creo que este es un punto de la máxima importancia para todos los miembros de esta Casa, que se ponga en práctica una activa política de empleo. 
La cumbre de Luxemburgo va a ser la prueba de fuego para nuestra credibilidad, porque una activa política de empleo, una reducción de la cuota de paro suponen la mejor garantía y seguridad de una protección social adecuada. 
No queremos reducir las prestaciones para los desempleados ni para los receptores de ayudas sociales, sino que queremos activarlas en el marco de una política general de acompañamiento, de formación y de posibilidades para la experiencia laboral. 
Esperamos que la Comisión presente, bajo el principio de good practices, algunas proposiciones para una transición flexible al retiro y para la financiación de nuevos sistemas. 
Pedimos a la Comisión que presente anualmente un informe sobre la evolución de la pobreza y la riqueza, y a este respecto quiero decir que estoy dispuesta a aceptar la proposición del PPE de que el informe sea solamente bianual. 
Lo importante para mí es que el informe muestre efectivamente la evolución de la pobreza y de la riqueza en la Unión Europea y ofrezca un análisis fiable. 
Si esto es así entonces también estoy dispuesta a ampliar su frecuencia a dos años. 
He vuelto a reclamar, como en el primer informe, la necesidad acuciante de trasladar la presión fiscal sobre el factor trabajo a otros recursos. 
Actualmente los Estados miembros están de acuerdo en esta cuestión y creo que ha llegado el momento de obtener resultados. 
Esto quiere decir que podría establecerse un impuesto sobre el CO2, una contribución por la creación de riqueza o también fiscalizar los movimientos especulativos de capital. 
Necesitamos imperiosamente un nuevo e intenso debate sobre la división sexual en el mercado de trabajo, sobre la igualdad de oportunidades y como ésta puede ser conseguida. 
En 1957 esto ya se incluyó en el Tratado de Roma y hoy, decenios después, no se ha hecho aun realidad. 
Necesitamos una protección fiable de las relaciones laborales flexibles y atípicas. Esto, queridos representantes de la Comisión, que se nos propuso con el tiempo parcial, no satisface esa pretensión. 
Señor Flynn, en su informe ha anunciado que a finales de año va a proporcionarnos nuevos datos y análisis sobre el desarrollo de la seguridad social en Europa. 
Me gustaría decirle que eso no es suficiente. 
Necesitamos también un balance de las acciones de la Comisión que ustedes han llevado a cabo tras el primer informe de febrero de este año y puede tener la seguridad de que vamos a seguir de forma crítica el proceso de realización de las reclamaciones que incluye este nuevo informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, lo que tenemos ante nosotros es un buen informe sobre el modo como podemos modernizar la protección social en la Unión Europea. 
A mí, como ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, me produce gran satisfacción comprobar que mi comisión y la Comisión de Empleo están en la misma onda en un número importante de puntos. 
En primer lugar recalcamos otra vez que contrariamente a lo que muchos piensan, la realización de los criterios de Maastricht no se opone a una buena seguridad social. 
Las finanzas públicas saneadas alivian la presión de la renta, dan espacio para respirar a la industria y al comercio y, por lo tanto, crean un clima empresarial favorable. 
La amplia base fiscal ofrece a su vez posibilidades para un mejor sistema de protección social. 
En resumen, la Unión Monetaria Europea es un desafío, pero no un peligro. 
Además, ambas comisiones interpretan también la opinión pública general de Europa cuando abogan por un desplazamiento de las cargas fiscales del trabajo hacia, por ejemplo, el consumo de energía perjudicial para el medio ambiente. 
También ha crecido el consenso acerca de la necesidad de coordinar como mínimo el impuesto sobre sociedades a nivel europeo. 
El código de conducta referente a la lucha de la competencia fiscal ilícita es un paso en la buena dirección. 
La llamada individualización de los derechos de seguridad social es de gran importancia. Éste es el caso en especial de los cónyuges colaboradores de autónomos. 
En lo referente al sistema de pensiones, la Comisión de Economía adopta una actitud algo menos defensiva que la colega Weiler. 
Opinamos que el actual sistema de reparto no se puede mantener. 
Los sistemas de capitalización bien pueden ser un complemento. 
De ahí que insistamos a los Gobiernos nacionales para que analicen si se pueden combinar ambos sistemas. 
Por último, falta mucho para que se lleven a cabo las transferencias de los derechos de seguridad social dentro de la Unión. 
Por ello hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que revise el decreto 19/71 referente a la coordinación de las normas en el terreno de la seguridad social para personas que se desplazan dentro de la Unión Europea a otro Estado miembro. 
El mercado interno bien puede realizarse en gran parte para los bienes y el capital, pero en absoluto es una realidad para personas que se ganan el pan fuera de su patria. 
Concluyendo, me alegra decir que estamos muy contentos con los puntos que se han recogido en el informe de la Comisión de Economía, exceptuando el punto sobre los sistemas de capitalización en relación con la formación de pensiones. 
Señor Presidente, señora Weiler, la felicito por su informe y lo asumo por completo. 
Es positivo con la comunicación de la Comisión y señala asimismo aspectos críticos que deberían tenerse en cuenta para mejorar los informes que se realicen posteriormente. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer, presenté nueve conclusiones, que le agradezco haya recogido y mejorado. 
Son sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la vulnerabilidad de las mujeres, la creación de infraestructuras de asistencia a personas dependientes, señalando que las mujeres partimos de desiguales condiciones que los hombres y las acciones correctivas de esta situación es necesario que figuren en los informes de las instituciones europeas. 
Cualquier reforma de los sistemas de protección social debe asumir la presencia de la mujer en la sociedad actual. 
El derecho universal a la protección social debería ser la tendencia de todos los países de la Unión Europea y, en la modernización y mejora de la protección social y para consolidar el modelo europeo, sería necesario, una vez realizados los estudios de modelos eficaces, elaborar una legislación vinculante que, además de garantizar los derechos, sea el instrumento capaz de que se ejerzan. 
Señora Weiler, yo creo que ese es el objetivo final de su informe y por eso yo la felicito. 
Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo a Weiler por un magnífico informe que trata de estos temas con una perspectiva especialmente amplia. 
No alcanzo a tocar todos los aspectos en este corto tiempo. 
Empezaré diciendo que comparto su opinión de que en el fondo el Tratado de Maastricht no atenta contra el estado del bienestar. 
Por el contrario, unas buenas y equilibradas finanzas estatales son una condición a largo plazo para que podamos mantener y desarrollar el estado del bienestar. 
En esta materia vemos progresos en Europa, es decir, que las finanzas empiezan a mejorar. 
En otro terreno que también afecta al sistema de seguridad social, no vemos los mismos avances. 
Se trata del empleo. 
El alto desempleo cuesta mucho dinero a nuestro sistema de bienestar. 
La gran cantidad de personas desempleadas que hay en Europa, hace también que los ingresos de nuestra sociedad de bienestar sean menores que lo que hubieran sido si hubiésemos podido reducir el paro y aumentar el empleo. 
Por eso resulta un asunto fundamental para el futuro, y también para el sistema de bienestar, que logremos disminuir el paro y aumentar el empleo. 
Algo sobre el sistemas de pensiones: creo que es excelente la propuesta que ha presentado el ponente sobre una entrada escalonada en la edad de jubilación. 
El otro aspecto que señala el ponente es el de que debemos tener un sistema de pensiones estatales que sea tan bueno que minimice la necesidad de soluciones privadas. 
Comparto esa opinión, porque el sistema de pensiones estatales tiene la ventaja de que es igual para hombres y mujeres. 
En los sistemas privados de jubilación pagan más las mujeres, ya que ellas viven más. 
Personalmente, prefiero un sistema de pensiones con una garantía en la base y que después se pueda completar con una seguridad fundada en los ingresos. 
También comparto la opinión sobre la armonización de las políticas fiscales y el canje de tributos, que implica que el impuesto al trabajo se reduce si el impuesto al medio ambiente aumenta. 
Presidente, también yo quiero agradecer de corazón a la ponente por el mucho trabajo bien hecho en su informe. 
Creo que el futuro de la seguridad social conforma uno de los asuntos más importantes para la Unión Europea en los próximos tiempos. 
Por ello, está bien que la Comisión Europea haya llegado con el despacho. 
Todos los sistemas de seguridad social en los Estados miembros han pasado por sus propias evoluciones históricas, por eso hay también muchas diferencias entre los diversos sistemas. 
El Partido Popular Europeo opina que debe seguir siendo la responsabilidad de los Estados miembros regular su seguridad social. 
Si bien es necesario que tenga lugar una mejor coordinación entre los diferentes sistemas debido al tráfico de personas y trabajadores en Europa. 
Ciertamente, ahora que se han puesto en práctica reformas de la seguridad social en muchos países miembros, estaría bien elaborar más detalladamente una estrategia común de convergencia. 
El objetivo de esta estrategia social debe ser unir la política de empleo de la Unión Europea con una protección social similar. 
En este contexto no estamos de acuerdo con la señora Weiler, que quiere analizar la idea de una franja social con derechos mínimos en la seguridad social. 
Éste es un camino difícil de recorrer, mientras no exista ningún consenso acerca de la manera en la que los sistemas de seguridad social nacionales puedan converger entre sí. 
Existe un enorme abismo entre los sistemas que están basados en el sistema del conde Bismarck y el sistema que sólo ofrece una mínima protección social. 
El sistema Bismarck parte sobre todo del sistema laboral. 
Los otros sistemas intentan absorber a todo el mundo. 
Desgraciadamente, la Comisión no ha superado todavía ese contraste. 
En los Países Bajos se ha alcanzado un compromiso entre ambos sistemas, pero allí vemos que a veces los riesgos profesionales corren el peligro de no recogerse ya, porque se cree que el sistema común ofrece garantías suficientes. 
Las viudas en los Países Bajos pagan por ello un precio muy elevado. 
La experiencia neerlandesa indica, sin embargo, que es posible encontrar compromisos entre ambos sistemas. 
Pero la Comisión se basa demasiado en el sistema de protección social solamente, diciendo que ése sería suficiente, y sacrifica con ello las ventajas del eficaz sistema del conde Bismarck. 
La ponente, por fortuna, no está de acuerdo, porque en lo que a esto respecta está demasiado acostumbrada a la situación alemana. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que se forme rápidamente una opinión acerca del modo de salvar estos contrastes fundamentales en los sistemas europeos de seguridad social. 
Es curioso comprobar cómo cuanto más al norte se va, tanto más pasa a un primer plano la protección social, y cuanto más al sur se va, se da mayor preferencia al sistema de seguridad social relacionado con los ingresos. 
Han cambiado muchas cosas en la sociedad desde que Bismarck montara su primer sistema, pero los cinco riesgos principales que amenazan a todo trabajador son los mismos: fallecimiento, enfermedad, invalidez, vejez y paro. 
Es ahora tarea nuestra converger los diferentes sistemas sociales, considerando el aspecto subsidiario en nuevos desarrollos, pero al mismo tiempo sin olvidar los riesgos que deben asegurarse. 
Un gran número de estos riesgos se pueden asegurar también de forma particular. 
A veces por completo, a veces en parte, pero otros de ninguna manera o a cambio de un precio demasiado alto. 
El aspecto del subsidio crea dos problemas hacia los que debe dirigirse nuestra especial atención. 
En primer lugar, los trabajadores fronterizos. Para ellos me gustaría pedir especialmente la atención, porque no pueden aprovecharse de determinados seguros si trabajan en un país y viven justo al otro lado de la frontera; a menudo salen con una mano delante y otra detrás. 
Con esto se obstruye el libre tráfico de trabajadores, que va en contra de los objetivos de la Unión Europea. 
Por eso, apoyo la propuesta de la señora Weiler para la actualización del decreto 148/71, que elimine las desventajas de los trabajadores fronterizos. 
El segundo problema, causado por el aspecto del subsidio, es el pago de la seguridad social. 
La recaudación de la cuota es la base de la seguridad social en una Unión económica y monetaria. 
Por eso se necesita más colaboración dentro de esa Unión para, entre otras cosas, luchar tanto contra el fraude de la seguridad social, que traspasa nuestras fronteras, como contra otras formas de fraude fiscal. 
El Grupo del Partido Popular Europeo apoyará la resolución de la señora Weiler y solicita a la Comisión que venga con una propuesta para salvar los contrastes entre los sistemas europeos de seguridad social. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, nuestros sistemas de protección social, que fueron concebidos justo después de la II Guerra Mundial, se enfrentan hoy en toda Europa a los mismos problemas de adecuación y de perennidad y a las mismas dificultades para evolucionar. 
Es conveniente, por tanto, adaptarlos y preservarlos, al mismo tiempo que los modernizamos, para que puedan hacer frente a los desafíos del siglo XXI, que son tres. 
En primer lugar, el desafío demográfico que, en mi opinión, a nivel del problema de protección social, es el más importante, ya que durante los próximos diez o quince años, la población en la Unión Europea de más de 60 años aumentará en un 50 %. Por otro lado, hoy hay 4 personas en edad de trabajar para cubrir las necesidades de cada jubilado, en el 2020, sólo habrá dos. 
El aspecto económico es también un desafío importante, ya que, como hemos podido ver en el debate anterior, efectivamente tenemos muchos problemas de paro. 
Por último está el desafío social que es aún más difícil de afrontar, porque se trata de reconstruir en el seno de nuestras sociedades la cohesión social. 
Con este ánimo acojo con satisfacción- al igual que mi Grupo- las vías de acción presentadas por la Comisión en su comunicación. 
Con ese mismo ánimo, quisiera decir a la Sra. Weiler, a quien felicito por su informe, que me uno a sus propuestas relativas a la puesta a punto de una estrategia de convergencia social, que vaya de la mano con la Unión Económica y Monetaria, con la implantación de unos mínimos sociales. 
Creo que para que la moneda única sea un éxito, es realmente indispensable evitar el dumping social en el seno de la Unión. 
Pero nuestros sistemas de protección social deben ser también sistemas de solidaridad natural. 
Esta solidaridad natural, esta solidaridad humana, fundamental para el equilibrio humano y social, sigue siendo indispensable en nuestras sociedades, y es el motivo por el que me opongo a la propuesta de la ponente relativa a la individualización de la protección social en Europa, porque, en mi opinión, eso sería un error. 
Creo que, junto con los sistemas de protección social estructurados, hay que apoyar activamente la solidaridad natural y, en particular, una política familiar fuerte para promover un enfoque más humano, menos estructural y menos costoso de nuestra protección social. 
Con este ánimo, creo que en nuestra Unión debemos ayudar a las familias con niños por su contribución a nuestra sociedad en términos de renovación de las generaciones, de inversión en el futuro y de dinamismo para nuestras economías. 
Votaremos a favor de este texto, señor Presidente, mis queridos colegas, pero teniendo presente nuestras responsabilidades de cara a nuestros hijos, con el fin de legarles una Europa más favorable que les permita alcanzar su plenitud. 
Presidente, la mejor protección para la seguridad social sigue siendo todavía la creación de trabajo en Europa. 
He leído en el periódico, y esta mañana me he enterado por la televisión belga, que ayer el Consejo no progresó, o apenas lo hizo, en este punto. 
Quisiera oír del Comisario Flynn cuáles fueron las partes donde se progresó en relación con la cumbre del empleo y si asuntos como la reforma de los impuestos u otra utilización del IVA tienen alguna posibilidad. 
En cualquier caso, tengo entendido que la lucha contra el paro juvenil, tal y como la propusimos, no ha sido atendida. 
El segundo punto que quiero plantear es la cuestión de las pensiones. 
Estimados colegas, este informe se llama: » Modernización de la protección social» y nuestra sincera convicción es que en la modernización también puede incluirse un replanteamiento de nuestro sistema de pensiones. No para bajar el sistema de pensiones, sino para modernizarlo. 
Es de justicia que junto a una pensión base, las pensiones adicionales puedan ponerse en manos del individuo. 
Precisamente en un mercado laboral más flexible sería necesario otorgar al individuo más poder de decisión en las pensiones y en las pensiones adicionales. 
No para con ello debilitar más al individuo, sino precisamente para conceder más fuerza al individuo. 
Me parece muy lamentable que una enmienda al respecto por nuestra parte no parezca tener ninguna posibilidad de prosperar, sobre todo porque los alemanes no están todavía tan avanzados y los democristianos no la apoyarían. 
La Comisión de Derechos de la Mujer ha planteado una cuestión en relación con las guarderías infantiles. 
Estamos muy a favor de las guarderías infantiles, pero preferiríamos ver tratado este asunto a través de compromisos convergentes mejor que a través de compromisos vinculantes a nivel europeo. 
Por último, quisiera subrayar el punto planteado por el Sr. Pronk en relación con los trabajadores fronterizos y también, en lo que a ello respecta, felicitar a la Sra. Weiler por su informe. 
Su informe me parece ciertamente mejor que el informe del año pasado, pero si hablamos de la modernización de la protección social, entonces tenemos que atrevernos también a modernizar realmente y eso es lo que echo un poco en falta. 
Señor Presidente, considero que el informe de la Sra. Weiler es excelente, puesto que muestra de manera muy clara la significación que reviste una protección social de nivel elevado de cara al crecimiento, la competitividad y el bienestar en Europa. 
Sin embargo, me gustaría aprovechar esta intervención para llamar la atención sobre la importancia de los servicios públicos precisamente como proveedores de protección social. 
Me causa perplejidad la postura recogida en la relación de la Comisión, de acuerdo con la cual únicamente pueden ser económicos y de calidad los servicios privados que se ajustan a las condiciones del mercado. 
La experiencia de los países nórdicos muestra que, con frecuencia, los servicios públicos son, para la economía de un país, de mejor calidad y menos costosos que los privados. 
Por ejemplo, cuando se comparan los sistemas de servicios sanitarios entre distintos países, es posible comprobar cómo un sistema como el estadounidense, completamente privatizado y basado en las compañías de seguros, es considerablemente más caro que un sistema como el nórdico, organizado por el Estado y los municipios. 
Gracias a los servicios sociales y de salud públicos es posible igualmente garantizar el acceso de todos los ciudadanos a dichos servicios. Esto es aplicable también a las regiones de escasa densidad de población, cuya área de mercado nunca interesaría a un empresario privado de este sector. 
Asimismo, unos servicios comunes a todos los ciudadanos asegurarían el acceso de todos, ricos y pobres, a unos servicios de elevada calidad. 
En mi opinión, esta circunstancia constituye una de las piedras angulares de la igualdad social. 
Por todo ello, espero que, al hablar de justicia social, no establezcamos automáticamente como punto de partida que los servicios han de ser privados. 
Señor Presidente, estimados colegas, la Sra. Weiler nos ha propuesto un informe en el que se evalúan y ponen en perspectiva las verdaderas dimensiones de la seguridad social europea para el futuro. 
Ahora la cuestión depende de que la Comisión haga realidad esta clara orientación. 
No quiero ahora entrar en todos los detalles, sino discutir un problema básico que aun perjudica a la seguridad social europea. Se trata de la idea de que hay que conseguir un sistema unitario europeo de seguridad social. 
Creo que esta concepción, que probablemente fue abrigada por los padres fundadores, es errónea. 
Nos tenemos que despedir de esta idea. 
Incluso teniendo un mercado interno único, aun subsisten diferencias no sólo en el nivel de vida, sino también diferencias cualitativas en las costumbres y las expectativas ante la vida. Así, de igual modo, existen diversas tradiciones de seguridad social, diversas relaciones de poder y también diversos acuerdos entre colectivos, entre agentes sociales. 
Todo esto desemboca en compromisos históricos de los Estados miembros, que no son tan fáciles de resolver. 
Pero, así mismo, rechazar la posibilidad de conseguir en el futuro una seguridad social europea también es erróneo. 
Hay que orientar nuestro pensamiento hacia otra dirección, hay que pensar en la fijación de unos objetivos comunes obligatorios. 
Esquemáticamente se podría decir que se trata, por una parte, de proteger a todos los habitantes y trabajadores de Europa frente a los riesgos del trabajo por cuenta ajena, como los riesgos derivados de la edad, la enfermedad, el desempleo, la falta de cualificación. 
Por otra parte se trata de asegurar a todos los que trabajan y viven en Europa que serán provistos del nivel de bienestar de cada Estado miembro y región y que no serán empujados a la pobreza y la exclusión social. 
Estos son, precisamente, dos objetivos bien sencillos. 
Y si no se deja de refexionar sencillamente, también se puede empezar a buscar los mecanismos mediante los cuales diferentes Estados miembros, con diferentes circunstancias y diferentes tradiciones de solución, puedan converger y contribuir conjuntamente, si bien no a un nivel concreto, sí en la protección de los intereses y a la protección de esos riesgos, garantizando, dentro del mercado interior, a todos los ciudadanos de Europa, incluyendo a los trabajadores por cuenta ajena, un verdadero derecho civil. 
Es el momento álgido de una situación en la que continuamente se intentan minar los avances en el estatus civil del trabajo por cuenta ajena. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, el Grupo de Coalición Radical Europea se une plenamente a las excelentes conclusiones presentadas por la Sra. Weiler. 
Deseo felicitarla por haber contribuido a despejar el camino que nos conduce hacia la implantación de una política de protección social europea. 
Hay que recordar con fuerza que la diferencia persistente entre los sistemas de protección de que gozan los ciudadanos de los distintos Estados miembros conduce de hecho a una reconstitución de la disfunción de nuestro mercado interior, supuestamente unificado, mediante la única desregulación económica, y que dicha diferencia persistente introduce distorsiones de la competencia y provoca deslocalizaciones intraeuropeas totalmente absurdas. 
Debemos emprender, con carácter de urgencia y de manera concreta, las obras sociales iniciadas por el Tratado de Amsterdam. 
La Comisión, en nuestra opinión, debe emprender resueltamente una negociación que permita fijar unos umbrales mínimos, debe emprender resueltamente el establecimiento de una relación común de estabilización- que, por otra parte, probablemente merece una denominación más atractiva que la de "serpiente social» y, en este sentido, yo propondría" vínculo social» , sencillamente -, debe emprender resueltamente la tarea de definir un objetivo elevado de calidad y eficacia que permita la convergencia al alza de las políticas de los Estados miembros. 
Debemos acometer con determinación y en todas partes la tarea de terminar con las discriminaciones en materia de protección que resultan evidentes al pasar de una organización de protección basada en el cabeza de familia a una organización respetuosa de la libertad de cada individuo. 
Quiero recordar aquí la urgencia de la directiva sobre la protección social de las esposas de los trabajadores autónomos. 
Debemos, en definitiva, perseguir una mayor eficacia y una reducción de las tasas de crecimiento de los gastos sanitarios, dando prioridad a la información y la prevención, como apunta la Sra. Weiler, pero el envejecimiento de la población y la sofisticación de las técnicas médicas no permiten presagiar una reducción del valor absoluto de los costes sanitarios. 
La calidad de vida y la cultura europeas presuponen que sepamos reconocer la originalidad del modelo social que debemos construir entre todos. 
Existe un derecho a unos ingresos mínimos de existencia. 
Existe un derecho a considerar que la salud no es un comercio. 
Cada uno de nosotros comprende intuitivamente que no podemos continuar nuestra marcha hacia la apertura de los mercados, la afirmación de la libre competencia y el aprovechamiento del individualismo si, al mismo tiempo, no velamos por el desarrollo de los mecanismos de cohesión y de equilibrio de nuestra sociedad que representan los regímenes de solidaridad. 
La Comisión debe intentar favorecer el mantenimiento y el desarrollo de estos regímenes. 
No debe considerarlos triviales ni someterlos a las reglas que se imponen a los seguros comerciales. 
La Comisión debe, por el contrario, elaborar con carácter de urgencia una directiva que los identifique mediante el reconocimiento de su carácter específico de utilidad social, marcado por su estructura de sociedad de personas, la no selección de riesgos y los servicios de acción social que son testigos destinados a determinar la fijación de tarifa de los costes, y atestiguar las fórmulas mejor adaptadas de información y de prevención. 
Deseamos que la Unión Europea emprenda resueltamente esta doble dirección de profundizar en la convergencia de las políticas de protección social de los Estados miembros y la definición de las reglas aplicables a los regímenes de solidaridad, con la certeza de que beneficiará, a la vez, al poder económico de sus organizaciones, a la cohesión social de sus ciudadanos y al humanismo que irradia su cultura. 
Sr. Presidente, el informe de la Sra. Weiler sobre la modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea plantea proponer, entre otras cosas, que se exija activación para la recepción de prestaciones sociales. 
Esto es algo de lo que más éxito ha tenido en la política de los Estados miembros en este ámbito, y así también en Dinamarca, donde continuamente se producen restricciones en cuanto a cómo y cuándo los parados son considerados a disposición del mercado de trabajo. 
La Sra. Barbara Weiler mencionó en su introducción al debate del día que opina que los criterios de convergencia de la UEM no son óbice para una protección social razonable. 
En este momento no estoy tan segura de que ella lleve razón en esto. 
Pensemos sólo en las grandes manifestaciones de protesta que ha habido en algunos de los países miembros, donde los recortes sociales como resultas de la adecuación a la UEM han sido tan graves que la gente ha tenido que manifestar su protesta en contra. 
Esto me resulta totalmente comprensible, también porque la UEM dista mucho de gozar del respaldo popular. 
En Dinamarca tenemos un sector público relativamente grande, y la gran mayoría de las prestaciones sociales siguen constituyendo un asunto nacional. 
No obstante, reina la incertidumbre en la población sobre la futura seguridad social, y esto sobre todo debido a la adecuación a la UEM, por cumplir la cual el gobierno danés apuesta vehementemente, aunque Dinamarca no vaya a unirse a la tercera fase de la UEM. 
En cuanto al Tratado de Amsterdam, querría que se me permitiera decir que estoy muy satisfecha con que constantemente se exija unanimidad en el Consejo en lo tocante a seguridad social, sin embargo, ya desearía que no fueran sólo el Reino Unido y Alemania los que bloquean. 
Echo de menos un distanciamiento danés más claro en este terreno, puesto que en el debate danés se pone mucho afán en subrayar que la política social debe seguir siendo asunto de los países miembros y debe seguir siendo un asunto nacional. 
Esto no es evidentemente lo que es puesto en práctica en el Consejo por los negociadores daneses. 
Señor Presidente, celebro el informe de la Sra. Weiler sobre la modernización y mejora de la protección social en la UE, porque pone de manifiesto dos puntos importantes. 
En primer lugar: las condiciones marco sociales de la UE han cambiado dramáticamente. 
En segundo lugar: los sistemas de protección social de los Estados miembros sólo serán financiables si se modernizan sin demora y a este respecto los Estados miembros son responsables tanto de la financiación como de la modernización. 
Creo que en una Europa con todas las diferencias de variedad regional, diferencias de desarrollo histórico y, sobre todo, con diferentes sistemas de financiación es una utopía un sistema social único. 
Por esta razón, celebro también la enmienda 16 del PPE. 
Al comienzo he hablado del cambio de las condiciones marco. 
Este cambio afecta de forma especialmente dramática a las mujeres. En muchos casos la pobreza es femenina. 
Por esta razón, estoy de acuerdo con las sugerencias sobre el aseguramiento social de la mujer que se formulan en este informe. Es especialmente importante, que los períodos dedicados a la educación y al cuidado de los hijos sean valorados como válidos a efectos de jubilación. 
Todo lo demás significa castigar a las mujeres por dedicarse a las tareas familiares y esto es, en último término, un ataque a la familia. 
Señor Presidente, existen claras pruebas de que el legendario modelo social europeo y los sistemas de protección social de los Estados miembros no están afrontando los nuevos imperativos que representan los cambios en las modalidades laborales, económicas, sociales y demográficas y la mundialización de los mercados. 
Sobre esos nuevos imperativos han versado varios informes presentados a este Parlamento: altas tasas de desempleo, envejecimiento de la población, aumento de la exclusión social y desigualdades persistentes, pero en transformación, entre hombres y mujeres. 
Esta comunicación de la Comisión y el excelente informe de Barbara Weiler abordan la necesidad de modernizar y mejorar la protección social en Europa para afrontar esos imperativos y aportar un modelo social que respete la dignidad humana. 
Es evidente que debemos buscar nuevas formas de aportar un nivel adecuado de protección social que permita y fomente que más hombres y mujeres en edad de trabajar consigan un puesto de trabajo y obtengan ingresos adecuados que les permitan atender a sus familias, seguir cursos de educación permanente y conservar sus puestos de trabajo. 
Necesitamos un sistema de protección social que reconozca que muchas personas, en particular mujeres, afrontan la pobreza después de la jubilación, porque no han tenido la oportunidad de constituirse pensiones profesionales, y un sistema de protección social que valore a los niños de Europa y se preocupe por que demasiados de ellos- por ejemplo, uno de cada tres en el Reino Unido- sigan criándose en hogares que se encuentran por debajo del nivel de pobreza. 
Por desgracia, quienes han soportado las repercusiones de los cambios económicos e industriales han sido en demasiadas ocasiones personas, familias y comunidades locales que son las víctimas del nuevo orden y carecen del apoyo suficiente. 
Lo he visto en mi circunscripción con el cierre de las minas de carbón y las devastadoras consecuencias que ha tenido. 
Se deben abordar esas cuestiones de forma rigurosa y sistemática en la planificación económica, las políticas de empleo, el desarrollo de los planes de pensiones, las iniciativas en materia de educación y formación y la prestación de atención por parte de la comunidad. 
Este informe señala sectores decisivos para la acción y espero que este Parlamento, al apoyar este informe, haga una importante contribución a la modernización de los sistemas de protección social que demuestre nuestra solidaridad como europeos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Weiler por la calidad de su trabajo. 
A pesar de ello, quisiera formular algunas observaciones. 
En primer lugar, el cambio de fuentes de financiación de la seguridad social a partir del trabajo en el campo de la ecología y la energía, que viene siendo promovido con insistencia desde diversas partes y que el propio informe de la ponente propone, supone el riesgo de desestructuración del sistema de seguridad social, al menos en lo que afecta a sus ingresos. 
En segundo lugar, los acuerdos locales de empleo propuestos bajo la forma de relaciones empresariales entre las autoridades públicas locales, los particulares y los sindicatos que rompan los obstáculos económicos, institucionales y legales, tal como se menciona en el informe, constituyen ya en realidad, no el motor del empleo sino, de manera destacada, un medio especial para la destrucción de los derechos y los logros fundamentales de la clase trabajadora, ya que la mayoría de tales acuerdos locales no están sujetos ni a convenios colectivos ni a ningún otro tipo de regulaciones de la legislación laboral. 
En tercer lugar, haré referencia al tono de voz del Parlamento Europeo sobre el futuro de la protección social. 
El modelo social europeo, estimados colegas, literalmente se derrumba. 
La política económica y monetaria de la Unión tendrá como precio un aumento dramático del desempleo y la destrucción de la política social. 
Nuestra voz debería convertirse en grito por el abuso que supone a costa de los grupos sociales más débiles, y el informe que estamos debatiendo no tiene ese carácter. 
No estamos llamando a los responsables reales de ello por su verdadero nombre. 
Señor Presidente, voy a unir mi voz a las de quienes felicitan a la ponente y a la Sra. Weiler por su trabajo, por sus excelentes intenciones y por sus meritorias propuestas. 
Subrayo y apoyo la pretensión de modernizar el llamado «modelo social europeo» , basado en la solidaridad, y proteger a los ciudadanos contra la exclusión social, cada vez mayor. 
Subrayo el apoyo que propone transformaciones en el progreso que contribuyan a poner fin al trato discriminatorio en perjuicio de las mujeres. 
Pero quería también afirmar- por ser particularmente oportuno- que la modernización de la protección social no debe pervertirla, no puede transformarla en factor de producción y en moneda de cambio para el empleo en el marco de una competitividad que desatiende las normas sociales mínimas. 
La protección social es un conjunto de derechos sociales duramente conquistados, que evolucionan con el progreso. 
No es aceptable que se transformen de forma insidiosa y reductora esos derechos sociales en meros derechos individuales, retribuciones diferidas para quien hoy puede pagar y que se beneficiará en el futuro de cálculos actuariales y de otra índole, al servicio de nuevos y lucrativos negocios privados. 
Señor Presidente, nuestra comunicación sobre la modernización y la mejora de la protección social en la Unión Europea se basa en el marco para un debate europeo sobre el futuro de la protección social que se lanzó en octubre de 1995. 
El debate ha tenido mucho éxito y el Parlamento Europeo ha participado activamente en el proceso de reflexión conjunta. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al Parlamento y en particular a su ponente, la Sra. Weiler, su detallada e inspiradora contribución al debate. 
En primer lugar, que la protección social es un elemento decisivo del modelo social europeo y un factor esencial para el mantenimiento de la cohesión y la solidaridad sociales. 
La protección social es tan importante hoy como cuando se crearon nuestros sistemas hace decenios. 
De hecho, a medida que el mundo del trabajo se vuelve menos seguro, se intensifica la necesidad de protección social eficaz. 
La protección social debe adaptarse a las nuevas necesidades y circunstancias y debo subrayar que eso no significa desmontar el estado del bienestar. 
Significa modernizarlo. Y, por último, de conformidad con la subsidiariedad, los Estados miembros deben decidir lo que gastar y cómo gastarlo. 
Ese proceso de adaptación tiene también su dimensión europea. 
Los Estados miembros pueden aprender unos de otros y a ese respecto corresponde a la Comisión un papel fundamental. 
La comunicación que ustedes están debatiendo hoy se basa en ese proceso y determina formas de avanzar relativas a cuatro imperativos principales. 
En primer lugar, la necesidad de adaptar la protección social a nuevas formas de trabajo y perfeccionar nuestros sistemas para que sean más eficaces a la hora de ayudar a las personas a entrar en el mercado laboral y mantenerse en él. 
Esa es la medida principal que se puede formular aquí esta mañana. 
En particular, los Estados miembros deben velar por que los sistemas fiscal y de prestaciones sociales contribuyan conjuntamente al aumento de los incentivos para aceptar un puesto de trabajo. 
Existe una estrecha vinculación a ese respecto con el proyecto de directrices de la Comisión para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1998, que hacen mucho hincapié en el fomento de la empleabilidad individual. 
La Sra. Boogerd-Quaak ha planteado la cuestión de cómo iban las conversaciones con vistas a la Cumbre sobre el Empleo. 
Ayer se reunió el Consejo Ecofin y celebró un debate fructífero. 
A fin de cuentas, lo importante en el caso de los ministros de Hacienda es conseguir que hablen de «puestos de trabajo». 
Eso en sí mismo es un considerable paso adelante. 
Pero ayer hubo un debate fructífero y varios ministros- en grados diferentes- se mostraron muy partidarios de la posición de la Comisión. 
Se hicieron algunas observaciones negativas sobre las metas, pero el Primer Ministro y el Presidente en ejercicio explicaron con toda claridad que las metas globales son la consecuencia de las directrices y no son cuantitativas por lo que se refiere a los Estados miembros. 
Hubo mucho apoyo para las tres metas europeas de empleo juvenil, desempleo de larga duración y formación. 
Estamos muy esperanzados respecto de la reunión del Consejo de Asuntos Sociales y Laborales que se celebra hoy; además, el 17 de noviembre se celebrará la gran reunión de ministros de Economía y Hacienda y ministros de Trabajo, previa a la de los interlocutores sociales, a la que seguirá la Cumbre. 
Pero lo de ayer fue un comienzo, por lo que me siento bastante optimista sobre cómo van las cosas. 
El segundo imperativo es el envejecimiento de la población, que se ha puesto de relieve esta mañana. 
El rápido aumento de la población dependiente está creando necesidades nuevas y obligando a acelerar el ritmo de la reforma de las pensiones. 
El tercer imperativo es el de promover la igualdad de oportunidades adaptando los sistemas de protección social para reflejar y promover la participación cada vez mayor de las mujeres en el mercado laboral, ya sea mediante el aumento de las guarderías o mediante una iniciativa encaminada a la individualización de los derechos. 
También a ese respecto hay una clara vinculación con las directrices. 
El imperativo final es el de actualizar la coordinación de los sistemas de seguridad social para las personas que se trasladen de un país a otro de la Unión. 
A ese respecto existe la necesidad real de simplificar las normas actuales y hacer extensivas las disposiciones, por ejemplo, a los empleados y autónomos asegurados que no sean ciudadanos de la Unión Europea. 
El mes pasado, sin ir más lejos, la Comisión presentó un proyecto de directiva sobre la protección de los derechos complementarios de pensión de las personas que se trasladen de un país a otro de la Comunidad. 
Lo considero un avance considerable. 
En conclusión, esta comunicación establece un programa ambicioso y progresista. 
No oculto que entraña la adopción de algunas decisiones y opciones bastante duras. Pero el mensaje subyacente es muy positivo. 
Nuestros sistemas de protección social no están condenados a quedar desfasados frente a la competencia internacional y el rigor presupuestario. 
Durante mucho tiempo han contribuido a la fuerza de Europa, han sido un vector para la solidaridad y un factor productivo y pueden seguir siéndolo en el futuro. 
Pero, para lograrlo, es necesario adoptar y modernizar nuestros sistemas. 
La Sra. Waddington y la ponente, Sra. Weiler, están en lo cierto a este respecto. 
El debate que lanzamos hace dos años ha demostrado su valor. 
Los resultados están ya visibles en las directrices sobre el empleo y espero que la Comisión pueda contar con el apoyo constante del Parlamento para sacar adelante este proceso. 
Agradezco a la ponente y a sus colegas su apoyo a este respecto. 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.000 horas. 
Informe sobre la política de competencia 1996 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0316/97) del Sr. Areitio Toledo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el XXVI Informe sobre la Política de Competencia (1996) (publicado en relación con el Informe General sobre la actividad de la Unión Europea- 1996) (SEC (97) 0628- C4-0209/97). 
Señor Presidente, quisiera disculpar a nuestro colega Areito por no hallarse en disposición física de presentar su informe. 
Ha tenido que regresar en tren a España para someterse a una intervención quirúrgica. 
Los médicos le han prohibido cualquier actividad. 
Señor Presidente, como acaba de manifestar el presidente de mi Grupo, un lamentable accidente ha obligado a mi buen amigo y compañero Javier Areitio a regresar a España. 
Intentaré, en la medida de lo posible, suplir su ausencia explicando, a grandes líneas, las motivaciones que subyacen en la presentación de su informe respecto a la comunicación de la Comisión. 
En primer lugar, en el informe que el Sr. Areitio propone a esta Asamblea se subraya que la comunicación de la Comisión es un buen documento, un documento que merece un análisis detallado y un análisis en que se manifiesta con claridad la obligación de recíproca lealtad entre Parlamento y Comisión. 
En segundo lugar, a la vista de los datos que la Comisión nos propone, en este informe se solicitan más medios para la Comisión, a la vez que se insta a una coordinación más efectiva entre los servicios de la Comisión internamente, y entre la Comisión en su conjunto y los Estados miembros, para evaluar las consecuencias que la política de competencia, la política industrial, la política comercial y la política de mercado interior tienen sobre el empleo, sobre los consumidores, sobre la diversidad cultural y la libertad de expresión. 
Reitero, señor Comisario: más coordinación entre los servicios que se ocupan de esta política dentro de la Comisión y más coordinación de la Comisión en su conjunto con los Estados miembros. 
Como punto concreto de aplicación de este principio general se pide que, en el análisis de las concentraciones, se tengan en cuenta determinados factores intangibles a los que me acabo de referir, y muy especialmente aquellos que hacen referencia al empleo, permitiendo a la Comisión hacer recomendaciones sobre la influencia que la política de competencia tiene sobre la creación de puestos de trabajo que todas las instituciones de la Unión están considerando en este momento. 
A continuación, el informe hace un análisis pormenorizado de las grandes cuestiones que afectan a la competencia: en primer lugar, la aplicación de los artículos 85 y 86, es decir, sobre las prácticas colusorias para distorsionar la competencia; en segundo lugar, el abuso de posición dominante; en tercer lugar, el papel de los monopolios a la luz de las nuevas indicaciones del Tratado de Amsterdam; en cuarto lugar, el capítulo sobre las ayudas estatales y, finalmente, la cooperación internacional en un entorno en que la mundialización, la globalización, la interdependencia de las distintas regiones económicas del mundo nos obliga a establecer un nuevo enfoque. 
Permítame, señor Comisario, que subraye algunas de las consideraciones que aquí se incluyen siguiendo la sistemática que acabo de señalar. 
En relación con la aplicación de los artículos 85 y 86, este Parlamento manifiesta su acuerdo con el Reglamento de exención sobre acuerdos de transferencia de tecnología, pero recuerda a la Comisión que esta exención se condiciona, se instrumentaliza, a través del respeto de las cuatro ventajas económicas que llevaron a su aprobación. 
¿Qué está exento y no está exento para evitar conceptos jurídicos indeterminados, peligrosos en cualquier terreno pero mucho más en éste? 
En segundo lugar, subordinación de la exención al cumplimiento estricto de las obligaciones específicas que se contemplan en el Reglamento. 
En tercer lugar, el respeto al procedimiento de notificación. 
Y en cuarto, pero no último, lugar, el respeto al umbral del 40 % para el titular de la licencia, sobre todo cuando su cooperación, su colaboración se establezca con pequeñas y medianas empresas. 
Como detalle menor, se lamenta también la inexistencia de un mercado interior para los vehículos de motor. 
Se insta a la Comisión a que establezca un proceso de descentralización en el control de las prácticas colusorias, que redundará en beneficio del control que la Comisión tiene que hacer, y se piden nuevos instrumentos de control para detectar los carteles secretos que tanto minan la competencia. 
Para terminar- y espero que lo diga también la ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos -, se pide un adecuado equilibrio en los procesos de notificación y de acceso al expediente de las empresas entre los distintos intereses de las partes: interés general en conocer en qué basa la Comisión su decisión y necesidad de proteger los intereses de la empresa, especialmente sus secretos industriales. 
En materia de abuso de posición dominante- segunda de las materias que el informe de la Comisión trata -, haré dos consideraciones: la primera, de carácter general: lamentar que la competencia imperfecta sea muchas veces la regla y no la excepción; y pedir a la Comisión que acentúe su celo en detectar las prácticas predatorias y otras prácticas desleales para la competencia. 
La competencia constituye uno de los pilares básicos del mercado interior y creo que cualquier esfuerzo en esta materia será poco. 
En materia de monopolios, tercera de las áreas que el informe contempla, se solicita que la Comisión examine cuáles son las consecuencias del Tratado de Amsterdam sobre los servicios públicos de la radiodifusión y las entidades de crédito en Alemania. 
En nuestra opinión- la opinión de este Parlamento- en este análisis que la Comisión debe hacer de las consecuencias del Tratado de Amsterdam, debe prestarse especial atención a los siguientes aspectos: definición y significado de los servicios de interés general, qué son los servicios de interés general; cuáles son las obligaciones públicas que deben cumplir las entidades a las que se encomiende la gestión de estos servicios; características del servicio universal; principio de igualdad de trato; calidad de servicio, y principios de interés común. 
Principios todos ellos relevantes en la nueva etapa que ahora empezamos. 
Se reconoce, en segundo lugar, de acuerdo con el principio de subsidiariedad y los nuevos tiempos en materia económica, el papel relevante que los gobiernos nacionales tienen en sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, los servicios postales, los transportes y la radiodifusión, y se termina aplaudiendo y apoyando los esfuerzos que se están haciendo en materia de liberalización de los mercados de energía, infraestructuras de aeropuertos y puertos. 
El tercer aspecto, señor Comisario, al que yo doy una especial importancia es el tema de las ayudas estatales. 
Y le doy una especial importancia porque, lamentablemente, la Comisión ha sido incapaz de ofrecer a este Parlamento y al resto de las instituciones de la Unión información sobre el volumen de las ayudas estatales en los últimos años. 
Y esta ausencia, esta omisión, de información es tanto más grave cuanto que el volumen de estas ayudas públicas es cada vez mayor y su efecto sobre la competencia más importante. 
Permítanme recordar a esta Asamblea algunos datos. 
En este momento, el volumen de ayudas alcanza los 95.000 millones de ecus que, traducido en términos de persona empleada, quiere decir que se destinan, en concepto de ayudas públicas directas- no me refiero a ayudas fiscales o crediticias- 713 ecus por persona empleada. 
El 45 % de esta ayuda se destina a la industria, mientras que el 55 % se destina a la agricultura y a los servicios. 
Y en esta materia quisiera hacer una precisión importante: mientras que el informe subraya la utilidad de las ayudas de interés común en terrenos tan importantes como la ayuda regional, la investigación al desarrollo, pequeña y mediana empresa, formación, sector energético, ahorro energético o medio ambiente, lamenta que este tipo de ayudas de interés general, de carácter horizontal, disminuya al mismo tiempo que aumentan las ayudas a empresas concretas. 
Y lo lamenta, señor Comisario, porque estas ayudas pueden tener un efecto perverso sobre la competencia dentro del mercado interior y del mercado interior respecto a los mercados internacionales. 
Precisión importante también, señor Comisario: se debe buscar el equilibrio entre aquellas ayudas que pueden perjudicar al mercado y procurar no perjudicar a la industria europea respecto a las empresas industriales no comunitarias. 
Es un equilibrio que, entre todos, tenemos que buscar; un equilibrio que tendremos que ir buscando día a día, pero realmente importante. 
Por eso, como propuestas concretas, señor Comisario, creemos que es necesario que los programas de estabilidad y convergencia examinen la política de competencia y se establezca un parámetro que limite el volumen de las ayudas públicas que cada Estado puede conceder. 
Como propuesta concreta proponemos también que el método que su colega, Sr. Monti, ha establecido para las disposiciones fiscales- un código de buena conducta en materia de normas tributarias- se extienda también a las ayudas públicas. 
Termino haciendo dos observaciones en materia de cooperación internacional: el mundo no es el que era. 
Es necesario un nuevo enfoque. 
Es necesario colaborar con los «países de la adhesión» y con la Organización Mundial de Comercio para establecer un marco de competencia mundial que haga frente a los nuevos desafíos que las nuevas tecnologías y la interdependencia exige. 
Felicito al Sr. Comisario por la Comunicación. 
Espero que haga caso de este informe tan magnífico que ha elaborado el Sr. Areitio y que yo he defendido como he podido. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero dejar en claro que es importantísimo que la Comisión emplee todos los medios a su alcance para que la competencia sea una realidad en la UE. 
También quiero felicitar a la Comisión por el triunfo obtenido en Amsterdam, es decir, que ustedes lograron impedir los intentos de enturbiar, por medio de difusas disposiciones y servicios generales, sus mandatos y las reglas de la competencia. 
Así como oradores anteriores lo han señalado, la deuda pública es una causa de intranquilidad. 
En esta materia espero, sinceramente, que logremos una mayor capacidad de hacer pronósticos gracias a las nuevas normas que ha anunciado la Comisión. 
Asimismo, la reducción de impuestos es un medio no neutral de competencia y por eso, como dijo un orador anterior, debe prestársele mayor atención. 
La pronosticación en los asuntos de competencia también es importante. 
En este contexto quiero decir que hay ciertas dudas en el nuevo reglamento de concentración. 
La práctica nos indica que no es tan previsible como debiera ser. 
La Comisión Jurídica ha destacado algunas materias en su informe. 
Ponemos en duda la existencia de una base jurídica en el comunicado de la Comisión del 10 de julio de 1996, es decir, una rebaja o liberación de multas en algunos casos. 
Contrariamente a lo que la Comisión ha dicho, no hay en la práctica jurídica ejemplos de autorizaciones de rebajas para quienes hayan iniciado un procedimiento en materia de formación de carteles. 
Por esta razón la Comisión de Asuntos Jurídicos ha desestimado el comunicado y cuestionado su base jurídica. 
Políticamente, nos debemos preguntar si queremos tener una sociedad de delatores como a la que, por extensión, daría lugar un comunicado como éste. 
La Comisión depende en muchos asuntos de terceros activos. 
Por eso es importante que también estos terceros tengan derechos. 
La publicidad no existe para sí misma, sino que está para que podamos precisar si la Comisión trata a las diferentes partes de manera justa, dentro de un marco aceptable referido a la libertad de investigación de la Comisión. 
Como el Tratado de Amsterdam presupone nuevas reglas precisamente sobre publicidad, también deben clarificarse las normas sobre acceso a documentación y temas de competencia. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos entiende que el comunicado que ahora se ha aprobado no es suficiente y desea que la Comisión lo examine, de manera que podamos encontrar un tratamiento equilibrado tanto para los secretos industriales como para los importantes derechos de terceros. 
Señora Presidenta, quiero empezar esta intervención felicitando, en nombre de mi Grupo, al Sr. Areitio Toledo- que, desgraciadamente, no está aquí- por el buen informe que ha hecho. 
Y, puesto que éste es uno de los mecanismos que nos permiten controlar a la Comisión y, en concreto, al Comisario o a los servicios responsables de la política de competencia, quisiera señalar el buen criterio de la Comisión y del Comisario en sus comparecencias ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial por lo que se refiere a la presente Comunicación. 
En tan poco tiempo, señora Presidenta, yo quería señalar tan sólo tres elementos. 
Primero: es cierto que acabamos de ver como concluye la negociación y la firma del Tratado de Amsterdam y que se ha incluido ahí un artículo que debe provocar una reflexión importante por parte de todos respecto a cómo garantizar los servicios de interés general y cómo equilibrar esto con una política de competencia. 
Segundo: yo quería volver a insistir, en estos años de privatizaciones de sectores públicos o de partes de los sectores públicos, en que se haga un análisis sobre las otras concentraciones de intereses que se pueden provocar con la salida del capital público en estos sectores. 
Los duopolios que se están generando en muchos casos ¿son realmente un acicate para la competencia y para un mejor servicio o no se corre el riesgo de perder un cierto control social sobre lo que se considera un servicio mejor? 
Y ¿qué hay de la concentración del sector financiero a través de estas privatizaciones? 
Tercero: yo quería referirme al aspecto que desarrolló el Sr. García-Margallo respecto al tema de las ayudas públicas y sus efectos en el desarrollo regional y en la competencia, no entre Estados miembros, pero sí entre los sectores industriales de los distintos Estados miembros. 
Este es un elemento de capital importancia porque estamos avanzando en el mercado interior, porque, efectivamente, estamos haciendo unos esfuerzos de saneamiento mediante los programas de convergencia y podemos encontrarnos con un mecanismo que pervierta el mercado interior pero que, además, haga inviable el desarrollo industrial en muchas zonas, justamente en las zonas más desasistidas de la Unión Europea, por esa desigualdad en la capacidad de los presupuestos nacionales para ayudar a las empresas. 
Aparte de esto, debemos reflexionar sobre el empleo. 
Esta reflexión es muy difícil en relación a la política de la competencia. 
Porque una mayor competencia lleva a una reducción mayor de costes y, a veces, las reducciones de costes para competir mejor tienen efectos, como todos sabemos, sobre el empleo y sobre la intensidad en el empleo en los sectores. 
Pero, por otro lado, debería generar una actividad económica mayor y también una mayor creación de empleo. 
Pero en esta reflexión, el Comisario, que es sensible a estos temas, creo que va a tener que hacer esfuerzos especiales para aplicarlo. 
Finalmente, un tema que nos importaba mucho al Grupo Socialista y que se ha adoptado en este informe, es ir más allá en el tema de la coordinación efectiva de las distintas políticas: económica, de competencia, industrial, de mercado interior y de comercio. 
Y ya la última reflexión obligada respecto a la globalización y a la mundialización. 
Esta globalización tiene que ser justa, y una de las reglas de la justicia internacional es que, en temas de competencia, también nos rijan leyes similares. 
Sería una contradicción que la Unión Europea se esforzara en una política de transparencia y de competencia y que se siguieran llevando a cabo distorsiones en otros países y en otros sectores económicos. 
Estaríamos haciéndole un flaco servicio a nuestras industrias y, por lo tanto, al empleo y al desarrollo social de nuestros Estados miembros. 
Seora Presidenta, distinguidas seoras y seores, estimados colegas, permítanme decir desde el punto de vista del Grupo del Partido Popular Europeo un par de comentarios básicos a propósito de este debate sobre la competitividad. 
Toda localización industrial nacional se halla hoy más que nunca bajo la competencia global y el mundo se está covirtiendo en una plaza de mercado. 
Creo que deberíamos considerar este hecho como una oportunidad. 
Las empresas se ven liberadas de las limitaciones del estado nacional y esto significa, en mi opinión, que este hecho ejerce una saludable presión sobre la política. 
Lo bueno del capital mueble es que despabila a todos los que se cierran a las reformas, sobre todo al cambio estructural. 
En este sentido, la distribución de los flujos de mercancías muestra qué país dispone de ventajas de costes en la producción de bienes, y en los flujos de factores se puede advertir dónde se encuentran las localizaciones eficaces. 
Esto es así y por esta razón la competencia entre localizaciones constituye un ámbito central de la política de ordenación de la economía de mercado, tal como nosotros la entendemos. 
Esto incluye el aseguramiento de la competencia dinámica, incluso mediante la eliminación de las regulaciones obstaculizadoras del mercado. 
Si la competencia de localizaciones entre los Estados miembros de la UE constituye la garantía de la competencia dinámica, significa también para mí que hay que evitar en Europa una armonización fiscal excesiva. 
En este Parlamento contribuimos también con frecuencia a fomentar las regulaciones estatales. 
Sin embargo, la superregulación protege, en definitiva, solamente de la competencia, reduce la presión hacia la innovación, daa la dinámica del crecimiento, dificulta a los recién llegados el acceso al mercado y el surgimiento de nuevos puestos de trabajo. 
En vez de proteger al ciudadano adulto de los riesgos de la competencia, la UE- y, naturalmente, los Estados miembros- deben proporcionar, en mi opinión, al ciudadano espacio libre para una actuación responsable en los mercados en competencia. 
Este es el auténtico sentido de ordenación de una política razonable de desregulación, de la cual, en mi opinión, nos encontramos aún a millas de distancia y que podría ser, al mismo tiempo, la mejor política de creación de más puestos de trabajo. 
La exigencia debe formularse de la siguiente manera: desregulación y liberalización en vez de protección frente a la competencia. 
En general, como prerrequisito de la renovación económica de Europa, puede decirse lo siguiente: todas las subvenciones, incluidas las destinadas a la agricultura, deben ponerse en el banco de pruebas. La ineficacia de las subvenciones en el plano de la economía nacional son evidentes. 
En primer lugar: distorsionan el mecanismo competitivo de los precios. 
En segundo lugar: desorientan al capital. En tercer lugar: generalmente tienen un efecto de mantenimiento de la estructura y perjudican a las explotaciones y empresas no subvencionadas a causa de los elevados pagos de impuestos y exacciones. 
En resumen, socavan las condiciones de la economía de mercado en Europa. 
La reducción de las subvenciones en Europa, es decir, un rápido cambio estructural genera más puestos de trabajo que cualquier cumbre sobre el empleo. 
La política de empleo, unida a programas financiados por vía estatal, constituye para mí una lucha contra una deficiencia producida por el despilfarro. 
Por esta razón, hay que tener en cuenta que la política de competencia debe ser considerada como el componente de una política global de ordenamiento que introduce una eficacia de economía de mercado y un equliibrio social en una relación de armonioso intercambio mutuo. 
Seor van Miert, más importante aún que la prohibición de los cárteles y que el control de las fusiones- en esto, ciertamente, somos de la misma opinión- es el desarrollo de una cultura europea de competencia, la reducción de las subvenciones, tal como acabamos de mencionar, la implantación de una verdadera competencia y de mercados abiertos hacia dentra y hacia afuera. 
El principio de una abierta economía de mercado con libre competencia, enraizado en el Tratado de la Unión Europea, una tarea permanente y debe ser recuperado de nuevo a diario en la política práctica de esta Asamblea y de los estados nacionales. 
Señora Presidenta, al comienzo quisiera felicitar a la ponente por su excelente informe, que recibió la aprobación unánime de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Hoy se reconoce ampliamente que el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado por sí solo no puede lograr en un mercado imperfecto alcanzar ciertos objetivos prioritarios de la Unión Europea que cuentan con un apoyo generalizado. 
La búsqueda de una mayor cohesión económica y social en la Comunidad, la reducción de las diferencias entre las regiones, en particular fomentando y garantizando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, prestando mayor atención a las necesidades y las perspectivas en materia de investigación y una mayor protección del medio ambiente son simplemente algunos de los objetivos importantes que la Unión Europea debe tener presentes constantemente. 
Dichos objetivos son tan importantes para mí país y mi circunscripción del noroeste de Irlanda como para cualquier otra parte de la Unión. 
La competencia en la Unión Europea y en los mercados internacionales es feroz. 
Así, pues, es esencial que ofrezcamos productos de calidad, ya sea en el sector agropecuario, en los sectores de tecnologías avanzadas, en la moda, en el turismo, en la pesca o en los amplios sectores de los servicios. 
La búsqueda de igualdad de oportunidades para las empresas pequeñas y el desarrollo de un mercado más competitivo son esenciales para el funcionamiento adecuado del Mercado Único y la creación y el mantenimiento de empleo en la Comunidad en el nivel internacional. 
Una política de competencia justa y flexible es un instrumento decisivo para poner fin a la guerra financiera, tecnológica y comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Por nuestra parte, en vista de la mundialización y de los cambios que está experimentando la producción, es necesario formular un nuevo planteamiento de la política de competencia de la Unión, que tenga en cuenta el aumento del papel de la Organización Mundial del Comercio, pero que no ponga en peligro ciertas políticas fundamentales. 
Por lo que se refiere al mercado interior y las aplicaciones de los artículos 85 y 86, es importante que se tenga presente el principio de subsidiariedad en relación con las normas contra los monopolios privados con vistas a determinar qué casos corresponden a la competencia de la Comunidad y estarán mejor en manos de los Estados miembros. 
Señora Presidenta, me gustaría agradecer al Sr. Toledo, quien desgraciadamente no se encuentra hoy en la sala, la estrecha colaboración que hemos mantenido. 
En nombre del Grupo Liberal puedo apoyar plenamente el informe presentado. Me gustaría, a modo de introducción, hacer varios comentarios generales sobre el cumplimiento por parte de la Comisión de la política de competencia. 
La política de competencia representa un campo totalmente central en el mercado interior. 
Una ejecución efectiva, transparente y previsible de la política de competencia es la garantía de un mercado interior de eficaz funcionamiento. 
Un mercado europeo, donde nuestras empresas puedan operar libremente sin obstáculos y competencia desleal, garantiza crecimiento y nuevos puestos de trabajo. 
No obstante, al mismo tiempo, hoy veo muchos desafíos para la política de competencia. 
Es necesaria una colaboración más estrecha con organismos internacionales como la WTO, de la misma manera que las autoridades nacionales de la competencia de los Estados miembros deben eliminarse como parte descentralizada en la ejecución de la política de competencia de la UE. 
No obstante, permítaseme hacer constar que una descentralización de la política de competencia implica un control efectivo y riguroso por parte de la Comisión, de la misma manera que la Comisión siempre será la institución que garantice la seguridad pública. 
En relación con la globalización es también de la mayor importancia que los nuevos países de la Europa central y oriental implanten completamente, pongan en práctica y velen por las normas de competencia de la UE. 
Una ampliación de la Unión necesariamente conduciría a que minemos nuestras propias normas o la cultura europea de la competencia. 
Por ello es fundamental que reforcemos y mantengamos la estrecha cooperación con los países solicitantes. 
Celebro mucho que el ponente haga constar que las ayudas estatales, por un lado, alteran, y por otro lado, son totalmente incompatibles con los principios del mercado interior. 
Como liberal sólo puedo lamentar profundamente la considerable condescendencia, en ocasiones, por parte de la Comisión hacia las aplicaciones desleales de las normas de ayudas estatales de ciertos Estados miembros. 
Es como creer en Papá Noel o en Santa Claus en mitad del bochorno veraniego, el que ciertos Estados miembros concedan subvenciones colosales a empresas o sectores no rentables. 
He de pedir una vez más poderosamente a la Comisión que demuestre capacidad de acción y firmeza. 
Para acabar, quiero expresar mi gran preocupación sobre la exención de grupo propuesta para determinadas ayudas estatales. 
Si la propuesta actual se lleva a cabo, puede muy bien conducir a considerables alteraciones del mercado, en especial para las PYME, de manera que espero seriamente que el señor Comisario Van Miert preste atención a este problema. 
Señora Presidenta, en el ámbito de la política de competencia se debería prestar una mayor atención a los objetivos comunes de la Unión Europea recogidos en los artículos 2 y 3. 
No se debería utilizar la política de competencia como una amenaza para el equilibrio social, ni se debería recurrir a esta política para poner en peligro los objetivos en materia de protección del medio ambiente y del empleo. 
A este respecto, mi grupo cree que sería conveniente dotar a la política de competencia de un mayor equilibrio. 
No obstante, compartimos muchos de los puntos de vista de la ponente y, seguramente, también de la Comisión. 
Las actuales ayudas económicas distorsionan enormemente la competencia, por lo que deberíamos plantearnos una nueva y seria valoración de todas y cada una de ellas. 
Estas ayudas deberían someterse a evaluación y convendría aplicarles unos principios de completa transparencia. 
Los datos han de ser públicos. 
Con frecuencia, las ayudas económicas a nivel nacional y de la Unión favorecen en términos de competencia desleal a determinadas empresas en detrimento de otras, que sufren las consecuencias. 
Creo que una evaluación completa de este tipo mostraría la necesidad de reorientar radicalmente la política de ayudas. 
Señora Presidenta, la política de competencia de la Unión Europea sufrirá en un futuro cercano las consecuencias de la llamada globalización de manera cada vez más explícita. 
Es grande la tentación de proceder a la formación de un bloque anquilosador y erigir fuera de las fronteras de la Unión Europea las elevadas barreras arancelarias para repeler la competencia de otros países. 
¿Puede ofrecer el Comisario Van Miert respuesta a una tendencia fundamental y asimétrica en la política que algunos defienden: liberalización dentro de Europa, pero rechazo de la competencia exterior? 
Los países miembros de la Unión Europea ofrecen todavía demasiadas subvenciones estatales a las empresas. 
La ayuda estatal se basa en la falsa suposición de que las empresas operan sobre todo en un mercado nacional. 
La creciente integración mundial de los mercados hace necesario un enfoque sector a sector. 
Precisamente en este punto, la Comisión sigue una política fuertemente fragmentaria que se refleja en todo tipo de informes anuales y comunicados. 
¿No sería más sensato prohibir toda ayuda estatal directa a las empresas en sectores con una capacidad estructural superior? 
La quiebra de una empresa ayuda a los otros integrantes del sector. 
De otro modo se corre el riesgo, como administración, de arrojar el dinero de los impuestos a un pozo sin fondo. 
Sin embargo, tengo la impresión de que el acento se está desplazando hacia una coordinación informal de las subvenciones estatales. 
¿Piensa la Unión Europea empezar a tomar poco a poco este nuevo rumbo? 
Tengo gran curiosidad por conocer la reacción del Comisario Van Miert. 
Señora Presidenta, señor Comisario, durante la lectura del informe del Sr. Javier Areitio Toledo me han venido en mente algunas reflexiones, en particular, sobre las contradicciones que contiene dicho documento. 
Cómo es posible inquietarse, al mismo tiempo, por las consecuencias sociales de una política de competencia ultraliberal en una economía abierta, en vías de globalización a nivel mundial, y predicar cada vez más la competencia y la mundialización. 
Cuando contemplamos las operaciones de concentración y las OPA amistosas u hostiles que se multiplican en Europa, cómo se puede ignorar que la supervivencia de las empresas en un contexto semejante dará lugar a la creación de oligopolios. 
Y cómo se puede dejar de ver que dichos oligopolios no serán beneficiosos para la economía ni para los consumidores. 
Cómo se puede dejar de ver, en definitiva, que la ultracompetencia acaba con la competencia. 
Cómo se puede dejar de ver que la Comisión, con la complicidad de los Estados miembros y en un comienzo, de manera dogmática, organiza la liberalización absoluta de todos los sectores, con la esperanza de que no podrá más que traer consigo la unificación de las legislaciones sociales, fiscales y económicas. 
Ahora bien, esta unificación no puede lograrla directamente, porque las opiniones públicas la rechazan. 
Cómo olvidar que los consumidores, que se supone deben beneficiarse de la competencia, son también los productores y los trabajadores, cuyos puestos de trabajo se ven amenazados por este ultraliberalismo. 
Señor ponente, existe competencia y competencia. 
La competencia que enfrenta a las empresas, que especialmente en Francia desearíamos que se sintieran menos asfixiadas por la regulación y la fiscalización, es propia de países que tienen un nivel de desarrollo similar, dicha competencia es estimulante y puede responder a nuestros objetivos de cohesión social y de pleno empleo. 
Pero existe también la competencia salvaje, a nivel mundial, la apertura unilateral de los mercados y la sumisión a la OMC, o sea, a los Estados Unidos. 
Esta otra competencia arruina nuestras economías y nos arroja a luchas fratricidas y al círculo vicioso del paro. 
Señora Presidenta, señor Comisario, usted, acertadamente, ha vuelto a indicar en su introducción al informe, que la política y libertad de la competencia no son un fin en si mismas, algo que la ponente también ha subrayado en sus consideraciones, lo que es de agradecer. 
La competencia tiene que servir principalmente para acentuar el interés común y modelar, también en interés de todos, la capacidad de funcionamiento del mercado, que no es abandonado al libre juego de sus diferentes fuerzas. 
Por ello, la política de la competencia, de hecho, puede ser un elemento que también lleve a un aumento del empleo en la Unión Europea. 
Me congratularía si la cumbre sobre empleo de Luxemburgo, del 20 y 21 de noviembre, no situase sólo en primera línea medidas relativas al mercado de trabajo, sino también una mejora de las directrices macroeconómicas. 
Además debería contemplar la política de la competencia como un elemento que puede aplicarse de forma constructiva, tal y como también puede desprenderse del Libro Blanco de Delors. 
En relación a esto quiero aun añadir dos consideraciones. 
Creo que la Comisión Europea debería desempeñar un papel aun más importante en el derecho internacional de la competencia. 
No contemplo a la Organización Mundial del Comercio como una organización cualquiera, no como otro socio al lado de la OCDE, sino como un socio para nosotros y nuestros intereses. 
Por ello, con todo derecho, también hemos expresado el deseo, en este Parlamento, de escuchar un informe sobre las condiciones de la competencia en todos los demás estados, desde el punto de vista de la globalización de los mercados. 
Entonces quizá podamos hacer propuestas concretas de como debería construirse el marco jurídico internacional de la competencia. 
Señor Comisario, a usted le dirijo otra petición. 
Hemos discutido acerca de las subvenciones, discutan ustedes e interróguense sobre su utilidad. 
Tenemos que contemplar el art. 92 y ss. teniendo en cuenta hasta qué punto la competencia fiscal, que es claramente injusta y ruinosa, no es una suerte de subsidio, incompatible con el principio del mercado único y con la igualdad de derechos de los Estados miembros. 
Creo que en este campo deberían establecerse nuevas normas. La Comisión debería, de una vez, ocuparse de los casos en los que fuera evidente que las relaciones entre los estados se descomponen a causa de sus campañas para atraer la instalación de empresas y, por tanto, empleos. 
Señora Presidenta, es una lástima que la Comisión no esté en posición de dar una panorámica de las ayudas estatales, a pesar de que su volumen total suponga un 1, 7 % del producto interior bruto. 
Es un hecho que el 51 % de los ciudadanos de la UE son subvencionados de algún modo y que ello contradice el espíritu del mercado interior. 
El abandono del principio de la regadera en favor de subvenciones con fines justificados, que otorguen, al espacio económico que es Europa, una capacidad de competencia, debe ser el objetivo de futuras reformas. En ese proceso la lucha contra el paro es el factor principal. 
A través de las subvenciones no se debe distorsionar la competencia interna, sino que ha de reforzarse la capacidad de competencia de la comunidad. Por ello el punto de gravedad debe residir en la investigación y desarrollo, con especial atención a las PYMEs. 
El presupuesto comunitario es el reflejo de la desproporción de las subvenciones. 
¡No se puede tolerar que sólo las ayudas para el tabaco, aceitunas y el azúcar alcancen un importe superior al previsto para investigación! 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
(La sesión interrumpida a la 10.50 horas, se reanuda a la 11.00 horas) 
Votaciones 
Señor Presidente el pasado viernes, mientras me encontraba momentáneamente fuera, mi tarjeta de votación me fue sustraída bajo la mirada de mi colega el Sr. Rübig. 
Quedó prometido que esto se aclararía antes de esta sesión. 
Acabo de estar en la oficina encargada de las tarjetas de votación. 
He recibido mi tarjeta de reserva, ! pero ni siquiera les habían notificado la desaparición de la primera! 
¡Quiero elevar una protesta y que se aclare esta circunstancia! 
Señor Rosselt, me han informado respecto a ello que ha sido un error de una ayudante de un Grupo político, que en lugar de retirar la tarjeta de otro colega ha retirado la suya. 
Señor Presidente, estimados colegas, ayer hice una apreciación que ha sido mal interpretada, en concreto, dije que los símbolos nacionales de España y Portugal, cuando pienso en su historia, me ponen la piel de gallina. 
Quiero aclarar que no quise decir que los símbolos nacionales de esos países me pusieran especialmente la piel de gallina. 
No conozco ningún país europeo, cuya simbología, a causa de su pasado sangriento, no me ponga la piel de gallina. 
En este sentido lamento la votación. 
Señor Wolf, me pregunto qué artículo del Reglamento justifica su petición de palabra. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de votación legislativa) 
Señor Presidente, señoras y señores, la parte conflictiva de este informe es el punto 29 y la enmienda 2 de nuestros colegas los Sres. Chanterie y Nassauer. 
Respecto de esta enmienda 2 quiero proponerle al Sr. Chanterie lo siguiente: esta enmienda va, desde el punto de vista del contenido, más allá que mi texto original. 
Esta formulado de forma más consecuente y radical en lo relativo a la función del Tribunal Europeo de Justicia. Sin embargo no acepta una demanda contra un particular y por lo tanto la enmienda es ilógica. 
Por ello le propondría a nuestro colega el Sr. Chanterie que aceptase mi enmienda verbal y después delas palabras "y tener en cuenta la responsabilidad moral" añadiese las palabras " y exige por ello su separación de cargos públicos». 
En ese caso estaría dispuesto a sustituir mi texto original por la enmienda del Sr. Chanterie. 
Señor Presidente, si reflexiono un poco al respecto, hay quizá dos razones para poder aceptar esta propuesta. 
La primera razón es que creo, lo acaba de decir ahora mismo también el Sr. Schulz, que el texto de la enmienda del PPE es mejor. 
La segunda razón es, sin embargo, una razón más fundamental. 
Creo que el Parlamento tiene ahora la oportunidad de adherirse de forma unánime al llamamiento al Sr. Wathelet para tener en cuenta su responsabilidad política sin correr el peligro de que el Parlamento se convierta en una especie de tribunal popular. 
Por ello, señor Presidente, solicito una votación por separado; por una parte, sobre la enmienda del PPE, y seguidamente sobre la addenda que el colega Schultz propone y que yo sin embargo rechazo. 
Señor Presidente, nuestro colega el Sr. Chanterie ha aclarado que quiere pedir la retirada del Sr. Wathelet. 
Esto es nuevo en el debate, pero no carece de sentido. 
Además ha hecho patente que quiere que juguemos a un pequeño juego táctico. 
Sin embargo no voy a tomar parte en él. 
Por ello quiero que votemos sobre la enmienda original de Chantier a mi texto original ya que no va a obtener la mayoría necesaria para aprobarla. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de votación) 
Señor Presidente, en pro de la transacción mi Grupo desea retirar la enmienda nº 50 y apoyar la enmienda nº 4, presentada por el Grupo ELDR. 
Ello será de ayuda para la Asamblea, por lo que se debe someter a votación antes que la enmienda nº 8. 
Deseamos mantener nuestra petición de votación nominal. 
Presidente, mi partido desea así apoyar también la enmienda nº 4 y creemos que lo más correcto es tratar esto antes que la enmienda nº 8. 
Por lo tanto, comparto la opinión del Sr. Macartney. 
Señor Presidente, deseo apoyar la enmienda nº 4, que subraya la importancia de que se siga reconociendo el carácter excepcional del sector pesquero y que, en consecuencia, pide un trato especial dentro del marco jurídico comunitario. 
Lo hago en pro de la transacción y del futuro de la industria. 
Señor Presidente, creo que sería conveniente seguir el orden de votaciones que fue distribuido. Si algunos Grupos retiran las enmiendas, es preciso tomar nota de la enmienda retirada a la hora de votar. 
Sin embargo, hay que seguir el orden de votaciones, por lo que debemos empezar por la enmienda 8. 
, ponente. Señor Presidente, tengo que decir, como ponente de este informe, lo siguiente: todos los aquí presentes saben que ha sido un informe muy complicado, que se ha llegado a un compromiso muy delicado que es, en expresión española, » un encaje de bolillos». 
Yo tengo que decir, como ponente de este informe, que me parece muy extraño que en el momento de realizar la votación aparezcan nuevas propuestas de compromiso. 
Y en segundo lugar, tengo que decir, señor Presidente, que la enmienda nº 8 del Grupo Socialista, que es la que apoya la ponente, matiza y refuerza el apartado 2 del compromiso, pero la enmienda nº 4 cambia diametralmente el compromiso. 
Una vez concluida la votación sobre las enmiendas 48, 49, 51 y 52. 
A la vista de los resultados de las votaciones podría pedir ahora que los grupos políticos retiren sus peticiones de votaciones nominales. 
Ya se han visto los resultados. 
No tiene ningún sentido que el Parlamento lleve a cabo otras 10 votaciones nominales y comprobar una y otra vez los mismos resultados. 
Señoras y señores colegas, eso no tiene ningún sentido. 
¿Puedo pedir que se retiren? 
Desde luego que no, señor Presidente. 
Ésta es una cuestión demasiado importante para el futuro de la industria pesquera de Europa como para preocuparnos de si llegaremos a tiempo al almuerzo. 
Tenemos derecho a insistir y así lo hacemos. 
De acuerdo, lo lamento. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de votación) 
Sr. Presidente, me gustaría pedir el respaldo de la asamblea a una modificación técnica menor del punto 12. 
El punto 12 dice que transmitiremos la resolución a la Comisión y al Tribunal de Cuentas. 
He cometido una pequeña falta por negligencia, puesto que naturalmente me gustaría que también transmitiéramos la resolución al Consejo y a los gobiernos de los países beneficiarios del programa PHARE, así nos aseguramos de que las sabias palabras y las duras demandas del informe sean conocidas por muchos más. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de votación) 
Presidente, en nombre del Partido ELDR solicito la remisión a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores en virtud del artículo 129. 
La razón es que el título no se corresponde con el contenido. 
La resolución contiene muchas sentencias sobre traslados de empresas e inversiones directas dentro de la Unión Europea y no en terceros países, lo que pretende el informe. 
En segundo lugar, la resolución se basa en la era industrial mientras que ya estamos irrumpiendo en el siglo XXI, donde tendremos que vérnoslas con una era digital. 
Mi partido confía, por lo tanto, en que al remitirlo a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores recibamos una propuesta más elaborada en la que se detallen los elementos arriba expuestos. 
También confío en que los colegas quieran apoyar esto. 
Señor Presidente, para información de la Asamblea, esto es lo que se llamaría en mi país una «enmienda de derribo». 
Consiste simplemente en la devolución a comisión sin que se nos haya avisado de ello previamente. 
En ningún momento en la comisión y, desde luego, no en la votación final dieron los liberales indicación alguna de que discreparan fundamentalmente de este informe, como ahora. 
Ningún otro miembro de esa comisión indicó esa orientación. 
Se debe considerar un intento frívolo de hundir este informe y de nada serviría devolverlo a comisión. 
Pido a esta Asamblea que rechace esta propuesta. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Hindley su intervención, con la que estoy totalmente de acuerdo. 
Sólo quiero puntualizar que, durante varios meses, la Comisión REX ha trabajado de manera seria, realista y pragmática en un tema muy importante, y cuando hablamos de inversiones en el extranjero o de deslocalizaciones, no se puede hacer caso omiso de las consecuencias que ello puede tener, en particular, sobre la economía de la Unión Europea, el plan social, el plan de la moneda, etc. Por tanto, considero que este informe, que ha sido presentado en nombre de la Comisión REX, debe ser sometido hoy a votación en nuestra Asamblea. 
(El Parlamento decide la remisión a la comisión) 
Señor Presidente, aquí debe llevarse a cabo un split vote. 
Estoy de acuerdo con la enmienda del PPE en realizar el informe cada dos años. 
Sin embargo creo que la segunda parte de la enmienda del Sr. Pronk debe ser rechazada. 
En ese caso me quedo con mi texto original que solicita un informe sobre la pobreza y riqueza. 
Señora Weiler, debería preguntarle al Sr. Pronk, en el propio PPE, si desea aceptar una enmienda a su enmienda. 
Además, voy a someter la enmienda en su totalidad a votación, no puedo hacerlo letra por letra. 
Creo que la solución de dividir sin más en dos la enmienda es sencilla. 
Nosotros votaremos a favor en ambas partes y supongo que la Sra. Weiler votará en contra en la segunda. 
Ésta me parece la solución más sencilla. 
Enmienda 12 
Señor Presidente la enmienda número 12 del GUE no va a ser anulada. 
(Eso es un punto adicional! 
Pero si lo desean puedo someterla a votación como añadido. 
Apartado 15 
Señor Presidente, todos nosotros alabamos su rápido proceder. Sin embargo quiero insistir, con todo el aprecio hacia la Sra. Weiler, en que aun no hemos votado, en su totalidad y en su forma original, el apartado nº 15. 
Hasta ahora hemos hecho votaciones individuales respecto del apartado nº 15 y el voto del PPE pretende rechazar el apartado nº 15. 
Solicito que de nuevo se realice esa votación. (Eso es algo que aun no ha hecho! 
Señor Mann, desde el momento en que hemos aceptado la enmienda 22, ésta ha sustituido al apartado. 
No podemos volver a someter a votación un apartado ya modificado. 
Enmienda 21 
Señor Presidente, ayer noche me puse de acuerdo con el portavoz del grupo del PPE en introducir, tras la tercera línea y al llegar a los ejemplos, a continuación de las palabras Aconstruir una protección social, la expresión por ejemplo. 
Se me prometió que cumpliendo esta condición se retiraría la enmienda. 
Solicito por ello que se inserten en la enumeración las palabras por ejemplo. 
Estoy de acuerdo con esa propuesta, Presidente. 
Señor Presidente, quiero proponerle al Sr. Crowley que en su enmienda, que si he comprendido bien acepto en principio, adopte mi formulación original que dice " también los cohabitantes del mismo sexo.» 
(El Sr. Crowley no acepta la propuesta) 
Señor Presidente, solicito ahora que se proceda tanto a la votación como a la segunda vista de mi texto original, que no quedaría resuelto sin ésta. 
En cualquier caso quiero que se vote sobre la segunda vuelta y sobre las discriminaciones en el sistema social contra las personas del mismo sexo que estén cohabitando. 
Señora Weiler, desde el momento que el Parlamento ha aceptado la enmienda del Sr. Crowley, ésta ocupa el lugar del texto principal. 
No hay otro punto sobre el que votar. 
Enmienda 14 
Señor Presidente, en relación a esta enmienda llegué ayer, con el grupo del PPE, al compromiso de adoptar la expresión Aun amplio sistema de asistencia. 
En el caso de que se introduzca la palabra amplio votaré a favor de la enmienda. 
Al mismo tiempo querría retirar de la segunda línea, de la frase "disposiciones jurídicas vinculantes» la palabra" vinculantes». 
Señora Weiler, anoto que sus observaciones se refieren a la enmienda 14 del PPE. 
Pero, en primer lugar, debemos votar sobre la enmienda de los Liberales, a la que usted se opone. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de votación) 
Señor Presidente, lamento que aun, al final, tenga que hacer una pequeña observación personal. 
Finalmente, este informe ha sido complicado, incluso desde el punto de vista de la votación. 
No obstante, quiero expresar mi opinión, de manera oficial para que conste en Acta, sobre dos puntos que creo que no han sido tratados correctamente en la votación. 
El primero es el parágrafo 24. Antes de la votación señalé que seguía creyendo en la necesidad de votar la segunda parte, que no estaba contenida en la enmienda del Sr. Crawley. 
Usted se ha negado. 
Está en su derecho, pero me opongo al mismo. 
El segundo punto atañe a lo que nuestro colega el Sr. Thomas Mann ha dicho sobre el parágrafo 15. 
Del mismo modo pienso que no hemos hecho una votación completa de ese parágrafo. 
Usted ha dicho que con la votación de la enmienda 22 de la Sra. Boogerd-Quaak, del ELDR, habíamos concluido completamente la votación. 
Al comienzo de la votación he señalado que sólo aprobaba la enmienda de la Sra. Boogerd-Quaak de forma complementaria y que quería que igualmente se incluyera sólo en tanto punto complementario. 
Esto no significa que el parágrafo 15 haya sido votado en su totalidad. 
Creo, Sr. Mann, que estamos de acuerdo en lo relativo a este sistema. 
Señora Weiler, he tomado nota de sus observaciones pero el Reglamento es batante claro. 
Contiene las disposiciones que regulan la manera de llevar a cabo las votaciones. 
Usted ha presentado un informe difícil, con varias enmiendas orales y con diveros acuerdos con los demás grupos politicos. 
Es el Parlamento quien, con su saber, acepta, rechaza, hace lo que considera más oportuno; es soberano. 
No es ni su opinión ni la mia las que pueden cambiar esa situación. 
Queremos dar las gracias al ponente por el informe. 
Con esta explicación de voto, queremos subrayar nuestra posición en esta materia, motivada por la estimación de que las monedas deben tener una conformación que elimine el riesgo de alergias, que satisfaga las necesidades de los no videntes y que se tome en consideración la necesidad de que las monedas tengan una identidad consolidada. 
Por estos motivos, consideramos que la moneda euro no deberá contener níquel, que los distintos valores deberán tener tamaños diferentes y que las monedas deberán tener espacio, en una de sus caras, para una fisonomía nacional. 
La definición de las especificaciones técnicas de las futuras monedas con denominaciones en euros acaba de llevar a la Subcomisión de Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo a formular una pregunta interesante: ¿es realmente de utilidad trabajar en la definición y la producción del centenar de miles de millones de monedas que sería necesario en un sistema monetario de tipo tradicional, para el plazo del 1 de enero del 2002, habida cuenta de que, hasta entonces, este sistema habrá experimentado grandes cambios debido al desarrollo de la moneda electrónica? 
Es posible que, a pesar de todo, debamos responder que sí. 
Pero esta pregunta encierra otra, que nuestra Subcomisión de Asuntos Monetarios no se ha atrevido a formular: ¿no habría permitido la moneda electrónica efectuar pequeños pagos en toda Europa con una sola tarjeta electrónica, aunque se hubiera mantenido la pluralidad de las monedas? 
La respuesta es " sí» , naturalmente. 
De manera que cabe preguntarse si la idea en sí de la moneda única, cuyos méritos tanto nos han alabado porque facilitará la vida a los turistas, no es una idea desfasada, al menos desde este punto de vista. 
Sin duda afectada por el vértigo que producen estas cuestiones, la subcomisión ha preferido finalmente conformarse con polémicas más banales, como el riesgo de alergia que puede provocar el níquel de las monedas, aspectos que recoge la propuesta de la Comisión. 
En este sentido y con un humor involuntario, la subcomisión invoca la Directiva 94/27/CEE sobre la utilización del níquel que, efectivamente, presenta este riesgo para distintos objetos de uso corriente. 
Así, la actividad de la Comisión sobre cuestiones de detalles se vuelve a veces inesperadamente en su contra. 
Más importante es la cuestión de la existencia de una cara nacional de la futura moneda en euros. 
El Parlamento Europeo acaba de aprobarla a regañadientes en lo que se refiere a las monedas. 
Pero en el caso de los billetes, ha emitido un dictamen diferente: no tendrán una cara nacional, y ambas caras serán " europeas.» 
Contrariamente a lo que podría creerse, no se trata de un simple asunto de susceptibilidad nacional. 
Es cierto que vemos aquí puesto en práctica este concepto de una Europa uniforme, desencarnada, sin raíces que, en realidad, es la peor enemiga de la auténtica Europa. 
Pero hay algo más. 
Los federalistas temen que la existencia de una cara nacional de la moneda en euros, posiblemente facilite en un futuro la ruptura de la paridad de tal " euro nacional» con respecto a tal otro, si el sistema de la moneda única resulta en la práctica demasiado rígido y si los países desean suavizarla. 
Con el fin de precaverse ante dicha eventualidad, quieren dejarlo ya todo bien atado y no dejar ninguna puerta de salida. 
De esta manera, no será posible volverse atrás, y el día en que la moneda única se encuentre en una situación difícil, la catástrofe será completa, por su culpa. 
Hemos votado a favor de una " cara nacional» en la moneda euro, no obstante, con recelo. 
Es evidente que el fundamento por el que la Comisión y el Consejo quieren tener una " cara nacional» no es para mostrar respeto por una autodeterminación nacional y democrática, sino que básicamente es una artimaña para hacer creer a los ciudadanos que el proyecto de Unión Monetaria permite mantener una cierta autodeterminación democrática, lo cual, está claro, no es así. 
Desde luego, estamos en contra de la retórica nacionalista y del chovinismo. 
Resulta increíble que este Parlamento vaya a apoyar la campaña contra las monedas de níquel por supuestas razones sanitarias sin prueba alguna de que cause problemas. 
La forma como la Comisión ha abordado toda esta cuestión debe ser motivo de preocupación sobre su competencia e integridad. 
Voy a formular preguntas al respecto y tal vez lo presente al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas para que hagan una investigación completa. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe de la Sra. Irene Soltwedel-Schäfer, que trata de las especificaciones técnicas de las monedas en euros. 
La ponente hace hincapié en que las monedas deben ser fácilmente reconocibles, especialmente en atención a las personas ciegas y a las personas mayores. 
Los socialdemócratas daneses están de acuerdo en esto. 
El informe demanda que el níquel no pueda ser empleado en la parte exterior de las monedas en euros. 
Los socialdemócratas daneses se suman a esto como un compromiso, puesto que el uso del níquel iría en perjuicio de los alérgicos al níquel. 
En la aprobación del informe de la Sra. Soltwedel-Schläfer, los socialdemócratas daneses llaman la atención sobre el hecho de que Dinamarca no participa en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Teniendo en cuenta que el Partido del Centro está en contra de la instauración de la Unión Monetaria Europea, tampoco tenemos motivos para opinar sobre la apariencia del euro. 
Sin embargo, considero evidente que las monedas deben estar conformadas de manera que no dañen a las personas. Por eso no deben contener níquel. 
He votado a favor de la propuesta de que el níquel no se incluya en las monedas. 
Debí haber votado afirmativamente el punto 10 referente a sacar el níquel, pero no quedaba claro si era una votación separada o en bloque para ese punto. 
Sin duda que sería una alegría si el euro no llegase a contener níquel y, consecuentemente, no fuera nocivo. 
Sin embargo, considero que el euro por sí mismo va a causar más daños a Europa que el que pudiese causar el níquel contenido en las monedas. 
Puesto que Suecia no va a participar en la introducción del euro en 1999- si es que la Unión Monetaria se llegase a producir- me abstengo en la última votación del informe. 
Informe Ghilardotti (A4-0326/97) 
Felicito a Fiorella Ghilardotti por el contenido de su informe. 
Cuando se leen determinados datos y estadísticas, no se puede dejar de suscribir semejante planteamiento. 
Apoyo la propuesta presentada de transferir la carga de la prueba a la parte demandada, ya que la víctima ha podido aportar hechos de una discriminación sexual aparente. 
Dichas discriminaciones van dirigidas a las mujeres. 
No nos engañemos. 
La primera de dichas discriminaciones es relativa a la diferencia salarial entre hombres y mujeres por desempeñar una misma función. 
Cuando nos acercamos al tercer milenio, cómo se puede permitir que perdure una situación semejante en un espacio común que se jacta de ser un modelo económico y social para el resto del mundo. 
Estas palabras no atacan a ningún Estado miembro en particular, sino al conjunto de los Quince que han legislado muy poco para tender hacia un trato equitativo que no discrimine por razón de sexo. 
Añado que estos comportamientos, básicamente, se dan en el sector privado. 
¿Debemos ver en este ejemplo la mano invisible del liberalismo garantizando un justo equilibrio entre la ejecución y el ejecutante? 
Quiero expresar claramente que mi rechazo se dirige, sobre todo, a aquellas partes de este informe en las que se exige un inversión de la carga de la prueba en cuestiones relativas al derecho laboral. 
Ello iría en contra de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico liberal democrático. 
Desde luego existe en todo estado de derecho la excepción de la inversión de la carga de la prueba, claro que limitada a determinados casos con intereses dignos de protección. 
Una extensión de esta regla excepcional por motivos únicamente político-agitadores debe ser rechazada sin duda. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe de la Sra. Ghilardotti, puesto que la aplicación de una directiva sobre la inversión de la carga de la prueba sería un gran paso adelante para la equiparación en los Estados miembros. 
Uno de los mayores problemas de las mujeres (y de los hombres) , cuando son discriminadas, es cómo demostrar que han sido sometidas a discriminación por razón de su sexo. 
Con la aplicación de esta directiva será responsabilidad del empresario demostrar que no se ha tratado de discriminación. 
La enmienda del Parlamento Europeo a la posición común aprobada por el Consejo es una ampliación y una mejora sustancial de las posibilidades de uso de la directiva. 
Somos conscientes de que la implementación de la directiva en Dinamarca puede conducir a una modificación de la jurisprudencia danesa en este terreno y que una consecuencia posiblemente sea que la Ley de Enjuiciamiento deba ser modificada. 
No obstante, hemos considerado que en este asunto la equiparación merecía mayor atención. 
La jurisprudencia danesa tiene que ser adaptada, así pues, a las nuevas circunstancias. 
Existen ámbitos en los que la intransigencia debe dar paso al compromiso, sobre todo si éste tiene como consecuencia vaciar de significado el auto sobre el que se quiere aplicar. 
Aplicaré este punto de vista a la posición del Consejo sobre la presente directiva, relativa a la carga de la prueba en casos de discriminación por razón de sexo. 
Por varios motivos, desde 1988 hasta 1994, la Comisión no ha escatimado esfuerzos para que vea la luz una directiva como ésta. 
La oposición de un Estado miembro impidió alcanzar este objetivo basándose en un fundamento jurídico sólido, en particular, los artículos 100 y 235 del Tratado de la CE que exigen la unanimidad. 
Ha sido necesario recurrir al acuerdo sobre política social para encontrar un fundamento jurídico para dicha directiva. 
Hoy se hacen concesiones porque el mismo Estado ha decidido sumarse a las disposiciones sociales del nuevo Tratado y aceptar las directivas ya adoptadas. 
El Consejo nos explica que era necesario llegar a una solución que tenga en cuenta la posición de dicho Estado. 
El resultado es que casi la totalidad de las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer han sido rechazadas, incluso aquellas que había aceptado la Comisión en primera lectura. 
El problema habría sido menor si no atentara contra la esencia misma de la directiva. 
A golpe de compromiso y de excepciones, la posición común sólo crea confusión, en lugar de esclarecer la situación. 
Tras reducir el alcance de la directiva, con desprecio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no haber respetado los criterios establecidos por el Tribunal en la definición de la discriminación indirecta (capital en esta directiva) , haber hecho caso omiso de las medidas de acción positivas aprobadas por la Comisión, etc, el Consejo nos pide que avalemos un caparazón vacío. 
No podemos admitir algo así y, por tanto, hemos apoyado las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer que tienen el mérito de ser claras y respetar los principios establecidos por el Tribunal de Justicia. 
Creo, por varias razones, que la inversión de la carga de la prueba propuesta en el Informe Ghilardotti no es el camino adecuado para tratar la discriminación sexual. 
Con esta determinación se zarandean los principios del Estado de derecho, según los cuales es el demandante y no el demandado el que debe probar su acusación. 
Además, a las empresas se les pide una burocracia que francamente no puede ser exigida para que ante una acusación tenga que aducir una prueba de una discriminación finalmente no producida. 
Sólo de esa manera podría el empleador guardarse de las acusaciones de sus empleados y aducir una prueba libre. 
Pero esto tendría, con seguridad, efectos sobre la actitud de las empresas respecto de la contratación. Hay que aceptar como posible que por miedo a eventuales dificultades con trabajadoras éstas no sean empleadas y en caso de duda se prefiera y se contrate un candidato masculino. 
Por los motivos citados no podemos dar nuestra aprobación al Informe Ghilardotti. 
Informe Bloch von Blottnitz (A4-0288/97) 
El informe de la Sra. Blottnitz sobre el Programa ALTERNER II es digno de elogio por su muy detallado examen de la situación con respecto al uso de fuentes de energía renovables en la Unión. 
Al mismo tiempo, las enmiendas planteadas colaboran a estimular poderosamente los planes propuestos por la Comisión. 
La contribución de las formas de energías renovables al consumo energético común de la Comunidad representa en la actualidad sólo un 6 %, lo que es totalmente inaceptable. 
Los países europeos tienen la responsabilidad de que esta situación sea corregida- antes hoy que mañana. 
En el debate del Libro Verde de la Comisión sobre energías renovables, el Parlamento Europeo recomendó introducir el requisito de que al menos el 15 % del consumo energético europeo tendría que ser cubierto por fuentes de energía renovables antes del año 2010. 
Es positivo que la ponente vuelva a lanzar esta propuesta, sin embargo, opino que su alcance no es lo suficientemente grande. 
Simplemente es absolutamente necesario. 
Cuando se inició el primer Programa ALTERNER I, había muchos obstáculos tanto técnicos como psicológicos para que el empleo de fuentes de energía renovables pudiera ser extendido. 
Hoy, sin embargo, la situación parece ser diferente. 
El desarrollo técnico ha mejorado realmente la efectividad de las fuentes de energía renovables, y por ello, ahora ha de llevarse a cabo una importante apuesta para salvar las barreras psicológicas a la difusión de la energía renovable. 
Celebro que la ponente preste atención a esto y que con su informe busque fortalecer los incitamentos económicos, de manera que pueda crearse un clima para la inversión propicio para la promoción del uso de las fuentes de energía alternativas. 
La energía renovable siempre está, para empezar, descentralizada, lo que es fundamental para las regiones menos desarrolladas de Europa. 
Me alegra en este contexto que la Sra. Blottnitz con sus enmiendas trate de ampliar el número de colaboradores para- más allá de los países de la Comunidad- también incluir los países miembros con los que tenemos acuerdos de cooperación, Chipre, etcétera. 
Uno de los mayores problemas hoy en Europa es, sin embargo, un consumo energético demasiado grande. 
Por ello, debo quejarme de que el Programa ALTERNER II se encamine únicamente a promover el empleo de fuentes de energía renovables, y, sin embargo, no trate el objetivo de disminuir el consumo energético general. 
El consumo energético general en Europa debe también ser reducido y este problema no se soluciona simplemente reajustando una parte del suministro energético de los combustibles fósiles a la energía renovable. 
De igual manera, perfectamente podría redactarse una declaración de objetivos común para la efectividad energética en el Programa ALTERNER II. Un mejor coeficiente de aprovechamiento energético dará las mismas mejoras medioambientales que un mayor uso de las fuentes de energía no renovables. 
Como ha sido mencionado también por la ponente, existen razones poderosas para criticar la financiación del Programa ALTERNER II. El presupuesto total para los primeros dos años asciende sólo a 30 millones de ecus. 
Con unos medios tan escasos no se estará en posición de garantizar un nivel de actividad suficiente, y la realización de todo el proyecto corre peligro. 
Si debemos cumplir con los objetivos de política energética y medioambiental de la Comunidad es absolutamente necesario que presupuestemos muchos más recursos en la última fase del proyecto. 
Informe Imaz San Miguel (A4-0303/97) 
Queremos dar las gracias al ponente por este informe. 
El cambio que se contempla en el tratado está bien orientado, aunque es de limitada extensión. 
Deseamos puntualizar nuestra posición en cuanto a principios en materia de acuerdos con terceros países. 
Estimamos que la Unión Europea debería terminar con estos costosos convenios de pesca y pasar a ayudar, especialmente, a las actividades pesqueras en los propios países en desarrollo. 
Una solución de esta naturaleza sería una mejor colaboración al desenvolvimiento del papel de la pesca en el abastecimiento global de alimentos, fortalecería el desarrollo social y económico en esos países y, además, evitaría los riesgos que los convenios de pesca pueden conllevar, por ejemplo, que se otorgue una ayuda indirecta a las industrias pesqueras de algunos países miembros, en un momento en que toda la actividad pesquera europea necesita importantes limitaciones. 
Soy firme partidaria de llevar a cabo estudios a mitad de camino o estudios/modificaciones rutinarias de los acuerdos pesqueros, que la Comunidad adquiere, especialmente cuando se trata de países en desarrollo. 
Tales estudios son una buena ocasión para variar algunas de las conductas que pudieran mostrarse inadecuadas en los acuerdos con relación a la población local o para la población de peces en la zona. 
He elegido abstenerme en la votación del informe, no porque tenga objeciones decisivas a las cuatro modificaciones técnicas efectuadas al acuerdo, sino porque me parece que es necesario señalar que el concepto de este estudio/modificación no cumple la idea. 
La modificación de un acuerdo debe contener una valoración más amplia y no sólo modificaciones técnicas menores, como es el caso aquí. 
De manera especial deberían ser valoradas las circunstancias generales y consecuencias para la población de peces en la zona. 
Entre otras cosas, el anterior copresidente del grupo de seguimiento para la pesca (con referencia a los países ACP) ha declarado a comienzos del mes de noviembre que cinco barcos holandeses muy grandes pescan 250 toneladas al día. 
Uno no puede evitar entrar a reflexionar en qué estado se encuentra la población de peces en la zona, cuando se escuchan declaraciones como ésta. 
Y uno también se pone involuntariamente a pensar en el proyecto de vigilancia de los barcos en la zona discutido cuando el acuerdo fue firmado. 
¿En qué estado se encuentra este proyecto? 
Una serie de preguntas quedan así sin respuesta tras la modificación del acuerdo, que por lo demás es vital para muchos mauritanos. 
Informe Schulz (A4-0306/97) 
Señor Presidente, he votado con un cierto dolor de estómago a favor del Informe Schulz, lo tengo que decir honestamente porque sentía que el informe debía tener éxito en dos cuestiones precisas. 
En primer lugar respecto de la actitud, lo que atañe al Sr. Wathelet y, en segundo lugar en lo que concierne, de manera general, a la cuestión de la protección de los niños. 
Creo que haber tratado de aunar estas dos cosa ha perjudicado mucho al informe. 
Lo que me ha empujado finalmente a votar a favor del informe es el hecho de que en la motivación, sobre la que lamentablemente no se ha votado, se ha establecido el límite de 18 años para definir quienes son dignos de protección. 
Sobre todas la consideraciones, en el partido popular austríaco nos hemos pronunciado a favor de una edad de protección hasta los 18 años. Celebro el contenido de la motivación. 
Me alegro de que se haya hecho esa prescripción, a pesar de que luego se limite un poco, y creo por ello he votado finalmente a favor del Informe Schulz. 
Señor Presidente, en la lógica de nuestro voto favorable al informe Schulz y de los numerosos debates que hemos mantenido desde el horrible caso Dutroux, deseo proponer lo siguiente: que en el artículo 6 del nuevo Tratado sobre la no discriminación se suprima el concepto tan ambiguo de orientación sexual, porque dicho artículo puede justificarlo todo, y atenernos a lo que ya figura en este artículo, es decir, la no discriminación por razón de sexo. 
Eso es suficiente. 
Por otra parte, quisiera llamar la atención sobre los fenómenos preocupantes que se están teniendo lugar en todos nuestros países de Europa y que guardan relación directa con nuestro tema, la desinstitucionalización de la familia. 
En este ámbito, el de las relaciones humanas más fundamentales, al igual que en otras relaciones humanas y en todas las relaciones sociales, es el Derecho el que protege, en particular, a los niños, y es el no Derecho el que permite los abusos y la explotación. 
Una última observación: ¿no deberíamos realizar una reflexión profunda, como nos invita la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la pornografía propiamente dicha y no solamente aquella que implica a los menores, porque acaso no estamos asistiendo, en nuestros países de Europa, a una deshumanización de la sexualidad? 
Señor Presidente, he votado a favor del Informe Schulz porque se opone a uno de los delitos más abominables que imaginarse puedan, y porque propone medidas estrictas, aunque en mi opinión constituya una cierta esquizofrenia, que precisamente aquí aparezcan de manera manifiesta las fuerzas, que por otro lado defienden fuertemente planteamientos permisivos en lo que se refiere a la política de familia, constituyendo así, propiamente la base de las atrocidades que suceden ante nuestros ojos. 
He votado a favor, pero lamento que el Sr. Schulz haya mezclado esta cuestión, de nuevo y como en tantas ocasiones, con luchas políticas internas, en concreto con el asunto Wathelet. 
No he votado a favor de ese pasaje y pido que mi voto definitivo no se valore como la aprobación a esta confusión de demagogia política de carácter interno con uno de las asuntos más importantes de Europa. 
Presidente, yo, en efecto, también hago verbalmente una declaración de voto sobre el párrafo 29 del informe Schulz acerca de la destitución del juez Wathelet. 
Creo que el Parlamento Europeo no ha hecho ningún bien aceptando este párrafo. 
Como Parlamento no tenemos ninguna competencia en este asunto. 
Un juez en ejercicio debe poder administrar justicia de manera independiente. 
También, aunque podamos sugerir que el juez Wathelet quizá no debía de haber sido nombrado, él debe ser capaz de funcionar con independencia. 
Esto puede tratarse fácilmente de un precedente. 
El año que viene habrá otro juez que haga algo que no le guste al Parlamento y entonces decidiremos de nuevo, utilizando la mayoría de votos, empujar a ese otro juez a la dimisión. 
Creo que aquí no sólo ha sido perjudicado el juez Wathelet. Todo el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha sido perjudicado y en el fondo también el Parlamento Europeo, porque no hemos observado las relaciones constitucionales. 
Ayer escuché al ponente, Sr. Schulz, con gran aprobación. 
Su dedicación a la lucha contra el abuso sexual de los niños y la lucha contra el turismo sexual infantil es también nuestra dedicación. 
El único punto que desde el principio realmente ha levantado gran discusión es la cuestión de si el Parlamento Europeo debe hacer una declaración acerca de la posición del ex ministro de Justicia belga que hace poco fue nombrado juez del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. 
Con motivo de esta discusión me siento obligado a explicar nuestro voto. 
Considerado formalmente, el Parlamento Europeo no tiene ninguna competencia en este terreno. 
Además de eso, es extremadamente inusual que el Parlamento Europeo entre en detalle tan duramente con una resolución general en relación con un Estado miembro y una persona individual. 
Sin embargo, acaso se pueda decir que aquí tratamos con una situación tan excepcional que ha motivado que tras los pasos del grupo democristiano se haya apelado apremiantemente al juez Wathelet para que reconsidere su postura. 
Por eso el grupo I-EDN ha apoyado la enmienda 2. 
Sin embargo, no hay una diferencia fundamental, sino sólo una diferencia de grado entre la enmienda 2 y el párrafo 29. 
Ésa es la razón por la que hemos apoyado con plena convicción el informe Schulz. 
He votado a favor del informe del Sr. Schulz sobre la lucha contra los abusos y la explotación sexual de que son víctimas los niños. 
Lo he hecho porque se trata de un buen informe que propone un conjunto impresionante de medidas destinadas a luchar contra prácticas abominables. 
No obstante, quiero expresar mi profundo pesar de ver al Parlamento Europeo exigir, mediante este informe, la dimisión de un juez del Tribunal de Justicia Europeo en base a una decisión cuya legalidad y regularidad no son puestas en duda en ningún momento, una decisión que fue tomada por dicha persona cuando desempeñaba las funciones de ministro de Justicia del Reino de Bélgica. 
La votación del Parlamento en este sentido resulta doblemente chocante. 
En primer lugar usurpa, de forma abusiva, las prerrogativas del Parlamento belga, que es el único competente para evaluar la responsabilidad política de un miembro del Gobierno belga. 
A continuación, no respeta el principio de separación de poderes que prohíbe a una asamblea política y deliberante pretender censurar a un magistrado que desempeña sus funciones perfectamente regulares en el seno de una jurisdicción independiente. 
La lucha contra el crimen pasa también por el respeto escrupuloso del Estado de derecho. 
Este informe, presentado por nuestro colega Martin Schulz, trata de un tema particularmente grave y doloroso. 
Y quiero felicitarle por la calidad y la profundidad de su trabajo. 
Suscribo sin reserva la integridad de su contenido. 
Por ello deseo que las propuestas presentadas no se queden en papel mojado ni en una declaración de buenas intenciones, sino que se traduzcan en decisiones y acciones. 
Sucesos recientes han puesto de manifiesto la necesidad de luchar sin piedad contra los autores de actos abominables en el interior de la Unión Europea. 
La triste realidad toma el apelativo de turismo sexual. 
Disposiciones legislativas extraterritoriales e internacionales deben erradicar con firmeza estas exacciones. 
Debe ponerse en marcha la cooperación en este ámbito con los terceros países afectados con objeto de prevenir la explotación sexual de los niños. 
Los autores de estos crímenes y sus cómplices deben sentirse amenazados cualquiera que sea el lugar en que se encuentren o residan e independientemente de su edad, nivel social o fortuna. 
Estos " juegos» macabros son además la consecuencia de otra realidad, la de una creciente miseria. 
La sociedad dual gana terreno, produciendo marginales y monstruos. 
Los más ricos los utilizan y abusan de ellos y los niños son las principales víctimas. 
¿Durante cuánto tiempo más vamos a tolerar las derivas de un sistema que padece ceguera? 
¿Durante cuánto tiempo aún no serán tratados los crímenes como tales? 
El Parlamento Europeo puede y debe contribuir a ello. 
El informe de Martin Schulz nos lo permite. 
Señor Presidente, acojo con el mayor beneplácito la preparación de este informe por el Sr. Schulz. 
A raíz del escándalo Dutroux en Bélgica, aumentó la sensibilización sobre las actividades de las redes de pedófilos y la alarmante escala de turismo sexual con participación de niños. 
La irritación pública obligó a los gobiernos nacionales y a la Unión Europea a actuar. 
Lamentablemente, no se ha continuado y poco se ha hecho desde entonces. 
Parece que quienes manejan esas redes pueden hacerlo con impunidad, porque están protegidos por «amigos en las alturas». 
Si la Unión Europea quiere estar más próxima a sus ciudadanos, debe adoptar medidas a ese respecto, pues es una cuestión que preocupa mucho a muchos padres de toda Europa. 
Las medidas para luchar contra la explotación social de niños no serán eficaces a no ser que vayan acompañadas de la aportación de los recursos presupuestarios adecuados. 
Además, la ratificación y la aplicación del Convenio europeo es también un asunto de extraordinaria urgencia para facilitar la coordinación de la actividad policial y acopiar informaciones secretas de toda Europa. 
Obviamente votamos favorablemente una resolución que trata de fortalecer la lucha contra los abusos sexuales y la explotación de los niños. 
Sin embargo, queremos subrayar que la lucha internacional contra la explotación sexual de los niños, se efectúa mejor intensificando la colaboración entre los estados y no armonizando las legislaciones. 
También queremos destacar la importancia de que no se revele la identidad de las personas sospechosas, sino hasta que el delito haya sido probado en un juicio, y que el registro de personas se use con el mayor celo para proteger la integridad individual. 
No votaré a favor del informe Schulz por las razones siguientes: 
1.No puedo admitir que un parlamento se transforme en tribunal y se permita acusar a personas sin darles la menor oportunidad de defenderse.2.Admito tanto menos que un parlamento digno de este nombre se deje llevar por un linchamiento mediático sin precedente. 
La democracia parlamentaria no tiene nada que ganar cuando permite que las emociones de la opinión pública prevalezcan sobre los principios que constituyen el fundamento de la democracia.3.La responsabilidad política de un hombre termina con su mandato. 
Su responsabilidad penal implica una falta que, en este caso, jamás ha sido demostrada.4.En cuanto a su responsabilidad moral, aparte de tratarse de una peligrosa desviación, debe apreciarse con total objetividad. 
El Ministro Wathelet, entre todos sus colegas europeos, ha sido probablemente el que más ha modificado su legislación nacional para reprimir la pederastia y el abuso sexual de los niños. 
Si el Sr. Schulz se hubiera tomado la molestia de analizar la acción del Sr. Wathelet en este aspecto, tendría la decencia de reconocer- o al menos, así lo espero- que la mayoría de las disposiciones legislativas que él propone ya fueron adoptadas por el Ministro Wathelet en su país. 
Al votar en contra del informe que nos ha sido propuesto, tengo la clara conciencia de manifestarme en contra de una evidencia moral postulada y de una convergencia de ideas dominantes, cuyos defensores no toleran en absoluto la simple discusión. 
En lo relativo a la pederastia y al turismo sexual en general, me parece que estos temas importantes y graves ganarían si fueran estudiados fuera del contexto terriblemente moralizador que han generado algunos casos especialmente trágicos y que han sido explotados de manera nauseabunda. 
Considero que de un informe probablemente sembrado de buenas intenciones, sólo el punto 20, relativo a la raíz del mal, a saber, la miseria que existe en el Tercer Mundo, merece la aprobación. 
En lo relativo al denominado caso Dutroux que ha engendrado un clima general que se ve dominado por la afectividad y la pasión vengadora en mucho mayor medida que por la razón, quiero recordar que corresponde a la Justicia, la única habilitada por mandato de la sociedad, determinar las responsabilidades y, en este caso, las penas apropiadas. 
Por último, en cuanto al asunto dentro del asunto, es decir, la invitación que el Parlamento Europeo hace a un juez a que dimita por razones Amorales y políticas, no me parece que entre en absoluto en las competencias de nuestra Asamblea. 
El filósofo radical francés Alain escribía: Ala democracia no es el poder de la mayoría, sino la ley del Derecho. 
Aquí tenemos la ocasión de recordarlo. 
En términos más generales y a la luz de las polémicas surgidas de este asunto, quiero decir que las libertades siempre retroceden cuando una sociedad manifiesta los tres síntomas que vemos reunidos: 
cuando se instala la confusión entre las grandes funciones- legislativa, ejecutiva y judicial- del poder político; -cuando la Ley o la función legislativa se propone de manera circunstancial castigar a alguien en particular; -cuando el legislador y el juez deliberan bajo el clamor público y permiten que éste dicte, por adelantado, sus decisiones.Sin subestimar en absoluto las hostilidades del corazón ni las objeciones del espíritu que una posición semejante puede provocar, voto decididamente en contra del informe que nos ha sido presentado. 
Los socialdemócratas daneses votan a favor del informe del Sr. Martin Schulz. 
El turismo sexual que afecta a niños y los abusos sexuales de que son víctimas los niños son un fenómeno execrable. 
Por un lado, es expresión de una mente enferma en los autores del crimen y por otro lado, causa un daño irreparable en los niños que lo sufren. 
El informe del Parlamento Europeo incluye muchas buenas ideas de cómo esto puede llevarse a cabo. 
Particularmente, queremos insistir en que se obligue a terceros países a cumplir con la convención sobre los derechos del niño. 
Quien suscribe ha votado no y abstención en relación con el punto 29, por las siguientes razones: 
1.La intervención de Schulz durante la votación hace que el procedimiento de voto se haga confuso, no se puede debatir sobre enunciados durante una votación.2.Exigir responsabilidades a un juez corresponde al gobierno de un estado, no al Parlamento Europeo.3.El Parlamento no es un tribunal popular. 
Wathelet debe tener la posibilidad de defenderse en un procedimiento que persiga sus responsabilidades. 
Este es, sin duda, un informe trascendental cuyo objetivo principal es el de evitar abusos contra menores. 
Sin embargo, deseo manifestar mi reserva respecto de algunos puntos del informe, entre otros, que la UE tendrá una línea política en este asunto, que se entrometerá Europol, que se creará un centro para niños desaparecidos, etc. 
Por principio estoy en contra de esta clase de federalismo. 
Pienso que son los estados miembros los que deben dirigir la lucha contra este tipo de delincuencia. 
Es en este nivel donde se deben intensificar los esfuerzos. 
Informe Fraga Estévez (A4-0298/97) 
Señor Presidente, permítame, en primer lugar, hacer una observación. 
Es dificilísimo entenderle si se desea hacer uso de la traducción alemana. 
La calidad del sonido es tan ínfima que no se oye prácticamente nada. 
Perdóneme que le diga que su voz es demasiado fuerte y que la voz de los traductores inaudible. 
Perdóneme si esto ha provocado alguna confusión. Quizás pudiera solicitarse a la administración que realice algún cambio en la instalación. 
He votado con entusiasmo a favor del Informe Fraga Estévez. 
Sólo he lamentado que no se diga en el informe algo que considero de interés general y es, precisamente, que las actuales dificultades de la pesca son absolutamente contradictorias a las que nos presentaban hace 15 años. 
En aquel entonces se nos decía que se trataba del gran futuro de la Humanidad. 
Deberíamos tomar esto como la primera advertencia, ya que lo que ocurre ahora con la pesca, que obligatoriamente debe ser reformada, va a pasar mañana con otros sectores. 
Sólo quería señalar que quizás no hubiera estado de más haber subrayado este hecho en el informe. 
Señor von Habsburg, en relación con su primera observación, es, en realidad, un grave problema de acústica que seguimos teniendo en esta sala. 
La Sra. Fontaine y yo hemos presentado dicho problema repetidas veces a la Mesa del Parlamento Europeo. 
Se ha hecho un primer esfuerzo para mejorar la acústica de esta sala puesto que no es la adecuada; es de las menos apropiadas que uno puede encontrarse y usted así lo constata. 
Además, debo confesar que ahora es muy difícil la posición del que preside, porque hay un ruido desde la sala que dificulta mucho a quien preside tanto el entender como el seguir lo que se dice. 
En cualquier caso los servicios del Parlamento prometieron la última vez que harán un esfuerzo mayor, ahora en las vacaciones, para mejorar la acústica, para lo que es preciso acometer diversas, complicadas y costosas tareas. 
Pero debemos afrontarlo, ya que no es posible continuar así y encontrarnos con problemas como el que usted ha señalado, entre otros varios. 
Queremos dar las gracias al ponente por un inteligente informe. 
Nuestra opinión es que ese informe contiene importantes capítulos, principalmente en lo que se refiere a la conservación de los recursos pesqueros, el significado de la pesca de litoral y la necesidad de subsidiareidad e incremento de la regionalización en la futura política pesquera comunitaria. 
No obstante, consideramos que el informe contiene posturas dudosas en cuanto a los convenios con terceros países y la organización comunitaria del mercado pesquero. 
Señor Presidente, cuando la actual Política Pesquera Común expire en el año 2002, habrá una oportunidad para corregir algunas de sus deficiencias intrínsecas. 
En su funcionamiento actual, es profundamente injusta para la industria pesquera irlandesa. 
Irlanda tiene el 20 % de las aguas costeras de la Unión Europea y, sin embargo, sólo se le permite pescar el 4 % del total admisible de capturas. 
En muchas de nuestras zonas costeras la pesca es la actividad económica predominante y, por consiguiente, un venero de empleos e inversiones locales en la economía local. 
Lamento que se haya rechazado la propuesta de ampliar la zona exclusiva de 12 a 30 millas, pues esa medida habría eliminado parte del desequilibrio actual, cuyas consecuencias padecen los pescadores irlandeses. 
Además, el sector pesquero irlandés no puede pescar toda su cuota de ciertas poblaciones de peces, porque nuestra flota es antigua y necesita urgentemente una modernización. 
La UE debería aportar los fondos necesarios para ayudarnos a solucionar este problema, con lo que podríamos al menos aprovechar totalmente la exigua cantidad de capturas permitidas que se nos asignaron. 
Señor Presidente, quiero hacer constar que este informe es negativo para Escocia, negativo para Europa y negativo para los pescadores y toda la industria pesquera de toda Europa, pues amenaza con desestabilizar la industria. 
La perspectiva de un mercado libre y salvaje, incluso el espectro de las guerras pesqueras, podría ser la consecuencia de la aprobación de estas políticas. 
Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. 
En primer lugar, el Gobierno francés ha recomendado práctica y claramente el rechazo categórico: en consonancia con las opiniones de la Federación Escocesa de Pescadores. 
En segundo lugar, la Comisión ha confirmado esencialmente que la obligación de respetar la estabilidad relativa limitará los ajustes que el Consejo podrá hacer en la revisión de la PPC en 2002. 
Una importante observación que conviene hacer sobre este informe de «iniciativa propia» es que, por fortuna, es simplemente la expresión de una opinión y como tal no tiene fuerza legislativa: menos mal, porque es claramente incompatible con el Derecho comunitario. 
La Política Pesquera Común expirará en el año 2002. 
Resulta decepcionante que el ponente haya optado por anteponer los intereses de una minoría de pescadores de Europa a consideración alguna sobre cómo se podría mejorar la política pesquera para todos nuestros pescadores. 
Los pescadores de Irlanda del Norte a los que represento, así como los pescadores de todo el Reino Unido y del resto de Europa, tienen derecho a esperar un planteamiento menos cargado de prejuicios de una comisión de este Parlamento. 
Es evidente que la pesca no es como cualquier otra actividad económica que se produce dentro del Mercado Único y, sin embargo, el informe adopta la orientación simplista de ver cómo se puede ajustar la política pesquera a las disposiciones relativas al Mercado Único. 
El informe es erróneo también al dar la impresión de que la restricción a que están sometidos los busques españoles que faenan en las zonas de otras naciones de la Unión Europea concluirán en el año 2002. 
Es injusto promover semejante idea, cuando está claro que no va a ser eso lo que va abordar la revisión. 
La Comisión de Pesca ha tomado una iniciativa loable para desarrollar ahora un punto de vista sobre la pesca en la Unión Europea después del 2002. 
El problema es que con punto de vista se piensa en un proyecto coherente de una persona o de una organización. 
El informe borrador de la Sra. Fraga Estévez cumple con ese criterio de visión coherente. 
Pero tan pronto como una institución democrática comience a introducir enmiendas en un informe borrador así, resultará que se introducen tantos compromisos y elementos contradictorios que ya no podrá hablarse tanto de univocidad. 
Acepto, naturalmente, este procedimiento democrático y, por consiguiente, a grandes rasgos el informe corregido. 
Pero quisiera señalar los aspectos bajo mi punto de vista menos deseables de la visión actual. 
La consideración K, acerca de la falta de armonización de las condiciones en el terreno del empleo y la seguridad social y el supuesto trastorno del equilibrio en el sector pesquero resultante de esto, no ha establecido ningún proyecto de ayuda para llegar a una mejor política pesquera. 
La pesca a pequeña escala recibe bastante protección. 
Sin embargo, este segmento de la pesca debe acompañar también al desarrollo en nuestro afán de conseguir un sector pesquero eficiente y duradero. 
Con una viabilidad artificial tampoco se sirve, a largo plazo, a esta parte de la pesca en la Unión Europea. 
Por último, una gestión responsable de la Unión Europea en la población piscícola empieza con los peces más jóvenes. 
La Unión Europea deberá mantener el control sobre ellos. 
Para una especie de pescado ese control parece totalmente insuficiente: esa especie es la angula del sur de Europa. 
A pesar del importante trabajo realizado por la Sra. Fraga Estévez y a pesar de las mejoras aportadas al proyecto inicial, no hemos podido votar a favor del informe sobre la PCP después del año 2002. 
Dicho informe sigue estando inspirado exclusivamente en la problemática española. 
Debido a que España dispone de una flota pletórica, la ponente preconiza una comunitarización creciente de nuestras aguas, predica un liberalismo total en materia de condiciones de acceso y defiende una asignación individual de los derechos de pesca transferibles en el mercado, lo que no tardaría en echar por tierra el principio de la estabilidad relativa, fundamento de la PCP. 
¿Por qué la ponente, que desea preservar el principio de estabilidad relativa en otros sectores de actividad como el de la agricultura, lo echa a perder en el sector de la pesca? 
Y para seguir con el paralelismo, ¿por qué no hace hincapié también en materia de pesca en el capítulo esencial, el del mercado, que la ponente desea desarrollar en los sectores de los productos agrícolas? 
Para nosotros sigue habiendo, en particular, dos cuestiones absolutamente inaceptables. 
No podemos aceptar que, como se propone en el punto 2, se trate a la pesca " como un sector más de la actividad económica favoreciendo la capacidad de la empresa privada en la racionalización de la actividad». 
No, hay que seguir reconociendo el carácter único del sector de la pesca, reconociendo el papel fundamental que desempeñan los pescadores, en particular para el fomento de los recursos del territorio de nuestras regiones marítimas. 
Hay que reafirmar claramente que la Política Común de Pesca sólo estará justificada si, mediante la aportación de un marco específico, contribuye a facilitar el mantenimiento en nuestros países de comunidades de pescadores que sean lo suficientemente numerosas y puedan vivir decentemente del fruto de su trabajo. 
Del mismo modo, tampoco podemos aceptar el artículo 17 que propone "un reparto de los derechos de pesca entre los pescadores» sobre una base individual, y su" transferibilidad». 
Ciertamente conviene hacer hincapié en la legitimidad de la iniciativa del Parlamento Europeo, precisamente cuando el desinterés de la Comisión por el sector de la pesca es cada vez más patente. 
La Comisaria, como ha destacado la Sra. Fraga, no ha estimado oportuno asistir a este debate sobre el futuro de la Política Común de Pesca. 
Los pescadores no pueden más que inquietarse al comprobar la casi inexistencia de propuestas por parte de la Comisión en materia de pesca en el marco de la comunicación Agenda 2000. 
En la primera versión del documento sencillamente " se olvidaron» de la pesca. 
En la versión definitiva, de las 1.300 páginas, sólo se dedicaron 63 palabras al sector de la pesca. 
La iniciativa PESCA ha desaparecido. 
El capítulo pesca del objetivo 5a no se ha prorrogado. 
Del mismo modo, la ejecución del programa de trabajo de la Comisión en 1997 y su programa de trabajo para 1998, que acabamos de recibir, ambos permanecen mudos en materia de pesca. 
No obstante, al mismo tiempo, la Comisión continúa promulgando obligaciones adicionales en el marco de las " medidas técnicas» y parece ser que, contrariamente a la opinión de los científicos y de los ecologistas, se dispone a suprimir un artefacto de pesca cuya utilización ya ha limitado de manera drástica: las redes de arrastre a la deriva. 
Qué puede, pues, significar a los ojos de nuestros pescadores, una Política Común de Pesca " renovada» , si está basada en su destrucción organizada en el marco de los POP, en un montón de obligaciones administrativas (documentos de control a bordo) , en un montón de obligaciones técnicas (medidas técnicas de pesca) y sin ninguna contrapartida financiera en razón de la disminución de los medios destinados al sector de la pesca. 
¿Cómo podrán aceptar nuestros pescadores dar un nuevo voto de confianza a una " Europa Azul» que estaría hecha exclusivamente de obligaciones y de arbitrariedad? 
Nuestro deber es dejar vivir a nuestra pesca. 
Ahora bien, tengo la impresión de que muchos de los aquí presentes sólo piensan en matarla. 
Informe Kjer Hansen (A4-0286/97) 
En la línea del documento Agenda 2000, hoy se pone de manifiesto que la Comisión, el Tribunal de Cuentas y el Parlamento Europeo desean convertir el programa PHARE en un instrumento de pleno derecho al servicio de la estrategia de preadhesión. 
En esta óptica, el programa ya anuncia explícitamente la intervención de los Fondos estructurales en los futuros Estados miembros, evolución que sólo sería de recibo si se procede a delegar la gestión financiera de PHARE en las administraciones locales. 
Retomando las críticas emitidas por el Tribunal de Cuentas, relativas a que no sea la Comisión la que en última instancia aplica el programa PHARE, sino las empresas contratantes, y ante la falta de transparencia de los procedimientos de concesión de contrato, la ponente estima que la descentralización de la gestión financiera es imprescindible. 
La toma de decisiones relativas al programa PHARE, en definitiva, seguiría estando fuertemente centralizada, lo que conduce al mantenimiento de los procedimientos fastidiosos e interminables que dan una triste reputación a este programa. 
La ponente se congratula asimismo de que exista una seria intención de transferir las responsabilidades financieras a los países beneficiarios, y se muestra a favor de un " enfoque más audaz que permita a los países PHARE más avanzados asumir, tan pronto como sea posible (a más tardar en 1999) , la entera responsabilidad de sus presupuestos PHARE sobre la base de una estrategia acordada y sometiéndose a los términos del Reglamento financiero y a una estricta evaluación financiera retroactiva.» 
Por consiguiente, en el marco de las medidas previas a las nuevas adhesiones, la ponente nos propone que determinados países asuman a partir de 1998 toda la responsabilidad financiera de sectores enteros de su programa nacional, y que se aplique un control retroactivo, en lugar de los controles preliminares. 
Efectivamente es posible delegar la gestión financiera, pero ya conocemos las consecuencias que ello ha podido acarrear, en particular, en el marco de los programas MED o de la política de turismo. 
Por otra parte, el Reglamento financiero es categórico: la Comisión es la única responsable de la utilización de los fondos de los contribuyentes de los Estados miembros de la Unión, lo que implica que, en última instancia, debe reservarse el control financiero del programa PHARE. 
Como especifica la ponente en su exposición de motivos, " es preciso entender que la reorientación y un enfoque basado en la adhesión no son remedios milagrosos que puedan por sí solos transformar el programa PHARE en un instrumento eficaz.» 
En este contexto, y en vista de las experiencias acumuladas en anteriores delegaciones financieras, la descentralización que se nos propone es inaceptable, al igual que el aumento del personal de las delegaciones solicitado por el Tribunal de Cuentas. 
Mi Grupo, por consiguiente, no le ha aportado su apoyo. 
Informe Weiler (A4-0291/97) 
En el transcurso de este debate hemos escuchado una vez más que el euro es la respuesta adecuada a las devaluaciones competitivas en el interior de la Unión. 
En mi explicación de voto, quisiera demostrar que este lugar común del pensamiento único, repetido hasta la saciedad, no es, en realidad, más que una ilusión óptica. 
En semejante discurso se apunta a las devaluaciones de la libra esterlina, la lira italiana y la peseta española de los años 1992-1993, que ocasionaron grandes daños a las economías cuyas monedas permanecieron ancladas a un tipo elevado (el marco, el franco, etc.). 
Los economistas simplistas encontraron una solución radical a este problema: basta con imponer una moneda única para eliminar radicalmente las fluctuaciones internas de paridad. 
Pero, en realidad, el análisis demuestra que la eliminación de las fluctuaciones monetarias legítimas sólo conseguiría desplazar la presión hacia otros sectores, y que, al final, los daños serían aún mayores. 
Recordemos, en primer lugar, que los trastornos monetarios de comienzos de los años noventa derivaron de una contradicción: por una parte, la aparición de un choque exterior asimétrico (la reunificación de Alemania) , y por otra parte, la voluntad de los gobiernos de Europa de mantener entre ellos las paridades, bastante rígidas, en el marco del SME, una voluntad que se vio fortalecida a continuación por la perspectiva de la marcha de la moneda única. 
Esta contradicción hizo saltar al sistema; a pesar de que el choque asimétrico habría necesitado un reajuste general, prevaleció la política contraria que, para algunas monedas, trajo consigo desvaluaciones de hecho y su salida del SME, y para otras, rigidez de las paridades y pérdidas económicas. 
Porque no podemos olvidar que la devaluación desmedida de la lira (de hasta un 30 % en determinados momentos) no fue debida a la voluntad malintencionada del Gobierno italiano de manipular su moneda, sino a la presión resultante de dar una respuesta colectiva equivocada al choque asimétrico. 
Tampoco debemos olvidar que si el franco también hubiera podido fluctuar en vez de permanecer ligado al marco, la diferencia entre la lira y el franco no habría sido tan grande y nuestra economía no habría sufrido tantos daños. 
Por último, los desórdenes de los años 1992-1993 fueron el resultado de una aplicación prematura de los principios de la moneda única. 
En lugar de sacar la conclusión sensata de que actualmente en Europa no es oportuna una rigidez semejante, razones políticas condujeron a la conclusión contraria: habría que extender dicha rigidez al conjunto de la zona. 
Pero las economías y las sociedades de los países de Europa no son iguales; no evolucionan exactamente del mismo modo. 
En estas condiciones, la modificación de las paridades internas sigue siendo de utilidad para realizar con soltura posibles ajustes del margen. 
Si no existe esta posibilidad, si las paridades son rígidas, la presión se desplazará hacia otros lugares y perturbará la economía real. 
Pascal Salin decía un día que los tipos de cambio son como el rabo de un perro: hay que dejar que el perro mueva el rabo, porque si intentamos mantenerlo inmóvil, será el perro el que se mueva. 
Los ideólogos del federalismo han hecho olvidar a Europa esta lección elemental, y algún día lo pagaremos muy caro. 
Es favorable que la UE dedique un interés creciente a los asuntos sociales en relación con temas de comercio, competencia, mercado y economía. 
En el informe hay muchas buenas propuestas sobre evaluaciones anuales de la pobreza, canjes tributarios- con impuestos reducidos al trabajo y aumentados para los recursos naturales -, la energía y la degradación medioambiental y también sobre programas de empleo. 
Las propuestas sobre política social europea común, política de convergencia y armonización social, legislación obligatoria y concertación tributaria (puntos 1, 9, 27 y otros) , significarían una considerable pretensión supranacional que no puedo aceptar. 
He votado por el rechazo de semejantes propuestas pero, en lo demás, he votado por la aprobación del informe. 
La política social es un asunto de carácter nacional. 
El informe es muy bueno, pero no puedo aceptar el punto 1 que tiene el siguiente contenido: A siento, sin embargo, que en el Tratado todavía se exija consenso para las decisiones del Consejo sobre seguridad social y política tributaria. 
Como lo he manifestado muchas veces, mi opinión es que estos asuntos importantes deben ser decididos en un plano nacional, donde pueda dárseles un afianzamiento correcto y democrático, y no por una autoridad comunitaria que flota muy alto sobre la conciencia y el control de los pueblos. 
Informe Areitio Toledo (A4-0316/97) 
Como economista, me resulta difícil no estar de acuerdo con el informe del Sr. Areitio Toledo. 
Es cierto que, por regla general, podemos confiar en los mercados para que procedan a una asignación óptima de los recursos con vistas a alcanzar una mejora del bienestar de los consumidores. 
Pero para ello es necesario que los poderes públicos velen por el cumplimiento de las normas que impidan las posiciones dominantes, las concentraciones abusivas y, lo que es peor, las posiciones de monopolio, contrarias a la equidad y a la eficacia económica. 
Me uno asimismo a las posiciones de nuestro ponente sobre el hecho de que es importante vigilar de cerca el modo en que se conceden las ayudas estatales, porque éstas pueden ser un elemento que distorsiona la competencia, aunque hace hincapié en que dichas ayudas pueden ser necesarias en algunos casos. 
Por último, quiero saludar la idea consistente en integrar un parámetro que limite las ayudas públicas en el marco del análisis de los programas de convergencia presupuestaria. 
Por estas razones, votaré a favor del informe del Sr. Areitio Toledo. 
Este informe abre a la iniciativa privada sectores fundamentales de la economía con un componente de servicio público. 
Apela a la continuación del proceso de liberalización del sector energético, de los servicios aéreos y sus estructuras de apoyo y de las infraestructuras portuarias. 
En nombre y con el pretexto de una política de competencia. 
El informe revela preocupaciones por las concentraciones empresariales, verifica el aumento de fusiones y adquisiciones de empresas y vincula dichas preocupaciones con el proceso de liberalización y mundialización de la economía mundial, cosa positiva. 
Con todo, no menciona la responsabilidad de las estrategias empresariales transnacionales en esos procesos y las consecuencias en el abuso de posiciones dominantes y en la desvirtuación de las orientaciones económicas. 
Insiste también en la importancia de una política real de competencia en los planos multilaterales (Unión Europea y Organización Mundial del Comercio) , pero olvida la necesidad de complementarla con políticas anti-dumping social y medioambiental. 
Concede, a nuestro juicio, demasiado protagonismo a la Comisión e insiste mucho en el control efectivo de la política de competencia y en la armonización legislativa, pero no en el sentido de lucha efectiva contra el fraude, y hace un ataque cerrado contra los auxilios sociales por considerarlos el origen de todos los males de la competencia, con lo que promueve el «puente» para el Pacto de Estabilidad. 
Por último, alerta sobre la cuestión del abuso de posiciones dominantes, pero no presenta salidas u opciones substitutivas, aparte de la lógica liberal que conduce a esas posiciones. 
Demasiados puntos negativos junto a muy pocos positivos. 
Es nuestra opinión, que ha determinado el sentido del voto. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 13.05 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 6 de noviembre de 1997. 
Señorías, me complace anunciarles la liberación ayer, día 16, del disidente de la República China, Sr. Wei Jingsheng, a quien el Parlamento Europeo concedió en 1996 el premio Sajarov a la libertad de conciencia en reconocimiento de su lucha a favor de las libertades democráticas y los derechos humanos. 
La liberación del Sr. Wei Jingsheng no debe hacernos olvidar, sin embargo, que ha sido obligado a abandonar su país y que las cárceles chinas siguen llenas de prisioneros políticos. 
Por desgracia, Señorías, la segunda noticia a que tengo que referirme es, en cambio, una noticia triste e indignante: un grupo extremista ha tiroteado en Luxor dos autobuses de turistas. 
En estos momentos parece que hay 79 víctimas mortales, entre ellas bastantes ciudadanos comunitarios de nacionalidad alemana y francesa. 
Estoy seguro de interpretar el sentimiento de esta Asamblea manifestando nuestra indignación ante el hecho y nuestra solidaridad con las víctimas, a cuyas familias transmitiremos inmediatamente el sentimiento del Parlamento por este hecho bárbaro, lo mismo que a las autoridades del país en que se ha cometido. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del 6 de noviembre de 1997 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Durante el último período parcial de sesiones del Parlamento, nueve hinchas de Liverpool fueron detenidos a raíz de un incidente ocurrido fuera del estadio de Estrasburgo. 
Tres de ellos fueron condenados a ocho meses de cárcel. 
Si bien entiendo perfectamente que las autoridades francesas deseen enviar un mensaje firme y claro a posibles alborotadores futbolísticos en el sentido de que en el Campeonato del Mundo del año próximo no se tolerarán cosas semejantes, he de decir que me parece algo excesivo imponer una sentencia de ocho meses por lo que fue en realidad un enfrentamiento de muy poca importancia y en un partido prácticamente exento de incidentes, en el que participaron personas que no tenían antecedentes judiciales por el mismo motivo ni un historial de participación en incidentes semejantes. 
Me gustaría saber si tendría usted a bien, señor Presidente, unirse a mí para hacer un llamamiento a nuestra antigua colega la Sra. Elisabeth Guigou, Ministra de Justicia y Garde des Sceaux, para que examine el criterio adoptado en la sentencia relativa a aquel incidente. 
(Reacciones diversas) 
Señor Corbett, creo que lo primero que tiene que hacer la Presidencia es averiguar exactamente qué ha sucedido, naturalmente con absoluto respeto a la independencia de la autoridad judicial de todos los Estados miembros. 
Ya sabe usted que el Parlamento no debe interferir en las decisiones de la autoridad judicial. 
En todo caso, siempre que sea posible conseguir un tratamiento más benévolo, creo que será algo que será bien acogido por todas partes, pero naturalmente, con el máximo respeto a la independencia de las autoridades judiciales. 
Señor Presidente, hace cuatro meses que le rogué que verificase por qué motivo la Presidencia del Consejo manifestó en la Conferencia de Zimbabue que el Parlamento no había adoptado una posición sobre determinado tema, concretamente el de la CITES. 
El Parlamento adoptó una resolución por el procedimiento de urgencia específicamente con ese objeto, o sea, que había adoptado posición al respecto. 
Esta opinión se transmitió, pero, sin embargo, allí se manifestó ante toda la comunidad internacional que nosotros no habíamos adoptado una opinión al respecto. 
Yo ya he pedido en varias ocasiones una explicación por ese hecho e insisto en solicitar una respuesta porque poco a poco se va consolidando mi sospecha de que aquí adoptamos un número creciente de resoluciones que al parecer no llegan a sus destinatarios. 
A la vista de lo cual resulta inevitable tener la impresión de que trabajamos en vano o de que no se nos toma en serio. 
Ambas cosas me parecen inaceptables e indignantes, al menos por lo que a mí personalmente respecta. 
Yo le pido con toda firmeza que por favor solicite una respuesta, pues el citado suceso se remonta al mes de julio ¡y ya estamos en noviembre! 
Muchas gracias, señora Bloch von Blottnitz. 
Efectivamente, preguntaré al Consejo por qué no ha llegado todavía la respuesta e insistiremos para que llegue. 
Señor Presidente, ante las continuas dificultades horarias que los responsables del aeropuerto de Madrid-Barajas le ponen al vuelo especial de Air France para poder asistir a la semana del plenario, yo le agradecería, señor Presidente, que, en nuestro nombre, se dirigiese a las autoridades del citado aeropuerto para poder resolver definitivamente este problema horario. 
Igualmente, y me parece que es de justicia, quiero agradecer a Air France toda la presteza y atención que ha tenido para que pudiéramos llegar a la hora al Pleno de hoy. 
Muchas gracias, señora Díez de Rivera. 
Parece que los problemas no debían ser sólo con las autoridades de un aeropuerto, sino también con algún otro, por lo cual he pedido al Secretario General que averigüe exactamente lo que ha sucedido y, a la vista de eso, nos dirigiremos a quien sea responsable de estos cambios. 
Señor McMillan-Scott, este asunto se ha examinado en la comisión competente. 
Ya se ha adoptado una decisión. 
No figura en el orden del día y no es asunto que deba examinar el Pleno. 
Lo lamento, pero no puedo permitirle plantear esa cuestión de nuevo. 
Señor Andrews, en este momento del Pleno no se pueden abordar las cuestiones de derechos humanos. 
Sé que se refiere usted a la Sra. McAliskey. 
Si quiere, tomaré su carta y preguntaré qué sucede. 
Si quisiera darme más información, me parecería bien. 
Sin embargo, no podemos perder tiempo ahora con cuestiones ajenas al orden del día. 
Señor Presidente, le doy las gracias por su intervención respecto al Sr. Wei Jingsheng. 
Dado que el año pasado no pudo recibir en mano el premio, ¿no podría usted darle cabida en el próximo periodo de sesiones con motivo de la ceremonia de entrega del premio Sajarov a la Sra. Ghezali? 
Le doy las gracias, señor Dupuis; hablaré de este asunto en la Conferencia de Presidentes. 
Elegiremos el momento más apropiado para recibir al Sr. Wei Jingsheng, dado que se le entregó el premio Sajarov a través de terceros. 
De todos modos, intentaremos recibirlo aquí en el mejor momento posible. 
Señor Presidente, quisiera hacer una observación breve sobre la cuestión que ha permitido usted comentar al Sr. Corbett. 
Le agradezco que haya dicho que examinará esa cuestión. 
No discrepo de lo que ha dicho usted sobre el poder judicial en diversos Estados miembros, pero quisiera decir que muchos hinchas de fútbol reciben en toda Europa un trato deficiente por parte de la policía y los tribunales. 
También quisiera decir que hay mucha más renuencia a la hora de criticar a los tribunales y el comportamiento de la policía en muchas partes del mundo durante nuestros debates sobre los derechos humanos en Estrasburgo. 
Téngalo presente, por favor. 
Señor Presidente, mi intervención se referirá al orden del día de los trabajos de hoy y de mañana. 
El orden del día menciona que la franja horaria de esta tarde a partir de las 19 horas y la de mañana, entre las 17.30 y las 19.00 horas, se dedicará a las reuniones urgentes de las comisiones parlamentarias que usted mismo, señor Presidente, ha autorizado. 
Veo que este procedimiento es nuevo respecto al que está inscrito en nuestros anteriores órdenes del día. 
Me parece entender que se trata de una consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia del pasado 1 de octubre. 
Constato, por lo tanto, que aplicará desde este año 1997 una sentencia del Tribunal de Justicia de octubre de 1997. 
Me habría gustado que hubiese hecho lo mismo con el calendario de nuestras sesiones para 1997. 
Constato, pues, que practica una aplicación diferenciada de esta sentencia del Tribunal de Justicia, según los puntos de que se trate. 
No, señor Fabre-Aubrespy, no he practicado una aplicación diferenciada. 
Quien ha extraído todas las consecuencias de esta sentencia ha sido la Conferencia de Presidentes; por un lado, no era posible materialmente, como ya sabrá usted, organizar una sesión extraordinaria durante el mes de noviembre en Estrasburgo y, por el otro, la Conferencia quería respetar rigurosamente la decisión de Edimburgo relativa a las reuniones de las comisiones. 
Así pues, ha optado por un sistema que limita las reuniones de las comisiones en Estrasburgo al mínimo indispensable durante los trabajos de la sesión plenaria. 
Este sistema se aplicará con todo el rigor exigible. 
Esta vez nos encontramos de nuevo en una situación transitoria. 
Espero que en el próximo periodo de sesiones haya todavía menos reuniones de comisión. 
Señor Presidente, no entiendo cómo puede usted pasar por alto los derechos de un irlandés que ha permanecido en una cárcel británica durante 12 meses sin que se formularan cargos contra él y, sin embargo, escuchar a diputados del Reino Unido que están planteando el asunto de cuatro hinchas de Liverpool encarcelados en Estrasburgo. 
Quisiera indicar que debemos tener derecho a plantear un asunto que afecta a un ciudadano de nuestro país y quisiera decir, con el debido respeto, a los diputados a esta Asamblea que deberían haber estado en Bruselas el pasado sábado por la noche en que no hubo ningún problema con 10.000 hinchas irlandeses. 
Y, si lo hubiera habido, no lo plantearíamos en esta Asamblea. 
Creo, señor Gallagher, que no vamos a volver sobre un tema que no es, en este momento, de nuestra competencia. 
Ya he dicho que haría las averiguaciones precisas. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes, al que se han propuesto o incorporado las siguientes modificaciones: 
Lunes: 
Por lo que se refiere a las declaraciones sobre la Tercera Conferencia del cambio climático en Kyoto, informo a sus Señorías de que los plazos de presentación han sido prorrogados como sigue: propuestas de resolución, esta tarde a las 19.00 horas. Enmiendas y propuestas de resolución común, mañana martes a las 16.00 horas. 
La votación se celebrará el jueves. 
Martes y miércoles: sin modificaciones. 
Jueves: 
El Grupo UPE solicita la inclusión, en un mejor momento del orden del día del martes, miércoles o jueves, del informe del Sr. Scapagnini, en nombre de la Comisión de Investigación, sobre la comunicación de la Comisión «Visión global de la política y las acciones en el campo de la energía» (A4-308/97) 
Tiene la palabra el Sr. Scapagnini para presentar la solicitud. 
Señor Presidente, le agradezco que me permita intervenir sobre este punto. 
Deseo recalcar que, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, he tenido que lamentar en varias ocasiones e incluso por carta el hecho de que los informes de nuestra comisión acaben debatiéndose en unas horas un tanto inusitadas, es decir, o a última hora de la tarde o al final de la sesión. 
Esto es lo que sucede también hoy con este importante informe sobre la visión global de la política y las acciones en el campo de la energía. 
Sin embargo, señor Presidente, puesto que me doy cuenta de que el orden del día es extremadamente apretado, estoy también dispuesto, si usted está de acuerdo, a solicitar un aplazamiento del informe hasta un próximo período parcial de sesiones, siempre que, y esto se lo pido respetuosa pero firmemente, sea posible debatirlo en un horario apropiado. 
En consecuencia, estamos dispuestos a aplazar el informe a un próximo período parcial de sesiones, ya que soy consciente de que, efectivamente, la situación es muy crítica, bien entendido que, como acabo de manifestar, se señale una hora adecuada. 
Señor Scapagnini, ¿solicita la inclusión de su informe en otro día de la semana o su aplazamiento a otro período parcial de sesiones? 
Señor Presidente, la primera solicitud es la de poder adelantar el informe a una hora más adecuada de la sesión del martes o del jueves. 
Si esto no fuera posible, la segunda solicitud es de aplazarlo a un próximo período parcial de sesiones y a una hora más adecuada. 
Señor Presidente, yo quisiera oponerme a la solicitud, ya que se trata de un buen informe y sería una lástima aplazar su debate. 
Me parece que no tiene mayor importancia que éste se celebre el miércoles o el jueves. 
Tampoco creo que exista ningún motivo para aplazar el debate y, por consiguiente, solicito que éste se mantenga. 
Señor Presidente, entiendo la observación del Sr. Scapagnini, pero no hay margen para presentar eso sin interrumpir algunos de los importantísimos debates que ya tenemos programados. 
Mi Grupo apoyaría que se abordara en un período parcial de sesiones posterior, si el Sr. Scapagnini no está contento con su posición en el orden del día de este mes. 
Bien, oído esto someto a votación la solicitud de adelantar al miércoles el informe Scapagnini. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Someto ahora la solicitud de aplazamiento del informe Scapagnini. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
En vista de que ahora hay margen en el orden del día, recordará usted el debate en la Conferencia de Presidentes acerca del informe Jöns sobre el Fondo Social Europeo, que en un principio estaba previsto para el orden del día de este mes, pero hubo que retirarlo por falta de margen. 
Tal vez pudiéramos ahora incluir ese informe. 
Tengo entendido que el presidente de la comisión y el ponente no tienen inconveniente en que ocupe ese espacio en el orden del día del jueves. 
Así, pues, la Sra. Green solicita que se incluya, en lugar del informe del Sr. Scapagnini, el informe de la Sra. Jöns sobre el futuro del Fondo Social Europeo. 
¿Alguien desea intervenir a favor de la solicitud de la Sra. Green? 
Señor Presidente, quisiera apoyar esa propuesta. 
La Comisión hará pública su propia comunicación sobre el Fondo Social al final del año. 
Para que podamos influir al respecto con este informe de iniciativa propia, es imprescindible que lo aprobemos esta semana. 
En cambio, si lo aprobamos en diciembre, no habrá tiempo para que se tenga en cuenta. 
Apoyo encarecidamente esa propuesta. 
Puesto que nadie desea intervenir en contra, procedemos directamente a la votación de la solicitud de incluir el informe Jöns en el orden del día del jueves. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Señor Presidente, observo que, en el proyecto de orden del día que usted nos está proponiendo, el turno de preguntas al Consejo, que- de conformidad con un hábito que considero consuetudinario y que, además, representa un acuerdo con el Consejo- habitualmente tiene lugar los miércoles de las 17.30 a las 19.00 horas, queda indefinido, ya que resulta desplazado de su horario habitual por la importante votación del informe de los Sres. Méndez Vigo y Tsatsos, a lo que se añade únicamente que irá «seguido del turno de preguntas al Consejo». 
Esta laxitud, creo, ni se corresponde con la importancia que los diputados y diputadas de nuestro Parlamento dan al turno de preguntas al Consejo ni al respeto que debemos al Consejo, que debe saber en qué hora y en qué momento le vamos a formular estas preguntas. 
Por lo tanto, señor Presidente, le tengo que expresar mi perplejidad ante la ambigüedad de este planteamiento en el proyecto de orden del día. 
Muchas gracias, señor Gutiérrez. 
Precisamente por la importancia del turno de preguntas, que hay que compaginar con un debate no menos importante puesto que se trata de la opinión del Parlamento sobre el Tratado de Amsterdam, la solución que dio la Conferencia de Presidentes fue prolongar la sesión por la tarde- como verá usted en el orden del día- hasta las 20.00 horas, de tal manera que, calculando que se pueda realizar la votación sobre el informe de los señores Méndez de Vigo y Tsatsos en aproximadamente hora y media, quedaría el tiempo habitual, es decir, desde las 18.30 a las 20.00 horas para el turno de preguntas. 
En todo caso, como es de esperar que el Consejo esté muy interesado en la votación sobre el informe Méndez de Vigo y Tsatsos, es lógico que esté presente en el Pleno durante las votaciones y, por lo tanto, a disposición de los señores diputados para que le formulen las propuestas consiguientes. 
Comprendo que no es la solución ideal, pero es el único modo de compaginar dos temas de la máxima importancia, que había que encajar en una sesión ya muy cargada. 
Señor Presidente, yo querría apoyar las palabras del Sr. Gutiérrez Díaz, que siempre preside con extraordinario acierto el turno de preguntas. 
El derecho a formular preguntas es un derecho parlamentario fundamental. 
Sin embargo, éste se ha ido desvirtuando en los últimos años. 
Antes disponíamos de una hora y media al principio de la sesión nocturna para las preguntas dirigidas al Consejo. 
Este tiempo siempre se consideró intocable y se respetaba rigurosamente. 
Desde que el turno de preguntas se trasladó a la tarde, casi en todas las sesiones su duración se ha visto reducida debido a los retrasos en el desarrollo de la sesión plenaria. 
En cada ocasión se ha manifestado que se trataba de una circunstancia excepcional. 
¡Creo que ya llevamos un año durante el cual prácticamente cada mes se produce una circunstancia excepcional! 
Yo no me opongo a que el turno de preguntas se celebre en último lugar o bien en la sesión de noche- el Consejo también puede acudir alguna vez a la sesión de noche -, pero creo que deberíamos destinarle rigurosamente la citada hora y media. 
¡El tiempo destinado al turno de preguntas debe ser absolutamente intocable! 
Si esto se cumple, podemos situarlo sin problemas al final de la sesión y pedirle al Consejo que, en caso necesario, prolongue veinte minutos su presencia. 
Presidente, le digo al señor Posselt que en nuestro Grupo Parlamentario no hemos oído la pregunta, porque entonces le hubiera podido explicar que siempre nos hemos esforzado mucho por mantener el turno de preguntas al Consejo. 
Lo único que ha sucedido es que ha tenido lugar algo más tarde. 
Efectivamente, no se ha hecho más que retrasarlo una hora. 
Yo le contaría, señor Posselt, lo que algunos ministros de Asuntos Exteriores me han contado del turno de preguntas al Consejo por las noches en cuanto a asistencia y prestigio del Parlamento. 
Creo que es preferible no decirlo en público. 
Viernes: sin modificaciones. 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado) 
Cambios climáticos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
el informe (A4-0343/97) del Sr. Linkohr, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. La dimensión energética del cambio climático (COM (97) 0196- C4-0232/97) -y las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la 3ª conferencia sobre el cambio climático (Kyoto, diciembre 1997). 
Señor Presidente, Señorías, a la vista de que el hemiciclo se está quedando vacío, yo sólo puedo manifestar que esto contribuirá a reducir un poco el efecto invernadero en esta sala, pero desde luego sólo aquí. 
Pasando al tema que nos ocupa, los europeos han mantenido una posición relativamente resuelta en la fase previa a la Conferencia de Kyoto y yo así quiero manifestárselo a la Comisión. 
Yo quisiera empezar mi intervención por este punto y decir que esto también es digno de encomio. 
Sin embargo, cuando se observa la realidad y no la letra impresa, se hace necesario añadir algo más. 
Si los climatólogos están en lo cierto, deberíamos reducir las emisiones mundiales de CO2 en 10.000 millones de toneladas antes del año 2050. 
Actualmente éstas se sitúan en torno a los 22.000 millones de toneladas y, en el supuesto de que a mediados del próximo siglo la Tierra tenga 10.000 millones de habitantes, cada uno debería generar tan sólo 1 t de CO2 hasta esa fecha. 
El valor medio para el conjunto de la UE es actualmente de 8, 4 t, en Alemania se eleva a 11 t y en Dinamarca a 12 t. 
En el supuesto de que también en la política climática se aplique el principio de igualdad, los europeos deberían reducir sus emisiones de CO2 a una octava parte de su nivel actual en el plazo de dos generaciones, en Alemania éstas deberían reducirse a una undécima parte y en Dinamarca, a una duodécima parte. 
Sin embargo, las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero de hecho están aumentando y la mayoría de los escenarios propuestos parten del supuesto de que en el año 2000 las emisiones de CO2 en el conjunto de la UE se habrán incrementado un 5 % con respecto a los niveles de 1990. 
Las únicas excepciones entre los 15 Estados miembros son Gran Bretaña, que empezó a sustituir muy pronto el carbón por gas, y Alemania, porque con la reunificación se han modificado las bases estadísticas. 
La reducción de las emisiones de CO2 en Alemania se debe básicamente al desmantelamiento del parque industrial de la Alemania oriental; en la zona occidental vuelven a aumentar las emisiones. 
Por consiguiente, si no se produce algún cambio fundamental, las emisiones de CO2 seguirán incrementándose hasta el año 2010 y es posible que lleguen a alcanzar los 32.000 millones de toneladas a escala mundial. 
Éstos son los datos escuetos. 
A menos, como he señalado, que se dé un golpe de timón. 
Y la experiencia de los años 75-85 indica que esto es posible. 
En aquel período se redujo en un 20 % el consumo de energía en relación con el PIB. 
Sin embargo, dado que luego volvió a abaratarse el coste de la energía- o sea, del petróleo -, en los 10 años siguientes la eficiencia ya sólo mejoró en torno a un 5 %. La lección que de ello se desprende es que un menor precio de la energía constituye un obstáculo para una política activa en favor del clima. 
Es una realidad económica y socialmente amarga, pero lo cierto es que sólo se ahorra energía cuando es cara. 
Un impuesto energético de ámbito comunitario es una medida ineludible. 
Quien lo rechace- y es una posición que yo puedo comprender -, debería abstenerse de hablar de política climática. 
La Unión Europea- o sea, el Consejo y la Comisión- han mantenido, como ya he dicho, una posición relativamente resuelta. 
Han prometido reducir en un 15 % las emisiones de CO2 hasta el año 2010. 
Sin embargo, nuestra resolución me parece- y no sólo me parece- meramente aparente. 
Estamos más alejados que nunca de una reforma tributaria de carácter ecológico. 
Aunque continuamente se habla de las energías renovables, su proporción dentro de la producción total de energía se incrementa con excesiva lentitud y el Consejo está recortando los programas de ayuda. 
Me limitaré a citar tan sólo el fracaso de nuestros esfuerzos en favor del programa THERMIE II. 
Las medidas voluntarias, como los " precios verdes» y el autocompromiso de la industria, aunque sin duda son útiles, resultan, sin embargo, muy insuficientes. 
La aplicación conjunta recomendada en Berlín tampoco pasó de una primera fase inicial. 
Todavía siguen faltando unos criterios claros que permitan diferenciar la aplicación conjunta de un mero negocio de exportación. 
Los permisos negociables de emisión que propone Estados Unidos no gozan de buena acogida en el Consejo, pero aun así yo abogo por que se considere seriamente esta propuesta. 
Las propuestas de la Comisión y el Consejo, por mucho que lamente tener que decirlo, no pasarán de ser, por lo tanto, mera propaganda mientras no vayan seguidas de medidas mensurables. 
Pero ¿dónde están dichas medidas? 
En la prensa puede leerse incluso que la Comisión está dispuesta a retirar sus propuestas. 
Por su parte, el Parlamento Europeo, o la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, afirman sencillamente lo siguiente: es necesario que se establezcan unos objetivos claros y ambiciosos, tenemos que proponernos reducir perceptiblemente los gases de efecto invernadero en un plazo claro y nosotros abogamos por que este compromiso se cumpla también a escala mundial. 
Deberían poder aplicarse sanciones en caso de incumplimiento de dicho compromiso. 
Con este objeto proponemos, asimismo, la creación de una Agencia Internacional del Clima. 
Éstos son los aspectos centrales de mi exposición, para los que yo espero obtener también el respaldo del Parlamento. 
Sr. Presidente, estimados miembros, estoy muy contenta de que el Parlamento haya querido discutir el cambio climático en este encuentro sobre la base del informe del Sr. Linkohr y de la propuesta de decisión sobre el cambio climático del Sr. Pimenta. 
Las dos propuestas apoyan la posición negociadora de la UE y admiten que hacen falta políticas, medidas y recursos suficientes, especialmente en el sector de la energía, si queremos que se cumplan nuestros objetivos de reducción. 
Estoy segura de que el Parlamento apoyará los esfuerzos de la Comisión en este terreno tras Kioto. 
La política climática internacional se encuentra en estos momentos en un estadio decisivo. 
Dentro aproximadamente de dos semanas, ministros de más de 150 países se van a reunir en Kioto para aprobar un protocolo sobre el cambio climático. 
Este protocolo contendrá obligaciones vinculantes jurídicamente para que los países industrializados reduzcan sus emisiones a partir del año 2000. 
Permítaseme por ello aprovechar esta oportunidad para dar cuenta de mi valoración de la situación tras mi participación en las reuniones de Washington y Tokio a comienzos de noviembre. 
Antes y brevemente sobre la posición de la UE. 
La UE mantiene por supuesto su propuesta, la cual- como es sabido- plantea una reducción del 15 % en las emisiones de 3 gases de efecto de invernadero en el año 2010 con relación al año 1990 y de un 7, 5 % para el año 2005. 
Ésta hará que inmediatamente se tomen medidas concretas, y al mismo tiempo controlará los pasos que se lleven a cabo en este terreno. 
Celebro que el Parlamento apoye la posición de la UE. 
Esto nos da mejores cartas en las negociaciones. 
Sin embargo, hemos de ser prudentes para no debilitar nuestra posición común discutiendo entre nosotros la posibilidad de una posición negociadora aún más ambiciosa. 
Los objetivos de reducción de las emisiones se aprobaron en atención al medio ambiente en el plano político más alto. 
Fueron fijados sobre la base de investigaciones que mostraban que los objetivos eran técnicamente posibles, económicamente accesibles y políticamente viables con la aplicación de los métodos y tecnologías existentes, como ya la presidencia también ha subrayado. 
Sin embargo, con todo siempre- y me gustaría subrayar- siempre que todos los países industrializados también adquieran para sí las mismas o similares obligaciones. 
En este sentido creo que no sería conveniente seguir la postura de la resolución del Sr. Pimenta, la cual pretende que los países de la UE modifiquen su propia posición para los años 2005 y 2010 en favor de un compromiso vinculante unilateralmente. 
¿Cómo deberíamos presionar a otros países industrializados, si nosotros mismos reconocemos de antemano que reduciremos de manera unilateral? 
No obstante, hay también otras cosas aparte de los objetivos en la propuesta de la UE. 
Opinamos que la mejor manera de cumplir los objetivos de reducción pasa por colaborar en las diferentes políticas y medidas. 
Hemos participado, además, activamente en un intento para encontrar un sistema que haga posible unir el emission trading a las soluciones asumibles económicamente. 
El emission trading, como ahora se denomina en casi todas las lenguas, sin embargo, sólo puede producirse en las condiciones que garanticen que se tratará de una auténtica actividad en beneficio del clima y no meramente de una transacción administrativa. 
En este orden de cosas hemos hecho especialmente hincapié en que sólo una parte menor del compromiso total se lleve a cabo por medio de semejante reglamento de flexibilidad para con ello garantizar que todas las partes hagan un esfuerzo razonable, también en su propio campo. 
La otra condición principal es que el emission trading se produzca sobre la base de un principio de simultaneidad, es decir, que los cupos de emisión históricos que por una u otra razón se planteen no deben convertirse en objeto de comercio. 
Esto es especialmente importante porque durante estos últimos años y durante bastantes años más habrá emisiones de CO2 bastante más bajas en Rusia y otros antiguos países comunistas a causa del cambio de régimen. 
No puede ser la intención que los países la OCDE empleen esta caída de las emisiones de CO2 para librarse de compromisos justos a la hora de intervenir en el consumo de energía del sector de los transportes, el sector de la energía o la industria. 
Si debemos alcanzar un resultado ambicioso en Kioto, es evidente que la UE ha de seguir llevando la delantera. 
Podemos contar con que los EE.UU. y Japón no querrán marchar en cabeza. 
Sus objetivos son demasiado modestos, y su credibilidad en los países en vías de desarrollo es más débil que nunca. 
Espero que la UE pueda construir un puente ente las partes interesadas. 
La posición negociadora de la UE ha sido discutida extensamente tanto dentro de la UE como en el plano internacional y especialmente entre otros países industrializados. 
Las reacciones han variado intensamente entre el positivo reconocimiento de una política ambiciosa y la duda escéptica con respecto a la viabilidad técnica, económica o política de los objetivos. 
Para responder a estas objeciones, la Comisión aprobó en el mes de octubre una comunicación sobre el cambio climático que contrarresta la crítica explicando la base de la posición negociadora de la UE. 
El informe muestra que podemos alcanzar nuestros objetivos de reducción de las emisiones sin dañar nuestra economía. 
En mis visitas a Washington y a Tokio expliqué por medio de ejemplos concretos sobre, entre otras cosas, energía renovable, producción térmica, automóviles y la reconversión de los medios de transportes como la efectividad energética de los sectores doméstico y de servicios, cómo la UE podrá cumplir el objetivo del 15 %. 
También sobre la base de nuestra comunicación sobre el cambio climático hecha pública recientemente podríamos demostrar que los gastos serían accesibles. 
Sin embargo, sería provechoso combatir el cambio climático. 
No pueden justificar no poner en marcha medidas parecidas con resultados similares en sus propios países y como dijo el señor Presidente Clinton en su discurso ante la National Geographic el 22 de octubre, la mayoría de estas medidas podrían ser enteramente positivas para los EE.UU. No obstante, había una fuerte animosidad a la hora de tocar intereses creados y cualquier forma de gasto. 
¿Cuáles son entonces los mayores obstáculos a un acuerdo efectivo en Tokio? 
Según nuestra opinión, el obstáculo más importante lo constituyen las posiciones minimalistas e intransigentes que los otros países industrializados han adoptado, especialmente, EE.UU. y Japón. 
Algunos países como, por ejemplo, Australia y Canadá aún no han planteado propuestas concretas. 
EE.UU. no puede rehusar el problema. 
Presenta las mayores emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo. 
5.006 millones de toneladas de CO2 en 1994, y la cifra aumenta constantemente. 
Y representan, además, la mayor emisión por habitante, más de diez veces superior a la de la mayoría de los países en vías de desarrollo. 
La mayoría, y pienso que quizá pueda decirse que todos los países industrializados, reconoce en este momento que el mundo efectivamente tiene un problema. 
Se unen por fin a la UE y a otros en reconocer el consenso científico de que el cambio climático provocado por el hombre es una realidad y- lo cual es aún más importante- que el cambio climático tendrá efectos funestos como, por ejemplo, serios problemas de salud, una pérdida clara de la bio diversidad del mundo, pérdida de terreno y gastos en infraestructura como consecuencia de la subida del nivel del mar, inundaciones y sequías, junto a cambios dramáticos en el modelo meteorológico. 
¿Qué podemos entonces esperar alcanzar en Kioto? 
En primer lugar necesitamos altos objetivos de reducción y jurídicamente vinculantes, que coloquen al mundo en el camino correcto para poder solucionar la problemática climática. 
Por ello hemos de llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante que disponga ambiciosos objetivos de reducción para todos los países industrializados. 
Y me gustaría subrayar la palabra ambicioso. 
Un compromiso jurídicamente vinculante no ha de convertirse en un pretexto para fijar un objetivo de reducción que simplemente sea el denominador común más bajo. 
La única posibilidad de alcanzar una solución en Kioto pasa por que aspiremos a fijar un mismo porcentaje de reducción para todos los países industrializados. 
La UE no es intransigente. 
Nos gustaría considerar medidas de flexibilidad, como mencioné con anterioridad, el comercio de los derechos de emisión y la realización común, sin embargo, con la condición de que se obliguen a los ambiciosos objetivos de reducción de los que también he hablado anteriormente. 
La Comisión puede adherirse también a los reparos del Sr. Pimentas con respecto a los otros gases de efecto invernadero, es decir, los HFC, PFC y SF6, a los que debe encontrarse una solución. 
El Consejo ya decidió en las conclusiones de su encuentro de marzo que estos gases debían incluirse en el cesto de gases de la UE no más tarde del año 2000. 
La cuestión entre tanto es si estos gases deben ser aprobados en este cesto o no. 
La Comisión ha planteado esta cuestión ante los Estados miembros. 
El efecto de aprobar estos tres gases es modesto, puesto que sólo añadirán al esfuerzo global de la UE un 2 % adicional de gases equivalentes al CO2.. 
Para algunos Estados miembros este esfuerzo complementario tendrá, sin embargo, una cierta transcendencia para el reparto de cargas, por lo que es necesario encontrar una solución. 
No obstante, puesto que esta cuestión es importante para nuestros negociadores, trabajan la Comisión y los Estados miembros junto a la presidencia sobre ella en Bruselas. 
La Comisión trata de descubrir cuál es la mejor manera para lograr alcanzar una postura común de la UE en este ámbito, y espero por supuesto que los Estados miembros demostrarán la flexibilidad necesaria. 
Estos objetivos de reducción deben ser seguidos también por ciertas medidas o procesos comunes de manera que evitemos problemas con las distorsiones de la competencia. 
Parto así- en representación de la Comisión- hacia Tokio en busca de resultados. 
Estamos preparados para negociar y sé que puedo contar con el apoyo del Parlamento. 
La resolución del Parlamento sobre el cambio climático enviará una clara señal a nuestros socios. 
La UE ha trazado claramente un camino para abordar la problemática del clima. 
Necesitamos reducciones efectivas y ambiciosas de los gases de efecto invernadero. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro, Señorías, el cambio climático es sin duda el mayor problema que afronta hoy la Humanidad. 
Por obra del hombre, la atmósfera y los ciclos climáticos que han estructurado la vida desde el comienzo de la civilización están cambiando. 
Están cambiando de forma irreversible y sin que sepamos hacia dónde vamos. 
Sabemos- cierto es- que el cambio climático, el aumento del nivel de las aguas del mar, la anticipación y agravación de fenómenos como El Niño han causado ya este año millares de muertes en América del Sur, incendios forestales gigantescos en Asia, inundaciones sin precedentes en Alemania y en los países de la Europa central, en Portugal y España, y todo un cortejo de destrucción y sufrimientos humanos incalculables. 
La Humanidad se ha dado cita a sí misma para dentro de tres semanas en Kyoto. 
No es posible pensar siquiera que Kyoto sea un fracaso. 
Esta vez la posición de la Unión Europea es clara y este Parlamento en conjunto apoya la reducción de las emisiones en un 7, 5 % en el año 2005 y en un 15 % en el año 2010. 
Igualmente apoyamos en conjunto la comunicación del 1º de octubre de 1997 sobre el «cambio climático» , documento mucho mejor escrito y mucho más fundamentado, por cierto, que el anterior documento sobre la «Dimensión energética del cambio climático» , sobre cuyo contenido abrigamos profundas reservas. 
Ahora bien, no basta con presentar una buena propuesta como la del 1º de octubre. 
Es necesario tener, en el plano interior, un conjunto de políticas medioambientales, energéticas, de transporte, etc. que mejoren radicalmente la eficiencia de nuestro uso de la energía y de las energías renovables y reformen el sistema fiscal. 
Por desgracia, esas políticas aún no existen y, tras examinar el presupuesto para 1998, vemos que no están previstas. 
Ése es el punto débil de la estrategia europea. 
Este Parlamento ya lo ha dicho: exigimos que la Comisión y el Consejo nos comuniquen ya en enero de forma objetiva y expresada en cifras y con fechas cómo vamos a conseguir las reducciones de emisiones a que ahora nos comprometemos. 
En el plano exterior, no es posible admitir que los Estados Unidos, con el 4 % de la población mundial, sean responsables de casi el 25 % de la contaminación atmosférica del mundo. 
En Kyoto es necesario conseguir un calendario obligatorio de reducciones para los países más desarrollados y un mecanismo en el que participen todos los países en desarrollo con vistas a conseguir, a medio plazo, la convergencia y reducción de las emisiones atmosféricas por habitante en el nivel mundial. 
Los mecanismos de flexibilidad y de mercado no pueden ocultar las enormes diferencias entre los países y, si bien es exigible un esfuerzo a todos, está claro que quien más ha utilizado los recursos del planeta y quien más contamina es quien más debe esforzarse ahora. 
Señora Comisaria, señor Ministro, estaremos juntos en Kyoto, pero espero que también aquí estemos juntos en enero, cuando por fin comencemos a cumplir lo que firmamos en 1992 en Río de Janeiro en la Cumbre de la Tierra. 
Señor Presidente, yo me congratulo de que hoy tengamos la oportunidad de debatir la posición de la Unión Europea en la Conferencia de Kyoto y quiero agradecer al señor Presidente del Consejo y a la señora Comisaria su meticulosa información. 
Al mismo tiempo, sus palabras me entristecen un poco cuando recuerdo el objetivo formulado hace nueve años en Toronto, donde se habló de una reducción de un 20 % en las emisiones hasta el año 2005. 
Hoy estamos muy lejos de ese objetivo y yo me alegro de que en la Unión Europea al menos se haya establecido un objetivo claro y que se haya llegado al acuerdo de intentar conseguir una auténtica reducción en un plazo próximo. 
El señor Linkohr ha dicho que la intención sin duda existe, pero ¿podremos conseguirlo? 
A mi parecer, para alcanzar dicho objetivo, tenemos que ampliar las opciones políticas. 
Deberíamos considerar también otras opciones más allá de la cuestión energética, pues existen algunas posibilidades que nos ayudarían a generar menos gases de efecto invernadero, y no sólo en el ámbito de la energía. 
También debe considerarse la reconversión de la producción y el control de las emisiones. 
Por lo que se refiere a la energía, sin duda se trata de mejorar la eficiencia y la utilización y también de emplear formas de energía que generen menos CO2, y en este contexto pienso naturalmente en las energías renovables, como sin duda ya es sabido para todos los presentes. 
Sin embargo, también es necesaria la correspondiente reducción del consumo de energía en los medios de transporte; pronto tendremos la oportunidad de debatir esta cuestión en el contexto del programa relativo a la gasolina para los automóviles. 
Otras opciones políticas son, por ejemplo, las relativas a la agricultura y la silvicultura, y no sólo por lo que se refiere al control de las emisiones de metano, sino también en lo tocante a la preparación de nuestras plantas y nuestros bosques para un posible cambio climático, mediante nuevas repoblaciones forestales, nuevos métodos de abonado de los bosques, de manera que ese posible cambio no suponga un golpe mortal para los mismos. 
Lo digo en mi calidad de persona oriunda de una región alpina, donde el bosque tiene una gran importancia. 
Tenemos que preparar nuestra industria y también debemos preguntarnos si la industria no dispone de otras formas de producción química o metalúrgica; como también deberá examinarse la gestión de los residuos desde esta perspectiva. 
Éste es un aspecto muy importante y en este contexto me dirijo concretamente al señor Presidente del Consejo, porque sé que el tema del empleo se debatirá esta semana en Luxemburgo. 
El aislamiento térmico de los edificios no sólo permitiría reducir en un breve plazo la capacidad de los sistemas de calefacción, y con ella también las emisiones de CO2, en casi todos los Estados de la Unión, sino que también permitiría crear muchos puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas y contribuir así al bienestar de las personas. 
Sería una situación en la que todos saldrían ganando y que realmente deberíamos aprovechar, y yo espero que se formule alguna propuesta en ese sentido. 
A mi modo de ver, es totalmente incomprensible que Estados Unidos parezca razonar sólo desde una perspectiva a corto plazo y que dé prioridad al bajo precio de la energía para su economía, por delante del clima mundial. 
Yo creo que Europa necesita introducir precisamente ahora innovaciones en su economía y pienso que podríamos recuperar multiplicados por mil el posible coste de las actuales reconversiones cuando llegue el momento de pagar los elevadísimos costes del cambio climático. 
Después de Kyoto, sin duda se debatirá en esta Cámara un informe sobre la reconversión, concretamente sobre cómo y mediante qué programas podemos llevarla a cabo en la Unión, y yo espero sinceramente que no nos veamos obligados a decir luego que el acuerdo no es jurídicamente vinculante y, aun suponiendo que lo sea, los valores que establece son tan bajos que no conseguiremos alcanzar nuestro objetivo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, no es la primera vez que el Parlamento Europeo debate sobre cómo podemos contribuir de manera duradera a un auténtico cambio climático mediante una clara reducción de los gases residuales que tienen una incidencia sobre el clima. 
El Grupo del PPE coincide con el ponente en muchos, muchísimos aspectos. 
Necesitamos unos criterios claros e inequívocos que permitan adoptar realmente todas las medidas que se engloban bajo el lema de una " gestión sostenible». 
Éstas afectan a muchos ámbitos y no sólo a la política energética e industrial. 
Todo esto ya se ha señalado. 
No obstante, yo quisiera pedir, además, que abordemos todas estas cuestiones de manera no dogmática. 
También en este caso tendremos que ceder un poco, cada uno en su ámbito, con objeto de alcanzar soluciones comunes. 
La protección del clima y los buenos resultados económicos no son contradictorios sino que pueden armonizarse perfectamente, por ejemplo mediante la concesión de licencias de emisión, tal como usted ha señalado, señora Comisaria. 
Yo pienso que éste sería un enfoque adecuado. 
El Grupo del PPE no acoge favorablemente la creación de una Agencia Internacional del Clima. 
Si éste es el único resultado de Kyoto, habremos fracasado y en realidad no se habrá conseguido nada. 
Pretender resolver los problemas del medio ambiente únicamente mediante la creación de una nueva burocracia es un enfoque equivocado a nuestro parecer. 
Ya contamos con muchísimas estructuras burocráticas de ámbito europeo y también de ámbito internacional. 
Una mejor vinculación entre dichas organizaciones ya existentes, eso sí. 
En el apartado 16 de la resolución del informe Linkohr se incluye, por otra parte, una propuesta muy razonable. 
Estamos de acuerdo con ella, pero pedimos que no se cree una nueva administración, cuya tarea fundamental será ocuparse de otras administraciones. 
También quiero manifestar que el grupo del PPE apoyará la enmienda de la colega Plooij-van Gorsel. 
La OCDE también acaba de presentar este pasado fin de semana cálculos que indican que gravar con un impuesto las emisiones de CO2 puede ser una medida razonable si va acompañada, por ejemplo, de una desgravación simultánea del factor trabajo. 
Por consiguiente, éste no es en absoluto un aspecto intocable para nuestro Grupo político y apoyaremos dicha enmienda. 
Evidentemente, también debemos ejercer nuestra influencia para recordar a las demás grandes regiones económicas su responsabilidad en relación con la protección del clima. 
Ésta no será posible si las reducciones conseguidas en determinadas regiones, como por ejemplo en la Unión Europea, se traducen en un incremento de las mismas en otras regiones debido al traslado de industrias. 
Éste también es un aspecto en el cual la Unión Europea, con nuestras múltiples delegaciones, está obligada a actuar a escala mundial en colaboración con todos nuestros aliados. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la cita de Kioto representa una ocasión para afrontar con mayor rigor la cuestión del cambio climático producido por las actividades humanas. 
A través de los ecos de la prensa, me parece que se puede confiar en una actitud más comprometida de la Administración de los Estados Unidos, condición necesaria para alcanzar de forma conjunta unos resultados concretos. 
Por lo que respecta a la cuestión del desarrollo sostenible, deseo reiterar, también en nombre de mi Grupo, algunos principios inspiradores ya ampliamente expuestos por la señora Comisaria y en el informe del Sr. Linkohr. 
Primer punto: a pesar de que los datos científicos acerca de la correlación entre las actividades industriales y el cambio climático, no son del todo convincentes, el coste del riesgo es suficientemente elevado como para imponer medidas serias y urgentes. 
Segundo punto: las medidas encaminadas al respeto del medio ambiente deben llegar ante todo de los países industrialmente avanzados; el problema, sin embargo, es global y no podrá resolverse sin involucrar a los países en vías de desarrollo y de reciente industrialización. 
Tercer punto: no es cierto que todas las medidas de protección del medio ambiente crean dificultades de cara al crecimiento económico, si bien es cierto que las medidas medioambientales deben ser graduales y lo más universales posibles con objeto de no causar desequilibrios en el mercado. 
Cuarto punto: además de las técnicas en pos de la eficacia de los sistemas de producción de energía y de transporte, recuerdo también la importancia del ahorro energético. 
Este aspecto se aborda en el informe del Sr. Linkohr. 
El punto que se refiere al impuesto comunitario sobre la energía fue aprobado en la Comisión de Investigación gracias a nuestro apoyo. 
La interpretación es que es bueno armonizar los distintos impuestos en materia de energía a escala comunitaria, a ser posible con un efecto global neutro. 
En cuanto a la acción que la Comisión deberá desplegar en la Conferencia de Kioto, confío en que se alcance una ambiciosa posición común con los Estados Unidos, porque esto daría lugar a un más amplio consenso de países. 
No creo que se puedan seguir aceptando otras desventajas competitivas con respecto a la industria americana. 
Presidente, Señorías, Comisaria, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Linkohr por su excelente informe. 
La energía duradera procedente de fuentes renovables sólo puede crecer difícilmente, y eso es debido en gran parte a la no existencia de un mercado apropiado para ella en este momento. 
El petróleo y el gas siguen siendo los dominadores del consumo de energía. Sin embargo, la industria es de la opinión de que la energía duradera tiene futuro. 
Shell, por ejemplo, invertirá mil millones de florines en una nueva división para energía solar. Con ello, Shell sigue los pasos de British Petroleum (BP) , que ya tiene una división aparte para energía solar. 
Tanto Shell como BP se concentran en la rebaja del precio de los paneles solares para así desarrollar un mercado. 
Por otra parte, las inversiones en países en vías de desarrollo pueden desempeñar aquí un papel crucial. 
Después de todo, dos tercios del mundo no están conectados todavía a la red eléctrica. 
Los proyectos de energía solar a gran escala contribuyen al desarrollo de las comunidades rurales y fomentan el uso de las fuentes de energía renovable, evitando así las emisiones de CO2. 
Mi Grupo, por lo tanto, considera que la política- y más que nadie Europa- tiene la tarea de apoyar este tipo de desarrollo. 
Asimismo, pensando en Kyoto, el Grupo Liberal lamenta que el Consejo se niegue una y otra vez a conceder los medios suficientes a los programas encaminados al fomento de energía duradera y energía eficaz. 
El sol no sale en vano y confío en que el Consejo reconozca pronto esto. 
Concluyendo, Presidente, el Grupo Liberal considera que un impuesto sobre la energía a escala comunitaria sólo es viable y aceptable si hay en contrapartida una rebaja en el impuesto sobre el trabajo que haga que la capacidad competitiva de nuestra industria siga al menos igual. Sólo eso llevará a la creación de empleo en Europa y a la conservación del ya existente. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo mostrar el acuerdo de nuestro Grupo con el informe del Sr. Linkohr y con las matizaciones que se han hecho, y también con la propuesta de una Agencia Internacional del Clima, que nos parece muy positiva. 
Precisamente, procedo de una región- la región de Murcia- que como Valencia, Andalucía y Extremadura, en España, o como otras regiones de Portugal u otras partes del mundo, ha sufrido las consecuencias de terribles inundaciones y lluvias que se pueden atribuir a este efecto del cambio climático. 
Por ello, ya estamos muy sensibilizados sobre la importancia de la cumbre de Kyoto y de la aportación que la Unión Europea debe hacer a esa Cumbre. 
Sin embargo, nos parece que es imprescindible ir al fondo de la cuestión y no mirar hacia otro lado cuando algo no nos gusta. 
Y me refiero a que la causa de estos problemas radica en el modelo de crecimiento industrial irreversible que persigue aumentar continuamente los beneficios del capital, el producto interior bruto, la rentabilidad y la competitividad, sin tener en cuenta la satisfacción de necesidades sociales, la situación de la calidad de vida en todo el mundo. 
Hace falta un cambio de modelo y pasar directamente a un modelo de desarrollo sostenible, de respeto a la naturaleza, que haga compatible una evolución de la sociedad en esa dirección. 
Por ello, aunque estamos de acuerdo con el informe, pensamos que hay que introducir elementos básicos como el compromiso firme, ya contraído en Toronto, de la Unión Europea de avanzar en la reducción y no justo lo contrario, que es lo que está ocurriendo. 
Estamos aumentado un 2 % el consumo energético y así no se va a ningún sitio. 
Y, además, hay que incluir otros gases en el conjunto de gases de efecto invernadero, así como también modelos diferentes alternativos en todo lo que supone consumo energético. 
Y también haría falta destinar más fondos para poder mejorar la situación en Europa y lograr un compromiso al respecto de los tres grandes: Estados Unidos, Europa y Japón. 
Cinco años después de Río es preciso constatar que se ha hablado mucho, se ha hecho mucho ruido- lamentablemente también aquí a mis espaldas -, ¡pero no se ha conseguido absolutamente nada! 
Las comunicaciones de la Comisión en relación con este tema tampoco son lamentablemente de mayor utilidad. 
Son imprecisas, faltas de ambición, poco decididas y los errores más graves son de cálculo, datos que sencillamente no son exactos. 
Nuestro objetivo es conseguir una reducción del 15 % hasta el año 2010. 
La Comisión dice ahora que para ello se requerirán nuevas plantas nucleares. 
Aun sin entrar a considerar que esta propuesta no encontraría aceptación en la mayoría de los países miembros y de que los costes han pasado a ser entre tanto muy superiores a los de las centrales de producción de energía de gas-vapor, en cualquier caso su construcción requeriría unos 10-12 años, hasta el año 2012 o el 2010 como muy pronto. 
¿Qué haremos entre tanto? 
Lo que necesitamos es una revolución en la eficiencia energética. 
Lo que necesitamos es una transformación de nuestros sistemas de transporte, que son la causa principal del incremento de las emisiones de CO2. 
Lo que necesitamos es un impuesto energético y, naturalmente, también necesitamos normas consistentes en favor del suministro de energías renovables. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente del Consejo, la semana pasada, manifestantes de Greenpeace reunidos ante la embajada de los Estados Unidos en Luxemburgo derritieron bloques de hielo para simbolizar el deshielo que se producirá en la capa de hielo que cubre los polos por el efecto invernadero. 
Si, por un lado, los manifestantes de Greenpeace querían sobre todo demostrar que la postura de los Estados Unidos estaba lejos de ayudar a la causa del medio ambiente, las ONG consideran, por su parte, que las propuestas de la Comisión también están lejos de poder servir a esta causa y, sin duda, no permitirán impedir un agravamiento del efecto invernadero. 
Dicho esto, hay que admitir que las vías propuestas por la Comisión merecen ser tomadas en consideración. 
Se trata, en este caso, de la eficacia energética, de la aceleración de la penetración de las fuentes de energía renovables y, sobre todo, de los instrumentos fiscales. 
En este contexto, señor Presidente, debo recordar las propias palabras del Presidente del Consejo, Sr. Junker, que la semana pasada declaró que se debían reducir los impuestos sobre el trabajo, dejar de gravar el trabajo, pero también introducir a escala europea impuestos sobre el CO2 y sobre la energía. 
Me complace mucho que, por una vez, las ideas de los ecologistas no hayan caído en saco roto y creo que si la Unión Europea desea realmente tener credibilidad en Kyoto, debemos empezar a crear primero aquí impuestos, por ejemplo, sobre la energía. 
Señor Presidente, cuando hablamos de calentamiento climático, creo que debemos ser prudentes, pues en el momento actual no hay nada que nos permita afirmar que las causas que provocan el calentamiento climático sean humanas. 
Había mucho menos hielo hace algunos siglos que ahora. 
Dicho esto, no cabe duda de que se impone la prudencia y de que es conveniente que nos encaminemos hacia una disminución de la producción de gases de efecto invernadero. 
Pero en este caso la política practicada, especialmente por la mayoría de esta Asamblea, merece ser revisada al menos en dos aspectos. 
Veamos en primer lugar la política de mundialización. 
La política de libre cambio y de librecambismo generalizada, que nuestra Asamblea practica mediante la aprobación regular, mes tras mes, de acuerdos de libre cambio, favorece un aumento de la producción de gases de efecto invernadero; en efecto, cada vez que se aprueba un acuerdo de libre cambio se produce un incremento de tráfico, de los movimientos de personas y, por supuesto, del volumen de las mercancías transportadas, lo que favorece precisamente la producción de gases de efecto invernadero. 
Si queremos producir menos gases de efecto invernadero, aprobemos menos acuerdos de libre cambio. 
Mi segunda observación se refiere al campo de la energía; si deseamos reducir la producción de gases de efecto invernadero, más que combatirlos optemos por energías que produzcan menos gases de efecto invernadero. 
Y a la pregunta de cuál es la energía que produce menos gases de efecto invernadero hay que responder simplemente que es la energía nuclear. 
Por otra parte, resulta que el país de la Unión Europea que produce menos gases de efecto invernadero por habitante es Francia, por la sencilla razón de que es el país más nuclearizado de los Quince. 
En este capítulo, también, las mayorías que componen esta Asamblea deberían mostrar un poco de espíritu crítico y de introspección si quieren reducir la producción de gases de efecto invernadero. 
Por último, en otro orden de cosas, nuestra Asamblea no da precisamente buen ejemplo; con los desplazamientos múltiples que impone y sus inmensos edificios de cristal, no es que pueda decirse que no produce ningún gas de efecto invernadero, pero esto ya es otra cuestión. 
Señor Presidente, actualmente hay una campaña publicitaria muy cara en la televisión de los Estados Unidos en la que personas como el presidente de la empresa Chrysler cuentan mentiras. 
Mentiras de este tipo: » Si se adoptaran las medidas necesarias, nuestra vida se caracterizaría por luces mortecinas, aparatos de aire acondicionado apagados, sacrificio de nuestra competitividad industrial y reducción de nuestro crecimiento económico». 
Eso es mentira. 
Es una mentira que las fuerzas del mercado estén garantizando un comportamiento eficiente. 
Si adoptáramos políticas sensatas, podríamos hacer tres cosas que casi eliminarían el problema del cambio climático. 
Si se utiliza la energía de una forma que ahorre dinero- si, por ejemplo, los electrodomésticos son eficientes -, más de la mitad de la amenaza para el clima desaparece. 
Si los métodos agrarios y silvícolas cogieran el carbono del aire y lo devolvieran al suelo y a las plantas, que es donde debe estar, se eliminaría otra cuarta parte. 
Y el resto desaparecería si se adoptaran medidas sobre otros gases que producen el efecto de invernadero, como los CFC y el metano. 
Si nuestros edificios y, en particular, nuestras casas estuvieran diseñados de forma idónea, podríamos arreglárnoslas sin apenas equipo de calefacción y de acondicionamiento del aire. 
Yo estuve en el Instituto de las Montañas Rocosas en plena nevisca y con muy poco equipo de calefacción en funcionamiento y estuve contemplando y admirando los plátanos. 
Eso es enteramente posible. 
Se puede estar con una temperatura de115º en California y sentirse a gusto utilizando muy poca electricidad. 
Las centrales eléctricas producen un tercio de electricidad y dos tercios de calor sobrante. 
Si se combinara el calor y la energía, se podría eliminar esa situación. 
Si nos centráramos en los hiperautomóviles, podríamos lograr economías de combustible del 70 % al 90 %. 
En los Estados Unidos la gasolina cuesta menos que el agua mineral embotellada. 
Si tuviéramos más cuidado con nuestra forma de vida y los materiales que utilizamos, como acaba de decir con mucha claridad el Sr. Marset Campos, podríamos eliminar ese tipo de problema. 
Pensemos en el mundo en desarrollo y en sus necesidades en materia de energía. 
La eficiencia energética en el mundo en desarrollo es pésima. 
Es espantosamente deficiente. 
Una cosa vergonzosa que hacemos es emprender transferencias negativas de tecnología y vender deliberadamente mercancías en el mundo en desarrollo que no son lo bastante eficientes energéticamente para que las utilicemos en nuestro mundo. 
Es una vergüenza. 
Por fortuna, donde viven los pobres, con frecuencia hay mucho sol, lo que abona claramente la tesis de que en el mundo en desarrollo se debe utilizar la energía renovable. 
Las células energéticas son la tecnología del futuro. 
La energía nuclear en los Estados Unidos ha costado un billón de dólares de EE.UU.: un millón de millones de dólares. 
Y, sin embargo, por ser tan cara, no está aumentando, como tampoco en la Europa occidental. 
De hecho, en los Estados Unidos, produce menor energía que la leña, aun habiendo costado tanto. 
Se debe examinar detenidamente la cuestión de los impuestos a la energía. 
Cierto es que son un mecanismo, pero debemos asegurarnos de que no tengan otros efectos no deseados. 
Me están resultando atractivos los permisos negociables como forma de satisfacer nuestra necesidades. 
En los Estados Unidos- y hablo tanto de ese país porque lo visité recientemente para estudiar detenidamente lo que está sucediendo en él -, tienen permisos negociables sobre el dióxido de azufre. 
Los beneficios han sido mucho mayores de lo que nadie podía haber previsto. 
Una vez que cuesta dinero contaminar, se tiene mucho cuidado. 
Están surgiendo experiencias innovadoras. 
Un grupo de niños de Nueva York han comprado permisos negociables sobre el dióxido de azufre y los conservan y nos los venden para prevenir la contaminación. 
Otros se venden, por lo que convengo con quienes dicen que no debemos hacer cargar con toda la responsabilidad al mundo en desarrollo. 
Pero los permisos negociables parecen funcionar. 
En una cuestión como la del cambio climático, la Unión Europea justifica su existencia. 
Es un poderosos bloque de países cuyas condiciones climáticas no podrían ser más diversas desde Laponia hasta las islas de Grecia y en donde hay una enorme variedad de condiciones económicas. 
Debemos utilizar esa fuerza en Kyoto para mostrar lo que podemos hacer. 
Señor Presidente, los aspectos esenciales ya se han expuesto. 
Yo querría limitarme, por lo tanto, a señalar sólo algunos hechos y a describir la situación, que en realidad no es demasiado favorable. 
Todos estamos de acuerdo sobre el fondo de la cuestión: tenemos que hacer algo para mejorar el clima y para reducir nuestras emisiones de CO2. 
No coincidimos en cuanto a los objetivos. 
¿Qué porcentaje de reducción queremos intentar alcanzar realmente? 
¿Cuán rápido debe ser el proceso? 
Existe una absoluta confusión por lo que se refiere a los métodos mediante los cuales nos proponemos alcanzar los citados objetivos, que ni siquiera están bien definidos. 
Yo me pregunto, Sra. Bloch von Blottnitz, ¿qué esperamos en realidad de la Comisión? 
La Unión Europea es demasiado pequeña, frente a este problema global, para intentar solucionarlo sola. 
También necesitamos al menos la colaboración de Estados Unidos. 
En nuestra calidad de Estados industriales debemos demostrar una actitud decidida y adelantarnos a dar ejemplo. 
Estamos obligados a dar ejemplo y a mostrar a los Estados que todavía se encuentran en proceso de desarrollo industrial que existen otras vías distintas de la que nosotros seguimos. 
Dichos Estados no deben repetir nuestros mismos errores. 
Necesitamos acuerdos voluntarios, por los que mi Grupo político y yo mismo apostamos, que luego puedan cumplirse. 
Según las estimaciones optimistas, en el año 2050, la Tierra tendrá 8.000 millones de habitantes. 
Otras estimaciones prevén una cifra aún superior. 
Si estos 8.000 millones actúan como los 5.000 millones actuales, nuestro planeta en verdad ya estará próximo a su fin. 
¡Tenemos que actuar ya! 
El del calentamiento de la Tierra es un problema que la Unión Europea no puede pasar por alto. 
Los EE.UU. deben desempeñar también su papel en el Japón. 
El calentamiento de la Tierra es un problema de tal magnitud, que las políticas nacionales por sí solas no son eficaces. 
La cooperación internacional es lo esencial. 
Si se mantienen las emisiones de autobuses y automóviles en sus niveles actuales, la temperatura media podría aumentar el 2 % en comparación con los niveles de 1990. 
Vale la pena tener presente que un aumento del 1 % puede provocar daños en el ecosistema. 
Ya ha habido inundaciones catastróficas en Portugal, España, Somalia y México este año. 
Dichas catástrofes, aunque importantes en sí mismas, pueden ser tan sólo un presagio de otra mayor catástrofe mundial en el futuro. 
Me preocupan los posibles daños que puede sufrir el ecosistema irlandés y que pueden tener efectos peligrosos en la agricultura irlandesa y en nuestro sector turístico. 
En Irlanda, como en toda la Unión Europea, todos los sectores deben poner de su parte a la hora de abordar el calentamiento de la Tierra. 
Por mi parte, recelo de las propuestas de introducir nuevas formas de fiscalidad. 
Creo que serán los sufridos consumidores los que acabarán pagando el pato. 
En un informe que acaba de hacer público el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Irlanda se ha procurado expresar en cifras el costo de la reducción de las emisiones de gases relacionadas con el calentamiento de la Tierra. 
Los costos que entraña son bien reales y tienen consecuencias directas para los puestos de trabajo, los consumidores y la generación de electricidad. 
Sin embargo, es necesario adoptar medidas serias y, para empezar, debemos examinar lo que se conoce como gestión «incentivadora de la demanda». 
El fomento de la conservación de la energía corresponde a la oferta y debemos velar por que los positivos combustibles y sistemas de generación de electricidad substitutivos y las fuentes de energía renovable indiquen la vía por la que avanzar. 
Debemos fomentarlos. 
En mi informe he dicho que la Unión Europea debe establecer cuanto antes un sistema riguroso de vigilancia del dióxido de carbono y otras emisiones de gases que provocan el efecto de invernadero. 
Presidente, afrontamos con optimismo las negociaciones en Tokio. 
Pero aunque en Tokio no se alcance un resultado satisfactorio, la Unión Europea deberá mantener firmes sus objetivos. 
Si no lo hace, existe el peligro adicional de que los Estados miembros se retiren también por separado de los objetivos y por eso no comprendo en absoluto a la señora Comisaria al no querer compartir la posición que Carlos Pimienta y nosotros mismos hemos establecido en la resolución. 
Debemos mantener los objetivos de la Unión, aunque el resultado en Kyoto no sea satisfactorio. 
Presidente, el resultado durante la presidencia neerlandesa puede verse. Burdensharing fue un buen asunto. 
Pero eso implica una responsabilidad adicional para los Estados miembros del norte. 
Alemania deberá llevar a cabo una reducción del 25 por ciento en el 2010. 
Mi propio país, los Países Bajos, una reducción del diez por ciento en el 2010. 
Será muy difícil alcanzar los objetivos, tanto más cuando también la mayoría del Grupo Liberal- mientras que no se solucione el problema de los residuos- no ve la energía nuclear como una posibilidad de solución duradera para combatir las emisiones de CO2. 
«Quien viva para entonces que se preocupe por ello» es un refrán neerlandés. 
Porque a pesar de esas dos veces 750 millones de florines que el Gobierno neerlandés ha puesto a disposición, nuestro país no logrará disminuir en esa medida las emisiones de CO2. 
En el año 2000 no emitiremos el tres por ciento menos con respecto a la década de los noventa, sino que se puede esperar que emitamos un diez por ciento más. 
En este sentido, la postura de los Estados Unidos parece más realista. 
Naturalmente, debemos intentar conseguir sacarles más que el objetivo de estabilización en el 2010. Pero a quien le toca mover ficha es a los Estados Unidos, y en eso debemos seguir trabajando en Kyoto. 
Y no seamos demasiado optimistas por nuestra fuerte posición, sobre cuya viabilidad existe gran escepticismo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estoy de acuerdo con mi compañero de Grupo, Pedro Marset, cuando dice que un modelo económico diferente que nos condujera a un desarrollo sostenible sería la medida más importante para acabar con esta catástrofe medioambiental que nos amenaza. 
También estoy de acuerdo con los grupos ecologistas cuando defienden que la postura de la Unión Europea es tímida y que debería intentarse una reducción más importante en el año 2005. 
Pero, realmente, lo que tenemos encima de la mesa como más avanzado es hoy la propuesta de la Unión Europea. 
Eso es lo que tenemos en realidad. 
Por eso yo estoy de acuerdo con el ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Pimenta, y con la resolución y las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
De todas ellas, la más importante a mí me parece- lo acaba de decir el Sr. Eisma- la que indica que la Unión Europea debe mantener su posición y no rebajarla aunque otros países sigan siendo ciegos. 
Sé que ello es muy difícil, porque enseguida Europa piensa en su competitividad, pero si Europa no lleva a cabo esa decisión de reducción, los otros países no lo harán nunca. 
Es muy importante esa frase que usted dijo tan adecuada, señora Comisaria, de que Estados Unidos da un paso significativo en las reuniones preparatorias en la dirección equivocada. 
Bien, pues no nos dejemos llevar por Estados Unidos y Japón y pongamos encima de la mesa nuestra posición, que es la más razonable hoy, aunque sea de mínimos. 
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Comisaria cómo puede la Unión Europea ofrecer con tanta confianza las reducciones que ha ofrecido en las negociaciones preliminares de Kyoto y, aunque se nos ha dicho esta noche lo importante que son esas metas- el 7, 5 % en el año 2005 y el 15 % en el año 2010 -, cómo podemos alcanzarlas. 
No damos muestras de aplicarlo en la práctica y, evidentemente, no es posible lograr el éxito sin objetivos, metas, incentivos y sanciones claros. 
La Comisión ha hecho varias propuestas de programas- THERMIE II, SYNERGIE, SAVE II- que, sin embargo, no fueron aceptados por el Consejo o no se les asignó una financiación adecuada. 
Además, todos los avances hacia la introducción de un impuesto al CO2 han fracasado en el Consejo. 
El método más eficaz para lograr una reducción considerable de las emisiones sería un impuesto sobre el CO2 en toda la Unión Europea. 
Con ello se limitarían las emisiones dentro de la Unión Europea a largo plazo y se haría avanzar una estrategia que reduciría al mínimo el costo económico total. 
Se debería utilizar un impuesto al CO2 aplicado a todos los contaminadores para reducir otros impuestos y se debería aplicar igualmente a todos los sectores: por ejemplo, la agricultura y los altos hornos. 
No se debería favorecer a nadie para no socavar el fundamento de semejante impuesto. 
Señor Presidente, yo procedo de un país del que se puede decir sin miedo a equivocarme que es el mejor dotado enérgicamente de Europa, a saber, Escocia. 
Pero hoy no quiero hablar de Escocia. Quiero hablar de países del otro extremo del mundo, como, por ejemplo, Kiribati, Tuvalu y Bangladesh, que serán los más afectados por el aumento del nivel del mar, si no adoptamos medidas inmediatamente. 
Me gustaría saber si esta Asamblea podría permanecer impasible ante la desaparición del mapa de esos pequeños países como Kiribati y Tuvalu y la generalizada devastación de Bangladesh, una de las zonas más populosas del mundo. 
Ésa es la razón por la que este debate es tan importante. 
Quisiera recomendar las observaciones formuladas por nuestra colega la Sra. McNally. 
Espero que la Comisaria haya tomado copiosas notas y que las utilice como proyecto básico para lograr más avances. 
Hay tanto en juego y, aunque la UE no es el mundo, por lo que no podemos cargar con todo el peso del mundo sobre nuestros hombros, hagamos al menos un alegato en pro de las políticas y las metas correctas y vayamos al Japón con una actitud decidida para intentar salvar el planeta de una catástrofe. 
Señor Presidente, a lo largo de todo este año, a medida que pasábamos de la reciente cumbre del G8 a la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas y después a las negociaciones previas a la conferencia sobre el cambio climático en Kyoto, ha resultado evidente que hay claras divisiones a escala mundial respecto del calentamiento de la Tierra, en particular sobre las metas para reducir las emisiones del principal gas causante del efecto de invernadero: el CO2. 
La actual serie de debates ha continuado durante todo el otoño y aún no han concluido, pero resulta totalmente claro que en Kyoto debemos adoptar alguna forma de decisión en firme sobre la reducción de las emisiones de los gases que provocan el efecto de invernadero- en particular, el CO2- y que debe ser al final del año, a más tardar. 
Me complace decir que hasta ahora la Unión Europea ha mantenido una posición honorable. 
Proponemos que los países industrializados reduzcan en el año 2010 los gases que causan el efecto de invernadero en un 15 % respecto de 1990. 
Esta noche quiero hacer un llamamiento aquí a la Comisión y al Consejo para que no retrocedan respecto de esa posición. 
De hecho, los insto no sólo a que no retrocedan respecto de esa posición, sino también a que procuren conseguir incluso un acuerdo más amplio sobre la necesidad- de principio, desde luego- de adoptar medidas en el futuro que entrañen una paralización de las emisiones en el siglo próximo y posiblemente reduzcan la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra de una paralización de las emisiones de 550 partes por millón a otra tal vez tan baja como 350 partes por millón. 
No podemos retroceder respecto de esa posición, debemos reconocer que las negociaciones de Kyoto son tan sólo el primer paso. 
Hace dos semanas formé parte de la delegación al Japón. 
Pasé tres días en Tokio hablando con diputados japoneses, el Ministro del Medio Ambiente y varios otros ministros. 
Me resultó claro que estarían dispuestos a avanzar más. 
La posición anunciada por su Primer Ministro, presionado por su ministro de Industria, no era una posición que hubieran acordado por consenso. 
Resulta claro que estarían dispuestos a avanzar más y, si los presionamos, lo harán. 
Debemos aprovechar esta oportunidad; debemos unirnos a ellos para presionar incluso a los americanos para que acepten algún tipo de medida. 
Quisiera subrayar que existe toda una serie de cuestiones sobre las que debemos poder encontrar un punto de confluencia. 
Debemos estar dispuestos, por ejemplo, a considerar la posibilidad de introducir muy rápidamente la transferencia de tecnología a los países en desarrollo para velar por que no lancen una nueva serie de emisiones de CO2 que no se puedan controlar. 
De hecho, no podemos descartar la posible utilización futura de la energía nuclear de forma segura y sostenible. 
No podemos pasar por alto la posible utilización de la ejecución conjunta. 
Con las suficientes salvaguardias, estoy seguro de que podría ser un paso adelante. 
Debemos comprender que la cuestión no es sólo el CO2: hay otros gases que provocan el efecto de invernadero y que debemos abordar, tienen que formar parte del tratado. 
Insto a que se adopte una actitud de cautela sobre la cuestión de los permisos negociables. 
Es un instrumento que hasta ahora no ha dado demasiados resultados. 
Vale la pena investigarlo, pero yo no creo que sea algo a lo que debamos lanzarnos a la hora de intentar lograr un acuerdo en Kyoto. 
Por último, insto a la Comisión a que no atenúe su posición declarada. 
Antes bien, debemos decir que éste es tan sólo el primer paso. 
Todos tenemos el futuro en nuestras manos. 
La Comisión y el Consejo en particular tienen el futuro en sus manos. 
Las generaciones futuras quieren que se mantengan firmes. 
Señor Presidente, felicito al Presidente en ejercicio y a la Comisaria tanto por sus declaraciones de hoy como por su infatigable viajar en pro de esta causa, aunque a veces me pregunto, mientras recorremos el mundo como centellas, qué tipo de huellas ecológicas estaremos dejando tras este debate. 
Permítaseme recomendar la resolución Pimenta a la Asamblea y centrar mis observaciones en lo que hay que hacer en Kyoto. 
Como saben perfectamente nuestros dos colegas, hay dos debates en realidad en Kyoto: uno a corto plazo sobre los calendarios y las metas, en el que nosotros somos los buenos y los americanos y los japoneses los malos. 
Los americanos son malísimos bajo la presión de esa publicidad por valor de 30 millones de dólares organizada por la industria de los combustibles fósiles. 
Habría sido más propio hablar de 30 denarios. 
Pero hay un debate más importante oculto tras esa discusión sobre calendarios y metas. 
Es el debate a largo plazo sobre el establecimiento de un mandato para después de Kyoto que propicie lo que, como señalan con razón los americanos, necesitamos: » una respuesta mundial ante un problema mundial». 
Eso requiere la creación de algún tipo de marco intelectual en el que participen también los chinos, los indios y el resto del mundo en desarrollo. 
Eso se tiene que hacer a partir del llamado análisis de la convergencia y la contracción, compartiendo equitativamente las responsabilidades relativas a las emisiones permisibles dentro de un límite máximo mundial acordado por todos. 
La Comisaria ha hablado de que el debate está en una encrucijada y se ha ofrecido a tender un puente. 
No estoy seguro de que lo único que deba usted tender sean puentes, Comisaria, necesitamos cierto desarrollo institucional serio que comprenda una idea equitativa y que pueda ensanchar la imaginación histórica de todos los participantes. 
Tenemos, desde luego, un buen precedente para hacerlo, porque esta Unión Europea de la que formamos parte está basada en una idea de equidad, basada en un sentido de la historia a largo plazo. 
Es hora de que usted y el Presidente en ejercicio vayan a Kyoto y ofrezcan algunas de las enseñanzas que hemos obtenido en la Unión Europea, además de nuestras recomendaciones sobre calendarios y metas, porque vamos a necesitar una institución para que gestione la aplicación, los permisos negociables sobre las emisiones y lo demás. 
Le deseo suerte en Kyoto, ¡y allí estaré pendiente de usted! 
Señor Presidente, Señorías, pasamos del calor agobiante al frío intenso y de las lluvias violentas a la sequía. 
Han dejado de existir las estaciones intermedias, ya que en primavera y en otoño se alternan temperaturas muy altas, como si se tratara del mes de julio, y temperaturas muy bajas, como si fuera enero; los vientos son fuertes y a veces devastadores. 
Según la FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, los efectos de El Niño podrían ser preocupantes para los cereales, la tapioca, las semillas oleaginosas, el café, el azúcar, el té, los plátanos, las frutas tropicales, los cítricos, la uva y las hortalizas y las repercusiones podrían retrasar la siembra del arroz. 
El Grupo de Trabajo ACP-Unión Europea sobre los cambios climáticos y los pequeños Estados insulares que presido, presentó una propuesta de resolución, aprobada por unanimidad por la Asamblea Paritaria el 30 de octubre de este año en Lomé, sobre la cooperación ACP-UE en materia de cambio climático y sobre la Tercera Conferencia de las partes que se celebrará en Kioto el próximo mes, a fin de adoptar en esa Cumbre un protocolo vinculante u otro instrumento jurídico que produzca reducciones de gases de efecto invernadero sobre la base del mandato de Berlín, a pesar de que sentimos no poder estar presentes o representados en la ciudad japonesa. 
La variabilidad climática y el aumento del nivel del mar provocan la erosión de la costa y los pequeños Estados insulares ACP están especialmente preocupados, porque son más vulnerables en el sistema global de los cambios climáticos. Habida cuenta de que sus actividades económicas y sociales están concentradas fundamentalmente en las zonas costeras, cualquier pequeños aumento del nivel del mar tiene un significativo y profundo efecto en la economía local y las condiciones de vida, a veces incluso con la destrucción total de las infraestructuras y de los edificios. 
Es por esto que los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, señalados en las posiciones negociales de la Unión Europea en un 15 % en el año 2010, con un objetivo intermedio de al menos un 7, 5 % en el año 2005, no representan en absoluto el mínimo aceptable, por no decir que, en realidad, se debería aspirar a una reducción del 20 % en el año 2005. 
Consideramos, en consecuencia, que el próximo año será preciso llevar a cabo un profundo debate sobre las diferentes opciones energéticas deparando una atención especial a la energía nuclear, la energía hidroeléctrica y las demás energías renovables que no emiten CO2. 
Concluyo con el deseo de que la Conferencia de Kioto logre un acuerdo también con los Gobiernos cuya visión es diametralmente opuesta. 
Señor Presidente, si he entendido bien todo lo que se ha dicho, en Kyoto tenemos un objetivo realista pero el problema es si tenemos socios- y ante todo serios y fiables- que compartan este objetivo y las políticas complementarias. 
Quiero, pues, preguntar al Consejo y a la Comisión: ¿Tienen, o creen tener, los medios para ejercer una presión eficaz hacia los Estados Unidos, como para celebrar un acuerdo serio, firme y fiable, sobre objetivos como los que hemos escuchado hoy aquí y sobre sus políticas complementarias? 
¿Cuáles son estos medios? 
¿Y tienen ustedes la intención de utilizarlos? 
Porque, si no existen estos medios, quisiera preguntar, por lo menos, si están dispuestos a llevar a cabo una información a gran escala y una movilización de los ciudadanos en lo concerniente a este problema tan serio, a las propuestas que hay para resolverlo, y a de qué forma podemos solucionarlo; de modo que, al menos a nivel de la propaganda, podamos enfrentarnos a la de los Estados Unidos y de otros países, que degradan la cuestión y ridiculizan los esfuerzos por un cambio de política. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, todos sabemos que para salvar a las personas y al medio ambiente es preciso que por fin se alcance un acuerdo sobre la protección del clima con vistas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
El punto central del informe Pimenta es que nos pronunciamos a favor de una reducción del 15 % hasta el año 2010, aunque en Kyoto no se adopte un protocolo vinculante. 
Señora Comisaria, su intervención me ha dejado totalmente decepcionada. 
Si la he entendido bien, usted ha dicho que no está preparada para adoptar dichas medidas. 
¿La Comisión no está preparada para predicar con el ejemplo? 
A mi modo de ver, sólo conseguiremos credibilidad si dejamos claro que- independientemente de cuál sea el resultado de Kyoto- estamos dispuestos a realizar una reducción del 15 % hasta el año 2010. 
Si no lo hacemos, nos estaremos cobijando tras las espaldas de los destructores del clima de Estados Unidos y Japón. 
Yo pienso que eso equivaldría a una declaración de intenciones por lo que se refiere a la política medioambiental. 
Sería un retroceso que la Comisión no dejara claro que estamos dispuestos a mantener la credibilidad en relación con este tema, que estamos dispuestos a reconocer por fin que se está produciendo una catástrofe climática a escala global, y si no nos disponemos a dar algunos pasos. 
Las inundaciones en Europa han dejado claro, a mi parecer, que ya no estamos muy lejos de la catástrofe climática. 
Yo le pido encarecidamente, señora Comisaria, que por fin predique con el ejemplo y se manifieste a favor de la reducción de nuestras emisiones de CO2, con objeto de que también podamos ejercer presión sobre los demás destructores del clima. 
Señor Presidente, a pesar de todo, el consumo de energía continua creciendo a escala mundial. 
Como consecuencia de este aumento de consumo aumentan también las emisiones de CO2, estimándose que este crecimiento llegará al 8 % en el año 2010. 
Las medidas de política energética que vamos a adoptar deben ser medidas a largo plazo y es preciso avanzar gradualmente en dirección a una reducción sustancial de las emisiones de CO2. 
Es muy importante conseguir que en la reunión de Kioto, los grandes estados como, por ejemplo, los Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá, se comprometan con los objetivos a establecer para después del año 2000. 
Han transcurrido ya cinco años desde la Conferencia de Rio y ha llegado el momento de establecer acuerdos reales y calendarios precisos. 
Una simple política energética no resuelve el problema del calentamiento del planeta. 
Por ejemplo, las emisiones del tráfico, que están experimentando un constante crecimiento, son las principales responsables del aumento de los gases que causan el efecto invernadero en nuestra atmósfera. 
Hay que tener en cuenta que la energía nuclear puede aumentar las opciones energéticas y, en especial, puede disminuir las emisiones de CO2. 
No es posible basar toda la producción energética en las fuentes renovables de energía. 
La proporción de esta energía en toda la producción energética es mínima. 
El fomento de la silvicultura en bases sólidas a escala mundial es una forma eficaz de lucha contra las alteraciones climáticas. 
Los árboles absorben el CO2 en la fotosíntesis. 
Nuestro deber es procurar que en el lugar de los árboles crezcan, de un modo u otro, nuevos árboles. 
Como conclusión, tengo que decir que no logro creer en la idea de la creación de una Agencia Internacional del Clima. 
El apoyo político en la ejecución de una política climática es necesario, pero no se vuelve efectivo con el aumento del aparato de la burocracia. 
Señor Presidente, uno de los grandes desafíos ecológicos de nuestro tiempo es limitar la emisión de gases que dan origen al efecto invernadero. 
Aunque hoy cambiásemos radicalmente de política, sabemos que la emisión de gases va a aumentar durante los decenios venideros. 
Esto exige cambios grandes y rápidos en nuestras políticas de transporte y energía. También se requiere imponer tributos bastantes altos al anhídrido carbónico. 
Obviamente, nuestro grupo apoya el informe Linkhor que es bueno y concreto, del mismo modo apoyamos la propuesta sobre las funciones de vigilancia y las posibilidades de sanción que son muy importantes. 
Frente a la reunión de Kioto, la línea y las propuestas de la UE son mejores que las de los americanos. 
A pesar de esto, las propuestas de la UE no son suficientes, si tenemos en cuenta lo que la naturaleza es capaz de soportar. 
Los límites de la naturaleza tienen que ser, en todo caso, más importantes que los límites que ponen los Estados Unidos. 
Esto tiene que significar que la Unión Europea, independientemente de los resultados en Kioto, tiene que continuar intentando alcanzar las metas trazadas. 
En consecuencia, estoy de acuerdo con Eisma y González Álvarez por ejemplo, que han señalado esto aquí anteriormente. 
También quisiera destacar el lamentable punto de vista sueco en esta materia. 
Suecia es uno de los países que fríamente calcula que va a aumentar la emisión de anhídrido carbónico en los próximos años. 
Señor Presidente, yo quiero dar las gracias a los Sres. Linkohr y Pimenta por los informes que han elaborado en nombre de ambas comisiones. 
Yo fui uno de los dos representantes del Parlamento Europeo en la Conferencia de seguimiento de Río que se celebró en Nueva York. 
En aquella ocasión alabé mucho a la Comisión, porque ya entonces se manifestó a favor de unos objetivos de reducción ambiciosos con vistas a la Conferencia de Kyoto, si bien es preciso reconocer que, a la vista de la situación que ha descrito acertadamente el Sr. Linkohr, esto sólo puede ser un primer paso y en realidad es insuficiente. 
Sin embargo, es lo que resulta factible por el momento y, por lo tanto, tenemos que apoyar a la Comisión en este aspecto. 
El desastre climático tendrá muchas consecuencias catastróficas, como ya se ha mencionado. 
Yo sólo quisiera señalar un aspecto en el que quizá sería necesario hacer mayor hincapié en el debate público, concretamente el de las repercusiones para la salud. 
Con el desplazamiento de las zonas climáticas tendremos también en Europa enfermedades tropicales que hasta ahora no existían aquí. 
Yo pienso que si las personas comienzan a temer por su salud personal, quizás finalmente se decidan a reflexionar un poco más. 
El presidente Clinton también lo mencionó en el discurso que pronunció en Nueva York. 
Es muy de lamentar que, a pesar de que éste contenía algunos elementos favorables, Estados Unidos haya adoptado una posición tan restrictiva. 
El motivo es que los lobbies industriales han pintado un escenario de crisis, un escenario catastrófico, si llegaran a adoptarse unos objetivos serios en materia de reducción. 
Yo pienso que todo lo contrario es cierto opuesta y podemos ofrecer muchos ejemplos favorables. 
Voy a citarles un ejemplo práctico, y todos los que se encuentran reunidos en Kyoto deberían preguntarles a los americanos si no podrían remediarlo: me han comentado muchas veces que en muchas grandes oficinas de Estados Unidos, la gente lleva jersey en verano, porque la temperatura del sistema de aire acondicionado es demasiado fría y que en invierno hacen funcionar los ventiladores porque la calefacción está mal regulada. 
Yo creo que remediar esta situación con una tecnología moderna eficiente no supondría en modo alguno un deterioro del nivel de vida. 
¡No se trata de volver a las cavernas, sino de avanzar hacia una mayor eficiencia energética! 
La Comisión debería mostrarse todavía más activa en este ámbito. 
Señor Presidente, a esta altura del debate yo creo que se ha dicho casi todo. Por lo tanto, no necesito repetir alguna de las cosas aquí afirmadas. 
Sí creo que es importante transmitir el mensaje de que este Parlamento va a apoyar la posición de la Comisión y del Consejo. 
Es muy importante que las instituciones comunitarias compartan el mismo objetivo y, por lo tanto, puedan negociar con fuerza. 
Una vez dicho esto, centrados en nuestra política interior de la Unión Europea, creo que hay que resaltar que no todos los Gobiernos han cumplido los objetivos a los cuales se comprometieron en la Cumbre de la Tierra y, por lo tanto, hay que hacer este llamamiento interno de una forma exigente. 
Las políticas complementarias, como tan bien ha expresado el Sr. Linkohr, tampoco se han desarrollado. 
Tenemos que hacer un esfuerzo interno muy importante y, por supuesto, hay que hacer un llamamiento a los Gobiernos para que lleguen a un acuerdo para el 5 % restante para la distribución de la carga, complementario al 10 % que ya se ha aprobado. 
Y después, creo que hay que separar muy bien lo que es la problemática de la emisión general de gases de lo que es el fenómeno global del cambio climático. 
El cambio climático es algo mucho más complejo que la emisión de gases y hay fenómenos científicos que no han sido suficientemente analizados a nivel mundial y que hay que tener muy en cuenta, porque no podemos despreciar los ciclos de emisión solar y no podemos dejar esta influencia aparte. 
Pero esto es un fenómeno para un análisis científico más profundo. 
De cara a la negociación con terceros países, sí que es muy importante que la Unión Europea transmita el mensaje de que el que más contamina es el que más tiene que ayudar y, por lo tanto, tenemos que transmitir a la opinión pública que respirar cuesta dinero, y esto es importante también para la política interior de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, es muy curioso que estemos manejando simultáneamente dos fechas y dos cifras que coinciden- el año 2010, la cifra del 15 %- en documentos de la Unión Europea, tanto para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono como para la aportación de materia de energía primaria de las fuentes de energía renovables. 
Esa curiosidad debe hacernos reflexionar, sobre todo si nos fijamos en que, como dice el informe del Sr. Linkohr, la Dirección General competente de la Comisión prevé un aumento del dióxido de carbono para esa misma fecha en un 8 %. 
Porque el hecho es que cada vez se consume más energía, y eso es un fenómeno que no hay quien lo detenga. 
Nadie lo puede evitar. 
Ningún acuerdo lo evitará. 
Y no solamente nosotros, son sobre todo los países en desarrollo los que crecen a gran velocidad. China, por ejemplo, con su carbón. 
Claramente, una de ellas es la energía nuclear. 
Claramente también, existe un enorme rechazo social hacia la extensión, difusión y ampliación de esa energía. 
En consecuencia, sólo nos queda una posibilidad: el incremento de las fuentes de energía renovables. 
Un recientísimo artículo de un gran especialista recuerda muchos datos: por ejemplo, que la industria del viento crece cada año en un 25 %; que en ocho años el mercado mundial de las células solares pasó de 340 millones de dólares a 900 millones de dólares; y que las grandes firmas de la energía se inclinan cada vez más por esta energía. 
Lo que nos falta, señor Presidente, a la Comisión y sobre todo al Parlamento, a los representantes de los pueblos de Europa, es la voluntad política. 
Si la tuviéramos quizá la tendrían también los Estados, que no la tienen en la suficiente y deseable medida. 
Sr. Presidente, también me gustaría dar las gracias por el debate, me parece, ha sido muy constructivo, y sólo voy a hacer unas pocas observaciones. 
Me gustaría señalar, como dijo también el señor ministro del Medio Ambiente, Sr. Lahure, en su último comentario, que el debate de hoy ha girado en torno al modo en qué podemos consolidar lo más posible nuestra posición con relación a los otros participantes en Kioto. 
Creo que fue el Sr. Bowe quien dijo que los japoneses pueden recibir ciertamente una mayor presión y esperemos que también otros países. 
La cuestión ahora es en gran medida cómo podemos presionar a otros países, de manera que podamos alcanzar los objetivos más altos posibles en Kioto. 
Posteriormente tendremos la oportunidad de discutir cómo lo llevaremos a cabo y cómo haremos realidad los resultados en la Unión Europea. 
Y como también ha sido recalcado por muchos de los oradores, hay una larga serie de propuestas apropiadas. 
Estoy muy de acuerdo con las observaciones que la Sra. Granitz hizo sobre la posibilidad de unir también este debate a la cuestión de los puestos de trabajo. 
En lo referente a la propuesta sobre una Agencia del Clima internacional, me gustaría decir que, en rigor, ya se ha creado una, dependiente de la ONU y situada en Bonn, y que difícilmente sería sensato en el momento actual debilitar esta institución intentando fundar otra. 
A mi modo de ver, la UE con los objetivos que hemos establecido y con las políticas complementarias que se han aprobado se halla bien preparada para las negociaciones que están teniendo lugar. 
Lo único que me ha extrañado del debate han sido unas pocas intervenciones en las que se ha manifestado que en la UE no hemos tenido objetivos muy ambiciosos. 
Es cierto, como han dicho varios, que observando el alcance del problema, no había nada que impidiera que los objetivos hubieran sido mayores, sin embargo, observando en cambio con lo que nos hemos encontrado desde los otros países, no cabe duda alguna de que la UE ha podido representar aquí un papel rector y que, por supuesto, también tenemos la intención de representar éste hasta Kioto y en Kioto. 
El debate queda cerrado. 
La votación sobre el informe Linkohr tendrá lugar mañana a las 12, 30 horas. 
La votación sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión tendrán lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Unión aduanera con Turquía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0276/97) del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo (5372/97- C4-0081/97-96/0020 (CNS) ) por la que se establece el procedimiento de adopción de la posición comunitaria en el Comité Mixto de la Unión Aduanera instituido por la Decisión nº 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía, relativa a la ejecución de la fase definitiva de la Unión Aduanera (Consulta repetida). 
Señor Presidente, Señorías, a diferencia de muchos de los debates que desarrollamos sobre Turquía, en este caso nos corresponde resolver una tarea de carácter más técnico. 
El tema es la constitución del Comité Mixto de la Unión Aduanera que, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo de Asociación, se ocupará de asesorar, celebrar consultas- en este caso se trata de un intercambio de opiniones y experiencias- y dirigir recomendaciones al Consejo de Asociación. 
En su sesión del 18 de julio de 1996 el Parlamento Europeo ya adoptó por una gran mayoría su posición sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se establece el citado procedimiento. 
El 19 de febrero de 1997, el Consejo decidió consultar nuevamente al Parlamento, de conformidad con el artículo 113 del Tratado, acerca de esta misma propuesta. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa examinó el informe provisional en sus sesiones de los días 16 y 24 de septiembre. 
En esta última sesión, la comisión adoptó el proyecto de resolución legislativa por 23 votos a favor, uno en contra y una abstención. 
La comisión debatió el fundamento jurídico, esto es, si el artículo 113 es aplicable en este caso. 
La Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades había propuesto la aplicación de otro fundamento jurídico. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, al igual que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores- que también lo aprobó por unanimidad -, decidió aceptar el fundamento del artículo 113, de conformidad con el dictamen jurídico, toda vez que dicho artículo es aplicable como fundamento para los acuerdo comerciales y, por lo tanto, se adecua exactamente al presente caso. 
Una consideración esencial para la recomendación del dictamen jurídico fue que el tema del fundamento jurídico ha pasado a ser irrelevante una vez aceptada por el Consejo la enmienda del Parlamento Europeo que garantiza el derecho de información del Parlamento. 
En estas circunstancias es posible aceptar el nuevo fundamento jurídico propuesto, que por otra parte ya deseábamos desde un principio. 
Yo sólo quisiera añadir muy brevemente que en el debate político discutimos a menudo muchos temas de carácter muy fundamental, pero en este caso se trata del cumplimiento de una norma del Acuerdo, concretamente la que se refiere a la preparación de la Unión Aduanera por el Consejo de Asociación. 
Finalmente, quisiera recordar que en el pasado siempre que se ha tratado el tema del funcionamiento de la Unión Aduanera hemos insistido en que hasta ahora la más favorecida por la misma ha sido la Unión Europea. 
Se registran unas ventajas incalculables para las exportaciones debido a que Turquía importa mercancías de la Unión Europea con una preparación relativamente insuficiente y estamos obligados a hacer honradamente todo lo posible para establecer la reciprocidad en las relaciones en el marco de la Unión Aduanera entre la Unión Europea y Turquía. 
Yo tengo la seguridad de que hoy cumpliremos nuestro deber en el momento de la votación y yo les pido, junto con la gran mayoría de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y de la Comisión de Relaciones Exteriores, que acepten la propuesta del Consejo y le den su voto afirmativo. 
Señor Presidente, como ha dicho el Sr. Kittelman, el tema no sólo es jurídico, sino también tiene su aspecto técnico, e incluso temas de reglamentos y de repetidas decisiones del Consejo y de la Comisión. 
A todo esto se acerca con su informe y yo no tendría ningún problema en aprobarlo; no obstante, debemos examinar el tema política y esencialmente. 
En primer lugar, este Consejo aprobó la unión aduanera con Turquía, basándose en presiones y en promesas de que ésta se iba a ajustar a determinadas condiciones referentes a cuestiones de derechos humanos, de democracia, de estado de Derecho, de convivencia según las normas internacionales en cuanto concierne a los kurdos, a los chipriotas y a las relaciones greco-turcas. 
Segundo, nuestro Consejo ha estado de acuerdo en que el informe anual llegue ante el Parlamento para que controle si estos términos se cumplen. 
Por consiguiente, cualquier regulación puede encontrarnos de acuerdo, con la condición de que se cumplan estas dos cuestiones fundamentales, es decir: que Turquía se atenga a las condiciones y el control del Parlamento basado en el informe de la Comisión sobre si se atiene o no. 
Todo lo demás es por interés, y está al servicio de intereses económicos, de objetivos comerciales, estratégicos y políticos de los distintos grandes países. 
Señor Presidente, hace un año y medio formulamos con toda claridad las condiciones bajo las cuales aceptábamos una Unión Aduanera, para lo cual nos embarcamos en un trabajoso procedimiento de conciliación. 
Ahora, como quien no quiere la cosa, el Consejo pretende introducir una modificación del fundamento jurídico sin debate siquiera. 
En adelante seríamos informados a posteriori sobre los temas relativos a la Unión Aduanera. 
El procedimiento de conciliación fue, por lo tanto, una mera ficción. 
El año pasado exigimos, además, una audiencia previa, pero ahora se pretende prescindir de todo ello. 
Yo considero absolutamente improcedente esta modificación en favor del artículo 113 y la Comisión de Asuntos Jurídicos incluso habla en su opinión de un peligroso prejuicio. 
Las que hasta ahora han salido perdiendo con la Unión Aduanera son las pequeñas y medianas empresas de Turquía. 
Los exportadores de la Unión Europea obtienen en cambio cada vez mayores ganancias. 
Este desequilibrio resulta ruinoso para Turquía. 
Nosotros manifestamos desde el principio que no debe obstaculizarse el acceso de Turquía a la UE. 
Turquía debe poder participar en igualdad de condiciones en las negociaciones sobre la Conferencia Europea. 
Una condición previa es, sin embargo, la democratización de Turquía, el respeto de los derechos humanos y una solución política del problema kurdo, incluida también la suspensión de cualquier actividad bélica en el norte de Irak. 
Lamentamos tener que anunciar que no podremos votar afirmativamente el informe. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Kittelmann, además de su aspecto técnico, nos permite hacer balance de nuestras relaciones con Turquía y en especial evaluar si los objetivos políticos que se habían esgrimido para justificar la necesidad de la Unión Aduanera se han alcanzado o están en vías de alcanzarse. 
Las mayoría de este Parlamento había estimado que el aumento de prosperidad que supondría este acuerdo para Turquía y la señal política consiguiente servirían para que Turquía se asentara de manera definitiva en el campo de la democracia y para impedir el avance del islamismo. 
La realidad ha sido muy distinta, puesto que apenas unas semanas después de la aprobación, sobre estas bases, del acuerdo de la Unión Aduanera por parte de nuestra Asamblea, el Partido Islamista llegaba al poder en Ankara. 
En aquel momento, se lanzó otro argumento: la Unión Aduanera, de hecho, acabaría sustituyendo a la adhesión de Turquía a la Unión Europea y constituiría el marco normal de nuestras relaciones con este vecino próximo. 
Sin embargo, la ambigüedad persiste más que nunca. 
El Sr. van den Broek ha manifestado aquí, en la presentación de la Agenda 2000, la aspiración de Turquía de formar parte de la Unión, y Ankara participará, contrariamente a la voluntad de muchos Estados miembros, en la Conferencia de los países candidatos. 
El fomentar esta ambigüedad hace que surjan esperanzas ilusorias y, sobre todo, en el caso de Turquía, la consistente en poder acceder a un estatuto al que no puede aspirar. 
Temo que la desilusión y el chantaje, hoy sobre el acuerdo aduanero y mañana sobre Chipre, acaben trastornando nuestras relaciones con ese gran país. 
Si frente al anuncio claro de un marco de cooperación específica adaptado a la importancia de nuestras relaciones con Turquía, preferimos seguir persistiendo en estos despropósitos, en lugar de alcanzar una cooperación fructífera, nos arriesgamos a comprometer el capital de buenas relaciones acumulado por varios de nuestros Estados miembros y a suscitar antagonismos artificiales y peligrosos. 
Creo que ha llegado el momento, señor Presidente, de corregir la trayectoria y de fundar nuestras relaciones con Turquía sobre algo que no sea la ambigüedad. 
Sr. Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias por el enorme trabajo que el ponente y su predecesor, Sr. Matutes, han llevado a cabo. 
La propuesta de decisión que se ha debatido hoy fue redactada por la Comisión en enero de 1996, para que la Comunidad pudiera establecer su postura en el Comité Mixto de la Unión aduanera UE-Turquía. 
Es evidente que el que la iniciativa se convirtiera en el artículo 113 del tratado, iba unido a la opinión de la Comisión de que se trataba de un papel técnico y por ello competía al campo de aplicación del artículo del tratado 113. 
El nuevo dictamen del Parlamento Europeo del que trata el encuentro de hoy afecta ahora únicamente a la base jurídica de la propuesta, que ha sido modificada por el Consejo tras el primer dictamen. 
La Comisión no tiene problemas en aprobar la nueva base jurídica que ha querido el Consejo. 
Está basada en un proceder distinto al de la Comisión; sin embargo, también es correcta. 
La Comisión coincide por ello en las conclusiones del informe del Sr. Kittelmann. 
La Comisión opina de manera especial que la modificación de la base jurídica de ninguna manera afecta ni al modo en que el Comité Mixto funciona ni a los derechos del Parlamento Europeo, tal y como acaba de ser señalado en el informe del Sr. Kittelmann. 
Y por último, me gustaría añadir que es importante que este documento sea ratificado lo antes posible, de manera que el Comité Mixto de la Unión aduanera pueda llegar a funcionar de una manera totalmente satisfactoria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12, 30 horas. 
Enseñanza superior 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0358/97) de la Sra. Heinisch, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre una propuesta de recomendación del Consejo (COM (97) 0159- C4-0263/97-97/0121 (SYN) ) relativa a la cooperación europea en materia de garantía de la calidad en la enseñanza superior. 
Señor presidente, Señorías, en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación siempre hemos insistido en destacar la importancia de la movilidad, no sólo para la integración europea, sino también para preparar ya desde muy pronto a nuestros jóvenes para las exigencias del mundo profesional. 
La globalización está en marcha. 
Cada vez es más importante aprender idiomas, conocer otras culturas y saber adaptarse con flexibilidad a las realidades de otros países. 
Por este motivo, yo acogí con gran satisfacción la iniciativa de la Comisión de establecer una red europea encaminada a garantizar la calidad de los centros de enseñanza superior. 
Sin embargo, considero desafortunado el título de la propuesta. 
En efecto, ésta contempla ante todo una posibilidad para fomentar la movilidad y se ocupa mucho menos de la garantía de la calidad de los centros de enseñanza superior. 
Evidentemente, éste es también un objetivo importante y es del todo razonable exigir unos criterios de calidad en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Esto es imprescindible para que nuestras universidades puedan seguir haciendo frente a la competencia internacional. 
Los Estados miembros señalan, sin embargo, con razón que la Unión Europea no tiene competencia alguna en relación con los contenidos de la educación. 
Por consiguiente, en mi informe he procurado que la independencia de las universidades quede bien clara en la primera parte de la propuesta, donde se insta a los Estados miembros a que creen sistemas de evaluación. 
En cualquier caso, el objetivo principal de la propuesta de la Comisión es ofrecer a los estudiantes y profesores información sobre ofertas de estudios, objetivos de los mismos y diplomas de las universidades de los diferentes Estados miembros. 
Esto debería facilitar a los centros de enseñanza superior la búsqueda de universidades para celebrar posibles acuerdos de cooperación y ayudar a los estudiantes individuales a escoger programas de estudios en el extranjero. 
Esto es muy de agradecer pues mis propios contactos con estudiantes me permiten constatar reiteradamente con cuánta frecuencia el entusiasmo y el interés por los vecinos europeos topan con la barrera de la falta de información. 
La propuesta de la Comisión prevé que la creación de la red europea dependerá exclusivamente de ésta. 
Yo no lo considero razonable y comprendo que los Estados miembros se resistan a aceptarlo. 
La creación de una red de estas características sólo puede realizarse sobre la base de la confianza mutua y la cooperación. 
La realización de una red europea resulta difícilmente concebible sin un marco de condiciones nacionales y sin la creación de redes de ámbito nacional. 
Por este motivo, la Comisión de Cultura apoyó mi enmienda por la que se insta tanto a la Comisión como a los Estados miembros a que así lo hagan. 
La financiación de la red sigue siendo un tema delicado. 
La propuesta prevé su financiación con fondos de los programas SÓCRATES Y LEONARDO, pero sin la codecisión del Parlamento. 
No obstante, dado que en los programas SÓCRATES y LEONARDO ya existe la posibilidad de establecer redes en el marco de las redes telemáticas ya previstas, yo acojo con satisfacción la propuesta. 
La presente propuesta constituye, por otra parte, la primera recomendación en el ámbito de la educación de conformidad con el artículo 126 y yo la apoyo por su contenido. 
No obstante, con objeto de mitigar un poco su carácter vinculante he sustituido algunas de las medidas operativas por otras formulaciones no vinculantes. 
Es una satisfacción para mí que la Comisión de Cultura haya aceptado esta modificación. 
Como también aceptó mi propuesta de que se defina el concepto de centro de enseñanza superior. 
Antes de acabar, quisiera referirme a algunos aspectos de mi informe que yo considero absolutamente esenciales. 
Yo insto a que se incorpore desde este mismo momento a los países de la Europa central y oriental al desarrollo del procedimiento de evaluación y a la creación de la red. 
Obviamente, deberán tomarse debidamente en consideración sus condiciones y problemas específicos. 
Asimismo, considero importante la evaluación de la investigación y la enseñanza, puesto que tengo el convencimiento de que un saber para el futuro exige una investigación y una enseñanza de la máxima calidad. 
Por otra parte, a mi parecer, debemos elaborar en el marco de la garantía de calidad deseada un concepto de calidad integral y consensuado, con el que puedan identificarse todos los centros de enseñanza superior y sobre la base del cual pueda realizarse la evaluación de los programas de estudios. 
Sin dicho consenso resultará sumamente difícil realizar una evaluación cuyo contenido sea válido para toda Europa. 
Lamentablemente, esta enmienda fue rechazada por la Comisión de Cultura. 
No obstante, dado que la considero esencial, he vuelto a presentarla en nombre del Grupo del PPE y yo espero que obtenga también el respaldo de la Comisión. 
Señorías, son muchos los aspectos que hablan en favor de esta red, de la transparencia por lo que se refiere a la calidad de los centros de enseñanza superior, de la cooperación en un clima de confianza entre los Estados miembros en este ámbito. 
Yo espero, por lo tanto, que la Comisión haga suyas nuestras enmiendas y que proceda a eliminar, con la aprobación del Parlamento Europeo, los obstáculos a la movilidad de los estudiantes que lamentablemente todavía subsisten. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar felicitar a mi colega, la Sra. Heinisch por el trabajo realizado sobre la base de la recomendación del Consejo, que tiene por objeto garantizar la calidad en la enseñanza superior. 
Esta recomendación invita a los Estados miembros a prever que sus sistemas de enseñanza superior estén dotados de mecanismos de evaluación y de garantía de calidad. 
La Comisión parte del principio de que es importante, a la hora de valorar la calidad de la enseñanza superior, basarse a la vez en la cooperación europea, en el intercambio de las experiencias transnacionales y en las opiniones positivas de los expertos. 
Comparto plenamente esta opinión, pero creo que este objetivo es digno de elogio precisamente porque permite, mediante esta evaluación, calibrar mejor las fuerzas y las debilidades que tienen los sistemas educativos de los distintos centros en Europa. 
Por esta razón, la creación de una red europea que certifique la calidad no debe precipitarse. 
El marchamo de certificación de la calidad es un concepto difícil de definir y, además, temo que puede haber un alto riesgo de que se acabe realizando una selección jerarquizada de los centros superiores. 
Las enmiendas que he presentado en nombre del Grupo UPE prolongan la reflexión del ponente. 
No se ha de poner en tela de juicio la diversidad cultural de los sistemas de educación europeos, que es de una auténtica riqueza. 
También es conveniente preservar la autonomía de los centros y, por lo tanto, de las políticas de los Estados miembros en este ámbito. 
Por otra parte, los intereses económicos no deben ser una amenaza para el conjunto de valores académicos de la enseñanza. 
No deberá permitirse que las exigencias puntuales del mercado de trabajo hagan que se lleven la mejor parte formaciones orientadas a satisfacer dichas exigencias. 
Toda la dificultad del asunto procede del hecho de que se está tratando aquí con el mismo rasero a las universidades y a los centros de enseñanza técnica superior. 
Todos sabemos que no tienen la misma finalidad y que, por lo tanto, no pueden compartir criterios de calidad que serán difíciles de definir y cuyas características se tendrán aún que precisar. 
Señor Presidente, el desarrollo de la educación constituye uno de los objetivos fundamentales de la UE, aun si las responsabilidades acerca de los sistemas y los contenidos educativos continúan recayendo claramente en los propios Estados miembros, es decir, a nivel nacional. 
Debemos tener presente este principio cuando hablemos de cooperación europea en la evaluación cualitativa de la enseñanza universitaria. 
La cooperación se dota de sentido si logra proporcionar un valor añadido y ayudar a los centros universitarios europeos a alcanzar mejor su objetivo esencial, esto es, la mejora de la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes y de la investigación. 
Este objetivo no se ve favorecido con la creación de un único sistema de evaluación centralizado en Europa. 
Las normas y disposiciones de carácter específico a nivel comunitario no funcionan si lo que deseamos es respetar tanto el carácter diferencial y la independencia de las universidades, como la prioridad de las competencias de los Estados miembros. 
Afortunadamente, las reacciones por parte de los Estados miembros han servido de base para perfeccionar la propuesta de la Comisión, junto con las importantes mejoras que ha aportado el informe de la Sra. Heinisch de cara a lograr unas recomendaciones más generales para la cooperación. 
La cooperación en materia educativa tiene como cometido mejorar la competitividad europea y fomentar la movilidad de estudiantes e investigadores. 
Por este motivo, se necesita aún más información en torno a las estructuras y a los contenidos educativos del resto de los países. 
En un ambiente de fructuosa cooperación, es posible cimentar la ineludible confianza sobre un mejor conocimiento de las realidades educativas. 
Podemos aprender gracias a las prácticas y a las experiencias de los otros, lo cual no es óbice para que sigamos velando al mismo tiempo por la riqueza de nuestras diferencias culturales, que se reflejan, también, en los sistemas educativos. 
Basándonos en estos principios, puedo apoyar la creación de una red europea de evaluación cualitativa. 
El cometido primordial de esta red es, por lo tanto, el intercambio de información y experiencias y la oferta de ayuda técnica a los Estados miembros en el establecimiento de los procedimientos de evaluación. 
Resulta extremadamente importante encontrar soluciones para lograr una mejor integración en el mercado laboral de los nuevos licenciados. 
Para ello es necesario emprender un amplísimo diálogo entre todas las partes acerca de las necesidades futuras y de un desarrollo de la educación que permita responder a dichas necesidades. 
Señor Presidente, la idea de promover una universidad realmente europea y de calidad sigue su curso. 
Recientemente, en un periódico vespertino francés, dos conocidos profesores universitarios reclamaban fervientemente su creación. 
Debemos alegrarnos de tales iniciativas, aunque si prospera la idea, no hay que minimizar el camino que queda por recorrer ni los obstáculos que surgirán en él. 
Esta es la razón por la que esta recomendación de la Comisión, por formal que sea, es oportuna, y me gustaría felicitar a la Sra. Heinisch por la calidad de su trabajo. 
En efecto, tal como ella subraya con gran acierto, la autonomía de los centros superiores sigue siendo una prioridad que ninguna voluntad de racionalización podrá poner en entredicho. 
Por otra parte, la cooperación universitaria se basa, actualmente, en ciertos programas que consolidan una política europea en materia universitaria; me estoy refiriendo a los programas Sócrates y Leonardo. 
Antes que nada, sería conveniente dotarlos de medios presupuestarios suficientes. 
Pues, en definitiva, la calidad de la enseñanza no está sólo garantizada por los propios Estados miembros sino que también está avalada por el reconocimiento del conjunto de la comunidad universitaria europea, mediante mecanismos de intercambio y de cooperación. 
No tenemos que perder de vista esta idea, precisamente cuando, ante la perspectiva de la ampliación, incluimos a ciertos países PECO en nuestros programas de educación-juventud. 
Señor Presidente, la movilidad de los estudiantes y científicos es todavía demasiado escasa en Europa. 
Sin embargo, precisamente en el ámbito de la educación universitaria debería tener lugar un proceso de integración continuo y polifacético, y que pueda desarrollarse sin necesidad de costosos mecanismos institucionales. 
La falta de información sobre la estructura de los centros de enseñanza superior de los demás Estados miembros, así como sobre la calidad y contenidos de sus planes de estudio, pero sobre todo también sobre los métodos de evaluación y exámenes de graduación, dificultan en estos momentos la colaboración entre dichos centros. 
Los estudios de evaluación pueden ofrecer una valiosa aportación para aclarar estos aspectos y fomentar la movilidad de los estudiantes y científicos. 
Una mayor movilidad y una mayor vinculación de la educación en el marco de una red tendrían efectos positivos nada desdeñables para Europa como centro de actividad científica. 
La garantía de la calidad y la colaboración entre los centros de enseñanza superior sólo pueden funcionar, sin embargo, sobre una base de confianza. 
Por lo tanto, debe excluirse desde el primer momento cualquier asomo de coacción, tanto por parte nacional como por parte comunitaria. 
Debe respetarse la diversidad cultural, que también se manifiesta en la diversidad de los sistemas educativos. 
Los principios de transparencia y subsidiariedad tienen una especial importancia en el contexto de la autonomía de los centros de enseñanza superior y la preservación de sus características inconfundibles. 
En unos tiempos en los que el paro se sitúa en el primer punto del orden del día para todas las instituciones europeas, yo considero sumamente importante y positivo que también en este contexto se tomen en consideración aspectos relacionados con las políticas de empleo. 
Pienso, por ejemplo, en el reconocimiento mutuo de titulaciones y en la simplificación del acceso a la actividad profesional. 
Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que estoy de acuerdo en líneas generales con el documento presentado por la Comisión y sin lugar a dudas con el informe de mi colega la Sra. Heinisch con las enmiendas que ha recomendado. 
Creo que en Europa todos convenimos ahora en que el empleo es una prioridad primordial y que vamos a ayudar al empleo, en particular el de los jóvenes, haciendo funcionar bien el Mercado Único y disponiendo de una población bien instruida. 
Este documento hace una contribución a ese respecto. 
Aún no existe aceptación fácil en toda Europa de los títulos de enseñanza superior. 
Por ejemplo, en la Comisión de Peticiones seguimos recibiendo peticiones de los ciudadanos de Europa, que ven que sus títulos de enseñanza superior no son aceptados en un país u otro. 
La participación de expertos extranjeros en el proceso de garantía de calidad nos ayudaría de muchas formas a garantizar que los niveles educativos y la enseñanza dispensada en un país sean aceptados en otro. 
También quisiera apoyar la enmienda nº 59, según la cual no debe quedar excluido ninguno de los interesados y explica quiénes son éstos. 
Ya se ha mencionado a los estudiantes, pero no debemos pasar por alto la comunidad empresarial ni las asociaciones profesionales. 
Deben sin lugar a dudas participar en la garantía de calidad. 
Por último, como persona que ha tenido que ver con la garantía de calidad en los procedimientos educativos del Reino Unido, insto a la Comisión y a todos los interesados a este respecto a que no la compliquen: no queremos que haya demasiada burocracia o un procedimiento en el que se consideren la cumplimentación de formularios y la presentación de documentos más importantes que la dispensación de una buena enseñanza, que es lo que hace falta. 
Con la labor relativa a este informe, haremos una contribución a la enseñanza superior y al Mercado Único y ayudaremos a los jóvenes a conseguir el empleo que necesitan. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Modificación del artículo 154 del Reglamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0345/97) del Sr. Dell ' Alba, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre la modificación del artículo 154 del Reglamento relativo al informe para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
Señor Presidente, estimados colegas, a pesar de su naturaleza técnica, la enmienda reviste cierto carácter simbólico, especialmente si se debate en este hemiciclo que, al menos hasta el próximo año, compartimos con el Consejo de Europa. 
¿De qué se trata y qué informe me ha sido encargado? 
Hace algunos meses, el Sr. Ford al intentar convertir en más comprensible nuestro Reglamento, propuso suprimir la referencia a nuestras relaciones con el Consejo de Europa. 
Razones muy fundadas justificaron esta propuesta inicial; en realidad el artículo 154 de nuestro Reglamento, prevé que el Parlamento Europeo remita cada año un informe al Consejo de Europa, como si nosotros los diputados mantuviéramos una relación de dependencia con respecto a un hermano mayor, del que nos hemos ido emancipando poco a poco. 
La razón histórica de ello estriba en que desde el año 1952, o sea, desde la firma del Tratado CECA, se previó una relación privilegiada con el Consejo de Europa que el Parlamento Europeo, a raíz de un protocolo celebrado en esa época, decidió respetar mediante la transmisión de una relación anual que a lo largo de los años, sin embargo, ha ido perdiendo cualquier significado. 
Mantuvimos y seguimos manteniendo unas relaciones, alternativamente, no intensas, aunque siempre cabe hablar de relaciones, no sólo a nivel de la Administración, sino también de las comisiones especializadas, de los órganos de presidencia, etcétera. 
No cabe duda de que las perspectivas de la extensión y ampliación del número de miembros del propio Consejo de Europa, hacen que dicha institución preceda también en esta nueva etapa los desarrollos de nuestra Institución. 
Mantener un vínculo formalmente algo más estrecho que el que mantenemos con otros órganos parlamentarios europeos, parecía, en consecuencia, importante para la mayoría de la Comisión de Reglamento, a pesar de que se tenía que aprovechar la ocasión que nos brindaba la propuesta formulada por el Sr. Ford, dirigida a modificar la naturaleza de nuestras relaciones. 
El informe que hoy presento a sus Señorías consta de dos propuestas que no hacen otra cosa que reconocer una situación de hecho. 
Suprimimos la referencia algo obsoleta a esta obligación moral de presentar una relación anual y nos limitamos a establecer en el Reglamento que los órganos del Parlamento Europeo mantendrán cualquier relación adecuada con el Consejo de Europa reconociendo, también en el ámbito del Reglamento, la importancia de esta relación privilegiada que nos une al Consejo de Europa, aunque nada más sea porque compartimos el mismo centro de trabajo. 
Encargamos asimismo a la Conferencia de Presidentes que ya tiene la competencia institucional en este sentido, la tarea de aclarar definitivamente la cuestión con su homóloga del Consejo de Europa. 
Se trata, por lo tanto, de una pequeña modificación que, en definitiva, reitera un vínculo histórico, previsto en los Tratados, con el Consejo de Europa encargando a los órganos más competentes para ello, esto es, a la Conferencia de Presidentes, el cometido de regular en el momento más oportuno estas relaciones que existen, en particular las que se refieren a los derechos humanos y las demás materias de interés común. Por lo tanto, es oportuno mantener estas relaciones, a pesar de las formas obsoletas que con este informe decidimos abolir. 
Espero que estas propuestas consigan el consenso de sus Señorías y que mañana el Pleno vote a favor de las mismas. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra sobre el informe Dell ' Alba relativo a la enmienda del artículo 154. 
He de confesar que ha sido todo culpa mía. 
Como diputado a esta Asamblea durante los trece últimos años, hace un tiempo, en una sesión de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, me llamó la atención no haber visto nunca aplicado el artículo 154. 
Ello me movió a presentar una pregunta al Presidente del Parlamento para que me dijera cuándo se había aplicado dicho artículo por última vez. 
La respuesta fue que en 1969. 
Se trata de la petición de un informe anual, que no se ha atendido desde hace casi treinta años. 
Conque seguí la lógica del argumento y presenté una enmienda para proponer que se suprimiera el artículo 154. 
Pero debo hacer una confesión- poco frecuente entre políticos- y decir que estaba equivocado. 
Richard Corbett, persona que sabe tanto sobre los Tratados de la Unión, que incluso lo que ha olvidado es más de lo que yo he podido o podría saber nunca, señaló durante una breve visita a la comisión que se trata, en realidad, de una obligación que impone el Tratado. 
Lo he verificado y es cierto. 
Figura incluso en los Tratados de las Comunidades Europeas. 
El artículo 2 del Protocolo sobre la cooperación con el Consejo de Europa, anexo al Tratado CECA, dice que el Parlamento Europeo de las Comunidades remitirá todos los años a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa un informe sobre sus actividades. 
Conque me temo que estamos en un atolladero al respecto. 
Me intriga que diecisiete Presidentes de esta institución hayan conseguido pasar por alto este artículo. 
También me resulta curioso que la Comisión- la garante de los Tratados- no haya velado durante los 28 últimos años por que se aplicara ese artículo. 
Debería habernos llevado ante el Tribunal de Justicia, aunque supongo que la Comisión conoce también el artículo 4 del mismo protocolo que pide que la Comisión entable un diálogo con el Consejo de Europa. 
Aviso a la Comisión que le voy a preguntar cuándo fue la última vez que lo hizo. 
¡Esas sesiones de la Comisión de Reglamento deben de ser en verdad apasionantes! 
Señor Presidente, evidentemente, está muy de moda que los políticos laboristas pidan disculpas al público por los errores que han cometido. 
Otro más eminente aún lo ha hecho recientemente. 
El Sr. Ford sigue pasos eminentes. 
En mi opinión, el informe Dell ' Alba no está en contradicción formal con la obligación impuesta por el Tratado a la que se ha referido el Sr. Ford. 
Sería totalmente apropiado que se concediera a la Conferencia de Presidentes- como ha propuesto el Sr. Dell ' Alba- el derecho a supervisar las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa e incumbiría a ella decidir si ha llegado el momento de respetar silenciosa y discretamente el incumplimiento de esa disposición antigua, pero no observada, de los Tratados. 
No me preocupa la votación sobre el informe Dell ' Alba. 
En un nivel formal, no hay contradicción. 
Políticamente, sería totalmente apropiado pasar a esa situación y al sistema que propone el Sr. Dell ' Alba. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Ford y al Sr. Dell ' Alba por haber encontrado artículos tan obscuros en el Reglamento, que no se han aplicado en realidad durante tanto tiempo y después proponer que se supriman, pero, como ya ha señalado el Sr. Ford, hay un problema. El artículo 2 del protocolo anejo al Tratado de la Comunidad del Carbón y del Acero lo establece como una obligación jurídica. 
Señor Presidente, cualquier Vicepresidente de este Parlamento que no sea usted recordará, naturalmente, que, cuando se creó la Comunidad del Carbón y del Acero, sólo seis Estados se separaron de los 14 que entonces componían el Consejo de Europa y su bastante amplia Asamblea Parlamentaria. 
Avanzaron como adelantados y ese artículo significaba que dejaban la puerta abierta para que los otros siguieran sus pasos más adelante y para mantener los contactos: decisión muy sabia como demostró la Historia, porque en su momento los otros Estados se les unieron efectivamente. 
Así, pues, tal vez no sería apropiado suprimir semejante procedimiento simbólico. 
Aun cuando tal vez no vayamos a aplicarlo, no deberíamos deshacernos de él. 
¿Quién sabe cuándo podría ser apropiado para volver a hacer lo mismo en la historia de la integración europea? 
Pero, en cualquier caso, aun cuando no nos encontráramos en semejante coyuntura, el respeto de los Tratados es fundamental. 
Los Tratados son la constitución de la Unión Europea. 
Pueden ser una constitución deficiente, pueden no estar demasiado bien codificados, pueden tener toda clase de artículos que hayan caído en el olvido, pero, aun así, son la constitución. 
Determinan el ámbito de competencia de la Unión y los poderes de las instituciones y corremos un riesgo al pasar por alto los Tratados. 
Son el fundamento mismo de los poderes de este Parlamento y no se los puede pasar por alto alegremente. 
Conque quisiera instar al Parlamento y a todos los que han venido a escuchar este debate a que apoyen la enmienda que ha presentado Glyn Ford a este informe y que lo hará- creo yo- prácticamente compatible con la disposición de los Tratados y garantizará el cumplimiento de la constitución por este Parlamento. 
Señor Presidente, muy brevemente, en mi calidad de ponente me permito dar las gracias a los colegas que han intervenido en este rico e histórico debate. 
Quisiera manifestar asimismo que personalmente siempre he considerado que el fundamento jurídico de esta modificación debía hallarse en el propio Tratado. 
El Tratado de la Unión, en el artículo 230 reza: » La Comunidad establecerá todo tipo de cooperación adecuada con el Consejo de Europa». 
Por el contrario- y planteo la pregunta a los autores, en espera de hablar de ello mañana- basarse en un protocolo del año 1952 que, entre otras cosas, por ejemplo, establece que los miembros de nuestro Parlamento serán elegidos entre los miembros del Consejo de Europa, me parece realmente algo anacrónico. 
Disponemos de este texto que nos ayuda, tenemos, en mi opinión, el Tratado en el cual un artículo dedica su atención a la cooperación con el Consejo, pues bien, me parece suficiente. 
Deseo recordarlo, sin buscarle tres pies al gato a un protocolo que, francamente, me parece algo obsoleto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.15 horas) 
Señor Presidente, ayer ocurrió una terrible tragedia en una ciudad española, Melilla, donde por la ruptura de unos depósitos de agua se inundaron importantes barrios de la ciudad con el trágico resultado de nueve muertos, numerosos heridos y pérdidas materiales considerables. 
Yo quisiera que se trasladara al presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Sr. Ignacio Velázquez, el sentir de este Parlamento y la solidaridad con las víctimas y con quienes han sufrido tan terribles pérdidas. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
El Sr. Wynn tiene la palabra. 
Señor Presidente, me referiré al punto 8 del orden del día: orden de los trabajos. 
El orden del día que aprobamos para ayer decía que a las siete de la tarde iba a haber " reuniones urgentes de las comisiones parlamentarias autorizadas por el Presidente». 
Asistí a dos reuniones: la de la Comisión de Presupuestos, y la de la Comisión de Control Presupuestario. 
Las dos comisiones parlamentarias retiraron puntos de su orden del día por estimar que no eran urgentes. 
Señor Presidente, quisiera pedirle que, cuando autorice usted reuniones de comisiones parlamentarias en Estrasburgo, sea sumamente riguroso para definir lo que es urgente. 
Lo seré, señor Wynn. 
Señor Presidente, me referiré únicamente a la lista de asistentes, para decir que yo estaba presente, y me parece que pudo darse cuenta usted de ello. 
Tuve ocasión de escucharle, así que se corregirá la lista. 
Señor Presidente, ayer traté de plantear la cuestión de Roisín McAliskey y su continua detención en un centro siquiátrico inglés de seguridad. 
La finalidad de mis intentos, según se recoge en el Acta, fue poner en conocimiento de los diputados británicos y alemanes lo inicuo de su detención. 
Me pidió usted que escribiera una carta sobre el particular, cosa que voy a hacer, pero eso no me impedirá pedir a los diputados británicos y alemanes que soliciten de sus gobiernos que se ponga en libertad a Roisín McAliskey, auque no sea más que por motivos humanitarios. 
No quiero explayarme en detalles sobre su continua detención. Se halla en un centro siquiátrico para madres e hijos, y me parece que si los ciudadanos ingleses decentes que tanto se han esforzado por conseguir la liberación de Louise Woodward pudieran considerar lo inicuo del encarcelamiento de esta joven sobre la base de pruebas muy discutibles, no dudarían en pedir a su Gobierno que la liberase. 
Su carta se transmitirá a todos los colegas alemanes y británicos, así que conseguirá usted lo que quería al intervenir en esta sesión. 
Señor Presidente, es sobre el Acta también. 
Mi nombre no figura en la lista de presentes, quizás por un error personal. 
Yo he asistido ayer a otras reuniones, tanto del Grupo como de mi comisión, pero a lo mejor me olvidé de firmar en este hemiciclo. 
Señor Presidente, en la página 14, en el último párrafo, dice que el examen del informe del Sr. Scapagnini se había aplazado para la siguiente sesión. 
La razón la escuché ayer y pedí la palabra, pero parece que no pudo prestarme atención, y no me la concedió. 
Tomo ahora como motivo el hecho de verlo escrito en el Acta. 
Se aplazó, pues, para la sesión siguiente. 
No se ha apelado a ninguna razón esencial que también prevea el reglamento. 
Simplemente, al Sr. Scapagnini y a un grupo determinado no les gustaba el día y la hora que se habían fijado para debatir este informe. 
La pregunta señor Presidente... 
(El presidente interrumpe al ponente) 
Señor Ephremidis, ayer ya hubo una intervención en contra, lo máximo que permite el Reglamento, y por eso no le pude dar a usted la palabra. 
Se votó con conocimiento de causa y con una intervención en contra. 
No vamos a volver a abrir la cuestión. 
(El Acta queda aprobada) 
Decisión sobre la urgencia 
Propuesta de reglamento (CE) del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan los derechos de pesca y la compensación financiera previstos en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial relativo a la pesca de altura frente a la costa de Guinea Ecuatorial, para el período entre el 1 de julio de 1997 y el 30 de junio de 2000 (COM (97) 0522- C40567/97-97/0268 (CNS)) 
Fraga Estévez (PPE) , presidenta de la Comisión de Pesca. 
Señor Presidente, es solamente para indicar que la Comisión de Pesca está a favor de las tres solicitudes de urgencia. 
En nombre de la Comisión de Presupuestos quiero constatar lo siguiente: aunque hemos aprobado la urgencia, queremos indicar al Consejo- aunque no esté presente, que figure al menos en Acta- que hemos determinado en un Acuerdo Interinstitucional que se deben presentar a tiempo las fichas financieras sobre las correspondientes Actas. 
En las tres Actas, solamente ha sido posible que se suministre a tiempo la correspondiente ficha financiera cuando la Asamblea ha protestado. 
Esta es una situación inaceptable. 
Insistimos en que se respete la ficha financiera y si esto no ocurre, entonces esta Asamblea tiene que lograr que se rechacen los asuntos de urgencia aunque sean importantes respecto al fondo. 
No puede ser que una parte ceda siempre para lograr pasar la urgencia mientras que la otra no cumpla sencillamente sus propias obligaciones. 
Señor Presidente, una cuestión de orden poco importante. 
¿Podría recordar usted al Parlamento que la utilización de teléfonos móviles en esta sala está reglamentada? 
Tengo la impresión de que algunos se han olvidado de que lo está. 
Muchas gracias, señor Thomas. 
(El Parlamento aprueba las tres solicitudes de urgencia) 
Informe anual y declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas relativa al presupuesto general para el ejercicio 1996 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación del informe anual y declaración de fiabilidad relativa a las actividades del presupuesto general para el ejercicio 1996. 
Tiene la palabra el Sr. Friedmann. 
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por dispensarme el honor de poder hablar esta mañana ante ustedes. 
Sé que llevan reunidos muchas horas, por lo que aún aprecio más su presencia. 
El 70 % de los contribuyentes europeos son de la opinión de que un trato fraudulento e incorrecto de los fondos recaudados debe enjuiciarse de un modo mucho más crítico que la evasión de impuestos. Esto significa que las tareas del Tribunal de Cuentas Europeo corresponden más que nunca a las esperanzas de los contribuyentes. 
Voy a comenzar con el lado del Debe del presupuesto. 
Como ustedes saben, los ingresos aduaneros, la parte más considerable de los recursos propios tradicionales, representan una importante fuente de financiación para la Unión Europea. 
Por ello, todos debemos tener interés en que estos ingresos aduaneros fluyan del modo más completo a la Unión Europea. 
Aunque, como consecuencia de las negociaciones del GATT, estos ingresos hayan retrocedido, sin embargo representan aproximadamente el 15 % de la totalidad del presupuesto. 
En los años pasados hemos indicado en repetidas ocasiones que existe un considerable riesgo en el tráfico de tránsito. 
Por esta causa, sus Señorías han encargado este tema a la primera Comisión de Investigación creada después de Maastricht. 
Queremos felicitarles y, en especial, a su presidente, Sr. Tomlinson, por haber sacado a la luz unos resultados tan importantes. 
En esta ocasión, nos ocupamos de los riesgos que existen en las zonas exentas de derechos arancelarios, entre las que se incluyen la mayoría de los puertos marítimos, y también nos ocupamos de las operaciones de transformación activas. 
El hecho de que aquí se dejen de ingresar muchos aranceles y de que existan tales riesgos, se debe a que con frecuencia las normas jurídicas existentes no se aplican o sólo se haga de un modo incompleto y, sobre todo, de un modo no coincidente. 
Todos debemos tener interés en superar esta lacra. Quiero decir también al margen que los Estados miembros pierden ingresos fiscales cuando se ocultan mercancías al realizar los despachos aduaneros. 
Creemos, por ello, que se trata de un campo importante. 
En este contexto, los certificados de origen desempeñan un importante papel. 
Al fin y al cabo, aproximadamente la mitad de todas las importaciones en la Unión Europea se realiza bajo unas condiciones aduaneras preferenciales, por lo que no es de extrañar que precisamente esta circunstancia ocasione continuamente irregularidades. 
Más de la mitad de todas la irregularidades que surgen relacionadas con el presupuesto europeo, tienen que ver con estas preferencias aduaneras. 
Por ejemplo, hemos constatado que un tercer Estado ha exportado a la Unión Europea una cantidad de zumo de naranja tres veces superior al que él mismo produce. 
En otro caso relacionado con artículos textiles, hemos constatado que los certificados de origen estaban falsificados, lo que se veía en los sellos que no correspondían en absoluto a los originales. 
En un caso, incluso estaba escrito erróneamente el nombre de la capital y cuando preguntamos, ¡incluso el país de origen atestiguó la autenticidad de estos certificados! 
Hay que ser pues muy precavido a la hora de garantizar los ingresos de la Comunidad, tratándose además de considerables importes. 
Para el período de 1986 hasta 1996 hemos examinado 700 casos. Se trata solamente de 700 entre algunos miles. 
Hemos constatado que en los 700 casos existen aproximadamente 1.000 millones de ecus de reclamaciones como consecuencia de irregularidades, pero con mucha frecuencia se producen prescripciones. 
Incluso aunque las primeras indagaciones comiencen a tiempo, las subsiguientes precisan de tanto tiempo que se produce la prescripción. 
23 casos que hemos examinado bajo este aspecto de la prescripción han ocasionado pérdidas de 80 millones de ecus a la Unión Europea. 
Me voy a referir ahora al lado del Haber comenzando con la política agrícola. 
Como saben, en el marco de la reforma MacSharry se redujo sensiblemente el precio de garantía para los cereales. 
El sentido de la medida era no proporcionar con los precios unos estímulos adicionales que ocasionasen un exceso de producción. 
Los precios de garantía ya no cubrían los costes. 
Naturalmente, el agricultor no puede vivir de pérdidas y por ello se introdujeron ayudas directas en función de las superficies. Esto funcionó bien durante largo tiempo mientras los precios de garantía eran muy bajos. 
Pero entretanto, la oferta de cereales en la Unión Europea ha retrocedido como consecuencia de las medidas adoptadas. 
En el mercado mundial también descendió la oferta de cereales debido en parte a condiciones climáticas. La consecuencia fue que los precios del mercado mundial ascendieron fuertemente y, debido a ello, los precios en la Unión Europea ascendieron también muy por encima de los precios de garantía. 
En realidad, no habría sido ya necesario pagar tal cantidad de ayudas directas, pero en los correspondientes reglamentos no estaba previsto reducir las ayudas directas ante tales casos, por lo que se produjeron pagos por un importe de 3.000 millones de ecus que, en nuestra opinión, no habrían sido necesarios. 
No digo que estos pagos hayan sido incorrectos, pero sí eran innecesarios. 
En el futuro, en los nuevos períodos de programas habrá que introducir posibilidades de variación hacia arriba y también hacia abajo. 
En el campo de la política agrícola, el año pasado nos ocupamos de nuevo del sector del tabaco y del vino después de presentar en 1993 informes especiales al respecto. 
Las plantaciones europeas de tabaco siguen sin acertar con el gusto de los fumadores europeos, es decir, el tabaco es exportado en su mayor parte. 
Debe hacernos reflexionar que las 4/5 partes del dinero que obtienen los productores son subvenciones. 
Incluso aunque se alegue que de la industria del tabaco depende muchos puestos de trabajo, por otro lado hay que considerar que debido al tabaco muchas personas tienen que morir. 
No es fácil comprender cómo la Unión Europea financia una campaña en contra del tabaco mientras, por otro lado, fomenta su cultivo. 
En lo tocante al cultivo del vino hemos llegado a la conclusión de que tanto la prima por arranque de cepas como la prima por destilación no cumplen las esperanzas depositadas en ellas. 
Aunque la oferta de vino ha descendido, se ha debido fundamentalmente a las condiciones climáticas. 
Se sigue produciendo vino extra para la destilación, lo que nunca fue el sentido buscado. 
Por ello, hemos reflejado nuestra objeciones al respecto. 
En el campo de las medidas estructurales, algunas cosas han mejorado ya que tanto los compromisos como los pagos se han efectuado en su mayor parte, en comparación con lo que estaba previsto en el presupuesto. 
El 98 % de los compromisos y el 95 % de los pagos se han realizado tal como estaba previsto en el presupuesto, pero si se mira con más detalle se comprueba que los compromisos y los pagos se realizaron en lo esencial en el último trimestre y, a su vez, las dos terceras partes en diciembre. Es decir, se han pagado muchos adelantos y los adelantos no significan que se lleven a cabo las medidas previstas. 
Un ejemplo de ello es el período de programas de 1989 hasta 1993, concluido ya hace mucho tiempo. 
3/4 de todas la medidas que caen dentro de este período no han concluido hasta hoy. 
Hay que criticar que no se han realizado las necesarias evaluaciones en el sector estructural. 
Los informes realizados son más bien descripciones de situaciones, pero precisamente ahora, en que se negocia sobre el nuevo período de programas a partir del año 2000, sería importante poder disponer de las correspondientes evaluaciones. 
Como saben, las ayudas estructurales representan siempre una cierta contradicción con las condiciones de competencia. 
El mercado interior europeo se basa en el principio de la competencia y las subvenciones torpedean tendencialmente la competencia. 
Por ello, el artículo 92/93 del Tratado de la Unión prevé que tales subvenciones solamente se concedan con autorización de la Comisión y sólo para determinados objetivos determinados temporalmente. 
Hemos mostrado aquí algunos casos que en nuestra opinión no corresponden exactamente a las normas. 
En el campo de las ayudas estructurales, hemos examinado también los Fondos estructurales. Aquí se puede constatar que en alguna ocasión se han pagado créditos a personas que no estaban en absoluto autorizadas para recibir el dinero. 
En algunos casos, la cofinanciación prevista no se ha llevado a efecto y en otros no se ha tenido en cuenta la preferencia para las pequeñas y medianas empresas. 
En el campo de las ayudas estructurales se incluye también la ayuda a las PYMES. 
No estamos satisfechos con el modo cómo lo ha hecho hasta ahora la Comisión. 
Somos de la opinión de que las pequeñas y medianas empresas son especialmente importantes para el empleo- lo que va a constituir sin duda un tema de la Cumbre del empleo de la próxima semana- y que tienen que ser fomentadas en este contexto. 
A pesar de ello, la Comisión no puede ni siquiera indicar el importe exacto que reciben estas empresas. 
Hasta hoy no existe una definición sobre qué es lo que debe considerarse como pequeña o mediana empresa. 
Hemos realizado un control aleatorio en 33 de estas llamadas pequeñas y medianas empresas y hemos constatado que sólo 11 eran realmente pequeñas o medianas. 
Los 2/3 de esas empresas pertenecían a consorcios. 
En un caso incluso una empresa con 2000 empleados fue definida como pequeña empresa. 
Esto no es correcto. 
La iniciativa comunitaria de pequeñas y medianas empresas, que debe ser dirigida por la misma Comisión, tampoco funciona correctamente. 
Se han previsto 910 millones de ecus en el presupuesto para esta iniciativa pero solamente se han pagado hasta ahora 140 millones de ecus en adelantos. 
Un único Estado miembro, Alemania, ha presentado un certificado de gastos sobre sólo 3 millones de ecus y se trata también de un adelanto. 
Es decir, en el campo de las pequeñas y medianas empresas la Comisión tiene que desarrollar más actividades. 
En las ayudas estructurales se incluye también la política de pesca. 
Hemos llegado al resultado de que el objetivo deseado sigue sin alcanzarse. 
Las flotas de pesca de los Estados miembros no han realizado aún la necesaria adaptación de las capacidades y su estructura no corresponde aún a lo deseado. 
En el campo de la política estructural tengo que referirme también a los programas PHARE y TACIS. 
A la postre son también programas estructurales. 
En relación con estos programas, hay que decir que el flujo de créditos sigue siendo muy reducido. A pesar de ello, hay muchas cosas que hablan en favor de ellos. 
Las administraciones de los Estados de la Europa central y oriental aprenden a trabajar junto con los Estados miembros de la UE y la Comisión en el uso de los créditos previstos en los programas. 
Son Estados que antes estaban orientados a cooperar en el marco del COMECON. 
Se trata sin duda de un importante proceso de educación en el que existen dificultades de absorción en las administraciones de la Europa central y oriental, por cierto, un punto que es importante cuando se trate de las negociaciones de ampliación dentro de algún tiempo. 
En el campo de la política agrícola tampoco se ha alcanzado ni mucho menos el objetivo de los programas PHARE y TACIS. 
Mientras no se aclaren las relaciones de propiedad en tales Estados, mientras no exista un Registro de la Propiedad y, en consecuencia, mientras no exista ninguna base segura para la concesión de créditos, apenas será posible privatizar la agricultura, pues una nueva agricultura privada depende de los créditos. 
Por ello, es importante seguir trabajando en este campo. También creo que PHARE y TACIS deben utilizarse más intensamente en relación con la ampliación a los Estados de la Europa central y oriental. 
Creemos que las finanzas deben dirigirse más intensamente que hasta ahora a este objetivo. 
También hemos examinado el campo de la ayuda al desarrollo. 
En lo referente a la cooperación con países en vías de desarrollo que no pertenecen al Convenio de Lomé, hemos constatado que al menos en un caso se requirieron los servicios de un banco que no gozaba de demasiada reputación en este campo y creemos que se pagó injustamente 1 millón de ecus. 
En el marco del Fondo para el Desarrollo, léase Convenio de Lomé, hemos examinado asimismo la concesión pública de contratas en el período comprendido entre 1988 y 1993. 
Hay que criticar muchas cosas pues, por ejemplo, no se aplicó la cláusula de país más favorecido, no se tuvieron en cuenta normas fiscales y no coincidían ofertas y licitaciones. 
Como saben, tenemos que elaborar un dictamen sobre la totalidad del presupuesto. Lo prevé el Tratado de Maastricht. 
Este año presentamos el tercer dictamen. 
En esta ocasión, este dictamen es parte de nuestro informe anual y constituye el volumen II. En lo que se refiere al presupuesto general, hemos llegado al siguiente resultado: al margen de algunas excepciones sin importancia, los cierres de cuentas de la Comunidad reflejan correctamente los ingresos y gastos, y en consecuencia la situación financiera de la Comunidad. 
Los fundamentos en que se basan los ingresos corresponden de modo general a los principios básicos de legalidad y regularidad. 
Esto es también aplicable a los compromisos. 
En lo referente a los fundamentos en que se basan los pagos, creemos que se han producido muchos errores sustanciales. 
Hemos llegado al resultado de que en el año 1996 el 5, 4 % de los fundamentos en los que se basan los pagos reflejan graves errores. En el campo de las ayudas estructurales, la tasa de errores se encuentra por encima de la media y en el campo de la política agrícola se encuentra por debajo. 
En este contexto, quiero constatar lo siguiente: este 5, 4 % no significa que solamente se trate de casos de fraude sino que incluye también otros casos, como la aplicación de un tipo de cambio erróneo en el Fondo social y similares. 
Por ejemplo, nuestros interventores no pudieron realizar su trabajo en una ocasión porque un constructor enojado les echó encima los perros. 
Llegamos también al resultado de que existe un 4, 3 % de los llamados casos «Non-Opinion» , en los que no hemos podido hacernos ningún juicio porque quizás en el país afectado estaban precisamente de huelga cuando queríamos realizar nuestra actividad o porque quizás el fiscal intervino documentos cuando queríamos acceder a ellos. 
Creemos que existen demasiados errores formales de este tipo, si bien debo indicar que para nosotros errores formales son aquellos que no se reflejan de un modo reconociblemente negativo sobre el presupuesto. 
En lo tocante al Convenio de Lomé, sobre el que elaboramos un dictamen especial, este año llegamos al resultado de que todas las categorías que acabo de mostrar en base al ejemplo del presupuesto general, son correctas. Con independencia de algunas pocas excepciones, podemos decir que en el campo del Convenio de Lomé nuestro dictamen es positivo. 
Permítanme que realice con toda rapidez algunas observaciones sobre las repercusiones del Tratado de Amsterdam que aún no ha sido ratificado. 
Como consecuencia del Tratado de Amsterdam, el Tribunal de Cuentas Europeo se ha convertido en el Tribunal de Cuentas de toda la Comunidad. 
Está equiparado formalmente a las demás instituciones de la Comunidad. 
El Tratado prevé que informemos ahora sobre irregularidades. 
Se ha introducido la correspondiente frase pero quiero definir nuestro papel. 
Nuestra tarea radica en primera línea en la prevención, es decir, en contribuir a que no se produzcan irregularidades. 
No entendemos nuestro papel como policía o fiscalía, pero si en la ejecución de nuestras tareas normales nos encontramos con irregularidades o casos de fraude, seguimos el asunto y lo comunicamos también a las autoridades correspondientes. 
Creemos que nuestra tarea consiste en contribuir al control financiero, como he dicho, no como policía o fiscalía. 
El Tratado prevé también que cooperemos con los Tribunales de Cuentas nacionales y que en control del Banco Europeo de Inversiones lo hagamos en el marco del Acuerdo tripartito ya existente. 
Incluso aunque el acuerdo no entrase en vigor nunca, nuestros derechos de fiscalización siguen existiendo. 
Ya ha concluido el tiempo de mi intervención. 
Permítanme que les exprese mi agradecimiento por la positiva cooperación mostrada, agradecimiento que hago extensivo a la Comisión de Control Presupuestario y a su Presidenta, la Sra. Dietmut Theato. 
Le agradecemos por el intercambio de opiniones que siempre ha tenido lugar en su comisión y estamos convencidos de que también en esta ocasión adoptará las necesarias resoluciones en base a nuestro trabajo. 
Muchas gracias también a la Comisión de Presupuestos, bajo la presidencia de Detlev Samland, en la que se debate con gran conocimiento de causa sobre nuestro trabajo. 
Muchas gracias también al ponente general, Sr. James Elles. 
Muchas gracias por su esfuerzo. 
También quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión, en especial al Comisario Liikanen. 
Reconozco que muchas de las cosas sobre las que informamos han sido recogidas por la Comisión. 
Los esfuerzos de reforma de la Comisión se centran en SEM 2000. 
Ya ahora se puede ver que el sistema de administración e información iniciado permite esperar mejoras. 
También reconocemos que el nuevo procedimiento de cierre de cuentas en el campo de la política agrícola permite esperar cosas positivas. 
Nos alegramos de que la Comisión comparta nuestra opinión. 
Hace falta un nuevo Reglamento Financiero, al que hemos contribuido ya con las correspondientes aportaciones. 
También nos alegramos de que en el sector estructural se hayan realizado definiciones que pueden prevenir las irregularidades. 
Señor Liikanen, en representación también de sus colegas, muchas gracias por todo ello. 
Muchas gracias por su atención. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, el informe anual sobre las actividades del presupuesto general para el ejercicio 1996 señala una serie de deficiencias en la utilización de fondos comunitarios. 
En algunas esferas fundamentales ayudará a la Comisión a progresar hacia el cumplimiento de su responsabilidad conjunta, que es mejorar claramente el impacto de los fondos comunitarios para alcanzar los objetivos de la Unión. 
En primer lugar, el Tribunal de Cuentas indica que una asignación generosa de consignaciones presupuestarias puede ser contraproducente para una gestión financiera estricta. 
Ese posible riesgo ha quedado claramente reducido en el caso del presupuesto de 1998. 
Sea cual fuere la forma de medirlo- en términos de tasas de crecimiento, márgenes por debajo de la perspectiva financiera o en relación con el tope de los recursos propiosel presupuesto para el año próximo es riguroso. 
La Comisión, como el Tribunal y el Sr. Friedman, ha observado que en el contexto de las reformas agrícolas de 1992 se había compensado en exceso a los productores de cereales. 
La Comisión ha hecho una propuesta encaminada a corregir parcialmente la situación. Lamentablemente, la propuesta no ha sido adoptada, ni por el Consejo ni por el Parlamento Europeo. 
Por consiguiente, la Comisión volverá a ocuparse de esta cuestión en el contexto de Agenda 2000. 
En cuanto se refiere en general a la política agrícola común, todas las observaciones del Tribunal son de valor para la aprobación de las cuentas, y la Comisión sabrá aprovecharlas debidamente. 
He podido observar también con interés que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que en la sección de Garantía del FEOGA hay indicaciones de que la tramitación financiera de las gestiones contables están teniendo buenos resultados. 
En cuanto a los fondos estructurales, el número de errores considerables que afectan a los pagos sigue siendo demasiado elevado. 
Ésta es la esfera en la que en 1997 se han adoptado las decisiones más importantes. 
Las normas que regulan el carácter elegible se convinieron el pasado mes de abril. 
En octubre la Comisión adoptó un reglamento sobre normas mínimas de control financiero por los Estados miembros. 
Estas normas mínimas se aplican a las operaciones que están cofinanciadas por los fondos estructurales. 
El mes pasado la Comisión tomó nota también de las directrices internas para la aplicación de correcciones financieras netas. 
Ya he mencionado las medidas adoptadas ayer por Ecofin. 
El apoyo del Tribunal de Cuentas y del Parlamento Europeo para este proceso ha sido vital; no siempre ha sido fácil. 
La atención empieza a centrarse ahora en la preparación de normas reglamentarias para el próximo período de programación. Esto tiene que permitir un incremento cualitativo para promover la eficacia en función del costo. 
La concentración, la simplificación, la descentralización, combinadas con verificaciones más rigurosas y con comprobaciones de los resultados, son en este caso los factores principales. 
Los debates sobre el informe de 1996 del Tribunal de Cuentas y el procedimiento de ejecución presupuestaria coinciden con la propuesta de la Comisión y permitirán adoptar las mejores conclusiones posibles para el próximo período. 
Quisiera expresar al Tribunal un deseo a este respecto. 
Convendría que con los recursos que se han incrementado para esta cuestión, el Tribunal pudiera proporcionar en el futuro más información sectorial. Esto ayudaría a encontrar las fuentes del problema y las responsabilidades correspondientes, lo que, a su vez, nos permitiría enfocar mejor las actividades de reforma. 
Voy a hacer unas cuantas breves observaciones. 
Este informe refuerza la convicción de que en muchas esferas del presupuesto comunitario hay demasiados proyectos que son demasiado pequeños y que tienen demasiados objetivos. 
Es preciso que en todo el presupuesto comunitario demos pruebas de concentración y de simplificación. 
En varios capítulos el Tribunal critica la gestión de las subvenciones comunitarias. 
En consonancia con las observaciones de su propia Inspección General y con la continua insistencia del Parlamento Europeo, la Comisión está esforzándose por establecer normas generales en esta esfera. 
Más tarde en esta jornada adoptará un informe provisional, sobre el cual informaré a la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo la semana próxima. 
Por último, el Tribunal ha convencido a la Comisión de las ventajas que presentaría una reforma general de los reglamentos financieros de las Comunidades. 
La Comisión debe estar en condiciones de proporcionar un primer documento de reflexión en el primer semestre de 1998. 
En conclusión, quisiera asegurarles que la Comisión examinará cuidadosamente todas las observaciones que hace el Tribunal en su informe anual de 1996. 
La presidencia futura ha indicado también que su actitud es muy positiva a este respecto. 
La reforma de la gestión de las finanzas comunitarias es un proceso continuo. 
Como les he indicado ya, se ha tomado la decisión de llevar a cabo varias reformas. 
Su ejecución tiene que ser persistente y rigurosa. 
La mejora de la gestión financiera es un proceso continuo. Es obligación nuestra, y es obligación también de los Estados miembros. 
Solamente de esta manera conseguiremos que nuestros esfuerzos den fruto, mejoren la regularidad en los desembolsos comunitarios y aumenten el valor que recibimos a cambio de nuestro dinero. 
Felicito al Sr. Friedmann por su informe anual. 
La Comisión tiene la firme voluntad de trabajar con la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Sra. Theato, con el ponente, Sr. Ellis, y con todos los diputados involucrados a fín de llegar a las conclusiones necesarias. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
Se procede al debate sobre el informe, rogándoles que sus preguntas sean concisas. 
Señor Presidente, quisiera hacer cuatro preguntas. 
La primera pregunta es de carácter general: ¿hasta qué punto estamos hablando de fraude, señor Friedmann, y no de mala gestión de fondos? 
¿Puede darme usted una idea? 
Las otras tres preguntas se refieren al ejercicio presupuestario. 
El apartado 19.30 del informe habla de errores sustantivos- que también ha mencionado usted en su discurso- en casos en que los fondos de garantía del FEOGA no llegan al valor medio. 
¿Quiere decir esto que tenemos un ejercicio positivo para la agricultura? 
¿Significa eso también que sólo tenemos un ejercicio negativo en el caso de los fondos estructurales? 
En el apartado 19.27, en el que la Comisión habla de limitaciones respecto de su labor, se mencionan dos campos: uno se refiere al almacenamiento público, y el otro se refiere a circunstancias jurídicas y materiales imprevistas. 
No se nos dice si están en el informe o en la respuesta de la Comisión. 
¿Podría explicarnos en dónde están, señor Friedmann? 
Por último, en la respuesta a los apartados 19.28 a 19.36 la Comisión hace una declaración que me parece haber visto ya otras dos veces. 
Dice que como consecuencia del grado de incertidumbre inherente a todo método estadístico y porque habrán de pasar varios años antes de que el ejercicio alcance suficiente madurez, las conclusiones del Tribunal tienen que ser interpretadas con precaución. 
¿Qué tiene que decir usted a eso? 
Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, en primer lugar quiero expresarle mi agradecimiento por sus declaraciones y por su constructivo informe, que va a apoyar la Comisión tal como acabamos de escuchar del Sr. Comisario Liikaanen. 
Estamos también interesados en la protección de los fondos recaudados, por lo que vamos enfrentar el trabajo constructivamente. 
Sin embargo, hay algunos puntos que nos preocupan mucho, en especial en el campo de la cooperación con los Estados miembros. 
Cuando, tal como ha indicado usted, oigo que nueve de cada diez errores ocurren en los Estados miembros, da realmente que pensar. 
Mi pregunta se refiere al mencionado sector aduanero: ¿constata usted riesgos similares en el IVA y en la cuarta fuente de ingresos, el PSB? 
Aunque no tengamos aún el certificado de país de origen ¿no se deberían ejecutar aquí más efectivamente los necesarios controles cobrando el IVA en los demás países? 
Mi pregunta respecto a las pequeñas y medianas empresas es la siguiente: ¿tiene usted recomendaciones sobre el modo de evitar la dispersión y, sobre todo, de compensar el déficit de información que por lo visto existe? 
Nos alegraríamos mucho. 
Tenemos poco tiempo, por lo que me expreso brevemente. 
Para finalizar quiero subrayar que debemos iniciar muy enérgicamente el trabajo y contar con la cooperación con el Tribunal de Cuentas y la Comisión, tal como hacemos todos los años. 
Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, a propósito de los programas particulares, y principalmente de los programas PHARE y TACIS, ya el año pasado señaló usted las dificultades de control en la utilización de los fondos y al mismo tiempo las del bajo consumo de los créditos abiertos. 
Creo que los trabajos del Tribunal de Cuentas serán especialmente útiles durante la puesta a punto de los procedimientos de financiación del apartado de la Agenda 2000 destinado a los países candidatos a la adhesión. 
Pero deseo pedirle su opinión sobre un tema que me preocupa especialmente, ya que soy el ponente competente para este presupuesto. 
Se trata de la reconstrucción de la ex-Yugoslavia. 
Señor Presidente, ¿tiene usted información específica con respecto a la utilización de los fondos que se le han asignado? ¿Puede decirnos si dispone de medios eficaces para asegurar que los créditos abiertos para la rehabilitación y la reconstrucción no se han destinado a otros usos? 
Finalmente, teniendo en cuenta que la gestión se ha delegado ampliamente en el Banco Mundial, ¿puede darnos información acerca de sus relaciones con este organismo y principalmente con respecto a las modalidades del control que se ha ejercido sobre la contratación de los mercados? 
Señor Presidente, el Tribunal de Cuentas entrega una vez más una severa crítica del modo en el que los recursos comunitarios son gestionados, y, por ejemplo, la Comisión Social y Económica son criticada duramente por el despilfarro relacionado con los gastos de viaje, que son reembolsados sin ser justificados correctamente, y de que las listas de asistencia no son exactas. 
Esto me lleva a preguntar al señor Presidente del Tribunal de Cuentas cuándo se hará realmente una investigación del Parlamento Europeo. 
¿Por qué no se ha hecho hace ya tiempo un informe sobre la situación en el Parlamento de manera que podamos corregir nuestra propia administración de los recursos y con ello, estimados colegas, también enderezar nuestra imagen, pues verdad que el Tribunal de Cuentas no negocia con el señor Presidente del Parlamento Europeo sobre hasta qué punto es necesario someterse a auditoría el Parlamento? 
Mi segunda pregunta, Sr. Presidente, atañe a los informes de las auditorías en los que aún me parece que nos faltan respuestas a porqué hay tantos errores en los pagos. 
Falta que nos aclaren si realmente son los métodos del Tribunal de Cuentas los que son deficientes, si son los sistemas de control de la Comisión los que están mal, o si son simplemente los Estados miembros los descuidados. 
¿Quién es el que tiene la responsabilidad por el estado de las cosas y cuán grande es el margen de error que el Tribunal de Cuentas considera aceptable? 
Señor Presidente, me refiero al apartado 1426, la antigua Yugoslavia. 
En el informe del Tribunal de Cuentas, usted constata que hasta julio de 1997 de los créditos que pusimos a disposición en diciembre de 1995 para la reconstrucción en ese país, se utilizó un total de un 1, 3 %. 
Hace dos semanas, hemos desviado a la pesca y otros capítulos más de 100 millones de ecus previstos para la reconstrucción para 1997 porque la DG I no está en situación de gastar ese dinero. 
He pedido al Sr. Westendorp que venga la próxima semana a la Comisión de Control Presupuestario y nos explique qué pasa con este asunto pues no hemos recibido aquí de la Comisión ninguna información completa sobre las causas. 
Mi pregunta es la siguiente: si usted dice que su trabajo está orientado a la prevención y que la Comisión ha mostrado su capacidad de aprender a la hora de seguir sus sugerencias, ¿cómo valora en este caso la capacidad de aprender de la DG I para sacar conclusiones para 1997 ó 1998 y los años siguientes de la desastrosa situación de 1996? 
Señor Presidente, el informe sobre el ejercicio 1996 es muy enriquecedor, al igual que los informes de los años anteriores. 
Sin embargo y desafortunadamente, tengo dudas sobre el seguimiento que se le va a hacer. 
Quisiera tomar un ejemplo vinculado con la actualidad, concretamente el del Capítulo 6 que trata sobre las PYMES, en vísperas de la Cumbre europea en la que la Unión Europea pretende acometer el problema del desempleo haciendo, a través del BEI, un esfuerzo financiero sustancial con respecto a las PYMES. 
El informe señala, en el marco del FEDER, que no hay definición reglamentaria de las PYMES, que no se ha hecho un inventario de las numerosas acciones en favor de las PYMES ni se han calculado los importes asignados a su financiación. 
Señala también que las PYMES siguen teniendo dificultades para acceder al capital, para conseguir préstamos, que la iniciativa PYME, dotada con mil millones de ecus para el período 1994-1999, no ha permitido dar más coherencia a la cohesión, a la estrategia de ayuda; señala igualmente que los procedimientos no permiten asegurar que las reglas de acumulación de las ayudas sean respetadas y la Comisión sólo ha realizado algunos análisis sobre el impacto socioeconómico de las acciones concretas en favor de las empresas. 
Cuando éstas existen, los análisis no llegan a demostrar que la creación neta de empleo efectivo haya de atribuirse a las acciones financiadas. 
Por tanto, mi pregunta es la siguiente: ¿Tiene previsto el Tribunal de Cuentas recomendar a la Comisión que racionalice y optimice con urgencia la utilización de esos instrumentos comunitarios destinados a las PYMES antes de que ésta y el Parlamento desbloqueen millones de ecus, que sabemos por adelantado que no servirán para nada? 
Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, ha dedicado usted un capítulo a las subvenciones de carácter general en el que señala numerosas anomalías en la distribución de esas subvenciones. 
Ahora bien, éstas son algunos centenares, mientras que los diferentes capítulos del título B del presupuesto cuentan con decenas de miles de subvenciones. 
Mi pregunta es, pues, la siguiente: ¿Tiene previsto ampliar la investigación que ha realizado sobre las subvenciones de carácter general, que dependen del Título A-3, a la totalidad de los capítulos del Título B del presupuesto comunitario, de forma que podamos verlo con más claridad? 
Ésta es mi pregunta general. 
También tenía una pregunta particular que plantearle. 
En ese mismo capítulo cita usted dos anomalías especialmente importantes, de las que una tiene relación con una subvención de 400.000 ecus para fines estrictamente internos pero no cita el organismo beneficiario. 
¿No cree usted que una mayor transparencia exigiría citar el organismo en cuestión? 
La Sra. Kjer Hansen acaba de hablar ahora mismo sobre la cuestión- no tratada por el presidente del Tribunal de Cuentas- de la bonificación por gastos de desplazamiento del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones. 
El análisis del Tribunal de Cuentas está basado en un sondeo. Mi pregunta: ¿no sería sensato completar el análisis tanto por el número de miembros como por el tiempo que esos miembros han pasado en ese Comité Económico y Social para darle la ocasión de tomar las medidas necesarias al Consejo, que es políticamente responsable del nombramiento de los miembros del Comité Económico y Social? 
En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas habla claramente de una infravaloración de los compromisos hasta llegar a una cantidad de algunos cientos de millones; con otras palabras, Presidente, es más una cuestión para el Presidente de la Comisión; se da la impresión de que la Comisión Europea otorga menos valor a las opiniones del Consejo Europeo que a las de la autoridad presupuestaria y al Reglamento Financiero. 
Señor Presidente, me alegro de que estén juntos el presidente del Tribunal de Cuentas y el Comisario Liikanen, dado que mis preguntas se refieren a la falta de comunicación entre ellos. 
Quiero formular en concreto tres preguntas. 
La primera pregunta se refiere a los errores sustantivos. 
Parece ser que tienen ustedes distintas interpretaciones sobre lo que es un error sustantivo y cual es el impacto presupuestario de estos errores sustantivos. 
Esto tiene una importancia bastante grande porque afecta entre otras cosas a las cantidades que ustedes ponen en entredicho, por ejemplo en capítulos tan importantes como los Fondos estructurales ¿Es posible que exista entre ustedes mejor comunicación? 
La segunda pregunta es sobre las normas de elegibilidad. 
Deduzco de las respuestas de la Comisión que ellos ya tienen elaboradas las normas de elegibilidad comunes para todos los Estados miembros. 
¿Es que el Tribunal de Cuentas no ha sido informado de estas normas de elegibilidad?. 
Y la tercera pregunta, señor Presidente, se refiere a las instituciones nacionales de control. 
Es evidente que sigue sin existir una buena cooperación entre el Tribunal y ellas. 
¿Cree el Tribunal de Cuentas que sin esa colaboración pueden llevar adelante su tarea de fiscalización? 
Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, en su informe se ha referido usted a que en la gestión de los Fondos estructurales hay errores formales, que corresponden a infracciones. 
Las cuatro quintas partes de dichos errores se deben a deficiencias estructurales e institucionales de los Estados miembros. 
Ahora bien, éstos administran el 80 % de los fondos europeos, del presupuesto europeo. 
¿Cómo cree, señor Presidente, que se puede acabar con esa complicidad o ese error de los Estados miembros sin que haya una modificación del Derecho penal y el delito deje por fin en Europa de compensar como hasta ahora ha compensado? 
¿Qué hay que hacer y por qué razón el Tribunal de Cuentas, en lugar de limitarse a dejar constancia, no acusa y no cita a los Estados miembros que, de hecho, funcionan mal? 
Presidente, tengo una pregunta acerca del exceso de pago de las primas por ingresos en la agricultura. Quisiera preguntar al señor Friedmann- si lo he comprendido bien sólo se trata del año 1996 -, ¿ha incluido también los años anteriores? 
Y en este caso, ¿ha contado también con los aspectos monetarios, con el cambio en las cotizaciones verdes? 
¿O se han aplicado correctamente y desde el principio han estado equivocadas? 
¿Se ha partido de un cinco o de un diez por ciento de fluctuación con respecto al precio garantizado? 
Pues eso es importante en relación con esa sobrecompensación. 
Y por fin, la última pregunta, también relacionada con Agenda 2000: estas primas por ingresos se fijan para seis años, ¿considera razonable que en mitad del trayecto se cambien las reglas del juego y piensa que es convincente para las propuestas que hace la Comisión en este contexto para Agenda 2000? 
Señor Presidente, Friedmann dijo que había aproximadamente un 5, 3 por ciento de irregularidades en el presupuesto de la UE. 
Mi pregunta es: ¿Cómo se aprecia esto en comparación con los presupuestos de las naciones? ¿Son estas irregularidades tan grandes en los propios presupuestos de los Estados miembros como en el presupuesto de la UE? 
¿O tal vez es la UE que tiene dificultades para manejar su dinero? 
En cuanto a las subvenciones al tabaco, ellas son muy lamentables. 
Estoy de acuerdo en que las subvenciones al tabaco deberían modificarse o erradicarse totalmente, ya que no puede ser razonable que los contribuyentes en la UE paguen cuatro quintos de los ingresos de los cultivadores de tabaco. 
Mi última pregunta se refiere a la Comisión. 
La Comisión Europea tiene 17.000 empleados. 
Sin embargo, encuentro bastante poco en la documentación acerca de cómo la Comisión maneja la situación interna, es decir, cuánta corrupción hay entre los empleados de la UE. 
No pueden ser sólo los Estados miembros los que tienen dificultades para manejar los dineros de la UE, sino que también tiene que ser difícil para los empleados de la UE. 
Señor Presidente, me gustaría formular dos preguntas. 
En primer lugar, quisiera saber si el Tribunal de Cuentas admite que la amenaza a nuestros propios recursos que se indica en el informe anual no se puede abordar únicamente en el plano de la Comunidad. 
Los Estados miembros reciben el 10 % en un pago por la recaudación de los recursos propios tradicionales y, por lo tanto, tienen que aceptar un alto nivel de obligación respecto de dicho pago, teniendo en cuenta particularmente que coincide con su propio interés. 
El informe anual, por ejemplo, sobre los derechos de aduana e impuestos al consumo del Reino Unido que se publicó ayer indica que hay una disminución de 1.000 millones de libras únicamente en los ingresos relativos al tabaco. 
En segundo lugar espero que la Comisión se percate de una paradoja relativa al régimen del tabaco y que la acepte. 
Mientras la Comisión está procurando prohibir que las compañías de tabaco utilicen sus beneficios previa deducción de impuestos para patrocinar deportes, la Comisión está apoyando con más de 1.000 millones de ecus al régimen tabacalero como si fuera una actividad agrícola sana. 
Quisiera saber si el Tribunal de Cuentas está seguro de que la Comisión se hace cargo perfectamente de las críticas que suscita el régimen actual, e indica a la Comisión que sólo podrá adoptar una actitud de elevada moral si deja de prestar apoyo al régimen del tabaco. 
Señor Presidente, la presentación de este asunto merece más tiempo pero el hecho de ser breve no debe impedir que felicitemos al Tribunal y que le agradezcamos su excelente informe. 
Lo único que quiero es formular tres preguntas. 
En el capítulo 15 el Tribunal trata de los fallos de los órganos descentralizados de la Comunidad. 
Quisiera que el Tribunal se fijara detenidamente en las propuestas de la Comisión, que está examinando actualmente la Comisión de Control Presupuestario, para ver si, en opinión del Tribunal, bastan para hacer frente al problema. 
El capítulo 1 pone de relieve los problemas de la pérdida de ingresos en las zonas de venta sin impuestos. 
Sería importante que, en algún momento, recibiéramos un cálculo de los ingresos perdidos en esas zonas. 
En tercer lugar, en relación con la frase que ha mencionado el Comisario acerca del exceso de suministro de recursos en diversas esferas, quisiera recordar al Parlamento que la asignación de recursos en exceso suele tener lugar en los capítulos de gastos obligatorios. Esto da más peso al argumento del Parlamento de que debería desaparecer la parte obligatoria del presupuesto. 
Señor Presidente, he leído el informe del Tribunal de Cuentas este año con gran alegría, puesto que veo que Dinamarca no ha sido mencionada en el informe, como lo hemos sido los otros años y da gusto. 
Quiero apoyar a mi colega, la Sra. Eva Kjer Hansen en su propuesta de que se nos haga una investigación de la conducta del Parlamento en torno a los viáticos, de manera que logremos mejorar nuestra imagen. 
Sin embargo, hay un asunto sobre el que me gustaría obtener una respuesta del Sr. Friedmann: ¿Es cierto que bombeamos un montón de recursos de la UE al Banco de Inversiones y al Fondo de Inversiones Europeo sin que tengamos posibilidad alguna de ver en qué se emplea el dinero? 
En el informe se dice que no se quiere colaborar, y creo que es un problema que estamos obligados a abordar. 
Por último, quiero decir que antes de llegar aquí, leía muchísimas novelas policíacas, ahora leo nuestro informe anual y veo razonablemente cubierta mi necesidad de suspense. 
Señor Presidente, Señorías, quiero expresarles mi agradecimiento por el interés mostrado ante el informe. 
Señor Wynn, usted ha sido el primero que ha preguntado hasta qué punto hablamos de fraude. 
Nosotros hablamos en general de irregularidades, si bien tenemos claro que el fraude es una parte, un concepto subordinado al de irregularidades, porque hasta hoy solamente en tres Estados de la Unión Europea existen definiciones penales del fraude en relación con los fondos de la Unión Europea. 
También preguntan porqué no hemos emitido un dictamen positivo en el sector del FEOGA si se encuentra por debajo de la media. 
Como se ha dicho, la media se encuentra en el 5, 4 %, pero tenemos que realizar una declaración de garantía global. 
Por ello, no diferenciamos entre diversos campos políticos en lo tocante a la cuantificación de la declaración de garantía. 
También han preguntado por las inseguridades de la estadística y la reservas de la Comisión frente al dictamen. 
Creo poder decir que hemos avanzado todo un trecho en el desarrollo de nuestro dictamen en lo tocante al método y también al debate con la Comisión. 
Señora Theato, usted señala los riesgos del IVA. 
Su pregunta al respecto está muy justificada pues en el sistema del mercado interior, en el IVA tenemos una situación similar a la existente en el sector aduanero. 
Mientras esté en vigor el principio del país de destino, la mercancía que se encuentra en camino hacia el país de destino está fuera del IVA y, en consecuencia, sometida a riesgos. 
Han preguntado cuál es la situación de la componente del producto social bruto. 
El problema consiste en que los métodos de cálculo entre los Estados miembros no coinciden del todo. 
Nos ocupamos del tema y hemos recabado además los servicios de peritos externos. 
¿Cuál es la situación de las pequeñas y medianas empresas? 
¿Podemos emitir recomendaciones? 
El señor diputado se ha referido también a este tema. 
De un modo general, quiero decir que si se tiene en cuenta el empleo, las pequeñas y medianas empresas desempeñan un gran papel. 
Hemos constatado que si se da el dinero a grandes consorcios, éstos fundamentalmente racionalizan y suprimen puestos de trabajo, lo que puede ser razonable desde un punto de vista económico de la empresa. 
Pero cualquier pequeña o mediana empresa que surge de nuevo significa al menos un nuevo puesto de trabajo. 
Por ello tienen las PYME una posición tan destacada en lo tocante a los problemas actuales dentro de la Comunidad. 
Se me ha preguntado cuál es la situación de los programa PHARE y TACIS de cara a la ex Yugoslavia. 
Han mencionado el reducido porcentaje de aplicación de estos créditos. 
Conozco las dificultades existentes entre los Estados miembros y la Comisión. 
He hablado por teléfono hace poco con el Director general competente y no estoy satisfecho con la situación. 
Si se piensa que ahora está comenzando el invierno en Bosnia y que no se pueden iniciar los trabajos en las casas que precisan de reparaciones a pesar de que existe dinero para hacerlo, es más que deprimente. 
He intentado responder con ello a la pregunta de la Sra. diputada Müller. 
Señora Kjer Hansen, usted se ha referido a la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales. 
Realmente, tenemos que criticar duramente a esta comisión. 
Hemos criticado que existan irregularidades en los reembolsos de los billetes de vuelo, que existan irregularidades en la acumulación de las dietas de viaje y de asistencia y algunas cosas más. 
Hemos llamado la atención sobre los porcentajes que hemos calificado como incorrectos los años antepasado y pasado en este contexto. 
Son considerablemente elevados. 
Hemos tomado nota de que la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales ha comunicado ahora que ha adoptado las correspondientes medidas en contra y ha exigido la devolución del dinero pagado indebidamente. 
También preguntan sobre la fiscalización en el Parlamento Europeo. 
Este control está en plena marcha. 
Estamos en contacto con su Presidente y con los correspondientes representantes de su Asamblea. 
Presentaremos los resultados en el curso del próximo año tras consultar con sus Señorías. 
Señor Le Gallou, usted pregunta porqué no hemos mencionado por su nombre a la asociación que usted ha criticado y que nosotros también criticamos. 
Somos algo precavidos al mencionar nombres. 
Precisamente se nos acaba de demandar ante el Tribunal Europeo de Justicia exigiéndonos 1 millón de ecus de indemnización por haber mencionado el nombre de una empresa en un contexto que ésta no considera oportuno. 
Por ello, para nosotros es siempre un problema saber hasta qué punto podemos llegar a la hora de mencionar nombres de empresas. 
Por lo demás, tampoco podemos escribir de un modo general en el informe todo lo que sabemos, sobre todo si paralelamente están en curso diligencias fiscales. Pues, de lo contrario, según el procedimiento contradictorio prescrito, advertiríamos demasiado pronto a la parte contraria. 
Esto es aplicable, por ejemplo, al informe especial sobre el turismo. 
Señor Dankert, usted se ha referido también a la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales. 
Acabo de responder a la Sra. Kjer Hansen. 
Señor Garriga Polledo, usted ha preguntado por las repercusiones de las tasas de errores. 
Hace poco he hablado de SEM 2000 donde se realiza un trabajo muy prometedor y constato también que en los Estados miembros se están adaptando cada vez más a las consecuencias. 
Hay que considerar que nuestra declaración de garantía indica la dirección. 
Si en el informe sobre los fraudes de la UCLAF se dice por ejemplo que en el país X se han producido tantos o cuantos casos de fraude que han sido denunciados, esto demuestra en base a los ejemplos que la tasa de errores que nosotros exponemos es correcta. 
Nosotros mencionamos pues la tasa de errores y los casos concretos de fraude son la prueba de que nuestra apreciación señala en la dirección correcta. 
También han preguntado que, si las 4/5 partes de todas las irregularidades se producen en los Estados miembros, cuáles son entonces las consecuencias. 
Es cierto que por un lado la Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto: esto lo prevé también el Tratado de Amsterdam. 
Pero las 4/5 partes del presupuesto son ejecutadas de hecho por los Estados miembros, por lo que éstos se encuentran también en la picota en relación con esta crítica. 
(Aplausos) Cuando se achaca a la Comunidad que existe este u otro porcentaje de irregularidades, hay que considerar que la Comunidad no tiene más empleados que los que existen en la administración municipal de una ciudad de tamaño medio. 
Los programas de gastos de la Comunidad son aplicados por los Estados miembros. De ellos depende casi siempre la rectitud con que se emplea el dinero del contribuyente europeo. 
(Aplausos) Señor Mulder, usted ha preguntado si la apreciación de 3 mil millones de ecus que, en nuestra opinión, se han pagado en exceso en el campo de la política agrícola, se refieren a uno o varios años. 
Esta apreciación se refiere al año agrícola 1995/96. 
En el debate de ayer con ustedes he tomado nota de que en los primeros años del período de programas existía una situación diferente. 
Lo que ponemos sobre la mesa es quizás una importante experiencia para el caso de que se deba proseguir esta política en los próximos años y si entonces hay que crear nuevas normas. 
Señor diputado Holm, usted ha dicho que si el 5, 4 % se ve afectado de graves irregularidades, qué pasa entonces en los Estados miembros. 
Hay que considerar que el presupuesto de la Comunidad es casi exclusivamente un presupuesto subvencionado y, por ello, muy propenso a que se produzcan irregularidades. 
Cuando alguien siempre recibe dinero regalado, su espíritu se agudiza volviéndose más inventivo. 
Aquella parte de los presupuestos nacionales relacionada con subvenciones es igualmente propensa a irregularidades. 
Por ello, es muy importante desarrollar mecanismos que hagan que el fraude no sea interesante, empleando por ejemplo préstamos baratos en vez de subvenciones cuando se trata ante todo de inversiones beneficiosas. 
Creo que debemos recapacitar aún mucho conjuntamente en este sentido. 
(Aplausos) Señor diputado Tomlinson, usted ha indicado que en los recursos propios la culpa no puede ser de la UE cuando fallan tantas cosas. 
Tiene toda la razón. 
Los ingresos procedentes de aranceles pertenecen a la Comunidad pero son cobrados exclusivamente por las administraciones aduaneras y éstas son nacionales. 
Los funcionarios de aduanas son funcionarios nacionales. 
Tiene toda la razón en sus críticas de que las administraciones de aduanas de los Estados miembros cooperan de un modo absolutamente miserable y que no utilizan apenas las técnicas que les ofrece la informática. 
Esto es aún más condenable si se tiene en cuenta que los Estados miembros cobran el 10 % de los aranceles por su trabajo. 
Los Estados miembros tienen que comprender por fin que aquellas mercancías que no son declaradas en aduana no producen tampoco otros ingresos fiscales en los Estados miembros. 
Por ello, tenemos que ganar a los Estados miembros para que no se produzcan fraudes arancelarios en tal volumen. 
Señor Kellet-Bowman, usted ha planteado en parte preguntas a la Comisión pero también se ha referido al tema de las zonas francas. 
Las zonas francas son en su mayoría puertos marítimos, donde las mercancías llegan fuera de la aduana y son exportadas de nuevo fuera de aduana. 
En parte no se aportan los necesarios comprobantes, de modo que no se sabe bien si transcurre realmente tal como prevén las normas jurídicas. 
Señor Blak, usted ha dicho que en esta ocasión no hemos mencionado a Dinamarca. 
No tiene por que ser así. 
Europa es lo suficientemente grande. 
En las cifras globales, Dinamarca está contenida al igual que todos los demás países. 
En lo que se refiere al Fondo Europeo de Inversiones, usted tiene toda la razón: solamente participamos con una tercera parte, por lo que no podemos comprobar como usted desearía y nosotros también. 
Les agradecería ejerciesen la correspondiente presión política para que podamos avanzar conjuntamente, pues al fin y al cabo se trata del dinero de la Comunidad. 
Muchas gracias por su atención. 
(Aplausos) 
¡Muchas gracias, señor Presidente! 
El debate queda cerrado. 
EEB 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, el 23 de abril el Pleno de esta Asamblea acordó crear una Comisión temporal para ocuparse de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Investigación de la EEB. La tarea consistía en supervisar la aplicación por parte de la Comisión de la UE de 70 de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Investigación y en presentar un informe al respecto a la Conferencia de Presidentes a comienzos de noviembre. 
Por tanto, no éramos una nueva Comisión de Investigación, a pesar de que a veces nos habría gustado abrir de nuevo los libros. 
La base eran las recomendaciones de la Comisión de Investigación y los informes de los trabajos en curso de la Comisión presentados en plazos mensuales. 
Quien compare el primer informe de los trabajos en curso de la Comisión antes de las vacaciones de verano con el documento definitivo de la Comisión, comprobará que se ha avanzado mucho. 
La EEB no fue realmente un «act of god» como se nos quiso hacer creer en la Comisión de Investigación sino una mezcla aventurera de comportamientos erróneos, mala gestión, apreciaciones erróneas e ignorancia. Y estos errores trajeron necesariamente consecuencias. 
Resumiendo, puedo decir hoy que en todos los lugares donde se trató de extraer consecuencias importantes para los consumidores e impulsar la decisión, nos encontramos hoy en buen camino. 
Se aplicaron las recomendaciones realizadas o se pusieron en marcha o la Comisión las prometió dentro de un plazo fijo. 
Señor Presidente de la Comisión, estas son promesas de futuro. 
Cúmplalas, pues es como en las relaciones comerciales: quien no cumple las promesas pierde su credibilidad. 
Añado que en todas las ocasiones en que nos hemos metido en la maleza del Tratado o de sus interpretaciones, se han producido realmente problemas. 
Lo digo también a sabiendas de las muy diferentes interpretaciones jurídicas de los servicios del Parlamento y de la Comisión. Habríamos deseado una actitud más ofensiva y valiente por parte de la Comisión. 
Por otro lado, reconocemos que la Comisión se ha movido hasta el último minuto en algunas cuestiones difíciles. Recuerdo las promesas de modificar el estatuto de los funcionarios y también la muy clara promesa realizada por usted, señor Presidente de la Comisión, de colocarse al lado del Parlamento en la nueva negociación del Acuerdo Interinstitucional. 
Permítanme que mencione algunos ejemplos positivos que muestran que estamos en el buen camino. 
Por supuesto, la demanda de restitución de los costes de la EEB, la medidas disciplinarias, la demanda administrativa contra el Reino Unido, la demanda por la no comparecencia del Sr. Hogg o el voto de desconfianza contra algunos Comisarios son, por así decirlo, los ejemplos negativos que no han sido solventados. 
Valoramos de un modo especialmente positivo los éxitos en los esfuerzos por lograr una mayor transparencia e información: acceso del Parlamento y de la opinión pública a las bases del asesoramiento científico, nueva composición de los Comités Científicos o una mayor participación de médicos. 
Exigimos aquí lo siguiente: los mismos principios de transparencia, claridad e información tienen que ser aplicables también a los gremios científicos internacionales. De lo contrario, rechazaremos en el futuro estas opiniones como base de trabajo. 
Valoramos positivamente la reorganización de los servicios, la separación de la legislación, por un lado, y el asesoramiento científico y control, por otro. 
El presupuesto suplementario se ha puesto por fin en marcha. 
Pero también digo que si la Comisión hubiese actuado como órgano colegiado, habría podido haber creado ya hace mucho tiempo los puestos necesarios mediante la reorganización de puestos libres. 
Por favor, tome las medidas oportunas para que se regule según el principio de la eficiencia y no según el emplazamiento la cuestión sin resolver del puesto para la inspección veterinaria. 
Señor Presidente del Consejo, este es un tema que también afecta al Consejo. 
De hecho, las medidas y actividades de control de los Estados miembros y de la Comisión han estado mal coordinadas en el marco de las posibilidades del mercado interior y han sido insuficientes. 
Se nos han prometido una serie de medidas para lograr una mejora al respecto. 
Las pruebas aleatorias en el país de origen, controles físicos en las fronteras en combinación con una información mejorada del país de destino, independientemente de la EEB, podrían señalar el camino para el futuro. 
Espero del Consejo que permita que los resultados de las inspecciones veterinarias sean accesibles a la opinión pública. 
La presión de la opinión pública y de los mercados tendría entonces mucho más efecto que la iniciación de un procedimiento por violación del Tratado por parte de la Comisión. 
Señor Presidente del Consejo, hay que acabar de una vez por todas con el comportamiento negligente y, en algunas ocasiones, incluso de menosprecio que algunos Estados miembros muestran ante el derecho comunitario. 
Me refiero en especial a las increíbles actuaciones y laxo comportamiento en la aplicación de la directiva sobre la esterilización de las harinas animales. 
En el futuro, la Comisión tiene que poner en marcha mucho más rápidamente los procedimientos por violación del Tratado. 
Tiene que solicitar con más valor que hasta ahora que el Tribunal Europeo de Justicia dicte autos provisionales; los controles follow up tienen que constituir la regla en las deficiencias comprobadas y los costes tienen que ser soportados por los Estados miembros morosos. 
Es en el sentido de la transparencia y de la proximidad al ciudadano que, con apoyo de la Comisión, en Amsterdam se haya podido ampliar el procedimiento de codecisión a los sectores de la «salud animal y protección de las plantas». 
Esto es positivo, pero al mismo tiempo esperamos el autocompromiso de la Comisión de agotar los márgenes existentes de interpretación en la cuestión del fundamento jurídico siempre en favor del Parlamento. 
Hemos hablado durante mucho tiempo sobre la cuestión de la indemnización de las víctimas de esta crisis. 
En un espíritu de solidaridad y tras muchas dudas, la Comisión se ha declarado dispuesta a aportar fondos del Presupuesto de la Comunidad adicionales a los aportados por los Estados miembros si los Estados miembros adoptan asimismo las correspondientes iniciativas. 
Consideramos el apoyo prometido de la asociación que trabaja en este campo como un primer paso en la dirección correcta. Exigimos al Gobierno británico y a la Comisión que debatan junto con las organizaciones sobre las correspondientes medidas de apoyo y que nos informen al respecto. 
Está totalmente claro que la causa de todo este desastre fue el estúpido empleo de harinas animales no suficientemente esterilizadas que se proporcionaron además a rumiantes. 
En el marco de una conferencia internacional, hemos examinado a fondo esta cuestión con científicos y expertos. 
Los resultados los verán en el informe. 
Un sistema de reciclado que funcione solamente se puede mantener si en el futuro se presta atención a tres claves de seguridad: un material de partida limpio, es decir, residuos de matanza solamente de animales autorizados para alimentos, unos estándares lo más elevados posibles en la transformación y no proporcionar jamás esos alimentos a rumiantes. 
Aquí realmente el comportamiento de los Estados miembros es un escándalo. 
Si un país miembro se niega a aplicar esta directiva hay que colocarlo en la picota. 
La prohibición de transporte decretada por la Comisión fue correcta pero llegó muy tarde. 
En lo tocante a la problemática de la decisión de la Comisión del 30 de julio sobre los materiales de riesgo, con este informe estamos ayudando realmente tanto a la Comisión como al Consejo a salir del dilema: levantamiento progresivo de la prohibición de exportación bajo las claras condiciones acordadas en Florencia, aclaración de las lagunas de la decisión del 30 de julio en lo tocante a los productos farmacéuticos y muchas otras cuestiones específicas abiertas. 
Lean el informe muy atentamente. 
Creo que les hemos realizado buenas propuestas. 
Está claro que las medidas personales y disciplinarias no se han aplicado suficientemente. 
Señor Presidente Santer, saludamos que usted personalmente haya ordenado una reorganización. 
Lamentamos que se haya negado a adoptar medidas disciplinarias. 
Nos afirmamos en nuestra posición, pero la promesa de modificar el estatuto del funcionario a la luz de estos conocimientos es asimismo una apuesta por el futuro que nosotros saludamos expresamente. 
Señor Presidente de la Comisión, saludamos asimismo su reafirmada promesa de que en la nueva negociación del Acuerdo Interinstitucional va a abogar junto con el Parlamento para que en el futuro sea obligatoria la comparecencia de miembros de Gobiernos nacionales. 
Está claro que si el Consejo no viene, la responsabilidad se echa exclusivamente a la Comisión y por ello usted tiene un interés propio en que en el futuro cambie. 
Para finalizar, permítame decir señor Presidente que en la agricultura, nuestra divisa debe ser un modo de explotación familiar que descanse en el principio de la sostenibilidad y pensando en las futuras generaciones. Es necesaria una agricultura adaptada al lugar, el respeto del principio de previsión a la hora de aumentar los rendimientos y de proporcionar hormonas así como la elaboración de un código para una práctica agrícola positiva. 
Creo que en los 16 meses pasados, con la Comisión de Investigación y la elaboración de la recomendación, el Parlamento ha intentado proporcionar de nuevo una posición preferente a la protección de la salud y del consumidor en el mercado interior. 
Advierto también a los curiosos: el Parlamento está en cualquier momento en situación de abrir de nuevo un procedimiento de este tipo. 
Por ello, el pasado debe ser una lección para todos nosotros. 
Ruego a la Comisión que en el futuro siga siendo un decidido aliado del Parlamento Europeo cuando se trate de colocar en el punto central de los esfuerzos la protección preventiva del consumidor y de la salud. 
(Aplausos) 
Señor Böge, le he permitido excederse en su tiempo de uso de la palabra y esto ha sido la mínima recompensa que la Presidencia podía darle por una labor brillante. 
De paso querría darles mi enhorabuena a usted y a toda la comisión bajo la presidencia de la Sra. Roth-Behrendt por la labor realmente admirable que ha desarrollado durante nueve meses. 
Señor Presidente, puede que tenga que recurrir a esa generosidad pero espero que sea suficiente el tiempo que se me ha concedido y no tenga que hablar más. 
Estimadas y estimados colegas, el Sr. Böge ha realizado una exposición muy exacta del Debe y el Haber de las exigencias del Parlamento Europeo planteadas en la Comisión de Investigación y hoy tenemos un listado muy detallado de los logros y fallos en relación con lo que la Comisión ha realizado el pasado semestre. 
Quiero decir con toda claridad que estamos hablando sobre la Comisión y no he ocultado en absoluto que habría preferido mucho más hablar sobre el Consejo. 
Y si hemos pensado y pensamos sobre un posible voto de censura, es porque el Consejo se lo merece. Hay que decirlo con toda claridad. 
Yo habría sido el primero en apoyar un voto de censura de este tipo. 
Hoy el Parlamento Europeo solamente puede hablar sobre la Comisión y enjuiciar lo que ésta ha realizado en el último semestre. La valoración que también ha realizado el Sr. Böge muestra muy claramente que de repente sí avanzan las cosas. 
De repente se mueven las cosas, de repente hay transparencia y se puede ver que la Comisión se esfuerza. 
¡Esfuerzos! 
Una palabra que no conocíamos en relación con la EEB en los años pasados, desde 1987/1988. 
Antes había oscuridad, ahora tenemos transparencia. 
No puede ser más diferente. 
De repente, se realizan esfuerzos, además de un modo que todos los miembros de la comisión, de todos los grupos políticos, no habríamos considerado posible hace seis meses. 
No habríamos creído que íbamos a llegar al punto en que estamos. 
Todos los miembros de la comisión han dicho que no han creído que la Comisión se pueda mover de tal modo. 
Sinceramente, yo tampoco. 
Aunque sea lamentable que haya sido necesario amenazar con un voto de censura para poner al trote a la Comisión, por otro lado es también satisfactorio pues muestra qué es lo que puede realizar un gigante como la Comisión cuando tiene que hacerlo. 
No obstante, me hago pocas ilusiones de que se haya producido realmente un cambio de intenciones en todas las Direcciones Generales y dudo mucho que esta rapidez e intensidad de cambio se hubiese producido sin la coordinación de la Comisaria Bonino en su Dirección General. 
Y si me preguntan por mi opinión personal, les digo muy claramente que no lo creo. 
Siguen sin cumplirse exigencias del Parlamento Europeo, quizás pocas y quizás no las más importantes. 
Por ejemplo, hace algunas semanas solamente por presión del Parlamento Europeo se pudo crear un fondo de indemnización para los familiares de las víctimas de la enfermedad de Creutfeldt-Jakob. 
El Sr. Böge ha indicado que los puestos no ocupados desde hace mucho tiempo, por lo visto no se podían trasladar con flexibilidad y rapidez allí donde había que hacerlo, es decir, a la Dirección General XXIV. 
Todo esto muestra también que es urgentemente necesario lo que ha indicado con razón la Comisión en su cuarto informe de trabajos en curso. 
Espera, al menos yo lo entiendo como una esperanza, que el Parlamento Europeo siga siendo un decidido aliado de la Comisión. 
Sin duda, vamos a serlo. Pero quiero añadir que aunque decididos vamos a estar sobre todo vigilantes, muy vigilantes. 
Las y los colegas del Comité de Control han demostrado esta vigilancia durante los últimos meses y ahora son las comisiones permanentes del Parlamento Europeo las que deben garantizar que la Comisión no se vuelva de nuevo algo dormilona y descuidada después de haber mostrado esta nueva sinceridad, transparencia y movilidad. 
Lo digo con un tono ligeramente de advertencia, no de amenaza, pero sí de advertencia. 
Los informes semestrales que la Comisión ha garantizado en su cuarto informe de trabajos en curso, serán sin duda un factor recordatorio para la Comisión. Señor Santer, le puedo garantizar así como a todas y todos los colegas que vamos a examinar también muy detalladamente el contenido y la calidad de estos informes semestrales. 
Para finalizar, permítanme que exprese a los servicios del Parlamento Europeo mi agradecimiento por la rapidez y el apoyo que nos han concedido en la comisión, por la flexibilidad en lo que se refiere a los horarios y salas de reuniones, por la garantía sin complicaciones de reuniones espontáneas, lo que tampoco es algo evidente en este Parlamento. 
Muchas gracias a los servicios del Parlamento Europeo, en especial, a los servicios de traducción y a la secretaría de mi comisión por el trabajo tan duro, preciso y rápido, sin el que no habríamos podido realizar lo que hemos realizado. 
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Böge así como a todas y todos los colegas de este Comité de Control por la muy honesta y colegial cooperación mostrada. Esto me ha permitido ser un presidente, espero que en cierto modo soportable. 
Sólo gracias a esta cooperación colegial mostrada en el último semestre nos ha sido posible realizar este trabajo. 
Estoy muy satisfecho de que haya terminado pero también por el tiempo en que hemos podido mover algo a la Comisión y trabajar conjuntamente. 
Señora Roth- Behrendt, querría apoyar su agradecimiento a los servicios del Parlamento; realmente, en ocasiones, cumplen de una manera asombrosa con su deber y es injusto que, algunas veces, no lo refiramos y no lo hagamos una excepción. 
Igualmente, querría darle a usted personalmente las gracias por la labor de la comisión que preside. 
Sobre el informe y las preguntas al Consejo y a la Comisión, hemos recibido ocho propuestas de votación, según el artículo 40, apartado 5 del Reglamento. 
La votación sobre ellas tendrá lugar el Miércoles, a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, antes de entrar en el fondo de los asuntos que voy a tratar, deseo subrayar la importancia del trabajo que realizamos en estas dos Comisiones, antes en la de investigación y después en la de control, así como recalcar, sin ánimo de adulación, el gran clima de colaboración que reinó dentro de ambas comisiones. 
Tuve la suerte de ser vicepresidente accidental tanto de la primera como de la segunda, antes con el Sr. Böge y luego con la Sra. Roth-Behrendt. 
Pues bien, deseo asegurar al Parlamento que elegimos, por decirlo de alguna manera, dos grandes mastines que supieron morder con sagacidad y sabiduría allí donde era necesario morder y no atacar donde era mejor dejar lugar al diálogo. 
Creo que todos los que participamos en los trabajos de esta comisión, nos sentimos verdaderamente útiles, ya que estábamos haciendo frente- y todos los días nos dábamos cuenta de ello- a asuntos candentes que afectaban de cerca al ciudadano y sus intereses. 
En lugar de hacer una intervención técnica y puesto que mañana deberemos emitir nuestro voto, me he internado en un ejercicio incluso peligroso, o sea, en dar unos votos por temas, sectores y asuntos que hemos tratado y que mañana deberemos evaluar. 
Un voto articulado que atañe al Reino Unido, la Comisión y el Consejo. 
Por lo que se refiere a asuntos específicos, por ejemplo, los controles veterinarios, voy a dar un voto a favor a la Comisión, ya que con la escasa plantilla disponible y con pocos refuerzos, la Comisión supo, de hecho, substituir en este cometido también a los órganos de control de los Estados miembros que, es preciso remarcarlo, se demostraron insuficientes. 
Del mismo modo, doy un voto en contra a la Comisión, porque no supo responder con rapidez al llamamiento de la Comisaria Sra. Bonino de cara a reforzar con unos 150 nuevos funcionarios los servicios de inspección veterinaria, y sobre todo porque no fue capaz de encontrar con la misma rapidez las financiaciones necesarias para la acción conjunta de las Direcciones Generales V, VI y XXIV. 
Relaciones con el Reino Unido: doy un voto a favor no sólo por la presión ejercida sobre el Gobierno británico que supo dar un mayor impulso a la aplicación global de las medidas sobre el embargo- en cuanto a la eficacia daré un voto después- sino también porque el Reino Unido se dio cuenta de la importancia de intervenir en favor de las familias afectadas por el nuevo síndrome de Creuzfeldt-Jakob. 
Doy un voto en contra por los controles sobre el embargo, clamorosamente deficientes; nos damos cuenta de que quizás es imposible controlarlo todo, sin embargo, lo cierto es que todos los días están saliendo del Reino Unido cantidades incontroladas de carne; en estos últimos tiempos parece que salieron 100.000 toneladas que llegaron no sólo al continente europeo, sino sobre todo a los terceros países. 
Doy un voto a favor al plan de sacrificio que se está llevando a cabo con garantías de seguridad científica apreciable; doy, por el contrario, un voto en contra por el empeño cuantitativo que el Reino Unido ha demostrado en esta operación, ya que disponiendo de tan sólo veintitrés mataderos y siete incineradores, sólo dentro de diez años se podrá reducir el número de cabezas a sacrificar, fijado por la Unión Europea. 
Doy un voto a favor por lo que se refiere al funcionamiento y la prohibición de utilizar harinas animales para la alimentación de rumiantes; debemos, no obstante, saber si hoy estas harinas pueden o no pueden ser utilizadas para la alimentación de otros animales no rumiantes. 
Es preciso hacer hincapié en que dicha operación ha conllevado una evidente mejora de la situación de la EEB que ha registrado sólo 500 casos en el último mes respecto a los 3.000 de los momentos más agudos. 
Doy un voto en contra al Gobierno británico que aún no interviene con suficiente convicción en favor de las familias afectadas por el síndrome. 
Y, por último, desgraciadamente, doy un voto en contra a la Comisión por la falta de medidas disciplinarias. 
El nuestro no es un espíritu justiciero, habida cuenta de que habíamos señalado sin medias tintas la responsabilidad de seis funcionarios; ningunos de ellos se ha visto afectado por dichas medidas disciplinarias y esto lo vamos a lamentar durante mucho tiempo. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera rendir homenaje, en nombre del Grupo Socialista, a la labor de la Comisión temporal y, en particular, a su ponente, Sr. Böge, y a su presidenta, Sra. Roth-Behrendt, así como a todos los diputados que han participado en lo que merece denominarse un excelente ejercicio de trabajo. Es importante, porque significa que ahora el Parlamento Europeo es ya una entidad adulta por lo que se refiere a su supervisión, investigación y control de la Comisión, que es una de nuestras funciones fundamentales. 
Estamos demostrando ahora que podemos desempeñar ese cometido. Por eso mi Grupo desea felicitar muy calurosamente a los diputados que he mencionado. 
No se puede leer el informe sin adquirir la certidumbre de que la labor se ha llevado a cabo con seriedad. 
El trabajo realizado es de la misma calidad que el que efectuó la primera Comisión de investigación, que dio por resultado una recomendación que la Comisión temporal ha estado utilizando. 
La combinación de aquella Comisión de investigación y la labor de seguimiento de esta Comisión temporal son un buen augurio para el futuro de nuestra labor sobre el particular. 
Es motivo de satisfacción personal que uno de los primeros actos del nuevo Ministro de Agricultura del Reino Unido, tras las elecciones generales del 1 de mayo, fuera su ofrecimiento de venir aquí, a este Parlamento, y hablar con la Comisión temporal, en acusado contraste con su predecesor, que se negó a hacerlo. 
Con su visita al Parlamento ha reconocido la responsabilidad del Gobierno británico por toda la crisis de la EEB. 
Esto ha cambiado el tono de nuestros debates con el Gobierno británico, cosa que me satisface. 
Reconozco que la Comisión tiene la sincera voluntad de realizar la labor necesaria para cumplir las recomendaciones de la Comisión de investigación inicial. 
Rindo homenaje al Sr. Santer y a sus colegas por su apertura en los debates. 
El Sr. Böge y la Sra. Roth-Behrendt han hecho observaciones acerca de lo que queda aún por hacer, y no diré que la cuestión esté enteramente resuelta. 
Reconocemos que sigue habiendo deficiencias, en particular en las cinco esferas en las que todavía no ha finalizado la labor. 
De todos modos, estoy seguro de que la Comisión no esperaba que dijésemos que todo está perfectamente bien, pero es natural que rindamos homenaje a la voluntad de que ha dado pruebas en sus trabajos con la Comisión temporal. 
Sigue habiendo deficiencias y mis colegas se referirán a ellas cuando tomen la palabra más adelante, pero el hecho de haber sabido ocuparse de 70 recomendaciones no es una minucia, y hay que reconocerlo. 
Nuestros diputados en este Parlamento han observado y seguirán observando lo que sucede: de qué forma la Comisión responde a las recomendaciones de la Comisión temporal y de la Comisión de investigación inicial por conducto de nuestras comisiones permanentes. A ellas les incumbe ahora seguir adelante con la labor. 
Si hay una deficiencia grave- y la Sra Roth-Behrendt la ha mencionado ya- es que en nuestra resolución no hemos criticado en absoluto al Consejo. 
Es evidente que en algunas esferas en las que la Comisión ha procurado cumplir las recomendaciones de la Comisión de investigación, el Consejo no ha ayudado nada: en realidad, ha hecho lo contrario. 
Deberíamos ponerlo de relieve aquí. El Sr. Böge ha indicado ya que los gobiernos nacionales no están respetando sus obligaciones. 
Damos la luz verde a la Comisión, pero no lo hacemos sin reservas; mantenemos nuestras críticas pero, en vista de los progresos realizados con 70 de las recomendaciones, la opinión de mi Grupo es que la Comisión ha sabido responder y, por lo que a nosotros se refiere, no debe ser objeto de una moción de censura en esta ocasión. 
Señor Presidente, el voto de censura condicional ha merecido la pena. 
La Comisión se ha movido, pero lo que es también muy importante, el Parlamento Europeo ha recordado sus propios compromisos. 
El modo cómo se ha ejercido el control legislativo en este ejemplo de la EEB no tiene parangón en la última historia del Parlamento Europeo. 
Cuando nuestro presidente ha dicho que de repente la Comisión se esfuerza, que de repente existe transparencia y movimiento, se debe a que, mediante esta suave presión y también mostrando el positivo trabajo realizado por la Comisión de Investigación de la EEB, hemos obligado a la Comisión a recoger las exigencias del Parlamento. 
Una de estas exigencias consistía en que entre el trabajo legislativo de la Comisión y la actividad de control debería existir una separación. 
Se ha hecho así, pero no debemos olvidar que el control legislativo en si radica en el Parlamento. 
Quiero subrayar que lo que ha ocurrido ahora en la Comisión de Investigación y en el Comité de Control en el fondo representa el trabajo normal de un Parlamento ordinario. 
Ruego a este Parlamento que recuerde sus obligaciones, que realice menos declaraciones radicales hacia el exterior- lo digo también a mi grupo político y al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos- y cumpla también en el futuro el papel del Parlamento con exigencias y un trabajo consecuente hacia dentro. 
Entonces se moverá la Comisión. 
Muchas gracias al Comisario Fischler, a la Comisaria Bonino y al Sr. Reichenbach por la positiva cooperación. 
Creo que todos nos hemos beneficiado y que todos partimos del hecho de que no vamos a caer por debajo del estándar que hemos alcanzado y que mediante este trabajo conjunto llegaremos a superar esta rareza histórica que es el Consejo, poder ejecutivo y legislativo al mismo tiempo- Montesquieu se revolvería en su tumba- y a realizar un trabajo parlamentario y legislativo normales, en el que todos tengamos nuestro puesto responsable. 
Señor Presidente, hoy podemos constatar que fue acertado crear la comisión de seguimiento. 
Nos enteramos de lo que la Comisión había realizado y de lo que no había realizado. 
A grandes rasgos podemos decir que las dos terceras partes de las recomendaciones del Parlamento han sido cumplidas. 
Son de hecho más de las que habíamos esperado. 
Logramos hacer la lucha de la EEB más transparente, logramos una amplia política informativa de manera que pudimos difundir los datos de los resultados de la investigación en este ámbito, lo cual fue muy importante. 
Conseguimos también un fortalecimiento de la inspección de las autoridades nacionales en el ámbito veterinario y sanitario, lo que desgraciadamente resultó ser muy necesario. 
Logramos aprobar mejores sistemas para el transporte de alimentos en la Unión, sin embargo, aún no se han terminado de desarrollar. 
Aunque el trabajo de la comisión esté acabado, hemos de señalar lamentablemente que no así la enfermedad de la EEB. 
Sin embargo, hay señales de que la enfermedad irá disminuyendo en el transcurso de 4 a 6 años, siempre que los programas que se han aprobado se cumplan. 
Ahora bien, a menudo sucede que tras aparecer una epidemia, uno se acostumbra a ella, y así se debilita el interés en su lucha. 
Ya no se está tan alerta. 
Por ello es muy importante que las normas que hemos confeccionado se cumplan de manera que no se produzca tal debilitamiento del interés durante la lucha contra la enfermedad de la EEB. 
En la Unión tenemos la tradición de regionalizar las epidemias para luchar mejor contra ellas. 
Quiero pedir por este motivo a la Comisión que cumpla la recomendación que le hemos dirigido en la comisión para tratar de regionalizar la EEB, de este modo las zonas en las que no se ha dado la EEB y que cumplen las normas con respecto a la identificación de los terneros y las vacas, sean declaradas zonas libre de la EEB por la simple y sencilla razón de que con ello se anima a las zonas de la EEB a fortalecer la lucha contra esta enfermedad. 
Es mi deseo que se continúe esta tradición y así se siga esta recomendación. 
Por último, quiero decir que por un lado lamento que fuera necesario crear esta comisión, sin embargo, por otro lado, he de reconocer que cuando se tiene una organización tan pesada como la Comisión, algunas veces es necesario atacarla para conseguir que haga mejor su trabajo. 
Se puede derrocar un gobierno y se le puede presionar políticamente, sin embargo, la Comisión es una mezcla singular de gobierno y órgano administrativo. 
Por ello desgraciadamente ha resultado ser muy necesario presionarla para lograr que haga mejor su trabajo, y por ahora se ha conseguido. 
Espero que en el futuro más próximo no sea necesario crear otra comisión investigadora. 
Señor Presidente, tras un año de trabajo continuo e intensivo por parte de las comisiones del Parlamento Europeo, en relación con la encefalopatía espongiforme del bovino, ahora es el momento oportuno de ver qué se ha logrado y si ha habido algún avance significativo en el tema de la protección de la salud pública y de los consumidores. 
Concretamente, podemos hacer las siguientes comprobaciones, que no debemos olvidar en el futuro. 
Primero, sin duda el Parlamento Europeo, con la votación del 19 de febrero de 1997, logró consolidar su postura y hoy puede ejercer un control más esencial en las acciones de la Comisión Europea. 
Segundo, se ha comprobado que la conducta de los Estados miembros en el marco del mercado interno no ha sido la indicada y de esta forma no han podido garantizar la protección de la salud pública con eficacia. 
Tercero, es absolutamente imprescindible, señor Presidente de la Comisión, que se organicen más eficazmente los servicios de la Inspección Veterinaria de la Comisión y, en el futuro, debe quedar asegurado el correcto y efectivo funcionamiento de sus servicios en cuanto a las competencias, al flujo de informaciones, a garantizar la acción oportuna y eficaz a niveles político y legislativo, así como al mantenimiento de los Tratados. 
Cuarto, la coordinación eficaz, señor Presidente de la Comisión, y la colaboración de los distintos servicios, así como la de los Estados miembros, constituye la verdadera base en la que debe apoyarse la protección de la salud pública y de los consumidores, y también el trazado y la ejecución de los programas y de las estrategias indispensables de la Comunidad en este sector. 
Quinto, no es posible utilizar en la producción de alimentos para el ganado piezas en canal que se consideran inadecuadas para el consumo humano. 
Sexto, la producción de piensos debe llevarse a cabo bajo un mantenimiento estricto de las normas de elaboración segura y correcta. 
Séptimo, señor Presidente, la Comisión debe perseguir en el futuro, basándose siempre en los datos científicos, los niveles de protección de la salud pública y de los consumidores más altos posibles, especialmente en el sector de la producción de alimentos y de la alimentación. 
Octavo, es imprescindible que la Comisión vigile activamente la transferencia y la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros y que presente propuestas para la mejora del sistema de control y de exportaciones de carne, y también de otros alimentos, ya que la protección eficaz de los consumidores puede garantizarse sólo cuando los controles son aplicados de manera preventiva y no a posteriori, cuando ya el mal ha sucedido, como en el caso de la EEB. 
Noveno, está claro que hubo un ajuste de la Comisión a muchas recomendaciones de la Comisión de Investigación; pero no siempre con la misma eficacia. 
Hubo cinco recomendaciones que no se tomaron en cuenta en absoluto. 
Por ejemplo, la que se refiere al control de las actividades de los agentes de la Comisión, la que concierne a las indemnizaciones por daños que ha provocado la encefalopatía espongiforme, así como la relativa a la acción administrativa en contra del Reino Unido; son tres de las recomendaciones del Parlamento Europeo, en relación con las cuales la Comisión no ha llevado a cabo absolutamente nada. 
Y en este punto se debe añadir que, una vez que la Comisión de Investigación ha concluido sus trabajos, el estudio ha demostrado que hay una estrecha relación entre la encefalopatía espongiforme del bovino y la nueva variante de la enfermedad CreutzfeldJacob. 
Esta enfermedad es excepcionalmente grave, crea situaciones trágicas en las familias de las víctimas que tendrán la enfermedad, ya que hay personas en las que aún no se ha manifestado. 
Señor Presidente de la Comisión, querría recordarle su compromiso con que cada ley, cada reglamento, cada directiva o programa que sea traído al Parlamento Europeo y que tenga relación con la protección de la salud, seguirá el procedimiento de la codecisión. 
Por último, querría subrayar que debemos conducirnos con determinación hacia acciones eficaces y no sólo hacia frases del misal a causa de esta crisis dramática que ha causado tragedias humanas y que ha tenido consecuencias sociales y económicas en el mercado interno, mientras que surgen de ella responsabilidades para el Consejo, la Comisión y el Reino Unido,. 
Acciones, señor Presidente de la Comisión, basadas en el principio de que la protección de la salud del ciudadano europeo constituye la principal prioridad de la Unión Europea y, por consiguiente, tiene mucha más importancia de la que tienen los otros aspectos del mercado interno. 
Señor Presidente, el Sr. Böge, de quien apreciamos su seriedad como presidente de la Comisión de investigación sobre la EEB, nos presenta en el día de hoy este excelente informe para la Comisión de seguimiento, y lo felicito por ello, pero lamento que mi Grupo, la Coalición Radical, haya sido excluido de esta comisión mediante un juego malabar de procedimiento poco edificante. 
Hace seis años, la Comisión de investigación puso de relieve graves fallos de funcionamiento en la gestión de la crisis. 
Fuimos 118 los diputados que consideramos que ello justificaba una moción de censura. 
Esta vía no se siguió- cosas de la democracia- y en el día de hoy nos corresponde extraer conclusiones políticas e institucionales del informe del Sr. Böge. 
Es cierto que se ha hecho mucho, pero los hechos nos muestran que aún queda mucho por hacer. 
A petición del Parlamento, la Comisión puso en marcha reformas que suponen progresos importantes. 
Sin embargo, persiste la inquietud entre los consumidores y algunos casos recientes de fraude en Bélgica revelan que no hemos terminado con este asunto. 
La Unión Europea no se ha dotado aún de los instrumentos que permitan hacer frente a una crisis así o evitarla. 
Ahora bien, una crisis como ésta corre el riesgo inevitable de reproducirse. 
Es en los niveles más altos donde la Comisión ha de dotarse de mecanismos eficaces de gestión del riesgo en general, y nosotros tomamos nota de los esfuerzos sinceros que está haciendo en este sentido. 
Pero aún quedan sin respuesta bastantes preguntas, y muchas de las respuestas son insuficientes. 
Esta crisis ha provocado otra, la de la confianza de los ciudadanos europeos en los diputados, que somos nosotros. 
La Unión Europea se ha visto sacudida por una crisis grave y, ¿debería ser la propia Unión la que pagase en lugar de los responsables? 
Tenemos el deber de velar porque la Comisión llegue hasta el fondo en su trabajo. 
Si ello no fuera así, creo que podemos esperar que el consenso políticamente correcto que parece estar de moda en este hemiciclo se quebrantara y el Parlamento, que ha comenzado a asumir sus responsabilidades, sabría adoptar las decisiones oportunas en interés de nuestros conciudadanos, a falta de lo cual, la maquinaria ultraliberal impondría su ley. 
En nombre de mi Grupo quiero felicitar a la Sra. RothBehrendt, a la que ha sido un placer conocer con motivo de los trabajos de la comisión, al Sr. Böge, al que ya había tenido el placer de conocer porque ya presidió la anterior Comisión de investigación, y también a mis colegas por el gran trabajo realizado. 
Por último, quiero simbolizar en el Sr. Reichenbach la participación y la colaboración de la Comisión, esto es, de todos los compañeros suyos que participaron de una manera constante en nuestros trabajos. 
Es necesario evaluar conjuntamente los trabajos de la Comisión de investigación y los de la Comisión de seguimiento. 
Es necesario tener en cuenta que desde que la Comisión de investigación finalizó sus trabajos, se han obtenido evidencias claras de la vinculación de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob con la EEB, lo que incrementa la gravedad de las responsabilidades determinadas por la Comisión de investigación. 
Por otra parte, la vulneración del embargo a la carne de vacuno británica también se conoció con posterioridad a la publicación del informe de la Comisión de investigación. 
A este respecto, la Comisión de seguimiento no contaba con un mandato para investigar nuevas responsabilidades ni para modificar las valoraciones de la Comisión de investigación. 
Las recomendaciones que han sido seguidas se pueden evaluar de un modo más esperanzado que satisfactorio. 
Es cierto que se han dado pasos en la buena dirección en cuanto a la protección de los consumidores y que se han creado nuevas unidades administrativas. 
Sin embargo, por el momento mi Grupo no puede más que abrigar fundadas esperanzas de que todo funcione adecuadamente. 
Tenemos muestras de las distorsiones que pueden aparecer en el proceso de toma de decisiones y también de problemas de funcionamiento. 
En el informe de la Comisión de seguimiento, se incluyen entre las recomendaciones que han sido seguidas varias que sólo lo han sido parcialmente o de cuya observación sólo se cuenta con promesas por parte de la Comisión. 
Creo que este Parlamento se debe plantear con seriedad un método de control y evaluación de estos aspectos. 
En cuanto a las recomendaciones que no han sido seguidas, cabe señalar un punto común: o bien todas tienen un carácter institucional, o bien los obstáculos para su puesta en marcha han tenido un origen institucional. 
Entre las recomendaciones que no han sido observadas por la Comisión, me gustaría destacar la carencia de medidas disciplinarias sobre faltas graves cometidas por algunos funcionarios, y quiero decir con eso que la necesidad de corregir dichas responsabilidades no se justifica- por mi parte, en relación al Parlamento- por un ánimo inquisitorial, sino todo lo contrario. 
En cualquier caso, es obvio que no todas las recomendaciones de la Comisión de investigación tienen la misma importancia. 
Y hay varias de una importancia capital en el plano legislativo, de precaución sobre materiales de riesgo y de control, que no han sido realizadas todavía en gran parte. 
Se siguen observando deficiencias en relación, por ejemplo, con la utilización de material de riesgo en beneficio de la industria farmacéutica. 
Yo les confieso que en las dos comisiones- de investigación y de seguimiento- yo he pasado de tener una actitud mucho más crítica en relación al Consejo a tenerla respecto al comportamiento de los Estados miembros. 
Pero el Consejo debe ser mucho más beligerante con miras a obligar a los Estados al cumplimiento de la normativa comunitaria. 
Está claro, y con eso termino, que muchos de los avances que se han logrado, lo han sido por presión de esta Asamblea. 
Sería, por lo tanto, fundamental normalizar a partir de ahora una total transparencia en las relaciones normales del Parlamento con la Comisión. 
Mi grupo político, que abriga un deseo esperanzado y que hubiera querido hacer una valoración plenamente satisfactoria, piensa que, para resolver esta contradicción, la Comisión debe cumplir el próximo año todas las promesas que ha realizado. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, en primer lugar debo dar las gracias a nuestro ponente, el Sr. Böge, tanto por el trabajo que ha realizado como por la receptividad y disponibilidad que ha mostrado con respecto a la totalidad de los miembros de nuestra comisión. 
Con relación al informe de la Comisión de seguimiento, nuestro grupo ha presentado una propuesta de resolución muy breve, ya que cuenta con sólo siete párrafos; no es suficiente para definir nuestra propuesta y para mostrar nuestra determinación. 
En primer lugar, apoyamos decididamente las propuestas de conclusión del ponente relativas a la necesidad de asegurar la transparencia en el seno de la Comisión. 
En este expediente, el principal problema ha residido en esa voluntad de echar tierra sobre el llamado asunto de «las vacas locas» y todos sabemos que ha sido con el objetivo de evitar obstáculos tanto en la realización del mercado único como en el proceso de ratificación del Tratado de Maastricht y quizá también, desafortunadamente, en la satisfacción de muchos otros intereses inconfesables. 
Con respecto a la Comisión de seguimiento, sólo podemos lamentar que este Parlamento no haya optado por un procedimiento más eficaz rechazando la concesión del estatus de comisión de investigación a nuestra Comisión de seguimiento. 
Más claro, temo que nuestras conclusiones no tengan el alcance jurídico necesario e indispensable para obligar a la Comisión a modificar su forma de actuar y su comportamiento. 
El tercer párrafo de nuestra resolución denuncia las modificaciones aportadas al Tratado de Amsterdam- debo recordar que éste se encuentra en fase de ratificación- sobre el artículo 100A, priorizándose en la nueva formulación al mercado único en detrimento de la salud de los consumidores europeos. 
Y debo recordar que fue gracias a la acción del Ministro francés de Agricultura, Sr. Philippe Vasseur, como pudo decretarse un embargo sobre la carne de vacuno británica. 
En su nueva redacción, el párrafo 4º del artículo 100A ya no nos permitirá aplicar este método sin atraernos las iras de la Comisión y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
El quinto párrafo de nuestra resolución señala que deseamos conocer las consecuencias de la evolución de la nueva PAC, tal como queda descrita en la Agenda 2000, así como las de los acuerdos internacionales, en especial las de los acuerdos concluidos en el marco de la OMC sobre la calidad de los productos agrícolas y alimentarios que se darán a los consumidores. 
Efectivamente, todo lleva a los agricultores europeos a mejorar la productividad aunque en el fondo no lo deseen. 
Ellos tienen una empresa que gestionar que, con frecuencia, representa la única y exclusiva fuente de ingresos para ellos y para sus familias. 
Finalmente, señor Presidente, concluiré señalando que nuestro grupo se reserva el derecho de presentar una moción de censura durante el período parcial de sesiones del mes de noviembre de 1998, es decir, dentro de un año, día por día, si la Comisión no respeta las conclusiones de nuestros dos informes, es decir, el de la Comisión temporal de investigación y el de la Comisión de seguimiento. 
Debo recordar que, al inicio de este asunto, nuestro antiguo colega, Philippe de Villiers, amenazó a la Comisión con la presentación de una moción de censura. 
Ustedes mismos han podido constatar hace algunos meses que ésta fue presentada. 
Mantendremos nuestra palabra; en ello va nuestra credibilidad y, por supuesto, señor Presidente del Consejo, la suya propia. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, Luxemburgo siempre ha estado convencido de la función primordial del Parlamento Europeo en la vida comunitaria y por ello, en cada ocasión en que ha asumido la presidencia del Consejo, no ha escatimado esfuerzos para mantener con el propio Parlamento un diálogo muy intenso y constructivo. 
Ello nos parece tanto más necesario en el día de hoy en que el tema del debate es especialmente importante y sensible. 
En mi intervención me esforzaré por hacer un balance necesariamente sucinto pero al mismo tiempo tan completo como sea posible, de las deliberaciones que el Consejo ha dedicado al problema de la EEB, sobre todo después de la resolución que ustedes adoptaron el 19 de febrero de este año como conclusión a los trabajos de la Comisión temporal de investigación. 
Aprovecharé también mi intervención para responder a las diferentes preguntas orales que se le han formulado al Consejo. 
En un plano general me parece oportuno señalar que, por encima de la consideración de las legítimas preocupaciones económicas o sociales que suscita el elevado número de personas cuya subsistencia depende de la supervivencia del sector del vacuno, el Consejo ha actuado constantemente y continúa haciéndolo en el marco de sus competencias legislativas, basándose en dos principios. 
En primer lugar, es necesario garantizar la protección de la salud humana y por consiguiente fijar reglas que permitan asegurar la calidad y seguridad de los productos alimentarios. 
En segundo lugar, cualquier acción ha de basarse de manera fundamentada en los mejores y más recientes conocimientos científicos. 
El Consejo está de acuerdo con el Parlamento Europeo y con el ponente Böge en reconocer que será dentro de la transparencia, de la claridad y de la responsabilidad como se contribuirá a recobrar la confianza de los ciudadanos europeos en el funcionamiento de nuestras instituciones y, por consiguiente, a tranquilizar a los consumidores de la Unión y de terceros países acerca de la seriedad de las medidas adoptadas a nivel europeo para preservar su salud. 
Además de la necesidad de la acción legislativa en relación con la calidad y la seguridad de los productos alimentarios, el Consejo reconoce igualmente que es muy importante disponer de un sistema eficaz de control, principalmente para luchar contra el fraude. 
Por otro lado, es evidente que, por encima de las diferentes legislaciones a nivel veterinario y fitosanitario, la acción de lucha contra la EEB debe tener una prolongación en la investigación y prevención de las diferentes formas de EEB. 
Desde la aparición de la EEB y, sobre todo, tras los recientes descubrimientos científicos que han puesto de relieve el posible vínculo entre la EEB y la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, la acción del Consejo en sus diferentes formaciones se ha orientado en torno a todos estos aspectos. 
Comencemos por el Consejo «agricultura» , que ha adoptado toda una serie de medidas en los ámbitos alimentario, veterinario y fitosanitario, así como algunas reglamentaciones relativas a los animales. 
Entre los principales resultados obtenidos podemos señalar especialmente dos decisiones. 
En primer lugar la adopción, por parte del Consejo, del reglamento sobre el sistema de identificación y registro del ganado vacuno y sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno y de los productos derivados de esta carne, que permitirá sobre todo asegurar el seguimiento de los productos derivados del vacuno y, por consiguiente, un control muy eficaz. 
En segundo lugar, la decisión adoptada por la Comisión el pasado mes de julio tras las deliberaciones del Consejo, que tiene por objeto la prohibición de utilizar materiales de riesgo específicos, en particular en la alimentación humana y animal. 
Por otro lado y sin pretender ser exhaustivo, quisiera recordar diferentes medidas como la prohibición de las hormonas y de sus derivados en la cría del ganado, la certificación de los animales y de los productos animales, la protección de los terneros y la policía sanitaria para el comercio intracomunitario de vacuno. 
Al adoptar estos diferentes actos legislativos, el Consejo ha tenido en cuenta ampliamente la posición del Parlamento Europeo. 
En cuanto al embargo sobre las exportaciones de carne de vacuno británico, conocen ustedes todas las decisiones que tomó el Consejo Europeo de Florencia. 
En el seno del Consejo «agricultura» estamos informados regularmente sobre la evolución de la situación y de los trabajos relativos al programa británico de rebaños certificados. 
Aún no ha llegado el momento de que el Consejo se pronuncie sobre una posible flexibilización de este embargo. 
Lo haremos cuando la Comisión considere que se reúnen las condiciones necesarias y nos presente propuestas formales. 
En este sentido, puedo confirmarles que las decisiones que ha adoptado el Consejo Europeo de Florencia sobre los criterios que haya que tomar en consideración, así como los procedimientos que se hayan de seguir, serán respetados plenamente. 
La cuestión de los controles y sobre todo de las deficiencias que los recientes casos de fraude han puesto de relieve, constituye un serio tema de preocupación para la opinión pública, para el Parlamento Europeo e, igualmente, para los ministros de agricultura que han examinado esta cuestión durante mi Presidencia. 
Sin duda, todos sabemos que sería ilusorio esperar la erradicación total de una actividad criminal cuya represión depende, en primer lugar, de las autoridades judiciales. 
Sin embargo, los ministros de agricultura han sido unánimes al afirmar su más firme voluntad de hacer todo lo posible, tanto en el plano nacional como comunitario, para luchar de forma enérgica contra el fraude. 
Por ello, por encima de la adopción de medidas nacionales más estrictas, hemos dado todo nuestro apoyo a la Comisión cuando ésta ha manifestado su intención de reforzar el sistema de control existente. 
Con respecto a las hormonas, el Consejo apoya con firmeza la acción de la Comisión en el marco de la OMC, ya que consideramos que la Comunidad tiene derecho a fijar el nivel de protección de la salud humana que ella considere apropiado y, por tanto, de prohibir la utilización de sustancias consideradas peligrosas para la salud de las personas. 
En el ámbito de la investigación, se ha conseguido un resultado importante para la mejora de la cooperación y la coordinación de esfuerzos de investigación sobre la EEB, con la decisión común del Consejo y del Parlamento Europeo teniendo en cuenta el informe del profesor Weissmann, que tiene por objeto la asignación de un importe suplementario de 35 millones de ecus a la investigación sobre las EET, las vacunas y las enfermedades víricas en el contexto del Cuarto programa marco de investigación y desarrollo. 
Esta decisión amplía a 50 millones de ecus los fondos asignados a la investigación. 
Por lo que respecta al Consejo «salud» , me limitaré a recordar que sus conclusiones sobre el asunto de la EEB señalan la necesidad de conceder una mayor prioridad a la protección de la salud pública y de adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar el riesgo de transmisión de la EEB. 
El Consejo «salud» ha acordado proseguir la relación minuciosa de los casos de enfermedad de Creutzfeld-Jakob y reunir y analizar todos estos datos a nivel europeo. 
Velará porque los casos de EEB se den a conocer de la forma adecuada. Por otra parte, tiene previsto volver sobre todas estas cuestiones a lo largo del período de sesiones del 4 de diciembre de este año. 
Señoras y señores, hemos sido informados de la comunicación de la Comisión relativa a la salud de los consumidores y a la seguridad alimentaria, así como del Libro Verde sobre los principios generales de la legislación comunitaria. 
La Presidencia luxemburguesa ha indicado claramente en su programa de acción que concedería una gran importancia a la seguridad alimentaria. 
Por ello ha pedido al Consejo que participe decididamente en un gran debate abierto que plantean estos documentos de la Comisión. 
Antes de fin de año, los ministros competentes de agricultura los analizarán para la agricultura, el mercado interior, los consumidores y la salud. 
Los ministros responsables de agricultura y de los consumidores han procedido ya a este análisis y han reconocido que la protección de la salud humana y la investigación sobre el nivel más alto posible de seguridad de los productos alimentarios han de seguir constituyendo la primera prioridad de la legislación europea. 
Señor Presidente, la crisis de las vacas locas es uno de esos acontecimientos que marcan profundamente no sólo a la opinión pública sino también a quienes toman las decisiones, nosotros en este caso, y que podemos poner en tela de juicio certidumbres y comportamientos. 
Si hay una lección que podemos y debemos extraer de esta crisis es que no puede haber protección eficaz de la salud humana y de desarrollo de una agricultura duradera sin la investigación permanente de una integración armoniosa de la actividad agrícola y de la naturaleza. 
Forzar esta última y atentar contra ella lleva inevitablemente a poner en peligro a la propia agricultura. 
Esta toma de conciencia, que se afirma cada día más, está presente en las deliberaciones de los ministros de agricultura sobre la Agenda 2000. 
Hoy mismo o mañana deberíamos aprobar nuestras orientaciones comunes sobre el futuro de la PAC. 
En ese contexto contamos con afirmar y defender una identidad de la agricultura europea del futuro que esté, ante todo, en condiciones de mantener el paisaje, el espacio natural y también de responder a las preocupaciones y exigencias de los consumidores en cuestión de calidad y seguridad de los productos alimentarios, de protección del medio ambiente y de defensa del bienestar de los animales. 
Nuestro objetivo es asegurar formas de producción agrícola duraderas junto con la producción de alimentos seguros y sanos. 
Al afirmar esta identidad de la agricultura europea, que desea consolidar y desarrollar con las reformas que habrá que iniciar, el Consejo quiere igualmente transmitir a los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea una indicación clara y unívoca sobre la orientación que hay que dar a su política agrícola para facilitar esta adhesión. 
Además, en la perspectiva de las futuras negociaciones multilaterales de la OMC, el Consejo ha querido señalar también la necesidad de adoptar una estrategia ofensiva destinada a preservar la posibilidad para Europa de desarrollar una agricultura que responda a sus características y a unas normas muy estrictas de calidad y seguridad. 
Finalmente, señor Presidente, y para responder a las preguntas orales que han planteado los diferentes grupos políticos, comprenderán ustedes fácilmente que hoy no es posible tomar posición sobre las conclusiones del informe de la comisión encargada del seguimiento de las recomendaciones relativas a la EEB, ya que este informe, por falta de tiempo, no ha podido ser examinado por el Consejo. 
Observo que el Parlamento Europeo y la Comisión han hecho un excelente trabajo y que el Consejo, en gran medida, ha tenido en cuenta la posición del Parlamento Europeo en el marco de sus deliberaciones dedicadas a las propuestas de la Comisión para dar curso a sus recomendaciones del mes de febrero de este año. 
No tengo razón para dudar de que éste será igualmente el caso para las propuestas que la Comisión presente tras sus conclusiones del día de hoy. 
Por mi parte, he tomado buena nota de las recomendaciones formuladas por sus Señorías en el marco de la investigación sobre la EEB y tomaré buena nota de las observaciones que formulen ustedes en el transcurso del debate del día de hoy. 
No olvidaré recabar la atención del Consejo sobre estas recomendaciones y sobre las conclusiones de su debate. 
Antes de terminar, deseo abordar dos aspectos que muestran las relaciones entre el Parlamento y el Consejo. 
Al término de los trabajos de la Comisión de investigación sobre la EEB, este Parlamento había pedido un refuerzo de sus poderes, principalmente para las cuestiones de política agrícola que afectaran o pudieran afectar a la protección de la salud o a la calidad de los alimentos. 
También en este ámbito se han podido registrar progresos importantes, algo que ustedes mismos han señalado. 
El Tratado de Amsterdam ha modificado considerablemente la función legislativa del Parlamento Europeo, incluido el sector en el que ustedes tienen un interés especial. 
Así, teniendo en cuenta sus demandas se ha modificado el artículo 129. 
Se ha previsto principalmente el procedimiento de codecisión, no obstante lo dispuesto en el artículo 43, para la adopción de medidas a nivel veterinario y fitosanitario que tengan directamente como objetivo la protección de la salud pública. 
La Presidencia luxemburguesa se felicita enormemente por esta evolución que considera muy positiva. 
Estamos convencidos de que contribuirá a mejorar y a desarrollar aún más la legislación comunitaria relativa a la protección de la salud humana. 
Por lo que hace referencia a la participación del Consejo y de los Estados miembros en los trabajos de la Comisión de investigación sobre la EEB y las preocupaciones manifestadas respecto a la cooperación de los Gobiernos de los Estados miembros, debo señalar que el Consejo y los propios Estados miembros se han esforzado por contribuir a los trabajos de esta Comisión de investigación. 
Por lo que respecta al Consejo, deseo recordar que éste ha remitido a la Comisión de investigación toda la información que esta última le pedía sobre sus deliberaciones relativas a la EEB. 
Además, el Sr. Yates, Presidente en ejercicio del Consejo, respondiendo de forma positiva a una invitación que la Comisión de investigación le había cursado, ha participado personalmente en sus trabajos y le ha proporcionado información muy completa y detallada sobre el planteamiento y las medidas adoptadas en el pasado por el Consejo. 
Yo mismo intervine ante la Comisión de seguimiento de las recomendaciones para informarle sobre la totalidad de las medidas adoptadas desde febrero de 1997. 
Además, en aplicación del artículo 3 de la decisión interinstitucional de 19 de abril de 1995, el Consejo ha designado a un alto funcionario de su secretaría autorizado a comparecer ante la Comisión de investigación, funcionario que ha participado de manera continuada en los trabajos de la citada comisión. 
Por otra parte, deseo señalar que no le corresponde al Consejo pronunciarse sobre el alcance que los Estados miembros han dado a las invitaciones que les cursa una Comisión de investigación en aplicación del párrafo 2º del artículo 3, de la decisión de 19 de abril de 1995. 
Para terminar, deseo recordar que la decisión interinstitucional de 1995 prevé expresamente la posibilidad de una revisión para tener en cuenta la experiencia adquirida, posibilidad que está definida en el artículo 6 de la decisión precitada. 
Con ocasión de mi comparecencia ante la Comisión de seguimiento de las recomendaciones relativas a la EEB, he creído comprender que los diputados deseaban mencionar esta problemática en el marco del diálogo tripartito. 
Ya he informado al Presidente del Consejo «Asuntos generales» de este deseo, que considero personalmente como una posible vía para clarificar esta cuestión y mejorar la entente entre las instituciones. 
Señor Presidente, el debate del día de hoy revela claramente una vez más que, en materia de salud pública y seguridad alimentaria, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo tienen responsabilidades compartidas y deberes comunes. 
Se trata por tanto de aunar esfuerzos y voluntades y cooperar estrechamente en este ámbito. 
Reitero la voluntad del Consejo de estimular esta cooperación. 
Señor Presidente, muchas gracias, señor Santer. 
Lo que usted ha dicho hoy coincide en muchos aspectos con lo que nosotros hemos dicho y considero innecesario discutir sobre las diferencias existentes entre usted y nosotros o entre usted y la comisión. 
Voy a realizar solamente una breve observación sobre lo que usted ha dicho: el hecho de que el Sr. Cunningham, como Ministro de Agricultura de Gran Bretaña y el Sr. Boden, como Presidente del Consejo, hayan comparecido ante la comisión, no es algo que considere destacable a pesar de que fuese muy agradable. 
Señor Santer, perdóneme, pero es algo evidente que los Sres. ministros comparezcan ante un gremio del Parlamento. 
Quiero dirigirme al Consejo pues en los últimos meses he podido negociar en suficientes ocasiones con la Comisión y quiero indicar claramente que ya no hablo como presidente de la comisión sino en nombre de mi grupo político, de los social-demócratas en Europa. 
Señor Boden, le he escuchado bien y estoy convencido de que se cree lo que dice. 
El problema es que usted es un Ministro de Agricultura entre 15 y no estoy seguro de que vaya a encontrar con su buena voluntad la mayoría en ese gremio. 
Le he escuchado cuando ha dicho que el Consejo no ha tenido tiempo hasta ahora para debatir sobre muchas cuestiones que, por ejemplo, se tocan en nuestras preguntas orales. 
Me sorprende algo, pues en el Comité de Control no hemos dicho otra cosa diferente a lo que hemos dicho en la Comisión de Investigación y habría esperado que el Consejo, en cada reunión que usted u otro Presidente convoca, tratase en su primer punto del orden del día la EEB, la lucha contra ella, las consecuencias y qué es lo que hemos hecho mal. 
No escucho de ustedes- y, lamentablemente, me tengo que dirigir a usted, señor Boden, como su representante en estos momentos- no escucho de ustedes: ¿qué hemos hecho mal? 
Usted dice que se deben tener en cuenta la protección de los consumidores y de la salud. Muy bien. 
¿Porqué no dice que hemos dejado de lado la protección de los consumidores y de la salud y que queremos tenerlos ahora en cuenta? 
Esta sería la formulación correcta, señor Boden. 
Repito que le toca a usted, en representación de la totalidad del Consejo de Agricultura pues usted es ahora Presidente del Consejo aunque me gustaría decírselo mucho más al Ministro alemán de Agricultura o a otros Ministros de Agricultura. 
¿Porqué sigo teniendo, por ejemplo, la sensación de que aquellos que son responsables, no han entendido nada? 
Señor Boden, usted ha dicho que el etiquetado de productos de carne de vacuno es ahora una nueva prueba para crear confianza. 
Si es así y cree realmente en serio que así se puede generar confianza- y espero que lo piense en serio pues a los demás Ministros no les creo -, ¿porqué no ha dado su asentimiento a la modificación del fundamento jurídico que el Parlamento acordó junto con la Comisión? 
¿Porqué no lo hizo y, en su lugar, eligió de nuevo la blanda formulación del artículo 43 que les ofrece el máximo poder que puede ofrecer una patente de corso? 
Señor Boden, ¿porqué ha sido así? 
Dígamelo, por favor. 
Por favor, dígame también porqué sigo teniendo la sensación de que en el Consejo sigue reinando el síndrome de los cuervos. 
Un cuervo no saca el ojo a otro cuervo. 
Usted ha dicho que hay que proteger a las personas y también a las personas que viven de las vacas. 
Comprendo muy bien que se proteja a los ganaderos pero también que se proteja a la gran mayoría de las personas en la Unión Europea y éstas son muchas más que ganaderos. 
No lo ha hecho en el Consejo de Agricultura. 
¿Porqué en el pasado el mercado de la carne y el mantenimiento del mercado eran más importantes que la protección de la salud y porqué tenemos que creer ahora que ha cambiado? 
¿Puede decírnoslo? 
¿Porqué, por ejemplo, no ha apoyado con entusiasmo el modesto intento de la Comisión de acordar en la Agenda 2000 una modificación de los precios agrícolas y modificar, por ejemplo, el esquema de subvenciones? 
¿Porqué escucho de todos los Ministros de Agricultura solamente reparos, reproches y grandes temores? 
Todos sabemos que el fallo básico de lo que ha pasado, la EEB y otras muchas cosas más, también la criminalidad, se debe a este esquema de subvenciones. 
¿Porqué no ha salido de ustedes decir que debemos cortar por lo sano y cambiar ahora todo y mostrar como Ministros de Agricultura que hemos comprendido? 
Señor Boden, siento tener que decirlo tan duramente. 
La Comisión ha comprendido sin duda algunas cosas. 
En el futuro próximo veremos cuánto ha comprendido. 
No tengo la sensación de que el Consejo de Agricultura haya comprendido algo y de que los Ministros de Agricultura, exceptuándole a usted, hayan comprendido nada. Tenemos que ver qué es lo que hacen éstos aún con mucha más atención. 
Señor Presidente, en interés de la transparencia he de declarar que tengo un interés personal en esta cuestión, pues soy ganadero en el sector bovino. 
Pocos son los que en este Parlamento sabrán apreciar el enorme volumen de material que esta Comisión temporal ha estudiado minuciosamente durante los últimos meses, y tanto el ponente Böge como la presidenta merecen elogios por la forma en que han desempeñado su labor. 
Un estudio cuidadoso de las declaraciones de comisarios, funcionarios de veterinaria, científicos, funcionarios ministeriales y muchas otras personas que han dado testimonio indica claramente que en los primeros días de la terrible epidemia de EEB se cometieron errores a todos los niveles, tanto en el plano de la Comisión como en el plano europeo. 
Recalco lo de " europeo» porque, aunque la mayor parte de este problema se ha manifestado en el Reino Unido, no hay duda alguna de que también ha habido problemas en otros países europeos. 
Es una lástima que desde el principio no hayamos tenido una política europea uniforme y normalizada para luchar contra la EEB. 
Se exportaron tantas toneladas de material contaminado a la Europa continental desde el Reino Unido, que era absolutamente evidente que se iban a manifestar casos de la enfermedad. 
Señor Presidente, me alegra que el Comisario Fischler haya adoptado una firme posición en favor de crear una política europea y de conseguir que en otros países europeos se observen los mismos altos niveles que hemos instaurado en el Reino Unido. 
No podemos olvidar las graves repercusiones financieras para otras industrias como transportistas, extracción de grasas, mataderos, que ahora padecen como consecuencia de la ruinosa caída del mercado de ganado vacuno y sus productos. 
Eso es el pasado. 
El futuro nos dice con toda claridad que, a juzgar por las estadísticas según las cuales hace tres años hubo 37.000 casos y este año no hay más que 3.000 en el Reino Unido, los esfuerzos desplegados por el gobierno anterior y por el actual Gobierno han tenido repercusiones decisivas para la reducción de esta enfermedad. 
Ahora bien, los sectores agropecuarios británicos están quedando arruinados y tenemos que instituir sin demora un plan de certificación de ganado para que las explotaciones agrícolas puedan demostrar que están libres de toda sospecha, y después con un sistema de etiquetado e identificación, tenemos que asegurarnos de que se puede seguir el rastro de la carne desde el animal hasta la carnicería. 
Señor Presidente, estoy en favor del informe del Sr. Böge y de la resolución. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, como miembro al mismo tiempo de la Comisión temporal de investigación y de la Comisión temporal se seguimiento debo felicitar muy especialmente a nuestro colega, el Sr. Böge, por el trabajo que ha realizado. 
Señor Presidente, aunque hoy concluyamos el trabajo de la Comisión temporal de seguimiento, por desgracia ello no significa que dejemos de hablar del asunto de las «vacas locas». 
En cuanto al fondo quisiera señalar, señor Presidente, la importancia que tienen la información y la transparencia. 
En el desarrollo de nuestros trabajos hemos podido constatar que durante mucho tiempo se ha actuado con el objetivo de que se olvide todo este asunto, o más bien, de echar tierra sobre él. 
Las instituciones europeas sólo seguirán siendo creíbles si utilizan la transparencia como norma. 
El Parlamento Europeo debe continuar velando por ello, ya que el asunto de las «vacas locas» no solamente no ha concluido, sino que nada nos asegura además que en el futuro no se presenten otros problemas del mismo tipo con las hormonas, con las OGM o con cualquier otra nueva tecnología mal controlada. 
Debo confesar, señor Presidente, que no estoy en contra de la evolución tecnológica, por supuesto, pero es preciso que los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea tengan confianza en esta evolución, y tendrán esta garantía si saben que la toma de decisiones se hace con transparencia. 
Tanto en el plano del informe como en el de la evolución de las estructuras de la Comisión he constatado con satisfacción la creación y desarrollo de la DG XXIV, bajo la responsabilidad de la Sra. Bonino. 
Sin embargo, debo reclamar su atención sobre la necesidad de preservar un equilibrio entre las diferentes direcciones generales. 
Debo recordar que su misión es importante y amplia. 
Es preciso garantizar los medios indispensables para permitirle que cumpla su tarea. 
Como conclusión, señor Presidente, quisiera recordar que yo era uno de los firmantes de la moción de censura que fue rechazada por esta Asamblea y señalar que, en este sentido, seguiré especialmente atento en este expediente en cuanto a la forma como la Comisión ponga en práctica mi recomendación. 
Si veo que se entierra el expediente, sin hacer un juego de palabras, sabré recordarlo en su momento para que no se olvide. 
Presidente, yo también quiero adherirme a aquellos que han felicitado a los miembros de la Comisión Temporal de Seguimiento y Recomendaciones sobre la EEB- el presidente, el ponente y todos sus miembros -, por el trabajo que han realizado. 
Es un buen ejemplo del Parlamento de cómo se debe llevar a cabo una comisión de investigación. 
La Comisión Europea ha seguido afortunadamente la mayoría de las recomendaciones y eso significa que en lo que a nosotros respecta se ha recogido el anzuelo del debate. Nos alegramos del hecho de que la Comisión vaya a emitir cada seis meses un informe sobre la situación en relación con este dossier. 
Esto nos parece de gran importancia. También nos parece importante que la Comisión lo plantee en órganos internacionales, porque cada vez considero más difícil explicar a los campesinos europeos lo que pueden o no pueden hacer por estas o aquellas razones, mientras que lo mismo no es válido para los campesinos de fuera de Europa. 
Es necesario que se alcance un acuerdo en el marco internacional sobre esta clase de puntos. 
Sobre la aparición en este Parlamento Europeo de ministros para las comisiones de investigación, tengo entendido por parte del Sr. Santer que no es jurídicamente posible forzar a los ministros. 
Creo que políticamente se deben utilizar todos los medios posibles para llevar a cabo esto. 
Es inaceptable que un parlamento determinado ratifique un Tratado de Maastricht que posibilita este tipo de comisiones de investigación y que después el mismo parlamento apruebe que determinados ministros no aparezcan. 
A mi modo de ver esa lógica es intolerable. 
Uno de los puntos que deben solucionarse tan pronto como sea posible es lo permitido y lo no permitido con harina animal en la utilización de piensos. 
Los animales enfermos probablemente no se puedan utilizar, pero ¿qué se puede hacer con otra harina animal? 
Ése es un punto que creo debe solucionarse tan pronto como sea posible. 
Un último punto. La participación de los miembros de este Parlamento como observadores en los comités científicos es un buen asunto, porque la apertura es buena. 
Sin embargo, estoy del todo a favor de la separación de poderes. El Parlamento nunca puede responsabilizarse de antemano de las decisiones de esos comités. 
Señor Presidente, no hay duda de que la Comisión de investigación sobre la EEB antes y la Comisión de control para el seguimiento que debía darse a las conclusiones de la anterior Comisión de investigación después, evidenciaron graves carencias a nivel de evaluación de los riesgos, de controles y de aplicación de las normas comunitarias tanto por parte de los Estados miembros como de la Comisión. 
El Parlamento Europeo ha optado por la moción de censura condicional como instrumento para crear una nueva relación de cooperación entre el Parlamento Europeo y la Comisión. De todas formas, esta opción ha dado unos frutos que ya se han recalcado en las anteriores intervenciones. 
Sin embargo, todavía son muchos los problemas sin resolver y no me parece que las intervenciones del Presidente en ejercicio del Consejo ni tampoco del Presidente de la Comisión hayan disipado las dudas. 
Por este motivo, nosotros los Verdes vamos a plantear con fuerza la necesidad de satisfacer todas las exigencias, resaltadas por las dos comisiones sobre la EEB, para garantizar la defensa de los consumidores y para salvaguardar la salud de los ciudadanos y de los animales de criadero. 
Deseo recordar ahora de forma muy resumida algunos aspectos que requieren un compromiso y una cooperación ulteriores entre los Estados miembros y todas las Instituciones de la Unión Europea, esto es, Parlamento Europeo, Comisión y Consejo. 
Debemos recordar ante todo que a causa de las negligencias y de las omisiones en el ámbito de la política de lucha contra la EEB, se van a producir más casos de esta enfermedad y que es necesario estar preparados para intervenir en estos nuevos casos y evitar que se repita lo que sucedió en Bélgica, o sea, que los restos de un animal infectado se transformen en harina animal. 
Del mismo modo que habrán nuevos casos de EEB, se producirán también nuevos casos de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, actualmente en fase de incubación, porque, lamentablemente, se ha comprobado la vinculación científica del agente patógeno de la EEB con la nueva variante del síndrome de Creutzfeldt-Jakob. 
Hace falta, en consecuencia, una adaptación del control y de las acciones en materia de garantía y control en favor de los ciudadanos. 
Con referencia a los manifestado por el Presidente Sr. Santer, son necesarios asimismo medios de cara a una contribución financiera solidaria en favor de las familias afectadas y para un efectiva indemnización en favor de los enfermos y de sus familiares, con la implicación de los Estados miembros. 
Sacando las debidas conclusiones de todo este suceso, podemos afirmar que es preciso emprender una nueva política en materia de controles sobre todo el proceso que va de la empresa al consumidor y aplicar de forma adecuada el principio de precaución. 
Desde este punto de vista, hay que mencionar que el caso de la EEB es emblemático y debe servir para mejorar toda la política en defensa de los consumidores y para poner en práctica una agricultura compatible con el medio ambiente. 
Próximamente, deberemos hacer frente a nuevos problemas: la revisión de la legislación alimentaria, con respecto a la que existe un Libro Verde, pero cuya consulta ha planteado grandes dudas, en particular por lo que se refiere a la política en materia de hormonas, antibióticos en la alimentación animal, novel food, introducción en los alimentos de organismos manipulados genéticamente, futuro de las salmonellas veterinarias. 
Por todas estas razones, hacemos votos por que en este año las varias Instituciones de la Unión Europa sepan, a través de los informes semestrales de la Comisión y de la Conferencia conjunta, ofrecer respuestas adecuadas que respondan ante todo a las necesidades de los consumidores y de los ciudadanos de la Unión. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, deseo expresar tanto mi satisfacción como mi contrariedad por la situación y la forma en que se ha llevado la cuestión de la EEB. Mi satisfacción, antes que nada, como diputado, por el muy importante papel desempeñado por el Parlamento a la hora de tratar este dossier y de estimular a la Comisión; y satisfacción por constatar que la Comisión, en muchos aspectos, ha correspondido a esas legítimas expectativas que llegaban de este Parlamento, expresión de la opinión pública europea, de limitar los riesgos, de controlar y, desde ahora en adelante, de dejar de cometer los errores hechos en el pasado y hasta el presente, a la hora de hacer frente al problema de las vacas locas. 
Sin embargo, me produce asimismo contrariedad comprobar que la Comisión no ha seguido todas nuestras recomendaciones y que quizás ha mostrado demasiada timidez- permítame decirlo, señor Presidente Santer- por lo que se refiere a las medidas acompañantes: bien la reestructuración, muy bien el trabajo que se ha realizado hasta ahora, en particular por el Comisario encargado de este sector y por la Comisión en su conjunto, pero mal, en mi opinión, por no haber tenido el valor de llegar hasta el fondo, como pedía el Parlamento, tanto a nivel interno como a nivel de medidas contra el Estado que- no puede soslayarse- originó esta crisis; contrariedad también, si me permiten, con respecto a esos colegas del Parlamento que, por el contrario, han actuado de manera desastrosa lanzando acusaciones indiscriminadas y reflejando, en consecuencia una imagen impropia tanto nuestra como de la Comisión. 
Menos mal que dichas amenazas no surtieron efecto y que no hubo la censura anunciada; el Parlamento votará con seriedad un texto crítico, sí, pero que, evidentemente, no puede dejar de reconocer que hasta este momento se ha realizado un excelente trabajo. 
Señor Presidente, el Sr. Böge nos ha remitido el informe de la Comisión de seguimiento, que ha maravillado a todos nuestros colegas. 
En Bélgica, en Francia, en Gran Bretaña sigue muriendo el ganado vacuno pero todo va bien. 
Aunque se trate de ganado vacuno nacido después de la prohibición de las harinas no es grave, aunque haya un ejemplar de vacuno belga en 1.200 toneladas de harina. 
Hay 21 casos de Creutzfeld-Jakob. 
Mientras todo esto no alcance a la Comisión, no importa mucho. 
Ya se ha demostrado científicamente la transmisión del animal al hombre, pero eso no es preocupante. 
Las harinas siguen circulando, continúan fabricándose y consumiéndose, ¡lo principal es la transparencia! 
Más aún, si en nombre de la transparencia, la Sra. Green ha eliminado de la Comisión de seguimiento a los no inscritos y al grupo ARE, diez millones de electores no tienen derecho a la transparencia, ¡precisamente ellos que pueden morir! 
Así, para compensar, la Comisión nos ha ofrecido algunas migajas sobre la reorganización interna, el reglamento sobre la retirada de materiales de riesgo de la cadena alimentaria, una pequeña migaja de 50 millones de ecus para la investigación, el tratamiento de las harinas de desechos de animales que se ha mejorado un poco, pero lo esencial no se ha hecho, señor Presidente, señor Comisario, es decir, que no se han tomado medidas disciplinarias contra los responsables de faltas graves: únicamente el pobre Mansito ha tenido que retirarse, el danés Hoelgaard ha sido ascendido a director de productos vegetales de suerte que, después de haber intoxicado a los animales se encargará de los vegetales; al Sr. Meldrum se le ha concedido una pensión, es la única sanción, y el Sr. Marchant no tiene nada de nada. 
No se tiene en cuenta la responsabilidad del Gobierno británico ni de los hermanos De Mulder, el Gobierno británico no ha pedido perdón excepto de crimen contra el ganado vacuno, que yo no sé si prescribe, cuando existe un delito contra víctimas humanas en la medida en que ver sus cabañas destruidas constituye para los ganaderos un drama psicológico nada desdeñable, y también delito contra los contribuyentes si creemos al Sr. Tillich que, en su informe general sobre el presupuesto para el ejercicio de 1998, nos señalaba perfectamente el coste de estas medidas: 1.500 millones de ecus para 1996, 2.200 millones para 1997, más otros 1.000 millones de manera indirecta. 
Además, existen aún algunas incoherencias: es cierto que se sigue transformando las carcasas en harinas destinadas a animales no rumiantes, a pesar de todo se siguen importando de los Estados Unidos los materiales de riesgo prohibidos en la Unión Europea, como las carnes con hormonas. 
Es cierto que se va a etiquetar el ganado vacuno, pero en el año 2000. 
Durante dos años, nada de etiquetas, nada de controles en Douvres, nada de control sobre el embargo. 
Peor aún, Irlanda del Norte, es decir, la última colonia británica con Gibraltar desde que Hong-Kong se ha independizado, Irlanda del Norte sirve de «vaca» de Troya. 
Esto es una pequeña parte de lo principal que se ha hecho, es decir, cortinas de humo, fuegos de artificio. 
Es cierto, señor Presidente de la Comisión, que la única medida eficaz hubiera sido la prohibición de la libre circulación, pero eso era golpear en el corazón de la construcción europea, es como decirle cuál es la única medida eficaz. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que me limite a unos pocos aspectos del informe Böge que caen directamente en mi ámbito de competencias. 
Por un lado, la seguridad y calidad de los alimentos con un aumento simultáneo de la competitividad de los productos agrícolas europeos. 
Como ustedes saben, estos son los objetivos fundamentales y líneas directrices de la parte de la Agenda 2000 relativa a la agricultura. 
Saludo, por ello, las claras constataciones al respecto que se realizan en el informe y expreso mi agradecimiento por el apoyo del Parlamento Europeo para introducir criterios de ayuda sociales y ecológicos en la futura configuración de la política agrícola común, tal como he propuesto en la Agenda 2000. 
No obstante, tendremos que realizar conjuntamente aún un gran trabajo de persuasión en los Estados miembros. 
Saludo además el deseo de introducir medidas adaptadas al lugar y la exigencia de una consideración regional o adaptación al lugar. 
Considero muy razonable esta exigencia y les expreso mi agradecimiento por el desarrollo de esta posición por parte de esta Asamblea. 
La flexibilización del Reglamento 20/78 es por tanto una consecuencia lógica. 
Tengo gran simpatía por la sugerencia de vincular los pagos compensatorios a un código de buenas prácticas agrícolas en el sentido de un modo de explotación agrícola familiar sostenible. 
Espero que el Presidente del Consejo me apoye esta tarde cuando el Consejo de Ministros de Agricultura determine su actitud sobre la Agenda 2000. 
No obstante, veo una cierta contradicción con la exigencia mencionada más arriba del Parlamento Europeo de un aumento de las superficies de cultivo y de un fomento de la agricultura extensiva. 
Pero, sin duda, profundizaremos sobre este punto cuando se presente la ocasión en la Comisión de Agricultura del Parlamento. 
Como saben, la Comisión ha recurrido contra el panel de la OMC sobre la carne tratada con hormonas. 
No existe aquí ninguna divergencia. 
Sin embargo, me parece importante que utilicen sus contactos parlamentarios, en especial, con los EE.UU, para mostrar claramente a nuestros interlocutores comerciales que no podemos ceder en la cuestión. 
Permítanme que me refiera a algunos puntos del informe. 
El objetivo de garantizar unos estándares elevados para la protección de la salud de los consumidores tiene que reflejarse tanto en la legislación como en la aplicación y control por parte de los Estados miembros así como en la ejecución in situ. 
Por ello, deberemos seguir revisando sistemáticamente nuestra legislación para ver si soporta estos requerimientos y donde son necesarias revisiones y adaptaciones para llevarlos a cabo. 
Adicionalmente, tomaremos los «updates» de la legislación actual que se realizan regularmente como adaptación a las innovaciones técnicas, como motivo para realizar una revisión a fondo de estas normas. 
Debemos tener claro que nos encontramos ante un programa de trabajo cuya realización, tal como ya ha dicho mi colega Emma Bonino, es un proceso continuo, algo que debe ser tenido permanentemente en cuenta y cuya eficiencia depende de los recursos disponibles. 
Como primer punto de este programa, mis servicios trabajan en una mejora del sistema comunitario de medidas de control en el sector veterinario. 
Otro sector en el que se plantean muchas cuestiones abiertas es el de la utilización de harinas animales y de huesos en la alimentación animal. 
La Comisión utiliza aquí la única vía posible basando su política en los principios del safe sourcing, » safe processing» y «safe use». 
En el informe parlamentario muestra dos problemas especiales en este contexto, a saber, la cuestión de qué debe hacerse con los animales muertos y la de si debemos dar proteínas animales de los herbívoros. 
Debemos someter estas dos cuestiones a un serio debate. 
Como ya he anunciado en la Conferencia sobre harinas animales y de huesos, estas cuestiones se discutirán en el marco de una consulta pública. 
El correspondiente documento de consulta se ha terminado, se ha transmitido al Parlamento y desde el 14 de noviembre está también disponible en Internet. 
La investigación está también sometida a un desarrollo permanente y la lista de las prioridades de investigación es cada vez más larga. 
Nos encontramos ante una enfermedad nueva en la que la necesidad de investigación es enorme. 
La Comisión intenta coordinar actividades de información de los Estados miembros en este sector y poner a disposición fondos para proyectos de investigación. 
Para garantizar también un interés suficiente por parte de los científicos, en especial sobre cuestiones de la investigación aplicada a la EEB, deberíamos recapacitar junto con el Parlamento si no debemos intentar nuevas vías. 
En su informe dicen que en el futuro la Comisión debe adoptar lo más a tiempo posible medidas en el sector sanitario. 
Coincido plenamente con ustedes. 
Sin embargo, quiero aclarar que esto solamente será posible si, entre otras cosas, se dispone de los recursos necesarios. 
La EEB ha colocado a las instituciones europeas ante un desafío único para superar una crisis de dimensiones europeas. 
La Comisión de Investigación del Parlamento así como la comisión sucesora han mostrado nuevas vías para una formulación conjunta de nuestra política en el sector de la protección de la salud y del consumidor así como también de la política agraria. 
Quiero seguir junto con sus Señorías esta vía de cooperación entre la Comisión y el Parlamento. 
Gracias. 
Señor Presidente, también yo quiero manifestar mi satisfacción por lo que mis colegas han conseguido en el Comité y felicitar a los verdaderos héroes de este informe- el Sr. Medina, el Sr. Böge y la Sra. Roth-Behrendt- por la excelente labor que han realizado, así como a los miembros de la Comisión que durante los seis últimos meses han sabido trabajar en interacción con nosotros de forma sumamente positiva. 
La EEB y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob han sido una pesadilla para Europa durante años. 
Mucha gente ha perdido sus medios de vida y algunos han perdido incluso la vida. 
El informe Medina y su seguimiento han indicado que el Parlamento Europeo puede adoptar una iniciativa apropiada por su propia cuenta en esta cuestión. 
Es otra forma de codecisión, salvo que en este caso no estamos respondiendo a propuestas que nos llegan de la Comisión o del Consejo, sino adoptando un punto de vista debido a la falta de dichas propuestas en una fase anterior. 
Las críticas de la Comisión durante los debates del informe Medina se hicieron con ese espíritu. 
Deberíamos reconocer como corresponde que en los seis últimos meses la Comisión ha progresado considerablemente, en particular gracias a la DG XIV. La consecuencia es que una mayoría muy holgada de mi Grupo y de otros grupos opina que una moción de censura no sería apropiada. 
Hay muchas cosas que siguen preocupándonos. 
Una es la actitud más bien dilatoria de la Comisión ante los procedimientos disciplinarios, pero eso no es una razón para formular una moción de censura. 
Dijimos al principio que nos preocupaba la cuestión de la seguridad y la salud públicas, pero que no éramos una comisión de seguridad pública en el sentido revolucionario francés, que exige que se corten cabezas, que exige que haya juicios que sienten precedentes. 
Lo que queremos es sencillamente cerciorarnos de que las lecciones que hay que aprender en materia de disciplina interna se aprenden tan efectivamente como las demás. 
También estimamos que el Consejo pecó de letargia en su respuesta a las propuestas sumamente necesarias de la Comisión en materia de salud y seguridad y trato de los materiales peligrosos en toda la Comunidad. 
Toda nuestra comisión parlamentaria, en particular en su visita al Reino Unido, se sintió emocionada ante la triste suerte de las víctimas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y de sus familias, como así nos explicaron con gran elocuencia el Sr. y la Sra. Churchill. 
Toda la comisión parlamentaria desea manifestar su solidaridad para con las víctimas de esa terrible enfermedad y sus familias. 
Sabemos que esto requiere que haya apoyo y simpatía materiales, así como apoyo moral. Tiene que involucrar a los Estados miembros así como a la Comisión, y esperamos con interés a que ambas partes formulen iniciativas a ese respecto. 
Hablando en mi propio nombre, diré que hace tiempo que tenía que haberse llevado a cabo una investigación sobre los orígenes de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el Reino Unido, y que haré todo lo que pueda por que esa investigación se lleve a cabo. 
En principio la cuestión está resuelta y no debería haber retrasos innecesarios por culpa de sus detalles. 
El Gobierno del Reino Unido acoge este informe con satisfacción. 
Esta vez no nos encontramos con ninguna de las críticas desdeñosas que suscitó el informe anterior del Sr. Medina. 
Cuando vino ante la comisión parlamentaria, el ministro, Dr. Cunningham, dejó bien sentado que la comisión haría bien en llamarle y que él asistiría siempre que se le pidiera. 
Es mejor destacar los aspectos positivos en vez de perder el tiempo con disquisiciones jurídicas acerca de si se ha pedido o no, si está permitido o no, si se ha demandado o no, si se ha exigido o no en el marco del Acuerdo Interinstitucional. 
El Reino Unido ha ocupado el centro de los debates acerca de la epidemia de EEB desde el principio pero, con las medidas precautorias que ahora se han puesto en vigor, tiene derecho a que se considere que ha dado el ejemplo en materia de salud y seguridad, incluso por lo que se refiere al almacenamiento en condiciones de seguridad de los cadáveres de animales a los que se ha extraído la grasa. 
Varios oradores se han referido a esta cuestión. 
Me limitaré a destacar que, aunque se ha hecho todo lo posible por cumplir las condiciones del acuerdo de Florencia, es precisamente la cuestión fundamental de la salud y la seguridad la que ha hecho que los cadáveres de animales descuartizados- en forma de carne y harina de huesos en que se almacenan- se conserven en condiciones de absoluta seguridad hasta que se pueda proceder a su incineración en condiciones seguras. 
No vamos a pedir que todos los cadáveres almacenados se incineren inmediatamente. 
Estimamos que todos los Estados miembros deben estar ahora en condiciones de aprobar las mismas medidas preventivas que ya se han puesto en vigor en el Reino Unido. 
Recientes casos en Bélgica han indicado que la EEB puede manifestarse en lugares en los que se creía que no existía, y que se pueden hacer errores por lo que se refiere al análisis y al destino final de los cadáveres de esos animales. 
Digo esto en un espíritu de simpatía y- para utilizar el término que el propio Presidente ha utilizado hoy- solidaridad con un país que se ve afectado por la EEB de la misma forma que nos vimos afectados en el Reino Unido. 
La respuesta no consiste en clamar para que haya zonas o regiones libres de EEB, sino en reconocer que toda la Unión Europea constituye una sola zona que necesita seguridad total, inocuidad, capacidad de seguir el rastro de los productos incriminados, y vigilancia como base de la máxima efectividad para restablecer la confianza del consumidor y para que la carne de vacuno se vuelva a comercializar en toda la Comunidad por su propio valor, en un mercado en el que se haya restablecido la confianza. 
Para acabar diré que en el futuro hay que continuar este proceso de escrutinio y que espero con interés la campaña de información sobre la seguridad alimentaria que la DG XXIV está preparando para 1998. 
Espero que esa campaña se lance durante la Presidencia británica con todo el apoyo de los Estados miembros y grupos de consumidores. 
Después de tantas calamidades, todo eso puede ser de gran beneficio para los consumidores y los productores de la Comunidad. 
El resultado de la crisis de la EEB tiene que ser la confianza mutua entre consumidores y productores y un régimen adecuado de salud y de seguridad. 
Señor Presidente, con frecuencia se achaca a este Parlamento que actúa con poca conciencia de la responsabilidad. 
A esta crítica no siempre injustificada se debe oponer que este Parlamento, allí donde tiene realmente poder actúa con responsabilidad y logra además algunas cosas. 
En esta comisión hemos logrado algunas cosas. 
Tenemos promesas de que la salud, el medio ambiente y la protección del consumidor se van a tratar en el futuro dándoles un rango superior al de los demás objetivos del mercado interior. 
Tenemos promesas de que nuestra política agraria se va a modificar en el sentido de no considerar a la masa, la cantidad y la superficie como los criterios más importantes sino apostando por la calidad, la clase, la salud y una economía sostenible. 
Hemos logrado algunas cosas bajo una perspectiva democrática. 
El trabajo de la Comisión está organizado hoy de modo diferente a hace poco. 
La palabra clave transparencia es un concepto que hemos experimentado y vivido en los últimos días y semanas. 
La legislación pertinente se realizará en el futuro con la participación responsable del Parlamento. 
Eso es lo que en cualquier caso esperamos y lo esperamos a más tardar sobre la base de modificaciones de competencias que el Tratado de Amsterdam va a traer consigo. 
No hemos logrado todo. 
No hemos sancionado realmente responsabilidades individuales. 
Pero en este contexto, tenemos la promesa del Presidente de la Comisión de proporcionar un nuevo derecho disciplinario con el que en el futuro tendremos el correspondiente fundamento jurídico si se producen comportamientos erróneos. 
No tenemos indemnizaciones reales para las víctimas pero sí enfoques en la dirección correcta y esperamos que mediante la cooperación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo se encuentren soluciones de futuro. 
No hemos logrado todo, por lo que en los próximos meses tendremos que seguir trabajando conjuntamente para superar las consecuencias del escándalo de la EEB y que todos nos beneficiemos del trabajo de las dos comisiones sobre la EEB. 
Señor Presidente, por lo que se refiere al sector alimentario, la calidad y la seguridad alimentaria tienen más valor que cualquier otra consideración. 
No hay que obtener beneficios a costa de los derechos y el bienestar de los consumidores. 
La EEB ha sido una lección muy cara para Europa, una lección que nunca debe repetirse. 
Nunca podremos olvidar la tragedia humana. 
He apreciado sobremanera que el Presidente haya hablado esta mañana de esa tragedia humana. Ha sabido tratarla de forma muy sensible. 
Apoyo el informe que el Parlamento tiene ante sí y me parece que hay que reconocer a la Comisión el hecho de que haya instaurado rápidamente normas para la erradicación de la EEB y, lo que es más importante, medidas para evitar que vuelva a presentarse. 
A este respecto he de decir que la labor de la Comisión especial y las opiniones del Parlamento han sido también importantes. 
Me agrada decir que muchas de ellas han sido aceptadas por la Comisión. 
En relación con la EEB he de decir que los agricultores han sido víctimas inocentes de circunstancias sobre las que no tenían control alguno. 
Por lo general los agricultores no se dedican a mezclar piensos, y cuando compraron piensos para sus animales, no siempre sabían qué contenido de proteína tenían. 
Por lo que se refiere a la cuestión de la seguridad alimentaria y de la calidad de los alimentos, hemos de conseguir, y creo que esto es importante en el contexto de las próximas conversaciones mundiales sobre comercio, que el compromiso de la Unión Europea respecto de la protección del consumidor no coloque a nuestros consumidores en una situación de riesgo ni coloque a nuestra industria en una situación de desventaja competitiva. 
Hemos sabido reconocer la importancia de la seguridad alimentaria y de la calidad de los alimentos, y hemos de lograr también que nuestros consumidores estén totalmente protegidos en un mercado más amplio como el mundial. 
Señor Presidente, quiero ocuparme del déficit de responsabilidad política que se ha mostrado tan claramente con este caso. 
Está totalmente claro que allí donde intereses económicos y ayudas masivas se encuentran con subvenciones, los fraudes son casi una consecuencia necesaria. 
Deberíamos cerrar las lagunas institucionales. 
Una es la exigencia absoluta de que la política agrícola europea sea controlada por el Parlamento. 
No vamos a aflojar aquí. 
La segunda es la responsabilidad política frente a los funcionarios. 
La Comisión ha prometido algunas cosas. Vamos a esperar a ver que hace. 
Hemos argumentado aquí con la responsabilidad política de la Comisión, lo que ha sido positivo y de ayuda y vamos a seguir haciéndolo. 
Pero no se ha cumplido un punto, el de la responsabilidad política de los Gobiernos nacionales. 
Es un escándalo que un Gobierno viole derechos y que lo pueda hacer políticamente sin ser sancionado. 
En este aspecto, el Parlamento Europeo deberá trabajar más estrechamente con los Parlamentos nacionales, en especial, con la oposición. 
Un último punto: no puede ser que un comportamiento de este tipo no tenga consecuencias económicas. 
Se deberá exigir que si un Gobierno o un Estado impone tales costes masivos a todos los demás, se pueda pedir de este Gobierno la devolución de tales costes. 
Es esta una exigencia central que vamos a seguir. 
Me voy a referir a lo que ha dicho aquí el Presidente del Consejo, pues me parece que está muy lejos de la realidad. 
Señor Boden, usted no toma en absoluto nota de que la conciencia jurídica de los Estados miembros está muy poco acuñada en lo referente a un fundamento jurídico común, en especial en este caso de la EEB. 
Los Estados pueden declarar que no piensan aplicar la norma que, por ejemplo, debe aplicarse en el empleo de harinas animales, por lo que la Comisión debe iniciar un largo procedimiento por violación del Tratado. 
En el Parlamento debemos colocar a la Comisión en situación de reaccionar con mayor rapidez para imponer las medidas correspondientes para la salud pública. 
Además, es necesario, y no ha dicho nada al respecto, que los controles veterinarios se hagan efectivos dentro de los Estados. 
En Alemania tienen que ser, por ejemplo, independientes. 
Entre las personas que realizan los controles y los mataderos existe un vínculo por una relación de empleo o de honorarios. 
Hay que lograr un control veterinario independiente y esto lo tienen que lograr también el Parlamento y la Comisión. 
Habría criticado mucho más a la Comisión si no hubiese escuchado su intervención. 
Por ejemplo, usted ha mencionado el etiquetado: el único punto en el que existía unanimidad con usted es el rechazo del Parlamento y de la Comisión. 
En el fondo del asunto, usted ha alineado compromiso tras compromiso y lo que ha salido de ello es también lo que ha presentado la Comisión y las propuestas de mejora que ha hecho el Parlamento. 
Todo esto es un escándalo. 
Perdone usted, señor Presidente, me habría gustado hablar aún durante diez minutos para cantarle las cuarenta al Consejo. 
Señor Presidente, muy brevemente, por supuesto. 
En relación con todo el dossier EEB hay aún un problema adicional, a saber, que toda la investigación amenaza con estancarse en una situación circunstancial y por eso el informe me parece relativamente incompleto. 
Tenemos, en efecto, junto a este dossier EEB al crimen organizado que ha utilizado este dossier para trasladar productos alimenticios de forma ilegal y en masa desde Gran Bretaña a países dentro de Europa y también a otros países fuera de la Unión Europea. 
Éste es un caso de fraude que hemos planteado repetidamente en las otras comisiones temporales de investigación y pediría que este dossier fuera seguido en cualquier caso por la Comisión de Control Presupuestario y de ahí que por este motivo hayamos presentado un número de enmiendas para que pueda llegarle el turno a este dossier, que está aún pendiente junto con el dossier EEB normal. 
Señor Presidente, cuando esta mañana, a las 9.15 horas, el Presidente ha solicitado a los miembros abandonar la sala tan rápido como fuera posible, esto sucedió en masa; sin embargo, me alegro de que la mayoría de los colegas hayan regresado entre tanto. 
En lo referente a la EEB, el ponente indica que la Comisión Europea ha seguido la mayoría de las recomendaciones de la Comisión de investigación, al menos ha empezado a seguirlas. 
Por tanto, no considero que haya que entrar en el asunto de la confianza en la Comisión Europea. 
La lucha contra la EEB y la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob exigen una seguridad garantizada de los materiales animales destinados al consumo. 
La Comisión Europea estableció por ello con razón, a partir del pasado 1 de abril, nuevas normas para el tratamiento de carne y harina de huesos. 
El hecho de que hasta diez Estados miembros no las hayan llevado aún a la práctica es una negligencia grave. 
Me gustaría saber la postura de la Comisión en el tema de la transformación de órganos vacunos de riesgo en gelatina y grasa animal. La disposición del pasado junio aspira a un riesgo cero. 
Con toda la razón, vista la relación recientemente demostrada entre la EEB y el Creutzfeldt-Jacob. Sin embargo, la Comisión parece abandonar la prohibición de transformar los órganos de riesgo en gelatina y grasa animal. 
Me atrevo a dudar de que una prohibición así ponga en peligro la disponibilidad de medicamentos. 
Australia, Nueva Zelanda y también las empresas europeas pueden producir gelatina según las normas europeas, por lo tanto, sin esos órganos. 
¿No está cediendo la Comisión demasiado rápido a la presión de la política comercial norteamericana? 
Aunque el ministro británico Hogg hubiera hecho mejor en aparecer ante la Comisión de investigación, considero una reacción desmesurada querer obligar a los miembros de los Gobiernos de un Estado miembro a que acudan a toda velocidad a una comisión de investigación del Parlamento Europeo. 
Los Gobiernos se responsabilizan ante sus parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo se excede en este punto. 
La mejora de los controles veterinarios según el programa de trabajo es un buen asunto. 
Sin embargo, la Comisión Europea nunca podrá sustituir a los sistemas de control nacionales. Los servicios europeos cumplen una función complementaria. 
La colaboración y la coordinación con las instituciones de control nacionales siguen siendo, por tanto, convenientes. 
Señor Presidente, saludo el informe. 
Muestra claramente qué medidas ha adoptado la Comisión en el tema de la EEB, si bien tarde, y qué medidas no ha llegado a adoptar. Esto significa que muchas exigencias del Parlamento se han hecho realidad pero otras han quedado abiertas. 
El ponente, Sr. Böge, ha hablado de una apuesta por el futuro. 
Pero quiero plantear de antemano la pregunta de si se puede aprobar la gestión de la Comisión en lo que a su responsabilidad política concierne. 
Quiero realizar una comparación: el derecho penal austríaco reconoce la indemnización por daños al permitir una sentencia absolutoria en caso de una culpa reducida del acusado. 
Por seguir en mi imagen, permítanme que exponga la indemnización por daños de la Comisión. 
El informe deja entrever perfectamente los esfuerzos de la Comisión por lograr la indemnización por daños. 
Así, se habla de una nueva transparencia, se amplían las tareas de la Dirección General respecto a la protección del consumidor y de la salud y se adoptan medidas para restablecer el funcionamiento del mercado. 
La Comisión ha realizado pues el intento de indemnizar los daños. 
Pero esto solamente ocurrió debido a la gran presión del Parlamento y de una opinión pública indignada y ocurrió además demasiado tarde. 
Ya en 1990, el PE llamó la atención sobre la problemática de la EEB. 
La Comisión ha permitido durante demasiado tiempo que algunos países miembros le tomen el pelo en la aplicación de sus obligaciones de control sin hacer nada en contra. 
Ya sé que la Comisión no es responsable directamente de la ausencia de voluntad de algunos países miembros por la ejecución de los controles, pero debería haber hecho uso ya hace mucho tiempo de su papel como defensora de los Tratados. 
Es aquí donde radica el comportamiento político culposo de la Comisión. 
Vuelvo a mi imagen. 
¿Está justificada una absolución de la Comisión por parte del Parlamento? 
Lamentablemente, el artículo 144 del Tratado solamente prevé un voto de desconfianza contra toda la Comisión. 
Mientras exista este umbral de inhibición, en el futuro va a ser difícil exigir responsabilidades políticas. 
Lo lamento y los ciudadanos de Europa no lo van a comprender. 
El debate se reanudará a las 15.00 horas. 
Votaciones 
Deseo informar a la Asamblea de que, como consecuencia de un error técnico en la presentación de las enmiendas al informe Linkohr, cuya votación estaba prevista para el día de hoy, una enmienda presentada por el Grupo de los Verdes no ha sido traducida ni distribuida. 
Por tanto, la votación del informe Linkohr se aplaza hasta mañana miércoles a las 12.00 horas para dar tiempo a que el ponente y los diputados conozcan el texto. 
Les recuerdo, además, que la votación sobre las resoluciones relativas a la Conferencia de Kyoto sobre el cambio climático tendrá lugar también mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, quiero apelar al Reglamento con una moción de orden, a saber: en el artículo 28, 2 pone que a una pregunta por escrito se debe responder dentro de los treinta días siguientes. 
Pues bien, señor Presidente, en diciembre del año pasado planteé una pregunta por escrito al presidente de este Parlamento. 
Es la pregunta 3/97 que se trataba del informe del vicepresidente del Parlamento, un informe del 18 de noviembre de 1996, acerca de la instalación de 128 duchas adicionales para los miembros del Parlamento en Bruselas por un importe de 90 millones. 
Todo aquel que sepa calcular sabe que 90 millones divididos por 128 dan un total de 703.125 francos belgas por ducha. La respuesta debe ser aprobada normalmente por el Consejo de Dirección. 
Esta respuesta estaba ya en mayo en los dossieres del Consejo de Dirección del Parlamento. 
He solicitado la aclaración dos veces por escrito. Hasta el día de hoy sigo sin tener respuesta alguna, y ya han pasado once meses desde la fecha en que se presentó la pregunta. 
El Consejo de Dirección se reúne hoy y solicito que esto se incluya hoy en la agenda para que finalmente pueda obtener respuesta después de once meses. 
Señor Vandemeulebroucke, tranquilícese, la Mesa va a tomar en consideración su pregunta esta misma tarde y se le darán las explicaciones necesarias. 
No se trata de una cuestión de orden. Le pido por tanto que se detenga. 
Señor Presidente, respecto al procedimiento: ¿puede indicar claramente que tras este reglamento se esconde la llamada prima de Herodes? 
Se trata de sacrificar terneras limpias, lo que ha caído con razón en descrédito. 
Las organizaciones protectoras de animales se han opuesto también con razón. 
Hemos presentado una enmienda para que se detenga y para que quede claro también en esta Asamblea y la gente sepa sobre qué vota. 
Señor Graefe zu Baringdorf, todos los diputados han leído con interés este documento, que es sin debate. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Los firmantes votan en contra de todos los informes sobre sacrificios de terneros, etc., en tanto no se contemplen prohibiciones o restricciones para la producción de la llamada carne de ternera blanca. 
Informe Colino Salamanca (A4-330/97 
Por las características de la industria azucarera portuguesa y la necesidad de su viabilidad, consideramos indispensable el mantenimiento de unas ayudas nacionales a los productores portugueses de remolacha azucarera que superen el marco establecido por la Comisión. 
La remolacha azucarera puede constituir una opción agrícola substitutiva y económicamente viable, al potenciar la rotación de cultivos y contribuir en algunas regiones al aumento del rendimiento agrícola. 
En este marco, no podemos dejar de recordar el aún reciente aumento de la cuota para hacer viable la unidad transformadora de remolacha azucarera ya existente en Portugal. 
Por otro lado, el informe Sturdy sobre la campaña de comercialización agrícola establecía ya una ayuda para los productores portugueses de remolacha que se iría reduciendo progresivamente hasta el año 2001 y la propuesta ahora presentada por la Comisión va en el mismo sentido. 
Así, pues, no podemos aceptar la anulación, como propone la Comisión, de las ayudas nacionales a partir del año 2001. 
También creemos que es prematuro cualquier juicio al respecto antes de la reforma de la OCM del azúcar, que deberá producirse antes de la campaña de comercialización 2000/2001. 
Además, por el carácter específico que reviste ese cultivo para Portugal, deberán seguir existiendo esas ayudas para apoyar un tipo de cultivo rentable en uno de los países más afectados por la PAC. 
Por eso, hemos apoyado la propuesta del Sr. Colino Salamanca de modificar el artículo 2 de la propuesta de la Comisión y, por eso, hemos votado a favor del informe. 
Señor Presidente, le ruego que ordene examinar mi dispositivo de votar. Durante la votación no ha funcionado en varias ocasiones. 
Le ruego que conste en Acta que quería votar a favor de la enmienda de los Verdes relativa a la prima de Herodes. 
Informe Heinisch (A4-358/97) 
Señor Presidente, es una lástima que el texto de la Comisión, presentado por el Consejo, contenga el término «garantía» , de otro modo ¿quién podría oponerse a una cooperación europea para ayudarnos a una mejor evaluación de la calidad de la enseñanza superior en Europa? 
Nadie. 
Por ello lamentamos el empleo de este término de garantía de calidad ya que, aunque el texto contenga algunas protestas de que la subsidiariedad será respetada, puede dejar entrever una deriva posterior por la creación de la red europea de evaluación. 
Ayudarse mutuamente para poner a punto sistemas de evaluación entre nuestros diferentes países, intercambiar buenas prácticas, es algo que por supuesto suscribimos. 
Pero, al utilizar los términos «garantía de calidad» , el texto en su totalidad no es suficientemente preciso como para que podamos seguir a la Asamblea en ese terreno. 
Efectivamente, aún existen muchas imprecisiones. 
Sobre el concepto de calidad no se ha propuesto ninguna reflexión seria. 
La cuestión crucial de la formación de los profesores, muy diferente en cada uno de los países, se ha dejado completamente de lado así como una preocupación que a nosotros también nos parece fundamental, la del futuro de la cultura general en los diferentes países de Europa. 
Por ejemplo, resulta sorprendente ver cómo, en todo el texto de la Comisión y del Consejo, no existe prácticamente en ninguna parte, salvo en un pequeño espacio y de forma totalmente accesoria, nada sobre la misión de la enseñanza superior- me refiero a los centros destinados a estudiantes que hayan terminado los estudios secundarios -; en ninguna parte hay nada sobre la cultura general, más necesaria que nunca en un mundo en el que aumenta la movilidad. 
Me preocupa ver que, sin embargo, se ha hecho hincapié en la adaptación del mercado, lo que demuestra una preocupación muy economicista. 
Desde este punto de vista, lamento enormemente que se haya votado la enmienda 5 ya que significa verdaderamente condenar a la cultura general, más importante que nunca para que las necesarias adaptaciones no lleven a una deshumanización de nuestras sociedades. 
Informe Kittelmann (A4-276/97) 
No votamos en contra de este informe ya que se trata de una enmienda técnica de los fundamentos jurídicos, pero nos parece adecuado subrayar las grandes deficiencias que se aprecian en Turquía en cuanto a los derechos humanos. 
Exigimos que Turquía respete y mejore los derechos humanos, fortalezca la democracia, encuentre soluciones no militares a la cuestión kurda y una solución pacífica al conflicto de Chipre. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor de la propuesta relativa a Turquía y a la adopción de la posición comunitaria en el Comité Mixto de la Unión Aduanera. 
La propuesta es exclusivamente de carácter técnico y atañe al procedimiento que establece la posición comunitaria. 
No nos cabe ninguna duda de que la acción del Parlamento Europeo en este asunto ya ha beneficiado a las fuerzas democráticas de Turquía. 
Los socialdemócratas daneses opinan que las circunstancias en Turquía son de una naturaleza tal que de ninguna manera debería prestarse por el momento ayuda económica por parte de la UE. 
Turquía, para lograr esta ayuda, debe respetar los derechos humanos, conocer y observar las reglas de juego de la democracia y que el desarrollo del país debe ser seguido desde un órgano de control. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(Se levanta la sesión a las 13.10 horas) 
Señor Presidente, quisiera pedirle permiso para hacer una breve declaración personal con arreglo al artículo 108 del Reglamento. 
Hoy, durante el almuerzo, recibí una llamada telefónica de una conocida estación radiofónica de mi circunscripción que me atribuía opiniones y una forma de conducirme como diputado de este Parlamento en relación con nuestro nuevo edificio en Bruselas, en los siguientes términos: " Hay personas en Bruselas que están recibiendo grandes ventajas financieras, se cometen muchas extorsiones, los procedimientos del Parlamento no han sido debidamente respetados, y el Parlamento ha obrado en contra de su propio Reglamento en la cuestión de la política de edificios». 
Eso no es una información contra mí- y eso que se me acusaba en los términos ofensivos que acabo de citar- sino una información contra la labor y la función de la Mesa y, además, una difamación contra funcionarios del Parlamento que no pueden venir aquí para defenderse personalmente. 
Señor Presidente, le ruego que pida a la presidencia que se ponga en contacto con el diputado que ha hecho esas acusaciones y cuyo nombre se ha citado- la Sra. Patricia McKenna, del Grupo de los Verdes- y que le pida que justifique esas acusaciones o que tenga el pudor de retirarlas. 
Señor Presidente, quisiera unirme de corazón a las solicitudes que acaban de producirse. 
Hoy al mediodía hemos acordado en cualquier caso con los miembros del Grupo Popular que pertenecen al Consejo de Dirección del Parlamento, que todas estas acusaciones deben denunciarse en el Consejo de Dirección del Parlamento y que nosotros, como miembros del Parlamento, debemos obtener tan pronto como sea posible una respuesta a esta clase de asuntos. 
Cuando se trata de fraudes, cuando se trata de la incorrecta utilización de compensaciones de gastos, de bonificaciones por gastos de viajes, etc., entonces los miembros de este Parlamento- y digo, señor Presidente, que es el 95 % de este Parlamento- se adhieren al deseo de que todo se aclare tan pronto como sea posible para que no se puedan hacer acusaciones que otras personas también pueden tomar en consideración y en las que nosotros no tenemos arte ni parte. 
Le solicito a usted, Presidente, que mañana por la mañana comunique al Parlamento lo que se debería responder a preguntas acerca de duchas, bonificaciones por gastos de viajes, fraudes, etcétera. 
Ahora no podemos plantear un debate sobre estos temas que, por otra parte, figuran en el orden del día de la reunión que la Mesa va a celebrar esta tarde. 
En consecuencia, ruego al Sr. Cox que resuma lo que acaba de decir en su intervención en una nota y la transmita a través mío o directamente al Presidente. 
La Mesa que se va a reunir hoy a las 17.00 horas y que en el orden del día ya ha incluido la valoración de una transmisión televisiva holandesa que reconoció haber cometido al menos dos errores al comentar el comportamiento de dos colegas nuestros, podrá ampliar el debate también al hecho denunciado por el Sr. Cox. 
EEB (continuación) 
De conformidad con el orden del día se procede a la continuación del debate conjunto sobre la EEB. 
Señor Presidente, el asunto de las vacas locas ha quebrado la confianza de los consumidores, mostrando los límites de un mercado interior sin reglas serias de protección del consumidor y ha revelado que este mercado sólo puede funcionar si la Comisión y los Estados miembros trabajan en estrecha simbiosis. 
El trabajo de investigación parlamentaria y la presión política que se ha ejercido sobre la Comisión han sacudido a esta última y han movido bastantes cosas en el plano comunitario. 
El Parlamento Europeo lo reconoce en el informe Böge, aprobado casi por unanimidad en la Comisión de seguimiento, y con la imposibilidad de reunir las firmas para una moción de censura. 
Se trata de un hecho político. 
Sin embargo, mi propósito aquí es el de denunciar ante todo la actitud de los Estados miembros, que siguen rezagados. 
No solamente se ha incoado una causa a diez de ellos por haber infringido el reglamento sobre las harinas animales, sino que me pregunto qué hacen los Parlamentos nacionales frente a sus Ministros de Agricultura y Protección del Consumidor. 
Al igual que los Parlamentos nacionales, las organizaciones profesionales a nivel nacional tienen también una enorme responsabilidad en este sentido. 
Por ejemplo, éstas harían bien en examinar cómo funcionan de forma efectiva los controles veterinarios en sus países respectivos. 
En este sentido, creo que sería preciso un refuerzo de los controles veterinarios en toda Europa, una estandarización de esos controles desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo al mismo tiempo. 
No es aceptable que haya varios miles de veterinarios en un país grande y los mismos, poco más o menos, en uno más pequeño. 
Por consiguiente, tenemos en este caso sin duda una de las grandes responsabilidades de los Estados miembros. 
Debe hacerse todo para que la salud humana sea respetada y los consumidores estén protegidos. 
Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Bonino, que ha dicho esta mañana que el trabajo de investigación y seguimiento del Parlamento Europeo, así como el trabajo de la Comisión, es un largo proceso de moralización que este Parlamento debe iniciar de mutuo acuerdo con la Comisión y el Consejo. 
Entre los perdedores quiero mencionar ciertamente a aquellos que se hallan confrontados con la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, pero también quiero mencionar a todos los agricultores y a aquellos que dependen de la agricultura y que han corrido grandes riesgos en el sentido financiero y que también vieron el año pasado retroceder en gran medida los resultados de su explotación. 
Los ganadores serán a largo plazo los consumidores, así lo espero, Presidente. 
Los ganadores, por qué lo digo, porque en la Conferencia de Amsterdam hemos podido dar una mayor prioridad en cualquier caso al consumidor y también a la sanidad pública. También porque la lucha contra la crisis de la EEB ha acaparado cada vez mayor atención, algo que en numerosos Estados miembros ya se daba, la completa gestión en cadena desde el productor hasta el consumidor. 
Eso significa, por tanto, que el consumidor en Europa se ha convertido en el ganador en esta crisis de la EEB, aunque también incluyo inmediatamente a los perdedores. 
El informe redactado por la Comisión de investigación y la Comisión de seguimiento de la Comisión de investigación es un informe excelente. Se ha enfocado de forma muy sistemática. 
Se han recogido todos los puntos de la propia Comisión de investigación. Pienso también que debo dar encarecidamente las gracias aquí, desde nuestro lugar, al ponente, el señor Böge, pero ciertamente también a la presidenta de esta comisión, la señora Roth-Behrendt, por el modo como han hecho recuento y han abordado todos los asuntos de manera tan sistemática. 
También hay que darles las gracias a la Comisión, a la señora Bonino, al señor Fischler, pero también ciertamente al señor Reichenbach. Se ha aprendido mucho, también el Parlamento. 
Sin embargo, me pregunto si con este mayor conocimiento no habremos adquirido también más preocupaciones. 
Las preocupaciones que yo tengo personalmente son preocupaciones en el plano internacional. 
¿Cómo podemos hacer para que las preocupaciones europeas puedan ser luego traducidas también internacionalmente? 
¿Cómo podemos hacer para que los Estados miembros coincidan con las preocupaciones europeas internacionalmente?? 
Una pregunta muy breve que aún quisiera plantearle: ¿qué vamos a hacer con la gelatina y las medicinas? 
La semana pasada me enteré de que en este punto se retiraría una decisión de la Comisión Europea por solicitud de los Países Bajos. 
¿Qué va a pasar ahora exactamente? La gelatina y las medicinas, ¿puede usted explicármelo más detalladamente? 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria Bonino, quisiera decir unas palabras en alemán a mi colega el Sr. Böge... 
Señor Böge, muchas gracias por la minuciosidad de su trabajo. 
Todos nosotros conocemos los defectos institucionales de la Comisión, de Europa, y la relativa indiferencia con que los Estados miembros tratan muchos asuntos decisivos para Europa. 
Muchas veces, ni siquiera el extraordinario coraje de la Sra. Bonino consigue convencer a los Estados miembros. Voy a citar ahora un ejemplo, el del informe del Comité Veterinario, que visitó mi país hace poco, y que sinceramente tenía interés en conocer. 
Sé que el gremio de los veterinarios ha estado sublevado contra la acción del Ministro, sé que no ha habido una acción coordinada en Portugal, sé que tenemos razón de quejarnos de lo que muchas veces entra por nuestras inexistentes fronteras y que no tiene buena calidad sanitaria. 
Eso implica a la Comisión, pero también al Estado miembro. 
Pero mi verdadera pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre, desde el punto de vista penal, a quien se haya dedicado a importar harina prohibida? 
¿Hay alguna armonización de las leyes penales en Europa o siguen pensando los Estados miembros que eso es un ataque brutal a su soberanía? 
Presidente, Señorías, quisiera unirme a la colega Roth-Behrendt cuando hablaba en nombre del Grupo socialista y criticaba al Consejo. 
Aprecio mucho lo que ha hecho la Comisión hasta este momento, también el que esté aquí presente otra vez en esta última parte del debate, pero creo que el Consejo debe arrancar aún con más fuerza. 
Tampoco estoy tan contenta por lo que ha sucedido entre el informe final de la Comisión de investigación y ahora. 
Quiero llamar su atención, y otros lo han hecho antes que yo, sobre el tránsito ilícito de carne, por ejemplo en el puerto de Vlissingen, y quiero llamar su atención sobre la vaca infectada en Bélgica que ha vuelto a desaparecer en la harina de huesos. 
Creo que será crucial lo que aparezca en el informe semestral, también para evitar este tipo de cosas. 
También quiero hacer un llamamiento urgente para que el próximo año, bajo la presidencia inglesa, venga a informar aquí personalmente el ministro inglés. 
Por último quiero unirme a la solicitud de la Sra. Oomen-Ruijten con respecto al uso de las medicinas. 
Señor Presidente, como ponente del informe que fue aprobado por la Comisión de investigación del Parlamento Europeo quiero, en primer lugar, felicitar a la presidenta de la Comisión de seguimiento, Sra. Dagmar Roth-Behrendt, y al ponente de esta Comisión de seguimiento, Sr. Böge, por la gran labor que han realizado, llevando a término lo que inició mi informe y lo aprobado por el Parlamento en su momento. 
Creo que, en este momento, el asunto de las vacas locas se puede decir que es un ejemplo de la teoría del caos. 
Es decir, un pequeño detalle- concretamente, unas omisiones o liberalizaciones en materia de transformación de restos de animales en proteínas para consumo animal- ha llevado a una gran tragedia en el sector de la agricultura y a consecuencias bastante imprevisibles todavía desde el punto de vista de la salud humana. 
Me da la impresión de que esta crisis ha llevado a una reacción por parte de la Comunidad, una reacción sana por parte de la Comisión, sobre todo, y también por parte de algún Estado miembro, como el Reino Unido, y de instituciones comunitarias como el Consejo. 
Creo que, en definitiva, esto no ha sido sino el primer ejemplo de lo que puede ocurrir en un mercado interior dominado exclusivamente por consideraciones económicas. 
Me da la impresión de que hay unos límites a la actividad económica y a dejar a las fuerzas del mercado que regulen todas las situaciones dentro del mercado interior. 
Si la Unión Europea no es sino un mecanismo de armonización económica, nos encontraremos con dificultades de este tipo cada poco tiempo. 
Es decir, la Unión Europea tiene que ser algo más que una especie de árbitro de las fuerzas del mercado- creo que algo se ha avanzado en la Conferencia de Amsterdam al respecto -, pero lo que no es posible es pensar que esta Unión va a seguir funcionando sobre la base de la soberanía de los Estados, del juego simplemente libre de las fuerzas del mercado y la ausencia de unas competencias efectivas de la Comisión en materia de salud y otros temas importantes para el bienestar de los ciudadanos comunitarios. 
Presidente, donde la seguridad alimentaria se ve amenazada, allí debe actuarse con dureza, da igual que la causa sea la disfuncionalidad de las instituciones, la negligencia o el afán de lucro a costa de cualquier cosa. Con los alimentos nunca se puede ser lo suficientemente cuidadoso. 
Hagamos que sea ésta la lección que nos ha enseñado la crisis de la EEB. 
El asunto EEB también nos ha inculcado que el camino más corto hacia la solución de un problema no siempre es el más negativo. 
Si hubiéramos enviado en febrero a la Comisión a casa, hoy no podríamos presentar los mismos resultados. 
Sólo al indicar nosotros mismos lo que debía suceder y al utilizar la moción de censura como acicate, hemos logrado sus cambios fundamentales, incluida la puesta en marcha de una nueva cultura política. 
La crisis de la EEB ha ratificado la necesidad de controles parlamentarios. 
Sin el trabajo de este Parlamento, con nuestros estimados colegas Reimer Böge y Roth-Behrendt como jugadores claves, nunca hubiéramos alcanzado este resultado en tan breve plazo. 
Debemos preguntarnos si nosotros, como Parlamento, disponemos de los instrumentos suficientes para ejercer nuestra tarea de control continuamente a este nivel. 
Presidente, el estado de las cosas de hoy demuestra que la democracia ha ganado, que podemos estar contentos por nuestro propio trabajo y por la reacción constructiva y cooperativa de la Comisión. 
Pero aunque el Parlamento Europeo pueda haber dirigido todo el partido europeo, todavía no se ha acabado. 
Aún tenemos en puertas un campeonato mundial. Y en el terreno de la World Trade Organisation y el Codex Alimentarius no será un partido sencillo. 
Podemos estar contentos pero no ser triunfalistas. 
La enfermedad no se ha extinguido, no podemos borrar el sufrimiento de las familias y los campesinos, tampoco con mucho dinero. 
No se han llevado a cabo todas las recomendaciones, no se han ejecutado todas las medidas, y al final, Presidente, también debemos preguntarnos si no sería buena idea retirar también del circuito de piensos todos los productos animales no aptos para el consumo humano. 
Señor Presidente de la Comisión, su presencia continuada, estos días, en el Parlamento Europeo le honra y también confirma la seriedad del problema. 
Sin embargo, señor Presidente, atendiendo al debate, aún no he comprendido quién tiene la culpa No he entendido todavía quién se va a hacer cargo de algunas de las responsabilidades sobre toda esta situación que se ha creado. 
El Consejo, de una forma muy elegante, ha negado cada responsabilidad y le atribuye todas las responsabilidades a usted. 
Usted nos dijo que no habían encontrado pruebas sobre sus agentes y que por eso no les había penalizado, y nosotros aquí, en el Parlamento Europeo, hemos rechazado el generoso aumento de las partidas en el presupuesto de 1998 para la investigación, los controles y la infraestructura del servicio veterinario. 
Señor Presidente, por el contrario, he escuchado con mucho interés lo que ha dicho: que sigue habiendo un comercio ilegal con países del tercer mundo. 
Sin embargo, quiero que me diga en su réplica, señor Presidente, si el comercio ilegal no se dirige sólo a los países del tercer mundo, aunque tiene muy poca importancia- allí también viven personas- sino también a países de la Unión Europea. 
Señor Presidente, hace ya cinco semanas que he presentado por escrito una pregunta a la Comisión y aún no he recibido respuesta. 
Quiero saber si estas carnes infectadas e ilegales han ido a países de la Unión Europea y a qué países. 
Señor Presidente, ¿qué hemos aprendido del escándalo de la EEB? 
Hemos aprendido- y ha sido un amargo aprendizaje- que pierde quien establece el mercado sobre la prevención de la salud. 
Hemos aprendido que la política de encubrimiento tras puertas cerradas y de no reconocer los errores conduce a que las personas pierdan la confianza y a que se originen grandes daños, unos daños cuya magnitud no podemos aún apreciar y sobre los que no sabemos cuánto tiempo vamos a necesitar para repararlos. 
Pero también hemos aprendido que los cambios pueden significar una ganancia, que la transparencia, como la que existe ahora, por ejemplo, en el campo del asesoramiento científico y como deseamos en la elaboración y adopción de leyes, pueden proporcionar de nuevo confianza a las personas. 
Hemos aprendido que si concedemos preferencia a la protección preventiva de la salud y del consumidor y si practicamos seriamente una agricultura sostenible y no solamente en discursos festivos, estos cambios pueden proporcionarnos de nuevo la confianza de las personas. 
Quiero expresar aquí mi agradecimiento en especial a la Sra. Comisaria Bonino y a sus colaboradores. 
Señora Bonino, usted ha mostrado que la mujer adecuada y en el lugar adecuado, puede lograr lo realmente adecuado e importante. 
Hemos aprendido mucho. 
Vamos a examinar muy detalladamente los informes semestrales de trabajos en curso que debatimos en las comisiones. 
Señor Presidente Santer, vamos a examinar también muy a fondo la propuesta para un nuevo Acuerdo Interinstitucional que se va a presentar la próxima primavera, sobre el que tenemos que debatir y que es muy importante. 
Quien no ha aprendido suficientemente son, en mi opinión, los Estados miembros y el Sr. Presidente del Consejo, lamentablemente, lo ha mostrado hoy de nuevo. 
Willy Brandt ganó unas elecciones hace más de 25 años bajo el lema «atreverse a más democracia». 
En este Parlamento tenemos que atrevernos también a más democracia. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al ponente, como todos mis colegas, por toda su labor respecto de la comisión de seguimiento- que hemos estado examinando- y también en relación con un comité anterior. 
Yo era miembro de los dos. 
Todo el mundo se ha podido percatar de que en el pasado se cometieron muchos errores. 
Algunos de esos errores se hicieron por ignorancia de la enfermedad, y hay que admitir que se trataba de una enfermedad muy poco conocida en aquellos tiempos. 
También se cometieron errores por motivos políticos. 
Buena parte de las críticas contra la gestión de la crisis de la EEB hechas en las dos comisiones de investigación se centraban en el fracaso del personal de la Comisión involucrado. 
No comparto esas críticas. 
La experiencia de mis tratos con funcionarios de la Comisión durante un período de muchos años ha sido muy satisfactoria. 
Siempre han tenido una actitud cooperativa y competente, y a menudo hubieran querido hacer mucho más e ir mucho más lejos de lo que se les permitió. 
Creo que deberemos concentrar nuestras críticas, si es preciso hacerlas, en las personas responsables: dicho con otras palabras, los dirigentes políticos de los funcionarios a que me he referido. 
Los funcionarios actuaron o no actuaron como resultado de las instrucciones directas de los comisarios responsables en aquellos momentos, y de los que entonces componían el Consejo. 
Tenemos que reconocer todos que así ha sido. Me parece que no lo hemos reconocido debidamente. 
El mayor escándalo en torno a esta tragedia fue la acertada decisión de Gran Bretaña de prohibir la utilización de carne contaminada y harina de huesos en el Reino Unido pero, al mismo tiempo, se permitió e incluso se incrementó el volumen de piensos infectados que se exportaron a otros Estados miembros, con consecuencias desastrosas para los inocentes agricultores, incluidos concretamente los de mi propio país, Irlanda. 
Las dos comisiones han desarrollado una excelente labor. 
La presente Comisión está actuando ahora de forma responsable y satisfactoria sobre las recomendaciones de la Comisión de investigación. 
Por fin estamos progresando considerablemente bajo la dirección del Comisario Fischler y de la Comisaria Bonino. 
¿Qué más podemos hacer? 
Hay que intensificar las investigaciones lo antes posible. 
El riesgo para la salud humana tiene que quedar establecido científicamente. 
Sea cual fuere el nivel de ese riesgo, sólo se puede suprimir mediante la erradicación de la enfermedad. Eso es lo que tenemos que preconizar sin pérdida de tiempo. 
Presidente, nos ha impactado con razón el fracaso tanto de los Estados miembros como de la Comisión Europea en el dominio de la sanidad pública y conforme al estallido de esa enfermedad de las vacas locas terrible y rabiosa. 
El impacto se ha oído aquí, en esta Cámara con la Comisión de investigación; en un número de Estados miembros, especialmente en el Reino Unido han cambiado algunas cosas y también en la Comisión Europea. 
Éste es el trabajo del ponente y de la presidenta de la comisión y sus miembros, que han tenido presionada permanentemente a la Comisión Europea y le han obligado a mostrar mayor transparencia, mayor claridad. 
Algo se ha puesto en movimiento en diferentes campos. Queda, señor Presidente de la Comisión, estimado Comisario, un gran lado negativo: la falta de medidas disciplinarias. 
Se han cometido fallos y la Comisión Europea no logra tomar las medidas disciplinarias pertinentes. Esto sólo puedo lamentarlo. 
En lo que a nosotros como Parlamento se refiere, no hay ninguna razón para la autocomplacencia. Alguna para la vigilancia y la permanente presión parlamentaria hasta la concretización de las medidas puestas en marcha. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, Señorías, a estas alturas del debate sobre la EEB prácticamente todo lo fundamental ha sido ya dicho por mis antecesores en el uso de la palabra. 
Pero yo quisiera, aquí, en este momento, subrayar el esfuerzo realizado por el Sr. Böge, a quien quiero felicitar junto con la Sra. Roth-Behrendt, por el gran trabajo realizado, el rigor y la seriedad que han mostrado y la serenidad que han mantenido a lo largo de todo el proceso que, créanme, no ha sido fácil. 
Dado que determinados aspecto de la cuestión- harinas, inspección, comparecencias de ministros, etc.- ya han sido debidamente debatidos, yo quisiera indicar que la Comisión parece que sí se ha enterado de que la salud de los consumidores es prioritaria sobre todo lo demás y que, por lo tanto, en todo lo que atañe a este tema, debe actuarse con transparencia, con prontitud y con seriedad, porque así debe hacerse y así nos lo exigen los ciudadanos. 
La Comisión ha reaccionado tarde, pero ha reaccionado. 
Y este es el primer peldaño de un gran camino a recorrer. 
En cuanto al tema de la reorganización de los servicios, yo creo que debe agilizarse, debe funcionar ya. 
A nivel de calle no se entiende que los temas de inspección, por cuestiones de desequilibrios de personal, no estén a pleno rendimiento. 
Agilicen las contrataciones. 
Hay muchos puestos vacantes en la Comisión y están presupuestariamente dotados. 
Por tanto, no hay excusas. 
Pueden y deben hacerlo. 
Háganlo ya. 
Sobre el tema de la investigación en esta materia, se ha impulsado, se ha ido dotando de fondos, se ha coordinado. 
Pero volvería a decir lo mismo: háganlo ya. 
No puede haber erradicación hasta que no se encuentre el eslabón perdido, y esto deben hacerlo los técnicos, los investigadores, con esos programas de investigación para los que deben estar debidamente dotados financieramente. 
Respecto al tema de las responsabilidades, solamente una pincelada. 
Una vez constatado que se van a exigir, deberían exigirse de arriba a abajo. 
Aquí no hemos avanzado gran cosa. 
Para finalizar, resaltaría una petición a todas las instituciones europeas: que no tenga que surgir otra EEB para que reaccionen y estén atentos, vigilantes y colaboradores con el Parlamento Europeo. 
Esta forma de actuar debe ser la norma, la norma habitual en esta Asamblea. 
La colaboración interinstitucional debe ser marchamo de la casa en la construcción de la Europa que todos queremos. 
Señores Presidentes, estimadas y estimados colegas, todo lo que se ha dicho hoy es importante y correcto. 
No hay duda de ello. Las felicitaciones por este hito que hoy ha marcado el Parlamento deben dirigirse a la Sra. Roth-Behrendt y a nuestro querido amigo Böge por el excelente trabajo realizado. 
Además nos hemos entendido muy bien, tal como esta mañana ha subrayado la Sra. Roth-Behrendt. 
Como agricultor, me alegra sobremanera poder llegar a un acuerdo con una abogada de Berlín, lo que ya de por si significa algo. 
Pero ¿qué conclusiones podemos extraer de este asunto? 
Señor Presidente Santer, ¿podría ocurrir hoy que se desatase una epidemia? 
Este es el punto clave. 
¿Qué es lo que no me gusta en toda este asunto? 
Por ejemplo, me gusta que ahora tenemos una estrategia, que la Comisión se ha movido y que el Parlamento ha realizado unos esfuerzos enormes. 
Sin embargo, no me gusta que no tengamos ninguna garantía de que en los 15 Estados miembros las cosas se apliquen ni siquiera aproximadamente en un plazo previsible. 
Este es el problema que me preocupa. 
Si decimos que no se puede dar ya harinas animales a los rumiantes, se logrará más o menos, pues los mismos agricultores eran los tontos si lo hacían. 
Pero cuando oigo que hay que etiquetar la carne para que el consumidor sepa de donde proviene la carne, yo no garantizaría que esto se aplique realmente en los 15 países miembros. 
Tampoco daría ninguna garantía de que los 15 Estados miembros vayan a separar el material de riesgo y, ante todo, que vayan a respetar las normas de calentamiento que consideramos correctas. 
Estas son las apuestas por el futuro sobre las que ha hablado esta mañana el colega Böge y que el Consejo debe cumplir. 
En estas sesiones tan decisivas, realmente deberían estar presentes aquí los 15 Ministros de Agricultura y no sólo uno que tiene que hacer de cabeza de turco por los demás. 
Esta tarde se va a dirigir a sus catorce colegas quienes quizás digan que este Boden está algo mal de la cabeza y que se ha dejado embaucar por nosotros. 
Este es el punto clave. 
En el futuro, en la Comunidad tenemos que poder confiar en que se aplique lo acordado. 
Entonces funcionará. De lo contrario, no. 
Señor Presidente, a mi no me gustan los tonos triunfalistas, habida cuenta de que es necesario seguir trabajando y es preciso insistir aún más, si cabe, en la protección de la salud y lograr que no hayan manipulaciones. 
En mi opinión, hemos conseguido separar del todo lo bueno y lo malo. 
En el informe Böge existen algunos aspectos preocupantes, al igual que siguen habiendo dudas que deben afrontarse. 
Y deben ser afrontadas, es cierto, a través del trabajo de la Comisión y de los Estados miembros, sin olvidar, sin embargo, las diversidades entre los Estados. 
No todos los Estados miembros son iguales y en el Consejo existen posiciones encontradas, ya que algunos Estados miembros están ofreciendo su contribución y otros no. 
No podemos, por consiguiente, hacer una afirmación genérica. 
A mi entender, son muy significativas las medidas adoptadas en Italia que, desde este punto de vista, es un país que ha llevado a cabo una acción extremadamente importante. 
Estoy muy preocupado por la cuestión de la eliminación de las harinas animales- preocupado porque serán necesarios quince años para eliminar del todo estos productos- y preocupado asimismo por la posibilidad de que se autorice la exportación de dichas harinas animales a los terceros países para su transformación e incineración. 
Éste es, en mi opinión, un punto que debemos vigilar. 
Si bien es cierto que hace falta una actividad científica, estoy convencido de que la investigación debe mantener su independencia. 
No me convence, en el informe Böge, el hecho de que los diputados participen junto con los científicos en el seguimiento de la situación. 
Hay que mantener separados tanto los papeles como las funciones. 
Es necesario, según mi punto de vista, hacer mucho más todavía y ante todo no logro entender por qué no se han utilizado todos los medios jurídicos de cara a una acción de resarcimiento de los daños contra el viejo Gobierno británico. 
Hay que insistir en esto y hay que hacer mucho más, porque también otros países deberán responder de las responsabilidades que asumieron ante la opinión pública internacional. 
Señor Presidente de la Comisión, personalmente no comparto el optimismo de este debate, porque creo que está en juego la vida de las personas y también la vida de los propios animales. 
Y hay dos errores políticos, dos políticas básicas que provocaron este problema. 
Esos dos problemas siguen intactos, es decir, que sabemos que la enfermedad se transmite por la vía de la utilización de las harinas- y en este momento estamos procurando indemnizar a las víctimas -, pero aún no hemos tenido el valor, contra los intereses establecidos, de prohibir la utilización de las harinas de carne para alimentar otros animales. 
No es aceptable, señor Presidente, que examinemos una situación sin examinar el meollo y el motor de la diseminación de la enfermedad. 
La otra cuestión, la otra política que está en entredicho, es la Política Agraria Común. 
El señor Presidente sabe que, según esa política, se paga por la cantidad producida. 
No interesa el método, no interesa la forma de producción, la producción recibe por la cantidad. 
Ahora bien, eso es una violación de todas las normas de defensa de la salud pública y de la sanidad animal. 
Sin la garantía absoluta de la Comisión de que vaya a prohibir la utilización de los restos de los animales en la alimentación de otros animales y sin la garantía absoluta de que la Comisión vaya a hacer un cambio de la PAC, que no figura en la Agenda 2000, en pro de la calidad, de la defensa de la sanidad animal, del bienestar animal y del medio ambiente, yo, señor Presidente, seguiré protestando aquí y utilizando la única arma de que dispongo: la de votar contra esta situación. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al ponente, a la Presidenta del comité y a la Comisaria Bonino por la labor que han realizado. 
Lo más importante en el contexto de la labor de seguimiento de la Comisión de investigación es el volumen de cambios que ha llevado a cabo la Comisión. 
En un período de tiempo razonablemente corto, ha habido una reorganización completa de la forma de ocuparse de la seguridad alimentaria, y estoy seguro de que esto aumentará la confianza pública y mejorará la seguridad alimentaria gracias a la fijación de normas rigurosas. 
Las cuestiones esenciales son la reorganización de la DG XXIV y la transparencia en la labor de las comisiones científicas, así como el mejoramiento de las medidas de supervisión y una amplia difusión de los datos. 
La gran mayoría de las recomendaciones del Parlamento se han cumplido, pero aún queda mucho más por hacer. 
La falta de voluntad política en el plano del Consejo significa que hemos de seguir ejerciendo presión para conseguir que se progrese más para lograr que se mantenga plenamente informado al público de todos los aspectos de la nutrición que son importantes para la salud pública. 
En cuanto a la confianza pública, es factor esencial en este asunto y ya hemos iniciado actividades para conseguirla. 
Señor Presidente, así como muchos otros, estoy de acuerdo en que lo que la EEB ha significado, es terrible y trágico. 
Al mismo tiempo, podemos ver que la EEB nos ha permitido llevar el proceso hacia adelante, cuando menos en la Comisión. 
Hemos alcanzado una mayor apertura. 
También vemos que tenemos posibilidad de obtener más alimentos más seguros y una perspectiva de consumidor más fuerte. 
Pienso que está bien y doy la bienvenida a las medidas que ha tomado la Comisión. 
Para mí, es sólo el comienzo de un proceso que solamente puede avanzar. 
Para mí, no sólo se trata de la EEB como una enfermedad, sino que se trata de otras enfermedades y otros aspectos de nuestra política agrícola que, de hecho, amenazan la salud de las personas. 
Por eso debemos tener una legislación sobre alimentos que sea completa, desde la perspectiva de la salud. 
Tenemos que tener sistemas para el registro de las reses y sistemas de control para hacer que las leyes se cumplan. 
Lo más importante de todo es, sin duda, que logremos un cambio en la política agrícola que nos dé buenos alimentos en la UE. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas en la sala y ante los monitores en la oficina, el informe del colega Böge merece nuestro apoyo. 
Sin embargo, habría deseado algo más en favor de los consumidores y de los ganaderos, cuya existencia está en peligro por los errores cometidos en posiciones clave. 
No es suficiente con que en el punto 7 de nuestra resolución reclamamos con insistencia medidas disciplinarias. 
Tenemos que mencionar por su nombre a todos los causantes. 
En el caso de la EEB, esto significa lo siguiente: las culpas no deben buscarse solamente en los funcionarios de mayor rango que, según la voluntad de la Comisión, van a salir incólumes de este asunto. 
La Comisión y el Consejo tienen la misma culpa al menos en el caso de la EEB. 
Son necesarios instrumentos que permitan no solamente una aplicación más flexible de las medidas disciplinarias prometidas por la Comisión sino que también los Ministros del Consejo deben rendir cuentas. 
Señor Presidente, quisiera decir solamente unas palabras antes de que la Sra. Bonino conteste a una serie de cuestiones que se han planteado en relación con sus propias carteras en el seno de la Comisión. 
Por mi parte, deseo simplemente agradecer a cada uno su contribución que, reconozco, ha de ser matizada en algunos casos porque nosotros no tenemos la sensación de certeza que algunos de ustedes han mencionado en lo que se refiere a la posibilidad de una crisis posterior. 
Por ahora tengo que decir que me siento verdaderamente modesto. 
Tampoco sé cómo hubiera reaccionado en 1985 o en 1989 cuando estalló la crisis, cuando se encontraba en la primera fase y cuando los científicos no se ponían de acuerdo sobre sus causas. 
Con respecto a este tema de las vacas locas sigo sintiéndome muy modesto y muy humilde. 
No me atrevería a decir que no hemos recorrido desde entonces un largo camino, aunque haberlo recorrido no significa que hayamos concluido todos los esfuerzos que necesitamos hacer. 
Y sabemos muy bien que, en ciertos Estados miembros como han mencionado por cierto algunos de ustedes incluso en las últimas intervenciones, hay que lamentar de nuevo algunos tipos de tráfico ilícitos, que son de tal naturaleza que quiebran tanto nuestra propia confianza como la de los consumidores. 
Todos esos traficantes, todos esos delincuentes, son también los mismos que han estado implicados en otros tipos de tráfico fraudulentos que han manchado a la Comunidad en el pasado, ya se trate del tráfico de hormonas u otros. 
Repito que sigo sintiéndome muy humilde frente al problema que nos ocupa aquí. 
Hemos admitido desde la primera comparecencia ante la Comisión de investigación que había fallos de funcionamiento en el seno de nuestros servicios. 
No he querido lanzar la piedra a mis predecesores. Sin embargo, he asumido la responsabilidad política de la Comisión como institución. 
En ese espíritu puedo afirmar que todos juntos debemos trabajar de forma constructiva en este ámbito, asegurando una colaboración que permita reconducir la situación de alguna manera, sin dejarnos engañar, sin darnos falsas garantías que nadie puede dar en este caso. 
Acabo de leer en una revista científica de gran prestigio en Francia, La recherche scientifique, que existía entre los científicos un nuevo planteamiento sobre los orígenes de esta crisis. 
Demos pues prueba de humildad en este caso concreto y cuidemos de recuperar la confianza de los consumidores, cualesquiera que sean, en cuanto a la garantía de la seguridad de nuestros productos alimentarios. 
En ese sentido hemos de trabajar, y me felicito por el cambio de clima que se ha producido en la colaboración entre la Comisión y el Parlamento Europeo en la crisis de las vacas locas. 
Espero que tengamos también el mismo clima de confianza entre nosotros y con el Consejo porque hemos de ser muy conscientes de que los Estados miembros tienen una gran responsabilidad. 
En este sentido, creo que es esencial que trabajemos también para encontrar puntos de acuerdo entre las diferentes instituciones y el Consejo. 
Esto es todo lo que deseaba decir. 
Quiero dar las gracias de nuevo por el espíritu de colaboración que han mostrado ustedes, pero también por la acción realmente decidida que la Comisión de seguimiento ha ejercido para ampliar las perspectivas en lo que se refiere a la gestión futura de esta crisis. 
A este objetivo me siento vinculado y por ello hemos adoptado una serie de medidas. 
Cuando, hace unos instantes, he hecho el resumen de las cinco cuestiones aún en suspenso tras los informes de la Comisión de investigación y la Comisión de seguimiento, ha sido en el marco de las competencias de la Comisión. 
Señor Presidente, después de la intervención del Presidente Santer me corresponde dar algunas respuestas sobre ciertos puntos concretos que se han planteado en este debate. 
Los he agrupado. 
En primer lugar, las relaciones con los Estados miembros. 
Es cierto que hemos de proseguir los esfuerzos para que lo que hemos aprendido, para que las conclusiones que hemos comenzado a extraer lleguen a los Estados miembros. 
En este sentido comparto la opinión del Sr. Baldarelli, por ejemplo, de que frente a un mismo expediente todos los Estados no responden igual. 
Los hay que serán más eficaces que otros en ciertos aspectos o al contrario. 
Por consiguiente, la situación es muy variada y compleja. 
Ello no procede solamente de la separación de competencias establecida por el tratado de Maastricht, o actualmente por el Tratado de Amsterdam. 
Es preciso contar también con las diferencias de estructuras, de culturas y de organización interna de los servicios. 
Por consiguiente, no cabe duda de que ahí tenemos un problema. 
¿Se van a poder armonizar algún día los controles, Sr. Fayot? 
Es algo que al menos llevará diez años. 
Espero que pueda usted ayudarnos, pero se trata realmente de una tarea de largo alcance. 
Por ahora, intentamos poner en marcha nuestro equipo de coordinación de los controles con un manual de procedimiento lo más homogéneo y coherente posible. 
Pero, es cierto que ello demanda pequeños e incluso grandes cambios. 
Por ejemplo, acabo de recibir de su ministro, el Sr. Le Pensec, una carta en la que dice que va a aplicar ahora el procedimiento «Harina» que habíamos establecido, algo que él había rechazado hacer durante seis meses. 
Puede ver, por tanto, que aunque a veces lleva tiempo, las cosas progresan poco a poco. 
¿Es esto triunfalismo? 
Muy al contrario. 
Ni siquiera es optimismo. 
Es cierto que hay también una parte de ilusión, no de esa ilusión de seriedad de la que hablaba usted, señor Happart. 
No es usted el único en pretender ser serio, ¿sabe? y no es usted el único tampoco... 
(Interrupción por el Sr. Happart )... quisiera decir simplemente que no es usted el único en ser serio ni tampoco el único en ser sensible al dolor de las personas y de las víctimas. 
Me honro en compartir esta misma sensibilidad e intentar ponerla al servicio de las víctimas al menos tanto como usted. 
Por lo que respecta a las cuestiones relativas a los productos farmacéuticos y a la gelatina, la Comisión va precisamente a debatir, a las 17.30 horas, una propuesta de excepción para los productos farmacéuticos life saving. 
Se trata de una cuestión que ha de examinarse con atención ya que plantea un problema de relación costes/beneficios que es preciso tomar en consideración. 
Otro aspecto que deseaba abordar es saber si la Comunidad ha llegado a ser demasiado sensible, incluso sólo sensible a las cuestiones del mercado e indiferente a la salud. 
En este sentido quisiera decir dos cosas. 
En primer lugar, ha habido un importante cambio cultural que será preciso comunicar a la opinión pública y a los Estados miembros, es decir, que el mercado implica dos protagonistas: el productor y el consumidor. 
Ello significa que, incluso en una lógica de mercado, incluso para los productores, la confianza de los consumidores se convierte en un valor primordial, de otro modo efectivamente el mercado no funcionará. 
Por consiguiente, no estamos poniendo en marcha una jungla sino las reglas de un mercado que implican dos protagonistas. 
A mi juicio, hasta ahora no se tomaba suficientemente en consideración al protagonista «consumidor» , y eso es lo que hemos comenzado a cambiar un poco. 
Por lo que respecta al fraude pregunta usted, Sr. Kaklamanis, ¿adónde ha ido esa carne, a países terceros o a Europa? 
Hemos presentado a la Comisión de investigación sobre la EEB informes escritos en los que figura incluso una lista de firmas e industrias, todo lo que hemos encontrado. 
Hemos sido incluso criticados por los Estados miembros porque queríamos ser demasiado transparentes. 
Puede hacerles llegar el informe en cuestión pero está ya a disposición de sus colegas. 
No ha sido mala voluntad por parte de la Comisión, pero pensábamos que ustedes tenían esas informaciones. 
Creo haber contestado a grandes rasgos a las preguntas que se han planteado. 
Para concluir, hay que decir que a mi juicio el riesgo cero no existe. 
Dicho esto, ¿estamos en condiciones de ser más prudentes y atentos? 
Conozco, señor Campos, sus argumentos sobre el tema de las harinas, es decir, la no utilización. 
Es preciso seguir reflexionando, incluso después de la conferencia sobre las harinas. 
Cómo se puede trabajar, cómo tratar este expediente que es tan complejo, en el que todo no es blanco o negro. 
Dicho esto, señoras y señores diputados, como he dicho esta mañana y como acaba de repetir el Presidente, estamos en una etapa dentro de un proceso que, con el apoyo de ustedes, debemos proseguir en atención a los Estados miembros y a la opinión pública. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Sistemas europeos de participación de los trabajadores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0354/97) del Sr. Menrad, en nombre de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, sobre el informe final del grupo de expertos «Sistemas europeos de participación de los trabajadores» (informe Davignon) (C4-0455/97). 
Señor Presidente, como usted ha dicho, en este punto del orden del día se trata de una opinión de la Comisión de Asuntos Sociales sobre el informe final del grupo de expertos relativo a los sistemas europeos de participación de trabajadores, grupo creado por la Comisión bajo la presidencia del Sr. Davignon y formado por científicos e interlocutores sociales. 
Su tarea principal fue la de realizar propuestas para determinar la posición de los trabajadores en el Estatuto de la proyectada Sociedad Anónima Europea. 
Desde hace más de 25 años se intenta sin éxito armonizar o coordinar el derecho empresarial europeo. 
En los últimos tiempos, se ha desatado de nuevo el debate sobre la forma jurídica de la Sociedad Anónima Europea. 
La aprobación del correspondiente reglamento sobre tales formas de sociedades ha fracasado hasta ahora en el Consejo de Ministros sobre todo porque no se pudo llegar a un acuerdo sobre las directivas vinculadas a este instrumento en lo tocante a la posición de los trabajadores. 
Las ideas sobre la participación y codecisión de los trabajadores son muy diferentes en los Estados miembros de la Unión Europea y entre los diversos interlocutores sociales. 
Este complicado entramado de opiniones solamente se puede desenmarañar si todos los afectados muestran una mayor disposición al compromiso. 
Estoy convencido de que la participación y codecisión son también una parte de la democratización de las normas jurídicas relativas a las sociedades. 
Significan al mismo tiempo productividad económica. 
El Sr. Davignon tiene razón: solamente los trabajadores informados, cualificados, comprometidos, motivados y responsables, que disponen de posibilidades de participación, pueden desarrollar formas modernas de organización y tecnologías y manejarlas de modo que se agoten todas las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
Respecto a una comunicación de la Comisión sobre información y consulta, el Parlamento ha presentado una propuesta de resolución que en puntos importantes llega a resultados similares a los del informe Davignon. 
La Presidencia luxemburguesa del Consejo presentó en octubre al Consejo de Ministros de Asuntos Sociales una propuesta de compromiso sobre la base del estudio Davignon. 
El informe de la Comisión de Asuntos Sociales sobre el que hoy debatimos ve en ambos documentos una base de debate muy buena. 
Advierte frente al intento de trasladar un determinado modelo de codecisión de unos pocos Estados miembros a los restantes. 
La codecisión no es un artículo de exportación pero tampoco se puede admitir que con ayuda de un instrumento jurídico europeo se socave la amplia codecisión de los trabajadores que existe en países como Alemania y Austria, los Países Bajos o los Estados nórdicos. Esto podría tener fácilmente repercusiones antieuropeas. 
No se puede considerar superado el peligro frecuentemente citado de pérdida de codecisión. Podría surgir por la posibilidad existente de transformación de la forma jurídica nacional de la sociedad en otra europea con menores posibilidades de codecisión. 
Davignon excluye expresamente esta posibilidad. 
Nos congratulamos de ello. 
Con mucha frecuencia se pregunta porqué la directiva sobre el Consejo de Empresa europeo tiene tanto éxito. 
Se le puede dar las vueltas que uno quiera, pero la receta del éxito del Consejo de Empresa europeo se debe a determinados principios procedimentales que también pueden desempeñar un papel en la elaboración del modelo de codecisión de una sociedad europea: flexibilidad, soluciones negociadas y estándares mínimos. 
Para el caso de que entre las presidencias fundacionales y los gremios negociadores especiales de los trabajadores no se llegue a un acuerdo, en una directiva europea se deberían prescribir los derechos mínimos de los trabajadores. 
Ambos documentos- el informe Davignon y el compromiso de Luxemburgo- prevén también una participación económica de los trabajadores, en caso de duda mediante una representación reducida de trabajadores plenamente autorizados en el Consejo de Administración y de Vigilancia. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales espera que aún bajo la Presidencia luxemburguesa se llegue a un acuerdo político en el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales, además en el sentido de nuestras posiciones. Las resumo de nuevo brevemente: en la configuración de las normas de coparticipación, los interlocutores sociales tienen que desempeñar un papel decisivo, su cooperación es una condición previa fundamental. 
Por ello, creo que, posiblemente, lo más importante del informe Davignon son dos firmas: la de los representantes de los sindicatos europeos y la de los empresarios. 
No debe existir una SA europea sin codecisión de los trabajadores. 
El modelo europeo no es la economía de mercado pura sino la economía social de mercado, cuyos principios fundamentales son: participación de los trabajadores y cooperación. 
Les ruego en este sentido su voto favorable para este informe y expreso al mismo tiempo mi agradecimiento por el apoyo de las y los colegas en la Comisión de Asuntos Sociales. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que el Sr. Davignon y su grupo han trabajado bien en un expediente difícil y ésta suscribe ampliamente las conclusiones que el Sr. Menrad acaba de presentar en nombre de la comisión competente en cuanto al fondo, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Sabemos que el problema de la sociedad europea tropieza con el espacio que los trabajadores ocupan en esta sociedad y además desde hace mucho tiempo. 
En resumen, este bloqueo de la sociedad europea implica un bloqueo de la totalidad de otros expedientes como la quinta Directiva sobre el derecho de sociedades o la décima Directiva sobre las fusiones transfronterizas, el estatuto de las cooperativas, de las mutuas y de las asociaciones. 
También el Sr. Davignon y su grupo proponen una solución para evitar la dificultad planteando un sistema flexible, opcional, en dos niveles. 
Se trata, en primer lugar, de la decisión sobre la fórmula de la sociedad europea; realmente, nadie está obligado a constituir una sociedad europea, ya es ésta una primera opción. 
Una vez tomada esta decisión, se da la primacía en segundo lugar a una solución negociada entre agentes sociales que pueden decidir lo que quieren, y sólo es a falta de acuerdo cuando intervienen las disposiciones de referencia que propone el grupo Davignon sobre la información y consulta a los trabajadores por una parte, y sobre la participación de los empleados en los consejos de administración y en los consejos de vigilancia por otra. 
Por consiguiente, se trata de un sistema muy flexible que permite, dejando una gran libertad a los agentes sociales, encontrar una fórmula que les agrade, que permite por tanto ajustar la estructura jurídica a la voluntad de los agentes y que, simplemente, como último análisis, propone en ese momento lo que es norma en todos nuestros países, es decir, una fórmula u otra de asociación de los trabajadores a la empresa. 
Nos parece, y ésta es la constatación de la inmensa mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que esta solución está encaminada a conseguir una mayoría en el Parlamento y sobre todo a suscitar en el Consejo oposiciones que ya no tienen razón de ser. 
Señor Presidente, muchos estamos convencidos de que el mejor instrumento regulador de las relaciones laborales es el diálogo entre los interlocutores sociales, y mejor aún si ese diálogo se traduce en acuerdos. 
En el nivel europeo, el protagonismo de los interlocutores sociales ha avanzado, pero con excesiva lentitud desde los primeros intentos a comienzos de la década de los 70. 
La historia del presente informe, o de lo que hay detrás del informe que hoy debatimos, es un ejemplo de las dificultades que se constatan cuando queremos elevar al nivel europeo lo que son prácticas nacionales habituales. 
Hay dificultades para encontrar coincidencias sobre cómo interpretar de forma unívoca qué se entiende por participación de los trabajadores, tanto en los contenidos de esa participación como en la forma de desarrollar la participación misma. 
La realización del mercado interior y las consecuencias de la mundialización de nuestras economías exigen una traslación de la representación y participación de los trabajadores a un nivel supranacional. 
Hoy estamos intentando desbloquear en el Consejo las propuestas pendientes relativas a este tema. 
Se trata de enfocar con realismo todas las cuestiones controvertidas relativas a la participación de los trabajadores, encontrar las fórmulas que avancen algo más de lo que es la simple información y consulta, y conseguir una representación de los trabajadores que participe y no se limite a ser receptora de algunas informaciones. 
El informe del diputado Sr. Menrad intenta incentivar y agilizar el debate sobre estos temas sustanciales y permitir que el estatuto de la sociedad europea alcance pronto pleno carácter legislativo. 
El informe de los expertos, conocido como informe Davignon, encontró cómo formular un sistema europeo de participación de los trabajadores. 
En esa línea debe alcanzarse un compromiso en el Consejo y superar los obstáculos que hasta hoy existían. 
La regulación en su día del comité europeo encontró cómo hacer compatible los diferentes modelos de relaciones laborales. 
En los casos de la sociedad europea se trata de conseguir el mismo compromiso equilibrado y flexible, como decía hace un momento el diputado Cot, para garantizar la información, la consulta y la participación de los trabajadores, no imponiendo un modelo concreto, sino utilizando un modelo compatible con los actualmente vigentes en cada uno de nuestros países. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Winfried Menrad. 
Sus conocimientos y visión de conjunto se reflejan en su informe. 
Ha realizado unas razonables propuestas complementarias, lo que muestra también el apoyo recibido en la Comisión de Asuntos Sociales. 
En la Unión Europea los agentes económicos presionan para que se elabore un Estatuto sobre una SA Europea o una Sociedad Europea. 
No hay ninguna duda de que el grupo Davignon ha realizado un buen trabajo previo. 
A pesar de las diferentes estructuras, los Estados miembros pueden aceptar las propuestas sobre la participación de los trabajadores, pues, en primer lugar, no es posible realizar refundaciones de empresas para eludir la codecisión y, en segundo lugar, para los Estados miembros en los que los mismos trabajadores no deseen la participación, incluso es posible una solución cero. 
En tercer lugar, si los trabajadores y empresarios no llegan a un acuerdo, una vez transcurrido el plazo de negociaciones, será vinculante una cuota mínima de los representantes de los trabajadores. En este contexto, se garantizan también la información y consulta de los trabajadores. 
Con razón le parece al ponente que la cuota mínima está calculada demasiado baja. 
Asimismo, es acertada su observación sobre la urgencia tras decenios de debates así como la inclusión de las cooperativas europeas en la propuesta. 
Señor Comisario Flynn, la Comisión debería poder convencer perfectamente al Consejo en base a las propuestas que tienen en cuenta todas las objeciones. 
Le deseo mucho éxito en esta tarea, también en nuestro interés, y le expreso mi agradecimiento por adelantado. 
Presidente, Señorías, señor Comisario, no tenemos que convencernos hoy aquí de que la forma de sociedad comercial europea es una oportunidad exquisita para favorecer los negocios en Europa que traspasan las fronteras, que a posteriori es bueno para el empleo. 
El compromiso de los trabajadores con las empresa tampoco puede constituirse en un problema, porque precisamente es beneficioso para una buena explotación de las empresas y una buena productividad. 
¿Cuál es entonces el problema? 
El problema es que los Estados miembros no quieren firmar acuerdos y quizá busquen también excusas. 
Mi pregunta a usted es: ¿acaso no desempeñan también los motivos fiscales un papel importante y no sólo la participación de los trabajadores? 
Hago un último llamamiento tanto a los Estados miembros como al Comisario Flynn para que incluyan formalmente ahora, el jueves y el viernes cuando se reúnan los jefes de Estado y los presidentes de Gobierno en Luxemburgo, el asunto en la agenda, y si no es posible, informalmente, y procuren que la presidencia de Luxemburgo consiga aquí un resultado. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando a Menrad por este informe y agradecer su gran interés en este asunto. 
No puedo hacer más que estar de acuerdo con los puntos de vista de la Comisión y del ponente sobre el informe del grupo de expertos y las opiniones que se expresaron en la propuesta de compromiso de Luxemburgo, que implican que un eventual estatuto para sociedades europeas no debe, bajo ningún concepto, significar que el derecho de coparticipación de los trabajadores en las empresas pueda ser burlado. 
Además, hay que tomar en cuenta los diferentes modelos de negociaciones entre las partes del mercado laboral que existen en los distintos países. Asimismo, los derechos que las legislaciones nacionales o la tradición han otorgado a los sindicatos, deben valer en las futuras sociedades europeas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Menrad por su propuesta que apoyamos también los social-demócratas. 
Señor Menrad, usted no tiene la culpa de que al final haya resultado un consenso sobre mínimos sino que creo que se debe al Consejo de Ministros. 
También quiero expresar mis felicitaciones al Sr. Presidente del Consejo por haberse esforzado en llegar a un compromiso al cabo de muchos años. 
En esta propuesta se dice también que se quieren utilizar las experiencias del debate y los resultados del Consejo de Empresa europeo. 
Señores Flynn y Junker, esto significa también que tenemos que utilizar las experiencias negativas de la directiva sobre los Consejos de Empresa, por ejemplo, con Vilvoorde. 
En Europa existe una enorme desproporción entre las posibilidades de los trabajadores y del capital. 
Hemos esperado 25 años hasta que se ha hecho realidad esta posibilidad de codecisión. 
No es suficiente ofrecer una mayor participación en el capital por acciones para los empleados. 
Señor Menrad, creo que ambos somos de la opinión de que deben participar también en las decisiones. 
La Europa del mercado interior, la libertad de los servicios y de los movimientos de capitales, también los especulativos, son entretanto algo evidente. 
Necesitamos una codecisión de los trabajadores y de los sindicatos, un desarrollo y, eventualmente, una armonización. 
El motivo de que hoy no hayamos logrado avanzar no se debe a la complicación del asunto, a las diferencias de intereses o a las diferentes tradiciones, sino sin ningún género de dudas a la prepotencia del capital. 
Quiero indicar además que estamos contentos y satisfechos de que esta directiva o este consenso se haya alcanzado conjuntamente con los sindicatos. 
Creo que el informe Davignon no lo aprecia correctamente. 
Para finalizar, dos principios fundamentales. Primero: los sindicatos tienen que estar representados y segundo: tiene que existir un desarrollo hacia una auténtica codecisión. 
Señor Presidente, es importante que la influencia de los trabajadores se asegure en todos los planos y en todas las empresas. 
El modelo de sistema voluntario para las sociedades europeas que aquí se propone es, quizá, el más práctico. 
Éste hace posible, para empleadores y empleados, negociar, a través de un sistema voluntario en cada empresa, las formas más adecuadas de influencias de los trabajadores, independientemente del país donde se encuentre esa empresa. 
Éste es un sistema descentralizado que permite una gran influencia en el plano local, lo cual está bien. 
El punto débil de este sistema es que los trabajadores, que ordinariamente constituyen el eslabón más frágil en una negociación de esta naturaleza, pueden quedar en una situación de desventaja. 
Entonces los acuerdos pueden llegar a ser anodinos, lo que puede ocasionar que las sociedades europeas, en la realidad, eludan todo el proceso. 
Esto no debe suceder. 
Por esta razón las propuestas sobre normas mínimas pueden ser una forma de dar influencias y una buena medicina cuando las negociaciones han fracasado. 
En primer lugar, sin embargo, deben adoptarse medidas de carácter nacional para solucionar esto. 
Las normas mínimas, si llegan a establecerse, tienen que tomar en consideración las reglas locales sobre negociación que rigen en cada país miembro. 
Quisiera felicitar al Sr. Menrad por su excelente informe. 
Tomo la palabra como ponente acerca de los estatutos de una sociedad europea, y en particular sobre la directiva referente a la participación de los trabajadores. 
Los estatutos de una compañía constituyen una medida voluntaria y ninguna compañía, cuando esta propuesta se acepte si se acepta, tendrá que establecer sus estatutos en contra de su voluntad. 
Seguirá habiendo otras formas de establecer sucursales en otros países, como por ejemplo empresas filiales, así que no es necesario que los Estados miembros teman a esta propuesta. 
Como compensación por el establecimiento de una sociedad con arreglo al modelo europeo de estatutos, tiene que haber un elemento de participación de los trabajadores. 
La Comisión insiste en ello, y también el Parlamento. 
La elección del método de participación de los trabajadores es flexible y respeta las tradiciones y culturas nacionales. 
Muchas empresas quieren estar en condiciones de establecer sociedades en Europa. 
Insto a los Estados miembros que se resisten a aprobar esta propuesta a que se despierten. 
No solamente están socavando la posición de las compañías que tanto quieren que se apruebe esta propuesta, sino que también están socavando la buena labor que se ha efectuado en este Parlamento a lo largo de los nueve o diez últimos años. 
Necesitamos una norma para las compañías europeas, queremos que haya una, los trabajadores también la quieren e incluso los sectores comerciales de Europa están de acuerdo. 
Los Estados miembros deberían prestar atención a la labor de los expertos del informe Davignon y también a la labor del Sr. Menrad. 
Hay que darse prisa y resolver esta cuestión. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Sr. Menrad, que ha preparado un informe muy equilibrado. 
Ha sido siempre un placer admirar la amabilidad con la que ha presentado todos sus informes, y esta vez no ha sido una excepción a la regla. 
Sin embargo, como me gustaría que este informe tuviera éxito, no me queda más remedio que contradecir a algunos de mis colegas que han hablado ya de un buen equilibrio entre tradiciones y culturas en las relaciones industriales de toda la Unión Europea. 
He de señalar a nuestros colegas y camaradas que, de acuerdo con la Sra. Hermange, lo cierto es que no podemos obligar a que haya un modelo para todos los países de la Unión Europea. 
Muchas de esas culturas y tradiciones no suscitan la misma respuesta que la que, por ejemplo, provocan en Alemania o en Austria. 
Estoy seguro de que es éste el punto en el que se halla el intríngulis: el elemento de obligación. 
Ésta es la cuestión que liberará el funcionamiento del mecanismo y que hará que quede involucrado el trabajador, no que participe o que codetermine, pues todos los argumentos parecen centrarse en ello. 
Si somos algo más progresistas y bastante más flexibles acerca de esta cuestión, podremos obtener un arreglo voluntario entre compañías y sindicatos que les permitan disfrutar de las ventajas de la participación laboral, por muy grandes que deseen que sean. 
Coincido con la Sra. Oddy en que este asunto es de naturaleza voluntaria. 
En realidad uno esperaría que las personas fueran capaces de discernir la diferencia entre ésta y otras ideas acerca de la obligación. 
Pongamos otro ejemplo: Si la gente no suscribe los estatutos que prevé la Unión, ¿no se encontrarán en una situación de desventaja competitiva en algún momento del futuro? 
Ésos son los pensamientos que están dando vueltas en la cabeza de muchas personas. Ésas son las preocupaciones y los temores que algunas personas están procurando suscitar. 
Son cuestiones que no es preciso plantear y que no se están planteando debidamente. 
Tenemos tiempo para adoptar alguna medida relacionada con lo que acabo de decir, y el informe del Sr. Menrad ayuda mucho a disipar algunos de los miedos y temores que se sienten. 
Creo y espero que será muy positivo como arreglo de compromiso. 
Señor Presidente, antes que nada quiero dar gracias al Parlamento Europeo por haber tomado la iniciativa de formular una opinión sobre el informe Davignon y acontecimientos subsiguientes respecto del estatuto de las sociedades europeas en el seno del Consejo. 
Todos sabemos que en Amsterdam había un claro mandato del Consejo Europeo para que se hiciera todo lo necesario a fin de conseguir que el estatuto de las compañías quedara finalmente aceptado antes de que acabara este año. 
Todos sabemos que para ello se requerirá la rápida conclusión de un acuerdo político en el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales sobre la cuestión de la participación de los trabajadores, para que el Consejo de Ministros encargados del Mercado Interior pueda finalizar toda esta cuestión a su debido tiempo. 
La contribución que el Parlamento Europeo está a punto de hacer para conseguir que esta cuestión quede finalizada con éxito es, naturalmente, muy pertinente, y quisiera dar gracias al ponente, Sr. Menrad, por haberse percatado una vez más de las grandes dificultades que plantea el reto al que nos enfrentamos y la necesidad de que sean adecuadas las soluciones previstas, tanto en el informe Davignon como en la propuesta de transacción presentada por la Presidencia luxemburguesa. 
Todos sabemos que estos textos, por primera vez en muchísimos años, nos ofrecen una verdadera oportunidad de hacer progresos sustanciales sobre el particular. 
Hagamos todo lo posible por explotar al máximo esta oportunidad. 
Como se recalca en el proyecto de texto del Sr. Menrad, toda solución que pueda recoger apoyo suficiente en el Consejo tiene que preservar la autonomía de los interlocutores sociales cuando se trate de configurar el modelo de participación de los trabajadores que se aplicará en cada compañía de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo necesitamos un marco de referencia al que poder recurrir en caso de que fracasen las negociaciones. 
Para facilitar el consenso entre los Estados miembros, este marco de referencia tiene que incorporar disposiciones sobre información y consultas, así como sobre la participación. 
Su finalidad no es armonizar leyes y prácticas nacionales en materia de participación de los trabajadores, que difieren sustancialmente según los países. 
El Sr. Oddy tiene mucha razón: se trata de una cuestión voluntaria a la que se puede recurrir como opción, y así hay que considerarla para beneficio de las compañías y de los trabajadores. 
Su finalidad real consiste en atender las legítimas preocupaciones de algunos Estados miembros que temen que el estatuto de las compañías europeas se utilice para soslayar la reglamentación nacional acerca de la participación de los trabajadores, especialmente por lo que se refiere al sistema de participación. 
Ahora bien, por otra parte reconocemos también los intereses no menos legítimos de los que no desean que se les impongan modelos extranjeros de participación de los trabajadores. 
Desde el punto de vista de la Comisión, la prioridad que se da a las negociaciones y al hecho de que las compañías, en este contexto, tratarán únicamente de posibilidades de opción, debe reducir mucho los riesgos. 
Por eso me agrada sobremanera que estos elementos fundamentales de la posible transacción reciban el pleno apoyo del Parlamento Europeo. 
Una vez más quisiera dar gracias al Parlamento por su apoyo y expresar mi esperanza de que con su ayuda y con mucha buena voluntad- y hay que reconocer que se necesitará un gran esfuerzo de buena voluntad política y un espíritu de compromiso por parte de todos los interesados- consigamos efectuar progresos verdaderos y decisivos en esta esfera y cumplir el mandato que ha dado el Consejo Europeo. 
Una vez más quiero dar personalmente las gracias al Sr. Menrad, así como a sus colegas y al Sr. Schiedermeir por sus amables palabras, pues para que esta cuestión siga adelante va a precisarse un gran esfuerzo de buena voluntad política. 
Señora Boogerd-Quaak, sé que no se le concedió todo el tiempo que necesitaba pero dijo usted muy acertadamente que esta cuestión reviste una importancia central. 
Espero que esta cuestión consiga el impulso que pidió usted el 15 de diciembre en el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales y que consigamos finalizarla. 
Una vez más, gracias a todos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Trabajo a tiempo parcial- Empleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0352/97 de la Sra. Jöns, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de la Comisión (COM (97) 0392- C4-0551/97-97/0221 (SYN) de una directiva del Consejo relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES; -A4-0353/97 del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión «El Empleo en Europa- 1997» (COM (97) 0479- C4-0549/97). 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hoy debatimos sobre el acuerdo por tiempo parcial que han negociado los interlocutores sociales después de que el Consejo de Ministros durante catorce años no llegase a ningún acuerdo. 
A pesar de ello, no tenemos motivo para celebrar nada. 
El acuerdo queda muy por detrás de lo que exigió esta Asamblea en 1990, a saber, proteger a todos los empleados atípicos frente a discriminaciones, tanto en el derecho laboral como en lo referente a la seguridad social. 
Los interlocutores sociales han llegado a un acuerdo que solamente afecta al trabajo por tiempo parcial. De este modo, han quedado fuera millones de empleados atípicos con sus desventajas específicas. 
Pienso, por ejemplo, en los 14 millones de empleados temporales o en los 10 millones de personas que trabajan en su hogar o teletrabajadores. Todos sabemos que precisamente el teletrabajo está experimentando en estos momentos una expansión enorme. 
Pero esto no es todo. 
Incluso en este acuerdo que se limita al trabajo por tiempo parcial, quedan excluidas todas las cuestiones de la seguridad social legal. 
Queda excluido precisamente el núcleo en el que se manifiesta también financieramente la discriminación del trabajo atípico. 
Se podría entender que los interlocutores sociales no quieran provocar a los Estados miembros poco antes de Amsterdam con reglas sobre la seguridad social para no arriesgar bajo ningún concepto la inclusión del Protocolo sobre la política social en el Tratado. 
Pero el acuerdo sobre tiempo parcial tiene aún más lagunas, pues si obtenemos solamente un acuerdo sobre trabajo por tiempo parcial y si este acuerdo excluye además plenamente la seguridad social legal, al menos se podría esperar que el derecho laboral y las prestaciones sociales empresariales se definiesen claramente y se regulasen mediante estándares mínimos europeos. 
Pero no es este el caso. 
Cualquier Estado miembro puede determinar como le venga en gana excepciones nacionales al loable principio de no discriminación. 
Aunque se deben alegar para ello motivos objetivos, sin embargo, los márgenes son inmensos. 
Por ejemplo, todo un grupo de empleados puede ser excluido de este principio de no discriminación. 
Hablo aquí de empleados por tiempo parcial que trabajan ocasionalmente, tal como se dice en el acuerdo marco. 
Además, la duración de la pertenencia a la empresa, el horario de trabajo o el importe de los ingresos pueden justificar otras excepciones nacionales para todos los empleados por tiempo parcial. 
Es decir, los Estados miembros pueden determinar libremente umbrales por debajo de los cuales se puede seguir discriminando sin trabas. 
Así pues, un principio europeo de no discriminación solamente existe sobre el papel. 
Pero el derecho nacional a introducir excepciones es algo concreto. 
Todas las demás normas son recomendaciones no reclamables. 
En unos tiempos en los que todos queremos crear más empleo, recurriendo para ello también a formas de trabajo más flexibles y unos horarios más reducidos, esto no contribuye a hacer más atractivo el trabajo por tiempo parcial. 
Si, no obstante, apoyamos la propuesta para la aplicación del acuerdo marco, lo hacemos solamente porque al menos no ocasiona daños. 
No impide a ningún Estado miembro decretar unas normas mejores. 
Todo esto no impide que la Comisión deba presentar lo antes posible una propuesta que acabe con la discriminación de la seguridad social en el trabajo a tiempo parcial. 
Es muy importante para mí, pues el 80 % de los empleados a tiempo parcial son mujeres. 
La Comisión tiene que realizar también propuestas para eliminar las discriminaciones en otras formas de trabajo atípico en ambos sectores, el del derecho laboral y el de la seguridad social. 
Quiero decir aquí a los interlocutores sociales que aunque esta Asamblea vote a favor del acuerdo sobre tiempo parcial, esto no es una patente de corso para que en el futuro aceptemos acuerdos similarmente endebles sin estándares mínimos. 
El diálogo social es una plantita muy delicada. 
Los futuros acuerdos deben tener más sustancia. 
Al fin y al cabo, este es el segundo acuerdo según después del Protocolo sobre la política social. 
Señor Presidente, señor Comisario, a muy escasos días ya de la Cumbre de Luxemburgo será éste ya posiblemente el último debate que se celebrará antes de que los Jefes de Estado o de Gobierno afronten uno de los más esperados retos ante la opinión pública europea. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo aprobó, con sólo dos abstenciones, el presente informe que traigo a esta Asamblea. 
La situación del desempleo en la Unión Europea, a pesar de estar mejorando, es de una dramática gravedad. 
Es necesario que toda la sociedad europea sea consciente de la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Problema que ataca directamente a los cimientos de la Unión. 
Cuando hablamos de solucionar el desempleo es necesario que partamos de premisas certeras. 
Sólo hay una fórmula realista para reducir el desempleo en una economía como la nuestra: crear empleos productivos. 
Los empleos productivos los crean especialmente las empresas y, dentro de éstas, las pequeñas y medianas, y para que éstas lo hagan, es necesario crear el entorno propicio que les permita subsistir y ser competitivas. 
Cualquier Gobierno puede crear empleo a golpe de leyes, aumentando los funcionarios, reduciendo la jornada laboral, pero éstas no son más que soluciones a corto plazo. 
Este tipo de soluciones al final perjudica a las economías que las aplican y, en un entorno cada vez más abierto y globalizado, acaba elevando el desempleo por encima de los niveles que propiciaron su aplicación. 
El Tratado de Amsterdam, por otra parte, representa la voluntad de coordinar las políticas nacionales para conseguir aumentar la creación de puestos de trabajo. 
Los objetivos comunes son muy loables y, en algunos aspectos, necesarios. 
Pero no nos engañemos: el empleo no se hace con objetivos. 
Desde Essen a hoy se han marcado muchos objetivos y planes; la realidad es que la tasa de paro sigue muy estancada, y lo que hace falta es cumplir esos objetivos que los Estados miembros se marcan a sí mismos en sus planes plurianuales de empleo. 
Y esto es compatible, naturalmente, con la evolución permanente de sus políticas. 
Desde mi punto de vista, quisiera exponer, señor Presidente, lo que entiendo que puede ser un decálogo para el empleo. 
En primer lugar, conseguir completar con éxito la Unión Monetaria, que no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para crear un entorno macroeconómico saneado. 
En segundo lugar, dar prioridad en las políticas de los Gobiernos a la educación y formación para que nuestros jóvenes y desempleados de larga duración accedan al mercado de trabajo con unas cualificaciones apropiadas y eficaces. 
En tercer lugar, reformar los sistemas fiscales de los Estados miembros de manera que sean más propicios para la creación de empleo. 
En cuarto lugar, apoyar a las pequeñas y medianas empresas en sus fuentes de financiación, eliminando trabas administrativas y burocráticas y facilitando el autoempleo y el trabajo autónomo. 
En quinto lugar, mejorar y completar el funcionamiento del mercado interior y facilitar la movilidad de los trabajadores, eliminado trabas idiomáticas, culturales y proteccionismos interesados. 
En sexto lugar, propiciar el diálogo y la concentración social a escala sectorial, nacional y europea, estudiando y proponiendo a los trabajadores y empresarios nuevas formas de organización del trabajo y las condiciones en que se desarrolle el mismo, incluida naturalmente la reducción del tiempo de trabajo, nuevas fórmulas de contratación y la protección y salud de los trabajadores. 
En séptimo lugar, acrecentar el papel de las autoridades locales en la búsqueda de soluciones, implicando también al sector privado y profundizando en los empleos que surgen de la solidaridad social, del voluntariado, de la rehabilitación cultural o del mismo ocio, y los derivados de los nuevos yacimientos de empleo; urge la puesta en marcha de los planes territoriales de empleo. 
En octavo lugar, aumentando la dotación de infraestructuras y apoyando la innovación empresarial y la aplicación de las nuevas tecnologías. 
El noveno punto es crear las condiciones necesarias para que la discriminación que sufren las mujeres dejen de ser una realidad; hay que desterrar las lamentables afirmaciones que aún hoy se oyen en nuestra sociedad de que las mujeres quitan el trabajo a los hombres: el trabajo es patrimonio del ser humano, no lo es ni del hombre ni de la mujer, y los dos- junto con los Gobiernos- deben colaborar en crear las condiciones familiares y sociales necesarias para el acceso al trabajo, y qué duda cabe que el trabajo a tiempo parcial es un buen instrumento para ello. 
Y finalmente, señor Presidente, señor Comisario, en décimo lugar, modernizar nuestro sistema de seguridad social. 
Ningún ciudadano europeo está dispuesto a renunciar a una vieja conquista social, pero las cargas sociales no pueden atenazar a nuestras empresas y el sostenimiento de las pensiones no puede recaer exclusivamente sobre los hombros de una cada vez más mermada población activa. 
Hay que afrontar con valentía este problema. 
Señor Presidente, ésta es mi última reflexión de cara a una Cumbre de la que todos los ciudadanos esperan realismo y compromisos políticos concretos: treinta millones de ciudadanos quieren tener un puesto de trabajo; un hombre o una mujer sin trabajo acaba renunciando a la sociedad a la que pertenece. 
La exclusión económica y social produce desesperación y un deterioro grave en la sociedad que la sufre. 
Tenemos que competir no sólo en las economías y en el mercado, sino también en la ilusión y la confianza en la Europa que todos deseamos para el futuro siglo XXI. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Cumbre del empleo va a ser un baremo para el perfil social de Europa. 
El informe sobre el empleo muestra muy claramente qué enfermedades debemos superar aún. 
Pues los grandes éxitos en la creación de puestos de trabajo no se deben solamente a medidas de política de mercado laboral sino que necesitamos al mismo tiempo una política macroeconómica que fomente el crecimiento económico y no lo frene. 
Hay que hacer algo más al respecto. 
No debemos hablar siempre sólo sobre la desregulación de los mercados de trabajo, sobre su modernización y su estructuración o sobre la capacidad de empleo de las personas. 
Debemos configurar las condiciones marco de tal modo que la cuota de empleados en la Unión Europea se acerque por fin a la cuota japonesa y norteamericana del 70 %. 
Sólo esto correspondería a nuestros compromisos sociales. 
La Unión Monetaria debe comenzar puntualmente para que la política monetaria pueda desempeñar su constructivo papel a nivel europeo. 
Para ello necesitamos naturalmente también la coordinación de las políticas económicas y además tiene que superarse la indescriptible actitud neutral de los Ministros de Hacienda en la Cumbre de Luxemburgo. 
Hay que marcarse objetivos, reducir la tasa de paro y cambiar de rumbo hacia una política de trabajo activa. 
Pero, sobre todo debemos hacer más en lo tocante a las inversiones. 
Las inversiones son la clave. 
Cuando pienso que las inversiones que crean trabajo en instalaciones de producción han aumentado en los EE.UU en un 30 % entre 1989 y 1996 pero en Europa sólo en un 5 %, nos podemos imaginar cuál es la diferencia en la evolución del empleo. 
Tengo que decir que el benchmarking por el empleo y el benchmarking por las inversiones se deberían incluir en nuestro vocabulario. 
No se trata solamente de elevar las inversiones privadas sino también de un cambio de rumbo en las inversiones de infraestructura, de las inversiones públicas, para abandonar el derroche de subvenciones y dirigirnos hacia unos gastos públicos orientados al empleo. 
Señor Presidente, intervengo para exponer la opinión de la Comisión de Pesca en relación a este importante informe sobre el empleo, llamando la atención en primer lugar sobre el hecho de que la cuestión del empleo presenta características especiales en el sector de la pesca. 
Las cuestiones relativas al empleo y a las condiciones de trabajo en el sector de la pesca son quizás en la actualidad los aspectos menos desarrollados de la política común pesquera. 
Esta carencia resulta llamativa cuando este sector de actividad está sufriendo desde los años 70 un continuo proceso de erosión que ha conducido a la disminución permanente de los puestos de trabajo en el sector, a la degradación de las condiciones laborales en las que se desarrolla la actividad, a la precarización de los empleos, etc. 
De tal forma que ante la falta de atractivos de la profesión, se está produciendo un envejecimiento permanente en los recursos humanos, sin que se produzca el deseable relevo generacional. 
Como es de todos conocido, la consagración de las 200 millas como zona de aprovechamiento exclusivo de los recursos pesqueros por los Estados ribereños en el nuevo Derecho Internacional del Mar supuso un exceso de capacidad por parte de la flota comunitaria, lo cual ha generado una continua exigencia de reducción de la flota, tanto de altura como costera artesanal, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, que han disminuido de manera alarmante. 
Por citar un sólo dato, en el caso de España, el país con mayor potencia pesquera de la Comunidad, los puestos de trabajo perdidos en los últimos diez años rondan el 20 % de la población ocupada en ese sector. 
La pérdida de empleos en el sector pesquero, en ocasiones, reviste carácter dramático, pues en gran medida recae sobre todo en la pesca costera artesanal, intensiva en mano de obra tanto en extracción como en transformación y en empleos conexos, astilleros, comercialización, etc. Son puestos de trabajo en regiones periféricas altamente dependientes de la pesca, donde en la actualidad no existen muchas posibilidades reales de reconversión a otras actividades. 
Se trata por otra parte de un fenómeno que afecta a regiones periféricas de la Comunidad con todo lo que esto significa en cuanto al reforzamiento de las condiciones a que me he referido anteriormente. 
Por eso- y concluyo- la Comisión de Pesca pide a la Comisión Europea que presente un informe detallado sobre las condiciones de trabajo y de empleo en el sector y al mismo tiempo plantea de manera específica la revisión en relación a esta cuestión de la directiva sobre puestos de trabajo. 
Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Mollar su magnífico informe, en mi opinión. 
Por lo demás, magnífico sobre todo porque hay dos aspectos en él que pueden introducir una corrección en decisiones de la vez anterior en el informe de la Cumbre acerca del empleo. 
En el párrafo 10 una obvia aclaración en relación con el desplazamiento, considerado necesario por nosotros, de la carga sobre el trabajo hacia otros factores y también una clara petición en el párrafo 15 para que se lleve a cabo una investigación seria de las posibilidades del sistema que Michel Rocard ha propuesto para limitar una carga sobre una jornada de 32 horas. 
Otros oradores ya lo han dicho: este informe se debe sobre todo observar a la luz de la Cumbre de Luxemburgo y yo también creo que de hecho es también el primer tema de discusión en este debate. 
Esa cumbre es un primer paso, se oye a menudo las últimas semanas. 
Esto es cierto en sí, pero a menudo se dice de tal manera que parece una coartada para dar sobre todo un paso pequeño. 
En mi opinión, ese primer paso debe ser precisamente uno muy claro. Lo suficientemente claro como para dar confianza, la confianza del ciudadano que finalmente, después de todas esas enormes historias hinchadas, después de esa gran cantidad de literatura, también ve venir los hechos. 
Quiero concentrarme en lo que en mi opinión deberían ser mínimamente esos hechos. 
Deberían llegar metas concretas tanto a nivel europeo como a nivel nacional. 
Hay oposición porque se teme no poder alcanzar esas metas. Quiero observar que ese temor no existía cuando se las formuló en la UME. 
Entonces los criterios no podían ser lo suficientemente duros y no podían colocarse lo suficientemente altos. De ello deduzco que en realidad se trata sobre todo de la voluntad política. 
Una voluntad política para cumplir con la política de empleo y la voluntad política para reconocer que el viejo cuento de que la UME lleva al crecimiento económico y el crecimiento económico automáticamente lleva al trabajo, no cuadra, y que tenemos que llevar una política mucho más activa de mercado de trabajo. 
En segundo lugar una importante meta es el benchmarking: nuestra política, orientar nuestras metas a las prestaciones de los tres países que mejor rinden. 
Si se toman esos objetivos, ya nadie puede decir que son irreales porque al menos hay tres países que alcanzan esos objetivos. 
Y finalmente estás ocupado por primera vez no con la lúgubre armonización al nivel más bajo, sino que estás armonizando al nivel de los mejores. 
Eso me parece dar a los ciudadanos muchísimas veces más esperanza. 
Por último se deberían plantear diferentes hechos, pero el primero sobre todo una política que garantizara a los jóvenes menores de 25 años que nunca irían al paro, que tendrían un trabajo o una formación y que todos los parados de larga duración tuvieran una segunda oportunidad para volver a entrar en el proceso laboral. 
Y lo último, pero no lo menos importante, según mi opinión, el núcleo del Libro Blanco de Delors, toma finalmente por una vez una decisión seria acerca del aligeramiento de las cargas fiscales, el desplazamiento de los impuestos desde el trabajo hacia el medio ambiente, hacia las materias primas y haca el capital. 
Presidente, quiero agradecer de corazón al Sr. Hernández Mollar el magnífico informe que ha presentado y también los diez mandamientos del empleo que acaba de pronunciar. 
Se ha dicho mucho acerca de la Cumbre de Luxemburgo, pero tenemos que darnos cuenta de que ahora estamos ocupados con ejercicios que la trascienden, que intentan constantemente mejorar la todavía triste situación del empleo en la Unión Europea. 
A veces me asombra, cuando hablamos de Luxemburgo, lo triste que es. Creo que deberíamos esperar a la cumbre. 
Si entonces sobre todo por parte de los socialistas llega la aflicción, entonces diré: mira los números; mira los doce de los quince Gobiernos en los que están representados los socialistas. 
Si esta cumbre fracasa será un fracaso de los presidentes de Gobierno socialistas, así que cuidado. 
Creo que todavía hay esperanza para la cumbre y espero que debamos mantenerla a flote. 
Pero ahora estamos ocupados con el informe del Sr. Hernández Mollar que ha dado un análisis extraordinariamente bueno de la situación y también de aquello que ya hicimos en el pasado y con lo que debemos continuar. 
En realidad puedo añadir poco a este respecto. 
El segundo punto que aparece en la agenda es el informe Jöns sobre el trabajo a tiempo parcial. 
También este informe ha provocado bastante revuelo. Primero me había preguntado cómo era posible incluir en un mismo debate estos dos informes bastante diferentes, pero en realidad es muy lógico. 
El trabajo a tiempo parcial ha contribuido en muchos países, el mío entre otros, a la reducción del desempleo más que cualquier otra medida, y de un modo conforme al mercado. 
Pero entonces ese trabajo a tiempo parcial debe remunerarse también, naturalmente, de la misma manera y tratarse de la misma manera que el trabajo a tiempo completo, de tal forma que desaparezca la vieja idea de que el trabajo a tiempo parcial es una especie de trabajo secundario, un trabajo que no cuenta. 
Eso debemos hacerlo desaparecer. 
No era un informe fácil. Lo sabemos. 
Hemos luchado mucho por él y aquí se trata sobre todo de lo que para nosotros es el punto más importante que nosotros, como interlocutores sociales, planteamos un acuerdo y que no nos entrometemos en el contenido del acuerdo. 
Podemos rechazar el acuerdo, podemos aceptarlo, pero no debemos hacer algo entre medias. 
Creo que ahora en las enmiendas que hay sobre la mesa hemos encontrado una especie de compromiso. 
El informe Jöns dice con razón que esto no es suficiente, que debemos ocuparnos más con las relaciones laborales atípicas y no limitarnos a este informe, que quizá éste sea una primera piedra. Pero, sin embargo, es la primera aportación en este debate y es más de lo que hasta ahora habíamos hecho. 
De ahí que me parezca importante apoyar el acuerdo. Además de pedir a la Comisión, a usted señor Flynn, que tome las medidas extras necesarias de manera que lleguemos a un paquete bien equilibrado, porque entonces seguiremos ayudando al desempleo. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias a la Sra. Jöns por su informe, que pone de relieve la naturaleza del contrato laboral entre empleados a tiempo parcial y sus empleadores, y las diversas formas en que se manifiesta la discriminación contra esos trabajadores. 
La cuestión del tiempo parcial tiene muchas otras repercusiones que merecen la atención de la Comisión. 
La principal es que muchos de los menos favorecidos de nuestra sociedad quedan exlcluidos de algunos planes patrocinados por la Unión Europea. 
Lamento decir que esta situación afecta principalmente a mi propio país, Irlanda. 
Estoy pensando, por ejemplo, en el programa de la Comisión para el desarrollo rural o en las medidas concomitantes en el marco de la política agrícola común. 
En este informe y en el documento de la Comisión, se concede gran importancia a la necesidad de que se regule debidamente la seguridad social y las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial. 
Sin embargo, el Ministerio de Agricultura de Irlanda, en estos mismos momentos, está rechazando las solicitudes para acogerse al plan de jubilación anticipada de la Unión Europea a los agricultores que hayan estado trabajando a tiempo parcial durante un período anterior a su solicitud de jubilación anticipada. 
No me refiero a los agricultores que poseen grandes explotaciones que son comercialmente viables: me refiero a los agricultores que tienen terrenos de 15 ó 16 hectáreas y que tienen que complementar sus ingresos trabajando fuera de sus granjas para poder sobrevivir. 
Estoy seguro de que el plan de jubilación anticipada se concibió en primer lugar para beneficio de esos agricultores. La cuestión no acaba aquí. 
Para esos agricultores en pequeña escala que pudiéramos haber considerado suficientemente desgraciados por no haber conseguido algún tipo de trabajo a tiempo parcial, se les ofreció la opción de trabajar en planes patrocinados por el Estado. 
Ahora bien, ¿qué descubrimos? 
Descubrimos que la modesta cantidad que habían ganado trabajando en esos planes a corto plazo se utiliza también como motivo para negarles el plan de jubilación anticipada. 
Antes incluso de que lleguen a esa fase, nuestro Ministerio de Agricultura estima que procede excluirlos del pago de determinadas primas, pues ha hecho una evaluación en contra suya basada en los ingresos percibidos por su labor fuera de sus granjas. 
He pensado siempre que el sistema fiscal de nuestro Estado miembro tenía por finalidad regular la cantidad de dinero que ganaba una persona. 
Si ganaba más de una cantidad determinada, se le obligaba a pagar impuestos por esa cantidad y ahí acababa la cosa. 
La mayoría de los agricultores corresponden a ese tipo de persona. 
Sin embargo, lo que veo ahora en este caso es una discriminación absolutamente flagrante. 
Los más débiles y tradicionalmente los más vulnerables de nuestra comunidad rural, en términos de bienestar social, y los agricultores de menor importancia son tratados de la forma más dura y más injusta por nuestro Estado. 
A mi leal saber y entender, el hecho de que un Estado miembro pueda manipular de esta forma lo que es fundamentalmente un beneficio social de la Unión Europea está en contradicción con todos los objetivos y principios de la directiva del Comisario. 
Presidente, también yo quiero felicitar a los dos ponentes por sus informes. 
Muchos de los asuntos que se tratan en el informe Mollar se han tratado aquí con ocasión del informe Van Velzen. 
Sólo quiero llamar la atención del Comisario sobre un punto, y es el de las cargas fiscales sobre el trabajo; a pesar de las buenas palabras acerca del aligeramiento de los impuestos, éstos han subido otra vez del 43, 5 por ciento hasta el 51 por ciento en este momento. 
Creo que el mayor esfuerzo el jueves y el viernes debe recaer en el desplazamiento de las cargas sobre el trabajo hacia otros objetivos como se propone también en el informe Mollar. 
Presidente, también se trata el informe Jöns. 
Aquí uno puede preguntarse en qué medida debe dejarse esto a los interlocutores sociales. 
Todavía echo de menos a la pequeña y mediana empresa en el diálogo social. 
Pero ahora que el asunto en esencia lo hemos dejado a los interlocutores sociales, queda allí también la mayor responsabilidad. 
Deberán darse pies y manos por empresa en los convenios colectivos de trabajo y en los acuerdos en este sentido, porque ahora nosotros no lo hacemos. 
Y por eso me pregunto si debemos seguir tratando de esta manera este tipo de propuestas. 
Presidente, quisiera preguntar al Comisario Flynn qué propuestas considera él factibles en la Cumbre de Luxemburgo si se trata del desplazamiento de las cargas sobre el trabajo hacia otros objetivos. 
Quizá pueda indicar si, en efecto, ahora tienen oportunidad el recargo de la energía u otro tipo de tasas. 
Señor Presidente, desearía comenzar felicitando a la Sra. Jöns por la excelente habilidad que ha demostrado al abordar el examen de una cuestión difícil como es el acuerdo marco relativo al trabajo a tiempo parcial. 
Nos encontramos ahora ante los resultados de las negociaciones, que han sido aprobados por los interlocutores sociales. 
Ante tal situación, es evidentemente muy difícil rechazar la propuesta, aún si resultan obvias las deficiencias de la misma. 
Creo que la ponente ha optado por el camino adecuado, al expresar fuertes críticas ante las deficiencias que presentan los resultados de las negociaciones y, sin embargo, recomendar al mismo tiempo su aprobación. 
El mayor problema del acuerdo marco está relacionado con el carácter limitado de su ámbito de acción. 
Efectivamente, el acuerdo afecta únicamente a los trabajadores a tiempo parcial y no presta la mínima atención al resto de las personas que trabajan en condiciones laborales atípicas. 
No obstante, y tal como señala la ponente, los problemas de estos colectivos de trabajadores son a menudo mucho mayores que los que deben afrontar los trabajadores a tiempo parcial con carácter regular. 
La Comisión debe elaborar inmediatamente una propuesta para garantizar un trato equitativo a todos los trabajadores que desempeñen una actividad en condiciones laborales atípicas y que hayan quedado al margen de esta propuesta de directiva. 
Además, temo que los resultados de la Cumbre sobre el empleo de Luxemburgo corran el peligro de desvirtuarse de la misma manera en que lo han hecho las conclusiones sobre este acuerdo relativo al trabajo a tiempo parcial. 
Los detalles de la maratoniana reunión que mantuvo ayer el Consejo de Ministros no han reafirmado, al menos por lo que a mí respecta, el optimismo de cara a lograr unos resultados claros y concretos para mejorar a gran escala la situación del empleo en Europa. 
Espero que mis temores sean infundados, pero la reunión del Consejo de Ministros de ayer no es muy prometedora. 
La Comisión, incluso, se ha mostrado claramente más emprendedora y activa que el Consejo y que los propios Estados miembros. 
Me causa también perplejidad la posición del Gobierno de mi país, que no ha mostrado ningún interés por esta propuesta de la Comisión para reducir la imposición al valor añadido de los servicios. 
Esta medida permitiría la creación de esos puestos de trabajo que tan necesarios son para el sector de los servicios. 
Señor Presidente, estimados colegas, Comisario, somos muchos los que tenemos grandes esperanzas en la próxima Cumbre de Amsterdam. 
Ahora ya no faltan muchos días para llegar allí. 
No estoy seguro de que vaya a ocurrir, pero no perdamos las esperanzas. 
Muchos creen que el crecimiento es lo único que puede ayudarnos a salir del desempleo, lo que también sostiene Hernández Mollar en su informe. 
Creo que vamos a fracasar si creemos que el crecimiento nos va a sacar de este atolladero. 
No creo, por cierto, que exista una solución única, sino que muchas soluciones en las que debemos creer. 
Esas soluciones tienen muy diferentes contornos dependiendo del país, la región y las condiciones locales de que se trate. 
Una de esas soluciones que debemos dejar florecer puede ser apostar por lo más grave que tenemos, esto es, el paro juvenil. 
Nosotros " los Verdes» creemos que se tiene que garantizar a los jóvenes una plaza de estudios en las empresas para que puedan entrar alguna vez. 
En caso contrario van a quedar fuera del mercado laboral durante un largo tiempo. 
Se les tiene que dar plazas pagadas de aprendices durante un largo tiempo, tal vez hasta dos años. 
Seguidamente debemos apoyar e incentivar lo que llamamos el tercer sector o economía social- muchos nombres para la misma cosa- que comprende cooperativas, sociedades sin ánimo de lucro, pequeñas empresas, todo lo relativo a empresas culturales, sanidad, asistencia y ese tipo de actividades. 
En Suecia hay de hecho ejemplos de que este sector es el que más crece, es decir, las pequeñas cooperativas y el tercer sector. 
Además, es absolutamente necesario hacer una reforma tributaria ecológica, unida a una disminución de los tributos por el trabajo. 
Estoy en total desacuerdo con Hernández Mollar en cuanto a la excelencia de la Unión Monetaria y de que ella sea lo más sustancial para combatir el desempleo. 
Hay conocidos economistas, señor Hernández Mollar, que sostienen precisamente lo contrario y ya hemos visto los efectos de esa Unión con los recortes que se han hecho. 
Señor Presidente, considero especialmente importante el informe Hernández Mollar, este informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que se ha sido aprobada casi unánimemente, por esta comisión. 
Y, por supuesto, le doy las gracias y mi enhorabuena al ponente, Sr. Mollar. 
El informe está basado en un valioso trabajo de la Comisión, señor Flynn. 
Hoy, unas horas antes de la Cumbre Extraordinaria sobre el empleo, estamos debatiendo, en el Parlamento, el mismo tema. 
No es una coincidencia casual. 
Creo que es la ocasión de dar, también nosotros, un mensaje político, fuerte, distinto. 
Un mensaje político sin mas razones políticas, sin fraseología política, sino con obras políticas. 
No soy pesimista en cuanto a la Cumbre Especial de dentro de unos días. 
Por supuesto, me inquieta el difundido- y muy utilizado- pesimismo sobre sus resultados. 
Pero creo que esta próxima Cumbre puede, permítanme la grandilocuencia, ser histórica. 
Porque los ciudadanos, este número de pesadilla de nuestros conciudadanos que están bloqueados en el círculo vicioso del paro, en último caso no están interesados en quién y qué tiene la culpa, sino que reclaman, con justicia, soluciones y resultados. 
Y esto significa una toma de responsabilidades, de obligaciones y de acciones, en todo el espectro de las competencias. 
Señor Presidente, señor Comisario, honorables colegas, quiero felicitar a Hernández Mollar por el informe y por una muy buena exposición. 
Sólo deseo agregar y repetir que los empleos únicamente se pueden crear a través de empresas en expansión más prósperas. 
Especialmente en el debate sobre el empleo, los políticos sólo tienen ojos para las medidas que apuntan a los síntomas y no a la enfermedad. 
Muchos de nosotros parece que ansían reglamentar un poco más. 
Opino realmente que el informe Jöns da señales, en algunos enunciados, de temor por dejar algo sin reglamentar. 
Debemos ver los nuevos tiempos con confianza. 
Pienso que debemos dejar más espacio a los patrones y a sus colaboradores para alcanzar acuerdos individuales. 
Evidentemente, los mercados laborales deben tener menos reglamentaciones. 
Está visto que los países con menor grado de reglamentación también son los que mejores resultados obtienen en la lucha contra el desempleo. 
Un ejemplo elocuente, como es sabido, es el Reino Unido durante gobiernos conservadores. 
En las instrucciones de la Comisión para la política de empleo en los Estados miembros en 1998, se destacan cuatro sanos conceptos. 
Doy la bienvenida a la discusión sobre la calidad del empleable y la adaptabilidad de los individuos. 
Pero las palabras claves son capacidad de empresa. 
Durante los años 1988 a 1995 las pequeñas y medianas empresas europeas han creado 250.000 nuevos puestos de trabajo al año, en tanto que las grandes, con más de 100 empleados, han perdido más de 200.000. 
Esas 250.000 nuevas plazas laborales están bien, pero no son suficientes. 
Por esta razón la política debe encaminarse ahora a la eliminación de barreras para los nuevos trabajos, a través de más y crecientes empresas. 
En tal caso no vamos a canjear impuestos, sino que vamos a bajarlos y, además, los horarios de trabajo tienen que ser flexibles. 
Reitero una vez más en esta Cámara: los Estados miembros de la UE no deben renunciar al bienestar y el crecimiento compartiendo las plazas laborales existentes. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los dos ponentes por sus trabajos, que se inscriben en la mejora de una política del empleo, en vísperas de la Cumbre europea. 
Creo que nuestros trabajos demuestran que tenemos, con respecto a esa Cumbre, un espíritu de confianza y determinación, ya que es eso lo que piden los ciudadanos. Son también testigos de la voluntad política del Parlamento Europeo de avanzar en este expediente. 
Por otra parte, mi grupo lo ha mostrado también proponiendo la asignación anticipada de los excedentes de la CECA a préstamos del BEI para las PYMES creadoras de empleos. 
Se trata de una propuesta concreta para que este expediente avance. 
Por mi parte, hubiera deseado que se llegara más lejos y que la cumbre sobre el empleo permitiera definir indicadores sociales ya que creo que nuestros conciudadanos no comprenden muy bien por qué existen unos criterios en lo que respecta a Maastricht y no existen en lo que respecta a la política social. 
Señor Comisario, quisiera hacerle una propuesta concreta: ya que esta cumbre dura dos días, propongo que el primer día los Jefes de Estado reflexionen pero que, el segundo, inviten a quince desempleados jóvenes de Europa y les digan claramente las propuestas que podrían hacerles para que, en un futuro inmediato, pudieran encontrar un empleo. 
Comunique esta propuesta a los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Ello probaría su determinación concreta de avanzar en este expediente. 
Señor Presidente, señor Comisario, nuestra principal tarea, desde el punto de vista de los ciudadanos, es solucionar el empleo en Europa. 
Por eso tenemos, yo y otros, grandes esperanzas en la reunión de Luxemburgo; en realidad no debe fracasar. 
Se necesita un clima empresarial favorable. 
Como otros han dicho, se necesitan menores impuestos al trabajo y mayores a los recursos naturales y del medio ambiente. 
Es esencial que se creen nuevas empresas que puedan obtener ventajas de una futura sociedad que respete el reciclaje, con nuevas técnicas medioambientales, etc. Son necesarios servicios más simples y más baratos. 
Es preciso que apoyemos a las empresarias, y no solamente las plazas laborales para mujeres. 
Además, se necesitan muchas soluciones de carácter local. 
No creo en una política tributaria y financiera. 
Tampoco creo que la Unión Monetaria sea un " ábrete Sésamo» que vaya a solucionar todos los problemas de desempleo dentro de la UE. 
¡Así no son las cosas! 
Pero como ahora hay propuestas de criterios de convergencia para los presupuestos y para las metas de inflación, también deberían existir criterios de convergencia para el empleo, para equilibrar los presupuestos y las metas de inflación. 
Por eso es necesario establecer estos criterios de convergencia- con el mismo estandard, exigencias y niveles que para los presupuestos y la inflación- como un paso para solucionar los problemas de desempleo. 
Los esfuerzos deben hacerse, en todo caso, en el plano nacional. 
Señor Presidente, voy a hablar sobre el acuerdo marco del trabajo a tiempo parcial, pero antes querría felicitar al Sr. Hernández Mollar, mi compatriota, por su trabajo y por su exposición. 
De los dos tipos de trabajo a tiempo parcial existentes, uno corresponde a la llamada estrategia corporativa sometida a los intereses de las empresas. 
Y el segundo, a la estrategia individual en la que los empresarios se adaptarían a las necesidades de los trabajadores. 
Es obvio que el que predomina es el primero, por lo que, en general, el trabajo a tiempo parcial no satisface a las personas que se ven obligadas a realizarlo y éstas, en su mayoría, son mujeres, más del 80 %. 
Le felicito, Sra. Jöns, por su informe. 
Estoy de acuerdo con él, con las consideraciones, con la resolución. 
Apoyo, sobre todo, la consideración de que este acuerdo debe contribuir a la superación de la segregación del mercado de trabajo en función del sexo y que nunca debe justificar ninguna discriminación directa o indirecta basada en el sexo. 
En la solicitud a la Comisión de un informe anual sobre los trabajadores a tiempo parcial, espero que apoye mi enmienda solicitando un capítulo especial sobre la situación de la mujer que conteste a un interrogante: ¿este sistema de trabajo libera a la mujer y supone un avance en la igualdad de oportunidades o perpetúa el reparto de roles tradicionales y, por lo tanto, no beneficia para nada a la mujer? 
Espero que puedan elaborar este capítulo y nos conteste a este interrogante. 
Presidente, el acuerdo entre los interlocutores sociales acerca del trabajo a tiempo parcial es, para ser sinceros, aún más horrible que el primer acuerdo que se refería al permiso de maternidad o paternidad y el tratamiento de los trabajadores a tiempo parcial es socavado en este acuerdo por innumerables excepciones y a los trabajadores móviles se les ha despachado simplemente con buenas palabras. 
Cómo es posible que la Confederación Europea de Sindicatos haya aprobado esto. 
La diputada Jöns ha expresado en su informe una grave acusación. 
No es casual que el acuerdo se hubiera firmado diez días antes de la Cumbre de Amsterdam y los interlocutores sociales han sacrificado con ello el interés de los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores móviles para mantener su posición de poder en el nuevo Tratado. 
Me temo que la Sra. Jöns tiene razón. 
Quizá se deba también a que más del 80 % de los trabajadores a tiempo parcial y la mayoría de los trabajadores móviles son mujeres. O debería quizá decir: son sólo mujeres, señores del sindicato. 
Estamos en vísperas de la cumbre del empleo que amenaza con convertirse en un fiasco, aunque el Sr. Pronk tenga aún confianza en los dirigentes socialistas, lo comprendo. 
También este acuerdo es una oportunidad fallida para favorecer el trabajo a tiempo parcial y con ello la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Debemos apartarnos realmente de este procedimiento corporativista que encarga la política social europea a los interlocutores sociales sin que haya un látigo parlamentario detrás de la puerta. 
La Sra. Jöns era de la opinión en su proyecto de resolución original de que el acuerdo, y cito su resolución original, no debe ser cambiado por una directriz del Consejo porque no contribuye ni a normas mínimas uniformes ni a más seguridad jurídica. 
Ésa era una conclusión valiente y justa. Pero desgraciadamente no ha quedado así en el informe actual. 
Sin embargo, yo sigo cordialmente de acuerdo con esa visión original. 
Me gustaría conocer por el Comisario Flynn si piensa hacer algo con las enmiendas que el Parlamento va a aprobar y si vendrá la Comisión, como se solicita en el párrafo 14, con una directriz adicional para el trabajo atípico. Porque eso sí que es de grandísimo interés en este caso. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el informe sobre el empleo 97 confirma en muchos detalles el empeoramiento de la situación del mercado de trabajo. 
El paro entre las mujeres ha seguido aumentando, el desempleo juvenil se encuentra en el 20 % y no se adivina ninguna mejora. 
Los motivos del elevado desempleo son la permanente evolución coyuntural negativa y las rígidas estructuras que hacen cada vez más difícil actuar con agilidad frente a la competencia internacional. 
Debido a los diferentes estándares sociales y de medio ambiente existentes en los diversos países miembros, tampoco existe una competencia honesta dentro de la UE. 
La consecuencia es que el aumento neto de puestos de trabajo en 1996 se debe exclusivamente a los puestos de trabajo por tiempo parcial. 
Es esta una evolución problemática que no ofrece unas soluciones reales sobre todo a los grupos sociales débiles, ante todo las mujeres. 
Ingresos reducidos, una mala seguridad social y unas reducidas posibilidades de ascenso son el inicio de la caída en miseria social. 
La Cumbre de Luxemburgo sobre cuestiones de empleo tiene lugar ante este trasfondo. 
Una Cumbre que va unida a grandes esperanzas porque la Comisión ha anunciado el ambicioso objetivo de 12 millones de puestos de trabajo. 
Es natural que se depositen grandes esperanzas en aquellos que realizan grandes promesas y si al final no se cumplen, se sufre una profunda desilusión. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a Karin Jöns por su excelente informe y por lo minuciosa que ha sido su labor acerca de la cuestión del trabajo a tiempo parcial. 
En segundo lugar, quisiera dar gracias y felicitar al Comisario y a los interlocutores sociales por los progresos que han hecho después de tantos años de dificultades; ahora bien, mi agradecimiento y mis felicitaciones llevan algunas reservas intrínsecas. 
Quisiera referirme concretamente a la situación de la mujer, que constituye más del 80 % de los trabajadores a tiempo parcial de la Unión Europea. 
En muchos Estados miembros esas trabajadoras a tiempo parcial no tienen los mismos derechos que los trabajadores en régimen de jornada completa. Eso se refleja en su remuneración y en sus derechos a pensión. 
Por ejemplo, las mujeres que trabajan en régimen de jornada completa reciben por término medio el 80 % de la remuneración de los hombres que trabajan a jornada completa. 
Sin embargo, en el Reino Unido las mujeres que trabajan a tiempo parcial reciben por término medio solamente el 58 % de la remuneración media horaria de los hombres que trabajan a jornada completa. 
Esta discrepancia salarial entre las mujeres que trabajan a tiempo parcial y los hombres que trabajan a jornada completa no se ha reducido en los 20 últimos años. 
La baja remuneración de las mujeres que trabajan a tiempo parcial se refleja en los derechos que tienen actualmente en materia de seguridad social. 
Permítanme que cite de nuevo un ejemplo correspondiente al Reino Unido: 2, 25 millones de trabajadoras- principalmente a tiempo parcial- quedan excluidas de los planes de seguridad social porque su remuneración es demasiado baja. 
Esta desigualdad entre los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo está contribuyendo cada vez más al grupo de pobres que con más rapidez aumenta en Europa. Estoy hablando del grupo de las mujeres de edad. 
Un estudio reciente indica que dos tercios de las mujeres de edad reciben pensiones mínimas, mientras que en el caso de los hombres no hay más que un tercio en esa situación. 
El acuerdo marco es un paso pequeño, pero espero que importante, en un proceso que puede instaurar una igualdad mayor, ya que permitirá que los trabajadores a tiempo parcial tengan la oportunidad de comparar su situación con la de los trabajadores a tiempo completo, además de obligar a los empleadores a ocuparse de las cuestiones de la igualdad de remuneración y de la igualdad de trato. 
Sin embargo, el acuerdo, como el informe de Karin Jöns demuestra detalladamente, es de alcance muy limitado y es necesario que la Comisión prepare un nuevo proyecto de directiva que proteja contra la discriminación a todos los trabajadores atípicos. 
Si las propuestas de la Comisión para sus directrices en materia de empleo en 1998 han de ponerse en práctica, es importante que la Comisión prepare algunas normas legislativas y se las presente a las instituciones para así poder aplicarlas. Tenemos que velar por que todos nuestros trabajadores tengan la misma protección en materia de seguridad social y en términos de empleo, remuneración y condiciones de trabajo. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la Sra. Jöns y al Sr. Hernández Mollar por sus informes. 
Centraré mis observaciones en el informe Hernández Mollar. 
Como han dicho ya muchos oradores, al hablar de la Cumbre sobre el Empleo, ésta es una de las esferas fundamentales en las que el Parlamento debería conseguir que el Consejo y los Jefes de Gobierno oyeran lo que dice. 
A pesar de lo que puedan pensar otras personas, algunas ideas brillantes provienen de este Parlamento. 
Sé que aquí se dicen muchas cosas sin importancia, pero también se exponen ideas buenísimas. 
En particular, en el informe del Sr. Hernández Mollar podemos ver la base para la creación de puestos de trabajo y, lo que es aún más importante, para retenerlos, o sea la forma de que mantenga el puesto de trabajo quien lo tiene y de que se creen otros nuevos. 
Si me preguntan si espero algo de la Cumbre sobre el Empleo, diré que me gustaría que el Comisario hiciera tres sugerencias. 
La primera, que se reconozca al turismo como esfera de crecimiento en materia de empleo. 
La segunda, que el sector de las pequeñas y medianas empresas, que otros colegas han mencionado, quede en libertad de operar y de crear nuevos puestos de trabajo y nuevo crecimiento económico en toda la Unión Europea. 
La tercera, que se cancelen las decisiones equivocadas que han adoptado anteriormente el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. En particular, la cuestión de la supresión de las tiendas libres de impuestos en 1999, que nos va a costar mas de 400.000 puestos de trabajo. 
Ésas son medidas prácticas que pueden ayudar a crear y conservar puestos de trabajo. 
Señor Presidente, quisiera, ante todo, felicitar a mi colega, la Sra. Karin Jöns, por su informe, el cual presenta muy afinadamente los problemas que directa o indirectamente causa el Acuerdo que han firmado las instituciones de las organizaciones empresariales europeas y las de los trabajadores y que, por desgracia, se queda muy atrás de las regulaciones que ha elaborado la Organización Mundial de Trabajo o que incluso ya están aplicando determinados Estados miembros. 
Señor Presidente, ante nosotros tenemos dos partes del mismo problema, con consecuencias tremendas en las condiciones de vida y laborales de los trabajadores. 
Por un lado, todo un intento de generalización del trabajo a tiempo parcial, toda una gama de trabajos atípicos, de los que el principal responsable son las direcciones generales de la política económica y social de la Unión. 
Por otro, la provocativa degradación de los derechos que conciernen a los empleados a tiempo parcial, y también a todos aquellos trabajos atípicos que conducen a millones de trabajadores a la compasión del empresario con recortes dramáticos en los sueldos, en las vacaciones, en las prestaciones, en los horarios y en la seguridad social. 
Es decir, se convoca a los trabajadores, con este flagrante tratamiento y con la generalización de la pobreza, a levantar el peso del fomento de la competitividad del capital europeo. 
Está claro que los sindicatos europeos que firmaron este acuerdo tomaron una gran responsabilidad frente a los trabajadores. 
Por el contrario, este acuerdo refuerza de hecho, la inmunidad empresarial y no cubre, en ningún caso, los derechos de los trabajadores a tiempo parcial. 
También es evidente que la Unión Europea, no se descarga de sus tremendas responsabilidades con el apoyo de una base legal que degrada y no promociona los derechos laborales, salariales y de seguros de los trabajadores. 
Consiguientemente, es necesario fomentar medidas de protección para aquellos que, a pesar de todo esto, trabajarán en condiciones de trabajo a tiempo parcial o trabajo atípico, pero, ante todo, debe entrar un obstáculo en la lógica antilaboral de la generalización del trabajo flexible. 
Señor Presidente, quisiera empezar agradeciendo a Hernández Mollar por este extraordinario informe. 
En dos ocasiones anteriores me he referido a la situación del empleo. 
Ahora que nuevamente discutimos esta cuestión, podemos comprobar que la situación no ha mejorado en nada. 
Pero tenemos, a pesar de todo, una nueva situación. 
En esta ocasión tenemos un nuevo Tratado con un contenido parcialmente nuevo. Además, tenemos una Cumbre sobre el empleo que tendrá lugar esta semana. 
Espero que esta reunión no sea una más de una serie de reuniones entre los jefes de gobierno, de las que se sale con un " libro de poesía» para poner en un estante y que se saca en ocasiones solemnes. 
Ahora se tienen que fijar metas concretas, es decir, metas concretas para el paro juvenil, metas concretas para el desempleo de largo tiempo y metas concretas para una política activa de mercado laboral. 
Además, necesitamos hacer un gran esfuerzo en educación y una apuesta considerable por las pequeñas y medianas empresas. 
Voy a comentar algunas cosas. 
La Unión Monetaria y sus efectos en el empleo es un asunto controvertido. 
Yo digo lo siguiente: para un aumento del empleo en el largo plazo no puede ser una desventaja tener un presupuesto equilibrado y una inflación y unos intereses bajos. 
En el largo plazo está muy bien. 
Esta es la situación actual en Europa, entonces debería ser la oportunidad de un aumento del empleo en el largo plazo. 
En segundo lugar: la señora Carlsson de Suecia, que no se encuentra aquí en este momento, dijo que hay una relación clara entre desregulación y un mayor empleo. 
¡No es verdad! 
Antes que Carlsson llegase a ser miembro de la Comisión Social conocimos el informe Molitor, donde se había investigado esto y nosotros lo estudiamos en el comité. 
Podemos ver en los países de Europa que tienen el mayor grado de empleo que ellos no tienen el mercado laboral más desregulado. 
Para finalizar, quisiera decir algo a Pronk: es verdad que hay doce gobiernos socialdemócratas. 
Vamos a tratar de influenciarles con vistas a la Cumbre del empleo. 
Creo, en todo caso, que la persona más importante para conversar es Helmuth Kohl. 
Por eso opino que el señor Pronk tiene que hacerlo, ya que él es el freno más grande de cara a la Cumbre del empleo. 
Me pide la palabra la Sra. Lulling para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, observo con enorme sorpresa que este debate se interrumpe a causa del turno de preguntas y que no se reanudará hasta las 21.00 horas. 
Sé que vamos retrasados, pero si lo hemos aceptado a causa de las vacas locas, por qué no hacer lo mismo con las preguntas. 
Pido a la Asamblea que continúe a pesar de todo este debate. 
Debería terminar pronto y no se interrumpe un debate tan importante por unas preguntas, de dudosa importancia, por cierto... 
Señora Lulling, sus opiniones son muy respetables, pero debo recordarle a usted que el orden del día es establecido a propuesta de los presidentes de Grupo al iniciarse el período de sesiones y que debemos respetar aquello que nosotros mismos hemos aprobado, y en el orden del día, señora Lulling, se ha aprobado que hoy a las 17.30 horas se iniciaba el turno de preguntas a la Comisión. 
Aparte, -señora Lullingde que existe además un compromiso con los Comisarios para que estén aquí a horas estrictamente determinadas. 
Esta es una cuestión que en todo caso ustedes deben remitir a los presidentes de sus respectivos Grupos, por si consideran que debe modificarse ese sistema. 
Pero, en principio, Señorías, yo debo, como responsable de la Presidencia en este momento, hacer respetar el orden del día que ha sido aprobado. 
Y el orden del día dice exactamente que hoy a las 17.30 horas y lo estamos haciendo ya- lo siento, Sra. Lulling- con 5 minutos de retraso, empieza el turno de preguntas a la Comisión. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0901/97). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
La decisión del Consejo del año 1991 referente a la supresión de las ventas duty-free intracomunitarias concedió un período transitorio especialmente largo- hasta el año 1999durante el cual se seguirían admitiendo las ventas duty-free, aunque en el ámbito del mercado único. 
Se trató de una excepción significativa con objeto de permitir a los operadores y a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias para adaptarse al nuevo escenario, en que estas específicas ventajas de carácter fiscal dejarán de otorgarse. 
La Comisión tiene la obligación de denunciar las distorsiones, por otra parte bien conocidas, que provocan las ventas duty-free, en particular por lo que se refiere a los diferentes medios de transporte, donde en general, a nivel de la Unión, los trenes y autocares compiten con los transportes marítimos y aéreos, que se benefician, estos dos últimos, de la posibilidad de ofrecer ventas duty-free. 
No se puede negar que algunas tarifas de transporte aumentarán a raíz de la supresión del duty-free. 
Ciertamente las ventajas de las ventas libres de impuestos- por ejemplo, en los ferry- sirven en cierto modo de ayuda para su funcionamiento. 
La Comisión considera que, si se debe conceder un apoyo comunitario en este ámbito- bien a Irlanda o bien a otros posibles casos similares- será oportuno hallar una solución específica totalmente independiente de los sistemas de imposición directa. 
Irlanda ha definido al sector del turismo como esfera en la que se puede generar crecimiento económico y nuevas oportunidades de empleo para nuestros jóvenes. 
Estos últimos años, con ayuda de las inversiones con cargo a fondos estructurales de la Unión Europea en proyectos turísticos, se han podido conseguir adelantos importantes en el sector turístico. 
Otros componentes igualmente fundamentales para el éxito de la política turística en una nación insular como Irlanda, son el bajo costo del transporte por vía aérea y los transbordadores de pasajeros y tráfico rodado. 
El costo de las tarifas de aviación y de los transbordadores de pasajeros y tráfico rodado se ha mantenido a un nivel bajo, en parte por la competencia que ha impuesto la Unión Europea entre compañías aéreas y entre companías de transbordadores, y en parte porque los gastos de transporte quedaban subvencionados indirectamente con las ventas en tiendas libres de impuestos. 
¿Por qué la Comisión sigue sin hacer caso a los llamamientos de los diputados de este Parlamento, los gobiernos de Estados miembros y la industria turística, y se niega a presentar propuestas para prorrogar las ventas libres de impuestos durante otros diez años o hasta que consigamos armonizar el nivel de los impuestos indirectos? 
Señor Collins, deseo subrayar la mucha importancia que la Comisión atribuye al turismo como sector creador de crecimiento y de empleo y lo mucho que la Comisión considera importante y merecedora de atención la situación de las islas. 
Al mismo tiempo, consideramos fundamental realizar plenamente el mercado único y eliminar, dentro del mismo, distorsiones graves de la competencia. 
Es por esto que, a nuestro entender, las preocupaciones que pueden surgir con respecto a los casos específicos señalados por el Sr. Collins, pueden ser tomadas en cuenta de forma adecuada con instrumentos específicos que no distorsionen el mercado único y que no presenten el inconveniente de producir desempleo en otros sectores de la economía, como el en caso del duty-free,. 
¿No le parece al Comisario que inevitablemente habrá complicaciones en las comunicaciones por vía aérea y por transbordador con graves distorsiones para los viajes interiores en un mercado único, como resultado de la supresión de las ventas libres de impuestos, por la sencilla razón de que cuesta mucho más ir en avión de Dublín, Escocia o Milán a Bruselas que, por ejemplo, ir en tren desde uno de los países de Benelux? 
¿No le parece que sería más apropiado aplazar la derogación por diez años, teniendo en cuenta no solamente los puestos de trabajo del sector de las ventas libres de impuestos sino también el hecho de que estamos convocando una conferencia especial para promover el empleo en la Unión Europea, mientras que, en realidad, de una sola vez van ustedes a dejar sin empleo a unas 13.000 personas? 
Lo que sabemos con seguridad es que el sistema actual origina distorsiones en la competencia. 
Si la supresión de impuestos intraeuropeos tiene determinadas consecuencias, entonces, como acabo de decir en respuesta a la pregunta del Sr. Collins, puede estudiarse la posibilidad de adoptar instrumentos concretos- y la Comisión está dispuesta a hacerlo- para aliviar cualquier consecuencia perjudicial que haya podido manifestarse. 
Ahora bien, no podemos seguir ignorando deliberadamente que el sistema actual genera y ha generado durante muchos años efectos secundarios ocultos y negativos para otros medios de transporte, para otras formas de comercio al por menor. 
También tiene otro efecto más sutil y perverso: transfiere recursos de la masa de contribuyentes fiscales a favor de los que se benefician con la utilización de las tiendas libres de impuestos. 
Por lo general el contribuyente medio tiene menos recursos que las personas que compran en las tiendas libres de impuestos. 
Después de decir lo que antecede, repetiré que, aunque la Comisión no está dispuesta a tomar en cuenta una prórroga del sistema de ventas libres de impuestos, sí que está dispuesta a considerar qué instrumentos claros y transparentes pueden adoptarse a fin de compensar algunas repercusiones concretas y negativas si llegaran a manifestarse. 
Pregunta nº 25 formulada por Jan Bertens (H-0820/97): 
Asunto: Política comunitaria en materia de minas antipersonas tras la Conferencia de Ottawa 
En diciembre se firmará el Tratado de Ottawa para la prohibición de las minas antipersonas. 
A este respecto, es de vital importancia que la Unión dé una señal que indique que apoya la campaña mundial para la prohibición de las minas antipersonas. 
¿Qué medidas concretas tiene intención de tomar la Comisión con miras a incrementar su participación en el Tratado de Ottawa y en las actividades de limpieza de minas de terceros países? 
¿Qué propuestas concretas va a formular la Comisión en la Conferencia de Ottawa de diciembre? 
¿Se han previsto en el proyecto de presupuesto para 1998 créditos con objeto de hacer patente la adhesión a los principios de la Conferencia de Ottawa de diciembre? 
Como sus Señorías saben, la Comisión Europea está ofreciendo una contribución fundamental a la acción internacional dirigida a superar el drama de las minas terrestres antipersonal. 
En los últimos dos años se han asignado alrededor de 52 mecus para las intervenciones relativas a la limpieza de minas en los países más afectados. 
La Comisión, por lo tanto, fue invitada como tal a la Conferencia de Ottawa, donde estará representada por el miembro de la Comisión responsable de la ayuda humanitaria. 
Ya es enérgica e inequívoca la señal de apoyar a la Comisión en la lucha contra las minas terrestres antipersonal. 
Es asimismo evidente que la firma del Tratado por parte de los Estados adheridos no conllevará el final del proceso, sino que animará a todas las partes interesadas a que intensifiquen sus esfuerzos. 
Por ello, la Comisión atribuye especial importancia al Foro de acción que se celebrará coincidiendo con la ceremonia de la firma. 
La Comisión va a participar activamente en todos los diferentes grupos de debate, en los que insistirá con firmeza sobre la necesidad de fortalecer la coordinación internacional, recalcará la exigencia de mejorar los instrumentos de gestión y las bases de datos y describirá las capacidades de que dispone. 
En la práctica, la Comunidad llevará a cabo cuatro tipos de intervenciones en el ámbito de las minas en el año 1998. 
En primer lugar, la Comisión Europea seguirá apoyando ampliamente las acciones contra las minas antipersonal a escala mundial acudiendo a todos los recursos disponibles entre los que se hallan los 7 mecus de la línea presupuestaria «Minas terrestres antipersonal» , así como los proyectos emprendidos en todos los países afectados, a través de las líneas presupuestarias para la reconstrucción, la cooperación al desarrollo y las ayudas humanitarias. 
En segundo lugar, la Comunidad se convertirá en la primera valedora de los programas del Comité Internacional de la Cruz Roja, dirigidos a socorrer a las víctimas de las minas antipersonal y a sensibilizar a la opinión pública. 
En tercer lugar, se respaldarán las acciones internacionales y regionales a través de proyectos realizados por organizaciones como las Naciones Unidas y la Southern African Development Community. 
En cuarto lugar, por último, se intensificarán los programas técnicos, independientemente del tipo de intervención. 
Señor Presidente, la Comisión que contará con el constante apoyo del Parlamento, podrá ofrecer una enorme contribución de cara a la consecución de los objetivos de Ottawa. 
Quisiera agradecerle muy cordialmente al Comisario y en su persona a toda la Comisión por el modo como se han empleado a fondo contra esa plaga: las minas. 
Nos alegra también mucho que la Comisaria Bonino pueda estar presente en Ottawa. 
El Sr. Cunningham y yo representaremos al Parlamento. 
Es innecesario citar aquí al Parlamento para luego desempeñar un papel directivo con la Comisión en la segunda vida del proceso de Ottawa. 
Esfuerzos financieros, usted lo sabe señor Comisario, cientos de millones son incluso demasiado poco, pero estoy muy contento de que en cualquier caso se haya dado el primer paso. 
Tengo dos preguntas. 
¿Pondrá la Comisión sobre el tapete las minas y las minas antipersonales en la cumbre transatlántica que tendrá lugar el día después de la Cumbre de Ottawa? 
Y ¿qué intentos llevará a cabo la Comisión para convencer a China, Vietnam, Irán e incluso a los Estados Unidos de que se adhieran a los firmantes? 
Y además, ¿de qué modo espera mejorar la Comisión la tecnología existente? , porque tengo entendido que en este momento la desactivación de minas todavía se lleva a cabo con tecnologías de la Primera Guerra Mundial. 
Antes que nada deseo recalcar, como acaba de subrayar el Sr. Bertens, la plena sintonía que existe entre el Parlamento Europeo y la Comisión en este asunto tan importante. 
A pesar de que no estoy en situación de ofrecer una respuesta muy detallada a su segunda pregunta, sin embargo, voy a recordar una vez más que, en nuestra opinión, es evidente que con Ottawa no se va a concluir un proceso, habida cuenta de que quedará todavía mucho por hacer después de esta cita. No cabe duda de que los diferentes aspectos del seguimiento internacional que el Sr. Bertens ha querido remarcar a través de su segunda pregunta, serán debidamente tenidos en cuenta en su conjunto y, en este sentido, el Foro de acción que se celebrará coincidiendo con el acto de la firma, tendrá su importancia. 
Como complemento, puedo añadir que los Estados Unidos han anunciado el nombramiento de un representante especial con objeto de dirigir e impulsar la iniciativa Demining 2010, lo que demuestra el interés que los Estados Unidos deparan a esta materia. 
Señor Presidente, señor Comisario, en su excelente respuesta falta algo, al menos, desde mi punto de vista. 
En su día- ya no sé qué político asiático fue- se dijo que las minas terrestres son las bombas atómicas de los pueblos pobres. En esta afirmación se encuentra algo de verdad. 
Creo que indica que las minas terrestres y toda esta situación que a veces es difícil de solucionar, se deben fundamentalmente a que las dos grandes potencias nucleares, Rusia y los Estados Unidos, no han hecho nada para llevar a efecto su propio desarme nuclear, en contra de sus anteriores promesas. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿está dispuesta la Comisión a exponer esta cuestión en relación con las minas terrestres? 
Pues, mientras existan monopolios de bombas atómicas para dos grandes potencias, no habrá desarme. 
Ante todo deseo asegurar que voy a transmitir estos puntos a mi colega el señor Comisario Van den Broek, responsable de este dossier. 
Personalmente, no me cabe duda de que los elementos del marco mundial que usted, Sr. von Habsburg, ha señalado se tienen muy en cuenta, si no fuera así, no veo con qué eficacia la Unión Europea podría llevar a cabo su acción. Además, conociendo la determinación con la que la Comisión ha actuado y pretende seguir haciéndolo en esta materia, le puedo asegurar que este aspecto que usted ha evidenciado se tiene perfectamente en cuenta. 
Pregunta nº 26 formulada por David Martin (H-0798/97): 
Asunto: Los primates como animales de laboratorio 
¿Podría la Comisión exponer pormenorizadamente qué planes tiene para involucrar al Parlamento Europeo en la elaboración de la «declaración de política comunitaria sobre la utilización de primates como animales de laboratorio» que se está elaborando en la actualidad en la reunión de las autoridades nacionales competentes para la aplicación de la Directiva 86/609/CEE? 
Señor Presidente, el primer borrador de la declaración de política comunitaria sobre la utilización de primates como animales de laboratorio fue elaborado en 1994. 
La iniciativa tiene por objetivo mejorar el control sobre la adquisición y utilización de los primates en pruebas de laboratorio. 
El trabajo adicional en esta declaración se dejó en suspenso hasta bien entrado 1997, porque primero era necesario resolver la importante cuestión de la elaboración de estadísticas sobre el uso de animales de laboratorio. 
Las autoridades competentes de los Estados miembros se pusieron de acuerdo finalmente el mes de abril de 1997 sobre el uso de una estadística común. 
Las primeras deliberaciones sobre el borrador de declaración acaban de empezar. 
El 4 de diciembre los servicios de la Comisión mantendrán el primer encuentro con las autoridades nacionales responsables de la protección de los animales usados en la experimentación con animales. 
Un posterior encuentro ya está programado para la primavera de 1998. 
Esperamos seriamente que el encuentro de diciembre dé a los servicios de la Comisión oportunidad de valorar la situación de los primates, incluidos los animales salvajes, como ésta se muestra en los Estados miembros. 
Después será posible sacar las conclusiones necesarias para la UE. 
Para entonces puede decidirse qué instrumento debe adoptarse. Puede ser una declaración política, una recomendación de la Comisión o una verdadera iniciativa legislativa. 
En cuanto esté concluido el trabajo preparativo y el rango jurídico de la declaración sea definido más detenidamente, la Comisión implicará naturalmente al Parlamento Europeo en las deliberaciones. 
Y a esto querría añadir que es mi opinión personal que nos veremos obligados a elegir una forma que proporcione al Parlamento una influencia lógica en esta área muy sensible y muy importante. 
Para empezar quisiera dar gracias a la Comisaria por su respuesta muy positiva. 
Seguramente está de acuerdo conmigo en que los primates son los animales más próximos al hombre y en que hay pruebas de que sufren penas y dolores de la misma forma que el hombre. 
Por lo tanto, la labor de la Comisión- que vuelvo a decir que me satisface- debe encaminarse a conseguir que nos sirvamos lo menos posible de los primates y, además, que su transporte y alojamiento sean lo mejor posible y respeten las mejores normas aplicables de bienestar. 
Confío en poder plantear esta cuestión ante el Parlamento Europeo para que podamos dar una respuesta política a la labor técnica de la Comisión. 
Señor Presidente, sólo puedo decir que estoy completamente de acuerdo con los comentarios adicionales. 
Opino que se trata de hallar una forma en la que empleemos los animales tan poco como sea posible, y estoy también de acuerdo con las reflexiones sobre el transporte. 
Ya he tenido con anterioridad oportunidad de debatir esto con el grupo Animal Welfare en este Parlamento, y ciertamente me parece también que necesitamos lograr resultados. 
Señor Presidente, tanto como danesa como Comisaria de Medio Ambiente he seguido muy detenidamente y con gran interés las noticias sobre la seria catástrofe medioambiental que tuvo lugar en relación con la construcción del túnel de Hallandsåsen en Suecia. 
Después de semejante catástrofe es quizá muy normal preguntar qué podría haberse hecho para evitarlo. 
¿Pudo haber intervenido la Comisión cuando el trabajo se suspendió en 1995 para garantizar que se había encontrado la solución más adecuada a los problemas medioambientales, antes de que el trabajo se hubiera reanudado? 
Permítaseme decirlo directamente: No, la Comisión no pudo. 
La Comisión sólo tiene competencias para controlar que se cumpla la legislación medioambiental comunitaria. 
La legislación respectiva, que es la Directiva 85/337/CE de evaluación del impacto ambiental (Directiva EIA) , fue obligatoria para Suecia tras su adhesión, esto es, a partir del 1 de enero de 1995. 
Suecia tiene la obligación, en virtud de las disposiciones de la Directiva, de emprender un estudio del impacto ambiental de los nuevos proyectos si el procedimiento de aprobación se inicia después del 1 de enero de 1995. 
El proyecto respectivo, esto es, el túnel de Hallandsåsen, que forma parte de la línea ferroviaria de la costa occidental, no se ve afectado por esta obligación, puesto que ya había sido aprobado e iniciado antes de esa fecha. 
La Directiva en vigor, la Directiva 85/337/CE de evaluación del impacto ambiental no contiene disposiciones sobre la necesidad de llevar a cabo un nuevo EIA, si el proyecto de un edificio o una instalación aprobado y que ya se está ejecutando se interrumpe temporalmente y vuelve a iniciarse. 
La Comisión no tiene por ello posibilidad alguna de tomar cartas en una situación semejante. 
Como mencioné, la responsabilidad de la Comisión es garantizar que la legislación de la UE sea respetada. 
Esto no afecta, sin embargo, a decisiones técnicas o de ingeniería que competen a las autoridades que llevan el proyecto a cabo. 
Quiero dar las gracias por la respuesta. 
El escándalo medioambiental en Hallandsåsen, que ha significado que peligrosos productos químicos se hayan vertido en la naturaleza, ha causado graves daños. 
Con gran probabilidad, pudo haberse evitado. 
Lo que podemos decir con certeza es que si el proyecto hubiera contemplado las exigencias comprendidas en la descripción de consecuencias medioambientales contenidas en la directiva 337 de 1985, el accidente nunca hubiera ocurrido. 
En esa directiva se contienen importantes exigencias de informar sobre las consecuencias en el uso de distintos métodos de trabajo y, además, informes públicos sobre los riesgos de vertidos peligrosos. 
Opino que esto demuestra la importancia de que la Comisión realmente se ocupe de que la directiva se cumpla, tan pronto como sea posible, y dé fuerza a las resoluciones de la Unión. 
Suecia ha tenido mucho tiempo para hacer su legislación más rigurosa. 
Yo quisiera preguntar si, frente a inversiones de este tipo, no hubiera sido lógico que se hubiese hecho un riguroso control medioambiental de acuerdo con las exigencias de la UE. 
No, la Comisión no ha tenido posibilidad alguna de intervenir en este asunto. 
Tengo conocimiento de que las autoridades suecas inicialmente incluso hicieron una evaluación ambiental del proyecto y puedo decir, quizá para información del Sr. Virgin, que hemos modificado la directiva en cuestión ahora por la Directiva 97/11/CE que deberá ser puesta en práctica en los Estados miembros no más tarde del 14 de marzo de 1999. 
Si esta Directiva de evaluación ambiental hubiera estado en vigor, sí habría habido oportunidad de intervenir y llevar a cabo una nueva evaluación, sin embargo, esto no es así con la Directiva existente. 
Quisiera preguntar si la propuesta de directiva sobre evaluación de ciertos planes que la Comisión recientemente ha presentado, por ejemplo el impacto de programas en el medio ambiente, es decir, si esto hubiese tenido algún efecto si hubiera estado en vigor, ya que una buena parte de los daños que se han producido no son, por decirlo de algún modo, relativos directamente al programa, sino que tienen relación con la planificación de tráfico que se ha efectuado desde hace tiempo y que ha dado lugar a la construcción del túnel, lo que a su vez ha producido las filtraciones que han llevado al vertido de sustancias tóxicas. 
Yo quisiera, con gusto, oír el juicio del Comisionario acerca de los efectos que esta propuesta de la Comisión- que ya desde el Parlamento hicimos presente en una resolución del 22 de octubre- podría haber tenido en lo que ha pasado en Hallandsåsen y en casos similares. 
Como le dije al Sr. Virgin, por supuesto que siempre es interesante cuando sucede una catástrofe reflexionar sobre si ésta podía haberse evitado y si habría sido mejor si hubieran estado en vigor otras directivas. 
Sin embargo, no había otras directivas, y por ello debemos atenernos a la directiva que de hecho estaba en vigor, y según esta directiva la Comisión no tenía posibilidad alguna de intervenir en este asunto. 
Como ya dije en mi respuesta a la pregunta adicional del Sr. Virgin, el asunto habría tomado un cariz totalmente distinto de haberse tratado de la Directiva 97/11/CE, sin embargo, la Directiva en cuestión primero debe ser puesta en práctica por los Estados miembros en marzo de 1999, y antes de que se haya puesto en práctica, no tenemos por descontado posibilidad alguna de utilizar las disposiciones presentes en la Directiva. 
Pregunta nº 28 formulada por Robert Evans (H-0773/97): 
Asunto: Mantenimiento del orden en los partidos de fútbol internacionales 
A la luz de los acontecimientos del sábado 11 de octubre en el estadio Olimpia de Roma durante el partido de fútbol entre Inglaterra e Italia ¿tiene intención la Comisión de llevar a cabo su propia investigación relativa a la organización y el mantenimiento del orden en dicho acontecimiento? 
Con referencia a resoluciones e informes anteriores aprobados en este Parlamento ¿considera la Comisión que se han infringido los principios de la libre circulación de personas, incluyendo a los aficionados al fútbol y otros? 
Miembros de mi circunscripción electoral que asistieron al encuentro, o simplemente se han sentido escandalizados ante las lamentables escenas vistas en televisión, me han pedido que plantee esta cuestión a nivel europeo. 
El fútbol es un deporte que disfrutan millones de personas y las imágenes negativas y el mal trato de los verdaderos aficionados dañan gravemente los esfuerzos de la Unión Europea para promover el deporte como parte esencial de la cultura europea. 
Una coordinación y una planificación adecuadas, combinadas con un mantenimiento del orden eficaz pero justo, han demostrado que muchos acontecimientos deportivos similares pueden llevarse a cabo sin este tipo de problemas. 
¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para que se aplique la legislación europea y evitar cualquier repetición en el futuro de acontecimientos similares? 
La instauración de medidas policiales apropiadas para evitar las gamberradas y la violencia en general en las manifestaciones deportivas o en otras ocasiones a las que asisten grandes masas de personas está encaminada principalmente a mantener el orden público. 
La Comisión, por lo tanto, no tiene competencia en la materia ni se halla en condiciones de intervenir en relación con la forma en que las fuerzas de la policía de los Estados miembros mantienen el orden público en sus propios territorios. 
En el marco del Consejo de Ministros de Justicia y del Interior, el grupo de trabajo sobre la cooperación policial aborda esta cuestión desde un punto de vista operacional, con oficiales de enlace que se reúnen una vez al año. 
En este contexto, el Consejo adoptó en 1996 una recomendación sobre las directrices para evitar y limitar los desórdenes relacionados con partidos de fútbol. 
Más recientemente, en 1997, el Consejo adoptó una acción conjunta para la cooperación en materia de orden público y seguridad, y una resolución sobre la prevención y limitación de la actuación de gamberros en partidos de fútbol. 
No hace falta decir que la Comisión es partidaria de promover y poner en práctica una cooperación más estrecha de la policía en el plano internacional. 
Ahora bien, la aplicación de medidas apropiadas para prevenir y limitar los desórdenes incumbe a los Estados miembros de conformidad con sus propias leyes nacionales y con el derecho comunitario. 
Además, se está discutiendo actualmente en un plano técnico un proyecto de recomendación del Consejo sobre la responsabilidad de los organizadores de manifestaciones deportivas. 
La Comisión no está involucrada en la aplicación de las normas de la UEFA acerca de los estadios, pero actúa junto con organizaciones que tienen un papel específico en esa esfera, como el Consejo de Europa, que ha creado un comité permanente. 
Doy gracias a la Comisaria por sus respuestas, aunque no sean respuestas a las preguntas que hice. 
Ha hablado en varias ocasiones de gamberros futbolísticos. Si lee el gran número de noticias de la prensa acerca del caso al que se está refiriendo verá que muchas de las personas involucradas- y tengo pruebas de ello- no responden al estereotipo de " gamberros». 
Entre ellas hay muchos abogados, ejecutivos, directores de empresa, viajantes de comercio y personas provenientes de estratos sociales muy diferentes de los que ha mencionado. 
La finalidad de mi pregunta era determinar si la Comisión estimaba que se habían violado los principios de la libre circulación de personas. 
Nos hemos enterado de que se ha retenido a personas en el estadio de fútbol hasta las tres de la mañana, hora en la que ya no había transportes públicos, lo que les obligó a volver a casa a pie. 
A muchos de ellos les quitaron prendas de vestir que nunca les han sido devueltas. 
Estoy refiriéndome a una cuestión mucho más amplia que la que se plantea en la respuesta de la Comisaria. 
Comisaria, ¿podría responder usted a las cuestiones concretas que he planteado? 
Quisiera repetir una vez más a Su Señoría que la Comisión no tiene competencia y, por lo tanto, no está en condiciones de intervenir acerca de la forma en que los agentes de policía de los Estados miembros mantienen el orden público en sus propios territorios. 
Es un hecho que tenemos que respetar. 
Quisiera solamente preguntar a la Sra. Gradin si se da cuenta de que muchos diputados de este Parlamento acogerán con mucha alegría lo que acaba de decir. 
La Comisión tiene ya suficientes tareas importantes que realizar y no tiene por qué encargarse de la forma de actuar de las policías nacionales y de los órganos encargados de hacer cumplir la ley en los países. 
Quizá desee añadir a su respuesta un par de frases para elogiar particularmente a las autoridades futbolísticas de los Estados miembros que se esfuerzan por coordinar las numerosas quejas de los verdaderos seguidores de los equipos que sufrieron numerosas molestias durante ese partido concreto y que transmitieron sus quejas con toda claridad a las autoridades futbolísticas italianas. 
Quizá la Comisaria coincida conmigo en que lo realmente importante es que la experiencia de ese partido no se repita el año que viene, durante la Copa del Mundo. 
Todos los que nos interesamos por el fútbol esperamos realmente que las próximas manifestaciones deportivas se desarrollen debidamente. 
Como ya he dicho, la Comisión no está involucrada en la forma en que la UEFA y las organizaciones competentes se ocupan de los estadios. Cooperamos con las organizaciones que tienen un papel concreto en esta esfera. 
Haremos todo lo que podamos por que los partidos de fútbol se desarrollen sin inconvenientes, para beneficio de todos. 
Pregunta nº 29 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0756/97): 
Asunto: Formación profesional en los países del Magreb 
¿Qué medidas y acciones se emprenderán para contribuir al desarrollo de los sistemas de formación profesional en los países del Magreb? 
¿Qué resultados se espera obtener con ello? 
Señora Rojo, como bien sabe usted, la política comunitaria de educación técnica y formación profesional constituye una parte fundamental de la política euromediterránea establecida en la Conferencia de Barcelona, y su objetivo general consiste en aumentar la competitividad de los sectores industriales y de servicios ayudando en el proceso de transición económica de estos países a crear una mano de obra mucho más cualificada. 
Y esto se está consiguiendo a través de una serie de esfuerzos encaminados a reestructurar los sistemas de educación técnica y formación profesional en estrecha colaboración con otros donantes bilaterales y multilaterales. 
¿Qué hemos hecho de concreto en los acuerdos de asociación que hasta ahora se han negociado y donde una parte fundamental está relacionada con la formación profesional? 
En primer lugar, tengo que decirle- y además yo creo que usted ya está informada de ello- que uno de los primeros proyectos de MEDA, cuya ejecución ya ha comenzado en octubre, es precisamente el proyecto Manform, dotado con 40 millones de ecus, que se está ejecutando en Túnez. 
Allí, con las autoridades tunecinas, hemos negociado a través de un enfoque programático, un gran proyecto, muy importante para este país- casi 40 millones de ecus -, que tiene como objetivo, por un lado, aumentar la competitividad de las empresas tunecinas pero, sobre todo, mejorar, dentro de su red de pequeña y mediana empresa, la calidad y la capacidad del sistema de educación y formación. 
En este momento, y se tomará la decisión antes de finalizar este año, estamos negociando un programa similar con las autoridades marroquíes. 
Tiene el mismo objetivo general de aumentar la competitividad y, naturalmente, en este caso, en el caso marroquí, aumentar la competitividad del sector privado. 
La contribución comunitaria, en principio, que se ha ofertado a las autoridades de Marruecos se eleva a 38 millones de ecus. 
Y lo que queremos es que se establezca una negociación que combine formación profesional, actividad del Gobierno, pero que- en el caso marroquí- también tenga en cuenta las demandas del sector privado de la patronal marroquí. 
También quiero señalar que en el pasado se creó, en el marco de nuestras relaciones con Egipto, el llamado Fondo social que, dentro del proceso de apertura económica que se está haciendo en este país- hablo de Egipto- después de sus negociaciones con las instituciones de Bretton Woods, en una parte muy sustancial, ya que es un proyecto de aproximadamente- creo recordar- unos 70 millones de ecus, se ha dedicado precisamente a ayudar a las autoridades de Egipto a reformar todo su sistema de formación profesional. 
En conclusión, le confirmo que apoyamos la reforma del sistema educativo, y particularmente la reforma del sistema de educación profesional, su conexión con el sector productivo y la oferta al sector privado, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que lo necesitan, porque están en condiciones de producir bien, porque tienen a su favor un diferencial en términos de coste. 
Pero el gran problema que tiene la pequeña y mediana empresa en el Mediterráneo es precisamente la falta de trabajadores, de obreros cualificados. 
Estamos pues siguiendo esta línea y a medida que otros países se vayan incorporando la Comisión seguirá manteniendo sin ningún problema, porque es una demanda muy específica de estos países, que la formación profesional es un elemento clave de su adaptación y apertura económica. 
Gracias, señor González, por su respuesta completa, yo diría que modélica. 
Y mi reconocimiento por cómo está actuando en este campo la Comisión, con gran decisión, una vez que, además, ha hecho posible que la Fundación europea para la formación profesional se ocupe también de los países mediterráneos, tal como nosotros habíamos demandado. 
Sobre el terreno, he podido constatar lo que está haciendo la Unión Europea- yo creo que con éxito- en el Magreb. 
Pero ello no impide que haya percibido algunos aspectos que son, yo creo, aquellos aspectos donde estamos encontrando más dificultades. 
Creo que, si nos referimos a Túnez, el problema está en conseguir la incardinación entre empresa y formación profesional. 
También en conseguir que la educación se adapte en cuanto a la reforma. 
Menos en Túnez, más en otros países, ir incorporando con medidas positivas a la mujer. 
Pregunto también: ¿reforzará estas políticas en las áreas que son fuente de emigración, por ejemplo en el norte de Marruecos? 
¿Se reformará la formación en el área de recursos humanos? 
¿Se tendrá en cuenta- muy importante- la especificidad magrebí de tal manera que no se actúe con mimetismo sobre lo hecho en TACIS o en PHARE? 
Muchas gracias de nuevo al señor Vicepresidente de la Comisión, señor González. 
Muchas gracias, señora Izquierdo Rojo, pero permítame que diga dos cosas. 
En primer lugar, ha sobrepasado usted en un minuto el tiempo que tiene otorgado. 
Esta Presidencia le recuerda que este es tiempo que usted resta a las preguntas de otros diputados o diputadas. 
Por lo tanto, le ruego que sea usted exacta. 
En segundo lugar, esta Presidencia se ha sentido un tanto sorprendida por sus solicitaciones al Sr. González. 
No sé exactamente a qué Sr. González usted se refiere, pero- Ah! Marín González- muy bien, muchas gracias. 
No, era por, si se tratara de otro González, ofrecerme para transmitirlo, pero, en todo caso, señor Marín González, tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, yo soy González de segundo apellido. 
Soy un segundón, señor Presidente. 
La línea que estamos siguiendo es esa, y lleva usted toda la razón. 
No tenemos ningún problema de negociación con el Banco Mundial, porque en realidad estamos cooperando con el Banco Mundial muy intensamente en cuanto a la definición de objetivos. 
Lo que ocurre es que algo que en Europa es normal en la formación profesional, que es el sistema dual- es decir que se conecte la educación, la formación profesional y la empresa, un sistema que en Europa está muy rodado, usted hablaba de la experiencia del CEDEFOP en Berlín- en estos países cuesta trabajo entender que ese es el proceso. 
Son, además, países que tienen una evolución política, democrática, relativamente reciente y no es fácil tampoco sentar juntos a los sindicatos, a los empresarios y a la administración. 
Pero no le voy a ocultar que esta es la dificultad que existe porque esto, naturalmente, tiene que ver mucho con la negociación de convenios colectivos, la negociación de elementos que tienen que ver con la política interna. 
¿Hay programas específicos para la mujer? 
Sí, hay programas específicos para la mujer. 
¿Las cuestiones que tienen que ver con las áreas más deprimidas han sido tenidas en cuenta? 
Sí, en el caso de Marruecos, precisamente, una de las opciones que se le ha dado al Gobierno marroquí sería el trabajar en términos de parques industriales en la zona norte, con objeto de ir confirmando una red de pequeñas y medianas empresas, junto con formación profesional, para que la gente que emigra de una forma lamentable a través del Estrecho de Gibraltar tuviera unos niveles de referencia de que al menos hay un horizonte de cara al futuro. 
Pero, no obstante, esto llevará su tiempo. 
Muchas gracias, señor Marín González. 
Pregunta nº 30 formulada por Bernd Posselt (H-0812/97): 
Asunto: Libertades fundamentales en Cuba 
Ante la próxima visita del Papa a Cuba, ¿cómo valora la Comisión la situación de la libertad de culto en la isla? ¿De qué manera se propone influir en el Gobierno cubano, en el contexto de la intensificación de las relaciones económicas, para garantizar el respeto de las libertades fundamentales y de los derechos humanos? 
Tengo un problema con esta pregunta, y es que es una pregunta relativa a las libertades fundamentales en Cuba en relación con la visita del Papa, la libertad de culto y el papel que en principio tiene que jugar la Iglesia Católica. 
Yo creo que ésta es una pregunta que se podría hacer al portavoz del Vaticano. 
Tiene poco sentido que la Comisión opine de algo que va a ser realizado por el Papa a través de un Estado totalmente soberano, que es el Estado del Vaticano. 
En consecuencia, creo que la Comisión no debe opinar sobre esta materia. 
Señor Presidente, en privado usted- al igual que cualquiera de nosotros- podrá creer lo que quiera, pero no puede burlarse de nosotros. 
Usted es representante de la Comisión y de lo que se trata es de que en las relaciones con terceros Estados debemos respetar los derechos humanos. 
Esta no es una tarea del Papa sino que es tarea de la Unión Europea poner al servicio de los derechos humanos sus relaciones exteriores y de desarrollo. 
La libertad de religión es un derecho humano elemental sobre el que tiene que perseverar usted. 
Lo que usted ha dicho lo considero sencillamente como una burla para las personas que han muerto o están encarceladas en Cuba por su fe. 
Señor Posselt, la responsabilidad de esta Presidencia obliga a pedir, yo diría a exigir, a todos los diputados y diputadas el máximo respeto a los Comisarios que vienen a responder a sus preguntas. 
Esta Presidencia no ha entendido en ningún momento que hubiera ninguna actitud ofensiva por parte del Sr. Vicepresidente de la Comisión. 
Por lo tanto, quiero dejar constancia de ello. 
En todo caso, el Sr. Marín tiene la palabra para responder a la pregunta del Sr. Posselt, si lo desea. 
Gracias por su intervención, señor Presidente. 
Señor Posselt: ni he insultado ni he faltado al respeto a ningún católico ni a ningún cristiano de este hemiciclo. 
Y su intervención me parece intencionada y demagógica y la rechazo de plano. 
Al contrario, he hecho una respuesta de tipo institucional porque la Comisión Europea no tiene por qué entrar a valorar cuáles son los objetivos, como usted presenta en su pregunta, de la visita del Papa. 
Y para que le quede rotundamente claro, sepa usted que he sido invitado particularmente al Vaticano para dar mi opinión a propósito de esta visita, pero lo he hecho a título individual y a título de ciudadano. 
En consecuencia, por favor, no emplee estas salidas de tono, porque yo soy una persona muy respetuosa con este tipo de situaciones. 
En consecuencia, la negociación que está estableciendo el Estado del Vaticano con las autoridades de Cuba, en términos de libertad religiosa, en términos de presencia de la Iglesia, en términos de apertura de nuevas iglesias, en términos de presencia de nuevos sacerdotes, es una cuestión que depende estrictamente de una negociación bilateral entre el Estado del Vaticano y el Gobierno cubano. 
Y es más, dejen ustedes trabajar tranquilamente a las autoridades del Vaticano, que, en mi opinión, lo están haciendo muy bien. 
Y es lo único que les puedo decir. 
Pero no acepto que se me diga en público que he faltado al respeto a ningún católico. 
Eso no lo acepto. 
Señor Comisario, efectivamente éste es un tema delicadísimo en el que yo creo que hay que hablar con la máxima prudencia. 
Yo creo que a lo que se refiere el señor Posselt es a la defensa de los derechos humanos y, entre los derechos humanos, hay determinadas actitudes en Cuba que no responden adecuadamente a ellos. 
Y mi pregunta complementaria es: a mis manos ha llegado hace muy poco una directiva sobre el respeto de los derechos humanos al amparo del fundamento jurídico del artículo 130 W, es decir, ayuda al desarrollo. 
Señor Marín, con todo el respeto y queriendo quitar hierro al asunto- porque entiendo que en esto hay que ser extremadamente prudentes, y en esencia lo que usted ha dicho es razonable -, quiero romper una lanza en este sentido. 
La Comisión deberá tener en cuenta también, en relación con Cuba, el criterio de la propuesta mencionada y actuar en consecuencia. 
Le agradezco, señora Palacio, su equilibrio, pero no ha habido un malentendido: yo he escuchado como usted la traducción en español, y se me ha acusado de haber faltado al respeto a la Iglesia Católica, y no es verdad. 
He intentado ser muy prudente. 
Y yo, con la Iglesia Católica y con el Nuncio, tengo magníficas relaciones. 
Pero este tipo de negociaciones se tiene que plantear, como usted dice, con mesura, con inteligencia y dejando a las autoridades del Vaticano que negocien. 
Déjenles que negocien. 
Le puedo asegurar que son excelentes y muy inteligentes negociadores. 
Es lo más que le puedo decir. 
Y yo estoy en contacto con ellos. 
En segundo lugar, usted me plantea una pregunta general, pero, señora Palacio, si yo no tengo que reprocharme nada. 
Si yo fui el Comisario que tomó la decisión de interrumpir las negociaciones del Acuerdo de Cooperación porque estimé que las circunstancias que se estaban produciendo en aquel momento no respondían al mandato emitido por el Consejo Europeo. 
¿Cómo me van a poder decir ustedes a mí si soy o no consciente de los problemas de las libertades públicas? 
Lo que pasa es que hay formas de abordar este tipo de negociación, y le diré que a mí me parece muy bien que en el ámbito de Cuba, como en cualquier otro país- siendo yo laico y agnóstico, que no lo niego -, me parece muy bien que la libertad de culto entre en un paquete negociador si, efectivamente, el Gobierno cubano quiere que el Papa esté en La Habana el año que viene. 
Es que me parece de puro sentido común que se negocie, y nosotros estamos de acuerdo con que eso se haga así, pero usted me plantea su reflexión en otro ámbito, en un ámbito más amplio. 
En consecuencia, dejemos al Vaticano que negocie con las autoridades cubanas para resolver ciertos problemas que tienen que ver con la Iglesia Católica. 
No olvide, señora Palacio, que en Cuba no sólo hay Iglesia Católica, sino también otro tipo de confesiones y otro tipo de problemas, con lo cual el debate es mucho más amplio. 
Y a partir de ahí vamos a intentar, ahora que hemos vuelto a tomar contacto con las autoridades cubanas, ahora que hemos aprovechado las nuevas aperturas que se están realizando respecto a un Estado miembro- usted conoce bien que se están arreglando las cosas -, que otra vez nos han contactado las autoridades cubanas y que parece que se está estableciendo un punto de referencia de cara al futuro- que va a abrir precisamente el viaje del Papa -, pues déjenos usted a ver si somos capaces de reconducir el asunto y reabrir algo que nos gustaría hacer, que es una negociación amplia, adaptada a la realidad cubana, que nos permita atraer a este país hacia una relación con Europa que sería privilegiada. 
Pero insisto: este tipo de cosas se tiene que hacer con mucha prudencia y cautela. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al Sr. Marín, las preguntas núms. 31 y 32 se contestarán por escrito. 
Señor Presidente, la Comisión se ha ocupado en dos ocasiones de este asunto que se plantea de nuevo en la pregunta. 
Por un lado, he escrito al Gobierno español una carta por esta cuestión y en el debate sobre el Libro Verde relativo a la numeración ya expuse mi opinión al respecto. 
La puedo repetir gustosamente. 
Pero primero debo corregir lo que indirectamente se afirma en la pregunta. 
La indicación de un número distintivo para Gibraltar en el Anexo al Libro Verde sobre un concepto de numeración no se contiene en la columna «países» sino en una columna sin título en la que se encuentran las explicaciones para el uso concreto de determinados distintivos, es decir, también otros distintivos muy diferentes, como códigos de numeración abreviada para servicios europeos, información telefónica, etc. 
También en los distintivos que tienen significado geográfico no se trata de distintivos de países sino de distintivos regionales. 
El hecho de que el distintivo regional de Gibraltar- que, por cierto, no lo hemos determinado nosotros sino la UIT- se encuentre casualmente entre el de Alemania y el de Luxemburgo, no tiene ningún significado político sino que se debe a la secuencia numérica de la tabla. 
Por ello, fue de importancia decisiva introducir una observación sobre el distintivo 350 que se emplea actualmente para Gibraltar. 
Es decir, la tabla proporciona, tal como ya he dicho durante el debate, solamente una visión de conjunto basada en hechos sobre características técnicas. 
No otra cosa. 
No adopta ninguna posición política. 
Ya he dicho en el debate que si ahora cambiásemos estos hechos, sacando de la tabla los números de identificación o algo similar, entonces realizaríamos una declaración política que la Comisión nunca ha previsto. 
Naturalmente, no vamos a inmiscuirnos a favor de ninguna parte en este asunto político. 
No era esta la intención de la tabla y espero que haya quedado por fin aclarado. 
Nos esforzamos al máximo por ser políticamente neutrales en esta cuestión. 
Señor Comisario, ha mencionado en su respuesta una contestación al Gobierno español que, en esta Asamblea, no nos concierne. 
Además, usted dice que la columna en cuestión es una columna aséptica, sin entradas. 
Sin embargo, yo leo una inscripción que dice «distintivo de país». 
Hubieran podido ustedes poner «distintivo de territorio» o «de Estados miembros y territorios cuyas relaciones exteriores dependen de un Estado miembro» o lo que usted quiera. 
Pero país significa país, se diga en un documento político o se diga en un anexo a un documento político, y ése anexo es éste. 
Yo le pediría, por lo tanto, señor Bangemann, que reconsiderase esta situación, porque hay una resolución del Parlamento que así se lo pide. 
Señor Presidente, se ha repetido la pregunta. 
Ya lo he dicho: si mira en la columna totalmente a la izquierda, allí figura distintivo del país hoy y a continuación viene de hecho el 350. 
En la columna de la derecha, donde están las propuestas, se dice con toda claridad: distintivo regional. 
Por este motivo, no hemos querido cambiarlo pues habría supuesto una declaración política. 
Le ruego que tenga en cuenta lo que le he dicho. 
Es lo mismo que se dice en la carta. 
De acuerdo, la carta no le incumbe pero quizás sea interesante para usted saber que en una carta dirigida al Gobierno español hemos dicho claramente que esto no significa ningún posicionamiento político. 
Esto no significa que reconozcamos a Gibraltar como un país independiente. 
El hecho de que se haya asignado el número a Gibraltar no se debe a nosotros sino que es una decisión de la UIT. 
Ya he dicho en el debate que no unimos a ello ningún motivo político y lo digo ahora de nuevo como respuesta a su pregunta: con ello no tomamos partido por una u otra reclamación de uno de los dos países que no se pueden poner de acuerdo en esta cuestión. 
Creo que esto debe bastar. 
Pregunta nº 34 formulada por Robin Teverson (H-0779/97): 
Asunto: El «error del milenio» 
Todos los propietarios de ordenadores se encuentran ante la posibilidad de que su ordenador quede inutilizado tras el año 2000 simplemente por la cortedad de miras del sector de la fabricación de ordenadores, que no ha programado sus productos con los datos necesarios para que funcionen después del inicio del nuevo milenio. 
¿Qué medidas está preparando la Comisión para hacer frente a las repercusiones potencialmente catastróficas del «error del milenio» , como ya se le denomina, no sólo en toda la Unión Europea sino también en la propia Comisión? 
Señor Presidente, se trata realmente de un problema y el Sr. Teverson tiene toda la razón llamando la atención de nuevo al respecto. 
No obstante, en los últimos dos años y medio hasta tres años nos hemos ocupado intensamente de esta cuestión a sugerencia del antiguo Ministro de Telecomunicaciones británico. 
En primer lugar, hemos delimitado las dimensiones del problema en un grupo de expertos. 
A continuación, hemos informado de ello a los países miembros y, sobre todo, a los afectados en varias conferencias, con lo que entretanto todos saben claramente qué significa el problema. 
Se puede recapacitar durante mucho tiempo sobre las causas del problema. 
Puede ser que entonces se haya debido a la cortedad de miras de algunos. 
También puede ser- y esta es posiblemente la explicación más probable- que la posibilidad de almacenamiento que existía ya entonces les pareciese a muchos demasiado costosa porque el año 2000 estaba aún relativamente lejos. 
Así pues, se han ahorrado costes. 
Entretanto, hay que aportar dinero para realizar las necesarias adaptaciones. 
No es barato. Qué ahorro de costes se produce si se comparan ambas cosas será sin duda diferente en función del tiempo que se haya trabajado ya con el antiguo sistema. 
Así pues, hemos hecho a tiempo todo lo necesario. 
Entretanto hay software para introducir algunas de las correcciones necesarias, por lo que los usuarios y oferentes de software y de hardware serán los que sepan mejor como deben solucionar la cuestión. Nosotros sabemos que entretanto se está haciendo. 
Hemos llamado continuamente la atención sobre este problema del año 2000. 
Hemos creado grupos de trabajo, etc. No podemos hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora y creo que los mismos afectados deben hacer lo que antes no han hecho. 
Naturalmente, uno se puede colocar en la posición de que habría sido mejor que todos hubiesen tenido ya en cuenta el año 2000, pero a veces la previsión para tales cosas no es demasiado grande. 
Gracias por la respuesta. 
Plantearé muy brevemente tres asuntos: en primer lugar, ¿está la Comisión convencida y segura de que sus propios sistemas informáticos sobrevivirán al paso del 31 de diciembre de 1999 al 1 de enero del año 2000? 
¿Funcionarán debidamente los propios sistemas informáticos de la Comisión? 
Me interesaría saber, en vista de todas las investigaciones y la labor que ha tenido lugar en el comité de expertos, si la Comisión estima que todos los sectores comerciales interesados de Europa, de la Unión Europea, están bien preparados. 
¿Tiene usted la seguridad de que el comercio no quedará " fuera de servicio» el 1 de enero del año 2000? 
Para acabar, diré también que me preocupan las noticias de que en las tiendas de informática se siguen vendiendo sistemas que no tienen debidamente en cuenta el " error del milenio». 
¿Coincide con mis preocupaciones la Comisión y, en caso afirmativo, qué medidas está adoptando en el mercado único para poner término a esa situación? 
Señor Presidente, a la primera parte de la pregunta solamente puedo responder con esperanzas. 
Yo tampoco sé al cien por cien cómo se va a desarrollar entre nosotros, pero creo que las personas responsables han pensado sobre el problema al igual que nosotros. 
Quizás entre nosotros sea algo más sencillo y esto es, si así se quiere, una ventaja derivada de una omisión. 
Todo tiene dos caras. 
En el pasado hemos dejado pasar la posibilidad de utilizar al cien por cien el procesamiento electrónico de datos- ahora intentamos cambiarlo -, por lo que no nos encontramos ahora en esa situación ya que disponemos de datos que se pueden llevar también de otro modo más allá del año 2000. 
Esta es solamente una respuesta provisional. 
Si el Sr. diputado está interesado le diremos gustosamente lo que nosotros hemos hecho en la misma Comisión para solucionar este problema. 
En lo que se refiere a los demás, se les ha llamado la atención; por lo demás, hemos puesto en marcha ciertos programas de investigación para ayudar a buscar soluciones. 
Entretanto, ya se han encontrado las soluciones. 
Hay dos problemas al respecto. 
Por un lado, son caras. 
Los fabricantes de software cobran caro lo que ofrecen y, por otro, en algunos casos es necesaria la participación de expertos para la aplicación del software. Además, los expertos no son muy numerosos, por lo que existen cuellos de botella y no puedo excluir que algunas empresas, a pesar de nuestros esfuerzos y de sus propios esfuerzos, no solucionen el problema. 
Existe un tercer grupo al que se refiere usted en su segunda pregunta. 
Existen de hecho empresas que dicen: esto aún funciona, sigue funcionando. 
Esto no nos afecta y ya lo solucionaremos de algún modo. Es decir, hay aún empresas que no han detectado el problema, lo que es alarmante. 
Pregunta nº 35 formulada por Marianne Eriksson (H-0783/97): 
Asunto: Construcción de un túnel a través de Hallandsåsen (Suecia) 
Durante la construcción de un túnel ferroviario a través de la colina de Hallandsåsen en Suecia se han vertido en el medio ambiente grandes cantidades de acrilamida que han echado a perder las aguas freáticas por muchos años. 
Los agricultores de la región ya no consiguen vender sus productos a causa de los vertidos de acrilamida en la capa freática. 
Todo parece indicar en la actualidad que los únicos que recibirán indemnización serán aquellos que logren demostrar la existencia de acrilamida en sus aguas subterráneas, aunque sean todos los agricultores de la península de Bjäre los que tienen problemas a la hora de vender sus productos. 
La empresa química Rhône-Poulenc, fabricante del material aislante Rhoca-Gil, había declarado antes del accidente que éste contenía un 1, 5 % de acrilamida, si bien dicho contenido ha resultado ser después mucho más elevado. 
¿Qué medidas emprende la Comisión contra las grandes empresas europeas que incurren en delitos medioambientales? 
¿Tiene previsto la Comisión investigar los métodos de ventas de Rhône-Poulenc? 
¿Tiene previsto la Comisión investigar la utilización del material aislante Rhoca-Gil? 
Señor Presidente, tengo una respuesta muy larga y me pregunto si no puedo acortarla algo en interés de otros autores de preguntas. 
En principio, la respuesta es del siguiente tenor: en primer lugar, tenemos todas las directivas que son necesarias para registrar esta sustancia peligrosa que, por lo demás, está clasificada como tóxica, cancerígena del nivel 2 y mutágena del nivel 2. 
Es decir, no se trata de una sustancia que se pueda manejar sin precauciones. Esto está regulado por la ley. 
Este es el primer punto y por ello se citan aquí todas las normas legales. 
El segundo punto es el siguiente: es primordialmente tarea de las autoridades nacionales adoptar las medidas necesarias para que las sustancias que en nuestras directivas están clasificadas como tóxicas y peligrosas no se empleen o si se emplean se respeten las correspondientes normas para que no surjan peligros para el medio ambiente. 
Estamos esperando a ver qué nos dice el Gobierno sueco. 
Actualmente no vemos ningún motivo para intervenir pero si el Gobierno sueco nos informa sobre qué infracciones se han producido y cómo se han tratado, entonces examinaremos si es necesario actuar adicionalmente. 
Esta es la forma abreviada de una larga respuesta, señor Presidente. 
Puedo leerla y también responder al Sr. diputado. 
Pero son 6 páginas y perderíamos mucho tiempo si las leyese. 
Quiero agradecer al Comisario Bangemann por su respuesta. 
Espero ver esas seis páginas puesto que, como el Comisario señala, se trata de material muy peligroso. 
De todos modos, creo que no he obtenido respuesta a las preguntas que he formulado. 
Entre otras cosas me pregunto si la Comisión tiene previsto investigar el uso de este producto en los países miembros de la UE. 
Se ha usado, como es sabido, durante cerca de 20 años, no sólo en construcciones de túneles, sino que también en aeropuertos, en minas, etc. 
¿No se tiene ninguna clase de previsión? 
Este material está, a pesar de todo, prohibido en Japón y se usa restrictivamente en los Estados Unidos. 
Supongo que no será de esta manera como la UE va a competir en el mercado mundial. 
Señor Presidente, como ya he dicho lo vamos a comprobar cuando tengamos el informe del Gobierno sueco. 
Por el momento, estamos analizando esta sustancia, por cierto, también en el marco de nuestros risk assessments, para ver si no se debe clasificar en otro nivel y prohibir quizás totalmente su empleo. Este es un posible resultado de nuestras investigaciones en curso. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al Sr. Bangemann, la pregunta nº 36 se contestará por escrito. 
Señor Presidente, señora Kjer Hansen, la pregunta se refiere a una de las ayudas que se autorizaron en 1993 para el programa PACTE. 
La financiación del programa se realizó en forma de una ayuda global a la Asamblea de las Regiones de Europa, que fue la encargada de acompañar la gestión del programa. 
Sobre la base de los informes que se le presentaron, la Comisión pagó totalmente a principios de 1997 a esta organización los créditos comunitarios que se le habían concedido desde 1993. 
La oficina de gestión de la ARE somete cada proyecto a un control posterior. En éste se constataron en algunos casos gastos subvencionables que se diferenciaron del importe que el director del proyecto mencionó en su informe final. 
Antes del pago del último tramo, la ARE exigió a los directores de los proyectos que le entregasen justificantes de todos los gastos. 
Comunicó a la Comisión que la mayoría de los directores de los proyectos cumplieron este requerimiento y que se les pagó el importe restante. 
En los casos en que los directores de los proyectos no pudieron presentar los justificantes exigidos en el plazo marcado, a la conclusión de los proyectos actualmente aún en curso se considerarán exclusivamente los gastos clasificados como subvencionables. 
Me gustaría dar las gracias a la señora Comisaria por su respuesta. 
Me alegra que haya llegado ahora el orden a estos pagos. 
Me parece que es una lástima que haya habido problemas en torno a la gestión del Programa PACTE, puesto que cuando la gente no obtiene los recursos que se les debe, se muestra una imagen negativa de la UE. 
Por ello me gustaría preguntarle de manera complementaria a la señora Comisaria si de aquí en adelante puede prometer un plazo determinado para que puedan reembolsarse los gastos comprometidos de manera que no volvamos a ver cómo pasan años antes de que los participantes en el proyecto puedan recibir los haberes prometidos por la Comisión. 
¿Puede la señora Comisaria establecer un plazo fijo para los desembolsos? 
Señora Kjer Hansen, ciertamente la ejecución del programa PACTE ha ido acompañada de muchos problemas y no se puede estar en absoluto contento de cómo ha funcionado, tanto más cuando, como usted sabe, en el curso del proceso se hubo de endurecer las condiciones de subvencionabilidad a causa de la justificada crítica que el Tribunal de Cuentas y otros hicieron a la ejecución. 
Esto no debe repetirse jamás en el futuro. 
Por ello, la DG XVI está recapacitando muy intensamente, por un lado, sobre cómo se puede seguir fomentando esta cooperación y, por otro, cómo se pueden evitar en el futuro tales cosas. 
Solamente puedo prometerle que hemos aprendido de los problemas del pasado. 
Quisiera pedir a la Comisaria que nos diera más detalles acerca del programa PACTE. 
Sé que en estas próximas semanas va a tomar una decisión acerca del futuro del programa PACTE. 
También sé que no nos lo va a anunciar hoy. 
Comprendo que le preocupen algunas de las deficiencias en la gestión del programa. 
No sé si admitirá hoy que algunas de las críticas dirigidas al programa PACTE se deben a que algunos de sus funcionarios no están contentos con el gran número de pequeños proyectos que incluye el programa PACTE: prefieren las cifras mas importantes correspondientes al programa del artículo 10. 
¿No le parece que presenta ventajas el principio de que un programa lo desarrollen las propias asociaciones de autoridades locales, que tienen buenos contactos, en vez de confiárselo a consultores privados? 
Es cierto que estamos esforzándonos por conseguir que haya concentración de actividades, pero ¿no le parece que en este sector mínimo y periférico de los fondos estructurales hay ventajas en conservar un programa que proporciona cantidades muy pequeñas de dinero a gran número de autoridades que, de lo contrario, quedarían al margen? 
Mister Howitt, puedo compartir perfectamente el principio y también sé que los efectos de estos programas han sido en parte muy positivos, ante todo en los Municipios del lugar. 
Pero también sé que si no estamos en situación de gestionar decentemente tales programas, después la frustración es mayor que los éxitos. 
No se trata aquí de si algunos funcionarios no ven tan gustosamente estos programas sino sencillamente de lo que puede hacer la Comisión. 
Por lo demás, creo que no sólo en lo tocante al programa PACTE sino sobre todo al artículo 10 «Medidas» , debemos idear algo sobre cómo podemos garantizar el efecto movilizador también de pequeños proyectos encontrando al mismo tiempo formas de gestión que no nos desborden. 
No tiene ningún sentido que comencemos tales cosas con el mejor ánimo y a la postre fracasemos porque no estamos en situación de garantizar la correspondiente gestión. 
Por ello, estamos examinando todas estas cosas. 
En cualquier caso, esto no tiene nada que ver con ello y ustedes saben también que, como consecuencia de las negociaciones entre las instituciones, estamos obligados a suspender programas en los que tenemos líneas presupuestarias sin fundamento jurídico, por lo que tenemos que comprobar de nuevo cómo podemos incluir tales programas en los proyectos piloto. 
Ruego que comprendan que la Comisión no haga ahora sencillamente sólo promesas sino que intente realmente encontrar un sistema que pueda garantizar también una ejecución responsable de tales proyectos, además a todos los niveles, de la Comisión y de las instancias ejecutoras. 
Pregunta nº 38 formulada por Luis Marinho (H-0772/97): 
Asunto: Declaraciones del Presidente Santer 
En su reciente visita a Portugal, el Sr. Santer, Presidente de la Comisión, declaró que «Portugal deberá recibir entre 2000 y 2006 una ayuda estructural superior a la recibida en el período comprendido entre 1994 y 1999». 
¿Puede indicar la Comisión en qué se basa una declaración tan importante del Presidente? 
Señor Marinho, las declaraciones del Presidente Santer se basan en el documento Agenda 2000 que se presentó en julio. 
En sus declaraciones se ha referido al aumento de los créditos para el Objetivo 1 en general, créditos derivados de la ponderación que sigue realizando la Comisión del Objetivo 1, a saber, dos terceras partes de los créditos totales. 
Independientemente de la región de Lisboa, que supera considerablemente el valor umbral del 75 % del producto interior bruto per cápita, el nivel del bienestar regional de las regiones portuguesas se encuentra claramente por debajo de ese umbral, de modo que siguen siendo subvencionables en el marco del Objetivo 1. 
Las regiones que pierden su subvencionabilidad, lo que probablemente va a ser el caso de Lisboa, percibirán un generoso «phasing out». 
Finalmente, la propuesta de mantener el Fondo de Cohesión en su forma actual, tampoco cuestiona la subvencionabilidad adicional de Portugal en el marco de dicho Fondo, de modo que Portugal dispondrá en el futuro de considerables créditos de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. 
Señor Presidente, tenía pensado formular una pregunta a la señora Comisaria sobre si en las cuentas de la Comisión iba incluido el Fondo de Cohesión, la existencia de un Fondo de Cohesión, independientemente de la entrada en la primera línea de la Unión Económica y Monetaria de determinado país que se beneficie de él. 
Me ha satisfecho mucho su respuesta porque, antes incluso de formular la pregunta, la Comisión me ha garantizado aquí que los países que estén en primera línea de la Unión Económica y Monetaria y se adhieran, por tanto, al euro no van a verse perjudicados en relación con el Fondo de Cohesión, que se va a mantener. 
Ha sido una hermosísima respuesta que, desde el punto de vista de los portugueses, es extraordinariamente positiva. 
Señor Presidente, la Agenda 2000 distingue entre la prosecución de la política estructural para los 15 Estados miembros, la pre-adhesión y la ayuda estructural a nuevos Estados miembros tras su adhesión. 
Lo que he dicho y lo que la Agenda 2000 garantiza también en este sentido es que como consecuencia de la adhesión no se reducen las ayudas a las regiones del Objetivo 1 sino que la propuesta sigue previendo dos terceras partes de unos créditos que ascienden en su totalidad. 
Además, el Fondo de Cohesión debe seguir estando abierto para los Estados miembros que no sobrepasen el 90 % del producto social bruto. 
La revisión a la mitad del tiempo se refiere también a este 90 % y no a futuros miembros que se adhieran en el período comprendido entre el año 2000 y el 2006. 
Quisiera saber si le parece a la Comisaria que en el caso de las regiones que pueden aspirar a que se les incluya en el 75 % para la financiación con cargo al Objetivo 1 después de 1999, sería inapropiado aplicar la norma de forma rígida y estadística, teniendo en cuenta que algunas regiones tendrán justo algo más o algo menos del 75 % según algunas estadísticas que, francamente, no son muy fiables. 
En el caso de las regiones que se aproximan al 75 %, ¿no deben tenerse en cuenta factores como, por ejemplo, si se acogieron al Objetivo 1 durante el último examen, o sea, dicho con otras palabras, si se trata de regiones que acaban de reunir las condiciones para ampararse en el Objetivo 1 porque acaban de tener la infraestructura y los procedimientos establecidos para poder beneficiarse de dicho Objetivo 1? 
Sería absurdo que, precisamente cuando empiezan a beneficiarse del Objetivo 1 y a obtener resultados, se les dejara al margen. Me parece que es un aspecto que vale la pena examinar. 
Señor Corbett, debo hacerle observar que su pregunta sale del marco de la pregunta formulada por el Sr. Marinho. 
Estamos contemplando una pregunta que hacía referencia a Portugal y usted ha desbordado ampliamente esta pregunta. 
No sé si la Sra. Wulf-Mathies quiere responder a su pregunta pero en todo caso, no se trata de sobrepasar los ámbitos de una pregunta. 
Tiene usted la palabra si desea responder, Sra. Wulf-Mathies. 
Señor Presidente, creo que puedo expresarme muy brevemente pues me voy a referir más adelante de un modo especial a su pregunta. 
Pero la base para el cálculo de la subvencionabilidad de las regiones son los últimos tres años para los que se dispone de datos regionales. 
Nuestro problema consiste en que tenemos que trabajar sobre normas firmes y, a pesar de que comprendo a cada uno con sus fantásticos argumentos, creo que todos nos meteríamos en enormes complicaciones si no nos atuviésemos a los criterios prescritos. 
En lo que yo puedo ver, el criterio del 75 % es válido en toda la Comunidad sin que apenas sea cuestionado. 
Pregunta nº 39 formulada por Hugh McMahon (H-0777/97): 
Asunto: Agenda 2000 
En sus consideraciones sobre el nuevo Objetivo 2, la Agenda 2000 afirma que «se trataría de escoger un número limitado de zonas significativas para impulsar una estrategia integrada de diversificación económica». ¿Cómo cree la Comisión que deberían escogerse dichas «zonas significativas»? 
¿Se utilizará la clasificación NUTS 1 o NUTS 2 para este propósito? ¿Se dejará la decisión final en manos de cada Estado miembro? 
Señor Presidente, señor McMahon, en la Agenda 2000 la Comisión ha propuesto que se elaboren unos criterios de ayuda comunitarios sencillos, transparentes y específicos para los diversos tipos de zonas que caen bajo el nuevo Objetivo 2. 
Estos criterios deben tener en cuenta las prioridades regionales de los Estados miembros. 
Las zonas en cuestión deben determinarse por ello en el marco de la cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales, debiéndose concentrar la ayuda en las zonas menos favorecidas. 
La realización de una estrategia integrada de desarrollo regional en la que las medidas para la ampliación de la infraestructura, de los recursos humanos y de la economía estén estrechamente entrelazadas entre si, exige sin embargo un determinado tamaño. 
La experiencia con los objetivos 2 y 5b muestra que las regiones o zonas de NUTS 3 con una economía local coherente que sean delimitables desde un punto de vista técnicoadministrativo, son las más adecuadas como concepto geográfico. 
La Comisión persigue sin embargo una cierta flexibilidad que permita tener en cuenta criterios nacionales y regionales. 
Doy gracias a la Comisaria por su respuesta. 
¿Quién va a tomar la decisión sobre los criterios? 
¿Será una decisión conjunta? 
¿Será una decisión de la Comisión? 
¿Serán los Estados miembros los que tomen la decisión? 
En segundo lugar, ¿en qué nivel se basará la decisión? 
¿Se basará en NUTS 1, en NUTS 2 o en NUTS 3? 
Es importante que tengamos alguna indicación del nivel que considera la Comisión. 
¿Cuándo es probable que se adopte la decisión? 
Señor Presidente, en mi respuesta he indicado que parto del hecho de que las regiones NUTS 3, es decir, el nivel NUTS 3, es el nivel adecuado. 
¿Quién decide? 
Por un lado, en los nuevos reglamentos sobre los Fondos Estructurales se determinan los criterios para la subvencionabilidad y, de este modo, la Comisión indica unos criterios europeos que, naturalmente, necesitan de la autorización de los Estados miembros. 
Los criterios nacionales que queremos tener adicionalmente en cuenta serán propuestos por los Estados miembros y la Comisión comprobará cooperativamente hasta qué punto corresponden a los objetivos y efectos perseguidos. 
Aquí no es sólo la Comisión la reina del procedimiento. 
Señor Presidente, quería agradecer a la Comisaria la respuesta que ha dado y le quisiera pedir, si es posible, algunos comentarios respecto a los criterios de elección de estas zonas significativas para el Objetivo 2, fundamentalmente me refiero a las zonas industriales a las que se hace referencia en la Agenda 2000. 
Quisiera saber si la Comisaria piensa que el alto desempleo va a ser uno de los criterios de selección de estas zonas significativas para el Objetivo 2, si el porcentaje del peso de la industria en la estructura económica de esas zonas va a ser un criterio de selección, si el porcentaje de los empleos perdidos en sectores maduros de la industria va a ser un criterio de selección, si problemas añadidos como la exclusión social van a ser otro de los criterios de selección, y, finalmente, si el carácter transfronterizo de estas áreas con problemas estructurales, en la medida en que puede subrayar los problemas estructurales añadidos de estas regiones del Objetivo 2, podría ser también un criterio complementario de selección para las zonas del Objetivo 2. 
Señor Presidente, lo voy a hacer gustosamente. 
Actualmente, estamos elaborando los criterios. 
Por ello, no puedo dar una respuesta concluyente. 
Lo que sí es cierto es que todos los criterios que ha mencionado se deben tener en cuenta. Por ejemplo, respecto a las zonas industriales, la dependencia de un determinado ramo industrial y un desempleo especialmente elevado derivado de ello; para las zonas urbanas, por ejemplo, el grado de exclusión social y para las zonas rurales, no sólo la dependencia de la agricultura sino también el peligro de emigración debido al retroceso de la agricultura. 
Vamos a desarrollar pues criterios de subvencionabilidad orientados al origen de los problemas- regiones industriales, rurales, urbanas. 
Pero también queremos que las medidas a adoptar se hagan en base a un programa y un concepto integrado de desarrollo, pues de lo que se trata es de desarrollar perspectivas para el futuro y no de mirar continuamente hacia el pasado. 
Vamos a realizar propuestas al respecto en los reglamentos de los Fondos Estructurales y estoy segura de que podremos discutir además sobre los diversos criterios. 
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies, por su presencia entre nosotros. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 40 a 79 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
Tiene la palabra el Sr. Howitt para una cuestión de orden. 
Lo felicito, señor Presidente, por mantener la integridad del Turno de preguntas respetando el horario e incluso rebasándolo; su decisión cuenta con mi pleno apoyo. 
Quizá pudiera referirse brevemente a las consecuencias para el orden del día de esta tarde. 
Por el momento hay un debate previsto para que tenga lugar entre las 12.00 y las 12.30 de esta noche. 
Si rebasamos el tiempo previsto, acabará aún más tarde. 
¿Podría darnos usted más detalles sobre esa reunión? 
¿Acabaremos el orden del día o se aplazarán algunos informes? 
Los servicios de la Asamblea me informan de que se prevé que esta noche podrá cumplirse todo el programa previsto dentro de un horario que, efectivamente, terminará sobre las 24.30 horas. 
Esta es la información. 
También dependerá un poco de la disciplina de los diputados y diputadas que intervengan y el respeto que tengan al tiempo que se les asigna, que no siempre es con la exactitud que fuera de desear. 
(La sesión, interrumpida a las 19.10, se reanuda a las 21.00 horas) 
Trabajo a tiempo parcial- Empleo (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto de los siguientes informes. 
A4-0352/97 del Sr. Jöns, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de la Comisión de una directiva del Consejo relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES ((COM (97) 0392-C4-0551/97-97/0221 (SYN) ), -A4-0353/97 del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión " El empleo en Europa- 1997» (COM (97) 0479- C4-0336/97). 
Señor Presidente, solamente quiero hacer un comentario complementario para que el acta de las discusiones sea correcta. 
Un parlamentario sueco dijo anteriormente que yo no estuve presente durante su intervención. 
Yo estuve presente y escuché sus ataques. 
Sin embargo, ahora no hay razón para contestarle, puesto que es él quien no está aquí en este momento. 
Muchas Gracias, Señora Carlsson. 
¿Cómo pudo él pasarla a usted por alto? 
Señor Presidente, felicito a los dos ponentes- no como cláusula de estiloporque realmente han hecho lo mejor que se puede hacer en este tema. 
Otra cosa es que el Sr. Comisario pudiese convencer con estos argumentos o con los que ha manejado la Comisión a los 15 jóvenes a los que se ha convocado el segundo día en la Cumbre de Luxemburgo. 
Probablemente tengamos que acostumbrarnos, al menos en este Parlamento, señor Presidente, a reconocer que en materia de empleo carecemos desde hace mucho tiempo de un patrón teórico, que las enseñanzas del «benchmarking» -la comparación de la industria europea con la industria americana y nipona, que han ido arrebatándonos cuotas de mercado en los países industrializados, y que lo han hecho bastante mejor que nosotros en materia de creación de empleo- arrojan algunas lecciones pero, desde luego, insuficientes para resolver el problema. 
Sabemos, a partir de esa experiencia- que no del patrón teórico -, que los servicios que influyen en la competitividad de las empresas son más caros aquí que en el otro lado del Atlántico y que hay que proceder- seguir procediendo- a la liberalización. 
Sabemos que nuestras infraestructuras son más pobres, pero sabemos también que la Unión Europea no encuentra nunca fondos suficientes para abordar las infraestructuras necesarias para crear empleo. 
Sabemos también que hay que flexibilizar el mercado de trabajo. 
Sabemos también que nuestra dotación en investigación y desarrollo es más baja aquí que en los Estados Unidos, que el protagonismo de la iniciativa privada en ese esfuerzo es menor y que las técnicas que hemos escogido, la ayuda directa, funcionan peor que las bonificaciones fiscales ligadas al beneficio. 
Y repetimos que la fiscalidad sobre el factor trabajo ha subido enormemente mientras se ha reducido la fiscalidad sobre el factor capital. 
Lo que ya no coincide con este diagnóstico son las soluciones que aquí se barajan. 
Es obvio que un impuesto sobre la energía no resuelve el problema. 
Es obvio que, para bajar las cotizaciones a la seguridad social- y esta es la idea concreta, señor Presidente -, hay que empezar a pensar si el impuesto sobre el valor añadido que tenemos con deducción inmediata de los bienes de inversión es el coherente en esta situación de empleo. 
Lo era cuando se puso en marcha. 
Probablemente tengamos que empezar a pensar en un IVA en que el impuesto sobre los bienes de inversión no sea deducible de forma inmediata para encarecer relativamente el factor capital respecto a la mano de obra y favorecer la sustitución de técnicas intensivas en capital por técnicas intensivas en mano de obra. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a ambos ponentes por el excelente trabajo realizado e intervenir, en particular, respecto al informe de la Sra. Jöns relativo al acuerdo referente al trabajo a tiempo parcial, en el ámbito del Protocolo sobre la política social. 
Desde hace tiempo, en todos los textos aparece una palabra mágica: flexibilidad. 
El Consejo la utiliza muchísimo, la propia Comisión la emplea en sus líneas directrices, las partes sociales también la utilizan y el Parlamento Europeo la considera en sus resoluciones uno de los instrumentos para hacer frente al problema del empleo. 
Para convertirse realmente en un instrumento eficaz, la flexibilidad, sin embargo, debe ser interesante y conveniente para todos: trabajadores y empresarios. 
Debe fomentar la solución de los problemas, o sea, debe ser capaz de aumentar el empleo, favorecer la armonía entre trabajo y compromisos familiares para hombres y mujeres, no debe ser discriminatoria respecto a las condiciones de trabajo, las retribuciones, la seguridad social y asistencial, y tampoco debe penalizar las carreras profesionales. Desde este punto de vista, la posición del Consejo es muy contradictoria, ya que de hecho, por una parte, apela a la flexibilidad como instrumento eficaz, pero, luego, por otra, no está dispuesto a adquirir compromisos ni a establecer reglas para manejar y para que se aplique la flexibilidad. 
Los primeros textos de la Comisión que regulan el trabajo atípico se remontan a los años 80. 
Hoy, al final del año 1997, abordamos un problema parcial de reglamentación del trabajo atípico, el trabajo a tiempo parcial, en el ámbito de un acuerdo entre las partes sociales que, evidentemente, a pesar de que lo consideramos muy parcial, saludamos positivamente, porque consideramos que hay que fomentar el diálogo social. 
Aprobamos el informe de la Sra. Jöns y creemos que sus palabras son esclarecedoras; lo aprobamos, puesto que en realidad el acuerdo es inocuo, aunque nos damos cuenta de que el mismo no permite dar unos pasos significativos. 
Aún más contradictorios son los empresarios y creo que estos últimos fueron el elemento fundamental para que el acuerdo fuera tan tímido de cara a afrontar la cuestión. Con frecuencia, en efecto, los empresarios- así sucede en mi país- entienden la flexibilidad sólo de una manera, esto es, como libertad para hacer lo que les apetece en la empresa, sin tener en cuenta derecho alguno. 
Este acuerdo, en consecuencia, es parcial, habida cuenta de que encara sólo una parte de los problemas. Junto con la Sra. Jöns, instamos a la Comisión a que, por último, adopte realmente una posición, proponga una directiva relativa al trabajo atípico, regule todos sus elementos, porque si no la flexibilidad acaba siendo una palabra hueca o todavía más peligrosa. 
Presidente, primero quisiera decir al Comisario que me complace muchísimo verle aún aquí a tan avanzada hora. 
Hay que decir una cosa: se ha hablado aquí mucho sobre flexibilidad, pero el Parlamento acaba de dar otra vez una demostración de la poca flexibilidad con que a veces nos atrevemos a tratar con nuestro propio Reglamento. 
Sea como fuere, quisiera volver a felicitar al colega Hernández Mollar por su informe, sobre todo porque me parece, Señorías, que representa un complemento a lo que nos presentó Van Velzen en su informe. 
Este informe contiene un gran número de puntos de interés que dentro de poco amenazan con desaparecer de la mesa de la Cumbre de Luxemburgo. 
Quisiera mencionar tres puntos. 
Primero y ante todo la importancia que se concede en este informe a la política salarial y a la protección social, también en el marco de la política de empleo. 
Éso era, por lo demás, señor Comisario, uno de los temas importantes en the employment week la semana pasada. 
Recientemente ha llegado a mis manos un estudio, cuya lectura me permito recomendar a su Señorías, que vuelve a indicar nítidamente que a los países de la Unión Europea no les importan nada en absoluto las clásicas recetas de la OCDE. 
Un mayor abanico salarial, más flexibilidad salarial, menos subvenciones generosas apenas tienen influencia en el grado de empleo, colega Carlsson, y por supuesto que no en el desempleo. 
Una política así conduce a la erosión de los sueldos bajos y de seguro a un debilitamiento del nivel de vida de los ciudadanos. 
Y ésa es una elección que la Cumbre de Luxemburgo no puede tomar. 
Estamos a favor de ello, pero respetando las condiciones salariales decentes y no en la forma de obligado workfare. 
Colega Pronk, nosotros, como socialistas, estamos a favor de la reactivación del trabajo a tiempo parcial y de la interrupción de la carrera profesional, tanto para hombres como para mujeres en la misma medida a ser posible, pero entonces con una buena cobertura de seguridad social, de manera que las personas no puedan verse empujadas a la precariedad. 
Presidente, un segundo punto que quisiera mencionar es que en este informe también vuelve a la mesa otro tema ignorado, el de la reducción de la jornada laboral. Lo celebro especialmente. 
Nosotros, como Parlamento Europeo, señor Comisario, ya solicitamos a la Comisión en 1996 que nos pusiera un estudio sobre la mesa, un estudio comparativo, siguiendo los buenos ejemplos de cómo se puede reducir la jornada laboral, de cómo la disminución de la contribución a la seguridad social puede dar un nuevo impulso a la reducción de la jornada laboral. 
Con bastante decepción por mi parte, no he vuelto a encontrar ninguna señal de esto en el nuevo informe de la Comisión: una agenda de empleo para el año 2000. 
Sé que esta problemática es muy diferente en los diversos países de la Unión Europea y también me doy cuenta de que la organización de empresarios de la UNICE no desea en absoluto tratar este tema. 
Pero razón de más, señor Comisario, para que la Comisión Europea ponga de nuevo en la agenda el debate sobre la reducción de la jornada laboral. 
Sé que todos estos temas no serán tratados- o serán tratados de forma insuficiente- en la Cumbre de Luxemburgo, pero espero al menos que los ministros inicien estos importantes debates. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a nuestra colega, la Sra. Jöns, por su informe. 
Comparto plenamente su valoración, incluso en la versión originaria del informe y, por ello, permítanme formular algunos comentarios generales sobre el diálogo social. 
Seguramente, éste es valioso, sólo que los resultados de los interlocutores sociales en Europa, sea la licencia parental sea el trabajo a tiempo parcial, son, lamentablemente, minimalismo en el auténtico sentido de la palabra. 
No nos podemos dar por satisfechos con esto. 
Por esta razón, señor Comisario, no comparto la euforia sobre los resultados que tenemos hasta ahora del diálogo social. 
Sólo tenemos un pie en la puerta. 
Debemos seguir empujándola y a este respecto espero ahora el apoyo de ustedes. 
En todo caso, no estoy seguro del todo acerca de si el apoyo de ustedes va ser suficientemente fuerte. 
No obstante, en caso de que se presente por tercera vez un acuerdo de tan escaso valor, soy de la opinión de que, lamentablemente, debemos rechazarlo. 
Quiero dar las gracias también a nuestro colega, el Sr. Hernández Mollar. Para la cumbre sobre el empleo ha dado impulsos importantes que apoyo en su totalidad. 
Sólo temo, estimado colega, que el Consejo, como lo han hecho los interlocutores sociales en Luxemburgo, ceda al minimalismo y que el resultado sea que recibamos por esto los golpes de la población, porque quizá hayamos suscitado anticipadamente más esperanzas que las que quiere satisfacer el Consejo. 
Espero solamente que mis pronósticos no se vean cumplidos. 
Quisiera dar gracias a todos los que han intervenido en el debate y a todos los que han vuelto a la sala para el final del debate. 
Tenemos ante nosotros dos temas diferentes y quisiera referirme por separado a cada uno de los dos informes. 
En primer lugar, el informe sobre el empleo en Europa en 1997 forma parte del paquete de medidas sobre el empleo adoptado por la Comisión el 1 de octubre, junto con el informe conjunto y la propuesta de la Comisión sobre directrices en materia de empleo. 
Sus Señorías recordarán que hemos tenido un excelente debate sobre las directrices en el último período parcial de sesiones, cuando examinamos el informe van Velzen. 
De hecho, la Sra.Van Lancker intervino con elocuencia también en aquella ocasión. 
En cuanto al tema de que nos estamos ocupando ahora, me limitaré a decirles que la cuestión se examina en el Libro Verde sobre la organización del trabajo y que el plazo para la presentación es el 30 de noviembre. 
Es un debate en curso y no hay duda de que se van a hacer más referencias a él. 
El informe sobre el empleo en Europa es el análisis de la Comisión sobre la situación del empleo, y su presentación de los aspectos de política que se derivan de dicho análisis. 
De la misma manera, el informe del Sr. Hernández Mollar presenta la opinión del Parlamento sobre todas esas cuestiones. 
Me reconforta mucho el grado de convergencia que hay entre las opiniones de la Comisión y las del Parlamento. 
Todos coincidimos en la importancia de la situación económica general. 
La consecución y el mantenimiento de una tasa sustancial de crecimiento es un elemento fundamental para nuestra capacidad de alcanzar los objetivos que se fijan en nuestras directrices. 
Así lo han puesto de relieve varios de los oradores. 
También coincidimos en que el sistema fiscal y de prestaciones debe favorecer el empleo, proporcionando los incentivos necesarios para el empleo y prestando al mismo tiempo el apoyo en materia de ingresos que es la característica del modelo social europeo. 
Entre las numerosas cuestiones interesantes que se plantean en el informe del Sr. Hernández Mollar me parece que hay dos esferas en las que, en mi opinión, está procurando insistir. 
Me voy a ocupar de esas dos cuestiones porque creo que la Comisión también comparte esa insistencia. 
La primera es que es necesario ocuparse de la falta de aptitud y de la estrategia en materia de educación y capacitación que se necesita para colmar y subsanar esa deficiencia. 
En el proyecto de directrices presentado al Consejo Europeo, la Comisión define tres esferas de ataque en las que necesitamos mejorar la situación: la educación básica de los jóvenes que inician su vida laboral, porque representa los cimientos de la fuerza de trabajo del futuro, fácil de adaptar y fácil de emplear. 
Necesitamos ofrecer un sistema de aprendizaje durante toda la vida para que los interesados puedan mejorar sus aptitudes durante toda su vida laboral. 
Necesitamos ocuparnos del problema de las aptitudes de los desempleados, para ayudar a reintegrarles en una posición en la que puedan competir de nuevo en el mercado laboral. 
El Parlamento y la Comisión están totalmente de acuerdo sobre el particular. 
Esperemos que los Estados miembros acepten nuestros puntos de vista. 
La otra cuestión es el problema de las desigualdades entre hombres y mujeres, a la que también se ha hecho referencia en el debate. 
Necesitamos ayudar a la mujer a participar en el mercado laboral. 
A pesar del aumento del número de puestos ocupados por mujeres durante los diez últimos años- y ha sido muy grande- sigue habiendo una discrepancia importante entre la tasa de empleo de hombres y mujeres, que es algo menor en el caso de las tasas de desempleo. 
Ahora bien, la promoción de una mejor reconciliación entre el hombre y su trabajo no es más que la primera fase de la solución de este problema. 
Estoy seguro de que les interesará saber que la reunión conjunta que tuvo lugar ayer por la tarde entre ministros de economía y finanzas y ministros del empleo fue muy buena. 
Mi impresión, después de haber pasado todo el día escuchando el debate, es que tenemos mucho en común. 
Hemos conseguido eliminar muchos malentendidos. 
La reunión conjunta se caracterizó por un elevadísimo nivel de representación. 
En realidad, tuvo el máximo nivel de representación de todas la reuniones que he visto en los cuatro años y medio que llevo aquí. 
Eso ya es un buen presagio para el éxito de la Cumbre sobre el Empleo. 
Nuestras directrices- las que acaban de discutir ustedes- y el informe conjunto constituyen la base principal del debate, por lo que se refiere a la preparación de esa Cumbre. 
Me parece que ha habido un acuerdo aplastante en la reunión gigante del Consejo acerca del procedimiento que ha de seguirse: es decir, acuerdo sobre los planes de acción de los Estados miembros, la supervisión conjunta, las recomendaciones que proceda hacer y, en cuanto al fondo, los cuatro pilares que destaqué aquí en la última ocasión. Todos estaban de acuerdo sobre estas cuestiones. 
También estaban de acuerdo en la necesidad de que haya objetivos cuantitativos y cualitativos. Hubo acuerdo sobre los objetivos de la Unión Europea en relación con los desempleados de larga duración- ya hemos hablado acerca de la juventud y el empleo- y también sobre la cuestión de la capacitación; esta cuestión no está todavía perfectamente definida. 
Va a haber alguna intervención más acerca de su texto. 
Mi opinión es que todo este asunto ha llegado ahora a una especie de línea divisoria como resultado de Amsterdam. 
Esto es lo que refleja el cambio. 
Creo que estamos a punto de alcanzar algo muy importante en el progreso y el desarrollo de la estrategia del empleo en la Unión Europea. 
Todos los factores apuntan al éxito de la Cumbre. 
Eso es lo que yo pienso después de lo que ví ayer. Espero que se materialice mi esperanza. 
En caso afirmativo, volveré aquí para darles noticias muy favorables y muy importantes en relación con lo que ha recomendado el Parlamento y ha presentado la Comisión con miras a alcanzar un éxito completo. 
En cuanto al informe de la Sra.Jöns, la importancia de las nuevas formas de trabajo flexible, especialmente el trabajo a tiempo parcial, han aumentado muy sustancialmente en los últimos años y la tendencia sigue manifestándose en los mercados nacionales del empleo. 
En junio de 1996, la UNICE, el CEEP y las CES expresaron su deseo común, como saben ustedes, de entablar negociaciones sobre los aspectos del trabajo a tiempo parcial. 
Después de una negociación muy prolongada y detallada, las tres organizaciones convinieron el 6 de junio de 1997 en el Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial. 
En la misma ocasión pidieron que el Acuerdo se pusiera en práctica mediante un instrumento del Consejo. 
Todos sabemos eso. 
La Comisión presenta esta propuesta al Consejo con arreglo al artículo 4 (2) del acuerdo sobre política social. 
Para todos nosotros es lamentable que este artículo no estipule la participación del Parlamento Europeo. 
Ahora bien, la Comisión ha cumplido la promesa que hizo al Parlamento y le ha informado acerca de las diversas fases de las consultas de los interlocutores sociales. 
También ha presentado la propuesta al Parlamento para que pueda manifestar su opinión. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar gracias a la ponente, Sra. Jöns, por su informe y por todos los esfuerzos que ha desplegado a fín de obtener aquí un consenso general. 
Dicho lo que antecede, quisiera recalcar que no comparto, por esa razón, la crítica general del acuerdo con los interlocutores sociales contenida en el informe. No les ocultaré que la Comisión se halla también en una posición difícil con relación a una sola enmienda que afecta al contenido material del acuerdo. 
A fín de respetar la autonomía de los interlocutores sociales con arreglo al procedimiento de protocolo social, la Comisión dejó bien sentado en su comunicación del 14 de diciembre de 1993 acerca de aplicación del acuerdo sobre política social, que el Consejo no podía modificar el acuerdo con los interlocutores sociales. 
Por esta razón toda enmienda que modifique los términos del acuerdo y, en particular, los relativos a las razones objetivas y a la labor temporal no se puede aceptar. 
En este contexto la enmienda de transacción 3, que han añadido los Srs.Pronk y van Velzen, no se puede aceptar en la medida en que incluye una definición de los términos antes mencionados. 
Ahora bien, la Comisión supervisará la aplicación de la directiva para cerciorarse, en particular, de que las derogaciones relativas a medidas objetivas y trabajo temporal quedan estrictamente limitadas a esas funciones. 
La Comisión no es partidaria de incluir una propuesta que imponga nuevas obligaciones con arreglo a las enmiendas 1 y 2 a los Estados miembros y los interlocutores sociales. 
Sin embargo, la Comisión supervisará la aplicación de esa directiva y, por lo tanto, abordará las cuestiones que se mencionan en las enmiendas 1 y 2. 
En cuanto a la cuestión más general del papel del Parlamento durante este procedimiento específico, los debates de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer han indicado que ésta es una de las cuestiones que más preocupan al Parlamento. 
A este respecto la Comisión está estudiando actualmente la posibilidad de que el Parlamento Europeo desempeñe un papel algo más activo en este proceso, sin dejar de respetar los términos del Tratado y la autonomía de los interlocutores sociales, pues así tenemos que hacerlo. 
El trabajo a tiempo parcial no es más que un aspecto de la cuestión más amplia de la protección y la promoción de otras formas flexibles de trabajo. 
En realidad la Comisión consultó a los interlocutores sociales en un contexto mucho más amplio que incluía otras formas atípicas de contratos de trabajo. 
Por lo tanto, este acuerdo ha de ser considerado como un importantísimo primer paso adelante. 
En el preámbulo del Acuerdo marco los interlocutores sociales han manifestado ya su intención de examinar la necesidad de concluir acuerdos análogos sobre otras formas flexibles de trabajo. 
En su contribución común a la Cumbre del Empleo adoptada el jueves pasado, día 13 de noviembre, los interlocutores declaran que están estudiando la posibilidad de entablar una nueva negociación. 
La Comisión espera que los interlocutores sociales estén pronto en condiciones de entablar las negociaciones pertinentes, y agradecerá todo anuncio que se le haga pronto a ese respecto. 
Por último, como la cuestión de la seguridad social ha sido mencionada por algunos oradores, diré que la adaptación de las normas de seguridad social para estimular formas más innovadoras de organización del trabajo es una de las cuestiones que abarca el Libro Verde de la Comisión sobre la organización del trabajo. 
No podemos prejuzgar el resultado del debate en curso haciendo en esta fase propuestas de acción. 
Sin embargo, no hay duda de que la cuestión se examinará en el plano de la acción social para la Comisión que vamos a adoptar el año próximo. 
Señor Presidente, ¿no está interpretando mal la Comisión mi enmienda 3? 
En la enmienda no pedimos que se tenga en cuenta esa cuestión en esta directiva. Pedimos que se tenga en cuenta en general. 
Ésa es la diferencia esencial entre la enmienda y el texto original de la resolución que aprobó la Comisión de Asuntos Sociales. 
¿Ha tenido en cuenta el Comisario esa diferencia en su respuesta? 
La respuesta es afirmativa. Dije que estábamos considerando la cuestión a que se ha referido Su Señoría. 
Gracias, Sr. Flynn. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Seguridad de las aeronaves 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0335/97) del Sr. González Triviño, en nombre de la Comisión de Transporte y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento de evaluación de la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad (COM (97) 0055- C4-0140/97-97/0039 (SYN) ). 
Señor Presidente, como ponente de este informe sobre la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan aeropuertos de la Unión Europea, siento una gran satisfacción por el desarrollo de los trabajos en la Comisión de Transportes y Turismo que han permitido alcanzar una opinión unánime sobre las mejoras que pueden introducirse al texto de la directiva propuesta por el Consejo. 
El desgraciado accidente de aviación ocurrido en la República Dominicana en febrero de 1996, con la pérdida de casi 200 vidas, alertó sobre la necesidad de mejorar la inspección de aeronaves de terceros países que utilizan nuestros aeropuertos. 
El texto de la directiva, que parece contar con el respaldo unánime de los países miembros, supone un importante paso adelante para mejorar la seguridad mediante la inspección de aparatos y ordenando la paralización de los mismos cuando haya dudas razonables sobre la seguridad que ofrecen. 
De las catorce enmiendas aprobadas en la Comisión de Transportes y Turismo, hay tres que merecen una especial consideración. 
En primer lugar, quiero destacar la enmienda al artículo 3, que permite ampliar el marco de aplicación de esta directiva a los aviones que, aun operando con una compañía de la Unión Europea, son a todos los efectos prácticos aviones de terceros países que han sido alquilados- a veces incluso con tripulación- para realizar servicios en aeropuertos de la Unión. 
Éste era el caso del desgraciado accidente de la República Dominicana al que hemos aludido anteriormente. 
En segundo lugar, aludiré a la enmienda que se ha aprobado en la Comisión de Transportes y Turismo con la intención de que los servicios de inspección puedan efectuarse sobre una mayoría de los aviones sobre los que puede haber indicios de tener una deficiente seguridad y no sobre un reducido porcentaje de sólo el 10 %, como decía el texto original en su artículo 5. 
Y en tercer lugar, me parece importante hacer mención de la enmienda que hará posible dar publicidad a los nombres de las compañías cuyos aviones han sido sancionados con la inmovilización de sus aparatos por razones de seguridad. 
Creemos que la publicidad es una medida indispensable para añadir fuerza disuasoria a las compañías que operan con aparatos que sufren deficientes niveles de mantenimiento. 
Por último, quiero aclarar la finalidad de una enmienda que presento para su votación en el Pleno, cuya única finalidad es aclarar que el objetivo de esta directiva es que, al hablar de la seguridad de las personas en tierra, no nos estamos refiriendo únicamente al personal de los aeropuertos, sino, además de ese personal, de forma especial, a los residentes de zonas próximas a los aeropuertos. 
Habrá ocasión, en los próximos meses, de mejorar todavía el texto de esta directiva, pero lo más importante ahora es acelerar al máximo el plazo para su entrada en vigor y asegurar los recursos técnicos, económicos y administrativos necesarios para su puesta en práctica de una forma rigurosa y efectiva. 
La existencia de esta directiva servirá además para dar un paso adelante en la creación del mercado único, ya que hará imposible que se continúe con situaciones que existen actualmente en las que una aerolínea, que ve rescindido su permiso de vuelo en un país miembro por motivos de seguridad, puede seguir operando en otro país vecino sin resolver las deficiencias que motivaron la sanción en ese primer lugar. 
Quiero finalmente expresar mi opinión personal de que la aplicación de medidas sancionadoras a las compañías cuyos aparatos presentan deficiencias será posiblemente más eficaz si se reconoce dicha competencia a los servicios de la Comisión Europea, en lugar de a los países miembros de forma individualizada. 
Si hemos de contar con una directiva para todos los aeropuertos de la Unión Europea y en un tema tan delicado como es el de la seguridad, sería deseable que haya un cuerpo de técnicos que apliquen dichas normas de forma homogénea y rigurosa. 
Y concluyo, señor Presidente, mostrando mi agradecimiento al Comisario Sr. Kinnock y a todo su equipo técnico de la Comisión Europea, que una vez más, brazo con brazo con este Parlamento, ha hecho posible modificar el texto original del Consejo y entiendo que entre todos- también los compañeros y compañeras de la Comisión de Transportes y Turismo- hemos logrado una buena directiva que mejorará sustancialmente la seguridad de las aeronaves. 
Señor Presidente, el contenido de la directiva y del informe sobre la evaluación de la seguridad de las aeronaves de terceros países no ha sido un punto discutido en la Comisión de Transportes. 
Parece un procedimiento puramente técnico, pero de la aprobación de semejante regulación dependen vidas humanas. 
En febrero de 1996 cayó cerca de la República Dominicana un Boeing 757 de la sociedad turca Birgen Air. 
Los 189 pasajeros, casi todos ellos turistas en vuelo de regreso a Alemania, perdieron la vida en este accidente. 
Se trataba de un fabricante de aeronaves de un país tercero, de un aeropuerto de un país tercero, de una compañía aérea de un país tercero y de un piloto de un país tercero. 
Por todo ello las investigaciones subsiguientes fueron de una naturaleza pertinentemente complicada. 
Entre nosotros, en la República Federal, se inició en la escena pública una encendida discusión sobre estándares de seguridad, prohibiciones de aterrizaje y de despegue, listas negras, etc. La búsqueda de la causa del incidente y de los eventuales responsables se asemejó a un juego de culpabilización; la responsabilidad fue traída y llevada de la agencia de viajes a la compañía aérea, de ésta a los mecánicos de vuelo y de éstos a la empresa fabricante y al Gobierno alemán. 
En definitiva, se puso de manifiesto que por la presión de la competencia y de la liberalización del transporte aéreo todos los implicados habían trabajado negligentemente y que los controles, prácticamente voluntarios, no eran suficientes en todo el mundo. 
Si hoy en Europa a una aeronave se le prohíbe tomar tierra en un país concreto de la Unión Europea a causa de deficiencias que se hayan detectado, ésta se dirigirá con toda tranquilidad a otro país de la Unión Europea. 
Pienso que sólo este hecho hace necesario que aprobemos una normativa común con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal. 
Con esta directiva se podrán reunir centralizadamente en el futuro todas las informaciones sobre las inspecciones realizadas con carácter preventivo, aquí se establecen las condiciones de inspección y la Comisión podrá dictar prohibiciones de vuelo para determinadas aeronaves o, también, podrá prohibir a determinadas compañías aéreas despegar y tomar tierra en todos los aeropuertos de la UE. 
Nosotros, como Parlamento, pedimos que todas las aeronaves, que sean objeto de un informe o de una sospecha de tener deficiencias sean comprobadas, no sólo el 10 % de éstas. 
Y exigimos que la lista de las prohibiciones de vuelo se publiquen con periodicidad trimestral. 
Esta directiva contribuirá, sin duda, a una mayor seguridad en el transporte aéreo. 
No obstante, faltan aún normas vinculantes sobre la jornada de trabajo de las tripulaciones para reducir los fallos humanos a causa de la excesiva fatiga, y faltan normas vinculantes sobre una buena formación única del personal de mantenimiento para eliminar también de manera consecuente las deficiencias técnicas. 
Por consiguiente, a la Comisión, al Consejo y a nosotros, como Parlamento, nos queda aún mucho trabajo para hacer realidad estas normas de necesidad vital. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, no sólo desde la caída de una aeronave turca cerca de la República Dominicana, en febrero de 1996, sobre la que tanto hemos oído hablar a nuestra colega, la Sra. Schmidbauer, nos ocupamos en el Parlamento Europeo de la seguridad de las aeronaves; nuestro objetivo especial en este caso es la seguridad de las aeronaves de terceros países. 
Para las aeronaves de la Unión Europea tenemos competencias de regulación y a este propósito, si me permiten un comentario de mi propia experiencia, habría que mejorar alguna cosa. 
Como en el caso de la directiva sobre los estados portuarios en el ámbito de los navíos, en el ámbito de las aeronaves hemos de lograr imponer también nuestros estándares como condiciones para autorizar el aterrizaje en los aeropuertos europeos. 
Por esta razón, como Grupo del Partido Popular Europeo, apoyamos la propuesta del ponente, que representa una gran mejora en muchos puntos. 
Sin embargo, como Grupo del PPE, tenemos problemas con un punto. 
¿Puede ser realmente razonable que haya que consultar también opiniones de organizaciones no gubernamentales? 
Pasajeros, personas que viven en las cercanías de los aeropuertos, pilotos, unidades de mantenimiento, informes sobre determinados sobre acontecimientos especiales, sí, pero el Grupo del PPE no colaborará en el caso de las organizaciones no gubernamentales, o lo que sean. 
Quiero decirlo con toda claridad. 
Las inspecciones preventivas son, sin duda, la vía adecuada para una mayor seguridad. 
El intercambio de información y la cooperación son también otro punto importante. 
Debe haber, además, naturalmente, posibilidades de sanción pues, de lo contrario, nuestras reflexiones no servirán de nada. 
En el informe se han integrado también unas propuestas excelentes. 
Especialmente, la publicación es un mecanismo muy importante para procurar que en este ámbito exista una mayor transparencia. 
Pido a la Comisión que tome en serio las propuestas del Parlamento, y no las elimine simplemente de la mesa con el lema de «aquí estamos en el procedimiento de cooperación». 
En interés de la seguridad de los pasajeros en toda Europa, y por más razones, éste sería un asunto importante. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera felicitar a la Comisión por esta valiosa propuesta y al ponente por su excelente informe. 
El ponente señala con razón en su comentario el hecho de que los aeropuertos menos importantes están más dispuestos a hacer la vista gorda, por la presión comercial, ante una aeronave que no esté en perfectas condiciones. 
Me parece inadmisible la inercia de la administración regional ante la presencia de los riesgos diarios que no sólo de manera figurada, sino sobre todo literal, penden sobre la cabeza de los vecinos del aeropuerto de Ostende. 
Cuento, por lo tanto, completamente con esta iniciativa de ley para ver cambiar la postura de la administración y de los propios aeropuertos. 
No sólo los viajeros pueden ser víctimas de un aparato que no está en perfectas condiciones, sino también los residentes. 
Si se trata de aeronaves de carga, que tienen escasa tripulación, son sobre todo los ciudadanos en tierra los vulnerables. 
Presento en nombre de la Comisión de Transportes dos enmiendas para colocar explícitamente a los residentes en las cercanías de los aeropuertos entre los grupos de riesgo. 
Al mismo tiempo me parece también que son ellos, y no sólo los pasajeros, quienes deben poder presentar una queja si constatan una irregularidad. 
Espero, por lo tanto, una rápida aprobación de esta directriz. 
Señor Presidente, Sr. Comisario, se habla tanto de lo que la Unión debe encargarse. 
Aquí tenemos realmente un terreno en el que la Unión debe intervenir en gran medida. 
No está de más discutir la seguridad a bordo de los aviones que llegan a la Unión desde terceros países. 
En realidad, se trata de algo que traspasa las fronteras todo lo posible. 
Tenemos aviones que operan en nombre de compañías supeditadas a la legislación común y que, sin embargo, de hecho son propiedad de sociedades radicadas fuera de la Unión. 
Tenemos aviones que son operados por compañías de terceros países y que, sin embargo, sirven el espacio aéreo europeo. 
Es una cuestión muy, muy importante y celebro el gran acuerdo político dominante. 
El tráfico aéreo aumenta, en parte debido a precios menguantes, pero también debido a necesidades crecientes. 
La competencia creciente ha hecho que los operadores necesiten más aviones, algunos de los cuales son de nueva construcción, sin embargo, también hay muchos que " se sacan del fondo del armario». 
Los aviones reemplazados no siempre son jubilados, sino que pasan de vez en cuando de compañía a compañía tras una nueva mano de pintura. 
Cada año somos testigos de un cierto número de accidentes. 
Es necesario que en el Parlamento Europeo también colaboremos a poner un tope definitivo a los aviones que no cumplen las necesarias exigencias de seguridad y esto, por supuesto, debe producirse en colaboración con la Comisión y el Consejo. 
Uno debe poder estar confiado cuando sale de viaje. 
No debe pasar que uno se ponga a temblar antes de subir a bordo de un autobús o un avión, o un barco si vamos a eso. 
Sin embargo, vemos desgraciadamente que la seguridad de los aviones, especialmente en los aviones de terceros países, no cumple los requisitos que planteamos. 
Por ello es necesario que sigamos trabajando en esta directiva. 
Se pueden tener por supuesto diferentes propuestas e iniciativas aisladas en los Estados miembros, sin embargo, esto no sería efectivo. 
Por esto son necesarios, además, un esfuerzo coordinado y un intercambio de información que posibilite un rápido cerco de los aviones y las compañías que no cumplan los requisitos de seguridad. 
Con esta propuesta de directiva hemos dado un gran paso en la UE en pro de la seguridad de la población. 
Señor Presidente, el accidente ocurrido en la República Dominicana en febrero de 1996 destaca claramente el problema con que nos enfrentamos hoy. 
En aquel caso particular se trataba de un avión turco arrendado por un operador alemán, en el que perecieron los 176 pasajeros. 
Al parecer hubo insuficientes verificaciones en tierra antes del vuelo que, junto con errores cometidos por el piloto, hicieron que un problema técnico de poca importancia se convirtiera en una gran catástrofe. 
Felicito a la Comisión por haber presentado esta propuesta de directiva y al ponente por su excelente trabajo para la preparación de este informe. 
Es la primera de una serie de medidas recomendadas por el grupo de expertos de alto nivel encargado de definir la estrategia de mejoramiento de la aviación comunitaria, que fue tema de un informe anterior presentado por un servidor. 
En aquella ocasión el Parlamento Europeo quería introducir un sistema análogo de comprobaciones de seguridad para aeronaves de terceros países que utilizaban los aeropuertos de la Unión Europea; ese sistema era análogo al que se utiliza en los puertos para el control del sector de transportes marítimos. 
Esto significa que las normas de seguridad de la OACI debían aplicarse en relación con todas las aeronaves de terceros países, a fin de crear una lista negra de los transportistas de terceros países que no cumplieran las normas de seguridad de la Unión Europea. 
Es evidente que el estándar que exige la OACI tendría que imponerse a los aviones de terceros países que transportan pasajeros de la Unión Europea o que se sirven de aeropuertos de la Unión Europea. 
Me satisface el hecho de que por vez primera la JAA centralice todas las informaciones referentes a las comprobaciones en tierra, a las condiciones específicas en las que hay que llevar a cabo las comprobaciones en tierra, y que fije medidas específicas de la Unión Europea para cerciorarse de que se cumplen esas normas. 
Éste es un primer paso digno de elogio y espero que ayude a instituir una seguridad aún mayor en toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, antes que nada quiero felicitar al ponente por su excelente informe sobre nuestra propuesta encaminada a mejorar la seguridad de la aviación mediante el establecimiento de un sistema de inspecciones de las aeronaves de terceros países que se sospeche que no reúnen las normas de seguridad acordadas en el plano internacional. 
No hace falta decir que me agrada que el ponente y otros diputados que han tomado la palabra esta noche nos apoyen en esta importantísima cuestión, y también que muchas de las 15 enmiendas que se proponen sean útiles adiciones o sugerencias que complementan la propuesta de la Comisión. 
El Parlamento recordará, como han dicho el Sr. González Triviño y otros, que después del trágico accidente de Puerto Plata que tuvo lugar en febrero del año pasado y en el cual sucumbieron 176 ciudadanos de la Unión Europea, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo pidieron a la Comisión que estudiara la posibilidad de aplicar medidas que mejoren la seguridad. 
En consecuencia, en junio del año pasado la Comisión publicó su comunicación sobre una estrategia comunitaria para el mejoramiento de la seguridad en el transporte aéreo, que incluía un programa de acción. 
El primer elemento de ese programa que iba a presentarse con carácter de propuesta formal es el que está examinando esta noche el Parlamento. 
Ese texto vió la luz en febrero de este año. 
A la Comisión le agrada poder decir que acepta todas las enmiendas de la comisión parlamentaria, tal como están, excepción hecha de dos, así como la nueva enmienda 15 que abarca cuestiones análogas a las de la enmienda 2. 
Por lo que se refiere a la enmienda 14, que requiere que la Comisión prepare un informe sobre la aplicación de la directiva a más tardar dos años después de su entrada en vigor, diré que si la propuesta se adopta según la opinión del ponente, no me parece que haya ninguna necesidad de preparar otra propuesta sobre el particular en el próximo futuro. 
Sin embargo, estoy dispuesto a aceptar que las circunstancias pueden cambiar y que quizá una nueva propuesta pueda tener razón de ser entonces. 
En consecuencia, la Comisión incorporará el fondo de la enmienda 14 en una propuesta modificada. 
Por último, hay una enmienda que la Comisión no puede apoyar. 
La enmienda 13 de la propuesta, tal como está redactada en la actualidad, pide que se suprima el artículo 12 que requiere de los Estados miembros que establezcan un sistema de sanciones para castigar el incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas para dar efecto a la directiva. 
Estimamos que el artículo 12 es un instrumento necesario para garantizar la debida aplicación de un instrumento jurídico comunitario en los Estados Miembros, y por consiguiente deseamos mantenerlo en el texto. 
Espero que después de reflexionar de nuevo sobre el particular, especialmente teniendo en cuenta que hay un apoyo muy claro y muy fuerte en favor de nuestra propuesta, el Parlamento acabe por compartir nuestra opinión de que el artículo 12 es una disposición necesaria para hacer cumplir la ley. 
Me agrada que haya una actitud común tan positiva en los intentos por mejorar la seguridad del transporte aéreo. 
Esa opinión común es perfectamente coherente con el enfoque de este Parlamento durante muchos años. 
Confío en la pronta adopción de esta propuesta, que debe contribuir a mejorar la seguridad de los ciudadanos europeos y, en realidad, de otros muchos pasajeros de avión, además de proporcionar una protección adicional para las personas que viven cerca de los aeropuertos. 
Por todo lo antedicho aprecio sobremanera los esfuerzos desplegados por el Sr. González Triviño. 
Gracias, Sr. Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Cohesión económica y social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0324/97) del Sr. Izquierdo Collado, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre el primer informe trienal sobre la cohesión Económica y Social (COM (96) 0542- C4-0016/97). 
Señor Presidente, señora Comisaria, este informe fue enviado por la Comisión antes de que ningún documento sobre la Agenda 2000 fuera conocido ni siquiera en forma de borrador por los parlamentarios. 
Muchos de sus conceptos y de sus criterios, hoy sin embargo, son moneda corriente, porque el tiempo ha querido que el informe sobre la cohesión prácticamente se solape con otros informes importantes y entre ellos el de la Agenda 2000. 
El informe de la cohesión que presenta el Parlamento inicia su proceso con una reclamación sobre la filosofía de la cohesión. 
La cohesión no es la Cruz Roja, la cohesión es un ingrediente de justicia en la Unión, la cohesión es la otra cara del mercado único y la cohesión no son subvenciones indefinidas ni indiscriminadas, sino esfuerzos para lograr competitividad en las distintas regiones de la Unión Europea. 
El informe de la Comisión nos ponía delante de los ojos algo evidente: que había habido un avance irregular en materia de cohesión. 
Los Estados se habían aproximado en ese sentido. 
Sin embargo, la cohesión no había afectado de la misma manera a las regiones. 
Las variables de empleo, las variables de investigación y otras muchas manifestaban también que estaban lejos de los objetivos de cohesión que persigue la Unión Europea. 
Decimos en el informe con mucha claridad que el Parlamento está satisfecho con la política estructural de la Unión Europea. 
No solamente está satisfecho con su política, sino con sus responsables políticos y me alegra que esté hoy aquí con nosotros la Comisaria. 
Yo la he oído hablar en Alemania y en otros países de la Unión Europea con el mismo lenguaje y he de decirle, señor Presidente, que para la Comisión de Política Regional ha sido un orgullo poder trabajar con ella y que, indudablemente, aquello de positivo que pueda tener el informe del Parlamento, debe mucho a las ayudas, a los criterios, al debate que hemos establecido con la Comisaria. 
Por tanto, estamos de acuerdo en que hay que transformar muchas cosas con las políticas estructurales. 
Pero decimos con claridad, y debe quedar constancia explícita para este Parlamento y para las instituciones y la opinión pública de la Unión, que somos muy críticos con el resto de las políticas de la Unión Europea en su relación con la cohesión. 
El artículo 130 B del Tratado les exige que colaboren y contribuyan para que la cohesión sea un hecho. 
No podemos perder por la noche lo que hacemos durante el día. 
No se puede quitar a unas regiones con una mano lo que se les ha dado con otra. 
Por ello, es el conjunto de todas las políticas de la Unión lo que puede llevarnos realmente a los objetivos de cohesión que pretende el Parlamento y que pretende la Unión Europea en su conjunto. 
Por tanto, consideramos que debe haber una mejora sustancial en la adecuación de la totalidad de las políticas comunitarias con el objetivo de cohesión. 
Queremos que la investigación no se limite a las regiones más desarrolladas, queremos que las redes transeuropeas se distribuyan de manera lógica y cohesiva, queremos que la política de competencia no haga oídos sordos y cada día se centre más en los aspectos necesariamente cohesivos que debe tener, queremos que la Política Agrícola Común siga avanzando y siga introduciendo cohesión. 
Y este es el mensaje. 
Señor Presidente, hemos tenido un debate largo sobre si el 1.27 % del PIB de la Unión es o no suficiente en materia de cohesión, sobre si repetir los objetivos ya conseguidos en Edimburgo podía dar una imagen negativa para la Unión Europea en el sentido de parecer que estamos estancados. 
Y apostamos por el realismo. 
Un realismo que dice: no estamos en un momento en que se pueda exigir a los Estados más contribución, en este momento en que estamos en la Unión Monetaria, pero, señor Presidente, antes de la ampliación son necesarias unas nuevas perspectivas financieras para atacar de hecho y en serio el proceso de ampliación. 
Quiero agradecer a todos los colegas, señor Presidente, la enorme colaboración que han prestado a este informe y que me han prestado personalmente, y a usted los segundos de más que me ha concedido. 
Señor Presidente, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía ha debatido con interés el primer informe sobre la cohesión llevado a cabo por la Comisión y sus conclusiones- naturalmente más reducidas y sintéticas que las que aporta el Sr. Izquierdo Collado en su magnífico y exhaustivo informecoinciden en sus ámbitos de competencia con las de éste. 
De esta forma, pareciéndonos que el informe de la Comisión realiza un valioso análisis sobre la cohesión, sin embargo adolece de insuficiencias, tanto en su metodología como en su campo de estudio, que deberán subsanarse en ulteriores ediciones del mismo. 
Los puntos básicos en que la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía centra sus críticas y recomendaciones, que coinciden con lo que señala el Sr. Izquierdo Collado, son: primero, tomar en consideración las consecuencias de la ampliación para la definición de los futuros instrumentos de cohesión; segundo, ampliar y mejorar tanto los volúmenes de los fondos como la eficacia de su puesta en ejecución; tercero, dedicar líneas específicas de los fondos a la consecución de una estructura de investigación y desarrollo homogénea en la Unión Europea que permita la aproximación del porcentaje del PIB dedicado a estos menesteres cercana a la de nuestros competidores y, en esa dirección, adecuar también el 5º Programa marco de investigación y la preocupación por la innovación tecnológica y la creación de empleo; cuarta, dada la importancia de la sociedad de la información, actuar igualmente de forma coherente con estos fondos; quinta, condicionar la definición y futura ampliación de la Política Agrícola Común igualmente a estos objetivos; sexta, tomando en consideración el papel desempeñado por el suministro y accesibilidad a la energía en la consecución de la cohesión social, centrar una parte importante y significativa de estos fondos en la infraestructura de suministros; y séptimo, por último, poner en evidencia la contradicción existente entre el actual modelo de crecimiento económico, que está produciendo aumento de la desigualdad, y adecuar para ello que en el futuro no haya un condicionamiento restrictivo para que cambiemos el modelo económico y sea más justo. 
Señor Presidente, me alegra muchísimo que esta noche, aunque sea tan tarde, hayamos tenido la oportunidad de discutir acerca de la política de cohesión. 
El primer informe trienal de la Comisión sobre políticas de cohesión y sus repercusiones ha constituido una parte esencial del proceso de evaluación de las prioridades futuras en materia de políticas de cohesión. 
Tiene lugar en un momento crucial de la reforma de las políticas estructurales y regionales y del paquete de Agenda 2000. 
Empezaremos el proceso haciendo inventario, examinando los logros y los éxitos y, como ha hecho muy eficazmente nuestro ponente en su amplio análisis de la cohesion, fijaremos puntos de referencia para el futuro que podamos utilizar como nuestros manuales de referencia. 
Ahora bien, no puede haber duda alguna acerca de nuestra voluntad de instituir la cohesión. 
De hecho, así se hace constar en cada uno de los Tratados, incluido el Tratado de Amsterdam. 
Todo el mundo está de acuerdo en que es una cuestión tan importante como la maternidad y la tarta de manzana. 
Evidentemente la prueba nos la da la voluntad de traducir esas obligaciones en políticas prácticas. 
El ponente destaca la igualdad de valor- cosa en la que coincido con él- de la política de cohesión con la consecución del mercado único europeo y de la unión económica política y monetaria. 
A veces hay que perdonarnos por dar la impresión de que la cohesión económica y social es una política secundaria. No lo es. 
Es una prioridad fundamental de la Unión Europea para lograr que la Unión Europea sea algo más que un mercado único, una zona de libre comercio o una zona monetaria. 
Las políticas de cohesión revisten importancia vital para conseguir la Europa de los ciudadanos y para prestar apoyo tangible a regiones y comunidades, para abrir el acceso a las oportunidades del mercado único para puestos de trabajo, y para la capacitación. 
Los proyectos visibles que puedo contemplar en mi circunscripción, como el proyecto de capacitación en informática que lancé ayer, constituyen el aspecto humano y proactivo de las políticas de la Unión Europea. 
El apoyo de las comunidades de los territorios carboneros, los proyectos de enseñanza constituyen un componente esencial de la consecución de la cohesión económica y social. 
Los Estados miembros deberían acordarse de esta cuestión en la Cumbre extraordinaria de esta semana sobre el empleo. 
Muy a menudo no se acuerdan o no piensan acerca del papel que desempeña la política de cohesión. 
Sabemos que sigue habiendo desigualdades y el objetivo de la cohesión sigue siendo el intento de superar las desigualdades. 
He de decir que mis observaciones no están dirigidas a la Comisaria Wulf-Mathies, pues todos sabemos lo mucho que se ha esforzado en favor de la política de cohesión, sino a todo el colegio de Comisarios. 
Necesitamos comprobar que hay otras políticas que contribuyen al imperativo de cohesión o que tratan de él. 
Quisiera preguntar a la Comisaria si estima que podría ser útil que cada año tengamos una auditoría centrada en la cohesión y que procurásemos instituir esa cuestión en el programa de trabajo de la Comisión. 
Los otros Comisarios deberían revisar sus propias políticas y ver si están prestando apoyo a la cohesión. 
Una de las escasas críticas que tengo acerca de este excelente informe es que la Comisión no se ha ocupado de la UEM de forma muy efectiva. 
El futuro se nos echa encima a toda velocidad, y todavía no poseemos un análisis claro de las consecuencia de la UEM para nuestras regiones. 
Ya es hora de que nos ocupemos de esas cuestiones. 
Por último, hemos de contar con los medios para que correspondan a nuestras ambiciones en materia de políticas de cohesión, como ha dicho Jacques Santer. 
Las políticas regionales y de cohesión pueden tener éxito si todos trabajamos juntos: los Estados miembros, las regiones y las autoridades locales. 
Las prioridades fundamentales son las siguientes: hemos de ser eficaces, hemos de contar con una distribución justa y equitativa, disponer de una política asequible, porque a veces "menos» es mejor que" más» , y hemos de instituir una política sostenible de cohesión que nos acompañe hasta el próximo milenio. 
Señor Presidente, señora Comisaria, distinguidas señoras y señores, el presente informe del Sr. Izquierdo Collado es un documento inusitadamente amplio que excede con mucho del marco previsto para un análisis crítico de los resultados de los Fondos estructurales durante tres años en lo que se refiere a la cohesión social y económica y a las consecuencias que se derivan del mismo. 
Nos sabemos unánimes con el ponente en muchos puntos, si se trata de reclamar una mayor concentración de los recursos, de una mejor coordinación de las políticas comunitarias, del mejoramiento de la competitividad de la economía, del desarrollo sostenible y de la creación de puestos de trabajo competitivos, pues éstas son de hecho prioridades de la política estructural de la Unión. 
Sin embargo, las regulaciones de detalle en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la financiación de la Unión en el próximo período de planificación y la ampliación que tendrá lugar durante este período no pertenecen directamente a la propuesta de resolución del Informe Collado. 
Pero, puesto que éstas se encuentran incluídas, en parte a pesar de los votos en contra que se dieron en la comisión, toca ahora confrontarse con esto en el Pleno, y a este respecto la mejor solución seguiría siendo la eliminación de estos artículos. 
Por esta razón, el ponente se ve preso de contradicciones. 
Por un lado, se dice acertadamente que es necesario emplear los limitados recursos con precaución, con precisión y, sobre todo, allí donde lo requieran las diferencias que haya que reducir en el nivel de desarrollo económico. 
Al mismo tiempo, con la insistencia en los activos, en los Fondos de cohesión o con la puesta en cuestión del límite superior de los recursos propios y de eventuales correcciones profilácticas hacia arriba se toma demasiado poco en cuenta un principio de la cohesión. Éste reza fomentar el desarrollo de las regiones atrasadas para que con la mayor rapidez posible éstas dejen de necesitar semejante apoyo. 
Por consiguiente, de la concepción de la política estructural europea queda claro que en el caso de las ayudas que están disponibles se trata siempre de un apoyo temporal, mediante el cual se pretende lograr una independencia a medio o a largo plazo respecto de tales ayudas. 
A este respecto, los instrumentarios transitorios constituyen un buen puente para abandonar la tramoya de la financiación. 
La cohesión económica y social no puede ser un camino de una sóla dirección. 
Dar y recibir no pueden sobredeterminarse en exceso mutuamente, pues la solidaridad se convertirá facilmente en lo contrario. 
O dicho de otra manera: los acuerdos financieros se establecen acertadamente sólo para un período determinado de planificación. 
Después los naipes se mezclarán de nuevo de acuerdo con la nueva situación económica que reine en los países de la Unión Europea, tanto para los donantes como para los receptores. 
El ponente demanda con razón criterios para los objetivos a financiar, pero éstos deben ser criterios objetivos, claramente delimitables, como, por ejemplo, en los zonas de objetivo 1, acertadamente, el 75 % del producto interior bruto en el marco de NUTS II. El informe es, ciertamente, controvertible, aunque preventivemente se han concertado algunos compromisos. 
De la adopción de las enmiendas importantes va a depender que el informe obtenga la mayoría de la Asamblea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, querría en primer lugar felicitar al señor Izquierdo Collado por su informe sobre el Informe trienal de la cohesión económica y social. 
Es evidente que este informe se ha producido en un momento en que ha habido también las primeras informaciones sobre la Agenda 2000. 
Creo que el ponente ha hecho bien al tratar el informe en la globalidad de la información de que disponía en estos momentos, porque los informes que se desarrollan en el Parlamento son unos informes vivos de acuerdo con la realidad y no debemos limitarnos a unos compartimentos estancos. 
Tiempo habrá para modificar, si es necesario, las opiniones que el Sr. Izquierdo Collado manifiesta hoy en el informe que presenta. 
La cohesión económica y social es el principio de la Unión Europea, y quiero recordar que en el Tratado de Roma no era uno de los temas que se incluían, pero alguien, precisamente el ministro Spaak, previó ya la necesidad que habría en el futuro de unos instrumentos para fomentar la cohesión económica y social en diversas regiones y en diversas áreas europeas. 
Y en este sentido, creo que la Unión Europea ha avanzado en este aspecto con los instrumentos, los Fondos estructurales, el Fondo de cohesión, la misma Política Agrícola Común, en algunos aspectos, para reforzar esta cohesión económica y social. 
Y es evidente- y lo ha dicho aquí algún orador- que este refuerzo de la cohesión económica y social, estas ayudas que se otorgan, no pueden ser ayudas sin límite, no pueden ser ayudas indefinidas en el tiempo, sino que han de ser debidamente controladas, y lo son. 
Me atrevo a decir que lo son porque la medida de ellas es precisamente la valoración del producto interior de estas regiones que reciben la ayuda de los Fondos estructurales. 
Naturalmente, estas ayudas, si bien están limitadas en el tiempo, también debo decir que son para períodos largos, porque no se efectúa el desarrollo de una región, no se mejora su situación, en un espacio breve de tiempo. 
Por lo tanto, estas ayudas deben tener la consideración de ser ayudas a largo plazo. 
En este sentido, estoy de acuerdo con el ponente cuando pide que debe haber más coordinación en la aplicación de estas políticas, más aplicación- diría yo- del principio de subsidiariedad, dando el papel que corresponde a los organismos regionales y locales y otorgándoles más responsabilidad en su participación en la ejecución de estos Fondos. 
Creo que, en este sentido, nuestra legislación no es la adecuada para poder aplicar este principio de responsabilidad de los organismos regionales para que puedan gestionar los Fondos de cohesión y los Fondos estructurales. 
Creo en este sentido, pues, que es un buen informe y que debe continuarse esta política de Fondos estructurales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe de la Comisión sobre la evolución de la cohesión económica y social en la Unión Europea no puede dejar a nadie satisfecho ni tranquilo. 
Una aproximación muy limitada del PIB de algunos Estados miembros a la media comunitaria no puede ocultar que ese progreso es, en sí mismo, claramente insuficiente y, como tal, no compatible ni conforme con los objetivos fundamentales que el Tratado de la Unión Europea señala al respecto. 
Por otro lado, se comprueba una clara agravación de las asimetrías entre las regiones más ricas y las más pobres y se confirman, sin lugar a dudas, inadecuaciones reales y evidentes de muchas políticas con el objetivo de cohesión, en particular de la Política Agraria Común, cuyo desequilibrio estructural y regional hace que los agricultores más ricos sean los que reciben más del 80 % de las ayudas y que, por ejemplo, un país de la cohesión, como Portugal, sea contribuyente neto a esa política común. 
Pero esas claras limitaciones e insuficiencias eran previsibles. 
Desde luego, porque los medios presupuestarios previstos para el período de 1994 a 1999 eran y son insuficientes, con lo que se confirma la utilidad del techo propuesto por Jacques Delors en Edimburgo para el presupuesto comunitario en 1999 o la indispensabilidad de otros valores muy superiores entonces propuestos por diversos estudios de investigación económica, en los que se demostraba su indispensabilidad para garantizar ritmos de convergencia real adecuados para la consecución de una verdadera cohesión interna. 
De igual modo porque, al ser los medios ya escasos en el punto de partida, las capacidades nacionales de absorción financiera han sido y siguen siendo limitadas, no en función de la ausencia de proyectos o de la ausencia de necesidades, sino por imposiciones presupuestarias restrictivas tendentes a hacer cumplir los objetivos de la moneda única, los cuales confirman así una total contradicción con los objetivos de la cohesión. 
En vísperas de la adopción de decisiones sobre el futuro marco financiero de una Unión con más miembros y con más y nuevas necesidades de apoyos estructurales y de otra índole, resulta cada vez más evidente- al contrario de lo que el Sr. Berend acaba de decir, en un marco en el que se conocen las propuestas de la Agenda 2000 y dado que preferimos, nosotros y el ponente, no esconder la cabeza bajo la arena, como el avestruz -, resulta cada vez más evidente- decía- la pertinencia de algunos aspectos propuestos en el informe del Sr. Izquierdo Collado. 
Desde el mantenimiento del Fondo de Cohesión para los actuales beneficiarios con un PIB nacional inferior al 90 % de la media comunitaria hasta la necesidad de garantizar la continuidad de los niveles de apoyo a los Estados miembros actuales; desde la obligatoriedad de adecuar todas las políticas a los principios y a la práctica de una cohesión real hasta la indispensabilidad de afrontar los nuevos problemas dimanantes de una ampliación con una capacidad financiera reforzada. 
Un consenso en torno a esos aspectos fundamentales nos lleva, ineludiblemente, a la necesidad de volver a ponderar el nivel que la Comisión propone para las futuras perspectivas financieras (1, 27 % del PIB comunitario, es decir, el mismo techo por alcanzar en 1999, cuya insuficiencia ya se ha comprobado) , imponiendo una modificación de los valores propuestos o, como mínimo, una revisión adecuada antes de que se haga realidad la próxima ampliación. 
Señor Presidente, el mercado único europeo ha producido notables beneficios para toda la economía, pero hasta ahora no ha podido ser superada la grieta entre regiones ricas y pobres. 
El desempleo en las diez regiones más pobres es casi siete veces más alto que el desempleo en las diez regiones más ricas. 
El efecto de concentración del mercado único aporta, ciertamente, a las zonas urbanas un bienestar adicional, aunque a costa de las regiones desfavorecidas. 
Hasta ahora no ha podido superarse este desequilibrio, a pesar de que los recursos financieros estructurales han sido suficientes. 
¿Debe continuar esto así? 
Después de haberse producido primero la tendencia a suprimir la cohesión social y económica como política autónoma de solidaridad de la Unión Europea, el informe sobre la cohesión se convierte en un importante alegato en pro del mantenimiento del modelo europeo de sociedad. 
A este respecto hay Ministros de Finanzas que son atacados por fantasías de pagadores netos con magnitudes ficticias. 
En estos últimos tiempos se ha dado cada vez con más frecuencia que el Ministro alemán de Finanzas ha olvidado que en la política estructural no se trata de una mera transferencia de recursos financieros entre los Estados miembros, sino utilizar del mejor modo posible en favor de la Comunidad el potencial económico de la UE. 
¿Es realmente cierto que la Comisión quiere llevar a la práctica las promesas anunciadas en el informe sobre la cohesión y que quiere utilizar con más fuerza la política estructural para un desarrollo armónico de la Comunidad? 
En este punto echo de menos un anclaje de contenido del desarrollo sostenible de la Agenda 2000. 
La sostenibilidad significa la creación de un equilibrio entre ecología, economía y seguridad social, y no sólo para las zonas de concentración urbana, sino también para los territorios desfavorecidos. 
Estos son y serán en el futuro inmediato los espacios rurales. 
Pero una política eficaz de cohesión sólo es posible en combinación con las personas in situ. 
Éstas tienen derecho a un desarrollo adaptado a sus necesidades y no deben recibir impuestos desde arriba proyectos centralistas, como siguen siéndolo todavía las redes transeuropeas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero en primer lugar felicitar, como lo ha hecho el resto de los compañeros, al Sr. Izquierdo por la elaboración de este complicado, difícil, importante e interesante informe. 
Informe sobre el que hemos discutido, además, en distintas y largas jornadas en la Comisión de Política Regional y en donde se evalúa el resultado en los últimos años de la política de cohesión comunitaria como elemento básico y fundamental de la construcción y del futuro de la Unión Europea. 
Es necesario que reflexionemos y tengamos en cuenta, a la hora de debatir y votar este informe, algunos puntos que resultan de vital importancia no sólo en el pasado más reciente, sino en el futuro inmediato y con motivo de la ampliación. 
En cuanto a las políticas de cohesión hay que destacar como resultado positivo el hecho de que las disparidades existentes entre los Estados de la cohesión y el resto se hayan reducido. 
Pero se mantienen lamentablemente las diferencias regionales en renta y han aumentado en cuanto a las tasas de desempleo. 
Este hecho delata la falta de coordinación entre las distintas políticas comunitarias y constata la necesidad de un planteamiento global para asegurar su coherencia con el objetivo de la cohesión económica y social. 
Otro factor preocupante, señor Presidente, suscitado durante el debate de este informe, ha sido el de pretender retirar el Fondo de cohesión a aquellos países que accedan a la primera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Esta idea, de por sí insolidaria, va contra el espíritu y la letra del Tratado, donde se recoge de forma explícita el Fondo de cohesión y su método de aplicación. 
Las necesidades de proyectos medioambientales y de infraestructuras de transportes resultan vitales para estos Estados, se extienden en el tiempo y hace falta muchísima economía para poder financiarlos. 
Sin embargo, el acceso a la Unión Económica y Monetaria es absolutamente coyuntural y no resulta en absoluto ni contradictorio ni incompatible con lo anterior. 
La Comisión Europea así lo ha plasmado en la Agenda 2000 y ello porque entre otras cosas su Servicio Jurídico ha emitido un dictamen que fundamenta la aplicación del Fondo de cohesión, con absoluta independencia del hecho de cumplir o no los criterios de convergencia, del hecho de acceder o no a la moneda única. 
De nada valdrá, y así consta en el informe del Sr. Izquierdo, el esfuerzo realizado por un país para acceder a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria si acto seguido se le castiga con la retirada del Fondo de cohesión que ha resultado y resultará vital durante todo este proceso. 
Por ello, señora Comisaria, pensamos que sería conveniente que transmitiera a esta Asamblea el contenido del dictamen emitido por su Servicio Jurídico, referente a este asunto, para conocimiento y consideración de los miembros de este Parlamento. 
Nos corresponde a nosotros desde el Parlamento Europeo reforzar el significado por el que se incorporó la cohesión al Tratado, esto es, la identificación de una Europa solidaria, de una Europa justa y de un compromiso social. 
Señor Presidente, señoras y señores, la Unión Europea es algo más que un mercado único común. 
Es algo más que una moneda única, que vamos a tener enseguida, sino, desde el punto de vista de su constitución, de su estructura, una Comunidad mantenida por la cohesión. 
Para aquellos que no se ocupan de esto a diario es preciso explicar una vez más el concepto de cohesión. 
Cohesión es una característica que significa que nos miramos mutuamente e intentamos impulsar esta Unión Europea conjuntamente, los más fuertes con los más débiles y los más débiles con los más fuertes. 
Poseemos un gran instrumento a nivel europeo, son los Fondos estructurales. 
Sobre éstos quiero decir enseguida algunas cosas. 
Pero a la cohesión, a la política de la compenetración mutua, pertenecen también las políticas concretas. 
Sobre esto han llamado la atención y han creado sensibilidad nuestro amigo Izquierdo y también el informe sobre la cohesión. 
Las políticas no deben ignorarse mutuamente ni contrarrestarse. 
Esto comienza con que en los estados nacionales no debe practicarse ninguna política que se oponga como un bloque a lo que aspiramos a nivel europeo, pues, de lo contrario, todas las políticas que hagamos aquí serán absurdas por completo. 
Pero esto significa también que hemos de ajustar mutuamente nuestras políticas, y esto no puede funcionar en el sentido de que sometamos todo a un dictado absoluto y no observemos qué objetivos específicos se persiguen, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, donde la calidad es lo más importante y donde ésta ha de mantenerse también por encima de todo. 
Estoy realmente agradecido al Sr. Izquierdo, y digo esto en contraste con lo que ha dicho nuestro colega, el Sr. Rolf Berend, por haber elaborado la amplia paleta que se muestra aquí. 
Esto tiene que ver también con los Fondos estructurales. 
En la discusión nos vimos precisados a observar que no hay ninguna posición concreta en este punto. 
La discusión sobre los Fondos estructurales se celebrará el año que viene. 
Sin duda es cierto que debe haber orientaciones para esta discusión y es también cierto, sin duda alguna, que hay que extraer lecciones del informe sobre la cohesión. 
En la comisión y luego, en las discusiones, hemos tenido problemas en establecer el Fondo de cohesión para el año próximo. 
Digo esto como mi último comentario. 
No queríamos permitir ningún compromiso en lo que respecta a los próximos debates sobre los Fondos estructurales. 
No queremos introducir ningún fondo que en definitiva pueda conducir también en algún momento a una mera compensación financiera. 
Por esta razón hemos dejado claro que este compromiso, que se ha logrado ahora, es vinculante para nosotros en su formulación y lo podemos defender también. 
Por lo mismo quiero dar las gracias a mi colega, el Sr. Izquierdo, que ha invertido aquí un trabajo enorme. 
Se ha hecho realmente merecedor de reconocimiento en el tema de la cohesión y quiero felicitarlo por su informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el proceso de mundialización que registra en la actualidad la vida económica influye enormemente en la realización de la cohesión, por lo que la UE debería actuar de manera eficaz para contrarrestar esta situación. 
Sin embargo, las actividades de la UE en materia de política intrínsecamente interior no se han ajustado al espíritu del Artículo 130 B. Por ejemplo, la política de la UE en los ámbitos de transporte, competencia y ciencia e investigación se ha centrado más en influir en la vida económica que en fomentar la cohesión. 
Igualmente, por lo que respecta a la política energética, existen otras alternativas para incrementar la cohesión en lugar de la concentración. 
Como botón de muestra, cabe mencionar los recursos bioenergéticos de las regiones más septentrionales y el aprovechamiento eficaz de los mismos. 
Todo parece indicar que la UE presta mayor importancia en estos momentos a armonizar las políticas económicas y los sistemas monetarios que a garantizar las condiciones de vida en las regiones periféricas. 
Igualmente, esta circunstancia se refleja tanto en los recortes en los presupuestos de los Estados miembros, como en la sobriedad que regirá la futura distribución del presupuesto de la UE. 
En nombre de la política de cohesión, la UE debería velar por el cumplimiento del principio de complementariedad en los Estados miembros. 
Los fondos actuales de la UE sustituyen a menudo lo que antes eran fondos nacionales para política regional. 
La cohesión reviste también una gran importancia en la UE de cara a la viabilidad de la agricultura en todo su territorio. 
El actual sistema de ayudas agrícolas no presta la suficiente atención a las dificultades de producción que ocasionan los factores relacionados con el clima y con otros fenómenos naturales, tanto en las regiones periféricas del norte como en las del sur. 
El frío y la sequía, la escasa densidad de población y las largas distancias entre los puntos de producción y los mercados constituyen factores causantes de perjuicios que deben verse compensados. 
Esta es una de las cuestiones principales de la política de cohesión, a pesar de que el presente informe le haya dedicado una atención a todas luces insuficiente. 
Una política de cohesión funcional y eficiente requiere que la UE apoye el desarrollo de sus regiones de acuerdo con sus propias condiciones, así como que se dote a sus procedimientos de actuación de una mayor flexibilidad. 
Señor Presidente, la política de cohesión se enfrentará próximamente a dos desafíos: la Unión Económica y Monetaria, y la ampliación. 
Tanto una como otra pueden conducir a una profundización de las disparidades regionales existentes, como se ha venido insistiendo en intervenciones anteriores. 
El hecho de que se puedan profundizar las diferencias pone de manifiesto que ha habido un fracaso relativo en la aplicación del Fondo de cohesión. 
El reconocimiento de ese fracaso debería ser el punto de partida de cualquier reflexión sobre su futuro. 
Entre otras razones, porque el rigor presupuestario derivado del Pacto de estabilidad puede poner en peligro incluso los objetivos alcanzados. 
Los peligros que se ciernen evidencian que hay que dar al Fondo de cohesión un contenido más redistributivo que el que tiene en el presente. 
Para concluir, quiero señalar que apoyamos las medidas propuestas en este informe en materia de coordinación de las políticas comunitarias, de transparencia en la gestión, de creación de empleo, etc. Pero todas estas medidas se quedan sin contenido si no se da un respaldo al Fondo de cohesión como un fin en sí mismo, y no como un medio subordinado a otras políticas. 
Señor Presidente, el poco tiempo a disposición, nos obliga a hacer una selección y a no abordar aspectos de fondo o de valorización del propio informe de la Comisión. 
El presente informe demuestra lo peligrosa que es la teoría del justo retorno, llevada a cabo por algunos Estados miembros, a la hora de aplicar la política de cohesión, y demuestra que las demás políticas contribuyen al logro del objetivo de la cohesión sólo parcialmente. 
Me voy a limitar al mensaje fundamental que el Parlamento quiere lanzar a través del informe Izquierdo Collado, puesto que estamos en vísperas de la reforma de los Fondos y del proceso de ampliación, de la realización de la Unión Monetaria y del Consejo Extraordinario sobre el empleo: citas que, en nuestra opinión, deberán sentir la influencia del seguimiento de este informe y ante todo de los elementos entresacados del informe del Parlamento, esto es, la dificultad de superar las disparidades regionales; el hecho de que las demás políticas de la Unión, pero también muchas políticas nacionales, no contribuyen a la cohesión y el hecho de que el informe tiene unas lagunas, por ejemplo, la de no afrontar totalmente las consecuencias de la ampliación, la realización de la Unión Monetaria y sobre todo el después de la Unión Monetaria. 
Para terminar, deseo preguntar a la señora Comisaria si en la réplica nos podrá decir qué valor otorgará la Comisión al propio informe, así como al dictamen del Parlamento, a fin de esclarecer las futuras opciones. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, si el primer Informe trienal sobre la cohesión era un buen documento de análisis y reflexión por el que la Comisión y, singularmente, la Dirección General XVI eran merecedoras de aplauso, el informe que sobre dicho documento nos presenta nuestro compañero Juan de Dios Izquierdo constituye un texto equilibrado, bien estructurado, que contiene un análisis riguroso y profundo y cuya simple lectura refleja el gran esfuerzo que su elaboración ha comportado. 
Quiero destacar dos afirmaciones que se contienen en la exposición de motivos de este informe: la primera apunta a que las disparidades en el seno de la Unión, a pesar de los avances realizados y de la eficacia demostrada por las políticas estructurales, apenas han disminuido en los últimos diez años; la segunda destaca que casi todas las políticas comunitarias tienen efectos claramente contraproducentes para la cohesión. 
Estas afirmaciones implican que tanto el artículo 130 A del Tratado como el artículo 130 B no se aplican con rigor. 
Ni la política estructural tiene dotación financiera suficiente para posibilitar una rápida reducción de las disparidades regionales a medio plazo, ni las políticas comunitarias en su formulación tienen presente el objetivo básico de reducir disparidades regionales. 
La Agenda 2000 puede corregir estas disfunciones. 
La reforma de la política regional, concentrando la acción de los Fondos estructurales, racionalizando la programación regional, manteniendo el Fondo de cohesión en su formulación actual y manteniendo la posición relativa de las regiones del Objetivo 1 determinadas, eso sí, con criterios estrictos, puede ser una ocasión de oro para avanzar en la reducción de los desequilibrios regionales, máxime si en un contexto de ampliación se pudiera afrontar una revisión de las perspectivas financieras que dote a la Unión Europea de recursos suplementarios por encima del 1, 27 % del PNB. 
La reforma de la PAC puede permitir reequilibrar la agricultura de la Unión Europea si no se sigue la política continuista de la Comisión y se logra un equilibrio entre agricultura continental y mediterránea, de modo que la política más dotada financieramente en el presupuesto comunitario esté igualmente presidida por criterios de cohesión económica y social. 
Termino reiterando mi sincera felicitación a nuestro ponente por su excelente trabajo. 
Señora Presidenta, para empezar, nosotros consideramos positivo el informe del Sr. Collado, porque aborda verdaderamente el crítico tema de la cohesión económica y social. 
Sin embargo, quiero hacer determinadas observaciones en cuanto a las omisiones, los vacíos y las contradicciones que hay en este informe. 
No dice, en ningún punto, que problemas de política exterior o dificultades que tienen algunas regiones de la Comunidad, influyen negativamente en la cohesión, en su crecimiento y, por consiguiente, en el proceso de su igualación a otras regiones. 
Primero, refiero el ejemplo de Grecia, en la que la situación en el Egeo, la ofensiva turca, los armamentos sin sentido y peligrosos influyen negativamente en el desarrollo de determinadas zonas y, especialmente, de las islas del Egeo. 
Segundo, el informe no se refiere a al distribución desigual de los- por otra parte limitados- fondos. 
Aumentan señora Presidenta los fondos para Alemania y para España, para el periodo 1994-1999, y reducen los fondos para Grecia y Portugal, que son los países pobres por excelencia, de la Comunidad. 
Tercero, me impresiona que el informe no diga en ningún punto dónde van estas cantidades, porque teniendo Grecia como ejemplo, y lo sabe la Sra. Comisaria, van a tonterías, a construcciones de palacios de música que no contribuyen ni al desarrollo, ni al empleo, ni- mucho menos- pueden considerarse inversiones productivas. 
Por consiguiente, señora Presidenta, debemos completar este informe, o bien con enmiendas o bien de otra manera, y principalmente, corregir lo que subraya el informe, es decir, que las sumas de que se dispone no se corresponden con las necesidades de una cohesión política y económica real. 
Comienzo diciendo, señora Presidenta y Señorías, que la cohesión es vital para una Unión cada vez más integrada y que muy en breve va a adoptar el federalismo monetario. 
La experiencia histÓrIca de los Estados federales o protofederales muestra claramente que los presupuestos federales deben tener una función de redistribución, equidad y justicia. 
El presupuesto de la Unión Europea, además de responder a la ampliación, no puede eludir esa cuestión esencial. 
El informe del Sr. Izquierdo Collado hace un excelente examen crítico del informe trienal de la Comisión, que en sí mismo es un informe de gran calidad técnica y gran rigor de análisis, pero, como el Sr. Izquierdo Collado no ha querido ser como un monje copista que repitiera constantemente lo ya dicho, hace bien el enlace con la Agenda 2000, con lo que anticipa una reflexión esencial para el futuro de la Unión. 
Tres observaciones me parecen necesarias: hay que rechazar el techo de 1, 27 % propuesto para las perspectivas financieras. 
Representa un encorsetamiento peligroso. 
Antes, en el conjunto de medidas Delors II, fue un estímulo, ahora es un bloqueo. 
En segundo lugar, se debe conservar el Fondo de Cohesión, dada su eficiencia y actualidad. 
En tercer lugar, los países y las regiones actuales de la cohesión no pueden, por principio, pagar la factura de la ampliación, aunque se trate de un pago parcial. 
Así, reducir los apoyos a los países de la cohesión sería lamentable. 
No se puede castigar a Portugal, por ejemplo, por los buenos resultados obtenidos, por ser un buen alumno europeo. 
Sólo Portugal ha logrado la hazaña de cumplir los criterios de idoneidad y conseguir mantener una línea de convergencia real- en 1995, Portugal registraba el 67, 4 % de la media comunitaria, en 1996 subió al 68, 3 % y en 1997, con una tasa de crecimiento calculada en el 4 %, puede subir hasta cerca del 70 % y, por cierto, con un desempleo controlado- sería grave, injusto y paradójico que por ello se viera castigado. 
Sería como castigar la virtud. 
Este equívoco no sucede por primera vez. En la comisión he hecho ya la propuesta de que en el futuro se nos hable sólo por el nombre de pila. 
Señora Presidenta, señora Comisaria. Mi predecesor en el uso de la palabra, el Sr. Lage ha dado realmente la clave al decir que aquí se trata de una redistribución. 
Nos ocupará todavía por mucho tiempo. 
¿Qué significa la cohesión económica y social? En mi opinión, no significa la consecución de situaciones vitales iguales, pues este modelo de redistribución socialista no se ha acreditado en la práctica. 
Es irrealizable. 
Lo que debemos buscar es la consecución de situaciones de vida comparables y esto es algo más que un juego semántico. 
Detrás se esconde el hecho de que podemos aceptar absolutamente diferencias en la Unión Europea, merced a las cuales será posible y necesaria una competencia. 
La segunda puntualización es que la cohesión económica y social no es sólo, ni siquiera en primer lugar, tarea de la Unión Europea, sino un asunto de los Estados miembros, pues los instrumentos y los recursos de la Unión Europea sólo pueden ser de flanqueo y de complementación. 
Señora Presidenta, el documento de la Comisión constituye un importante análisis de lo que ha ocurrido a nivel europeo en el ámbito de la cohesión. 
El informe del Sr Collado representa también otro buen análisis a este respecto. 
Pero tan importante resulta analizar como saber cuáles serán las consecuencias de este análisis. 
¿Cómo se puede mejorar la igualdad entre las regiones? 
¿Cómo pueden ponerse las regiones menos desarrolladas a la altura de las más desarrolladas para que puedan aprovechar sus propios recursos? 
Como telón de fondo, debemos contar con una estrategia acerca de este desarrollo. 
Sin una base teórica de fondo acerca de los elementos que influyen en el desarrollo regional, no lograremos avanzar, nos quedaremos en una dispersión de proyectos, inconexos entre sí, a los que van a parar enormes sumas de dinero. 
Deberemos tener todo esto presente cuando reflexionemos sobre el futuro del Fondo de cohesión. 
La idea planteada por la Sra. McCarthy para examinar regularmente los avances en materia de cohesión podría resultar de ayuda a esta visión estratégica. 
En tal caso, nos veríamos obligados a reflexionar también sobre cuáles son los verdaderos resultados. 
Además, no se puede menospreciar la importancia de las políticas nacionales en materia económica y estructural ni de la UEM. 
En realidad, los Fondos estructurales y de cohesión no son sino un pequeño elemento al lado de las políticas económicas nacionales y de todo lo que conllevará la UEM. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la cohesión económica y social de Europa es principio esencial y objetivo prioritario de la construcción europea en pie de igualdad con la Unión Monetaria o el Mercado Único. 
Sin embargo, los objetivos de los artículos 130 A y B del Tratado no han sido alcanzados. 
El informe de la cohesión de la Comisión así lo pone de manifiesto. 
Se han reducido las disparidades entre Estados pero la brecha que separa a regiones pobres de regiones ricas se mantiene. 
La renta per cápita de las 25 primeras regiones es tres veces superior a las 25 más atrasadas. 
Hay que reforzar, por lo tanto, la política de cohesión, la solidaridad europea que, no hay que olvidarlo, beneficia a todos y no sólo a aquellos a los que va directamente dirigida. 
No estamos diseñando distintas políticas sectoriales. 
Estamos construyendo un continente. 
Estamos dotando de cohesión territorial a Europa ante los desafíos históricos de la moneda única y la consecución de la gran Europa. 
Hay que estar, pues, a la altura de las circunstancias que vivimos y programar financieramente los retos que afrontamos aportando los medios para nuestras ambiciones. 
La inexcusable ampliación no puede lograrse a costa de la actual cohesión de Europa. 
Debemos simplificar programas y concentrar recursos en las regiones más atrasadas y periféricas de la Unión manteniendo, como hasta ahora, los dos tercios de los Fondos estructurales para el Objetivo nº 1- como ha propuesto la Comisióny debemos cumplir el Tratado y hacer que todas las políticas- y no sólo las estructurales- tiendan a la cohesión económica y social: la política agrícola, la pesquera, la de I+D, la de transportes, la competencia, las ayudas públicas- de las que se benefician más, en definitiva, las regiones ricas que las pobres-. 
El informe Izquierdo Collado contempla todas, o prácticamente todas, estas cuestiones. 
No siempre vemos en el informe todas aquellas cuestiones que quisiéramos ver, evidentemente, pero el consenso en esta materia es necesario, aunque sé bien que es difícil de alcanzar, porque fui ponente- el Sr. Izquierdo Collado lo sabeen el primer informe de la Comisión de Política Regional sobre el futuro de la cohesión económica y social. 
Pero, por todo ello, por todo lo que se ha conseguido en este informe, por su exhaustividad y su rigor, quiero concluir esta intervención, señora Presidenta, Señorías, felicitando muy sinceramente al Sr. Izquierdo Collado por su magnífico trabajo. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, estando totalmente de acuerdo con los puntos de vista que se expresan en el informe en cuestión, querría también yo, subrayar la comprobación de que, el que, tras diez años de acción de los Fondos Estructurales, siga habiendo tremendas desigualdades económicas y sociales en las distintas regiones de la Unión Europea significa que el objetivo de la cohesión económica y social se sitúa en un proceso no sólo muy largo, sino también insistente. 
La política de convergencia y de cohesión, esta política puntera sin la cual la integración europea es imposible, debe continuarse, de modo que se consolide cuanto se ha conquistado y que se asegure una marcha firme hacia el crecimiento, la competitividad y la convergencia en los próximos años. 
Las limitaciones financieras que impone el Tratado de estabilidad y de crecimiento, como también las reordenaciones esperadas en el mercado europeo por la próxima ampliación y las posibles consecuencias negativas en las regiones de la Unión menos desarrolladas, como es Grecia, hacen urgente la necesidad de intensificar los esfuerzos y de reforzar la política de cohesión con recursos suficientes en el nuevo periodo de programas. 
Señora Presidenta, está fuera de discusión que la cohesión económica y social en un componente esencial de la política de la Unión Europea. 
El objetivo de esta política de cohesión es la reducción de las desigualdades entre las regiones de la Unión Europea. 
Visto esto así, Europa es también solidaridad, pero la solidaridad tiene también, naturalmente, sus límites, y los Estados ricos tienen también pobreza y problemas estructurales dentro de sus fronteras estatales. 
Desde este punto de vista los pagadores netos no quieren ser solamente pagadores. 
Consideran importante que los límites absolutos del 1, 27 % del producto interior bruto sigan siendo también realmente límites por debajo del 0, 46 % en lo que respecta la política presupuestaria y estructural. 
En este contexto se me plantea, y probablemente no sólo a mí sino también a otros, la pregunta de si en un informe que trata los años de 1994 a 1996, han de abordarse ámbitos temáticos que se refieren al futuro del Fondo de cohesión o a la futura financiación de la Unión. 
Sobre este trasfondo se nos planten, por decirlo así, algunos interrogantes. 
Hay que considerar necesario el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y una mayor introducción de las iniciativas privadas en las políticas estructurales y reformistas en el marco de la Unión, en especial cuando se trate de la creación o del mantenimiento de puestos de trabajo y, por ende, de la reducción del desempleo. 
En este ámbito Europa no sólo vive realmente en una solidaridad abstracta, sino en la solidaridad que es importante para cada uno de los que buscan un puesto de trabajo. 
Sobre el tema de la «ampliación» que ha sido mencionado también con razón en el Informe Izquierdo Collado, no cabe menos que subrayar que la fase preparatoria debe ser apoyada mediante un instrumento financiero especial para que estos países puedan ser conducidos también realmente a la Comunidad de la Europa común. 
Señora Presidenta, el informe de mi compatriota y adversario político, Izquierdo Collado, no es bueno. 
Es magnífico. 
Y es magnífico porque ha sabido plantear el tema desde una óptica no nacional, desde una óptica no partidista, desde una óptica estrictamente europea. 
Desde la óptica de la filosofía y el modelo social que debe presidir el proceso de construcción europea. 
El Grupo del señor Izquierdo Collado y el mío, que son los dos más importantes en la construcción europea, coinciden en que Europa sólo será posible sobre la base de dos elementos: un mercado que funcione y la aplicación estricta del principio de compensación social. 
Por eso, todos han repetido que el proceso de construcción europea se apoya en tres pilares igualmente importantes: el mercado interior, la Unión Económica y Monetaria y la cohesión económica y social. 
¿Cómo ha funcionado la cohesión en el período que contemplamos? 
Las conclusiones son claras: si se suman los efectos de las ayudas internas- las ayudas estatales -, de las políticas comunitarias no estructurales- fundamentalmente las políticas de investigación y desarrollo- y de las políticas propiamente estructurales, la cohesión ha salido perdiendo. 
Ha salido perdiendo porque la distancia entre las 25 regiones más ricas y más pobres es igual al principio que al final del período. 
Ha salido perdiendo porque las diferencias interestatales han aumentado. 
Y ha salido perdiendo porque las ayudas por habitante, sumando las tres, son mucho más fuertes en los países de fuera de la cohesión que en los países de la cohesión. 
¿Qué hacer? 
No aflojar en el esfuerzo de la cohesión, porque ésta ha sido insuficiente, porque la culminación del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria va a reforzar la centralización de actividades en los países más ricos y, en tercer lugar- algo que no tiene en cuenta el informe -, porque, cuando se prescinda del tipo de cambio y de la política monetaria para hacer frente a las crisis asimétricas, tendremos más necesidad que nunca de fondos que hagan efectivo el principio de cohesión. 
Enhorabuena, ponente, y lo único que siento es que no pertenezcas a mi Grupo político. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, distinguidas señoras y señores, en este informe y en lo que estamos discutiendo veo que los ámbitos «estructura y agricultura» se encuentran en el banco de pruebas. 
Quiero contradecir al Sr. Rack. 
¿De qué sirve una valoración del pasado si no se extrae también de ella claves para los años siguientes? 
El Sr. Izquierdo Collado intenta argumentar mirando al futuro, sabiendo que la UE se encuentra en movimiento y que nos hallamos ahora ante cambios muy relevantes si queremos introducir también la ampliación en nuestras reflexiones. 
Es acertado hacer esto pues va a venir una ampliación y ésta es políticamente necesaria e incluso se desea. 
A nosotros nos corresponde preguntar por los costes. 
¿Puede una familia europea seguir administrando como hasta ahora, si hay que cuidar a más miembros de la familia? 
¿Hay que cambiar quizá esta o aquella cosa? 
¿Hay que hacer restricciones, incluso? 
Aquí no cabe una mentalidad inmovilista. 
Los Fondos estructurales se han instituido para facilitar una adaptación a las regiones más pobres de la UE. 
Parto del supuesto de que estas regiones se podrán adaptar también a lo largo de los años si utilizan eficazmente los recursos. 
Ahora es posible mostrar ya algunos éxitos. 
Esto no sería así, si se hubieran empleado mal los recursos. 
Por esta razón es un poco prematura la actual discusión sobre el aumento de los recursos propios. 
Sin duda, dentro de cinco años tendremos que pensar otra vez sobre esto, tendremos que hacer comprobaciones otra vez, soy partidario de ello y mi grupo se muestra también partidario de lo mismo. 
Lo mismo hay que hacer, en mi opinión, con el Fondo de cohesión. 
Este Fondo fue creado para ayudar a los Estados miembros a recorrer el camino hacia la unión monetaria. 
Una vez conseguida ésta, habrá cumplido su tarea, en mi opinión, el Fondo de cohesión. 
Si fueran necesarias otras ayudas, habrá que pensar en otra posibilidad, quizá también dentro del marco de una ayuda estructural. 
La cohesión económica y social no puede medirse solamente en recursos financieros. 
Es la cohesión que debe proceder también de dentro. 
Lamento que esta tarde hayamos podido decir tan pocas positivas, tampoco dispongo de tiempo. 
Sólo quiero decir una frase: la política estructural, la política regional, ha mostrado también éxitos positivos y deberíamos mencionarlos también. 
Señora Presidenta, señoras y señores, permítanme, en primer lugar, dar las gracias al ponente, el Sr. Izquierdo Collado, por su excelente informe, y permítanme darle una vez más las gracias por haber afirmado que el Parlamento Europeo está satisfecho con la política estructural. 
Creo que esto implica probablemente un seguimiento crítico, pero a uno le alegra también escuchar alguna vez una afirmación positiva. 
En este sentido, gracias también a usted, Sra. Klaß, porque también usted reconoce los éxitos de la política estructural. 
Sin embargo, quisiera decir también expresamente a mis colegas de la Comisión que el informe sobre la cohesión está impregnado del convencimiento común de la Comisión de que la política de cohesión constituye un pilar fundamental de la sostenibilidad del modelo europeo de integración. 
Creo que esto se pone de manifiesto en muchas decisiones, no sólo en relación con la política de cohesión. 
Por esta razón, la cohesión económica y social como principio conductor de la política comunitaria va también mucho más allá de la dimensión económica. 
Los objetivos de la política estructural y su realización práctica in situ contribuyen sustancialmente al entendimiento y a la aceptación de la Unión Europea así como a la fundamentación de la dimensión social en Europa. 
Creo que esto se pone también claramente de manifiesto en el informe sobre la cohesión. 
Algunos de ustedes se han manifestado sobre los otros ámbitos de la política de la Unión que han sido investigados por vez primera en relación con la cohesión. 
Quiero poner en claro una vez más que en esa tarea, naturalmente, no se deben perder de vista los objetivos principales de estas políticas comunitarias. 
Por esta razón, desde nuestro punto de vista tampoco hay que valorar su contribución al objetivo de la cohesión de una manera tan negativa como se ha puesto de manifiesto en el propio informe y en las intervenciones del debate. 
Así, por ejemplo, la reforma de la política agrícola común desde 1992 ha tenido efectos positivos sobre la cohesión porque ha asegurado transferencias más elevadas de recursos financieros en favor de los Estados miembros y de las regiones que son más pobres. 
A esto hace referencia la Comisión de Agricultura en su opinión. 
Considero importante que con la Agenda 2000 podamos continuar este camino. 
El objetivo principal de la política de investigación- permítanme afirmarlo brevemente una vez más- es reforzar la competitividad de la Unión Europea en el ámbito de las tecnologías punta, sobre todo frente a los Estados Unidos y Japón. 
No obstante, una importante contribución de los programas marco de investigación consiste también en la difusión de resultados de investigación y de proyectos de transferencia de tecnología, para que los nuevos conocimientos sean útiles también a todos, y ustedes pueden encontrar un buen número de éstos en los programas marco de investigación. 
A pesar de todo, la Comisión se siente instada a influir también en el futuro sobre el aprovechamiento de sinergias y a una mejor coordinación de todas las políticas comunitarias. 
La Comisión celebra el apoyo de sus propuestas de reforma y, si no he entendido mal, parece que también, a fin de cuentas, existe un consenso, si se lee entre líneas, tanto en el marco presupuestario como en las prioridades y en las necesidades para la reforma del reglamento sobre los Fondos estructurales. 
La Comisión está convencida de que las propuestas de la Agenda 2000 garantizan también en el futuro la solidaridad ilimitada con las regiones más débiles de la Unión y permiten una apertura paulatina para nuevos miembros. 
Por esta razón tampoco consideramos necesarios los cambios en el presupuesto e incluso los cambios en la previsión financiera. 
Creo que se puede observar también coincidencia en relación con la necesidad de concentrar los objetivos y los programas. 
Creo que coincidimos también en los objetivos esenciales como la eliminación de las disparidades del desarrollo, la lucha contra el desempleo y, evidentemente, también en el desarrollo sostenible. 
Permítanme aclarar una vez más la propuesta de la Comisión sobre el Fondo de cohesión, porque éste ha sido un punto crítico de la discusión. 
El Fondo de cohesión ha de asegurar que los Estados miembros cuyo producto social bruto esté por debajo del 90 % sigan siendo financiados incluso cuando sean miembros de la unión monetaria y, en concreto, porque vemos aún considerables retrasos en la infraestructura incluso en los países más exitosos en la cohesión. 
No obstante, el criterio del 90 % debe verificarse tras la primera mitad del período y si ya no se da, entonces nos conducirá precisamente a extraer conclusiones del éxito de la política que hemos seguido hasta ahora. 
No puedo apoyar las exigencias de un instrumento adicional de apoyo, de carácter estructural, en relación con la unión económica y monetaria. 
Por su finalidad los Fondos estructurales no son un medio de eficacia a corto plazo contra schocks económicos regionales, pero tampoco son un instrumento permanente de compensación financiera. 
A mi juicio, el mantenimiento del Fondo de cohesión es apropiado para facilitar el desarrollo continuado de la infraestructura, incluso bajo las condiciones más difíciles del pacto de estabilidad. 
Por lo demás, no habría que olvidar que precisamente los Estados miembros y regiones de estructura más débil serán los que más se aprovecharán del aumento del crecimiento y de la bajada de los tipos de interés que son ya consecuencia de los esfuerzos de estabilidad. 
No obstante considero que es una exigencia correcta hacer un seguimiento atento del desarrollo e informar sobre el mismo con periodicidad. 
Creo que yo lo hago, sin más, en la Comisión de Política Regional en intervalos regulares y cortos. 
Finalmente, la Comisión celebra también el amplio consenso que existe respecto de los principios rectores sobre la reforma del reglamento de los Fondos estructurales. 
La simplicidad y la transparencia constituyen el requisito del éxito de la descentralización. 
Sin embargo, la Comisión no quiere sólo descentralizar, sino asegurar también que se incluya más intensamente a los actores e interlocutores sociales locales y regionales en la elaboración de los programas y en su ejecución, pues, de lo contrario, de la descentralización puede seguirse rápidamente la renacionalización. 
Para terminar, permítanme dar las gracias una vez más por el diálogo extraordinariamente constructivo entre el Parlamento y la Comisión. 
Pueden dar ustedes por seguro que seguiremos considerando al Parlamento como un importante aliado cuando se trate del aseguramiento de la cohesión económica y social de la Unión. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Contribuciones financieras al Fondo Internacional para Irlanda 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0317/97) del Sr. Gutiérrez Díaz sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0130- C4-0233/97-97/0116 (CNS) ) relativo a las contribuciones financieras de la Comunidad al Fondo Internacional para Irlanda. 
Señora Presidenta, Señorías, al iniciar la presentación de este informe, quiero señalar una vez más la importancia que nuestra institución da a toda iniciativa de solidaridad con el proceso de paz y reconciliación en Irlanda del Norte; desde el respeto a su capacidad para dotarse de soluciones propias, pero también desde la firme voluntad de cooperar en su realización. 
Hay en el Parlamento Europeo un sentimiento unánime a favor de la paz, la reconciliación, la recuperación y el desarrollo en un ámbito territorial que, por ser parte de la Unión Europea, todos sentimos como propio. 
La Comisión de Política Regional ha expresado en repetidas ocasiones, con propuestas concretas, esta voluntad solidaria y hoy de nuevo lo hace ante el Pleno del Parlamento Europeo con este informe que tengo el honor de presentar y al que han contribuido con sus opiniones y con su voto los representantes de todos los Grupos políticos presentes en la comisión. 
No sería justo hoy aquí omitir una referencia al importante papel que vienen desempeñando los eurodiputados directamente relacionados con Irlanda del Norte, cuyos nombres están en la mente de todos nosotros y cuyo esfuerzo agradecemos una vez más. 
La propuesta de reglamento que nos presenta la Comisión sigue las líneas generales del reglamento en vigor del año 1994 en cuya elaboración participó el Parlamento Europeo, en una excelente colaboración con el Consejo que incorporó en el texto todas las enmiendas propuestas por nuestra Asamblea. 
La novedad de la propuesta actual está en la obligada referencia al programa de iniciativa comunitaria PEACE, que persigue objetivos similares y que lógicamente exige asegurar la coherencia entre los proyectos financiados por el Fondo y los que reciben el apoyo de la iniciativa PEACE. 
Esta coherencia es imprescindible, pero además es necesario garantizar también la adecuada coordinación entre las intervenciones del Fondo y las financiadas por el conjunto de todas las políticas estructurales. 
A este objetivo responden las enmiendas 1, 3 y 5 que proponemos. 
Consideramos también, señora Presidenta, Señorías, importante subrayar el carácter exclusivamente adicional que tiene la financiación a cargo del Fondo, destinado a cubrir objetivos que vengan a aumentar los potenciales endógenos, y así lo hemos querido expresar en la enmienda nº 2. 
Por último, teniendo en cuenta que la aportación de la Unión Europea al Fondo internacional para Irlanda es con mucho la más importante, consideramos justo y necesario que este esfuerzo sea conocido y valorado por los ciudadanos como la contribución solidaria en el contexto de nuestra condición común de ciudadanos europeos, lo que intentamos conseguir con la enmienda nº 4. 
Las renovadas esperanzas de paz, que por encima de todas las dificultades desea vislumbrar el Parlamento Europeo, y su voluntad permanente de contribuir a romper la espiral- violencia, dificultades económicas, exclusión- que gravita negativamente sobre el proceso de paz, nos llevan a pronunciarnos positivamente a favor de la continuidad del Fondo e intentar contribuir con nuestras enmiendas a su mejor coordinación, a su utilización complementaria y potenciadora y a su conocimiento y valoración por la opinión pública. 
Señora Presidenta, quisiera dar gracias al ponente por la enorme labor y cooperación de que da pruebas este informe. 
El futuro de la cohesión social en las dos comunidades de Irlanda del Norte está inextricablemente vinculado con el futuro del Fondo Internacional para Irlanda, pues el Fondo es sumamente importante como instrumento de reconciliación y desarrollo. 
La clave de la paz duradera en la isla de Irlanda estriba en el proceso de reconciliación en el plano comunitario. 
Ésta es una labor que se lleva a cabo lejos de la mirada de la opinión pública, lejos de las conversaciones de paz de alto nivel que están teniendo lugar. 
Sin embargo, es la labor en el plano comunitario la que une a los pueblos en el reconocimiento de lo que tienen en común y no de lo que les divide. 
Es indispensable que esa labor se inspire en la búsqueda incansable de una paz duradera y justa en mi país. 
El Fondo Internacional ha desempeñado un papel de singular valor para facilitar y promover el proceso en el plano de las comunidades. 
Sin embargo, ésta es una labor de larga duración: harán falta muchos años para que las cicatrices del pasado se curen y para superar las desconfianzas y las sospechas. 
Por eso es de importancia capital que el Fondo siga prosperando y creciendo. 
La importancia que el Fondo asigna a los proyectos para las comunidades en general es muy grande y merece que se le preste todo el apoyo posible. 
Agradezco la firme contribución y el continuo apoyo de la Unión Europea y, particularmente, que este Parlamento se esfuerce por conseguir esa reconciliación y esa paz. 
La continua existencia de la pobreza y de la desventaja en Irlanda del Norte y en otros condados fronterizos no hace más que exacerbar la importancia de los retos con que tropieza el proceso de paz. 
A ese respecto el hecho de que el Fondo se concentre en las zonas desfavorecidas reviste particular importancia. 
Si una persona se siente discriminada, es mucho más difícil que se considere como parte de una comunidad o como parte de ese proceso. 
Además, la cooperación y el trabajo fundamental que se puede desarrollar en el plano transfronterizo han sido descuidados durante mucho tiempo y el Fondo ha agrupado a comunidades de ambos lados de la frontera, para crear un entendimiento más profundo y una confianza mayor en lo que pueden hacer por su propia cuenta. 
Señora Presidenta, en nombre de mi grupo político y de mi Primer Ministro y el Gobierno británico, diré que acogemos con gran satisfación la contribución que la UE está aportando en esta esfera. 
Quisiera dar gracias especialmente al Sr. Gutiérrez Díaz por la voluntad de que ha dado pruebas en esta cuestión como ex presidente de la Comisión de Política Regional, como vicepresidente de nuestro Parlamento y como persona que se ha ocupado dedicadamente de estas cuestiones desde el principio del proceso de paz. 
Ha demostrado que posee una gran sensibilidad en esa esfera y le ruego que acepte mis gracias. 
Estimo que el Fondo Internacional para Irlanda forma parte esencial del proceso del fomento de la confianza entre las comunidades, junto con el programa de paz y reconciliación. 
Es importantísimo que movilicemos a las comunidades locales en grupos, al margen del plano institucional de las conversaciones de paz en curso. 
Estas comunidades poseen sus canales y sus programas, y en ellas recae la propiedad de este programa de paz y creación de comunidades. 
Mi Gobierno acoje con satisfacción los continuos esfuerzos que está desarrollando la Comisaria y los programas que ha iniciado. 
En esta fase crítica de las conversaciones es particularmente importante que la Unión Europea prosiga sus esfuerzos y que el Fondo Internacional indique a nuestros interlocutores internacionales que seguimos necesitando afianzar el proceso de paz con proyectos basados en las comunidades locales. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que, siendo como es la más importante de los donantes individuales, nos gustaría que la Comisión diera señales de vida más a menudo. 
Realmente quisiéramos que la Comisaria Wulf-Mathies venga aquí para defender esos proyectos y para ponerlos en marcha. 
También necesitamos que haya rigor presupuestario. 
Queremos que se utilicen de forma más efectiva los fondos y no nos gustaría ver que se utilizan para proyectos que duplican lo que estamos haciendo con los fondos generales o en el programa de paz y reconciliación; lo que queremos es que den valor añadido a la labor que se está realizando. 
Por último, deseo que todos los diputados de este Parlamento puedan venir a ver la diferencia que esto supone para las comunidades locales. 
Nuestros colegas de Irlanda del Norte comprenden muy bien lo que estoy diciendo, pues ellos trabajan también con las comunidades locales. 
Han podido presenciar los esfuerzos desarrollados por grupos para trabajar en régimen de asociación, para reconstruir comunidades. 
Rindo homenaje a los esfuerzos desplegados por esas comunidades locales, a veces en circunstancias prácticamente imposibles. 
En particular el año pasado, cuando el proceso de paz quedó suspendido, esos proyectos fueron verdaderos cordones umbilicales de la paz. 
Quisiera contarles una anécdota. Solemos organizar reuniones para discutir acerca de la forma de lograr que esos fondos se aprovechen bien. 
Me quedé muy sorprendido cuando un trabajador de la comunidad local se me acercó y estaba tan agradecido y tan contento por el apoyo que estaba prestando la Unión Europea, que me pareció como si le hubiera dado un arca llena de dinero. 
Me dijo: » La gente, las zonas, los grupos comunitarios que están en el centro del problema tienen que estar en el centro de la solución». 
No hay margen para arreglos fáciles, ni se puede exagerar la labor de creación de las alianzas que se han llevado a cabo hasta la fecha con el apoyo del Fondo Internacional para Irlanda. 
Señora Presidenta, antes que nada quisiera felicitar al ponente, Sr. Gutiérrez Díaz, por su informe y en particular por lo sensiblemente que ha sabido apreciar la situación en Irlanda del Norte, según expone en su explicación de motivos. 
Permítanme que diga desde el principio que me agrada la propuesta de la Comisión de prorrogar por otros dos años el apoyo que presta la Comunidad Europea al Fondo Internacional para Irlanda. 
Aunque el nivel de fondos propuesto es inferior al de los dos últimos años, hemos de reconocer que constituye un aumento respecto de la cantidad original que se suscribió antes de 1995. 
Apoyo las líneas generales de las enmiendas del Sr. Gutiérrez Díaz, en particular en relación con la necesidad de que haya la debida coordinación entre las actividades del Fondo y los proyectos financiados con cargo a programas estructurales de la Comunidad: cuando dice que hay que dejar bien sentado que la asistencia del Fondo tiene carácter adicional y no sustituye a otras aportaciones públicas; cuando habla de perseguir objetivos que sean coherentes con el programa del Fondo para la Paz, y cuando dice que la Comisión ha de tomar las medidas apropiadas para dar publicidad a la participación comunitaria en las actividades del Fondo. 
No está mal que se nos reconozca el apoyo que prestamos y si, en el proceso de ganar publicidad, conseguimos que la actuación del Fondo y de su órgano rector sean objeto de mayor escrutinio, la transparencia saldrá ganando más. 
El Fondo se estableció en el marco del Acuerdo angloirlandés, que no era un Tratado según se sugiere en la explicación de motivos, con miras a promover el adelanto económico y social, al mismo tiempo que se fomentaba el diálogo y la reconciliación entre las dos comunidades de Irlanda del Norte. 
Esto merece nuestro apoyo caluroso, y vale la pena indicar que ha recibido apoyo de países de la Commonwealth, así como de los Estados Unidos, además de Estados miembros de la Unión Europea. 
Ahora bien, hemos de recordar que el consenso y el enfoque de conciliación que caracteriza a este Parlamento no son de fácil aplicación en caso de profundas divisiones históricas como las de la sociedad de Irlanda del Norte. 
Espero muy sinceramente que el nuevo Gobierno de mi país no sacrifique los deseos de los unionistas en aras de su propio deseo de conseguir una solución, y que recuerde que las soluciones políticas sólo dan resultado cuando hay consentimiento. 
Señora Presidenta, también yo quiero rendir homenaje al ponente y a la Comisión y al Parlamento por su continuo apoyo al Fondo Internacional para Irlanda. 
Nos hallamos ahora en una fase crucial del proceso de paz y espero que en los próximos meses seamos testigos del nacimiento de una paz duradera y del establecimiento de un arreglo histórico entre las comunidades de la isla de Irlanda. 
La labor para conseguir la paz es lenta y gran parte de la verdadera labor se llevará a cabo detrás del escenario, para agrupar a las comunidades en un espíritu de apertura y de amistad, después de generaciones de conflictos y sospechas. 
El Fondo desempeña un papel capital en este proceso, y su finalidad es promover el adelanto económico y social y estimular los contactos, el diálogo y la reconciliación entre nacionalistas y unionistas en toda la isla de Irlanda. 
El Fondo ha desplegado grandes esfuerzos por conseguir ese objetivo y hay que reconocer que ha conseguido mucho. 
Naturalmente, los Estados Unidos de América han aportado hasta la fecha 260 millones de ecus y la Unión Europea, 150 millones. 
Esto representa una importante contribución práctica por parte de la Unión Europea para la consecución de la paz. 
Cuando se estableció el Fondo en 1986 muchas zonas de Irlanda de Norte y los seis condados fronterizos tropezaban con dificultades comerciales, y una elevada tasa de desempleo era corriente. 
Las cosas han mejorado desde entonces. 
El desempleo ha disminuido pero todavía sigue siendo excesivamente elevado. 
Las repercusiones del Fondo Internacional para Irlanda en materia de puestos de trabajo creados se calculan en nada menos que 27.800. 
Lo que es aún más importante, se ha prestado apoyo a 639 organizaciones que se dedican a promover el desarrollo económico y social, incluidos 7.600 dirigentes comunitarios. 
Quisiera rendir homenaje al presidente del Fondo que ha aportado su gran experiencia a su cargo y que ha tenido éxito particularmente en la creación de puestos de trabajo que tan necesarios eran en Irlanda del Norte y en los condados fronterizos. 
El Fondo Internacional para Irlanda tiene una importante función que desempeñar: la prestación de apoyo para el desarrollo y la actuación como agente catalizador del potencial económico de los condados fronterizos. 
Todos los que participan en el proceso de paz se esfuerzan por instaurar una paz duradera y el Fondo Internacional junto con la paz y la reconciliación, una importante contribución de la Unión Europea, y el programa INTERREG desempeñarán una función importante y espero que en los años venideros seamos testigos de un extraordinario desarrollo en Irlanda del Norte y en los condados fronterizos en un entorno de paz justa y duradera. 
Señora Presidenta, el objetivo del Fondo Internacional para Irlanda: romper el círculo vicioso de la violencia en Irlanda del Norte mediante una contribución a la paz y a la reconciliación, es más importante que nunca en estos momentos. 
La Unión Europea es actualmente una importante fuente de financiación para el Fondo. 
Estoy de acuerdo con el ponente y le quedo agradecido por el interés que ha demostrado esta noche, que es de importancia vital para conseguir la debida coordinación entre las actividades del Fondo y las actividades financiadas con cargo a políticas estructurales de la Unión. 
Es admirable lo que la Comisaria Wulf-Mathies está haciendo por Irlanda del Norte. 
Sé que es partidaria de la participación directa de los ciudadanos. 
Para conseguir este objetivo en esta dificilísima situación, es importantísimo que se vigilen cuidadosamente los fondos y la forma en que se utilizan. 
Los objetivos de la reconciliación y la paz, el establecimiento de contactos entre las dos comunidades, y los vínculos entre ellas, cuentan con un impecable historial en el Fondo. 
El número de comunidades y de grupos transfronterizos puestos en contacto a través de los proyectos financiados por el Fondo asciende a varios centenares. 
Espero que aumente aún más. 
Yo también quisiera felicitar al ponente por su informe. 
Me parece que es la persona adecuada para ocuparse de esta labor, pues posee un profundo conocimiento de Irlanda del Norte. 
También me agrada mucho que la Comisaria esté aquí esta noche, pues también ella se ha familiarizado muy bien con la situación desde que tomó posesión de su cargo. 
El Fondo Internacional para Irlanda tropieza con un problema de credibilidad en la comunidad que represento desde que se creó en 1986. 
Cuando comparo la eficacia de este fondo con la del Fondo para la Paz y la Reconciliación, no me queda más remedio que decir que el Fondo Internacional para Irlanda apenas cuenta. 
Esto para mí y para la población que represento es inaceptable. 
El ponente ha pedido que aumente la transparencia. 
Necesitamos que haya una mejor rendición de cuentas. 
No hay duda alguna acerca de eso. 
El Fondo Internacional para Irlanda sigue funcionando como si no hubiera nada equivocado. 
Parece como si fueran capaces de venir a Bruselas y hacer un lavado de cerebro a nuestros diputados. 
No se preocupan de averiguar qué clase de problemas puede tener el Fondo. 
No han hecho esfuerzo alguno por conseguir que el Fondo sea más aceptable para la numerosa comunidad unionista. 
En los dos próximos años va a ver un cambio radical. 
En vez de esconder su identidad detrás de números, como están haciendo en Belfast, tienen que salir a la calle para defender sus puntos de vista. 
Necesitamos que haya verdadera transparencia. 
Quisiera ser más positivo pero creo que induciría en error a este Parlamento y a la Comisaria si no detallara las deficiencias que veo en este Fondo en estos momentos. 
Espero que alguien pregunte por qué el Presidente y la Secretaría no han sido más proactivos para lograr que el Fondo Internacional para Irlanda alcance las finalidades para las que fue establecido, finalidades que consisten en la prestación de apoyo. 
Desgraciadamente no puedo compartir el mismo grado de esperanza respecto del Presidente del Fondo y la Secretaría. 
Necesitamos prescindir por completo de algunas de las personas que dirigen el Fondo en estos momentos. Tenemos que hacerlo ahora, y necesitamos que el Fondo consiga lo que en un principio era su finalidad. 
Señora Presidenta, quiero dar gracias al ponente, a la Comisaria y a otros colegas que están con nosotros aquí esta noche. 
Me parece que es sintomático de la buena voluntad que se ha manifestado esta noche respecto del proceso de paz en Irlanda del Norte. 
El Fondo Internacional, como bien se ha dicho aquí, ha desempeñado un papel muy positivo en la búsqueda de una solución duradera y pacífica del conflicto de Irlanda del Norte. 
Desde que se creó, este Fondo ha apoyado a más de 3.400 proyectos individuales y ha ayudado a crear unos 28.000 puestos de trabajo. 
Es posible que alguien considere que el Fondo Internacional para Irlanda es un programa americano porque el Programa Especial para la Paz y la Reconciliación es un programa europeo. 
Me parece que ya es hora de que subsanemos ese malentendido porque Europa, en realidad, es ahora el principal contribuyente a esos dos programas. 
Es fácil de comprobar que hoy proporcionamos aquí, en Europa, casi la mitad del presupuesto anual del Fondo Internacional para Irlanda. 
Como los propios administradores del Fondo admiten, la contribución de la Unión Europea representa un importante reconocimiento internacional de los esfuerzos desplegados por los gobiernos irlandés y británico para encontrar una solución pacífica del conflicto de Irlanda del Norte. 
Por lo que se refiere a lo que ha dicho el Sr. Nicholson, sé que en el pasado se estimaba que las comunidades nacionalistas se habían beneficiado hasta cierto punto más que los unionistas, pero me parece que esa crítica no se formula ya. 
Espero que el Fondo continúe tratando de forma equitativa a todas las partes, y que se vea que lo hace. 
Eso es importantísimo. 
También es muy necesario que los diputados del Parlamento Europeo- y no solamente ellos, sino también la opinión pública en general- estén en condiciones de saber más acerca de lo que está sucediendo aquí. 
La supervisión es importantísima. 
Ya se ha planteado esta cuestión y quiero secundar a los que lo han hecho. 
Por último, la financiación debe tener carácter adicional. No tiene que sustituir a otras fuentes de financiación públicas o privadas. 
Señora Presidenta, quiero secundar lo que ha dicho el ponente de que podría tenerse más conciencia de la contribución de la Unión Europea a este Fondo. 
No hace tanto tiempo que existe el paquete Delors. Gracias a los esfuerzos de la Comisión y del Parlamento, el paquete Delors ha recibido mayor publicidad en Irlanda del Norte. 
Hasta la fecha la Unión Europea ha donado 150 millones de ecus, como algunos oradores han indicado, y se ha involucrado en más de 3.000 proyectos. 
En vista de la superficie relativamente pequeña de la zona que forma Irlanda del Norte y los condados fronterizos, la financiación de la Unión Europea ha afectado a una gran parte de la población. 
Lo que es más evidente es que ha agrupado a organizaciones voluntarias y que esas organizaciones, a su vez, han puesto en estrecho contacto a sus representantes públicos y han fomentado una mayor cooperación entre ellos. 
Hay una importante lección que cabe aprender del funcionamiento de este Fondo con el paquete de medidas Delors: una pequeña cantidad de dinero puede tener muy a menudo mayores repercusiones políticas que lo que la inversión propiamente dicha podría sugerir. 
Eso es lo que ha sucedido en este caso. 
Como representante de la región fronteriza de Irlanda, quiero aprovechar esta oportunidad para dar gracias al ponente, al Parlamento, a los diversos grupos políticos y a la Comisión por la consideración y simpatía de que han dado pruebas siempre en relación con los problemas de Irlanda del Norte. 
Quiero dar gracias también a la Comisaria cuyo nombre es muy conocido en las regiones fronterizas y en Irlanda del Norte, y que ha aportado una notable contribución para inspirar el espíritu de la cooperación y la buena voluntad de la Unión Europea a esa comunidad dividida. 
La buena voluntad se ha traducido en la puesta en práctica de tres paquetes de medidas: Irlanda del Norte obtuvo el estatuto de Prioridad 1 aunque su fase de desarrollo económico no lo hubiera justificado; el paquete de medidas Delors y el Fondo Internacional para Irlanda, juntos, han aportado una notable contribución para conseguir que los trabajadores voluntarios mancomunasen sus esfuerzos. 
Lamento que haya gente en Irlanda del Norte que estime que una comunidad se ha beneficiado más que la otra o que no existe la transparencia que debería existir. 
No es fácil acabar con los prejuicios, pero pueden estar seguros de que me ocuparé por igual de cualquier caso que me presenten en nombre de la comunidad unionista, o de la comunidad nacionalista, si se me demuestra que no han obtenido la parte de dinero que les correspondía. 
Estoy seguro de que la Comisaria haría lo mismo. 
Señora Presidenta, señoras y señores, en primer lugar, quisiera dar las gracias al Sr. Gutiérrez Díaz por este informe, tan importante. 
La Comisión da también las gracias al Parlamento por su compromiso en favor del proceso de paz en Irlanda del Norte y, en especial, por su apoyo al Fondo Internacional para Irlanda. 
El FII constituye una importante contribución al fomento del diálogo y de la reconciliación entre nacionalistas y unionistas y complementa así las medidas de los Fondos estructurales para toda la isla irlandesa y los considerables esfuerzos que realiza la Comisión con su programa en favor de la paz y de la reconciliación en Irlanda del Norte. 
Creo que a este respecto es especialmente importante que los actores que trabajan en favor del FII se hallan anclados en ambos grupos de población y se esfuerzan también fuertemente por implicarlos. 
El proyecto de reglamento que tienen ustedes pone de manifiesto expresamente que los recursos europeos han de ser empleados prioritariamente en proyectos que estén en consonancia con el programa PEACE y que los proyectos transfronterizos y transconfesionales deben gozar de prioridad en este contexto. 
Por esta razón, la Comisión está también gustosamente dispuesta a asumir las propuestas del ponente en nombre de la Comisión de Política Regional sobre la coordinación entre el FII, los Fondos estructurales y el programa PEACE. 
Lo mismo digo respecto de las propuestas sobre el mejoramiento de la información de la opinión pública acerca de las actividades del FII. 
Quizá pueda contribuir esto a eliminar la desconfianza. 
Creo que nuestro interés común debe ser que todos consideren no sólo estos proyectos sino también los proyectos europeos como medidas que ayuden a ambos grupos y, sobre todo, a aquellos que han sufrido más intensamente la violencia de los años y meses pasados. 
La Comisión ha acordado ya con el FII, poner más fuertemente de relieve la participación de la Unión Europea en proyectos que estén financiados conjuntamente por PEACE y el FII o por uno de los Fondos estructurales y el FII. 
Como primer paso en esta dirección en el futuro los flagship proyects que muestren una alta tasa de cofinanciación mediante recursos de la Unión serán redenominados en el futuro como IFI/EU flagship proyects. 
Espero que esto se muestre de manera pertinentemente clara en el trabajo de la opinión pública. 
Permítanme dar las gracias una vez más al Parlamento por su apoyo del proceso de paz y de reconciliación en Irlanda del Norte e Irlanda. 
Nada deseamos más ardientemente que una paz duradera, que pueda mostrar que ha sido posible hacer también una contribución para Europa, en la medida en que la Unión ha seguido su principio, en concreto, el de generar paz y reconciliación mediante la cooperación en interés común y apoyarlas de manera duradera. 
Muchas gracias, señora Comisaria, Wulf-Mathies. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Ejercicio de la abogacía 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0337/97) de la Sra. Fontaine respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C40440/97-94/0299 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquél en el que se obtuvo el título. 
Señora Presidenta, Señorías, nos encontramos ante la feliz conclusión de un largo recorrido ya que, según me han dicho, hace más de veinte años que los profesionales de la abogacía aspiraban a esta directiva sobre la libertad de establecimiento. 
Sólo que, si todos estaban de acuerdo sobre el principio, con excepción de nuestros amigos luxemburgueses por razones relativas a la situación específica del Gran Ducado, por el contrario, sobre el contenido se enfrentaban ferozmente dos filosofías, diría incluso dos culturas. 
Por decirlo en pocas palabras, la concepción liberal chocaba con la concepción integracionista y las posiciones que unos y otros sostenían parecían tan resueltas que algunos decían que sería imposible conciliarlas. 
En mayo de 1995, la Comisión sometía a nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos una primera propuesta de directiva. Era el fruto, señor Comisario, de esfuerzos meritorios que intentaban resolver, hay que decirlo, la cuadratura del círculo. 
Pero este ejercicio de compromiso tenía sus límites. 
Los unos no podían aceptar que se mantuviera un examen de aptitud para inscribirse en el Colegio del país de acogida, incluso bajo una forma edulcorada, ya que quien dice «examen» dice probable «cerrojo» sin posibilidad de apelación. 
Los otros no podían aceptar que después de cinco años de ejercicio en un país de la Unión Europea, el profesional que deseara continuar ejerciendo con su título de origen fuera enviado a su casa de forma expeditiva. 
Así, nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos se dedicó a afrontar el reto. 
Inspirándonos en gran medida en la propuesta a la que el Consejo de Colegios de Abogados había llegado bajo el impulso de su Presidente, Sr. Weil, de quien hemos de señalar su paciencia y talento, propusimos un planteamiento ambicioso, basado en la confianza mutua que los abogados europeos mantienen desde hace tiempo en la práctica de su profesión. 
Este planteamiento nos ha llevado, por una parte, a sustituir el examen de aptitud por un procedimiento de verificación riguroso del ejercicio efectivo y regular de la abogacía durante los tres años de referencia, combinado con una posibilidad de recurso jurisdiccional de derecho interno en caso de rechazo y, por otra parte, a garantizar para los que lo deseen, el carácter permanente del establecimiento con el título de origen. 
El alcance de este texto ha de concretarse con claridad. 
En ningún caso se trata de ir contra los reglamentos nacionales que regulan el acceso a la profesión así como las modalidades de su ejercicio individual o en grupo en cada uno de los Estados. 
La subsidiariedad nos impone, con toda razón, el respeto por esas reglas. 
Se trata simplemente de facilitar la movilidad comunitaria de los abogados y permitirles el ejercicio de su profesión en otro Estado miembro distinto al suyo, en forma individual o colectiva. 
Lamento además que el interés de este segundo apartado, que constituye el ejercicio en grupo, muy prometedor para el futuro, se haya visto algo borrado por la vivacidad del debate sobre el ejercicio individual. 
Las cosas no han sido fáciles para esta ponente, al igual que para los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y yo quisiera decir a mis colegas hasta qué punto su implicación al cien por cien en este difícil pero apasionante expediente, su espíritu de apertura, animado por la búsqueda del justo equilibrio y la voluntad de concluir de forma satisfactoria, han sido para mí un fuerte estímulo. 
Hoy, quisiera dar las gracias a la Comisión y al Consejo que han aceptado adherirse a nuestro nuevo planteamiento y ello me parece, señor Comisario, totalmente ejemplar en la cooperación fructífera entre nuestras instituciones. 
Nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos ha examinado atentamente la propuesta de posición común del Consejo, con fecha del pasado 24 de julio. Se ha felicitado al comprobar que la mayor parte de las enmiendas que habíamos votado en primera lectura se habían aceptado y las escasas diferencias observadas tenían por objeto únicamente clarificar texto en algunos puntos. 
También, señora Presidenta, Señorías, proponemos al Pleno que apruebe la posición común tal como se nos ha presentado, para que su rápida conclusión posibilite que los profesionales de la abogacía progresen más aún en esta apertura europea que están deseando desde hace tanto tiempo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el pasado mes de junio, durante la primera lectura, felicité a la Sra. Fontaine por su resultado al igual que lo hago en el día de hoy, y pedí al Consejo, sin demasiada convicción por cierto, que materializase este resultado en el plazo más breve posible ya que, al igual que mis colegas, estaba convencido de que si no se aprovechaba esta oportunidad, se corría el riesgo de encontrar muchas dificultades para que pudiera retomarse la directiva «abogados» y llegar a un resultado aceptable. 
El Consejo ha sabido aprovechar esta ocasión asumiendo el delicado equilibrio que proponía el Parlamento, con algunos matices aceptables, con algunas clarificaciones útiles. 
Nuestro ponente nos propone que aceptemos la posición común sin enmiendas, con el apoyo en este caso de la Comisión de Asuntos Jurídicos y mañana, no lo duden, del Pleno. 
La felicito por ello y me alegro. 
En estos momentos también debemos intentar mirar más lejos, señor Comisario, y tranquilizarnos sobre la aplicación leal de la futura directiva. 
Por ello me dirijo a usted, señor Monti, para manifestar una cierta inquietud de los medios profesionales y para pedirle garantías. 
Recuerdo los términos del intercambio, si se puede decir así: libertad de establecimiento permanente con el título de origen, por una parte, asimilación al colegio de acogida sin examen de aptitud por otra. 
La esperanza es que la libertad de establecimiento permita desarrollar la profesión de abogado a nivel europeo; el temor, que persistan los obstáculos a través de una aplicación demasiado rigurosa de las exigencias de la directiva y, principalmente la verificación por parte de la autoridad competente de un ejercicio efectivo y regular. 
La entrevista prevista no debe transformarse en un examen, en un filtro, en una nueva barrera. 
También, señor Comisario Monti, le pido que se ocupe de que la Comisión vigile la aplicación leal de la directiva sobre este punto y que nos diga que no dudará en señalar los incumplimientos de esta aplicación y en sancionarlos necesariamente ya que hemos de convencer a los abogados, con frecuencia jóvenes, de que esta directiva es una oportunidad para ellos y para Europa. Lo creo; ahora sólo falta que esto se convierta en realidad y ello depende en gran medida de usted, señor Comisario. 
Señora Presidenta, señoras y señores colegas, la libertad de establecimiento está garantizada desde hace tiempo en los Tratados europeos. 
Sin embargo, existen determinados grupos profesionales para los que por causa de determinadas condiciones fácticas no ha podido ser impuesta hasta hoy. 
A éstos pertenecerían, entre otros, los abogados europeos. 
Esto se ha debido seguramente al hecho de que la formación para jurista es muy diferente en los Estados miembros y a que, por lo demás, las leyes son también diferentes en los estados y al menos, en lo que se refiere a la sistemática, siguen mostrando grandes diferencias. 
Por otro lado, y quiero poner enseguida objeciones a esto, según investigaciones científicas especializadas, por ejemplo, en el ámbito del derecho económico, hoy casi el 60 % de las leyes vigentes tienen su origen en la legislación comunitaria. 
En este sentido la armonización de la legislación en el mercado único está realmente tan avanzada que ya no existen, en absoluto, en la realidad estas grandes diferencias que siguen existiendo aún en la percepción de muchos juristas. 
A veces son diferentes simplemente los números de los artículos y la sistemática, aunque, en parte, se hayan aproximado ya en Europa los contenidos de las disposiciones. 
Por consiguiente, ha tenido absolutamente sentido que se haya abordado ahora también el ámbito de la libertad de establecimiento para los abogados europeos y que también se haya impuesto, por fin, este derecho fundamental de los Tratados europeos para este grupo profesional. 
Quisiera dar las gracias de manera especial a la ponente, la Sra. Fontaine, por este éxito que ha tenido aquí. 
A ella hay que agradecer esencialmente que se haya logrado este compromiso. 
Había una gran oposición entre los diferentes intereses nacionales. 
Puedo recordar todavía los enfrentamientos habidos en mi patria, donde al principio, por ejemplo, las comisiones especializadas competentes del Bundestag alemán rechazaron cualquier tipo de conformidad con esta directiva. 
Entre tanto, se ha producido un compromiso que es tan defendible que hoy casi todos- se ha mencionado ya la excepción, el pequeño país de Luxemburgo- están de acuerdo con esta solución. 
En especial, los grupos profesionales, y a la cabeza de ellos el CCBE, en tanto organización de todos los abogados europeos, están de acuerdo con esta solución y la apoyan sin limitaciones. 
Esto constituye para mí un buen ejemplo de cómo el Parlamento ha podido emprender por propia iniciativa pasos para generar tal compromiso y de cómo nosotros hemos llevado en el fondo al Consejo a aceptar este compromiso. 
Creo que, de hecho, esto debe ser interpretado también como un gran éxito de esta Asamblea en relación con el Consejo y en su papel de legislador, y que no habría que minusvalorar esto en ningún caso. 
Esto proporciona también a mi grupo profesional- yo mismo soy abogado- en el futuro las posibilidades de hacer en el mercado único pleno uso de todos los derechos y posibilidades que prevé el Tratado, naturalmente bajo determinadas condiciones. 
Pero esto vale igualmente para todos los demás ámbitos profesionales y para todos los sectores en los que haya sido necesario realizar adaptaciones de la legislación. 
Por esta razón, abandono esta tarde este Parlamento, esta Sala, con una gran satisfacción, porque creo que hemos hecho realidad un auténtico avance en el marco de la integración europea y en la realización del mercado único, aunque sólo sea en un pequeño sector. 
Señora Presidenta, podría repetir mis argumentos de primera lectura pero debo decir que por el momento mi grupo se resigna. 
Sin embargo, hemos presentado enmiendas al compromiso de nuestra ponente, compromiso por el que hemos de felicitarla. 
Insisto en mi pregunta, señor Comisario y señora Ponente, ¿por qué, para una profesión que es exactamente la misma que muchas otras, por ejemplo los médicos, nosotros hemos de necesitar un período de pasantía o un examen? 
Porque, efectivamente, en nuestros Estados miembros los grupos profesionales desean protegerse y ello, desde el inicio, cuando exigimos la libertad de establecimiento tanto para los abogados como para cualquier otro grupo profesional. 
Ahora nos resignamos ante un compromiso que yo calificaría de algo insulso y que ofrece algunas posibilidades, pero solamente para un grupo profesional que ha hecho tanto para promover la idea de Europa ante el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales. Ahora se protege como todos los demás con demandas y exigencias bastante duras. 
Pero, aun compartiendo el placer de encontrar finalmente un cierto margen de libertad de establecimiento, sigo preguntándome por qué un abogado iría a inscribirse en el Colegio de otro Estado miembro del que no conociera su ordenamiento jurídico y es, sencillamente, porque cree que tiene futuro en este otro país y porque dispone de conocimientos que le permiten ir. 
El hecho de admitir ahora que los Colegios nacionales deben imponer condiciones a pesar de todo es también una forma de derrota. 
Por ello no estoy demasiado orgulloso ni feliz. Sin embargo, felicito a la Sra. Fontaine por haber llegado a este compromiso. 
Señora Presidenta, realmente ha durado muchos años el proceso que, creo, finaliza con este debate nocturno y con la votación de mañana. 
Y la posibilidad del ejercicio de la abogacía en un estado miembro distinto de aquel en el que ha obtenido alguien el título profesional de abogado queda verdaderamente garantizada con la propuesta de la directiva que se está formando ya definitivamente, con la recomendación para una segunda lectura. 
Veinticuatro enmiendas de las veintiocho, que el Parlamento Europeo había presentado en la primera lectura, ya están recogidas en la posición común del Consejo de Ministros, ya que habían sido aceptadas anteriormente incluso por la Comisión Europea. 
Y ha sido el Parlamento el que ha trazado la dirección más general, pero también el que ha definido las soluciones más especificas para la mayoría de los problemas. 
Hubiera sido difícil que se lograra esto sin la paciencia, la insistencia, y la capacidad de la Sra. Nicole Fontaine de reconciliar todo lo que en un principio, parecía irreconciliable. 
Creo que mis estimados colegas de la Comisión jurídica y de derechos del ciudadano y yo la hemos ayudado a superar las contrariedades y, en colaboración con los colegios de abogados de la mayoría de los Estados miembros, también a llegar hasta el texto de hoy, el cual satisface a la mayoría. 
Pero la labor es principalmente suya y se merece las felicitaciones más cordiales 
Esta directiva especial la solicitaba la profesión, ya que no satisfacía en absoluto al sistema general de la directiva 89/48/CEE. 
Y la solución que se da hoy está conectada con tres innovaciones importantes: el establecimiento, con carácter permanente, con su título profesional de origen, las facilidades para la obtención de este título y su ejercicio en el Estado miembro de acogida, y las normas sobre el ejercicio colectivo de la profesión. 
Sin embargo, aún queda más garantizada la dignidad con la que los abogados que se instalan en otro Estado miembro deben ser recibidos. 
Ciudadanos de estados medianos y más pequeños, como el país que tengo el honor de representar en esta sala, o incluso de países mayores, como Alemania, Francia, Inglaterra, pueden prever, de esta manera, tratamientos de igualdad en los otros países. 
La libertad de circulación de las personas y la libertad de establecimiento adquieren, de este modo, un contenido más sustancial y la Unión Europea adquiere una razón mas para hacer justicia. 
No es un paso pequeño, señora Presidenta. 
Naturalmente, somos conscientes del hecho de que con esta directiva no se van a resolver automáticamente todos los problemas que todavía crean determinadas compañías de abogados. 
Tampoco ignoramos el hecho de que, al llegar a una solución europea aceptada más generalmente, el problema toma una dimensión aún más amplia con la universalización de la economía y las líneas directrices de la Organización Mundial del Comercio que aseguran el libre establecimiento de algunos de los familiares de los profesionales, de los contables no profesionales y de los controladores en casi todos los países. 
Pero estos datos no reducen la importancia del logro de la Sra. Fontaine, y trazan el camino para enfrentarnos a otros problemas semejantes. 
El Parlamento, el Consejo y la Comisión han cumplido con su deber. 
El momento de los Estados miembros llega desde mañana. 
Y es obligación suya, con la ayuda también de los colegios de abogados y con la vigilancia constante de la Comisión, aplicar incorruptiblemente y explotar esta directiva vanguardista, que es una directiva de apertura y de libertad. 
Señora Presidenta, a estas horas de la noche y ya en este ambiente casi íntimo, casi de tertulia, permítame empezar por una anécdota: cuando llegué a este Parlamento el año 1994, de la parte interna de la legislación comunitaria sólo conocía una directiva y, en realidad, una directiva fallida, que era precisamente esta directiva sobre el libre establecimiento de abogados. 
Conocía los debates que había tenido la abogacía en Lisboa y en Bremen y conocía las malas perspectivas que aquello tenía. 
Y recuerdo que, en la primavera de 1995, tuvimos por fin entre las manos el texto de la propuesta de la Comisión, y cuando en octubre o noviembre de ese mismo año empezó el debate sobre dicha propuesta en la Comisión de Asuntos Jurídicos, yo me dirigí a mis colegas del Consejo General de la Abogacía Europea y les dije: pues yo creo que va a salir, y que se aprobará antes de dos años. 
Y me sonrieron como pensando: bueno, verdaderamente su eurofantasía llega a unos límites inconcebibles. 
Y sin embargo, señora Presidenta, señor Comisario, señora ponente, así lo hemos conseguido gracias al trabajo muy especial de quienes he citado- especialmente suyo, señor Comisario, y de su equipo -, y veo al señor de Visee que me mira desde su calma que, verdaderamente, ha sido crucial en muchos momentos. 
Y la señora ponente ha mencionado el nombre de Hans Weil, a quien todos debemos mucho. 
Hans Weil, que realmente representa ese símbolo del abogado europeo, alemán de origen, establecido en Francia y ejerciendo el Derecho con una altura y una hombría de bien que realmente a todos nos enorgullece. 
Lo hemos logrado, pues, y este resultado hoy aquí tiene para mí un doble valor: en primer lugar, hemos puesto de manifiesto lo que la codecisión puede dar, lo mejor de la cooperación entre las instituciones, el hecho de que la Comisión fuera lo suficientemente valiente para lanzar una propuesta en un momento en que todo el mundo pensaba que era una propuesta abocada al fracaso, el hecho de que este Parlamento se hiciera cargo de sus responsabilidades y, enfrentándose muchas veces a sus colectivos en los Estados miembros- y estoy mirando al señor Cot, y al señor Lehne y pensando en otros que hoy no están con nosotros, pero que nos han acompañado en toda esta travesía -, han hecho prevalecer la razón sobre los miedos. 
Porque yo no estoy de acuerdo, señora ponente, con que esto deba interpretarse como el enfrentamiento entre una visión liberal y una visión proteccionista. 
Nos hemos enfrentado a los miedos de los distintos Estados miembros que cada uno instrumentaba de una manera distinta, España de una manera, Francia de otra, Alemania de otra. 
Pero no vamos, señora Presidenta, a tener un flujo de inmigrantes de un país a otro. 
No es ese el valor político de esta directiva. 
El valor político de esta directiva es un valor simbólico. 
Estamos en el meollo mismo de la construcción europea, porque las marcas de los juguetes, las ayudas de la PAC son muy importantes, pero más importante es que quienes manejan el Derecho, quienes manejan ese instrumento, que en última instancia es el gran instrumento de la integración, se sientan concernidos, se sientan europeos y, recordando una vez más las palabras de Alfonso X el Sabio, se conviertan auténticamente en voceros de ese Derecho europeo que entre todos estamos construyendo. 
Señora Presidenta, la Comisión se alegra de que el Parlamento Europeo haya expresado su conformidad con la posición común del Consejo y de los resultados de la votación de dicho texto en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que la aprobó sin presentar enmienda alguna. 
Yo también deseo felicitar a la ponente Sra. Fontaine por haber logrado redactar un texto de compromiso aceptable por la Comisión y el Consejo, así como por la casi totalidad de los Colegios de Abogados. 
Su cometido no fue fácil, habida cuenta de que inicialmente la necesidad misma de la propuesta había sido obstaculizada fuertemente. 
Deseo rendir tributo a la Sra. Fontaine y a la gran determinación y equilibrio que hemos podido admirar una vez más en ella. 
La directiva es importante no sólo para los abogados que desempeñan un papel decisivo de cara a la actuación del Derecho comunitario y a la afirmación de esta comunidad de Derecho, sino también para sus clientes como las empresas que actúan en el mercado único y para los ciudadanos particulares. 
La misma representa asimismo un avance a nivel de reconocimiento basado en la mutua confianza entre los Estados miembros, tal como se indica, por otra parte, en el informe sobre la libre circulación de las personas del Grupo de alto nivel presidido por el Sr. Weil; la directiva que estamos abordando esta noche es de hecho la primera que autoriza el establecimiento con fines profesionales, sin verificación de los títulos y de la experiencia. 
Creo que se ha tratado de un caso ejemplar de cooperación entre Instituciones. 
Y como prolongación de dicha cooperación, señores Cot y Florio, como forma de asegurar que la voluntad del legislador encuentra su efectiva actuación en la realidad, me comprometo, en nombre de la Comisión, a cumplir lo que sus Señorías han solicitado. 
Estoy convencido de que la aplicación de las normas en el mercado único, el enforcement, son tan importantes como la producción legislativa de las propias normas. 
Deseo subrayar aquí el empeño de la Comisión precisamente en el sentido solicitado por sus Señorías. 
La Comisión vigilará atentamente la correcta aplicación de la directiva y a dicho fin mi equipo ya ha celebrado reuniones con las delegaciones nacionales que pedían aclaraciones al respecto y está dispuesto a celebrar más encuentros. 
La Comisión tendrá en cuenta todas las posibles reclamaciones formuladas por los abogados. 
Me felicito de nuevo con este Parlamento, con la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y con usted, señora Fontaine. 
Soy consciente, señora Presidenta, pero he planteado una pregunta muy clara al Presidente y él no se digna responder. 
Lo que quiero decir es que me pregunto realmente por qué un abogado iba a cambiar de país sin poseer unos conocimientos profundos sobre el ordenamiento jurídico del país donde va a establecerse. 
Ahora bien, el Comisario continúa apoyando a los colegios de abogados que piden un examen o un período de pasantía y no sabe responderme. 
Quizá está en su derecho de decir que no hay respuesta, pero no puede permitirse ignorar las preguntas, justificadas por cierto, de este Parlamento, eso no se hace. 
Señor Wijsenbeek, voy a tratar de contestarle con mucho gusto. 
Como usted sabe, por lo que se refiere a los médicos existe una coordinación de la formación que, por el contrario, no existe en el caso de los abogados; el problema, en consecuencia, tiene otra raíz; en el caso de los abogados partíamos de una situación que requería esta directiva, hoy felizmente próxima a su adopción definitiva. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Perspectiva del género en la cooperación al desarrollo 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0318/97) de la Sra. Junker, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0265- C4-0424/97-97/0151 (SYN) ) relativo a la integración de la perspectiva del género en la cooperación al desarrollo. 
Señora Presidenta, estimados colegas, como consecuencia, no en último término, de los resultados de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, la Comisión ha presentado un reglamento sobre la integración de la perspectiva del género en la cooperación al desarrollo. 
Esto es muy meritorio, aunque no suficiente. 
Para trasladar también el concepto de mainstreaming a la cooperación al desarrollo se necesita más que un reglamento que se limite en gran manera a medidas de sensibilización y tenga solamente un presupuesto muy modesto. 
Naturalmente, fomentar proyectos de finalidad específica y con un elevado efecto multiplicador es un planteamiento digno de celebrarse. 
Pero sólo podrá hablarse de una concepción exitosa si se añaden medidas que eliminen en favor de las mujeres los déficits que existen en la actual cooperación al desarrollo. 
En la práctica se trata de fijar puntos básicos para unos criterios acerca de cómo, teniendo en cuenta la dimensión específica del género, se puede lograr, sobre todo, la mejora de la situación existencial de la mujer en los países más pobres. 
Por decirlo de una vez, la situación de las mujeres en los últimos años ha mejorado absolutamente, incluso en los países en vías de desarrollo, aunque a un nivel muy diferente según las regiones. 
Sin embargo, apenas se ha modificado la distancia entre hombres y mujeres. 
En especial, falta mucho en el ámbito de la participación en el poder político, en general, y en el ámbito de la participación en las tareas de gobierno, en particular. 
En los países en vías de desarrollo a la hora de la equiparación de las mujeres se trata también de la redistribución del trabajo, de la riqueza y del poder. 
Los procesos de transformación de ámbito mundial, que han precipitado también a los países en vías de desarrollo en enormes turbulencias, y la globalización han originado dos tendencias que sólo son contempladas de manera insuficiente por la cooperación europea al desarrollo y que deben ser incluidas en la agenda, en concreto, la feminización del trabajo, por un lado, y la feminización de la pobreza, por otro. 
La feminización del trabajo es el resultado de la creciente flexibilización del trabajo y del traslado de los puestos de trabajo a los países en vías de desarrollo, los cuales son ocupados cada vez más por mujeres. 
Esto significa, no rara vez, la explotación en las condiciones más detestables, pero significa también nuevas oportunidades para las mujeres. 
La capacidad de rendimiento de éstas constituye un factor cada vez más importante para el crecimiento económico y debe tenerse en cuenta como tal. 
La feminización de la pobreza se deriva de que en las situaciones materialmente difíciles las mujeres son en gran medida las encargadas de la supervivencia de la familia y dependen de los ingresos de los hombres o, con mucha frecuencia, deben salir adelante sin tales ingresos. 
Algunas cifras pueden demostrar esto. 
En 1970 por cada 100 hombres con trabajo había solamente 37 mujeres con trabajo. 
En 1990 éstas eran ya 62. 
En los países en vías de desarrollo se demandan trabajadores baratos, flexibles, no cualificados y no organizados sindicalmente. 
Estos son predominantemente mujeres. 
Sin embargo, al aumentar el nivel de vida, véase Hong-Kong o Corea, les amenaza de nuevo el desempleo, en concreto, cuando se exigen cualificaciones técnicas y educativas que con frecuencia se niegan a las mujeres. 
Por consiguiente, un desarrollo sostenible desde la perspectiva específicamente femenina significa también que a las mujeres se les deben proporcionar también capacidades y conocimientos que estén orientados hacia el futuro y que posibiliten un empleo duradero. 
La expansión mundial del sector servicios genera posibilidades para las mujeres, aunque con frecuencia en condiciones de trabajo no aseguradas socialmente, y a esto debemos oponernos. 
Sin embargo, sólo el 5 % de los servicios de asesoramiento agrícola de la ayuda internacional al desarrollo llega a las mujeres. 
Sólo el 13 % de los asesores agrícolas que trabajan en los países en vías de desarrollo son mujeres, en Latinoamérica son solamente el 8, 5 %, en Africa sólo el 7 % y en el Cercano Oriente incluso son solamente el 1 %. 
Se podrían proseguir en cualquier dirección estos balances negativos. 
Hay que tenerlos presentes para poner término a las tendencias erróneas y no perder el tiempo lamentándolas. 
Los movimientos internacionales de mujeres han hecho patente la vida de las mujeres y han hecho una considerable aportación a la formación de una sociedad civil global. 
Empowerment es la divisa, es decir, intervención de las mujeres en la política, en la economía y en la sociedad para lograr cambios estructurales en la economía y en la sociedad. 
El presente reglamento en el que hay que incluir aún, en mi opinión, una serie de mejoras- cuyo apoyo pido aquí- puede hacer una contribución, aunque modesta. 
Espero que de éste resulte un programa de ayuda a la mujeres desde el punto de vista de la política de desarrollo que nos haga avanzar realmente. 
No debe consistir en grandes sumas, se habría conseguido mucho si los objetivos y las exigencias de la política de la mujer se convirtieran en el criterio de todas las medidas de política de desarrollo. 
Para los países en vías de desarrollo también rige lo siguiente: no puede haber democracia sin la equiparación jurídica, económica y política o social de las mujeres. 
Señora Presidenta, la Sra. Junker dice en su informe que los hombres tendrían que asumir más responsabilidades en materia de comportamiento social y reproductivo si queremos promover realmente la igualdad de la mujer en los países en desarrollo, y por lo tanto es lógico que los diputados del género masculino del Parlamento Europeo participen en este debate y apoyen el excelente informe de la Sra. Junker a título de protesta contra la negativa a ofrecer instalaciones adecuadas de eugenesia para las mujeres en todo el mundo. 
Una tercera parte de las enfermedades registradas entre mujeres de 15 a 44 años de edad en los países en desarrollo las causan enfermedades de transmisión sexual, abortos en malas condiciones, o embarazos. 
Aproximadamente 350 millones de mujeres siguen sin tener acceso a una buena planificación de la familia. 
Tenemos que protestar contra las repercusiones de la pobreza que se dejan sentir mucho más entre las mujeres. 
El 70 % de los 1.300 millones de pobres del mundo son mujeres, y el número de mujeres sin pareja que dirigen sus hogares ha aumentado extraordinariamente en todo el mundo. 
Tenemos que protestar contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que en los casos extremos se caracteriza por la violencia sexual y por el infanticidio practicado en la India y en China contra las niñas, que no solamente ha afectado a la proporción de hombres y de mujeres sino que ha creado un ambiente social en el cual a las muchachas se las considera como una maldición. 
Han pasado dos años desde que se aprobó el reglamento del Consejo y no me parece que se hayan encauzado debidamente las cuestiones relativas al género en las políticas de desarrollo de la Unión Europea. 
Si estoy equivocado, Comisaria, ¿por qué los análisis sobre el género han quedado tan ostensiblemente omitidos en el Libro Verde de Lomé? 
Procuremos hacer mejor las cosas en el futuro. 
Señora Presidenta, señoras y señores, a las mujeres no se las pregunta pero ellas son la respuesta. 
Organizaciones no gubernamentales y organizaciones de ejecución lo saben desde hace tiempo y actúan consecuentemente, cuando se las permite. 
No es posible realizar una política eficaz de desarrollo sin incluir a las mujeres. 
Estas no sólo son el motor de sus familias, sino también el motor de un posible desarrollo. 
Fundamentalmente, hay que celebrar que ahora la Comisión tome esto en cuenta en un reglamento y establezca así una especie de catálogo de conducta para la praxis de la política de desarrollo. 
En esta hora tardía, o temprana, quisiera dar también las gracias a la ponente del Parlamento, la Sra. Karin Junker. 
En su valoración del reglamento presentado ha destacado de forma muy clara los objetivos de la política sobre la mujer y las exigencias planteables a una cooperación al desarrollo. 
Nuestro grupo está de acuerdo con el informe. 
También tenemos, naturalmente, la esperanza de que de estos elevados objetivos pueda llevarse a la realidad todo lo que sea posible. 
Esto requiere no sólo voluntad política a todos los niveles, sino también socios fiables en Europa y en los denominados países receptores. 
Las mujeres sostienen el peso de la vida y soportan la presión del entorno, especialmente en los países más pobres. 
Darles la ayuda específica para que se autoayuden, significa algo más que ayudar meramente a las mujeres individualmente y a sus familias. 
El apoyo de la participación de las mujeres en el proceso económico, político y social significa dar una oportunidad al futuro en los países en vías de desarrollo. 
Por esta razón, debemos dedicar una gran atención al informe y al correspondiente reglamento del Consejo y ponerlos en marcha con buenos deseos. 
Permítanme que en el último segundo diga aún unas palabras sobre el marco del debate. 
Ciertamente no es un debate, es un asunto indigno para los pocos oradores y para la ponente, los cuales han de estar presentes aquí, y desde este lugar quiero dar expresamente las gracias a los intérpretes y a los fantasmas de servicio que tienen que aguantar aquí con nosotros hasta el último minuto. 
Nadie, salvo el Acta y el magnetófono, nos escucha aquí. 
Es indigno, tanto más cuanto que tenemos que tratar un tema tan importante, que requiere toda nuestra atención para poderlo resolver, para poder encontrar el planteamiento de la solución. 
Me gustaría hacer la propuesta de interrumpir estas actividades. 
Por ejemplo, se podría decir a partir de las 22.00 horas: entregamos por escrito nuestra intervención para el Acta. 
¿Quién nos escucha todavía aquí? 
El mundo en ningún caso, Europa en absoluto y los colegas tampoco. 
Todos conocemos la opinión de cada uno de nosotros. 
Esto es indigno, de cara a nosotros y, en cualquier caso, de cara al tema. 
Señora Presidenta, la propuesta de la Comisión para integrar la perspectiva del género como un factor importante en la cooperación al desarrollo tiene el objetivo correcto. 
En lo que se refiere a la implementación, desgraciadamente no ha ocurrido mucho. 
La Sra. Karin Junker habla sobre igualdad de derechos, sin embargo, con los roles de género existentes en los países en vías de desarrollo, más bien ha de llevarse a cabo un trato de favor de las mujeres. 
Esto quiere decir que hemos de confeccionar la ayuda directamente a la medida de las mujeres para que saquen de ella de este modo el máximo beneficio. 
Hemos de apoyar directamente a las mujeres a través de la concesión de tierras, créditos, mejores herramientas y tecnología. 
Las mujeres deben involucrarse en todas las fases de la cooperación al desarrollo y en todas las políticas. 
El mainstream approach general de la Comisión podría ser una parte de esta estrategia, si el principio por lo demás se cumpliera en la práctica y no quedara en huecas palabras. 
En la evaluación de la ayuda al desarrollo también deben emplearse estadísticas completamente separadas por género. 
Sin tales estadísticas no se puede medir el efecto sobre hombres y mujeres respectivamente. 
La UE no actúa de manera seria en la política del género. 
Lo vimos en el Libro Verde de Lomé y en la falta de prelación del personal en el terreno, que ha de ser ampliado de los tres actuales y debe ser fijo en un alto nivel para que tenga empuje. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar, quisiera dar las gracias a la ponente por habernos presentado ahora este trabajo, mediante el cual quizá avancemos también un trecho. 
Cuando debatimos en el último Pleno los informes sobre la presentación de las mujeres en la publicidad y sobre la violencia contra las mujeres pensé que muchas mujeres de los países en vías de desarrollo estarían contentas si tuvieran las preocupaciones que tenemos y no la carga que tienen que soportar allí. 
Han de recorrer aún un camino muy largo. 
Cuando reclamamos aquí que se les dé una participación legítima en el poder, en los ingresos y en cosas semejantes, éstos son objetivos que, sin duda, están en un remoto futuro. 
Me gustaría saber de la Comisión si está planea pasos a corto plazo para llegar un poco más cerca de estos objetivos en el sentido de que, por ejemplo, se mejore la situación de las rentas de las mujeres, que en los proyectos se piense, por ejemplo, en facilitar las preocupaciones y el trabajo diarios a estas mujeres que están encargadas de la alimentación de la familia y que seguramente no podrán salir de hoy a mañana de este entorno tradicional. 
En el informe hemos planteado de nuevo la cuestión de una comisión. 
Para la Comisión tengo el ruego de que esta comisión, colaborando también estrechamente con la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento, siga ocupándose de estos puntos que han sido citados por la Sra. Junker. 
No me atrevo, en efecto, a esperar que se haga realidad nuestra enmienda de implicar también en esta comisión al Parlamento. 
Por esta razón, tengo el ruego de que concibamos una colaboración tan estrecha como sea posible para mejorar la situación y avanzar un paso más. 
Pero, sobre todo, me interesaría también saber qué vías prevé la Comisión para implicar realmente a los afectados a fin de que no convirtamos los modelos de nuestra sociedad en criterios de lo que es bueno para las mujeres de los países en vías de desarrollo. 
Señora Presidenta, a los dos años de la Conferencia de Pekín sobre la Mujer han sucedido ya algunas cosas, pero no es suficiente. 
Veo también que la propuesta de la Comisión y la propuesta de un reglamento marchan en la dirección adecuada, es decir, del mainstreaming, y resaltan la cooperación al desarrollo desde la perspectiva del género. 
Pero veo también que tenemos muchos planteamientos y pocas medidas concretas. 
Los servicios de la Comisión tienen una débil dotación de personal. 
Falta aquí apoyo concreto a las organizaciones no gubernamentales de los países en vías de desarrollo que ayudan directamente a las mujeres. 
Hay tradiciones que se mantienen, la lucha contra la violencia se deja relativamente fuera del reglamento. 
Apenas hemos tratado el tráfico de mujeres, que ha cobrado proporciones dramáticas y que es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad. 
En lo que respecta al desarrollo sostenible quiero resaltar una vez más que es absolutamente necesario integrar con más fuerza a las mujeres en la concepción, planificación, ejecución y evaluación de los proyectos. 
Si queremos tomar en serio los resultados de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, hay que poner aquí resultados concretos sobre la mesa. 
Para terminar, quisiera destacar que las mujeres son la clave del desarrollo. 
Así lo hemos puesto de relieve en la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Las mujeres son la clave para el desarrollo sostenible, pues con las mujeres tendrán ustedes también la siguiente generación en el barco. 
Todos los resultados disponibles, por ejemplo, la experiencia con los microcréditos, muestran que hemos de considerar a las mujeres como la clave del desarrollo. 
Señora Presidenta, la Comisión acoge con agrado el proyecto de informe del Parlamento y expresa su satisfacción por el apoyo que ha dado el Parlamento a la creación de este reglón presupuestario en 1990 y por la evolución normativa desde la Conferencia de Beijing en 1995. 
La posición de la Comisión sobre las 18 enmiendas presentadas para su examen y votación es la siguiente. 
Podemos aceptar sin reservas siete enmiendas: las enmiendas 1, 2, 4 (por lo que se refiere al apartado 2) del artículo 1) , 5, 7, 8 y 11. 
La Comisión aprecia mucho en particular el apoyo del Parlamento respecto del enfoque general del reglamento. 
Dicho enfoque parece dar prioridad a las funciones estratégicas de mentalización, lo que puede mejorar la calidad general de toda la labor de desarrollo y cooperación de la Unión Europea en materia de cuestiones relativas al género, concentrándose particularmente en los renglones presupuestarios destinados a acontecimientos importantes en vez de financiar iniciativas en pequeña escala para la mujer por separado, lo que no tendrá las repercusiones apetecidas. 
También podemos adoptar las enmiendas 3 y 9. 
En esos dos casos parece haber un acuerdo sustancial en materia de política con el objetivo de la enmienda, pero sugerimos que se redacten de nuevo para aclarar el texto. 
No podemos aceptar las siguientes enmiendas: 4 (por lo que refiere al apartado 1) del artículo 1) ), y 12 a 18, ambas inclusive. 
Los comentarios detallados de la Comisión sobre las enmiendas que no podemos aceptar o respecto de las cuales se sugiere una nueva redacción, son los siguientes. 
En el punto 17 de la enmienda 3, el texto de la enmienda requiere revisión para conservar criterios claros para el renglón presupuestario. 
Sugerimos que se supriman las palabras "pequeña escala» en el texto modificado, y que la última frase diga lo siguiente :" los fondos de la Unión Europea para proyectos de desarrollo operacional deben utilizarse más en intervenciones que integren las cuestiones relativas al género o que recalquen concretamente desigualdades entre hombres y mujeres». 
En la enmienda 4 del artículo 1 (1) , para ser consecuentes con la política vigente y con los resultados de la Conferencia de Beijing, es preciso retener las referencias al empleo en el sector primario y a la intervención, así como a las políticas. 
En la enmienda 6 deseamos conservar la referencia a la necesidad de actuar contra las desigualdades relativas al género " en escala apropiada». 
La importancia de las desigualdades por motivos de género en esferas fundamentales como la alfabetización, el acceso a la atención médica y la nutrición se vio claramente en la Conferencia de Beijing, que también recalcó la necesidad de obrar en gran escala. 
Esto no significa necesariamente financiación adicional, sino más bien una reasignación de los fondos actuales. 
En la enmienda 9 acogemos con agrado la intención propuesta de la enmienda pero nos parece que la ampliación de su ámbito es demasiado ambiciosa para los recursos humanos o financieros de que disponemos hasta ahora. 
Podríamos aceptar una referencia a los sectores decisorios, y sugiero que se diga " en la Comisión y en los países en desarrollo» como alternativa. 
En la enmienda 10 el reglamento trata de cooperación para el desarrollo y no puede englobar fácilmente a las cuestiones comerciales, por lo menos a las cuestiones del comercio internacional. 
En la enmienda 12 preferiríamos que se mantuviera la flexibilidad de las referencias a servicios. 
Se trata de un texto estándar que se ha aprobado en otros muchos reglamentos recientes. 
La restricción de los fondos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento causaría problemas para algunos proyectos previstos en estos presupuestos, particularmente el apoyo para la creación de instituciones, que a menudo requiere que se preste apoyo para esa finalidad durante todo el proyecto, antes de que llegue a ser viable. 
La propuesta en favor de añadir un nuevo subartículo referente a los poderes de autoridad presupuestaria nos parece prematura. 
Esta cuestión debe examinarse en segunda lectura, pues normalmente sólo se plantea en respuesta a propuestas concretas del Consejo para que se faciliten cifras presupuestarias indicativas. 
En las enmiendas 13 y 14, para ser consecuentes y para que haya claridad jurídica, preferimos conservar el marco establecido en una serie de reglamentos recientes de este tipo. 
En la enmienda 15 apoyamos el deseo del Parlamento de reducir costos en el presupuesto de la Comunidad Europea, pero estimamos que los Estados miembros desearán con razón conservar una opción de representación adicional en el caso de los proyectos importantes o especializados. 
Estimamos que el requisito relativo a la presentación de informes adicionales es innecesario, ya que en el apartado 1 del artículo 9 se prevé ya la presentación de informes anuales al Parlamento. 
La propuesta en favor de que la Comisión coordine la cooperación bilateral y comunitaria es demasiado ambiciosa y rebasa la competencia de la Comisión. 
En cuanto a las declaraciones de interés personal, la Comisión no cree que el enfoque más eficaz o más apropiado consista en insertar referencias en las normas legislativas. 
En cuanto a la comitología en general, y particularmente las enmiendas 12, 15 y 18, somos partidarios de conservar la comitología convenida por razones de coherencia, por razones prácticas y para mayor claridad. 
Es impracticable sugerir cambios de poca monta en su organización y competencia en cada reglamento, teniendo en cuenta sobre todo que esas comisiones se ocupan en la práctica de proyectos en el marco de normas numerosas y diferentes en cada reunión. 
En las enmiendas 16 y 17 apreciamos la intención del Parlamento pero se trata de cuestiones administrativas internas que no sería lógico tratar de resolver por la vía legislativa. 
Permítanme añadir que las propuestas de la Comisión, que se hicieron hace una semana al Consejo y también al Parlamento, para el marco político del futuro Convenio de Lomé, definen con claridad el enfoque estratégico del futuro Convenio de Lomé. 
Me agrada mucho poder decir que si algo se subraya por estimar que merece la máxima prioridad, es la atención primaria concedida a las cuestiones relativas al género, y no sólo eso, sino también el hecho de tener en cuenta el enfoque estratégico del desarrollo que la Unión Europea debe adoptar con arreglo a las propuestas de la Comisión. 
Por último, éste no es más que un sencillo reglamento pero me parece que su tema merece un serio debate. 
Coincido sin reservas con el diputado que ha lamentado que tan pocos colegas estén presentes aquí, pues se trata de una cuestión importante que merece la atención de todo el Parlamento. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 0.25 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, muy rápidamente: el Sr. Killilea planteó ayer una cuestión de orden que, en mi opinión, es realmente una cuestión de orden y quiero pedirle el favor de que ponga en conocimiento de la Mesa su protesta, en particular la de que algunos colegas dañan al prestigio del Parlamento, y adopte las medidas oportunas al respecto. 
El Sr. Janssen van Raay acaba de manifestar el deseo de que la Mesa tome en consideración el asunto que el Sr. Killilea expuso ayer en su cuestión de orden. 
Puedo decirle, señor Janssen van Raay, que la Mesa ya ha examinado a fondo esta cuestión y la considera muy grave. 
Por decisión del Presidente y de la Mesa, la Sra. McKenna recibirá una carta del Presidente en la que éste expresará su sorpresa y consternación. 
Si, como todos tenemos motivos para pensar, la Sra. McKenna ha formulado acusaciones infundadas sobre el funcionamiento de este Parlamento, naturalmente se adoptarán las medidas que exigen estas graves acusaciones. 
Es todo lo que quería decir. 
Me limitaré a añadir que este proceso de autodestrucción resulta cada vez más dañino y peligroso. 
Señora McKenna, recibirá la carta dentro de unas horas. 
Señora Presidenta, un miembro neerlandés del Tribunal de Cuentas, el Sr. Engwirda, dio ayer una conferencia de prensa, en los Países Bajos, sobre el informe del Tribunal de Cuentas. 
Las noticias divulgadas por la radio neerlandesa, de cuyo contenido he tenido conocimiento por vía indirecta, decían, en resumen, que el Sr. Engwirda había afirmado entonces, al parecer, que el 70 % de los diputados al Parlamento Europeo hacían una utilización abusiva del reglamento interno en materia de gastos de viaje: el 70 % de los diputados a este Parlamento abusaban, al parecer, de los gastos de viaje. 
El informe del Tribunal de Cuentas dice que el 69 % de los miembros del Comité Económico y Social, y no del Parlamento Europeo, cometieron irregularidades con los gastos de viaje. 
Una de dos: o el Sr. Engwirda se expresó mal o la radio holandesa lo citó equivocadamente. 
Sea como fuere, los perjuicios en los Países Bajos son una vez más elevados. 
Por eso, quisiera preguntarle, señora Presidenta, si estaría dispuesto el Presidente del Parlamento Europeo a ponerse en contacto con el Sr. Friedmann, del Tribunal de Cuentas, para obtener una aclaración respecto de lo que dijo el Sr. Engwirda y una declaración en la que aclare que el Tribunal de Cuentas no se refería a este Parlamento. 
Ésta es mi primera pregunta. 
Ahora la segunda pregunta. 
Tal vez pueda decirnos también la señora Presidenta por qué motivo los miembros del Tribunal de Cuentas dan conferencias de prensa en nuestros Estados miembros, pese a no haberse iniciado siquiera el debate en el Parlamento Europeo. 
Creo que eso es poco elegante. 
En tercer lugar, creo, señora Presidenta, que, como todos saben, el Tribunal de Cuentas investiga también los gastos de viaje de este Parlamento. 
Por eso, quisiera, una vez más, insistir encarecidamente para que la Mesa aplique las decisiones adoptadas en junio por la Mesa y por la Conferencia de Presidentes, según las cuales se debe reformar el reglamento interno de este Parlamento en materia de gastos de viaje. 
Ya se han adoptado las decisiones de principio. 
Ahora se tienen que aplicar y considero de interés para nuestro Parlamento que así sea antes del próximo 1º de enero. 
Puedo asegurarle que el Presidente tomará todas las medidas que sean necesarias para esclarecer la situación, como usted ha solicitado. 
Señora Presidenta, después de las excelentes palabras del Sr. de Vries, podré ser breve, pues quería precisamente dedicar una intervención a este punto. 
Subscribo íntegramente la posición del Sr. de Vries y pido a la Mesa de este Parlamento que aclare, con la mayor brevedad posible, esta cuestión que cada vez perjudica más a nuestro Parlamento... que innecesariamente perjudica cada vez más a nuestro Parlamento. 
Señora Presidenta, creo que ha interrumpido usted a la Sra. McKenna cuando estaba hablando. 
Había invocado atinadamente un artículo que le permite hablar cuando se ha mencionado su nombre. 
¿Por qué entonces la ha interrumpido usted y ha permitido hablar al Sr. de Vries? 
No me quejo de que hable del Sr. de Vries, pero creo que ha interrumpido usted muy bruscamente a la Sra. McKenna. 
Señor Smith, en virtud del artículo 108 del Reglamento, gustosamente concedo la palabra a la Sra. McKenna. 
Personalmente, consideraba preferible que la Sra. McKenna tuviera conocimiento de la carta del Presidente para que prepara su defensa. 
Pero si desea presentar sus disculpas públicamente, le concedo la palabra muy gustosamente. 
Señora Presidenta, gracias por apoyar el derecho que me concede el artículo 108. 
Me ha sorprendido mucho que fuera a verme censurada de ese modo. 
No voy a pedir disculpas, quiero hacer constar... 
(Agitación) Tengo derecho a defenderme de conformidad con el artículo 108 y está usted haciéndome perder tiempo al interrumpirme. 
El problema es, en primer lugar, que mantengo las alegaciones que he hecho respecto de que no se puede justificar el gasto correspondiente al nuevo edificio y hay que investigarlo. 
Lo que dije en el periódico fue que, si no se hacían esas investigaciones, el público iba a dar por sentado que había corrupción y en esta Asamblea tenemos el deber de hacer que se investiguen las cosas. 
A ese respecto, simplemente quiero leer una carta del Fiscal General de Bélgica. «En respuesta a su carta de fecha 10 de junio de 1997, 020211, por la presente la informo de que se está llevando a cabo una investigación penal sobre esos asuntos, incluida la posible malversación de fondos pertenecientes a contratistas belgas de obras públicas que participaron en la construcción del complejo de edificios del Parlamento Europeo en Bruselas: los edificios D1, D2 y D3. 
La investigación se está centrando en parte en los posibles pagos de comisiones secretas a intermediarios con vistas a conseguir la adjudicación de los contratos. 
Así, pues, se puede poner en tela de juicio las acciones de personas, funcionarios y políticos, algunos de los cuales gozan de inmunidad. 
Sin embargo, en esta fase del procedimiento no hay personas de esa clase implicadas. 
Si aparecieran pruebas incriminatorias, ni que decir tiene que se aplicarían los procedimientos pertinentes. 
Espero haber disipado sus preocupaciones. 
(Fórmula de despedida y firma) ». 
Creo que esta Asamblea tiene el deber de comprender que lo que está ocurriendo aquí es que se debe tener en cuenta la idea que el público tiene de esta Asamblea, que hemos de apoyar cualquier investigación e incluso algunos diputados a esta Asamblea han pedido una investigación independiente sobre lo que está ocurriendo. 
El costo del nuevo edificio es injustificable. 
Nosotros vamos a utilizar el nuevo edificio, por lo que tenemos el deber de hacer que se responda a esas preguntas. 
No puedo ser totalmente responsable de la forma como informan los periódicos sensacionalistas, pero sigo diciendo que mantengo lo que dije. 
También me puse en contacto ayer con el periodista interesado y le dije que había inexactitudes y lo complementé con una carta de la que puedo dar una copia a usted. 
Pero se hacen ustedes a sí mismos y a esta Asamblea un flaco favor al matar al mensajero, que es lo que están haciendo aquí. 
(Aplausos del Grupo Verde y de diputados no inscritos) 
Señora McKenna, quisiera realmente apelar a su conciencia. 
¿Se da cuenta de la gravedad de semejantes palabras que siembran la duda sobre todos los funcionarios del Parlamento Europeo. 
Es sumamente grave. 
Se han dicho demasiadas cosas o no las suficientes. 
Qué se haga justicia. 
Si hay realmente personas afectadas, hay que nombrarlas, pero aquí usted acusa sin ninguna prueba y refleja en la prensa las palabras de esa carta. 
Eso desacredita a la Institución. 
Es muy injusto. 
Creo que no podemos iniciar ahora un debate sobre este punto. 
Nos encontramos sumidos en un caso muy grave que está sucediendo en este Parlamento. 
(Interrupción del Sr. Cohn-Bendit) No, señor Cohn-Bendit, no podemos prolongar... 
(Reacciones diversas) ¡No la estoy atacando! 
La Sra. McKenna recibirá una carta del Presidente y ella verá qué respuesta le da, y más tarde nos enteraremos todos. 
Creo que no podemos prolongar más este debate. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer a usted y a la Mesa la rápida decisión que ha adoptado en relación con este asunto, al pedir a Patricia McKenna, como diputada a esta Asamblea, que presente las pruebas para confirmar las acusaciones que hizo ayer en un periódico irlandés. 
Como miembro de la Mesa, ha de saber usted, señora Presidenta, que ayer le escribí a usted y a todos los miembros de la Mesa y en esa carta mencioné ciertas citas directas de la diputada aludida. 
Hoy añade un prefacio en el que dice que, si no se investigaran esos asuntos, el público podría pensar ciertas cosas. 
Lamentablemente, esa salvedad no apareció en parte alguna del artículo de ayer ni en las citas. 
De hecho, si en los periódicos tergiversaron voluntaria o involuntariamente sus palabras, me parece que, respecto de la cuestión de fondo sobre la que versaban sus palabras citadas, debe retirarlas o documentarlas. 
Permítaseme reproducir las citas a la Asamblea, porque muchos no sabrán como eran. 
Respecto de los edificios de Bruselas, decía: » Hay gente en Bruselas que está recibiendo sobornos cuantiosos». 
Segunda cita: » Aquí hay graves comportamientos mafiosos». 
Se trata de delitos penales extraordinariamente graves y, al hacer semejantes observaciones, o se presentan pruebas o se tiene la decencia de retirar lo dicho. 
Señora Presidenta, no comprendo por qué se enfada antes de que yo haya abierto la boca. 
Señora Presidenta, no lo entiendo, la Sra. McKenna ha dicho algo muy sencillo... 
(dirigiéndose a un colega) pero cálmese, joven, ya tendrá derecho a gritar más tarde o vaya a desayunar y vuelva cuando se haya calmado... 
Señor Cohn-Bendit, no debe mostrarse despreciativo con un colega. 
Qué se calle, eso es todo. 
Es muy sencillo: la Sra. McKenna dice que hay una investigación judicial sobre algo que nos afecta. 
Sabemos que la opinión pública de Europa es muy susceptible cuando se trata de las instituciones, las cuales siempre tienen reacciones corporativas que consisten en protegerse a sí mismas. 
La Sra. McKenna jamás ha dicho- lo ha repetido- que tuviera pruebas, pero que desde el momento en que una investigación... 
(dirigiéndose a un colega) pero no entiendo por qué se enfada. 
Acto seguido, la Sra. Fontaine tomó la palabra y exigió a la Sra. McKenna que se disculpase por haber hablado de una investigación de un procurador del Rey en Bélgica. 
No veo por qué la Sra. McKenna... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Mis queridos colegas, como han podido comprobar, y como compruebo yo misma con satisfacción, el Sr. Cohn-Bendit acaba de rectificar las manifestaciones de la Sra. McKenna tal y como se le atribuyen en la prensa. 
Creo que la Sra. McKenna sólo tendrá que rectificarlas de la misma manera en su respuesta al Presidente y de este modo se arrojará luz sobre este asunto, porque a nadie escapa que entre lo que acaba de decir el Sr. CohnBendit y lo que todos hemos podido leer en la prensa, hay más de una diferencia. 
A continuación pasamos a la aprobación del Acta. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, quisiera preguntarle si estaría dispuesta a solicitar a la Comisión, de conformidad con el apartado 6 del artículo 37, que haga mañana una declaración sobre la situación en el Iraq. 
¿Y por qué le pido esa declaración? 
Porque consideramos que, aunque la situación en el Iraq puede cambiar, en realidad, en cualquier momento y cualquier resolución por nuestra parte que entregásemos mañana podría haber perdido su pertinencia una hora después, consideramos necesario que se nos informe bien sobre las deliberaciones del Consejo de Seguridad, incluido lo relativo a su plena aplicación. 
Así, pues, le pido que se dirija a la Comisión Europea para pedirle que haga esa declaración mañana, durante el período reservado al debate de las cuestiones urgentes. 
Gracias, señora Oomen. 
Usted formula esta petición en virtud del artículo 37 del Reglamento. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Quiero hacer uso de la palabra, en nombre de mi Grupo, para apoyar esa petición. 
Puede que sepa usted que la semana pasada hubo considerable debate en la Conferencia de Presidentes sobre esto y una de las preguntas que yo y otros formulamos en aquel momento fue la siguiente: ¿qué se puede decir exactamente en este momento sobre una cuestión tan compleja y delicada? 
Es apropiado que, si podemos obtener una declaración de la Comisión, dispongamos de treinta minutos para formular preguntas de conformidad con el apartado 6 del artículo 37 de nuestro Reglamento. 
Eso nos permitirá examinar y escuchar las opiniones sobre esta cuestión en una atmósfera que no signifique un aumento y una agravación de los problemas. 
Quisiera apoyar la petición. 
Es importante que abordemos esto antes de las urgencias y objeciones, porque en este momento sólo hay cuatro asuntos en el orden del día de las urgencias. 
La verdad es que podríamos aceptar esto en primer lugar y reservar media hora para las preguntas específicamente relativas al Iraq. 
Señora Presidenta, sobre este tema, creo que una declaración de la Comisión será bien acogida, pero lo que realmente necesitamos es una declaración del Consejo, que es la institución competente en materia de la PESC, y no la Comisión. 
Tengo entendido que el Consejo no estará presente mañana. 
Y lo lamento. 
Mis queridos colegas, dos grupos políticos nos han presentado una propuesta de conformidad con el Reglamento. 
Esta media hora de preguntas a la Comisión se incluiría en el tiempo reservado al debate sobre problemas de actualidad, y preferentemente antes del mismo. 
En cuyo caso, la declaración tendría lugar de las 15.00 a las 15.30 horas. 
¿Hay alguna objeción? 
No la hay. 
La propuesta queda aprobada. 
Señora Presidenta, permítame sublevarme contra este procedimiento. 
Usted conoce el Reglamento mejor que yo. 
La propuesta presentada, evidentemente, procede de los dos grandes grupos que la semana pasada se negaron a aceptar la inclusión en el orden del día de un punto específico sobre Iraq. 
Usted, por su cuenta, ha vuelto a tomar la propuesta, porque conoce el Reglamento. 
De hecho, sólo el Presidente puede presentar una propuesta durante la sesión. 
Ahora bien, precisamente el primero de los escritos de objeción que tiene ante sí ha sido presentado por nuestro Grupo, con vistas a incluir, como primer punto del debate sobre problemas de actualidad, la cuestión de Iraq. 
El presidente Pasty tiene toda la razón. 
Dirigir preguntas a la Comisión no tiene mucho sentido. 
Celebremos un debate político sobre Iraq y procedamos a la votación, y que cada uno asuma sus responsabilidades en lo relativo a esta crisis. 
Señor Dell ' Alba, en realidad, en el fondo, estamos todos de acuerdo en lo relativo a debatir esta cuestión que, en efecto, es de la máxima actualidad. 
Someteré mi propuesta a votación. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción) 
De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, he recibido los siguientes escritos de objeción motivados respecto a la lista de asuntos elegidos para el debate de mañana por la mañana sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Señor Dell ' Alba y señor De Vries, el escrito de objeción que presentaron para la inclusión de la cuestión iraquí en el debate sobre los problemas de urgencia ha decaído, a raíz de la decisión que acabamos de adoptar. 
Antes del punto I 
Señora Presidenta, desearía intervenir sobre la cuestión de Togo. 
Señor Aldo, no puedo dejarle continuar. 
Es la regla: los escritos de objeción sobre problemas de actualidad tienen lugar sin debate. 
No es un debate, es una observancia del Reglamento, señora Presidenta. 
¿En virtud de qué artículo, señor Aldo? 
Apartado 1 del artículo 127, señora Presidenta. 
Le pido treinta segundos. 
Togo forma parte de la Asamblea Paritaria ACP-UE, que se rige por un Reglamento interno que hemos aprobado. 
Ahora bien, hoy se nos pide que celebremos una votación que viola el funcionamiento de la Asamblea Paritaria ACP-UE. 
Por este motivo, señora Presidenta, nuestro Grupo desea que no se celebre debate ni votación sobre el asunto Togo, que hace quince días ya fue objeto de un debate y una votación en el seno de la Asamblea Paritaria, que rechazó este asunto. 
Tal y como ha presentado la cuestión, señor Aldo, cabe considerar, en efecto, que usted se encontraba en el marco del artículo 127. 
Tratado de Amsterdam 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0347/97) de los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el Tratado de Amsterdam (CONF 4407/97- C4-0538/97). 
Señora Presidenta, este debate es el acto final de un largo proceso que comenzó el pasado mes de junio cuando este Parlamento nos nombró a Dimitris Tsatsos y a mí coponentes para el informe sobre el Tratado de Amsterdam. 
Y es un proceso en el que han participado 17 comisiones de este Parlamento, los Parlamentos nacionales- con quienes hemos celebrado una reunión el pasado mes de octubre -, organizaciones no gubernamentales y, muy especialmente, la Comisión de Asuntos Institucionales. 
A la hora de proceder a una valoración del Tratado de Amsterdam, señora Presidenta, creo que hay que hacerlo desde dos puntos de vista. 
El primero, son las circunstancias políticas que rodean a ese Tratado. Y las circunstancias políticas del pasado mes de junio no eran las más favorables. 
Recordarán ustedes que había varios procesos electorales en curso y, sobre todo, que el interés de los Estados miembros de la Unión estaba concentrado en el mantenimiento del calendario del euro. A mí eso me parece muy bien. 
Yo creo que el euro va a ser un foco de atracción importantísimo para el progreso de la construcción europea, pero quiero dejar claro aquí que el momento político no era el más favorable para la reforma de los Tratados. 
Y el segundo punto de vista, a la hora de valorar el Tratado, es analizar su contenido. 
Y su contenido no hay que analizarlo en relación con las expectativas, ni siquiera con las ambiciones que hubiéramos tenido en esta Asamblea. 
El contenido hay que valorarlo en relación con lo que había antes, es decir, con el Tratado de la Unión Europea. 
Y en este sentido, Dimitris Tsatsos y yo, desde el principio, quisimos lanzar un mensaje político claro: que el Tratado de Amsterdam contiene avances sustanciales para la construcción europea. 
En primer lugar, hay avances en lo que hemos denominado el pilar comunitario. Avances que se sintetizan en el artículo F, donde hay una nueva mención de los derechos fundamentales de la Unión y una puesta de manifiesto de que la Unión Europea- la Comunidad- es una comunidad de Derecho, donde prima la libertad, la democracia y los derechos fundamentales de la persona. 
Pero también, además de una comunidad de derechos, esta Comunidad es una comunidad de valores. No es solamente un mercado. 
Es una comunidad de valores. Y lo prueba la introducción de nuevas políticas en favor del medio ambiente, de los consumidores, de la sanidad pública y, en especial, en materia social. 
Yo recuerdo, cuando entré en este Parlamento, señora Presidenta, que me extrañaba que la Comunidad no tomara medidas para la lucha contra el desempleo, y un buen amigo y eminente miembro de esta Asamblea me dijo: ¡ah no! , esta es una comunidad económica, nunca habrá política social ni medidas contra el desempleo. 
Pues bien, en política cinco años no son nada. 
Ya hay medidas contra el desempleo. 
Y es verdad- como dicen muchos colegas en esta Asamblea- que seguramente son insuficientes. 
Es verdad. 
Bien, pero ya hay la posibilidad de que se aumenten dichos fondos. Y la experiencia muestra que, cuando se empieza el camino, al final ese camino se agiganta y se avanza más. 
En relación con la política exterior y de seguridad común- el segundo pilar -, yo creo que el Tratado de Amsterdam racionaliza los instrumentos jurídicos, crea órganos de tipo político, como la célula de planificación y alerta rápida, y el Secretario General del Consejo da una mayor operatividad a la troika. 
Todo eso es positivo, pero en política exterior lo importante es la voluntad política. 
No existirá política exterior mientras los gobiernos no sientan esa necesidad. 
Y, seguramente, mientras nuestros pueblos no la sientan también, de nada valdrán los instrumentos jurídicos que queremos. 
Es necesario crear esa voluntad política. 
Y creo que en temas de seguridad y de defensa se ha avanzado quizás mucho menos de lo que algunos queríamos, pero hay que aprovechar lo que hay. 
Son las misiones Petersberg las que pueden convertirse en lanzadera de esa Europa de la seguridad y de la defensa. 
Respecto al tercer pilar- los asuntos de interior y de justicia -, yo creo que no hay temas que estén más enraizados en la soberanía de los Estados miembros. 
Y esos temas, esas cuestiones de interior y de justicia, en el Tratado de Maastricht se debatían en el marco de la cooperación intergubernamental. 
Pero el Tratado de Amsterdam da un paso de gigante, puesto que reconoce que estos temas están mejor en el pilar comunitario, están mejor tratados en el marco del método comunitario que en el intergubernamental. Y es verdad que hay limitaciones. 
Pero, en vez de lamentarse, lo que hay que hacer es intentar suprimir esas limitaciones. 
Hay instrumentos para hacerlo y, desde luego, la declaración anexa, introducida por Alemania en este sentido, va en la buena dirección. 
El Tratado de Amsterdam también contiene normas importantes respecto al principio de subsidiariedad y al papel de los Parlamentos nacionales a través de la COSAC- rindo homenaje a la Sra. Fontaine, que preside con tanto acierto esta delegación-. 
Pero hay una gran carencia en el Tratado de Amsterdam. La carencia es la reforma institucional. 
Esta reforma institucional, que es necesaria para que la Unión funcione a quince, para que funcione eficaz y democráticamente, es absolutamente imprescindible si queremos que la Unión funcione en una Europa ampliada y por eso hemos propuesto, el Sr. Tsatsos y yo, un método para la elaboración de esa reforma institucional tan necesaria. 
Y ese método es una idea comunitaria. 
Nosotros lo que pedimos- y lo que decimos- es que este sistema de conferencias intergubernamentales ha llegado a su límite, y lo que pedimos es que se utilice el método que utilizamos en la Comunidad para resolver ese problema: que la Comisión elabore un informe con las propuestas necesarias para acometer una reforma institucional necesaria para la Unión, y que luego este Parlamento lo debata, y que luego sea transmitido a los Parlamentos nacionales en consonancia con el protocolo de la COSAC. 
Y creo que en la última reunión que tuvimos en COSAC- en Luxemburgo, hace sólo unos días- las respuestas de los Parlamentos nacionales fueron extraordinariamente positivas. 
Están interesados en hacer avanzar políticamente a esta Unión y creo que debemos contar con ellos y hacer cosas con ellos. 
Y si conseguimos elaborar un texto conjunto- Comisión, Parlamento Europeo y Parlamentos nacionales -, ese texto conjunto podemos ponerlo sobre la mesa de la Conferencia Intergubernamental para que sirva de base al acuerdo final que deben adoptar los gobiernos. 
Este Parlamento no quiere cambiar el sentido de la letra N del Tratado. 
No pretendemos hacer nada que se salga de lo estrictamente marcado en los Tratados. 
Lo que pretendemos es contribuir a resolver un problema que, en estos momentos, tiene la Unión pendiente. 
Y la manera de resolverlo, señora Presidenta, es pasar de ser un Parlamento impulsor- lo que este Parlamento ha sido en el pasado- a un Parlamento codecisor, que es lo que este Parlamento será después del Tratado de Amsterdam. 
Y mis palabras, señora Presidenta, quieren ser también de agradecimiento, en primer lugar a Dimitris Tsatsos, con quien he colaborado con muchísimo gusto en la redacción de este informe- y creo que nuestro tándem ha funcionado divinamente bien- y quiero agradecerle toda la paciencia que ha tenido conmigo, y también a la Comisión de Asuntos Institucionales y al secretariado, que ha hecho una labor estupenda, así como a mis colaboradores. 
Y mis últimas palabras, señora Presidenta, se refieren a la votación de esta tarde. 
No me quiero dirigir a aquellos que van a votar que no, porque están siempre en contra de que Europa avance. 
Me quiero dirigir especialmente a aquellos que son unos buenos europeos, que siempre han estado a la vanguardia del avance y la construcción europea pero que, en estos momentos, están tentados de abstenerse o de votar que no porque creen que el Tratado de Amsterdam es insuficiente. 
Recuerdo unas palabras de Ortega y Gasset, en un discurso que hizo en Berlín, cuando se refería a Miguel de Cervantes, quien ya viejo, ya agotado por la vida, decía que había momentos en nuestra existencia en los que había que elegir entre ser posada o ser camino. 
Ser posada significa no moverse, estarse quieto. 
Ser camino significa avanzar. 
El Tratado de Amsterdam es camino. 
Seguramente es un camino corto para nuestras ambiciones, seguramente es un camino estrecho, seguramente a muchos de nosotros nos hubiera gustado que ese camino fuera una avenida, pero es más importante ser camino y andar ese camino que quedarse quieto y ser posada. 
Y por ello, quiero pedir a aquellos que siempre han querido que Europa avance, aquellos que han estado siempre en la vanguardia de la construcción europea que reflexionen y que, con todos los que vamos a votar que sí, hagan con nosotros ese camino. 
Señor Presidente, voy a limitarme a la estructura y a la lógica de la votación. 
El presente proyecto de votación hace referencia al pasado, al presente y al futuro. 
En primer lugar, el señor Méndez de Vigo y yo hemos apreciado políticamente los elementos importantes del pasado. 
Y tenemos que subrayar la influencia real y decisiva que ha ejercido el Parlamento Europeo en el contenido del nuevo Tratado. 
Una influencia- desgraciadamente inexistente- que sin poder basarse en su consolidación, ha sido ganada mediante su insistente activación política, fundamentalmente a través de sus anteriores votaciones. 
En segundo lugar, el proyecto de votación hace una evaluación política del momento histórico presente. 
Los pueblos de Europa deben ser informados de las razones por las que el Parlamento Europeo considera una deuda histórica aceptar, aunque de forma crítica, el Tratado. 
En este punto el informe muestra los importantes pasos que se han dado en el asunto de Europa, pero sin acallar omisiones y errores. 
En tercer lugar, el proyecto de votación ha sido valorado políticamente con visión de futuro. 
Nuestra crítica al Tratado no tiene un mero carácter de protesta sino que es, sobre todo, constructiva. 
Con los ojos puestos en el porvenir, requerimos que se den los pasos que no se han dado y proponemos una nueva vía para el futuro, tal como ha mencionado el excelente colega y amigo, el Sr. Méndez de Vigo. 
Me voy a referir ahora a la filosofía básica de la votación. 
Nuestro primer objetivo era presentarles un concepto consensuado de Europa. 
Creemos que Europa no es sólo una unión de pueblos, sino también una unión de estados. 
Los procesos de unificación deberán llevar por supuesto a un análisis que, sin embargo, debe respetar también las culturas constitucionales nacionales. 
Sólo cuando los pueblos de Europa, en su existencia como estados, estén activamente reconciliados con la idea de una Unificación Europea y dejen de considerar el proceso de integración como un riesgo para su identidad nacional y cultural, sólo entonces, Europa podrá avanzar con éxito. 
Aquellos que se imaginen la integración europea alejada de la voluntad de los pueblos entienden de manera errónea la idea de Europa. 
Por eso saludamos tanto que el Tratado traslade bastantes capítulos del tercero al primer pilar (el paquete comunitario, gran parte de Schengen, la coordinación de la política para el empleo) , como también que el Tratado se introduzca con sumo cuidado en materias en que la cuestión de la identidad nacional es particularmente sensible. 
En el Tratado de Amsterdam, el asunto del empleo es también de suma importancia para el Parlamento Europeo. 
Por supuesto, los ponentes sabemos que lo acordado no se convierte en una realidad política simplemente porque haya sido acordado. 
Es necesario además, como ha destacado mi estimado coponente, la correspondiente voluntad política para hacer tangible lo acordado. 
El proyecto de votación tiene una postura crítica ante la renovación de las instituciones. 
Una renovación que aún no se ha hecho en lo esencial. 
Por ello, solicitamos al Parlamento Europeo que se pronuncie con claridad, pues una reforma institucional análoga es necesaria para cualquier ampliación de la Unión Europea. 
Permítanme comentar dos ejemplos: es necesario pasar del principio de unanimidad al de mayoría absoluta para la toma de decisiones del Consejo, especialmente por la ampliación proyectada. 
Pero de manera simultánea, este paso es incomprensible sin el mantenimiento de las excepciones básicas para el principio de unanimidad en los temas constitucionales. 
La redistribución de los votos en el Consejo también es considerada necesaria. 
Por ello, hay que estudiar y buscar en particular un medio de aplicación tal que no haga tambalear el equilibrio fundamental entre los países grandes y los pequeños como consecuencia del principio básico de igualdad de los Estados miembros. 
Me voy a referir ahora a la perspectiva histórica, a la que se ha referido de forma detallada mi estimado coponente Méndez de Vigo. 
La evolución de las instituciones en Europa deberá dejar de ser una cuestión de la burocracia y la diplomacia. 
Debe, al fin, convertirse en contenido del proceso político. 
La base del nuevo proceso de revisión que proponemos será la iniciativa del Parlamento Europeo, de los parlamentos nacionales y de la Comisión Europea. 
Esto significa que los deseos de los ciudadanos a los que representamos serán aquellos que han de constituir la base y el marco de cualquier decisión durante la próxima cumbre. 
Sólo así podremos poner la suerte de las instituciones en manos de sus portavoces naturales. 
Además, con nuestra propuesta se dará valor a la capacidad legislativa de los parlamentos nacionales y, a su vez, la cooperación con ellos convertirá también a Europa en asunto de diálogo político nacional, algo que hemos pretendido durante años sin conseguirlo. 
Señora Presidenta, tanto mi estimado colega Méndez de Vigo como yo, hemos aspirado a que el Parlamento Europeo reclame un nuevo papel, un papel que lo haga ser solidario con los parlamentos nacionales y que lo convierta en portavoz y baluarte de un nuevo concepto de la democracia en Europa. 
Señora Presidenta, al presentar mi opinión sobre este Tratado a la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, dije que era como un vaso de agua: se lo podía considerar medio vacío o medio lleno. 
Desde el punto de vista de la política exterior y de seguridad común, este Tratado no nos concede todo lo que desearíamos y, desde luego, no todo lo que Europa necesita. 
No creo que hayamos cruzado aquí el punto crucial en que vayamos a tener una capacidad coherente para influir en los asuntos mundiales. 
Mi comisión y yo recelamos de las fórmulas de adopción de decisiones adoptadas en Amsterdam. 
Pero, por otra parte, hay algunos avances en los que, como Parlamento, podemos basarnos pragmáticamente para contribuir al avance de la Unión. 
Acogemos con beneplácito la Unidad de Análisis y Planificación. 
Nos da continuidad y tiene su sede en Bruselas. 
Puede ayudarnos a escapar intelectualmente del sistema tripartito de examen de cuestiones concretas. 
De forma semejante, acojo con beneplácito el nuevo papel que corresponde al Secretario General del Consejo, también persona con una ubicación concreta e identificable y con quien podemos entablar una relación intelectual y permanente. 
Me hago eco de lo que acaba de decir el Sr. Tsatsos sobre la labor conjunta con los parlamentos nacionales. 
Eso es particularmente importante para la formulación de una política exterior y de seguridad común, porque entre nosotros- entre todos los parlamentos de Europa- debemos acabar con el mito de la exclusividad ejecutiva que durante demasiado tiempo ha predominado en los debates de política exterior. 
Creo que este Parlamento podría hacer mucho, pero sólo podremos hacerlo, si partimos de la calidad y la coherencia de nuestras observaciones sobre la política exterior. 
Creo que hemos dado un gran paso adelante con nuestra decisión adoptada esta mañana de pedir una declaración de la Comisión sobre el Iraq. 
La deficiencia del sistema se revela en nuestra incapacidad para conseguir una declaración del Consejo sobre el Iraq. 
Podemos acoger con beneplácito la inclusión de las misiones de Petersberg en el Tratado y al mismo tiempo lamentar el retraso en la reestructuración de nuestra defensa desde el punto de vista de la relación de la Unión Europea Occidental con la Unión Europea. 
En resumen, quisiera decir que en estos aspectos de la Política Exterior y de Seguridad Común el Tratado es ramplón. 
Es hasta cierto punto decepcionante, pero vale la pena contar con él. 
Por repetir lo dicho por el Sr. Méndez de Vigo, se trata de una vía que vale la pena recorrer, aunque en gran medida aún lo hagamos con esperanza. 
Señora Presidenta, la Comisión de Agricultura, en su opinión literalmente recogida en la exposición de motivos de este informe, hace una valoración negativa del Tratado de Amsterdam, especificando sus insuficiencias en los aspectos agrícolas y mostrando su decepción. 
Considera muy grave que no se hayan ampliado las competencias legislativas y de control del Parlamento Europeo en materia agrícola; estima que el hecho de que una política comunitaria como es la PAC, continúe excluida de un control democrático adecuado por parte del Parlamento Europeo sigue constituyendo un importante déficit democrático en la Unión, reclamando la extensión de la codecisión a la política agrícola. 
Pese a ello, señora Presidenta, este informe consigue encauzar este descontento y estas demandas dentro de una dinámica positiva de futuro, haciendo posible que este no inicial de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se convierta en un sí al informe Tsatsos-Méndez de Vigo, pues realmente funciona como un amortiguador respecto de las deficiencias del Tratado de Amsterdam. 
Por ello, señora Presidenta, ironías de la historia, nos encontramos con que lo que es realmente un informe crítico del Parlamento se convierte en el mejor instrumento para salvar las deficiencias de este nuevo Tratado. 
Los ponentes y también el Parlamento Europeo han hecho un magnífico trabajo, un trabajo que conseguirá realzar el valor de este difícil Tratado. 
Señora Presidenta, queridos colegas, a la Comisión de Presupuestos le ha resultado fácil examinar el Tratado de Amsterdam ya que del mismo no ha surgido nada que se ajuste a las expectativas y a los compromisos adoptados por los propios gobiernos cuando suscribieron el Acuerdo Interinstitucional de 1993. 
Los gobiernos se habían comprometido a abordar con nosotros las cuestiones presupuestarias, la revisión de los principios y las normas presupuestarias para llegar a una clarificación de los procedimientos, a una simplificación, a una mejor concertación, a la desaparición, en la medida de lo posible y en todo caso, al examen de este arcaísmo que constituye la diferenciación entre gastos obligatorios y no obligatorios. 
Se habían comprometido a examinar todos estos asuntos, compromisos que se respetaron en la apertura de la Conferencia de Turín y que el Parlamento había solicitado en reiteradas ocasiones. 
A pesar de ello no ha sucedido nada en Amsterdam. 
El Sr. Comisario Liikanen lo sabe perfectamente, todos lo sabemos, por lo que, desde este punto de vista, nuestra tarea ha sido fácil. 
En este sentido hemos condenado, naturalmente, la actitud de los gobiernos y los resultados de Amsterdam y hemos solicitado medidas que recoge el informe de los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos, creo, en el apartado en el que se pide el establecimiento, en el ámbito presupuestario, incluido el Fondo Europeo de Desarrollo, de una relación paritaria, funcional y democrática de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria y que se revise y se someta a la aprobación del Parlamento el sistema de recursos propios. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía debe estar defraudada, dicho suavemente, porque en los tratados no se incluyó un capítulo sobre energía, especialmente si consideramos que la energía será, naturalmente, una de las prioridades en política interna de la Agenda 2000. 
Tenemos incluso el mercado común de la energía. 
Y naturalmente hay que censurar vehementemente que Euratom haya quedado fuera de toda consideración. 
No se trata aquí sólo de SAFEGUARD, se trata de toda la industria nuclear, y en ese terreno el Parlamento sigue sin tener ningún derecho de coactuación, lo que hemos lamentado y criticado una y otra vez. 
A lo sumo se nos informa, y ello en un terreno político que tiene enormes resonancias en todos los países miembros. 
Por ello, nos habría parecido muy bien- aunque tendremos que seguir insistiendo en ello -, que esos dos ámbitos políticos, de los que somos todos nosotros dependientes, hubiesen sido incorporados a los tratados. 
Se hace urgentemente necesario que este Parlamento reciba plenos derechos de coactuación y que dejemos de tener sólo el poder de disposición sobre las existencias dinerarias correspondientes. 
De otro modo no es posible un control democrático, y sin control democrático no puede haber aceptación y aún menos credibilidad. 
Señora Presidenta, estimados colegas. Los retos principales de la economía exterior fueron establecidos en varias disposiciones del Parlamento Europeo: fortalecimiento de las relaciones entre la política interna y la externa, política económica exterior así como desarrollo y trabajo conjunto. 
Exigimos la introducción de una política económica exterior común, que cubra los intercambios comerciales de mercancias, servicios y capitales, patrimonio cultural, inversiones, libertad de circulación de personas y competencia. 
Exigimos una definición de las medidas necesarias para la participación de la Unión en organizaciones económicas internacionales, especialmente en la Organización del Mercado Mundial. 
Y exigimos además el fortalecimiento de las atribuciones competentes del Parlamento a la hora de formular nuevas estrategias, de negociar mandatos y de vigilar las negociaciones en el terreno de la economía exterior. 
¿Cuál ha sido el resultado? 
Mi opinión personal es que el Parlamento Europeo ha alcanzado mucho. 
En la política económica exterior, en cambio, hemos sido defraudados hasta la humillación. 
Particularmente, la Comisión. 
Espero que ésta saque las consecuencias del acontecimiento miserable de la aplicación del artículo 113. 
No será posible, lamentablemente, que la comisión hable con una sola voz por la Unión Europea en las negociaciones internacionales- al igual que en el marco de la Organización del Mercado Mundial- en temas de telecomunicaciones y servicios, puesto que se han rechazado los intentos de realizar esto. 
El problema principal fue la extensión del ámbito de validez del artículo 113 con el objeto de eliminar las cuestiones poco claras que surgen en el reparto de competencias entre la Unión y los estados miembros, y de, principalmente, poner a la Unión en el papel de ser la que hable con una sola voz en las negociaciones que tienen lugar en las organizaciones internacionales. 
La propuesta originaria fue primero debilitada y al final completamente abandonada. 
Las razones de ello son diversas. 
Quisiera decir lo siguiente para terminar: la exigencia de que nosotros hemos de adaptarnos a nuevos retos seguirá siendo el punto más importante del orden del día para el Parlamento Europeo. 
La competencia mundial precisa de una actuación al unísono en las negociaciones oportunas. 
Espero que ello pueda ser llevado a la práctica. 
Gracias por su paciencia. 
Una palabra muy elogiosa para los dos ponentes, que han trabajado con extraordinario empeño y han conseguido la aprobación de un documento excelente. 
Quiero hacer un llamamiento personal a los dos ponentes para que consulten el artículo 216 del Tratado, según el cual este Parlamento no tiene derecho a fijar su propia sede. 
Otros parlamentos lo tienen; nosotros, no. 
Además, quiero pedirles que lo comparen con la última frase del párrafo 12, según el cual nos asiste ese derecho. 
Es una pena, pues menoscaba la calidad del informe, que, por lo demás, es excelente, pues cuando en 1979 el Parlamento, elegido directamente, se reunió por primera vez aquí, en Estrasburgo, nada objetamos, señores ponentes, al respecto. 
Cuando pronto, en 1999, se celebren las quintas elecciones al Parlamento Europeo, podremos comprobar- y espero que ya después de la ratificación del Tratado de Amsterdam- que en un período tan corto, o sea, de 20 años, ningún parlamento ha conseguido reunir tantas competencias como el Parlamento Europeo. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos no ve el Tratado de Amsterdam como un vaso medio lleno de agua, sino como un vaso lleno de buen vino Mouton Rothschild. 
Estamos muy satisfechos con el Tratado de Amsterdam y consideramos también que contamos con competencias- y esto es, señora Presidenta, importante para la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos- que simplemente debemos utilizar mejor que hasta ahora. 
El Parlamento tiene que seguir el ejemplo de los tres vicepresidentes, quienes sacaron tanto partido de la codecisión, que nos convertimos en un parlamento de verdad. 
Debemos apoyar a nuestros tres vicepresidentes en ese sentido. 
Éstas son, pues, las opiniones que podrán encontrar Sus Señorías en el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Señora Presidenta, antes que nada, quiero felicitar a los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos por su excelente, detallado y transparente informe sobre el Tratado de Amsterdam, en el que he vuelto a ver muchos asuntos que, ya en el pasado, quiso abordar la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Como ponente para opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, creo que el Tratado de Amsterdam ha sido un éxito y ofrece nuevas posibilidades para una Europa social. 
Sin embargo, el éxito de este Tratado dependerá sobre todo de la forma como lo apliquen los Estados miembros y las instituciones comunitarias, entre ellas el Parlamento. 
Estamos, en particular, satisfechos por la inclusión en el Tratado del protocolo social y de algunas cláusulas sociales. 
Con ello se indica que la política social en Europa pasa a estar en el nivel de la política económica, aun cuando tal vez haya aún muchos asuntos que se deban decidir por unanimidad. 
En vez de una Unión Económica y Monetaria, ahora tendremos una Unión Social, Económica y Monetaria. 
En otras palabras, no una UEM, sino una USEM. 
Con el protocolo social, se ha incluido también en el Tratado el diálogo social. 
A ese respecto, presentamos una enmienda que también fue adoptada en el informe, pues la concertación de un acuerdo interinstitucional en esa esfera reviste ahora mayor urgencia. 
Un segundo avance importante radica en la inclusión en el nuevo Tratado de Amsterdam del capítulo sobre el empleo. 
Con ello se podrán aprobar orientaciones y establecer proyectos experimentales. 
La pelota está ahora en el terreno del Consejo Europeo, que se reunirá esta semana en Luxemburgo, en el sentido de dar aplicación efectiva a ese capítulo y formular orientaciones y proyectos experimentales. 
Señor Presidente, de lo que ahora se trata es de que pongamos realmente en práctica lo que hemos conseguido en nuestra política social y de empleo. 
En ese sentido, el Parlamento tendrá aún mucho que hacer, junto con las demás instituciones. 
Señora Presidenta, señor Comisario, yo quiero decir en primer lugar que el Tratado de Amsterdam me parece que tiene aspectos positivos y que es una victoria de Europa, un progreso de Europa. 
Alguien podrá decir que es, quizás, una victoria pírrica, una victoria limitada, pero en cualquier caso el momento de los grandes avances y los grandes progresos ha pasado y este es un avance significativo, aunque hay que reconocer que es modesto. 
Me limitaré a formular los aspectos de política regional. 
Por un lado, existe la consideración en el Tratado de las regiones ultraperiféricas que presentan unos problemas singulares importantes a nivel de la Unión Europea. 
Otra consideración se refiere a los problemas de la insularidad de ciertas regiones, insularidad incluso de algunas regiones que pueden ser calificadas de ricas- como puede ser el caso de las Islas Baleares a las cuales represento políticamente -, pero que tienen unos problemas muy específicos de insularidad. 
Veo también muy positivo el hecho de la valoración de los problemas transfronterizos. 
Por primera vez en los Tratados se recoge una mención a la cooperación transfronteriza que, no olvidemos, es uno de los elementos fundamentales de la construcción de la unidad europea. 
Robert Schuman decía que «las fronteras son las cicatrices de la historia de Europa». 
Es importante que, en los problemas transfronterizos, el Parlamento consulte al Comité de las Regiones, porque eso significa reconocer que es a nivel de las regiones, a nivel de la institución más próxima a los ciudadanos, donde se viven de un modo más decisivo los problemas transfronterizos y, en este sentido, creo que es positiva esta referencia a la cooperación transfronteriza y al Comité de las Regiones. 
Por otra parte, lamento también que el Tratado no recoja el derecho de las regiones con capacidad legislativa a poderse dirigir al Tribunal de Justicia. 
En cualquier caso, entiendo que este Tratado es un avance positivo en lo que se refiere a la política regional de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, en materia de educación y cultura, el Tratado de Amsterdam no responde a las expectativas que había suscitado. 
No dispongo de tiempo para hacer un balance completo de lo que queda de nuestras propuestas, no obstante, quisiera hacer algunas observaciones. 
A pesar de que valoramos la referencia que el Tratado hace hoy al deporte- aunque no llega a dotarlo de una base jurídica -, lamentamos que, una vez más, se haya olvidado a la juventud. 
En ningún lugar del Tratado se incluyen los derechos del menor ni el servicio civil voluntario europeo. 
También nos hubiera gustado que los redactores de este Tratado acepten proyectarse hacia el futuro y tengan en cuenta a la sociedad de la información y sus consecuencias. 
Pero eso no es lo más grave. 
Lo que es desesperante- y mido mis palabras- es el trato que se ha dado a la cultura y al famoso artículo 128. 
El principio de la codecisión, que en sí es algo bueno, asociado al mantenimiento de la unanimidad en las votaciones a nivel del Consejo, deja estéril cualquier política cultural. 
No hay más que ver qué son los programas " cultura» para convencerse de ello. 
No obstante, también la cultura y la educación nos ayudarán a construir una Europa sólida, abierta, rica en valores propios, pero también en su diversidad cultural. 
El problema radica en convencer de ello a aquellos que sólo razonan en términos de tasa de crecimiento y criterios económicos. 
Señora Presidenta, queridos colegas. El contrato se ha convertido en un monstruo jurídico de goma. 
Cada uno le sopla hacia donde le indica su buen parecer, cada uno le da la forma e interpretación que le viene bien, y esto es tanto más evidente e inquietante en la tercera columna de la política judicial e interior común. 
Las competencias del Tribunal Europeo tienen tantos agujeros como un queso suizo. 
El Tratado de Schengen es una fuente de imponderabilidad, y el nuevo Tratado transforma los cimientos del orden constitucional de la Unión Europea porque fortalece enormemente la posición del Ejecutivo respecto del Legislativo. 
Informar de ello en un minuto a quienes tienen a su disposición las Comisiones de asesoramiento, no es serio. 
Les invito de corazón a que lean a fondo el informe de la Comisión de libertades fundamentales y asuntos internos, que fue acordado por unanimidad, porque en el informe de la Comisión Institucional no aparece de él ni una sola línea. 
Yo ya he vivido mucho, pero algo así jamás. 
Las comisiones asesoran durante meses sobre el Tratado de Amsterdam, que llevó años de negociaciones, para que la Comisión Institucional rechace repentinamente todas las propuestas de enmienda. 
Así llega un Parlamento por él mismo ad absurdum. 
Siento tener que decir todo esto cuando el resultado estaba ya establecido desde el principio. 
¡Lo que no debe ser, no es! 
Esta actitud no contribuye nada con la credibilidad. 
La Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores ha decidido por unanimidad que así no podemos declararnos de acuerdo con el resultado. Y en eso tiene, en la forma y en el contenido, toda la razón. 
Señora Presidenta, el Tratado de Amsterdam no podría hacer buenas migas con la «Europa Azul». 
Cuarenta años después de la firma de los Tratados de Roma todavía son los letrados y los expertos en derecho comunitario los únicos que pueden encontrar la política de pesca en el Tratado fundacional de la Unión Europea, concretamente dos veces: una escondida en el Artículo 38 y otra en el Anexo II del Capítulo 3 entre despojos comestibles, pajarería y miel natural. 
Desde un punto de vista puramente jurídico la política de pesca pertenece al ámbito de la política agraria. 
Sólo que debería estar claro para todo aquél que haya seguido atentamente los debates en esta casa, que nosotros no tenemos que luchar con excedentes como la agricultura. 
Al contrario, tenemos que ver con mares esquilmados catastróficamente. 
En consecuencia, la Comisión de Pesca y el Parlamento Europeo han pedido en sus acuerdos para la Conferencia gubernamental que se incluya en el Tratado un capítulo propio dedicado a la pesca. 
Un capítulo que establezca las líneas maestras de una actividad pesquera responsable. 
Desgraciadamente, los Jefes de Estado y de Gobierno no han correspondido esas peticiones. 
Lo mismo vale para el Procedimiento de codecisión. 
La política de pesca no pudo sacar nada de la extensión de ese procedimiento. 
Por eso agradezco a los que elaboraron el informe y a la Comisión institucional que en su resolución pida la utilización de ese procedimiento también en la política de pesca. 
Un último punto: los acuerdos internacionales, una parte muy importante de la política pesquera común. 
El viernes que viene, por ejemplo, estaremos aquí en el Pleno sobre cuatro acuerdos internacionales, y no obstante, en contra de nuestras exigencias a la Conferencia Intergubernamental, sólo será utilizado el procedimiento de consulta. 
También estoy agradecido de que la resolución exija la utilización del procedimiento de adhesión en acuerdos internacionales importantes. 
Habrá seguro una nueva Conferencia Intergubernamental, y nuestras exigencias en política de pesca volverán a ser planteadas otra vez. 
Señora Presidenta, la Comisión de Derechos de la Mujer está convencida de que el proyecto de Tratado de Amsterdam representa un paso político adelante, ya que codifica el principio de la no discriminación en función del sexo, como principio fundamental del derecho comunitario, y enuncia la igualdad entre los sexos como uno de los objetivos del Tratado de la Unión Europea. 
Nos congratulamos en particular de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en las misiones de la Comunidad y del reconocimiento de la importancia del mainstreaming y de políticas activas de igualdad de oportunidades en todas las acciones de la comunidad. 
Considera, además, la Comisión de Derechos de la Mujer que la distinción entre empleo y el concepto más amplio de trabajo significa que se ha pretendido abarcar todos los aspectos de la actividad de las mujeres, además de la profesional. 
Hace un llamamiento a la Comisión y, en particular, al Comisario Oreja para que se dirija específicamente a las mujeres en sus campañas de información a favor de la ratificación en todos los Estados miembros, con lo que aumentará el grado de concienciación sobre las ventajas conseguidas en el Tratado propuesto. 
Por último, la Comisión de Derechos de la Mujer solicita la convocación de una conferencia organizada conjuntamente por la Comisión y el Parlamento y destinada a informar y movilizar al mayor número posible de mujeres de organismos elegidos y de ONG en todos los Estados miembros en el ámbito de las campañas de ratificación del Tratado. 
Señora Presidenta, en el Tratado de Amsterdam figuran avances importantes en cuestiones relativas a los derechos fundamentales, a la no discriminación, a la libre circulación de personas, a la ciudadanía y también a las garantías de dichos derechos mediante el control jurisdiccional y del propio derecho de petición. 
Nuestra principal preocupación es la de garantizar la efectividad práctica de dichos derechos y, por eso, tememos que la insuficiencia de las reformas institucionales de Amsterdam prolongue la ineficacia de los procesos de decisión tendentes a aplicar las normas del Tratado. 
De modo que nuestra actitud es la de hacer una interpretación objetiva del Tratado sin mitificar sus avances ni criticar exageradamente el conjunto por la evidente insuficiencia de los cambios institucionales con vistas a la ampliación. 
El Tratado da pasos seguros en pro de los intereses y las aspiraciones concretas de los ciudadanos. 
Por eso, el Parlamento debería dar un mensaje positivo sobre él, que facilite la adhesión de la opinión pública en un momento en que se prepara el gran cambio cualitativo que es la moneda única. 
La estrategia institucional ahora propuesta, en particular en lo relativo a un método nuevo de revisión de los Tratados, menos intergubernamental y más próximo a los procesos constituyentes por la intervención más eficaz del Parlamento Europeo y- añado- de los parlamentos nacionales, merece todo mi apoyo. 
Pero no puedo ni debo decir lo mismo de los objetivos de la reforma institucional propugnada, que se limitan a las cuestiones del poder decisorio de los Gobiernos y hacen aparecer ante las opiniones públicas el espectro de un directorio de grandes Estados y olvidan lamentablemente las otras grandes cuestiones institucionales relevantes para la ampliación, tales como la reforma del presupuesto comunitario y el papel y los medios de las políticas de cohesión económica y social. 
Tampoco puedo convenir con la estrategia propugnada de condicionar la ampliación a las reformas institucionales citadas tomando a los pueblos de los países candidatos como rehenes de las estrategias de lucha por un mayor poder de los actuales Estados miembros actuales. 
Señora Presidenta, oponerse al Tratado porque sea insuficientemente europeísta e integrador puede contribuir a fortalecer la crítica antieuropea y la desconfianza relativa a los cambios, aun limitados, pero bien encaminados: una Unión más democrática, más apta para regular los procesos económicos con vistas a garantizar la equidad y la cohesión, pero vinculada a los valores de los Estados de derecho y más próxima a los ciudadanos. 
Señora Presidenta, estimados colegas, el Proyecto de acuerdo contiene acertadamente la extensión del procedimiento de codecisión para el Parlamento Europeo. Desde un punto de vista democrático fundamentalmente es bienvenido. 
Tengo que constatar no obstante, que la extensión del procedimiento de codecisión no se ha garantizado en ámbitos esenciales que son importantes para el funcionamiento del Mercado Común. 
Esto vale especialmente para la política industrial, el sector bancario y financiero, y también en temas de impuestos. 
Sería realmente importante que la coordinación fuese más eficiente en esos ámbitos, también en el del empleo. 
Aquí hay que mejorar. 
Es de lamentar absolutamente que en el proyecto de acuerdo no se prevean determinados instrumentos. 
Del mismo modo que para el funcionamiento de la unión monetaria debería haber habido también instrumentos para una mejor coordinación de las políticas económicas. 
Por eso, para la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial tiene especial importancia que mientras tanto lleguemos a pesar de todo a una estrategia común de coordinación y cooperación en política económica. 
Tenemos que concretar la unión económica y asegurar su modo de funcionamiento. 
Para ello se necesita especialmente de la participación del Parlamento Europeo, y hay que mantener que el Artículo 103 sea llevado a la práctica, si hubiese lugar a ello por medio incluso de un convenio interinstitucional hasta la próxima modificación del acuerdo. 
Queremos simplemente una política económica para la Unión Europea, que sea eficiente y democráticamente afianzada, y que por otra parte esté orientada al empleo. 
No nos olvidemos que la falta de coordinación de las políticas económicas en el período de 1991 a 1995 dio lugar a un crecimiento negativo del 3 % en perjuicio del empleo. 
¡Esto no nos lo podemos permitir! 
Si bien el Tratado de Amsterdam no ha significado afortunadamente pasos hacia atrás en política económica, hay que decir también que el ensamblaje de ámbitos políticos importantes como economía, empleo, y política financiera y de divisas es deficitario. 
Por ello es sencillamente importante que impongamos en la próxima enmienda del Tratado una extensión de las competencias de la Comunidad, la especificación de sus instrumentos de acción y el derecho de voto mayoritario. 
Señora Presidenta, el Grupo Socialista votará hoy a favor del Tratado de Amsterdam e instará a los parlamentos nacionales y, cuando proceda, mediante referendos, a los ciudadanos de la Unión para que voten a favor. 
Para mi Grupo siempre ha habido dos prioridades respecto de este cambio del Tratado: en primer lugar, que debe satisfacer las necesidades, aspiraciones y esperanzas de los ciudadanos de la Unión más apropiadamente y, en segundo lugar, debe preparar la Unión para la ampliación. 
En esta Asamblea conocemos las complejidades del sistema de adopción de decisiones de la Unión Europea y participamos en ellas. 
En esta Asamblea anhelamos la coherencia institucional y el sentido común y el presente Tratado no es- también lo reconocemos- suficiente en ese marco. 
Si bien reconocemos los cambios que Amsterdam ha aportado al Tratado, al ampliar en algunos sectores la votación por mayoría cualificada y la codecisión e introducir otros cambios institucionales menores, nosotros, que tan profundamente participamos, reconocemos también que no se hizo bastante para crear una estructura de adopción de decisiones para veintitantos Estados miembros. 
Por eso insistimos en esta votación de hoy en que la ampliación es imposible sin un cambio institucional suplementario. 
No es sólo nuestra opinión en este Parlamento, es también la de la Comisión, es también la expresada por varios Estados miembros de la Unión Europea. 
Además, debemos ver también con claridad las ventajas que este Tratado aporta y los importantes avances que representa para hacer sintonizar de nuevo a Europa con sus ciudadanos. 
Desde junio hemos participado aquí en una discusión, increíblemente intrincada, sobre cómo podemos provocar una nueva ronda de cambios institucionales. 
Eso es importante, no me cabe la menor duda, pero no es lo ideal precisamente para convencer a quienes están fuera de este Parlamento de que nos importa el orden del día de que la mayoría de la gente habla. 
Conque, si queremos la ratificación del Tratado en toda Europa, y creo que sí, al menos debemos expresar con claridad cuáles son sus ventajas. 
Debemos alegrarnos de que haya un título sobre el empleo que esta misma semana recibirá- espero- su marco básico en la Cumbre Extraordinaria sobre el empleo de Luxemburgo. 
Debemos alegrarnos de la nueva competencia para luchar contra la discriminación que se ha acogido ampliamente con beneplácito- debo decirlo, pues he recorrido la Unión en los últimos meses -, en particular en este Año Europeo contra el Racismo. 
Debemos alegrarnos de los pasos adelante sobre la igualdad de oportunidades, el medio ambiente, la salud pública, la protección de los consumidores. 
Debemos alegrarnos de las novedades en materia de transparencia, la reducción en el número de procedimientos para la adopción de decisiones, la intensificación de la lucha contra el fraude y la mejora de la cooperación aduanera. 
Se trata de una lista larga e importante. 
Algunos sostienen que el público está profundamente decepcionado con el Tratado de Amsterdam. 
Algunos sostienen que el absoluto silencio habido sobre el Tratado desde junio demuestra que no ha sido un acontecimiento. 
Tal vez demuestre más bien que el Tratado no les asusta. 
Como sabemos por experiencia propia en esta Asamblea, con frecuencia las buenas noticias no se consideran noticias. 
Espero que los ciudadanos de la Unión consideren el Tratado institucionalmente modesto, cierto es, necesitado de cambio antes de la ampliación, pero reconozcan que aborda en gran medida de forma seria, aunque no espectacular, sus preocupaciones más importantes. 
El empeño de la creación de puestos de trabajo, la coherencia de nuestra sociedad, la protección de nuestro planeta, la ampliación de los derechos de los ciudadanos, la transparencia y la democracia: mi Grupo vota a favor de ese orden del día. 
Señora Presidenta, estimados colegas, en nombre de mi Grupo quisiera dar las gracias a los dos ponentes por su inteligente informe que ha aglutinado al Parlamento. 
Apoyaremos este informe y con él apoyaremos también la recomendación de ratificar el Tratado de Amsterdam 
Este Tratado, sin embargo, no ha satisfecho el objetivo de ser una preparación para la ampliación. 
Satisface la condición de que comenzaremos con las negociaciones, pero no que podamos concluirlas. 
Esto tiene que ver, en especial, con el hecho de que a través del escasísimo desarrollo del principio de la decisión por mayoría cualificada no se produce la eficacia necesaria para una ampliación de 5, 10 u 11 países miembros. 
Si el Consejo ECOFIN dice que no debe haber ninguna competencia en materia de impuestos, tiene razón. 
Pero sería mejor el principio de la mayoría en la política fiscal para conseguir las armonizaciones necesarias en los ámbitos necesarios. 
Lo mismo sea dicho para el ámbito de las políticas estructurales y para la imposible situación en el ámbito de la política de comercio exterior, por nombrar solamente algunos puntos esenciales. 
No sólo deberíamos urgir estas reformas institucionales en una próxima conferencia intergubernamental que debe tener lugar antes de la próxima ampliación, sino que daremos importancia a que los ámbitos de la política de Justicia e Interior, que han sido comunitarizados, sean incluidos en la decisión por mayoría/codecisión a los cinco años después del Tratado. 
No necesitamos tanto nuevas competencias dentro de la Unión Europea. Lo que necesitamos ahora son los instrumentos para asumir de manera razonable estas competencias que ya tenemos. 
Esto lo queremos hacer patente y lo queremos imponer utilizando de manera pertinente el Tratado. 
Pero, naturalmente, no deberíamos hablar solamente de las cosas negativas. 
Deberíamos aludir al acuerdo de que el Parlamento tenga en el futuro la codecisión en los ámbitos del primer pilar, en los que el Consejo decide por codecisión. 
Y esto lo considero como un avance esencial para los derechos del Parlamento. 
El Parlamento aparece ahora definitivamente en la legislación en la tribuna de la Unión Europea. 
La única excepción es de hecho la política agrícola y de pesca, tanto en la legislación como en la política presupuestaria, y esto ha de ser revisado en la próxima vuelta para poner en marcha también en este ámbito la igualdad de derechos. 
Tenemos que afirmar que la relación entre las instituciones se va a modificar a la larga en virtud del derecho del Parlamento Europeo a elegir el Presidente de la Comisión. 
En el futuro los Jefes de Estado y de Gobierno se van a pensar qué Presidente va a tener aquí la mayoría. 
Esto va a conducir a una politización de este órgano y a influir también en cierta manera en el futuro la relación entre la Comisión y el Parlamento. 
Habría que pensar una vez más algunas cosas que he escuchado de los informes de las comisiones concretas. 
No se trata de que incluyamos en el Tratado cualquier ámbito con regulaciones especiales, sino que necesitamos menos regulaciones especiales, más bien necesitamos una simplificación del Tratado para someter a las mismas normas todos los ámbitos de la política. 
No debemos llegar a un Tratado gigantesco, sino a un Tratado más pequeño. 
Debemos lograr a la larga una Constitución pues éste es el único camino de avanzar aquí realmente. 
Este Tratado ofrece la posibilidad de que los derechos sociales y civiles fundamentales se conviertan en una base de medida, judicialmente constatable, para nuestra legislación. 
Éste es un gran avance. 
En la próxima vuelta queremos implantar entre los derechos fundamentales para nuestros ciudadanos los derechos individuales de súplica, pero este paso es un paso grande y decisivo que deberíamos utilizar pertinentemente. 
La inclusión del capítulo social y del capítulo sobre el empleo en el Tratado global crea la dimensión social de esta Unión Europea. 
Nosotros, como Parlamento Europeo, estamos urgidos a coutilizar estos instrumentos. 
El Tribunal Europeo de Justicia, contra el parecer de la Sra. Hoff, ha sido fortalecido en este Tratado y la comunitarización de grandes partes de la política de Justicia e Interior, es decir, de todos los ámbitos que tienen que ver con la implantación de normas y de estándares, constituye un gran avance para la Comunidad de Europa y contra la Europa intergubernamental, y este trabajo lo deberíamos proseguir. 
En la política exterior y de seguridad tenemos nuevos instrumentos y nuevos procedimientos. 
La praxis mostrará si traen un auténtico progreso. 
Si contemplo la unidad de planificación y veo cómo en algunos gobiernos miembros se habla de ella, de que sólo va a ser un órgano COREPER, en la que los países van a estar representados por una persona respectiva, entonces esto no significa ningún avance. 
Esta unidad de planificación no debe convertirse en un organismo a nivel de embajadores o por debajo del mismo, sino que debe ser una auténtica solución comunitaria. Con la plena incorporación de la Comisión, de lo contrario esto no podrá traer éxito alguno. 
Vamos a procurar que se ponga sobre la mesa una propuesta tan razonable y el Parlamento no va a permitir otra cosa. 
Con el método de la conferencia intergubernamental, seguido hasta ahora, hemos llegado al final. 
Europa debe ser acuñada en un diálogo político y no debe ser detenida por los portadores de reparos en las estancias oficiales de los ministerios nacionales. 
Sólo entonces estaremos en condiciones de poner en marcha un nuevo ordenamiento de Europa, y en ello deberíamos trabajar. 
Señora Presidenta, queridos colegas, el debate que hoy celebramos sobre el Tratado de Amsterdam es un debate eminentemente político y no institucional, puesto que, paradójicamente y en virtud de los Tratados, el Parlamento Europeo está totalmente excluido, incluso a título consultivo, del procedimiento de ratificación, a pesar de su participación, que todos coinciden en reconocer que no ha sido nada desdeñable, en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
Los ponentes de la Comisión de Asuntos Institucionales, los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos- a los que, en nombre de mi Grupo, quiero felicitar por la calidad de su trabajo- emiten un juicio globalmente muy positivo sobre el Tratado de Amsterdam, y recomiendan su ratificación a los Estados miembros. 
La inmensa mayoría de nuestro Grupo aprueba dicha recomendación. 
Ciertamente, los resultados de la Conferencia Intergubernamental se han quedado muy cortos de los ambiciosos objetivos que ella misma se había fijado. 
Se han eludido las cuestiones constitucionales relativas a la composición de la Comisión y la ponderación de los votos en el seno del Consejo, y los escasos progresos registrados en el sector de la PESC son claramente insuficientes para dotar de auténtica credibilidad a la política exterior de la Unión, además de la ausencia de toda perspectiva de defensa común. 
El Parlamento Europeo debe congratularse, en cambio, de la ampliación del ámbito de aplicación y de la simplificación del procedimiento de codecisión, de la inclusión en el Tratado de un capítulo relativo a la política de empleo y de la comunitarización del acervo de Schengen, la aplicación anticipada del procedimiento de cooperación más estrecha, que ya reconoce el Tratado. 
Hemos expresado nuestro deseo de que este procedimiento de cooperación más estrecha, en el futuro, no se utilice de manera excesivamente restrictiva mediante el ejercicio intempestivo del derecho de veto reconocido a los Estados miembros. 
Dichos progresos justifican el dictamen conforme del Parlamento Europeo a la ratificación del Tratado de Amsterdam, aunque debemos continuar nuestra acción para se emprenda cuanto antes la reforma institucional, al objeto de que ésta intervenga- lo cual es de capital importancia- antes de la primera ampliación. 
Esta exigencia es fundamental si queremos que la Europa ampliada a once nuevos Estados dé origen realmente a una entidad política, completamente decidida a reafirmarse en el panorama internacional y a responder a las grandes expectativas de sus ciudadanos en materia de empleo y de crecimiento; en otras palabras, si queremos una Europa política que no sea solamente un gran mercado y una zona monetaria administrados por simples gestores en los que los políticos deleguen sus poderes. 
Para lograrlo, hace falta voluntad política; ésta no se decreta. 
Tampoco puede ser el resultado de la toma de conciencia por parte de los pueblos y sus gobernantes de los desafíos que Europa debe superar en los albores del siglo XXI. 
Hasta ahora, la Europa de los Seis que fue creciendo progresivamente hasta convertirse en la Europa de los Quince, ha sabido hacer frente al desafío de la reconciliación de los pueblos que estuvieron enfrentados durante la II Guerra Mundial, más tarde, a contener el expansionismo soviético que dio lugar a nuevas divisiones artificiales de nuestro continente. 
Los nuevos desafíos son igual de temibles; se trata nada menos que de la mundialización que amenaza con cuestionar los modelos sociales que para nosotros tienen tanta importancia. 
También debemos conseguir la reunificación de Europa, lo que necesariamente pasa por la afirmación de nuevas solidaridades en el ámbito de la economía y de las políticas de cohesión, pero además, en el ámbito de la defensa común. 
Esperemos que una vez implantada la UEM, todos reconozcamos la evidencia de la aparición de una auténtica construcción política de Europa. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, en primer lugar, quiero agradecer a los ponentes, los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos, el trabajo de análisis del Tratado de Amsterdam, que constituye la exposición de motivos de su documento. 
El pesar es tanto mayor porque la resolución resultante de dicho informe no está a la altura de su reflexión. 
Instar, desde el primer párrafo, a los Estados miembros a ratificar el Tratado, manifiesta más una exhortación que la reflexión equilibrada sobre un Tratado que éste sin duda merece. 
¿Quién puede oponerse a que se permita la duda sobre semejante apreciación? 
¿Es necesario recordar ante esta Asamblea que, en varias resoluciones, ella misma había definido con gran precisión las prioridades absolutas que debían cumplirse antes de asumir el desafío de una ampliación que modificará profundamente la Unión, teniendo en cuenta además la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria y la realización de la Agenda 2000? 
Dieciocho meses de negociaciones han dado lugar a un texto mediocre y decepcionante, señalando progresos donde no los esperábamos: el esbozo de una política social de empleo, los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, el poder del Parlamento Europeo, y presentando carencias dramáticas en lo esencial. 
La ausencia de preámbulo al Tratado de Amsterdam- y es una primicia- representa la incapacidad más que preocupante de los quince Estados miembros para definir juntos los objetivos de la Unión Europea del III milenio, en el momento preciso en que diez Estados llaman a nuestra puerta para participar en un proyecto del que ya no alcanzamos a recordar ni el objetivo, ni los medios ni los valores. 
En lo relativo a la reforma institucional, ya necesaria actualmente con quince e indispensable con veinte, el Consejo confiesa por segunda vez su incapacidad, al asegurarnos que lo hará mejor mañana. 
La política exterior y de seguridad común, es decir, la visibilidad exterior de la Unión, que salió tan mal parada en la antigua Yugoslavia y otras partes del mundo, se ve dotada de herramientas intergubernamentales mejoradas, cuya eficacia, no obstante y como destaca la resolución con un realismo cruel, dependerá de la buena voluntad de cada uno de los Estados, ya que todos ellos poseen el arma anticomunitaria por excelencia, el derecho al veto. 
Ni el ámbito de los asuntos de interior y justicia, ni la cooperación más estrecha, sometida también al veto, nos permiten ser más optimistas. 
Mis queridos colegas, la actitud que esta tarde adoptará la mayoría del Parlamento, que dirá " sí» a este texto considerado casi unánimemente como insuficiente, no será más honorable que la estrategia que habría consistido en posponer nuestra votación hasta después del Consejo Europeo de Luxemburgo, y pedirle a éste que anuncie claramente sus intenciones sobre el futuro de la Unión. 
De esta forma, habríamos aplicado el punto 19 de la resolución Méndez de Vigo y Tsatsos, el Parlamento habría ejercido sus derechos y nosotros habríamos hecho política. 
Mañana será el momento de la reflexión y del resurgimiento. 
Esperemos que así sea, con una Comisión más en cabeza, un Consejo más unido en torno a un objetivo común y un Parlamento que asuma su papel de pionero e inspirador de la construcción europea. 
Señora Presidenta, quisiera rendir testimonio al trabajo bien hecho y a la brillantez de los dos magníficos ponentes, tanto Méndez de Vigo como Tsatsos. 
Pero dicho esto, debo decir que me decepciona este debate, que tiene unas características versallescas. 
Hay que decir que, cuando no hay resultados, florecen las metáforas, y el Sr. Méndez de Vigo ha estado especialmente brillante y elegante con la metáfora de la posada y el camino, esa metáfora cervantina, porque el informe está hecho desde la filosofía del paso adelante. 
Siempre hay pasos adelante. 
Y yo quisiera otro tipo de debate. 
Naturalmente no demagógico, no oportunista, pero sí claro, político y de responsabilidad. 
Un debate que no aboque necesariamente a un sí cautivo del Parlamento, que pueda llegar al sí, al no, a la abstención, a una valoración responsable desde la responsabilidad que nos han dado los ciudadanos. 
Y por eso yo querría recordar brevemente la posición de mi Grupo sobre el Tratado y luego la daré sobre el informe. 
Sobre el Tratado, la revisión de Amsterdam nos parece objetivamente un fracaso. 
Subjetivamente, supone una decepción que han compartido con nosotros otras instituciones. 
¿Por qué? 
Porque el Tratado no incorpora suficientemente lo social ni la regulación del mercado frente a la importancia, no digo de lo económico, sino de lo monetario y de la lógica monetarista. 
Porque los pilares de Asuntos Exteriores, de Justicia e Interior no adquieren el mínimo carácter comunitario que era preciso en este momento político. 
Porque, sobre todo, la revisión institucional, necesaria antes de la ampliación y principal objetivo de la Cumbre de Amsterdam, no se cumple en los términos mínimos que son requeridos. 
Y además- y se ha dicho en este hemiciclo -, porque el método ha seguido siendo el método de elaboración del Tratado, un método diplomático con una lógica intergubernamental lejos de los ciudadanos e incluso de sus instituciones parlamentarias representativas. 
El informe, técnicamente muy bueno, valoriza sobre todo y de forma especial los aspectos positivos y relativiza los negativos, aunque yo reconozco que hay críticas importantes. 
Propone un método comunitario, y estamos de acuerdo. 
Pero eso no es la visión del Tratado. 
Es una propuesta de futuro. 
Y finalmente, recomienda a los Estados miembros la ratificación del Tratado. 
Y a mí, políticamente, me parece excesivo, que un Parlamento que no tiene derecho a emitir dictamen conforme al respeto, derecho que se le ha negado por los Gobiernos de los Estados miembros, se sienta ahora en la obligación de recomendar que se apruebe un Tratado tan insatisfactorio. 
Por eso nosotros, apoyándonos en la declaración de tres Gobiernos- Bélgica, Francia e Italia -, pedimos que se den previamente los pasos necesarios para la ampliación y se adquieran unos compromisos importantes con el Parlamento Europeo, con los Parlamentos nacionales y con los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, considero que al votar esta resolución el Parlamento Europeo está a punto de añadir un nuevo capítulo a su historia de conformismo respecto a los Gobiernos y a su renuncia a desempeñar una función de iniciativa política en el proceso de construcción europea. 
Durante estas horas estamos cumpliendo una liturgia que en sus tiempos y su contenido originario nos viene impuesta por la necesidad de los Gobiernos que firmaron este Tratado, que podríamos considerar inacabado; unos Gobiernos que, a fin de calmar cualesquiera Parlamentos y opiniones públicas renitentes, desconcertadas y malinformadas, necesitan utilizar el dictamen conforme del Parlamento respecto de la ratificación, que por otra es absolutamente irrelevante, ya que carece de consecuencias políticas. 
En realidad, estamos votando para regalar a nuestros Gobiernos un titular de prensa: » El Parlamento Europeo dice sí al Tratado de Amsterdam» , u «Otra importante etapa en la construcción europea». 
Todos sabemos que la verdad es muy distinta, todos sabemos en este Pleno que el Tratado de Amsterdam no cumple ninguno de los objetivos que los propios Gobiernos se habían impuesto. 
Sabemos que la Unión Europea no soportará el choque de la ampliación y que la Unión Monetaria será un riesgo, sin un equilibrio y funcionamiento diferentes de sus Instituciones. 
Al margen de la falta de cualquier visión de conjunto y de perspectiva que convierte este Tratado en el menos ambiciosos de todos los tratados que paulatinamente han representado las etapas de la construcción europea, y al margen de las justas críticas que hemos oído en casi todas las opiniones de las comisiones competentes, considero que este Tratado refleja perfectamente el momento actual de Europa. 
Una crisis en el camino de la integración, una tendencia preeminente a la renacionalización, una puesta en discusión de algunos principios fundamentales y de algunas funciones propias y claras de la Comisión y del Tribunal de Justicia, a pesar de lo que diga el Sr. Brok, una peligrosa ruleta rusa sobre la ampliación que, si se llevara a cabo en las actuales condiciones institucionales, sancionaría la incapacidad de la Unión de tomar decisiones. 
Algunos de nosotros, en el seno de la Comisión de Asuntos Institucionales, intentaron sugerir para el Parlamento un camino más político, menos conformista, más coherente con una lógica de independencia parlamentaria. 
Tratamos de sugerir el camino del aplazamiento del dictamen, para pedir y tratar de obtener del Consejo de Luxemburgo, antes de emitir un dictamen, el compromiso de emprender y de realizar, antes de las nuevas adhesiones, las reformas institucionales no realizadas en Amsterdam, como por otra parte están pidiendo tres Gobiernos de la Unión. 
No sólo se ha hecho decaer esta solicitud, sino que la inclusión de algún que otro descafeinado contenido político bajo la forma de tibios llamamientos a los Gobiernos, tuvo que vencer una hostilidad inusitada y un cierre realmente sorprendente de los ponentes, por no hablar de la dura resistencia a cualquier cambio sobre todo de las delegaciones alemanas de los dos mayores Grupos que guiaron a sus respectivos Grupos en la noble empresa de eliminar cualquier ambición política del Parlamento Europeo. 
Asistimos así al incomprensible rechazo de posiciones tradicionalmente irrenunciables del Parlamento, en nombre de una lógica realista, en cuya virtud cualquier iniciativa que no sea del agrado de los Gobiernos, no debe ni siquiera intentarse. 
Esto es lo que nos vinieron repitiendo durante muchos meses nuestros ponentes. 
En esta situación de ataque a la autonomía de la función parlamentaria, no produce estupor la fragilidad política de la resolución Tsatsos y Méndez de Vigo. 
Se trata de un texto ambiguo, sin ninguna visión política del futuro de Europa a excepción de la solicitud a los Gobiernos de aplicar correctamente el Tratado, y falto de una valoración profunda de las evaluaciones de Amsterdam. 
Señora Presidenta, utilizando una expresión inglesa, esta noche «los látigos guiarán el voto de sus disciplinadas tropas» y no habrá sorpresas. 
A nosotros, por desgracia, nos queda sólo un voto testimonial en contra, en contra de esta resolución tan alejada de los ideales de los que surgió el reto europeo, así como del método asociativo que la ha producido, convencidos de que la mejor manera de honrar nuestro mandato es haciéndolo como servidores de Europa y de su crecimiento democrático, y no como portavoces de los Gobiernos. 
Señora Presidenta, mis queridos colegas, en primer lugar, y no se trata simplemente de cumplir con el ritual, permítanme rendir homenaje al trabajo, a menudo difícil, de los dos ponentes, los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos, que han sabido defender con brío su visión de las cosas. 
Debo confesar que nuestros respectivos puntos de vista, en un comienzo muy distantes, se han acercado algo, aunque lamentablemente no lo suficiente como para que podamos votar a favor de su informe. 
Hablaré en primer lugar del contenido. 
Nunca me cansaré de repetir que, lamentablemente, el Parlamento Europeo no goza del poder de ratificación de los Tratados. 
Por tanto, la tarea que nos incumbe es puramente política, lo que debería darnos un margen de apreciación mucho más amplio. 
Lamento tener que observar que el trabajo de los ponentes ha estado condicionado desde un comienzo por el mensaje final que deseaban transmitir a toda costa, incluso con riesgo de no hacer hincapié en las inmensas lagunas de este Tratado. 
Personalmente sigo estando convencido de que un trabajo más crítico no era incompatible con un llamamiento a la ratificación por parte de los parlamentos nacionales, que nosotros apoyamos. 
En lo relativo a la relación existente entre la reforma institucional y la ampliación, reconocemos que se ha mejorado muy sensiblemente el informe. 
Tras el fracaso institucional de Amsterdam, es inaceptable que el Parlamento Europeo no apueste con todo su peso por una reforma en este sentido, antes de proceder a cualquier ampliación, sin la cual corremos el riesgo no sólo de retrasar la ampliación, sino también de poner en peligro el funcionamiento y la supervivencia de la Unión Europea. 
Ahora bien, en el informe no encontramos esta voluntad del Parlamento de hacer valer toda su influencia. 
Las garantías que en este sentido ofrece el protocolo sobre las instituciones, anexo al Tratado de Amsterdam, también son insuficientes, por lo que las cuestiones que planteábamos hace apenas unos meses en este hemiciclo siguen estando de actualidad. 
¿No ha llegado el momento de decir claramente que la ampliación no puede realizarse de manera satisfactoria sin una amplia reforma institucional de la Unión, que la Unión monetaria necesita ser completada mediante progresos considerables por la vía de la Unión política, e incluso la Unión económica, social y fiscal? 
En lo que respecta a la forma, que se suma al fondo, el tono general del informe nos parece que va hacia atrás en relación con las posiciones que el Parlamento viene manifestando desde hace dieciocho meses, y lo lamentamos. 
Apelo al sentido político de ambos ponentes para que mejoren un poco el resultado aceptando algunas enmiendas. 
Pero, sobre todo, está la estrategia. 
El Parlamento Europeo deberá algún día dejar de ir a remolque de los acontecimientos y romper el cordón umbilical que une a un número demasiado elevado de nosotros a las posiciones puramente nacionales de nuestros respectivos gobiernos. 
¿Por qué en vísperas del Consejo Europeo de Luxemburgo debemos dar carta blanca a los gobiernos adoptando ya una posición sobre el Tratado de Amsterdam, a pesar de que sabemos que existe un nexo ineludible entre dicha posición y la apertura de negociaciones oficiales de cara a la ampliación? 
¿Por qué debemos pronunciarnos hoy, a pesar de que todos los parlamentos nacionales juegan con el calendario para llevar a buen puerto su estrategia? Sigo estando convencido, al igual que la Sra. Spaak y la Sra. Aglietta, que habría sido preferible aplazar nuestro dictamen sobre el Tratado hasta el año 1998, lo que nos hubiera permitido ejercer presión sobre la Cumbre de Luxemburgo y, a continuación, pronunciarnos con conocimiento de causa. 
Los ponentes no nos han seguido en este punto. 
Les pido- y lanzamos un llamamiento en este sentido- que al menos acepten una de las enmiendas encaminadas a fortalecer el apartado 4 de la resolución. 
Estas son, en nombre del Grupo ARE, algunas consideraciones políticas que quería expresar ante nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, el informe de los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos recomienda a los Estados miembros que ratifiquen el Tratado de Amsterdam, a pesar de sus lagunas. 
¿Pero cuáles son esas lagunas? 
¿Son lagunas sin consecuencias? 
En primer lugar, se acusa al Tratado de no adaptar las instituciones de la Unión a la futura ampliación, pero podemos perfectamente reparar este error en los años venideros. 
Pero hay otra carencia, mucho más irreversible, que debe llevarnos a rechazar el Tratado de Amsterdam. 
Dicha carencia agrava el déficit democrático global en Europa, porque tiende a privar a las democracias nacionales de sus poderes, sin que a nivel de la Unión exista un control de valor equivalente. 
La carencia no incumbe a una ampliación insuficiente de la codecisión con el Parlamento Europeo, como a veces podemos oír, porque la codecisión con el Parlamento Europeo no podría ser plenamente democrática si no existiera un pueblo europeo. 
Ahora bien, ése no sólo no es el caso, sino que se puede incluso dudar de la existencia, entre los pueblos de Europa, de esta pretendida voluntad de integración en el primer significado del término, es decir, de fusión, a la que, no obstante, el informe del Parlamento presta gran atención. 
En estas condiciones, el planteamiento del Tratado de Amsterdam, que multiplica los casos de codecisión o de votación por mayoría en el Consejo, que disminuye el papel de los parlamentos nacionales y reivindica la superioridad del Derecho comunitario, incluso derivado, sobre las constituciones nacionales, parece totalmente artificial y sin correspondencia con las sociedades reales. 
Ahí radica el auténtico déficit democrático. 
Los promotores del Tratado de Amsterdam apuestan por la posibilidad de transferir competencias a las instituciones europeas que no sean lo suficientemente democráticas y confían en que estarán en condiciones de poder corregirlas en un futuro. 
Pero ¿se han parado a reflexionar que, quizá, ese futuro está lejos y que, incluso, puede que no llegue nunca? 
Es sin duda una apuesta muy arriesgada. 
O construimos ya una democracia europea y le transferimos poderes sustanciales, aunque todos los que aquí nos encontramos sabemos que eso es imposible, o bien afrontamos la situación y construimos la Unión Europea sobre la base de las democracias nacionales, pero en cualquier caso, debemos poner fin a las maniobras peligrosas que nos propone el Tratado de Amsterdam. 
Por todo ello lanzamos el llamamiento " SOS democracia». 
Por ello y por el bien de los pueblos de Europa, nos negamos a ratificar este Tratado ilegítimo, y en lo que a Francia se refiere, exigiremos un referéndum. 
Señora Presidenta, el Tratado de Amsterdam contiene muchas cosas. 
En él encontramos, por ejemplo, hipocresías, en primer lugar, con un capítulo sobre el empleo, cuando hay 20 millones de parados por culpa de Europa; sobre el capítulo social, cuando hay 40 millones de pobres por culpa de Europa. 
En él observamos también derivas, derivas teleológicas en primer lugar. 
La Unión se fija todos los objetivos, en los ámbitos económico, monetario, social, de defensa, de las libertades públicas, de la jurisdicción penal, del Derecho civil e incluso de la inmigración, puesto que también en este ámbito se comunitariza en base al artículo 235; el artículo " comodín» que permite a la Comisión Europea ampliar sin límites sus poderes. 
Luego están las derivas institucionales, con la " presidencialización» de la Comisión Europea y el aumento de poder del Parlamento. 
El Parlamento que puede establecer las condiciones para el ejercicio de los poderes de sus diputados. 
Hace un momento hemos asistido a un incidente, en el transcurso del cual, la Sra. McKenna ha debido pedir perdón por haber osado faltar al respeto a los sumos sacerdotes del federalismo europeo, es decir, a los altos funcionarios. 
A la deriva teleológica se suma la deriva teológica que, por otra parte, pone de manifiesto la deriva policial. 
El Tratado de Amsterdam es la policía, la jurisdicción penal, el control, la sanción, salvo, evidentemente, en las fronteras por las que entra a tropel la inmigración. 
El tercer pilar que es el tercer barrote contra las libertades, confiere a Bruselas competencias en lo penal. 
Se pueden incluso determinar los elementos constitutivos de infracción y las sanciones. 
Además, está Europol; el FBI europeo. 
Bastará con encontrar a un Edgar Hoover europeo para que comience la caza de brujas nacionales. 
La jurisdicción penal se ejerce contra los Estados. 
En caso de violación grave y persistente de la democracia, se puede privar a un Estado de sus derechos de voto. 
El Sr. Ford y sus amigos podrán apelar al artículo F1 contra un gobierno nacional de Francia que se niegue a la colonización de población de su territorio. 
Y para coronarlo todo, para sujetarlo todo y para echar el cerrojo a todo, el artículo 13 del Tratado de Amsterdam dice: " El presente Tratado tendrá una duración ilimitada». 
Incluso la Constitución soviética de Stalin de 1936 había previsto el derecho de secesión. 
Cómo hará un pueblo que quiera hacer secesión. 
Habrá represión. 
Ni la Yugoslavia de Sarajevo ni la Nigeria de los ibo ni los Estados Unidos de 1860 ni la Unión Soviética invalidan la regla. 
No existe ningún federalismo feliz. 
Así las cosas, con los últimos hombres libres, con los últimos representantes de los pueblos que quieren sobrevivir a ellos mismos, a las 17.30 horas votaremos en contra de " Amsterdam, el encierro» , y digo a los diputados franceses que votarán a favor, que la historia siempre acaba por reparar la sumisión en la Audiencia de Burdeos. 
Señora Presidenta, señoras y señores, en primer lugar, debo felicitarles por la calidad del informe sobre el Tratado de Amsterdam, elaborado, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, por los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos. 
Se trata de un texto sustancial que sitúa el Tratado de Amsterdam en su contexto histórico y hace hincapié en los considerables progresos alcanzados en los tres pilares. 
Agradezco asimismo a los presidentes de las comisiones y a los oradores representantes de los grupos políticos que, en su mayoría, han recomendado la aprobación del presente Tratado. 
Quisiera destacar especialmente el tono, generalmente positivo, de este proyecto, recobrando el espíritu de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el día siguiente de la reunión del Consejo Europeo de 16 y 17 de junio en Amsterdam. 
La Comisión de Asuntos Institucionales reconoce, en efecto, los importantes avances que marca el Tratado suscrito el 2 de octubre en Amsterdam, aunque añade que aún quedan cosas por hacer, en particular, de cara a la próxima ampliación. Es una realidad que no niegan los signatarios del Tratado. 
La Presidencia ya ha tenido ocasión de expresarse ante este Parlamento sobre los resultados de la Conferencia Intergubernamental y no tengo intención de volver a entrar en los detalles de la misma. 
No obstante, quiero reafirmar en esta ocasión que las críticas que un tanto apresuradas que se manifestaron el día siguiente de la reunión de Amsterdam, como acaba de demostrar el presente debate, no podían resistir a una lectura que fuera un poco atenta y objetiva de estos resultados. 
Me parece que a medida que pasan las semanas se confirma esta constatación por la que me congratulo. 
La propuesta de resolución que acompaña al informe se abre con la recomendación a los Estados miembros de que ratifiquen el Tratado de Amsterdam. 
Permítanme hacer hincapié en la importancia política de dicha recomendación que hace el Parlamento Europeo, institución que representa a los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad, y del que dos diputados han participado en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
Ello pone de manifiesto que el Parlamento ve en el Tratado de Amsterdam la continuación del proceso iniciado con los Tratados anteriores y que el Parlamento califica, acertadamente, de incompleto, del proceso de construcción de una Unión Política Europea. 
Es cierto, como destaca el Parlamento Europeo, que esta nueva etapa en el proceso de integración europea no producirá resultados tangibles si no se manifiesta una voluntad política clara en favor de un enfoque común en el seno de la Unión. 
La necesidad de dicho enfoque es hoy más evidente que nunca. 
A las Señorías que han hecho referencia al método de revisión del Tratado, responderé que el procedimiento del artículo N sólo podrá abandonarse por unanimidad. 
No hay otra solución. 
Y cualquier método alternativo- y los hayno impedirá que debamos enfrentarnos al problema real de la ratificación por parte de los parlamentos nacionales. 
El Tratado de Amsterdam debe ayudarnos a responder a los múltiples desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea. 
La futura ampliación de la Unión no es más que uno de estos retos. 
De hecho, se trata también y sobre todo de adoptar medidas que permitan reducir el desempleo en Europa, reforzar los instrumentos de lucha contra la gran criminalidad y el flagelo de la droga, prevenir las amenazas que se ciernen sobre la salud pública. 
Se trata, en definitiva, de acercar la Unión a sus ciudadanos acometiendo con prioridad y firmeza sus preocupaciones cotidianas. 
Comparto plenamente las consideraciones de la propuesta de resolución, según las cuales los avances de la integración europea deben medirse por el baremo de los progresos de la Unión, no solamente como mercado común, sino también como sistema de valores, y por el baremo de las mejoras de la calidad de vida que dichos avances hacen posible. 
Observo con satisfacción que la Comisión de Asuntos Institucionales reconoce los progresos que en este sentido ha hecho realidad el proyecto de tratado, para desarrollar las políticas de la Unión en beneficio de los ciudadanos. 
Más que cualquier otro, el problema del paro afecta directamente a la vida de millones de ciudadanos de Europa. 
Con 18 millones de personas sin un puesto de trabajo hoy en día en la Unión, el nuevo Tratado se debía a la necesidad de incluir entre los objetivos de la Unión la promoción de un nivel elevado de empleo y a definir una estrategia europea en favor del empleo, al tiempo que deja a los Estados miembros la tarea de definir sus políticas nacionales de empleo. 
La acción común, a nivel de la Unión, estará más encaminada a la elaboración de una estrategia de coordinación de las políticas de empleo que incluya la adopción de orientaciones a favor del empleo, a semejanza de los mecanismos ya en vigor para las políticas económicas de la Comunidad y de los Estados miembros. 
Prevé asimismo una evaluación anual de las medidas adoptadas en el plano nacional. 
No hace falta subrayar la importancia que la Presidencia del Consejo atribuye a una puesta en marcha eficaz y rápida, a nivel de la Unión, de los instrumentos de lucha contra el paro y de promoción del empleo en Europa. 
Prueba de ello es la cumbre extraordinaria que los Jefes de Estado y de Gobierno dedicarán mañana y pasado mañana a esta cuestión en Luxemburgo. 
Este Consejo Europeo extraordinario se destacará precisamente por sus propuestas concretas en materia de orientaciones para el empleo y se manifestará mediante objetivos cuantitativos y verdaderos. 
Además, la incorporación en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Acuerdo sobre política social, permitirá la creación de un espacio social único y el desarrollo de una política coherente a nivel comunitario y, hago hincapié en ello, con respecto a los países candidatos. 
Inspirado por el mismo afán de tener más en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos, el Tratado de Amsterdam refuerza notablemente las disposiciones relativas a la protección de la salud pública, que deberá responder a altas normas de calidad, y a la protección de los ciudadanos como consumidores y como habitantes de un medio ambiente que debe permanecer limpio. 
Al estar ya incluido en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea el objetivo de la libre circulación de las personas, la lógica pedía que la acción sobre cuestiones como el asilo, los visados, la inmigración y el control en las fronteras exteriores pasen a depender a partir de ahora de las normas y los procedimientos comunitarios. 
Asimismo es significativo que en el marco de la Unión se integre el acervo desarrollado desde hace algunos años por los Estados miembros pertenecientes al sistema de Schengen, para los que la libre circulación de las personas ya es una realidad. 
La libre circulación en el interior de un espacio sin fronteras no debe, sin embargo, reducir la seguridad de las personas que viven en la Unión. 
Las actividades criminales como el terrorismo, los delitos de que son víctimas los niños, el narcotráfico y el fraude no se detienen ante las fronteras nacionales. 
El Tratado de Amsterdam prevé además una intensificación de la cooperación entre los cuerpos policiales, los servicios de aduanas y otros servicios represivos de los Estados miembros para prevenir y detectar estas infracciones penales. 
También se mejorará considerablemente la capacidad operativa de Europol. 
Las mejoras concretas que aporta el Tratado de Amsterdam en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, que han merecido el reconocimiento de la Comisión de Asuntos Institucionales, deberán valorarse, naturalmente, a la luz de la experiencia. 
La unanimidad seguirá siendo la norma para la PESC, pero en el artículo J.13 se han ampliado los supuestos en que el Consejo puede aprobar posiciones comunes o lanzar acciones comunes por mayoría cualificada. 
La semana pasada, el Consejo hizo balance de los preparativos para la creación de una unidad de planificación y alerta rápida y de la integración en el Tratado del acervo de Schengen. 
Las instituciones no fueron el tema principal de la Conferencia Intergubernamental, aunque en opinión de muchos, los resultados de la misma han girado casi exclusivamente en torno a las modificaciones concertadas en el capítulo institucional. 
Dichas modificaciones incluyen avances muy significativos, algunos de los cuales han sido recordados por la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Ahora bien, para muchos, dichas modificaciones supondrían un fracaso por la única razón de que no ha habido acuerdo sobre la ponderación de los votos en el seno del Consejo ni sobre la composición de la Comisión. 
Quisiera recordar, sólo entre paréntesis, que el Parlamento Europeo jamás ha formulado propuestas concretas sobre la composición de la Comisión ni sobre la ponderación de los votos en el Consejo. 
El fortalecimiento de los poderes del Parlamento Europeo mediante la codecisión y la ampliación de las competencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas no se han señalado suficientemente. 
Lo mismo sucede con el nuevo procedimiento de cooperación más estrecha, o de flexibilidad, previsto en el Tratado. 
Creo que es hora de situar este asunto en su justa perspectiva. 
Los resultados de Amsterdam han demostrado claramente que son necesarias otras reformas institucionales antes de la próxima ampliación. 
Es la razón de ser del protocolo sobre las instituciones anexo al Tratado. 
Pero sería un error medir el resultado de Amsterdam en base a este aspecto, al igual que sería un error aislar estas reformas del conjunto de otras medidas que convendrá adoptar para una buena preparación de la ampliación. 
Creo, en particular, en la reforma de nuestras políticas y en el funcionamiento de nuestras instituciones, independientemente de su composición. 
Es evidente que tanto el Consejo como el Consejo Europeo examinarán con interés cualquier contribución que la Comisión y el Parlamento Europeo quieran aportar al debate para que dichas reformas se hagan realidad en las mejores condiciones posibles y sin retrasar el proceso de ampliación de la Unión. 
Señora Presidenta, señoras y señores, para terminar mi intervención, deseo saludar al Parlamento Europeo por su decisión de intensificar sus contactos con los parlamentos nacionales. 
El Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de un acompañamiento político del debate en los Estados miembros con vistas a permitir la rápida ratificación del Tratado. 
Eso me parece tanto más importante en un momento en que es más necesario que nunca entregarse al ejercicio de explicación de cara a las opiniones públicas sobre la acción llevada a cabo a nivel de la Unión. 
Intentemos entre todos y de acuerdo con las propias palabras de su informe, sacar el máximo provecho de los resultados de Amsterdam en interés de los ciudadanos europeos, o parafraseando a la Sra. Pauline Green, si queremos que los parlamentos nacionales ratifiquen el Tratado, hagamos hincapié en sus efectos beneficiosos. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, quiero, en primer lugar, manifestarles cuánto me complace poder participar en este debate sobre la evaluación y ratificación del Tratado de Amsterdam sobre la base del informe presentado, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, por los diputados Méndez de Vigo y Tsatsos, a los que felicito muy calurosamente por su excelente trabajo. 
La propuesta de resolución, tanto por su sistemática como por su análisis global, por sus consideraciones sobre el fundamento jurídico y, sobre todo, por la estrategia que propone en su texto, identifica perfectamente, a mi juicio, lo que es y lo que representa la realidad del resultado del Consejo Europeo de Amsterdam. 
Quiero felicitar también a todos los intervinientes, a las representaciones de las distintas comisiones y a todos los demás intervinientes de hoy y a los que van a seguir más adelante, lo que muestra la importancia que tiene un debate como éste. 
Ustedes saben muy bien, Señorías, que a lo largo de toda la Conferencia Intergubernamental he compartido con la Comisión de Asuntos Institucionales y con el Parlamento reflexiones y también decepciones y esperanzas. 
Y no han pasado nunca más de dos meses sin que estuviera presente en la Comisión de Asuntos Institucionales para escuchar cuáles eran las opiniones, cuáles eran las posiciones de los distintos Grupos y de los distintos parlamentarios y también para exponerles cuál era la posición de la Comisión sobre cada uno de estos temas. 
Y saben muy bien también que el mismo día en que terminó la reunión del Consejo Europeo, que acabó a las cuatro menos veinte de la madrugada, salí inmediatamente de Amsterdam hacia Bruselas, y a las diez de la mañana yo estaba reunido con sus Señorías para transmitirles, con el cansancio natural después de 18 horas reunido, y quizá con la precipitación inevitable de un momento como ése, cuál era mi reacción en relación con el Tratado. 
Les manifesté entonces- y en cierta forma lo ha denunciado y probablemente con buen criterio el señor Presidente en ejercicio del Consejo hace un momento, por lo que puede haber de precipitación en esas reacciones inmediatas- mi insatisfacción personal. 
Pero también les hablé entonces, más tarde, y lo repito ahora y lo repetiré siempre, de mi compromiso, del compromiso de la Comisión para continuar lo que, en definitiva, es una batalla, ya que Europa- lo sabemos todos muy bien- no termina en Amsterdam y el futuro inmediato está lleno de acontecimientos que van a exigir toda nuestra atención. 
El Tratado, Señorías, a juicio de la Comisión, hay que juzgarlo por lo que realmente significa. 
A nuestro juicio, significa un progreso notable en algunos aspectos, que se han puesto de relieve aquí, y muy particularmente, yo lo circunscribiría a lo que significa en el ámbito de la ciudadanía, entendido en un sentido amplio. 
Es indudablemente preocupante en otros aspectos, especialmente como obra todavía inacabada y con muchos cabos sueltos y, sobre todo, como se ha puesto de relieve también, por lo que se refiere a las instituciones y a la política exterior. 
Ante esta situación, tenemos evidentemente varias posibilidades: una sería la de pura y simplemente mostrar únicamente nuestra satisfacción por el Tratado. 
La segunda sería la de rechazarlo. 
Ha habido aquí algunas manifestaciones, algunos que han anunciado ya que van a rechazar el Tratado, y ha habido distintas expresiones, muy variadas: desde la Sra. Roth, que nos ha hablado de que es un monstruo de plástico, a otros, como la Sra. Spaak, que nos han dicho que es un Tratado mediocre; otros, como el Sr. Puerta, que nos han dicho que es un fracaso, una decepción, añadiendo además que cuando no hay resultados florecen las metáforas. 
Es verdad que, evidentemente, es una de las visiones y una de las perspectivas que existe ante el Tratado. 
Ahora bien, junto a aquellos que, pura y simplemente, lo aceptan, sin ninguna reserva, o aquellos que lo rechazan, hay evidentemente una tercera posibilidad, que es, por otra parte, la que presenta el informe de los Sres. 
Méndez Vigo y Tsatsos. Es decir, comprometerse desde ahora en buscar soluciones para los problemas pendientes y, para ello, habrá que hacer una serie de cosas. 
Por una parte, habrá que crear las condiciones institucionales para la ampliación. 
Eso lo han dicho prácticamente todos. 
No estamos en condiciones en este momento de afrontar la ampliación si los cambios institucionales no se producen. 
La realidad es que estos cambios institucionales se habían pensado ya en Maastricht, fueron una de las razones fundamentales para el propio Tratado de Amsterdam, pero luego las cosas han ido por otros caminos, han derivado por otros senderos, y este tema ha quedado pendiente. 
Por consiguiente, es necesario crear las condiciones institucionales para la ampliación. 
Es necesario, por otra parte, adecuar las instituciones políticas a una Unión que va a tener una moneda única y cuya estabilidad estará garantizada, digamos, constitucionalmente por un Banco Central Europeo. 
Y hay que obtener los medios para llevar a cabo- y en esto han coincido todos, el Sr. Spencer lo ha dicho hace un momento- una política exterior y de seguridad común que esté a la altura de nuestras ambiciones y de nuestras responsabilidades. 
Como ustedes comprenderán, la Comisión no va a manifestarse en este momento sobre las diferentes enmiendas y sobre los juicios que se emiten y sobre las críticas- que yo podría compartir en muchos casos -, ni tampoco sobre las protestas que se han expresado en relación con el texto. 
En mi opinión, lo importante, Señorías- y sigo con esto en la línea de los dos ponentes -, es intentar extraer las máximas posibilidades del Tratado y aprovechar, por otra parte, el propio Protocolo institucional para preparar las reformas necesarias. 
La propuesta de relanzar el debate, que se ha hecho y que me parece una de las partes interesantes y especialmente agudas del informe, es compartida políticamente por la Comisión, que se compromete a elaborar el informe que se prevé en su resolución. 
Y quiero recordarles a este respecto que ya la Comisión, en su Agenda 2000, propone tomar inmediatamente- y se dice en el texto- una decisión política sobre la ponderación de votos en el Consejo que debe acompañar a la reducción del número de miembros de la Comisión antes de la primera ampliación. 
Y la Comisión sugiere también convocar lo antes posible, después del año 2000, una nueva Conferencia Intergubernamental con objeto de llevar a cabo una reforma en profundidad de las disposiciones del Tratado relativas a la composición y al funcionamiento de las instituciones. 
Lo que no debe ocurrirnos es lo que nos ha ocurrido esta vez. 
Lo que no podemos hacer es pegarnos a un acontecimiento y que, al final, no tengamos tiempo de resolver los problemas institucionales. 
Separemos el acontecimiento, resolvamos el problema institucional con tranquilidad, con eficacia, con determinación, y, una vez que hayamos resuelto eso, estaremos en condiciones de avanzar hacia la ampliación. 
Quisiera también, por otra parte, recordar que la Comisión se ha comprometido a presentar en el mes de junio una propuesta de modificación de la decisión sobre comitología. Y de hacerlo en estrecha cooperación con este Parlamento y con el Consejo. 
Nuestro objetivo debe ser elaborar una propuesta que permita resolver un problema que se plantea desde hace ya muchos años y que no ha sido resuelto con la introducción del procedimiento de codecisión. 
Qué duda cabe que el procedimiento de codecisión ha sido un paso hacia delante en la buena dirección, pero ha sido, sin duda, insuficiente en cuanto a la resolución del problema de la comitología. 
Éste es un problema pendiente desde hace mucho tiempo. Tenemos que abordarlo con decisión. 
El acuerdo del modus vivendi de 1994 no puede eternizarse; debemos dotar de una mayor eficacia al procedimiento, y tenemos que implicar plenamente a las administraciones nacionales dentro del pleno respeto del derecho de todas las instituciones. 
También quiero decirles que tengo personalmente la convicción de que es necesario iniciar un debate sobre el método de reforma del Tratado. 
Lo han dicho muchos de los oradores que han hablado hoy aquí. 
Es evidente- y lo decía el Presidente en ejercicio del Consejo hace un momento- que tenemos un condicionamiento que es el artículo N: para toda modificación, no solamente del artículo N sino de cualquier otro artículo, se necesita la unanimidad. 
Pero creo que es muy importante que, por una parte, el Parlamento y, por otra, la Comisión podamos ir explorando qué caminos pueden recorrerse para modificar el método de modificación del Tratado. 
Yo creo que hemos llegado, en cierta forma, a un régimen en que está extenuado ya el sistema que hemos tenido durante tanto tiempo. 
Creo que es necesario explorar qué otras vías puede haber. 
Y por consiguiente, ahí hay un trabajo muy importante que la Comisión, el Parlamento y, por supuesto, el Consejo pueden llevar a cabo para mejorar los procedimientos actuales. 
Considero que es preciso aportar más democracia al procedimiento, ya que éste, aunque no formalmente, sin embargo tiene, de alguna manera, un cierto carácter constitucional. 
Y, por otra parte, hay que reforzar también la eficacia en la perspectiva de la ampliación. 
Naturalmente, los protagonistas de este debate son el Parlamento, la Comisión, el Consejo y los Gobiernos, y también los Parlamentos de los Estados miembros y la sociedad civil. 
Se ha hecho mención aquí, en distintas ocasiones- lo han hecho los ponentes -, al papel que ha desempeñado la sociedad civil y las relaciones con los Parlamentos nacionales. 
Me parece que es muy importante. 
Esto es un lenguaje nuevo. 
Yo recuerdo muy bien, cuando estuvimos reunidos- yo estaba sentado en esos bancos el año 1990 -, me parece que fue el 30 de noviembre, en las famosas assises de Roma, y, sin embargo, ustedes saben muy bien que lo menos que podemos decir es que no fue un gran éxito. 
Creo que nosotros tenemos que revisar lo que era aquello, cumpliendo su papel plenamente el Parlamento Europeo- lo puede hacer mucho mejor con los poderes que le han sido reconocidos en el Tratado de Amsterdam -, pero, al mismo tiempo, teniendo en cuenta también un diálogo con los Parlamentos nacionales, como este Parlamento Europeo está llevando a cabo. 
Y también un diálogo con la sociedad civil, porque la sociedad civil- y ustedes lo han visto muy bien y han organizado unas assises, lo han hecho en dos ocasiones, y creo que es algo que se debe subrayar -, la sociedad civil no se puede ignorar, no podemos vivir al margen, dejar que estas cosas se hagan únicamente en las cancillerías, pero tampoco dejarlo sólo en el Parlamento Europeo, o sólo en la Comisión. 
La sociedad civil tiene que participar. 
Y merece la pena, por consiguiente, llamar la atención sobre la calidad de las propuestas que, desde esa sociedad civil, nos han venido. 
En definitiva, son muchos, Señorías, los trabajos que tenemos ante nosotros. 
Uno, el perfeccionar lo que se ha hecho en este Tratado. 
Por otra parte, tener en cuenta lo que van a ser temas tan importantes como el empleo, un problema vital, el problema más grave y más importante que tiene Europa en este momento. 
Estamos en vísperas del Consejo Europeo de Luxemburgo. sobre los temas relacionados con la moneda única y la ampliación, les confieso mi convencimiento de la necesidad urgente de avanzar. 
Yo les pediría que- y hago la misma llamada, si me lo permite, que ha hecho el Sr. Méndez de Vigo- no nos detengamos en exceso en los detalles del Tratado, que, con sus virtudes y con sus defectos, es probablemente un instrumento con el cual podemos seguir avanzando. 
Quiero, por último, hacer un llamamiento a los que creen que nuestros ciudadanos y nuestros Estados sólo tienen un futuro posible en una Europa en paz, en una Europa solidaria, y que debemos actuar conjuntamente con determinación, con decisión y también, en cierta forma, con pasión, con valentía y con paciencia, ya que la batalla es difícil. 
Se preguntaba el Sr. Méndez de Vigo, citando a Cervantes, si era posada o camino. 
Permítame que yo también recoja a nuestro autor inmortal y le diga que «podrán los encantadores ganarnos la aventura, pero el ánimo y el esfuerzo es imposible». 
Señora Presidenta, estimados colegas, con el informe Méndez de Vigo/Tsastos da el Parlamento Europeo un mensaje importante de ratificación del Tratado de Amsterdam en los Estados miembros. 
Lo hacemos como diputados con una conciencia fortalecida, pues el Parlamento Europeo, como motor de una integración posterior, sirvió de modelo para las deliberaciones previas a la reforma del Tratado. 
Pienso en los colegas Bourlanges, Martin, Dury y Maij-Weggen. 
El Parlamento Europeo pudo jugar un papel importante en las deliberaciones previas a la reforma del Tratado tanto en lo referente a las discusiones como al fortalecimiento de la opinión pública.. 
Especiales méritos tuvieron nuestra antiguo presidente Klaus Hänsch, el presidente a la sazón en el cargo Gil-Robles y los representantes Elisabeth Guigou y Elmar Brok. 
El Parlamento Europeo ha salido como ganador tras los resultados de la reforma del Tratado. 
El 75 % de la legislación será codecidida por nosotros con igualdad de derechos, y en un futuro elegiremos también al presidente de la Comisión. 
En efecto, Amsterdam fue una Conferencia Intergubernamental posterior al Acta Única Europea y a Maastricht en la cual tuvo que buscarse esforzadamente un compromiso entre los distintos intereses de los Estados nacionales. 
Fuera de toda discusión está el hecho de que tras el giro de conservador a socialdemócrata en Francia y en Gran Bretaña ha sido posible una política social sin opt out y un capítulo de empleo. 
Si ahora considerásemos la extensión de lo que se ha conseguido, podríamos comprobar que es algo digno de atención. 
Primero: en el empleo hemos llegado mediante un capítulo específico a poder coordinar la política de los Estados miembros, a facilitar medidas de fomento con dotaciones financieras inclusive y a la creación de una Comisión para el Empleo. 
Segundo: en política social pudo ser el Convenio integrado y mejorado en el Tratado. 
Tenemos posibilidades reales de llevar a la práctica la equiparación de hombres y mujeres. 
Tercero: el medio ambiente figura en el Tratado como uno de los objetivos a desarrollar permanentemente así como ha sido implementado en todas las políticas comunitarias el objetivo de la política de medio ambiente. 
Lo mismo vale para una extensión al terreno de protección de la salud. 
Cuarto: interior y justicia. 
Tenemos un aseguramiento expreso a nivel de la Unión de los fundamentos de libertad democrática y de derecho estatal y una garantía de los derechos fundamentales y de la protección del derecho en el Tribunal Europeo. 
Podemos aplicar procedimientos comunitarios en los ámbitos de asilo, inmigración, controles de las fronteras exteriores, estatus de pertenecientes a terceros Estados y trabajo conjunto en aduanas. 
Tenemos también una aproximación de los procedimientos de trabajo conjunto de los Gobiernos a los procedimientos de la Comunidad, y con ello una precisión de tareas y competencias, sobre todo en el terreno de la lucha contra el crimen. 
Estoy pensando en el fortalecimiento de EUROPOL. 
Quinto: la política exterior, por medio de la creación de una figura identificativa que cae en la persona del Secretario General del Consejo, el fortalecimiento de las estructuras mediante la creación de una unidad de proyectos estratégicos y de análisis así como de una nueva Troika en la que entra el Comisario de la UE. 
La financiación tiene que ir acorde, según principios presupuestarios de carácter general, con nuestros acuerdos interinstitucionales. 
Se han dado algunos pasos para la decisión por mayoría en el marco de las decisiones tomadas en común y sobre todo se ha incorporado el Convenio de Petersberg entre las tareas de la UE. 
Esto por un lado. 
Por otro lado, digámoslo así de claro: hubo muchas vacilaciones. 
En muchas cosas, especialmente en lo que atañe a la política interior y judicial, pero también en la exterior y en la de seguridad, apenas se dieron unos cuantos pasos, que no fueron más allá de las tres columnas. 
El Parlamento Europeo ha tomado un árbol como símbolo de una Comunidad creciente y no tres columnas inmóviles. 
Lo mismo vale para las carencias que conciernen a la coordinación de las políticas económicas, y para el hecho de que el procedimiento legislativo no recoja generalmente las decisiones mayoritarias tomadas en codecisión e igualdad de derechos con el Parlamento Europeo. 
Sobre todo faltan reformas institucionales importantes respecto del Consejo y la Comisión. 
Lo que nos lleva a afirmar que en estas condiciones la Unión Europea no esta madura para la ampliación. 
El Parlamento Europeo juzga todo lo conseguido críticamente, y con razón. 
Pues una serie de exigencias no se vieron satisfechas. 
Pero no debemos acostumbrarnos, precisamente en el tema de la integración europea, ni internamente ni de cara a la opinión pública, a registrar sólo los éxitos calladamente mientras que aireamos con todo lujo de detalles las quejas por los temas aún abiertos. 
Esto no nos hace avanzar en Europa. 
Pues yo digo, también como sindicalista, que lo positivo predomina en la evaluación del conjunto. 
Por eso podemos dar un voto positivo en este Parlamento. 
Y lo digo también tras las discusiones con los parlamentos nacionales que hemos escuchado aquí. 
Lo digo también tras los debates con las Organizaciones No Gubernamentales. 
Sólo había señales de adhesión para nosotros. 
Pero no había señales para el Parlamento de rechazar totalmente el Tratado. 
Esto significa para mí en cuanto portavoz del Partido Socialdemócrata, que nosotros daremos hoy y aquí también nuestro asentimiento. 
Voy a tratar conscientemente las interrupciones de los colegas del Partido Verde. 
Lamento mucho que ustedes. Quieran votar en contra de la ratificación. 
Quiero recordar que algunos de ustedes. elevaron una queja al Tribunal Constitucional alemán contra el Tratado de Maastricht, y otros han luchado contra la entrada de su propio país en la UE. 
No es digno de crédito quien abraza la idea europea sólo de boquilla y luego ante un tema central de responsabilidad se retira y pronuncia un no pusilánime. 
Tras casi cincuenta años de integración, la Unión Europea está hoy ante las decisiones más importantes de su historia: la reforma del Tratado en 1997, las negociaciones de entrada en 1998, el Euro en 1999 y el nuevo marco financiero a partir del 2000. 
Por eso necesitamos visiones políticas para próximas reformas institucionales, para que la Unión Europea funcione mejor, para que simplemente la Unión Europea funcione tras la ampliación. 
Por eso han de realizarse las reformas antas de la ampliación, pero las reformas no deben postergar la ampliación. En ningún caso. 
No se trata de la cuadratura del círculo, pero es un tema que no puede resolverse con los métodos actuales. 
Por ello es importante que el Parlamento Europeo desarrolle ahora programas políticos para las próximas fases de la integración. 
En la Cumbre de Amsterdam, en el Banco Central, al margen de las negociaciones con periodistas, funcionarios y muchos otros, he podido hablar porque mi estimada colega van Putten me lo ha facilitado. 
A veces he pensado que si las ciudadanas y ciudadanos viesen ese tipo de negociaciones, ya no entenderían más Europa. 
Tenemos que hacer de Europa, nuevamente y con más fuerza, un proceso abierto, un discurso controvertido y contribuir a una mayor participación de aquellos que fueron elegidos para ello en sus países, esto es, los Parlamentos nacionales así como del Parlamento Europeo, para que las decisiones necesarias no vuelvan a ser cargadas otra vez con problemas de política interior en una larga noche o para que las reformas institucionales no prosperen por el prejuicio de aquellos que quieren tomar a las nuevas democracias de Europa central y oriental como rehenes de sus intereses nacionales. 
Europa son las ciudadanas y ciudadanos. 
Su adhesión a la Comunidad depende del acierto de las políticas comunitarias. 
El Tratado de Amsterdam ofrece en ese ámbito toda una serie de ventajas. 
La sentencia del Tribunal Europeo sobre la igualdad de la mujer significa en este sentido un respaldo importante. 
La Cumbre europea del empleo traerá resultados prácticos. 
No deberá fracasar ante el bloqueo del Gobierno alemán. 
Todos sabemos que el nacionalismo procede de problemas europeos sin resolver. 
Los problemas nacionales son sólo resolubles en común, es decir, en Europa. 
Necesitamos un fortalecimiento de la Unión Europea, y el Tratado de Amsterdam la hace más fuerte. 
Señor Presidente, un político francés algo olvidado, cuya memoria, sin embargo, merece ser saludada, aunque sólo sea por la virtud roborativa de su cinismo, el Presidente Henri Queuille, decía que la política no consiste en solucionar los problemas, sino en acallar a aquellos que los plantean. 
Temo que la sombra de Henri Queuille se haya cernido en exceso sobre los trabajos de la Conferencia Intergubernamental y del Consejo Europeo de Amsterdam, porque, en realidad, usted ha acallado a aquellos que planteaban problemas dándoles satisfacción en algunas cuestiones, ya fueran Estados, instituciones o algunos sectores de la opinión, proponiéndoles palabras cuando lo que ellos querían eran hechos concretos, proponiéndoles que contemplaran finalidades cuando lo que ellos querían eran instrumentos que les permitieran actuar, y proponiéndoles cualquier cosa menos la acción; una especie de encantamiento general. 
Pero ustedes no han solucionado los problemas y lo saben. 
En primer lugar, la democratización, y en este tema reconozco que se han alcanzado progresos. 
A continuación, la profundización, es decir, la puesta en práctica de medios institucionales que permitan dar fuerza y vigor a las políticas proclamadas en Maastricht, pero que más tarde se quedaron en papel mojado. 
En este caso, ustedes han jugado al dominó, han multiplicado los procedimientos, pero en el fondo no han modificado nada. 
Por último, el problema " contundente» de la ampliación, del que lamento, señor Presidente del Consejo, que haya dicho que no era el objetivo fundamental del Tratado. 
¿Cómo permitir una Unión Europea de cerca de 500 millones de habitantes, cómo permitir una Unión Europea de cerca de 30 Estados miembros, cómo permitir una Unión Europea tan heterogénea en los planos político, cultural, económico y administrativo como la que nos disponemos a construir, cómo conseguir que dicha Unión funcione? 
A eso permanecen mudos. 
Permanecen estériles. 
No han solucionado el problema fundamental. 
Algunos afirman que el ejercicio de Amsterdam es nulo. 
Yo no lo creo así. 
Creo que es mediocre. 
Creo que, sobre todo, se aparta del tema y, como profesor de letras, afirmo que cuando un ejercicio se aparta del tema central no es satisfactorio. 
Este informe nos propone un enfoque que apruebo, en lo esencial, en la situación en que nos encontramos. 
Entrojar, porque todo lo que está en la troje es bueno para el soldado; el soldado parlamentario entroja y ése es el significado del llamamiento a la ratificación. 
Criticar, especialmente la ruptura del paralelismo entre la ampliación y la profundización institucional. 
Los ponentes no llegan lo suficientemente lejos, pero van en la dirección acertada. 
Por último, proponer, y creo que es la contribución fundamental de este informe. 
Los diplomáticos han fracasado y ahora corresponde a los ciudadanos tomar el relevo, en virtud del artículo N, lo reconozco, pero éste es muy flexible. 
Es la principal contribución de este informe. 
Estos son los motivos, señoras y señores, por los que votaré a favor del informe dada la situación en que hoy nos encontramos, pero no por ello doy el finiquito al Consejo Europeo, que no ha cumplido sus promesas. 
Y tampoco vemos cómo podrá cumplirlas mañana. 
Señor Presidente, Señorías, las noticias relativas a la Cumbre de Amsterdam han sido predominantemente negativas, impresión que ha calado. 
El nuevo Tratado de nada nos servirá, al parecer, o constituirá tan sólo un pequeño avance y, al parecer, poca importancia tendrá que se ratifique o no. 
Esa impresión negativa ha sido, Señorías, inducida sobre todo por la no concertación de un acuerdo institucional. 
Irónicamente, comentaristas y observadores que hasta esa fecha nunca habían dado muestras de interés alguno por el aspecto institucional, de repente no veían otra cosa. 
Por eso, la misión de los ponentes ha sido difícil, pero han sabido desempeñarla de forma ejemplar: un análisis y una evaluación fríos, pero correctos, del Tratado y una opinión en la que, citando a Jean Racine, no figura ni cet excès d´honneur, ni cette indignité. 
Así, pues, su excelente y detallado informe- con 276 párrafos en 72 páginas- hace un análisis y una evaluación del Tratado y corrobora enteramente la petición de su ratificación. 
Igual que la mayoría de nuestro Grupo, también yo apoyo esa petición. 
Por otro lado, ha resultado claro que todo el trabajo institucional está aún por iniciar y habrá de hacerse con rapidez, en particular en el sentido de no retrasar la ampliación. 
Es que la ampliación es, señor Comisario, Señorías, señor Presidente, el imperativo más importante que la Unión haya afrontado jamás en tiempo de paz. 
Una Unión débil zozobraría fácilmente con el peso de ese imperativo, no estaría en condiciones de afrontarlo. 
Eso no significa, en modo alguno, que la ampliación y la profundización de la Unión se excluyan entre sí: al contrario, se complementan. 
Recientemente he observado el foso que se va abriendo entre los que consideran que en realidad se excluyen. 
Así, puedo imaginar que acojan con gran satisfacción ese foso todos cuantos no desean esa profundización ni esa ampliación. 
Por eso, Señorías, para que quede bien claro que nosotros sí que queremos ese ampliación y esa profundización, tenemos que ponernos manos a la obra de inmediato. 
Me congratulo de que los ponentes hayan propuesto que lo hagamos junto con los parlamentos nacionales y siento cierto orgullo de haber podido, durante el pasado año parlamentario, contribuir un poco en ese sentido. 
Señor Presidente, en el marco del Tratado de Amsterdam, los gobiernos tenían el mandato de recrear la Unión ante la perspectiva de la ampliación. 
No lo han hecho. 
No han democratizado sus instituciones, aunque debido a la presión de la opinión pública y teniendo en cuenta el papel del Parlamento Europeo, el texto recoge algunos avances parciales. 
No es el fracaso de unas negociaciones después de debates en profundidad, sino el fracaso resultante de una negativa característica de pensamiento y de acción. 
¿Qué podemos hacer? 
Los ponentes piden al Consejo que, a partir de 1998, emprenda un proceso más auténtico de reforma institucional. 
Está bien. 
Pero, al mismo tiempo, hay que avalar Amsterdam, es decir, dejar creer a nuestros ciudadanos que estamos avanzando. 
Nuestro Parlamento sería más fuerte y más valiente si recomendara a los colectivos nacionales que no ratifiquen este texto en su estado actual, hasta que los gobiernos no se propongan la tarea de presentar un texto que pueda resolver los problemas que tenemos sobre la mesa. 
No es sólo la ampliación lo que exige una reforma, sino también la crisis social y política y la perspectiva de la moneda única. 
El euro no tendrá éxito sin una transformación cultural y democrática de la Unión. 
Aunque es portador de oportunidades, también lo es de riesgos importantes. 
Necesitamos un reglamento social del mercado y cooperación para las políticas comunes y no únicamente coordinación. 
La Unión debe dejar de ser el espacio de normativas que es actualmente para convertirse en un espacio de proyectos compartidos; la subsidiaridad hipócrita debe dar paso a una solidaridad asumida, y para ello necesitamos poderes comunes mucho más legítimos y eficaces. 
Responsabilizar al Consejo, discutir las políticas, establecer los poderes de iniciativa y de control de los ciudadanos, consultar a los interlocutores de la sociedad civil, todo ello es urgente. 
No buscamos un Mecano institucional genial a corto plazo. 
Queremos quitar los cerrojos que impiden que surja una democracia comunitaria. 
Queremos dotar los comportamientos de solidaridad y queremos que los ciudadanos y todos los interlocutores sociales puedan enfrentarse a ellos y, en lo posible, elegir. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, si la tan citada y ominosa botella está medio llena o medio vacía lo decide sólo la sed de quien la mira. 
Les puedo asegurar que la sed de democracia europea que los Jefes de Estado y de Gobierno manifestaron tener en Amsterdam fue, Dios lo sabe, muy pequeña. 
La sed de democracia europea, de un ordenamiento social fundamental de Europa, de progreso ecológico ha tenido que ser muy pequeño como para que a algunos de ustedes. les parezca la botella medio llena. 
Le puedo asegurar en todo caso a uno de mis predecesores en el turno de palabra, el Sr. Janssen van Raay, que un vaso de Mouton-Rotschild sabe de otra forma. 
Lo que este Parlamento está decidiendo sobre el Tratado de Amsterdam no tiene ningún peso jurídicamente. 
Muchos se quejan de ello, con razón. 
Por tanto sólo tenemos un plato políticamente breve que ofrecer a nuestros electores, a saber, la verdad sobre el Tratado de Amsterdam, sobre el estado futuro de la UE. 
Ahí reside la única opción, el único poder y el único deber de este Parlamento. 
Pero ¿cuál es la verdad? 
¿Es la afirmación de los ponentes del informe de que el Tratado es un avance en la construcción europea? ¿O nos acercamos más a la verdad si consultamos otro informe, uno que ha sido tratado más discretamente, muy en secreto, que también ha salido del seno de este Parlamento: el Informe del Grupo de Trabajo " Conferencia Intergubernamental» dirigido al Presidente del mismo? 
Ahí se dice: " El nuevo Tratado representa, en resumidas cuentas, en ausencia de algún objetivo que impulse hacia adelante, la medida de las aspiraciones electorales nacionales e incluso nacionalistas de sus firmantes.» 
¿No estamos más cerca de la verdad si hacemos caso de ese informe en el que se dice también: " El Tratado de Amsterdam representa sobre todo un claro golpe fallido respecto del mandato originario de la Conferencia Intergubernamental y de los tres ejes en torno a los cuales se constituyó, a saber, una mayor proximidad a los ciudadanos de la Unión europea, la reforma de las instituciones en una Unión más democrática y eficiente y el fortalecimiento de la capacidad de la Unión para actuar en política exterior.»? 
Puede ser cierto que hoy no tengamos por ofrecer más que la verdad a los hombres y mujeres de Europa. 
Puede que sea poco, pero no debemos limitarnos a dar aún menos. 
No se la debemos dar culpablemente. 
Pues esa verdad será la base si encontramos una salida a la crisis de la Unión. 
Esa salida no la encontrará nadie si no es este Parlamento. 
Es su tarea, y por eso no puede silenciar la verdad. 
El día de hoy decide sobre el fracaso del Parlamento. 
Amsterdam decidió sobre el fracaso de los Gobiernos nacionales. 
Señor Presidente, Señorías, mi colega el Sr. Saint-Pierre ya ha tenido oportunidad de esbozar las razones que nos mueven a no apoyar el informe. 
Amsterdam fue, por encima de todo, una empresa vana respecto de la necesaria reforma institucional. 
Pero hay, además, otro problema. 
La Unión sigue dialogando sólo con los Estados miembros unitarios, pese a que, en muchas materias, no cuentan con competencia jurídica alguna. 
En Bélgica, por ejemplo, tan sólo los estados de Flandes y de Valonia cuentan con sus propias competencias constitucionales en esferas como las de la cultura, la educación, la ordenación del territorio, el medio ambiente o la investigación científica, en el ámbito de los Fondos estructurales, de los transportes, etc. Esos estados han pasado a ser constitucionalmente autónomos y tienen su dirección postal propia, su casa propia, su presupuesto y administración propios. 
Ahora bien, la Unión envía aún sus facturas, sus documentos, a la antigua dirección del país. 
Una Unión que resulta incapaz para tener en cuenta un simple cambio de dirección está estructuralmente, y sin remedio, superada. 
Por eso, también en ese sentido, Maastricht fue una oportunidad perdida y Europa nos es demasiado querida para que podamos decir sí al presente informe. 
Señor Presidente, con el Tratado de Amsterdam obtenéis otros británicos y tú una constitución escrita sin democracia. 
De todos modos quizá sea mejor tener una democracia viva sin constitución escrita. 
Y los otros catorce países de la UE sí que obtienen una verdadera constitución, una nueva Constitución, a saber, esta pequeña bagatela, que reemplazará a esta otra pequeña bagatela, la Constitución danesa. 
En la medida que la constitución de la Unión esté reñida con la Constitución danesa, sabemos que es el Derecho de la Unión el que tiene la primacía. 
Esto lo ha inventado el Tribunal de Justicia como principio y la novedad del Tratado de Amsterdam es que esto aparece inscrito en el protocolo sobre la subsidiariedad. 
Aquí se dice que la relación entre la legislación nacional y la legislación comunitaria que ha desarrollado el Tribunal de Justicia no se ve afectada y que debe tomarse también en cuenta el Tratado de la Unión Europea donde se dice: " La Unión aportará los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos y poner en práctica su política». 
Luego no es un principio de proximidad, sino lo contrario. 
Es el principio de primacía del Derecho de la Unión también sobre las constituciones nacionales, el que ahora por primera vez se inscribe en el propio Tratado, y por ello sí que es una nueva constitución escrita la que Gran Bretaña hace entrar ahora por primera vez en tu vida y en la de otros británicos. 
¿Es esta constitución que recibimos una constitución hermosa? 
No, no lo es, no es una constitución hermosa con los derechos fundamentales inscritos en el primer título y con las disposiciones sobre las instituciones y la democracia en los títulos siguientes. 
Es una constitución en la que los derechos fundamentales y los derechos sociales se incluyen, pero diseminados por el Tratado. 
Sin embargo, el principio básico es que se transfieren todos los derechos fundamentales de los Estados miembros recogidos en las constituciones nacionales y según la práctica en la Comisión de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al Tribunal de Justicia de Luxemburgo y a las autoridades de la Unión, que actuarán por unanimidad. 
En el contenido se trata de una constitución, sin embargo, en la forma se trata de un acuerdo internacional convencional. 
No obstante, espero que en los Estados miembros será tratado como una modificación constitucional y con eso se dará a los electores la oportunidad de tener la última palabra. 
Señor Presidente, el nuevo Tratado, que acaban de firmar los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión, es hoy objeto de su último examen en las instituciones europeas. 
Hasta hoy el nuevo Tratado ha vivido en la comodidad y la asepsia de sus progenitores, filtrado su contenido por los discursos de los especialistas y los diplomáticos, que, a lo largo de los tres últimos años, en avances y retrocesos muchas veces contradictorios, han intentado dar un nuevo soplo de vida al antiguo Tratado de Maastricht. 
Pero, a partir de hoy, alcanzada su mayoría de edad, el texto del Tratado de Amsterdam parte hacia cada uno de los Estados de la Unión para someterse al riesgo del debate en las opiniones públicas nacionales y, en seguida y como consecuencia, al sí o el no de los ciudadanos de Europa. 
Así, pues, la suerte del Tratado está echada a partir de la votación que vamos a celebrar esta tarde. 
Nos contamos entre los que le auguran un buen futuro, que, por esa razón, votarán a favor del dictamen del Parlamento Europeo y le desean una ratificación rápida que permita un marco institucional estabilizado, con normas claras y duraderas, para afrontar otros imperativos que afronta la Europa de los Quince. 
Ha de haber siempre- desde nuestro punto de vista- un equilibrio entre estabilidad y reforma. 
En cada momento, se debe evaluar de qué lado está la prioridad en función del interés histórico de Europa. 
Desde nuestro punto de vista, el momento es de estabilidad. 
Acelerar una reforma inmediata de un Tratado que aún no ha llegado a la edad adulta puede ser lo mismo que tirar al niño con el agua del baño. 
Por eso, más importante que la angustia es la tranquilidad. 
Más importante que reformar un Tratado reformado es proceder a su divulgación y a su ratificación inmediata. 
En mi país se dice, señor Presidente, que «las gatas apresuradas paren crías ciegas». 
No seamos ciegos. 
Por eso, antes de revisar el Tratado, ante de revisar lo revisado, es preciso convencer. 
Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam fue acogido con poco entusiasmo por la opinión pública. 
Lo que debería haber sido una profunda remodelación de la Unión Europea acabó quedándose en la construcción de una pared aquí, un almacén allá y una bonita claraboya encima, para rematarlo. 
Se hicieron realidad las adaptaciones posibles, pero la necesaria remodelación- necesaria también con vistas a la ampliación y para mantener la viabilidad de la Unión- quedó aún por hacer. 
¿Qué recomendaciones deberá hacer, entonces, el Parlamento Europeo a los parlamentos nacionales, en lo relativo a la tarea que les corresponde de ratificar o no el Tratado de Amsterdam? 
Lo único positivo en sí es que los parlamentos nacionales, o al menos algunos de ellos, hayan solicitado nuestro dictamen y no quieran pasar a la aprobación del Tratado sin conocerlo primero. 
Eso revela, por lo demás, que la relación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo es mucho mejor de lo que algunos piensan, cosa que es positiva, ya que tenemos algunos intereses en común. 
En el futuro la cooperación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo será cada vez más intensa y más necesaria también, en el sentido de fortalecer el carácter democrático de la Unión. 
En esa esfera tenemos, por fortuna, motivos de satisfacción, pues, precisamente en lo relativo a la codecisión del Parlamento Europeo en el plano legislativo, se han dado importantes saltos adelante. 
Y ello gracias, en particular, a personas como el Sr. Brok y la ex colega Guigou. 
En efecto, podemos afirmar que el proceso de codecisión rige el 80 % de la legislación comunitaria, lo que constituye un claro avance. 
Por otro lado, es lamentable, naturalmente, que esa democratización no haya encontrado expresión en el presupuesto y en la legislación agraria, pero, aunque sólo sea por ese paso adelante, por esa mejora del carácter democrático, sería prudente que dijéramos sí a este Tratado. 
En efecto, al menos podremos aprovechar lo poco que Amsterdam consiguió ofrecernos. 
En cuanto al resto, tampoco podemos, lamentablemente, considerarnos satisfechos. 
Se han logrado algunos avances en el plano de los derechos de los ciudadanos. 
Ya se ha mencionado varias veces, y con razón, el artículo relativo a la no discriminación. 
También en el plano de la transparencia de las instituciones se ha dado un pequeño paso, pues las actas del Consejo pasarán a ser públicas. 
En el plano social también se ha dado un paso, aunque aún tenemos que ver si la Cumbre sobre el empleo, durante este fin de semana, resultará o no positiva en cuanto al contenido. 
Por desgracia, demasiado poco se logró en las esferas de la seguridad interior y de la política exterior y de seguridad. 
El gran hiato está en el plano institucional. 
En realidad, todos lo reconocen. 
Por eso, el excelente informe de los Sres. Méndez Vigo y Tsatsos nos recomienda que en esa esfera hagamos ahora una maniobra de adelantamiento, es decir, que organicemos, antes de las nuevas adhesiones, una nueva ronda para encontrar soluciones también en ese plano. 
Se trata de una propuesta positiva. 
Pero no se podrá hacer por la vía clásica de una CIG, sino según el método europeo habitual, es decir, mediante propuestas de la Comisión Europea, de un dictamen del Parlamento Europeo y, a partir de eso, podremos llegar entonces a un resultado. 
Pero no sería responsable hacer la ampliación antes de eso. 
Si la llevamos a cabo sin haber resuelto antes este tipo de problemas institucionales, la Unión Europea se volverá un desorden. 
En ese sentido, podremos, pues, decir sí al Tratado de Amsterdam, pero hemos de esperar que, en una fase más avanzada, se den los pasos que, en realidad, ya se deberían haber dado en Amsterdam. 
Señor Presidente, en la primavera del año próximo se celebrará un referéndum en Irlanda para decidir si se ratifica o no el Tratado de Amsterdam. 
Durante el debate previo a la votación del referéndum, haré campaña con entusiasmo, junto con mis colegas del partido político Fianna Fáil, en pro de un amplio voto afirmativo. 
Espero que el pueblo irlandés dé una vez más un gran apoyo a la continuación de la participación de mi país en la Unión Europea, como ha hecho en cada una de las tres ocasiones anteriores en que se ha celebrado un referéndum sobre Europa en Irlanda. 
Esperaba que se brindara a los diputados al Parlamento Europeo la oportunidad de emitir un voto sobre los cambios en el Tratado que se están introduciendo a raíz de la Cumbre de Amsterdam. 
Si así hubiera sido, yo habría votado a favor de la aprobación del nuevo Tratado. 
Lamento profundamente que no se pidiera al Parlamento que votara directamente el contenido del Tratado, sino que se le pida que examine los méritos de una larga opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
El documento presentado por la Comisión de Asuntos Institucionales debería haberse limitado a una simple recomendación de votar a favor o en contra del Tratado de Amsterdam. 
Espero que, cuando se presente una ocasión semejante, después de la próxima conferencia intergubernamental, nuestros procedimientos hayan cambiado para facilitar dicha votación. 
En el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales figuran muchos elementos con los que estoy totalmente de acuerdo. 
Sin embargo, también figuran en él observaciones con las que discrepo profundamente. 
No es necesario, por ejemplo, que este texto se lamente sobre las políticas que no figuran en el nuevo Tratado. 
No es necesario volver a plantear la discusión sobre la composición de la Comisión. 
Esa cuestión se examinó por extenso antes de la Cumbre de Amsterdam y, en mi opinión, los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron la posición correcta de mantener el uso actual por el cual cada uno de los países tiene el derecho a designar a un Comisario. 
En segundo lugar, los Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron en Amsterdam la opinión de que no había razones poderosas para que el Parlamento participara en la administración de la Política Agraria Común. 
El sistema actual por el cual la Comisión se encarga de la gestión cotidiana de la PAC subordinada a la supervisión global del Consejo de Ministros ha sido satisfactorio y se debe mantener. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno también adoptaron la opinión de que en este momento no era urgentemente necesaria una política de defensa común y no la incluyeron en esta versión del Tratado, decisión que apoyo plenamente. 
No veo la necesidad de volver a plantear ese debate en el marco de este informe. 
Por esta razón y por las otras que ya he mencionado, me propongo abstenerme en la votación final sobre este informe, al tiempo que hago constar firmemente mi apoyo al Tratado de Amsterdam. 
Votaciones 
Señor Presidente, como ya indiqué a sus servicios en lo relativo a este punto y aunque comprendo las razones que han inspirado a los autores de la enmienda, en esta fase, considero innecesaria la referencia a un protocolo algo " antiguo» , si me permite decirlo. 
Quisiera pedirle, por tanto, que proceda a una votación por separado, siendo la primera parte de la enmienda, palabra por palabra, idéntica al texto de la Comisión de Reglamento. 
Quisiera pedir a la Asamblea, y dejo que decida en su sabiduría, que también vote a favor de la segunda parte. 
(El Parlamento adopta la decisión) 
Señor Presidente, el Sr. Pimenta fue el autor de esta resolución en la Comisión de Medio Ambiente. 
Hoy tiene que estar en Lisboa por enfermedad de un miembro de su familia, por lo que pido su permiso y el del Parlamento para presentar una enmienda oral de seis palabras encaminada a aclarar el significado del párrafo 2 con vistas a potenciar al máximo el apoyo del Parlamento a la posición de la Unión en Kyoto. 
Quiero insertar las palabras «después de la Conferencia de Kyoto» tras la frase inicial que comienza con «Pide a la Unión Europea» , para convertir la reciente comunicación de la Comisión en un compromiso vinculante a fin de dar fundamento a nuestro compromiso. 
No era intención del Sr. Pimenta ni de la Comisión de Medio Ambiente, al redactarlo, atar de manos a la Comisión en las negociaciones de Kyoto. 
Al añadir esa frase «después de la conferencia de Kyoto» , lo expresamos con claridad y espero que la Asamblea pueda después apoyar el texto revisado. 
(El Parlamento acepta la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, como sabe usted perfectamente, en el continente existe la desafortunada tendencia a confundir Inglaterra con Gran Bretaña, distinción que para usted y para mí es importante. 
Por desgracia, los servicios han cometido un error en la enmienda nº 41: se ha traducido por «británica» la palabra «anglaise» del texto original francés. 
Es algo muy de lamentar y quisiera que conste en acta. 
Velaremos por que todas las versiones lingüísticas sean correctas y se respeten esas importantes distinciones. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Sr. Presidente, quisiera indicarle que la enmienda 45, que fue propuesta por nosotros, en la segunda parte de la versión alemana debe decir: "recomienda el mantenimiento de un Fondo de cohesión» y no, como ha sido traducido erróneamente :" pide por su parte el mantenimiento de un Fondo de cohesión.» 
Es un punto importante que en ese lugar sean reproducidas las palabras exactas que yo he dicho, pues sino podría haber dificultades. 
La discusión en los partidos y en la comisión fue muy intensa. 
Es importante que en todas las lenguas aparezca la versión correcta. 
Entiendo que se trata de algo importante, pero no podemos celebrar un debate lingüístico en este momento. 
He verificado y he descubierto que la versión original estaba en inglés. 
Así, pues, velaremos, como de costumbre, por que las versiones en todas las demás lenguas correspondan a la versión inglesa. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, quería plantear una cuestión de orden, porque quiero felicitarlo a usted por su paciencia durante el desarrollo de esta votación. 
Sin embargo, he de decir que en la comisión teníamos 275 enmiendas a este informe y conseguimos sacarlo adelante prácticamente sin enmiendas. 
Me ha decepcionado el Grupo I-EDN, que ha optado por presentar enmiendas y pedir votaciones separadas, con lo que ha hecho perder un tiempo precioso a esta Asamblea. 
Más les valdría asistir a la comisión y emplear su energía y esfuerzo en la labor de la comisión en lugar de hacerle perder tiempo a usted. 
Tras largas negociaciones, el Comité de Conciliación ha llegado, por fin, a un acuerdo sobre el mercado interior de los servicios postales. 
Se trata de garantizar un servicio postal universal y determinar, en el marco de la liberalización necesaria de dicho mercado, qué servicios deberán reservarse a los proveedores del servicio universal y cuáles serán los ámbitos no reservados, abiertos a la competencia. 
Se establecerán unas normas europeas de calidad en beneficio del consumidor. 
El servicio público debe absolutamente estar garantizado, incluso en un mercado abierto. 
Algunos ámbitos están reservados al servicio público: las cartas y los paquetes de un peso determinado, así como los envíos certificados o de valor declarado. 
Por otra parte, esta protección obliga a los proveedores del servicio público a respetar ciertas normas comunes de calidad: un número suficiente de " puntos de acceso» (buzones) , una frecuencia razonable de recogida y de reparto del correo, continuidad del servicio y unas tarifas que permitan a todos la utilización de los servicios. 
En un afán de transparencia, la directiva obligará a las empresas de correos a llevar su contabilidad de manera que contemple la separación de las cuentas relativas a los servicios reservados de aquéllas relativas a los servicios abiertos a la competencia. 
La decisión sobre la liberalización de los servicios de publicidad directa y del correo transfronterizo ha sido aplazada hasta el 1 de enero del 2000, momento en que el Consejo y el Parlamento deberán decidir sobre la continuación de la liberalización del sector. 
Por último, la directiva ha llegado a un término medio entre la liberalización a ultranza que se practica en algunas partes del mundo y nuestra percepción del servicio público. 
Las nuevas disposiciones deberían poder garantizar a los consumidores de los servicios una mejor calidad y unas tarifas más competitivas, sin poner en cuestión el servicio universal y las administraciones públicas que garantizan su funcionamiento. 
Visto desde este ángulo, el acuerdo de compromiso del Comité de Conciliación constituye un texto aceptable que aún deberá transponerse a la reglamentación nacional, sin poner en peligro las estructuras que han superado la prueba en Luxemburgo. 
En mi opinión, la desregulación de los servicios postales no debe en absoluto ser objeto de discusión. 
Los servicios postales en la sociedad son de utilidad pública. 
El correo tiene que llegar a todos los sitios. 
Los habitantes de las grandes ciudades tienen que ayudar a financiar los servicios de correos en los lugares alejados. 
Si se abren las puertas de los servicios postales a empresas con ánimo de lucro, solamente se desarrollarán las actividades que den ganancias. 
En ese caso, las ganancias irán a las empresas privadas en lugar de subvencionar los servicios útiles para la sociedad. 
Hoy me veo obligado, con pena, a decidir sobre este asunto. 
Sin embargo, sé que el ponente ha hecho todo lo que ha podido para tratar de suavizar los efectos negativos de esta propuesta. 
Mi Grupo abriga importantes objeciones en relación con el procedimiento ahora adoptado. 
Es posible que, como instituciones, el Consejo y el Parlamento hayan alcanzado un elevado grado de consenso, pero todos los interesados saben que no se logró dicho consenso sin dificultades. 
Antes que nada, la Comisión Europea presentó una propuesta que establecía una liberalización mucho mayor que la propugnada en el texto que ahora se va a votar. 
Al cabo de dos largos años de resistencia por parte de los monopolios estatales en muchos Estados miembros, la Comisión reposó, desalentada, la cabeza en el regazo, con lo que falló en su papel de garante de los Tratados y defensora del Mercado Interior. 
No sólo los servicios postales que pueden funcionar con precios más bajos que los organismos postales excesivamente pesados podrán eludir cada vez más los monopolios e inducir a los clientes de las empresas a que recurran cada vez más a sus servicios, sino que, además, está absolutamente comprobado que los nuevos servicios de telecomunicaciones liberalizados, como el fax y la red Internet, irán substituyendo los servicios postales tradicionales incluso para el usuario particular. 
Para las empresas que deben necesariamente seguir recurriendo a servicios de distribución físicos, como el directmail y las empresas de venta por correo, en breve llegará el momento en que serán ellas mismas, sencillamente, las que presten esos servicios, con o sin auxilio de otras empresas. 
El punto que más difícil de digerir resulta al Grupo Liberal sigue siendo el de la prohibición de la prestación de servicios postales transfronterizos por otros distintos de los servicios postales oficiales y ello a cambio de precios que podemos calificar de desorbitados. 
Se actúa así de forma tan diametralmente contraria a los principios del mercado interior libre, que ya sólo eso podría ser una razón para que votáramos en contra. 
El hecho de que ninguno de los Estados miembros lo haya invocado aún- y con razón- como motivo para el veto puede considerarse una señal de degeneración del ideal de la integración de Europa. 
Todos los Grupos e instituciones sabían que el Grupo Liberal tenía estas objeciones. 
Yo mismo lo dije muy explícitamente ante toda la delegación de conciliación presidida por la Sra. Fontaine. 
Deberían habernos brindado al menos la oportunidad de expresarlo en sesión pública. 
Pero en este momento no nos queda otra solución que la de hacerlo mediante una explicación de voto y aclarar también que entre el Consejo y el Parlamento no existe, a fin de cuentas, tanto consenso como pretenden hacer creer ahora los grandes Grupos de los Estados miembros grandes. 
Informe Fontaine (A4-337/97) 
Una vez más, el Parlamento Europeo ha demostrado su incapacidad de comprender los problemas de los países pequeños. 
En primera lectura, el Sr. Fayot y yo nos tomamos la libertad de presentar una enmienda exponiendo los temores que existen en medios judiciales luxemburgueses relativos a la formalidad que debe cumplir un abogado extranjero para registrarse en la instancia correspondiente. 
Dicha enmienda fue rechaza, lo que aún lamento. 
No obstante, sigo estando convencido de que todo régimen de libre circulación de los abogados debe definirse de modo que garantice que el consumidor será protegido en toda circunstancia, en el sentido de que se garantizará la prestación de asistencia judicial de un abogado que se haya formado en el Derecho del Estado miembro en cuestión. 
Ahora bien, este objetivo no puede cumplirse si un Estado miembro no tiene el derecho de verificar los conocimientos de los abogados del Derecho del país. 
Quisiera destacar también que la aprobación del informe Fontaine no cambiará en absoluto la peculiar situación del Gran Ducado de Luxemburgo, que se encuentra en la encrucijada de varios sistemas jurídicos. 
Así, el Derecho administrativo y constitucional son, básicamente, de inspiración belga, mientras que el Derecho civil y el Derecho comercial están influenciados por Francia y Bélgica. 
El Derecho fiscal tiene su origen en el Derecho fiscal alemán y las decisiones tanto de la Administración como de las jurisdicciones se refieren a la jurisprudencia alemana. 
Otra dificultad reside en el hecho de que el Gran Ducado de Luxemburgo es un país trilingüe. 
Ahora bien, el problema de las lenguas es fundamental para el abogado que ejerce su profesión en el Gran Ducado. 
Hay que destacar también que un gran número de súbditos comunitarios, titulares de diplomas extranjeros de Derecho, están actualmente inscritos en la pasantía judicial luxemburguesa y superan con éxito los exámenes al final de la misma. 
Dicho esto, creo que el sistema actual permite a los abogados que son ciudadanos de Europa proporcionar sus servicios y establecerse en Luxemburgo sin ninguna dificultad, siempre que garanticen que están calificados para asesorar en el ámbito del Derecho luxemburgués. 
Los ciudadanos luxemburgueses no comprenderán por qué se quiere modificar esta situación mediante una directiva; motivo por el que volveré a votar en contra del informe. 
Reconozco, no obstante, que la Sra. Fontaine ha hecho grandes esfuerzos para comprender el problema luxemburgués por lo que deseo expresarle mi agradecimiento, de todos modos. 
Deseo, por una parte, dirigir mis felicitaciones a Nicole Fontaine por el excelente trabajo que ha realizado sobre esta propuesta de directiva examinada de acuerdo con el procedimiento de codecisión. 
Por otra parte, tenemos motivos de congratularnos de la posición común, que se ajusta plenamente a los deseos que nuestro Parlamento manifestó en primera lectura. 
De hecho, las modificaciones aportadas por el Consejo de Ministros no pone en cuestión el espíritu que el Parlamento Europeo quisiera dar a esta directiva, motivo por el que he votado a favor de la decisión que aprueba la presente posición común. 
El examen de este texto por parte de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento demuestra perfectamente que las tres instituciones pueden seriamente hacer realidad los principios de negociación que prevalecen en los procedimientos legislativos comunitarios y, alcanzar un resultado muy satisfactorio. 
El resultado me alegra tanto más por el hecho de que este texto reviste una gran importancia en el sentido de que contribuye a la creación efectiva de la Unión Europea y, más exactamente, a concretar los principios de la libre circulación y de la libertad de establecimiento. 
Informe Dell ' Alba (A4-345/97) 
He votado por la aprobación del informe. 
Hay grandes posibilidades de coordinar el trabajo europeísta fortaleciendo la cooperación entre la UE y el Consejo de Europa, especialmente las asambleas parlamentarias de esos órganos y sus comités y delegaciones. 
Esto puede conducirnos a una mejor colaboración, con mejores fundamentos, asimismo como a disminuir trabajos que se repiten innecesariamente. 
Se debería hacer un estudio más amplio, mancomunadamente entre ambas instituciones europeas, acerca de cómo se podría profundizar esta cooperación. 
Informe Jöns (A4-352/97) 
Con esta explicación de voto deseamos subrayar que nosotros, en la votación final, estuvimos a favor del informe. 
El convenio que se ha negociado entre CES, CEEP y UNICEF, después de muchos años de incapacidad de los países miembros para formular una directiva, es de gran importancia para millones de trabajadores en la Unión Europea. 
Por eso es muy importante que el Parlamento Europeo en su informe apoye el convenio. 
Seguidamente, opinamos que hay razones, como se señala en el informe, para reiterar el llamamiento del Parlamento a la Comisión para que ésta se encargue de redactar una directiva para los demás trabajos atípicos. 
Sin embargo, hay algunos puntos en el informe en los que no podemos estar de acuerdo. 
Entre otras cosas, pensamos que el informe contiene críticas que no son totalmente fundadas, por ejemplo, las críticas que se hacen a los puntos D, H 4 y 6. 
Se trata, sobre todo, de críticas que se dirigen contra el convenio por sus deficiencias a la hora de establecer condiciones mínimas, deficiencias en su alcance y en cuanto a lo que se puede considerar como criterios objetivos. 
También consideramos que las críticas contra los artículos 3 y 4 en el convenio de política social, tal como se formulan en los puntos 12 y 16, son infundadas. 
Opinamos, por el contrario, que el papel de las partes europeas en la formulación de normas para el mercado laboral es de gran importancia para el desarrollo de un modelo social europeo. 
Por razones de principios, nos preguntamos también acerca de si las partes del mercado laboral tendrán la obligación de informar a la Comisión, como se expresa en el punto 21, en un campo en el que rige el derecho comunitario. 
Finalmente, estimamos inadecuado agregar modificaciones en el propio convenio marco, como se señala en el punto 22. 
Resulta especialmente inadecuado dado que en el informe se manifiesta la ambición de intentar hacer interpretaciones propias de lo que se entiende por criterios objetivos y definir quién es trabajador con dedicación parcial. 
A pesar de estas objeciones, nunca tuvimos dudas en votar a favor del informe en la votación final. 
Los socialdemócratas daneses votan en contra del informe de la Sra. Jöns, a pesar de que contiene muchos buenos elementos. 
Es importante que el Parlamento Europeo presione para lograr compromisos análogos para los empleados de otras formas de trabajo atípico. 
Y es positivo que se adviertan las áreas donde el compromiso podría haber sido mejor. 
Sin embargo, el diálogo social es una condición para crear una sociedad más humana y justa y una Unión Europea con un rostro más humano. 
El acuerdo sobre el trabajo a tiempo parcial es un importante paso adelante en el establecimiento de un diálogo social en el ámbito europeo. 
En esta tímida puesta en marcha podrá traer consecuencias catastróficas tratar de limitarlo. 
Es por ello lamentable que la Comisión en su propuesta de acto haya tanteado proponer una intervención en el compromiso. 
En su lugar debe dejarse que el acuerdo siga en pie sin modificarlo, por respecto a las negociaciones de los participantes sociales. 
A esto queremos añadir nuestra preocupación por el tenor de los puntos 17 y 19 del informe. 
Opinamos que no hay razón para preocuparse por el modo en el que el protocolo social está inscrito en el Tratado de Amsterdam. 
Y según nuestra opinión no hay ninguna necesidad inmediata de ampliar el círculo de participantes sociales más allá de los que ya están implicados en el diálogo social. 
En la Unión Europea hay 24 millones de personas que trabajan a tiempo parcial. 
Los más afectados son las mujeres, los jóvenes y los asalariados con menos formación. 
El avance del trabajo a tiempo parcial ha sido especialmente importante en algunos países como los Países Bajos y Gran Bretaña, en los que representa una tasa superior al 25 % en relación con el empleo total. 
Con demasiada frecuencia, el tiempo parcial lo imponen las empresas y no es elegido por los asalariados. 
El acuerdo marco entre los interlocutores sociales europeos se fija como su primer objetivo el reconocimiento de un principio de no discriminación entre los trabajadores a tiempo parcial y aquéllos a tiempo completo. 
Debería, por tanto, contribuir a mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores a tiempo parcial ofreciéndoles mejores garantías. 
Pero subsisten demasiadas insuficiencias e imprecisiones, sobre todo, debido a la falta de disposiciones relativas a la igualdad de trato en materia de protección social. 
Una imprecisión que deja la puerta abierta a diversas interpretaciones y, sobre todo, a la posibilidad de demasiadas excepciones por " razones objetivas» mal o no definidas en absoluto. 
Me congratulo de que el informe de la Comisión de Asuntos Sociales haya asimismo lamentado estas " excepciones discriminatorias». 
El acuerdo marco aparece desequilibrado. 
Aunque anuncia algunas garantías- limitadas y sujetas a excepcionespara los trabajadores a tiempo parcial, fomenta la flexibilidad del tiempo de trabajo en el marco del desarrollo del tiempo parcial. 
Desde este punto de vista, se inscribe en el planteamiento de la Comisión con vistas al Consejo Europeo de Luxemburgo sobre el empleo. 
Nuestro Grupo se opone a esta orientación que, apunta a una mayor flexibilidad del mercado laboral en un sentido que favorece únicamente los intereses de las empresas. 
Para desarrollar el empleo y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados, nuestro Grupo propone que la reducción del tiempo de trabajo sea uno de los temas centrales de la Cumbre europea sobre el empleo, con el fin de dar a los asalariados europeos la señal firme que ellos esperan. 
Si el 21 de noviembre se decide en Luxemburgo abrir la perspectiva de la reducción del tiempo de trabajo, dicha decisión podría constituir asimismo el punto de partida de una renovación de la construcción europea hacia una Europa del progreso, de la paz y de la seguridad, que haría del progreso social y del empleo los motores de un nuevo tipo de desarrollo. 
El acuerdo marco firmado por los interlocutores sociales tiene objetivos que figuran entre aquellos a los que nuestro Grupo concede gran importancia. 
Luchar contra la discriminación de que son víctimas los trabajadores con jornada parcial, doblemente víctimas, por cierto, porque llegan a esa situación por un proceso que los castiga, y mejorar sus condiciones de trabajo, así como insistir en el voluntariado como base del desarrollo de ese tipo de trabajo, son, en verdad, objetivos por los que, con todo realismo, porfiamos. 
Ahora bien, no podemos dejar de lamentar, como en la enmienda que hemos presentado, que el principio de no discriminación de los trabajadores con jornada parcial tenga en el acuerdo exenciones generales que abren el camino para la inobservancia del principio. 
Por otro lado, no podemos aceptar la concepción de fondo que representa la consagración de una llamada organización flexible de la jornada laboral que se plasma, en realidad, en una precarización de los vínculos laborales y una verdadera tendencia a la mercantilización de la fuerza de trabajo. 
Incluso lo que se puede considerar positivo en el acuerdo no se hace extensivo a otras formas de trabajo hasta ahora considerado atípico. 
Se dirá, como afirma el informe Jöns, que el acuerdo marco es un primer paso, en el sentido de que constituye un conjunto de medidas, en el plano jurídico, que eliminan progresivamente las discriminaciones existentes. 
Bien estaría que así fuese, pero tan tímido y vacilante es, que se corre el riesgo, al aceptarlo como tal- como primer paso -, de hacerse la ilusión de que se va por el buen camino cuando se avanza en sentido opuesto al del interés de los trabajadores. 
Eso explica todas nuestras reservas y el sentido de nuestro voto. 
Voy a apoyar la aprobación de este acuerdo alcanzado entre los empleadores y los sindicatos en junio de este año. 
Oponerse a la discriminación en el trabajo que afrontan los trabajadores con jornada parcial, mejorar sus condiciones de trabajo y promover el trabajo de jornada parcial y el horario flexible como opciones útiles para muchas personas son medidas, todas ellas, que podemos apoyar con entusiasmo. 
Reconozco que la ponente puede considerar que el acuerdo podría abarcar otros tipos de trabajo e incluso los sistemas de seguridad social. 
Sin embargo, como diputado laborista británico, creo que debemos respaldar los acuerdos alcanzados por los interlocutores de la industria en todos los casos en que sea posible. 
Los acuerdos alcanzados por quienes deben aplicarlos podrían muy bien ser más aptos para durar y evolucionar que cualquier cosa que nosotros, los políticos, pudiéramos inventar en su nombre. 
Naturalmente, podemos tener voz y voto en esos sectores normativos en el futuro. 
Pero debemos apoyar a los interlocutores sociales en su formulación gradual de políticas que pueden beneficiar a nuestros conciudadanos en sus lugares de trabajo. 
Yo al menos lo hago con entusiasmo y sin renuencia. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, el pasado mes de julio, nuestra Asamblea se pronunció mediante una resolución sobre el fortalecimiento de la estrategia comunitaria para reforzar la seguridad aérea. 
El texto sobre el que hoy nos pronunciamos forma parte de esta serie de medidas. 
Por analogía, la Comisión de Transportes y Turismo solicita que se aplique al sector aéreo lo que se viene aplicando al sector marítimo. 
En efecto, solicitamos que los aparatos de terceros países respeten las normas de seguridad que se desprenden del Convenio de Chicago y de las normas de la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional). 
La Unión Europea debe asumir una posición estricta en la materia. 
Sabemos que numerosas aeronaves no respetan las normas elementales de seguridad. 
Prueba de ello es que se está desarrollando una práctica de " aeropuertos de conveniencia» con el fin de eludir estas obligaciones. 
No podemos darle nuestro apoyo, porque no podemos jugar con la seguridad de todos. 
Por último, sabemos también que algunos países, en particular, los más necesitados, sufrirán daños como consecuencia de este código de seguridad. 
Deberemos, por tanto, desarrollar la cooperación con estos últimos en materia de asistencia técnica. 
Conociendo la dificultad que encierra un informe técnico como éste, quiero felicitar a nuestro colega Triviño por la seriedad de su trabajo. 
Comparto las conclusiones y los elementos de esta directiva relativa a la seguridad de las aeronaves no comunitarias. 
Al igual que el ponente, considero que en lo sucesivo debemos centrarnos más en las compañías aéreas que en las autoridades aeroportuarias. 
Suscribo los sólidos elementos de esta directiva y valoro esta voluntad de imponer medidas coercitivas a los explotadores que, a veces, ponen en circulación aeronaves que ofrecen condiciones de seguridad aleatorias. 
Apoyo las enmiendas introducidas en el texto original encaminadas a hacer pública las informaciones relativas a las aeronaves inmovilizadas en tierra. 
Este afán de transparencia es loable y necesario, y debe ser impuesto a todos y en todos los ámbitos. 
Incrementar dicha transparencia contribuirá a devolver la confianza a los ciudadanos en aquellos que toman las decisiones. 
Cada vez son más los países que se sustraen al cumplimiento de sus obligaciones en materia de ejecución y mantenimiento de las normas de seguridad internacionales, según revela el informe elaborado por expertos en el ámbito de la aeronáutica de la Unión Europea de 11 de marzo de 1996. 
Esta negligencia condenable que ya ha costado la vida a un gran numero de personas debe ser combatida de manera activa. 
En lo que respecta a sus acuerdos en el ámbito de la aviación con terceros países, los países europeos deben mantener alguna reserva en el sentido de garantizar la seguridad de los ciudadanos. 
Sería recomendable que adoptasen la política de los Estados Unidos de América en este ámbito, que solamente celebran estos acuerdos si las autoridades del país en cuestión pueden garantizar la seguridad de su flota. 
La competencia en el sector de la aviación europea lleva a los Estados miembros a sentirse inclinados a tratar con demasiada flexibilidad a las compañías aéreas de terceros países poco dignas de confianza. 
Por ello concordamos el procedimiento de SAFA tal como está propuesto por la Comisión. 
En caso de sospecha de violación de las normas de seguridad las aeronaves de terceros países deben ser controladas en la Unión Europea y si tales sospechas se confirmasen se les debe prohibir volar. 
La Comisión puede evitar así que la política de competencia entre los Estados miembros pueda comprometer la seguridad. 
En caso de quejas graves en materia de seguridad o de una sospecha fundada de inseguridad es deseable que un Estado miembro proceda a una inspección en la plataforma de estacionamiento. 
Por todo lo expuesto apoyamos apoyamos algunas enmiendas hechas al informe González Triviño. 
Sobre todo la enmienda nº 12, que tiene como objetivo la publicación de la inmovilización de las aeronaves, nos parece que constituye un buen complemento a la propuesta de la Comisión. 
Los ciudadanos deben poder saber qué compañías aéreas no son absolutamente seguras. 
Informe Junker (A4-318/97) 
La integración de la problemática del sexo en el desarrollo es urgentemente necesaria. 
En efecto, en gran número de países son las mujeres las que no sólo hacen funcionar la economía, sino que, además, son la base sobre la que se asienta la sociedad. 
Si queremos que nuestra política de desarrollo sea eficaz, es importante que las mujeres puedan disfrutar plenamente de ella. 
Hasta hoy, eso no ha sido, por desgracia, fácil. 
En efecto, también en el Sur dominan los hombres el orden del día político internacional, bilateral y multilateral. 
En la propuesta de la Comisión figuran propuestas en sí útiles, que se plasman sobre todo en la capacity building para las mujeres. 
Por eso, las palabras decisivas son consultoría, metodología, procedimientos, líneas de orientación, formación y así sucesivamente. 
Quisiera subrayar que todas ésas son propuestas útiles, pero totalmente insuficientes. 
Además, hay una necesidad absoluta de reservar fondos para apoyar proyectos concretos en los que participen mujeres. 
Eso es fundamental, pues contribuirá sin lugar a dudas a que las mujeres participen más en el proceso de adopción de decisiones, ya que con la mejora de su posición socioeconómica se sentirán más fuertes. 
Por fortuna, la Sra. Junker hace la misma petición en su informe. 
Todo esto encuentra expresión en las enmiendas. 
Por eso, mi Grupo vota con convicción a favor de este informe y espera que la Comisión aplique esas enmiendas. 
Informe Gutiérrez Díaz (A4-317/97) 
Espero que no sólo los diputados británicos, nordirlandeses e irlandeses, sino también nuestros colegas de toda la UE tengan mucho gusto en apoyar este informe. 
Aunque la UE es ya la que hace la mayor contribución a este fondo, comparto el deseo del ponente de velar por que los fondos aportados con cargo a él sean complementarios de otros fondos públicos y no los substituyan. 
Naturalmente, también es adecuado pedir que se coordinen esos fondos con los ya comprometidos para Irlanda e Irlanda del Norte por las políticas estructurales de la UE. 
La fundación de la UE se basó originalmente en la idea de que viviendo y trabajando en paz codo con codo los antiguos enemigos en todo este continente podían garantizar un futuro próspero y seguro para las generaciones futuras. 
En este momento el proceso de conversaciones entre todos los partidos dentro de Irlanda del Norte se encuentra en una primera fase decisiva. 
Este gesto práctico de la UE de continuar con su apoyo financiero al desarrollo económico y social en Irlanda del Norte y en sus relaciones con la República de Irlanda es una noticia digna de beneplácito. 
Mi colega John Hume ha hablado elocuentemente en el pasado del ejemplo que ha dado esta ciudad de Estrasburgo como lugar de reconciliación entre antiguos enemigos. 
Los puestos de trabajo y proyectos a los que contribuye este fondo tienden puentes entre los antiguos enemigos en Irlanda. 
Hemos de recordar las víctimas de todos los bandos tendiendo un «puente para los vivos» , por citar a Philip Larkin, poeta británico. «Siempre vivimos mediante puentes». 
Informe Linkohr (A4-343/97) y la conferencia de Kyoto 
Señor Presidente, no he votado a favor del informe Linkohr. 
No estoy convencido de que el cambio climático en forma de calentamiento de la atmósfera se esté produciendo y menos claro me resulta el papel desempeñado por las actividad humana o específicamente por el dióxido de carbono. 
El Parlamento debe ser cauto y no intentar resolver algo que puede no existir. 
Sólo se pueden tomar precauciones con éxito contra un problema conocido. 
Sin embargo, si el dióxido de carbono es una amenaza para el mundo, la posición de los Verdes tiene lógica: el fin de la utilización de todos los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. 
Sin embargo, el año pasado el mundo consumió más carbón, petróleo y gas que en 1995 y en cantidades importantes y no sólo en los países en desarrollo. 
Lo que a mi me interesa es la reducción de los contaminantes atmosféricos que amenazan la vida- entre los que no figura el CO2- e insistir al máximo en la eficiencia energética. 
Por último, debemos recordar a los dos mil millones de personas, el 40 % de la población mundial, que no tienen acceso a suministro comercial alguno de energía. 
Para ellos, el cambio climático no es una prioridad. 
El informe de nuestro colega Rolf Linkohr es, a la vez, voluntarioso, completo, serio y de gran calidad. 
Quiero felicitarle por ello. 
En reiteradas ocasiones, el Parlamento ha tratado sobre los problemas relativos al medio ambiente, en general, y a las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular. 
Se trata, en realidad, de un problema de capital importancia hoy y en los próximos años. 
No hace mucho tiempo aprobamos una resolución encaminada a reforzar los mecanismos de vigilancia del CO2 y otros gases. 
Una medida que no puede más que complacer, y hay quien piensa incluso que vamos demasiado lejos en este ámbito. 
En lo que a mi respecta, considero que debemos trabajar sin descanso para proteger nuestro medio ambiente y la calidad de nuestro aire. 
Es, en el mejor sentido de la palabra, " una cuestión de vital importancia». 
Apoyo la voluntad de Rolf Linkohr de que, en la Conferencia de Kioto, la Unión Europea defienda una posición ambiciosa, sobre todo, teniendo en cuenta que lo hace con un fuerte sentido de sus responsabilidades en lo relativo a la economía y al empleo. 
De cara a esta cita, me sorprende la escasa diligencia de algunos países a la hora de ratificar estos compromisos vitales y mínimos. 
Estos mismos países se muestran mucho más diligentes cuando se trata de imponer visiones o el liberalismo exacerbado que obliga a olvidarse de las personas en aras de la sacrosanta ley de los beneficios. 
Sí, queridos colegas, es necesario prever medidas vinculantes que permitan una aplicación eficaz de los objetivos proclamados. 
No olvidemos que, en este ámbito, lamentablemente, no se trata de mejorar la situación actual, sino de evitar que ésta se agrave aún más. 
Señor Presidente, todos estamos empezando a padecer las consecuencias del cambio climático. 
Incluso los más reticentes ya no pueden negar la evidencia científica y factual de este hecho alarmante, anunciado hace años. 
Las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, se han incrementado un 3, 4 % en Estados Unidos, a pesar de la incomprensible actitud de la Administración Clinton ante la Conferencia o la decepcionante reducción anunciada por Japón. 
La Unión Europea acude con un planteamiento adecuado y con el mandato de los Quince de incluir en el nuevo protocolo la reducción de un 15 % de los gases de efecto invernadero en relación a 1990 hasta el año 2010, aunque una reducción del 7, 5 % deberá haberse llevado ya a cabo en el 2005. 
La Unión habrá de conseguir que estas reducciones y calendario sean vinculantes para todos, así como las estrategias futuras. 
Un fracaso en Kioto tendría tan dramáticas consecuencias para el planeta que estamos convenidos de que imperará la responsabilidad ética de los países industrializados en la citada Conferencia. 
La conferencia sobre el clima en Kioto debiera ser el punto de partida para limitar los vertidos de los gases que originan el efecto invernadero en el mundo. 
Desgraciadamente, tanto Japón como los Estados Unidos adoptan una actitud muy desganada para hacer frente a los problemas. 
La posición de la UE es correcta, pero a mi juicio no suficientemente amplia. 
No estoy de acuerdo con la posición de la Comisaria Bjerregaard y con Lahures, representante del Consejo, de que la UE no debe estar a la cabeza y crear compromisos obligatorios, si otros países industrializados no lo hacen también, para poder solucionar los problemas seriamente. 
Se necesitan amplias medidas dentro de la política energética, agrícola y de tráfico. 
Opino que es mejor tomar esas medidas ahora y no esperar hasta que sea demasiado tarde. 
En mayor medida que hoy, debemos ajustarnos a los límites de la naturaleza. 
Además, esas amplias medidas darían ventajas a las empresas de los países de la Unión en la competencia con las de otros países si, con la meta de disminuir los vertidos, desarrollasen nuevas técnicas que se pudiesen vender a otros países. 
Ciertamente, las exigencias de la UE son muy exiguas, pero, en todo caso, mucho más reales que las de los Estados Unidos y Japón. 
He votado favorablemente en la votación final pero en contra de la propuesta de enmienda de apoyo a la energía nuclear. 
Señor Presidente, si bien acojo con beneplácito el debate celebrado ayer sobre la EEB y la subsiguiente resolución, esta Asamblea no debe olvidar el precio humano pagado por la negligencia en el pasado. 
Veintiuna personas han muerto víctimas de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob, la forma humana de la EEB, en Gran Bretaña desde 1995. 
El pasado viernes me reuní con los padres y el novio de una de las víctimas de mi circunscripción. 
El Sr. y la Sra. Sinnott perdieron el pasado mes de mayo a su hija de 23 años, Nina, víctima de la nueva variedad de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob. 
Ellos y otros padres que han perdido a su hijos e hijas merecían una explicación. 
El último gobierno es culpable de un encubrimiento, pues, pese a que la Real Comisión de Medio Ambiente en 1979 y el informe Southwood en 1989 le avisaron, no actuó. 
Los Sinnott y el público en general tienen derecho a conocer la realidad. 
A la labor del Parlamento debe seguir una investigación pública en Gran Bretaña. 
En calidad de miembro de la Comisión de investigación sobre la EEB y de la Comisión de seguimiento de las recomendaciones del Parlamento Europeo relativas a la EEB, quisiera llamar su atención sobre la cuestión particular del dossier, cuando 15 meses de trabajos han desembocado en esta votación sobre el informe Böge. 
Progresivamente hemos ido sacando a la luz una serie de disfunciones y carencias. 
Este trabajo de larga duración permite hoy la implantación, a escala europea, de una estrategia encaminada a garantizar a nuestros ciudadanos la seguridad en todas las fases de la cadena alimentaria, de la alimentación animal y de su plato. 
Se trataba de una necesidad absoluta. 
No podíamos eludirla. 
Toda la cadena de producción, al igual que los consumidores, han comprendido perfectamente el significado de este esfuerzo de clarificación. 
En el futuro no podremos, naturalmente, quedarnos estancados. 
El trabajo realizado deberá proseguir para cada uno de nosotros y, en especial, para los que como yo somos miembros de las comisiones " sensibles» (agricultura, salud... ). 
La Conferencia sobre Seguridad Alimentaria y Salud de los Consumidores que se celebrará dentro de 12 meses será una nueva ocasión para proseguir este seguimiento tan estricto. 
Por ello, no intentemos ir demasiado lejos en todos los ámbitos. 
Me refiero fundamentalmente a los fines industriales que tienen procesos lo suficientemente " experimentados» y conocidos como para no presentar peligro para la salud de los usuarios. 
A título de ejemplo, puedo citarles las aplicaciones industriales que recurren a los derivados del sebo como materia prima. 
Son sectores distintos del alimentario, el farmacéutico o el cosmetólogo, por ejemplo, en los que el sebo potencia sus actividades industriales como la producción de detergentes, pinturas, lubrificantes o las obras públicas, entre otros... 
Dichas actividades se verían inevitablemente afectadas si se adoptaran medidas excesivas. 
Habida cuenta de sus repercusiones sobre el empleo, debemos vigilar con especial atención la aplicación de las directivas, y evitar pecar por un exceso de precauciones, ya que la salud de los consumidores está garantizada en una medida que consideramos satisfactoria. 
Apruebo, por tanto, el informe Böge. 
El Parlamento Europeo debe aprovechar la ocasión para responder, una vez más, a las expectativas de los europeos en materia de salud y alimentación. 
La amenaza de una moción de censura ha demostrado toda la eficacia que puede tener el ejercicio de nuestro control sobre el Ejecutivo. 
Comparto asimismo la opinión del ponente cuando se felicita de los esfuerzos realizados por la Comisión Europea, siempre obligada a proporcionarnos cada 6 meses un informe regular y permanente. 
Estos avances van en la buena dirección, aunque todavía queda camino por recorrer. 
Desde el primer informe del Parlamento Europeo sobre la enfermedad de las " vacas locas» , aprobado en febrero de 1997, el descubrimiento de varios fraudes cuantiosos ha puesto de manifiesto que el embargo del vacuno británico se elude con una facilidad pasmosa. 
A finales del mes de septiembre, se estimaba que más de 10.000 toneladas de carnes prohibidas habían sido comercializadas y consumidas en el mercado europeo. 
Estos fraudes son tanto más graves si tenemos en cuenta que, paralelamente y de manera casi definitiva, acaba de demostrarse que el agente infeccioso responsable de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB o " enfermedad de las vacas locas» ) ha traspasado en efecto la barrera de las especies y ha provocado en el hombre una nueva variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. 
Ante semejante situación, ¿qué hacen la Comisión Europea y los Estados miembros? 
En la práctica, los controles son siempre insuficientes, sobre todo, a nivel de los transportes. 
En particular, el dogma de la circulación de mercancías sin ningún control (denominado " libre circulación» en el lenguaje sesgado de Bruselas) , es tan fuerte que paraliza las reacciones de defensa. 
El informe de la Comisión temporal de seguimiento del Parlamento Europea, en este sentido, observa que "las medidas y las actividades de control de los Estados miembros y de la Comisión, dentro de lo que permite el marco del mercado único, no han sido suficientes para evitar el incumplimiento flagrante del embargo de la carne de vacuno británica» y que" la Comisión y los Estados miembros, por consiguiente, no han podido garantizar la protección de la salud de la población evitando la comercialización de carne que pudiera estar infectada». 
Hasta el día de hoy (finales de noviembre de 1997) , la Comisión aún no ha presentado al Consejo y al Parlamento Europeo ninguna propuesta encaminada a mejorar los controles fronterizos ni se ha implantado ningún sistema de notificación obligatoria de todos los transportes de carne y de animales procedentes del Reino Unido. 
Resulta evidente, por consiguiente, que una vez más, la Comisión da prioridad a los intereses de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, en detrimento de aquéllos relativos a la salud de los consumidores. 
No quiero insinuar, sin embargo, que la Comisión no haya hecho nada en ningún ámbito. 
Ha dotado de mayor transparencia los trabajos de los comités de expertos y ha desplegado una actividad reglamentaria segura, por ejemplo, en la fabricación y utilización de harinas de animales, en la prohibición de productos de riesgo en la alimentación animal y humana, así como en el etiquetado voluntario de las carnes de vacuno (que habría que hacer obligatorio a partir de 1998, en vez del año 2000). 
Pero esta actividad reglamentaria sigue encerrada en tres contradicciones. 
Primera contradicción: le repele cuestionar el dogma de la abolición total de los controles fronterizos internos, como ya he dicho; ahora bien, dicha abolición fue un error y algún día habrá que reconocerlo. 
Segunda contradicción: está demasiado basada en el idea de que para luchar contra los riesgos sanitarios, hay que incrementar los poderes de la Comisión y reducir el derecho de autodefensa de los Estados. 
Encontramos el eco de ello, por ejemplo, en la sorprendente modificación del artículo 100 A, que ha sido propuesta al Consejo de Amsterdam y aceptada por éste. 
En lo sucesivo, para tomar medidas nacionales de protección relativas, por ejemplo, a la salud o al medio ambiente, y que vayan en contra de las normativas comunitarias (en particular, de la libre circulación) , los Estados deberán presentar una solicitud que estará sujeta a condiciones muy restrictivas y que la Comisión tendrá plena libertad de valorar. 
Así, los Estados ya no dispondrán de ningún medio de defensa autónoma contra la inercia, los prejuicios y las disfunciones de la Comisión que, como todos sabemos, han constituido las principales dificultades surgidas en la gestión del asunto de las vacas locas. 
A pesar de que este suceso debería haber servido de lección al Consejo de Amsterdam para equilibrar las relaciones entre la Comisión y los Estados, por el contrario ha sido recuperado por el pensamiento dominante para fortalecer a la primera y culpabilizar un poco más a los segundos. 
Tercera contradicción: al tiempo que, mediante la reglamentación comunitaria, intenta conjurar el peligro de otras epidemias en el futuro, la Comisión mantiene el caldo de cultivo, al proponer en su programa Agenda 2000 el marco de una agricultura productiva a ultranza y basada en los precios más bajos del mercado mundial. 
Nosotros, por el contrario, queremos una agricultura respetuosa con los mecanismos naturales y que proporcione a los pueblos de Europa una alimentación sin peligro. 
Ahora bien, dicha agricultura no será factible sin el reconocimiento, en el marco de las futuras negociaciones comerciales internacionales, de la legitimidad de las zonas de preferencia regionales. 
Por ello instamos al Consejo Europeo de los próximos 12 y 13 de diciembre, que examinará el programa Agenda 2000, a rechazar el capítulo agrícola propuesto por la Comisión; le instamos a que dé una orientación firme en favor de la preferencia comunitaria, con vistas a lo que ya se ha dado en denominar la " Ronda Clinton» ; le instamos a revisar el dogma de la supresión de los controles fronterizos internos; y, por último, instamos a los pueblos de Europa a rechazar la revisión del artículo 100 A y, en consecuencia, por este motivo tan grave, aunque no es el único, a rechazar el Tratado de Amsterdam. 
He votado a favor de la Comisión de Investigación sobre la EEB por el importante equilibrio que reflejaba el informe entre la labor de recordarnos la desastrosa historia de la EEB en Gran Bretaña, con el gobierno conservador, y las medidas que están adoptando ahora el Gobierno laborista y la Comisión para velar a partir de ahora por la salud y la seguridad del público con la política agraria y de alimentos. 
Se ha escrito mucho sobre toda la cuestión de la seguridad de los alimentos a raíz de la crisis de la EEB y en Irlanda, donde tenemos una importante industria alimentaria, nos interesan todas las mejoras que la UE pueda introducir para aumentar la confianza de los consumidores. 
La Comisión ha presentado recientemente una propuesta que incluiría los productos agrícolas primarios dentro del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la responsabilidad por los productos (85/374/CEE) de la UE. 
Así, pues, los consumidores podrán solicitar indemnización por los daños causados por productos agrarios primarios defectuosos, tales como carne, cereales, frutas y verduras. 
Los grupos agrarios de Irlanda están preocupados por los posibles costos de esa propuesta para sus miembros. 
Los grupos de consumidores han señalado que resulta notoriamente difícil rastrear el origen de una enfermedad hasta el producto agrario primario. 
Así, pues, la Comisión está considerando la posibilidad de introducir una medida que no cuenta con el apoyo incondicional de dos grupos importantes relacionados con la seguridad alimentaria: los productores y los consumidores. 
¿Acaso no ha aprendido nada la Comisión de la crisis de la EEB? 
Si quiere disponer de un régimen reglamentador eficaz, debe conseguir el apoyo de todos esos grupos,. 
En 1995 la Comisión evaluó las repercusiones de la introducción de semejante propuesta en el sector agrario y declaró que «no afectaría negativamente al sector agrario». 
Hoy pido a la Comisión que investigue más a fondo esa situación antes de que entre en vigor la ampliación de la Directiva relativa a la responsabilidad por los productos. 
La Comisión ha creado una Oficina Veterinaria y de la Alimentación en Irlanda. 
Ese estudio es el tipo de trabajo que esa nueva oficina de la UE debe llevar a cabo, por lo que pido a la UE que encargue semejante estudio/informe inmediatamente. 
Una de las tareas principales de la Oficina Veterinaria y de la Alimentación es la de supervisar la observancia de la legislación relativa a la higiene de los alimentos y a la legislación veterinaria y fitosanitaria dentro de la UE y en otros lugares. 
Cooperará con las numerosos organismos nacionales de la alimentación existentes, incluido el organismo de Irlanda encargado de velar por la inocuidad de los alimentos. 
Pido al actual Gobierno irlandés que acelere el proceso de creación y puesta en marcha de ese organismo mediante la aprobación de un proyecto de ley en el Dáil que establezca sus competencias. 
Durante las recientes elecciones generales, el partido Fianna Fáil declaró que suprimiría ese organismo. 
No debe jugar con la salud de los ciudadanos y al mismo tiempo ocultar a la industria alimentaria irlandesa las competencias que tendrá ese organismo. 
En las propuestas originales FG/L/DL, ese organismo debía tener competencia para hacer inspecciones de las empresas alimentarias y, en última instancia, sancionarlas, si no cumplían adecuadamente la legislación en materia de higiene. 
En cambio, el Fianna Fáil consideraba que la decisión en última instancia sobre si se debía sancionar a una empresa correría a cargo del Ministro de Salud competente. 
Los consumidores no tendrán confianza en una situación así. 
Sabemos que se puede presionar a los ministros para que no sancionen a una empresa. 
Pido al actual Gobierno que mantenga la independencia del organismo encargado de velar por la inocuidad de los alimentos, pues con ello contribuirá a fortalecer la confianza de los consumidores a corto plazo y la reputación de la industria alimentaria irlandesa a largo plazo. 
La causa real de los problemas habidos en el Reino Unido con la EEB fue una serie de medidas adoptadas por el Gobierno Thatcher en el Reino Unido. 
1.La industria agroalimentaria, que hizo generosas donaciones al Partido Conservador, contó con la ventaja de la desreglamentación, con lo que las bolsas de pienso entregadas a los granjeros (a diferencia de la más modesta lata de alubias) no debían enumerar los ingredientes.2.Los productores contaron con la ventaja de la supresión de normas rigurosas relativas a la temperatura. 
El Comisario Fischler, en una reunión con Allan Macartney y conmigo, convino en el principio del levantamiento regional de la prohibición, pero los partidos unionistas y los sindicatos de ganaderos de Inglaterra y Escocia se negaron a ello, ¡diciendo que los escoceses debían salvarse o hundirse junto con Inglaterra! La carne de bovino escocés tiene mucha demanda en los mercados de la UE, pero Londres lo ha impedido. 
No nos hemos asociado a la votación de hoy sobre la EEB por varias razones. 
La primera es que, debido al procedimiento utilizado, el Grupo de Coalición Radical Europea no ha participado en los trabajos de la Comisión temporal de seguimiento ni en la redacción de la propuesta común elaborada en el mismo seno de dicha comisión, en menosprecio de las reglas más elementales de la democracia. 
De hecho, dicha situación nos ha impedido dejar oír nuestra voz y afirmar nuestras posiciones como hicimos en tiempos de la Comisión temporal de investigación en materia de la EEB. 
La segunda, y sin duda la más importante, es que este texto refleja un compromiso blando y " políticamente correcto» que no hace honor a este Asamblea. 
No somos contrarios a la mayoría de las cuestiones expuestas, pero no podemos avalar con nuestro voto algo que se ha hecho a nuestras espaldas. 
¿No les parece curioso que en ninguna parte se haga mención de las responsabilidades exorbitantes del Reino Unido en la gestión de la crisis de la EEB, de las reticencias del Consejo y de algunos Estados miembros a adoptar o, cuando menos, a respetar las medidas reglamentarias impuestas para la protección de la salud pública, del escándalo de los fraudes al embargo, de las incertidumbre en cuanto a la localización de los stocks de harinas animales que pueden estar contaminadas? 
¿No les resulta extraño que las nuevas víctimas de la nueva variante de la enfermedad CreutzfeldtJakob y sus familias no hayan sido indemnizadas a pesar de que sabemos a ciencia cierta quienes son los responsables del origen de la crisis? 
¿No encuentran inconsecuente que la resolución eluda mencionar que la Comisión Europea no ha explorado todos los medios a su alcance para emprender una acción por daños y perjuicios contra el Reino Unido? 
La tercera razón es que lamentamos profundamente que el Parlamento no vaya hasta el final de sus ambiciones y hoy sea incapaz de ir más allá del análisis que hace en el informe Böge, y de sacar auténticas conclusiones políticas e institucionales que se impongan. 
Era ahora o nunca si el Parlamento Europeo quería imponerse como órgano político independiente capaz de salvar las discrepancias y las limitaciones nacionales. 
Por ello, deseo recordar que, por otra parte, nos congratulamos de las acciones e iniciativas que ya ha tomado la Comisión Europea con el fin de implantar una política comunitaria de seguridad alimentaria, y la instamos a proseguir su acción. 
Esperamos que el Consejo apoye los esfuerzos de la Comisión y que el Parlamento se una realmente a este impulso. 
A pesar de que la Comisión temporal de investigación sobre la EEB presentó hace unos meses una acusación real contra los responsables de la crisis- es decir, el Gobierno británico y la Comisión -, el Parlamento Europeo rechazó por mayoría censurar a la Comisión y le concedió un plazo de varios meses. 
En aquella ocasión, nuestro Grupo, que estaba a favor de la moción de censura, vio en dicha decisión del Parlamento una falta de no haber tenido la voluntad política necesaria para enviar una señal clara y firme a los gobiernos y a la Comisión que habían dado " prioridad a la gestión del mercado, en detrimento de la salud». 
Reconozco que la Comisión temporal para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de investigación ha permitido obtener resultados positivos. 
Efectivamente, la Comisión ha adoptado una serie de decisiones que responden a las recomendaciones del Parlamento. 
Me congratulo, en particular, de que se hayan liberado los medios financieros en favor de las familias afectadas por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 
Pero dichas mejoras son únicamente de orden técnico y no llegan al fondo del problema que la crisis de la vacas locas contribuyó a revelar. 
Quiero hablar del propio concepto de la construcción europea que da prioridad al beneficio y a la libre competencia en detrimento de la salud pública y de los intereses de los ganaderos. 
Es el motivo fundamental por el que me abstengo sobre la resolución final. 
Aunque tiene en cuenta las respuestas de la Comisión y de sus insuficiencias, no utiliza del todo la experiencia de las vacas locas. 
No se cuestiona en absoluto las orientaciones de la Comisión relativas a la reforma de la PAC. 
Suscribiendo la misma lógica que aquélla de 1992, corre el peligro de conducir a un nuevo aumento de la intensificación, perjudicial para el medio ambiente y para la calidad de los productos. 
Las medidas que deben tomarse son de una magnitud totalmente distinta, tanto para la reforma de la PAC como para la circulación de mercancías, que tengan más en cuenta el medio ambiente y la salud de los consumidores. 
La Comisión temporal de seguimiento, que tomó el relevo de la Comisión de investigación, acaba de concluir su trabajo, y sus conclusiones son abrumadoras para la Comisión. 
Esta última disponía desde hace mucho tiempo de información científica seria que ponía en evidencia el alto riesgo de transmisibilidad de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob al hombre. 
Los trabajos científicos más recientes no han hecho más que confirmar este análisis, y el proyecto de resolución final, presentado por el Sr. Böge, lo tiene en cuenta, naturalmente. 
Por consiguiente, la Comisión debe ser sometida a un control estricto: es la primera lección que debemos sacar de este doloroso asunto. 
En este ámbito, nuestro Parlamento debe desempeñar un papel legítimo. 
Además, debería hacerlo con mucha más firmeza, reafirmando claramente las prioridades que deben imponerse a todos. 
¿No debería prevalecer, evidentemente, el interés por la salud pública de los europeos sobre las viejas connivencias ideológicas que aún siguen inspirando a algunos de nuestros colegas una lamentable autocensura? 
¿Debemos ocultar la magnitud de las responsabilidades de la Comisión en el dossier de la EEB, bajo el pretexto de no hacer peligrar, en nombre de la ideología federalista compartida, el crédito del " aliado objetivo» que sería la Comisión? 
Dicha vigilancia de la Comisión por parte del Parlamento Europeo resulta tanto más indispensable habida cuenta de que el asunto de las vacas locas ha revelado la particular permeabilidad de funcionarios europeos ante determinados tipos de presión. 
Para no correr el riesgo de arrojar la mínima sombra sobre la extensión del mercado único, sobre la ratificación del Tratado de Maastricht y sobre la implantación de la moneda única, han relegado a un segundo plano el interés prioritario que debería haber sido el de la salud de los consumidores. 
Para ejercer un control riguroso de la Comisión no hay ninguna necesidad, como propone la resolución de compromiso, con la que no estamos de acuerdo en este punto, de extender la codecisión a los gastos agrícolas. 
Esa propuesta es ajena a nuestro debate. 
Existen instrumentos de control adecuados. 
Basta con tener el valor de utilizarlos cuando, como ocurre en este caso, se han establecido claramente las responsabilidades de la Comisión. 
No podemos más que lamentar que sólo 118 diputados hayan seguido la propuesta lanzada aquí mismo la pasada primavera por Philippe de Villiers, cuando se aprobó la censura de la Comisión a raíz de las graves disfunciones puestas de manifiesto por la Comisión de investigación de nuestro Parlamento. 
No debemos, sin embargo, cejar en nuestra presión. 
Por ello hemos indicado, por voz de nuestro colega Édouard des Places, que seguiremos con la mayor atención la evolución de este dossier y que, en el transcurso de la sesión plenaria de noviembre de 1998, pondremos en cuestión la responsabilidad de la Comisión presentando una nueva moción de censura, si hasta entonces, la Comisión no ha llevado a cabo las reformas indispensables. 
Nos complace comprobar que el Grupo de los Verdes, que no apoyó la moción de censura presentada la pasada primavera, se haya unido esta vez a dicha propuesta. 
Esta vigilancia en el control se ejercerá en beneficio de todos y, por una vez, permitirá a nuestro Parlamento actuar de manera legítima y eficaz, en un ámbito que realmente es de su competencia. 
Voy a apoyar estos informes de la Comisión temporal del Parlamento para el seguimiento de las recomendaciones sobre la EEB, pues creo que ha hecho una excelente labor en nombre de los ciudadanos para la defensa de cuyos intereses nos han enviado aquí en su representación. 
Gracias a las presiones del Parlamento, ahora los diputados pueden consultar documentos confidenciales, se ha separado la política de supervisión de alimentos de otras secciones de la Comisión, se van a presentar nuevas leyes, ya formuladas, para garantizar mejores controles de calidad de los alimentos y contamos con el apoyo de la Comisión para que esta Asamblea elegida tenga más voz y voto sobre la legislación agraria. 
Este último aspecto es uno de los más importantes que han surgido de resultas de la trágica historia de la crisis de la EEB. 
Si este Parlamento hubiera tenido en el pasado más conocimiento de las políticas agrarias y hubiese participado más en su formulación, ahora podríamos tener una política agraria común menos costosa y que se tomara los intereses de los consumidores al menos tan en serio como los de los productores. 
El dinero de los contribuyentes es el que financia el sector agrario de la UE en tan excesivas cantidades: ya es más que hora de que se tengan adecuadamente en cuenta sus intereses. 
Por la cantidad de dinero con que contribuyen, lo menos que pueden esperar es contar con alimentos seguros para comer. 
Informe Menrad (A4-354/97) 
Señor Presidente, hemos aprobado un informe sobre la participación de los trabajadores en las decisiones que les conciernen. 
Pero en Francia, eso carece actualmente de sentido. 
Los sindicatos oficiales, cada vez menos representativos, ya sólo sirven para que se prohíba toda competencia. 
Dentro de unos días serán elegidos los miembros de la Magistratura del Trabajo, responsables de arbitrar los conflictos laborales. 
Todos los trabajadores sindicados o no, de acuerdo con la ley, son electores y elegibles. 
La realidad es muy distinta. 
Los aprovechados de los sindicatos oficiales quieren prohibir la presentación de los candidatos que ellos sospechan de simpatizar con el Frente Nacional, a pesar de ser la primera fuerza obrera de Francia. 
Para alcanzar este objetivo no escatiman ninguna maniobra, ninguna fullería ni ninguna felonía. 
La ministra Sra. Aubry viola los deberes de su cargo mediante una parcialidad inaudita: para prolongar los plazos de invalidación, su jefe de gabinete antedata una circular que viola las disposiciones del Boletín Oficial. 
Prefectos del orden obligan a que se vuelvan a examinar las listas independientes, aunque no verifican del mismo modo las demás listas. 
Tribunales fallan fuera de plazo, sin ni siquiera convocar a los demandados, en violación de la Constitución, la ley y todos los principios generales del Derecho. 
Mediante una auténtica prevaricación, en particular, el tribunal de instancia de Évry y el juez Camille Lignières, del tribunal de Bobigny, sobrepasan sus poderes, estatuyendo sobre el fondo, eliminando a candidatos por supuestas simpatías políticas y concediendo todo a la solicitud del sindicato comunista CGT, del que todos los secretarios generales son miembros de la Mesa política del partido Comunista. 
Desde hace treinta años jamás se había visto semejante violación del Derecho, semejante cinismo ni semejante arrogancia. 
El informe que nos presenta nuestro colega es, cuando menos, revelador de la diversidad cultural de Europa. 
La implantación de un sistema mínimo de participación de los trabajadores es difícil. 
Ciertamente cabe lamentar la falta de ambición de este texto, que es el resultado de dos factores culturales importantes: la lengua y los modelos de relaciones entre los dirigentes y los trabajadores, resultantes de la historia. 
Las diferencias en el ámbito de las relaciones son grandes. 
No ha lugar aquí de elaborar una lista ni de repartir puntuaciones buenas y malas a cada uno de los Estados miembros, y mucho menos en esta fase. 
Hay algo que me parece importante: el reconocimiento que el Parlamento Europeo y la Unión Europea conceden a la negociación y a la necesidad de sentar las bases que permitan a los trabajadores manifestarse. 
No me hago demasiadas ilusiones: este debate está cargado de ideología. 
Soy un diputado Socialista y estimo que la participación de los trabajadores debe permitir regular y modificar el gran mercado liberal que se nos impone. 
Me repetiré una vez más: la mundialización de la economía debe hacerse con y para los ciudadanos, que son también los trabajadores. 
" Señores de la cruzada del liberalismo a ultranza» : incrementar el peso de los trabajadores y su responsabilidad en el proceso de producción va de la mano del crecimiento. 
Además, considero que actualmente es una de las condiciones. 
El liberalismo a ultranza " aplasta» la democracia. 
Crea la miseria, del mismo modo que la riqueza para algunos. 
Y por ello continuaré luchando por la dignidad del trabajador y del ciudadano, y en contra del totalitarismo del dinero que quiere imponerse a todos y, en especial, a los más débiles. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo expresó su oposición a ciertos elementos del informe Menrad sobre las conclusiones del informe Davignon relativas a los sistemas europeos de participación de los trabajadores. 
Consideramos el mecanismo que requiere normas obligatorias de referencia un elemento inaceptable de este planteamiento, en los demás casos voluntario, de un estatuto de la empresa europea. 
A ese respecto hemos votado contra el párrafo 9 (texto original) y la enmienda 4a) (nueva) que introduce medidas punitivas. 
Informe Hernández Mollar (A4-353/97) 
Tenemos objeciones respecto de tres puntos del informe. 
En el punto 10 se exhorta a los Estados miembros a una disminución general de la carga impositiva de las personas físicas a través de canjear los impuestos al trabajo por consumo en sectores como el medio ambiente y la energía. 
Esta es una exigencia de carácter demasiado general y poco meditada, que no podemos apoyar. 
Más adelante, en el punto 23, se ponen exigencias de carácter general para aumentar la flexibilidad del mercado de mercancías y servicios y del mercado laboral. Sin esta flexibilidad, se dice, no se podrán mantener los actuales niveles de protección social. 
No podemos apoyar una exigencia tan abstracta. 
En el punto 24 se subraya el significado de la Unión Monetaria en el empleo. 
Es al revés: la Unión Económica y Monetaria va a representar un duro golpe para las regiones afectadas por retroceso y va a obligar a los ciudadanos a hacerse más móviles para encontrar un trabajo. 
El desempleo y la exclusión social constituyen dos de los mayores problemas que afrontan los Estados miembros de la Unión Europea y que necesitan una resolución urgente, so pena de que se ponga en entredicho uno de los grandes pilares en que se asienta la construcción de la nueva Europa, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros. 
La reciente inclusión en el Tratado de Amsterdam de un capítulo sobre el empleo constituye un marco importante para que se establezca una estrategia coordinada entre los Estados miembros a fin de que alcancemos un nivel elevado de empleo. 
Pero, además de esa inscripción en el Tratado, es necesario que se formulen desde ahora mismo los objetivos concretos y cuantificables, con su aplicación práctica en el nivel europeo, nacional y regional, y que los Gobiernos muestren su compromiso con su cumplimiento, como han venido haciendo con los criterios de convergencia. 
De entre las diversas propuestas presentadas por el Sr. Hernández Mollar, he acogido con agrado la petición hecha a la Comisión, a propósito de los Pactos Territoriales por el Empleo, para que dé prioridad a los proyectos de las regiones periféricas y ultraperiféricas que tengan por objetivo la creación de puestos de trabajo duraderos y en los que participen los interlocutores sociales en régimen de partenariado. 
Las Regiones Autónomas de Madeira y de las Azores son regiones privilegiadas para la promoción de iniciativas locales por el empleo, en particular en los sectores de turismo, medio ambiente, artesanado y trabajo atípico. 
De la ejecutabilidad de esos proyectos dependerá el apoyo financiero de los Fondos estructurales. 
Debe haber iniciativa e innovación. 
En vísperas de la Cumbre de Luxemburgo sobre el Empleo, el informe del Sr. Fernández Mollar me satisface en su conjunto. 
Abundo en su significado cuando se trata de subrayar que el crecimiento es una condición necesaria, pero que ya no es suficiente, para la creación de empleo en Europa. 
De hecho, el crecimiento debe ir acompañado de medidas estructurales que permitan flexibilizar el mercado de trabajo. 
El éxito de nuestra empresa dependerá, además, de una mayor coordinación de las políticas presupuestarias, pero también de las políticas fiscales a nivel europeo encaminadas a evitar, en la medida de lo posible, las distorsiones de la competencia resultantes de medidas fiscales discriminatorias. 
Suscribo la necesidad, en el marco del mercado de trabajo, de pasar de medidas pasivas a medidas activas que favorezcan el espíritu de iniciativa y permitan luchar contra la falta de motivación de los trabajadores, lo que explica también nuestros altos índices de desempleo. 
En cambio, deseo moderar las palabras del ponente sobre dos cuestiones: 
estoy a favor de una reducción de la fiscalización del trabajo; pero para que sea eficaz, dicha medida no puede traducirse en la transferencia de una tasación hacia otras tasaciones, como la fiscalidad indirecta. 
En este sentido, es conveniente reducir los gastos públicos y sociales en general, al objeto de no incrementar el déficit; -en lo que respecta a los objetivos de empleo, me parece difícil establecer un paralelismo entre los criterios de convergencia económica y aquéllos del empleo. 
La creación de empleo no puede cuantificarse del mismo modo que la reducción de los déficit presupuestarios. 
En cambio, dichos datos pueden considerarse indicadores de referencia que facilitan la comparación estadística en Europa.Salvo estas dos cuestiones, aprobaré el informe del Sr. Hernández Mollar. 
Para nosotros el informe es una decepción. 
Evidentemente que está bien que se estudie la forma de crear nuevos puestos de trabajo en los países de la UE pero, desgraciadamente, no se dice nada sobre si se va a tratar de evitar que desaparezcan plazas de trabajo, especialmente en el sector público. 
Por desgracia la política de la UE, con su meta de la Unión Económica y Monetaria, hace que numerosos trabajos se terminen en el sector público, donde trabajan muchas mujeres. 
El informe carece totalmente de un análisis en este campo. 
No podemos estar de acuerdo con los puntos 3, 4 y 24 que tratan de la necesidad de coordinar la política económica entre los países de la UE. 
Opinamos que ésta no es una manera de crear más puestos de trabajo, especialmente porque la estructura industrial difiere mucho en los países de la UE. 
Por cierto que existen también partes del informe que son buenas, entre otras, el exhorto para estudiar el desempleo entre los jóvenes y proponer soluciones que los Estados miembros puedan usar para combatir el paro juvenil. 
También es importante el canje de impuestos impulsado por los partidos " Verdes» en los Estados miembros, que significa que el impuesto al trabajo se reduce mientras el impuesto a la energía y a las materias primas se eleva. 
También la reducción de la jornada laboral es una buena forma de paliar el desempleo. 
Me abstengo sobre el informe del Sr. Hernández Mollar, porque no aborda la cuestión de las orientaciones macroeconómicas, decisivas para el empleo. 
Los criterios de convergencia, obligaciones absolutas y duraderas desde el pacto de estabilidad, privan a Europa de la recuperación económica indispensable para poder reducir el alto índice de desempleo. 
El empleo sigue siendo la resultante de que consideraciones financieras y monetaristas primen sobre todo lo demás. 
La peligrosa y reciente decisión adoptada por los bancos centrales de subir los tipos de interés es, lamentablemente, una prueba de ello. 
El informe no es lo suficientemente ofensivo sobre la urgencia de una política europea de crecimiento: crecimiento mediante la reactivación de las inversiones, consagrando créditos europeos sustanciales al lanzamiento del programa de grandes obras, propuesto por la Comisión en 1993 y que aún sigue sin aplicarse; crecimiento mediante la reactivación del consumo, talón de Aquiles de nuestros países, revisando nuestra fiscalidad y apoyando las políticas salariales. 
Nada será posible sin una reorientación de las riquezas del capital hacia el trabajo, sin una tributación europea de los movimientos de capitales, sin un descenso del IVA para los productos de primera necesidad y de determinados sectores creadores de empleo o portadores de futuro. 
Por último, el ponente no afirma con la suficiente firmeza nuestra voluntad de poner fin a la desregulación social en curso. 
Europa necesita auténticas " convergencias sociales» , como el principio europeo de un salario mínimo garantizado, la fijación de la semana laboral de 35 horas legal para el año 2000, la reducción de la duración máxima de trabajo, etc. El reciente conflicto de los transportistas en Francia pone de manifiesto los riesgos del dumping social y de un mercado abierto sin normas sociales comunes. 
Si la Cumbre de Luxemburgo no toma de inmediato decisiones operativas en favor del empleo, un marco reglamentario mínimo y de un pacto de reactivación, Europa no podrá aceptar el paso automático al euro. Porque la unión monetaria sin una Europa política reforzada, sin que la Europa social se haga realidad, supone un gran riesgo para el futuro: tendremos una Europa diluida, impotente ante el paro y apartada de las aspiraciones de la población. 
Informe Izquierdo Collado (A4-324/97) 
Sr. Presidente, he votado en ese informe en contra del mantenimiento de un Fondo de cohesión porque pienso que si el 1.1.1999 tendremos la unión monetaria, ya no se justifica subvencionar países que no estén ya en la unión monetaria. 
Encuentro importante sobre todo en relación con la ampliación al Este que ahorremos de ahí dinero que necesitaremos urgentemente para la ampliación al Este. Esos tres millardos de ecus anuales pueden ser aprovechados muy bien en la ampliación al Este. 
Considero un perjuicio para los futuros nuevos Estados miembros de Europa central y oriental que sigamos subvencionando a países que no están en la unión monetaria mientras que al mismo tiempo no se permita acceder al disfrute de ese Fondo de cohesión a los futuros nuevos Estados miembros. 
Por ello he votado a diferencia de la mayoría de mi partido contra la enmienda del mantenimiento del Fondo de cohesión. 
Señor Presidente, el informe presentado por el Sr. Izquierdo Collado se esfuerza en formular propuestas encaminadas a mejorar el funcionamiento actual de la política comunitaria en favor de una mayor cohesión económica y social. 
Sin duda, el presente informe hace hincapié, acertadamente, en la necesidad de mantener el principio de adicionalidad, concentrar las iniciativas comunitarias hasta ahora demasiado dispersas y permanecer atentos a las situaciones cada vez más numerosas de precariedad y exclusión, a respetar mejor el medio ambiente y dar un apoyo reforzado a las PYME. 
Por último, toca de pasada el tema de la malversación de las subvenciones. 
No obstante, nuestro acuerdo sobre estas cuestiones no debe hacernos olvidar nuestro rechazo del federalismo rampante que caracteriza a este informe. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones no puede aprobar el acto de fe que el Sr. Izquierdo Collado recita al pie del altar de la unión monetaria, de la que afirma que podrá ser beneficiosa para el conjunto del territorio europeo, a condición de que vaya unida a una estrecha coordinación económica entre los Estados miembros. 
Sí, rechazamos cualquier desvío del rumbo que tienda hacia un gobierno único europeo como actualmente nos lo están preparando a través del enfoque económico. 
Y rechazamos asimismo toda propaganda que vaya en ese sentido. 
Además, el presente informe manifiesta a porfía el afán de fomentar la cooperación con las autoridades regionales y locales con el fin de tomar la delantera a las naciones. 
Los únicos interlocutores auténticos de las instituciones europeas deben seguir siendo para nosotros los Estados miembros, de cuya voluntad deriva la legitimidad de aquéllas. 
Por otra parte, las propuestas financieras del informe dejan la desagradable impresión de que se intenta dar satisfacción a todo el mundo, lo que lleva consigo una contradicción flagrante de la voluntad preconizada de luchar contra la dispersión de las intervenciones. 
No más créditos para las ciudades. 
No más créditos para la sociedad de la información. 
No más créditos para la investigación. 
No más créditos para los Fondos de cohesión, etc. Se comprende, por tanto, que el marco presupuestario diseñado por la Agenda 2000 le parezca demasiado tímido. 
El Grupo I-EDN estima que hay que guardarse de toda amalgama entre política común y política estructural, y apreciaría que la Comunidad centrara sus esfuerzos financieros en las políticas comunes y de cohesión, la PAC y la PCP. 
Que, por ejemplo, evitara dispersarse en el laberinto de las zonas urbanas, de lo contrario estará condenada a realizar un espolvoreamiento ineficaz. 
En lo inmediato, comprenderán que, por todas estas razones, nuestro Grupo no pueda pronunciarse de otro modo que no sea votando en contra de este informe. 
Señor Presidente, quisiera explicar el voto que he dado al apartado 51 de la enmienda 16 que hacía referencia a la política que deberá ejercerse en el asunto de las islas del Egeo. 
He votado contra la enmienda presentada por el Sr. Ephremidis porque el asunto de la política a favor de las islas, en el que por supuesto estamos de acuerdo, y además ya está contemplado en el Tratado de Amsterdam, está incluido en otro punto del informe del Sr. Collado. 
En ningún caso, mi voto significa que no esté de acuerdo con la aplicación de una política integral por parte de la Unión Europea para dar igualdad de oportunidades de desarrollo a todas las islas de la Unión Europea, incluidas, por supuesto, las islas del Egeo, que tienen una gran necesidad de apoyo especial para participar en igualdad de condiciones en el proceso de la unificación europea. 
El informe es de un contenido muy amplio. Pone una gran cantidad de buenas exigencias, pero, desgraciadamente, también contiene algunas aseveraciones que no compartimos. 
Especialmente, no creemos en absoluto que la moneda común vaya a tener efectos beneficiosos para todas las regiones dentro de la UE. 
Lo que se puede comprobar en el punto E de la propuesta de informe es importante, es decir, que a pesar de las diferencias entre los Estados miembros han disminuido, los ingresos de las regiones han quedado prácticamente invariables, al mismo tempo que las diferencias en los grados de desempleo han aumentado. 
Con estos resultados tenemos razón para preguntarnos para qué sirve todo el trabajo de la política de cohesión. 
Tampoco creemos, como se dijo en el punto 14 del informe, que una liberalización de los sectores del transporte y las telecomunicaciones vaya a representar automáticamente ventajas para los consumidores y las empresas. 
Las desregulaciones generalmente conllevan que los más débiles de la sociedad sufren más. 
Tampoco estamos de acuerdo con el punto 30 del informe referente al rechazo a los intentos de renacionalización de la política de estructuras. 
Al revés, creemos que muchos aspectos de política regional pueden simplificarse si ella se devuelve a los Estados miembros. 
El asunto más importante para nosotros es, en todo caso, el futuro de las regiones del Objetivo 6. 
Es lamentable que el informe no se haya referido a esta materia. 
Nunca vamos a renunciar a la ayuda actual para las regiones del Objetivo 6 para que las regiones árticas y subárticas puedan mantener su nivel actual y para que los criterios para esas regiones permanezcan invariables. 
Queremos señalar que se hicieron grandes ofrecimientos a la región sueca de Norrland en relación con el plebiscito. 
Esas promesas deben cumplirse. 
Queremos agradecer al ponente por un informe muy bien hecho. 
Con esta explicación de voto deseamos subrayar que, aún después de un cambio en los fondos estructurales, se mantienen las ayudas dentro de la región que hoy esta comprendida por el Objetivo 6. 
También queremos destacar la necesidad de una profunda revisión de las ayudas que hoy se dan a los sectores agrícola y pesquero. 
A lo largo de estos últimos años, el objetivo de la cohesión económica y social se ha perseguido gracias a buenos proyectos y a cierta voluntad política y fomentando el continuo desarrollo de las regiones europeas. 
A pesar de esto, las disparidades regionales dentro de la Unión Europea y de cada Estado se han ido haciendo más profundas. 
La distancia entre las regiones más ricas y las más pobres ha aumentado en un 7 %. 
A través del examen de los textos oficiales se pone de manifiesto la incoherencia y la falta de coordinación de numerosas políticas comunitarias respecto al objetivo del reforzamiento de la cohesión. 
Hay que asegurar una mayor coherencia entre las políticas regionales y las demás políticas de la Unión Europea, ya que, pese a que se conceden notables incentivos financieros en el ámbito de los Fondos estructurales, hemos llegado a un punto muerto, ya que la cantidad no implica la calidad. 
El éxito de la política de cohesión económica y social debe examinarse no sólo sobre la base de las infraestructuras realizadas, sino también de las convergencias económicas, del crecimiento de los recursos humanos y de la productividad, así como de las estadísticas sobre el empleo. 
Y en los últimos tiempos, se ha registrado una continua pérdida de terreno en la lucha contra el desempleo. 
Es bueno recordar que la política de cohesión, encaminada a fomentar la adaptación de las regiones estructuralmente débiles, completa el mercado único paliando los efectos negativos producidos por las reglas de un mercado abierto y tratando de reducir las disparidades de renta entre los Estados. 
Además, cuando los nuevos países entrarán a formar parte de la Unión Europea de pleno derecho, dentro de la misma se registrará una diferencia de desarrollo todavía mayor que la actual- que ya no está mal- y que pondrá en peligro la cohesión económica y social. 
A dicho fin, hace falta una colaboración más estrecha entre diputados, Gobiernos, Comisarios europeos y representantes de las entidades locales, a través de una mayor implicación de las regiones y de los socios locales, de forma que aumente considerablemente la eficacia de la política de cohesión económica y social. 
Sin una acción concertada, las ambiciones de la Unión Europea de cara al siglo XXI se verán frustradas y la misma se dirigirá hacia la fragmentación inexorablemente. 
Ganar el reto de la cohesión significa lograr que triunfe un nuevo concepto de solidaridad y de unidad intracomunitaria, gracias a la que la Unión Europea no se reducirá a la categoría de amplia zona de libre cambio. 
Comparto lo fundamental de las preocupaciones de nuestro colega. 
El contenido de este informe es sincero y elaborado. 
En una palabra, es un buen trabajo. 
Estoy completamente de acuerdo con el afán de armonizar los niveles tecnológicos entre las diferentes regiones. 
Me atrevo a esperar que este aspecto recibirá el apoyo del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
La filosofía general del informe es buena: es necesario reafirmar la vocación de la Unión Europea de ajustar estructuralmente las regiones y los Estados miembros. 
Para que sea beneficiosa, la ampliación de la Unión debe tener en cuenta estas prioridades. 
Para ello, debemos mantener y reforzar los Fondos de cohesión. 
A fuerza de centrarnos tanto en el mercado interior y mundial, perdemos la dimensión política de esta construcción tan preciada para sus padres fundadores. 
El ponente pide que a la hora de realizar los objetivos definidos, se tenga más en cuenta a los colectivos locales. 
Apruebo dicha orientación, porque esta asociación favorecería una mejor adecuación de las acciones propuestas y de la realidad que viven los interlocutores locales. 
Esta orientación garantizaría asimismo una mejor visibilidad de la ampliación de la Unión Europea en las regiones que tienen necesidades vitales. 
La imagen de la Unión saldría reforzada y mejorada. 
Para ser fuerte de cara a los nuevos retos, la Unión Europea debe estar unida y ser coherente. 
Si dejamos regiones a remolque, corremos el riesgo de que se produzca un estallido que sería perjudicial para el futuro. 
Será necesario no perder de vista esta idea y esta necesidad cuando estudiemos la reforma de los Fondos estructurales. 
Deseo explicar mi voto sobre el informe del Sr. Izquierdo Collado, porque trata sobre un tema que me parece fundamental para el futuro de la Unión, es decir, la cohesión económica y social. 
El Primer Informe Trienal sobre la Cohesión Económica y Social ha puesto de manifiesto la persistencia de fuertes disparidades entre los quince países de la Unión Europea, y ello, a pesar de la eficacia reconocida de las políticas estructurales que se llevan a cabo desde hace varios años. 
El informe hace hincapié, asimismo, en la falta de coordinación que puede existir entre las diferentes políticas comunitarias en lo relativo al objetivo de cohesión. 
El informe del Sr. Izquierdo Collado no se contenta con analizar estas conclusiones, sino que va más lejos, y vuelve a colocar la futura reforma de los Fondos estructurales en la óptica de los dos principales retos de estos próximos años, la ampliación y la moneda única y, sobre esta base, desarrolla una serie de recomendaciones para el futuro de la cohesión. 
He apoyado el informe del Sr. Izquierdo Collado porque, como él, estoy convencido de que la cohesión económica y social debe seguir siendo una de las prioridades de la Unión Europea y que, para ello, deben crearse medios sustanciales. 
Deberá ser tenido en cuenta a la hora de establecer las futuras perspectivas financieras de la Unión al igual que en la definición de las demás políticas comunitarias. 
En efecto, aunque se lleven a cabo políticas específicas en concepto de cohesión económica y social, también será necesario desarrollar igualmente una sinergia con el conjunto de las demás políticas comunitarias. 
Tanto si se trata de las políticas aplicadas en materia de investigación y desarrollo, transportes, comunicaciones o competencia, todas ellas pueden contribuir a alcanzar el objetivo de cohesión que recoge el texto del Tratado de la Unión Europea. 
Por otro lado, las políticas estructurales, naturalmente, siguen siendo el instrumento privilegiado de la cohesión, y su próxima reforma, como es natural, despierta muchísimas expectativas entre todos los interlocutores de la Unión. 
El Sr. Izquierdo Collado desarrolla en su informe una serie de prioridades que suscribo en su conjunto. 
Aunque sólo añadiría que considero necesario que la Comisión Europea nos haga partícipes, en el plazo más breve posible, de las propuestas detalladas y precisas al respecto, en lo que se refiere tanto a la definición de los nuevos objetivos, como al " phasing out» o la evolución de la asociación, al objeto de que podamos examinarlos con toda la atención que merecen y no de manera precipitada. 
En la votación nominal relativa a la enmienda 16 del GUE (apartado 51) me he abstenido, pero no porque crea que las islas del Egeo no deban recibir apoyo. 
Al contrario. 
Pero considero que el apartado concreto que corresponde al apartado 2 del artículo 227 del Tratado de Amsterdam, no hace referencia a las islas del Egeo. 
Por lo tanto cualquier postura que el Parlamento adoptara en ese punto no tendría sentido. 
Además, existe una referencia especial sobre las islas en el apartado 52, donde se invita a la Comisión a tomar medidas inmediatas en favor de sus habitantes. 
Ni las declaraciones de buenas intenciones que recoge el presente informe, ni los llamamientos a la cohesión social pueden ocultar la terrible realidad social. 
Aunque resulta evidente que persisten las disparidades entre las regiones, existe un hecho aún más grave: el estado general de desintegración social, económica y demográfica de la mayoría de los países de la Unión, comenzando por Francia. 
La política económica de competencia salvaje y de apertura de nuestros mercados impuesta por la Comisión, el flujo incesante de la inmigración extracomunitaria y las exorbitantes cargas sociales que pesan sobre el trabajo, están hundiendo a nuestro país en una crisis de desempleo y en una crisis social de proporciones gigantescas. 
El paro, la inseguridad, la inmigración, los impuestos, la droga, la pérdida de identidad y el envejecimiento demográfico: esta realidad no es la de la cohesión social, sino la de una desintegración social generalizada. 
Ustedes nos proponen que continuemos por el mismo camino, reforzando la misma política y financiando con más generosidad las mismas acciones. 
Pero la Comisión va descaminada. 
Necesitamos una política y una Europa distintas para instaurar la preferencia comunitaria, proteger nuestros mercados del dumping social y de la inmigración-colonización, restablecer la seguridad en nuestras ciudades, liberar a los contribuyentes de la esclavitud fiscal y garantizar una auténtica política familiar. 
Su Europa es el fracaso y la crisis. 
¡No la queremos! 
A pesar de los esfuerzos por una cohesión social y económica a través de los fondos estructurales, fondos sociales, etc., todavía continúan las injusticias entre pobres y ricos en Europa, entre los que tienen un trabajo y los que no lo tienen y entre regiones fuertes y débiles. 
La propuesta de la Comisión de que los problemas van a solucionarse con la entrada en vigor de la Unión Económica y Monetaria y a través de más esfuerzos en el mismo sentido, no da confianza. 
Tampoco la da el informe, que en general propone las mismas soluciones. 
Hay motivos para una disminución en los fondos estructurales de la cantidad de regiones favorecidas por Objetivos, pero esto no debe, bajo ningún concepto, afectar la ayuda como tal. 
La propuesta de incorporar las regiones del Objetivo 6 en el Objetivo 1, no debe involucrar una disminución de la ayuda a la política regional de Suecia. 
Es correcto que los fondos estructurales se utilicen de manera creciente para aumentar el empleo. 
Juntar los Objetivos 3 y 4 para apostar solamente por educación y cursos de reciclaje, me parece una decisión arrebatada. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.35 h., se reanuda a las 15 h.) 
Sobre una cuestión de orden, señor Presidente. 
Quisiera señalar a la atención de la Asamblea un incidente que ha ocurrido hoy a la hora del almuerzo. 
Durante la votación a la hora del almuerzo, uno de los diputados a esta Asamblea ha afirmado que una de las enmiendas había sido traducida incorrectamente en inglés de la versión original en francés. 
Ha afirmado que el texto debía decir «carne inglesa» en lugar de «carne británica». 
Permítaseme señalar a esta Asamblea que tengo una copia de la enmienda original, firmada por dicho diputado, en la que se habla con toda claridad de «la viande britannique» , que se refiere con toda claridad a la carne británica. 
Ese diputado estaba induciendo a confusión a esta Asamblea, por lo que deseo que se corrija el Acta. 
Tratado de Amsterdam (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0347/97) de los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, otorgar a ambos ponentes nuestros que el Tratado de Amsterdam tiene ventajas y en él se han desarrollado algunas cosas. 
Pero en su dimensión histórica hemos de confesar, sin embargo, que los Gobiernos y los Jefes de Estado de los países miembros han fracasado históricamente en la medida en que no han conseguido que la Unión Europea de los Quince sea más capaz de adoptar decisiones; y no han conseguido tampoco que esté madura para la ampliación. 
Este es el fracaso histórico de los Gobiernos, no de Europa, sino de los Gobiernos. 
Ahora nos amenaza un dilema muy difícil que yo temo realmente: que por un lado la situación política se desarrolle de modo que no se llegue a ninguna reforma de las instituciones, y que por el otro la ampliación sea pospuesta o incluso simplemente declarada imposible aduciendo la falta de reforma. 
Debemos confesarlo abiertamente. 
Pues bien, a mí me parece obligado lo siguiente: no dejar que decaiga la discusión política sobre la reforma de las instituciones es el punto más importante. 
El Parlamento Europeo debe procurar junto con los Parlamentos nacionales que la presión política por una reforma de las instituciones se mantenga. 
Si no logramos esto es que verdaderamente nos amenaza lo que temo, que no lleguemos ni a ampliar ni a profundizar la Unión Europea. 
La causa de que nos hallemos en estas dificultades es que en verdad no hay un consenso real sobre las metas de la integración europea. 
Es la razón primera de nuestros problemas. 
Tenemos que ponernos a la labor de encontrar más apoyos para la Unión política entre la opinión pública, en nuestros países, porque si queremos avanzar en la integración europea ésa es una tarea central, más aún, el punto decisivo de la misma. 
Señor Presidente, así como la mayoría de mi grupo, votaré por el rechazo de este informe y aconsejaré a los países miembros que no ratifiquen el Tratado de Amsterdam. 
El Tratado significa que se trasladan aún más facultades de los representantes populares en los Parlamentos nacionales a instituciones de la UE, instituciones que están bajo un control democrático notablemente más deficiente. 
En ningún campo se trasladan las decisiones más cerca de los ciudadanos de los países miembros. 
En la Unión de hoy ocurren grandes cambios, comparando con la Unión de la que Suecia se hizo miembro hace ya casi tres años. 
Los controles fronterizos, que entonces se dijo que permanecerían, ahora se van a prohibir; el derecho a veto que ibamos a tener en materia de política internacional, ahora se va a limitar drásticamente; se avanza hacia una defensa común que se dijo que no llegaría a realizarse; el carácter supranacional se amplía y la influencia de los pequeños estados disminuye dándosele más poder al Parlamento Europeo. 
Esta sucesión de desgraciados acontecimientos no se compensa con los limitados avances que se hacen, también en el Tratado, en materia de empleo y transparencia administrativa. 
Deseo destacar especialmente dos puntos del informe que no puedo aceptar. 
Se exige que el Parlamento Europeo tenga derecho a consentir y aprobar las futuras enmiendas del Tratado. 
Esto sería una modificación esencial que cambiaría el carácter de la Unión acercándolo al estado único. 
Cuando los Estados miembros ya no puedan decidir por sí mismos el desarrollo del Tratado, habrán perdido también el control del gobierno de la Unión. 
El otro punto es que en el informe se exigen nuevos cambios institucionales como una condición absoluta para la ampliación de la UE. 
De este modo se toma la ampliación como " rehén» , pero no hay nada que indique que ella se efectuará mejor cuando la dominación de los estados grandes aumente todavía más en la UE, al otorgárseles más votos en el Consejo de Ministros. 
Tampoco existe ninguna relación entre supra nacionalidad y eficiencia dentro de la UE. 
El ejemplo más claro de esto tal vez sea la política agrícola de la UE, que ha sido supranacional durante casi más tiempo que otras políticas y es una de las más absolutamente ineficientes. 
Señor Presidente, Méndez de Vigo y Tsatsos han trabajado muchísimo en este informe, lo cual tenemos que agradecer. 
Sin embrago, estoy sorprendido por el giro que ha tenido el tratamiento del Tratado de Amsterdam. 
El Tratado ha sido una gran decepción y se le ha criticado masivamente, pero ahora, parece que se ha pasado a que la mayoría está dispuesta a votar por su aprobación, a pesar de no haber sido enmendado. 
Estuvimos de acuerdo y la crítica fue compacta justamente por la falta de transparencia administrativa y control pero también por la " sopa» de supra nacionalidad, internacionalidad, protocolo, etc. que ha hecho totalmente ininteligible el tercer pilar y que, realmente, puede conducir a socavar el imperio de la ley. 
Al comienzo del debate, se dirigió Méndez de Vigo a " los buenos europeos» y no a los que piensan votar desfavorablemente, es decir, a nosotros que no deseamos el federalismo. 
Le recomiendo viajar a los distintos países miembros, a los pueblos de Europa. 
Ellos desean obviamente una colaboración, pero no quieren someterse al sistema normativo centralista y burocrático de la UE. 
Los ciudadanos de Europa tienen muy poca comprensión por los sueños de gran potencia mundial y por una Europa federal. 
Los buenos europeos de verdad representan una Europa legítimamente democrática con raíces populares. 
Queremos que la colaboración alcance a toda Europa, sin restricciones, para crear una paz estable y democracia. 
Vamos a votar por el rechazo y por que se realicen plebiscitos en los países miembros. 
Sr. Presidente, aunque por razones de tiempo fracasaré en ello, quisiera felicitar expresamente a los ponentes por su trabajo. 
No nos adheriremos al informe, pero el trabajo realizado merece ser destacado verdaderamente. 
El informe manifiesta objetivamente en su fundamentación ventajas y defectos del Tratado en un modo que hubiese podido sostener tanto el famoso "No, aunque» como igualmente el" Sí, pero» que han elegido los ponentes al cabo de discusiones muy controvertidas y tras consideraciones políticas. 
Para nosotros los liberales, además de los pros y contras escuchados hoy, el déficit de progresos en terreno institucional que refleja según nuestra opinión la situación en la Unión nos inclina hacia el " No, aunque.» 
Sobre todo porque nosotros vemos ahí una señal de que la Conferencia Intergubernamental ha tocado sus límites, porque los ciudadanos no están dispuestos a una nueva renuncia a la soberanía en estas circunstancias, y porque pensamos que debemos tomarnos este fenómeno en serio. 
La valoración es más general, Señor Presidente. 
El Tratado de Amsterdam podría considerarse como un acuerdo más de los muchos pequeños pasos que en su mayoría deben considerarse positivos. 
Pero han faltado las reformas de fondo que requerían los tiempos. 
La Unión Europea no se ha visto reforzada en sus instituciones y el nuevo ciclo de ampliaciones no debe demorarse. 
La política exterior común ha permanecido relegada y la política de defensa está en manos de una OTAN que no es sólo europea, y en la que Europa no juega un papel principal. 
Las grandes aspiraciones han chocado con el escepticismo y la negativa de quienes no cesan de proponer como objetivo la evolución escalonada de la Unión hacia un ámbito cada vez más amplio de libres intercambios. 
La premura del paso a la tercera fase de la unión económica y monetaria y el euro no han permitido grandes avances. 
La mayoría de los gobiernos europeos no se han visto con fuerza para avanzar en el terreno institucional en una Europa que sigue siendo flagelada por el paro y no ha estabilizado todavía su reconversión económica. 
En ese sentido, el Tratado de Amsterdam puede considerarse como un acuerdo inacabado. 
Sin embargo, las debilidades señaladas no debieran llevarnos a la desilusión y a la condena del Tratado, ni a la infravaloración de sus ventajas. 
Porque los pasos dados puede que sean limitados, pero han sido muchos y en dirección correcta. 
Han añadido transparencia a una Europa más social y más comunitaria que intenta acercarse más a sus ciudadanos y simplificar los procesos de toma de decisiones, a una Europa más democrática donde el papel del Parlamento Europeo se ha visto más reforzado, pero con el equilibrio entre los grandes y pequeños básicamente inalterado. 
El análisis de los elementos del Tratado, que ha sido efectuado de forma magnífica por el Sr. Méndez de Vigo y el profesor Dimitris Tsatsos tras un duro y laborioso trabajo, no deja lugar a la duda sobre la conclusión final. 
A pesar de sus puntos débiles, Señor Presidente, creo que merece la pena ratificar el Tratado y ya los representantes de los parlamentos de los quince Estados miembros, en su reunión con nuestra comisión institucional, han llegado a la misma conclusión, aunque desde posiciones diferentes. 
La cuestión más importante atañe ahora al siguiente paso. 
La vía intergubernamental para la revisión de los Tratados ha alcanzado su límite y los ponentes proponen ahora otra forma de abordarlos, que parta de una propuesta de la Comisión y plantee el diálogo político con los parlamentos nacionales. 
Señor Presidente, es urgente proseguir sin dilación ese diálogo. 
Porque sería muy peligroso que se completasen nuevas ampliaciones sin llegar a profundizarlo. 
También sería un error arriesgar esa reflexión sin el respeto a la igualdad entre los grandes y los pequeños. 
Es preciso mantener el equilibrio. 
Porque el interés general y la propia filosofía de la Unión Europea así lo exigen. 
Señor Presidente, Señorías, todas las veces que aquí, en el Parlamento Europeo, o en otro lugar hemos debatido sobre Europa, nuestra preocupación ha sido la de saber hacia dónde vamos y, sobre todo, hacia dónde queremos ir. 
Hoy no vamos a eludir esa regla. 
En el momento en que se decide de nuevo el futuro de la Unión Europea, creemos sinceramente que su liderazgo se va a afirmar al volver a debatir las grandes causas políticas. 
Los principios fundamentales del humanismo, con la prosperidad y la calidad de vida que le son inherentes, la defensa intransigente de la democracia y de la transparencia en las instituciones, así como la participación de todos los ciudadanos de los diversos Estados miembros en la construcción de Europa son los grandes valores que permitirán fortalecer y, más aún, no olvidar los fundamentos originales de la Unión Europea. 
Recordar que el fortalecimiento de la cooperación política es, pues, un imperativo que no podemos dejar pasar por alto, afirmar que su fundamento legitimador se asentó en el respeto intransigente de la diversidad de los diferentes pueblos que componen la Unión es un designio que debemos obedecer. 
Se debería fortalecer la cooperación política entre los Estados miembros mediante la participación efectiva de todos los ciudadanos. 
Todos dicen eso mismo y con razón. 
Lo que pocos dicen es que Europa no debe ser impuesta, sino que debe ser consentida, querida y deseada. 
Esto viene a propósito del informe Méndez Vigo y Tsatsos sobre el Tratado de Amsterdam- y aprovecho para felicitar calurosamente a sus autores por la calidad técnica y la creatividad que han demostrado -, informe que, aun siendo más razonable que otros muchos, no responde a las cuestiones fundamentales que nos preocupan. 
Presenta aspectos positivos, como, por ejemplo, el de reconocer que la Unión Europea es una unión de Estados. 
Por tanto, iguales entre sí, pese a que no se reconocen las consecuencias institucionales que de ello se desprenden. 
Es que, al propugnar la reforma de las instituciones antes del término final de la adhesión del 16º país candidato a la Unión Europea, se olvida, o tal vez no, pronunciarse sobre una materia que es- esa sí- para nosotros esencial. 
¿Qué reforma institucional, a fin de cuentas? 
Por otro lado, el informe propugna la ratificación de Amsterdam. 
Si bien es discutible que pueda recomendarla a los Estados miembros, no por ello deja de ser políticamente legítimo que lo haga. 
En mi opinión, este informe se abstiene de abordar la cuestión del poder constituyente en Europa. 
Y vale la pena abordarla y yo siempre estaré dispuesta a hacerlo. 
Señor Presidente, estoy como mis compañeros liberales a favor del resultado de la negociación de Amsterdam porque encierra una serie de mejoras menores en cuanto al principio de proximidad, medio ambiente y un procedimiento de decisión simplificado y democrático. 
Sin embargo, lo más importante, aquello por lo que la historia nos recordará, no es el tratado, es aquello a lo que abre camino. 
La ampliación con las nuevas democracias del este es la oportunidad histórica de nuestra generación para asegurar la paz, la democracia y el bienestar de las generaciones venideras en Europa. 
Es lo que constituía la finalidad de toda la colaboración europea. 
Tiene mucha más importancia que la cuestión acerca de hasta qué punto el tratado podría haber sido mejor en algunos puntos. 
Estoy de acuerdo en que con 20 o 25 países miembros debemos pasar a decisiones por mayoría en algunas áreas, para que la Unión pueda solucionar sus tareas esenciales de manera efectiva. 
Sin embargo, estoy en desacuerdo con los ponentes y la Comisión Institucional, cuando amenazan con decir no a cualquier ampliación, si no hay más decisiones por mayoría. 
Imagínese usted que 5 países están preparados para la integración en el año 2002. 
¿Les dirá no este Parlamento y los tomará como rehenes porque estamos enfadados con el Consejo? 
¿Realmente tomaremos como rehenes en esta disputa con el Consejo a las nuevas y jóvenes democracias? 
Me gustaría preguntarle al representante del Consejo qué dice a los puntos 15 y 16 del informe de los señores diputados Tsatsos y De Vigo, y quiero pedirle al representante del Consejo que repita lo que ha dicho su primer ministro, el Sr. Jean-Claude Juncker. 
Se ha distanciado claramente de las declaraciones de Francia, Bélgica e Italia. 
Estos tres países naturalmente tienen derecho a tener su opinión y trabajar en favor de ella, sin embargo, -y ahora viene lo decisivo- si el Parlamento interviene y detiene la ampliación, si los doce países ceden ante estos tres países, la historia condenará a este Parlamento. 
Simplemente se trata de falta de perspectiva histórica, falta de sentido de las proporciones. 
Por ello, estimados colegas, voten en contra de la última parte del punto 15 y en contra de un par de palabras de la introducción al punto 16. 
Señor Presidente, estimados colegas, quiero felicitar a los ponentes del informe por su excelente labor. 
Solicito a los diputados que presten su apoyo a la enmienda que ya han aceptado los ponentes del informe. 
En dicha enmienda, y por primera vez en un documento de estas características, se equipara el alineamiento al no alineamiento, que constituye una cuestión vital para los nuevos Estados miembros. 
Si bien esta enmienda ha sido rechazada en comisión, hemos logrado- a iniciativa mía- presentarla ante el Pleno como la enmienda 18 del Grupo del PSE. 
Con la ampliación del procedimiento de codecisión se ha reforzado la función legisladora del Parlamento. 
La Unión se hace más democrática, lo cual siempre es algo favorable. 
Sin embargo, la denominada mundialización ha dado lugar a una transformación del signo opuesto. 
El poder se distancia, pero permanece vigilante. 
Las fuerzas supranacionales del mercado nos necesitan como elemento de equilibrio. 
¿A qué se espera para adoptar las decisiones necesarias? 
Se deben aumentar las posibilidades de los ciudadanos para influir y para ser informados, puesto que cuanto mayor sea la Unión, mayor deberá ser también la transparencia. 
Sin embargo, las reformas de los órganos comunitarios logradas en Amsterdam no ofrecen mecanismos para la ampliación. 
Por este motivo, necesitamos una nueva CIG, ya que, de no ser así, nos atragantaremos con un bocado tan grande. 
Difícilmente podrá mantenerse a flote el barco que se ensancha sin que se aumente también su profundidad. 
El objetivo más importante es la ampliación de la zona de paz y estabilidad. 
La modificación del reparto de votos en el Consejo, prevista en el Acuerdo de Amsterdam, debe llevarse a cabo con gran cautela y escuchando la voz de los Estados miembros más pequeños. 
Cuando se modifique el número de diputados al Parlamento Europeo, se deberá tener presente que también los Estados pequeños necesitan una representación parlamentaria suficiente, habida cuenta de que la solidaridad constituye el principio más importante de la Unión. 
En Amsterdam no se ha logrado unificar la situación de los diputados al Parlamento Europeo. 
He propuesto ya con anterioridad ante el Pleno que se establezca un único salario para todos los diputados y que, por ejemplo, se abonen las dietas de desplazamiento con arreglo a los gastos reales. 
Señor Presidente, yo también deseo mostrar mi convencido reconocimiento al trabajo realizado por los Sres. 
Méndez de Vigo y Tsatsos. No se puede dejar de aprobar su informe y, en consecuencia, el Tratado: cada pequeño paso adelante, aunque sea pequeño, es siempre un avance y, por consiguiente, es digno de aprecio. 
Además, como Parlamento Europeo debemos orientar el examen de los Parlamentos nacionales, porque sería sumamente grave que los Parlamentos nacionales no aprobaran el Tratado en el momento de su ratificación. 
Debemos seguir fomentando el proceso de adhesión a una perspectiva de mayor integración de los Estados ya adheridos a la Unión Europea y que todavía no participan en la Unión Monetaria y, por otra parte, tenemos que ofrecer a los países candidatos a formar parte de la Unión Europea, la imagen de una unidad de intenciones realmente efectiva de toda la Unión. 
Por ello, apruebo el Tratado, aunque no podemos soslayar nuestra decepción por las insuficientes innovaciones desde el punto de vista institucional. 
No es una decepción romántica, causada por una cultura europeísta abstracta e idealista, sino que es una decepción política y, por consiguiente, concreta y realista, no tanto porque el Parlamento Europeo confiaba en que la Conferencia Intergubernamental aprobara unas reformas institucionales en cuanto al funcionamiento, las prerrogativas, la composición del Consejo y de la Comisión, así como del Parlamento Europeo, incumplidas en su mayor parte, sino también porque somos conscientes de que la Unión Europea, sin estas reformas institucionales, se expone al riesgo de un proceso de regresión e incluso de colapso. 
Lo que no se hizo en Amsterdam debe hacerse cuanto antes. 
Lo que no se hizo en Amsterdam por razones políticas que podemos intuir fácilmente, deberá hacerse antes, absolutamente antes, de cualquier ampliación concreta, es decir, que lo que no se hizo puede justificarse por la imposibilidad técnica, temporal y política registrada en Amsterdam, pero nunca puede transformarse en una reserva mental para impedir la ampliación o, por el contrario, para utilizar la ampliación con objeto de convertir en menos eficaces y vaciar de contenido los poderes de la Unión política. 
No se trata sólo de la ampliación, ya que la propia Unión Monetaria invoca una rápida reforma institucional y la institucionalización de un Gobierno político de la Unión propiamente dicho. 
La Unión Monetaria implica el traspaso a la Comunidad de porciones decididamente consistentes de soberanía nacional que no se pueden gestionar sin eficacia, equidad, transparencia y participación: y esto, no podemos fingir ignorarlo. 
Entonces, como Parlamento Europeo, debemos decir claramente que tanto la ampliación como la consecución de la Unión Monetaria y el objetivo de una mayor integración de la Unión Europea pretenden que se ultime la reforma institucional que en Amsterdam sólo empezó. 
Señor Presidente, la ampliación es en este momento la tarea más importante de la UE y no ha de ponérsele trabas planteando exigencias absolutas sobre las reformas antes de una ampliación. 
Haciendo esto se crea una inseguridad acerca del desarrollo de Europa con gran riesgo de una guerra civil. 
Hay por ello partes de los puntos 15 y 16 a favor de las cuales no puedo votar. 
En cambio me alegro por el punto 20 sobre una colaboración continuada y reforzada con los parlamentos nacionales, y me gustaría pedirle a la Comisión Institucional que siga adelante con ello con vistas a crear la visión sobre la futura colaboración en Europa. 
El Tratado de Amsterdam no es perfecto porque las personas no somos perfectas. 
Tampoco estamos de acuerdo en todas las respuestas a las cuestiones de la vida y de lo cotidiano. 
Tenemos diferentes tradiciones, culturas, condiciones de vida y problemas, por ello el Tratado de Amsterdam es un compromiso. 
Éste es incompleto, sin embargo, es una buena base para la paz en Europa. 
Voto por ello sí al informe de la comisión, que es la señal de que un sí a la ratificación es lo más importante. 
Señor Presidente, creo que, a la luz de las intervenciones que se han producido en el curso de este debate, es lícito preguntarse si estamos hablando del mismo Tratado, porque para algunos colegas el Tratado de Amsterdam ha sido un estrepitoso fracaso. Para otros ha sido un triunfo del pragmatismo sobre la utopía. 
Y esto es, en mi opinión, lo más significativo de este Tratado, su carácter ambivalente. 
Los que han querido otorgar la máxima prioridad al capítulo institucional han denunciado sus insuficiencias, y yo las comparto. 
Los que han puesto el acento en los aspectos económicos han mostrado sus satisfacción por el impulso que el Tratado ha dado a la Unión Económica y Monetaria y por los numerosos aspectos innovadores que introduce, y yo también los comparto. 
En mi opinión, los ponentes han sabido superar esta dificultad con rigor intelectual y sin exaltar luces ni ocultar sombras. 
Pero con ser importante este enfoque ponderado, lo más importante es que este informe se sitúa tomando en consideración tres perspectivas que se complementan: 
La del pasado, pues el Tratado de Amsterdam pertenece ya al pasado. 
Pero este informe no se limita a una simple exposición narrativa de los hechos, pues la comprensión de la realidad que el Tratado representa sólo puede ser interpretada en clave de la razón histórica que hunde sus raíces en los orígenes del proyecto de integración europea. 
La del presente, pues la historia no se hace contando solamente el pretérito, sino que es preciso, además, conocer el punto de partida. 
Y, sobre todo, la perspectiva de futuro, pues si no se sabe a dónde va, no se entiende ni el camino- al que hacía referencia esta mañana el Sr. Méndez de Vigo- ni el punto de partida. 
Los ponentes han tenido claro, y yo creo que lo han expresado de forma meridiana en la exposición de motivos, lo que ha sido la Unión Europea, lo que es, lo que puede ser a la luz de las posibilidades que comporta el Tratado y, sobre todo, lo que debería ser. 
Y para ello hay una exigencia ineludible, que es la de cambiar el método. 
Y ese es el aspecto esencial, a mi juicio, que aporta este informe, el guiño que este informe hace al futuro. 
Por eso, este informe se sitúa en la perspectiva de que siempre se está a tiempo, pero ¿a tiempo de qué? 
¿De que no se hayan producido los males de los que nos lamentamos? 
No. 
Estamos a tiempo de que dejen de serlo. 
Y para ello caben dos actitudes: la de seguir polemizando sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler o, lo que es lo mismo, si Amsterdam ha sido bueno o malo, que no cambiará absolutamente nada; o bien, la de ratificar este Tratado, aplicarlo y ponernos a trabajar para cambiar y mejorar una realidad que no nos satisface. 
Señor Presidente, Señorías, felicitaciones a los ponentes Méndez de Vigo y Tsatsos. 
La calidad de su trabajo fortalece el crédito del Parlamento Europeo en el reparto del poder comunitario. 
Es verdad que esperábamos de Amsterdam un Maastricht II y sólo hubo un Maastricht I y medio. 
Pero, como ahora mismo ha dicho aquí el Sr. Corbett, se debe comparar Amsterdam con Maastricht y no con paradigma ideal alguno. 
La construcción europea es una cadena de esfuerzos, no un presente del cielo. 
Por lo demás, sería ilusorio pensar que es el Derecho el que crea la Historia. 
En la mejor de las hipótesis es tan sólo su cómplice; en la peor, su espejo. 
Ahora bien, la Agenda 2000 se queda, bien mirado, tan corta como Amsterdam. 
Y la amplitud de la primera ampliación a cinco países se mide con el mismo diapasón. 
Así, pues, Amsterdam va con el ritmo de la procesión histórica. 
Claro que ha sabido a poco la reforma institucional. 
Pero lo que allí se hizo va en la dirección correcta: fortalecimiento de la codecisión del Parlamento Europeo y de la legitimidad democrática del Presidente de la Comisión. 
Ahora bien, en el fortalecimiento del eje Comisión/Parlamento está el camino de la verdadera europeización y mediante la democratización de la Unión puede ésta ir al reencuentro de sus ciudadanos. 
Las cuestiones del número de Comisarios y de la ponderación de los votos en el Consejo son insuficientes para resolver los problemas del paso a la Europa ampliada y nueva y al mismo tiempo excesivos, al alterar el modelo de construcción europea en su conjunto sin debate suficiente ni autorización expresa de los electores, por lo que parece que entran, de forma soterrada, por la puerta de atrás. 
Ahora tenemos tiempo hasta la moneda única para pensar en la verdadera reforma institucional. 
Entre otras cosas, porque no hay dos revoluciones al mismo tiempo y la que aún está en marcha es la de la moneda única. 
Por lo demás, dudo que la primera cuestión hoy en el orden del día, la cuestión institucional, no se deba más bien al propio modelo de la Conferencia Intergubernamental, el del reparto de competencias entre Unión y Estados. 
La reforma institucional sólo podría ocupar ese puesto de primacía en un marco en el que la codecisión del Parlamento Europeo tuviera también un papel en la revisión de los Tratados. 
Por eso, estoy de acuerdo con los ponentes y su propuesta de un nuevo método de revisión de los Tratados, con mayor participación del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, queridos colegas, ya lo dijimos el pasado mes de junio, los resultados de Amsterdam no son satisfactorios. 
Es una afirmación que se hace aquí, naturalmente, pero también en otras partes. 
¿Hemos dado suficientes oportunidades a este Tratado? 
¿Quizá no? 
Pero, aunque lo peor aún no es seguro, la lucidez crítica sigue siendo buena consejera. 
Nuestras ambiciones para la Unión Europea no se limitan a la suma de intereses nacionales, el mínimo denominador común que convendría aceptar. 
A pesar de todo, más vale que el presente Tratado sea ratificado. 
Preferimos un pequeño "no gran cosa» que un gran" nada en absoluto». 
Sé de muchos de colegas y amigos que hoy votarán en contra, pero que votarían a favor si fueran diputados nacionales. 
Intelectualmente, el profesor que hay en mí o que sigo siendo, comprende esta sutileza. 
Políticamente, el diputado europeo en el que me he convertido, la reprueba. 
Tras una larga y profunda labor, los Sres. Tsatsos y Méndez de Vigo han oído cómo surgían exigencias de todos lados. 
Se ha construido un consenso sobre cuatro cuestiones fundamentales. 
Cualquiera que sea la evaluación de Amsterdam, aún queda pendiente la reforma institucional. 
La reforma institucional se impone antes de toda ampliación, hay que emprenderla ya desde ahora y hay que ponerse a ello de una forma diferente. 
Ahora pasemos al futuro. 
Pidamos también a los demás que piensen en dicho futuro. 
Nuestro Parlamento lo ha dicho y lo ha proclamado hoy más fuerte. 
La Comisión lo ha escuchado, ahora debe pasar a la acción, y esta mañana se ha declarado dispuesta ello. 
Los gobiernos han respondido. Al Consejo, que escuche y que transmita este mensaje, que dé una señal a nosotros y a los ciudadanos durante la Cumbre de Luxemburgo que diga que han comprendido y que se pondrán manos a la obra. 
Habríamos podido adoptar una posición más radical, habida cuenta de nuestras grandes expectativas y de lo decepcionado que nos hemos sentido, casi dolidos al comprobar que en Amsterdam parecía haberse dejado de lado la idea europea. 
De la Cumbre de Luxemburgo esperamos que los Jefes de Estado y de Gobierno se recobren y que den un sentido a Europa, que digan a los ciudadanos que saben hacia dónde van y, sobre todo, que quieren ir juntos. 
Escuchemos a René Char, como si se estuviera dirigiendo a este Parlamento hoy y mañana, como si nos dijera lo que él ha escrito: " Sers ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s ' habitueront» (atiende a tu felicidad, sal al encuentro de tu riesgo, al verte, ellos se acostumbrarán». 
Señor Presidente, primero flores para Méndez de Vigo y Tassos, flores " mentales y verbales» por un excelente trabajo. 
El debate ha demostrado que las decisiones en Amsterdam fueron de demasiado corto alcance, por lo que yo ahora no pienso entrar en los asuntos institucionales generales, sino que directamente en la materia en la que yo como suiveur me he interesado y haré la pregunta central allí. 
¿Tiene actualmente la Unión un sistema para la adopción de decisiones que refuerce el trabajo en materia judicial e interior? 
Hay algunos avances pero ¿son ellos suficientes para resolver los asuntos que tenemos por delante? 
Europa está haciendo frente a grandes desafíos que van a precisar una gran colaboración judicial. 
Se trata, por ejemplo, de las corrientes de refugiados. 
Vemos que hay cargas que no están repartidas equitativamente entre los Estados miembros. 
Tenemos ya, además, doscientas organizaciones mafiosas rusas que han empezado a actuar dentro de los límites de la Unión y las organizaciones de narcotraficantes mueven cifras millonarias en la Unión. 
¿Existen actualmente mecanismos de decisión suficientemente flexibles para adoptar las resoluciones necesarias, que la Unión tiene que ser capaz de adoptar, si queremos defendernos contra las redes criminales que actúan con alta capacidad económica, jurídica y tecnológica? 
La lucha contra el contrabando de narcóticos, el comercio con seres humanos y los fraudes con subvenciones exige una coordinación europea y global. 
Una coordinación de esta naturaleza podría favorecerse con mejores mecanismos de decisión. 
La Unión tiene que crearse un perfil más nítido y una identidad europea más fuerte para dar a nuestros esfuerzos coordinados mayor eficacia en el ámbito internacional. 
La exigencia de consenso demuestra que la idea de lo que se necesita se difunde demasiado lentamente. 
Se va a necesitar una reforzada colaboración y toma de decisiones más rápidas. 
Durante un período de transición se necesita derecho a la iniciativa compartido por los Estados miembros y la Comisión. 
Esto debiera contribuir a que los Estados miembros asuman una mayor responsabilidad europea y aprecien mejor los intereses europeos de los ciudadanos. 
La moratoria de cinco años para la mayoría absoluta en asuntos judiciales que se ha introducido en el primer pilar es bastante excesivo, además, porque los asuntos policiales y la mayor parte de las materias judiciales se han quedado en el tercer pilar. 
Desde la perspectiva de la ampliación, es arriesgada una moratoria de cinco años antes de que se pueda tomar una nueva decisión de mayoría calificada. 
Esto me preocupa muy sinceramente puesto que temo que pueda atrasar la ampliación. 
Por esta razón, agradezco que el informe se haya referido a esto. 
Deben darse nuevas prioridades antes de la terminación de los cinco años. 
Si las resoluciones de Amsterdam difícilmente dan, es decir, no dan las seguridades que esperan los ciudadanos, entonces se podría perder el apoyo popular. 
Quiero terminar subrayando que los ciudadanos tienen que sentir una identidad europea que haga consciente nuestra comunidad de intereses europeos. 
Ella es fundamento básico de la voluntad popular para llevar adelante las reformas necesarias. 
Ille faciet, dijo el rey Carlos IX sobre su hijo Gustavo Adolfo, él lo hará. 
Se trataba de la ampliación de la época en el Báltico. 
Sin embargo, no basta con hacer como se hizo en el siglo XVII, es decir, cifrar las esperanzas en las nuevas generaciones. 
No se trata de lo que otros harán después, sino de lo que nosotros hacemos ahora. 
Señor Presidente, felicito a los ponentes por su informe. 
El Tratado de Amsterdam es muy modesto, cosa de la que podemos alegrarnos. 
No obstante, figuran en él muchas cosas positivas. 
Reserva a este Parlamento mayores poderes que mejorarán la democracia y la eficiencia de la UE. 
Para mi país, aporta un fundamento jurídico sólido con vistas al mantenimiento de nuestros controles fronterizos sin por ello frustrar los deseos de otros miembros de la UE. 
Y, aunque he de reconocer que no ha sido el tema constante de conversación en todas las esquinas, figuran en él muchos elementos que son pertinentes para los ciudadanos de la UE. 
El capítulo sobre el empleo, las cláusulas antidiscriminatorias, el nuevo protocolo sobre el bienestar animal, la aceptación por el Reino Unido del capítulo social son, todos ellos, aspectos pertinentes para los ciudadanos. 
Naturalmente, no figura en él todo lo que se desearía. 
En realidad, nadie lo habría redactado así. 
Es claramente una transacción, como cualquier Tratado de este tipo ha de ser. 
El Sr. Corbett ha mencionado sus deficiencias respecto de la ampliación. 
A mi me habría gustado ver alguna reforma de los artículos 38 a 43 sobre la política agraria, que están, evidentemente, muy anticuados. 
Pero, en conjunto, el Tratado es válido y ello se debe en parte a que, a diferencia de algunos oradores que han intervenido en este debate, reconoce las aspiraciones bastante modestas de la mayoría de los ciudadanos de la UE respecto del aumento de los poderes europeos. 
Puede haber diputados a esta Asamblea que se sientan frustrados ante la lentitud y la falta de visión de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE, pero esos Gobiernos son los que deben lograr la aprobación de cualquier Tratado acordado por sus parlamentos nacionales y aprobado en referéndum, si así lo requieren las legislaciones de sus países. 
El Sr. Bourlanges- que ahora ya está aquí- ha dicho: » Los diplomáticos han fracasado. 
Van a tener que ser los ciudadanos los que tomen el relevo». 
Personalmente, dudo bastante que, si tuviésemos una Europa modelada por los ciudadanos, satisficiera totalmente las aspiraciones del Sr. Bourlanges o de una mayoría de esta Asamblea. 
Por eso abrigo dudas sobre el fin del intergubernamentalismo como medio de formular los Tratados, que varios diputados a esta Asamblea han mencionado. 
Señor Presidente, doy las gracias a mis colegas por este informe que me parece muy bueno, porque, en mi opinión, es la expresión política de lo que piensa el conjunto de este Parlamento. 
Aunque no se corresponde necesaria ni completamente con mi enfoque, como ellos saben perfectamente. 
En primer lugar, aquí se ha hablado mucho de los ciudadanos. 
Es cierto que en el transcurso de todas las reuniones que celebramos, al menos en el marco político en el que me sitúo, los ciudadanos rechazan el Tratado de Amsterdam y rechazan el Tratado de Maastricht. 
No es ahí en absoluto donde radica el problema de nuestros ponentes; es un problema colectivo acerca de la cuestión de saber cómo reanimar nuestra llama europea. 
A eso no veo más que una solución, y ésta es, efectivamente, hacer más Europa, hacer mejor Europa y readaptar nuestros actos a sus problemas. 
Espero que la Cumbre de Luxemburgo sobre el Empleo contribuya a ello. 
¿En segundo lugar, hay que decir sí o no a Amsterdam? 
Yo creo que la cuestión ya quedó resuelta el pasado mes de julio. 
Dijimos que no era el mejor tratado que podríamos tener, pero, en cierto modo, ya hemos dicho sí. 
En tercer lugar, el auténtico problema es, naturalmente, el de la ampliación. 
Si este Tratado de Amsterdam sólo fuera destinado a los Quince, diría que, a fin de cuentas, aunque no se puede hablar de una gran revolución comunitaria, al menos hay cosas que no están mal, en materia de medio ambiente, en materia social, pero visto en la perspectiva de la ampliación- y me limito a repetir aquí lo que dicen nuestros colegas -, este Tratado es absolutamente insuficiente. 
Ahí radica el auténtico problema. 
El proyecto político europeo es la ampliación. 
Si previamente no gestionamos reformas en materia de democracia y de eficacia, nos encontraremos ante enormes dificultades que llevarán a los ciudadanos a sentir aún más reticencias de cara a Europa. 
Y para terminar, la cuarta cuestión, que consiste en saber cómo deberán organizarse las próximas conferencias intergubernamentales. 
Hemos visto perfectamente que las actuales modalidades de debate entre los gobiernos no dan buenos resultados. 
Los gobiernos son prisioneros de sus obligaciones. 
Cedamos en mayor medida la palabra a los ciudadanos, concedamos más poderes al Parlamento Europeo. 
Este es el mensaje que cierra el informe. 
Es el mensaje al que nos gustaría darle aún más fuerza. 
Señor Presidente, señor Comisario Oreja, Señorías, el Tratado de Amsterdam es la tarjeta de visita que la Unión Europea tiene para presentarse ante los ciudadanos. 
Mediante él, mediante lo que dice, lo que no dice y, sobre todo, lo que los ciudadanos consiguen aprehender al leerlo, se forma en ellos la voluntad de ser europeos. 
Por ser así, el Tratado de la Unión Europa deberá cumplir tres objetivos: ser la base eficaz para que la Comunidad Europea afronte los imperativos de una sociedad de la información y del saber, que será la del tercer milenio, conceder una prioridad destacada a las personas y, por último, ser claro y legible. 
Ninguno de esos propósitos está concretado de forma satisfactoria en el texto resultante de Amsterdam. 
El informe Méndez Vigo/Tastsos ha provocado una intensa polémica entre los que propugnaban el puro y simple rechazo del texto y los que propugnaban el apoyo del Parlamento a su ratificación. 
Polémica que ha afectado a todos los Grupos políticos, cosa que me parece saludable. 
El Parlamento mostrará una actitud responsable al adoptar una posición claramente crítica, pero constructiva, en relación con los resultados de Amsterdam- como propone el ponente -, que ha revelado una gran flexibilidad al integrar innumerables propuestas, e incluso críticas, algunas de ellas procedentes del interior de su propio Grupo, al texto final. 
Que no puede haber ampliación sin verdadera reforma institucional es una evidencia. 
Que no puede haber reforma institucional sin una modificación radical del método de revisión del Tratado y, sobre todo, de la lógica intergubernamental vigente hasta ahora, sin participación total del Parlamento y de los parlamentos, es otro evidencia. 
Que sólo una reforma institucional profunda permitirá crear mecanismos de decisión rápidos y eficaces es otra evidencia más. 
Pero que la igualdad estatutaria de los miembros es, señor Presidente, la base misma de la Comunidad y que la riqueza de ésta estriba en la diversidad de las culturas, las geografías y las dimensiones de los Estados que la integran es otra e importante evidencia que quiero subrayar y que será preciso tener en cuenta al reflexionar sobre la reforma institucional. 
Que la dimensión cultural será el motor del proyecto europeo en la futura sociedad del saber es tal vez la más ignorada, pero también la más fundamental de las evidencias, cosa que habrá de plasmarse en el texto del Tratado. 
Y termino con la esperanza de ver al Consejo aproximarse a las posiciones del Parlamento en lo que se refiere a la urgencia de un muevo método para la próxima revisión y también de que se mencione la cultura en el preámbulo del Tratado y se añada un artículo específico sobre política lingüística, dada su importancia para cada uno de los ciudadanos. 
Señor Presidente, creo que el principal mérito de la plasmación del Tratado de Amsterdam radica, en primer lugar, en que puede contribuir a que la Unión Económica y Monetaria comience probablemente a tiempo y, en segundo lugar, en que aún no se haya bloqueado el proceso de ampliación. 
El Tratado propiamente dicho es flojo. 
Eso es indiscutible. 
Al Parlamento Europeo le brinda sin lugar a dudas algunas perspectivas atrayentes, por lo que se refiere a una mayor democratización. 
Pero también para este Parlamento se plantea, señor Presidente, el problema; es que no hay buen parlamento sin vínculos con la población: democracia. 
Ahora bien, si vemos lo que ha ocurrido en este Tratado- mayor intergubernamentalización, opt-ins, opt-outs, flexibilidad -, nos encontramos, en efecto, ante una situación en la que la población de Europa jamás conseguirá comprender cómo funciona en él la democracia. 
Creo que ése es un problema particularmente grave, un problema estructural, sobre el cual debemos seguir trabajando después de Amsterdam. 
Señor Presidente, el efecto del Tratado de Amsterdam es el de que no propicia verdaderamente la ampliación y hemos de esperar que, si conseguimos aún un consenso en cuanto al posterior desarrollo de la reforma institucional, llegue a ser posible la ampliación sin que la Comunidad actual deba retroceder desde el punto de vista de la calidad. 
Creo que ése es el meollo de la cuestión. 
Señor Presidente, no tengo grandes certezas a ese respecto, dado que esta Comunidad encuentra ya bastantes dificultades para funcionar, como pasaré a ilustrar a continuación. 
Por ejemplo, hablamos sistemáticamente de la reforma de la Comisión y del número de escaños del Parlamento, pero raras veces hablamos del Consejo. 
Pero, según he tenido hoy oportunidad de leer en el periódico, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de mi país no ha conseguido inducir al Consejo de Ministros a que aborde un cuestión tan actual como la huelga de los transportes en Francia y ello porque los Consejos ya no son capaces de hablar de cuestiones actuales, si previamente no las han preparado minuciosamente sus funcionarios públicos respectivos. 
Eso entraña una gran pérdida de tiempo. 
Señor Presidente, creo que, poco a poco, el problema empieza a ser el de que ya no hay remedio, el precio que habrá que pagar por la ampliación será una mayor burocratización, que puede constituir un importante obstáculo para la democratización de Europa. 
Creo que en Amsterdam no avanzamos demasiado a ese respecto. 
Contra el enemigo hay que tomar medidas. 
¿Quién combate este Tratado de Amsterdam con la mayor vehemencia? 
Por un lado, los europeístas radicales. 
A ellos no les parece suficiente. 
Quieren un Estado Federal Europeo de mayor amplitud y llegar a él con más rapidez, y de esto está el Tratado aún muy lejos. 
Por otro lado, el Tratado de Amsterdam es criticado por los enemigos por principio de la Unión Europea, que o bien rechazan simplemente una Europa unida o bien quieren una asociación de Estados sin mucha articulación, una mejor zona de libre comercio entre Estados nacionales que siempre puedan decir no a todo. 
Dados estos enemigos y sus argumentos respectivos el Tratado de Amsterdam no es tan malo. 
Pero podría ser mejor. 
Podría y debería contener sobre todo reformas institucionales que fuesen más lejos y calasen más hondo si es que he de proporcionarnos ese plus de ahondamiento en la Europa unida que necesitamos para la próxima ampliación de la Unión. 
Hasta la ampliación nos quedan algunos años. 
Tenemos que utilizar este lapso de tiempo en una posterior revisión del Tratado con reglas distintas a las que hasta ahora han seguido las Conferencias Intergubernamentales. 
El método actual de revisión del Tratado está superado. 
Conduce a vetos allí donde es necesario que se avance. 
Conduce al mínimo común denominador allí donde necesitamos grandes, por no decir el más grande consenso. 
¿Qué procedimiento nos podrá ayudar a salir del dilema? 
Méndez de Vigo y Tsastos indican en su informe el camino derecho al tema en cuestión. 
La próxima revisión del Tratado ha de seguir reglas jurídicas europeas, debe proceder del mismo modo en que nosotros tradicionalmente instauramos derecho europeo: sobre la base de una iniciativa propuesta por la Comisión y en colaboración paritaria entre el Parlamento y el Consejo. 
Si emprendemos la próxima revisión con estas reglas, entonces será exitosa y el próximo Tratado no sólo no impedirá la ampliación sino que la facilitará. 
Señor Presidente, distinguidos miembros de la Comisión y del Consejo. Si quisiéramos juzgar el trabajo del Tratado de Amsterdam con un concepto, habría que decir con el poeta alemán Bertolt Brecht que se trata de un progreso moderado. 
Bertolt Brecht dijo esto de modo cínico y crítico. 
Podemos incluir esta acepción o podemos también de un modo enteramente positivo que es un progreso. 
Sin embargo, no deberíamos engañarnos sobre el hecho de que ese progreso, medido en relación a las exigencias de este Parlamento, es demasiado pequeño. 
¿Cómo ve el ciudadano de Europa a la Unión Europea tras el Tratado de Amsterdam? 
El ciudadano de Europa ve que habrá disputa y discusión para rato porque no conseguimos pasar en muchos casos del principio de unanimidad al de mayoría. 
Ésta es la tarea decisiva que hemos de resolver en la próxima reforma, porque con ella empezará a ocupar este Parlamento la posición que realmente merece. 
En segundo lugar, un tema que pasa una y otra vez en el ámbito de la política exterior: el ciudadano de Europa ve que aquí hay un gran continente, que cuenta y produce mucho, pero que participa poco en las decisiones porque no habla con una sola voz, sino con muchas frente a la voz de América. Y esto habremos de corregirlo con toda seguridad. 
El último punto: Señor Presidente, ¿cómo debemos continuar? 
Mi colega Rack y otros muchos han dicho ya- como el propio informe Tsastos/Méndez de Vigo- que debemos continuar de otro modo. 
De este Parlamento, esto es, de la voz del pueblo ha de salir una mayor disposición reformadora. Porque después de Amsterdan la cosa fue así: cada Jefe de Gobierno se fue a su casa y dijo: " Amsterdam fue un éxito. 
No he concedido nada. 
No hemos hecho nada por Europa y he salvado a mi país.» 
Por ello debe el Parlamento, que representa intereses superiores, jugar en un futuro un papel más grande. 
En este sentido quiero agradecer de corazón a los ponentes, señores Tsastos y Méndez de Vigo, por su magnífico informe como punto de partida para una nueva reforma que ha de manifestar una mayor fuerza y una mayor voluntad de comunidad. 
Señor Presidente, permítame comenzar recalcando que en nuestra opinión el Tratado de Amsterdam es un tratado bastante mejor que el Tratado de Maastricht. 
Me parece importante reiterarlo. 
En el Tratado de Amsterdam se ha hecho hincapié en lo que en Dinamarca hemos llamado nuestras causas de cartel, sin embargo, también son causas de cartel para otros muchos. 
Por ejemplo, mejor protección medioambiental, cooperación en la lucha contra el paro, sinceridad y mayor influencia para el Parlamento Europeo. 
Quiero decir, sin embargo, que en algunas áreas el informe sobre el Tratado de Amsterdam nos ha causado algunas dificultades. 
Nos vemos obligados a votar en contra de algunas de estas áreas. Opinamos que es muy lamentable que se quiera plantar obstáculos a la ampliación exigiendo que todas las reformas institucionales estén en su lugar antes de que comience la ampliación. 
Nos parece también que es criticable que el informe encadene a Dinamarca con Irlanda y el RU cuando se trata de la colaboración de Schengen. 
Dinamarca sí que participa, como también deberían saberlo los ponentes, en un plano intergubernamental, mientras que tanto Irlanda como Gran Bretaña permanecen totalmente al margen de esta colaboración. 
La redacción que aparece en el informe envía señales equivocadas a los Estados miembros sobre el compromiso de Dinamarca en la colaboración de Schengen, luego nos vemos obligados a votar en contra. 
Hubiéramos preferido que este párrafo no se hubiera incluido. 
Simplemente es incorrecto lo que se lee. 
En el informe también se plantea proponer una mayor colaboración en las áreas de las políticas de seguridad y de defensa. 
Desde el lado de los socialdemócratas franceses, no estamos de acuerdo con ello y por ello nos vemos obligados a votar en contra del punto 9, puesto que opinamos que choca con las reservas danesas. 
Además, quiero decir que estamos de acuerdo en que el Parlamento Europeo contribuya a hacer las decisiones de la UE más democráticas y transparentes, por esto apoyamos, entre otras cosas, que la política agraria pase a depender de la toma de decisiones común. 
Es también importante recordar que la perspectiva de un sí al Tratado de Amsterdam no es sólo lo que hoy discutimos aquí, sino una UE más apacible, una Europa más pacífica a la que puedan acompañar las antiguas dictaduras del Este con la vista puesta en una Europa unida. 
Por ello quiero votar a favor en la votación definitiva. 
Señor Presidente, soy muy consciente hoy de que estamos participando en una continua evolución histórica de nuestro continente europeo. 
Deseo decir que esta última fase de la integración europea representa el tercer cambio importante del Tratado en más de un decenio. 
El ciudadano común y corriente quiere saber qué representa exactamente este Tratado. 
Debemos expresar con mucha claridad lo que representa y, dicho de la forma más simple, su función es la de fortalecer las políticas de la Unión y la eficacia de sus instituciones. 
A ese respecto, acojo con el mayor beneplácito que se concedan mayores poderes a la Unión en la lucha contra la delincuencia. 
En el futuro el objetivo será el de velar por que sean los ciudadanos y no los delincuentes quienes se beneficien de la libre circulación. 
También acojo con beneplácito las disposiciones del nuevo Tratado que fortalecen los poderes y competencia del Parlamento Europeo en sectores tales como el empleo, el medio ambiente y todos los demás sectores, tales como la exclusión social y la pobreza, que se han mencionado aquí esta tarde. 
Son, naturalmente, sectores en los que el público espera que actuemos. 
Otro importante avance en este Tratado corresponde al sector de una política exterior más eficaz y coherente. 
Entraña la simplificación de los procedimientos de adopción de decisiones con una disposición limitada relativa a la votación por mayoría cualificada, al tiempo que se preserva un veto nacional siempre que estén en juego intereses vitales. 
Para los ciudadanos irlandeses, eso es muy importante y es importante comprender a este respecto que no se trata de una amenaza para la neutralidad irlandesa. 
De hecho, en Irlanda y en varios otros países se tendrá que ratificar el Tratado en referéndum. 
A ese respecto, quisiera pedir al Gobierno irlandés que procure facilitar información sencilla y no complicados textos en jerga jurídica. 
Un aspecto lamentable del Tratado es que se ha vuelto a reafirmar aquí la sede del Parlamento Europeo. 
Los diputados al Parlamento de a pie, los diputados elegidos, no tienen voz y voto al respecto, cosa que resulta lamentable. 
Acojo con beneplácito el debate de hoy y espero impaciente el debate que se celebrará en los parlamentos nacionales en los próximos meses. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos por un informe que es completo, muy claro y que realmente abre una perspectiva crítica pero realista del texto de Amsterdam. 
Yo voy a salirme un poco del Tratado, voy a salirme de este ámbito del Parlamento y voy a salirme de Bruselas. 
Voy a colocarme en la opinión pública europea. Cualquiera que sea la organización que se dé a los Tratados, con un sistema de reforma que evidentemente no puede ser el actual de una exclusiva Conferencia Intergubernamental, mientras que Europa no tenga un modelo socioeconómico y mientras que Europa no tenga una visión política internacional, seguirá funcionando la Comunidad, la Unión, mejor o peor, con gran competencia en sus órganos, pero no estaremos insertados en el mundo. 
Y a este respecto hay que recordar que, cuando se crea la Comunidad, hay una doctrina socioeconómica típicamente europea. 
Dentro del complejo capitalista, Europa tiene un modelo económico basado en un plan indicativo para la empresa privada, un plan vinculante para el sector público, un sector público y una seguridad social. 
De 1957 este sistema dura hasta 1989, quizá 1986. 
En este momento Europa está sometida a una lectura económicosocial de tipo distinto y no encuentra su propia formulación. 
En aquel momento había un consenso demócratacristiano-socialista que construyó esta Europa. 
Yo convoco a un consenso para establecer un modelo europeo. 
Cuando haya este modelo y cuando se defina la posición de Europa en un mundo no ya bipolar, bajo la hegemonía de una sola potencia, sino multipolar, en ese momento toda la labor europea será más fácil y la reforma será más fácil. 
En cuanto a la reforma técnica de los Tratados, es lógico que nos centremos en lo que es nuestra misión, pero es necesario que, desde este Parlamento, se convoque a Europa a mantener su modelo internacional y su modelo socioeconómico, porque, de otra manera, estaremos haciendo puro formalismo. 
La reforma, la acción, la posición europea está en relación a la figura europea frente al mundo como modelo socioeconómico y como modelo de política internacional. 
Todo lo demás vendrá con más facilidad y no nos encontraremos con una traje hecho para un adolescente que crece o un traje hecho para un adolescente que queremos que no crezca. 
Señor Presidente, señor Comisario, conforme se va profundizando en el debate institucional sobre la Europa del euro, se va entendiendo que Amsterdam no podía ser otra cosa que lo que fue. 
Sólo cuando nos serán definidas las consecuencias institucionales de la unificación monetaria será posible, de hecho, diseñar el marco institucional global de la Unión Europea y ello no por efecto de los virtuosos automatismos de la unificación monetaria, creadores de instituciones políticas, sino por la necesidad de tener por fin en cuenta, con todos los datos disponibles, lo que supuso la verdadera e inquietante revolución de Maastricht, o sea, la concepción de una Unión que es siempre unión, pero no ya unión de iguales, sino unión de diferentes. 
El Gobierno de las diferencias es, en consecuencia, el gran reto que se plantea a la Unión para que siga siendo una Unión. 
El extraordinario esfuerzo de convergencia que ya se realizó en el ámbito de las finanzas públicas, demuestra que esta visión de una Unión de estatus diferenciados es realista y también lo preocupante que es, debido a la novedad intrínseca que entraña para los Estados miembros. 
Éste debe ser, por lo tanto, el centro de la atención política e institucional de este Parlamento en el futuro, porque también la cuestión de la ampliación ya no se jugará toda sobre la base de las garantías de nuestra unidad, sino ante todo sobre la base de la capacidad de gestionar nuestras diferencias; en esta tensión entre unidad y diversidad que en nuestro sistema es un factor de cohesión decisivo, deberá tenerse en cuenta esa institución transversal constituida por el pueblo europeo y por sus derechos y deberes, esto es, la institución que llamamos ciudadanía. 
La profundización de la dimensión substancial de la ciudadanía de la Unión es en el fondo la aportación institucional más importante que podía dar y ha dado este Tratado, por otros aspectos en parada obligatoria. 
Es en este clima de transición que al finalizar este largo debate, creo que es un buen consejo seguir la opinión de los Sres. Tsatsos y Méndez de Vigo. 
El debate queda cerrado. 
La Mesa felicita a los ponentes el Sr. Méndez de Vigo y el Sr. Tsatsos por su excelente trabajo. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
Relaciones comerciales y Cumbre U.E./Estados Unidos de América 
De conformidad con el orden del día se procede al debate acerca de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las relaciones comerciales y en especial el problema de las sanciones así como el cumplimiento del nuevo programa transatlántico (pilares 2º y 3º del Tratado de la Unión Europea) con vistas a la Cumbre de la Unión Europea/Estados Unidos de América del 5 de diciembre de 1997. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, es para mí una gran satisfacción poder participar, en nombre del Consejo, en este debate sobre la futura Cumbre Unión Europea/Estados Unidos de América. 
Como ustedes saben, la Nueva Agenda Transatlántica, firmada en el acto de clausura de la Cumbre de la Unión Europea y los Estados Unidos de América celebrada en Madrid el 3 de diciembre de 1995, así como el Plan de acción conjunto Unión Europea/Estados Unidos, asociado a la misma, han centrado y dado una nueva orientación a todos los aspectos de la asociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
The New Transatlantic Agenda, como dirían nuestros amigos norteamericanos, ha alentado a ambas partes a ampliar e intensificar su cooperación en numerosos ámbitos de interés común. 
Creo poder afirmar que las cumbres semestrales son un elemento fundamental de la NTA. 
No sólo subrayan el fortalecimiento global de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, sino que además contribuyen a hacer avanzar la aplicación de la NTA y brindan la oportunidad de volver a analizar globalmente las relaciones Unión Europea/Estados Unidos y de debatir cuestiones específicas de interés común. 
El Presidente del Consejo Europeo y yo esperamos con interés esta próxima cumbre que, como ustedes saben, tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington, inmediatamente después de la cumbre entre la Unión Europea y Canadá, que se celebrará la víspera. 
Los preparativos para esta cumbre están muy avanzados y la Presidencia de la Comisión, así como los representantes estadounidenses se reunirán mañana en el seno del Grupo de alto nivel que se ha establecido entre la Unión Europea y los Estados Unidos para hacer balance de la aplicación de la Nueva Agenda Transatlántica y examinar algunas de las principales cuestiones que actualmente tenemos sobre la mesa. 
Estamos elaborando minuciosamente el orden del día de la cumbre con nuestros socios norteamericanos, pero ya puedo adelantarles que tenemos previsto incluir en el mismo puntos tan importantes como los siguientes: nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos, especialmente en el marco de las relaciones Unión Europea/Estados Unidos en el seno de la OMC y en lo relativo a la ley Helms-Burton. 
Además de otros temas de actualidad, como el proceso de paz en Oriente Medio, la cuestión de Chipre, la cuestión del cambio climático, la lucha contra la criminalidad y contra el crimen organizado, la lucha contra el terrorismo, los estupefacientes, las drogas, la inmigración y el asilo. 
Esos son los elementos fundamentales, creo, para esta cumbre. 
Al igual que en cumbres anteriores, los Estados Unidos y nosotros haremos hincapié en las realizaciones concretas que se han podido registrar en el transcurso de los últimos seis meses. 
Esperamos estar en condiciones de firmar, en primer lugar, el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica y de rubricar, a continuación, el Acuerdo sobre la aplicación de los principios de cortesía activa en el cumplimiento de nuestras normas de competencia. 
En tercer lugar, podremos asimismo, o al menos así lo espero, anunciar oficialmente iniciativas como el Transatlantic Information Exchange System, la biblioteca numérica y el diálogo transatlántico sobre la sociedad civil. 
En lo que respecta al programa Unión Europea/Estados Unidos en favor de la democracia y de la sociedad civil, anunciado en la Cumbre de La Haya, pensamos estar en condiciones de confirmar los nombres de los miembros que compondrán la judicatura. 
Esta cumbre, señor Presidente, señoras y señores, será la cuarta desde la introducción de la NTA. 
En el transcurso de los últimos años, hemos alcanzado algunos resultados concretos notables. 
Así, en el ámbito de la Política Exterior, ambas partes han reforzado su cooperación en cuestiones clave, incluida la promoción de la paz, la estabilidad y la reconciliación en los Balcanes, en Oriente Medio y en África central. 
La adhesión de Euratom, el 17 de septiembre, a la Organización para el desarrollo energético de la península coreana, junto con los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, ilustra nuestra voluntad común de reforzar los esfuerzos desplegados en el ámbito de la no proliferación. 
En lo que respecta al ámbito de la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo, hemos mejorado nuestra coordinación para dar respuesta a las necesidades de sociedades asoladas por la guerra. 
Asimismo, colaboramos en el marco de la actividad encaminada a promover la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil. 
La Unión Europea y los Estados Unidos trabajan juntos para responder a los desafíos que surgen a nivel mundial. 
En el marco de nuestra cooperación en materia de lucha contra los estupefacientes, en la Cumbre de La Haya firmamos un acuerdo sobre los precursores químicos, con el fin de poder luchar contra el desvío de productos químicos hacia la producción de drogas ilegales. 
Estamos trabajando juntos en la región del Caribe, y esperamos ampliar nuestra cooperación con región andina. 
Actualmente nos estamos esforzando para establecer intercambios en el marco de los esfuerzos en materia de lucha contra el crimen organizado internacional y hemos lanzado una campaña de información coordinada que va dirigida, en una primera fase, a la lucha contra la trata de blancas en Polonia y Ucrania. 
A pesar de las divergencias entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el calendario para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos reflexionando sobre las modalidades de una cooperación en la Conferencia de Kioto sobre el Cambio Climático que se celebrará en diciembre. 
Se han materializado algunos resultados importantes en lo relativo a la agenda multilateral del comercio y en el plano de los esfuerzos para la creación del nuevo mercado transatlántico. 
Así, en el marco de la OMC, la Unión Europea y los Estados Unidos han aunado sus esfuerzos para la conclusión del Acuerdo sobre las tecnologías de la información y del Acuerdo sobre los servicios de las telecomunicaciones de base que, juntos, permitirán la liberalización de los intercambios internacionales de bienes y servicios por un valor cercano al billón de dólares. 
En el marco de la OCDE, los esfuerzos conjuntos han facilitado la adopción de importantes decisiones en materia de lucha contra la corrupción en las transacciones comerciales internacionales. 
Señor Presidente, en el marco del nuevo mercado transatlántico, la Unión Europea y los Estados Unidos han trabajado juntos para reducir las barreras al comercio y a la inversión, en muchos casos, en respuesta a las recomendaciones del diálogo transatlántico entre empresas. 
A raíz de la conferencia que se celebró en Chicago en noviembre del pasado año, en la Cumbre Unión Europea/Estados Unidos celebrada el 28 de mayo de este año en La Haya, ambas partes suscribieron un Acuerdo de cooperación y de asistencia mutua en el ámbito aduanero, que contribuirá a facilitar los intercambios, al fortalecimiento de la ejecución de las decisiones y a la lucha contra el fraude. 
Las negociaciones preliminares al Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo y la evaluación de la conformidad han quedado concluidas. 
Un aspecto fundamental de la NTA es el del desarrollo de lazos entre los pueblos. 
El diálogo transatlántico entre las empresas contribuye a reforzar los lazos entre los medios de negocios europeos y norteamericanos, promover las buenas prácticas y liberalizar más los intercambios transatlánticos. 
A raíz del éxito alcanzado en la conferencia de Chicago, el TABD ha vuelto a reunirse los días 6 y 7 de noviembre en Roma. 
Por otra parte, el pasado mes de mayo se celebró en Washington una conferencia transatlántica titulada " Jeter un pont sur l ' Atlantique» [Tender un puente sobre el Atlántico] que reunió a expertos de la sociedad civil, la educación, la juventud y la cultura, intercambios electrónicos y representantes parlamentarios venidos de ambas partes del Atlántico. 
Nos congratulamos, en particular, de que las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Congreso estadounidense se estrechen cada vez más, un desarrollo al que el Sr. Alan Donnelly, diputado al Parlamento Europeo, ha contribuido de manera importante. 
Señor Presidente, señoras y señores, la NTA es un proceso dinámico que ambas partes vuelven a lanzar especialmente mediante la actualización continua de las prioridades y la identificación de nuevos objetivos. 
Aunque hay que admitir que no constituye la solución a todos nuestros problemas. 
Diferencias tan importantes como las relativas a la ley Helms-Burton y D ' Amato, a las hormonas e, incluso, al protocolo Plátanos son una prueba evidente de ello. 
Pero, por otro lado, la NTA suscita la confianza mutua y permite a ambas partes desarrollar sus relaciones globales en un espíritu de cooperación que se inspira en principios y objetivos fundamentales compartidos por ambas partes. 
Gracias, Sir Leon. 
Creo que éste ha sido uno de los discursos más largos jamás pronunciados aquí por la Comisión. 
Supongo que se ha dejado usted llevar por el interés que siente por este asunto y por la importancia que le atribuye. 
Y estoy de acuerdo con usted, razón por la cual no le he pedido que concluyera antes de cumplir los 20 minutos, el doble de tiempo concedido al Consejo. 
Sin embargo, ha sido un discurso de lo más interesante y espero que nuestros colegas opinen lo mismo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario. Creo que seguramente es correcto que la intervención del Comisario Leon Brittan sea algo más larga de lo corriente porque ha sido una intervención importante y llena de contenido. 
El Comisario ha expuesto que los EEUU y Europa son socios y rivales a la vez. 
Fue muy optimista decir que progresivamente somos socios paritariamente. 
No sé si así lo ve todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos de América, porque sino se verían Helms-Burton y d ' Amato tal vez de otro modo, tal vez se verían las cosas de otro modo en relación a MacDonnell-Douglas y Boeing y también a British Airways y American Airlines. 
Tanto antes como ahora me parece a mí que se piensa que Europa ha de atenerse a acuerdos bilaterales y multilaterales mientras que América tiene derecho de vez en cuando a crear acuerdos unilateralmente y a seguir reglas propias si están en juego sus propios intereses. 
Ello depende seguramente también, señor Comisario, de que nosotros en Europa tenemos distintas opiniones en muchos temas. 
Vd. ha mencionado Bosnia y Oriente próximo. 
Toda vía no hemos llegado al punto de representar reglas unitarias, y por lo que respecta a Oriente próximo precisamente, quisiera darle toda la razón. 
No se trata de que Europa invierte mucho dinero en ese área sin mucho éxito porque ahí América no hace presión apenas, para que mediante la actitud correspondiente de Israel se llegue realmente a un proceso de paz. 
Quisiera apoyarle completamente en todo lo concerniente a las leyes Helms-Burton, d ' Amato y otras. 
Europa puede estar dispuesta a compromisos en el detalle, pero no en la cosa misma. Tiene que estar más claro que- si por ejemplo se procede contra un empresario- el waiver debe cesar porque entonces hemos de meternos en la discusión y la disputa de la OMC. 
Le doy toda la razón de que la pausa que ahora tenemos es buena, pero es sólo un pausa y no una reglamentación definitiva, y quisiera apoyarle en su aspiración de llegar a una reglamentación definitiva. 
Un último tema por razones de escasez tiempo: negociaciones fast-track, conversaciones en los EEUU, el fracaso y las consecuencias. 
Creo que los EEUU están en una situación parecida, sin sobrestimar que nosotros hemos de preguntarnos todos juntos, subrayo, todos juntos: ¿Cómo podemos organizar e imponer una liberación del mercado mundial si al mismo tiempo hay muchos problemas económicos y sobre todo sociales con ese comercio? 
Somos partidarios del libre comercio porque con él ganamos. 
Pero tenemos que aclarar también a la ciudadanía, exactamente igual que habrá de hacerlo necesariamente y ahora el presidente Clinton, que el mercado libre y el mercado limpio no son imcompatibles, que todo mercado libre ha de ser también mercado limpio a los ojos de la ciudadanía. 
En este sentido es importante la tarea de mantener esas conversaciones con los Estados Unidos de América, en esta Cumbre pero también después. 
En este sentido le deseo, Sr. Comisario, que tenga éxito en el viaje a América que, según creo, emprende Vd. mañana. 
Señor Presidente, acojo con el mayor beneplácito las dos declaraciones formuladas esta tarde. 
No hay razón para criticar a alguien por haber hablado demasiado. 
Ha sido extraordinariamente claro y muy útil que hayamos podido oír esa declaración antes de la muy importante cumbre que se celebrará a primeros de diciembre. 
Así, pues, acojo con beneplácito las declaraciones formuladas. 
Podemos reconocer los importantes avances logrados cuando examinamos todas las cuestiones que están ahora en examen sobre algo que se remonta a hace tan sólo dos años: la nueva Agenda transatlántica. 
Sin embargo, es importante subrayar por qué esta cumbre en particular tiene su importancia. 
El peligro es que tenemos ahora varias diferencias, como ha señalado el Comisario, pero también tenemos un conjunto abrumador de intereses comunes. 
¿Caeremos en una trampa, no por falta de interés, sino por falta de prioridad, cuando pasemos a abordar la introducción de la moneda única, como ha dicho el Comisario, y cuando pasemos a la cuestión de la ampliación hacia el Este? 
Si todas las cuestiones que hemos oído enumerar hoy descendieran en nuestra lista de prioridades y no recibiesen la atención dentro de seis meses o un año, no sería simplemente por falta de interés, sino por falta de prioridad al abordar la relación transatlántica. 
Añádase a eso que en la esfera política nos resulta bastante evidente que todas las cuestiones sobre las que versa el debate entre las administraciones tienen también su contenido político. 
Cada vez más las cuestiones económicas- ya se trate de las sanciones o de la construcción de un nuevo mercado transatlántico- requerirán algún tipo de participación de esta Asamblea y del Congreso de los EE.UU., ya sea para formular los reglamentos o para dar el impulso financiero o para cualquier otra cosa que sea necesaria con vistas a velar por que esta nueva Agenda transatlántica dé resultado. 
Quisiera formular tres preguntas al Consejo y a la Comisión respecto de esa cumbre. 
En primer lugar, ¿velarán el Presidente en ejercicio del Consejo y el Presidente de la Comisión, cuando acudan a la cumbre, por que haya una perspectiva a largo plazo en las conclusiones de la cumbre para que sepamos que estamos trabajando juntos a ambos lados del Atlántico a fin de crear un partenariado transatlántico a más largo plazo? 
En segundo lugar, ¿podríamos velar por que se formule dicha perspectiva con vistas al siglo XXI, en el que podríamos pensar en disponer de un marco institucional amplio, tal vez un Tratado? 
Entonces se podría hacer participar a las comunidades políticas, junto con las comunidades económicas, a fin de colaborar con las administraciones en la creación de esa nueva relación transatlántica. 
Por último, ¿tendrá el Comisario la amabilidad de decir un poquito más sobre el nuevo mercado transatlántico que es- como ha subrayado: lo sé- un concepto importante? 
Vamos a tener que definir dicho concepto. 
Tal vez se pueda dar en esa cumbre de Washington la luz verde para ese examen. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la nueva Agenda Transatlántica establecida en diciembre de 1995 en Madrid pone de relieve y confirma las medidas conjuntas adoptadas por la Unión Europea y los Estados Unidos de América con vistas a la ampliación y la profundización de sus relaciones. 
El Grupo ELDR acoge con satisfacción el éxito del Transatlantic Business Dialogue. 
En ese ámbito se han suprimido muchas barreras comerciales desde noviembre de 1995. 
Ejemplos importantes de ello son los MRA, Multilateral Recognition Agreements, que fomentarán los intercambios comerciales transatlánticos y reducirán los costos para las empresas y los consumidores. 
Por eso, considero muy lamentable la postura proteccionista actualmente adoptada por el Congreso de los Estados Unidos de América, que en este momento dificulta la aplicación de los acuerdos comerciales y la concertación de nuevos acuerdos. 
El comercio estimula el crecimiento de las empresas y es la piedra angular del empleo. 
De modo que confío en que el Congreso abandone ese rumbo vano y regrese a su clásica posición liberal en materia de comercio libre. 
En nombre de mi Grupo, quiero hacer también un llamamiento al Comisario para que dé curso a las resoluciones del Parlamento sobre las divergencias comerciales con los Estados Unidos de América. 
La Cumbre UE/EE.UU., celebrada en La Haya, fue muy fructífera, pues fue en ella donde se puso de relieve por primera vez la importancia de la relación entre los ciudadanos de ambos lados del océano. 
Esos lazos son de un valor incalculable para nuestras relaciones a largo plazo. 
Durante la cumbre, que se celebrará en Washington, encontrará expresión práctica con la demostración del proyecto tailandés, encaminado a promover el intercambio electrónico entre ciudadanos. 
También la firma del Acuerdo UE/EE.UU. sobre la cooperación científica y tecnológica constituye una importante etapa en la vía de cooperación, en el marco de la Nueva Agenda Transatlántica. 
Por último, quisiera también preguntar al Comisario Brittan si podría también informar al Parlamento sobre la Cumbre con el Canadá, que se celebrará el próximo 4 de diciembre. 
También el Canadá es un socio transatlántico, con el que la Unión Europea tiene, además, un plan de acción común. 
Señor Comisario Brittan, quisiera oír su respuesta a esta pregunta. 
Señor Presidente, hoy hemos oído hablar mucho de logros, de debates intensos y, de hecho, de algunos problemas con nuestros socios del otro lado del Atlántico. 
No cabe duda de que las negociaciones en la Cumbre de Washington o en cualquier otro lugar deben continuar siempre que surja el desacuerdo como obstáculo importante para el programa y el diálogo transatlánticos. 
También es verdad que en algunos casos las negociaciones per se, en particular con plazos prolongados, sólo sirven a los fines de la otra parte. 
El difícil caso de la ley Helms-Burton debería habernos enseñado ya una dura lección. 
Desde el 11 de abril ha habido siete u ocho rondas de negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos; por parte europea, se ha expresado, naturalmente, cierta satisfacción por ese Título IV y la suspensión de las sanciones por parte de los Estados Unidos ha salvado a algunas empresas europeas, pero no a todas, si bien ha afectado duramente, por cierto, a empresas de fuera de Europa. 
Al mismo tiempo, se ha creado una atmósfera de intimidación y miedo, avivada continuamente por declaraciones amenazadoras de algunos congresistas. 
Los resultados están ante nosotros. 
El comercio entre los países de la Unión y Cuba se ha reducido drásticamente. 
Se están reduciendo las inversiones o manteniéndolas en los niveles de 1996. 
En otras palabras, la ley Helms-Burton funciona. 
Hace maravillas para los Estados Unidos de América, mientras en esta Asamblea y en Bruselas se prolongan negociaciones interminables con mucho ruido y pocas nueces. 
Permítasenos señalar que ha llegado el momento de fijar un plazo- el 31 de diciembre, pongamos por casoy después seguir la única opción disponible: el recurso al grupo especial de la OMC. 
Nos gustaría mucho que la Comisión nos diera una opinión clara sobre el asunto del plazo respecto de la negociación, sobre la ley Helms-Burton o- para el caso es lo mismo- la ley D ' Amato. 
Señor Presidente, las felicitaciones a uno mismo son lo menos indicado en estos días que preceden a las conversaciones UE/EEUU. 
Pues en la agenda transatlántica faltan toda una serie de temas propios de un diálogo relacionado con el bienestar y el medio ambiente de la población. 
Este diálogo, que sin duda necesitamos, debe ser crítico y amistoso y resistir las críticas. 
Los falsos amigos no le aprovechan a nadie. 
En los primeros puestos de la lista de prioridades de los dos bloques económicos más grandes del mundo no debe estar el humillarse ante los intereses de las multinacionales, sino trazar las vías hacia la paz mundial, una regulación de la economía mundial de carácter social y ecológico y una participación igualitaria de todos los países, también justamente de los más débiles. 
No es digno de crédito sacar, por una parte, un sistema comercial multilateral bajo la égida de la OMC y, por otra, abrir caminos bilateralmente para proteger a la economía propia que excluyen y perjudican al resto del mundo. 
Lo contrario sería lo apropiado: preocupación común para una mayor protección al consumo, elevación de los estándares sociales existentes de medio ambiente y una mejor información de la opinión pública. 
Los preparativos para el próximo congreso de ministros sobre la OMC son parte necesaria del orden del día, pues deben hacerse lo antes posible propuestas en el ámbito de las medidas sociales y ecológicas. 
La soja genéticamente tratada y la carne de vacuno con hormonas deben desaparecer de nuestros menús después del texto de la OMC. 
La UE debe recordar a sus amigos sus deberes domésticos en Kyoto y Ottawa, donde será tomado un acuerdo internacional sobre la prohibición de minas. 
Pues tenemos una responsabilidad mundial. 
No necesitamos ni una Europa fortaleza ni a los EEUU como poder hegemónico. 
Señor Kreissl-Dörfler, convenza a su grupo para que no conceda sólo un minuto y medio. 
Es lógico que no pueda expresar su opinión. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, no hace falta decir, y por ello no me extenderé sobre esta cuestión, que nuestro Grupo es plenamente consciente de la extremada importancia que tienen las relaciones de la Unión Europea con los Estados Unidos de América, y que desea verlas reforzadas en el marco de la Nueva Agenda Transatlántica. 
Pero, sobre todo, deseamos un nuevo equilibrio para que los europeos no aparezcamos en una posición de inferioridad en relación con su gran amigo del otro lado del Atlántico. 
Este nuevo equilibrio pasa, evidentemente, por una modificación de la actitud demasiado dominante de los norteamericanos. 
Varios oradores se han referido a la enojosa ley Helms-Burton o D ' Amato, pero, sobre todo, quisiera insistir en las responsabilidades europeas. 
Si permanecemos unidos podemos obtener mucho. Si estamos desunidos, inevitablemente, los norteamericanos conseguirán imponer sus intereses y sus opiniones. 
Citaré el ejemplo de los Acuerdos de Blair House de 1994. 
En un primer momento, Francia, acertadamente, denunció la iniquidad de algunas disposiciones. 
Después, tras conseguir que varios miembros de la Unión, entre los que se encontraba Alemania, se unieran a su causa, logró que se modificaran algunas disposiciones relativas a las ayudas comunitarias en el sentido que Francia deseaba. 
Este ejemplo demuestra que la Unión de los Quince hizo posible, en un segundo tiempo, lo que en un primer tiempo no pudo conseguir la negociación llevada a cabo en solitario por la Comisión, a pesar de su gran talento. 
En este sentido, deseo reiterar con fuerza nuestro deseo de que la Comisión goce de mayores competencias para poder actuar con eficacia. 
En realidad, en el ámbito comercial sucede lo mismo que en el ámbito político y en el de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Nuestras tesis nacionales, por sí solas, tienen escasas posibilidades de triunfar. 
El éxito pasa por la unión de nuestras fuerzas, con un objetivo claramente definido, con unos términos aprobados de común acuerdo y con acciones convergentes de los Estados miembros y de la Comisión. 
Si no se dan estas condiciones, Europa seguirá siendo la olla de barro frente a la olla de hierro, y los Estados Unidos gozarán definitivamente de una posición dominante, que al igual que todas las situaciones de monopolio, será malsana. 
Pero todo eso pasa por la existencia de una auténtica Política Exterior y de Seguridad Común. 
Su insuficiencia e incluso su ausencia se dejan sentir, no sólo en el terreno de la política exterior propiamente dicho, en Yugoslavia, Oriente Medio, África y en otras partes del mundo, sino también en el terreno comercial. 
El poder económico de Europa, que es considerable, no puede traducirse en éxitos de cara a los Estados Unidos si dicho poder no está apoyado en un auténtico poder político. 
En este espíritu, señor Ministro, señor Comisario, les deseo mucho éxito en la próxima Cumbre Unión Europea/Estados Unidos. 
Señor Presidente, el diálogo transatlántico no será realmente fecundo ni el encuentro del 5 de diciembre marcará una etapa realmente útil de dicho diálogo a menos que permitan avances concretos en la vía del reglamento de una serie de diferencias jurídicas y comerciales importantes que, actualmente, enfrentan a la Unión Europea y a los Estados Unidos de América. 
Por ello me alegro del anuncio que acaban de hacernos en el sentido de que la ley Helms-Burton es uno de los puntos del orden del día. 
En términos más generales, estimamos que debe plantearse en toda su amplitud la gravísima cuestión de la aplicación extraterritorial de la legislación nacional norteamericana. 
Lamentamos profundamente que las consultas bilaterales de octubre no permitieran alcanzar progresos sustanciales en esta cuestión. 
Ahora bien, es fundamental que la Unión Europea ponga coto desde un comienzo a estas prácticas perversas, so pena de correr el riesgo de verlas proliferar en el futuro. 
La vía elegida por la Comisión durante la Ronda Uruguay consistió en hacer pagar a los países de Europa un alto precio en contrapartida a la renuncia por parte de los Estados Unidos de sus prácticas unilaterales. 
Si éstas persisten, dicho acuerdo no habrá sido más que un timo. 
Por tanto, hay que dar muestras de la mayor firmeza en esta cuestión de principio y, en caso necesario, poder blandir la amenaza de sanciones creíbles, y disponer, para este fin, de instrumentos indispensables de política de comercio exterior. 
¿Ha sido buena la estrategia que ha mantenido la Comisión? 
¿Es la mejor elección posible renunciar, aunque sea de una manera no definitiva, al grupo de la OMC, en contrapartida de una fragilísima garantía de no aplicación transitoria a las empresas europeas de la ley Helms-Burton? 
Cabe hacerse esta pregunta, porque en lugar de buscar la eliminación definitiva de una práctica legislativa cuya ilegalidad está fuera de toda duda, se mantiene así, en detrimento de nuestras empresas, un clima de inseguridad jurídica que puede tener efectos disuasorios y paralizantes. 
Las leyes prevalecen y en cualquier momento, un acontecimiento fortuito puede llevar a la Administración norteamericana a poner fin a su gestión moderada del dossier. 
Por otra parte, dejar intactas dichas leyes no harán más que alentar a otros lobbies a movilizarse y a imponer, especialmente a nivel de los Estados federados y de los colectivos locales, nuevas leyes de alcance extraterritorial, como hemos podido ver en el caso de Massachussets. 
Por consiguiente, señor Presidente, estamos interesados en que se ponga fin a esta grave desviación. 
Para lograrlo será fundamental que esta cuestión ocupe un lugar central durante la reunión del 5 de diciembre, y sensibilizar a nuestros interlocutores de la gravedad de dichas disposiciones que pueden tener efectos deletéreos sobre el clima de las relaciones transatlánticas. 
Señor Presidente, queridos colegas, no me ha sorprendido mucho escuchar al Consejo y a la Comisión. 
Aunque sí me ha sorprendido no oír ni una sola palabra sobre la disimetría que marca las relaciones entre Europa y los Estados Unidos actualmente. 
Digo "disimetría» por no utilizar el término" colonización». 
Colonización política y militar- basta con ver lo ocurrido en el debate entre Francia y los Estados Unidos sobre el mando del flanco sur de la OTAN. 
Disimetría económica y comercial- el Comisario ha hablado de los tres millones de trabajadores en Europa que dependen de las decisiones norteamericanas, pero es unilateral; ¿qué sucede al otro lado? 
Colonización cultural; basta con ver la marea de productos de la subcultura norteamericana que se vierte sobre las pantallas de televisión e inunda el universo cultural de nuestra juventud europea. 
Por ello, tender un puente en dichas condiciones significa que será un puente en sentido único; bajar las barreras equivale a ayudar al más fuerte a que se fortalezca aún más en relación con nosotros. 
Tampoco se ha dicho ni una palabra de Iraq, de ese casi genocidio del que hasta ahora han sido víctimas cerca de un millón de niños iraquíes, todo ello en nombre de los derechos humanos, lo que no deja de resultar bastante extraordinario. 
Ni una palabra sobre el cartel escandaloso Boeing-McDonald-Douglas. 
Ni una palabra sobre la escandalosa política de dominio estadounidense en los Balcanes. 
Ni una palabra sobre las discusiones que podrían afectar al mercado del acero, al mercado de la construcción eléctrica o al mercado agrícola, en el que los Estados Unidos dominan por completo. 
Es cierto que se ha hablado algo de la ley Helms-Burton. 
Lo cierto es que el imperio estadounidense ha ganado tres guerras mundiales. 
En la I Guerra Mundial se deshizo del imperio alemán y del imperio austro-húngaro. 
En la II Guerra Mundial se deshizo del imperio británico y del imperio francés, y en la tercera guerra mundial- que es lo que ha sido realmente la Guerra Fríaha sabido deshacerse del imperio soviético. 
Está muy bien. 
Pero el resultado de todo ello es que ahora tenemos una superpotencia norteamericana que coloniza el mundo entero. 
De Europa cabía esperar al menos un poco de resistencia ante este proceso unilateral. 
Señor Presidente, permítaseme acoger con beneplácito las observaciones de Sir Leon sobre la OMC. 
Me gustaría subrayar, en nombre de mi Grupo, su observación de que no podemos considerar que la OMC es un buen organismo cuando falla a nuestro favor y malo cuando falla contra nosotros. 
Sin embargo, creo que, si la Comisión Europea llegara a retirar su demanda contra la ley Helms-Burton, por haber visto preservados los intereses europeos, socavaría la propia OMC. 
Este debate plantea sin lugar a dudas una cuestión muy importante, la de la aparición- nos parece- de un peligroso déficit democrático en el nuevo orden mundial que este diálogo transatlántico puede contrapesar hasta cierto punto. 
Me ha movido a hacer estas observaciones el empleo por Sir Leon de la expresión «desviación de la atención» , al hablar de la actitud del Congreso para con la ley Helms-Burton. 
Los políticos pueden desempeñar un papel importante como intermediarios, pero es importante que los políticos no elegidos democráticamente, como prefiere ser usted, Sir Leon, actualmente, comprendan que se trata de un proceso de dos direcciones. 
Con demasiada frecuencia los políticos tienen que ser- y a veces se ofrecen a serlo- intermediarios para explicar al electorado decisiones adoptadas por otros que a veces les inquietan. 
Los políticos tienen también otro papel, que es el de representar las opiniones del electorado ante los encargados de la adopción de decisiones. 
Aunque políticamente no tengo la menor afinidad con Jesse Helms, sí que reconozco, como político elegido democráticamente que soy, el derecho de las personas elegidas democráticamente a proponer proyectos de ley que, en su opinión, reflejen las opiniones de sus votantes. 
Si no tenemos mucho cuidado, llegará a haber una peligrosísima discrepancia entre lo que deciden los de arriba y lo que se debe fomentar y explicar ante el electorado. 
A ese respecto espero que el diálogo transatlántico contribuya al desarrollo de una vertiente democrática y que en él participen cada vez más políticos elegidos democráticamente como pequeño paso para superar lo que me parece un déficit bastante peligroso- repito- en este nuevo orden comercial mundial. 
Señor Presidente, estimados colegas, quiero agradecer al Presidente del Consejo en funciones y a Sir Leon Brittan el informe y el resumen que nos han ofrecido. 
Creo que en los últimos años se han producido cosas sobresalientes justamente por el trabajo de la Comisión. 
Las buenas relaciones entre Europa y los Estados Unidos han procurado en las últimas décadas libertad, paz, más derechos humanos, estabilidad y bien estar. 
Tenemos que ver que esto debe ser salvado para un futuro, pero también que las condiciones mundiales, desde la desaparición de los bloques hasta la unión económica, pasando por la disminución de la importancia de los lazos basados en amenazas militares y el fortalecimiento de la Unión Europea se han modificado de tal modo que hemos de encontrar nuevas respuestas en relación también con los mecanismos y que sólo sobre la base de la OTAN no conseguiremos mantener reunidas las relaciones transatlánticas. 
Quiero decir que hemos de mirar más allá de la declaración transatlántica, de la agenda transatlántica, así como aprovechar el momento del trabajo realizado con éxito en los últimos años para fortalecer esas relaciones. 
Concretamente la decisión sobre la ley Helms-Burton, la incapacidad del presidente americano de imponerse fast-track en el congreso pone de manifiesto que las cosas sólo funcionan si las ponemos en un nivel político que incluya también al Congreso norteamericano. 
Otra cosa no es posible, pienso yo, si es que queremos mejorar las cosas de modo duradero. 
Pienso que por esta razón es muy importante un transatlantic market-place con unos objetivos y una agenda claros para hacer realidad el momento, pero también lo es construir un marco para un Convenio que incluya las instituciones democráticas de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 
De este modo puede manifestarse que el interés común es de más valor que los intereses particulares que ha veces se imponen. 
Señor Comisario, en primer lugar, le agradezco a usted que, en cierta medida, haya contestado a las preguntas que, por falta de tiempo, no pudieron ser contestadas ayer. 
En segundo lugar, como sólo tengo un minuto, voy a referirme al tema de las leyes extraterritoriales que, como ve, preocupan a todos los diputados que están interviniendo. 
Yo creo que por dos razones: en primer lugar, porque Estados Unidos parece intentar imponer un modelo de relaciones comerciales y políticas en los que los Estados Unidos decidan cómo y cuándo los demás deben de comerciar; y en segundo lugar, porque algunos tenemos la sensación de que al retirar la denuncia de la OMC y seguir negociando sobre leyes que son ilegales Europa está contribuyendo- en concreto y con respecto a Cuba- al bloqueo tan ilegal existente desde hace tantos años, porque la ley Helms-Burton no deja de ser una profundización en el embargo o bloqueo, como ustedes lo quieran llamar. 
La Unión Europea no puede contribuir a ello porque, usted sabe muy bien, la última votación de las Naciones Unidas condenó por una aplastante mayoría ese bloqueo por ilegal y condenó, por ende, la ley Helms-Burton. 
Yo creo que Europa ha de tener una posición enérgica hacia los Estados Unidos y no entrar en negociaciones de la ley, sino decirle que esa ley es ilegal. Simple y llanamente. 
Yo creo que una superpotencia como los Estados Unidos agradece mucho más la sinceridad y la energía en la defensa de unos principios que en Europa, como usted está viendo, todos los diputados le piden a usted que defienda. 
De todos modos, yo sé que la agenda es muy amplia y le deseamos suerte. 
Señora González Álvarez, voy a hacerle a usted la misma observación: que su grupo conceda más de un minuto. 
Me hace sentir muy mal cuando tengo que interrumpir a un colega que tiene sólo un minuto de tiempo. Esto no ocurriría si sus grupos diesen dos o tres minutos de una vez. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente en ejercicio y a Sir Leon Brittan no sólo sus excelentes exposiciones de esta tarde, sino también el compromiso real que han demostrado la Comisión y el Consejo con vistas a profundizar la relación con los Estados Unidos de América. 
En esta Asamblea y en el Congreso americano hay Casandras que aprovechan cualquier cuestión para decir que la relación tranasatlántica no funciona, que es desastrosa y no debe continuar. 
En realidad, la relación entre Europa y los Estados Unidos es la relación más importante que existe en este planeta. 
Así es en particular ahora que el Congreso ha rechazado la vía rápida para las negociaciones comerciales para el Presidente de los EE.UU. Tenemos que acelerar nuestra actividad para intentar profundizar la relación. 
Sencillamente, no se puede permitir que fracase esa dinámica. 
Debemos recurrir a nuevos métodos: vínculos personales, establecimientos educativos, una colaboración más estrecha entre diplomáticos, políticos y negociadores comerciales para intentar hacer comprender al Congreso que esta relación entre Europa y los Estados Unidos es tan importante para nuestro futuro común. 
Por eso espero que, cuando dentro de unas semanas se celebre la cumbre transatlántico, en lugar de ser un ligero repaso de lo que ha habido en el pasado, haga avanzar más la Agenda, en particular en materia de comercio electrónico, lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en los sectores del tercer pilar. 
Debemos buscar nuevas formas de cooperación. 
Esta Asamblea tiene un deber... y se lo digo a todos los Grupos políticos representado aquí esta tarde. 
No se puede esperar que los funcionarios- eso era lo que quería decir Michael Hindley- traten con el Congreso de los EE.UU. Incumbe a nosotros, los políticos tratar con el Congreso de los EE.UU. Tenemos que hablar con los congresistas, reunirnos con ellos periódicamente, tenemos que resolver este problema. 
Por eso espero que en el marco de la labor de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, la delegación para las relaciones con los Estados Unidos, examinemos muy detenidamente durante el próximo mes o los dos próximos meses formas de hablar con el Congreso, de profundizar esa relación, en particular con los nuevos congresistas, que, sencillamente, no tienen una comprensión cabal de las relaciones internacionales existentes entre Europa y los Estados Unidos. 
Es nuestro deber, no el de la Comisión o del Consejo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la próxima Cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos constituye una oportunidad tal vez decisiva y definitiva para comprobar si la Unión Europea tiene o no voz propia, si la Unión Europea tiene o no instituciones cuya acción va encaminada a la defensa de los intereses políticos y económicos comunitarios. 
Por eso, es importante que en diciembre el Consejo y la Comisión sean capaces de impedir que los Estados Unidos continúen manteniendo e imponiendo mecanismos contrarios a las orientaciones acordadas en el nivel multilateral. 
Es decisivo que las normas vigentes sobre la competencia en el sector agrario o en las industrias aeronáutica, naval o audiovisual tengan la misma validez en la costa oriental del Atlántico que en la occidental. 
Es fundamental hacer que la OMC funcione con auténtica independencia de los intereses americanos, ya se trate de la protección de la salud pública o de la muerte anunciada de los productores de plátanos comunitarios o del rechazo puro y simple de los auténticos atentados legislativos contra los derechos humanos que constituyen las denominadas leyes Helms-Burton o d ' Amato-Kennedy. 
Señor Presidente, Sir Leon Brittan, señor Ministro, he sabido del éxito que Vd. Ha tenido en los últimos tiempos y es impresionante. 
En honor a la verdad no podemos afirmar que la agenda transatlántica contenía poco, sino más bien hay que partir de que contenía demasiado. 
La amplitud de los temas políticos y económicos alcance realmente desde las diferencias comerciales hasta un amplio menú de temas políticos pasando por la cuestión de cómo nos las arreglamos con las leyes extraterritoriales. ¿Qué hacemos en Ucrania? 
¿Qué hacemos en el Báltico? 
¿Qué hacemos en Oriente próximo? 
¿Cómo lograremos reunir a nuestros ciudadanos en un futuro y cómo podrán participar sensatamente en esa Agenda internacional que en principio han puesto en marcha políticos y economistas? 
Pero creo que tenemos un responsabilidad política especial, quiero decir las tres instituciones que actúan en nombre de la Unión Europea. 
Creo que debemos añadir dos cosas a las ya mencionadas en hace un momento en relación a la agenda económica y política, y deberíamos hacerlos en el próximo medio año: Primeramente, debemos acercar más a la ciudadanía al diálogo que estamos manteniendo. 
Hemos concebido cuatro diálogos: uno para la ciudadanía, uno para los pequeños y medianos empresarios, uno para el barco mismo, esto es, el Transatlatic Business Dialogue y un diálogo para los empresarios y las organizaciones sindicales. 
Sabemos que tenemos problemas notables fuera del ámbito del Transatlatic Business Dialogue. 
Ahí tenemos cosas que hacer y ahí reside una parte de la responsabilidad que hemos de asumir, y hemos de asumir conjuntamente. 
Lo segundo que debemos hacer, y no será menos dramático: debemos implicarnos a nosotros mismo como parlamentarios en esa forma de trabajo. 
No puede ser que tengamos una agenda económico-política y ninguna parlamentaria. 
Hemos de procurar que en todos los acuerdos que se tomen, en todos los tratados que se cierren, y también en el ámbito del mercado transatlántico seamos tenidos en cuenta en un futuro, y concretamente por medio del procedimiento de la codecisión. 
Pienso que así podríamos llegar a una forma razonable de colaboración. 
Señor Presidente, simplemente deseo apoyar gran parte de lo que se ha dicho esta tarde en este debate. 
Ésta no es una cuestión particularmente polémica entre los diferentes sectores de esta Asamblea. 
Se da por sentado de forma general que queremos mantener y mejorar la relaciones en todos los niveles con los Estados Unidos: el Gobierno y el Congreso. 
Acojo con beneplácito la completísima introducción al debate hecha por Sir Leon Brittan. 
Espero que no se tome a mal- pues no lo hago, naturalmente, con mala intención- mi propuesta de que corrija una omisión de su lista, en el sentido de que debe haber una cooperación mucho más estrecha entre los organismos que se ocupan de la competencia a este lado del Atlántico y los de aquel lado: en particular, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio. 
En los últimos meses ha habido algunas cuestiones muy polémicas relativas a la competencia en nuestra relación con los Estados Unidos, una de las cuales ha sido la relativa a Boeing y McDonnel-Douglas, otra ha sido la de Guinness y Grand Met y otra posible es la de KPMG y Ernst& Young. 
A los que formamos parte de la delegación nos tranquilizó la promesa que recibimos del Comisario Van Miert de que intentaría obrar en pro de una colaboración más estrecha entre los organismos que se ocupan de la competencia en ambos lados. 
Sir Leon ha mencionado la necesidad de una cooperación más estrecha entre los organismos encargados de la reglamentación, pero quisiera indicar respetuosamente que la competencia es un asunto bastante diferente. 
Otra cosa que quisiera añadir a la lista es la propuesta de que todas las veces que haya una cumbre transatlántica celebremos un debate como éste, en el que intervengan el representante de la Comisión y el representante del Consejo, exactamente como han hecho esta tarde. 
Señor Presidente, las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos deben situarse en el ámbito de lo político, pero en un mundo globalizado como el de hoy la dimensión económica es indisociable de la política y por eso a mí me gustaría referirme a algunos aspectos comerciales. 
Yo entiendo, señor Presidente, que la Unión Europea debe defender decididamente sus intereses y debe afirmarse como un conjunto unitario y coherente tanto en el ámbito de la industria aeronáutica- al que se acaban de referirse otros colegas- como en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio donde la Unión Europea ha perdido el panel de las hormonas y el del plátano- y espero que las negociaciones que está llevando el Sr. Brittan en nombre de la Comisión nos permitan que los intereses de la Unión Europea sean defendidos de una forma satisfactoria y que esta vía elegida de lo consensual no sea en detrimento de las acciones que estamos desarrollando-. 
A mí me gustaría rápidamente, señor Presidente, formular algunas preguntas a la Comisión referidas en concreto al hecho de las dificultades que ha encontrado el presidente Clinton para obtener el famoso fast track por parte del Congreso de los Estados Unidos. 
¿Qué repercusión puede tener este hecho en la Agenda transatlántica? 
¿Piensa el Comisario que si el presidente Clinton no ha podido obtener por el momento estos poderes del Congreso de los Estados Unidos, puede suponer de alguna manera que no obtendrá los poderes necesarios para la modificación del título III de la Ley Helms-Burton? 
Y por último, ¿aprovechará la Unión Europea esta coyuntura favorable para incrementar su presencia comercial y desarrollar sus lazos comerciales con otros países del subcontinente como los países de América Latina, una vez que, por el momento y a la vista de que estos poderes de fast track no han podido ser obtenidos, se abre un espacio favorable para que la Unión Europea incremente en estos momentos su presencia en esos países? 
Señor Presidente, de entrada quisiera expresar mi gratitud a todas aquellas y todos aquellos que han tomado parte activa en este debate. 
Creo que todos coincidimos en reconocer la enorme importancia de este diálogo transatlántico, no solamente por razones comerciales y económicas, sino también porque las cifras del comercio exterior y de las inversiones extranjeras directas dan testimonio de la existencia de unas relaciones económicas muy importantes entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 
En lo que respecta a los resultados alcanzados hasta ahora, a pesar de que existen algunas imperfecciones, creo que podemos afirmar que el balance es globalmente positivo, sobre todo si tenemos en cuenta que el diálogo transatlántico se lanzó hace apenas dos años. 
Como han subrayado en sus diferentes intervenciones, existen diferencias evidentes, en algunos casos, diría incluso notables, entre el enfoque de los Estados Unidos y el de la Unión Europea. 
Prueba de ello son las famosas leyes Helms-Burton y D ' Amato, y en cuanto a la posición de la Unión Europea con respecto a dichas leyes, sólo puedo unirme totalmente a lo que les ha dicho Sir Leon Brittan. 
Considero que es absolutamente inaceptable y Europa debe decirlo alto y claro durante esta cumbre. 
Y puesto que se ha hablado de un diálogo crítico, creo que la inclusión en el orden del día de un debate sobre estas dos leyes es prueba evidente de que la Unión Europea está dispuesta a defender con vigor sus intereses comerciales. 
Se ha hablado de asociación comercial. 
Hay quien ha dicho que nos encontramos bajo la hegemonía o el dominio norteamericano. 
Otros ya se han referido a una asociación de igual a igual. 
En lo que a mí respecta, diré que posiblemente nos encontramos a mitad de camino de dicha asociación de igual a igual, y que la Unión Económica y Monetaria será un elemento fundamental para su realización. 
Me explico. 
Señor Presidente, en julio de 1995 tuve el privilegio de asistir a una visita oficial de nuestro Primer Ministro, Sr. Juncker, a los Estados Unidos. 
En aquella ocasión se habló mucho con la Administración del Presidente Clinton y los ministros interesados de este proyecto de Unión Económica y Monetaria en el seno de la Unión Europea. 
Por aquel entonces, nadie en los Estados Unidos tenía fe en dicho proyecto, y todos estaban dispuestos a apostar que no seríamos capaces de afrontar semejante desafío y realizar la Unión Económica y Monetaria. 
Creo que los temores que actualmente se manifiestan en determinados círculos de los Estados Unidos- el Congreso norteamericano y empresas- demuestran que la realización de la Unión Económica y Monetaria es fundamental para la futura política comercial y económica de la Unión Europea a escala mundial. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera decir también unas palabras acerca de nuestra política en el marco de la OMC. 
Citaré una frase de la Sra. Lalumière que, si no me engaño, ha dicho: " Unidos podemos hacer mucho». 
Espero que estemos unidos y permanezcamos unidos, como estas últimas semanas, en particular, con ocasión de las Jornadas europeas de Florencia, en las que se ha podido observar un amplio consenso sobre la futura agenda de la OMC. 
Creo poder afirmar que seremos realmente solidarios en el capítulo, tan importante para la Unión Europea y sus Estados miembros, de los servicios financieros. 
Si conseguimos dar prueba de la misma cohesión que hemos mantenido en otros capítulos, por ejemplo, en los servicios de las telecomunicaciones, la reunión de ministros de la OMC del próximo 11 de diciembre en Ginebra será un gran éxito para la Unión Europea. 
Este es el deseo que formulo. 
Por otra parte, se habla mucho actualmente del ajuste de los desacuerdos relativos a la OMC, en la que hemos perdido alguna que otra batalla. 
Ello nos lleva a reflexionar sobre cómo fortalecer o incluso modificar el procedimiento para ajustar los desacuerdos. 
Estamos abiertos a negociar este asunto. 
Pero diré que, a pesar de que no siempre nos da satisfacción a nivel multilateral, el sistema actualmente en vigor está mucho mejor adaptado para defender los intereses comerciales que la unilateralidad norteamericana que se practicaba anteriormente. 
Es ya un punto importante. 
Por otro lado, nos han preguntado qué posibilidades existen de que el Presidente Clinton adopte el fast track. 
En primer lugar, está esta importante cumbre en la que no dudo ni por un instante que la Presidencia del Consejo y la Comisión volverán una vez más a poner sobre la mesa sus argumentos. 
Dicho esto, este diálogo político tan importante a nivel de la Presidencia y de la Comisión que tiene lugar cada dos años merecería ser completado. 
En este sentido, doy la razón a todos aquellos diputados de esta Asamblea que han abogado en favor de un papel más activo de este Parlamento en el diálogo político con los miembros del Congreso de los Estados Unidos. 
En mi opinión, no sólo está el papel de la Comisión y del Consejo, sino que está también el del Parlamento. 
También se ha hecho referencia al orden del día para decir que no se ha incluido la cuestión de Iraq. 
Señor Presidente, en mi intervención he dejado perfectamente claro que el orden del día de esta cumbre con los Estados Unidos preveía debates sobre las negociaciones de paz en Oriente Medio. 
Después de los acontecimientos de las pasadas semanas, es evidente que se planteará la cuestión sobre Iraq; no lo pongo en duda ni un instante. 
Señor Presidente, también nos han preguntado si hemos pensado a largo plazo, es decir, si hemos previsto temas relativos al futuro. 
El orden del día que estamos ultimando refleja perfectamente el interés de la parte europea en abordar proyectos que formarán una parte útil de la realidad de nuestras relaciones con los Estados Unidos durante los próximos años. 
Señor Presidente, me falta tiempo para decir más cosas. 
Añadiré algo. 
Encuentro interesante la idea de una comparición de la Presidencia ante esta Asamblea antes de cada cumbre. 
Pero hay otra que también encuentro interesante, a saber, la de venir a informar a su Asamblea, durante su período parcial de sesiones de diciembre, sobre los resultados de esta cumbre. 
Estoy muy de acuerdo con la declaración del Sr. Swoboda de que debemos lograr el apoyo del público para que comprenda por qué la liberalización comercial con los Estados Unidos y la colaboración con los Estados Unidos y con el resto del mundo es deseable. 
Desde luego, puedo asegurar al Sr. Elles que habrá una perspectiva a largo plazo de lo que estamos intentando hacer junto con los Estados Unidos y la del marco apropiado para el nuevo mercado transatlántico que se ha de desarrollar más aún es una cuestión que tengo muy presente en mis pensamientos, aun cuando no pueda hoy llegar a una conclusión al respecto. 
Por lo que se refiere a la Cumbre con el Canadá, quisiera decir a la Sra. Plooij-van Gorsel que con el Canadá vamos a centrarnos principalmente en el traspaso de competencias respecto de los avances a raíz de nuestro acuerdo con ese país, que han sido considerables. 
Al Sr. Manisco quisiera decirle, respecto de la cuestión de la ley Helms-Burton, que estamos negociando activamente. 
No creo que sea útil anunciar un plazo en este momento. 
En las negociaciones sólo vale la pena negociar si hay algunas señales de avance. 
No estamos interesados en negociar eternamente sin perspectivas de obtener resultados. 
En eso estoy totalmente de acuerdo. 
No creo que sea correcto decir, como el Sr. Souchet, que hemos partido de la base de que se trata de un problema sin solución definitiva. 
Estamos buscando una solución definitiva. 
No es correcto decir que hayamos retirado el recurso ante la OMC. 
Lo hemos suspendido y nos reservamos el derecho a volver a plantearlo en cualquier momento: eso es lo que quisiera decir a la Sra. González Alvárez. 
Por lo que se refiere al Sr. Hindley y a otros que han propugnado la participación del Parlamento en la nueva Agenda transatlántica, lo acojo con beneplácito. 
Quisiera añadir que la nueva Agenda transatlántica hace una referencia específica a esa posibilidad y a los diputados incumbe aprovecharlo al máximo. 
Lo mismo digo a quienes, como la Sra. Erika Mann, han hablado de lograr una mayor participación del público. 
También acogería eso con beneplácito. 
Forma parte de la nueva Agenda transatlántica. 
En cuanto a la vía rápida, convengo con el Sr. Donnelly en que los problemas planteados al respecto, obligan a intensificar el diálogo. 
Creo que el diálogo Europa/EE.UU. es una forma de aumentar las posibilidades de que se apruebe, pese a todo, la vía rápida y también de lograr avances aun cuando no se apruebe. 
Desde luego, es cierto, como ha dicho el Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, que se nos abre una oportunidad en Sudamérica. 
Me gustaría que aprovecháramos esa oportunidad no sólo porque los Estados Unidos se han hecho daño a sí mismos al no aprobar la vía rápida, sino también porque es una actitud válida en sí misma. 
Al Sr. Cassidy quisiera decirle que sí, una cooperación de los organismos encargados de la competencia forma parte de ese proceso. 
Estamos negociando activamente un segundo acuerdo suplementario con los Estados Unidos basado en el que ya tenemos y que permitiría que se aplicaran más sistemáticamente los principios de la cortesía internacional. 
Ésa es una parte importante del programa. 
Sir Leon, su contribución a este debate ha sido muy interesante. 
Hemos recibido 8 propuestas de votación, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
El debate queda cerrado. 
Votaciones 
Señor Presidente, había que resolver cuatro cuestiones si la reforma de la Unión Europea prevista incluso antes del Tratado de Maastricht habría de hacerse realidad: la superación del déficit democrático constitutivo de una Unión desde arriba y de una Europa de las Conferencias Intergubernamentales; la superación del déficit institucional de una Unión sin personalidad jurídica, dualista, de estructuras del espacio interior y de ejes sin una competencia de acción unificada en materia de política de paz y de derechos; la superación del déficit en el marco jurídico relativo a la confusión entre derecho de la Unión, de la Comunidad y entre Estados, y finalmente la superación de la paralizante ausencia de objetivos claros sobre la realización de la integración y ampliación futuras en cuanto superación definitiva de la división de Europa en Este y Oeste. 
No significa negar las mejoras parciales al Tratado de Maastricht por el de Amsterdam cuando nos referimos a la no solución de esas cuestiones fundamentales. 
Nadie infraestimará los méritos de ambos ponentes del informe sobre Amsterdam. 
Pero su informa permanece ambiguo respecto de estas cuestiones y por ello no es aceptable para mi partido. 
En vista del fracaso de la Conferencia Intergubernamental no es tan importante si este Parlamento recomienda la aceptación de este Tratado o no. 
Más importante es si el Parlamento Europeo se limita a ser codecisor orgulloso de reformas institucionales parciales o si se anima a ser finalmente la voz cantante de un proceso constitucional, a ser el corazón y el latido agitado de los próximos pasos decisivos hacia la integración. 
(Aplausos del Grupo de los Verdes) 
Señor Presidente, he votado contra el informe porque no quiero participar en una instrumentalización del Parlamento Europeo mediante partidos nacionales, gobiernos nacionales, que no sólo contribuye a minar la soberanía del Parlamento Europeo, sino también la propia soberanía de los Parlamentos nacionales, porque ellos son los que tienen la última palabra en el momento de la ratificación. 
Este dilema que se abre con esa decisión apunta a que hemos de tomarnos verdaderamente en serio una exigencia central, que dice así: las Conferencias Intergubernamentales al viejo estilo no están en disposición de hacer avanzar el proceso de integración europeo. 
Porque esto es precisamente así decimos que hemos de conseguir en la ratificación de Amsterdam que la próxima Conferencia Intergubernamental se realice en codecisión con el Parlamento Europeo. 
Sino tendremos que dejar todo como está. 
Señor Presidente, yo también he votado en contra de esta resolución, puesto que creo que la Conferencia Intergubernamental ha dejado ya de ser el instrumento adecuado para lograr el desarrollo de la Unión Europea. 
La CIG ha fracasado en numerosos aspectos. 
Entre otros motivos, creo que este fracaso se debe al hecho de que el Parlamento Europeo no puede ejercer su influencia de una manera suficiente a la hora de modificar el Tratado. 
Oropel constituye un buen ejemplo del peligro que corre la seguridad jurídica de los ciudadanos cuando los Gobiernos no se muestran dispuestos a ofrecer el control democrático suficiente ni al Parlamento Europeo, ni a los parlamentos nacionales. 
La UEM constituye otro ejemplo de la incapacidad de la Conferencia Intergubernamental para resolver estos problemas fundamentales. 
La cuestión reside en que, al construirse la Unión Económica y Monetaria, se ha instituido el elemento más federalista de la Unión Europea, a pesar de lo cual se pretende administrar esta Unión como si fuese un proyecto intergubernamental. 
Aquí se observa con toda claridad el déficit democrático y las deficiencias en el control del futuro banco central. 
Creo que habría que acometer un nuevo proceso de orden constitucional en el que los derechos directos de los ciudadanos constituyeran también un tema importante de debate. 
Señor Presidente, sin ilusión he votado a favor de la resolución relativa a ambos informes. 
Sin ilusión, porque naturalmente Amsterdam ha sido un fracaso en cuanto a que decimos sí a la ampliación, sin disponer aún de los medios institucionales para dicha ampliación. 
Y lo paradójico de la situación se debe al hecho de que nos hayan llevado a decir sí a un fracaso, por no decir no a Europa. 
Ese es el sentido de mi voto. 
Verá cómo el debate sobre la ratificación del Tratado se convertirá en una oposición entre los partidarios y los detractores de Europa. 
Y es una vez más lo que nos conduce a decir sí, y ello sin ilusión, tomando la medida del informe que hemos aprobado que, si me permite la expresión, puede parecer un lubricante para que pase la ratificación. 
Señor Presidente, el Partido Laborista en el Parlamento Europeo, en cuyo nombre hablo, acoge en general con beneplácito el Tratado de Amsterdam, no como algo perfecto, sino como algo que abarca muchos aspectos positivos. 
En particular, sabemos que los ciudadanos de nuestras circunscripciones acogerían con beneplácito que el Reino Unido subscribiera el Capítulo Social, la disposición relativa a una legislación a escala europea contra la discriminación y el nuevo protocolo sobre el bienestar animal. 
Hay también muchos otros aspectos que acogemos con beneplácito. 
Sin embargo, abrigamos algunas reservas sobre el informe final y, si bien hemos reducido al mínimo nuestras votaciones separadas, hemos votado en contra de cinco partes: el primer guión del párrafo sobre los controles fronterizos; el primer guión del párrafo 9 sobre una política de defensa común; el segundo guión del párrafo 12 por el que se amplía la codecisión a la política fiscal; el cuarto guión del párrafo 12 que concede a la Unión y a la Comunidad una sola personalidad jurídica; y el tercer guión del párrafo 16, que limita la unanimidad a los sectores constitucionales. 
Con esas salvedades podemos acoger en general con beneplácito el informe- y felicitamos a los ponentes por su labor- y el Tratado de Amsterdam. 
Apoyamos el Tratado de Amsterdam y estamos de acuerdo con el exhorto del Parlamento a los Parlamentos nacionales para ratificarlo. 
Es un avance en la colaboración política en materias de medio ambiente, igualdad entre los sexos y, principalmente, empleo. 
También damos la bienvenida a los principios de incremento de transparencia administrativa y acceso a documentación. 
No apoyamos la exigencia de una defensa común y hemos señalado, en una propuesta adicional especial, que se debe respetar la posición de los estados no alineados. 
Estamos de acuerdo en que, en relación con la ampliación de la Unión, hay que solucionar algunos problemas institucionales. 
En cuanto a la decisión del uso más extendido de las decisiones por mayoría, no estamos dispuestos a apoyar las grandes exigencias que se contienen en el informe sobre las decisiones colectivas por mayoría. 
Por eso no apoyamos el punto 16, apartados segundo y tercero. 
Tampoco apoyamos decisiones por mayoría en materia de política cultural (punto 12, apartado once) , ya que consideramos que ésta es, fundamentalmente, una materia propia de los respectivos Estados miembros. 
Así, después de haber señalado en qué puntos tenemos opiniones discrepantes- en parte a través de votaciones y en parte con esta explicación de voto- hemos votado a favor del informe en la votación final. 
Opinamos que es una señal importante para los ciudadanos de Europa que la Conferencia de Jefes de Estado haya tenido éxito en muchos aspectos trascendentales para ellos. 
Rechazamos el Tratado de Amsterdam que marca una nueva etapa en el declive de las naciones. 
No se corresponde en absoluto con lo que querían los pueblos. 
Un sondeo a nivel europeo realizado recientemente por la propia Comisión refleja que sólo el 8 % de las personas encuestadas están a favor de un super-Estado europeo, el 40 % se inclina por la cooperación, pero sin abandonar las soberanías nacionales, el 38 % por una cooperación que vaya unida a la unificación de las competencias en determinados ámbitos y, por último, el 14 % está a favor de una estricta independencia nacional sin cooperación. 
Este tipo encuestas, con las que, por cierto, la Comisión no ha considerado oportuno seguir adelante- no hace falta preguntarse por qué -, demuestran que la Europa que actualmente están construyendo los " eurócratas» con el beneplácito de los gobiernos no es la de los pueblos. 
En estas condiciones comprendemos mejor por qué el Tratado de Amsterdam, sobre todo después del de Maastricht, está redactado de manera poco clara, y por qué encontramos en él disposiciones esotéricas como la que, dando un rodeo al protocolo sobre la subsidiariedad, ratifica, sin afirmarlo expresamente, la posición del Tribunal de Justicia relativa a la supuesta superioridad del Derecho comunitario sobre las constituciones nacionales. 
Esta falta de claridad tiene una función; confundir al ciudadano de a pie, impedirle que comprenda la finalidad real de lo que se le pide que ratifique y permitir a los responsables- como hizo recientemente el ministro francés de Asuntos Comunitarios- invocar este tecnicismo para considerar inoportuno convocar un referéndum para consultar a la población. 
Aunque comprendemos perfectamente la táctica inmediata que inspira estas maniobras, resulta más difícil captar cuál es la finalidad última. 
Nos aseguran que, una vez terminado, el edificio federal será más eficaz que una Europa de las naciones. 
Pero, ¿acaso creen que será posible alcanzar la eficacia mediante simples procedimientos tecnocráticos, sin la adhesión de los pueblos? 
Es pura ilusión. 
En realidad, la única construcción europea eficaz es la que cuenta con el respaldo de los pueblos, y por ello, independientemente de lo que digan, la Europa de las naciones no es solamente la más democrática, sino también la más eficaz. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy sí al informe sobre el Tratado de Amsterdam. 
Se ha hecho considerando que el informe ha hecho hincapié en muchas e importantes causas de cartel danesas. 
Por ejemplo, mejor protección medioambiental, cooperación en la lucha contra el paro, sinceridad y mayor influencia para el Parlamento Europeo. 
El informe sobre el Tratado de Amsterdam es, con todo, problemático en algunos aspectos. 
Ha sido por ello necesario votar en contra de algunos puntos del informe. 
Teniendo en cuenta nuestros puntos de vista es muy lamentable que el Parlamento Europeo quiera poner obstáculos a la ampliación exigiendo que todas las reformas institucionales deban hacerse antes de que se dé comienzo a la ampliación. 
Por ello nos ha resultado necesario votar en contra de estos puntos. 
Otro punto de crítica al informe es el encadenamiento de Dinamarca junto a Irlanda y el Reino Unido con respecto a la colaboración de Schengen. 
Dinamarca participa en Schengen en el ámbito intergubernamental, mientras que tanto Irlanda como el Reino Unido permanecen totalmente al margen de esta colaboración. 
Votamos por ello en contra, puesto que esto envía señales equivocadas a los Estados miembros sobre el compromiso de Dinamarca en la colaboración de Schengen. 
Además, se propone en el informe una mayor colaboración en el terreno de la política de defensa y seguridad. 
El punto de vista de los socialdemócratas daneses es que la defensa y seguridad de Europa debe garantizarse a través del ingreso en la OTAN y no a través de la UEO. 
Votamos por este motivo en contra del punto 9, puesto que opinamos que éste choca con las reservas danesas. 
El Parlamento Europeo contribuye a hacer las decisiones de la UE más democráticas y transparentes. 
Por ello apoyamos que, entre otras cosas, la política agraria pase por la toma de decisiones común del Parlamento Europeo. 
En cambio no podemos apoyar que la política de defensa y de política exterior, junto con los asuntos de política interior y judiciales, que se encuentran bajo el pilar 3º, deban pasar bajo este procedimiento. 
De forma general, el Parlamento Europeo es considerado el gran vencedor del Tratado de Amsterdam. 
Se trata de una conclusión correcta, si tenemos en cuenta, entre otras cosas, la ampliación del ámbito de aplicación del proceso de codecisión y la requerida aprobación del Parlamento en lo relativo al nombramiento del Presidente de la Comisión Europea. 
No se han atendido muchos deseos del Parlamento Europeo, pero la mayoría de este Parlamento es tan pragmática, que ahora recomienda a los Estados miembros que ratifiquen el Tratado de Amsterdam. 
Pero no es ése nuestro consejo a los Estados miembros. 
Los ponentes subrayan que los Tratados europeos, entre ellos el de Amsterdam, no conducen a un «Estado federal europeo». 
Pero no puedo interpretar el nuevo Tratado de Amsterdam- que amplía las competencias de la Unión en esferas como las del empleo, los asuntos sociales, la seguridad interior y la defensa y refuerza los procedimientos comunitarios- de otro modo que como un nuevo paso en el camino hacia una unión política europea. 
Esa ambición ha quedado superada, si tenemos en cuenta la próxima ampliación de la Unión a un marco aún más heterogéneo, constituido por 20 Estados miembros o incluso más. 
Es de lamentar también que no se haya tenido en cuenta la insatisfacción de los ciudadanos en los Estados miembros, por lo que se refiere a una estructura administrativa europea impuesta desde arriba. 
Como se desprende de algunos sondeos y resultados electorales y también del grado de participación de las elecciones europeas, la base del apoyo a «Europa» ha disminuido en los últimos años. 
Un Tratado que avalara con mucha menos ambición la capacidad de la administración europea habría podido evidenciar mejor la plusvalía de la cooperación europea. 
La reducción del conjunto de tareas comunitarias volvería, en efecto, más transparente el proceso de adopción de decisiones europeo y facilitaría, además, la ampliación. 
En nuestra opinión, la ampliación de las competencias del Parlamento Europeo no es, a fin de cuentas, la respuesta más adecuada para el problema del «déficit democrático» en el proceso europeo de adopción de decisiones. 
La conciencia de que el Parlamento funciona a una gran distancia de los ciudadanos es insuficiente. 
El Parlamento tiene, por definición, un poder y una legitimidad representativa limitados, en particular porque, con un número de diputados limitada, tiene que representar un territorio cada vez más amplio. 
Aunque en algunas esfera el Parlamento Europeo desempeña un papel eficaz, los parlamentos nacionales deben seguir siendo los más importantes puntos de referencia para los ciudadanos. 
Por tanto, para la ratificación del Tratado de Amsterdam habremos de mirar, en primer lugar, hacia los parlamentos nacionales. 
Rechazamos el Tratado de Amsterdam y, por consiguiente, votamos también en contra del informe Méndez de Vigo/Tsatsos. 
Decir que las conclusiones de la Cumbre de Amsterdam no han despertado un entusiasmo desbordante entre la opinión pública europea es quedarse corto. 
Al igual que sucede con todo acuerdo de compromiso, el Tratado de Amsterdam deja con la miel en los labios a todos aquellos que, como yo, se apasionan por Europa y la construcción europea desde hace varias decenas de años. 
Digámoslo abiertamente: este Tratado no está a la altura de los retos ni de las ambiciones de una construcción europea que deberá, en menos de cinco años, llevar a buen puerto la moneda única, la ampliación, la lucha contra el paro, la Europa política y la Europa social. ¿Debemos, por ello, rechazarlo y unirnos a los detractores de siempre de la construcción europea? 
Después de Maastricht, Amsterdam abre algunas puertas: debemos lanzarnos sobre ellas y utilizar estos nuevos medios para hacer progresar una Europa de los ciudadanos capaz de luchar contra el paro y de existir políticamente en el panorama mundial. 
Los europeos sinceros debemos trabajar por ello. 
Pero también hay que exigir que la Cumbre de Luxemburgo sobre el Empleo de mañana sea concreta, firme y activa. 
Y para pasado mañana, hacen falta nuevas reformas institucionales, con el fin de que las próximas ampliaciones se desarrollen correctamente, sin desorganizarnos ni debilitarnos. 
Con Amsterdam hemos franqueado una nueva etapa. 
Podría haber sido mejor. 
Lo importante en estos momentos es preparar la siguiente. 
A pesar de que el Grupo de Alianza Nacional en el Parlamento Europeo haya expresado con frecuencia fuertes críticas contra las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental y, en consecuencia, contra la redacción final del Tratado de Amsterdam, hemos decidido, sin embargo, por sentido de la responsabilidad, votar a favor del informe de la Comisión de Asuntos Institucionales, habida cuenta de que hemos encontrado en el mismo tanto algunas de nuestras posiciones negativas con respecto al Tratado como algunas de nuestras propuestas de cara al fortalecimiento de los pilares de la política exterior y de defensa, indispensables para que la Unión se convierta en una verdadera comunidad política de Estados y pueblos europeos. 
En consecuencia, el nuestro es un acto de buena voluntad, a pesar de que hubiéramos preferido que con respecto a ciertos aspectos como la ampliación de la Unión y el reequilibrio de sus acciones políticas y económicas hacia el Sur y el Mediterráneo, el informe fuera más decidido y completo. 
Esperamos ahora que las palabras vayan seguidas de los hechos, en particular por lo que se refiere a la relevancia de la «aprobación sin reservas» de la declaración común de Bélgica, Francia e Italia que establece la necesidad de ulteriores reformas institucionales como condición previa para cualquier posible ampliación. 
Nuestro voto favorable, por consiguiente, es una ulterior ratificación de la vocación y de la opción política de la Derecha italiana, con el objetivo fundamental de lograr la creación de una verdadera Europa política. 
Lamento que la resolución presentada por la Comisión de Asuntos Institucionales y aprobada por el Parlamento no haya recuperado las conclusiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos relativas a la nueva numeración del Tratado. 
La decisión de volver a numerar la totalidad de los artículos del Tratado me parece lamentable por dos motivos. 
Sobre el fondo, temo que se trate de una simplificación aparente que, en realidad, traiga consigo confusiones y complicaciones para los usuarios efectivos del Tratado que son las Administraciones nacionales, los círculos profesionales, etc. Toda referencia al Tratado exigirá una búsqueda y una verificación, en base a la antigua numeración y la nueva. 
Sobre el procedimiento, una reforma de este calado debería haber ido precedida de consultas en profundidad a los círculos competentes, algo que no se ha hecho. 
Sólo los Colegios de Abogados europeos han reaccionado, de forma espontánea, y han manifestado su rechazo a la reforma. 
Pero su protesta ha sido barrida de un revés en nombre de un argumento tecnocrático precoz. 
Los votantes irlandeses tendrán la oportunidad de ratificar el Tratado de Amsterdam en un referéndum que se celebrará en marzo del próximo año. 
Durante la campaña para el referéndum apoyará firmemente un voto afirmativo. 
Adoptaré esa actitud no porque considere que es perfecto. 
Dista mucho de serlo. 
Sin embargo, pese a sus imperfecciones, el Tratado representa un avance importante en la vía hacia la integración europea. 
En particular, acojo con beneplácito los avances que se han logrado en el sector social, en particular respecto del empleo, la igualdad de oportunidades y las medidas antidiscriminatorias. 
También se adoptaron algunas decisiones positivas con vistas a mejorar la seguridad interior, si bien hay que reconocer que hay que hacer mucho más para ganar la guerra contra la delincuencia organizada, en particular contra los magnates de las drogas. 
La mayor decepción de Amsterdam es la relativa al sector institucional. 
El fracaso a la hora de eliminar el veto nacional, formular una política exterior y de seguridad común coherente e introducir la codecisión para todas las propuestas legislativas planteará problemas fundamentales y a largo plazo a la Unión Europea, en particular cuando concluyamos nuestros debates sobre la ampliación. 
Se deben resolver esas cuestiones antes de la adhesión de nuevos Estados miembros. 
Si no se hiciera así, el resultado podría ser una Europa ampliada que no pudiese adoptar decisión alguna ni representar una opinión coherente e influyente ante el mundo exterior. 
Pese a esas reservas, sigo creyendo que el Tratado merece apoyo. 
Los resultados de la revisión del Tratado de Maastricht resultan poco satisfactorios, ya que los objetivos políticos que se habían fijado para la reforma del Tratado de Maastricht, en Amsterdam, no se han cumplido. 
Europeísta convencida, lamento profundamente que, al no haberse logrado ni corregido las disfunciones políticas de la Unión, antes de la necesaria ampliación, se tenga que remitir, una vez más, a una nueva Conferencia Intergubernamental para resolver temas de tanta importancia institucional como, por ejemplo, el número de Comisarios o la generalización del voto por mayoría cualificada, etc. 
¿Cabe mayor reconocimiento de su fracaso que antes de la ratificación del Tratado de Amsterdam por los Estados se hable ya de su indispensable modificación? 
En el umbral de la moneda única, la Unión sigue sin adecuar las instituciones para la ampliación- lo que a todas luces es de una irresponsable gravedad-. 
Igualmente sigue sin una política de defensa común y sin una mayor claridad de los Tratados para su comprensión ciudadana. 
Y, por último, aunque para algunos, equivocadamente, resulte un tema menor, el Tratado de Amsterdam ha omitido deliberadamente la inclusión de cualquier referencia al turismo, ignorando que el turismo es, entre otras muchas cuestiones, la primera fuente de creación de empleo de la Unión. 
Lo expuesto con la brevedad obligada de este Parlamento explicaría el sentido abstencionista de mi voto, que modifico ante la magnífica labor efectuada por el Sr. Méndez de Vigo, porque como decía también Machado: se hace camino al andar. 
El texto de la resolución que, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, han presentado al Pleno del Parlamento Europeo los Sres. Méndez de Vigo y Tsatsos sobre la modificación de los Tratados de la Unión es, a mi criterio, insuficiente, ambiguo, falto de firmeza y poco sensible con la opinión pública y el papel de los Parlamentos nacionales. 
Cierto que las enmiendas introducidas han mejorado el texto, pero, según mi criterio, la posición del Parlamento Europeo, al que no se le ha reconocido su competencia para emitir un voto de aceptación o de rechazo de la modificación de los Tratados, tiene la obligación de señalar sus insuficiencias en el ámbito de la democratización, de los derechos sociales y de los derechos humanos y dejar patente que la modificación de los Tratados realizada en la Cumbre de Amsterdam no permite afrontar debidamente los retos de las futuras ampliaciones, pero dejando que los Parlamentos de cada uno de los Estados de la Unión, o en su caso los referendos, decidan, de acuerdo con las condiciones que se establezcan, su posición definitiva ante el compromiso de aprobar o no el nuevo texto. 
Por el contrario, el informe presentado al Pleno mezcla las críticas, la necesidad de nuevas modificaciones y nuevos métodos, con una afirmación taxativa de que los acuerdos de Amsterdam deben ser rápidamente aprobados en los quince Estados. 
No hay duda de que, en cada uno de los países, tendrá que valorarse el voto definitivo en función de los compromisos asumidos por sus Gobiernos, pero al Parlamento Europeo, según mi opinión, le correspondía en este momento dar su valoración crítica de acuerdo con lo que habían sido sus posiciones durante todo el período de preparación de la Conferencia Intergubernamental. 
En consecuencia y ante el rechazo de las enmiendas que había presentado en este sentido, desde lo que entiendo como responsabilidad europeísta, mi voto al informe Méndez de Vigo/Tsatsos ha sido negativo, sin prejuzgar por ello la posición que en su día adopten los diputados IC en el Congreso de los Diputados en España. 
Voto en contra del presente informe, porque el Tratado de Amsterdam no permite la constitución de un auténtico pilar político capaz de completar de manera equilibrada el capítulo monetario de la Unión Europea. 
El Tratado de Maastricht apostaba por el progreso hacia una moneda única con convergencias económicas rigurosas (excesivamente rigurosas, además) , pero también por la consolidación de la integración política, con la previsión de una revisión institucional encaminada a mejorar la eficacia, el funcionamiento democrático y el papel del Parlamento Europeo. 
La CIG también debía permitir elaborar políticas europeas en ámbitos tan fundamentales para nuestros pueblos como el social. 
Nos vemos obligados a constatar que la apuesta de Maastricht no se ha cumplido y que el equilibrio previsto tampoco se ha respetado. 
La Europa monetaria avanza a grandes pasos, mientras que la Europa política se hunde en su impotencia. 
Esta situación es tanto más grave si tenemos en cuenta que nuestros destinos estarán cada vez más condicionados por las decisiones que adopte un Banco Central Europeo independiente, sin que un gobierno económico pueda tomar las decisiones importantes que condicionan el crecimiento económico, la competitividad europea y el empleo. 
Así, Europa se convierte cada vez más en un vasto espacio financiero y económico, que escapa a toda regulación o control democrático. 
La ampliación a los países del Este no hará más que incrementar esta disolución. 
Aunque el informe propone llevar a cabo una nueva revisión institucional antes de cualquier ampliación, el Parlamento Europeo no está en condiciones de hacer efectiva y absoluta dicha condición. 
No está preparado para hacer valer su influencia sobre la futura Cumbre del Empleo de Luxemburgo y hacer progresar, en la práctica, la Europa social. 
Aunque la introducción en el nuevo Tratado de una referencia sobre el empleo y el capítulo social es positiva, su formulación es ambigua, porque se contenta con hacer referencia a la coordinación de las políticas de empleo, que siguen siendo nacionales. 
En definitiva, una vez más, Europa aplaza su fortalecimiento político y deja desheredada la cuestión social, mientras que se imponen el monetarismo y los dogmas liberales bajo la forma de criterios vinculantes. 
Lejos de la ambición de aquellos que quieren una Europa federal, una Europa en la que los pueblos puedan afirmar su voluntad, el Tratado consagra el debilitamiento de los Estados nacionales sin construir un auténtico poder político europeo. 
El Tratado de Amsterdam representa el último y definitivo paso para la creación de los Estados Unidos de Europa, pero su contenido apunta en una dirección que fortalece las ambiciones de la UE para convertirse en un estado federal con carácter de super potencia. 
La supra nacionalidad se incrementa, los controles fronterizos son abolidos y el proceso de Unión Económica y Monetaria, con una moneda y un Banco Central comunes, se confirma. 
Quienes ganan con el Tratado de Amsterdam, institucionalmente, son los órganos supranacionales de la UE: la Comisión, el Tribunal y el Parlamento. 
Los que pierden son el Consejo de Ministros y los Parlamentos nacionales. 
No hay una sola frase en el Tratado que confirme que el poder de decisión se traslade de la UE a los países miembros. 
Materias que nos tocan muy de cerca a los nórdicos, la transparencia administrativa y el medio ambiente, han conseguido, en el mejor de los casos, enunciados benévolos que tendrán que capitular, al fin, ante la supremacía del mercado interior. 
La llamada garantía medioambiental representa, incluso, un paso atrás en comparación con la época en que fue incorporada. 
Es inaceptable que se ponga como condición para la ampliación al Este una Conferencia Intergubernamental, que aún en mayor medida fortalece el carácter federal de la UE. 
Tampoco opinamos que haya motivos para dar todavía más poder a los países grandes si se amplía la UE. 
Debe rechazarse que se le dé al Parlamento derecho a consentir y aprobar enmiendas al Tratado. Esto acabaría totalmente con el carácter interestatal del Tratado. 
El hecho de que el Tratado no haya ido tan lejos como los más convencidos federalistas dentro de la UE esperaban, tiene su explicación. 
El apoyo popular para un federalismo dentro de la UE, quizá nunca haya sido tan débil como ahora. 
Los pueblos de Europa quieren colaboración, pero no al precio de tener que someterse al sistema de normas centralistas, burocráticas y anticuadas de la UE. 
Según muestreos de opinión realizados últimamente en los países nórdicos, hay una crítica compacta contra la participación en la Unión Económica y Monetaria, es decir, el proyecto que es como el motor en la creación de un estado federal en la UE. 
El fundamento de una sociedad como la que queremos, que garantice trabajo a la gente, un medio ambiente limpio, justicia social y solidaridad con los pueblos de los países pobres, es un sistema político de raíz popular y con legitimidad democrática. 
La UE no tiene, por mucho tiempo más, posibilidades de alcanzar estas metas. 
Hemos votado por el rechazo del informe. 
quiero declarar que he votado a favor del Informe Vigo y a favor del Tratado de Amsterdam. 
Lo que es más lamentable es que tengamos que pasar por todo el proceso de ratificación a causa de una medida que supone un mínimo progreso. 
En Irlanda, donde se requiere un referéndum, va a ser difícil generar algún entusiasmo por el Tratado de Amsterdam. 
Lo que más lamento es el fracaso en asegurar una reforma del modo en que se toman las decisiones, la llamada reforma institucional. 
Este fallo debe ser transmitido a la gente en un lenguaje claro. 
Significa que si ampliamos la Comunidad, desde ese día no sólo los actuales miembros podrán impedir importantes decisiones, sino incluso Eslovenia o Estonia serán capaces de aplicar un veto y bloquear decisiones importantes en un amplio abanico de políticas comunitarias. 
Estamos siendo irresponsables si consentimos una ampliación en estas circunstancias. 
Existe un riesgo de crear una seria crisis y un estancamiento. 
Cuanto mayor sea el número de estados mayor será el riesgo de que esto ocurra. 
Celebro la ampliación de poderes del Parlamento Europeo. 
Es importante que el 70 % de la legislación vaya a hacerse por codecisión entre el Parlamento y el Consejo. 
El principio democrático tiene que aplicarse a la Unión Europea como lo es en todos los Estados miembros. 
Finalmente quiero aclarar que celebro que hayamos hecho algún progreso en el área de la seguridad y defensa comunes. 
Todos los Estados miembros han accedido a la creación de la unión política al ratificar los tratados existentes, y la unión política no pueda ser completada sin el desarrollo de unos acuerdos de defensa común. 
El Tratado de Amsterdam posibilita una defensa común y ofrece a los estados reticentes una opción de descolgarse. 
Esto es así, principalmente, porque la clase política y los medios irlandeses siguen insistiendo, en todos los debates públicos, en utilizar la terminología de la Segunda Guerra Mundial y definir la cuestión en parámetros de neutralidad, tal y como ha sido observada por el estado irlandés. 
Por otra parte, en las encuestas de opinión en Irlanda, al ser preguntados si se debería ayudar a la defensa de un Estado miembro, la respuesta fue mayoritariamente positiva. 
Es por ello por lo que creo que represento la opinión de la vasta mayoría del pueblo irlandés cuando digo que apoyo las políticas de defensa común, porque pienso que no es el deseo del pueblo irlandés obtener todos los beneficios que derivan de la membresía y no aceptar sus responsabilidades en seguridad y defensa. 
No me cabe duda alguna de que el Tratado de Amsterdam ha de ser recibido como una mejora global de la base del Tratado de la UE en una serie de ámbitos. 
Por ello da gusto que la Comisión de Asuntos Institucionales recomiende claramente una ratificación del Tratado en los quince Estados miembros de la UE. 
Sin embargo, también estoy de acuerdo con la comisión en que en el encuentro del Consejo Europeo en Amsterdam debería haberse ido más lejos en los esfuerzos por alcanzar un acuerdo sobre las reformas de las instituciones de la UE, de las que no se puede prescindir, si la ampliación con los países de Europa central y oriental debe dar un resultado satisfactorio. 
Voto, por consiguiente, sí al informe, aunque esté en contra de la propuesta del informe de hacer obligatoria la ratificación por parte del Parlamento Europeo de futuras modificaciones del tratado, como soy contrario a cualquier intento de modificar el principio de que los gobiernos de los Estados miembros aprueben las modificaciones del Tratado de la UE por unanimidad. 
Tratado de Amsterdam, enmienda 13: el texto no se adecúa al principio austríaco de neutralidad. 
Los principales criterios a la luz de los cuales debemos evaluar el Tratado de Amsterdam han sido recapitulados en la enmienda 32, presentada por el Grupo I-EDN. 
Dichos criterios son cuatro. 
Se los recordaré. 
Primer criterio: " el respeto de las democracias nacionales y de las reglas constitucionales de los Estados miembros, en el marco de una asociación de Estados soberanos en la que el ámbito nacional es el de mayor legitimidad para permitir la expresión democrática de la voluntad de los pueblos». 
Segundo criterio: " el fortalecimiento del papel de los parlamentos nacionales en el proceso de toma de decisiones europeo». 
Tercer criterio: " el imperativo de ampliación que, a nivel institucional, implica la ordenación de una Europa de geometría variable basada en cooperaciones diferenciadas». 
Ahora bien, ¿qué nos propone el Tratado de Amsterdam? 
La deformación de las democracias nacionales, apoyándose en los individuos y en contra de los pueblos y los Estados. 
La ausencia de toda participación de los parlamentos nacionales, que se ven progresivamente privados de sus competencias, en la toma de decisiones a nivel europeo. 
La opacidad de las negociaciones, la complejidad de los procedimientos y el debilitamiento del control democrático. 
La comunitarización sistemática de todos los ámbitos, que presenta tantos nuevos obstáculos en el camino de la necesaria ampliación. 
Comunitarización de los dos pilares intergubernamentales del Tratado de Maastricht: Justicia y Asuntos de Interior, de manera abierta; la Política Exterior y de Seguridad Común, de manera oblicua, mediante su financiación. 
Lejos de ser un tratado anodino, el Tratado de Amsterdam acentúa considerablemente el proceso de federalización y de centralización de la Unión Europea. 
En lugar de suplir el déficit democrático, lo incrementa. 
En lugar de aportarle la flexibilidad dinámica que necesita para franquear la etapa histórica de la reunificación del continente, el Tratado de Amsterdam hunde a Europa en el atolladero del federalismo. 
De esta forma está aplazando la ampliación efectiva. 
Este es el motivo por el que vamos a militar decididamente en contra de este pésimo Tratado y a promover el concepto abierto de una Europa de geometría variable, que permita acoger, por fin, en el seno de la Europa renovada a la totalidad de sus Estados miembros, que la ideología comunista había separado artificialmente. 
No aceptamos que ninguna otra ideología, independientemente de las plumas con que se engalane, venga a tomar el relevo para erigir un nuevo muro de Berlín y crear de nuevo dos Europas. 
A pesar de que el Parlamento Europeo no goza de un derecho de participación institucionalmente garantizado ni del poder de ratificación, se le pide que dé su dictamen sobre el denominado Tratado de Amsterdam. 
Un Tratado que ha hecho correr, y seguirá haciendo correr, ríos de tinta. 
Este Tratado, del que el Presidente Juncker decía que sería difícil de ratificar, y Jacques Delors afirmaba que no venía a corregir suficientemente los errores de Maastricht, en poco tiempo ha pasado a ser un buen Tratado, aceptable para todos. 
Cuando pensamos que durante más de dos años, los preparativos de la Conferencia Intergubernamental han movilizado a las eminencias de todos los países europeos a nivel de gobiernos, parlamentos, partidos políticos y de muchas otras instancias, no podemos dejar de constatar ahora que todas las propuestas y todas las reacciones han sido en vano. 
Cómo explicar a nuestros ciudadanos que los más grandes de entre nosotros, es decir, nuestros Jefes de Estado, han logrado ponerse de acuerdo sobre cuestiones tan importantes como la introducción del euro o la ampliación, pero no sobre temas, más bien menores, como la composición de la Comisión antes de la primera adhesión, o la ponderación de los votos en el seno del Consejo de Ministros o incluso el incremento de los recursos que se decidirán por votación mayoritaria. 
Las apuestas sobre el futuro de Europa han funcionado sólo en parte, y a pesar de todo, hemos dicho sí a un Tratado que no realiza las reformas fundamentales para el buen funcionamiento de la Unión Europea ampliada. 
Con todo el respeto que debo a nuestros Jefes de Estado y a nuestros ministros, debo decir que me resulta difícil aceptar un acuerdo que prácticamente deja sin respuesta todas las cuestiones fundamentales para el buen funcionamiento de nuestras instituciones europeas, que no nos dice cómo se hará, por ejemplo, la reestructuración de las ayudas regionales y de la nueva política agrícola. 
Pienso además que el Tratado de Amsterdam habría debido permitir a la opinión pública comprender mejor la construcción europea, acercarla a la construcción de una Europa de los ciudadanos. 
Nada de eso se ha hecho, al contrario. 
El abismo que se abre entre los discursos de los especialistas y los discursos destinados a los ciudadanos se ha hecho aún más profundo. 
Si después de todas estas críticas he votado a favor del Tratado, ha sido porque éste confiere al Parlamento Europeo un poco más de poder, que le permitirá desempeñar aún mejor su papel de motor de la construcción europea. 
A pesar de las notorias ventajas que aportó el Tratado de Amsterdam al promover la igualdad entre mujeres y hombres en las misiones de la Comunidad y con el reconocimiento de la importancia del mainstreaming y de políticas activas de igualdad de oportunidades en todas la acciones de la Comunidad, mediante la modificación del artículo 3, lamento que el articulo 118 establezca para el Parlamento Europeo- en las esferas de la seguridad social y de la protección de las trabajadoras- una posición menos sólida que la establecida en el artículo 119 y que la adopción de decisiones en favor de las mujeres resulte dificultada por la exigencia de unanimidad en el Consejo. 
Considero positivo el papel más importante concedido al Parlamento en el proceso de adopción de medidas conforme al artículo 119 y también la reformulación del artículo 119 a fin de permitir medidas de acción positiva. 
Pido, como se aprobó por unanimidad en la Comisión de Derechos de la Mujer, que se revisen las normas sobre la cofinanciación a fin de que las ONG de mujeres puedan desempeñar su papel en el programa PRICE y se permita a las ONG que incluyan en el cálculo de su contribución factores como el valor del trabajo de los trabajadores voluntarios y los gastos de instalaciones. 
Ahora bien, lamento que ninguno de los artículos de la Parte III del Tratado determine explícitamente medidas encaminadas a la instauración y realización de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida y recomiende que se conceda a la Unión un mandato en el sentido de enumerar explícitamente en la próxima revisión del Tratado todas las esferas en las que existe discriminación sexual y dar seguimiento a la señal política positiva, ya dada con el presente proyecto de Tratado en materia de igualdad de oportunidades y de mainstreaming. 
Por último, considero que antes de la próxima revisión de los Tratados es necesario desarrollar los siguientes elementos: 
ampliación del artículo 119 a fin de garantizar un fundamento jurídico para la igualdad entre mujeres y hombres que exceda claramente la esfera del empleo; -reformulación del artículo 6 A a fin de dar efecto directo a la prohibición de la discriminación por razones de sexo o, como mínimo, conceder al Parlamento un mayor papel en la determinación de las medidas adoptadas con arreglo a ese artículo; -aclaración jurídica de las consecuencias de la inclusión en los artículos 2 y 3 de la igualdad entre mujeres y hombres. 
He votado en contra de la resolución sobre el Tratado de Amsterdam, porque en gran medida estoy de acuerdo con ella. 
Pero, al contrario que la mayoría de este Parlamento, me tomo en serio la crítica al Tratado de Amsterdam que está presente en la mayor parte del informe. 
La crisis de crédito por la que atraviesa la Unión, la llegada de la UEM, la adhesión de los nuevos Estados- promesa de la que no podemos desdecirnos- hicieron necesaria una profunda revisión del Tratado. 
El Tratado debía habernos dotado de la capacidad para trabajar, de forma democrática y meditada, en una unión política, social y ecológica, complemento necesario del mercado y de la moneda. 
No ha sido así. 
La parte más importante de la revisión del Tratado, los preparativos de la Unión para la ampliación, tampoco se ha hecho realidad. 
Por eso, no podemos recomendar a los Estados miembros que ratifiquen el Tratado. 
A la luz de nuestra crítica, eso es inconsecuente. 
Se tiene que rehacer este Tratado. 
Lo mínimo que el Parlamento Europeo podría haber hecho habría sido suspender su dictamen sobre «Amsterdam» , en el sentido de presionar a los dirigentes gubernamentales para que, durante su Cumbre sobre el empleo, en diciembre, se vieran obligados a proceder a una nueva revisión del Tratado, antes del cambio de siglo. 
Incluso para esa utilización estratégica de muestra función consultiva, propugnada por S.O.S. Europa, los grandes Grupos de este Parlamento se revelan demasiado cobardes. 
Algunos, como en el caso del Gobierno de los Países Bajos, quieren vender «Amsterdam» como si se tratara de una victoria del Parlamento Europeo. 
Es cierto que obtendremos más poder en el marco del primer pilar. 
Aun así, en la agricultura y en el comercio exterior sigue existiendo un enorme déficit democrático. 
Amsterdam bruseliza un poco más la política exterior, pero es evidente que no la democratiza más. 
La idea del control parlamentario de la política exterior ha sido tal vez enterrada para siempre. 
Y lo que es aún peor es que el control democrático de la política de inmigración y asilo es más reducido por culpa de Amsterdam, pese a que, en esa esfera, dependen vidas, literalmente, de una política esmerada, con checks and balances. 
De ese modo, ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales conseguirán, a este paso, controlar lo que, secretamente, se prepara dentro de las murallas del castillo del Consejo, en Bruselas. 
Si este Parlamento se preocupa de verdad del déficit democrático en la Unión Europea- y no sólo de su propio poder -, la representación popular debería haber exigido la garantía del control parlamentario en los sectores políticos en los que el Parlamento Europeo se encuentra impotente, en la línea lateral y, si fuera necesario, adoptando el ejemplo danés o neerlandés, es decir, obligando a los ministros a conceder un derecho de aprobación parlamentaria. 
No se trata de un paso atrás en la unificación europea, sino de una maniobra de salvamento de una conquista constitucional, que queda soterrada por el actual camino de integración, porque a los ministros y a los funcionarios públicos les gusta poder adoptar decisiones en Europa sin que ningún parlamento les plantee problemas. 
La UE da un paso muy grande hacia el federalismo con el Tratado de Amsterdam. 
No era lo que yo me esperaba que saliera de la Conferencia Intergubernamental. 
El federalismo europeo tiene hoy muy escaso apoyo entre los ciudadanos. Las principales causas de esto son el centralismo, la burocracia y los complicados sistemas normativos. 
El informe de la Comisión de Asuntos Internacionales no contiene nada nuevo y tiene, a mi juicio, poco valor. 
Reacciono especialmente en contra de las crecientes exigencias de mayoría calificada para adoptar decisiones. 
Esto representa una grave debilitación de la democracia en la medida que los gobiernos de los estados pueden ser forzados a consentir leyes con las que no están de acuerdo. 
Este aspecto democrático ha sido esencial para adoptar mi posición contraria al informe. 
Tampoco considero que el Parlamento Europeo merezca tener más facultades decisorias en el sistema de la UE, entre otras cosas, porque aumenta el carácter supra nacional de la UE y con eso se debilita la democracia, pero también por la indisciplina y la falta de arraigo democrático del " Parlamento». 
El debate político de hoy en Europa está concentrado en las elecciones a los Parlamentos nacionales. Sólo una pequeña elite política sabe a qué se dedica el Parlamento Europeo. 
La Unión Europea debe ser una colaboración entre estados independientes. 
Vamos a construir una Europa de las democracias, y no el estado confederado de Europa. 
Desgraciadamente, la Unión Europea que se construye hoy es la Unión Europea del mercado. 
La libre circulación de personas y servicios y la libre competencia tienen preferencia ante las exigencias de arraigo popular y legitimidad. 
Por eso voto en contra del informe. 
Con esto damos por finalizadas las explicaciones de voto 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0901/97). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0757/97): 
Asunto: La situación en Argelia 
¿Qué consideraciones hace el Consejo en relación con la situación en Argelia en las últimas semanas? 
Ante la situación de Argelia nos faltan las palabras. 
Al igual que numerosos países y organizaciones internacionales, como esta Asamblea, la Unión Europea siente una profunda preocupación por la evolución de la situación en Argelia, confirma su solidaridad con el pueblo argelino y recuerda el derecho de la población a recibir protección. 
La Unión Europea condena firmemente el terrorismo y la violencia ciega que azotan al pueblo argelino, y apoya el proceso de reformas políticas y económicas iniciado por las autoridades argelinas. 
Insta a dichas autoridades a hacer el proceso político argelino lo más abierto y prometedor posible. 
Alienta al Presidente Zerual a que haga extensivo el diálogo a todas las fuerzas democráticas, es decir, las que rechazan la violencia, a que culmine la construcción institucional y a que siga adelante con la democratización. 
Argelia es un socio importante de la Unión. 
Las relaciones bilaterales se han visto reforzadas aún más mediante su participación activa en el marco de la asociación euromediterránea. 
En dicho marco y en el de las relaciones entre estos interlocutores y Argelia, atribuimos una gran importancia al respeto de las libertades fundamentales y de los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia. 
La Unión está dispuesta a proseguir su cooperación con Argelia. 
Espera que las negociaciones con vistas a un nuevo acuerdo de asociación puedan concluirse con la mayor brevedad, y está dispuesta también a actuar en el sentido que los protagonistas, y en primer lugar las autoridades argelinas, deseen para facilitar una solución política. 
El Consejo se propone evitar cualquier gesto que pudiera comprometer el objetivo perseguido, a saber la creación de un clima de confianza favorable para el restablecimiento de la paz en el interior del país y la instauración de la democracia, al tiempo que garantiza la coherencia de la acción de la Unión. 
Creemos que, en vez de plasmar nuestra posición en una declaración política, sería más eficaz emprender un diálogo directo y discreto con las autoridades argelinas. 
En este espíritu está previsto para el próximo 26 de noviembre en Luxemburgo un primer encuentro entre la Presidencia y el ministro de Asuntos Exteriores argelino y, si estoy bien informado, el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia hará un declaración ante el Parlamento Europeo. 
Agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo esta respuesta que, aunque considero correcta y que muestra una gran estima hacia Argelia, sin embargo desde el punto de vista de la eficacia no sé si es suficiente. 
Yo creo que, a pesar de las grandes dificultades, es posible avanzar en el proceso de pacificación en Argelia. 
Hay que intentarlo. 
Y cuando acometamos este objetivo inmediato, que es avanzar en el proceso de pacificación, nos daremos cuenta de que este proceso de pacificación es inseparable de la lucha contra la corrupción. 
Es preciso avanzar en este proceso- el cese de la violencia- y hay que vincular a ello el máximo posible de apoyos- políticos y parlamentarios -, en un proceso cuya iniciativa debe partir de Argelia. 
Comparto el análisis que la Sra. Rojo acaba de hacer de la situación en Argelia, así como del medio para salir de la misma. 
Personalmente, considero que el encuentro entre la Presidencia y el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia no es más que un primer paso y que hay que intensificar el diálogo político entre la Unión Europea y las autoridades argelinas, al igual que con todos los partidos de buena voluntad, y ello a todos los niveles, no solamente a nivel del ministro de Asuntos Exteriores y de la Presidencia del Consejo, sino también a nivel bilateral, porque Argelia tiene muchos amigos en Europa. 
Quisiera recordar brevemente, una vez más, lo que se dijo en este recinto durante el período parcial de sesiones del mes de septiembre, sobre el papel que también debe desempeñar el Parlamento Europeo en la búsqueda de una solución pacífica a la situación en Argelia. 
Gracias, señor Wohlfart, pero permítame que le retenga todavía en el ámbito de esta pregunta, porque he recibido la solicitud de dos preguntas complementarias. 
Pero, señor Wohlfart, voy a utilizar las atribuciones que el Reglamento me da como Presidente en ejercicio del Parlamento y antes de darle la palabra al Sr. von Habsburg, y para que conste en acta, voy a felicitarle por su 85 aniversario, al mismo tiempo que le expreso mi reconocimiento por los trabajos que está realizando en esta Asamblea. 
Tiene usted la palabra y yo el honor de concedérsela. 
En nombre del Consejo, quisiera, en primer lugar, unirme a los votos de la Presidencia en lo que respecta a su Señoría que tan alegremente lleva su edad y, recordando los Turnos de preguntas en los que, a horas tan tardías, participábamos juntos hace seis años, debo confesarle, señor diputado, que no ha perdido nada de su locuacidad. 
En respuesta a su primera pregunta, señor von Habsburg, diré que si estuviéramos en " Juego sin fronteras» , ese concurso que se transmite por televisión, usted habría sacado una pregunta de cien puntos. 
Es cierto que el Gobierno de entonces decidió suspender el proceso electoral. 
Cabe preguntarse si ése fue un buen planteamiento. 
Personalmente, tengo algunas dudas al respecto, y simplemente quisiera manifestar que en las circunstancias actuales, es necesario, con un talante positivo, establecer el diálogo con todos los elementos moderados pertenecientes a todas las facciones, siempre que éstas apuesten por la democratización y por el Estado de derecho. 
En segundo lugar, comprendo perfectamente su simpatía por los dos países vecinos que son Túnez y Marruecos, en la medida en que ya hemos tenido ocasión de responder a una de sus preguntas similares hace algunos meses. 
Lo que usted desea, por consiguiente, es instar a estos dos países a que, como ya vienen haciendo, den un buen ejemplo. 
En el marco de la asociación euromediterránea, es cierto que se han establecido asociaciones de nueva generación con estos dos países en particular, pero el problema que se plantea radica en encontrar, en el marco del desarrollo financiero previsto por la Comisión para los próximos años, un equilibrio equitativo en lo relativo a las intervenciones de las que se beneficien Túnez y Marruecos. 
Conociéndolo, no dudo ni un segundo que el Sr. von Habsburg aprovechará la próxima ocasión que se le presente para plantear a la Comisión esta cuestión pertinente. 
Señor Presidente, la intérprete de la cabina alemana ha traducido sus felicitaciones al Sr. von Habsburg y hablado de su 58 cumpleaños. 
Quisiera sólamente unirme a la estimación de la intérprete. 
Señor Posselt, como usted habrá podido comprobar, tenemos unas excelentes cabinas de interpretación que no sólo mejoran nuestras intervenciones cuando las traducen, sino que son capaces de establecer nuestra edad de acuerdo con el aspecto que tenemos y efectivamente esto es lo que han hecho con el Sr. von Habsburg. 
Señorías, después de esta agradable y simpática cuestión de orden, le recuerdo al Sr. Wohlfart que le había dicho que teníamos dos preguntas complementarias. 
La segunda corresponde al Sr. Wibe que tiene un minuto, porque hoy no es su cumpleaños y por lo tanto no puedo regalarle más tiempo. 
Quiero, en realidad, asentir con las dudas que señaló von Habsburg sobre la política actual. 
Durante largo tiempo se ha dado por verdadero que las horribles matanzas en Argelia han sido obra de grupos musulmanes. 
Sin embargo, en el último tiempo nos han llegado informes dignos de confianza sobre la eventual intervención del propio gobierno argelino en estos hechos. 
También se sabe que el gobierno de Argel ha obstaculizado los intentos de las organizaciones internacionales para entrar en el país y estudiar la situación de hecho. 
Quisiera preguntar al Consejo si esto no es, a pesar de todo, una hebra que debiésemos seguir, si no debiésemos hacer una enérgica petición al gobierno argelino para que abra las fronteras a las organizaciones internacionales y que entren e investiguen. 
Dejadme decir que no creo que esas matanzas terminen si vamos a continuar solamente culpando a quienes no sabemos si son culpables, es decir, a los partidos musulmanes. 
Ciertamente comparto los temores que acaba de exponer su Señoría, y como conozco la sensibilidad del Sr. Poos, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, con respecto a este asunto, puedo garantizarle que, sin duda, este aspecto de la situación será evocado en el transcurso del encuentro con el ministro argelino de Asuntos Exteriores. 
Además, la finalidad de este encuentro es enviar un mensaje, a la vez, claro y positivo. 
Pregunta nº formulada por Hans Lindqvist (H-0781/97): 
Asunto: Transporte de residuos radiactivos en la UE 
Según los datos disponibles, se ha aprobado una nueva directiva EURATOM (96/29) , relacionada con los residuos radiactivos, que entrará en vigor en los Estados miembros en mayo del año 2000. 
El texto de EURATOM contempla el traslado de residuos dentro de la UE. 
En principio, Alemania, Francia y el Reino Unido podrían almacenar libremente sus residuos en instalaciones situadas en Suecia. 
En caso de que, con motivo del referéndum sobre el almacenaje definitivo de residuos radiactivos que se ha celebrado recientemente en el municipio de Malå, esta localidad hubiera votado a favor de la propuesta en vez de haberse pronunciado en contra, ¿habría dado este resultado luz verde para el vertido de residuos extranjeros en dicho municipio? La directiva propone igualmente que se «diluyan» los residuos radiactivos con otro tipo de residuos para no sobrepasar los valores límite considerados peligrosos. 
¿Son estos datos correctos? 
En caso afirmativo, ¿no existe un riesgo de que aumente el transporte de residuos radiactivos y de que los países con buenas estructuras de rocas primitivas se puedan convertir en vertederos para toda Europa? 
La Directiva 96/29 EURATOM, por la que se establecen las normas fundamentales relativas a la protección de la salud del colectivo de los trabajadores contra los peligros derivados de la radiactividad, a la que se refiere su Señoría, constituye un enfoque global en materia de protección de la salud en lo que la misma define como normas estrictas que permitan una mejor protección para todos. 
Estas normas de protección, naturalmente, son aplicables también a los residuos radiactivos. 
En este contexto, la eliminación, el reciclaje o la nueva utilización de sustancias radiactivas o materias que contengan sustancias radiactivas están sujetos a una autorización previa. 
Por otra parte, la directiva no contiene ninguna disposición que recomiende la mezcla de residuos radiactivos con otros residuos para reducir los niveles de radiactividad con vistas al cumplimiento de las normas. 
En lo que respecta a la circulación de residuos radiactivos, el Consejo desea recordar que la Directiva 92/3 EURATOM, relativa, a su vez, a la vigilancia y al control de los transportes de residuos radiactivos entre los Estados miembros, así como a su entrada y salida de la Comunidad, ha instituido un régimen estricto de vigilancia. 
Los transportes entre Estados miembros no pueden efectuarse más que sobre la base de una autorización previa por parte de las autoridades competentes del Estado miembro destinatario. 
En el plano general, el Consejo puntualizó en su resolución sobre la gestión de los residuos radiactivos, adoptada el 19 de diciembre de 1994, que considera incumbencia de cada Estado miembro vigilar que los residuos radiactivos producidos en su territorio sean gestionados de manera apropiada. 
Asimismo, consideró que es conveniente hacer una utilización óptima de las instalaciones a nivel nacional y profundizar en los diferentes enfoques posibles que, entre otras cosas, permitan reducir el transporte de residuos radiactivos. 
Espero que esa respuesta se pueda llevar a quienes en mi país están preocupados por el aumento del transporte de residuos radioactivos. 
Yo interpreto la respuesta como que el representante del Consejo dice, al contrario, que no hay riesgos de que los residuos radioactivos se pierdan en algún país miembro que no haya consentido los transportes desde otros países. 
Esa es una buena noticia. 
Espero que sea válida por una largo tiempo y que cada país decida qué transportes de residuos radioactivos de otros países quiere recibir. 
Esta es una respuesta favorable que voy a transmitir con gusto en Suecia. 
La otra respuesta es, por el contrario, muy difusa. 
He entendido la directiva como que está muy claro que se tiene la intención de entremezclar cantidades de residuos radioactivos con otros residuos para no alcanzar los límites que rigen para el tratamiento, transporte, almacenaje, etc. Creo que mi interpretación de esto es correcta, pero si llegase a ser errónea y el Consejo tuviese razón, también voy a transmitir esta noticia con gusto en mi país, Suecia. 
Creo que, en la medida de lo posible, he intentado ofrecer respuestas a las diferentes preguntas formuladas por su Señoría sobre un tema tan delicado e importante para la salud humana. 
Por mi parte, lo más importante es la disposición que determina las responsabilidades y competencias del Estado miembro destinatario. 
Es decir que si, en este caso, Suecia no acepta dicho transporte, estará libre de un posible almacenamiento de materias radiactivas a las que se ha referido su Señoría. 
Quisiera decir asimismo que este principio fue firmemente defendido por Suecia durante las negociaciones de adhesión, porque dicho país quería evitar la contaminación de su territorio mediante residuos nucleares. 
En este contexto, resulta realmente de utilidad recordar que Suecia, por una parte, y la Comunidad, por otra, solicitaron que en el Acta final de adhesión se incluyera en el anexo la declaración siguiente, y cito: " En lo que respecta a la parte terminal del ciclo del combustible nuclear, cada Estado miembro será responsable de definir su propia política». 
Creo que es una posición clara. 
Señor Presidente, Señor Presidente en funciones del Consejo. Ustedes saben que soy de Austria, un país en el que todos las cuestiones nucleares son tratadas con una sensiblidad fuera de lo común. 
Tengo que reconocer con vergüenza que no conozco la directriz 92/3/Euratom citada por ustedes. 
La cuestión que se plantea a mis ojos y que será seguramente de interés también para muchos austríacos, concierne al manejo de residuos nucleares. 
Se habla siempre de Estados miembros determinantes en exclusiva. 
¿Sería posible según esa directiva que un país como Austria se oponga en la práctica al manejo de esos residuos? 
No hablo de su almacenamiento definitivo. 
Debo admitir que es una pregunta a la que no me gustaría dar una respuesta equivocada. 
Por consiguiente, propongo a su Señoría ofrecerle una respuesta por escrito en el plazo más breve posible. 
Espero que comprenda la situación en que me encuentro. 
Tengo dos preguntas complementarias. 
La primera se refiere a la explicación que señaló el Presidente del Consejo de Ministros y que está en el tratado sueco de adhesión. 
¿No es así que esta explicación se refiere al método de almacenamiento definitivo que cada cual elige y no a qué residuos se almacenarán? 
Así he entendido yo esta explicación hasta hoy. 
La otra pregunta es la siguiente: si tenemos una situación en que Suecia u otro país se niega a recibir un transporte de residuos radioactivos, ¿Se puede recurrir esa decisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? ¿Puede esa Corte invalidar la decisión de un Estado miembro de no recibir residuos radioactivos? 
En lo que respecta a la primera parte de la pregunta, no dispongo de elementos complementarios. 
Por ello, diré que recurriremos al mismo procedimiento que el que hemos prometido al Sr. Habsburg. 
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, si existe un problema de Derecho comunitario, creo que el Tribunal de Justicia podrá ocuparse del asunto. 
Pregunta nº 3 formulada por Patricia McKenna (H-0787/97): 
Asunto: Detenciones generalizadas en la Cumbre de Amsterdam 
Un informe reciente de la Coalición por una Europa diferente considera que durante la Cumbre de Amsterdam celebrada en junio fueron arrestados por lo menos 700 manifestantes pacíficos. 
Se han dado a conocer además pruebas fotográficas de que la policía actuó agresivamente contra los manifestantes. 
Se informa de que entre 200 y 300 manifestantes fueron deportados a otros países comunitarios y ha habido numerosas denuncias de malos tratos policiales a los manifestantes, incluidas informaciones de mujeres sometidas a registros corporales y acompañadas a los lavabos por agentes de policía de sexo masculino. 
Grupos de defensa de las libertades públicas de toda la UE han criticado a las autoridades policiales holandesas por autorizar las detenciones en masa de manifestantes. 
En octubre, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Niels Helvig, afirmó que las detenciones eran discutibles. 
¿Qué medidas tiene intención de tomar el Consejo ante las denuncias de los abusos cometidos por la policía en un acontecimiento vital de la UE? 
Ya había tenido ocasión de responder a preguntas sobre este asunto que me habían dirigido la Sra. Gozales y el Sr. Díaz durante el pasado período parcial de sesiones de julio. 
El Consejo jamás se ha planteado tratar sobre el problema al que hace referencia su Señoría en su pregunta. 
Para todos los efectos, quisiera poner en su atención que el mantenimiento del orden público en el territorio de los Estados miembros de la Unión es competencia exclusiva de los cuerpos de policía nacionales. 
Su Señoría comprenderá por ello que el Consejo no esté capacitado para adoptar una posición sobre una materia que no entra en las competencias que le confieren los Tratados. 
En primer lugar, quisiera simplemente decir que ayer la Comisión de Reclamaciones de la Policía de Amsterdam publicó un informe en el que confirma que hubo una investigación, las tres detenciones en masa fueron incorrectas y la crítica del trato que recibieron las personas detenidas tenía fundamento. 
Respecto de la respuesta del Ministro, resulta del todo claro que el Consejo está desempeñando un papel en esto, en el sentido de que va a dar su conformidad al Convenio Oropel. 
Los Estados miembros de toda la Unión Europea están procurando alcanzar un acuerdo sobre el mantenimiento del orden en toda Europa y el Convenio Oropel. 
Sin un control político o judicial, Oropel tendrá poderes enormes para la recogida de datos, etc. Será inmune ante la ley. 
Vamos a crear una policía europea federal que llevará a cabo sus actividades policiales en los Estados miembros. 
La Unión Europea tiene que abordar esa cuestión y los peligros que entraña. 
Quisiera que el Consejo asegurara que en la próxima cumbre de Luxemburgo no va a haber detenciones en masa. 
Es un precedente muy peligroso que los ciudadanos europeos no tengan derecho a manifestarse y a poner de relieve sus preocupaciones respecto de lo que está sucediendo en Europa. 
El de protestar es un derecho fundamental de los ciudadanos en toda la Unión Europea. 
No podemos lavarnos las manos y decir: » Oh, bueno, eso es algo que incumbe al Estado miembro». 
En primer lugar, puedo comprender los motivos que han llevado a la Sra. McKenna a formular su pregunta. 
Pero nos guste o no, existen unos Tratados y existen también competencias comunitarias y no comunitarias. 
Mi respuesta, señora, se sitúa en este contexto. 
Además, al hacer referencia a Oropel, en mi opinión, se están mezclando las cosas. 
Oropel será operativa- o al menos, así se espera- dentro de poco. 
Pero quisiera asimismo llamar la atención de su Señoría sobre el hecho de que si se hace referencia a Oropel, no hay que perder de vista que hasta la fecha sólo la han ratificado dos Estados miembros, lo que hicieron precisamente ayer. 
Por tanto, creo que hay motivo para la reflexión. 
A título personal, diré que una idea ciertamente interesante que podríamos promover en los diferentes Estados miembros- y hablo en calidad de antiguo secretario de Estado de la Fuerza Pública de Luxemburgo- es incrementar el número de mujeres en la policía. 
Es una reflexión totalmente personal que habría permitido evitar determinados controles, diría, desafortunados o brutales. 
Por otra parte, en lo que respecta a la Cumbre sobre el Empleo, creo poder afirmar que las instrucciones que se han dado a nuestras fuerzas del orden son muy claras. 
Se trata, como ha subrayado su Señoría, del derecho fundamental del ciudadano europeo a manifestarse en la capital del Gran Ducado de Luxemburgo. 
Este derecho será respetado. 
Por nuestra parte, tomaremos las disposiciones necesarias para que esta manifestación pueda desarrollarse en la calma y la dignidad. 
Pregunta nº 4 formulada por Per Gahrton (H-0794/97): 
Asunto: Estrategia de las relaciones con China 
Con la visita del Presidente chino Jiang Zemin a los Estados Unidos ha cobrado actualidad la estrategia futura del mundo occidental en sus relaciones con el país más populoso del mundo. 
La cuestión fundamental reside en cómo cooperar y mantener relaciones en el ámbito comercial, contribuyendo al mismo tiempo de manera activa y eficaz a la democratización y a la instauración de los principios universales fundamentales en materia de derechos humanos. 
Algunos expertos en China consideran que se debe realizar una crítica abierta, enérgica y permanente ante las deficiencias que presenta este país en dicho ámbito. 
Por el contrario, otros sostienen que es preferible la denominada «diplomacia silenciosa». 
El nuevo Gobierno de Noruega ha optado por la línea dura de crítica abierta, mientras que algunos países de la UE han decidido claramente mantenerse en un plano discreto. 
¿Cuál es la estrategia actual del Consejo por lo que respecta a China? 
¿Cuáles son los planes de actuación de la UE en el seno de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? 
La situación en el ámbito de los derechos humanos en China es causa de preocupación constante para la Unión Europea. 
Todos los países de la Unión Europea comparten la voluntad y el objetivo de alcanzar una mejora notable de los derechos humanos en China. 
A raíz de la 53ª Sesión de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, la Unión Europea se ha propuesto volver a examinar su política con China bajo la perspectiva de los derechos humanos, y ello con el fin de adoptar un enfoque coherente. 
La cuestión de los derechos humanos figura en el orden del día de los contactos regulares entre la Unión Europea y China. 
Los ministros luxemburgués y chino de Asuntos Exteriores se reunieron para tratar sobre este asunto el pasado mes de julio, al margen de las reuniones posministeriales de la ANASE celebrados en Kuala Lumpur, así como al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 1997 en Nueva York. 
En Nueva York, la Unión Europea y la República Popular China acordaron reanudar el diálogo sobre los derechos humanos a nivel de expertos, entendiéndose que dicho diálogo se llevará a cabo sin condiciones previas. 
Les recuerdo que el diálogo sobre los derechos humanos entre la Unión Europea y China fue lanzado en 1994. 
Antes de la Presidencia luxemburguesa, se celebraron dos reuniones, a comienzos de 1995 y a comienzos de 1996. 
Bajo nuestra Presidencia, tuvo lugar una primera reunión a finales de octubre en Luxemburgo y está prevista una segunda reunión para comienzos de diciembre en Pekín. 
Este diálogo permite examinar todas las cuestiones que interesan a ambas partes. 
Señor Presidente, en este contexto, señalo que China ha anunciado que había suscrito el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, y el examen de la firma del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos sigue su curso. 
Sin duda habrá tenido conocimiento de que, el pasado domingo, China puso en libertad antes de lo previsto al Sr. Wei Jingsheng, gesto que fue saludado por la Presidencia. 
El caso del Sr. Wei Jingsheng había sido mencionado regularmente por la Unión Europea, incluso en fecha muy reciente en el propio Luxemburgo. 
Agradezco la respuesta que contiene algunos antecedentes, pero ninguna noticia. 
El asunto es si la liberación de Wei Jingsheng es la chispa que encenderá la hoguera que reforzará los derechos humanos en China, si es la mariposa que desatará el huracán que realmente creará los cambios en China. 
Hay muchas apreciaciones diferentes. 
Han ocurrido muchas cosas en el último tiempo, en el último congreso del partido y durante la visita del Presidente Jiang a los Estados Unidos con su famosa declaración del " error» en la Puerta de T ' ien- an- men. 
Además, ahora tenemos la liberación de Wei Jingsheng. 
Me pregunto si el Consejo, a la luz de estos hechos, tiene alguna nueva estrategia. 
¿Tienen ustedes alguna interpretación de lo que sucede? ¿Está ocurriendo un cambio esperanzador en China o no? ¿Cuál es la interpretación del Consejo? 
Gracias, señor Wohlfart, por sus respuestas y sobre todo por esta recomendación de la paciencia, porque es algo que en esta institución tan compleja es una virtud extraordinariamente necesaria. 
Y también le pido paciencia a usted porque retengo su atención sobre esta pregunta, ya que tengo la petición reglamentaria de una pregunta complementaria por parte del Sr. Posselt, que tiene la palabra por el tiempo de un minuto. 
Señor Presidente, le felicito por su brillante respuesta sobre China. 
Quisiera preguntar tan sólo con afán de ampliar: estamos frente a la política exterior norteamericana no por cierto de un modo acrítico, sino precisamente crítico. 
Pero la política americana ha hecho algo muy bueno en los últimos tiempos con el nombramiento de un comisionado para el Tíbet. 
Quisiera preguntarle si la Unión Europea planea también nombrar un comisionado para Tíbet semejante o cómo se plantea el tema del Tíbet en el Consejo en estos momentos. 
Es una excelente pregunta. 
La posibilidad a la que hace referencia su Señoría no ha sido planteada hasta ahora en el seno del Consejo. 
Pero, la Unión Europea ya dispone de un cierto número de enviados especiales sobre el terreno para defender la posición de la Unión Europea como negociadora o mediadora en distintas partes del mundo, y teniendo en cuenta la importancia política, económica y cultural de un país como China, pero también el interés que todos sentimos por la promoción de los derechos humanos y de la democratización, creo que la sugerencia merece nuestro respaldo; en cualquier caso, tengo intención de presentarla durante el próximo Consejo de Asuntos Generales. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 5 y 6 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 5 formulada por Sören Wibe (H-0802/97): 
Asunto: Control de la carne contaminada con salmonella 
Entre marzo y septiembre de este año, la Dirección General de Productos Alimenticios de Suecia ha llevado a cabo la inspección de 569 partidas de carne procedentes de países de la UE. 
El 75 % de estas partidas presentaba un certificado veterinario que constataba la ausencia en las mismas de salmonella. 
Una de cada cuatro partidas de carne inspeccionadas carecía de documentación o la presentaba de manera incompleta. 
Los exámenes realizados en 57 partidas que sí incluían un certificado veterinario han demostrado que doce de ellas estaban contaminadas con salmonella, de las cuales siete partidas eran francesas, dos danesas, dos españolas y una belga. 
En el caso de la carne de procedencia francesa, siete de las ocho partidas examinadas presentaban salmonella. 
A comienzos de septiembre de 1997, el Ministro de Agricultura galo prometió a su homóloga sueca que se intensificarían los controles franceses, a pesar de lo cual continúa llegando a Suecia carne procedente de este país contaminada con salmonella. 
Únicamente en el mes de septiembre, se han detectado cinco casos de partidas de carne francesa afectadas por la enfermedad. 
La relación existente entre la salmonella y la EEB es muy interesante. 
De acuerdo con un cálculo aproximado, en Europa fallece cada año una veintena de personas a causa de la enfermedad de las vacas locas, mientras que el numero de muertes que provoca la salmonella puede llegar al millar. 
Habida cuenta de los datos anteriormente expuestos, ¿puede Suecia efectuar controles con carácter rutinario a las partidas de carne de importación? 
¿Ha debatido el Consejo el problema que plantea el hecho de que los certificados veterinarios resulten ser incorrectos con una frecuencia tan inusitada? 
Está absolutamente justificada la exigencia de que, por lo menos, los certificados veterinarios expedidos en un país de la Unión se ajusten a la realidad y no sean erróneos. 
¿No debería instar el Consejo a los países implicados a que intensifiquen el control de la carne que venden en el extranjero a fin de evitar la exportación de carne contaminada con salmonella? 
Pregunta nº 6 formulada por Hadar Cars (H-0815/97): 
Asunto: Propagación de carne contaminada en la UE 
Cuando Suecia ingresó como Estado miembro en la Unión Europea, este país se convirtió también en parte integrante del mercado agrícola común, un mercado donde se presupone que los países participantes efectúan un control de sus productos agrícolas. 
Suecia es uno de los pocos países europeos que no se ven afectados prácticamente por la enfermedad de la salmonella. 
Las inspecciones de la carne de importación que se han llevado a cabo en Suecia revelan grandes cantidades de salmonella. 
La carne recibida de los proveedores, que- supuestamente- había sido sometida a controles y no contenía salmonella, iba acompañada también de certificados veterinarios que, por motivos evidentemente desleales, daban fe de esta circunstancia. 
La mayor parte de la carne inspeccionada que ha resultado estar contaminada es de procedencia francesa. 
En Europa mueren cada año miles de personas como consecuencia de intoxicaciones de salmonella. 
Se trata de una cifra muy elevada que, ya de por sí, constituye una razón de peso para que la UE adopte medidas de control que garanticen que la carne que se pone a la venta en Europa cumple los requisitos establecidos. 
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Consejo para evitar la propagación de la carne contaminada en Europa? 
Las dos preguntas formuladas pos sus Señorías son relativas al problema de los controles que realizan los propios Estados miembros de los certificados emitidos por sus propios servicios veterinarios. 
El Consejo, por su parte, ha tomado todas las disposiciones posibles en este sentido y yo quisiera remitirles a las directivas que están actualmente en vigor. 
Aparte de la Directiva general 64/433/CEE, me referiré, más especialmente, a la Directiva 89/13/662/CEE, que establece las normas en materia de control en los puntos de origen y de destino y, más recientemente, la Decisión 95/409/CEE, que establece las normas relativas a las pruebas microbiológicas por muestreo en materia de salmonella. 
La cuestión del control del cumplimiento de estas disposiciones depende, en primer lugar, de los Estados miembros, pero también, en un plano más general, de la Comisión en su calidad de guardiana de los Tratados y en última instancia, en su caso, del Tribunal de Justicia. 
No obstante, por iniciativa de Suecia y Finlandia, el Consejo abordó esta cuestión durante su sesión de septiembre del presente año. 
En dicha ocasión, tomó buena nota de las preocupaciones de estos dos Estados miembros, así como de la intención de la Comisión de examinar más a fondo y con mayor detenimiento la situación, y de ponerse directamente en contacto con los diferentes Estados miembros afectados. 
La sugerencia de restablecer los controles rutinarios por parte de los Estados miembros sobre las importaciones, presentada por el Sr. Wibe, lo que equivale a la instauración de controles sistemáticos, no es compatible con las disposiciones por las que se establece la libre circulación de los productos en el interior de la Unión Europea. 
En cambio, puesto que las directivas lo permiten, los Estados miembros, en caso de sospecha, siempre podrán realizar controles en destino mediante sondeo. 
En primer lugar, deseo corregir una expresión de mi anterior intervención. 
Las informaciones sobre matanzas en Argelia de las que hablé no implican al gobierno argelino, pero sí a autoridades argelinas. 
En cuanto a la respuesta del Consejo, deseo preguntar al Presidente si no es razonable que podamos hacer controles de rutina en Suecia. 
Esta es una cuestión que indigna a todo el pueblo sueco. 
Gracias a concienzudos controles veterinarios, nunca hemos tenido salmonella en nuestro país. 
El convenio que hemos celebrado se basa, en todo caso, en que los certificados emitidos por los países exportadores deben ser correctos. 
Evidentemente, no son correctos. 
En este caso, el cuidado de la salud pública tiene que ser, por decirlo así, el espíritu del convenio y dar a Suecia la autorización para realizar controles de rutina cuando importamos carne, en tanto la carne continúe estando infectada, a pesar de que haya certificados que demuestren lo contrario. 
Señor Presidente, no le ocultaré que la cuestión de la contaminación por salmonella me interesa también sobremanera como médico que soy. 
Se trata además de la protección del consumidor, habida cuenta de que en Europa, como se ha dicho en la pregunta, cada año mueren aproximadamente mil personas como consecuencia de la salmonelosis. 
En lo relativo a la pregunta complementaria, acabo de decir que la Comisión tiene la misión de adoptar las medidas necesarias y, en su caso, presentar propuestas pertinentes para garantizar el cumplimiento de las normas encaminadas a proteger la salud de los consumidores. 
Eso es, en mi opinión, lo que debe primar, junto a otras normas encaminadas a evitar, en los intercambios intracomunitarios, la introducción de elementos que puedan contravenir las reglas por las que se rige el mercado interior. 
Si queremos prever la posibilidad de modificar las reglas por las que se rige el comercio intracomunitario de la carne para remediar los inconvenientes a los que se ha hecho referencia hace un momento en las preguntas, ciertamente, lo mejor sería dirigirse a la Comisión para invitarla a presentar una propuesta como es debido al Consejo. 
Se requiere mucho para que un país pueda mantener la salmonella fuera de sus fronteras. 
Dondequiera que ella aparezca, hay que sacrificar todo el ganado. 
Y así se hace. 
Es necesario, pero es muy costoso. 
¿Cómo se pueden motivar esos costos si mucha de la carne que se importa, a pesar de los certificados veterinarios, se demuestra que contiene grandes cantidades de salmonella? 
Yo estoy a favor del mercado europeo de productos agrícolas, es bueno para los consumidores. 
Pero requiere que todos podamos confiar en que los alimentos que compramos no sean peligrosos para la salud. 
Hoy no podemos hacerlo. 
Miles de europeos mueren cada año por envenenamientos causados por salmonella. 
Tenemos que poder confiar como consumidores en que los alimentos que compramos y comemos son buenos. 
Por eso, a toda Europa le interesa que el Consejo asuma su responsabilidad para detener la salmonella. 
Después de la respuesta formalista y poco entusiasta de Wohlfart, no me atrevo a confiar en el Consejo en esta materia. 
Si he oído y comprendido bien a su Señoría, no hacía ninguna pregunta. 
Su Señoría afirmaba que yo había hecho una declaración bastante clara y nítida, pero que dudaba de que yo estuviera realmente convencido de la acción que debía emprenderse, si he entendido bien. 
¿Es eso? 
Yo quise decir que la respuesta que dio el Ministro no indicaba una especial voluntad de atacar el problema de la salmonella en Europa en su totalidad. 
Se requiere mucho si se quiere liberar a Europa de la salmonella. 
En Suecia lo hemos logrado, pero nos ha costado mucho. 
¿Qué hacen ustedes en el Consejo para que otros países actúen de manera similar, aunque sea muy costosa, pero que gracias a eso acaben con la salmonella? 
Señor Wohlfart, señor Cars, están estableciendo ustedes un diálogo al margen del Reglamento. 
Esta Presidencia es extraordinariamente flexible, pero les ruego, por favor, que me permitan dirigir el debate para justificar al menos los emolumentos que recibo cuando estoy aquí. 
No monopolizaré ahora, mediante un diálogo, el tiempo de intervención, y en cualquier caso es usted el responsable de dirigir nuestros debates. 
Si he entendido bien la exposición de motivos de la pregunta, se sabe de qué países se trata, y yo diría que si usted tiene sospechas, creo que siempre es posible realizar controles por sondeo en destino. 
Añadiré además que si la Comisión, por su parte, estima que la situación llega a ser realmente preocupante, a ella compete proponer al Consejo de Ministros una propuesta que vaya en el sentido que desea su Señoría. 
La salmonella es un problema en sí misma. 
Todavía peor son las bacterias de salmonella que se han hecho resistentes a los antibióticos. 
Yo quisiera saber si el Consejo sabe acerca de la situación referente a las bacterias de salmonella resistentes a los antibióticos en la UE, cómo se les combate, cómo se piensa proceder para solucionar este problema y dónde existen. 
No he eludido ofrecer una respuesta, sino que es la Comisión la que debe proporcionarle la respuesta formal. 
No obstante, como médico, le señalo que en lo relativo a la resistencia a los antibióticos, lamentablemente, el problema no se limita a una sola bacteria que se llama salmonella. 
Dicha resistencia se debe realmente a una utilización intempestiva de los antibióticos. 
Podríamos mantener un debate de 24 horas sobre la resistencia a los antibióticos, y lo mantendré con sumo gusto algún día en privado con la Sra. Hulthén. 
En todo caso, señor Gahrton, puede usted concertar después una entrevista con la Sra. Hulthén, pero yo debo decirle, desde la Presidencia y también en mi condición de médico, que es cierto que la aparición de cepas resistentes a los antibióticos, que se dan en multiplicidad de casos y entre ellos, por ejemplo, del estafilococo, que fue el germen en el que se descubrió la penicilina, son un hecho incontrovertible. 
Pero esta es una cuestión científica y nosotros estamos estudiando las cuestiones desde la vertiente político-sanitaria y, por lo tanto, para hablar sobre esta cuestión tiene la palabra ahora, por el tiempo de un minuto, la Sra. Thors. 
La cuestión del control y de la consiguiente protección del consumidor, es decir, la protección de la vida humana en este caso concreto es competencia de la Comisión. 
No deseo aventurarme en especulaciones. 
Creo que si la Comisión, pruebas al canto, propone otros medios más eficaces para frenar el problema, el Consejo se encargará de adoptar dichas decisiones y también de asumir sus responsabilidades. 
Como ustedes pueden entender, este asunto es muy importante para nosotros en los Países Nórdicos, especialmente en Suecia que ha sido afectada bastante frecuentemente por la carne infectada. 
Yo tengo una pregunta complementaria que quisiera que se me contestara. 
Si las autoridades sanitarias de Suecia juzgan los riesgos demasiado grandes de que la salmonella se extienda en el país y, entonces, a pesar de que ustedes dicen que esto no está permitido, de todos modos se hacen controles al azar o controles regulares de rutina, como lo señala Wibe en su pregunta, ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son las consecuencias si Suecia, a pesar de todo, establece controles de rutina en la frontera? ¿Nos va a visitar entonces el Presidente del Consejo u otro representante del Consejo, para suspender los controles? ¿Cuáles serían las consecuencias de semejante decisión por parte de Suecia? 
No he entendido bien el final de la frase. 
Invito a su Señoría a que repita su pregunta. 
Si Suecia estima que se necesitan controles rutinarios en la frontera y los establece, a pesar de que usted ha dicho que no está permitido ¿Qué pasa entonces? 
¿Cuáles son las consecuencias de esto para Suecia como país miembro? 
He dicho que si las autoridades de un país miembro, a saber Suecia, tuvieran sospechas, en este caso concreto, pueden llevar a cabo los controles. 
Por consiguiente, no está prohibido realizar controles si existen sospechas. 
Creo que en la exposición de motivos de la pregunta del Sr. Wibe, usted había hecho alusión a determinados países. 
Es posible que se pueda establecer un cierto nexo para, en su caso, poder fundamentar una sospecha. 
El Estado sueco es libre de realizar los controles. 
No estoy seguro de que el Consejo realmente entienda por qué estamos tan indignados en Suecia y en Finlandia, pero se debe a que este es un problema que evidentemente se ha producido a raíz de que nos hicimos miembros de la Unión Europea. 
Nos prometieron que este problema no se produciría. Por esta razón reclamamos un poco más de interés. 
Yo quisiera preguntar qué metas se tienen realmente. 
¿Se tiene como meta que toda la Unión Europea llegue a ser tan libre de salmonella como lo eran Suecia y Finlandia antes de su adhesión a la Unión Europea? 
Nosotros desconfiamos un poco, ya que el embajador francés en Suecia apareció públicamente diciendo algo así como: » Un poco de salmonella se puede aguantar. 
Estos suecos parecen ser un poco blandengues, un poco hipocondríacos e hipersensibles. 
La salmonella es algo que es parte del diario vivir». 
No hago una cita textual, pero fue ésta la sensación que dio. 
A la luz de estos antecedentes deseamos un poco más de interés y metas que signifiquen que se va a erradicar la salmonella del resto de la Unión. 
¡Estamos lanzados con la salmonella! 
Bromas aparte, puedo asegurar a su Señoría que la Presidencia ha comprendido perfectamente. 
Sería realmente lamentable que un médico no comprendiera el reto que supone el riesgo de la salmonelosis. 
Créame, comprendo perfectamente la magnitud del problema que aquí se plantea, y por el número de preguntas complementarias, veo que se trata de un tema que despierta una enorme preocupación en sus países. 
Por otra parte, no sé de qué embajador habla, pero no me parece que dicho embajador tenga nociones demasiado precisas de medicina. 
Es una opinión completamente personal. 
Sólo puedo repetir lo siguiente. Si la Comisión, que en el transcurso de un Consejo de Salud que se ha celebrado en septiembre del presente año ha prometido hacer un trabajo a domicilio en esta materia, saca las mismas conclusiones que usted ya ha sacado, creo que es deber de la Comisión asumir sus responsabilidades y, en su afán de proteger la salud del consumidor, proponer al Consejo medidas adecuadas y de protección eficaces. 
Este último deberá entonces asumir sus responsabilidades. 
En este caso concreto, no dudo que el Consejo lo haga. 
Pregunta nº 7 formulada por Robin Teverson (H-0803/97): 
Asunto: Transportistas por carretera 
¿Puede confirmar el Consejo que tomará todas las medidas posibles para proteger a las empresas de transporte por carretera de las acciones industriales en otros Estados miembros, y que si acciones como los bloqueos en las carreteras, que fueron impuestos en Francia el pasado año y con los que amenazan ahora de nuevo, producen pérdidas financieras o daños físicos, se encargará de que se compense rápidamente a los transportistas y de que éstos reciban toda la ayuda posible? 
En primer lugar, el Consejo es perfectamente consciente de las nefastas consecuencias que tuvieron los bloqueos de las carreteras francesas en 1996 sobre la libre circulación de mercancías y personas en Europa. 
Por ello se congratula del resultado que ha conocido el reciente conflicto, que enfrentaba a los transportistas por carretera con sus patronos. 
El Consejo está convencido de que, como ha sucedido en este caso, la negociación sigue siendo el mejor medio para hacer frente a este tipo de situaciones. 
Quisiera asimismo llevar a la atención de sus Señorías que el Consejo ha tomado nota de las gestiones emprendidas por la Comisión, responsable de velar por el cumplimiento de la libre circulación en el seno del mercado único, ante las autoridades francesas y las de otros Estados miembros, con vistas a facilitar la solución del conflicto, mitigar los efectos del bloqueo y, por último, acelerar los procedimientos para la compensación por los posibles daños sufridos. 
Me alegro de que el Presidente en ejercicio entienda las grandes dificultades que esto ha causado a algunas empresas. 
Lo que me interesa en este caso no es simplemente que se pague rápidamente la indemnización- cosa que no ha ocurrido en absoluto en el pasado -, sino que todos los miembros del Consejo acepten un código de conducta. 
En primer lugar, debe garantizar el mantenimiento de la apertura de las carreteras durante las controversias nacionales para que se puedan seguir manteniendo los intercambios comerciales entre los países europeos y no se vean afectados los conductores extranjeros y después, si no es así, que haya un código de conducta que garantice que el Estado miembro de que se trate pagará siempre una indemnización y rápidamente. 
¿Tendría a bien el Presidente en ejercicio ver si podrían acordar los Estados miembros un código de conducta de ese tipo para cualesquiera incidentes futuros? 
En primer lugar, quisiera decir que con vistas a encontrar una solución a esta huelga, el COREPER examinó en su reunión del pasado 5 de noviembre la posibilidad de convocar un Consejo extraordinario sobre el Transporte. 
Afortunadamente, las negociaciones a tres bandas llevadas a cabo en Francia han permitido resolver el problema sobre el terreno. 
Pero las cuestiones planteadas por bloqueos anteriores, en particular, la necesidad de garantizar corredores de tránsito y de acelerar los procedimientos para el pago de las indemnizaciones, ya fueron evocadas a nivel del Consejo de Ministros de Transportes, así como a nivel del Consejo de Asuntos Generales. 
Por mi parte, intentaré someter su propuesta relativa a un código de buena conducta a mi colega la Sra. Delvaux, que es responsable del Consejo de Ministros de Transportes, con vistas a examinar las posibilidades que podrían desembocar en la adopción de un código de buena conducta, como ha preconizado su Señoría. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, como tendrá ocasión de comprobar cuando lleguemos al tema de la capitalidad cultural- yo soy diputado por Valencia -, el problema de los daños por huelgas de transporte se repite periódicamente. 
De 500 demandas que se han formulado ante los tribunales franceses sólo una ha prosperado. 
Y es que los tribunales franceses, como cualquier tribunal, exigen dos cosas: que se determine con claridad quién es el responsable y que se cuantifiquen los daños. 
Y creo que en esos dos aspectos, la normativa comunitaria puede ser extraordinariamente valiosa. 
En primer lugar, coincidirá el señor Presidente en ejercicio del Consejo conmigo en que la libre circulación de mercancías es el nervio mismo del Tratado. 
Coincidirá también en que la obligación de hacer respetar los Tratados corresponde a los Estados miembros. 
Coincidirá probablemente también en que todos los Estados son responsables, de forma objetiva, por el mal funcionamiento de los servicios públicos. 
Conclusión: por norma comunitaria deberíamos establecer que la responsabilidad corresponde al Estado miembro en cuestión. 
Y en cuanto a la cuantificación de los daños, propongo que se establezca un servicio en la Comisión que evalúe objetivamente estos daños para facilitar la labor al Tribunal. 
La prueba tendría, como mínimo, el valor de una prueba pericial en cualquiera de nuestros ordenamientos, derivados de las normas de Justiniano. 
Seré muy breve. 
Su Señoría ha esbozado la solución al problema que usted mismo acababa de plantear. 
Por ello, ahora compete a los servicios de la Comisión cumplir con su deber. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha sido muy cortés al responder a mi pregunta, pero su respuesta me recuerda la contestación de una persona que es propietaria de una vivienda y que cada año esa vivienda se moja y, cuando se moja, dice «bueno, vamos a ver si tomamos alguna medida». 
Cuando cesa la lluvia, no se toma ninguna medida y, al año siguiente, se vuelve otra vez a mojar la vivienda, y otra vez hay que poner cubos debajo, etc. 
¿No cree, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que en este momento el tema de las interrupciones del tráfico por carretera como consecuencia de la situación laboral es la situación de una casa con goteras, que la Comunidad, el mercado libre, es como una casa con goteras y que conviene ya de una vez que el Consejo aborde el tema de la cuestión de la organización del transporte por carretera, los problemas laborales y el problema de las indemnizaciones con un carácter más general y no estar pendientes de celebrar un Consejo extraordinario sino adoptar una legislación comunitaria general? 
Su Señoría me honra demasiado. 
En efecto, no me considero el propietario de la vivienda ni el responsable de la humedad culpable de que los transportistas tengan los pies mojados. 
Me veo más bien como el vecino del rellano. 
Me explico. 
Somos perfectamente conscientes del problema ya que, en mi opinión, no sólo se plantea el problema de la libre circulación, sino también una serie de problemas afines de indemnización y demás. 
Creo que ahora la Comisión debe sacar las consecuencias de este incumplimiento de la libre circulación y de sus nefastos efectos, porque en realidad, considero que el propietario de la vivienda, en este caso concreto, es la Comisión. 
En semejantes circunstancias, si usted dirige la pregunta a la Comisión, estoy seguro de que ella le dará una respuesta; aunque no sé si le satisfará. 
Bien, en España dicen «entre Pinto y Valdemoro» , de un lado al otro. 
Ya sabe usted, señor Medina, que debe acudir a la Comisión y espero encontrarlo a usted en el turno de preguntas a la Comisión en el próximo mes. 
Pregunta nº 8 de la Sra. Maj Theorin, sustituida por la Sra. Alqvist (H-0805/97): 
Asunto: Seguridad jurídica para los solicitantes de asilo 
Cuando se deniega una solicitud de asilo y se devuelve al solicitante a su país o a un tercer Estado no perteneciente al espacio de Schengen, hay que garantizar a esta persona el derecho a recurrir dicha decisión. 
En primer lugar, debe ser el país que recibe a dicha persona el que garantice el derecho de recurso. 
En caso de que el Estado en cuestión no pudiera asegurar el derecho de recurso, éste deberá ser garantizado por el país que lo ha expulsado. 
¿Existen garantías para que el país que deniega una solicitud pueda ofrecer el derecho de recurso al solicitante de asilo? 
Intentaré cumplir con mi deber. 
La resolución del Consejo de 20 de junio de 1995 sobre las garantías mínimas que deben acompañar a los procedimientos de asilo enumera detalladamente las garantías que deberán aplicarse en el examen de una solicitud de asilo. 
En cuanto a los derechos de los solicitantes de asilo durante los procedimientos de examen de los recursos y de las revisiones, cabe referirse al apartado 4 de dicha resolución que trata de las revisiones. 
Los apartados que siguen a éste, en mi opinión, proporcionarán las respuestas pertinentes a la pregunta de su Señoría. 
En primer lugar, en el apartado 8 se especifica que, en caso de denegación de la solicitud de asilo, conviene prever la posibilidad de recurso ante un tribunal o una instancia de revisión que resuelva con total independencia sobre los distintos casos. 
Quisiera referirme asimismo a los apartados 15 y 16 de esta misma resolución, que tratan sobre la información que deberá facilitarse al solicitante sobre el fallo, los motivos de la denegación, las posibilidades de revisión del fallo y los plazos aplicables y, por último, sobre la posibilidad de disponer de un plazo de tiempo suficiente para presentar recurso. 
En cuanto al apartado 17, establece los principios generales según los cuales el solicitante podrá permanecer en el territorio hasta que se tome una decisión relativa al recurso, y al solicitante de asilo se dará la oportunidad de dirigirse a las instancias independientes previstas en el apartado 8 para, en razón de las circunstancias específicas de su caso, poder residir provisionalmente en el territorio de un Estado miembro, siempre que la legislación de dicho Estado contemple una excepción a este principio general. 
Cuando se trata de solicitudes de asilo manifiestamente infundadas, me refiero al apartado 19 de la resolución que especifica que los Estados miembros pueden, mediante derogación del principio enunciado en el apartado 8, excluir la posibilidad de recurrir la denegación en caso de que, con anterioridad y en lugar de dicho procedimiento, haya confirmado la decisión una instancia independiente distinta de la autoridad encargada del examen. 
A continuación, según el apartado 21, cito: " en casos concretos, los Estados miembros pueden prever excepciones al principio recogido en el apartado 17». 
No obstante, se deberá garantizar al menos que la decisión sobre la solicitud se tomará a alto nivel y que medidas adicionales suficientes, como la expresión de la misma apreciación por parte de una autoridad distinta que sea central y disponga de los conocimientos y las experiencias necesarios en materia de Derecho de asilo y del refugiado, confirme, antes de la ejecución de la decisión, la justicia de la decisión. 
Por último, cuando se trata de solicitudes de asilo presentadas en la frontera, quisiera remitir a su Señoría a los apartados 23 y 24 de la resolución, que garantizan, en primer lugar, que todo solicitante que llega a la frontera tendrá la posibilidad de presentar una solicitud de asilo que, en caso de que se aplique un procedimiento especial encaminado a examinar, antes de la decisión relativa a la entrada, si la solicitud es manifiestamente infundada, no se tomará ninguna medida de alejamiento durante este procedimiento especial, y finalmente, que, si se deniega la entrada y se deroga el principio general del efecto suspensivo de recurso, debe garantizarse que la decisión sobre la denegación de la entrada la tomará un ministro o una autoridad central de naturaleza comparable y que suficientes medidas de salvaguarda adicionales, como el examen previo por parte de una autoridad central distinta, garanticen la justicia de la decisión. 
Agradezco al Presidente del Consejo de Ministros por la respuesta. 
La cooperación de Schengen representa una política de asilo más restrictiva para Suecia, es decir, que cada vez más solicitantes de asilo van a recibir una respuesta negativa y van a ser expulsados. 
Cuando disminuyen las posibilidades de recibir asilo para un refugiado, realmente no deben existir deficiencias en la seguridad ante la ley para él o ella. 
Por eso es importante que verdaderamente garanticemos algunos derechos elementales. 
Tienen que existir garantías para el derecho a apelar. 
Estoy muy agradecido por la respuesta jurídica que me ha dado el Ministro. 
Cuando reciba la respuesta por escrito la voy a revisar y volveré al tema si considero que la respuesta necesita más desarrollo. 
En realidad, no veo ninguna objeción a hacer llegar a su Señoría información complementaria por escrito. 
Yo fui uno de los signatarios del Convenio de aplicación. 
Puedo asegurarle que, en este caso, se trataba de un ejercicio bastante difícil y doloroso. 
Pero también puedo decirle lo siguiente: si se aplica bien el principio en el primer país de acogida que, en realidad, es el encargado de verificar si se puede conceder o no el asilo, en principio, también es cierto que por razones humanitarias, el segundo país al que se dirige el solicitante de asilo político siempre podrá concederle este derecho de asilo. 
Las reglas no son tan restrictivas como pueden parecer a primera vista. 
Pregunta nº 9 formulada por Richard Howitt (H-0806/97): 
Asunto: Trabajo infantil en África 
El tráfico de niños en África occidental está muy difundido y va además en aumento; los países implicados son Benin, Togo, Nigeria, Níger, Burkina Faso y Gabón. 
Dicho tráfico afecta sobre todo a niñas procedentes del sureste de Togo, muy buscadas para el trabajo doméstico en zonas relativamente prósperas alrededor de Lagos, en Nigeria, y Libreville, en Gabón, ambos países exportadores de petróleo. 
El año pasado se descubrió además un «campo de trabajo» ilegal para niños en Lagos. 
Los niños encontrados allí, depauperados y malnutridos, procedían en su mayoría de Togo. 
Se cree que una media aproximada de treinta niños son llevados a Lagos cada dos meses por intermediarios que buscan niños en Benin y Togo. 
¿Está el Consejo al corriente del tráfico organizado de niños en África occidental? 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo en relación con esta trágica situación? 
¿Tiene el Consejo intención de plantear la cuestión del tráfico de niños a los Gobiernos de Nigeria y Togo? 
El Consejo no ignora que el tráfico de niños es una triste realidad en una serie de países y, lamentablemente, no sólo en aquellos a los que se ha referido su Señoría. 
El 4 de noviembre, el Comité político recomendó que la cuestión del secuestro de niños se incluya en el orden del día de las reuniones para el diálogo político con los 27 países afectados. 
El 31 de octubre, siete nacionales mauritanos fueron detenidos en el aeropuerto de Bamako, en Mauritania, cuando intentaban embarcar en un vuelo con destino a los Emiratos Árabes Unidos con nueve niños de edades comprendidas entre pocos meses y cinco años. 
La lucha internacional contra el tráfico de niños es llevada a cabo por las Naciones Unidas, organismo que ha designado a un ponente especial para la cuestión de la venta de niños. 
La Unión Europea proseguirá sus esfuerzos para que se ponga fin a esta práctica odiosa, en cooperación con los gobiernos afectados y las organizaciones no gubernamentales que también se interesan por esta cuestión. 
En este contexto, desearía asimismo manifestar que, cada año, la Unión Europea participa de forma activa en la elaboración de una resolución de la ONU que condena el tráfico de niños y el trabajo infantil, e insta a los Estados miembros a que pongan remedio a esta práctica. 
Por último, la Unión Europea se ha comprometido en favor de la democracia y la protección de los derechos humanos. 
De hecho, el artículo 5 del IV Convenio de Lomé declara de manera explícita que las políticas de la Unión Europea en materia de cooperación y desarrollo están estrechamente ligadas al respeto y al goce de los derechos y de las libertades fundamentales del hombre. 
En calidad de signatarios de Lomé IV, todos los países a los que se ha referido su Señoría han declarado su profundo apego por la dignidad y los derechos humanos. 
La Unión Europea espera de todos los suscriptores del Convenio de Lomé que cumplan con sus obligaciones. 
Gracias por su respuesta. 
El campo de trabajo en Lagos que he mencionado en mi pregunta era conocido en realidad por los residentes locales como un depósito de esclavos o mercado de niños. 
Las personas que buscaban trabajadores baratos acudían al campo y elegían a los niños que querían. 
La mayoría pasaban a trabajar en labores domésticas, en tenderetes de mercado o de dependientes en tiendas. 
Algunos lavaban coches o hacían de cobradores en minibuses. 
Además, afrontaban malos tratos en forma de palizas de sus empleadores o corrían riesgo de explotación sexual por las familias que los empleaban. 
Según un informe de Anti-Slavery International, el 95 % de los dedicados a labores domésticas eran niñas. 
En vista de esos hechos tan graves, me pregunto si su respuesta, señor Presidente en ejercicio, es suficiente, si bien convengo totalmente con ella. 
Aunque contamos con el artículo 5 del Convenio de Lomé, ¿qué va a hacer usted concretamente para aplicarlo en respuesta a los países a que me he referido en la pregunta? 
¿Qué más puede hacer Europa? 
En primer lugar, la Unión Europea estaría interesada en encargar a la Sra. Mary Robinson, la nueva Alta Comisaria para los Derechos Humanas, que se ocupe de estos asuntos tan tristes. 
Creo que ella tiene la autoridad necesaria para hacer oír la voz de las Naciones Unidas y para recordar sus responsabilidades, que califico de elementales, a los países signatarios de los diferentes convenios internacionales en materia de derechos humanos. 
Además, en lo que respecta a los países signatarios del Convenio de Lomé, por una parte, es absolutamente necesario que la Unión Europea, como tal, denuncie estos hechos con firmeza y que se lo diga alto y claro a los Estados signatarios del Convenio de Lomé afectados. 
Por otra parte, personalmente soy de la opinión que existe el peligro de que eso no baste. 
En cualquier caso, durante el Consejo de Desarrollo que se celebrará el viernes de la semana próxima en Bruselas, en el marco de las cuestiones relativas a la situación humanitaria en la región de los Grandes Lagos, me tomaré la libertad de añadir a nuestras negociaciones un punto complementario sobre el trabajo infantil, que usted acaba de describir en unos términos que nos han causado una profunda tristeza. 
Corresponderá entonces a la Comisión iniciar exámenes adicionales e investigaciones, en estrecha colaboración con los servicios de la Sra. Robinson y con las ONG que tengan capacidad en este ámbito, con vistas a poder proponer en su momento al Consejo las medidas adecuadas que, en mi opinión, se imponen. 
Me pide la palabra el Sr. Howitt para una cuestión de orden. 
No quiero emplear más tiempo, salvo para agradecer muy sinceramente al Presidente en ejercicio su respuesta, que considero muy positiva. 
Si, yo había sentido tanto lo que usted ha dicho que incluso le he dado las gracias reiteradamente, porque he pensado que todos habíamos quedado muy sensibilizados por el contenido de su respuesta. 
Por lo tanto, de nuevo, muchas gracias, Sr. Wohlfart. 
Pregunta nº 10 formulada por Anna Karamanou (H-0809/97): 
Asunto: Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, sobre la participación equilibrada de hombres y mujeres 
El 2 de diciembre de 1996, el Consejo, reconociendo el déficit democrático existente en materia de representación de las mujeres, adoptó una recomendación a los Estados miembros con objeto de asegurar una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión. 
De conformidad con la Recomendación, se pide a todos los Estados miembros que adopten una estrategia integrada y todas las medidas necesarias, legislativas, reglamentarias, administrativas, etc., con miras a reforzar la presencia de las mujeres a todos los niveles. 
Transcurrido un año aproximadamente desde la decisión, ¿puede indicar el Consejo: 
qué medidas concretas y qué programas han sido promovidos por los Estados miembros de la UE para conseguir una participación equilibrada de ambos sexos en los centros de decisión, 
y qué intervenciones se han realizado, qué recursos financieros se han empleado y qué esfuerzos se han llevado a cabo para sensibilizar a la opinión pública y a las distintas organizaciones, públicas y privadas, en lo relativo a facilitar el acceso de las mujeres a los órganos políticos y decisorios tanto comunitarios como nacionales? 
En respuesta a esta pregunta, quisiera decir que la recomendación del Consejo que data del 2 de diciembre del pasado año y que se aplica para la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en el proceso de toma de decisiones, prevé que la Comisión presente un informe al Parlamento, al Consejo y al Comité Económico y Social, por primera vez, al cabo de tres años a partir de la adopción de dicha recomendación y, en lo sucesivo una vez al año, sobre la base de la información proporcionada por los Estados miembros. 
En consecuencia, habida cuenta de que la recomendación se aprobó el año pasado, el primer informe no se elaborará hasta que hayan transcurrido tres años, es decir, a finales de 1999, y en este estado de cosas, el Consejo no está en condiciones en estos momentos de elaborar un inventario de las medidas y los programas aplicados por los Estados miembros, como pide su Señoría. 
Señor Presidente, conozco muy bien lo que dice el último apartado de la recomendación relativa a las obligaciones de la Comisión Europea. 
A pesar de ello, dirijo mi pregunta al Consejo, que es quien considero que debería estar en condiciones de informar al Parlamento Europeo, sobre la acogida que tuvo dicha recomendación por parte de los Estados miembros y del proceso por el que se ha llevado a cabo. 
Quisiera preguntar lo siguiente a quien preside: ¿está satisfecho con que en las instituciones democráticas y en los centros políticos de decisión esté representada la mitad de la población de Europa? 
¿Considera que nuestro régimen democrático funciona correctamente cuando ha excluido de forma indirecta la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y equilibrio en los procesos de toma de decisiones? 
Debo limitar mi apreciación al caso específico de Luxemburgo, porque estoy informado del eco que despertaron esta iniciativa y esta recomendación del Consejo el pasado 10 de diciembre. 
Nuestro Gobierno es consciente de la importancia del tema abordado, habida cuenta de que con ocasión de una revisión ministerial hace dos años, incluimos entre nuestras prioridades políticas la promoción del papel de la mujer en nuestra sociedad en Luxemburgo, mediante la creación de un Ministerio para la Promoción de la Mujer. 
En lo que respecta a los demás países, se está despertando la conciencia política cada vez más y se está avanzando. 
Apenas la semana pasada, se produjo un fallo muy alentador y positivo del Tribunal de Justicia Europeo, creo que en el sentido deseado por su Señoría. 
En lo relativo al papel de las mujeres, personalmente estoy convencido de que en este hemiciclo hay muchas diputadas muy dinámicas que no sólo abogarán por la promoción del papel de la mujer en esta Asamblea, sino también en sus respectivos Estados miembros. 
Al haberse terminado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas núms. 11 a la 23 se contestarán por escrito. 
Señorías, no puedo cerrar esta sesión sin agradecer una vez más al Sr. Wohlfart su amabilidad por adecuarse a las servidumbres de los cambios de horario que por dos meses consecutivos se han producido en esta Asamblea. 
Y hoy se lo agradezco especialmente porque conozco que hay circunstancias personales que condicionan hoy su presencia aquí. 
Merci beaucoup. 
El Sr. Posselt me pide la palabra para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, no se trata del problema habitual de la hora de preguntas, sino que hoy tengo algo muy concreto. 
Desde hace algún tiempo recibimos las respuestas escritas del Consejo relativamente tarde. 
El problema está en casa, pues creo que usted es despachado en el Consejo puntualmente. 
Querría pedirle que todavía esta semana recibamos las respuestas escritas en Estrasburgo. 
Señor Posselt, tomo buena nota de su indicación. 
Voy a ocuparme de ello y consultar con los servicios de la Asamblea si es posible lo que usted propone. 
(La sesión, interrumpida a las 20.15, se reanuda a las 21.00 horas) SESIÓN DEL MIÉRCOLES II, 19 DE NOVIEMBRE DE 1997 
Plan de acción para el mercado único 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0356/97) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el Plan de acción para el mercado único (CSE (97) 0001- C4-0286/97). 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, en primer lugar quisiera decir que me satisface extraordinariamente que el Comisario Monti, a pesar de las dificultades que conozco, haya logrado llegar aquí y participar en el debate. 
En mi calidad de ponente del Parlamento Europeo para este asunto aprecio mucho esto. 
Con el plan que se expuso en Amsterdam para el mercado único la Comisión quiere mejorar decisivamente antes del 1 de enero de 1999 el funcionamiento del mercado único europeo. 
Celebro este plan de acción y lo considero un paso importante hacia el mercado propio europeo, un mercado, que se caracteriza por fronteras exteriores comunes y fronteras interiores abiertas. 
Disculpen ustedes la terminología- el señor Comisario lo denominaría quizá single market- pero creo que ante todo importa el contenido sobre el que hablamos. 
La vía hacia este mercado propio europeo se realiza en tres etapas. 
La primera etapa fue la creación de la Unión aduanera en el año 1968, que se caracterizaba por una tarifa aduanera exterior común. 
La segunda etapa comenzó con la realización del mercado único en 1993: la realización del mercado único europeo- como la vimos el 1 de enero de 1993- consistía, en primer término, en la eliminación de los controles sobre las mercancías y también, en medida considerable, sobre las personas en las fronteras interiores entre los países miembros de la Unión Europea. 
La tercera y última etapa- la creación del mercado propio europeodebe alcanzarse, según nuestra concepción, antes de julio del año 2002, cuando el euro se convierta en el único medio de pago en casi todos los países miembros de la Unión Europea. 
Este es nuestro objetivo. 
Esto me lo confirman también repetidamente las empresas que trabajan en este sector. 
Toda una serie de barreras siguen obstaculizando aún que se realicen realmente las cuatro libertades fundamentales. 
Sólo cuando estas barreras estén eliminadas podremos hablar de un auténtico mercado común europeo. 
Permítanme destacar algunas tareas especialmente importantes que hemos de resolver todavía en este camino. 
Una de ellas es la supresión definitiva de los controles de pasaportes entre los países miembros antes del año 2000. 
Éste es un requisito decisivo para la realización de la libre circulación de las personas. 
Sé que ésta no va a ser una decisión política fácil de lograr, al menos en algunos países miembros. 
En el ámbito fiscal nos topamos con dificultades especiales. 
Considero necesario, sobre todo, encontrar un mejor equilibrio entre la carga fiscal del trabajo y la carga fiscal del capital, de la energía y del consumo. 
Está fuera de duda que el trabajo está gravado en exceso con todas las consecuencias negativas para el mercado de trabajo. 
Otra tarea es el paso desde el actual sistema transitorio, aquejado de tantas deficiencias, hacia un sistema definitivo de impuestos sobre el valor añadido que debe estar basado sobre el principio del país de origen. 
Confío mucho en que la línea que ha iniciado aquí el Parlamento Europeo, por ejemplo en el Informe Ranzio-Plath, se vea continuada también aquí en esta ocasión. 
Junto a las medidas fiscales, el fomento de las pequeñas y medianas empresas constituye, sobre todo, un instrumento importante para combatir el desempleo. 
A éstas hay que dedicar una atención especial a fin de que puedan aportar su contribución a la creación de puestos de trabajo. 
Una infraestructura que funcione en los ámbitos del transporte, de las telecomunicaciones y de la energía es una exigencia fundamental del mercado propio europeo. 
Nuestras exigencias en el ámbito del transporte incluyen la fundación de una Agencia Europea de Seguridad en el Transporte Aéreo y la firma de un nuevo Convenio de Eurocontrol. 
En el sector de las telecomunicaciones la comunicación por satélite debe constituir un punto importante y soy de la opinión de que como Parlamento Europeo debemos sacar también nuestras conclusiones en el ámbito del presupuesto. 
Por lo demás, habría que tomar en consideración la creación de una Autoridad Reguladora Europea de las Telecomunicaciones, una exigencia que ha sido formulada constantemente por la Comisión de Asuntos Económicos y por el Parlamento Europeo, aunque apenas es aceptada con cautela por los países miembros. 
Un instrumento esencial de la política industrial es la normalización de las barreras técnicas al comercio, que siguen siendo obstáculos a la libre circulación de mercancías. 
Por consiguiente, debe aplicarse de manera consecuente el procedimiento de referencia a normas técnicas, y los procedimientos de normalización deben hacerse más estrictos y deben ser mejorados. 
También hay que mejorar y simplificar el actual marco jurídico. A este respecto, una de las tareas más urgentes es la aprobación del estatuto de la sociedad anónima europea. 
La protección eficaz de la propiedad intelectual tiene una importancia especial para la competitividad de las empresas europeas. 
Precisamente existe una gran necesidad de esto en el ámbito de la biotecnología. 
Junto a esto, los modelos de utilidad y los diseños constituyen otro punto importante de nuestro trabajo. 
En el ámbito del medio ambiente una de nuestras exigencias es la creación de una agencia europea encargada de la autorización de aditivos alimentarios y productos químicos de uso agrícola, comparable a lo que hemos logrado con la agencia de Londres. 
Al mercado propio pertenece también como elemento básico una moneda común. Sin embargo, ésta no es objeto del presente informe. 
No obstante, el salto hacia una moneda única exige al mismo tiempo una política económica común que debe estar configurada con arreglo al principio fundamental de toda economía social y ecológica de mercado. 
De aquí al año 2000 tenemos que resolver aún muchas tareas. 
A este respecto, el plan de acción de la Comisión constituye un paso importante aunque en ningún modo suficiente. 
Sin embargo, confío en que en los próximos años realicemos el mercado propio europeo con fronteras exteriores comunes, con fronteras interiores abiertas y con una moneda común. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha examinado este informe y ha expresado una opinión extremadamente positiva sobre el trabajo llevado a cabo tanto por la comisión como por el ponente, a quien felicito. 
Quisiera hacer hincapié en algunas observaciones incluso parcialmente críticas- constructivamente críticas, por cierto- que voy a exponer rápidamente. 
La comisión, por ejemplo, ha constatado con satisfacción que la Comisión desea acelerar las investigaciones sobre las infracciones de las normas comunitarias y, al respecto, espera que ya no suceda lo que, por desgracia, ha venido sucediendo con frecuencia en el pasado, o sea, que las denuncias se tramitan con mucho retraso e incluso no encuentran una respuesta. 
La misma reitera asimismo la solicitud, dirigida a la Comisión el 11 de diciembre del año pasado en el ámbito de la resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión para 1997, de que se adopte una decisión a través de la cual la Comisión se comprometa a acudir al Tribunal de Justicia con objeto de que se impongan sanciones pecuniarias en el caso de que un Estado miembro no haya adoptado, en el plazo de un año, las medidas relacionadas con la ejecución de una sentencia del Tribunal, en particular en los ámbitos que afectan precisamente al mercado interior y al medio ambiente. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide asimismo a la Comisión, así como al Consejo y a los Estados miembros que, con arreglo a las disposiciones del Tratado, eliminen de una vez por todas los controles fronterizos que siguen entorpeciendo la libre circulación de las personas, y refuercen todas las medidas que permitan a un mayor número de ciudadanos europeos disfrutar de la efectiva libertad de circulación. 
La misma ha constatado asimismo la indeterminación de las acciones correspondientes al objetivo 4, en particular la acción «Proteger los derechos de los consumidores, la salud y el medio ambiente» y la acción «Entablar un diálogo con los ciudadanos» , y pide a la Comisión que presente al respecto alguna propuesta más concreta. 
Por último, ha reiterado que los objetivos de una mejor protección medioambiental y de una más denodada protección de los consumidores, precisan una acción más marcada a escala comunitaria, de conformidad con lo establecido en la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la comunicación de la Comisión relativa al impacto y eficacia del mercado único. 
A pesar de estas observaciones, la Comisión de Asuntos Jurídicos- repito- expresa su opinión favorable respecto a este plan de acción para el mercado único. 
Y, por ello, vuelvo a felicitar tanto al señor Comisario Monti como al ponente, Sr. von Wogau. 
Presidente, Comisario, señorías, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía me gustaría dar la enhorabuena al ponente Sr. von Wogau. 
El mercado interior, estimados colegas, todavía no se ha desarrollado en todos los aspectos y esto cuesta todos los años mucho dinero a nuestras empresas europeas, grandes y pequeñas. 
En particular constituye un importante obstáculo la falta de un mercado interior para energía en el que empresas y consumidores puedan elegir libremente en el sector de la electricidad y el gas. 
Por lo tanto hay que llevar a cabo una liberalización sustancial del mercado del gas tan rápido como sea posible. Hay que introducir un impuesto sobre energía para toda Europa, si no nos conducirá de nuevo a alteraciones en el mercado. 
Un segundo asunto que me gustaría plantear, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, es el de sacar el máximo provecho de las posibilidades de innovación y de los nuevos desarrollos tecnológicos. 
Existen empresas pequeñas que son innovadoras y por eso pueden crecer y por lo tanto procurar más empleo en Europa. 
Para eso celebramos esa cumbre. 
Pero no sólo el desarrollo completo del mercado puede ser un importante requisito par ello sino también la armonización de la legislación. 
La falta por ejemplo de una legislación de patentes europea constituye una traba, sobre todo a las pequeñas empresas, para utilizar todas las oportunidades del mercado interior, ya que las pequeñas empresas no disponen de los medios necesarios para divulgar ampliamente sus nuevos desarrollos. 
Como último punto quisiera hacer también referencia a la importancia de un mercado europeo para los servicios de información. 
La Unión Europea sólo puede beneficiarse completamente del desarrollo del comercio electrónico mundial si éste está basado en acuerdos multilaterales y no en bilaterales. 
Sin embargo la Unión tiene que trabajar todavía mucho, tanto en este asunto como también en el mercado interior. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, como especialista en economía de mercado tengo el placer de tener que exponer hoy en nombre de nuestro colega y comprometido político social, Thomas Mann, la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales. 
En opinión de la Comisión de Asuntos Sociales, en el documento sobre el mejoramiento del mercado único europeo la Comisión destaca el papel decisivo de la política social en la construcción de una comunidad económica y social con perspectivas de futuro. 
Cuanto más claramente se integren en ella los aspectos sociales, tanto menos dudas cabrán acerca de si el modelo exitoso de la economía social de mercado es aplicable también a nivel europeo. 
En opinión de la Comisión de Asuntos Sociales existe necesidad de acción. 
En primer lugar, es preciso actuar en la diversidad de sistemas fiscales, que constituyen una barrera en la circulación económica, los cuales, sobre todo, han de dar una solución a la cuestión de los trabajadores que ejercen una actividad transfronteriza y a la doble imposición. 
En segundo lugar: en opinión de la Comisión de Asuntos Sociales, es necesario descargar fiscalmente el trabajo como factor de producción. 
En cambio, es preciso cargar fiscalmente el factor medio ambiente a fin de lograr aspectos fomentadores del empleo. 
En tercer lugar: la Comisión de Asuntos Sociales apoya la liberalización de los servicios públicos. No obstante, es de la opinión de que debe mantenerse un volumen mínimo de servicios universales y que cada reducción de puestos de trabajo debe ser amortiguada, de forma socialmente compatible, con medidas de política de empleo. 
En cuarto lugar: la política económica europea, que se basa en los principios de la economía social y ecológica de mercado precisa el mantenimiento de las normas cualificadas de protección que han ido surgiendo durante decenios, las cuales deben ser ampliadas más aún a nivel europeo. 
En quinto lugar: elementos importantes en la construcción del mercado único son, en opinión de la Comisión de Asuntos Sociales, las redes de ámbito europeo para la facilitación de puestos de trabajo, los acuerdos para el reconocimiento de títulos y diplomas de formación y la multiplicación de incentivos en Europa para acrecentar la experiencia profesional. 
Sólo entonces- tal como afirma la Comisión de Asuntos Sociales- podrán las trabajadoras y los trabajadores apoyar de hecho el mercado único europeo, el mercado propio europeo, como lo formula nuestro colega, el Sr. von Wogau, y creo que esto es importante al lado de la exigencia de autonomía, para que se consiga también realmente este mercado único. 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. von Wogau por un informe mesurado que aborda con amplitud y de un modo analítico las cuestiones relativas al mercado interior. 
Debemos mostrar igualmente nuestra gratitud a la Comisión, ya que los objetivos que esta institución ha fijado para la simplificación de las disposiciones relativas al mercado interior atendiendo a los intereses de los ciudadanos son merecedoras de todo nuestro apoyo. 
Desde el punto de vista individual de los ciudadanos, las dos deficiencias más graves que obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior son la propagación de la delincuencia y la falta de información acerca de las innumerables posibilidades que ofrece la libre circulación. 
El mercado interior podrá funcionar únicamente cuando los ciudadanos no experimenten ni inseguridad ni un empeoramiento de sus condiciones de vida una vez que hayan desaparecido las fronteras. 
Los factores perturbadores del mercado interior, y en particular los ocasionados por las actividades delictivas, no se pueden solucionar mediante la intervención aislada de ninguna instancia. 
Es necesaria la cooperación aduanera y policial- para lo cual Europol representa un magnífico instrumento -, junto con un aprovechamiento más eficaz de las últimas tecnologías para la transferencia en tiempo real de información entre las autoridades. 
La armonización de las disposiciones en materia de control de las fronteras exteriores cobra una mayor importancia con motivo de la desaparición de la vigilancia en las fronteras interiores. 
Durante la elaboración de mi opinión para la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos acerca del informe relativo al mercado interior, he hecho especial hincapié en la importancia que reviste el aprovechamiento de la tecnología en el control y la transferencia de información como guardián invisible cuyo cometido es el reforzamiento de las actividades del mercado interior. 
Me planteo la cuestión del aprovechamiento de la tecnología también desde el punto de vista individual de los ciudadanos. 
Por ejemplo, la inclusión de los puestos de trabajo disponibles en Internet permitiría facilitar la movilidad de la mano de obra cualificada y competente en el territorio de la UE. 
Esta mayor movilidad de mano de obra cualificada reportaría grandes beneficios a la investigación y la innovación en Europa. 
Además, se debería también permitir el acceso de los ciudadanos al proceso de toma de decisiones en las instituciones comunitarias por medio de las redes informáticas, que se encuentran aún en plena expansión. 
Señor Presidente, me quiero limitar a los aspectos fiscales del informe del Sr. von Wogau. 
En la víspera de la cumbre para el empleo quiero llamar la atención sobre la importante contribución en materia fiscal que podría significar el desplazamiento de la presión fiscal sobre el trabajo a otros factores, sobre todo al capital y energía. 
Naturalmente no son nuevos estos propósitos. Se encuentran ya en el Libro Blanco de Delors. 
Hay únicamente un aspecto en este Libro Blanco que sin embargo despierta mucho más interés en esta época. 
Pero a pesar del propósito del Libro Blanco de Delors podemos ver en la práctica que no tiene lugar ningún desplazamiento de la presión fiscal sobre el trabajo a otros factores, sino que sucede realmente lo contrario. 
Una tendencia que se inició ya en 1985 y que continúa hasta nuestros días. 
Pero, ¿cómo podemos ajustar esa tendencia? 
Creo que la única posibilidad estriba en llegar a una cierta armonización en el terreno de mayor movilidad, es decir en el terreno del capital. 
Al capital es al que más difícilmente se le puede gravar puesto que es móvil. 
Y ya que esto es así no le queda más remedio a la mayoría de los gobiernos que gravar el factor menos inestable, es decir el trabajo. 
La limitación de la movilidad del capital sólo es posible de forma conjunta y sólo posible también con un cierto grado de armonización. 
La Comisión lo ha impulsado por medio del código de conducta que propone. Sería, pienso yo, un buen primer paso. 
La Comisión es pragmática al empezar a gravar las rentas, también las de los no residentes. 
Junto a esto urge sobre todo poner sobre la mesa dos aspectos del informe de la Comisión Ruding, aunque sea unos años antiguo, a saber, en primer lugar la armonización de la base tributaria del impuesto sobre sociedades y en segundo lugar una tarifa mínima común para ese impuesto sobre sociedades. 
Además urge naturalmente conseguir un aumento de los impuestos sobre el consumo de energía y la implantación de impuestos sobre el consumo de fuentes energéticas que hasta ahora no se gravan. 
La propuesta de la Comisión en esa dirección debe ser efectivamente apoyada, tal como dice el informe von Wogau. 
Para mí es realmente incomprensible que este Parlamento todavía no haya dedicado ninguna sesión a esta propuesta, aunque data de mayo de este año. 
Con el beneficio del aumento de los impuestos sobre el consumo de energía y si se hacen más efectivos los impuestos sobre el capital, se podrían rebajar sobre todo los costes de producción de los trabajadores con sueldos bajos y de la mano de obra barata. 
De ahí es de donde se puede obtener el beneficio real. 
Señor Presidente, el ponente Sr. von Wogau, señala en su resolución, especialmente completa, lo que todavía debe suceder según la opinión del Parlamento para llevar a buen término el mercado interior. 
Después de todo el hecho de que el mercado interior no funcione bien todavía, no funcione todavía como un auténtico mercado nacional, es una de las razones principales de la competitividad rezagada de la vida empresarial europea y del escaso crecimiento económico en Europa. 
Naturalmente debe suceder aún mucho a nivel europeo. Mis colegas han expuesto esto ya. 
Pero yo quisiera requerir también la atención de los Estados miembros sobre este problema. 
A veces los Estados miembros son los culpables cuando se trata de la implantación demasiado tardía de directivas distintas o equivocadas. 
A veces se trata incluso de exceso de regulación, de modo que los Estados miembros vinculan toda clase de legislaciones nacionales extras a las directivas de la UE. 
Junto a una nueva y necesaria regulación la Comisión debe concentrarse en la mejora de la ejecución, mantenimiento y simplificación de una regulación europea. 
La Comisión y los Estados miembros deberán concertar una nueva planificación. 
Sabemos que funciona en la Unión Europea. 
Necesitamos un nuevo 1992. 
Se que el Comisario aspira a que esté listo en el año 1999, pero creo que esto no es más que una ilusión política si pensamos en el dossier fiscal. 
No obstante pienso que tenemos que acordar una fecha real. 
Un nuevo desafío, un nuevo ímpetu, eso es lo que necesitamos. 
Si no conseguimos llevar a buen término el mercado interior el resto de la integración se hará esperar automáticamente. 
Los nuevos socios no querrán ser sólo miembros de un mercado libre, querrán ser miembros de una agrupación sólida que ofrezca calidad en todos los terrenos. Esto sólo puede suceder si los Estados miembros se atienen a lo convenido, si la Comisión toma en serio su misión como protectora del Tratado, también cuando se trate de Estados miembros grandes. 
Señor Comisario, me permito mencionar dos aspectos. 
Pienso por ejemplo en el mercado para las tareas administrativas y en el mercado de seguros, en ningún modo mercados europeos si no todavía mercados muy nacionales. 
Aún una última observación. 
En este momento existen grandes centralizaciones en el campo de las auditorías, grandísimas oficinas de auditorías que tienen todo el sector financiero a su disposición. 
Ocuparse de la concentración del poder y de los problemas que esto conlleva son algunas de las tareas especiales de la Comisión. 
¿Cuál es la opinión acerca de esto del Comisario? 
Señor Presidente, deseo felicitar a Karl von Wogau por su informe. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya sus conclusiones y, de hecho, considera que ha hecho una evaluación muy completa de los problemas que plantean el Mercado Único y los imperativos que hemos de afrontar. 
Mi Grupo no va a apoyar la enmienda nº 8, que consideramos proteccionismo encubierto. 
Evidentemente, nos sentimos decepcionados con el desarrollo del Mercado Único. 
Parece que los Estados miembros carecen de la voluntad política para hacerlo funcionar adecuadamente. 
De hecho, han aprobado medidas que incluso menoscaban el acervo del Mercado Único. 
A veces parece que la Comisión carece de valor para defender sus convicciones y sus poderes como garante de los Tratados y para incoar procedimientos por incumplimiento con la suficiente determinación. 
El Mercado Único es esencial para la prosperidad. 
Sabemos por las encuestas que antes de 1993 el cumplimiento de los controles fronterizos costaba a los comerciantes unos 7.500 millones de ecus todos los años: esa cifra se basa en los niveles del comercio de 1992, pero está expresada en el valor actual del dinero. 
Equivale al 1 % del valor total del comercio entre los Estados miembros en aquel momento. 
Sabemos que, desde el 1º de enero de 1993, la abolición de los controles fronterizos habituales, ha reducido los costos en dos terceras partes, con lo que los comerciantes se han ahorrado unos 2.300 millones de ecus al año. 
Lo mismo se han ahorrado las empresas de transporte por carretera desde 1992, pero los tiempos de espera residuales en la fronteras siguen costando 50 millones de ecus todos los años. 
Sin embargo, la aplicación de los sistemas del IVA y de Intrastat es onerosa. Cuesta a los comerciantes 50 millones de ecus todos los años. 
Si la Comisión pudiera incitar a los Estados miembros a contribuir a la realización del Mercado Único efectivamente, se podría ahorrar mucho dinero. 
Permítaseme simplemente ofrecer a Sus Señorías un ejemplo del Reino Unido, el Estado al que represento: en mi circunscripción hay un jubilado, llamado Bill Smith, que acaba de perder su batalla para impedir que 100 puros alemanes selectos quedaran reducidos a humo... no en su sala de estar, sino en un incinerador del Servicio de Aduanas. 
Los funcionarios del Reino Unido han dicho que destruirán esos puros, porque el Sr. Smith se ha negado a pagar 90 libras esterlinas de derechos de aduana. 
Me hice cargo de ese caso cuando se produjo la incautación de esos puros. 
El Servicio de Aduanas alegaba que, como no se habían importado personalmente, había que pagar los derechos de aduanas. 
En realidad, los había encargado a una tienda alemana de artículos de fumador y se habían pagado los derechos en el punto de venta. 
El Gobierno del Reino Unido alega que se trata de una transacción de venta a distancia, como en el caso del hombre de negro. 
Es evidente que no lo es. 
Hay otros paralelismos, pero ni el Comisario que me ayudó en el pasado respecto de este caso ni mis gestiones han podido convencer al Servicio de Aduanas del Reino Unido para que actúe con justicia. 
Mientras no consigamos resolver esa clase de problemas, los ciudadanos de Europa no creerán en el Mercado Único. 
Señor Presidente, es un hecho indudable, que desde 1993 hasta la Cumbre de Amsterdam del pasado junio, la construcción del mercado interior único experimentó realmente un progreso importante. 
Problablemente ésta es la razón por la que el Consejo de Europa y la Comisión Europea, animados por los resultados de su política, han decidido establecer un ambicioso programa de actuación con el que pretenden acelerar los ritmos y profundizar en el contenido y el funcionamiento del mercado único europeo. 
La misma filosofía se expresa también en el informe que estamos debatiendo; el cual marca los objetivos inmediatos y concretos que, según la opinión del ponente, deberían centrar la atención del programa de actuación. 
Pero el asunto que no aborda en absoluto el Consejo de Europa, ni la Comisión Europea, ni el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, es el del balance de las repercusiones del mercado único sobre los trabajadores y ciudadanos de la Unión de los países periféricos y más débiles y sobre sus economías. 
Si se hubiese hecho un balance fundamental de tales características antes de proceder a la adopción de una política de intensificación de los ritmos del desarrollo del mercado interior, comprobariamos que el mercado único y la política económica que lo acompaña son los responsables en gran medida de la trágica situación en la que se encuentran los más de 20 millones de parados, los 21 millones de empleados a tiempo parcial, los 14 millones de ciudadanos europeos empleados con contratos temporales y los más de 10 millones de empleados en diversos tipos de relaciones laborales atípicas. 
El mercado único y las políticas de la Unión que se le asocian son los responsables del desmantelamiento del sector público en la economía, así como de su transformación a través de las fusiones de gigantescos monopolios privados que vienen a sustituir a los monopolios estatales, de la conquista del sector del transporte aéreo por parte de compañías aéreas norteamericanas y de la completa infravaloración de la industria de los astilleros europeos, que en pocos años han visto disminuir su capacidad productiva en un 87 % y limitada su cuota del mercado internacional a una participación inferior a la de Corea del Sur. 
El mercado único y las políticas de la Unión son también los responsables del dramático empeoramiento de la situación de las pequeñas y medianas empresas, que encuentran el apoyo de la Unión y de los Estados miembros sólo en palabras. 
El mercado único, en combinación con la política monetaria y económica, la estricta política monetarista, son los responsables del inminente riesgo de quiebra total del modelo social europeo. 
Por consiguiente, si nos planteamos la pregunta sobre quién se beneficia y quién paga el precio del mercado interior único, la respuesta no deja lugar a dudas: el gran capital se beneficia y los trabajadores pagan. 
Me temo, Señor Presidente, que la insistencia en acelerar esa política, la promoción de algunas propuestas como son la aceleración de la UEM, el cumplimiento estricto del acuerdo de estabilidad, el traslado de las fuentes de financiación de la seguridad social del trabajo a impuestos sobre el medio ambiente y la energía, o la aplicación del IVA en el país de origen, empeorará mucho más las ya conocidas consecuencias del mercado único e incrementará con nuevos millares de ciudadanos las legiones del paro. 
Señor Presidente, Señorías, el Plan de acción para el mercado único presentado por la Comisión prepara, de hecho, según la acertada fórmula del ponente, el Sr. von Wogau, el paso del mercado único al mercado interior. 
Como factor de profundización de la construcción europea, nuestro Grupo aprobará, naturalmente, el conjunto de dicho Plan. 
No obstante, desearíamos subrayar la urgencia de llevar a cabo un avance más sostenido en uno de los ámbitos abordados por el Plan de acción, el de la fiscalidad. 
En efecto, se tiene la impresión de que el inicio de esta gran realización que se nos anuncia para un futuro próximo se retrasa, como si la norma de la unanimidad tuviese sobre ella un peso mayor que en otros ámbitos, hasta tal punto que no sólo limita el avance efectivo de la construcción europea en la materia, sino también la propia concepción de las futuras etapas. 
Así, la Comisión propone un conjunto de diferentes medidas que merecen ser aprobadas para eliminar las distorsiones que plantea la fiscalidad. 
Pero hubiésemos deseado que, por lo menos, se cuestionase el hecho de que, en el momento de la realización del mercado interior, la articulación entre las jurisdicciones fiscales de los Estados miembros siga estando determinada por un juego complejo de convenios bilaterales que constituyen, simbólicamente, una especie de negación de la propia idea de comunidad económica, ya que implican un trato fiscal desigual respecto a las inversiones transfronterizas. 
Desde el punto de vista del objetivo de la realización de un verdadero mercado común, creemos que estas modalidades de negociaciones bilaterales deben sustituirse por un sistema común de eliminación de la doble imposición en el ámbito de los intercambios entre Estados miembros, basado en un convenio fiscal multilateral o, mejor aún, en un dispositivo adecuado de Derecho comunitario. 
En ambos casos, sería oportuno, en nuestra opinión, que la Comisión estudiara dicho enfoque común de la repartición del poder de imposición entre los Estados miembros, y garantizara una total neutralidad fiscal respecto a las inversiones transfronterizas. 
La Comisión insiste, por otro lado, en la necesidad de lograr un sistema común de IVA basado en el principio del país de origen. 
No podemos menos que estar de acuerdo con este objetivo, pero debemos constatar que no es nuevo y que el hecho de mencionar el plazo del año 2002 constituye el reconocimiento si no de un fracaso, por lo menos de un retraso importante en relación con el calendario inicial. 
Conocemos las razones de este retraso, pero también lamentamos que el hecho de fijar un plazo más largo no sirviera para consolidar objetivos más importantes. 
Todos podemos convenir en que, en el futuro, una situación de incertidumbre afectará a las condiciones de la conducción económica europea, desde el momento en que el instrumento monetario único estará en principio orientado hacia la estabilidad, en que los instrumentos presupuestarios nacionales estarán estrictamente tutelados y en que el instrumento presupuestario común continuará sin ser significativo. 
Nosotros estamos convencidos de que la Unión debería disponer lo antes posible de instrumentos de regulación macroeconómica adicionales al instrumento monetario, que deberían buscarse oportunamente en el ámbito de la fiscalidad. 
Para hablar claro, el objetivo debería consistir en una verdadera comunitarización del IVA, lo cual sería posible a partir del momento en que se garantizaría la aplicación de la norma del país de origen y la armonización de los tipos. 
Ciertamente, el producto del IVA debería, en lo fundamental, repartirse entre los Estados sobre la base de los mecanismos ya establecidos en el marco del régimen definitivo; pero el hecho de reservar una competencia específica a la Unión en materia de fijación de los tipos, aun cuando sea marginalmente, permitiría aplicar en toda Europa correcciones coyunturales que la situación podría exigir. 
Ahora bien, naturalmente, habrá que volver a revisar el Tratado; pero también habrá que revisarlo para garantizar a la Europa ampliada los medios para su funcionamiento, y no creemos que sea demasiado tarde para proponer que la futura Europa no sea simplemente la Europa de la moneda y del mercado, sino también, al menos en parte y gracias a la creación de un primer impuesto europeo, una Europa basada en una comunidad de ciudadanos vinculados por una misma contribución libremente consentida. 
Señor Presidente, el amplio programa de acción para el mercado único debe tener enseguida la aprobación de todos. El programa presenta una selección de puntos de acción. 
Para cada uno lo que desee. El programa está situado en el contexto de la globalización de la economía, la ampliación de la Unión Europea a los países del este y la lucha contra el elevado desempleo. 
A todos estos aspectos se les quiere hacer frente con una serie de acciones. 
La fuerza de esta propuesta es al mismo tiempo su debilidad. 
La Comisión ha estirado mucho la manga. 
Un número discutible de puntos, tal como la uniformidad de las tarifas tributarias y de los impuestos sobre el consumo, así como cancelación de toda forma de controles aduaneros dentro de la Unión Europea, no se pueden realizar ciertamente a corto plazo. 
Abogo en favor de que el programa se oriente al primer punto de acción: mejora de la regulación, menos leyes, procedimientos más clarividentes y mantenimiento más efectivo. De ello sacarán provecho directamente los ciudadanos, empresas e instituciones públicas. 
Una vez que se produzca la ampliación de la Unión y la economía global, tendrán que verse al contraluz sin embargo muchísimas normas europeas. 
De este modo se matan dos pájaros de un tiro. 
Quisiera hacer una observación acerca de la forma pausada en que se llevan a cabo las normas y pautas para productos y procesos. 
¿Qué ideas subsisten en la Comisión Europea para solucionar los problemas de organización de los institutos privados de normalización? 
Para el programa de acción es mejor que podamos abordar un asunto que trabajar a medias en muchos puntos. 
La resolución del plan inicial del colega von Wogau era buena y muy concisa, sin embargo la Comisión Económica la ha extendido desgraciadamente a una letanía de deseos que ni el mismo Santa Claus sabría que hacer con ellos. 
Lo lamento. 
Señor Presidente, es absolutamente necesario eliminar sin demora las numerosas y diversas barreras que aún existen contra el funcionamiento de un mercado único. 
En este sentido quisiera prestar mi apoyo al informe del Sr. von Wogau en la mayoría de sus detalles, en su filosofía de base y también en su fundamentada exposición de motivos. 
Como se dice en el apartado 11 del informe, habría que atribuir un especial valor al hecho de que las pequeñas y medianas empresas puedan participar plenamente en el mercado único. 
Efectivamente, cabe temer que, por diversas razones, este mercado único sea más bien un logro del que saquen provecho mayormente los grandes trusts. 
Sin embargo, no puedo sumarme a la opinión que se expresa en el punto 12- aunque no es el tema de este informe, figura en el mismo -, en concreto, que la moneda común es un elemento necesario del mercado propio europeo. 
Aquí, creo yo, el deseo es el padre del pensamiento. 
Cuando la Unión monetaria llegue el 1.1.1999, en muchos ámbitos que están muy bien expuestos en este informe no habrá todavía un mercado único, madurado hasta la altura de un mercado propio. 
Creo más bien que elementos esenciales que constituyen el mercado propio deberían realizarse, como presupuestos de una Unión monetaria estable y sana, antes del despegue de ésta y que la Unión monetaria representa la coronación del mercado único. 
En relación con la total transparencia y comparabilidad, la combinación de moneda única y de culminación incompleta del mercado único permite abrigar distorsiones de la competencia. 
Pienso especialmente en el ámbito fiscal, en las normas y en las condiciones marco sociales y ecológicas. 
También en lo que respecta a la voluntad de coordinación de las políticas económicas, tengo más bien grandes reparos en determinados casos. 
Estas tensiones podrían cobrar una magnitud tan masiva que el euro, en vez de impulsar la integración, podría contribuir seriamente a la desestabilización política. 
Señor Presidente, el programa Delors de 1992 para el Mercado Único fue una inspiración para que toda Europa hiciera suya la gran idea europea con vistas a lograr que sus ciudadanos volvieran a ponerse manos a la obra. 
El reciente análisis del mercado por parte del Comisario Monti ofrece pruebas de que el Mercado Único está funcionando. 
Hasta 900.000 nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea son atribuibles al funcionamiento del Mercado Único europeo. 
Se trata de una buena noticia. 
Y ahora el plan de acción de la Comisión indica cómo podemos acabar la tarea y pasar a la «primera división» de la creación de puestos de trabajo. 
No es enteramente cierto, como el considerando c) del informe von Wogau da a entender, que el Mercado Único de Europa siga siendo un rompecabezas de 15 mercados nacionales diferentes. 
Cada día que pasa, el mercado pasa a ser una realidad. 
Creo que podemos hacer mucho para acelerar sus avances y gracias a ello proporcionar puestos de trabajo. 
Así, al hablar de la fiscalidad, el informe pide unos tipos inferiores de IVA para las PYME con gran densidad de mano de obra. 
También se deben aplicar códigos de conducta para mitigar la perniciosa fiscalidad transfronteriza competitiva. 
La eliminación de las frustrantes incidencias de la doble imposición de los trabajadores fronterizos representa un estímulo tangible al concepto, muy mal comprendido, de movilidad laboral. 
Respecto de la creación de una infraestructura apropiada para que el Mercado Único siga adelante, es indispensable que promovamos la ejecución, tan atrasada, de las redes transeuropeas, las telecomunicaciones y la energía. 
La rápida creación de un organismo europeo de seguridad aérea y la conclusión de un nuevo convenio Eurocontrol son ejemplos evidentes de lo que se podría hacer para alejar los nubarrones que obscurecen el sector aeroespacial europeo. 
Fortalecer semejante inversión transfronteriza revolucionaria en las redes transeuropeas es garantizar el principio de un servicio completo y universal respecto de los servicios públicos de Europa. 
La prestación de dichos servicios públicos es, naturalmente, la labor preparatoria a partir de la cual se puede crear y fomentar el orgullo por la industria. 
Aún no se ha logrado que la legislación sobre las empresas sea una realidad paneuropea. 
La rápida aprobación del Estatuto de la empresa europea, con la participación, naturalmente, de la fuerza de trabajo contribuiría a la realización de ese desiderátum. 
La simplificación y aclaración del marco legislativo debe ser también nuestro santo grial, siempre y cuando esa labor de poda exponga aún mejor los principios subyacentes del fortalecimiento del marco social y medioambiental en el que las empresas de Europa puedan desarrollarse y prosperar. 
La futura legislación debe aprobar siempre el examen por ser fácil de entender y transparente en cuanto a sus objetivos y efectos. 
La legislación adecuada libera; la legislación negativa limita y pone trabas. 
Nadie es más culpable de la aprobación de leyes negativas o de la falta de supervisión de las positivas que los Gobiernos de los Estados miembros. 
Esas autoridades nacionales, aún incapaces de comprender el concepto del Mercado Único, deberían ser sometidas a la prueba del marcador del Sr. Monti relativo al Mercado Único. 
Hemos de nombrar y culpar a los países que desvían la corriente del mercado de sus cauces naturales mediante obstáculos e inconvenientes. 
Además, este mercado debe estar hecho para los ciudadanos y no al revés. 
La consecución de un Mercado Único en pro de todos los ciudadanos es un capítulo excelente del plan de acción. 
Los 120 millones de niños de Europa deben estar particularmente protegidos cuando los cuatro aspectos de la libre circulación- de personas, bienes, capitales y servicios- sean una realidad en toda Europa, pues son los herederos de ese mercado que, adaptado a las necesidades de todos nuestros ciudadanos, conducirá a una Europa dinámica, próspera y «rebosante de empleo» hasta los dominios del siglo próximo. 
Felicito al Sr. von Wogau por su informe. 
Señor Presidente, la fase final de la realización de un mercado único europeo consiste en la introducción de la Unión Económica y Monetaria dentro de la Unión Europea. 
Pese a que Gran Bretaña no participará en la primera fase de la creación de una moneda única europea, las ventajas de la Unión Económica y Monetaria para Irlanda superan con mucho a los efectos negativos. 
La principal ventaja de una moneda única europea para Irlanda es la perspectiva de una tendencia a la baja de los tipos de interés. 
También aumenta el atractivo de Irlanda como destino de la inversión extranjera directa. 
De hecho, en Irlanda hemos creado recientemente 130.000 puestos de trabajo mediante nuestra participación en la actividad europea. 
Un estudio llevado a cabo recientemente en Irlanda reveló que las repercusiones de la UEM en el turismo, el comercio minorista, la agricultura, la industria manufacturera y los servicios financieros eran excelentes. 
Según sus conclusiones, la participación de Irlanda en la UEM rendiría un beneficio neto para la economía irlandesa en esos sectores. 
Podría concluir diciendo que habría preferido que los británicos entraran en la UEM en la primera oportunidad. 
Sin embargo, en la actualidad Irlanda cumple todos los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht, reúne todas las condiciones para la UEM desde el punto de vista de la inflación y el déficit general del Estado, etc. Los irlandeses nada tienen que temer de la incorporación al euro el 1º de enero de 1999. 
Señor Presidente, señorías, yo también apoyo el programa de acción para el mercado interior y el informe de von Wogau. 
Quisiera emplear mi minuto, señor Comisario, para exponer un punto que sé nos interesa a ambos muy especialmente y es la cuestión de las pensiones y las pensiones complementarias en Europa. 
En primer lugar está la cuestión de los fondos de pensiones que no pueden invertir abiertamente en toda Europa y que según mi opinión por ello se pierde una enorme capacidad creadora de empleo, ya que las restricciones para los fondos de pensiones y para los aseguradores son demasiado grandes. 
Por otro lado está la cuestión del aprovechamiento o portabilidad de las pensiones lo que continúa siendo un gran problema para aquellos que trabajan en zonas fronterizas, pero que también es un problema en relación con la flexibilidad del mercado laboral. 
Presidente, Comisario, no estoy seguro de que este asunto en relación con el Libro Verde se vaya a regular del todo en esta Casa, puesto que todavía vemos que, sobre todo por parte de los socialistas, hay temor en este momento por alguna liberalización en este punto. 
Creo que a este Parlamento se le añade con esto una tarea más para llevar a un buen desarrollo el mercado interior. 
Señor Presidente, quiero señalar que el informe del Sr. Wogau es interesante, desarrolla los diversos aspectos relacionados con el mercado interior y está bien ponderado. 
Pero quisiera hacer las cuatro observaciones siguientes: 
En primer lugar, debemos contemplar el mercado único y la moneda única dentro del marco de una Unión Europea, que necesita moverse a la misma velocidad por los caminos fundamentales que tiene por delante. 
El éxito, la carrera o la huida hacia adelante, por el mercado único o la moneda única, cuando está acompañada por una demora o una paralización de otros sectores, como por ejemplo el sector social, solamente podrá conducir a distorsiones y es una autotrampa de la Unión Europea que, sobre todo, mina, como ya está ocurriendo al menos en algunas regiones de la Unión Europea, la moral y el apoyo de los ciudadanos de la Unión Europea al mercado interior único, que es la primera condición para su éxito. 
La segunda observación que quiero hacer es que el mercado único puede ser en general útil para la Unión Europea, pero no lo es de igual forma para todos los países o todas las regiones de la Unión Europea. 
Por lo tanto, desde el momento en que vamos a establecer un programa hasta el año 2002, debemos insistir también en el programa de cohesión y en el apoyo a las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea hasta el 2002 y no tener vacilaciones ni retrocesos en este sector. 
La tercera reflexión es que el mercado único significa la supresión de las fronteras interiores, pero significa también el reforzamiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea, aunque me temo que ni siquiera exista una cartografía clara de dichas fronteras, si tenemos en cuenta los diferentes problemas que se presentan, al menos en su parte oriental. 
Por consiguiente, el mercado único debe proseguir de forma paralela a la solución de los problemas políticos que tiene la Unión Europea. 
La cuarta y última consideración es sobre la cuestión fiscal. 
Creo que el asunto de la disminución de la presión fiscal sobre el trabajo y el establecimiento de impuestos sobre el medio ambiente es también muy importante. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sr. von Wogau, nuestro ponente, ha realizado un excelente informe sobre el mercado interior de la Unión. 
Deseo felicitarlo y expresarle personalmente mi total acuerdo con su trabajo y con el espíritu de los grandes objetivos básicos que ha definido. 
Yo también pienso que desde el momento en que se ha tomado la decisión de realizar este gran mercado, todo aquello que injustificadamente se opone al mismo conduce a acumular los inconvenientes de la desaparición de las fronteras, sin que se obtengan las ventajas de ello. 
De ahí que yo también vea la necesidad de armonizar la fiscalidad directa e indirecta, la fiscalidad sobre el capital y sobre el trabajo. 
De ahí que yo también vea la imperiosa necesidad de garantizar la libre circulación de personas, así como garantizar los medios comunitarios para luchar contra la delincuencia, contra todo tipo de tráfico, contra el terrorismo y el crimen organizado. 
De ahí también la necesidad de desarrollar las grandes infraestructuras de comunicación y de energía a través de nuestra Unión, evitando una nivelación hacia abajo y evitando sacrificar los servicios públicos, allí donde existen. 
De ahí, finalmente, la necesidad de solucionar definitivamente los problemas transfronterizos, que siguen siendo demasiado numerosos y que, en mi región, son muy mal percibidos por los trabajadores y por todos aquellos que viven en las zonas fronterizas. 
Para concluir, si bien estoy de acuerdo, al igual que el ponente, con la realización del gran mercado y de la moneda única, desearía insistir en su complemento, que considero ineludible, de una Europa política, con instituciones sólidas, al servicio de una Europa social, una Europa que luche resueltamente y de manera voluntarista contra el desempleo, contra la falta de rigor, contra las deslocalizaciones especulativas, y en favor de un crecimiento sostenible y de la solidaridad de los servicios públicos. 
Sin estos complementos urgentes, el gran mercado, a pesar de ser necesario, no hará superar a nuestra Europa el desempleo ni las grandes preocupaciones que sienten nuestros ciudadanos. 
Sino todo lo contrario, como todos saben, y como usted lo sabe, señor Ponente. 
Señor Presidente, yo también felicito al señor Comisario por la iniciativa adoptada y al Sr. von Wogau por el informe. 
Después de que se haya dicho casi todo, quisiera plantear cinco cuestiones sintéticamente. 
La primera es la siguiente: en este caso, al contrario de lo que sucedió con el Acta Única (el Mercado Único de 1992) , no hay cuantificación, no hay objetivos expresados en cifras. 
Quisiera preguntar al señor Comisario si no ha de haber un informe Cecchini, porque siempre es una motivación disponer de algunas metas expresadas en cifras. 
La segunda pregunta es si no habrá una promoción del estilo de la anterior, porque creo que el éxito del Acta Única y del Mercado Único de 1992 fue la motivación que hubo con ese mercado. 
¿Será posible que haya ahora una iniciativa promocional de la misma naturaleza? 
En tercer lugar, quisiera preguntar si habrá una preocupación primordial con las medidas de acompañamiento de la moneda única y a este respecto, muy en particular, y volviendo a asuntos ya abordados, si va a haber un empeño especial en pro de la armonización de la tributación del capital y, en particular, de los depósitos. 
Porque recelo que con la moneda única cualquier diferencia tributaria provoque distorsiones en el mercado que pueden menoscabar la consecución del objetivo. 
En cuarto lugar, también en el plano fiscal, el Sr. von Wogau habla de la necesidad de acabar con los paraísos fiscales. 
Convengo enteramente al respecto: es imposible evitar distorsiones de la competencia con paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. 
Y, por tanto, quisiera preguntar a la Comisión si va a haber iniciativas en el sentido de acabar con los paraísos fiscales y cuáles podrían ser. 
Y, por último, en cuanto a la tributación de la energía, aunque reconozco lo que puede tener de beneficioso, he de señalar que es una tributación regresiva, pues tributan más los pobres que los ricos y castiga a los transportes. 
Pregunto si no perjudicará eso al mercado interior, dado que los transportes son esenciales para aproximar las diversas zonas de Europa. 
Por tanto y concretamente, ¿cómo se podría conciliar la tributación de la energía, que tan onerosa resulta para los transportes, con la aproximación que es necesaria con las infraestructuras y con todos los otros medios? 
Señor Presidente, esta tarde se ha recalcado que el mercado único precisa un nuevo impulso. 
Señorías, les ruego que tengan a bien creer- y muchos de ustedes lo han comprobado- que este impulso existe. 
Prueba de ello es el plan de acción, un instrumento concreto que no se propone, a diferencia del plan Cecchini, objetivos cuantitativos con respecto a los últimos resultados, sino, más pragmática y eficazmente, objetivos en cuanto a los plazos de aplicación de los instrumentos para lograr realmente el mercado único- ésta es la aspiración muy concreta del plan de acción- un mercado único que, como todos ustedes subrayaron, es una condición fundamental para el crecimiento, el empleo y el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. 
Me es grato constatar que el ponente, Sr. von Wogau, con el cual me felicito, considera el plan de acción un avance significativo hacia el objetivo constituido por el Heimatmarkt que él aprecia tanto como yo y en pos del cual todos intentamos trabajar. 
Señor Presidente, deseo aprovechar la oportunidad que me brinda este debate sobre el informe von Wogau para señalar brevemente, esta tarde, los avances realizados hasta ahora y de los que la Comisión informará al Consejo Europeo a lo largo del próximo mes. 
Sus Señorías saben que el plan de acción establece cuatro objetivos estratégicos: el primero de ellos es la aplicación efectiva de las normas comunitarias. 
Pues bien, me es grato manifestarles que el plan de acción está demostrando que funciona, ya que el mismo marcaba algunos plazos como, por ejemplo, que el 1 de octubre los Estados miembros- he aquí los objetivos concretosdebían entregarnos un calendario para la transposición de las directivas que todavía no han transpuesto, así como la indicación concreta de los centros de coordinación designados, de los puntos de contacto, aspectos aparentemente oscuros, pero que son fundamentales para que funcione el mercado único. 
Pues bien, la gran mayoría de los Estados miembros nos hicieron llegar su calendario de cara a las transposiciones y casi todos nos comunicaron la lista de dichos centros de coordinación y de contacto. 
Algunos de ustedes- los Sres. Watson y Harrison- se refirieron a la necesidad de instar a los Estados miembros a que respeten plenamente los compromisos adquiridos, con una transparencia cada vez mayor. 
Éste es el significado del internal market scoreboard que hoy se ha publicado por primera vez: un instrumento previsto en el plan de acción y al cual el informe presta su apoyo, hecho que les agradezco. Un instrumento vivo que existe a partir de hoy y que se presentará dos veces al año. 
Les aseguro, sin embargo, que no todo el mundo lo aceptará con agrado, habida cuenta de que en el mismo se indica, Estado por Estado, no sólo el porcentaje de transposición, sino, por ejemplo, cuál es el promedio de retraso, expresado en meses, registrado en la transposición de las directivas, así como el promedio de retraso en contestar a las intimaciones y a los requerimientos motivados de la Comisión, etcétera. 
Se trata, por lo tanto, de un libro de notas muy concreto que- estoy seguro de ello- ejercerá toda su presión. 
Junto con éste, figura asimismo la estadística, país por país, de los procedimientos de infracción incoados. 
Alguien llamó este instrumento- en mi opinión, excediéndose- scareboard, pero de todos modos creo que puede tener cierta eficacia. 
Habida cuenta de que pretendemos ser ambiciosos en lo referente a asuntos concretos y no ambiciosos en lo que respecta a alcanzar un gran número de objetivos, justo ayer, conseguimos otro logro de cara al mercado único: ayer la Comisión aprobó una propuesta de reglamento sobre la base del artículo 235 del Tratado que, si fuera adoptada por el Consejo- y espero que el Parlamento exprese su apoyo- permitirá a la Comisión disponer de un instrumento eficaz e inmediato para hacer frente a los graves obstáculos a la libre circulación de bienes. 
Se va a aplicar un mecanismo similar al que se aplica en materia de ayudas de Estado, o sea, una decisión que permitirá a la Comisión presentar, en un plazo muy corto, una decisión ejecutiva a los Estados miembros, en el caso de acciones o inacciones que obstaculicen la libre circulación, una decisión que será un título ejecutivo, en virtud del cual a los perjudicados les será reconocido por los tribunales nacionales el derecho a la indemnización de los perjuicios a costa del Estado miembro responsable. 
Seré mucho más breve, señor Presidente, en cuanto al segundo y los demás objetivos estratégicos. 
El segundo objetivo es eliminar las principales distorsiones y al respecto varios diputados- los Sres. Langen, Metten y otros- hicieron hincapié en el tema de la fiscalidad. 
Alguien mencionó el Libro Blanco Delors que también para nosotros sigue siendo una gran fuente de inspiración. 
¿Cuál es la diferencia? 
También en este caso estamos tratando de construir los instrumentos concretos para llevar a cabo esa política. 
Así lo hicimos, en el mes de marzo de este año, con la propuesta de directiva relativa al marco comunitario en materia de imposición energética; así se está haciendo, en estas semanas, con el paquete contra la competencia fiscal perjudicial y a través de esta lógica de conjunto esperamos, por primera vez en la historia de la integración europea- aunque no sé aún si lo lograremos- implicar a varios Estados con objeto de que realicen avances para superar la principal dificultad que se deriva del principio de la unanimidad. 
Créanme, es muy fácil marcar los objetivos, sin embargo, es muy difícil cumplirlos en el contexto político que conocen: estamos trabajando precisamente en lo referente a los instrumentos para lograr estos objetivos. 
Un objetivo importante es el del sistema común de impuesto sobre el valor añadido que remarcaron numerosos oradores. 
Al respecto, y con referencia a la enmienda 4 relativa al régimen del IVA, deseo recalcar la importancia del informe de la Sra. Randzio-Plath sobre este asunto, informe aprobado en mayo de 1997 y que espero que la Comisión pueda considerar como la posición oficial del Parlamento en esta materia. 
Deseo hacer hincapié asimismo en la posición expresada con fuerza por el Tribunal de Cuentas, precisamente ayer, con relación al hecho de que mientras siga en vigor el régimen del IVA basado en el principio del país de destino y no en el de origen, habrá un importante riesgo de fraude. 
En un sondeo llevado a cabo en las empresas que también se ha publicado hoy mismo- hoy están sucediendo muchas cosas en relación con el mercado único- comprobamos que las empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas, en la clasificación de los obstáculos que encuentran respecto a la bondad del mercado único, señalan en primer lugar la complejidad del actual sistema del IVA. 
Señores Theonas y Castegnède, para agotar el tema de la fiscalidad, debo decir que yo también estoy convencido de que, si conseguimos dar una posibilidad concreta a la fiscalidad en Europa, cumpliremos una condición absolutamente indispensable de cara a lograr un modelo social europeo y una política económica europea que no sea sólo monetaria. 
Por lo que se refiere a las barreras sectoriales que impiden la integración en el mercado, diré únicamente que, gracias a los esfuerzos de la Presidencia luxemburguesa, tres de las cuatro prioridades legislativas- transparencia de los servicios de la sociedad de la información, protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, liberalización del mercado del gas- están avanzando bastante bien; en cuanto al estatuto de la sociedad europea mencionado por algunos de ustedes, el Grupo Davignon dio quizás una pista útil para reactivar el tema. 
Finalmente, realizar un mercado único al servicio de todos los ciudadanos: éste, como saben, es un tema que me interesa mucho, pese a que no soy diputado, pues las cuestiones como la transferibilidad de las pensiones complementarias, subrayada por la Sra. Boogerd-Quaak, son importantes. 
En este sentido, la Comisión presentó hace algunas semanas una propuesta de directiva con objeto de autorizar la transferibilidad de las pensiones complementarias. 
Hay que decir asimismo que no tendría mucho sentido no disponer de una gran movilidad del trabajo justo en el momento en que aparece la moneda única. 
El diálogo con los ciudadanos, señor Florio, es, sin duda y por definición, siempre insuficiente, no obstante, el programa «Ciudadanos de Europa» , Citizens first, llevado a cabo con el apoyo de este Parlamento, representa quizás el primer ensayo concreto, ya que como saben, más de 1 millón de ciudadanos ha contactado, a través del teléfono y de INTERNET, con esta operación. 
Termino con una referencia al hecho de que el mercado único va camino de ampliarse, y a nosotros nos corresponde prepararlo para la ampliación. 
Señora Peijs, estamos trabajando porque el mercado único es el primer peldaño para el acercamiento de los PECOS a la Unión Europea y hay que reconocer que dichos países están realizando unos avances muy significativos. 
No es cierto, señor Alavanos, que estamos descuidando la cuestión de las fronteras exteriores de la Unión de hoy y de mañana: la mayor parte de la ayuda que estamos prestando a los PECOS va dirigida especialmente a la potenciación de sus aduanas. 
Señor Presidente, el asunto es muy importante y todo el mundo le presta mucha atención. 
Con todo, para la Comisión y para mí personalmente es muy alentador constatar lo mucho que el Parlamento Europeo apoya y fomenta nuestra acción en un ámbito en que es justo que nunca estemos totalmente satisfechos. 
Señor Presidente, le había hecho una pregunta al Comisario acerca de la impresionante centralización en el sector de auditorías. 
Se trataba de una centralización que ha provocado una contracentralización con consecuencias extraordinariamente serias, según creo, para el mercado interior y la formación del monopolio. 
Me intriga cuál será la opinión del Comisario acerca de esto. 
Señora Peijs, éstas también son pruebas de que el mercado único funciona, ya que no asistiríamos a estas grandes concentraciones, a estas grandes ofertas públicas de adquisición en el sector contable y en el de seguros, si las empresas no percibieran las ventajas que ofrece el mercado único. 
Es bueno que existan estas operaciones, sin embargo, es bueno que queden sometidas a las estrictas normas sobre el control de la competencia, normas que el Tratado estableció desde los tiempos del Tratado de Roma, y cuya aplicación- como creo que todos sabemos- la Comisión Europea, cumpliendo con su misión principal, trata de vigilar muy atentamente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Productos de construcción 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0350/97) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el informe de la Comisión sobre la Directiva relativa a los productos de construcción (COM (96) 0202- C4-0636/96). 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, el mercado único, acabamos de debatir sobre el mismo, pertenece desde 1987 a los elementos fundamentales de la integración europea. 
Esto quiere decir que la competencia y la liberalización tienen precedencia sobre la armonización. 
No obstante, la armonización técnica sigue siendo importante en muchos ámbitos. 
En el sector de la construcción esto se abordó mediante la directiva sobre productos de la construcción de 21 de diciembre de 1988. 
Debido al ámbito de aplicación, especialmente amplio, esta directiva abarca todos los productos que se fabrican y comercializan para su incorporación permanente en las obras de construcción que se realizan tanto sobre la superficie, como en el subsuelo. 
A este respecto, al contrario que en otros ámbitos de la industria y en otros grupos de productos, el comercio con muchos productos de la construcción y con proyectos de construcción sólo es económicamente posible en distancias cortas y medias debido a los elevados costes de transporte. 
Esta es la razón principal de que en la armonización de las normas y en los procedimientos y normativas legales sobre productos de la construcción y sobre procedimientos de la construcción se hayan logrado muchos menos avances que en los productos en los cuales las barreras técnicas al comercio obstaculizaban la libre circulación de mercancías. 
La directiva sobre productos de la construcción pretende eliminar las barreras a la libre circulación de los productos de la construcción que se deben, sobre todo, a la diversidad de normas, a la diversidad de procedimientos de ensayo y certificación y a la diversidad de las disposiciones nacionales de construcción. 
Con la directiva se definen los requisitos esenciales aplicables a las obras de construcción, no a los productos concretos de construcción, respecto de la resistencia mecánica y estabilidad, de la protección contra incendios, de la higiene, de la seguridad de uso, de la protección acústica, del ahorro de energía, cosas todas que se encuentran documentadas una vez más en las enmiendas de los Verdes. 
Esto significa que, según esta directiva, los Estados miembros sólo pueden autorizar los productos de la construcción en cuya utilización se puedan cumplir las exigencias esenciales que la directiva establece para las obras. 
La armonización en el ámbito de la construcción es necesaria porque de esta manera se facilita la libre circulación de los profesionales liberales, de los artesanos y de los constructores y pueden emprenderse proyectos en otros Estados miembros. 
Como han mostrado las experiencias habidas en Europa desde 1988, la elaboración de normas para productos de la construcción constituye un largo y difícil proceso. 
Por esta razón hoy el resultado es insatisfactorio. 
Sin embargo, sin normas armonizadas y otras especificaciones técnicas no hay ninguna libre circulación para productos de la construcción. 
La competitividad de la industria europea de la construcción resulta notablemente afectada por el mismo, tanto más cuanto que el sector de la construcción es, con diferencia, el mayor sector económico-industrial de la economía europea. 
Con un volumen de negocios total de casi 700.000 millones de ecus al año y una participación en el producto interior bruto de la Unión Europea del 10 % un total de 27 millones de personas están empleadas directa o indirectamente- directamente 13 millones de trabajadores e indirectamente 14 millones de trabajadores- en la economía de la construcción en Europa. 
Todo esto se desarrolla en empresas de tamaño medio, en concreto, un millón ochocientas mil empresas, de las cuales el 97 % posee menos de 20 trabajadores. 
La responsabilidad por la vacilante puesta en práctica de la directiva sobre productos de la construcción no reside, en primer término, en la Comisión, lo quiero decir claramente aquí, sino, sobre todo, en los Estados miembros, los cuales no se han mostrado hasta ahora suficientemente dispuestos al compromiso y han querido imponer hasta el exceso sus propias normativas. 
Hasta mediados de 1997, es decir, ocho años después de la aprobación de la directiva, tan sólo se habían definido las exigencias y se habían elaborado los mandatos de normalización para 17 familias de productos. 
La política de bloqueo de los Estados miembros en el Comité Permanente de la Construcción y la falta de disposición a revisar las normativas nacionales son las causas principales de este retraso, y deseo criticar expresamente esto. 
Ahora resultan implicados tres niveles que se encuentran mencionados en la directiva. 
En primer lugar, la propia Comisión, que debería comprometerse a definir y concluir todos los mandatos de normalización lo más rápidamente posible, es decir, para mediados de 1998 como muy tarde. 
Se puede constatar ya, señor Comisario, el movimiento de avance que se ha originado por las deliberaciones parlamentarias. 
En segundo lugar: los Estados miembros, que en el futuro no deben insistir más en mantener una diversidad de regulaciones de detalle en los textos de aplicación y deben reconocer, por fin, procedimientos comunes. 
Y en tercer lugar: el Comité Europeo de Normalización se debe comprometer a acelerar los trabajos. 
La Comisión se ha comprometido a mejorar la aplicación práctica de la directiva sobre productos de la construcción y, por esta razón, ha renunciado a proponer en el momento actual una modificación de la directiva. 
Comparto sin limitaciones esta postura de la Comisión. 
No obstante, será necesario no sólo observar la evolución de la situación, sino contribuir también de forma activa a su configuración. 
Para esto, señor Comisario, estoy seguro de que contamos con su apoyo activo. 
Señor Presidente, tengo el placer esta noche de acoger con beneplácito este informe en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
El Sr. Langen ha elaborado un documento excelente y me ha complacido mucho trabajar con él en su elaboración. 
Esencialmente, lo que estamos diciendo aquí a todos los interesados en la Directiva sobre los productos de construcción es que necesitamos avances. 
Se trata de uno de las piedras angulares- por decirlo así- de nuestro Mercado Único, que, sencillamente, no funciona adecuadamente. 
No es necesariamente culpa de la Comisión, pero lo que estamos diciendo claramente aquí a la Comisión esta noche- y volveremos a decir en el momento de la votación de mañana-es que cuenta con nuestro apoyo para incitar a los Estados miembros a lograr avances, porque no es aceptable, sencillamente, que esta directiva lleve en vigor casi diez años y nada se haya logrado en realidad. 
Reconozco que se trata de un problema muy difícil y- tras haber seguido el procedimiento SLIM, pues la Directiva sobre los productos de construcción ha sido uno de los proyectos experimentales para SLIM -, resulta claro que va a haber dificultades, porque en el proyecto SLIM éste era uno de los sectores en que resultaba difícil lograr avances, 
Un ejemplo es el de un fabricante de ladrillos de mi zona que fabrica- no se si se lo imaginarán- cantidades ingentes de ladrillos y quiere venderlos libremente en todo el mercado europeo, pero se encuentra con que, en lugar de tener un conjunto de trámites burocráticos que entender y una normativa que respetar, tiene 13, 14, 15 normativas diferentes que aplicar antes de poder vender sus productos. 
Con frecuencia descubre que tiene un producto listo para entrar en un nuevo mercado y después el mercado cambia y se introduce una nueva norma nacional. 
Reconozco que no necesariamente es ciento por ciento pertinente para lo que estamos haciendo aquí hoy, pero puedo asegurar a Sus Señorías que, si esa empresa tuviera oportunidades de exportar libremente a todo el Mercado Único, se haría mucho mayor y emplearía a muchas más personas en mi circunscripción de los industriales West Middlands, lo que sería muy bueno para nuestra economía local y para las personas que trabajan para esa empresa. 
De modo que hay un impulso real para que hagamos algo. 
Convengo totalmente con el Sr. Langen en que la Comisión debe seguir hasta completar los mandatos relativos a la normalización. 
Sería un importante estímulo para lograr avances en ese sector. 
En realidad, éste es, como digo, un informe que todos podemos respaldar aquí, en el Parlamento; estamos aquí para dar apoyo y ánimo a la Comisión a fin de que se enfrente a los Gobiernos de los Estados miembros, porque, en última instancia, si logramos esos avances, estaremos mucho más cerca de disponer de un mercado único realizado y estará mucho más próximo el cumplimiento del tipo de plan de acción de que hemos hablado antes. 
Señor Presidente, ha transcurrido un período de casi diez años antes de que intentemos ejecutar realmente la Directiva sobre los productos de construcción. 
Hace exactamente un año que apareció el informe SLIM. 
Es evidente que en ese informe se discutió, no en vano, la Directiva sobre los productos de construcción. 
Los Estados miembros nacionales no estaban dispuestos, hasta ese momento, a renunciar a la regulación existente en su país. 
Según el famoso principio: quien tiene la norma tiene el mercado, cada Estado miembro quería elevar su norma a norma europea. 
El informe SLIM concluía diciendo que la Directiva se puede seguir pero que debía hacerse ahora seriamente con unas normas europeas armonizadas, puesto que tales normas aún no existen. 
Tal como sucede a menudo, la tardanza no se debe pues a nivel europeo sino nacional. 
Debido a la creciente presión se ha producido desde entonces algún avance. 
Se espera que a mediados de 1998 finalicen todas las tareas otorgadas al CEN para la armonización de las cuarenta familias de productos. 
Desgraciadamente no quiere decir esto que el mundo de los negocios sepa a ciencia cierta lo que le falta todavía por hacer. 
Algunas preguntas cruciales se quedan por ejemplo sin contestar. 
Por ejemplo: ¿es obligatoria la marca CE en todos los Estados miembros de la Unión Europea? 
Países como el Reino Unido y Portugal piensan que se pueden permitir un opt-out. 
¿De qué manera piensa mantener el Comisario la unidad del mercado en este punto? 
Una segunda cuestión crucial del mundo de los negocios es la siguiente: ¿qué vamos a armonizar realmente ahora? 
Está claro que los métodos de control deben estar armonizados. 
Pero, ¿cuál es el valor de esto? 
¿Será obligatorio aceptar resultados de una reconocida oficina de control en los Países Bajos también en Alemania? 
La armonización de valores marginales será posible solamente en parte por medio de las diferencias regionales. 
Please think of the difference in the climate between Lapland and Sicily. 
En mi opinión la finalidad de la armonización es que el mercado interior también se realice para los productos de construcción. 
Esto significa que ni institutos de control nacionales, ni exigencias nacionales, ni métodos de control nacionales puedan tener monopolio para determinar si un producto funciona bien o no. 
Esto hará daño a los Estado miembros pero, señor Comisario, dígaselo de una vez claro a los Estados miembros. 
La construcción tiene derecho a clarificación y simplificación después de todos estos años. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes desearía hacer hincapié en el enorme impacto medioambiental de los materiales de construcción y, por este motivo, hemos presentado un paquete entero de enmiendas. 
Creemos que es necesario someter todos los nuevos productos a una rigurosa evaluación de riesgos. 
En las últimos semanas hemos venido escuchando los escándalos provocados por materiales relativamente nuevos, cuyo impacto final puede llegar a ser realmente devastador. 
Pondré un ejemplo tomado de esta sala: un ingeniero civil me dijo una vez que tras esa bonita techumbre de madera hay lana de vidrio, lana mineral. 
Se trata de un material que se está revelando verdaderamente peligroso para la salud, lo cual hace necesarias indudablemente normas europeas y una evaluación de riesgos en toda regla. 
En caso de que fuera preciso, debemos estar en condiciones de prohibir todos aquellos productos que resulten perjudiciales para el medio ambiente y para la salud de los seres humanos. 
En una de nuestras enmiendas dejamos de manifiesto que, en nuestra opinión, se debería fomentar también la reutilización y el reciclaje de los residuos de materiales de construcción, ya que éstos representan una proporción muy grande del total de los residuos. 
Quisiera también plantear enseguida mi pregunta. 
Cuando hablamos de normalización deberíamos pensar en principio qué tipo de reconfiguración del sistema de normas pretendemos todavía en Europa. 
El tiempo se ha vuelto fugaz y si se piensa que EUROCODES se encomendó en 1989 al CEN, el avance en este ámbito no ha sido vertiginoso. 
Nos podríamos plantear todos conjuntamente la idea de si no se podrían establecer nuevos estándares sobre una base voluntaria y pensar qué nuevas posibilidades de normalización tenemos a nuestra disposición aquí. 
También es urgentemente necesario que tengamos la marca CE, porque- como ha dicho con toda razón el Sr. Langen- en este ámbito actúan muchas pequeñas y medianas empresas. 
Si queremos traspasar las barreras, si queremos fomentar el sector de la oferta pública, entonces necesitamos sencillamente estas bases de la autorización del producto, del etiquetado, del sistema de adquisición, de la responsabilidad civil y del seguro. 
Señor Presidente, con respecto a este dossier puedo ser muy breve, no porque no merezca la pena detenerse en este tema- habida cuenta de que es muy importante de cara al perfeccionamiento del mercado único- sino porque el informe del Sr. Langen es extremadamente claro y exhaustivo. 
En realidad, y en nombre de la Comisión, debo felicitarme con él, también porque el tenor del informe corrobora el análisis realizado por la Comisión en este sector. 
Anteriormente, la Comisión llegó a la conclusión de que la aplicación de esta directiva encuentra considerables dificultades en la práctica. 
El informe refuerza el juicio de la Comisión, ya que contiene, entre otros, un análisis que compartimos de los trabajos que todavía deben acometerse en el ámbito de la normalización de los productos de construcción. 
La Comisión, en el marco de la iniciativa SLIM, ha examinado atentamente las posibilidades de mejora y simplificación. 
Tras los trabajos llevados a cabo por todas las partes interesadas, por la Comisión en el contexto de la iniciativa SLIM que acabo de mencionar, por los Estados miembros y los organismos de normalización, la elaboración de las normas armonizadas va bien y los resultados tangibles se esperan en el año 1998. 
En cuanto a los diferentes puntos, planteados por la Sra. Peijs en particular, la Comisión está al corriente de ellos, puesto que algunos puntos ya fueron abordados y los demás figuran en el programa de la Comisión. 
Las trece enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes pueden resumirse como un esfuerzo para que aumente la sensibilidad hacia el medio ambiente a escala europea. 
El espíritu que las ha inspirado es ciertamente positivo, sin embargo, algunas deben considerarse desde un punto de vista crítico. La enmienda 4, por ejemplo, recalca, justamente, la complejidad del procedimiento de normalización y reitera que la misma tendrá unas consecuencias. 
Al subrayar este aspecto, en la enmienda, no obstante, se habla sólo de medio ambiente. 
Si bien esto es cierto, no se tiene en cuenta que el proceso de normalización tendrá repercusiones considerables también en otros muchos sectores, amén del medio ambiente: la política en materia social, la política económica, la seguridad, la competencia. 
La Comisión, por lo tanto, podrá acoger la sugerencia contenida en esta enmienda sólo si se tienen en cuenta las posibles repercusiones en todos los demás campos. 
En cuanto a las enmiendas 7 y 9, deseo llamar la atención sobre el hecho de que la Comisión ya está llevando a cabo una activa política de financiación de las organizaciones de consumidores y medioambientales con objeto de permitirles participar en los trabajos de normalización. 
Estas enmiendas, en consecuencia, no nos parecen oportunas en este contexto, a parte el hecho de que no afectan directamente a la directiva sobre los productos de construcción que es el objeto del informe del Sr. Langen. 
Para finalizar mi intervención, señor Presidente, puedo manifestar que la Comisión podrá acoger las sugerencias contenidas en las enmiendas 1, 2, 12 y 13. 
Señor Comisario, sólo quería repetir la pregunta: ¿Se piensa en Europa en una reorganización del ámbito de la normalización? 
Señor Rübig, ¿podría usted aclarar un poquito su pregunta? 
En el mercado único hemos visto- y éstas han sido las explicaciones del Sr. von Wogaulos problemas debidos a que la normalización en Europa no está realmente a la altura de los tiempos. 
Los plazos son demasiado largos, tenemos que velar, sencillamente, porque nuestros sistemas de normalización trabajen orientados al mercado y con plazos más cortos. 
Los sistemas nacionales presentan demasiadas resistencias. 
A nivel europeo necesitamos una nueva coordinación y una nueva forma de organización. 
Mi pregunta apunta a si en la Comisión se piensa introducir medidas de reforma en este ámbito. 
Señor Rübig, este tema no se ha debatido desde la perspectiva que usted ha apuntado. 
Me parece un tema importante y una buena idea. Voy a someter esta consideración a la atención del Comisario responsable, Sr. Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Sistemas de fiscalidad indirecta " FISCALIS» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0344/97) del Sr. Secchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la mejora del funcionamiento de los sistemas de fiscalidad indirecta en el mercado interior (programa FISCALIS) (COM (97) 0175- C4-0222/97-97/0128 (COD) ). 
Señor Presidente, al enunciar el título de este informe, acaba usted de aclarar en parte el contenido o, mejor dicho, los objetivos del programa FISCALIS. 
El contenido atañe sobre todo a las actividades de formación, de intercambio de experiencias y de puesta a punto de material informativo, a fin de lograr, en el ámbito de la imposición fiscal indirecta y, por lo tanto, del IVA en particular, así como de los impuestos sobre el consumo, un mejor conocimiento, una mejor compatibilidad y un paulatino camino común hacia la armonización de las administraciones fiscales nacionales a través de formas de coordinación. 
Evidentemente, el objetivo es conseguir que funcionen y coexistan mejor los diferentes sistemas a través de estos conocimientos y, en consecuencia, permitir que el mercado funcione de forma más satisfactoria y que los sistemas fiscales generen unos ingresos más equilibrados y más satisfactorios para los Estados, es decir, contribuyan a luchar contra el fraude y la evasión. 
En el anterior debate hemos oído, por ejemplo, que el actual sistema del IVA es, desde este punto de vista, uno de los aspectos más preocupantes. 
El hecho de que planteemos estos objetivos tiene unas repercusiones muy importantes de cara al empleo. 
Mañana, como se ha mencionado, se inaugura en Luxemburgo la Cumbre extraordinaria sobre el empleo: mejorar los ingresos de otras fuentes permitirá, ceteris paribus, reducir la imposición fiscal sobre las rentas de trabajo y, por consiguiente, desde esta óptica, fomentar el empleo. 
La finalidad del programa FISCALIS- la Comisión de Asuntos Económicos, ha subrayado alguna analogía, por ejemplo, con el anterior programa «Aduana 2000» -es aprovechar en mayor medida las acciones ya existentes y emprender otras nuevas, a fin de alcanzar los objetivos que he apuntado brevemente en mi introducción. 
La Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Presupuestos, que ha expresado su opinión, apreciaron en gran manera lo que propuso la Comisión e, interactuando con la misma, consideraron, en particular la Comisión de Asuntos Económicos, conveniente proponer algunas mejoras o enmiendas al texto que se sometió a nuestro examen, enmiendas que deseo someter brevemente a la consideración de sus Señorías. 
Se ha previsto, por ejemplo, la posibilidad de que en los seminarios que FISCALIS llevará a cabo, participen expertos académicos e incluso asesores y representantes de los contribuyentes, en particular de las pequeñas y medianas empresas. 
Se han definido mejor, también desde el punto de vista técnico, los seminarios; se ha abordado el problema de la preparación lingüística que deberán poseer los participantes necesariamente; se ha aclarado mayormente el concepto de intercambio y de período de prácticas; en particular se han propuesto algunas sugerencias que en cierta forma amplían el alcance del programa, a nuestro entender positivamente. 
Se ha sugerido, por ejemplo, que la experiencia adquirida por los participantes en estas actividades de formación y de intercambio pueda ser aprovechada también por la Comisión Europea para sacar enseñanzas de cara a mejorar más aún, si cabe, su acción en favor de formas cada vez más estrechas de coordinación con vistas a la armonización de los sistemas fiscales. 
Se ha sugerido asimismo que se fomente la formación de un network, de una red permanente entre los centros nacionales de formación en este ámbito, a fin de que el hábito de intercambiar experiencias, de llevar a cabo actividades en común, lleve a dichos centros a conocerse cada vez mejor y, en consecuencia, a actuar mejor en un mercado que cada vez más, como se dijo al comentar el informe von Wogau, está a punto de convertirse en un verdadero mercado interior para la Unión. 
El programa debería entrar en vigor el 1 de enero de 1998. 
A la vista de los plazos tan cortos, la Comisión de Asuntos Económicos y su ponente mantuvieron con la Comisión Europea y con los representantes del Consejo unos contactos informales con objeto de comprobar el mutuo interés en cuanto a las enmiendas presentadas. 
Por nuestra parte tratamos de poner la máxima voluntad; esperamos que hagan lo mismo no sólo la Comisión aquí presente, sino también el Consejo. 
La Comisión de Asuntos Económicos aprobó 15 enmiendas que son del tipo que más o menos he mencionado en mi exposición. 
Además mañana, en la votación, voy a proponer tres enmiendas orales que fueron acordadas con la Comisión de Presupuestos. La primera está encaminada a aclarar, desde el punto de vista formal, por ejemplo, las reglas que deben seguirse en caso de acudir a subcontratistas; la segunda atañe al hecho de que, si se incluyeran a los PECOS o Chipre, deberá aumentarse, en consecuencia, la dotación; finalmente, la última subraya el hecho de que, tratándose de un programa quinquenal, nos encontramos a caballo entre la actual previsión financiera que vence en 1999 y la próxima, algo que damos por sentado. 
Señor Presidente, considero que deben merecer nuestro apoyo la prórroga del programa FISCALIS y, de forma particular, la generalidad de las enmiendas propuestas por el Sr. Secchi. 
Entre éstas subrayaré las encaminadas a la ampliación de los participantes activos y pasivos en las acciones que se deben llevar a cabo. 
Así, es digna de beneplácito la enmienda nº 5 (a la letra d) del artículo 2) , pues no queda limitado el «intercambio» a «otra administración» y puede darse también como «establecimiento de formación de otro Estado miembro» , así como la enmienda nº 10 (al apartado 2 del artículo 5) , al admitir que en los seminarios que se impartan participen también, además de los funcionarios, » otros expertos del sector, universitarios, sujetos pasivos o sus representantes y asesores» , como se ha subrayado ahora. 
Por otro lado, se amplía asimismo la eficiencia de las acciones, con un mejor aprovechamiento de los medios existentes, como el propuesto para el artículo 6 (enmienda nº 12) , al no quedar limitado a «un cuerpo común de conocimientos para los funcionarios» , con el establecimiento de «una red de cooperación entre las organizaciones nacionales, academias o escuelas, y los funcionarios encargados de la formación». 
Al no haber ninguna propuesta concreta de enmienda al articulado, yo tendría ya, por lo demás, algunas reservas en relación con la propuesta que figura en el considerando 10 (enmienda nº 3) de la creación de una «academia comunitaria para los funcionarios encargados de la fiscalidad indirecta» , por lo que recelo que una estructura única de esa índole haga perder relieve a la posible y deseable cooperación en el nivel nacional. 
En el marco propuesto, es previsible, de hecho, y digno de beneplácito el intercambio de ideas referido al nuevo considerando 9 (también en la enmienda nº 2) , apto para propiciar una mejora de los instrumentos jurídicos en vigor, así como la ampliación a la generalidad de la información de intercambio que, en el considerando 7, está limitada al IVA (enmienda nº 1). 
La participación en la formación de una gran diversidad de agentes económicos es particularmente necesaria cuando se avanza hacia la tributación del IVA en el país de origen, con la disminución de la intervención de los agentes de la administración y las consiguientes mayor participación y mayor responsabilización de los ciudadanos. 
Por lo demás, se trata de una tendencia saludable del derecho fiscal actual, con consecuencias también en la generalidad de los demás impuestos. 
Señor Presidente, he abusado de su buena voluntad para hacer uso de la palabra en un debate anterior. Seré breve. 
Éste es un informe excelente. 
El Grupo Liberal lo apoya y apoyamos la amplitud de objetivos de las enmiendas de la Comisión de Presupuestos. 
Quisiera referirme en particular a las enmiendas núms. 2, 3 y 10 propuestas por el Sr. Secchi. 
Sabemos que, aunque la Sexta Directiva establece un único conjunto de normas, hay, en realidad, numerosas diferencias en la práctica en toda la Unión Europea. 
Sabemos que, para ser viable, el propuesto sistema de origen requiere una cooperación y coordinación mucho más estrechas entre las autoridades de los Estados miembros. 
Acogemos con beneplácito las propuestas de la Comisión. 
Sospechamos que su calendario es muy optimista y que la aplicación plena del programa de trabajo puede requerir un período más largo. 
Pero estamos convencidos de que la inminencia del importante paso al sistema definitivo no debe ocultar la necesidad de reformas para el sistema de transición vigente, que después se puede transferir al nuevo sistema definitivo. 
La interpretación de la Sexta Directiva por los Estados miembros, con frecuencia para provecho de sus haciendas nacionales, es, sencillamente, escandalosa. 
Así es sin lugar a dudas en el Reino Unido. 
He publicado un folleto titulado «Millones de libras tiradas: así tima el fisco a las empresas y los consumidores británicos». En él revelo que en los casos de compra a plazos, de acuerdos de crédito al consumo, del tipo de IVA aplicado a la vivienda y a la asistencia sanitaria y de los problemas que plantea a algunas pequeñas empresas el diferencial de los tipos del IVA fijados como umbral, Gran Bretaña no aplica las normas. 
En ese folleto se pide un foro sobre la fiscalidad indirecta. 
Esa petición se repite esta noche en el informe del Sr. Secchi y se repitió en el informe Randzio-Plath al que se ha referido antes el Comisario. 
La Comisión debe recurrir a profesionales y a especialistas académicos para que contribuyan a la resolución de los problemas actuales, independientemente del cambio a un nuevo sistema. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y haciendo yo de ponente, hemos aportado fondos para eso en el presupuesto de la Unión Europea para el próximo año y espero que la Comisión atienda nuestras peticiones. 
Señor Presidente, el programa FISCALIS y el informe del colega Secchi tienen mi aprobación. 
Los Estados miembros y la Unión están interesados en un intercambio de información bien organizado en favor de la lucha contra el fraude. 
La posibilidad de participación de los países asociados de Europa Central y del Este es un punto positivo. 
Además el acento debe recaer en los países que son serios candidatos de ingreso como Polonia, Hungría y la República Checa. 
Un punto de crítica es la confusa relación entre ingresos y gastos. 
La Comisión financia la parte del león de los gastos para este programa. Se interesa también por ello, eso está claro. 
Sin embargo los Estados miembros son los que perciben la mayor parte de los impuestos indirectos e impuestos sobre el consumo. 
Mi pregunta es si están repartidos del mismo modo cargas y beneficios. 
¿Podría decir el comisario Monti algo más sobre esto? 
Más de la mitad de la cantidad presupuestada para este programa se destina a sistemas de intercambio de información y comunicación. 
A través de sesiones de estudio, intercambio de funcionarios, guías y manuales se estimula a los funcionarios para que utilicen este sistema. 
Es difícil medir sin embargo la efectividad de estos esfuerzos. 
¿Puede comprometerse el Comisario a que se le preste atención a este aspecto explícitamente en el informe de evaluación y que se haga comprensible qué resultados se han logrado? 
El programa está muy orientado al nuevo sistema del IVA. 
Aunque no niego que es razonable que se esté preparado para esto de la mejor forma posible, observo que el sistema definitivo se dejará esperar todavía un tiempo. 
Los Estados miembros están muy divididos acerca de la forma de clearing. 
Además la reconversión al principio del país de origen requiere un importante esfuerzo de las empresas que ahora están acostumbradas al sistema transitorio. 
Esto parece estar en contradicción con la finalidad que debe conducir a este programa a la disminución de las cargas. 
Me parece mejor dirigir el programa provisionalmente a la mejora del actual sistema transitorio. 
Me gustaría escuchar la opinión que tiene el Comisario acerca de esto. 
Eficacia a través de la formación, así reza el lema en relación con el sistema impositivo en el mercado único. 
Para que el mercado único funcione, necesitamos funcionarios cualificados que proporcionen también la información adecuada. 
Se trata de lograr una oficialidad de las informaciones y también, en último término, una cierta responsabilidad por las informaciones. 
Sabemos que, por ejemplo, por la diversidad de procedimientos de doble imposición se producen enormes problemas en la Unión Europea. 
En este punto una buena formación de los funcionarios podría constituir la base esencial de un funcionamiento sin fricciones del mercado único. 
Un conocimiento especializado suficiente de los funcionarios en el ámbito del sistema impositivo constituye también una base de la armonización fiscal. 
En especial, la mejora de los conocimientos de idiomas extranjeros y también los programas de formación que existen en este ámbito como, por ejemplo, MATTHEUS, son extremadamente importantes para tener en el futuro una administración fiscal eficaz. 
Creo que en el futuro deberíamos concentrarnos en que la gente que trabaja en este ámbito actúe también prestando asesoramiento y no considere las empresas como víctimas, sino como la base de la existencia de nuestro sistema. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada deseo expresar mi aprecio al trabajo que el Parlamento ha llevado a cabo en relación con el programa FISCALIS y en especial al empeño de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y de su ponente, Sr. Secchi. 
Considero que las enmiendas del Parlamento, incluidas las presentadas oralmente con respecto a cuestiones presupuestarias, aumentan de forma significativa el nivel cualitativo del programa. Me es grato, pues, manifestarles que la Comisión puede aceptarlas todas, excepto una mínima excepción referida a la enmienda 12 y en particular a las palabras «dentro del comité previsto en el artículo 11». 
Quiero aprovechar esta ocasión para recordar a sus Señorías y a los representantes del Consejo la importancia del programa FISCALIS para el mercado único. El funcionamiento normal de los sistemas de IVA y del los impuestos sobre el consumo depende de forma cada vez más marcada de una intensa cooperación entre las administraciones fiscales nacionales. 
Estas últimas encuentran dificultades siempre mayores a la hora de afrontar individualmente los retos que plantean los negocios de las multinacionales y los alambicados fraudes internacionales perpetrados por la delincuencia organizada. 
La necesidad de una profunda y tenaz cooperación entre los funcionarios tributarios, con objeto de poder afrontar estos retos, es merecedora de un consenso general. 
Dicha cooperación, sin embargo, no puede imponerse por mandato, ya que la cooperación debe nacer del establecimiento de una relación de confianza entre las administraciones nacionales creando en los funcionarios la justa actitud y dotándoles de los medios más adecuados. 
FISCALIS constituye una contribución comunitaria a este difícil, pero necesario cometido. 
El programa provee a esto de tres maneras: en primer lugar, a través de los intercambios, los seminarios y los controles multilaterales que ofrecerán a los funcionarios nacionales la oportunidad de trabajar conjuntamente y de estudiar sus respectivos métodos de trabajo. 
Este intercambio de ideas es fundamental para crear la confianza que acabo de mencionar. 
En segundo lugar, a través de los sistemas informáticos que ofrecerán los medios técnicos para cooperar. 
Por último, a través de las acciones coordinadas de formación de los Estados miembros, indispensables para crear en los funcionarios nacionales la actitud necesaria de cara a la cooperación. 
Ahora, la Comisión deberá emplearse a fondo con objeto de asegurar que el Consejo tome plenamente en consideración las enmiendas del Parlamento para adoptar su posición común. 
Dado el amplio reconocimiento de la importancia de una rápida aprobación del programa FISCALIS, espero que el Consejo adopte una posición común que sea aceptable por el Parlamento. 
Agradeciendo el apoyo prestado al programa por todos los que han intervenido, en primer lugar al Sr. Secchi, deseo añadir únicamente, Sr. Blokland, que, respecto a las cuestiones planteadas por usted, la valoración de la eficacia del programa va a merecer la máxima atención y que la cofinanciación entre la Comunidad y los Estados miembros se encuentra muy arraigada en la propia formulación del programa FISCALIS. 
Además de la comunicación y el sistema de intercambio de informaciones, en que la demarcación es muy precisa, la cofinanciación está más ampliamente afianzada en el programa FISCALIS; desde este punto de vista, por lo tanto, Sr. Blokland, creo que podemos tranquilizarle. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Tratamiento de los datos personales en el sector de las telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0361/97) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos personales y protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (C4-0571/97-00/0288 (COD) ). 
Señor Presidente, espero que al menos el Presidente me siga, ya que es un tema que él conoce, como eminente jurista y como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Yo diría que esta directiva recuerda «Las metamorfosis» -no «La metamorfosis» de Kafka, sino quizás «Las metamorfosis» más amables de Ovidio, ese poeta romano- porque apareció con un nombre y acaba con otro distinto. Apareció con un contenido y termina con otro, distinto también. 
La directiva apareció hace siete años. 
Esto quizás no es mucho en la historia de los pueblos pero sí en la historia de un proceso legislativo. 
Pero parece como si hubieran transcurrido 20 años desde que, por primera vez, la Comisión presentó la propuesta de directiva. 
En aquella época se llamaba de otra forma. Se llamaba propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los datos personales y de la intimidad en relación con el sector de las comunicaciones y en particular la red digital de servicios integrados (RDSI) y las redes móviles digitales públicas. 
Explicar lo que yo he estado haciendo me ha costado un poco de trabajo porque nadie sabía lo que era esto. Y creo que tampoco lo sabía la Comisión, porque en definitiva parece que estábamos entrando en un terreno mágico, en un terreno nuevo. 
Luego, a medida que ha pasado el tiempo, se han ido difuminando y aclarando las nieblas que teníamos entonces y, al final, el Consejo- con buen criterio, creo- aceptó una propuesta de modificación del nombre, este nombre un poco más simplificado que es el de la protección de la intimidad en el ámbito de las telecomunicaciones. 
Creo que todo esto de las redes móviles digitales y la red digital de televisión integrada, etc., era una especie de añadido mágico que, en realidad, no le añadía nada al contenido de la directiva. 
Con lo cual, tenemos un nombre un poco más simplificado pero todavía alejado de la opinión pública. 
La directiva se presentó como una especie de apéndice a la Directiva sobre protección de la intimidad en materia de datos personales, que fue una directiva que acabó bien: acabó con acuerdo entre el Consejo y el Parlamento, sin necesidad de llegar a la conciliación. 
Lo que pasa es que entre la directiva que se presentó en el año 1990 por la Comisión y la que se volvió a presentar seis años después por el Consejo y por la Comisión había una diferencia enorme, hasta tal punto que yo, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, planteé la posibilidad de pedir una nueva consulta. 
Luego nos explicaron la Comisión y el Consejo que, en definitiva, los cambios no eran tan importantes, que lo que se había hecho era adaptarse a la Directiva sobre protección de datos, que se habían tomado en cuenta algunos nuevos desarrollos, y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, el Parlamento en definitiva, para no retrasar más el procedimiento, lo aceptó. 
Entonces, en un procedimiento ya nuevo, distinto, creo que se ha avanzado bien, que han salido las cosas adelante. 
El Parlamento, sobre todo, puso el acento en un par de temas. Para mí el más importante es, desde el punto de vista de los principios, la subsidiariedad. 
La subsidiariedad es una de esas palabras con las que a la gente se le llena la boca sin saber de qué se trata. 
Y concretamente, hablar de la subsidiariedad en el ámbito de las telecomunicaciones me parece el mayor disparate, porque si hay un campo en el que no cabe la subsidiariedad es en el campo de las telecomunicaciones, casi por definición. 
Y el Consejo aceptó estas enmiendas del Parlamento de forma que, en este momento, la palabra subsidiariedad no aparece en la directiva. 
El Parlamento, por otro lado, estaba de acuerdo en reconocer con el Consejo que la misión de una directiva no era dar una reglamentación detallada, eso sería la función de un reglamento. 
Con lo cual, creo que hemos llegado a un buen punto de equilibrio. 
Por un lado, la subsidiariedad desaparece. 
Es decir, aquí no hay subsidiariedad. 
Hay una normativa comunitaria y, luego, lo que ocurre es que, desde el punto de vista del desarrollo nacional, el Parlamento y el Consejo dejan a los ordenamientos nacionales que se encarguen del desarrollo legislativo, de conformidad con lo que es la naturaleza de la directiva, que obliga en cuanto al fin pero que deja a los Estados los medios para realizarla, que es algo completamente distinto de la subsidiariedad. 
Y luego ya entramos en algunos pequeñas cuestiones que tienen también su importancia técnica y consecuencias desde el punto de vista económico, como es el tema del reconocimiento de la posibilidad de grabar comunicaciones de carácter comercial, al objeto de que quede constancia de las transacciones, al objeto de que haya una garantía de la realización de las transacciones. 
Y también una cuestión, que al final se nos complicó mucho, que era la del reconocimiento de la posibilidad de cobrar por que los datos de una persona no figuraran en una guía. 
Es un tema que parece que es al contrario de lo que debería ser normalmente. 
Uno debería pagar por figurar en la guía y tener el derecho a no pagar si uno figura. Pero parece que en todo este ámbito de las telecomunicaciones las cosas se complican de tal forma que al final es lo contrario de lo que uno piensa que debería pasar. 
En definitiva, creo que hemos trabajado bien. 
El Consejo y el Parlamento han mostrado la mejor voluntad, la Comisión también ha trabajado y ha colaborado y hemos llegado a un acuerdo- después de un período razonable de discusión- de forma que esta nueva directiva común entre el Consejo y el Parlamento es un buen ejemplo de colaboración y de aplicación del procedimiento de codecisión. 
Señor Presidente, señoras y señores, no puedo menos que dar la razón al ponente. 
En la utilización de las nuevas tecnologías no debe ser la técnica, sino siempre el hombre, quien ocupe el punto central. 
Sus derechos y sus necesidades individuales tienen prioridad y deben ser protegidos en cualquier caso. 
Por muy evidente que parezca esta afirmación, a veces no es menos difícil llevarla a la práctica. 
La historia de la directiva sobre el tratamiento de los datos personales y sobre la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones nos lo ha mostrado una vez más. 
Ha sido un camino difícil, pedregoso, que sólo ha encontrado un buen final en el Comité de Conciliación. 
Esta directiva complementa la directiva general sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta a las posibilidades técnicas de las redes modernas de telecomunicación. 
Confiere a la protección de los datos en las telecomunicaciones el mismo rango que a la protección de la salud, para la cual el Parlamento Europeo impone criterios especialmente severos en muchos ámbitos de nuestra vida. 
Este elevado nivel es absolutamente necesario a la hora de la protección de los datos personales y de la delimitación de la intimidad frente a terceros. 
De lo contrario, existe el peligro de que sacrifiquemos la individualidad de las personas concretas en el altar de las posibilidades de una técnica absolutamente necesaria y digna de celebrarse, y entreguemos indefensa esa individualidad a las apetencias financieras de aquellos que dominan en las telecomunicaciones. 
Por expresarlo de otra manera: deberíamos lograr una protección individual que deje al criterio de cada cual hasta dónde se le pueden acercar las modernas telecomunicaciones. 
Permítanme mencionar el ejemplo de la venta directa por telefax o por teléfono. 
¿Quién no se enfadaría por la llamada, no solicitada, de un vendedor de seguros en un momento intempestivo? 
Esto se habrá acabado una vez que entre en vigor la directiva. 
Después, esas y otras aplicaciones semejantes de la técnica de las comunicaciones necesitarán la autorización de los afectados. 
Quiero apoyar el resultado de la conciliación, porque a la vez que se ha conseguido una elevada protección de los datos individuales no se ha perdido de vista el segundo objetivo importante: que debe garantizarse la libre transferencia de los datos. 
Para terminar, permítanme que aluda a un ejemplo, completamente curioso, de cómo se había puesto en peligro el libre intercambio de datos. 
Ante las redes de datos que abarcan el planeta surgió realmente la idea, bajo el título de subsidiariedad en la Unión Europea, de regular las telecomunicaciones de manera diferente, según los países. 
Aquí alguien debió confundir la comunicación con el comercio. 
Hemos logrado impedir esto y está bien así. 
Señor Presidente, merece la pena estar hoy aquí, a estas horas de la noche, por la satisfacción de dejar constancia de que la directiva relativa al tratamiento de los datos personales y protección de la intimidad- como muy bien ha señalado el ponente- llega a puerto. 
Llega a puerto tras una singladura que, sin ambages, cabe calificar de larga y complicada. 
De las trece enmiendas que han sido debatidas en segunda lectura, once fueron objeto de esta última fase del procedimiento de codecisión y, respecto de todas ellas, el Comité de Conciliación ha acordado un texto conjunto y satisfactorio. 
Por ello, el Grupo del PPE votará a favor de este texto y no me cabe la menor duda de que el Pleno de esta Asamblea, al ratificar mañana lo acordado, dejará constancia de su capacidad para alcanzar compromisos realistas, manteniéndose firme en lo que son posiciones de principio respecto a la protección del derecho a la intimidad del ciudadano y de los intereses legítimos de las personas jurídicas en este proceloso mar de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones. 
Señalaba que hoy termina un largo procedimiento, y es de ley destacar, señor Presidente y señor Comisario, en nombre de mi Grupo y en el mío propio, la excelente gestión del ponente, Sr. Medina Ortega, que ya hemos constatado en otras ocasiones, pero que ha cobrado especial importancia en esta fase de conciliación tan compleja como delicada. 
En efecto- él lo ha señalado -, la primera propuesta data de 1990, pero su adopción se ha realizado en estos dos últimos años. 
Y es que, en este terreno fronterizo, donde la velocidad y el cambio tecnológico, en particular la introducción de la red digital de servicios integrados, la televisión interactiva o el vídeo por pedido crean unas tensiones enormes en la sociedad, se pone de manifiesto hasta qué punto la trabazón de una sociedad europea real depende de nuestra capacidad para dar solución a estos problemas. 
Porque se puede hacer una Unión Económica y Monetaria con banqueros y comerciantes, pero no se puede hacer una Unión Europea sin ciudadanos, y a los ciudadanos- qué duda cabe- les interesa la moneda única y la libre circulación de mercancías, pero cada vez más dan señales de que les preocupa- y les preocupa sobremanera- la protección de sus derechos personales y, en particular, este derecho a la intimidad. 
Once han sido las enmiendas, he dicho, que se han debatido y, entre las cuestiones controvertidas, ha señalado el ponente la satisfactoria solución dada a la petición del Parlamento de que las autorizaciones legales a las escuchas se acordaran a lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Directiva general de protección de datos. 
Y se ha conseguido con una solución ágil e inteligente que da salida a la legítima preocupación de los sectores financieros por esa grabación de las conversaciones para seguridad del tráfico mercantil, a la que también se ha referido el ponente. 
A mí me gustaría destacar otras cuestiones que me parecen importantes. En particular, la enmienda que planteó el Parlamento al considerando 25, que se refiere al también proceloso mar de la comitología. 
Pues bien, aquí el Parlamento votó para que este procedimiento no fuera utilizado fuera de su contexto, para que no fuera utilizado para cambios sustanciales, y creo que la solución a la que se ha llegado en este procedimiento de conciliación respecto de los límites de la comitología es un buen precedente para futuros actos legislativos. 
Destaca, en mi opinión, asimismo la solución encontrada frente a la demanda planteada por esta Asamblea de que se garantizase la protección de los derechos legítimos a la intimidad de las personas jurídicas. 
Estimábamos en segunda lectura que, en determinadas circunstancias, se debía proteger, por ejemplo, a las pequeñas empresas en las tan frecuentes avalanchas de material publicitario no solicitado que pueden suponer una carga intolerable para su buena gestión. 
Pues bien, esta preocupación también queda reflejada. 
También se ha solucionado lo que contenía la enmienda 9, de no figurar en una guía telefónica, como ha dicho el ponente, y creo que hoy, a estas horas de la noche, no cabe más que concluir congratulándose de la buena colaboración que ha habido entre las instituciones, que han conseguido que diéramos solución a este indudablemente espinoso problema. 
Señor Presidente, como se ha dicho anteriormente, hace casi siete años que la Comisión presentó una propuesta para la protección de los datos personales y la vida privada en las redes públicas de telefonía digital, por ejemplo, las redes GSM e ISDN. 
El propósito era que esta propuesta garantizara protección a todos los ciudadanos de la UE respecto a la información que hay en esos diferentes registros públicos y privados. 
En el segundo trámite el Parlamento aprobó la proposición con la reserva de 13 propuestas de enmienda que trataban sobre la gratuidad de los números secretos de teléfono. 
El Consejo no aceptó esas propuestas, especialmente la referente a los números telefónicos secretos, por lo que el asunto se envió al Comité de Conciliación. 
Opino que no se ha resuelto de forma completa el asunto de si los números de teléfono van a ser de pago o no, es decir, tratándose de este tipo de registro de ciudadanos, si se va a tener derecho a estar fuera de semejantes registros gratis. 
También alcanza a personas que tienen situaciones especialmente delicadas. 
Sin duda creo que el Parlamento ha cambiado un tanto su posición inicial. 
Cuando en la delegación del Parlamento Europeo se acordó una propuesta de compromiso, había realmente sólo cuatro personas presentes cuando tiene que haber quince. 
Opino también que se puede discutir si este asunto requiere una directiva de la UE que establezca normas obligatorias para los Estados miembros, ya que no se satisfacen totalmente los intereses de los consumidores y tampoco se les protege de forma cabal. Por esto mi grupo está de hecho discutiendo votar por el rechazo de la propuesta. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, ha habido que conciliar aquí intereses muy encontrados. 
Por un lado, ha sido preciso encontrar aquí un compromiso entre la necesidad de los ciudadanos europeos de una protección, lo más grande posible, de la esfera privada y el interés de los operadores de los servicios públicos de telecomunicación por prestar un servicio amplio y eficaz. 
Ha habido que acometer una armonización a nivel europeo pero, por otro lado, ha habido que atender también a los diversos intereses de los Estados miembros. 
Ha sido preciso encontrar una regulación que se oriente en gran medida por los criterios de la directiva marco sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, pero que, al mismo tiempo, esté abierta también a desarrollos futuros. 
Las soluciones que se han logrado en el procedimiento de conciliación responden satisfactoriamente a estos objetivos. 
En primer lugar: en adelante están inequívocamente establecidos los requisitos bajo los cuales pueden ser grabadas las conversaciones telefónicas. 
Se ha mejorado la correspondiente formulación de la posición común, la cual era muy imprecisa y había conducido a una práctica no unitaria en la Unión Europea. 
Sin embargo, al mismo tiempo, mediante la nueva regulación de excepción se ha dado respuesta a los legítimos intereses de los Estados miembros respecto de la protección de la seguridad y del orden públicos. 
En segundo lugar: el Parlamento Europeo no ha podido imponer, ciertamente, su pretensión de mantener como absolutamente gratuita la no inclusión de los abonados en la guía telefónica. 
Pero, por otro lado, se ha logrado en este punto un compromiso aceptable ya que los costes derivados que han de cargarse están completamente delimitados en el texto de la directiva y serán bajos. 
En tercer lugar: más allá de la protección de los derechos fundamentales de las personas físicas el compromiso garantiza también un mejor tratamiento de los legítimos intereses de las personas jurídicas. 
Por un lado, de esta forma se evita una aplicación no unitaria de la directiva y, por otro, se protege, sobre todo, a las PYMES en lo que respecta a su inclusión en las guías públicas y también en lo que se refiere a las llamadas no solicitadas. 
Hay que celebrar que al final del procedimiento legislativo se haya alcanzado en la directiva un texto más simplificado y más comprensible, que se hayan adaptado, sobre todo, a la directiva general de protección de datos la terminología y los supuestos de hecho, impidiendo así la diversidad de interpretaciones, y que estas dos directivas- al menos en lo esencial- tengan que ser trasladadas también a normas comunes por los Estados miembros antes del 24 de octubre de 1998, como muy tarde. 
Con el compromiso que se ha alcanzado se documenta la voluntad política de la Unión de crear un estándar único europeo para el tratamiento de los datos personales y para la protección de la intimidad de las personas en el ámbito de las telecomunicaciones, en especial, en la RDSI y en la red digital de telefonía móvil. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente, Sr. Medina Ortega, por su labor, como siempre, extraordinariamente esmerada. 
Parece haberse especializado en informes técnicos y difíciles, pero siempre los hace muy bien. 
Este informe abarca dos cuestiones principales: a) la protección de datos y 2) las nuevas tecnologías. 
La protección de datos es un principio importante para las libertades públicas. 
La segunda cuestión es la de las nuevas tecnologías. 
Alguien me describió los nuevos recursos tecnológicos como comparables al paso de los barcos de vela a los barcos de vapor en el siglo pasado. 
Eso significa que ahora toda clase de información está mucho más rápidamente accesible y se puede guardar más información en las computadoras que la que se podía guardar en los registros manuales y se puede acceder a ella mucho más rápidamente. 
Eso plantea nuevos problemas. Hay que encontrar nuevas soluciones. 
En el informe preparado por el Sr. Medina Ortega encontramos algunas conclusiones sensatas. 
Quisiera apoyar su informe. 
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al Sr. Medina Ortega y a los demás miembros del Comité de Conciliación del Parlamento Europeo, Sres. Palacio, de Clercq e Imbeni, por los esfuerzos realizados para llegar a una conclusión positiva. 
El Parlamento Europeo ha jugado un papel importante en todas las fases del procedimiento y ha protegido de forma eficaz- hay que decirlo- la directiva. 
A lo largo de la conciliación, el Parlamento Europeo ha contribuido de manera considerable a garantizar los derechos de los ciudadanos, en particular por lo que se refiere a las disposiciones relativas a la intimidad de las comunicaciones y las guías públicas. 
La historia de la directiva se remonta, como se ha mencionado, a hace más de siete años y el Parlamento Europeo ha venido desempeñando un papel crucial de cara a mantenerla entre los temas por tratar, incluso en momentos en que otros consideraban que el tema podía relegarse a la subsidiariedad. El punto de vista del Parlamento se ha demostrado acertado. 
El último punto que quiero subrayar es el interés de los terceros países por el enfoque comunitario en lo referente al tratamiento de los datos personales y a la protección de la vida privada. 
Dicho interés de los terceros países es considerable; será importante garantizar no sólo la correcta aplicación nacional de la directiva desde el mes de octubre de 1998, sino también un nivel adecuado de protección en el mercado global de las telecomunicaciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Portabilidad del número y preselección del operador 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0346/97) del Sr. van Velzen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/33/CE en lo que se refiere a la portabilidad de los números entre operadores y a la preselección del operador (COM (97) 0480- C4-0515/97-97/0250 (COD) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, tan sólo unas semanas y la liberalización del mercado de las telecomunicaciones es un hecho en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Después de que en primer lugar las empresas se hayan podido beneficiar de la liberalización en el sector de las telecomunicaciones me complace saber que con la propuesta respecto a la portabilidad del número y la preselección del operador, tal como se nos presenta, también ahora los consumidores puedan recoger los frutos del proceso de liberalización. 
La propuesta de la Comisión de modificar la directiva de interconexión cumple en los puntos esenciales con la opinión del Parlamento Europeo, tal como se expresó en su resolución del 17 de julio de 1997 y de la que yo tuve el honor de ser ponente. 
Para el consumidor tiene gran importancia poder experimentar las ventajas de un mercado de telecomunicaciones liberalizado. 
La propuesta no pretende ser solamente una mejora de la calidad del servicio personalizado, si no que también propiciaría la competencia en el mercado por lo que los precios bajarían. 
Señor Presidente, la primera modificación de la directiva de interconexión concierne al número de portabilidad. Esto quiere decir: el mantener tu número de teléfono aunque cambies de operador. 
Se trata de un instrumento muy efectivo para propiciar la competencia, ya que consumidores que decidan escoger otra compañía telefónica ya no se verán impedidos por toda clase de cambios de números molestos. 
A corto plazo debe ser introducida también la portabilidad del número en el sector de la telefonía móvil. 
Me gustaría aconsejar a la Comisión Europea que desarrolle propuestas en este campo tan pronto como sea posible. 
El segundo cambio, señor Presidente, concierne a la preselección del operador; esto significa que el consumidor mismo puede elegir el operador sobre todo para conversaciones a larga distancia. 
La preselección del operador es un método excelente para que los consumidores se beneficien a corto plazo de la política de liberalización europea. 
Considerando los elevados costes que traen consigo las conversaciones a larga distancia, la implantación de esta norma puede resultar ventajosa para el consumidor, ahorrándose cientos de florines al año. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se ha aprobado una enmienda por la que se ofrece la posibilidad de solicitar prórroga para la implantación de la preselección del operador en aquéllos Estados miembros donde se funcione todavía con el viejo sistema analógico, siempre que puedan demostrar que la implantación de este podría conducir a una carga desmesurada para determinadas sociedades o grupos asociados. 
Agradezco a la señora Read su apoyo a esta enmienda y me alegra que renuncie a otras enmiendas. 
Señor Presidente, al manejar la numeración del Libro Verde se desprende que existen grandes necesidades de creación de números paneuropeos. 
Entre estos se puede pensar por ejemplo en un número europeo para asistencia en carretera, o de un número de servicio universal cuando se pierda una tarjeta de crédito, una tarjeta bancaria o de la Caja Postal. 
Con la implantación de estos números el usuario ya no necesitará retener los complicados códigos de los países estando en el extranjero sino sólo un número europeo. 
La UIT ha otorgado ahora la combinación 3-8-8 a la Unión Europea y la Comisión Europea comenzará a partir del 1 de enero de 1999 con la prueba de una serie de estos números y me gustaría solicitar a la Comisión que diese a conocer al Parlamento Europeo los resultados de esta prueba tan pronto como le sea posible. 
Para concluir, señor Presidente, quisiera hacer una observación acerca del número de urgencia 112. 
La utilización del número de urgencia 1-1-2 ó 112 en la Unión Europea debería haber sido operativo desde el 31 de diciembre de 1996 según la disposición del Consejo. 
En los meses pasados he estado inspeccionando lo que sucede con esto y he constatado que el acceso en determinados Estados miembros a través de la red de telefonía móvil todavía no es óptimo y esto se ve por ejemplo en Bélgica, donde la policía todavía se pasea con la indicación del viejo número de urgencias. 
Señor Presidente, la existencia paralela de dos número de urgencias es decir uno nacional y otro Europeo no concuerda con la intención de un sólo número de urgencias europeo. 
Sería bueno que la Comisión iniciase tan pronto como le fuera posible un estudio sobre la implantación para el ciudadano del número esencial 1-12. 
Señor Presidente, mi fracción aprobará la propuesta de la Comisión acerca de la portabilidad del número y de la preselección del operador y de la enmienda fijada por el EMAC. 
Señor Presidente, felicito, como siempre, al ponente, Sr. van Velzen, por la meticulosidad de su trabajo. 
Le agradezco también que haya manifestado su apoyo a la enmienda aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y redactada por mí. 
Mi Grupo político y, desde luego, yo apoyamos esta propuesta de la Comisión y el principio de la portabilidad de los números y la preselección del operador. 
La razón por la que tenía mucho interés en que se aprobara esa enmienda era la de que existe al menos un interrogante sobre si la preselección del operador va a aportar las ventajas de la liberalización a los consumidores nacionales de a pie, los que muy raras veces hacen una llamada interprovincial siquiera y casi nunca en su vida hacen llamadas internacionales. 
El hecho de que exista ese interrogante, al menos en mi opinión, es la razón de ser de la enmienda que permite exenciones a determinados Estados miembros en los que se impondría una carga excesiva a ciertas organizaciones o clases de organizaciones o- y esto es importante- en los que hubiera repercusiones perjudiciales en el desarrollo de la competencia y las posibilidades de elección de los consumidores. 
Es muy importante reconocer que esa exención no es incondicional. 
Los Estados miembros tendrían que demostrar esa excesiva carga o repercusiones perjudiciales para los consumidores antes de que se pudiera aplicar dicha exención. 
En modo alguno socava el principio, en particular la preselección del operador, que el Sr. van Velzen tan claramente ha expuesto. 
Cualquiera de quienes hemos tenido la experiencia de intentar marcar un largo número de teléfono internacional recordará que, cuando estamos llegando al final, momento en el que casi siempre cometemos un error, ya casi hemos olvidado a quién estábamos llamando y por qué. 
Cualquier simplificación al respecto- y, naturalmente, no se trata sólo de simplificación, sino de ofrecer a los consumidores posibilidades reales de elegir para que puedan buscar lo que más les convenga y se noten las ventajas de la competencia- es extraordinariamente importante. 
Esto no forma parte del texto, Comisario, pero quisiera indicar que, como diputado particular, quisiera formular una pregunta a la Comisión tal vez dentro de doce meses a fin de que nos comunique el número de Estados miembros que han pedido exenciones y las razones que han aducido para pedirlas. 
Brindaría a este Parlamento una oportunidad de ver si mis temores son infundados- y no creo que lo sean- y, si tienen fundamento, procuraríamos encontrar una oportunidad para examinar de nuevo la portabilidad de los números y la preselección del operador. 
Recomiendo a Sus Señorías el informe y agradezco en particular al ponente su aceptación de la enmienda originalmente redactada por mí. 
Señor Presidente, una vez más el 1.1.1998 va a constituir una fecha histórica en la Comunidad Europea. 
La liberalización en este ámbito nos va a traer avances manifiestos y quiero dar especialmente las gracias al Sr. van Welzen, el cual se ha documentado excelentemente en este ámbito y ha contribuido mucho a que esto haya sido posible. 
Hace pocos días presenté en Austria un libro sobre telecomunicaciones que refleja el último estado de cosas en Austria. 
El interés fue enorme. 
En este ámbito existen posibilidades de negocio totalmente nuevas y creo que esto tiene una gran importancia para nuestro futuro y también para los puestos de trabajo. 
Para los números es muy importante que, en definitiva, el número sea también una marca. 
Lo vemos en el número de emergencia 112, quizá en el futuro el 338 sea el nombre abreviado para Europa. 
En el futuro deberíamos reflexionar mucho más acerca del proceso racionalizador que podemos desencadenar con tales números, pero, por otro lado, deberíamos pensar también en los costes de un cambio. 
Considero que un análisis, por ejemplo, de los números más marcados representa ya un enorme avance para nosotros. 
Señor Presidente, en primer lugar mi agradecimiento al señor ponente por su corta y clara exposición. 
No estamos siempre de acuerdo pero cuando se da el caso, creo que también se debe decir. 
Ya en la discusión del Libro Verde acerca de la política de numeración para los servicios de telecomunicaciones me he mostrado partidario de la implantación de la portabilidad del número y de la pre selección del operador. 
Esto es absolutamente necesario para el buen funcionamiento de un mercado de telecomunicaciones global. 
Sólo la implantación de la selección del operador ofrece al consumidor la libre elección de compañía telefónica para sus conversaciones internacionales, y el tener que teclear códigos extras va en contra del cliente en vista de que supera la situación tecnológica de la mayoría de los Estados miembros. 
Pero, Comisario y colegas, la implantación de la ley tiene que producirse cuidadosamente y los mercados deben abrirse en base a la reciprocidad. El sector de las telecomunicaciones es una gran fuente de empleo y tiene mucho que perder. 
La Comisión debe vigilar que los Estados miembros no frenen la implantación simultánea del número de portabilidad y selección del operador por consideraciones proteccionistas. 
Pregunto al Comisario también cómo piensa realizar esto. 
Colegas, en la mayoría de las ocasiones cuando se trata de liberalización o de la realización del mercado interior, tan crucial para nuestro mundo de los negocios y por lo tanto para nuestro empleo, nuestra Casa se divide en un bloque de izquierdas y de derechas. 
Yo también me alegro como el ponente que esta directiva encuentre una amplio apoyo en este Parlamento y también en el Consejo, donde todavía, lástima, hay dos tercios de ministros socialistas y que es unánime en su aceptación. 
Esto significa, por tanto, que nuestros ciudadanos podrán disfrutar pronto de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, lo que mi grupo aplaude. 
Entiendo que se quiera marchar a casa pero he hecho una pregunta al Comisario, por cierto cómo piensa controlar el Comisario realmente que se implante en todos los Estados miembros al mismo tiempo este número de portabilidad y selección del operador en base a la reciprocidad. 
Señora Plooij-van Gorsel, puedo contestarle al menos en parte. 
La Comisión comparte su preocupación. 
Los Estados miembros, por otro lado, han mostrado cierta preferencia por la flexibilidad; considero, en consecuencia, que queda todavía camino por andar para alcanzar el objetivo que usted ha apuntado. En este momento no estoy en situación de ofrecerle una respuesta más concreta. 
Por lo tanto, voy a cerrar el debate. Les recuerdo que la votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.35 horas) 
Aprobación del Acta 
Señor Presidente, mi observación se refiere al Acta. 
Me refiero a una intervención del Sr. Macartney en la que dijo que había habido cierta confusión y un error en la traducción al inglés de la versión original en francés. 
He verificado la versión original francesa y dice con toda claridad «la viande britannique». 
Tengo entendido que «britannique» significa «británica» , no significa «inglesa» , por lo que abarca todas las carnes de bovino, incluida la escocesa. 
Señor Presidente, agradezco el interés de mi colega por la exactitud lingüística, pero, como usted sabe, la persona que ocupaba la Presidencia en aquel momento era David Martin, que también procede de Escocia. 
Hemos verificado la versión original firmada por el Grupo y decía «anglaise». 
Por eso planteé aquella cuestión de orden, para que conste en acta simplemente. 
Doy las gracias porque se nos han aclarado todos los detalles de esta cuestión, luego ahora ha de estar claro de qué manera queda el asunto. 
(El Acta queda aprobada) 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores solicita la denegación de la urgencia. 
La Comisión solicitó el 17 de noviembre una concertación por el procedimiento de urgencia, de conformidad con el artículo 97. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores examinó dicha solicitud en su reunión del 18 de noviembre y la rechazó por unanimidad, por consideraciones formales y también de contenido. 
Por lo que se refiere al procedimiento, en el momento en que se solicitó la urgencia, la comisión sólo disponía de una copia de la página reglamentaria del documento base de la propuesta de la Comisión. 
No se nos puede pedir que examinemos seriamente una propuesta de la Comisión- por urgente que ésta sea- en estas condiciones. 
Aun así podríamos haber hecho una excepción en el caso de los temas financieros relacionados con Ucrania. 
No obstante, dado que se acaba de movilizar un tramo de 100 millones de ecus, no creemos que existan razones financieras ineludibles que así lo justifiquen. 
Necesitamos deliberar sobre esta cuestión y, por lo tanto, solicitamos que se deniegue la urgencia. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Delincuencia organizada 
Señor Presidente, la delincuencia organizada se desplaza a través de las fronteras del mismo modo que la polución medioambiental. 
Se necesitan esfuerzos mancomunados. 
Se necesitan esfuerzos coordinados globalmente, en el plano europeo, nacional, regional y local, pero también en la sociedad civil y en el plano individual. 
El plano europeo tiene que reforzarse pero sin que los otros se debiliten. 
Las organizaciones de narcotraficantes no reconocen límites. 
A través de organizaciones, introducen gente subrepticiamente en todos los continentes. 
Su campo de acción es toda la tierra. 
Cientos de organizaciones mafiosas ya tienen interés en nuestra Unión. 
Tenemos que aumentar la cooperación dentro de los límites de la Unión pero también fuera de esos límites, hacia el Este y el Oeste. 
Hace algunos años comenzaron los preparativos para iniciar un trabajo más amplio en este campo en el plano internacional. 
En Dublin, hace un año, se echaron las bases para el programa de acción que se trató el verano pasado en Amsterdam, con treinta propuestas diferentes para combatir la delincuencia organizada. 
Hoy vamos a tratar los puntos de vista del Parlamento sobre esta materia. 
También tenemos algunos documentos legales sobre temas puntuales, que van a ser tratados simultáneamente. 
Se trata de construir un vallado, un vallado del imperio de la ley, que sea tan nítido que podamos, sin embargo, tomar medidas puntuales y bastante firmes contra la delincuencia, puesto que las medidas se equilibran entre estado de derecho, integridad y también eficacia. 
En mis propuestas he desarrollado algunos puntos, he ido un poco más lejos que el Consejo. 
Soy más específico en algunos puntos. 
Construyo redes de protección jurídica más altas en ciertos puntos al mismo tiempo que trato de aumentar la eficiencia. 
También he rechazado algunas posturas del Consejo. 
También he incorporado en el informe puntos de vista nuevos que no existían, es decir, aspectos que no habían sido tratados. 
Evidentemente que el informe es muy amplio. 
Quisiera destacar especialmente el trabajo práctico, ya que creo que es muy importante. 
He tratado de escuchar a mis colegas y de comprender sus puntos de vista. 
Creo que hemos tenido una cooperación muy buena. 
El lucro es el corazón de la delincuencia organizada. 
Por eso muchas propuestas van dirigidas a las ganancias, pero también a los temas probatorios, ya que aquí nos encontramos en un sector delicado. 
Se trata de encontrar diferentes nuevas posibilidades de salir adelante en materia de pruebas. Por cierto que es muy difícil. 
Es sabido que la delincuencia organizada trabaja a menudo de manera que no dejan realizar actos criminales a quienes realmente se hacen cargo de las ganancias, sino que son otras personas quienes los cometen, lo cual, muchas veces, complica considerablemente las pruebas. 
Creo que las redes de cooperación, la colaboración práctica, son esenciales. 
A la larga, van a ayudarnos a crear un espacio para asegurar el imperio de la ley en la Unión. 
En este contexto, quisiera también señalar la cooperación existente entre los Países Nórdicos. 
Allí hace tiempo que hemos tenido una colaboración práctica tal que ha significado que los Parlamentos aprovechan las experiencias de los demás antes de aprobar nuevas propuestas. 
Además, tenemos una colaboración diaria, que creo que es lo más importante que es preciso desarrollar. 
Tenemos que alcanzar sistemas jurídicos compatibles en Europa y tenemos que armonizar en los terrenos en que no podemos entrar de otro modo. 
Quiero aprovechar para dirigir un elogio al ministro Sr. Fischbach que ha venido al Parlamento, ha discutido con nosotros y nos ha consultado por primera vez en estos temas, de manera que nosotros hemos podido expresar los puntos de vista del Parlamento en un asunto tan importante dentro del tercer pilar, efectivamente de acuerdo con lo que se acordó en Amsterdam, aunque aún no haya sido ratificado. 
Quiero agradecerle especialmente por esto. 
Pienso que tenemos muchos conceptos diferentes sobre lo que en realidad es la delincuencia organizada. 
Tenemos que lograr una definición. 
Para poder tomar medidas severas tenemos que saber de qué estamos hablando. 
Por eso creo que la definición es muy importante. 
Igual que los documentos legales, esto se va a tratar el 3 y 4 de diciembre en el Consejo de Ministros. 
Entonces va a ser muy interesante para nosotros ver lo que verdaderamente va a suceder, y si se van a escuchar los puntos de vista del Parlamento en estas cuestiones. 
También espero que se empiecen a estudiar un poco más los métodos especiales de investigación, los métodos más secretos. 
Son muy delicados, pero espero que el Consejo los discuta. 
En mi informe he querido ir más allá de lo que ha querido el Consejo anteriormente en esta materia; evidentemente se trata de temas delicados. 
También es importante tocar temas de informática. 
Tenemos que prever lo que ocurre en la informática cuando la delincuencia organizada empieza a hacer uso de ella. 
Además, tenemos que conseguir que la policía tenga posibilidades de usar la informática de forma correcta para impedir la delincuencia. 
Estos temas necesitan mejor dedicación que la que han tenido hasta hoy. 
El 90 por ciento del informe fue aprobado en el comité. 
Quiero agradecer especialmente a los colegas que han participado en las discusiones, ya que estimo que hemos colaborado de manera amena, fructífera e interesante. 
He aprendido mucho y espero que la Cámara apruebe esta propuesta en su totalidad. 
Si no lo hace, es de algún modo una vergüenza para el Parlamento si no logramos aprovechar la posibilidad que Fischbach nos da para expresar nuestros puntos de vista, lo que otorga también a esta materia un realce que, en otro caso, no habría tenido. 
Por eso opino que el Parlamento tiene que ser capaz de expresar sus puntos de vista. 
Espero y creo que el largo trabajo que hemos realizado llevará a que hay buenas posibilidades de vigorizar esta materia, aunque no todos hayan logrado satisfacer sus puntos de vista en detalle. 
Por este motivo voy a nombrar también a Italia. 
Hay una propuesta de enmienda de UPE que hemos debatido un poco. 
La delincuencia organizada tiene diferentes aspectos. 
He trabajado junto a muchos italianos y está claro que las experiencias italianas y suecas difieren mucho en esta materia. 
Sin embargo, tenemos mucho que aprender de Italia, puesto que los italianos han adoptado medias bastante drásticas. 
Cuando digo esto me dirijo especialmente a UPE: sin embargo, también tenemos que recordar- y es también mi experiencia de Italia- que el ejemplo italiano nos muestra la enorme importancia que tiene la mantención de los principios del estado de derecho en este contexto, la mantención en alto de la lucha por los derechos humanos y la integridad individual y no olvidarlo a la hora de tomar medidas rigurosas. 
Espero con interés el Consejo de Ministros de diciembre, cuando podremos ver si los Jefes de Gobierno son capaces de responder a las esperanzas depositadas en ellos por los ciudadanos de la Unión, es decir, hacer de esta Unión un arma afectiva contra la delincuencia organizada. 
Señor Presidente, creo que hay que considerar positivamente la decisión que adoptamos de concentrar todo el paquete de acciones contra la delincuencia organizada en una mañana. 
Se trata de una novedad muy significativa. 
Desde hace mucho tiempo venimos hablando de la absoluta ineficacia de la lucha contra las manifestaciones de la delincuencia organizada a escala internacional y europea; hoy creo que por fin podemos señalar con cierta satisfacción que se han producido verdaderas novedades. 
El plan de acción supone ante todo una importante novedad. 
Es la primera vez que se nos brinda la oportunidad de reflexionar y de pronunciarnos, aunque sólo sea, por desgracia, después de su elaboración, sobre un plan global y un enfoque coordinado y coherente para la lucha contra la delincuencia organizada. 
Considero que las novedades más sobresalientes son las que se derivan del plan operativo, o sea, del hecho de que desde el mes de julio de 1997 el Consejo se haya puesto a trabajar también para definir las acciones legislativas, las acciones concretas. 
Hoy, en efecto, nuestro examen abarca tanto el plan de acción como cinco acciones comunes. 
Por último, una novedad que reviste especial importancia- que hay que reconocer a la Presidencia luxemburguesaestriba en que por fin el Parlamento Europeo fue consultado sobre estas acciones con carácter previo. 
Deseo recordar a la Presidencia que en el futuro deberá regularse esta relación, habida cuenta de que estamos obligados a correr demasiado, más de lo que normalmente puede hacerlo un Parlamento para poder emitir un dictamen motivado. 
Así y todo, lo hemos hecho para demostrar que queremos participar y ofrecer nuestra contribución. 
Con respecto al plan de acción, y tras este juicio positivo, sólo me voy a limitar a apuntar algunas carencias que quiero señalar al Consejo, a fin de que las futuras acciones las tengan en cuenta. 
Me parece, por ejemplo, que el problema de la delincuencia urbana no se ha destacado suficientemente. 
Sabemos que es un fenómeno diferente, a pesar de que está relacionado con la delincuencia organizada: pienso en algunas zonas de mi país, en particular en la ciudad de Nápoles o en otras ciudades del Sur, pero también del Norte, donde existe una delincuencia común, una delincuencia pequeña, extendida y vinculada al tráfico de estupefacientes y al crimen organizado. 
Este problema merece un discurso específico que indique cómo intervenir tanto desde el punto de vista de la prevención social como desde el punto de vista específico de la instrumentación de las intervenciones. 
Quizás hablemos de ello a propósito del sector urbano, aunque deseo remarcarlo como un punto clave, como un punto crítico no tratado exhaustivamente. 
Además de las medidas de prevención social, debo mencionar un tema muy delicado que afecta a la organización de la delincuencia financiera: los paraísos fiscales. 
La acción relativa a los paraísos fiscales es, sin duda, muy difícil, a pesar de que todavía seguimos dudando demasiado en vislumbrar unas acciones concretas de reducción o de lucha contra este pulmón financiero de la delincuencia organizada que son los paraísos fiscales. 
Estos, lo sabemos, no existen sólo en los países de ultramar, sino también en nuestros Estados donde adquieren formas muy diferentes: cuentas anónimas como en Austria o secreto bancario protegido en exceso. 
En el ámbito de un plan de acción que estimo muy novedoso política, operativa e institucionalmente, considero que hay que recordar dichos aspectos. 
En las enmiendas y en el debate que a veces es el reflejo inevitable, así como excesivo de los debates nacionales, tenemos un esquema que será oportuno superar, es decir, el de la contraposición entre la eficacia de la capacidad de acción del Estado en perseguir la delincuencia y sus complejas y sofisticadas manifestaciones actuales, sobre todo a escala internacional, y el principio inviolable de la garantía de los derechos de los ciudadanos. 
Creo que esta contraposición, considerada de forma estática y superada, ya no funciona ni tampoco nos satisface; debemos, por el contrario, partir de otro punto de vista, el de la consecución o de todos modos del reconocimiento de un derecho fundamental a la legalidad entendido como uno de los aspectos fundamentales de los derechos humanos, que hoy, en una sociedad compleja y a punto de acometer grandes cambios, hay que mirar en su riqueza. 
El derecho a la legalidad significa, sin duda, Estado de Derecho, protección del ciudadano ante la ley, el Estado y el juez, pero también y ante todo derecho a no tener el territorio ocupado y la economía distorsionada por la delincuencia por la delincuencia, a evitar que los ciudadanos tengan que renunciar, incluso, a la democracia y al ejercicio de la democracia debido a la expansión y a la penetración de la delincuencia organizada. 
Desde esta óptica, hay que encontrar un nuevo equilibrio y deben introducirse nuevos instrumentos. 
Reconozco con satisfacción que quien tuvo que sufrir una experiencia muy dolorosa como nuestro país, ha podido probar estos nuevos instrumentos. 
Y digo probar, pero pienso también, cuando adoptamos estos instrumentos, en la delincuencia organizada, en un delito que si se convierte en un delito común será extremadamente importante para fomentar la cooperación judicial; pienso en la reestructuración del sistema judicial que no es más que un conjunto de magistrados que, junto con los de enlace ya introducidos hace uno o dos años, constituirá la base para impulsar una rápida cooperación judicial. 
Todo esto se deriva del hecho de que debemos tener muy clara la necesidad de hacer frente al problema del ciudadano defendiendo su derecho ante el Estado- éste es un aspecto que siempre debemos resaltar y analizar cuando se viola dicho derecho. 
No debemos, sin embargo, olvidar que hacen falta nuevos instrumentos y, por ello, me parece peligroso y un error negar las potencialidades de estos instrumentos, mientras es justo valorar su funcionamiento, puesta en práctica, gestión y eficacia. 
En este sentido, creo que si Europa definirá- y está a punto de hacerlo- el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, tratando de reproducir mayormente las condiciones de garantía propias de un Estado de Derecho y de transferirlas al primer pilar, o de emprender todas las acciones que logren que el Parlamento controle y la jurisdicción superior, es decir, el Tribunal de Justicia intervenga- se trata, por desgracia, de condiciones que todavía no se han cumplido- creo que, mientras ponemos a punto estos instrumentos, debemos subrayar con fuerte preocupación crítica, como lo hace el informe, la necesidad de un sistema que proteja este nuevo principio de legalidad. 
Dicho principio de legalidad, repito, deberá basarse en la necesidad de que el sistema democrático responda a las muertes y a la destrucción de la democracia provocadas por la delincuencia, y deberá lograr que el ciudadano pueda gozar plenamente de sus derechos y de sus garantías. 
Debemos, en consecuencia, acercarnos a la opinión del ciudadano. 
Creo que algunos datos nos demuestran que la preocupación que suscita la delincuencia, tanto la grande y organizada como la común en sus varias facetas, es una preocupación dominante entre los Estados de la Unión. 
Por ello, la tarea de la Unión es contribuir a dar una respuesta. 
Pienso que precisamente en el momento en que como Parlamento estamos inmersos en nuestro acalorado debate sobre la posibilidad de emitir un dictamen, haremos lo posible por decantarnos hacia la afirmación de un derecho a la legalidad en su conjunto como nueva categoría fundamental de derecho humano. 
Para alcanzar este objetivo, creo que nuestra función, por cierto, muy importante, es debatir pero también apoyar con valor las innovaciones que nos van a permitir emprender una lucha no de palabra sino efectiva, concreta y democráticamente garantizada contra la delincuencia organizada y su fundamental ataque en contra del sistema democrático. 
Señor Presidente, Señorías, al completar la exposición iniciada por los Sres. Cederschiöld y Bontempi, yo también deseo subrayar la importancia de este debate sobre la afirmación de la legalidad en el ámbito europeo. 
Quiero expresar mi aprecio por la sensibilidad demostrada por el Consejo y la Presidencia luxemburguesa, y mi satisfacción por el debate que se llevó a cabo en el seno de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. 
Lamento el escaso tiempo a disposición, pero, a pesar de los plazos cortos, hemos intentado en lo posible cumplir el compromiso adquirido, a fin de estar presentes en esta importante etapa de la vida de la Unión. 
Nos encontramos ante una intervención orgánica y a mí me corresponde intervenir acerca de tres medidas. 
La primera se refiere a los sistemas de evaluación y ejecución de las medidas de lucha contra la delincuencia organizada; la segunda, a la punibilidad de la participación en una organización delictiva; la tercera es el llamado programa «Falcone». 
Esta tercera medida no figura en el orden del día del Parlamento. 
Los textos del Consejo nos llegaron sólo el 6 de noviembre. 
Por lo que a mí respecta, he cumplido mi tarea y me sumo a la invitación de la Presidencia en orden a una eventual devolución sólo de este tema, a fin de permitir que el Parlamento exprese su posición. 
Así y todo, he cumplido mi cometido personal en cuanto a facilitar las posiciones sobre la propuesta del Consejo. 
De los dos textos que esta mañana se someten al examen del Parlamento, el primero se refiere al sistema de evaluación de la ejecución de medidas de lucha contra el crimen organizado. 
Considero políticamente muy importante este texto, puesto que introduce un criterio de coherencia en los comportamientos de los Estados miembros respecto al importante tema de la lucha contra la delincuencia organizada y constituye de por sí el reconocimiento tal vez más evidente de que este tema se aborda como una cuestión de interés europeo. 
En la comisión intentamos exaltar el papel de la Comisión y del Parlamento y formulamos algunas enmiendas, que fueron ampliamente aprobadas en el seno de la misma, con objeto de aclarar algunos puntos más exhaustivamente. 
Siempre con referencia a lo que precedió los dos textos antes mencionados, hay que recordar que, a raíz de la posición asumida por la Comisión de Libertades Públicas, el Consejo aportó algunas modificaciones y algunas de ellas, de las que hablaré cuando se lleve a cabo la votación, en cierto modo han tenido en cuenta las propuestas de la Comisión de Libertades Públicas. 
Con referencia al segundo de los dos textos, nos encontramos ante el loable y realmente importante intento, aunque algo tardío, de llegar a una definición común de la cuestión de la lucha contra la delincuencia organizada, pasando a través de la definición de la punibilidad de la participación en una organización delictiva. 
La cooperación europea en la lucha contra la criminalidad organizada no puede ser eficaz si no existe un marco común de referencia a la organización criminal, es decir, si no existe la conciencia común de la existencia de organizaciones delictivas que admiten diferentes formas de participación. 
Al respecto, se impone una premisa: los Estados y sus ordenamientos penales deben adaptarse a los cambios que sufre la delincuencia. 
Si la delincuencia cambia y las previsiones normativas siguen siendo las mismas, se acaba por no ser eficaces y con facilitar la delincuencia. 
La pregunta fundamental que nos debemos formular es si hoy, en una dimensión ya no sólo italiana, aunque al principio preferentemente italiana, existe un fenómeno criminal específico que merece una atención específica. 
Ésta es la pregunta fundamental. 
Si consideramos que no existe un fenómeno criminal específico y que no existe una específica necesidad de contrarrestar este fenómeno específico, seguiremos combatiendo un delito que está cambiando con sistemas anticuados, pero tenemos que darnos cuenta de que, como es obvio, no seremos eficaces. 
La comisión creyó y sigue creyendo, por amplia mayoría, que existe una forma especial de organización delictiva compuesta por individuos que participan en la misma de forma diferente. 
Si es cierto, y lo es como lo demuestra la dramática experiencia de mi país, que la delincuencia organizada implica e implicó no sólo el fenómeno criminal tradicional, el robo más que el hurto, pero también a sectores de la Iglesia, del Estado y de la política, es preciso, en mi opinión, que la previsión penal tenga en cuenta esta especificidad; en efecto, si se prescinde de ella, se corre el riesgo de continuar luchando contra una delincuencia organizada que ya no existe o que ya no es la realmente peligrosa. 
Por ello, estimamos que en la propuesta del Consejo hay elementos muy importantes y destacables y que las enmiendas presentadas por la Comisión coinciden con el planteamiento del Consejo. 
Es preciso- y esto se reitera con frecuencia- afirmar con gran fuerza el respeto de los derechos fundamentales en las enmiendas presentadas por la Comisión al Parlamento, aunque también es necesario no olvidar que la legalidad, la democracia, las Instituciones no contaminadas y la libre economía, son posiciones subjetivas y derechos que deben protegerse. 
Hay que encontrar un equilibrio, conscientes de que es preciso garantizar el vínculo que existe entre el derecho a la legalidad y el derecho a la libertad personal. 
En las propuestas presentadas por la Comisión se hace referencia en particular a la necesidad de tener en cuenta el hecho de que la delincuencia organizada tiende a convertirse en cada vez menos armada y cada vez más financiera; la misma recurre siempre con más frecuencia a elementos ligados al sector financiero y al blanqueo de dinero, mientras que el fenómeno militar armado, es decir, el fenómeno de las matanzas, se está convirtiendo en cada vez menos significativo y relevante; esto no significa que la delincuencia organizada ha dejado de existir, sino que se está convirtiendo en más difusa y peligrosa. 
Las propuestas presentadas son muy interesantes y creo que debo instar al Parlamento a que responda a la invitación que le hace la amplia mayoría de la Comisión de Libertades Públicas y que trata de conseguir que la Unión Europea, toda Europa y la lucha contra el crimen organizado puedan dar un paso adelante para evitar que formas negativas puedan infectar a toda Europa. 
Por lo que se refiere en particular al crimen organizado mafioso, todos somos dramáticamente conscientes que el mismo ha dejado de ser un fenómeno italiano o siciliano, y se ha convertido y tiende a convertirse cada vez más en un fenómeno europeo. 
Lo confieso con la pesadumbre de quien es muy consciente de proceder de un país que es fuente de dicha infección, pero con la lealtad de quien sabe que hay que alertar a los demás ante este fenómeno. 
La delincuencia organizada mafiosa necesita que se diga que la misma no existe. 
Entre las varias teorías acerca del origen de la palabra «mafia» hay la que se remonta a una etimología árabe: en árabe «ma fiiha» significa «no existe». 
La mafia necesita que la gente piense en que no existe. 
Cuando en un país distinto de Italia o en una ciudad distinta de Palermo, se afirma que la mafia no existe, esto equivale a cursar una invitación oficial a la mafia para que vaya a ese país y a esa ciudad. 
Me gustaría dar las gracias a los tres ponentes por estos sobresalientes informes. 
Ahora pasamos a las declaraciones de otras comisiones. 
Señor Presidente, yo felicito a los ponentes por el trabajo que han realizado y muy especialmente a la Sra. Cederschiöld, para cuyo informe he elaborado la opinión de la Comisión de Control Presupuestario. 
Es muy apropiado, a mi parecer, que el debate de estos informes se celebre después de haber contado con la presencia del Presidente del Tribunal de Cuentas a principios de esta semana y de haber debatido su informe sobre la situación financiera y la vulnerabilidad de nuestro Presupuesto europeo. 
Una de las tareas más gratificantes de nuestra labor de representación popular es velar por que en la Europa unida no dejen de tenerse en cuenta los intereses de nuestros ciudadanos o de nuestros contribuyentes. 
El Tribunal de Cuentas apuntó la vulnerabilidad del Presupuesto europeo por el lado de las subvenciones. 
Yo pienso que se trata de una observación muy importante. 
Un examen más detallado de dicha vulnerabilidad permite constatar que los mayores fraudes se producen, aproximadamente en una relación de 2 a 1, en el ámbito de los recursos propios. 
Después de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el fraude en relación con el tránsito de mercancías, ya sabemos lo que esto significa. 
Nuestros contribuyentes pierden cada año miles de millones de ecus por este concepto. 
Esta manera de actuar, la desaparición de cargamentos enteros de cigarrillos o de carne, constituye evidentemente ni más ni menos que una forma de delincuencia organizada. 
Tenemos, en verdad, un interés muy grande en combatir este estado de cosas. 
La poca cooperación de los Estados miembros en este ámbito es efectivamente una vergüenza, tal como manifestó aquí el señor Presidente. 
Yo creo que el Parlamento Europeo tiene la obligación de no dejar de señalar estas deficiencias. 
Sus informes así lo hacen y yo les felicito sinceramente por ello. 
Señor Presidente, señoras y señores, estoy siguiendo este debate con sumo interés. 
Me complace ante todo subrayar que, de hecho, es la primera vez que se someten al Parlamento siete expedientes que corresponden a los ámbitos de justicia e interior. 
En el debate de esta mañana, este Parlamento se dispone a tratar seis informes- cinco de los cuales están directamente vinculados con la delincuencia organizada -, pero también el Plan de acción preparado por el Grupo de alto nivel. 
He leído con la mayor atención el informe elaborado por la Sra. Cederschiöld. 
Desearía felicitarla por dicho trabajo, que es extremadamente pormenorizado. 
Este informe sobre la lucha contra la delincuencia organizada hace referencia al trabajo realizado por el Grupo de alto nivel, trabajo que refleja la voluntad y la determinación del Consejo de avanzar en la materia. 
Se trata de un conjunto totalmente coherente, bien estructurado y concreto, gracias sobre todo al calendario que establece fechas topes para la aplicación de las diferentes medidas. 
Evidentemente, es lamentable que las limitaciones de tiempo, los plazos extremadamente breves impuestos al Grupo de alto nivel para presentar su informe al Consejo Europeo, hayan impedido que se consultara al Parlamento. 
Desearía decir, no obstante, que quizá ello ha permitido a ustedes llevar a cabo su propio trabajo con toda serenidad, un trabajo- repito- de enorme valor. Pienso, por otro lado, tomar en consideración algunas propuestas del informe de la Sra. Cederschiöld, que podrán enriquecer, posteriormente, el Plan de acción elaborado por el Grupo de alto nivel. 
Es evidente que este Plan de acción presenta algunas lagunas, que deberán colmarse lo antes posible; pero lo que contaba ante todo era acometer decididamente el fenómeno de la delincuencia organizada. 
Por esta razón, señor Presidente, la Presidencia luxemburguesa no ha esperado para someter al Consejo cuatro propuestas de acción común, que también serán discutidas esta mañana. 
Me refiero al excelente informe del Sr. Bontempi- uno sobre la creación de una red judicial europea, y otro sobre la incriminación de la corrupción en el sector privado -, así como a los notables informes del Sr. Orlando sobre la evaluación de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada y sobre la incriminación por la participación en una organización delictiva en los Estados miembros. 
Yo había explicado en muchas ocasiones a la Comisión de Libertades Públicas y a la Comisión de Asuntos Jurídicos que la Presidencia luxemburguesa tenía la intención de anticiparse al proyecto del Tratado de Amsterdam, y consultar desde ahora al Parlamento sobre todas las decisiones importantes que deben tomarse. 
Ustedes saben que en el proyecto de Tratado de Amsterdam, esta consulta es obligatoria no sólo con respecto a los instrumentos del tercer pilar, es decir, de la cooperación judicial- me refiero sobre todo a los convenios -, sino también con respecto a los nuevos instrumentos, tales como las decisiones y las decisiones marco. 
He valorado en particular la capacidad de reacción del Parlamento, que ha mostrado su disponibilidad y que se ha comprometido a examinar lo antes posible las propuestas de acción común que la Presidencia le ha sometido. 
No entraré en detalles sobre las cuatro acciones que se discutirán esta mañana. 
Diré simplemente que las examinaremos con toda atención y que nos esforzaremos por aceptar cierto número de propuestas, que podrían incorporarse a los textos que presentaremos en Bruselas al Consejo sobre Justicia y Asuntos Interiores de los días 4 y 5 de diciembre. 
Tengo muchas esperanzas de que de estas cuatro acciones comunes que discuten esta mañana, al menos dos de ellas puedan ser aprobadas por el Consejo de Ministros de Justicia y de Asuntos Interiores con ocasión de su próxima cita de los días 4 y 5 de diciembre en Bruselas. 
En este mismo contexto, me permitiré- dicho sea entre paréntesis- lamentar ante usted, señor Presidente, y ante el Parlamento, que, por razones inherentes a las limitaciones impuestas por el calendario, no hayan podido emitir un dictamen sobre la propuesta de acción común por la que se establecía un programa de intercambio, un programa de formación, un programa de cooperación, destinados específicamente a los responsables de la lucha contra la delincuencia organizada. 
Me refiero al programa Falcones, que constituye, de hecho, uno de los complementos necesarios de varias medidas establecidas en el marco del Plan de acción relativo a la delincuencia organizada. 
Finalmente, desearía expresar al Sr. Nassauer que valoramos en sumo grado la presentación de su informe sobre el establecimiento de las prioridades de la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior para el período que va del 1 de enero de 1998 hasta la fecha de entrada en vigor definitivo del Tratado de Amsterdam. 
Es la primera vez, de hecho, que aprobamos un plan de acción de estas características, enriquecido por nuevas materias que, por consiguiente, figurarán en la lista de nuestras prioridades. 
El Consejo se propone aprobar este proyecto de resolución a más tardar el 4 de diciembre en Bruselas, a la espera de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, que deseamos sea lo antes posible. 
Señor Presidente, señoras y señores, desearía repetir cuánto aprecio la reacción del Parlamento Europeo con respecto a las propuestas de acción común. 
Estaré atento, evidentemente, a todo lo que se diga a lo largo de la mañana en esta Asamblea. 
Señor Presidente, si se pregunta a los ciudadanos de la Unión Europea sobre qué es lo que más les preocupa, una enorme mayoría responde que la Unión debe dar prioridad a la lucha contra la delincuencia internacional organizada. 
Por eso doy la bienvenida a los informes presentados por el Diputado Cederschiöld y los Diputados Bontempi y Orlando. 
La Cumbre de Dublin tuvo a la delincuencia organizada como uno de sus puntos más importantes y, por esta razón, se formó un grupo de alto nivel con representantes de los países miembros y de la Comisión. 
La misión del grupo era presentar un plan de acción. 
La Comisión ha estado impulsando todo el tiempo el plan de acción. 
La Cumbre de Amsterdam aprobó el plan. 
Por eso es satisfactorio ver que el Consejo de Ministros ha apoyado que tanto los países miembros como las instituciones de la Unión den mancomunadamente fuerza a sus palabras contenidas en el plan de acción y luchen, con real eficiencia, contra la delincuencia organizada. 
Permitanme también decir algo sobre los hechos propiamente tales. 
La delincuencia organizada no es nada nuevo, tal como lo señaló Cederschiöld, pero con la nueva tecnología, el incremento del comercio y los medios de transporte cada vez más rápidos, ha crecido y se ha modificado. 
La delincuencia organizada ha adoptado métodos cada vez más sofisticados y ha llegado a ser, en alto grado, un fenómeno internacional. 
El desarrollo de las comunicaciones ha significado muchas cosas beneficiosas. 
Al mismo tiempo, sin embargo, Internet y otras redes electrónicas internacionales para los negocios y transacciones comerciales, dan a la delincuencia organizada nuevas posibilidades. 
La realidad habla un lenguaje muy clara. 
Hoy tenemos dentro de la Unión Europea quince sistemas jurídicos diferentes. 
Tenemos distintas definiciones de fraude y tenemos grandes diferencias en las normas para los bancos y las actividades financieras. 
Esta situación de dispersión es aprovechada por la delincuencia organizada. Al mismo tiempo, esto impone requerimientos más firmes para aumentar la colaboración y eficiencia en la lucha contra la delincuencia dentro de la Unión. 
Notamos también, cada vez más claramente, cómo la delincuencia organizada penetra en los propios terrenos de colaboración de la Unión. 
Puede tratarse de las subvenciones agrícolas o a las exportaciones, las contrataciones públicas o el comercio con mercancías peligrosas para el medio ambiente, para no hablar del vasto comercio con drogas y seres humanos. 
Justamente en este momento la UCLAF está investigando el contrabando de materias peligrosas para el medio ambiente que destruyen la capa de ozono. 
Este es un ejemplo de los nuevos problemas que tenemos que resolver. 
El informe Cedeschiöld subraya que el plan de acción abarca tanto la definición de los problemas como la propuesta de medidas. 
Considero importante también que adquiramos mayores conocimientos sobre los distintos fenómenos delincuenciales. 
Para que podamos avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada tenemos que lograr, en primer lugar, una perspectiva común acerca de cómo vamos a actuar eficientemente en este terreno. 
Esto vale tanto durante el Tratado de Maastricht como bajo el nuevo Tratado de Amsterdam. 
Desgraciadamente, parece que los países miembros quieren, con demasiada frecuencia, sostener su propia soberanía en estas materias. 
Por eso estoy de acuerdo en que debemos avanzar paso a paso basándonos en concepciones comunes acerca de cómo vamos a manejar los nuevos problemas delincuenciales. 
Puede tratarse de la delincuencia que crece rápidamente con ayuda de medios electrónicos, accesos a bases de datos, lavado de dinero y cosas por el estilo. 
El informe Cedeschiöld se inclina a favor de una cooperación entre las autoridades policiales y judiciales entre los países miembros más que por una armonización de las legislaciones de los países de la UE. 
Yo estoy de acuerdo en que la cooperación debe estar en primer lugar. 
Es también por eso que recientemente he propuesto el programa de acción Falcone, que se extiende por varios años. 
El programa se dirige a la formación e intercambio entre los que trabajan en los diferentes organismos nacionales de lucha contra la delincuencia organizada. 
Por la misma razón, apoyo la propuesta contenida en el informe del Diputado Bontempi, sobre la creación de redes de expertos legales de los países miembros. 
Otra buena proposición en el mismo sentido es la idea de una grupo especial de expertos jurídicos de los países miembros en la UCLAF. 
La propuesta fue presentada por el Diputado Tomlinson en el informe sobre tráfico que discutimos en la primavera pasada. 
Sin embargo, no basta con un aumento de la colaboración. 
Se necesitan también reglas claras y precisas para que los diferentes sistemas jurídicos funcionen juntos. 
Entre otras cosas, pienso en la necesidad de asistencia recíproca en asuntos jurídicos e, incluso, en reglas recíprocas para las pruebas. 
No se trata de armonizar los sistemas penales. Por el contrario, es necesario cerrar todas las escotillas que puedan ser usadas por la delincuencia en el sistema jurídico de la Unión. 
Se trata de crear una protección eficiente y de igual valor en los países miembros. 
El objetivo tiene que ser que los delincuentes no queden impunes a causa de las diferencias en nuestros sistemas jurídicos. 
El informe Bontempi sobre acciones comunes contra la corrupción dentro del sector privado, es un buen ejemplo en este contexto. 
Tenemos que alcanzar resultados, aunque las penas para la corrupción privada sean distintas en los países miembros. 
Sin embargo, tenemos que definir esos delitos de la misma manera, y tiene que haber penas mínimas de alguna similitud para ellos. 
En este mismo informe, se queja Bontempi de que en las acciones comunes contra la corrupción no se deja un papel a los tribunales. 
Estoy totalmente de acuerdo. 
Debemos volver a este punto cuando el Tratado de Amsterdam haya sido ratificado. 
También ha sido destacada en el informe Orlando, que versa sobre un sistema común para la evaluación y aplicación de los compromisos internacionales en la lucha contra la delincuencia organizada, el problema de la deficiente competencia de los Tribunales. 
En el mismo informe, se propone que la Comisión tenga un papel activo en este trabajo. 
Evidentemente, apoyo esta propuesta. 
El informe Cedeschiöld enfatiza también la necesidad de medidas preventivas, las que también aparecen en el plan de acción. 
Estoy de acuerdo en que las medidas preventivas necesitan apoyarse en una legislación impecable y en una aplicación eficiente de métodos bien analizados. 
Siento que el plan de acción no haya destacado de manera suficiente los factores sociales y económicos que a menudo son la causa de la delincuencia, por lo menos en las grandes ciudades. 
Sin embargo, en todo caso el plan hace una referencia a los fondos estructurales como un medio para mejorar la lucha contra la delincuencia en las grandes ciudades. 
La miseria social en las grandes urbes es un caldo de cultivo para la delincuencia organizada. 
Por mi parte, no veo en la lucha contra la delincuencia contradicción alguna entre el trabajo preventivo por un lado y el trabajo represivo por otro. 
Necesitamos ambos. 
El informe Orlando resalta el tema de la participación en organizaciones criminales. 
Lo esencial para que una persona pueda ser juzgada por su participación en una organización criminal son, en mi opinión, sus acciones. 
Creo que es importante dejarlo bien claro. 
El informe Cedeschiöld trata también de un problema que tiene relación con el intercambio de información, en un caso determinado, entre tribunales de distintos países miembros. 
Personalmente me ha tocado ver cómo la tardanza en el intercambio de información entre los diferentes sistemas jurídicos puede beneficiar directamente a los delincuentes. 
Puede tardar tanto que los delincuentes son puestos en libertad. 
El Consejo de Ministros está discutiendo un acuerdo para mejorar las posibilidades de asistencia recíproca. 
Se ha avanzado mucho en este trabajo y espero que se pueda tomar una decisión política el próximo año. 
En este contexto, es interesante la propuesta del Parlamento de un Ministerio Público Europeo. 
Además, deseo decir algunas palabras acerca de la ampliación de la Unión hacia Europa del Este y Europa Central. 
Es evidente que la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción va a ser una parte importante de las negociaciones de adhesión. 
El plan de acción propone por eso un pacto especial de cooperación contra la delincuencia organizada y que se firmará por los países candidatos y los países miembros de la UE. 
La Comisión está estudiando actualmente, en conjunto con la Presidencia, la formalización de un pacto de esta naturaleza. 
En mi opinión, este pacto de cooperación debe dar instrucciones claras para que ataquemos a la delincuencia organizada dentro del marco de un pre-accession strategy. 
Las propuestas de medidas deben ser presentadas con buena anticipación antes de la Cumbre de Cardiff, en la primavera venidera. 
La intención tiene que ser que ellas después pasarán a formar parte de los tratados de adhesión que se firmen con los diferentes países miembros. 
Para terminar, quisiera subrayar cuán importante es que usemos todas nuestras herramientas en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Los países miembros tienen ya una cantidad de acuerdos esperando en sus despachos. Pienso en Europol, en el tratado de entrega de delincuentes y en el de estafas y fraudes. 
Quiero pedir a los miembros del Parlamento que usen sus contactos en sus respectivos países para que esos acuerdos sean ratificados tan pronto como sea posible. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por su clara exposición y por este rapapolvo a nuestros gobiernos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecer a todos los ponentes, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, el intenso trabajo que han desarrollado en las pasadas semanas y en los últimos meses. 
Empezaré por la colega Cederschiöld, que ha tenido que enfrentarse a una tarea muy difícil, como es la de intentar agrupar bajo un denominador común las concepciones, las interpretaciones y los enfoques todavía muy diversos en relación con la definición de la delincuencia organizada y de los requisitos de la lucha contra la misma. 
Una tarea que yo creo que ha resuelto con extraordinario acierto. 
Lo cual no es óbice para que sin duda sigan subsistiendo concepciones fundamentalmente distintas sobre algunos temas. 
Aun así, podemos suscribir el planteamiento de fondo y los elementos esenciales del informe de la Sra. Cederschiöld. 
La misma consideración también es válida, obviamente, para los trabajos de mi colega Rinaldo Bontempi y para las propuestas del colega Leoluca Orlando. 
Un problema recorre como un hilo conductor todos los informes, la opinión de la Sra. Cederschiöld sobre el informe del grupo de alto nivel y las propuestas que han formulado los colegas Orlando y Bontempi en relación con las medidas concretas. 
Escuchar que en tanto que Parlamento nos corresponde desempeñar un papel importante- tal como usted ha dicho, señora Comisaria- es un bálsamo para nuestro espíritu, pero yo me veo obligado a completar su observación añadiendo que lamentablemente no lo cumplimos en el lugar apropiado. 
En efecto, el Parlamento debe ejercer a la larga- y es lo que me propongo razonar esta mañana- el poder legislativo decisivo en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada en Europa. 
De nada sirve que nos dirijamos a nuestros colegas de los Parlamentos nacionales para decirles que se apresuren a ratificar el Convenio pendiente. 
Eso está muy bien, pero subsiste el hecho de que es necesaria una comunitarización de la lucha contra la delincuencia y que la Unión Europea sea competente en relación con determinados ámbitos delictivos. 
Voy a intentar aclararlo con algunos ejemplos prácticos. 
En la recomendación 19, sobre la cual se pronuncia la colega Cederschiöld en su informe, el grupo de alto nivel propone un engarce de la cooperación entre las autoridades responsables del cumplimiento de la ley. 
La Sra. Cederschiöld manifiesta que dicha cooperación no debe tener un carácter centralizado, sino que debe establecerse directamente entre dichas autoridades y a continuación propone el desarrollo de un glosario multilingüe de los diferentes conceptos jurídicos. 
La idea resulta muy atractiva en un cierto sentido. 
Sin embargo, tras la intervención del Sr. Orlando, yo me pregunto si la mafia no publicará también un glosario multilingüe de los diferentes términos jurídicos. 
O si quizá no habrá empezado a trabajar ya en su elaboración, mientras nosotros seguimos esperando. 
En efecto, éste es el verdadero problema y éste es también el problema que debemos tener presente después de Amsterdam, Sr. Fischbach. La experiencia de Amsterdam representa a mi modo de ver una cesura, tal como manifestaron también los colegas que debatieron ayer el informe de los Sres. 
Méndez de Vigo y Tsatsos. Amsterdam constituye el inicio de una nueva fase, no la continuación de la etapa de Maastricht. 
Y esto es así porque la progresiva profundización de la Unión en el ámbito económico, que ahora se completará con una moneda única, y la situación de facto en el ámbito estatal asociada a lo anterior- la cual añado que es alentadora- no van acompañadas de la igualmente necesaria profundización en el ámbito de la seguridad, sino que se sigue manteniendo como objetivo prioritario la cláusula de excepción nacional. 
Hemos avanzado quizá un poco en algunos aspectos, como por ejemplo en lo que se refiere a la política de asilo. 
Sin embargo, yo personalmente tengo la impresión de que esto se debe más a motivaciones oportunistas de carácter nacional, con objeto de trasladar este tema molesto a otro ámbito y librarse así de la presión. 
No obstante, todos los demás temas relativos a la profundización de la Unión se aplazaron en Amsterdam hasta la próxima primavera, momento en el cual se deberá alcanzar una decisión por unanimidad sobre su comunitarización. 
Y yo me pregunto si la totalidad de los 15 Estados miembros no harán valer finalmente la cláusula de excepción nacional. 
El resultado final es que ahora se presenta a debate un informe, que el colega Orlando se ha visto obligado a elaborar- y yo le compadezco también por ello -, cuyo título yo les invito a releer. 
Nos consultan sobre el proyecto por el que se establece un mecanismo de evaluación de la aplicación y ejecución a escala nacional de las medidas anteriormente declaradas necesarias desde un punto de vista comunitario. 
Yo les pronostico hoy que muy pronto recibiremos para consulta un proyecto de acción común sobre las medidas que deberá adoptar la Unión Europea para amonestar a los Estados miembros por la insuficiente transposición a escala nacional de las medidas anteriormente declaradas necesarias desde un punto de vista comunitario. 
Yo pienso que de este modo no avanzaremos en la lucha contra la delincuencia organizada. 
A mi parecer, necesitamos una decisión ambiciosa que diga que cuando exista la imposibilidad demostrada de controlar exclusivamente a escala nacional determinados ámbitos delictivos, ya sea con medidas policiales o penales, esta tarea deberá transferirse a la Unión Europea y concretamente a un Comisario o una Comisaria, bajo la competencia legislativa del Parlamento Europeo. 
Éste es el primer aspecto que está claro. 
El segundo es que de momento esto es una utopía, pero aun así yo creo que ya debemos exigirlo con toda precisión. 
Este segundo aspecto también incluye el hecho de que entre tanto deberemos acomodarnos, obviamente, a un estado de cosas que no es el que desearíamos y que tendremos que mantener una posición de moderación. 
No obstante, también desde esta moderación, o sea, mientras exploramos los límites de lo actualmente factible, debemos actuar con mayor decisión. 
Lo cual para mí significa que debemos procurar alcanzar- tal como ha intentado señalar la Sra. Cederschiöld en su informe- una vinculación lo más estrecha posible a través de la cooperación interestatal. 
Pero- y debo señalarlo a propósito de su intervención, señor Presidente del Consejo- no puede volver a repetirse lo que ha ocurrido con Europol. 
Cuando, con motivo del protocolo que establece la inmunidad de los funcionarios encargados de la creación de una organización policial europea, en los Parlamentos nacionales- lo sé por la experiencia de los debates en el Parlamento y la Cámara Alta federales alemanes- nos vemos obligados a dedicar más tiempo al temor de los representantes populares de los Estados miembros a que la creación de dicha policía vulnere derechos fundamentales del Estado democrático de derecho y a debatir para qué necesitan, en realidad, la plena inmunidad los funcionarios de Europol, que a tratar de los recursos técnicos y de la formación que precisarán para poder perseguir a los delincuentes, yo me veo obligado a afirmar que el proyecto del Consejo está mal enfocado. 
Al mismo tiempo yo quisiera señalar que las consideraciones que ya expusimos con motivo del informe sobre Europol- y que vuelven a repetirse en el contexto de todas las restantes medidas comunes, como por ejemplo en el informe del grupo de alto nivel- no son ajenas al reconocimiento de que la desaparición de los controles fronterizos dentro de la Unión Europea, la supresión de las barreras aduaneras, la propia Unión Europea con sus enormes campos de actividad económica, ofrecen crecientes oportunidades para las bandas de delincuentes, para la delincuencia organizada. 
La señora Comisaria ha señalado que la tolerancia del fraude y de la corrupción se extiende progresivamente en nuestros propios ámbitos de competencia, pero a mi parecer todavía no reconocemos suficientemente que esto significa que es preciso prestar también mayor atención a la cualificación de los funcionarios y las organizaciones encargados de combatirlos. 
Señor Comisaria, usted se ha referido al programa FALCONE. 
Yo pienso que éste es imprescindible. 
Necesitamos funcionarios que estén capacitados para manejar las tecnologías modernas. 
Necesitamos que los responsables del cumplimiento de la ley estén capacitados para comprender los métodos económicos modernos. 
Yo tengo prácticamente la certeza de que en el futuro será más importante contar con funcionarios equipados con los sistemas informáticos más modernos y que sepan utilizarlos, que no disponer de coches más veloces con luces intermitentes azules. 
Por esto la importancia concedida a la formación y la cualificación en el momento de la integración es uno de los pasos más acertados que se han dado en los últimos años. 
Hoy se cierra una larga fase de intensísima cooperación. 
Antes de acabar, yo quiero dar las gracias en nombre de mi Grupo político, no sólo a los ponentes, sino también al señor Presidente del Consejo. 
Sr. Fischbach, usted nos aseguró en Luxemburgo que estaba dispuesto a respetar fielmente los resultados de la Conferencia de Amsterdam que tienen un sentido positivo para el Parlamento, entre otros, la consulta obligatoria al Parlamento Europeo de todas las medidas en el ámbito del tercer pilar. 
En los casos que hoy nos ocupan así lo ha hecho. 
Nosotros quisiéramos rogarle que, en la medida de lo posible, procure que esta actitud se haga extensiva a las posteriores Presidencias del Consejo, pues tal como ha tenido oportunidad constatar en el debate de esta mañana y como usted mismo ha manifestado, el Parlamento puede hacer aportaciones esenciales. 
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Schulz ha señalado con razón que la delincuencia organizada puede actuar con relativa facilidad. 
La delincuencia organizada dispone de cantidades casi ilimitadas de dinero que utiliza para adquirir los instrumentos de comunicación más modernos- que para la policía evidentemente sólo pueden ser un sueño- y también para pagar y formar a su personal. Cuenta asimismo con la mejor y más moderna logística y goza de una gran ventaja decisiva: la delincuencia organizada no está obligada a cumplir nuestras leyes. 
Todas estas circunstancias favorables han permitido la expansión de la delincuencia organizada en nuestra sociedad, en nuestros Estados y, finalmente, su infiltración en nuestra sociedad. 
Yo he consultado a expertos que se ocupan de la lucha contra la delincuencia y éstos han constatado que uno de cada tres delitos ya es imputable actualmente a la delincuencia organizada. 
¡Ya va siendo hora, por lo tanto, de que adoptemos medidas eficaces! 
Por consiguiente, debemos expresar nuestro especial agradecimiento a quienes ahora se disponen a actuar de manera eficaz en favor de los ciudadanos de Europa, con medidas de cooperación intensiva que trascienden los intereses nacionales. 
Sobre todo debemos agradecer, como es obvio, la labor de los ponentes, en primer lugar el completo informe de la Sra. Cederschiöld y los importantes informes de los Sres. Bontempi y Orlando sobre la cooperación en el ámbito de la justicia. 
Mientras que en el ámbito de la cooperación policial ya hemos conseguido algunos éxitos- me limitaré a recordar los de EUROPOL y de Schengen -, la cooperación en el ámbito de la justicia se encuentra absolutamente en sus inicios. 
En este contexto es preciso establecer, además, prioridades en relación con las medidas que se deben adoptar, pues la policía sólo podrá tener éxito en la medida en que consigamos disponer también de un marco jurídico común, no sólo en el aspecto de la persecución de los delitos, sino también obviamente por lo que se refiere a la definición de figuras de delito comunes. 
Por consiguiente, en nombre de mi Grupo político, yo valoro muy positivamente la propuesta del Sr. Bontempi de que se establezca una red que reúna a las autoridades judiciales y a expertos con objeto de que puedan adquirir un nivel común de conocimientos, conocer sus respectivas tradiciones jurídicas y empezar a dar los primeros pasos hacia una armonización legislativa, que será posible sobre todo en relación con los nuevos delitos. 
Sin embargo, es imprescindible definir estas figuras de delito en el ámbito de la delincuencia organizada y de la colaboración con la misma. 
De lo contrario nunca tendremos éxito en la lucha contra la delincuencia organizada. 
En nuestra calidad de representantes populares electos, nuestro deber hacia los ciudadanos es proponer todas las medidas concebibles, pues éstos no ven con agrado que sólo los delincuentes se beneficien de este espacio de libertad, mientras que la creación de un espacio de libertad en Europa no mejora su propia seguridad. 
Yo insto, por lo tanto, al Consejo a que haga suyas todas estas peticiones y tengo la seguridad de que podemos confiar en que el ministro Fischbach y sus colegas proseguirán con ahínco esta cooperación. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada creo que no existe ningún loco en Europa que pueda decir que el crimen organizado, la mafia no existe. 
¡La mafia sí que existe! 
Tiene mucho poder y está muy bien organizada; se trata ya de un fenómeno internacional y transnacional que tiene unos medios mucho más eficaces que los, obsoletos, de nuestros pequeños Estados miembros de la Unión Europea y, yo diría, también de más allá de la Unión Europea. 
La delincuencia organizada, hoy por hoy, supone una gran amenaza para el Estado de Derecho y para el funcionamiento de la democracia en muchos países; está agrediendo los puntos vitales económico-productivos de muchos países y de esta agresión son objeto numerosas jóvenes democracias, a través del blanqueo de dinero, el tráfico internacional de estupefacientes, las armas y demás. 
Esto es ya un hecho probado, nadie puede negarlo. 
En consecuencia, es imprescindible que exista la absoluta necesidad de una red judicial europea, de una relación y una coordinación más fuertes entre los encargados de la prevención y represión de este fenómeno. 
Dicho esto, sin embargo, no podemos olvidar que, detrás de la justa exigencia de instrumentos más eficaces, se podría esconder una tentación, es decir, que después de haber contaminado a Europa- como ha dicho el Sr. Orlando- de formas negativas como el crimen organizado, se podría infectar a Europa con otro virus, es decir, el substancialismo jurídico, representado por los atajos judiciales que se manifiestan a través de leyes excepcionales y de la supresión y reducción del derecho a la defensa de los derechos individuales. 
Se nos pide un equilibrio, pues bien, también nosotros queremos un equilibrio y lo queremos en la plena garantía individual de los derechos a la defensa que, por ejemplo, es la relación directa entre un hecho delictivo y el acusado, algo que algunos empiezan a negar. 
Consideramos necesario que las condenas se impongan sobre la base de hechos objetivos y no sólo a través de denuncias a cambio de condiciones de vida especialmente ventajosas. 
Esto es lo que nosotros consideramos equilibrio; de lo contrario, la lucha contra la delincuencia sería contraproducente, pues el remedio sería peor que la enfermedad, ya que castigaríamos a ciudadanos indefensos frente al exceso de poder del Estado y dejaríamos, en cambio, impunes a los verdaderos y grandes delincuentes. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, cumpliendo con el mandato del Consejo Europeo de Dublín, el grupo de expertos creado a este efecto ha remitido en un tiempo récord el resultado de sus reflexiones a través del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada. 
Estas quince orientaciones políticas y treinta recomendaciones abren en lo sucesivo un vasto campo de acción marcado por un ritmo de trabajo sostenido, cuyos aspectos esenciales eran aún ignorados por el gran público. 
En este sentido, se imponen las observaciones siguientes. 
Primeramente, debe procurarse que las acciones comunes en materia de lucha contra la delincuencia organizada, que a principios del mes próximo comenzarán a adoptarse en forma de acciones comunes, se incorporen al Derecho nacional en un plazo razonable. 
El estado de la ratificación- me parece más indicado hablar más bien de no ratificación- de los convenios sobre Europol o del convenio sobre extradición, por ejemplo, justifican este llamamiento apremiante a los Estados miembros. 
En segundo lugar, con respecto a la lucha contra la delincuencia organizada y a los medios que deben dotarse en este ámbito, es evidente que estamos abordando un terreno extremadamente delicado, sobre todo en relación con el respeto de los derechos de defensa. 
Es evidente que para el Grupo de los Liberales, en nombre del cual tengo el privilegio de poder expresarme, este asunto reviste particular importancia. 
En tercer lugar, la mejora del control parlamentario en cuanto a las competencias del tercer pilar, reivindicadas con insistencia, y razón, por nuestro Parlamento, ha adquirido una nueva dimensión durante la actual Presidencia en ejercicio del Consejo. 
En tal sentido, deseo muy especialmente rendir homenaje al Sr. Marc Fischbach, actual Presidente del Consejo sobre Justicia y Asuntos Interiores, por haber dado un nuevo impulso a la participación parlamentaria, que sus sucesores no podrán- y espero poder añadir -, no querrán, ignorar. 
En cuarto lugar, deseo también rendir especialmente homenaje a los ponentes Cederschiöld, Orlando y Bontempi, por haber logrado sintetizar nuestros trabajos en unos plazos que han permitido al Consejo basarse a su debido tiempo en los mismos. 
Señor Presidente, examinamos hoy el plan de acción común para la lucha contra la delincuencia organizada, adoptado por el Consejo Europeo de Amsterdam, y varios proyectos de acción común que desarrollan diversas recomendaciones incluidas en el mencionado plan. 
Aunque se han dicho muchas cosas de gran interés en este debate, me gustaría destacar algunos aspectos, también importantes, que no hay que olvidar si pretendemos conseguir una actuación coherente y coordinada de la Unión Europea en la lucha contra la delincuencia organizada. 
La Unión Europea tiene que tomar medidas amplias y coordinadas entre sí para mejorar, simplificar y acelerar la cooperación internacional para evitar que las modernas organizaciones criminales se vayan adaptando cada vez mejor a las debilidades y lagunas del sistema penal existente en la Unión Europea. 
No obstante, en todas estas actividades, la Unión tiene que prestar siempre atención a que se respeten los principios legales y democráticos y los derechos humanos. Y sobre todo, las libertades fundamentales tal y como las interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
Para asegurar esto, es esencial que se garantice el control democrático y judicial de las distintas acciones que se llevan a cabo. 
No está de más recordar, en este momento, el déficit democrático que existe en estos temas en la Unión Europea. 
Sin ir más lejos, el Parlamento Europeo no ha sido consultado sobre el plan de acción, lo que supone una contradicción con las disposiciones del Tratado. 
Por otra parte, me gustaría destacar la importancia de una política global y coherente en el ámbito social, juvenil y educativo de cara a la prevención de la delincuencia organizada. 
El enfoque social del plan de acción es demasiado reducido. 
La delincuencia se ve estimulada sobre todo allí donde no se reparan los daños producidos en el espacio público. 
El plan de acción debería ocuparse de aspectos sociales como la seguridad social, la creciente pobreza, la disminución de la fuerza integradora de los sistemas sociales tradicionales, los errores cometidos en la planificación urbanística- chabolas, guetos, etc.- y la negligencia en los ayuntamientos y las ciudades. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, para evitar malentendidos debo decir que la delincuencia internacional representa en efecto, obviamente, una seria amenaza, a la cual también es preciso responder mediante una cooperación policial a escala internacional. 
Sin embargo, un procedimiento ajustado a las normas de un Estado de derecho exige siempre como requisito previo una noción exacta de en qué consiste el fenómeno de la delincuencia organizada y contra quién se va a actuar. 
Un alto funcionario declaró en cierta ocasión: " Sé lo que es, pero no podría describirla con exactitud.» 
¡Esto no basta, sin embargo, para empezar a actuar! 
Mi crítica más importante se dirige, por lo tanto, contra la definición absolutamente imprecisa de la delincuencia organizada. 
En el informe de la Sra. Cederschiöld, este término designa a las bandas de delincuentes y a la complicidad con las mismas, pero no se menciona un aspecto y una característica esenciales, esto es, la penetración y la infiltración de la actividad delictiva en el aparato del Estado. 
La falta de claridad y precisión de la definición permite utilizar todos los medios cuando la situación se vuelve peligrosa. 
Pero el término " delincuencia organizada» se utiliza entonces como una llave maestra que lo deja todo en suspenso, todas las prohibiciones, todos los derechos fundamentales, con lo cual escapa al sistema de garantías jurídicas. 
Un ejemplo popular es el de Europol, cuyas competencias se amplían en el Plan de Acción, sin que se incrementen las garantías jurídicas. 
No me corresponde entrar ahora en el tema de los controles democráticos y jurídicos ni en la total inexistencia de una fiscalía europea. 
Nosotros rechazamos rotundamente la lógica según la cual deben utilizarse las mismas armas. 
El Estado no puede ni debe emplear métodos y medios delictivos contra los delincuentes. 
¡El fin no justifica los medios! 
Hipertrofia de los derechos fundamentales, así lo llaman los críticos que dicen que el exceso de derechos fundamentales es malsano y que es preciso arriesgarse a restringir la democracia. 
La democracia y los derechos fundamentales son básicos y no puede disponerse de ellos a placer, tampoco y muy particularmente en la lucha contra la delincuencia. 
Yo apoyo firmemente lo que ha manifestado la Sra. Gradin. 
En el Plan de Acción se echa en falta sobre todo, a mi parecer, la parte dedicada a la prevención y a la investigación de las causas. 
Investigar las causas es necesario para atacar la delincuencia de raíz, en vez de intentar tratar los síntomas. 
Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Sra. Gradin, al Consejo y también, a pesar de todas las controversias o debido a éstas, a los tres ponentes por un igual, pero en primer lugar a nuestro colega Orlando. 
Señor Presidente, creo que primeramente hay que felicitar in solidum a los tres ponentes, la Sra. Cederschiöld, el Sr. Bontempi y el Sr. Orlando, por la calidad de su trabajo. 
Este proyecto de acción común presenta el inconveniente de carecer de fuerza obligatoria y de favorecer los consensos vagos que, en cierto modo, todos tememos. 
Su ventaja es fijar objetivos a largo plazo, de lo cual podemos felicitarnos. 
Los textos también adolecen, en parte, de la circunstancia de que nos llegan principalmente de Italia, el primer país en haberse ocupado decididamente del conjunto de estos problemas. 
Sin embargo, habría que evitar ver la realidad europea desde la óptica italiana. 
Estos informes tratan pormenorizadamente ciertos aspectos- a veces en demasía -, pero no tratan suficientemente otros aspectos. 
Si bien los autores abundan en cuestiones como el tráfico de heroína, el fraude fiscal debido al contrabando de cigarrillos, la trata de seres humanos, el blanqueo del dinero negro, se muestran muy discretos, en cambio, con respecto al terrorismo político sangriento, que, sin embargo, representa una delincuencia muy bien organizada. 
Es ahí dónde aprieta el zapato: la definición que se da es demasiado imprecisa, de manera que los derechos de defensa y la protección de las personas podrán, en ocasiones, verse amenazados. 
Algunas profesiones pueden sentirse directamente afectadas. Me refiero en particular a los abogados y a los notarios. 
Los medios de investigación especial deberán manejarse con mucha precaución. 
Finalmente, también habrá que precisar probablemente el papel de Europol, su responsabilidad y su control. 
El informe relativo a la red judicial europea, el informe Bontempi, ha logrado nuestra total adhesión. 
Los demás informes nos merecen- por las razones que acabo de apuntar- algunas reservas. 
Pero se trata, de hecho, de medidas técnicas que carecen, en nuestra opinión, de inspiración política, una inspiración que quizá tengamos que esperar aún mucho tiempo. 
Señor Presidente, esta mañana debatimos una serie de informes sobre la lucha contra la delincuencia organizada y sobre la cooperación judicial en Europa. 
Para nuestro Grupo, estas graves cuestiones, que afectan al ejercicio de la justicia, a las libertades públicas, al orden público, son competencia- por definición- de los Estados, puesto que la justicia es un derecho ligado a la soberanía. 
Además, para que pueda ejercerse a la vez de manera eficaz y respetuosa del derecho de las personas, la justicia debe estar próxima a los ciudadanos. 
El nivel estatal nos parece, pues, más adecuado. 
Es cierto que frente a una delincuencia cada vez más internacionalizada, que actúa a través de redes organizadas, frente a verdaderos sindicatos internacionales del crimen, la cooperación interestatal, así como su fortalecimiento, constituyen una necesidad: necesidad de eficacia y de garantizar a los ciudadanos el respeto del orden jurídico y de la seguridad. 
Los Jueces del Llamamiento de Ginebra, por otra parte, ya lo habían subrayado muy bien. 
Los informes que se nos someten esta mañana son, en muchos casos, de gran interés y de un gran valor. 
Éstos aportan propuestas que merecen ser examinadas. 
Sin embargo, no podemos menos que deplorar que en dichos textos se proponga indirectamente, en demasiadas ocasiones, comunitarizar el ámbito judicial y el orden público interno de los Estados. 
Esto nos parece peligroso para el derecho de las personas y para la democracia. 
Siempre que se haga con transparencia y frente a los ciudadanos. 
La creación de un orden jurídico penal europeo no puede ser precipitada. 
No puede llevarse a cabo sin una consulta solemne de los pueblos afectados. 
En este sentido, el proyecto de Tratado de Amsterdam, usando como subterfugio el protocolo sobre la subsidiariedad, reafirma indirectamente el principio, hasta ahora exclusivamente jurisprudencial, de la primacía del Derecho comunitario sobre cualquier Derecho nacional, incluyendo el constitucional. 
Nosotros consideramos que este problema debe ser debatido frente a los pueblos de Europa. Así pues, por estas razones, que atañen a la democracia en el terreno de la construcción europea, no podremos votar a favor de todos los proyectos que esta mañana se nos proponen. 
Señor Presidente, Señorías, desde el punto de vista técnico el Plan de acción y los informes del Parlamento Europeo aportan un elemento positivo en esta lucha contra la delincuencia organizada. 
Dicho esto, no estoy seguro de que se lleve a cabo, en efecto, una acción eficaz, ya que la cuestión no es únicamente técnica, sino también política, moral e incluso religiosa. 
Existen contradicciones evidentes, por ejemplo, entre la voluntad política de eliminar las fronteras y la voluntad de luchar contra la delincuencia internacional. 
Pero es sobre todo la ideología dominante en occidente, que es laxista, igualitarista y cosmopolita, la que favorece, de hecho, la delincuencia. 
Sabemos que los Estados son, por lo general, complacientes, aun cuando de palabra pretenden ser antimafiosos. 
Todo esto no es nuevo. 
Hoy sabemos que, históricamente, en Italia, después de 1945, por ejemplo, los norteamericanos habían facilitado el retorno de la mafia. 
El filósofo Hegel escribió: " Cuando el hombre elimina a Dios y se considera absolutamente soberano, crea las condiciones morales para ya no respetar a los demás hombres». 
Es, sin duda, esta evolución filosófica de occidente lo que hoy explica la ascensión de la delincuencia organizada. 
A falta de una crítica de la naturaleza actual del poder, las mafias, que cuentan con la complicidad de algunos aparatos políticos, o incluso de aparatos de Estado, no podrán ser realmente combatidas, aunque se pretenda lo contrario. 
Señor Presidente, permítaseme decir que esta cuestión que estamos debatiendo esta mañana ilustra los pocos avances que hemos logrado como Unión Europea en la esfera de la Justicia y los Asuntos de Interior en comparación con las grandes zancadas que hemos dado en otros sectores como los sectores económico y financiero y muchos otros aspectos de la vida. 
Va a haber que abordar esas cuestiones con urgencia y espero encarecidamente que la Presidencia británica, que se inicia a comienzos del año próximo, contribuya a la consecución de algunos avances en ese sector. 
También me preocupa la difícil situación de las personas detenidas y en espera de juicio en Estados miembros de los que no son ciudadanos y que en muchos casos son mantenidos durante períodos extraordinariamente largos por problemas puramente técnicos relativos a la traducción de documentos o diferencias entre los procedimientos judiciales de los diferentes Estados miembros de que se trate. 
Naturalmente, si son culpables, se los debe condenar, pero no deben estar en una situación peor a la que tendrían en su país. 
Pasando, si se me permite, al papel de Europol- que está desempeñando un papel de importancia decisiva y al que debemos dar nuestro apoyo -, es muy importante que todos los Estados miembros ratifiquen lo antes posible el convenio para que podamos lograr avances. 
Las organizaciones internacionales de delincuencia organizada cuentan con una ventaja inherente: no se preocupan demasiado, la verdad, de las fronteras, la subsidiariedad, las diferencias judiciales nacionales y demás. 
Actúan libremente y los organismos de los Estados miembros encargados de imponer el cumplimiento de la ley trabajan con las manos atadas a la espalda con demasiada frecuencia. 
En la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores escuchamos hace unos meses a algunos de los fiscales italianos participantes en los juicios por corrupción celebrados en Italia. 
Dijeron que, para obtener información sobre los asuntos que estaban investigando de otros Estados miembros, a veces tenían que escribir docenas de cartas y esperar meses e incluso años para recibir respuestas. 
¿Se imaginan Sus Señorías al jefe de una organización delictiva internacional esperando un año, o escribiendo 26 cartas, para recibir una respuesta de uno de sus secuaces? 
¡No creo que durara demasiado su secuaz, si no respondiese a la primera carta! 
Tenemos que velar por que nuestros procedimientos y sistemas de imposición del cumplimiento de la ley puedan competir eficazmente con esas estructuras delictivas internacionales que existen hoy. 
Sin embargo, he de decir que no podré apoyar un papel más amplio, incluidas acciones operacionales, de Europol hasta que dispongamos de estructuras adecuadas para la rendición de cuentas política y democrática de sus actividades: es evidente que en este momento no existen. 
También debemos disponer de un sistema para la investigación por un órgano independiente de la policía de cualesquiera quejas que puedan presentar los ciudadanos de los Estados miembros sobre las actividades de Europol. 
Dicho órgano independiente de quejas sobre la policía no debe ser menos eficaz que los existentes en los Estados miembros; esperemos que lo sea más. 
Por último, permítaseme decir que los diputados laboristas británicos a este Parlamento podrán apoyar todos estos informes con la exclusiva excepción del segundo informe del Sr. Orlando, sobre el que habremos de abstenernos. 
Nos plantea algunos problemas el mayor papel previsto para la Comisión y también hay complicaciones sobre la situación jurídica que propone por lo que se refiere al Reino Unido. 
Señor Presidente, desde que en 1957 el entonces incipiente proceso de integración europea proclamase como objetivo una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, mucho hemos andado. 
Mucho hemos andado y tenemos el privilegio de que hoy esté entre nosotros un testigo de excepción, el Ministro Sr. Fischbach que, en representación de la Presidencia del Consejo- algo a lo que la Presidencia del Consejo no nos tiene muy acostumbrados, por desgracia, cuando se debaten cuestiones de interés- puede hoy dar gran testimonio de su larga experiencia- pese a su corta edad- en el Grupo de Trevi. 
Y mucho hemos andado desde ese momento inicial en que se establecía como objetivo la unión entre los pueblos europeos. 
Hoy, el objetivo que se establece en el Tratado de Amsterdam es la consecución de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Pero, sin embargo- otros colegas lo han dicho antes que yo- ese espacio de libertad es mucho más libertad de circulación de mercancías y de servicios que de personas. 
Y cuando es libertad de circulación de personas es también en parte libertad de circulación de delincuentes y no se han instrumentado todavía los medios suficientes para que se pueda combatir esa libertad de circulación de delincuentes como es debido. 
Por eso, además de saludar con agrado la nueva redacción de los artículos 29, 30 y 31 del Tratado, es decir, la modificación sustancial que se establece en los antiguos artículos K.1, K.2 y K.3, porque en ellos se establece ese objetivo de consecución del espacio de libertad, seguridad y justicia, nos podemos plantear la siguiente reflexión: después de haber conseguido mucho en el ámbito económico, ahora llegamos al hueso, al hueso de la construcción europea, un hueso que es duro de roer, que es ámbito de los valores. 
Ya no podemos seguir progresando- y lo ha dicho el Sr. Bontempi y lo ha resaltado el Sr. Orlando- sin ponernos de acuerdo sobre cuestiones que, por afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos, se refieren a los valores. 
Tenemos que saber qué es el crimen organizado y, como muy bien ha destacado el Sr. Pradier, la lucha contra el crimen organizado la tenemos que adaptar a las circunstancias actuales, pues ya no es sólo crimen organizado por razones económicas, sino también crimen organizado por razones políticas dentro de la Unión Europea, es decir, terrorismo. 
Y en ese sentido, en estas cuatro acciones comunes que se plantean- además del excelente informe de la Sra. Cederschiöld, que por desgracia, en este punto, mantiene la ambigüedad del plan de acción -, la Presidencia luxemburguesa ha tenido el coraje de ir más allá del estrecho marco que todavía nos marca el Derecho vigente en el Tratado de Maastricht, y utilizar lo que ya es vocación de ser en el Tratado de Amsterdam. 
No se trata de «comunitarizar» en absoluto, sino de plantear una reflexión sobre cuáles son estos valores y, a partir de ahí, sobre la manera de luchar contra este gran mal para la ciudadanía europea. 
Señor Presidente, desearía ante todo hacer una primera observación: me felicito de que, por una vez, el Consejo consulte al Parlamento en el marco del tercer pilar. 
Con respecto al Plan de acción relativo a la delincuencia organizada, no podemos menos que aprobar la búsqueda de una reacción comunitaria coordinada y coherente, así como el fortalecimiento de la cooperación policial, judicial y aduanera. 
Naturalmente, es conveniente fomentar la creación de vínculos directos entre las autoridades represivas de los Estados miembros, a título de una primera etapa en la vía de un espacio judicial común. 
Sin embargo, es importante mantener el canal de las unidades nacionales que trabajan con Europol, para evitar la dispersión de la información. 
En cuanto al sistema central de control judicial que se pide, habría que precisar exactamente lo que eso significa. 
No debe olvidarse que Europol es ante todo una estructura policial. 
No obstante, estamos de acuerdo en que, a la larga, se armonicen los métodos de investigación especiales. 
En cambio, la mayoría de los de mi Grupo no comparte la idea contenida en la enmienda 14, presentada por el Grupo de los Verdes. 
Es indudable que legalizar la venta de droga no sería una medida suficiente para eliminar las ganancias que este tráfico reporta a las organizaciones criminales. 
El tabaco, el alcohol, se venden libremente, y ¡sin embargo... ! 
Si esta enmienda se aprobara, no podríamos menos que abstenernos con respecto al conjunto del informe. 
Por el contrario, compartimos el temor del Sr. Bontempi en el sentido de que la vinculación existente entre la delincuencia organizada y la corrupción constituye un peligro para el Estado de derecho y la estabilidad de las instituciones democráticas. 
Nos congratulamos de constatar el reconocimiento de la importancia política del debate sobre la cooperación judicial y la creación en Europa de instrumentos que permitan a los agentes informadores establecer un contacto directo con colegas de otros países, enfrentados a problemas relacionados con la delincuencia organizada. 
Nosotros apoyamos estos primeros pasos por la vía de la instauración de instrumentos prácticos tendentes a mejorar la eficacia de la cooperación judicial internacional. 
En cambio, la propuesta principal contenida en el informe Orlando sobre los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia organizada guarda relación con el papel central que debería atribuirse a la Comisión en el proceso de evaluación provisional, papel que el Consejo ha confiado a los Estados miembros. 
Nuestro Grupo no puede aceptarlo, y nos abstendremos con respecto al conjunto del informe, si esta disposición fuese aceptada. 
Señor Presidente, puedo constatar que, tanto el programa común, los cuatro o cinco informes y también el conjunto de las intervenciones, aunque contienen en algunas ocasiones ideas y propuestas interesantes, tienen una base y una lógica comunes. 
Tratan el problema de la " delincuencia organizada» a escala nacional y europea sólo desde un único punto de vista, aquél cuya metodología, filosofía y práctica es la represión. 
Señor Presidente, creo que eso es vanagloria. 
Con esa metodología se llevan décadas de debate y la delincuencia organizada no sólo no se ha erradicado ni se le han puesto límites, sino que, al contrario, se ha desarrollado y ha adquirido las grandes dimensiones que tienen en nuestros días. 
La cuestión es que se tiene que examinar desde contemplando múltiples aspectos y poniendo el mayor acento posible en la prevención. 
Es decir, tenemos que ver que el semillero donde nace la delincuencia organizada es el régimen económico, social y político que está establecido en nuestros países. 
Es allí donde se origina, crece y se agiganta la delincuencia organizada a escala europea y nacional. 
No nos olvidemos de ello. 
Por ahí es por donde se debe investigar el problema. 
Tampoco debemos olvidar de que dicha delincuencia está vinculada con autoridades policiales, judiciales, administrativas e incluso con el poder político y los gobiernos. 
No olvidemos el alcance del poder de la red del narcotráfico, del tráfico ilegal de armas y del actual tráfico de esclavos que es la inmigración. 
Señor Presidente, nosotros creemos en la coordinación de los dos métodos. 
Prevención inmediata y las necesarias medidas de represión administradas con sumo cuidado. 
Porque lo que se está proponiendo me temo que va a servir de pretexto para crear un carcelero de las libertades y un guardián de los intereses de una minoría. 
Señor Presidente, para combatir la delincuencia internacional está Interpol. 
Por eso es bastante extraño que el informe Cederschiöld no nombre en ninguna parte a Interpol. 
Desgraciadamente, me da la impresión de que el anterior presidente de Interpol, también anterior jefe de la policía nacional sueca, Carl Persson, tenía razón cuando el otro día dijo públicamente que los esfuerzos de la UE contra la delincuencia internacional eran, en parte, un innecesario doble trabajo. 
El informe Cederschiöld presupone, entre otras cosas, una legislación armonizada centralmente, es decir, un estado único centralista de un tipo que se creía que habían sido abandonados en el desván de la historia. 
Así no se construye siquiera un estado federal- en Estados Unidos, como se sabe, las legislaciones no están totalmente armonizadas. 
Evidentemente que hay algunas propuestas buenas en el informe y que vamos a apoyar. 
Sin embargo, vamos a votar desfavorablemente el informe Cederschiöld en la votación final, porque somos partidarios de una lucha seria contra la delincuencia internacional, una cooperación fortalecida en Interpol. 
Como es obvio, no queremos contribuir a hacer de la UE un estado policial centralista. 
Señor Presidente, deseo hacer presente que el Sr. Orlando con sus bonitas argumentaciones de modernización y adaptación a las nuevas condiciones propone la negación de los principios fundamentales de nuestros Derechos. 
Todos nuestros ordenamientos nacionales contemplan, en efecto, el delito de asociación para delinquir, mientras que lo que nos propone el Sr. Orlando es conseguir que dicho delito sea reconocido sin que siga existiendo un delito. 
Así se deja abierta la puerta a la caza de brujas, esto implica la europeización de un sistema de justicia, el italiano, que es un verdadero desastre, ya que ha llevado a decenas de miles de personas inocentes a la cárcel durante muchos meses y años. 
Esto es justicialismo, esto es peronismo, esto sería un desastre para Europa. 
Nuestro Grupo, obviamente, no podrá votar a favor de este informe que propone una forma muy cómoda de eliminar el verdadero problema causado por la droga y el tráfico de estupefacientes, que actualmente representa el 80 % de los negocios de la delincuencia organizada. 
Llamamos, en consecuencia, la atención de sus Señorías sobre la necesidad de legalizar urgentemente este negocio, para impedir el 80 % de los ingresos de la mafia. 
Deseo asimismo invitar a mi colega, el Sr. Orlando, a denunciarme por asociación para delinquir. 
Hace unas semanas, junto con Marco Pannella y otros compañeros de mi Partido, distribuí hachís por las calles de Roma. 
Lo hice públicamente, lo volveré a hacer y muchos de nosotros lo volveremos a hacer, porque hoy por hoy éste es el verdadero problema: legalizar el comercio, la producción y la distribución de todas las drogas. 
Señor Presidente, es bueno que hoy debatamos ampliamente sobre la delincuencia organizada y tendremos que volver a hacerlo a menudo. 
Esto se debe a que el nivel de reflexión y análisis sobre la actividad delictiva es todavía superior entre quienes la organizan que entre muchos de los que pronuncian bonitos discursos de ocasión sobre el tema en este hemiciclo. 
Como parte del debate también deberíamos ponernos de acuerdo sobre qué entendemos por delincuencia organizada. 
Un ejemplo me servirá para aclararlo. 
El robo de una cartera en una gran ciudad puede tener dos trasfondos. 
Puede tratarse de una acción individual de un drogadicto que intenta conseguir dinero para comprar droga. 
En este caso no se trata de delincuencia organizada. 
Pero también puede ocurrir que a la ciudad haya llegado un grupo de especialistas para realizar un trabajo sistemático de sustracción de tarjetas de crédito y volver a cruzar el Atlántico en avión esa misma noche, mientras los servicios de mensajería despachan dichas tarjetas a otras partes del mundo, donde luego serán utilizadas. 
Una organización de peristas profesionales se encarga de convertir el botín en dinero, que luego se reúne y se reincorpora al circuito económico normal mediante técnicas de " lavado» de dinero. 
En este caso se trata de delincuencia organizada y es preciso tener presente la diferencia. 
Como parte del debate debería quedar claro asimismo que existen zonas de intersección entre la sociedad llamada normal y la delincuencia organizada. 
¿A qué me refiero? 
El " lavado» de dinero resulta tan difícil de combatir debido a que las técnicas que se utilizan no se diferencian en nada de las que emplean los defraudadores fiscales para blanquear su dinero negro. 
Por esto en el ámbito de la política también existe una barrera de personas que obstaculizan un endurecimiento de la legislación en interés de sus clientes. 
Éstas son las personas que conceden mayor importancia al secreto bancario que al secreto de confesión, aunque vayan a la iglesia los domingos. 
El debate debería servirnos, además, para aclarar las deficiencias. 
Una deficiencia evidente, señor Presidente del Consejo, es que sólo ahora acaba de crearse el grupo de estudio sobre la delincuencia de alta tecnología y el uso de las tecnologías modernas por parte de la delincuencia organizada. 
¿En qué mundo han vivido hasta ahora los Ministros? 
Cuando es sabido que la delincuencia organizada dispone de mucho dinero y se observa que opera mediante estructuras empresariales, la conclusión obvia es que estas organizaciones pueden pagar los servicios de especialistas y técnicos y adquirir también tecnología moderna. ¡Y así lo hacen! 
¡Vienen haciéndolo desde hace años! 
Ya va siendo hora de que empecemos a reflexionar sobre cómo podemos impedir más adecuadamente el uso indebido de determinadas tecnologías. 
El debate debe desarrollarse en líneas parecidas al que hemos mantenido en relación con los productos de " doble uso» en el ámbito del armamento. 
Se trata de productos que pueden emplearse para usos distintos y cuyo paradero, por lo tanto, debe preocuparnos. 
Voy a citar dos ejemplos: es posible adquirir libremente en el mercado, sin ninguna autorización especial, los equipos necesarios para la completa falsificación de tarjetas de crédito. 
Nadie se preocupa de saber a manos de quién van a parar estos aparatos. 
Mientras vigilamos con suma atención que nadie pueda obtener el papel que se utiliza para imprimir billetes, nadie se preocupa por el dinero de plástico. 
¡Esto es una contradicción! 
Otro ejemplo: hemos recibido una propuesta de la Comisión sobre el uso de códigos cifrados. 
La economía no quiere que se establezca ninguna limitación. 
La lectura de dicho texto revela que el punto de vista de la economía se ha impuesto totalmente en la Comisión y los aspectos relacionados con la seguridad han quedado relegados a un segundo plano. 
No debemos permitir que esto ocurra. 
Señor Presidente, la trata de seres humanos, la pederastia y los abusos de menores, el tráfico de armas y de estupefacientes, la corrupción, el blanqueo de dinero, los fraudes son las características de la civilización de nuestros días que ha perdido los valores supremos y que muere, como decía Paul Valéry, por la muerte de sus instintos, de los principios mismos en que se basaban la vida civilizada y las relaciones entre los seres humanos. 
Es necesaria y urgente una acción común que marque el camino de nuestro compromiso de hacer frente a los retos del tercer milenio. 
Hay que crear una base sólida y eficaz para luchar contra fenómenos que hoy están de tristísima actualidad como la esclavitud que es un crimen organizado a escala mundial, sin escrúpulos que, actualmente, intenta importar hasta Europa, a través de las inmigraciones de masa, unos infelices que, al daño que provoca el engaño añaden la burla de la repatriación; como la pederastia y los abusos de los niños, espejo de una triste realidad que pone a cargo de las categorías más débiles y más necesitadas de protección el desahogo de unos instintos que han dejado de ser humanos. 
Por fin intentamos convertir la palabrería en hechos concretos y la Unión trata de plasmar por escrito el sistema de cooperación policial y de dotarse de políticas comunes en materia penal. 
Lamentablemente, lo hace o trata de hacerlo sin haber previamente consultado al Parlamento y sin haber logrado elegir adecuadamente entre cooperación intergubernamental, a nuestro juicio ya superada, y armonización de las disposiciones penales vigentes en los Estados miembros, camino que, por otra parte, está todo por andar. 
La delincuencia organizada representa un verdadero contrapoder. 
Para ser combatida eficazmente es necesario elaborar un sistema de normas eficaz y reconocido por todos, mediante una cooperación judicial que desde la esfera intergubernamental pase al ámbito comunitario y prevea sanciones penales eficaces que incluyan la responsabilidad penal y, en consecuencia, la detención y la extradición. 
Así pondremos en marcha un sistema de lucha que conseguirá ser todavía más eficaz si será capaz de basarse aún más, si cabe, en un sistema de valores absolutos, adecuado a las necesidades del tiempo en que vivimos. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo también quiero felicitar a los ponentes de estos informes. 
Como ya se ha resaltado en este debate, a nadie se le escapa la dificultad de combatir el crimen organizado, que aprovecha la libertad de circulación de bienes, capitales, personas y servicios, así como las innovaciones tecnológicas. 
En mi opinión, creo que ha llegado el momento de abandonar los modelos tradicionales de lucha contra la delincuencia, basados en ideas anticuadas de fronteras impermeables, y emplear métodos fundamentados en una estrecha cooperación entre las administraciones de justicia, la policía y los servicios aduaneros más allá de nuestras fronteras nacionales. 
No debemos olvidar que los ciudadanos europeos tienen un interés especial en que su seguridad pública y privada esté garantizada y, por ello, creo que es a la Unión Europea a quien corresponde la responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado, a través del reforzamiento de la cooperación judicial y policial. 
Así se recoge en las orientaciones políticas del plan de acción, donde, además, se establece la necesidad de mejorar la aplicación de las medidas ya adoptadas, esencialmente las relacionadas con la extradición, favoreciendo el desarrollo de instrumentos de prevención. 
Coincido con la ponente, la Sra. Cederschiöld, en la necesidad de promover e intensificar campañas de información sobre los efectos de las actividades de las organizaciones delictivas y, muy especialmente, el fomento de medidas eficaces contra las condiciones que favorecen la disposición a apoyar el crimen organizado. 
Sin embargo, lamento profundamente, como también ha resaltado anteriormente mi compañera, la Sra. de Palacio Vallelersundi, la falta de una definición clara en el plan de acción sobre la delincuencia organizada. 
En este sentido, no podemos olvidar que la delincuencia organizada comprende numerosos tipos delictivos. 
En mi opinión, una definición completa de la delincuencia organizada- y siguiendo lo establecido en el Tratado de Amsterdam en su artículo K.3, punto e) -debería recoger los elementos constitutivos de los delitos y las penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de drogas. 
Los delincuentes organizados cometen delitos graves, son criminales peligrosos que dañan las instituciones democráticas y hacen crecer el sentimiento de inseguridad entre los ciudadanos. 
La delincuencia organizada no trata solamente de lo que podríamos denominar «comerciantes criminales». 
Su objeto no es sólo el afán de lucro y la consecución de ciertos beneficios económicos, sino la violencia donde se encuadra, lamentablemente, el terrorismo. 
No obstante y para terminar, considero que este debate constituye, en líneas generales, un paso importante y una importante señal política, e insisto en que los ciudadanos europeos necesitan una respuesta a su deseo de una justicia eficaz y, por lo tanto, debemos presentar a la opinión publicar un corpus iuris que ofrezca una efectiva solución a los problemas de cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. 
Y Señorías, yo creo que con esta acción común hemos dado un paso importante aunque todavía queda mucho camino por andar en la lucha contra el crimen organizado. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente y decir que ya era hora de que celebráramos este debate en el Parlamento, pero, cuanto más hablamos, menos parece que actuemos sobre cuestiones como ésta. 
La hermandad criminal de toda la Unión Europea tiene recursos enormes: recursos inimaginables incluso para el presupuesto de la Unión Europea. 
Los usan para el soborno, la corrupción y la libre circulación de drogas y dinero blanqueado por toda la Comunidad. 
En mi circunscripción, hace años, no había voluntad de abordar el problema de las drogas en sus zonas urbanas deprimidas. 
Hasta época reciente no ha actuado el Gobierno irlandés para enfrentarse a los magnates de las drogas. 
Antes, la gente salía a la calle a protestar. La gente sabía quiénes eran los magnates de las drogas. 
Sabía quiénes blanqueaban dinero. Sabía lo que ocurría exactamente, pero no parecía que se adoptaran medidas. 
Ahora el Gobierno ha creado la Oficina de activos obtenidos fraudulentamente. 
Gracias a ella ha confiscado las propiedades y ha bloqueado en toda la Unión Europea las cuentas bancarias pertenecientes a la hermandad criminal de Irlanda. 
Por desgracia, hay otro elemento, el plan de protección de testigos. 
Algunos de los peores delincuentes están testificando y ahora se les ofrecen sentencias muy leves. 
Presenta ventajas e inconvenientes, el plan de protección de testigos. 
Con toda franqueza, no creo que sea un sistema particularmente justo, porque se está poniendo en libertad a algunos de los peores delincuentes. 
Se pueden pronunciar sentencias leves a cuatro o cinco de los peores criminales para declarar culpable a uno. 
Hemos de examinar ese aspecto de la legislación. 
Señor Presidente, la delincuencia organizada tiene una gran capacidad de adaptarse a las circunstancias para incrementar sus tráficos. 
En este momento, uno de los tráficos más lucrativos es la trata de seres humanos, un comercio que sirve, por un lado, para fortalecer las redes de estas actividades delictivas y, por otro, como es obvio, produce considerables beneficios. 
Un punto de gran debilidad es hoy por hoy Italia, cuyas costas son objeto de una invasión sin precedentes. 
Lanzo un grito de alarma en este Parlamento, habida cuenta de que el Gobierno italiano tiende a minimizar la situación, mejor dicho, manda a sus gobernantes a todas partes para que digan que todo está bajo control con objeto de lograr la aplicación del Tratado de Schengen. 
Todo eso no es verdad, ya que existe una situación incontrolada e incontrolable y además el Estado italiano responde con unas afirmaciones verbales, pero actúa a través de actos sustanciales como leyes que, de hecho, fomentan la entrada indiscriminada de personas en territorio italiano. 
A través de Italia, luego, estas masas de desesperados- y no sólo de desesperados, sino también de peones de la delincuencia- invaden toda Europa, primero Padania y después toda Europa. 
Hace falta, en consecuencia, una gran vigilancia y, por ende, invito al Parlamento a que haga realmente todo lo posible para que este fenómeno pueda ser contrarrestado. 
Señor Presidente, la materia de la Comisión de las Libertades Públicas y Asuntos Interiores, de la cual soy presidente, es la lucha contra la criminalidad organizada sobre la que hemos elaborado una serie de resoluciones. 
Solemos ser muy críticos siempre, pero esta mañana quisiera felicitar a los colegas que han colaborado en tan poco tiempo con tanto compañerismo. 
También quisiera felicitar a la Sra. Comisaria, Anita Gradin, y al Presidente del Consejo, el Sr. Fischbach porque opino que lo que está sucediendo hoy aquí es en realidad el resultado de una buena colaboración (Espero que también le pueda servir a usted). 
He entendido, tanto de la aportación de la Sra. Comisaria como del Sr. ministro, que realmente va a ocurrir algo con la contribución, la consulta de este Parlamento. 
Por lo tanto tampoco quiero entrar demasiado en todo lo que se presenta en nuestras resoluciones, porque eso ya lo han hecho ellos de una forma inmejorable. 
Se trata únicamente de un par de cosas. 
En primer lugar la criminalidad organizada no sólo debe ser combatida sobre papel, sino que debe serlo en la dura sociedad real. 
Por eso estamos esperando a lo que suceda con todas esas buenas propuestas tanto del Consejo y de la Comisión como con las nuestras. 
Y a partir de esto, un par de observaciones más. 
La primera es la que sigue: Bontempi ya lo ha tratado detalladamente, pero quiero volver a llamar la atención sobre el tema por lo complejo que resulta, se dice fácilmente pero es difícil llevarlo a la práctica, concretamente que en todo lo que organicemos en torno a la lucha contra la criminalidad, debemos vigilar cuál es la mejor forma de regular la protección personal de la manera más responsable posible. 
No debemos convertirnos en un estado policial, no en una Europa policial en la que se sacrifican las libertades individuales y la defensa individual en aras del miedo colectivo. 
Debemos volver a reflexionar sobre ello. 
La segunda observación hace referencia al difuso margen entre la criminalidad organizada y la criminalidad comercial. Existen vínculos entre ambos. 
Infiltraciones de la mafia en el círculo de decentes políticos, hombres de negocios y otros respetables ciudadanos, y viceversa. 
Debemos estar alerta en este confuso y oscuro terreno. 
Tenemos que examinar la situación en otro momento mejor que este. 
Pero, por lo demás, Señor Presidente, espero que el método ejemplar de trabajo del ministro Fischbach sea transferido como testigo a la próxima presidencia. 
Señor Presidente, a pesar de las lagunas apuntadas por el ponente, debemos acoger favorablemente el Plan de acción contra la delincuencia organizada, cuyo objetivo, finalmente, es actuar contra una forma de delincuencia que se extiende aprovechando el desarrollo del mercado único. 
Se trata, en efecto, de evitar que la libre circulación de personas, de bienes y de capitales favorezca, sin saberlo, un mercado único de la droga, del fraude, de la prostitución, del tráfico ilegal de armas, de la trata de seres humanos, del blanqueo de dinero, etcétera. 
La armonización, o incluso la introducción en todos los códigos penales nacionales de una definición jurídica de este concepto de delincuencia organizada, me parece ser una condición sine qua non para una buena aplicación de este Plan de acción. En efecto, ¿cómo puede preverse la organización de una lucha eficaz contra un enemigo mal definido, mal identificado? 
Por otro lado, antes de imaginar nuevos métodos para luchar contra la delincuencia organizada, ¿no habría primeramente que sacar mayor partido de los medios existentes? 
El informe preconiza, con mucha razón, que se dé prioridad a la mejora de la cooperación entre los Estados miembros que aún no han suscrito los convenios actuales sobre la represión, la aproximación de los procedimientos penales, o que no aprovechan todas las posibilidades que estos convenios ofrecen, alegando consideraciones sobre la soberanía nacional. 
En un ámbito en que, a pesar del fortalecimiento de la cooperación, los resultados son insuficientes, se necesitaría una armonización; en este caso, debe preverse una aproximación progresiva de los derechos penales de los Estados miembros y el establecimiento de normas mínimas. 
Es evidente que los malhechores que participan en la delincuencia organizada aprovechan al máximo todas las incoherencias que existen entre los diversos sistemas, así como todos los reparos de los Estados miembros en cooperar. 
Por lo tanto, ya es hora de que la lucha contra esta forma de delincuencia en constante expansión esté coordinada en el plano europeo; el Plan de acción que se nos ha sometido constituye un paso adelante en la buena dirección. 
Por otra parte, dos informes ya han subrayado esta necesidad de fortalecer la acción: el informe Schulz sobre la protección de menores contra la explotación sexual y el informe Reding sobre la lucha contra el terrorismo. 
A pesar de los interesantes avances que contiene el Tratado de Amsterdam, la cooperación entre las fuerzas del orden y los sistemas penales aún dista mucho de ser satisfactoria, ya que a menudo el progreso se enfrenta con consideraciones atinentes a la soberanía nacional, y se olvida que la falta de una cooperación eficaz en el plano de la Unión no beneficia a los ciudadanos, sino únicamente a los criminales. Sólo cuando se entienda que el número de problemas nacionales que no pueden ser resueltos sino en el plano europeo va en aumento, podremos realmente luchar con eficacia contra la delincuencia organizada. 
Presidente, un minuto de turno de palabra no es un tiempo excesivo para comentar cuatro o cinco informes, por lo tanto he de ceñirme a una única consideración. 
La experiencia que tengo en mi propio país es que la administración después de todo capitula sistemáticamente ante los delincuentes. 
En grandes ciudades como Bruselas hay calles y barrios en los que ya no puede actuar la policía, a los que incluso no puede llegar el transporte público y en los que los valientes ciudadanos restantes, que son aquellos que no disponen de medios para huir, están al arbitrio de la ley de la jungla. 
Mi objeción es que si la administración no se atreve a afrontar pequeños problemas locales de este tipo, ¿cómo van a atreverse a abordar la delincuencia internacional? 
En resumidas cuentas, el problema fundamental en la lucha contra el crimen no es que la competencia de la Europa comunitaria esté en pañales- y yo abogo no por una comunitarización tal sino solamente por una colaboración perseverante entre los Estados miembros- el problema es una cuestión de mentalidad y de voluntad política para combatir la delincuencia. 
Me refiero a que dicha voluntad política y dicha mentalidad no están presentes ni mucho menos hoy por hoy en Europa, mientras que por ejemplo, si están presentes en una pequeña ciudad-estado como Singapur, en la que se está capacitado para erradicar la delincuencia. 
Señor Presidente, quiero apoyar con algunas rápidas reflexiones el excelente trabajo que realizaron los ponentes, los cuales nos lo acaban de ilustrar cumplidamente. 
Lo primero que deseo subrayar es que este tipo de temas y, sobre todo, el enfoque que les damos, se relacionan directamente con los asuntos más generales que abordamos también ayer, con ocasión del debate sobre la valoración del Tratado de Amsterdam. 
Cuando hacemos razonamientos de carácter general, somos siempre sensibles a los temas que afectan a la integración política de la Unión Europea, pero luego, a la hora de abordar cuestiones como ésta es cuando demostramos la capacidad y la voluntad real de avanzar hacia la unidad política de la Unión. 
Desde este punto de vista, considero que el trabajo llevado a cabo- ésta, creo, que es también la opinión de las autoridades de Gobierno de mi país- es ciertamente importante, aunque es necesario actuar con más resolución. 
La cooperación entre los Estados miembros ya no es suficiente; hay que ser más valientes en las políticas internas, en la lucha contra la delincuencia, así como en otros temas importantes como la fiscalidad, y actuar en pos de la armonización, es decir, de un sistema de reglas más homogéneo que nos permita afrontar y resolver los problemas reales de forma concreta. 
Creo que éste es el nudo que debemos resolver perfeccionando los textos ya elaborados y trabajando de cara al próximo futuro con objeto de que el análisis y la opinión social que nosotros facilitamos acerca de estos fenómenos vayan acompañados por medidas concretas en materia de armonización. 
Dicho esto, deseo apuntar las que, a mi entender, son las prioridades reales. 
Debemos tratar de hacer un esfuerzo y definir los temas que podemos abordar a escala europea y separarlos de otros temas que, por el contrario, pueden resolverse a través de la cooperación entre los Estados miembros. 
Voy a mencionar tres de ellos: el primero nos afecta directamente y atañe a la lucha contra el fraude comunitario. 
En este ámbito, es preciso armonizar la legislación. 
En la Unión sólo tres Estados han incluido el fraude comunitario en sus códigos penales. 
Habida cuenta de que hacemos siempre muchas clasificaciones del fraude, tenemos que empezar a hablar de aquellos que, desde este punto de vista, todavía no han cumplido su deber. 
El segundo tema se refiere a la lucha contra la delincuencia en el ámbito del tráfico de seres humanos, o sea, la inmigración clandestina. 
No podemos caricaturizar este problema como lo acaba de hacer el Sr. Formentini, porque dicho problema se ha convertido en general. 
Hace tiempo, la delincuencia importaba cigarrillos, más tarde droga y actualmente, droga y seres humanos. 
Finalmente, el último tema afecta al blanqueo de dinero. 
Éstas son los tres grandes temas en torno a los que se puede trabajar con algo más de coraje que el demostrado por los ponentes al realizar su importante trabajo. 
Señor Presidente, la corrupción amenaza a la sociedad, la delincuencia organizada también la amenaza, la combinación de ambas constituye, por lo tanto, un riesgo acumulado. 
Los liberales nos hemos opuesto siempre a la corrupción en Austria, bajo todas sus formas. 
Y también nos hemos ganado una reputación por este hecho. 
Acogemos, por lo tanto, con total satisfacción- y en mi caso muy especialmente, desde mi perspectiva de juez penal- el Plan de Acción y sobre todo también el impulso que supone para la definición de figuras de delito a escala de toda la Unión que permitan combatir los sobornos activos y pasivos también en el ámbito de la actividad comercial privada. 
La evolución internacional y el informe anual sobre el fraude indican claramente la necesidad de contar con normas adecuadas en la legislación penal de los Estados miembros y de que sea posible la persecución internacional de los delitos. 
Nosotros tenemos, no obstante, reservas de principio contra la responsabilización penal de las personas jurídicas y, al contrario que el ponente, Sr. Bontempi, consideramos preferible, por razones políticas y democráticas, la vía de los acuerdos bilaterales. 
Señor Presidente, espero que este debate pueda ser considerado por la opinión pública por lo que es, más allá de las cuestiones técnicas, jurídicas o de competencia. 
Es una respuesta coordinada que queremos dar a la necesidad de seguridad y legalidad que tienen nuestros ciudadanos y es un compromiso común que adquirimos hoy a través de este debate, de cara a la lucha contra la delincuencia que no se puede aprovechar de nuestro sistema de reglas, de democracia para luego sumirlo en una crisis. 
Se trata, como acabo de decir, de una respuesta seria, porque a través de este debate salimos del carácter provisional de las resoluciones descoordinadas y respondemos a través de un plan de acción: 30 recomendaciones, algunas de la cuales ya se han transformado en acciones comunes concretas, son muchas piezas de un proyecto común. 
Éste es el sentido de una elección que, por una parte, es estratégica y, por otra, representa un compromiso que podrá ser evaluado y valorado. 
La seriedad exige, sin embargo, que se denuncien las carencias y los límites de este plan. 
Me parece que se echa mucho en falta una armonización más concreta y una definición clara de delincuencia organizada, hecho que convierte todo el conjunto en más débil, no tanto porque no se logra definir la delincuencia, sino porque es difícil definir, por el contrario, la organización. 
Sin embargo, también hay que mencionar- y la ha subrayado nuestra ponente y la ha recalcado la señora Comisaria Gradin- la debilidad en definir las causas y todas las estrategias de carácter preventivo. 
Ésta es una respuesta que les debemos a las personas que vinieron a hablar con nosotros en la Comisión de Libertades Públicas. 
Me he referido a una respuesta seria y, también añado, equilibrada. 
El equilibrio debe buscarse y valorizarse sobre todo en este Parlamento, el equilibrio entre la necesidad de una lucha eficaz contra el crimen organizado y la necesidad de que esta lucha no lesione nunca los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
No cabe hablar de contraposición, como dijo el Sr. Bontempi, sino de la creación de un sistema de legalidad. 
Es un equilibrio que debe mantenerse en todo momento y las acciones que hoy aprobamos, que abarcan la valoración recíproca, los puntos de contacto, las comisiones rogatorias, son instrumentos en favor de la legalidad. 
Como italiana- dado que Italia ha sido traída a colación en varias ocasiones- tengo que decir únicamente que no queremos exportar la urgencia de las leyes ni tampoco de las personas desplazadas a Europa, pero consideramos que precisamente gracias a una cooperación eficaz todos ganaremos en este ámbito, incluso Italia. 
Señor Presidente, la señora Colombo Svevo tiene razón y ha dicho lo que yo también quiero decir: una respuesta seria y equilibrada, un sistema virtuoso que comienza esta mañana, un sistema de cooperación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Y aquí yo también quiero rendir testimonio al señor Ministro Fischbach y a la señora Comisaria Gradin. 
Una respuesta seria y equilibrada que intenta unir, porque pueden ir unidas, las necesidades de cooperación europea y el respeto de cada uno de los ordenamientos nacionales: el respeto, en primer lugar, de los derechos, de un proceso justo, de los procesos equitativos, de los plazos cortos, de la presunción de inocencia; en segundo lugar, la definición del delito de asociación, ya que la participación en el delito debe ser, sin duda, directa, así como personal. 
Pero la cuestión no es si la participación debe ser directa o personal, sino que el problema radica en determinar en qué tipo delictivo se encuadra la asociación para delinquir. 
El delito es la asociación para delinquir, el organizarse para cometer un delito. 
Estamos aquí por esto, de lo contrario, no podríamos hablar de organización delictiva. 
Una última referencia, que ya se ha hecho y está incluida en una enmienda, al apartado que habla del fenómeno de los que colaboran con la justicia, a los arrepentidos. 
El texto del Consejo y de la Comisión de Libertades Públicas no menciona a los que colaboran con la justicia, a los arrepentidos, porque lo consideramos un tema muy complejo, controvertido, cargado de muchos elementos de ambigüedad que no puede abordarse de manera exhaustiva a través de una enmienda. 
Es por esto que me permito considerar inoportuna la inclusión, a mi entender fuera de lugar, de este tema en un contexto que es orgánico, tal como acaba de manifestar mi colega, la Sra. Colombo Svevo. 
Señor Presidente, Señorías, cuando estamos llegando al final del presente debate es posible señalar que sólo un marco jurídico común europeo permitirá combatir la delincuencia organizada con perspectivas de éxito. 
La propuesta de acción común por la que se crea una red judicial europea, que nosotros suscribimos, también apunta en la misma dirección. 
Necesitamos establecer algo así como un mercado interior en el ámbito de la justicia. 
En efecto, estamos viendo que la Europa de los Derechos va muy a la zaga de la Europa de la actividad económica. 
Ya se han reducido y se han suprimido en gran parte las fronteras para la actividad económica en el ámbito interior europeo. 
En cambio se siguen defendiendo con obstinada firmeza las fronteras en el ámbito del Derecho en Europa. 
Como resultado, es posible el libre intercambio de mercancías, servicios y capitales, mientras que los instrumentos jurídicos para la protección de la actividad económica no pueden traspasar las fronteras. 
¿Cuál es, en realidad, el motivo? 
¿Por qué no es posible notificar directamente en Francia un mandamiento de pago de un tribunal alemán? 
¿Por qué no puede ser convocado directamente un testigo italiano a declarar ante un tribunal belga? 
Se dice que esto sería contrario a la soberanía nacional. 
Les ruego que no me interpreten mal. 
Estoy a favor de la existencia del Estado nacional y pienso que lo necesitaremos todavía durante bastante tiempo como modelo organizativo para el cumplimiento de las funciones públicas. 
Sin embargo, la soberanía nacional debe estar al servicio de los ciudadanos, o sea que debe proteger sus derechos y libertades. Cuando esto no ocurre, se hace necesario reconsiderarla. 
Cuando se invoca la soberanía nacional para oponerse al intercambio judicial directo, se está apelando a un remedo de soberanía que no guarda en realidad ninguna relación con ésta, sino que más bien constituye una muestra de aislamiento provinciano. 
A veces pueden detectarse incluso trazas de racismo judicial. 
Se rechaza un ordenamiento jurídico extranjero sólo por el hecho de serlo y porque no es el propio. 
Sin embargo, los principios del Estado de Derecho están firmemente arraigados y consolidados en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Por lo tanto, no existe absolutamente ningún motivo para que un alemán no pueda ser citado como testigo por un tribunal británico y para que no puedan notificarse directamente las sentencias. 
Lo que ahora necesitamos son soluciones factibles para que esto sea posible. 
Es preciso resolver estas cuestiones de una manera que sea practicable. 
La red judicial europea cumple esta exigencia y por esto la apoyamos decididamente. 
, ponente. (SV) Señor Presidente, Presidente del Consejo, Comisario y colegas, quiero agradecer por la excelente colaboración, por las amables palabras y por un trabajo bastante cuantioso. 
El tiempo no me permite hacer una síntesis de todo el debate. Por eso solamente voy a comentar algunos puntos que considero importantes de destacar. 
Un punto se refiere a la sociedad civil, es decir, a las medidas preventivas que mencionó la Comisaria Gradin y que también otras personas han destacado, los puntos de vista sociales. 
No existían en el documento del grupo de alto nivel, pero yo los he puesto en mi informe y quiero subrayarlos. 
A Gahrton, que ni siquiera ha demostrado interés quedándose, quiero, de manera muy corta, decirle que opino que usa esta Cámara para debates de política nacional. 
Su intervención, carente de matices, ni siquiera merece la pena contestar aquí. 
Sin embargo, quiero que se consigne en el acta. 
A Thors, que desgraciadamente no está aquí, quiero decirle que sus puntos de vista están totalmente satisfechos en el informe, en el que se destaca precisamente lo que ella quería, es decir, intención, premeditación y participación activa en cuanto a organizaciones criminales. 
Por lo tanto, están contemplados. 
Finalmente, quiero brevemente decir que lo que nos vamos a llevar a casa de este debate son los impuestos puntuales y las subvenciones. 
Esas materias tienen que ser atendidas. 
No podemos dejar que el dinero de los contribuyentes vaya a parar a los bolsillos de los delincuentes. 
Espero que el debate sirva para que, con más fuerza e intensidad desde aquí y con una colaboración más enérgica con la Comisión y el Consejo, continuemos camino a lo que Nassauer llamó " un mercado jurídico interior». 
Señor Presidente, al final de este debate, deseo hacer hincapiés en tres puntos. 
En primer lugar, es importante haber elegido esta sesión solemne para acometer una nueva etapa de la actividad de la Unión Europea, así como del Parlamento en la acción para la lucha contra la delincuencia. 
Considero que el debate ha sido muy útil y nos ha ofrecido las condiciones para corregir los retrasos e intervenir de forma más provechosa en el futuro. 
En segundo lugar, me parece que no se ha resaltado lo suficiente el hecho de que en la puesta a punto de nuevos instrumentos, existen instrumentos que proceden de ordenamientos distintos del italiano. 
Deseo recordar que la punibilidad de la corrupción privada- importante aspecto innovador- es un elemento que reviste gran importancia; no existe en muchos ordenamientos, ni tampoco existe en nuestro ordenamiento y, por lo tanto, su inclusión demuestra que Europa se construye a través de lo mejor de las experiencias adquiridas a través de los años. 
Por último, deseo recordar que mantener el equilibrio, al que se ha referido la Sra. Colombo Svevo, entre la necesidades de seguridad y las necesidades de libertad, es sagrado y otra cosa es desacreditar instrumentalmente y a través de informaciones totalmente falsas, una experiencia que ha permitido combatir con eficacia la corrupción y la mafia en nuestro país. 
Señorías, si lo queremos hacer seriamente, les invito a que acepten el equilibrio y no la instrumentalización. 
Señor Presidente, desearía ante todo agradecer, evidentemente, a las Señorías que han hecho uso de la palabra y que, a través de su intervención, han animado y enriquecido el debate al que tengo el honor y el privilegio de asistir esta mañana. 
Desearía decir, junto con todos aquellos que se han expresado más bien en un tono crítico con respecto a algunas propuestas redactadas en los diferentes informes de los señores ponentes, que el fenómeno de la delincuencia organizada deberá combatirse definitivamente mediante un conjunto de medidas, de acciones y de iniciativas que van más allá del espacio comunitario, más allá del espacio de la Unión Europea. Puesto que la delincuencia organizada es un fenómeno mundial, ésta requiere, en el plano europeo, una serie de respuestas por parte del Consejo de Europa. 
Puesto que la delincuencia organizada es un fenómeno mundial, ésta también requiere, en el plano mundial, una respuesta de la Organización de las Naciones Unidas, que reagrupa la totalidad de la sociedad internacional. 
Es evidente que esta mañana hemos dado un paso importante en la buena dirección, pero no nos engañemos. 
Debemos saber que este paso, de hecho, es tímido en relación con nuestras aspiraciones, con las del Consejo y con las de los Estados miembros. 
Hoy sabemos pertinentemente que ningún Estado miembro, por separado, está en condiciones o es capaz de garantizar por sus propios medios la seguridad interior. 
Por eso todos debemos, en un mismo impulso de generosidad y de solidaridad, concertar nuestras medidas, nuestros medios, nuestros instrumentos, para combatir la delincuencia organizada en el plano europeo. 
Desearía responder indirectamente a algunas intervenciones- a la del Sr. Schulz, a la de la Sra. Roth, a la del Sr. Nassauer, a la de la Sra. Reding -, y decirles que existen, naturalmente, numerosas razones que hoy explican por qué no hemos hecho- en los dos, tres o cuatro últimos años, tras el Tratado de Maastricht- los avances que nos habíamos planteado en aquel momento. 
El problema esencial reside en que los asuntos de seguridad y orden público afectan a lo más profundo de las soberanías nacionales. 
Por lo tanto, se trata de cambiar lentamente, pero segura y definitivamente, las mentalidades en los diferentes Estados miembros, de que los Estados miembros se decidan por fin a apoyar una acción comunitaria en el plano de la cooperación judicial, así como en el plano de una cooperación policial mucho más intensa, mucho más estrecha. 
Estoy de acuerdo con todos aquellos que han defendido con vigor una acción comunitaria, pero debo decirles, señoras y señores, que nunca se pueden quemar las etapas, ya que de ese modo no se llega a ninguna parte. 
Por ello hay que comenzar primeramente por una aproximación de las actuales legislaciones de los diferentes Estados miembros. 
Aproximemos primero las legislaciones en el plano de la calificación de los delitos y en el plano de las sanciones directamente relacionadas con las diferentes infracciones, con los diferentes delitos, con las diferentes acciones criminales. 
Este es el primer paso que deberíamos hacer antes de orientarnos hacia las legislaciones comunitarias en el ámbito de la cooperación judicial y policial. 
El problema de la doble punibilidad, el problema del proteccionismo, incluso en los ámbitos de los asuntos judiciales y de interior, dejarán de plantearse una vez que las legislaciones nacionales hayan alcanzado un grado suficiente de armonización. 
Se podrá entonces pensar en una transferencia de competencias del plano nacional al plano supranacional, al plano de la Unión Europea. 
Señoras y señores, señor Presidente, sólo pido eso. 
Creo que esta debería ser nuestra línea de mira, nuestro objetivo. 
Debo decirles que el corpus iuris, todas las ideas en torno a un " fiscal comunitario» , en torno a acciones policiales que deberían convertirse en acciones comunitarias, son, en efecto, absolutamente pertinentes; pero en la medida en que habrá que vencer obstáculos, que son de orden nacional y que dependen, una vez más, de tradiciones profundamente enraizadas en la mentalidad de los Estados miembros, habrá que tener la suficiente y necesaria paciencia para avanzar en la dirección deseada por este Parlamento. 
Muchos diputados han querido demostrar, con el ejemplo de Europol, que aún estamos lejos de una política común en materia de cooperación policial. 
Y bien, les confirmo que aún estamos muy lejos de conseguirlo, pero ello se debe también al hecho de que una mayoría de Estados no está dispuesta- y al releer el proyecto del Tratado de Amsterdam ustedes mismos llegan a esta constatación- a renunciar a su policía propia o a abandonar algunos segmentos del campo de competencias policial en beneficio de un campo de competencias supranacional, comunitario. 
Pero el objetivo existe. 
El Canciller alemán Helmut Kohl tenía la idea de Europol, y su idea originaria era la creación de una policía europea. 
De hecho, habrá que pasar por sucesivas etapas para lograrlo; esto no quita que en el proyecto de Tratado de Amsterdam hayamos dotado a Europol, en lo sucesivo, de competencias operativas- no digo de competencias ejecutivas-. 
Los agentes de Europol podrán intervenir, de aquí a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, a título complementario con respecto a las acciones que llevarán a acabo las policías en el campo de competencia de los diferentes Estados miembros. 
Como ven aún estamos lejos, muy lejos, de las competencias ejecutivas. 
Por eso el problema de las inmunidades no se plantea ahora, hasta el punto que ello debería interpretarse como un ejemplo de abuso de competencias. 
En absoluto; y yo creo que el Gobierno alemán ha hecho bien al decir que, dado que por el momento nos limitamos a las competencias operativas, no es necesario discutir a fondo el principio de las unidades. 
Pero el problema volverá a plantearse tan pronto como se dote definitivamente a Europol de competencias ejecutivas. 
Pienso que nos dirigimos hacia una arquitectura europea en que la libertad y la seguridad irán a la par, en que, en efecto- y considero que la Sra. Roth ha hecho bien en recordarlo -, habrá que hacer todo lo posible por lograr un justo equilibrio entre la aspiración legítima de los ciudadanos de una mayor libertad en nuestra Unión Europea y su aspiración, no menos legítima, de una mayor seguridad. 
Y pienso que en el futuro debemos prestarnos a un ejercicio de equilibrio, de un equilibrio extremadamente delicado. 
Será necesario garantizar, de todas formas, la libertad de la persona humana; pero habrá que pensar que esta libertad tiene sus límites ahí donde comienza la libertad de los demás. 
Por lo tanto, habrá que estar preparados para que la seguridad de todos, que es la condición previa de la libertad individual, esté en todo momento, y en cualquier caso, garantizada. 
El legislador comunitario se ha comprometido a ello. 
Finalmente, señores y señoras, señor Presidente, de nada sirve decir que se ha obrado correctamente, que se han realizado avances, que por fin el Consejo y el Parlamento están dispuestos a avanzar juntos, a progresar juntos en la misma dirección, si existen, como ocurre, tantos instrumentos jurídicos en el ámbito comunitario, en el ámbito del Consejo de Europa, en el ámbito de la ONU, que los Estados miembros han aceptado y ratificado plenamente, pero cuya evaluación cualitativa, cuya aplicación en los diferentes Estados miembros, de conformidad con los compromisos suscritos, continúan pendientes. 
Este es el problema que actualmente se plantea, y puedo decirles, desde ahora, que algunos países que esperan unirse a nosotros, que incluso figuran en la lista del primer grupo de adhesión, deberán igualmente someterse a este ejercicio. 
Señora Comisaria, este ejercicio será extremadamente difícil y delicado, y corresponderá ciertamente a la Comisión y al Consejo considerar si, en el plano práctico, en el plano de la aplicación, estos países están dispuestos a unírsenos y a integrarse en nuestra Comunidad, que es una comunidad de derecho y de seguridad. 
Señor Presidente, señoras y señores, he tenido mucho gusto de poder seguir este debate de primer orden, que demuestra que este Parlamento no sólo está a la altura de su tarea en un ámbito en que, sin ser tradicionalmente el suyo, llegará a serlo, sino que ha comprendido perfectamente la baza que dicha tarea supone para la Unión Europea y para sus ciudadanos. 
Señor Presidente, quiero, igual que el Ministro Fischbach, agradecer por un debate amplio y bueno. 
Para ahorrar tiempo, quiero adherirme a los comentarios que hizo el Ministro Fischbach, para que así también tengamos tiempo para el próximo debate por la tarde. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Prioridades de la cooperación en materia de Justicia y de Asuntos de Interior 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-367/97) del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de resolución del Consejo (10021/1/97- C4-0426/97-97/0910 (CNS) ) por la que se establecen las prioridades de la cooperación en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior para el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, Señorías, el debate sobre las prioridades en materia de justicia y asuntos de interior se sitúa ahora en un plano un poco distinto porque no se desarrolla únicamente sobre la base del tratado de Maastricht todavía en vigor, sino que a la vez también tenemos presente el proyecto de Tratado de Amsterdam. 
Por esto- muy comprensiblemente- el proyecto de resolución del Consejo establece la citada lista de prioridades hasta la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Aun así, yo quisiera instarle, señor Presidente del Consejo Fischbach, a que examinen si, en caso de que se retrase la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, no podría mantenerse el plazo habitual de un año para la revisión de dichas prioridades. 
En efecto, tal como ha demostrado el debate anterior, éste es un ámbito de una importancia creciente para el conjunto de la Unión Europea. 
La primera conclusión debe ser que los trabajos en este ámbito deben proseguir con intensidad al margen de la inminente entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
No obstante, toparán con la dificultad de que sería más oportuno tomar en consideración desde ahora los nuevos instrumentos jurídicos que contempla dicho Tratado, puesto que llegado el caso deberá procederse a su transposición después de su entrada en vigor. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha cumplido muy puntualmente los plazos y ha hecho posible de manera muy equitativa la participación del Parlamento Europeo en sus trabajos, lo cual merece ser destacado explícitamente. 
De usted partió la propuesta, que debemos acoger con satisfacción, de que ya desde ahora, anticipándose a las normas de Amsterdam, el Parlamento Europeo sea escuchado por principio y no sólo en relación con " los principales aspectos de la actividad». 
Es algo que valoramos mucho. 
Quiero añadir, no obstante, una observación que nos afecta: tendremos que procurar organizar los plazos de nuestros trabajos de manera que no frenemos el desarrollo del procedimiento. 
También quisiera añadir una segunda observación: con el Tratado de Amsterdam se ampliarán considerablemente nuestras competencias legislativas. 
Yo pienso que debemos prestar mayor atención de la que le hemos dedicado hasta ahora a la calidad de nuestros textos legislativos. 
Cuando examino, por ejemplo, las enmiendas del Parlamento a los textos legislativos, por regla general éstas acaban inflando de manera francamente exagerada unos textos que inicialmente tenían la debida concisión y precisión. Si bien las impulsa una fuerte dosis de buena voluntad política, el resultado final son unos textos largos, poco claros y de más difícil comprensión, un hecho que resulta cada vez más evidente en el ámbito europeo. 
En resumen, por este procedimiento estamos contribuyendo a la sobreabundancia de normas y a la incomprensibilidad del Derecho, que por otra parte deploramos. 
Debemos velar atentamente por que nuestros textos legislativos también sean en adelante más concisos y precisos. 
A continuación, quisiera referirme a algunos aspectos concretos de la lista de prioridades. 
Señor Presidente del Consejo, sería conveniente que una nueva lista de prioridades incluyera algún comentario sobre qué ha ocurrido con las anteriores. 
Un pequeño control de resultados sería útil para todos los afectados. 
Se podría indicar qué objetivos se han alcanzado y cuáles no, y por qué motivo no se ha conseguido alcanzar ciertos objetivos. 
Lo cierto es que lamentablemente volvemos a tener ocasión de señalar una vez más que la realización de la libre circulación de personas en la Unión Europea ha quedado por detrás de lo establecido en el Tratado. 
La Comisión ha realizado entre tanto sus deberes mediante la propuesta de las directivas Monti. 
Ahora le corresponde al Consejo dar respuesta a las propuestas de la Comisión. 
Como tercer punto, acabamos de debatir el tema de la red judicial. 
Hasta la fecha, ésta es la única concreción legislativa del espacio de libertad, de seguridad y de justicia que todos deseamos. 
Tendría que ser posible empezar a construir esta red con efectos visibles para los ciudadanos. 
Es de esperar que el próximo año entre en funcionamiento Europol y pueda empezar a cumplir su tarea. 
Su desarrollo no debe detenerse en ese momento. 
¡Éste es nuestro ruego, señor Presidente del Consejo! 
Señor Presidente, también yo quisiera agradecer a la Presidencia luxemburguesa la buena colaboración mantenida. 
Yo no sé si es posible decir que ésta es realmente una lista de prioridades. 
Más bien se trata de un cajón de sastre que contrasta en algunos aspectos con los verdaderos resultados del Consejo. 
Es cierto que los objetivos del Consejo en el ámbito de la justicia tienen que ser más ambiciosos. 
Éstos deben ir al mismo paso que la realización del mercado interior si en verdad se quiere crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como declara el Tratado de Amsterdam. 
En efecto, ¿por qué no han de poder citarse las partes, los testigos, los peritos y los acusados, como si fuésemos un país único? 
¿Por qué no ha de poder ordenarse que se personen las partes como si fuéramos un único país? 
¿Por qué no? 
Permítame que me refiera ahora también a otro aspecto, relacionado con la duración y las costas de los litigios transfronterizos. 
Existe un estudio de la Comisión de 1995 sobre este tema. 
Las costas y la duración de los litigios transfronterizos se traducen ni más ni menos que en una simple denegación de justicia. 
En la práctica resulta inútil iniciar un litigio transfronterizo a la vista de su duración y de los riesgos que representa su coste. 
Yo pienso que ésta es una verdadera prioridad, puesto que se está convirtiendo en un obstáculo para el mercado interior. 
Finalmente, quisiera señalar un último punto: es muy de lamentar que en el Tratado de Amsterdam la Conferencia Intergubernamental sólo conceda al Parlamento en este ámbito de cooperación- en el ámbito civilel derecho de codecisión por lo que se refiere a la política de concesión de visados, ¡y sólo dentro de cinco años! 
Lo cual, en realidad, resulta incomprensible a la vista de los resultados que ha alcanzado hasta ahora el Consejo en este ámbito. 
Yo estoy seguro de que el Parlamento Europeo podría contribuir a mejorar considerablemente los resultados. 
Señor Presidente, Señorías, yo comparto la visión del colega Nassauer de que, a la vista de la situación de base tras la Conferencia de Amsterdam y de la promesa del Sr. Fischbach- ya lo he dicho hoy en otra ocasión -, cabe esperar que las siguientes Presidencias cumplan dicha promesa y se manifiesten dispuestas a empezar a aplicar ya lo acordado en Amsterdam y a hacer efectiva la consulta vinculante al Parlamento Europeo. 
Esto exigirá que el Parlamento Europeo proceda a una amplia reforma consecuente de su Reglamento. 
De lo contrario, no podremos cumplir nuestra tarea. 
Usted lo ha dicho con mucha elegancia, Sr. Nassauer. 
Yo voy a expresarlo con mis propias palabras, de manera un poco más contundente. 
Podríamos dejar de ocuparnos perfectamente de algunos de los trabajos que aquí elaboramos. 
En cualquier caso, esto no altera en nada el hecho de que en la lista de prioridades- el colega Rothley la ha llamado " cajón de sastre» -no se observa una línea clara. 
Debo decirles que yo tengo la impresión de que el Consejo no tiene claro en qué objetivos de dicha lista de prioridades debe hacer hincapié. 
Por lo tanto, yo quisiera apuntar ante todo que lo más inmediato son aquellos aspectos cuya transposición sea posible en los ámbitos de las políticas que se encuentran en proceso de ratificación y cuya culminación es previsible. 
Esto me lleva de nuevo al tema de Europol, señor Ministro Fischbach. 
En este aspecto, debo manifestar mi total desacuerdo con usted. 
Yo le valoro mucho y sé que es usted un defensor consecuente del Estado de Derecho, pero ahora no puede decirnos a propósito del protocolo de inmunidad que podemos mantener dicha inmunidad, dado que los funcionarios todavía no disponen de competencias operativas. 
Lo cual si seguimos el razonamiento inverso significaría, señor Ministro, que se la retiraremos cuando reciban competencias operativas. 
Así lo entiendo yo. 
Es una lástima que usted no disponga de micrófono; por lo tanto, voy a repetir lo que acaba de decir. 
El señor Ministro ha dicho: " Yo no he dicho eso.» 
Muchas gracias, señor Ministro, esto es justamente lo que deseaba escuchar. 
Yo le digo ahora que en estos momentos ya no es necesario conceder dicha inmunidad a los policías. 
Y le diré por qué. 
El acopio de datos también interfiere con una libertad ciudadana fundamental. 
Esto es algo que dichos funcionarios ya están autorizados a hacer ahora. 
Yo debo decirle en este contexto, señor Nassauer, que siempre que se crea un órgano policial- y usted ha sido Ministro del Interior--, siempre que se crea un órgano policial, deben cumplirse paralelamente dos condiciones. 
Cuando se crea un órgano policial con posibilidades de restringir una libertad ciudadana, debe existir la garantía del recurso judicial y un control parlamentario, que en este caso no existen. 
También debo añadir que el acopio de datos relativos a las costumbres privadas, a la raza, el origen o la orientación sexual- todos los cuales ya están autorizados a reunir los funcionarios de Europol- afecta a unos datos y unas circunstancias que exigen que el ciudadano individual afectado por la actuación de Europol tenga la posibilidad de saber y controlar qué se hace con sus datos. 
Por lo tanto, si desea establecer una prioridad, señor Ministro, yo insto al Consejo a que deje sin vigor lo más pronto posible el protocolo de inmunidades en su forma actual. 
Más allá de esto, yo quisiera citar el informe Nassauer, aprobado por una gran mayoría en el Parlamento: el Parlamento Europeo pide que se consulten al Parlamento Europeo todos los protocolos adjuntos relativos a Europol antes de dar curso al procedimiento de ratificación. 
Esto debería empezar a hacerse ya con el protocolo de inmunidades. 
Entre las prioridades se señala acertadamente que la política de asilo adquirirá en los próximos años una importancia dramática como tema de los debates políticos europeos. 
Por consiguiente, yo pido al Consejo- y quiero hacer hincapié en ello en nombre de nuestro Grupo político, pues la política de asilo será uno de los aspectos a los que nos proponemos dedicar especial atención- que el año próximo ya presente ideas concretas sobre cómo se propone abordar la armonización de la política de asilo en el aspecto técnico y de contenido. 
Por lo que se refiere a este último, yo quiero añadir que confío que, al menos mientras usted siga siendo el Presidente del Consejo, Sr. Fischbach, éste no se dejará llevar por la tentación de pensar que, por el mero hecho de que la política de asilo es un tema delicado que levanta pasiones a escala nacional y que todos querrían quitarse de encima, pueden trasladarlo a Europa para reducir todavía más las normas mínimas, después de no haberlo conseguido en el ámbito nacional. 
¡No aceptaremos una política de asilo de esas características! 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo no soy pesimista como el colega que acaba de intervenir; antes bien, en nombre de mi Grupo, Unión por Europa, deseo expresar mi satisfacción más sincera por este informe que establece las prioridades de la cooperación en materia de justicia y asuntos interiores a partir del mes de enero de 1998, fecha fatídica en la que entrará en vigor el Tratado de Amsterdam. 
La resolución del Consejo reitera la importancia de fomentar la libertad, la seguridad, la justicia en la Unión Europea, de acuerdo con los principios fundamentales del Derecho y de la política. 
Es preciso, por lo tanto, que todos los esfuerzos de todos los Estados miembros que son los intérpretes principales, el motor, por así decirlo, de cualquier reforma, vayan en esta dirección. 
Deseo, asimismo, felicitar a la Presidencia del Consejo por haber brindado, por primera vez, al Parlamento Europeo la oportunidad de expresar su punto de vista sobre el contenido de la resolución del Consejo. 
Nosotros, como Grupo Unión por Europa, coincidimos con el Consejo en la necesidad de incluir en la lista de prioridades la lucha contra el terrorismo, el fraude y la delincuencia organizada, así como en la importancia de adoptar las medidas necesarias para que Europol se haga cargo de sus competencias en esta materia. 
Confío en que el Consejo, con arreglo al apartado 8 de la resolución, garantice a todos los Estados miembros la mejora de la cooperación judicial. 
Para terminar, señor Presidente, deseo invitar tanto al Consejo como a la Comisión a que trabajen en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo con objeto de que la consecución de los tres pilares en los que se basa la Unión, proceda de forma conjunta, paralela, rápida y, sobre todo, conforme a las directrices marcadas por los ciudadanos. 
Presidente, si hablamos del esquema prioritario de justicia y asuntos interiores, tenemos que constatar que se han tomado muchas decisiones en este ámbito en los últimos años. Con toda seguridad. 
Únicamente hay un problema grave con las decisiones que se han tomado. 
En gran medida se trata de una falsa legislación, una legislación de imitación. 
No son directrices como las que conocemos en el primer pilar de la Unión Europea, sino que son recomendaciones y cosas por el estilo. 
El problema que se deriva de esto es que queda absolutamente confuso hasta qué punto las medidas tomadas se han adoptado a nivel nacional. 
Presidente, en este aspecto el Consejo y la Comisión tienen que redactar un estado comparativo: ¿hasta que punto la ejecución de las decisiones a nivel Europeo son incorporadas en la legislación nacional? 
Un estudio comparativo de este tipo, creo yo, también debe poder ser tratado en este Parlamento. 
Presidente, se han tomado muchas decisiones. También hay muchas decisiones que no se han tomado, algunas de ellas muy importantes. 
Cuando por ejemplo miro el terreno de la política de asilo e inmigración, se me ocurre la siguiente pregunta para el Consejo y la Comisión: ¿Qué hay de una decisión sobre un reparto justo de cargas de los expatriados? 
Luego explotará Argelia y no se habrán tomado decisiones en un terreno como este. 
¿Dónde hay una organización razonable de las fronteras exteriores de la Unión Europea? 
Sobre esto se lleva hablando seis o siete años. 
Con esquema prioritario o no, se deben ir tomando decisiones poco a poco. 
Presidente, cada vez se habla más sobre la institución del cargo de los magistrados europeos, fiscales a nivel europeo. Estos deberían poder controlar la Europol y similares, por ejemplo. 
Lo cual no me parece tan conveniente ya que dicho control sobre la Europol debe efectuarse desde el lado político. 
Mi pregunta es en definitiva y para concluir: ¿están el Consejo y la Comisión Europea dispuestos a preparar un informe sobre la institución del magistrado europeo con las ventajas y los inconvenientes que hay al respecto? 
Sr. Presidente, este informe justamente como los anteriores informes refleja varias consideraciones técnicas a las cuales uno se puede sumar. 
En gran medida estoy de acuerdo con lo que dijo el Sr. Rothley en estos puntos. 
Sin embargo, me parece esencial que esto sea una instantánea de un proceso evolutivo. 
Se trata, como quien dice, del camino de la CE de un Mercado Común a un Derecho de la Unión o- como fue mencionado por el Sr. Nassauer en el debate anterior- al mercado interior del Derecho. 
Se trata de un proceso de integración que- lo cual esencialmente ha pasado inadvertido en este debate- conlleva un desmantelamiento de las instituciones nacionales y la jurisprudencia, en la que, por ejemplo, está basada la comunidad jurídica danesa. 
Esto puede leerse tanto en el informe del Sr. Nassauer como en los informes anteriores, y la clave puede encontrarse en el Tratado de Amsterdam. 
La presente propuesta sólo vale para la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Y, además, en la página 6 del informe se lee que " el Tratado de Amsterdam implica grandes cambios para el hasta ahora tercer pilar del TEU y basa la cooperación de los Estados miembros sobre asuntos interiores jurídicos en nuevas bases jurídicas». 
La prelación de la que hablamos es, como quien dice, una anticipación de esto, y esto que vemos como punto final en este proceso evolutivo- cuando lo tomamos como una instantánea- sí que está descrito muy claramente en el informe de la Sra. Cederschiöld, el cual me parece una imagen intimidatoria, sin embargo, alentadora para otros, por ejemplo, la señora Comisaria Gradin, en tanto que este informe aboga por una armonización de las legislaciones penales de los Estados miembros. 
Esto es lo que constituye el punto final de este proceso evolutivo y, bien sirve señalar, sin que las democracias nacionales tengan posibilidad de reaccionar. 
Distinguidas señoras y señores, me gustaría subrayar un punto de vista fundamental, y éste es que una parte muy esencial de la calidad de cada democracia se mide con el grado de control abierto que puede practicarse ante la policía y las instituciones penales. 
Puedo constatar que en una larga serie de puntos decisivos estas propuestas, estas prelaciones, tanto como los informes anteriores, quebrantan este principio fundamental, por ejemplo, la Convención Europol, que sólo deja el control en manos de este Parlamento, no en las de los parlamentos nacionales, en las del Tribunal de la CE, no en las de los tribunales nacionales, como, por ejemplo, dicta la constitución danesa. 
Señor Presidente, creo que hace un momento he abusado de mi tiempo de uso de la palabra. 
Tendrían que haberme interrumpido. 
Les pido disculpas; no me he dado cuenta. 
Sólo desearía decir que me congratulo, evidentemente, por este excelente informe del Sr. Nassauer. 
Se trata de un programa simplemente indicativo, señoras y señores. 
No es un programa definitivo. 
Esto quiere decir que el Consejo, con el máximo número de acciones, de proyectos, de iniciativas, desea, de hecho, hacer todo lo posible para obtener resultados lo más concretos y concluyentes posible. 
Se trata, pues, de trabajar, y de trabajar con precisión y empeño para lograr resultados. 
Esto es lo que, de hecho, el programa quiere decir. 
Hemos realizado un buen número de puntos que figuraban en el programa de 1996; se trataba del primer programa, pero era un programa bianual. 
Este programa, como deseo, no irá más allá de enero de 1999, fecha en que todos esperamos que el proyecto de Amsterdam será definitivamente ratificado. 
Pero, por favor, no reprochen al Consejo por querer hacer demasiado, nuestras intenciones son buenas, y creo, por tanto, que se nos deberá felicitar por este paso. 
Señor Presidente, la idea fundamental es la libre circulación de personas en la Unión Europea, pero muchos temen que se convierta en una libre circulación de delincuentes y estafadores. 
Por eso es que se creó el tercer pilar en relación con el Tratado de Maastricht. 
Mi papel en la Comisión es, por tanto, trabajar para que la libre circulación de nuestros ciudadanos sea una realidad. 
Por eso doy la bienvenida a que tengamos un debate especial sobre el informe del Diputado Nassauer acerca de las prioridades de las materias judiciales y nacionales. 
Se trata de que en el futuro podamos manejar, conjuntamente y mejor, los problemas con que nos topemos. 
Pienso, entre otras cosas, en los refugiados, en la delincuencia organizada, en el comercio con drogas, en el comercio con mujeres y niños como si de esclavos se tratase y en las estafas, la corrupción y la colaboración policial eficiente. 
Cuando el nuevo Tratado de Amsterdam entre en vigor, vamos a tener nuevas y más amplias posibilidades de cooperación. 
Este es un importante paso adelante. 
Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo y el Tribunal van a tener un papel más preponderante en materias del tercer pilar. 
Esto es importante para poder hacer frente a las inquietudes que sienten los ciudadanos ante las amenazas a su protección y seguridad. 
Una mayor transparencia, una mayor eficiencia y un mejor control democrático y jurídico son necesarios para que la gente sienta que esto les concierne. 
En la perspectiva de corto plazo, la Comisión va a concluir el trabajo durante el Tratado de Maastricht. 
Entre otras cosas, propuestas que ahora son tratadas por el Consejo de Ministros. 
Aquí quiero señalar especialmente la propuesta de la Comisión sobre admission, es decir, admisión, protección ocasional, medidas contra la corrupción, lucha contra las drogas sintéticas, lucha contra la trata de blancas y lucha contra los abusos sexuales a menores. 
Obviamente que la Comisión va a trabajar activamente en el futuro para que el plan de acción contra la delincuencia organizada que hemos estamos debatiendo, se lleve a cabo eficientemente. 
En este contexto, quiero también señalar los importantes proyectos de colaboración que hemos iniciado a través de los programas de larga duración, por ejemplo, Grotius, que lleva a una mayor cooperación entre jueces y fiscales, por tanto, colaboración en el sistema judicial, Sherlock, que como es sabido, tiene por objeto la colaboración para impedir documentos falsos y Oisin, cuya meta es que las policías puedan colaborar. 
Todos esos problemas contribuyen, cada uno con lo suyo, a que aumente la seguridad judicial en Europa. 
Además, tenemos el programa Stop que trata de la cooperación entre autoridades de los países miembros para combatir la trata de blancas y de menores y el programa Daphne, que da apoyo a organizaciones voluntarias que se interesan por la lucha contra los abusos sexuales y la violencia contra mujeres y niños. 
Ambos programas han sido muy bien acogidos. 
El Parlamento discutirá hoy, más tarde, el informe del Diputado Zimmermmann y el programa Odysseus, que se dirige a quienes trabajan con materias de migraciones y refugio. 
Tal como se propone en el informe Nassauer, la Comisión va a continuar tomando iniciativas con ayuda de los nuevos instrumentos que ahora están a nuestro alcance según el Tratado de Maastricht. 
Estoy preparando cinco iniciativas diferentes, una sobre ejecución de las sentencias, una sobre asistencia judicial, una sobre menores desaparecidos y abusos sexuales a menores, una sobre procedimientos de asilo- lo que se pidió aquí en el debate- y una sobre estafas cometidas con tarjetas de crédito y pago. 
Obviamente que tanto yo como el Consejo vamos a consultar al Parlamento sobre estos comunicados. 
Paralelamente con el trabajo que realizamos de acuerdo con el actual Tratado, nos preparamos también para el día en que el nuevo Tratado de Amsterdam entre en vigor. 
Ese trabajo ya ha comenzado. 
Uno de los problemas que debe resolverse es el que se refiere a la integración del Tratado de Schengen en la cooperación dentro de la Unión. 
Como consecuencia, se va a ampliar la legislación de la Unión, aunque los campos de actividades dentro del tercer pilar no se extiendan. 
Hay acuerdos concretos dentro de Schengen que todavía no tienen su correspondencia dentro de la UE. Esto tiene dos consecuencias importantes. 
Primero, el campo de acción de la Unión será más vasto que el de hoy. Segundo, la creciente legislación va a poner mayores exigencias de seguridad y libertad a los países del Este y de Europa Central, que ahora preparan su adhesión. 
Schengen va a ser otra dimensión que se deberá considerar en las próximas negociaciones. 
Dos grupos de trabajo están trabajando a tope con los preparativos prácticos. 
Un grupo se dedica a la integración en el trabajo de la Unión y el otro a dilucidar cómo va a ser la cooperación con Noruega e Islandia. 
En una perspectiva de largo plazo, las cuestiones más importantes de las que nos ocuparemos serán las judiciales y nacionales. 
Una de ellas trata del desarrollo de la delincuencia organizada en Europa. 
Aquí se trata en gran medida de cumplir las exigencias de los ciudadanos que nos reclaman más firmeza en la lucha contra las amenazas de delito. 
En este contexto, la Convención de Europol va a ser una herramienta importante. 
Tenemos puesta la mira en que la Convención será ratificada antes del fin de año. 
También espero que los países miembros apresuren la ratificación de la Convención de entrega de extranjeros y de la de medidas contra la estafa y el fraude. 
Lamento también, al igual que el Consejo, que la Convención de La Haya sobre pruebas judiciales y litigios internacionales no haya sido ratificada por todos los países miembros. 
Como dije al comienzo, el Tratado de Amsterdam va a significar que la colaboración judicial y nacional se eleven a un nuevo plano. 
El Tratado contiene un ambicioso plan de trabajo quinquenal en cuanto a la forma de integración en el primer pilar de temas sobre el control fronterizo, las migraciones y el asilo. 
Los asuntos policiales y aduaneros y el derecho civil y penal se quedan en el tercer pilar. 
También dentro de esas materias se va a desarrollar la cooperación, por ejemplo, a través de decisiones marco. 
En mi opinión, se necesita una verdadera visión de conjunto de las consecuencias del nuevo Tratado en materia judicial y nacional. 
Por esta razón he iniciado un trabajo de análisis que pienso presentar al Consejo de Ministros y al Parlamento como un comunicado de amplio contenido. 
Espero que este comunicado sirva como un libro blanco, como una importante base para un vasto debate acerca de cómo vamos a construir una Europa en libertad, seguridad y justicia. 
Doy las gracias al Sr. Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar ahora, o bien esta noche. 
Votaciones 
Señora Presidenta, se trata, en efecto, de tres enmiendas orales que ahora me comprometo a leer y que fueron acordadas con el ponente y el Presidente de la Comisión de Presupuestos, a fin de aclarar aún más, si cabe, algunos aspectos presupuestarios y de control financiero. 
La primera enmienda es un añadido al apartado 2 del artículo 4, y reza: » en caso de recurrir a subcontratistas, estos serán seleccionados por medio de concursos, organizados de conformidad con lo establecido en las disposiciones financieras en vigor». 
Se trata, pues, de una precaución de carácter general. 
La segunda enmienda es un añadido al artículo 7 que se refiere a la cooperación con los PECOS y Chipre, y dice: » los gastos originados por dicha participación se añaden a la dotación de dicho programa». 
La tercera enmienda que es una modificación del artículo 9, una incorporación, se refiere al hecho de que, al tratarse de un programa quinquenal, el mismo afecta a dos previsiones financieras diferentes. 
Y, por lo tanto, reza: » esta dotación financiera estará cubierta en parte por las previsiones financieras 1993-1999». 
Me disculpo con sus Señorías, sin embargo, la aprobación de esta resolución contó con plazos muy cortos. 
De todos modos, ha sido posible, gracias a la Comisión de Presupuestos y de acuerdo con ella, completar y, en consecuencia, modificar la resolución a través de estas tres enmiendas orales, siempre que el Pleno tenga a bien aceptarlas. 
Señora Presidenta, en este momento no veo al coordinador socialista y en nombre del Grupo Socialista yo no puedo aceptar estas enmiendas orales presentadas a última hora. 
Cuando el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto entregó estas enmiendas, y lo hizo durante la discusión sobre éstas en la Comisión Económica y Monetaria, hubo un consenso. 
Se refiere a las precisiones técnicas del presupuesto. 
Haga un encarecido llamamiento para que éstas puedan ser aprobadas. 
Ha habido un descuido en la votación de la Comisión. 
Le doy las gracias, señor Willockx. 
Ha quedado claro que estas tres enmiendas orales podían, en cierto modo, reagruparse, en todo caso sobre la base del principio de su toma en consideración. 
Me dirijo, pues, a nuestra Asamblea. 
¿Hay objeciones para tomar en consideración estas enmiendas orales? 
(La Asamblea decide la presentación de las enmiendas orales) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, después de que la Comisión presentara las enmiendas 3 y 14, el Consejo modificó el texto al que las mismas se referían. 
Considero, en consecuencia, superadas dichas enmiendas de acuerdo con el último texto propuesto por el Consejo. 
¿Hay alguna objeción en considerar caducas las enmiendas 3 y 14? 
Puesto que no hay objeciones, se procederá de esta manera. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Existe un corrigendum en todas las versiones lingüísticas. 
También les comunico la anulación de las enmiendas 6, 7, 10 y 11. 
Señora Presidenta, efectivamente, hay algunas corrigenda, pero no bastan. 
Por ejemplo, la enmienda 21 de mi Grupo ha sido recogida de manera completamente errónea, hasta tal punto que dice lo contrario de lo que queríamos. 
Y en el mejor de los casos, sería de todas formas totalmente incomprensible. 
Existen también problemas de traducción en la versión francesa. 
Nuestra enmienda 20 ya no tiene en absoluto el mismo sentido e incluso reforzaría la visión del Sr. Orlando, que es totalmente contraria a la nuestra. 
Hay cosas todavía peores, de las que no me ocuparé. 
Por lo tanto, les propongo aplazar este informe al próximo período parcial de sesiones, ya que hoy no puede ser votado en estas condiciones. 
Señor Dupuis, ¿nos hace esta propuesta en nombre de su Grupo? 
Me gustaría conocer la opinión del ponente. 
Señora Presidenta, creo que esta mañana hemos expresado a la Presidencia luxemburguesa, así como a la Comisión nuestra satisfacción por haber ofrecido al Parlamento la posibilidad de hacer una valoración de un texto tan importante, antes del período parcial de sesiones de los días 4 y 5 de diciembre. 
Sería realmente extraño que ahora aplazáramos este informe. 
Por ello, insisto para que se proceda conforme a lo solicitado por la comisión. 
Creo que la cuestión es clara. 
Someteré a votación la solicitud del Sr. Dupuis. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de aplazamiento de la votación) Puedo asegurar al Sr. Dupuis que comprobaremos con mucho cuidado todas las versiones lingüísticas, para evitar cualquier incoherencia. 
Señora Presidenta, yo quiero agradecerle que la petición del Sr. Dupuis haya sido rechazada. 
Las enmiendas del Grupo de Coalición Radical Europea ya apuntaban en cualquier caso en un sentido totalmente distinto que las del Sr. Orlando. 
Sin embargo, antes de que se proceda a la votación, yo quisiera abundar en el motivo del elevado número de corrigenda de carácter lingüístico. 
Esto tiene, en efecto, una explicación. 
El Consejo se ha mostrado dispuesto a consultarnos estos textos, anticipándose al Tratado de Amsterdam, con un brevísimo plazo, lo cual plantea un gran problema de tiempo para realizar las numerosas traducciones. 
Pero la situación se vuelve imposible si el Consejo nos remite un texto y mientras nosotros procedemos a examinarlo con todo cuidado, de conformidad con el procedimiento de Consulta, el Consejo modifica dicho texto sin consultar al Parlamento y sin esperar a nuestro dictamen. 
Este procedimiento es inadmisible. 
¡Ésta no es manera de tratar al Parlamento! 
Por lo tanto, yo le ruego señora Presidenta que transmita al Consejo el estruendoso aplauso de la Asamblea. 
Muchas gracias. 
(Aplausos) 
Le doy las gracias, señor Schulz. 
Me habría gustado que el Consejo pudiese escuchar directamente sus observaciones. 
Desgraciadamente, no es así, pero se las transmitiremos de buen grado. 
Señora Presidenta, por lo que se refiere a la enmienda 12, deseo señalar que, tras la votación de la enmienda, se planteó alguna duda en el seno de la comisión, ya que el Consejo había elaborado un texto que me parece más correcto. 
Tomo nota, en consecuencia, del rechazo de la enmienda de la comisión a causa de su inexacta formulación que daba pie a posibles críticas de justicialismo, por citar una expresión utilizada esta mañana. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Ha de constatarse con gran satisfacción que el Comité de Conciliación ha logrado alcanzar un compromiso razonable y muy satisfactorio entre el Consejo y el Parlamento en relación con la aprobación de esta directiva. 
Da gusto que tanto el Consejo como el Parlamento hayan estado de acuerdo desde el primer momento en que debía concederse un alto grado de protección a los datos personales dentro de un área como el sector de las telecomunicaciones, donde el desarrollo tecnológico avanza muy rápidamente. 
No obstante, el Parlamento, en el procedimiento de conciliación, ha logrado introducir un nivel de protección aún mayor del que el Consejo quería inicialmente. 
Como ejemplo puede mencionarse la ampliación de la directiva para englobar también a las personas jurídicas. 
También las disposiciones referentes a la escucha y grabación de conversaciones telefónicas han sido mejoradas sensiblemente en el texto de conciliación. 
Debe recalcarse que la directiva propuesta es un acto importantísimo que merece un apoyo total. 
Informe Secchi (A4-344/97) 
No es posible decidir cuándo podría resultarle ventajoso a la UE implantar normas completamente armonizadas sobre el IVA, sin embargo, no hay ninguna duda de que si semejante armonización debe producirse, los Estados miembros han de estar muy bien preparados para ella. 
Por ello, el programa FISCALIS es una iniciativa necesaria que entre otras cosas implica que los funcionarios nacionales adquieran un conocimiento minucioso del derecho comunitario. 
Este conocimiento es una condición indispensable si los funcionarios deben seguir prestando un servicio óptimo a los ciudadanos. 
Otro aspecto son las numerosas ventajas que se alcanzará a través de una cooperación formalizada entre los Estados miembros en todo el ámbito de los derechos. 
El programa FISCALIS creará una base sólida y razonable para futuras armonizaciones en materia de IVA y otros derechos. 
Sin embargo, esto no significa que los Estados miembros se comprometan en el momento actual a un plazo determinado para tales armonizaciones. 
El programa FISCALIS, dirigido a emprender acciones europeas coordinadas que sirvan de apoyo a los sistemas nacionales de fiscalidad indirecta, representa un instrumento innovador de la política fiscal europea. 
En efecto, no sólo el Programa FISCALIS está orientado a armonizar y coordinar el sistema tributario existente, así como a garantizar el funcionamiento homogéneo de las administraciones tributarias en la óptica de la aprobación del régimen definitivo del IVA, sino que, como apuntó con acierto el ponente Sr. Secchi, debe representar el instrumento de comprobación de las necesidades y las dificultades encontradas por ciertas administraciones nacionales en el cumplimiento de sus funciones y debe poder transmitir las experiencias positivas adquiridas sobre los mismos problemas en otros Estados miembros. 
En mi calidad de alcalde de un ayuntamiento italiano y atento a todas las acciones encaminadas a mejorar la eficacia de las administraciones públicas, aprecio la decisión de la Comisión Europea de considerar como objetivo prioritario del programa la formación de los recursos humanos y, coincidiendo con el ponente Sr. Secchi, considero muy útil que la formación se lleve a cabo también a través del intercambio de funcionarios de cada una de las administraciones tributarias. 
Estoy, asimismo, totalmente de acuerdo con el ponente en la necesidad de crear una red de cooperación entre los centros y las escuelas nacionales que se ocupan de la formación tributaria. 
Me felicito con el ponente Sr. Secchi, y, en consecuencia, apruebo plenamente su informe. 
La numeración es uno de los aspectos más visibles de la telefonía, y es por ello un terreno que afecta a los consumidores de manera muy directa. 
La Comisión, a instancias del Parlamento, ha propuesto un ajuste muy aceptable y sensato de la Directiva relativa a la interconexión. 
La portabilidad de números entre operadores es un área de gran trascendencia, y es importante que rápidamente se implante un sistema que garantice una adjudicación de los números de las redes fijas transparente, justa y objetiva. 
El ponente tiene toda la razón cuando recalca que esta misma política con idénticas reglas ha de implantarse en las redes de comunicaciones móviles. 
Las medidas necesarias deben implantarse tan pronto como sea posible para lograr el efecto deseado y dar tiempo a los operadores para que efectúen las modificaciones y los ajustes. 
Luego no se puede compartir el punto de vista de la Comisión de que aún no es momento de reglas sobre la portabilidad de los números de las redes móviles. 
Doy por ello mi total apoyo al informe. 
Informe Cederschiöld (A4-333/97) 
Consideramos que el informe comprende materias muy importantes para el trabajo futuro de la Unión Europea. 
Con nuestra explicación de voto queremos destacar que el informe, en muchos aspectos, abarca exigencias de armonización más vastas que las que objetivamente podrían considerarse motivadas por los antecedentes que el plan de acción contra la delincuencia organizada admite. 
Entre otras cosas, queremos señalar nuestras dudas en cuanto a las pretensiones del informe respecto a: 
que haya una armonización de normas de carácter penal (punto 12) , -que se introduzca un fiscal general en el ámbito europeo (punto 35) , -que, sin una mayor explicación de la necesidad, que hoy ya es clara, de reforzar los controles, se acreciente la posición de Europol frente a las fuerzas policiales nacionales (diversos puntos). 
El informe de la Sra. Cederschiöld se ocupa del plan de acción para la lucha contra la criminalidad organizada. 
Este plan fue elaborado a instancias del Consejo Europeo por el Grupo de Alto Nivel. 
Lo que el grupo ha hecho es en sí loable, y en vista de la importancia que concede el Consejo a su ejecución, el plan parece surtir efecto. 
A pesar de ello, el plan no parece siempre igualmente claro. 
Un punto fuerte de crítica de la ponente, Sra. Cederschiöld, es el de que del plan no se desprende con ninguna claridad si la criminalidad va a ser combatida mediante la harmonización de las definiciones de los hechos punibles más importantes o mediante el sistema de mejora de la colaboración entre los Estados miembros manteniendo las diferencias entre los sistemas penales nacionales. 
En el plan no se toma ninguna opción. 
Aquí reside también nuestro problema. 
Si bien el informe apunta a un enfoque pragmático, suena en realidad a un deseo del Parlamento europeo mediante la harmonización del derecho penal y la realización de un gran espacio judicial europeo. 
Con esta opción queda claro que se está incidiendo en la soberanía de los Estados miembros, en la esencia de los Estados miembros. 
Este será un proceso extremadamente laborioso, del que se preguntará si es útil actualmente. 
Personalmente preferiría por este motivo la colaboración pragmática con el mantenimiento de las diferencias entre los sistemas penales nacionales. 
En aquel punto en el que el informe y nuestra elección difieren tan claramente, pese a la simpatía que sentimos hacia el plan de acción y al informe, siendo sinceros no podemos apoyar este informe. 
Esta consideración se la volverá a encontrar también en nuestro comportamiento de voto en los otros informes del grupo «lucha contra la criminalidad organizada» sobre los que se debatió esta mañana. 
Quisiera apoyar las recomendaciones formuladas por la Sra. Cederschiöld. 
En su proyecto de resolución señala las deficiencias y fallos inherentes al planteamiento actual de la UE para abordar la delincuencia organizada. 
La delincuencia organizada tiene un funcionamiento comercial internacional muy perfeccionado. 
No reconocen las fronteras nacionales y, gracias a sus enormes recursos, pueden emplear a los mejores expertos de las esferas jurídica, financiera y de otra índole. 
En cambio, el planteamiento de la UE es fragmentario, carece de coordinación y de recursos suficientes y actúa en la esfera nacional a causa de la actitud patriotera de los ministros de Interior, que quieren proteger sus pequeños «imperios» basados en ideas anticuadas de soberanía nacional. 
Para poder ganar esta guerra contra la delincuencia organizada, hemos de cambiar esas actitudes, lograr una mayor armonización de nuestros sistemas jurídicos, judiciales y policiales. 
La lentitud con la cual los Estados miembros de la Unión Europea se han propuesto aunar sus fuerzas y coordinar sus acciones y procedimientos para luchar contra la delincuencia organizada no puede menos que contrariar a cualquier persona sensata. 
La globalización de la economía y de los circuitos financieros permiten que los operadores- incluyendo a los más criminales- reciclen, es decir, blanqueen sin problemas y sin control los beneficios colosales que les reportan los tráficos más variados: prostitución, droga, armamento. 
Como todos saben, el hundimiento del comunismo en Europa Central y Oriental ha fomentado la irrupción, sobre las ruinas de las estructuras estatales, de las formas más variadas de gangsterismo, de extorsión y de corrupción. 
La libre circulación de capitales y de personas en el seno de la Unión, conjugada con el desarrollo de las tecnologías, ha hecho saltar las fronteras para todos, incluso para los delincuentes, fomentando de este modo todo tipo de tráfico: automóviles, drogas y seres humanos. 
¿Cómo puede pensarse en estas condiciones que unos sistemas jurídicos, judiciales y policiales puramente nacionales podrán hacer frente a la pluralidad- además, cada vez mejor organizada- de la gran delincuencia? 
¿Cómo pueden aceptarse los plazos increíbles que aún condicionan los pedidos de información o de cooperación entre magistrados de diferentes países? 
¿Cómo puede aceptarse que el Convenio Europol aún no haya sido ratificado por todos los países signatarios? 
Por eso me felicito de que el Consejo Europeo de Amsterdam haya aprobado, el 17 de junio pasado, el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada. 
Se trata de un primer paso en la buena dirección. 
Deseo saludar, igualmente, los esfuerzos del Consejo de Europa con miras a la elaboración de un convenio contra la corrupción organizada que reina en los mercados internacionales. 
Si existe un ámbito en el que la Unión debe demostrar su capacidad para responder a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos, es en el de la seguridad de las personas y de los bienes. 
Una Europa corrupta no tiene futuro. 
Es una cuestión urgente. 
Es lamentable que en el informe que trata de la delincuencia internacional organizada no se diga una sola palabra acerca de Interpol, que justamente tiene como objetivo combatir la delincuencia internacional. 
El informe, en cambio, está solamente orientado, más o menos, a abogar por un " UE-FBI» , que armonice las policías y los tribunales de los miembros de la UE en concordancia con un corpus iuris que contemple la creación de un sector europeo comunitario jurídico y de derecho penal. 
No creo que este estado de cosas sea razonable y ni siquiera adecuado. 
Apenas puede ser razonable la construcción de otra organización policial que compita con Interpol. 
Al revés, se debería intensificar el trabajo con Interpol para que esta organización pueda desafiar a la delincuencia internacional con mayor fuerza. 
Se propone también dar a Europol mayores competencias, inclusive que Europol comprenda actividades operativas, esto a pesar de que Europol ha demostrado un deficiente control parlamentario y judicial y que tiene graves carencias en cuanto a la transparencia administrativa y protección de la vida privada y datos de las personas. 
Estoy de acuerdo con muchas de las propuestas del informe. 
La mejor manera de combatir a largo plazo la delincuencia y el crimen es el fortalecimiento de las bases democráticas en la educación infantil, los colegios, la vida laboral etc. en la sociedad civil. 
Especialmente quiero subrayar la importancia que tiene una mejor colaboración entre los Estados miembros para combatir la delincuencia internacional. 
Abogo por una cooperación entre estados en esta materia, según el modelo de los Países Nórdicos. 
Es importante que no haya penalización sin premeditación. 
Las propuestas de penalización en una, así llamada, organización criminal debe, por eso, tenerla como punto de partida. 
Por el contrario, me opongo a formas de cooperación judicial decididas por organismos centrales, donde el objetivo principal es una armonización de las legislaciones. 
La UE no debe convertirse- con Europol como herramienta- en un estado policial gobernado centralmente, con grandes sistemas de información y deficientes controles democráticos. 
Como el informe contiene muchas propuestas en ese sentido, voy a votar por el rechazo del informe en la votación final. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe de la Sra. Cederschiöld, puesto que opinamos que es necesario un esfuerzo efectivo y mejorado para poder luchar contra la creciente delincuencia organizada que opera a través de los Estados miembros. 
Con todo, nos inquietan algunas de las manifestaciones de la ponente. Manifestaciones que tienen por objeto implicar a instituciones supranacionales como la Comisión o el Tribunal de la CE aún más en la cooperación jurídica. 
La cooperación jurídica debe permanecer bajo el pilar 3º y la Comisión y el Tribunal de la CE no deben tener competencias adicionales. 
Una armonización penal no ha de convertirse en objetivo en sí misma, y los instrumentos existentes en los Estados miembros deben primero hacerse más efectivos, antes de que se aprueben nuevas iniciativas. 
Somos partidarios de una cooperación efectiva y práctica entre los Estados miembros en el ámbito jurídico. 
Una cooperación semejante será una respuesta efectiva contra la delincuencia organizada. 
Informe Orlando (A4-355/97) 
Señora Presidenta, no nos ha sido posible aprobar el informe de nuestro colega Orlando sobre la aplicación y ejecución de los compromisos internacionales en materia de lucha contra la delincuencia ya que, sobre la base de un excelente texto del Consejo, el Parlamento ha preferido sistemáticamente transferir las prerrogativas del Consejo a la Comisión. 
Ahora bien, en un ámbito que afecta a una de las competencias soberanas capitales de los Estados, resulta que es claramente el Consejo el que debe actuar y no la Comisión, órgano administrativo de dudosa legitimidad democrática. 
Además, desde el punto de vista de la eficacia, en un ámbito en que las especificidades, las tradiciones, la filosofía del Derecho, de orígenes nacionales, son tan fuertes, creemos que es ciertamente más oportuno remitirse a la acción específica de los Estados. 
El informe da a la Comisión un papel mucho más protagonista en el sistema de evaluación. 
Consideramos que es la Presidencia del Consejo la que debe tener, también en el futuro, la responsabilidad de este trabajo. 
El Consejo es y deberá ser la más alta instancia de decisión en la Unión Europea. 
No vemos ninguna razón para reforzar el papel de la Comisión en esta materia. 
Nuestro colega Orlando demuestra un espíritu combativo en la elaboración de estos diferentes informes. 
No podemos menos que felicitarnos por ello. 
Tres informes para un único y mismo tipo de corrupción: la delincuencia organizada. 
El Parlamento Europeo debe demostrar su absoluta determinación en la lucha contra todas estas prácticas mafiosas. 
Las mafias se fortalecen en aquellos países que ya han sido mencionados por los servicios competentes en materia de lucha contra esta delincuencia organizada. 
Podemos interrogarnos sobre los medios comunitarios aplicados para erradicar esta plaga. 
Nos vemos obligados a constatar que los grupos mafiosos se desarrollan no sólo en Europa del Este, sino también en el seno de la Unión Europea. 
Comparto las recomendaciones del ponente tanto sobre el mecanismo de evolución como sobre el incremento de la delincuencia y de los delitos. 
Se menciona el blanqueo de dinero, y sobre este último punto yo también pido que se acabe con las hipocresías. 
En el seno de Europa, o de la Unión Europea, debemos ofrecer a los jueces posibilidades más amplias en materia de investigación, en particular con respecto a las cuentas bancarias sospechosas, sin lo cual es inútil legislar y seguir discutiendo. 
La Unión Europea está cada vez más orgullosa de las ayudas que presta a ciertos sectores de actividad. 
Espero que demuestre la misma preocupación para aplicar rápidamente los medios capaces de permitir una lucha eficaz contra la delincuencia organizada. 
Si no logra apuntarse un tanto en esta guerra, la Unión Europea perderá aún un poco más de credibilidad frente a sus ciudadanos. 
Informe Orlando (A4-349/97) 
Si nos proponemos en serio abordar el problema de la delincuencia organizada, tenemos que lograr una coordinación más eficaz en toda la Unión Europea antes de que podamos iniciar la cooperación propiamente dicha con terceros países. 
El intergubernamentalismo y la falta de transparencia no son la vía para convencer a los ciudadanos europeos de nuestra determinación para ganar la guerra contra la delincuencia organizada. 
Creo que en este informe hay muchas propuestas excelentes y dignas de consideración, si queremos enviar un mensaje a los delincuentes internacionales de que hablamos en serio. 
Informe Nassauer (A4-367/97) 
Señora Presidenta, el informe Nassauer sobre las prioridades de la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior recoge el lugar común habitual del Parlamento Europeo sobre la libertad de circulación, que, supuestamente, no existiría mientras se mantuviese en las fronteras internas de la Unión el menor control de personas. 
Esta idea, que ya nos ha perjudicado mucho, causará aún más daño en el futuro si se ratifica el Tratado de Amsterdam, puesto que el artículo B del nuevo título 3 A, en la parte comunitaria, establece que antes de cinco años el Consejo deberá decidir, de conformidad con el artículo 7 A, medidas tendentes a garantizar la ausencia de todo tipo de control de personas, ya se trate de ciudadanos de la Unión o de naturales de países terceros, en el cruce de las fronteras interiores. 
Como de costumbre, los promotores de la Europa federal intentan hacer creer a la gente que sólo piden que se aplique una decisión ya tomada con anterioridad y que, jurídica y moralmente, no existiría ningún margen de maniobra. 
Pero en realidad, eso no es así, ya que en el artículo 7 A nunca se ha dicho que la libertad de circulación implicaría la ausencia de control, y menos aún cuando también debería aplicarse a los naturales de países terceros. 
Además, el Tratado de Amsterdam, en el artículo B antes citado, no establece ninguna condición previa a la abolición de los controles de personas en las fronteras internas. 
Sólo en el artículo A se mencionan medidas de acompañamiento, pero este artículo se refiere a un problema jurídicamente diferente, el de la integración de Schengen, y en ningún momento se dice que las condiciones mencionadas- a las que, además, se alude incidentalmente- constituirían condiciones previas. 
Así pues, los pueblos de Europa podrían, una vez más, caer en una trampa por parte de una Unión Europea que cumple la función objetiva de echar por tierra las defensas de éstos, cuando su objetivo debería ser reforzarlas. 
Esta desviación de las instituciones europeas, que juegan constantemente en contra de su propio campo, debe corregirse urgentemente, y ante todo rechazando el Tratado de Amsterdam; de lo contrario, causará la ruina de Europa. 
Acojo con beneplácito la preparación de este informe por el Sr. Nassauer y apoyo sus recomendaciones principales. 
En particular, apruebo la propuesta de que se concedan al Convenio Europol poderes operativos y ejecutivos formulados con precisión y que determinen qué órganos policiales nacionales se encargarán de todas las medidas adoptadas en sus países. 
Una Europol plenamente operativa es decisiva para garantizar el éxito de la cooperación en el sector de la Justicia y los Asuntos de Interior. 
Resulta escandaloso que no se haya ratificado el Convenio Europol. 
Después del escándalo Dutroux en Bélgica hubo un resurgir de la actividad y parecía haber la determinación de lograr que se concedieran a Europol los poderes necesarios para que desempeñase sus funciones. 
Ahora todo ha quedado paralizado y, si los Estados miembros desean de verdad crear una Europa de los ciudadanos, los avances deben hacerse en el sector de la Justicia y los Asuntos de Interior. 
Los avances respecto de Europol serán la prueba de fuego de la seriedad de los Estados miembros en relación con el cumplimiento de sus promesas. 
(La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la situación en Irak. 
Señor Presidente, todos nosotros, el mundo entero creo yo, ha seguido de cerca con la respiración contenida, las evoluciones en Iraq. 
Es innecesario decir que la Comisión y el Consejo, y también con seguridad el Parlamento, estarán de acuerdo en que las Naciones Unidas, el secretario general y el Consejo de Seguridad, deben de ser respaldados plenamente en su afán de ver cumplidas por Iraq las resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto. 
La cuestión indiscutible es que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad son el lugar indicado para discutir este tema y tomar decisiones. 
Considero que junto con usted hemos tenido conocimiento con cierto alivio de la alentadora noticia que nos ha llegado desde Ginebra, donde ayer se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores y del Consejo de Seguridad permanente de los 5. 
Sin que sepamos con exactitud lo que se habló allí detalladamente, en cualquier caso parece que se ha llegado a un tipo de compromiso sobre el cual tiene que reaccionar Iraq. 
Pero un compromiso que en todo caso consistiría en que la comisión de investigación de ONU, Unscom, podría reanudar allí su composición original y que por lo tanto además dicho trabajo podría continuar, lo que es de suma importancia para la seguridad que se precisa en, por citar algo, toda la capacidad de la que dispone Iraq para fabricar armas para exterminar masas también pueda ser desmantelada de forma efectiva. 
Es evidente que el arrastre y la continuación de este conflicto con Iraq podría tener graves consecuencias, no solamente en el sentido de la seguridad, sino que ciertamente también cuando se trata de la ejecución de las resoluciones aceite a cambio de alimento tal y como la llamo yo para mayor comodidad, lo cual tendría consecuencias desfavorables para la ayuda humanitaria que se le puede dar a la población iraquí y por otra parte también podría dificultar los esfuerzos de ayuda al norte de Iraq. 
La Comisión no puede por el momento decir mucho más excepto expresar el deseo de que los indicios que existen confirmen que la crisis ha sido eliminada. 
Por el momento no me atrevo de establecer esta conclusión como definitiva según está la situación actualmente, pero si nosotros también estamos al corriente de los pronunciamientos y de los comunicados que manifestó ayer el ministro británico de Asuntos Exteriores tras la reunión de los 5 permanentes y el texto que también ha sido publicado hoy en el Telexpress, es de esperar que con ello la crisis pueda evitarse de una forma efectiva. 
Señor Comisario, muchas gracias por su declaración. 
Evidentemente, nos alegramos mucho de que la crisis actual al menos parezca haberse conjurado, si bien estaríamos sobrevalorando el peso de Europa y del Parlamento Europeo si pensásemos que la sesión de hoy ha tenido una trascendencia tal que ha obligado a ceder a Sadam. 
Yo creo, no obstante, que subsisten algunos interrogantes, más allá de las preguntas fundamentales que ha planteado usted, señor Comisario. 
En primer lugar, ¿en opinión del señor Comisario, se consiguió alcanzar con la rapidez suficiente la necesaria unanimidad en relación con la posición europea ante la presente crisis? 
Ya sé que esto no es tarea de la Comisión ni del Comisario, pero yo querría preguntarle si en todas las conversaciones mantenidas y en todos los esfuerzos que ha realizado en su calidad de Comisario ha podido partir de la base de que existe una línea de actuación común europea. 
En segundo lugar, ¿en qué medida guarda relación, a su parecer, la crisis actual en Irak con la situación en Israel? 
Es correcta la impresión, que también usted pudo tener, de que no ha sido posible conseguir la necesaria solidaridad en el mundo árabe debido a la crisis israelí y a que muchos países árabes han tenido la impresión de que la presión de Estados Unidos durante los días de la crisis ha sido insuficiente? 
La tercera cuestión que a mí y a todos nos preocupa especialmente es, desde luego, el aspecto humanitario. 
En efecto, por inaceptables que se juzguen las acciones de Sadam- en opinión de nuestro Grupo político y también, supongo, de toda la Asambleay aun siendo inaceptable que no puedan realizarse los controles de manera realmente adecuada y con la debida eficacia, sin embargo tenemos el temor de que los aspectos humanitarios, en particular los relativos a los problemas de la infancia y en materia de salud, se vean obviamente muy afectados por las sanciones. 
Yo querría preguntarle también si tiene usted la impresión de que en el programa que usted también ha citado- de petróleo a cambio de alimentos, etc.- se han tenido en cuenta los aspectos humanitarios más urgentes o si, por el contrario, también sería necesario incrementar, además, la ayuda humanitaria. 
Presidente, me gustaría agradecer al comisario su explicación. 
En realidad es un asunto bastante extraño que sea nuestro comisario el que tenga que darnos esta explicación porque lo que tendríamos que esperar del Consejo es que se hablase aquí de política exterior. 
Pero está bien que se utilice un preámbulo, un preámbulo que este comisario es sin duda capaz de hacer. 
Lo que en realidad lamento es que el propio Parlamento no haya aprovechado la oportunidad de tomar un poco la iniciativa orientada a una gestión. 
Fue una resolución cautelosa la que apoyaba la política de la ONU, creo que de todos modos eso habría sido un buen respaldo, y también un estímulo al Consejo para empezar a trabajar desde una postura común con respecto a Irak. 
Desgraciadamente el Parlamento ha dejado escapar la oportunidad. 
Por otra parte creo que es de gran importancia que nosotros, como Parlamento, tengamos el valor en este tipo de asuntos especialmente peligrosos de decir lo que opinamos para de esta forma emitir una señal desde Europa, no solamente en este caso, si no también en el de Cuba y otros. 
Parto de la base de que tendríamos que llegar a un acuerdo en este tipo de temas. 
Mi pregunta con respecto a Irak, que por supuesto es un estado con régimen extremadamente criminal, es si no nos incumbe lo suficiente, concretamente porque la paz en Oriente Medio está amenazada de forma extraordinaria por un estado de este tipo, como para opinar sobre ello. 
Cuando oigo decir a los israelís aquí: vivimos en una pequeña franja de tierra, un par de bombas, un par de cohetes a larga distancia con armas químicas del tipo de los que se desarrollan en Irak y ya lo hemos contado, es para que nos tomemos en serio este tipo de voces. 
Además, no sería la primera vez que Europa está amenazada por cohetes de larga distancia. 
Ya se ha dicho anteriormente que cohetes Scud podrían alcanzar fácilmente Roma desde Servia. 
Esto también podrá ocurrir a la larga con Irak, así que nos atañe directamente. 
Señor Presidente, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿se ha hecho lo suficiente en el terreno de las medidas comerciales internacionales para prevenir que Europa alimente la producción de armas químicas y biológicas en Irak? 
¿Lo ha revisado recientemente? 
Me gustaría recibir respuesta. 
En segundo lugar lo que respecta a lo humanitario. Lo humanitario ha sido siempre posible a pesar de todo. 
En realidad es solamente Sadam el que impide que la ayuda humanitaria llegue a la población. 
¿No existe el riesgo, si ponemos mucho énfasis en lo humanitario, que esa ayuda llegue a manos del ejército de Sadam y del proprio Sadam y no en manos de la población a la que va destinada? 
Señor Presidente, Comisario, muchísimas gracias por su comunicado, por su declaración. 
Comienzo adhieriéndome al Sr. Oostlander y además diciendo que por lo ya mencionado encuentro especialmente triste que los dos grandes grupos parlamentarios del Parlamento hayan suspendido claramente sus actividades desde este Parlamento. 
Como ya dijo el Comisario: Saddam Husseim parece haber consentido y aceptado que UNSCOM pueda continuar la investigación con los americanos. 
Eso sería el resultado de la deliberación entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad lo que supone una solución tan feliz como necesaria del conflicto. 
¿Acaso tiene el Comisario más conocimiento del trasfondo de este acuerdo y puede él garantizar que no se han hecho concesiones a Saddam a cambio? 
La credibilidad de todo el sistema de la ONU está en juego, eso es evidente. 
El UNSCOM lleva años intentando combatir las armas de extinción de masas y la investigación es bloqueada constantemente. 
En los últimos seis meses ya ha ocurrido en diez ocasiones. 
La firmeza de comportamiento, Señor Presidente, puede ser y es la única respuesta. 
El solo hecho de pensar en concesiones a Saddam es inaceptable. 
Saddam debe poner en práctica sin más la resolución 687. 
Después podrá esperar el eventual levantamiento de las sanciones, pero no antes. 
La a menudo mencionada luz al final del túnel podrá intentarla conseguir Saddam para sí mismo dejando de bloquear la investigación. 
Tan pronto como haya ocurrido, los necesitados ciudadanos iraquíes que son rehenes de Saddam, podrán experimentar una mejora de su suerte. 
La comunidad internacional, Señor Presidente, debe actuar unánimemente. 
Una actuación unilateral de los Estados Unidos tampoco sería la respuesta, aunque esto sea lo que hubiese deseado Saddam. 
Pero los intereses económicos a corto plazo no pueden interrumpir la unanimidad. ¿Podría indicar el Comisario si se ha hablado de alguna sintonía europea en la determinación de posición en el marco de las Naciones Unidas como por ejemplo exige el Tratado de Maastricht? 
En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el resultado de esos esfuerzos? En caso negativo ¿por qué no? 
Señor Presidente, la aparente solución temporal para la crisis Iraq/Estados Unidos ha evitado en el último momento una tragedia de las mayores dimensiones para el pueblo iraquí, es decir, una prolongada ofensiva de bombardeos por el aire y lanzamiento de misiles por las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 
No podemos por menos de expresar nuestro profundo alivio por semejante solución aparente y nuestro agradecimiento a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que trabajaron contra el reloj para restablecer el papel de la UNSCOM en el Iraq y evitar un baño de sangre. 
En este lado de la Asamblea no profesamos la menor simpatía por el dictador de Bagdad y sus desesperados juegos con las vidas de su pueblo. 
Pero tampoco podemos aceptar un regreso al status quo ante y la interminable prolongación de las sanciones más crueles y absurdas que, en menos de seis años, han provocado un millón de muertos de civiles y una auténtica matanza de inocentes al ritmo de 4.500 niños al mes. 
Hace mucho que se debería haber levantado el embargo sobre las mercancías no estratégicas, como también un levantamiento gradual del embargo de petróleo superando con mucho los arbitrarios límites del programa de alimentos por petróleo. 
¡Ya es suficiente! 
La Unión Europea, escandalosamente ausente y pasiva hasta ahora, tiene que dar un paso adelante y convencer a nuestros amigos americanos de que se debe poner fin a esa matanza, de que una solución temporal de esta crisis podría provocar otra crisis peor en el futuro, si no se siguen otras opciones diplomáticas, políticas y económicas para substituir la amenaza de utilización de los sigilosos bombarderos B52 y los misiles de crucero «Tomahawk». 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con las consideraciones hechas, a pesar de que hubiéramos deseado conocer el punto de vista del Consejo. 
No por esto, sin embargo, dejamos de agradecer al señor Comisario Van den Broek su presencia aquí y que nos haya facilitado la versión de la Comisión. 
Tomamos nota con satisfacción de que la crisis parece resuelta- la duda es aún necesaria- y que, en consecuencia, no habrá ninguna acción militar. 
En el momento, sin embargo, en que decimos que no se discute la condena contra la actitud de Sadam Husein, que sigue jugando entre el respeto y el rechazo de las resoluciones de las Naciones Unidas, no podemos dejar de denunciar que se han utilizado dos pesos o medidas respecto a Irak y a otros países y que se ha seguido, de hecho, reforzando a Sadam Husein con la política de cerrazón que, en un primer momento, acudió al uso de las armas y, luego, a la aplicación de sanciones que han castigado sobre todo a la población. 
El verdadero problema al que debemos hacer frente es el impacto sobre la población, las mujeres y los niños. 
Por último, permítame, señor Presidente, otra consideración: ¿Por qué, cuando abordamos la cuestión iraquí, no hablamos también de la cuestión kurda? 
¿Por qué no hablamos del ataque tanto de Sadam Husein como de otros Gobiernos que siguen impidiendo que la población kurda lleve una vida decente? 
Estos problemas deberían abordarse de forma correcta y requieren un compromiso colectivo, porque si no se resuelven, no habrá paz en esa región. 
Señor Presidente, como el resto de mis colegas, me felicito, en mi nombre y en el de la Coalición Radical Europea, del hecho de que parece prevaler la razón. 
Ello se debe a las dudas de algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad con respecto a la opción militar y, quizá también, a las iniciativas de la diplomacia rusa. 
En cualquier caso- digámoslo claramente- no tenemos ninguna simpatía especial por el régimen iraquí, como tampoco por el régimen sirio, por ejemplo, pero está claro que una solución pacífica, equitativa y duradera, supone cinco condiciones: la renuncia al embargo, que sólo asfixia al pueblo iraquí; la flexibilización del bloqueo petrolero, que sirve clarísimamente a los intereses norteamericanos; el abandono de las compensaciones financieras que se deben a Kuwait, y que, debido a las sanciones, Irak no puede pagar; una clarificación de las misiones de la UNSCOM, que no deben servir de pretexto para una tutela indefinida; y una reintegración progresiva de Irak en la comunidad internacional. 
No compete a los norteamericanos, ciertamente, decir quién debe gobernar Irak, pero quizá les corresponda, así como a una diplomacia europea- al fin unificada en esta cuestión -, crear las condiciones, a través de un enfoque más generoso, para una evolución democrática en un país cuyos dirigentes explotan la paranoia colectiva que no cesamos de alimentar. 
Señor Presidente, aun cuando se trate de una cuestión que compete al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, en el plano europeo, al Consejo y no a la Comisión, desearía preguntarle lo siguiente, señor Comisario, puesto que, a pesar de todo, usted se ocupa de la aplicación del embargo contra Irak, en nombre de la Unión Europea: ¿no habría llegado la hora de plantearse seriamente la legitimidad del mantenimiento de este embargo, cuya aplicación desde hace siete años demuestra que, evidentemente, no logra los objetivos que se había fijado? 
Se suponía que el embargo tenía que debilitar a un dictador que casi ni parece afectado por sus efectos, a juzgar sobre todo por la reciente expulsión de los expertos de las Naciones Unidas. 
En cambio, este embargo, nuestro embargo, aplasta a una población sobre la que ejerce efectos devastadores en materia de alimentación, asistencia sanitaria y educación. 
¿Esta voluntad enconada de encerramiento contribuirá a engrandecer nuestra imagen en la región, o fortalecerá las fuerzas que nos son más hostiles? 
¿No convendría, entonces, cambiar radicalmente de método y disociar completamente la cuestión de los armamentos químicos y nucleares- sobre la que la comunidad internacional debe ejercer la mayor vigilancia- de la cuestión del embargo, que en modo alguno ha contribuido a controlarla y que no ha hecho más que acrecentar el sufrimiento de un pueblo? 
Señor Presidente, al igual que el señor Comisario van den Broek, debemos acoger, naturalmente, con alivio el retorno de los inspectores de armamento de la ONU y que Irak lo haya aceptado con objeto de evitar la prolongación del conflicto con Estados Unidos. 
Obviamente da mucho que pensar que la solución del conflicto se haya alcanzado sin la intervención de la UE y que haya reforzado la posición de Rusia en el Cercano Oriente, a la vez que debilita la de Estados Unidos, además de poner de manifiesto una división de Europa. 
La crisis de la inspección del armamento en Irak, desencadenada por Sadam Husein ha puesto en evidencia sintomáticamente una vez más la debilidad de la Unión Europea en el ámbito de la política exterior y la carencia de una política exterior y de seguridad común. 
Ya sé que las sanciones contra Irak y el problema de Irak son ante todo competencia de la ONU, pero desde luego sería necesario que la UE también exhibiera una posición unitaria en relación con este caso. 
Yo lamento mucho que no fuera posible la aprobación de una resolución del Parlamento Europeo, en cierto modo como una medida de acompañamiento, y agradezco mucho que el señor Comisario se haya ocupado hoy de este tema mediante una declaración. 
No obstante, debemos saber que sólo ha sido un recurso de urgencia. 
Una resolución habría sido el instrumento más claro y habría permitido expresar con la máxima claridad la voluntad del Parlamento Europeo, como un medio para respaldar las resoluciones de la ONU y también en cierto modo como una señal de solidaridad con Estados Unidos. 
Si queremos que Estados Unidos siga interesándose por nuestros problemas de seguridad, convendría dejar claro por una vez nuestro sentimiento de solidaridad con los americanos en una situación crítica. 
Sin intención de remozar ahora los errores de la estrategia deficiente de dicho país, yo le pregunto, sin embargo, señor Comisario: ¿tiene la Comisión una estrategia en relación con Irak que permita impedir en caso necesario la continua repetición de estas crisis? 
Señor Presidente, si bien condenamos totalmente las políticas perseguidas por Sadam Husein y las atroces violaciones de los derechos humanos, en particular contra su propio pueblo, ¿no se podría ahora considerar, en primer lugar, la posibilidad de relajar al menos el embargo de forma que el pueblo iraquí recibiera los suministros que necesita más urgentemente, sin por ello dejar de mantener la oposición total a la dictadura y a las medidas adoptadas por Sadam Husein para aumentar su fuerza militar y, en segundo lugar, procurar contribuir a poner fin a la lucha fratricida ente las dos facciones principales de los kurdos iraquíes: el KDP, que ha estado cooperando con las fuerzas turcas, y el PUK, que ha estado aliado con el Irán y está beneficiando sin duda alguna a Sadam Husein? 
Esas dos facciones han enviado delegaciones para entrevistarse con él, lo que constituye en verdad un gran problema. 
¿Podemos pedir acciones sobre esas cuestiones, ahora que al menos se ha disipado un poco la crisis, para lograr una solución más permanente, que redundará en beneficio no sólo de los interesados del exterior, sino también del pueblo iraquí? 
Quisiera establecer que debe evitarse tomar decisiones precipitadas en este momento en el sentido que los 5 permanentes dejaron claro ayer que esperan y así lo manifiestan, que la iniciativa de Rusia que fue bien recibida por todos ellos, conducirá a que Bagdad vuelva a su composición original y a que permitirá la reanudación de las actividades de la Unscom. 
En otras palabras, primero tenemos que esperar cual va a ser la reacción clara de Bagdad antes de que el alivio sea completo. 
En segundo lugar, estoy de acuerdo con aquellos que han dicho que aquí se trata primordialmente de la responsabilidad de los miembros del Consejo de Seguridad. 
Esto es indudable. 
Pero si hablamos de asuntos que descansan y colindan en cuestiones de guerra y paz, también queda claro para la Comisión en sí que cuando el Parlamento quiere hacer una serie de observaciones al respecto, la Comisión no pretende tener ninguna competencia, sino que le gustaría tomar parte en el debate. 
Suscribo lo que se ha dicho en primer lugar y una voz similar que pueda venir del Parlamento europeo, de ministros y de la Comisión, que tiene que haber una voz unánime, mantenerse en que las resoluciones del Consejo de Seguridad están para ser llevadas íntegramente a la práctica y que en ello no hay nada que negociar. 
A cerca del mensaje de hace un momento, los 5 permanentes también estaban de acuerdo en primera instancia. 
Si daba la impresión de que entre ellos había alguna diferencia de valoración en los medios que se iban a poner en marcha para conseguir el objetivo, ésta era cierta, pero vuelvo a decir que produce satisfacción que los 5 permanentes hayan planteado una iniciativa conjuntamente en este momento y que estén esperando actualmente una respuesta de Bagdad. 
Lo que es en sí de gran importancia. 
La posible relación que haya habido entre este conflicto, la crisis y la situación en Israel, la intervención americana respectivamente y por lo tanto la influencia de ello en la postura de los Emiratos Arabes, que han sido recientemente visitados por Madeleine Albright, es extremadamente difícil de valorar por nosotros. 
Es indudable que la crisis en Iraq despertaba especial preocupación porque la situación en Oriente Medio está en este momento bajo una considerable tensión ya que todo el proceso de paz en Oriente Medio está paralizado. 
En cualquier caso ya merece la pena constatar que también las Naciones Unidas, el presidente americano y el ministro americano de Asuntos Exteriores hablan abiertamente en el sentido de que tienen una gran preocupación por que la inflexibilidad de Israel no contribuya al avance imprescindible en este conflicto. 
Algo más respecto a la ayuda humanitaria. Mi colega la Sra. Bonino, ha vuelto a poner a disposición de la ayuda humanitaria a través de ECHO diez millones de Ecus para un periodo que abarca hasta agosto del año próximo. 
Estoy de acuerdo con aquellos que dicen que allí donde es necesaria la ayuda humanitaria, Saddam Hussein es el responsable en primera instancia, porque proporcionar los medios humanitarios suficientes también depende del cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, pero concretamente, también hay una resolución del Consejo de Seguridad que establece que cada seis meses se puede exportar petróleo por valor de veinte mil millones a cambio de importar alimento y medicinas. 
De modo que dicho con otras palabras, no creo que la comunidad internacional tenga responsabilidad alguna en la posible necesidad humanitaria. 
Señalo además que si hablamos del norte de Iraq donde hay una situación humanitaria específica, donde la Unión Europea también intenta introducir cierto alivio, ésta se encuentra seriamente entorpecida de vez en cuando por la situación con los curdos, concretamente con la intromisión turca en la frontera en el norte de Iraq lo que ya dificulta el paso por Turquía de los bienes de ayuda. 
Agradezco nuevamente al Parlamento la oportunidad de tener un debate al respecto. 
El debate queda cerrado. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0946/97 del Sr. Lenz y otros, en nombre del Grupo PPE, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente; -B4-0951/97 de los Sres. Pettinari y Manisco, en nombre del Grupo GUE, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente; -B4-0960/97 del Sr. Dell ' Alba y otros, en nombre del Grupo ARE, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente; -B4-0961/97 del Sr. Aglietta y otros, en nombre del GrupoV, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente; -B4-0974/97 del Sr. Cars y otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente; -B4-0985/97 del Sr. Swoboda, en nombre del Grupo PSE, sobre el Tribunal Penal Internacional Permanente para los crímenes de guerra. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar yo quiero expresar mi gran satisfacción por el hecho de que nuestra propuesta de resolución cuente con el respaldo de seis Grupos políticos de esta Cámara. 
Yo creo que esto ya indica cuán importante es este paso para conseguir la creación de un auténtico Tribunal que sustituya a los actuales Tribunales provisionales, para la antigua Yugoslavia o para Ruanda. 
Las Naciones Unidas han reconocido la necesidad de crear un Tribunal de estas características, ya que no sólo en esos dos países se cometen crímenes de guerra y existen conflictos armados, sino que existe un número considerablemente superior de países en los que sería necesario que el correspondiente tribunal emitiera su dictamen y pudiera actuar. 
Se ha constatado que los actuales tribunales han procedido hasta ahora desde una posición jurídica más bien precaria y que su capacidad de actuación está sujeta a muy serias limitaciones. 
Otro aspecto importante es que en la resolución se pide que, en los comités preparatorios para la Conferencia organizada por las Naciones Unidas precisamente para proceder a la creación del citado Tribunal Penal Internacional- cuya celebración el año próximo en Italia es muy de agradecer -, se establezcan en primer lugar unas definiciones claras. 
¿Qué se entiende por criminal de guerra? 
¿Qué es un conflicto armado interno? 
Asimismo, también es sin duda muy importante que dicho Tribunal- y en la medida de lo posible esto debería contemplarse ya en las sesiones preparatorias- pueda actuar con independencia de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de la ONU, a fin de evitar que su labor sea objeto de repetidos bloqueos por parte de dicha institución en muchos ámbitos. 
Están en juego muchísimos cambios importantes y no creo ser el único que considera que éste es un primer paso hacia la futura superación de los conflictos. 
Todavía deberemos enfrentarnos con problemas muy importantes, sobre todo habida cuenta que por el momento todavía no existe en el mundo un Derecho relativo a los grupos étnicos. 
Sólo tenemos el Derecho nacional y el internacional, pero no un Derecho que defina y establezca claramente cuáles son los derechos de un grupo étnico y dónde puede acudir éste para hacerlos valer. 
La creación de un Tribunal de estas características constituye a mi modo de ver una etapa previa para el establecimiento de este Derecho enormemente importante. 
Si se contemplan los conflictos de los últimos años puede constatarse que en la mayoría de los casos su origen son conflictos entre los diferentes grupos étnicos. 
Yo pienso que la creación de dicho Tribunal supondrá un gran paso adelante y desde el Parlamento Europeo todos debemos contribuir a que se haga realidad. 
Soy consciente de que esto también incluye ciertos compromisos financieros necesarios para que el proyecto de creación de un Tribunal Penal Internacional pueda hacerse efectivamente realidad y ser un éxito. 
Señor Presidente, señor Comisario, permítanme ante todo deplorar la ausencia de los representantes de nuestro Senado, puesto que, como sabemos, son los Estados miembros los que deberán llevar a cabo en primera línea, en las Naciones Unidas, la última batalla para conquistar este primer elemento de reforma de las Naciones Unidas, la primera reforma, de hecho, que sea digna de ese nombre, desde su creación. 
El colega Habsburg-Lothringen ya ha subrayado uno de los puntos fundamentales en los que deberán insistir los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión, en el marco de sus competencias, es decir, la independencia del Tribunal. 
Existe otro punto fundamental en el que conviene hacer hincapié: su independencia financiera; y es necesario, por lo tanto, garantizar a largo plazo, y no sólo a corto plazo, el hecho de que el Tribunal pueda actuar, y de que pueda actuar bien. 
Desearía tranquilizar inmediatamente al colega Ephremidis aclarando que no se trata de replantear la cuestión de los conflictos pasados- ya sea el caso de Cuba o incluso de Corea del Norte o de la República Popular de China; el problema que se plantea afecta a los conflictos futuros. 
También desearía pedir a los colegas que empezásemos a reflexionar en una etapa posterior que podríamos iniciar: la creación, basándonos en el modelo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de un tribunal universal de derechos civiles y políticos, de tal manera que en todas partes del mundo o, en todo caso, comenzando por las democracias, los ciudadanos puedan recurrir directamente a una instancia superior para hacer valer sus derechos, que a menudo se violan incluso en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Las experiencias con todo tipo de dictaduras y guerras civiles, en el Este, en el Oeste y en el Sur, en la antigua Unión Soviética o en Bosnia-Herzegovina, en Chile o actualmente en Argelia, nos enseñan una lección: es preciso actuar penalmente contra los criminales de guerra y los crímenes contra la humanidad. 
La impunidad es una invitación a que se cometan nuevos delitos y la penalización tiene una importantísima función preventiva. 
Por esto mi Grupo político viene propugnando desde hace tiempo la creación de un Tribunal Penal Internacional. 
Señor Comisario van den Broek, yo quisiera hacerle notar especialmente el apartado 3 de nuestra propuesta de resolución común, relativo a la financiación. 
Hace dos años me cansé de gastar saliva en esta Cámara para conseguir 3 millones de ecus para la financiación de los Tribunales Penales para Bosnia y para Ruanda. 
Este año hemos conseguido incluir 3 millones en el Presupuesto con un poco menos de esfuerzo. 
Yo agradecería que la Comisión desarrollara en el futuro, juntamente con el Parlamento, una propuesta de financiación que nos permita garantizar la continuidad a largo plazo de dicho Tribunal Penal Internacional en el aspecto financiero. 
Señora Presidenta, todos soñamos con una vida sin guerras y otros males, pero no nos debemos conformar con eso. 
Un tribunal permanente para juzgar los crímenes de guerra puede llegar a ser un paso para alcanzar nuestro sueño. 
En la guerra se pierden todas las ataduras morales. 
Se puede entender que esta permitido cometer delitos que, de corazón, se sabe que son totalmente inaceptables. 
Un tribunal independiente para los crímenes de guerra está hecho para las personas afectadas por los peores males de la guerra, calamidades que sólo se manifiestan cuando todos los frenos se sueltan. 
La víctima debe saber que, aún en ese caso, hay en algún lugar de la tierra una instancia donde se hace justicia y que, en todo caso al cabo de un tiempo, puede devolver a la víctima, la persona que sufre, su dignidad y castigar al culpable. 
Para aquél que entiende que la guerra le da derecho a cometer actos que de otro modo nunca realizaría, la existencia de un tribunal así puede tener un efecto disuasorio. 
Un tribunal permanente para juzgar los crímenes de guerra se convierte en la estrella que guía el respeto por los derechos humanos, aún en los momentos de mayor oscuridad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la historia del mundo y de Europa en el presente siglo es una historia de guerras, de crímenes de guerra, pero sólo en parte incluye también el castigo de los mismos. 
Por consiguiente, yo pienso que con la presente propuesta estamos respaldando un proyecto fundamental que es absolutamente necesario, pues resulta incomprensible que el simple asesinato esté castigado- obviamente con razón y es imprescindible que así sea -, pero en cambio muchas veces no se castigue el asesinato masivo y muchos asesinos de masas puedan seguir moviéndose por el mundo como si fuesen personas respetables. 
Quiero decir que en los pocos casos en que se constituyeron tribunales contra los crímenes de guerra, completados con algunas iniciativas privadas- pienso en el Tribunal de Estocolmo y otras actuaciones -, éstos no han estado a la altura de la situación francamente dramática que se repite en las guerras, lamentablemente también en Europa, y de unos crímenes de guerra de tal alcance que de hecho desmienten por completo nuestra pretendida civilización. 
Por consiguiente, yo apruebo plenamente la propuesta, al igual que mi Grupo político, a pesar de que obviamente se plantean una serie de problemas. 
No he entendido si el colega Ephremidis ha intervenido a favor o en contra de la propuesta, dado que sólo ha expuesto, de hecho, argumentos en contra. 
No obstante, creo haber entendido que ha sido llamado a intervenir en favor de la misma. 
Pero, en fin, es una de esas contradicciones que se producen. 
Desde luego, tiene razón cuando señala determinados problemas. 
Nuestro sistema político internacional tendrá que cambiar y cambiará ante la certeza de que debe haber tribunales internacionales independientes que estén obligados a perseguir ciertas actuaciones aunque las circunstancias políticas tal vez no sean favorables. 
Existe obviamente el riesgo de que las decisiones políticas, los compromisos políticos y también algún acuerdo de paz puedan llegar a verse obstaculizados si quienes deberían firmar la paz tienen que contar con el hecho de que luego serán llamados a declarar y responder ante un tribunal internacional. 
Yo quisiera añadir, no obstante, dos consideraciones. En primer lugar, desde luego es decisivo saber a quién se pedirán responsabilidades. 
La situación actual es insatisfactoria también en este sentido. 
En efecto, se exigen responsabilidades a los autores, pero en estos momentos en general no se les piden, sobre todo en el aspecto político, a quienes ordenaron los crímenes. 
Esto es inadmisible a mi parecer, pues contradice los principios del Derecho exigir responsabilidades al ejecutor del delito, pero no a su inductor. 
En segundo lugar, también está la obligación de declarar. 
Yo no estoy demasiado de acuerdo con la reciente decisión de que un ministro croata ni siquiera está obligado a declarar. 
Yo pienso que si se establecen unas normas internacionales, debe quedar claro que deben exigirse responsabilidades a todos, sin menoscabo de su persona, y que todos, sin menoscabo de su posición, deben estar obligados a declarar ante dicho Tribunal internacional, como parte del deber de contribuir al esclarecimiento de los hechos. 
Presidente, Comisario Van Den Broek, colegas, desarrollar la idea del tribunal internacional de lo penal permanente en vísperas del 50 aniversario de la declaración de los derechos humanos es un buen proyecto. 
A pesar de lo cual se me ocurren algunas preguntas al respecto. 
La resolución habla del progreso que se ha asentado en los tribunales ad hoc sobre Yugoslavia y Ruanda. 
Bien, Presidente, es en esto precisamente en lo que tengo mis dudas porque por la falta de voluntad de coger a los auténticos asesinos, se está actuando muy selectivamente y esa no puede ser la intención en ningún caso. 
Tampoco tengo claro cómo un tribunal internacional independiente va a coordinar con las decisiones del Consejo de Seguridad. 
¿Desaparece el veto debajo de la mesa? 
¿Cómo funciona? 
Tampoco tengo claro qué nacionalidades y con qué sentido del derecho van a formar la oficina del denunciante. 
¿Estarán todos los habitantes de este planeta sometidos a la jurisdicción de este tribunal? 
Bien, Presidente, los americanos ya han apuntado alguna reserva al respecto. 
El porqué tiene que ser la UE nombrada el financiador más importante si esto se refiere a todos los estados miembros de este planeta, es otra de las cuestiones que no me quedan claras. 
Y una pregunta más ¿quién, cuándo y cómo se atrapa a los asesinos? 
Estamos al inicio de un proyecto que se debe desarrollar, hasta ahí estupendo, pero no dejemos en ningún caso que se convierta en un tribunal que sea el tribunal de los vencedores. 
Para finalizar, Presidente, ¿podría este tribunal internacional de lo penal permanente en el marco de los crímenes de guerra en conflictos internos, arrastrar de una vez por todas ante el tribunal al ex dictador de Surinam Bouterse por sus delitos? 
Presidente, mi grupo parlamentario votará parcialmente a favor y parcialmente en contra. 
Señor Presidente, Señor Comisario, tengo grandes esperanzas de que la conferencia diplomática que va a convocarse el año que viene allane el camino para una corte internacional de lo penal permanente. 
Es sin duda importante que exista una corte de este tipo. 
Las experiencias con los tribunales ad hoc en los casos de Ruanda y la antigua Yugoslavia muestran por una parte que su existencia es de gran importancia, pero por otra que aún hay mucho que mejorar en su funcionamiento. 
La constitución de una corte permanente ofrecerá la continuidad y la competencia que la jurisdicción penal internacional necesita para todos. 
Han de tomarse una serie de decisiones difíciles y las excepciones y los derechos soberanos son inadmisibles. 
Esto se opone diametralmente al imparcial orden jurídico internacional. 
Si fuese necesario deberemos seguir adelante sin los países que no son y no quieren ser maduros para ello. 
Las concesiones a los que lo obstruyen deben ser evitadas a toda costa. De otra forma, la corte, tal y como se ha desprendido en Ruanda y Yugoslavia en alguna ocasión, parecerá un instrumento inútil. 
Cuento con que la Unión y los Estados miembros se esforzarán unánimemente en lograr un tribunal permanente fuerte, financiera y políticamente independiente, y que si fuera necesario contribuirán, como dice la Sra. Van Bladel, no solamente desde la Unión sino también desde el resto del mundo. 
Señor Presidente, las guerras y los conflictos regionales afectan a todos los continentes sin respetar ni siquiera a la vieja Europa, espectadora hasta ayer de los crímenes y genocidios en la antigua Yugoslavia, ni tampoco al continente africano o a Oriente Próximo, donde no se logra intervenir para evitar las infamias. 
Ahora al menos intentamos remediarlas a través de la creación de tribunales internacionales, atentos a volver a desempeñar ese papel que los intereses nacionales y la falta de valor de los Estados miembros no consiguen jugar, así como a garantizar la aplicación efectiva de una justicia que trasciende las fronteras nacionales, so pena la inutilidad del principio mismo de justicia que se proponen, y amén de las víctimas que ya se sacrificaron en el altar de la razón de Estado. Los tribunales internacionales, cuya creación- ojalá- además de obedecer al principio de justicia, debería contribuir a poner fin a la actual situación de impunidad y a crear ese corpus iuris que sirva por fin no sólo a desenmascarar, siempre y dondequiera, a los criminales de guerra, sino sobre todo a elaborar un código de leyes, un sistema jurídico internacional válido para todos. 
Junto con la creación de los tribunales, por lo tanto, preconizamos un sistema de penas efectivamente aplicables y, más que una coordinación policial entre los Estados, la creación incluso de un cuerpo de policía internacional que garantice la persecución del crimen y la condena de los culpables. 
Presidente, tal y como se ha observado hace un momento, el año que viene se rememorará el cincuenta aniversario de la declaración universal y paralelamente también la convención del genocidio, y también hará cincuenta años desde que se le solicitó al comité jurídico internacional de las Naciones Unidas the International Law Commission por primera vez en la reunión general de las Naciones Unidas, que elaborase un proyecto, que preparase un proyecto de estatutos para la creación de una corte internacional de procesos penales. 
Estamos hablando por lo tanto de una iniciativa que tiene 50 años y que en general ha sido fuertemente respaldada a lo largo de los años por los Estados miembros de la Unión europea. 
También expresamos el deseo de que el año próximo la conferencia internacional que debe preparar la convención, que debe estar orientada al establecimiento de la corte internacional, se reúna de forma efectiva y que los comités preparatorios para ello sepan resolver los restantes puntos de discrepancia, entre los que se encuentran preguntas como las formuladas hoy por distintos miembros. 
Ni que decir tiene que, la Comisión europea que no toma parte en estas negociaciones de la ONU en esa disposición, actualmente quiera ser reservada a la hora de hacer declaraciones sobre el alcance de la competencia o de las normas de procedimiento que tendrían que aplicarse en el caso del establecimiento de una corte internacional de este tipo. 
Pero al igual que la Comisión también apoyó en su momento el establecimiento de los tribunales para Ruanda y Yugoslavia, nosotros también apoyamos sinceramente todas las actividades que puedan llevar a la realización de esta corte internacional de más embergadura. Una vieja ambición de muchos países y también de muchas organizaciones no gubernamentales que han contribuido al mantenimiento del interés en este asunto. 
Seguimos agradeciendo al Parlamento que en 1995 tomase la iniciativa de introducir en el presupuesto un partida de 300.000 ecus con los que se puede prestar apoyo a organizaciones no gubernamentales que se están esforzando en el establecimiento de una corte internacional de lo penal permanente. 
Las actividades respaldadas tienen como resultado una postura europea sobre la cuestión de tal forma que se emiten campañas explicativas y de concienciación para el gran público y se apoyan las acciones mientras se continúa trabajando en el establecimiento de la corte, que debe estar orientada a crear mecanismos de coordinación y cooperación entre las ONGs, los gobiernos, los tribunales ad hoc y las instituciones de Naciones Unidas. 
Para concluir, Presidente, creo que para todos nosotros la motivación básica de nuestro apoyo para el establecimiento de la corte internacional es en realidad la misma motivación que estaba en juego en nuestro apoyo para el establecimiento de los tribunales ad hoc. 
No existe mejor garantía para la prevención de ese tipo de atentados contra la humanidad. 
No existe ningún método mejor para prevenir que ocuparnos de que cuando se cometan estos crímenes, éstos no queden impunes. 
Presidente, en lo que respecta a la financiación del tribunal mismo, le recuerdo que también ha contribuido la Comisión de fondos europeos, no solamente a la realización de los tribunales ad hoc sino también a su funcionamiento, y estoy seguro de que las finanzas no pueden ser el obstáculo por el que se pare todo si se quiere progresar en el establecimiento de esta institución jurídica tan importante. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy, a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0937/97 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre Togo; -B4-0949/97 del Sr. Chanterie y otros, en nombre del Grupo PPE, sobre la situación en Togo; -B4-0952/97 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo GUE, sobre la situación en Togo; -B4-0988/97 del Sr. Scarbonchi, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Togo. 
Señor Presidente, hace algunos días la Asamblea Paritaria ACP-UE se reunía en Lomé, Togo. Una serie de incidentes ha salpicado esta reunión debido a la negación de violaciones de los derechos humanos, que, sin embargo, Amnistía Internacional había comprobado. 
No quiero insistir en estos hechos. 
Pero deseo expresar claramente que aun cuando el gobierno haya realizado progresos, como la creación de un Tribunal Constitucional, de un Consejo de la Magistratura o de una Comisión Electoral Nacional, estos progresos son insuficientes. 
Si Togo desea, al igual que todos nosotros, que se reinicie la cooperación, ello sólo será posible si las elecciones de 1998 se desarrollan con total transparencia. 
Todas las tendencias políticas, incluyendo evidentemente a la oposición, deberán estar presentes en los debates democráticos y deberán tener acceso a los medios de comunicación, en particular a la radio y a la televisión. 
Se deberá asimismo garantizar la seguridad de todos y permitir ejercer la libertad de expresión y de reunión. 
Finalmente, el gobierno debe aceptar, con ocasión de las elecciones, el envío de observadores internacionales y de expertos en derechos humanos. 
En estas condiciones, y únicamente en estas condiciones, podremos decir que la democracia en Togo va por buen camino. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, nosotros tenemos la impresión de que el proceso de democratización se ha estancado a mitad de camino en Togo. Éste se desarrolla siguiendo las normas de la procesión danzante de Echternach: hasta ahora, por cada dos pasos adelante, a continuación se ha dado invariablemente un paso o un paso y medio hacia atrás. 
Dicho de otro modo, el Presidente del Estado de Togo y su Gobierno parecen indecisos sobre la dirección que debe seguir el país: la de una plena democratización, que a la vez abriría las puertas a un rápido desarrollo político, económico y social de toda la región en esa zona del África occidental, o el retorno a un régimen autoritario, que conduciría al aislamiento y al enfrentamiento interno que ya empieza a manifestarse en el plano político, así como al estancamiento en el plano económico y social. 
En cambio, una apertura democrática despejaría al mismo tiempo el camino para la cooperación con los Estados vecinos de Benín, Burkina Faso, Ghana y Costa de Marfil, todos los cuales han cubierto ya amplias etapas en la implantación del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la constitución de una sociedad pluralista. 
¿Qué debemos hacer? 
El fundamento jurídico de nuestra cooperación con Togo es el artículo 5 del Convenio de Lomé. Exigimos el cumplimiento de los derechos humanos, la democracia y las normas del Estado de Derecho. 
Tenemos que seguir insistiendo en que la reanudación de la cooperación para el desarrollo y también su intensificación sólo serán posibles cuando el Gobierno togolés cumpla dichas exigencias. 
Ahora se ha presentado el informe de los dos expertos europeos con vistas a la preparación de las elecciones. 
Nosotros pedimos al Gobierno togolés que examine detenidamente dicho informe y que tome en consideración sus elementos esenciales. 
El Gobierno togolés tendría que empezar a definir al fin, en colaboración con la oposición, el marco de condiciones y el procedimiento para la celebración de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, en condiciones de igualdad de oportunidades para el Gobierno y la oposición. 
A nuestro parecer, también tendría que ser posible iniciar una acción de mediación en el marco de la Asamblea Paritaria o de nuestra Comisión de Desarrollo, tal como la que realizamos hace dos años con éxito en favor de Mali. 
Señor Presidente, intervengo únicamente en este debate para expresar mi sorpresa, a título personal y en nombre de mi Grupo, por la inscripción de Togo en las urgencias. 
Antes de la reunión en Lomé de la Asamblea Paritaria, nuestro Parlamento envió a Togo una misión que llegó a la conclusión de que se reunían las condiciones mínimas para la celebración de esta Asamblea. 
Por lo tanto, permanecimos una semana en Lomé. 
Con respecto a su organización, la Asamblea Paritaria se desarrolló perfectamente. 
En cuanto a la vida democrática del país, todos nosotros celebramos numerosas reuniones con las autoridades del país y con la oposición. 
Tuvimos la impresión general de una evolución favorable, marcada por el multipartidismo y la libertad de prensa, aunque el acceso a la televisión debe, sin duda, mejorarse. 
En suma- y doy ahora mi impresión personal -, si en Togo existe un defecto, creo que éste se debe, al menos, tanto a una voluntad de desestabilización del exterior como a la longevidad del poder presidencial. 
De hecho, al final de sus trabajos, la Asamblea Paritaria rechazó una resolución, a pesar de ser muy moderada, por la que se pedía al Gobierno togolés que reforzara las garantías de pluralismo con miras a las elecciones de 1998. 
En este contexto, creo que el hecho de inscribir hoy esta cuestión en el debate de urgencia, cuando existen mil problemas urgentes mucho más candentes, constituye une doble afrenta ante nuestros anfitriones togoleses y ante la Asamblea Paritaria, a la que parece desautorizarse. 
Por eso, a título personal, me abstendré en la votación sobre la resolución de compromiso. 
Señora Presidenta, la sesión de la Asamblea paritaria ACP-UE que se celebró hace algunas semanas en Lomé ha permitido a muchos de nosotros tomar contacto con la realidad política de Togo. 
Como sucede con frecuencia, cuando se empiezan a conocer muchas cosas de un país, nos percatamos de la complejidad de las situaciones y de las dificultades existentes para afrontarlas y resolverlas. 
Los próximos meses van a ser extremadamente importantes para establecer si Togo se puede encaminar por fin hacia una democratización real. 
En realidad, desde un tiempo a esta parte ha empezado el proceso de reformas institucionales y se ha materializado a través de la celebración de las primeras elecciones multipartidistas y de la creación de algunos importantes órganos de garantía constitucional. 
Me parece, sin embargo, que siguen existiendo dos problemas fundamentales. 
El primero es lograr que el proceso de reconstrucción democrática pueda seguir avanzando a través de la implicación de todas las partes interesadas y mediante la creación de un marco de «reglas del juego» compartidas por todos. 
El segundo estriba en que dicho proceso sea real y no sólo una fachada. 
Evidentemente, el hecho de que el Presidente Eyadema esté en el poder desde hace 30 años y no tenga intención de que se cuestione su papel, representa un obstáculo de cara a la plena actuación de una verdadera democratización del país. 
La situación, sin embargo, se ha puesto en marcha; la misma no debe ser enfatizada, pero tampoco negada. 
Es decisivo, en consecuencia, lo que cada uno, dentro y fuera de Togo, hará en los próximos meses. 
Por ello, pedimos a las fuerzas políticas y a las autoridades togolesas que muestren su disponibilidad real de cara a consolidar las reformas democráticas y la construcción de un Estado de Derecho y a crear las condiciones para que se celebren unos comicios efectivamente libres y limpios. A la Comisión le pedimos que siga supeditando la normalización de las relaciones con dicho país al desarrollo de la democratización; a los Gobiernos europeos les pedimos que actúen de forma coherente y que no vuelvan a tomar estériles y peligrosas decisiones, dictadas más por su intereses geopolíticos que por una verdadera voluntad de ayudar al pueblo togolés. 
Señora Presidenta, hablo en nombre de Lord Plumb, que está muy contrariado con esta resolución. 
Ha tenido que volver a casa, porque su esposa se encontraba enferma. 
Estoy seguro de que toda la Asamblea deseará a Lady Plumb una rápida recuperación. 
Lord Plumb ha estado dos veces en Togo, encabezando una delegación como copresidente de la Asamblea ACP y después para asistir a todo el período de sesiones de la Asamblea Paritaria ACP-UE, ocasión en la que se reunió con el Presidente, el Primer Ministro y representantes de todos los principales partidos de oposición. 
Subraya que en Togo existe una oposición política activa, que se hace oír y que preside algunas de las más importantes comisiones parlamentarias. 
Lord Plumb se reunió con dirigentes de ONG, periodistas y ciudadanos de a pie de Togo. 
Se ha publicado un informe sobre esa misión, cuya lectura nos recomienda. 
Togo está saliendo de una difícil situación política y económica. 
Si bien es evidente que no todo es perfecto en ese país, también es evidente que se han celebrado elecciones, que los partidos de oposición están activos y participan vigorosamente en el proceso parlamentario y que en las calles se venden libremente periódicos de oposición con frecuencia virulentos. 
Ciento setenta representantes de 85 países han examinado ese asunto. 
Los miembros europeos han desempeñado un papel pleno en la Asamblea. 
Lord Plumb considera que esta resolución que la Asamblea tiene hoy ante sí tiene poco sentido. 
Señora Presidenta, el 20 de marzo en Bruselas, yo especificaba, en nombre del Grupo UPE, que la particularidad del Convenio de Lomé residía sobre todo en el marco contractual que ofrece al partenariado y que éste debe revitalizarse en el terreno del diálogo político para que nuestra acción sea más eficaz. 
Yo mencionaba, además, la constatación unánime del fracaso de este diálogo entre la Unión Europea y los países ACP, a pesar de que, por otro lado, existen suficientes instrumentos. 
De hecho, he querido especificar que actualmente el grupo ACP no es un verdadero interlocutor del diálogo político para Europa; el diálogo carece de contenido y de claridad. 
El debate iniciado desde la elaboración del Libro Verde pone de manifiesto que nuestra cooperación con los países ACP acusa una pérdida de legitimidad tanto dentro como fuera de la Unión Europea, una pérdida de singularidad en el momento en que las preferencias comerciales sufren una erosión continua, y que los países ACP han perdido su primacía respecto a nuestras acciones. 
Frente a la creciente preocupación de los países ACP en cuanto al lugar que les reservamos en nuestra política de cooperación con los países menos avanzados, este abuso político respecto a Togo, como ustedes estarán de acuerdo, no está destinado a hacer recobrar la confianza de nuestros socios, sino que crea un profundo malestar en relación con la forma de considerar a unas poblaciones con las cuales existe una deuda histórica. 
El Grupo UPE siempre ha sostenido que la cooperación al desarrollo es tributaria del respeto de los derechos humanos y de la democracia, pero lamenta que algunos grupos políticos pidan a nuestro Parlamento que ponga en entredicho el resultado de una votación al que nosotros hemos contribuido. 
Este proyecto de resolución que se nos somete ha sido rechazado, el 30 de octubre en Lomé, por la Asamblea Paritaria, tras una votación por colegio y secreta, conforme al reglamento interno de dicha Asamblea. 
El hecho de cuestionar este resultado entre nosotros, en ausencia de los países ACP, constituye una violación del reglamento interno de la Asamblea Paritaria, que nosotros mismos promovimos, y una falta de consideración frente a nuestros amigos ACP, que el Grupo UPE en modo alguno puede avalar. 
En estas condiciones, señora Presidenta, mi Grupo no fomentará este tipo de comportamiento y lo pondrá en conocimiento al conjunto de nuestros socios ACP. 
Señora Presidente, seamos realistas, Togo no es Guinea Ecuatorial, no es Sudan, ni Somalia y por ello es importante que ofrezcamos a Togo una mano colaboradora. 
Durante la reunión paritaria ACS-EU tuve la oportunidad, como presidente de la delegación liberal, de tener una entrevista con el presidente y cuatro de sus ministros. 
A juzgar por la reacción que obtuvimos a preguntas reflejadas en un informe de Amnistía Internacional, me dio la impresión de que las elecciones libres que habían prometido no iban a ser tan libres. 
No criticamos nada, lo único que hicimos fue preguntar. 
El gobierno de Togo es consciente de ello, sabe que el artículo 5 del Acuerdo Lomé es una parte de la política aplazada desde Europa y han dejado bien patente que no tienen gran interés en ello. 
La situación debe por lo tanto seguirse intensivamente y por ello pregunto al Comisario: se ha realizado alguna investigación de expertos por encargo de la Comisión y me gustaría que ésta se hiciese rápidamente pública aunque sólo sea para ayudar al gobierno de Togo, ayudar realmente para demostrar que unas libres elecciones en un Togo democrático pueden ser una realidad. 
Señora Presidenta, queridos colegas, quiero explicar por qué mi grupo no ha firmado esta resolución sobre Togo. 
No es que no aprobemos el texto de la resolución. 
Lo hacemos; apoyamos todo lo que esta allí. 
Es en cambio el procedimiento, o sea, cómo se trata políticamente este asunto, lo que nos despierta dudas. 
Hace sólo unas semanas que una resolución con un contenido casi igual se rechazó y desechó por una unánime delegación de ACP en Lomé y Togo. 
Votar ahora una resolución que tiene aproximadamente el mismo contenido podría dar signos de descrédito para los países de ACP y la delegación de ACP. 
No sería fructífero para la continuación de una colaboración que se encuentra en una fase muy delicada. 
Estuve presente en Lomé y Togo y sé que fueron muchas las resoluciones que se rechazaron, entre otras una resolución sobre Nigeria, donde sí se puede decir que la situación de los derechos humanos y los principios democráticos es mucho más grave que en Togo. 
Consideramos que sería humillante para la delegación de ACP si justamente ahora votásemos esta resolución. 
Señora Presidenta, esta resolución sobre Togo representa el arquetipo mismo del falso debate de urgencia. 
¿Cuáles son los acontecimientos que, en este caso, justifican la urgencia? 
Esta resolución es, por lo tanto, perfectamente inútil y está totalmente fuera de lugar. 
En efecto, ¿por qué insistir sobre Togo apenas tres semanas después de que nuestro Parlamento se pronunciase sobre esta cuestión, primero en el marco de la misión de investigación y luego en el marco de la Asamblea Paritaria Unión Europea-Estados ACP? 
Esta última, tras un debate extremadamente largo, franco y abierto, no juzgó oportuno aprobar ninguna resolución sobre Togo, al considerar que ello no contribuiría a facilitar el proceso democrático en curso. 
¿Acaso queremos poner en entredicho en Estrasburgo las decisiones tomadas por nuestra Asamblea Paritaria en Lomé? 
¿Se trataría acaso de un intento de revancha por parte de aquellos que fracasaron en su proyecto de impedir la celebración en Togo de la Asamblea Paritaria, sobre la base, por otra parte, de informaciones no verificadas, y que luego resultaron erróneas, una vez que nos encontramos sobre el terreno? 
Togo está realizando, a su ritmo y con perseverancia, el aprendizaje de la democracia y de la cultura democrática; pero este proceso es frágil y nuestro papel no consiste en debilitarlo por medio de declaraciones irresponsables. 
¿Por qué, entonces, obstinarse en querer señalar con el dedo a Togo y levantar sospechas sobre el proceso democrático en curso, en lugar de ayudar a un país que pide la ayuda de la Unión Europea para llevarlo a cabo? 
¡Acaso África no ofrece otros asuntos dignos de preocupación, mucho más graves, y que curiosamente no figuran en este debate de urgencia! 
¿Las matanzas en la República del Democrática del Congo no tendrían que haber sido objeto de un debate de urgencia, tras el nuevo rechazo por parte de las autoridades de Kinshasa de permitir una investigación de las Naciones Unidas? 
¿Acaso el problema del terrorismo islámico no tendría que haberse planteado al día siguiente de la espantosa matanza de Luxor? 
¿Los nuevos disturbios en el sur de Sudán no tendrían que haber reclamado toda nuestra atención? 
No, decididamente, Togo no tiene sitio en este debate. 
La única verdadera amenaza que pesa sobre este país son las tentaciones de desestabilización desde el exterior y éstas no se mencionan en la presente resolución. 
Por lo tanto, votaremos en contra del texto que se nos propone. 
Señora Presidenta, la teoría del dominio difundida en Asia en los años 60, está repitiéndose en África central. 
Ya no se trata de una lógica marxista que se infiltraba en los países desestabilizándolos y haciéndolos caer uno tras otro, sino de una desestabilización, paulatina y ya no tan lenta, de todo el continente. 
Después de Ruanda, Burundi, Zaire y Congo, también Togo se encuentra sumido en la actualidad en una crisis. 
Con todo, dicha región centroafricana daba la impresión de avanzar hacia una democratización real, también desde el punto de vista económico, gracias al mantenimiento de los precios de las materias primas. 
Estos elementos positivos se convirtieron en más esperanzadores a raíz de la propia situación geopolítica del África negra, que sólo desde hacía pocos años había logrado superar los anacronismos del apartheid y había contribuido a la consolidación de la toma de conciencia de una mayoría indígena en Sudáfrica con la vocación de respaldar a los países más pequeños, animarlos y ayudarlos. 
A pesar de esto, una desestabilización constante y paulatina se adueña, por el contrario, de dicha región, una desestabilización producida sobre todo por el papel de las antiguas potencias coloniales europeas, hoy por hoy demasiado vacilantes cuando tienen que elegir entre las preocupaciones de política interior o seguir desempeñando el viejo papel de numen protector. 
La salvaguardia de los derechos humanos, el desarrollo de la población y la protección de las zonas amenazadas por la crisis exigen, en consecuencia, una redefinición de toda la política europea en el continente. 
Señora Presidente, unas elecciones honestas y libres en Togo son una pauta importante para el futuro del país. 
La Comisión se ha declarado dispuesta a prestar ayuda técnica y financiera de cara a la preparación y al seguimiento de estas elecciones en Togo. 
Pero la Comisión solamente hará esa contribución si el gobierno Togolés cumple sus promesas en el terreno de la honestidad, la transparencia y también la seguridad durante el proceso electoral. 
Y además que establezcan claramente que se ofrecerá a todas las fuerzas políticas la oportunidad de tomar parte en el proceso y con la condición de que garantice el libre acceso a los medios de comunicación al igual que la libre circulación dentro del país y la seguridad. 
Esto significa que a criterio de la Comisión debe crearse inmediatamente una comisión electoral nacional en la cual debe estar representada la mayoría de gobierno pero también simultáneamente la oposición. 
La comisión electoral debe ejercer vigilancia y control sobre todas las actividades dentro del marco del proceso electoral y debe tener competencias especialmente en terreno de la seguridad, más concretamente en la de los candidatos, además de controlar el acceso a los medios de comunicación. 
El gobierno togolés ha prometido verbalmente que antes de mes, antes de final de este mes por lo tanto, nombrará los miembros de la comisión electoral y pondrá en marcha el proceso electoral. 
Esta promesa debe tomar forma dentro del plazo establecido si se quiere ejercer el apoyo de la Comisión de una forma útil. 
El Sr. Bertens ha preguntado además por el informe de los expertos que ha sido redactado. 
En éste se indica cuál es la forma que debería tomar el proceso electoral a los ojos de los expertos si realmente quiere ser honesto y abierto. 
Incluso entran en una serie de necesidades determinadas y específicas en el terreno técnico y material. 
Pero la Comisión es de la opinión que el tomar la iniciativa para hacer público el informe es algo que atañe al gobierno togolés. La Comisión ha aconsejado al gobierno que presente el informe a la Asamblea Nacional Togolesa. 
El hecho de remitir el informe llevará a un consenso mayor entre las fuerzas políticas y a una preparación más transparente del proceso electoral, y la Comisión pondrá al corriente al gobierno togolés de la solicitud del Parlamento europeo de hacer público el informe. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B4-0954/97) de los diputados Pailler, Sierra González, Sornosa Martínez, Ojala y Papakyriazis, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el respeto de los Derechos del Niño; - (B4-0968/97) de los diputados Pasty, Azzolini, Baldi, Todini, Caccavale, Hermange, Daskalaki y Andrews, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la defensa de los Derechos del Niño; - (B4-0977/97) del diputado Monfils, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre la protección de los Derechos del Niño; - (B4-0980/97) de las diputadas Frutos Gama y García Arias, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre el respeto de los Derechos del Niño; - (B4-0990/97) de la diputada Leperre-Verrier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el respeto de los Derechos del Niño; - (B4-0947/97) de los diputados Habsburg-Lothringen, Rübig, Perry, Maij-Weggen y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las amenazas económicas contra la prensa en Eslovaquia; - (B4-0976/97) de los diputados Bertens, Thors y Frischenschlager, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre la propuesta de aumento del tipo impositivo para los productos de prensa en Eslovaquia; - (B4-0992/97) de las diputadas Schroedter y Van Dijk, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el aumento del IVA sobre las publicaciones de prensa en Eslovaquia; - (B4-0966/97) del diputado Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la continuación de la reforma agraria en Filipinas; - (B4-0982/97) de la diputada d 'Ancona, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre la importancia de la continuación de la reforma agraria en Filipinas; - (B4-0936/97) del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre el encarcelamiento sin juicio en Malasia; - (B4-0967/97) del diputado Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el encarcelamiento sin juicio en Malasia.- (B4-0962/97) del diputado Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en las Colinas de Chittagong.- (B4-0989/97) del diputado Dupuis, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en las Colinas de Chittagong.- (B4-0950/97) de los diputados Manisco, Bertinotti, Vinci, Schulz, Barzanti, Alavanos, Pailler, Ghilardotti, Telkämper, Ainardi, Imbeni, Ephremidis, Ribeiro, Baldarelli, Carnero González, Bontempi, Eriksson, CohnBendit, Castellina, Bianco, La Malfa, Theonas, Speciale, Caligaris, Tamino, Marset Campos, Ferri, Novo, Puerta, Carniti, García Arias, McNally, Iversen, Svensson, Ojala, Graziani, Coates, Barón Crespo, Dell' Alba, Scapagnini y Weber sobre el caso de Silvia Baraldino en Estados Unidos. 
Respeto de los Derechos del Niño 
Señora Presidenta, la resolución que discutimos es surrealista. 
La misma nos incita a celebrar el día del niño del 20 de noviembre y a luchar contra los malos tratos. Ahora bien, la resolución de compromiso ha suprimido de este texto los tres pasajes de la resolución que yo había presentado en nombre del Grupo ELDR relativos a los graves hechos de pedofilia que se habrían producido en la guardería infantil Clovis, que depende de la Unión Europea. 
Asistimos, desde hace meses, a la conspiración del silencio. 
A los padres se les mantiene desinformados de lo que ocurre e incluso la administración les pide que no digan nada al respecto, y se les critica cuando se dirigen a servicios externos a la Unión. 
El establecimiento no se hace cargo de los niños que habrían sufrido malos tratos. 
¿Qué ha sido, pues, de la trasparencia de las instituciones europeas? 
La Comisión- lamento tener que decirloquiere claramente echar tierra a este asunto. 
¡Es inaceptable! 
En los informes aprobados recientemente condenamos en todas las direcciones: a los que practican la pedofilia, a los explotadores de imágenes pornográficas, a Melchior Wathelet, y no somos capaces de aplicar estas resoluciones en nuestras propias guarderías infantiles. 
Lo digo claramente: el comisario responsable- no el Sr. Van den Broek, evidentemente -, el comisario responsable deberá explicarse por las buenas o por las malas, es decir, o bien por iniciativa propia ante los diputados, o bien ante una comisión parlamentaria de investigación, para lo cual presentaremos el texto correspondiente. 
De lo contrario, es la prensa la que se encargará de llevar a cabo el proceso; lo que, por otra parte, ya ha comenzado a hacer. 
No se juega, como la Comisión lo hace desde hace mucho tiempo, con la angustia de los padres y con la salud física y mental de los niños. 
Señor Presidente, en este día dedicado a los derechos del niño, tenemos que volver a constatar ese hecho terrible, cual es la violencia de que son víctimas. 
Existen 250 millones de niños que trabajan, miles de niños explotados, niños aterrorizados por la guerra, cuando no son reclutados por la fuerza, a los que debemos añadir esos niños que, en el mundo occidental, deben soportar los peores malos tratos. 
En las conferencias de Estocolmo y de Oslo se hizo un balance alarmante de la situación y de su evolución. 
Pero más allá de la condena total y unánime, esta jornada debería también incitarnos a la reflexión. 
En el plano institucional, en primer término, ¿qué puede pensarse de esos Estados que han olvidado ratificar el convenio de la ONU sobre los derechos del niño, a pesar de haberse aprobado hace ya siete años? 
A menudo son los mismos que no garantizan a los niños refugiados la seguridad y la protección debidas. 
En este sentido, debemos lamentar una vez más que la Unión Europea no haya inscrito en sus Tratados los derechos del niño. 
En segundo término, también debemos interrogarnos sobre el lugar que reservamos a los niños en el seno de la sociedad. 
Los caminos de la democracia y del desarrollo habrían debido conducir a una mayor educación y a una prolongación de la escolarización. 
La situación es la inversa: en todas partes del mundo existen niños que vagabundean por las calles, que se les hace trabajar, cuando no se les explota sexualmente. 
Asimismo, mientras que los progresos en el campo de la psicología infantil nos han aleccionado sobre sus necesidades afectivas e intelectuales, ¿cómo puede aceptarse el hecho de que aumente el número de niños que sufren malos tratos, sobre todo en el seno de su familia? 
Además, hoy el niño se ha convertido en un blanco, en el blanco preferente de los comerciantes. 
Se le ha cogido a modo de rehén para vender productos destinados a ellos, es cierto, pero también todo tipo de productos. 
Hemos entrado en la era del niño-objeto. 
¿Qué tendremos que hacer, por tanto, para que nuestra sociedad considere al niño como un ser de pleno derecho, un ser al cual debemos transmitir el sentido de lo humano, la felicidad y la esperanza? 
Señora Presidenta, señor Comisario, en nombre de mi Grupo político, yo quiero expresar mi satisfacción por la amplitud y claridad de contenido del consenso que existe en esta Cámara con respecto a la importancia de los niños y sus derechos. 
Por consiguiente, yo puedo manifestar, en nombre de mi Grupo, que apoyamos plenamente las conclusiones 1-9 de la propuesta de resolución. 
En mi calidad de diputado alemán, lamento tener que añadir un llamamiento dirigido al Parlamento y al Gobierno federales de mi país para que deroguen de una vez las normas de excepción vigentes en relación con la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, como requisito necesario para que el rigor habitual en los procedimientos de expulsión contra las familias y los niños pierda su fundamento jurídico. 
La actitud de una sociedad hacia los niños y los derechos de los niños revela si ésta eleva a la categoría de derecho el poder de los más fuertes o si hace prevalecer la fuerza del derecho en el trato a los más débiles. 
Estas consideraciones también deben hacerse extensivas, obviamente, a los niños de la guardería Clovis, a la que también asiste el hijo de una de mis asistentes. 
Señora Presidenta, hace pocos días, un niño de 8 años fue brutalmente violado, matado a palos y, por último, quemado en Italia; sus restos fueron desperdigados. 
Los autores del delito son tres personas, cuyas características son más similares a las instintivas de las bestias que a las del ser humano; tres individuos que escondían sus bajezas y perversiones detrás de una fachada de respetabilidad social. 
Éste es el último de una serie de episodios que ha visto como víctimas a unos niños y verdugos y cómplices a enteros núcleos familiares o individuos aislados o grupos de violentos. 
Lo que impresiona es el clima de complicidad social que envuelve tales sucesos y el hecho de que estos salgan a la luz sólo después de que ocurre algo irreparable. 
Reconocidos psicólogos, ilustres sociólogos y eminentes representantes políticos querrían convencerse de que la dimensión del fenómeno no crece respecto al pasado, sino que es más conocida debido únicamente al eco de los medios de comunicación de masas. Ésta, sin embargo, es una mentira piadosa e infame, ya que nunca se habían producido tantos casos de actos de violencia contra los menores en otras épocas históricas como en la nuestra. 
El supuesto ideológico de la izquierda de que cualquier mensaje inherente a temas sexuales, incluso el más retorcido, tiene derecho a existir, se ha revelado trágicamente erróneo, habida cuenta de que no todos los que lo perciben cuentan con las mismas defensas culturales y sociales y no todo el mundo tiene la misma capacidad de contener sus impulsos instintivos. 
Todos los «solones» falsamente progresistas que querían liberar la sexualidad de las cadenas de la hipocresía, según ellos burguesa, no sólo no han liberado nada, sino, puesto que la sexualidad se ha manifestado de formas diferentes, pero fundamentalmente similares en todas las épocas, sólo han logrado que los individuos más débiles y con limitados frenos inhibidores consideren el sexo como un bien de consumo que debe obtenerse a cualquier precio, también a través del dinero y la violencia. 
Prensa en Eslovaquia 
Señor von Habsburg, ya le felicitamos ayer, pero tengo entendido que hoy celebra usted su cumpleaños y esto me ofrece la oportunidad de volver a expresarle mi más sincera felicitación. 
Muchas gracias por sus palabras, señora Presidenta. 
Yo tengo la satisfacción de poder comunicarles también una buena noticia. 
Acabamos de recibir una comunicación a propósito de nuestra propuesta de resolución sobre las medidas del Gobierno eslovaco contra la prensa de ese país. 
El Parlamento eslovaco ha decidido retirar dichas medidas en su mayor parte y reformularlas en unos términos que nos permiten pensar que se acaba de ganar una importante batalla en favor de la libertad de prensa en Eslovaquia. 
Esto es muy importante, pues demuestra una vez más que si se dedica seria atención a un tema se obtiene un resultado favorable. 
Es una satisfacción para nosotros que haya ocurrido así, pues el pueblo eslovaco es uno de los más simpáticos de Europa. 
Es un pueblo bueno que ha sufrido mucho a lo largo de su historia y a pesar de todo sigue manteniéndose fiel a su fe y a su patria. 
Ahora tiene un Primer Ministro que por desgracia desarrolla una política muy lamentable y que mantiene una actitud que no podemos aprobar en absoluto precisamente en el contexto de las relaciones con las minorías. 
Por esto, Eslovaquia ha quedado rezagada en las negociaciones con la Unión Europea, si bien con un Primer Ministro más adecuado sin duda habría tenido mejor suerte. 
Lo ocurrido indica que al menos se está avanzando en la dirección adecuada y nos permite manifestar que la resolución ya no es necesaria. 
Habida cuenta de nuestras anteriores experiencias con el Sr. Meciar, volveremos a retomar de inmediato el tema si no se cumple la decisión del Parlamento. 
Sirva esto como señal de que, por nuestra parte, vamos a actuar. 
Al mismo tiempo, también debe servir como una indicación al pueblo eslovaco de que si Eslovaquia sigue una política que se ajuste a nuestras normas, las puertas de la Unión Europea estarán totalmente abiertas para ella. 
En este sentido, puedo anunciar, al menos en nombre del primer firmante de la propuesta de resolución, esto es, de mi hijo, que está sentado aquí a mi lado, que retiramos dicha propuesta de resolución, pero con la voluntad de volver a presentarla en diciembre si el Sr. Meciar no cumple la decisión del Parlamento. 
Señora Presidenta, según mi información, la situación no es, por desgracia, tan buena como el Sr. von Habsburg ha dicho. 
Sólo una comisión del Parlamento eslovaco ha propuesto la modificación de la propuesta de aumento del umbral del tipo del IVA al 23 %. 
El resto del Parlamento parece dispuesto a votar mañana sobre el 23 %. 
Conque el optimismo es, por desgracia, prematuro. 
Me propongo retirar mi propuesta, porque es importante que ejerzamos presión cuando se acercan las elecciones. 
Los periodistas del país están muy inquietos. 
El partido del gobierno podría y debería hacer algo, pero hasta ahora nada hemos sabido. 
La decisión oficial en el parlamento en nada ha cambiado la situación. 
Así, pues, voy a retirar mi resolución. 
Al mismo tiempo, deseo preguntar a la Comisaria si, a la luz del reciente memorando sobre la situación lingüística, considera que la propuesta del Gobierno de no hacer nada ha aproximado más a Eslovaquia al cumplimiento de los criterios para la adhesión a la Unión Europea. 
Sabemos que ahora hay una ley muy precisa sobre las lenguas en el nivel estatal, pero sólo referencias constitucionales respecto de la situación de las diferentes minorías. 
Presidente, me uno a la Sra. Thors ya que la información reciente que acabo de recibir a través del presidente de la delegación eslovaca implica ni más ni menos lo que acaba de explicar la Sra. Thors. 
No es seguro de ningún modo que el parlamento eslovaco vaya a descartar la propuesta de subir el IVA sobre las publicaciones al 23 por ciento. 
Como consecuencia tenemos que decir que éste es un tipo de impuesto que conducirá, ya que todos los impuestos son siempre muy reguladores, a que se lean menos periódicos y revistas lo cual es una amenaza fuera de lo común, no solamente para la libertad de prensa sino también para la democracia. 
Además tengo que añadir que me parece molesto que la propia Oficina de este Parlamento acabe de decidir poner todo tipo de restricciones a los periodistas. 
Entre tanto se podría llegar a pensar que uno ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, no obstante quisiera recalcar que lo que pasa en Eslovaquia no se puede tolerar al igual que tampoco se puede tolerar lo que sucede aquí. 
Señora Presidenta, yo no comparto plenamente la valoración de nuestro homenajeado de hoy, el Sr. von Habsburg, sobre diversos aspectos que ha mencionado, pero en cambio suscribo por completo su declaración de que hoy hemos recibido una buena noticia. 
Yo pienso que la información procedente de fuentes europeas, que nuestra información, nos indica que deberíamos responder con una señal positiva a esta acción de Eslovaquia. 
Sería una decisión acertada no someter hoy a votación la propuesta de resolución. 
En nombre de mi Grupo político, yo retiro nuestra firma de la propuesta de resolución común. 
Si ésta se somete a votación, el Grupo socialista actuará en consecuencia. 
Es una señal de que también con un país como Eslovaquia es posible avanzar en el desarrollo de las relaciones mutuas en el mejor sentido de la palabra. 
Yo creo que no deberíamos poner en peligro este progreso ni influir negativamente sobre el mismo con la adopción de una posición que luego ya no podremos modificar. 
Por esto, yo les pido que procedamos tal como acabo de exponer. 
Señora Presidenta, sólo me queda sumarme a la propuesta del orador que me ha precedido. 
Me siendo un poco avergonzado frente a la Sra. Thors, pues siempre me he considerado un defensor de la línea dura y ahora ella la defiende, de hecho, con mayor firmeza que yo. 
Yo pienso que la noticia que hemos recibido es favorable y creo que deberíamos tomar en consideración que la delegación interparlamentaria para las relaciones con Eslovaquia se reunirá la semana próxima. 
Después de haber recibido esta información favorable, debemos esperar que se confirme y que la semana próxima la delegación tenga la oportunidad de examinarla. 
Yo también opino que deberíamos mantener la posibilidad de volver a abordar con mayor contundencia esta cuestión el mes entrante si la información no se confirma. 
Pero de momento, yo quiero manifestar en nombre de mi Grupo político que retiramos nuestra firma de la propuesta y que actuaremos en consecuencia en el momento de la votación. 
Reforma agraria en Filipinas 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, lo que está ocurriendo en Filipinas no deja de ser interesante. 
Existe un Ministerio de Reforma Agraria- la Unión Europea participa desde 1986 en el programa con una aportación de decenas de millones- y al Ministro no se le ocurre nada mejor que volver a repartir entre los terratenientes tierras que ya se habían entregado a los campesinos. 
Simultáneamente, un dirigente campesino, Romeo Cortez, y Gaudencio Devaras, un dirigente comunitario, fueron secuestrados por miembros de las fuerzas de combate. 
Los campesinos han conseguido esta vez, mediante una huelga de hambre, que el Presidente Ramos les devuelva las tierras. 
Debemos instar a la Comisión a que insista para que en Filipinas se desarrolle una política coherente. 
Yo puedo decirles por la experiencia de mi propio trabajo con campesinos sin tierras en Brasil que esto puede llevar muy rápidamente a un país al desastre y hasta a una guerra civil. 
Es lo mismo que estamos viendo en Colombia; estos enfrentamientos son muy duros y, puesto que aportamos recursos financieros, debemos exigir que se acabe esta situación. 
Señora Presidenta, hay, por desgracia, una larga historia de lucha por la redistribución de la tierra a los pobres y los que carecen de ella en Filipinas, pero su enconamiento no ha disminuido en los últimos años. 
El hecho de que la Unión Europea haya dedicado fondos muy considerables para contribuir a la aplicación de la amplia ley de reforma agraria subraya la importancia que le hemos atribuido. 
Sin embargo, ha habido, por desgracia, graves contratiempos que han impedido su aplicación y la reciente huelga de 20 agricultores en Manila por la devolución de tierras a un gran terrateniente lo ilustra. 
Sin embargo, ése es tan sólo uno de los casos de distribución de tierras que después se han devuelto a sus antiguos dueños. 
Otra cuestión que preocupa profundamente es la desaparición de dirigentes populares- R. Cortez y G. de Varez -, lo que demuestra que hay fuerzas dispuestas a utilizar la violencia e impedir la reforma agraria. 
También se han notificado casos de torturas. 
Esta resolución es un llamamiento al Presidente Ramos y a su Gobierno para que mantengan totalmente la política de reforma agraria contra toda oposición y para que velen también por que se investiguen cumplidamente todas esas desapariciones. 
Se debe poner fin a todos esos actos y el Gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para oponerse a ellos y, a ser posible, se debe pedir cuentas a los responsables de ellos. 
Esta resolución pide, además, al Presidente y a su Gobierno que adopten medidas respecto de otras cuestiones. 
Nos oponemos a la pena capital y esperamos que se conmuten las penas de muerte impuestas a algunas personas en este momento. 
El Parlamento Europeo ha estado muy interesado en apoyar el desarrollo democrático en Filipinas a lo largo de los años y esperamos encarecidamente que se tome muy en serio esta resolución nuestra de hoy. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Malasia 
Señora Presidente, recientemente diez políticos activistas han vuelto a ser arrestados en Malasia por su creencia islamita y esto en base a la ley de seguridad interior. 
Por lo demás este es el enésimo ejemplo de la falta de respeto a los derechos humanos fundamentales en Malasia. 
Experiencias en Argelia y Egipto muestran que la opresión no es la respuesta a otras creencias religiosas. 
La ley de seguridad interior es una ley que se aplica claramente por las autoridades de Malasia contra cualquier otra expresión incluso de oposición política. 
Ese mismo gobierno ha prometido en diversas ocasiones introducir cambios en esta rigurosa ley, pero eso no ha sucedido nunca. 
A finales del mes pasado fueron organizadas grandes demostraciones por las ONGs, Amnistía internacional entre otras, para la abolición de la ley. 
Nosotros apoyamos naturalmente este llamamiento y creo que un estado democrático necesita un ordenamiento jurídico independiente. 
La Unión, el Parlamento y la Comisión deben llegar a acuerdos con Malasia, posiblemente en relación con ASEAN, tratar de plantear los arrestos recientes y abogar por que se proceda a su liberación o que su enjuiciamiento sea justo. 
Colinas de Chittagong 
Señora Presidenta, el problema de las Colinas de Chittagong no es muy conocido, pero se trata de una extensa región, relativamente poblada; una región algo abandonada del mundo, podría decirse, en la que se plantea desde hace largos años, desde hace treinta, cuarenta años- en realidad, después de la división de la India tras la guerra -, un problema al que nunca se le ha hecho frente con la energía y la voluntad necesarias. 
La utilidad más importante de esta resolución es, en mi opinión, dirigir una petición amistosa al Gobierno de Bangladesh para que haga frente, decididamente, al problema que afecta a esta región, para que, en cierto modo, se lo " quite de encima» , y conceda una autonomía real- autonomía, que no independencia- a las poblaciones de esta zona de su territorio. 
Se trata de poblaciones muy específicas, con tradiciones muy específicas; y al resolver esta cuestión, el gobierno podría quizá dedicarse con mayor energía a otros problemas que afectan a su gran país. 
El conflicto en las Colinas de Chitagong surgió por los intentos del anterior gobierno de asentar parte de sus poblaciones en expansión en esa zona sin tener en cuenta lo más mínimo los derechos de los pueblos indígenas ni respetar la autonomía de que en tiempos disfrutaron. 
La resistencia de dichos pueblos y los brutales intentos de los anteriores gobiernos de Bangladesh de aplastarlos provocaron violaciones flagrantes de los derechos humanos de las que con frecuencia eran víctimas personas ajenas a los combates. 
Gran número de miembros de la población original perdieron la vida y muchos de los supervivientes se vieron obligados a huir. 
Aún hay miles de ellos pudriéndose en campos de refugiados. 
El actual Gobierno de Bangladesh, el gobierno de la Liga Awami, tiene el gran mérito de haber procurado concertar un acuerdo de paz y el 26 de noviembre se celebrará la séptima ronda de conversaciones para ese fin. 
Es triste que los partidos de oposición de Bangladesh se opongan a ello, porque ofrece la única esperanza real de poner fin a ese terrible conflicto. 
La causa fundamental del problema es la superpoblación de Bangladesh y con frecuencia los colonos proceden de familias muy pobres que aspiran a una vida mejor. 
Reconocemos este problema. Sin embargo, resulta totalmente inaceptable que no se reconozcan plenamente los derechos a la tierra de la población indígena. 
Se debe permitir a los refugiados regresar en condiciones que les permitan volver a asentarse, preferentemente las que figuran en el conjunto de medidas económicas en 20 puntos. 
Redundará en beneficio no sólo de los pueblos indígenas de esa región, sino también de todos los pueblos de Bangladesh que se llegue a una solución para ese conflicto, muy costoso en vidas y recursos, y se restablezca la paz. 
Hago un llamamiento a esta Asamblea para que apoye la resolución y para que la Unión Europea y la Comisión hagan todo lo posible con vistas a supervisar ese proceso y prestarle asistencia. 
Señora Presidenta, en primer lugar yo quiero agradecer como es lógico al autor de la propuesta, Sr. Dupuis, pero también al Sr. Newens, que se hayan referido sobre todo a la política de asentamientos en la zona. 
Yo creo que nos encontramos ante un gran problema, que no se da sólo allí, sino en muchas otras zonas, donde los habitantes originarios tienen un derecho genuino a su suelo y su tierra, que representa su cultura, su vida, todo cuanto constituye su existencia, y por el mero hecho de no poseer un título que acredite su derecho originario, las leyes de Bangladesh establecen ahora que sólo quienes dispongan del correspondiente título tendrán derecho a la tierra y en la mayoría de los casos éstos son los pobladores que se instalaron allí en un momento posterior. 
En 1947 había unos 10.000 pobladores no originarios de las Colinas de Chittagong. 
En 1977 éstos eran alrededor de 100.000 y actualmente ya suman un número de siete cifras. 
Es evidente que se está impulsando una política muy masiva en este sentido, la cual debemos manifestar, de hecho, que atenta contra los derechos humanos fundamentales y, por consiguiente, el Parlamento Europeo, que invierte mucho en Bangladesh, debe pronunciarse claramente en favor de los derechos del pueblo jumma. 
Silvia Baraldini 
Señora Presidenta, con el corazón compungido volvemos a alzar nuestras voces en defensa de los derechos humanos de una presa política en los Estados Unidos: la ciudadana italiana y europea Silvia Baraldini, enferma en la prisión de Danbury (Connecticut) , después de haber cumplido 14 años y medio de una pena de 43 años por su asociación, cuando era joven, con un movimiento revolucionario afroamericano. 
En su acusación y condena no se indicó una participación personal en actos de violencia que provocaran derramamiento de sangre. 
En la denegación de su apelación, hace cuatro meses, por la junta local de libertad condicional leímos que tuvo presuntamente conocimiento previsible de los crímenes que cometían las personas con las que estaba asociada. 
Nótese: no «conocimiento» , sino «conocimiento previsible» : se trata de una idea muy peculiar, en verdad, de la culpabilidad, según nuestros criterios de justicia. 
No tenemos la intención aquí de criticar el sistema judicial de los Estados Unidos ni de inmiscuirnos en él. 
El objeto de esta resolución- la tercera en tres años- es la de pedir a nuestros amigos americanos que cumplan lo dispuesto en un tratado internacional- el Convenio de Estrasburgo sobre el traslado de presos extranjeros a su país de origen -, tratado firmado y ratificado por Italia y los Estados Unidos. 
No pedimos la libertad de la Sra. Baraldini, sino su traslado a una cárcel italiana donde al menos pudiera visitarla su madre, que cuenta 80 años de edad. 
Pedimos un acto de compasión por razones humanitarias. 
Durante su largo encarcelamiento ha sido operada en dos ocasiones de cáncer del útero. 
Hace siete años perdió en circunstancias trágicas a su hermana Marina, funcionaria muy estimada de las Comunidades Europeas en Bruselas. 
Desde el pasado mes de julio su estado físico y psicológico ha ido deteriorándose rápidamente, al tiempo que las normas y condiciones de su encarcelación están resultando cada vez más estrictas e insoportables. 
Pedimos a las autoridades americanas que no hagan caso omiso, como hasta ahora, de los llamamientos y resoluciones de esta Asamblea, del talante y las emociones de la opinión pública y europea. 
El traslado de la Sra. Baraldini a Italia sería no sólo un acto de justicia y humanidad, sino también una gran contribución al diálogo transatlántico que ha predominado en nuestros debates en este período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, el caso de Silvia Baraldini se ha convertido en un símbolo de la lucha en pos del reconocimiento a escala internacional de los más fundamentales principios de justicia y libertad, así como del respeto de los derechos humanos. 
Conforme van pasando los días, la vida de Silvia Baraldini está cada vez más en peligro debido a una condena absurda y absurdamente larga y a causa de las terribles condiciones de reclusión y presión psicológica. 
Cada día que transcurre sin que se resuelva el problema del traslado de Silvia Baraldini a una cárcel italiana, la credibilidad interna e internacional de los Estados Unidos y de su sistema judicial quedan cada vez más en entredicho. 
El Parlamento Europeo sigue formulando en la resolución que estamos a punto de votar la misma solicitud cursada anteriormente, una solicitud muy simple, es decir, que se aplique al menos el Convenio de Estrasburgo y Silvia Baraldini pueda regresar, aunque detenida, a su país. 
Confiamos en que las autoridades políticas y judiciales estadounidenses respondan a una solicitud de justicia que encuentra un consenso unánime en Europa. 
Señora Presidenta, ya se ha dicho todo. 
No es la primera vez que nos ocupamos del caso de Silvia Baraldini en este Parlamento. 
Confiamos en que esta vez nuestra toma de posición surta mejores efectos que en el pasado. 
Otra nueva razón es la ampliación de la reclusión, así como el agravamiento del estado de salud de Silvia Baraldini. Estas son las razones que, por su gravedad, se añaden a los argumentos que los Sres. 
Por ello, también en nombre de mi Grupo, apoyo la propuesta de resolución presentada por el Sr. Manisco. 
Señora Presidenta, permítame comenzar respondiendo a las intervenciones referentes a los derechos del niño y expresar que la Comisión es de la misma opinión que el Parlamento de que el abuso de niños indefensos pertenece a la clase de delitos más repugnantes y condenables y que deben ser combatidos con todos los medios posibles. 
También la Comisión está involucrada activamente en la lucha contra este mal y sobre todo en la lucha contra la trata de niños y contra el abuso infantil de acuerdo con la " aide-mémoire» que la Sra. Gradin envió en septiembre de 1996. 
A nivel de los Estados miembros, el Consejo de Ministros de Justicia y de Asuntos Interiores ya dio su aprobación el 24 de febrero de 1994 a una estrategia común para combatir la trata de seres humanos y la explotación sexual de niños. 
Aparte de esto, la Comisión está investigando actualmente las posibilidades de un enfoque europeo del problema de los niños desaparecidos. 
Además, la Comisión gestiona el denominado " programa STOP» , una acción común de los Ministros de Justicia y de Asuntos Interiores de 1996, en cuyo marco se han destinado para un periodo de cinco años un total de seis y medio millones de ecus como apoyo a las personas que por su trabajo son responsables de, entre otras cosas, la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de niños. 
Por lo tanto, pensamos en programas de apoyo a los jueces, a los responsables del mantenimiento del orden jurídico y a los asistentes sociales. 
Aparte de esto, también existe la denominada " iniciativa DAPHNE» , en base a la cual se destinan al año tres millones de ecus para ayudar a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de voluntarios en la lucha, entre otras, contra la violencia de que son víctimas los niños. 
La Comisión, al mismo tiempo, está llevando a cabo una política contra el turismo sexual infantil. 
La Comisión está a punto de aprobar una comunicación referente a un plan de acción para fomentar el uso seguro de Internet. 
Este plan de acción estimulará, entre otras cosas, medidas para actuar contra contenidos ilegales tales como la pornografía infantil. 
En su política exterior, la Comisión Europea participará activamente en relación con el problema más general del trabajo infantil. 
Está incluído en la agenda de la 86ª reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo que se celebrará en junio del año que viene en Ginebra. 
Según la Organización Internacional del Trabajo, forman parte de las formas intolerables de trabajo infantil, la utilización, la contratación o el ofrecimiento de niños para la prostitución o las exhibiciones pornográficas. 
Finalmente, la política exterior de la Unión Europea abarca también programas de defensa de los derechos humanos en cuyo marco también se destinan medios para la lucha contra la explotación sexual de niños. 
Antes de dar punto final al tema del abuso infantil, Presidenta, una breve respuesta por mi parte sobre una serie de observaciones que se han hecho esta tarde sobre lo ocurrido en la guardería Clovis, donde, como se sabe, también van niños de funcionarios de la Comisión Europea. 
Quisiera resaltar, en primerísimo lugar, que se trata de un asunto muy lamentable sin duda, pero cuya investigación está a cargo de las autoridades judiciales belgas y que el Fiscal General en Bruselas inició la investigación judicia a mediados de junio de este año y que esta investigación se está llevando a cabo todavía. 
En segundo lugar, les comunico que el 14 de noviembre el Fiscal General hizo una declaración ante la prensa en la que dijo que hay una buena cooperación con la Comisión Europea en esta investigación y en la que señaló que se necesita discreción mientras la investigación no haya finalizado, discreción y reserva que han buscado los padres de los niños en cuestión. 
Finalmente, el comisario que tiene la responsabilidad del personal y de la administración, el Sr. Erkki Liikanen, también ha mantenido una conversación con los padres afectados. 
Quisiera quitar la equivocada impresión de que la Comisión se esconde de alguna forma para no asumir una responsabilidad que, en primerísimo lugar, no recae en la Comisión, sobre todo porque se trata de un tema tan sensible con el que la Comisión por supuesto se siente muy comprometida. 
A continuación el tema que aquí se ha debatido: la libertad de prensa en Eslovaquia. 
Permítame comenzar por sumarme a las felicitaciones dirigidas al Señor von Habsburg a quien también me gustaría felicitar en nombre de la Comisión por su 85 cumpleaños y añado el deseo que perdure muchos años más para el electorado europeo. Permítame expresarlo así. 
Presidenta, en lo que respecta a la prensa en Eslovaquia, por lo visto están circulando diferentes noticias en este momento referentes a la suerte que corre la propuesta del gobierno eslovaco de subir el IVA de la tarifa baja del 6 % al 23 % de los periódicos, entre otras cosas. 
Desconozco también el resultado final, aparte de saber que se está debatiendo ahora en el parlamento eslovaco. 
Quiero sumarme enérgicamente a las observaciones que se han hecho desde el Parlamento y limitarme en esta fase a la observación de que no podemos hacer otra cosa que expresar hacia el parlamento eslovaco y hacia el gobierno eslovaco que nos gustaría hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que surjan dudas sobre el esfuerzo del gobierno eslovaco por proteger los derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa, y evitar que haya dudas respecto al esfuerzo del gobierno eslovaco de no descuidar de ninguna forma estos principios fundamentales que también representan un valor muy alto para la Unión Europea. 
Al mismo tiempo expresamos nuestra esperanza de que el parlamento eslovaco mantenga contactos tanto con la asociación eslovaca de editores como con la prensa eslovaca antes de adoptar una decisión definitiva sobre esta propuesta. 
Quiero decir también en la dirección del Sr. von Habsburg que la Comisión, que si bien ha sido crítica en la Agenda 2000 en lo que respecta a su opinión sobre la situación política en Eslovaquia, no ha sacado de ello la conclusión de que Eslovaquia no formará parte de Europa, de que Eslovaquia no recibirá ayuda ni apoyo siempre y cuando el gobierno eslovaco esté dispuesto a tomar en serio los principios básicos de la democracia. 
En este aspecto, Bratislava puede seguir contando con nuestro esfuerzo y apoyo. 
La Comisión seguirá prestando mucha atención a este asunto también en el ámbito de los acuerdos de asociación con Eslovaquia. 
Como punto final, expreso la esperanza de que también Eslovaquia pertenezca en un futuro próximo a los que políticamente no son objeto de críticas en este aspecto cuando se trate de evaluar su solicitud de ingreso como miembro de la Unión Europea. 
En lo que respecta a la situación en Malasia- me parecía que el Sr. Bertens ya había tenido la palabra sobre este tema -, también nos gustaría que los temas relacionados con la ley de seguridad interior puedan seguir siendo discutidos con el gobierno de Malasia. 
Permítame decir lo siguiente. En el marco de la discusión sobre Malasia y otros países de la ASEAN ya se formuló en esta Casa la pregunta de hasta qué punto nuestra relación con esos países es dominada, por ejemplo, por las cláusulas de derechos humanos que incorporamos actualmente en todos nuestros acuerdos exteriores con países terceros. 
El Sr. Bertens sabrá, con respecto a la ASEAN, que la cooperación está institucionalizada por medio de un acuerdo firmado en 1980, del que se ha manifestado ya varias veces que debería ser modernizado y adaptado a las circunstancias actuales y a las relaciones con los países de la ASEAN. 
Esto implica a su vez que dicho acuerdo nuevo debería contener también este tipo de cláusula de derechos humanos. 
Hasta ahora llegar a un nuevo acuerdo no ha sido tanto un problema por parte de la ASEAN como un problema del Consejo Europeo ya que los problemas de Timor Oriental juegan todavía un papel en todo esto. 
Presidenta, espero en todo caso que al final se superen los obstáculos y que se solucionen esos problemas. 
Y déjeme añadir que hasta ahora en todo caso no hemos experimentado ninguna resistencia por parte de Malasia a discutir estos temas, tampoco cuando se trataba de asuntos delicados relacionados con los derechos humanos. 
Ahora el tema de las " Colinas de Chittagong» de Bangladesh, Señora Presidenta. 
Parece que en las actuales conversaciones de paz, y ha habido seis rondas de negociaciones desde octubre del año pasado, parece que se haya logrado en esas negociaciones que dirige la comisión nacional para las " Colinas de Chittagong» , cerrar el abismo entre los puntos de vista del gobierno y de los líderes rebeldes. 
La Comisión Europea sigue día a día el proceso de paz a través de su delegación en Dhaka. 
Cuando se haya firmado el acuerdo, la Comisión tomará en consideración apoyar la ejecución del proceso de paz, por supuesto contando con todos los implicados. 
El gobierno de Bangladesh aprecia el interés en el apoyo del proceso de paz de la Unión y de otros países asociados para el desarrollo y además, naturalmente, la prestación de ayuda financiera para la acogida de los refugiados repatriados y para la reintegración de los bengalís en " Chittagong». 
A pesar de todo, el gobierno de Bangladesh, dado lo delicado de la situación, ha pedido esperar a los donantes internacionales hasta que el acuerdo de paz sea operativo y que se haya estabilizado la situación. 
Un mínimo de estabilidad política y suficiente seguridad son necesarios naturalmente antes de examinar cómo se puede llevar a cabo la reintegración y cómo se puede establecer y realizar la ayuda al desarrollo. 
Como punto final, Señora Presidenta, la suerte de la Sra. Silvia Baraldini. Ya se ha hablado varias veces de esto en esta Casa. 
Sabemos que de hecho no podemos decir otra cosa que se trata en primerísimo lugar de un asunto bilateral entre los Estados Unidos e Italia. 
Me sumo, sin embargo, en nombre de la Comisión a los que han señalado que esto parece un caso claro en que es aplicable el Convenio de Estrasburgo, que fue ratificado por los Estados Unidos e Italia. 
Apreciaríamos por lo tanto, que se respetara el contenido de ese Convenio. 
Señora Presidenta, creo que el señor Comisario se ha olvidado de exponer su posición en relación con Filipinas. 
Yo al menos no le he oído y desearía recibir alguna información al respecto. 
Pido disculpas, Señora Presidente, pero al leer la resolución había entendido que en primer lugar estaba dirigida al presidente Ramos y no a la Comisión Europea para pedir apoyo. 
Por eso no he preparado ninguna respuesta. 
Pero sí estoy dispuesto a releer la resolución, mientras se pasa al siguiente tema del orden del día, para ver si hay motivo de responder para la Comisión. 
Pero no me atrevo a hacerlo de forma irresponsable y sin preparación. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Supongo que el Sr. Kreissl-Dörfler estará de acuerdo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B4-0932/97) de las diputadas Frutos Gama y García Arias, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre las inundaciones catastróficas en la comunidad autónoma de Extremadura; - (B4-0957/97) de los diputados Puerta, Carnero González, González Álvarez, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Alí, Sierra González, Gutiérrez Díaz y Sornosa Martínez, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las graves consecuencias de los temporales en España; - (B4-0991/97) de los diputados Novo Belenguer y González Triviño, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre las inundaciones en Badajoz; - (B4-0933/97) de los diputados Miranda, Novo, Ribeiro y Gutiérrez Díaz, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las graves consecuencias del temporal en las Azores; - (B4-0981/97) de los diputados Marinho y Correia, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre los temporales en las Azores; - (B4-0939/97) de los diputados Miranda, Novo, Ribeiro y Gutiérrez Díaz, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las gravosas consecuencias del temporal en Portugal; - (B4-0969/97) de los diputados Azzolini, Pasty, Cardona y Rosado Fernandes, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre los temporales en Portugal; - (B4-0983/97) de los diputados Marinho, Apolinário, Torres Marques, Torres Couto, Barros Moura, Lage, Campos, Moniz y Correia, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre los temporales y lluvias en el sur de Portugal; - (B4-0956/97) de los diputados Capucho, Galeote Quecedo, Costa Neves, Camisón Asensio, OomenRuijten y Martens, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las recientes inundaciones en las regiones de Extremadura (España) , Alentejo (Portugal) y Azores (Portugal). 
España 
Señora Presidenta, una vez más los efectos devastadores del agua son objeto de una resolución de urgencia en este Parlamento. 
Las tempestades han vuelvo a dejar a su paso un reguero de víctimas mortales, heridos y desaparecidos en España y en Portugal. 
Si bien es cierto que este tipo de tragedias son difícilmente evitables en su totalidad, no es menos cierto que la magnitud de las mismas habría podido tener un carácter menos grave, si se hubiesen adoptado a su debido tiempo determinadas medidas. 
No es por casualidad que este tipo de catástrofe se cebe en aquellos lugares más deprimidos de la geografía europea. 
Sin embargo, lo acontecido en Melilla- este lunes- tras la ruptura de un depósito de agua de 20.000 m3 ha sido la historia de una tragedia anunciada. 
9 muertos, 41 heridos e incalculables daños materiales constituyen el balance provisional de este desastre que lejos de ser fruto de la fatalidad, lo es de la pura negligencia. 
No quiero hacer hoy aquí un alegato de responsabilidades que en cualquier caso deberán ser dilucidados por las autoridades españolas, sino aprovechar este foro desde mi doble condición de diputado europeo y ciudadano de Melilla para solicitar de la Comisión Europea ayuda urgente a las familias de las víctimas, a aquellos que han perdido total o parcialmente su vivienda o sus comercios y, en definitiva, a todos aquellos que de una forma u otra han tenido pérdidas materiales. 
Por otro lado, quiero invitar a la Comisión a que junto con las autoridades españolas establezcan un plan de rehabilitación de las zonas afectadas por las catástrofes y destine fondos necesarios para la reconstrucción de infraestructuras, viviendas y, en el caso de Extremadura, aquellas instalaciones agrícolas, ganaderas y turísticas que hayan sido afectadas. 
Por último, quiero aprovechar mi intervención para solicitar a la Comisión que estudie la posibilidad de revisar la normativa medioambiental comunitaria con objeto de que a las preceptivas fichas de impacto medioambiental les acompañen estudios de riesgo para la población como consecuencia de una determinada intervención que altere el medio ambiente. 
De buen seguro, tragedias como la ocurrida por los desbordamientos de ríos en Extremadura o la riada de Melilla pueden ser evitables a poco que las autoridades de los Estados miembros y la Comisión pongan más celo en el ejercicio de una de sus responsabilidades más importantes: » la seguridad de todos los ciudadanos». 
Azores 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, después de haber pedido a este Parlamento, en la sesión de Bruselas del pasado día 4, que enviase el testimonio de nuestro pesar a la población de Ribeira Quente y de haber presentado, en la Presidencia de este hemiciclo, una propuesta de resolución urgente para que adoptáramos medidas que pudieran atenuar los efectos del temporal que asoló las Azores, vastas regiones continentales de mi país- el Alentejo, Algarve, la zona metropolitana de Lisboa, Setúbal, el valle del Tajo- fueron también asoladas por temporales devastadores. 
Por desgracia, hay que lamentar más víctimas mortales. 
Los temporales causaron, señora Presidenta, Señorías, 41 muertos y desaparecidos en Portugal, además de muchos heridos. 
Los daños privados, públicos y empresariales ascienden, según cálculos aproximados y relativamente modestos, a más de 10.000 millones de escudos. 
La enorme cadena de solidaridad popular, que de inmediato se estableció de un extremo a otro de Portugal, constituye un hecho digno de mención y de alabanza que quisiera mencionar ante este hemiciclo. 
Palabras de idéntico tenor dirijo a las cámaras, a sus servicios respectivos y a los bomberos. 
Pedimos hoy aquí un apoyo financiero de la Comisión, además de los instrumentos existentes, destinado a atenuar los efectos de la catástrofe y a paliar los dramas humanos que ocurrieron. 
Pedimos también, pedimos sobre todo, en mi opinión, que la Comisión, junto con las diversas autoridades de mi país, establezca una metodología de apoyo financiero, de apoyo y colaboración técnicos, tecnológicos y de investigación, que permita prevenir y evitar la repetición de los efectos devastadores de temporales cuya existencia no está, por desgracia, en nuestras manos evitar. 
Señora Presidenta, señor Comisario, una vez más y en un lapso relativamente corto, la región autónoma de las Azores fue violentamente fustigada, en la madrugada del 31 de octubre pasado, por vientos ciclónicos y lluvias torrenciales, con particular incidencia en la parroquia de Ribeira Quente del municipio de Povoação. 
Por desgracia, además de los cuantiosos daños materiales que, según datos de que disponemos, superan los cinco mil millones de escudos, hay 29 víctimas mortales que lamentar. 
Ante esa triste realidad comprobamos la importancia de la introducción en el Tratado de Amsterdam de un artículo que consagra un trato diferencial y específico para las regiones ultraperiféricas, por lo que la Comunidad reconoce las desventajas y los riesgos a que están expuestos esos ciudadanos de la Unión Europea. 
En este marco, venimos a pedir a la Comisión que en su actuación se oriente hacia la reprogramación y el fortalecimiento de los medios financieros ya asignados para la recuperación de las infraestructuras destruidas en la región autónoma de las Azores. 
La repetición de esas situaciones nos mueve a afirmar que en el futuro la iniciativa REGIS debería contar con un componente que permitiera afrontar las situaciones de catástrofes naturales. 
Portugal 
Señora Presidenta, Señorías, creo que ya se han relatado los hechos de esas catástrofes ora por la prensa ora por los colegas que me han precedido. 
Naturalmente, no voy a volver a hablar de ellos, tan sólo quisiera exponer tres consideraciones a este respecto. 
Como ya se ha dicho, esas catástrofes ocurren en las zonas más deprimidas de Europa, ya sea en la ultraperificidad de las Azores o en la Extremadura española o en el Alentejo portugués. 
Eso revela que es necesario que la Unión Europea siga dando apoyo a esas zonas. 
Es verdad que puede haber habido negligencia, es verdad que puede haber habido errores en la ordenación del territorio, pero la verdad es que hay deficiencias infraestructurales que conviene remediar. 
En segundo lugar, es importante que la Comisión dé apoyo material, porque es también una forma de manifestar solidaridad con esos pueblos. 
La solidaridad manifestada por la Comisión fortalecerá, naturalmente, el sentimiento europeo y hará que las personas sientan que hay otros pueblos de Europa que son solidarios con ellas en los momentos difíciles. 
Por tanto, no se trata sólo de un significado material, sino también de un significado político y- digámoslo así- de solidaridad. 
Una última nota: consideramos- y ya una vez mi Grupo lo propugnó aquí- que la Comisión debería tener un mecanismo para ese tipo de situaciones. 
Debería institucionalizar ese tipo de ayuda, que permitiese verificar inmediatamente in loco las consecuencias de esas catástrofes y permitiese también, junto con los Gobiernos nacionales, adoptar algunas medidas inmediatas para afrontar esas catástrofes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la grave y dramática situación provocada por los temporales prácticamente por todo el territorio portugués justifica la utilización de fondos comunitarios. 
Ahora falta saber si esos fondos corresponderán a las asignaciones hechas a Portugal, con una reprogramación del actual marco comunitario de apoyo o con nuevas asignaciones suplementarias, como ayuda de emergencia, o incluso mediante un refuerzo presupuestario y la modificación de la comunicación en la que se enmarca, por ejemplo, la iniciativa comunitaria INTERREG II-C, como se pide en la resolución del Parlamento Europeo. 
La cuestión que aquí se plantea es la de si, como contrapunto a la respuesta comprometida de bomberos, munícipes, servicios municipales, autoridades policiales y militares, la pronta acción de los Gobiernos de la República y de la región, puede la Comisión responder sólo con una visión limitada y académica de los reglamentos comunitarios. 
Las personas, que son la razón de ser del proyecto comunitario, no toleran esa situación. 
¡La Comisión no puede olvidarlo! 
A una situación de catástrofe no se puede responder con rigidez técnica, con PP, MCA, deflactores, PM y otras siglas de la jerga comunitaria. 
¡HACEN FALTA sentido común y buena voluntad! 
España/Portugal/Azores 
Señora Presidenta, quiero dejar constancia de nuestra consternación por las desgracias, materiales y humanas, ocurridas como consecuencia de las catástrofes a las que se refiere esta propuesta. 
Por todas, pero muy especialmente quiero referirme a las inundaciones que tuvieron lugar en Badajoz el pasado día 6, con un saldo de 25 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales en enseres, viviendas y negocios. 
Pero quiero destacar un aspecto que es necesario subrayar: la admirable prueba de solidaridad ante la tragedia que han dado no sólo las autoridades sino el pueblo extremeño, secundado por el pueblo español en su conjunto. 
Por lo tanto, no tendría sentido que el Parlamento Europeo no se adhiriera a esta solidaridad arbitrando medios materiales para remediar la grave situación creada. 
Y tiempo habrá de proyectar soluciones para la no repetición de este tipo de catástrofes, como pudiera ser por ejemplo la exigencia de estudios de impacto frente a inundaciones de todo proyecto urbanístico. 
Señora Presidenta, las inundaciones que recientemente padecieron algunas regiones, en particular de Portugal, son motivo de lucha y simultáneamente de reflexión en relación con las políticas por adoptar. 
Tras haber fallecido 41 personas en Portugal y 25 en España, nuestra primera palabra no puede dejar de ser de consternación por su pérdida y de acompañamiento a sus familiares en su dolor. 
Después, el respeto a los vivos nos obliga a restablecer sin demora sus condiciones de vivienda y de trabajo, por lo que es de esperar que los encargados nacionales y comunitarios de ello proporcionen los medios indispensables. También nosotros propugnamos, como ya han hecho algunos colegas, el mecanismo inmediato de ayuda suplementaria. 
Por último, el duelo que sentimos nos obliga a reflexionar sobre las condiciones que dieron pie o al menos agravaron las consecuencias de los temporales. 
Además, conviene que se empiece a prestar por fin la atención debida a la ordenación del territorio con la conciencia de que no se puede contrariar a la naturaleza. 
Al contrario, hay que preservarla y ponerla correctamente el servicio del Hombre. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la pérdida de vidas humanas por catástrofes o accidentes no tiene precio. 
No se trata solamente de pedir ayudas económicas por las catástrofes que son objeto de esta resolución. 
Se trata también de cumplir con una obligación de solidaridad como ciudadanos europeos. 
En Melilla, al igual que en Extremadura o en Portugal, se han causado numerosas pérdidas humanas y materiales. 
La Comisión Europea, junto con los Gobiernos nacionales y locales, no debe echar en saco roto las peticiones de quienes representamos la voz de los que hoy sufren la tragedia y demandan soluciones a sus problemas inmediatos, y no les basta con palabras de sentimiento o solidaridad. 
Hay muchas personas en Melilla que hoy no sólo han perdido a sus familiares sino que se han quedado sin vivienda o han visto destruido su comercio y su medio de vida. 
¿Qué hay más importante que esto? 
Huyamos- al menos los diputados de esta Asamblea- de entrar en batallas políticas o judiciales que no corresponden a nuestro terreno de juego y huyamos de aumentar con nuestra inhibición el grado de desesperanza de quienes hoy piden de los poderes públicos, incluidos los europeos, las ayudas materiales y técnicas que, en justicia, se les debe facilitar de inmediato. 
Señora Presidenta, permítame volver brevemente al tema anterior relacionado con las Filipinas para decirle al Señor Kreissl-Dörfler que la Comisión quiere evaluar de nuevo el programa de reformas agrarias del gobierno filipino y también la aportación en ese campo en la próxima reunión de funcionarios de la Unión y expertos de las Filipinas, una reunión que tendrá lugar los próximos 9 y 10 de diciembre. 
No me quiero anticipar a ese resultado y en lo que respecta a los otros puntos que se han mencionado en la resolución, la Comisión ha pedido la opinión de su delegación en Manila. 
Presidenta, ahora la cuestión de las catástrofes. 
Permítame comenzar por expresar la simpatía, en nombre de la Comisión, hacia las víctimas de las recientes inundaciones en la comunidad española de Extremadura y expresar la condolencia a los que han sido víctimas de las tormentas en el sur de Portugal y en las Azores. 
La Comisión acompaña en su más profundo sentimiento a las familias de las víctimas. 
Señora Presidenta, en relación con la ayuda urgente para ciudadanos europeos que han sido víctimas de tales catástrofes, la Comisión señala que en el presupuesto de la Unión Europea de 1997 no han sido incluídos créditos para medidas de ayuda directas dentro de la Unión Europea. 
¿Y porqué? 
Porque la autoridad presupuestaria por segunda vez consecutiva le ha asignado a la partida correspondiente, B 4-3400, el calificativo de " pro-memorie». 
Para el año 1998 la autoridad presupuestaria se ha mostrado de acuerdo, en esta fase del procedimiento presupuestario, con la supresión de la partida correspondiente en el presupuesto que aún está pendiente del procedimiento de aprobación. 
En relación con la ayuda estructural, el gobierno portugués ha informado a la Comisión de los daños que ha causado el temporal en la infraestructura agraria de Portugal y en la región autónoma de las Azores. 
Los servicios de la Comisión están estudiando la propuesta presentada por los servicios del Ministerio portugués de Agricultura, sobre todo para examinar qué fuentes de financiación se pueden utilizar para ayudar a la reparación de la infraestructura agraria damnificada. 
Esto es importante sobre todo porque debido a que en la partida de orientación FEOGA del llamado marco comunitario de apoyo para Portugal, ya no hay créditos disponibles para reforzar eventualmente las medidas agrarias del programa operativo para las zonas afectadas por el temporal. 
Por lo que se refiere a las Azores, la Comisión señala que después de las devastaciones en esta zona de diciembre del año pasado y de enero de este año, se ha incrementado en julio de este año el programa operativo para las Azores con 26 millones de ecus para contribuir a la reparación de la infraestructura dañada. 
Por lo que se refiere a España, el gobierno español también ha informado a la Comisión de los daños de la infraestructura agraria y, consultando con las autoridades españolas, los servicios de la Comisión están estudiando cómo se puede prestar ayuda dentro del marco comunitario de apoyo para España a la reparación de esta infraestructura. 
En relación con Interreg II-C, la Comisión señala que esta iniciativa comunitaria se dirige fundamentalmente a la lucha contra la sequía. 
Señora Presidenta, me imagino que ha sido un olvido involuntario, pero el señor Comisario ha omitido en sus condolencias a las víctimas de otra ciudad española y europea como es Melilla, y no ha hecho tampoco ninguna referencia a la catástrofe reciente que allí ha ocurrido. 
Señora Presidenta, en la misma línea que acaba de expresar mi compañero Hernández Mollar, efectivamente quisiera ver qué es lo que piensa el señor Comisario con respecto a Melilla pues en estos últimos días hemos visto que también ha sido víctima de una catástrofe que ha sido motivo de portadas en todos los medios de comunicación. 
Presidenta, quisiera corregir con mucho gusto esta falta. 
Ha sido una omisión involuntaria. 
Votaciones 
Lo uno conduce a lo otro. 
Cuando se iba a introducir el mercado interior, se dijo en el debate que bajo ningún concepto se tocaría el sector de los impuestos. 
Ahora se demuestra que también este campo va a entrar en la reglamentación de la UE, lo cual, según el informe, va a contener, entre otras cosas, tasas de impuestos armonizadas y un impuesto al valor agregado común. 
Yo no puedo aceptar esto. 
Tiene que existir libertad para que los estados nacionales puedan decidir por sí mismos qué tasa de impuestos quieren aplicar, entre otras cosas, para poder asegurar que el sector público tenga la dimensión que los ciudadanos consideren adecuada en cada estado. 
Tampoco puedo aceptar el contenido del punto 12 que solamente alaba la moneda común, puesto que yo no estimo que la Unión Económica y Monetaria beneficie a los ciudadanos de la UE. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. von Wogau, el cual se ocupa del efecto y la efectividad del mercado interior. 
El informe está de acuerdo con las líneas principales de la comunicación de la Comisión. 
Los socialdemócratas daneses ven positivamente que el informe proponga menos impuestos sobre la mano de obra para activar el empleo. 
Esto está en consonancia con la reforma fiscal que el gobierno danés logró aprobar en 1993 y que posteriormente creó más empleos. 
El informe menciona una reducción de los tipos del IVA para las pequeñas y medianas empresas. 
Los socialdemócratas daneses no están de acuerdo con esta postura. 
Los socialdemócratas daneses opinan que el camino hacia un mejor índice de empleo debe pasar por mayores inversiones y formación de la masa trabajadora europea. 
La red transeuropea es mencionada en el informe como un elemento importante en la creación de una infraestructura eficaz en la CE. 
Informe (A4-0350/97) del Sr. Langen 
Las especificaciones técnicas que los materiales deben cumplir son complicadas y varían mucho de Estado miembro a Estado miembro. 
El informe reconoce estas dificultades, no obstante, pide a la Comisión que reduzca el plazo dado para su puesta en práctica tanto como sea posible. 
En este punto de vista estoy totalmente de acuerdo con la comisión y el ponente. 
Los productos de construcción constituyen una parte bastante considerable del mercado interior de la UE, que aún no está libre de obstáculos comerciales. 
Una implementación más rápida de la directiva exige también flexibilidad y buena voluntad por parte de los Estados miembros. 
Esto lo subraya el informe y celebro poder otorgarle mi total apoyo. 
El turno de votaciones ha concluido. 
Asilo, inmigración y cruce de las fronteras exteriores (programa ODYSSEUS) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0366/97) de la Sra. Zimmermann, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a una acción común adoptada por el Consejo mediante la que se aprueba un programa de formación, de intercambios y de cooperación en los ámbitos del asilo, de la inmigración y del cruce de fronteras exteriores (programa ODYSSEUS) (COM (97) 364-9980/97- C4-0427/97-97/0909 (CNS) ). 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, entre las tareas asumidas por la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial en relación con los flujos de refugiados e inmigrantes figuran el asilo a los perseguidos políticos, la acogida de ciudadanos y ciudadanas de las antiguas colonias y también la acogida por razones humanitarias apremiantes. 
A partir de 1989, esta gama de tareas adquirió una nueva dimensión con la afluencia hacia la Europa occidental, por motivos políticos y económicos, de un gran número de personas procedentes de los países de la Europa central y oriental y también de los Estados sucesores de la Unión Soviética. 
Es urgentemente necesaria una acción política. 
Los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea han elevado el asilo, la inmigración, el cruce de las fronteras exteriores y la concesión de visados a la categoría de ámbitos de interés común especial. 
Los Estados miembros están convencidos de que sólo una acción común permitirá responder de manera eficaz y razonable a las exigencias que se plantean en este ámbito. 
Sin embargo, aun cuando existe un consenso al respecto, los Estados miembros se resisten a ceder competencias a la Unión Europea pese a las múltiples declaraciones de fe en este sentido. 
Los acuerdos alcanzados hasta ahora, entre los que destaca el Convenio de Dublín, sólo pueden calificarse como un pequeño primer paso. 
Se requerirán grandes esfuerzos y la voluntad de alcanzar soluciones comunes para cumplir los ambiciosos objetivos del Tratado de Amsterdam, que prevé la llamada comunitarización a medio plazo de los ámbitos en cuestión. 
La presente acción común puede valorarse, por lo tanto, como una señal de que el Consejo y la Comisión están dispuestos a realizar nuevos esfuerzos en este sentido. 
Para ello pueden contar con el apoyo del Parlamento que, a pesar de la demora en la transmisión de la propuesta y del escaso tiempo disponible para su examen, puede presentar un completo y exhaustivo informe sobre el Programa ODYSSEUS. 
Creemos que es importante que en la Cumbre de Luxemburgo se conozca la opinión del Parlamento y ésta pueda tomarse en consideración. 
En su elaboración, el Parlamento se ha guiado por las disposiciones vigentes del Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea, pero sin perder de vista las disposiciones del Tratado de Amsterdam. 
Por consiguiente, el Parlamento Europeo considera importante que se le mantenga ampliamente informado sobre el desarrollo del programa ODYSSEUS, es decir, sobre todo por lo que se refiere a la planificación anual. 
Además, también debería poder presentar una lista de prioridades en los ámbitos pertinentes, cuyos temas se incorporarían a la planificación anual. 
El programa ODYSSEUS establece una nueva pauta de cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos del asilo, la inmigración y el cruce de las fronteras exteriores. 
Las leyes y los procedimientos siguen siendo muy diversos en los diferentes Estados miembros. 
El programa ODYSSEUS tiene como objetivo su aproximación a largo plazo. 
En cualquier caso, no se propone alcanzar la aproximación entre los Estados miembros mediante disposiciones legales uniformes, sino a través de un proceso de aprendizaje mutuo. 
Éste tiene lugar en el ámbito de los funcionarios encargados de aplicar las correspondientes disposiciones. 
Los proyectos subvencionados por el programa ODYSSEUS no sólo les permiten adquirir mejor información sobre el Derecho de la Unión, sino también conocer cómo resuelven otros Estados miembros determinados problemas. 
Por ejemplo, es conveniente que dichos funcionarios se familiaricen con las disposiciones legales de los diferentes Estados miembros en relación con la reagrupación familiar. 
Esto les permite apreciar que existen posibilidades muy distintas para abordar un mismo problema. 
Yo doy por sentado que la aceptación de las normas ya adoptadas por la Unión Europea en los citados ámbitos se incrementarán gracias a la formación de " multiplicadores» en el marco del programa ODYSSEUS. 
Los y las participantes en el proyecto disponen además de conocimientos que podrán ser útiles para los Estados miembros durante el proceso de comunitarización. 
Yo insto, por lo tanto, encarecidamente a los Estados miembros a que aprovechen esta oportunidad. 
Debe acogerse con particular satisfacción que los Estados que aspiran a la adhesión puedan participar en los proyectos. 
Esto les permitirá adquirir conocimientos específicos sobre los sistemas institucionales y los sistemas legales y administrativos de los Estados miembros inscritos en el marco del programa. 
Lo cual, por un lado, favorecerá su aproximación a los niveles y normas de la Unión y, por el otro lado, facilitará considerablemente la cooperación en estos ámbitos. 
En la ejecución práctica del programa deben respetarse sobre todo los requisitos jurídicos de los Estados miembros afectados en materia de protección de datos. 
En la formación sólo deberían utilizarse para un examen más detallado ejemplos anónimos tomados de la actividad laboral cotidiana. 
Los funcionarios que participen en un intercambio y tengan contacto con documentos originales deben estar sujetos a la obligación de guardar secreto. 
El programa ODYSSEUS se apoya en las experiencias de los proyectos piloto del programa SHERLOCK, que ahora se integra en el mismo. 
En el curso de sus cinco años de duración, éstas se ampliarán con nuevas experiencias valiosas que deberían incorporarse de manera continuada a la planificación anual. 
Ésta es una de las razones, y no la menos significativa, por las que resulta especialmente importante la evaluación del programa ODYSSEUS. 
Por otra parte, dicho programa también demuestra, al igual que la acción común sobre la protección de las personas desplazadas, que la política en los ámbitos que nos ocupan no tiene que traducirse forzosamente en la construcción de Europa como una fortaleza. 
Al contrario, los proyectos ofrecen a los funcionarios una oportunidad de redescubrir la dimensión humana de su actuación. 
Sobre ellos recae, junto con los políticos, la responsabilidad de que las personas que desean entrar en la Unión, por razones políticas, económicas o de cualquier otro tipo, reciban un trato humano. 
Por lo tanto, la Comisión debe velar en la planificación anual del programa por que la formación, el intercambio y la investigación no tengan en cuenta sólo ámbitos de carácter técnico, como por ejemplo la comprobación de los documentos falsificados. 
También deben tenerse en cuenta aspectos de contenido, como el derecho de las personas objeto de actos administrativos a recibir información y asesoramiento jurídico, o bien el tema de la reagrupación familiar y, muy especialmente, también los derechos de los menores. 
Determinadas ONG han adquirido conocimientos especiales en este ámbito que también deberían aprovecharse en el marco del programa ODYSSEUS. 
Por esto es importante que el ACNUR y otras organizaciones interestatales, como por ejemplo la Organización Internacional para las Migraciones, sean invitadas a participar en dichos proyectos. 
Europa se considera la cuna de los derechos humanos. 
Por otra parte, también tiene una enorme responsabilidad internacional en el ámbito de los derechos de los refugiados. 
ODYSSEUS es un programa que puede contribuir a que Europa responda debidamente a estas exigencias. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Zimmermann por este buen informe que ha quedado enriquecido con la colaboración de todos los Grupos y que, además, se basa también en un buen programa, como es el programa Odysseus, de intercambio de información, cooperación y formación en los ámbitos del asilo, de la inmigración, y, como dice su título, del cruce de las fronteras exteriores. 
Para quien, como yo, además, vive en una zona fronteriza, precisamente en una ciudad de la que acabamos de hablar, la ciudad de Melilla, señor Comisario, que es frontera de España y de Europa con Marruecos, y vive además diariamente los problemas que plantea la inmigración procedente de los países africanos y subsaharianos, este programa- el programa Odysseus- tiene indudablemente un especial interés. 
Pero lo primero que quiero decir es que el inmigrante, señora Zimmermann, no es un delincuente; por eso me resisto- y confieso que no me gusta- a que se hable de lucha contra la inmigración y lucha contra la entrada y estancia de los inmigrantes. 
Creo que sería mejor hablar de medidas administrativas o jurídicas y dejar la lucha contra quienes, desde unas mafias organizadas, usan y abusan de los seres humanos, trasladándolos hacia nuestras fronteras, cobrando dinero por ello y aconsejándoles la destrucción de los documentos legales de su identidad para colocarse precisamente en una situación de ilegalidad y así impedir o dificultar su expulsión del territorio comunitario. 
Es muy importante, por tanto, señor Presidente, señor Comisario, la formación de los funcionarios en este ámbito. 
Formación que, desde mi punto de vista, reúne tres requisitos, tres aspectos. 
En primer lugar, una buena formación técnica y profesional para que conozcan bien todas las normas reguladoras de la inmigración. 
En segundo lugar, disponer también de los medios materiales necesarios para desempeñar sus funciones en las zonas fronterizas con total garantía y eficacia. 
Y, en tercer lugar, resolver también los expedientes con la suficiente agilidad para no demorar situaciones de espera que provocan un colapso en los centros de acogida o que exigen unas atenciones humanitarias que, con los solos medios de las autoridades locales o nacionales, no es posible facilitar con la dignidad que se merece cualquier persona y cuya prolongación en el tiempo puede dar lugar a actitudes xenófobas o racistas no deseadas. 
Por ejemplo, en el sur de España se están produciendo tragedias humanas casi a diario protagonizadas por los inmigrantes que proceden del norte de África y que, lamentable y desgraciadamente, fallecen en el intento. 
Los objetivos de este programa deben facilitar la cooperación necesaria y la formación no sólo entre los funcionarios, sino también entre las asociaciones privadas que intervienen en este campo. 
Las fronteras no son deseables, pero son necesarias. Por ello, hay que huir también de ciertas actitudes demagógicas ante este imperioso problema. 
Por eso, me parece muy importante el intercambio de experiencias que se propone entre los funcionarios, los cuales tienen a veces la dura responsabilidad de trabajar en un campo como éste donde hay que saber combinar los aspectos humanitarios con la frialdad de unas legislaciones que imponen unas normas reguladoras de los diferentes supuestos que plantea la inmigración. 
Y termino, señor Presidente, sin olvidar también la responsabilidad que le incumbe a los terceros países fronterizos con la Unión, que deben cumplir los Tratados que sobre esta materia tengan suscritos con los Estados de la Unión Europea. 
Presidente, el programa Odysseus pretende fomentar una ejecución unívoca de la política europea en el ámbito del asilo y de la inmigración por medio de la formación y de una mejor cooperación entre las administraciones nacionales. 
Tener mayor experiencia, cooperación y uniformidad es en principio estupendo, pero lamentablemente los Tratados, resoluciones y otros instrumentos que han ido formando en los últimos años la ley europea de asilo, constituyen a menudo una violación del Convenio sobre el estatuto de los refugiados de Ginebra y del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. No obstante, son convenios internacionales vinculantes para los Estados miembros. 
Una mejor ejecución de esta política de asilo mediocre no es, por definición, de interés para los refugiados. 
De ahí que mi grupo parlamentario tenga sentimientos contradictorios acerca de Odysseus. 
Sí debe decirse que las enmiendas del informe de la Sra. Zimmermann van por regla general en la buena dirección. 
Espero que el programa de formación de Odysseus que informa a los funcionarios de los Estados miembros de los derechos y obligaciones de los solicitantes de asilo, no haga caso omiso del contenido del Convenio de refugiados ni de los artículos relevantes del CEDH y que no sólo se fije en la explicación restrictiva de la Unión Europea y sus Estados miembros sino también en la interpretación misma. 
A la Unión Europea le importa escandalosamente poco este vigilante del Convenio de los refugiados, y el protocolo del Tratado de Amsterdam lo ha demostrado una vez más. 
El programa Odysseus abarca, entre otras cosas, la formación en el reconocimiento de documentos falsos y acerca de esto tengo una pregunta al Comisario Van den Broek. ¿Contará Odysseus a los funcionarios implicados también que el hecho de que alguien tenga papeles falsos no significa que no sea un auténtico refugiado? 
¿Y Odysseus también va a contárselo a los funcionarios que los Estados miembros destacan cada vez más en los aeropuertos en los países de origen de los solicitantes de asilo, como un puesto fronterizo adelantado de la fortaleza Europa? 
Ahora la cooperación con los países candidatos a la adhesión. 
Es estupendo que los países candidatos también puedan participar en el programa Odysseus. 
Pero naturalmente, existe un gran riesgo de que los países de la Unión sólo les enseñen cómo pueden funcionar mejor de " cordon sanitaire» para nosotros. 
La colega de mi grupo parlamentario, Claudia Roth, efectuó el año pasado una visita a tres centros de detención polacos y habló con 122 extranjeros detenidos de los cuales algunos habían sido devueltos de Alemania. 
Los 122 pensaban que estaban esperando la resolución de su solicitud de asilo. 
Pero en realidad sólo se habían tramitado seis solicitudes de asilo. 
El documento en polaco que habían firmado los otros, no era, como pensaban, una solicitud de asilo. Era una disposición para poder encarcelarles en espera de la extradición. 
Y consideramos a este país como un tercer país seguro. 
Si Odysseus contribuye a elevar el conocimiento del Convenio sobre el estatuto de los refugiados en Polonia, entonces estoy a favor. 
Pero algo me dice que éste no es el objetivo más importante de Odysseus. 
Señor Presidente, ante todo algunas palabras de asombro. 
En primer término, en un texto que trata sobre el cruce de las fronteras- las fronteras exteriores, se entiende, puesto que a nuestro juicio las fronteras interiores ya deberían haber desaparecido completamente -, en ningún momento se menciona Schengen. 
Ahora bien, hay que reconocer que si bien lo que nos preocupa no está directamente relacionado con este acuerdo, el mismo sirve de referente, actualmente en Europa, en particular con respecto al desplazamiento de las personas. 
El segundo elemento que me entristece y me indigna un poco más se refiere al hecho de que con la gran libertad de circulación de capitales, de mercancías y de personas, son los seres humanos quienes, a todas luces, lo pagan más caro. 
En pocos segundos, en algunas milésimas de segundo incluso, por el banco de Estocolmo en Sidney pasan un millón de dólares. 
Para desplazarse de Argel a París hay que acudir varias veces al consulado, hacer cola, y probablemente, después de algunas semanas de vanas gestiones, se rechaza la solicitud. 
Este elemento debe seguir estando muy presente en nuestra mente, y el principal mérito de dicho informe, en todo caso para mí, es obligarnos a reflexionar y a continuar debatiendo sobre estas libertades fundamentales. 
Aquí, en el Parlamento, existe una gran mayoría que votará- nosotros lo haremos de buen grado- a favor de que se protejan estas libertades, de que se coordine mejor la acción de los Estados y de los gobiernos, y felicito, de paso, a la Sra. Zimmermann. 
Pero es sobre todo en nuestros países donde la lucha será dura. 
Cada uno conoce, en su país, el largo camino que habrá que recorrer con nuestras administraciones- que son pusilánimes, que son prisioneras de la rutina -, con nuestros funcionarios- que a menudo están mal informados y constantemente presionados por sus superiores para que impidan la entrada-. 
Esto es válido para los Estados miembros, y quizá aún más para aquellos que hoy llaman a la puerta, cuyas administraciones, durante décadas, han empleado la mayor parte de su tiempo en impedir sobre todo que sus ciudadanos cambiasen de sitio. 
En cuanto a este informe, excluyendo a algunos dragones con garras y lenguas venenosas- ¡menos mal que no están presentes! -, está claro que se logrará una amplia mayoría para que estos elementos puedan ser realmente coordinados y para que podamos realizar esta tarea correctamente; pero aclaremos que se trata de una tarea muy larga. 
Es apenas el inicio de una lucha que habrá que llevar a cabo en nuestros propios países. 
Señor Presidente, antes de entrar en detalle en el informe de la Sra. Zimmerman, quiero decir que me alegra poder hablarle en nuestra lengua materna común, el neerlandés. 
Su informe se refiere a un programa interesante y necesario. 
El objetivo final del programa es una cooperación multianual entre las administraciones de los Estados miembros en el ámbito del asilo y de la inmigración. 
Para ello se proponen la formación, el intercambio de funcionarios y estudios e investigación. 
Esto es algo que podemos respaldar plenamente. 
La cooperación entre los Estados miembros en estos ámbitos se ha hecho necesaria por la creación del espacio libre sin fronteras interiores. 
Además, es bueno para las personas que trabajan en este ámbito entender mejor la regulación del otro y la regulación de la Unión Europea. 
Surgen demasiado a menudo problemas por incomprensión mutua de la legislación, o porque los funcionarios nacionales no entienden a los funcionarios de la Comisión. 
Fomentando este tipo de formación e intercambios a través de este programa, la Unión invierte de forma prudente en el futuro. 
Por lo que se refiere al futuro: me alegro de que se implique en este programa a los países candidatos a la Unión. 
Me parece de gran importancia. 
En el informe hay una ambigüedad que quiero plantear al Comisario Van den Broek y a la ponente. 
En la enmienda 31 el Parlamento Europeo amplía espontáneamente la autonomía de la Comisión en relación con el Consejo por haber subido el importe mencionado. 
Al mismo tiempo, el mismo Parlamento Europeo limita la autonomía de la Comisión por medio de las enmiendas 15 y 17. 
En los ámbitos donde la Comisión, probablemente a sabiendas, deja bastante abiertos los elementos del contenido en los que se tienen que basar las acciones, el Parlamento los limita por sus anexos. 
¿Cuál es el punto de vista de la Comisión? 
Como punto final, quiero observar que me parece poco delicado que el Parlamento Europeo en la enmienda 9 al artículo 1 ya se refiera a los apartados del Tratado de Amsterdam y que pida al Consejo tenerlos en cuenta, cuando este Tratado ni siquiera ha sido ratificado por los diferentes parlamentos nacionales de los Estados miembros. 
Me parece una postura antidemocrática. 
Me parece que en este tema nos adelantamos demasiado a la música. 
Señor Presidente, Señorías, la colega Zimmermann ha expuesto con gran profundidad la posición del Parlamento con respecto a la acción común, de manera que no será necesario que entre en los detalles de la posición del PE sobre el programa ODYSSEUS. 
Por consiguiente, voy a concentrarme en el examen del tema de la entrada de solicitantes de asilo y de la seguridad de las fronteras exteriores desde otra perspectiva. 
La Unión Europea es una Unión del derecho de ciudadanía. 
Así lo formulamos repetidamente en el círculo de insiders que nos encontramos reunidos aquí esta noche. 
Y es lo que debe ser. 
Por lo tanto, la Unión Europea también debería garantizar un derecho de asilo armonizado al nivel más alto posible y aplicable en todos los Estados miembros. 
Esto exige, no obstante, la armonización del derecho de asilo en la Unión Europea, o sea, su comunitarización. 
El Tratado de Amsterdam la prevé ahora para dentro de un plazo de cinco años. 
A pesar de que se ha interpuesto el obstáculo adicional de una decisión por unanimidad del Consejo, lo cual equivale, señor Representante del Consejo, al derecho permanente de exclusión nacional, aun así se ha iniciado el camino hacia la comunitarización del asilo. 
Otro tanto puede decirse de la política de inmigración. 
¿Qué tienen en común la política de asilo y la política de inmigración? 
Para garantizar los derechos de ciudadanía, para garantizar el asilo para los perseguidos políticos y su posibilidad de hacer valer este derecho en la Unión Europea, ésta debe distinguir entre el perseguido político que apela al derecho de asilo y la persona que desea inmigrar pero que no es objeto de persecución política, la cual no debería tener la posibilidad de recurrir al derecho de asilo como recurso para inmigrar o no debería verse obligada a hacerlo. 
Si queremos evitar que esto socave el derecho de asilo por falta de aceptación, porque las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea digan que los solicitantes de asilo en realidad no buscan asilo, sino que lo que desean es inmigrar, para salvaguardar el concepto de asilo se requerirá un derecho de inmigración, armonizado en la medida de lo posible y no fraccionado en quince versiones distintas. 
Finalmente, para que esto sea operativo en el interior de la Unión Europea, es necesaria la seguridad acreditada de las fronteras exteriores de la Unión, dada la supresión de sus fronteras interiores. 
Yo tuve la oportunidad de observar en Italia la seguridad de las fronteras exteriores de la República Italiana, que refleja un gran compromiso y es altamente cualificada. 
Pude observar en el puerto de Nápoles la protección de las fronteras que realiza la guardia costera italiana. 
Todos son unos magníficos funcionarios y yo les pregunté: " ¿En calidad de qué consideran ustedes que actúan?» 
Se me quedaron mirando desconcertados sin entender mi pregunta. 
Entonces les aclaré: " ¿Son funcionarios italianos o funcionarios europeos?» 
¡Evidentemente, funcionarios italianos, sus colores son el verde, blanco y rojo! 
" ¡No tenemos nada que ver con Europa!» 
Ésa fue su respuesta. 
Sin embargo, esto no es cierto. 
Desde que Italia es miembro de pleno derecho del Grupo de Schengen y las fronteras entre Austria, Italia y Alemania permanecen abiertas, hemos constatado- ayer mismo ocurrió- que bandas de transporte ilegal atracan con sus barcos en la costa italiana, en el caso de ayer con alrededor de 800 kurdos a bordo cuyo destino no era Italia, sino otros países de la Unión Europea. 
¿Qué significa esto para los demás países de la Unión Europea? 
Significa que la frontera exterior italiana es la frontera alemana, que la frontera exterior italiana es la frontera sueca y también la francesa, o que la frontera entre Finlandia y Rusia también es la frontera de Italia, puesto que la persona que accede a la Unión Europea puede circular libremente una vez que un Estado miembro le concede la entrada. 
Actualmente la estructura que garantiza la seguridad de las fronteras exteriores es distinta en cada país. 
Esto no funcionará a la larga. 
Es decir que también es necesaria una armonización por lo que se refiere a la seguridad de las fronteras exteriores. 
La Sra. Zimmermann señala estas circunstancias en su informe. 
El programa ODYSSEUS de formación de los diferentes funcionarios nacionales es un aspecto importante. 
En efecto, cada funcionario concreto, el funcionario finlandés por ejemplo, debe comprender cuál es la relación entre su actividad y la de su colega italiano y viceversa. 
Sin embargo, a fin de cuentas no servirá de nada si no avanzamos hacia la comunitarización de los ámbitos en los que lo que necesita la Unión Europea no es una cooperación cada vez más estrecha, sino un Derecho propio. 
Éstos son aquellos que afectan a intereses específicos esenciales. 
La indicación de la colega Zimmermann en el sentido de que la armonización es ineludible en el contexto de los programas de formación constituye, por lo tanto, uno de los mensajes esenciales que debe transmitir el Parlamento con la presente resolución. 
Señor Schulz, no he interrumpido su enérgica intervención y le he permitido excederse en cuanto al tiempo y no le he interrumpido por otra razón más: debiera saber que estimo de manera especial el hecho que casi todos los colegas que se encuentran presentes en la sala son de los más asiduos cuando ocupo la presidencia. 
Esos son asuntos que debemos valorar y debo decirle que yo, personalmente, lo valoro mucho. 
Señor Presidente, Señorías, para empezar, en el informe se habla de la posible fusión de los programas ODYSSEUS y SHERLOCK. 
Una fusión de los mismos será sin duda sumamente difícil, incluso bajo los auspicios de la tecnología genética. Por lo tanto- aunque soy aficionado a las novelas policíacas inglesas- en adelante voy a referirme al programa ODYSSEUS, ya que efectivamente estamos viviendo una Odisea por lo que se refiere al derecho de asilo en la Unión Europea. 
Aun así, yo pienso que la Sra. Zimmermann nos ha indicado, de hecho, el buen camino, no con su intervención, pero sí con su excelente informe. 
Yo pienso que efectivamente es necesario garantizar el mantenimiento derecho de asilo mediante la formación de los funcionarios, mediante su capacitación. 
Dicho derecho de asilo sólo podrá mantenerse si se reducen y se impiden el abuso masivo del mismo y la inmigración ilegal. 
Por lo tanto, es de suma importancia que velemos por que, al igual que en la política monetaria se establecen criterios monetarios, también se adopten criterios de seguridad en el ámbito de la seguridad interior, tal como ya se está haciendo en parte en nuestras fronteras exteriores. 
El ejemplo de Austria demuestra que se cometió el error de proceder primero a la adhesión y sólo después se iniciaron los procesos de adaptación necesarios, actualmente en curso. 
Por consiguiente, con vistas a la futura ampliación a los Estados de la Europa central y oriental deberíamos conceder especial prioridad a una participación particularmente intensa de dichos Estados en los citados programas de formación desde el primer momento. 
Dichos Estados se están adaptando con grandes esfuerzos a las normas comunitarias en el ámbito de la política de interior y de justicia, pero lógicamente tienen que recuperar su retraso. 
Por consiguiente, ésta debería ser una de nuestras prioridades en relación con el programa plurianual. 
Debemos procurar- el Sr. Schulz lo ha expresado muy bien- que en la Unión Europea lleguemos a considerarnos como una sola unidad. 
España limita de hecho con Rusia. 
Desde esta perspectiva es significativo que en nombre de nuestro Grupo político hayan intervenido un representante del Estado miembro más meridional- España- y otro de la actual frontera oriental, personificado por mí. 
Tenemos que considerar si a la larga podemos dejar el control de nuestras fronteras exteriores en manos del Estado que en cada momento sea el más meridional o el más oriental, o si no sería posible adoptar medidas comunitarias, como por ejemplo la creación de una policía de fronteras europea, que incorpore y europeíce las experiencias positivas de la policía de fronteras federal alemana, por ejemplo. 
Por lo tanto, yo considero que el programa ODYSSEUS puede representar un primer paso en la dirección adecuada y quiero sumarme a la sugerencia del Sr. Schulz en el sentido de que en una próxima fase deberían adoptarse medidas comunes europeas. 
Señora Presidenta, el programa plurianual Odysseus se dirige en primer lugar a mejorar la cooperación práctica entre los que se ocupan del control fronterizo y de la política de asilo e inmigración en nuestros Estados miembros. 
Un control fronterizo y una política de asilo eficaces se determinan en cierto sentido por saber manejar los diferentes tipos de documentos. 
Por eso, el programa abarca también las iniciativas de mejora para poder detectar documentos falsos. 
En respuesta a la pregunta de la Sra. Van Dijk, no se puede decir de forma generalizada que en el momento en que se detectara un documento falso, cualquier solicitud de asilo se haría innecesaria. 
No me atrevo a hacer observaciones generalizadas acerca de esto porque, naturalmente, la política de asilo se hace y se aplica a los casos individuales. 
El ya existente programa Sherlock relacionado con los documentos falsos o falsificados, se incluirá en su totalidad en el programa Odysseus. 
La iniciativa está basada en unas acciones piloto muy exitosas que la Comisión llevó a cabo en 1996. Se trataba entonces sobre todo de la formación, de la formación complementaria y programas de intercambio de funcionarios entre los Estados miembros. 
En la evaluación de estas acciones se puso de manifiesto que este tipo de cooperación práctica es por lo menos tan importante como un mayor ajuste mutuo de la regulación. 
Esto no solamente es aplicable entre los quince Estados miembros, sino también a las relaciones con las nuevas democracias europeas. 
Estas experiencias han determinado en gran medida el diseño del programa. 
Odysseus se escalona en un período de cinco años y tiene un presupuesto de un total de 14 millones de ecus, y ya están incluídos los cinco millones de ecus que se habían destinado al programa Sherlock. 
La presidencia de Luxemburgo ha enviado el programa Odysseus al Parlamento Europeo para su consulta. 
La estimada parlamentaria, Sra. Zimmermann, señaló en su excelente informe unos asuntos muy importantes y me gustaría entrar en detalle en algunos de ellos. 
En lo respecta a la solicitud nº 12, estoy por ejemplo completamente de acuerdo con que se tiene que añadir una frase al artículo 7 de la propuesta en la que se menciona explícitamente la lucha contra la trata de seres humanos. 
La Comisión también está de acuerdo con que se ha de elaborar más el artículo 9 para dejar claro que ése es nuestro objetivo para mejorar el conocimiento del sistema institucional jurídico y administrativo de nuestros Estados miembros. 
El informe contiene también unas mejores de redacción que dejan más claro qué acciones según nuestra propuesta están comprendidas en el programa. 
Estas pueden ser adoptadas sin más. 
El informe de la Sra. Zimmermann también propone hacer referencia al Tratado de Amsterdam. 
En ese caso, esta observación ya se ha hecho, se tiene que dejar claro que el nuevo Tratado todavía no está en vigor. 
Por otra parte, estoy dispuesto a plantear esta cuestión en el Consejo de ministros. 
Como punto final, quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y a la ponente en particular, el excelente trabajo que han hecho con este informe. 
Ahora está claro, para posteriores discusiones con el Consejo, que el informe puede contar con mucho apoyo en el Parlamento Europeo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0327/97) de la Sra. Jöns, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el futuro del Fondo Social Europeo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, aunque el plazo de aplicación del reglamento del Fondo Social Europeo no expira hasta 1999, los preparativos para la adopción del nuevo reglamento ya están en plena marcha. 
La Comisión ha declarado que presentará sus propuestas en enero y quizá incluso en diciembre. 
Por consiguiente, si queremos que la Comisión conozca de antemano qué espera esta Cámara de un nuevo reglamento antes de adoptar su decisión, tenemos que comunicárselo ahora y no esperar hasta diciembre o enero. 
Esto explica también la insistencia de la Comisión de Asuntos Sociales y de mi Grupo político para que el informe por iniciativa propia se debatiera hoy y yo debo manifestar mi sincera satisfacción por el hecho de que entre todos lo hayamos conseguido, a pesar de las muchas dificultades técnicas con que nos hemos enfrentado. 
Lo que en estos momentos se debate no es " el ser o no ser» del Fondo Social Europeo. 
Su existencia no es objeto de discusión, sino que lo que se plantea es su adaptación a los cambios en el mercado laboral y la introducción de simplificaciones técnicas de procedimiento. 
Por lo tanto, no se trata de una reforma fundamental, sino más bien de una revisión del Fondo Social Europeo. 
Los puntos más importantes son los siguientes. Primero: pedimos que se mantengan las ayudas horizontales con cargo al Fondo Social Europeo. 
Esto es muy importante. 
Pero, además, también queremos ofrecer un mayor apoyo financiero a las regiones con un paro particularmente alto. 
En tercer lugar, pedimos que se mantenga ineludiblemente la estructura dual de intervención del Fondo Social, es decir, que se mantengan en el futuro las medidas encaminadas a mejorar a corto plazo las oportunidades de empleo de las personas en paro o susceptibles de perder el puesto de trabajo, mediante la adquisición de cualificaciones adaptadas al mercado de trabajo. 
Sin embargo, también pedimos- y esto es asimismo muy importante- que se concedan ayudas dirigidas específicamente a las personas amenazadas por la exclusión social. 
También éstas deben tener la oportunidad de conseguir un empleo a largo plazo. 
Pedimos, con total convencimiento, que también se mantengan en este contexto las medidas dirigidas a las mujeres y a los jóvenes sin empleo, las medidas para las personas minusválidas y para los parados de larga duración. 
En cuarto lugar, queremos finalmente que el Fondo Social responda a una exigencia totalmente nueva. 
Pedimos que se refuerce la ayuda a los parados y a las personas mayores de 45 años amenazadas por el paro. 
En efecto, sus cualificaciones han quedado desfasadas por regla general y, sobre todo, la mayoría de los sistemas nacionales ya no les ofrecen nuevas oportunidades de empleo. 
En este caso, en realidad se trata de colmar una nueva laguna con las medidas del Fondo Social. 
También nos preocupan los aspectos técnicos. 
Las críticas relativas al uso de los recursos del Fondo Social Europeo, los pagos y los elevados costes administrativos son bien conocidas, el Tribunal de Cuentas las plantea repetidamente. 
Por consiguiente, nosotros proponemos, en primer lugar, que se mejore el sistema de pagos. 
Para ello, los recursos del Fondo Social no deberían pagarse a los Estados miembros en tres fases como se ha hecho hasta ahora, sino en un único tramo anual. 
Esto simplificaría considerablemente la gestión. 
Pero, al mismo tiempo, los Estados miembros también deben garantizar, como es lógico, que efectivamente se simplificarán los procedimientos de pago y se reducirán los plazos para la transferencia de los fondos a los perceptores finales. 
En segundo lugar, proponemos un mecanismo de reparto que permita acabar con la necesidad de transferir continuamente de año en año los recursos no utilizados del Fondo Social. 
Es decir, que si al cumplirse el tercer y el sexto año del período de subvención se comprueba que la totalidad de los fondos no están comprometidos, se procederá a su redistribución. 
Lo cual significa que los fondos no utilizados se asignarán preferentemente primero a otras regiones del mismo Estado miembro, pero también podrán asignarse a otros Estados miembros. 
La percepción de estos fondos adicionales estará condicionada obviamente a que los perceptores ya hayan agotado sus propios recursos del Fondo Social y naturalmente también a que hayan desarrollado proyectos con un buen nivel cualitativo. 
Con objeto de que estos recursos adicionales puedan comprometerse rápidamente, pues sólo en tal caso tendrá sentido este mecanismo de redistribución, las regiones más desfavorecidas, esto es, las de nuestro Objetivo 1, podrán recibir subvenciones por un montante total de hasta un 90 % del proyecto, y las regiones restantes hasta un 70 % como máximo. 
Hablando claro, esto significa que quien no comprometa los recursos complementarios previstos se expondrá a futuras sanciones financieras, mientras que quien haga un uso razonable de los fondos, será recompensado. 
A nuestro parecer, esto debería cerrar en el futuro las puertas a los razonamientos en términos de reivindicaciones nacionales. 
En tercer lugar, consideramos que un período de siete años para las subvenciones es demasiado largo. 
En este sentido, proponemos que inicialmente se constituya una reserva con el 5 % de los recursos del Fondo Social. 
Dicha reserva sólo se utilizaría en los últimos tres años. 
Esto permitiría financiar la adecuación a las necesidades. 
Al mismo tiempo, también se contemplaría el uso a medio plazo de los recursos por parte de los Estados miembros. 
Finalmente, pedimos que se mejore la evaluación en todas las fases de la planificación y la ejecución, de manera que permita juzgar más objetivamente los proyectos. 
Sin embargo, todo resto sólo tendrá sentido si los Estados miembros aprueban a su debido tiempo los nuevos reglamentos de los Fondos Estructurales, incluido también el del Fondo Social. 
En efecto, la experiencia pasada nos indica que los Estados miembros en realidad necesitan un año para adaptar sus planes a los nuevos criterios de subvención. 
Si, en el peor de los casos, una vez más no se adoptase a tiempo el reglamento, proponemos que se establezca una prórroga por un período transitorio de un año. 
Señora Presidenta, Karin Jöns ha prestado un gran servicio a esta Asamblea. 
Ha sido un informe muy esclarecedor, que profundiza y detalla considerablemente diversos problemas y hace propuestas muy interesantes, concretas y en algunos casos nuevas para el futuro del Fondo. 
Por ejemplo, su última observación sobre una reserva y la retención de los fondos a quienes no apliquen bien la política de la Comunidad y su concesión a quienes sí que lo hagan es una medida cuya adopción debe considerar en serio la Comisión. 
Uno de los problemas en muchos de los debates en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se refiere a la gestión y la administración del Fondo. 
A veces es culpa de la Comisión, pero, la mayoría de las veces, se debe a lo que ocurre en los Estados miembros, en particular en Estados como Italia, en los que no parece haber una estructura regional idónea y hay toda clase de problemas por la inadecuada asignación de los fondos. 
De hecho, en el informe presentado esta semana por el Tribunal de Cuentas- es muy oportuno que estemos debatiéndolo esta semana -, se vuelven a señalar diversos sectores del Fondo Social por su deficiente ejecución. 
Italia, España y Portugal son tres Estados miembros que reciben una mención deshonrosa por el Tribunal. 
Así, pues, es muy importante que seamos más estrictos. 
Tenemos que mejorar nuestra administración del dinero de los contribuyentes de la Comunidad. 
El Fondo Social es una inversión en las personas. 
Muchos de los demás fondos- infraestructuras y demás- van destinados a industriales o a grandes empresas. 
En esos casos los ciudadanos tienen muy poca experiencia tangible del fondo, mientras que un joven que recibe formación y, gracias a ella, consigue un puesto de trabajo ve que el Fondo Social Europeo lo ha beneficiado. 
De modo que es, en realidad, un Fondo para las personas: es recursos humanos. 
Y no se trata sólo de los jóvenes: hay también muchos ciudadanos de edad avanzada de la Comunidad y, dadas las actuales tendencias demográficas, va a haber cada vez más. 
Por ejemplo, en 1992 el 32 % de la población de la Unión tenía mas de 45 años de edad; en 1996 había aumentado al 36 % y en el año 2015 será superior al 50 %. 
De modo que es importante que consideremos la formación de los trabajadores de edad avanzada, en particular cuando resulta que tenemos un mercado laboral flexible y las personas irán ocupando y abandonando diferentes puestos de trabajo. 
En el informe Karin Jöns se ha referido también a este problema de la adicionalidad. 
También se ha mencionado esta semana en el informe del Tribunal de Cuentas, en el que se declaraba que los Estados miembros no habían definido adecuadamente la adicionalidad o cofinanciación. 
Evidentemente, ése es otro sector que debe abordar la Comisión. 
El antiguo Comisario Millan estaba muy deseoso de hacer algo al respecto e inició una investigación sobre el Fondo Regional y otros fondos, pero se abandonó. 
La Comisión debe abordar de nuevo la adicionalidad y examinarla muy en serio. 
Padecemos ese recurrente problema de administración, que debemos solventar de una vez. 
Karin Jöns hace en este informe propuestas muy concretas y meditadas. 
Las recomiendo a la Asamblea y estoy totalmente seguro de que mañana las aprobaremos en la votación. 
Dice mucho a favor de la ponente que acudamos al Pleno con un informe sobre algo como el Fondo Social y sólo haya unas diez o doce enmiendas a todo el informe. Revela que ha convencido a la mayoría de sus colegas de la comisión. 
Muchas de ellas son enmiendas de aliño, por lo que creo que podrá aceptar la mayoría de ellas. 
Señora Presidenta, sentimos que un informe que ha supuesto un gran trabajo de análisis y de síntesis por parte de la ponente, haya sido sacrificado un poco en el debate. Nosotros, sin embargo, no subestimamos la influencia que nuestra contribución puede tener en este momento. 
Nuestro agradecimiento a la Sra. Jöns es inversamente proporcional tanto al momento como al tiempo que se nos concede para intervenir en el debate y, en consecuencia, es un profundo agradecimiento el que mostramos valorando tanto el informe como la disponibilidad para acoger algunas enmiendas. 
Ante todo deseo afirmar y confirmar que también nosotros reconocemos este papel estratégico del Fondo Social Europeo, un papel que el mismo desempeña y desempeñará respecto a los nuevos objetivos previstos en el Tratado de Amsterdam, así como en la próxima Cumbre sobre el empleo y, sobre todo, con respecto al drama del desempleo. 
La ponente dice acertada y claramente que son necesarios unos cambios. Esto, sin embargo, no puede impedir que reconozcamos el impacto positivo que este Fondo Social Europeo ha tenido sobre la integración, en particular, entre el sistema de formación y educación y el sistema de formación permanente; el mismo ha tenido un impacto notable en el sistema global de gestión de las políticas en materia de formación que se han fortalecido en nuestros países. 
Lo que, sin embargo, dice la ponente es lo siguiente: el futuro está en los cambios y estos cambios son los que precisa la situación económica, social y ocupacional, así como en la gestión del propio Fondo que debe ser más simplificada y rigurosa. 
El Fondo Social Europeo es el único fondo que representa una ventaja directa para las personas y se opone a la exclusión social y es la única línea directa, el único apoyo con el cual contamos para valorizar ese capital humano que nos puede permitir cuadrar el famoso círculo entre competitividad y garantías sociales. 
Por ello, el Fondo Social está obligado a la innovación, no puede ser relegado a una simple fuente financiera complementaria de otros fondos y debe mantener su característica de lugar de investigación y de innovación. 
Debe utilizarse, cosa que sucede tan sólo en parte, para fomentar nuevas ofertas y para apoyar nuevas formas de realizar la formación. 
Considero que el apartado 10 de su informe cumple realmente este objetivo y se hace cargo de estos nuevos aspectos; el mismo debe leerse, a mi entender, en el sentido de que para apoyar las políticas de empleo, no hay que limitarse a los cursos profesionales, sino que se deben fomentar y financiar formas de intervención en que los diferentes instrumentos deben utilizarse para alcanzar un objetivo específico. 
Con mucho realismo la ponente también se ocupa de los limitados recursos financieros y de su empleo específico, así como de la necesidad de utilizarlos de la mejor manera posible; aborda asimismo el tema de la simplificación burocrática, de la cofinanciación y sobre todo de la reasignación de los créditos; se prevé un procedimiento que tiene una tramitación y una rigurosidad propias. 
Conscientes del hecho de que este párrafo puede plantear problemas en algunos países, entre los que se encuentra el mío, habríamos preferido una nueva programación dentro del propio Estado. Así y todo, deseo manifestar que aprobamos dicho párrafo porque supone un acicate, puesto que si podemos hacernos cargo de las dificultades de una programación descentralizada que a veces es difícil en algunos Estados y debe ser valorada por lo que es, en cambio, ya no se puede aceptar que nos hagamos cargo de las incapacidades burocráticas ni de las incapacidades de planificación. 
Señora Presidenta, el mantenimiento del Fondo Social Europeo es muy importante para la cara social de la Unión Europea. 
Sin embargo, es necesaria una reforma fundamental de los Fondos estructurales. 
Particularmente, se ha de llevar a cabo una simplificación de los objetivos e iniciativas con unos procedimientos armonizados para los nuevos objetivos. 
Señor Comisario, es un placer poder hablarle en neerlandés, aunque tenga todavía puestos los auriculares, y me parece mucho más divertido que usted, como Comisario de Asuntos Exteriores, tenga que escuchar los asuntos interiores. 
Respaldo plenamente el informe Jöns y en el fondo es extraordinario que en el Parlamento haya tanto consenso. 
Pero es un informe equilibrado y competente con buenas propuestas para esa simplificación y eficacia del FSE. 
Aún se desprende de los informes del Tribunal de Cuentas que una gran parte del dinero disponible no se utiliza. 
Y en 1995 fueron unos 15 mil millones de florines. 
Aparte de esto, hay muchas quejas por la lenta transferencia de los créditos del Fondo Social Europeo a los beneficiarios finales. 
Por otra parte, colegas, Presidenta, Comisario, esto no depende solamente de la Unión Europea. En este caso, afortunadamente no es así. 
Se debe también muchas veces debido a que los Estados miembros no transfieran el dinero. Creo, por lo tanto, que es estupendo que se proponga en este informe que haya una simplificación en la ejecución de los pagos, por ejemplo mediante pagos anuales únicos, y que se reduzca el papaleo administrativo. 
Aparte de esto, debe incrementar el papel de las administraciones locales y regionales. 
Este Fondo se debe utilizar, y le pido a usted, Comisario, que lo transmita a su colega Flynn, en los nuevos desafíos que tenemos por toda Europa tales como las consecuencias de la sociedad de la información, los cambios en la industria, las formas laborales flexibles y similares. 
Ocurre todavía demasiado a menudo que los Estados miembros meten mano a la caja y también los Países Bajos lo hacen, yo mismo he estado implicado en la ejecución del Fondo Social Europeo como presidente de una junta regional de la oficina de empleo y entonces ves que se solucionan los problemas financieros nacionales a través de este Fondo, que se destina ese dinero a proyectos regulares de la enseñanza y que el dinero se emplea para compensar, por ejemplo, los recortes de una organización tal como una oficina de empleo. 
Le menciono estos ejemplos porque son los que mejor conozco, pero lo mismo ocurre en el Reino Unido, lo mismo ocurre en Alemania y creo que también está ocurriendo en Francia, aunque no dispongo de datos al respecto. 
O sea, creo que este Fondo se debe utilizar para lo que está ideado. 
Espero que este informe, que mañana será adoptado de forma muy unánime, tenga entonces un gran impacto en las reformas del Fondo y que usted se esfuerce por ellas. 
Señora Presidenta, ante todo yo quiero agradecer sinceramente el informe de la colega Jöns. 
El Grupo del PPE votó en contra de dicho informe en comisión. 
Entre tanto, se han eliminado o al menos matizado las discrepancias por medio de enmiendas de transacción. 
Aunque no me siento totalmente satisfecho, ahora parece posible que votemos afirmativamente el informe. 
Un aspecto que me incomoda, Sra. Jöns, es que ahora los porcentajes correspondientes a la reserva y a la parte subvencionada son distintos para el FSE y para el FEDER. 
Esto dificultará en el futuro el trabajo de la Comisión. 
No me parece conveniente que el Parlamento establezca unos criterios distintos para los dos Fondos. 
Yo creo que las tareas del FSE serán todavía más importantes y más amplias en el futuro. 
Hasta ahora, los resultados del FSE han sido en parte favorables, pero también ha habido una parte poco favorable. 
En cualquier caso, tengo que reconocer que resulta difícil juzgar y evaluar las medidas concretas. 
Aun así, a mi parecer, es necesario que en el futuro se evalúen mejor los resultados y que éstos se presenten antes, a fin de que sea posible extraer conclusiones inmediatas. 
La importancia futura del FSE sin duda se incrementará todavía más, no en último término como resultado de la progresiva globalización. 
Por consiguiente, yo abogo por una cofinanciación que permita incrementar los recursos, que en el fondo son demasiado reducidos para los 15 Estados miembros. 
Las subvenciones del 70 % y hasta del 90 % deben convertirse en una excepción, pues de lo contrario no podremos incrementar apreciablemente los recursos. 
Por último, yo quiero hacer hincapié en que el FSE no debe ocuparse únicamente de las aglomeraciones urbanas, sino también sobre todo de las zonas rurales y su población, pues de lo contrario yo creo que las zonas rurales seguirán despoblándose y ya sabemos cuál será el resultado. 
Las aglomeraciones urbanas aumentarán su población, con las consiguientes consecuencias- mayores costes, mayores dificultades -, que nosotros quisiéramos evitar en la medida de lo posible por medio del FSE. 
Señora Presidenta, permítame comenzar felicitando a la Sra. Jöns, también en nombre del colega Flynn, por su informe tan meditado y a la vez dirigido al futuro. 
Puedo decir en nombre de la Comisión que la Comisión está en gran medida de acuerdo con las opiniones de la Comisión de Asuntos Sociales acerca del fondo y esperamos que haya un diálogo constructivo dentro del Parlamento a medida que se avance en la reforma de los fondos estructurales. 
El Fondo Social Europeo se ha esforzado durante 40 años por un mercado laboral moderno y sano en Europa y hablando en general, quiero señalar de nuevo las tres tareas principales de ese fondo. 
En primer lugar, es un motor importante dentro de las regiones menos desarrolladas para la mejora de sistemas, para la enseñanza, la formación y la reconversión profesional. En otros lugares de la Unión, facilita a los Estados miembros la adaptación de su oferta laboral a las necesidades de la economía que cambian continuamente. 
Y en tercer lugar, pero no de menor importancia, es una muestra tangible de la atención que la Unión presta a las cuestiones de participación en la sociedad y de igualdad de oportunidades para todos. Son puntos en los que también se pone mucho énfasis en el proyecto de resolución. 
No cabe la menor duda de que el fondo se tiene que ocupar de estos objetivos también en el futuro, pero entonces en otro contexto. 
En la Agenda 2000 se recogen los nuevos desafíos a los que se enfrenta y no quiero volver a hablar de ellos hoy. 
Cuando colocamos el informe de la Sra. Jöns en la perspectiva que ha trazado la Comisión, vemos cuatro puntos fundamentales de acuerdo. 
En primer lugar, nuestro reconocimiento común de que se le concede un papel esencial al fondo a la hora de garantizar la vitalidad y la justicia de nuestro mercado laboral, o dicho de otra forma, a la hora de fomentar la cohesión tanto económica como social. 
La importancia de ese esfuerzo se pone de relieve con el trabajo que la Comisión ha realizado para la cumbre sobre el empleo que hoy tiene lugar en Luxemburgo. 
Pero también para la implementación de la estrategia de empleo europea y para las directrices de empleo que son una consecuencia de ese proceso. 
Esto tendrá consecuencias importantes para el Fondo Social Europeo en el período venidero. 
Pasamos a un segundo punto en común. Existe el reconocimiento que los retos aceptados por el fondo poseen una dimensión tanto horizontal como regional. 
La Sra. Jöns lo ha señalado también en su exposición oral. 
El fondo social europeo es la forma principal de apoyo que la Unión Europea presta a la política de empleo de los Estados miembros. 
Y en ese sentido funciona independientemente de cualquier contexto regional exclusivo. 
Los enfoques regionales integrados son necesarios pero eso no significa que haya que desvincular el fondo social europeo de su tarea principal: el apoyo a la reforma de las medidas y prácticas laborales de acuerdo con la estrategia europea de empleo y con las directrices anuales para el empleo. 
Los mecanismos que garanticen este papel horizontal en el próximo período de la programación, constituirán una parte esencial de los decretos en los que se regula la reforma. 
Un tercer punto en común es nuestra valoración común de que se debe mantener un componente fuerte, innovador y transnacional de nuestras actividades, en especial a través de la nueva generación de iniciativas comunitarias. 
Nos alegramos del apoyo específico a la nueva iniciativa referente a la igualdad de oportunidades y a la lucha contra la discriminación en el mercado laboral. 
Un cuarto punto de reconocimiento común es que hemos de agilizar y modernizar la manera en que trabaja el fondo. 
La agilización y la modernización tienen que ir emparejadas. 
Hay un doble desafío. 
En primer lugar: encontrar un equilibrio adecuado entre la prestación de los escasos recursos públicos a las autoridades implicadas de forma ágil, flexible, accesible pero también responsable. 
Y en segundo lugar, la creación de un sistema de asociación con los Estados miembros que traiga las ventajas de la subsidariedad y democracia a nivel local, regional, nacional y europeo, pero que suponga a la vez un valor añadido a través de la asociación europea. 
En nuestra opinión, los aspectos de esta nueva asociación deben ser los siguientes. En primer lugar: más énfasis en el desarrollo de la gestión donde la Comisión y los Estados miembros pueden aprovechar mejor las lecciones sobre la mejora de esta gestión, las lecciones del pasado. 
Y en segundo lugar, una definición nueva de la organización y de las responsabilidades financieras donde la Comisión se concentre en la cooperación con los Estados miembros dirigida a objetivos estratégicos, acordados con ellos en un acuerdo que sea vinculante para ambas partes. 
Esto significa que se cede más responsabilidad operativa y financiera a los Estados miembros y por ello es necesario, como garantía para los intereses de la Unión en su totalidad, que participe en los procesos de decisión una amplia gama de organizaciones sociales de los Estados miembros. 
Por último, quiero agradecer a la comisión de asuntos sociales y, en particular, a la Sra. Jöns por su apoyo a las líneas maestras de las propias propuestas de la Comisión. 
Como ya dije, hay por supuesto unos detalles sobre los cuales le gustaría a la Comisión discutir cuando lleguemos a la fase en que se preparen nuestras propuestas detalladas. 
Pero en general, creo que el informe es un importante primer paso hacia el desarrollo de una nueva visión del fondo social europeo para los primeros años del nuevo milenio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas) 
Aprobación del acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, con la mayor brevedad posible. 
Se trata, más que nada, del acta de anteayer. 
Ruego comprensión ya que para no molestar a nuestros colegas, el Sr. Pirker y yo mismo pasamos una nota escrita durante la votación diciendo que nuestros aparatos de voto no habían funcionado en la votación sobre la conferencia climática. 
Hice saber esta circunstancia. Se me dijo que había quedado registrada, pero no fue así. 
Pido que esto se aclare, ya que de lo contrario no podré solucionar en el futuro tales circunstancias de forma escrita, sino que deberé manifestarme, como hacen algunos colegas, de forma oral. Sin embargo esto supone un gasto de tiempo importante. 
Nos ocuparemos de esta rectificación, señor Posselt. 
) Señora Presidenta, no es sino con cierta tristeza que me pongo en pie esta mañana para hacer un comentario sobre el acta de ayer. 
Ayer intervine para referirme a una inexactitud con la que al parecer se había encontrado mi colega el Sr. Macartney, relativa a un error, según dice él, de traducción. 
Ayer afirmaba él que en la versión original de una enmienda había puesto las palabras "English Beef» , que habían sido traducidas a" Bristish Beef». 
Este lado de la Asamblea ha visto ahora el texto original que fue presentado por su grupo. 
Decía muy claramente " Bristish Beef». 
No sé si el Sr. Macartney será vegetariano a escondidas y está intentando prohibir toda la carne de vacuno británica, pero sospecho que en este caso le han pillado. 
La verdad, tendría que estar disculpándose ante la Asamblea por crear malentendidos y por ser ahorrativo con la verdad. 
Señora Presidenta, tampoco me produce ningún placer tener que responder a ese tipo de comentario. 
No soy vegetariano a escondidas, pero sí un poco lingüista. 
Tengo además mucho cuidado cuando firmo enmiendas que sé que estoy firmando. 
Los servicios de sesión pueden confirmar que en la enmienda original depositada por nuestro grupo se utilizaba el enunciado " viande anglaise». 
De lo que pasara posteriormente yo no soy responsable, pero lo hemos confirmado con el Sr. David Martin, que era entonces el presidente de la sala. 
Los servicios de sesión lo pueden confirmar. 
Espero que podamos poner fin a este asunto, que es bastante absurdo. 
Señor Macartney, estamos procediendo a la aprobación del Acta. 
Me dirijo también al Sr. Miller. 
Nos ocuparemos de que todas las declaraciones consten correctamente. 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
Señora Presidenta, sólo quiero hacer una pequeña aclaración relativa a mi informe. 
Aquellos que estuvieron presentes ayer tarde en el debate ya han oído por qué la Comisión no está preparada para aceptar, en esa forma, las enmiendas relativas al Tratado de Amsterdam adoptadas ahora por los democristianos. 
Quiero expresar claramente que mi grupo no ha votado a favor de esas enmiendas porque el tratado aun no ha sido ratificado y porque aun no podemos ocuparnos de él. 
Es una pena que hayan sido incluidas en el informe porque la mayoría así lo ha querido. 
Pero a eso nos tenemos que someter. Es sencillamente así. 
Sin embargo quisiera destacar de nuevo que mi grupo no puede aceptar que nos ocupemos de algo que todavía no ha entrado en vigor. 
Señora Presidenta, le he oído nombrar a algunas personas que van a dar explicaciones de voto, pero no se encuentran presentes. 
¿Puede usted comprobar si están presentes todas las personas cuyo nombre ha leído para que den explicaciones de voto? 
Si no, será una explicación de no voto. 
Tiene usted razón. 
El Sr. Vanhecke está presente, nos acaba de comunicar que haría su explicación de voto por escrito. 
El Sr. Lindqvist también nos ha comunicado que la haría por escrito. 
El Sr. Holm y el Sr. Wibe están presentes. 
Todos están presentes. 
¡Magnífico! 
Les felicito, ya que presentan su explicación de voto por escrito. 
Creo que la próxima vez la efectuarán oralmente para que todos vean que están presentes. 
Está bien que los problemas de refugio se resuelvan globalmente y que los refugiados puedan ser distribuidos en muchos países. 
Temo que una política común de refugio, asilo y visados en la UE pueda conducir al endurecimiento de la política de refugiados y a más altos muros hacia nuestro entorno. 
Tengo muchísimo miedo de que las exigencias que se ponen en la propuesta de enmienda 3 en el informe, es decir, que los Estados miembros vayan poco a poco instituyendo normas uniformes y armonizadas en materias de asilo, inmigración y traspaso de los límites externos de los Estados miembros, impliquen que la Unión Europea construya muros aún más altos contra su entorno y hagan aún más difícil para los refugiados políticos conseguir asilo en nuestros países. 
No estoy de acuerdo con la exigencia de que la UE, a través de peculiaridades supra nacionales, vaya a encargarse de materias de asilo e inmigración. 
Por el contrario, obviamente apoyo la cooperación entre estados en estas materias. 
El objetivo de este programa, promover la cooperación entre las autoridades responsables en los Estados miembros, es por eso digno de encomio. 
También es favorable que se amplíe la cooperación con los países de Europa Central y del Este. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0342/97) del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, relativo al proyecto de decisión del Consejo para la adhesión de la Comunidad Europea al Acuerdo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes para los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones (" Acuerdo Revisado de 1958» ) (9868/97- C4-0467/97-96/0006 (AVC) ). 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, el acuerdo tiene un nombre largo, pero se trata de un acuerdo modificado muy importante que esperamos poder aprobar en el día de hoy. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa les aconsejó aceptar la recomendación. 
Ya adoptamos el informe en noviembre del año pasado. 
A principios de enero el Consejo nos comunicó, sin embargo, que deseaba retirar su petición de voto para reelaborar la propuesta de la Comisión y presentarla de nuevo. 
El informe actualmente disponible es una versión mejorada. 
¿Sobre qué trata el acuerdo de 1958 de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas? 
En el año 1958 algunos de los estados representados en la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas concluyeron un acuerdo relativo a la adopción de unas condiciones uniformes para homologación de piezas de automóviles y accesorios. 
Se que nuestros colegas el Sres. Mombaur y Malangré celebran esto especialmente. 
Dicho de forma más precisa se trata del reconocimiento recíproco entre las partes contratantes de tipos de permisos para automóviles que serían diseñados conforme a esas normas. 
La propuesta de la Comisión prevé ahora que también la Comunidad Europea se convierta, junto a sus Estados Miembros, en parte de este acuerdo de Naciones Unidas. 
Encuentro esta circunstancia especialmente afortunada ya que significa que la Unión Europea participa cada vez en mayor medida en acuerdos internacionales y que actúa como una persona jurídica de pleno derecho. 
No obstante, por cuestiones jurídicas, es la Comunidad Europea y no la Unión Europea, la que debe ser parte del acuerdo, ya que la UE, a diferencia de la Comunidad, carece de esa personalidad jurídica internacional. 
El significado económico de un acuerdo de esta índole para la industria del automóvil está claro. 
Desde la conclusión del acuerdo se han aprobado más de 100 reglamentaciones específicas que comprenden a todos los accesorios y piezas de los automóviles. 
Una renegociación se hizo necesaria, entre otros motivos, por la consecución del mercado interior de la UE. 
Asimismo se hizo evidente, teniendo en cuenta el rápido desarrollo de la técnico de la industria automovilística y la creciente interdependencia comercial, la necesidad de un instrumento regulador reconocido internacionalmente. 
La propuesta actual se diferencia de la primera en tres puntos. 
En primer lugar el papel que van a seguir desarrollando los Estados miembros tras la adhesión la acuerdo de la CE es explicado detalladamente. 
En segundo lugar, como base jurídica adicional para la adhesión de la Comunidad Europea al acuerdo modificado se añade el artículo 100a. 
En tercer lugar a la proposición de decisión se le añade un anexo 3 que regula cuestiones concretas de la participación de los Estados miembros y la Comunidad en el acuerdo. 
Esta propuesta nos hace la votación aun más fácil que hace un año, ya que el anexo contiene la petición que, junto con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, hicimos para que este Parlamento sea informado puntualmente, con antelación a la presentación formal de las propuestas para la aprobación de la nueva regulación. 
Con ello el Parlamento podrá, en esa fase temprana, realizar cualesquiera peticiones. 
El comisario Bangemann accedió a tal procedimiento de información y fue garantizado por escrito. 
Además, el Sr. Bangemann cumple lo que promete. 
Esta concesión se convierte en parte del procedimiento jurídico y se revaloriza, con ello, su calidad. 
En relación con la recepción de la regulación el derecho comunitario debe ser empleado el procedimiento de codecisión y por tanto el voto favorable del Parlamento debe ser tenido en cuenta. 
En este caso nuestro derecho de influencia queda protegido, especialmente si se respeta el recién explicado procedimiento de información. 
El refuerzo de este acuerdo, a través de un procedimiento de decisión riguroso y la participación de la CE como parte, va a elevar considerablemente su importancia internacional. 
Otros importantes productores de automóviles acabarán, antes o después, por adherirse al acuerdo con ello mejorarán las posibilidades de distribución para la economía europea y el mercado mundial. 
Vamos a votar un acuerdo que es tanto necesario como provechoso para Europa. 
Señora Presidenta, estoy agradecido al ponente por darnos la explicación técnica que hay detrás de este informe. 
La recomendación parte de una cosa reconocida: que hacía falta un conjunto de normas internacionales extensamente reconocidas en el campo de la homologación de vehículos. 
Creemos que si nuestro objetivo es universalizar no sólo el mercado de todo tipo de mercancías, deberíamos fomentar que el trabajo se comparta a nivel internacional en beneficio de las economías más pobres y de nosotros mismos. 
Pero queremos también la universalización de los derechos humanos, de los valores sociales y del respeto del medio ambiente. 
Por lo tanto, nos interesa mantener este proceso en funcionamiento por medio de unas estructuras jurídicas internacionalmente vinculantes a fin de desarrollar la confianza, fiabilidad y transparencia de los factores económicos y el respeto mutuo en todo el mundo. 
De ahí que apoyemos este informe. 
He de decir que después de algunas reservas iniciales, el ponente me ha convencido de que el Parlamento tiene un lugar asegurado en todo el plan, y estoy agradecido por el trabajo que ha hecho el Sr. Kittelman para ello. 
Sólo espero que su confianza dé sus frutos en los meses y años venideros. 
Señora Presidenta, este Acuerdo que se remonta al año 1958, podría parecer algo obsoleto, sin embargo, gracias a las modificaciones que nuestro ponente y la Comisión han aportado al mismo, sin duda, podemos aprobarlo y reconocer que el mismo sigue siendo actual. 
La prueba nos la ofrece la aplicación que ha tenido a lo largo de este tiempo, ya que se han adoptado más de cien reglamentos específicos y nunca han surgido grandes problemas. 
Deseo subrayar la importancia que reviste este Acuerdo modificado para la industria del automóvil europea y el empleo. 
En la competencia global entre fabricantes de automóviles, en particular entre fabricantes europeos y americanos, con vistas a la penetración comercial en los nuevos mercados emergentes, la adopción de normas técnicas uniformes y comunes para los vehículos, de hecho, es muy necesaria, sobre todo porque permite definir los parámetros de cara a una competencia buena y equilibrada; sabemos asimismo lo mucho que es necesaria esta disciplina en otros campos. 
Hay que tener en cuenta asimismo que la adhesión de la Unión Europea al Acuerdo modificado de 1958 podría inducir a algunos países, por ejemplo, Japón, Corea, China, Sudáfrica, India, países emergentes y competidores del futuro que declararon su interés o incluso su intención de adherir a dicho acuerdo, a dar el paso definitivo, pero a darlo en la dirección que nosotros preconizamos. 
Por último, desde esta perspectiva, la adhesión de la Unión Europea al Acuerdo modificado es de vital importancia para la industria del automóvil europea que ha constituido una serie de joint-ventures en muchos países emergentes. 
La adhesión, en efecto, consentirá un más rápido proceso de adopción de toda la materia, pero sobre todo permitirá a la industria del automóvil europea no ceder el paso, como en otros sectores, a la invasión de la industria americana. 
Señora Presidenta, estimado colega, imagínese que es usted un fabricante de automóviles y que se esfuerza por que aprueben un nuevo modelo de automóvil. 
Sigamos suponiendo que se trata, desde su punto de vista, de un modelo muy comercial, a pesar de que quizá no pueda conseguir pasar, en algunos aspectos de seguridad el test del alce. 
La adhesión de la CE al acuerdo CEPE sería para usted un regalo del cielo. 
Cito la posición de la Comisión de Política Industrial: " a través de la adhesión de la UE se reduciría considerablemente el ámbito del procedimiento de codecisión en aspectos sensibles de la legislación sobre seguridad y medio ambiente». 
Y continúa: " la UE cedería su competencia legislativa a una institución que actúa sobre una base jurídica más débil». 
Cito ahora al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos: " el tratado de la CE establece un nivel de protección de los consumidores y el medio ambiente lo más alto posible, mientras que el acuerdo de la CEPE carece de previsiones de ese tipo». 
Sería un mal chiste pensar que en la recta final del procedimiento, el PE pudiera evitar con su votación, es decir con un simple si o no, una autorización de circulación sobre la base de un estándar menos exigente, ya que le faltaría para tener una posición sustancial el resorte fundamental, en concreto, la codecisión. 
Para no dejar de tener en cuenta la opinión de las diferentes comisiones, la Comisión se ha obligado a informar confiadamente al PE. 
Es este un gesto amable, todo hay que decirlo. 
Pero, ¿por qué aparece el conflicto precisamente en relación con el medio ambiente y la seguridad? 
La adhesión de la CE responde a la lógica de acceder más rápida y fácilmente a los mercados y obligar a otros países a adherirse también a la CEPE. 
¿Por qué encarecer entonces el precio de la entrada? 
Y yo propongo que no mordamos primero la manzana podrida y luego esperar tiempos mejores. 
En lugar de esto, deberíamos exigir a las autoridades competentes que, en principio, acometan una reforma del procedimiento de la CEPE relativa a lo ecológico, lo social y lo técnico en materia de seguridad y después podremos hablar de una adhesión al ECE. 
Seguro que en tal caso no nos opondremos a ello. 
¡Espero que ahora no nos vengan con el test del elefante! 
Señora Presidenta, antes de nada quiero decir algo sobre el procedimiento de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, en la que el pasado 21 de octubre se votó precipitadamente sobre este informe. 
Que se abstuvieran seis de los catorce miembros presentes, muestra el gran descontento de muchos con la forma de proceder. 
Un día laborable antes de la reunión se añadió el informe a la agenda y esa agenda cambiada no les llegó a los miembros hasta el día de la reunión. 
Sólo en la reunión misma se disponía del informe. 
No fueron posibles por lo tanto ni un debate de fondo, ni con mucho una valoración sopesada. 
Esta forma de proceder no se ha de repetir. 
Todo esto no quita nuestra estima por el trabajo del ponente. 
Estamos de acuerdo con él que por diversos motivos es importante que la CE se adhiera al acuerdo ECE. 
El comercio internacional creciente y el aumento de la competitividad de la industria automovilística japonesa y coreana demandan una oportunidad justa para la industria europea. 
Se puede fomentar la exportación desde los países de la CE eliminando los obstáculos técnicos. 
La adhesión mundial a este acuerdo es muy deseable, sobre todo los Estados Unidos deberían participar. 
A pesar de la opción de los EEUU de " self-certification» , espero que la Comisión Europea siga esforzándose por la adhesión de este país y de otros países. 
Ahora que se ha completado el mercado interno, es aún más importante que se armonicen la regulación comunitaria y los reglamentos del ECE. 
Queremos pedir que la CE se esfuerce por incorporar el buen nivel comunitario de protección al reglamento del ECE al máximo posible. 
Nos alegramos de que el riesgo parezca alejado, que la adhesión al ECE bajara ese nivel de protección. 
Ahora que el Consejo ha incorporado el artículo 100A a sus fundamentos jurídicos, confiamos en que se garanticen la sanidad pública, la seguridad y la protección del medio ambiente. 
La CE puede encargarse de ello porque tiene provisionalmente una mayoría absoluta en la toma de decisiones del ECE y también después de la progresiva ampliación mantendrá una minoría de bloqueo. 
Esperamos que la adhesión conduzca a que se equilibre la representación de intereses. 
Tanto los intereses del hábitat, de los consumidores y de la seguridad vial, como los de los fabricantes de coches pueden tomarse en cuenta en los Estados miembros. 
El planteamiento comunitario tiene la ventaja de que los intereses de las industrias automovilísticas nacionales no conduzcan unilateralmente a una rebaja del nivel de protección. 
En lo que respecta a los aspectos internos de la adhesión, la posición del Parlamento Europeo es interesante. 
Mientras que el Parlamento Europeo tiene actualmente todavía el derecho de codecisión en cuanto a la normativa de equipamiento y a la aprobación de vehículos de ruedas, esto se sustituirá después de la adhesión por un procedimiento de aprobación para nuevos reglamentos del ECE. 
A nuestro modo de ver, el control parlamentario queda garantizado con ello. 
Ahora que se ha prometido además que se mantendrá al tanto al Parlamento Europeo por medio del procedimiento modus-vivendi, compartimos la conclusión del ponente de que también después de la adhesión al acuerdo ECE, la implicación del Parlamento Europeo está garantizada. 
Estoy menos tranquilo respecto a la implicación de los Estados miembros. 
Compartimos la crítica del Consejo a la pretensión de la Comisión Europea de ser el portavoz en todas las fases de las negociaciones del ECE. 
¿Es cierto que según la decisión del Consejo, la Comisión Europea actuará en nombre de la CE, mientras que los Estados miembros pueden expresarse en los grupos de expertos? 
La adhesión a este acuerdo pone de relieve que las competencias de la CE pueden llegar muy lejos en el ámbito internacional. 
El ponente lo ha sometido con razón al principio de subsidiariedad, en el que tiene mucho peso la globalización creciente del comercio y de las inversiones. 
Estamos de acuerdo con él en que en este caso la actuación en conjunto de los Estados miembros en el ámbito del ECE tiene un claro valor añadido. 
Señora Presidenta, antes que nada la Comisión desea felicitar al ponente, Sr. Kittellmann, por su excelente informe sobre una propuesta de decisión. 
El informe hace un análisis detallado del contenido y de los procedimientos internos a seguir, a partir del momento en que la Comunidad Europea se convierte en parte contratante de este Acuerdo. 
Desde el punto de vista político y económico, quiero subrayar simplemente la creciente importancia de la potenciación de la armonización internacional, no sólo por lo que se refiere a la industria, sino también por lo que atañe a la opinión de los consumidores. 
Considero que, desde esta óptica, los colegas que han expresado algunas preocupaciones en este Pleno, encontrarán en este instrumento una garantía adicional, porque creo que sólo la armonización multilateral puede asegurar un elemento de garantía ulterior en un mercado global tan acusado. 
El punto que la Comisión quiere precisar, pero que fue abordado en detalle por el ponente, Sr. Kittelmann, afecta a los procedimientos y es un aspecto que ha planteado ciertas dudas en este Pleno. 
Para ser más concretos, la Comisión desea reiterar que, antes de votar a favor de la aprobación de una propuesta de reglamento o de una propuesta de enmienda, la Comunidad deberá solicitar el dictamen conforme del Parlamento Europeo en el caso de nuevos reglamentos o de reglamentos ya existentes que se adapten al progreso técnico, así como someter a tiempo las propuestas de enmienda al Parlamento Europeo con objeto de seguir los procedimientos en vigor a nivel de comitología. 
Asimismo, la Comisión informará al Parlamento Europeo en todos las fases del procedimiento, en particular en lo referente a la elaboración del programa de trabajo y el desarrollo de los trabajos previos. 
En los sectores sensibles como el de los agentes contaminantes y de las emisiones de ruido, el Consejo y la Comisión acordaron, en el contexto de una declaración que consta en las actas del Consejo, que la adopción de medidas en estos sectores deberá tener lugar a escala comunitaria, con arreglo a lo que disponen los artículos 100 A y 189 B y que, sólo después de haber cumplido dichos trámites, se iniciará el procedimiento para la aprobación de una enmienda a un reglamento. 
En este sentido, la Comisión ha pretendido garantizar que el Parlamento intervenga en todos los trámites del procedimiento y reciba información de forma completa y correcta. 
De cualquier modo, todos los participantes deberán contribuir a fin de que estos procedimientos puedan tramitarse de forma eficaz. 
Desde este punto de vista, creo que la Comisión, a través del cambio evidente- que es un aspecto jurídico- de la codecisión a otras formas de cooperación- ya que es lo que requiere este tipo de acuerdos- ha mostrado su interés por la participación del Parlamento Europeo, en particular en lo referente a las materias sensibles que, por lo que respecta a mis relaciones institucionales, atañen a los consumidores y las emisiones contaminantes y de ruido. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación del informe del Sr. Kittelmann. 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Producción cinematográfica y audiovisual 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las seis preguntas orales siguientes: 
B4-0902/97 de la Sra. Guinebertière, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre el Fondo de Garantía para el fomento de la producción cinematográfica y audiovisual; -B4-0903/97 del Sr. Monfils y de la Sra. Ryynanen, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la creación de un Fondo de Garantía; -B4-0904/97 de la Sra. Pailler, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el Fondo de Garantía para el fomento de la producción cinematográfica y audiovisual; -B4-0905/97 de la Sra. Leperre-Verrier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el Fondo de Garantía para el fomento de la producción cinematográfica y audiovisual; -B4-0906/97 del Sr. Ripa di Meana, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el Fondo de Garantía para el fomento de la producción cinematográfica y audiovisual; -B4-0907/97 de la Sra. Pack y de los Sres. Pex y Perry, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el Fondo de Garantía para el fomento de la producción cinematográfica y audiovisual. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, como recordará, el Parlamento Europeo se había pronunciado, el 22 de octubre de 1996, en favor de la creación de un Fondo de Garantía para el fomento de la producción cinematográfica y audiovisual. 
Este instrumento financiero estaba destinado a incitar a los bancos y a los órganos que financian este sector a que incrementasen sus intervenciones en pro de la producción cinematográfica, a través de la concesión de una garantía parcial a los préstamos que el mismo otorgaría a los productores. 
Durante la Presidencia irlandesa, el Consejo del 16 de diciembre no había aceptado la propuesta- a pesar de que recogía la idea de una fase experimental de cinco años -, apoyándose en el estudio del Fondo Europeo de Inversiones, que ofrecía garantías para la gestión de dicho Fondo. 
El Consejo sobre Cultura, durante la Presidencia luxemburguesa, debe volver a examinar, el 24 de noviembre, una propuesta de compromiso. 
Como ponente en el Parlamento de este expediente, he podido evaluar las previsiones de los profesionales tanto en el ámbito de la industria audiovisual como en el sector financiero. 
El efecto " catalizador» del Fondo de Garantía permitiría no sólo el desarrollo de un mayor número de producciones, sino también la realización de catálogos, cuyo consumo se está incrementando debido al desarrollo del mercado de los nuevos servicios. 
Todas las cifras que analizamos en este ámbito contribuyen a demostrar dos circunstancias. 
La primera es que el desarrollo de numerosos canales y la utilización de la transmisión de imágenes digitales aumentan constantemente- y sobre todo en Europa -, según las previsiones para el período 1995/2005. 
El crecimiento de los ingresos globales del sector está estimado en una media superior al 69 %. 
Y las películas son una parte importante de un sector industrial que se extiende día a día, sobre todo en el campo de la formación, la educación, la información, el comercio, etcétera. 
Existe, por tanto, una expansión extremadamente fuerte del consumo de estos productos. 
La segunda constatación consiste en que el déficit financiero que presentan los intercambios culturales audiovisuales entre la Unión y los Estados Unidos de Norteamérica alcanza hoy la cifra de 6 millardos de dólares, con un balance negativo para la Unión, lo que, desgraciadamente, representa 250.000 puestos de trabajo. 
En el momento de la reunión en la Cumbre de Luxemburgo, en el momento en que todos los Estados consideran vergonzosa su tasa de desempleo, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos- todos, políticos y responsables- a fin de dotar a dicho sector de los medios para generar estos nuevos puestos de trabajo, que a menudo pertenecen al campo de la alta tecnología. 
Sé que la Comisión, como el Parlamento, es muy sensible a este argumento, y que es consciente de este filón potencial de empleo. 
Le pido, entonces, que nos ayude frente al Consejo, ya que creo que juntos podríamos recorrer un buen tramo del camino. Este instrumento completaría las herramientas de la política audiovisual europea, que ya ha permitido, junto con la Directiva " Televisión sin fronteras» y el programa MEDIA, estructurar la profesión, y que se traduce por un aumento permanente de la demanda de productos cinematográficos. 
Así pues, doy las gracias a la Comisión por el apoyo que puede darnos en este asunto. 
Señora Presidenta, como lo ha dicho mi estimada colega, la Sra. Guinebertière, el Fondo de Garantía no es una novedad en el Parlamento Europeo. 
Su creación, en efecto, se propuso hace más de un año y el sistema es a la vez simple, poco oneroso, pero- como también se ha dicho -, extremadamente útil para el desarrollo de la producción audiovisual. 
Puesto que muy a menudo la cultura está vinculada a la economía, es el momento de demostrar que se puede pasar de las palabras a los hechos. 
En la medida en que la industria cultural es generadora de puestos de trabajo- hecho que desde hace mucho tiempo está comprobado -, es lógico incitar al sector privado a emplearse a fondo. 
Pero como cada producto audiovisual constituye un prototipo, los poderes públicos deben asumir sus responsabilidades corriendo con una parte de los riesgos de la ayuda al cine. 
No obstante, el cine no sólo representa puestos de trabajo, es también la expresión artística de nuestras convergencias y de nuestras diversidades, a la par que constituye un potente incentivo en el ámbito de la política cultural. 
Impulsar la ayuda a nuestro cine significa permitir a nuestros ciudadanos que vean en sus salas o en las cadenas de televisión el reflejo de sus identidades propias, en lugar de someterse constantemente a la alienación de una cultura venida de fuera. 
Por eso considero que el Fondo de Garantía es una herramienta suplementaria particularmente necesaria para el desarrollo de la creación cinematográfica europea. 
Señora Presidenta, los Estados no han querido que Amsterdam desempeñara un mayor papel en el ámbito cultural, y para muchos diputados el artículo 128 es particularmente insuficiente. 
Los ministros de Cultura tienen hoy la oportunidad de corregir en parte este error dando luz verde al nacimiento del Fondo de Garantía. 
Señora Presidenta, en 1988 el déficit de los intercambios culturales (cine, televisión, vídeo) de la Unión Europea con los Estados Unidos era de 2, 1 millardos de dólares. 
En efecto, la fuerte expansión del sector audiovisual en Europa, con la creación de nuevas cadenas, beneficia esencialmente a los Estados Unidos. 
El porcentaje de películas norteamericanas exhibidas en las salas Europeas continúa progresando, para alcanzar el 80 %. 
Estas cifras demuestran claramente que los Estados Unidos han valorado la importante baza que representa el cine y el ámbito audiovisual desde el punto de vista comercial y político. 
Frente a la dominación norteamericana, la Unión Europea debe luchar, por una parte, para frenar el flujo de producciones norteamericanas y, por otra, para defender y desarrollar sus propias producciones cinematográficas y audiovisuales. 
Se trata de una verdadera apuesta en el terreno de la civilización. 
Gracias a la movilización de los profesionales de la cultura, que habíamos relevado en nuestra Asamblea, habíamos logrado imponer en las negociaciones del GATT el principio de la excepción cultural, que reconocía que las obras culturales no eran mercancías. 
La defensa de este principio mantiene, más que nunca, su vigencia. 
Éste ha de defenderse en las actuales negociaciones del acuerdo multilateral sobre las inversiones, en el marco de la OCDE, de cuyo seno hay que excluir el cine, el ámbito audiovisual y la propiedad intelectual, y también a través de la creación y la promoción de instrumentos jurídicos y financieros adecuados y eficaces. 
Al completar el programa MEDIA, el Fondo de Garantía, a pesar de sus limitaciones reglamentarias y de sus carencias financieras, puede efectivamente contribuir a impulsar la producción y la distribución de obras culturales originarias de los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo había aprobado el 22 de octubre de 1996 la propuesta de la Comisión, tras reforzarla a través de numerosas enmiendas. 
Lamento que el Consejo aún no haya logrado un acuerdo, debido a la oposición de algunos Estados miembros. 
El objetivo esencial de nuestro debate y de la resolución presentada por nuestro Grupo es dar una enérgica señal al Consejo de Ministros de Cultura para que en su reunión del 24 de noviembre se alcance un acuerdo. 
El hecho de tomar en consideración las recientes propuestas de la Federación europea de realizadores audiovisuales podría permitir desbloquear la situación. 
Al aprobar este Fondo de Garantía, el Consejo expresará su voluntad de defender la cultura de los países de Europa y resistir a la dominación económica y cultural de los Estados Unidos. 
Señora Presidenta, dentro de unos días el Consejo sobre Cultura deberá tomar una decisión con respecto a la creación de un Fondo de Garantía para el fomento de la producción audiovisual. 
La cuestión no es del todo nueva, ya que desde 1996 el Consejo bloquea esta decisión, a pesar de ser fundamental. 
Hoy esperamos que el Consejo traduzca, por fin, sus palabras en actos. 
Me explico. 
En el momento en que, por primera vez, los Estados de la Unión se reúnen para definir una estrategia común para el empleo, conviene recordar que el mercado audiovisual está en plena expansión. 
El mismo representa un filón potencial de más de dos millones de puestos de trabajo. 
Por otro lado, se trata de un sector puntero, situado en el centro de los grandes cambios tecnológicos: el paso al sistema digital, el 16/9º, imponen el desarrollo de una industria de programas dinámica, si no queremos ir nuevamente a remolque de los Estados Unidos y poner en peligro nuestra identidad cultural. 
En este sentido, debemos constatar que estos norteamericanos, cuya invasión cultural- con razón- tanto tememos, han sabido desarrollar una industria audiovisual que, desde el punto de vista de exportación, resulta más importante que las industrias del automóvil y de los productos farmacéuticos juntas. 
En Europa soñaríamos con una situación similar. 
Este Fondo de Garantía, al actuar como un verdadero estárter, permitiría estimular esta inversión en un sector de riesgo, pero- debemos subrayar- sin gravar, a la larga, el presupuesto de la Unión. 
Resulta tanto más lamentable constatar estos bloqueos, por cuantos la reducción de la dotación presupuestaria del programa MEDIA II debía ser compensada por la creación de este Fondo. 
Una vez más, es la producción audiovisual europea la que perderá, y puede incluso decirse que es nuevamente víctima de la regla de la unanimidad en el Consejo. 
Señora Presidenta, una solicitud y dos preguntas. 
Pedimos que se garantice que el Fondo no privilegie las grandes producciones y fomente sobre todo las coproducciones para los productores de los países cuyo ámbito lingüístico es reducido, difundiéndolas así entre los ciudadanos de la Unión Europea. 
Y formulamos dos preguntas a la Comisión. 
¿Está al corriente del texto de compromiso de la Presidencia luxemburguesa y, en caso afirmativo, cuál es su posición al respecto? 
Por último, ¿cuál es la previsión que puede hacer por lo que se refiere al desarrollo del Consejo de Cultura del día 24 de noviembre que, finalmente, podría alcanzar un acuerdo sobre la creación del Fondo? 
Señora Presidenta, al preparar mi intervención para el debate de hoy, releía ayer el notable informe de la Sra. Guinebertière, elaborado hace ya casi un año, así como una conferencia pronunciada recientemente por el comisario Ortega, en Munich. 
Cuando uno se interesa por este problema, no puede menos que sorprenderse por algunas cifras que demuestran la importancia de la situación. 
Varios oradores han hablado de ello. 
En Europa tenemos la suerte de poseer el mayor mercado audiovisual en expansión del mundo, y estas perspectivas de expansión casi se duplicarán en los diez próximos años. 
Pero, por otra parte, constatamos que- a pesar de dedicarnos a realizar un gran mercado y que de las diez multinacionales de la comunicación mundialmente más importantes cuatro son europeas -, por el momento, el porcentaje de ingresos de las empresas europeas en su propio mercado ni siquiera representa la tercera parte del total de los ingresos del sector audiovisual. 
Esto quiere decir que las empresas extranjeras, en nuestro propio mercado, perciben las dos terceras partes de los ingresos. 
En materia de empleo, la situación es, desgraciadamente, más grave de lo que ha dicho la Sra. Guinebertière, ya que ella sólo se refería a la repercusión anual del déficit comercial. 
Si se compara el empleo en los Estados Unidos, en el conjunto del sector audiovisual, que totaliza más de 2, 6 millones de trabajadores, con el de la Comunidad Europea, que sólo alcanza 1.800.000, nuestro déficit en el sector cultural asciende prácticamente a un millón de puestos de trabajo. 
Por esta razón, pienso que nuestra incitación de hoy al Consejo tiene un gran alcance. 
Yo no soy de los que piensan, como una oradora anterior, que lo mejor es la excepción cultural. 
Me alegra comprobar, por otra parte, que algunos oradores, de lengua diferente del francés, hayan tomado la palabra, porque no quisiera que la cultura se asimilara simplemente a la lengua francesa. 
Tampoco soy de los que piensan que la lógica de las cuotas y de las producciones, para sustituir producciones europeas mediocres por producciones norteamericanas mediocres, sea lo mejor. 
Pienso que el futuro del ámbito audiovisual europeo se basa en la calidad, ya que ello representa inversión, y la inversión debe estimularse. 
El mecanismo del Fondo de Garantía es extraordinariamente simple y eficaz. 
Una dotación de base modesta, préstamos o garantías de acuerdo con las condiciones del mercado- o sea, que no se trata de un mecanismo burocrático nefasto- constituyen un estímulo considerable. 
Los profesionales del sector piden este Fondo de Garantía, la Comisión lo ha propuesto, el Parlamento lo apoya, siguiendo el impulso de la Sra. Guinebertière. 
Ya sólo falta que el Consejo lo decida, y en particular, en el seno del Consejo, un Estado. 
Que este Estado, que es el paladín del liberalismo, escuche hoy la voz de aquellos que desean el desarrollo de Europa, y diga " sí» el 24 de noviembre. 
Señora Presidenta, estimados colegas, fui ponente del Libro Verde para el Fortalecimiento de la Industria Audiovisual en Europa, y de esto hace ya algún tiempo. 
Nos hemos enfrentado a la tarea esencialmente con tres instrumentos, que debían haber producido ese fortalecimiento, en concreto, con la directiva de televisión, que entretanto ha sido parada, con el programa MEDIA-2, que está en el buen camino, y con el fondo de garantía europeo, que no prospera porque es bloqueado por el Consejo. 
Sin embargo ese sería un importante presupuesto para conseguir capacidad de competir y de mercado frente a la competencia extranjera. 
No podemos seguir aceptando la subvención de pequeños, aunque buenos productos artísticos, porque en su mayoría nunca acceden a las salas de cine ni son emitidas por ninguna cadena de televisión. 
En Alemania sólo una de cada dos películas llega a ser exhibida en un cine. 
Ni siquiera se proyectan en pequeños cines de programa. 
Este es el inconveniente de una subvención errónea, y por ello es especialmente lamentable, según tengo entendido, que sea precisamente Alemania quien ejerce el bloqueo en el Consejo. 
Espero encarecidamente que se consiga aprovechar la experiencia de directores, productores, banqueros, institutos de medios y, también y no en último lugar, la de las fundaciones cinematográficas y que se alcance una decisión distinta de las tomadas hasta la fecha. 
Sólo de este modo será posible aprovechar las oportunidades, que ya han sido aquí descritas, para hacer avanzar al gran cine, naturalmente y sobre todo en la forma de coproducciones, lo que, por otra parte, viene siendo habitual. 
Tendremos una película, cuando ésta sea competitiva y en coproducción con la televisión. Éste es un mercado creciente. 
En los EE.UU. es muy habitual la inversión de capital de riesgo. 
Aquí, desgraciadamente, no. 
Hemos querido paliar esa insuficiencia con el fondo de garantía, pero si queremos convertir las buenas intenciones en realidad, entonces tendrá que llegar el momento en que también el fondo de garantía se convierta en una realidad. 
Espero que en este aspecto la Comisión pueda en este aspecto ejercer algo de presión. 
Señora Presidenta, estimados colegas, creo que en este caso debemos presentar una argumentación precisa. 
De hecho, se trata de desarrollar un sector que es importante para el futuro, tanto desde el punto de vista económico como desde su capacidad para mostrar lo que diferencia a la Unión Europea de otros grandes bloques existentes en el mundo: su diversidad, su pluralidad y su creatividad. 
Por ello es importante que en el fondo de garantía se tengan en cuenta las lenguas minoritarias y las pequeñas producciones. 
Las pequeñas producciones, Sra. Junker, no tienen porqué estar reñidas con el mercado, esto debe ser inmediatamente desechado. 
Naturalmente que es necesaria la coproducción y naturalmente que es necesaria la subvención y naturalmente que es necesario el fondo de garantía, ya que es el instrumento que, ahora, después de que muchas otras decisiones hayan sido rechazadas, es probablemente realizable y efectivo. 
Creo también que todos deberíamos dirigirnos a aquellos Estados miembros que, como Alemania, se aposentan en la casita del freno. 
No es tolerable que un país crea encontrarse a la cabeza del desarrollo europeo y, a la vez, bloquee todos los dossiers. Política de empleo, política audiovisual, podría alargar la lista. 
Esto tiene que ser superado. 
Señora Presidenta, al igual que el Sr. Deprez, yo también he vuelto a leer el informe que había elaborado la Sra. Guinebertière el año pasado, y desearía recoger una frase que yo no sabría expresar mejor: " una alternativa a la visión que Hollywood ofrece del mundo».. 
Comparto plenamente esta manera de exponer el problema y me asocio a todas las peticiones de desbloqueo del proyecto de Fondo de Garantía que han presentado diferentes oradores; pero, si me permiten, querría hablar en función de la política general, porque muy a menudo se olvida que el ámbito cultural es quizá el terreno preferente para hacer hincapié en lo político. 
Entre nosotros, tenemos por costumbre decir que nuestro proyecto europeo se basa, con referencia al pasado, en una historia y en unas tradiciones comunes; es verdad. 
También es verdad en el presente, con respecto a una base de valores comunes que, precisamente, ha forjado esta historia. 
Pero, con miras al futuro, debemos decir que la creación literaria, cinematográfica, artística, audiovisual, es ciertamente la herramienta prospectiva más importante de este horizonte que denominamos " humanismo europeo». 
Considero que el problema es aún más vasto y quizá tiene que ver con la crisis de valores del universalismo progresivamente corrompido. 
Puesto que no pienso que la democracia se deje reducir a una vaga ideología de los derechos del hombre. 
No pienso que el liberalismo político sea simplemente un materialismo sin principios. 
No creo que el intercambio internacional se reduzca a una globalización que desprecia a las personas, y no creo que el universalismo pueda resumirse en la uniformidad. 
La pérdida del sentido de los valores del universalismo está directamente ligada al origen de la ascensión de lo que hay que calificar- a falta de palabras más apropiadas- de "identidarismo» , de" etnicismo» , de " tribalismo» y de religiosidad profundamente medieval. 
Cuando hayamos abdicado totalmente frente al flujo mundial de una seudo cultura, colmada de capacidades financieras sin precedentes, fortalecida por herramientas de comunicación convertidas en medios imperiales, empobrecida por su propia victoria, cuando, al final, el liberalismo más desenfrenado nos habrá hecho libres de elegir entre Pepsi y Coca, no deberemos sorprendernos si vemos millones de seres humanos buscando un porvenir diferente a través de la afirmación violenta de su identidad. 
La Sra. Ainardi ha hablado de apuesta en el terreno de la civilización. 
Creo, en efecto, que la lucha que queda esencialmente por librar en defensa de la singularidad y de la diversidad europea constituye uno de los aspectos modernos del combate que la civilización libra contra la barbarie. 
Les comunico que he recibido siete propuestas de resolución, presentadas en virtud del apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señora Presidenta, no voy a ir por el camino de la espiritualidad que ha seguido el último orador. 
Simplemente quiero decir a la Sra. Guinebertière, también por mi parte- yo que provengo de un mundo anglosajón y que declaro mi interés en el tema por llevar 35 años trabajando en el sector audiovisual -: " adelante, Sra. Guinebertière». 
No debe usted nunca, nunca, darse por vencida en esto. 
Quiero decir por qué. 
No es porque crea que esta propuesta carece de peligros y dificultades. 
La reticencia que han expresado algunos países en el Consejo- por supuesto que mi país es uno de ellos- responde al hecho de que se tiene miedo de derrochar. 
Se tiene miedo de que un círculo exclusivista de élites culturales se apropiara de este dinero e hiciera películas que no vería nadie. 
Es algo que rechazo completamente. 
Creo que si efectivamente se reúne un fondo de garantía deberá ser en colaboración ente el sector privado y el público, deberá basarse en préstamos y no en subvenciones a fondo perdido y deberá basarse en un proceso que permita controlar y rendir cuentas a lo largo de un periodo de cinco años. 
Veamos después si funciona o no. 
En mi opinión sí funcionará y lo digo basándome en propia experiencia en la televisión y la industria cinematográfica. 
Muchas películas de pequeña escala, no tanto en el mundo anglófono como en los países más pequeños de Europa, sencillamente no llegan a despegar, a pesar del inmenso impacto cultural que tendrían, a causa de las dificultades de financiación. 
No pueden atraer las inversiones necesarias. 
Los bancos, con una larga historia de reticencia y escepticismo en este terreno, no se meten en este tipo de inversiones. 
La única forma en que se les puede animar es si ellos mismos pudieran contar con algún tipo de garantía secundaria. 
La finalidad del fondo de garantía consiste precisamente en esto. 
Cualquiera de nosotros que tenga pasión por la calidad en este ámbito debiera aceptar que con la gran proliferación de televisiones en el futuro, el alimento básico de las mismas deberá ser el mercado secundario de películas, las cuales se harán en número creciente. 
De otro modo presenciaremos una vuelta de la televisión basura, como el reflujo de un sistema de alcantarillado, que afectará también a la industria cinematográfica. 
Quisiera oír expresar a la Comisión, si está rotundamente con nosotros, la opinión que ha expresado el Parlamento y que ha expresado la Comisión de Cultura en la materia, no sólo a lo largo de los últimos meses, sino durante años, cualquiera que pueda ser el bloqueo en el Consejo. 
Señora Presidenta, durante todo este período, la Comisión- como el Parlamento muy bien sabe- ha desempeñado su papel en el proceso que ha seguido esta propuesta. 
El Fondo de Garantía al que se refiere esta última fue dotado primeramente con un presupuesto de 90 millones de ecus. 
Posteriormente, la proposición se topó con las peores resistencias en el seno de la otra institución comunitaria, hasta tal punto que la propuesta de compromiso procedente de la Presidencia irlandesa, de 60 millones de ecus, ni siquiera tuvo la suerte de ser aprobada por unanimidad. 
Actualmente, para responder a la pregunta del Sr. Ripa Di Meana, la Presidencia luxemburguesa nos propone un nuevo compromiso, de 30 millones de ecus, lo que constituye, de hecho, el mínimo denominador común, pero que, al menos, según la Comisión, tiene el mérito de ser coherente en el sentido de que esta reducción de la dotación financiera- a pesar de todo, importante- corresponde a una limitación de las intervenciones en el sector cinematográfico y en las producciones de presupuestos reducidos y medios. 
Este es, de hecho, el empujón que se quiere dar, habida cuenta que son justamente las producciones poco onerosas, o sea, las coproducciones de presupuestos reducidos y medios, las que no tienen posibilidad de acceso a los créditos financieros del mercado privado. 
Por otra parte, como el Parlamento muy bien sabe, el Banco Europeo de Inversiones no puede financiar estos presupuestos reducidos y medios, puesto que el límite mínimo de los créditos que concede es de 25 millones de ecus. 
En este sentido, se trata, por tanto, de algo totalmente diferente. 
Dicho esto, la Comisión comparte con el Parlamento no sólo la preocupación por el aspecto cultural y por la importancia de una diversificación de la cultura, sino también la preocupación por el empleo. 
Además, quizá no sea una casualidad; quizá sea una suerte que discutamos este informe cuando tiene lugar una gran cumbre en Luxemburgo, justamente sobre el empleo. 
Entre todos los datos que han mencionado aquí los colegas diputados, desearía subrayar uno de ellos. En los años 1990 el ámbito audiovisual norteamericano generó más puestos de trabajo que las industrias automovilísticas, hoteleras y farmacéuticas juntas. 
Por todas estas razones, pues, junto con todos los demás datos, muy interesantes, que los diputados han subrayado, la Comisión va a ejercer toda la presión posible, en el Consejo del lunes próximo, para que este mínimo común denominador pueda finalmente ser aprobado. 
El Sr. Elchlepp tiene una pregunta para la Comisión. 
Señora Presidenta, aun quisiera dirigirle una pregunta a la Sra. Comisaria. 
Si se deben recuperar, a través de la mejora de la calidad, cuotas de mercado del mercado europeo cinematográfico para los europeos, teniendo en cuenta que hemos oído hoy las magnitudes que se manejan, ¿cree usted que 30 millones pueden provocar un cambio de tendencia? 
Desde un punto de vista financiero, ¿no se trataría, dadas las magnitudes, de una especie de coartada? 
¿Cuáles son sus experiencias, cuáles son sus valoraciones? 
Comprendo la preocupación del Sr. Diputado. 
En efecto, la propuesta inicial de la Comisión alcanzaba los 90 millones de ecus. 
Eso no impide que nos encontremos en una situación en la cual, con 30 millones de ecus- es decir, con unos campos de aplicación limitados a los presupuestos reducidos y medios -, es posible lanzar la iniciativa, de considerarla como un primer impulso por el hecho de permitir, al menos, dar un paso. 
En este sentido, se trata del típico problema de saber si la botella está medio vacía o medio llena, y puede pensarse, en cierto sentido, que no vale la pena. 
La Comisión considera, en cambio, que aun cuando el presupuesto sea reducido, el hecho es importante porque permite dar un paso y proporciona, al menos, un elemento impulsor con miras- esperemos que así sea- a una próxima iniciativa más adecuada en el importante ámbito audiovisual. 
Aprobamos el enérgico apoyo de la Comisión y de la Sra. Bonino, y le damos las gracias por ello. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Se procede a la votación. Se somete a votación una propuesta de resolución común de siete grupos políticos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Pesca en el Antártico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0315/97) de la Sra. McKenna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen determinadas medidas de conservación y de control aplicables a las actividades de pesca en el Antártico y por el que se sustituye el Reglamento (CE) nº 2113/96 de 25 de octubre de 1996 (COM (97) 0213- C40285/97-97/0135 (CNS) ). 
Señora Presidenta, la Comisión para la conservación de la fauna y flora marinas del Antártico (CCAMLR) , es un órgano de gestión, responsable de las actividades de pesca en el océano Antártico, a excepción de los mamíferos marinos. 
La Comisión que está integrada también por 7 Estados miembros de la Unión Europea, se reunió el 21 de octubre y continuó sus trabajos hasta el 2 de noviembre en Hobarth en Australia y durante los mismos se tomaron decisiones sobre la base de las propuestas formuladas por la propia comisión. 
Las medidas de gestión, aplicables en el ámbito de la CCAMLR, fueron objeto de algunas modificaciones, entre las cuales cabe destacar la modificación de las cuotas relativas a las actividades de pesca existentes y las nuevas actividades de pesca. 
Fueron asimismo introducidas numerosas pequeñas modificaciones relativas al procedimiento de la Unión Europea para autorizar una actividad de pesca, la mejora de la actividad de control, las condiciones de los sistemas de eliminación de los vertidos plásticos de los buques de pesca y la descripción técnica de las artes de pesca con palangre para evitar la captura accidental de aves marinas, en particular, albatros. 
Muchas de las decisiones adoptadas a lo largo de la reunión se refieren a la apertura de 9 nuevas actividades de pesca y afectan principalmente al tooth fish, la merluza austral. 
La Comisión para la conservación de la fauna y flora marinas del Antártico está orgullosa de su ética de conservación y de su apoyo a un enfoque preventivo y prevé unos trámites que deben cumplirse antes de la entrega de la licencia para una nueva actividad de pesca. 
Sólo después de la aprobación de la CCAMLR y de la fijación del total admisible de capturas (TAC) es posible practicar la actividad de pesca. 
A lo largo de este año, sin embargo, se propuso la apertura simultánea de numerosas actividades de pesca en varias zonas próximas al continente Antártico. 
Teniendo en cuenta la considerable cantidad de pesca ilegal y su progresivo aumento, algunos miembros de la CCAMLR recomendaron la adopción de una actitud de mayor cautela en el momento de examinar las solicitudes. 
Durante este año, el Comité científico ha recomendado por lo que respecta a estas nuevas actividades de pesca la autorización de unos TAC significativos, cuyos volúmenes son del orden de las 1.980 o 2.200 toneladas según las zonas. 
Otra modificación importante afecta al TAC de merluza austral alrededor de las islas Hear y McDonald que aumentó 12 veces pasando de 297 a 3.800 toneladas. 
Por lo que se refiere a la fijación del TAC, el enfoque seguido por la CCAMLR en 1996, a nuestro entender, no parece inspirado en criterios de prevención; más bien resulta evidente que la organización se encuentra sometida a crecientes presiones para autorizar la pesca antes de proceder a rigurosos análisis científicos y de haber puesto a punto adecuadas medidas de control. 
La pesca ilegal es, sin duda, el principal problema abordado por la CCAMLR. 
Representa, en efecto, una grave amenaza tanto para los recursos pesqueros, sobre todo y actualmente para la merluza austral, como para la propia credibilidad de la comisión. 
La pesca ilegal asume varias formas: buques de pesca autorizados para pescar, pero que cometen infracciones; buques con bandera de un país miembro de la CCAMLR que practican su actividad sin licencia de pesca y que cometen así una infracción grave y, por último, buques con bandera de países no miembros de la CCAMLR que pescan sin límites. 
La Unión Europea está interesada en las actividades tanto de los buques de sus Estados miembros como de los buques de pabellón de otros países, pero que pertenecen a sociedades de la Unión Europea. 
La situación es tan grave que según estimaciones creíbles el total de las capturas ilegales podría ser igual o incluso superior al de las capturas autorizadas. 
Habida cuenta de que en el resto del mundo los recursos sufren un agotamiento cada vez más ostensible, es muy probable que una parte siempre mayor de la actividad pesquera se concentre en el océano Antártico. 
La situación además se agrava por el elevado precio recomendado para la merluza austral. 
Durante muchos años, la CCAMLR ha sido capaz de poner en práctica los principios propugnados. 
Sin embargo, para resolver la crisis actual del sector pesquero que se registra en otras zonas y que se caracteriza por el agotamiento de los recursos, la CCAMLR necesitará espíritu de cooperación y determinación, ya que la situación convierte en inevitable en un próximo futuro la adopción de decisiones mucho más severas que las aprobadas durante la reunión de 1996. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a mi viejo amigo Ripa di Meana por su presentación de esta mañana. Suscita una cuestión muy interesante sobre el procedimiento parlamentario. 
Se supone que el ponente debe representar a la comisión responsable del informe y aquí tenemos al Sr. Ripa di Meana representando a una ponente que no ha pedido a la propia comisión que encuentre un sustituto. 
No está bien que un partido político presente un informe en nombre de una comisión parlamentaria cuando debiera haber otro representante de la propia comisión. 
¿Podría la Presidencia aclarar esta regla en un momento dado? 
Señor Provan, considero que existen numerosos precedentes. 
Y si las formas exigidas no han sido respetadas, nos ocuparemos de que en lo sucesivo lo sean. 
Dicho esto, usted conoce muy bien la existencia de numerosos precedentes, sobre todo en relación con informes que se someten los viernes por la mañana y respecto a los cuales se plantean problemas, ya que el ponente no puede estar presente. 
Señora Presidenta, siento mucho que la Sra. McKenna no esté hoy aquí, porque me hubiera gustado felicitarla personalmente por su clarísimo informe sobre medidas de conservación y control de la pesca en el Antártico y el papel desempeado por la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos del Antártico. 
Ella pone de relieve el papel de este organismo en la gestión de los recursos pesqueros del Antártico y en la adopción de un mandato ecológico. 
También subraya los problemas para hacer respetar sus normas en aguas tan lejanas, disponiendo de pocos recursos para vigilar o controlar. 
Los cambios propuestos por la CCAMLR consisten en el aumento de las cuotas pesqueras de varias especies en diversos emplazamientos y nuevas pesquerías también en varios emplazamientos, especialmente por lo que se refiere a la nototenia negra en varios lugares y la práctica duplicación del krill en el Océano Índico sudoriental. 
El Reino Unido se beneficiará del aumento de la cuota del calamar alrededor de Georgia del Sur. 
Estos enormes incrementos del total autorizado de capturas suscitan interrogantes sobre hasta qué punto la CCAMLR ha respondido exclusivamente a las peticiones de aumento de las cuotas por parte de las naciones pesqueras y hasta qué punto ha observado sus propios criterios de análisis científico riguroso y de medidas de control antes de abrir nuevas pesquerías. 
Los buques de pesca pertenecientes a la Unión Europea son partes interesadas, tanto los que navegan con su propio pabellón como los que lo hacen con pabellones de terceros países. 
A medida que se agotan los recursos pesqueros más cercanos a Europa, los pescadores de la Comunidad van buscando cada vez más lejos nuevas áreas de pesca que explotar, como el Antártico. 
El elevado precio de la nototenia negra estimula aún más esta tendencia de pescar en zonas en las que son difíciles los controles. 
Algunos países están más dispuestos que otros a cooperar con la CCAMLR en lo que a vigilancia y control se refiere. 
El Partido de los Socialistas Europeos acoge con satisfacción y apoya las enmiendas de la comisión parlamentaria en las que se subraya la necesidad de una base ecológica en la gestión de los recursos pesqueros en el Océano Antártico y de que todas las naciones que pescan en la zona se responsabilicen de controlar a sus propios buques y sus capturas. 
Señora Presidenta, la actividad pesquera en aguas tan alejadas de nosotros como son las antárticas constituye desgraciadamente un buen ejemplo de la facilidad con la que nos olvidamos del impacto ecológico de la pesca. 
En el informe de la Sra. McKenna se describen principalmente los peligros que corren las aves marinas a causa de las artes de pesca. 
Se cree que uno de los motivos para explicar el peligro de extinción de las aves marinas es el hecho de que éstas se quedan atrapadas en estas artes. 
Los pesqueros palangreros sí que cuentan con instrucciones específicas cuyo cumplimiento evitaría los daños a la población de aves marinas, pero ya es harina de otro costal lograr que se respeten estas instrucciones. 
No hay ninguna medida de orden jurídico en este ámbito. 
Existen informes científicos elaborados por expertos, si bien, por lo que parece, no pueden utilizarse en los procedimientos penales contra las embarcaciones que han violado las disposiciones legales; e igualmente ineficaces resultan los medios existentes en la lucha contra la pesca ilegal. 
Esta es la norma común que se desprende de los acuerdos de pesca: siguen sin ser aceptables los procedimientos del Consejo y de la Comisión con motivo de la renovación de dichos acuerdos. 
El Consejo establece y la Comisión aplica decisiones de carácter económico sin escuchar la opinión de la otra autoridad presupuestaria. 
La Comisión de Presupuestos y el Parlamento Europeo han mostrado en numerosas ocasiones su oposición a este tipo de procedimientos. 
Las negociaciones acerca de la renovación de los protocolos deberían emprenderse con tiempo, a fin de permitir al Parlamento Europeo expresar debidamente su opinión al respecto. 
Todavía cabe señalar que, ya que la UE destina cientos de millones al año a distintos acuerdos pesqueros- aunque sean solamente unos pocos países meridionales los que se benefician de ellos -, creo que no está fuera de lugar preguntarse cuál es la relación entre el elevado precio y el provecho que se obtiene, cuando se comparan las posibilidades de pesca con el coste de las ayudas económicas que se pagan con cargo a los fondos comunitarios. 
Señora Presidenta, este año, en febrero, tuve el privilegio de ir a Nueva Zelanda a observar una parte de la gestión de las pesquerías que allí se realiza con gran éxito. 
Mientras me encontraba allí, tuve ocasión de conocer indirectamente a la nototenia negra porque en aquel momento hubo en Isla del Sur un desembarque por valor de varios millones de dólares neozelandeses, la captura más valiosa jamás desembarcada en aquellas islas. 
Se estaba vendiendo a más o menos 2.000 ecus por tonelada. 
Formaba parte de un proceso que comenzó el año pasado de gran afluencia de importantes flotas pesqueras a la zona meridional y del Antártico en busca sobre todo de esta especie, la cual se ha puesto de moda en las mesas del Lejano Oriente, Japón en particular. 
Es una especie de pescado que tiene un ciclo de vida muy largo y cuyos recursos, una vez se hayan agotado, no se recuperarán, si es que se recuperan, en muchos años. 
El resultado es la destrucción de otra especie en la Antártida y sus aguas, cuyo ecosistema es muy frágil y donde, irónicamente, el mundo ha decidido conservar los recursos en tierra pero aún no ha tomado decisiones similares sobre los mares. 
La CCAMLR es una organización que tiene una misión excelente desde todos los puntos de vista, sobre todo el medioambiental. 
Sin embargo, como ya han dicho los oradores, hay grandes dificultades en este área. 
En primer lugar, es una zona muy amplia de mar y océano. 
La CCAMLR no tiene, en efecto, ningún poder real fuera de las ZEE de las islas dispersas, muchas de las cuales están bajo la soberanía de naciones de la Unión Europea. 
Hay pocos controles incluso dentro. 
Sudáfrica, Francia, las Islas Británicas u otras naciones tiene muchas dificultades para controlar la pesca dentro de sus propias zonas económicas exclusivas. 
Está también el continuo problema en los océanos del mundo de los pabellones de conveniencia: buques que están pescando mucho a su conveniencia y para su propio provecho económico bajo el pabellón de algún país que ejerce escaso control en cuanto la pesca que se realiza. 
Creo que hay una serie de soluciones que se pueden empezar a aplicar aquí. 
No va a ser fácil, pero hay algunas que podrían adoptarse ahora mismo. 
En primer lugar, tenemos que conseguir que la CCAMLR incremente sus poderes de ejecución y observación. 
Aunque la organización NAFO del Atlántico Norte dista mucho de ser perfecta, al menos tiene competencias fuera de las ZEE: poderes de observación, ejecución e inspección que podrían usarse igualmente en el Océano Antártico. 
También habría que insistir en tener observadores en todos esos buques para garantizar que se respeten los TAC. 
De hecho, habría que actuar no sólo sobre los TAC sino también sobre las cuotas pesqueras para evitar que se produzca la carrera por la pesca que tenemos aquí en nuestras propias aguas. 
Tendría que haber un control por satélite. 
Y habría que actuar con firmeza con los pabellones de conveniencia. 
Querría preguntar a la Sra. Comisaria, puesto que muchos signatarios de la CCAMLR, junto con la propia UE, son naciones europeas, si podríamos adoptar en este tema una postura radical para garantizar que no sólo esté protegida la masa terrestre de la Antártida, sino la adopción de medidas muy estrictas para proteger el propio medio marino del Océano Antártico. 
Únicamente de este modo salvaremos no sólo a la nototenia negra sino a cualquier otra especie que se ponga de moda en las mesas de Tokio y América del Norte o incluso también en Bruselas. 
Éste es tema muy serio. 
Doy gracias a la ponente por un excelente informe y pido a la Sra. Comisaria que se asegure de que sus representantes en las futuras reuniones de la CCAMLR tengan esto como prioridad máxima. 
Señora Presidenta, permítame, en primer lugar, dirigirle algunas palabras al Sr. Ripa di Meana, de quien sabemos tiene una actitud muy ecológica frente a este tipo de cuestiones. 
Por eso mismo quedé algo decepcionado porque este informe haya sido acometido estrictamente desde el punto de vista de los números y no se haya hablado de contingentes. 
Creo que el informe se ocupa de un tema sensible, ya que no podemos olvidar que tanto el ártico como el antártico, además de las selvas, como siempre indica el Sr. KreisslDörfler, son elementos esenciales para el mantenimiento del equilibrio ecológico de este mundo. 
La Comisión, gracias a Dios, a comenzado lentamente a regular, en relación con la extracción de recursos marinos vivos, las capturas en el ártico desde un punto de vista ciertamente ecológico. 
No debemos olvidar que cuanto más nos alejamos del ecuador, hacia el norte o hacia el sur, menor es la capacidad de regeneración de la naturaleza. 
Cualquiera que haya estado en el ártico o el antártico y haya visto como cadáveres de peces y otros cadáveres pueden yacer años enteros antes de descomponerse, cualquiera que haya visto circular un vehículo por allí, cualquiera que haya visto una lata de aceite en el suelo, que permanecerá inmutable durante decenios, sabe que estamos hablando de un tema muy sensible y no un tema del que se pueda pasar así como así. 
Todas las cuestiones tratadas, en especial la de las capturas pesqueras ilegales, son de gran importancia para nosotros. 
Aquí habría que hacer todo lo posible por echar el cerrojo desde el principio, aunque sepamos que es muy difícil. 
Por este motivo celebro que el informe y las propuestas de la Comisión establezcan un proceder relativamente estricto. 
Desearía que a las palabras le siguieran los hechos. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que el debate en curso, sobre el que quisiera hacer unas puntualizaciones, merece que se actualicen algunos datos. 
El informe sometido a debate se refiere, en efecto, a las medidas adoptadas en 1996; como se ha mencionado en este Pleno, desde entonces se celebró una nueva reunión, habida cuenta de que los procedimientos de la CCAMLR se examinan cada año y, en consecuencia, es interesante no sólo analizar las conclusiones de la reunión celebrada en el año 1996, sino quizás también poner al día los diputados acerca de las decisiones adoptadas en 1997, que me parecen elementos positivos de cara a las preocupaciones aquí manifestadas. 
Iré por orden: con relación a la pesca ilegal, este año por primera vez, la CCAMLR aceptó una propuesta de la Comisión relativa a los buques de los países no contratantes, consistente en la obligación por parte de los buques que hayan sido vistos practicando actividades de pesca en la zona a someterse a inspecciones en los puertos de las partes contratantes de la CCAMLR, en el caso en que los mismos intentaran desembarcar sus capturas. 
Ésta es una de las medidas posibles, también para llegar a conocer la entidad de la pesca ilegal, de cuyo volumen, como es obvio, no tenemos pruebas fehacientes. 
Esta nueva medida obligatoria, por lo tanto, puede servir no sólo como medida disuasoria, sino también para ayudarnos a evaluar el alcance del fenómeno de la pesca ilegal, un fenómeno cuya existencia todo el mundo reconoce. 
En el caso de que los buques no puedan demostrar que sus capturas no proceden de la zona de la CCAMLR, se prohibirán el desembarco y el transbordo de las capturas en todos los puertos de las partes contratantes. 
Se aprobó, asimismo, como resolución de la CCAMLR, una propuesta de la Comisión sobre el control por satélite. 
A lo mejor esto causará algún problema técnico, sin embargo, se aceptó como propuesta de la Comisión a través de una resolución. 
Además de ésta, se aprobaron dos propuestas más de la Comisión relativas a iniciativas en materia de procedimiento ya adoptadas en el ámbito de la NAFO- como recordó el Sr. Teverson- en particular por lo que se refiere a la red de observadores y a la red de inspectores embarcados. 
Sigue habiendo, no obstante, un problema: el número de inspectores es muy limitado, por razones incluso meteorológicas, si queremos decirlo así, o por razones técnicas de todo tipo, sin embargo, se incluyó y existe en la CCAMLR un plan realizable para observadores e inspectores. 
Ahora habrá que instar a las partes contratantes a que pongan en práctica dicho plan que se ha convertido en realizable. 
En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Ripa di Meana, la Comisión desea subrayar que las medidas adoptadas por la CCAMLR en la reunión de este año son plena y totalmente conformes a la opinión del Comité Científico. 
Éste fue un gran problema al que todos hicimos frente antes de la reunión de la Comisión, a pesar de que las opiniones de los Comités Científicos fueron tomadas plenamente en cuenta y reflejan, mejor de lo que esperábamos, el enfoque preventivo propugnado por la Comunidad y que en la reunión del año pasado se desarrolló sólo parcialmente. 
Por todo ello, consideramos que, sin duda, y como sabemos, alcanzar lo mejor en las actividades de pesca es siempre posible y deseable. 
Así y todo, la Comisión desea reiterar que la última reunión de la CCAMLR presentó aspectos positivos respecto a los países que tienen grandes intereses en materia de pesca en esa zona y que, evidentemente, mostraban una postura más resistente. 
Señora Bonino, le doy las gracias por su intervención. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Pesca frente a las costas de Guinea Bissau, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Cabo Verde 
Señor Presidente, voy a centrarme en el informe referido al acuerdo entre la Unión Europea y Guinea Bissau para el período comprendido entre junio de 1997 y junio del año 2001. 
Quiero empezar por una valoración del mismo. 
Estamos ante un acuerdo positivo que se enmarca en la filosofía de los acuerdos pesqueros de la Unión. 
Tenemos en Europa un mercado comunitario que es deficitario en pescado, por lo que los acuerdos pesqueros contribuyen a equilibrar el consumo respecto a los recursos propios. 
Pero, por otro lado, los acuerdos aportan unas posibilidades de pesca a una flota- la comunitaria- que tiene una capacidad superior a los propios recursos existentes en las aguas comunitarias. 
Desde este punto de vista, los acuerdos pesqueros aportan también una alternativa económica a la flota pesquera comunitaria y contribuyen de forma importante al mantenimiento de puestos de trabajo directos e indirectos, lo cual es importante en un momento en el que se está celebrando una Cumbre sobre el empleo en Luxemburgo, en un momento en el que estamos haciendo un esfuerzo para orientar todas las políticas comunitarias hacia la creación de empleo. 
Y por otro lado, sirve también de alternativa económica a regiones y comunidades locales que tienen dificultades reales para la diversificación de su tejido económico, por lo que se asegura la supervivencia de las mismas. 
Y todo ello lo consiguen los acuerdos pesqueros a un precio relativamente poco costoso para las arcas comunitarias si lo comparamos con lo que se dedica del presupuesto europeo a otras áreas de actividad económica, sin olvidar, además, que estos acuerdos contribuyen en muchas ocasiones a acciones de cooperación al desarrollo con las comunidades locales en las que se explotan estos recursos pesqueros. 
Todo ello, claro está, con una filosofía de explotación respetuosa con la conservación de estos propios recursos. 
En este sentido, el acuerdo que hoy vamos a aprobar se ajusta a estas condiciones. 
Y entrando en los puntos concretos del mismo cabría hacer hincapié en varios aspectos. 
En primer lugar, que las posibilidades de pesca se adaptan al grado de utilización real de las que fueron negociadas en el protocolo precedente. 
Así, los arrastreros camaroneros tienen ahora una capacidad de 9.600 TRB/año, en lugar de los 8.800 anteriores. 
Y en el caso de los arrastreros dedicados a la pesca de cefalópodos disminuyen su tonelaje de registro bruto de 4.000 a 3.000 TRB/año. 
Todo ello, coherente con los porcentajes de utilización anteriores. 
El acuerdo además prevé que si el estado de los recursos lo permite, las posibilidades de pesca en los segmentos antes citados puedan incrementarse con un aumento de la compensación financiera lógicamente proporcional al incremento de capturas. 
En lo que respecta a los atuneros, las posibilidades de pesca se incrementan sensiblemente de 26 a 37 barcos de cerco y desde 16 hasta 52 cañeros y palangreros, dado el elevado nivel de utilización que habían tenido en el anterior protocolo. 
Por tanto, es un buen acuerdo que se adapta al grado de cumplimiento del acuerdo y del protocolo anterior y que incrementa, además, las posibilidades de pesca para la flota comunitaria. 
Además, la compensación financiera sufre un aumento razonable de 6, 35 a 8, 5 millones de ecus por año, dado el incremento de las posibilidades pesqueras que anteriormente comentaba. 
Los armadores también tienen un coste similar al del período anterior en sus cánones que sufrirá un ligero aumento a partir del cuarto año del protocolo. 
Quiero subrayar, además, que el coste del acuerdo se complementa con partidas destinadas a un programa científico para la mejora de recursos, becas de estudios de formación científica, técnica y económica sobre pesca, además de programas de pesca artesanal y programas de vigilancia marítima. 
En definitiva, una apuesta por un adecuado control de los recursos y una colaboración en el desarrollo de las comunidades locales de pesca artesanal. 
Y para completar una somera descripción del acuerdo, yo añadiría la obligación de embarcar marineros locales en cierta proporción, así como la presencia de observadores de Guinea Bissau, cuya misión es el control del cumplimiento de la reglamentación pesquera. 
En definitiva, un acuerdo que sirve también a la cooperación y es respetuoso con la vigilancia, control y conservación de los recursos. 
Por tanto, pido el voto favorable para el mismo, además de felicitar a la Comisión Europea por la negociación llevada a cabo en su momento. 
Quiero terminar con una reflexión sobre el procedimiento. 
Este Parlamento debe defender y hacer buen uso de sus competencias, de todas, incluidas las presupuestarias. 
Pero ello no debe obstaculizar en la práctica el que la Comisión Europea pueda iniciar negociaciones de renovación de acuerdos o de aplicación de los mismos. 
Otra cosa es que solicitemos nuestro dictamen previo a la aprobación del mismo y, además, de forma que esta actuación del Parlamento Europeo no vaya a afectar a la flexibilidad que la aplicación plurianual de estos acuerdos exige. 
En este sentido, pido a los diputados que tengan presente esta reflexión también a la hora de votar las enmiendas para la propuesta de resolución legislativa y, además, pido el voto favorable para el informe en su globalidad. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera empezar mi informe señalando que, por desgracia, los servicios de la Asamblea han cometido un error y, además, no un error menor porque está en la primera página de mi informe, ya que el informe en castellano se refiere a la propuesta de reglamento del Consejo relativa a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la cooperación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad y el Gobierno de la República de Côte d ' Ivoire. 
Bueno, Côte d 'Ivoire, en efecto, es el nombre de esa República en francés, pero en castellano, desde hace mucho tiempo, lo llamamos Costa de Marfil y, aunque en España tenemos una cierta tolerancia lingüística con las denominaciones geográficas, en el ámbito internacional no se suele dar y yo simplemente pido que los servicios de la Asamblea corrijan este error material, porque, además, el documento que nos viene de la Comisión viene con ese nombre, Costa de Marfil, y no con el nombre de Côte d' Ivoire. 
En segundo lugar, como siempre en ese tipo de temas, hay cuestiones de carácter procedimental. 
Es un convenio que se firmó el 30 de junio y, aunque el Parlamento tuvo conocimiento oficioso de ello a través de la información gentil que nos proporcionó la Comisión, sin embargo sólo a finales de octubre se nos consultó formalmente, y por el procedimiento de urgencia, con la peculiaridad de que hay que efectuar el primer pago antes del 31 de diciembre de este año. 
Es decir, hemos sido consultados a tiempo para dar nuestra aprobación, pero el Convenio está en vigor desde julio, con lo cual, si el Parlamento en este momento mostrara su voluntad contraria, colocaríamos a las instituciones comunitarias en una situación difícil. 
Yo reconozco que- tenemos aquí a la Comisaria Bonino y ella, en parte, es responsable de esto- la Comisión ha mejorado mucho sus prácticas, pero uno de los elementos que acompañan al informe es la opinión de la Comisión de Presupuestos expresada por la Sra. Karin Jöns y, como es lógico, a la Comisión de Presupuestos le gustaría que los procedimientos fueran más ajustados, es decir, que en la medida de lo posible, antes de firmar el acuerdo, antes de que se adquirieran compromisos definitivos y, sobre todo, antes de su entrada en vigor- más que antes de la firma, antes de su entrada en vigor -, el Parlamento tuviera oportunidad de pronunciarse sobre el tema. 
Ya pasando al tema más de fondo, es un acuerdo modesto, no es un acuerdo que tenga una gran importancia, es un acuerdo que se refiere a sesenta unidades atuneras y tres arrastreros. 
Ha habido un pequeño aumento del número de unidades, pero en realidad no ha habido un aumento del total de capturas, con lo cual no creo que este acuerdo suponga ningún impacto realmente sobre los peces que son capturados. 
Se trata de dos especies: el rabil que, en realidad, se encuentra ya en niveles altos de captura y sería muy difícil seguir aumentando la capacidad de capturas del mismo y el otro, el atún listado. 
En el caso del atún listado parece que las posibilidades de aprovechamiento son mayores y que, por tanto, el pequeño aumento que puede haber como consecuencia de este acuerdo no va a afectar sustancialmente a los recursos pesqueros. 
Yo quisiera aprovechar la ocasión para señalar que, junto a mi informe, hay también una opinión positiva de la Comisión de Desarrollo y Cooperación puesto que la Comisión de Desarrollo y Cooperación considera que estos acuerdos de pesca son también un instrumento de ayuda al desarrollo. 
A la Comisión de Desarrollo y Cooperación, desde luego, le gustaría que se dedicaran más cantidades a las finalidades específicas de desarrollo dado que, del conjunto total que se proporciona con este modesto acuerdo- es una aportación anual de la Comunidad de un millón de ecus en tres años, es decir, tres millones de ecus en total -, 2, 4 millones van en concepto de derechos para el ejercicio de la pesca y luego hay 600.000 ecus para programas científicos, para formación, para ayuda a la administración pública, para vigilancia marina y contribución a organizaciones internacionales de pesca. 
Es decir que una parte importante del acuerdo va destinada a estas finalidades propiamente de desarrollo. 
En definitiva, yo no creo que suponga mucha diferencia para un Estado el que se le diga «bueno, pues le pagamos esto por pescar y el resto se lo damos para ayuda al desarrollo». 
Yo creo que hay que considerar que el conjunto de la contraprestación comunitaria a los países en vías de desarrollo- que están dispuestos a ofrecernos las posibilidades de capturas en sus aguas y ayudándonos a solucionar un problema laboral en gran parte, pero también de consumo -, es un instrumento de ayuda al desarrollo. 
Es una forma normal, y me parece, además, más propio hacerlo por este camino que por el camino de la simple dádiva. 
Yo creo que no hay cosa peor que la limosna. 
Si la Comunidad sustituyera estos acuerdos, en los cuales ha habido un cierto sacrificio, una cierta renuncia por esos Estados, por la simple limosna, probablemente no contribuiríamos al desarrollo económico de esos países. 
Entre otras razones, porque- el señor Presidente lo sabe, como nativo de una ciudad costera- la actividad pesquera, tanto la desarrollada por los propios pescadores como por pescadores de otros sitios, acaba siendo un factor de generación de actividad económica en las ciudades pesqueras. 
Yo, concretamente, vengo de una pequeña población pesquera que ha vivido durante mucho tiempo de la actividad pesquera, y no sólo de la actividad pesquera que hacían nuestros pescadores, sino de la llegada de pescadores de otras regiones, de otros países, que utilizaban nuestro puerto, que hacían contratos de suministro, etc. Por lo tanto, me parece que la vía de los acuerdos pesqueros como instrumentos de ayuda al desarrollo debe ser animada desde este Parlamento y yo, desde luego, animo particularmente a la Comisión a que siga por esa vía. 
Esto, desde luego, siempre dentro de los límites de la utilización racional de los recursos pesqueros. 
Ni a los países en desarrollo ni a nosotros nos interesa que esos recursos pesqueros sean destruidos. 
Y yo diría- repitiendo algo que ya le dije a la Comisaria en el último Pleno del Parlamento Europeo- que en estos momentos me da la impresión de que la Comunidad Europa está siendo ejemplar en la conducción de esos acuerdos pesqueros- podría todavía serlo más -, dado que manifiesta preocupación por el mantenimiento de esos recursos, de forma que nuestros pescadores, en este momento, están sometidos a una supervisión comunitaria, que espero sea reforzada en lo sucesivo, al objeto de que esos recursos pesqueros no se agoten y, por el contrario, nos encontramos con que, en aguas próximas a nuestras costas, que nosotros conocemos, otras flotas de otros países no están dando ese ejemplo que está dando la Comunidad y, probablemente, la Comunidad tendría que hacer un esfuerzo al respecto. 
Yo hablaba el otro día de un esfuerzo educativo, pero también un esfuerzo en materia de acuerdos internacionales al objeto de conseguir que la totalidad del esfuerzo pesquero en los países en desarrollo no lleve a la destrucción de los bancos pesqueros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, se pide al Parlamento que emita también su opinión sobre el quinto Protocolo por el que se fijan los derechos de pesca y la compensación financiera previstos en el acuerdo de pesca que se ha celebrado con Guinea Ecuatorial. 
A la Comisión de Pesca le parecen muy problemáticos dos puntos del Protocolo: por un lado, sus efectos sobre la conservación de los recursos pesqueros y, sobre todo, la falta de una auténtica regulación de la vigilancia. 
Las autoridades de Guinea Ecuatorial carecen de todos los medios para vigilar la actividad pesquera en sus aguas. 
Evidentemente, en el pasado no tenían lugar siquiera las visitas de control a bordo, como pruebas al azar, que están previstas en el Protocolo. 
Esto significa que no se comprueban las cifras de capturas que los capitanes comunican a las autoridades de Guinea Ecuatorial y a los institutos oceanográficos competentes de Francia o de España. 
Dado el exceso de capturas, constatable ya ahora, en determinadas reservas de atún en el Atlántico esta situación no puede mantenerse por más tiempo. 
Por consiguiente se insta a la Comisión a que apoye a Guinea Ecuatorial en el logro de la necesaria capacidad de vigilancia, y en este contexto es preciso aludir al planteamiento cooperativo, tantas veces exigido por el Parlamento Europeo, entre la cooperación al desarrollo y el sector pesquero. 
Ciertamente, la participación en la financiación de medidas de vigilancia costera por un volumen de 170.000 ecus es un comienzo, pero no basta en absoluto. 
Las estimaciones de los recursos piscícolas y las recomendaciones sobre la explotación las proporciona la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA). 
La CICAA considera al atún listado y al atún ojún, que se cuentan entre las especies de captura de la flota comunitaria que faena en las aguas de Guinea Ecuatorial, como pescado de captura intensiva o explotado en exceso. 
A pesar de todo, el nuevo Protocolo autoriza un considerable aumento de la actividad pesquera. 
Más preocupante aún es el hecho de que la proporción de atunes de tamaño insuficiente se ha elevado en los últimos años a más del 50 %. 
Quien lea las actas de la CICAA de los dos últimos años, llegará al triste resultado de que los Estados miembros con grandes flotas en el Atlántico son quienes están torpedeando un planteamiento preventivo en los comités de la ICAT aplazando los acuerdos sobre medidas más estrictas de explotación encaminadas a la protección del pescado joven. 
La Comisión, en previsión de la discusión sobre este informe, ha puesto la objeción de que las aguas de Guinea Ecuatorial constituyen sólo una pequeña parte del ámbito de operaciones de la flota de la UE y que, en consecuencia, el análisis del presente Protocolo no permite ninguna afirmación certera acerca del estado de los recursos de atún en todo el Atlántico. 
Seguidamente, los servicios del Parlamento han comparado los recientes y los antiguos protocolos de pesca firmados con países africanos ribereños del Atlántico. 
El resultado: con excepción de Angola y Marruecos hay que constatar absolutamente un aumento de las licencias negociadas de captura de atún en un caso incluso por encima del 100 %. 
Por consiguiente, el nuevo Protocolo con Guinea Ecuatorial no constituye una excepción, sino que más bien confirma la regla. 
La Comisión se ha convertido ya en víctima de su propia política, que se caracteriza por la ausencia de un planteamiento coherente que abarque toda la región. 
Y con cada estado africano se negocia por separado y en tiempos diferentes, de suerte que precisamente sólo se producen chapuzas. 
En lo que respecta a las medidas de conservación se hace referencia ahora a un acuerdo sobre la protección del atún del Atlántico que han celebrado tres grandes agrupaciones de armadores de la UE, a la manera de un autocompromiso voluntario, por llamarlo así. 
Prescindiendo del hecho de que de que las restricciones que se han autoimpuesto son muy limitadas en el tiempo y la definición del atún de tamaño insuficiente se aparta mucho de la recomendación de la CICAA, me pregunto por qué la Comisión no ha podido negociar en el Protocolo ninguna disposición relativa a la protección. 
De todos modos, en este convenio se ha tratado en el fondo de subvencionar a cargo del presupuesto público de la Unión Europea unas pocas empresas privadas que faenan en pesca de alta mar. 
Y si aprobamos este proceder por razones socioeconómicas, podremos también exigir, por otro lado, que la Comisión respete aquí el mandato del desarrollo sostenible y el cumplimiento de los estándares mínimos recomendados internacionalmente. 
Me parece que ambas cosas no se dan aquí plenamente. 
Probablemente, en el futuro no se volverá a conseguir tan barata como hoy la conformidad con un Protocolo tan insatisfactorio. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, como tuve oportunidad de comprobar en el pasado mes de agosto, las autoridades gubernamentales y diversos sectores económicos de Cabo Verde con quienes tuve oportunidad de conversar entonces, están vivamente interesados en la renovación del acuerdo de pesca con la Unión Europea. 
Evidentemente, la renovación de dicho acuerdo beneficia igualmente- y mucho- a la flota comunitaria, ya que va a permitir que sigan faenando buques españoles, franceses y portugueses para la captura de especies sumamente migratorias, en particular del atún. 
El acuerdo establece un aumento importante del número de licencias, distribuidas del modo siguiente: 37 para atuneros cerqueros (14 unidades más) , 36 para atuneros cañeros y palangreros de superficie (19 unidades más) y, además, se establecen las tres mismas licencias para palangreros de fondo. 
Ahora bien, ese aumento de licencias no establece un aumento relevante de las capacidades de captura previstas, que se mantienen en torno a las cinco mil toneladas/año. 
Ese hecho, aparentemente contradictorio con el aumento de las licencias, se justifica por la necesidad en que se ven los buques de seguir las concentraciones y los movimientos de los recursos, que obligan a entradas y salidas frecuentes de las aguas territoriales de Cabo Verde. 
Las obligaciones globales experimentan también aumentos irrelevantes o mínimos: una compensación financiera de 1.086 millones de ecus (un 2, 1 % más que en el acuerdo anterior) , dotaciones para programas técnicos y científicos que ascienden a 267.440 ecus (un 2, 1 % más) y financiación de becas de estudio y de formación que ascienden a casi 178.000 ecus, es decir, un 0, 5 % más. 
En mi informe doy un apoyo inequívoco a la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde. 
Por eso, esta posición mía, esta recomendación mía, justifica que hoy insista aquí en determinadas cuestiones que podrían mejorar el marco de aplicación del protocolo del acuerdo, a corto o a medio plazo. 
Por un lado, hay que insistir en que la flota comunitaria, sin excepción- insisto: sin excepción- responda positivamente a todas las solicitudes de las autoridades de Cabo Verde, en el sentido de que se embarque a observadores locales, cuyo número- por desgracia pero por las razones que todos conocemos- no es aún suficiente para abarcar todas las embarcaciones comunitarias que allí faenan. 
En segundo lugar, es fundamental recordar a los capitanes y armadores comunitarios la obligación del envío a tiempo de las declaraciones de capturas a las autoridades de Cabo Verde, acto que debe ser ir acompañado de un procedimiento idéntico ante las otras autoridades nacionales competentes. 
En tercer lugar, hay que insistir a los armadores comunitarios para que contribuyan al abastecimiento de unidades conserveras recientemente instaladas en Cabo Verde. 
Hay que transformar lo que es un deber ético en una obligación efectiva, tanto más cuanto que esos suministros de materia prima se podrán elaborar a precios fijados por el mercado internacional. 
En cuarto lugar, sería deseable desarrollar la coordinación con otros sectores de la Comisión, en particular con los que se ocupan de la ayuda al desarrollo, a fin de que sea posible la instalación de sistemas de seguimiento automático de las flotas, servicio que se podría incluso prestar no sólo a Cabo Verde, sino también a otros países de aquella subregión africana. 
Ese sector de inversión es tanto más importante cuanto que este Parlamento insiste- cierto es- en particular en una actuación responsable en el nivel de la pesca y las autoridades de Cabo Verde han utilizado muy correctamente- pude comprobarlo directamente in situ- las disponibilidades financieras específicas del acuerdo destinadas a programas técnicos y científicos. 
Por último, las enmiendas legislativas que presenté en mi informe y que fueron aprobadas en la Comisión de Pesca van encaminadas a mejorar la articulación entre la Comisión y el Parlamento en materia de acuerdos de pesca. 
Es importante, señora Comisaria, que, de una vez por todas, la Comisión presente los informes sobre la aplicación de los acuerdos y sobre la situación de los recursos halieúticos locales mucho antes de que expiren sus protocolos, para permitir que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre ellos antes de su renovación. 
Señor Presidente, Señorías, este informe se enmarca en un debate conjunto de varias propuestas relativas al sector de la pesca. 
Se trata de la renovación de acuerdos de pesca con Guinea Bissau por cuatro años y con Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil, ambos por tres años. 
Sobre ellos haré, naturalmente, algunas breves reflexiones. 
Me causan mucha preocupación los términos establecidos en el protocolo con Guinea Ecuatorial, fundamentalmente atunero, como es sabido, porque aumenta casi en un 50 % las posibilidades de pesca, al pasar de 53 a 68 las licencias admisibles, a pesar de que ha quedado bien claro que las disposiciones de vigilancia y control son poco incisivas, que disminuyen substancialmente las financiaciones destinadas a programas científicos y también que se admite como zona de pesca el mar territorial allende las cuatro millas. 
¡Cosa, a mi juicio, inadmisible! 
No parece ocurrir lo mismo con el acuerdo con Costa de Marfil, también destinado fundamentalmente a la pesca del atún, en el que hay sólo un relativo aumento de las posibilidades de pesca y de las licencias y se establece un aumento relevante de las asignaciones globales destinadas a formación y a becas, a la vigilancia y a los programas técnicos y científicos. 
El acuerdo de pesca con Guinea Bissau, que es el más antiguo, más voluminoso y diversificado de los que hoy estamos examinando, atribuye a España, Italia y Portugal posibilidades de pesca hasta 9.600 toneladas de registro bruto anuales para la pesca del camarón; propone para la pesca de cefalópodos el valor de tres mil toneladas de registro bruto al año, que utilizarán España e Italia, y establece también la posibilidad de conceder hasta 89 licencias para atuneros. 
Exceptuado el ya mencionado acuerdo con Guinea Ecuatorial, cuyo protocolo no nos parece conforme con los principios fundamentales de la preservación de los recursos adoptados hace mucho por este Parlamento y que admite que se faene en aguas que deberían estar exclusivamente reservadas a los pescadores locales, nuestro Grupo dará, pues, el voto favorable a los textos restantes. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, con el code of conduct se han comprometido las tres instituciones a hacer todo lo que esté en su mano para asegurar también realmente un tratamiento fluido del acuerdo de pesca. 
Pero el papel es paciente. 
Esa parece ser también, en cualquier caso, casi un año después de la firma del code of conduct, la divisa de la Comisión. 
Efectivamente, ella nos consulta realmente con hermosa regularidad una vez transcurridos varios meses después del paragrafiado de los acuerdos. 
Lo mismo ha de decirse también de los acuerdos que debatimos hoy. 
El hecho de que ahora en menos de un mes podamos cerrar el procedimiento parlamentario- dicho sea esto por razones de gentileza- se debe solamente a la rápida consulta realizada por el Consejo y al rápido tratamiento llevado a cabo por nuestras comisiones. 
Si la Comisión se hubiera atenido al code of conduct, es decir, si hubiera concluido a tiempo las negociaciones, no se habría producido tampoco otra calamidad. 
Me refiero con esto a la promesa de la Comisión a terceros estados sobre plazos fijos de pagos y sobre sumas, sin tener el correspondiente fundamento jurídico. 
Una vez más, en el presente acuerdo la Comisión tampoco ha aguardado la opinión del Parlamento. 
Esto no significa otra cosa que aquí la Comisión elude sistemáticamente al Parlamento como parte de la autoridad presupuestaria. 
Poco a poco empiezo a considerar esto realmente intolerable. 
Resulta también inaceptable exigir de nosotros que aceptemos una vez más la aplicación provisional de cuatro acuerdos, sólo porque la Comisión negocia demasiado tarde. 
Todos los acuerdos están ya en funcionamiento desde hace meses. 
Con esto constato que el code of conduct no ha mejorado hasta ahora la miserable gestión de la Comisión en materia de convenios de pesca. 
Ciertamente, ahora recibimos los textos de los acuerdos directamente después de la firma en el idioma original. 
Sin embargo, recibimos los textos sin la especificación de los efectos financieros sobre la ficha de financiación obligatoria. 
Y esto, queridos colegas de la Comisión de Pesca, no puede ser así. 
Para los de expertos en presupuestos la ficha de financiación es imprescindible y una vez más se demuestra que no se puede trabajar con proyectos. Hasta hoy en el caso de Cabo Verde la ficha de financiación no está en orden. 
Permítanme decir también hoy claramente una vez más, incluso a mis propios colegas de la Comisión de Pesca, que para nosotros, como expertos presupuestarios, sigue siendo imprescindible que los acuerdos internacionales de pesca sean entendidos como que se trata de recursos no obligatorios. 
Señor Presidente, voy a pronunciarme sólo desde el punto de vista de la Comisión de Pesca. 
Considero que las intervenciones que ya se han hecho y en las que se han planteado las cuestiones desde el punto de vista del procedimiento han abordado cuestiones dignas de mención. 
A mi juicio, las competencias de este Parlamento en el acompañamiento de los acuerdos de pesca son del Parlamento en conjunto y no sólo de esta o aquella comisión parlamentaria, pero, en todo caso, quisiera subrayar aquí que voy a pronunciarme sobre los acuerdos de pesca y, más concretamente, sobre los acuerdos de pesca con Cabo Verde y Guinea Bissau. 
Con todo, quisiera subrayar cuán difícil es para nosotros sostener la posición de los acuerdos de pesca cuando la Comisión viola sistemáticamente el llamado código de conducta y nos vemos sistemáticamente en la situación de haber de pronunciarnos sobre los informes después de que se hayan celebrado ya los protocolos y cuando el proceso ya está en acelerado ritmo de aprobación. 
Si bien todo esto se puede ver con otra perspectiva, es evidente que nosotros somos más sensibles a esta situación, porque los barcos que faenan en el ámbito de dichos acuerdos proceden de Portugal, España y Francia. 
Los diputados que no tienen- por decirlo así- ciudadanos ante los que responder podrán tal vez hablar con términos más radicales. 
A propósito del acuerdo con Cabo Verde, quisiera subrayar lo siguiente. 
Entre 1990 y 2000- por tanto, entre el primer protocolo y este tercero- se han reducido en un 40 % las compensaciones financieras para Cabo Verde. 
Simultáneamente, las posibilidades de pesca, en particular de la pesca del atún, han aumentado en un 40 %, hemos pasado de casi 50 barcos en el primer protocolo a 73 barcos en el protocolo ahora en vigor. 
Es decir, que nos encontramos ante un país con dificultades financieras, con dificultades económicas, que está, en el fondo, padeciendo las consecuencias de una estrategia que ha venido siendo de reducción progresiva de las compensaciones financieras por los acuerdos de pesca. 
Con todo, he de señalar que la parte que compete a los armadores, en particular en cuanto a palangres de fondo, aumenta en un 30 % entre el segundo protocolo y el que se está aprobando ahora. 
Pero quisiera subrayar una vez más que, en relación con Cabo Verde, ha habido una reducción del 40 % en la compensación financiera entre el primer protocolo y el que se está aprobando ahora. 
Por último, en relación con Guinea Bissau, quisiera subrayar que desde 1993 no se aumentaban los importes de la contrapartida financiera, por lo que su ajuste está justificado. 
Conviene no olvidar que esos países- Cabo Verde y Guinea Bissau- dependen mucho de esos acuerdos de pesca para su propia sostenibilidad económica y también es preciso decir- como lo ha hecho nuestro colega Honório Novo- que, en materia de medidas de investigación y de becas técnicas, los dos países han procurado hacer lo más posible para que se emplee bien ese dinero. 
Señor Presidente, hoy tenemos ante nosotros cinco informes sobre los que tenemos que decidir. 
Cuatro se refieren a los Acuerdos internacionales y un informe se refiere, como ya hemos oído, a medidas de control y de conservación en la Antártida. 
Debido a la presión ejercida por la Comisión de Pesca, el aspecto importante de los Acuerdos internacionales para la política de pesca se discutirá en la resolución del Parlamento Europeo del miércoles de esta semana sobre el Tratado de Amsterdam. 
Se pide que el procedimiento de dictamen conforme se aplique por fin a todos los acuerdos internacionales importantes. 
El hecho de que hasta ahora sólo seamos oídos, nos ha dificultado mucho, Sra. Bonino y otros, el trabajo eficaz y en muchos casos lo ha hecho totalmente imposible. 
Confieso gustoso que también gracias a su personalidad, Sra. Bonino, ha mejorado la situación en el pasado, sobre todo, en lo que se refiere a las informaciones que ahora nos llegan de una manera esencialmente más rápida. 
Pero sigue siendo verdad que sólo puede haber un influjo real del Parlamento Europeo en el caso de los acuerdos de pesca con terceros países, si rige como fundamento jurídico general el procedimiento de dictamen conforme. 
Sólo entonces podemos hacer realidad con los medios adecuados nuestras líneas directrices sobre acuerdos con terceros países, que han sido elaboradas por nosotros y que han sido aprobadas hace poco por el Parlamento Europeo. 
Antes de que un día, tarde o temprano, nos aguarde otra conferencia intergubernamental y nos depare, ojalá, mayores posibilidades de influir, podemos esperar un resultado positivo en el Tribunal Europeo de Justicia en materia de acuerdos internacionales, en este caso por el acuerdo internacional con Mauritania. 
Si se dicta una sentencia favorable en nuestro sentido, ello nos haría avanzar un paso esencial. 
El resultado se producirá pronto, ojalá, y lo estamos esperando con expectación. 
Entretanto hemos de trabajar con las posibilidades de que disponemos. 
Estas se limitan, al menos formalmente, a las enmiendas de la Comisión de Pesca, que apoya gustoso el Grupo del Partido Popular Europeo. 
Sin embargo, no podemos apoyar así las enmiendas de la Comisión de Presupuestos. 
La exigencia de una información a su debido tiempo y de la participación del Parlamento es, en principio, correcta y en el futuro tampoco descartamos una conducta de bloqueo por nuestra parte. 
No obstante, se plantea la cuestión legal de si podemos intervenir también en este sentido en un acuerdo en curso y, por ende, en el mandato legal de la Comisión. 
Pero algo tiene que suceder. 
Por esta razón, les pido que no busquen excusas en las cuestiones de principio que están pendientes. 
De lo contrario, seremos pisoteados por otros y nuestro presupuesto amenaza con ser recortado. Esto va a doler. 
Tenemos que impedirlo en cualquier caso. 
Señor Presidente, voy a intervenir en nombre del Sr. Tajani. 
Valoramos el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Guinea Bissau, ya que reviste mucho interés para Italia; el mismo, de hecho, es uno de los pocos acuerdos que beneficia los buques de pesca italianos. 
El Protocolo ofrece a Italia posibilidades de pesca de 4.000 toneladas de registro bruto para la pesca de camarones y de 1.000 toneladas de registro bruto de cefalópodos y pescado de altura. 
Los buques de pesca italianos que operan en aguas de Guinea Bissau con licencia comunitaria, son 5 y a los mismos se añadirán otros 3 a partir de enero de 1998. 
Se trata de un acuerdo vigente desde hace años que no presenta aspectos controvertidos y que, por el contrario, demuestra que ofrece una flexibilidad tan grande que puede adaptarse a las demandas de los Estados miembros. 
Con la renovación del Protocolo, de hecho, se registran algunas modificaciones basadas en el grado de utilización real de las posibilidades de pesca. Así, la pesca de cefalópodos y de pescado de altura que registra una disminución de 1.000 toneladas de registro bruto, se ha adaptado al bajo volumen de capturas de los años anteriores que representa sólo el 20 % de las posibilidades negociadas por la Comunidad. 
En cuanto a las posibilidades de pesca relativas a la pesca de camarones, la flota comunitaria utilizó un 93 % de las mismas y esto justifica el aumento de 800 toneladas de registro bruto negociadas en el presente Protocolo. 
Dicha adaptación representa una mejora de la relación coste-beneficios entre la cantidad de peces puesta a disposición de los buques de pesca de la Comunidad y la contrapartida financiera pagada a la República de Guinea Bissau que asciende a 34 millones de ecus en 3 años. 
Además de la contrapartida financiera, a solicitud del Gobierno guineano, la Comunidad Europea participa, asimismo, en la financiación de becas de estudio, programas científicos y técnicos, destinados a mejorar los conocimientos del estado de los recursos pesqueros, así como a apoyar los programas de pesca artesanal. 
Voy a hacer una última observación sobre las enmiendas presentadas a propósito de los informes sobre la pesca que hoy estamos examinando. 
El tema que atañe a la no obligatoriedad de la clasificación y a los gastos relativos a los acuerdos de pesca, volverá a examinarse en el seno del Consejo, del Parlamento y de la Comisión y, en consecuencia, habrá procedimientos presupuestarios ad hoc. 
Es por esto que nuestro Grupo no apoyará este tipo de enmiendas. 
Señor Presidente, puesto que me doy cuenta de que no puedo entrar en el fondo, me voy a limitar a señalar que la Comisión de Pesca y el Parlamento en sus sesiones deploran sin descanso los diferentes aspectos de los acuerdos que se someten a nuestra consulta, aspectos que hoy han sido subrayados también por los Sres. Kindermann y Jöns: los costes, el hecho de que se implique al Parlamento sólo en los procedimientos de consulta, exceptuando los acuerdos con Marruecos, y el impacto de estos acuerdos sobre los recursos pesqueros y las comunidades de pesca local. 
Sin embargo, cada vez que se examinan estos acuerdos, el Parlamento termina por aceptarlos. 
Si el Parlamento quiere realmente que la Comisión y el Consejo tengan en cuenta este estado de ánimo crítico, hoy debería rechazarlos, sin criticar, sino más bien apoyando la política de la Comisaria de Pesca, Sra. Bonino, y lanzando una clara señal a la Comisión y al Consejo por esta inaceptable situación a nivel consultivo. 
Es por esto que los Verdes votarán en contra de estos acuerdos. 
Gracias, señor Ripa di Meana, que ha hecho un esfuerzo de síntesis admirable que esta Presidencia le agradece. 
Una presidencia que, usted sabe muy bien, es dura con el martillo pero muy débil con el reloj. 
Gracias, señor Presidente, y gracias a la señora Comisaria por estar aquí hoy. 
En primer lugar, tengo que felicitar, por supuesto, a los cuatro ponentes, Novo, Kindermann, Medina e Imaz, por los cuatro magníficos informes que han realizado, además, con una gran rapidez, aunque ello no ha restado altura a los trabajos que nos han presentado. 
Creo que estos cuatro protocolos, observados en su conjunto, son muy ventajosos, tanto para la Unión Europea como para los terceros países, tanto por el aumento general de posibilidades de pesca como por las contribuciones del presupuesto comunitario a capítulos como el desarrollo de la pesca artesanal, especialmente en los dos protocolos con las dos Guineas, y los mecanismos que establecen de vigilancia de los países terceros. 
No obstante, y para todos aquellos que tópicamente siguen pensando que la pesca comunitaria en terceros países se hace a espaldas del estado de los recursos y del futuro de las pesquerías en la zona, me gustaría resaltar, al hilo del informe del Sr. Kindemann y creo que él no lo ha resaltado lo suficiente, el famoso plan de regulación para protección de los túnidos en el Atlántico, puesto en marcha por propia iniciativa de las tres principales organizaciones de productores comunitarios de atún congelado. 
Creo que nosotros, que criticamos muchas veces al sector, debemos, por el contrario, apoyar cada vez más este tipo de iniciativas porque demuestran que también el sector conoce su oficio e intenta trabajar, a pesar de los errores que han cometido en el pasado, por el recurso en aguas incluso de terceros países y no sólo comunitarias. 
Creo que este plan es un plan- quiero que quede claro- destinado al seguimiento del recurso de túnidos mediante el embarque voluntario de observadores en los buques, que emprenderá la vigilancia de una amplia zona que, además de la mencionada Guinea Ecuatorial, abarca aguas de Camerún, Santo Tomé, Príncipe, Gabón y parte de Nigeria. 
Para terminar, quería hablar también del Consejo de Ministros. 
Quiero dirigirme a la señora Jöns: señora Jöns, yo agradezco sus consejos, pero hay muchos diputados de este Parlamento que no comparten las ideas de la Comisión de Presupuestos y quiero decirle que, si ustedes, que se basan siempre para el famoso tema de los gastos no obligatorios en el Acuerdo interinstitucional de octubre de 1993, y la Comisión de Presupuestos o este Parlamento no está de acuerdo con la clasificación que hacen tanto la Comisión como el Consejo, denuncie a la Comisión y al Consejo por incumplimiento de este Acuerdo interinstitucional. 
Si no, algunos diputados seguiremos pensando que esto debe ser un gasto obligatorio. 
Señor Presidente, este ha sido un buen debate y es importante para determinados Estados miembros. 
Me complace mucho que los procedimientos estén al parecer mejorando, aunque casi todos los diputados estarían de acuerdo en que su estado aún no es satisfactorio en lo que se refiere a las propuestas que proceden de la Comisión y al tratamiento que les damos aquí y en el Consejo. 
Lo que más me interesa es que como Parlamento intentemos asegurarnos de que nuestras políticas de desarrollo para algunos de estos países en desarrollo y nuestras políticas y oportunidades de pesca queden perfectamente definidas. 
Opino que hay que asegurarse de que no sobreexplotemos algunas de esas reservas pesqueras. 
A largo plazo hemos de asegurarnos de que esos países desarrollen su propia actividad pesquera local. 
Ello significa que hay que poner los medios para que la considerable cantidad de fondos que ponemos a su disposición se utilice correctamente. 
Por lo que puedo deducir de estos informes, estamos hablando de un total de 41 millones de ecus, que es un montón de dinero repartido entre los buques que participan en estas pesquerías locales con las que celebramos los acuerdos. 
El futuro de la flota pesquera europea depende mucho de estos acuerdos. 
Los Estados miembros interesados que están utilizando estos fondos deberían reconocer que en algún momento del futuro quizá haya que desviarlos para compensar por las oportunidades de pesca de las que se deje de disponer. 
Por ello es tan importante que estos acuerdos se contemplen a la luz de futuras oportunidades que quizá no existan siempre. 
Reconozcamos el hecho de que aunque somos grandes consumidores de pescado, puede que no sean siempre los buques europeos los que tengan la posibilidad de explotar estos recursos. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer a los cuatro ponentes sus informes y, antes de entrar en detalles, detenerme brevemente en las recientes conclusiones del Consejo que, tras un debate, presentó una declaración final sobre la base de una comunicación de la Comisión. 
Sintéticamente, el pasado 30 de octubre, el Consejo no sólo aprobó por unanimidad el carácter fundamental de los acuerdos de pesca y su importancia vital para algunas regiones de la Comunidad, sino que también recordó la necesidad- de la que hablaré más adelante- de fortalecer la coherencia de los diferentes instrumentos al servicio de este sector. 
El Consejo, asimismo, aprobó el planteamiento de la Comisión, según el cual estos acuerdos deben fomentar políticas de pesca más responsables y, en consecuencias, más duraderas. 
Se facilitaron datos concretos y, en particular, la Comisión se comprometió a valorar en su conjunto los acuerdos de pesca a lo largo del próximo año. 
Voy a hablar ahora de los cuatro protocolos aquí presentados y de algunos problemas que se han planteado. 
La Comisión, como es obvio, no entra en un debate que es del todo interno, entre los gastos obligatorios y los gastos no obligatorios, sin embargo, reitera que existe un código de conducta que fue suscrito en su momento. La misma admite que hubo retrasos internos por lo que se refiere, por ejemplo, al Protocolo relativo a Costa de Marfil, pero desea manifestar que en estos meses ha realizado esfuerzos inimaginables para informar adecuada e inmediatamente al Parlamento. 
Les aseguro, Señorías, que a veces me siento algo frustrada: entiendo que todo se puede mejorar, sin embargo, algunas veces me gustaría que, en especial en lo referente a los acuerdos de pesca, se le reconocieran a la Comisión algunos de los notables esfuerzos que realiza tanto por lo que se refiere a la información facilitada al Parlamento como a las insistencias sobre las necesidades de control. 
A propósito de este último punto, por ejemplo, usted, Sr. Kidermann, habrá comprobado que por primera vez autorizamos a los inspectores de Guinea Ecuatorial a embarcar en los buques comunitarios cuando lo consideren oportuno. 
Ahora bien, no sé si esto es posible con los japoneses, taiwaneses, coreanos, pero no me consta. 
Quisiera, en definitiva, que se reconocieran estos pequeños o grandes gestos innovadores en los acuerdos de pesca. 
A propósito también de Guinea Ecuatorial, deseo manifestar que 170.000 ecus, vinculados al fortalecimiento de los controles, son un importe notable para dicho país e incluso deberemos realizar grandes esfuerzos de cara a la utilización de un importe tan considerable que ese país podría no saber emplear. 
Siempre por lo que se refiere a Guinea Ecuatorial, la Comunidad, como usted sabe, Sr. Kindermann, se ha convertido en miembro de pleno derecho de la CICAA sólo este año- en los años anteriores únicamente había participado -, al igual que lo es Guinea Ecuatorial. 
Considero que se realizaron esfuerzos y, además, las cifras que usted ha presentado se refieren a los recursos en el Atlántico, globalmente y no sólo respecto a Guinea Ecuatorial. 
En este momento, deseo subrayar, como le decía a la señora Presidenta Fraga, que deberíamos reconocer que nuestra industria realiza unos esfuerzos muy especiales y ofrece unos ejemplos muy especiales y quizás deberíamos alentarla. 
Señor Medina, desconozco cómo se pueden imponer a los japoneses nuestros sistemas de control. 
Si a usted se le ocurre alguna idea genial, le ruego que me la comunique, habida cuenta de que, además de insistir en todas las reuniones multilaterales, ya no sé qué inventarme. Por lo tanto, si alguien tiene alguna idea respecto a cómo se pueden implicar otras flotas internacionales en nuestros estándares- aunque todo puede mejorarse, lo reconozco- todos podríamos obtener ventajas. 
Admito, por ejemplo, el retraso en lo que se refiere a Costa de Marfil- ya se lo comuniqué al Parlamento Europeodebido realmente a problemas burocráticos internos de la Comisión. 
Me parece haber contestado a una serie de problemas; espero, sin embargo, que se reconozca el considerable esfuerzo de información constante del Parlamento que estamos haciendo. 
Por lo demás, la Comisión debe aplicar las reglas, así como los códigos de conducta en vigor. 
En el caso de que hayan nuevos tratados, en dicho momento la Comisión, sin duda, aplicará las nuevas disposiciones. 
Gracias, señora Bonino. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Informe (A4-0300/97) del Sr. Imaz San Miguel, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo referente a la celebración del Protocolo que establece las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera contempladas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Guinea Bissau con respecto a la pesca en alta mar frente a la costa de Guinea Bissau, durante el período comprendido entre el 16 junio de 1997 y el 15 de junio del año 2001 (COM (97) 0395- C4-0448/97-97/0205 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, he viajado relativamente mucho por Guinea Bissau y estoy muy impresionado por el informe de mi amigo Imaz. 
Lamentablemente, he de decir solamente que durante la lectura he tenido algunos reparos. 
Aunque he votado a favor no estoy plenamente satisfecho pues la pesca es la base de la vida de la población de Guinea Bissau. 
La forma en que se han determinado los contingentes encierra el peligro de que aquí se pesque realmente en exceso. 
Ciertamente, es bueno que se fijen contingentes, antes no había ninguno. Entonces la gente vivía también en gran medida de la pesca. 
Recuerdo todavía que entonces se me decía que en dos minutos se podía pescar suficiente pescado como para alimentar a toda una familia. 
Hoy esto ya no es así y quisiera pedir que, después de funcionar todo esto durante cuatro años, se sea muy cauteloso dentro de dos años. 
En la votación no pudimos estar a favor del informe. 
La nuestra es una posición de principios que no debe interpretarse como una desaprobación del trabajo del ponente. 
Opinamos que la Unión Europea debería terminar con este tipo de costosos acuerdos de pesca y, en su lugar, apoyar especialmente a las actividades pesqueras en los países en desarrollo. 
Una solución de este tipo ayudaría a desarrollar la importancia de la pesca para la alimentación global, reforzaría el desarrollo económico de esos países y eliminaría los riesgos que conllevan los acuerdos de pesca, por ejemplo, que se da ayuda indirecta a las actividades pesqueras de algunos países para que continúen con sus faenas en una situación en que todo el sector pesquero europeo necesita drásticas limitaciones. 
Por eso, deseamos ver una evolución en que la Comunidad no alcance nuevos acuerdos de este tipo ni tampoco prolongue los ya vigentes. 
También queremos subrayar la necesidad de que acuerdos de este tipo con terceros países, se sometan a un mejor control teniendo en cuenta el presupuesto. 
Informe Medina Ortega 
En la votación no pudimos estar a favor del informe. 
La nuestra es una posición de principios que no debe interpretarse como una desaprobación del trabajo del ponente. 
Opinamos que la Unión Europea debería terminar con este tipo de costosos acuerdos de pesca y, en su lugar, apoyar especialmente a las actividades pesqueras en los países en desarrollo. 
Una solución de este tipo ayudaría a desarrollar la importancia de la pesca para la alimentación global, reforzaría el desarrollo económico de esos países y eliminaría los riesgos que conllevan los acuerdos de pesca, por ejemplo, que se da ayuda indirecta a las actividades pesqueras de algunos países para que continúen con sus faenas en una situación en que todo el sector pesquero europeo necesita drásticas limitaciones. 
Por eso, deseamos ver una evolución en que la Comunidad no alcance nuevos acuerdos de este tipo ni tampoco prolongue los ya vigentes. 
También queremos subrayar la necesidad de que acuerdos de este tipo con terceros países, se sometan a un mejor control teniendo en cuenta el presupuesto. 
Informe Kindermann 
En la votación no pudimos estar a favor del informe. 
La nuestra es una posición de principios que no debe interpretarse como una desaprobación del trabajo del ponente. 
Opinamos que la Unión Europea debería terminar con este tipo de costosos acuerdos de pesca y, en su lugar, apoyar especialmente a las actividades pesqueras en los países en desarrollo. 
Una solución de este tipo ayudaría a desarrollar la importancia de la pesca para la alimentación global, reforzaría el desarrollo económico de esos países y eliminaría los riesgos que conllevan los acuerdos de pesca, por ejemplo, que se da ayuda indirecta a las actividades pesqueras de algunos países para que continúen con sus faenas en una situación en que todo el sector pesquero europeo necesita drásticas limitaciones. 
Por eso, deseamos ver una evolución en que la Comunidad no alcance nuevos acuerdos de este tipo ni tampoco prolongue los ya vigentes. 
También queremos subrayar la necesidad de que acuerdos de este tipo con terceros países, se sometan a un mejor control teniendo en cuenta el presupuesto. 
Informe Novo 
En la votación no pudimos estar a favor del informe. 
Opinamos que la Unión Europea debería terminar con este tipo de costosos acuerdos de pesca y, en su lugar, apoyar especialmente a las actividades pesqueras en los países en desarrollo. 
Una solución de este tipo ayudaría a desarrollar la importancia de la pesca para la alimentación global, reforzaría el desarrollo económico de esos países y eliminaría los riesgos que conllevan los acuerdos de pesca, por ejemplo, que se da ayuda indirecta a las actividades pesqueras de algunos países para que continúen con sus faenas en una situación en que todo el sector pesquero europeo necesita drásticas limitaciones. 
Por eso, deseamos ver una evolución en que la Comunidad no alcance nuevos acuerdos de este tipo ni tampoco prolongue los ya vigentes. 
También queremos subrayar la necesidad de que acuerdos de este tipo con terceros países, se sometan a un mejor control teniendo en cuenta el presupuesto. 
Señorías, como es obligado y es una obligación para mí agradable, debo agradecer a los servicios auxiliares de la Asamblea, las cabinas de interpretación, los ujieres, etc... la ayuda prestada. 
Aunque hoy, Señorías, quisiera hacer una cariñosa crítica a los funcionarios de la Mesa porque, como ustedes habrán podido observar, recientemente no he tenido la oportunidad de presidir los viernes este final tan reconfortante. 
Los servicios de la Mesa no me han designado para esto. Con lo cual, por una parte, debilitan este nombre cariñoso, que me ha colocado el Sr. Kellett-Bowman, de Sr. Friday, recordando precisamente el aborigen que acompañó a Robinson Crusoe en la isla. 
Claro está, a mí esta denominación me parece cariñosa pero, además, demuestra que este Parlamento no es racista porque un aborigen, aunque sea reciclado, pueda llegar a ser Vicepresidente de nuestra Asamblea. 
Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante para mí, me priva de la reconfortante compañía, desde la Presidencia, de la presencia de ustedes, Robinsones Crusoes, que pacientemente están aquí todos los viernes en esta isla intentando romper el aislamiento que tenemos hacia los ciudadanos europeos con un trabajo paciente y positivo que yo me honro en colaborar. 
(Se levanta la sesión a las 11.46 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 21 de noviembre de 1997. 
Bienvenida 
Señorías, el Parlamento Europeo concede una gran importancia a sus relaciones con Rusia. 
Es, por tanto, un gran placer para mí anunciar la presencia en la tribuna oficial de la delegación de la Duma y del Consejo Federal, presidida por el Sr. Vladimir Ryzhkov, primer vicepresidente de la Duma estatal y presidente de la delegación para las relaciones con el Parlamento Europeo. 
Doy la bienvenida oficial a la delegación y les felicito por el constructivo y valioso trabajo que están realizando, dado el contexto en que se celebra la primera reunión Unión Europea-Comité de cooperación parlamentaria de Rusia. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 21 de noviembre de 1997 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en relación con el Acta, ¿han hecho algún progreso usted y sus oficinas a propósito de la correspondencia con un diputado de esta Asamblea que hizo imputaciones de naturaleza gravemente delictiva respecto a la política sobre edificios de esta institución? 
Señor Cox, efectivamente, ha habido unos cruces de cartas. 
Con mucho gusto le haré llegar una fotocopia para su información. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden del día 
He recibido del Sr. Bazin la solicitud de que su informe A4-369/97, inscrito sin debate, no se someta a votación mañana sino durante el periodo parcial de sesiones de diciembre en Estrasburgo. 
Señor Presidente, las razones que motivaban presentar esta solicitud ya no existen hoy. Así, pues, le pido que tenga la amabilidad de considerarla nula y sin efecto y mantenga la inscripción en la sesión de mañana. 
Muy bien, señor Bazin. 
Como sabe Su Señoría, si no hay cambio, este punto figura en el orden del día de mañana. 
He recibido de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía la solicitud de incluir, según el procedimiento sin informe (art. 99 del Reglamento) , la propuesta de reglamento del Consejo por el que se prorroga la validez del programa destinado a fomentar la cooperación internacional en el sector de la energía- Programa SYNERGY (C4-0555/97). 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Ampliación- Agenda 2000 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0368/97 de los Sres. Oostlander y Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión «Agenda 2000- Por una Unión más fuerte y amplia» (COM (97) 2000- C4-0371/97) ; -A4-0331/97 del Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la Agenda 2000: El marco financiero de la Unión 2000-2006, el futuro sistema de financiación (COM (97) 2000- C4-0372/97). 
Señor Presidente, hace diez años le habrían tomado a uno por un iluso si hubiera hablado acerca del ingreso en la Unión de los países de Europa central y oriental. 
Estamos tan acostumbrados a esto que para algunos la única reacción es: ¿cuánto cuesta esto? 
Entre tanto debemos tener en cuenta que vivimos en medio de sueños realizados a medias, pero que no estamos preparados para ellos. 
Quiero abordar un par de puntos esenciales. 
La Conferencia Intergubernamental de Amsterdam ha traído muchos beneficios tanto para el Parlamento como para la Unión como tal, pero los ministros no han conseguido que la Unión sea apta para la ampliación de, una vez más, una docena de miembros. 
La posición del Consejo, en la que no es necesario que pensemos hasta que la Unión pase a contar más de veinte miembros, ha conducido a una división de los miembros candidatos en una élite de cinco frente al resto. 
Esta propuesta es muy desalentadora para gobiernos y ciudadanos que tienen que seguir una política extremadamente dura y valiente. 
Afortunadamente existen en Europa central estos gobiernos y ciudadanos valientes, pero de los que nos tenemos que ocupar mucho. 
Pienso especialmente en Bulgaria y Rumanía donde se pueden apreciar de forma muy intensa gobiernos que cambian, corrupción y otros problemas. 
Estos no ganan si se piensa en dos categorías. 
Esta forma de pensar disminuye además la presión hacia la élite predilecta para que continúe de forma diligente, y sabemos además que a todos los candidatos les quedan por hacer todavía muchas tareas. 
No ayudamos mucho si la posición privilegiada de algunos conduce a que estos vengan a nosotros enseguida con sus exigencias. 
La Comisión Europea también se da cuenta de que es irreal que exista una división rígida entre los candidatos. 
En cada evaluación anual o semestral tal como proponemos, se desprende que la jerarquía de los estados ha cambiado nuevamente. 
Esto es lógico, puesto que todos estos países se desarrollan muy rápidamente y tienen gobiernos ambiciosos, si estos son buenos. 
Están envueltos en una lucha noble, podríamos decir. 
Algunos podrán desarrollarse más rápidamente que otros. 
Depende simplemente de la capacidad de su dedicación y de la capacidad también de su administración pública y de su gobierno. 
Prácticamente todo el Parlamento apoya el deseo justo de la Comisión de que se celebre una Conferencia que reforme a la Unión verdaderamente, antes de que se produzca la primera adhesión. 
Con esto el propósito ha desembocado, en efecto, en una clasificación de los candidatos en dos grupos. 
Después de todo si se celebra primero una Conferencia Intergubernamental, tendremos que vérnoslas sólo con diez países diferentes de Europa central y oriental y con Chipre. 
En base a la propuesta del Consejo que ya no está en vigor no es necesario hacer una clasificación en dos partes. 
Ahora se toma la decisión política de enfilar y dirigir el camino hacia la asociación a través del proceso de adhesión y de negociación reforzados con todos los candidatos que son estados de derecho. 
Ese camino no debe ser interrumpido por decisiones políticas o determinados asuntos, por ejemplo abordando los últimos puntos esenciales. 
Estos se plantearán por sí solos si hay tiempo para ello. 
Ninguna barrera extra, pues, para los estados menos desarrollados. 
Llamamos a esto el principio de la línea de salida. 
Se trata con esto no sólo de un comienzo simbólico, en el que esté incluida una foto de familia, sino que también se trata de un comienzo en cuanto al contenido. 
Todos sabemos que las negociaciones bilaterales deben diferenciarse en parte en su carácter orientativo, ya que los candidatos también se diferencian entre sí de forma considerable. 
Hungría podrá empezar por la manera de hablar con el capítulo 20, Bulgaria con el capítulo 2. 
Pero los dos países se encuentran en la misma lucha. 
Un país está a la altura de un proceso de negociaciones más intenso que el otro. 
Pero todos los países alcanzarán esparcidos en el tiempo el escalón final. 
Aunque el que esto se produzca no depende de una decisión política nuestra, sino que es una cuestión de capacidad de los países mismos. 
Y no será hasta el final del camino que demos nuestro juicio político, sí o no contra su ingreso. 
Quizás sí que haya miembros candidatos que nos sorprendan por su ritmo y es posible que otros nos desilusionen. 
Esto depende totalmente de la dedicación de los países mismos y naturalmente también de nuestra ayuda para la mejora de su administración pública. 
Nos agrada leer en Agenda 2000 que la ayuda del programa PHARE dispone de un gran porcentaje para ello. 
Hablando sobre la capacidad de la administración y de la del estado de derecho debo decir en relación con esto que es una lástima que Eslovaquia no cumpla con los criterios políticos de Copenhague ni con el estado de derecho, una cláusula democrática que se ha incluido según nuestro deseo en el Tratado de Amsterdam. 
Si se introduce una nueva cotización en Bratislava, este país pasará a ser enseguida uno de los miembros candidatos más desarrollados. 
Quizás tenga que asumir las funciones un gobierno que defina mejor que el actual el carácter europeo de Eslovaquia. 
Aparte del proceso bilateral proponemos una consulta multilateral. 
En la Conferencia Europea, durante las Conferencias anuales de ministros, podemos discutir en el ámbito del segundo o tercer pilar asuntos de importancia común con todos los miembros candidatos, pero también con Turquía con Eslovenia y con Malta. 
Dentro de este marco existe una propuesta de invitar también a un grupo más reducido, es decir sólo a los estados de derecho actuales, para continuar con una reflexión más profunda acerca de diversos asuntos de importancia común. 
Esto como una especie de preludio de lo que sucederá tras la completa asociación. 
La Conferencia Europea se podría alimentar también de esta reflexión. 
Creemos por cierto que la falta de una política completa europea en cuanto a Chipre es inadmisible. 
Sufrimos seriamente la falta de una política extranjera en la Unión. 
La Unión no se puede limitar sólo a conversaciones en el marco de la integración, sino que tiene que esforzarse seriamente para solucionar los problemas de esta isla dividida. 
Tenemos a alguien en el centro y este de Europa; podemos tener a alguien también en Chipre que ayude a este país a resolver sus problemas desde una visión europea. 
Turquía no parece estar encaminada todavía a ser miembro de la Unión, esto se ve por los hechos. 
Si no este país colaboraría de forma constructiva a la solución de la cuestión de Chipre por ejemplo, o de ofrecer sus buenos servicios. 
Más difícil es que Turquía se transforme en un estado de derecho realmente estable. No debemos infravalorar estos problemas. 
Costará todavía mucho tiempo hasta que consigamos esto. 
Reconocemos que esto no puede suceder de la noche a la mañana. 
Del mismo modo debido a muchos amigos bienintencionados en Turquía la Conferencia Europea es, por eso, un puente apto para cuidar que los lazos con Turquía, además de a través de la unión aduanera, se mantengan en buena forma y se refuercen. 
Para llevar a cabo el ideal de la ampliación de nuestra liga de estados de derecho con un gran número de países que hasta hace poco tiempo padecían de regímenes totalitarios, no es conveniente que se reaccione en primer lugar con la calculadora. 
Esto sería una mala señal para la calidad de la cultura europea. 
Pero está bien que se hagan cuentas de cómo podemos propiciar la adhesión y de cuánto costaría esto. 
Los puntos de vista varían en este Parlamento. 
La diferencia entre nosotros alcanza más o menos un cuarto de céntimo por cada florín gravado. 
No es dramático. 
Pienso que la política de ahorro actual de nuestro Parlamento hará posible realizar la ampliación dentro los límites financieros mencionados con anterioridad. 
Por último, Señor Presidente, que todos nosotros seguiremos hacia delante está demostrado por la opinión del instituto de investigación económico independiente. 
La ganancia mayor se encuentra en la garantía de seguridad y en un entorno en el que los derechos del hombre se respeten: la liberación sólida de los pueblos que están en manos del totalitarismo, un desarrollo responsable en el aspecto social y en el medio ambiente en base a un orden democrático justo. 
Generaciones predecesoras anhelaron esto. 
Nosotros le podemos dar ahora un empujón para que esto suceda realmente. 
Señor Presidente, Señorías, nos reunimos hoy para abrir una nueva etapa en la construcción europea en el pórtico del nuevo milenio. 
Tenemos que, sobre la base de la Agenda 2000, enviar un mensaje claro y concreto al próximo Consejo Europeo de Luxemburgo y creo que estamos ante una oportunidad histórica que merece básicamente dos reflexiones. 
La primera es que los europeos de la Unión tenemos ahora la oportunidad histórica de superar Munich, es decir, el abandono de los pueblos de la Europa central y del este en 1939, y lo tenemos que hacer sobre la base de lo que hemos construido. 
Creo que, por tanto, se trata de una enmienda a la historia que hay que saludar porque a la Europa de la libertad estamos añadiendo la Europa de la voluntad a la que quieren asociarse once países de la Europa central y del este, más Chipre, lamentando que el actual Gobierno de un país amigo y amistoso, como Malta, no se haya añadido. 
Entonces, creo que, en primer lugar, hay que hablar de cómo entendemos iniciar este proceso con ellos y entiendo que el Parlamento está dispuesto a afirmar que se les reconoce a estos países el derecho a ser miembros de la Unión, que creemos que debemos emprender este camino de proceso de ampliación, de adhesión reforzada y acelerada con ellos, comenzando por un acto solemne que refleje la importancia histórica de este momento y también definiendo un marco general, como hemos hecho en otras ocasiones, para poder hacerlo de una manera ordenada y de una manera democrática. 
Entiendo que estos son los dos primeros pasos sobre los que tiene que articularse un proceso de negociación. 
Y si me permite, señor Presidente- para comparar el momento presente con otra de las grandes herencias europeas que son los Juegos Olímpicos, la primera vez que los griegos establecieron una tregua en sus guerras -, creo que podemos utilizar una analogía con las Olimpiadas. 
Aquí vamos a fijar una misma línea de salida, lo cual no quiere decir una misma línea de llegada. 
Es decir, sobre esta base, sobre el reconocimiento de los derechos expresados en nuestros Tratados y en la cumbre de Copenhague, estos países tendrán que hacer esfuerzos denodados para poder aproximarse a las reglas, al acervo, que rigen nuestras relaciones. 
Y tienen que contar para ello con nuestra ayuda, porque tienen un desafío triple. 
Estos países- y he compartido con el Sr. Presidente, no de manera voluntaria, el haber vivido la mayor parte de mi vida bajo una dictadura- tienen que consolidar la democracia, reestructurar su economía y aprender lo que es la buena vecindad en los términos de la Unión Europea. 
Y entiendo que, por eso, es preciso que abramos las puertas grandes, les recibamos e iniciemos el proceso de ampliación con generosidad y apertura. 
Y a este acto solemne, creo que hay que añadir que entendemos que este es un proyecto incluyente, que es un proceso que tiene que englobar a todos. 
Y, por lo tanto, creo que sobre esta base, y entiendo que la Comisión será receptiva a ella, puede la Comisión, después de que el Consejo Europeo formule este marco general, iniciar el proceso de negociaciones bilaterales con estos países con un criterio abierto y también con un sentido claro de responsabilidad ante el Parlamento. 
La segunda reflexión, señor Presidente, se refiere al impacto. 
A la hora de hablar del impacto, yo creo que hay que tener en cuenta una situación compleja, y es que tenemos que ser capaces de adaptar nuestros intereses creados, los nacionales y los comunitarios, a la necesaria solidaridad y apertura que predicamos en términos comerciales y políticos, y éste no es un ejercicio fácil. 
Prueba de ello es que, en este Parlamento, prácticamente todas las comisiones han estado trabajando activamente en estos meses para poder definir cuáles son los campos en los que puede haber no sólo fricciones sino intereses. 
Y aquí me parece que lo que tenemos que recordar hoy- aparte de que la mayor parte de los que nos sentamos aquí somos hijos de progresivas ampliaciones de un proyecto que, en su inicio, era un absurdo histórico y que se ha ido consolidando, afortunadamente, enmendando la historia- es que el balance de todas las ampliaciones que se han hecho, desde el núcleo inicial de seis países, ha sido globalmente positivo y que no han faltado las voces que han dicho que se iba a fracasar, que esto iba al desastre. 
Y sin embargo, por la voluntad que hemos compartido de buscar la paz, la democracia y la prosperidad, hemos sido capaces de desmentir a miles de expertos y de voces agoreras. 
Y creo que este criterio hay que plantearlo en el momento en que formulamos la mayor ampliación, el mayor desafío histórico. 
Y no solamente por razones políticas. 
También hay- yo diría- razones egoístas compartidas. 
Nos encontramos con un mercado impresionante que se abre ante nosotros, con un mercado de países demandantes que tienen menor nivel de renta, con los que tenemos globalmente en este momento unas balanzas comerciales positivas y, entonces, lo que tenemos que hacer es no solamente saber aprovecharnos de nuestra situación sino abrirnos a ellos porque en ello va no sólo nuestra prosperidad sino la estabilidad de Europa. 
Señor Presidente, no voy a extenderme mucho más. 
Simplemente quisiera agradecer su labor, aparte de a mi coponente, el Sr. Oostlander, por su incansable e inflexible tesón a la hora de trabajar, también a todos los ponentes de opinión que han colaborado, señalando- y lo harán ellos en nombre de sus propias comisiones- que hay algunos extremos importantes por mencionar. 
Se ha hablado aquí del coste. 
Yo creo que no se puede hablar del coste sin la estimación de los beneficios, pero me parece que la Comisión de Presupuestos- y en ello estamos de acuerdo la Comisión de Asuntos Exterioresha planteado una buena base, y es que las estimaciones que se dan, que no son todavía las perspectivas financieras, están en función no sólo del crecimiento sino de las reformas que tenemos que hacer, no ya para ampliarnos sino para sobrevivir, en la política agrícola, en la política regional y en otras políticas, porque, si no actuamos de esta manera, corremos un grave peligro: transformar este debate en un debate contable. 
Y la verdad es que, si hacemos sólo un debate contable, prevalecerá el egoísmo y seremos incapaces de dar este paso histórico. 
No voy a extenderme más porque se me ha agotado el tiempo, señor Presidente. 
Simplemente, permítame acabar citando a un gran europeo como es el Presidente Vaclav Havel, que, cuando habla del ser y la historia, dice que los seres humanos tratamos de dominar la historia pero que la historia es más dinámica, más rica y más dialéctica que nosotros. 
Yo creo que con este ánimo tenemos que afrontar este desafío sin precedentes para la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer sinceramente la inestimable colaboración del secretariado de la Comisión de Presupuestos en la preparación del informe. 
También he de agradecer la contribución de muchos diputados, especialmente los miembros de la Comisión de Presupuestos, hasta tal punto que no diré, como se suele hacer en las comunicaciones académicas, que asumo toda la responsabilidad personalmente, sino que, como hemos votado en comisión, creo que puedo decir que mis colegas de la Comisión de Presupuestos tienen su cuota en los aciertos y en los errores de la propuesta que formulamos ante el Pleno. 
Entrando en materia, Señorías, hay que señalar que, aunque el debate conjunto de hoy verse sobre la ampliación, el informe de la Comisión de Presupuestos no se ciñe exclusivamente a la ampliación. 
Es un informe como primera reacción ante la comunicación Agenda 2000 y, pese a la importancia de la ampliación, incluye muchos otros aspectos. 
Vaya por delante, sin embargo, que aquellos que sufrimos 40 años de dictadura fascista, que no fuimos liberados por los aliados, ni tuvimos plan Marshall alguno comprendemos muy bien las aspiraciones de los ciudadanos del este y centro de Europa y apoyamos su deseo y sus aspiraciones de pronta unión con nosotros. 
La Comisión, Señorías, ha cumplido con su obligación política de presentar, al término de la Conferencia Intergubernamental, un programa para el post-99, lo que podríamos llamar «la libreta de los deberes de la Unión Europea» para los primeros años del 2000. 
En ellos se inscribe en mayúsculas la palabra ampliación, pero no es su único capítulo. 
En todo caso, planea sobre todos los demás. 
Hemos de ser conscientes de que, con o sin ampliación, hay que proseguir la reforma y adaptación de la PAC, y de que los compromisos con el GATT y con la Organización Mundial de Comercio nos obligan a cambiar para el año 2003 elementos sustantivos de nuestra política agrícola tal y como la practicamos actualmente. 
Hay que ser conscientes de que los reglamentos de los Fondos estructurales expiran, con o sin ampliación a la vista, en 1999 y que, por tanto, habría que proceder a una revisión, en nuestra política de cohesión, de todo lo incluido en la actual categoría II de las perspectivas financieras. 
Respecto de la Unión Monetaria, la moneda única se harán con o sin ampliación. 
¿Sabemos acaso qué cambios implicará el euro para nuestras políticas internas y externas? 
¿Cuál es el papel de la Unión en el escenario mundial del siglo XXI? 
¿Cuál es nuestra contribución al desarrollo de la paz? 
¿Cuáles son las consecuencias del Tratado de Amsterdam para el presupuesto de la Unión? 
Todos estos interrogantes estaban sobre la mesa y la Comisión Europea ha pretendido darles respuesta mediante la Agenda 2000, que incluye un marco financiero para el periodo 2000-2006. 
Era una tarea difícil y nuestra impresión es que la Comisión ha sido en exceso pragmática. 
En ocasiones anteriores- véanse los paquetes Delors I o Delors II- la Comisión había procedido a evaluar los objetivos y las necesidades y, a continuación, había hecho una propuesta financiera lo más moderada y cauta posible. 
Tenemos la impresión de que, en esta ocasión, se ha invertido el método y de que se ha partido de un techo financiero prefijado e inamovible- el sacrosanto 1, 27 % del PNB- y, a partir de ese dato, se han hecho los equilibrios financieros para meter todo lo posible bajo ese techo. 
No voy a negar la posibilidad de que lo que dice la Comisión se vaya a realizar. 
De hecho, jamás, entre 1988 y 1997, hemos alcanzado el techo vigente de los recursos propios, y sólo en un ejercicio presupuestario la autoridad presupuestaria, de la que el Parlamento constituye una de las dos ramas, no ha podido hacer ahorros importantes respecto a las perspectivas financieras. 
Es más, lo ahorrado en el periodo 1988-1996 respecto a lo autorizado por los parlamentos nacionales al ratificar la decisión de recursos propios es superior al monto total previsto por la Comisión para la preadhesión y la ampliación. 
Sin embargo, a juicio de la Comisión de Presupuestos, la propuesta de la Comisión se basa en demasiadas hipótesis aleatorias. 
Por ejemplo, el crecimiento del PNB de los Quince debe ser del 2, 5 % anual acumulativo. 
Es plausible. 
¡Ojalá lo sea! 
Pero para el periodo anterior 1991-1996, el crecimiento real de los Quince fue del 1, 5 %, un punto menos por año. 
Si ese 1, 5 % persistiera en el periodo 2000-2006, el presupuesto previsto por la Comisión superaría el techo del 1, 27 % en cinco de los siete ejercicios presupuestarios. 
Por poco que el crecimiento bajase del 2 % interanual, el edificio de la Comisión se tambalearía, y no hablo del Berlaymont. 
¿Qué pasaría si el calendario de la ampliación fuera otro? 
Si cambia la fecha de adhesión o el número de nuevos Estados miembros, ¿alguien puede garantizar ahora, en otoño de 1997, que conoce las necesidades de nuestros futuros socios, sin tan siquiera conocer el contenido de los Tratados de Adhesión, sin saber cuáles serán los periodos transitorios, si los hay, para cada país y sector? 
La propuesta de la Comisión simplifica en demasía el debate en el Consejo, pero se basa en lo que hemos denominado en la Comisión de Presupuestos «economías virtuales». 
Son posibles, pero no están en absoluto garantizadas. Se nos pide austeridad y responsabilidad y para nuestra ilustración, el Consejo rechaza la reducción de la ayuda a los cereales, un sector en el que, por cierto, se ha constatado, además, el pago de una sobrecompensación de 3 millardos de ecus por parte de los gobiernos que constituyen el Consejo. 
Si esta es la tónica del Consejo para la reforma de la PAC, faltarán unos 4 millardos anualmente para financiar la propuesta de la Comisión sólo en categoría I, es decir, gastos agrícolas. 
Y ello sin contar con la ingeniería financiera que nos proponen para los Objetivos 5 a y 5 b de los Fondos estructurales, que se pretenden incluir en la categoría I. 
Asimismo, la propuesta contiene una serie de elementos interesantes sobre política de cohesión, incluso el mismo mantenimiento del Fondo de Cohesión, que serán objeto de pronunciamientos más destacados y posteriores del Parlamento aunque ahora ya hagamos algunas indicaciones. 
Pero ¿qué pasa, Señorías, si no se aprueban todos los elementos de la propuesta? 
¿Hasta qué punto es realista pensar que los Quince aceptarán una reducción de los Fondos estructurales para sus propios territorios, para los ciudadanos de los Quince? 
Y quiero que quede claro que hemos comprendido perfectamente que la Comisión propone concentrar las dotaciones en las zonas más pobres y retrasadas de la actual Unión, porque presupone que no es lógico ni justo que la ampliación se haga en detrimento de las zonas menos ricas de la actual Unión Europea. 
La ampliación deberá ser sufragada por todos y debe serlo de manera equitativa. 
Todo ello nos lleva a un planteamiento que es una oferta al Consejo y a la Comisión. 
Aceptamos el contenido financiero de la comunicación de la Comisión como punto de partida. 
Lo criticamos e incluso ponemos en tela de juicio la duración del periodo a planificar. 
Pero seamos claros: el Parlamento considera que los retos que tiene ante sí la Unión Europea aconsejan la paz presupuestaria y, por ello, pide la presentación formal de unas perspectivas financieras para la Unión a Quince, que incluyan, por supuesto, su capítulo ampliación y, de ser posible, un acuerdo interinstitucional de disciplina financiera y presupuestaria. 
Pero esto no significa que el Parlamento esté dispuesto a que le tomen el pelo. 
Concertaciones presupuestarias como las del jueves pasado inducen a la Comisión de Presupuestos a desconfiar profundamente de la actitud del Consejo. 
Por lo tanto, pedimos que se tengan en cuenta nuestras críticas y sugerencias en la propuesta de la Comisión y consideramos como condición sine qua non la inclusión de una cláusula de revisión que permita, por supuesto, valorar en cada caso las implicaciones presupuestarias de los diversos Tratados de Adhesión, pero también en el caso de que las economías virtuales se efectúen, es decir, que las reformas de la PAC y de los Fondos estructurales, que no tienen por sí mismas finalidad de ahorro, generen los ahorros que pronostica la Comisión, o que se compruebe que el ritmo de crecimiento de la economía comunitaria supera el esperado y deseado 2, 5 %. 
También pensamos que debe procederse, de aquí a la ampliación, a actualizar el procedimiento presupuestario y el sistema de recursos propios, haciéndolos más justos y transparentes para los ciudadanos europeos. 
Señorías, señores del Consejo y de la Comisión, los desafíos de los próximos años son importantes para Europa, y me atrevería decir para el resto del mundo. 
Debemos afrontarlos ciertamente con austeridad y seriedad. 
Pero la primera condición de la seriedad es no pretender autoengañarse y menos en cuestiones de dinero. 
Y por lo tanto, no se puede pretender que ya podemos garantizar ahora que toda la Agenda 2000, ampliación incluida, saldrá gratis para todos. 
Europa se merece más seriedad y el Parlamento así lo va a exigir. 
Y me sobran 30 segundos, como señal de ahorro. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento y aprecio hacia los ponentes Oostlander, Barón, Colom i Naval y también al Sr. Spencer, que tenía una misión de coordinación, y a todos aquéllos que han colaborado en los dos informes tanto en las comisiones como en las comisiones parlamentarias conjuntas. 
Los dos informes cubren de forma global los complejos asuntos que pueden plantearse en el próximo Consejo Europeo de Luxemburgo. 
La Comisión desea agradecer al Parlamento su constructivo planteamiento y constata con cierta alegría que la idea del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea coinciden ampliamente en un número de cuestiones importantes. 
Quisiera aprovechar esta ocasión para tocar brevemente una vez más puntos esenciales de las propuestas de adhesión y financiación en Agenda 2000 y con ello dirigir la atención a las zonas donde puedan existir todavía diferencias de opinión. 
En la política a veces es necesario tomar decisiones claras, por muy tentador que sea esto en ocasiones, para dejar que sobreviva una cierta situación ambigua, sirviendo esto a veces también para una finalidad política justificada. 
Creemos que los Estados miembros pidieron claridad cuando intentaron emitir un dictamen a la Comisión sobre las solicitudes de adhesión de los diez países de la Europa central y oriental. 
Durante más de un año la Comisión ha analizado la información relevante que había sido proporcionada por los mismos aspirantes. 
A continuación la hemos verificado teniendo en cuenta los datos de las fuentes más fiables en los Estados miembros y también de las fuentes de las instituciones internacionales y, los Estados miembros como del mismo modo también los países candidatos y recientemente también el Banco Europeo para Reconstrucción y Desarrollo han reconocido que la evaluación y juicio realizados por la Comisión han sido correctos y profesionales. 
Oyendo también a los ponentes y pensando en los debates constructivos que debemos celebrar acerca de la ampliación, me gustaría subrayar una vez más que para la Comisión Europea, y pensamos también que para muchos en el Parlamento, la operación de ampliación es un proceso en el que ninguno de los países candidatos está excluido. 
Ninguna ampliación debe conducir a nuevas líneas de separación en Europa. 
Esto sirve por cierto con respecto a los países de Europa central y oriental, de los que hemos estado separados respectivamente demasiado tiempo debido al destino nefasto de la historia. 
También el presidente del Consejo ha hecho referencia a que este proceso de ampliación comprende tanto las negociaciones como la preparación. 
El que un candidato pueda pasar de la fase de preparación a las negociaciones va unido sólo y exclusivamente a su capacidad de progreso. 
El que un candidato entre en negociaciones y se prepare para ello, y lo deje claro, esto no influye de ninguna manera para que consiga la calidad de miembro, puesto que la seguridad de Estado asociado ha sido ya dada a todo los candidatos por decisión del Consejo Europeo de 1993. 
Ya fue expresado y establecido el carácter histórico de la ampliación y también la obligación histórica que adquiere con esto la Unión Europea de no excluir a ningún candidato. 
Por eso la Comisión se pregunta si un comienzo conjunto de negociaciones con todos los países candidatos no sería un enfoque muy artificial. 
Lo hemos dicho muy frecuentemente: diferenciación no es discriminación sino una consecuencia natural de las diferencias reconocidas en el progreso para el camino que conduce a ser Estado miembro. 
Una línea de comienzo conjunta daría satisfacción sólo a corto plazo, según nuestra convicción, para pasar a continuación a la frustración y desengaño cuando las negociaciones no mostrasen el esperado progreso por falta de preparación suficiente. 
Por cierto el presidente del Consejo, el Sr. Poos, se ha referido a esto precisamente: el que se comience antes con las negociaciones no significa de ningún modo que la integración se produzca automáticamente antes. 
Más firme aún: el que se produzca un adelantamiento a través de la llamada preadhesión es tan posible como el que aumente el retraso a través de la adhesión. 
Todo esto depende de los esfuerzos y resultados de cada país individualmente. 
Otra consideración importante que ha servido en la Comisión para la no elección de una línea de comienzo conjunta es que esto pueda significar también para los entonces países candidatos más avanzados claramente un riesgo de retraso. 
Además para los candidatos menos avanzados significaría una operación poco efectiva, que dificultaría innecesariamente la concentración necesaria para que se llevase a cabo la asociación. 
Con lo expuesto he querido explicar una vez más por qué tenemos apego a la diferencia entre países candidatos más o menos avanzados y por qué hacemos la diferencia entre negociaciones y preparación, y que el hacer esta diferenciación no puede considerarse de ninguna manera como discriminación, y menos aún descalificación. 
Esto no lo hacemos sólo de palabra sino visiblemente también de hecho. 
Después de todo, la estrategia propuesta de preadhesión comprende seis elementos fundamentales que son aplicables tanto a la adhesión como a la preadhesión, así como a todos los países candidatos de Europa central y oriental. 
Con eso se hace más claramente visible el carácter universal del proceso de ampliación. 
Hablamos de seis elementos. 
Las asociaciones de adhesión. 
No entro en los detalles de esto. 
Ustedes ya los conocen. 
En segundo lugar, la duplicación del apoyo financiero para ayudar a cada país candidato en su preparación para ser Estado miembro. 
Y a partir del año 2000 los miembros aspirantes recibirán tres mil millones al año, de los cuales 1500 millones del programa PHARE, mil millones de los fondos de estructura y 500 millones de la categoría I de Agricultura, aceptando que el Consejo se haga cargo de nuestras propuestas financieras. 
Además la Comisión investiga en este momento si es posible llegar a la creación de lo que yo llamaría un fondo de recogida del sobre PHARE pero poniendo por encima las asignaciones nacionales existentes. 
Un fondo que tal como indica la denominación fondos de recogida, está destinado a aquéllos países que tienen que llevar el mayor esfuerzo, quiere decir esto pues, en pro de la preadhesión. 
Tercer elemento fundamental. La Comisión propone formar una conferencia permanente europea. 
También el Sr. Poos, el presidente del Consejo, ha hablado acerca de esto, de un foro multilateral en el que todos los miembros aspirantes estén incluidos. 
Es útil que la conferencia a pesar de su estructura débil trate asuntos sustanciales, puesto que si no la conferencia se queda como si fuera un estuche vacío y por supuesto de esta forma tiene poco valor como foro para los aspirantes. 
Un cuarto elemento fundamental. La Comisión se compromete a evaluar anualmente los progresos de cada aspirante, por primera vez en diciembre de 1998. 
Esta evaluación tiene que ofrecer la seguridad necesaria y al mismo tiempo servir como estímulo para proseguir con las necesarias reformas. 
El quinto elemento fundamental era abrir la posibilidad a todos los países candidatos de participar en programas conjuntos de modo que puedan familiarizarse con nuestros programas, instituciones y forma de trabajar. 
En sexto lugar la Comisión recomendará inmediatamente que las negociaciones se abran a los países candidatos restantes tan pronto como éstos cumplan los requisitos necesarios. 
Me parecía bien enumerar una vez más por qué la Comisión ha hecho estas elecciones que actualmente propone al Consejo y sobre las que le gustaría escuchar la opinión e interpretación del Parlamento. 
También la Comisión quisiera dedicar algunas palabras a Turquía, ya que este país se ha tomado en consideración en Agenda 2000. 
En general se reconoce la existencia de vínculos estrechos importantes con Turquía. 
Desde hace ya tiempo Turquía está unida a la Unión en un acuerdo de Asociación, y la unión aduanera que tuvo lugar en 1995 refleja el carácter especial de las relaciones mutuas. 
Turquía seguramente ha pedido claridad unas cuantas veces en el camino hacia Luxemburgo con respecto a sus perspectivas acerca de futuro miembro de la Unión, aunque de parte turca existe entendimiento de que tendrá ocasión de esto únicamente a largo plazo. 
La Unión por su parte pide a Turquía más claridad acerca de los propósitos turcos para vencer los problemas políticos que están en relación con la situación de los derechos humanos, la cuestión de Chipre y las relaciones tensas y disputas con nuestro Estado miembro Grecia. 
La Comisión es partidaria de claridad entre ambas partes. 
Esperamos también que por una parte el Consejo Europeo de Luxemburgo anote avances positivos de Ankara y que ésta por otro lado formule conclusiones llenas de contenido en lo que concierne al itinerario que debe marcar Turquía para llegar a ser Estado miembro de la Unión Europea. 
Con respecto a esto último la Comisión ha aportado diferentes elementos, entre los que se hayan la ampliación y profundización de la unión aduanera y participación de Turquía en una Conferencia europea llena de contenido. 
Además la Comisión ya ha abogado en favor de llevar a la práctica la colaboración financiera con Turquía que forma el complemento lógico y contractual de la unión aduanera. 
Para la Comisión está completamente claro que la presidencia querrá evitar por supuesto que la cumbre de Luxemburgo, que como punto principal de la agenda tratará la ampliación, degenere en una cumbre en la que domine la discusión acerca de las relaciones futuras con Turquía. 
No sería justo para las expectativas justificadas de nuestros socios de la Europa central y oriental. 
Sin embargo esperamos que Luxemburgo signifique un paso hacia adelante y que además pueda propiciar un clima deseable para el comienzo de las intenciones de negociar la integración de Chipre, para lo que según el juicio de la mayoría de los Estados miembros también la comunidad turca-chipriota tendrá que formar parte. 
En el proyecto del informe se ha tocado también un importante punto. 
Con razón sabía el Parlamento Europeo que, igual que para la anterior ampliación, la expansión de la Unión tiene que ir pareja con un cierto número de reformas necesarias si la Unión quiere ser eficiente y si quiere funcionar con efectividad. 
Creo que el Parlamento Europeo en lo que a esto respecta ha escogido el mismo enfoque que la Comisión en su Agenda 2000, la cual defiende la toma de decisiones antes de que los nuevos Estado miembros entren en la Unión. 
Para concluir algunas palabras acerca de la financiación de la ampliación. 
El informe que el Sr. Colom i Naval ha presentado en nombre de la Comisión de Presupuestos se adhiere en diferentes puntos esenciales a las consideraciones que estaban claras para la Comisión en los resultados del nuevo marco financiero. 
Se subraya que es importante conservar las expectativas financieras y cerrar el acuerdo interinstitucional. 
También la orientación que propone la Comisión en el campo de política agrícola conjunta y de medidas estructurales aparecen a grandes rasgos en el informe. 
La ampliación de los territorios políticos comunitarios que pueden contribuir mejor al empleo y al crecimiento se considera prioritario tanto en la Comisión como en el informe. 
El marco financiero y la Agenda 2000 son un marco referencial. 
Se trata de que la Comisión pase a un equilibrio preciso entre los medios financieros que necesita la Unión para las importantes tareas que tendrá que realizar en el transcurso del siguiente decenio y por otra parte entre los requisitos respecto a la disciplina de presupuestos a la que cada uno se tendrá que someter. 
Del marco propuesto resulta que es posible continuar con la ejecución de la política comunitaria y el ingreso gradual de nuevos Estados miembros y todo esto habiendo llegado al máximo de los propios recursos del 1, 27 % del PIB, mientras que se puede ocupar al mismo tiempo de márgenes de seguridad considerables. 
La finalidad era averiguar si nuestras diversas propuestas desde el punto de vista financiero muestran una interrelación general. 
Con ese contexto como punto de partida la Comisión tendrá que profundizar la discusión indudablemente y tendrá que ser pulida más detalladamente. 
La Comisión presentará por lo tanto, conforme a sus obligaciones a finales del próximo año, dos tipos de propuestas financieras: un panorama con las previsiones financieras para el período 2002-2006 de una Unión con quince Estados miembros en la que del mismo modo se consignarán cantidades que serán disponibles para atender las necesidades de la ampliación con un cierto número de nuevos Estados miembros. 
El Parlamento se tendrá que pronunciar acerca de este panorama de conjunto. 
Las previsiones financieras tendrán que adaptarse de común acuerdo entre las instituciones en el momento en que sea efectiva la entrada de un número de países adicionales, dependiendo de la fecha de entrada y dependiendo de las condiciones de ingreso acordadas. 
En esa ocasión se podrá tener en cuenta el desarrollo efectivo de los parámetros económicos comparándolo con las expectativas originales. 
El efecto presupuestario de las reformas que serán puestas en marcha para los Quince se conocerán asimismo mejor. 
Se presentará del mismo modo un informe sobre la aplicación del acuerdo interinstitucional de 1993, acompañado de directrices para un nuevo acuerdo. 
En base a eso deberá abrirse el debate principalmente sobre algunos de los temas citados en el informe tal como la medida de flexibilidad para el siguiente marco financiero y los medios para mejorar la colaboración interinstitucional en la tramitación del procedimiento presupuestario. 
En lo que respecta al sistema financiero, la Comisión constata que el sistema en vigor responde a las expectativas. 
El sistema lo logra como es debido en su tarea más importante que consiste en ocuparse de recursos estables y suficientes. 
La división de las cargas financieras, sobre todo tras las recientes modificaciones, coincide con el principio de equidad teniendo en cuenta la relativa riqueza de los Estados miembros. 
Los puntos de vista de los Estados miembros con respecto a los presupuestos no discrepan mucho de las expectativas en tiempos de la aprobación del paquete Delors II. La situación no cambiará profundamente probablemente durante el próximo período, excepto en el sentido naturalmente de que todos los Estado miembros actuales tendrán que repartirse los gastos de la ampliación. 
En el período de las siguientes perspectivas financieras el mantenimiento del actual sistema financiero y los efectos de la reforma de los destacados aspectos de política comunitaria no causarán importantes cambios en la situación presupuestaria relativa de los Estados miembros. 
Estas consideraciones están expuestas por cierto y precisadas en el documento de trabajo que la Comisión ha presentado al Consejo informal ECOFIN de miembros más jóvenes el 13 de octubre y en el que una vez más se hace referencia a las limitaciones e imperfecciones de un enfoque que se ha concentrado seriamente en el saldo presupuestario de cada Estado miembro. 
Era la tarea de la Comisión hacer conocer esta determinación en Agenda 2000 y dar a conocer que no es necesario según ella por consiguiente una completa reelaboración del sistema de recursos propios. 
Es evidente que la Comisión presentará un informe en el transcurso del año 1998 de acuerdo con el compromiso que ésta ha contraído acerca del funcionamiento del sistema de recursos propios. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, como austríaco- vengo de un país que se ve afectado muy intensamente por la ampliación de la Unión Europea- me alegra poder ser el primero en exponer la opinión de mi grupo político, si bien soy consciente de que puedo hacerlo solamente porque Klaus Hänsch, que ha llegado relativamente tarde por motivos a él no imputables, ha tenido la generosidad de permitir que siga hablando. 
Le expreso mi agradecimiento por haber contribuido de modo determinante a encontrar en nuestro grupo político junto con otro grupo una línea que considero muy positiva. 
Las semanas pasadas se han caracterizado por una fiebre de adhesión en esta Asamblea. 
La cuestión que se planteaba era la siguiente: ¿estás a favor de la carrera abierta o de la fórmula 5 + 1? 
Esta fue la cuestión central en el desayuno, en la comida y durante las sesiones, no solamente de la Comisión de Asuntos Exteriores donde, por exagerar, se distinguió entre amigo y enemigo. 
Al igual que el Parlamento, estamos a favor de ambas cosas, pero esto no supone un compromiso circunstancial ya socavado de antemano sino que es un buen compromiso, tal como han expuesto el Presidente del Consejo y el Comisario. 
Nos hemos ocupado tan intensamente de este asunto porque para nosotros no se trata solamente de una cuestión concreta sino también muy emocional. 
¿Qué mejor juicio puede realizarse sobre la Unión Europea que el hecho de que ante su puerta se encuentran muchos países que tienen sobre todo el deseo de convertirse en miembros de esta Unión? 
A pesar de todas las críticas que ejercemos, a pesar de la insatisfacción que tenemos con muchas cosas, y aún más nuestras ciudadanas y ciudadanos, la mejor señal es el hecho de que todos los que están dentro quieran seguir estándolo y todos los que están fuera quieran entrar. 
Y estos son nuestros vecinos a quienes tenemos que ayudar. 
Convirtiéndose en miembros de la Unión Europea, ven la oportunidad de superar todas las aflicciones, el erróneo desarrollo económico y todas las dificultades políticas de los decenios pasados. 
Tenemos la obligación de ayudarles a superar estos problemas. 
La caída del telón de acero y el derrumbe de los regímenes comunistas no significa ya el bienestar que les deseamos y que nosotros también necesitamos. 
Naturalmente, debemos pensar también que muchos de entre nosotros tienen miedo ante este proceso de ampliación pues se van a producir movimientos migratorios, porque quizás haya menos dinero para nosotros o alguno de nosotros o porque se pida más dinero de alguno de nosotros. 
Debemos tomarnos en serio este temor pues sin nuestra propia población y sin su asentimiento no podremos concluir positivamente este proceso de ampliación para que sea aceptado por nuestra población no sólo formalmente sino también en lo que se refiere a los contenidos. 
Debemos decírselo. 
Debemos decirle que esto representa una oportunidad extraordinaria para Europa y para nosotros. 
La ampliación no es un juego aritmético en el que uno gana y otro pierde, en el que Hungría, Polonia y todos los demás países ganan porque nosotros perdemos. 
No, la ampliación es una oportunidad para crear una zona común de bienestar y de seguridad en Europa y no debemos dejarla pasar de largo. 
A pesar de esta actitud emocional positiva, debemos ser también abiertos y sinceros. 
No se trata de un camino de rosas que desemboca automáticamente en la ampliación sino que es un difícil y largo proceso de negociaciones y conversaciones que puede concluir positivamente con buena voluntad, pero que exige ésta de ambas partes y, naturalmente, reformas de los países que quieren la adhesión. 
Hace falta tiempo para llevar a cabo estas reformas, por lo que dejaría de lado cualquier pronóstico a corto plazo. 
Lo decisivo no son los pronósticos que ahora arriesguemos sobre cuándo se puede producir la adhesión sino que el próximo año comencemos inmediatamente negociaciones serias y que iniciemos inmediatamente las reformas, tanto en los países que quieren ingresar como en los de la Unión Europea. 
La fórmula que hemos encontrado o que estamos buscando conjuntamente- hasta esta noche tendremos que adoptar una decisión- creo que es muy aceptable. 
Queremos que todos puedan participar en este proceso de ampliación, que nadie quede excluido, que nadie tenga la sensación de quedarse fuera sin saber cuánto tiempo va quedarse fuera, que se negocie, sobre todo con aquellos que se pronuncian en favor de la democracia no sólo en teoría sino también en la práctica y que se negocie intensamente con aquellos que propone ahora la Comisión. 
Si algo cambia en estos países- que algo puede cambiar con rapidez lo vemos en el caso de la República Checaentonces negociaremos con los que entretanto hayan mejorado. 
Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a la Comisión por su trabajo aunque ahora se haya modificado esta propuesta. 
Pero si se ha hecho y hemos llegado a este compromiso es porque ha sido posible construir sobre esta propuesta de la Comisión. 
Hemos encontrado una solución muy buena que permite llevar a cabo este proceso de ampliación sin debilitar la Unión Europea, pues queremos fortalecerla con la ampliación. 
Lo lograremos si trabajamos conjuntamente. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Parlamento Europeo debate hoy por segunda vez sobre la ampliación de la Unión Europea en diez Estados de la Europa Central y Oriental y Chipre. 
El 16 de julio, la Comisión Europea presentó su Agenda 2000 y el mismo día debatimos al respecto. 
Hoy debatimos sobre la base de los informes de los colegas Arie Oostlander y Enrique Barón Crespo y a estos dos informes me voy a referir. 
En nombre del Grupo del PPE quiero felicitar a los colegas Oostlander y Barón Crespo por su difícil y excelente trabajo. 
Las personas en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y Rumanía quieren pertenecer a la Unión Europea porque comparten nuestras convicciones e ideales sobre la Europa del siglo XXI para, tal como se dice en los Tratados de Roma, cito: "... crear las bases de una unión cada vez más estrecha de los pueblos europeos y garantizar y afianzar la paz y la libertad mediante esta unión». 
Este deseo no es solamente compartido por las personas en los cinco países que la Comisión ha propuesto para las negociaciones de adhesión sino por las de los diez Estados de la Europa central y oriental que están vinculadas a la Unión Europea mediante Acuerdos Europeos. 
No olvidemos que fueron los ciudadanos de los Estados de la Europa Central y Oriental los que en 1989/90 hicieron posible el cambio en nuestro continente con su voluntad de libertad, su afán de democracia y su deseo de un orden de economía de mercado. 
No podemos defraudar ahora con nuestra decisión a estas personas que han hecho posible la revolución pacífica en Europa. 
(Aplausos) Las personas de la Europa central y oriental quieren vivir en una sociedad libre como nosotros. El grupo del PPE está convencido de que todos los europeos tienen el derecho político y moral a vivir en seguridad, paz y libertad. 
Por ello, el mandato supremo para el comienzo de las negociaciones de adhesión es el siguiente: no se debe discriminar a ningún país y no seamos tan arrogantes diciendo lo que es discriminación sino que escuchemos lo que estos países dicen cuando posiblemente se sienten discriminados mediante nuestras decisiones. 
Por ello, debemos adoptar las decisiones de tal modo que alentemos a esos Estados, a esas personas, a proseguir este costoso y, con frecuencia, doloroso proceso de reformas con la perspectiva del ingreso en la Unión Europea. 
Las personas necesitan ser animadas y, por ello, el Grupo del PPE insta a los Jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del 12 y 13 de diciembre en Luxemburgo para que envíen una señal a los pueblos de la Europa central y oriental en el sentido de que pertenecen a la familia europea y que estos Estados van a ir integrándose paulatinamente en la comunidad de los pueblos de la Unión Europea. 
El Grupo del PPE adoptó resoluciones unánimes el 1 de octubre y el 26 de noviembre en Bruselas y también en su Congreso de Toulouse el 11 de noviembre de 1997. 
Coincido con el Sr. Swoboda en que los debates fueron muy difíciles pero, a la postre, hemos llegado a resoluciones unánimes y recomendamos el siguiente proceso para la ampliación. 
Primero: en 1998 debe establecerse un proceso más intenso de adhesión y negociación con los países de la Europa central y oriental que cumplan las condiciones políticas para convertirse en miembros así como con Chipre. 
Segundo: se deben mantener intensas negociaciones sobre una base individual con aquellos países que estén más avanzados. 
Tercero: un diálogo de ampliación en el que participen los países candidatos debe crear una red informal para debatir sobre todos los campos de la política de la Unión Europea. 
Cuarto: la Conferencia Europea propuesta por la Comisión puede ser un instrumento útil de cooperación para afianzar en especial las relaciones con Turquía. 
El proceso de ampliación va a ser difícil y tanto los países candidatos como la misma Unión Europea, que deberá prepararse para la ampliación mediante las necesarias reformas institucionales y políticas, deberán quitar aún muchas piedras del camino de la ampliación. 
No hablemos siempre solamente de las tareas que deben cumplir los países candidatos a la adhesión sino también de las tareas que debemos cumplir nosotros mismos como Unión Europea, pues queremos que la ampliación conduzca a un fortalecimiento de la Unión Europea y para ello debemos lograr que esta Unión Europea tenga una mayor capacidad de maniobra y sea más democrática para que los pueblos de la Europa central y oriental ingresen en una Unión que proporcione a todos los europeos una perspectiva de futuro en estabilidad para todo el siglo XXI. 
El Parlamento Europeo, que representa hoy a 370 millones de personas, tiene que ser el abogado de los pueblos de toda Europa. 
Si no lo somos, ¿quién puede serlo entonces? 
Nosotros, los diputados, tenemos que ser el abogado. 
Europa no es solamente la Unión Europea de hoy. 
Tenemos que trabajar para que los pueblos de la Europa central y oriental, con los que debe comenzar el proceso de adhesión y negociación, envíen paulatinamente también a sus representantes al Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo, en el que nos encontramos hoy aquí en Bruselas- acabamos de ocupar las nuevas oficinas- es demasiado grande para ser solamente un Parlamento para la actual Unión Europea. 
Trabajemos conjuntamente para que lo antes posible en el próximo decenio, que va a ser también un nuevo siglo y milenio, podamos saludar aquí en el Parlamento Europeo a representantes libremente elegidos de la Europa central y oriental. 
Hace pocos años, esta idea era aún una utopía. 
Hoy ya no es una visión sino una probabilidad que se convertirá pronto en una realidad si trabajamos decididamente. 
El grupo del PPE se enfrenta a esta histórica tarea para nuestro viejo pero siempre renovado continente. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, construir con éxito la gran Europa, por fin reunificada y reconciliada consigo misma, constituye el gran imperativo histórico paneuropeo que debemos afrontar al comienzo del tercer milenio. 
Se trata no sólo de pasar definitivamente la página de la división de Europa impuesta por Stalin en Yalta, sino también de consolidar la paz y la seguridad en nuestro continente y al mismo tiempo ofrecer a todas nuestras naciones la posibilidad de hacer que resplandezcan los valores humanistas de que son portadoras. 
El planteamiento muy técnico adoptado por la Comisión en el documento Agenda 2000, que propone una estrategia para las futuras ampliaciones, oculta un poco la importancia del imperativo político, moral y cultural que hoy afronta Europa. 
Esa ampliación no se parecerá- ya lo sabemos- a la anterior por su dimensión geográfica e histórica y sus dificultades vinculadas con las secuelas del colectivismo que afectó profundamente a las estructuras sociales, e incluso mentales, de los países candidatos. 
Exigirá tanto a los países candidatos como a los actuales países miembros esfuerzos considerables que, para ser aceptados, deberán ser transcendidos con una visión política apta para galvanizar las energías. 
Dudo que la simple transposición a los países candidatos del acervo comunitario, que es como un leitmotiv de la estrategia que se nos propone en la Agenda 2000, baste para crear el impulso político que sería necesario con vistas a superar las dificultades de la empresa. 
Cuando se hundieron los regímenes colectivistas en el Este, ciertos dirigentes occidentales expresaron el deseo de que se aplicara un nuevo plan Marshall en favor de los países recién emancipados. 
¿Qué podemos decir hoy al respecto? 
El esfuerzo financiero en transferencias netas hacia los PECO, previsto en el marco de la Agenda 2000, ha sido cifrado por la Comisión de Presupuestos en el 0, 13 % del PNB de los quince miembros actuales de la Unión. 
¿Es suficiente, habida cuenta de las enormes necesidades de los PECO para modernizar sus infraestructuras esenciales, su agricultura, su industrias pesada, y adaptar sus empresas a las normas medioambientales de la Unión? 
Podemos dudarlo. 
¿Cómo preservar al mismo tiempo los logros de la Política Agraria Común y de los Fondos estructurales y de Cohesión, cuando resulta que las necesidades por satisfacer para contrarrestar los retrasos en materia de rentas de los futuros Estados miembros son inconmensurables con los de los más pobres de los Estados miembros actuales? 
La fijación del límite máximo de los recursos del presupuesto comunitario en el 1, 27 % del PNB se basa en ciertas conjeturas que no será fácil hacer realidad. 
¿Están dispuestos a pagar todo el precio que requiere los que más desean la ampliación, por razones que no siempre son desinteresadas, desde el punto de vista de sus intereses comerciales a medio plazo? 
¿Acaso no practican la política del avestruz los que afirman que todo se arreglará con el tiempo, con la esperanza de que los dioses sean favorables a Europa, al negarse realmente a tener en cuenta todos los imperativos políticos y financieros de dicha ampliación? 
En esas condiciones, ¿no habrá llegado la hora de formular un nuevo proyecto europeo a la medida de los imperativos que representa la aparición de la gran Europa? 
Ésta no se realizará sin la aplicación de nuevas solidaridades en la esfera de la defensa, de la seguridad interior y de la economía. 
Para algunos Estados candidatos, la adhesión a la OTAN, garante de su integridad territorial y su seguridad exterior, tiene prelación sobre la adhesión a la Unión Europea, que actualmente no puede ofrecerles las mismas garantías. 
¿No habrá llegado el momento de invertir las prioridades concediendo de nuevo el primer lugar a la construcción política de la Europa reunificada, respecto de la realización, necesaria, desde luego, pero a veces sentida como menos decisiva y exageradamente apremiante, del gran mercado interior y de la consecución de una moneda única de la que, por lo demás, quedarán excluidos a medio plazo la mayoría de esos nuevos Estados miembros? 
¿No será necesario construir en seguida la Europa política so pena de ver disgregarse con el tiempo o empantanarse en procedimientos tecnocráticos el proceso de integración tal como se ha orientado hasta ahora? 
El Consejo Europeo de Luxemburgo debería dar al impulso en pro de la ampliación ese aliento político del que carece el programa Agenda 2000. 
La creación de la conferencia europea en la que se reunirán los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros actuales y de los Estados candidatos podría ser el foro más adecuado para formular y establecer las grandes orientaciones de la futura gran Europa. 
Paralelamente, se podrían entablar las negociaciones de adhesión con todos los candidatos, sin exclusiva alguna, a fin de no volver a crear dentro de Europa nuevas divisiones artificiales y peligrosas. 
He de precisar que si, como se propone actualmente, se excluyera a un solo estado del proceso de negociación, recomendaré a mi Grupo no votar a favor del informe Oostlander. 
A ese respecto, me han chocado, por no decir escandalizado, las palabras pronunciadas antes por el Sr. Oostlander en las que sugería que las cosas podrían ir mejor a Eslovaquia, si el pueblo de ese país se dotara de un gobierno diferente. 
Es una injerencia inadmisible en la política interior de una democracia pluralista. 
Pero esas negociaciones, para dar resultado, deberían inscribirse en la visión de una nueva arquitectura europea que haga de la gran Europa una entidad política respetuosa de las identidades nacionales que constituyen su riqueza, pero al mismo tiempo totalmente decidida a afirmarse en el escenario internacional para defender su porvenir y los valores universales que han contribuido a su historia. 
Si los objetivos políticos de la construcción europea fueran más precisos, la reforma institucional resultaría más fácil de realizar. 
Asimismo, si se comprendieran y compartiesen más las nuevas solidaridades que impone la edificación de la gran Europa, se aceptarían y compartirían mejor los esfuerzos que se pedirán a todos. 
Construir la Europa del siglo XXI a escala del continente es una grande y apasionante aventura. 
Debemos saber recuperar ese espíritu aventurero que, por desgracia, tanto nos ha faltado hasta ahora. 
(Aplausos) 
Presidente, la tarea política extranjera más importante de la Unión Europea en los próximos diez años contribuirá a la seguridad y estabilidad de este continente. 
La tarea histórica de nuestra generación va a hacer en toda Europa lo que la generación de Adenauer, Beyen, Monnet y Spaak hicieron en Francia y Alemania: construir una casa común, un marco común en el que el poder esté supeditado a la justicia. 
Diez países de Europa central y oriental así como Chipre han solicitado el ingreso en la Unión. 
Todos podrán entrar tan pronto como cumplan los requisitos. 
La cuestión de cuándo se va a producir esto depende de ellas en su mayor parte. 
Mi grupo comparte la opinión de la Comisión de que Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovenia y Estonia son los países que mejor están preparados en este momento. 
En lo que respecta a los actuales Estados miembros, la ampliación tiene para cada uno de ellos una importancia nacional. 
Por eso no se deben levantar bloqueos financieros. 
Los beneficiarios y pagadores netos deben pensar que esta seguridad es más importante que los subsidios. 
Son necesarias también otras reformas institucionales de la Unión para que la ampliación tenga éxito. 
Esto sirve sobre todo en los terrenos de la política de asilos y en la lucha contra la criminalidad. 
Los Estados miembros no estarán preparados sin embargo para estas reformas si están sometidos a una presión extra. 
Esa presión surgirá tan pronto como nuestros ciudadanos descubran que la Unión no sólo importa problemas de tomas de decisiones con cada Estado miembro nuevo sino también criminalidad extra. 
Cuanto más rápido se produzca la ampliación de la Unión, más rápido seguirá la profundización. 
El ingreso de antiguos países comunistas hace que la Unión cambie fundamentalmente de carácter. 
De una organización principalmente económica, la Unión se desarrolla en un factor geopolítico de importancia creciente. 
Esto parece claro en la posición de la Unión con respecto a la zona de los Balcanes. 
Si Estonia se convierte efectivamente en miembro de la UE dentro de unos años, la Unión tendría que haber dado un paso hacia lo que la OTAN no estuvo preparada. 
Pero la Unión no está todavía preparada para sus nuevas responsabilidades. 
Su papel como piedra angular de estabilidad y seguridad podrá completarla solamente si intensifica sus relaciones políticas con tres países importantes: Turquía, Rusia y América. 
La Unión no es una organización religiosa. 
La solicitud de entrada de Turquía debe ser enjuiciada teniendo en cuenta los mismos criterios de aplicación que en otros países. 
Pero si Turquía quiere entrar alguna vez en la Unión debe comportarse como un país europeo. 
Mientras no haya en Turquía libertad de expresión y mientras sigan apareciendo víctimas diariamente, incluso de niños, de ninguna manera podrán abrirse negociaciones con Turquía. 
Pero sí que es un país importante para Europa. 
Es una democracia parlamentaria, es un miembro de la OTAN, es una potencia comarcal. 
Por eso es importante que Turquía participe en la Conferencia europea. 
La resistencia griega contra esta idea es de miras estrechas e inoportuna. 
En lo que respecta a Rusia la Unión prescinde de un marco para las relaciones con este país que refleja la gran importancia de las relaciones entre Rusia y Europa. 
La OTAN ha establecido un permanent joint council con Rusia. 
La Unión debe reflexionar acerca de reforzar sus relaciones políticas. 
Una conferencia cumbre anual a nivel presidencial capacitaría a la Unión para profundizar en su relación con Moscú. 
Esto me lleva finalmente a las relaciones con los Estados Unidos. 
Esto es peligroso. 
Es deseable de forma urgente que se invierta en relaciones fuertemente políticas entre la Unión y los Estados Unidos principalmente con vistas a una política de administración de la ampliación, tanto de la Unión como de la OTAN. 
Nadie ha olvidado la amenaza de la Sra. Tansu Ciller de que Ankara puede bloquear la ampliación de la OTAN si no existe el suficiente avance en las negociaciones de ingreso en la Unión. 
Aún alguien ha olvidado la amenaza del primer ministro griego Simitis de bloquear la ampliación de la Unión si Chipre no entra rápidamente. 
La ampliación de la OTAN y de la Unión son procesos independientes, pero son también dos caras de la misma moneda. 
Ambos exigen consultas cautelosas y continuas entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Presidente, entramos en una fase en la que la Unión cambiará fundamentalmente. 
La historia no nos da muchas posibilidades de esta índole. 
Cojamos esta oportunidad. 
Señor Presidente, se ha hablado y escrito tanto estos días sobre la ampliación y la Agenda 2000 que corremos el peligro cierto de que los análisis y las propuestas de los representantes de la ciudadanía europea queden perdidos, o al menos devaluados, ante la opinión pública y ante las propias instituciones comunitarias. 
Por ello, procuraré que las reflexiones de Izquierda Unitaria Europea sean mensajes breves y entendibles. 
Las hemos realizado a partir de los informes que hoy se presentan. 
Y en el caso del informe Colom i Naval sobre las perspectivas financieras, merece la aprobación de nuestro Grupo. 
Estos son nuestros mensajes: Sí a la ampliación, que es la respuesta adecuada al reto de la construcción europea en este momento tan decisivo de la historia de Europa. 
Pero la ampliación no puede ser abordada independientemente de sus consecuencias institucionales, económicas y financieras. 
La ampliación no debe realizarse a costa de renunciar al objetivo de la cohesión económica y social de los actuales miembros de la Unión, con una disminución alarmante de los Fondos Estructurales y de Cohesión, cuya reforma va mucho más allá de los objetivos proclamados, de su concentración y de su eficacia. 
Es necesaria una Conferencia Intergubernamental para la revisión institucional que no se ha hecho en Amsterdam. 
Hay que decirlo con toda claridad y hay que decir la fecha: lo más pronto posible, al filo del año 2000, y sin esperar a que la Unión alcance los 20 Estados miembros. 
Deben comenzar las negociaciones de adhesión con todos los países que cumplen las condiciones políticas. 
Dado que las económicas no las cumple ninguno, las discriminaciones iniciales podrían producir graves efectos en los países afectados. 
Somos muy críticos con la propuesta de congelación del presupuesto comunitario, con el 1, 27 % del producto interior bruto como límite de los recursos propios. 
Esto, sin duda, significaría pagar la ampliación con los actuales Fondos estructurales. 
Consideramos que la Agenda 2000 hace propuestas muy concretas en algunos sectores de la Política Agrícola Común, al margen de los efectos de la ampliación, porque hay unos efectos de la ampliación sobre la PAC. 
Y este es el caso, en la Agenda 2000, de los tres sectores de la carne bovina, las cuotas lácteas y los cereales, con olvido de los productos mediterráneos. 
La Agenda 2000 plantea parcialmente una segunda reforma de la PAC después de la de 1992, cuya valoración debería tener en cuenta no sólo la mejoría de la renta agrícola, sino también la desaparición de más de la quinta parte de los puestos de trabajo en el sector. 
Un enfoque equivocado de la ampliación, unido a las consecuencias sociales del llamado «pacto de estabilidad» y de las condiciones de la convergencia nominal, podría suponer un grave obstáculo a la creación de empleo, tanto en los países miembros como en los que piden la adhesión. 
Y esto en contradicción con las propuestas que se han decidido muy recientemente en Luxemburgo. 
Finalmente, la ampliación a todo el espacio europeo obliga a cristalizar la unión política frente al peligro de una posible reconversión de la Unión Europea en una gran zona de libre cambio. 
La Europa del siglo XXI no puede ser solamente un mercado, sino un espacio integrado de democracia y de solidaridad. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, cuando faltan pocos días para el Consejo Europeo de Luxemburgo, tenemos la oportunidad de precisar las posiciones del Parlamento sobre lo que será el gran asunto de los años futuros, la ampliación de la Unión hacia el Este. 
Sin referirme a todos los aspectos, insistiré sólo en lo que me parece esencial. 
En primer lugar, como ha dicho usted, señor Presidente del Consejo, esa ampliación es una oportunidad para Europa y para nosotros. 
Una oportunidad, pues brinda la ocasión de reunir a los que las desdichas de la Historia reciente habían separado. 
Una oportunidad también, pues brinda la ocasión de abrir un mercado de 500 millones de habitantes, estabilizar nuestro continente y aumentar su peso en el mundo. 
Con ello, y aunque pueda parecer muy optimista e incluso paradójico, la ampliación de la Unión Europea puede favorecer la aparición de una auténtica política exterior y de seguridad común y de una auténtica identidad europea. 
Pues los PECO están en condiciones inmejorables para comprender hasta qué punto una unión política fuerte es una garantía útil para su futuro y su seguridad. 
Insisto en esa oportunidad, pues, en los tiempos que corren, la ampliación parece verse y presentarse con demasiada frecuencia como una amenaza inevitable y llena de peligros. 
Pero para que esa apertura sea un éxito es necesario, además, que se realice en buenas condiciones, superando las innegables dificultades de la operación. 
En primer lugar, he de recordar la importancia que atribuimos a la reforma de las instituciones de la Unión. 
No insisto: nuestras convicciones son conocidas. 
Entre las dificultades por superar, está también la tentación de distinguir a los candidatos buenos, los que, a priori, están en mejores condiciones que los otros para satisfacer los criterios de Copenhague. 
La Comisión ha sucumbido a esa tentación, que parecía presentar la ventaja de aligerar su tarea y disminuir el costo de las negociaciones y en definitiva de la ampliación. 
Por fortuna, el Parlamento se orienta- y felicito por ello a los ponentes- hacia un texto que coloca en la misma línea de partida a todos los candidatos y espero encarecidamente que el Consejo Europeo, con el impulso benéfico de la Presidencia luxemburguesa, tenga la sabiduría de elegir siempre lo que une en lugar de lo que divide inútilmente, pues lo que separa a los candidatos buenos de los menos buenos no es tan importante como para que se deba correr el riesgo de escindirlos en dos grupos presentados de forma distinta. 
En efecto, la presentación no es un acto neutro. 
Tiene un alcance psicológico y político, aun cuando no signifique discriminación, señor Comisario. 
Por lo demás, ésa es la actitud que me gustaría que se adoptara para con Eslovaquia. 
Cierto es que el clima político que predomina hoy en ese país no es favorable a un respeto estricto de la democracia y de los derechos humanos, pero son perfectamente posibles las transformaciones y debemos estar dispuestos a animar a Eslovaquia a unirse a su hermana gemela checa y a todos los demás países de la Europa central. 
Más difícil es el asunto de Turquía. 
En nuestro Grupo somos mayoritariamente partidarios del texto propuesto por los ponentes, en el punto 28 de su propuesta de resolución. 
Es un texto prudente que prepara el futuro y deja a la conferencia europea, a la Comisión y al Consejo Europeo el margen de maniobra que necesitarán para trazar nuestras relaciones futuras con ese país. 
Es evidente que Turquía no respeta nuestros criterios en materia de derechos humanos y, sin avances en esa esfera delicadísima, ningún paso decisivo se podrá dar. 
Pero, entretanto y al tiempo que animamos a Turquía a que se interne por la vía de las reformas democráticas, deberíamos reflexionar con ella sobre nuestro futuro común, evitando posiciones bloqueadas, desechando los apriorismos y los prejuicios y sobre todo dando muestras de imaginación. 
Al fin y al cabo, con un mínimo de buena fe y audacia nuestras relaciones futuras, que tan importantes serán para Turquía y para la Unión, pueden adoptar formas diversas. 
Debemos poder hacer algo más que arrojarnos anatemas o permanecer fijados en el inmovilismo. 
Quisiera subrayar otro aspecto. 
Se trata de las financiaciones tal como las propone la Agenda 2000. 
Como el ponente, Sr. Colom i Naval, siento inquietudes auténticas ante las propuestas de la Comisión, que, por lo demás, coinciden con el deseo de los ministros de Hacienda de los Estados miembros. 
Hacer más con el mismo dinero es siempre un principio seductor. 
Pero no es realista precisamente. 
Los países candidatos llevan un retraso económico evidente y, aun cuando hagan, por su parte, esfuerzos notables, los 76.000 millones de ecus en ocho años, previstos para 110 millones de habitantes, no serán suficientes. 
La Unión Europea deberá ayudarlos mucho más masivamente. 
Así, pues, ¿deberíamos reducir las ayudas de que gozan nuestras regiones y nuestros sectores con dificultades? 
¿Deberíamos reducir el alcance de la Política Agraria Común? 
No cabe duda de que se debe revisar la lista de los beneficiarios, se deben revisar los criterios y las normas para la asignación de los recursos. Pero la situación de algunas de nuestras regiones y de algunas categorías sociales no es tan floreciente como para que haya que reducir globalmente las asignaciones destinadas a nuestros Estados miembros. 
Si así lo hiciéramos, correríamos el riesgo de introducir fermentos de división dentro de la Unión y favorecer una competencia malsana. 
Además, correríamos el riesgo de hacer insoportable la ampliación a los países de la Europa central y oriental, pues nuestras opiniones públicas tendrían la sensación de que estos últimos se quedaban con lo que estaba destinado para nosotros. 
Sobre esas cuestiones financieras, como sobre el propio procedimiento de ampliación, el planteamiento debe ser político, en el sentido más noble del término. 
Desde luego, los elementos técnicos, los hechos, las cifras deben ser conocidos y tenidos en cuenta. 
La Comisión, al proponer la Agenda 2000, ha hecho, desde ese punto de vista, una labor excelente, que, evidentemente, deberá ser precisada y completada. 
Pero me complace ver que el Parlamento no se ha contentado con ese planteamiento técnico. 
Gracias a la lucidez de los ponentes, se ha orientado hacia un planteamiento más político y espero que en las votaciones de mañana por la mañana el Pleno no se desdiga de esa buena orientación. 
Espero también que el Consejo Europeo confirme en Luxemburgo ese planteamiento político. 
Es su deber y espero que, al hacerlo, responda positivamente a los notables esfuerzos de la Presidencia en ejercicio del Consejo, a la que felicito aquí. 
Señor Presidente, un mal texto sobre malas propuestas: así se presenta el ambiguo, confuso y contradictorio informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento Europeo sobre la Agenda 2000. Desde luego, es difícil elaborar un buen informe a partir de una base que no lo es. 
En efecto, no debemos olvidar que las propuestas de la Agenda 2000 encubren un inmenso fracaso político. 
Que haya habido que esperar casi diez años después de la caída del muro de Berlín para iniciar negociaciones que reconozcan la calidad de europeos de pleno derecho a los polacos, a los húngaros, a los checos, a todos aquellos a los que se ha designado con la horrible sigla de PECO y han escrito, tanto como nosotros, las páginas de la historia de Europa y desde hace tanto tiempo como nosotros han participado en la elaboración de su civilización indica claramente la inadecuación a las nuevas realidades europeas de los conceptos manejados de forma intangible por la Comisión. 
La Comisión, se obstina en oponer ampliación a profundización, dos conceptos arcaicos nacidos en la época de la guerra fría, ha retrasado cuanto ha podido el plazo de la ampliación. 
La ha considerado una amenaza, una amenaza para su ideología y para su burocracia, en lugar de ver en ella una oportunidad, una oportunidad para modificar radicalmente la forma de hacer Europa para que cada cual encuentre su lugar en ella. 
Tenemos todos la sensación de que se ha faltado a una gran cita histórica y de que no se han reunido, como se debía, los dos pulmones de Europa, por no haber sabido nosotros reformar Europa a tiempo. 
Habría bastado con optar entonces por una Europa de geometría variable para que, desde su liberación del comunismo, los países de la Europa central y oriental participaran de entrada en círculos de cooperación y vieran así reconocida su plena calidad de europeos. 
¿Se abre al menos la Agenda 2000 por fin al debate? 
¿Examina todas las diferentes opciones posibles que permiten construir la gran Europa de la forma más beneficiosa para los intereses de cada uno de sus miembros y de todos? 
No. 
La Comisión prosigue impávida su curso, como si nada hubiera ocurrido, y como si sólo fuera posible una dirección, para siempre, para construir Europa, la del federalismo. 
Así, pues, el debate se iniciará en otra parte. 
Podría haberse iniciado en este Parlamento. 
No ha sido así, ya que, en lugar de corregir el dogmatismo de la Comisión, el informe que se nos presenta lo respalda. 
Quiere imponer el federalismo a todos. 
No pone en entredicho la arbitraria preselección hecha por la Comisión entre europeos de primera clase y de segunda clase y decreta un ostracismo infundado para Eslovaquia. 
Omite subrayar que el euro, si se pone en práctica, será un nuevo y poderoso factor de división entre Estados miembros de la gran Europa. 
Respalda la participación de Turquía en la conferencia europea, lo que priva a ésta de todo significado real. 
Nuestras relaciones con ese gran país merecen otro planteamiento distinto de esa huida hacia adelante con un doble lenguaje, indigno de todos. 
El informe no protesta en modo alguno contra la desnaturalización de la PAC llevada a cabo subrepticiamente aprovechando la ampliación. 
El informe no se escandaliza ante el olvido de Lomé y de los países ACP por la Agenda 2000. 
Así, pues, el verdadero debate se va a iniciar en los parlamentos nacionales. 
Ya se está iniciando, pues ayer se oyó incluso en la Asamblea Nacional al nuevo Ministro francés de Asuntos Exteriores preguntarse- y lo cito -: » ¿Responde Europa aún a las esperanzas en tiempos puestas en ella? 
¿Nos debilita o nos fortalece su construcción?» 
Preguntas válidas, a las que el informe del Parlamento Europeo no aporta, por desgracia, elementos de respuesta. 
Por eso, no vamos a poder votar a favor de dicho informe, pues no se va a hacer la gran Europa con las viejas recetas del federalismo. 
Señor Presidente, Señorías, el debate de hoy, a pesar de que no es el más importante de esta legislatura, sin duda, aborda uno de los asuntos de mayor calado no sólo de la presente legislatura, sino de la historia más reciente de la Unión Europea. 
La próxima ampliación es la directa y lógica consecuencia de un acto revolucionario que es el pilar de la construcción europea- me refiero al Plan Schuman- revolucionario porque ha debilitado la cultura nacionalista que se había sedimentado a lo largo de los siglos, desde el este hasta el oeste del Rin, desencadenando guerras y tragedias con monótona regularidad. 
Este acto dio lugar a cincuenta años de paz y de bienestar para Occidente e, indirectamente, a la liberación de Europa oriental de los regímenes comunistas. 
La Europa que se amplía hacia oriente- un ilustre personaje habló de una Europa hasta los Urales- podrá ser, sin duda, un indispensable factor de equilibrio y de progreso en nuestro planeta. 
Ahora bien, es necesario que esta ampliación se realice con todas las garantías que este desafío impone para ser vencido. Y, sin embargo, estoy sumamente preocupado porque, en mi opinión, no existen todas estas garantías. 
La comunicación de la Comisión «Agenda 2000- Por una Unión más fuerte y amplia» me parece que es sobre todo por una Unión más amplia, puesto que tengo mis dudas respecto a una Unión «más fuerte». 
En los considerandos de la propuesta no se hace hincapié en un aspecto, un fenómeno que serpentea en nuestros Estados, es decir, el resurgimiento de las estructuras nacionales. 
¿Cómo podemos pretender alcanzar una Unión fuerte si sus bases se debilitan constantemente por el avance de la lepra separatista, que con frecuencia genera también actos de violencia terrorista y que no tiene otra explicación que la acción de unos peleles que, por su miopía, confunden pequeños intereses con grandes ideales? 
Y así asistimos a tensiones en España, Bélgica, Italia y en otras partes que, si al principio se basan en motivos justificados y legítimos, luego degeneran en peligrosos ataques en contra de la unidad nacional y las instituciones democráticas. 
Estoy preocupado por esto y, en consecuencia, hubiera deseado encontrar, entre los numerosos considerandos del informe, al menos una referencia, una recomendación, una invitación a una mayor cohesión dentro de la Unión. 
Siempre en el marco del necesario fortalecimiento de la Unión a través de la consolidación de los Estados miembros- porque, repito, sólo una Unión fuerte en todos sus ámbitos puede soportar el impacto que, inevitablemente, produce una ampliación de esta envergadura- es preciso insistir en cuidar los otros dos factores de debilidad que, además del terrorismo, hoy por hoy constituyen la tara de la Unión: desempleo y delincuencia, un terrible binomio, el uno en función de la otra, y contra el cual aún no se han encontrado los antídotos. 
No fue el empleo, sino el desempleo, el tema del Consejo Europeo de Luxemburgo. 
No puedo disimular que estoy preocupado por la solución a este dramático problema, del que yo también me siento responsable frente a esos parados que nos votaron a mí y a los demás. 
Ya no es el tiempo de los toques de varita mágica de los demagogos profesionales, y por eso se inventa una fórmula que muy a menudo se parece a un eslogan que debe circular en las reuniones más o menos políticas- cómo devolvemos a sus países de origen a los inmigrantes o adoptemos la semana de 35 horas- sin embargo, no es tampoco el momento de los eternos debates sobre el sexo de los ángeles que rebotan de las sesiones plenarias a los Consejos y de los Consejos a las sesiones plenarias, etcétera. 
La situación está empeorando; la Unión Europea sufre la competencia cada vez mayor de los países con bajo coste salarial, donde, entre otras cosas, muchas empresas, incluso europeas, deslocalizan sus centros de producción creando así un verdadero círculo vicioso. 
La ampliación tiene que llevarse a cabo, pero además de la reforma de las Instituciones es necesario volver a encontrar un crecimiento económico- y puede que la moneda única sea un buen trampolín- porque si no corremos el riesgo de dañar gravemente los equilibrios económicos alcanzados con ahínco por los países candidatos como Polonia que hoy está a punto de ganar su apuesta por el desarrollo gracias a la creación de miles de pequeñas y medianas empresas. 
Cabe preguntarnos, no obstante, si estas pequeñas y medianas empresas lograrán sobrevivir a la ampliación en el futuro. 
O incluso, ¿conseguirán resistir las pequeñas y medianas empresas europeas el impacto de la competencia de productos, fruto de un menor coste del trabajo? 
Señor Presidente, para terminar deseo manifestar que aprecio la importancia que el ponente atribuye a Turquía y, por ende, a Chipre. 
Solucionar el problema de Chipre de forma justa, significa tranquilizar a Turquía y preservarla de las tentaciones del extremismo religioso que, si tuviera que prevalecer en dicho país, supondría un crecimiento exponencial de la tragedia que actualmente está viviendo Argelia. 
Señor Presidente, hablo en primer lugar como coponente acerca de Bulgaria. 
Todo el mundo que sigue la evolución en Bulgaria sabe que su gobierno y población están especialmente motivados en ver llegar a su país como miembro de la Unión. 
Por cierto el parlamento búlgaro se ha expresado en esta cuestión de forma unánime. 
Se han realizado enormes esfuerzos en el paso hacia una economía de mercado. 
El déficit público se ha reducido espectacularmente. 
El porcentaje de inflación alcanzaba en los primeros meses de este año todavía el 300 % al mes y ahora en octubre ha retrocedido a un 0, 5 %. 
Todo esto son claras señales de que se hace un trabajo duro para que no se eche a perder la adhesión. 
Es evidente que todavía se tienen que tomar medidas cruciales en el campo del medio ambiente, los transportes, agricultura y energía. 
También una reforma básica de la administración exige mucho trabajo. 
Sin embargo la Comisión de Asuntos Exteriores considera que se ha cumplido con los criterios políticos más importantes y que la apertura de las negociaciones dará un nuevo impulso a las reformas en Bulgaria, y además se evitará que en la población búlgara se tenga una sensación de exclusión. 
Además la presencia de la Unión se reforzará en una zona que desde el punto de vista político es muy inestable. 
En nombre del grupo verde puedo en efecto corroborar lo que el Sr. Swoboda dijo acerca de que el punto de lucha política más duro en el Parlamento ha sido la siguiente cuestión: ¿queremos el inicio de las negociaciones con cinco más uno, tal como propuso la Comisión, o queremos que se inicie con todos? 
Tengo que decir sinceramente que me han sorprendido las manifestaciones categóricas del Comisario Van den Broek, puesto que lo que dice hoy es idénticamente lo mismo que lo que comunicó en julio. 
Esto como si no hubiera llegado ninguna señal política clara en la que se cuestionan preguntas honestas, sobre todo por supuesto acerca de aquéllos países que han ido a parar en la categoría B. Soy comprensivo incluso respecto a personas que muestran una gran tenacidad, pero por otra parte la tozudez cerrada es a veces contraproducente políticamente. 
Está claro que los países que se encuentran dentro de la categoría B tienen la sensación de estar excluídos, incluso lo entendieron como una cuestión de pérdida de prestigio frente a su propio pueblo. 
No se puede olvidar que a muchos de ellos les han dado con la puerta en las narices teniendo en cuenta que tampoco pudieron ingresar en la OTAN. 
Señalan además que existe un efecto de disuasión de inversores extranjeros. 
De ahí que nuestra preferencia como grupo verde se incline muy claramente hacia un sistema flexible con un inicio común de todos los países, pero por supuesto con una llegada individual en función a los avances reales producidos. 
El gobierno búlgaro ha dicho por ejemplo públicamente en su propio país que ellos saben muy bien que por lo menos necesitan ocho años hasta poder reunir las condiciones para el ingreso. 
Creo, pues, que debemos prestar atención a aquéllos que se encuentran en la categoría B. 
En segundo lugar me gustaría decir que todo el proceso sólo se logrará realmente si conseguimos llevar a la práctica una seria reforma en la agricultura dentro de la Unión. 
En lo que a esto respecta tengo que expresar mi gran preocupación sobre la manera en que las propuestas de la Comisión, que en parte iban por buen camino, fueron acogidas por El Consejo de Ministros de los ministros de Agricultura. 
Esto han sido señales muy claras de bloqueo y si no conseguimos llevar a la práctica en el buen sentido la reforma agrícola, esto tendrá grandes consecuencias desastrosas para toda la tambaleante estructura agrícola, que es muy importante en los países de Europa oriental, no sólo en relación con el factor empleo, del que tenemos que hablar de una media de un buen 20 % que todavía está en activo en el sector de la agricultura, sino también en función del coste barato de los productos y por lo tanto de su accesibilidad para la población. 
Nuestra gran cuestión es que este Parlamento en su expresión de mayoría elija la opción que fue tomada en la Comisión del 19 de noviembre y también que de este Parlamento surja una señal clara con vistas a la cumbre de Luxemburgo para que tome forma definitiva una reforma de la agricultura, que sale al encuentro ante las necesidades de los países de Europa del este. 
Señor Presidente, las tres Repúblicas Bálticas comparten ciertas características comunes. 
Las tres estuvieron ocupadas por la Unión Soviética durante más de 50 años, con la sola interrupción de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. 
Las tres cuentan con importantes minorías rusoparlantes, especialmente Letonia y Estonia. 
Y las tres han realizado tremendos avances desde la liberación nacional en 1991. 
No deseo hacer de Casandra pero sigo considerando que tienen por delante un larguísimo camino por recorrer. 
Espero que lo hayan recorrido para cuando la Unión haya hecho las necesarias reformas institucionales. 
Como ponente sobre Estonia y apoyando el punto de vista de la Comisión acerca de dicho país, me temo que aceptar a bordo sólo a Estonia de entre los Países Bálticos es crear una nueva frontera entre los ricos y los pobres. 
No tendría que haber un nuevo Acuerdo de Yalta respaldado por la Unión Europea. 
Comprendo las razones para excluir a Letonia y Lituania, pero no veo gran diferencia entre los tres países en cuanto a desarrollo hacia la adhesión. 
Por lo tanto, apoyo respetuosamente un enfoque abierto. 
Los finlandeses tuvimos que hacer frente al reto de la Unión Soviética atacándonos y queriendo destruir nuestro país en 1939. 
Tener a la Rusia de hoy por vecino no tendría que considerarse una amenaza. 
Nos da la oportunidad de participar en un desarrollo que conducirá, esperemos, a una familia aún mayor de naciones europeas, Rusia entre ellas. 
Desde el punto de vista de la seguridad, unirnos a la Unión fue para nosotros una forma de subrayar cuál es nuestro lugar en una comunidad de naciones democráticas independientes. 
Sé que las Repúblicas Bálticas comparten las mismas aspiraciones. 
Personalmente, veo los problemas de las minorías bajo un prisma mucho más optimista que algunas personas, sobre todo en Estonia. 
En muchas partes de Europa hemos visto los efectos destructivos del llamado " nacionalismo étnico». 
El desarrollo de instituciones estables y del Estado de derecho llevará algún día a una sociedad pluricultural y multilingüe en la que nadie estará excluido. 
Independientemente de lo que aquí se decida, es mi convicción que estamos iniciando un proceso irreversible que cambiará la faz de toda Europa. 
Señor Presidente, como ponente sobre Hungría he podido constatar con gran satisfacción que en todos los debates de los últimos meses se pone siempre como ejemplo a Hungría. 
Creo que está plenamente justificado. 
Casualmente, conozco realmente bien este país y soy también el único diputado aquí que habla húngaro, cuyo idioma materno es el húngaro. 
Por ello, me entiendo más fácilmente con las personas que otros. 
Hay motivos objetivos por los que Hungría se encuentra hoy en una posición favorable frente a Europa. 
Por un lado, el hecho de que este país desde hace mil cien años, desde su fundación, siempre ha estado orientado a Europa. 
Nadie ha dudado jamás de eso, siempre ha estado orientado a Europa. 
La mejor prueba en nuestro tiempo es la lucha por la libertad de los húngaros en 1956 y si se considera a la guerra fría como la tercera guerra mundial, se podría calificar como su Estalingrado, pues desde esta batalla de Budapest, la Unión Soviética ha ido desplomándose continuamente. 
Todo esto es de agradecer a la gran unidad nacional que ha existido en Hungría y que es una característica de este pueblo. 
Quiero llamar la atención sobre un hecho que he descubierto con motivo de los estudios realizados para elaborar este informe: ya en 1982- y entonces existía un Gobierno monopartidista absoluto en el país- el Gobierno dio la orden a los diversos sectores del Estado que orientasen todas las leyes y normas para que Hungría pudiese adherirse en alguna ocasión a la Unión Europea. 
Por ello, cuando la Comisión constata en su informe lo positivo que es que en Hungría no existan las mismas dificultades que en otros lugares en lo tocante al acquis communautaire, sobre todo a nivel jurídico, esto se debe a la iniciativa de esas personas, todas ellas miembros oficiales del partido comunista pero que en cuestiones determinantes han actuado como patriotas y no como comunistas. 
Estas son aportaciones a Europa que me recuerdan en cierto modo lo que España ha aportado a Europa. 
Soy miembro de este Parlamento desde 1979 y en aquella ocasión tuve el honor de ser miembro de la comisión mixta para España. 
En aquella ocasión, fue uno de los momentos felices ver cómo los españoles, de izquierda y derecha, estaban de acuerdo en la cuestión de Europa, por lo que han superado la transición sensiblemente mejor que cualquier otro país. 
Desde el principio, la democracia fue algo evidente en Hungría y fue una suerte para este país que tras la liberación, mediante elecciones libres llegase primero al poder un Gobierno conservador y a continuación un Gobierno de izquierdas pero que en las cuestiones básicas de la Nación han defendido opiniones unitarias. 
En Hungría tenemos también la gran ventaja de que no hay ni un único representante de partidos extremistas en el Parlamento Europeo. 
No se ha elegido a ninguno de ellos. 
En la última votación, los fascistas y comunistas se han unido hermanadamente contra la pertenencia de Hungría a la OTAN, pero el pueblo húngaro se ha pronunciado con una aplastante mayoría de más del 80 % en favor la OTAN, lo que es un resultado muy significativo. 
Todas estas cosas son muestras que Hungría ha pertenecido realmente a Europa desde el principio por lo que tiene derecho a ser acogida pronto, independientemente del hecho de que la economía húngara está muy orientada a Occidente y ha realizado grandes progresos. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente sobre Letonia, quiero antes que nada subrayar lo manifestado por el Sr. Donner a propósito de Estonia. 
Letonia es uno de los tres países bálticos que tan sólo hace seis años formaba parte de la Unión Soviética. Se trata de un país que ha realizado extraordinarios avances, si se tiene en cuenta que fue la trágica herencia del sistema soviético, un país que se dirige a pasos agigantados hacia una economía de mercado muy eficaz, a través de privatizaciones que deberían finalizar en el mes de junio de 1998, con un nivel de inflación que a finales de 1997 será igual al 9 % y en 1998 quiere alcanzar el 7 %, con un presupuesto que muy probablemente quedará nivelado en 1998. 
No sé cuántos países de Europa occidental podrán lograr un presupuesto nivelado. 
Pues bien, Letonia está haciendo todo esto. 
Ciertamente, hay problemas, pues existe un sistema administrativo y un sistema legislativo que hay que reformar, también en este caso heredados del régimen soviético que, de hecho, había aniquilado toda posibilidad de defensa del Estado de Derecho; los códigos penales y las leyes de procedimiento penal también deben ser reformados; las minorías tienen que protegerse mejor; existe un problema relacionado con la adquisición de la nacionalidad letona por parte de la minoría rusófona; hay muchos no citizens; existe el problema de las llamadas «ventanas» -window system- que no funciona. 
Está claro, sin embargo, que los avances logrados hasta ahora por Letonia no pueden situarse en segundo plano y, en consecuencia, señor Presidente, ya no nos es posible crear nuevas barreras, allí donde nunca hubieron barreras. 
¡Hay que recordar que debemos superar Yalta, así como los acuerdos de Múnich y los acuerdos MolotovRibbentrop! 
Señor Presidente, distinguidos colegas, soy ponente por Lituania. 
Esto me alegra y lo digo de corazón pues he advertido el gran esfuerzo que se está llevando a cabo en Lituania y podría hacer un completo catálogo de todo lo que se ha alcanzado con las reformas políticas, con la economía de mercado y con el levantamiento de las restricciones con respecto a las monedas extranjeras y a los movimientos de precios y la circulación de mercancías. 
Y podría referirme a que no tienen problemas de minorías como tienen en Estonia y Letonia. 
Sin embargo, me parece totalmente fundamental llamar la atención sobre el hecho de que se trata de reparar Europa y unirla de nuevo. 
Distintivo de este continente ha sido el que, con los intervalos oportunos, en el transcurso de los siglos nos hemos estado tirando los trastos a la cabeza y Europa se ha vista mutilada innumerables veces. 
Uno ha de asombrarse realmente ante el hecho de que este continente haya sobrevivido. 
Pero ahora, en el final de este siglo, conviene ordenar la situación de este continente y reparar los daños producidos en la primera mitad de siglo. 
Se trata de volver a atornillar esta Europa en el taller político tras el pacto Stalin-Hitler- el acuerdo Ribbentrop-Molotov podría así decirse- y su reparto de Europa en esferas de interés. 
Se trata de reparar esta Europa por encima de Yalta y de la consiguiente división con el telón de acero. 
Hubo tres países independientes que llegaron a resentirse duramente de esta división de Europa, y son los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia. 
Me parece natural ver estos tres países en relación, puesto que los tres países desaparecieron como naciones independientes y estuvieron bajo la Unión Soviética durante cincuenta años. 
Por parte danesa tenemos especial interés en esta cuestión y en una relación especial con los estados bálticos, somos países vecinos en el común Mar Báltico. 
Naturalmente, debemos verlos también como países individuales, sin embargo, celebro que se perfile una posición en este Parlamento encaminada a una salida prácticamente común para todos los países candidatos de la Europa Central y Oriental con ello también para los tres países bálticos. 
Esto es lo que yo también deseo. 
He visitado Lituania y Letonia varias veces y me ha impresionado fuertemente conocer a la gente de estos países, no sólo a los representantes gubernamentales. 
He advertido que trabajan duramente para capacitarse como miembros de pleno derecho de la UE. 
Aún queda mucho por hacer, sobre todo en el terreno administrativo, y también en la seguridad de las fronteras, que así serán fronteras exteriores de la UE. 
Hace falta ayuda, mucha ayuda, pero también hace falta un control sobre los compromisos económicos para contrarrestar la delincuencia, las sociedades mafiosas y el fraude. 
Distinguidos colegas, me parece importante subrayar que se trata de países independientes, no meramente áreas para la adhesión, sino de países con una identidad, historia y lengua propias, son países que han recobrado su libertad y se han reencontrado a sí mismos. 
Esto debe respetarse, debe reconocerse y admitirse, también dentro de la UE, y debe marcar el diálogo venidero con estos países. 
Señor Presidente, parece que en la cuestión de cómo debe ampliarse regionalmente la Unión Europea hemos encontrado un buen compromiso. 
Desde un principio fui de la opinión de que en la nueva fase de desarrollo de la Unión Europea, se deben tener en cuenta todos los países candidatos que quieren cumplir con los criterios políticos y económicos de Copenhague. 
Se ha dicho que no puede existir un dentro y un fuera en un proceso en el que se trata de la configuración de Europa. 
Por supuesto, las negociaciones de ampliación con los países que han logrado los mayores progresos serán las más intensas. 
Aquí se incluye Polonia, país sobre el que he presentado el informe, lo que es especialmente satisfactorio pues es también de justicia histórica. 
La señal política para la irrupción democrática en la Europa central partió del movimiento Solidarsnoc en los años 80. 
Ahora, en la transición al siglo XXI tenemos la gran oportunidad de configurar la Unión Europea de tal modo que nosotros y las generaciones futuras puedan vivir también en el futuro en paz y democracia, en bienestar y estabilidad. 
Tenemos que utilizar esta oportunidad y no dejarla pasar de largo. 
Polonia deberá desempeñar un papel muy importante, por lo que es de saludar que el nuevo Gobierno polaco se vea en la tradición de la revolución pacífica de 1989 y busque el futuro de Polonia en la comunidad de valores euroatlántica. 
La semana pasada, su Ministro de Asuntos Exteriores, Geremek, expuso en la Comisión de Asuntos Exteriores que su política va a estar dirigida a desarrollar unas buenas relaciones de vecindad con Alemania, la Federación Rusa, los Estados bálticos y Ucrania. 
Quiero alentar al Gobierno así como al Parlamento polacos para que sigan esta política de equilibrio. 
El Sr. Gemerek dijo la semana pasada asimismo que el momento para la adhesión de Polonia a la Unión Europea depende de la misma Polonia, de sus reformas y de sus esfuerzos de modernización. 
Polonia es un gran país, en su historia, su cultura y sus fundamentos espirituales. 
Va a regresar a Europa y participar en nuestro futuro común y va a recuperar lo que 40 años de comunismo le han sustraído. 
Polonia es asimismo un gran país en lo tocante a su geografía, su número de habitantes y su potencial económico. 
Polonia es también un gran mercado de futuro pero también un país con los típicos problemas estructurales de una modernización aún no superada. 
Polonia tiene y quiere modernizarse. 
El proceso de transformaciones y el cambio de estructuras es especialmente necesario en la agricultura, la industria del carbón y del acero y en la superación de la destrucción del medio ambiente. 
En mi informe se describen los problemas y el análisis que la Comisión realiza en la Agenda 2000 es también muy claro en estas cuestiones. 
Polonia va a ser tras su adhesión una importante frontera exterior de la Unión Europea. 
Esta frontera no debe cerrarse hacia el Este pero tampoco debe suponer una invitación a los movimientos migratorios o criminales internacionales. 
Por ello, es importante que la Unión y los países candidatos- el mismo Ministro de Asuntos Exteriores Geremek lo ha subrayado- trabajen estrechamente lo antes posible en el campo de la política de interior y de justicia y desarrollen conjuntamente ya hoy enfoques de soluciones en la lucha contra el crimen internacional. 
La proyectada Conferencia Europea es un importante foro para ello. 
Por ello, estoy a favor de que esta Conferencia Europea no solamente sea un lugar de intercambio de opiniones sino también un gremio que proporcione impulsos concretos para acciones comunes en el campo del segundo y tercer pilar. 
Con la adhesión a la UE como objetivo inmediato, se indica claramente la meta del proceso de modernización. 
El listón es el acquis communautaire. 
La UE ayudará en lo que pueda a Polonia con todos los medios. 
La adhesión de Polonia a la Unión Europea debería realizarse lo más rápidamente y mejor posible. 
Señor Presidente, me gustaría subrayar el pleno acuerdo del Grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica con la ampliación de la UE a los PECO y a Chipre. 
Ampliación que debería ser un proceso que permitiera generar, por así decirlo, beneficios políticos, económicos y sociales a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión y para aquéllos que viven en los países candidatos. 
No tendría sentido convertirlo en un foco de problemas innecesarios que provocara zonas de rechazo en la opinión pública europea. 
Precisamente por ello, no compartimos algunas de las propuestas básicas incluidas por la Comisión en la Agenda 2000, pues consideramos que, de aplicarse, terminarían entorpeciendo la ampliación y creando disfunciones inaceptables. 
En primer lugar, creemos que las negociaciones deben iniciarse simultáneamente con todos los PECO que objetivamente estén en condiciones de cumplir en el futuro los criterios de Copenhague, considerando el que se refiere a la existencia de un sistema democrático como condición obviamente sine qua non, y no con un grupo reducido de ellos. 
Apoyamos, por tanto, el denominado «método regata» : que la incorporación de cada país resulte de su capacidad individual para convertirse, en su momento, en miembro de la Unión. 
En este sentido, manifestamos nuestra oposición a cualquier retraso o condicionamiento del inicio de la negociación con Chipre, que debe comenzar simultáneamente con el resto de países y llevarse a cabo con el legítimo Gobierno de Nicosia. 
Si se crea una Conferencia Europea, ésta debe tener como fin el intercambio en los ámbitos del segundo y el tercer pilar, sin contar con la participación de un país como Turquía que ni es asimilable a los PECO o Chipre, ni es una democracia plena y cuyo Gobierno se ha permitido formular amenazas de todo punto inaceptables sobre el inicio de las conversaciones con este último Estado. 
Por otra parte, para afrontar correctamente la ampliación sería preciso un aumento sustancial en el límite de recursos propios propuesto por la Comisión, que es claramente insuficiente al nivel del 1, 27 %. 
El coste de la ampliación debe ser asumido por los Estados miembros de forma solidaria, evitando que sean los menos desarrollados los que terminen pagándolo por vía indirecta. 
Por consiguiente, nos oponemos a cualquier cuestionamiento cualitativo o reducción cuantitativa de las políticas de los Fondos estructurales y de cohesión, término que ha de ser considerado complementario con el de ampliación. 
Tampoco somos de ninguna manera favorables a que se utilice la coartada de la ampliación para proceder a una inadecuada reforma de la PAC. 
Pensamos que el modelo social europeo, que debería tener como objetivos la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida y trabajo, no debe debilitarse, sino al contrario, con la entrada de nuevos miembros en la Unión. 
La Unión no debería favorecer la aplicación de políticas ultraliberales, cuyos nefastos resultados son conocidos por todos. 
En ese marco, cuestiones como el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, el fomento de la igualdad entre el hombre y la mujer y la protección del medio ambiente deberían ser consideradas como prioritarias. 
Somos partidarios, en esa misma lógica, de que el proceso de ampliación de la Unión se lleve a cabo sin aceleraciones temporales artificiales, de forma que se evite la generación de choques económicos de consecuencias sociales duras en los nuevos miembros. 
La ampliación habría de suponer, en el terreno de la PESC, un incremento de la capacidad propia de acción exterior de la Unión, aunque constatamos que, lamentablemente, son otras organizaciones, como la OTAN, quienes parecen haberse hecho cargo en exclusiva de las aspiraciones de seguridad de algunos Estados candidatos. 
En cuestiones institucionales, pedimos que la ampliación venga precedida de las indispensables reformas no adoptadas en Amsterdam. 
Nosotros seguimos pidiendo profundización al tiempo que ampliación. 
En fin, apostamos por la ampliación, pero no tenemos más remedio que mostrarnos muy críticos con el contenido de las propuestas efectuadas por la Comisión. 
Ese debería ser, desde nuestro punto de vista, el mensaje a emitir por este Parlamento, que, desafortunadamente, no queda recogido en la medida suficiente en el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Señor Presidente, en tanto que coponente sobre la República Checa de ese mismo informe, querría subrayar que más allá de la demanda de que ese país solucione rápida y adecuadamente, en el plano político, la discriminación existente de la minoría «gitana» y, en otros planos, diversos problemas relacionados con la administración de justicia y el sistema financiero, la Comisión de Asuntos Exteriores apoya plenamente el comienzo de las negociaciones de adhesión con ese país. 
Señores Presidentes, señor Comisario, Señorías, cuando los padres fundadores pusieron las bases de la Comunidad, enunciaron dos condiciones fundamentales para poder formar parte de ella: estar, evidentemente, situado geográficamente en Europa y ser una democracia. 
Y todo lo demás era, para ellos, simples modalidades. 
En vísperas de la mayor ampliación que hayamos conocido, tal vez no sea inútil recordar ese planteamiento, que caracteriza cierta concepción de Europa, política, abierta, generosa, prospectiva. 
Y creo sinceramente que todas las veces que se deban adoptar decisiones fundamentales en Europa, esa concepción es la que debe inspirarnos. 
Por eso, no podemos olvidar las modalidades, pues del respeto de ciertas reglas, en particular económicas, depende en realidad el éxito de esas ampliaciones. 
Así lo ha entendido sin lugar a dudas el Consejo Europeo al pedir a la Comisión que examine la situación de los diez Estados candidatos respecto de los criterios democráticos, cierto es, pero también de los criterios económicos, tales como la capacidad competitiva o el dominio del acervo comunitario. 
La Comisión ha hecho su trabajo. 
Lo ha hecho bien y prácticamente todos, en la Unión y por parte de los Estados candidatos, reconocen que ese trabajo se ha hecho efectivamente bien. 
Nótense, en particular, dos propuestas interesantes, la de la conferencia europea y la del partenariado reforzado. 
No obstante, el estudio de los diferentes países, en particular desde el punto de vista de los criterios económicos, ha movido a la Comisión a hacer propuestas que han dado la impresión de que se erigía en jurado, al distinguir, entre los candidatos, dos categorías de países. 
No hacía falta ser demasiado perspicaz para prever que los segundos sentirían esa situación como una humillación. 
Por esa razón, partiendo del análisis objetivo de la Comisión, vuelvo a repetirlo, el Parlamento desea superar ese análisis para introducir, en esa problemática de la ampliación, un juicio más político, más cultural, y un horizonte a más largo plazo, con lo que desempeña plenamente su papel. 
Los países de ese segundo grupo saben perfectamente que el camino de la adhesión será largo para ellos. Pero hoy necesitan, indudablemente, que se les vuelva a decir que forman parte de la familia europea. 
Necesitan desde ahora mismo una señal de aliento y un mensaje de esperanza. 
Como ejemplo, quisiera mencionar el caso de Rumania. 
Tan sólo unos días después de ver rechazada su candidatura a la OTAN, Rumania se ha enterado de que no formaba parte de los países con los que la Comisión consideraba que la Unión Europea podía entablar negociaciones de adhesión. 
Para ese país de 23 millones de habitantes, europeo por su cultura, por su historia, por su geografía y hoy por su democracia, se trata de un duro golpe. 
De todos los antiguos países satélites de la URSS, Rumania es sin lugar a dudas el que soportó la dictadura más feroz. 
Tuvo que reorientar muy rápidamente su comercio exterior y afrontar las difíciles consecuencias del embargo a Yugoslavia. 
En el plano geoestratégico, Rumania desempeña un papel importante por lo que se refiere a la estabilidad de la región, en particular por los numerosos acuerdos que ha concertado recientemente con varios de sus vecinos. 
Por otra parte, existe un muy amplio consenso entre el pueblo rumano a favor de esa adhesión y son dignas de mención las medidas de reforma y de transformación de la sociedad rumana adoptadas por el gobierno actual, como también son totalmente notables los sacrificios que el pueblo rumano acepta con estoicismo para introducir en su sociedad los elementos de cambio y de modernización. 
Ese pueblo y sus dirigentes no comprenderían que la Unión Europea no les tendiera una mano más firme. 
La concepción que tenemos de Europa, la de un continente generoso y que reúne, exige que se convide también a Rumania a negociar su entrada ya el año próximo. 
Después, el ritmo de las negociaciones dependerá de la capacidad de la sociedad rumana para absorber las reformas. 
Nadie sabe cuál será la fecha de su adhesión, pero hoy no debemos dar la sensación de que la puerta de dicha adhesión no está aún abierta. 
Hay que ofrecer a Rumania un horizonte digno de la idea que ella tiene de nosotros. 
Señor Presidente, creo que en nuestro debate debe quedar patente un aspecto muy claro, es decir, que esta nueva etapa de la ampliación de la Unión Europea reviste una importancia histórica y política sin precedentes: no podemos reducir ni limitar este significado. 
Lo que explica este significado no es sólo el número de países que solicitan su adhesión, la cantidad, sino el proceso de estabilización democrática y de cohesión que conlleva dicha ampliación. 
Por ello, como Parlamento Europeo, tenemos una gran responsabilidad política. 
Dos son las principales cuestiones que debemos afrontar: primero, acompañar la ampliación con una consolidación y una reforma de las Instituciones europeas y, segundo, conseguir que este proceso de ampliación inicie con buen pie, sin excluir a ninguno de los países que reúnen los requisitos básicos, sin crear decepciones ni divisiones. 
Es fundamental, en consecuencia, que las negociaciones se celebren con todos los países que cumplen los requisitos políticos y democráticos. 
Espero y creo que el Parlamento Europeo va a expresarse claramente en este sentido y enviará un mensaje claro al Consejo al respecto. 
Por lo que se refiere a Eslovenia, tan sólo quiero recordar algunos datos fundamentales. 
Las bases de salida de este país para las negociaciones de cara a la adhesión son buenas. 
La situación política y democrática es sólida y la economía dinámica. 
Se trata del país- entre los que solicitaron la adhesión- que ostenta el más alto PIB medio per cápita y cuyo porcentaje de actividad agrícola es el que más se parece al de los actuales 15 Estados de la Unión Europea; tiene una situación presupuestaria positiva y se está empleando a fondo a fin de que los demás parámetros macroeconómicos queden bajo control. 
No cabe duda de que también en este país existen problemas que deben abordarse con seriedad y continuidad con objeto de alcanzar el objetivo de una economía abierta y competitiva, reformar las estructuras internas, transponer la legislación comunitaria, realizar un gran esfuerzo de formación y de información. 
Lo que, sin embargo, quiero subrayar y pude comprobar directamente al encargarme del informe sobre este país es el empeño y la concienciación de los grupos que dirigen a Eslovenia, la determinación del Gobierno y del Parlamento de perseguir estos objetivos tal como lo demuestra la elaboración- creo que fue el único país que lo hizo- de un texto estratégico que fue presentado esta semana, un texto importante, comprometido que ilustra el calendario, las etapas y las modalidades. 
Considero que se trata de un ejemplo digno de ser imitado. 
Evidentemente, todo esto debe avanzar con coherencia, sin incertidumbres y ambigüedades, sin embargo, hay que recalcar el aspecto político. 
Eslovenia puede desempeñar un importante papel político para la Unión Europea, un papel de ultimación territorial, de integración política de esa parte de Europa y de nuevas relaciones con los Estados limítrofes, así como de estímulo positivo hacia otras realidades que nacieron a raíz de la disolución de la antigua Yugoslavia. 
Creo que también esto debe ser tenido en cuenta como un elemento importante. 
Por ello, considero que las negociaciones no sólo pueden iniciar pronto, sino que quizás muy pronto pueden entrar en una etapa intensiva y muy avanzada. 
Me gustaría decir muchas cosas acerca de los aspectos generales de la ampliación de la Unión Europea, pero me limito sólo a la cuestión eslovaca. 
Otros ya han dicho suficiente sobre todas esas cosas. 
La cuestión eslovaca es por sí sola suficientemente importante. 
El futuro de un país y de su población está en juego. 
En el debate acerca de la ampliación Eslovaquia salta a la vista de forma negativa. 
La Comisión pronuncia en Agenda 2000 que Eslovaquia, o tenemos que decir el actual gobierno de Eslovaquia, no cumple uno de los requisitos más importantes de la Unión Europea, el tener una democracia estable políticamente, en la que los derechos humanos y las minorías sean respetados. 
Por el resto el país podrá cumplir los criterios a largo plazo. 
La Comisión opina que no se puede negociar con Eslovaquia hasta que no estén solucionados los problemas políticos en este país. 
Hemos puesto a prueba cuidadosamente la opinión de la Comisión en muchas conversaciones con todos los implicados en Eslovaquia. 
Hemos tenido que comprobar que el gobierno en efecto se toma a la ligera la constitución, los derechos del parlamento y las minorías húngaras. 
El Parlamento europeo y su delegación en Eslovaquia ya han hecho referencia a esto anteriormente. Recientemente con motivo del asunto Gaulieder, el miembro parlamentario que de forma inconstitucional ha sido expulsado del parlamento nacional. 
El Parlamento europeo no sólo ha opinado, sino que también ha intentado influenciar directa e indirectamente en la situación eslovaca. 
Se han producido muchos contactos. La delegación parlamentaria conjunta ha publicado incluso recomendaciones en junio de este año sobre la manera en que Eslovaquia se tendría que situar sobre todo con respecto a cierto número de asuntos democráticos importantes. 
Ese esfuerzo común, o tendríamos que decir presión, ha conducido a que en los últimos meses se haya conseguido algún avance. 
El presidente y el primer ministro, en Eslovaquia el presidente es más o menos el jefe de la oposición, se comunican mutuamente de nuevo, aunque la comunicación es todavía defectuosa. 
La oposición y los partidos del gobierno han prometido salir en defensa de los intereses de la UE en Eslovaquia. 
Esto no es suficiente sin embargo para modificar el juicio del Parlamento. 
Por eso se excluye a Eslovaquia de negociaciones concretas mientras no funcione allí bien la democracia. 
Todavía no está claro cómo se implicará a este país en el proceso de las negociaciones. 
Depende de la fórmula de las negociaciones. 
En el caso de que el Consejo o este Parlamento se decantasen por unas negociaciones al mismo tiempo con todos los candidatos, según nuestra opinión, Eslovaquia no sería apta en este momento. 
En el caso de una regata a medias, para nombrar otra fórmula, ya es otro asunto si se trata de un comienzo conjunto de negociaciones más simbólico y después más concreto puesto que ya entonces Eslovaquia podría entrar en la primera fase. 
Pero tal como se ha dicho prevalece en este momento nuestra crítica al gobierno. 
Al mismo tiempo no queremos cerrar la puerta a Eslovaquia y a su pueblo. 
Es y permanece siendo un país europeo que no puede desaparecer tras el horizonte europeo. 
Es el estado más joven de Europa. Esto conlleva a veces problemas extras. 
Por eso apoyamos que se comience con una preadhesión de los socios y que se acepte a Eslovaquia en la Conferencia europea como contra-señal positiva para todos en este país. 
De esta forma la responsabilidad del ridículo de Eslovaquia la tiene el gobierno. 
Es inaceptable que un gobierno se tome a la ligera los intereses de un país. 
Debemos tener esperanza en que la opinión del Parlamento Europeo y también la de la Comisión Europea haga que pensar en las responsabilidades del país. 
Mejor que se produzcan ahora modificaciones a que se encuentren más adelante la puerta cerrada. 
Señor Presidente, hablo en nombre del Sr. Bertens, nuestro distinguido ponente sobre Chipre. Está en Canadá asistiendo a la conferencia sobre minas terrestres. 
Con respecto a Chipre, el Sr. Bertens dice que hoy estamos repitiendo un debate que sostuvimos en este Hemiciclo en junio de 1995. 
Tanto el Parlamento como el Consejo han expresado varias veces la opinión de que las negociaciones de adhesión con Chipre comenzarían seis meses después de la Conferencia Intergubernamental. 
Hoy lo confirmamos. 
Chipre es un caso especial. 
Tal como afirma la Comisión en la Agenda 2000, Chipre está política y económicamente preparada para ingresar en la Unión. 
Es evidente- dice el Sr. Bertens- que no podemos consentir que un ocupante extranjero dicte la fecha y el ritmo de las negociaciones de adhesión. 
Por consiguiente, las negociaciones deben comenzar tal y como se planeó. 
Ni las negociaciones ni la adhesión deben depender de que se solucione el problema chipriota. 
Los esfuerzos de Cordovez en las Naciones Unidas merecen todo el apoyo. 
Con una amplia información a ambas comunidades y mediante el diálogo con y entre las mismas, la Unión puede mejorar la atmósfera en la isla. 
Debería presionar para que haya representantes de ambas comunidades en las negociaciones para la ampliación. 
La Unión puede marcar la diferencia si actúa de forma coherente y consecuente. 
Señor Presidente, he escuchado con gran interés las intervenciones de los oradores representantes de los Grupos políticos, así como los informes orales sobre los dictámenes de la Comisión. 
Me ha encantado comprobar que el Parlamento Europeo comparte, en su mayoría, el análisis de sus ponentes, los Sres. Oostlander, Barón Crespo y Colom i Naval. 
Señor Presidente, según han dicho los ponentes, esta quinta ampliación es una gran oportunidad para Europa, pero es evidente que, si bien, por un lado, la ampliación tiene también un costo, abre asimismo nuevos mercados y, por tanto, creará nuevos empleos y aumenta de forma considerable el peso de Europa en el mundo, efecto secundario importante que no se puede calibrar en términos financieros. 
Numerosos oradores han subrayado la globalidad del conjunto de medidas para la ampliación. El Sr. Pöttering, por ejemplo, ha dicho que se debe fortalecer, profundizar, la Unión Europea y reformar sus políticas, sus instituciones y el funcionamiento de éstas para que puedan acoger a once nuevos Estados miembros. 
En cuanto al procedimiento y al método de negociación, el Sr. Swoboda ha hablado de una fiebre de adhesión. 
Habla de una fiebre de adhesión en este Parlamento Europeo, pero temo que esa fiebre no haya afectado aún a nuestras opiniones públicas. En cuanto a estas últimas, en los quince Estados miembros habrá que hacer un gran esfuerzo de explicación, en el que deberán participar el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, la Comisión y los Gobiernos de los quince Estados miembros. 
En los próximos días hay que encontrar un procedimiento que no discrimine a nadie. 
A ese respecto, el proyecto de resolución de este Parlamento, que tenemos ante nosotros, es una buena transacción, como ha dicho la Sra. Hoff. 
Dice en su punto 3 que todos los candidatos tienen el derecho a entablar las negociaciones al mismo tiempo, pero en su punto 6 precisa que comparte la opinión de la Comisión según la cual las negociaciones intensivas deberían iniciarse en primer lugar con los países que hayan logrado los avances más apreciables. 
Así, pues, por un lado está la fecha de iniciación y por otro el ritmo de las negociaciones. 
Por tanto, es admitir una diferenciación basada en el estado de preparación de los Estados candidatos. 
No debe haber exclusiones, sino una diferenciación, inherente a un proceso de negociación con once países. 
Los debates en el Consejo se orientan, señor Presidente, actualmente en la misma dirección. 
En el debate no se ha puesto en tela de juicio la idea de la conferencia europea. 
Sus Señorías han reconocido, con su posición, que es necesario un marco multilateral para los once países candidatos. 
Hace falta un instrumento de cooperación política. 
En cuanto a la participación de Turquía en dicha conferencia, es una cuestión que aún no está decidida en este momento. 
Este Parlamento exige una actitud rigurosa. La Comisión, por mediación de su Comisario, el Sr. Van den Broek, desea claridad. 
Pero la Comisión y el Consejo desean también señales positivas de Ankara. Entretanto, la intención de la Presidencia es la de proponer al Consejo que reserve un lugar a Turquía en el proceso de ampliación y formule una estrategia de aproximación entre Turquía y la Unión Europea. 
Agradezco igualmente al Sr. De Vries que haya situado la ampliación en el marco de la política exterior y de seguridad común. 
En efecto, conviene ver la adhesión de nuevos miembros pertenecientes al centro y al este del continente europeo al mismo tiempo que nuestras relaciones con Rusia, los Estados Unidos y el Canadá. 
Por lo que se refiere a Rusia, el fortalecimiento está ya hecho gracias al acuerdo de partenariado que entró en vigor el 1º de diciembre y cuya aplicación y ejecución requieren las reuniones de alto nivel previstas en dicho acuerdo. 
Por lo que se refiere a nuestros vínculos con nuestros socios transatlánticos, los Estados Unidos y el Canadá, quisiera informar a Sus Señorías que mañana y pasado mañana se celebrará una cumbre en Ottawa y Washington durante la cual profundizaremos nuestras relaciones y fortaleceremos el diálogo sobre todas las cuestiones de actualidad, incluida la de la ampliación de la Unión Europea, con nuestros socios transatlánticos. 
Añadiré a esa lista de socios que no debemos preterir, por lanzarnos a la aventura de la ampliación, a nuestros socios mediterráneos. 
Convendrá que la Comunidad no resulte desequilibrada por la ampliación y que fortalezcamos al mismo tiempo nuestros vínculos con nuestros socios del Sur. 
Por último, en cuanto a la reforma de las políticas y del marco financiero, he comprobado que nadie la pone en entredicho. 
Las opiniones divergen cuando se habla de cifras. A falta de ponernos de acuerdo, ya hoy, sobre las cifras, pongámonos, pues, de acuerdo sobre un principio, el que ha enunciado el Sr. Puerta, por ejemplo, quien ha dicho que la Europa del siglo XXI no debe ser sólo un mercado, debe ser también un espacio de solidaridad. 
Solidaridad entre los antiguos Quince, pero también entre los antiguos y los nuevos. 
Estoy convencido, señor Presidente, de que a ese respecto el Parlamento Europeo y el Consejo están en la misma longitud de onda. 
Señor Presidente, la decisión política, y principal, sobre la ampliación ya ha sido tomada y así se ha podido comprobar en todos los debates y ponencias que hoy se han desarrollado aquí. 
Por lo tanto, debemos centrar nuestra atención en las acciones necesarias para aplicar de forma correcta esa decisión política, es decir, en la manera en que se va a llevar a cabo la ampliación de la forma más eficaz y correcta, para que se cumplan los objetivos que todos hemos perfilado en diversas ocasiones. 
Por ello, algunos principios básicos, especialmente los que atañen al sector financiero, al que me voy a referir, y el asunto de los recursos de la Unión Europea, deberán ser aceptados desde el primer momento y deberán servir de fundamento para el debate y no ocasionar cambios políticos frecuentes. 
En primer lugar, la reforma de las economías de esos países será un proceso difícil y que va a requerir mucho tiempo. 
Debemos asumir que cualquier adhesión que no cumpla dichas condiciones producirá graves problemas, no sólo para el país aspirante, sino también a la propia Unión Europea. 
Porque no se precisa un análisis profundo para comprender que si aceptásemos en nuestro regazo a una sociedad, y una economía, que no ha llegado al punto que le permita responder a las condiciones que suponen la adhesión, entonces los problemas serán muy grandes para ambas partes. 
Para poder preparar de forma congruente las economías de dichos países hay que precisar la ayuda y el periodo previo más adecuado para llevar a cabo la adhesión de manera correcta. 
He escuchado con mucho interés los comentarios del señor Comisario van den Broek acerca de la creación de un fondo para cubrir las diferencias. 
Ésa es una propuesta que ha sido formulada en el Parlamento Europeo relativa al cambio del PHARE y supongo que el desarrollo de dicha propuesta es lo que hemos oído antes. 
De igual importancia son, tanto el realismo, como la flexibilidad. 
No podemos formular unos marcos rígidos, pues no sabemos si se van a cumplir las condiciones que hemos establecido, ni sabemos cuál va a ser la evolución de la economía en el futuro. 
Por ello, señor Presidente, creo que debemos mirar con mucho cuidado la rígida propuesta de formular desde ahora unas perspectivas financieras para el año 2006. 
Las propuestas del Parlamento, como han podido ver, dicen que debemos introducir algún elemento de flexibilidad en este punto, es decir, que debemos contemplar una cláusula de revisión, una disposición que adapte las perspectivas financieras a la situación. 
Estoy seguro que la propia Comisión, cuando redactó la Agenda 2000, tenía en cuenta que las condiciones que establecía eran simplemente algo que serviría para crear un modelo económico y que, por supuesto, no tendrían carácter de materias que no pudieran debatirse, ni se había previsto de antemano que no iban a sufrir cambios. 
Por ello, considero que las propuestas del Parlamento Europeo acerca de la flexibilidad en el asunto de las perspectivas financieras son correctas y creo que, finalmente, lo veremos así. 
Pero dar la impresión en este momento de que adoptamos una política rígida así como el inicio de negociaciones sólo con algunos países y no con todos- asunto que ahora veo que está cambiando- provoca impresiones erróneas de todo tipo y problemas políticos a los países aspirantes que a veces son tan importantes- aunque la lógica dice no tendría por qué ser así- como para que puedan tener consecuencias graves para la marcha de las cosas en la realidad. 
De todos modos, señor Presidente, cualquier cambio que se pueda producir y cualquier debate que se lleve a cabo acerca de recortes y sobre cambios internos en el marco de las perspectivas financieras deberá afectar a todos los capitales y no centrarse sólo en algunos. 
Es decir, no se debe llegar al punto de que la ampliación se efectúe redistribuyendo los recursos en el marco de las perspectivas financieras, tal como se proponen para el 2006, y afectar así, de forma negativa, al esfuerzo para la profundización de la Unión. 
Lo que ocurra deberá contemplar la totalidad de las actividades de la Unión Europea. 
Por último, señor Presidente, como ha puntualizado muy bien el Sr. Oostlander utilizando como ejemplo la cuestión chipriota mediante un análisis realmente objetivo y correcto: la Unión Europea deberá adquirir al fin una dimensión política. 
Lo que nosotros apreciamos en los debates que desarrollamos es que si no tenemos una adecuada magnitud política todo lo que debatimos se quedará sin ningún resultado. 
Es algo que también debemos tener muy en cuenta. 
Presidente, en primer lugar quisiera señalar en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía que la ampliación es naturalmente nuestro reto más importante en el futuro. 
En lo referente a la energía, tenemos la mirada puesta sobre todo en las centrales nucleares. Comprobamos que en Europa no existe ninguna experiencia comunitaria en ese terreno. 
Por consiguiente, creo, es de gran interés realizar ahora todos los esfuerzos para equiparar el nivel de seguridad de las centrales nucleares ya existentes en Europa Central y Oriental, al de las centrales de Europa Occidental, y procurar que la seguridad en el trabajo sea controlada por la autoridad negociadora de la OIEA. 
También es de interés, naturalmente, que tengamos los controles de seguridad relacionados con la basura altamente radioactiva, y el Euratom podría desempeñar en ese punto un papel importante. 
Abogamos por que esos países de Europa Central y Oriental puedan participar en el Quinto Programa marco. 
Cuando esto no sea posible, que puedan continuar en cualquier caso con Copernicus, ya que ha tenido mucho éxito. 
También la participación en los proyectos de la sociedad de información de la Unión Europea es de gran interés. 
Así podemos comprobar que ya ahora invertimos para procurar que más tarde disminuya la inquietud por la estructura y los Fondos de cohesión. 
De esa manera también procuraremos que se cree una situación de prosperidad económica tanto allí como aquí. 
Ahora un par de observaciones en nombre del Grupo Popular acerca del modelo de arranque. 
Con razón, el Comisario y también el presidente del Consejo Poos han señalado que la preparación y las negociaciones son un todo de un mismo proceso. 
Y todo el mundo ha señalado que ahora no podemos admitir a ningún país porque ningún país cumple con los requisitos. 
Estupendo, diría yo. 
Pero no nos limitemos a tener en cuenta tan sólo los factores racionales para hacer la elección, tal y como lo ha hecho la Comisión, sino que debemos pararnos también en la psicología. 
En países como Rumanía, Bulgaria, etc., sigue viviendo el espíritu de Yalta 1944. 
Ellos lo interpretan en el sentido de si nos parece bien o no, o si creemos que es correcto o no, ellos interpretan que lo que ahora sucede es una segunda partición de Europa. 
Para ellos es una valoración diferente de la nuestra su relación entre la situación de seguridad y la estabilidad interna de Rusia. 
Pero ellos viven algo más cerca y también lo han sufrido durante 45 años en sus propias carnes. 
Quisiera pronunciar un alegato categórico y ferviente para tener en cuenta también esa clase de sentimientos y esa clase de psicología. 
Con razón, estos países se ven confrontados con enormes reformas que aún tienen que llevarse a cabo. 
No hablamos de pequeñas reformas, hablamos de reformas profundamente drásticas que serán muy incómodas para innumerables personas en esos países. 
Si en este momento no se les puede ofrecer ninguna perspectiva real de ser miembros dentro de un tiempo y en esos países se interpretan los resultados del debate de Luxemburgo acaso de una manera diferente de lo que nosotros lo hacemos y no ven inmediatamente la racionalidad, entonces no será sencillo motivar de nuevo a la población para que continúe con esas duras reformas y con una gran tasa de paro. 
Eso exige muchísimo valor por parte de los políticos. 
También los inversores eligen finalmente ir a Estonia y no a Lituania porque se dice: mira, allí estás en un país que no pertenece al primer grupo. 
Espero fervientemente que no tengamos dos grupos de países, sino que logremos encontrar un camino para hacer que vayan de la mano en este asunto de un lado la racionalidad y del otro el sentimiento de solidaridad. 
También quisiera apelar emotiva y acuciantemente al Comisario para encontrar también una salida de esa manera, para hacer que todo el mundo forme parte de este todo, porque queremos tener un proceso inclusivo, pero estamos obligados a que eso se manifieste también en nuestra estrategia. 
Señor Presidente, por ser este un proceso sin precedentes, se debe entender la ampliación como un compromiso histórico, pero también con una necesidad política en busca de la identidad europea y una oportunidad en el plano de los desarrollos económicos futuros. 
Consideramos un error la preselección propuesta por la Comisión. 
Podría perjudicar y retrasar el proceso de adhesión de alguno de los candidatos y provocar entre ellos fracturas y oportunidades diferentes en el punto de partida- como la captación de inversiones extranjeras- que crean una injusticia relativa. 
Sería también un error mantener el límite intangible del 1, 27 %, pues está asociado con un costo de la ampliación infraevaluado por razones meramente tácticas, con una previsión falible de 2/3 de la financiación a costa del crecimiento económico, lo que muy probablemente originará una reducción del peso de las políticas estructurales en el actual marco de grandes disparidades regionales. 
Igualmente erróneo sería no admitir la posibilidad de revisión financiera, en caso de que resulte necesaria, pues serían los países más pobres lo que cargarían con el costo de la ampliación en una lógica de quiebra de la solidaridad y la cohesión. 
No es admisible ni coherente defender la ampliación sin establecer correctamente los medios para que se concrete en las condiciones ideales de funcionamiento y eficacia que deberían interesar a todos, con el cumplimiento estricto de las normas establecidas, para lo que los acuerdos europeos de asociación y de inserción de los países en la Organización Mundial del Comercio constituyen importantes marcos de referencia. 
Y también sería coherente sostener que la ampliación se hará en alternativa, y no en complementaridad e interdependencia, con otros programas existentes, como, por ejemplo, los previstos para el Mediterráneo o para los países ACP. 
Desvalorizar el presupuesto comunitario también en su vertiente y función redistributiva y infraevaluar los costos de la ampliación por razones coyunturales de la política interior de algún Estado miembro sería, además de un error lamentable, una reducción casi al absurdo de este proceso decisivo para el futuro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la Comisión Jurídica comparte la inquietud de la Comisión Europea por la insuficiente capacidad de los países solicitantes para aplicar la legislación comunitaria en materias de administración y justicia. Esto se incluye en la resolución. 
También destacamos que se necesitan medidas más intensas en los países solicitantes para aumentar el conocimiento de la legislación comunitaria. 
La Comisión Jurídica ha propuesto también, y la Comisión de Asuntos Exteriores lo ha aceptado, que se necesitan sistemas eficientes y confiables para el registro de propiedades y empresas. 
Habiendo deficiencias en este sistema faltan las premisas, es decir, las bases, para una economía de mercado. 
La Comisión de Asuntos Exteriores señala, además, que es muy importante la protección a las minorías, y que la Comisión Europea, junto con los países solicitantes, debe solucionar estos problemas tan pronto como sea posible. 
Este enunciado es demasiado vago. 
Lamento que no se haya aprobado la propuesta de la Comisión Jurídica para que los países miembros y los países solicitantes, como un primer paso, ratifiquen el Tratado del Consejo de Europa. 
Son los argumentos y documentos del Consejo de Europa los que son esenciales, debemos basarnos en su trabajo para alcanzar verosimilitud. 
Sin respeto por los derechos de las minorías no podremos crear una Europa estable. 
Considero aún más inconcebible el hecho que no se diga nada sobre los derechos de los menores en los países solicitantes. 
El informe de la comisión es incluso peor que el examen de la situación de los menores, país por país, que hizo la Comisión. 
He podido observar que la Comisión sólo nombra a los niños de Rumania, Bulgaria y Lituania. 
Solamente respecto de Rumania se nombra la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Menores. 
Por eso pido que la Comisión, en sus evaluaciones anuales de los derechos humanos, examine la forma cómo se cumple la Convención sobre Derechos de los Menores, especialmente la obligación de informar sobre los progresos alcanzados, ya que todos los países europeos la han firmado. 
En la futura evaluación del Programa PHARE tendremos que saber cómo se han empleado los medios para mejorar la situación de los niños. 
Además, tenemos que ejercer presión para que se prohíba la prostitución infantil en todos los países solicitantes. 
Permítanme parodiar una conocida cita bíblica: como tratamos a nuestros niños, dice cómo somos, humanos o inhumanos. 
Señor Presidente, Señorías, en la cuestión de la ampliación hacia el Este hay que saber utilizar bien la oportunidad histórica que representa para Europa. 
Pero utilizar bien significa que en esta cuestión tan decisiva para el futuro no se debe realizar una política por encima de las cabezas de los afectados. 
La gigantesca diferencia de bienestar existente despierta en un lado justificadas esperanzas sobre un futuro mejor y, en el otro, despierta temores frente a la pérdida de bienestar y de puestos de trabajo. 
El cómo se trate esta cuestión es sin duda decisivo para el éxito. 
Si la dimensión social, la configuración social de nuestra nueva Europa no se impulsa de un modo dirigido y con la necesaria sensibilidad, crearemos nuevos conflictos sociales, en especial, en las zonas fronterizas de la Unión Europea. 
Pero es esto precisamente lo que hay que evitar. 
La Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo se ha ocupado del cómo en su opinión y ha realizado propuestas. 
Las conclusiones se recomendaron casi unánimemente a la Comisión de Asuntos Exteriores pero una de las conclusiones de la Comisión de Asuntos Sociales relativa a los plazos de transición en la libertad de circulación de los trabajadores fue rechazada por un voto. 
Precisamente esta conclusión se presenta de nuevo al Pleno para su votación. 
Necesitamos esta cláusula propuesta tan flexible para reducir la presión sobre el modelo social europeo en la primera fase y especialmente en las regiones fronterizas de la UE tenemos que ayudar a reducir los temores de los ciudadanos sirviéndonos de regulaciones transitorias creíbles. 
Sólo de este modo podremos iniciar un buen diálogo transfronterizo para fomentar en los Estados candidatos un desarrollo estructural sostenible. 
En nombre de mi grupo político solicito que den su voto favorable a esta enmienda. 
Señor Presidente, no quiero profundizar sobre lo que han dicho los ponentes de las comisiones competentes para el fondo sobre la política regional y estructural. 
Sólo quiero decir lo siguiente: es absolutamente necesaria una reforma de la política estructural, de los Fondos estructurales, con o sin ampliación. 
No debemos perder esto de vista en este contexto. 
Afortunadamente, los autores de los informes han recogido algunos puntos de las conclusiones que ha extraído la Comisión de Asuntos Regionales. 
Me voy a referir aquí a dos de ellos. 
El primero es que hay que instar a los candidatos a la adhesión para que establezcan unas estructuras administrativas locales, regionales y nacionales eficientes que impulsen a los agentes no estatales y que mejoren los sistemas de control financiero para que estén en situación de recibir y de administrar correctamente los fondos estructurales destinados a reducir las disparidades. 
Me permito indicar que los candidatos a la adhesión, exceptuando Chipre, han tenido que vivir bajo las condiciones del socialismo real, donde no ha existido política regional. 
Ha existido una política económica, una política financiera y una política cultural. Con independencia de lo buenas o malas que hayan sido esas políticas, se tenía un concepto de ellas, mientras que política regional o estructural no ha existido. 
Por ello, es muy importante que en los candidatos potenciales a la adhesión se desarrolle la conciencia de que debe existir una política regional y estructural. 
El segundo punto que han recogido los colegas Oostlander y Barón Crespo es que tenemos que buscar junto con los candidatos a la adhesión de la Europa central y oriental una estrategia para que tras una primera ronda de ampliación no ocurra que la diferencia de bienestar que hoy existe entre la Unión Europea y los países que no pertenecen a ella, se desplace solamente en unos cuantos cientos de kilómetros hacia el Este. 
No habremos ganado nada con ello. 
Es decir, los candidatos a la adhesión tienen que velar para que las regiones situadas cerca de los correspondientes vecinos del Este no queden demasiado atrasadas y para que no surjan allí nuevos focos de conflictos. 
Pues, también en relación con la ampliación, el mantenimiento de la paz en libertad sigue siendo el objetivo más importante de la integración europea. 
Para finalizar, permítanme que exprese mis felicitaciones a los ponentes. 
Los tres no sólo han mostrado unos grandes conocimientos sino, en especial, un alto grado de sensibilidad y creo que en un tema de este tipo, tiene al menos tanta importancia. 
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Transporte presentaré los puntos de vista que la comisión ha debatido con relación a estos informes. 
Como es sabido, el tráfico aumenta fuertemente en Europa, y sobre todo con el establecimiento de las nuevas democracias se han alcanzado nuevas y numerosas relaciones comerciales que aumentan el tráfico. 
Es la posición de la comisión que los nuevos Estados miembros deben cumplir la política de la UE sobre movilidad rentable. 
Y en este contexto deben establecerse las iniciativas y ayudas pertinentes. 
Las prelaciones depositadas en la red transeuropea también deben estar en vigor para los nuevos Estados miembros. 
La Comisión de Transporte considera importante subrayar que las normas de seguridad y sanidad deben tener vigor en un mercado del transporte que no conoce fronteras, que es transnacional. 
El mercado interior del transporte es ya frenético, es necesario que en atención a la competencia, en atención al medio ambiente y a los asalariados, pongamos en práctica acuerdos vinculantes, de manera que el desarrollo del tráfico quede equilibrado y atento a su entorno. 
Los nuevos Estados miembros deben recibir ayuda en este proceso. 
Además, Sr. Presidente, quiero añadir que celebro oír que ahora se trata de suavizar las posibilidades iniciales y las negociaciones con los países candidatos. 
Hoy oímos cómo todos los países candidatos tienen las mismas posibilidades, sin embargo, seguimos hablando de destacados y de un grupo restante. 
Esto es un poco contradictorio. 
Quizá esté relacionado con el hecho de que yo no esté de acuerdo con la forma de expresarse de la Comisión. 
¿Quién está más alejado? 
¿Se toma en cuenta el punto de vista económico o la capacidad o voluntad para tomar parte en una Unión Europea? 
¿Cómo se distingue entre los preparativos y la negociación? 
El señor Comisario dijo que era un proceso, sin embargo, sigue habiendo un grupo inicial en la estrategia de la Comisión. 
Del presupuesto adjunto en el informe del Sr. Colom i Navals se desprende que hay tres veces más euros para el primer grupo. 
No lo entiendo, cuando se habla de mismas posibilidades. 
Sin embargo, el señor Comisario hoy habla de nuevos fondos, según entendí. 
A partir del debate de hoy quiero concluir diciendo que, cualquiera que sea el modelo que se elija, cualquiera que sea el modo en que se organizan las conferencias paralelas, un país, que ha pasado por los preparativos técnicos y está listo para las negociaciones, también querrá ser invitado a negociaciones concretas y esto es lo decisivo. 
Si las garantías de la Comisión y del Consejo se mantienen, la realidad con respecto a quién nos acompañará primero será muy diferente. 
Presidente, desde el interés medioambiental, la Comisión de Medio Ambiente de este Parlamento ha optado por la menor distinción posible entre los países, porque en la legislación para alcanzar el acervo en medio ambiente podría ocurrir que los países que no estuvieran en el primer grupo mostraran cierta pasividad y aquellos que sí que estuvieran desplegaran cierta autosatisfacción. 
Ésa podría ser la consecuencia de la distinción. 
Durante mi visita a unos cuantos países de próxima afiliación también me confirmé en esta opinión en el terreno del medio ambiente. 
La ampliación de la Unión Europea es sobre todo un proceso impulsado políticamente, pero por ello no puede ponerse en peligro la política europea. Ése es un peligro inminente en el terreno del medio ambiente. 
Los costes para cumplir con la legislación del medio ambiente en los candidatos a formar parte de los Estados miembros son tan grandes- se calculan en 12.000 millones de ecus -, que no se podrán pagar en menos de 20 años. 
Sin embargo, a pesar de esta bomba de relojería activada, la ampliación debe continuar. 
Para desactivar la bomba de relojería, la Comisión de Medio Ambiente ha aprobado algunas enmiendas que han ido a parar parcialmente a los informes plenarios. 
Naturalmente, es evidente también que para ser miembro se debe cumplir con la legislación de medio ambiente relacionada con el Libro Blanco del Mercado Interior, pero para la restante legislación de medio ambiente pedimos a la Comisión Europea que establezca prioridades. 
De otra manera, deberíamos esperar demasiado tiempo antes de que se adopte el total acervo. 
Quizá para entonces nos encontremos en el 2020 o el 2030 antes de que el primer país pueda entrar. 
Quisiéramos tener la lista de prioridades. 
Otra enmienda importante es que solicitamos crear también, en colaboración con el BEI y el BERD, una especie de fondo de garantía para los bancos en las regiones que aún están poco dispuestas a prestar para inversiones rentables a la pequeña y mediana empresa en el terreno del medio ambiente. 
Se liberaría también dinero de los particulares para las adhesiones. 
Por último, no subestimemos la falta de capacidad en estos Estados miembros, tampoco la falta de participación de los ciudadanos. 
Confío en que en esa dirección también dispondremos de los Fondos PHARE. 
Señor Presidente, en la opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación sobre el informe Oostlander, Crespo y Colom, saludo que la Comisión califique en la Agenda 2000 a la ampliación como desafío histórico para la Unión y como oportunidad en lo tocante a su seguridad, economía, cultura y posición en el mundo. 
La diversidad cultural de Europa va a ser una fuente de creatividad y de bienestar. 
La adhesión de nuevos Estados miembros va a aumentar el peso de la Unión y su influencia internacional. 
Formación y cultura son un importante componente de las medidas creadoras de confianza para afianzar una Unión ampliada. 
Representan también uno de los pocos campos en los que no existe ninguna diferencia entre países pobres y ricos, menos o más desarrollados, sino donde los Estados miembros y los países candidatos trabajan conjuntamente con los mismos derechos, intercambian experiencias, aprenden unos de otros y pueden beneficiarse. 
Por ello, consideramos que campos como la formación y cultura son especialmente importantes en unos tiempos de estrategia de aproximación. 
Una clara señal de ello es que los aspirantes a la adhesión participan ya en programas culturales y de formación y que tienen un interés especial en los programas comunitarios SOCRATES, LEONARDO y JUVENTUD POR EUROPA. 
Por ello, en opinión de la Comisión de Cultura y Educación, es absolutamente necesario elevar los créditos financieros para estos programas. 
Lamentablemente, no se ha aceptado esta enmienda, pero al menos se ha realizado la declaración de intenciones de que el fomento de los programas de cultura y de formación para los Estados miembros y los países solicitantes va a tener la misma importancia. 
Apelo a todos, pero en especial a la Comisión de Presupuestos, para que eleve realmente los créditos presupuestarios destinados a formación general, cultura, medios e información, que representan actualmente el 0, 48 % de la totalidad del presupuesto, pues precisamente con las políticas de formación y de cultura se pueden lograr grandes resultados con poco dinero. 
Se ha reconocido el principio de que la cultura y la formación son la clave para el éxito de la estrategia de aproximación, por lo que ruego a las instituciones de la UE que acepten nuestra enmienda y traten en la Conferencia Europea también temas de cultura y formación. 
Está asimismo claro que las políticas de cultura y formación no solamente crean puestos de trabajo sino también que son de importancia esencial para la calidad de vida, el fortalecimiento de la solidaridad de la Comunidad, de la ciudadanía de la Unión y de la democracia. 
Por ello, para mí es importante que el Parlamento Europeo lo acepte mañana, lo que así creo, y añado la petición de que se debe elevar el peso de la formación y de la cultura en una Unión ampliada. 
Señor Presidente, con el proceso de ampliación de la Unión Europea, van a entrar en ella países cuya característica común es el bajo nivel de renta en comparación con los Estados miembros actuales de la UE. 
Teniendo en cuenta que, incluso en las condiciones de ampliación, el objetivo es el de mantener los actuales límites del presupuesto, se puede esperar que los problemas relacionados con la economía lleguen a aparecer también en otros sectores, además de las relaciones entre la Unión Europea- ahora en proceso de ampliación y, en su momento, ampliada de hecho- y los Estados miembros. 
Desde el punto de vista del producto interior bruto, el nivel de muchos de los países candidatos corresponde al de los países en desarrollo de nivel medio y algunos incluso al nivel de los países en desarrollo de renta más baja. 
A pesar de esos datos estadísticos, no se puede considerar que los países candidatos sean países en desarrollo, entre otras cosas por sus sistemas de enseñanza y de salud o las infraestructuras existentes, aun cuando éstas estén en condiciones relativamente deficientes desde varios puntos de vista. 
Al tiempo que las negociaciones sobre la ampliación, se celebran, al menos parcialmente, negociaciones entre la Unión Europea y los países de África, del Caribe y del Pacífico sobre la organización de las relaciones con esos países después del año 2000, en que concluye el actual Convenio de Lomé. 
Existe una clara posibilidad de que la exigüidad financiera vinculada con el proceso de ampliación de la UE infunda la tentación de transferir a los países candidatos a la adhesión los apoyos financieros que la Unión Europea y sus Estados miembros han prestado a los países en desarrollo tradicionales. 
Si se hiciera realidad esa posibilidad, los países pobres en vías de desarrollo serían los que financiaran una parte considerable de la ampliación de la Unión Europea. 
No podemos aceptar que ocurra eso. 
Está muy bien que la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa haya aprobado en el informe un punto que excluye la posibilidad de transferir los recursos financieros de los países en desarrollo a los nuevos y futuros Estados miembros. 
La Unión Europea y sus Estados miembros son los que conceden más ayuda a los países en desarrollo. 
Esa condición entraña la responsabilidad de prevenir la pobreza en el mundo, incluso en el momento en que en las regiones más próximas a nosotros se están produciendo grandes cambios que exigen una inversión muy cuantiosa. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Libertades Fundamentales y Seguridad Interior ha dirigido y concentrado sus debates y también su opinión definitiva sobre la ampliación de la Unión, a la creación de un espacio ampliado de libertad, seguridad y derecho. 
Bajo este aspecto hemos llegado unánimemente a la conclusión de que la ampliación puede representar una aportación decisiva y positiva, tanto para los actuales Estados miembros como para los futuros. 
Pero solamente se logrará este resultado si todos los afectados, los actuales Estados miembros, las instituciones de la Unión y los candidatos a la adhesión, realizan unos esfuerzos especiales. 
Estos esfuerzos tienen que estar orientados sobre todo a los siguientes objetivos: la mejora de la protección de los derechos fundamentales y de las minorías, en especial de los gitanos. 
Tenemos que exigir a los candidatos a la adhesión que se suprima la pena de muerte. 
Tenemos que pedir de ellos que contribuyan junto con nosotros a elevar la seguridad nuclear, en caso necesario paralizando o no poniendo en servicio centrales nucleares. 
Hay que garantizar unas autoridades, administración y justicia que sepan aplicar plenamente el acquis para garantizar plenamente a los nuevos ciudadanos de la Unión los derechos que ésta les garantiza. 
Es necesario establecer controles fronterizos eficaces en las futuras nuevas fronteras exteriores de la Unión que cumplan con los criterios de Schengen. 
Necesitamos un concepto, que echo de menos en la Agenda 2000, sobre a dónde y desde cuándo se van a desplazar estos controles fronterizos exteriores. 
Necesitamos una Conferencia Europea que en los sectores de la justicia y de la seguridad interior llegue a unos modos de proceder vinculantes y comunes así como una reforma de la Unión que garantice una mayor capacidad decisoria en los campos de la justicia y de la seguridad interior. 
Señor Presidente, como ponente en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, soy responsable de una declaración sobre los problemas claves en relación con la tarea de garantizar una administración efectiva y transparente en los países de la Europa Central y Oriental, tanto antes como tras la ampliación de la UE. 
Los países candidatos deben dar prioridad, y nosotros debemos contribuir por medio de la colaboración y la ayuda económica, a que estos países puedan alcanzar sistemas legales eficaces y a que puedan prevenir y combatir la corrupción y la delincuencia. 
Los países candidatos también deben dar prioridad al control de las fronteras, han de poner en pie un servicio de Aduanas efectivo, etc. Todo esto son tareas y necesidades que son comunes a todos los países candidatos. 
Esto mismo es válido para un amplio número de áreas, tales como medio ambiente, infraestructuras, seguridad nuclear etc. y cuando los países tienen las mismas tareas, también ha de haber, como base, la misma necesidad de apoyo económico. 
Por este motivo, no me explico que la Comisión plantee un trato diferenciado tan evidente, como es el caso, sobre todo en la categoría II, medidas estructurales, con un reparto de 38 millardos de ecus a los países que primero se adhieran y de sólo 7 millardos al resto. 
Esto señala una primacía completamente irrazonable, y sólo podría contribuir a aumentar la desigualdad social y económica. 
Justamente los países, a los que se deja, como quien dice, en la estacada no logrando la admisión en la primera ronda, tendrán una necesidad especial de ayuda para no separarse. 
Hay una falta de lógica en la propuesta de la Comisión. 
Normalmente sí que prestamos la mayor ayuda a aquéllos que más lo necesitan. 
La Comisión ha realizado varios informes del PNB bajo condiciones que parecen tan irrazonables como dudosas. 
Las cifras en sí mismas apuntan al cielo, cuando se propone conceder 70 ecus por habitante y año en ayuda preadhesión, mientras que al mismo tiempo y en el mismo período se aumenta la ayuda por habitante en los nuevos Estados miembros de 92 a 248 ecus. 
Ni política, ni económicamente o en lo que se refiere a las necesidades, parece haber coherencia en la propuesta de la Comisión. 
Y por ello me gustaría hacer un llamamiento para que se modifique el reparto. 
No es razonable que los países que aún no están listos para la integración, deban ser aún más castigados con una ayuda económica esencialmente más baja. 
Por el contrario, debemos usar las fuerzas y los recursos para hacer posible que todos los países candidatos alcancen la integración. 
Señor Presidente, señor Comisario, era indispensable que en el informe de los Sres. Oostlander y Barón Crespo, a los que felicito por su importante labor, figuraran los elementos más esenciales de la opinión adoptada por la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Así, pues, firmé con convicción las enmiendas núms. 43 y 44, presentadas en nombre del PPE por los Sres. 
Una simple referencia al informe Méndez de Vigo y Tsatsos habría sido insuficiente. 
Era necesario que en ese informe se pusieran también en conocimiento de los países que solicitan su adhesión las reformas institucionales consideradas más urgentes. 
He de recordar que, antes de toda ampliación se deben realizar las reformas institucionales, que se deben especificar las condiciones para la eficacia de la labor de la Comisión, que el modo de funcionamiento del Consejo, que dará su aprobación por mayoría cualificada y con cinco excepciones, y el mandato político concedido a nuestra Asamblea y el poder que se le confiere en lo relativo a la aprobación del procedimiento de reforma de las instituciones son verdaderamente muy importantes. 
Éste es, resumido, señor Presidente, el contenido de la opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Señor Presidente, la Comisión de Pesca ha contemplado esto desde un punto de vista técnico porque es un tema muy técnico. 
Ocho países candidatos tienen costa y a tres justamente les interesa la piscicultura. 
Por vez primera tendremos que ver con el Mar Negro y, más adelante, con todos los países que desean unirse a la Comunidad Europea, tendremos con diferencia la mayor línea de costa del Mar Negro. 
Ello a la larga tendrá una inmensa repercusión política en la Unión Europea. 
Desde el punto de vista técnico, ha sido difícil conseguir mucha información. 
Celebramos una audiencia cuando vinieron representantes de las delegaciones y embajadores de los países aspirantes. 
En lo que a la Unión Europea se refiere, el mayor interés está en Polonia y los Estados Bálticos. 
Como ya he dicho, Rumania, Bulgaria y Turquía tendrán asimismo gran interés en su día porque el Mar Negro está muy contaminado. 
Polonia y los Estados Bálticos son importantes por el tamaño global de las flotas y por la dependencia económica y social de las regiones costeras. 
Por ejemplo, Polonia ocupa el puesto treinta y nueve de los cincuenta primeros países pesqueros del mundo. 
La actuación histórica va a ser importante. 
Todo el mundo conoce las dificultades de las cuotas pesqueras, pero la actuación histórica las marcará para el futuro. 
Probablemente una de las cosas más relevantes en lo que respecta a la Comisión Europea va a ser el mantenimiento de los nuevos acuerdos con terceros países que vendrán en sucesión con Rusia, Estados Unidos, Canadá, Suecia- que ya es miembro de la Unión Europea -, Noruega y Mauritania. 
Hay un límite a la expansión de las flotas de los países candidatos que ingresen. 
Va a ser necesaria una reestructuración y para ello habrá que contar con fondos estructurales. 
La administración del sector pesquero en la práctica totalidad de los países candidatos excepto Chipre no va a ser compatible con las exigencias la Unión Europea ni tampoco se cumplirán los requisitos de higiene. 
Por lo tanto, habrá que trabajar a fondo en el sector pesquero si es vamos a tener verdaderas relaciones comerciales con esos países. 
Todo ello está magníficamente resumido en los apartados 71 y 72 del informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, los cuales recomiendo a la Asamblea. 
Señor Presidente, los sistemas democráticos y una economía de mercado eficaz son condiciones exigidas a los países candidatos a la Unión. 
Además de esas condiciones, los países candidatos deben cumplir también las condiciones sociales para poder ser aceptados como nuevos miembros de la Unión Europea. 
Por ejemplo, en la esfera de la protección del empleo y de la seguridad de los productos es necesario ayudar a los países candidatos para que su legislación y en particular el control de ésta alcancen el nivel exigido por la UE. 
Eso es importante no solo para los ciudadanos de esos países, sino también para que podamos velar por que las condiciones precarias de trabajo y los productos peligrosos no brinden ventajas desde el punto de vista de la competencia en el Mercado Interior. 
También es necesario crear sistemas eficaces de mercado laboral en los países candidatos. 
El sistema de los acuerdos sociales entre la patronal y los trabajadores, basado en el principio de igualdad, forma parte de la democracia y del bienestar europeos. 
La admisión de nuevos miembros debe ir condicionada a la exigencia de que los países candidatos formen parte, de hecho, del mercado interior europeo también en relación con el sistema de acuerdos sociales en el mercado laboral. 
Es evidente que la ampliación va a acarrear costos a la UE. 
Los cálculos de la Comisión, según los cuales se podían sufragar los costos de la ampliación con el crecimiento económico han resultado demasiado optimistas. 
Por eso, convengo a ese respecto con el ponente, Sr. Colom i Naval, en que se debe poder revisar el marco de las negociaciones durante el período de negociación, si experimentaran cambios considerables las premisas en que se basan. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no convino conmigo a ese respecto. 
Hay que tener cuidado para no crear un conflicto entre los problemas de los Estados miembros actuales, en particular el del desempleo, y el apoyo financiero concedido a los países candidatos para que cumplan los criterios de adhesión. 
La UE debe resolver esos dos imperativos, racionalizando y volviendo más eficaz su funcionamiento y orientando las medidas de apoyo cada vez más claramente para mejorar la situación del empleo. 
No es posible una ecuación en que nadie deba pagar nada. 
La ampliación tiene su precio y debemos estar dispuestos a pagarlo, en nombre de la paz y de la estabilidad en Europa. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Control Presupuestario acoge con beneplácito el esfuerzo hecho por la Comisión al proponernos el documento Agenda 2000. 
Acogemos con beneplácito a la vez una ambición, un esfuerzo de programación y una voluntad de interconexión y coherencia entre las diferentes actividades de la Unión Europea. 
Ambición, porque es el gran asunto de los diez próximos años, junto con la Unión Monetaria, y tal vez el surgimiento en serio de la Unión Política. 
Es el gran asunto de la Unión Europea el de reunificar Europa abriéndose a esa parte de ella que se le había raptado. 
Esfuerzo de programación, porque por fin, mientras que los Gobiernos tienen puesta la mira en el vencimiento del plazo de los seis próximos meses, nosotros tenemos la voluntad de mirar un poco más allá de nuestra nariz, lo que es digno de beneplácito. 
Por último, esfuerzo de interconexión, pues estaba bien, era necesario, que situáramos en su perspectiva auténtica en un documento único todos los grandes gastos que caracterizan la Unión Europea: Política Agraria Común, Fondos estructurales, gastos relacionados con la ampliación. 
Pese a ese esfuerzo, pese a ese beneplácito, nos vemos obligados a relativizar nuestras felicitaciones. Pues tenemos la sensación de que en este asunto la Comisión nos ha ofrecido, no una apariencia engañosa, ni mucho menos, sino un documento que expresa muchos más apremios que opciones. 
No se lo reprochamos. Comprendemos que actúa bajo apremio y que habría de afrontar a quienes decían: yo no quiero pagar más, yo quiero pagar menos; a otros que decían: no toquen mis Fondos estructurales; y a otros más que afirmaban: cuidado con mi línea directriz agraria. 
Así, pues, soy, somos, muy conscientes de que la Comisión actúa bajo apremio. 
Pese a todo, para la Comisión de Control Presupuestario, el resultado es bastante preocupante. 
Consideramos que surgen preocupaciones que afectan a la vez a la evaluación de las necesidades, a la previsión de los recursos, a la gestión económica de los créditos y a la ejecución administrativa y contable del gasto. 
Respecto de la evaluación de las necesidades, no hay gran cosa que decir sobre la PAC. 
Hay objetivos y se pueden discutir. No es el objetivo de nuestra comisión hacerlo. 
También se pueden aprobar. 
Tampoco es ése nuestro fin. 
En cambio, hay coherencia entre los objetivos y los medios. 
A propósito de los Fondos estructurales, un poco de inquietud. 
En el ejercicio anterior vimos un aumento de las categorías de los Fondos estructurales. 
Hoy vemos su reducción. 
No podemos por menos de considerar esos sones de acordeón, señor Presidente, un intento, si no deliberado, en cualquier caso logrado, de impedir comparaciones efectivas entre lo que se gastaba en el pasado y lo que se gastará en el futuro en las diferentes zonas de la Unión Europea. 
Preocupación asimismo sobre la Unión Monetaria. Es la gran ausente del documento. 
Ahora bien, resulta evidente que para amortiguar los choques asimétricos, necesitamos un instrumento presupuestario. 
Habría estado bien reflexionar sobre eso, habría estado bien establecer efectivamente instrumentos más ágiles, más activos, que permitieran paliar las consecuencias negativas de posibles choques asimétricos. 
Lo que sobre todo nos inquieta es la ampliación. Pues a ese respecto tenemos la sensación de que lo que nos presenta la Comisión no es una suma, sino un saldo. 
No es una adición de créditos, que reflejen necesidades, sino una diferencia entre dos magnitudes que en modo alguno dominaba: por un lado, contribuciones que no debían modificarse; por otro, gastos en pro de los quince Estados miembros, que no se podían comprimir. 
Entre los dos, hay un saldo y con él tienen que contentarse los candidatos a la Unión Europea. 
La misma inquietud respecto de la previsión de los recursos. 
No negamos el carácter razonable de toda previsión. Nos inquieta su carácter fijo. 
Si la Comisión no dispone de los rendimientos, de los resultados, en materia de crecimiento que da por descontados, ¿qué hará? 
¿Reducirá los gastos? 
¿Aumentará las contribuciones? 
Se ha situado en un sistema excesivamente rígido, aun cuando sus previsiones están inspiradas por el sentido común. 
Asimismo, sentimos una gran inquietud respecto de la gestión económica de los créditos. 
En verdad, y esto afecta directamente a la ampliación, la Comisión no gastará con los nuevos Estados sumas... 
Ah, veo que ya he hablado durante cinco minutos. He gastado mi tiempo de uso de la palabra. 
Voy a concluir, pues, muy rápidamente. Diré que la Comisión no establece modos de gestión de los créditos adoptados a las nuevas necesidades. 
No reflexiona sobre el principio de la adicionalidad, no renuncia a sus estructuras administrativas, no exige suficientemente a los Estados una contrapartida en materia de gestión de los créditos. 
En una palabra, tergiversa lo que puede tergiversar, pero no plantea los problemas de la ampliación en su verdadera amplitud. 
Ése es el reproche que le hacemos, aun cuando sabemos perfectamente que su responsabilidad es parcial solamente. 
Señor Presidente, el Presidente en ejercicio ha hablado acerca de un espacio de solidaridad. 
Hablando en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales sobre el presupuesto, es evidente que estamos lejos de él. 
Desde luego, puede decirse que la postura de la Comisión es realista al no proponer un cambio del procedimiento presupuestario ni modificación alguna del reparto de los recursos propios para hacerlo más equitativo. 
Para la Comisión de Asuntos Institucionales está muy claro que es un punto de vista a corto plazo. 
La teoría del «juste retour» que ha señalado el Comisario van der Broek no es el enfoque adoptado por la Comisión, sólo puede estimularse si no se sale de las estructuras existentes. 
A medio plazo creemos que es muy importante que se modifiquen las perspectivas financieras para dar cabida al hecho de que los recursos propios no están ofreciendo un espacio de solidaridad. 
Por esa razón hay que revisar también las perspectivas financieras a medio plazo teniendo en cuenta que pueden producirse muchos cambios que requieran reformas institucionales, como también reconoce la Comisión con su idea de celebrar una conferencia intergubernamental en la que se reorganicen las instituciones. 
Señor Presidente, da gusto y es razonable que la Comisión en la última comunicación sobre la Agenda 2000 haya incluido la pesca, pues muy probablemente constituye la pesca una parte muy pequeña de la economía global, sin embargo, una parte importante. 
Hay un problema con respecto a los recursos, pues se ha anunciado una caída en los Fondos estructurales para los 15 Estados miembros de un 13 %. 
Si esta tendencia continúa en el caso de los nuevos Estados miembros, la cuestión es si realmente pueden financiarse las necesidades. 
Ha de recordarse que la pesca está inmersa en un violento desarrollo estructural y las reestructuraciones hacen que muchos abandonen la pesca. 
Me gustaría llamar la atención sobre la gran importancia de la industria pesquera. 
No sólo nos garantiza alimentos ricos en proteínas, sino que también tiene una función cultural y una gran transcendencia para la industria turística. 
Si la pesca desaparece en las pequeñas sociedades pesqueras, tampoco hay posibilidad de turismo. 
Señor Presidente, si hubiera usted tenido la amabilidad y la cortesía de escucharme antes, habría comprendido que yo tenía tiempo de uso de la palabra para dos opiniones, más treinta segundos de mi Grupo. 
Por eso, si me autoriza a recuperar el hilo de mi texto y si se compromete a conectar las dos intervenciones, continúo. 
Si no, no tiene sentido y lo dejo. 
No será peor que la votación de la Comisión de Presupuestos antes que la de la Comisión de Agricultura sobre el mismo tema. 
De modo que reformamos en todas las direcciones. 
Así, al introducir con disimulo, en la línea directriz agraria, gastos hasta entonces no obligatorios, se difumina la distinción entre los dos tipos de gastos. 
O bien los gastos no obligatorios así transferidos son recalificados como gastos obligatorios o bien conservan su calificación actual y el Parlamento habrá de examinar gastos que figuran en la línea directriz agraria, lo que obligará a difíciles arbitrajes entre su posición y la del Consejo. 
En cuanto a los créditos del FEOGA-Garantía, resultan infratilizados sistemáticamente. 
Si se emplearan para financiar medidas de tipo estructural relativas al medio agrario, correrían menos riesgo de resultar reducidos de forma arbitraria más adelante. 
Va usted a presentar asimismo, señor Comisario, una propuesta que autoriza a los Estados miembros a condicionar el desembolso de las ayudas directas al respeto de las disposiciones medioambientales. 
Sentimos curiosidad por saber cuáles y en qué condiciones, ya que se sumarán a la modulación de las ayudas agrarias que, por otra parte, propugna y fomenta usted. 
Evidentemente, es un remedio político excelente de nivelación por abajo y un buen medio de sisar algunos ecus para redondear sus fines de mes. 
Resulta imperativo, señor Comisario, que aclare sus intenciones. 
Evidentemente, es más difícil que proponer una bajada de los precios generalizada para todas las producciones y toda insistencia por mi parte será poca para incitarlo a tomar como referencia una Europa que vincule la agricultura a su territorio manteniendo la preferencia comunitaria que a una Europa en la que la agricultura sólo esté vinculada a las cotizaciones mundiales. 
Señor Presidente, espero que nadie que esté escuchando este debate albergue ninguna duda sobre la seriedad de la empresa en la que estamos a punto de embarcarnos. 
Estamos a punto de comprometernos en un proceso histórico que en mi opinión o bien hará o bien deshará la Unión Europea. 
Si manejamos este proceso adecuadamente, la Unión Europea se convertirá en una Unión Europea verdaderamente amplia, no sólo una Unión Europea occidental. 
Se convertirá en una zona de estabilidad y prosperidad que mejorará la calidad de vida de todos sus ciudadanos y que se convertirá definitivamente en una fuerza de primera magnitud en el mundo más allá de sus fronteras. 
Sin embargo, si llevamos mal el proceso, la Unión Europea será, en el mejor de los casos, una estructura hinchada e introvertida incapaz de tomar decisiones eficaces y podría convertirse en una estructura expuesta a perder toda idea de vocación común. 
Poniéndonos en el peor de los casos, podríamos ver a la Unión Europea desmoronarse bajo el ruido ensordecedor de las recriminaciones mutuas y las ambiciones contradictorias, así como de las disputas interminables sobre enrevesadas cuestiones de Derecho europeo. 
Sencillamente, el desafío al que hoy nos enfrentamos es el de asegurarnos completamente de hacerlo bien y de que la ampliación beneficie a la Unión Europea y no la debilite. 
Debemos asegurarnos de que al final del proceso tengamos una Unión Europea que sea efectiva y eficaz, que esté construida sobre la base de la legitimidad democrática, que respete la relación entre los estados pequeños y los grandes y que respete el principio de subsidiariedad. 
Es una tarea ingente. 
No será fácil. Es el desafío que debemos afrontar a comienzos del próximo siglo. 
Si el desafío de la década de los 80 fue el de completar el mercado único y el desafío de los 90 el de completar la moneda única, el desafío del cambio de siglo deberá ser el de crear y hacer que la ampliación funcione en beneficio de la Unión Europea. 
Ello exigirá imaginación, sensibilidad, buena voluntad y, sobre todo, honradez en el enfoque político. 
Nuestro mensaje político hoy y aquí debe ser sencillamente éste: sí, creemos en la ampliación, queremos que siga adelante y no vamos a renegar de nuestro compromiso histórico con los países de Europa central y oriental. 
En segundo lugar, creemos que el proceso debiera ser incluyente, que todos los países de Europa central y oriental, además de Chipre, están dirigidos a ser miembros de la Unión Europea, aunque puede que se encuentren en diferentes etapas del camino. 
Pero también hemos de reconocer que el proceso será inmensamente difícil. 
Hablamos como si tal cosa de asumir el acervo comunitario, por ejemplo. Lo que no solemos decir es que el acervo comunitario consta ahora de 80.000 páginas de texto y 20.000 actos jurídicos. 
Es una cantidad considerable que asumir. 
Debemos recordar asimismo que estos países son todos más pobres que nosotros y que tienen que atravesar grandes problemas de reestructuración económica. 
Por eso nuestro siguiente mensaje tiene que ser que es fundamental que la Unión Europea acelere su estrategia de preadhesión, que aumente la velocidad de preparación de estos países para su ingreso en la Unión Europea. 
En concreto, yo instaría a que se prestara mayor atención a la capacidad administrativa y judicial de estos países aspirantes. 
Desde mi punto de vista ése es el mayor obstáculo para la adhesión a la Unión Europea. 
Debemos decir además que algunos países están más preparados que otros para atravesar esta última etapa en el camino hacia el ingreso en la Unión Europea. 
Por lo tanto, debemos aceptar las recomendaciones de la Comisión de proceder con cinco países además de Chipre. 
Otro mensaje es que ningún país está en la Unión Europea todavía. 
Empezar el proceso no garantiza que se termine. 
Hay que trabajar mucho e, igualmente, si algún país no forma parte de esas negociaciones iniciales, aún podrá unirse si avanza a grandes pasos. 
Es un proceso flexible. 
Asimismo, debemos dejar claro que la Unión Europea tiene que cambiar. 
Cuando hablamos de cambio no hay que olvidar que la ampliación debe ser ratificada por cada uno de los parlamentos de la Unión Europea y por este mismo parlamento. 
Por lo tanto, todos los cambios que propongamos deberán contar con la aprobación de los ciudadanos. 
No podemos ir más allá de lo que ellos deseen. 
Por último, nuestro mensaje debe ser que la Conferencia Europea nos ofrece una magnífica oportunidad de crear un espacio político europeo que, mientras se esperan las negociaciones, no permitirá comprometernos en diálogo político estructurado e inteligente con los países que desean unirse a la Unión Europea en un plazo más o menos largo. 
Concluiré diciendo que, ante todo, debiéramos recordar que éste es un proceso político, no técnico. 
Exigirá valentía política y decisiones políticas. 
Una vez pongamos en camino la moneda única, tendremos que dedicar hasta la última gota de nuestra energía política a que la ampliación funcione en beneficio del continente europeo. 
Señora Presidenta, señores del Consejo y de la Comisión, Señorías, antes que nada deseo rendir tributo, también en nombre de mi Grupo, al excelente y delicado trabajo realizado por los Sres. Oostlander, Barón Crespo y Colom i Naval. 
A través de la ampliación a los nuevos países, Europa está entrando en una etapa histórica que conllevará un cambio de rumbo en el desarrollo geopolítico de nuestro continente. 
Hemos conseguido el mercado interior, nos vamos a dotar de una moneda única, se están consolidando los demás pilares importantes y muy pronto tendremos una estructura institucional más adecuada para hacer frente a los retos presentes y futuros de la Unión. 
Hoy estamos debatiendo y decidiendo sobre una etapa histórica y, sin embargo, quizás la más importante entre todas las demás tras la firma de los Tratados, ya que nace de la más real e íntima de las vocaciones de la Unión Europea, esto es, la de crecer y avanzar en pos de la paz y del bienestar de los pueblos de Europa. 
Abrir las puertas de la Unión a dichos países que la historia quiso que estuvieran separados de nosotros a lo largo de mucho tiempo, debido a ideologías y nacionalismos que la misma historia ha acabado por condenar, es a lo mejor el acto político más notable en los 40 años de vida de la propia Unión, ya que implica volver a limar definitivamente esas divisiones que en muchas partes de Europa continental llevaron destrucción, miseria y marginación. Supone ayudar a las jóvenes democracias a consolidarse y a volver a encontrar un espíritu de solidaridad, de amistad y- por qué no- de soporte en esa parte del continente que inspiró las democracias y facilitó modelos de desarrollo en todo el planeta; significa, ante todo, unir a pueblos pertenecientes a un mismo continente, cuyas historias y culturas están entrelazadas a través de siglos de historia. 
Es por esto, señora Presidenta, que mi Grupo lanzó desde el principio un vivo mensaje con objeto de que ninguno de los países candidatos quedara excluido de este proceso de ampliación. 
¿Por qué, en un proceso de unión deseado y solicitado por todos nosotros, tenemos que ser nosotros mismos la causa de nuevas e igualmente peligrosas divisiones? 
Si la Unión Europea significa, y sabe ser, ante todo una Unión política además que económica, tiene el deber de ayudar precisamente a esas democracias que se aguantan sobre bases inciertas y que esperan nuestra ayuda y ánimo. 
Dirigimos otro y diferente llamamiento a Malta, sobre todo yo por haber sido vicepresidente de la Delegación UEMalta, a fin de que vuelva a encontrar las razones de su pertenencia política, cultural y económica a nuestro continente. 
Si este proceso de ampliación tiene que ser una oportunidad recíproca, es necesario conseguir que la Unión aproveche la ocasión para acometer una adecuada reforma institucional, que consideramos que debe llevarse a cabo enseguida, incluso antes del ingreso de nuevos países; mejor dicho, en línea con los Gobiernos italiano, francés y belga, esto lo ponemos como condición prioritaria, así como pedimos a todas las Instituciones un esfuerzo serio y responsable, a fin de que se resuelvan a tiempo todos los nudos que todavía quedan por resolver, es decir, la futura financiación de la Unión, respecto a la cual nos parece inverosímil hacer hipótesis basadas en previsiones a largo plazo, en un momento económico incierto y fluctuante, así como la reforma de la políticas de ayuda de la Unión- los Fondos estructurales y la Política Agrícola Común- respecto a las cuales tenemos asimismo el deber de garantizar un desarrollo que no penalice nuestras actuales regiones. 
La solución a estos problemas, señora Presidenta, Señorías, requiere, sin duda, un esfuerzo importante, no obstante, si el nuestro pretende ser un proceso de ampliación responsable- y subrayo, responsable- no podemos dejar de tener en cuenta que las perspectivas de la Unión deben encontrar el acuerdo de todos y, en primer lugar, de nuestros ciudadanos. 
Mi Grupo político, compartiendo los objetivos de la ampliación, estará atento y se empleará a fondo para que todo esto se convierta en realidad en un espíritu de armonía y de bienestar para todos. 
Señora Presidenta, la ampliación de la Unión es la mejor manera de fortalecer la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo económico en Europa. 
Por eso es un gran deseo liberal que el proceso empiece rápidamente y que todos los países candidatos lleguen a ser miembros tan pronto como sea posible. 
El proceso de ampliación comprende a todos los candidatos. 
Todas las democracias europeas que compartan los valores y metas de la Unión y que quieran y puedan aceptar las leyes de la Unión tienen derecho a ser miembros. 
Los países candidatos, sin embargo, están en distintos puntos de su desarrollo. 
El Consejo de Ministros ha encargado a la Comisión un minucioso examen de los países que actualmente debieran tener las mejores posibilidades de cumplir lo que se exige para obtener la calidad de miembro. 
Los demás deben recibir toda la ayuda imaginable de la UE para alcanzar ese estadio. 
Es muy satisfactorio, especialmente para los Países Nórdicos y Bálticos, que Estonia esté en el primer grupo de negociaciones. 
La adhesión de Estonia es también interesante para Letonia y Lituania. 
Contrariamente a lo que algunos parece que creen, esto no crea divisiones entre los países. 
Por el contrario, esto lleva a todos por buen camino. 
La adhesión de alguno de los Países Bálticos a la UE es también la prueba final de que el pacto Molotov- Ribbentrop por fin ha sido tirado al basurero de la historia. 
Ya sabemos todos que mañana el Parlamento va a dar su total apoyo a las negociaciones de adhesión a la UE a países que durante mucho tiempo fueron obligados a inclinarse a la sombra de la cortina de hierro y bajo la presión de las bayonetas soviéticas. 
Ahora se abren las puertas a una Europa reunificada y total, una Europa basada en la democracia, el respeto mutuo y la confianza. 
Nunca se ha visto algo semejante. 
Es un acontecimiento histórico que nos llena de agradecimiento y humildad. 
Señora Presidenta, todos apreciamos el considerable alcance del proceso de ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa central y oriental. Nos remite sin falta a opciones estratégicas. 
«Dime cómo planteas la ampliación y te diré qué ambición atribuyes a la construcción europea». 
Si tenemos la voluntad de construir relaciones de codesarrollo que promuevan los intercambios y consolidar la paz en el continente, además de iniciar una ruptura con la lógica implacable de la actual mundialización, la obra en pro de la gran Europa debe respetar las normas de un auténtico partenariado, un diálogo efectivo con todos los países candidatos en pie de igualdad y teniendo en cuenta su situación real, una evaluación conjunta de los efectos de la ampliación, desde una óptica inspirada en el interés mutuo bien entendido y, sobre esa base, la movilización de medios financieros a la altura de los objetivos fijados. 
En cambio, si el designio de Europa es el de lanzarse resueltamente a la guerra económica planetaria, la ampliación corre el peligro de entrañar apremios draconianos para los países candidatos, un aumento de las desigualdades de desarrollo entre regiones favorecidas y desfavorecidas, la reducción de los logros de la Política Agraria Común y de los Fondos estructurales, el fomento de la competencia entre asalariados, el chantaje de los traslados de empresas. 
En una palabra, un mercado fraudulento para las poblaciones de los antiguos y los nuevos Estados miembros de la Unión, lo que no dejaría de provocar peligrosas desilusiones y, por tanto, tensiones en Europa. 
Así, ¿qué podrían esperar de la ampliación los asalariados de la Unión, si se concibiera dicha ampliación para responder a la esperanza de quienes, como el presidente de la Siemens, anuncian hoy claramente que lo que les interesa de los PECO es que, con aptitudes iguales, una hora de trabajo cuesta en ellos 4, 5 DM frente a 45 DM en Alemania? 
Y, a la inversa, ¿qué beneficio puede esperar, para su vida cotidiana, la población de los PECO de la aplicación estricta de las normas en vigor en la Unión a países cuyo producto interior bruto por habitante es inferior a la mitad o a las tres cuartas partes del de nuestros Estados? 
Como ha observado The Philip Morris Institute- y cito -, » la adhesión a la Unión Europea sumirá las antiguas economías comunistas en las aguas heladas del Mercado Único». 
¿Qué compensación para esa cura de liberalismo pueden representar 76.000 millones de ecus de Fondos estructurales para 120 millones de habitantes, cuando resulta que los 450.000 millones dedicados por Alemania a sus nuevos Länder del Este, que tan sólo cuentan con 16 millones de personas, no han impedido una crisis económica y social particularmente aguda en ellos? 
Las orientaciones de la Comisión, presentadas al Consejo Europeo de los días 12 y 13 del próximo mes de diciembre, se inscriben más en el segundo que en el primer término de la alternativa que acabo de resumir. 
Por eso, la realización efectiva de las buenas intenciones anunciadas se asemeja a la cuadratura del círculo. 
Así, pues, estoy convencido de que hay que volver a ponerse manos a la obra. 
Señora Presidenta, señoras y señores, la próxima ampliación coloca a la Unión Europea ante el reto más importante desde su fundación. 
Con ella satisface su objetivo central, crear una Europa unida, y al mismo tiempo puede sacar lecciones tanto de la historia reciente como también de los retos globales de nuestros días, en concreto, para enfrentarse a través de una integración económica y política cada vez más estrecha de Europa al peligro de confrontaciones bélicas, a la destrucción ecológica, a la pobreza y a la discriminación. 
La Unión está condenada a ser exitosa. 
Los errores en el proceso de ampliación no sólo obstaculizarían el desarrollo en la Europa central y Oriental, sino que expondrían también las actuales estructuras a una crisis de credibilidad de notables proporciones y, por cierto, precisamente donde se trata de requisitos financieros. 
Esta lección la podemos sacar del proceso alemán de unificación. 
Esta política del Gobierno alemán se ha asentado en la conciencia de las personas como una arrogancia penosa frente a la fuerza económica de Alemania, como una ocasión perdida de realizar reformas y, en consecuencia, como ausencia de todo tipo de pensamiento visionario. 
Esta política se ha hecho a costa de las generaciones futuras, ha contribuido a abrir nuevas zanjas entre alemanes occidentales y orientales y es corresponsable del parón en las reformas en Alemania, lamentado por doquier por nuestros socios europeos. 
No cometamos los mismos errores a nivel europeo. 
Aprendamos del proceso alemán de unificación. 
Seamos sinceros en nuestro análisis y consecuentes en las propuestas. 
Los enormes procesos de transformación que desde el histórico giro de 1989 están llevando a cabo ajo muchas dificultades nuestros vecinos de la Europa central y oriental no deberían verse respondidos por nuestra parte con una simple llamada velar por el patrimonio. 
Bajo esta premisa hay que considerar la parte financiera de la Agenda 2000 como un intento fallido para una estrategia preliminar a la adhesión. 
Pero aún: en el fondo los recién llegados financian una parte notable de la ampliación hacia el este. 
El margen calculado corresponde exactamente a la suma de los recursos propios que en el modelo de la Comisión tienen que aportar al presupuesto a partir del 2002 los países que ingresen. 
Pero ésta es una empresa muy ardua, si se tiene en cuenta que aparecerán cuellos de botella a la menor desviación del crecimiento del 2, 5 % del producto interior bruto, planificado por la Comisión. 
El optimismo de la Comisión es loable, pero el crecimiento medio en los últimos ocho años ha ascendido solamente al 1, 8 %. 
Un poco menos de conservadurismo en el cálculo no habría hecho daño. 
Por el contrario, el conservadurismo en el peor de los sentidos se ha extendido en las propuestas reformistas de ahorro en la política agrícola y estructural. 
En el fondo, la Comisión no está desarrollando ninguna política agrícola para los países candidatos a la adhesión, sino que confía sencillamente en los efectos salutíferos del mercado mundial y acepta así casi una membrecía de segunda clase en la UE y a este respecto no se incomoda en gran medida a los actuales perceptores de subvenciones agrícolas. 
Ni siquiera son recordadas todas las reflexiones relativas a un enfriamiento de las subvenciones agrícolas, a la paulatina transición hacia la cofinanciación, a la rápida eliminación de las subvenciones a la exportación y a la reorientación de la industria agrícola hacia estructuras regionales de mercado, para las cuales se dan muy buenas condiciones precisamente en la Europa central y oriental. 
En el ámbito estructural sucede lo mismo. 
El Fondo de cohesión ha de seguir intacto, pero ¿cómo se justifica esto ante los nuevos Estados miembros que, en definitiva, quieren ser también miembros de la Unión monetaria? 
Sería lógico extender también el Fondo a estos países que en un tiempo previsible satisfarán los criterios de la Unión monetaria, o suprimirlo totalmente como nosotros defendemos. 
Los penosos esfuerzos por una necesaria concentración de los recursos se han quedado en sus comienzos. 
Peor pesa el hecho de que después de la primera ola de adhesiones aunque los nuevos Estados miembros han de participar hasta un 28 % en los Fondos estructurales, los candidatos restantes serán alimentados solamente con 3.000 millones de ecus. 
Para decirlo de una manera más clara: la Comisión no tiene una concepción para la ampliación total, no tiene siquiera una para una segunda ronda de ampliación y con esto divide entre sí sin necesidad los países de la Europa central y oriental. 
En vez de esto, la Comisión debía haber seguido sin reparos, precisamente en la parte financiera de la Agenda, el modelo de líneas de partida. 
Con independencia de cuándo vaya a ingresar un país, todos los candidatos deben tener el mismo acceso a las transferencias netas en el marco de la política estructural mientras lo permitan su capacidad de absorción y la cofinanciación. 
Precisamente la separación del nivel político de negociación y del nivel presupuestario satisface el precepto de la igualdad de trato, tan inflexiblemente exigido por los europeos centrales y orientales. 
Señora Presidenta, Señorías, en el mes de julio la Comisión nos presentó básicamente dos grandes panoramas: primero, limitar a seis el número de países que debían formar parte de la primera velocidad de la ampliación y segundo, limitar al 1, 27 %, es decir, a ese techo que ya tenía que estar vigente para los 15 Estados miembros con objeto de garantizar esa cohesión, esa posibilidad de convertir en accesible, positivo y útil el mercado interno, sin acentuar las diferencias que acaban de señalarse y que milagrosamente, por el contrario, deberán aplicarse a una ampliación a 18, 20 o 25 países. 
Mañana el Parlamento Europeo volverá a debatir el escenario respecto a los 6 países, eligiendo o proponiendo otra vía que quizás será también la del Consejo Europeo de Luxemburgo. 
A mi juicio, el Parlamento hace bien en plantear el otro problema a través del informe Colom i Naval, a pesar de que no con la fuerza suficiente, pero ciertamente con mucho mérito y mucha exactitud; hace bien en poner en guardia a la Comisión y decirle: ¿Están ustedes seguros de que su falta de ambición está realmente a la altura del reto que nos proponemos? 
Es el reto de mayor calado al que nos hemos enfrentado en los últimos años: ¿Estamos seguros de que, como Institución que tiene el deber de proponer los escenarios que después deberán ser ratificados, era necesario mostrarse tan tímidos? 
¿Están seguros de que en siete años, con un sistema rígido que quizás nos va a impedir modificar las actuales perspectivas financieras, y, de todos modos, ya no según ese calendario quinquenal previsto, están seguros de que bastará y que el reto podrá ser vencido y superado, tanto por nosotros como por los países adheridos? 
Ahora el nuevo escenario abre una perspectiva diferente, espero también gracias a este informe que no por casualidad insiste en el hecho de que la cuestión de los recursos propios y todas las demás cuestiones planteadas no fueron ni siquiera perfiladas por ustedes. 
¿Están ustedes seguros de que con este cambio de rumbo no es necesario volver a examinar la copia? 
Nosotros creemos que sí, y por esto votaremos convencidos el informe Colom i Naval, con algunas importantes enmiendas que deberán se aprobadas mañana, porque puede ser el mensaje que acompaña el otro informe y que podrá permitirles- lo espero de todo corazón- ir al Consejo Europeo de Luxemburgo modificando tal vez, también respecto a este punto su copia, quizás- si puedo decirlo- con algo más de ambición de cara a un noble e importante objetivo, o sea, lograr la ampliación que todos deseamos. 
Señora Presidenta, igual que mi colega Dominique Souchet respecto del informe Oostlander, no comparto las conclusiones a que llega el informe presentado por el Sr. Colom i Naval en nombre de las Comisión de Presupuestos. 
Por lo demás, ya he expuesto las razones para ello en una opinión minoritaria presentada de conformidad con el artículo 146 del Reglamento y cuyo principio fue discutido antes de ser, por fortuna, aceptado en forma de adición al informe. 
En efecto, la Comisión de Presupuestos aprobó una posición ideológica sobre las principales cuestiones planteadas por la futura financiación de la Unión Europea, cuando, en realidad, debía dar muestras de realismo y prudencia. 
Posición ideológica por lo que se refiere a la duración de las perspectivas financieras, al prever tres hipótesis en las que se deberán revisar automáticamente dichas perspectivas, cuando resulta que la Unión Europea necesita una estabilidad financiera durante un largo período. 
Posición ideológica en lo relativo al límite máximo de los recursos propios, al negarse la comisión a tener en cuenta que los Estados miembros, preocupados ahora y en el futuro por el equilibrio de su hacienda pública, no aceptarán un aumento del límite máximo de 1, 27 % del PNB. 
Ese límite teórico, que contrariamente a lo que con frecuencia se entiende aquí, no constituye, evidentemente, una obligación de gasto, queda fijado en el 1, 15 % en el proyecto de presupuesto para 1998, lo que deja de aquí al año 2006 un margen considerable de 0, 12 % del PNB de la Unión Europea, que aumenta, a su vez, todos los años. 
Posición ideológica por lo que se refiere al sistema de recursos propios, cuando la Comisión ha tenido el acierto de renunciar a plantearse su modificación. 
En efecto, a los Estados miembros corresponde contribuir al presupuesto de la Unión Europea como harían con cualquier otra organización internacional y la Comisión nos ha recordado, por lo demás, que las contribuciones de cada uno de los Estados se aproximan cada vez más a sus riquezas respectivas. 
Posición ideológica, por último, por lo que se refiere a las políticas interiores, cuando hace suyas las propuestas de reforma de la Política Agraria Común y de la política estructural que figuran en el informe Agenda 2000, sin examinar sistemáticamente el fundamento de todas las diferentes políticas comunitarias. 
Sabemos perfectamente que el objetivo real de la Comisión de Presupuestos, hoy como ayer, es el de modificar el equilibrio entre los gastos obligatorios y los no obligatorios. 
Queridos colegas, ya es más que hora de reconocer que el aumento del presupuesto comunitario es una engañifa. 
Así, pues, mi Grupo, partidario del límite máximo fijado en el 1, 27 %, considera que, para hacer posible la indispensable ampliación al Este, la Unión Europea debe aceptar el marco presupuestario actual, recurrir a la cooperación intergubernamental y limitarse al desarrollo de un número limitado de políticas comunes más eficaces, conforme al famoso principio de subsidiariedad. 
Señora Presidenta, Señorías, en nombre de la coordinación de las derechas europeas, de mis colegas del Frente Nacional y del Vlaams blok, voy a manifestar mi posición sobre los proyectos de ampliación en curso de la Unión Europea. 
He de recordar a ese respecto el comportamiento verdaderamente profético de Jean-Marie Le Pen, que fue el primero que hizo entrar en este recinto, como diputado europeo, en 1984, a una personalidad de origen rumano, el Sr. Gustave Pordea, en quien veíamos el símbolo de los pueblos oprimidos. 
¿Se debe por ello subscribir la idea, en apariencia seductora, que consiste en ampliar a nuevos miembros el club europeo, el club que constituye la Unión Europea? 
¿Se debe ampliarlo a los países de la Europa central y oriental, a Turquía, a Chipre? 
Respecto de Turquía, consideramos que corresponde a ese gran Estado un papel eminente, a imagen y semejanza de su geografía: el de un puente entre Europa y Asia, y no de un miembro de la Unión entre otros. 
Pues Turquía no es europea ni por su población ni por su lengua ni por su cultura- por lo demás, brillanteni por su religión ni por su historia. 
Decirlo no constituye una injuria a Turquía, sino que, al contrario, es respetar su diferencia y su identidad y el orgullo del pueblo turco. 
Respecto de los países de la Europa central y oriental, he oído a un gran número de oradores- el Sr. Oostlander, el Sr. Pasty y a muchos otros- decir que convenía librar a esos países del totalitarismo. 
He oído decir que había que pasar definitivamente la página del reparto de Europa en Yalta, de la apropiación por Stalin de la mitad de nuestro continente. 
Pero, queridos colegas, ¿a quién va dirigida esa burla? 
Pues eso ya es un hecho. 
Esa liberación- no queda más remedio que hacerlo constar- no debe, por lo demás, nada ni a la Unión Europea ni a la política aplicada por nuestros Estados ni a la política aplicada por las formaciones políticas aquí representadas, ya sean conservadoras, liberales, socialistas o de otra índole. 
El sistema comunista, el más espantoso totalitarismo de todos los tiempos, con su cortejo de decenas de millones de muertos, de deportados, sus apremios, su terror, su tristeza, se hundió, cierto es, al menos en Europa, pero sólo gracias al valor de un puñado de héroes y mártires en esos países mismos que lo combatieron exclusivamente con las fuerzas del espíritu, cuando todos los responsables políticos de derecha, de izquierda y de centro pactaban con los dictadores comunistas, con las doctrinas comunistas, con las maniobras comunistas. 
Conque no resuciten Sus Señorías el espantajo del internacionalismo comunista del que esos países se liberaron solos, sin pedirles nada a ustedes, para absorberlos en el nuevo internacionalismo del que Sus Señorías son los turiferarios. 
¡Y qué arrogancia ya en los criterios políticos que se imponen a esos países! 
Se habla de respeto de las minorías. 
¡Amarga broma! 
En mi país, Francia, cerca de diez millones de franceses, los simpatizantes del Frente Nacional y sus familias, se ven privados de representación en el Parlamento, privados cotidianamente del derecho de reunión, agredidos, se les impide ilegalmente presentarse a las elecciones profesionales, se ven perseguidos en su profesión, en su tranquilidad, en sus derechos más elementales, y su suerte es mucho más inquietante que la de las minorías de las que hablan ustedes. 
Sí, nosotros consideramos las naciones de la Europa oriental, que a veces fueron mártires, como hermanas y, porque como tales las consideramos, les decimos: lo que necesitan es una estructura ágil, ligera, organizada en torno a proyectos concretos. 
No la Europa de Maastricht, burocrática, fiscalista, ruinosa, nuevo Leviatán que pretende regentar todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural, de centenares de millones de europeos. 
Lo que necesitan es una organización que garantice su seguridad, pero respetando su soberanía: la Europa de las patrias. 
Ustedes, por ejemplo, los Estados bálticos, o Eslovenia, uno de cuyos primeros actos, nada más conseguir la independencia, fue el de dotarse de una moneda propia, porque era el primer elemento de su libertad, ¿van a abdicar de esa libertad recién conquistada en el dispositivo de la moneda única y devolver lo esencial de las competencias financieras a un areópago instalado en Frankfurt, cuyos miembros no conocen, que no serán conocidos ni por sus pueblos, ni por sus minorías selectas, a los que no podrán atribuir ni nombres ni rostros, que no será posible revocar y cuyas órdenes no se podrán discutir? 
Ustedes, naciones cristianas, ¿van a dejarse imponer el funcionamiento de los abortaderos obligatorios en los hospitales públicos, con motivo de la libre circulación de los servicios? 
En realidad, por ser la franqueza el primer deber de la amistad, decimos a los gobernantes de la Europa oriental lo siguiente: quieren ustedes unirse a la Unión Europea porque la asimilan a la prosperidad, muy relativa, por lo demás, de nuestras naciones respecto de las suyas. 
Pero esa prosperidad, donde aún existe, es fruto de la libertad y no de la Europa de Maastricht. 
¿Es que Suiza, por ejemplo, o Noruega, que se negaron a entrar en la Unión Europea, han resultado más pobres por ello? 
Así, pues, porque somos amigos de esa sanciones del Este europeo, les decimos: no se embarquen en este crucero brillante y lujoso que se proponen. 
Miren más bien el nombre del buque: ¡el nombre del buque es Titanic! 
Señora Presidenta, le doy muchísimas gracias y espero que mi intervención sea algo más constructiva que la anterior. 
Quisiera decir que apoyo fervientemente las líneas generales del documento Agenda 2000. 
Creo que la ampliación es una oportunidad histórica para la Unión Europea y no debemos amedrentarnos ante los retos que se nos presentan. 
Quisiera también decir que, en particular, apoyo fervientemente el hecho de que el representante de la Comisión, de un modo muy realista, afirme que el techo de los recursos propios debe mantenerse en el 1, 27 % del PNB de la Comunidad. 
Esto es muy acertado y conveniente. 
Más concretamente, en relación con las referencias a la cohesión económica y social, creo que el mantenimiento del 0, 46 % de las dotaciones para las políticas de cohesión es algo que debería exigir un consenso entre todos los Estados miembros. 
Tiene plenamente en cuenta las realidades económicas. 
De igual manera, tomo nota de lo que ha dicho el Comisario sobre el Fondo de Cohesión y su continuación y de lo que ha dicho sobre el nuevo Objetivo 1 que se esboza en el documento. 
En primer lugar, quisiera decir con respecto a las propuestas para el nuevo Objetivo 2 que necesitamos mucha más claridad por parte de la Comisión acerca de este nuevo objetivo. 
Sencillamente no basta con meter en el mismo saco las áreas industrial, rural, pesquera y urbana y de algún modo dar por sentado que en la práctica las cosas se resolverán satisfactoriamente en cuanto a atender a las necesidades de estas áreas específicas. 
Lo que de verdad necesitamos son compromisos y claridad sobre cómo atender suficientemente en el futuro las exigencias particulares de cada una de estas áreas. 
En segundo lugar, aunque acepto lo que ha dicho sobre las iniciativas de la Comunidad- hemos tenido demasiadas en el pasado- creo que es un poco demasiado drástico hacer descender su número de golpe de trece a tres. 
Finalmente, quisiera decir, acerca de la sugerencia de una reserva de eficiencia, que en principio es fantástica, pero que creo que habrá problemas. 
Podría dar lugar a confusión y conflictos y desde luego espero que eso no pase. 
Tengo la esperanza de que la Comisión acepte muchos de estos puntos y de que algunas cosas se aclaren antes de la publicación de los reglamentos. 
Espero además que en el futuro continúe un diálogo constructivo entre la Comisión de Política Regional y la Comisión. 
Señora Presidenta, en el fondo en el debate se ha dicho ya todo. 
Todos deseamos que once estados de la Europa oriental y Chipre sean miembros de la Unión Europea al final de un proceso, y todos sabemos que no todos van a ingresar en el mismo momento. 
Hemos logrado un compromiso entre el modelo regata y el 5+1. 
Por consiguiente, quiero resumir esto de la siguiente manera: si la falta de claridad es una característica de la buena política, entonces con lo que vamos a aprobar mañana ganaremos un premio en buena política. 
Ustedes escuchan la ironía, espero que les llegue también a través de la traducción. 
Pero si hay que tomar como guía el Nuevo testamento, en el que se dice, vuestro discurso es sí, sí, no, no, entonces fracasaremos mañana. 
Bueno, así es la política. 
Lo que he echado de menos en el debate es una alusión a que el Consejo Europeo pondrá en marcha un proceso en el transcurso del cual tenemos que buscar todavía respuesta a tres preguntas. 
Tenemos que buscar, he dicho. 
La primera pregunta reza así: ¿cuán grande puede ser Europa? 
La Unión Europea no puede ampliarse sin límites. 
Sin embargo, nosotros hacemos como si pudiera ser así, con independencia de si esto sucede en interés de la Unión o en interés de otros estados. 
Hablamos de no hacer exclusiones al comienzo de las negociaciones y callamos que en el transcurso del proceso, cuando uno ingrese y otro no, se producirá una exclusión mucho mayor. 
De esto no hablamos. 
La segunda pregunta dice así: ¿cuán cara puede ser Europa? 
Vamos tirando por ahí miles de millones y porcentajes. 
Sabemos también que no debemos calcular de manera conservadora, que no sólo hemos de calcular cuánto cuesta la adhesión, sino también cuánto cuesta la no adhesión. 
Todo esto es cierto. 
Pero hemos de saber también con más claridad que hasta ahora que existen límites de la resistencia de los Estados miembros y de la población de los Estados miembros. 
Quiero decirlo anticipadamente: cuando se trate de hacer renuncias en el ámbito de la política agrícola, cuando se trate de hacer renuncias en el ámbito de los Fondos estructurales, entonces todos los Estados miembros y también los colegas de los correspondientes Estados miembros hablarán aquí un lenguaje completamente diferente del que se ha mostrado hoy en muchas intervenciones del debate. 
La tercera pregunta importante es la siguiente: ¿cuán fuerte será Europa? 
O, ¿cuán fuerte debe ser Europa para dominar la ampliación? 
En este punto les digo que lo que se describe en el Tratado de Amsterdam es, en cualquier caso, demasiado poco, lo sabemos todos. 
Con las consecuencias de lo que decidamos en nuestras resoluciones sobre la reforma del Tratado tampoco habremos llegado tan lejos como realmente debiéramos, si hablamos de una Unión más fuerte. 
¿Dónde estaban los Estados miembros en el pasado? 
¿Dónde estaban los colegas que hablan ahora de que la Unión debe hacerse más fuerte y más profunda? 
¿Dónde estaban, pues, en el pasado, cuando se trataba de intentar realizar avances concretos como, por ejemplo, en Maastricht? 
Yo nos los vi allí. 
En el fondo, los estados de la Europa oriental lo tienen más fácil que nosotros. 
Parten de una situación, que a sus ojos es muy mala, y quieren desarrollarse en dirección hacia la Unión Europea. 
Todo lo que hacen es en el fondo un avance hacia ésta. 
Nuestra situación es mucho más difícil. 
Hemos de procurar que éstos puedan ingresar y, al mismo tiempo, hemos de procurar que se conserve lo que hemos creado en los pasados 40 años. 
Sintetizar ambas cosas constituye un proceso mucho más difícil que concentrarse solamente en la adhesión. 
Un último punto que quiero formular de una manera muy general: la generación de políticos de los años 50 tuvo la valentía y la visión de futuro de cancelar la milenaria oposición entre Francia y Alemania. 
Nuestra generación de políticos debe desarrollar la valentía y la visión de futuro para dar por vez primera desde hace mil años a todo el continente una organización de paz y de cooperación. 
En esta tarea hemos de tener cuidado. 
La valentía y la visión de futuro de la generación de políticos de los años 50 consistió en comenzar, no con todos los estados europeos, ni tampoco con todos los estados occidentales, sino sólo con aquellos que estaban dispuestos y eran capaces. 
La valentía y la visión de futuro han consistido en mantenerse aferrados al objetivo de los Estados Unidos de Europa. 
Haberse planteado objetivos intermedios, que podían lograrse en pequeños pasos, éste ha sido el signo de la valentía y de la visión de futuro de esta generación. 
Me pregunto si nosotros, en nuestro Parlamento, y también nuestros Jefes de Estado y de Gobierno podrán aportar la misma valentía y la misma visión de futuro. 
La posibilidad está ahí, no la dejemos pasar sin aprovecharla. 
Señora Presidenta, como Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores quisiera comenzar dando las gracias a la Comisión y a la Presidencia del Consejo por su estrecha cooperación durante los meses algo frenéticos que hemos tenido desde julio. 
También quisiera dar las gracias a los ponentes, no sólo a los tres principales, sino a los trece de mi comisión, al ponente para opinión y a los presidentes de las comisiones parlamentarias mixtas. 
Éste ha sido un esfuerzo conjunto de cientos de personas de este Parlamento para que hoy podamos cumplir nuestro deber, que es dar la primera respuesta política de este Parlamento al documento Agenda 2000. 
No quiero repetir los excelentes discursos que hemos oído esta tarde pero sí hacer dos cosas. 
La primera es responder al discurso del Sr. Pasty, en el que dijo que no iniciar negociaciones con Eslovaquia es interferir en los asuntos privados de un Estado democrático soberano. 
Decir esto es no haber entendido nada. 
Precisamente porque Eslovaquia, conforme a nuestros criterios, no es un Estado democrático, sería un tremendo error iniciar negociaciones con ella. 
También quiero referirme a lo que el Sr. Swoboda describió elegantemente hace unas horas como fiebre de ampliación, la excitación de los debates sobre regatas y Cinco más-Unos, autobuses, estadios y todo lo demás. 
Hemos generado una gran cantidad de energía pero sospecho que la historia puede mostrar que los detalles del debate son menos importantes que sus efectos educativos. 
Sospecho que los últimos seis meses han sido un curso acelerado para todos nosotros sobre geopolítica de Europa oriental, sobre todo para los actuales Estados miembros de la Unión. 
Quiero rendir homenaje esta noche a los gobiernos de Bulgaria, Rumania, Lituania y a los demás. 
Gracias a sus esfuerzos se han introducido en la realidad política de la Unión Europea. 
En las últimas semanas, incluso en los últimos días, hemos visto por primera vez cómo puede ser un sistema político con 26 países y hemos aprendido y sacado provecho de la experiencia. 
Considero que nuestra función parlamentaria fundamental es la de ser un reflector de la realidad en los debates a veces arcanos que hay en esta Unión nuestra. 
Me satisface que hayamos desempeñado esta función en el presente debate en medio de la fiebre de ampliación. 
El 17 de noviembre el Comisario recordará que mi comisión votó una triple respuesta, lo que hemos dado en llamar como enfoque de las " muñecas rusas» para la estrategia de ampliación. 
Dijimos que queremos a todo el mundo dentro del proceso de ampliación, queremos iniciar negociaciones con todos los candidatos excepto Eslovaquia y queremos abrir negociaciones intensivas con los países Cinco-más-Uno señalados por la Comisión. 
Según tengo entendido, en la reunión del COREPER de ayer se elaboró un diagrama; no he tenido el privilegio de verlo oficialmente pero, si no he entendido mal, podría ser el precursor de lo que se acuerde en la Cumbre de Luxemburgo. 
A mí me parece que refleja muy de cerca el enfoque de las muñecas rusas. 
Según tengo entendido, proponen una conferencia europea, que es el proceso de ampliación, con un plato secundario de apoyo político extra a Turquía. 
Luego, en la segunda muñeca, conversaciones abiertas de adhesión con los Diez-más-Uno, complementadas con conversaciones preparatorias adicionales con los países que no hayan sido inmediatamente seleccionados para iniciar las negociaciones del Artículo O. Es a la tercera muñeca, la interior, la necesidad de proceder a dichas negociaciones con los países Cinco-más-Uno, a la que doy especialmente la bienvenida esta noche. 
Creo que sería un error considerar nuestro debate de esta noche como el final de nuestro debate sobre la ampliación- apenas son el final del comienzo. 
En los segundos que me quedan quisiera advertir a cualquiera que esté escuchando contra los peligros de intentar tomar rehenes en este proceso que se va a prolongar a lo largo de los próximos años. 
Estas negociaciones sobre la ampliación de nuestra Europa, y la extensión de la práctica que, tal como señaló el Sr. Hänsch, se inició en el Rin y ahora descenderá por el Danubio y hacia el Báltico, son demasiado importantes como para que las tome de rehén un país, una institución o un grupo de presión. 
Creo que en diciembre de 1997 hemos tenido un buen comienzo, aunque sospecho que la conversación se prolongará todavía durante muchos años. 
Muchas gracias, señor Spencer. 
Antes conceder la palabra ahora al Sr. Comisario van der Broek, doy la palabra al Sr. Fabre-Aubrespy para una cuestión relativa al Reglamento. 
Señora Presidenta, veo efectivamente que el Comisario Van den Broek ha pedido la palabra respecto del apartado 5 del artículo 107. 
No le discuto ese derecho, muy al contrario. 
Nos gustará mucho a todos oír las respuestas que quiere dar a las diferentes intervenciones, pero observo que hace esa petición al tercer turno de uso de la palabra, cuando ninguno de los oradores de ese tercer turno ha hablado, y que quiere hacerlo después del orador del Grupo PSE y del Grupo PPE. 
Aún hay un orador por cada uno de los Grupos políticos- en mi Grupo es el Sr. Blokland- y me preguntó por qué hace una distinción entre los diputados y si no sería prudente, para respetar la igualdad de entre todos los diputados, esperar a que se hayan manifestado todos. 
Señor Fabre-Aubrespy, el Sr. Comisario van der Broek toma ahora la palabra de conformidad con el artículo 5 del Reglamento y también hablará al final del debate. 
Contra esto no hay nada que objetar de conformidad con el Reglamento. 
Señora Presidenta, desde luego estaré aquí durante el resto del debate esta noche y también escucharé muy atentamente a los demás oradores. 
Hay muy pocos temas en los que intervengan tantos oradores en el debate. 
Lo agradecemos mucho, así que quizá pueda dar una respuesta provisional. 
Mi sensación al escuchar atentamente a las distintas intervenciones es que es más lo que nos une que lo que nos separa. 
El primer enfoque que tenemos en común es que todos nos sentimos muy motivados, tanto el Parlamento como la Comisión, a dejar absolutamente claro a los países candidatos que todos son parte del mismo proceso y que no se deja fuera a nadie. 
La diferencia entre nosotros quizá sea la forma en la que queremos dejarlo claro. 
Para ser muy franco, cuando miro las distintas enmiendas, como por ejemplo las núms. 12 y 101, me temo que se corre el riesgo de mostrar cierta ambigüedad con los países a los que recomendamos continuar la preparación como si se les diera todo el derecho a entablar las negociaciones a la vez que se reconoce que en realidad no están suficientemente preparados. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Hänsch en que podríamos llegar a una situación, al iniciar negociaciones con los que no están suficientemente preparados, en la que a mitad de camino, cuando las cosas no estén avanzando con suficiente rapidez, aumente la presión, por razones puramente políticas, para acelerar el proceso de negociación y quizá, en un momento dado, convenir en aceptar un menor cumplimiento del acervo o de otras condiciones de Copenhague que normalmente habríamos impuesto a los nuevos miembros de la Unión Europea. 
Creo que éste es también un factor que debemos tener en cuenta. 
Para finalizar este punto, cuando leo las enmiendas, lo que me llama mucho la atención es que se mencione por un lado el proceso de adhesión y por otro las negociaciones. 
Desde nuestro punto de vista y según nuestra idea, las negociaciones no pueden separarse del proceso de adhesión. 
Éste comprende ambas cosas: las negociaciones y la preparación. 
Cuando hacen una recomendación al Consejo para un lanzamiento oficial del proceso de ampliación que implica negociaciones para los que ya están listos para él y preparación para los demás, que lleva aneja toda la estrategia de preadhesión, asociaciones incluidas, en el que también va a participar el Consejo porque quiere codecidir con nosotros las prioridades que deben definirse, entonces la señal dirigida a todos los candidatos será que todos son parte, todos sin excepción, de un proceso totalmente incluyente. 
Mientras que ahora me temo que va a haber un debate entre los Estados miembros en Luxemburgo cuyo resultado será la ambigüedad. 
Obviamente, respeto lo que dice el Parlamento de que debemos contemplar este proceso y las soluciones que propongaos desde un punto de vista político. 
Por supuesto, aunque hayamos estado analizando gran cantidad de datos técnicos y estadísticos durante año y medio, espero que el Parlamento comprenda que la Comisión no está ahí sólo para mirar las cifras sino que tiene una concepción política propia. 
Ha estado en contacto regular con todos y cada uno de esos países y sabe muy bien qué significa dar señales políticas erróneas. 
Es precisamente por esto por lo que la inclusividad total del proceso, con todos los elementos e instrumentos que hemos desarrollado: financiación, procedimientos, informes anuales, asociaciones y todo lo demás, se ha planeado tan escrupulosamente en primer lugar por esa razón política. 
Creo que la Comisión puede pedir al Parlamento un mínimo reconocimiento del trabajo de este tipo que ha realizado. 
No se nos debería acusar de desconocer el pasado de estos países, que estaban detrás un Telón de Acero y efectivamente debemos vigilar que no se provoque miedo de discriminación. 
De nuevo, si disentimos en esto espero que sea más una diferencia de palabras que una diferencia sustancial y desde luego no una diferencia de enfoque político. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Quizá habría que abrir un nuevo capítulo en el diccionario a causa de esta diferente interpretación del proceso de decisión y de adhesión. 
También he sido preguntado ya varias veces al respecto. 
En este punto parece que reina un cierto desconcierto. 
Pero ahora tenemos ya la interpretación oficial de la Comisión y ésta constará en el Acta. 
(La sesión, interrumpida a las 20.00 horas y se reanuda a las 21.00 horas.) 
Señor Presidente, para comenzar deseo felicitar a los ponentes y a los ponentes para opinión por sus informes, que ofrecen una excelente oportunidad al Parlamento de debatir el futuro de la Unión, su ampliación y el coste consiguiente. 
Mi intervención puede parecer de miras estrechas en términos europeos. Sólo deseo considerar la ampliación y cómo ésta podría afectar a mi país y a mi circunscripción de Connaught Ulster, que está en la periferia de la Unión.