No es el levantamiento del embargo, conseguido de cualquier forma, que devolverá la confianza al consugumentos son los que nosotros pedimos, es decir, un plan para la erradicación de la enfermedad que obtenga el consenso de los organismos europeos y atraiga esa solidaridad europea, incluso financiera, respecto a la que hemos manifestado claramente nuestro acuerdo, así como medidas de apoyo al sector que no añadan sólo más dinero a quien ya se lo lleva en grandes cantidades a su casa, sino que tengan en cuenta las peculiaridades y las diferencias de los varios Estados europeos. 
Todo esto se puede hacer, es razonable y se basa en una razón política que también significa sensatez. 
De otra forma, creo que una politización con fines de lucro político interno nos conduciría a un permanente estado de incertidumbre en Europa. 
Tomo nota de las señales positivas que el Ministro Sr. Pinto nos ha transmitido y deseo manifestar que no implica un optimismo irresponsable decir que lo que hace falta es más Europa y no menos Europa. 
Señor Presidente, la decisión de la Comisión de levantar el embargo a la exportación de productos derivados es una noticia muy grata y, naturalmente, está en consonancia con las declaraciones que el Sr. Fischler ya hiciera en repetidas ocasiones sobre la base de la evidencia científica. 
Reconozco- como subrayó ayer el Sr. Santer- que se trata de una decisión de principio, y reconozco también que depende de las medidas que adopte el Gobierno británico en el marco de su programa para erradicar la enfermedad, y de su empeño por restablecer la confianza entre los consumidores de carne de vacuno. 
Muchos afirmarán que el plan de acción que consiste en excluir de la cadena alimentaria humana todas las vísceras que pudieran transmitir la enfermedad, en caso de que exista peligro de contagio humano, deberían haber comenzado hace cinco años. 
En realidad, así fue, porque todos los despojos de rumiantes que podían transmitir la EEB al ganado vacuno fueron desechados hace seis años. 
Todas las reses infectadas de EEB hasta la fecha han sido sacrificadas. O sea, 190.000 cabezas desde 1992, cuyo coste se eleva a 180 millones de ecus. 
63 millones de ecus más han sido destinados a la investigación, y los controles administrativos han costado otros 43 millones de ecus. 
Se ha incrementado el presupuesto para la investigación en el Reino Unido y el presupuesto para el control higiénico de la carne también se ha incrementado en 39 millones de libras con el fin de poder realizar controles adicionales. 
Estas medidas han tenido un claro impacto; el número de casos confirmados ha descendido desde 1992, pasando de 36.000 a 8.000, y continúa bajando. 
Invito a todos ustedes a que lean y juzguen el programa de medidas adicionales, cada una de sus 121 páginas, y a que piensen en lo que ha sucedido. 
Desde el 29 de marzo se han sacrificado 81.648 cabezas en cumplimiento del plan del Gobierno de destruir los despojos. 
La semana pasada fueron más de 25.000 las reses sacrificadas, cifra que incluye los animales refrigerados y 1.500 casos más. 
Además, desde el pasado 29 de marzo se han sacrificado 20.000 terneros, 4.000 a la semana. 
Estamos muy agradecidos a la Comisión por la compensación y la intervención adicional y por las medidas de apoyo que espero hayan sido aprobadas. 
La confianza sólo se restablecerá mediante un cumplimiento riguroso y demostrable de los controles sanitarios de los animales y del público, y sugiero que es hora de que volvamos a dejar este asunto en manos de la ciencia y lo apartemos del ámbito político. 
Señor Presidente, comprendemos que Lord Plumb tiene que poner buena cara en esta terrible historia; lo compadecemos. 
Señor Presidente, me he limitado a exponer los hechos. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, tras estas primeras intervenciones podríamos dejarnos llevar por un moderado optimismo. 
Sin embargo, el miedo es demasiado grande para que nos rindamos en seguida y para que bajemos la guardia inmediatamente. 
Decimos que hay todavía muchas medidas que tomar y aunque careciéramos de la memoria suficiente para recordar los orígenes de esta crisis que se remontan a 1986 y atribuyen graves responsabilidades a quien no las atajó de pleno, es necesario encarar la realidad de estos días y no olvidar que cinco personas fallecieron hace poco, al parecer y según fuentes autorizadas, a causa del síndrome de Creutzfeld-Jacob. 
Ahora bien, ante este hecho, deseo manifestar que no podemos dejarnos llevar por el optimismo. 
A pesar de que no se sabe a ciencia cierta si dicha enfermedad se transmite al ser humano, sin embargo, tras las recientes revelaciones carecemos de la certeza de lo contrario, o sea, de que no se transmite. 
Entre contagio y no contagio existe un mal que es todavía peor y que afecta al consumidor, o sea la duda y en la duda, este último no compra carne, con todas las repercusiones que todos nosotros conocemos. 
Estoy perplejo, y creo que también mi Grupo lo está, por el levantamiento parcial del embargo para las gelatinas, los sebos y el semen. 
Lord Plumb me va a disculpar, pero estoy escéptico respecto a las garantías que el Gobierno británico va a ofrecer en relación con las licencias para dicha exportación. 
En el caso de que se autoricen dichas licencias, quisiera pedir al Comisario un atento seguimiento. 
Los sucesos de los últimos días, la oposición y el obstrucionismo que el Ministro Pinto acaba de denunciar, hablan claro respecto a la actitud que los ingleses están dispuestos a adoptar en lo relativo a esta cuestión. 
El problema es demasiado complejo y aglutina aspectos científicos, agrícolas, económicos, psicológicos, políticos e institucionales. 
La situación ha evolucionado a través de los contactos entre las varias instituciones de forma poco clara, transparente y convincente. 
Por consiguiente, ¿cómo y qué decidir? 
Estoy de acuerdo con la solidaridad hacia los afectados, esto sí, sin embargo quiero decir que lo importante es proteger a los consumidores y la salud pública. 
El Comisario Fischler se ha referido a esto y ha facilitado garantías. 
Por ello, deseo preguntarle: ¿dispone usted, señor Comisario, de los medios suficientes para garantizar esta acción? 
Por otra parte, cabe hablar de efectos específicos como son las medidas económicas. 
Muchos dijeron y coincite de algunos Estados que como Italia, España, Grecia y Portugal, son importadores de terneros. 
Italia, por ejemplo produce un 20 % de vacas y, según los últimos datos, obtendrá sólo el 6 % de dicha ayuda extraordinaria. 
Señor Ministro, señor Comisario, debemos vigilar para que a los daños no se añada también esta mofa. 
Señor Presidente, el embargo sobre la carne británica y sus derivados ha tenido una triple virtud: ha protegido la reputación de la Unión Europea en cuanto a la calidad de sus alimentos, ha mantenido intacto el mercado interno, evitando el levantamiento de barreras por parte de países concretos, y ha obligado al Reino Unido a tomar, por fin, algunas medidas. 
Aun así, pasará algún tiempo hasta que los consumidores de fuera del Reino Unido recuperen su confianza. 
Aunque se hubiera levantado la prohibición, la mayoría de las personas no estarían dispuestas a comer carne británica. 
Ahora que la Comisión ha decidido levantar parcialmente el embargo, debe asegurarse de que ningún Estado miembro imponga individualmente barreras a la importación. La Comisión ha de velar por una aplicación equivalente de las normas de seguridad en toda la Unión Europea. 
No obstante, señor Presidente, quisiera hablar, sobre todo, de los antecedentes políticos de esta crisis. 
El buque del Estado británico es un navío a la deriva que se ha encallado en las rocas de su propia creación. 
Las numerosas incoherencias de la actuación británica esconden cierta mordaz ironía. 
Al presentar una queja ante el Tribunal de Justicia, cuyo poder desea ver reducido, al retener medidas que la benefician y recibir la salvación política de los anónimos burócratas de Bruselas, el Gobierno británico pone de manifiesto hasta qué punto la diplomacia británica se ha enredado en su propia madeja. 
Después de haber bloqueado 30 medidas en menos de tres semanas, es posible que incluso debamos estar agradecidos a Inglaterra, ya que Londres ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de sustituir la unanimidad en el Consejo por la mayoría. 
Sin embargo, señor Presidente, hoy quisiera expresar, sobre todo, mi profunda preocupación por el nacimiento de un nacionalismo indigno en el Reino Unido. 
¡Qué fácil es iniciar una tempestad xenófoba y revolcarse en el chovinismo, 50 años después de la segunda Guerra Mundial! ¡Qué fácil es invocar de nuevo los demonios de la intolerancia y de los prejuicios que tantas veces han dañado a la civilización europea! 
(Aplausos) ¡Qué fácil es, Señorías, para un Gobierno, alentar el nacionalismo en lugar de combatirlo!. 
Señorías, en esta estrategia falta el sentido del honor. 
Como políticos, cada uno de nosotros ha de elegir. Podemos explotar los prejuicios o difundir la tolerancia. 
Podemos disculpar los prejuicios o combatirlos. Podemos predicar el nacionalismo o fortalecer el Estado de derecho dentro de la Unión Europea. 
El partido conservador ha hecho su elección, ha optado por el nacionalismo como estrategia electoral. 
El partido conservador ya no es el partido de un gobierno responsable ni de una sola nación. 
(Aplausos) Algunas personas valientes, como Emma Nicholson, han elegido. 
Han abandonado el partido conservador para adherirse al único partido británico que sigue consecuentemente una línea proeuropea. 
Ha llegado el momento de que todos sus homólogos que compartan su preocupación sigan su ejemplo. 
Al hacer que prevalezca el interés del partido sobre el interés de la nación, el partido conservador ha puesto de manifiesto el lugar que ocupa. 
Ha llegado el momento de que los colegas conservadores del Parlamento Europeo hagan lo mismo. Que antepongan los principios al partido. 
Que opten por una Inglaterra integrada en el corazón de Europa. Que opten por el único partido británico que no es ambivalente con respecto a Europa. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, no existe un clima antibritánico ni en esta Asamblea ni en nuestro grupo político. 
Pero hay un Gobierno británico que apuesta irresponsablemente por la presión política y administrativa y que crea una atmósfera que hace posible de nuevo el chauvinismo nacional, lo que no habría esperado en absoluto. 
Y hay un Gobierno británico que impide mediante esta presión política y administrativa que se den los necesarios pasos en Gran Bretaña para que se combata eficazmente esta epidemia. 
Señor Fischler, usted ha hablado de nuevo esta mañana de «se podría» ,» se debería» y «se tendría» cuando se trataba de las medidas que debe adoptar el Gobierno británico. 
Usted no habla de lo que el Gobierno británico ha hecho, pues aparte de presionar políticamente no ha hecho mucho. 
Es cierto que la lucha contra la EEB no se puede limitar a prohibir las exportaciones. 
Siempre hemos dicho que se trata de un problema europeo y no de una enfermedad inglesa, por lo que todos tenemos responsabilidad. 
Pero si en un momento determinado se acuerda levantar algo las prohibiciones como consecuencia de la presión política, es una señal equivocada y no tiene nada que ver con conocimientos científicos y actuación responsable. 
Señor Comisario, es cierto que los productos que se van a liberar- la gelatina y el sebo- no se incluyen entre los más peligrosos y están tratados a temperatura ultraelevada, pero usted sabe también que estos agentes patógenos no mueren sino que solamente se reduce su actividad. 
Para mí es un misterio la liberalización del esperma, cuando se sabe claramente que existe una transmisión generacional de la enfermedad. 
Creo que sería hora de volver a un debate relacionado con la EEB, que sea de provecho para el asunto y agotar realmente todas las posibilidades científicas. 
Con independencia de esta epidemia, la Comisión debería presentar por fin un plan en el que exponga cómo quiere lograr una producción razonable de carne de vacuno, cómo quiere evitar que ahora debatamos sobre la EEB y próximamente quizás sobre un escándalo de antibióticos y cómo se puede cambiar radicalmente la política agrícola europea para que podamos proporcionar confianza a las consumidoras y consumidores, una confianza a largo plazo que persista más allá de este escándalo de la EEB. 
Al principio, nuestro grupo político quería dar su aprobación a esta resolución conjunta. 
Partíamos del hecho de que la decisión de la Comisión estaba aún abierta. 
Hemos preguntado por los conocimientos científicos para justificar con ellos nuestra decisión. 
Usted ha hecho ahora las cosas al revés. 
La decisión está ya adoptada, por lo que nuestro grupo político no puede apoyar esta resolución. 
Retiramos nuestra firma. 
Señor Presidente, me alegro de que este debate se esté celebrando ahora. 
Como usted sabe, nuestro Grupo y el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas deseaban que se celebrara durante el período parcial de sesiones pasado. 
Desde luego, el debate no es prematuro. Es una crisis que afecta a Europa en su totalidad. 
Soy ciudadano del Reino Unido, pero considero que es absolutamente vergonzoso e irresponsable el intento por parte del Gobierno del Reino Unido de paralizar todo el mecanismo de toma de decisiones de la Unión Europea sobre este asunto. 
No debería existir la menor duda al respecto. 
Resulta aún más exasperante si pensamos que éste iba a ser el gran año que marcaría el avance de Europa. 
Con la Conferencia Intergubernamental íbamos a intentar unir más a Europa. 
En cambio, lo que estamos consiguiendo es una serie de medidas mezquinas de veto- incluso aquellas medidas que el propio Reino Unido había defendido en el pasado, son de repente inaceptables y vetadas. 
En este orden de cosas vemos como el desafortunado ministro británico de Desarrollo Exterior se ve obligado a vetar la ayuda a Ruanda, a pesar de considerarla justa. 
¡Qué lamentable que cualquier gobierno tenga que poner a sus ministros en una situación semejante! 
Quiero decir al Gobierno británico que ya basta. 
Hemos conseguido el levantamiento parcial del embargo, decisión que ha tenido una buena acogida. 
Me alegró oír la declaración del Comisario Sr. Fischler. 
Corresponde ahora al Reino Unido decir que esta etapa ha concluido. 
Debe replantearse su postura con la mayor seriedad. 
Lo que me preocupa- y me hago eco de lo que ha dicho el Sr. de Vries- es que la irresponsabilidad de la acción del Reino Unido está dando lugar, paso a paso y a través de una guerra de pacotilla, a una guerra fría y a una oleada de xenofobia que se está extendiendo en la prensa sensacionalista. 
El diario Die Bild-Zeitung reprodujo un artículo aparecido en The Sun en el que se informaba a los lectores de veinte formas de irritar a los alemanes, lo que resulta increíble. 
Una de ellas consistía en quemar la bandera alemana y enviar las cenizas al Canciller Kohl. 
¿Cómo se puede enviar semejante mensaje a través de Europa, especialmente cuando Inglaterra se dispone a acoger el campeonato de la Eurocopa 96, un acontecimiento que producirá todo tipo de tensiones? 
Quiero decir a la Asamblea que el Gobierno del Reino Unido ha abierto la caja de Pandora. Lamentará su actitud y todos los que pertenecemos a esta Asamblea ciertamente deploramos estas actividades. 
Tenemos, sin embargo, una buena noticia. 
Una encuesta de opinión publicada en Escocia esta mañana revela que el resultado final de la campaña desatada por el Gobierno Conservador contra Europa ha sido un descenso de dicho partido en la intención de voto que lo sitúa en el 12 % en Escocia- la mitad del porcentaje conseguido por el Partido Nacionalista Escocés, que ha obtenido el 24 %, aunque debo reconocer que se encuentra muy por detrás del Partido Laborista. 
Éste es el veredicto de los electores escoceses sobre esta histeria antieuropea desatada por el Gobierno Conservador. 
Los agricultores escoceses están muy preocupados. He hablado con uno de ellos esta mañana que decía que había abandonado toda esperanza. 
Me dijo que a raíz de la crisis esperaban la concesión de ayudas a los criadores de ganado vacuno- represento a la zona de Aberdeen Angus -, pero que no estaban recibiendo absolutamente nada. 
Algunos ganaderos han salido beneficiados, pero otros han perdido su negocio y no han recibido ninguna compensación. 
Los ganaderos se preguntan donde están las medidas que debían seguir a la retórica. 
No les ha impresionado en absoluto lo que han oído de boca de Michael Forsyth, el Secretario de Estado para Escocia, titular del Ministerio de Agricultura Escocés. 
Llamé la atención de la Asamblea sobre él en el último período parcial de sesiones como el hombre que quería que la bandera europea se arriara en Escocia y que la bandera escocesa ondeara en Europa, diciendo que se proponía conseguir un trato especial para Escocia y dar un impulso a la situación. 
Señor Presidente, el levantamiento del embargo a la exportación de subproductos supone un importante avance. 
Del mismo modo, me complace que el Gobierno británico, por fin, esté dando muestras de una actitud constructiva con su aparente apoyo al Acuerdo de asociación con Eslovenia. 
Debe llevar ese ligero cambio de actitud mucho más lejos. 
Es ciertamente absurdo que el Gobierno británico esté dañando los intereses de todo el mundo con su bloqueo indiscriminado de medidas que benefician a Gran Bretaña, algunas de las cuales fueron incluso propuestas por el propio Reino Unido. 
El aspecto más triste de todo este asunto es la forma en la que el Gobierno británico ha fomentado una retórica y actitudes xenófobas y jingoístas sin precedentes. 
Es evidente que ese lenguaje no tiene cabida en la Unión Europea ni en ninguna sociedad civilizada. 
El uso de términos y alusiones racistas es una táctica política que tendrá un efecto duradero y nocivo tanto para Gran Bretaña como para la Unión Europea. 
En nuestra calidad de demócratas y diputados debemos proponernos hacer todo lo posible para poner fin a esta crisis. 
Tenemos el deber de ocuparnos de que se levante el embargo. 
Tenemos el deber de contribuir a que se garantice cuanto antes el restablecimiento de la confianza del consumidor y, sobre todo, que se garantice que en la Unión Europea no se volverá a oír nunca jamás de jingoísmo. 
Señor Presidente, señoras y señores, la epidemia de la EEB no ha producido solamente una crisis dentro de la Unión Europea sino ante todo una significativa falta de seguridad de nuestros consumidores. 
Unos consumidores inseguros significan también unas ventas menores, lo que, a su vez significa unos precios más reducidos para los ganaderos. 
Estamos en un círculo vicioso que muestra unas repercusiones insospechadas y que tenemos que controlar urgentemente. 
Pero esto lo lograremos solamente si devolvemos la confianza en la producción europea de carne. 
Debemos dar un primer paso eliminando consecuentemente los rebaños infectados por la EEB. 
Asimismo es necesario introducir a nivel europeo un etiquetado factible de la carne y de los productos cárnicos, unos estándares de protección animal, una intensificación de los esfuerzos de investigación para aclarar las posibles vías de transmisión y un control crítico de los productos que aumentan los rendimientos, los medicamentos y aditivos en la alimentación animal, así como sus residuos. 
El consumidor debe poder saber de dónde proviene la carne que come. 
En el momento actual acecha el peligro de que bajo la gran presión existente se adopten medidas con demasiada rapidez que produzcan aún una mayor inseguridad entre los consumidores. 
Este sería el caso si se levantase la prohibición de exportación sin las correspondientes garantías previas de que, por ejemplo, funciona la identificación de los animales y no se viola la prohibición de añadir harinas de huesos a la alimentación animal. 
Además, para el futuro son necesarios controles permanentes por parte de la UE. 
Bajo estos aspectos hay que ver también la actitud austríaca en el Consejo, pues en el momento actual las inseguridades son aún demasiado grandes para nosotros. 
Nadie tiene interés en mantener a la larga una prohibición de exportación para el ganado vacuno británico pero todos están interesados en que exista seguridad y calidad. 
Veamos los actuales problemas no sólo como una catástrofe sino también como una oportunidad para dar el paso adecuado en la dirección correcta. 
Señor Presidente, deseo reiterar aquí esta mañana mi confianza en el modo en que el Comisario Sr. Fischler ha tratado la crisis de la EEB. 
Acojo con satisfacción el levantamiento parcial del embargo. 
La decisión se basa en datos científicos y dará un cierto impulso al sector vacuno, lo cual es muy de agradecer en estos momentos. 
No obstante, insto a la Comisión a que lleve a cabo el paquete de compensaciones prometido a los criadores de ganado vacuno. 
En unos momentos en los que la industria está de rodillas, en que los agricultores se enfrentan a la quiebra y los trabajadores del sector se están quedando sin sus puestos de trabajo, es una vergüenza que el Consejo de Ministros sea incapaz de llegar a un acuerdo sobre el paquete de compensaciones. 
Reitero asimismo mi opinión de que la compensación propuesta es del todo inadecuada y debe ser aumentada inmediatamente. 
Los ganaderos de vacuno ya estaban haciendo frente a fuertes pérdidas financieras antes de que se desencadenara la crisis de la EEB. 
Lamento que no se esté superando el impacto general de la crisis sobre los consumidores y agricultores. 
La última declaración de un científico británico, por ejemplo, de que la enfermedad es transmitida por las vacas a sus terneros antes de que éstos nazcan, está incrementando las dudas entre los consumidores. 
¿Cuándo va a terminar todo esto? 
Hay muchas personas que tienen todo tipo de teorías, y nadie sabe exactamente dónde se encierra la verdad. 
Necesitamos urgentemente que nos concentremos en las consideraciones relativas a la salud pública y en cuál es la situación en ese ámbito. 
Según tengo entendido, no está demostrado que existan riesgos para la salud y tiene que ser posible que se haga una declaración que esté basada en hechos reales y que sea creíble en lo relativo a este asunto. 
Ha creña debe llevar a cabo un programa de erradicación que disipe cualquier duda de la mente de los consumidores. 
Eso es lo que la Comisión Europea se ha comprometido a financiar y no es descabellado que espere una respuesta satisfactoria. 
Como ya he declarado aquí en ocasiones anteriores, el impacto que está teniendo esta crisis sobre los productores de ganado vacuno irlandeses y sobre la economía irlandesa es mayor que en el caso de cualquier otro Estado miembro. 
Me gustaría que el Comisario Sr. Fischler confirmara esta mañana la eficacia del programa de control de Irlanda que se ha venido aplicando desde que se detectó el primer caso, hace ya algunos años. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cuando ayer escuché las enérgicas palabras del Sr. Santer y hoy las del Sr. Fischler en contra del comportamiento del Gobierno británico, no me puedo librar de la sensación de que tras las mismas solamente se esconde una estrategia o táctica para poder ceder más fácilmente frente a las exigencias de que se levante el embargo. 
Voy a justificar lo que digo. 
Si estos tres productos, tal como opino, se liberan demasiado pronto, no excluyo que existan condiciones que puedan ofrecer un nivel máximo de seguridad. 
Pero tales condiciones no se dan aún para estos productos. 
Si queremos proceder justamente- no me incluyo entre aquellos que quieren mantener el embargo hasta la última seguridad absoluta- tendremos que valorar paso a paso el éxito en la lucha y proceder exactamente igual paso a paso en el levantamiento del embargo. 
Pero lo que se hace ahora no está justificado. 
Todavía no se han reseñado éxitos ni tampoco podemos estar seguros en el caso de los tres productos. 
Por ello el levantamiento del embargo se produce demasiado pronto. 
La Comisión debe saber que ha echado sobre sus hombros una parte de la responsabilidad. 
Si en los próximos meses los consumidores se retraen a comprar muchos productos en los que existe gelatina o sebo, como la misma carne de vacuno, sin duda estará relacionado con este levantamiento demasiado precipitado del embargo para estos tres productos. 
No quiero desempeñar aquí el papel de Casandra ni pintar un negro futuro, pero sabemos la sensibilidad con que reaccionan los mercados de consumidores y me temo que se va a producir la misma reacción que ante la carne de vacuno para muchos grupos de productos. 
Creo que hemos llegado realmente al punto en que de la crisis de la EEB puede derivar una crisis de la Unión Europea. 
Sin duda, una gran parte de la culpa la tiene el Gobierno británico, pero el comportamiento de la Comisión y de parte del Consejo fomenta este proceso. 
¡En cuestiones de salud no puede haber rebajas! 
Este es el objetivo supremo de la Unión Europea y sin duda también del Gobierno británico. 
La salud se encuentra en primer lugar. 
Luego no viene nada durante un buen rato, de nuevo nada y a continuación de nuevo la salud. 
Sólo después vienen las sensibilidades y amores propios nacionales. 
Esto es aplicable tanto al continente como a las Islas Británicas. 
Me temo que el Consejo y la Comisión están poniendo en juego la confianza de los ciudadanos europeos en la Unión Europea. El Parlamento no debería apoyar este falso proceso. 
Señor Presidente, la crisis de la EEB, que llega ya a su décima semana, es el resultado de la declaración precipitada y carente de fundamento científico que se hizo en la Cámara de los Comunes. 
Desde entonces, el sector del vacuno europeo se encuentra en una difícil situación. 
Los agricultores, especialmente aquéllos de las principales zonas exportadoras como Irlanda, han sufrido enormes pérdidas. 
Muchos se encuentran actualmente en una situación próxima a la quiebra. 
La confianza del consumidor en la carne de vacuno ha sido seriamente socavada y los niveles de consumo han descendido hasta en un 30 %. 
Ahora necesitamos acciones inmediatas y bien enfocadas para restablecer la confianza del consumidor y erradicar la enfermedad EEB. 
Durante estos últimos días y al cabo de numerosas reuniones, sin olvidar las instrucciones dadas por los ministros del Reino Unido, hemos podido presenciar una cierta mejora de la situación. 
El Gobierno británico nos asegura ahora que se han endurecido las normas sobre la eliminación de vísceras y piensos contaminados, que se están aplicando con todo rigor y sin escapatoria posible. 
Por fin el Gobierno británico ha presentado un programa bastante detallado para la erradicación de la EEB. 
A pesar de que dicho documento dicta mucho de ser perfecto, apunta en la dirección acertada. 
Además, la Comisión ha elaborado un nuevo programa para compensar a los agricultores por una parte de sus pérdidas. 
Se han producido, no obstante, eventos negativos. 
La decisión británica de interrumpir el desarrollo de la Comunidad ha sido un error. Es contraproducente y ha hecho de una situación mala otra mucho peor. 
Es malo para Gran Bretaña, malo para Europa y lo único que hará será prolongar la crisis. 
Esta demostración de anarquía al más alto nivel gubernamental es inadmisible en una Unión que está basada en el Estado de Derecho y la solidaridad. 
Ha sido una lección sobre cómo no pueden resolverse los conflictos en el seno de la UE. 
El otro fallo importante ha sido dejar pasar diez semanas en discusiones sobre temas periféricos, tales como la prohibición de los subproductos, mientras se hacía caso omiso de los temores reales de los consumidores y de la difícil situación en que se encuentran los productores de carne de vacuno. 
En zonas como Irlanda, los ingresos agrícolas se han visto diezmados sin que los agricultores afectados hayan tenido la menor culpa. 
El Gobierno británico se ha negado desde 1989 a reconocer la gravedad de la situación. Ahora estamos cosechando el fruto de su falta de iniciativas. 
Ahora deberá sentarse con la Comisión a examinar el programa de erradicación y adoptar un conjunto de medidas que erradiquen la EEB y restablezcan la confianza de los consumidores. 
Hay que proseguir con los esfuerzos para eliminar a los animales más viejos de la cabaña del Reino Unido que puede estar afectada, ganado que se sabe que ha consumido piensos infectados y muchas de cuyas reses están incubando ahora la enfermedad. 
Hay que convencer una vez más a los consumidores de que la carne de vacuno es un alimento integral. 
Tiene que cesar la dieta actual de desinformación y de hechos distorsionados. 
El desafío para todos nosotros ahora consiste en demostrar a los consumidores que el Gobierno británico, por fin, se ha propuesto seriamente erradicar la EEB. Es de esperar que aborde esta tarea con seriedad y determinación. 
Por último, la Comisión deberá volver a examinar urgentemente el paquete de compensaciones propuesto para los ganaderos de vacuno. 
Toda ayuda será bien recibida, pero el actual paquete deberá ser aumentado considerablemente si queremos que remedie las pérdidas reales que han sufrido las personas afectadas. 
Señor Presidente, Lord Plumb es un abogado hábil; nadie puede negarlo. 
Nos ha hablado con emoción de la labor que se está desarrollando en el Reino Unido para atajar el problema de la EEB. 
Es una pena que haya eludido decirnos cómo se originó todo este embrollo. 
Tampoco nos ha dicho quién es el responsable, quién ha desatendido los intereses de los consumidores y quién ha desatendido los intereses en materia de salud de la población durante los últimos quince años. 
No obstante, ni siquiera la abogacía de Lord Plumb- al Sr. de Vries le alegrará mucho oír esto- puede salvar al Partido Conservador británico de su propio destino a manos del equivalente político de la EEB. 
Sólo un programa electoral de recortes podrá hacerlo. 
Han transcurrido más de dos meses y medio desde que el ministro británico informó a la Cámara de los Comunes sobre la posible conexión entre la EEB y la ECJ. 
Diez semanas más tarde, tan sólo esta semana, hemos conocido un plan para atajar el problema. 
Es increíble que a pesar de todos los avisos enviados desde aquí y desde otros muchos lugares, el Gobierno no dispusiera de un plan de contingencia cuando el ministro hizo la declaración en la Cámara de los Comunes. 
Ahora tenemos a dos ministros que están haciendo una gira por las capitales europeas, en lo que ellos denominan una ofensiva con encanto. 
Lord Plumb no les acompaña porque es un europeo demasiado comprometido para eso. 
Pero dos ministros- a propósito, no estoy seguro de cuál de ellos es el del encanto y cuál el de la ofensiva- están recorriendo las capitales europeas. 
Viene a ser parecido a enviar a Saddam Hussein en misión de paz, puesto que no se están centrando en cómo erradicar la enfermedad, en los temas relativos a la salud de los consumidores ni en la confianza de los consumidores. 
En este Parlamento necesitamos dar una nueva orientación al debate para que éste se centre en la salud pública, para que se reconozca que aún existen incógnitas en torno a esta enfermedad. 
No sabemos cómo se transmite y tampoco conocemos realmente su origen. 
Desconocemos también la conexión de la EEB con la ECJ, y éste es el motivo por el que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor llevarán a cabo conjuntamente una audición a finales de este mes para investigar exactamente esas cosas, con el fin de arrojar algo de luz a la opinión pública sobre lo que está sucediendo. 
Una parte demasiado grande de este debate y un número demasiado alto de estas preocupaciones han sido ocultados tras una nube de misterio en el Consejo y en todas partes. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el grupo de trabajo «Agricultura» del Grupo del Partido Popular Europeo mantuvo en febrero de 1991 una audiencia en presencia del Sr. Meldrum, del Instituto Veterinario Real en Londres. 
Como conclusión, el 12 de marzo de 1991 el Parlamento Europeo aprobó una resolución con el ruego urgente al Gobierno británico de que prohibiese para el consumo humano y animal la carne de vacuno sospechosa de estar infectada con EEB. 
Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo exigió que solamente se permitiese la producción de harinas animales para proporcionarlas a rumiantes si el calentamiento y esterilización se realizaban a 134 grados Celsio durante 20 minutos y a 3 bares de presión. 
En los años siguientes, el Parlamento ha aprobado varias resoluciones. 
La reacción del Gobierno británico fue igual a cero. 
En 1991, el Sr. Meldrum dijo que en 1988 se había prohibido proporcionar a los rumiantes harinas de huesos de animales infectados y que en 1993-5 años después- había sido erradicada la epidemia. 
Señor Comisario, lamentablemente fue diferente, la epidemia persiste y los agricultores tienen que ver impotentes cómo los consumidores tienen la mayor crisis de confianza frente al consumo de carne de vacuno. 
La desidia y la ignorancia han impedido que se controlase a tiempo y consecuentemente la epidemia. 
El Gobierno británico ha colocado a sus propios ganaderos y consumidores en una desastrosa situación económica y sanitaria. 
Entretanto, esta situación se ha extendido a toda Europa. 
Los agricultores y consumidores están profundamente decepcionados por la incapacidad de la Administración británica. 
(Aplausos) El Sr. Santer dijo ayer que la protección de la salud tiene preferencia frente al levantamiento de la prohibición de exportación. 
La decisión de compra de un producto la adopta el consumidor, quien quiere saber de dónde provienen la gelatina o el sebo como productos o aditivos y si son inocuos. 
Señor Comisario, como agricultor yo no compraría jamás semen de vacuno que se ha tenido que esterilizar antes, pues de un semen esterilizado no sale nueva vida sino una burbuja de aire, lo que yo no haría nunca. 
Lo digo abiertamente. 
(Risas, aplausos) En la lucha contra la epizootia en Alemania y en Bélgica se sacrificaron cientos de miles de cerdos sanos para vencer a la peste porcina. 
Los agricultores se opusieron a ello, pues no se les preguntó. 
Sólo cuando se constató oficialmente que la peste se había extinguido, se levantó la prohibición de exportación en ambos países y se abrió el mercado. 
Si no tuviésemos el mercado interior, el Gobierno británico tendría que apañárselas solo. 
En Gran Bretaña siguen muriendo cada semana 250 animales enfermos. 
Esto es demasiado para levantar parcialmente la prohibición de exportación. 
Aún faltan las pruebas de que la epidemia va a finalizar pronto. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, creo que la actitud del Reino Unido no es sólo lamentable en esta cuestión, sino fundamentalmente condenable. 
En una comunidad de Derecho, como es la Unión Europea, no parece que tenga ninguna justificación una conducta de presión y de bloqueo como la ejercida. 
Esta actitud podría- espero que no- doblegar la voluntad de los Estados miembros, e incluso de la Comisión, pero en ningún caso podría ayudar a restaurar la confianza de los consumidores. 
Podemos levantar el embargo, parcial o totalmente, sin que ello suponga la normalización del mercado de carne bovina ni en el Reino Unido, ni en la Comunidad Europea, si los consumidores siguieran percibiendo que está en riesgo su salud. 
Por ello, nos parece totalmente necesario que la Comisión facilite al Parlamento Europeo y a la opinión pública toda la información disponible. 
Necesitamos, pues, que se justifique ese levantamiento parcial del embargo; que se faciliten al Parlamento las pruebas científicas que obren en poder de la Comisión para formular la propuesta que ha hecho; una descripción de las experiencias científicas realizadas, sus resultado, la identidad de quienes han realizado dichas pruebas y la valoración que de ellas ha hecho, por ejemplo, el comité científico veterinario. 
Necesitamos también de la Comisión el seguimiento de las medidas tomadas por el Reino Unido. Nos interesa que, tras el examen de las medidas del Reino Unido, la Comisión vigile su estricto cumplimiento para que las mismas puedan ejercer sus efectos. 
Sólo esto ayudará realmente a restaurar la confianza de los consumidores. 
Lamentamos asimismo el significativo cambio de actitud en el Consejo por parte de la ministra española de Agricultura cuando, como ha indicado el Sr. Comisario, el programa del Reino Unido requiere tiempo y estudio, discusión y examen. 
Y nos parece que estos cambios tampoco contribuyen a restaurar la confianza de los consumidores. 
Finalmente, quisiera hacer una pregunta concreta al Sr. Comisario: ¿ha tenido algo que ver, en este contexto, el cese de un alto funcionario español en la Dirección General de Agricultura? 
Señor Presidente, acabamos de oír al Sr. Comisario que, con todo lujo de detalles, nos acaba de dar lo último sobre el control de la EEB con el criterio básico de garantizar la salud de los consumidores- criterio que compartimos -, y nos ha hablado de los distintos planes de erradicación de la enfermedad, control de los productos y subproductos provenientes de los bovinos posiblemente infectados de EEB, como la destrucción de los cadáveres, esterilización de sus productos, control en su fabricación e inspección y seguimiento in situ. 
Todo esto está muy bien y nosotros apoyamos estas medidas, aunque hubiésemos deseado que se hubiesen tomado con unos años de anticipación para haber arreglado el problema cuando no tenía las dimensiones que tiene hoy día. 
En mi país se dice «quien no quita gotera, tiene que arreglar la casa entera» , y hoy el coste ha sido notablemente mayor, pues, señor Comisario, los 650 millones de ecus que usted ha destinado son los primeros, pues tendrá que seguir destinando dinero al efecto. 
Aquí se demuestra la solidaridad en la Unión Europea ante este grave problema. 
Y lo dice una diputada que a su país, en un asunto análogo- la peste equina -, lo dejaron sólo y eso tampoco debe ser. 
Se va a liberalizar el comercio de gelatina, sebos y semen. 
En cuanto a los primeros- gelatinas y sebos -, estamos hablando de cosméticos, alimentos, refrescos, chocolates, dulces, embutidos, rosquillas, etc. Parece ser que está garantizado, según nos acaba de decir el Comisario, técnicamente el control mediante técnicas de esterilización. 
Pero me surje la duda en cuanto al semen, puesto que las medidas de las que hemos oído hablar, como la esterilización, como su nombre indica, lo dejarían ineficaz. 
Y yo me pregunto: ¿cómo puede liberalizarse el movimiento de semen cuando no sólo no está comprobado que la transmisión no es genética sino que hay aspectos fundamentales de estas enfermedades que garantizan que hay o que apuntan a una transmisión genética, puesto que aparecen en determinados segmentos poblacionales con caracteres análogos y en ambientes totalmente cerrados? 
Señor Comisario, la salud de los consumidores es lo primero. Con estos asuntos no debemos jugar. 
Debemos controlar el problema del que estamos hablando y, sobre todo, hacer un seguimiento en el país de origen para prevenir posibles multiplicaciones del problema a nivel de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en la vida normal el chantaje se castiga con pena de prisión, pero esto no sucede en la política europea. 
El Gobierno británico bloquea todas las decisiones europeas con el fin de ver levantada la prohibición sobre el sebo, la gelatina y el esperma de su ganado vacuno, y como premio se le concede todo lo que pide. 
Así que nadie debe sorprenderse de que le haya cogido el gusto y continúe con su política de chantaje. 
Ya ha anunciado que seguirá bloqueando todas las decisiones europeas hasta que haya acuerdo sobre el levantamiento total de la prohibición a la exportación de la carne británica. 
Me pregunto seriamente cómo piensa recuperar el Gobierno británico la confianza en la carne británica si sigue calificando de un modo tan manifiesto la enfermedad de las vacas locas como un tema político, y no como un problema sanitario. 
El alcance de la crisis actual es resultado de una desregulación irreflexiva y de una mala administración por parte del Gobierno británico. 
No obstante, el hecho de que ahora sepamos que, desde finales del decenio de 1980, países como los Estados Unidos y Argentina ya prohibieron la importación de carne británica, arroja una nueva luz sobre la prohibición a la exportación. 
Comisario Fischler, ¿por qué no se dio publicidad a estas prohibiciones a la importación? 
¿Por qué no se rebatieron en su día, como es lo habitual? 
Probablemente, porque entonces ya se estimaba que quizá los americanos y los argentinos tuvieran razón; en otras palabras, me gustaría que el Comisario me contestara a esta pregunta: ¿no ha incurrido la Unión Europea en negligencia proclamando con tanto retraso la prohibición a la exportación de la carne de vacuno británica? 
Señor Presidente, desearía que los colegas centraran su atención en lo que estamos haciendo ahora y en lo que haremos la semana próxima. 
Se trata de un problema terrible, tiene solución y dicha solución está en nuestras manos. 
Tenemos ahora un plan de erradicación sobre la mesa y se ha levantado el embargo de los subproductos, gracias al valor y la perseverancia del Comisario Sr. Fischler. 
Ayer, el Presidente Santer pidió que el Reino Unido abandonara su política de no cooperación con Europa. 
Anoche obtuvo respuesta del ministro de Exteriores británico en Roma, quien anunció que el Reino Unido no vetaría el Acuerdo de asociación con Eslovenia. 
Lo que ahora necesitamos hacer es centrarnos en la creación de un marco para el levantamiento progresivo del embargo principal. 
El Gobierno británico no pide fechas, no pide que se acepte nada a ojos cerrados; sólo pide la creación de un marco. 
Es algo que puede y debe hacerse. 
La creación de dicho marco resultaría más fácil si las personas abandonaran algunos de los trucos retóricos que han utilizado esta mañana. 
No sé si me irritan más las campañas de captación de miembros de mis colegas Liberales Demócratas y Nacionalistas Escoceses, o la costumbre que tiene el Partido Laborista de actuar como un chacal nervioso que da vueltas en torno a este asunto, pero sin atreverse a morder por si pudieran perjudicar la frágil reputación de patriota de Tony Blair. 
No es una actitud inteligente; lo que necesitamos es una resolución sobre este problema y eso significa la pronta negociación del marco. 
Quisiera decir a mi amigo Sr. de Vries que tiene razón al despertar el demonio del nacionalismo, pero sucede como con el alquitrán, que hay que tener cuidado en cómo se esparce. 
Cuando los colegas de la Asamblea comienzan a citar las incongruencias envenenadas de The Sun y a atribuirlas, aunque sea de manera indirecta, como ha hecho el Sr. Macnde en todos los países y en todos los partidos. 
Ruego a todos que depongamos esa actitud y que centremos nuestra atención en la celebración de unas negociaciones perfectamente simples sobre un marco que haga posible el levantamiento de este embargo en su momento, cuando esté científicamente justificado. 
Señor Presidente, estoy seguro de que se unirá a mí al expresar mi agradecimiento a la Comisión por sus continuados esfuerzos encaminados a encontrar una solución a la actual crisis por la que atraviesa el sector del vacuno. Sólo a través del diálogo se encontrarán soluciones satisfactorias para todos aquellos que, sin tener ninguna culpa de nada, se han visto involucrados. 
Está en interés de todos los partidos y todos los Estados miembros garantizar que el consumidor y la salud animal en toda la Comunidad están a salvo y tenemos la responsabilidad de hacerlo. 
Por ese motivo estoy completamente de acuerdo con el Sr. Collins, quien ha señalado que hay una serie de cuestiones que permanecen sin respuesta. 
Por ejemplo, cuestiones sobre epidemiología y transmisibilidad. 
Hasta ahora se ha ignorado en gran medida la acuciante necesidad de incrementar y coordinar la investigación, habida cuenta de que los esfuerzos se han centrado en encontrar soluciones de emergencia a una situación de crisis que debería haberse evitado. 
No sólo debemos crear un programa de información para los consumidores, sino que además deben ponerse los medios para responder a las preguntas que esperan respuesta si queremos restablecer la confianza de los consumidores. 
La última observación que me gustaría hacer es una que ya he hecho anteriormente y que continuaré haciendo. 
Aunque acojo con satisfacción el paquete de ayudas propuesto por la Comisión, las subvenciones sólo se han hecho extensivas a los agricultores y a los mataderos. Se ha olvidado la difícil situación de otras personas. 
En el Reino Unido, 36.000 personas que trabajaban en el sector del vacuno se han quedado sin trabajo, y es probable que a muchas otras les suceda lo mismo. 
Algunas de esas personas se encuentran hoy con nosotros, en la tribuna de invitados. 
Recientemente, el Reino Unido devolvió a la Comisión 200 millones de ecus que habían sido destinados a la industria de elaboración de productos agrícolas. 
Hago un llamamiento al Gobierno del Reino Unido para que destine esos fondos a los objetivos originales; ayudar a las personas que trabajan en el sector rural. 
Insto a la Comisión y al Parlamento que garanticen que lo harán. 
Tenemos el deber de intentar que la crisis llegue a su fin para todas las personas afectas, y no, como parece estar haciendo el Gobierno británico, continuar por caminos que agravan los problemas en vez de resolverlos. 
El debate queda cerrado. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Servicios financieros y movimiento de personas físicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0171/96) del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre servicios financieros y movimiento de personas físicas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en este caso, como ocurre con frecuencia, hay una buena y una mala noticia. 
La buena es que se ha encargado al Parlamento y a la comisión la elaboración de este informe. 
Muchas gracias por ello a la Comisión. 
La mala noticia, sobre la que ha llamado la atención con razón el ponente, consiste en que el Consejo y la Comisión pretenden que no emitamos un dictamen conforme sino uno consultivo. Creemos que se trata sencillamente de derecho en vigor por dos simples motivos. 
Motivo 1: se trata del complemento de un Acuerdo, el GATT, para el que tuvimos que emitir nuestro dictamen conforme. 
Es la consecuencia lógica de todas las negociaciones posteriores que emitamos también nuestro dictamen conforme. 
No tiene ningún sentido que el Parlamento se ocupe en un caso y no en las subsiguientes negociaciones que son igualmente relevantes e importantes. Además, tal como hoy sabemos, tenemos incluso una mayor responsabilidad política, pues el GATS es un factor muy importante en el campo de la Organización Mundial de Comercio. 
Motivo 2: se trata de un Acuerdo internacional y entretanto nos ocupamos de tales acuerdos. 
Pido a la Comisión y al Consejo que tomen nota de ello y que concedan al Parlamento la responsabilidad que debe tener y que también estamos dispuestos a ejercer de modo responsable. 
Pero hay aún otra buena noticia, por la que quiero expresar de nuevo mis felicitaciones a la Comisión. 
Creo que ha trabajado muy bien e impedido que se produjese una ruptura en las rondas negociadoras. 
Sabemos lo difíciles que han sido los norteamericanos como interlocutores; por lo demás, esto afecta también a las negociaciones del GATS en el campo de las telecomunicaciones. 
También aquí ha negociado extraordinariamente. Mis encarecidas felicitaciones. 
Debería mandarse una señal a los EE.UU. en el sentido de que entiendan la liberalización como una filosofía que debemos defender en tiran de aquellos lugares en los que hay problemas. 
Tienen que seguir el proceso hasta el final y dejar de defender intereses nacionales y regionales, lo que afecta también a nuestro debate sobre la ley Helms-Burton. 
Pido a los EE.UU. que tomen nota de ello. 
Señor Presidente, tomo la palabra en este debate con sentimientos contradictorios, tanto en lo referente al procedimiento como al contenido. 
Naturalmente, nos complace que el Consejo haya consultado al Parlamento sobre el acuerdo negociado en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Pese a ello, deploramos que el Consejo haya antepuesto el procedimiento de consulta al procedimiento de dictamen conforme. 
Asimismo lamentamos que el Consejo, una vez más, haya concedido al Parlamento un plazo de tiempo muy corto para que se pronuncie. Esto se está convirtiendo en una costumbre. 
Han transcurrido nada menos que diez meses antes de que el Consejo consultó al Parlamento. En la actualidad, el Parlamento dispone escasamente de unas semanas si desea respetar la entrada en vigor del acuerdo. 
Me remito al excelente informe del diputado Kittelman. Tan sólo me atrevería a expresar la esperanza de que las concesiones para la apertura de los mercados aumenten las posibilidades comerciales de los bancos y de las entidades financieras y aseguradoras. 
Es de lamentar que los Estados Unidos hayan preferido no participar en el acuerdo. 
Ello no tendrá, probablemente, consecuencias dramáticas para nuestras relaciones con este país, pero debilita, sin duda alguna, la credibilidad de la Organización Mundial del Comercio. 
Me gustaría terminar con lo siguiente: El Parlamento ha de ser consultado según el procedimiento de dictamen conforme, toda vez que se trata de acuerdos relacionados con la Organización Mundial del Comercio. Por otra parte, ésta es también la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Por tanto, esperamos que el Parlamento adopte las dos enmiendas propuestas en el informe del diputado Kittelmann. 
El Parlamento debe proteger su posición institucional, no sólo dentro de la Unión Europea, sino también dentro de la Organización Mundia ostente su representación en la Conferencia ministerial que se celebrará en Singapur, el próximo mes de diciembre. La ausencia del Parlamento en dicha conferencia sería inconcebible. 
Señor Presidente, el Acuerdo sobre servicios financieros se concluyó hace apenas un año y solamente hoy se presenta al Parlamento, poco antes del plazo límite. 
Sabemos que fue muy controvertido durante años y que muchos países en vías de desarrollo tenían las mayores objeciones en contra de este acuerdo así como de la liberalización unilateral del comercio de servicios. 
Sus objeciones consistían entre otras cosas en que, aunque este acuerdo pretende garantizar la libertad de circulación para los grandes bancos y compañías de seguros, se dejaba fuera la libertad de circulación para las personas. 
Se ha salido ahora algo al paso de los países en vías de desarrollo, pero no cambia nada en el problema de fondo. 
También sabemos que los EE.UU. no se han adherido a este acuerdo, es decir, falta un importante interlocutor comercial. 
Sin embargo, lo que no sabemos es qué repercusiones va a tener este acuerdo sobre los trabajadores en Europa y en el Tercer Mundo. 
La OMC practica una diplomacia secreta y la Comisión Europea parece querer superarla. 
Ni siquiera fue informada adecuadamente la comisión competente del Parlamento. 
Ya hemos advertido hace dos años que la OMC significa menos control democrático por parte de los Parlamentos y los ciudadanos. 
Aprobar de este modo acelerado y sin examinar un acuerdo que tiene tales repercusiones sobre las condiciones de vida, no es responsable ante los ciudadanos que nos han enviado a este Parlamento. 
Por ello, no vamos a dar nuestro voto favorable al mismo ni tampoco puedo compartir la euforia que reina en parte de esta Asamblea por la liberalización del comercio mundial. 
Me temo más bien que si sigue así nos vamos a liberalizar a muerte. 
Señor Presidente, la liberalización de los servicios sería un paso importante en la liberalización del comercio a nivel mundial si los EE.UU. no hubiesen negado su firma. 
Es cierto que el acuerdo alcanzado permite a las empresas europeas penetrar mucho más fácilmente en nuevos mercados, lo que va a traer repercusiones positivas sobre todo en los mercados en rápido crecimiento de los países en vías de desarrollo y emergentes. 
Pero sin la participación de los EE.UU., país que se encuentra en el primer lugar de la competencia internacional, la apertura de los mercados de servicios se va a ver muy gravemente afectada, dicho de un modo moderado. 
Además, en la aplicación del acuerdo habrá que prestar atención ante todo al cumplimiento de los principios de trato de nación más favorecida y de concesión de trato nacional. 
De lo contrario, el acuerdo ahora alcanzado se podrá revelar muy rápidamente como un fiasco. 
Asimismo, la liberalización presupone el respeto estricto de las normas jurídicas relativas al nivel de capitalización y de liquidez de las empresas de servicios financieros. 
Ya se ha dicho suficientemente que esta propuesta del Consejo habría necesitado de una mejor cooperación y, ante todo, del dictamen conforme del Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada deseo felicitar al Sr. Kittelmann por su informe que describe de forma muy atenta y con gran transparencia las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio sobre servicios financieros y movimiento de personas físicas. 
Como saben ustedes, en julio de 1995 la Comunidad Europea dio una contribución esencial para la celebración de dichas negociaciones. 
Los buenos resultados alcanzados bajo el liderazgo de la Comunidad afirmaron la posición europea ante la Organización Mundial de Comercio que deberá consolidarse aún más en el futuro. 
La propuesta de decisión del Consejo, que materializa los compromisos adquiridos por la Comunidad, representa el último paso de estas negociaciones. 
El plazo para la aprobación de los instrumentos jurídicos que van a definir nuestros compromisos vence a finales de este mes. 
Al respecto, deseo manifestar que siento profundamente que la propuesta de decisión del Consejo les fuera presentada con cierto retraso. Esto fue debido principalmente a las distintas etapas del procedimiento, como es la evaluación jurídica del calendario de compromisos que tuvimos que cumplir en Ginebra. 
Tal como acabo de decir, la decisión del Consejo, propuesta por la Comisión, permitirá a la Comunidad aprobar las negociaciones de Ginebra. 
La misma se basa en numerosos artículos de Tratado de las Comunidades Europeas que engloban por lo general a los sectores contemplados en nuestros compromisos en materia de acceso al mercado y de trato nacional en relación con los servicios financieros y el movimiento de personas. 
Deseo puntualizar que ninguno de estos compromisos implica modificación alguna de los actos o de la legislación vigentes en la Comunidad, sino que los mismos reflejan simplemente el actual grado de liberalización en su territorio, sin ir más lejos. 
De conformidad con el artículo 189 B, mencionado en el informe Kittelmann, el procedimiento de codecisión se aplica sólo cuando un acuerdo internacional implica la modificación de un acto aprobado con arreglo al procedimiento previsto en dicho artículo. 
Dado que en el presente caso esto no es así, el artículo 189 B no puede ser invocado. 
Deseo aclarar asimismo algunas opiniones manifestadas respecto al nexo existente entre la conclusión de dicha negociación y los resultados de la Ronda Uruguay. 
El paquete de la Ronda Uruguay supuso la creación de un nuevo marco institucional con normas y procedimientos jurídicos vinculantes. 
El dictamen conforme del Parlamento Europeo fue solicitado en base a esto. 
Se creó así la actual Organización Mundial de Comercio. 
Sin embargo, la situación actual es distinta. No estando prevista la introducción de un nuevo marco institucional o de nuevas normas o procedimientos, no se aplica el criterio referido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 228. 
Por último, deseo subrayar, señor Presidente, que la Comisión reflexionó detenidamente sobre el tipo de consulta que debía solicitar al Parlamento. 
Por lo motivos que acabo de citar, no consideramos oportuno aplicar el segundo párrafo del apartado 3 del xpresar su dictamen con arreglo al primer párrafo del apartado 3 del artículo 228. 
Para terminar, deseo recalcar la necesidad de adoptar cuanto antes una decisión favorable respecto a los resultados de Ginebra, es decir, vamos a reiterar la importancia del papel desempeñado por la Comunidad Europea y el compromiso adquirido en este proceso multilateral. 
Los recientes desarrollos demuestran que este liderazgo de la Comunidad Europea es incuestionable y necesario. 
Al respecto, deseo asimismo agradecer las muestras de reconocimiento hacía la labor llevada a cabo en la negociación por la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Votaciones 
Señora Presidenta, me habría gustado hacer una rápida observación antes de que iniciáramos las votaciones, porque me ha sorprendido un poco hoy el cariz de ciertos acontecimientos en este Parlamento. 
Quisiera recordar que en el mes de marzo presenté una pregunta oral, junto con otros colegas, por lo demás, sobre la problemática de las llamadas sectas peligrosas y que me enteré por la prensa de que aquí, en los locales del Parlamento Europeo, se iba a celebrar, normalmente, el 6 de junio, una reunión organizada por la cientología. 
No digo que la cientología sea una secta peligrosa. 
Tengo mi opinión a ese respecto. 
Pero, de todos modos, me parece excesivo, la verdad, que el Parlamento autorizara una reunión de esa clase. 
Por lo demás, esta mañana he sabido que la reunión fue anulada en el último minuto. 
Conque me gustaría, señora Presidenta, que se pusiera un poco más de atención cuando solicitudes de esa clase llegan al Parlamento, para que no quedemos en ridículo ante el exterior. 
No puedo decir si esa reunión había sido autorizada realmente o si simplemente se había anunciado, pero tomo nota de lo dicho por Su Señoría. 
Señora Presidenta, queridos colegas, el Reino de Marruecos, por su historia, su brillante civilización y su situación geográfica es un interlocutor esencial para Europa y, en particular, para Francia, que está unida a él por una larga amistad. 
Por eso, los acuerdos bilaterales entre Marruecos y los Estados europeos interesados podrían desarrollar útilmente esas relaciones en el futuro. 
En cambio, el acuerdo multilateral entre la Unión Europea y Marruecos, que se nos propone aquí, forma parte de un proyecto de mundialización de la economía que engendra desequilibrios y desarraigos nefastos para los pueblos. 
Además, este acuerdo es incompatible con el principio de preferencia nacional, que nos parece más necesario que nunca. 
Pienso en particular en la preferencia nacional para el empleo, en un momento en que en Francia, como en toda Europa, millones de hombres y mujeres se ven afectados por el desempleo. 
Por esa razón, hemos votado en contra del informe von Habsburg, que refleja una política que desaprobamos. 
Esa política general no sirve en última instancia sino a los intereses de algunas multinacionales y al grupo de presión mundialista. 
No he votado a favor del informe Habsburg. 
Es el momento menos adecuado para concluir este acuerdo con Marruecos. 
Hemos sacrificado nuestros principios de defensa de los derechos humanos en aras del comercio. 
Hemos abandonado al pueblo saharaui por este acuerdo comercial de pacotilla. 
Por lo tanto, no puedo apoyar dicho acuerdo. 
Señora Presidenta, yo tampoco he dado mi voto favorable a este informe, junto con numerosos colegas socialdemócratas austríacos, pues en realidad supone ignorar lo que el mundo y Europa esperan desde hace mucho tiempo. 
La situación no es tal que la violación, la ampliación del conflicto con el Polisario sea agua pasada. 
Desde hace años se están realizando esfuerzos para llegar a una solución y, es totalmente evidente que Marruecos no tiene ningún interés en llegar a una solución pacífica decidida por el arbitraje. 
Del mismo modo, las violaciones de los derechos humanos no son algo ya pasado. 
No estoy dispuesto a fiarme de las buenas intenciones. 
Me habría parecido más acertado decir que tiene que realizarse un acuerdo de este tipo, pero sólo si Marruecos cumple las claras condiciones que este Parlamento ha expuesto en su resolución. 
Señora Presidenta, porque no deseamos para Marruecos lo que rechazamos para nosotros mismos no hemos votado a favor del acuerdo de asociación con ese gran país. 
En efecto, cada vez comprobamos mejor hasta qué punto resultan nefastos, para los pueblos de todo el mundo, los tratados inspirados por el pensamiento único del librecambismo. 
Ahora bien, nada más haberse aprobado ese acuerdo, el Parlamento ha aprobado un tutelaje de Marruecos, acusado de no respetar los derechos humanos, derechos humanos que ya sabemos lo fluctuantes y de geometría variable que son aquí. 
Derechos humanos violados en Francia, donde, según la expresión de la gran periodista Annick Rigel, se ha establecido, con la ley estalinista Rocard-Gayssot, una intolerable policía del pensamiento, cuyo origen se podía permitir ella revelar sin riesgo de ser acusada del crimen de crímenes. 
Así, pues, comencemos por romper en nuestros países con el pensamiento único y los procedimientos totalitarios dignos del menor de los mundos antes de dar lecciones al Reino de Marruecos. 
El Parlamento se ha negado anteriormente a ratificar el Protocolo financiero entre la UE y Marruecos precisamente a causa de las violaciones del Derecho Internacional por parte del Gobierno marroquí. 
Según un informe de Amnesty International (18 de abril de 1996) las fuerzas de seguridad marroquíes son responsables de graves infracciones en materia de derechos humanos, contraviniendo los acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Marruecos. 
Otro problema serio es el boicot sistemático de Marruecos del proceso de puesta en práctica de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la celebración de los comicios sobre la independencia del Sáhara occidental. 
La Unión Europea es responsable de que Marruecos evolucione y se convierta en una democracia parlamentaria estable y eficaz, que respete los libertades de expresión, asociación y prensa. 
Firmar en la presente situación un acuerdo de asociación con Marruecos equivaldría a dar un paso atrás en nuestra exigencia de que Marruecos introduzca una verdadera democracia y respete los derechos humanos. 
Por estos motivos votamos en contra de este informe. 
Los socialistas portugueses, conscientes de que el designio histórico de apertura y cooperación de la Unión Europea con los países del Mediterráneo meridional es una condición para la estabilidad política, el desarrollo económico y la paz en la región, votan a favor del presente Acuerdo Euromediterráneo de Asociación con Marruecos. 
Por lo demás, Marruecos es uno de los mercados de mayor potencial para las exportaciones portuguesas, que han venido aumentando gradualmente y son globalmente favorables, con una tasa de cobertura de las exportaciones de 160 (11.500 millones de escudos de exportaciones en 1994). 
El presente acuerdo, así como la voluntad ya manifestada por las autoridades marroquíes y, en particular, por Su Majestad el Rey, a favor de una relación cordial y amistosa Marruecos-Portugal brindará ahora oportunidades mayores a las empresas portuguesas. 
Por otro lado, el presente Acuerdo de Asociación ha abierto también la puerta a un nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, fundamental para la economía y el empleo en zonas de pesca como Sesimbra/Setúbal y el Algarve. 
Y sin acuerdo de asociación no habrá acuerdo de pesca: no puede haber sol en la era y lluvia en el nabal... 
El acuerdo se basa, naturalmente, en una transacción entre las partes contratantes, lo que en nuestro caso, por la parte portuguesa, entraña limitaciones en el marco de la competencia, en particular en la esfera de la industria de la sardina. 
Los diputados socialistas se pronuncian también en defensa de un marco específico de apoyos de la Comisión, aparte de los Fondos estructurales ya atribuidos en el MCA, que permita llevar a cabo la reestructuración del sector, el establecimiento de una indemnización compensatoria, el mantenimiento de una ayuda al almacenamiento y al lanzamiento de una campaña en el nivel comunitario para la promoción del consumo del producto, ya sea sardina fresca, en conserva o en nuevos productos (por ejemplo, paté de sardina). 
Pero la industria conservera tiene también que comprender que en el marco de la globalización económica mundial la competitividad debe basarse en la calidad y en el dinamismo comercial, no en el proteccionismo, y es que ésa es también la mejor vía para afrontar el dumping social y medioambiental. 
Nuestra Asamblea se ha pronunciado a favor del Acuerdo de Asociación Unión Europea- Marruecos y yo me congratulo de ello. 
Con este gesto seguimos las conclusiones de nuestro colega von Habsburg, al que deseo felicitar por su excelente trabajo. 
Todos tenemos presente el proceso de renovación de la política mediterránea de la Unión Europea, consagrada por la Conferencia de Barcelona. 
Al dar nuestro dictamen conforme, demostramos nuestra coherencia con los deseos que habíamos expresado. 
Este acuerdo incitará a Marruecos a acelerar la apertura de su economía con vistas a una zona de libre cambio. 
Además, resultará fortalecida la cooperación económica, encaminada a apoyar y desarrollar sectores creadores de puestos de trabajo. 
Queda la cuestión de los derechos humanos, argumento ampliamente aducido por los partidarios del «no». 
Yo estoy profundamente convencido de que esa cuestión va incluida en la concepción misma del Acuerdo de Asociación. 
Damos una señal política clara a las autoridades marroquíes para que prosigan por la vía de la apertura en el plano político y en el plano económico. 
Por último, hemos de subrayar también que el acuerdo de pesca ya ha recibido el dictamen conforme de nuestra Asamblea. 
Un dictamen contrario al Acuerdo de Asociación habría carecido del menor sentido. 
He votado a favor del dictamen conforme relativo al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por varias razones. 
Dicho acuerdo se inscribe en la prolongación de las decisiones adoptadas en Essen en 1994 y en Cannes en 1995 por las cumbres europeas de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. 
Es el tercer acuerdo de ese tipo firmado en el marco de la política mediterránea de la Unión, después de los acuerdos UE/Túnez y UE/Israel. 
Dicho acuerdo está cubierto, en el plano financiero, hasta 1999 por los créditos establecidos en el marco del programa MEDA. 
Por último- y no es la razón menos importante- porque ese país está experimentando desde 1990 una evolución, lenta pero segura, hacia la democratización política y el respeto de los derechos humanos. 
En efecto, desde ese fecha se han creado varios instrumentos. 
Mayo de 1990: creación del Consejo Consultivo de Derechos Humanos; 
Febrero de 1991: limitación de la duración de la detención y de la prisión preventivas; 
Febrero de 1992: promulgación de la Declaración mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño; 
Septiembre de 1992: reunión constitucional: el preámbulo reafirma la adhesión de Marruecos a los derechos humanos; 
Noviembre de 1993: creación del Ministerio de Derechos Humanos. 
Cierto es que queda mucho camino por recorrer, pero creo que, al ratificar este Acuerdo de Asociación, damos una oportunidad al ejercicio de las libertadas fundamentales más que a su retroceso. 
Por muy paradójico que pueda haber parecido nuestro voto, ha sido más un voto en contra de la forma como la Unión Europea se ha comportado en las negociaciones con el Reino de Marruecos, en particular en relación con las consecuencias que este acuerdo tendrá para Portugal, que un voto propiamente contra Marruecos, que tarde o temprano había de ser- estamos convencidos- nuestro socio, aunque sólo fuera en forma de país asociado. 
La cuestión para nosotros es sencilla: quien negoció y firmó este acuerdo por parte de la Unión Europea lo hizo desde un punto de vista global- como no podía ser de otro modo -, pero, al salvaguardar a unos, se olvidó de salvaguardar a todos los Estados miembros de la Unión Europea a la que pertenecemos. 
Evidentemente, nos referimos a cuestiones esenciales, tan esenciales como los sectores productivos de una economía pequeña, como la nuestra, y- entendámonos- dando por sentado que el problema, cada vez mayor, de los derechos humanos se resolverá. 
El acuerdo ahora votado tiene en sí mismo buenos propósitos, aproximará al pueblo de Marruecos a Europa y contribuirá a que Europa se aproxime al pueblo de Marruecos. 
Siempre hemos sido y seremos partidarios de la existencia de un acuerdo con Marruecos. 
Pero éste, al afectar a nuestro sector agrario (por ejemplo, en lo relativo a las frutas y productos hortícolas, en particular de la isla de Madeira) , a nuestro sector industrial (por ejemplo, el sector conservero) y a nuestro sector pesquero, aunque éste haya sido objeto de un acuerdo particular que, por lo demás, votamos favorablemente, este Acuerdo de Asociación- decíamos- merece nuestra reprobación. 
Sobre todo por la forma- no está de más repetirlo- como Europa en su conjunto ha considerado (no ha considerado... ) a uno de sus Estados miembros. 
Pero aún tenemos la esperanza de que, pese a que el acuerdo tiene una vigencia ilimitada, el Reino de Marruecos y Portugal podrán cooperar y demostrar, con respeto de la relación idónea que deberá existir entre esos dos países, en el sentido de aproximarse y no «agredirse» , que no habría sido necesario herir a sectores esenciales de la economía portuguesa para que un acuerdo, un buen acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, pudiera firmarse, esa vez con nuestro voto favorable. 
Sabemos perfectamente que el Reino de Marruecos comprende el alcance del sentido de nuestro voto. 
Compréndalo también así la Unión Europea. 
Informe Farassino 
El modo en que se expide y cómo tiene que ser un permiso de conducción lo consideramos de competencia nacional, no solamente dentro de la UE sino en todo el mundo. 
No necesitamos un tipo unificado de permiso de conducción. 
El principio establecido por el artículo 1 de la Directiva 91/439/CEE sobre reconocimiento recíproco de permisos nacionales es más que suficiente. 
Teniendo en cuenta este hecho, votamos «no». 
Esta Directiva ha mejorado de modo apreciable tras el primer debate. 
Por consiguiente, voto a favor. 
No obstante, pienso que la idea de un modelo único obligatorio de permiso de conducción para todos los países de la Unión es errónea. 
Cada país debería tener derecho a decidir cómo ha de ser el permiso. 
La Directiva sólo hace que causar unos gastos innecesarios de adaptación a los países miembros. 
La adopción del modelo único de permiso de conducción debería al menos ser voluntaria. 
Deseo manifestar el apoyo del Grupo de los Verdes y mío personal al informe de la Sra. Marinucci sobre la propuesta de modificación del Reglamento constitutivo de LIFE. 
Consideramos positivo que la posición común haya recogido una parte significativa de las enmiendas propuestas por el Parlamento en primera lectura. 
Sin embargo, algunas enmiendas no incluidas en el texto de la posición común revisten, a nuestro juicio, gran importancia, en particular la inclusión de las zonas húmedas en el ámbito de la protección y gestión racional de las zonas costeras, la defensa de los hábitats con especies amenazadas y, sobre todo, el aumento del importe de 450 a 600 millones de ecus, conforme a los que propusimos nosotros, el Grupo de los Verdes, ante la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores que, no obstante, representa una solución de compromiso entre la primera solicitud del Parlamento Europeo (800 millones de ecus) y la propuesta del Consejo. 
Hay que tener en cuenta que, de hecho, LIFE es el más importante programa medioambiental comunitario que debe, entre otras cosas, implementar una red de zonas protegidas denominada «Naturaleza 2000» y que es impensable realizar lo previsto con la dotación propuesta por el Consejo. 
Confío en que la Comisión apoye la decisión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. 
Sólo reiterar lo ya manifestado en mi intervención con motivo de la primera lectura. 
LIFE es el instrumento financiero que más ha hecho en favor de nuestro medio ambiente y aunque la posición común recoge parte importante de las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, hay una, por mí presentada, que reviste una especial importancia referida a la protección y gestión de los recursos hídricos. 
No dudo de que dicha enmienda será aceptada tal y como se nos ha anunciado por parte de la Comisión en el debate previo. 
Por ello mi voto será positivo. 
Informe Parodi 
La declaración de la Comisión sobre la política de transporte común- el programa de acción 1995-2000- adolece de muchos fallos graves en lo referente al medio ambiente. 
La Comisión quiere diferenciar entre política de transporte y ambiental, lo cual nos lleva a un desarrollo no sostenible, habida cuenta de que las repercusiones del transporte por carretera sobre el medio ambiente son una de las mayores amenazas a las que se enfrenta actualmente la Unión Europea. 
El Libro Verde propuesto sobre la internalización de los costes externos y las redes de transportes para los ciudadanos constituyen aspectos positivos. 
La Comisión de Transportes y Turismo ha presentado en su informe una serie de propuestas correctoras, pero en general el programa de acción propuesto toma demasiado a la ligera los enormes retos a que se enfrenta la política de transporte en el ámbito de la reestructuración ambiental. 
La Comisión de Transportes y Turismo describe los transportes y las redes transeuropeas como «el eje del desarrollo económico, social y cultural». 
Esta descripción del desarrollo cultural de Europa la consideramos bastante triste y limitada, especialmente habida cuenta de que las redes transeuropeas significan que la superficie destinada a las carreteras en Europa aumentará en un 32 %. 
En base a esto nos abstenemos de votar en la ronda final sobre el informe Parodi. 
Hemos votado en favor del informe y de las enmiendas de los Verdes, entre otras la del punto 41, sobre la integridad, la enmienda 12 del grupo de los Verdes. 
Suponemos que la expresión «se armonizarán a nivel europeo» quiere decir que existirán las llamadas normas mínimas que permiten que los Estados miembros conserven o introduzcan unas normas más estrictas en materia de medio ambiente y de seguridad, sobre todo en lo referente al grado de alcohol permitido y a los límites de velocidad. 
Considero que la pertenencia de un país a diversas zonas horarias y horas de verano son asuntos de competencia nacional donde hay que aplicar el principio de subsidiariedad. 
Me opongo a la condición de que se reduzca el apoyo estatal al tráfico ferroviario mientras el tráfico mediante vehículos pesados no sufrague el coste ambiental que supone y no se elimine la ayuda estatal a la construcción de autopistas. 
La exigencia de postes de asistencia/emergencia en las autopistas europeas debe adaptarse al bajo nivel de tráfico del norte de Escandinavia para evitar unos gastos injustificados. 
Es deseable una normativa para el grado máximo de alcohol permitido en la sangre de los conductores, pero debe ser posible aplicar unas normas más rigurosas a nivel nacional, y el grado cero en lo referente a todo tipo de preparado que contenga narcóticos. 
También deseo subrayar que debe continuar la ayuda a los aeropuertos en zonas despobladas, a costa de la que se destina a los grandes aeropuertos, conforme al modelo sueco. 
Doy la bienvenida a las propuestas de adaptación ambiental que presenta el ponente. 
Me reafirmo en que la adaptación a un sistema de transporte que respete el medio ambiente es vital para que la industria europea no se quede rezagada. 
Después de haber tomado posición en dos ocasiones sobre el Libro Blanco relativo al desarrollo futuro de la política común de transportes, el Parlamento Europeo tiene ya ante sí un programa-marco legislativo, en el que se fijan las prioridades de la Comisión en materia de medidas por adoptar para el período que va de 1995 al año 2000. 
El informe del Sr. Parodi, que sucede a los informes Topmann y Visser, constituye, desde luego, un inventario válido de las realizaciones técnicas y de los objetivos futuros, pero no tiene en cuenta- o sólo insuficientemente- los aspectos humanos y sociales. 
Mi aprensión resulta confirmada por el hecho de que en el documento de la Comisión se pueda leer el pasaje siguiente: » Conviene subrayar que, si, como se suele decir, el comportamiento humano parece constituir el factor esencial de los accidentes, éste resulta profundamente influido por las características técnicas del vehículo y por el trazado de las carreteras». 
Si bien es cierto que las características técnicas de los vehículos y el trazado de las carreteras pueden tener una influencia directa en las causas de accidentes, no menos cierto es que una de las causas principales de los accidentes graves de carretera se debe, profunda y verdaderamente, a la gran fatiga de los conductores profesionales, debida a jornadas laborales semanales exageradas y a períodos de descanso reducidos a su menor expresión (11 horas de descanso semanales, que pueden incluso quedar reducidas a 9 horas, tres veces a la semana: periodo de descanso semanal de 45 horas- jornada laboral fijada a un máximo de 78 horas por semana, como dispone el Reglamento 3820/85). 
Cierto es que el Parlamento Europeo ha pedido en varias ocasiones, pero sin éxito, una auténtica armonización fiscal y social. 
No menos cierto es, sin embargo, que hasta ahora las negociaciones entre interlocutores sociales han resultado infructuosas y que una solución satisfactoria en materia de condiciones de trabajo de los profesionales de la carretera podría quedar aplazada hasta las calendas griegas. 
De modo que yo habría preferido que el Sr. Parodi hubiera tomado posición, en su informe, sobre cuestiones como la jornada laboral y de conducción de los profesionales de la carretera, el fortalecimiento de las modalidades de control, el respeto de las condiciones de trabajo y de conducción, la armonización de las sanciones por infracciones a las normas relativas a los períodos de conducción y de descanso, la prohibición de la remuneración a destajo. 
Considero que los problemas que acabo de mencionar son de importancia totalmente capital para la seguridad o incluso para la mejora de la seguridad en nuestras carreteras. 
Como el informe del Sr. Parodi prácticamente no habla de ellas, me veo obligado a abstenerme en la votación, aunque otras propuestas suyas me parecen aceptables. 
Puesto que no he tenido ocasión de hablar durante el debate sobre el informe en este periodo parcial de sesiones, presento mi explicación de voto a este respecto. 
Pienso que cabe destacar con más fuerza el despilfarro que representa el hecho de que los gastos administrativos asciendan al 13 %. 
Para los programas de investigación normales el coste equivalente es del 2-3 %. 
Con ocasión de los futuros programas de investigación hay que garantizar que se reducirán visiblemente los gastos administrativos. 
En el mundo de la investigación es un hecho ampliamente comprobado que los programas de investigación financiados por la UE se caracterizan por una gestión burocrática y costosa. 
Esta situación debería ser objeto de un examen a fondo y posterior adopción de medidas. 
Informe Argyros 
El presente informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía constituye un análisis excelente del Libro Verde de la innovación elaborado por la Comisión. 
Merece la pena recalcar las observaciones fundamentales de este informe. 
La primera es que el concepto de «innovación» no es igual al de I+D tecnológico, ya que la innovación debe entenderse como resultado de la interrelación entre la oferta y la demanda de tecnologías. 
Así, la innovación significa, en gran medida, la aplicación de las tecnologías a la producción y a la sociedad. 
La otra observación es que el reforzamiento de la innovación como medida para mejorar la competencia internacional de la industria europea supone una distribución y un aprovechamiento más rápidos de los resultados de I+D tecnológico. 
La tercera observación es que, de acuerdo con la experiencia constatada, los intentos de aplicar una política industrial centralizada, a nivel nacional o europeo, según el principio de «pick the winner» no han conseguido promover la innovación. 
Por todo lo dicho, me hago eco de las conclusiones del ponente, según las cuales el papel de la UE con vistas a la configuración de una política eficaz de innovación debe centrarse, desde el lado de la oferta de I+D tecnológico, en garantizar que la producción de conocimientos sea interprofesional y, desde el lado de la demanda de I+D tecnológico, en mejorar la distribución y el aprovechamiento de los resultados de la investigación a través de redes disponibles para los usuarios. 
Informe Pompidou 
Tal como se ha puesto de relieve en el presente informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, es la primera vez que se intenta elaborar, a nivel europeo, unos principios globales para las relaciones de cooperación científica y tecnológica de la UE con terceros países. 
Por este motivo, es también la primera vez que se plantea este tema a nivel político en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros. 
Entre los países colaboradores de dentro y fuera de Europa, el informe distingue entre terceros países vinculados a la Unión por acuerdos de asociación en Europa, países industrializados competidores de Norteamérica y de Extremo Oriente, y una serie de potenciales países colaboradores del tercer mundo. 
El ponente de la comisión, Sr. Pompidou, ha resaltado la importancia del nivel de desarrollo tecnológico de los países colaboradores, de su situación geográfica y del grado de coincidencia entre los intereses políticos de estos países y la Unión en materia de IDT, para la elección de los proyectos de cooperación y de la forma de cooperación. 
En cuanto a la forma de la cooperación, el ponente menciona tres posibles modelos, es decir, la asociación, la cooperación bilateral y la colaboración de asistencia tecnológica. 
En cuanto a la elección de los proyectos de cooperación, parece razonable fortalecer la cooperación en materia de IDT para solucionar problemas relacionados con las distintas infraestructuras (como el transporte, la comunicación, el intercambio de información y el suministro de energía) y para proteger el medio ambiente en el marco de la cooperación de la Unión con terceros países asociados, de Europa y de la cuenca mediterránea. 
En ámbitos como la biotecnología, la tecnología nuclear y la investigación espacial, además de la cooperación para la investigación y el desarrollo de distintos produccondición indispensable para reforzar la cooperación con países de este grupo será que aquélla se base en el principio de reciprocidad y contemple la necesidad de proteger la propiedad intelectual e industrial de los socios. 
No admisión de Croacia en el Consejo de Europa 
Señora Presidenta, que Croacia no sea admitida en el Consejo de Europa con el pretexto de que su prensa supuestamente no es libre constituye en verdad el colmo de la hipocresía de este Parlamento. 
Porque, en fin, ¿quién se atrevería a afirmar que la prensa es más libre en Rusia, por no citar a otros países, que en Croacia? 
Croacia ha tenido que entregarse heroicamente a la lucha por su independencia a fin de restablecer su economía. 
Y, desde luego, nosotros, que mantenemos relaciones estrechas con su oposición, sabemos que el actual Gobierno del Sr. Tudjman persiste en utilizar métodos aún influidos por los usos socialistas, de los que no resulta fácil deshacerse. 
Pero reprochar eso aquí, en esta Asamblea, en un momento en el que en todas las cadenas de Francia se va a programar esta noche una emisión única, no deja de ser excesivo. 
Emisión única sobre el sida, considerado la única enfermedad digna de conmover, cien veces más que el cáncer, la miopatía o todas las enfermedades juntas. 
¿Por qué extraño exclusivismo, por qué extraño racismo se admiten esos métodos en nuestros países y se reprochan a Croacia? 
Señora Presidenta, también los liberales consideramos lamentable el modo de proceder del Gobierno croata en lo tocante al nombramiento del alcalde de Agram y a las limitaciones de la oposición y de la libertad de prensa y exigimos una rápida mejora de la situación. 
No obstante, si tenemos en cuenta la difícil situación de Croacia, tras una larga y cruel guerra para lograr su libertad, creemos que el brusco rechazo mostrado al país- compárese solamente con la situación de Rusia o, como ya se ha indicado, de Rumanía, en el mismo asunto- es desproporcionado y contraproducente. 
En el comportamiento de voto de algunos diputados se ha revelado además una respuesta tardía a la independencia de Croacia que algunos grupos solamente han aceptado a regañadientes. 
Pero esta sería la vía errónea para acercar a Europa occidental a un país marcado durante muchos años por la dictadura comunista y por la guerra civil. 
Rechazamos, por ello, esta resolución. 
Señora Presidenta, mi Grupo considera que hoy ya no nos queda otra solución, para proteger la salud de las personas, que mantener un embargo completo sobre la carne de bovino británica y sus productos derivados, sin perjuicio de indemnizar correctamente a los ganaderos afectados. 
Esa vía parece difícil en un plazo inmediato, pero si, por facilidad, no la seguimos, corremos el riesgo de lamentarlo amargamente dentro de unos años. 
Así, pues, actuemos de forma responsable. 
Pero ser responsable es también analizar las causas profundas de la crisis y aplicar los remedios indispensables para que no se reproduzca en otra parte. 
En primer lugar, reconozcamos que la enfermedad de las vacas locas es consecuencia de una agricultura contra natura, lanzada a una carrera loca sobre los precios mundiales. 
Esa detestable orientación está hoy grabada en el corazón de la Política Agraria Común. 
Si no cambiamos radicalmente de dirección, hemos de esperarnos otras vacas locas o algo peor aún en los próximos años. 
En segundo lugar, debemos reconocer también que, en nombre de la abolición de las fronteras, la Comisión ha reaccionado bastante inadecuadamente, en cada etapa de la crisis, al intentar impedir que los Estados que lo desearan adoptasen medidas de protección. 
Por lo demás, no hay que excluir que el gran desorden que reina en las fronteras haya favorecido la importación fraudulenta en el continente de carnes o alimentos para ganado contaminados. 
Así, pues, hay que reconocer que los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras con vistas a los objetivos establecidos en el artículo 36 del Tratado, en particular la protección de la vida y la salud de las personas. 
Por último, no podemos aceptar el procedimiento seguido, según el cual, aunque el Consejo no haya aprobado por mayoría cualificada la propuesta de la Comisión, no por ello deja ésta de tener el derecho a aplicarla por su cuenta. 
Se nos dirán provecho de los funcionarios deshonra al Consejo y contribuye a explicar muchos males de Europa. 
Señora Presidenta, en mi opinión, el Gobierno británico está haciendo el ridículo en las actuales circunstancias. 
No obstante, lamento que la resolución de hoy haya supuesto un cambio radical de la resolución que aprobamos el 28 de marzo. 
Se diría que ahora apoyamos el embargo en vez de mantenernos como observadores interesados e imparciales. 
Una de estas noches pasadas me encontraba en mi habitación de hotel viendo la televisión alemana. 
Estaba viendo un programa de la cadena ZDF, y como ciudadano británico procedente de una zona productora de ganado vacuno, me sentí consternado ante el ataque casi histérico que se estaba haciendo a la industria del vacuno británica en dicho programa. 
Algunas de las escenas me parecieron bastante inquietantes y bastante insultantes. 
He mantenido una postura muy crítica sobre el modo en que la prensa británica ha tratado a nuestros socios europeos durante estas últimas semanas. 
Quisiera pedir a los medios de comunicación del continente que muestren un poco de equilibrio a la hora de informar sobre el tema de la EEB. 
Señora Presidenta, he de decir, en particular al Sr. Hallam, que nuestros colegas británicos y el Gobierno británico tienen razón científicamente: no hay riesgo de transmisión horizontal y el sacrificio de los bovinos es una aberración científica. 
Pero no tiene razón jurídicamente, pues lo que caracteriza a Europa es la falta, la responsabilidad por falta, o, en el mejor de los casos, la responsabilidad objetiva, la responsabilidad por riesgo. 
Ahora bien, una fábrica británica, la fábrica Dunkester, en Yorkshire, al modificar sus procedimientos de fabricación, ha intoxicado 150.000 bovinos británicos de momento y algunos otros en el mundo. 
Pues bien eso entraña una responsabilidad. 
Todo acto de un hombre que causa a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa se ha producido a repararlo. 
Al haber rechazado la enmienda del Sr. des Places, que establecía la responsabilidad del contaminador y del envenenador, hemos ido a contracorriente de lo característico de Europa, es decir, que cada cual es responsable de sus actos. 
Lo que aceptamos acertadamente en la catástrofe del Amoco-Cádiz para las grandes compañías petroleras, que debían ser responsables de las contaminaciones, lo hemos rechazado para las fábricas británicas que han envenenado. 
Señor Hallam, científicamente tiene usted razón: se ha exagerado el riesgo. 
Jurídicamente, no la tiene usted: se debería exigir la responsabilidad de las fábricas que han envenenado. 
Me he abstenido de votar a causa del párrafo E, que recomienda unas ayudas extraordinarias a la agricultura de varios miles de millones. 
Pienso que las actuales ayudas a la agricultura constituyen un derroche y no voy a contribuir a que se destinen mayores subvenciones a esta industria. 
Señora Presidenta, he votado en contra de la resolución. 
Habría esperado que el Parlamento Europeo mandase una señal mucho más clara y que en la Unión Europea la protección de los consumidores y de la salud no quedasen supeditadas a los intereses económicos. 
La decisión de la Comisión es una afrenta a la protección de los consumidores y de la salud. 
Levantar en parte la prohibición de exportación precisamente cuando se producen más casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, supone un descarnado cinismo. 
Evidentemente, la Comisión, el Consejo y de modo creciente también el Parlamento Europeo se rinden ante el chantaje del Gobierno británico. 
Es de temer que la decisión de la Comisión tenga la función de abrir las puertas para levantar totalmente la prohibición de exportación. 
Creo que es una decisión totalmente errónea, pues la protección de los consumidores y de la salud deben tener preferencia. 
Pues también se trata de la protección preventiva de la salud. 
Mientras no se puedan excluir científicamente los peligros, hay que mantener la prohibición de exportación. 
Esta debería haber sido nuestra función. 
Creo que la decisión de la Comisión pisotea la protección de los consumidores y de la salud en la Unión Europea. 
Lamento que no hayamos acordado una resolución de mayor alcance. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.10 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 6 de junio de 1996. 
Declaración del Presidente 
Señor Presidente, en calidad de diputado representante de la circunscripción en la que ocurrió esta terrible atrocidad, deseo expresarle mi agradecimiento por las palabras que acaba de pronunciar en nombre de la Asamblea. 
Sé que mis electores y todos los colegas aquí presente comparten estos sentimientos. 
Deseo simplemente añadir mi homenaje a los miembros del servicio de emergencia, que con su intervención rápida y profesional permitieron salvar muchas vidas. 
Sin dicha intervención se habría producido una terrible masacre. 
Ha sido la mayor explosión de este tipo que se ha producido en la isla principal de Gran Bretaña desde la II Guerra Mundial. 
Debemos mostrarnos muy agradecidos de que, gracias a la intervención de los bomberos, al menos no haya habido muertos. 
Los daños materiales han sido cuantiosos y todos debemos unirnos en la condena de este acto atroz. 
Señor Presidente, deseo hablar en nombre de los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes al Fianna Fáil, de la totalidad de nuestros electores y, en realidad, en nombre del 99, 9 % de la sociedad irlandesa a quienes les gustaría unirse a sus palabras sobre la atrocidad cometida por el Ejército Republicano Irlandés en Manchester. 
Precisamente cuando se está celebrando el proceso de paz, no existe ninguna justificación para esto, aunque tampoco existiría en ningún otro caso. 
Apoyo su opinión de que la Asamblea debe respaldar con todos los medios posibles el proceso de paz, deseo expresarle mi agradecimiento por su declaración y, en nombre de los diputados irlandeses pertenecientes al Fianna Fáil, dar la condolencia a todos los heridos y a toda la población de Manchester y desearles lo mejor para el futuro. 
Hago un llamamiento a los violentos para que abandonen las armas, pongan fin a sus acciones de violencia asesina en Irlanda y en todas partes. 
Una vez más, señor Presidente, gracias por su declaración. 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida a 40 cónsules honorarios que acaban de llegar a la tribuna de invitados. 
Son miembros de la Federación de cónsules en Europa que celebra su reunión anual en el Parlamento Europeo. 
Sean cordialmente bienvenidos. 
Orden de los trabajos 
Se procede a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes en la reunión del 13 de junio de 1996. 
Señor Presidente, quisiera relatar un acontecimiento ocurrido recientemente y hacer unas preguntas a la Presidencia al respecto. 
El viernes pasado hubo en Bruselas una manifestación sindical convocada por trabajadores metalúrgicos que, en su recorrido, pasó ante los locales del Parlamento Europeo, en la Rue Belliard. 
Cuando, hacia las 13 horas del 14 de junio, desfilaba dicha manifestación bajo los pasajes aéreos que unen los edificios Belliard y Van Marleant, varias personas, funcionarios del Parlamento o de sus Grupos políticos, advirtieron que algunos individuos, vestidos de paisano y provistos de walkie-talkies, se encontraban en uno de dichos pasajes filmando a los trabajadores participantes en la citada manifestación. 
Según informaron los ujieres, no se trataba de elementos de la seguridad interior del Parlamento ni podían serlo, porque no les compete esa tarea. 
Señor Presidente, ¿quiénes eran los individuos que estaban filmando? 
¿Eran o no agentes de policía? 
En cualquier caso, ¿quién autorizó esas filmaciones? 
¿Está usted, señor Presidente, en condiciones de informarme sobre este asunto? 
Señoría, le ruego por favor que se ponga los auriculares. 
En primer lugar, a lo mejor se ha dado cuenta de que estamos en el punto del orden del día referente al orden de los trabajos. 
No consigo establecer ninguna relación entre su intervención y el orden de los trabajos. 
En segundo lugar, le sugiero que me comunique por escrito sus observaciones. 
Después trataré de aclarar el asunto y recibirá usted una respuesta también por escrito. 
No se ha presentado ninguna propuesta de modificación para esta semana. 
Sesiones de julio en Bruselas: 
Para el miércoles 3 de julio de 1996, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita que se aplace el informe del Sr. Pelttari sobre el convenio de bioética hasta el próximo período parcial de sesiones de Julio II. 
Puesto que nadie quiere intervenir a favor o en contra de la solicitud, la someto a votación. 
(El Parlamento aprueba esta solicitud) El orden de los trabajos queda así establecido. 
Plazo de presentación de enmiendas y de propuestas de resolución 
Señor Presidente, como usted sabe, tenemos una discusión y una resolución relativas al Consejo Europeo de Florencia. 
Una parte de la misma, de acuerdo con la mayoría de los Grupos, supongo, consistirá en una declaración del Parlamento sobre la política de no cooperación del Gobierno británico en Europa. 
Como usted sabe, los ministros de Asuntos Exteriores se reunirán esta tarde para tratar el asunto y me pregunto si sería posible prorrogar el plazo de presentación de propuestas de resolución sobre este caso concreto, con objeto de poder tener en cuenta lo que se decida o no esta noche en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. 
Quizá podríamos prorrogar el plazo para este tema hasta las 11 o 12 horas de mañana con el fin de que nuestra resolución esté actualizada y tenga sentido. 
Parto del supuesto de que la opinión general de la Asamblea está a favor de que tengamos oportunidad de presentar tal resolución, lo que significa que debemos fijar el plazo para este punto a las 12.00 horas. 
Los servicios del Parlamento me indican que esto es técnicamente posible. 
Si no hay ninguna objeción, procederemos de este modo. 
Esta Asamblea aprobó el pasado mes de julio y, de nuevo, en diciembre, una resolución sobre los lectores de lenguas extranjeras en las universidades italianas. 
Nos preocupaba en particular la difícil situación en que se encontraba el grupo de los 88 enseñantes de Nápoles, que fueron despedidos en un claro incumplimiento del Derecho comunitario. 
Usted, señor Presidente, el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y el Sr. Newman de la Comisión de Peticiones se ocuparon del asunto. 
Me complace poder informarles que el viernes, el grupo de los 88 enseñantes de Nápoles se reincorporaron a sus puestos y recibieron sus honorarios atrasados. 
Creo que este hecho supone una clara victoria para los que integramos el Parlamento Europeo. 
Muchas gracias, señor McMahon. 
También a nosotros nos alegran las buenas noticias. 
Programas marco para las acciones de I& D 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0183/96) del Sr. Linkohr, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía sobre: 
I.la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (96) 0012- C4-0092/96-96/0034 (COD) ) por la que se adapta por segunda vez la Decisión 1110/94/CE, relativa al Cuarto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones comunitarias en materia de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1994-1998); 
II.la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0012- C4-0157/96-96/0035 (CNS) ) por la que se adapta por segunda vez la Decisión 94/268/Euratom, relativa a un Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para actividades comunitarias en materia de investigación y enseñanza (1994-1998). 
Señor Presidente, a continuación expondré la opinión en nombre del Sr. van Velzen. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial considera aceptable la creación de grupos operativos como instrumento para acercar más la investigación al mercado, siempre que se efectúe sobre una base experimental para fortalecer la metodología del Quinto programa marco. No obstante, la creación de estos grupos no debe suponer ninguna determinación por anticipado. 
La Comisión de Asuntos Económicos pide a la Comisión que confiera a los grupos operativos un carácter intersectorial e interdisciplinario y que incremente al máximo la participación de la industria europea en la formulación de los proyectos de investigación para evitar los enfoques verticales. 
Los criterios para la selección de los grupos operativos han de ser transparentes. En particular, transcurrido cierto tiempo, se ha de presentar un estudio comparativo de la utilidad de estos grupos. 
La Comisión de Asuntos Económicos insta a la Comisión a que, en la preparación del Quinto programa marco, aproveche la experiencia adquirida tanto con los grupos operativos como con los criterios de buenas prácticas que se establecen en el Libro Verde de la innovación. 
A fin de aumentar las posibilidades de éxito de los grupos operativos, pide también a la Comisión que tenga en cuenta las formas de cooperación más habituales entre las empresas, a saber, la cooperación con otras partes interesadas a escala europea y con la pequeña y mediana empresa. 
Resumiendo: consideramos la creación de los grupos operativos como una iniciativa positiva, pero creemos que sólo puede tener éxito si al mismo tiempo se reducen los procedimientos para la presentación de proyectos, se incluye a las pequeñas y medianas empresas y se garantiza la transparencia en la selección de los temas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en un primer momento, la Comisión de Transportes y Turismo recibió con entusiasmo las propuestas de la Comisión de crear estos grupos operativos, sobre todo porque prestaban mucha atención al sector del transporte: el grupo operativo de la aeronáutica, las medidas de investigación y desarrollo para la industria del automóvil, la intermodalidad e interoperabilidad de los transportes, los sistemas marítimos y el tren del futuro. 
Según la propuesta de la Comisión, se debían asignar 385 millones de ecus, el 55 % de los 700 millones, al sector del transporte. 
Cuál no sería la sorpresa de la Comisión de Transportes y Turismo al comprobar que, tras la votación de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, de todos esos proyectos no quedaba más que el aeronáutico. 
Por esta razón, los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo han presentado la enmienda nº 60, que mantiene, al menos, el grupo operativo de la «intermodalidad» y, además, con los suficientes recursos presupuestarios. 
Es innegable que la interoperabilidad es un tema prioritario para Europa. 
Por ejemplo, en los trenes europeos contamos con cinco tipos diferentes de corriente eléctrica, y todavía nos sorprende que perdamos mucho tiempo cambiando de locomotora. 
En los camiones no se da esta pérdida de tiempo. 
Debemos preocuparnos de aumentar la competitividad en la Unión Europea; el sector del automóvil puede abordarse perfectamente a escala nacional. 
Considero que precisamente la interoperabilidad es un tema europeo por antonomasia. 
Los dos grandes Grupos han presentado una enmienda de compromiso con una dotación de recursos algo más reducida. 
La Comisión de Transportes y Turismo desea que el Parlamento la apruebe. 
Sé que todavía tenemos que considerar los recursos por separado, pero el hecho de que hayamos aceptado el título deja clara cuál es la dirección: necesitamos una política de transportes en la Unión Europea. 
Señor Presidente, es una auténtica pena que el Sr. Linkohr no se encuentre con nosotros esta noche para presentar su informe. 
Quisiera felicitarle por la calidad de la labor que ha realizado. 
La exposición de motivos es un documento muy valioso, y espero que los colegas se tomen la molestia de leerlo detenidamente. 
La elaboración de este informe ha presentado numerosos problemas relativos al tema de la cuantía que debíamos solicitar y durante cuánto tiempo, y sobre cuál debe ser la misión de los grupos operativos. 
A pesar de que cuando, en su día, aprobamos el Cuarto programa marco no teníamos la intención de que éste sirviera como precursor del Quinto programa marco, en cierto sentido éste ha sido uno de los hilos conductores que han surgido en nuestros debates. 
En el Parlamento aún debemos aprender algunas lecciones en lo que a la Comisión se refiere: cuándo intentar decidir cuánto dinero debe destinarse a la investigación y cómo debemos utilizarlo, así como el papel de los grupos operativos. 
Todavía nos queda mucho por hacer. 
En nombre del Grupo Socialista, quisiera decir que éste es el camino que deseamos seguir. 
El informe está sujeto al procedimiento de codecisión y necesitamos conseguir mayoría en el Parlamento. 
Espero que le demos nuestro apoyo, a pesar de que la mayoría de nosotros tiene algunas reservas sobre el informe tal y como surgió de la comisión. 
Nos aguarda la tarea de asegurarnos de que podemos presentar un caso convincente al Consejo para que incremente la actividad en materia de investigación a nivel europeo. 
Tal vez la frase más reveladora de todo el informe del Sr. Linkohr sea aquella que dice que, aunque aprobemos los 700 millones de ecus, esa suma no bastará para situarnos a la altura del trabajo que se está desarrollando en los Estados Unidos y en Japón. 
Seguimos estando a la zaga y espero que tomemos en serio esta lección esta noche y nos aseguremos de que defendemos el caso con ahínco ante el Consejo de Ministros. 
Me limitaré a mencionar un par de temas. 
Uno, el incremento de los fondos para la investigación de la EEB. 
Es un tema de gran actualidad y, cuando menos, demuestra la importancia de disponer de un poco más de flexibilidad en nuestros programas. 
Sería una auténtica tragedia si tuviéramos que esperar tres, cuatro o cinco años para cambiar el rumbo de una parte de nuestra investigación, debido simplemente a que nos encontramos encerrados en un rígido programa quinquenal. 
Es una de las lecciones que debemos aprender. 
Debemos estudiar asimismo el tema de la seguridad de los reactores nucleares. 
Todos estamos de acuerdo en que es necesario trabajar más en estos ámbitos: la descontaminación de las zonas afectadas y el programa de protección contra la radiación. 
Espero que estos asuntos reciban mañana un fuerte apoyo en la Asamblea. 
Señor Presidente, quisiera unirme al Sr. Adam en su agradecimiento al Sr. Linkohr por el gran trabajo que ha realizado, así como a todos los diputados que se han esforzado por llegar a un punto de acuerdo fundamental en esta cuestión, de extraordinaria importancia no sólo por lo que respecta, naturalmente, a la refinanciación del Cuarto Programa Marco sino, sobre todo, por cuanto se refiere a las futuras líneas de acción. 
Se trata, como ha dicho la Sra. Quisthoud, del punto fundamental- de carácter, podríamos decir, experimental- para el desarrollo del inminente Quinto Programa Marco. 
Debo destacar que nuestro Grupo está de acuerdo con el compromiso contraído y que, por tanto, lo respaldará; pero querría, a título personal, insistir en dos aspectos: los temas en los que nos hemos centrado, seleccionándolos entre los propuestos por la Comisión, demuestran sin duda nuestro interés, pero el que ha presentado el Sr. Linkohr, el proyecto especial que ha propuesto, es realmente importante no sólo desde el punto de vista humanitario, sino también desde el punto de vista de nuestra responsabilidad en cuanto a las orientaciones científicas, que no pueden separarse de los temas que nos ocupan más directamente estos días. 
En relación con esto, justamente, es preciso mencionar otro tema importante, aludido por el Sr. Adam: la posibilidad de incrementar, aunque sea parcialmente, aunque sea muy modestamente, los fondos destinados a la biomedicina y a la biotecnología, con el fin de desarrollar la investigación en un campo que será, con seguridad, el mal del próximo siglo: las nuevas enfermedades víricas y, sobre todo, las enfermedades biónicas. 
Para concluir, creo que si aprobamos mañana el Informe Linkohr daremos al Consejo una firme muestra de la voluntad de nuestro Parlamento de orientar en este sentido la estrategia de la futura investigación europea. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, he repetido varias veces que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas no es partidario del modelo de task force desarrollado por la Comisión. 
Aunque puede resultar útil para identificar prioridades tecnológicas en algunos sectores industriales, el modelo de Task Force parece añadir un nivel de gestión y coordinación adicional a una estructura que precisamente necesita más transparencia y simplificación. Además, interfiere con la actual estructura del programa. 
Mi Grupo está de acuerdo con un número limitado de temas importantes para Europa, y sobre todo para sus ciudadanos. 
Las tecnologías de la información y la comunicación son muy importantes para el futuro de Europa. Los cambios en estas tecnologías son extremadamente rápidos. 
Hay que incluir aplicaciones telemáticas en la formación de los futuros trabajadores. 
Por ello, la task force de programas multimedia educativos es una buena iniciativa. Es preciso desarrollar productos multimedia para el entorno de la enseñanza y utilizarlos en dicho entorno. 
Las escuelas británicas pueden servir de ejemplo. Han llegado más lejos que otros países de la UE en el uso de las tecnologías de la información en la enseñanza. 
En segundo lugar, la pequeña y mediana empresa ha de poder participar plenamente en el Cuarto Programa Marco. 
No dejo de insistir en ello, sobre todo con vistas al empleo, pero la Comisión es muy ambigua en este sentido. 
Por una parte, crea task forces dirigidas a la gran industria. Por otra, indica expresamente en cada programa que desea «abrir camino para la pequeña y mediana empresa». 
Señor Presidente, las empresas industriales en Europa han aprendido a cooperar gracias al programa marco. 
No podemos echarlo a perder. 
A fin de cuentas, la cooperación es la vía por excelencia para divulgar nuevos conocimientos por Europa. 
Por ello sería mejor separar las cuestiones, para que la pequeña y mediana empresa pudiera beneficiarse de forma óptima y real del programa marco. 
Señor Presidente, en el proceso de reubicación de la actividad productiva europea por la mundialización de la economía, la investigación y el desarrollo tecnológico desempeñan una función crucial. 
El informe Linkohr se enfrenta a la propuesta de la Comisión sobre la financiación complementaria de 700 millones de ecus y la creación de task forces con una contrapropuesta mucho más importante y positiva. 
Nuestro Grupo, Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica, no está de acuerdo con la propuesta de la Comisión y sí con la del Sr. Linkohr, aunque reconoce que hay insuficiencias. 
No está de acuerdo con la Comisión, en primer lugar, porque se procede a una rectificación del Cuarto programa marco sin una evaluación previa de los criterios horizontales que han presidido este programa marco, introduciendo propuestas verticales que concentran las actividades en pocos países y pocas empresas. 
En segundo lugar, porque estas propuestas se centran en intereses de las grandes multinacionales y de la energía nuclear, automóvil, aeronáutica o similares, es decir, de grupos de presión, sin que se tomen en consideración los intereses sociales de los ciudadanos europeos. 
Por ello, se agradece el que el Sr. Linkohr haya incorporado enmiendas nuestras relativas a la tercera edad y a la salud, que serán los problemas más acuciantes en los próximos años. 
También haría falta una preocupación por el modelo de desarrollo sostenible. 
Y, en tercer lugar, porque la propuesta de la Comisión adelanta, con miras al Quinto programa marco, una filosofía vertical que aumentará las desigualdades en investigación que hay en Europa- puesto que hay países que dedican un 0, 5 % del PIB a investigación y otros, un 2, 7 %. 
Por todo ello nuestra postura es contraria a la propuesta de la Comisión y a favor de la del Sr. Linkohr, reconociendo el esfuerzo realizado. 
Señor Presidente, en tiempos de recesión se nos pide que estemos a favor de aumentar en 700 millones de ecus el Cuarto programa marco. 
Hay que apoyar económicamente el sector de la investigación y el desarrollo, pero en la dirección correcta. 
En nuestra opinión éste no es el caso. 
En primer lugar, se destinan de nuevo 105 millones de ecus al Euratom para la fusión nuclear (nosotros hemos presentado una enmienda, pero me temo que no va a ser aceptada). Esta forma de energía recibió ya 850 millones de ecus en el Cuarto programa marco y quizá pueda resolver nuestros problemas en el año 2030 o 2050, pero sin duda no en el presente. 
En segundo lugar, hay que asignar recursos al llamado reactor seguro, o sea, a algo que no existe, que no puede existir y que no cuenta con la aceptación de la población. 
Además, como muy acertadamente ha señalado el Sr. Scapagnini, los recursos para investigación se destinan siempre a las grandes empresas, y no a las PYME, para las que resultarían muy útiles. 
Otro ejemplo: según la propuesta de la Comisión, habría que destinar 150 millones de ecus al programa SAVE II. 
El Consejo se ha atrevido a reducir la cifra a 45 millones, lo que significa en definitiva suprimir un programa de cinco años, el único programa que nos queda para cumplir en cierta medida los compromisos adquiridos en Río y en Berlín. 
Sin embargo, para el programa aeronáutico, para la fusión y para esas nimiedades, hay que gastar dinero a manos llenas. 
Segundo ejemplo: THERMIE. 
Nadie habla ya de THERMIE II. Se trata también de un programa que con el paso del tiempo ha adquirido una importancia vital. 
Oímos todos los días que las emisiones de CO2 aumentan. 
Y hay gente, muy astuta, que dice que eso se debe a que estamos en contra de la energía nuclear. 
¡Vaya sandez! 
He consultado las estadísticas de la OCDE y constato que en los países que tienen muchos reactores nucleares no hay menos emisiones de CO2. 
La mayor parte de las mismas proceden precisamente del transporte, algo que no se quiere admitir en absoluto. 
Resumiendo: no podemos aprobar este aumento porque consideramos que no va en la dirección correcta y porque no soluciona nuestros problemas más urgentes, aun cuando la propuesta contenga numerosos puntos menores que, en cierta medida, son dignos de apoyo. 
Quisiera, en nombre de mi Grupo, resaltar tres puntos fundamentales. Para empezar, la cuantía del aumento: 700 millones de ecus. 
Aun cuando en la actualidad ahorrar es el imperativo que rige en todos los Estados y en la Unión, nuestra opinión es que es urgente y necesario invertir en el futuro, lo que a su vez sólo es posible a través de innovaciones cuya base la constituyen la investigación y el desarrollo. 
En segundo lugar, estamos de acuerdo con el Libro Verde de la innovación en que se debe mejorar la difusión y en que hay que aprovechar mejor los resultados. 
Nosotros lo hemos tomado en consideración con nuestra enmienda sobre la distribución de los recursos. 
Aunque para conseguir este objetivo no sólo se requiere dinero, resulta de gran ayuda. 
En tercer lugar, nos encontramos realmente en una fase de transición en la mitad del Cuarto programa marco. 
A pesar de ello, los debates adquieren a veces un tono de vehemencia, lo cual se debe a que se han incluido con excesiva premura nuevas orientaciones en los contenidos de la investigación. 
Esperamos que la cooperación para preparar el Quinto programa marco sea más fluida y relajada. 
Para concluir, quisiera agradecer al ponente su cooperación abierta y ecuánime y a la Comisaria su disposición al diálogo con el Parlamento superando las dificultades iniciales. 
Por lo demás, ya ha dicho el Sr. Adam en la intervención precedente que necesitamos una mayoría absoluta. 
Por eso ha sido tan intensa la presión por lograr la unidad en el Parlamento, como queda plasmado en nuestras enmiendas de compromiso. 
Señor Presidente, Señorías, en las propuestas de la Comisión y en el informe del Sr. Linkohr sobre la adaptación del Cuarto programa marco de la Comunidad Europea en materia de investigación- concretamente, en el Anexo I, nota a pie de página nº 5, así como en el Anexo II, apartados 1 y 2 del informe sobre la adaptación de la investigación en el Euratom -, se hace hincapié en la investigación destinada a aumentar la seguridad en el uso pacífico de la energía atómica. 
El aumento de la seguridad es de particular importancia para las centrales nucleares de los países del antiguo bloque oriental y para China. 
Pero un nuevo accidente como el de Chernóbil puede resultar también extremadamente peligroso para nosotros. 
Por todo ello, tanto por solidaridad como por nuestra propia seguridad, debemos aumentar nuestros conocimientos y posibilidades para la prevención de accidentes. 
Ahora bien, no es aceptable que por esta vía se fuerce una ampliación tácita o abierta del uso de la energía nuclear. 
Precisamente, mucha gente prefiere abandonar una tecnología como ésta que, por principio, no es gobernable. Nosotros queremos entrar en la época de la energía solar. 
Por estos motivos, debe quedar claro que el fomento europeo de la investigación no pasa por el desarrollo de nuevos reactores, sino que debe limitarse a la mejora de la seguridad en los ya existentes y a la evacuación de los residuos nucleares. 
Este es el límite de lo aceptable e incluso hay que vencer ciertas resistencias para asumirlo, ya que las técnicas de remodelación de la seguridad favorecen el que continúen en servicio centrales atómicas peligrosas. 
En definitiva, la vida de un reactor nuclear se prolonga de esta manera, técnica y materialmente, por encima de los 40 años admitidos. 
En lo que respecta a la Europa central y oriental, debe tenerse en cuenta la posibilidad de un efecto rebote, oculto a primera vista: debido a la falta crónica de divisas de estos países, la remodelación de sus centrales ha de financiarse mediante las llamadas contrapartidas. 
Así, por ejemplo, se refinanciará la puesta en servicio de la nueva tecnología nuclear en Sosnovy Bor, para evitar, por ejemplo, el cierre de la central alemana de Grafenrheinfeld. 
Por ello, Señorías, les pido que apoyen, como la gran mayoría de mi Grupo, las enmiendas núms. 53, 54 y 62, a fin de despojar de todo respaldo jurídico a la opción de que las centrales continúen en servicio. 
Señor Presidente, señores Diputados, ante todo, quisiera agradecer, por el trabajo que han realizado, al Sr. Linkohr- cuya ausencia forzada le impide estar entre nosotros y al que deseo un pronto restablecimiento- y los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, Sres. Desama, van Velzen, Ferber, Collins y la Sra. Ahlqvist así como los miembros de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
Numerosos diputados se han movilizado para debatir la propuesta de la Comisión sobre la financiación complementaria al Cuarto Programa Marco de Investigación (1994-1998). 
El resultado es un proyecto de resolución equilibrado y constructivo, que debería contribuir a la calidad del debate entre las instituciones y facilitar esta decisión. 
No acapararé su atención más de lo necesario. 
No obstante, teniendo en cuenta la importancia del tema, quisiera hacer algunas observaciones sobre ciertos puntos. 
Por ende, voy a recordarles sucesivamente primero el contexto de la propuesta de financiación complementaria de la Comisión, luego, voy a comentarles algunos puntos del informe preparado por el Sr. Linkohr para la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y, por último, voy a comunicarles la posición de la Comisión sobre las diferentes enmiendas propuestas, precisando las razones que nos mueven a aceptarlas o rechazarlas. 
Empecemos por el contexto. 
Les recuerdo que el principio de un complemento financiero al Cuarto Programa Marco está previsto en la decisión de aprobación de este último; el Sr. Desama lo mencionó con toda razón, por lo demás, hace un momento. 
Este complemento es diferente en su naturaleza del ajuste técnico que tuvo lugar el año pasado, después de la adhesión a la Unión de tres nuevos Estados. 
Corresponde a un compromiso político del Consejo y del Parlamento de adaptar el Cuarto Programa Marco, en caso de necesidad, a las evoluciones que se produjeran después de su iniciación. 
Era una decisión prudente. 
Dado que se inició hace más de dos años, el Cuarto Programa Marco no corresponde a todas las necesidades que se ponen de manifiesto actualmente. 
En espera del Quinto Programa Marco, cuya puesta en práctica no tendrá lugar antes de 1999, la posibilidad de este complemento nos proporciona una ocasión única de mejorar la respuesta de la investigación comunitaria a las necesidades de la sociedad. 
Estas necesidades se manifiestan con mayor nitidez en determinados ámbitos. 
Por tanto, la Comisión optó por concentrar el esfuerzo en determinadas prioridades. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, así como las demás comisiones consultadas, estuvieron de acuerdo en el principio de tal selectividad, que toma en cuenta las expectativas sociales especialmente fuertes así como la perspectiva de la creación de empleo y, en todo caso, de su conservación. 
Las prioridades evolucionan. 
El Sr. Adam evocó la investigación sobre la EEB. 
Quiero precisar, a un margen, que es un programa comunitario de investigación que permitió a un equipo de Edimburgo establecer el vínculo probable entre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la de las vacas locas. 
El excelente informe del Sr. Linkohr evoca esencialmente dos puntos, que quisiera volver a tratar. 
El primero es la recomendación de mejorar los métodos y técnicas de gestión de programas. 
Sé que este tema preocupa a un gran número de ustedes. 
Por lo demás, comparto esta preocupación. Aquí fue esencialmente evocada por la Sra. Quisthoudt-Rowohl. 
A pesar de los progresos realizados en el transcurso de los últimos años, todavía es posible y necesario hacer mejoras en este ámbito. 
Con el propósito de avanzar en esta dirección, se celebrará muy próximamente un seminario que reúna a los responsables de la Comisión y los representantes de la comunidad científica y el mundo industrial. 
Permítanme tranquilizar a aquellos de ustedes que se preocupan porque las pequeñas y medianas empresas carezcan de una presencia suficiente en los programas; este seminario también tiene por objeto facilitar su acceso a los programas de investigación, como lo han pedido varios de ustedes, y especialmente la Sra. Plooij-Van Gorsel. 
El segundo punto se refiere al balance de la puesta en práctica del Cuarto Programa Marco. 
Este tema, que ha sido objeto de una de las enmiendas, también ha sido ampliamente mencionado en el informe del Sr. Lange sobre el informe anual 1995 sobre el seguimiento del Programa Marco, que debatirán ustedes el mes próximo. 
Como tuve la oportunidad de comunicar a los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, los servicios de la Comisión preparan actualmente un documento global sobre el estado de aplicación del Cuarto Programa Marco, que dentro de muy poco estará a disposición del Parlamento. 
En general, estoy muy atenta al deseo del Parlamento de colaborar estrechamente en la preparación y aplicación de las iniciativas de la Unión, en materia de investigación. 
A este respecto, puedo anunciarles que la Comisión presentará, de aquí al fin del mes de julio, un primer documento político sobre el Quinto Programa Marco, indicando las grandes orientaciones que trata de imprimir en su propuesta formal a principios de 1997. 
La publicación de ese documento en esa etapa en particular brindará al Parlamento la oportunidad de expresarse con suficiente anticipación para enriquecer o influir en las orientaciones propuestas. 
Como previsto, ahora voy a comunicarles la posición de la Comisión respecto a los diferentes proyectos de enmienda a su propuesta. 
En regla general, la Comisión acepta todas las enmiendas que introduzcan precisiones útiles o contribuyan a reforzar su propuesta. 
En este caso se trata de las enmiendas 9 (última parte) sobre la necesidad de un desglose indicativo de los 700 millones de ecus; las enmiendas 15, 16 y 39 sobre diferentes aspectos de actividades en el ámbito de los multimedia; así como, mediante una nueva formulación, las enmiendas 1, 2, 3, 6, 11 y 12, sobre las modalidades de acción de los grupos operativos, o las cuestiones relativas a la presentación del complemento. 
En relación con la enmienda 2, en especial, la Comisión está dispuesta a hacer referencia a su propuesta de revisión de las perspectivas financieras, sin por ello vincular la decisión sobre el complemento con su aprobación definitiva. 
En la misma perspectiva, la Comisión puede aceptar las enmiendas, 1, 2 y 5 a la propuesta Euratom, que añaden precisiones útiles al texto tal como está formulado actualmente, así como la 3ª parte de la enmienda 6, con la condición de incluir la idea de la protección contra las radiaciones en la 2ª acción «Cooperación Internacional» del Cuarto Programa Marco. 
La enmienda 9 propone la creación de un premio «Descartes» , que se atribuirá cada año para recompensar y distinguir los trabajos europeos de investigación especialmente notables. 
Tuve la oportunidad de decir a los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, hasta qué grado esta idea me parecía excelente. 
Por lo demás, la Comisión ya está estudiando los medios de darle un seguimiento concreto. 
Sin embargo, no es necesario añadir un nuevo artículo, dado que el anexo III de la decisión del Cuarto Programa Marco prevé ya la posibilidad de premios científicos; basta con modificar en consecuencia el párrafo correspondiente. 
En cambio, en esta etapa, la Comisión considera preferible no retener las enmiendas que se refieren a la sustancia de su propuesta, es decir, las que proponen modificaciones del importe global, tales como la primera parte de la enmienda 9, las que modifican el equilibrio entre las prioridades, tales como las enmiendas 4 y 7 así como de la 17 a la 21, 23, 24, 29 y 36, las que proponen nuevos temas paralelos a los ya elegidos, tales como las enmiendas 8, 10, 40 y 41, 22, de la 25 a la 28 y de la 31 a la 38 o las que sugieren nuevos temas de investigación en el interior de algunas prioridades seleccionadas, tales como las enmiendas 13 y 14. 
Las enmiendas 5 y la parte de la enmienda 9 que proponen integrar la investigación CECA en el Cuarto Programa Marco, tampoco pueden ser aceptadas, dado que las actividades emprendidas en el ámbito de la CECA ya han sido introducidas de hecho en el programa. 
Esta observación se aplica igualmente, por este mismo tipo de razones, a las enmiendas 3, 4, 6 y 7 en la propuesta Euratom. 
Asimismo, quisiera responder aquí al Sr. Tannert que se expresó sobre el tema nuclear. 
En el fondo, y, aunque atenta a la invitación a la prudencia en materia nuclear que formulan estas enmiendas, la Comisión desea subrayar la perfecta coherencia entre el texto del anexo técnico con el de los anexos técnicos de la propuesta del Programa Marco Euratom y del programa específico en materia de seguridad nuclear. 
En efecto, el Programa Marco Euratom menciona claramente, cito: » los trabajos sobre las nuevas características de seguridad para los reactores de nueva concepción». 
El programa específico en el ámbito de la seguridad nuclear evoca- cito- «la mejora de la seguridad de la explotación de las instalaciones existentes haciendo progresar al mismo tiempo los conocimientos aplicables a los reactores del porvenir». 
La idea subyacente es que si los Estados miembros trabajan activamente en la puesta a punto de reactores de mejor concepción, corresponde a la Unión financiar las investigaciones necesarias para garantizar su seguridad. 
La Comisión juzga igualmente preferible no pronunciarse sobre las enmiendas propuestas en sesión plenaria, que modifican su propuesta más allá de meras clarificaciones y sobre las cuales la CERT no ha tenido la ocasión de expresarse. 
No obstante toma acta con interés del carácter prioritario que conceden a la intermodalidad un determinado número de los diputados que intervinieron, sobre todo el Sr. Ferber, la Sra. Quisthoudt-Rowohl y, asimismo, el Sr. Desama en sus enmiendas de compromiso. 
Por otra parte, quisiera subrayar un punto importante relativo a este punto. 
Sumamente firme en el principio de un complemento financiero de 700 millones, la Comisión está abierta, en lo relativo al fondo, a las orientaciones que sustentan varias de las enmiendas propuestas. 
La Comisión no se opondría, por ejemplo, a una repartición equilibrada de los créditos sobre los temas prioritarios propuestos, vinculados con las actividades de los task forces, y algunos temas más genéricos objeto de actividades de programas específicos. 
Asimismo, está abierta a los temas políticamente importantes, tales como el de la detección de las minas antipersonal y la idea de una repartición del complemento en tres años. 
En esta etapa del procedimiento, la Comisión prefiere, no obstante, no integrar las enmiendas correspondientes. 
No hay que olvidar que el complemento financiero debe ser aprobado por codecisión, requiriéndose la unanimidad del Consejo. 
Toda modificación formal de la propuesta de la Comisión sobre puntos esenciales correría el riesgo de dificultar aún más el logro de un compromiso global entre las instituciones. 
Ese debe ser nuestro objetivo. 
En lo relativo al fondo y en numerosos puntos específicos, las posiciones del Parlamento y de la Comisión son muy próximas como, por lo demás, suele ser el caso. 
Ahora debemos convencer al Consejo de seguirnos. 
Un diálogo tripartita y formal tendrá lugar el 25 de junio, la víspera del Consejo «Investigación». 
Debemos tratar de que se desarrolle de una manera que permita al Consejo alcanzar rápidamente un acuerdo político sobre el complemento financiero. 
Al aprobar en codecisión el Cuarto Programa Marco, el Parlamento y el Consejo se han comprometido a tomar posición sobre el complemento financiero antes de que finalice el mes de junio de 1996. 
Sería lamentable que este compromiso no se respetara. 
Los ciudadanos europeos esperan de la Unión acciones concretas en los ámbitos donde la investigación pueda ayudar a mejorar la calidad de la vida, reforzar el dinamismo de la economía y procurar la creación de empleo. 
Terminaré con esta observación y agradezco a todos aquellos de entre ustedes que han contribuido a hacer de este debate sobre el complemento financiero al Cuarto Programa Marco, un debate de tanta calidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Rendimiento de aparatos eléctricos de uso doméstico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0194/96) de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la posición común del Consejo (C4-0203/96-94/0272 (COD) ) con vistas a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de rendimiento energético de los frigoríficos, congeladores y aparatos combinados eléctricos de uso doméstico (Ponente: Sr. Macartney). 
Señor Presidente, como sabrán los diputados, ya tratamos sobre los aspectos generales de este informe en la primera lectura. 
Sólo desearía recordarles que el objetivo era aportar soluciones al problema del calentamiento del planeta, intentar avanzar en el cumplimiento de los compromisos que los Estados europeos asumieron en la Cumbre de Río y, al mismo tiempo, contribuir al ahorro en los recibos de electricidad que pagan los consumidores. 
Con dicho fin, las propuestas de la Comisión estudiaron la forma de mejorar la eficacia de los frigoríficos. 
Tanto la Comisión como la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía partieron fundamentalmente de un estudio de base, según el cual era perfectamente factible mejorar considerablemente el rendimiento en la Unión Europea, de forma paralela a los logros alcanzados en los Estados Unidos y Japón. 
Por eso, cuando pasamos por la primera lectura, hicimos algunas declaraciones importantes y logramos un considerable avance. 
Pasamos ahora a la segunda lectura de nuestra posición común tras haber sido modificada por el Consejo. 
Quisiera recordar a la Asamblea que la primera serie de normas propuestas por la Comisión aspiraba a lograr una mejora del 10 % del rendimiento energético, pero estamos convencidos de que es necesario un objetivo del 20 %. 
La comisión consideró asimismo que se imponía la necesidad de fijar un calendario más estricto de aplicación (dos años a partir de la adopción de la directiva) , y que se debe aplicar una segunda serie de normas, que supere a la primera, cinco años después de la adopción de la directiva. 
En la primera lectura se propuso que debía existir un sistema flexible de ejecución que estuviera basado en una campaña de información a los consumidores, lo cual suponía un enfoque innovador. 
Algunas de estas propuestas merecieron la aprobación del Consejo y otras no. 
La primera observación es que el Consejo acordó como objetivo una mejora del 15 % del rendimiento energético, índice que coincidía con el de la propuesta revisada de la Comisión. 
El Consejo decidió que el plazo para la aplicación de la primera serie de normas será de tres años a partir de la adopción, mientras que la Comisión y el Parlamento propusieron que el plazo fuera de dos años. 
El texto del Consejo hace referencia a una posible segunda serie de normas, pero, francamente, es tan vago que resulta casi evasivo. 
A menos que se mencione un número específico, no tiene sentido hablar de mejoras y mucho menos, como hace una enmienda que no apoyo, de «mejoras importantes». 
La enmienda no vale ni el papel sobre la que está escrita. 
Nos encontramos, por lo tanto, en un «impasse» en lo relativo a la fijación de objetivos firmes. 
Al mismo tiempo, la comisión ha tenido el acierto de llegar a un acuerdo de compromiso sobre dos temas. 
Uno es el de comunicar al sector, que desea llegar a un acuerdo voluntario: Muy bien, señores. 
Disponen de tiempo suficiente desde la introducción de la primera serie de normas para presentar un acuerdo voluntario. 
Haremos borrón y cuenta nueva, y nos olvidaremos de que no han hecho nada durante los cuatro o cinco años que han pasado desde que manifestaron su deseo de llegar a un acuerdo, y ahora les tomamos su palabra de que lo harán. 
Pero si no se logra dicho acuerdo, la Comisión deberá presentar un texto de carácter obligatorio y nosotros lo apoyaremos. 
El otro acuerdo de compromiso que hemos alcanzado es sobre este régimen bastante controvertido y, en opinión de algunos, extraño para los frigoríficos subtropicales y tropicales. 
La opinión de los expertos fue que no tenía mucho sentido. 
No obstante, el experto consultado por la Comisión y por la comisión parlamentaria llegó a la conclusión de que existían fundamentos para hacer una pequeña excepción en esta categoría, a saber, para los frigoríficos de cuatro estrellas- si me permiten especificar- con un solo compresor y dos compartimentos. 
Existe, pues, una pequeña excepción que nos permite unirnos al Consejo a mitad de camino. 
Lo que intento transmitir al Parlamento es el ruego de que sigamos adelante con determinación hasta conseguir una serie de normas claras para la segunda fase, pero estamos dispuestos a hacer algunas concesiones con el fin de poder llegar a un acuerdo con el Consejo a mitad de camino. 
Ruego al Parlamento que apruebe en su totalidad las enmiendas presentadas por la comisión, de lo contrario habremos perdido el tiempo. 
Confío plenamente en la sabiduría de esta Asamblea, en la incansable dedicación de los diputados y también confío plenamente que en la votación de mañana obtendremos una amplia mayoría, con lo que el Parlamento habrá contribuido a mejorar el rendimiento energético en beneficio no sólo del planeta, sino también de los consumidores. 
Señor Presidente, en nombre de mi colega Kirsten Jensen, que no ha podido estar presente hoy, quisiera hacer los siguientes comentarios. Esta propuesta hace hincapié en el compromiso de la Unión de reducir las emisiones de CO2. 
Explica al mismo tiempo que los aparatos frigoríficos tienen un alto consumo energético y que la Unión puede hacer algo al respecto. 
Con la propuesta, se eliminarán del mercado los aparatos que más energía consumen, pero, desgraciadamente, los efectos positivos de esta medida sobre el medio ambiente se verán limitados por las posibles consecuencias negativas de la innovación en el sector; innovación, por otra parte, natural: la tecnología está ahí, y este sector debe aprovecharse de ella. 
Lo más importante de la propuesta es que la Comisión se compromete a presentar propuestas sobre las normas para una segunda fase, que se adaptarán al nivel de desarrollo de la tecnología moderna. 
La primera serie de normas eliminará únicamente los aparatos que más energía consumen. 
La Comisión explica que los aparatos frigoríficos con un consumo energético más reducido supondrán una ventaja para los consumidores, la sociedad y el medio ambiente y que su fabricación es técnicamente posible. 
Mientras estamos a la espera del impuesto sobre el CO2, no nos vendría mal aprovechar los mecanismos del mercado interior. 
La estrategia futura de la Unión en materia de cambios climáticos está en el orden del día de esta semana. 
Con este tema en mente, sorprendería que no fuésemos capaces de ponernos de acuerdo sobre esta propuesta que, pese a todo, supone un paso en la dirección correcta. 
En lo que respecta al CO2 no hay muchos motivos para alegrarse. 
Tal como está la situación en este momento, parece que la Unión no podrá cumplir sus objetivos de estabilizar las emisiones de CO2 en el nivel de 1990 para el año 2000. 
Tal como ha dicho el Comisario Papoutsis, hay una gran distancia entre el objetivo y los medios para alcanzarlo. 
Un ejemplo de ello es el reciente recorte por parte del Consejo del programa SAVE II, de 150 millones de ecus a 45 millones. 
Prácticas de este tipo crean desconfianza respecto a la voluntad política del Consejo para poner remedio al problema de las emisiones de CO2. 
La AIE ha realizado análisis comparativos relativos a las normas para frigoríficos a nivel mundial. 
En 1998 se introducirá, por ejemplo, una tercera serie de normas en los Estados Unidos mucho más ambiciosas que la propuesta del Consejo; y eso en Estados Unidos, con su alto grado de liberalismo. 
Europa va muy a la zaga. 
Todos nos preocupamos por los efectos del CO2 sobre el clima cuando mil millones de chinos y muchos millones de indios aumentan su consumo de energía, pero no podemos exigirles demasiado si no somos capaces de alcanzar los límites a que nos hemos comprometido a nivel internacional. 
Señor Presidente, quisiera indicar, muy brevemente, la posición del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos sobre las enmiendas del Sr. Macartney. 
En general, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos cuenta apoyar las cinco enmiendas del Sr. Macartney. 
Las dos últimas son enmiendas relativamente formales. 
En cambio, las tres primeras son enmiendas importantes, ya que, especialmente en la enmienda 1, se fija la tasa de rendimiento al 20 %, no solamente en la primera fase, sino también en la segunda, y que en las enmiendas 2 y 3, por una parte, se recortan los plazos de introducción al mercado por las industrias locales y, por otra, se toma un determinado número de disposiciones relativas a los refrigeradores tropicales y subtropicales. 
Podría quedarme ahí, pero en honor a la verdad, debo confesar que el Sr. Macartney no recibirá el apoyo de todo el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en su conjunto. 
En efecto, una fuerte minoría del Grupo tiene previsto oponerse a las tres enmiendas que acabo de evocar por la siguiente razón. 
En general, consideramos que ya que la Comisión no puede adherirse a ellas- y muy probablemente tampoco el Consejoes muy probable que nos introduzcamos en un procedimiento de conciliación, y esta conciliación nos parece, en el estado actual de las cosas, de cierta manera un lujo. 
Nos hubiera gustado que existiera una mayor voluntad de aproximación, de cierto modo, entre las posiciones de las diferentes instituciones. 
Por tanto, salvo esta reserva que no afecta el fondo de las propuestas del Sr. Macartney, se contará con el apoyo del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, pero sólo con el apoyo de una parte, mayoritaria, de este Grupo. 
Señor Presidente, la reducción del efecto invernadero es un objetivo absolutamente prioritario, ya que son muchas las pruebas macroscópicas del recalentamiento del planeta. En realidad, sería conveniente realizar investigaciones in situ para conocer mejor los mecanismos por los que la energía infrarroja queda atrapada- si se me permite una brevísima digresión- mediante misiones de satélites sujetos por largos cables, como el que tuve ocasión de probar durante una misión espacial que se llevó a cabo en 1992, gracias a los cuales se pueden explorar los estratos más altos de la atmósfera, donde no llegan los globos sonda ni pueden permanecer los satélites. 
Quizá éste fuera un tema idóneo para el Quinto Programa Marco, pero, volviendo a la Directiva que nos ocupa, en ella se identifica ahorro energético con rendimiento energético y se aplica éste último como único criterio a una gran variedad de frigoríficos europeos. 
Las distintas costumbres de las diversas regiones de la Unión Europea, debidas al clima, a los hábitos alimenticios, así como al poder adquisitivo de los ciudadanos europeos, generan demandas de mercado diferentes. Es probable que esta Directiva propicie la reducción del número de modelos de frigoríficos en el mercado y que éste se oriente hacia productos de mejor rendimiento, sí, pero también de gama más alta y de precio más elevado, sobre todo en los países del Sur. 
No se trata ya de respaldar la idea del ahorro energético, que es incuestionable, ni de adoptar un posición sobre el destino de las generaciones futuras, sino de analizar si esta medida es justa y equilibrada o si, por el contrario, favorece a un sector industrial respecto a otros, con el subterfugio, si se me permite la expresión, de confundir el ahorro energético, que es nuestro objetivo- es decir, no producir anhídrido carbónico- con el rendimiento energético. 
Para convencer a Sus Señorías de que ahorro energético y rendimiento energético no son lo mismo, basta con decir que un Mercedes puede ser más eficaz en términos de rendimiento energético que una scooter, pero ésta última consume, evidentemente, menos energía que un Mercedes. 
El que va en scooter ahorra energía respecto al que va en Mercedes, aun cuando conduce un vehículo menos eficaz. 
Si se analiza con detenimiento, la Directiva que nos ocupa no parece una medida equilibrada, puesto que no se ha realizado un estudio socioeconómico de las cargas que implica para los consumidores del Norte y del Sur. 
En cuanto a la segunda fase de eficacia- que sucederá a la primera, con la que estamos de acuerdopropongo a este Parlamento que apoye una enmienda que la deje indeterminada, aun manteniéndose el refuerzo del objetivo previsto en la enmienda nº 5. 
Con ello no se pretende que la segunda fase resulte ambigua, sino que la Comisión pueda articularla mejor y que se tenga en cuenta el estudio socioeconómico mencionado. 
Esta ha sido, en efecto, la posición de la Comisión en la Comisión de Investigación y también la del Consejo. 
Recomiendo, pues, a este Parlamento que apruebe la enmienda nº 5. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, los frigoríficos y congeladores domésticos son responsables del 7 % del consumo total de electricidad en la Unión Europea. 
Por consiguiente, una reducción del 15 % en el consumo de energía podría suponer un importante ahorro, concretamente un 1 % menos de consumo de electricidad y menores emisiones de CO2 en la Unión. 
El Consejo ha propuesto un período de transición de tres años para la directiva, en lugar de los dos años propuestos por el Parlamento Europeo. 
Esto es demasiado, sobre todo porque un frigorífico puede tener una vida útil de entre 20 y 25 años. 
Además, no se ha demostrado que la eficiencia energética suponga un aumento del coste de los frigoríficos. 
Al contrario, también existen frigoríficos que ahorran energía y cuyo precio no es más elevado que el de los frigoríficos corrientes. 
Por consiguiente, no suponen costes adicionales para el consumidor, y seguramente tampoco para el fabricante. 
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales apoya la propuesta del ponente de establecer dos series de medidas una vez evaluada la primera fase. 
A iniciativa neerlandesa, la Comisión ha intentado durante cinco años llegar a acuerdos voluntarios con la industria. 
Esto ha resultado ser imposible, de ahí esta propuesta de directiva europea y las enmiendas del Sr. Macartney, que mi Grupo no dudará en apoyar. 
Señor Presidente, mi intervención intenta resumir en dos frases la posición de una parte importante del Grupo Socialista: apoyo total a la posición común del Consejo- porque en ella se recogen los objetivos substanciales que van a permitir ahorro de energía- y oposición total a las enmiendas del Sr. Macartney, que ha hecho oídos sordos a una parte importante de los diputados de esta Asamblea y a una parte importante de países, que se han pronunciado contra ellas. 
En estas enmiendas no se trata de ahorro energético ni de medio ambiente. 
En estas enmiendas se trata de otra cosa: de una latente y simulada guerra comercial. 
No es posible que no se tengan en cuenta las condiciones diferenciadas de los distintos países europeos; no es posible que se diga que hay un solo estudio- cuando hay varios- que garantizan y justifican la necesidad de diversificar los distintos refrigeradores. 
Concretamente, el plazo que se da a la industria para adaptarse y la aceptación de los refrigeradores tropicales y subtropicales es, desde el punto de vista de una parte importante de esta Asamblea, fundamental para que tengamos en cuenta no solamente el ahorro de energía, sino no utilizar precisamente el medio ambiente para, de manera simulada, apoyar intereses comerciales determinados. 
La propia enmienda nº 3 del Sr. Macartney, en que habla de la oferta de los frigoríficos de cuatro estrellas es, técnicamente, una enmienda absolutamente incorrecta. 
Hoy los refrigeradores no tienen un solo departamento. 
El departamento de cuatro estrellas se dedica a la congelación, pero hay otros departamentos que requieren menos estrellas, que no tienen coeficientes y que, sin embargo, si se ponen los coeficientes, pueden cumplir las condiciones de la directiva. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias al Sr. Macartney por su informe y por su contribución a la segunda lectura del Parlamento. 
Como el propio Sr. McCartney ha destacado, la propuesta analizada es especialmente importante, ya que forma parte de la estrategia de la Unión Europea para estabilizar las emisiones de dióxido de carbono. 
En términos absolutos, esta propuesta no representará la mayor contribución para estabilizar las emisiones. 
Sin embargo, es una propuesta necesaria si queremos alcanzar esa meta. 
Si realmente queremos tener la esperanza de lograrla, debemos aplicar todas las medidas económicamente eficientes. 
Esta medida ofrece una relación coste/eficacia favorable para la sociedad en su conjunto. 
Además, la propuesta supondrá un gran ahorro para todos los ciudadanos. 
Quiero subrayar la importante contribución que ha aportado a la segunda lectura el Parlamento, y en concreto la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, para mejorar el texto en su detalle y para redactar una directiva equilibrada. 
Sin embargo, no debemos olvidar que el tiempo es un factor muy importante en el objetivo de limitar las emisiones de dióxido de carbono. 
Esta propuesta debe adoptarse cuanto antes, para que podamos conseguir resultados de aquí al año 2000. 
Tuvimos la oportunidad de comentar hace poco, en el marco de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, que existen muchos compromisos políticos a escala de la Unión, pero cuando las directivas y propuestas concretas llegan a la última fase de la toma de decisiones, hay muchos retrasos. 
En mi opinión, es aconsejable que lo tengamos en cuenta ahora, ya que mañana examinaremos y votaremos esta Directiva y debemos evitar más retrasos; si hay algo que puede dar credibilidad tanto al Parlamento como a los órganos institucionales de la Unión, es tener una directiva, poder aplicarla y obtener resultados concretos de aquí al año 2000. 
Como recordarán, después de la primera lectura, la Comisión siguió en su propuesta modificada la recomendación del Parlamento de reforzar la propuesta inicial. 
Por lo tanto, la posición común consolida muchos aspectos de la propuesta inicial. 
La Comisión considera que, ahora, la posición común representa un equilibrio justo entre protección del medio ambiente y de los consumidores, por un lado, y, protección de los intereses de los productores, por otro. 
Por lo tanto, la apoyamos. 
En lo referente a las enmiendas propuestas, la enmienda nº 1 es muy importante, dado que se refiere al paso a la segunda fase. 
La Comisión siempre ha mantenido que hacía falta un planteamiento progresivo, con una segunda fase de medidas que entrara en vigor cinco años después de la adopción de la presente Directiva. 
La Comisión celebra también que el Parlamento asuma una postura positiva respecto de los acuerdos voluntarios que se aplicarán en la segunda fase. 
Esto también corresponde a la posición común. 
No obstante, según la recomendación formulada por nuestros expertos en su extenso estudio, es imposible determinar por el momento cuál será el mejor nivel de rendimiento, desde los puntos de vista técnico y económico. 
La Comisión considera importante que se evalúen las condiciones económicas y técnicas en el momento de entrar en vigor el primer nivel y que, a continuación, se determine el segundo nivel de mejoras del rendimiento. 
Por lo tanto, la Comisión acepta el principio expresado en la enmienda nº1, pero no puede aprobar el texto en el que se determina una mejora cuantitativa del rendimiento. 
No disponemos de los datos necesarios y nos parece muy precipitado aprobar tal enmienda. 
En lugar de la referencia a un porcentaje determinado de mejora del rendimiento, la Comisión podría aprobar una expresión del tipo «una mejora importante» , redacción que podría ser aprobada también por el Consejo y, por consiguiente, nos ofrecería a todos la posibilidad de acelerar la aprobación final de la propuesta, y creo que el deseo político de todos es, precisamente, acelerar el procedimiento de aprobación de esta propuesta. 
La enmienda nº 2, referente al período de adopción de la primera fase, puede ser aprobada por la Comisión, y me alegro de que los tres órganos institucionales coincidan en cifrar en un 15 % la mejora del rendimiento durante la primera fase, lo cual representa un refuerzo claro frente a la propuesta inicial. 
En cuanto a la enmienda nº 3, se trata de un tema extremadamente técnico que ya se ha comentado detalladamente en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y cuyo debate no quisiera reanudar hoy. 
En todo caso, según han confirmado los expertos, al menos para los frigoríficos-congeladores de cuatro estrellas, estos factores están técnicamente justificados. 
Por lo tanto, celebro que el Parlamento los haya aprobado y anuncio que la Comisión puede aprobar esta enmienda. 
La Comisión puede aprobar asimismo la enmienda nº 4 referente a la nueva versión de la norma del Comité Europeo de Normalización EN 153 de julio de 1995. 
La enmienda nº 5, presentada por el Sr. Malerba en relación con el artículo 8 sobre la implantación de la segunda fase, se aproxima muchísimo a la posición común. 
La única diferencia es que se ha añadido la frase «mejora importante». 
Esta enmienda podría ser aprobada por el Consejo y se evitaría así el procedimiento de conciliación. 
Por este motivo, la Comisión coincide en aprobar esta enmienda. 
Señor Presidente, Señorías, para finalizar quisiera solicitar que el Parlamento apruebe las enmiendas que permitirán una rápida aplicación de esta propuesta. 
Se trata de la cuestión más importante a debatir: si realmente queremos contribuir a la disminución de las emisiones de dióxido de carbono de aquí al año 2000. 
Por lo tanto, es necesario que avancemos más rápido. 
Quiero expresarles mi agradecimiento y, en especial, quiero dar las gracias al ponente, el Sr. McCartney, por su positiva contribución a la mejora y al respaldo de esta propuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Transporte marítimo a corta distancia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0167/96) del Sr. Sindal, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (95) 0317- C4-0297/95) relativa al desarrollo del transporte marítimo a corta distancia en Europa- Perspectivas y desafíos. 
Señor Presidente, al igual que sus Señorías, doy la bienvenida a la iniciativa de la Comisión. 
La Comisión de Transportes ha trabajado sobre muchos temas marítimos durante los últimos años, especialmente sobre los referentes a la seguridad. 
Ahora le llega el turno al desarrollo futuro del transporte marítimo. 
Es verdad que este informe se refiere a una comunicación, nada más, pero es para mí una gran alegría presentar un informe complementario a esta iniciativa. 
La comisión ha podido comprobar que el Consejo tiene una actitud positiva hacia el ámbito marítimo, pero, como decimos en Dinamarca: las cosas no van siempre como lo manda el cura. 
Largo es el camino de las palabras hasta los hechos- si se me permite parafrasear a Pushkin-. 
Nos encontramos lejos de la meta de la que tanto se ha escrito y hablado: el transporte marítimo a corta distancia formando parte de la red europea. 
En este mismo instante andarán a la greña en Luxemburgo. 
Por ese motivo faltan hoy muchos diputados en esta sala, ya que los que están luchando por hacer funcionar el Tratado de Maastricht en este ámbito se encuentran allí, pero es posible que sea más difícil convertir en realidad el deseo de crear una red de transporte coherente en Europa que llegar a tener una política de defensa y seguridad europea común. 
Dejemos ya este tema y pasemos al informe. 
En especial son dos los puntos importantes. 
Son importantes si se pretende fomentar el transporte marítimo de corta distancia o la navegación costera en las aguas europeas. 
Uno es la estructura portuaria y todo lo relacionado con ella y el otro es la competencia entre los distintos tipos de transporte. 
Ambos aspectos aparecen mencionados en todas las declaraciones y en todas las respuestas de los exámenes presentados en relación con este tema y en relación con la elaboración del informe. 
Es muy importante que la Comisión y el Consejo tengan conocimiento de ello. 
Punto 1. 
¿Cuándo se elaborará una posición común en el ámbito portuario que puedan cumplir todos los Estados miembros? 
Punto 2. 
¿Podremos lograr que la propuesta de fair pricing, etc. sea tomada en serio por el Consejo de Ministros? 
¿Tendremos sobre la mesa iniciativas y decisiones más concretas? 
Las enmiendas. 
Doy las gracias por las contribuciones de la Comisión de Política Regional, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones. 
Ha sido una experiencia positiva cooperar con las comisiones, tanto las internas como las externas. Esta cooperación ha supuesto que el informe no tenga muchas enmiendas y es además una señal de que el proceso por el que hemos pasado ha surtido efecto. 
Hemos llegado a todos los eslabones de Europa. 
Hemos llegado a todos los puertos y a todos los navíos para debatir este tema. 
Hoy debatimos dos enmiendas concretas. 
Una es la que han presentado el Sr. Myller y otros diputados. 
En otra ocasión me pareció conveniente rogar a la Comisión que valorase el creciente número de buques fluviales de características deficientes que operan en Europa. 
Por este motivo se puede aceptar la enmienda del Sr. Myller y otros. 
He comentado con el Sr. Wijsenbeek la otra enmienda presentada por él. 
En mi opinión ésta no encaja en esta parte del debate. 
Finalmente, quiero dar las gracias a la secretaría y a la Comisión y espero que el Consejo de Ministros, que planificará el desarrollo del transporte europeo, obtenga un buen resultado. 
En recuerdo a mi padre y a mi abuelo, me gustaría subrayar a título personal que la palabra futuro era una vez igual a transporte marítimo. 
Esta vía de transporte ha sido subestimada durante mucho años. 
Creo que si utilizamos un procedimiento sensato, corresponderá también al Parlamento, a la Comisión y al Consejo volver a poner el transporte marítimo en primera línea. 
Si queremos obtener resultados, hay que tomar decisiones. 
La política supone querer y tener la voluntad de actuar. 
No se trata de esperar y ver cómo evoluciona el mercado. 
No debemos creer que la política europea de transporte puede cambiar sin tomar decisiones a escala europea. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo PSE, deseo unirme al agradecimiento que ha expresado el ponente a la Comisión por esta importante contribución al debate sobre el sector marítimo y su futuro y, en particular, sobre el papel del transporte marítimo de corta distancia. 
También deseo hacer hincapié en la observación que ha hecho el ponente relativa a que lo que aquí necesitamos es voluntad política, y al hacerlo, deseo expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Sindal, por la voluntad política que ha demostrado a lo largo de todo el proceso de consideración del Parlamento de la presente Comunicación. 
Le agradezco los esfuerzos que ha realizado en la elaboración del informe, que ha garantizado que todas las partes afectadas por el futuro del sector marítimo hayan participado plenamente en el desarrollo de nuestra respuesta. 
Es evidente la necesidad de desarrollar el papel del transporte marítimo de corta distancia. 
Como muchos de nosotros ya sabemos, este sector desempeña una función fundamental en el transporte de mercancías en toda la Unión Europea; de hecho, entre un 30 y un 40 % de nuestro comercio se realiza por este medio. 
No hay ninguna duda de que es necesario desarrollar dicha función, y no sólo por motivos históricos o sentimentales. 
Aunque represento a la histórica ciudad portuaria de Dover y soy consciente de la necesidad de recordar nuestra historia, personalmente reconozco que el sector marítimo y, en particular, el transporte marítimo de corta distancia pueden tener un papel determinante en el desarrollo de futuras políticas de transporte que nos permitan alcanzar no sólo nuestros objetivos económicos, sino también aquéllos medioambientales. 
Quisiera abordar brevemente estos dos aspectos. 
En primer lugar, los objetivos económicos: el desarrollo de los puertos, de la infraestructura portuaria y del transporte marítimo de corta distancia supondrían un importante avance hacia el cumplimiento de nuestro objetivo de ayudar a Irlanda y a regiones zonas periféricas. 
Muchas de las zonas deprimidas de la Unión Europea con altos índices de desempleo guardan a menudo una estrecha relación con dichos puertos y zonas costeras. 
Por lo tanto, con nuestro apoyo a las medidas expuestas por el ponente, estaríamos facilitando la regeneración de zonas periféricas en declive. 
En segundo lugar, si logramos hacer más competitivo el transporte marítimo de corta distancia en Europa, estaríamos impulsando la competitividad industrial a lo largo y ancho de la Unión Europea. 
Mi segundo ámbito de interés es el medio ambiente. 
No debemos pasar por alto el hecho de que el transporte marítimo de corta distancia podría tener un papel determinante en el logro de nuestros objetivos en materia de medio ambiente. 
Al igual que muchos diputados del Reino Unido, es probable, señor Presidente, que se haya sentido consternado al descubrir que los compromisos asumidos por la UE en la Cumbre de Río de estabilizar las emisiones de CO2 en los niveles de 1990 antes del año 2000, no sólo no se han cumplido, sino que se encuentran camino de sobrepasar dichos límites por un margen considerable. 
Por ello necesitamos urgentemente garantizar la promoción del transporte marítimo de corta distancia para permitir que la UE cumpla con sus obligaciones internacionales. 
Quisiera terminar dando las gracias al ponente por sus esfuerzos, y ruego a la Comisión que esta noche nos dé a conocer las acciones que se propone impulsar tanto a nivel de la Comisión, como del Consejo para llevar a la práctica esas bonitas palabras. 
Señor Presidente, me permito, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, felicitar al señor Sindal por su excelente informe sobre la Comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa. 
Las directrices de la Comisión y el programa de acción podrán, con pocos cambios, producir todo su efecto. 
No obstante, como ha subrayado hasta la saciedad el Sr. Jarzembowski, no se puede aceptar en su forma actual la política general de puertos marítimos, desarrollada casi de pasada en un Anexo, porque incluye mucho más que el fomento del transporte marítimo de corta distancia. 
Conseguir una movilidad sostenible a largo plazo depende de la existencia de infraestructuras de transporte flexibles y capaces, interconectadas de manera razonable. 
Sobre todo desde esta perspectiva, pero también por consideraciones medioambientales y de política regional, me alegran especialmente todos los aspectos que permiten trasladar el transporte de mercancías de la carretera a las costas. 
Para lograr este objetivo hay, en primer lugar, que modernizar la flota, las estructuras portuarias y las conexiones entre el interior y los puertos; en segundo lugar, se ha de conseguir una mayor transparencia en la oferta de servicios, en los gastos portuarios y en la estructura administrativa de los puertos; hay que lograr, en tercer lugar, una sintonía entre la financiación de infraestructuras públicas y privadas, y en cuarto lugar, una disminución de los trámites burocráticos. 
Por fin se contempla en Europa el transporte marítimo de corta distancia como un complejo tráfico de servicios desde una perspectiva económica y de transporte, esto es, como parte de la cadena del transporte de mercancías de punto a punto, lo cual lo sitúa en competencia directa con el transporte por carretera. 
Por tanto, el transporte marítimo de corta distancia ha de ser más simple, más barato y más rápido. 
Desde una fase muy temprana, la Comisión de Política Regional presentó enmiendas cuyo sentido se encontraba ya en el texto original de la Comisión o que el ponente había elaborado e incluido, con diversos matices, en su informe. 
Exclusivamente por estas razones, y no por razones de contenido, nuestro Grupo propone rechazar la mayoría de estas enmiendas. 
La enmienda nº 3 aporta un aspecto nuevo, el de las repercusiones del desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en los astilleros de la Unión Europea, por lo que debemos aprobarla. 
Señor Presidente, el transporte marítimo a corta distancia se ve respaldado por tres importantes factores. 
El transporte por carretera registra en Europa central un crecimiento anual de un 5 %, lo cual es motivo de congestiones de tráfico cada vez mayores. 
Además, la navegación costera representa una alternativa de transporte respetuosa con el medio ambiente. 
En tercer lugar, con sus mares interiores, penínsulas, lagos y ríos y canales navegables, la configuración geográfica se adapta extraordinariamente a esta modalidad de transporte. 
El transporte marítimo a corta distancia constituye un modo de transporte idóneo para cubrir las necesidades de las regiones periféricas de Europa, como las del mar Báltico, el mar Mediterráneo y el mar Negro. 
Por ejemplo, en mi tierra natal- la región del golfo de Botnia- el transporte marítimo ininterrumpido durante todo el año- que hace preciso el uso de naves rompehielos- constituye una condición vital para la industria exportadora de las ciudades de Kemi y Tornio. 
Hay que liberalizar enérgicamente, pues, el transporte marítimo interior en Europa. 
Igualmente, el mayor acceso de las vías fluviales rusas a las embarcaciones de países de la Unión Europea impulsa los lazos comerciales entre la Unión y este país. 
Esta apertura implicaría, en especial, enormes posibilidades de desarrollo a la red de navegación fluvial de Saimaa, al este de Finlandia. 
Para terminar, desearía felicitar al señor Sindal por el extraordinario informe que ha elaborado. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias al Sr. Sindal por la labor que ha realizado para hacer resaltar este sector descuidado. 
Siempre nos preocupa el tema de la creación de empleo y aquí tenemos un ámbito en el que realmente podríamos impulsar un enorme potencial de empleo. 
En la actualidad existen 600 puertos próximos a los centros industriales. 
Hay cientos de ellos más que podrían ser desarrollados con este fin. 
Los oradores que han intervenido hasta ahora han mencionado cómo este sector puede contribuir a poner fin a los atascos en las carreteras, que es algo terrible y costoso en todos los sentidos, y también el aspecto ecológico de este medio de transporte. 
Los fondos europeos estarían bien utilizados si pudiéramos promover más acciones de este tipo, y es algo que deberemos hacer, habida cuenta de la aparente falta de voluntad política por parte de nuestros gobiernos. 
En mi circunscripción hay 90 islas y muchas de ellas están conectadas por transbordador. 
Pero ya no tenemos conexiones directas, como antiguamente teníamos en Escocia, con los Países Bajos, Escandinavia y los puertos hanseáticos. 
Sería muy fácil restablecer dichas conexiones, las cuales serían de gran utilidad para todos. 
Si alguna vez hemos buscado formas de impulsar la creación de puestos de trabajo, éste es el ámbito en el que deberíamos centrarnos. 
Señor Presidente, dado el esperado crecimiento del transporte de mercancías y los cuellos de botella que ya se producen, es preciso que la navegación costera desempeñe una función más importante para descongestionar el transporte por tierra. 
Una de las condiciones para ello es que la navegación costera se integre en las Redes Transeuropeas. 
La navegación costera sólo puede tener competitividad como eslabón en la cadena de transporte de puerta a puerta frente a las demás modalidades de transporte. 
Los rápidos desarrollos de la telemática han de ser aprovechados óptimamente por las empresas para garantizar una buena conexión con el transporte previo y posterior. 
En segundo lugar, es preciso reducir el tiempo que los barcos permanecen anclados en los puertos. 
Ello puede lograrse en parte gracias a las técnicas modernas de carga y descarga. En este ámbito ya se ha conseguido mucho. 
Pero es conveniente seguir estudiando las posibilidades de un mayor ahorro de tiempo. 
Además, la navegación costera sufre molestias por los complicados procedimientos aduaneros, concretamente los controles veterinarios y debido a las posiciones monopolistas de los que prestan servicios en algunos puertos. 
Este problema no está suficientemente expuesto en el documento de la Comisión. Es curioso, porque una de las competencias de la Comisión es precisamente el fomento del buen funcionamiento del mercado interior. 
Por último, no podemos olvidar que el fomento de la navegación costera no puede considerarse al margen de la política de transporte total. 
A fin de cuentas, no se trata tan sólo de la competencia de los armadores costeros entre ellos, sino también entre la navegación costera y otros medios de transporte, concretamente el tren. 
Damos nuestro apoyo al informe Sindal. 
En combinación con el documento de la Comisión, forma un valioso apoyo y complemento de las actividades del Maritime Industries Forum. 
Ahora, la Comisión habrá de encargarse de que las buenas intenciones formuladas en el documentos den lugar realmente a medidas concretas. 
Señor Presidente, no cabe duda de que el rápido crecimiento del volumen de tráfico, debido a la intensificación de los intercambios comerciales en el mercado único, requiere nuevas formas de concebir el transporte. 
La recomendación que formula la Comisión en su Libro Blanco sobre política de transporte constituye, pues, una consecuencia obvia, natural, de la evolución del sector. 
A tal fin, es imprescindible sustituir el transporte terrestre por otras formas de transporte, como la navegación de corta distancia y la fluvial. 
Es preciso recordar la relación coste-beneficio, el número de kilómetros- 35.000- de costas europeas y los más de 600 puertos situados, en la mayoría de los casos, cerca de centros industriales. 
Por todo ello, el transporte marítimo merece una especial atención por parte del sector de obras públicas, puesto que se deben crear infraestructuras para abaratar los costes y eliminar los obstáculos. 
La colaboración de los puertos en cuanto a los controles aduaneros, de personas y de mercancías, así como en lo referente a los controles veterinarios, es fundamental. 
Además, la revitalización del transporte marítimo de corta distancia puede reanimar la actividad de algunas regiones gracias a la creación de nuevos puestos de trabajo. 
El informe del Sr. Sindal, que se inspira en las directrices de la Comisión y del Consejo y las amplía, constituye una reflexión sobre la viabilidad de la opción marítima y sobre la planificación del futuro que nos compete a todos. 
Señor Presidente, el transporte marítimo alivia y descongestiona el transporte por carretera de numerosas maneras. Así ocurre también en la región del mar Báltico, tal como lo recoge el señor Sindal en su excelente informe. 
A pesar de que la cooperación marítima en la región del mar Báltico goza de una larga tradición que se remonta a los tiempos de la Liga Hanseática y de que se reconoce de manera generalizada que el transporte marítimo en esta región representa un modo de transporte eficaz y respetuoso con el medio ambiente, el transporte en el mar Báltico se enfrenta a mayores dificultades y es más lento que en la Europa continental. 
En la región del mar Báltico, el transporte obliga a recurrir a numerosos y variados medios de transporte y, en ocasiones, hay que cargar y descargar la mercancía a causa del entramado fluvial o de los archipiélagos. 
Habría que lograr una mayor fluidez en la conexión de los fletes con el resto de los eslabones de la cadena del transporte. 
Un buen ejemplo de esto lo constituye el transporte combinado ferrocarril-barco, cuya demanda crecerá con toda probabilidad en el futuro. 
En los países bálticos, posibles futuros miembros de la Unión Europea, queda aún mucho por hacer por lo que respecta a la legislación, a la mejora de sus puertos y al desarrollo estructural de sus transportes. 
Convendría que la Unión Europea dedicara esfuerzos para desarrollar igualmente las infraestructuras de transporte de los puertos bálticos. 
El buen funcionamiento en los enlaces de transporte hacia la Europa septentrional redunda en beneficio del comercio en todo el continente. 
La política de transportes de la Unión Europea debe reconocer a la región del mar Báltico un estátus análogo al que otorga ya a la cuenca del Mediterráneo. 
Finalmente, desearía hacer hincapié en una cuestión de orden medioambiental sobre la cual la Unión Europea debería presentar iniciativas y emprender medidas preliminares. 
Me estoy refiriendo al hecho de que no se debería permitir el transporte de petróleo en aguas comunitarias en ninguna nave, independientemente de su tamaño, que no estuviera dotada de doble fondo. 
La catástrofe de Gales es la prueba más reciente de que el doble fondo es imprescindible en embarcaciones tanto de grandes como de reducidas dimensiones, por lo que se debería procurar que todas las naves de este tipo estuvieran dotadas de este elemento. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que nos ocupa está destinado a promover el transporte marítimo de mercancías y a remediar el desequilibrio existente entre el transporte marítimo y el transporte terrestre. 
Muy bien. 
A este respecto, se plantean diversos problemas en relación con el medio ambiente, los aspectos sociales y las normas de seguridad. 
En efecto, para salvaguardar vidas humanas y respetar el medio ambiente han de asegurarse condiciones mínimas de seguridad. 
Podría hacerse una relación en este sentido y es preciso observar, sobre todo, la necesidad de contar con condiciones mínimas de formación de la tripulación. 
A este respecto, las cuotas mínimas de nacionalidad, para tener una mayor cualificación, podría ser una solución ante la carencia de profesionalismo de algunos marineros, contratados a bajo coste y pertenecientes a países terceros de la Unión Europea. 
Por lo demás, deberían aprobarse normas para la construcción y la renovación de los buques, que suelen ser en este ámbito a menudo pequeños y vetustos. 
Esta puede ser la ocasión de promover la industria de los astilleros de reparación naval europeos y establecer así una preferencia europea en este ámbito. 
Por último, es absolutamente esencial contar con normas para el condicionamiento de las mercancías peligrosas transportadas y la prevención de la contaminación marina, así como normas que fijen las condiciones para socorrer rápidamente a los barcos en peligro. 
Por último, observamos que hay una convergencia entre todas estas necesidades y las actividades de los astilleros de reparación naval que existen en los países de Europa y pensamos que debería poder explotarse esta convergencia de la manera lo más adaptada posible. 
Señor Presidente, es de trascendental importancia, sobre todo por consideraciones medioambientales, emprender grandes esfuerzos para trasladar el transporte de personas y mercancías de la carretera a los ferrocarriles y a las diversas vías acuáticas. 
Desde una perspectiva continental europea, debe concederse un lugar más destacado, en este contexto general, a las diferentes vías fluviales interiores. 
Como consecuencia del proceso de ampliación al Este es de prever un rápido aumento del tráfico entre ambas partes de Europa a través de las carreteras austriacas. En este contexto, la vía de comunicación fluvial del Danubio ofrece una alternativa importante. 
La configuración eficiente del transporte de personas y mercancías en el Danubio recibirá con seguridad una dimensión regional en el marco de las negociaciones de adhesión de los países de la cuenca oriental de dicho río. Hay que aprovechar la alternativa que ofrece este corredor para disminuir la tremenda sobrecarga existente en el transporte por carretera. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Comisario Neil Kinnock, les pido disculpas por su ausencia. 
Ha tenido que asistir a la reunión del Consejo de Transportes, en Luxemburgo, y por ese motivo no ha podido estar hoy con nosotros. 
En primer lugar, quisiera dar las gracias al Sr. Sindal y a la Comisión de Transportes por su muy positivo y constructivo análisis. 
Quiero subrayar, además, que dicho análisis apoya la política de la Comisión con respecto a las medidas propuestas en la Comunicación relativa al desarrollo del transporte marítimo de corta distancia. 
Comprendo la inquietud sobre la necesidad de hacer mayor hincapié en la dimensión comunitaria de los transportes marítimos. 
Tal dimensión, que preserva especialmente los conocimientos técnicos y la formación de los marineros europeos, la formación continua y la contratación por la Unión Europea de marineros debidamente cualificados, se trató más detalladamente en la comunicación publicada el pasado mes de marzo la Comisión sobre una nueva estrategia de transporte marítimo. 
La comunicación propone una acción común de la Unión y de los Estados miembros para fomentar los programas de formación profesional en materia de navegación, reclutar más jóvenes para la profesión de marinero y proteger esa profesión en la Unión satisfaciendo la demanda actual y futura de marineros debidamente cualificados. 
El Parlamento comentará sin duda en el momento oportuno las medidas especiales propuestas en la comunicación, y estoy seguro de que el juicio que se formarán de esas iniciativas será positivo. 
En este contexto, la Comisión ha promovido un estudio sobre la formación profesional y el empleo de los marineros en los Estados miembros. 
primero, tendencias mundiales del empleo en profesiones marítimas; -segundo, medidas adoptadas por los Estados miembros para fomentar los programas de formación profesional y continua de los marineros, y-tercero, otras medidas posibles para atraer a los jóvenes a esta profesión. 
Naturalmente, pondremos a disposición del Parlamento y de los demás órganos comunitarios las recomendaciones que se formulen como resultado del estudio, cuyas conclusiones se comentarán tanto con los propietarios de los barcos como con los sindicatos en el marco de la Comisión Mixta de Transporte Marítimo.Para responder a la pregunta del Sr. Watts sobre qué medidas inmediatas prevemos adoptar quisiera informar al Parlamento de que la Comisión está redactando un proyecto de reglamento del Consejo sobre la ampliación de las acciones piloto en materia de transporte combinado. 
El programa piloto de cinco años que actualmente se evalúa finaliza en diciembre de 1996. 
El objetivo de la Comisión es que el nuevo programa PACT permita que las acciones piloto del ámbito del transporte combinado que incluyan viajes de corta distancia puedan optar a ayudas financieras en las mismas condiciones que las referentes a otras formas de transporte. 
El transporte marítimo de corta distancia sigue ocupando un lugar importante en actividades en curso de la Comisión, como el Cuarto Programa marco de investigación y desarrollo, la incorporación de los puertos a las redes transeuropeas de transporte y las acciones piloto. 
En cuanto a la agitación burocrática de los controles veterinarios, mencionada por el Sr. Van der Waal, y al tema de la legislación, la Comisión mantiene una estrecha colaboración con los Estados miembros y creo que vamos por buen camino. 
En el desarrollo futuro de las políticas en materia de transporte marítimo de corta distancia, la Comisión tendrá en consideración las instrucciones del Parlamento y le mantendrá informado sobre el progreso realizado. 
Además, la Comisión, como ya se indica en el dictamen del Parlamento, se pondrá en contacto con el grupo encargado del transporte marítimo de corta distancia en el marco del Foro de Industrias Marítimas para aplicar el programa de acción previsto en la comunicación. 
Este procedimiento ya se ha iniciado, y el Foro, que se reunirá en sesión plenaria en Marsella el 4 y el 5 de Julio, elaborará la primera evaluación oficial sobre el progreso realizado. 
Por último, deseo dar una vez más las gracias al ponente, el Sr. Sindal, por su excelente análisis, y al Parlamento Europeo por el detalle con el que ha estudiado la comunicación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Cambios climáticos 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la estrategia actual y futura en materia de cambios climáticos. 
Señor Presidente, me satisface tener la oportunidad de comentar los preparativos para la segunda conferencia de los socios del convenio marco de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos y, especialmente, el papel que la Unión Europea tiene la intención de desempeñar en dicha conferencia. 
No repetiré hoy lo que dije durante el debate del mes de febrero y tampoco lo que todos sabemos, es decir, que tenemos suficientes pruebas científicas de los cambios climáticos y que lo que nos falta es actuación política; por lo que me concentraré en lo que está sucediendo ahora. 
La segunda conferencia se celebrará en Ginebra del 8 al 18 de julio. 
Forma parte del proceso para lograr que los socios del convenio accedan a asumir mayores compromisos. 
El tema clave de este mandato es, en primer lugar, lograr que los países industrializados se pongan de acuerdo sobre una meta para la reducción de los gases que contribuyen al efecto invernadero, para los años 2005, 2010 y, si es posible, para el 2020; y en segundo lugar, lograr que se pongan de acuerdo sobre unas medidas comunes que les permitan alcanzar estos objetivos. 
Por tanto, el compromiso de los países industrializados va mucho más allá del compromiso establecido en el convenio, que fija el objetivo de estabilizar las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero al nivel de 1990 en el año 2000. 
Se espera que estos acuerdos se perfilen en un protocolo al convenio marco. 
Será la primera vez, a lo largo de las negociaciones internacionales sobre los cambios climáticos, que los países industrializados aunarán esfuerzos en los objetivos concretos de las reducciones y en las medidas políticas concretas para alcanzar estos objetivos. 
Las negociaciones serán, por lo tanto, difíciles. 
Según el programa fijado en el mandato de Berlín, habrá que llegar a un acuerdo sobre este tema en la próxima conferencia y en la tercera, que se celebrará a finales del año 1997. 
No obstante, las negociaciones relativas al mandato de Berlín apenas han comenzado. 
El proceso es complicado y difícil, no sólo debido al gran número de temas a debatir, sino también debido a los distintos puntos de partida de los países industrializados tanto dentro como fuera de la Unión. 
Todas las partes están ahora decidiendo los compromisos que están dispuestas a aceptar. 
Por ello, la segunda conferencia debe considerarse como un paso intermedio, cuyo objetivo es aportar a estos países más información política sobre este proceso. 
En opinión de la Unión Europea, debemos mantener el principio de precaución y, en consecuencia, apoyar plenamente la aprobación en la segunda conferencia del informe de evaluación procedente del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que fue debatido en profundidad en febrero. 
Es muy importante que la Unión Europea mantenga su papel dirigente en estas negociaciones. 
Tanto los objetivos que establezcamos y las estrategias políticas para alcanzarlos, como las medidas para reducir las emisiones, han de ser muy ambiciosos y fiables. 
En cuanto a las estrategias y medidas que deberán incluirse en el protocolo al convenio, la Unión ya ha presentado propuestas que comprenden una serie de aspectos, como los instrumentos económicos, las normas relativas a la eficacia energética de los productos, el transporte y las fuentes permanentes de energía. 
Esta iniciativa de la Unión será complementada en la segunda conferencia por otros aspectos de los sectores de la silvicultura, la agricultura y la industria. 
Con este bagaje, la Comisión Europea seguirá siendo una fuerza propulsora en el proceso. 
Por ello, he decidido solicitar al Consejo, después de la segunda conferencia, un mandato para poder negociar sobre la base del artículo 228 del Tratado. 
La propuesta para este mandato, cuya preparación ya está en marcha, se centrará en conseguir objetivos ambiciosos y fiables de reducciones para el grupo de países incluidos en el Anexo I, es decir, principalmente el conjunto de los países industrializados, conforme al programa fijado en el mandato de Berlín y en el contenido del protocolo relativo a las estrategias y medidas políticas que deberán adoptarse desde los distintos niveles de actuación. 
Señor Presidente, una política ambiciosa y coherente relativa a los cambios climáticos tiene prioridad en la Unión Europea. 
Para llevarla a cabo, hemos de ser activos y fiables tanto dentro de la Unión como a nivel internacional. 
La configuración de nuestras medidas ha de demostrar que tenemos la intención de obtener resultados, lo que contribuirá a aumentar la fiabilidad de nuestra política. 
La Comisión es totalmente consciente de ello y lamenta, por tanto, las recientes actuaciones del Consejo Ecofin en relación con el impuesto sobre el CO2 y la reducción de la propuesta de la Comisión para el presupuesto relativo al programa SAVE II en el Consejo de Energía. La Comisión está totalmente convencida de la necesidad de un impuesto a nivel comunitario en apoyo de los esfuerzos por reducir las emisiones de CO2. 
Por tanto, la Comisión no tiene la más mínima intención de retirar la propuesta. 
Señor Presidente, hace ahora cuatro años que la Comisión dio a conocer su propuesta original para la introducción de un impuesto sobre el CO2 a nivel comunitario. 
En su momento se consideró parte fundamental de los esfuerzos comunitarios para cumplir los objetivos internacionales que, al fin y al cabo, habían aprobado en Río. 
Aunque ya han transcurrido cuatro años desde el acuerdo, la propuesta continúa siendo bloqueada por todos los Consejos, a pesar de que fueron sus propios miembros los que acordaron los mencionados objetivos. 
Como ha dicho la Sra. Comisaria, en febrero de este año, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor celebró una audiencia pública en el transcurso de la cual, un grupo de distinguidos oradores nos informaron de las graves consecuencias que podían tener los cambios climáticos. 
Las sequías, los daños ocasionados por tormentas y las inundaciones se harían más frecuentes, y los costes de los seguros a corto y medio plazo se convertirán probablemente en una pesada carga para la industria y, por ende, para la creación de empleo. 
El Consejo parece haber olvidado que los puestos de trabajo sostenibles dependen de un medio ambiente sostenible. 
La búsqueda de resultados a corto plazo tanto por parte de la industria como de los gobiernos es la causa de que el Consejo siga mostrándose reacio a tomar medidas. 
El ejemplo menos ridículo de esta actitud fue el recorte del programa SAVE II. ¿Acaso el Consejo no ha oído nunca hablar del principio cautelar? 
¿Desestima el asesoramiento de sus propios científicos? 
¿No se da cuenta de que con su actitud está perjudicando el bienestar e incluso la subsistencia de los ciudadanos europeos? 
Ahí están las lecciones que debemos aprender de la Conferencia de Roma celebrada la semana pasada en la que Sra. Comisaria, el Presidente en ejercicio italiano y yo mismo tomamos parte. 
A pesar de que el desempleo continúa creciendo, lo cierto es que la carga fiscal sobre el trabajo ha crecido más del doble durante los últimos treinta años, pero la imposición sobre la utilización de recursos se ha mantenido estable en apenas el 10 %. 
Va siendo hora de que adoptemos el modelo económico que se ilustra en el capítulo 10 del Libro Blanco de Delors, y de que invirtamos dicho equilibrio. 
En nuestra opinión, la Comisión debe redoblar sus esfuerzos para persuadir a los Estados miembros de que la creación de empleo y la protección del medio ambiente van de la mano. Ambos empeños exigen una política creíble y activa para reducir las emisiones de CO2 recurriendo a una combinación de incentivos, reglamentos y una tributación progresiva. 
Necesitamos esa política cuanto antes. 
Espero, por lo tanto, que cuando en julio se reúna la Conferencia de los partidos para tratar del Convenio sobre los cambios climáticos, aquéllos no se limiten a incrementar el efecto invernadero con encendidos debates inútiles. 
Ya hemos tenido bastante de todo eso. 
La Comunidad tiene el deber de persuadir a sus Estados miembros de que deben emprender acciones, y espero que la Comisión se tome en serio esta tarea y logre persuadir a todos los Estados miembros de la necesidad de cooperar en la elaboración de dicha acción. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la declaración de la Sra. Comisaria y, en particular, el que haya hablado en nombre de la Comisión cuando deploró los últimos acontecimientos en el Consejo relativos al impuesto sobre el CO2. 
Estoy de acuerdo con el énfasis que ha puesto en señalar la naturaleza política de este problema y me alegra el llamamiento que ha hecho al Parlamento para que éste tome la iniciativa. Pero para poder tomar la iniciativa, tenemos que ser políticamente creíbles; y para ser creíbles, debemos aprender las lecciones del pasado, es decir, que es muy poco lo que se ha conseguido. 
Es muy poco lo que se ha conseguido durante los últimos años debido al firme bloqueo del avance político por parte de grupos de interés particulares que han echado lodo a las posibilidades de avanzar hacia la solución de problemas administrativos y, en realidad, han negado todo fundamento científico. 
Comparto con ella la creencia de que el momento decisivo es a partir de ahora y hasta la Conferencia de Kioto. 
El mandato es importante: es importante que el Consejo dé a la Comisión un mandato para ampliar las negociaciones, y no se trata sólo de negociar con los norteamericanos, las negociaciones tienen que hacerse también con los chinos y con los indios. 
Es un problema mundial y necesita una situación mundial. 
Existe la necesidad de reimpulsar el debate y de hablar no sobre el calentamiento del planeta, sino de la protección del clima, como prueba del reconocimiento de que la causa del debate ha cambiado, que hay personas en el sector de las aseguradoras y en el sector agrícola que ya han comenzado a sentir el preludio del impacto del cambio climático. 
Por ello le he traído esta noche una modesta propuesta, que le invito a apoyar. 
Resaltaría la atención política si indicáramos exactamente por qué esto resulta tan difícil políticamente. 
Es tan difícil políticamente debido a la determinación de las industrias de combustibles fósiles de complicar el proceso legislativo tanto aquí como en Estados Unidos. 
Por ello invito a la Sra. Comisaria a que apoye una idea mía y que consiste en dar a los huracanes nombres de las compañías petroleras. 
Cuando el huracán Exxon golpee la costa de Florida, es posible que esta medida atraiga la atención de una manera bastante elocuente. 
Quisiera hacerme eco de lo que han manifestado los dos oradores anteriores y dar las gracias a la Comisaria por su compromiso con este tema, cuya mejor definición es que tenemos los conocimientos, pero falta la voluntad política, y mi queja no va dirigida a la Comisión. 
Quiero unirme a las quejas sobre la falta de decisiones por parte del Consejo Ecofin en relación con el impuesto sobre el CO2 y del Consejo de Energía en relación con el programa SAVE II, que demuestra que, a la hora de la verdad, el Consejo no desea impuestos ni investigación, en otras palabras, no quiere que se haga nada. 
La Comisaria ha dicho que la Unión debe desempeñar una función dirigente en este ámbito, y es verdad que la Comisión es líder, pero la Unión no lo es, y corremos el riesgo de que el tema de los cambios climáticos se convierta en unos de los capítulos realmente tristes de la larga historia de la Unión, mientras la realidad da constantes muestras de que existe un calentamiento global. 
Señor Presidente, quisiera alegrarme de las declaraciones de la señora Comisaria que afirma que la Comisión deseaba ser ambiciosa y realista. 
El realismo, lamentablemente, hoy día, consiste en reconocer que nos encontramos un poco en un callejón sin salida, especialmente en lo que se refiere al régimen tributario sobre la energía. 
Sin embargo, puesto que hablamos de ambiciones, creo que es preciso interrogarse sobre el tipo de iniciativas que la Comisión y la Unión Europea son capaces de tomar en las próximas semanas, con motivo de la reunión de Ginebra. 
Quisiera saber lo que piensa la señora Comisaria sobre la propuesta alemana que se planteó y que consistiría en dar, para 2005, un nuevo objetivo de reducción de las concentraciones de gas con efecto invernadero del 10 %, y del 15 % en 2010. 
Se trata de una propuesta que mis compañeros políticos y yo mismo consideramos demasiado débil, pero va por buen camino. 
Pensamos que es totalmente realista tener como objetivo, en 2005, el 20 % de reducción en relación con 1990, el 30 % en 2010, el 50 % en 2030. 
Técnicamente, es perfectamente realista y, económicamente, favorable. 
Todos los argumentos lo demuestran. 
Segunda pregunta: según parece, está circulando en la Comisión un documento preparativo que llevaría a proponer una concentración máxima, que no pudiera excederse, de gas con efecto de invernadero, o más bien en CO2, concentración que sería de 550 PPM. 
Me permito recordar que antes de la era industrial, se estaba a 280 PPM y que con 550 PPM, es decir prácticamente el doble, habría un incremento de temperatura de 2 grados. 
¿Puede la señora Comisaria negar o confirmar la existencia de ese texto, y qué piensa sobre esto? 
Creo que es muy importante para la continuación de nuestros debates. 
Señora Comisaria, quisiera aunarme a quienes le han felicitado por los objetivos y las ambiciones que enarbola para la Comisión, pero se me ocurre decir- con perdón de usted- que no es la Comisión a la que debería escucharse aquí, sino al Consejo de Ministros, ya que todas las orientaciones fijadas por la Comisión son sistemáticamente destruidas por el Consejo de Ministros. 
Pienso sobre todo en la directiva de Jacques Delors sobre el CO2- energía, que fue enterrada a toda prisa por el Consejo de Ministros de Essen, en 1994. 
Asimismo, pienso en un determinado número de propuestas presentadas por la Comisión y a las que jamás se les dio seguimiento. 
Diremos a la Comisión que sus ambiciones son nobles, pero que debería ir más lejos, especialmente en lo que concierne al Quinto programa de acción, en el que se ha fijado como objetivo integrar el medio ambiente en todas las políticas. 
Ahora bien, cada vez que debatimos sobre los transportes, sobre todo, caemos en la cuenta de que el medio ambiente no está presente. 
Quizás pueda criticarse el Tratado de Maastricht, pero tiene el mérito de fijar criterios de convergencia, criterios de convergencia en cifras. 
Carecemos de ellos en materia de medio ambiente y también para luchar contra el efecto de invernadero. 
¿Por qué, señora Comisaria, no fijarnos criterios de convergencia medioambiental que los Estados y la Comisión y los Gobiernos se vieran obligados a cumplir y que se fijarían en relación con este asunto? 
Tengo la impresión de que en materia de medio ambiente y del efecto invernadero va ser necesario que nos estrellemos con la resistencia de un problema- como ocurre con la crisis de las vacas locas- para caer en la cuenta de que, decididamente, es preciso cambiar radicalmente nuestras orientaciones. 
Una vez más, el vacío dejado por la falta de voluntad política han venido a llenarlo, como ya lo dijo muy bien el Sr. Spencer, los negocios, el liberalismo y la búsqueda de lucro. 
¿Será preciso dejar el gobierno de Europa al cuidado de esas multinacionales que, por el momento, » hacen negocios» a costa de los consumidores? 
No lo creo. 
Por último, la última conferencia de la ONU «Habitat II» sobre las grandes ciudades, nos demuestra que es de suma urgencia que la Comisión pueda hacerse escuchar por el Consejo de Ministros y recupere, por fin, el poder. 
Señor Presidente, a veces tengo la impresión de que todas estas catástrofes ya están teniendo lugar, pero que no queremos reconocerlas, ni reconocer que estas catástrofes son consecuencia del cambio climático. 
Las investigaciones demuestran claramente que la intervención humana, a través de la emisión de gases de efecto invernadero, lleva a un cambio climático, e incluso los más empedernidos adversarios de la relación causal empiezan a dudar. 
Parece que todavía no sabemos cuál es exactamente esta relación. 
Por ello quiero preguntar a la Comisión si puede estimular más el programa de investigación que se centra en ello. 
Considero necesario tener más conocimientos sobre la relación causal para poder diseñar una estrategia de reducción adecuada. 
¿Qué piensa la Comisión al respecto? 
¿Que postura adoptará la Comisión en la siguiente conferencia sobre el cambio climático ante los países en vías de desarrollo? 
¿Qué esfuerzos hará Europa y a qué esfuerzos de los países en vías de desarrollo estamos dispuestos a contribuir? 
¿Está de acuerdo conmigo la Comisaria en que es preciso equilibrar esta contribución para que la Unión no pierda credibilidad? 
Señor Presidente, la intensificación del efecto invernadero aumenta la probabilidad de un impacto nocivo sobre el medio ambiente. Además, no debemos olvidar que el clima no es un sistema lineal y, por tanto, pueden surgir modificaciones inesperadas que hagan desaparecer de golpe ecosistemas enteros. 
Hoy en día sabemos por muchos informes científicos el tipo de medidas que deben adoptarse, así como quién debe aplicarlas y dónde. Sin embargo, la introducción de estas medidas se retrasa porque, desgraciadamente, las numerosas y bellas palabras no van seguidas de las actuaciones necesarias. 
Citaría de buen grado las medidas denominadas «no regrets» , que son las medidas que aportan en cualquier circunstancia mejoras medioambientales decisivas a través de la reducción de sustancias nocivas, aumentan la eficiencia energética y crean empleo, como ya se ha señalado en las intervenciones precedentes. 
Basta pensar en que un tercio de las emisiones de CO2 se originan en la producción y distribución de energía, para apreciar las posibilidades de ahorro que se nos ofrecen y que todavía no hemos agotado. Habría que aplicar de una vez por todas este tipo de medidas, ya que un menor consumo de energía no sólo contamina menos el medio ambiente y disminuye las emisiones, sino que puede influir de manera decisiva en la competitividad de nuestros países. 
Espero, señora Comisaria, que, en las consultas que tendrán lugar después de recibir el mandato, haga ver a los miembros del Consejo que decisiones como el recorte del programa SAVE II están en completa contradicción con sus declaraciones. 
Señor Presidente, según lo que ha dicho la Comisaria, en realidad hemos apostado por una reducción de la tasa de CO2. 
No hemos alcanzado ese ideal y ahora, después de cuatro años, vamos de nuevo a una conferencia donde intentaremos lograr nuevos acuerdos. 
¿Y por qué no lo hemos logrado, según la Comisaria? 
Porque ECOFIN no quiere aceptar nuestra tasa de CO2. 
Señor Presidente, eso lo sabemos, hace ya dos años que sabemos que no se acepta la tasa de CO2, y entonces me pregunto por qué la Unión Europea no considera la posibilidad de desarrollar algunas alternativas. 
Y una se pregunta: ¿qué hay que hacer exactamente? 
¿Significa esto que hemos de pasar de los combustibles fósiles a fuentes sostenibles, que el consumo de energía ha de disminuir? 
¿Qué acuerdos ha cerrado la Comisión Europea en esta cuestión, o es que se ha limitado a lamentarse por la tasa de CO2? 
Señor Presidente, me puedo imaginar que se considere lo que puede realizarse sobre una base voluntaria, conjuntamente, en el marco de la autorregulación de las empresas. 
¿Por qué no podría ser esto posible en lugar de limitarse a esperar los resultados de la tasa de CO2, cuando sabemos con certeza que en estos momentos no se aplicará? 
Por consiguiente, señor Presidente, ruego a la Comisaria que presente un plan que pueda cotejarse con la tasa de CO2 para que podamos acudir a la conferencia internacional con una cifra que se deje ver. 
El Sr. Blokland tiene mucha razón cuando dice que si por lo visto no estamos dispuestos a hacer algo, como países industrializados de la Unión Europea, no podemos exigirles nada a los países en vías de desarrollo. 
Señor Presidente, mi pregunta se suma a la anterior oradora y a otros oradores neerlandeses. 
Esta noche, por lo visto, tenemos algo con los países en vías de desarrollo, y el Reino de los Países Bajos ha notado también los efectos de los cambios climáticos en las Antillas. 
Pero quiero formular una pregunta concreta que guarda relación con lo que han dicho mis colegas. 
Existe algo llamando AOSIS, the alliance of small island states. 
Si hay un tema en el que están implicados, es el del climate change. 
Se trata sobre todo de islas del Pacífico y del Caribe que serán las primeras en enterarse si algo sale mal. 
El embajador en el Pacífico dijo una vez: we are the canaries of the mines. 
Ya se sabe que si los canarios mueren, hay que salir de la mina, y esos son the small island states. 
Mi pregunta a la Comisión es la siguiente: estas islas son muy conscientes de estar en la línea de frente. 
En el Pacífico ya hay atolones que en estos momentos están siendo desalojados. Esto no llega a la prensa europea. 
Se trata de 200 o 300 personas que son evacuadas de los atolones, donde viven desde hace generaciones. 
Una tercera parte de los países ACP, con los que Europa tiene suscrito un tratado para el desarrollo, son pequeños Estados insulares. 
Mi pregunta es: ¿está dispuesta la Comisaria a establecer y aplicar un plan junto con el responsable de los países ACP, el Sr. Pinheiro, para buscar juntos ayuda para los países AOSIS y estar presentes durante la audiencia que celebrará la Asamblea ACP en septiembre sobre el cambio climático en Bruselas? 
Señor Presidente, los informes que hemos debatido esta noche han girado en torno a los cambios climáticos. 
Se centran precisamente en el problema que aborda la comisaria Bjerregaard. 
Creo que el interés del Parlamento por esta cuestión se ha hecho bien patente en el transcurso del debate; no ha habido un solo diputado que no haya subrayado la importancia de que se logren unas medidas en este ámbito. 
Pienso que es conveniente hacer una referencia al informe de la comisión Brundtland, el cual menciona los cambios climáticos- la cuestión climática- como la cuestión ambiental de mayor prioridad en el informe «Medio Ambiente y Desarrollo». 
En relación con el intenso debate celebrado sobre la energía nuclear, también es interesante observar que dicho informe refleja la misma postura expresada muy recientemente por la comisaria Cresson, que establece que lo que hay que hacer es aumentar las disposiciones en torno a la seguridad del sector, y de este modo utilizar la energía nuclear en la lucha positiva por lograr unos niveles menores de emisiones de bióxido de carbono. 
Además me gustaría preguntarle a la comisaria si, a pesar de anteriores fracasos, no sería posible continuar con el impuesto por emisiones de CO2, e intentar convencer a los Estados miembros de que es razonable llevar a la práctica estas medidas. 
Me permito aconsejarle que estudie detalladamente los impuestos que ha introducido Suecia. 
Reconozco que hemos experimentado fracasos en ciertos sectores, pero otros han tenido unas fuertes repercusiones judiciales a causa de este impuesto. 
Es un buen motivo para aconsejarlo a otros países de la Unión. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias por los muchos comentarios positivos sobre este problema que, según entiendo, todos estamos dispuestos a abordar con seriedad. 
Me gustaría además hacer algunos comentarios a lo que se ha dicho. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Collins cuando dice que, ante las dificultades, lo único que podemos hacer es duplicar nuestros esfuerzos y me parece que es eso lo que estamos haciendo. 
Esa es la razón de que intentemos obtener un mandato para las negociaciones a finales de 1997 y seguir adelante con la aplicación de medidas económicas en general, tal como ha mencionado también el Sr. Collins. 
Comparto asimismo la opinión del Sr. Spencer y de otros diputados en el sentido de que, además de interesarnos por lo que podemos hacer dentro de la Unión, debemos establecer un diálogo con países como China y la India, ya que es absolutamente necesario si pretendemos verdaderamente solucionar estos problemas. 
Algunos oradores han mencionado el programa SAVE II; entre otros, la Sra. Dybkjær; y el Sr. Blokland ha reclamado más recursos para los programas aplicados de investigación. 
He de admitir que lo que sucedió en el Consejo de Energía, en el que mi colega, el Sr. Papoutsis, protestó enérgicamente contra el recorte aprobado, resulta absurdo y nos suscita dudas respecto a lo que podemos conseguir en el ámbito de la investigación, pero esto no va a impedir que volvamos a intentarlo para ver hasta dónde podemos llegar. 
El Sr. Lannoye ha mencionado la propuesta alemana y los objetivos de la misma. 
Trabajamos en este momento con varios objetivos procedentes de los Estados miembros de la Unión y apoyamos gustosamente una serie de las propuestas presentadas, ya que necesitamos objetivos ambiciosos para seguir adelante en las negociaciones. 
Este es un objetivo general que nos permitirá seguir avanzado. 
La única intervención de hoy que no he entendido ha sido la de la Sra. Oomen-Ruijten. Ha mencionado que la Comisión ha estado esperando sin hacer nada, debido a que no hemos logrado la aprobación del impuesto sobre el CO2. 
Estoy segura de que la Sra. Oomen-Ruijten recordará que, al no lograr la aprobación de este impuesto, la Comisión presentó unas normas que permiten a los Estados miembros seguir adelante, precisamente porque no estábamos dispuestos a esperar de brazos cruzados al no poder continuar con este tema en el Consejo Ecofin, y que seguimos trabajando en ello. 
El Comisario Monti está trabajando en un nuevo mandato; en cuanto a las conferencias internacionales debatidas aquí esta tarde, no tienen nada que ver con el impuesto, se refieren a los objetivos y hemos de elegir las medidas que queremos aplicar en este ámbito. 
A la Sra. Van Putten puedo decirle que estamos colaborando en los temas relacionados con las islas pequeñas y en los problemas que ella ha mencionado. 
Estudiaré gustosamente, junto con el Comisario Pinheiro y otros, la posibilidad de hacer más al respecto. 
Lo tenemos en cuenta y es excelente la cooperación en torno a este tema. 
Al Sr. Virgin quiero decirle que uno de los objetivos de la conferencia de Roma relativa a los recursos económicos era ver la manera en que algunos Estados miembros como Suecia, pero también otros, habían invertido los recursos económicos, cómo había funcionado el proceso, las debilidades que han surgido y la forma en que podemos seguir avanzando. 
El verdadero avance en este ámbito tendrá lugar en las negociaciones durante la Conferencia Intergubernamental y habrá decisiones por mayoría también en otros ámbitos, pero creo que el Parlamento estará de acuerdo conmigo en que este debate debe celebrarse en otro momento. 
Señor Presidente, veo que la Comisaria dice que no me ha entendido. 
Me explicaré. 
En primer lugar, veo que debido al cambio climático hemos llegado a algunos acuerdos para reducir el CO2, que llevamos cuatro años hablando de ello, que entre tanto la Comisión ha propuesto una tasa de CO2 y que esta tasa no se aplicará. 
Mi pregunta es: ¿qué ha logrado Europa concretamente en cuanto a la disminución del CO2? 
Señor Presidente, al constatarlo, digo: ¿por qué no podemos intentar, además de la tasa de CO2- el curso que hemos seguido hasta ahora -, lograr algo a través del instrumento- y le digo que en los Países Bajos ha funcionado bien- de una reducción voluntaria, un cambio voluntario de combustibles fósiles por otros combustibles sostenibles? 
¿Por qué no puede usted hacer algo al respecto? 
Esta es en realidad la pregunta que quiero formular: en lugar de esperar con resignación, mirar si se puede lograr algo con propuestas nuevas. 
Señor Presidente, la señora Comisaria respondió a una de mis dos preguntas, pero no a la otra. 
La segunda se refería a la existencia o a la no existencia de una propuesta procedente de la Comisión que limitaría a un tope de 550 PPM de CO2 la concentración aceptable, para el futuro, en la atmósfera. 
Esta concentración llevaría, es preciso decirlo, a un incremento de 2 grados en la temperatura media. 
¿Existe esta propuesta sí o no? 
¿Va a tomarse como base de discusión? 
Al Sr. Lannoye quiero decirle que, según tengo entendido, no se trata de una propuesta nuestra, pero ha sido incluida en algunas de las negociaciones. No quiero presumir de saber de qué se trata sin antes haber investigado el tema más a fondo, así que me comprometo a dar más adelante una respuesta apropiada a esta pregunta. 
Quiero decir una vez más a la Sra. Oomen-Ruijten que he entendido perfectamente su primera intervención, que difería de las otras intervenciones al manifestar la opinión de que la Comisión no había hecho nada después de no lograr la aprobación del impuesto sobre el CO2. 
No es verdad. 
Tal como he subrayado, hemos seguido presentando normas precisamente para mejorar la situación. 
Además, hemos insistido en la necesidad de establecer unos objetivos y, en relación con este tema, estuvimos muy activos recientemente en la conferencia de Berlín. 
Algunos Estados miembros lo han hecho de diferente forma. 
Ya hemos explicado algunas de las diversas formas en que esto se ha hecho. 
Además, nosotros seguimos trabajando al respecto. 
Puede verse en nuestro programa de trabajo que se presentará un comunicado relativo a los acuerdos voluntarios para ver la manera en que éstos pueden contribuir a mejorar la situación, no sólo en relación con los cambios climáticos, sino también en otros ámbitos; y espero que el programa de aceites para automóviles, que tiene mucho que ver con las emisiones de gases y la posibilidad de reducirlas, sea aprobado en la reunión de la Comisión mañana. 
Al tiempo que sostenemos que sería sensato introducir un impuesto sobre el CO2, hemos trabajado en normas y estamos trabajando en una larga serie de otras propuestas y no abandonaremos la lucha en las conferencias internacionales hasta conseguir que se fijen unas normas sensatas en las negociaciones con otros países. 
El debate queda cerrado. 
(Se levanta la sesión a las 19.40 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, me refiero al punto 10 que aparece en la página 16 del Acta, donde el Sr. Novo plantea la cuestión de la utilización del puente sobre la calle Belliard para filmar una manifestación. 
El Presidente dijo que respondería por escrito. 
La pregunta formulada era legítima y todos tenemos derecho a escuchar la respuesta. 
Si los edificios del Parlamento van a ser utilizados por gente rara, todos tenemos el derecho de saberlo. 
Señor Smith, creo que el Acta quizá no ha recogido adecuadamente las palabras del Sr. Presidente. 
El Sr. Presidente pidió que se le diesen por escrito las manifestaciones del Sr. Novo. 
Como es natural, él no podía responder en el momento y, puesto que no tenía un conocimiento directo de los hechos, pidió por escrito las alegaciones del Sr. Novo para poder hacer las averiguaciones oportunas y contestar al Sr. Novo en el plazo más breve posible. 
(El Acta queda aprobada) 
Calendario de los períodos parciales de sesiones 
Señor Presidente, ¿he entendido bien lo que usted ha dicho de que el plazo para la presentación de enmiendas se ha fijado en el miércoles 3 de julio? 
Eso sería absurdo. 
No tendríamos tiempo de debatir debidamente en las reuniones de los principales Grupos. 
Tiene que permitir que todo el Grupo se reúna la semana antes de la sesión plenaria con el fin de que los Grupos puedan tomar decisiones sobre el sentido de su voto. 
No es una prerrogativa de cuatro o cinco personas que se reúnen en una sala llena de humo o en cualquier otro sitio. 
Los Grupos tienen que reunirse. 
Le insto a que analice el plazo para la presentación de enmiendas con el fin de que puedan tener lugar las reuniones de los Grupos, que normalmente se celebran el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana, y para que los diputados de esta Asamblea tengan algo que decir en lo relativo a dónde y cómo se reúnen. 
Muchas gracias, señor Tomlinson. 
Pero el Sr. Presidente ha fijado dicho plazo precisamente para que los Grupos políticos puedan debatir al respecto. 
De todos modos, comunicaré al Presidente sus observaciones. 
Este jueves hay de nuevo Conferencia de Presidentes y, por tanto, los presidentes de los Grupos podrán expresarse sobre dicho plazo y, en su caso, modificarlo. 
Decisión sobre la urgencia 
Tiene la palabra el Sr. Santini para expresar la opinión de la Comisión de Agricultura, competente para el fondo. 
Señor Presidente, por estar ausente el presidente, Sr. Jacob, voy a expresar en su nombre la orientación de la Comisión de Agricultura, es decir, la decisión adoptada de no conceder la urgencia sobre este asunto. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Señor Presidente, insto formalmente al Parlamento a pronunciarse favorablemente sobre la urgencia. 
La ayuda inmediata a Bosnia-Herzegovina sufre un enorme retraso. 
Estuvimos allí hace dos semanas y pudimos ver, junto con otros diputados, que no se puede materializar la ayuda de 92 millones de ecus porque se carece de base jurídica. 
Por favor, no hagan recaer el conflicto acerca de la base jurídica sobre los hombros de las gentes de Bosnia-Herzegovina. 
Ellos necesitan urgentemente ese dinero. Si se rechaza la urgencia, el dinero tardará todavía más en llegar a los canales administrativos. 
Apelo expresamente a su corazón para que decidan a favor de la solicitud de urgencia en este caso. 
Señor Presidente, mañana por la tarde, vamos a abordar el problema de la financiación y espero que lo votaremos el jueves, puesto que la Comisión de Presupuestos aprobó dicho informe, ayer noche, por unanimidad. 
Por consiguiente, no sé cómo puede cambiar las cosas la urgencia por el informe sobre el reglamento. 
Por lo tanto, deseamos que se respete la duración prevista, es decir, que el jueves tenga lugar la votación sobre el informe de la Comisión de Presupuestos, y que en su momento, llegue el informe sobre el reglamento. 
Señor Presidente, con respecto a la alarmante situación en Bosnia se llegó a un acuerdo con ocasión de una reunión tripartita del Parlamento, el Consejo y la Comisión celebrada en enero de este año sobre las directrices para el presupuesto que se vería afectado. 
La mayor parte de los medios presupuestarios se destinaron a la adquisición de bienes para la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina. 
En otras palabras: gracias a la decisión del Parlamento de aprobar la concesión ya en enero, la ayuda de la UE es ya una realidad en la región y continua llegando. 
Por consiguiente, no se necesita en cuanto a esta ayuda la formalidad legal de tramitarla como asunto urgente. 
En segundo lugar, señor Presidente, a la Comisión y al Consejo les llevó seis meses solicitar la opinión del Parlamento sobre el aspecto jurídico. 
Que ahora le lleve al Parlamento un mes su tramitación no puede calificarse como de injustamente excesivo. 
En tercer lugar, señor Presidente, el Parlamento Europeo tiene unas objeciones con respecto al procedimiento propuesto por el Consejo. 
El Consejo ya adoptó una decisión sobre el reglamento con ocasión de su reunión de 10 de junio de este año en Luxemburgo. También en esta ocasión el Consejo modificó la propuesta de la Comisión. 
Ahora se solicita la opinión del Parlamento sobre una cuestión sobre la que el Consejo ya ha adoptado su posición. 
No descarto la posibilidad de que el Parlamento solicite iniciar unas negociaciones con el Consejo con posterioridad a su opinión de julio. 
En cualquier caso, señor Presidente, hoy deberíamos rechazar la propuesta del Consejo relativa a la tramitación urgente de este asunto. 
Muchas gracias, señor Cars. 
Hemos escuchado una intervención a favor, otra en contra, y al Sr. Cars que se ha expresado en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Someto a votación la solicitud de urgencia. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Informe Anual del IME- Fluctuaciones monetarias y mercado interior- Relaciones de tipos de cambio- Grandes orientaciones económicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
el informe (A4-0180/96) del Sr. Gasòliba i Böhm, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el Informe Anual de 1995 del Instituto Monetario Europeo (C4-0228/96) ; -el informe (A4-0181/96) del Sr. Pérez Royo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (95) 0503- C4-0011/96) sobre la incidencia de las fluctuaciones monetarias en el mercado interior; -el informe (A4-0186/96) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, relativo a la Resolución (CSE (95) 2108- C4-0308/96) sobre el informe provisional de la Comisión al Consejo Europeo relativo a las relaciones de tipos de cambio entre los países participantes y no participantes en la tercera fase de la UEM; -la pregunta oral (B4-0561/96) del Sr. Cassidy, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, al Consejo, sobre la recomendación relativa a las grandes orientaciones de las políticas económicas; -la pregunta oral (B4-0567/96) del Sr. Hughes, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo, a la Comisión, sobre las grandes orientaciones económicas. 
Señor Presidente, Señorías, voy a ser muy breve. 
No voy a resumir el informe del Instituto Monetario Europeo, sino simplemente, voy a hacer observaciones sobre tres puntos de dicho informe, que son relativamente importantes. 
Mi primera observación trata de los trabajos que ha realizado el Instituto Monetario Europeo desde finales del año pasado. 
Me congratulo de poder confirmarle que nuestros trabajos han continuado al ritmo previsto. 
En otras palabras, seguimos cumpliendo los plazos para el establecimiento de la estructura del futuro Banco Central Europeo. 
Hasta ahora, no hemos sufrido ningún retraso sustancial. 
Por consiguiente, tenemos todas las razones para creer que el Banco Central Europeo encarrilará en efecto la política monetaria única para principios de 1999. 
Esta es, pues, mi primera observación. 
Mi segunda observación concierne al análisis de la situación económica que hemos efectuado en dicho informe. 
Desde que se hizo la redacción del mismo no se ha producido cambio sustancial alguno. 
Por supuesto, a todos nos afecta la evolución económica actual y la pregunta que nos hacemos, tanto individual como colectivamente, es la de saber cuál es la probabilidad de la recuperación a lo largo del año. 
Mi opinión personal es que dicha probabilidad es muy elevada; espero una recuperación a lo largo de la segunda mitad de este año. 
Sin embargo, debo seguir siendo reservado sobre la amplitud de dicha recuperación. 
Si, en el momento actual, resulta muy difícil prever su vigor y su amplitud, el hecho de la recuperación se hace cada vez más probable. 
Mi tercera observación afecta al proceso de convergencia, al que nuestro informe concede una atención especial. 
Por lo que respecta a la convergencia en el aspecto de la inflación, de los tipos de interés y de la estabilización de los tipos de cambio, me congratulo de poder confirmarles que seguimos progresando y que, en efecto, vamos en la buena dirección. 
Por lo que respecta a las situaciones presupuestarias, por supuesto, las inquietudes siguen siendo las que expresamos en el momento de la redacción del informe. 
Además, es alentador comprobar en este ámbito que los análisis efectuados en los diferentes países y las intenciones de los gobiernos en materia presupuestaria convergen igualmente. 
Creo que cada uno de nuestros países es plenamente consciente de la importancia de los problemas a los que debemos enfrentarnos, Maastricht sí o no. 
Ahora bien, esta convergencia de las mentes, del análisis y de la voluntad de coger las riendas de la solución de estos problemas es absolutamente crucial y condiciona, a mi entender, el triunfo de las políticas que están estableciendo los gobiernos. 
Lo veremos de forma más clara hacia el final del año, después de haber tenido conocimiento de las previsiones presupuestarias para el próximo año. 
Señor Presidente, esto es lo que quería señalarle como complemento de nuestro informe anual. 
Señor Presidente, Señorías, en el segundo informe del Instituto Monetario Europeo podemos encontrar un análisis adecuado de la evolución de las economías de la Unión en su proceso de convergencia económica y monetaria y una exposición detallada de los trabajos preparatorios para la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, entre los que destaca el informe sobre el proceso de cambio a la moneda única, base del acuerdo del Consejo Europeo de Madrid de diciembre del año pasado, el acuerdo de conexión del sistema de liquidación brutos en tiempo real- que es el sistema Target- o el trabajo preparatorio de los instrumentos de política monetaria. 
Este proceso, en el que el Instituto Monetario Europeo desempeña un papel fundamental, se encuentra aún hoy con excesivos interrogantes sobre el resultado final del mismo. 
A pesar de la contundencia con que los Gobiernos de los Estados miembros confirmaron hace seis meses en el Consejo Europeo de Madrid su compromiso con la realización de la Unión Económica y Monetaria y el euro, diversas declaraciones en ámbitos políticos, económicos y financieros ponen en duda la plena viabilidad de estos objetivos. 
Como ha indicado el Sr. Lamfalussy, el proceso de convergencia económica se está dando bien en tres magnitudes- inflación, tipos de interés y estabilidad de las divisas -, y además nos encontramos con unas economías saneadas y competitivas, como lo muestra la evolución de la balanza comercial de la Unión. 
Pero, sin embargo, nos hemos encontrado con que la recuperación económica, que la Comisión Europea, hace unos meses, había calificado de robusta, no se ha dado. 
Existe un momento de incertidumbre, de atonía económica- incluso de ligera recesión en el primer trimestre de este año -, que únicamente se explica por la incertidumbre existente en el ámbito del consumo, debido al alto nivel de paro, y en el de la inversión, debido precisamente a los necesarios recortes presupuestarios, lo que lleva a que la recuperación económica no se produzca. 
Sin embargo, como también se dice en el informe del Instituto Monetario Europeo, resulta claramente necesaria la reducción importante de los déficit y de la deuda pública y, por lo tanto, el único camino que queda- entiendo yo- es el de dar señales muy claras y muy decididas por parte de las instituciones comunitarias- y especialmente del Consejo- sobre la irreversibilidad de la realización de la Unión Económica y Monetaria, tal como está previsto en el Tratado de la Unión. 
Y, por lo tanto, que los operadores económicos tengan las garantías suficientes y necesarias para poder relanzar la actividad económica en la que la inversión juega un papel clave, tanto para el proceso de recuperación económica como para asegurar en el futuro, a medio plazo, unos niveles de competitividad adecuados para la economía europea. 
En este contexto, el informe de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo insiste en la necesidad de acentuar el papel y la capacidad del Instituto, especialmente si se tiene en cuenta que el año en curso es decisivo para la Unión Económica y Monetaria, ya que, de acuerdo con el artículo 109 F del Tratado, el Instituto ha de decidir el marco normativo, organizativo y logístico para que el Sistema Europeo de Bancos Centrales desarrolle su función prevista en la última fase de constitución de la Unión Económica y Monetaria. 
En la evolución observada en el Instituto se encuentra- desde nuestro punto de vista- una excesiva reserva y contención. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo apoya una actitud más firme y decidida para que el Instituto desempeñe un cometido más activo en la coordinación de la política monetaria de los Estados miembros y establezca relaciones fluidas y operativas con las instituciones y organismos financieros internacionales- especialmente el Fondo Monetario Internacional -, y refuerza la propuesta para que el Instituto actúe de forma decidida en la aplicación de los artículos 104 y 104 A del Tratado, que prohíben la financiación monetaria y el acceso privilegiado, que, aunque a pequeña escala, se ha producido- y ello debe evitarse completamente-. 
También reclamamos la adecuación de los instrumentos internos de control con procedimientos nuevos y eficaces que eviten nuevas distorsiones- como las habidas con los derivados financieros-. 
Y, en definitiva, que se intensifique la actividad del Instituto en ámbitos más operativos, teniendo en cuenta el calendario y los objetivos encomendados al Instituto, pieza fundamental- y desearíamos que más activa- en el proceso de preparación de la Unión Económica y Monetaria y la moneda única europea. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que tengo el honor de presentar al Parlamento trata sobre las fluctuaciones monetarias producidas durante 1992 y 1993 e incluso 1995, que, como es sabido, tuvieron consecuencias importantes en el funcionamiento del sistema europeo de tipos de cambio y en el del propio mercado interior determinando, en primer lugar, una alteración de los términos de competitividad en favor de las monedas que sufrieron depreciación. 
En segundo lugar, hay que resaltar que, como consecuencia de estas fluctuaciones o de estas turbulencias monetarias, dos monedas salieron del sistema monetario europeo en 1992. 
El propio SME fue modificado en 1993 ampliándose las bandas de fluctuación. 
Pero sobre todo hay que resaltar los efectos de distorsión del mercado interno en razón de la incertidumbre e inseguridad existentes en los mercados como consecuencia de las fluctuaciones. 
Nuestro informe tiene como preocupación principal no tanto el trazar el balance de quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores como consecuencia de las fluctuaciones, sino principalmente extraer las lecciones del pasado que deben ser tenidas en cuenta para el futuro, y de modo especial para el diseño del sistema de relaciones entre el euro y las monedas que temporalmente queden fuera. 
En cuanto a las causas de la fluctuación debemos centrarnos principalmente en la insuficiente coordinación de las políticas económicas de los países miembros, cuyas economías mostraban en los años anteriores al 92 comportamientos muy diferentes en materia de inflación, de déficit presupuestario y de tipos de interés. 
Este panorama contrastaba con la estabilidad de los tipos nominales que se fueron alejando progresivamente de los tipos de cambio reales determinando la acción correctora de los mercados, alentada, además, por la falta de flexibilidad del SME vigente en aquellos momentos. 
En cuanto a los efectos, coincidimos con el informe de la Comisión en que no han sido especialmente apreciables a nivel macroeconómico, es decir, ni en el volumen de comercio exterior de los países afectados ni en el aumento de la cuota de mercado. 
Con todo, los efectos se han dejado sentir a nivel sectorial comprimiendo los márgenes de beneficios de las empresas de países cuya moneda se aprecia. 
Insistimos en todo caso en que el principal efecto pernicioso ha sido el producido para el funcionamiento suave y adecuado del mercado interior, especialmente si se tiene en cuenta que las fluctuaciones de monedas europeas se han visto acompañadas por las fluctuaciones, a nivel mundial, del dólar y del yen, que han puesto de manifiesto la importancia de contar con una moneda única europea, el euro, capaz de funcionar autónomamente como moneda de reserva a nivel mundial y de contrapesar las oscilaciones de éstas u otras monedas. 
Quiero a continuación llamar la atención sobre el hecho de que en los años recientes- los de la segunda fase de la Unión Monetaria, en que actualmente nos encontramos- ha mejorado la coordinación de las economías de los Quince, que han registrado progresos en la convergencia respaldada por el comportamiento de los mercados que parecen mostrar su confianza en que se cumplirá, efectivamente, el calendario de la Unión Económica y Monetaria. 
El sistema monetario europeo ha funcionado de modo satisfactorio desde 1993. 
A pesar de la ampliación de las bandas, las monedas integradas en el SME han venido moviéndose dentro de márgenes reducidos, coincidentes con los de las bandas estrechas vigentes antes del verano de 1993. 
Esta misma semana, si examinamos la parrilla del SME se puede observar que la diferencia entre la moneda más fuerte y la moneda más débil, la diferencia en definitiva de las paridades, es inferior al 2 %, y así viene sucediendo desde hace varios meses de manera continua. 
En relación con esto, en el informe se plantea una llamada explícita a la integración en el sistema europeo de las monedas que actualmente no participan de él, tanto de las que lo dejaron en 1993 como las de los nuevos países integrados en la Unión, pero- con excepción de Austria- no integrados en el SME. 
Y en este sentido debemos considerar como satisfactorios los rumores- por ahora nada más que rumores- sobre la inminente reintegración de la lira en el SME y la adhesión al mismo también del marco finlandés. 
Con vistas al futuro conviene insistir en la importancia de reforzar los mecanismos de coordinación de las políticas económicas a nivel de la Unión, incluso llegando a la afirmación de que el Ecofin debería irse convirtiendo de modo progresivo en una especie de gobierno económico de la Unión. 
Finalmente, unas breves consideraciones sobre el sistema de relaciones entre los in y los out: entre el euro y las monedas no integradas en él. 
Es un tema que pertenece a otro informe que se va a debatir próximamente y en consecuencia paso muy rápidamente sobre él. 
En relación a esta cuestión existe un amplio consenso en la necesidad de un sistema que tenga el euro como pivote, en relación al cual las monedas temporalmente fuera de la Unión Monetaria flotarían dentro de bandas de determinada anchura, completado este sistema con una práctica de inflation targeting aprobada conjuntamente por el Banco Central Europeo y por los bancos de los países out. 
Señor Presidente, Señorías, el 1 de enero de 1999 tendrá lugar, con la constitución del Banco Central Europeo, la entrada en vigor de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Posiblemente, no participarán todos los Estados miembros, ya que algunos no querrán y otros no podrán. 
Esto significa de facto que la Unión Monetaria se materializará a diferentes velocidades, lo que lleva a plantearse la siguiente pregunta: ¿es esto compatible con el Tratado de Roma? 
Los Protocolos correspondientes del tratado otorgan expresamente a Dinamarca y al Reino Unido el llamado «opting in» u «opting out». 
Cabe suponer que al menos uno de estos países o tal vez los dos harán uso de esta posibilidad. 
Aquí encontramos ya prevista en el Tratado la Europa de las dos velocidades. 
Otros Estados quedarán fuera porque no estarán en disposición de cumplir en ese momento los criterios de estabilidad. 
Sobre este particular, quisiera recordar que los criterios fueron decididos conjuntamente por todos los Estados miembros. 
Los Parlamentos nacionales los han ratificado posteriormente sin excepción. 
Tenemos que mantener estos criterios tal y como quedaron fijados en el Tratado de Maastricht. 
No se pueden suavizar, como tampoco se pueden establecer nuevas condiciones antes de la entrada en vigor de la Unión Monetaria. 
Por supuesto que sería preferible que todos los Estados miembros se incorporaran a la Unión Monetaria al mismo tiempo, pero esto sólo sería posible a costa de la estabilidad. 
El Tratado de Maastricht es, sin embargo, absolutamente claro en materia de prioridades: la estabilidad de la moneda común europea es más importante que su introducción simultánea en todos los Estados miembros de la Unión. 
¿Representa la Unión Monetaria de diferentes velocidades un peligro para el funcionamiento del mercado interior, una de nuestras grandes conquistas? 
Sobre este asunto, quisiera aludir a las experiencias de las turbulencias cambiarias de años pasados. 
Desde 1993, las devaluaciones competitivas han hecho peligrar y perder numerosos puestos de trabajo en la Unión Europea. 
Si no se consigue mantener estable el tipo de cambio entre el Euro y las otras monedas, existe el peligro de que se produzca una descomposición del mercado interior europeo incluso después de la entrada en vigor de la Unión Monetaria, esto es, después del 1.1.1999. 
El requisito para la estabilidad de los tipos de cambio es que todos los Estados miembros de la Unión Europea practiquen una política fiscal, económica y monetaria creíble y sólida. 
Además, ha de proseguirse de manera modificada con el sistema de tipos de cambio empleado hasta ahora. 
Al configurar el nuevo sistema de tipos de cambio, que se basará en el Euro como moneda de anclaje, hay que tener en cuenta la experiencia acumulada del SME. 
El nuevo sistema tiene que mostrarse más fuerte que el anterior por su sencillez, transparencia y flexibilidad. 
La flexibilidad es un concepto clave. 
El nuevo sistema debe ser más flexible que el anterior. 
Las adaptaciones de los tipos de cambio entre el Euro y las demás monedas que sean necesarias deben orientarse por los tipos de cambio reales y han de realizarse en el momento oportuno. 
Una de las debilidades fundamentales del «antiguo» SME consistía en que los Estados miembros afectados se reservaban el derecho de iniciar el procedimiento de adaptación de los tipos de cambio. 
Esto produjo una y otra vez retrasos por motivaciones políticas, lo que dio lugar a unas adaptaciones en circunstancias caóticas. 
En el nuevo sistema de tipos de cambio se han de evitar estos problemas. 
Por esta razón, apoyamos la propuesta de reconocer al Presidente del Banco Central Europeo el derecho de poner en marcha el mecanismo de adaptación. 
Además, se han de acordar unas bandas relativamente amplias para el sistema. 
Los Estados miembros que lo deseen pueden optar por una vinculación más estrecha con el Euro, acorde con sus progresos en materia de estabilidad. 
Las intervenciones a favor de una moneda en dificultades para mantenerse en la banda tendrán carácter automático, dentro de la misma serán facultativas. 
El requisito decisivo es que los datos macroeconómicos las justifiquen. 
Además, la magnitud de la intervención no puede poner en peligro el objetivo de la estabilidad de los precios. 
Estoy personalmente convencido de que este nuevo sistema monetario puede funcionar también en el caso de que el Reino Unido no participe. 
El Reino Unido no participó más que brevemente en el sistema de tipos de cambio vigente hasta ahora. 
Ni su larga ausencia acarreó grandes desventajas al sistema ni su breve pertenencia aumentó significativamente la eficiencia del mismo. 
Con todo, merece tenerse en cuenta que, según el Tratado, la política de tipos de cambio es una cuestión de interés común. 
Por este motivo, el Reino Unido está obligado a mantener estable la cotización de la libra con respecto al Euro. 
Resulta secundario que esto suceda fuera o dentro del sistema de tipos de cambio. 
En cualquier caso, si el Reino Unido decidiera acceder al sistema, la cotización de entrada debería establecerse de acuerdo con el resto de los Estados miembros, no como la última vez. 
Para concluir, unas palabras sobre la política de estabilidad tras la entrada en vigor de la Unión Monetaria. 
La deuda pública conjunta europea sigue siendo demasiado alta, lo que redunda en perjuicio de la competitividad y de las generaciones más jóvenes. 
Por ello, esperamos de la Comisión que nos presente propuestas claras que garanticen cómo se va a mantener la disciplina presupuestaria incluso después de la entrada en vigor de la Unión Monetaria. 
Desde luego, también tiene que quedar claro el objetivo de que al final todos los miembros de la Unión Europea lo sean también de la Unión Monetaria. 
1999 es también el plazo para los Bancos Centrales. 
Para los ciudadanos será el año 2002, momento en el que se introducirán los nuevos billetes y monedas. 
Estoy convencido de que, si todos los países de la Unión prosiguen de manera consecuente con su política de convergencia, habrá una amplia mayoría de países miembros para la segunda y más importante fecha, que es el verdadero «plazo de los ciudadanos». 
Señor Presidente, no se incluye entre mis obligaciones de esta mañana responder a los comentarios que han hecho los oradores anteriores. 
No obstante, en un paréntesis, quiero hacer la observación que, a raíz de lo que mi colega Karl von Wogau acaba de decir, la cuestión de las relaciones del Reino Unido con el Sistema Monetario Europeo y los tipos de cambio es, naturalmente, un asunto que compete a los mercados y no a los gobiernos. 
Pero es un tema sobre el que sin duda discutiremos ampliamente durante los próximos meses. 
Esta mañana intervengo en calidad de ponente sobre el Informe Económico Anual y una de las responsabilidades intrínsecas del ponente es la de elaborar un informe sobre las orientaciones generales de política económica. 
Mi primera sugerencia, dirigida a la Comisión- a la que prometo que ésta será la última crítica que le haré -, es que sería de gran utilidad si la Comisión pudiera en el futuro ingeniárselas para elaborar su Informe Económico Anual y sus orientaciones generales de política económica con tiempo suficiente para que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo puedan estudiarlos, ya que ambos proyectos entran dentro de la responsabilidad conjunta de ambas comisiones. 
Sería muy útil en años venideros si pudiéramos recibir las orientaciones generales de política económica un poco antes, porque el problema esta vez ha sido que nos hemos visto obligados a llegar a conclusiones de manera precipitada por culpa del plazo fijado para la reunión de Florencia que se celebra esta semana, durante los días 21 y 22 de junio. 
Eso ha significado que en la Comisión de Asuntos Económicos no hemos tenido tiempo de elaborar un informe debatido en comisión, de adoptar enmiendas en comisión y, por último, de presentar a la Asamblea un informe que esté bien equilibrado como es el caso de los tres informes anteriores, que han sido bien sopesados y reflejan el consenso alcanzado en la comisión. 
La resolución de compromiso sobre la que votaremos hoy es, por lo tanto, insatisfactoria en algunos aspectos, pero eso forma parte inevitablemente de un acuerdo de compromiso. 
Los acuerdos de compromiso, por definición, no pueden satisfacer a todos y en nuestra opinión la resolución conjunta está bien salvo en un punto, al que presentaremos enmiendas. 
Una de ellas será para apartar a la Comisión de la línea de fuego de la crítica, porque como habrán notado, nuestra resolución es algo crítica con la Comisión y el Consejo. 
Pero considero que a estas alturas es un poco tarde para criticar a la Comisión. 
También presentaremos enmiendas a aspectos que para nosotros son muy importantes y que, de hecho, incluimos en nuestra pregunta al Consejo, porque por el momento no se hace ninguna referencia en la resolución final a la necesidad de que los Estados miembros analicen las mejores prácticas de los Estados miembros y, entre paréntesis, de los Estados Unidos, con el fin de determinar qué políticas pueden permitir reducir rápidamente los índices de desempleo. 
Es un aspecto que la comisión en su conjunto consideró muy importante en la resolución sobre el Informe Económico Anual y es una omisión significativa que no se haya incluido en la resolución para terminar con esta polémica. 
Espero que la Asamblea esté de acuerdo con que se incluya este punto y que la Asamblea también esté de acuerdo con que se incluya que los Estados miembros deben crear un entorno favorable para que la patronal contrate más personal. 
No es mi deber adivinar lo que dirán al respecto los oradores que intervendrán en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales, pero con el alto índice de paro que existe en la Unión Europea, está claro que es inaceptable que haya unos 18 millones de desempleados en nuestra sociedad y que 50 millones de personas vivan en la pobreza o en el umbral de la pobreza. 
Entrando en materia de lo que aquí se debate esta mañana, ésta es la oportunidad que tiene el Parlamento Europeo para exponer sus opiniones al Consejo Europeo que se reúne en Florencia al final de esta semana. 
En nuestra resolución encontrarán algo que nuestro Presidente podrá llevar a Florencia. 
El otro aspecto importante es el apartado 11 de nuestra resolución, en el que hacemos un llamamiento a la Presidencia irlandesa para que informe cuanto antes a esta Asamblea sobre las acciones que tomarán los Estados miembros sobre las orientaciones generales de política económica. 
No sé si se encuentra presente algún representante de la Presidencia irlandesa, pero, de no ser así, quizá el representante de la Presidencia italiana tenga la amabilidad de transmitirle ese mensaje y hacerle llegar una copia de nuestra resolución. 
Señor Presidente, Señorías, creo que estamos a punto de tomar una decisión importante. 
Previsiblemente, el Parlamento va a rechazar por amplia mayoría las líneas maestras de política económica presentadas por el Consejo por considerarlas poco realistas e inadecuadas. 
Se trata de algo muy importante, pero también es muy importante que lo hagamos por amplia mayoría. 
Realmente, en eso estoy de acuerdo con el Sr. Cassidy, no podemos seguir así, no podemos continuar con un desarrollo económico en el que cada vez son menos las personas ocupadas en el proceso productivo. 
Me gustaría debatir con él con más precisión sobre el significado del fomento de la creación de empleo. 
Creo que se necesita un tipo de fomento muy específico para las empresas, que en su mayoría ganan más con especulaciones en divisas de lo que pueden ganar con actividades realmente productivas. 
Tenemos que cambiar el rumbo. 
El Parlamento ha llegado en muchos puntos a la conclusión, también aquí me dirijo al señor Cassidy, de que tenemos que acabar de una vez por todas con la estrategia superficial de «actuar como si todo estuviera en perfecto estado y no hubiera problemas estructurales» que requieren una solución urgente. 
El Parlamento ha planteado una serie de cuestiones. La Comisión se ha ocupado de ellas con muchas vacilaciones. 
Y el Consejo las ha ignorado por completo. El Parlamento tiene la obligación de rechazar este estado de cosas. 
No se trata tan sólo de una cuestión de protocolo parlamentario, sino que, dada la desocupación y la pobreza masivas (que se han convertido en el verdadero escándalo de la Unión Europea) , es una labor fundamental de nuestra actividad parlamentaria. 
Estoy convencido de que realizaremos esa labor conjuntamente y de que contaremos con una gran mayoría para ello. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo ha planteado una serie de cuestiones adicionales a la Comisión que no se pueden imputar a la existencia de conflicto básico alguno con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sino a la rapidez con que se ha llevado a cabo el procedimiento. 
No es que pensemos que la Comisión es la principal culpable. 
La culpa principal hay que buscarla más bien en el Consejo y en los Estados miembros, pero también la Comisión podría hacer más. 
Y por ello, insistimos en preguntarle con qué iniciativas pretende llevar a cabo el cambio que necesita la política económica. 
Pedimos un cambio de prioridades para combatir de manera efectiva el desempleo masivo. 
No podemos acallar a los ciudadanos con otra pátina indecente de retórica. 
Pedimos que se presente de una vez la tan anunciada iniciativa de un pacto europeo por el empleo. 
Pedimos que la Comisión se esfuerce todo lo posible por conseguir un mejor equilibrio entre la política fiscal y la de empleo en los programas plurianuales de los Estados miembros. 
Demandamos que la Comisión desarrolle e imponga unos indicadores socioeconómicos comunes que permitan un debate global sobre la coordinación de la política económica sin limitarse exclusivamente a una perspectiva monetarista de la deuda pública. Y pedimos también una coordinación más estrecha entre la política económica y la política de empleo. 
La decisión que tenemos que tomar hoy no es, en modo alguno, trivial. 
Se trata de un asunto en el que la Unión Europea es importante para cada uno de los individuos que la componen. 
Se trata de que por fin quede claro que somos una comunidad orientada al verdadero desarrollo del bienestar, y no una idea de la estabilidad limitada exclusivamente a cuestiones monetarias y a la imposición unilateral de un plazo y una estrategia tecnocráticamente autónomos para poner en vigor la Unión Monetaria a costa de millones de desocupados y empobrecidos. 
Espero que decidamos por gran mayoría que así no se puede seguir. 
Además, tengo la esperanza de que éste sea el primer paso en la dirección de un verdadero cambio. 
Desgraciadamente, el Parlamento no tiene poder para imponerlo. 
Pero los gobiernos mostrarían cordura si por fin reaccionaran ante este estado de cosas. De lo contrario, los problemas buscarán nuevos gobiernos. 
Señor Presidente, en sus observaciones sobre la estrategia actual en materia de política económica el Consejo, en la reunión que se celebró en Luxemburgo, subrayó que, pese a la existencia de fundamentos económicos favorables, los resultados de la Comunidad en conjunto aún no eran satisfactorios. 
Pero eso no pone en entredicho la estrategia misma: los avances han resultado- cierto es- más difíciles por la aminoración del ritmo de actividad en los doce últimos meses, pero se debería proseguir y fortalecer la estrategia actual. 
El Consejo espera que las repercusiones positivas de la acción de los Estados miembros, como respuesta a las orientaciones generales, resultará más apreciable con el tiempo y gracias a la mejora de las condiciones económicas. 
Así, pues, el Consejo reafirma la necesidad de perseguir el ajuste del presupuesto y el control de la inflación, de conformidad con las disposiciones del Tratado, y subraya la importancia de que se realice un marco político macroeconómico estable y adecuado como premisa para aumentar el crecimiento y reducir la tasa de desempleo. 
El Consejo confirma por unanimidad la necesidad de aplicar la presente combinación de políticas, que comparten las demás instituciones de la Comunidad, la Comisión y el Instituto Monetario Europeo. 
La consolidación del proceso de ajuste, actualmente en curso, es el modo de establecer un marco macroeconómico que aumente el crecimiento y cree puestos de trabajo. 
Naturalmente, eso presupone, en particular, la consecución de nuevos avances con vistas a la reducción del déficit público, la aplicación de políticas monetarias orientadas hacia la estabilidad, evaluación salarial de todas las rentas coherente con el objetivo de estabilidad de los precios y aumento de la productividad. 
La consecución plena de un objetivo tan ambicioso garantizará, a medio- si no a corto- plazo, el marco macroeconómico necesario para aliviar la negativa ejecutoria de la Comunidad en materia de desempleo, mediante una disminución de los tipos de interés. 
Por lo que se refiere a las intervenciones estructurales, las orientaciones generales nos aportan un útil conjunto de recomendaciones políticas, cuya aplicación compete a cada uno de los Estados miembros, con el fin de eliminar las rigideces existentes en el mercado de trabajo, como, por ejemplo, la reforma del sistema de protección social, para garantizar la eficiencia y la equidad intergeneracional de los sistemas actuales, una mejora de la situación del sistema de enseñanza y de formación profesional en la que se dé prioridad al empleo de los menos capacitados, de los jóvenes, de las mujeres, la reducción de los costes salariales indirectos, el fomento de la movilidad regional e intersectorial, cuando sea apropiado, la revisión del horario y la organización del trabajo. 
Aumentar el empleo es la máxima prioridad y el Consejo está intentando determinar la experiencias que han tenido éxito en los diferentes Estados miembros para perfeccionar las estrategias en pro del empleo de los propios Estados. 
Ésa será una de las cuestiones fundamentales del informe anual sobre el empleo en el Consejo Europeo de Dublín y, naturalmente, la Presidencia italiana, como ha pedido el Sr. Cassidy, transmitirá a la Presidencia irlandesa sus solicitudes. 
Puedo asegurar que los programas de convergencia son fundamentales para el ejercicio de vigilancia multilateral por parte del Consejo. 
Esos programas van encaminados a garantizar la convergencia necesaria para participar en la zona monetaria única y son importantes por sí solos, porque van encaminados a propiciar un crecimiento sostenible y no inflacionista. 
El Tratado establece ya un útil conjunto de procedimientos, orientaciones económicas generales, programas de convergencia, procedimientos para los déficit excesivos, para garantizar una coordinación efectiva. 
Posteriormente, se mejorará mediante el proceso que conducirá a la realización de la tercera fase de la Unión Monetaria Europea. 
Las orientaciones generales de política económica, así como los procedimientos para los déficit excesivos, pasarán a ser más rigurosos, naturalmente, en el marco de la Unión Monetaria. 
Por lo que se refiere al objetivo de unas finanzas públicas saneadas, el año pasado ya se lograron algunos avances limitados. 
El procedimiento relativo a los déficit excesivos es un instrumento eficaz para estimular las medidas de consolidación de los Estados miembros; el concepto de política anticíclica, utilizado por el Sr. Cassidy, resulta difícil de aplicar en un marco de economía abierta, pero es cierto que la consecución de los objetivos fundamentales de política económica, enunciados en el artículo 2 del Tratado, en particular un crecimiento estable y no inflacionista que respete el medio ambiente y garantice un nivel elevado de empleo, depende de una coordinación efectiva y estrecha entre los Estados miembros. 
Para aumentar el crecimiento y, por tanto, el empleo, son esenciales medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, los servicios y los productos. 
En su esquema para las orientaciones generales de política económica de la Comunidad y de los Estados miembros, el Consejo pone de relieve que, por lo que se refiere a la mejora del funcionamiento de los mercados, los Estados miembros cuentan en gran medida con las claves para la solución. 
En cualquier caso, el Consejo es consciente de que las medidas nacionales pueden resultar fortalecidas con las directrices en el nivel comunitario. 
La cuestión del desempleo en aumento representa la principal emergencia de Europa, apremiada por dos exigencias: la de una reforma de conjunto de su estructura económico-productiva y la de la protección de las fundamentales conquistas sociales, que representan el carácter distintivo de su tradición cultural, tal como se ha estratificado a lo largo de la Historia. 
Para ello es necesario reducir la laxitud para con el excesivo papel desempeñado por las rentas financieras y concentrar los recursos en los usos productivos. 
Como resulta imposible recorrer a la vía de una reducción de los derechos sociales de los trabajadores, se deberían adoptar rápidamente medidas encaminadas al fomento de la innovación para fortalecer la competitividad de la Comunidad. 
El Libro Verde de la Comisión sobre la innovación es una contribución muy útil al debate sobre la competitividad y merece una reflexión detenida con vistas a su aplicación tanto en el nivel nacional como en el comunitario. 
El Consejo participará con gran interés en las próximas reflexiones encaminadas a acciones concretas y hará contribuciones a ellas. 
En la sesión del 3 de junio, el Consejo Ecofin logró algunos importantes avances en la esfera de la política económica y monetaria, que hoy estamos examinando. 
Permítaseme indicar brevemente los puntos principales: el Consejo Europeo de Florencia, sobre la preparación de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, reafirmará que se propone concluir antes del fin del año la labor de preparación técnica sobre el marco jurídico que se deberá utilizar para el euro; el Consejo concluyó que sería oportuno examinar paralelamente los problemas de los tipos de cambio y de la disciplina presupuestaria; además, subrayó que a todos los Estados miembros, independientemente de que adopten o no el euro, les interesa mucho el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y de un mecanismo de tipos de cambio que sirva de punto de referencia para la aplicación de políticas económicas idóneas. 
La pertenencia al nuevo sistema de tipos de cambio seguiría siendo, a juicio del Consejo, facultativa; no obstante, se puede prever que los Estados miembros beneficiarios de una exención se adhieran al mecanismo. 
El Consejo propuso que, como los sistemas anteriores, se cree el nuevo sistema también por una resolución del Consejo Europeo y entre en funcionamiento mediante un acuerdo entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los Estados miembros que no formen parte de la zona del euro. 
El Consejo se pronunció a favor de un sistema asimétrico en el que el euro haga de ancla. 
El nuevo sistema estaría concebido de modo que permitiera diversos grados de convergencia de los Estados miembros. 
Por último, por lo que se refiere a la disciplina presupuestaria en la tercera fase, el Consejo pidió a todos los Estados miembros que se encaminaran a medio plazo hacia una situación presupuestaria cercana al equilibrio o con balance positivo. 
Eso debería permitir a los estabilizadores automáticos funcionar en todo el ciclo económico. 
Por último, el Consejo propuso que se fortaleciera el procedimiento relativo al déficit público excesivo, según lo dispuesto en el artículo 104 C. Se considera que habrá que fijar plazos rígidos, a partir del supuesto de que, en caso de persistencia del déficit excesivo, el Consejo impondrá a los Estados miembros sanciones de magnitud proporcional y previamente establecida. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión se felicita porque su Asamblea ha decidido hacer de la Unión Económica y Monetaria el gran tema de esta sesión. 
En efecto, en vísperas del Consejo Europeo de Florencia, la Comisión estima importante reafirmar claramente la coherencia del enfoque seguido hasta ahora. Éste reposa, por una parte, en la prosecución de una política macroeconómica estable y sana que permita desarrollar una acción determinada y coordinada contra el desempleo, y, por potra parte, y de forma simultánea, en el respeto del calendario previsto para acabar los trabajos preparatorios para la entrada en la tercera fase. 
En primer lugar, el saneamiento del marco macroeconómico. 
No existe alternativa a la política de reducción de los déficits públicos preconizada por la Comisión. 
Es una condición previa para la creación de empleos. 
Este año, la recomendación de la Comisión preconiza dos elementos innovadores: en primer lugar, una tranquilidad duradera del policy mix. 
La Comisión se ha dedicado a inscribir las grandes orientaciones de política económica en el marco del apartado 1 del artículo 105 del Tratado. 
La política macroeconómica preconizada debe contribuir a realizar los objetivos de la Unión Europea tal como se definen en el artículo 2 del Tratado, es decir, el crecimiento, el empleo y la estabilidad. 
En efecto, no habrá reducción sustancial del desempleo sin un crecimiento fuerte a medio plazo, que sea duradero y sostenido mediante inversiones de expansión. 
Asimismo, para la Comisión, el saneamiento presupuestario debe ser verosímil, pero, por encima del aspecto cuantitativo de reducción de los déficits públicos, la recomendación de la Comisión insiste en la necesidad «de reorientar el gasto público hacia actividades productivas como la inversión en las infraestructuras, los recursos humanos y la política activa del empleo». 
La consolidación presupuestaria debe ser asimismo socialmente equilibrada y corresponder a una evolución salarial adecuada. 
En lugar de aumentar la presión fiscal global, la Comisión preconiza frenar el aumento del gasto. 
Dicho aumento debe ir parejo a una modificación de las estructuras de la fiscalidad de manera que se reduzca la presión fiscal sobre el trabajo. 
Dicha política permitirá al policy mix expansionarse más y de forma duradera, haciendo así posibles las condiciones monetarias favorables para el mantenimiento de los tipos de interés bajos. 
En segundo lugar, una mejor articulación mediante medidas estructurales en favor del empleo. 
Con el pacto de confianza por el empleo, la Comisión se dota de los medios para poner en marcha el Libro blanco de 1993 sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, así como las conclusiones del Consejo Europeo de Essen en la materia. 
El pacto consiste, en efecto, en lanzar una gestión colectiva que implique a las autoridades públicas y a los interlocutores sociales, definiendo sus respectivos compromisos en una estrategia global y coordinada. 
Como pueden ver, de acuerdo con su recomendación, la Comisión se dedica a hacer del desempleo una cuestión de interés común. 
Pero las grandes orientaciones de política económica son asimismo un instrumento útil y necesario para el paso a la Unión Económica y Monetaria. 
Las grandes orientaciones deben aplicarse escrupulosamente. 
El Tratado, en su artículo 103, recuerda que los Estados miembros deben coordinar sus políticas económicas como una cuestión de interés común. 
Es la razón por la cual la Comisión recomienda este año la elaboración de programas nacionales de convergencia actualizados. 
Estos programas deberán mostrar claramente que las medidas adoptadas por razones de convergencia persiguen el objetivo general de un mayor crecimiento y de una mejora del empleo. 
Con el fin de reforzar la coordinación de la política económica a escala comunitaria, los programas nacionales deberían ser objeto de un compromiso político más firme. 
A tal fin, la Comisión pide que los valide el Consejo. 
Si las grandes orientaciones de política económica son un instrumento eficaz y coherente para la realización de la Unión Económica y Monetaria, el paso a la tercera fase está asimismo condicionado por la estabilidad monetaria del conjunto de la Unión. 
Los informes de los Sres. Pérez Royo y von Wogau son una contribución importante a los trabajos emprendidos por la Comisión sobre la estabilidad monetaria y sobre la necesidad de no dividir Europa en dos en el momento de pasar al euro. 
Por lo que respecta al impacto de las fluctuaciones monetarias, la Comisión observa con satisfacción que el informe que han realizado ustedes confirma los análisis que habían presentado al Consejo Europeo de Madrid. 
Las fluctuaciones monetarias perjudican el buen funcionamiento del mercado interior, pero no hay que poner en tela de juicio el mercado interior por posibles medidas proteccionistas. 
Por último, la Comisión sigue y seguirá vigilante y, de acuerdo con lo que han pedido ustedes, proseguirá sus análisis actualizando los efectos de las fluctuaciones monetarias mediante un seguimiento regular de los indicadores económicos. 
Como lo preconiza su ponente, la solución pasa por un refuerzo de la convergencia, en particular, en términos de déficit público, y por la introducción del euro. 
Por lo que respecta a las relaciones entre los in y los prein, de acuerdo con el mandato del Consejo Europeo de Madrid, junto con el Instituto Monetario Europeo, la Comisión trabaja de forma activa en el establecimiento de un nuevo sistema monetario entre los Estados que participan en el euro y los que no participarán desde el inicio. 
El informe del presidente von Wogau contribuye de forma útil a los trabajos que prosiguen sobre este tema en el Consejo Ecofin desde Verona, y observo que dichos trabajos gozan de un amplio consenso. 
La Comisión considera que este nuevo sistema debe ser a la vez una garantía de estabilidad monetaria para la Unión en la fase transitoria, así como una puerta de entrada al euro para los países prein. 
En primer lugar, el sistema ofrecerá una garantía de estabilidad monetaria. 
No puede haber una estabilidad monetaria duradera sin convergencia. 
Es la razón por la cual, el mecanismo de cambio irá acompañado de procedimientos de convergencia reforzados. 
Pero para ser perfectamente creíble, este nuevo sistema deberá ser asimismo lo suficientemente flexible para incorporar los diferentes niveles de convergencia entre los países. 
En torno al ancla que constituirá el euro, el nuevo mecanismo tendrá, pues, márgenes de fluctuación bastante amplios, con una obligación de intervención en los márgenes y facilidades de crédito. 
El buen funcionamiento del sistema requiere la participación más amplia posible de los Estados miembros. 
Además, esta participación será en su beneficio, y todos los Estados miembros están llamados a unirse a la Unión Económica y Monetaria en el momento que les sea posible. 
A continuación, el nuevo sistema será una puerta de entrada hacia el euro. 
En el futuro, las condiciones de entrada seguirán siendo iguales para los países prein a las que son en la actualidad para los países in. 
Esta integración de los prein debe ser los más rápida posible. 
Su ponente comparte esta voluntad cuando pide a la Comisión que conciba instrumentos nuevos, que puedan reforzar más la convergencia para acortar el plazo de integración. 
Con este fin, Señor Presidente, Señorías, la Comisión reflexiona en los medios de mejorar la forma actual de los programas de convergencia que han mostrado su eficacia y deberían seguir siendo el eje del sistema. 
Para concluir, desearía reafirmar claramente la coherencia del enfoque de la Comisión. 
Sólo la prosecución de una política macroeconómica sana y estable permitirá recrear la confianza y estimular el crecimiento. 
Las grandes orientaciones se adoptaron de forma unánime por parte del conjunto de los Estados miembros con motivo del último Consejo Ecofin. 
Es esencial mantener y preservar la dinámica de conjunto de esta política desarrollando simultáneamente las políticas estructurales necesarias para la promoción del empleo en Europa. 
El conjunto de los trabajos preparatorios para la entrada en la tercera fase debe estar preparado al menos un año antes de la decisión de pasar. 
El Consejo Europeo deberá así aprobar las modalidades del nuevo sistema monetario, así como del pacto de estabilidad y del estatuto jurídico del euro. 
La realización de la Unión Económica y Monetaria es un proyecto global. 
Se llevará a cabo en las condiciones y en el calendario previstos en el Tratado. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Consejo y a la Comisión por sus presentaciones de esta mañana. 
Me centraré en la orientaciones generales de política económica. 
El Grupo Socialista rechaza enérgicamente las orientaciones adoptadas recientemente por el Consejo Ecofin y nos sentimos profundamente descontentos con la postura que ha tomado la Comisión en lo relativo a las perspectivas económicas para la Unión Europea. 
El primer punto consiste en analizar los fundamentos económicos que según la Comisión son favorables. 
Tenemos altos índices históricos de desempleo. 
En la Unión Europea hay aproximadamente 50 millones de personas afectadas por la exclusión social y la pobreza. 
La demanda interna en la UE ha descendido debido a los ataques a la protección social y a los puestos de trabajo. 
Los salarios reales están estancados. 
La confianza de los mercados financieros volvió a caer el mes pasado por séptimo mes consecutivo y se ha producido un colapso de la confianza de los consumidores. 
La inversión pública ha caído durante los últimos diez años, pasando del 3, 5 % del PIB, al 2, 5 %. 
Si la Comisión y el Consejo sostienen que éstos son fundamentos económicos favorables, me gustaría ver las estadísticas sobre las que basan su afirmación. 
No cabe duda de que Europa atraviesa por una crisis, y necesitamos medidas coordinadas por la Comisión y Ecofin para intentar sacar a Europa de dicha crisis. 
La tasa de crecimiento para este año es del 1, 5 %, y supongo que resultará aún más baja al final del ejercicio. 
Es posible que el año próximo tengamos una tasa de crecimiento del 2 o el 2, 5 %, la cual es del todo insuficiente. 
Por todos estos motivos hemos elaborado un informe muy crítico sobre dichas orientaciones. 
Deseo referirme, en particular, a las orientaciones aprobadas por el Consejo. 
El Sr. De Silguy no ha hecho referencia al modo en que el Consejo modificó dichas orientaciones, y deseo pedir al Consejo y al Sr. De Silguy que analicen específicamente las modificaciones que ha introducido el Consejo Ecofin a dichas orientaciones. 
Espero que el Consejo esté escuchando atentamente lo que digo. 
El Consejo ha suprimido diez puntos de las orientaciones de la Comisión con los que el Parlamento ya se mostró descontento. 
¿Por qué eliminó el Consejo la referencia a una mejor combinación de políticas económicas que sea más favorable al crecimiento? 
El Consejo Ecofin la eliminó. 
Deseo saber por qué. 
La referencia al dictamen del Parlamento Europeo sobre el Informe Económico Anual fue suprimida por Ecofin. 
¿Por qué la suprimió? 
Una distensión duradera en la política macroeconómica es fundamental para relanzar la actividad e impulsar el crecimiento de la creación de puestos de trabajo a medio plazo. 
Una vez más, el Consejo suprimió dicha referencia del texto de la Comisión. 
¿Por qué lo hizo? 
En virtud del artículo 105 del Tratado, la política monetaria puede contribuir de manera significativa a alcanzar los objetivos comunitarios según establece el artículo 2 del Tratado. 
Esa referencia ha sido suprimida. 
¿Por qué? 
El Consejo debe informar a esta Asamblea y explicar por qué hizo dichos cambios. 
El documento de la Comisión hacía referencia a los interlocutores sociales y al diálogo que existe actualmente. 
El Consejo suprimió la referencia a una coordinación eficaz entre los diferentes agentes interesados y entre los países como condición indispensable para garantizar la coherencia de dichas políticas. 
Dicha referencia fue suprimida y queremos saber por qué. 
El Consejo eliminó la referencia al hecho de que las medidas encaminadas a mejorar la convergencia van de la mano de la promoción del crecimiento y del empleo a medio plazo. 
¿Por qué eliminó el Consejo eso de las orientaciones generales de política económica? 
En lo relativo a las Redes Transeuropeas, la declaración que proponía el documento de la Comisión sobre la necesidad de adoptar medidas para superar los últimos obstáculos que impiden concluir los proyectos de las Redes Transeuropeas ha sido suprimida del texto del Consejo. 
El Consejo Ecofin está actuando en estos momentos con excesiva arrogancia si piensa que puede olvidarse del crecimiento y el empleo en la Unión Europea. 
En esta Asamblea nos sentíamos muy descontentos con el documento de la Comisión, pero al menos, ésta se esforzaba en hacer referencia a la necesidad de reducir el desempleo y ocuparse de los preocupantes niveles de crecimiento. 
Esta Asamblea considera el documento del Consejo inaceptable por completo. 
Si el Consejo tiene a bien mirar el apartado 10 de la resolución, que hoy se someterá a votación, verá que insistimos en que en Florencia vuelva a incluirse todo lo que se ha suprimido del documento de la Comisión, y que ése es el documento que deberá ser aprobado por el Consejo. 
A menos que eso suceda, advierto al Consejo que, bien cuando la Presidencia italiana presente un resumen de su Presidencia en julio, o cuando el Sr. Spring o el Sr. Bruton presenten el programa de la Presidencia irlandesa, este Parlamento rechazará de plano las conclusiones de Florencia, a menos que el Consejo se comprometa a reducir el empleo, a recuperar el crecimiento en Europa y a garantizar que el proyecto de la UEM puede continuar por un camino que signifique algo para los ciudadanos, en vez de ser simplemente un objetivo al que aspiran los gobernadores de los Bancos Centrales. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, ante todo deseo felicitar a los tres ponentes, en particular al Sr. Gasòliba, por la redacción de los informes que hemos escuchado. 
Nuestro Grupo, como en la Comisión de Asuntos Económicos, considera con atención el informe anual 1995 del IME, como documento importante y exhaustivo sobre el estado de preparación de la Unión Económica y Monetaria. 
Pero en el próximo semestre se deberán definir los términos del marco de conjunto con vistas a la tercera fase y de los cometidos que incumben al sistema europeo de bancos centrales. 
Como ha indicado el Presidente Lamfalussy, el proceso de integración económica va por buen camino, pero la recuperación, por todos deseada, no ha arrancado y el desempleo sigue siendo el problema número uno en Europa. 
El informe del IME indica claramente que la solución requiere, entre otras cosas, una reducción coherente del déficit y de la deuda públicos; a ese respecto, el Instituto debe intervenir en particular respecto de los Estados miembros en los que esos problemas son demasiado pronunciados y en su estado actual les impedirían su adhesión plena al sistema monetario único. 
Por tanto, es necesario considerar con mayor atención y disponibilidad los Estados que, aun no respetando de momento los parámetros de Maastricht plenamente, demuestren una inversión de tendencia y permitan prever que sus parámetros, hoy negativos, podrán ajustarse al sistema monetario único en plazos ligeramente mayores. 
Como ha recordado el Comisario de Silguy, se debe utilizar el marco del IME definido en Maastricht con vistas a un papel más activo de coordinación de las políticas monetarias de los Estados miembros. 
Además, conviene evaluar preventivamente la situación que podría llegar a crearse para la coexistencia de Estados que se adhieran y Estados que no se adhieran a la moneda única y la consiguiente distorsión de la competencia y la fluctuación de los tipos de cambio. 
Por último, hay un aspecto práctico que merece atención particular: se trata de la introducción en el mercado de la nueva moneda euro y de su difusión en los Estados miembros. 
El de explicar a los ciudadanos europeos cómo funciona la moneda única no va a ser un proceso fácil precisamente; será necesaria la máxima colaboración de las estructuras del mercado, donde el ciudadano encontrará físicamente el euro. 
Pienso en el sistema comercial al por menor, en todas sus formas, en el que será indispensable una campaña de información dirigida a los empresarios, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, y a sus colaboradores en los puntos de venta. 
De hecho, en ellos será donde el consumidor descubrirá la moneda única y con ella tal vez una mayor comprensión del sistema económico comunitario. 
La aceptación y la comprensión por parte del público de la moneda única serán también aceptación y comprensión de la Europa unida. 
Señor Presidente, deseo hablar sobre las orientaciones generales de política económica. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas cree que existe una falta de credibilidad en el centro mismo de la política económica de la Unión que está socavando la confianza de la opinión pública en toda esta empresa. 
Existe un vacío entre las aspiraciones y su realización, entre la retórica y la esencia y entre las orientaciones económicas y su aplicación. 
El modo más estricto de medir dicho vacío son los 18 millones de personas que están sin trabajo y los 50 millones de personas afectadas por la exclusión social y la pobreza. 
Esas cifras causan consternación. 
El informe que Ecofin presentará en Florencia sobre lo que yo denominaría la no aplicación de las orientaciones para 1995, siguiendo de cerca la no aplicación de las orientaciones para 1994, es un documento ceremonioso, insulso y pasivo ante estas cifras. 
No es de extrañar que, en sus vidas cotidianas, sean tantos los ciudadanos que cuestionan la capacidad de Europa para crear puestos de trabajo, porque saben que obras son amores y no buenas razones. 
El Grupo ELDR se siente seriamente comprometido con la idea de alcanzar la UEM de acuerdo con los criterios y el calendario del Tratado, pero queda margen para un auténtico debate político. 
Deseo formular varias preguntas al Consejo en el tiempo de que dispongo. 
Desde el punto de vista institucional, repito la pregunta: ¿por qué el Consejo no hace ninguna referencia, ni siquiera en el preámbulo de sus recomendaciones, a los dictámenes del Parlamento? 
En cuanto a la política, deseo pedir al Consejo que responda hoy a la cuestión de la política de inflación, cuando sabemos que la inflación se encuentra en un bajo histórico y está controlada, según nuestros propios análisis. 
¿No comparte el Consejo el temor que recientemente ha manifestado el Banco de Pagos Internacionales de que existen riesgos de deflación si impulsamos el objetivo de estabilizar los precios más de lo conveniente? 
¿Qué opina el Consejo al respecto? 
Por último, sobre la combinación macropolítica encaminada al crecimiento, el empleo y la convergencia, la Comisión ha hecho referencia, acertadamente, al apartado 1 del artículo 105, y permítame que lo cite brevemente: » La política monetaria apoyará las políticas económicas generales de la Unión Europea, incluidas aquéllas relativas a un alto nivel de empleo». 
El Consejo debe explicar hoy por qué, políticamente, ha pasado por alto de forma escandalosa esta posibilidad de introducir medidas de apoyo adecuadas, porque simbólicamente está diciendo a los 18 millones de desempleados: francamente, no nos preocupa la combinación de políticas adecuadas, somos monetaristas y lo haremos a nuestra manera. 
Si ésa es su manera, es un error político para el Consejo y para Europa. 
(Aplausos del centro y de la izquierda) 
Señor Presidente, en el escenario de la introducción de la moneda única se perfila la formación de una Europa de varias velocidades. 
Nuestro Grupo expresa su profunda preocupación por las consecuencias con las que tendrán que luchar sobre todo los países más débiles, pero también los millones de trabajadores y desempleados de la Unión. 
Llamamos especialmente la atención sobre el hecho de que se suprime prácticamente cualquier independencia nacional respecto a la adopción de una política monetaria y de tipos de cambio, la cual se delega en órganos carentes de toda legitimidad política y democrática, como el Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
Los países excluidos al principio de la moneda única quedarán aún más rezagados con respecto a los países de la UEM y aumentarán las diferencias tanto nominales como reales. 
Esto llevará a la adopción de una política antipopular aún más dura, en nombre de la aproximación a los criterios de Maastricht, que seguirá siendo un sueño inalcanzable. 
Los países que queden inicialmente excluidos tendrán que hacer frente a graves problemas de recursos, dado que el capital se dirigirá, aunque en un principio sea de manera especulativa, hacia los países del núcleo duro, lo cual tendrá un efecto catalizador sobre la reserva de divisas, el nivel de desarrollo y el nivel de vida de los trabajadores de esos países. 
La desaparición del ecu planteará nuevos problemas respecto al presupuesto comunitario y las relaciones financieras entre la Unión Europea y esos Estados miembros. 
Las primas de riesgo, así como el uso de la nueva moneda junto a las nacionales, como monedas de circulación obligatoria, durante el período transitorio crearán para los países no participantes en la moneda única problemas adicionales a los que tendrán que enfrentarse bajo condiciones distintas y con consecuencias negativas para sus economías. 
La decisión de ampliar la Unión Europea plantea el riesgo de que el peso de este proceso, y por consiguiente también el coste de la ampliación, se cargue en los países que no participan. 
Nosotros, señor Presidente, esperamos que los pueblos de los países de la Unión Europea se opongan a esta perspectiva y reivindiquen la realización de una votación popular en los Estados miembros durante el procedimiento de aprobación de los nuevos Tratados, negándose a someterse a esta vía de dirección única de una democracia de bancarios. 
Señor Presidente, los informes de esta mañana presentan el común denominador de que en todos ellos se aspira a cumplir firmemente y a cualquier precio tanto los plazos establecidos para la UEM como sus criterios de convergencia. 
Sin embargo, resulta evidente que no asistiremos durante este siglo a la participación de todos los países de la Unión Europea en la moneda única, y, naturalmente, queda aún incluso por ver si este proceso se llevará a cabo. 
En cualquier caso, la UEM va a dividir la Unión y, si tenemos en cuenta la ampliación hacia el Este, va a dar lugar a una Unión Europea de, por lo menos, tres velocidades. 
La UEM es una prolongación del mercado interior y resulta interesante y sintomático escuchar ahora al propio Comisario Monti plantear que el mercado interior no ha logrado satisfacer desde el punto de vista macroeconómico las expectativas que en él se habían depositado. 
Particularmente, el mercado interior no ha proporcionado resultados positivos en lo que respecta al desempleo. 
Además, el Comisario ha hecho pública esta aclaración durante la Cumbre de Florencia. 
Habría que preguntarse seriamente si debemos esperarnos una decepción similar en lo que atañe a la UEM, habida cuenta de que el mercado interior y la UEM son elementos estrechamente vinculados a las mismas ideas. 
Los Verdes respaldamos unánimemente la aplicación de una política económica saludable, en el marco de una economía pública equilibrada, que no obligue a recurrir en exceso a los fondos presupuestarios para satisfacer el pago de intereses ocasionados por la deuda pública. 
El modelo de sociedad europeo o nórdico se ve amenazado en la actualidad al pretenderse cumplir los mencionados criterios de la UEM a un ritmo vertiginoso e, incluso, violento. 
Esta es la razón que obliga, sencillamente, a aplazar el calendario previsto. 
Otro motivo por el que se deberían aplazar los plazos reside en el hecho de que, de este modo, se podría lograr una verdadera convergencia de las economías europeas. 
De acuerdo con estudios realizados, es posible, incluso, que en los últimos tiempos hayan aumentado las diferencias entre las economías de los países miembros. 
¿Y si se llegara a un acuerdo para fijar la reducción a la mitad de los índices de desmpleo como condición real para la incorporación a la UEM? 
De todo es sabido que este hecho constituye un objetivo público tanto en numerosos países víctimas del desempleo, como en la propia Unión Europea. 
Cabría reflexionar la posibilidad de llevar a cabo un cierto relajamiento de la política económica y monetaria. 
De acuerdo con algunas estimaciones, una unidad porcentual más de inflación podría contribuir a la creación de dos millones de puestos de trabajo. 
En cualquier caso, los Verdes proponemos ante todo acometer una reforma fiscal a fondo. 
De hecho, la Comisión ha publicado recientemente un interesante documento sobre la imposición fiscal en la Unión Europea. 
La idea central del documento es la necesidad ineludible de abordar la fiscalidad a nivel de la UE en su conjunto, en vez de hacerlo impuesto por impuesto, puesto que los Estados Miembros ya han perdido en favor del mercado una gran parte de su soberanía en materia de política fiscal, lo cual resulta verdaderamente vergonzoso para los políticos. 
A nivel comunitario no se ha conseguido aportar ninguna solución por lo que respecta al sistema de imposición fiscal, así que me gustaría preguntar al Consejo si es consciente de la enorme contradicción existente entre la aspiración a lograr una rápida puesta en marcha de la UEM y la ineptitud mostrada en todos los ámbitos por parte de la UE para abordar un asunto de tan amplia repercusión para la economía y el empleo como es el de la imposición fiscal. 
Señor Presidente, el informe del Sr. von Wogau sirve a una buena causa. 
El Mercado Interior de la Unión Europea se beneficiará de un sistema monetario que tiene por objeto evitar las fluctuaciones entre los tipos de cambio de las monedas europeas. 
Al igual que el ponente, consideramos que un Sistema Monetario Europeo de «nuevo estilo» constituye un buen recurso. 
La propuesta de resolución indica con razón que la base de la estabilidad monetaria se establece a través de una política monetaria y presupuestaria creíble de los Estados miembros. 
La estabilidad no se consigue con la UEM o con un mecanismo de tipos de cambio. 
Comparto la idea, expresada por el ponente en la exposición de motivos, de que relativamente pocos Estados miembros de la Unión Europea participarán en 1999 en la tercera fase de la UEM. 
Muchos Estados miembros no cumplen los criterios de adhesión. Entre ellos se encuentran Francia, Alemania y los Países Bajos. 
No parece que a corto plazo esta situación vaya a cambiar mucho. 
Algunos políticos preconizan, por miedo, una flexibilización de los criterios. Con ello minan la credibilidad del euro y ponen una bomba de relojería monetaria debajo del mecanismo de tipos de cambio. 
Entre tanto, me pregunto qué sentido tiene formar una unión monetaria de tres o, como mucho, cuatro Estados miembros. 
Las ventajas apenas compensarán los costes que acarrea la formación de la UEM. 
Una importante objeción práctica a toda formación prematura de la Unión Monetaria es que esta pone un obstáculo a la rápida adhesión de los PECO. 
Es preferible realizar la adaptación de la política económica y monetaria de los Estados miembros actuales y futuros de la Unión de una forma no forzada. 
A partir de ahora, los Estados miembros tienen que trabajar por la estabilidad de la moneda y la estabilidad de los tipos de cambio. 
De este modo se mejorará el funcionamiento del Mercado interior y no se levantarán barreras innecesarias a la adhesión de los PECO. 
Señor Presidente, el presente informe de la Comisión refuerza la convicción de quienes opinan que la materialización por fases de la Unión Monetaria en la fecha prevista va a tener repercusiones negativas tanto para la Unión en su conjunto como para algunos Estados miembros. 
La desintegración en una Europa de dos velocidades está anunciada. Aun en el caso de que esta circunstancia fuera tan sólo transitoria, contradice de plano el objetivo del equilibrio económico y social. 
Las condiciones para una participación sin restricciones de todos los Estados miembros en el Euro sólo se harán posibles mediante apoyos masivos a los «países que se han quedado fuera» , a costa de los presupuestos, ya de por sí debilitados por las medidas de ahorro de los países que cumplen los criterios (de convergencia). 
No se puede evitar que un país con moneda débil de los «que están fuera» ocasione distorsiones de la competencia mediante devaluaciones unilaterales, como las que en la actualidad presionan al sector exterior de la economía de algunos Estados miembros. 
Por esta razón, resulta crucial el articular mecanismos de intervención que neutralicen la presión especulativa. 
En todo caso, el presente informe contiene únicamente datos vagos y generales y ninguna indicación sobre el momento en que se presentarán las directrices para las futuras relaciones de tipo de cambio entre los países que participen en la Unión Monetaria y los que queden fuera. 
Una vez más, se confirma lo que temen los ciudadanos de muchos países, que, vista la mala situación económica, sólo unos pocos Estados podrán cumplir los criterios de convergencia y que, desgraciadamente, la importante cuestión de la estabilidad de los tipos de cambio entre los Estados de dentro y los de fuera sólo se considera, como mucho, de manera rudimentaria. 
En esta Europa dividida, el sector exportador y el turístico de los países con moneda fuerte tendrán que soportar grandes presiones debido a la negativa influencia de los programas de ahorro que exigen los criterios de convergencia. 
Señor Presidente, por lo menos 18 millones de desempleados en las estadísticas, y por lo menos 9 millones fuera de ellas: las orientaciones económicas tendrían que partir de esta realidad y dar una respuesta a estos problemas. 
Pero no lo hacen. 
Además se dan consejos financieros unilaterales y muy monetaristas, olvidándose de una política de empleo estructural y activa cuyas bases sentaron el Libro Blanco de Delors y el Consejo de Essen. 
La estabilidad monetaria crea confianza, pero la tranquilidad monetaria, la estabilidad monetaria en medio de la agitación social, señor Presidente, no existe. 
El momento en que celebramos este debate es muy importante, y exige unas orientaciones más equilibradas que las que ahora tenemos ante nosotros. 
En primer lugar, a finales del presente año, en Dublín, habrán de concretarse y tornarse más vinculantes los acuerdos de Essen, a través de instrumentos e indicadores. 
En segundo lugar, dentro de poco los jefes de gobierno, en Florencia, tendrán que imprimir un rumbo a una política de empleo común europea y activa. 
La UEM demuestra que la coordinación a nivel europeo une a los Estados miembros, está dando frutos. 
En Florencia tendrá que aplicarse al empleo. 
En tercer lugar: en estos momentos, la Comisión Europea se esfuerza por conseguir que los interlocutores sociales lleguen a acuerdos en un pacto de confianza sobre la política europea de empleo. 
Sin embargo, un pacto de confianza de este tipo sólo puede funcionar si en las grandes orientaciones económicas se abandona la fe unilateral en la UEM y se sientan las bases para acuerdos entre los interlocutores sociales, por ejemplo para crear puestos de aprendizaje y trabajo para millones de jóvenes parados menores de 25 años. 
Por último, en estos momentos las negociaciones sobre la CIG tratan la cuestión de cómo puede alcanzarse un equilibrio en el Tratado entre la política de empleo monetaria y estructural. 
El traspaso de cargas fiscales del empleo a la energía y al medio ambiente sólo puede efectuarse a nivel europeo, y la competencia entre los Estados miembros exige una política común. 
Las amplias orientaciones económicas serían la base para una política de este tipo. 
No lo veo. 
En la política económica equilibrada por la que ha abogado regularmente el Parlamento Europeo encaja también el reconocimiento de la importancia económica del modelo social europeo. 
Este modelo no supone ante todo un gasto, sino sobre todo un fuerte estímulo para el empleo, pues mantiene el poder adquisitivo y la demanda, creando con ello estabilidad. 
Lo mismo puede decirse de unos sueldos decentes que además pueden ser un estímulo para una formación continuada. 
Resumiendo, limitar la política económica a un único mercado y a una única moneda es pedir impotencia económica para la Unión Europea y un continuo desempleo masivo. 
Por estas razones, señor Presidente, es preciso que el Consejo y la Comisión Europea ajusten estas orientaciones económicas, y por lo que a mí respecta, que las rechacen. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, deseo hacer una observación sobre las orientaciones políticas generales. 
Después de lo que ha dicho el Sr. Donnelly, me gustaría hacer la puntualización siguiente. Apoyamos firmemente la línea adoptada por la Comisión que, además, se inspira muy ampliamente en posiciones consensuales logradas en el seno de este Parlamento. 
Al tiempo que somos conscientes de las dificultades financieras que limitan el margen de maniobra del gobierno, nuestro grupo lamenta las alteraciones que ha añadido el Consejo a las propuestas de la Comisión. 
Es la razón por la cual, contrariamente al Grupo Socialista, no metemos en el mismo saco a la Comisión y al Consejo, a la hora de expresar nuestra reprobación. 
Por lo que respecta al informe von Wogau, las modificaciones de los tipos de cambio entre las monedas de los países pertenecientes a un mismo mercado común siempre han sido una cuestión de interés común. 
¿Qué significa eso? 
Significa que los Estados ya no hacen lo que quieren en ese ámbito. 
Esta disposición es de aplicación en la actualidad y lo será siempre en el futuro; esta disposición figura textualmente en el Tratado de Roma y no la ha modificado el Tratado de Maastricht, y tampoco creo que se modificará en la futura CIG. 
Es lógico. 
¿Por qué? 
Porque una modificación de los tipos de cambio que no se limite a un simple restablecimiento de las paridades de poder adquisitivo introduciría una distorsión de competencia que perjudicaría gravemente al funcionamiento del mercado común. 
Es la razón por la cual, aunque en términos de negociaciones penosas y en total contradicción con el espíritu de los tratados hemos acabado por conceder a dos Estados miembros un opting out a la unión monetaria, aunque no estén exentos de la obligación de actuar en común en todo lo concerniente a los realineamientos de los tipos de cambio. 
Por lo tanto, la pretensión de algunos de no plegarse a una futura disciplina común por lo que respecta a la política de cambio con respecto al euro, disciplina que se adoptará de acuerdo con las normas democráticas y de conformidad con los tratados, es inaceptable. 
Si se concibe el nuevo Sistema Monetario Europeo con la suficiente flexibilidad, como lo pretende con elocuencia nuestro ponente, Gran Bretaña no debería tener objeciones serias que demostrar para no formar parte del mismo. 
Por consiguiente, es erróneo darle desde ahora la posibilidad de actuar a su albedrío, a lo que ya tiende demasiado en la actualidad. 
Es la razón por la cual, en este punto preciso, no compartimos la opinión de algunos de nuestros compañeros y por la que hemos introducido una enmienda, para reafirmar los grandes principios que siempre han constituido la base de la construcción europea. 
Una última palabra, Señor Presidente, en relación con los «in» y los «out» , los «prein» y los «in» , para ajustarnos totalmente a la nueva jerga. 
Está claro que ello implica una solidaridad, lo manifestamos claramente en varias ocasiones. 
Pero esta solidaridad no debe ir, como algunas enmiendas tratarían de esgrimir, hasta limitar la independencia del Banco Central poniéndole, desde ahora, limitaciones o balizas por lo que respecta a su política de tipos de interés. 
Señor Presidente, Señorías, estos tres informes abren un debate importante porque se trata, a la vez, de la Unión Económica y Monetaria, del impacto de las fluctuaciones monetarias en el mercado interior y del informe anual del Instituto Monetario Europeo. 
El proyecto de resolución constituye una contribución importante para la construcción monetaria europea. 
El mecanismo propuesto por el Parlamento Europeo se acerca al resultado de las reflexiones del Consejo, tal como se ha presentado al Consejo Ecofin informal de Verona y luego al Consejo de Florencia. 
En efecto, el mecanismo de cambio es indispensable para prevenir las fluctuaciones de las monedas de los países no participantes y proteger el mercado único. 
La resolución recuerda con razón que debe apoyarse sobre todo en los esfuerzos de convergencia y de buena gestión económica de los Estados miembros, pero que debe asimismo implicar dispositivos de ayuda para las monedas que han sido atacadas. 
Sin embargo, nuestro grupo manifiesta una reserva sobre el apartado 4. 
En efecto, consideramos que la estabilidad de los tipos de cambio reales es necesario, en efecto, para evitar las ventajas indebidas de competitividad. No obstante, la estabilidad nominal es un factor poderoso de desinflación, ayuda a la convergencia y subtiende el principio mismo del Sistema Monetario Europeo. 
En el futuro, para prevenir las fluctuaciones del cambio, reafirmamos, como la resolución, la necesidad de una convergencia acrecentada y de un refuerzo de la vigilancia macroeconómica en el seno de la Unión. 
La relación se opone también a cualquier medida correctiva que vaya en contra de las medidas específicas de ayuda a las pequeñas y medianas empresas. 
Por lo que respecta a la lucha contra las fluctuaciones monetarias, me gustaría recordar que el Ministro de Hacienda francés, hace poco, presentó a sus colegas de la Unión, tres propuestas capaces de prevenir los movimientos de cambio desordenados. 
Dichas medidas conciernen a la actualización de los pagos realizados en concepto de Fondos estructurales en función de la evolución de los tipos de cambio reales, la introducción de una condicionalidad macroeconómica a los pagos de los Fondos estructurales o similar a la que existe para los Fondos de cohesión y el refuerzo del procedimiento de las grandes orientaciones de política económica. 
Para luchar contra las fluctuaciones monetarias el texto de la resolución propone la buena solución: reforzar la disciplina macroeconómica y presupuestaria de los Estados miembros de la Unión y prevenir los desequilibrios, fuente de inestabilidad financiera. 
Después de la entrada en la fase 3 de la UEM, se planteará la cuestión en los mismos términos, frente a las monedas de los países que no participan todavía en la Unión Monetaria. 
Por su parte, el Consejo ha progresado en este sentido, aprobando, a excepción del Reino Unido y de Suecia, una propuesta de mecanismo de cambio inspirado en el SME. 
Las modalidades técnicas se establecerán en el Consejo de Dublín, lo que responde a la preocupación manifestada por el proyecto de resolución. 
Por el contrario, queridos compañeros, nuestro grupo es extremadamente reservado sobre la propuesta de instaurar un impuesto sobre las transacciones especulativas. 
En efecto, ¿cómo distinguir una transacción especulativa de una operación de cobertura? ¿Cuál sería su eficacia en un mundo en el que los capitales se desplazan libremente y en donde las operaciones sobre las divisas europeas pueden efectuarse en las plazas financieras de América o de Asia? 
En otras palabras, ¿por qué penalizar a Europa con relación al resto del mundo, en el mismo momento en que el desempleo sigue siendo el mayor desafío que la Unión tiene que afrontar? 
Hecha esta reserva, Señor Presidente, nuestro grupo dará su apoyo a cada uno de estos informes. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señor Presidente, Señorías, la introducción de la moneda única va unida a grandes retos y la experiencia nos enseña muchas cosas sobre los tipos de cambio como mecanismo de ajuste entre los países centrales de la UEM. 
Quiero recalcar de nuevo, aunque sea a mayor abundamiento, que cualquier acuerdo que consiga lograr una limitación de los tipos de cambio mutuos es mejor que ningún acuerdo. 
Hemos de hacer caso de las recomendaciones de los Sres. Gasòliba i Böhm y von Wogau, pero Señorías, señor Presidente del Consejo, aparte de la gran importancia de la UEM, que según mi Grupo creará empleo, no hemos de hacer la vista gorda ante el fuerte desempleo. 
Muchos compañeros lo han mencionado: 18 millones de personas sin trabajo y otras muchas formas de desempleo oculto. 
No podemos quedarnos de brazos cruzados, y desde que estoy en este Parlamento tenemos un debate sobre esta cuestión. 
Hace ya dos años que hablamos de un excelente informe sobre empleo, crecimiento y competitividad, que sigue sin aplicarse. 
Es el Consejo quien no hace suficientes progresos con las recomendaciones en el ámbito de la educación y formación, en el ámbito de la flexibilización del mercado laboral, los nuevos horarios laborales, la reducción de la jornada laboral y sobre todo en cuanto a las posibilidades que ofrece la fiscalidad: traspaso de las cargas que gravan el trabajo a otros objetivos. 
Señor Presidente, también he entendido que en el pacto de confianza del Sr. Santer, con el que el Sr. Santer acudirá a la Cumbre de Florencia, se han borrado los ejemplos de los 17 ámbitos en que podría crearse empleo, sobre todo en las regiones y en las ciudades, y quisiera preguntar al Consejo por qué no se realizan estos ejemplos, para los que tanto han trabajado el Parlamento y la Comisión. 
Señor Presidente, a pesar de las grandes dudas y críticas, la dirección de la Unión insiste en seguir una teoría dogmática y su realización- una teoría que carece de fundamento real. 
¿Cuáles son sus consecuencias, que están a la vista de cualquiera? 
Incapacidad para la política coyuntural constructiva, aniquilación de infraestructuras centrales de la sociedad, impotencia y cinismo ante el paro de masas y la crisis social, capitulación incondicional ante la influencia desestabilizadora del capital especulador, y finalmente también, riesgo de división de la Unión. 
¿A qué conclusión llegamos? 
La conclusión de que es hora de que abandonemos unas ideas dogmáticas y obsoletas y de que elijamos una modalidad de política económica y de cooperación monetaria más moderna, flexible y realista. 
Señor Presidente, Señorías, qué trastornos de lenguaje y de ideas después de la aprobación del Tratado de Maastricht. 
En 1992, nos prometían el vuelco de todos los miembros de la Unión hacia la moneda única, a más tardar el 1 de enero de 1999, a reserva de excepciones marginales. 
Entonces sosteníamos que se trataba de una visión irreal y pedíamos más bien una reforma del Sistema Monetario Europeo para que funcione correctamente. 
Hoy, los responsables del proyecto de moneda única se han visto reducidos a inventar, casi en el último momento, un sistema monetario renovado con el fin de evitar la ruptura de la Unión en dos o varios grupos. Además, se han visto obligados a apurar la copa hasta las heces. 
Tras haber proclamado que el Sistema Monetario Europeo estaba definitivamente muerto y enterrado, se han visto obligados a resucitarlo. Tras haber proclamado que el mercado único no podía funcionar sin moneda única, ahora se han visto obligados a admitir lo contrario. 
No obstante, la evolución actual, aunque globalmente bien orientada, no nos satisface del todo por dos razones. 
En primer lugar, el SME renovado sólo sería temporal puesto que, en teoría, se mantendría el objetivo de moneda única para todos y, en lo inmediato, la política de convergencia. 
Ahora bien, esta política nos parece casi tan poco razonable como la del vuelco simultáneo de todos los miembros. 
En efecto, postula que en un plazo cercano será posible aplicar a todos una política económica única, lo que supone que los problemas se unificarán, y por consiguiente, las sociedades también. 
¡Todo esto no nos parece serio! 
Esta convergencia burocrática, si se aplica de forma demasiado rígida sociedades distintas, corre el riesgo de producir efectos negativos, incluso desestabilizadores para el sistema. 
Segunda razón para exponer nuestras reservas: el nuevo sistema que tratamos de inventar jamás se ha pensado globalmente, ni se ha aceptado democráticamente por parte de los parlamentos nacionales, a pesar de la existencia de rudimentos que encontramos aquí o allá en el Tratado. 
Ahora bien, parece difícil imponer disciplinas sin que hayan sido aceptadas. 
Un viraje semejante no puede hacerse en la oscuridad. 
Por lo tanto, un día u otro, habrá que reanudar el debate manteniendo las formas. 
Señor Presidente, señor director, o presidente- no lo sé- del Instituto Monetario, señor Comisario, el informe del Profesor Pérez Royo- que, además, no está de acuerdo con nuestro colega Milton Friedman, el monetarista que considera que esta moneda única es un suicidio- el informe de Gasòliba y el informe de von Wogau, nos llevan a este problema «teológico» y «teleológico» de la moneda única. 
El problema teológico en primer lugar. 
¿Dios es bueno? 
¿La moneda es buena? 
Los productores de fresas tienden a considerar que la moneda única es buena frente a la devaluación de la peseta española. 
Pero ocurre que la peseta española y la lira italiana que interesan a los criadores de bovinos franceses, no participarán probablemente en la moneda única, dicho de otro modo, las ventajas son un poco ilusorias. 
Aun cuando los Quince participen en la moneda única, el dólar no participará, las monedas del Sudeste Asiático, subevaluadas no participarán, como tampoco lo hará la moneda marroquí, etc. La moneda única se adaptaría tal vez al mercado único europeo, pero ocurre que el mercado único es cada vez menos europeo y cada vez más mundial, debido, además, a la política librecambista de la Comisión Europea. 
Otro problema mucho más serio, la moneda no es más que un vehículo que transporta información sobre el estado de una economía. 
La moneda es el reflejo de una economía, no es la economía, es la sombra que proyecta la economía. 
Es la historia de Platón y de la cueva, es el significante y no el significado. 
Pero cuando se quiere obligar a quince economías diferentes a tener la misma sombra monetaria oficial, se obliga a estas quince economías a correr tras su sombra oficial. 
Ahora bien, si intentan ustedes correr tras su sombra, la experiencia demuestra que al cabo de un momento ustedes se agotan y también al cabo de un momento se mueren. 
Esto se llama, en materia económica, el desempleo, la austeridad, la recesión y los manifestantes, incluso en Alemania. 
Lo que plantea los problemas de los fines, de la teleología. 
La moneda única sí, pero ¿para qué? 
¿Es la finalidad de Europa la moneda única, el Banco Central único, el mercado único, o es la prosperidad, la democracia y el desarrollo? 
Señor Lamfalussy, perdóneme, pero a propósito de democracia, el director del Banco Central Europeo, artículos 107 a 109, » que no recibe órdenes de nadie» , eso se parece más a la oligarquía que a la democracia. 
Así pues, aunque se ponga un control parlamentario en alguna parte, no irá muy lejos. 
Y si el fin es la prosperidad, pues bien, mi querido compañero Pérez Royo, la situación de los agricultores de Andalucía, de Finlandia y de Francia se parece más bien a la frase de Jaurès: » la moneda es la sangre de los pobres». 
Tanto que hemos olvidado la experiencia de la historia. 
La moneda única existió ya en Europa y en el mundo; era el patrón oro y ello no impidió las deflaciones. 
La gran deflación americana se produjo además en período de cambio fijo con el patrón oro. 
Ya sé, señor Silguy, que no le convenceré, puesto que es un problema religioso. 
Por lo menos, habremos tomado postura sobre las catástrofes que acarreará esto. 
El mercado y la ley del mercado conducen a un resultado viciado. 
No obstante, pienso que no podemos seguir como hasta ahora. Es preciso intensificar el impulso de las políticas estructurales y para ello hace falta reorientar en la práctica las directrices político-económicas, tal como pretende hacer hoy el Parlamento. 
En fecha muy temprana este Parlamento se pronunció a favor de que las monedas que no participen en la Unión Monetaria se vinculen a un mecanismo de tipos de cambio con el Euro como moneda ancla. 
Creo que necesitamos un sistema europeo solidario y estable porque, por un lado, tenemos que prevenir los ataques especulativos contra las monedas que no formen parte de la Unión Monetaria y, por otro, hay que evitar una quiebra del mercado interior. 
Ante todo, hemos de comprometernos a apoyar a las otras monedas y ser solidarios con ellas, de tal manera que puedan integrarse cuanto antes en la Unión Monetaria. 
Como se ha demostrado en los últimos años, las turbulencias cambiarias no sólo perjudican al crecimiento económico, sino también al empleo. 
Por ello, parece crucial introducir un mecanismo de tipos de cambio que mantenga la credibilidad del proyecto. 
Me parece también muy importante que el Instituto Monetario Europeo realice estudios adicionales sobre las oscilaciones de los tipos de cambio y, especialmente, análisis de las repercusiones en el plano microeconómico. Así podríamos tener una visión mucho más clara de lo ocurrido durante 1995 en los diferentes sectores y de cómo estos sucesos afectan negativamente a la confianza de los agentes económicos. 
Después de todo, hoy en día el factor decisivo no son los costes salariales, sino los movimientos y oscilaciones en los tipos de cambio y los negocios de seguro de cambio originados por las distorsiones de la competencia en el mercado interior que se producen a causa de alzas de los costes salariales en los países con moneda fuerte. 
Por todo ello, ha llegado el momento de encontrar un mecanismo que deje claro que las monedas que no participen en la Unión Monetaria desde el principio pueden incorporarse después y que no hay ninguna quiebra del mercado interior, sino que la Unión Monetaria es un paso más en su profundización y representa, por tanto, una supranacionalización del mercado. 
Señor Presidente, el desempleo representa en estos momentos un problema común a toda Europa al que se intentan encontrar soluciones en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, el desempleo no constituye un obstáculo para el establecimiento de la UEM, puesto que esta unión mejora no solamente la competitividad sino también la demanda, todo lo cual repercute favorablemente en el empleo. 
La UEM reduce las bruscas fluctuaciones coyunturales, rebaja los tipos de interés- en especial, en los países pequeños- y activa el comercio en el mercado interior. 
No existen atajos que lleven a la creación de empleo y la situación no mejora a base de recurrir a medidas de alivio con carácter temporal. 
La Unión Económica y Monetaria es una prolongación natural del mercado interior, ya que el único medio para aprovechar completamente las ventajas del mercado interior es la cooperación y la armonización en los ámbitos monetario y financiero. 
Es cierto que el calendario acordado en el Tratado de Maastricht para la aplicación de la tercera fase de la UEM implica cierto grado de incertidumbre propiciado por los problemas económicos. 
Pero el aplazamiento de la tercera fase, o simplemente una decisión en este sentido, retrasaría la reactivación de la economía europea, mantendría elevados los tipos de interés y daría lugar a una gran inestabilidad económica. 
Gracias a los criterios de la UEM y a su cumplimiento se obtiene precisamente estabilidad, se reduce el poder decisorio de la política económica con respecto a los tipos de cambio y disminuyen las ventajas de permanecer al margen de la tercera fase. 
La política monetaria posterior a la tercera fase de la UEM constituye una preocupación común a los países de la UE. 
Tanto en los países que participen en la UEM como en los que permanezcan al margen de ella, el objetivo fundamental deberá ser la estabilidad de los precios. 
Asimismo, el sistema deberá ayudar a aquellos que queden al margen a lograr su posterior incorporación a la misma, a la vez que no podrá ocasionar problemas al funcionamiento del mercado interior o a las actividades financieras del Banco Central Europeo. a fin de lograr el apoyo a la Unión Económica y Monetaria, es importante que la Comisión defina ya durante este año las reglas del juego para aquellos países que queden excluidos de la UEM. 
Espero que el señor Comisario se incline por esta alternativa y encuentre una solución al problema a la mayor brevedad posible. 
La visión de los responsables del informe sobre la situación actual de la UEM y sobre la fase preliminar a la transición a la moneda única es realista. 
No obstante, considero que es más importante alcanzar los criterios de convergencia que asegurar la presencia de las monedas fluctuantes en el Sistema Monetario Europeo, ya que, de este modo, aumenta la credibilidad de la política económica y se crean condiciones más propicias para lograr la estabilidad tanto de la economía financiera como de toda la economía nacional. 
Señor Presidente, en abril de 1996, el Instituto Monetario Europeo publicó su Informe Anual de 1995. 
Este excelente documento contiene una sección en la que se da cuenta detallada de las condiciones económicas y financieras de la Unión Europea, incluida la actual situación de los diferentes Estados miembros con respecto a los criterios de convergencia de Maastricht, necesarios para culminar con éxito la Unión Económica y Monetaria. 
Nuestro Grupo, por su parte, recuerda la necesidad de que al final todas las monedas de la Unión Europea participen en los mecanismos de cambio, si queremos garantizar la buena marcha del mercado único y asegurar la transición hacia la UEM. 
El informe del Sr. Böhm, que apoyamos en términos generales, acoge con satisfacción el informe del IME y resalta sus principios más importantes, que son la necesidad de seguir el Tratado en todas las etapas institucionales en la transición hacia la tercera fase de la UEM; de continuar la reflexión sobre el intercambio de relaciones entre las futuras zonas del euro y el resto de la Unión; y la necesidad de un intento continuado para corregir la deuda pública. 
El informe del Instituto, al igual que la resolución del ponente, apunta a la dirección correcta desde el punto de vista de nuestro Grupo, con una pequeña excepción. 
En uno de los apartados, la propuesta de resolución observa una contradicción entre el IME y la Comisión Europea en lo relativo a sus explicaciones de las fluctuaciones económicas tan manifiestas durante 1995. 
El término es algo fuerte, y por nuestra parte pensamos que existe consenso y que los pronósticos de ambos sólo difieren en la importancia que respectivamente atribuyen al nivel de los tipos de interés en 1994 y a las fluctuaciones monetarias durante el primer trimestre de 1995, así como a su impacto sobre la confianza de los agentes económicos. 
En esta exposición general, nuestro Grupo acoge con satisfacción el informe del Sr. Pérez Royo, que hace hincapié en los esfuerzos necesarios en términos de convergencia y disciplina presupuestaria, que es lo único que puede evitar las fluctuaciones monetarias. 
Para terminar, creemos que el sistema de cooperación monetaria no es solamente competencia de la Comisión y del IME, sino que es competencia del Consejo, del IME y de la Comisión respectivamente. 
Al mismo tiempo, no debemos olvidar que la posibilidad de introducir bandas de fluctuaciones más estrechas no debe ser el único recurso de los Estados miembros afectados y que también debe existir un marco multilateral a disposición de los ministros de Finanzas, de los Bancos Centrales europeos y de los Bancos Centrales de aquellos países que aún no se han integrado en el sistema. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de mi Grupo quiero decir algo concreto sobre el informe Pérez Royo. 
El Grupo de los Liberales aprueba en líneas generales este informe, pero nos escandaliza el apartado 4, en el que el ponente afirma que un impuesto sobre la especulación monetaria puede contribuir a que los tipos de cambio sean previsibles. 
Tenemos dos objeciones fundamentales. 
En primer lugar, podríamos preguntarnos dónde estriba la eficacia de un impuesto de este tipo, y en segundo lugar, creemos que no es en absoluto deseable. 
¿Por qué no habría que introducir un impuesto así? 
Porque no podemos limitarnos a las operaciones del mercado monetario, pues los especuladores pasarán simplemente a otras transacciones financieras, como los productos financieros derivados. 
En segundo lugar, porque con su introducción en Europa, los flujos de capital se trasladarán fácilmente a países como Singapur y Hogkong: es decir, para poder introducirlo es preciso ampliarlo a todas las transacciones financieras y a todos los países del mundo. 
Incluso si consiguiéramos introducir un impuesto sobre la especulación monetaria, este sigue sin ser conveniente. 
En primer lugar, un impuesto de este tipo crea unos mercados financieros menos líquidos, lo cual en sí puede provocar grandes fluctuaciones monetarias. 
En segundo lugar, encarece el capital. 
El impuesto no establece ninguna diferencia entre especulación e inversión. Afecta al crédito comercial y a las operaciones de cobertura que tienen que ver con las inversiones directas, y dudo mucho, Señorías, que nuestra intención sea frenar las inversiones. 
Lamento tener que constatar que la idea de gravar las operaciones monetarias vuelve a lanzarse una y otra vez sin argumentos. 
Por ello quiero votar, junto con mis compañeros del Grupo de los Liberales, en contra de este apartado. 
Señor Presidente, una voz más, un minuto más, para que quede claro, una vez más, que no es consensual el camino que como tal se pretende presentar. 
Lo que se decidió en Maastricht sobre la UEM y la moneda única no es algo intocable. 
Entre otras cosas, porque la realidad ha demostrado que el camino no podía ser el entonces proyectado. 
Una voz y un minuto para recordar el desempleo y la degradación social y la parte de responsabilidad que corresponde a los criterios nominales, que han servido para imponer una política, al tiempo que resultaban inalcanzables. 
Pero a la inflexibilidad total de que se han dado muestras en cuanto a las metas y los plazos arbitrarios seguirá tal vez la flexibilidad más laxista y arbitraria en la interpretación de los artículos del Tratado para que sea viable lo que el respeto de las condiciones previamente planteadas e inflexiblemente aplicadas volvería imposible. 
Sobre todo, una voz y un minuto para afirmar que el problema radica en esa quiebra de la demanda, en la orientación de la inversión, en la necesidad de limitar las aplicaciones especulativas y de estimular las productivas y creadoras de empleo, de que sea otra la política económica, en la que la moneda tenga su función de instrumento y el objetivo sea el de la mejora de las condiciones sociales. 
Señor Presidente, Señorías, señores representantes de la Comisión y del Consejo, desde septiembre de 1992 ha habido diversas devaluaciones de monedas nacionales: una de las más importantes, desde el punto de vista de la pérdida de valor, fue la de la lira, que llegó a perder hasta una tercera parte respecto del marco alemán, lo que provocó la salida de la divisa italiana del SME. 
Y hoy, en Italia, no se oye hablar de otra cosa que de la entrada de nuevo y en breve de la lira en el sistema monetario europeo. 
Parece ser una prioridad que, a mi juicio, puede hacer perder de vista que el primer objetivo que debe alcanzar por parte del Gobierno italiano es el de la reducción del déficit público y la aplicación, por tanto, de una política fiscal racional y estable, que contribuya a reducir la inflación que en Italia es aún de las más altas. 
Así, pues, estoy preocupado precisamente porque comparto el espíritu del informe del Sr. Fernando Pérez Royo: la depreciación de la lira se debió a una coyuntura especulativa y política, mientras que hemos presenciado una rapidísima recuperación respecto del marco, cosa que yo, personalmente, no creo precisamente por esa rapidez que me deja perplejo. 
Conviene ser transparentes: una política de transparencia es útil, pero no creo que esa súbita revaluación de la lira se deba a la supuesta fe de los mercados en la estabilidad de un Gobierno que aún no cuenta dos meses de vida. 
Así, pues, pido que se profundice en las causas que ponen en movimiento oscilaciones financieras demasiado concentradas como para no ser sospechosas, recordando que en Italia, durante cierto tiempo, bastaba una «fuga» de noticias de autos de procesamiento con fianza para provocar descensos de la lira, que después pagaban los trabajadores italianos en pérdida de la capacidad adquisitiva. 
En conclusión, señor Presidente: intentos comunes, política macroeconómica común, encaminada a resolver problemas económicos y monetarios que hoy afectan a algunos países miembros pero que mañana podrían afectar a otros. 
Señor Presidente, al tiempo que expreso mi satisfacción por el Informe Anual del IME de 1995, deseo felicitar no sólo al ponente del Parlamento, Sr. Gasòliba i Böhm, sino también al presidente del IME, Alexandre Lamfalussy, que ha anunciado recientemente su jubilación en 1997. 
Esto no significa, sin embargo, que el Grupo Socialista esté de acuerdo con todo lo que recoge el informe de 1995 ni tampoco con las observaciones que ha hecho el ponente sobre el mismo. 
En muchas partes, el informe deslustra ideas que encontraron una amplia aceptación en el Informe Económico Anual de la Comisión, sobre el que ya se ha pronunciado el Parlamento. 
Entre ambas instantáneas aparecen, sin embargo, algunas diferencias. 
La UEM muestra una carencia idiosincrásica a la hora de mencionar la frágil situación de la confianza del consumidor y del sector financiero como uno de los principales factores que han contribuido a la desaceleración de la economía en estos últimos tiempos. 
En ese sentido, elude resaltar la necesidad de adoptar medidas eficaces, incluida la utilización sensata de la política monetaria como medio para impulsar la recuperación económica y la confianza de los consumidores. 
Por otro lado, el informe del IME habla con ligereza de las rigideces del mercado laboral, y parece seguir el enfoque simplista de que la flexibilidad del mercado laboral significa un empeoramiento de los salarios y de las condiciones de los trabajadores, y no una mejora de su capacidad de movimiento gracias a la educación, la formación y la inversión. 
De forma similar, la dudosa observación de que los índices porcentuales del gasto público fueron inaceptablemente altos, apenas fue suavizada fríamente por el Sr. Lamfalussy cuando éste se sintió atacado recientemente en la Subcomisión Monetaria del Parlamento. 
Por último, el informe del IME eludió señalar con dedo acusador las rígidas políticas monetarias que siguen algunas autoridades monetarias nacionales y que han tenido unos efectos tan nocivos sobre la economía real. 
En el informe del Parlamento se han incluido enmiendas Socialistas que subrayan algunos de estos pecados de omisión y comisión. 
Me complace asimismo que los futuros informes del IME incluyan análisis y evaluaciones más detallados de los efectos que las fluctuaciones de los tipos de cambio tienen sobre la economía. 
En segundo lugar, el Sr. Lamfalussy ha prometido que él y su sucesor están dispuestos a emitir informes semestrales sobre la labor preliminar del IME encaminada a la UEM. 
Esta medida dará mayor transparencia a la labor del IME, lo cual beneficiará a todos. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Todas las intervenciones que he escuchado esta mañana se han prolongado por un motivo u otro debido a su incompetencia en el ejercicio de la Presidencia. 
De nada sirve exhortar a los diputados a que hagan intervenciones más cortas. 
Usted ostenta la Presidencia en nombre del Parlamento para mandar a callar a los oradores cuando éstos sobrepasan su tiempo de intervención, porque están transgrediendo los derechos democráticos de otras personas de intervenir ante este Parlamento. 
¿Podría despertar y hacer algo al respecto? 
Señor Presidente, si todo el mundo cumple lo acordado, no sólo en el Parlamento, sino también en toda la Unión Económica y Monetaria, entonces la tendremos en 1999. 
No sólo los políticos pro europeos creen en ella, sino también los mercados financieros la tienen en cuenta, como demuestra la convergencia de tipos de interés a largo plazo entre Francia y Alemania. 
Ahora sólo falta el ciudadano. 
Tendremos que ganarnos la confianza del ciudadano con hechos como el respeto de los criterios y una buena comunicación con el ciudadano, desde ahora hasta el 2002. 
Mi Grupo cree en la moneda. 
Que quede claro. 
Sin embargo, en estos momentos sigue habiendo cuestiones que quisiera me aclarara el presidente del Instituto Monetario Europeo, el Sr. Lamfalussy. 
En el Tratado se establece que a más tardar antes de la tercera fase, es decir, a más tardar antes del 1 de enero de 1999, los bancos centrales tendrán que haberse desligado de la toma de decisiones en el gobierno y el parlamento. 
Al mismo tiempo, las instituciones del SEBC, el Banco Central Europeo y los bancos centrales, ya no podrán recibir instrucciones. 
La prensa suele hablar al respecto del sexto criterio de convergencia. 
La mayoría de los bancos centrales nacionales no cumplen las condiciones de autonomía. 
No se avanza suficientemente. 
Concretamente, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Suecia tienen mala puntuación. 
Pero incluso cuando un banco es declarado formalmente autónomo puede tardar mucho hasta que se haya desarrollado una tradición de toma de decisiones independiente. 
La independencia del futuro Banco Central Europeo es la base sobre la cual el presidente del Banco Central Europeo puede cimentar una reputación de credibilidad. 
Los franceses presentaron ayer una propuesta que podría convertirse en el complemento político del banco central, o precisamente apuntaría en dirección a un gobierno económico, como lo describía esta mañana el Sr. Pérez Royo. 
Quisiera formular dos preguntas al Sr. Lamfalussy. 
¿Qué piensa de los progresos de los bancos centrales hacia la independencia en general? 
¿Y considera que la propuesta francesa supone una limitación de la independencia del Banco Central en particular? 
¿Se deriva la limitación de la independencia del Banco Central del denominado pacto de estabilidad del ministro Waigel y de propuestas similares? 
Además, quiero formular una pregunta sobre el anteproyecto que haría el IME de regulación del funcionamiento del futuro Banco Central Europeo. 
Según el tratado, este anteproyecto tiene que estar listo a finales del presente año, y cada vez se rumorea más que el Banco Central Europeo seguramente seguirá una política de control de la masa monetaria. 
Este era el sistema utilizado por el banco central alemán, el Bundesbank. 
Según se dice, este banco ha tenido éxito en sólo diez de los veinte años. 
¿En base a qué argumento se pretende adoptar este sistema del banco alemán? 
Una tercera y última pregunta: ¿Cómo calcula el Sr. Lamfalussy el valor del futuro euro frente a las monedas asiáticas? 
El trasfondo de mi pregunta es el convencimiento de que en algunas partes del mercado, las monedas europeas están sobrevaloradas con respecto a las monedas asiáticas, o al contrario. 
Y quizás una parte de nuestro desempleo proceda de ahí. 
Señor Presidente, afortunadamente vivimos en una Comunidad en la que las armas de guerra que utilizamos últimamente son económicas en vez de militares. 
Es importante que aprovechemos la oportunidad para impulsar nuestras economías y evitar futuros conflictos. 
Es algo parecido a la diferencia que existe entre la fusión nuclear y la fisión nuclear. 
Todos sabemos que la fisión nuclear es un proceso intrínsecamente peligroso, como de hecho lo es la fisión de nuestras economías. 
Pero si pudiéramos alcanzar el equivalente económico de la fusión nuclear y fundir en una todas nuestras economías, todos sabemos que los beneficios serían cuantiosos y que produciríamos mucha energía económica a través del crecimiento del comercio en nuestro continente, y se crearían muchos más puestos de trabajo, lo cual es tan importante. 
Pertenezco a la tradición de un partido de Gran Bretaña que siempre ha creído en la plena participación del Reino Unido en la Unión Económica y Monetaria. 
De hecho, uno de los miembros más eminentes de mi partido, el Sr. Roy Jenkins, antiguo Presidente de la Comisión, fue uno de los principales defensores de la unificación de las monedas. 
Me enorgullece pertenecer a dicha tradición y de estar en contra de la política y del sentimiento que predominan en el Gobierno de mi país. 
El Sr. von Wogau ha dicho que quizá sería mejor si el Reino Unido no se uniera a la moneda única. 
Permítame que me oponga. 
En mi país estoy defendiendo insistentemente la idea de que debemos integrarnos en la moneda única. 
Es importante para nosotros, independientemente de la importancia que ello pueda tener para la Unión Europea en su conjunto. 
El Miércoles Negro en septiembre de 1992, nos dimos cuenta del enorme daño que pueden ocasionar las grandes devaluaciones de la moneda. 
En su informe, el Sr. Pérez Royo habla del crecimiento de la competitividad italiana gracias a la devaluación a corto plazo. 
Podemos también estudiar el crecimiento de la competitividad del Reino Unido y el daño que causó a las economías francesa y belga. 
No estoy de acuerdo con él en que necesitemos un impuesto sobre la especulación monetaria, pero lo que sí necesitamos sin lugar a dudas es evitar este tipo de fluctuaciones. 
Por último, en mi país estoy defendiendo la teoría de que la consecuencia lógica de una exclusión de la moneda única es la exclusión del mercado único. 
Los países no pueden coexistir en un mercado único con socios que se reservan el derecho de consentir devaluaciones competitivas para obtener ventajas a corto plazo sobre sus vecinos. 
Si vivimos en una Unión, tiene que ser una Unión en la que prevalezca la solidaridad en estos temas. 
Señor Presidente, el sentido de este debate es, a nuestro juicio, el de que las orientaciones económicas y sobre todo la acción política aplicada hasta ahora son insuficientes respecto de la realidad: en efecto, la realidad es que estamos en una fase de desaceleración económica y con una tasa de desempleo inaceptable. 
Ahora bien, si no se fortalece en esta situación el Mercado Interior, si no se reactivan las inversiones, si no se da eficacia a una política activa del trabajo, esta desactivación puede llegar a ser una fase recesiva y, si perdura esa situación, se compromete el crédito de los plazos que afrontamos. 
Se trata de un problema político, no técnico. 
Cuanto más nos acercamos a la tercera fase, a la moneda única, que es indispensable y debe mantenerse, más evidente resulta que la Unión Económica y Monetaria no es aplicada en su conjunto y, en particular, la Unión Económica no ha avanzado. 
Hoy no existe siquiera un embrión de gobierno de la economía, no hay, salvo en teoría, una coordinación de los Estados miembros, las grandes orientaciones no se plasman en la práctica, cuando precisamente ésos son los aspectos que se deben fortalecer, sin dejar de conceder prioridad al empleo, como se hizo en la Conferencia tripartita recientemente celebrada en Italia. 
¡De eso se trata! 
Por último, debemos tener claro que la política de rigor, aun siendo indispensable, no puede acabar con el desarrollo; ése es el aspecto fundamental sobre el que no me parece que exista plena conciencia en el debate y en los documentos de las instituciones comunitarias. 
Ése es el motivo por el que considero equivocado volver aún más rígidos los criterios de Maastricht, como algunos pretenden. 
Al contrario, es necesario volver a hacer una interpretación inteligente del artículo 104 C, que, entre otras cosas, dice que se deben depurar de déficit las inversiones públicas, se trata de un elemento fundamental. 
Sé que es difícil equilibrar los déficit con una tasa elevada de inversiones públicas, que resulta difícil reducir la presión fiscal sobre el trabajo, como ha dicho el Comisario de Silguy, pero es lo que se debe hacer y para ello es necesaria una coordinación de los Estados miembros. 
Además, quisiera recordar que, como ha afirmado atinadamente el Presidente Santer en una declaración reciente, es necesario utilizar bien y plenamente los Fondos estructurales- 170.000 millones de ecus- que sirven para las inversiones y el empleo. 
Convendría que la Comisión y el Consejo se comprometieran más a ese respecto. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, las directrices económicas presentadas se ven influidas por los preparativos para la UEM y por el dato trágico de que el modelo europeo ha creado una situación en la que tenemos 18 millones de personas en paro y 50 millones de personas en situación de exclusión social. 
Es evidente que los nuevos puestos de trabajo y las ramas profesionales del futuro no se multiplican en la UE actual. 
Estoy convencida de que la cooperación en favor de la estabilidad económica y de la moneda común es la contribución más importante que la UE puede aportar para crear unas mejores condiciones para nuestra competitividad general, para el crecimiento, y, con ello, para la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Inclusive para los países que no se han cualificado para la UEM en primer término el proceso ha conllevado una revisión de sus economías excelente y en muchos aspectos necesaria. 
Porque afortunadamente se ha terminado la época en que se podían expandir los presupuestos, y los políticos compraban popularidad volcando la carga de la deuda sobre los hombros de las generaciones futuras. 
Mucho queda por hacer en cuanto a la revisión estructural, cuya realización casi exclusivamente compete a cada país. 
Es responsabilidad de los diputados Ecofin y de los ministros de Florencia lograr unas modificaciones en los sistemas nacionales respectivos de formación, de mercado de trabajo, social y fiscal, y no limitarse a hablar sobre ellos. 
Con respecto a la Unión, también para nosotros en el Parlamento, lo que hay que hacer es dirigir los trabajos hacia la vía de las desregulaciones y no hacia la de unas nuevas y costosas reglamentaciones que frenarían el desarrollo. 
Quiero hacer hincapié en lo que se expresa en las directrices, en la necesidad de la reducción de gastos y en que los incrementos de impuestos no constituyen un camino viable si queremos beneficiar nuestra capacidad competitiva. 
Por tanto, un no vigoroso a los impuestos elevados, a los impuestos europeos y especialmente al propuesto impuesto Tobin. 
No existen soluciones rápidas y sencillas para acabar con el desempleo. Pero algo deberíamos aprender de las experiencias de otros países, y no quedarnos atascados en unas fórmulas políticas absurdas sobre ideas vagas de una Unión a favor del empleo, que más tarde resultarán totalmente ineficaces, en todo caso las que se han puesto en práctica en mi país. 
No pueden negligirse los viejos problemas estructurales que tiene Europa. 
A corto plazo deben corregirse los errores seculares si queremos conservar nuestro bienestar. 
Y disponemos del Libro Blanco, de las conclusiones de Essen, también de estas directrices, o sea que existen unas conclusiones y unas orientaciones. 
Por eso ahora me interesan menos las palabras solemnes y más las pruebas concretas de que los dirigentes de la UE tienen realmente el firme propósito de reducir el desempleo a la mitad. 
Las recomendaciones sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas de la Comisión al Consejo constituyen para nosotros una fuente de inquietud. 
En efecto, parecen sobredeterminadas por un enfoque estrictamente monetario donde el empleo y el crecimiento no pueden considerarse más que como saldos. 
Un enfoque así corre el riesgo de llevarnos derechos contra la pared. 
Miremos lo que ocurre en Alemania, y también en Bélgica o en Francia. 
No habrá moneda única sin la adhesión de las opiniones públicas: la moneda no tiene virtud en sí misma, es portadora de una dimensión política esencial, es un elemento de la ciudadanía europea. 
Además, la experiencia nos enseña que, en la empresa, los desengrasados excesivos, con el tiempo, resultan contraproducentes, porque son destructores de una cohesión social que cada cual reconoce que es un elemento esencial de la competitividad. 
Esta realidad es válida en el ámbito macroeconómico. 
Ahora bien, no se le tiene en cuenta en su justo valor, y me pregunto, desde este punto de vista, sobre el sentido que el comisario de Silguy da a la evolución salarial «adecuada» que preconiza. 
El Sr. Lamfalussy nos lo ha dicho, en sus palabras preliminares, que debíamos tener la voluntad de coger las riendas de los graves problemas a los que nos enfrentamos. 
Para ello, no podremos aceptar las orientaciones económicas propuestas por el Consejo y la Comisión. 
En particular, el Consejo debe aceptar que se inscriban y financien los catorce grandes proyectos de infraestructura propuestos por Jacques Delors y que este Parlamento ha pedido incansablemente. 
La política estructural en términos de empleos, debe empeñarse en la reducción del tiempo de trabajo. 
Por encima de la ortodoxia monetaria, la simple afirmación de una política de inversiones en materia de infraestructuras y de recursos humanos no basta. 
Es preciso decir cómo y con qué medios. 
Una palabra en relación con el informe de nuestro colega Pérez Royo. 
La propuesta que contiene a propósito de un impuesto sobre la especulación monetaria es esencial para el sistema que deseamos establecer. 
Europa debe tomar la iniciativa en este sentido en el próximo G7. 
Para concluir, somos partidarios de la estabilidad monetaria, pero es nuestra responsabilidad política denunciar las condiciones en las que la Comisión y el Consejo nos piden que prosigamos este objetivo. 
Las orientaciones económicas de la Comisión son inaceptables. 
Agravadas por el Consejo Ecofin, traducen una dimisión de nuestros ejecutivos frente a la autoridad monetaria y dan argumentos a los adversarios de la moneda única. 
Señor Presidente, ¿cuál es el mensaje de los europeos para los casi 18 millones de desempleados? 
¿Estamos en disposición de resolver problemas concretos en lugar de hacer declaraciones solemnes? 
Nuevos puestos de trabajo en el sector medioambiental, en servicios sociales y en técnicas de comunicación e información no son, por sí solos, suficientes. 
Disputando sobre competencias no avanzamos ni un paso. 
Sólo obtendremos resultados efectivos con medidas a nivel europeo conectadas con las de los Estados miembros. 
El Pacto de Confianza por el Empleo de Jacques Santer no va contra la subsidiariedad justificada y bien entendida. 
Ciertamente, añadiendo un capítulo sobre el empleo en el nuevo Tratado de la Unión Europea no vamos a crear puestos de trabajo, pero se sentarán las bases para una política de empleo activa. 
La Comisión tiene que ampliar y completar las medidas adoptadas por los Estados miembros, no sustituirlas. 
No se trata, por tanto, de nuevos programas millonarios, sino de aunar los recursos ya aprobados, como los Fondos estructurales, para conseguir una mayor efectividad. 
El Consejo de Essen dio ya pasos concretos al establecer cinco campos de actuación. 
El Consejo de Madrid decidió reducir los desequilibrios regionales para combatir también de esta manera el paro de larga duración. 
Hay que fomentar vigorosamente la investigación y el desarrollo. Y lo mismo vale para las pequeñas y medianas empresas que representan la mayor parte de la ocupación y la formación en Europa. 
Necesitamos horarios laborales flexibles, más inversiones en formación profesional y formación continua, la implantación del aprendizaje permanente y, en general, una política de estabilidad. 
Hay que mantener los criterios de convergencia y la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
El Euro, como moneda fuerte, va a ser un impulso a la inversión y va a contribuir a crear nuevos puestos de trabajo en Europa. 
Le economía social de mercado es y debe seguir siendo el baluarte espiritual europeo, el modelo a exportar, pero tiene que haber armonía entre los términos del concepto: aumento de la competitividad para la parte económica y mantenimiento a todo trance de la parte social. 
Disponemos de un modelo de consenso, no de confrontación. 
A este clima corresponden las deseables alianzas para el trabajo y la toma en consideración de los intereses de los interlocutores sociales. 
Señor Presidente, comenzaré llamando la atención de la Asamblea hacia el Libro Blanco del Sr. Delors, que recibió la misión de elaborar un anteproyecto encaminado a crear 15 millones de puestos de trabajo para ciudadanos europeos antes del año 2000, un objetivo ambicioso que, sin embargo, deberíamos seguir persiguiendo. 
Al mismo tiempo, en el Tratado de Maastricht encontramos un calendario para la Unión Monetaria que deberemos cumplir. 
De hecho, hasta hace poco tiempo, las pronósticos tanto de la Comisión como de la OCDE en materia de crecimiento sugerían que aún era posible hacer realidad dicha tarea de crear millones de puestos de trabajo antes del año 2000. 
Lo que me preocupa es la revisión que se ha hecho de esas cifras de crecimiento y su posible impacto sobre la creación de empleo. 
Los puestos de trabajo, creo, no podrán crearse con unas cifras revisadas tan bajas, y lo que realmente necesitamos para crear esos puestos de trabajo son las medidas que recoge la resolución que próximamente será presentada al Parlamento. 
Un crecimiento modesto por sí solo no creará esos puestos de trabajo. 
Lo que está claro es que una reducción del número de personas que pagan impuestos sobre la renta como consecuencia del aumento del desempleo y el creciente número de personas que pasan a depender de las prestaciones de la Seguridad Social afectará seriamente el que podamos alcanzar los objetivos de la deuda y del déficit de los Estados miembros de la Unión Europea, y llamo la atención de los diputados, en particular, hacia la actual situación en Alemania. 
Sólo si conseguimos que la gente vuelva a tener un puesto de trabajo, que vuelva a pagar impuestos, reduciendo con ello el gasto de la Seguridad Social en su conjunto, podremos cumplir los criterios de la deuda y del déficit y hacer realidad la creación de puestos de trabajo y la moneda única al mismo tiempo. 
Sabemos que el crecimiento no garantiza la creación de empleo, pero sin crecimiento no se podrá crear empleo en absoluto. 
El Sr. Santer presentó al Parlamento con paquete de medidas encaminadas a crear confianza que, en estos momentos, en opinión de muchos parecen un truco de confianza. 
Lo que necesitamos son las medidas que recoge nuestra resolución para hacer posible un crecimiento real y la creación real de puestos de trabajo que Europa necesita tan desesperadamente. 
Señor Presidente, he escuchado con atención las intervenciones de todos los oradores y me ha llamado la atención, especialmente, la del Comisario de Silguy. 
Coincido con el Comisario en que la moneda única no puede traducirse en una fractura entre países ricos y países pobres en la Unión Europea, pero constato con tristeza que esta declaración es poco coherente- poco coincidente- con la intención expresada por el Gobierno francés- y recogida, en parte, por el Comisario- de, al menos, estudiar la posibilidad de pagar las subvenciones comunitarias en moneda devaluada y- lo que es peor- condicionar los Fondos estructurales al saneamiento de las finanzas públicas. 
Estas dos medidas- y, especialmente, la última -, además de carecer de legalidad- de amparo en la legalidad del Tratado -, suponen una contradicción evidente con la primera declaración, porque supondrían añadir nuevas sanciones a la sanción que en sí misma supone la exclusión del núcleo duro, porque supone aumentar las dificultades de los países pre-in para acceder al mercado común y, en definitiva, -y en síntesis- porque supone aumentar la diferencia y crear la fractura que el Comisario no quiere crear. 
Nosotros, como delegación española, estamos de acuerdo en un mecanismo de cambio que favorezca la convergencia de los países que no entren y proteja de las presiones exteriores a las monedas no incluidas en el sistema. 
Pero ni apoyamos ni apoyaremos sanciones que supongan endurecer la convergencia y dificultar el acceso de los países que queden fuera, en una primera fase, del núcleo de la moneda única. 
Señor Presidente, el crecimiento económico no es una panacea para resolver todos los problemas de la Unión Europea, pero un crecimiento suficiente es una necesidad absoluta para realizar los dos principales objetivos de este momento: el empleo y la Unión Económica y Monetaria. 
Lo primero que habría que esperar de las grandes orientaciones en materia de política económica es que indiquen la ruta a seguir para realizar un crecimiento suficiente a corto plazo. 
Es desconcertante que ni la versión de la Comisión ni la de Ecofin lo hagan. 
Es más, si se siguieran de forma estricta y coordinada las recomendaciones en la versión actual, se frenaría todavía más el crecimiento, que ya está estancado. 
El principal problema parece ser que la Comisión y el Consejo viven en un mundo económico de oferta unidimensional, en el que el concepto de demanda ha sido declarado tabú. Así, no se consideran los efectos de las recomendaciones de las orientaciones globales sobre la demanda efectiva. 
Los programas de convergencia de los Estados miembros se revisan y hasta finales de año no sabremos cuál será el efecto acumulativo de los programas adaptados en el desarrollo económico negativo. 
Por lo visto, no todo el mundo acaba de darse cuenta de que el 90 % del producto nacional bruto de la Unión se gana dentro de la Unión y sólo el 10 % procede del comercio exterior. 
Si la Comisión y el Consejo recomiendan a los Estados miembros seguir una serie de medidas que deprimen la demanda, ¿de dónde ha de venir el impulso para el crecimiento que ha de ayudar a potenciar el empleo y llegar a la UEM? 
¿Del 10 % del PNB de la Unión que ganamos con las exportaciones, en un contexto de política monetaria restrictiva, encaminada a reducir la inflación, cuando el PIB ya advierte del peligro de deflación? 
¿Negando la flexibilidad de los criterios de la UEM y aplicando un programa de recortes innecesariamente drásticos a todos los Estados miembros a contracorriente de la coyuntura? 
¿Y moderando los salarios en todos los Estados miembros, para que el poder adquisitivo interior, y con ello las posibilidades de exportación dentro de Europa, apenas crezcan? 
Señor Presidente, si en nuestra resolución común afirmamos que el enfoque de la Comisión y del Consejo es irrealista e inadecuado, nos hemos expresado con sumo cuidado. 
Es peligroso para la Unión, y por ello ha de ser rechazado. 
Señor Presidente, estamos tratando aquí sobre cómo hacer avanzar este proyecto común a todos que representa la moneda única europea. 
La condición para lograr este avance es la confianza de los ciudadanos europeos en la legitimidad de la UEM. 
A este respecto, los países grandes desempeñan un papel fundamental, tal como se desprende, por ejemplo, de la situación de los tipos de interés. 
Es necesario rebajar los tipos de interés de la moneda pivote antes de que se reduzcan en un país como el mío- Finlandia -, a pesar de que éste goce de la tasa más baja de inflación. 
En Finlandia ha tenido lugar un debate sobre la incorporación al mecanismo del Sistema Monetario Europeo. 
Antes de que se produzca la incorporación, los finlandeses quieren cerciorarse de que no se va a hacer uso de la moneda pivote, el marco alemán, para defender los intereses nacionales de Alemania, tal como ya ocurriera a principios de los años noventa, cuando el Banco Central alemán se vio obligado a mantener de manera irreal unos tipos de interés elevados con el fin de evitar las repercusiones inflacionistas de carácter político que hubiera podido tener la campaña electoral en el valor de la moneda alemana. 
Esta fue, a la postre, la causa del colapso de todo el SME, cuyas consecuencias aún sufren los países más debiles en forma de un alto índice de desempleo. 
Con motivo del debate sobre la UEM, hablamos sobre el ineludible ahorro en el marco de las finanzas públicas. 
Para lograr el avance de la UEM, es importante comprender correctamente esta noción; ahorro en el sector público no debe equivaler a ahorro por parte de todos, sino que, al contrario, se deberá lograr la inversión y el consumo por parte de aquellos elementos privados que dispongan de capital. 
De este modo, se contribuirá a encontrar el equilibrio de la economía pública, crear más trabajo, lograr más ingresos por conceptos fiscales y reducir los gastos ocasionados por el desempleo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Instituto Monetario Europeo, Señorías, quisiera centrar mi atención en una cuestión concreta de las abordadas, una cuestión bastante importante de la cual quizás dependa el éxito de la moneda única. 
Se trata de las relaciones entre los incluidos y los excluidos del primer grupo de aplicación de la moneda única. 
Estamos deliberando sobre un informe de primer orden y debemos felicitar al Sr. Von Wogau por el talante generoso con en el que lo ha elaborado. 
Sin embargo, quisiera enumerar algunos aspectos de este debate que requieren una mayor aclaración. 
En primer lugar, los países no incluidos en el primer grupo sufrirán un empeoramiento respecto de las condiciones previstas en el Tratado, ya que se debate el acuerdo de estabilidad conocido como Acuerdo Waigel. 
El Acuerdo Waigel representa un empeoramiento, aunque se establezca entre los miembros del primer grupo. 
Lo importante es que representa un empeoramiento y dificulta mucho más las cosas para los Estados que se incorporen posteriormente. 
No obstante, para resumir, creo que el tema que más debe preocuparnos en este asunto es la postura del Banco Central Europeo, que fomentará las monedas de los que están fuera cuando estén amenazadas pero, según ha comunicado, sólo mientras no esté amenazado el euro. 
Naturalmente, eso está muy bien. 
Nadie quiere que peligre la estabilidad del euro en sus primeros pasos, sacrificándola en favor de la estabilidad de monedas que, de momento, quedarán excluidas. 
Sin embargo, las cosas no tienen por qué llegar a ese extremo, porque las intervenciones de refuerzo del Banco Central pueden ser «esterilizadas». 
Es cuestión de distribuir con justicia el coste del tipo de interés y de la modificación de esos tipos que sea necesario introducir, evitando cargar excesivamente la economía de los Estados miembros inicialmente excluidos. 
Espero que la Comisión y el Instituto Monetario Europeo tomen en cuenta esta reflexión. 
Señor Presidente, Señorías, a tres días de la Cumbre de Florencia, era preciso que el Parlamento Europeo se expresara sobre la situación económica de la Unión y sobre sus perspectivas económicas y sociales. 
Para ello no teníamos otro medio que la pregunta oral y es, pues, en este marco en el que dispongo de dos minutos- sí, efectivamente, dos minutitos- para repetir mi insatisfacción frente a la ortodoxia demasiado liberal de la Comisión y del Consejo. 
Rigor presupuestario, lucha contra la inflación, flexibilidad del trabajo, y cada vez más competencia, no constituyen las verdaderas y buenas recetas para sacar a Europa de su profunda crisis actual que, quiero recordarlo, cuenta 18 millones de desempleados, 50 millones de pobres, una demanda interna demasiado débil, una falta de confianza, unas inversiones que bajan y unos intereses demasiado elevados. 
Por el contrario, los socialistas franceses consideramos que es preciso favorecer el crecimiento económico actuando para hacer bajar los tipos de interés, dejar de luchar contra una inflación que se ha hecho casi inexistente, redistribuir por último los beneficios hacia las inversiones para crear empleo, establecer una política de relanzamiento apoyándose en el Libro blanco de Jacques Delors, reducir el tiempo de trabajo para repartirlo mejor entre los ciudadanos. 
Por último, con la Conferencia Intergubernamental, es preciso dar a Europa una dimensión social y sobre todo política. 
La Europa económica, pronto dotada de una moneda única, necesitará verdaderamente ser gobernada políticamente por un gobierno. 
Sin duda, éste es otro debate, pero la falta de una Europa política no es ciertamente ajena a los malos resultados económicos y sociales actuales de la Unión, malos resultados que la condenan ante nuestras opiniones públicas. 
Señor Presidente, Señorías, he escuchado sus intervenciones con mucha atención. 
He aprendido muchas cosas. 
Me siento verdaderamente incapacitado para responder a cada una de las preguntas que se me han hecho. 
Sin embargo, permítanme decir dos palabras sobre el SME II y el desempleo, dos temas que se han citado prácticamente en todas las intervenciones. 
A propósito del SME II, me gustaría confirmar lo que ha dicho el Sr. de Silguy: el objetivo no es sencillo, es doble. 
Por una parte, es hacer de forma que el mercado único pueda funcionar convenientemente. 
Por otra parte, es balizar el camino para los que están provisionalmente fuera, para que puedan unirse al primer equipo. 
¿Para qué esperar que el SME II pueda responder a este doble objetivo, cuando el primer SME pasó por una crisis muy grave en 1992-1993? 
Mi respuesta es sencilla: sí, tenemos esperanzas, por una serie de razones. 
Primera razón: no confundáis las crisis de 1992-1993 con el desmoronamiento del SME. 
El SME no está hundido. 
Ha estado muy sacudido. 
Pero los que se han quedado en el SME han registrado una volatilidad de los cambios infinitamente menor que los que han quedado fuera. 
Segunda observación: somos capaces de extraer lecciones de la experiencia pasada y el proyecto que está actualmente en estudio y que va a llegar a sus madurez para finales de año, responde punto por punto a las deficiencias del SME en 1992-1993. 
Tercera observación: el proceso de convergencia está infinitamente mejor lanzado de lo que lo estuvo en el momento de las crisis de 1992-1993. 
Cuarta observación: hablamos siempre de peligros de choques asimétricos. 
En efecto, hemos tenido uno, que era la unificación alemana. 
No son fenómenos repetitivos, al menos, así lo espero. 
Además, desearía señalar que el peligro, en el pasado, no ha sido tanto la naturaleza asimétrica de los choques sino más bien la naturaleza asimétrica de las reacciones, sobre todo, políticas. 
Recuerden las reacciones desordenadas a los choques petroleros de la década de 1970. 
Por todas estas razones, confío en que el SME II podrá funcionar de forma conveniente. 
Sin embargo, insisto en un punto fundamental, a saber, que el SME II no puede ser más que una propuesta transitoria, o provisional, y que la solución definitiva a la inestabilidad de los cambios es la unión monetaria. 
Por consiguiente, el SME II no es un sustituto a la unión monetaria. 
Por último, dos palabras por lo que al desempleo respecta. 
En todas mis intervenciones, siempre he reconocido la importancia capital del tratamiento del problema del desempleo. 
Jamás he ocultado mi inquietud a este respecto, y no la ocultaré. 
Pero desearía ponerles en guardia contra una tentación que he percibido aquí y allá, aunque no de forma sistemática, de establecer una ecuación entre los preparativos de la unión monetaria, incluso la propia unión monetaria, y el aumento del desempleo. 
Si existe esta tentación, creo que les engaña, porque no corresponde a la realidad histórica. 
El aumento tendencial del desempleo, que es una tendencia penosa, se inició en Europa en la década de 1970, en el momento de los conflictos petroleros. 
Ganó en amplitud hacia finales de la década de 1970 y se aceleró a principios de la década de 1980, es decir, en un momento en que ni tan siquiera se trataba de la unión monetaria. 
Incluso estábamos muy lejos de las negociaciones de Maastricht. 
Por consiguiente, creo que debemos analizar este problema tal como se presenta, en toda su gravedad, y no establecer un nexo de causalidad demasiado fácil, y demasiado fácil de explotar. 
Ha pedido la palabra el Sr. Cox, al que, como están a punto de comenzar las votaciones, quisiera rogar que sea muy breve e intervenga sólo si se trata de cuestiones reglamentarias, dado que aún debo conceder la palabra al Sr. Macciotta, en nombre del Consejo, y al Sr. de Silguy, en nombre de la Comisión. 
Señor Presidente, se me ha adelantado a la cuestión de orden que deseaba exponer. 
Acojo con satisfacción el que el Sr. Lamfalussy haya presentado sus conclusiones, pero debo insistir en que la Asamblea oiga también a otras instituciones. 
Hemos formulado preguntas directas y debemos recibir respuestas directas antes de pasar a la votación. 
Señor Presidente, resulta un poco arduo también para mí responder a las observaciones individuales; por tanto, voy a centrarme en algunas consideraciones generales. 
En primer lugar, consideraciones de tipo institucional: es indudable que en la relación entre las diversas instituciones europeas subsiste una dificultad objetiva, que determina tensiones y puede llegar a constituir un obstáculo para el desarrollo de la integración: es un déficit de comunicación que pasa a ser déficit de participación y de democracia. 
Habrá que encontrar la forma de incluir al Parlamento Europeo, pero también a los parlamentos nacionales, en los procesos de adopción de decisiones de la Comunidad Europea. 
No se trata de una concesión de estilo, sino de una exigencia real a la que conviene responder con las oportunas modificaciones institucionales, que, en cualquier caso, figuran entre los objetivos de la Conferencia Intergubernamental, porque redundará en beneficio de todos. 
Además, alguna consideración al respecto: la realización de la Unión Económica y Monetaria contribuirá a fortalecer las condiciones necesarias para dar un nuevo impulso al desarrollo económico y social de Europa, al volverla más competitiva respecto de las otras grandes zonas económicas mundiales y, por tanto, permitirá acelerar el proceso de creación de nuevos puestos de trabajo. 
Así, pues, para seguir con decisión y credibilidad ese proceso, resulta necesario y coherente ese objetivo prioritario de eliminación del desempleo. 
A ese respecto, quisiera decir al Sr. Martinez que no participar en la estabilidad de los cambios no es útil, como lo demuestra la experiencia de Italia, que no aplicó una devaluación competitiva, sino que sufrió, en 1992 y entre 1994 y 1995, una brusca inestabilidad de la que hasta hora no ha empezado a salir con esfuerzo y determinación. 
En cualquier caso, un marco macroeconómico estable no es por sí solo suficiente para garantizar la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Para reducir a un nivel moderado la tasa de desempleo, es necesario hacer intervenciones más amplias en el plano estructural, encaminadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, en particular el del trabajo. 
Hay vínculos y objetivos que son irrenunciables: en primer lugar, hay que defender y preservar el modelo de protección social- que, como ya he dicho, constituye una característica esencial de Europa -, pero, en relación con la transformación de la composición por clases de edad y por aptitud profesional de la población europea, para hacerlo es necesaria una revisión que aumente su eficiencia y dé una nueva definición de su equidad. 
En segundo lugar, es necesario aumentar las inversiones en el capital humano, que constituye la riqueza más importante de nuestro continente, fortaleciendo y mejorando los sistemas educativos y la formación profesional. 
En tercer lugar, son necesarias medidas específicas a favor de las categorías menos favorecidas: los jóvenes, las mujeres, los desempleados de larga duración, para facilitar su inserción o reinserción en el mercado de trabajo. 
La cuestión del empleo constituye una prioridad para la Unión Europea. 
El Consejo Europeo de Florencia, al final de la semana, se centrará esencialmente en esta cuestión, con el objeto de volver aún más concreta y eficaz la estrategia de lucha contra el desempleo, cuyas grandes líneas ya fueron determinadas en los Consejos Europeos anteriores, a partir del de Essen. 
La Conferencia tripartita, convocada la semana pasada en Roma por la Presidencia italiana, demostró que las grandes líneas de esa estrategia cuentan con amplios consensos entre las fuerzas sociales. 
Es necesario fortalecer dicho consenso, porque constituye una condición indispensable para volver más eficaz e incisiva dicha estrategia. El fortalecimiento del consenso, mediante el diálogo y la concertación, es la base también del Pacto de confianza por el empleo, lanzado por el Presidente Santer. 
Estamos convencidos de que el Consejo Europeo de Florencia estará en condiciones de dar un nuevo impulso a la estrategia de lucha contra el desempleo y que la aplicación con determinación de semejante estrategia dará rápidamente resultados concretos. 
Políticas macroeconómicas encaminadas a un aumento estable y no inflacionista no están en contradicción con el objetivo de aumento del empleo, sino que constituyen, al contrario, la premisa indispensable para alcanzar ese objetivo. 
En ese marco habrá que buscar también y aplicar en todos los Estados miembros políticas fiscales idóneas para reducir la presión sobre las rentas del trabajo, como se ha propugnado durante este debate. 
Dicho objetivo no está en contradicción con la exigencia indicada en la resolución del Consejo de no reducir, de momento, la presión fiscal global: se trata de una redistribución ponderada de la carga fiscal. 
El objetivo que nos hemos fijado es difícil y requiere un esfuerzo colectivo en todos los niveles, pero es irrenunciable y de su consecución depende el futuro de la Unión Europea. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Ahora interviene, en nombre de la Comisión, el Comisario de Silguy. 
Señor Presidente, no pretendo responder en unos minutos a todas las preguntas que se han hecho, pero me gustaría hacer dos observaciones, una relativa a la moneda y la otra al desempleo. 
Por lo que respecta a la moneda, diré: » Disipemos las dudas y los malentendidos». 
El euro verá la luz el 1 de enero de 1999, no hay ninguna duda en este punto. 
Además, el debate ha cambiado de naturaleza en la opinión europea desde hace algunas semanas, e incluso meses. 
En la actualidad, la cuestión ya no es el saber cómo debemos prepararnos para ello para que todos obtengan el máximo de beneficios. 
Entonces, para prepararse para el euro, por supuesto, es preciso proseguir con los esfuerzos de convergencia, hemos hablado de ello durante mucho tiempo esta mañana. 
Asimismo, es preciso establecer un sistema monetario europeo bis. 
A este propósito, me referiré a lo que acaba de decirles el presidente del IME al respecto, y responderé al Sr. García que la Comisión jamás ha dicho que iba a condicionar los fondos estructurales al respeto de los criterios macroeconómicos. 
Sólo ha dicho que respondía a una demanda positiva de varios Estados miembros de hacer un estudio sobre esta cuestión, lo que es muy diferente. 
Para prepararse- y este punto me parece esencial- es asimismo preciso establecer un pacto de estabilidad, porque de nada sirve estar listo el día «J» si, además, no somos capaces de darnos líneas de buena conducta, líneas «de gestión sana» , para todo el período de la Unión Monetaria. 
Añado que a este fin hay que llevar políticas que sean creíbles, pero también socialmente aceptables. 
Estos dos puntos son muy importantes. 
Para prepararnos para el euro, tenemos que establecer también un reglamento jurídico. 
La propuesta de la Comisión a este respecto les será comunicada muy en breve. 
Este punto es esencial para garantizar la seguridad jurídica que nos piden los operadores, las empresas y los mercados en general. 
Y por último, y aquí respondo a muchas preguntas que se han hecho esta mañana, debemos asimismo convencer a la opinión pública de la necesidad del euro, mediante un esfuerzo de comunicación que llevamos a cabo en estrecha colaboración con su Asamblea, y prepararle psicológicamente para el cambio y tranquilizarle por lo que respecta a las condiciones de esta transición. 
Como ven ustedes, la tarea que tenemos que asumir para llegar al euro es ingente, pero es asimismo exaltante, en la medida en que hoy se trata de prepararse y no sólo de hacerse preguntas. 
Mi segunda observación concierne al empleo. 
Éste debe movilizar toda nuestra energía. 
Puesto que es la prioridad de nuestra política, el empleo debe ser el centro de nuestras preocupaciones. 
Cuando la Comisión presentó sus grandes orientaciones de política económica, les he recordado que se basaban en un tríptico: crecimiento, estabilidad y empleo. 
Los tres elementos son indisociables y deben seguir siéndolo. 
Es la razón por la que me extrañan las críticas que se hacen respecto de las propuestas de la Comisión relativas a los GOP, ya que dichas críticas me llevan a pensar que la fórmula alternativa sería la inflación y los déficits, y, por lo que sé, ni lo uno ni lo otro han creado empleos jamás. 
Diría que si los déficits crearan empleos, en la actualidad, Europa estaría en situación de sobreempleo. 
Por lo que al euro respecta, también aquí, es preciso disipar los malentendidos. 
El euro supone menos desempleo simplemente porque implica el saneamiento de las finanzas públicas. 
A este propósito les recordaré que hoy, del 40 al 50 % del ahorro familiar sirve para financiar nuestros déficits públicos. 
Este dinero estaría mejor utilizado para sostener la inversión y el consumo, y por lo tanto, para crear empleos. 
Pero el euro es también el fin de las fluctuaciones monetarias, y, al decir esto, hago mías muchas de las preocupaciones que se han expresado esta mañana. 
Les recuerdo que las fluctuaciones monetarias, en 1995, costaron a Europa medio punto de crecimiento y un millón y miedo de empleos. 
También aquí, el euro constituirá una aportación significativa a nuestros problemas de desempleo. 
Soy consciente de que si el euro constituye una condición indispensable, no es menos cierto que es una condición insuficiente que conviene completar. 
Es ahí donde reside el interés de las políticas estructurales que deben llevarse a cabo, pero éstas dependen ante todo de la responsabilidad de los Estados miembros, aunque Europa deba desempeñar un papel de palanca. 
Las propuestas del presidente Santer van en este sentido y se debatirán en Florencia. 
Insistiré muy rápidamente en tres puntos que me parecen importantes y que responden a preguntas que se han planteado esta mañana. 
Entre las propuestas del pacto Santer figura la explotación del potencial del mercado interior, que pasa sobre todo por el refuerzo de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 
Encontramos asimismo en ellas la idea de un refuerzo de los grandes proyectos de infraestructuras y, por su parte, la Comisión insistirá en la urgencia en establecer las redes transeuropeas ya que, cuatro años después de las decisiones de Essen, es inadmisible que los medios que existen, no se hayan empleado para este fin. 
Por último, está asimismo la necesaria reforma de los sistemas de empleo. 
Si, en este contexto, lo esencial de la tarea incumbe a los Estados miembros, también aquí Europa puede desempeñar un papel útil de palanca. 
Así, nuestra acción es coherente, es global y fundada, y un apoyo decidido será la condición de una vuelta a la confianza, y por consiguiente, de una vuelta al crecimiento. 
Le doy las gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Votaciones 
Señora Presidenta, puesto que tal como cabía esperarlo, la Asamblea ha rechazado la enmienda 1, desearía dirigirme al conjunto de mis colegas de la sesión plenaria para pedirles que al menos apoyen, por el contrario, la enmienda 5 presentada por la Unión para Europa, porque así, demostraremos a pesar de todo, una determinada voluntad del Parlamento de ir en el sentido deseado por el Sr. Macartney. 
Señora Presidenta, en mi calidad de ponente deseo manifestar mi decepción por el resultado de la votación sobre la enmienda 1, y creo que esta Asamblea tendrá motivos para sentirse avergonzada de ello. 
Como reserva podríamos al menos aprobar la enmienda 5, que incluye la palabra «substancial» , la cual carece de fuerza legal. 
Pero, al menos, deberíamos incluirla. 
Apoyo, por lo tanto, la enmienda 5, aunque es mucho más débil y esta Asamblea acaba de hacer el ridículo. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
59 y 60, antes que las núms. 64 y 65, dado el contenido y el hecho de que según la Comisión de Transportes y Turismo van más lejos. 
Señora Presidenta, quiero pedir a todos los compañeros que creen necesario encontrar una solución al problema de las retenciones, que vuelvan a considerar las enmiendas núms. 59 y 60. 
Señora Presidenta, en efecto, las enmiendas de la Comisión de Trasportes y Turismo no van más lejos que las otras, puesto que se contentan con restablecer el texto inicial de la Comisión. 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Señora Presidenta, desearía agradecer a los miembros de la comisión por su apoyo en la elaboración de este informe y muy especialmente por el enriquecimiento que me han aportado los debates en comisión. 
Creo que podemos votar el informe y la enmienda conjuntamente, puesto que no hay otras enmiendas, pero me gustaría aportar la precisión técnica siguiente. 
Hemos aceptado en comisión una enmienda de la Sra. Randzio-Plath sobre el punto 10, pero hemos dejado, por error, la segunda parte que hace referencia al papel del Instituto Monetario Europeo. 
Por lo tanto, es preciso votar conjuntamente el informe y la enmienda, pero no la segunda parte de esta última. 
En español es más o menos así: 
«subraya la necesidad de una combinación equilibrada de políticas con las autoridades monetarias». 
(FR) Así pues, no es necesario votar la segunda parte. 
Fiscal policy se traduce por política fiscal, en lugar de política presupuestaria. 
Fiscal consolidation se traduce tres veces erróneamente por consolidación fiscal. Se trata de un error que ha surgido otras veces, señora Presidenta, así que quisiera pedir que no sólo se controlara este informe, sino que se advirtiera al servicio de traducción en general para hacerles saber que la palabra inglesa fiscal tiene dos posibles traducciones en neerlandés. 
Se lo agradezco, señora Thyssen. 
No sólo vamos a corregir, sino que lo haremos de manera que no se reproduzcan más esos errores. 
(Al no oponerse ningún diputado a la presentación de la enmienda oral, el Presidente la somete a votación) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Se trata de un informe excelente que se ha propuesto conseguir una diferencia concreta con su propuesta del rendimiento energético, que a la vez que contribuye a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, también aborda el problema del cambio climático. 
El Grupo de los Verdes apoya todas las enmiendas presentadas por el ponente y estoy de acuerdo con el Sr. Macartney en que hoy es un día vergonzoso, ya que este Parlamento no puede tomar medidas concretas y directas sobre un tema tan simple como el del ahorro energético. 
Informe Linkohr 
No puedo dar mi apoyo para que la UE invierta muchos considerables en una modalidad de investigación que no está en la línea de las propuestas de los Verdes. 
Se trata entre otras cosas de la investigación aeronáutica, donde del texto se deduce que va a duplicarse el tráfico aéreo dentro de los próximos 15 años. 
Este transporte no constituye en absoluto una modalidad beneficiosa para el medio ambiente. 
En su lugar deberían destinarse mayores recursos a la investigación en el sector de los trenes de alta velocidad. 
Es cierto que este aspecto también se ve contemplado en la propuesta, pero me gustaría que las subvenciones aumentasen significativamente. 
Hay no obstante una serie de ámbitos y de objetivos que considero buenos, y apoyo estas enmiendas, entre otras la de la reducción de las subvenciones a la seguridad nuclear en 10 millones de ecus. 
Lamentablemente nuestra experiencia nos dice que este dinero se destina al mantenimiento de la energía nuclear y a dar una imagen falsa, también a los países del este de Europa, de que la energía nuclear es segura. 
No lo es, y en su lugar deberíamos invertir en las fuentes de energía renovable para eliminarla. 
Voto contra las enmiendas 50-51, puesto que no eliminan el apoyo económico destinado a Euratom. 
Apoyo las enmiendas 55-57, porque los recursos de Euratom en este caso se destinan al apoyo de las fuentes de energía renovable. 
Con ocasión de la refinanciación del Cuarto Programa Marco la Comisaria Cresson transfirió el objetivo político de la investigación europea de la integración y cohesión a nuevos fines: 
apoyo a la competitividad internacional de la industria europea; -comprensibilidad de los términos de la investigación por parte de los ciudadanos europeos; -mancomunación de esfuerzos nacionales y comunitarios.Los tres temas abordados por el ponente, Sr. Linkohr, son muy válidos, pero, más allá de los asuntos particulares y de las prioridades correspondientes a cada uno de ellos, a mí me parece que, con ocasión de este debate, demasiado breve, el Parlamento debería dar una señal por anticipado a la Comisión sobre el planteamiento del Quinto Programa Marco. 
Por mi parte, quisiera proponer que en esta ocasión se dé un paso más y se dedique un porcentaje del presupuesto total a proyectos caracterizados por el imperativo tecnológico, los llamados challenge led projects. 
Un proyecto challenge led se caracteriza por 
gran riesgo, hasta el punto de que no se puede ejecutar en el nivel nacional; -posibilidad de desencadenar una dinámica multidisciplinaria y de colaboración internacional (en la que a Europa le interesa hablar con una sola voz) ; -corresponde a un imperativo tecnológico real y el éxito, cuando llega, aporta un substancial beneficio económico o social (breakthrough).Un proyecto challenge led no es un proyecto de integración de tecnologías existentes. 
Ejemplos- pero sólo ejemplos- de imperativos son: 
el tren de levitación magnética o el cable eléctrico superconductor; -la batería supereficiente (todas las técnicas de las energías renovables resultan limitadas por el problema de las baterías) ; -las vacunas que previenen las enfermedades: provocan la ruina de las empresas farmacéuticas, pero requieren también grandes inversiones.Se debería comenzar sin demora a reflexionar, en el Parlamento y en la Comisión, sobre los imperativos tecnológicos más importantes y- seleccionando el (o los) asunto (s) -se debería establecer, en el ámbito del Quinto Programa Marco, un presupuesto europeo dedicado y adecuado para ellos a fin de garantizar al programa específico viabilidad y particular relieve europeo. 
La Comisión no debería dejarse arrastrar por la inercia, por la tendencia a hacer sólo aquello para lo que está bien dotada y que sabe hacer bien... 
Si queremos ir al paso de la innovación, debemos estar dispuestos a reinventar continuamente. 
Mientras tanto, ¡bienvenidas sean las task forces! 
El fortalecimiento financiero del Cuarto Programa Marco en la esfera de la investigación y del desarrollo tecnológico, en curso desde 1994, desde que va acompañado por la evaluación de las acciones, es de importancia capital para garantizar la competitividad de Europa. 
Pero conviene destacar que el sector de Investigación y Desarrollo Tecnológico es particularmente delicado para países como Portugal. 
Al introducir el concepto de task forces, interesante, por lo demás, en el nivel de los principios, la Comisión subvierte en cierto modo el equilibrio alcanzado con la definición del Cuarto Programa Marco. 
Al apostar por los grandes proyectos de investigación aplicada, corre el riesgo de cometer un atentado contra la cohesión e impedir a los países menos desarrollados participar activamente, como desean y deben, en pro de la Unión. 
Es preciso que todos los Estados miembros tengan voz en la definición de las futuras task forces, pero también lo es que se sigan teniendo en cuenta las prioridades ya fijadas en el Cuarto Programa Marco. 
Convengo con la propuesta del ponente de concentrar prioridades y con el hincapié que hace en sectores tan fundamentales como el de los productos multimedios y el de los recursos hídricos. 
Los productos educativos multimedios son el caballo de Troya perfecto para la afirmación de la identidad europea y la Unión Europea debe asumirlo como tal y sacar las consecuencias que de ello se desprenden. 
La introducción del nuevo sector de la investigación sobre minas terrestres merece todo nuestro aplauso. 
Conozco bien ese problema, ya que en tierras hermanas de Portugal- Angola y Mozambique- constituyen un flagelo que sigue segando innumerables vidas de las generaciones más jóvenes de esos países de la comunidad lusófona que tanto pueden ofrecer al futuro de nuestra sociedad. 
Apoyo las enmiendas relativas a la prioridad multimedios, pero subrayo que sólo el fortalecimiento presupuestario propuesto por la Comisión de Cultura las vuelve operacionales. 
Apoyo todas las enmiendas que se refieren a la concentración de prioridades, la enmienda sobre las minas y la enmienda que incita a una mejor y más permanente articulación entre los diferentes servicios. 
Los Verdes consideramos que el fomento efectivo de la investigación es un elemento fundamental de cualquier política económica con futuro. Tal fomento, sin embargo, no ha de distorsionarse por las cíclicas medidas de austeridad, sino que tiene que aplicarse más bien con un carácter anticíclico, sentando las bases de los futuros desarrollos y progresos cuando la coyuntura muestra el agotamiento de las innovaciones ya introducidas en el proceso económico. 
Por eso lamentamos especialmente que la propuesta de aumentar los recursos para el Cuarto Programa Marco de investigación, que apoyaremos en cualquier oportunidad que se presente, se haya unido otra vez inseparablemente a unas decisiones cuya orientación nos parece inaceptable, porque gravan y bloquean el futuro en lugar de abrirlo. 
A esta categoría pertenecen la financiación del Euratom, de la investigación en fusión nuclear, del programa aeroespacial, que será fructífero, si lo es, dentro de 50 años; pero también se incluye en este apartado la orientación exclusiva y unilateral a la gran industria y el desmesurado énfasis en la investigación de la tecnología biológica carente de controles satisfactorios sobre los riesgos. 
Lamentamos esta situación y pedimos al Parlamento que encuentre un procedimiento para que, en el futuro, podamos (nosotros y otros Grupos) presentar nuestras críticas razonadas al contenido, sin vernos obligados a rechazar globalmente toda la política de investigación. 
Informe Sindal 
Señora Presidenta, Señorías, el fin principal del presente informe es hacer el transporte marítimo más ágil y atractivo. 
En efecto, conviene conceder un lugar más importante a esta modalidad de transporte para desatascar los otros. 
No obstante, en el transcurso del estudio de este informe se han puesto de manifiesto diversos problemas y carencias, en particular, en los ámbitos de la protección del medio ambiente y de las normas de seguridad. 
En efecto, por lo que respecta a los transportes marítimos de corta distancia, los barcos son especialmente pequeños y viejos, por lo que los riesgos de accidente son más serios. 
Se trata ahora de tomar en consideración todas estas realidades para que el transporte marítimo de corta distancia se convierta en un transporte sin riesgos y respetuoso con el medio ambiente. 
Señora Presidenta, al comentar el informe Sindal, deseo manifestar mi gran satisfacción por los planes que contiene para que entre un 30 y un 40 % del volumen del comercio entre España y Gran Bretaña abandone la carretera para pasar al transporte marítimo de corta distancia. 
Será bueno para el medio ambiente retirar 0, 6 millones de toneladas de comercio de las carreteras y será seis veces más eficiente en términos de consumo energético y de reducción de emisiones de dióxido de carbono. 
Quiero apoyar, en particular, la solicitud a la Comisión para que se encargue de que el puerto de Tilbury de mi circunscripción se convierte en el núcleo de esta nueva y creciente modalidad de comercio. 
Es un puerto próximo a Londres y a las principales vías de transporte del sudeste de Inglaterra que conectan con todo el Reino Unido. 
Cuenta con una insuperable gama de servicios flexibles. 
Últimamente ha anunciado un servicio rápido diario a Rotterdam para contenedores. 
Tiene capacidad para beneficiarse de este aumento del volumen comercial y pido a la Comisión que garantice que así será. 
Tras meses de intenso trabajo, se somete a la consideración del Parlamento el informe del Sr. Sindal. Quiero, salvando algunas críticas, felicitarle por ello en nombre de mi Grupo. 
La intensificación de la navegación costera puede tener repercusiones positivas y efectos dinámicos en el empleo de las regiones costeras de la Unión Europea, sobre todo en las más desfavorecidas: 
La necesaria modernización de la flota dará nuevo impulso al sector de la construcción naval europea y servirá para mantener el empleo en las regiones costeras e incluso, quizá, para crearlo.-Además, puede producirse un aumento del volumen global, lo que sería bueno para los puertos, tanto pequeños y medianos como grandes.-Finalmente, la intensificación del transporte marítimo de corta distancia beneficiará ante todo a los pequeños y medianos empresarios, ya que son fundamentalmente las pequeñas empresas navieras las que se dedican al tráfico de mercancías. Además, una gran parte de los trabajadores ocupados en barcos con bandera europea se concentran en este sector.El Informe Sindal reconoce que la intensificación de la navegación costera está necesariamente vinculada a una gran tarea de modernización de la flota, de los puertos y de sus conexiones con el interior. 
Paralelamente, el informe aboga por una liberalización de la competencia, lo que es de alabar, evitando recurrir a medidas de fomento directo o indirecto. 
Lo anterior, por lo menos para algunos de los que intervinieron activamente en la opinión de la Comisión de Política Regional sobre el Informe Sindal, está en relativa contradicción con la realidad de muchas regiones costeras. 
Por esta razón, habría sido deseable que la Comisión de Transportes se hubiera ocupado de manera más intensa de las propuestas hechas en aquella comisión, que fueron aceptadas por una amplia mayoría del Grupo del Partido Popular Europeo y contaron también con el apoyo de los miembros del Grupo socialista. 
Estas son, por tanto, mis tres preguntas a los presentes: ¿existe una competencia que otorgue «igualdad de oportunidades» a las regiones ricas y a las más desfavorecidas, a los grandes puertos y a los pequeños? 
¿Se puede, por ejemplo, comparar realmente el margen de maniobra presupuestario para la necesaria modernización de que disponen los Estados miembros o las corporaciones regionales y locales de las regiones del Objetivo 1 con los de las regiones más ricas? 
¿Se ha tomado en consideración que desde una óptica regional y espacial el arco atlántico y el Mediterráneo ofrecen importantes perspectivas de desarrollo, como muestran algunos estudios parciales del documento de ordenación espacial «Europa 2000 +»? 
En el futuro tienen que recibir más atención estos desequilibrios y estas desiguales condiciones espaciales de partida, sobre todo en el marco de la política de transportes. 
La solidaridad económica y social es uno de los objetivos básicos esenciales de la Unión Europea sobre cuyo fomento existe un amplio consenso entre los Grupos del Parlamento. Y las políticas particulares están obligadas a servirlo. 
Dos consideraciones finales que hubiera debido contener una política de transportes coherente y apoyada por la mayoría de los Grupos: 
Incluir en este ámbito medidas específicas de investigación y formación hubiera redundado en beneficio de una mayor «seguridad en el mar» y de la protección ecológica de la «costa» como espacio vital y económico. 
Y ello porque precisamente los nuevos y seguros tipos de embarcaciones, más fáciles de manejar y más dependientes de apoyo logístico y portuario en materia de navegación, requieren medidas adicionales.-Por último, teniendo en cuenta el procedimiento de mediación en curso sobre la red transeuropea de transportes, resulta curioso que en el proyecto de resolución no se renueve el apoyo a la inclusión, propuesta inicialmente por el Parlamento, del transporte marítimo de corta distancia en las directrices TEN. 
El transporte marítimo, y en concreto el costero, estuvo mucho tiempo privado de la atención que la Unión Europea y los Estados miembros deberían haberle prestado, en especial a causa de la presión ejercida por los intereses de los grandes monopolios más interesados en el desarrollo del transporte viario. 
Sin embargo, el desarrollo del transporte costero mediante la mejora de las infraestructuras y de los puertos, su conexión con otros medios de transporte a fin de establecer un transporte marítimo y continental combinado, la renovación de la flota y la garantía de un alto nivel de seguridad, permitirá aprovechar las importantes ventajas comparativas del transporte marítimo, reducir el coste del transporte e incrementar el volumen de la carga transportada por vía marítima, así como el número de pasajeros y, sobre todo, restringir la contaminación que provoca el transporte viario. 
La expansión constante de los transportes, acelerada a causa del mercado interior y de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, impone un planteamiento diferente de los transportes, que dé prioridad al transporte ferroviario y marítimo, mucho más eficientes, ya que gastan mucha menos energía por tonelada transportada y kilómetro. 
El fomento del transporte marítimo, y en concreto del transporte costero, ejercerá un efecto especialmente favorable sobre las regiones periféricas costeras e insulares de la Unión, especialmente en países como Grecia, con millares de islas y de kilómetros de costa, que hoy padecen la insuficiencia de infraestructuras y de comunicaciones frecuentes, el escaso desarrollo de actividades productivas y del abastecimiento, debido al elevado coste del transporte de los productos. 
Al mismo tiempo, el desarrollo de esta modalidad de transporte, la renovación de la flota y el cumplimiento estricto de las normas en materia de seguridad de los trabajadores, los pasajeros y la carga, mitigará las consecuencias de la crisis de la construcción y la industria naval, especialmente en los países periféricos menos desarrollados, como Grecia. 
Cabe destacar la necesidad de definir con precisión y ampliar los derechos de los trabajadores marítimos en el marco comunitario, la mejora de las normas de salud y seguridad, la remuneración y las condiciones de trabajo, la protección de accidentes y la garantía de los derechos a seguridad social y pensión. 
El desarrollo del transporte costero requiere una planificación nacional concreta en el marco de una organización global del transporte nacional, la creación de las infraestructuras necesarias, incentivos y contraincentivos económicos y la adopción de medidas administrativas e institucionales encaminadas a crear el clima necesario para orientar las inversiones hacia el transporte costero, corrigiendo su orientación actual. 
Lamentablemente, tal política no puede llevarse a la práctica mientras la Unión no revise su comunicación sobre la liberalización del cabotaje, que no sólo no fomenta el desarrollo del transporte costero, sino que implica el peligro de un empeoramiento de los servicios actuales y la aparición de nuevos problemas, especialmente en las regiones insulares y más apartadas de la Unión. 
El desarrollo de los programas nacionales dará paso a una programación europea más amplia en materia de desarrollo del transporte marítimo costero y su aprovechamiento en favor del desarrollo, la protección y el incremento del empleo en el sector, el desarrollo de las regiones insulares y costeras y la protección del medio ambiente. 
Los Verdes han votado a favor de la resolución del informe Sindal. 
La navegación costera es una forma de transporte que consume muy poca energía en comparación con el transporte por carretera y por aire, y gracias a ello resulta menos perjudicial para el medio ambiente. 
Dada la situación geográfica de Europa, con sus numerosas costas, esta forma de transporte podría y tendría que utilizarse más. 
Por ello es incomprensible que la navegación costera no forme parte de las redes transeuropeas; consideramos que esta situación ha de cambiar rápidamente. 
En el considerando A y en el apartado 6, mi Grupo ha señalado la curiosa comparación del transporte ferroviario con el transporte por carretera. Estos no han sido desarrollados, ni apoyados en igual medida. 
Existe el peligro de que se recurra a las malas condiciones laborales que imperan en la navegación costera para presionar aún más sobre las condiciones laborales del transporte terrestre. 
Por ello quiero recalcar una vez más la importancia del apartado 19. 
Por último, mi Grupo no podía apoyar de ningún modo la enmienda del Sr. Wijsenbeek, pues ello no haría más que reabrir el debate sobre medidas y pesos. 
Hemos dado nuestro apoyo a la enmienda nº 2. 
Se trata de un buen ejemplo de la combinación de navegación costera y navegación fluvial. 
Informe Gasòliba i Böhm 
Estoy de acuerdo en que el informe critique el retraso del informe anual y pienso, al igual que el Sr. Gasòliba i Böhm, que deberían elaborarse regularmente informes parciales del instituto monetario destinados, entre otros, al Parlamento Europeo. 
El motivo para ello es que esta cuestión es de las más importantes dentro de la UE, y que afecta a todos sus ciudadanos. 
Echo a faltar en el informe anual un análisis detallado del modo en que la política que se persigue va a afectar a los ciudadanos, entre otras cosas, por lo que respecta a la coordinación de la política monetaria de los Estados miembros, a la consolidación presupuestaria y a la transición general a la UEM. 
El informe anual también debería apartarse de la terminología económica normal, y en su lugar hacer comprensible el texto para los ciudadanos, explicando de un modo sencillo qué es lo que se pretende y cómo va a afectar a las personas. 
Me opongo a la introducción de la moneda única por todos los efectos negativos que tendrá. 
Mi propósito de una sociedad ecológicamente sostenible no es compatible con la UEM. 
Voto en contra del informe en la ronda final haciendo referencia a lo anteriormente dicho. 
Con referencia al compromiso nacional y al acuerdo de Edimburgo, los socialdemócratas daneses no pueden, obviamente, aceptar los puntos de este informe que van en contra de las cuatro excepciones para Dinamarca. 
Informe Pérez Royo 
Voto decididamente en contra del informe del Sr. Pérez Royo, puesto que incluye muchas opiniones que no puedo apoyar. Sobre todo me refiero a las que celebran la llegada de la moneda única y subrayan la necesidad de que se progrese en el proceso de convergencia. 
En su lugar apoyo la idea de un impuesto sobre las transacciones monetarias, puesto que esto reduciría significativamente la actividad especulativa. 
Este impuesto debería introducirse tanto en los países miembros como en otros de fuera de la UE. Pero no debe, no obstante, verse como un eslabón en la realización de la moneda única, sino introducirse exclusivamente para reducir la especulación. 
Me resultan totalmente incomprensibles la aclamación completamente acrítica de la UEM, de los requisitos de convergencia y del calendario. 
No estoy en contra de que se sistematicen las economías estatales de los países miembros, pero los recortes que está generando la política de convergencia deberían llevarnos a reflexionar. 
En lugar de perseguir los objetivos económicos tradicionales, cabe tener en cuenta la nueva política económica, cuyo propósito es lograr una sociedad ecológicamente duradera. 
Este propósito no es compatible con el proyecto de la UEM, que por consiguiente debe interrumpirse! 
Con referencia al compromiso nacional y al acuerdo de Edimburgo, los socialdemócratas daneses no pueden, obviamente, aceptar los puntos de este informe que van en contra de las cuatro excepciones para Dinamarca. 
A pesar de algunas propuestas excelentes, por ejemplo, la del impuesto sobre las transacciones monetarias, votamos en contra del informe porque estamos en contra del proyecto de la UEM. 
El informe contiene muchas propuestas de calidad, por ejemplo, en el punto 4, donde se menciona que el impuesto sobre la especulación monetaria es un medio eficaz para estabilizar los tipos de cambio. 
No obstante, me abstengo de votar porque el informe recomienda en muchos de sus puntos que se complete el proceso de la unión monetaria, así como el establecimiento de un nuevo mecanismo para los tipos de cambio. 
Pienso que una nueva cooperación respecto a los tipos de cambio invita a la especulación y nos arriesgamos a que genere la misma catástrofe económica de 1992. 
Pienso además que la realización de la unión monetaria en una situación en que la Unión tiene cerca de 20 millones de parados constituye un juego de azar económico que nos puede llevar a unas graves consecuencias sociales y económicas. 
Por este motivo he decidido abstenerme. 
Informe von Wogau 
Señora Presidenta, es extraño que se hable en diversos contextos- también en el informe que debatimos hoy y por parte del Sr. von Wogau- de que existe un amplio consenso a favor de la UEM y de los principios generales, entre ellos el del mecanismo monetario, en relación con la introducción de la moneda única. 
Pero nadie desconoce que fuera de las instituciones de la UE existen grandes dudas sobre la excelencia de la UEM, del calendario a seguir y de los criterios de convergencia. 
Estas críticas provienen de políticos, economistas, banqueros y dirigentes sindicales. 
Las manifestaciones que se han producido en Bélgica, Francia y Alemania hablan por sí mismas de la inestabilidad social que han creado los criterios de convergencia entre los ciudadanos. 
Naturalmente, todos los países deben esforzarse por tener una política económica saneada. 
Esto trae consigo un desarrollo robusto, y no un crecimiento continuo que bloquea el pago de la creciente deuda que tenemos para con el medio ambiente. 
Trae consigo además una distribución justa de los recursos comunes y una política que previene el paro y la exclusión social. 
Pero con la UEM, la UE ha establecido una política económica que da prioridad a la estabilidad de precios y al balance presupuestario, y que puede tener como consecuencia la desintegración social y ser además la causa de que desaparezcan muchos más puestos de trabajo. 
Desde un punto de vista democrático, el Banco Central Europeo es inaceptable. 
En el informe del Sr. von Wogau se menciona la responsabilidad, pero lo cierto es que es imposible exigir responsabilidades a los que adoptan las decisiones. 
No se puede destituir a los seis miembros de la Dirección del Banco Central Europeo durante el período de ocho años para el que son elegidos. 
La UEM debe ser dirigida por unos expertos que sean inaccesibles a la manipulación política. 
La Unión Económica y Monetaria se enfrenta por consiguiente a demasiados problemas sin solución, y se arriesga a convertirse en un objetivo político alejado de la realidad social y económica. 
Dado que la idea de una Unión Económica y Monetaria es en el fondo federalista y contradice nuestra creencia en el establecimiento de la Europa de las democracias, nos abstenemos de participar en la votación sobre este informe. 
Dejar que sean los funcionarios del Banco Central Europeo los que administren la política monetaria contradice nuestro objetivo de que sean los ciudadanos, a través de sus representantes democráticos, los que decidan en materia de política económica. 
Además, hacemos hincapié en que, en el transcurso de las negociaciones para la adhesión, Suecia hizo una declaración unilateral, estableciendo que es el propio país el que decidirá si se adhiere o no a la UEM. 
El valor jurídico de dicha declaración es dudoso. Pero la valoración política es que es el propio pueblo sueco el que decide sobre su pertenencia a la UEM. 
Esta cuestión no está en absoluto decidida todavía por lo que respecta a Suecia. 
Por ser contrario a la totalidad del proyecto de la UEM, voto en contra de este informe del Sr. von Wogau. 
Existen, no obstante, algunas enmiendas de calidad y que apoyo, pero no contrarrestan las opiniones de menos valor que figuran en él. 
No estoy a favor de que, en la práctica, se establezcan unos mecanismos para los tipos de cambio de la moneda única. 
Debe ser responsabilidad de cada país administrar su propia política económica, teniendo en cuenta la situación del país y la estructura de la vida empresarial. Esto no es posible si se forma parte de la UEM. 
Naturalmente, es de desear que los tipos de cambio sean lo más bajos posibles. 
Esto no se aplica solamente a las relaciones entre los países miembros de la UE, sino también a las que tienen con los de fuera, que son muchos más. 
El informe requiere consecuentemente que se cumpla con los criterios de convergencia. 
Habida cuenta de los grandes recortes que muchos de los países miembros de la UE se ven, o se verán, obligados a efectuar, esto debería hacernos reflexionar. 
En lugar de promover el desarrollo del bienestar social, la política de la UEM nos va a conducir al desmantelamiento del sistema de bienestar, país por país. 
Ésta no es una política a la que pueda dar mi apoyo. 
Puesto que estoy en contra de la totalidad del proyecto de la UEM, voto «no» al informe del Sr. von Wogau. 
En efecto, he seguido los debates de esta mañana. 
En ningún momento se ha mencionado el temor de nuestros ciudadanos de los Estados miembros con respecto a la moneda única. 
Nuestros dirigentes políticos y la Comisión de Bruselas mantienen una sabia ambigüedad entre moneda única y moneda común. 
Es evidente que los pueblos europeos tienen dificultades en ver la diferencia. 
Por ejemplo, en Francia, si hablamos a los franceses de moneda europea, incluso de moneda única, piensan en la moneda común y parecen de acuerdo. 
Pero si les explicamos claramente lo que se juegan, la rechazan. 
Cuando toman conciencia de que el euro hará desaparecer la moneda nacional, se muestran en contra y tienen razón. 
¿Por qué? 
Es un vínculo afectivo, moral y práctico profundo que sienten los pueblos europeos respecto de su moneda. 
Privarles de un punto de referencia tan fundamental como la moneda nacional les desestabilizaría moralmente. 
La moneda, como lo decía el General de Gaulle, vincula al ciudadano con la nación. 
He votado contra el informe von Wogau, porque estimo, en mi calidad de europea convencida, que Europa no debe construirse sobre una gran mentira. 
Desde Maastricht crece la sospecha entre los ciudadanos europeos de que intereses económicos unilaterales se apoderan cada vez más del proceso de construcción de la unidad europea. 
En esta crisis de credibilidad, quien apostó por la capacidad de control y rectificación del Parlamento Europeo siente desde hace meses una profunda decepción. 
Los criterios de convergencia de la Unión Monetaria ponen cada vez más de manifiesto su poder destructor de los niveles sociales alcanzados por los Estados miembros. 
La obligatoriedad de su aplicación simultánea en un corto espacio de tiempo ha producido efectos recesivos y un fuerte aumento del desempleo. 
Y sin embargo, los ciudadanos de la Unión Europea siguen esperando inútilmente que las instituciones europeas reformen estos criterios, que hace ya tiempo que se han convertido en algo socialmente irresponsable. 
El Presidente de la Comisión, Jacques Santer, instaba hace poco una vez más a los Estados miembros a asumir su responsabilidad de promover políticas activas de empleo, pero silenciaba con cinismo que precisamente los criterios de convergencia han suprimido la capacidad política de maniobra necesaria para ello. 
Esta contradicción se acentúa por la ausencia de cualquier tipo de iniciativa social a escala europea. 
A la vista de una política que hace tambalearse la paz social, el Parlamento Europeo tiene que actuar pública y decididamente en defensa del desarrollo de una Unión social y ecológica y en contra de una política de liberalismo económico brutal. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.12 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Pesca 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0189/96 de la Sra. Pery, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (94) 0335- C4-0086/94) relativa a la crisis del sector de la pesca en la Comunidad; -A4-0133/96 del Sr. Arias Cañete, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la problemática del sector de la pesca en la zona NABO; -A4-0172/96 del Sr. Arias Cañete, en nombre de la Comisión de pesca, sobre la propuesta modificada de reglamento del Consejo (COM (96) 0117- C4-0299/96-95/0252 (CNS) ) por el que se establecen determinadas medidas de conservación y de control aplicables a las actividades de pesca en el Antártico; -A4-0169/96 del Sr. Niels Kofoed, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (95) 0670- C4-0033/96-95/0338/CNS) ) que modifica por sexta vez el Reglamento (CEE) nº 1866/86 por el que se fijan determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos de la pesca en las aguas del mar Báltico, de los Belts y del Sund. 
Señor Presidente, Señorías, vamos, pues, a debatir sobre la crisis del sector de la pesca en la Unión Europea. Esta crisis económica, social y ecológica afecta a todo el sector. 
Desde hace algunos años, nos hemos visto obligados a disminuir las licencias de capturas, a velar por un control más eficaz, a reducir nuestras flotillas, a intensificar nuestras medidas de acompañamiento estructural y social. 
Al mismo tiempo, y aunque las cantidades de pescado capturado vayan en disminución, por ejemplo en mi país, numerosas especies han sufrido las leyes del mercado mundial. 
En algunas regiones de Europa, los precios de la pesca fresca han bajado en un promedio del 25 %. 
La Europa azul es una política común frágil, por inacabada. 
Todas las regiones litorales se preguntan con inquietud. 
Es la razón por la cual me ha parecido indispensable comenzar este informe con un llamamiento a la Comisión y al Consejo, para que definan unas perspectivas claras y que manifiesten la voluntad de garantizar un futuro marítimo a los países de la Unión. 
El azar de los calendarios, señora Comisaria, ha querido que llegáramos a tener conocimiento de la respuesta que usted dio algunos días después de la impresión de este informe y después de nuestro seminario de Quimper. 
Por lo tanto, nuestra comisión no ha podido debatir todavía el cuarto plan de orientación plurianual que presenta usted. 
En efecto, esperábamos un mensaje de lucidez, pero también, señora Comisaria, un mensaje de confianza. 
Ahora bien, el hecho de querer reducir, en cinco años, en una media del 40 % las posibilidades de pesca no implicará simplemente, lo sabe usted bien, el desguace de demasiados barcos, sino también la muerte segura de varios puertos de pesca ya muy endeudados por los esfuerzos de modernización. 
Es un golpe demasiado duro para la actividad económica y social de todo el sector. 
Estoy segura de que hoy debemos dar prueba de vigilancia y de firmeza, pero también de imaginación y de voluntad política en torno a algunas nuevas propuestas capaces de devolver la confianza al sector. 
Me limitaré a citar los puntos clave que afectan a los recursos, al mercado y a las políticas estructurales. 
Por lo que respecta a los recursos, todavía hacen falta sacrificios, lo sabemos. 
Pero entonces, tomemos medidas técnicas más obligatorias y que de verdad permitan una renovación de dichos recursos. 
Hemos hablado de mallas cuadradas, de una utilización más selectiva de las herramientas de pesca, de protección de las zonas «juveniles». 
Proponemos períodos de reposo biológico cuando una especie esté más amenazada. 
Pero, señora Comisaria, la Comisión de Pesca habla también de compensaciones financieras. 
La Comisión me responde que la lógica de la política común de la pesca no prevé este tipo de financiación, salvo en casos totalmente excepcionales. 
«Nada de apoyo a los ingresos» dicen ustedes. 
No pienso practicar a menudo discursos demagógicos. 
No oculto las dificultades, pero me niego a que los sacrificios vayan en una dirección única. 
Si tenemos dinero para compensar la destrucción de un barco, hay que poder encontrar también dinero para salvar los recursos. 
Para producir un efecto máximo, todas estas medidas técnicas deben apoyarse, por supuesto, en una investigación científica constante y cada vez más profunda, y apoyarse en un control mucho más riguroso. 
Esto impone también que no se responsabilice solamente a los profesionales directamente implicados, sino también que se dote de nuevos medios de control. 
Señora Comisaria, sé que me equivoco al anticipar ideas que no son «neutras» financieramente. 
Pero así vamos a poder medir si existe una verdadera voluntad política de la Unión y de sus Estados miembros, para preservar un sector de la pesca competitiva en Europa. 
Por lo que respecta a los mercados, en primer lugar, desearía recordar que el mercado interior europeo es muy deficitario, tanto en lo relativo al consumo como en el aprovisionamiento de la transformación. 
Un mercado libre, un mercado abierto al mercado mundial es la elección que se ha hecho desde el inicio de la política común de la pesca y la crisis ha alcanzado los mercados, las subastas y los sectores de comercialización. 
Todos este sector debe mejorar sus sistemas de información y de comunicación. 
Su modernización es vital en el mundo de hoy. 
Nos parece asimismo muy importante asociar mejor a los productores al sector de la comercialización, valorar la calidad y el origen de los productos. 
Pero creo, señora Comisaria, que la futura Europa azul del 2002 no podrá contentarse con un sector «mercado» tan débil. 
Con toda franqueza, creo que será preciso crear un marco comunitario más vinculante- precios de salida obligatorios, precios de preferente mejor respetados- y que en caso de crisis grave y de caída de los precios del mercado, deberemos asimismo establecer un instrumento financiero para ayudar a las organizaciones de productores de pesca fresca. 
También a este respecto, sé que usted me va a decir: » ¡pero es una forma de apoyo a los ingresos!» 
Le responderé que cuando el mercado ya no desempeña su papel, estoy en favor de algunas intervenciones, más aún cuando sólo el 2 % del presupuesto «Pesca» se consagra al mantenimiento de los precios. 
Por último, el tiempo no me permitirá desarrollar el tercer aspecto, a saber, las políticas estructurales. 
Es seguramente el aspecto de la política común de la pesca para el que los Estados miembros y la Unión se han dotado de medios importantes- mejor así- a través del instrumento financiero del IFOP, a través del programa PESCA cuya aplicación desearíamos se llevara a cabo como el «LEADER del mar». 
Apoyamos así lo que han podido hacer ustedes en el ámbito de las jubilaciones anticipadas, deseando que los Estados miembros desempeñen su papel cuando sabemos que la Unión cofinancia dichas jubilaciones hasta en un 50 %. 
No se puede decir que este aspecto social pueda pasarse en silencio. 
Existe, y, en efecto hay que sostenerlo. 
Señora Comisaria, he sobrepasado mi tiempo de intervención. 
Para terminar, diré simplemente que estaremos a la altura en lo que respecta a la firmeza y la vigilancia. 
Hará falta coraje, pero volveremos a hablar de este plan de reorientación. Éste me parece insoportable, tanto en lo que concierne a la producción como al conjunto del sector, y debemos establecer medidas más imaginativas y ciertamente con más apoyo financiero. 
Señor Presidente, Señorías, el objetivo de crear la Comisión Internacional de las Pesquerías del Mar Báltico en 1974 era establecer una institución que permitiese a todos los Estados ribereños del Báltico compartir la responsabilidad de la gestión de los recursos vivos de dicho mar. 
Las decisiones se basan en los consejos de los biólogos de los diferentes países que participan en la comisión. 
Esta cooperación ha funcionado muy bien, a pesar de que hayan surgido ciertos problemas en relación con los regímenes comunistas de los Estados bálticos y Polonia. 
La política de conservación ha estado fundada sobre los principios habituales: la valoración de las capturas, las condiciones de los alevines y las cuotas adjudicadas a los diferentes países. 
Obviamente, además de estas medidas hay otras de carácter técnico, como el tamaño de la malla, etc. 
El informe que debatimos hoy supone una aprobación o un rechazo de la decisión adoptada el año pasado y que tiene validez hasta el final de 1996. 
La Comisión de Pesca ha criticado en el informe que la consulta tenga lugar tan tarde. 
Espero que la Comisaria intente garantizar que recibiremos las decisiones de este tipo con más tiempo. 
Sería asimismo conveniente que la Comisión invitase a dos miembros de la Comisión de Pesca a participar como observadores en las negociaciones preliminares que se iniciarán en Varsovia el próximo septiembre. 
Es obvio que no le corresponde al Parlamento Europeo estar presente como gestor, pero sería recomendable que estuviese allí en calidad de consejero, ya que de esta forma tendría una base más sólida para adoptar en su día las decisiones legislativas correctas. 
Mi informe incluye dos enmiendas para las próximas negociaciones en la IBSFC. 
Son, por tanto, enmiendas de cara al futuro. 
Se refieren, entre otras cuestiones, a la introducción de medidas de conservación distintas a las anteriores. 
Por este motivo, propongo establecer un límite para la potencia del motor de los buques pesqueros de, por ejemplo, un máximo de 400 caballos para la pesca de bacalao y salmón. 
El motivo de presentar la propuesta ahora es advertir a la Comisión que Polonia, los Estados bálticos y Rusia están renovando su flotas pesqueras. 
Si modernizan sus flotas con buques grandes y excesivamente eficaces, los recursos vivos se agotarán. 
Otro motivo para presentar esta propuesta es que la política pesquera llevada a cabo en el mar Báltico no ha supuesto un aumento de los recursos de pesca. 
Los recursos de bacalao siguen, por ejemplo, siendo más bajos que en 1984. 
Tengo otro comentario más sobre la política de cuotas. 
Implica una serie de medidas de control que limitan a los pescadores y pueden, en cierto modo, convertir la pesca en un delito. 
No disponemos de las cifras correctas, es decir, no recibimos información sobre lo que se pesca fuera de las cuotas, por lo que no sabemos de cuánto se trata y, por este motivo, los modelos de los biólogos para las futuras cuotas no podrán ser correctos. 
En consecuencia, propongo, señor Presidente, que se apoye la limitación de la potencia del motor de los buques pesqueros y, si hacen falta cuotas, las debemos asignar a los buques grandes durante cierto período y dejar que los buques de menos de 400 caballos pesquen sin cuotas. 
Me atrevo a prometer a la Sra. Comisaria que, de este modo, los recursos de pesca no bajarán, sino todo lo contrario, aumentarán. De esta forma, la climatología influirá en la pesca. 
Los grandes buques pesqueros pescan ahora en cualquier época y los peces de esta zona no tienen un momento de respiro. 
Como propuesta a la Comisión, señora Comisaria, quizá fuera conveniente vedar la pesca en algunas zonas durante el desove. 
Los cazadores no cazan durante la época de reproducción, y el mismo principio debería aplicarse a la pesca. 
Finalmente, señor Presidente, quiero decir que espero que tengamos un debate sobre la posibilidad de utilizar esta medida. 
No soy partidario de las cuotas, ya que criminalizan la pesca, pero la idea de conservar los recursos de pesca me parece excelente. 
Opino que nuestra política pesquera no debe seguir las ideas de Maquiavelo, según las cuales el fin justifica los medios. 
No debe ser un medio para convertir a la gente en delincuentes. 
Doy las gracias a la Comisión y a los miembros de la Comisión de Pesca por su cooperación. 
Señor Presidente, es importante este debate que se celebra en el día de hoy: es importante, entre otras cosas, porque, a propósito de tres asuntos diferentes, se ha tenido la sensación- y también, creo yo, la demostración concreta- de que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo tiene una propuesta propia, al haber elaborado documentos concretos y estar en condiciones de afrontar, desde hace ya algún tiempo, también con gran capacidad técnica, las propuestas relativas a la reforma de la Política Pesquera Común. 
Pues bien necesitamos, señor Presidente, una reforma de la Política Pesquera Común y estamos profundamente convencidos de que los documentos que se han presentado marcan una etapa en esa dirección. 
Propugnamos una reforma que tenga en cuenta los nuevos equilibrios medioambientales, que se preocupe por mantener el empleo del sector, una reforma que tenga en cuenta también la capacidad para dar garantías a los consumidores. 
El Grupo Socialista presentará el jueves oficialmente en esta Asamblea un documento propio. Aprovechamos la ocasión para pedir a los representantes de la Comisión que participen en esa iniciativa nuestra el jueves aquí, en Estrasburgo. 
El documento que ha propuesto la Sra. Péry es un documento muy importante, fruto de una rica experiencia adquirida por la vicepresidenta en ese sector. 
En efecto, en ese documento figuran algunos elementos extraordinariamente importantes e innovadores: en primer lugar, el sector de la pesca, como decía antes, debe tener en cuenta los equilibrios medioambientales, pero debe saber también situarse de forma adecuada en el mercado. 
Por tanto, es necesaria una profunda integración entre producción y mercado, integración que se puede alcanzar mediante la innovación tecnológica, la capacidad para tratar partidas cada vez más importantes que al mismo tiempo sean de origen y garanticen un precio adecuado a los pescadores, gracias al papel que las asociaciones de pescadores podrán desempeñar cada vez más cabalmente como referencia importante. 
Además, será necesaria la ordenación, si se quiere, consolidada de las propiedades de la pesca. 
En ese marco, nosotros somos partidarios del principio de la participación de los pescadores en la propiedad, somos partidarios, por tanto, de experiencias locales de multipropiedad que lleguen a ser un punto de referencia y en ese sentido estamos de acuerdo con la gestión integrada entre la multipropiedad y las instituciones locales. 
Nos convence mucho también una participación junto con las instituciones locales y, naturalmente, estamos convencidos de que la política pesquera debe ser común, pero que en ese marco pueden asociarse también con ellas las regiones y las autoridades locales, por el papel fundamental que pueden desempeñar, entre otras cosas, para la gestión integrada de la pesca costera. 
Eso representa también un medio para eliminar el esfuerzo de pesca excesivo que ha habido en estos últimos años. 
Desde este punto de vista, pensamos que el documento de programación es importante y, cuando tengamos la posibilidad de examinarlo en las sedes oficiales, entraremos más detenidamente en materia. 
De momento, lamentamos que nuestra participación como diputados no haya ocurrido aún. 
Señor Presidente, que celebremos hoy un gran debate sobre la pesca lo valoro como un signo de la importancia de la futura política pesquera europea. 
Los informes que estamos considerando abarcan desde el mar Báltico a la Antártida pasando por el océano Atlántico. 
Estamos, pues, ante un problema mundial y ello requiere que enfoquemos los problemas y las soluciones globalmente. 
El tratamiento que damos a los recursos pesqueros muestra si tenemos en cuenta el aprovechamiento duradero de las fuentes mundiales de alimentación. 
Este es el mensaje que recibimos de instituciones como la FAO. 
Este es el mensaje inequívoco que nos va llegando de organizaciones medioambientales como el Fondo Mundial para la Naturaleza, que en la actualidad cooperan con algunas de las mayores industrias mundiales de producción de alimentos. 
Los Estados miembros y la industria pesquera tienen que prestar atención a estas poderosas fuerzas. 
Los mares están sobrexplotados. 
Ninguno de nuestros caladeros podrá soportar por más tiempo unas capturas tan intensivas. 
La única respuesta es menos barcos de pesca y menos actividad pesquera. 
La Sra. Perry se pronuncia con toda claridad por esta solución. 
El sector pesquero no superará su crisis actual mientras no se establezca, sobre la base de cálculos realistas, un equilibrio entre las flotas de la Unión Europea y la cantidad de recursos disponibles en los caladeros de la Unión Europea y en los demás. 
La reconversión debe acompañarse de medidas socioeconómicas. 
El que no podamos ofrecer puestos de trabajo en el mar a todos los pescadores no quiere decir que nos podamos desentender de ellos. 
Tenemos que encontrar alternativas, bien en la industria pesquera o en otros sectores. 
Contamos con un equipo de expertos comunitarios dirigidos por el científico danés Hans Larsen que ya ha efectuado una valoración de los recursos pesqueros y que ha señalado que se encuentran en una situación crítica. 
Señora Comisaria Bonino, usted ha tenido el valor de presentar una propuesta, basada en una recomendación científica, consistente en reducir las actividades pesqueras en un 40 %, como ya pidió el Parlamento en 1990. 
Los ministros de pesca, por su parte, han acordado, desde 1990, reducciones del 20, 25 o del 0 %, según qué tipos de pesca, y desde 1992 a 1996 tendrá lugar una reducción adicional por toneladas, pero no se alcanzará el 40 %. 
Pedimos un debate creíble y que aborde los problemas y pedimos también que los ministros tomen como base el informe científico y la propuesta de la Sra. Bonino. 
El Parlamento ha tomado la iniciativa de concentrarse hoy en el tema de la pesca, lo que hemos aprovechado para presentar ideas orientadas a fortalecer la política común de pesca. 
Ahora le toca el turno a los Estados miembros de iniciar las acciones necesarias para salvar la pesca en Europa. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, en buena hora se ocupa este Parlamento simultáneamente de la crisis general del sector de la pesca y de la crisis de la zona NABO, que es una ejemplificación de la primera. 
Son cuestiones cuyo planteamiento debe entrañar una voluntad política de la Unión Europea y la colaboración clara de los Estados miembros. 
Algunos países de la Unión Europea tienen tendencia a no atribuir al sector de la pesca su significado real en el marco de la economía europea. 
Ahora bien, conviene subrayar que en los países marítimos periféricos esa actividad tiene su importancia en la economía y en el empleo. 
Véase el ejemplo de la NABO. 
Mi país pesca en esa zona, en particular el bacalao, desde el siglo XV, razón histórica por la cual Portugal es hoy el mayor mercado del mundo para esa especie. 
Hace cuatro años, la adhesión de Portugal a la Política Pesquera Común y la crisis de la NABO provocaron la reducción de la flota en el 70 % de los buques y cerca de 12.000 desempleados directos e indirectos. 
Puedo afirmar que los armadores portugueses pretenden continuar su actividad de forma responsable con vistas a preservar los recursos. 
Por eso, están de acuerdo con las medidas de fiscalización y control aplicadas por la Unión Europea. 
Pero no se comprende por qué motivo no se aplica ese control con la misma intensidad a todos los barcos de los países no comunitarios signatarios del Convenio. 
Otro de los aspectos que deben merecer atención particular por nuestra parte es el de la investigación científica que haga un análisis continuo de los recursos y de la evolución de las poblaciones de peces. 
No se comprende que la Unión Europea haya delegado en el Canadá la investigación científica de zonas tan importantes como las 2J, 3K, 3L y 3NO, sabiendo que los intereses de las dos partes son contradictorios. 
También en las aguas comunitarias se debe llevar a cabo esa investigación que tenga en cuenta las informaciones de los pescadores y productores. 
Véase el caso de la sardina. 
Cuando la Comisaria viene a anunciar que es necesario reducir las capturas en un 40 %, basándose, evidentemente, en datos que le han facilitado- tal vez mi país -, los pescadores afirman que esa decisión no tiene fundamento, dado que las poblaciones de peces siguen en buen estado, pero se han trasladado a otras zonas. 
Y así se crean conflictos que afectan al crédito de las instituciones y de la propia Unión. 
Como se afirma explícitamente en los documentos que estamos examinando, los acuerdos con terceros países deberán seguir contando con el apoyo y el esfuerzo de la Unión Europea por su importancia para el abastecimiento y la defensa de la producción. 
Pero pensamos que todas las veces que se celebran acuerdos de asociación con terceros países- en los que, además de las contribuciones financieras de la Comunidad, se eximen de derechos aduaneros los productos de la pesca- se deberían negociar cuotas de pesca para los productores comunitarios correspondientes al monto de los derechos aduaneros no percibidos. 
Me congratulo de la calidad de los textos que estamos debatiendo y considero que son un buen punto de partida para abordar los problemas de la pesca. 
Señor Presidente, cuando se desató la crisis en el sector de la pesca en 1994, como tan bien nos ha recordado la Sra. Pery en su informe, se debió principalmente a los precios. 
Desde entonces, la crisis de la industria pesquera se ha agudizado por el aspecto biológico de esquilmar los mares y por la incapacidad de la Política Pesquera Común de gestionar los problemas y aportar soluciones eficaces para el sector. 
¿Qué soluciones se nos presentan? 
En primer lugar, tenemos que desechar la Política Pesquera Común en su estado actual. 
No estoy a favor de que se nacionalice de nuevo. 
Eso sería una idea realmente mala, pero debemos desecharla tal y como existe actualmente. 
Debemos asegurarnos de que reducimos esta constante fricción que existe entre la evidencia científica, la industria pesquera, los Estados miembros y la Comisión. 
La única forma de conseguirlo es llevar el poder hacia niveles más bajos, gestionar los caladeros en las zonas próximas a las pesquerías en vez de hacerlo a nivel de los Estados que rodean dichos caladeros y en vez de hacerlo desde una ciudad del interior de Bélgica donde se concentra todo el poder de gestión del sistema. 
Eso no funcionará. 
Mientras tanto, tenemos que solucionar el asunto relativo a los traspasos de cuotas y, aunque ya lo hemos debatido a fondo con la Sra. Comisaria y agradezco sus comentarios constructivos, tenemos que avanzar en este asunto. 
No conseguiremos una solución sensata con el marco legislativo actual. 
Debemos plantearnos derogaciones del Tratado para solucionar el problema. 
En cuanto al 40 % de recortes que se discute actualmente, no existe ninguna posibilidad sensata de conseguirlo y censuro al Consejo de Ministros por la forma en que está tratando el asunto, sin que al mismo tiempo ofrezca alternativas positivas para la industria como parte de la solución. 
En lo que respecta al Canadá, estoy encantado de que en la Comisión de Pesca hayamos hecho el presente informe menos anticanadiense de lo que era. 
Ahora tenemos acceso a puertos canadienses. 
Es necesario que firmemos el plan de acción UE-Canadá y es necesario que elaboremos mucho mejor el procedimiento de objeción. 
Asimismo acojo con satisfacción las enmiendas del Sr. Kindermann al respecto. 
Señor Presidente, en cuanto al informe sobre la crisis en el sector de la pesca, me gustaría realizar algunas consideraciones. 
Mientras trabajábamos en este informe- y yo en este sentido quiero decirle a la Sra. Péry que nosotros valoramos muy positivamente su esfuerzo -, la Comisión ha formulado su propuesta acerca de la reestructuración de la flota en el período 1997-2002. 
Es cierto que el sector pesquero sufre una crisis motivada por la escasez de recursos a la que no es ajena la liberalización de los intercambios, el deterioro de la protección arancelaria o las crecientes dificultades de acceso a otros caladeros. 
Sin embargo, nos parece que la Comisión ha formulado unas propuestas difícilmente aceptables. 
Los problemas que afectan a la pesca no se pueden solucionar exclusivamente mediante el desmantelamiento de las flotas comunitarias. 
No se puede ignorar toda una serie de problemas que creo que están explicados bastante bien en el informe de la Sra. Péry. 
Por ejemplo, el enfoque social de la política pesquera común ha evolucionado favorablemente en los últimos tiempos, pero no está en proporción con la magnitud del ajuste propuesto por la Comisión en el IV POP. 
También en relación con el informe de la Sra. Péry, y con muchas dudas por mi parte, quiero formular las siguientes reservas: me parece que quizá se ha buscado un acercamiento a los instrumentos y mecanismos en materia de precios y mercados de la política agrícola común, pero pienso que quizá los problemas no son aplicables de una manera mecánica. 
Una política de precios y mercados, habida cuenta de la capacidad de autoabastecimiento comunitaria y con los actuales niveles de protección arancelaria, presenta complicaciones y posiblemente presentaría efectos indeseables en cuanto a la conservación de recursos. 
Y en cuanto al tema de la iniciativa PESCA, ésta ha tenido resultados escasos; el problema es que si se quiere aplicar el esquema de los LEADER, el acceso quizá sería mucho más restrictivo en cuanto a las alternativas contempladas en ellos. 
Eso yo lo digo también con enormes dudas por mi parte. 
En cuanto al informe del Sr. Arias Cañete, compartimos plenamente el informe; simplemente quiero insistir en la debilidad- muchas veces de la Unión Europea, muchas veces culpa de las posiciones adoptadas por los distintos Estados miembros- y decirle al Sr. Kofoed que comprendemos perfectamente y compartimos lo que ha dicho sobre las cuotas. 
Señor Presidente, los cuatro informes que hoy debatimos afectan a las pesquerías en zonas muy diferentes del globo: el Antártico, el Báltico, las aguas al Este del Canadá y aquí en Europa. 
Ello demuestra la gran extensión e influencia de la flota comunitaria. 
El tema común a todas estas zonas es el efecto que tiene el exceso de capacidad de captura sobre las pesquerías europeas. 
El informe Pery sobre la crisis del sector pesquero señala muy acertadamente que son varios los problemas que afectan al sector, aunque, sin duda, el más importante es el hecho de que el número de buques sea excesivo para los recursos existentes. 
Es probable que éste sea el tema más importante al que se enfrenta este año la UE cuando se prepara para el Programa de Orientación Pesquera Plurianual- que será el cuartoencaminado a reducir el tamaño de las flotas. 
Es, sin duda, el tema político más contencioso. 
Todo el mundo reconoce que muchos de los caladeros de la UE han sido sobreexplotados. 
La acción más eficaz por sí sola que puede emprender la Unión Europea para resolver este problema es la de reducir el tamaño de su flota. 
Si no lo hace y no lo hace muy pronto, la crisis del sector no hará más que agravarse. 
Los que más sufrirían las consecuencias serían los pequeños armadores, los que tienen una base económica pequeña y muy poca influencia política, pero que, en realidad, son los que proporcionan mayor número de puestos de trabajo. 
Las decisiones sobre cómo reducir la flota deben tener en cuenta no sólo la situación de los caladeros en los que faena la flota, sino también otros impactos de la misma. 
Por ejemplo, algunos aparejos ocasionan mayor captura de especies no deseadas que otros u ocasionan daños más graves al fondo marino. 
El impacto medioambiental de los aparejos es un factor muy importante. 
De forma similar, en términos del empleo generado, debe darse prioridad a aquellos buques que ofrecen más puestos de trabajo en relación con el volumen de las capturas. 
En resumen, la reducción de la flota es una necesidad urgente y debe ser aplicada con todo rigor. 
El Grupo de los Verdes presentó enmiendas al respecto en la comisión, pero no fueron aceptadas por lo que hemos vuelto a presentarlas al Pleno. 
Espero que esta vez sean aprobadas. 
Porque, a menos que se aplique un programa riguroso inmediatamente, el siguiente informe sobre el sector puede muy bien ser su obituario. 
Me alegró oír decir a la Sra. Pery que apoyará firmemente los esfuerzos de la Comisión, por lo que espero que ahora apoye también nuestras enmiendas. 
El tema relativo al mar Báltico gira en torno a la aprobación de la suspensión total de la pesca del salmón. 
A pesar de que las reservas de salmón en el Báltico se han visto diezmadas por la destrucción de su hábitat y por el exceso de capturas- en las que se han utilizado redes de deriva de gran longitud- el reciente informe Lassen sobre la capacidad de pesca en la UE recomienda la suspensión total de esta pesca, por lo que la restricción durante una temporada es del todo insuficiente. 
Las aguas al Este del Canadá han presenciado la visita de buques de pesca procedentes de España, Francia e Inglaterra durante cientos de años. 
Aquellas aguas constituían en otros tiempos el mayor caladero del mundo, motivo por el que probablemente los pescadores llegaban hasta tan lejos para faenar, a pesar de las condiciones tan adversas. 
Pero en los años ochenta, el abultado volumen de las flotas europeas llevó a la UE a reclamar cuotas unilaterales en varios caladeros de la zona; proceder inadmisible en un convenio multilateral para regular las capturas. 
Dichas cuotas unilaterales contribuyeron a la destrucción de algunos caladeros situados al Este del Canadá; he dicho «contribuyeron a» , ya que la culpa no fue sólo de la UE. 
El Canadá ha demostrado que es capaz de eliminar sus caladeros sin ayuda de nadie. 
Pero en este caso, la flota europea también contribuyó. 
En lo relativo al Antártico, la Unión Europea no tiene realmente intereses pesqueros en la zona, al menos sobre el papel. 
No obstante, algunos de los buques que faenan en aquellos mares son europeos que pescan bajo un pabellón distinto y bajo la modalidad de «joint ventures». 
Por lo tanto, el largo brazo del exceso de capacidad de la Unión Europea llega incluso hasta allí. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Pery por el largo camino recorrido y por presentar la situación con tanto tacto, aunque nada de lo que ella dice con tanto tacto puede disimular el alcance de la crisis- no sólo la crisis de los caladeros y de gestión, sino también la crisis de confianza de nuestros pescadores de toda Europa. 
Esto presenta un desafío muy real y dificultades para la Comisaria. 
Felicito a la Sra. Pery. 
Asimismo me uno a las observaciones que han hecho el Sr. Baldarelli, la Sra. Langenhagen, el Sr. Girão Pereira y el Sr. Teverson. 
Todos juntos nos enfrentamos a un problema común. 
Pero debemos encontrar una solución que nos permita decir a nuestros pescadores: he aquí una solución; no les está siendo impuesta por Bruselas, sino que es en interés de ustedes. 
Creo que es fundamental no hablar de recortes del 40 % -de los que todo el mundo podrá culpar a Bruselas -, sino decir: ¿cómo resolverían ustedes el problema? 
Es aquí donde la gestión descentralizada, propuesta por varios oradores, es absolutamente fundamental. 
Actualmente, los pescadores, al menos en Escocia, se sienten aterrados de que lleguen los extranjeros y se lleven sus peces y que se marchen de nuevo dejándolos a ellos sin nada. 
Digamos lo que digamos, a ellos les preocupa no ser los dueños de los recursos pesqueros que existen en sus costas. 
Por consiguiente, el camino a seguir- del que estoy convencido, al igual que muchos colegas de la Comisión de Pesca- consiste en establecer un sistema de gestión descentralizado que permita a los pescadores de un mar determinado, ya sea el Báltico, el del Norte, el Adriático o cualquier otro, cuyas vidas están en juego y cuyos descendientes se beneficiarán si conservan los recursos, que sean ellos los que asuman la responsabilidad. 
Al mismo tiempo, hay cosas que deben hacerse en toda Europa sobre una base equitativa. 
Uno de los males actuales es el hecho de que los inspectores, por ejemplo, no apliquen las reglas por igual en toda Europa. 
Debemos solucionar esto para garantizar que las mismas normas, el mismo sufrimiento, allí donde hay que imponer sufrimiento, se aplican por igual para todos. 
Creo que entonces la gente comenzará a ver justicia en el sistema y podríamos solucionar todas los demás temas candentes- como el de los traspasos de cuotas, etcétera, tema que en el que no puedo entrar ahora por falta de tiempo -, garantizar que tenemos una Política Pesquera Común que es sostenible y que recibe el apoyo de todos. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Péry por el análisis detallado y pertinente que ha realizado de las causas de la crisis especialmente grave que atraviesa en la actualidad el sector de la pesca en la Comunidad. 
La comunicación de la Comisión, que constituye la base de este informe, desgraciadamente no hace ninguna propuesta que esté a la altura de la amplitud de esta crisis. 
Recomienda una política más paliativa que imaginativa, más resignada que voluntarista. 
Esta política parece inspirada por un presupuesto fatalista, el de la ineludible desaparición, con el tiempo, de la flota de pesca comunitaria que la PCP tendría vocación de acompañar. 
Ahora bien, los pescadores europeos esperan otro lenguaje. 
Elegido de una región marítima del Oeste de Francia, puedo manifestarles que esperan de nosotros un mensaje de esperanza diciéndoles que la profesión que han escogido no está condenada, que atraviesa una crisis, pero que pueden creer en su perennidad y que sus hijos podrán ejercerla. 
Es éste el mensaje que les propongo dirijan al conjunto de las comunidades que, en toda Europa, dependen de la pesca, adoptando las enmiendas que he presentado en nombre de mi grupo. 
En primer lugar, el conjunto de medidas encaminadas a la reducción de nuestras flotas son la consecuencia de una apertura cuasi total del mercado comunitario a las importaciones de terceros países, cuyos métodos, lo saben ustedes, a menudo van en contra de nuestra legítima preocupación de preservar los recursos haliéuticos. 
La cuestión no se aborda en el texto de la Comisión, mientras que es urgente restaurar la confianza de los pescadores en los esfuerzos que se les piden para preservar los recursos, restableciendo para ello, en primer lugar, un marco europeo protector, frente a las importaciones de terceros países. 
¿No habrá que sustituir, a continuación, los mecanismos de apoyo del mercado por una política más voluntarista, que establezca por ejemplo, la deducción obligatoria de un impuesto compensatorio a la importación de especies comunitarias, entre el precio comprobado en la importación y su precio actual de orientación, que podría servir para desarrollar el sector de la pesca en los PVD? 
Por último, señor Presidente, me parece igualmente esencial asociar más estrechamente la profesión a la gestión de los recursos, sobre todo, dándole la responsabilidad de la gestión de los recursos de pesquerías específicas, sobre una base histórica, en el marco de conferencias regionales desconcentradas. 
Señor Presidente, Señorías, la Sra. Péry analiza con precisión las causas de la crisis del sector de la pesca e intenta aportar soluciones a ella, que, desgraciadamente son insuficientes para detener el declive de la pesca francesa y comunitaria. 
El diagnóstico es justo, pero los remedios son muy débiles para un gran enfermo. 
El informe es justo, en particular, cuando se denuncia la desregulación del mercado mundial sin red de seguridad, las graves perturbaciones que derivan de la competencia desleal o de la presión mundial a la baja de los precios. 
Por el contrario, las soluciones no están a la altura del desafío al que hay que enfrentarse. 
La Sra. Bonino, Comisaria europea de pesca, quiere suprimir el 40 % de la flota pesquera comunitaria, enviar al desguace centenares de barcos y a la jubilación a miles de pescadores. 
En una palabra, desarmar nuestra flota para dejar el campo libre a los depredadores que utilizan los acuerdos del GATT para su único beneficio. 
Con razón o sin ella, nos dicen que los efectivos de pesca son excesivos, que la escasez de peces es dramática, que la protección de los alevines es insuficiente, que la contaminación marina es inquietante y, por último, que la utilización de algunas máquinas o prácticas de pesca es abusiva. 
Pero, al mismo tiempo, la Sra. Péry estima indispensable la modernización de la flota pesquera con buques que utilizan herramientas de pesca más selectivas y quiere asimismo un desarme arancelario y aduanero. 
La contradicción es flagrante. 
Tanto en lo que respecta a la PAC como a las industrias siniestradas, no se quieren ver las verdaderas causas del desastre, ni atacarlas. 
Quien tendrá el coraje de decir, si no somos nosotros, que el librecambismo destructor y la mundialización de los intercambios deseados por el GATT y por la Europa de Maastricht ponen a nuestra flota pesquera a merced de terceros países que no respetan ninguna norma y venden su pescado a precios de dumping, poniendo así en peligro a nuestras organizaciones de productores. 
En diez años, nuestra dependencia con respecto a las importaciones ha aumentado en un 30 % y la industria de transformación depende casi exclusivamente del pescado importado. 
Insisto- porque, al igual que mi colega Souchet, soy un elegido marítimo del Oeste de Francia- en el hecho de que en la actualidad necesitamos prioridades claras para el conjunto del sector. 
¿Cuáles son estas prioridades? 
Favorecer la pesca costera de tipo artesanal, aplicar precios mínimos a la importación, compensar las pérdidas de ingresos de los pescadores en caso de caída de los precios, reforzar los controles, en particular, sobre los barcos de terceros países que pescan en aguas comunitarias. 
Además, deseamos extender los préstamos bonificados y aliviar la deuda de los pescadores, reducir las cargas portuarias, modificar el arancel aduanero común que no permite garantizar el principio de la preferencia comunitaria, reconquistar la calidad por una política de etiquetado, de valorización de la pesca fresca, y por último, mejorar las relaciones entre la investigación, la profesión y la formación. 
Sí, la pesca en Francia tiene todavía un porvenir, pero no es un cuarto programa de orientación plurianual el que va a devolver la confianza a los 16.500 pescadores franceses. 
Necesitan ser escuchados, apoyados y defendidos. 
Es la opción que hemos hecho en nuestro grupo que está presidido, recordémoslo, por un hijo de pescador, muerto en la mar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me voy a referir al informe del Sr. Arias Cañete. 
El presente informe sobre la problemática del sector de la pesca en la zona NAFO es un informe abierto y elaborado con gran dedicación. No obstante, para mi Grupo presenta algunos problemas que no proceden de la frecuente y abierta crítica a la parte canadiense. 
A nuestro juicio, esta crítica esta justificada en su mayor parte. 
El informe, sin embargo, está excesivamente orientado a la maximización de las posibilidades de captura y no considera aspectos importantes que un informe de iniciativa como éste debería haber tratado. 
Me voy a referir en primer lugar a las medidas de control. 
En lugar de censurar las medidas de control convenidas en el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Canadá de 16 de abril de 1995 por considerarlas discriminatorias y excesivamente costosas, el informe debería haber hecho más hincapié en los aspectos de futuro. 
El nuevo sistema de inspección es ciertamente costoso, pero es evidente que funciona y, sobre todo, que ha apaciguado la situación. 
El número de infracciones ha disminuido considerablemente y con ello se han eliminado muchos motivos de conflicto entre ambas partes. 
Además, el argumento del informe de que otros sistemas serían más efectivos es discutible; se puede cuestionar también si no conducirían en la práctica a un debilitamiento del control. 
En mi opinión, el sistema más efectivo es el control in situ de las capturas y de las características de los aparejos. 
La vigilancia por satélite no puede sustituir a dicho control; ésta sólo se puede aplicar de manera complementaria para determinar la posición del buque, y bajo esta perspectiva se la contempla en el sistema de control de la NAFO. 
El coste relativamente alto de la aplicación de estas medidas debe considerarse como el precio que hay que pagar por la disminución de los recursos pesqueros y por las negligencias del pasado. 
En cualquier caso, nosotros identificamos el sistema actual de control de la NAFO con una mejora de la conservación de los recursos y con una garantía para el futuro de la actividad pesquera. 
Otro aspecto importante que no ha considerado el informe es el del procedimiento de decisión en la Comisión de Pesca de la NAFO. 
La opinión de los expertos en la materia es unánime: la razón fundamental del deplorable estado de los stocks pesqueros en la zona de la NAFO es el carácter no vinculante de las decisiones de esta organización en materia de gestión y conservación de recursos. 
La posibilidad de objetar permite eludir cualquier medida y concede a las partes que no están de acuerdo con los cupos asignados el medio de autoasignarse cupos más altos. 
La no aplicación de este procedimiento de objeción es para mi Grupo el punto decisivo para progresar en la gestión de los recursos pesqueros en la zona NAFO. 
Si esto no se logra, la consecución de las demás peticiones carece de valor. 
¿De qué sirve, por ejemplo, conseguir, como pide el informe, una composición más equilibrada del Comité Científico de la NAFO o un sistema de votación más favorable a la Unión en esta organización si en caso de duda la parte que haya quedado en minoría plantea una objeción contra determinadas medidas de gestión de recursos y provoca así el consiguiente siguiente conflicto? 
La petición de mi Grupo no se corresponde con los principios internacionales básicos vigentes, pero no desentonaría en un informe que en más de una ocasión choca frontalmente contra ellos. 
Basta contemplar las propuestas para el sistema de votación en las organizaciones internacionales. 
Por lo demás, no está completamente fuera de lugar si tenemos en cuenta que el acuerdo de la ONU sobre la conservación y la gestión de peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorios obliga expresamente a los Estados ribereños y a los que faenan en alta mar a cooperar en el establecimiento de medidas de gestión y conservación de los recursos pesqueros. 
Mi Grupo ha presentado una serie de enmiendas que recogen nuestras peticiones. Tienen que ser aceptadas para que nosotros apoyemos el informe. 
Por ello, pido al señor Cañete que las considere con serenidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, aunque a algunos miembros de esta Asamblea el informe del Sr. Arias pueda haberles parecido excesivamente crítico con el Canadá, personalmente- tras haber seguido muy de cerca las relaciones de este país con la Unión Europea y los temas pesqueros- quiero, por el contrario, agradecer los niveles de ecuanimidad que ha conseguido el Sr. ponente en su informe sin dejarse llevar por los momentos de tensión que la actitud canadiense hizo pasar a la Comunidad. 
Ahora se trata de mirar al futuro. 
Creo que es una muestra más de la buena disposición y de la capacidad de diálogo de la Unión Europea, pero también tengo que denunciar otra vez que no es una actitud que se vea correspondida por el Canadá, a juzgar por las últimas noticias. 
Es cierto que los canadienses han mostrado su disposición a abrir sus puertos a la flota comunitaria, pero sólo en determinados casos, dando a entender que es una generosa cesión por su parte y haciéndolo con carácter unilateral, por lo que tememos que tal decisión pueda ser revocada en cualquier momento. 
Si realmente el Canadá quisiera permitir el acceso a sus puertos, habría firmado ya el acuerdo bilateral, uno de cuyos puntos principales es precisamente el acceso normalizado a los puertos canadienses por parte de la flota comunitaria. 
Pero el Canadá sigue oponiendo grandes reservas a la ratificación de dicho acuerdo. 
Por otra parte, según tengo entendido, en la última ronda de negociaciones entre el Canadá y la Unión Europea, el Canadá ha seguido insistiendo en que tiene pleno derecho a gestionar de manera absoluta y exclusiva algunos stocks, por ejemplo, el de bacalao en aguas internacionales, lo que supone una nueva muestra de su intención de intervenir más allá de las 200 millas, contraviniendo el Derecho internacional del mar. 
Quiero pedir, por tanto, una vez más a la Comisión, que defienda nuestros derechos pesqueros porque la Unión Europea es tan soberana como el Canadá, y que defienda los intereses comunitarios de acuerdo con el peso internacional de la Unión Europea que es mucho mayor de lo que, señora Comisaria, los resultados han demostrado en los últimos tiempos. 
En cuanto al informe de la Sra. Péry sobre la crisis del sector pesquero, hay que agradecer a la Sra. Péry sus esfuerzos por aunar posturas, pero de todas maneras me gustaría hacer un ruego a la Comisión en cuanto al tema, concretamente, de mercados, y es que, en su nueva propuesta de reglamento, presente una auténtica reforma adaptada a los retos de la política pesquera común. 
Esta vez ya debería ser una reforma profunda con criterios no discriminatorios, sin burocracias excesivas que lastren a un sector que debe contar con mecanismos muy rápidos de respuesta y que garantice su permanencia en el mercado de los productos pesqueros. 
Y haciendo alusión a lo que ha dicho la Sra. Péry sobre las medidas sociales de las que tanto carecemos en el sector pesquero, yo creo que una buena muestra de que aquí algo no funciona es que en el próximo presupuesto sólo están previstos 50.000 ecus para estas medidas sociales frente, por ejemplo, a los 3.000.000 de ecus para observadores en el tema NAFO. 
Creo que algo no funciona en este sector. 
Señor Presidente, para comenzar deseo felicitar a todos aquellos que han presentado hoy aquí algún informe. 
Debido a las restricciones de tiempo, me centraré en el informe Pery. 
La actual crisis que asola a la industria pesquera de la Comunidad está minando la moral del sector más importante en la creación de empleo de las regiones costeras periféricas de esta Comunidad, entre las que se incluye mi país, Irlanda. 
Sin duda se consideraría un gran escándalo para la Comunidad si, tras obtener el control sobre importantes zonas de los caladeros más productivos del mundo, demostráramos que somos incapaces de gestionar las pesquerías de una manera coherente y, lo que es más importante, de una manera práctica que beneficie a los consumidores y los productores de la Unión. 
Existen aspectos que nos afectan en los que habría que tomar decisiones en breve. 
¿Qué ha sucedido con las importaciones de salmón de Noruega? 
Hemos introducido unos precios mínimos para las importaciones, pero no ha servido de nada. 
¿Y qué hay de restringir el volumen? 
¿Qué hay del bajo coste de las importaciones del bacalao? 
La Comisión no ha hecho nada en ese sentido. 
Creo que el Parlamento puede desempeñar un papel importante para ayudar a restablecer la confianza a un sector que tiene la moral por los suelos. 
Tenemos que apuntar a un futuro más positivo. 
Han sido los impuestos y las cuotas y no las TRB ni la capacidad de carga lo que ha regulado los desembarcos de varias especies a lo largo de los años. 
Ni que decir tiene que estamos estudiando medidas técnicas para la conservación. 
Aún no nos han presentado medidas específicas. 
Al mismo tiempo, el informe Lassen está siendo presentado al Parlamento de forma indirecta y en él se sugiere que deberíamos reducir la flota en un 40 %. 
Quisiera decir a la Sra. Comisaria que ésa no es la solución. 
Impuestos y cuotas son la solución. 
Somos incapaces de hacer nuestros buques más seguros. 
Si incrementamos las TRB, no obtenemos permiso, a pesar de que no estamos aumentando la capacidad de arrastre ni de los desembarcos de pesca. 
A mi entender, tiene poco sentido. 
Existe una crisis y la Comisión la está agravando debido a las tasas veterinarias que introducirá más adelante, tras un breve período de suspensión. 
¿Qué está haciendo la Comisaria Sra. Bonino al respecto? 
¿Y qué estamos haciendo respecto a la jubilación anticipada? 
Será demasiado horrible contemplar lo que sucederá con una reducción drástica. 
Por último, tengo la sensación de que muchos de mis colegas y yo hablamos en nombre de la industria de Irlanda, aunque no así la Srta. McKenna. 
No estamos dispuestos a compartir el sufrimiento. 
Ya hemos compartido demasiado sufrimiento durante años. 
En Irlanda hemos pagado un precio demasiado alto. 
Queremos garantías de que los pescadores irlandeses recibirán un trato justo en los próximos años. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, con el aumento de la demanda, no es de extrañar que la gestión de los recursos haliéuticos sea un asunto cada vez más prioritario en la Política Pesquera Común. 
Pero es preciso que tomemos conciencia de que el problema de la gestión equilibrada de los recursos no se debe plantear sólo en la Unión Europea, sino también a escala mundial. 
Por lo demás, es importante decir, a este respecto, que parte de nuestros problemas actuales se deben a cierta ingenuidad de la Comisión en las negociaciones con terceros países. 
En verdad, de algunos años a esta parte hemos ido aceptando la reducción de nuestras cuotas de pesca, pero esos países han ido aumentando las suyas. 
Ahora bien, eso no es aceptable, porque las reglas deben ser iguales para todos. 
Tras haber cedido en las negociaciones internacionales, la Comisión se inclina ahora por una gestión draconiana de nuestras aguas, al proponer reducciones del esfuerzo de pesca que llegan hasta el 40 %, como en el caso de la sardina en la costa portuguesa. 
Señora Comisaria, ¿ha evaluado ya la Comisión las repercusiones económicas y sociales de una reducción a casi la mitad en la pesca, sector que representa más de 15.000 puestos de trabajo en Portugal? 
Si la cuestión de los recursos era tan grave, ¿por qué no ha actuado hasta ahora la Comisión? 
¿Quién facilitó esos datos a la Comisión? 
¿Qué opciones substitutorias ofrece la Comisión a los pescadores, industriales y trabajadores y demás familias que viven de esa pesca en Portugal? 
El informe de nuestra colega Nicole Péry, a la que felicito por su calidad, que aborda de forma equilibrada- me parece a mí- las principales cuestiones de la Política Pesquera Común. 
Por eso, contará con mi apoyo, entre otras cosas porque incluye algunas enmiendas por mí propuestas y que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó, como son las relativas a las negociaciones internacionales, el fomento de los acuerdos interprofesionales y la posibilidad de que, en ciertas condiciones, se pague a la industria la prima de almacenamiento. 
Señor Presidente, queridos colegas, señora Comisaria, hace mucho que defendemos la necesidad de preservar los recursos de pesca, adoptando todas las medidas tecnológicas, sociales, de observación y fiscalización, esenciales para una adecuación real del esfuerzo de pesca. 
Pero esta estrategia, posiblemente indispensable y necesaria, ha sido poco transparente y participativa y no ha sido aplicada por todos. 
Porque, desde luego, muchas veces se adoptan las decisiones a partir de estudios científicos, a veces insuficientes o distorsionados, y no atendiendo a las realidades locales. 
También porque semejantes decisiones olvidan la intervención adecuada e indispensable de las organizaciones de pescadores, al tiempo que no tienen en cuenta política comercial alguna de preferencia del sector pesquero comunitario. 
Todos esos y otros hechos propician climas justificados y generalizados de desconfianza y descrédito entre los pescadores y armadores de nuestros Estados miembros. 
Por otro lado- lo confirman las estadísticas y lo reafirman las recientes declaraciones de la Comisaria -, hay pocos países (como Portugal) que en los últimos años hayan cumplido e incluso sobrepasado, obediente y escrupulosamente, planes de reducción y otros países (por desgracia, la mayoría) no lo han hecho en la misma medida. 
En este marco de crisis del sector de la pesca nada de esto puede olvidarse: ni por la Comisión, ni por los Estados miembros, ni por el Gobierno de mi país. 
Así, aparte del esfuerzo de preservación de los recursos, es indispensable más transparencia y una participación paritaria en los procesos de decisión- caso de la NABO -, hemos de reafirmar nuestra total incomprensión de propuestas de reducción de los TAC sin base científica- caso del bacalao, incluso en zonas de la NABO- y enunciar desde ahora mismo nuestra oposición a posibles propuestas de reducción porcentualmente igualitarias para todos los países y especies- caso de la sardina, entre otros- sin tener en cuenta las medidas de reducción hasta ahora adoptadas por los diferentes países y tampoco hechos recientes que ya comprometieron la pesca en Portugal, de lo que constituye un ejemplo el acuerdo con Marruecos y su incidencia en las conservas y en la pesca del cerco. 
Señor Presidente, aspirar a una flota moderna con una gran capacidad de captura puede estar reñido con la conservación de los recursos de pesca sostenibles. 
El informe Pery aboga con razón por reforzar el control del cumplimiento de las cuotas, la protección de las zonas de concentración de alevines y el restablecimiento de la confianza entre biólogos marinos y pescadores. 
En cuanto a esto último, es un problema que cada vez se dedique menos dinero a la investigación de los recursos marinos. Esto se hace a costa de la calidad de la información y merma la confianza de los pescadores. 
Por ello es indispensable disponer de suficientes fondos para la investigación. 
También las enormes fluctuaciones de los TAC anuales son muy perjudiciales. 
La flexibilidad que encierra la cuota con la introducción de un sistema de cuenta corriente es un paso en la buena dirección. 
La Comisión ha de seguir con energía por el camino de la planificación a largo plazo. 
Siento poco entusiasmo por el alegato a favor del aumento del apoyo comunitario a los precios. 
A corto plazo, esto puede limitar las pérdidas de ingresos, pero a largo plazo el sector que más se beneficiará será aquel en que sean las propias organizaciones de producto quienes tomen medidas para ordenar el mercado. 
Por último, las importaciones de países terceros. Estas son de gran importancia para la industria procesadora. 
Al reducir la cuota, la flota europea puede no satisfacer la demanda de la industria. 
Pero para evitar la competencia desleal con los pescadores europeos es preciso controlar más que los productos de fuera de la Unión cumplan las directivas comunitarias de calidad e higiene. Para ello, el sector pesquero europeo ha tenido que hacer fuertes inversiones. 
Señor Presidente, deseo hablar principalmente sobre el informe de la Sra. Pery, por el que le doy mis felicitaciones y apoyo. 
Me temo que diré algunas cosas que ya se han dicho. 
Tenemos aquí las opiniones de la Comisión de Pesca sobre la continua crisis en el sector pesquero. 
La crisis fundamental nos ha acompañado durante muchos años y seguirá con nosotros durante muchos más a menos que adoptemos medidas radicales para atajarla. 
De hecho, es probable que para los pescadores deje de tener sentido hacerse a la mar en muchas zonas de las aguas de la Unión Europea. 
Eso traerá consigo enormes consecuencias, naturalmente, no sólo para los pescadores, sino también para todos aquellos que participan en tierra y para el consumidor. 
Debemos ocuparnos seriamente de este problema, un problema que se ha visto agravado por la falta de voluntad política y por el exceso de nacionalismo, y me atrevo a sugerir que deberíamos estudiar las políticas de los noruegos y los islandeses y cómo ellos resuelven sus problemas. 
La causa fundamental es simple: hay demasiados buques para demasiado poca pesca. 
Este problema puede solucionarse de dos maneras. 
La primera- demasiados buques- requiere, evidentemente, un plan serio de reestructuración. 
Algunos países han puesto en marcha planes de reestructuración; mi país no ha sido serio en este sentido y por ello se ve obligado a introducir recortes del 40 %. 
Ésa no es una solución aceptable para los pescadores ni para las personas que dependen de ellos. 
La otra cara del problema es la escasez de pesca. 
Es mucho lo que podemos hacer al respecto y mucho también lo que la Comisión y los gobiernos de los distintos Estados miembros pueden hacer. 
En muchos casos, la investigación ya está en marcha. 
La Sra. Pery menciona muchas de las cosas que pueden hacerse: mejorar los aparejos utilizados para permitir escapar a muchos de los peces más pequeños; introducir mejoras como la utilización de nuevas mallas cuadradas. 
Existe toda una serie de mejoras técnicas que han sido probadas y que funcionan. 
Evidentemente es necesario cerrar grandes zonas a la actividad pesquera durante parte del año o, en algunos casos, de forma permanente o casi permanente, para permitir que los caladeros se recuperen y que crezcan los alevines. 
O sea, necesitamos zonas de conservación, por así decirlo. 
Debemos, de algún modo, introducir políticas que pongan fin a la práctica de desechos. 
No sé cuál será la situación en otras zonas, pero en el mar del Norte, aproximadamente el 50 % o más de las capturas se desecha por tratarse de peces demasiado pequeños que no son comercializable o por cualquier otro motivo. 
Tenemos, por consiguiente, toda una serie de medidas a ambos lados de la ecuación. 
Por último, debo hacer hincapié en la necesidad de un sistema muy riguroso de evaluación e inspección, y muchos de los pescadores con los que he hablado y yo mismo consideramos preferible que dicho sistema sea gestionado por la Unión Europea. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias a la Sra. Pery por su informe, y afirmar que estoy de acuerdo con ella cuando dice que la Política Pesquera Común es apenas una política a medio hacer. 
A diferencia de la Política Agrícola Común, no goza de la confianza ni del respeto por parte de los productores ni de los consumidores. 
En cuestiones de pesca, la política siempre parece ir encaminada a reducir las capturas. 
La Unión Europea es autosuficiente sólo en un 50 % y los recursos están disminuyendo, y, sin embargo, los precios continúan cayendo. 
Nos preocupa más el suministro a bajo precio a las industrias de transformación, que los ingresos de los pescadores, cuyos intereses se supone que debemos proteger. 
Esta política no le está haciendo ningún bien a la imagen de la Unión Europea tanto entre sus propios productores como en el exterior. 
La Política Pesquera Común parece girar siempre en torno al control, pero los beneficios no parecen llegar nunca. 
Los Estados miembros son reacios a conceder a la Unión Europea plena responsabilidad para aplicar una política integral, pero siempre están dispuestos a culpar a la Unión Europea de los factores negativos. 
Hay algo en las propuestas de la Comisión que me atrevería a cuestionar: ¿por qué se pone todo el énfasis en el tonelaje, si tenemos una política de cuotas que funciona? 
¿Por qué, si se respetan las cuotas, necesitamos poner tanto énfasis en el tonelaje? 
Podrían supervisarse las cuotas: con ayuda de un sistema informatizado adecuado o por un sistema vía satélite, y controlando adecuadamente la importación, podríamos regular el volumen de las capturas y el volumen que se comercializa, si realmente nos lo propusiéramos. 
Si nos tomamos en serio la supervisión de los desembarcos y si los Estados miembros se muestran dispuestos a cooperar, la reducción del tonelaje podría hacerse sobre una base voluntaria que fuera acompañada de compensación. 
Si tuviéramos una política que permitiera el mantenimiento de unos precios adecuados, las regiones pesqueras aceptarían de mucho mejor grado la reducción de cuotas. 
Algunas de las restricciones comerciales son aceptables en vista de los problemas en el entorno social que resultan tan evidentes. 
Si existen recursos preciados y escasos, ¿por qué los explotamos y los vendemos a unos precios que están por debajo de su valor real? 
Estoy de acuerdo con Allan Macartney cuando dice que la política necesita una revisión fundamental y que las zonas desfavorecidas deben obtener un mayor control tanto sobre la explotación, como sobre la comercialización de los recursos que existen en las inmediaciones. 
Señor Presidente, voy a decir unas palabras sobre el informe del Sr. Kofoed sobre la pesca en el mar Báltico. 
El informe constituye una reacción ante el reglamento del Consejo sobre la pesca de salmón que reduce ulteriormente la actividad pesquera de verano para proteger sobre todo al salmón salvaje. 
Las medidas son correctas, aunque no suficientes, habida cuenta de la situación crítica en que se encuentra el salmón salvaje en el mar Báltico. 
En conexión con este informe, el ponente ha presentado además dos enmiendas sobre la pesca del bacalao en dicho mar. 
Estas enmiendas contienen la propuesta de sustituir el actual sistema de cuotas por una normativa sobre la potencia de los motores de los buques pesqueros. 
No creo que la idea sea especialmente buena ni bien ponderada. 
El problema del sistema actual es que ciertos países respetan las cuotas mientras otros no lo hacen del mismo modo; por tanto es necesario un mayor control. 
Otro problema es el nivel de precios del bacalao pescado en el Báltico. 
Creo que la sustitución por la normativa de la potencia de los motores nos llevaría a una situación en la que sería más difícil controlar la cantidad de pescado que se captura en dicho mar. 
Resultaría aún más problemático adaptar la pesca a la existencias reales de pescado. 
Por consiguiente, no votaré a favor de la propuesta de regular la potencia de los motores. 
Señor Presidente, doy la bienvenida a la Sra. Comisaria. 
Será un agradable cambio poder oír sus opiniones en vez de tener que leerlas en el Financial Times y otras publicaciones. 
La pesca en las Comunidades se ha convertido actualmente en un asunto muy volátil y muy político. 
Tenemos demasiados pescadores y demasiado pocos peces. 
Todo el mundo lo reconoce. 
Creo que es sintomático de la libre competencia, que se ve aumentada por la creciente eficacia de nuestros buques pesqueros y, en particular, de los aparejos. 
Cuando iba al colegio, nos decían que el Reino Unido era un montón de carbón rodeado de un fecundo mar lleno de peces. 
Queda muy poco carbón en el Reino Unido y si continuamos utilizando los aparejos que utilizamos ahora, también nos quedaremos con muy pocos peces. 
La Unión tiene que poner fin a todo esto. 
Actualmente atravesamos por una crisis en la industria pesquera de Europa y, en particular, del Reino Unido, país que cuenta con la tercera flota pesquera de la Unión Europea. 
El Gobierno ha vuelto una vez más a predicar las bondades de la desregularización. 
En las últimas semanas hemos podido presenciar los efectos que ha tenido la desregularización sobre el sector agrícola. 
No queremos transferir las malas prácticas de la EEB al sector pesquero desregularizando todo y pensando que es el camino del progreso. 
En un intento de reducir el número de buques mediante la doctrina de la economía del laisser faire del Reino Unido, el Gobierno ha dejado que la industria pesquera de Gran Bretaña sufra a manos de las fuerzas del mercado. 
Esta práctica no fomenta los intentos por conservar los caladeros ni la seguridad de los puestos de trabajo de los pescadores locales, ni tampoco garantiza los medios de vida y la prosperidad de las comunidades locales. 
Por ello no es sorprendente que las comunidades locales que dependen por completo de la pesca para su supervivencia vean al Gobierno del Reino Unido y a otros con recelo. 
El mismo Gobierno que comenzó a reducir la flota ya en 1984 y ofreció ayudas a cambio de entregar la licencia, clama ahora furioso sobre el traspaso de licencias de pesca. 
De hecho, el mismo Gobierno que se queja de los traspasos de las licencias es el que, actualmente y para ganar popularidad dentro de su propio partido, lanza mensajes de xenofobia y ha iniciado el bloqueo de las instituciones europeas. 
Necesitamos que se tomen medidas para controlar el traspaso de licencias de pesca, pero debemos alejarnos de los sentimientos nacionalistas que acompañan a esta medida. 
Existe una solución al problema de los traspasos de licencias: debe existir algún tipo de reconocimiento y de adjudicación de licencias por parte de los Estados miembros con el fin de garantizar un cierto control sobre los que se dedican a estas prácticas. 
El problema fundamental sigue siendo que los caladeros están siendo diezmados a un nivel peligroso; todos los días hay pescadores europeos que abandonan su actividad; es necesario promover y aplicar una conservación sostenible. 
Esto puede remediarse reduciendo la capacidad de la flota total de la UE. 
Los tres programas de orientación pesquera plurianuales han fracasado todos en su intento de conseguir que los Estados miembros reduzcan sus flotas pesqueras. 
Sólo en el Reino Unido no será posible cumplir los requisitos de reducción de la flota para 1996. 
Tenemos que presentar métodos idóneos de conservación y métodos idóneos de supervisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, permítanme, en primer lugar, expresar mi satisfacción por la importancia de este debate conjunto que está teniendo lugar aquí sobre cuatro informes de la Comisión de Pesca. 
De estos cuatro informes, dos se refieren a la conservación de los recursos pesqueros- pues estamos preocupados en la Unión Europea por esta cuestión- y ello en dos zonas: la zona báltica y el Antártico, zona esta última, por cierto, en la que no existe presencia de la flota comunitaria y en la que sería preciso, a mi juicio- dentro del rigor que requiere el equilibrio ecológico -, el mantenimiento de campañas específicas y experimentales. 
En cuanto al informe Péry, recoge la diversa y compleja problemática que afecta al sector de la pesca en la actualidad, del que me permito enfatizar los aspectos referidos a la necesidad de medidas socioeconómicas de acompañamiento y estructurales, al encontrarse la pesca, como es sabido, en regiones que las hace muy dependientes de este sector. 
Felicitándome también por la destacada inclusión en el mismo del apoyo al reforzamiento de los acuerdos pesqueros con terceros Estados, tanto tradicionales como de nuevo cuño. 
Finalmente, el importante y oportuno informe del Sr. Arias sobre NABO pone de manifiesto que todavía quedan importantes pasos por dar en esta zona para equilibrar las pesquerías y participar en ellas en pie de igualdad. 
Resaltamos la urgencia en encontrar un sistema de votación acorde con el peso específico de la Unión Europea; la necesidad de ajustar la composición del Comité científico y de aumentar las inversiones comunitarias de investigación en esta zona; una mayor defensa de nuestras posibilidades de pesca en el caladero; el abaratamiento de los sistemas de control; la demanda de gestos concretos a las autoridades canadienses- como la derogación de la legislación discriminatoria para la Unión Europea y la ratificación del Acuerdo bilateral de 1992- y la suspensión total y definitiva de la prohibición de acceso a puertos canadienses para los buques comunitarios. 
Son medidas imprescindibles, señor Comisario, para la mejora de las relaciones de la Unión Europea con el Canadá, en general, y de las relaciones pesqueras en particular. 
Señor Presidente, no albergo ninguna duda como, estoy seguro, tampoco albergan ninguna duda los colegas ni la Sra. Comisaria, de que en el sector pesquero existe una crisis de confianza en estos momentos. 
En mi país, se elevan voces en el sector pesquero que piden la abolición de la Política Pesquera Común. 
Son las mismas voces que, por propia conveniencia, han olvidado cuál era la situación antes de que entrara en vigor la PPC en 1983 así como el gran número de acuerdos internacionales que existía en aquella época. 
Afortunadamente ahora tenemos una política, pero todos reconocemos que necesita ser adaptada, ya que no funciona debidamente. 
La reducción propuesta actualmente del 40 % puede que no haya sido bien comprendida. 
La gente tampoco comprende que en el mar haya cada vez menos peces. 
Pero quisiera sugerir que debemos trabajar con el sector pesquero y asegurarnos de que éste comprende perfectamente los problemas existentes. 
Acojo con satisfacción el que la Sra. Comisaria haya visitado muchos de los puertos comunitarios y haya discutido sobre los problemas con los propios pescadores. 
Con ello ha mejorado su perfil y el de la Comisión entre las pesquerías, y eso es algo que debe ser bien acogido. 
Espero que podamos examinar y abordar debidamente el tema de los traspasos de licencia de pesca. 
No creo que el sistema de cuotas y el mercado único sean compatibles. 
Es algo que tenemos que analizar. 
Si vamos a confiar en la industria, no podemos permitir que las cuotas asignadas a un país sean pescadas por otro. 
Son muchos los problemas que tenemos que resolver y espero que podamos colaborar con la Sra. Comisaria para lanzar los mensajes adecuados. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el señor Kofoed aborda de manera meritoria en su informe la situación del salmón en el mar Báltico, la cual es ya alarmante por lo que respecta a las poblaciones de salmón salvaje. 
Existe el peligro de asistir a la extinción de poblaciones enteras de salmón; el porcentaje de salmones salvajes oscila ya únicamente entre el 5 y el 10 % del total de salmones del mar Báltico. 
Por salmón salvaje se entiende aquel salmón, procedente de un determinado río, cuya población regresa a desovar a ese mismo río y consigue reproducirse en su entorno. 
En Finlandia, por ejemplo, ya sólo quedan dos ríos, el Tornionjoki y el Simonjoki, con este tipo de poblaciones salvajes. 
Se precisan medidas especiales para lograr salvar las poblaciones de salmón salvaje. 
De estas medidas, la más importante sería la limitación de las capturas, tanto en el mar como en las zonas de desove. Además, se necesitan también repoblaciones para conservar la herencia genética de los salmones salvajes. 
Es muy positivo que, gracias al informe del señor Kofoed, salga ahora a la luz una circunstancia tan poco conocida en la Unión Europea como es la necesidad de efectuar repoblaciones. 
Cabe igualmente subrayar el gran derroche que supone la pesca en el mar de salmones salvajes antes de que hayan alcanzado la edad adulta, a menudo de apenas varios kilos de peso. 
Cuando así ocurre, el precio del salmón cae en relación con los ingresos que un pescador de río deja en las comarcas donde están situados los puntos de pesca fluvial. 
El buen estado de conservación de las poblaciones pesqueras reviste una gran importancia para la actividad turística de la Laponia finlandesa. 
La consolidación del Tornionjoki como río salmonero es muestra no solamente de buena política regional, sino también de acertada política medioambiental. 
Por este motivo, son necesarias las limitaciones de capturas, para proteger el salmón salvaje, y las repoblaciones, para garantizar las poblaciones de esta especie. 
Tengo la impresión de que vamos por el buen camino. 
Señor Presidente, el tiempo nos ha dado la razón. 
Y no sólo el tiempo sino también las intervenciones que estamos escuchando hoy en este debate, si se comparan con las de tiempo atrás. 
También los análisis científicos y jurídicos han dejado meridianamente claro que, en la «guerra del fletán» , la razón estaba plenamente de la parte de la Unión Europea y de España. 
Como ha dicho en su momento y muy certeramente la Comisaria, se trataba de un secuestro y el Canadá estaba cometiendo una violación del Derecho internacional. 
Hoy induce a carcajada analizar las pretensiones de pseudodefensa del medio ambiente de un ministro tan depredador como ése. 
Pero vayamos a los hechos, porque los hechos que motivaron aquello siguen vigentes: el Canadá desea echar a la flota comunitaria de caladeros internacionales, que no son suyos. 
Veamos los hechos: el Canadá no ha ratificado este acuerdo, mantiene leyes que no son admisibles por la Unión Europea y cuestiona el acceso a los puertos canadienses por parte de la flota comunitaria. 
Los hechos mantienen una tensión. 
El comportamiento del Canadá no es, ni mucho menos, de buena fe y, por tanto, se mantiene una actitud hostil. 
Es preciso demostrar- aunque sea por una vez- que la Unión Europea actúa de una manera coordinada en la Comisión. 
Es preciso demostrar que hay una unidad institucional y una coherencia. 
Por tanto, si la Comisión, órgano colegiado, en su programa de trabajo habla de relaciones con el Canadá en materia de países industrializados y va a establecer con el Canadá un acuerdo en materia de competencia y de I+D, que interesa al Canadá, lo que debemos hacer, lógicamente, es negarnos a desvincular estos acuerdos del contencioso pesquero. 
Señora Comisaria, diríjase usted a los otros Comisarios competentes en I+D, en política de la competencia y en relaciones con países industrializados y supedítese todo acuerdo a que el Canadá realmente mantenga también una política de buenas relaciones en materia de pesca. 
No cabe que aislemos la pesca. 
Aquí debemos tener coherencia y unidad. 
Estamos hablando del conflicto del fletán, iniciado por una mala decisión en el reparto de la cuota del TAC correspondiente. 
Y de nada sirvió la tradición española, pues venía pescando en esos caladeros desde el siglo XVI. Por eso y en sentido semejante, yo tengo que decir que ha sido una notoria precipitación que la ministra española haya aceptado una cuota, respecto de la gallineta, tan pequeña que reduce hasta un 20 % las capturas que se habían hecho por España el año pasado. 
Por tanto, asombra esta facilidad y creo que esto es aceptar decisiones «infumables». 
Señor Presidente, concluyo diciendo que la otra decisión en la que nuestra ministra puso la otra mejilla se refiere a las decisiones de un Gobierno británico de «homínidos locos sobre mamíferos ídem». 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Pery por su informe. 
Ella tiene razón. 
Existe una crisis en la industria pesquera de Europa. 
Los pescadores de Devon, a los que represento, están muy descontentos con la situación. 
No les gusta el tema del traspaso de licencias de pesca recurriendo para ello a pabellones distintos. 
Acojo con satisfacción las iniciativas de la Sra. Comisaria de que se presenten ideas para intentar solucionar el problema. 
Son muchos los que se han dado cuenta del fracaso del sistema de cuotas para conservar, gestionar y regenerar los recursos pesqueros, debido en buena parte a la alta proporción de desechos que deben ser devueltos al mar y no son de ninguna utilidad para la conservación, para los ingresos de los pescadores ni para los consumidores en casa. 
La respuesta debe consistir en presentar mejores medidas de conservación, tal vez una política de «días para faenar» que podrían cumplir todos los pescadores de la Comunidad, y abandonar ya las propuestas de reestructuración, en particular, cuando nuestros pescadores no creen que exista juego limpio en la aplicación de los planes de reestructuración. 
Debido al volumen de desechos, nuestros pescadores creen que en el mar hay más peces de lo que afirman los científicos. 
En este ámbito se desconfía de los asesores científicos. 
Existe una preocupación generalizada por la pesca industrial para harina de pescado que arrastra a los peces inmaduros del mar poniendo en peligro las posibilidades de que se regeneren los recursos. 
Me pregunto qué tiene que decir la Sra. Comisaria sobre ese aspecto específico de la industria. 
En cuanto al recorte del 40 % de la capacidad de la flota, confío en que se trate de una oferta inicial para captar nuestra atención. 
Lo que más nos importa es una aplicación justa y equitativa de cualquier medida que se apruebe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, comienzo congratulándome del informe de la Sra. Péry. 
Y, a propósito del informe de iniciativa de la Comisión de Pesca, presentado por el Sr. Arias Cañete, quisiera exponer dos o tres ideas. 
En primer lugar, considero que éste será un informe de referencia que marcará- estoy seguro de ello- de orientación que debe seguir la Unión en el marco de la NABO. 
Queremos una relación bilateral de respeto y cordialidad con el Canadá dentro de la observancia de las normas del Derecho internacional, pero, por esa razón, condenamos oportunamente la conducta de las autoridades canadienses motivada por razones de interés político interno y sin base científica. 
Igual que el ponente, propugnamos que el número de votos en la NABO tenga en cuenta el número de países representados por la Unión, que la opinión del Comité Científico tenga prelación en la determinación de las capturas admisibles, que las autoridades canadienses ratifiquen el acuerdo bilateral y permitan el acceso de los buques comunitarios a los puertos canadienses. 
Pero, en este debate, y a propósito de una discusión que también se entabló aquí sobre el programa POP IV y sobre el debate que hay en mi país, permítanme que aborde dos cuestiones. 
En primer lugar, la pesca industrial y de altura afronta hoy una mayor conciencia ecológica de preservación medioambiental y gestión responsable de los recursos pesqueros, coincidente con la adhesión de Portugal y España a la Unión Europea, pero que no se puede ni se debe escamotear, cuando se habla de pesca, barcos y capturas, y que no justifica una actitud antieuropea y opuesta a la construcción europea. 
Y, en segundo lugar, en la Unión Europea y en Portugal, el peso social y político de la pesca es muy superior- por tradición, por historia y por cultura- a su peso económico. 
Nadie puede olvidarlo, en particular cuando examinamos el Programa de Orientaciones Plurianuales de 1997-2002, cuando debatimos la crisis en el sector o cuando hacemos previsiones sobre el futuro del sector a partir de 2002. 
A la Comisión compete ahora la tarea de superar desconfianzas y ganarse a las personas, porque, si bien no hay pesca sin peces, tampoco habrá pesca sin barcos ni pescadores. 
Señor Presidente, como representante de Irlanda, deseo manifestar que me opongo rotundamente a las propuestas de la Comisión que, como sabemos, están encaminadas a reducir el volumen de la flota pesquera europea en un 40 % durante los próximos seis años. 
Las comunidades pesqueras, por su propia naturaleza, se encuentran ubicadas en las zonas más periféricas de Europa, donde el único recurso autóctono que podemos explotar plenamente es la pesca en nuestras aguas. 
La política actual, sin embargo, limita el nivel de explotación permitido de dichos recursos. 
Todos reconocemos la necesidad de limitar la actividad pesquera en función de la disminución de los recursos, pero las propuestas de la Comisión son injustas y contradictorias. 
No tienen en cuenta el tamaño ni la edad de los buques que faenan en las aguas de la Unión Europea, y es simplemente ridículo sugerir que deban imponerse restricciones idénticas a un barco de diez metros que a otro de setenta. 
Aquí hago un llamamiento a la Sra. Comisaria para que dirija sus esfuerzos en aquellas flotas que ejercen una presión insoportable sobre recursos claves. 
Debe dedicarse especial atención a las necesidades de las comunidades costeras pequeñas y aisladas que dependen exclusivamente de la pesca. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Pery cuando dice que las comunidades pesqueras de toda Europa tienen muy poca confianza en la política actual. 
Para restablecer dicha confianza deben adoptarse medidas enérgicas contra la pesca ilegal. 
Me complace comunicar que la Presidencia irlandesa se propone dar prioridad a este asunto en su próximo mandato. 
El mero hecho de fijar precios mínimos para las importaciones o establecer planes de compensación económica no basta: hacen falta más medidas. 
Por ello acojo con satisfacción los llamamientos de la ponente para que se mejore la gestión de los recursos, se estabilicen los ingresos, se introduzcan medidas para compensar las pérdidas de ingresos, así como para la creación de programas «LEADER DEL MAR». 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Péry analiza los diversos factores de la crisis que sacude desde hace mucho tiempo al sector de la pesca. 
En su informe, la Sra. Péry subraya la necesidad de una prioridad- una prioridad política-la de devolver la confianza al sector ya que es preciso rendirse ante la evidencia, los pescadores ya no tienen confianza. 
¿Qué mensaje les envía la Comisión? 
Siempre el mismo. 
Se pesca en exceso: desguacen los barcos. 
Por supuesto, se pesca en exceso en algunas especies. 
Por supuesto, se producen capturas de peces demasiado jóvenes. 
Por supuesto, es deber de la Comisión lanzar la señal de alarma. 
Pero, señora Comisaria, los pescadores no están locos. 
Saben muy bien que la supervivencia de su oficio pasa por una gestión responsable de los recursos. 
Sólo que se ven obligados a trabajar más, a producir más, porque el hundimiento de los precios no les deja otra alternativa si quieren sobrevivir. 
Y son ritmos de trabajo locos, tripulaciones que salen a la mar hasta 320 o 340 días al año, con barcos que envejecen y que no tienen ni tiempo ni medios para mantenerlos, con una sola obsesión: pescar más para evitar la quiebra. 
Contrariamente a las ideas simplistas, cuanto más baja el precio del pescado, los buques aumentan más su tonelaje de capturas para equilibrar sus cuentas de explotación. 
No es sólo que hay que desguazar buques, es sobre todo esta espiral infernal. 
La crisis que perturba al sector de la pesca es, evidentemente, una crisis de mercado. 
El papel de la organización común de los mercados es, en particular, regir las condiciones de competencia entre los productores comunitarios y prevenir la competencia desleal de terceros países. 
Ahora bien, los precios se torpedean tanto desde el exterior como del interior de la Comunidad. 
Torpedeados desde el exterior, de una forma general, con controles sanitarios simbólicos; torpedeados desde el interior, porque es una competencia desleal, falseada por las disparidades monetarias y sociales, fomentada por la Comisión que se niega a tomar las medidas indispensables de organización de los mercados. 
¿Cuándo comprenderemos que los recursos actualmente disponibles son suficientes para rentabilizar las herramientas existentes, con tal que se tomen algunas medidas que hacen obligatorios los mecanismos de estabilización de los precios para no fomentar la carrera de la pesca en exceso? 
¿Cuándo se decidirá imponer a las organizaciones de productores la aplicación de precios mínimos que no tienen sentido si no respetan todos las mismas normas? 
Ya sé que, al parecer, esto sería ir en contra de los dogmas del sacrosanto liberalismo. 
Pero, al fin y al cabo, señora Comisaria, es la realidad la que hay que tomar en consideración, la realidad que nos muestra que mientras que en cuatro años los precios a la producción caían en un 25 %, en ese mismo período, no han hecho más que aumentar para el consumidor. 
No hacemos un consumidor rey, sino, una vez más, un consumidor engañado. 
Hoy, la Comisión presenta su cuarto plan de orientación de la pesca. 
Con el loable fin de garantizar la protección de los recursos, este plan prevé todavía reducciones drásticas de las flotas. 
Si paralelamente no se pone en marcha un dispositivo de regulación de los precios como lo propone la Sra. Péry por lo que respecta al papel de las organizaciones de productores, no será la confianza de los pescadores la que restableceremos, sino que nos aseguraremos su falta de adhesión y su cólera. 
Iremos de crisis en crisis hasta que- y es éste el fin de la Comisión- la desaparición total de los enfermos permita al doctor afirmar, de forma triunfal, que ha erradicado la enfermedad. 
Señorías, les doy las gracias a todos por este debate y, en primer lugar, a los ponentes de los cuatro informes que estamos examinando, si bien el debate se ha ampliado, naturalmente, a muchos otros aspectos que se refieren a la Política Pesquera Común, como, por lo demás, resultaba evidente que debía ser. 
Si se me permite, quisiera dividir mi intervención en dos partes: una primera parte relativa a una respuesta de la Comisión concretamente a los cuatro informes de iniciativa que figuran en el orden del día, es decir, el informe Péry, los dos informes Arias Cañete y el informe Kofoed; una segunda parte relativa a algunos intentos de respuestas sobre los asuntos más generales que muchos colegas y muchos diputados han planteado aquí. 
Ante todo, quisiera agradecer a la Sra. Péry su informe sobre la crisis en el sector de la pesca, sobre todo porque siempre resulta útil escuchar ideas diferentes, hipótesis de solución diferentes, acerca de un sector en el que nadie- al menos eso espero- puede aspirar a poseer la verdad absoluta, dispuesta en todo momento y para todo uso. 
En cualquier caso, me parece que la contribución de este debate es muy valiosa, sobre todo con vistas a la relación que habrá en el Consejo. 
Por ejemplo, usted, señora Péry, afronta una serie de problemas con los que yo estoy de acuerdo, pero, cuando llegamos al problema del mercado, problema que muchos de Sus Señorías han abordado, debo, evidentemente, recordar a este Parlamento que las organizaciones profesionales constituyen una excepción a una situación de mercado libre- como sabe perfectamente usted, señora Péry- y que, por tanto, al ser una exención de las reglas básicas, no puede pasar a ser obligatorio adherirse a las organizaciones profesionales; tanto menos- me parece a mí- puede pasar a ser obligatorio un precio para la retirada en el caso de quienes no formen parte de las organizaciones profesionales. 
Por tanto, temo que deberíamos ver la complejidad de la propuesta relativa a los mercados y, por eso, el seminario dedicado exclusivamente a la cuestión de los mercados, que el Parlamento y la Comisión están organizando, junto con la industria, para octubre- creo incluso que ya se ha fijado la fecha de ese seminario monográfico Comisión-Parlamento Europeo-Industria en el sector de la pesca, centrado en la cuestión del mercado- nos ayudará- creo yo- a obtener alguna idea: en efecto, es común la observación de que subsiste un problema al respecto, pero a veces las soluciones propuestas me parecen, francamente, inviables o bien entrañan efectos perversos. 
Pongo un ejemplo: si acordamos un precio demasiado elevado, o considerado elevado, para la retirada, ¿no corremos tal vez el riesgo de incentivar la adquisición por parte de los compradores de pescado de importación, que es objetivamente menos caro? 
Lo digo porque creo que también pueden producirse algunos efectos, acaso perversos y que no quisiéramos que se produjeran. 
Por eso, aun sin adoptar hoy una posición a favor de una idea respecto de otra, debo decir que el seminario monográfico con el sector tal vez nos ayude a tener en cuenta todos los vínculos que tenemos, incluida la particularidad de que me parece un poco difícil que vayamos a tener nunca la fuerza para modificar la organización común del comercio o el GATT; podemos también abrigar esa ilusión, pero, francamente, me parece poco realista, no porque yo sea una persona poco combativa, sino porque la relación de fuerzas, desde este punto de vista, es, francamente, aplastante. 
En cuanto a las medidas de conservación de los recursos, la Comisión comparte muchos de los principios expresados por el ponente. 
Pero permítaseme decir que en el fondo, por lo que se refiere a las ayudas financieras, la que propone substancialmente el informe es casi una indemnización permanente, al fin y al cabo, a quienes deban abandonar la profesión. 
Debo decir que, desde este punto de vista, la Comisión afronta en verdad enormes resistencias, mientras que, en cambio, ha procurado- con cierto éxito, creo yo- introducir elementos de política social en la Política Pesquera Común, muy combatidos por algunos Estados miembros, como ha de saber perfectamente- me imagino- la Sra. Péry y, además, de tipo facultativo, que muchos Estados miembros, aun siendo partidarios de ellos, no están, ahora que tienen la posibilidad, demasiado dispuestos a utilizar. 
En cualquier caso, creo que este debate y los posteriores nos ayudarán a todos a llegar al brete que, en cualquier caso, habremos de afrontar- que la Comisión, sencillamente, debe afrontar -, es decir, la reforma y la modificación o el vencimiento del plazo del año 2002 por lo que se refiere a la Política Pesquera Común. 
Y por eso, aparte de los otros motivos, le doy las gracias, señora ponente. 
Por lo que se refiere a los otros dos informes- NABO y Antártico -, la Comisión acoge con el mayor beneplácito el informe relativo a la cuestión NABO. 
De todos modos, permítame el ponente dos reflexiones: como ya he dicho muchas veces en esta Asamblea, aquel conflicto que tenía como objetivo- político, me temo- la expulsión de la flota comunitaria de las aguas internacionales NABO está resuelto de momento, puesto que la flota comunitaria está faenando dentro del ámbito de la NABO. 
Desde ese punto de vista, ése es por lo menos un aspecto, a mi juicio, positivo. 
El conjunto global de medidas, que después fue multilateralizado por lo que se refiere a todas las medidas de control, etcétera, creo que ha sido un elemento igualmente positivo; también yo sé, como Sus Señorías, que la situación actual de las relaciones Unión Europea o, mejor dicho, Comisión Europea-Canadá parece mejorada, pero no es del todo satisfactoria: muy al contrario. 
Por tanto, creo que debemos insistir para llegar a una situación más equilibrada, poniendo de relieve precisamente que hay una mejora- cierto es -, pero, aun así, aún distamos, a mi juicio, de encontrarnos en una situación equilibrada y satisfactoria. 
En cambio, un tercer elemento sobre el que no estoy demasiado de acuerdo es el del sistema de votación en el ámbito de la NABO. 
Me parece- y no sólo porque creo en la Unión Europea y en su importancia- que es mejor una voz única y autorizada que seis voces discordantes y la cacofonía de diferentes Estados miembros. 
Esto lo digo no sólo desde un punto de vista político, porque creo que tener una Política Pesquera Común significa también tener una sola voz; de lo contrario, no es una política común. 
En cualquier caso, temo- en particular, en un ámbito tan delicado como el de la pesca- las diferencias de posición de varios Estados miembros, porque no estoy segura de que vayamos a ir siempre en la misma dirección: más aún, me parece recordar que en algunas ocasiones, cuando ha sido posible, nos hemos encontrado en situaciones poco solidarias. 
Por lo que se refiere al otro informe, sobre todo usted, señor Arias Cañete, sabe perfectamente que hoy no hay pesqueros de la Comunidad faenando en el Antártico. 
Desde ese punto de vista, no nos es posible, francamente, hacer un informe sobre las capturas accesorias, porque no tenemos pesqueros nuestros, en cualquier caso, de la Comunidad, que pesquen en aquella zona. 
Como sabe Su Señoría, la Comunidad es parte contratante en la Comisión de conservación de los recursos biológicos del Antártico desde 1982 y no dejará de serlo con las cuatro enmiendas que propone Su Señoría. 
Ya le he dicho que, por las motivaciones citadas, no puedo aceptar la enmienda 1 y la enmienda 3, como tampoco la que se refiere al programa de observación científica, que se inició ya a comienzos del decenio de 1990. 
En cambio, lo que la Comisión puede comprometerse a hacer es transmitir los datos lo más rápidamente posible; más aún, podríamos estudiar incluso la posibilidad de hacer como una agrupación homogénea de los datos, eso sí, pero utilizando, naturalmente, datos recogidos por otros. 
El último informe es el del Sr. Kofoed. 
La Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre las medidas adoptadas para proteger las poblaciones de salmones salvajes en el Báltico; informará al Parlamento sobre los avances logrados por los diversos grupos de trabajo que se ocupan de ese problema; pero no puede aceptar las enmiendas propuestas, porque la Comisión Internacional de Pesquerías del Mar Báltico está estudiando la posibilidad de establecer un esfuerzo de pesca limitado por lo que se refiere a la merluza blanca, además de la institución, como sabe Su Señoría, de un TAC que es, por otra parte, una de las piedras miliares de la Política Pesquera Común. 
Por lo que se refiere al procedimiento de consulta del Parlamento, que el Sr. Kofoed apoyaba, la Comisión está absolutamente dispuesta a informar al Parlamento sobre las deliberaciones de las diversas sesiones de la Comisión Internacional de Pesquerías del Mar Báltico en tiempo real, es decir, en cuanto reciba los documentos oficiales. 
A eso se compromete la Comisión; no obstante, el Sr. Kofoed sabe que el Parlamento sólo puede pronunciarse sobre una propuesta oficial de reglamento del Consejo presentada, evidentemente, por el propio Consejo. 
Dicha propuesta no es presentada por la Comisión al Consejo hasta que haya transcurrido el plazo de los 90 días para las posibles objeciones, plazo establecido por la Convención del Báltico. 
Así, pues, creo haber aclarado el aspecto de procedimiento y también su simplificación, además de haber asumido, en lo relativo a la información, compromisos concretos por parte de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme, al final de estas breves observaciones técnicas sobre los cuatro informes, unas observaciones sobre algunos asuntos de carácter más general que se han planteado en esta Asamblea, en particular por lo que se refiere a la propuesta de la Comisión sobre el POP IV. Ante todo quisiera recordar que el Presidente Arias Cañete me había pedido que acudiera a la comisión el día 29 de mayo, cosa imposible, porque precisamente aquel día examinó y aprobó la Comisión el POP IV: por tanto, subsistía un problema de ubicuidad, problema que, por desgracia, aún no estoy en condiciones de resolver. 
En segundo lugar, el 26 por la tarde la Comisión participará, por invitación del presidente, en la sesión de la Comisión de Pesca, en cuyo orden del día figurarán precisamente los elementos del POP IV. 
Bien, en esta fase permítanme recordar tres cosas: en primer lugar, existe, evidentemente, toda una serie de malentendidos y tal vez una información inadecuada. 
Lamento, por ejemplo, que no esté presente la Sra. Malone, pero no sé dónde habrá leído que no se tiene en cuenta la estructura de la flota. 
Eso no es cierto y no está escrito en parte alguna: antes bien, es exactamente la contrario. 
Como saben Sus Señorías, hay una propuesta general de reducción de la mortalidad de algunas poblaciones de peces. 
No es una reducción generalizada del 40 por ciento de la flota europea, ¡en absoluto es eso! 
El plan establece una reducción de la mortalidad de algunas poblaciones de peces que se encuentran en las condiciones más desesperadas, reducción de la mortalidad que puede aplicarse ora mediante reducción de la flota ora mediante la gestión del esfuerzo de pesca o por los dos métodos a la vez. 
Esa decisión más general irá acompañada de 13 planes nacionales que la Comisión deberá negociar con los trece Estados miembros. 
Así, pues, existe la obligación de alcanzar un objetivo, de conseguir un resultado, como se diría en términos jurídicos, pero el procedimiento para conseguirlo puede ser una combinación de reducción de la capacidad de pesca y reducción del esfuerzo de pesca o ambas cosas a la vez. 
Ese objetivo del 40 por ciento de la reducción de la mortalidad se refiere a algunas de las poblaciones de peces que, según nos dicen los expertos, están en condiciones desesperadas. 
Esta vez hemos tenido dos comités de expertos: el tradicional, más el grupo Larsen. 
Informo a Sus Señorías, que ya lo saben, de que todo Estado miembro prácticamente está representado en dichos comités, de que sus deliberaciones se adoptan por unanimidad y de que, al final, después de haber consultado a dos comités de expertos, a alguien debo creer, de todos modos: ¡no me puedo inventar un tercero, un cuarto, un quinto comité de expertos! 
Es evidente que en el nivel mundial habrá siempre algún experto que no esté de acuerdo con los resultados de sus colegas expertos, pero tarde o temprano habrá que adoptar una decisión sobre la base de algún dato. 
Tercer elemento: además, hay poblaciones de peces que tendrán reducciones de mortalidad menores, porque están en condiciones menos graves; hay poblaciones de peces que no necesitan aún reducciones, sobre las cuales la Comisión propone, en cambio, que al menos no haya el aumento debido a la mejora tecnológica: hay, pues, una reducción en seis años del 12 % -2 % al año- precisamente para evitar un aumento del esfuerzo de pesca debido a la mejora tecnológica. 
Estamos preparando un informe con los pescadores. 
Quisiera recordar que sobre este problema hemos celebrado, antes de presentar el POP IV, treinta y ocho conferencias regionales con el sector pesquero. 
Repito: treinta y ocho. 
Así, pues, esta propuesta no ha llovido del cielo. 
Esta propuesta y varios otros asuntos se han examinado en treinta y ocho conferencias regionales. 
Se me puede decir que no es suficiente: cierto es que cincuenta es más que treinta y ocho, pero en cierto punto treinta y ocho me parecen ya un gran esfuerzo. 
Ahora hemos iniciado reuniones entre los expertos y los pescadores a fin de que se hablen, dado que una de las objeciones es siempre la de que los pescadores no creen a los expertos. 
Ahora bien, ¡resulta difícil constituir diez comités de expertos! 
La pequeña pesca artesanal, que es la que da más empleo, está excluida de este programa. 
Por tanto, la pequeña pesca artesanal no forma parte de este programa precisamente porque la Comisión no considera que sea un superlarsen, es decir, que tenga sólo problemas biológicos, sino que tiene también el deber de propiciar las mediaciones sociales, para tener en cuenta las repercusiones sociales. 
Así, pues, la pesca artesanal, que es la que da más empleo, no forma parte de este proyecto de reducción. 
Pero de todo esto volveremos a hablar, Señorías, si lo desean, evidentemente, el día 26. 
Por lo que se refiere a la gallineta, puedo recordarle, Señoría, que la flota española nunca ha pescado esa especie, que correspondía a la pesca libre. 
Comenzó a pescar gallineta en noviembre y diciembre de 1995, antes no. 
Si debo hacer una propuesta de TAC y de cuota, debo tener en cuenta un período determinado y, como en el caso de la NABO, se ha elegido un período de cinco años. 
Convendrá conmigo, Señoría, en que, si una flota lleva dos meses pescando, no puede tener la misma cuota que la flota de otro país miembro que lleve años pescando esa especie. 
Así, pues, creo que un mínimo de sensatez ayudaría en verdad a todos a ser un poco más responsables. 
Ultimo elemento, Señorías: no me gusta precisamente proponer reducciones de los esfuerzos de pesca, eso es evidente; preferiría gestionar un sector en expansión. 
Será trivial, pero así es. 
Ruego a Sus Señorías que crean que las medidas propuestas son las mínimas para garantizar un futuro a ese sector. 
A los Gobiernos competerá adoptar una decisión: por unanimidad pueden también rechazar la propuesta de la Comisión. 
Pero sabemos que, desde el punto de vista de la transparencia democrática, cada cual ha de asumir sus responsabilidades. 
Es cierto que debemos enviar al sector un mensaje de confianza, pero, ¡cuidado, Señorías, con la diferencia entre un mensaje de confianza y un mensaje de ilusión! 
Hay un futuro para este sector, pero con ciertas condiciones: que sepa modernizarse, que sepa cambiar, que sepa afrontar los imperativos, incluido el de la mundialización del mercado y el de la transformación tecnológica. 
Todos debemos tener la responsabilidad de decirlo, porque tanto Sus Señorías como yo como los pescadores podemos hacerlo todo, menos una cosa: multiplicar los peces. 
¡Eso no se consigue precisamente! 
Y, si no hay peces, no hay sector para una industria que es motivo de preocupación para Sus Señorías, pero, créanme, también para mí. 
Agradezco a la Comisaria las informaciones que nos ha dado, pero no he recibido respuesta a mi pregunta. 
Mi pregunta ha sido: ¿quién dio a la Comisión las informaciones en las que se basa una propuesta de reducción del 40 % de la pesca de la sardina en Portugal? 
Señor Presidente, ruego a la Sra. Bonino que repase la transcripción de mi intervención, porque yo no me he referido a ella en ningún momento- que seguramente habrá cumplido con su deber de Comisaria. 
Yo me he referido a nuestra ministra: la española. 
Y he criticado que acepte de entrada, al empezar la negociación, una reducción de cuotas del 20 % respecto de la gallineta. 
Yo he dicho que esto es claramente una equivocación de la ministra, pero no me refería en absoluto a la Comisaria. 
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Sra. Comisaria si puede responder sobre el factor de la seguridad que es tan importante. 
La seguridad debería ser el principal objetivo de la Comisión, del Parlamento y del Consejo. 
En Irlanda existe una situación muy grave. 
Si los pescadores quieren hacer sus barcos más seguros, se ven imposibilitados a hacerlo porque las autoridades irlandesas y la Comisión pueden pensar que están aumentando su capacidad, lo cual no es cierto en absoluto. 
Simplemente los están haciendo más seguros. 
No están aumentando la capacidad del barco. 
No están aumentando su capacidad de carga. 
Tal vez estén incrementando el tonelaje, pero no existe ninguna relación entre una cosa y otra, y la Comisaria Bonino debería ocuparse de este asunto e intentar garantizar que los barcos sean seguros. 
Tenemos una flota que envejece y eso hay que tenerlo en cuenta. 
Señor Presidente, no me gusta intervenir en el Parlamento Europeo sobre temas que son de política nacional, pero en este caso, cuando una diputada socialista española se ha metido con una ministra, creo que tengo el deber de explicarle cuál es el problema. 
No se trata de un error de nuestra ministra. 
El asunto es que la flota española ha estado pidiendo, durante años, permisos al Ministerio de Agricultura y Pesca español, en época del Gobierno socialista, para pescar gallineta en NABO. 
El Ministerio anterior, socialista, se los negó reiteradamente. 
Ahora, cuando se ha establecido un TAC y unas cuotas, que se han basado en derechos históricos, el problema es que, por desgracia, no teníamos derechos históricos en esa flota. 
Ése ha sido el problema, señora Izquierdo Rojo. 
Y el problema no viene de nuestra ministra sino del Gobierno socialista. 
Señor Presidente, como de costumbre, el debate sobre la pesca suscita mucho interés. 
Perdónenme, porque se han planteado numerosas preguntas a las que no he podido responder individualmente, pero nos volveremos a ver el 26. 
Por lo que respecta al informe relativo a las informaciones científicas sobre las sardinas, las mismas han repercutido ya dos veces en el Consejo Internacional de la exploración del mar, el organismo que reagrupa a los mejores científicos, portugueses incluidos. 
Ya he indicado aquí cuál ha sido la situación por lo que respecta a las sardinas el pasado año, en particular, en las aguas portuguesas. 
Por lo tanto, el problema no es nuevo. 
En cuanto a la pregunta que planteaban ustedes en materia de seguridad, está justamente previsto en el POP IV, que se establezcan facilidades para aumentar la seguridad en el mar, siempre que sean compatibles con la necesidad de conservación de los recursos. 
De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento 36/99, la modernización de la flota pesquera, en particular, por razones de higiene y de seguridad en el trabajo o por el recurso a máquinas selectivas, sigue siendo una prioridad de los programas estructurales. 
No debe llevar a una deriva contraria a los objetivos de revisión de las capacidades de pesca. 
En este contexto, por lo tanto, es posible hacerlo incluso dentro del POP IV. 
Espero haber respondido así a la pregunta. 
No volveré sobre los problemas nacionales, sino para confirmar que es la primera vez que se instituye un TAC de este tipo de pesquería. 
Añado que la Comisión, así como los Estados miembros, después de un largo debate, se han mostrado razonables y han comprendido bien quién tenía derechos históricos y quién no los tenía. 
No quiero relanzar el debate, sino simplemente precisar cuál ha sido la propuesta de la Comisión. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Ejercicio de la abogacía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0146/96) de la Sra. Fontaine, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento y del Consejo (COM (95) 0572- C4-0125/95-94/0299 (COD) ) destinada a facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en que se expidió el título. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que tengo el honor de presentar a nuestra Asamblea, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, trata de la libertad de establecimiento de los abogados. 
Es un expediente que no debemos temer en calificarlo de espinoso, hasta tal punto ha dado lugar a debates intensos, por no decir polémicas intensas en el seno de los medios interesados, a lo largo de estos últimos meses. 
Afortunadamente, hoy es el momento del apaciguamiento, y por lo tanto, es en este contexto más sereno, cuando voy a intentar, señor Presidente, señorías, responder a algunas de las preguntas esenciales, que algunos, en un momento u otro, se han planteado de forma legítima. 
Y en primer lugar, ¿por qué una directiva comunitaria especial para los abogados, cuando el respeto a la subsidiariedad sigue siendo, por supuesto, una palabra clave? 
Pues bien, simplemente, porque el Tratado nos ha dado el mandato de garantizar la libertad de establecimiento en todas las profesiones reglamentadas en el seno de los países de la Unión. 
Pero también porque, desde hace cuatro años, el conjunto de la profesión de que se trata- con la única excepción de Luxemburgo que presenta, lo sabemos, una situación de muy grande exposición a la libre actividad de nuestros nacionales- desea con todas sus fuerzas esta directiva. 
Les hemos preguntado por qué y todavía oigo a nuestro colega Jean-Pierre Cot interpelando al Presidente del Consejo de los Colegios europeos. 
Pues bien, porque de acuerdo con la experiencia, la directiva general que votamos en 1989, que se está aplicando desde 1991, por lo que respecta a la profesión de abogado, ha mostrado sus lagunas, sus límites y sus insuficiencias. 
Así, la prueba de aptitud para ingresar en el colegio de un país distinto al propio, con frecuencia, se ha utilizado como un eficaz cerrojo proteccionista. 
Asimismo, se sigue discutiendo la posibilidad de ejercer su actividad a título permanente, con su título de origen, en condiciones que no respondan al marco limitado y temporal de una prestación de servicios. 
Y al mismo tiempo en que su libertad de establecimiento se encuentra por este hecho sutilmente dificultada, los abogados de la Unión asisten, impotentes, a la proliferación en su propio país de grandes bufetes multidisciplinares, de origen o de inspiración americana o japonesa que, sorteando los obstáculos, vienen a absorber el mercado europeo del derecho. 
La Comisión Europea ha escuchado este llamamiento. 
Ha preparado una propuesta de directiva que se nos presentó en marzo de 1995. 
Dicha propuesta de directiva constituía, en las muy difíciles condiciones que sabemos, una primera base de trabajo, a partir de la cual, queridos colegas, hemos intentado resolver lo que llamaré la cuadratura del círculo. 
¿Qué quiere decir? 
Pues bien, como he dicho, la voluntad de tener una directiva era casi tan unánime en el seno de la profesión como el vigoroso enfrentamiento de posiciones en cuanto a su contenido. 
Así, algunos querían que se mantenga la prueba de aptitud para integrarse en un colegio y que se autorice, a título definitivo, el ejercicio con el título de origen. 
Y otros, a la inversa, querían que se suprima la prueba de aptitud y que se prohíba el ejercicio con el título de origen por encima de una determinada duración. 
Si hemos logrado- y, por supuesto, no quisiera prejuzgar lo que ocurrirá en la votación de nuestra Asamblea plenaria de mañana por la mañana- esta misión imposible, si hemos logrado conciliar lo inconciliable, sacar una amplia mayoría en torno a una grandes líneas de consenso, es, debo decirlo, gracias al enorme sentido de la responsabilidad de la que ha hecho gala cada uno de los miembros de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Nos han guiado dos imperativos: la escucha atenta a la profesión y el respeto del espíritu y de la letra del Tratado, aclarado por la jurisprudencia reciente de la sentencia Gebhard. 
Y yo añadiré, por supuesto, una voluntad política común de llegar a un resultado. 
Queridos colegas, me gustaría decirles que he apreciado infinitamente esta cooperación. 
Las cosas no eran fáciles para ninguno de nosotros, ni para los colegas alemanes, ni para los colegas británicos, ni para los colegas españoles, ni para su ponente, en la medida en que pertenecía a una de las nacionalidades, digamos, más retraídas en este asunto. 
Ni para ustedes puesto que las concesiones no podían ser sino recíprocas y cada cual sabía que al final ninguno de nosotros podría estar satisfecho en toda la línea. 
Desearía rendir homenaje asimismo al gran sentido político del Comisario Monti, que ha comprendido y aceptado las necesarias evoluciones que le proponíamos. 
Querido Comisario Monti, usted nos ha acompañado con mucha atención e inteligencia política a lo largo de un camino que, sin embargo, estaba sembrado de obstáculos. 
En mi calidad de ponente, le doy las gracias. 
El compromiso que hemos asumido está muy equilibrado, lo creo muy sinceramente. 
La integración en el colegio de acogida se facilita con la supresión de la prueba de aptitud. 
Pero la autoridad de acogida podrá verificar que el profesional ha ejercido efectiva y seriamente durante el tiempo requerido. 
El ejercicio sin límite de tiempo con el título de origen es incontestable, pero el nacional comunitario que se negara a integrarse en el colegio de acogida y eligiera ejercer sólo con su título de origen se verá sometido a las mismas normas profesionales y deontológicas que su colega del colegio de acogida. 
Con este propósito, agradecería que el Comisario Monti nos explicite esta importante garantía. 
Por último, el ejercicio en grupo está organizado, pero hemos velado por proteger a los abogados contra cualquier riesgo de OPA salvaje que emane de otras profesiones. 
Si mañana, señor Presidente, queridos compañeros, nuestra Asamblea plenaria, como deseo, vota en favor de este compromiso, espero, de todo corazón, contribuya a apaciguar definitivamente a la vez los temores y los resabios proteccionistas que puedan subsistir aquí o allá. 
Porque es urgente que la profesión europea de los abogados se organice para adaptarse al hecho irreprimible de la mundialización de los intercambios comerciales. 
Es urgente que los abogados de la Unión, aprovechándose de la nueva libertad que les ofrecerá la directiva, entablen relaciones orgánicas entre sus bufetes, que puedan constituir bufetes europeos, que puedan resistir a la competencia de los grandes bufetes extracomunitarios. 
Por último, es urgente que se pueda construir una asociación europea que pueda elevar más aún el nivel de sus servicios y hacer frente a los desafíos que se le presenten en los años venideros, esta profesión particularmente noble, y eminentemente simbólica de nuestra democracia europea. 
Señor Presidente, estimada señora Fontaine, para empezar quisiera agradecer cordialmente la dedicación y el esmero con los que ha elaborado este documento y su disposición a cooperar. El resultado final ha sido un informe excelente. 
Quisiera dirigirme al Comisario Monti: verdaderamente, no nos hemos tomado el asunto a la ligera y creo que hemos obtenido un resultado muy bueno. 
La abogacía necesita esta Directiva. Espero que la Comisión emita pronto su opinión y que recoja las propuestas del Parlamento. 
Por fin se ha puesto en marcha la abogacía europea. 
El mercado interior ha traído consigo un gran número de actividades económicas transfronterizas: constitución de empresas, fusiones, apertura de sucursales y cooperaciones. 
Viene a sumarse a esto que las personas realizan cada día más actividades transfronterizas de tipo económico. 
Los abogados se han sentido durante demasiado tiempo parte de la justicia estatal, y no asesores cuyos servicios se pueden utilizar por encima de las fronteras. 
Quisiera dar las gracias expresamente al Consejo de colegios de abogados de la Comunidad Europea. 
Ha contribuido en gran medida a mejorar la comprensión de las actividades propias de la abogacía y lleva más de una década esforzándose en conseguir un establecimiento más fácil para los abogados en otros Estados miembros. 
Sin su perseverancia y sus fecundas sugerencias para la propuesta de Directiva que hoy debatimos, no habríamos llegado al punto en que nos encontramos. 
A mediados del decenio de 1970, el TJCE decidió en una sentencia fundamental (el caso Reyners) que la abogacía estaba incluida en el ámbito de la libertad de prestación de servicios y de establecimiento. 
Veinte años después estamos a punto de implantar este mandamiento del derecho comunitario básico en lo que afecta al derecho de establecimiento. 
Tras la Directiva sobre prestación de servicios de 1977 y la Directiva sobre homologación de títulos de 1988 (la aplicación práctica de ambas, como ha constatado la Comisión, no es satisfactoria) , contamos por fin con una propuesta de directiva que facilita el establecimiento de los abogados. 
Se trata de una directiva necesaria. 
Primero, porque reconoce claramente que un abogado puede, con su título profesional de origen, establecerse sin límite de tiempo en otro Estado miembro y ejercer sus actividades de asesoría, incluso sobre el derecho del Estado de acogida. 
Esta clarificación es necesaria porque todavía se pone en duda este derecho, a pesar de la sentencia del TJCE de 30 de noviembre de 1995 en el caso Gebhard, cuya frase más importante cito a continuación: » La pertenencia a un colegio profesional no se puede considerar como elemento constitutivo del establecimiento». 
Segundo, ha de facilitarse la integración del abogado que pretende acceder a la abogacía del Estado de acogida. 
No tiene por qué someterse a la prueba de aptitud mencionada en la directiva de homologación de títulos, sino que puede probar su capacidad mediante un ejercicio profesional de tres años. 
Quisiera subrayar que este sistema se basa en la jurisprudencia del TJCE. 
En la sentencia de 1981 sobre el caso Vlassopoulou, en un momento en que se acababa de promulgar la Directiva sobre homologación de estudios superiores, el Tribunal emitió un fallo importante. 
Según esta sentencia, los Estados miembros están obligados a reconocer los certificados de aptitud que el abogado obtuvo en su país de origen para poder ejercer la misma profesión. 
Si los conocimientos del abogado no se corresponden con los conocimientos específicos que se requieren en el país de acogida, puede éste exigir que se obtengan de otra forma, por ejemplo, mediante el ejercicio profesional. 
Tras esta resolución judicial, el abogado tiene el derecho a probar su aptitud a través de una práctica profesional solvente. 
Por consiguiente, en materia de integración en la abogacía del Estado de acogida, el caso Vlassopoulou es la base del sistema que ahora propone la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Este sistema, aprobado por gran mayoría en el seno de dicha comisión, es equilibrado y liberal. 
También es valiente. 
Y posee algo del espíritu europeo que hoy se echa en falta con frecuencia. 
Al mencionar que el sistema propuesto por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos es valiente, quisiera agradecer no sólo la dedicación y el esmero de la ponente, sino también su valor. 
Señor Presidente, Señorías, creo que la Directiva que consideramos hoy en primera lectura es muy importante. 
En la actualidad sigue existiendo en la Unión Europea un pequeño número de profesiones a las que no se les reconocen los derechos derivados del principio de libertad de establecimiento y de prestación de servicios, previstos en el Tratado. 
La abogacía es una de estas profesiones. Debido, naturalmente, a la diversidad de sistemas jurídicos, su actividad estaba sometida a limitaciones. 
Por ello, me alegra sobremanera que se presente una Directiva que soluciona este problema concreto y que, básicamente, concede a los abogados los derechos de los que gozan otros ciudadanos europeos para ejercer su profesión dentro de la Unión. 
Se trata de un avance decisivo que regula una cuestión pendiente desde hace mucho tiempo. 
Los derechos que reconoce esta Directiva explican que la gran mayoría de los abogados se haya pronunciado decididamente a favor de que el derecho comunitario contenga una Directiva semejante. 
Con todo, es absolutamente lógico, como no podía ser menos tratándose de abogados, que no haya unidad de criterios con respecto al contenido de la Directiva y a la manera de abordar los problemas. 
Entre la abogacía ha habido disputas considerables sobre el modo en que debía regularse la cuestión, pero ninguna sobre la conveniencia de hacerlo. 
Por consiguiente, la tarea de la Comisión de Asuntos Jurídicos hasta ahora y la del Parlamento mañana consiste en resolver la cuestión del modo. 
Creo que, gracias, ante todo, a la ayuda y a la constante flexibilidad mostrada por todos los afectados, pero en particular por la ponente, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha conseguido una solución de compromiso aceptable. 
Los puntos más controvertidos han sido fundamentalmente dos. El primero afecta a la cuestión del mantenimiento de la prueba de aptitud. 
Nos hemos pronunciado a favor de que desaparezca esta prueba siempre que el abogado en cuestión pueda probar en el país de acogida una práctica profesional solvente. 
Es una decisión valiente, pues va contra cierta opinión mayoritaria, tanto en la propia abogacía como en los gobiernos afectados, que se hará oír en las fases posteriores del procedimiento legislativo. 
El segundo punto es el de la llamada integración forzosa. 
Originariamente, la Comisión había propuesto que, transcurrido un cierto plazo, el abogado debería tener la posibilidad de optar entre asimilarse a los abogados del Estado de acogida o regresar a su país de origen. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos se ha inclinado por el abandono del principio de integración forzosa, simplemente porque, según la opinión unánime, ésta atenta contra el más mínimo sentido de la proporción. 
No parece razonable permitir que un abogado ejerza en un país durante cierto tiempo y luego, sólo porque ha transcurrido un plazo determinado, decirle que no puede seguir ejerciendo a menos que solicite formalmente su ingreso en el Colegio de Abogados. 
También en esta importante cuestión, la Comisión de Asuntos Jurídicos tiene una solución que proponer al Parlamento. 
Comparto la opinión de mi Grupo de que con este informe presentamos una propuesta sobre la que se debe alcanzar un compromiso en el Consejo y que, en principio, a juzgar por las informaciones que nos llegan de la abogacía europea, contará con la aceptación general. 
Por ello, insto al Consejo a que no se escude en no tomar decisiones para bloquear una decisión de importancia para este colectivo profesional, a que haga avanzar esta iniciativa legislativa que espero que el Parlamento apruebe mañana por gran mayoría y a que apruebe la correspondiente posición común manteniendo el espíritu de esta propuesta. 
Tras las conversaciones mantenidas con la Comisión, estoy convencido de que, aunque no se ha pronunciado de manera oficial, aceptará los principios de las modificaciones propuestas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
El pronunciamiento oficial tendrá lugar seguramente en los próximos días o en la sesión de hoy o de mañana. 
El Grupo del PPE apoya el informe en su conjunto, tal como ha quedado tras las modificaciones introducidas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Las modificaciones propuestas reflejan un compromiso entre los intereses nacionales, los intereses de los abogados y las diferentes visiones de los Grupos. 
Señor Presidente, señores de la Comisión, Señorías, el Grupo UPE, al que represento, comparte el espíritu de esta propuesta que recibió un voto favorable en nuestra comisión. 
Por tanto, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a la Sra. Fontaine la valiosa labor que ha llevado a cabo y asociarme también al agradecimiento expresado por la propia Sra. Fontaine al Comisario Monti por la atenta y provechosa colaboración ofrecida a la Comisión de Asuntos Jurídicos con vistas a la elaboración de esta importante propuesta. 
Personalmente, creo que la transacción alcanzada, que también satisface esencialmente el punto de vista de la organización europea de los abogados- y es oportuno subrayarlo -, favorecerá el aumento de la profesión forense y también le permitirá afrontar la temible competencia extracomunitaria, como la propia Sra. Fontaine ha puesto de relieve. 
Quien me ha precedido ha subrayado las características innovadoras respecto de la propuesta procedente de la Comisión y que esencialmente consisten en la supresión del examen de aptitud, que en cierto modo parecía pretender introducir de nuevo por la ventana el proteccionismo que se quería hacer salir por la puerta, y también la abolición del principio de adhesión obligatoria al registro del país de acogida. 
Creo que esta directiva, si es aprobada en los términos en los que la ha formulado la Comisión, será de ayuda para la profesión forense, como decía al principio. 
Quisiera formular un deseo desde estos escaños: he comprobado que en el ámbito de los quince países comunitarios sólo dos, entre ellos aquel del que procedo, excluyen hoy la posibilidad de que se ejerza la profesión en forma societaria. 
Por tanto, espero que las legislaciones internas de esos dos países superen ese factor, que, a mi juicio, es un obstáculo para la modernización de la profesión. 
Señor Presidente, me complace mucho ver a nuestro ponente en este papel, porque acabamos de vivir algunas peripecias juntos en una conciliación, pero ahora, abiertamente, puedo contradecirle un poco. 
Señor Presidente, la ponente ha hablado de la cuadratura del círculo y de un compromiso aceptable que tendría que contentar a todos, porque permite la libertad de establecimiento para todos. 
Para los liberales, esto no es suficiente, pues partimos de la idea de que no hay ninguna razón para aplicar a los abogados una norma distinta a la que rige en general en materia de libertad de establecimiento para cualquier otro grupo profesional en la Unión Europea. 
¿Por qué los médicos, que además se ocupan de asuntos de vida o muerte, pueden tratar a pacientes de un Estado miembro a otro, y no podrían hacerlo los abogados? 
No lo entiendo. 
Pero, señor Presidente, es lo de siempre: los grupos profesionales quieren protegerse contra los extranjeros e intentan aplicar medidas proteccionistas. 
Por desgracia, hemos de constatar que quedan algunos restos de proteccionismo en esta directiva, concretamente la investigación de si existe un equivalente, me refiero a un Cassis de Dijon, si hablamos ahora de confianza mutua. 
Se ha demostrado que existe un establecimiento limitativo de personas a título propio y nosotros somos partidarios de la igualdad de trato para todo el mundo en toda la Unión. 
Señor Presidente, para ello hemos presentado algunas enmiendas y las sometemos a la consideración de la ponente y del pleno. 
Declaro interrumpido el debate, que se reanudará a las 21.00 horas. 
Se procede al turno de preguntas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B40566/96) , dirigidas a la Comisión. 
Pregunta nº 40 formulada por Mark Killilea (H-0435/96): 
Asunto: Expiración del programa comunitario Helios 
¿Puede confirmar la Comisión que el programa comunitario Helios en favor de las personas minusválidas expira a final del año en curso? 
¿Puede confirmar también que ya se ha advertido al personal empleado en la oficina de Helios en Bruselas de que su contrato expira con el programa? 
¿Puede, asimismo, confirmar que no tiene la intención de renovar el contrato por otros 4 años y que no se ha propuesto ningún programa similar para sustituirlo? 
Teniendo en cuenta que, en un futuro próximo, no habrá un sucesor del programa Helios, ¿piensa la Comisión consultar a los grupos que trabajan en favor de las personas minusválidas, con el fin de conocer las actividades que desean que se lleven a cabo en el marco de un programa de seguimiento? 
¿Por qué no se ha consultado sobre estas propuestas? 
El programa de acción en favor de las personas minusválidas es el primero que la Comisión abandona a causa de los problemas relacionados con el artículo 235. 
¿Significa esto que la Comisión considera el problema de los minusválidos una cuestión secundaria? 
La Comisión se ha mantenido activa durante muchos años en la promoción de mejores condiciones de vida y de trabajo para personas minusválidas. 
Como se indicaba claramente en su Libro Blanco sobre el futuro de la política social y su actual programa de acción social, la Comisión se ha propuesto continuar fortaleciendo las contribuciones comunitarias en este ámbito. 
Ya se ha incrementado el potencial de los Fondos estructurales para ayudar a personas minusválidas. 
Además de la iniciativa por el empleo Horizon, se han destinado importantes recursos a las personas minusválidas a través de la corriente principal de los programas de los Fondos estructurales. 
Es evidente, por consiguiente, que son los Fondos estructurales, y de manera especial el Fondo Social Europeo, los que constituyen los principales instrumentos financieros a nivel comunitario para mejorar la situación de las personas minusválidas, y la Comisión está deseosa de continuar por este camino. 
En lo relativo al programa Helios, la decisión del Consejo de 25 de febrero de 1993 por la que se establecía el programa Helio II, preveía que el programa se desarrollaría durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1996. 
Por lo tanto, los contratos de los expertos exteriores que ayudan a la Comisión en la ejecución del programa, expirarán al mismo tiempo que el propio programa. 
El informe definitivo de evaluación sobre la aplicación y los resultados del programa Helios II no aparecerá hasta mediados de 1997. 
Pendiente de dicha evaluación, sería prematuro proponer cualquier otro programa del tipo Helios. 
La Comisión reconoce que el Parlamento Europeo, las ONG y, sobre todo, las personas minusválidas han depositado grandes esperanzas en la continuidad de los esfuerzos en este sentido. 
Por consiguiente, la Comisión emitirá en breve una comunicación en la que expondrá las líneas principales de su estrategia. 
Por último, en lo relativo a la consulta de los grupos que representan los intereses de las personas minusválidas, la Comisión reconoce plenamente el valor de las comunicaciones, de las prácticas y de la experiencia desarrollada en el marco del programa Helios, al igual que por las ONG y las redes europeas que se encargan del tema de las minusvalías. 
La Comisión se propone consolidar y seguir desarrollando sus lazos con estas últimas en un esfuerzo común para impulsar el desarrollo de políticas mejores y para aplicar las mejores prácticas en toda la Comunidad Europea. 
En este contexto, la Asamblea puede tener la seguridad de que la futura estrategia y cualquier nueva iniciativa será discutida con los grupos que representan a las personas minusválidas y, en particular, con el Foro Europeo de Personas Discapacitadas. 
Agradezco al Sr. Comisario su respuesta. 
Deseo felicitarle por la maravillosa labor que ha realizado para ayudar a las personas minusválidas desde que asumió su cargo y también por la reciente declaración de mayo relativa a los fondos que deben y pueden ser utilizados por los gobiernos nacionales para ayudar a las personas minusválidas. 
Quiero hacer algunas observaciones. 
¿No resulta bastante extraño que se haya esperado hasta el final del programa Helios para hacer una evaluación? 
¿No podía haberse hecho antes para que coincidiera con el final del programa? 
En ese caso, quizá de una manera distinta, aunque haciendo hincapié en la misma estrategia, habría sido posible aplicar el programa Helios bajo un nombre nuevo en el marco del programa principal que será anunciado por la Comisión en breve, como ha indicado el Sr. Comisario. 
Quisiera sugerir lo siguiente. 
A la hora de asignar los Fondos estructurales u otros programas importantes, es fundamental que se identifiquen las sumas de dinero destinadas a las personas con discapacidades físicas. 
(El Presidente interrumpe al orador) Lo siento, señor Presidente, pero estoy seguro de que usted, a diferencia del Consejo, puede dedicar unos momentos a las personas minusválidas y más necesitadas de nuestra sociedad. 
Agradezco a su Señoría su interés por este asunto. 
Puedo asegurarle que comparto su interés. 
Como sabrá, el programa expira a finales de diciembre. 
La evaluación total se realizará algunos meses más tarde. 
Naturalmente no se puede hacer una evaluación hasta que no concluya el programa. 
Debo decir al Sr. Killilea que disponemos de una evaluación provisional del programa Helios II que fue realizada por expertos independientes. Dichos expertos apuntaron a una serie de problemas. 
Por lo tanto, creo que es mucho mejor que en la próxima ocasión tengamos un programa con una dedicación real con el fin de aprovechar al máximo dicha evaluación y los detalles adicionales que aparezcan en la evaluación final. 
En cuanto a las finanzas, el programa Helios II fue diseñado para contribuir a la financiación del intercambio simultáneo de ideas entre todos los países de la Unión, por lo que es un complemento adecuado del Fondo Social Europeo, que también participa en la financiación de la acción innovadora de los Estados miembros. 
Estoy intentando que se llegue a un mejor entendimiento entre la financiación conjunta de redes internacionales y la financiación a nivel de iniciativas de los Estados miembros. 
Como sabe, en el anteproyecto de presupuesto se han destinado unos 6 millones de ecus con cargo a la partida B 34102 para 1997. 
Es una propuesta para el proyecto de presupuesto. 
Ya ha sido aprobada por la Comisión en su conjunto, pero ello no obliga a la Autoridad Presupuestaria. 
La competencia presupuestaria para gastos no obligatorios recae sobre el Parlamento, el cual podrá dictaminar en este sentido. 
Después de haber oído al Sr. Comisario, estoy más confuso que antes. 
Desearía que el Sr. Comisario respondiera a algunas preguntas. 
¿Es la minusvalía una prioridad para la Comisión? 
¿Habrá continuidad para el programa Helios II? 
A medida que el programa Helios II se acerca a su fin, tengo la impresión de que la Comisión se planteará qué puede hacer en el futuro con la esperanza de que el tema se olvide más tarde. 
¿Habrá continuidad? ¿Es una prioridad de la Comisión? 
Evitemos toda confusión sobre este asunto. 
La cuestión de las minusvalías y lo que puede hacerse para ayudar a las personas minusválidas es de la máxima prioridad para la Comisión. 
Quiero que todo el mundo lo entienda perfectamente. 
Ciertamente tenemos la intención de crear otro programa. 
Habrá continuidad de entendimiento y de consulta con las personas minusválidas. 
No queremos entrar en el programa siguiente hasta que hayamos completado la evaluación del programa actual. 
A ello se debe que nos tomemos el tiempo necesario para estudiar cuál es la mejor forma de avanzar y lograr la mejor sinergia posible. 
Es un asunto de la máxima prioridad y, por ese motivo, no vamos a permitir una continuación de lo que se ha venido haciendo hasta ahora debido a las incertidumbres que se han detectado en el informe provisional. 
Yo también deseo expresar mi agradecimiento al Comisario por su labor en el ámbito de las minusvalías y, en particular, deseo expresar mi satisfacción por su compromiso de involucrar a las ONG que operan en este campo, especialmente, el Foro Europeo de Personas Discapacitadas. 
El Comisario ha mencionado que es una prioridad de la Comisión. 
Creo que todo el mundo reconocerá que eso es cierto. 
¿En sus negociaciones con la Presidencia italiana y con la Presidencia entrante irlandesa, ha obtenido algún compromiso de las mismas en el sentido de que también será una prioridad para el Consejo? 
En segundo lugar, ¿existe alguna posibilidad de eliminar los bloqueos que se han producido a causa del artículo 235 por parte de los Estados miembros, en particular, en el caso de los programas destinados a aliviar las trampas de pobreza en las que han caído las personas minusválidas debido a la escasez de empleo a nivel nacional? 
De no ser así, ¿cuáles son las propuestas del Consejo- especialmente de la Presidencia entrante irlandesa, si es que existe alguna- en lo relativo a la aplicación de un nuevo artículo que garantice la realización de estos programas de acción social? 
En primer lugar, debo confirmar aquí que no he oído nada que haga pensar que la Presidencia italiana o la Presidencia entrante irlandesa vayan a dar menor prioridad a las personas minusválidas o a las medidas destinadas a ayudarlas. 
Por el contrario, sólo he oído observaciones muy favorables en todo momento sobre lo que se puede hacer. 
Continúa la situación en lo que respecta al artículo 235, como ha mencionado su Señoría, y debo decir que dicho artículo 235 es el único fundamento jurídico posible para emprender las acciones que se llevan a cabo bajo el actual programa Helios. 
La Asamblea conoce perfectamente las dificultades que hemos tenido con algunos programas sociales en lo que se refiere a la aplicación del artículo 235. 
Debo declarar aquí que los servicios jurídicos del Consejo han confirmado el principio de aplicar el artículo 235 para alcanzar objetivos del Tratado en aquellos casos en que no exista un fundamento jurídico específico. 
Debe observar asimismo que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos del Parlamento Europeo hizo una recomendación similar cuando hablamos sobre el programa para las personas de edad avanzada, ya que no existía ninguna alternativa jurídica adecuada. 
Por ello, me di por satisfecho de que el artículo 235 es suficiente y adecuado en dichas circunstancias. 
Puede tener la certeza de que no se escatimarán esfuerzos para promover este asunto con la mayor eficacia posible bajo la Presidencia irlandesa. 
Pregunta nº 41 formulada por Ivar Virgin (H-0412/96): 
Asunto: Cierre de centrales nucleares en el interior de la UE por motivos de seguridad 
¿Están todos los reactores nucleares de la UE equipados con un sistema de filtros para reducir la presión, que hace posible que, incluso en el caso de un accidente grave, la población no corra ningún peligro? 
¿Existen motivos para cerrar algún reactor en la UE por motivos de incumplimiento de las normas de seguridad? 
¿Existen elementos de seguridad que induzcan a la Comisión a considerar la posibilidad de recomendar el cierre de un reactor en algún país? 
Hay distintos tipos de medidas, sistemas y procedimientos de seguridad que son necesarios para limitar la influencia de un accidente grave sobre el revestimiento de un reactor, según el tipo de reactor y la legislación nacional vigente en este ámbito. 
Estas medidas han sido planificadas en todas las centrales nucleares de la Comunidad en las que puede haber riesgo de sobrepresión en el revestimiento. 
Las autoridades nacionales de seguridad nuclear son responsables del cumplimiento de las normas de seguridad vigentes en cada país. 
Todos los Estados miembros que tienen centrales nucleares disponen de autoridades de seguridad nuclear independientes y competentes que permiten la puesta en marcha de las centrales y, en caso de necesidad, dan orden de cerrar las plantas. 
Por este motivo, la Comisión no tiene planes en este momento para recomendar el cierre de ninguna central nuclear en la Comunidad. 
Agradezco la respuesta. 
La razón que la motiva es que, en relación con el intenso debate celebrado en Suecia a principios de los años 80 tras el accidente de Harrisburg, se decidió realizar unas inversiones en seguridad nuclear de las instalaciones del tipo que menciono en mi pregunta, de sistemas de filtros para reducir la presión. 
Puesto que la cuestión sobrepasa innegablemente el carácter nacional, considero razonable que la Comisión se muestre activa en estos aspectos. 
Por tanto, pregunto si la Comisión apoya activamente los planes de realizar este tipo de inversiones relativas a la seguridad en otros países. 
Mi opinión es que el pueblo sueco tiene una actitud confiada con respecto a la energía nuclear, precisamente a causa de estas inversiones en la seguridad de las instalaciones, actitud que no tendría, o apenas, si no se hubiesen realizado. 
Estoy de acuerdo con el autor de la pregunta, el Sr. Virgin, en que es importante que la población confíe en lo que se hace en relación con el desarrollo nuclear, y no cabe duda de que las medidas de seguridad desempeñan un papel importante. 
No obstante, mediante distintas resoluciones aprobadas en diferentes fechas hemos logrado un reconocimiento mutuo de las normas nacionales en cooperación con los Estados miembros. 
Eso quiere decir que ha tenido lugar, en muchos aspectos, una especie de formalización de una posición común en cuanto a los temas de seguridad importantes. 
Pregunta nº 42 formulada por Anita Pollack (H-0448/96): 
Asunto: Posible guerra comercial entre Italia y los Estados Unidos de América 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión en lo relativo a la amenaza estadounidense de dejar de importar todos los productos de la pesca procedentes de Italia a partir del 28 de julio si Italia no suprime totalmente en el uso ilegal de redes de enmalle de deriva? 
El 28 de marzo de 1996, a raíz de un dictamen del Departamento estadounidense para el comercio internacional, los Estados Unidos identificaron a Italia como país que practica la pesca a gran escala utilizando redes de enmalle a la deriva en aguas internacionales. 
Como resultado, es posible que se apliquen sanciones contra Italia. 
Los procedimientos internos de los EE.UU. conceden un plazo de 30 días, a partir del 28 de marzo, para realizar consultas entre los Estados Unidos e Italia, con una prórroga de 90 días para llegar a un acuerdo. 
Ante la falta de acuerdo, los Estados Unidos disponen de 45 días para aplicar las sanciones, lo que llevaría el calendario del procedimiento hasta comienzos de septiembre. 
La Comisión ha enviado una protesta diplomática al Departamento estadounidense sobre este tema, en la que se declara que la Comunidad comparte la preocupación de los EE.UU. por la muerte accidental o las lesiones graves ocasionadas a mamíferos marinos que quedaron atrapados durante la pesca con redes de enmalle a la deriva, ya sea a gran escala o no, pero reitera la oposición de la Comunidad a la aplicación extraterritorial de la jurisdicción estadounidense. 
La Comunidad subraya asimismo que este tipo de sanciones comerciales unilaterales son contrarias a los principios básicos de la OMC y a las obligaciones de los Estados Unidos en el marco de dicha organización. 
La Comunidad se reserva sus derechos en virtud de la OMC, en caso de que dichas sanciones comerciales sean llevadas a efecto por los Estados Unidos. 
Doy las gracias al Sr. Comisario por su respuesta bastante previsible. 
Me pregunto si habría acudido al Parlamento con este tema de no haberse formulado la pregunta. 
Estamos hablando aquí de productos por valor de mil millones de dólares USA, entre los que se incluyen joyas y perfumes, además de productos de la pesca. 
Necesitamos conocer realmente cuáles son las implicaciones de los acuerdos comerciales multilaterales. 
¿Considera la Comisión que podría ser de utilidad intentar persuadir a Italia a que ponga fin al uso ilegal de redes de enmalle a la deriva? 
A pesar de que tenemos un reglamento de la UE que limita las redes de enmalle a la deriva a 2, 5 kilómetros de longitud, ¿tiene conocimiento la Comisión de que la flota italiana de pez de espada utiliza redes de hasta 20 kilómetros? 
Estudios científicos demuestran que se utiliza menos de 1/5 de las especies que quedan atrapadas en las redes, mientras que el resto de la captura suele devolverse al mar cuando ya ha muerto. 
¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para persuadir a Italia de que debe poner fin a este lamentable estado de cosas? 
La Comisión ha iniciado procedimientos de violación del Tratado contra Italia en virtud de su artículo 169. 
Este asunto volverá a ser planteado ante las autoridades italianas en breve. 
De no ser así, la Comisión procederá a llevar el caso al Tribunal de Justicia de la forma habitual. 
Como ya ha indicado la Sra. Pollack, existe en este asunto un riesgo cierto para el mercado comunitario del pescado, pues las cantidades en juego, a causa de la prohibición de importar en el mercado americano, superan los 100.000 millones de pesetas. 
Hay que tener también en cuenta que la misma organización que ha llevado el tema al Tribunal internacional de comercio americano, está también investigando las actividades de las flotas pesqueras comunitarias que utilizan redes de enmalle a la deriva usadas por otros Estados miembros en el Atlántico. 
Por tanto, ¿no debería la Comisión tomar ese asunto seriamente y pensar que la solución a estas posibles sanciones- que pueden afectar gravemente al mercado comunitario del pescado- es la no utilización de estas artes que, por su utilización ilegal, pueden ocasionar un perjuicio importante para todo el mercado comunitario del pescado? 
La situación es la siguiente: según la legislación estadounidense, si no se resuelve el problema, los Estados Unidos aplicarían, y tienen facultad para ello, sanciones contra los productos marinos procedentes del Estado miembro en cuestión, es decir, de Italia. 
No lo consideramos justificable por los motivos que he expuesto, y nos reservamos el derecho de emprender acciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio para hacer frente a la problemática en caso de que ésta surja, aunque no ha sido el caso hasta ahora. 
Espero que no surja, porque también opinamos que la acción que ha tenido lugar es contraria al Derecho comunitario, y es precisamente por ese motivo por el que hemos iniciado procedimientos de violación contra Italia. 
Comparto la preocupación manifestada por la violación del Derecho y, por consiguiente, espero sinceramente que Italia resuelva el tema y evite con ello la necesidad de seguir con el procedimiento emprendido y, naturalmente, para que las sanciones de los Estados Unidos tampoco procedan. 
Asunto: Disposiciones relativas a la normalización y certificación 
¿Cómo evalúa la Comisión los efectos en la libre competencia de la multitud de disposiciones relativas a la normalización y certificación en la Unión Europea y qué medidas piensa adoptar en este ámbito? 
¿Cómo garantiza la Comisión la conformidad comunitaria de una norma que no corresponde a los «requisitos básicos» de las directivas, pero cuyo fundamento está publicado en el Diario Oficial? 
Señor Presidente, las disposiciones normalizadoras son, en principio, normas privadas, es decir, las elaboran las organizaciones de normalización y no suelen tener carácter coercitivo. 
Naturalmente, la Comisión puede adoptarlas e integrarlas en normas de seguridad, y en tal caso adquieren un carácter coercitivo, pero esto sólo ocurre en contadas ocasiones. 
Por supuesto que la coexistencia de normas privadas distintas es perjudicial. Por esta razón hemos creado las tres organizaciones de normalización: CEN, CENELEC y ETSI, cuyo trabajo se ha intensificado de manera considerable. 
Al principio, la elaboración de estas normas europeas, que debían sustituir a un gran número de normas nacionales, se desarrollaba con lentitud. 
Téngase en cuenta que cada norma debe prepararse técnicamente. 
Con el paso del tiempo, estas organizaciones han llegado a funcionar con gran eficacia. 
En la actualidad se elaboran más de 1000 normas europeas al año, lo que supone más de 4 normas por día laborable. La suma es considerable si se tiene en cuenta que a veces requieren difíciles preparaciones técnicas. 
Tampoco es que el número sea excesivo, ya que estas normas sustituyen a su vez a un gran número de normas nacionales. La colaboración con las organizaciones de normalización nacionales es también muy buena. 
La denominación CE, que no es una norma de calidad, sino que sólo da fe de que los productos se ajustan a las normas europeas, se acepta cada vez más y repercute también en los procedimientos de certificación, que se amoldarán a las exigencias del mercado interior. 
En principio, las normas elaboradas por las organizaciones no tienen defectos técnicos. 
El examen que expertos independientes hacen de estas normas garantiza también este extremo. 
En el caso de que, excepcionalmente, una norma no sea conforme con determinados «requisitos básicos» , la Comisión comprueba sus defectos y, respetando el procedimiento de consultas vigente, la retira. 
Señor Comisario, le agradezco la respuesta a mi pregunta. 
Según reiteradas informaciones, a la hora de patentar sus inventos, muchas PYME se asustan ante los obstáculos que representan los trámites técnicos y, sobre todo, los costes financieros requeridos por las instituciones competentes. 
¿De qué medios dispone la Comisión para conseguir que los Estados miembros reduzcan su burocracia, para que no perjudiquen la competitividad de las empresas europeas frente a las japonesas y norteamericanas y para animarlas a desarrollar nuevas técnicas e innovaciones productivas? 
Para empezar, hay que distinguir, a mi juicio, entre normas y patentes. 
La sujeción a las normas conlleva, por supuesto, una gran ventaja para las pequeñas y medianas empresas, porque así pueden compensar en parte las desventajas que tienen, como empresas pequeñas, en las licitaciones. 
Para conseguir una mayor y más fácil aplicación de las normas por parte de las pequeñas y medianas empresas, trabajamos en estrecha colaboración con una asociación, fundada por las PYME, destinada a garantizar las difusión de las normas y el sometimiento de la producción a las mismas. 
Creo que de esta manera conseguiremos que cada vez sean más las PYME que apliquen las normas. 
Las patentes son, por otra parte, algo completamente distinto. 
No sé si ha sido un lapsus linguae, pues las patentes no tienen nada que ver con las normas. 
Una patente tiene, naturalmente, que someterse a ciertos procedimientos para ser reconocida, tanto a nivel nacional como en el caso de la Oficina Europea de Patentes, que reemplaza cada vez más a las instituciones de patentes nacionales. 
Es verdad que las tasas son a veces relativamente altas. Donde nosotros tenemos influencia, en la Oficina Europea de Patentes, esto se debe a que tiene que financiarse exclusivamente mediante tasas. 
El Parlamento Europeo otorga gran importancia a que estas instituciones se financien con sus propios ingresos. Se trata, por tanto, de una carga financiera que no podemos reducir. 
Señor Comisario, ¿en qué medida trata la normalización europea de cooperar con la normalización internacional? Nos consta que más del 40 % de las normas europeas se reconocen como normas internacionales. 
¿No deberíamos entonces ir más allá de las tres organizaciones de normalización europeas y prestar más atención a la red mundial de normalización, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones? 
El señor diputado tiene toda la razón. 
Realmente, es lo lógico. 
Lo ideal sería tener normas válidas para todo el mundo. 
En muchos sectores contamos ya con un mercado global. Usted ha mencionado, con razón, las telecomunicaciones. 
Por ello, nos esforzamos, conjuntamente con las tres organizaciones europeas de normalización, en conseguir que estas normas lleguen a ser mundiales. 
Existen dos vías para alcanzar este objetivo. Una es la colaboración con las organizaciones internacionales de normalización. 
Somos los más activos en este sector. 
La Unión Europea aporta casi el 80 % de los trabajos de estas organizaciones y también los recursos financieros necesarios. 
Al principio me pareció imposible que la cifra pudiera ser tan elevada, pero en una reunión con nuestros colegas norteamericanos (que siempre se quejan de que empleamos nuestras normas como una especie de protección) , examinamos la actividad de las organizaciones internacionales de normalización y el resultado fue que los europeos aportan la mayor parte del trabajo. 
Existe también otra vía, que es muy eficaz. Es el caso de las normas que, en la práctica, han conseguido implantarse en el mercado. 
El mejor ejemplo de esta vía es el GSM, el sistema mundial para las comunicaciones móviles. 
Cuando una norma semejante se implanta en un mercado, a renglón seguido se traslada al mercado global. Nosotros esperamos que muchas de las normas que estamos elaborando para este nuevo sector de las telecomunicaciones se impongan también globalmente. 
La pregunta nº 44 ha sido retirada. 
Asunto: Política de la Comisión y criterios con respecto a la necesidad de que las ONG cuenten con presencia europea en los países en que trabajan 
Numerosas ONG actúan en países en vías de desarrollo a través de organizaciones locales, en reconocimiento y apoyo a la experiencia y capacidad que existe en dichos países. 
La Comisión Europea ha apoyado en el pasado este enfoque y ha instado a las ONG europeas para el desarrollo a colaborar con sus homólogas locales. 
En los ámbitos de ayuda alimentaria, reconstrucción y desarrollo a largo plazo, la Comisión ha subrayado en numerosas ocasiones la importancia de la sociedad civil y las iniciativas privadas en los países en vías de desarrollo. 
No obstante, en otras ocasiones los servicios de la Comisión han rechazado solicitudes presentadas por las ONG europeas para el desarrollo, aduciendo que estas organizaciones no cuentan con suficiente presencia de europeos en el país afectado. 
¿Qué criterios sigue la Comisión para determinar si es necesaria la presencia de europeos en una ONG europea que actúa en un país específico? 
¿Qué ventajas se derivan para la Comisión y para los programas de las ONG de la utilización de personal europeo, en comparación con el personal de las organizaciones locales? 
¿Está de acuerdo la Comisión en que, a la luz de los debates sobre la correlación entre la ayuda urgente, la reconstrucción y el desarrollo a largo plazo, el trabajo a través de las organizaciones locales las fortalece, lo que representa un valor añadido? 
Señor Presidente, la Comisión comparte enteramente la opinión del Sr. Macartney de que es importante fortalecer las organizaciones locales y valorizar su papel para garantizar, en particular, la articulación entre situaciones de emergencia, rehabilitación y desarrollo. 
La importancia de este aspecto se ha puesto de relieve en particular en la reciente comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre este mismo asunto. 
De forma general, la Comisión tiene en cuenta, lo más ampliamente posible la necesidad de fortalecer y hacer participar a los interlocutores sociales en la ejecución de los diferentes instrumentos financieros. 
En ese marco, la organización no gubernamental debe aprovechar, en la medida de lo posible, los recursos humanos locales, cosa que, por lo demás, establecen las condiciones generales de cofinanciación para la ejecución de proyectos de desarrollo estructural. 
Es evidente que ese planteamiento debe modularse en función de los objetivos concretos de las diferentes rúbricas presupuestarias y de las condiciones in loco. 
Al evaluar las necesidades en materia de cooperantes extranjeros para un proyecto determinado, la Comisión tiene en cuenta el objetivo del propio proyecto, la capacidad logística y técnica del país respecto de la acción prevista, la experiencia y la capacidad de gestión financiera de los beneficiarios. 
Así, en situaciones de emergencia o durante la fase de rehabilitación en países que acaben de salir de crisis graves y cuya estructura política, económica y social haya sufrido perturbaciones profundas puede ser necesario contar con una presencia más fuerte de cooperantes extranjeros que, por ejemplo, en una fase normal de desarrollo. 
El recurso a ese personal extranjero va normalmente acompañado de un componente de formación del personal local para garantizar la viabilidad del proyecto a medio o largo plazo después de la partida de los cooperantes extranjeros. 
No sé si puedo sentirme tranquilo o no por la respuesta del Sr. Comisario. 
Parece estar diciendo todas las cosas acertadas. 
Si me permite aclararlo un poco, ¿ha dicho realmente que, si todo lo demás es igual, él preferiría depender de personal local en las ONG, en vez de tener a europeos actuando como guardianes, que supongo es ésa la impresión que se tiene? 
Pregunto esto porque, después de muchos años de descolonización, continúa existiendo la impresión en algunos países de que la Unión Europea no ha cambiado su actitud fundamental. 
Espero estar equivocado y quizá el Sr. Comisario pueda confirmar que estoy equivocado al respecto. 
Permítame asegurarle que está en lo cierto en cuanto a sus temores, pero se equivoca en las conjeturas que saca. 
En 1995, de los 67 proyectos que se financiaron con cargo a las líneas presupuestarais que se ocupan principalmente de casos de rehabilitación y gestión de crisis, sólo siete entraban en la categoría a la que usted se ha referido en su pregunta, en los que hizo falta personal de refuerzo europeo. 
La causa fue que la administración era un desastre y resultaba imposible llevar a cabo algunos proyectos esenciales, si no aportábamos algo de experiencia por nuestra parte. 
Pero la norma es que a menos que exista un homólogo local- siempre intentamos que sea la principal fuerza del proyecto- simplemente no financiamos las ONG europeas. 
Es una norma muy firme. 
Verá que en el informe que presentaremos al Consejo y al Parlamento a comienzos del año próximo, esta condición se presenta como uno de nuestros principales objetivos. 
Gracias por la pregunta, porque es importante. 
Pregunta nº 46 formulada por Marianne Eriksson (H-0461/96): 
Asunto: Política de ayuda al desarrollo 
Los países más pobres, en su mayoría países ACP situados al sur del Sáhara, se benefician de una proporción cada vez menor de la ayuda al desarrollo que brinda la UE. 
El hecho de que ésta conceda la prioridad a la ayuda al desarrollo de los países de la Europa Central y Oriental y a los de la cuenca mediterránea redunda en detrimento de los Estados más pobres. 
¿Cuáles es la postura de la Comisión con respecto a este problema? 
¿Tiene intención la Comisión de adoptar medidas encaminadas a modificar esta situación? En caso afirmativo, ¿de qué medidas se trata? 
Señor Presidente, la ayuda concedida por la Unión Europea a los países del África subsahariana está compuesta, como se sabe, de recursos establecidos en el presupuesto de la Unión y por el Fondo Europeo de Desarrollo, que actualmente, como también se sabe, y contra la voluntad de la Comisión, aún no va incluido en el presupuesto comunitario por la negativa al respecto del Consejo. 
Las autorizaciones concedidas en el ámbito del Fondo Europeo de Desarrollo no han cesado de aumentar. 
En el VI Fondo ascendieron a 7.500 millones de ecus, pasaron a ser 10.900 millones en el VII Fondo y 12.800 millones de ecus en el VIII Fondo Europeo de Desarrollo. 
Es decir, que del anterior Fondo Europeo de Desarrollo al actual ha habido un aumento de casi el 20 %. 
La parte representada por el Fondo Europeo de Desarrollo en el conjunto de la ayuda exterior de la Comunidad se ha mantenido estable desde 1991 en cerca del 45 % de toda la ayuda exterior comunitaria. 
Eso es importante y tanto más cuanto que, de los 48 países menos adelantados determinados por las Naciones Unidas, 40 forman parte del grupo ACP y, por tanto, son financiados, desde el punto de vista de la ayuda exterior, por el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Por lo que se refiere al presupuesto de la Unión, la importancia atribuida a los países ACP y, más en particular, a los países más pobres en el ámbito de las políticas de ayuda y cooperación tampoco ha disminuido en el transcurso de los últimos años. 
En efecto, el Consejo Europeo de Cannes estableció un reparto de los recursos entre los diferentes grupos geográficos: los países de la Europa central y oriental, el Mediterráneo, los países ACP, Asia, América Latina, la antigua Unión Soviética y la antigua Yugoslavia. 
Dicho reparto estará en vigor hasta 1999 y nada permite suponer que vaya a modificarse la situación en detrimento de los recursos asignados a los países ACP. 
La ayuda de la Unión Europea a los países de la Europa central y oriental es, en efecto, importante y ha aumentado de forma continua desde 1990. 
También en el ámbito del nuevo partenariado euromediterráneo los recursos para la región del Mediterráneo aumentarán en gran medida. 
Pero eso no ha redundado- quisiera subrayarlo- en detrimento de los países ACP. 
Como he citado cifras, quisiera subrayar que, expresado en dólares, que es la moneda normalmente usada en la cooperación para la ayuda al desarrollo, el salto del 7º al 8º FED es de casi un 50 %. 
Y si lo expresamos en monedas locales, es decir, según la capacidad adquisitiva local, es bastante superior al 50 %. 
En otras palabras, señoras y señores diputados, puedo decir, con cierta seguridad, que el número de proyectos que la Unión Europea podrá financiar en el ámbito del VIII Fondo Europeo de Desarrollo, experimentará probablemente un aumento del 50 % en comparación con el VII Fondo Europeo de Desarrollo. 
Le agradezco su respuesta. Debo decir que la esperaba. 
El motivo de que haya planteado esta pregunta es, entre otras cosas, que el Gobierno sueco ha decidido hacer recortes en su política de ayuda al desarrollo en nuestro país, motivándolos con que ya existe un programa de ayudas dentro de la UE. 
En base a esto he analizado las ayudas de la UE. 
Aunque estoy de acuerdo con el Comisario en que no se han dado grandes cambios en el dinero entregado en efectivo, observo que lo que ha dado la Unión Europea ha sido en concepto de ayudas en caso de catástrofes, lo cual se ha hecho a coste de los proyectos de desarrollo más a largo plazo. 
Por tanto, pienso que mi pregunta sigue sin responderse. 
¿He interpretado bien a la Comisión, y está de acuerdo conmigo, y en tal caso, cómo piensa trabajar la Comisión para mejorar la situación de los veinte países más pobres en la actualidad? 
El total del gasto público que la comunidad internacional destina a ayudas ha descendido durante la última década, no porque la Unión Europea o sus Estados miembros hayan reducido su aportación- por el contrario, la hemos incrementado -, sino porque algunos de los donantes más importantes, como los Estados Unidos de América, han reducido considerablemente su contribución, y también porque los japoneses, que eran otro de los principales contribuyentes decidieron reducir sus compromisos de ayuda tras el terremoto de Kobe. 
El segundo aspecto que me gustaría subrayar es que el enfoque multilateral no es un substituto de algunos de los enfoques bilaterales. 
En ese sentido, he venido instando a los Estados miembros a que coordinemos nuestros esfuerzos y encontremos las formas de trabajar unidos, y para que no decaiga el esfuerzo bilateral que ha sido crucial en muchos países y lugares por muchos motivos diferentes. 
Los países nórdicos, en especial, han dado ejemplo de una excelente cooperación, especialmente en los países ACP y a través de algunas de las mejores ONG que trabajan en dichos países. 
Espero, por consiguiente, que Suecia, como uno de los principales países que ha seguido esa política, continúe haciéndolo en el futuro. 
Existe un segundo aspecto que afecta a los países más pobres. 
La Comisión ha decidido que los fondos destinados provisionalmente para los próximos cinco años deben permitir un mayor incremento para los países más pobres- los más pobres de entre los pobres. 
Con dicho fin hemos establecido un sistema que garantiza que ninguno de los países más pobres recibirá un incremento menor del 25 % de su financiación con cargo al FED. 
Lo más probable es que reciban un 50 % más durante los próximos cinco años en lo que se refiere al sobre financiero del FED. 
¿Por qué lo hemos hecho? 
Entre otros motivos, porque tenemos dos tranches en el gasto del FED. 
En principio, los países más pobres tendrán menos capacidad para absorberla, y por ello saldrán mejor parados si asignados fondos adicionales en la distribución de la segunda tranche. 
Al crear este desequilibrio en favor de los países más pobres al comienzo, hemos intentado asegurarnos de que no destruimos el equilibrio general al final del próximo FED. 
Actualmente no sólo la cantidad de recursos disponibles es crucial, sino también su coordinación. 
Por ello la Comisión ha emprendido un enorme esfuerzo de coordinación con los Estados miembros y otros donantes internacionales, a saber, el Banco Mundial que, como sabemos, es uno de los donantes más importantes y también con agencias de las Naciones Unidas, tales como UNCTAD, UNIDO, UNICEF, FAO y otras. 
Es una política deliberada que ya ha comenzado a dar frutos. 
Volveré en septiembre, cuando finalice el seminario que celebraremos con el Banco Mundial, para informar sobre la acción común que decidamos emprender con el fin de maximizar los recursos disponibles para ayudar a los países ACP. 
Asunto: Monopolio de Microsoft 
¿Es la Comisión consciente de que Microsoft está aprovechando su posición de monopolio en el mercado informático de los soportes lógicos en detrimento de los proveedores y usuarios europeos? 
Tras haber obtenido una cuota de alrededor del 80 % del mercado en ese tipo de soporte lógico, Microsoft disfruta de un dominio incontestable en el sector. 
Según la revista «Personal Computer World» , el gigante informático de los soportes lógicos vende copias de Microsoft Office a proveedores estadounidenses por un precio de sólo 80 dólares estadounidenses, mientras que por el mismo paquete cobra 140 libras esterlinas, casi el doble del precio estadounidense, a los competidores británicos y probablemente a otros europeos. 
La gran demanda de Microsoft Office, que incluye el procesador de texto WORD y la base de datos EXCEL, entre los consumidores limita la capacidad de competencia de los proveedores británicos, y por tanto europeos, y supone un desvío de actividades comerciales a los Estados Unidos. 
¿Qué acciones tiene previsto adoptar la Comisión para poner fin a un ejemplo tan evidente de establecimiento de precios abusivos que incumple claramente el espíritu de las negociaciones del GATT? 
La Comisión comparte la inquietud de su Señoría por el comportamiento de las empresas dominantes y sentimos especial preocupación en aquellos casos en que el comportamiento abusivo por parte de una empresa dominante puede mermar la capacidad competitiva de sus clientes europeos. 
Actualmente se está discutiendo con la dirección de Microsoft, que parece ser el proveedor principal, hasta qué punto es lícito establecer precios distintos para los diferentes cliente, y otros aspectos de sus contratos de licencia con los fabricantes de ordenadores. 
Agradezco la información del Sr. Comisario de que se está discutiendo este asunto, porque me parece ser un caso flagrante de una política de precios abusivos que viola claramente el espíritu de las negociaciones del GATT. 
Si son ciertas las acusaciones que hace la revista Personal Computer World- la cual ha demostrado ser muy valiente, en vista de la posible pérdida de anunciantes -, nos lleva a pensar que esta práctica está más extendida de lo que debería. 
De hecho, es posible que no sea éste el único caso de política de precios abusivos por parte de esta compañía específica. 
No creo que exista ningún modo de evitar que este excelente producto sea la norma de los soportes lógicos para oficina en Europa. 
Todos los intentos de promover alternativas europeas a dicho producto serán probablemente una pérdida de dinero, porque es un producto muy bueno que goza de un gran éxito entre los consumidores. 
Pero es posible que tengamos más éxito si recurrimos a la presión, a la publicidad adversa y, quizá, a sanciones financieras para luchar contra esa política de precios abusivos. 
Cualquier garantía que la Comisión pueda dar a la Asamblea de que se tomarán dichas medidas, una vez demostrada su veracidad, sería acogida con gran satisfacción. 
Como he dicho, estamos discutiendo este asunto con la dirección de Microsoft. 
Antes de sacar ninguna conclusión, tenemos que tener muy presente el hecho de que, en primer lugar, la información sobre los precios de que disponemos es de carácter confidencial. 
Pero, por otra parte, ya hemos analizado una serie de derechos, y existen grandes diferencias. 
No es oportuno ahora sacar conclusiones precipitadas. 
Necesito conocer una serie de situaciones muy diferentes que requieren un análisis más minucioso. 
Por otro lado, no debemos olvidar, una vez más, antes de sacar conclusiones precipitadas, que existen tarifas diferentes para servicios diferentes. 
No basta con limitarse a comparar dos cifras. 
Por ello, le ruego que acepte que hoy no puedo ser más explícito. 
Pero confirmo que la Comisión está discutiendo este asunto con la confidencialidad y la determinación necesarias para descubrir lo que está sucediendo realmente. 
Pregunta nº 48 formulada por Pat Gallagher (H-0390/96): 
Asunto: Procedimientos de licitación para las concesiones de teléfonos móviles 
Respecto a la adjudicación de una segunda concesión de teléfonos móviles en Irlanda, ¿puede la Comisión confirmar la exactitud de la declaración del Ministro irlandés de Transporte, Energía y Comunicaciones formulada en Dall Eireann el 22 de noviembre de 1995 sobre la intervención de la Comisión Europea en la adjudicación de la segunda concesión de teléfonos móviles, que incluye el siguiente comentario del Ministro: » Se puso un límite de 15 millones de libras a los derechos, entendiéndose que Aircell pagaría también 10 millones. Esto llevó a la aprobación anticipada del proceso de selección por la Comisión»? 
¿Cuál es el punto de vista de la Comisión sobre el contenido de las cartas enviadas por el Departamento irlandés de Transporte, Energía y Comunicaciones en junio y el 5 de julio de 1995 a los candidatos al segundo procedimiento de licitación de teléfonos móviles y sobre el hecho de que la Unión Europea y el citado Departamento de Transportes, Energía y Telecomunicaciones había fijado un «derecho de entrada» de 15 millones de libras para el nuevo operador? 
Para comprender la participación de la Comisión en los procedimientos de licitación irlandeses, es necesario recordar que la Comisión abrió un procedimiento formal relativo al mantenimiento del monopolio del GMS en Irlanda en mayo de 1994. 
El 8 de marzo de 1995, el ministro Lowry confirmó que habían concluido todos los trabajos preliminares para abrir el mercado del GSM a la competencia. 
Mediante carta de 27 de abril de 1995, la Comisión puso en la atención del ministro ciertas condiciones de la convocatoria para la presentación de ofertas que parecían ser discriminatorias. 
El problema principal era la suma que los solicitantes fueron invitados a abonar por los derechos según la cláusula 19. 
Se explicó que dicha opción resultante en una tarifa que sólo se impone sobre el segundo operador puede distorsionar de manera importante la competencia y favorecer la extensión de la actual posición dominante de la organización de telecomunicaciones titular. 
Al mismo tiempo, la Comisión hizo hincapié en que no estaba del todo claro de la documentación sobre competencia facilitada por las autoridades irlandesas si Telecom Eireann, que ya ofrecía sus propios servicios GSM, debía también abonar la misma suma como si de un nuevo competidor se tratara. 
La carta de la Comisión mencionaba asimismo que un pago inicial semejante conduciría a una subida de las tarifas para recuperar el dinero abonado, haciendo con ello más inaccesible el servicio móvil y restringiendo el acceso de los consumidores al mercado, lo cual es contrario al objetivo de la Recomendación del Consejo 87/378. 
A raíz de dicha carta, los representantes del Gobierno irlandés propusieron, durante una reunión bilateral celebrada en Bruselas, fijar un límite para el pago inicial e imponer un pago similar a Telecom Eireann. 
La Comisión estimó que si se aplicaba dicho enfoque, junto con medidas adicionales como el derecho a crear su propia infraestructura, no existía ningún fundamento para emprender medidas adicionales, de conformidad con el apartado 1 del artículo 90 en conjunción con el artículo 86, cualquiera que fuera la tarifa impuesta sobre el segundo operador. 
El papel de la Comisión no es elegir un enfoque determinado, sino garantizar que el enfoque elegido se ajusta a las normas del Tratado. 
Durante dichas conversaciones bilaterales se decidió suspender el procedimiento de presentación de ofertas hasta la confirmación oficial de la Comisión de 14 de julio de 1995. 
A partir de dicha fecha, la Comisión no ha tomado parte en ninguna de las etapas siguientes del proceso de selección. 
La Comisión no ha sido consultada sobre las cartas de junio y de 5 de julio de 1995 que su Señoría menciona en su pregunta. 
Agradezco al Sr. Comisario su minuciosa respuesta. 
Quisiera decirle que en Irlanda existe preocupación por la adjudicación de la segunda concesión de teléfonos móviles. 
Es un elemento clave de nuestra estrategia de telecomunicaciones. 
Existe confusión sobre el papel de la Comisión y me alegra que el Sr. Comisario lo haya aclarado esta tarde, en vista de la correspondencia de las autoridades irlandesas en la que indican que la Comisión ha sido la causante del retraso producido en el procedimiento. 
Deseo preguntar al Sr. Comisario si es habitual que la Comisión participe en la fijación de un límite de las tarifas como dan a entender las autoridades irlandesas. 
La respuesta de esta noche es importante a la luz de la especulación que ha existido en medios políticos y de comunicación en Irlanda durante los últimos meses. 
¿Podría confirmar el Sr. Comisario si la Comisión puede haberse visto envuelta de algún modo en el retraso del proceso? 
En primer lugar, permítame recordar que es nuestro deber intentar convencer a los gobiernos de que no deben imponer una tarifa para los nuevos operadores. 
Pero si un gobierno lo hace- lo cual no sólo ha sucedido en Irlanda, sino también en Bélgica, Italia y España -, evidentemente la Comisión pide a las autoridades que sean equitativas e impongan las mismas tarifas al operador titular, que generalmente se encuentra ya en el mercado. 
Pero ésta es la segunda mejor elección porque, a fin de cuentas, es el consumidor el que paga la factura. 
Una vez más, si un gobierno elige un enfoque distinto, éste debe ser equitativo. 
A la luz de nuestras observaciones, el Gobierno irlandés se mostró dispuesto a fijar un límite de las tarifas. 
Fue un intento de limitar- según lo expresó él mismo- la factura que debe pagar el consumidor, porque nuestra primera preocupación es que exista competencia, y que gracias a la competencia mejore el servicio al consumidor y tengamos las tarifas más atractivas. 
Asunto: Aplicación de las directrices sobre ayuda al empleo 
El 12 de diciembre de 1995, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas publicó las directrices sobre ayuda al empleo. 
Éstas prevén una serie de excepciones a las normas de competencia y a las normas referentes a las ayudas estatales a empresas en favor de determinados grupos de desempleados que difícilmente encuentran empleo. 
¿Puede comunicar la Comisión en qué medida los Estados miembros (y las regiones) han hecho uso de estas posibilidades y han anunciado o tomado medidas de ayuda al empleo de determinados grupos de parados? 
¿De qué Estados miembros se trata? 
¿También entran en consideración las empresas del sector de la economía social (entre ellas, las pertenecientes a los sectores descritos en la Comunicación de la Comisión sobre las iniciativas locales de desarrollo y de empleo y los talleres protegidos? 
¿Piensa la Comisión en una iniciativa para incitar a las diferentes autoridades a que hagan uso de estas medidas? 
La Comisión ha intentando revisar la transparencia de la política en cuestión y ha intentado describir lo mejor posible las reglas y la práctica de las diversas autoridades nacionales y otras autoridades facultades para otorgar ayuda estatal a la política de empleo. 
Naturalmente se utilizan diferentes prácticas, diferentes instrumentos. 
Las orientaciones a las que se ha referido la diputada tienen por objeto aclarar qué medidas generales no entran en las reglas sobre ayuda estatal o si entran en esta ayuda, si ello no plantea ningún problema desde el punto de vista de la Comisión, por ejemplo medidas de apoyo para determinadas categorías de desempleados que tienen dificultades para reinsertarse a la vida laboral: parados de larga duración, jóvenes parados, mujeres, etc., es decir, que esto no plantea ningún problema. 
Por cierto, hoy la Comisión ha interpretado más a fondo las cosas y como saben ustedes, recientemente ha habido algunos casos en los que la Comisión lo ha hecho a través de la práctica, me refiero entre otras cosas a la política que se sigue en Francia para las ciudades con muchas bolsas de pobreza, a las que se puede ofrecer medidas de apoyo adicionales, y que nosotros no creemos que sean contrarias a las medidas de ayuda estatal o normas de ayuda estatal, porque el efecto es sobre todo local, y por consiguiente no pueden considerarse una distorsión de la competencia. 
Por otra parte, con el telón de fondo de las directrices hay dos gobiernos que nos han presentado medidas, esa era también la pregunta formulada por la diputada, en Suecia, pero allí ya había medidas antes, allí debatimos con las autoridades sobre algunas adaptaciones a fin de ponerlas en línea con las reglas de juego, y en España, donde no hemos visto razón alguna para plantear objeciones. 
Por lo demás puedo comunicar a la diputada que en caso de tratarse de iniciativas de carácter puramente local, naturalmente no hay problemas, pues no se puede considerar que alteren la competencia a través de las fronteras. 
Se trata de asuntos que pueden admitirse sin ningún problema. 
Lo que no se puede admitir son las medidas que tienen por objeto alterar las relaciones de competencia con países vecinos o favorecer a determinados sectores a través de medidas que supuestamente son para favorecer el empleo, pero que en realidad tienen por objeto favorecer a un determinado sector industrial. 
Por lo demás, saben ustedes hasta qué punto la Comisión se interesa por la problemática del empleo, conocen el Libro Blanco, conocen las iniciativas del Presidente Santer y de la Comisión. 
No creo que pueda pensarse que la Comisión no se muestra militante en este ámbito, si me permiten decirlo así, para mantener las cosas en equilibrio y evitar que se produzca competencia desleal a través de estas medidas. 
Quisiera dar las gracias al señor Comisario por su detallada respuesta. 
Me demuestra, señor Comisario, que incluso al aplicar de las normas de competencia pueden seguir manteniéndose principios sociales. 
Esto me complace. 
Pienso que son demasiado pocas las personas que lo saben. 
Quisiera preguntarle al Comisario si puedo sacar la conclusión de que las cláusulas sociales en el marco del gasto público, en caso que de no supongan una prerrogativa para una u otra empresa, pero sí intenten dar una oportunidad a un determinado grupo social que tenga dificultades en el mercado laboral, si he de comprender que esto también está permitido. 
No quisiera pronunciarme directamente sobre esta cuestión, porque tengo la impresión de que corresponde al ámbito de otro compañero, pues tiene que ver más bien con el mercado interior. 
Está claro que las administraciones no ven problema alguno en ofrecer medidas de apoyo a determinadas categorías de las cuales se sabe que tienen dificultades en el mercado laboral. 
Por ejemplo, también a las instituciones que se ocupan de ello. 
Pero, naturalmente, cuando se trata de asuntos que entran en el ámbito de la competencia y que son transfronterizos, hay que averiguar dónde están exactamente los límites. 
Intentamos ir hasta donde nos lo permite la interpretación de la ayuda estatal permitida en favor del empleo, siempre que no se trate de que los gobiernos o las autoridades intenten hacerse la competencia de este modo. 
Por lo demás, esperamos una cosa y es que a la luz del Libro Blanco podamos reducir poco a poco el coste del trabajo a fin de no reducir lo que reciben las personas, sino los costes adicionales vinculados a ellas para intentar de este modo, por decirlo así, penalizar menos el trabajo de lo que sucede hoy en día. 
Pregunta nº 50 formulada por Jörn Svensson (H-0460/96): 
Asunto: Disposiciones en materia de competencia 
En los países nórdicos, el mercado del azúcar se rige por un régimen de monopolio a cargo de la empresa Danisco. 
Esta empresa ha decidido cerrar una azucarera rentable situada en la isla sueca de Gotland y obstaculiza el que otra empresa se haga cargo de la azucarera. 
Estas prácticas no son contrarias a la legislación vigente. 
¿Tiene intención la Comisión de adoptar algún tipo de medidas para aplicar de forma más estricta las normas en materia de competencia con el fin de impedir que se produzcan situaciones de esta naturaleza? 
Habida cuenta de que el asunto planteado por su Señoría no ha sido comunicado a la Comisión según lo previsto en las normas sobre la competencia de la CE, y por no disponer de toda la información relevante, la Comisión no está en condiciones de comentar los méritos del caso en cuestión. 
En principio y en virtud de las normas en materia de competencia, la Comisión no se opondría a operaciones en las que una compañía, aun en una posición dominante en un mercado nacional, intentara racionalizar la producción o trasladarla de una instalación a otra dentro de dicho mercado por motivos de reestructuración. 
Es algo que sucede todos los días. 
Evidentemente, cuando una compañía que se encuentra en una posición dominante abusa de su posición, por ejemplo, comportándose de forma que le permita mantener a otros competidores fuera de dicho mercado a cualquier precio o comprando otras compañías para cerrarlas y limitar una posible competencia, puede existir un problema. 
Pero en este caso concreto no hemos recibido ninguna queja específica ni ninguna información. 
Por consiguiente, no puedo ser más concreto. 
Señor Presidente, señor Comisario, gracias por su respuesta, aunque ha sido de un carácter un poco difuso. 
Volveremos ciertamente a tratar esta cuestión, y me esforzaré por recoger información más concreta sobre el tema. 
Lo que estamos viendo en este caso es un verdadero monopolio; en Suecia no se vende azúcar alguno que no provenga exclusivamente de la empresa mencionada. 
Creo que esto constituye por sí mismo una situación merecedora de una intervención. 
Por otra parte, la empresa impide un establecimiento alternativo en la isla de Gotland, importante desde el punto de vista de la política regional, donde la industria del azúcar tiene un papel clave. 
Una breve pregunta suplementaria: ¿Cuál sería la reacción que cabría esperar por parte de la Comisión ante una medida legislativa rigurosa por parte de Suecia que hiciese imposible el comportamiento monopolizador en el sector del azúcar del tipo que aquí comentamos? 
Debido a que la adhesión de Suecia a la Unión Europea es aún reciente, algunos de los problemas que puedan surgir y los casos de monopolio que puedan existir deben ser tolerados por el momento. 
En este sentido quisiera pedir a las autoridades nacionales responsables de la competencia que, en caso necesario, desempeñen su función. 
Pero si se trata de una compañía dominante o de un monopolio que abusa de su posición, hay que establecer el caso. 
Es necesario disponer de pruebas que lo demuestren. 
Si usted dice que la compañía en cuestión está intentando impedir a otro competidor comprar esa compañía y que desea cerrarla con el fin de evitar competencia, y si usted tiene pruebas de ello, puede remitir el caso a la Comisión o el competidor puede poner una denuncia. 
Para eso tenemos las normas de competencia y una autoridad que se ocupa de los asuntos en materia de competencia que, como usted sabe, es la Comisión. 
Mientras no tengamos ninguna queja y mientras no existan pruebas, su Señoría comprenderá que la Comisión no tiene ningún motivo para actuar. 
No es sorprendente que cuando los países se unen a un gran mercado único como el que tenemos nosotros, surge una tendencia a la concentración, las fusiones y la adquisición. 
Es parte del juego y sucede todos los días en todas partes de Europa. 
Evidentemente, y afortunadamente, diría yo, dicho juego tiene unas reglas. 
Existe un reglamento de fusiones desde 1989. 
En los casos más importantes, la Comisión se reserva el derecho exclusivo de examinar las fusiones y adquisiciones. 
A propósito, desde 1988 hemos tenido que examinar más de 400 casos de grandes fusiones y adquisiciones. 
Todo el mundo reconocerá que ha sido una política bastante acertada y en varios casos hemos tenido que imponer condiciones a dichas fusiones y adquisiciones. 
En Finlandia se produjo la fusión entre Kymmene y Repola. 
Impusimos algunas condiciones en ese caso. 
En otros, la Comisión llegó incluso a encender la luz roja y no permitió que la fusión o adquisición se llevara a efecto. 
Ésas son las reglas del juego. 
La norma básica es que no se permite la adquisición de una posición dominante mediante una fusión o adquisición. 
Es una auténtica garantía contra las fusiones demasiado grandes y, sin duda, contra la creación de posiciones dominantes a través de fusiones y adquisiciones. 
Debo decirle también que contamos con otro instrumento, a saber, el artículo 86. 
Nadie debe señalar con el dedo a una compañía que adquiere una posición dominante por su propio esfuerzo y no mediante fusiones o adquisiciones. 
Pero si dicha compañía abusa de su posición, la Comisión puede intervenir y, posiblemente, imponer fuertes sanciones, algo que ya ha ocurrido en alguna ocasión. 
Tenemos un reglamento y si existen casos que la Comisión debe conocer o en los que los competidores piensan que existe un caso de violación, deben presentar una denuncia ante la Comisión. 
No es que esté pidiendo más trabajo. 
El año pasado se produjo un incremento de un tercio en el número de casos, más del 30 % de los mismos pertenecían al ámbito de la competencia, y sólo en parte eran debidos a la ampliación. 
Señor Presidente, tal como ya he expuesto en mi pregunta, se trata de un grave problema a nivel local puesto que la concentración que nos ocupa ha tenido lugar tras la adhesión a la unión. Por lo tanto, desearía aún solicitar a la Comisión que, por su parte, especificara la importancia que reviste la competencia y evaluara el hecho obvio de que, especialmente, las adquisiciones en el ámbito del comercio minorista se han llevado a cabo a precios considerablemente más elevados que los del mercado, lo cual creo que demuestra que estamos ante una medida que constituye un obstáculo a la competencia, y no ante una racionalización o cualquier otra acción de reestructuración. 
Permítame que le diga sólo una cosa. 
En primer lugar, como usted ya sabrá, la Comisión desea reducir el límite mínimo para aplicar el Reglamento de fusiones, porque sólo somos competentes en el caso de grandes fusiones, es decir, cuando las compañías sobrepasan la cifra de 5.000 millones de ecus, que es realmente mucho dinero. 
Quisiéramos reducir dicho umbral a 2.000 millones de ecus, lo cual ampliaría el campo de acción de la Comisión para estudiar este tipo de fusiones. 
Es posible que eso sea válido para el caso de Finlandia. 
Existe la denominada cláusula neerlandesa- el artículo 22 del Reglamento de fusiones- que permite a las autoridades nacionales llevar un caso a la Comisión aun cuando la suma no llega a dicho umbral. 
Por lo tanto, el gobierno puede remitirnos el caso y la Comisión lo analizará minuciosamente y tomará las medidas oportunas. 
O sea, que ya ahora un gobierno nacional puede dar ese paso. 
Aunque esa cláusula se aplica muy rara vez, podría perfectamente aplicarse pronto en Finlandia, si estoy bien informado. 
No puedo ser más concreto, pero según tengo entendido, las autoridades finlandeses parecen estar a favor de este tipo de cooperación. 
Pregunta nº 56 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0422/96): 
Asunto: Cultivo de tabaco en la UE 
¿Qué perspectivas prevé el Comisario de agricultura en relación con el cultivo de tabaco en la UE en general, y en España en particular? 
Señor Presidente, Señorías, puedo contestar al señor diputado que la Comisión, tal como prevé el Reglamento de Bases del Consejo para el tabaco, presentará próximamente una propuesta para la regulación de este sector que se aplicará a partir de la cosecha de 1998. 
Al mismo tiempo se revisará la reforma del sector de 1992. Esta revisión todavía no ha concluido, por lo que lamento no poder dar más detalles en este momento. 
Por lo que respecta a España, quiero señalar que, como sucede con otras regiones desfavorecidas de la Unión Europea, las plantaciones de tabaco son, prácticamente, la única fuente de ingresos de muchos pequeños agricultores. 
Efectivamente, señor Comisario, no ha sido muy concreta la respuesta. 
No obstante, le agradezco la información que nos brinda respecto al cultivo del tabaco en general- y, más concretamente, en España-. 
Yo hubiera deseado que este trámite parlamentario hubiera servido para concretar una guía de futuro, una orientación para tantas familias campesinas de la Europa soleada- Grecia, Italia, España, Portugaly, para ser más concreto, de la península Ibérica- de Extremadura- y, concretamente, del norte de la provincia de Cáceres, por citar lo que conozco día a día. 
A usted le consta, señor Comisario, que estas familias están preocupadas por su futuro, porque estamos ante un cultivo tremendamente social que crea, soporta y multiplica muchos puestos de trabajo en aquellas regiones. 
Y a lo que nunca debería llegarse- y esto yo creo que lo tiene claro el señor Comisario- es a que se procediera a una supresión drástica del cultivo del tabaco sin antes haber previsto una alternativa con un cultivo sustitutivo, de características similares en cuanto a prestaciones socioeconómicas. 
Creo que este concepto debe tenerse en cuenta en esas previsiones para el año 1998 que nos acaba de hacer el Sr. Comisario. 
Señor diputado, usted conoce perfectamente las reglas de juego de este Parlamento. Por consiguiente, sabe que, cuando la Comisión haya elaborado su informe, dispondrá de oportunidades en esta Asamblea para debatir las cuestiones que ha mencionado. 
Estoy perfectamente al tanto de la gran importancia que el cultivo del tabaco tiene en la actualidad para muchos pequeños agricultores de la Unión Europea. 
Según nuestras estimaciones, 400.000 puestos de trabajo en la Unión dependen de él. 
Señor Presidente, Señorías, ahora se me formula la misma pregunta, pero desde el otro lado. 
Se argumenta que el fomento del cultivo de tabaco tendrá como resultado un aumento del consumo, lo que, a su vez, producirá riesgos adicionales para la salud. 
Ahora bien, si analizamos las relaciones internacionales de mercado en el sector del tabaco, concluiremos que lo único que aumentaría, en caso de que la Unión Europea dejara de fomentar este cultivo, sería, por una parte, la importación y, por otra, el desempleo. 
Y no es probable que el consumo aumentara o disminuyera. 
Nosotros no subsidiamos el precio de los cigarrillos, de los puros ni de ningún otro producto derivado del tabaco, sino que intentamos exclusivamente dar una oportunidad a los cultivadores europeos para que puedan mantenerse, con sus métodos y estructuras, en el mercado mundial. 
Gracias por su respuesta, señor Fischler. 
Habida cuenta de los daños que produce el tabaco y de los programas sanitarios que tienen la Unión y los Estados miembros, es de una importancia central que reduzcamos el hábito de fumar. 
Aquí existe naturalmente un conflicto, y es por ello que he planteado mi segunda pregunta sobre si la Comisión tiene algunas propuestas encaminadas a canalizar la producción del cultivo de tabaco a otro producto más humano y más sano. 
Ésta es la respuesta que me gustaría recibir, ya que la pregunta a la que respondió anteriormente menciona que existen muchos pequeños productores agrícolas que se dedican al cultivo de tabaco. 
¿De qué modo va a abordar la Comisión este problema con el fin de encontrar un nuevo producto que puedan cultivar estos agricultores? 
Señor diputado, me permito señalar una vez más que, aun en el caso de que se otorgue a estos pequeños agricultores la posibilidad de cambiar de cultivo, no se puede esperar que con ello se vaya a fumar menos en Europa. 
Son dos cosas completamente distintas que se deben tratar por separado. 
Con todo, me parece prematuro entrar hoy a discutir esta cuestión en detalle. 
Le puedo asegurar que, en el informe que presentaremos próximamente, vamos a abordar la cuestión de qué sucedería si se suprimiese el fomento del cultivo de tabaco. Entonces podrá usted hacerse una idea sobre las consecuencias de semejante opción. 
Otras personas en este Parlamento, como el diputado que le ha precedido, han señalado la importancia de preservar este fomento y de mantener el empleo en el cultivo del tabaco. 
Podemos debatir conjuntamente el asunto. 
Señor Comisario, debo decir que suelo compartir la actitud del Sr. Holm y me alegra que él haya formulado la pregunta, porque es la incongruencia del gasto comunitario lo que preocupa a muchos de los que pertenecemos a esta Asamblea. 
La última vez que estudié este asunto, descubrí que el 80 % del valor del producto se destina en realidad a subvenciones a los productores de tabaco- el 80 %-, lo cual no es demasiado útil. 
El pago anual que reciben algunos productores de tabaco sobrepasa el valor de las tierras en las que lo cultivan. 
O sea, que tenemos, una vez más, una gran incongruencia en lo que la Comisión se propone alcanzar. 
Suelo estar a favor de la producción alternativa, pero algunos de estos productores son agricultores muy pequeños. 
Por ello, señor Comisario, quisiera sugerirle que lo que debemos hacer para intentar dar congruencia al gasto comunitario es separar el pago del producto. 
Señor diputado, sus consideraciones merecen mi simpatía, pero no puede dejar de reconocer que usted mismo acaba de facilitar la prueba de que no se puede cultivar tabaco de manera rentable en la Unión Europea sin ayudas. 
Hay que decidirse: o bien se rechaza el fomento, lo que conlleva la supresión del cultivo de tabaco, o bien se deja abierta la posibilidad a este cultivo, lo que sólo es posible mediante las ayudas. 
Se puede discutir sobre si el actual fomento de los cultivadores de tabaco es el mejor. Esto también será objeto de mi informe. 
No quisiera, por tanto, agotar hoy todo el debate. 
Deseo señalar que las subvenciones a la producción de tabaco no sólo van destinadas a los Estados miembros más pobres de la Unión Europea, sino también a países como Francia, Alemania y Austria, que se encuentran entre los países con la renta per cápita más alta de la Unión Europea. 
Ciertamente no deberíamos subvencionar a países muy ricos para que produzcan lo que usted acaba de calificar como un cultivo muy poco rentable, cuando no existe el menor motivo económico para ello. 
Debemos poner fin por completo a esta práctica y ayudar, a través de los Fondos estructurales, a aquellos países en los que existe un problema económico real para que desarrollen cultivos alternativos. 
Señora Hardstaff, por mucho que lo intente, no puedo compartir su apreciación, según la cual solo hay países pobres con agricultores pobres y países ricos con agricultores ricos, y éstos últimos no merecen que se les apoye. 
Desgraciadamente, las estructuras son de tal naturaleza que incluso en el país mejor dotado en este aspecto en la Unión Europea, concretamente el Reino Unido, hay agricultores que tienen evidentes problemas en materia de ingresos. 
El que haya muchos agricultores ricos en el Reino Unido no me permite, desgraciadamente, concluir que los agricultores de ese país que sí tienen problemas no están necesitados de ayuda. 
Sobre esa base no se puede discutir. 
Pregunta nº 58 formulada por Gerard Collins (H-0427/96): 
Asunto: Ayuda de emergencia a los productores de ganado ovino de Nyre Valley 
¿Se ha enterado la Comisión de las insólitas tormentas de nieve que provocaron la muerte de innumerables ovejas en Nyre Valley, en el Condado de Waterford (Irlanda) el pasado mes de marzo, y ha recibido alguna petición del Gobierno irlandés para que facilite ayuda de emergencia a los ganaderos de Nyre Valley? 
¿Presentará la Comisión propuestas de ayuda a los numerosos ganaderos que han sufrido cuantiosas pérdidas debido a las condiciones meteorológicas anormales? 
Señor Presidente, señor diputado, la Comisión está informada de las dificultades existentes en la zona de Nyre Valley en Irlanda a causa de las tormentas de nieve y de las malas condiciones meteorológicas a las que se refiere su pregunta. 
Le puedo, no obstante, confirmar que las autoridades irlandesas no han solicitado la ayuda de la Comisión. La explicación es, sin embargo, muy simple. 
Como usted sabe, la Comunidad no tiene competencias en materia de protección y ayuda en caso de catástrofes; este asunto compete a las autoridades nacionales. Por tanto, las medidas de emergencia y apoyo ante los estragos causados por las condiciones meteorológicas anormales corresponden a las autoridades nacionales. 
Señora diputada, la Comisión no dispone de datos precisos sobre la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido o que están amenazados a consecuencia de la crisis de la EEB en las industrias relacionadas con la ganadería, en los mataderos o en el comercio de ganado. 
No disponemos de ese tipo de datos. 
Pero puedo asegurarle que la Comisión tiene presente las dificultades y está considerando cómo se podría, al menos, paliar el problema. 
La intervención es, ciertamente, una de las medidas más importantes que hemos tomado a corto plazo en este contexto. 
Si gracias a ella conseguimos equilibrar la escasa actividad del mercado en la actualidad y alcanzamos la pronta normalización del mismo, éste sería el mejor servicio que podemos prestar a los trabajadores ocupados en el sector. 
A mi juicio, además de lo anteriormente expuesto, se trata ante todo de tomar medidas que estimulen a largo plazo la confianza de los consumidores de carne de bovino. 
La Comisión intenta colaborar en la búsqueda de soluciones que acaben con este apremiante problema y que restauren la confianza. 
Además, hay que mencionar también, por sus grandes implicaciones en el empleo, las medidas acordadas para los animales de más de treinta meses y que el Reino Unido aplica en la actualidad. 
Lo mismo sucede con las medidas que todavía han de decidirse y con las que pretendemos conseguir una rápida erradicación de la enfermedad de la EEB. 
Creo que el conjunto de estas medidas puede ser de alguna ayuda en esta situación. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Habida cuenta de la magnitud de la crisis por la que atravesamos con la EEB, me parece decepcionante que la Comisión no haya solicitado aún cifras ni haya comenzado a estudiar la supervisión de la situación en lo que a puestos de trabajo se refiere, aparte de las medidas sobre las que ha hablado el Sr. Comisario como la intervención y el restablecimiento de la confianza. 
La Comisión tiene el deber de elaborar un informe anual sobre el empleo en la Unión Europea, y por ello, deseo sugerir que es muy importante que la Comisión ponga en marcha un plan para supervisar los puestos de trabajo y los sectores que se ven amenazados por esta crisis. 
Como diputada al Parlamento Europeo, sé que hay miles de puestos de trabajo que están amenazados en toda la Unión Europea debido a la crisis de la EEB, no sólo en mi circunscripción, sino en muchos de los países de la Unión Europea, aparte del Reino Unido. 
Creo, por consiguiente, que es importante que la Comisión se tome muy en serio este asunto. 
Deseo preguntar ¿qué medidas se propone adoptar la Comisión para que los Estados miembros le faciliten las cifras de los puestos de trabajo amenazados y de los puestos de trabajo ya destruidos como consecuencia de la crisis de la EEB? 
Así, por ejemplo, se pueden aplicar los recursos estructurales correspondientes a las zonas de los objetivos 5b y 5a, lo que permitiría, por ejemplo, ayudar a la remodelación de la industria de la transformación en el Reino Unido y fomentar las inversiones. 
También hay que mencionar las posibles medidas de los objetivos 3 y 4. En estos casos, se trata de medidas de ayuda muy concretas. 
Sólo con estadísticas, no ayudaremos a nadie. 
Pero si a usted le parece importante contar con datos exactos sobre el empleo en este sector, trasladaré su interés al Comisario Flynn, que es el responsable en esta materia. 
En cualquier caso, se podría efectuar una encuesta o recoger información de las autoridades británicas. 
La pregunta de la Sra. Crawley era sobre las personas que trabajan en las industrias relacionadas, sobre las personas que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de la prohibición, que trabajaban en el sector del transporte, en los mataderos o en la industria de productos cárnicos. 
He preguntado en la Oficina escocesa si existe algún programa al que se pueda recurrir para recibir ayuda, por ejemplo el Objetivo 5 (a) o el Objetivo 5 (b). 
El Conde de Lindsay me dice que existen obstáculos insalvables para utilizar los Fondos estructurales de la CE. 
Existen obligaciones jurídicas detalladas que cubren estas medidas y que no es posible dejar de lado dichas disposiciones. 
Pero el Objetivo 5 (a) es relativo a ayudas a la comercialización y elaboración de productos agrícolas. 
Si se impide a las personas que comercialicen o elaboren productos agrícolas, ¿no podríamos utilizar los fondos del Objetivo 5 (b) para ayudar a esas personas en esta difícil situación en la que ahora nos encontramos? 
Creo que debemos tener en cuenta las dimensiones que estamos barajando aquí. 
Si usted cree que los costes de la intervención son menores, me permito precisarle que hemos llegado a una intervención, para toda la Unión, de 150.000 toneladas. 
La intervención de 100.000 toneladas asciende a 240 millones de ecus, lo que quiere decir que hemos gastado ya 360 millones en estas medidas para permitir que se sacrifique directamente a los animales, ya que esto, en última instancia, favorece el mantenimiento del empleo en los mataderos. 
El almacenamiento de estos animales en cámaras frigoríficas, también redunda en la creación de empleo, etc. Si usted tiene en cuenta que, de acuerdo con lo estipulado para los animales con más de treinta meses, cada semana se sacrifican 25.000 animales, puede hacerse una idea de los efectos en el empleo. 
Por todo lo anterior, creo que estas medidas son la contribución más importante para avanzar en el tema del empleo. 
Por lo demás, me permito atraer su atención sobre el hecho de que el volumen de las cantidades del Reino Unido es claramente superior al de otros Estados miembros. 
Ciertamente, los precios para los ganaderos locales son malos, pero la actividad de los mataderos es en parte superior a la de otros Estados miembros. 
No se puede limitar la cuestión del empleo exclusivamente al Reino Unido. 
Quisiera volver sobre el Objetivo 5 (a) y, en particular, sobre la línea presupuestaria 886. 
Tengo entendido que para el período comprendido entre 1994 y 1999 se han puesto a disposición del Reino Unido 226, 487 millones de ecus para fines de comercialización y elaboración. 
De hecho, tengo entendido que el Gobierno del Reino Unido sólo desea 51 millones de ecus de esa suma, o sea, que está rechazando 175, 304 millones de ecus. 
En mi opinión se trata de una financiación de grandes proporciones que podría invertirse perfectamente en la economía del Reino Unido para ayudar a las personas y al sector mencionados. 
Si la Comisión recibiera una solicitud del Gobierno del Reino Unido para que se repongan esos 175 millones para ayudar a resolver la crisis y ayudar a los trabajadores del sector, estaría dispuesta la Comisión a considerar favorablemente dicha solicitud y estaría dispuesta a conceder esos fondos al Reino Unido? 
Las cifras que usted ha expuesto concuerdan exactamente con las que yo he mencionado. 
La Comisión está, por descontado, dispuesta a tomar decisiones sobre medidas en el marco de las directivas que lo permitan, pero necesitamos que lo solicite el gobierno correspondiente. 
Como podrán ver en el pie de página, la Comisión ha preguntado si podemos pasar a la pregunta nº 94 formulada por la Sra. Crepaz sobre alimentos básicos- protección de los consumidores. 
Asunto: Alimentos básicos- protección de los consumidores 
¿Cuáles son los productos finales afectados directa e indirectamente por el levantamiento del embargo sobre la gelatina, el sebo y el esperma de bovinos? 
¿Qué medidas se han tomado para informar y proteger a los consumidores (certificados, etiquetado, campañas de información? 
¿Cuál es la posición de la Comisión ante las declaraciones en relación con la problemática de la encefalopatía espongiforme bovina, según las cuales los productores de alimentos básicos deben asumir la responsabilidad de los mismos? 
Señor Presidente, señora diputada, Señorías, entre los productos finales contenidos en la Decisión 96/362 se encuentran, además del esperma de buey, los productos que contienen gelatina y sebo fabricados en el Reino Unido según las estrictas normas establecidas en dicha Decisión. 
Esta disposición obliga a que la materia prima para la fabricación de los productos mencionados proceda de ganado bovino de menos de 30 meses, que no esté infectado de EEB ni presente sospechas de ello. 
Además, no se pueden utilizar tejidos de materias primas en las que se haya probado en algún momento la presencia del agente. 
Las materias primas se deben procesar bajo control veterinario y de acuerdo con el procedimiento recogido en el anexo de la Decisión. Así se garantiza, tras el análisis de un laboratorio independiente, la desactivación de cualquier resto de infección en el producto elaborado. 
Los productos mencionados en ese anexo se han de etiquetar o marcar de algún modo y deben contener los datos del fabricante y del procedimiento de fabricación, además de contar con un certificado de aptitud para el consumo, expedido por la autoridad veterinaria. 
El consumidor podrá comprobar la composición del producto final en la lista de ingredientes que ha de figurar en la etiqueta, de conformidad con la Directiva nº 79/112 sobre etiquetado de productos alimentarios. 
La Comisión estudiará la posibilidad de ampliar las condiciones de responsabilidad en la elaboración de productos primarios, en el contexto general de los trabajos preparatorios para la publicación de un libro verde sobre las cuestiones jurídicas relativas a los productos alimentarios. 
Señora diputada, por lo que respecta a su última pregunta sobre el semen de vacuno, puedo decir lo siguiente: nuestra decisión se ha basado en el dictamen de los expertos del Comité Científico Veterinario, según el cual no hay ningún riesgo. 
En cuanto a la gelatina y al sebo, quizá se me permita indicar una vez más que la situación actual es la siguiente. Primero, los científicos han elaborado un procedimiento que garantiza la desactivación, o sea, la eliminación de cualquier agente productor de EEB. 
Segundo, nos hemos asegurado de que los fabricantes de gelatina y sebo en el Reino Unido necesiten una autorización de sus autoridades para elaborar esos productos. 
Tercero, hemos dispuesto que para fabricar gelatina y sebo sólo se pueden emplear determinadas sustancias, que son las que he descrito anteriormente. 
Sólo se pueden utilizar esos tejidos. 
Cuarto, las autoridades británicas están obligadas a comunicar inmediatamente la concesión de autorizaciones a empresas. 
Quinto, la Comisión realiza entonces una inspección en el Reino Unido. Sólo cuando todos estos pasos se han cumplido de manera satisfactoria, la Comisión decide formalmente autorizar a la empresa británica en cuestión a producir y comercializar gelatina o sebo. 
Además, después de todo esto, cada entrega debe ir acompañada de un certificado de las autoridades veterinarias en el que conste que se han respetado las normas de fabricación y también la frecuencia de las inspecciones veterinarias efectuadas en la empresa. 
En la práctica, esto quiere decir que se ha desarrollado un sistema para el futuro. Ahora depende de las autoridades y de las empresas británicas la rápida adaptación de sus procedimientos a los requisitos de una producción segura para poder realizar los controles mencionados. 
Por el momento, nadie puede decir cuándo se reanudará en la práctica la exportación de gelatina. 
Asunto: Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) 
La diferencia considerable entre el elevado número de casos de EEB en el Reino Unido y los casos declarados de EEB en otros Estados miembros en parte se ha atribuido a la mayor vigilancia y los mejores conocimientos de esta enfermedad en el Reino Unido. 
Sólo recientemente la EEB ha llegado a ser una enfermedad diagnosticable y es evidente que en otros Estados miembros la enfermedad no ha sido seguido con tanta intensidad como en el Reino Unido 
¿Considera la Comisión que los datos estadísticos sobre la EEB son fiables y equivalentes en todos los Estados miembros y ha creado la Comisión un mecanismo a través del cual los casos de EEB pueden ser diagnosticados con precisión y confirmados en toda la UE? 
Señor Presidente, señor diputado, según el estado actual de la investigación científica, la causa de la epidemia de EEB es, con toda probabilidad, la alimentación con piensos hechos a base de harina de carne y de huesos en cuya elaboración se utilizaron, en parte, cuerpos de ovejas enfermas de Scrapie sacrificadas en el matadero. 
La alta incidencia de esta enfermedad en el Reino Unido, en comparación con otros Estados miembros, puede atribuirse a varios factores. 
Una evaluación de estos factores de riesgo ha dado como resultado que las circunstancias que pueden provocar una incidencia de la epidemia tan elevada (alta prevalencia de Scrapie, cambios en la manera de procesar los cuerpos de animales y una gran proporción de harina de carne y de huesos en los piensos) sólo se dan en esta magnitud en el Reino Unido. 
La Decisión 90/130/CEE, refundida en la Directiva 89/894 del Consejo, estableció la obligación de notificar los casos de EEB en la Comunidad. 
La Decisión 94/474/CE de la Comisión dispuso confiscar los animales que presentaran una sintomatología de EEB en los análisis efectuados en los mataderos y someter el cerebro de estos animales a un análisis de EEB. 
La Comisión ha organizado cursos de perfeccionamiento sobre análisis y métodos de prueba de la EEB para peritos nacionales, con objeto de garantizar que todos los Estados miembros dispongan de la suficiente capacidad de diagnóstico. 
El Comite Científico Veterinario examinó la cuestión de la vigilancia de la epidemia a través de muestreos. 
Su conclusión fue que este procedimiento apenas podría simplificar la prueba de la presencia, posiblemente escasa, de agentes causantes de la EEB en los Estados miembros. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta, pero debo decir que los agricultores de mi circunscripción me dicen que tienen serias dudas sobre la validez de las estadísticas de otros países de la Unión Europea, que reflejan cifras demasiado bajas en comparación con las del Reino Unido. 
Este mismo fin de semana han aparecido informes de científicos pertenecientes al Instituto Neerlandés de Ciencias y de la Salud y de la Universidad de Tubinga, que arrojan serias dudas sobre las cifras procedentes de otros países europeos. 
Entre 1985 y 1989 se exportaron 57.000 reses del Reino Unido a países de la Unión Europea. 
De haber permanecido en Gran Bretaña, en opinión de dichos científicos, se habrían declarado 1.600 casos de EEB, pero lo cierto es que sólo se declararon 30 casos, y repito la pregunta: ¿tiene la Comisión algún sistema para supervisar y validar las estadísticas que provienen de esos otros países? 
¿Tiene el Sr. Comisario algún comentario que hacer sobre dichos informes que ahora nos llegan de las fundaciones científicas europeas? 
Señor Presidente, la Comisión presenta continuamente a los científicos las cifras y valoraciones que le llegan sobre la incidencia y evolución de los casos de la enfermedad. Las reuniones del subgrupo del Comite Científico Veterinario también se ocupan regularmente de ello. 
El hecho de que el 99 % de los casos se hayan presentado en el Reino Unido y sólo el 1 % aproximadamente en el resto del mundo no se debe a que los otros países sean menos cuidadosos con la obligatoriedad de notificación. 
Todos los países están obligados a notificar los casos de la enfermedad, y no podemos partir de la base de que los Estados miembros no se hacen cargo de sus responsabilidades. 
Pero, por encima de esto, sería muy importante de cara al futuro, aunque todavía se necesita mucho esfuerzo científico para conseguirlo, que pudiéramos detectar la enfermedad por medio de análisis antes de que se manifestara. 
Precisamente por esta razón he solicitado al llamado Grupo Weissmann que presente proyectos de investigación que permitan alcanzar lo antes posible esa meta. 
Esto facilitaría en gran medida nuestra manera de abordar esta enfermedad. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
Las preguntas que no se han formulado por falta de tiempo recibirán respuesta por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 19.27 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Ejercicio de la abogacía (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40146/96) de la Sra. Fontaine, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (94) 0572- C40125/95-94/0299 (COD) ) destinada a facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en que se expidió el título. 
Señor Presidente, la directiva objeto del debate viene a cumplir dos objetivos. 
Por un lado, hacer efectiva la libertad de establecimiento de los abogados en el seno de la Unión mediante una directiva específica y, por otro, facilitar la intervención de expertos en Derecho en operaciones comerciales transfronterizas en las cuales, por la propia lógica del desarrollo del mercado interior, están imbricados de manera creciente el Derecho internacional, el Derecho comunitario y los propios Derechos nacionales. 
Ambos objetivos no tienen por qué ser contradictorios pero tampoco resultan necesariamente coincidentes, como esta directiva ha puesto de manifiesto. 
De hecho, ciertas cautelas formuladas en ella, y que pueden entenderse como garantía de asesoramiento experto en operaciones transfronterizas, son también trabas a la libertad de establecimiento, como la limitación del periodo de ejercicio y el mantenimiento en la directiva de pruebas de aptitud. 
Estas limitaciones, de aplicarse, engendrarían diferencias de condiciones para el ejercicio de los profesionales del Derecho provenientes de un país miembro con respecto al de acogida, y esto, obviamente, constituye una desvirtuación del derecho de establecimiento que se rige por el principio de igualdad de condiciones. 
Ciertamente no todo es negativo. 
La directiva tiene aspectos positivos que no me duele reconocer, tales como: la solución satisfactoria de la cuestión de las normas profesionales y deontológicas; el posibilitar el ejercicio profesional en grupo; el completar, pese a las limitaciones señaladas, el marco jurídico comunitario sobre la libertad de establecimiento de los abogados. 
Pero, aun así, las enmiendas propuestas por la ponente- y que son fruto, como ella ha dicho, del compromiso- mejoran sensiblemente la directiva, particularmente las enmiendas con las que se pretende garantizar el derecho a mantener más de un centro de actividad en el territorio de la Comunidad, las dirigidas a reforzar la seguridad de los consumidores, aquéllas con las que se pretende garantizar la independencia de los profesionales del Derecho y el ejercicio del trabajo por cuenta ajena. 
Por último, debo decir que se debería haber ido mucho más lejos en la liberalización y, en consecuencia, suprimir todas las limitaciones temporales, incluido el requisito de la actividad regular durante tres años, que lo contemplo como un mal menor. 
Creo que en esas limitaciones sobrevive alguno de los rasgos de corporativismo que no comparto, aunque se haya hecho un esfuerzo de compromiso responsable, esfuerzo que, desde luego, en nombre de mi propio Grupo, apoyo. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero felicitar a la Sra. Fontaine por el trabajo tan lúcido y particularmente eficaz que ha realizado sobre la propuesta de directiva «abogados» , segunda cosecha. 
En efecto, si ésta es el complemento de su antecesora de 1977, que se limitaba a liberalizar la prestación de servicios, existía el gran riesgo de ver este proyecto hundirse en los terrenos pantanosos de la preferencia nacional. 
Los diferentes actores presentes, trátese de la Comisión Europea, del Consejo de colegios de abogados de la Comunidad Europea, o de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos comprendieron rápidamente que el éxito de esta propuesta de codificación dependía de su mutuo entendimiento. 
El doloroso parto de las directivas «farmacéuticos» y «dentistas» que duró respectivamente 16 y 17 años, mostró el ejemplo que no debía seguirse. 
El Grupo de Coalición Radical Europea se felicita del voto de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que mejora la propuesta de directiva del 21 de octubre de 1994. 
Estamos satisfechos con la sustitución de la prueba de aptitud por un procedimiento de apreciación justo y equitativo de la competencia profesional del abogado migrante. 
Nos felicitamos del consenso al que se ha llegado y que se encamina a preservar los intereses de los abogados en la hipótesis de sociedades de ejercicio multiprofesional. 
Nos satisface que el abogado migrante tenga la posibilidad de ejercer con el título del Estado miembro de acogida, después de haber ejercido su actividad de manera efectiva y regular durante por lo menos tres años. 
En cambio, quizás, digo bien, quizás, podamos interrogarnos sobre el ejercicio ilimitado, con el título de origen, del abogado migrante. 
Quizás también podríamos interrogarnos sobre el reconocimiento, por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, de un estatuto híbrido de libre prestatario de servicios establecido. 
El Grupo de Coalición Radical Europea, incluso si desea una asimilación más fácil del ámbito comunitario al nacional, no puede más que aprobar este informe, fruto de un consenso. 
Se trata del interés de la profesión de abogado y del interés, sobre todo, del ciudadano europeo ante la justicia. 
Señor Presidente, Señorías, las particularidades del derecho anglosajón, la repartición de las funciones de abogado entre las de «solicitor» y de «barrister» , las particularidades de los derechos romanogermánicos a los que pertenece la mayor parte de los demás sistemas jurídicos de la Comunidad, han acabado demasiado a menudo por privar de toda reciprocidad el libre ejercicio de su profesión por parte de un abogado sobre el territorio de otro Estado miembro. 
El informe de la Sra. Fontaine concierne los intereses de toda la profesión de los abogados. 
Se trata, sobre todo, de no limitar en el tiempo el derecho de todo abogado a ejercer con su título de origen en otro Estado miembro. 
El Frente Nacional y el Grupo de Derechas Europeas desean apoyar la posición inicial del Colegio de abogados francés. Este se pronunció por una integración automática y por una adopción del título del colegio de abogados de acogida, después de un determinado tiempo de ejercicio, en el seno de ese país de acogida. 
Al igual que muchos abogados de Francia y muchos abogados de otros países, tenemos reservas en cuanto a la perpetuación del título de origen, sin límite de duración. 
Al igual que el Colegio de abogados francés, nos opusimos a la ausencia de controles y de limitaciones reales de la actividad del abogado migrante en el país de acogida. 
Asimismo, desearíamos proteger los intereses del ciudadano ante la justicia y pedimos una verdadera reciprocidad, una reciprocidad entre los abogados inscritos en Francia, por ejemplo, y los abogados migrantes. 
Las obligaciones fiscales y, sobre todo de servicio público no deben pesar únicamente sobre los abogados del país de origen. 
El Colegio de abogados francés se pronunció contra la primera versión de este informe que juzgó perjudicial para su profesión. 
La Sra. Fontaine y sus compañeros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos hicieron finalmente un texto de transacción. 
Rendimos homenaje al sumamente considerable trabajo de la ponente, pero no estamos totalmente satisfechos de la posición en la que logró, a pesar de todo y con mucha perseverancia, conjugar un determinado número de voluntades. 
Esta es la razón por la cual, señor Presidente, Señorías, señora Ponente, reservamos nuestra posición tanto en lo que toca al informe como a la directiva. 
Señor Presidente, la directiva sobre el ejercicio de la profesión de abogado es un buen ejemplo de cooperación fructífera entre la Comisión, el Parlamento y la profesión interesada para ultimar un texto equilibrado, que asegure efectivamente la libertad de establecimiento, a la vez que conserva determinadas garantías indispensables. 
Inmediatamente después de la directiva general relativa a los diplomas, los colegios de abogados de Europa, con excepción del colegio de abogados luxemburgués que de entrada salió de juego, consideraron necesaria una directiva específica para dar pleno efecto a la directiva de 1988, y no para limitar su alcance, como parece pensar el Sr. Wijsenbeek, si bien entendí. 
La profesión, reunida en el seno del Consejo de Colegios de Abogados de Europa, trabajó mucho durante largos años sobre este proyecto. El CCAE progresó suficientemente como para convencer a la Comisión de presentar una propuesta de directiva, pero no para reunir ese consenso tan amplio necesario a la aprobación del texto. 
No cabe duda que debemos a la autoridad, la paciencia y el empeño de la Sra. Fontaine el haber permitido a la profesión y al Parlamento superar los últimos obstáculos y ponerse de acuerdo sobre el texto que se nos somete. 
Dos observaciones sobre este texto. 
Primeramente, la discusión se concentró naturalmente sobre los últimos obstáculos: pruebas de aptitud, ejercicio con el título de origen. 
Sin embargo, este debate no debe hacer olvidar las disposiciones esenciales del texto. 
Pienso sobre todo en la relativa al ejercicio de la profesión de abogado en un grupo, que debe por fin permitir a nuestros colegios de abogados enfrentar, con las mismas armas, a los grandes despachos anglosajones o japoneses que no necesitaron nunca de directivas para escoger la flor y nata del mercado del derecho en Europa, aprovechando nuestras propias disensiones. 
La segunda observación se refiere a la cuestión particular del ejercicio con el título de origen, tema especialmente sensible para el Colegio de abogados francés- tal como se recordó hace un momento. 
Creo que el texto propuesto está encaminado a brindar la serenidad necesaria. Somete claramente al abogado que ejerce con su título de origen a la reglamentación, la deontología y la disciplina del colegio de abogados de acogida. 
Por último, la enmienda 35, que precisa con toda utilidad el dispositivo de integración establecido, responde a la expectativa expresada por numerosos colegios de abogados, y en especial el colegio de abogados de París. 
Ahora toca al Consejo concluir la obra con la ayuda del Sr. Monti. 
¿Es utópico desear cierta diligencia en la materia? 
Este texto anda rodando, con todo, no 17 o 18 años, pero si casi una década. 
Ahora bien en este caso, sería sin duda útil cristalizar a la mayor brevedad posible el consenso logrado alrededor del informe Fontaine. 
Señor Presidente, nos encontramos hoy, sin duda, ante una de esas actuaciones concretas que, parafraseando a Robert Schuman, consolidan la construcción europea. 
Y esta actuación lleva, como tantas otras, la especial impronta de los hombres y las mujeres que han sabido superar prejuicios y temores nacionales en aras de una visión europea de Europa, como dijera Carl J. Friedrich en su obra «Europa: Das Entstehen einer Nation». 
Además de su nombre, señor Comisario- y me uno aquí al elogio de los oradores que me han precedido -, en este elenco sobresale hoy el de la ponente, Nicole Fontaine, abogada francesa y europea, cuyo buen hacer quedará unido a esta directiva. 
Y quisiera dejar también constancia, en las actas parlamentarias, de la labor desarrollada por otro abogado, europeo y alemán éste, Hans Weil, quien, desde la presidencia de la CCBE, el foro profesional de la Unión, iluminó el debate con su rectitud intelectual, con su hombría de bien. 
La votación de mañana tiene, así, la transcendencia particular de marcar el futuro de la abogacía europea. 
Pero además, señor Presidente, tiene una transcendencia general porque la cuestión debatida desborda de lo estrictamente profesional para proyectarse sobre la sociedad europea en su conjunto, para proyectarse sobre los ciudadanos que esta Asamblea representa, pues, no en vano, somos los abogados «voceros del Derecho» , según la afortunada expresión que acuñó Alfonso X, rey español y europeo en «Las Partidas». 
En efecto, el debate en comisión de esta directiva ha hecho aflorar los más recónditos temores nacionales y las más oscuras desconfianzas entre quienes estamos llamados a ese proyecto común de integración social, cultural y política, trabado en Derecho. 
Frente a estos planteamientos, a menudo cicateros y cortos de miras, la Comisión de Asuntos Jurídicos, con la ponente a su cabeza, ha plasmado en las enmiendas que se presentan al Pleno una solución integradora y tan llena de prudencia como de arrojo, como señalaba muy bien el Sr. Rothley, solución que- no dudorecibirá abrumador respaldo de la Asamblea. 
Porque- que a nadie le quepa duda- la construcción europea habrá de cimentarse sobre el Derecho. 
Europa será en Derecho o no será, es decir, retrocederá precipitándose en lo que en puridad nunca ha dejado de ser: un gran mercado, un gran bazar, un zoco, regido por las hegemonías de carácter económico. 
Europa, señor Presidente, será en Derecho o no será. 
Y esta trabazón sólo cristalizará si los profesionales de la técnica jurídica, los abogados en particular, son conscientes de su función social, son capaces de elevarse por encima de las singularidades de los ordenamientos nacionales para construir Europa sobre el acervo común que constituyen los principios generales del Derecho, destilados por nuestra historia jurídica y consagrados en los textos constitutivos de la Unión. 
Porque si los abogados no son capaces de primar lo general frente a lo particular, de destacar lo que une frente a lo que separa, ¿podemos, de forma realista, exigir esta actitud de quienes no son especialistas del Derecho, que es la técnica de integración por excelencia? 
Los abogados han de ser capaces de asumir que, en última instancia, el criterio que gobierna la aceptación de un asunto es la obligación deontológica de no intervenir en un pleito, de no dar un consejo, sin los conocimientos suficientes. 
Y esta regla vincula, por ejemplo, a un abogado español, con igual fuerza, tanto para no intervenir en un asunto regido por el Derecho de Sucesiones alemán, como para abstenerse sobre disposiciones Testamentarias Forales Catalanas, aunque su título de abogado formalmente le permita esto último. 
No hay que olvidar que lo que le impide intervenir en esos casos es la responsabilidad sancionada por la deontología, esa carencia de conocimientos técnicos. 
Y termino, señor Presidente. 
He hablado de la función social de la abogacía. 
La abogacía se enfrenta al reto apasionante de conjugar la vertiente necesariamente empresarial del ejercicio de la profesión con su función social. Pues la razón de ser última, más allá de cualquier otra consideración, es la defensa del ciudadano, de los derechos fundamentales y las libertades públicas, patrimonio espiritual que constituye el cimiento de nuestra civilización europea. 
La construcción de un espacio de libertad y seguridad, señor Comisario, señor Presidente, es, sin duda, tarea común de todos. 
Pero los abogados tienen un papel especialmente señalado en ello. 
Y como voceros del Derecho que son, habrán de alzar clara y firme esa voz para que la Unión Europea sea referencia y estímulo en un mundo convulsionado, en defensa de la Ley y de la Justicia, en defensa de Europa. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva que ahora abordamos ha sido presentada por la Comisión a petición casi unánime de los abogados. 
La directiva actual en vigor desde 1988 sobre el reconocimiento de títulos ha demostrado ser precaria e insuficiente, puesto que la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea ha preferido escoger la alternativa que permite la directiva, es decir, la introducción de un examen de aptitud obligatorio para el ejercicio de la profesión, el cual se ha convertido, en la práctica, en una traba para el libre ejercicio de la abogacía. 
Cabe lamentar que, a pesar de las disposiciones vigentes y las experiencias adquiridas a raíz de las actividades del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Comisión no nos haya presentado una propuesta de revisión a esta directiva general ni, siquiera, una propuesta que permitiera, a efectos prácticos, la libre circulación de los abogados. 
Por libertad de circulación no sólo entiendo el libre ejercicio de la profesión sino también la libre, y real, prestación de servicios. 
Sin embargo, la comisión ha escogido adoptar una directiva particular de carácter sectorial y mantener el principio restrictivo que encarna el examen de aptitud. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos propone en el día de hoy veintisiete enmiendas que modifican de manera fundamental la propuesta de la Comisión y cuyo objetivo es aumentar las posibilidades de los abogados de los países miembros para instalarse en otro país miembro. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos propone posibilitar el ejercicio profesional de la abogacía en todos los Estados miembros mediante la utilización permanente por parte de los abogados del título original obtenido en su propio país. 
Nuestro Grupo no está seguro de la uniformidad y coherencia que presenta, en la teoría, la alternativa propuesta por la Comisión. 
Así pues, hemos presentado enmiendas con el fin de recordar que todo abogado tiene derecho a instalarse en un país miembro distinto a aquel donde ha obtenido su titulación profesional y a ejercer su actividad profesional de conformidad con la normativa aplicable en el país miembro de acogida. 
¿Podría la Comisión pronunciarse más detalladamente sobre las propuestas de enmienda presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y nuestro Grupo? 
Para finalizar, desearía expresar mi agradecimiento a la señora Fontaine por su excelente informe. 
Señor Presidente, ante todo quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Sra. Fontaine por su excelente informe, respecto al cual quisiera añadir también un par de observaciones. 
Por un lado, las profesiones relacionadas con el asesoramiento jurídico, entre las cuales se cuenta la abogacía, ejercen naturalmente su actividad, al igual que muchas otras- agentes fiduciarios, notarios, etc.-, sobre la base del sistema jurídico nacional. 
No obstante, en los últimos años, como resultado de las crecientes demandas en el ámbito de la Unión Europea, estas profesiones- yo también pertenezco a este estamento profesional- se han visto obligadas a dirigir la mirada más allá de sus fronteras. 
Esto situó lógicamente en un primer plano el ejercicio en el marco de otros sistemas jurídicos. 
Yo abogo, como también se solicita en el informe, porque no se establezcan salvaguardias que obstaculicen mediante una barrera artificial el acceso a dichas profesiones. 
Por otro lado, también es preciso considerar la seguridad jurídica de los ciudadanos de nuestros Estados. 
Por lo tanto, es preciso encontrar un sistema que satisfaga, por decirlo así, a ambas partes. Por un lado, debe garantizarse el libre acceso a la profesión en cualquier país de la Unión Europea y, por otro lado, también debe asegurarse el conocimiento de los correspondientes sistemas jurídicos, a fin de garantizar un asesoramiento óptimo para los clientes y las empresas. 
Por mi parte, considero muy adecuada la propuesta de la Comisión encaminada a definir con claridad el título para el ejercicio de la abogacía en todo el ámbito europeo, como también me parece muy adecuado el debate sobre la posibilidad del ejercicio en común de la profesión de abogado, a través de sociedades de capitales o de personas, puesto que a mi parecer se trata de una cuestión de una enorme importancia para este sector profesional en el futuro. 
En mi opinión, es preciso considerar a los abogados no sólo en su función de letrados, sino también en la vertiente empresarial de su actividad. 
Ésta es, sin duda, otra exigencia que es necesario abordar con vistas al futuro. 
Si las directivas que nos ocupan y el debate sobre las mismas contribuyen a abrir estas perspectivas, el presente informe puede constituir un excelente punto de partida para iniciar un debate muy fructífero. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Fontaine y a los compañeros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos su meditado e inteligente debate sobre el tema. 
Es un sostén importante de la libertad de establecimiento en el sector servicios y la plena realización del mercado único. 
Abre la puerta al reconocimiento de que los abogados puedan ejercer con su título de origen en otros países. 
Ello tiene especial relevancia para los abogados de Inglaterra y Gales, dado que el Derecho inglés es un derecho mercantil internacional. 
Relevancia, sobre todo, en el ámbito de los contratos de transporte, es decir, contratos de fletamiento, contratos comerciales, seguros, reaseguros, contratos bancarios y reprogramación de deudas, que con frecuencia especifican el Derecho inglés como referencia para los contratos aunque ninguna de las partes sea de origen inglés. 
En las enmiendas núms. 25 y 35 tendría que decir «interés público» y no «orden público» como se ha traducido. 
Como conclusión, ésta es la habitual competencia erudita y minusvalorada que esperamos y normalmente encontramos en la Sra. Fontaine. 
Señor Presidente, el informe que debatimos hoy representa un acuerdo. 
Un acuerdo que reúne distintos planteamientos con objeto de aportar soluciones al importante problema del ejercicio de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en que se expidió el título. 
Señor Presidente, no creo que lo más importante sea que después de un arduo trabajo de varios años se haya conseguido este acuerdo, que ha merecido la aprobación de una mayoría aplastante de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, y que también fue aprobado por la mayoría de las juntas directivas de los colegios de abogados de los Quince. 
Considero mucho más importante la calidad de este acuerdo, por el cual la Sra. Nicole Fontaine merece realmente nuestra felicitación; el acuerdo expresado en su informe está bien orientado, colma plenamente de sentido la libertad de esta institución y promociona tanto la Unión como Europa. 
Al suprimir disposiciones que, en el fondo, no hacían sino perpetuar el proteccionismo poniendo en entredicho nuestra propia seriedad- cómo sino podríamos explicar la imposición de oposiciones a profesionales con años de experiencia -, creo que debemos reconocer que el acuerdo de la Sra. Fontaine constituye un elemento muy positivo. 
Naturalmente, muchos tenían objeciones y reservas sobre el tema. 
También en Grecia hemos tenido bastantes problemas. 
Mencionaré sólo, a título de ejemplo, el caso de las empresas de abogados que se constituyen en Grecia conforme a un régimen especial y con elementos que no están vigentes en otros países europeos. 
Tuvimos que vencer entre todos estos problemas y no insistir en reservas que no facilitarían las soluciones que hoy nos propone la Sra. Fontaine. 
Seguí muy de cerca la primera etapa de este largo e importante trabajo y creo que la ponente y la Comisión de Asuntos Jurídicos, y desde mañana todo el Parlamento Europeo, podrán felicitarse por este nuevo camino que se ha abierto. 
Señor Presidente, antes que nada quiero felicitar a la ponente, Sra. Fontaine, por este informe sobre la propuesta de directiva acerca del ejercicio de la abogacía. 
Creo que esta libertad de ejercicio de la profesión de la abogacía en todo el territorio de la Unión Europea es un paso más hacia la integración política de la Unión y hacia la garantía de los derechos democráticos de todos sus ciudadanos. 
La regulación que se ha establecido sobre el acceso al título en el Estado miembro de acogida, impidiendo una entrada automática y exigiendo unos ciertos períodos de ejercicio en el país de acogida, hemos de interpretarla como un paso positivo y un paso que, en este momento, permitirá su funcionamiento y, a la larga, posiblemente, podrá adaptarse a las nuevas circunstancias. 
Estas dificultades actuales pueden ser quizás unas dificultades únicamente transitorias propias de los períodos de adaptación, que facilitan el camino hacia un correcto funcionamiento del sistema en el futuro. 
Por otra parte, muestro mi satisfacción por la enmienda relativa al artículo 1, ya que prevé que el nombre de «abogado» sea establecido en todas las lenguas oficiales del Estado español, y es bueno que este reconocimiento de todas las lenguas oficiales surja precisamente en un texto que habla de la abogacía, ya que los abogados han sido los más importantes defensores de los derechos de las personas y de los derechos colectivos de los pueblos. 
Señor Presidente, también yo hago llegar mis felicitaciones a la ponente, en especial por el texto de compromiso que ha presentado, con el que estoy rotundamente de acuerdo. 
Hay una cosa muy importante que dije en la fase de comisión que, lamento decir, no ha sido recogida por los servicios, y es que en el apartado 3 del artículo 10 la traducción correcta al inglés sería «public interest» y no «public order». 
Tal como advertirán los compañeros diputados, sobre todo los seguidores del fútbol y otros acontecimientos deportivos en los que los desórdenes públicos están muy al orden del día, es importante que el texto esté correctamente expresado en todas las lenguas. 
Desearía que me asegurara que esta noche los servicios se ocuparán de ello y que en el apartado 3 del artículo 10 dirá a partir de ahora «public interest» y no «public order». 
Ese problema ya lo han resuelto los servicios competentes. 
Distinguido señor Presidente, distinguido señor Comisario, Señorías, también yo quiero sumarme a la lista de felicitaciones y agradecer a la ponente, la señora Vicepresidenta Fontaine, el extraordinario esfuerzo invertido en la elaboración de este excelente informe. 
Yo también acojo con satisfacción el objetivo del informe de mejorar la libre circulación de los abogados mediante esta directiva complementaria específica, a la vista de que la directiva general no resuelve la cuestión del derecho al ejercicio permanente de la profesión con el título de origen y de los llamados «home-titles» y la prueba de aptitud regulada en la Directiva 89/48 se ha revelado como el verdadero obstáculo para la libertad de establecimiento de los abogados. 
No obstante, yo me pregunto si los planteamientos que propone el informe Fontaine para resolver estos problemas cuentan con la aprobación del grupo profesional afectado y si responden, en general, a las necesidades de la población que busca asesoramiento jurídico. 
Aun así, distinguida señora Vicepresidenta, usted ha presentado una propuesta de muy amplio alcance, guiándose por el principio de espíritu comunitario de la confianza mutua entre los Estados miembros. 
El magnífico esfuerzo realizado le ha permitido conciliar en numerosos aspectos las posiciones del Parlamento Europeo y de los abogados. 
Las enmiendas a los artículos 2 y 5 de la propuesta de la Comisión, relativos al ejercicio de la profesión y a los llamados «home-titles» , responden de manera sumamente detallada a una apremiante demanda de los abogados. 
Sin embargo, el aspecto realmente decisivo de la directiva es la regulación establecida en el artículo 10, que flexibiliza el requisito de la prueba de aptitud que podía exigirse hasta ahora. 
Esta flexibilidad parece, en cualquier caso, demasiado amplia. 
En este aspecto, yo soy del parecer que no basta con garantizar la plena integración automática, sin otros requisitos formales, después de tres años de actividad efectiva y regular en el marco del Estado de acogida. 
Por mi parte, de conformidad con la propuesta del Consejo de colegios de abogados de la Comunidad Europea, yo propongo que se incorpore un procedimiento de entrevista, en lugar de la prueba de aptitud. 
Pienso que sería una solución de compromiso muy aceptable, que sobre todo también tomaría en consideración los intereses de los Estados miembros más pequeños. 
En nombre de la Comisión, felicito a la ponente, la Sra. Fontaine, por el modo encomiable en que ha llevado a cabo la difícil tarea de lograr un acuerdo equilibrado sobre un tema tan controvertido y complejo, mostrando una verdadera preocupación por el interés general de la Unión Europea. 
Celebro igualmente el trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que ha adoptado una posición de equilibrio en cuanto al núcleo del problema, logrando reducir a 27 las 94 enmiendas presentadas. 
Agradezco asimismo los cumplidos dirigidos a la Comisión. 
La Comisión puede aceptar las principales enmiendas, así como la mayor parte del resto: puede aceptar tanto la enmienda nº 10, que suprime el límite de cinco años para ejercer con el título profesional de origen, como la enmienda nº 24, que prevé la dispensa de la prueba de aptitud después de haber ejercido una actividad durante tres años en el Estado miembro de acogida. 
A juicio de la Comisión, las dificultades surgen únicamente en cuatro enmiendas que, a pesar de su importancia secundaria en el conjunto de la propuesta, suscitan cuestiones de principio: se trata de la enmienda nº 7, en lo que se refiere a la incorporación de los procuradores holandeses; de la enmienda nº 9, en cuanto a la exclusión de los abogados que desempeñan un cargo adscrito a la Administración de justicia; de la enmienda nº 12, sobre la solicitud de certificados de honorabilidad, y de la enmienda nº 21, relativa a la posibilidad de dispensar de la afiliación al régimen de seguridad social en el Estado miembro de acogida. 
En cuanto a las ocho enmiendas presentadas tras la votación de la Comisión de Asuntos Jurídicos, las números 28, 34 y 35 son aceptables, pero las enmiendas 29 a 33 plantean problemas, dado que son contrarias al informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Con el fin de evitar malentendidos y a petición de la Sra. Fontaine, tendré mucho gusto en señalar algunas matizaciones sobre las reglas profesionales o deontológicas. 
El respeto de las reglas profesionales y deontológicas que rigen en el Estado miembro de acogida por parte del abogado que ejerce con su título profesional de origen es un elemento fundamental de la presente propuesta de directiva. 
Entre estas reglas figuran, en concreto, las referentes a interdisciplinariedad, incompatibilidades e incapacidades, cuyo objetivo es garantizar la independencia de la profesión de abogado. 
La aplicación de estas reglas debe respetar las disposiciones del Tratado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia y la presente Directiva. 
Algunos ejemplos de reglas profesionales y deontológicas son: la prohibición que existe en algunos Estados miembros de mantener dos despachos en el territorio de un mismo Estado; ciertas restricciones al ejercicio de la abogacía junto con otras profesiones; la prohibición del ejercicio de ciertas actividades que podrían menoscabar la independencia del abogado, y el secreto profesional. 
Concluyo, señor Presidente, con dos brevísimas consideraciones: como Comisario responsable del mercado único acojo, no sólo favorablemente, sino con entusiasmo, los progresos de esta Directiva. 
La creación de un mercado único para los abogados- se podría expresar de este modo- es importante, no sólo para esta profesión, de tanto peso en sí misma, sino también, y mucho, para todo el mercado único, más allá de los límites de la abogacía. 
Los abogados, portadores del Derecho, son como la savia vital de las ciudades jurídicas europeas; su libre establecimiento reforzará los fundamentos institucionales y culturales del mercado único, convirtiéndolo en un verdadero espacio de civilización jurídica europea. 
En suma, deseo reiterar mi felicitación por el trabajo realizado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y por el esfuerzo perseverante y creativo de la Sra. Fontaine. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Servicios de comunicaciones personales por satélite 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0179/96) del Sr. Hoppenstedt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (95) 05209- C4-0517/95-95/0274 (COD) ) relativa a una acción a nivel comunitario en el ámbito de los servicios de comunicaciones personales por satélite en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando el presidente Ronald Reagan puso en marcha a principios de los años ochenta su iniciativa de defensa estratégica, bajo el nombre de «guerra de las galaxias» , todo el mundo pensó que se trataba de ciencia ficción. 
El objetivo era establecer una red de satélites que cubriera el conjunto del planeta en tiempo real para detectar el lanzamiento de cohetes enemigos y procurar desviarlos mediante rayos láser. 
Este proyecto sin duda debe haber quedado relegado al desván de la historia. 
Sin embargo, al menos sirvió para poner en marcha la investigación, inicialmente subvencionada, en el ámbito de la tecnología aplicada a los satélites que ha dado lugar a la actual ventaja norteamericana en este ámbito. 
La principal utilización práctica de estos satélites son las telecomunicaciones y la radiodifusión, dos medios que utilizamos intensivamente. 
La mayoría de los satélites de telecomunicaciones y de radiodifusión actualmente en uso son de carácter geoestacionario, situados a una altitud de 36.000 km, y naturalmente deben tener asignado un segmento terrestre, lo cual plantea unas ciertas limitaciones y dificultades operativas. 
Esto ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías, con objeto de poder operar con satélites más próximos a la superficie terrestre, situados a una altitud de 10.355 km o incluso a altitudes de entre 700 y 1.400 km. Estos últimos son los llamados satélites «LEO» , que son el objeto del debate de hoy. 
Los europeos no hemos prestado, a mi parecer, suficiente atención en los últimos años al desarrollo y aplicación de estas nuevas tecnologías. 
Las empresas punteras en este campo son empresas norteamericanas, que disponen de licencias para operar en los Estados Unidos, pero también desean hacerlo a escala mundial. 
Los europeos no nos hemos preocupado de promover la participación de empresas europeas en los procesos de desarrollo tecnológico en este ámbito. 
Sólo somos compañeros de viaje en estos segmentos, que hemos acudido a la terminal de viajes y queremos montar en el vehículo, sin saber exactamente adónde queremos dirigirnos ni quién es el conductor. 
Es muy importante, por lo tanto, que la industria europea despierte de su letargo y participe en el desarrollo de satélites y sobre todo en la estructura operativa, a fin de no quedar rezagados tampoco en el ámbito del empleo. 
Las posibilidades de recuperar los posibles retrasos en este ámbito mediante la publicación de libros blancos sobre el empleo son limitadas. 
La Comisión ha respondido adecuadamente al declarar que su papel consiste en incitar a los Estados miembros a actuar. 
Debemos exhortarles repetidamente y recordarles que precisamente en el campo de la tecnología de los satélites se están abriendo mercados con perspectivas de futuro. 
La Comisión ha cumplido muy bien este cometido. 
Sin embargo, los Estados miembros de la Unión Europea volvieron a dejar pasar lamentablemente una oportunidad en la Conferencia de la UIT del año pasado en Ginebra, cuando permitieron que la nueva empresa de Bill Gates se reservara varias frecuencias mundiales en los diferentes países, que le permitirán transmitir datos a través de un sistema de 840 satélites en órbita. 
Es decir, que podría crearse una competencia a las frecuencias terrestres en la que los europeos ya no tendríamos posibilidad de participar. 
Para poner en órbita 844 satélites se requerirán también bastantes cohetes de lanzamiento. 
Esto cuesta dinero y crea valor, y quizás quedemos excluidos de todo ello. 
La Comisión solicita en su informe poder participar en la concesión de licencias y en las negociaciones transfronterizas con terceros Estados. 
Los Estados miembros, que no constituyen en el fondo el objeto central de este debate, pero a los que también he tenido en cuenta en mi labor como ponente con vistas a lograr un resultado factible, también están involucrados, obviamente, dada su competencia en materia de concesión de licencias. 
El Parlamento propuso por este motivo que se otorgue un mandato a la Comisión para el caso de que no se alcance un acuerdo en relación con la concesión de frecuencias y las negociaciones transfronterizas en este ámbito. 
Yo espero que nuestra propuesta pragmática sea acogida también como tal por el Consejo y que no se interprete como una muestra de debilidad del Parlamento Europeo. 
Tengo la seguridad de que la Comisión sabrá hacer valer sus derechos en las negociaciones con el Consejo para alcanzar un resultado razonable para las empresas europeas. 
Tengo igualmente la seguridad de que la Comisión seguirá presionando para obtener el mandato de las empresas europeas y de los Estados. 
En efecto, los norteamericanos intentaron excluir hace poco todo el sistema de satélites del acuerdo sobre telecomunicaciones en la Conferencia de la OMC y no sabemos exactamente qué se llevan entre manos. 
Debemos estar muy atentos a los acontecimientos en este ámbito y yo tengo la certeza de que la Comisión sabrá poner el dedo en la llaga también en este contexto. 
Señor Presidente, señor Comisario, desearía enumerar algunas de las consideraciones que he defendido en el seno de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, mencionadas en mi informe, y que constituyen la continuación natural de lo que acaba de exponer el ponente para el examen del fondo, el Sr. Hoppenstedt. 
Existe una importante diferencia entre los servicios telefónicos por satélite y los servicios multimedia vía satélite. 
En el primer caso, se habla de terminales móviles cuya principal función es el roaming planetario, esto es, la posibilidad de desplazarse por todo el mundo con un único terminal telefónico. 
Se dispone de la tecnología necesaria, se han creado consorcios internacionales- en los que participan también industrias europeasy están a punto de iniciarse los programas de prueba. 
Por el contrario, el sector de los servicios multimedia por satélite, como el Teledasic- el de Bill Gates, para entendernos- se encuentra todavía en plena fase de desarrollo tecnológico, sobre todo en el ámbito de la conmutación a bordo de satélites, donde está todavía en juego una interesante competencia tecnológica entre los Estados Unidos y Europa. 
Por otra parte, no se han definido todavía con precisión ni el contenido de los servicios ni los propios operadores. 
Por ello, he sugerido que se diferencie con más claridad el planteamiento de unos y otros servicios en la propuesta de decisión de la Comisión. 
En cuanto a los servicios telefónicos por satélite, dado el escaso número de operadores potenciales y el interés relativamente limitado que existe en Europa por este servicio en relación con el celular, el GSM, del que ya están bien dotados los países europeos, no parece justificado que la Comisión pretenda implantar un nuevo procedimiento de selección, que ralentizaría la entrada en funcionamiento de los nuevos servicios. 
Por otra parte, la presencia de más operadores ya garantiza la competencia. 
En cambio, comparto con el ponente la necesidad de armonizar los procedimientos de concesión de licencias, pero considero que el papel de la Comisión no puede extenderse más allá de este ámbito. 
Me he expresado en otras ocasiones en esta Asamblea- el Comisario Bangemann lo recordará- a favor de una Federal Communication Commission europea. 
Por tanto, estoy de acuerdo con que la Unión Europea tenga un papel regulador, pero no creo que ello justifique la atribución de funciones de selección a la Comisión. 
Con la enmienda nº 11, por el contrario, sugiero que se incremente la atención, la promoción y el interés legislativo respecto a los servicios multimedia por satélite, es decir, la otra categoría. 
El futuro de la sociedad de la información se juega en este sector, y es importante que no sorprenda a Europa desprevenida. 
En conclusión: ha habido una convergencia de opiniones sustancial con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y con el ponente, el Sr. Hoppenstedt, a quien felicito por su excelente trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Hoppenstedt nos ha explicado con el talento que le caracteriza, y con mucha claridad, que esta tarde examinamos un propuesta de decisión relativa a una acción comunitaria en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones personales por satélite. 
Efectivamente, actualmente existe una red de satélites que abarca, en tiempo real, el planeta entero. 
Podría decirse que es el hijo ilegítimo del proyecto «Guerra de las galaxias» del presidente Reagan. 
Esta red permite contar con sistemas de comunicaciones personales por satélite que ofrecerán el equivalente de los teléfonos celulares con una cobertura mundial, pero, claro está, con un costo mucho más elevado y, por ende, se utilizarán en regiones poco pobladas y no comunicadas por las redes celulares. 
Las inversiones necesarias para lograrlo son sumamente importantes y, por tanto, abren perspectivas interesantes para la industria especial europea. 
Por lo demás, no hay que olvidar que este proyecto abarca otros ámbitos además de la telefonía, especialmente las comunicaciones multimedia. 
Dada la importancia de este expediente y proyecto, se precisará un enfoque coordinado a escala mundial y, sin duda alguna, indispensable a nivel europeo. 
Es precisamente en este marco que la Comisión prevé la adopción de un procedimiento comunitario único de selección de operadores y la concesión de licencias a dichos operadores. 
Si bien comprendo las motivaciones de la Comisión, esta tarde quiero decir que, globalmente, no apruebo la propuesta de decisión que formula, por lo demás, en perfecta coherencia con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Además del problema de la soberanía de los Estados miembros, que en gran medida desaparece en la propuesta de la Comisión, existen otras consideraciones que nos molestan. 
La imposición de una selección nos parece, en efecto, una futilidad, visto el reducido número de competidores mundiales potenciales que deberán ponerse de acuerdo, naturalmente, sobre el reparto del espectro disponible. 
Por lo demás, la propuesta parece no tener en cuenta las exigencias de la propuesta de directiva «Licencias» en materia de armonización y de la posibilidad de obtener de un solo organismo regulador una autorización válida para toda la Comunidad. 
Incluso si esta directiva no se refiere a las licencias individuales, podría servir de marco de reflexión que deberá completar la Comisión. 
Y, a la par del ponente, apruebo la preocupación de la Comisión de tener rápidamente un enfoque comunitario armonizado del problema. 
Por último, deseamos que se promueva, antes de toda negociación internacional, una cooperación comunitaria para llegar a una posición única que la Comisión podría, entonces, defender en el seno de los foros internacionales. 
Señor Presidente, Señorías, el excelente informe de nuestro compañero, el Sr. Hoppenstedt, hace el balance sobre la puesta en marcha de una infraestructura de información de la que lo menos que puede decirse es que es realmente mundial. 
Las implicaciones estratégicas de los sistemas y los servicios correspondientes son considerables, muy importantes para el mercado europeo y la industria europea, sobre todo vistas las consecuencias, a nivel mundial, de las transferencias de tecnología del sector militar hacia el sector civil, sobre todo en Estados Unidos. 
A escala internacional, la cuestión de los sistemas y servicios de comunicaciones personales por satélite tomó recientemente un nuevo giro cuando, en el contexto de las negociaciones multilaterales de la OMC sobre las telecomunicaciones, los Estados Unidos decidieron adoptar una actitud más intransigente, amenazando con excluir este sector del perímetro de un posible acuerdo y, por el momento, no se ha dado ninguna garantía en cuanto a la inclusión de los sistemas de satélite en el compromiso definitivo que concluirá Estados Unidos al terminar las negociaciones. 
Además, la existencia de un mecanismo de atribución de licencias de segmentos espaciales en los Estados Unidos va a engendrar discriminaciones contra los sistemas de origen extranjero. 
El proyecto inicial de la Comisión suscitó una fuerte oposición por parte de numerosos Estados miembros, por razones esencialmente institucionales, ya que prevé modalidades de aplicación, tratándose sobre todo de competencias atribuidas a la Comisión, difícilmente aceptables y que plantean serias dudas en cuanto a su conformidad con el Tratado. 
Vista la nueva situación creada por el estado de las negociaciones en la OMC, parece esencial buscar, en el seno del Consejo, una armonización de las posiciones para preparar una negociación en un breve plazo, referirse a los mecanismos previstos por el proyecto de directiva sobre las licencias relativas a los aspectos que tocan la armonización de las condiciones de concesión y el contenido de las licencias de los segmentos terrestres. 
Las enmiendas adoptadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, a iniciativa especialmente de nuestro compañero, el Sr. Malerba, aportan a este respecto significativas mejoras entre las que se encuentra la supresión del controvertible dispositivo de selección, por la Comisión, de los operadores de segmento espacial. 
La integración del régimen reglamentario relativo al trayecto terrestre de las comunicaciones personales por satélite en el seno del dispositivo armonizado de las licencias y autorizaciones va también en el buen sentido. 
Para el Grupo Unión por Europa, las propuestas de enmienda del ámbito internacional contribuyen igualmente a mejorar el proyecto, salvo la posibilidad de conferir a la Comisión un derecho de negociar las frecuencias en el seno de la UIT en lugar de los Estados miembros. 
Tal delegación de competencias no parece fundada y, por lo demás, parece incompatible con los estatutos actuales de esta organización internacional. 
Señor Presidente, estimados colegas, yo quiero felicitar al Sr. Hoppenstedt, pero a la vez también quisiera aprovechar la oportunidad para plantear mi ceterum censeo: ¿cuándo se decidirá la Comisión a presentarnos una directiva marco que nos permita debatir el marco de condiciones básicas y los requisitos políticosociales que debe cumplir la liberalización del sector de las telecomunicaciones? 
¿Cuándo se someterá al procedimiento legislativo el marco común para la concesión de autorizaciones generales e individuales que ya ha presentado la Comisión? 
También quisiera plantear, no obstante, algunas cuestiones, tal vez ingenuas, pero que creo que tocan aspectos fundamentales. 
En primer lugar, en lo relativo a las circunstancias de la armonización de la selección, tal como se ha planteado en los informes y en las intervenciones anteriores. 
Yo tengo la impresión de que la Comisión no establece con toda nitidez la distinción entre los sistemas de comunicaciones personales por satélite y los servicios multimedia de banda ancha, aparentemente de manera deliberada, con objeto de poder disponer de un instrumento que, llegado el caso, le permita intervenir también, de hecho, en el proceso de selección en este segundo ámbito. 
Lo cual tampoco es una mala idea, si se recuerda la historia de la televisión por satélite y el papel clave que ha desempeñado en la implantación de los canales privados de televisión. 
A la vista de este hecho, no puedo evitar recordar las palabras del eminente John Locke, el fundador del pensamiento liberal moderno, sobre el problema de cuántos participantes se requieren para constituir un mercado: » siendo sólo dos, no podían ponerse de acuerdo». 
Si alguno de los presentes piensa que con tres sería posible establecer unas relaciones comunes de intercambio equivalente, ¡estoy dispuesto a pagar una ronda si me lo demuestran! 
Ante todo, quiero dar las gracias al Parlamento y al Sr. Hoppenstedt en particular por su rápida respuesta a nuestra propuesta, puesto que, a pesar de todas las discrepancias con respecto a nuestra posición que han quedado de manifiesto durante el debate, un punto al menos es indiscutible: ¡si no actuamos con la máxima rapidez no podremos imponer ninguna solución, ni la que prevé el Parlamento, ni la que promueve la Comisión, ni cualquier posible fórmula de compromiso intermedia! En efecto, como ya ha señalado acertadamente el Sr. Hoppenstedt: ¡nuestros competidores, sobre todo en los Estados Unidos, no duermen! 
Ya han logrado un éxito parcial en la IUT. 
Invitarán a algunas empresas europeas a participar en sus proyectos, de hecho ya están trabajando en esta línea, pero como ha manifestado el Sr. Hoppenstedt, también con razón, las empresas europeas probablemente se incorporarán como compañeras de viaje. 
No tendrán una participación decisiva y ciertamente tampoco ninguna posibilidad de determinar el curso de los acontecimientos. 
Podemos definir el mercado como mejor nos parezca, pero si sólo hay un participante, ya no se trata de un mercado, sino de un monopolio, El problema en el sector de las comunicaciones por satélite, a saber los fines para los que se utilizarán en último término, reside precisamente en el hecho de que desaparecerán los monopolios públicos, tal como ha ocurrido hasta ahora en los diferentes Estados miembros, pero habrá un monopolio privado. 
El Parlamento precisamente no se ha cansado de advertirnos reiteradamente que, si bien la desregulación supondría seguramente el desmantelamiento de los monopolios públicos, no obstante permitía la formación de monopolios de derecho privado. 
En efecto, por una parte se nos dice que no debemos cerrar los ojos, pero al mismo tiempo se señala que la probabilidad de que nuestros competidores transformen su actual ventaja en auténticas posiciones de monopolio es relativamente escasa. Por otra parte, se rechaza nuestra propuesta como una tentativa, tal vez comprensible, pero en el fondo inaceptable, de obtener nuevas competencias para la Comisión. 
Este no es en absoluto el objetivo y el procedimiento de selección, que se ha mencionado en diversas ocasiones, no debe constituir de ningún modo la norma. 
Incluso es posible que sea la excepción; de hecho, partimos de este supuesto. 
Por consiguiente, no nos parecen sólidos los argumentos que se han presentado en favor de la enmienda. 
El Parlamento ha señalado naturalmente y con razón, también en el presente debate, que los servicios de comunicaciones personales por satélite están sujetos a la directiva general sobre las autorizaciones, que se aprobará en breve. 
No obstante, esta directiva no contempla los aspectos de la armonización- y las autorizaciones individuales tampoco cubren en absoluto este aspecto -, ni prevé una coordinación en un plazo oportuno de las decisiones de los Estados individuales, y este momento es precisamente lo que nos preocupa. 
Aun cuando la labor que ha realizado el Sr. Hoppenstedt en este ámbito, ya desde antes de que yo asumiera la responsabilidad del mismo en nombre de la Comisión, me merece el mayor respeto, debo manifestar con toda franqueza, y el Sr. Hoppenstedt ya lo sabe también, que discrepamos sobre este particular. Es posible que lo que propone el Parlamento a través de sus enmiendas corresponda al compromiso final alcanzado en el Consejo. 
Pero iniciar las discusiones con el Consejo con semejante posición me parece una táctica, o una estrategia, poco prudente y por este motivo nos oponemos a que se admitan las autorizaciones nacionales, que por nuestra parte deberíamos limitarnos a coordinar. 
Esta coordinación no tendrá lugar en el momento oportuno y este procedimiento no funcionará, sin entrar a considerar ya, Sr. Caudron, que en algunos casos también resulta un poco fuera de lugar que todos los Estados miembros deben otorgar autorizaciones individuales para los satélites. 
Con los mayores respetos hacia Luxemburgo, pero ¿proponer una autorización individual de Luxemburgo para un satélite o quizás para varios satélites que habrán de utilizarse para las comunicaciones por satélite en la Unión Europea... ? 
En fin, yo puedo llegar a aceptar muchas cosas, pero esto me plantea algunas dificultades, como sin duda comprenderán. 
En resumen, coincidimos con el Parlamento en que es preciso hacer algo. 
Sin embargo, no estoy seguro de que el Consejo se decida a actuar en la medida necesaria a partir de las propuestas del Parlamento. 
Tampoco veo la necesidad de establecer distinciones entre los sistemas que utilizan frecuencias adjudicadas para los servicios de telefonía móvil y los sistemas multimedia de banda ancha, que por otra parte operan en frecuencias más altas. 
Los aspectos relativos a la política reguladora son absolutamente comparables para ambas categorías y su diferente uso no justifica, a mi entender, esta división. 
Permítanme que les diga que en este debate he tenido la impresión de estar debatiendo con el Consejo. 
Dejaré que el Parlamento juzgue por sí mismo si se trata de un cumplido. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana el miércoles a las 12.00 horas. 
Vehículos de motor de dos o tres ruedas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0199/96) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la posición común adoptada por el Consejo (C4-0149/96-00/0470 (COD) ) con vistas a la aprobación de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados elementos y características de los vehículos de motor de dos o tres ruedas (Ponente: Sr. Barton). 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a todas las personas y organizaciones que han contribuido a crear el paquete de medidas de compromiso que se encuentra hoy ante el Parlamento sobre el futuro de los vehículos de motor de dos y tres ruedas. 
Alabo en particular a los motoristas que han hablado directamente con sus diputados nacionales en todos los Estados miembros y que, de forma muy responsable, han defendido medidas que mejorarán la seguridad, reducirán la contaminación y atajarán los realísimos problemas creados por una minoría irresponsable de motoristas que llevan motos con tubos de escape muy ruidosos. 
La Unión Europea como conjunto ha de aprender las lecciones de las que ha sido pionero el Parlamento Europeo: que la buena legislación sólo es posible cuando se mantiene un diálogo constructivo con los ciudadanos directamente afectados. 
Un ejercicio que ha sido posible en este caso gracias al trabajo de las asociaciones nacionales e internacionales de derechos de los motoristas, coordinadas por la Federación de Motoristas Europeos. 
Quiero rendir especial homenaje a su secretario general, Simon Millward. 
El proceso seguido puede ponerse como ejemplo clásico de cómo conectar a los ciudadanos con los mecanismos de Europa. 
Ahora el Consejo debe tomar en serio este respaldo, al contrario que cuando respondió en primera lectura. 
Sencillamente, no es admisible que deje de lado propuestas prácticas como la que ilegitimaría la venta de sistemas de escape ruidosos e ilegales. 
Éstos son los sistemas que más molestias producen y que dan mala fama al motociclismo en general. 
Tampoco podemos permitir que los fabricantes especifiquen marcas de piezas de repuesto como los neumáticos. 
Hay que dejar que el cliente elija entre una serie de piezas de repuesto apropiadas, siempre que respondan a las correspondientes especificaciones técnicas y de seguridad. 
A título de ejemplo, un fabricante como BMW no puede exigir que, pongamos por caso, sólo se pudieran poner como repuesto neumáticos Pirelli cuando, por ejemplo, Dunlop u otros fabricantes tuvieran neumáticos alternativos perfectamente apropiados y, en algunos casos, quizá superiores. 
El paquete de medidas del Parlamento exige que, antes de que decidamos sobre la siguiente fase de controles del ruido y las emisiones, se realice investigación conjunta con las organizaciones de motoristas a fin de garantizar la presentación de propuestas prácticas y realistas. 
Si no se modificara la posición del Consejo sobre las medidas contra la manipulación, los motoristas se resistirían a hacer las revisiones que son necesarias periódicamente para reducir al mínimo los niveles de contaminación. 
Después de todo, sería irónico que, por defecto, dichas propuestas fueran a poner en peligro el futuro de los vehículos de dos y tres ruedas. 
Las motocicletas pueden contribuir positivamente a ofrecer una forma personalizada de transporte económica a la vez que placentera, causando menos tráfico y contaminación que sus hermanos de cuatro ruedas. 
Insto al Parlamento a que apruebe en bloc todos las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, a excepción de la enmienda nº 3, que esperamos sea sustituida por una nueva enmienda de compromiso, la nº 20. 
Por desgracia, parece inevitable que el Consejo no acepte inmediatamente nuestras enmiendas. 
Sin embargo, hay un mensaje que debe entender: para que la Unión Europea esté conectada con las preocupaciones cotidianas de sus ciudadanos acerca de las motos o, si a eso vamos, sobre cualquier otro tema, sólo puede hacerlo a través de un diálogo con las personas directamente afectadas. 
El Parlamento ha mantenido un diálogo significativo sobre el tema y no va a aceptar de buen grado que ese trabajo sea pasado por alto por unos cargos ministeriales reunidos en secreto. 
Está en juego un importantísimo principio democrático. 
Señor Presidente, podríamos celebrar un debate interesante a raíz de lo que ha dicho el Sr. Barton sobre quiénes son en realidad las people concerned en esta directiva. 
Esto constituye para mí el núcleo de lo que quiero decir. 
Para quien quiera mirar desde otro lado el ruido provocado por los motores, es decir, del lado de los no usuarios que sobre todo se enfrentan a diversos aspectos negativos de las motos, este ha sido un debate muy difícil. 
Pues si el grupo de presión de los representantes de los conductores de máquinas de gran cilindrada se hace oír bien, al Parlamento le cuesta mucho no inclinarse hacia ese lado. 
Visto el hecho de que los representantes de los no usuarios no han dicho nada, me parece que no lo hemos hecho del todo mal en el Parlamento. 
Las normas de emisión de gases serán más estrictas y las posibilidades de manipular el motor se limitan drásticamente. 
Sin embargo, por lo que respecta al ruido producido por los motores, se han hecho enormes concesiones, por ejemplo en relación con una directiva voluntaria que entró en vigor en 1978 en los Países Bajos y Alemania. 
Lo que propone ahora el Parlamento es flexibilizar, tanto el nivel sonoro como el método de medición. 
Personalmente considero que se trata de una señal equivocada, tanto para los usuarios como para la industria. 
Todas las motocicletas que se venden en los Países Bajos y en Alemania cumplen ya las normas más estrictas, que además se evalúan aplicando un riguroso método de medición. 
El principal argumento del grupo de presión de los motoristas, de que estas normas más estrictas suponen el fin de los motores refrigerados por aire, es incorrecto, y para demostrarlo basta con fijarse en los modelos vendidos en los Países Bajos y Alemania. 
Parece que el verdadero argumento es que la reducción del ruido puede mermar la potencia del motor. 
Esto reafirma mi sospecha de que el grupo de presión con el que hemos tratado estaba compuesto sobre todo por aficionados a las superbikes. 
Sin embargo, el propio Consejo tampoco está libre de culpa. 
El verdadero problema con los motores es la manipulación y el uso de sistemas ilegales. 
Hasta ahora se han rechazado las propuestas de compromiso por parte de quienes se toman en serio el problema del ruido de los motores, y entre ellos se encuentran afortunadamente el ponente y muchos motoristas, que sobre todo piden medidas en el ámbito del cumplimiento de los límites acústicos existentes, hoy totalmente insuficiente. 
Señor Presidente, espero que las negociaciones, que sin duda tendremos que celebrar con el Consejo y la Comisión, tengan como resultado que se puedan encontrar soluciones satisfactorias, concretamente en el ámbito del ruido y del cumplimiento de los sistemas ilegales. 
Señor Presidente, quisiera decir: ¡a la conciliación! 
Ahora que el Consejo se ha negado a aprobar nuestras enmiendas de primera lectura, la posición común, pienso que el Parlamento ha de demostrar que vamos en serio y mañana hemos de reunir los 314 votos necesarios, sobre la base de los hechos y no sobre la base de una táctica negociadora, como parece estar haciendo el Consejo, y me apuesto una motocicleta europea, Comisario Bangemann, a la cual podamos subirnos juntos. 
El Consejo está jugando un extraño juego. 
Por un lado, 80 decibelios y un valor máximo de las cuatro mediciones, sacado del sombrero europeo, después de la primera lectura, en lugar del valor medio, y eso lleva en la práctica a 78 decibelios. 
Emotivamente ecológico, ¿o no? 
Pues no. 
Ya que por otro lado, y eso ya lo ha dicho el Sr. Metten, el Consejo se niega a tratar con mano dura el sistema ilegal de escape y sabe que de hecho se trata de guardar las apariencias. 
A fin de cuentas, ni siquiera se cumplen las normas actuales, y la policía, como la de Amsterdam, no sabe qué hacer. 
Así que limitarse a unas normas más estrictas tampoco sirve de nada. 
Quiero preguntarle al Comisario Bangemann si el sistema de medición propuesto no tiene que ver más bien con la presión alemana, que conseguiría, con el truco técnico, una importante ventaja competitiva para BMW. 
Necesitamos normas que sean realistas y que tengan una base de apoyo entre el público. 
Es decir, 82 decibelios con control y sanciones, con una prohibición absoluta de producir y vender tubos de escape ilegales, pues este es el núcleo del problema y no el número de decibelios. 
La antimanipulación sólo sirve de algo para evitar el salto de categorías- esta palabra no existe, pero ahora sí-. 
Aumentar la potencia de un ciclomotor a la de una pequeña motocicleta, y luego la de una pequeña motocicleta a la de otra más grande. 
Eso lo entiende el Consejo. 
Pero el Consejo se pasa de rosca, pues la marca y los signos de identificación, también para los motores más pesados, no hará más que aumentar la burocracia. 
También las máquinas superveloces suponen un enorme aumento de los costes para el ciudadano europeo, que se entretiene manteniendo su máquina. 
Por último, señor Presidente, un llamamiento al motorista. 
Ochenta y dos decibelios, el valor medio de la medición, sí, pero que sean estrictos consigo mismos y con los demás. 
Echen a los miembros que lo fastidian todo y no se ciñen a las reglas. 
Ayuden a la policía a emprender una acción eficaz contra los infractores. 
Cooperen estructuralmente con la policía. 
De este modo, en el año 2001 no hará falta adaptar las normas, como pide la enmienda nº 20; de lo contrario sí, y el balón está en su tejado, miro arriba a la tribuna. 
Señor Presidente, a mi entender, el Consejo ha hecho muchas concesiones al Parlamento. 
El Parlamento parece presa de la felicidad de los motoristas, así que si llega a ser por este Parlamento, los motoristas podrían seguir haciendo mucho ruido y contaminar lo suyo. 
A decir verdad, me parece muy lamentable. 
Como ya ha dicho el Sr. Metten, frente a la felicidad del motorista, que por lo visto parece residir principalmente en el ruido, los malos olores y las manos sucias, está la impotencia de las personas que por lo visto, según este Parlamento, han de aceptar simplemente que los motoristas perturben su tranquilidad. 
Quisiera invitar al ponente, al Comisario y a todos los ministros de los Consejos para que vengan a escuchar en los diques de los ríos donde, desde la Ascensión hasta bien pasado el verano, esas personas que viven tranquilamente en el dique, tienen que aguantar cientos de máquinas que arman jaleo en los diques y que perturban su tranquilidad. 
No comprendo por qué no hemos de proteger esa felicidad y sí tengamos que proteger la de los motoristas. 
¿Es que han de quedarse dentro y cerrar puertas y ventanas? 
Me parece realmente incomprensible. 
Incluso diría que es un escándalo. 
Las posibilidades del progreso técnico que suelen desempeñar un papel tan central en este Parlamento, cuando se trata de política ambiental, ahora se dejan desaprovechadas. 
Es el ponente, quien es acosado por el grupo de presión de los motoristas, al cual naturalmente pertenece, que todavía no está satisfecho. 
El Sr. Barton intenta boicotear cualquier norma estricta. 
Y la gran mayoría de mi Grupo sigue oponiéndose, también en segunda lectura, a cualquier condescendencia en torno a las emisiones de sustancias perjudiciales y ruido. 
Me parece realmente incomprensible lo que sucede aquí y sólo me resta desearle mucha suerte al Consejo y esperar que no desfallezcan en la siguiente ronda. 
Señor Presidente, para una cuestión de orden: se ha mencionado que yo formo parte del grupo de presión de los motoristas. 
Como diputado electo que representa a todos los ciudadanos de mi circunscripción, me siento muy ofendido por ello. 
Trabajaré con este grupo de presión y con todos los que haga falta, pero tomo muy a mal que digan que formo parte del grupo de presión de los motoristas. 
No es cierto. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo puede estar satisfecho. 
Casi todas las enmiendas de la primera lectura han sido adoptadas por el Consejo en su posición común. 
En cuanto al punto de los niveles sonoros permitidos, no se aceptó un deseo curioso del Parlamento. 
Con razón, a mi entender, pues las normas de ruido propuestas en un principio por la Comisión ya se habían incluido en la segunda fase de la directiva de 1987. 
Este Parlamento pierde toda credibilidad al querer flexibilizar los límites de ruido. 
La enmienda nº 11 supone una bofetada a la cara del fabricante innovador de motocicletas que por voluntad propia ha decidido ajustarse a las normas más estrictas de 1995. 
Una gestión tan incorrecta es inaceptable. 
El grupo de presión de los motoristas maneja el argumento de que no se necesitan normas más estrictas, sino un control más estricto. 
El problema está en el mantenimiento. 
Por ello, es preciso hacer hincapié en impedir que se aumente la potencia de las motocicletas y las motos, entre otras cosas prohibiendo la venta de kits de automanipulación. 
Todo ello según el grupo de presión de los motoristas. 
Señor Presidente, tendremos que hacer lo uno, sin dejar de hacer lo otro. 
Los motoristas que hacen demasiado ruido, no sólo amargan la vida a las personas que disfrutan del aire libre, sino que también se la amargan a otros motoristas que observan una conducta social y ecológica. 
Las medidas antimanipulación son necesarias. Pero también lo son unos límites de ruido más estrictos. 
A fin de cuentas, no se trata de aplicar normas de ruido de 1987 hasta el año 2006, como propone la enmienda nº 3. 
Quien piense que esto tiene que ver con crear una posición de salida lo más propicia posible para el procedimiento de conciliación, se equivoca. 
En la negociación es muy importante que el contrincante te tome en serio. 
Y este no parece ser precisamente el caso. 
Señor Presidente, ante todo quiero elogiar a todas las personas, también a las de Dinamarca, que han trabajado activamente en relación con esta propuesta. 
Los motoristas han sabido ejercer su influencia, tanto los miembros de los grupos famosos como los tranquilos administrativos que sólo utilizan sus motocicletas los domingos. 
Han contribuido a convencer al Parlamento Europeo de que hay que apoyar los aspectos positivos de la vida al aire libre. 
Es evidente que hay momentos en que los ruidos de las motos molestan, pero aquí no se trata de la sensibilidad o falta de la misma ante el ruido. Estoy totalmente en desacuerdo con los Verdes, pero me imagino que los ciclistas tienen demasiada influencia sobre ellos. 
El hecho es que los expertos de la Comisión han vuelto a presentar unas normas un poco absurdas sin pensar en la sensatez ni en la realidad. 
Las normas para el ruido han de adaptarse a las condiciones reales. 
No mucha gente distingue si el nivel de ruido está por encima de 82 decibelios o no. 
Sería mucho mejor que la Comisión se concentrara en evitar la competencia desleal respecto a las motocicletas que se producen en Europa. 
Como saben muy bien sus Señorías, el desempleo es uno de los mayores problemas de Europa, así que no debemos desaprovechar las posibilidades de mantener unos puestos de trabajo fijando requisitos absurdos para nuestros propios centros de trabajo en la Unión. 
Felicito a Roger Barton por el gran trabajo que ha realizado en relación con este tema. 
Ha hecho muchos esfuerzos de creatividad por demostrar lo esencial del tema ante la Comisión. 
El propio Sr. Bangemann se ha dado una vuelta en motocicleta con Roger Barton para convencerse de la veracidad de lo que sostiene el Parlamento. 
Los motoristas son personas aficionadas a la vida al aire libre y a la calidad de vida, y no debemos cambiar esta situación con límites insensatos que no se pueden medir. 
Quiero decir una vez más a los Verdes: ha sido un intento valiente de luchar un poco por los ciclistas. 
Yo mismo soy un activo ciclista, por lo que me parece que no deben decir cosas como éstas; pueden inducir a los ciclistas a vender la bicicleta para comprarse una motocicleta. 
En el debate anterior he escuchado argumentos que habitualmente sólo llegan a mis oídos en el Consejo y ahora oigo el eco de mis propias palabras. 
Casi todos los oradores, con la excepción del Sr. Blak, han expresado lo que yo ya manifesté unos dos años atrás. 
Por cierto, Sr. Blak, que no he paseado nunca en moto con el Sr. Barton, aunque sí lo he hecho con la Sra. Larive, y fue aún más agradable que hacerlo en compañía de aquél. 
De todos modos, también estoy dispuesto a dar un paseo en moto con el Sr. Barton; por eso que no quede. 
Desde luego, comprendo- y ahora me dirijo al Sr. Barton- que cuando uno mantiene relaciones especiales con un grupo de la población o con su circunscripción electoral, se actúe de vez en cuando como portavoz de sus consideraciones. 
Es una actuación legítima y algo que un diputado debe hacer. 
Sin embargo, no puedo aceptar que este proceder se lleve a los extremos a los que lo ha llevado el Sr. Barton esta noche, cuando ha afirmado que él representa al pueblo y el Comisario Bangemann quién sabe a quién representa. 
Desde luego, en el caso que nos ocupa no represento a la industria del sector. 
En realidad, he representado más bien el papel que le corresponde a mi colega, la Sra. Ritt Bjerregaard. 
En todo momento, me he manifestado a favor de que se apliquen a los vehículos de motor de dos ruedas los mismos criterios que aplica el Parlamento para los vehículos de pasajeros, los vehículos de transporte ligero y los vehículos de transporte pesado. 
Y raras veces coincido con el Sr. Metten, pero su intervención de esta noche me ha gustado muchísimo. 
Podría haber pronunciado yo mismo sus palabras y, por lo tanto, no me queda más que agradecerle su aportación. 
Por otra parte, no deja de tener su gracia. 
Esta noche, Inglaterra ha derrotado a Holanda por 4 a 1, pero después del Sr. Barton han intervenido en cambio cuatro holandeses. Es decir, que finalmente vuelven a estar empatados. 
¿Y qué debemos hacer ahora, una vez alcanzado este punto? 
Tras la aceptación por parte del Consejo de una serie de enmiendas del Parlamento, ha llegado a mi parecer el momento de concluir el procedimiento. 
¡El expediente ha llegado a ocupar 657 páginas! 
Por lo tanto, les ruego que comprendan que no me es posible aceptar las enmiendas encaminadas a mejorar todavía más los puntos que ya han sido aceptados por el Consejo. 
El Parlamento ya sólo puede concederse la satisfacción de decir estamos más o menos de acuerdo con lo que ya ha aceptado hasta ahora el Consejo, que es bastante más de lo que podían esperar los portavoces de los motociclistas al principio del proceso. 
No hay nada que objetar contra los grupos de presión y la gente debe defender sus intereses, pero existen otras personas aparte de los motociclistas. 
También hay personas que se ven afectadas por su actuación; la Sra. van Dijk ha vuelto a recordarlo. 
Por otra parte, no es a mí a quien deben invitar para que mida el nivel sonoro, ¡inviten al Sr. Barton y a otros diputados del Parlamento! 
Lo cual no quiere decir que me tome su invitación como una amenaza. 
Aceptaré gustoso una invitación, pero no para escuchar el ruido de las motos; esto no es necesario. 
Ya manifesté desde el principio que debemos actuar tal como ustedes ya actúan en los demás casos. 
No obstante, estoy dispuesto a aceptar las propuestas que ha elaborado hasta ahora el Parlamento y por el momento también formo parte del procedimiento democrático, aunque a veces no pueda aceptar sus propuestas, si bien en este caso las acepto. 
Yo propongo, por lo tanto, que la Comisión acepte 9 de las 20 enmiendas todavía pendientes, concretamente las enmiendas 6 y 7 y 13-19. 
Estas últimas se refieren todas al procedimiento de medición del nivel sonoro y proponen recuperar el texto de la propuesta inicial de la Comisión. 
La posición común establece un procedimiento de medición más riguroso, lo cual se traduce en la práctica en la aplicación de unos valores límite más estrictos. 
La propuesta inicial de la Comisión ya endurecía considerablemente las nuevas medidas contra la contaminación acústica, puesto que definía como obligatorios estos valores límite opcionales. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda 2, porque los remolques no entran por ningún concepto dentro de este ámbito de aplicación. La enmienda 3 contempla el aplazamiento de la entrada en vigor de los valores límite. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda presentada ayer en relación con el mismo tema, que se traduciría igualmente en un considerable retraso. 
Las enmiendas 8-11 proponen la supresión de algunas disposiciones relativas a las medidas destinadas a evitar manipulaciones no autorizadas. 
Es preciso que quede claro lo que se plantea: cuando hablamos de manipulaciones no autorizadas, no nos referimos a un aficionado al bricolaje, Sr. Barton, o a los jóvenes que se compran una moto y luego intentan modificarla para conseguir mayor potencia, cosa que todos podemos comprender. 
Pero con estas enmiendas se pretende autorizar todas las modificaciones que son ilegales a partir de un determinado cubicaje, es decir en las motos pesadas. ¿Veo que menea usted la cabeza? 
En fin, esto sí que no podemos admitirlo de ningún modo y, por lo tanto, no podemos aceptar estas medidas cuyo única finalidad es suprimir en la mayor medida posible los riesgos del «trucaje». 
Por otra parte, dicho sea de paso, estas enmiendas se refieren al texto original de la Comisión, que no fue objeto de ninguna objeción en la posición común del Consejo ni tampoco en el examen en primera lectura del Parlamento Europeo. 
Es decir que, desde una perspectiva exclusivamente formal, se trata de enmiendas sin ningún fundamento, puesto que no se refieren a una propuesta de la Comisión ni a un acuerdo adoptado en la posición común del Consejo. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda 12, relativa a los valores límite del nivel sonoro. 
Se pretende suavizar todavía más las medidas, que en cualquier caso ya se han restringido considerablemente, puesto que su aplicación es facultativa, y en este contexto lo que me sorprende no es la actitud del Consejo- y lo digo pensando también en la Sra. Larive, que ha manifestado sus dudas sobre la posición del Consejo -, sino la postura del Parlamento. 
En todos los otros ámbitos nos reprochan nuestra actuación. 
Hoy hemos aprobado el programa relativo a los lubricantes para automóviles y las sanciones para los automóviles que sobrepasen los valores límite de emisiones, una propuesta común elaborada por la Sra. Bjerregard, mi colega el Sr. Papoutsis y yo mismo. 
Estoy seguro de que el Sr. Barton nos hará trizas. 
¿Cómo se les ocurre establecer unos valores límite tan bajos? , nos reprochará. 
Ya lo verán. 
En el capítulo 7, apartado 4 se incluye la siguiente observación: » L ' inclusion du point 4». 
Esta frase está en francés, Sr. Barton; le ruego que sea indulgente. 
Pero Francia también ha ganado esta noche... 
La inclusión del punto 4, » Prescripciones relativas a la identificación de los componentes» , en el punto 3 implica que las prescripciones relativas a la identificación sólo se aplicarán a los ciclomotores y a las motocicletas ligeras. Así, las motocicletas de cilindrada media y pesada estarían completamente excluidas del campo de aplicación de las medidas contra la manipulación. 
(DE) ¡Fíjense bien! 
Motoristas por aquí, buenas personas por allá; el Parlamento debería guardar una cierta coherencia. 
Deben mantenerse fieles a su posición y en realidad es triste que deba decírselo un Comisario de Industria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Cepos y pieles 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0151/96) del Sr. Pimenta, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (95) 0737- C4-0105/96-95/0357 (SYN) ) que modifica el Reglamento (CEE) nº 3254/91 del Consejo por el que se prohíbe el uso de cepos en la Comunidad y la introducción en la Comunidad de pieles y productos manufacturados de determinadas especies de animales salvajes originarias de países que utilizan para su captura cepos o métodos no conformes a las normas internacionales de captura no cruel. 
Señor Presidente, queridos colegas, lo que está ahora en debate es este objeto que tengo en la mano: se trata de un cepo. 
Pregúntese a alguien si quiere meter aquí la pierna o la mano y si quiere saber realmente lo que es un método de captura y de muerte cruel e inhumano. 
Esto es lo que estamos debatiendo hoy, señor Presidente. 
Pero lo que también estamos debatiendo hoy es una violación flagrante del Derecho comunitario por parte de la Comisión, es también el GATT, es también la cuestión de los pueblos nativos del Canadá y de los Estados Unidos de América. 
Comencemos por la violación flagrante del Derecho comunitario. 
Teníamos un reglamento, que aún está en vigor y que data de 1991. 
Ese reglamento debería haber entrado en vigor en 1995, pero fue aplazado por un año, de acuerdo con los términos del propio reglamento, por una petición de la Comisión para aplicarlo mejor. 
Pero la verdad es que debería haber entrado en vigor el 1º de enero de 1996. 
Sucede que, por medio de un comunicado de prensa y una carta firmada por dos funcionarios de la Comisión, ésta decidió que el reglamento de 1991 no entrara en vigor. 
Señor Presidente, yo no soy jurista, pero me enseñaron que para revocar una ley, para modificar una ley, es preciso un acto legislativo de igual rango jurídico. 
O sea, que, para anular el reglamento, para enmendar el reglamento, era preciso que durante el año de 1995 la Comisión, siguiendo los procedimientos legales, hubiera presentado una propuesta. 
No lo hizo. 
Dio muestras de negligencia e incompetencia, si quería modificar ese reglamento. 
A 1º de enero de 1996 era demasiado tarde. 
El Parlamento, mediante una votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos y una carta del Presidente Hänsch, inició el proceso que va a llevar a la Comisión a los tribunales por incumplimiento del Derecho comunitario, por no aplicar el reglamento de 1991. 
Es muy importante que se restablezca la dignidad de esta casa y la legitimidad democrática en el cumplimiento de las leyes. 
En segundo lugar, estamos debatiendo sobre el GATT. 
Este Parlamento fue inducido a error, señor Presidente, y yo fui uno de los que cayeron en el garlito. 
El vicepresidente de la Comisión, Leon Brittan, ante esta Asamblea reunida en Pleno, en Bruselas, y para conseguir la ratificación del GATT afirmó que esta Asamblea tenía poderes soberanos para ratificar o no ratificar, el Vicepresidente Leon Brittan afirmó, como consta en acta, que la ratificación del GATT no ponía en entredicho legislación europea alguna relativa al medio ambiente o social. 
Y, a continuación, seis meses después, los servicios del mismo Comisario Brittan vinieron a decir que era preciso tirar a la papelera el reglamento de 1991 a causa del GATT. 
¿Con cuántas lenguas habla el Vicepresidente Brittan? 
¿Qué fe y qué confianza podemos tener en ese señor que es Vicepresidente de la Comisión? 
Obtuvo la votación que quiso en el Parlamento Europeo, faltó a la verdad y ni siquiera tuvo el valor de venir ante esta Asamblea- y una vez más es la Comisaria de Medio Ambiente la que viene a representarlo -, porque él no tiene el valor para venir ante esta Asamblea a afrontar a los diputados y decir que les mintió. 
Número tres: la cuestión de los pueblos indígenas. 
Se ha hecho mucha demagogia sobre la cuestión, porque es un problema grave y debe abordarse de forma seria. 
Aquí están, señor Presidente, los números. 
Números oficiales del censo del Canadá. 
Hay sólo 1.045 nativos que son cazadores profesionales con dedicación exclusiva. 
Y, según las cifras de la Asociación de Cazadores, cada dólar que ganan en pieles cuesta 5 dólares. 
Quien gana dinero con el negocio de las pieles no son los indígenas, señor Presidente. 
Quienes ganan dinero son las empresas comercializadoras de pieles. 
Nosotros tenemos aquí las cifras. 
Los indígenas, que son esos mil cazadores en dedicación exclusiva, no tienen más que 7.000 dólares de renta anual, lo que es perfectamente compensable con medidas de ayuda al desarrollo regional y de ayuda a su situación. 
Más que eso hacemos nosotros en la Unión Europea por nuestros agricultores de zonas de montaña o zonas difíciles. 
Pero, señor Presidente, reconociendo la gravedad de algunas situaciones, incorporé a mi informe enmiendas de otros colegas, que acepto, y les propongo lo siguiente: en la práctica, hace más de un año, que es este año de 1996. 
A partir de ahí les damos el derecho a participar en las negociaciones, de ser oídos con estatuto consultivo. 
Por último, les damos el derecho más importante de todos, o sea, aun cuando el Canadá no quiera llegar a un acuerdo con la Unión Europea, nosotros les damos la posibilidad de pedirles directamente un acuerdo con nosotros, mediante las autoridades de Ottawa. 
O sea, nosotros brindamos la posibilidad de negociaciones directas con ellos. 
Termino, señor Presidente, sobre el asunto que nos ha traído aquí: la crueldad. 
Es inhumano, es cruel, es imposible permitir que persista ese tipo de muerte de los animales, que provoca sufrimiento durante días y durante horas, pasando por alto otro tipo de consideraciones. 
Hay formas de matar, hay formas de cazar, menos crueles y más humanas. 
Nosotros no podemos, al final de este siglo, como pueblo civilizado, como nación civilizada, permitir que esta situación persista. 
Señor Presidente, la razón por la que tenemos hoy aquí este informe del Sr. Pimenta es que la Comisión ha dado marcha atrás en legislación debidamente tramitada por el Parlamento Europeo y aprobada por el Consejo de Ministros. 
Tenemos ante nosotros un grave problema de falta de democracia, al que debemos seguir la pista. 
Cuando se aprobó el reglamento de 1991, se acordó que la importación a la Unión Europea de pieles procedentes de países que no hubieran prohibido este cepo cruel y bárbaro cesaría en 1995. 
Tuvimos el debate sobre el tema sustantivo ya en 1990, teniendo que soportar durante el proceso unas presiones feroces, y ganamos el debate. 
Es un poco injusto que sea la comisaria Bjerregaard quien esté aquí esta noche para aguantar el chaparrón en lugar de Sir Leon Brittan. 
Pero, claro está, desgraciadamente, es el precio de la llamada «culpabilidad colectiva». 
Así que lo siento por la comisaria Bjerregaard. 
Pero la Comisión colectiva decidió aplicar una cláusula de salida y esperar a que se hiciera realidad un cuento de hadas: la esperanza de que el comité internacional de Ginebra presentara un cepo no cruel, dejando así escapar a los principales países donde se capturan animales de peletería. 
Así que amplió el plazo un año más, hasta 1996. 
No existe ni existirá dicho cepo no cruel. 
De modo que el sueño imposible no se materializó y, hacia finales del año pasado, la Comisión empezó a ponerse nerviosa ante las amenazas de Canadá de llevar a la Unión Europea ante la OMC en aplicación del GATT. 
Las naciones donde se capturan animales de peletería disponen de una solución, consistente en prohibir este cepo y usar alguno de los varios tipos de métodos disponibles. 
Pero seamos realistas: el Gobierno canadiense está consiguiendo grandes sumas de dinero gracias a una industria destinada a que los ricos lleven abrigos de piel. Camina por arenas movedizas en lo que a sus argumentos sobre este asunto se refiere. 
Cualquiera con un mínimo de agallas habría podido hacer frente a esta amenaza. 
Es perfectamente evidente que contamos con numerosas cláusulas del GATT que permitirían discutir a la gente de leyes: el artículo 20 es uno de los que tengo en mente. 
Pero la Comisión, con su infinita y arrogante sabiduría, decidió que una posible y poco fiable amenaza de un gobierno extranjero que posee grandes intereses creados en sacar mucho dinero de sus explotados pueblos indígenas era más importante que la democracia, más importante que la propia ley de la Unión Europea debidamente promulgada, más importante que los intereses de 350 millones de ciudadanos y consumidores y más importante que el bienestar de los animales. 
Podríamos pasarnos horas y horas hablando de esta epopeya. 
Hay datos y cifras que podrían discutirse hasta bien entrada la noche, pero lo fundamental es que el Grupo Socialista y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, así como este Parlamento, están indignados porque a la Comisión le parezca oportuno saltarse de esta manera el proceso democrático de la Unión Europea. 
No vamos a apoyarlo. 
La patética y timorata nueva propuesta de la Comisión, aunque llegue con retraso, no tiene defensa posible y la Comisión lo sabe. 
Apoyamos absolutamente el excelente informe del Sr. Pimenta, que sabemos se basa en hechos investigados con detenimiento. 
Hay un único camino hacia adelante para la democracia, para el bienestar de los animales y para una Europa de los ciudadanos, y es el de poner en práctica el reglamento inicial y prohibir la importación de pieles desde países que sigan utilizando el cepo. 
Señor Presidente, Señorías, la historia interminable del llamado reglamento de los cepos, se encuentra en su quinto episodio, contándolos por años. 
¿Cuál es el problema? 
¿Tal vez fue un enfoque equivocado intentar influir indirectamente a través de medidas legislativas sobre unas formas de actuar que, sin duda justificadamente, no responden a nuestras concepciones? 
La experiencia práctica así parece confirmarlo. 
Desde 1991 quedó establecido que el reglamento entraría en vigor el 1º de enero de 1996. 
Este plazo debería haber sido suficiente para elaborar las correspondientes normas de aplicación. 
Aunque yo no era diputado de esta Cámara en 1991, quisiera recordar cuál era el objetivo: se pretendía conseguir la aplicación de normas de captura menos crueles. 
En particular, se pretendía lograr la prohibición del uso de cepos. 
¡Con toda la razón! 
Pero el reglamento no ha cumplido su objetivo desde esta perspectiva. 
Las razones sin duda son diversas- yo acabo de señalar una- y deberían analizarse cuanto antes. 
Finalmente, se planteó el dilema. 
A finales del pasado año aún no se habían presentado las normas de aplicación y, por lo tanto, tampoco era posible proceder a su transposición. 
La Comisión presentó entonces una nueva propuesta, la cual, a mi parecer, no podemos aprobar de ningún modo por dos motivos distintos. 
En primer lugar, los plazos son muy imprecisos y los objetivos también. 
Según los términos de este reglamento, o de esta propuesta de reglamento, las negociaciones podrían prolongarse indefinidamente, lo cual no creo que pueda favorecer nuestros intereses. 
Las cosas no son tan sencillas como las presenta dicho reglamento. 
Yo también felicito, por consiguiente, al Sr. Pimenta por haber tenido el valor de optar, muy acertadamente, por otro enfoque. 
Podemos dar nuestro voto afirmativo a este planteamiento, aún cuando- no quiero ocultarlo- no somos del mismo parecer y nuestras concepciones sobre el tema difieren en algunos aspectos. 
Consideremos la situación de los pueblos indígenas, sobre todo en Canadá. 
Cierto es que el Sr. Pimenta señala, entre otras cosas, que se trata de 1.045 personas, los menguados ingresos obtenidos, etcétera, etcétera, pero también debemos tener en cuenta otro aspecto: en las regiones donde trabajan y desarrollan su actividad esos pueblos no existen especies animales en peligro de extinción. 
Por lo tanto, la protección de la naturaleza y del medio ambiente no constituye allí un problema. 
La población indígena defiende con vehemencia la conservación de su territorio y su protección frente al llamado «progreso industrial». 
Éste es el aspecto curioso de nuestro proceder: hemos conseguido que un grupo de población que se declara vehementemente partidario de la protección de los animales y del medio ambiente, que es lo que nosotros propugnamos, se vea afectado por nuestra actuación y posiblemente pierda sus medios de vida por esta causa. 
Por lo tanto, tenemos el deber de tomar en consideración a los pueblos indígenas y sus condiciones de subsistencia. 
La directiva considera en parte estos aspectos y nosotros hemos propuesto varias enmiendas encaminadas a mejorarla, que quizás también serán aprobadas por la Asamblea. 
No obstante, no coincidimos con el ponente en cuanto a la conveniencia de incorporar a la directiva las normas de aplicación propiamente dichas. 
En efecto, su elaboración es tarea de la Comisión y a ésta le corresponde cumplirla. 
De hecho, bastaría con que la Comisión las transcriba. 
Pero consideramos que si las incluimos, el Parlamento deberá debatir cada una de las enmiendas y no disponemos de tiempo. 
Esa tarea corresponde al ejecutivo y, en definitiva, a la Comisión. 
Si tomamos en consideración este punto quizás comenzaremos a avanzar por la vía más adecuada. 
El grupo de trabajo todavía está intentando definir esas normas, de momento imaginarias, de cuyo texto no se ha escrito aún ninguna letra. 
¿Dónde se sitúa, en efecto, la frontera entre lo inhumano y lo humano? 
¡El grupo de trabajo quizás debería empezar por fin a determinarlo! 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, es importante establecer una normativa internacional para alcanzar un acuerdo marco sobre la captura de animales salvajes mediante cepos o métodos no cruentos. 
La accesibilidad de cualquier tipo de trampa, ya sirvan para el sacrificio o para la captura de animales, debe basarse en normas acordadas entre los Estados de la Unión, terceros países y poblaciones autóctonas, con la participación de tramperos expertos, expertos en fauna salvaje y veterinarios. 
Las negociaciones que se mantienen en la actualidad para definir normas sobre las trampas se están desarrollando adecuadamente y constituyen un primer paso para la celebración de un acuerdo internacional que se base también en fundamentos científicos y en el interés por una mayor protección de los animales. 
Por tanto, aunque el 31 de diciembre de este año no se hubiese alcanzado un acuerdo definitivo, sería conveniente evaluar los progresos realizados hasta ese momento y no proceder a la prohibición drástica de las importaciones de pieles procedentes de animales salvajes capturados con cepos. 
Por otra parte, es preciso recordar que un aspecto importante del modo de vida de algunas poblaciones indígenas, como los inuit, se basa, por razones ambientales, culturales e históricas en la caza y la pesca, que constituyen todavía hoy un recurso económico fundamental para ellas. 
Si bien es imprescindible alcanzar un acuerdo marco sobre normas de captura mediante trampas no cruentas, es también necesario que esas normas protejan, a su vez, los intereses de las poblaciones autóctonas. 
Es preciso señalar asimismo que la entrada en vigor del Reglamento debe permitir que los países productores de pieles de animales salvajes se adapten a la normativa y garanticen, tal y como se exige, que los métodos de captura mediante trampas que se utilizan para las especies incluidas en la relación cumplan las normas establecidas. Una entrada en vigor inmediata o prematura frustraría los esfuerzos realizados hasta el momento en favor, precisamente, de los métodos o prácticas de captura no crueles pero, sobre todo, distorsionaría el comercio internacional y constituiría una amenaza para el medio de subsistencia de 200.000 personas activas en el sector peletero y con un empleo en la Unión Europea. 
Se trata de un riesgo que no podemos aceptar y que se puede evitar mediante la adopción de plazos razonables para la entrada en vigor del Reglamento. 
Recordemos que la lucha contra el desempleo no sólo es una prioridad de cada uno de los Estados miembros, sino también de la Unión Europea en su conjunto. 
Finalmente, una última observación: sería conveniente que la Comisión consultase a su debido tiempo al Parlamento sobre temas de interés como el que nos ocupa, y no en el último momento, como ha sucedido en este caso. 
Señor Presidente, no hace falta que lo repita. 
En 1991, los ministros europeos de Medio Ambiente decidieron prohibir la importación de pieles procedentes de países en los que todavía se utilizan cepos para la caza de animales. 
Esta prohibición debía entrar en vigor el 1 de enero de 1996. 
Un año antes, el cepo se había prohibido en los países de la Unión Europea. 
Pero quién hubiera podido imaginar que a finales de 1995, el año pasado, la Comisión iba a proponer aplazar por tiempo indefinido la prohibición de importar. 
La Comisión ha cedido frente al comercio de pieles y las amenazas de Estados Unidos y Canadá, que iban a impugnar la prohibición sobre la base de las normas de la OMC. 
Los intereses comerciales son por lo visto más importantes para la Comisión que las decisiones adoptadas democráticamente para reducir el sufrimiento de los animales. 
El Parlamento Europeo no ha de cometer el mismo error. 
La Comisaria Bjerregaard perdió en 1995 ante el Comisario Brittan. 
Creo que la Comisaria Bjerregaard tendría que avergonzarse de que la cosa haya llegado tan lejos. 
El Parlamento Europeo tendrá que corregir esta decisión de la Comisión. 
He de repetir lo que ha dicho el Sr. Pimenta, que una vez que se ha propuesto una legislación, el resultado no puede ser nunca la falta de legislación. 
A fin de cuentas, esto sienta precedentes, con lo cual se resiente la credibilidad de la Comisión y de la toma de decisiones comunitaria. 
Para nosotros es inaceptable. Todos sabemos que el cepo significa una muerte lenta y consciente para los animales. 
Gracias a ello, las pieles siguen siendo de buena calidad, y supone un precio máximo. 
Los cepos son unos instrumentos extremadamente crueles y han de prohibirse. 
Tiene que haber métodos de captura más humanos, pero no hemos de dejarnos chantajear como Parlamento por métodos y técnicas de aplazamiento para aprobar este método de captura humano. 
En todo el debate se exagera conscientemente la importancia de los cepos para los indígenas. 
Por lo que respecta a la prohibición de importar, la Comisión pretende hacer una excepción sin más para los pueblos indígenas. 
Una excepción así para los pueblos indígenas significa un debilitamiento de la directiva. 
Estoy plenamente de acuerdo con la norma que propone el Sr. Pimenta. 
El informe del Sr. Pimenta merece nuestro pleno apoyo. 
Es un informe matizado, pero también queremos ver hechos. 
Una de las acciones que tendrá que emprender la Comisión es publicar la lista. Una lista de países que no utilizan los cepos. 
Esto podría realizarse en un mes, de lo contrario la Comisión será citada ante los tribunales por el Parlamento Europeo. 
Mi pregunta a la Comisión es: ¿publicará la Comisión dentro de poco esta lista? 
Señor Presidente, señora Comisaria, si estamos de acuerdo en que los cepos son métodos crueles e inhumanos de captura y sacrificio de animales y la UE prohibió utilizarlos en su territorio, es sorprendente que se acepte la importación de pieles, procedentes de países terceros, de animales capturados con esos cepos. 
Los sucesivos aplazamientos para la entrada en vigor del Reglamento nº 3254 ponen en entredicho la voluntad política de cumplir el Derecho comunitario, cuando la Comisión debiera dar ejemplo en ese cumplimiento a los diferentes Estados miembros. 
La Comisión sabe que las conversaciones entre el Canadá, Estados Unidos, la UE y Rusia sobre el establecimiento de niveles aceptables de no crueldad puede eternizarse- es muy difícil llegar a esos niveles-. 
La propuesta del Sr. Pimenta incluye las necesarias disposiciones de aplicación, tiene en cuenta, en algunas enmiendas, las repercusiones sociales y económicas que la aplicación del Reglamento tendría para los indígenas, y recuerda la responsabilidad de los Estados en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los indígenas. 
Prevé que se suspenda la prohibición de importaciones una vez que se acuerde una norma creíble que incluya un período de aplicación razonable. 
Señora Comisaria, todos sabemos que sin normas claras y plazos concretos es muy difícil hacer cumplir el Derecho comunitario. 
Lo vemos en las substancias que agotan la capa de ozono, lo vemos en los niveles de CO2 y también con este Reglamento. 
Y es necesario aplicarlo, si se pretende respeto y credibilidad de las instituciones comunitarias. 
Señor Presidente, esto parece francamente una historia de locos. 
Tenemos un Reglamento que se remonta a cinco años atrás, una norma legislativa aprobada por el Consejo, ¡y la Comisión permanece tranquilamente cruzada de brazos y no promulga las normas de aplicación! 
Quizás este proceder acabe creando escuela. 
Nos enfrentamos con un lobby- en este caso, la industria peletera de Canadá, Estados Unidos y Rusia- que ejerce una oposición particularmente enérgica y ¡no tenemos argumentos para responderle! 
Para llegar finalmente a esta situación podríamos habernos ahorrado mucho trabajo. 
¡Me parece inaudito! 
Y lo que todavía me parece más inaudito, y lo diré sin rodeos, es que no estén dispuestos a tomar en consideración en absoluto el informe, las enmiendas y las sugerencias del Sr. Pimenta, que son realmente muy adecuadas y que contarán con nuestro pleno respaldo. 
¿A dónde iremos a parar? 
¡Más valdría que cerrásemos las puertas la mitad de los días de la semana, puesto que no están dispuestos a tomarse en serio la mitad de nuestro trabajo! 
¿A qué conduce todo esto? 
Y aún añadiré más: el año próximo se hablará de métodos humanos de captura. 
Se desarrollarán trampas humanas. 
Ninguna trampa es humana. 
Aunque la varilla esté un poquito acolchada, ¡el animal atrapado sigue muriendo entre enormes sufrimientos! 
Tampoco existen trampas selectivas. 
Un animal no puede leer las recomendaciones que llevan escritas: ¡Querido lince, no estás autorizado a entrar en esta trampa! 
No existen trampas selectivas. 
Las especies protegidas también caen en ellas y la práctica es pura y simplemente cruel. 
Si se considera imprescindible capturar animales, debe hacerse de manera razonable, disparándoles un tiro. 
Todos los demás métodos son crueles. 
Tampoco comprendo en absoluto por qué habríamos de apoyar al lobby de las pieles, qué necesidad tienen los hombres de cazar a las especies animales y cómo puede justificarse que prácticamente todas estén ya al borde de la extinción debido a cómo contaminamos el medio ambiente. 
¡Qué necesidad hay de que unas pocas personas se adornen con pieles, qué caramba! 
¡No es en absoluto necesario! 
Tenemos que aprender a tratar de otro modo los dones que nos ofrece la naturaleza y esta nueva actitud desde luego no incluye pasearnos luciendo las pocas pieles que quedan. 
A quienes ahora se preocupan tanto por las personas- continuamente escucho lamentos por los pobres pueblos indígenas -, debo decirles sinceramente que su actitud es hipócrita. 
En efecto, seguimos importando con toda hipocresía y sin ninguna vergüenza su uranio y éste continúa extrayéndose de sus lugares sagrados. 
Se están talando todos sus bosques, las gentes pierden su tierra natal y nosotros importamos la madera. 
Éstos son los hechos y yo sólo quisiera preguntarles con toda seriedad: ¿cuándo se proponen empezar a tomarse en serio nuestros reglamentos? ¡O piensan continuar cruzándose de brazos en el futuro, igual que han hecho hasta ahora! 
Mi Grupo quiere ante todo saludar el trabajo del Sr. Carlos Pimenta que abordó este tema particularmente complejo con la tenacidad que le caracteriza. 
En efecto, volvemos a encontrar en este expediente todos los elementos de un psicodrama que es preciso tener presente: la lucha contra el sufrimiento inútil de los animales, la garantía de la supervivencia de los pueblos indígenas boreales y su modo de vida tradicional, la presión de grupos de interés comerciales y de Gobiernos que utilizan sin escrúpulos estos argumentos, por último, un conflicto interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión que ha preferido engañar al Parlamento en lugar de correr el riesgo de oponerse a algunos de sus socios en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 
En la mayoría de estos puntos, podemos coincidir con las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Ante todo, quisiera decir que efectivamente, es preciso tener peso a la hora de la negociación, con el fin de definir normas de captura satisfactorias. 
Ya hemos perdido demasiado tiempo. 
Poniendo en vigor la prohibición lo más rápidamente posible, aumentamos las posibilidades de obtener un resultado rápidamente. 
Incluso si ello pueda parecer descabellado, incluso esquizofrénico, van a ver ustedes por qué ha de retenerse, efectivamente, la fecha del pasado mes de enero. 
En efecto, sería impensable que le Parlamento acepte que se le ponga así ante el hecho consumado. 
Se trata de una cuestión de principio. 
Por último, los plazos de procedimiento en el seno del Parlamento con vistas a preparar la segunda lectura y concluir este procedimiento legislativo, darán un plazo adicional que debe ser aprovechado por los negociadores en el seno de la Organización Internacional de Normalización. 
Sin embargo, yo también haría hincapié en que es igualmente necesario tomar en cuenta los intereses de los pueblos indígenas cuya supervivencia puede depender de la caza. 
No puede amenazarse su modo de vida debido a la incapacidad de la Comisión y de sus Gobiernos a concluir las negociaciones. 
Sobre este punto, incluso si la argumentación del Sr. Carlos Pimenta conlleva elementos convincentes, nos parece más bien deseable seguir a la Comisión Europea. 
Por ende, mi Grupo debería aprobar las enmiendas de la Comisión, salvo la enmienda 24. 
Señor Presidente, en el debate sobre la cuestión de los cepos inhumanos tenemos que ver con dos intereses difícilmente reconciliables: la supervivencia económica de un grupo de cazadores, que a corto plazo no tienen otra fuente de subsistencia, y el bienestar de los animales. 
Desde el principio, la Sra. Sandbæk y yo hemos adoptado la postura de que no se puede privar a los cazadores indígenas de su base de subsistencia. 
Me complace que en las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente se haya pedido atención expresa para este grupo de personas amenazado. 
También sabemos que el grupo de verdaderos cazadores indígenas es muy pequeño y apenas se gana el propio sustento. 
Sin embargo, esto no puede ser motivo para decir que estos cazadores ya no pueden vender sus pieles debido al método de captura. 
En Europa aplicamos medidas de transición en todo tipo de situaciones. 
No veo por qué no podemos hacerlo también para los métodos de captura. 
También aquí se trata de un grupo de personas que tiene que ganarse el pan con ello. 
Esperemos que todo el tira y afloja político en torno a este aspecto de la legislación europea tenga como resultado una más rápida introducción de métodos de captura más seguros. 
Está fuera de toda duda que es preciso eliminar estos cepos crueles. 
El informe Pimenta es a mi entender un buen compromiso entre los diversos puntos de vista. 
Lo que quiero preguntarle a la Comisaria es qué pasa con el expediente que ha incoado la Comisión Europea contra los Países Bajos por ceñirse a la ley y declarar en vigor el reglamento el 1 de enero. 
Señor Presidente, debemos agradecer al ponente que haya asumido la tarea que le correspondía realizar a la Comisión. 
La protección de los animales contra la crueldad y la lucha contra el sufrimiento prolongado e injustificable de unos seres indefensos deben recibir en nuestra sociedad de este final de milenio una atención comparable a la que merece la protección de los consumidores. 
En cierto modo, casi podríamos decir que se trata de una forma de protección del consumidor en sentido inverso. 
Es preciso proteger a los consumidores de la exhibición sobre sus cuerpos del producto del sufrimiento de diversos mamíferos, transformado según las tendencias de la moda. 
Los antecedentes étnicos de algunas personas no pueden justificar en ningún caso el uso de métodos de captura inhumanos. 
Es más que sorprendente que Estados Unidos y Canadá se hayan negado rotundamente hasta ahora a reconocer que los cepos son inhumanos. 
El desarrollo regional y el bienestar de la población afectada difícilmente pueden depender únicamente del uso de cepos, que ni siquiera constituyen un método de captura tradicional. 
También es preciso aclarar que el descenso de las ventas de pieles en bruto y productos de piel que viene registrándose desde hace algunos años está asociado sobre todo a una modificación de los hábitos de consumo. 
Sería un signo positivo que el Parlamento Europeo haga suyas las propuestas del ponente. 
Señor Presidente, tal como expuse en el último debate que se hizo sobre el tema, yo fui la desventurada ponente del primer informe sobre el cepo. 
Eso fue en 1990. 
Durante la elaboración de mi informe hice mucha investigación; lo tomé muy, muy en serio. 
Tal como ha dicho la Sra. Pollack, fui blanco de una de las presiones más feroces que jamás se hayan visto en este Parlamento. 
Me complace de veras que el Sr. Schnellhardt haya dicho, en nombre de mi grupo, que apoyará el informe del Sr. Pimenta. 
Pero me gustaría poder estar de acuerdo con mi compañero Schnellhardt en que se debería dejar a la Comisión proseguir con el trabajo. 
No creo que haya hecho, ni que hiciera en el pasado, lo que este Parlamento le pidió que hiciera en 1990. 
El Sr. Pimenta se enfrenta al problema que a mí, personalmente, me resultó más penoso cuando trabajaba en el informe: la gran preocupación que tiene por los indígenas canadienses. 
Yo tuve encuentros con ellos. 
Estuve por una zona trampera. 
Vi exactamente qué es lo que pasa allí. 
A resultas de lo que vi, me propuse intencionadamente conseguir más tiempo para que se desarrollara un método alternativo de captura a fin de causar dificultades mínimas a los indígenas canadienses. 
Pero, lamentablemente, cualquier cosa que se hiciera acerca de ello requería muchísimo tiempo. 
Cuando estuve en Canadá en 1990 era evidente que hasta ese momento no se había hecho nada al respecto. 
Lo que pienso que ocurrió fue que la Comisión se limitó a agachar la cabeza y esperaba que todo pasara; que fuera un logro excepcional y que nadie lo tomara muy en serio ni hubiera que hacer nada al respecto. 
Pero muchas actitudes han cambiado radicalmente en los últimos años, sobre todo en cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales. 
Nadie llegó a pensar que se estuvieran tomando realmente en serio las pobres hembras de algunos animales. 
En los últimos años hemos comenzado a considerarlo como un problema moral. 
Creo que debemos seguir haciéndolo. 
Me complace sobremanera apoyar el informe del Sr. Pimenta. 
Para terminar, si yo viviera en el norte de Canadá, con el frío y el viento que hay allí- y viví en Canadá durante bastante más de un año en la década de los 60- llevaría un abrigo de piel. 
Probablemente me pondría una de esas cosas de piel que eran bastante baratas y muy prácticas en ese momento. 
Pero el mercado de los abrigos de piel se ha hundido en general. 
En realidad, son sólo los ricos que viven en países cálidos meridionales los que los compran. 
Así que me pregunto: ¿realmente tenemos necesidad de subirnos por las paredes por un problema político como éste? 
Pero la trampa que ha mostrado el Sr. Pimenta evidencia que éste es un trabajo muy sucio. 
A estas alturas tendríamos que haber encontrado alguna alternativa. 
Señor Presidente, intimidada por las amenazas de los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos de recurrir ante la Organización Mundial del Comercio, la Comisión Europea aprobó, en julio de 1994, el aplazamiento de un año de la entrada en vigor del Reglamento. 
Como era totalmente previsible, este aplazamiento no ha tenido los resultados que se pretendían en cuanto al desarrollo de cepos no crueles. 
Al vencimiento del último plazo, la Comisión se arrogó el derecho de aplazar ilegítimamente la entrada en vigor obligatoria del propio Reglamento, prevista para el 1 de enero de 1996, con el único fin de conceder a Estados Unidos y a Canadá una nueva oportunidad de elaborar normas sobre los cepos denominados «humanitarios». 
Tarea, por otra parte, encomendada por los propios estadounidenses a la ISO- Organización Internacional de Normalización- desde 1987 e infructuosa hasta la fecha por dos razones: la evidente imposibilidad de fabricar cepos no crueles y el fundamento de las investigaciones, orientadas no tanto a la búsqueda de improbables cepos sin dolor, sino a la legitimación de los que ya utilizan los tramperos canadienses y estadounidenses. 
Por tanto, es imprescindible que el Parlamento Europeo respalde con firmeza y determinación la absoluta necesidad de que se respeten los principios generales del Reglamento 3254/1991, en cuya elaboración trabajé como Comisario al principio de este decenio junto con el Parlamento Europeo. Un nuevo aplazamiento escondería, de hecho, la voluntad de anularlo definitivamente. 
Con estas profundas convicciones, los Verdes europeos se disponen, como ha señalado la Sra. Bloch von Blottnitz, a apoyar las enmiendas al texto de la Comisión propuestas por Carlos Pimenta; las números 19, 20, 21, 22, 23 y 28, concretamente, corrigen las inaceptables evasivas que avalaría la propuesta de modificación del Reglamento 3254 de la Comisión con el único fin de seguir permitiendo la introducción en la Unión Europea de pieles obtenidas mediante cepos. 
Señor Presidente, no es la primera vez que tengo la oportunidad de debatir este tema con el Parlamento, y varios oradores han descrito ya el desarrollo habido, por lo que me atendré a la respuesta formal que puede darse en relación con el debate de hoy. 
Antes, quiero dar las gracias al ponente, el Sr. Pimenta, por su informe sobre el tan controvertido asunto de los cepos. 
Sé que, en los puntos esenciales, la Comisión y el Parlamento tienen los mismos objetivos a este respecto. 
Nuestros desacuerdos se refieren a la forma de alcanzar estos objetivos. 
Tal como se ve claramente en el informe del Sr. Pimenta, el Parlamento está a favor de introducir una prohibición al intercambio comercial y negociar posteriormente el levantamiento de la prohibición. 
Como ya saben, después de la última decisión, el punto de vista de la Comisión es contrario al del Parlamento. Por este motivo, hemos celebrado un debate en el grupo compuesto por los Estados Unidos, Canadá y Rusia para obtener resultados antes de considerar los pasos a seguir. 
Debido a la diferencia fundamental de posturas, creo que el Parlamento no se sorprenderá de que la Comisión no pueda aceptar las enmiendas propuestas. 
En otro orden de cosas, he recibido una propuesta del Sr. Eisma en la que me solicita una reacción ante la carta enviada por el Parlamento a la Comisión el 13 de mayo. 
La Comisión todavía no ha adoptado una decisión con respecto a la solicitud del Presidente del Parlamento de presentar una lista de los países que prohíben el uso de cepos. 
La Comisión contestará, obviamente, a la citada solicitud dentro del plazo previsto para dar una respuesta. 
Muchas gracias señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
OCM de la carne de bovino 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0203/96) del Sr. Jacob, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0242- C4-0291/96-96/048 (CNS) ) por el que se establecen pagos adicionales para 1996 a las primas contempladas en el apartado 6 del artículo 4b y en el apartado 7 del artículo 4d del Reglamento (CEE) nº 805/68 del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino y modifica el apartado 4 del artículo 41 de dicho Reglamento. 
Señor Presidente, en relación con este informe, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aceptó unánimemente, en efecto, la urgencia visto que el tema es a la vez urgente, complejo y sumamente delicado para el conjunto de los productores de carne como para todos los consumidores europeos. 
En primer lugar, quisiera decir que presento este informe en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en mi calidad de Presidente de dicha comisión. 
La propuesta que nos presentó la Comisión, me parece, en principio, equilibrada, en el sentido en que contiene una parte dedicada a los productores especializados, es decir a los productores de vacas nodriza y de jóvenes bovinos, y otra dedicada al aspecto nacional que va a permitir, de hecho, a cada Estado miembro, adaptarse y reaccionar en función de las particularidades y especificidades de su país. 
Propuse varias enmiendas, que no obtuvieron el apoyo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero que esta vez represento a título personal en la plenaria. 
Esas enmiendas están destinadas a reforzar con un importe de 50 ecus la ayuda a los productores especializados. 
Lo que me parece esencial en este debate, es apoyar a los agricultores y a los productores especializados, es decir aquellos que, en Escocia, Irlanda, Italia, Portugal, Francia, viven de esta producción bovina y no tienen ninguna otra producción, aquellos cuya suerte depende de esta producción, contrariamente a otros productores que, ciertamente, han sido afectados por la crisis, pero que producen carne al margen de otros productos. 
Es por ello que me parece importante apoyar a esos productores especializados, aquellos cuyos animales nunca han visto en su vida un gramo de harina- jamás- porque están alimentados con forrajes, y productores de este tipo, existen en todo el conjunto del territorio europeo. 
Esos son los productores que es preciso apoyar de manera especial y es por ello que propuse aumentar la compensación a 50 ecus para las vacas nodriza y para los jóvenes bovinos. 
Asimismo, lo hago para enviar una señal política, porque todo lo que encuentran para decirme sobre este tema es: » la dotación no será suficiente y, por tanto, es preciso autorrestringirse y distribuir lo más extensamente posible». 
Sin embargo, me sorprenden un poco todos aquellos que defienden este tipo de razonamiento. 
Son los mismos, no lo olvidemos, que, de vez en cuando, reaccionan muy enérgicamente para que no se toque la política agrícola común afirmando que están en contra de la renacionalización. 
Son los mismos que, hoy, suprimen todas las enmiendas destinadas a apoyar a los productores especializados por tener distribuciones nacionales. 
Creo que si existe una categoría de productores a la que hay que apoyar es la de los productores nacionales. 
Ciertamente, los demás se han visto afectados, es necesario tenerlo en cuenta. 
Sin embargo, no olvidemos aquellos que, hoy, pierden aproximadamente 2.000 francos franceses por animal y que se encuentran en una situación de lo más difícil, carecen de un sistema de endeudamiento, tienen pocas inversiones, pocas cargas sociales, tienen pequeños ingresos, 50.000 francos franceses como media para los productores de carne de bovino. 
Cuando se miden las consecuencias de la crisis, éstas son dramáticas para ellos. 
Por ende, era necesario ir en ese sentido e ir más allá de la dotación prevista por la Comisión. Esta dotación no puede bastar y pienso, señor Comisario, que usted se da cuenta hoy. 
Teniendo en cuenta el alcance de la crisis, es preciso superar ampliamente la dotación prevista para ayudar a estos productores que tienen una misión que va más allá de productor de carne, una misión muy importante en términos de ordenación y gestión del espacio de nuestras regiones. 
Es por ello que propuse esas enmiendas, junto con otra sobre la que quisiera volver al mismo tiempo que apoyo la enmienda propuesta por mi compañero José Happart sobre un mayor recurso a las proteínas de origen vegetal. 
Pero, eso quiere decir que es preciso también renegociar un determinado número de elementos. 
Los acuerdos concluidos en el momento del GATT sobre las proteínas vegetales deben volver a discutirse. ¡Ya no tienen sentido! 
Asimismo, debemos tener la seguridad de que no se utilizaron harinas para las carnes importadas, porque la situación actual va a favorecer un aumento- y ya ha comenzado- de los precios de las proteínas, en favor de los países terceros, puesto que somos sumamente deficitarios a nivel de la producción de proteínas. 
Por tanto, para concluir, señor Comisario, lo que me parece importante, es apoyar a los productores especializados, y es por ello que sostendré, a título personal, mis enmiendas, incluso si no obtuvieron el apoyo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Por otra parte, me parece importante reforzar la capacidad de producción de proteínas en la Unión Europea, porque no se pueden aceptar los acuerdos del GATT tal y como fueron concluidos, visto el alcance de la crisis. 
Es preciso, pues, revalorizar totalmente este sector. 
Señor Presidente, señor Comisario, mi opinión difiere ligeramente de la que sostiene el presidente Jacob, la cual, no obstante, respeto. Si bien es cierto que es justo encomiar la celeridad con que ha actuado la Comisión en esta medida de apoyo a los productores afectados por la crisis de la EEB, hay que decir también que, en su esencia, contiene una buena dosis de iniquidad. 
A pesar de que el Consejo ha manifestado que es preciso apoyar a corto plazo a todos los productores de carne bovina con la idea de destinar 534 de los 650 millones de ecus a pagos adicionales a las primas por bovinos machos y vacas nodrizas, en mi opinión, la Comisión termina por favorecer sólo a una parte de los productores europeos. 
Precisamente a aquéllos que ya se benefician de la mayor parte de las ayudas de la OCM en el sector de la carne bovina. 
Es cierto que hay razones de celeridad y de compromiso del gasto que se deben respetar en tiempos de estrecheces, pero también es cierto que es necesario hacer una reflexión: le invito, señor Comisario, a que examine la tabla que figura en la página 49 del paquete de precios de este año, donde se observa que existe una pequeña minoría de países con muchas más primas que cabezas del patrimonio zootécnico bovino y una mayoría de países que presentan, por el contrario, un desequilibrio en el sentido opuesto. 
Podemos discutir largo y tendido, señor Jacob, sobre los productores que están especializados y los que no; sobre si se debe dar prioridad a éstos o a aquéllos, pero no desearía que con las medidas de esta tarde se favoreciese a los productores especializados, sobre todo, en el cobro de primas. 
En mi opinión, es necesario garantizar a todos las mismas posibilidades y considero que con las enmiendas del Parlamento, al menos las de la Comisión de Agricultura, que proponen aumentar de 116 a 424 millones de ecus el importe de los fondos disponibles para la parte flexible a disposición de los Estados, se podrá resolver, en buena medida, este problema. 
Sin duda, quizás hubiera sido mejor contar con un importe mayor, pero debemos ser realistas. 
Es necesario, además, vigilar con especial atención que el recurso a las ayudas nacionales sea la excepción, y no la regla. 
Piense, señor Comisario, si esta reflexión no sugiere también que se debe acometer una cierta revisión de la OCM de la carne de bovino y si no ha llegado ya el momento, a la luz de las noticias recibidas, de pasar a otras medidas, ya que empieza a haber signos de avance en el plan de erradicación. 
Señor Comisario, ha tenido el valor de tomar decisiones que le han comprometido, que le comprometerán y que, probablemente, provocarán también fuertes tensiones en el equilibrio institucional europeo dentro de dos días, en Florencia. 
Por tanto, señor Comisario, considero que es muy importante que exista una comprensión mutua y que la Comisión Ejecutiva y el Parlamento adopten una postura común en cuanto a los propósitos e instrumentos relativos a las medidas que nos ocupan esta tarde. 
A usted corresponde, esta tarde, dar muestras de consideración hacia el trabajo realizado por nuestra comisión. Nuestro Grupo, el Grupo Socialista, confía en que lo hará. 
Señor Presidente, desde que el ministro de Salud británico advirtió, en la primavera de 1996, que en el Reino Unido se habían manifestado nuevos casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob en seres humanos, se ha registrado de nuevo un brusco descenso en el consumo de carne de bovino. 
Los mercados de carne de bovino se han desplomado no sólo en Gran Bretaña, sino en casi todas las regiones de la Unión Europea, incluso en Estados miembros en los que no se manifestado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina. 
La Comisión ha adoptado, por su parte, diversas medidas que son muy de agradecer, incluida la adquisición de carne de bovino y la promulgación de un embargo sobre las exportaciones, con vistas a asegurar la protección de los consumidores. 
La Comisión presentó un programa de ayuda inmediata destinado a mitigar las enormes pérdidas sufridas por los productores de carne de bovino. 
Por razones presupuestarias de carácter técnico, es preciso que los pagos contemplados en este programa se realicen de inmediato, es decir, antes de finales de octubre de 1996. 
Agradecemos estas propuestas de la Comisión. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha examinado la propuesta y ha desarrollado algunos considerandos de la misma. El Pleno debe proceder ahora a su votación. 
La comisión solicita una prima única para las vacas nodrizas y los bovinos machos. 
Ésta incluiría una ayuda adicional de 10 ecus por animal subvencionado. 
Debo añadir, no obstante, que también los productores de leche están sufriendo pérdidas. 
Los precios de las vacas de abasto y los terneros de engorde han descendido en igual medida que los de los bovinos de engorde en general. 
La propia Comisión reconoce asimismo que será difícil que la ayuda cubra a todos los animales que en justicia merecerían una compensación. 
Citaré algunos ejemplos. Uno serían los casos en que se optó por las primas por superficie dedicada al cultivo de forraje en vez de las primas por cabeza de ganado o de aquellos ganaderos que no han respetado el límite de 2, 5 unidades de ganado adulto por hectárea. 
Prácticamente todas estas explotaciones quedarían excluidas de la ayuda, puesto que en estos momentos no tienen derecho a percibir ninguna prima. 
Por estas consideraciones, señor Comisario, la comisión aprobó proponer que se ponga a disposición de los Estados miembros unos recursos superiores a los inicialmente previstos, que les permitan ofrecer pagos compensatorios por aquellas pérdidas que de lo contrario no podrían incluirse. 
Tampoco será tarea fácil para los Estados miembros proceder a un pronto reparto de estos recursos, de tal manera que permita compensar en cierta medida las pérdidas sufridas por los ganaderos. 
Precisamente por esto deberíamos concederles la máxima libertad de acción posible para que puedan poner sin demora los fondos a disposición de los agricultores afectados. 
Debemos tener bien claro que estas ayudas representan apenas una gota de agua sobre un terreno agostado. 
Aun así, debemos procurar arrimar el hombro. 
Yo les estaré agradecido si conseguimos encontrar un camino viable para hacerlas efectivas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi opinión, la propuesta de reglamento del Consejo resulta oportuna como disposición con carácter de urgencia en lo que se está convirtiendo en una auténtica crisis, no sólo en el aspecto económico, sino también por sus implicaciones políticas e institucionales. 
Sin embargo, considero que la prisa ha sido mala consejera, ya que en virtud de dicha disposición, en lugar de solucionarse las situaciones límite, existe el riesgo de que se acentúe el desequilibrio y la discriminación entre los países que ya utilizan de pleno derecho los recursos comunitarios y aquéllos que se ven perjudicados por una desventaja histórica en cuanto a las primas pagadas a los ganaderos. 
La situación que muestra la tabla de precios mencionada por el Sr. Fantuzzi- adjunta al paquete de precios del que fui ponente y sometida a votación en el último período de sesiones -, es, cuando menos, preocupante. 
Ciertos países perciben importes muy superiores a sus volúmenes de producción. 
A la cabeza de todos figura Luxemburgo, con un 227 %, seguido de Irlanda, con un 147 % y Francia, con un 123 %. 
Al final de esta relación, por cierto, figura Italia, que ha percibido sólo el 29, 6 %, cuando sus 2.200.000 cabezas la convierten en el primer productor europeo. 
No es mi intención realizar reivindicaciones de carácter nacional en este foro ni en estas circunstancias, pero es obligado pedir a la Comisión y al Consejo que eviten que la infrautilización crónica de los recursos se convierta en regla en las intervenciones con carácter de urgencia. 
La subdivisión de la intervención en tres modalidades- vacas nodrizas, bovinos machos para el engorde y fondo nacional- resulta del todo inadecuada y sólo permite que el 30 % de los ganaderos italianos accedan a las primas. 
Se propone, por tanto, desplazar al máximo los recursos hacia el fondo nacional y desligar la intervención del sistema de primas. 
Pero no es suficiente: parece asimismo conveniente permitir a los Estados miembros la posibilidad de conceder ayudas nacionales para compensar las pérdidas de renta procedentes también de las cabezas excluidas de las primas. 
Para concluir, señor Comisario, los recursos, 650 millones de ecus, son de todo punto insuficientes; sólo en Italia, se habla de necesidades estimadas en 250 millones de ecus, y me pregunto, con una pizca de amarga ironía, si los otros catorce países se conformarán con los 400 millones restantes. 
Señor Presidente, a nuestro entender, la propuesta de la Comisión de poner a disposición 650 millones de ecus para amortiguar las consecuencias de la crisis de la EEB está plenamente justificada. 
La crisis en la que ahora se encuentran no ha sido culpa de los ganaderos. Ha sido la consecuencia del fracaso de las administraciones públicas. 
Y si la administraciones han fracasado, son ellas las que tienen que solucionar los problemas. 
Nos preguntamos si esos 650 millones de ecus serán suficientes. 
Pero supongo que en estos momentos no es posible facilitar más dinero. 
Sí tenemos mucho que objetar a la propuesta de la Comisión como tal. 
A nuestro entender, favorece de forma injusta a las ganaderías extensivas. 
En lo que respecta a la crisis de la EEB, todos los productores de carne de vacuno han sufrido las consecuencias, no sólo los ganaderos extensivos, sino también los intensivos. 
Por ello nos parece necesario emprender medidas que se repartan de forma equilibrada entre ambos sectores. 
Consideramos que las enmiendas adoptadas por la Comisión de Agricultura van en la buena dirección. 
Siempre hay algo para la ganadería extensiva, pero a los gobiernos nacionales les es más fácil apoyar a los ganaderos intensivos. 
Esto ofrece la oportunidad a los Estados miembros de apoyar según crean conveniente a quienes más se hayan visto afectados. 
Creemos que también es importante que no se produzca una renacionalización de la política agrícola, como ha sugerido el Sr. Jacob. 
Esto no es necesario. 
La Comisión tendrá que ocuparse de controlar las relaciones competitivas, pero en primer lugar corresponde a los Estados miembros tomar la iniciativa. 
Señor Presidente, hace unos momentos intervine para hablar sobre los cepos; debatimos ese problema. 
No obstante, quisiera que se relativizaran las cosas: los productores y, de rebote, todos los agentes del sector de la carne son hoy las víctimas humanas de las consecuencias económicas de la enfermedad de las vacas locas que hace estragos desde 1986. 
Desde hace algunos años, el consumo de carne de bovino ha disminuido en Europa. 
Desde hace tres meses, el sector está totalmente siniestrado en el conjunto de la Unión. 
Un plan de salvamento del sector bovino, del productor al carnicero al pormenor se ha convertido, al hilo de los días, en una necesidad absoluta. 
Quien habla de plan, habla de enfoque coordinador, completo y solidario. 
Entre las medidas que pueden preverse, la mayor urgencia la constituye las compensaciones financieras inmediatas al productor con una jerarquía de prioridades. 
La primera es la de los productores especializados de carne de bovino, con rebaños de vacas nodrizas. 
La carne es el único ingreso de su granja. 
Se han visto afectado de lleno, al 100 %, con pérdidas de ingresos proporcionales a la caída de los precios. 
¿Qué hacen? 
Esperan y millones de animales engordan en las praderas, lo que deja el problema para más tarde. 
La segunda es la de los productores lecheros para los que la carne representa, no obstante, aproximadamente la cuarta parte de sus ingresos, con los terneros así como las vacas de desecho. 
Decenas de miles de productores, cuyos beneficios previstos y no obtenidos se calculan actualmente entre 1.500 y 2.000 francos por cabeza de bovino macho, esperan con impaciencia nuestra decisión. 
Difícilmente comprenderían una ayuda complementaria rebajada a 10 ecus por prima. 
Por lo demás, me pregunto si no hemos sido víctimas, a pesar nuestro, el otro día en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de una cierta ambigüedad durante las votaciones. 
Por esta razón, les pido, sin rechazar el conjunto de las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, claro está, que apoyen las enmiendas del Sr. Jacob que, de hecho, favorecen la producción extensiva. 
No olvidemos que para restaurar la imagen de la carne de bovino y la confianza de los consumidores, es preciso disuadir a las producciones industriales para reorientarlas hacia la producción natural lanzando de nuevo, sobre todo, la producción de proteínas de origen vegetal. 
Señor Comisario, una crisis de una gravedad sin precedentes afecta la producción de bovinos en la Unión Europea. 
Es de temer que a esta gravedad excepcional se añada una duración excepcional. 
En efecto, bastaron unos días y unas decisiones o la ausencia de decisiones injustificable para perder la confianza del consumidor. 
Sin duda alguna, se necesitarán meses, incluso años, y garantías sólidas del seguimiento de la calidad para recuperarla. 
No nos ocultemos que a esta crisis excepcional, se añade un problema estructural de ajuste de la oferta a la demanda al cual será preciso encontrar soluciones en un entorno económico del sector totalmente desestabilizado. 
Los productores son los rehenes de esta situación y ya no saben qué hacer. 
Confrontados a una venta inferior generalizada y a precios excesivamente bajos, los productores deben, no obstante, asumir sus cargas. 
Al mismo tiempo, se les pide que hagan inversiones importantes para responder a las exigencias medioambientales, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la contaminación debida a los nitratos. 
El coste del acondicionamiento para el establecimiento de sistemas de almacenamiento y tratamiento de efluentes que respeten el medio ambiente parece muy importante en el momento en que algunos productores se preguntan si van a continuar su actividad en el contexto económico actual o deben hacer extensivo su sistema de explotación. 
En la medida en que la Unión Europea no ha indicado claramente cómo espera regular las crisis coyunturales y estructurales de la producción de bovinos, me parecería juicioso hacer una pausa para poner en práctica todas las medidas que implican las inversiones importantes en la producción de bovinos. 
No sería lógico pedir a los productores que inviertan ahora en equipos que serán inútiles mañana, pero cuyas anualidades seguirán pagando. 
Si no queremos desfavorecer la aplicación de una nueva política europea de la producción de bovinos, nos es preciso dar a los productores, desde ahora, en plena crisis, la prueba de que la Unión Europea comprende sus interrogantes sobre el porvenir y no los compromete en la adquisición de equipos que podrían revelarse inútiles o inadaptados. 
Por último, señor Presidente, y esa será mi conclusión, me permito llamar su atención sobre un efecto inducido de la modificación de la composición de los alimentos. 
En efecto, si se substituyen las proteínas de origen animal con proteínas de origen vegetal, y ello por razones que considero legítimas, es necesario volver a examinar el acuerdo relativo a las proteínas de origen vegetal que concluimos en el marco de los acuerdos del GATT, ya que la tasa de abastecimiento de la Unión Europea es actualmente baja y se reducirá cada vez más. 
Estas son las razones por las que apoyaremos la posición adoptada por Christian Jacob. 
Señor Comisario, lo menos que puede decirse es que esta crisis no nos tomó por sorpresa. 
No podíamos no saber. 
El laxismo de estos últimos años debía tener consecuencias graves. 
Asimismo, para restablecer la confianza de los ciudadanos y los consumidores, es preciso seguir el curso seguido por la harina de carne contaminada, identificar a las explotaciones en las que se sirvieron esas harinas para la alimentación de los bovinos, identificar a los bovinos susceptibles de estar contaminados, así como a los que ya están contaminados, abatirlos, analizar el cerebro, la médula, los líquidos linfáticos y, por último, destruir ya sea mediante incineración o enterrándolas profundamente, los cuerpos de los animales contaminados o sospechosos de contaminación. 
El coste de los análisis de la destrucción de los cuerpos de los animales debería, claro está, ser financiado integralmente por los productores de este tipo de alimentos destinado a la cabaña de bovinos, así como los beneficios previstos y no obtenidos para el sector de la carne en su conjunto. 
Los que han engañado deben pagar- y estoy pesando mis palabras. 
Es inaceptable, es criminal considerar que una harina de carne impropia para el consumo interior en Gran Bretaña, pueda ser exportada para ser consumida en el exterior. 
Si las directivas sobre el etiquetado de los productos alimenticios, que precisan la región de producción y matanza de origen, se impusieran en todos lados, el consumidor podría decidir con mejor conocimiento de causa si compra o no ese producto. 
Bastaría, por ejemplo, con etiquetar las carnes de origen británico «carne de bovino inglesa» , para que los consumidores- individuales o un restaurante, por ejemplo- sepan exactamente lo que están comprando. 
La enfermedad de las vacas locas ha demostrado, en todo caso, la fragilidad de la Unión Europea, el reflejo de renacionalización, el fracaso de la política europea, o más bien su inexistencia. 
Asimismo, quisiera, señor Comisario, formularle la pregunta siguiente: ¿a qué presupuesto se imputarán los gastos administrativos que generará la atribución de esas decenas de ecus por animal indemnizado? 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar las gracias al Sr. Comisario por haber presentado la propuesta con tanta prontitud. 
Celebro la idea de reservar una parte del paquete financiero para que sea distribuida por los Estados miembros para atender a las necesidades de los ganaderos que afrontan problemas económicos acuciantes. 
Sin embargo, la crisis del sector de la carne de bovino carece de precedentes y es mucho más profunda que cualquier cosa presenciada en el pasado. 
Los ganaderos están teniendo pérdidas colosales. 
Tan sólo en Irlanda, se estima que las pérdidas hasta ahora- desde el 20 de marzose sitúan en torno a los 250 millones de libras irlandesas. 
La caída de los precios no ha llegado a estabilizarse. 
Desde mi punto de vista, la estabilidad no volverá en tanto no se establezcan unas medidas de erradicación decisivas, radicales y con un nuevo enfoque, que los consumidores vean que están produciendo resultados. 
Las pérdidas se mantendrán en tanto no hayamos restablecido la confianza de los consumidores mediante una total y absoluta erradicación. 
Es obvio que la magnitud de este paquete financiero es del todo insuficiente para cubrir las pérdidas reales soportadas por los ganaderos. 
Sería necesario un paquete varias veces mayor tan sólo para compensarles por las pérdidas que soportado hasta ahora. 
Por ello propongo que se aumente sustancialmente el fondo. 
Como primer paso, habría que aumentar el paquete financiero a 1.000 millones de ecus. 
Además, hay que mantener la situación bajo constante vigilancia. 
También es insuficiente la suma de 116 millones de ecus- 9, 5 millones de ecus para mi país, Irlanda- que está previsto distribuir entre los Estados miembros para atender casos de grandes apuros económicos. 
Sea cual sea la cifra definitiva, hemos de asegurarnos de que el dinero se utilice además para ayudar a los productores de novillas para carne que, con el régimen actual, no reciben primas ni compensaciones de ningún tipo. 
Sus pérdidas han sido mayores que las de los productores de bovinos machos. 
Es algo que se ha de reconocer y que hay que incluir en el paquete financiero que tenemos ante nosotros. 
Señor Presidente, deseo expresar mi reconocimiento por la decisión de la Comisión de ofrecer un paquete de medidas de compensación de 650 millones de ecus a los ganaderos que han tenido y siguen teniendo grandes pérdidas económicas como resultado de la EEB. 
El hundimiento del mercado de la carne de vacuno es, sin duda, la más grave catástrofe que ha sufrido la agricultura europea e, indirectamente, el empleo en el sector agroalimentario. 
Los científicos discrepan en la interpretación de los efectos de la EEB sobre la salud pública, si es que los tiene. 
Los consumidores, comprensiblemente, están preocupados y confundidos. 
En el proceso, los agricultores y ganaderos europeos- esas personas a las que confiamos la producción de los alimentos que necesitamosatraviesan grandes dificultades económicas, tanto es así que muchos de ellos, a pesar de las compensaciones, se verán obligados a dejar la actividad. 
En relación con el paquete de compensaciones propuesto, yo diría al Sr. Comisario que los pagos deberán hacerse con rapidez y eficacia. 
No hay necesidad de recordarle que el sector de la carne de vacuno ya tenía dificultades económicas aun antes de la llegada de la EEB. 
El problema con las restituciones a la importación y la dificultad conexa de desarrollar mercados en terceros países influyeron negativamente en la rentabilidad de todo el sector europeo de la carne de vacuno. 
En nuestro deseo de compensar a todos los ganaderos afectados, y en particular a los más afectados, deberíamos tratar de evitar la introducción de un sistema excesivamente burocrático que sólo condujera a retardar el pago de las compensaciones. 
Yo creo que debiéramos aprovechar las actuales estructuras establecidas tanto de primas especiales a la carne de vacuno como de subvenciones a las vacas de cría, las cuales forman parte del marco aprobado de la PAC, como medio para determinar el reparto de los fondos suplementarios entre Estados miembros, aunque dejando que cada gobierno decida cómo aplicar mejor el paquete de compensaciones a cada sector. 
Creo también que, como medida a corto plazo, y con idea de acrecentar el número de animales en respuesta al hundimiento del mercado, habría que incluir dentro de los animales con derecho a compensación las terneras al igual que los terneros. 
No creo que el paquete de medidas de compensación de 650 millones sea suficiente, pero es un comienzo. 
Debemos instaurar el sistema inmediatamente para que se ponga en práctica. 
Mi comentario final es el siguiente: hagamos que el dinero se incorpore pronto al sistema, hagamos un mayor esfuerzo por restablecer la confianza de los consumidores en la carne de vacuno como producto alimentario de calidad, que es lo que es, y ayudemos de todas las formas posibles a desarrollar los mercados de terceros países como salida rentable de la carne de vacuno europea. 
Señor Presidente, deseo sumar mi voz a la de los que están expresando su interés por aquellos, aparte de las explotaciones ganaderas inmediatas, a quienes está perjudicando la crisis. 
Una junta de condado de mi circunscripción electoral, Shopshire, ha sacado este informe. 
Creo que es el primero de su género en estudiar la repercusión económica local de la crisis de la EEB. 
Describe una situación muy preocupante. 
Sabemos ya que se han perdido como mínimo 700 puestos de trabajo en la industria cárnica, el transporte por carretera y en los mercados. 
Sabemos también que, según las estimaciones, nuestra economía local ha perdido unos 100 millones de libras y que ello producirá otros efectos en cadena. 
Sabemos además que donde más se están sintiendo las repercusiones es en nuestras pequeñas ciudades de mercado que ya presentan economías rurales frágiles, motivo que ya les permite optar a las ayudas del Objetivo 5 (b). 
Éste es un golpe que no pueden encajar. 
Ahora debemos centrarnos en cómo ofrecer ayuda a estas personas. 
Hay que tomar en consideración los objetivos 5 (a) y 5 (b). 
Quizá haya que pensar en algo parecido a un programa RECHAR o RESIDER en el sector agrario, pero hay que actuar con muchísima rapidez. 
Señor Comisario, tengo aquí una copia para usted. 
Esta misma noche la BBC ha informado de que en la reunión celebrada aquí por la Comisión se ha ideado una fórmula para poner fin a la prohibición sobre la carne de vacuno británica. 
Le estaría muy agradecido si esta noche nos pudiera decir exactamente en qué consiste la fórmula para que podamos informar de ello a los habitantes de nuestras circunscripciones electorales. 
Señor Presidente, hay daños. 
Y hay, señor Comisario, daños muy importantes, una catástrofe zoosanitaria. 
Hubiera podido tratársele mediante un principio simple, el principio de las responsabilidades, responsabilidad de los productores británicos de Doncaster, en Yorkshire; responsabilidad del gobierno británico; responsabilidad de los importadores franceses. 
Ustedes han optado por el principio de la solidaridad. 
Se colectivizan las responsabilidades, de acuerdo. 
A partir de ahí, era necesario indemnizar la totalidad de los daños. 
No, ustedes deciden 650 millones de ecus para los 81 millones de bovinos. 
Eso hace, efectivamente, 8 ecus por bovino, Eso representa, en el texto 10 ecus. 
Se niegan los 50 ecus que preveía el Sr. Jacob, lo que ya era poca cosa; se niega una prima complementaria para las producciones extensivas. 
Dicho de otro modo, ustedes nos negaron la responsabilidad en nombre de la solidaridad y apartan las solidaridades en nombre de la avidez o de la mediocridad, o de la contabilidad. 
Además, nada de prevención- el Sr. Happart habló de ello- nada de nuevas posibilidades de renegociación sobre las proteínas de origen vegetal o las oleaginosas. 
No me dirijo a usted a título personal, sino a la Comisión y a aquellos que le han precedido y que han tenido una gran responsabilidad y que, en el momento de hacer frente a esa responsabilidad, los textos están ahí y, de hecho, se resumen a muy poca cosa. 
Entonces, póngase usted en el lugar de los productores. 
Comprendo que tengan dudas sobre la integración europea y sobre la protección que ésta puede aportarle. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Parlamento por la urgencia otorgada al importante asunto que hoy se somete a debate y también por la rapidez con que ha elaborado el presente informe la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y su presidente, el Sr. Jacob, en particular. 
En primer lugar, yo quisiera destacar que los productores de carne de bovino están sufriendo una gravísima crisis en toda la Unión Europea desde el pasado 20 de marzo y deben hacer frente a grandes pérdidas. 
La Comisión ha puesto en marcha desde esa fecha una serie de medidas, empezando por la notificación de la intervención, en virtud de la cual ya se han adquirido 150.000 toneladas de carne y se ha aprobado la adquisición de otras 30.000 toneladas en el mes de junio. Hemos recurrido a todos los instrumentos de regulación de los mercados a nuestro alcance, desde el incremento de las restituciones por exportación hasta el almacenamiento por los particulares, con objeto de mitigar al menos el alcance del problema. 
No obstante, al igual que ustedes, también yo soy consciente de que todas estas medidas son insuficientes. 
Tenemos que dar un paso más y otorgar ayudas económicas adicionales. 
Existe, en efecto, un consenso general- que también ha quedado de manifiesto en el debate de hoy- en cuanto a la necesidad de otorgar a los productores una ayuda rápida y con las mínimas trabas burocráticas. 
Pero para ello es preciso que estas ayudas se inscriban en el marco del Presupuesto de 1996. 
Puesto que el año presupuestario para el FEOGA finaliza el 15 de octubre, debemos diseñar nuestras medidas de manera que sea posible ejecutarlas antes de esa fecha. 
Por consiguiente, como primer paso, intentamos evaluar las pérdidas de ingresos que cabía esperar que sufriesen los productores de carne de bovino durante este año, a la vez que determinábamos el margen de actuación disponible en el marco del Presupuesto de 1996. 
A partir de estos datos, propusimos la suma de 650 millones de ecus que ahora se debate. 
Como ya comuniqué al Parlamento en este mes de junio, también se ha previsto un gasto adicional de 200 millones de ecus para medidas de apoyo en relación con la epizootia de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Pero con esto hemos agotado todas las posibilidades de actuación a nuestro alcance dentro del margen previsto en su momento para este año. 
Por lo tanto, no nos es posible superar la suma de 650 millones de ecus. 
El tema que a continuación se plantea es el del reparto de estos 650 millones de ecus. 
La primera propuesta que presentó la Comisión el pasado 20 de mayo contemplaba pagos adicionales sólo para los productores que en primavera se hubiesen beneficiado de las primas por vaca nodriza y por bovino macho. 
Esta alternativa es de muy fácil ejecución desde el punto de vista técnico-administrativo, pero naturalmente también presenta algunas desventajas. 
Los Estados miembros deseaban una mayor flexibilidad y solicitaron, asimismo, que se tuvieran en cuenta algunos problemas que la propuesta no contemplaba suficientemente. 
Posteriormente definimos de manera más flexible alrededor del 20 % del total de 650 millones, es decir, 116 millones de ecus, que se repartirían entre los Estados miembros según otros criterios, y dejamos abierta la posibilidad de que esta suma se destinara también a subvencionar a los productores sin derecho a prima o con muy pocos animales subvencionables. 
Las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural proponen destinar una mayor proporción del total a este reparto nacional y una proporción más reducida al incremento de las primas por bovino macho. 
Sin embargo, un margen tan amplio de discrecionalidad generaría serios problemas, también por lo que respecta a la coherencia de las medidas, y sobre todo podría hacer peligrar incluso el objetivo principal, que es pagar rápidamente- o sea antes del 15 de octubre- estas ayudas a los ganaderos. 
Esta consideración se refiere en particular a las enmiendas 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 13. 
Por otra parte, sería bastante laborioso establecer a su debido tiempo los nuevos mecanismos administrativos, y también de control, que se requerirían, con las consiguientes dificultades y la imposibilidad de completar el reparto de los recursos en el plazo previsto. 
La Comisión toma nota, no obstante, del deseo del Parlamento de que se introduzca una mayor flexibilidad, petición que defenderá igualmente ante el Consejo, siempre y cuando no ponga en peligro los objetivos principales antes citados. 
Por lo que respecta a la petición de que la Comisión haga todo lo posible para promover el uso incrementado de proteínas vegetales en la alimentación animal y que en adelante se alimente a los bovinos machos exclusivamente con productos vegetales y nunca más vuelvan a incluirse productos animales en su alimentación, debo señalar, por una parte, que el fomento del cultivo de proteínas vegetales ya es ciertamente significativo en la Unión Europea. 
No obstante, por otra parte, también quiero recordar que el uso de harinas animales o de huesos en la alimentación de los rumiantes hace ya tiempo que está prohibido; prohibición que, obviamente, nos proponemos mantener en el futuro. 
Por otra parte, somos del parecer que debe considerarse con una cierta cautela una mayor intensificación de la cría de ganado, sobre todo a la vista de las expectativas en cuanto a la evolución del consumo en la Unión Europea. 
Finalmente, por lo que respecta a la posibilidad de asignar ayudas nacionales, yo quisiera recordarles que ya se adoptaron medidas de este tipo en la anterior crisis del sector de la carne de bovino del año 1990/91. 
Gracias a las ayudas estatales asignadas, cada Estado miembro pudo afrontar los problemas específicos que no quedaban suficientemente cubiertos con los recursos comunitarios. 
En cuanto al tema de las ayudas para los empleados o trabajadores de la industria transformadora, quisiera recordarles que ya me he referido exhaustivamente a esta cuestión durante el turno de preguntas. 
Por lo que respecta a la decisión que debe adoptar esta noche la Comisión en relación con el llamado programa marco presentado por el Gobierno británico, el Presidente Santer expondrá detalladamente su posición en su intervención de mañana. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción) 
Señor Presidente, estoy maravillada de que sobre la base del artículo 47 haya autorizado usted sustituir en el debate de actualidad la cuestión del transporte de los residuos atómicos por el tema de las elecciones en Bosnia. 
Me remito al artículo 47, en el que se dice que no se podrá incluir en el orden del día, dentro de un debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia, ninguna propuesta de resolución, conforme al apartado 1, si el asunto a que se refiere figura ya en el orden del día del período parcial de sesiones. 
Ahora bien, sucede sin duda alguna, Señor Hänsch, que los temas sobre la antigua Yugoslavia, sobre Bosnia y sobre las elecciones figuran ya en el orden del día en varios informes que se debatirán hoy por la tarde. 
En los informes del Sr. Alavanos, del Sr. Mendiluce Pereiro, del Sr. Giansily, del Sr. Titley y en el informe del Sr. Pex se trata, naturalmente, de este tema. 
Estoy muy extrañada de que usted haya autorizado la solicitud del Grupo del PPE. 
Con esto se ha creado un precedente. 
Pido que esto se discuta una vez más en la tarde de hoy en la Conferencia de Presidentes, pues en la práctica siempre se ha argumentado hasta ahora que los temas de actualidad no se autorizan si el tema es tratado ya en otros debates. 
Señora Roth, a petición suya trataremos el tema hoy por la tarde en la Conferencia de Presidentes, pero para la mañana de hoy y para el debate de actualidad el Parlamento ha adoptado ya su decisión y mantendrá esta decisión. 
Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio en Florencia- CIG 
las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación de la reunión del Consejo Europeo de 21 y 22 de junio en Florencia; -las preguntas orales (B4-0444/96- O-0115/96 y B4-0445/96- O-0116/96) del Sr. Morán López, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, al Consejo y a la Comisión, sobre el desarrollo de la Conferencia Intergubernamental.Acabo de saber ahora mismo que el Ministro italiano de Asuntos Exteriores y Presidente del Consejo, Sr. Dini, está todavía en camino en este momento. 
Haré que informen también de esto al Ministro italiano de Asuntos Exteriores. El Sr. Santer, Presidente de la Comisión, está dispuesto a abrir con su declaración el debate de hoy. 
Señor Santer, le concedo la palabra. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Consejo Europeo que tendrá lugar en Florencia dentro de dos días es de una importancia especial para el futuro de la Unión Europea. 
Me felicito por tanto pues se me brinda la ocasión de dar a conocer a ustedes la posición de la Comisión sobre los diferentes puntos del orden del día de este Consejo Europeo y que ésta considera prioritarios. 
Pero antes de hacerlo quisiera felicitar a la Presidencia italiana por el trabajo realizado en el transcurso del último semestre y del que Florencia será un digno colofón. 
La tarea no era fácil pues los problemas que la Unión debía afrontar eran difíciles y múltiples y la situación política interna de Italia añadió algunas preocupaciones más a las del Sr. Dini y sus colegas. 
A pesar de todo han conseguido que avance la nave europea, manteniendo la Unión entre sus primeras prioridades. 
Han seguido el rumbo establecido en el Consejo Europeo de Madrid orientado a la consecución de nuestros objetivos a pesar de todas las Casandras y cantos de sirena que hubieran podido desviarlos de su ruta. 
Quisiera agradecer sinceramente por ello a las autoridades italianas y muy especialmente al Sr. Dini por su contribución dinámica y entusiasta como Presidente del Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Generales. 
En unos instantes, el propio Sr. Dini les hará un resumen completo del orden del día del Consejo Europeo de Florencia, pues corresponde a la Presidencia fijarlo, por lo que yo me limitaré a las grandes prioridades de la Comisión. 
La Comisión desea nuevos impulsos en la lucha contra el paro y en favor de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, y desea también que el Consejo Europeo restituya la serenidad a nuestras instituciones, gravemente perturbadas por la llamada «crisis de las vacas locas». 
Como se ha dicho con frecuencia, el empleo es nuestra principal prioridad. 
Y es esta convicción la que me ha llevado a proponer un pacto de confianza por el empleo, como también fue esta misma convicción la que estuvo en la base de la comunicación de la Comisión que yo les presenté el 5 de junio en Bruselas, con el título de «Acción por el empleo- Un pacto de confianza.» 
Aunque no voy a repetir los detalles de esta comunicación les recuerdo que nuestro objetivo es impulsar una actuación colectiva que implique a las autoridades públicas y a los agentes sociales definiendo sus respectivos compromisos en una estrategia global y coordinada. 
Cada cual debe asumir sus responsabilidades y compromisos concretos a su nivel. 
Las bases de la estrategia por el empleo existen y son sólidas. 
Desde la aprobación del Libro Blanco «Crecimiento, competitividad y empleo» en 1993, los quince Estados miembros se han unido en un mismo planteamiento básico de políticas macroeconómicas y estructurales que han profundizado en el transcurso de los sucesivos Consejos Europeos. 
Por otra parte, mi gira por las diferentes capitales me ha confirmado que tanto gobiernos como interlocutores sociales son más conscientes que nunca de que la lucha contra el paro debe ser la prioridad principal. 
El planteamiento que he esbozado en mi propuesta para el pacto de confianza ha sido saludado en la mayoría de las capitales. 
La mesa redonda con los interlocutores sociales ha subrayado su importancia y urgencia, y la Conferencia Tripartita que tuvo lugar en Roma el fin de semana último le concedió abiertamente su apoyo. 
La conclusión de esta conferencia se corresponde perfectamente con la comunicación de la Comisión y responde exactamente al espíritu de mi propuesta, que pretende una movilización de todos los agentes y una asunción de responsabilidad a todos los niveles. 
Deseo que el Consejo Europeo de Florencia se inscriba en este mismo espíritu y en la continuación de sus actuaciones anteriores, y que los Jefes de Estado y de Gobierno puedan trabajar sobre la base del apoyo que ha tenido el pacto. 
De este modo Florencia podrá ser para el empleo lo que fue Madrid para la moneda única, es decir, la confirmación de la voluntad política, y la recomendación para que los Consejos de Ministros tomen decisiones a corto plazo e impulsen los trabajos que conduzcan a decisiones ulteriores. 
La consecución del pacto de confianza no se puede hacer de un día para otro. 
Como acabo de decir, se trata de establecer responsabilidades, de movilizar a los diferentes protagonistas, de crear sinergias, de dinamizar todos aquellos elementos que puedan contribuir a la creación de empleo, ya sea el mercado interior, la política macroeconómica, etc. Y hay que hacerlo con urgencia y con toda la amplitud posible, es necesario realizar cosas concretas a corto plazo. 
Éste es el planteamiento que la Comisión ha seguido en su comunicación sobre el Pacto de confianza, y yo deseo que el Consejo Europeo nos siga, pronunciándose a favor del pacto y confirmando las grandes líneas definidas en nuestra comunicación, a saber, la primera, crear un marco macroeconómico favorable, con un crecimiento sostenible, basado en la estabilidad monetaria y una política financiera sana. La segunda, explotar plenamente el potencial del mercado interior. 
Es necesario avanzar en aspectos concretos antes de fin de año para completarlo y mejorarlo. 
Es necesario también aumentar nuestra competitividad, ayudar a las pequeñas y medianas empresas y abrir nuestro acceso al mercado mundial. 
Un punto que me tiene especialmente preocupado es la realización de las redes transeuropeas, pues constituyen un elemento de infraestructura esencial sin el cual el potencial del mercado interior no puede realizarse plenamente. 
El Consejo Europeo quería las redes transeuropeas. 
Ahora, y de una vez por todas, debe decidir los medios a poner en práctica para su realización. 
La Comisión ha hecho su propuesta dentro de esta lógica, y yo pido al Consejo Europeo que sea fiel a esta misma lógica que, por otra parte, se desprende de sus decisiones anteriores. 
Tercera línea de actuación: acelerar la reforma del sistema de empleo con un refuerzo de la vigilancia en la aplicación de las prioridades de Essen, activando las políticas nacionales de empleo e iniciando los grandes trabajos del futuro del empleo. 
En cuarto lugar, poner las políticas estructurales europeas al servicio del empleo, de manera prioritaria, con la atribución de los miles de millones de ecus no concedidos y disponibles hasta 1999. 
Ésta es, señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestra primera prioridad para el Consejo Europeo. 
El mensaje de los Jefes de Estado y de Gobierno debe ser un mensaje de confianza para poder demostrar a los ciudadanos que Europa es una fuerza de movilización máxima en la lucha contra el paro, una fuerza que construirá la convergencia de las políticas nacionales y generará el valor añadido determinante para salir de la crisis del empleo. 
Deseo transmitir igualmente un mensaje de confianza para el segundo gran punto en el orden del día de Florencia, la Conferencia Intergubernamental. 
Señoras, señores, seamos claros, hasta el momento, el balance no es extraordinario. 
Aunque la Presidencia italiana comenzó los trabajos con mucha entrega, no es culpa suya si éstos adolecen de dinamismo. 
Es obligado reconocer que las negociaciones no han comenzado realmente. 
No cometamos el error de creer que tenemos mucho tiempo o que podemos esperar tranquilamente a que la situación política se clarifique en tal o cual Estado miembro. 
Los problemas a resolver son múltiples y complejos, y su solución urgente si realmente deseamos preparar la Unión para las diferentes ampliaciones, cuyo principio está ya fijado, si deseamos convencer a los ciudadanos de que la Unión es un proyecto con el que pueden identificarse y si queremos evitar errores del pasado creando los márgenes necesarios para el debate democrático durante, y no después, de las negociaciones. 
Mi conclusión es que hay una toma de conciencia entre los Estados miembros de que algo tiene que cambiar. 
Es necesario transformar esta toma de conciencia en un nuevo impulso que el Consejo Europeo debería dar a los trabajos. 
Es necesario confirmar la voluntad política manifestada en Turín, el 29 de marzo último, con motivo de la apertura de la Conferencia Intergubernamental. 
Es necesario también aumentar la velocidad, comprometerse verdaderamente en la negociación, y ello al nivel de los elevados objetivos que exige el futuro de una Unión ampliada, eficaz y profunda. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, señoras y señores Diputados, el tercer tema importante para el Consejo Europeo de Florencia es la crisis llamada de las «vacas locas» que ha sacudido a la Unión en los últimos meses. 
Nuestros agricultores han sufrido graves pérdidas económicas en todos los lugares de la Unión, nuestros consumidores se han sentido inseguros, nuestras instituciones se han visto paralizadas y el perjuicio causado por esta crisis es grave. 
El Consejo Europeo nos ofrece la posibilidad de dar un giro a la situación y es preciso aprovecharla. 
Ayer por la tarde, a petición del Consejo de Asuntos Generales, la Comisión definió su posición que formulará en un documento para Florencia. 
Para ésta hay un principio esencial, y es que todas nuestras acciones deben basarse en, y estar inspiradas por, un imperativo absoluto y único que no es otro que la protección de la salud de nuestros conciudadanos. 
Por tanto, el levantamiento del embargo a las exportaciones británicas se ve condicionado obligatoriamente a la erradicación de la EEB. 
Al ser el Reino Unido el foco de la enfermedad, a las autoridades británicas incumbe tomar las medidas pertinentes para su erradicación. 
Ésta ha sido la posición de la Comisión desde el inicio de la crisis, el 21 de marzo último, y la mantendrá hasta el final. 
Se mostrará insensible a las presiones políticas, a los bloqueos, es decir, al veto. 
El error más grave que se podría cometer sería convertir la crisis en un asunto político. 
Con la salud no se juega. 
(Aplausos) Y en el respeto por este principio debería ser posible llegar a un acuerdo en Florencia sobre condiciones previas, etapas y procedimientos que permitan considerar paulatinamente la normalización de los intercambios en el sector bovino con el Reino Unido, pero cualquier decisión deberá tomarse teniendo en cuenta los mejores y más recientes conocimientos científicos disponibles, y deberá pasar obligatoriamente por los procedimientos normales, con la plena participación de expertos veterinarios y científicos de los Estados miembros. 
Cualquier decisión deberá tomarse sobre la base de controles estrictos, previos en cuanto a su aplicación antes de que pueda aliviarse el embargo. 
Por tanto, no habrá cheque en blanco. 
Por su parte, la Comisión contribuirá plenamente a la búsqueda de una solución a la crisis. 
Cuenta con que el Reino Unido haga lo propio, no solamente tomando todas las medidas necesarias para devolver la confianza a los consumidores y estabilizar el mercado, sino permitiendo también que las instituciones funcionen con normalidad. 
O, dicho claramente, la Comisión cuenta con que cese la política de no colaboración. 
Sin este compromiso no habrá acuerdo en Florencia. 
(Aplausos) Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me he limitado a los tres expedientes que estimo prioritarios para Florencia, pero desearía también que el Consejo Europeo garantizara que todo estará preparado para que, durante el próximo período de sesiones, pueda tomar las decisiones necesarias que permitan progresar, según el esquema acordado, en el camino hacia la moneda única. 
Igualmente, deseo que el Consejo Europeo, después de los compromisos asumidos en su reunión de Cannes, pueda desbloquear definitivamente Europol permitiendo así intensificar una cooperación esencial para reforzar la seguridad interior de la Unión. 
Éstas son, señor Presidente, señoras y señores Diputados, las esperanzas y expectativas que formulo en vísperas del Consejo Europeo de Florencia, y que sé que son también las de todos ustedes. 
(Vivos aplausos) 
Muchas gracias, Señor Presidente de la Comisión. 
Ahora ha llegado también el Ministro de Asuntos Exteriores, Dini, Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
Sea usted bienvenido. 
Le concedo de inmediato la palabra. 
Por favor, señor Presidente del Consejo. 
Muchas gracias, señor Dini. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Morán López, autor de las preguntas orales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en primer lugar, quiero agradecer las informaciones puntuales facilitadas y muy bien estructuradas por parte tanto del Presidente de la Comisión como del Presidente del Consejo. 
A la Presidencia italiana le ha correspondido, señor Presidente, la responsabilidad de organizar el inicio de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
La misión de esta conferencia- no es necesario que lo subraye yo en esta Asamblea- es decisiva en el actual momento de la construcción europea. 
Por un parte, profundizar, hacer más sólidas las instituciones; por otra parte, ponerlas a punto con miras a la ampliación de la Unión. 
Es necesario recordar a este respecto, y agradecer, que la Presidencia italiana, cuando se planteó el tema de la participación del Parlamento en esta Conferencia Intergubernamental, adoptó una posición positiva. 
Por el contrario, las posiciones de algún otro país han impedido que nuestra participación tenga el nivel que tuvo, creo que con buenos resultados, en el Grupo de reflexión. 
No obstante, es necesario reconocer que nuestra participación- y también el contacto con las opiniones públicas- en el curso de la Conferencia Intergubernamental excede- y con mucho- a la que tuvimos- y tuvo la opinión pública- en el momento de Maastricht. 
Es necesario, pues, reconocerlo y también abordar los temas importantes que tiene la Conferencia desde la perspectiva del Parlamento y de esta Comisión de Asuntos Institucionales. 
Sabemos que la Conferencia, bajo la Presidencia italiana y en la fase previa, ha identificado las posiciones de los Estados respecto a los temas de la reforma de los Tratados; y no podemos menos de tener una cierta preocupación, cuando vemos que hay resistencias por parte de algunos Estados miembros tanto a la extensión de la codecisión a todos los actos legislativos como a la introducción del principio de las mayorías y a la determinación de éstas en cuanto a las votaciones en el Consejo. 
La Conferencia tiene en este momento el riesgo de estancarse o bien ser una Conferencia de mínimos que defina a la Unión de una manera insuficiente respecto a los retos que tiene planteados y a las exigencias que parecen deducirse, sin duda alguna, de la opinión pública europea que, en última instancia, es el procedimiento de legitimación de la vida de la Unión. 
La opinión pública, el Parlamento, como su representante, los contactos que hemos mantenido con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, señalan una serie de niveles de exigencia europea a las que las instituciones deben corresponder para que se produzca una nueva legitimación sociológica. 
En primer lugar, el refuerzo de la ciudadanía europea, así como una cooperación eficaz en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior, en especial en lo que se refiere a la «comunitarización» de ciertos temas del tercer pilar, y la cooperación acrecentada en otros. Entre ellos, el aumento de la seguridad interior y una lucha eficaz contra el terrorismo y la delincuencia organizada con todas las consecuencias que de ello se derivan, incluso en el terreno de los Tratados. 
En lo relativo al empleo y a la protección social, la opinión pública aspira a que tengan el tratamiento de un capítulo dentro del Tratado. 
Quiero agradecer aquí las palabras del Presidente Santer en este sentido y sus iniciativas. 
Estamos seguros de que la Presidencia italiana, por lo que ha dicho el Presidente Dini, acepta este planteamiento, y rogamos tanto a la Presidencia como a la Comisión que continúen en este terreno porque sin este grado de integración social que es el pleno empleo y la cobertura social, la Unión estaría deslegitimada. 
Unas instituciones más eficaces, más democráticas y más transparentes. 
Sabemos que en la fase actual de la Conferencia Intergubernamental asuntos como la ponderación de votos, el paso a las mayorías o la simplificación de los procedimientos legislativos, todavía no han logrado el mínimo de consenso. 
Todo ello nos lleva a una preocupación y una esperanza: la esperanza puesta en la labor de la Presidencia italiana; la preocupación que nace de las dificultades existentes y del bloqueo del Gobierno del Reino Unido al proceso comunitario. 
En este sentido, la comisión que yo presido ruega un esfuerzo a la Presidencia italiana y pregunta al Presidente qué medidas, qué iniciativas está dispuesta a tomar la Presidencia para que el Consejo de Florencia sea el éxito que esperamos. 
Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias a los Sres. Santer y Dini por sus discursos de esta mañana. 
Muchos de los diputados de mi grupo que hablarán más tarde en este debate insistirán en los pormenores de gran parte de lo que han dicho. 
En calidad de jefe del Grupo Socialista, quiero centrarme en el principal problema político al que se enfrenta actualmente la Unión Europea. 
Hoy mi grupo quiere dejar bien claro que condenamos absolutamente la campaña agresiva y ofensiva proseguida por los políticos conservadores y parte de los medios de comunicación del Reino Unido contra nuestros socios del resto de Europa. 
Deseamos expresar nuestro horror común ante la aparente facilidad con la que se han invocado de buena gana en el Reino Unido las connotaciones de la guerra, el lenguaje del odio y los símbolos de la intolerancia. 
El Gobierno británico ha elegido una política de no cooperación con sus socios europeos. 
Ha sido responsable de impedir medidas, por ejemplo, para combatir el fraude en Europa y hacer frente a la insolvencia que afecta a tantas empresas de Europa. 
Aunque parezca mentira, ha renunciado a que 1997 sea designado Año Europeo contra el Racismo. 
Me pregunto si es una forma indicada, razonable y coherente de hacer amistades e influir en la gente; si es la manera de resolver una crisis de confianza de los consumidores; si va a solucionar los verdaderos temores en materia de salud pública de los habitantes de Europa. 
La respuesta ha de ser «no». 
Quizá el Gobierno británico tenga razones para llevar a la Unión Europea a la mayor crisis de toma de decisiones de su historia. 
¿Se me ha escapado algo? 
¿Fue exportada la EEB al Reino Unido por algún otro país de la Unión? 
¡Por supuesto que no! 
La ineptitud con que el Gobierno británico ha manejado la crisis de la EEB generada por los propios británicos ha hundido las ventas de carne de vacuno en toda Europa. 
El conjunto del sector en la Unión Europea está pagando el precio de la incompetencia de un gobierno. 
El próximo viernes y sábado en Florencia nuestros quince primeros ministros tienen trabajo que hacer. 
Deben tomar verdaderas medidas para combatir el azote del desempleo en Europa que el Sr. Santer ha descrito con tanta elocuencia. 
A mi grupo le resulta absolutamente inaceptable e imperdonable que un gobierno impida actuar con medidas para crear puestos de trabajo cuando ese mismo gobierno tiene en sus propias manos la capacidad de resolver esta crisis institucional. 
Todos y cada uno de los diputados de esta Asamblea desean que se levante la prohibición de la carne de vacuno británica, y todos y cada uno reconocen la preocupación real de sus propios ciudadanos. 
El abandono en el Reino Unido del control gubernamental ha dado rienda suelta a una industria responsable de contaminar amplios sectores de las cabañas de vacas lecheras y de carne de su propio país. 
Cuando finalmente se han tomado medidas para prohibir el uso de dichos piensos en el mercado interior, esa misma industria no ha tenido absolutamente ningún escrúpulo en vender piensos potencialmente infectados para alimentar reses del resto de Europa. 
¿Dónde está ahí la moralidad? 
¿Dónde el sentido de la honradez y dónde un indicio mínimo de ética comercial aceptable? 
En opinión de mi grupo, ésta es la realidad política de una desregulación mal planteada, basada en motivos ideológicos, al estilo de la Sra. Thatcher. 
Ayer la Comisión aprobó un acuerdo marco para hacer frente a la EEB, que está planeado para empezar a existir simultáneamente al abandono de la política de falta de cooperación por parte del Gobierno británico. 
Agradecemos esa señal positiva de la Comisión, pero no puede haber medias tintas. 
El Gobierno conservador británico debe abandonar completa e inmediatamente su política de no cooperación y el acuerdo marco debe sustentarse en datos científicos sólidos. 
Yo soy londinense, soy británico y soy europeo. 
Me siento orgulloso de todo ello. 
Hago un llamamiento al gobierno británico para que responda con arreglo al espíritu del Tratado y permita que Europa funcione por el bien de todos. 
Señor Presidente, Señorías, señores Presidentes del Consejo y de la Comisión, pienso que todos estaremos de acuerdo en que la Unión Europea está atravesando una grave crisis, por dos razones. 
La primera es el riesgo de una crisis de confianza en la población en torno a la solvencia de Europa en algo tan esencial como garantizar la salud pública. 
Sería paradójico que la idea europea tuviera que sucumbir debido a una crisis de confianza en torno al forraje contaminado para el ganado y los riesgos de que la enfermedad se contagie al ser humano. 
Por ello, la Comisión, con ayuda de expertos independientes, tiene que redactar un plan para erradicar esta enfermedad. 
Pienso que recuperar la confianza es ahora la principal tarea. 
En el pasado, algunos Estados miembros tuvieron el valor de hacerlo. Entre otros, en mi país conseguimos erradicar por completo la peste porcina con ayuda de la Comisión Europea. 
La crisis es muy grave, porque se han visto afectadas las reglas básicas de la Unión Europea. 
Vivimos y trabajamos en una comunidad de derecho, que se basa en normas jurídicas fundamentales. Entre ellas se encuentra por ejemplo el artículo 5 del Tratado, y cito el segundo apartado del artículo 5 del Tratado Europeo, que dice que «los Estados miembros se abstendrán de tomar cualquier medida que pudiera poner en peligro la realización de los objetivos de este Tratado». 
El respeto del derecho comunitario, el respeto del artículo 5 del Tratado, significa que el Estado miembro no puede colocarse fuera del sistema judicial europeo, bloqueando de forma consciente el funcionamiento normal de la Unión Europea. 
La política de obstrucción del Gobierno británico tiene consecuencias, tanto para la opinión pública como para nosotros. 
Esta política de obstrucción ha hecho patente más que nunca la necesidad y la urgencia de generalizar las decisiones por mayoría en el Consejo. 
He aquí pues los dos problemas fundamentales a los que se enfrenta el Consejo Europeo de Florencia. 
Sin duda, señor Presidente del Consejo, la reunión se caracterizará por estos dos problemas fundamentales. 
Esperamos que pueda encontrarse una solución. 
En los últimos meses, el Parlamento ha sido tildado o criticado de indulgente. 
En efecto, en la consulta entre los principales Grupos hemos dado tiempo y espacio a las negociaciones y la búsqueda de una solución. 
Algo que por desgracia no se ha logrado. 
Por ello, la resolución de diferentes partes de los Grupos es especialmente clara y crítica. 
Espero que el Consejo Europeo se tome en serio esta resolución. 
Teníamos la esperanza de que el Consejo Europeo de Florencia se convirtiera en el Consejo del empleo. 
Naturalmente hemos de hablar de la CIG, de la política exterior, pero el gran objetivo era el empleo. 
A mi parecer, lo más original de este debate era su intervención, señor Presidente de la Comisión, sobre el empleo. 
Usted nos recordó unas cuantas cosas esenciales. El hecho de que por ejemplo la realización del mercado interior y la moneda única, tan características de la economía norteamericana, permiten a esta economía realizar nuevas actividades y crear puestos de trabajo. 
Pero su intervención, su ambición de impulsar una consulta social, su ambición de descubrir nuevas vías y nuevos medios, a fin de solucionar ese enorme problema del desempleo, son muy originales y esperanzadoras. 
Es un signo de esperanza. 
Confío en que el Consejo de Florencia no sucumbirá por las discusiones sobre las enfermedad de las vacas locas, sino que será una señal de esperanza, que la consulta social, la originalidad de su propuesta, de su pacto de confianza, prevalecerán sobre las disputas que amenazan mermar la confianza de la opinión pública en la idea europea. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Florencia representa una ocasión que no hay que desperdiciar para dar un giro positivo a este semestre que, hasta ahora, de hecho, ha logrado unos resultados inferiores a los esperados. 
Ciertamente, la cita electoral nacional hizo más difícil el trabajo de la Presidencia, al igual que lo convirtió en más complicado la crisis de las relaciones entre la Gran Bretaña y la Unión Europea. 
Al respecto, hay que confiar en que la Presidencia italiana, siguiendo el camino tan acertadamente emprendido, consiga evitar el fracaso de la Cumbre de Florencia, que ha sido puesta en peligro por la intransigencia británica. Una cumbre que esperamos que pueda finalizar con algún resultado positivo en relación con el problema del desempleo que usted, Presidente Dini, al inaugurar el semestre italiano, señaló como el problema más urgente al que debía hacerse frente, posición que reafirmó hoy en este Pleno. 
Por consiguiente, le pedimos que tenga a bien acelerar los plazos para acometer una política que impida que el empleo siga avanzando, comprometiendo a su sucesor en seguir por la vía de la lucha contra una gran calamidad europea: 18 millones de parados son una vergüenza para la Unión. 
También es necesario aclarar la cuestión de la moneda única. 
Estamos firmemente convencidos de que el euro, para convertirse en la moneda de todos, necesita la participación de todos los Estados miembros por igual. Una moneda que divide no puede desempeñar ese papel de puente hacia una unión política con una política exterior de defensa y de seguridad cuyas bases deben reforzarse en Florencia. 
En definitiva, pedimos a la Presidencia italiana que deje en herencia a la irlandesa una profunda huella, pese a que, hasta ahora, la presencia que pedimos no se hizo sentir suficientemente en las crisis que afectaron a la antigua Yugoslavia, a Israel y al Líbano, ni tampoco en el Mediterráneo. 
Europa no puede mirar sólo hacia el Este, sino que debe proyectarse hacia el Sur. 
La emigración, los transportes, al agricultura y la pesca son otros temas mediterráneos que deberán examinarse durante la última etapa de este semestre con mayor atención que la deparada hasta ahora. 
Por último, unas palabras sobre Eslovenia. Como italiano, pido garantías efectivas y la protección de nuestros ciudadanos que sufrieron perjuicios económicos a causa de la antigua Yugoslavia. 
Ahora, la Presidencia italiana tiene una buena baza que podrá utilizar en la mesa del Consejo para recuperar el tiempo perdido. 
Le corresponde a usted, señor Presidente del Consejo, que cuenta con la ventaja de jugar en Florencia, su ciudad, demostrar que tiene esa determinación y esa iniciativa política necesarias para convertir en positivo el juicio sobre el semestre italiano. 
Señor Presidente, a pesar de ser una paradoja, existe un aspecto útil en el otrora injustificado bloqueo de las decisiones de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña. 
En efecto, ha quedado demostrada toda la fragilidad del actual sistema institucional de la Unión Europea. 
La cooperación intergubernamental es un instrumento demasiado complicado e insuficiente, fue y sigue siendo prueba de ello la inexistencia de la Unión Europea como sujeto de política exterior, baste pensar en Yugoslavia. 
Poner en común la moneda y no la política económica, fiscal y laboral, y carecer de una política exterior común y de una política de justicia común representa una contradicción propiamente dicha. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas confía en que la contradicción pueda resolverse positivamente y que Europa siga el camino hacia un Estado federal. 
La Conferencia Intergubernamental, al menos hasta ahora, no implica este paso y el Presidente Santer acertó diciéndolo claramente. 
Cuando se inaugure el Consejo de Florencia, espero que el Gobierno italiano lo reconozca abiertamente a fin de convertir dicho encuentro no en una reunión rutinaria, sino en un punto de referencia en la historia política de la integración europea. 
Señor Presidente, quisiera poner de manifiesto, en nombre de mi Grupo, Izquierda Unitaria Europea, tres preocupaciones generales. 
Son tres reflexiones, pero, en definitiva, son tres grandes preocupaciones: 
La primera: la imagen de desvanecimiento y estancamiento de la Conferencia Intergubernamental, con el problema añadido de «las vacas locas». 
Podríamos decir que empieza siendo una Conferencia de baja intensidad y que está en estado gaseoso. 
Queremos que se cristalice esa Conferencia, que haya impulsos y decisiones en Florencia que signifiquen que la Conferencia existe y tiene un eco ante la opinión pública. 
La segunda reflexión: la función del Parlamento Europeo. 
A pesar del esfuerzo de nuestros representantes- empezando por el Presidente del Parlamento -, hay que decir que el Parlamento Europeo no tiene el peso necesario en el tejido democrático de la Unión en un momento en que hay una demanda de mayor democracia, mayor transparencia y de que funcione la democracia representativa en este tejido democrático europeo. 
En algún momento- Sr. Presidente Dini, Sr. Santer -, el Parlamento parece tener un papel similar al de un Gobierno de los países que todavía no están en la Unión Europea y que se quieren asociar: tiene presencia, puede hablar... , pero es poco decisorio. 
Nosotros pedimos que se manifieste rápidamente y se reconozca en el Tratado la necesidad de que el Parlamento emita dictamen conforme para la revisión de los Tratados. 
Y el tercer problema: la sociedad europea, con el desempleo. 
Usted, Sr. Dini, no nos ha parecido nunca un político o un economista dogmático. 
Por ello, podrá entender que, para muchos europeos, la urgencia y la rigidez de las condiciones para alcanzar la moneda única según el modelo conservador alemán legitima políticas a veces antisociales y elimina, en gran medida, inversiones públicas en los diferentes países. 
Y, por lo tanto, no favorece al empleo. 
Para nuestro Grupo no goza de especial credibilidad el Pacto de estabilidad- ni siquiera el Pacto de confianza-. 
Necesitamos políticas macroeconómicas diferentes que generen empleo. 
Y no queremos, señores Presidentes, que, dentro de meses o de años, nos digan lo mismo que decían los manifestantes alemanes en Bonn al señor Kohl, con una gran pancarta: » Ustedes, Unión Europea, no luchan contra el desempleo, luchan, sobre todo, contra los desempleados». 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, como Grupo de los Verdes no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación respecto al futuro de la Unión Europea, porque, mientras estamos a punto de hablar sobre la Conferencia Intergubernamental inaugurada en Turín, algunos acontecimientos ajenos a la Conferencia están minando el futuro de la Unión Europea. 
Lo ocurrido con el conflicto de las vacas locas y la decisión de bloqueo de Inglaterra demuestran, debido al incumplimiento del artículo 5 del Tratado, que el actual Tratado ha quedado obsoleto y lo sería todavía más en el caso de una ampliación. 
He aquí porque creo que ante esta situación debemos reiterar con firmeza, la Unión Europea debe reiterar con firmeza que en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental hace falta un esfuerzo para alcanzar una mayor democracia interna a fin de establecer las pautas que autoricen la ampliación en condiciones de seguridad. 
Y es por esto, y lo digo también a los representantes del Partido del Socialismo Europeo, que, ante el ataque de Inglaterra contra la Unión Europea, ante este bloqueo, haría falta actuar ya desde ahora como catorce Estados, habida cuenta de que Inglaterra es quien, de hecho, no participa en las decisiones comunes con este bloqueo. 
Es necesario que seamos capaces de avanzar, ofreciendo en lo concerniente al problema de la EEB, seguridad a los consumidores, a todos los consumidores europeos, empezando por esos consumidores ingleses que se encuentran en una difícil situación por las decisiones de su Gobierno. 
Por estas razones, hay que hacer un mayor esfuerzo global en todas las direcciones, a partir de la Cumbre de Florencia. 
En cuanto al empleo, como Grupo de los Verdes no estamos satisfechos de oír una vez más que la única elección posible es la de reiterar la necesidad de grandes infraestructuras, de decir que representa un gran resultado el acuerdo alcanzado sobre las redes transeuropeas de transporte. 
También en este caso hemos asistido a que se cuestionaran las prerrogativas del Parlamento Europeo, a un ataque contra los que eran los acuerdos de Maastricht, poniendo al Parlamento en la disyuntiva de no poder debatir los catorce proyectos con la pretensión que ya habían sido decididos y negando, por consiguiente, al Parlamento el poder de codecisión. 
Dichos ataques ponen en duda y amenazan el futuro de Europa y no garantizan un válido proyecto de la Conferencia Intergubernamental. 
No es así que se resuelve el problema del empleo, como mucho esto ofrece nuevos márgenes de beneficios a las empresas, pero no ofrece ninguna garantía laboral, sino que perjudica al medio ambiente y a la seguridad social. 
Tampoco estamos satisfechos por lo que pudimos escuchar acerca de la política exterior. 
Nada oímos decir respecto a Albania. 
Pudimos oír que el primer ministro turco estará presente en Florencia a pesar de lo que está sucediendo en Turquía tanto dentro como fuera de ella, carecemos de un acuerdo sobre el programa MEDA. 
Estamos satisfechos de que este Gobierno haya por fin alcanzado un acuerdo con Eslovenia. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, es una verdadera lástima que usted, Sr. Dini, esta mañana llegara con retraso al debate sobre la preparación del Consejo Europeo de Florencia, pues, habría tenido usted la ocasión de escuchar al Presidente Santer que permitió que este debate se lleve a cabo apoyándose en unas bases algo más políticas y no sólo en algo que se parece a la lista de la compra que usted nos presentó y que, francamente, quizás podría haberse distribuido a través de los servicios del Parlamento como un documento de trabajo. 
Por consiguiente, me permito recordarle algunos de los puntos planteados por el Presidente de la Comisión. Respecto a la Conferencia Intergubernamental, el Presidente Santer nos confirmó que le bilan n ' est pas enthousiasmant. 
Pues bien, todos nosotros conocemos la proverbial prudencia del Presidente Santer y me parece que no hace falta añadir nada más. 
La Presidencia italiana y el Gobierno que usted presidió antes del actual Gobierno, decidieron no conferir el necesario mandato político al grupo de negociadores y el resultado es un documento que substancialmente nos ha impedido avanzar en seis meses. 
En cuanto a la crisis británica, el Presidente Santer nos expresó una posición clara, firme y coherente, sin la pretensión de mediar sobre todo y todos, empezando por la salud de los ciudadanos y de los consumidores europeos, tal como se desprende de su declaración. 
¿Apoyará la Presidencia italiana estas prioridades y confirmará el levantamiento del embargo sólo cuando se consiga erradicar la enfermedad? 
¿Hará la Presidencia italiana todo lo que esté en su mano para que el Gobierno británico afronte sus responsabilidades tanto respecto a la EEB como al intolerable bloqueo de las instituciones, que para usted increíblemente es sólo fuente de sinsabores? 
¿Confirmará la Presidencia italiana que cualquier decisión que se adopte al respecto se basará sobre todo en criterios científicos más precisos? 
Ciertamente, la Presidencia desbloqueó el acuerdo con Eslovenia, contradiciendo las posiciones del Gobierno Dini, y firmará el acuerdo relativo a Uzbekistán: me parece poco. 
Señor Presidente, me sorprendí un poco y, al mismo tiempo, me alegré cuando, al tomar posesión de su cargo, el Sr. Santer dijo: menos y mejor. 
En 1993 había 17.000 normas comunitarias, por lo que hacía falta una limpieza en la maraña legislativa. 
Dijo que se aplicaría el principio de subsidiariedad. 
Los Estados miembros deberían hacerse cargo de los temas que no pudieran resolverse de forma satisfactoria en Bruselas. 
Su postura era la correcta, pero por desgracia el Sr. Santer no ha cumplido su palabra. 
Ahora existen 21.392 reglamentos, directivas y demás instrumentos jurídicos. 
El número de leyes se ha multiplicado por once en 22 años, pero en vez de sanear, se ha planificado una nueva huida hacia delante con decisiones por mayoría y, por lo tanto, con más dirigismo desde Bruselas. 
Proponemos otra receta: hay que limitar las competencias de la Unión. 
La legislación comunitaria debe comenzar y finalizar en los parlamentos nacionales, para que los ciudadanos la puedan seguir. 
La Comisión podrá únicamente presentar propuestas si los parlamentos nacionales las solicitan. 
La Unión podrá únicamente aprobar reglas comunes mínimas y las normas serán ayudas voluntarias en vez de una dictadura centralizada. 
Está bien que un mayorista de fruta pueda remitirse a normas comunes para el tamaño del fresón, cuando se trata de comercio transfronterizo, pero mi suegra no necesita normas comunitarias para vender su fresón recién recogido en su huerta a la gente que lo quiere comprar. 
Está bien tener normas para el trabajo infantil, pero mi mujer y yo no necesitamos directivas comunitarias para decidir si nuestro hijo puede repartir periódicos. 
Está bien tener normas comunes para los venenos que se pueden verter a las aguas subterráneas, pero es una auténtica locura que una mayoría de la Comisión en Bruselas quiera prohibir a un consejo municipal o provincial fijar límites más rigurosos para la contaminación de aguas subterráneas que no van a utilizar en ventas transfronterizas... 
(El Presidente interrumpe al orador )... pero finalmente quiero proponer al Presidente de la Comisión que comience la cumbre de Florencia con la presentación de una larga lista de propuestas por eliminar... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, usted recordó las metas alcanzadas por los anteriores semestres, nos enumeró los compromisos que deberá añadir el próximo semestre, sin embargo, de los resultados obtenidos por el semestre italiano hemos oído hablar muy poco. 
Quizás estaban en esas páginas que usted eliminó y que no creo que fueran simplemente unas páginas de más, dado que los tiempos reglamentarios de las intervenciones en este Pleno los conocemos todos y, sin duda, usted más que nadie. 
No creo que pueda ser motivo de orgullo para Italia el laxismo que la misma adoptó en relación con Eslovenia respecto a los bienes que esta última substrajo a los italianos y que no ha devuelto todavía. 
Ni tampoco podemos atribuir a nuestra Presidencia el mérito de la falta de cualquier referencia a los derechos humanos en los países desde los cuales importamos mercancías, países en los que existe el trabajo de menores y donde la seguridad social no existe en absoluto. 
Se trata de pueblos respecto a los que deberíamos salvaguardar la salud- la salud humana y moral- para proteger nuestra economía. 
En cuanto a las graves dificultades del Gobierno británico, quizás se habrían evitado si se hubiera intervenido hace años. Deseo recordar mi pregunta a la Comisión, que se remonta a hace un año y medio y a la que se respondió que todo estaba bajo control. 
Estamos satisfechos por la iniciativa relativa a la creación de un observatorio europeo contra el racismo y la xenofobia y nos permitimos sugerir humildemente su ubicación. 
Pensamos en Mantua como sede de esta Agencia debido a la experiencia piloto que allí se realizó para establecer el cómo y el cuándo del fenómeno del racismo y de la xenofobia, quizás también dentro del propio país. 
Mientras estamos viviendo los último días de la Presidencia italiana y aproximándonos a la Cumbre de Florencia, quisiera recordar a usted y a todos nosotros, la necesidad de volver por fin a los que eran los principios de los padres fundadores de la Unión Europea. 
Hoy, estamos hablando demasiado de moneda y de economía y nunca de unión política ni tampoco de profundizar su carácter político que es el supuesto indispensable sine qua non, para realizar la Unión Económica, la moneda única y alcanzar un mínimo de bienestar. 
Es imposible e impensable eliminar el desempleo que sufren 20 millones de ciudadanos en Europa, si no logramos esa unión política que sirve para impulsar y fortalecer a la Unión Económica. 
Sin duda, existirán intereses incluso fuera de Europa que impiden alcanzar esta Unión, aunque nosotros estamos dispuestos a luchar por esta Unión, conscientes de que a pesar de los distintos orígenes culturales y políticos hay personas en este Parlamento que están dispuestas a combatir por la Unión política, porque saben que el futuro está allí y porque de lo contrario se desencadenaría una guerra entre los pobres. 
Sin antes lograr la Unión política- respecto a esto desearía que la Presidencia italiana adquiriera un compromiso- la ampliación conllevará sólo la destrucción de gente pobre por parte de otra gente pobre y un imparable aumento del desempleo, mientras los ricos y los potentes van a convertirse cada vez más en más ricos y potentes. 
No queremos oligarquías, queremos una democracia igual para todos los ciudadanos y deseamos recordar a la Presidencia italiana el compromiso de conseguir que dentro de la Unión Europea todos sean iguales y que en particular los problemas de las empresas italianas se traten de la misma manera que los de los demás Estados. 
Nos resulta que en este momento somos el único Estado que respecto a la cuestión de la telefonía ha sido objeto de una decisión formal, mientras que otros países que se hallan en la misma situación, no han sido objeto de ninguna resolución. 
He recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, deseo dedicar mi atención al hecho de que Florencia va a ser el último acto de la Presidencia italiana y del que hay que obtener, por tanto, el máximo provecho posible para nuestros destinos comunes. 
Confiamos en que la Presidencia italiana finalice el semestre presentando en Florencia propuestas y medidas concretas para el empleo, tras lo mucho que se ha venido hablando del tema en los últimos años. 
Por otra parte, usted, Sr. Dini, cosechó muchos éxitos en este Parlamento cuando se comprometió en este sentido en su anterior visita. 
Valoro la decisión del Gobierno italiano de celebrar una Conferencia Nacional sobre el Empleo, como seguimiento operativo del Pacto de Confianza entre las partes sociales. Se trata de una iniciativa que apoyamos con firmeza y que consideramos extremadamente importante. 
Espero que en Florencia se adopte la decisión de celebrarlas en toda Europa. De todos modos, el Consejo de Florencia podrá acordar la refinanciación del fondo para las pequeñas y medianas empresas que fue decidido en Copenhague; podrá indicar las líneas para una revisión del mercado del trabajo y del tiempo de trabajo que deberá ser acordada entre las partes sociales en el ámbito del Pacto de Confianza; podrá, sobre todo, decidir financiar las redes transeuropeas y el Libro Blanco en sus parte más innovadoras, recurriendo a un préstamo del mercado financiero, pedido por Delors y jamás autorizado por el Consejo. 
Se trata de un tema político prioritario que demuestra la capacidad de la Unión Europea de intervenir en la economía en un momento de crisis. 
Confiamos en medidas concretas que se esperan desde hace tiempo, sin las cuales es preferible no seguir con los programas dedicados al empleo. 
Con relación a la Conferencia Intergubernamental, existen resistencias para que se lleve a cabo un serio debate. 
El Presidente Santer lo dijo claramente- y creo que acertó- y también hay que decirlo abiertamente a los ciudadanos europeos. 
Estamos alarmados por el retraso que puede convertirse en parálisis, pérdida del sentido y del interés general de Europa y regresión hacia actitudes puramente nacionales. 
Nuestra crítica se dirige a todos los Gobiernos que en el Consejo retrasan el avance de los trabajos sobre las cuestiones decisivas. 
Ahora que va a finalizar la Presidencia y, por consiguiente, también la obligación de expresar posiciones siempre más comunes, pedimos al Gobierno italiano que desempeñe un papel propulsor y promotor en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, la gran mayoría de este Parlamento confía en que el Consejo Europeo de Florencia no sea recordado sólo por el conflicto de las vacas locas. 
La resolución unitaria que cerrará el debate recogerá las cuestiones que están sobre el tapete, como la Conferencia Intergubernamental, el empleo, la PESC, el tercer pilar y el mercado interno de la energía. 
Las mayores expectativas se centran en la efectiva capacidad de ofrecer una respuesta inmediata y creíble al drama del desempleo. 
Yo vivo en una región de Europa en la que los parados superan el 20 % de la población activa, donde de cada 100 jóvenes en espera de un trabajo, 55 no encuentran trabajo y muchos, parados de larga duración, han superado desde hace tiempo los treinta y dos años de edad. 
Se trata de una situación dramática que va mucho más allá de lo soportable y tiene consecuencias muy graves de orden económico, social y civil y hace más fácil la penetración de la criminalidad organizada. 
Es algo que me hace sentir indiferente ante ciertas disputas bizantinas sobre el dualismo entre competencias europeas y competencias nacionales, y me obliga a pedir con firmeza una concreta y urgente iniciativa europea que efectivamente se añada a los esfuerzos de los Gobiernos nacionales, regionales y locales y no represente una cómoda coartada para esconder inercias y retrasos. 
Por estas razones, señor Presidente Santer, deseo manifestarle mi agradecimiento y mi apoyo por el método adoptado y por el contenido de las propuestas de la Comisión Europea. 
Usted propuso a los Gobiernos y a los interlocutores sociales un Pacto de Confianza, un pacto que Europa debe ser capaz de suscribir sobre todo con las nuevas generaciones, fundándolo en la certeza de que Europa las ayudará a construir un futuro mejor a través de sus acciones, sus elecciones y su mayor capacidad de afrontar los nuevos desafíos de la globalización y que será realmente capaz de apostar por su voluntad de compromiso, inventiva, creatividad e inteligencia. 
Acogemos con satisfacción la disponibilidad garantizada en nombre del Consejo por el Presidente Dini. 
Señor Presidente, deseamos darle las gracias también por la fructífera acción llevada a cabo a lo largo de estos meses, a pesar de la campaña electoral que le tuvo ocupado en Italia y que en algunas intervenciones en este Pleno pareció reflejarse. 
Nos sentimos más tranquilos después de que haya adquirido el compromiso de emprender cuanto antes las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental, habida cuenta de que es creencia general que sin afrontar y solucionar el problema del déficit democrático de la Unión, no será posible llevar a cabo las programadas y previstas ampliaciones y no se podrá dar el propiciado impulso a la Unión Europea. 
Por último, señor Presidente, todos nosotros confiamos en que dentro de un año Europa pueda por fin diseñarse a sí misma, así como definir sus límites, su ambiciones y su democracia. Sería la mejor manera de celebrar el cuarenta aniversario de los Tratados de Roma. 
Señor Presidente, quiero empezar expresando mi agradecimiento y reconocimiento a la Presidencia italiana, en la figura del Sr. Dini, y al Presidente de la Comisión, Sr. Santer, por la valiosa aportación de ambos al debate de esta mañana. 
La próxima semana, la cumbre europea deberá centrarse en disipar las tensiones que se han dejado crecer en las últimas semanas entre el Gobierno británico y sus socios europeos. 
La política de no cooperación que el primero está llevando en Bruselas ha tenido un efecto totalmente negativo y debe abandonarse a la primera ocasión. 
En el Reino Unido, gran parte de la retórica antieuropea que se ha desatado a raíz de la decisión del Gobierno de adoptar una actitud obstruccionista hacia la toma de decisiones europeas ha sido profundamente perturbadora. 
Ahora, los líderes políticos de Londres responsables deben tomar la iniciativa y tranquilizar a los ciudadanos británicos sobre el hecho de que no tienen nada que temer de sus vecinos de la Unión Europea. 
Los líderes europeos, especialmente el Gobierno Británico, pueden ayudar a recuperar un equilibrio en las relaciones entre el Reino Unido y el resto de Europa, decidiendo sobre un marco para resolver en la cumbre el problema de la EEB. 
La Unión Europea, asimismo, debe dar pasos para restablecer la confianza de los consumidores y productores en la carne de vacuno como producto sano, seguro y comercializable. 
Es indispensable que tengamos por única prioridad proteger la salud de nuestros ciudadanos y que todas las decisiones se basen en los mejores datos científicos disponibles. 
Elogio al presidente Santer por su postura sobre este tema, inspirada en unos principios, en defensa de los ciudadanos de Europa. 
La crisis de la carne de vacuno ha desviado ya la atención de trabajos importantes que están en marcha en la Conferencia Intergubernamental. 
Ha desviado la atención de la lucha contra el desempleo y contra la delincuencia internacional. 
La Conferencia Intergubernamental deberá poner las cosas a punto para que la expansión de la Unión Europea incluya a los antiguos países comunistas del este de Europa. 
Es importante que las negociaciones se desarrollen de forma sosegada y racional. 
Lamentablemente, el debate sobre Europa que se ha mantenido en los medios de comunicación británicos se ha caracterizado por la falta de sosiego y racionalidad. 
Por último, el peligro que existe ahora mismo es que el acuerdo de la CIG sea mucho más difícil de alcanzar debido a las fuerzas antieuropeas desatadas en el Reino Unido. 
Señor Presidente, Señorías, somos conscientes de que adoptamos una posición algo peculiar. En Italia apoyamos con nuestros votos al Gobierno de centroizquierda, aquí vamos a votar en contra del compromiso adquirido también por su Presidencia, pero nos embarga una preocupación que supera cualquier otra razón política. 
En Europa, como todos sabemos, existen dieciocho millones de parados, además de los millones de parados sin registrar, y ahora soplan vientos de recesión. 
Si antes llovía, en términos de desempleo, mañana puede que caiga una granizada. 
Y ¿qué hace Europa? 
A nosotros nos parece que poco y en la dirección equivocada, tal como hoy nos lo acaban de confirmar las declaraciones del Presidente Santer y del Ministro Dini. 
En definitiva, Europa dice que mantiene la convergencia de Maastricht para el paso a la moneda única, cuando ésta es prácticamente imposible sin trágicos efectos deflacionarios y cuando, en realidad, estamos a punto de ralentizar sus plazos, de modificar sus concretas modalidades de actuación, pero allí está Maastricht como una fusta que golpea a los Gobiernos nacionales para atacar el estatus social que, como se pudo comprobar en Alemania, ya es imposible sin un intenso aumento del conflicto social. 
La nuestra es una inquietud muy profunda y consideramos que sin un giro radical de esta orientación, la crisis de Europa ya ha comenzado. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, con razón lamenta la propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Institucionales la orientación al status-quo que muestra el trabajo que ha realizado hasta ahora la Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, ¿ha hecho este Parlamento lo suficiente para superar esta política de angustiosa falta de fantasía? 
A este respecto, está claramente ante los ojos de todos la tarea que nos corresponde: se trata de transformar una comunidad económica, un espacio sin fronteras interiores, en una unión de pueblos, en una unión política, tal como reza el Tratado de Maastricht. 
Hacia tal unión no existe otro camino democrático que un proceso de tipo constituyente para lograr la superación de la división de Europa en este y oeste y, en consecuencia, para dar una primera respuesta a los enormes retos de la sociedad actual. 
¿Dónde tendría que apoyarse la iniciativa relativa a este proceso... ? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente en ejercicio, señor Presidente de la Comisión, hace ya tres meses que se iniciaron oficialmente en Turín los trabajos de la CIG y es obligado reconocer que nos encontramos en una situación de bloqueo. 
Algunos dirán que en tan poco tiempo era difícil conseguir mejores resultados olvidando sin embargo que el grupo de reflexión, presidido por el Sr. Westendorp, ya había preparado el terreno y que este trabajo previo debería haber permitido que los negociadores entraran en una verdadera fase de negociación desde el mes de marzo. 
Creemos que ya es hora de dar la señal de alarma, pues, en nuestra opinión, el problema no se limita a la cuestión del bloqueo británico, por muy inaceptable que éste sea. 
Existe un peligro real de estancamiento, de compromiso débil y de una revisión a la baja del Tratado, algo contra lo que este Parlamento debe rebelarse. 
Existe sobre todo una dramática falta de impulso político y de visión de conjunto necesarios en un momento en el que la construcción comunitaria debe enfrentarse a desafíos cruciales. 
Me pregunto si estamos preparados, como institución, para responder a estos desafíos ante las vacilaciones de nuestros Gobiernos. 
Mi grupo está convencido de que no hay alternativa al mantenimiento en el camino de la integración y que ésta sólo será viable sobre una base de tipo federal. 
Por esta razón consideramos que, de continuar las dificultades, habrá que considerar seriamente que aquellos que deseen avanzar lo hagan de manera que todos los Estados se enfrenten a sus responsabilidades, pues vale más asumir ahora el riesgo de una crisis política que continuar con unas negociaciones que correrían el riesgo de llevarnos, en vísperas de la ampliación, a unos compromisos insuficientes y débiles que pudieran comprometer para siempre el futuro de la Unión. 
Señor Presidente, en vísperas del Consejo de Florencia parece que los Gobiernos de los Estados miembros todavía dudan en asumir las propuestas federalistas que les presentan con insistencia las instituciones europeas. 
Tienen razón en pensarlo dos veces pues, escuchando los malos consejos de la Europa de hoy comprometerían la Europa del mañana. 
La Europa actual está desconectada de los pueblos y no es necesario preguntarse por qué, prefiere la abolición de las fronteras a la seguridad, el libre cambio al empleo y a la salud, los superestados a la soberanía de los pueblos. 
Me pregunto cómo se reconocerían los ciudadanos en esa Europa. 
El asunto de las vacas locas ilustra por desgracia estas equivocaciones y la CIG debería aprender algunas lecciones si desea responder realmente a los problemas que interesan a los ciudadanos. 
Primera lección: nuestra agricultura, con todas las fronteras abiertas, corre el riesgo de deslizarse por la pendiente de la nivelación por abajo cuando, según el espíritu del artículo 100 A, deberíamos fijarnos un alto nivel de calidad. 
Pero para detener este deslizamiento es necesario adoptar normas severas y una preferencia comunitaria verdadera. 
Segunda lección: los Estados deben tener derecho a utilizar el artículo 36, principalmente para proteger la salud de la población, incluso en aquellos campos que ya hayan sido objeto de armonización, algo que por otra parte está explícitamente previsto para el medio ambiente en el artículo 100 A. 
Tercera lección: la abolición, el 1 de enero de 1993, de los controles de mercancías en las fronteras interiores ha desmantelado al mismo tiempo los sistemas de información y verificación y ha multiplicado los casos de fraude, algo que necesita una solución urgente. 
Cuarta lección: desde el inicio de la crisis, la Comisión ha intentado preservar la circulación de mercancías, sin control- es lo que llama la libre circulación -, llegando incluso a amenazar a los Estados miembros del Tribunal de Justicia si se protegían, y rechazando la transparencia, pues la prensa reveló la posibilidad de que se hubieran ejercido presiones sobre algunos expertos. 
Nosotros pensamos que la CIG debe permitir un mejor control sobre los poderes de la Comisión y que ella debe imponerle un deber general de transparencia. 
Señor Presidente, Señorías, la Conferencia Intergubernamental se atasca, arrinconada entre las incertidumbres del Este y la tragedia de las vacas locas, y nada permite pensar que la cumbre de Florencia pueda desbloquear la situación en la que se encuentra una Europa que ve cómo se le agarrota la transmisión por una razón simple, algo que inevitablemente tenía que suceder un día u otro. 
Y no se trata tanto de que las vacas estén locas sino del proyecto utópico que se persigue de manera incesante. 
El gobierno británico, al igual que las multinacionales anglosajonas de la alimentación totalitaria, la Comisión y los Gobiernos de nuestros países, tiene una responsabilidad incuestionable en la adulteración de la alimentación del ganado y de las personas. 
Pero es escandaloso utilizar esta situación para intentar sortear en la práctica, sino institucionalmente, la regla de la unanimidad. 
En cualquier caso, el Gobierno británico defiende sus intereses. 
Es su problema si intenta seguir con la exportación de sus sucios productos gelatinosos; a los demás corresponde no aceptar estas mercancías. 
Es preciso reconocer que la presión de la Comisión ha provocado que el Gobierno británico se haya visto obligado, por retorsión, a intentar bloquear todo aquello que pudiera para hacer valer su punto de vista. 
Ahí tenemos la demostración evidente de que resulta absurdo pretender fusionar las viejas naciones de Europa. 
Demasiada Europa mata a Europa, y la Europa que queríamos y la que queremos es la de la multiplicidad de acuerdos de cooperación, entre Estados por supuesto, pero más aún entre empresas industriales, comerciales y agrícolas. 
A fuerza de intentar reglamentar y legislar en todos los ámbitos se consigue que la crisis desatada en un sector provoque una amenaza de estallido generalizado, y esto es lo que ocurrirá tarde o temprano pues no hay cadena que resista al deseo de libertad de los pueblos. 
Así pues, terminar con la regla de la unanimidad supone, en definitiva, reconocer a la Comisión el ejercicio de un poder cada vez más apremiante. 
Nada nos garantiza que mañana no se imponga de este modo la legalización de la eutanasia, la liberalización de la droga o la legitimidad democrática de los cultos satánicos. 
Señor Presidente, yo creo que el Presidente Santer ha puesto la cuestión, esta mañana, en sus justos términos. 
Lo que tenemos hoy es una crisis de confianza de los ciudadanos comunitarios en las instituciones comunitarias, y a mí, particularmente, me han tranquilizado las palabras del Presidente de la Comisión, esta mañana, en el sentido de que la Comisión actuará exclusivamente sobre la base de los mejores informes científicos en el tema de las vacas locas. 
Sin embargo, el Sr. Presidente de la Comisión podrá estar de acuerdo conmigo en que la crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones comunitarias puede estar determinada por algunas actuaciones en el pasado de estas mismas instituciones comunitarias. 
Y, concretamente, desde el punto de vista de la opinión pública española, señor Presidente, han preocupado mucho las afirmaciones de ciertos medios de comunicación españoles de que un alto funcionario de la Dirección General de Agricultura, el Sr. Mansito, ha sido cesado en sus funciones y, en concreto, de la presidencia del Comité Veterinario, como consecuencia de su posición de firmeza en la defensa de los criterios científicos. 
Y desde el punto de vista del Consejo- y quiero referirme a continuación a la magnífica intervención del Presidente del Consejo, Sr. Dini- quiero señalar la preocupación que hay también en los ciudadanos por que, en este momento, las decisiones en el seno del Consejo no se hayan venido tomando en función de la defensa de los intereses de la salud de los ciudadanos, sino en virtud de cierto mercadeo político. 
Espero que el Sr. Presidente del Consejo, con la rectitud que le caracteriza, impida que los Consejos de Ministros se conviertan en centro de mercadeo político. 
Quiero, además, apoyar de una forma muy clara la postura del Presidente del Consejo. 
En este momento, el Gobierno británico, no sólo ha violado el espíritu del Tratado, ha violado también- como ha dicho también el Sr. Martens y como ha dicho el Presidente del Consejo- el artículo 5 del Tratado CE, y esto es una violación muy clara que debe ser reprimida. 
Señor Presidente, en el origen de Europa figuraba un dios griego bajo la imagen de un toro. 
Estoy seguro de que en el final de Europa no va a figurar una chalada vaca insular. 
Hemos de comprender una cosa y lo ha puesto claramente de manifiesto esta crisis de la EEB: esta Conferencia Intergubernamental debe impulsar mecanismos de toma de decisiones, que impidan que un gobierno destructivo pueda bloquear la capacidad de acción de la Unión Europea. 
Por esta razón la consecuencia clara de esta crisis de la EEB es la introducción de un principio de mayoría en todas las cuestiones de legislación. 
Esta es una de las tareas que hemos de plantearnos en esta Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, Dini, le agradezco mucho, y también al Sr. Faggiolo, la amable actitud frente al Parlamento. 
Yo también estoy seguro de que en la redacción definitiva del informe italiano sobre el desarrollo que ha tenido hasta ahora la Conferencia Intergubernamental se tratarán de forma adecuada las cuestiones de la capacidad de acción, de la transparencia y de los objetivos del Parlamento Europeo. 
Permítanme hacer una segunda puntualización. 
El Consejo de la OTAN, de Berlín, ha privado de excusas a todos los que hasta ahora, por razón de una aparente deferencia hacia los EE.UU., se oponían a una identidad de la política de defensa de la Unión Europea. 
El Consejo de la OTAN ha expresado claramente, con la aquiescencia de los EE.UU., que la identidad de la política de defensa favorece los intereses de ambas partes y el desarrollo de las relaciones transatlánticas, y que a nosotros, los europeos, nos incumbe desarrollar nuestras propias capacidades para asumir objetivos comunes que aseguren la paz y la libertad. 
Creo que este planteamiento, como algunas cosas más, debe ser asumido en esta Conferencia Intergubernamental. 
Permítanme hacer una puntualización final. 
Señor Presidente Santer, le agradezco mucho sus explicaciones. 
Si la Comisión defiende realmente que la superación de la crisis de la EEB se logra mediante el abandono de la non-cooperation policy y que paso a paso, haciendo uso de todos los conocimientos veterinarios y médicos y de las correspondientes medidas de control que se han llevado a cabo a nivel europeo, puede recobrarse la confianza de los consumidores de manera que éstos tengan la impresión de que su salud no está en peligro, entonces estaremos en condiciones de solucionar esta crisis de la EEB. 
Si ustedes defienden adecuadamente estas condiciones, entonces nosotros podremos transmitirlo también claramente a nuestros consumidores. 
Señora Presidenta, señores Presidentes, Señorías, intervengo sobre todo en nombre de la delegación francesa del grupo UPE, compuesta, como se sabe, por diputados del RPR y del CNI. 
Quisiera hacer tres observaciones; la primera para decirle, señor Presidente de la Comisión, que hemos valorado muy especialmente sus palabras. 
Esta mañana ha sabido fijar magistralmente el orden de prioridades, porque no hay nada más importante que la salud pública. 
Era indispensable que Europa hiciera oír esta posición, y lo hiciera con fuerza en el día de hoy. 
Por ello, no debemos olvidar que los problemas económicos que se van a plantear conformarán una realidad dramática. 
Es importante saber que, en pocos meses, la cólera se dejará sentir sin duda en nuestras campañas productoras de carne de bovino, pues si el consumo en el interior de la Unión ha bajado en proporciones generalmente importantes, aunque moderadas para algunos países, la exportación se ha reducido a cero o casi. 
Es necesario tomar las medidas adecuadas para invertir la tendencia de la opinión pública internacional y entre nuestros compradores exteriores de la Unión. 
Una segunda observación para decir que la posición de Gran Bretaña es moralmente condenable y políticamente irresponsable desde cualquier punto de vista. 
Mezclar el problema de la crisis bovina y el funcionamiento de las instituciones europeas no sirve para nada y resulta escandaloso a menos que se intente dar un aspecto diferente y, al fin y al cabo, oportuno, a una voluntad de bloqueo de la CIG. 
En tercer lugar, y para terminar, es necesario recuperar la CIG. 
Florencia debe marcar un nuevo giro pues Europa no debe permitirse el lujo de una crisis. 
Y nosotros nos felicitamos por la firme determinación de las autoridades francesas para crear las condiciones de esta dinámica en la Cumbre de Florencia. 
Florencia tendría que haber sido el momento de que toda Europa hiciera inventario de las muchas decisiones críticas que penden sobre nosotros, en particular el desempleo, tal como ha subrayado el presidente Santer, y la democratización de nuestras instituciones. 
En lugar de ello, ha sido secuestrada por el comportamiento de un Estado miembro. 
Las aguas de una riada de autoengaño anglosajón golpean las escaleras de la Fortezza del Basso. 
Muchas personas del Reino Unido están conmocionadas, afligidas, indignadas y avergonzadas por las bufonadas del Gobierno británico. 
El Presidente en ejercicio del Consejo habló de solidaridad con el Gobierno británico. 
Señoría, le ruego que piense más en la solidaridad con los pueblos británicos. 
(EN) Los representantes del Gobierno británico afirmarán que su política de no cooperación de lo que trata es de defender intereses nacionales de vital importancia. 
Pues bien, les reto a que expliquen el método que hay en su locura. 
Afirman desear una Europa eficaz que dé a los ciudadanos calidad por dinero, así que bloquean las iniciativas para castigar severamente el fraude. 
Afirman desear una Europa en la que las empresas puedan desarrollarse y prosperar, así que bloquean las iniciativas para apoyar a esas mismas empresas. 
Afirman desear una Europa amoldada a los intereses británicos, así que amenazan con bloquear todas las conversaciones sobre las grandes cuestiones que tenemos hoy en día ante nosotros, desde la política exterior y de seguridad común hasta la justicia y los asuntos de interior. 
Si eso es proteger intereses nacionales de vital importancia, es evidente que Inglaterra está padeciendo el mal de los ministros locos. 
El núcleo duro de euroescépticos está dirigiendo la función, llevando a los ministros a mostrar lo duros que son con Europa mediante actos aún más extremos de locura. 
Hago dos sugerencias. 
Al Gobierno británico le digo: despierten. 
Se supone que los conservadores creen en un liderato fuerte. 
Si aún lo creen así, es hora entonces de empezar a mostrar alguno. 
Los británicos quieren pruebas de que su Gobierno puede tomar el mando por el interés común de toda la nación y por el interés común de la comunidad de naciones europeas, no por el interés de 20 eurodiputados malhumorados de los escaños de atrás. 
Al resto de Europa le digo que no ceda ante el chantaje. 
Los habitantes de mi circunscripción han sufrido más que la mayoría por la crisis de la EEB. 
Pero no haría ningún favor al Reino Unido, ni a la Unión Europea, dar la impresión de que esta táctica ha funcionado, y probablemente daría lugar a un acuerdo impracticable. 
Como bien debieran saber todos los ministros británicos, nunca está bien negociar cuando alguien te está sometiendo a chantaje. 
Ahora tendrían que aprender que es una regla sin excepciones. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, ausente en estos momentos ya que justamente siguió la actitud de muchos diputados, deseo manifestar en mi intervención que comparto la opinión del Presidente Santer que se refirió a un balance no positivo hasta el momento. Un juicio negativo que, tal como dijo el Sr. Santer, no es imputable a la Presidencia italiana. 
Sin embargo, es conveniente recordar toda la frase del Presidente Santer y no continuar una campaña electoral que, por otra parte, en Italia no recogió buenos frutos en este terreno. En efecto, la Presidencia italiana actuó con acierto en condiciones a menudo muy difíciles. 
Por consiguiente, el juicio negativo del Presidente Santer se refiere, según mi punto de vista, al estancamiento del conjunto de la construcción de Europa. 
Baste pensar que los que aquí consideramos como positivos intentos los que fueron propuestos en Turín, han quedado como tales, quizás debido a las dificultades originadas por Inglaterra. 
Sin embargo, estoy convencido de que las dificultades residen también en el hecho de que sólo se prestó interés a la Unión Monetaria, sin trabajar en pro de la unidad política de nuestro continente, con el riesgo de echar a perder también los objetivos monetarios y financieros. 
Por lo tanto, considero oportuno solicitar un mayor esfuerzo, como acto final de la Presidencia italiana. Me refiero a un programa de trabajo propiamente dicho que pueda ser adoptado y aplicado en cada Estado de la Unión. 
No es suficiente hablar de Pacto de Confianza, porque la confianza no existe, ¡no puede existir en una Europa con 18 millones de parados! 
Deseo pedir nuevamente a la Cumbre de Florencia que se abra la puerta a la posibilidad de renegociar aspectos importantes, tales como los plazos de la moneda única y una mayor flexibilidad respecto a los criterios de convergencia. 
Lo pido para salvar y relanzar a la Unión Europea y a fin de que todos juntos evitemos el riesgo de un naufragio en toda regla. 
Señora Presidenta, en un principio hemos escuchado el deseo del Sr. Santer de que la cumbre de Florencia se convierta en el verdadero comienzo de una nueva época, en una movilización de Europa para que se realicen unos progresos reales en el sector del mercado de trabajo y se creen más empleos. 
Yo, y con toda seguridad millones de personas en Europa, compartimos su deseo. 
Pero si queremos que se convierta en realidad, es necesario que se hable de la UEM en el curso de la Conferencia Intergubernamental, y que se examine la política de convergencia, ya que los recortes que se han efectuado en toda Europa para cumplir con el requisito de la convergencia lo que están haciendo es aumentar el paro. 
Todos los países deben tener una política económica saneada, en eso creo que todos estamos de acuerdo. 
Pero una buena política debe llevarnos a que se prevenga la exclusión social. 
Es hora, señora Presidenta, de que se analice este proyecto de alto riesgo político que está produciendo agitación social y tensiones políticas en Europa. 
¡Que se hable de la UEM en la Conferencia Intergubernamental! 
Señora Presidenta, escuché con gran interés lo que nos dijeron esta mañana los Sres. Santer y Dini. 
Ambos caballeros subrayaron la falta de progreso hasta la fecha en las negociaciones de la CIG. 
Aun admitiendo que los problemas son muy complejos, la única forma de resolverlos es tomar con valentía las primeras decisiones sobre los distintos puntos que figuran en la agenda. 
Habrá que superar la crisis de confianza en los Estados miembros. 
Los negociadores deberán cambiar a una marcha superior para poder alcanzar conclusiones satisfactorias. 
Como dijo el Sr. Dini, los diputados del Parlamento Europeo somos los mejor situados para reflejar los intereses de nuestros ciudadanos. 
Sé que muchos asuntos que la gente desea que se solucionen ocupan lugares destacados de nuestro programa de trabajo, pero no se están tratando en la CIG. 
Quiero hacer campaña, sin avergonzarme, por la red europea contra la pobreza. 
Una de las prioridades debe ser luchar contra la pobreza y la exclusión social y, sobre todo, contra el desánimo de los 18 millones de parados. 
A todos nos preocupa mucho la repercusión de la crisis de la carne de bovino sobre el empleo. 
Pero consideren por un momento la difícil situación de los millones de personas que sufren desempleo de larga duración y de las numerosas personas que no han tenido nunca trabajo y que se debaten a lo largo de su vida en la más pura miseria. 
La lucha contra el desempleo debe ir pareja a la consecución de la UEM. 
Hay que hallar un nuevo equilibrio entre las políticas económicas y las políticas sociales introduciendo una auditoría social de todas las políticas de la Unión Europea. 
Tendríamos que incorporar al Tratado los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la Unión: el derecho a una renta digna, a atención sanitaria, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la formación, a servicios de protección social, a la vida en familia y en comunidad. 
Estos derechos deben garantizarse a todos los residentes de la Unión, sin discriminaciones. 
Finalmente, el comportamiento del Gobierno británico con respecto a la crisis de la carne de bovino es inaceptable. 
Temo que si se deja que la carne invada la Cumbre de Florencia, presagiará muy malos augurios sobre el éxito de la cumbre de Dublín. 
Señora Presidenta, a pesar de los justificados intentos de la Comisión de solucionar el problema de la EEB- y respeto la iniciativa del Presidente Santer -, parece que vamos a tener una de las cumbres europeas más extrañas de los últimos 15 o 20 años. 
Mientras los jefes de gobierno de la Unión Europea han de estudiar problemas acuciantes como el del desempleo- hay una excelente propuesta -, el progreso de la CIG, la UEM, la ampliación, el papel de la Unión en Yugoslavia después de la retirada, por ejemplo, de las tropas norteamericanas y un gran número de cuestiones problemáticas de política exterior, la relación con Rusia, Israel, Turquía, que no deja en paz las islas griegas, resumiendo, mientras la Unión tiene mucho trabajo con estos problemas importantes, la cumbre europea amenaza con convertirse en un teatro ridículo de vacas locas. 
No es difícil adivinar lo que dirán los ciudadanos al respecto. 
Ello no hará más que incrementar el euronegativismo que ya prolifera. 
Señora Presidenta, tres breves observaciones. 
En primer lugar, la cuestión de la EEB. 
Estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Santer en que la cuestión de la EEB es una cuestión de salud pública que ha de solucionarse de forma responsable. 
Considero que la propuesta que se ha formulado ahora es buena. Espero que el Reino Unido esté de acuerdo. 
Pero al mismo tiempo he de decir que también es posible que esto no suceda. 
En tal caso convendría considerar en serio la posibilidad de que, en la Cumbre, las decisiones se tomaran entre catorce países, y hacer caso omiso del Reino Unido. Entonces, el Reino Unido tendrá que acudir al Tribunal de Justicia para impugnar la legitimidad de las decisiones. 
En lo que respecta a la CIG, hemos de constatar que se han hecho escasos progresos. 
En el informe Westendorp, publicado en diciembre, no se incluye mucho más de lo que hay en el informe que hemos recibido ahora. 
Pienso que hemos de señalar que es importante que suceda algo. 
Queremos un papel más importante para los ciudadanos. 
Queremos más apertura y transparencia. 
Queremos más democracia. 
Queremos una mejor regulación de la seguridad interior y una mejor elaboración de la política exterior. 
Esto ha de llevarse a cabo. 
Y para ello hace falta la aprobación de los parlamentos. 
Quisiera hacer una última observación. 
En la presente resolución se hace referencia a Yugoslavia. 
Queremos una investigación sobre Srebrenica, tal como se indica en la resolución. 
Quisiera que la Presidencia italiana tuviera en cuenta este pasaje; ¿están dispuestos a examinarlo bien? 
Señor Presidente Dini- me dirijo a usted, a pesar de que se encuentre en estos momentos ausente- durante el semestre que asistió a la inauguración en Turín de la Conferencia Intergubernamental, el Gobierno italiano que ejercía la Presidencia, sufrió un cambio radical. 
Sólo el Presidente Dini ha seguido desempeñando un papel fundamental tras pasar del cargo de primer ministro al de ministro de Exteriores. Sus responsabilidades hacia Europa no han disminuido. 
Por consiguiente, consideramos al Presidente Dini y, como es obvio, al Presidente Santer como garantes de la continuidad de los trabajos puestos en marcha en Turín. 
Desde Turín, en efecto, se inauguró una etapa de total renovación de la Unión Europea, una renovación que se basa en cuestiones y problemas que este Parlamento, junto con las demás Instituciones, definieron plenamente y que esta mañana fueron recordados: paro, moneda única, políticas de paz y de crecimiento económico, libre circulación en el mercado interior, cohesión social y defensa de los consumidores. 
Con referencia a este último aspecto, el conflicto de las vacas locas, un problema que, sin duda, no surgió hace tres meses y que restó muchos medios a los trabajos de Turín y corre el riesgo de condicionar de forma negativa también los de Florencia, pedimos que se obligue a Gran Bretaña- a la que, por otra parte, reiteramos nuestra solidaridad- a asumir sus responsabilidades respecto a los consumidores y la salud de los mismos, más que las económicas. 
Tal como recordó el Presidente Dini esta mañana, nos fuimos de Turín con dos grandes objetivos: la desregulamentación administrativa y fiscal y la simplificación burocrática. 
Éstas son condiciones indispensables para el relanzamiento económico, en especial, de las pequeñas y medianas empresas que representan el verdadero polo de atención de dicho relanzamiento. 
En Florencia, la Presidencia italiana, que no está desprovista de méritos, tiene todavía la posibilidad de marcar su huella, sobre todo a los sucesores irlandeses, a los que no podremos pedirles una visión mediterránea de Europa. Una Presidencia- es conveniente recordarlo- que Italia no ejercerá durante siete años y medio por lo menos. 
Y en dicho período, Europa se construirá definitivamente o no se construirá jamás. 
Señora Presidenta, a propósito del Consejo Europeo de Florencia las primeras palabra son necesariamente de condena del Gobierno del Reino Unido por la estrategia obstruccionista que está utilizando como represalia ilegítima ante las medidas adoptadas por la Unión para combatir el flagelo de la EEB. 
Esta crisis tiene, a pesar de todo, el mérito de poner de relieve la imposibilidad de mantener la normativa del Tratado que permite a un Estado miembro boicotear el funcionamiento normal de las instituciones e impedir la adopción de decisiones que deseen todos los demás, decisiones que en este caso no sólo no atentan contra intereses vitales, sino que, además, van encaminadas a salvaguardar la salud pública. 
Como prioridades para el Consejo Europeo de Florencia y de acuerdo, por lo demás, con la resolución conjunta que aprobamos, destaco los siguientes puntos: la aprobación de una estrategia clara para reactivar la CIG y la fijación de nuevo de sus prioridades, el desbloqueo de los medios necesarios para la aplicación de las medidas establecidas en el Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, el apoyo al proceso de paz en el Oriente Medio sobre la base del respeto escrupuloso por las partes de los acuerdos en vigor y, por último, la prosecución de las acciones y programas en curso en la antigua Yugoslavia, de conformidad con los acuerdos de Dayton, hasta la consecución de una paz duradera. 
Señora Presidenta, mientras continúa la crisis de la carne de vacuno, la política de no cooperación del Gobierno británico, todavía muy indiscriminada, resulta cada vez más contraproducente. 
No tiene ningún sentido bloquear medidas que, por ejemplo, evitan el fraude, reducen la burocracia, fomentan las lenguas minoritarias e incrementan la lucha contra el racismo. 
Pase lo que pase con la prohibición sobre la carne de vacuno, si el Gobierno británico arruina ahora la cumbre de Florencia, será un acto de locura y estupidez. 
En el orden del día de la cumbre habrá propuestas sobre un pacto de estabilidad que impulse la creación de puestos de trabajo, medidas para el fomento de las pequeñas y medianas empresas, medidas para impulsar la inversión en las redes transeuropeas y medidas para garantizar que el mercado único opere con mayor eficacia. 
Con los 18 millones de personas sin trabajo en el Reino Unido y en toda la Unión Europea, sería una locura que el Gobierno británico bloqueara esta propuesta. 
El empleo debe ser la prioridad en Florencia y no puede permitirse que nada- absolutamente nada- nos aparte de este objetivo. 
Yo quiero que se levante inmediatamente la prohibición sobre la carne de vacuno, pero reconozco además que el Gobierno británico debe presentar propuestas que merezcan una verdadera confianza de los consumidores. 
Los acontecimientos de las últimas semanas sin duda han perjudicado a la Unión Europea y han debilitado la posición del Reino Unido y mermado su influencia. 
La cumbre de Florencia debe verse como la oportunidad de comenzar de nuevo. 
Decididamente, es incumbencia del Gobierno británico demostrar que piensa en serio en una cooperación europea constructiva. 
Si un gobierno conservador no está a la altura de la tarea, debería dejar paso a un gobierno laborista que sí lo esté. 
Señora Presidenta, la dolorosa experiencia que ha supuesto la tragedia de Yugoslavia pone de manifiesto la absoluta necesidad de disponer de una política exterior común y de una diplomacia preventiva. 
Sin embargo, aunque se habla mucho, pocas cosas se hacen acerca de esta necesidad vital. 
Lo peor es que aun cuando se anuncian crisis peligrosas, el mecanismo de reacción inmediata no funciona. 
Eso es precisamente lo que sucede hoy en el Mar Egeo. 
Hace tiempo que la conducta de un país costero viene creando una tensión insoportable en la región. 
Hace tiempo que diversos informes advierten del peligro latente de un enfrentamiento encarnizado. 
Y aún más preocupante es el hecho de que el Estado al que me refiero, Turquía, actúa de manera desaforada desde que, con la bendición de todos los miembros, creó un vínculo más estrecho con la Unión Europea a través de la Unión Aduanera. 
Cuando Turquía provocó el peligroso incidente de Imia, fueron los norteamericanos, y no los europeos, quienes intervinieron como «bomberos» , y el Sr. Holbrooke, arquitecto de Dayton, llegó a burlarse de la Unión Europea diciendo que ésta estaba dormida. 
No obstante, la conducta provocadora de Turquía se ha manifestado también después de Imia, con amenazas bélicas, con declaraciones descabelladas de algunos ministros, con reivindicaciones impertinentes y con impugnaciones de la soberanía de determinados miembros de la Unión Europea. 
Ha llegado el momento de que el Consejo de Florencia, si realmente quiere fomentar la PESC y la diplomacia preventiva, llame la atención sin rodeos a este país agitador sobre sus obligaciones con respecto a la Unión Europea y a la legitimidad internacional, si espera sacar provecho de su colaboración con Europa. 
Señora Presidenta, Señorías, el desarrollo de la crisis de las vacas locas muestra cómo las mentiras, las falsedades y los secretismos crean un clima en el que prosperan el odio, el miedo, la xenofobia y la desconfianza. 
No hace falta decir que finalmente ello puede poner en peligro la ratificación de los cambios del Tratado. 
Y que luego Major acuse a la Unión Europea de la crisis es la ilustración extrema de la actitud que muchos gobiernos de la Unión Europea adoptan cada vez que utilizan a la Unión Europea como pararrayos, como paraguas o como chivo expiatorio. 
También ello alimenta el escepticismo y la incredulidad de la población. 
La Conferencia Intergubernamental tiene que quitarles a los gobiernos este medio institucional para seguir jugando al escondite. 
Ese medio del que hacen uso, Señorías, que es el secreto de sus consultas y el secreto de las votaciones en el Consejo de Ministros. 
Por consiguiente, apelo a la CIG para que se esfuerce por acabar definitivamente con las votaciones secretas en el Consejo cuando actúe como legislador y en general fomente la transparencia. 
Señora Presidenta, tres meses después de su apertura oficial y a pesar de los esfuerzos de la Presidencia italiana, la Conferencia Intergubernamental se encuentra en punto muerto. 
La primera razón es el déficit general de impulsos políticos. 
Los problemas que debe resolver esta conferencia no son técnicos sino políticos. 
Únicamente los ministros y los Jefes de Estado y de Gobierno pueden darle el impulso definitivo; deben implicarse personalmente, algo que todavía no han hecho, si desean que la conferencia avance. 
La segunda razón es el bloqueo del Gobierno británico. 
Este bloqueo de la Conferencia era bastante anterior a la crisis de las vacas locas, pero como se expresaba de manera civilizada los demás Estados miembros podían ir aplazando el momento de la verdad. 
El chantaje del Gobierno británico en el tema de las «vacas locas» obliga a los Estados miembros a plantearse antes de lo previsto la pregunta de cómo eludir al actual Gobierno del Reino Unido, de cómo avanzar sin él. 
Buen resultado para el Sr. Major, se aísla él mismo y muestra con su actitud todo el interés que reviste la votación por mayoría. 
El Consejo Europeo de Florencia deberá fijar algunos ejes para la Presidencia irlandesa con el fin de que, cuando se reúna en Dublín, la Conferencia Intergubernamental no se encuentre en el mismo punto que ahora se encuentra. 
Nuestra resolución señala las prioridades, por lo que sólo insistiré en cuatro de ellas. 
El nuevo capítulo sobre el empleo para hacer más comprensible la voluntad de que el empleo se encuentre entre las primeras prioridades de la Unión Europea, los servicios públicos como elemento central de la ciudadanía europea, la codecisión para el Parlamento Europeo en todos los actos legislativos, la generalización de la votación por mayoría y finalmente la simplificación del Tratado, tema que debería abordarse ya desde Florencia si deseamos tener una oportunidad de progresar en esta vía. 
Espero que este Parlamento no apruebe una reforma mínima; y que algunos Parlamentos nacionales tampoco. 
La única vía posible es la de una reforma ambiciosa. 
Señora Presidenta, en estos momentos en que los ciudadanos europeos esperan soluciones al espinoso problema del desempleo y orientaciones sobre cuál es el tipo de Europa que queremos conjuntamente construir, el proceso de toma de decisiones en el seno de la UE se ha visto bloqueado por la actitud obstruccionista de un Gobierno. 
Esperemos que sea posible encontrar una solución en la Cumbre de Florencia a este callejón sin salida y que se dé un impulso al proceso decisorio por lo que respecta a la política de empleo y a la CIG. 
Además de crecimiento económico, en la lucha contra el desempleo se precisa la cooperación entre los gobiernos y los interlocutores sociales. 
Hay que lograr llegar a un acuerdo entre todos sobre una política que permita que el crecimiento de la productividad se pueda traducir en inversiones. 
Al mismo tiempo, se debe mejorar el funcionamiento del mercado laboral y buscar distintos métodos para repartir el trabajo. 
Tampoco se debe pasar por alto la necesidad que hay en Europa de apostar por la investigación y la educación. 
Si bien las negociaciones en el seno de la CIG se han limitado hasta el momento a un plano general, creo haber comprendido que la iniciativa lanzada por los ministros de Asuntos Exteriores de Finlandia y Suecia para impulsar el papel de la UEO como instrumento para la prevención de crisis ha tenido una buena acogida. 
Esta iniciativa coincide en gran medida con la postura del Parlamento Europeo. 
Igualmente, la reciente decisión de la OTAN acerca de la posibilidad de utilizar fuerzas de esta organización en operaciones en territorio europeo se ajusta a este planteamiento global. 
Hay que dotar de una mayor eficacia a la Política Exterior y de Defensa Común, a la vez que hay que velar por que los países no alineados militarmente puedan participar en pie de igualdad en el diseño y la puesta en práctica de la PESC. 
En la Europa actual, el no alineamiento no debe equivaler a eludir responsabilidad, sino que, por el contrario, puede contribuir a lograr un mayor grado de estabilidad y seguridad. 
Señora Presidenta, señoras y señores, existe una sorprendente coincidencia en que son insuficientes los resultados del tercer pilar producidos hasta ahora. 
Incluso el Gobierno inglés se expresa en este sentido y esto contradice muchas expectativas que los ciudadanos tienen depositadas en la política europea. 
Si se pregunta por las razones, se encuentra uno, ante todo, con la exigencia de la unanimidad de las decisiones en el Consejo de Ministros. 
Sin embargo, si se mira detrás, se constata que en realidad en nombre de la soberanía estatal se está exigiendo que determinadas decisiones no deberían producirse de manera comunitaria sino que deberían quedar reservadas a las autoridades nacionales. 
Suponiendo el caso de que una actuación policial comunitaria proporcionase a los ciudadanos más protección contra la criminalidad que una actuación a nivel de los estados nacionales, esto significaría que en nombre de la soberanía nacional se privaría a los ciudadanos de una protección que ellos podrían reclamar. 
Si la soberanía conduce a que se prive a los ciudadanos de una posible protección contra los delitos, entonces no me puedo imaginar que una soberanía, así entendida, se vea apoyada por la voluntad de los ciudadanos. 
Por esta razón es preciso poner ahora en el banco de pruebas el concepto de soberanía en relación con la cumbre y con las negociaciones sobre el Tratado de Maastricht. 
La soberanía constituye la base del estado nacional y a éste lo necesitamos sin duda alguna por un tiempo razonable como modelo organizativo de cara al desempeño de las tareas públicas. 
Sin embargo, la soberanía debe concentrarse en los puntos centrales para los que es imprescindible y debe dejar un poco de espacio libre para el desempeño de las tareas comunitarias. 
En definitiva, no se trata de otra cosa en el tercer pilar. 
Señora Presidenta, el Consejo de Florencia y la Conferencia Intergubernamental se enfrentan a problemas que dejan visibles determinados puntos débiles. 
Debido a un enojoso desarrollo en un ámbito específico- quiero citar las cuestiones EEB, sanidad y actitud del Gobierno británico y a este respecto hablo conscientemente del Gobierno inglés y no de los británicos o de la Gran Bretaña- se ha producido una situación en la que resulta bloqueado todo el desarrollo posterior en algunos principios fundamentales y colateralmente en algunos acuerdos llamados cotidianos, que ahora deben sumar ya 80. 
De la misma forma que soy muy partidario de que nos convenzamos mutuamente con argumentos y que, en consecuencia, deberíamos aportar también un poco de paciencia y de comprensión en los incidentes, de igual manera tanto menos posibles deberían ser los bloqueos insostenibles que no tienen, en absoluto, base real alguna. 
Quiero instar al Gobierno británico a que abandone su obstinada actitud actual. 
En este sentido, apoyo todo desarrollo que conduzca a modificaciones futuras. Esto es aplicable también al ámbito de la política exterior y de seguridad, en el que debe existir la necesaria flexibilidad- véase también el punto 9 de la propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Institucionales- a fin de que sean posibles otros desarrollos y medidas, sin estar obligado a participar, pero también sin poder impedir los acuerdos. 
El Consejo de Florencia, como conclusión de la Presidencia italiana del Consejo debería sintetizar los trabajos del último semestre, debería abrir perspectivas para el futuro y debería dar entrada a la próxima Presidencia. 
Dados todos los temas que están en discusión, a este Consejo le corresponde una importancia especial puesto que se va a hacer público un primer informe sobre los resultados producidos hasta ahora en la Conferencia Intergubernamental. 
Resumiendo, quisiera enumerar todavía brevemente los principales puntos del Consejo Europeo y de la Conferencia Intergubernamental. 
Se trata del ulterior desarrollo institucional, de la profundización y de la ampliación. 
Apoyo la presente propuesta de resolución. 
Especialmente importantes son los progresos que otorgan más peso al Parlamento Europeo. 
Se trata de las cuestiones de la seguridad, se trata de los servicios universales. 
Son importantes los avances en el tercer pilar- quiero mencionar solamente a Europol- y, sobre todo, los componentes económicos y sociales, y a este respecto la cuestión del empleo y los fuertes esfuerzos comunes de mejoramiento gozan de la mayor prioridad. 
Señora Presidenta, caro Presidente del Consiglio, cuando se encuentra en presencia de catorce socios que dicen sí a una propuesta de la Comisión, y uno solo entre todos que dice no, y no porque esté en desacuerdo con esta propuesta sino porque está intentando presionar a los demás con el fin de conseguir su apoyo para otra decisión, y no lo oculta sino que lo confiesa cínicamente, se encuentra usted ante un abuso manifiesto del derecho. 
Puede por tanto declarar que una decisión como ésa es válida y el obstinado que quiera discutir esta validez deberá demostrar sus argumentos ante el Tribunal de Justicia; yo le deseo buena suerte. 
Me sorprendo, señor Presidente, de que ni usted ni la legión de consejeros jurídicos que lo rodean hayan pensado todavía en esta solución. 
Y esto es igualmente válido para el Presidente de la Comisión. 
Es usted guardián del Tratado y no puede reducir a papel mojado unos compromisos solemnes que figuran en el artículo 5 del Tratado. 
Su deber por tanto es actuar, y no solamente con amenazas, expresadas sin duda con convicción y de manera muy pertinente, pero que hasta el momento no han surtido ningún efecto. 
Puesto que tiene usted a su disposición los medios, ¿por qué no usarlos? 
Señora Presidenta, esperamos que éste no vaya ser un Consejo Europeo en torno a la enfermedad de las vacas locas- Florencia es demasiado hermosa para eso. 
Ciertamente, se trata de una cuestión importante, especialmente porque nos ha llevado a un juego político de poder que sólo hace que aumentar la desconfianza del ciudadano en la Unión. 
Pero esforcémonos por que al menos los catorce países miembros restantes estén dispuestos a asumir su responsabilidad. 
El Sr. Dini ha dicho que es esencial que la UE no aparezca como una construcción artificial. 
Estoy de acuerdo con él. 
Debemos demostrar que realmente podemos utilizar a la Unión para resolver los problemas que preocupan al ciudadano. 
Lo que hay que tratar es el desempleo y nada más. 
Éste es el mensaje conjunto de la Cámara y el de los pueblos europeos, de eso estoy plenamente convencida. 
En este contexto disponemos ahora de un número de iniciativas que hay que recordar, de Francia, Suecia, y también la idea de la Comisión de un pacto de confianza. 
Espero que el Sr. Dini lleve consigo el mensaje: Tomen nota de estas iniciativas y demuestren que es posible llegar a unas conclusiones concretas en Florencia. 
Por último, señora Presidenta, existe otro sector en el que a los hermosos preámbulos hay que darles contenido. 
Se trata de la transparencia. 
Hay que lograr una normativa para que los funcionarios de la UE sepan qué normas hay que aplicar. 
No pueden tomar decisiones de un modo arbitrario. 
El principio debe ser que todas las acciones que se aprueben o provengan de las instituciones de la UE se hagan públicas. 
Tiene que poderse iniciar este trabajo en el transcurso de la inminente Conferencia Intergubernamental. 
No hace falta que esperemos año y medio o dos, a que se celebre la próxima Conferencia para llevar a cabo unas reformas en este ámbito. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, cuando más de 18 millones de personas se encuentran sin empleo en la Comunidad, la unión debe sentirse desafiada aunque las competencias principales en política de empleo correspondan a los Estados miembros y en este punto, sobre todo, correspondan a los interlocutores sociales. 
El pacto de confianza para el empleo en Europa, que fue propuesto por la Comisión, y al mismo tiempo las alianzas en pro del trabajo a todos los niveles son irrenunciables. 
Esto es practicar el diálogo social y practicar la subsidiariedad. 
Sin embargo, la subsidiariedad significa también que cuando la unidad pequeña prioritariamente competente no puede desempeñar sola la tarea, entonces tiene que actuar subsidiaria y complementariamente la unidad mayor. 
Necesitamos el acuerdo para poner en marcha más inversiones en la redes transeuropeas sin elevar los gastos públicos en su conjunto. 
Necesitamos también una concentración de los recursos en inversiones que generen puestos de trabajo en los Fondos estructurales de la UE. 
Pero, en ningún caso deben detraerse los recursos de la política social «clásica» , de la rúbrica III del presupuesto comunitario. 
Más bien hay que echar mano de otras partes del presupuesto, en los que existen excedentes que no se han gastado aún, por ejemplo, incluso en los Fondos. 
El pacto de confianza pretende más flexibilidad, salarios orientados por la productividad y una reducción de los gastos salariales adicionales. 
Espero que los objetivos principales del pacto de confianza y del Libro Blanco del empleo avancen sustancialmente en Florencia y que se hagan explícitos los puntos cardinales del modelo europeo, en concreto, la colaboración y la economía social de mercado. 
Señora Presidenta, señores Presidentes del Consejo y de la Comisión, hemos podido advertir cierta dificultad en la puesta en marcha de la negociación de la Conferencia Intergubernamental. 
La declaración de la Comisión hace hincapié en ella, pues, se trata de una seria preocupación respecto a la que deseo destacar algunos aspectos referentes a las Instituciones: la impresión de un planteamiento minimalista de la cuestión de la ciudadanía, dificultades en admitir la codecisión como un valioso instrumento para la estrategia democrática, cada vez más grandes reservas nacionales respecto a la cuestión de la mayoría. 
No se pretendieron ni se pretenden decisiones, pero sí la definición de una visión estratégica en una etapa de la vida de la Unión. 
Por esto, nos esperamos de Florencia- y lo consideramos necesario- un impulso político. Esto es lo que nos esperamos de la Presidencia Italiana y no un mero listado analítico del desacuerdo respecto a los expedientes y deseamos manifestar nuestra confianza en esta posibilidad. 
El proceso europeo avanza a menudo a estirones e impulsos políticos y no siempre por situaciones de disensión. 
Los motivos de esta necesidad son evidentes: los plazos de la Conferencia Intergubernamental deben medirse con los tiempos reales de la política, no pueden existir compases de espera, la coyuntura europea es excepcional desde hace cuatro o cinco años por lo menos y obliga a una profunda revisión del Tratado, en caso contrario se corre el riesgo de que se produzca una regresión de todo el proceso. 
Es una necesidad absoluta para que no se desestabilice la relación entre la Unión Monetaria y la Conferencia Intergubernamental y para que las Instituciones se modifiquen de forma adecuada con vistas a la ampliación. 
En definitiva, hace falta una visión estratégica de la Unión, una respuesta a la pregunta: ¿que será Europa al final del siglo? 
Ésta es la gran cuestión a la que debe contestar la Conferencia Intergubernamental, evitando que elementos de renacionalización, inclinación hacia intereses particulares, anulen o eclipsen la idea de un bien común europeo. 
Durante los trabajos de la Conferencia, es necesario tomar conciencia de que Europa no tiene otras alternativas fuera de sí misma. 
Señora Presidenta, en sus explicaciones el Presidente del Consejo ha hablado del tercer pilar- muchos colegas y muchas colegas lo han hecho también- y ha hablado de que en el tercer pilar han de satisfacerse expectativas de los ciudadanos en lo que respecta a la seguridad interior de Europa. 
Y de hecho esto es cierto: el tercer pilar atiene que ver con una serie de importantes ámbitos de la política de la Unión Europea que son relevantes para la seguridad. 
Sólo que si se observa el tercer pilar- y el Sr. Presidente del Consejo ha hablado también de Europol- entonces la satisfacción de esta necesidad de seguridad constituye un triste capítulo. 
Efectivamente, desde hace tiempo todos los que se ocupan activamente de la seguridad de Europa saben que estamos sosteniendo una discusión que quiero caracterizar con una comparación. 
La carrocería de la Unión Europea procede de Lamborghini y el motor es un motor de un cinquecento, que balbucea todavía. 
Este es el gran problema al que nos enfrentamos si consideramos atentamente el convenio Europol. 
El gran problema es el siguiente: se está avanzando en lo que toca a la inseguridad interna, pero en lo que respecta a la seguridad interna Europa no encuentra la solución. 
El Sr. Herman ha expuesto muy bien a qué se debe esto en este caso concreto. 
Sin embargo, lamentablemente, hemos de decir y tampoco lo encontramos correcto, que siempre se vota 14 contra 1, y esto muestra que si Florencia no introduce otro avance en relación con la reforma institucional de la Unión Europea, entonces esta cumbre habrá sido de nuevo en vano. 
Tenemos que lograr de una vez satisfacer realmente las necesidades de la población y sus expectativas respecto de la Unión Europea. 
Tiene que ser posible adoptar decisiones esenciales para el futuro, también aquellas que se refieren a la seguridad interior, ya que la identificación del ciudadano con la institución en la que vive tiene siempre algo que ver con la seguridad que experimenta en la misma. 
Sólo podremos hacer avanzar y satisfacer la identificación de los ciudadanos con Europa, sólo podremos aplacar sus necesidades de identificación y de seguridad si acometemos seriamente de una vez la reforma institucional de esta Unión en el tercer pilar. 
Señora Presidenta, estimados colegas, las cumbres europeas han de enfrentarse a cuestiones fundamentales. 
Y en Florencia la cuestión es la siguiente: ¿decir sí a la Comunidad o decir sí al chantaje? 
Desde hace 10 años el Gobierno tory está diciendo no a la política social, ahora dice no al consenso básico europeo. 
Esta es, ciertamente, la cumbre. 
Hoy está en juego la naturaleza de Europa como comunidad solidaria. 
Efectivamente, la Unión Europea es más, mucho más, que una zona de libre comercio, y la pertenencia como miembro a la misma se apoya en tratados y en la confianza. 
Respecto de la situación actual esto significa que son necesarias las negociaciones sobre la crisis de la EEB. 
Sin embargo, no son negociables los principios de la UE, ni la salud de las personas. 
Cualquiera que observe la tranquilidad con que 14 Estados miembros han recibido la política obstruccionista británica, notará cuánto han descendido las expectativas respecto de la actitud de cooperación del Gobierno de Londres. 
Si no tenemos más expectativas, tampoco podrá tener éxito la Conferencia Intergubernamental. 
Pero, si no tiene éxito ¿cómo se presenta el futuro de Europa? 
La Unión Europea necesita a Gran Bretaña y Gran Bretaña necesita a la Unión Europa. 
Por consiguiente, la solución de la crisis actual sólo puede ser la siguiente: Gran Bretaña tiene que quedarse y el Gobierno tory debe marcharse. 
Señora Presidenta, quería hablar sobre otro asunto, referente a las instituciones, pero la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo me obliga a referirme a otro tema, a la invitación del primer ministro turco a Florencia. 
Señor Presidente, esta invitación coincide en el tiempo con una vulneración atroz por parte de Turquía del Derecho internacional y, a juzgar por la manera en que nos lo ha anunciado, señor Presidente, se diría que no pasa nada, absolutamente nada, en el Mediterráneo. 
La conducta intolerable de esta fuerza que impugna oficialmente la frontera de Europa empeora, señor Presidente, cada vez que la Unión Europea muestra respeto por Turquía o se aproxima a ella. 
¿Cómo es posible que, en un momento en el que Europa está luchando por su credibilidad, las fuerzas dirigentes de Europa se declaren neutrales ante este comprometimiento oficial del Derecho internacional y de la cultura jurídica que nuestras sociedades han ido creando, tanto con su pensamiento como con su sangre? 
¿Es que no hemos aprendido nada en absoluto? 
¿El hecho que la frontera esté lejos significa que no existe? 
Sería una lástima, señor Presidente, que en Florencia se perdiese de nuevo credibilidad, al transmitir la impresión de que los argumentos del mercado son más fuertes que los derivados del Derecho internacional y el respeto de la dignidad humana. 
Estamos luchando por nuestra credibilidad y no tiene ninguna importancia a quién afecte en concreto la falta de credibilidad. 
Señora Presidenta, he escuchado con gran interés todas las intervenciones de sus Señorías y, aunque se hayan expresado ciertas dudas, deseo subrayar mi convencimiento de que, a pesar de la lentitud y las dificultades, Europa sigue adelante, quizás no tanto como quisiéramos, sin embargo, el proceso de construcción de la Europa de los años 2000, sigue adelante y siguió adelante también en el último semestre de este año. 
Al respecto, y en relación con la Conferencia Intergubernamental, deseo recordar que no era en absoluto seguro que la misma pudiera inaugurarse durante este semestre. 
En consecuencia, deseo destacar la importancia de la decisión adoptada en Turín de abrir la Conferencia. 
En los tres meses transcurridos desde el comienzo de la Conferencia, se ha llevado a cabo un importante trabajo preparatorio- repito, en menos de tres meses- y el informe que la Presidencia italiana va a transmitir a la Presidencia irlandesa constituye un significativo paso adelante hacia la reforma del Tratado. 
¿Y esto por qué? 
Porque define los objetivos de la futura negociación, perfila las soluciones de compromiso y contiene la estructura fundamental de las reformas que deben introducirse en el Tratado. 
Lo que nos debemos esperar de Florencia- y en esto confiamos- es que el Consejo Europeo dé un nuevo y fuerte impulso a la Conferencia Intergubernamental y establezca que durante el semestre de Presidencia europea se elabore un primer proyecto de Tratado, que debería presentarse con preferencia en el Consejo Europeo de Dublín. 
Con relación a la Unión Económica y Monetaria, el Consejo Informal de Economía y Finanzas de Verona, celebrado en abril, sentó las bases fundamentales para una buena relación entre los Estados ins y out, o sea, el pacto de estabilidad. 
También esto representa un sustancial paso adelante en la consecución de la Unión Monetaria. 
En lo que se refiere al empleo, la Conferencia Tripartita celebrada en Roma hace unos días, entre otras cosas, señaló que el sistema de concertación entre las partes sociales debía adoptarse a escala europea. 
Éste también debe considerarse como un hecho importante. 
En cuanto al tercer pilar, a lo largo de estos meses se elaboró el protocolo de Europol, que confiamos en que pueda adoptarse en Florencia. 
Por lo demás, han habido progresos en relación con los ámbitos de la cultura, el trabajo, los medios audiovisuales y la televisión sin fronteras. 
Por lo que se refiere a las relaciones exteriores, creo que nadie pueda negar el fundamental y constructivo papel que la Unión Europea desempeñó en el proceso de paz en Bosnia. 
Tal como mencioné, creo que la Conferencia de Florencia que se celebró la semana pasada permitió, gracias a la colaboración de todos, dar unos pasos adelante, como son la firma del Acuerdo sobre el control de las armas en Bosnia-Herzegovina, la decisión de que se celebren elecciones antes del 14 de septiembre y otras decisiones complementarias. 
Respecto al Mediterráneo, y a fin de desarrollar el seguimiento de la Conferencia de Barcelona, se celebraron cinco reuniones a nivel ministerial en relación con la informática, la cultura, la energía, la industria y el turismo. 
Por último, ya tuve ocasión de destacar los aspectos y los problemas relativos a la Agenda Transatlántica, así como a la reunión de Bangkok de los jefes de Estado y de Gobierno. 
Señora Presidenta, señoras y señores Diputados, después de la intervención del Presidente del Consejo, Sr. Dini, podría ser muy breve. 
Sin embargo, me veo en la obligación de agradecer el apoyo que han prestado ustedes en las diferentes intervenciones, tanto a la Presidencia en ejercicio como a la Comisión, para contribuir a que el Consejo Europeo de Florencia sea un verdadero éxito y suponga un nuevo giro encaminado a que la Unión pueda continuar existiendo y logrando los objetivos ambiciosos que también son los de ustedes. 
La estrategia que la Comisión ha desarrollado con vistas al Consejo Europeo de Florencia se enmarca en la estrategia de conjunto que yo mismo tuve el privilegio de presentarles en este hemiciclo con motivo de la investidura de la actual Comisión. 
Como ha repetido hace unos momentos el Presidente Dini, dicha estrategia pretende hacer de Europa una Unión más cercana a los ciudadanos. 
Para ello debemos preocuparnos por los problemas de nuestros conciudadanos en los momentos actuales, problemas se sitúan en tres niveles. 
En primer lugar el del paro y el del empleo. 
Nuestros conciudadanos no entienden que el gran mercado interior de 370 millones de habitantes y 15 Estados miembros llamado Europa no consiga resolver sus propios problemas cotidianos. 
Por tanto, debemos preocuparnos en primer lugar por el paro y por el empleo. 
Aunque algunos dicen hoy que la política social y económica es, en primer lugar y ante todo, competencia de los Estados miembros, yo sigo creyendo que una política convergente de la Unión Europea y de sus 15 Estados miembros, aplicada al mayor mercado interior del mundo, debe conseguir un efecto multiplicador y debe suponer un valor añadido a los esfuerzos realizados en el plano nacional. 
Por tanto, el compromiso al que deseamos llegar en Florencia va en esta dirección. 
El segundo problema concierne a lo que llamamos, en la jerga comunitaria, el problema de la PESC, la Política Extranjera y de Seguridad Común. 
Todos los días nuestros conciudadanos comprueban en la televisión la ausencia de Europa en la política y estrategia mundiales. 
Los ciudadanos quieren más- y no menos- de Europa en el campo de la política exterior y de seguridad. 
Precisamente en este punto concreto debemos concentrarnos durante la Conferencia Intergubernamental. 
Me alegra especialmente que la Presidencia haya incluido la cuestión de la seguridad exterior en el orden del día del Consejo Europeo de Florencia, sobre todo después de las decisiones que la Alianza Atlántica acaba de tomar en su reunión de Berlín. 
En tercer lugar, nuestros conciudadanos se sienten inseguros en la actualidad por una serie de problemas como el crimen organizado, la lucha contra el tráfico de drogas, etc. debido a la falta de una política común de inmigración o de asilo. 
En este sentido desean que Europa esté presente y que nosotros resolvamos los problemas conforme a sus propios deseos. 
Esperamos por tanto poder desbloquear en Florencia una serie de expedientes como el de Europol, del que se habla desde hace varios años y que aún no ha visto la luz. 
Los ciudadanos ya no entienden nada. 
Si deseamos que recuperen la confianza es necesario que podamos actuar para resolver sus propios problemas. 
Queda, evidentemente, el problema mencionado hace unos instantes y que parece oscurecer la Cumbre de Florencia. 
En este sentido quisiera añadir, sin repetir todo lo que ya he dicho sobre el tema en este mismo hemiciclo, tanto hoy como el 5 de junio último, que la Comisión ha asumido sus responsabilidades en este terreno. 
Su actuación ha estado y está motivada únicamente por el imperativo de la salvaguarda de la salud pública de sus conciudadanos. 
Con este espíritu hemos tomado las decisiones sobre los productos derivados mediante un cierto número de condiciones y restricciones. 
Con este espíritu también aprobamos, ayer por la tarde, un marco general, un procedimiento y una actuación con vistas a levantar progresivamente, paso a paso, el embargo británico, pero únicamente sobre la base de consideraciones científicas evidentes y según el procedimiento previsto por nuestras instituciones. 
Por supuesto, el Sr. Herman tiene razón al preguntar por qué, como guardianes de los Tratados, no acudimos al Tribunal de Justicia. 
El Presidente Wilfried Maertens ha citado el artículo 5 del Tratado. 
Yo mismo lo cité ante ustedes el 5 de junio. 
No desespero y, con toda sinceridad les digo que, en los próximos días, se encontrará una solución política a este problema que está envenenando el funcionamiento de nuestras instituciones. 
Estamos muy interesados en ello. 
El papel y el deber de la Comisión es hacer propuestas en este sentido, basándose también en la petición del Consejo de Asuntos Generales. 
Si la situación puede desbloquearse de este modo y se puede llegar a una solución política, espero que no tengamos necesidad de recurrir a una solución extrema como sería el recurso al Tribunal de Justicia. 
Señoras y señores diputados, señor Presidente en ejercicio, con el apoyo que hemos recibido de ustedes en el día de hoy, sé que el Presidente Dini y yo mismo haremos todo lo posible para estar a la altura de los objetivos que acaban ustedes mismos de señalar. 
Éste es el ánimo que hemos recibido en el día de hoy y creo que estoy en condiciones de decir de nuevo en este momento que el Consejo Europeo de Florencia debería ser, para el empleo y para los problemas que figuran en el orden del día, lo que el Consejo Europeo de Madrid fue para la moneda. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en unos instantes. 
Votaciones 
Señora Presidenta, deseo recordar que esta propuesta formaba parte del paquete de precios del que fui ponente y fue la única rechazada por este Pleno. 
Como ponente, deseo destacar que dicho voto se basó en motivos muy importantes y significó un «no» decidido a la campaña de arranque que está perjudicando gravemente al sector vitícola europeo. 
Como ponente pido que se confirme dicho voto y que, por consiguiente, se vote en contra de la propuesta de la Comisión de prorrogar el viejo reglamento que no se adapta a la actual coyuntura. 
De este modo, se nos ofrece una extraordinaria oportunidad para solicitar la elaboración de un nuevo documento al Consejo de Agricultura, que se reunirá el lunes y martes próximos. 
En consecuencia, reitero mi petición de que se confirme el voto negativo respecto a la prórroga del vigente reglamento. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de la Comisión) 
Señora Presidenta, la Comisión comprende las preocupaciones que aquí se han manifestado respecto al régimen de ayudas para arranque de cepas en el sector vitivinícola. 
Sin embargo, deseo subrayar una vez más, en nombre de la Comisión, que con esta propuesta sólo se pretendía cubrir el período comprendido entre el final de la presente campaña y la aprobación de la reforma del sector. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha enviado un mensaje claro a la Asamblea. 
De confirmarse ahora, la Comisión hará todo lo posible por hallar una solución en este sentido en el marco de las conversaciones del Consejo sobre paquetes de precios. 
Espero que el mensaje sea recibido con generosas aclamaciones por parte del Parlamento. 
Señora Presidenta, constatando que la Comisión no retira su propuesta apoyándose en consideraciones que no son en absoluto convincentes; habiendo sido nombrado ponente sobre la reforma del sector del vino que, desde hace mucho, demasiado tiempo, está pendiente de ser aprobada por el Consejo de los Ministros; habida cuenta de que existe un Código de conducta entre la Comisión y el Parlamento que se remonta al mes de marzo de 1995 y según el cual, en el supuesto de que el Parlamento rechazara una propuesta de la Comisión, esta última se compromete en retirarla. Por todo ello, tras comprobar que en este caso no ha sido así y que no tuve ocasión de escuchar las consideraciones especialmente importantes y excepcionales para volver a proponerla, solicito al Parlamento que la votación se aplace hasta el próximo período parcial de sesiones con el fin de permitir que la Comisión disponga del tiempo suficiente para reconsiderar su postura y elaborar argumentos más convincentes. 
Se ha sometido a nuestra Asamblea una propuesta de aplazamiento de la votación. 
¿Desea pronunciarse alguien en contra? 
Señora Presidenta, a instancias del ponente acabamos de confirmar nuestra opinión, algo que consideraba esencial. 
Me opongo totalmente a la propuesta del Sr. Fantuzzi, porque de hecho, nos arriesgamos a que el paquete de precios se vea replanteado. 
Por tanto invito a los responsables del Grupo de los Socialistas a que reflexionen atentamente sobre las consecuencias de la propuesta del Sr. Fantuzzi. 
Si ésta es aceptada, la próxima semana, el Consejo de Ministros no podrá aprobar el paquete de precios agrícolas porque no figurará este reglamento. 
Por esta razón, como ha confirmado el ponente, Sr. Santini, el Parlamento ha mantenido su dictamen. 
No pasamos de ahí y yo rechazo la propuesta del Sr. Fantuzzi. 
Señora Presidenta, sólo unos minutos para rechazar esta afirmación. 
Se trata de una prórroga de un año de un reglamento que carece de consecuencias, únicamente no se concederán ingentes primas a los viticultores que recurran al arranque. 
Esto inducirá a la Comisión a adquirir el compromiso de reflexionar seriamente sobre la reforma de la OCM vitivinícola y no impide en absoluto que el paquete de precios pueda ser adoptado respecto a los demás reglamentos. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de aplazar la votación) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, respecto al texto de la propuesta de resolución común sobre el Consejo Europeo de Florencia adoptado- siempre se adopta con una cierta precipitación -, creo que a los autores de la resolución se nos pasó inadvertida una cosa: en el considerando A, se habla del chantaje político ejercido por Gran Bretaña y en el apartado 3 se habla del Reino Unido. 
Los autores de la resolución lo que pretendíamos decir era «el Gobierno de la Gran Bretaña o el Gobierno del Reino Unido» , y yo pediría que se aceptara la enmienda oral de forma que donde dice, en el considerando A, » Gran Bretaña» y, en el apartado 3, el Reino Unido, diga «el Gobierno de la Gran Bretaña y el Gobierno del Reino Unido». 
Quisiera, además, advertir que, en el apartado 3, en el texto original francés, se hablaba de que el Gobierno del Reino Unido hiciera face, asumiera sus responsabilidades. 
Sin embargo, en el texto inglés se dice compel, obligar. 
No corresponde el texto inglés ni al texto francés ni al español, que tengo delante, y pido que los Servicios de Traducción revisen la traducción del apartado 3, de forma que compel se sustituya por una palabra que recoja el acuerdo, de conformidad con el texto francés. 
Señor Medina, algunos puntos de su intervención conciernen a las versiones lingüísticas. 
Tomamos nota. 
Además, hay una propuesta que pretende añadir la palabra «gobierno». 
Señora Presidenta, comprendo bastante bien las razones políticas que se esconden tras esta petición del Grupo Socialista. 
Pero si tomamos el Tratado y el punto 3, éste nos remite al artículo 5 del Tratado, en el que se dice muy claramente que los Estados miembros adoptarán todas las medidas apropiadas. 
Eso quiere decir «los Estados miembros» ; no se lo estamos pidiendo a los gobiernos. 
La referencia que se hace al artículo 5 en este punto concreto hace imposible aceptar la enmienda oral. 
Señora Presidenta, no hago sino exponer cuál era la intención de los autores del texto inicial. 
Claramente, existen problemas lingüísticos en dos áreas que pueden solucionarse en el texto. 
Pero el otro punto afecta a la intención clara en el momento de confeccionarse el texto de compromiso. 
El apartado 3 no refleja adecuadamente la intención de los que redactaron el texto. 
Señora Oomen-Ruijten, puesto que se opone usted en nombre de su grupo, no aceptamos la enmienda oral. 
No vamos a hacer otro debate. 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Señora Presidenta, quisiera que me diera una respuesta sobre el estatuto jurídico de las enmiendas núms. 8 a 11, ambas inclusive. 
La Comisión Europea ha afirmado, tanto en la Comisión de anoche como en la sesión plenaria, que estas enmiendas van en contra de nuestro Reglamento, para ser exactos del apartado 2 del artículo 72, porque son enmiendas nuevas que modifican el texto original de la Comisión. 
El hecho de que ahora esto se vote conjuntamente, ¿significa acaso que esta opinión de la Comisión Europea no ha sido considerada correcta? 
Me parece importante constatarlo antes de se inicien las negociaciones con el Consejo. 
He pedido la opinión de los servicios de la Presidencia, que no comparte la opinión de la Comisión Europea, y por tanto me he basado en la opinión que me han transmitido. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Señora Presidenta, quiero señalar algunas necesidades de concordancia sobre todo con el texto en español. 
En la enmienda 5, por ejemplo, se dice en el texto original francés doit obtenir que se ha traducido por «debe permitirse» y no es exactamente lo mismo. 
En la 23, un concepto quizá más importante établis se ha traducido por «residentes» -y también señalo el texto en lengua inglesa, aunque sin la misma fuerza porque no la conozco tan bien, en el que asimismo se ha traducido établis por «residents» , me parece que el concepto es distinto en el caso de los abogados. 
Y, por último, en la enmienda 25, apartado 5 del artículo 10, en la versión española falta un «de» que cambia el sentido. 
Por último, señora Presidenta, la enmienda 35, presentada por 29 diputados del Grupo del PPE, precisa ser concordada de la misma manera que lo ha hecho la célula especial de esta institución con la enmienda 25 para incluir en cada caso las palabras autorité competente et appropiée que es una cuestión en la que han insistido nuestros colegas británicos y que de oficio lo ha hecho en cuanto a la enmienda 25 la célula del Parlamento y sin embargo no lo ha hecho en la 35. 
Señora Presidenta, en relación con la enmienda nº 25 al punto 4 del artículo 10, se ha hecho una petición específica de que los términos utilizados sean «interés público» y no «orden público». 
«Orden público» no tiene sentido en inglés en este contexto. 
¿Podría ser tan amable de confirmar que se traducirá como «interés público»? 
Señora Presidenta, acepto en su integridad la interpretación de la versión inglesa de la Sra. McIntosh. 
En compensación, es preciso que la versión francesa quede tal cual está, es decir «ordre public». 
Que quede muy claro. 
Señora Presidenta, sobre este punto tan importante, en francés las expresiones «ordre public» e «interêt public» no tienen en absoluto el mismo sentido. «Interêt public» equivaldría, por parte del Estado, a invocar una cláusula potestativa para tener la posibilidad de liberarse, de forma unilateral, de las obligaciones de la directiva. 
Las palabras «ordre public» suponen un ataque directo, o bien a las leyes más fundamentales del Estado, o bien eventualmente a su propia seguridad. 
Creo que es extremadamente importante mantener en el texto las palabras «ordre public». 
No sé cuál es la traducción exacta en inglés, pero creo que el concepto inglés de «public interest» es mucho más amplio y vago que la expresión francesa «ordre public». 
Estamos de acuerdo en que el texto base es el texto en lengua francesa y que las demás versiones lingüísticas deben ser totalmente conformes, en cuanto al fondo, con lo que se ha votado en lengua francesa. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, desearía conocer la reacción de la Comisión Europea. 
Señora Presidenta, el Sr. Pimenta puede prever la reacción de la Comisión pues sabe bien que, debido en parte a la eficacia de sus esfuerzos, estos asuntos han recibido la atención más completa. 
El Parlamento deberá tomar su decisión sobre el procedimiento elegido y, desde luego, esa es su prerrogativa. 
En realidad la Comisión, en esta fase, no puede añadir nada útil a dicha reflexión. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación de la Cámara de Representantes de Túnez, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
Votaciones (continuación) 
Señora Presidenta, en la declaración acerca de las líneas directrices de la política económica una de las formulaciones es, al menos, equívoca. 
Por esta razón, quiero hacer una manifestación aclaratoria en nombre de mi grupo. 
Somos de la opinión de que sólo es posible una suavización de la política monetaria allí donde esto no conduzca a una amenaza de la estabilidad de los precios, del nivel de la tasa de interés y, por tanto, de un posible crecimiento, pues éste constituye un requisito para la creación de nuevos puestos de trabajo en Europa. 
Sólo desde esta aclaración estamos dispuestos a dar nuestra conformidad a esta declaración, tal como ha sido acordada. 
Señora Presidenta, naturalmente, cada cual puede declarar lo que quiera. 
Pero la decisión de esta Asamblea no puede depender del hecho de que un conjunto complejo de medidas políticas que necesitamos para solucionar el problema del desempleo masivo se configure ahora unilateralmente en forma de una tautología por parte del Sr. von Wogau. 
Esta frase, tal como figura en el texto, significa lo que significa, y cada uno puede pensar lo que quiera. 
Esto es así. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Cada Consejo Europeo que inicia o culmina la Presidencia de la Unión por un Estado miembro es siempre ocasión para expresar públicamente algunos deseos después de haber emitido algunos juicios. 
En vísperas del Consejo de Florencia, que cierra la Presidencia italiana, deseo reclamar la atención sobre tres puntos que creo esenciales, o mejor, vitales para el futuro de la Unión. 
En primer lugar, comparto ampliamente el análisis que ha realizado el Presidente de la Comisión, Sr. Santer, y retomo aquí su misma formulación, si Madrid fue el Consejo de la moneda Florencia debe ser el del empleo. 
Pero creo que puedo añadir que ya está bien de gritar que nuestra prioridad es la lucha contra el paro en Europa; ¡ya lo hemos entendido! 
Ahora es momento de actuar. 
Ya no bastan los discursos, es necesario realizar actos de voluntarismo político para detener el aumento del paro y hacer que disminuya. 
La Unión Europea sufrirá de nuevo el descrédito si de este Consejo no emana ninguna propuesta concreta en favor del empleo, tanto a nivel de grandes trabajos generadores de empleo como a nivel de iniciativas económicas de crecimiento, sin olvidar las orientaciones hacia el reparto del trabajo. 
No podemos seguir sacrificando por mucho tiempo a esos cerca de 19 millones de trabajadores que sobreviven en Europa y que generan cerca de 50 millones de pobres. 
Ésta es la prioridad que debe aplicar el Consejo de Florencia, con un calendario y unos compromisos concretos. 
En segundo lugar, lo que necesitamos en el momento actual es una Europa política y la Conferencia Intergubernamental es el instrumento para conseguirlo. 
Pero, comprometida como está en estos momentos, el peligro es interno. 
De los primeros debates no ha salido nada concreto ni constructivo. 
Nos hemos enfrentado a un verdadero debate de expertos egocéntricos, sin olvidar también algunos tufos nacionalistas. 
En estos momentos la CIG sufre un estancamiento, necesita de un impulso político fuerte en Florencia, y otros seis meses pueden ser demasiado. 
Es indispensable la refundición de los tratados para la puesta en práctica de la Europa política esperada durante tanto tiempo y que debe acompañar a una Europa social. 
En tercer lugar, no podemos plantear que el Consejo de Florencia, en el que se han fijado muchas expectativas, se vea en peligro por la crisis de las vacas locas, asunto éste que representa un verdadero problema de salud pública que merece ser aclarado rápidamente. 
Es importante tomar todo tipo de precauciones. 
Pero no aceptaré que se ejerzan actitudes de bloqueo, o sea, de chantaje, y que pongan en peligro la construcción europea que se encuentra en un momento crucial de su historia. 
No puedo creer que algunos de entre nosotros puedan ser tan irresponsables. 
Aquel que ha cometido una falta debe repararla. 
El terrorismo diplomático empleado no serviría para nada. 
Deseo concluir dando las gracias a la Presidencia italiana que, aún en un contexto desfavorable para ella, ha sabido trabajar y hacer que avancen algunos expedientes. 
Por ello, esas presidencias semestrales rotatorias muestran gravemente sus limitaciones y me refuerzan en mi convicción de que es necesario un gobierno europeo más estable. 
Ojalá que la CIG pueda hacer que avancemos en este punto. 
La actual táctica obstruccionista del Gobierno británico es deplorable. 
La crisis de la EEB fue consecuencia directa de su propia ineptitud política y no había ninguna justificación para castigar al resto de la Unión Europea por sus errores. 
Esperemos que la Cumbre de Florencia ponga fin a este desafortunado incidente. 
Sin embargo, deberá resolverlo de manera que no se premie el chantaje. 
Si se ve que la táctica del chantaje tiene éxito en esta ocasión, existirá un peligro real de que otros Estados miembros se vean tentados de aplicar tácticas similares cuando les convenga. 
Una de las lecciones que hay que sacar de esta epopeya es que la CIG debe perfeccionar las estructuras de toma de decisiones de la Unión Europea para garantizar que no se repitan estas circunstancias de que un Estado miembro pueda tener a toda la Unión Europea entre la espada y la pared. 
El Consejo de Florencia se está preparando a la sombra de las duras y antipopulares medidas adoptadas por el Sr. Kohl en Alemania, determinantes para la política económica que adoptará la Unión Europea en su conjunto, y que recetan, al servicio de intereses monopolísticos y en nombre de la lucha contra la crisis económica, una mayor reducción, incluso nominal, de los ingresos de los trabajadores y la abolición de derechos bien adquiridos y fundamentales en el ámbito de la seguridad social y las pensiones. 
No obstante, este Consejo se reunirá también a la luz de la lucha de los trabajadores alemanes y de sus compañeros de otros países contra la política autoritaria, antidemocrática y antipopular impuesta desde Bruselas en el marco del Tratado de Maastricht. 
La aprobación del escenario para la tercera fase de la UEM y de la creación de la moneda única, la negativa de los gobiernos a revisar siquiera la UEM en el marco de la Conferencia Intergubernamental, la aprobación por la mayoría, incluso por nuestro propio Parlamento, de una situación que impondrá y perpetuará una Europa de dos velocidades demuestran con claridad que los órganos institucionales de la UE son indiferentes a los problemas y demandas reales de los pueblos de Europa, mientras se muestren obedientes a las órdenes del gran capital. 
La incapacidad de la Unión Europea para zanjar con medidas decisivas cualquier problema internacional, y su actitud de esperar siempre a que Estados Unidos adopte una postura, para después adherirse a ella, no sólo afecta a temas de su espacio vital, como los de la antigua Yugoslavia y Oriente Próximo, sino también lamentablemente a su actitud ante los Estados miembros. 
Es el caso de Grecia, sometida a la política expansionista de Turquía, que ahora incluso tiene pretensiones territoriales, apoyada en la postura culpablemente neutra de la Unión Europea y los Estados miembros que insisten en mantener y ampliar las relaciones económicas y de otros tipos con ese país; un país que transgrede de manera evidente el Derecho internacional, que ocupa el sector septentrional de Chipre y que vulnera los derechos humanos en su interior. 
El reforzamiento de las autoridades de expulsión a escala europea mediante mecanismos no controlados, el control conjunto de la entrada de extranjeros en la Unión, así como la unificación de las políticas de inmigración y, sobre todo, la unificación de las normas sobre deportación de ciudadanos provenientes de terceros países debilitan aún más los derechos soberanos de los Estados miembros, en perjuicio de la tradición democrática y las relaciones amistosas que muchos de esos países mantienen con movimientos progresistas y pacifistas. 
Es lamentable que el Parlamento no haya aprobado determinadas propuestas, en concreto en materia de empleo, como la adopción de una política global de lucha contra el desempleo, con la introducción de la semana laboral de 35 horas sin recortes, o las relativas a la subordinación de las ayudas del Fondo de Cohesión al cumplimiento de los criterios de la UEM, al reconocimiento pleno de los principios fundamentales del sector público, suprimiendo, sobre todo, la aplicación de normas de competencia, o a la adopción de medidas de lucha contra el racismo y la xenofobia. 
En cambio, sí ha aprobado disposiciones que fomentan la militarización, la desigualdad e instituciones sociales antidemocráticas, así como la continuación de la política económica actual, que ha llevado a 18 millones de ciudadanos al desempleo y a 55 millones a vivir por debajo del umbral de la pobreza. 
En mi opinión, la reunión del Consejo de Florencia debería discutir y adoptar unas decisiones respecto a los puntos siguientes: 
Abandonar los planes relativos a la moneda única.-Acordar unas medidas para favorecer el empleo y luchar contra la pobreza en los Estados miembros de la UE.-Acelerar la ampliación de la Unión, para que se produzca lo antes posible, con los Estados que así lo deseen y que anteriormente hayan formado parte del bloque soviético.-Acelerar el ritmo de reforma de la política agrícola comunitaria.Además, el Consejo Europeo debería incidir vigorosamente ante Albania, Rusia Blanca y Turquía en que su cooperación con estos países está siendo gravemente menoscabada a causa de los ataques contra las libertades y derechos humanos que se están produciendo en ellos. 
También hay que señalar una vez más que la UE debe consistir en una cooperación entre estados soberanos y que no va a permitirse el desarrollo de un superestado. 
Si queremos que Europa sea en el futuro un continente con una paz estable, donde la democracia y los derechos y libertades humanos sean principios aceptados y practicados, debemos contrarrestar las tendencias federalistas dentro de la Unión Europea. 
Una vez más el Presidente Santer ha mostrado aquí retóricamente la cuadratura del círculo- declarando como primera prioridad de la Unión Europea la lucha contra el desempleo masivo y recomendando al mismo tiempo sostener las decisiones básicas de la actual política económica en el aspecto macroeconómico y de política estructural: una política de ahorro a costa de gastos necesarios reproductivos, lucha contra la inflación sin inflación, mantenimiento de la estrategia de la UEM de Maastricht sin considerar las pérdidas. 
Mientras la Comisión no esté dispuesta a asumir la crítica constructiva de este Parlamento a esta política económica marcada por la superficialidad, la proyección de deseos y el oportunismo unilateral ante los mercados financieros, y a defender conflictivamente esta crítica frente al Consejo, especialmente frente a algunos Estados miembros particularmente poderosos entre los que se encuentra Alemania, cada una de las encomiables iniciativas de la Comisión, encaminadas a mejorar de algún modo todavía la consideración del problema del empleo, se quedarán en puertas o- en el mejor de los casos- se quedarán relativamente sin efecto. 
Creo que esta Asamblea está dispuesta absolutamente a ofrecer su decidido apoyo a la Comisión en los enfrentamientos que se requieran para la necesaria corrección de la política económica. 
Sin embargo, esto presupone que la propia Comisión corrija expresamente los objetivos y enumere claramente con nombres las dificultades ante las que se encuentra. 
Solamente así podría lograrse realmente un pacto europeo sobre el empleo en contra del rechazo de los Ministros de Finanzas y contra 5 o 6 Estados miembros poderosos. 
Probablemente el destino de la UE se decidirá, en última instancia, en la cuestión del desempleo masivo. 
Instamos a la Comisión a que se plantee de una vez en este punto su responsabilidad histórica, en lugar de seguir simulando que hace algo con buenas palabras. 
Conferencia Intergubernamental 
En la última CIG, los gobiernos de los Estados miembros no consiguieron convencer a los ciudadanos de Europa de que la Unión Europea conectaba con sus necesidades y tenía respuestas para sus problemas. 
A consecuencia de ello, estuvo a punto de ser rechazado el Tratado de Maastricht y la UE se vio catapultada a una crisis transitoria, en la que perdió mucha fuerza el concepto de integración europea. 
Para que no se repitan los mismos errores, la presente CIG debe centrarse en las cosas que más preocupan a los ciudadanos europeos. 
El área más evidente de actuación concertada en este momento es la formulación de políticas para combatir el narcotráfico. 
Ello ha quedado corroborado por recientes encuestas públicas que, aunque ponen de manifiesto un escaso conocimiento de la propia CIG por los ciudadanos, demuestran, sin embargo, que la opinión pública desea mayoritariamente que se dé prioridad a solucionar el problema de la droga a escala europea. 
Aunque celebro que el Gobierno irlandés haya convertido este área en una de sus prioridades, pongo muy en duda el compromiso de nuestros socios europeos. 
Esto es evidente por varias cosas. 
El bloqueo a la ratificación del convenio Europol por parte del Reino Unido priva a la Unión Europea de una de sus principales armas contra los capos de la droga. 
La ausencia de un enfoque unitario de todos los gobiernos, de lo cual sirve de ejemplo la permisiva actitud holandesa ante las drogas blandas que convierten el país prácticamente en un supermercado de la droga; la violenta oposición de Francia y la oposición de Bélgica y España al aumento propuesto del 16, 7 % en el presupuesto de la Unidad de Drogas de la Europol es difícil de entender, sobre todo cuando el presupuesto actual es una cantidad patética de 4 millones de libras. 
De hecho, el presupuesto total para combatir la drogadicción y el narcotráfico asciende tan sólo a 24 millones de libras- evidencia acusadora irrecusable de la actual política de la UE y de la escasa prioridad que se concede al problema de la droga. 
Si al revisar los Tratados, la presente CIG no consigue poner remedio a la situación, podría estar encaminada al desastre, muy merecidamente. 
Si la Unión Europea no consigue utilizar adecuadamente sus atribuciones actuales y aprovecharlas, entonces no merece recibir nuevas atribuciones. 
Hay dos propuestas en el informe con las que no estamos de acuerdo, aunque hemos votado a favor de la totalidad. 
1.Pensamos que cada Estado miembro debe seguir teniendo el derecho de denegar el registro o uso de vehículos si lo considera conveniente.2.Se puede justificar la elevación del límite de 80 a 82 dB para las motocicletas de mayor cilindrada diciendo que un oído normal no percibe la diferencia. 
Pero en nuestra opinión, en un sitio u otro había que poner el límite. 
No se puede simplemente calcular el valor medio a base de efectuar mediciones del ruido. 
Son los niveles más altos del ruido los que nos interesan, y los que molestan. 
Hemos votado a favor del informe Barton, a pesar de que somos contrarios a que cuestiones como el ruido causado por los vehículos de motor de dos ruedas y otras de este tipo hayan de decidirse a nivel de la Unión. 
No obstante, vemos este informe como menos regulador, proteccionista y arbitrario que la posición común extrema adoptada por el Consejo. 
En el discurso de la Sra. van Dijk se fundamentó ayer la actitud de la mayoría del grupo. 
La minoría, partiendo de los mismos objetivos ecológicos y sociales, llega a otras conclusiones. 
¿Por qué? 
Creemos que fundamentalmente los objetivos ecológicos se logran mejor modificando la práctica real y no los valores límite establecidos por la Administración. 
Precisamente en ámbitos en los que se requiere la colaboración activa de muchos actores y actoras individuales, la estrategia de regular la polución del medio ambiente mediante valores límite choca, por ello, con la barrera de la disposición de estos actores y actoras a la cooperación autoorganizada. 
En este sentido apoyamos las demandas de los motoristas en pro de compromisos sostenibles en la cuestión de los valores límite prohibiendo al mismo tiempo las prácticas ilegales. 
La cooperación de los motoristas y las motoristas organizados debería ser, en nuestra opinión, un elemento central para hacer también ecológicamente defendibles medios de transporte de dos ruedas accionados por motor que son socialmente irrenunciables, convirtiéndolos además en sanitariamente inocuos. 
Por lo demás, consideramos realmente fundamentados y dignos de una seria consideración los argumentos de las organizaciones de motoristas en lo que respecta a la instalación de catalizadores en las motocicletas y respecto de la problemática de los «shear bolts». 
Informe Fontaine 
Señora Presidenta, ninguna profesión queda fuera de la libre circulación y de la libertad de establecimiento en el interior de la Comunidad. 
Con toda razón nuestra ponente ha recordado que este principio clave fue instituido por el artículo 52 del Tratado de Roma. 
Desde hace varios lustros trabajamos aquí para organizar esa libre circulación. 
Yo mismo fui ponente sobre la libre circulación de comadronas, en 1969, si no recuerdo mal. 
Siempre nos hemos esforzado por organizar esta libre circulación de trabajadores y la libertad de establecimiento de los profesionales, sobre todo de los profesionales liberales, y lo hemos hecho evitando reglamentaciones que habrían tenido finalmente como efecto discriminar a los nacionales con respecto a los migrantes. 
La legislación comunitaria en materia de libre ejercicio de la abogacía ha tenido como efecto que, en la actualidad, casi un tercio de los abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Luxemburgo sean no nacionales. 
Comprendo los esfuerzos que han realizado, entre otros el Consejo de Colegios de la Comunidad, con vistas a facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro diferente de aquel en el que se ha obtenido el título. Y ello tanto más cuanto que los abogados de mi país- que no tiene facultad de derecho- obtienen necesariamente el título en otro país. 
Pero nosotros les imponemos un período de prácticas y unos exámenes suplementarios con el fin de que dominen la especialidad del derecho luxemburgués, pues no sería coherente privilegiar a los no nacionales en detrimento de los nacionales en lo que respecta a las pruebas suplementarias. 
Por razones de calidad de los servicios que realizan los abogados no se trata de nivelar por abajo suprimiendo los períodos de prácticas y las pruebas suplementarias que imponemos en mi país. 
Como algunas propuestas de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos van más allá de lo que sería adecuado y no discriminatorio, yo no podía votar a favor de estas enmiendas y, evidentemente, he votado también contra el informe porque las enmiendas que presentamos fueron rechazadas. 
Somos favorables a este informe, que supone un paso hacia una reglamentación equilibrada que autorizará a los abogados de un país de la Unión Europea a ejercer su profesión en otros países de la Unión. 
Felicitamos a nuestro colega que ha elaborado este informe de manera muy competente y ha jugado un papel importante para mantener el compromiso conseguido, orientado en el sentido de los intereses, bien entendidos, de los profesionales de los diferentes países afectados, entre ellos Francia. 
Desde un punto de vista francés se ha llegado a este acuerdo en un campo en el que nuestra tradición es la de una gran experiencia que podrá beneficiar a los clientes de todo el mercado europeo, algo por lo que nos felicitamos muy especialmente. 
Tanto la presente directiva como el informe correspondiente suscitan entre los abogados luxemburgueses consternación y reticencia. 
Consternación porque la actuación de la Comisión es incoherente. 
A pesar de que está en curso la adaptación de la directiva 89/48 sobre el sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior, con todas las dificultades expuestas en el informe de la Comisión del 15 de febrero de 1996, ahora se pretende obligar moralmente a los Estados en diferentes sectores con una liberalización exagerada. 
Al mismo tiempo ha hecho posible que esos abogados, tanto extranjeros como nacionales, representen una garantía y posean los conocimientos necesarios para servir a sus clientes allí donde estén establecidos. 
Consternación también porque la nueva etapa en la liberalización va a provocar nuevas discriminaciones entre aquellos que sean admitidos sin limitación alguna y aquellos, extranjeros o nacionales, que deban someterse a un examen suplementario en el país donde vayan a ejercer. 
Se comprende por tanto nuestra reticencia frente a esta nueva directiva. 
Ésta posee una grave carencia porque no ofrece ninguna garantía a los clientes, pues un abogado extranjero que se instale con su título de origen y quiera ejercer la abogacía en Luxemburgo puede no saber nada de las características específicas del derecho de este país. 
Se me dirá que los clientes se darán cuenta rápidamente. 
Sin duda, pero no es serio dejar al mercado que regule una profesión que, en definitiva, es de utilidad pública. 
Un abogado extranjero que se instale en Luxemburgo con su título de origen puede no saber nada de la situación lingüística en vigor en este país. 
Se me dirá que en ese caso no podrá ejercer su profesión; pero de nuevo será el mercado el que tenga que definir este estado de cosas, y yo me niego a que sea el mercado el que decida sobre estas cuestiones. 
Sin entrar en los detalles del informe de la Sra. Fontaine, puedo decir que aunque acepte de buena gana la necesidad de una liberalización del ejercicio de la abogacía, la vía elegida por la Comisión y por el Parlamento no me tranquiliza. 
Por ello mantengo las enmiendas presentadas por los diputados luxemburgueses y manifiesto mi desacuerdo con el informe de la Sra. Fontaine. 
Al igual que los miembros franceses de mi grupo, he votado en contra del informe de la Sra. Fontaine relativo al proyecto de directiva destinada a facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en que se expidió el título. 
Existen ya dos directivas relativas al ejercicio de la abogacía, la del 22 de marzo de 1977 relativa a la prestación de servicios y la del 23 de diciembre de 1988 relativa a la equivalencia de títulos. 
La nueva directiva pretende llegar más lejos ampliando las condiciones de establecimiento de los abogados en todos los países de la Unión Europea. 
Pero la abogacía no es comparable a un producto comercial. 
Su naturaleza tampoco es comparable a la de los bancos o los seguros, por ejemplo, cuyas condiciones de armonización se han podido realizar sin demasiadas dificultades. 
En cambio, el ordenamiento jurídico de cada uno de nuestros países presenta, y seguirá conservando en el futuro, su carácter específico y particularidades. 
Las condiciones de admisión en la abogacía no son idénticas y las del propio ejercicio de la abogacía lo son todavía menos. 
No era necesario ampliar hasta el infinito la duración del derecho, para un abogado, de ejercer con su título profesional de origen en un Estado miembro diferente al suyo, sino al contrario, reducir esta duración de cinco años (período previsto en la propuesta de la Comisión) a tres, con el fin de facilitar una rápida integración en la profesión del Estado miembro de acogida. 
Por otra parte, se hubiera garantizado una mejor protección de los derechos del consumidor si, durante este período intermedio, el abogado sólo pudiera ejercer la abogacía en el Estado miembro de acogida actuando de común acuerdo con un abogado establecido en ese Estado. 
De lo contrario, el texto llevará a superponer, en un mercado que se pretende único, quince profesiones diferentes, porque da validez, a escala comunitaria, a la admisión de un abogado en el colegio correspondiente de su país de origen. 
Por lo que respecta al acceso a la profesión del Estado miembro de acogida, es positivo que se haya suprimido la prueba de aptitud, ya que se pide al abogado que desee ejercer la abogacía en un Estado diferente al suyo que justifique un período de actividad efectiva y permanente de tres años en ese Estado. 
Hubiera sido necesario prever, además, que el abogado admitido así en el ejercicio de su profesión se viera obligado a hacer uso, además del título profesional del Estado miembro de acogida, de su título profesional de origen. 
Deseo, por tanto, que el Consejo vuelva sobre estas disposiciones tan discutibles una vez haya examinado esta directiva. 
En la votación a favor del informe presentado por la ponente Nicole Fontaine sobre la propuesta de directiva del Parlamento y del Consejo destinada a facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en que se expidió el título, he tenido en cuenta el gran avance que esta directiva representa para hacer realidad el principio básico de la libertad de establecimiento y de ejercicio de la profesión liberal, en este caso, la abogacía en la Unión Europea, y señalarles también mi particular satisfacción por la aprobación de la enmienda 7 al artículo 1, apartado 2, letra a) en la que se reconoce la diversidad de denominación según las diversas lenguas de uso oficial en los distintos Estados miembros de la Unión Europea, que en el caso del Estado español recoge la castellana, catalana, vasca y gallega, buena muestra del reconocimiento de la Unión a la diversidad lingüística que enriquece a la Unión Europea. 
«Iniciar un nuevo avance en la construcción de una Europa cultural» : con estas palabras describe la ponente las dimensiones de la tarea que tenía que desempeñar. 
Quien sepa algo de las contradicciones que ha habido que superar, por ejemplo, entre el Reino Unido y la República Federal de Alemania, por un lado, y entre Francia y España, por otro, no podrá menos que confirmar a la vista del resultado del trabajo que la ponente ha resuelto su tarea con tanta sensibilidad como energía. 
El informe se ha convertido en un impresionante ejemplo de que la política, seguida desde 1988/89 por la Comunidad, de reconocimiento mutuo de los títulos universitarios obtenidos en un Estado miembro sobre la base de la confianza mutua de los países de la Unión puede aplicarse también con éxito para el derecho de establecimiento de los abogados en todo el ámbito de la Unión. 
De esta suerte, el contenido de la nueva directiva puede proporcionar un ejemplo convincente de aplicación adecuada del principio de subsidiariedad: las regulaciones de los países miembros siguen estando en vigor sin cambios. 
Pero el abogado que esté en ejercicio en otro país distinto a su país de origen está sometido de igual manera a las regulaciones del Estado en el que se establezca y ejerza. 
Merece mencionarse y elogiarse expresamente el hecho de que el informe ha hecho suya y ha aplicado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia que se inició con las sentencias Klopp y Gebhard Bahnen en favor de la libertad de establecimiento. 
De esta manera el informe mismo se ha convertido en un documento para la diferenciación de la práctica jurídica europea, pero no menos en un documento para una nueva cultura jurídica cooperativa. 
Merece el apoyo sin límites del Parlamento. 
Informe HoppenstedtLindqvist (ELDR) , Eriksson, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL) , Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V) , Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk (EDN) , por escrito. 
(SV) Como contrarios a la idea de la Unión nos congratulamos por haber participado en la elaboración de un informe que va en contra del fervor integrista de la Comisión. 
Compartimos la opinión de Hoppenstedt de que la Comisión no debe decidir en materia de concesión de licencias, ni tener derecho a negociar en el ámbito de los servicios de comunicaciones personales con terceros países y en órganos internacionales. 
En ésta, como en muchas otras cuestiones, los Estados miembros son los más indicados para decidir soberanamente. 
Como se deduce de los motivos del ponente para presentar las enmiendas, entre ellas las enmiendas núms. 10, 12, 15, 17 y 19, a la Comisión de Asuntos Económicos le parece innecesario establecer un procedimiento comunitario único para la selección y aprobación de los operadores de segmento espacial y de los «servicios de pasarelas» , dado que el número global de competidores en este sector especial es tan limitado que deberían crearse las bases para una coexistencia sensata entre los pocos operadores en el futuro mercado de los servicios de comunicaciones personales por satélite. 
No obstante, el informe señala con razón la necesidad de establecer un marco jurídico común para la aprobación de los servicios y del llamado régimen de «one-step-shopping» para evitar que se adopten decisiones nacionales incompatibles sobre los sistemas de satélites. 
En resumen, el ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo ha realizado una evaluación crítica, pero equilibrada, de la propuesta de la Comisión. 
Secundo, por tanto, plenamente las conclusiones del ponente, que deben interpretarse teniendo en cuenta tanto la necesidad de una coordinación internacional del uso de los servicios de comunicaciones personales por satélite, como el resto de la legislación comunitaria en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente la propuesta de la Comisión para la llamada «directiva de licencias». 
Informe Pimenta 
Señora Presidenta, el excelente informe del Sr. Pimenta plantea una cuestión fundamental como es la de la jerarquía normativa. 
¿Es que acaso la Comisión Europea se sitúa en segundo lugar con respecto al GATT y a la Organización Mundial del Comercio? 
En 1991, el Sr. MacSharry nos dijo que se había visto conmovido por el hecho de que los huesos de los animales atrapados en los cepos estaban desgarrados, que los propios animales se cortaban los tendones y la piel con la boca, con los dientes, para poder escapar. 
Y en aquellos momentos se vuelve a afirmar que a partir del 1 de enero de 1995 ya no habrá cepos. 
Más tarde, en 1994, se nos explica que hay problemas técnicos y que será necesario aplazar la prohibición hasta el 1 de enero de 1996. 
Al llegar ese día se nos dijo que había esquimales que cazaban a los animales con cepos de acero desde tiempos inmemoriales, cuando aún no existía el acero. 
La realidad es muy simple, y es que la Organización Mundial del Comercio desea la libre circulación y que no haya ningún tipo de obstáculo. 
Ya hemos cedido en las frutas y hortalizas adoptando normas de las Naciones Unidas, hemos cedido también en la OCM de plátanos sometiéndonos a la voluntad de las multinacionales americanas. 
Vamos a ceder posiblemente en las carnes hormonadas y estamos cediendo en los cepos. 
La Unión Europea ya no existe, sólo existe un mercado mundial y si todavía quedan ingenuos que lo crean, incluso los ingenuos de los verdes, tienen que darse cuenta de que los han engañado en el asunto de las vacas contaminadas. 
Señora Presidenta, me alegra que el Parlamento diera un apoyo tan vigoroso al informe Pimenta. 
El debate sobre la caza y los métodos humanitarios de captura de animales ha durado mucho tiempo y ha sido muy enconado, tanto en la UE como en el resto del mundo. Nos ha llevado a que actualmente 60 países prohíban la caza con cepos. 
De éstos, 22 han introducido la prohibición durante los últimos cinco años. Esto demuestra que puede practicarse la caza sin utilizar los temidos cepos. 
Porque nadie en el Parlamento creería que los lapones, por nombrar un ejemplo, van a dejar de cazar porque se hayan prohibido los cepos. 
En la UE la prohibición de importación ya debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 1995. Pero, para satisfacer los deseos de países que son grandes exportadores de pieles, sobre todo Canadá, se pospuso la aplicación al 1 de enero de 1996, lo cual es muy extraño. 
No existe ningún acto jurídico que posibilite ulteriores retrasos, y ahora debía aplicarse. 
Nos preocupa comprobar que la Comisión, a pesar de lo expuesto, presenta una propuesta de modificación del reglamento, que devuelve a la UE y a todos nosotros a un estado de cosas típico de anteriores decenios. 
Nos preguntamos el motivo. 
¿Es temor ante países como Estados Unidos y Canadá? 
¿Es temor ante la OMC, o qué es? 
Independientemente de cuál sea el motivo, esto es, para decirlo en términos suaves, mezquino e indigno por parte de una organización que afirma representar unos ideales humanitarios. 
Los métodos de captura humanitarios y los reglamentos sobre el uso de cepos se han convertido en un símbolo del conflicto existente entre el bienestar de los animales, de los pueblos primitivos, de los mercados, del comercio y del medio ambiente. 
Ahora esta cuestión también se ha convertido en un tema de principio institucional. Porque, ¿Qué sucede cuando la legislación comunitaria se ve menoscabada, por ejemplo, por la propia Comisión? 
El grupo de los Verdes del Parlamento de la UE, a diferencia de la Comisión, no ha modificado su posición y no ha cedido ante las presiones, y por tanto apoya el informe. 
En la comparecencia de la Comisión, el pasado mes de diciembre, ya manifestamos nuestro desacuerdo con el incumplimiento de la Comisión en la aplicación de la prohibición del uso de cepos en la captura de determinadas especies salvajes destinadas a la exportación. 
Hoy, la Comisión nos presenta un nuevo reglamento para encubrir su incumplimiento, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad, porque además de establecer un grave precedente con este modo de actuar, la Comisión no dispone de poderes para aplazar estas restricciones a la importación. 
¿Entonces? 
Entonces, felicitamos el magnífico trabajo del Sr. Pimenta, porque, a pesar de la arbitrariedad jurídica mencionada, el Sr. Pimenta introduce los elementos correctores necesarios a través de pertinentes enmiendas, aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, con las que se restituyen las obligaciones contenidas en el texto del reglamento original. 
Es de esperar que esta vez sí se escuche la voz del Parlamento, aunque, ¿por qué no decirlo? , cuando se incumple deliberadamente una vez se puede volver a ser reincidente. 
Confiemos en que no sea así. 
Los socialdemócratas daneses del Parlamento Europeo son escépticos ante este nuevo Reglamento por considerar que la Comisión no tiene derecho a aplazar por su propia iniciativa una legislación ya aprobada. 
Sin embargo, en la votación sobre cepos surge un dilema. 
Por un lado, no cabe duda de que los cepos como forma de captura son «inhumanos» y que su uso debe ser suprimido. 
La idea de prohibir la importación de pieles procedentes de animales capturados con cepos es, en consecuencia, excelente. 
Por otro lado, nos preocupa que se repita lo que ocurrió con la prohibición de importar pieles procedentes de crías de foca, que acabó perjudicando seriamente a los cazadores groenlandeses, con las consiguientes consecuencias sociales para la población groenlandesa. 
Así pues, nos preocupa, por un lado, que una prohibición general afecte a la importación de pieles procedentes de animales que no han sido capturados con cepos y, por otro, que una prohibición elimine el medio de subsistencia de la población de las zonas árticas. 
Lo más conveniente para todas las partes implicadas sería fijar normas claras para iniciar lo antes posible la transición a otros métodos de captura. 
Por lo tanto, nos vemos obligados a rechazar el intento del Gobierno canadiense de dilatar un acuerdo internacional sobre métodos de captura no crueles. 
La población indígena de Canadá ha sido utilizada por el Gobierno canadiense en las negociaciones internacionales sobre nuevas normas de captura. 
Esta dilación táctica ha sido secundada por los Estados Unidos, entre otros países. 
Si votamos que no al Reglamento, dejamos en evidencia las fuerzas que han trabajado en contra de que llegue a producirse un cambio. 
La situación no es blanca o negra, por lo que hemos decidido votar en contra de ciertas enmiendas que empeorarían las condiciones de los pueblos indígenas, apoyando, no obstante, en lo general, el informe del Sr. Pimenta, ya que nos sentimos obligados a demostrar nuestro rechazo a los cepos y a los gobiernos que prefieren no hacer nada- ni por el bienestar de los animales ni por el de los pueblos indígenas-. 
Deseo expresar el apoyo del Grupo de los Verdes y mío personal al informe del Sr. Pimenta sobre el comercio de pieles de animales capturados con cepos. 
A pesar de que se debate en torno a esta cuestión desde hace años, no se ha conseguido ningún acuerdo con Canadá y Estados Unidos y, por consiguiente, no puede aceptarse la propuesta de ulteriores aplazamientos, tal como hizo la Comisión. 
Hace falta prohibir la importación de pieles de animales capturados cruelmente, habida cuenta de que la Unión Europea ya prohibió el uso de cepos en su territorio. 
Dicha prohibición no va en contra de los acuerdos del GATT, dado que el reglamento de la OCM prevé la cláusula relativa a la defensa de los intereses sanitarios, medioambientales o éticos. 
En lo que se refiere a los legítimos derechos de las poblaciones indígenas, hace falta destacar que sólo una parte de ellas vive exclusivamente de la actividad de caza y sus ingresos pueden ser substituidos o complementados por nuevas actividades, dotadas de ayudas locales. 
Por estas razones, rogamos que se vote también la enmienda presentada por el Grupo de los Verdes que aclara los términos de la prohibición, implica en las negociaciones tanto a los pueblos nativos como a las organizaciones de protección de los animales con estatus consultivo, y prevé la oportuna participación del Parlamento Europeo. 
Apoyo el informe del Sr. Pimenta porque estoy enojado por el hecho de que la Comisión no haya puesto aún en práctica la prohibición de importar pieles de animales capturados con cepos. 
Es inaceptable que la prohibición no esté todavía en vigor seis meses después de la fecha debida. 
A muchas personas de mi propia circunscripción electoral les preocupan los temas relacionados con el bienestar de los animales- y con mucha razón. 
Si queremos que Europa sea conocida como una parte civilizada del mundo, debemos comportarnos civilizadamente con los animales. 
Espero que el reto legal al Tribunal de Justicia propuesto por el Presidente sobre la falta de actuación de la Comisión se curse rápidamente y con éxito. 
Sin embargo, soy consciente asimismo de la necesidad de que no dictemos nuestras normas a los pueblos indígenas de otras partes del mundo. De modo que la idea que figura en el informe del Sr. Pimenta de que todavía pueden comerciar con Europa los pueblos indígenas que no utilicen cepos, independientemente de la postura de los poderes públicos de sus países, es un compromiso sensato y justo. 
Informe Jacob 
Señora Presidenta, nos encontramos ante una catástrofe zoosanitaria. 
Y se han producido daños, por tanto hay que repararlos. 
Había una vía sencilla, la de la responsabilidad, la de la empresa del Sr. Mudler- que no es colega nuestroen Doncaster, en Yorkshire. 
Sin embargo no se ha elegido esta vía y se ha preferido la de la solidaridad. 
Pero la vía de la solidaridad implicaba también una reparación íntegra del daño. 
¿Qué decide entonces la Comisión Europea? , pues, simplemente que la reparación será global: 650 millones de ecus para repartir entre 81 millones de cabezas de bovino, lo que hace poco más o menos 8 ecus por cabeza. 
Y, efectivamente, se prevé una prima suplementaria de 10 ecus, es decir, 50-60 francos. 
Se ha dejado de lado la responsabilidad en nombre de la solidaridad, y se termina por la rapacidad, por la mediocridad, por la contabilidad. 
Y así estamos, ante una catástrofe de la que la Comisión es responsable en parte, y no se han reparado en su integridad ni los daños directos, ni los indirectos, ni los inmediatos ni los inducidos. 
Hace poco hemos visto la claudicación del Derecho Comunitario ante la normativa de la ONU, en estos momentos vemos la claudicación del Derecho Comunitario ante las normas de derecho natural que implican que el responsable debe reparar los daños. 
Señora Presidenta, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión de apoyar a los mortificados ganaderos del sector de la carne de vacuno en toda Europa. 
La reducción del consumo de esta última en Europa ha destruido por completo el mercado de la carne de vacuno y derivados. 
Ello ha colocado a muchos ganaderos en una grave situación económica. 
Comprendo la necesidad de restablecer la confianza de los consumidores en la industria de la carne roja. 
Es algo que debemos esforzarnos por conseguir, pero sin olvidar nunca que los ganaderos del sector del vacuno, sin culpa alguna, han arrostrado una grave crisis desde que los medios de comunicación sacaron absolutamente de quicio este problema por toda Europa. 
Debemos hacer todo lo posible por restablecer la confianza en el conjunto del sector una vez más. 
No podía apoyar la propuesta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de reducir el nivel de ayuda a través de las primas a las vacas de cría y a la carne de vacuno. 
Pero, aunque la propuesta no sea perfecta, al menos representa un buen intento de recomenzar. 
Tardaremos mucho en recuperarnos de esta crisis, pero no debemos olvidarla. 
De hecho, a medida que se acerca el otoño, puede que los problemas se incrementen y adquieran una dimensión aún mayor. 
Por principio es inaceptable intervenir subvencionando una rama productiva que se ve afectada por una crisis de este alcance. 
La Unión Europea no puede conceder subvenciones a todos los ramos que experimenten caídas de ventas. 
Naturalmente, deben adoptarse unas medidas contra la EEB, entre otras, la de suprimir la utilización de harina de hueso de rumiantes en la dieta de los animales. 
No se favorece la reforma de la política agrícola común con la señal que emite el Parlamento de la UE de que, tan pronto como se produzca una caída en las ventas de cualquier ramo del sector agrícola, los productores van a recibir compensaciones. 
Por ello no se puede votar a favor de este informe, aunque pensemos que hay que adoptar unas amplias medidas con respecto a la enfermedad de la EEB. 
La actual crisis del sector de la carne de bovino es mucho peor que cualquier cosa ocurrida en el pasado. 
Por ejemplo, tan sólo en Irlanda, se estima que las pérdidas acumuladas desde mediados de marzo se sitúan en torno a los 250 millones de libras. 
Loa precios seguirán descendiendo mientras no se restablezca la confianza de los consumidores, para lo cual es esencial una política de erradicación eficaz y completa. 
El presente paquete financiero que se propone es del todo insuficiente para cubrir las pérdidas reales soportadas por los ganaderos. 
Querría que el Parlamento apoyara la propuesta que hemos presentado varios diputados de aumentar el paquete financiero a 1.000 millones de ecus. 
Por otro lado, habría que mantener la situación bajo constante vigilancia. 
El total de 116 millones de ecus, de los cuales 9, 5 millones se destinan a Irlanda, es una propuesta desconsoladoramente insuficiente. 
Por otro lado, sean cuales sean las cifras que se acuerden finalmente, es imprescindible que el dinero se utilice además para ayudar a los productores de novillas para carne que actualmente no reciben primas ni compensaciones de ningún tipo. 
Sus pérdidas, en realidad, han sido mayores que las de los productores de bovinos machos y esto hay que reconocerlo. 
Nos hubiera agradado especialmente comprobar que esta Asamblea asumía sus responsabilidades frente a los errores consecutivos cometidos en la crisis de las vacas locas, que tomaba buena nota siendo capaz de reaccionar ante el desconcierto de los agricultores. 
Resulta obligado reconocer que no hay nada de eso. 
La votación de este día es muy significativa, baja de las ayudas complementarias, vacas nodrizas y jóvenes bovinos machos a 10 ecus por cabeza en lugar de 20 y 25 ecus. 
Es notorio que sólo se ven reforzados los intereses de algunos países en perjuicio de los intereses generales de la Unión Europea. 
En consecuencia, los intereses de los ganaderos especializados, que son claramente los más afectados por la crisis actual, se ven lesionados en beneficio de las ganaderías mixtas e intensivas. 
Durante la minisesión de Bruselas ya comprobé que mi enmienda solicitando a la Comisión una investigación completa para determinar las responsabilidades de los diferentes responsables de la propagación de la EEB (industrias de alimentación del ganado, Estados miembros, instituciones comunitarias, etc.) , había sido rechazada por una amplia mayoría de los miembros presentes en esta Asamblea. 
¿Cabría hablar de complicidad, beneficiándose así de la ignorancia de los ganaderos y de los consumidores, víctimas propiciatorias que, en cualquier caso, pagarán por un asunto con respecto al cual no tienen ninguna responsabilidad? 
El tema es suficientemente grave como para que los Gobiernos de los Estados miembros tomen conciencia en la Cumbre de Florencia y no permitan que los problemas políticos internos de Gran Bretaña interfieran en la búsqueda de una solución financiera y política a este expediente. 
Es casi imposible, partiendo del nivel de la UE, estimar la cuantía de las ayudas necesarias para cada productor de carne de los países miembros de la UE, dado que la enfermedad llamada de las vacas locas afecta a países diversos y a productores diversos de un modo tan desigual. 
La ayuda debería configurarse a nivel nacional, adaptándose a las condiciones regionales y locales. 
Grandes orientaciones de política económica 
Señora Presidenta, aunque se nos promete, cada vez que nuevo gran proyecto europeo ve la luz, que producirá una mejora del crecimiento y del empleo, el informe del Instituto Monetario Europeo evidencia, muy al contrario, un porcentaje de crecimiento medio en Europa que, cito, » ha sido de un 4, 7 % en los años 1960, de un 3, 3 % en los años 1970, de un 2, 2 % en los años 1980 y para los años 1990 de un 2 % hasta el momento». 
No añade, aunque para completar el cuadro hubiera podido hacerlo, que el paro sigue una curva inversa y que se acerca, en el momento actual, a un 11 % en toda la Unión a pesar de un mínimo retroceso en 1995 que no permite augurar ninguna inversión de la tendencia para el futuro. 
Ante esta degradación, la única previsión de la Comisión es seguir como antes. 
Incluso precisa que si esta estrategia no parece haber dado todavía unos resultados globalmente satisfactorios en la Comunidad es porque no se ha aplicado con suficiente convicción y credibilidad. 
Este juicio es sin duda verdadero en parte, sobre todo en lo que respecta a las reformas del mercado de trabajo, a la disminución de las cargas que pesan sobre los salarios más bajos y a la adaptación del sistema educativo (incluida la formación profesional) a las necesidades de los mercados. 
En todo caso, cabría preguntarse si una política que fracasa constantemente no es errónea en algún punto. 
Por nuestra parte, mantenemos que la Unión persigue un objetivo de convergencia forzada, claramente contraproducente y que sufre la falta de un sistema de medidas de defensa comercial a nivel internacional. 
Teniendo en cuenta esta tendencia, el informe de la comisión muestra con toda claridad que los criterios de déficit público y endeudamiento de las administraciones no se verán cumplidos como término medio a finales de 1997, salvo que se pueda esperar de aquí a entonces un repunte del crecimiento milagrosamente pujante. 
Es lo mismo que jugarse a cara o cruz la entrada en vigor de la moneda única. 
¿Es esto serio para una reforma de tanta importancia? 
Señora Presidenta, Señorías, los considerandos de la propuesta de resolución común son muy claros: estancamiento económico, desempleo de dimensiones desconocidas, atonía de la demanda, retroceso de la inversión pública y apatía de los agentes económicos. 
Pero cabría preguntarse por las razones de este estado de hecho, pues hay ejemplos de brillante éxito económico en Europa. 
Por ejemplo Noruega y Suiza al oeste, o Chequia y Estonia, al este. 
Todos estos países tienen en común los puntos siguientes: en primer lugar una moneda nacional fuerte en un país de dimensiones reducidas, lo que demuestra que es posible tener una moneda fuerte siendo un país pequeño. 
En segundo lugar, ninguno de ellos es miembro de la Unión Europea y por tanto no se ve obligado a aplicar la política deflacionista de los criterios de convergencia. 
Por otra parte, la historia nos enseña que los núcleos de crecimiento en Europa fueron a veces pequeños Estados, o ciudades libres de Italia o Flandes sobre todo, y no grandes conjuntos continentales unificados de forma artificial. 
Para relanzar el crecimiento en Europa es necesario abandonar el objetivo nada realista de la Unión Monetaria, imitar los ejemplos de esos pequeños Estados independientes como Noruega o Singapur, que demuestran que independencia nacional y condiciones de crecimiento son perfectamente compatibles. 
Con referencia al compromiso nacional y al acuerdo de Edimburgo, los socialdemócratas daneses no pueden, obviamente, aceptar los puntos de los informes que van en contra de las cuatro excepciones para Dinamarca. 
Hay muchos aspectos de calidad en las directrices económicas, por ejemplo, el de la promoción del empleo. 
(La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Reconstrucción de la antigua Yugoslavia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0174/96 del Sr. Alavanos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0564- C4-0535/95) sobre la asistencia humanitaria en la antigua Yugoslavia: perspectivas y orientaciones; -A4-0184/96 del Sr. Mendiluce Pereiro, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo (SEC (95) 1597- C4-0595/95) relativa a la reconstrucción de la antigua Yugoslavia; -A4-0204/96 del Sr. Giansily, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0581- C4-0608/95) «Contribuciones financieras de la Unión Europea a la reconstrucción en la antigua Yugoslavia» -A4-0178/96 del Sr. Titley, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0582- C4-0519/95) sobre la reconstrucción en la antigua Yugoslavia: gestión de la ayuda de la Unión Europea y coordinación de la ayuda internacional. 
Señor Presidente, entramos en el debate de una serie de informes sobre la ayuda a la reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 
Creo que las noticias que nos llegan constantemente son bastante preocupantes. 
Distintos objetivos del Acuerdo de Dayton, como la libertad de circulación, parecen una utopía. 
Los refugiados no pueden regresar a sus casas sin antes pasar por un control de las tropas de la nacionalidad correspondiente. 
Millares de refugiados- hubo nuevas oleadas después de los Acuerdos de Dayton -, la parte serbia y la parte croata, así como el partido del presidente Izetbegovic, contribuyen al fermento de la limpieza étnica. Desde luego, se puede decir que hoy hay paz y no guerra, como hace unos meses. 
No obstante, se trata, en primer lugar, de una paz muy frágil; en segundo lugar, no tiende a la reconciliación, sino a la materialización del fruto de la política de limpieza étnica practicada durante la guerra y, en tercer lugar, es una paz que divide en lugar de unificar. 
Creo que es en este contexto donde debe plantearse la movilización de la comunidad internacional en materia de ayuda y de reconstrucción. En mi opinión, más allá de su carácter humanitario, esa movilización puede constituir una intervención política de gran trascendencia para Bosnia y para la antigua Yugoslavia en general. 
Es característica la evaluación realizada por el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, que indica que Dayton sacó a la luz los profundos conflictos que sigue habiendo en el territorio de la antigua Yugoslavia, y que sólo la ayuda internacional y la existencia de cauces comerciales y de información pueden vencer los obstáculos creados por la desintegración que persiste en Bosnia. 
En este marco tenemos que interpretar, en mi opinión, el papel activo de la Unión Europea y de la comunidad internacional. La responsabilidad de la Unión Europea es, sin duda, importante, ya que hasta ahora ha sido, y sigue siendo, el factor más importante de intervención económica en el ámbito de la antigua Yugoslavia. 
También en este contexto se aprobó por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo el informe que presento. 
Quisiera destacar algunas cuestiones centrales: 
Primero, la asistencia humanitaria debe entenderse en relación y como vínculo con una la política de reconstrucción global. 
Sin embargo, presenta características propias e independientes. 
Sobre todo en el caso de la ayuda humanitaria, por su carácter urgente para garantizar la supervivencia y salvar vidas, es importante que se desvincule de condicionamientos y prescripciones políticas, manteniéndose abierta a flujos de ayuda en todas las direcciones y en todas las regiones de Bosnia. 
Segundo, la asistencia humanitaria debe centrarse, obviamente, en el suministro de alimentación y ropas; sin embargo, no hay que descuidar otros aspectos, como el equipamiento médico y el regreso de personal médico al territorio de Bosnia y de la antigua Yugoslavia, o una primera reparación provisional de los daños causados en las redes de abastecimiento de agua y de gas natural, de electricidad y de transportes, necesarios para poner en marcha la vida cotidiana de los ciudadanos de Bosnia. 
Tercero, una cuestión que destaca también el Banco Mundial es que la ayuda debe emplearse de forma que promueva el aprovechamiento de los recursos locales, impulsando una dinámica económica de autosuficiencia en el territorio de Bosnia. 
Cuarto, un aspecto importante relacionado con la asistencia humanitaria, que la Comisión de Asuntos Exteriores incluso estaría dispuesta a apoyar con medidas presupuestarias, es la eliminación de las minas, labor en la que la IFOR desempeña un importante papel y que es fundamental para tratar los problemas existentes. 
Por último, señor Presidente, quiero destacar la importancia del retorno de los refugiados acogidos en países de la Europa occidental, siempre que sea realista, y la importancia de apoyar a las organizaciones no gubernamentales, especialmente las nacionales, a fin de eliminar hasta la barrera última, que es la del miedo y el odio que aún cunden en Bosnia, para restablecer la comunicación pluriétnica en ese territorio. 
Señor Presidente, Señorías, al presentar este informe, en apariencia de índole estrictamente presupuestaria, deseo en primer lugar reclamar la atención de esta Asamblea sobre la génesis de este asunto y sobre sus implicaciones financieras pero también políticas, enormemente importantes a mi entender. 
Comencemos por la génesis. 
La proclamación, el 25 de junio de 1991, de la independencia de Croacia y Eslovenia tuvo como consecuencia dos días más tarde la intervención del ejército federal yugoslavo provocando al mismo tiempo la guerra, que había desaparecido de nuestro continente el 8 de mayo de 1945. 
En un primer momento los viejos demonios de Europa, los de la diversidad de apreciación, de la divergencia de análisis, de la incomprensión del fenómeno, y posteriormente los del desacuerdo sobre el camino a seguir, llevaron a los europeos a no intervenir y a observar la evolución de la guerra como un fenómeno exótico que terminaría en cualquier momento. 
Estas consecuencias habían aparecido ante todo, para el resto de Europa, como un tema de reflexión para nuestros pseudofilósofos en busca de exigencia moral pero también y sobre todo de publicidad personal a bajo coste, no como un desafío crucial para todo el continente. 
Y el envío de cascos azules de la ONU, sólo como fuerza de interposición, podía transmitir el sentimiento de un profundo desinterés hacia un conflicto a las puertas de la Unión de los Doce, posteriormente de los Quince. 
Durante cinco años, los europeos, amantes de la justicia y la libertad, asistieron con tristeza y consternación a lo que el resto del mundo percibió como la demostración de la impotencia de Europa. 
Y al fin llegó el 16 de junio de 1995 en que los occidentales, bajo la denominación de Fuerzas de Intervención Rápida, detuvieron el conflicto sobre el terreno antes de dirigir una retirada de las fuerzas en disputa y llegar, el 21 de noviembre, al acuerdo de paz global sobre Bosnia concluido en Dayton, Estados Unidos. 
Tres semanas más tarde, el acuerdo firmado en París durante la Conferencia del Palacio del Elíseo creaba dos entidades, la Federación Croatomusulmana y la República Serbia de Bosnia, y decidía el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz bajo la autoridad de la OTAN, la implementation force, que, el 1 de febrero de 1996, contaba con 65.366 hombres. 
Esta Pax Atlantica (no hay otro término posible, pues 54.220 de sus soldados pertenecen a 15 países de la Alianza Atlántica) , se ve hoy acompañada de un proyecto de reconstrucción. 
Precisamente en esos momentos estamos tratando sus implicaciones financieras y políticas. 
En efecto, lo que esta Asamblea debe examinar en el transcurso de la presente sesión es lo que cualquier Asamblea dotada de poderes presupuestarios debe hacer, que no es otra cosa que proporcionar los medios financieros para transformar la paz por las armas en una vuelta a una situación normal con el inicio de la reconstrucción de esta región de Europa devastada por la guerra. 
Con respecto a este expediente hemos realizado de hecho tres informes además del mío, los de nuestros colegas Alavanos, Mendiluce y Titley que, aunque se circunscriben a la misma entidad geográfica se aplican a tres realidades diferentes que presentan una graduación en la utilización de los créditos y que son, en realidad, complementarios. 
Porque, en una situación ideal, cuanto más avance la reconstrucción y cuanta menos ayuda humanitaria necesitemos mejor se podrán movilizar créditos destinados a vivienda y a empleo, y todavía mejor aquellos que tengan alojamiento y trabajo podrán volver a ser hombres libres. 
Esta Asamblea debe, por tanto, darse por enterada de su implicación en el proceso de financiación de la reconstrucción con una votación que deseamos afirmativa. 
Si la primera conferencia de Donantes de los días 20 y 21 de diciembre de 1995 se desarrolló entre la precipitación y un poco aparte de esta Asamblea, la siguiente, los días 12 y 13 de abril en Bruselas, le concedió una gran importancia, pues la Sra. Müller, los Sres. Mendiluce, Titley y yo mismo tuvimos ocasión de representarla. 
Esta segunda Conferencia se había visto precedida de un diálogo a tres bandas bajo la responsabilidad por parte de nuestra Asamblea, del Presidente Samland, en el cual se había evidenciado una amplia convergencia de puntos de vista. 
Este acto positivo demostró que, en este tema, el Consejo, la Comisión y la segunda rama de la autoridad presupuestaria compartían los mismos objetivos. 
La Comisión de Presupuestos se pronunció por unanimidad a favor del informe Alavanos sobre la ayuda humanitaria, ayuda que, por cierto, creemos que no debería sufrir ninguna reducción ni presupuestaria ni jurídica, pues se trata de hacer frente a una situación de desamparo y ante todo de ayudar a los inocentes, a las mujeres, a los ancianos, a los niños abandonados en las carreteras huyendo de los combates. 
Recordemos que, además de las 200.000 personas que han perdido la vida, otras 3.600.000 han sido desplazadas y sus viviendas destruidas o dañadas, de tal suerte que el 80 % de ellas son en el momento actual tributarias de la ayuda internacional. 
Por lo que respecta al informe Titley, que trata sobre la gestión de la ayuda de la Unión Europea y la coordinación de la ayuda internacional, la Comisión de Presupuestos ha emitido también una opinión aprobada por unanimidad y que insiste en la necesidad de dar una justificación creíble a los medios que la Unión Europea ha comprometido. 
La justificación de esta utilización de los créditos no es más que una condición suplementaria a la que hemos mencionado incesantemente en esta Asamblea desde hace varios años, que no es otra que el restablecimiento del estado de derecho, la restauración de las libertades fundamentales, la creación de una sociedad civil y, naturalmente, la cooperación con el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que, por otra parte, necesita de un sensible aumento en su dotación de medios. 
Por lo que respecta al informe del Sr. Mendiluce, la Comisión de Presupuestos ha emitido igualmente una opinión favorable por razones idénticas a las mencionadas sobre el informe Titley. 
Al abordar el informe que la Comisión de Presupuestos me ha confiado, quisiera, en primer lugar, reclamar la atención de mis colegas sobre la importancia de la ayuda de la Unión Europea. 
Aunque la participación es compartida en teoría por tres importantes protagonistas como son la propia Unión Europea, los Estados Unidos y otros países que desean contribuir con su ayuda, conviene recordar que únicamente la Unión Europea ha confeccionado un programa plurianual, que necesita por otra parte una revisión de las perspectivas presupuestarias hasta 1999 y para las cuales están acordados una serie de debates. 
Esto se traduce en una deducción en dos capítulos principales de nuestro presupuesto, consecuencia de la simultaneidad de la votación de nuestro presupuesto el 13 de diciembre y del acuerdo de París al día siguiente. 
Les recuerdo que en el mes de diciembre votamos una cantidad de 400 millones de ecus cuya programación aparece en el cuadro de la página 14. 
La Comisión de Presupuestos les propone ahora ratificar la propuesta de la Comisión de liberar 600 millones de ecus del programa PHARE para el período 1996-1999. 
A título indicativo, quisiera recordarles que a nivel presupuestario la programación del programa PHARE para este período se eleva a 6.691.00044DOTQUANT77000 ecus, por tanto los 600.000.000 destinados a la ex-Yugoslavia representan menos del 10 % del esfuerzo de la Unión en favor de los PECO. 
Efectivamente, 1.000 millones de ecus en 5 años es una cifra simbólica, pues es necesario acumular los 400 y los 600 millones de ecus, y representa menos que los créditos inutilizados, como media anual, de los programas PHARE y TACIS acumulados. 
El cuadro de la página 12 les podrá proporcionar algunas aclaraciones también sobre el reparto previsto para la democratización, las sanciones, las minas antipersonal y la ciudad de Mostar, centro neurálgico donde se concentran todos los problemas que ha sufrido este desgraciado país. 
Es evidente que la programación especialmente ajustada aprobada por la Comisión de Presupuestos, principalmente sobre la evolución de la rúbrica 4, que pueden encontrar en la página 14 de mi informe, se verá facilitada enormemente por un verdadero reglamento, por el consumo de los créditos que acaba de ser propuesto por la Comisión. 
La llegada anteayer de este proyecto de reglamento propuesto por la Comisión deja sin efecto el punto K del preámbulo de mi informe. 
Se trata de una observación menor, pero también deseo hacer una observación mayor. 
Ayer por la mañana me opuse al examen con carácter de urgencia de este documento. 
En razón a su importancia me parece, en efecto, que nuestra Asamblea debe hacer un examen más profundo, pues no hemos dejado de señalar la falta de adaptación del programa PHARE en su texto reglamentario y de reclamar un reglamento totalmente adaptado a una situación excepcional como la de la ex-Yugoslavia. 
Algunos días suplementarios de reflexión no serán por tanto inútiles para realizar un examen con más detenimiento. 
Para concluir y dejar un poco las cifras, quisiera añadir una cita. El Presidente de la República Francesa declaraba hace poco tiempo lo siguiente: » La historia reciente ha proporcionado a los europeos, en Bosnia, una buena demostración de sus posibilidades y de sus actuales limitaciones. 
En el activo figura la cooperación militar francobritánica y la decisión alemana de participar en las operaciones exteriores de mantenimiento de la paz, decisión ésta tomada bajo el impulso del canciller Kohl. 
En el pasivo figura la incapacidad actual de los europeos para emprender una acción político-militar de envergadura bajo su propia responsabilidad. 
Es necesario poner fin a lo que el mundo percibe como impotencia europea, es necesario que construyamos nuestra propia política europea común, tal como nos exige el Tratado de Maastricht.» 
Por mi parte, añadiré que nuestra Asamblea debe participar también en esta tarea. 
Al aprobar estos cuatro informes que, de hecho forman uno, esta Asamblea cumple íntegramente toda su función. 
Se nos ha reprochado con frecuencia que nos orientamos a expedientes de poco interés. 
En esta ocasión, no nos engañemos, se trata de un expediente de especial importancia y, al votarlo, se disponen ustedes a realizar un acto político de primer orden. 
Señor Presidente, todos debiéramos tener claro que no hay paz en Bosnia en este momento en ninguno de los sentidos que pueda tener la palabra para el ciudadano de a pie. 
No hay apenas sensación de reconciliación, no existe prácticamente ninguna libertad de movimiento y pocos refugiados han podido regresar a sus hogares. 
En cambio, las fuerzas militares internacionales tan sólo han traído un alto en las hostilidades. 
Nos han abierto una pequeñísima ventana de oportunidad para mostrar a la población local que tienen una baza en el futuro, tanto desde el punto de vista político como desde el económico. 
Tendrán su baza política cuando se celebren las elecciones y, pese a todas las dificultades, es de vital importancia que las elecciones sigan adelante conforme al calendario previsto. 
La situación económica dependerá del éxito que tenga el esfuerzo de reconstrucción internacional, que es el ámbito del que se ocupa mi informe. 
Al evaluar dicho esfuerzo debiéramos recordar, en primer lugar, que la destrucción fue enorme: la infraestructura básica quedó extensamente dañada o destruida, sólo permaneció intacto el 20 % de las viviendas y la capacidad industrial fue destruida en un 60 %. 
En segundo lugar, faltaban las estructuras básicas de la sociedad. 
Las instituciones gubernamentales se han tenido que reconstruir desde cero. 
La antigua economía dirigida por el Estado ha dejado en herencia grandes problemas en materia de derechos de propiedad, que obstaculizan las reformas económicas, y había grandes problemas relacionados con las deudas internacionales de Bosnia que era preciso resolver antes de que pudieran ofrecer asistencia las instituciones financieras. 
En tercer lugar, reconstrucción económica no es lo mismo que ayuda humanitaria. 
La reconstrucción implica una planificación a fondo, extensas consultas y la implantación de una gestión financiera a largo plazo. 
Por ello tarda más tiempo en producir resultados y requiere paciencia. 
En vista de estas y otras muchas dificultades, es de destacar el esfuerzo de reconstrucción desplegado hasta ahora por la comunidad internacional. 
La Comisión, concretamente, ha conseguido muchísimo, sobre todo en Mostar. 
Por consiguiente, las preocupaciones que voy a exponer a continuación han de enmarcarse en este contexto. 
Esta cifra contrasta, desde luego, con los 7.000 millones de dólares que está costando la operación del IFOR. 
Es además una cifra engañosa. 
Al hacer promesas, los gobiernos han falseado a veces las cifras. 
La cantidad real es inferior a los 1.800 millones de dólares, lo que ha obligado a reducir la escala de algunos proyectos de reconstrucción. 
Por otro lado, el dinero se ha materializado muy lentamente. 
En el mes de abril, sólo se había comprometido realmente la mitad del dinero prometido en la conferencia de diciembre. 
La carga que supone el dinero de la reconstrucción no se ha repartido tan equitativamente como se pretendía en un principio. 
La UE sigue encargándose de una parte mayor de la que le corresponde. 
Por ello hago un llamamiento en mi informe para que otros donantes, concretamente Estados Unidos, Japón y los países islámicos, asuman un mayor compromiso. 
Los donantes han invertido el dinero fundamentalmente en proyectos específicos o han dado ayudas en especie. 
Se ha dedicado demasiado poco dinero a otras áreas. 
Se necesita dinero desesperadamente para gastos fijos. 
De poco sirve reconstruir colegios y hospitales si nadie paga el sueldo de los profesores y los médicos. 
Es necesario canalizar dinero hacia el sector social, tanto para crear empleo a corto plazo como para fundar una red básica de seguridad en materia de protección social. 
Otra área esencial que está recibiendo demasiados pocos fondos es la de eliminación de minas. 
Hay más minas en Bosnia que habitantes. 
La vida económica no puede regresar a la normalidad si la gente, literalmente, no puede salir al jardín por miedo a las minas. 
Pero sólo el 2 % del dinero comprometido en la primera conferencia de donantes se ha destinado a la eliminación de minas. 
Finalmente, hay que subrayar constantemente la importancia de reconstruir las viviendas, sin lo cual no puede volver la normalidad. 
Cuando estuve en Bosnia, se criticaba a la Comisión por la lentitud con que estaba liberando el dinero. 
Dadas las difíciles circunstancias en que opera y la necesidad de garantizar la probidad financiera y la plena transparencia, tales críticas son en gran medida injustas. 
No obstante, hay una necesidad urgente de que se desembolsen pequeñas sumas de dinero. 
Espero que podamos hacer algo a ese respecto en el futuro. 
Es también esencial dejar claro que no ha mermado nuestra determinación a supeditar nuestra ayuda a que se respete el acuerdo de Dayton y, en particular, los derechos humanos. 
Debemos aseguramos además de que haya una coordinación efectiva del esfuerzo de ayuda internacional. 
Hemos tenido noticia de varios casos de una mala coordinación que ha limitado la eficacia de la ayuda. 
Por último, la comunidad internacional ha hecho mucho, pero de hecho ha hablado mucho más. 
Si queremos construir una paz real y duradera en Bosnia, la Comunidad internacional ha de entregar el dinero que ha prometido. 
Señor Presidente, tras la firma de los acuerdos de Dayton la paz parecía, por fin, posible en los territorios en conflicto de la antigua Yugoslavia. 
Pero la paz no se gana, sólo se ganan las guerras. 
La paz se construye. 
Se construye devolviendo la dignidad a quienes les había sido arrebatada por la fuerza de las armas, sembrando concordia allí donde los señores de la guerra pretendían que sólo fructificara el odio, cubriendo con un manto de esperanza renovada las huellas dejadas por una larga y oscura noche de dolor y de muerte. 
De ahí la urgencia de proceder a la reconstrucción moral de la antigua Yugoslavia y la necesidad de actuaciones que contribuyan al establecimiento de un orden justo, basado en el respeto de la democracia y de los derechos humanos. 
No es ésta una tarea fácil. 
Ha sido demasiado el dolor y la humillación de quienes sufrieron el oprobio de la limpieza étnica. 
Son demasiado profundas las señales que han dejado la violencia y el odio: 200.000 muertos, más de cuatro millones de refugiados y de personas desplazadas, ciudades mártires reducidas a escombros y una población civil traumatizada. 
Por ello, la Comisión REX entiende, al igual que el ponente para la ayuda humanitaria, que, para que la paz sea realmente posible, hace falta que la asistencia humanitaria, más allá de las acciones de urgencia que le son propias y de las prioridades fijadas por la Comisión en su comunicación sobre las perspectivas y orientaciones de dicha asistencia, se reoriente hacia actuaciones que faciliten el retorno y la reintegración social de los refugiados y los desplazados. 
No se trata sólo, por tanto, de que haya un continuum entre la fase urgente y la de rehabilitación, por importante que ello sea, sino de promover las condiciones sociales y políticas que permitan, si no el sueño de restablecer una sociedad multiétnica, multicultural y multilingüística, como nos decía ayer el Sr. Mendiluce, al menos, convivir en paz. 
Se trata de ayudar a restañar las heridas que hay en el corazón y en la mente de quienes han sido víctimas inocentes de esta guerra y de impartir una educación para la paz que fomente la tolerancia y el respeto a la diversidad. 
Para ello, se necesita aumentar considerablemente las disponibilidades financieras, coordinar los esfuerzos de los países donantes y de las organizaciones no gubernamentales, apoyar en este sentido el papel director del ACNUR, introducir criterios de flexibilización y descentralización en los programas de asistencia técnica en el marco de PHARE. 
De hacerlo así, la paz empezará a ser en Bosnia Herzegovina una realidad. 
La Unión Europea, que no fue capaz en su momento de detener la guerra, tiene ahora en sus manos la posibilidad de hacer posible la paz. 
Esta es la gran responsabilidad de la Unión Europea; nuestra responsabilidad. 
Señor Presidente, en el debate sobre la antigua Yugoslavia y como componente quiero centrarme sobre todo en el informe del Sr. Alavanos sobre la ayuda humanitaria en esta zona de conflicto. 
Muy poca gente sabe que la Unión Europea es de lejos el mayor donante de ayuda humanitaria a los países de la antigua Yugoslavia. 
Desde 1992, la Unión ha facilitado 1, 6 millardos de ecus y con ello esta zona presiona más sobre el fondo de ayuda ECHO que todas las demás zonas. 
La ayuda se canaliza a través de la Cruz Roja, a través del ACNUR, a través de Médicos sin Fronteras y a través de decenas de ONG que se esfuerzan en la base para ofrecer ayuda en su zona a cerca de 3, 5 millones de refugiados internos para que puedan sobrevivir. 
Aquí quiero expresar mi respeto por el trabajo de todas estas personas que trabajan a través de las ONG y que a menudo tienen que hacerlo en circunstancias muy difíciles y a veces poniendo en peligro sus propias vidas. 
Con este telón de fondo, señor Presidente, quisiera hacer algunas observaciones que encontrará usted en mi opinión preliminar y que han sido adoptadas en gran medida por la Comisión de Asuntos Exteriores. 
A nuestro entender es preciso distinguir bien entre la ayuda humanitaria y la ayuda para la reconstrucción. 
La ayuda para la reconstrucción no tiene el carácter de ayuda de humanitaria. 
La ayuda humanitaria se concede sin condiciones políticas, y la ayuda para la reconstrucción con condiciones políticas. 
Consideramos que por ello los flujos de ayuda han de diferenciarse bien unos de otros, pues de lo contrario es posible que la de por sí ya escasa ayuda humanitaria se utilice en proyectos que en realidad pertenecen a la reconstrucción. 
En este sentido hemos presentado varias enmiendas y nos complace que la Comisión de Asuntos Exteriores las haya aceptado. 
Una segunda cuestión: hay bastante ayuda para comida, ropa y equipamientos como la vivienda, pero de los informes de las ONG se desprende que no hay suficiente ayuda en el ámbito psicosocial, por ejemplo, para los familiares de desaparecidos, para las mujeres y los niños atacados y violados. 
Se trata de personas que han vivido muchas atrocidades. Quizás sea posible realizar un mayor esfuerzo en este ámbito con ECHO. 
Tercera cuestión: también se necesita ayuda en el ámbito sociocultural, porque tiene que ser posible para las organizaciones multiculturales reactivarse a sí mismas. 
Tiene que ser posible evitar la segregación que amenaza con surgir en las escuelas y hospitales, pero para ello se necesita asistencia. 
Consideramos que es preciso ofrecer esta asistencia. 
También pensamos en los soldados que han de ser desmovilizados, señor Presidente. 
Se trata de 300.000 soldados, y hemos oído que se agrupan cada vez más en bandas, constituyendo de este modo un nuevo peligro. 
Se ha dicho que hay que retirar entre 3 y 4 millones de minas en la zona. 
Consideramos válido utilizar el dinero de la ayuda humanitaria para este fin si no se dispone de más dinero para retirar las minas. 
Señor Presidente, unas cuantas observaciones finales. 
Consideramos que la coordinación del regreso de los refugiados es excepcionalmente importante. 
Sin embargo tememos que se obligue a demasiada gente a regresar. 
Pedimos a la Comisión que esté alerta sobre este asunto. 
Por último, señor Presidente, una pregunta política: ¿qué sucederá cuando Estados Unidos abandone la zona? 
¿Podemos esperar que la Unión Europea se haga cargo de su trabajo? 
¿Es cierto el rumor de que el Sr. Bildt también se retirará a finales de este año? 
¿Puede darme el Comisario unas respuestas concretas? 
Señor Presidente, señoras y señores, lo que se está permitiendo en este momento la Unión Europea en la reconstrucción de BosniaHerzegovina- y sólo quiero hablar de esto- constituye a mis ojos un escándalo. 
¿No hemos insistido una y otra vez en los últimos meses en la importancia que tiene la construcción civil del país a fin de que las personas puedan abrigar una nueva esperanza de paz justamente a tiempo antes de las elecciones? 
Mediante un esfuerzo habilitamos más de 200 millones de ecus y presionamos en pro de una ayuda no burocrática y rápida. 
Medio año después gran parte de la ayuda urgente habilitada no ha llegado. 
Se ha atascado en la maleza burocrática y en la disputa de competencias de la Comisión. 
El Parlamento ha insistido desde el principio en que el programa PHARE no es adecuado para BosniaHerzegovina. 
Yo me he podido convencer in situ de que los largos plazos para las convocatorias públicas, la planificación central a través del Gobierno son cualquier otra cosa que algo adecuado a esta especial situación. 
Así no es de extrañar que los primeros detectores de minas no hayan estado dispuestos para su envío hasta mayo, aunque todos sabemos que la reconstrucción no es posible de hecho sin un programa global de limpieza de minas. 
¿Y qué sucede con los 92 millones de ecus en ayuda urgente, que el Parlamento ha habilitado en unas líneas presupuestarias específicas? 
La hemos denominado Europa por Sarajevo. 
Pero, lamentablemente, de Europa apenas ha visto nada Sarajevo, salvo algunas caras constantemente cambiantes. 
La Comisión ha congelado estos recursos aludiendo a que se carecía de fundamento jurídico. 
Ahora, a finales de mayo, ha enviado la documentación al Consejo y al Parlamento para su discusión. 
Si tenemos suerte, la ejecución comenzará en agosto, es decir, un mes antes de las elecciones. 
Por el contrario, nosotros hemos urgido siempre a que se utilicen las líneas presupuestarias con arreglo a la aprobación presupuestaria y a que no se resuelva la disputa sobre el fundamento jurídico a costa de las personas de Sarajevo, de Tuzla y de Banja Luka. 
Los efectos políticos para usted, señor Comisario Van der Broek, que comparte la responsabilidad, son fatales. 
Las personas no verán ningún signo reconocible de esperanza si no pueden reparar sus casas. 
La vuelta de los refugiados no va a ser posible pues no hay a la vista alojamiento ni trabajo. 
Los soldados desmovilizados no encuentran ocupación, y la oposición, que desearía apoyarse en la paz y en valores europeos, como la tolerancia y la libertad, por la negligencia de la Comisión se ve privada de su argumento de que se puede confiar en Europa. 
Señor Van der Broek, lamentablemente, la antigua Yugoslavia no nos hace el favor de organizarse de una forma limpia y leal respecto del PHARE y de la ayuda humanitaria. 
Este país está destruido en gran parte y las personas no tienen esperanza. 
En lugar de plantearse estos retos, ustedes han preferido los medios y vías tradicionales y, por añadidura, ni siquiera los han coordinado razonablemente en perjuicio de las personas de aquel país, que hasta el día de hoy apenas han visto nada de nuestra ayuda. 
A este respecto, un vistazo sobre Mostar le habría podido mostrar lo que debería haberse hecho: organizar una ayuda descentralizada con personal cualificado. 
Allí la reconstrucción marcha a la par de la creación de nuevas infraestructuras. 
El 90 % de todos los trabajos ha sido efectuado por empresas locales. 
Este planteamiento hace también posible superar en alguna medida el difícil camino político por la divisoria entre la ayuda y la condicionalidad. 
¿Qué habría que hacer ahora? 
Asuma usted de una vez, señor Comisario, toda la responsabilidad. 
Constituya un equipo razonable en Bruselas, donde se trabaja en colaboración y no en competencia. 
Conecten ustedes la ayuda del programa PHARE con la ayuda urgente. 
No creen dos estructuras de suministro que sean mutuamente independientes. 
Aprendan de la experiencia de Mostar. 
Desarrollen programas descentralizados, apuesten más por los alcaldes que por un gobierno debilitado de Sarajevo, establezcan correctamente las prioridades. 
Fomenten la creación de infraestructuras locales en lugar de una buena situación de contratas para las empresas y los asesores de la UE. 
Envíen personal cualificado a las ciudades más importantes, aprovechen, sobre todo, el tiempo que queda hasta las elecciones. 
Apoyen a los medios independientes, ayuden a la oposición a tomar la palabra. 
En resumen: haga usted, de una vez, algo para lo cual le autorizó el Parlamento a finales del año pasado mediante la aprobación del Presupuesto. 
Y ahora una reacción al Consejo. 
Me parece, Señor Fassino, que en el Consejo existen notables oscuridades acerca de cómo va a hacerse posible el retorno de los refugiados. 
El ministro Schäfer, por ejemplo, que ha estado en Bosnia en el mismo tiempo que la delegación de nuestra Asamblea, ha declarado a su vuelta que nada se opondría básicamente a la repatriación de los refugiados bosnios, prevista para el 1 de julio, Sin embargo, la condición debería ser que los retornados encontrasen condiciones humanamente dignas, sobre todo, vivienda. 
Ahora bien, como sabemos, precisamente esto no es posible tan rápidamente. 
Así como es correcto insistir en el derecho de los refugiados a retornar a su patria, también es verdad que ningún refugiado puede ser obligado a regresar a un territorio del que fue expulsado violentamente, en el que hoy tendría que vivir en minoría y en el que no tiene garantía sobre su seguridad. 
Así como es correcto que todo refugiado tiene derecho a regresar a su vivienda, también es verdad que muchas de las viviendas que están todavía intactas han sido ocupadas hace tiempo por otros refugiados. 
Por consiguiente, se trata de no dejar que por el retorno se produzca nueva miseria. 
Por esta razón habría que seguir la recomendación del alcalde de Tuzla, el cual insiste en que habría que dar la oportunidad de una nueva orientación al casi un millón de personas que han sido desarraigadas dentro de Bosnia. 
Sólo después se debería comenzar con la repatriación en gran escala de casi un millón de personas que han encontrado acogida en el extranjero. 
Este proceder paulatino abriría también la posibilidad de solucionar las numerosas cuestiones relativas a la propiedad, procedentes de la época socialista y que no han sido aclaradas aún. 
Precisamente porque la cuestión de los refugiados está estrechísimamente vinculada a una rápida reconstrucción pesa tanto la negligencia habida hasta ahora en la lenta realización de la ayuda especial. 
En este contexto me parece altamente dudoso el reglamento que ha aprobado el Consejo, mediante el cual se hace de la ayuda urgente un rastrero programa de subvenciones para ofertantes españoles y de otras nacionalidades. 
Señor Presidente, sobre la tragedia de la guerra en la antigua Yugoslavia, hemos realizado numerosísimos debates en este Parlamento y hemos aprobado también resoluciones. 
Hemos denunciado y condenado las atrocidades y puesto en evidencia tanto la falta de acción como la pasividad y el disentimiento de algunos miembros de la comunidad internacional, así como el esfuerzo realizado in situ, con un gran compromiso personal, por parte de aquéllos que han querido defender a las víctimas, controlando, bien el alto el fuego, bien- como decía antes- controlando también la situación de las víctimas. 
Pero también hay que decir que alrededor de la guerra habrá quienes han hecho muy buenos negocios, porque tampoco vamos a ser tan ingenuos como para ignorar que una guerra siempre es una oportunidad para operaciones comerciales oscuras y a costa también de las víctimas. 
Poco ha quedado en pie; se sigue destruyendo y no hay mucho tiempo para asegurar la paz. 
Hoy, en este debate, estamos empeñados en establecer unos criterios razonables para la reconstrucción de los territorios que han sufrido con mayor intensidad y desgarro las consecuencias del conflicto. 
La antigua Yugoslavia es nuestra frontera, y ello supone que la Unión debe realizar un gran esfuerzo, incluso aun cuando puedan alzarse voces críticas- y se alzarán-. 
Sí merece la pena comprometerse en un proyecto de paz y concordia para la tolerancia cultural. 
La intolerancia y el odio son enfermedades malditas que hay que combatir con la solidaridad. 
La solidaridad- no lo olvidemoses una acción obligatoria que no puede sustituirse ni por la buena voluntad ni por la caridad. 
Es decir, el éxito dependerá de diversos factores, pero, sobre todo, del esfuerzo financiero y de su clarificación. 
No es gratuito insistir, una y otra vez, en que la paz es frágil. 
La región está agotada- sobre todo, BosniaHerzegovina -, el tejido industrial destruido y la capacidad productiva es nula. 
Es imprescindible, por tanto, que, con rapidez, se sienten las bases para la reconstrucción, pensando en el medio y también en el largo plazo. 
La consecución de la paz depende tanto del proceso democratizador como del esfuerzo económico. 
Desde el punto de vista de la Comisión REX los instrumentos financieros disponibles deben dirigirse en esta primera fase a la recuperación del tejido productivo y de las infraestructuras, de tal forma que se pueda avanzar en una doble dirección: la integración regional y la preparación para una futura asociación con la Unión, a la que se podrá llegar a través de la adecuación de las relaciones contractuales de acuerdo con la evolución de la situación. 
La transición hacia la economía de mercado- condición para esa evolución contractualse va a producir, desgraciadamente, en las peores condiciones. 
De ahí que los instrumentos financieros de la Unión deban estar bien definidos y adaptados a la realidad. 
Lo que la Comisión REX se ha preguntado en sus largos debates es si el marco presupuestario actual será capaz de responder con celeridad y eficacia al reto y, por otro, si la cuasi insolvencia de las antiguas repúblicas será un obstáculo más para el acceso al crédito internacional. 
La Comisión REX considera imprescindible que, con la excepción de la ayuda humanitaria, la asistencia técnica y macrofinanciera se someta a la condicionalidad política establecida por el Consejo de Asuntos Generales de octubre del pasado año. 
Pero hay que insistir en que esta condicionalidad no debe ser nunca la excusa para retrasar o rebajar el esfuerzo financiero. 
Las características del resultado de una guerra como la de la antigua Yugoslavia no permitirán, durante mucho tiempo, la normalidad total y hay que señalar, por último, que se seguirán cometiendo abusos, pero que éstos serán mucho más graves si la comunidad internacional- y, muy especialmente, la Unión Europea- se desentiende de su responsabilidad. 
Señor Presidente, hace medio año con la firma del Acuerdo Dayton terminaron las acciones de guerra en Bosnia-Herzegovina. 
Desde entonces la comunidad internacional ha realizado grandes esfuerzos para lograr mediante la reconstrucción una paz duradera en el destruido país. 
La Unión Europea y sus Estados miembros han asumido conforme a su responsabilidad una parte importante tanto en la ayuda a la reconstrucción como también en el aseguramiento de la paz por medio de las tropas IFOR. 
Pero con ello no hemos asegurado aún la paz. 
Después de algunas dificultades iniciales se pueden observar ahora los primeros resultados de la reconstrucción y también es lento el restablecimiento de las medidas de infraestructura, pero se ha avanzado paulatinamente. 
Sin embargo, gracias a la presencia de las tropas internacionales se ha logrado el objetivo más importante; se ha puesto fin a la guerra. 
Esto no significa que hayan sanado todas las heridas en las relaciones entre cada uno de los grupos de población y que la paz esté asegurada ya de forma duradera. 
Pero gracias a las IFOR la población de Bosnia-Herzegovina puede intentar emprender ahora en relativa seguridad un nuevo comienzo para el futuro. 
Lamentablemente, la situación continúa siendo tal que esto no sería posible sin las tropas IFOR. 
Entre cada uno de los grupos de la población han de realizarse aún grandes esfuerzos en el proceso de pacificación, pues hay una cosa que se ha podido volver a aprender en Bosnia-Herzegovina: establecer la paz es más difícil que hacer la guerra. 
Por esta razón, la retirada de las tropas IFOR a finales de este año representa también, en mi opinión, la mayor amenaza para el mantenimiento de la paz y del proceso de reconstrucción. 
En consecuencia, mi grupo ha tomado también la iniciativa y mediante una recomendación del Parlamento Europeo al Consejo de Ministros ha pedido también para el próximo año que prosiga la presencia de al menos la parte europea de las tropas IFOR. 
La Sra. Maij-Weggen ha mencionado el problema. 
Yo lo veo exactamente igual que ella. 
Es preciso discutir sobre esto. 
Una decisión semejante es necesaria, pues sin las IFOR no pueden esperarse resultados en el proceso de paz. 
Todos los que han dicho esto aquí, tienen razón, pues aunque se han hecho esfuerzos en la reconstrucción, quedan aún grandes tareas por hacer. 
Como ha mostrado la Conferencia para la ejecución del acuerdo de paz para Bosnia-Herzegovina que se celebró la semana pasada en Florencia hay algunos ámbitos en los que hay que hacer aún mucho trabajo. 
Se refiere, sobre todo, a las posibilidades de regreso de refugiados y deportados, a las necesarias medidas encaminadas a garantizar la libertad de circulación de las personas en todo el ámbito de soberanía y a la constitución de instituciones democráticas comunes a nivel nacional, regional y local. 
La realización de elecciones libres y democráticas podría contribuir a ello de manera importante si- y acentúo el si- se satisfacen también las condiciones básicas necesarias. 
Una condición absolutamente importante es la existencia de medios de prensa libres e independientes, que posibiliten un acceso libre a todos los candidatos y a todos los partidos. 
Sin embargo, aún más importante es la existencia de partidos multiétnicos que posibiliten que después de las elecciones continúe también el proceso de acercamiento entre cada uno de los grupos de población y que eviten que con las elecciones se refuerce y legitime la separación étnica. 
La Unión Europea tiene ahora una tarea importante: debe ayudar con todos los medios a que perdure la esperanza en un futuro en paz para Bosnia-Herzegovina. 
Espero que estemos en condiciones de hacerlo. 
Señor Presidente, estimados colegas, han transcurrido ya casi siete meses desde Dayton o París y hemos de preguntarnos qué ha cambiado realmente. 
La renovación de la parte civil no ha tenido lugar todavía de la forma en que habíamos creído que sería posible. 
Chocamos contra muchos obstáculos. 
Chocamos con el hecho de que la guerra ha merecido la pena pues el agresor ha recibido el 49 %. 
También es un hecho que continúan las limpiezas étnicas en Bosnia; a lo largo de estos cuatro años se ha aprendido que las limpiezas étnicas quedan sin castigo. 
Estas continúan en muchos territorios y nosotros no podemos impedirlas aunque estamos in situ con muchas organizaciones. 
Tenemos que afirmar que los políticos locales y los jefes de policía son en muchos casos cómplices obsequiosos de sus superiores criminales. 
En todas partes hay, seguramente, políticos muy razonables o que quieren serlo pero no se atreven a apelar a la opinión pública porque perderán la cabeza rápidamente. 
Por consiguiente, no funciona la renovación de la parte civil, pero no funciona porque en ella participan europeos en su mayor parte. 
Finalmente, todos hemos firmado esta renovación y todos tenemos la responsabilidad, de la misma forma que todos tenemos la responsabilidades por los resultados positivos de la renovación militar. 
Respecto de la ayuda humanitaria y de la ayuda a la reconstrucción nos hallamos ante la siguiente cuestión: ¿Cómo prestaremos nuestra ayuda, a quién la prestaremos y bajo qué condiciones la prestaremos? 
Si siguiéramos nuestras opiniones entonces apenas podríamos apoyar algún proyecto pues en casi ningún sitio se respetan las disposiciones de Dayton. 
La entrega de los criminales de guerra se ve boicoteada. 
No se ha restablecido la libertad de movimientos. 
El regreso de los refugiados sólo ha tenido lugar en número totalmente minúsculo desde la parte serbia a la parte croata-musulmana de Bosnia. 
Los responsables en la parte serbia no tienen interés, en absoluto, en que conciudadanos serbios, por ejemplo, retornen a Sarajevo de donde habían venido en muchos casos por la presión serbia. 
Tampoco tienen interés alguno- aunque sostienen lo contrario- en que vuelvan a la Krajina obligando con ello a los dirigentes croatas a poner las cartas boca arriba. 
Más bien quieren mantenerlos como cuasi rehenes para poder decir que tienen tantos refugiados serbios y que, por esa razón, no pueden volver los refugiados croato-musulmanes que desde hace cientos de años han vivido allí. 
Por consiguiente, el juego de la reciprocidad se está practicando maravillosamente, sólo que los serbios impiden de entrada que sus propios conciudadanos, que quisieran volver a su patria de procedencia, puedan hacerlo. 
Los políticos de la parte serbia de Bosnia consideran su parte no como parte constitutiva de Bosnia. 
Pero esto está establecido así, ellos lo han firmado. 
Esto significa que muchas cosas no funcionan. 
Sin embargo, las personas del país quieren paz. 
Necesitan de una vez personalidades dirigentes que quieran lo mismo, y las nuevas elecciones podrían conducir a esto, al menos parcialmente. 
Pero para unas elecciones que estén abiertas en cierta medida a resultados son importantes medios de prensa que no azucen por más tiempo, sino que informen y, en definitiva, sigan una consigna: este país, Bosnia, es la tierra de los musulmanes, de los croatas y de los serbios. 
Esto debería ser difundido por la televisión y por la radio a diario, por la mañana, a mediodía y por la tarde, para que las personas lo entiendan de una vez y, sobre todo, sus políticos. 
Nuestra ayuda debe referirse a los proyectos de medios de prensa. 
Hemos de lograr rápidamente reconstruir las casas y reconstruir también escuelas multiétnicas. 
Sin embargo, también son muy necesarias las ayudas destinadas a la constitución de PYME, para ayudar así a ayudarse. 
Los trabajos son absolutamente necesarios para abrir perspectivas a las personas y hacerlas inmunes a las consignas de sus, en parte, criminales dirigentes. 
Señor Presidente, me felicito de los informes de los Sres. Alavanos y Mendiluce por su puntualidad y exactitud en lo referente a la cuestión de la reconstrucción de la antigua Yugoslavia, una reconstrucción que, bajo muchos aspectos, constituye el más importante y complejo compromiso que Europa debe afrontar y en el que no puede ni debe fracasar si no quiere sumar dos víctimas: la antigua Yugoslavia y ella misma. 
En primer lugar, se trata de una reconstrucción moral que sustituya el odio por la esperanza e instaure la mutua confianza; se trata de una reconstrucción social que deberá ofrecer a los habitantes de la antigua Yugoslavia y, sobre todo, a los que pertenecen a un tejido socialmente traumatizado como el de Bosnia, esas condiciones medioambientales que necesitan para sobrevivir, vivir y mirar hacia el futuro. Se trata de reconstruir las condiciones de estabilidad y seguridad sin las que la convivencia y el progreso son metas inalcanzables; es una difícil reconstrucción política, mejor dicho, es mucho más, es un valiente desafío para instaurar una nueva cultura política basada en las libertades democráticas y apoyada por instituciones igualmente democráticas. 
La cita de las próximas elecciones, dificilísimas aunque, a mi entender, inaplazables, representa una primera etapa de este difícil camino. 
Sin embargo, en este proceso se entrecruzan muchas dificultades. En primer lugar, la dificultad de coordinar las muchas y, yo diría, demasiadas organizaciones que operan en ese territorio y que a menudo compiten entre sí; otra dificultad fundamental estriba en lo inadecuado de los recursos financieros y en su insuficiencia, de lo que se derivan consecuencias negativas tanto para la calidad y la envergadura de los programas como para la inmediatez de su ejecución, habida cuenta de que el factor tiempo es prioritario. 
En lo que se refiere a la Unión Europea, en este caso podría sustituirse el programa PHARE, poco apto para una emergencia de este tipo, por un programa ad hoc, cortado a la medida de la urgencia, en particular de la emergencia bosnia, y financiado para este caso específico. 
Por otra parte, mediante una solución de este tipo aumentarían a un tiempo tanto la responsabilidad como la visión política del compromiso europeo. 
Muchas perplejidades justifican asimismo el despliegue en términos de seguridad de las policías internacionales, pues se trata de una mescolanza extraña y heterogénea, de un grupo de representantes de diferentes clases, formaciones, culturas, naciones y razas que difícilmente pueden configurarse en un contingente de policía. 
Una fórmula que la ONU experimentó en varias ocasiones y que nunca funcionó a la hora de su puesta en práctica. 
¿Que pasaría si a una policía de este tipo le fuera encomendada la tarea de arrestar a los criminales de guerra? 
Desde la perspectiva de la seguridad y también de la reconstrucción bosnia, se plantea el inmenso y peligroso interrogante de la presencia americana cuando finalice el plazo acordado. 
¿Que sucederá después de las elecciones americanas: se reafirmará dicha presencia o no? 
En este último caso, ¿será Europa capaz de asumir el compromiso de compensar una posible retirada americana de la IFOR? 
Mientras tanto, y recientemente, la ONU levantó el embargo de armas a Bosnia. 
¿No es prematura y a la vez, quizás, inoportuna dicha medida? 
Prescindiendo de que el compromiso es inminente, y en vista de que el proceso de construcción no avanza según el ritmo establecido ¿podría provocar una forma de desestabilización y una nueva carrera armamentista? 
Concluyo manifestando que, en este caso, la Unión Europea debería acometer una movilización internacional tanto moral como política y financiera, para acelerar y llevar a cabo el proceso de reconstrucción. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Alavanos y a los demás ponentes por sus informes. 
Señor presidente, no quiero referirme a lo que ha sucedido en los últimos años en esta zona bañada en sangre de la antigua Yugoslavia. 
Me limitaré a observar que muchas veces ha prevalecido la hipocresía, tanto en la Unión Europea como aquí, en el Parlamento Europeo. 
Debo decir también que la responsabilidad de la Unión Europea en la tragedia que vivieron y siguen viviendo los pueblos de la antigua Yugoslavia es enorme. 
Por lo tanto, es absolutamente normal que su responsabilidad en la reconstrucción de lo destruido y en la solidaridad con los problemas de supervivencia que experimentan los ciudadanos de la región sea igualmente importante. 
la reconstrucción de las infraestructuras destruidas por la guerra; -la repatriación de todos los refugiados y el retorno de los desplazados; es decir, la creación de condiciones favorables para su retorno, porque sólo con buenas palabras estas personas no podrán regresar a los lugares en los que vivían antes, en los que se desarrollaban pacíficamente durante los años anteriores; -la desactivación de todas las minas que amenazan la vida de miles de personas en Bosnia; -la reintegración social de los ciudadanos, velando para que los créditos no sean absorbidos automáticamente por actividades empresariales y todo tipo de buscavidas dispuestos a despilfarrar el presupuesto concedido, y-la distribución del presupuesto entre todos los grupos étnicos, serbios, croatas, musulmanes, sin discriminar y sin fijar condiciones ni requisitos previos.Cualquier intento de supeditar la concesión de asistencia humanitaria al cumplimiento de condiciones de tipo político o a la implantación de determinado modelo social sería considerada por nosotros como una nueva muestra de conducta inhumana por parte de la Unión y de sus órganos. 
La paz de Dayton es una paz impuesta por las armas, mediante el ejercicio de la violencia. 
Eso no es, lógicamente, una paz auténtica. 
La crisis y la hostilidad creadas por la guerra no han sido superadas. 
Si se imponen condiciones y se gestiona de modo injusto la asistencia humanitaria, el fuego de la guerra podría volver a avivarse. 
De su respuesta a esta situación dependerá la entrada en la historia y en la conciencia popular de la Unión Europea y de su política. 
Señor Presidente, Señorías, en efecto sigue habiendo una enorme presión sobre el proceso de paz de la antigua Yugoslavia, y concretamente en Bosnia-Herzegovina. 
Por lo que a mí respecta, hay dos factores que podrían desempeñar un papel muy negativo a corto o a medio plazo. 
En primer lugar, se trata del levantamiento del embargo de armas, que comenzó ayer, y en segundo lugar del posible fracaso- lo cual no deseo- de las elecciones previstas para el otoño. 
En el acuerdo de Dayton se preveía que para empezar, el Estado de Bosnia-Herzegovina no dispondría de ejército propio ni de policía propia, lo cual por supuesto sería algo normal dada su función estatal esencial. 
Había razones evidentes para explicarlo, pero el hecho sigue siendo que la presencia de dos ejércitos dentro de un denominado Estado, que siguen siendo enemigos, es un continuo factor de discordia. 
Además, el Consejo de Seguridad de ayer ha decidido levantar el embargo de armas, por lo cual los norteamericanos de IFOR en el lugar se encontrarán en una posición muy ambigua: por un lado, peace keeper dentro de IFOR, y por otro, el principal proveedor de armas a la Federación de Bosnia-Herzegovina. 
Todo el mundo lo sabe, y eso se nota en el terreno. 
De ahí mi pregunta al Comisario: cómo intentará la Unión ejercer el control sobre los acuerdos que se han hecho y para ocuparse de que no se vea perjudicada la credibilidad de IFOR, pues para mí se trata de una fórmula viable decir que IFOR tiene que quedarse por más tiempo del previsto en un principio, pero vincularlo al rearme me parece una contradictio in terminis. 
En cuanto al segundo problema, el de las elecciones, es evidente que muchos grupos locales que se ocupan sobre todo de los asuntos relacionados con los derechos humanos advierten del hecho de que a corto plazo serán precisamente quienes han abogado y han luchado para la limpieza étnica los que lleven las de perder. 
Por otro lado, todos los partidos, incluidos los de la oposición, consideran que es mejor seguir adelante con las elecciones. 
En lo que a esto respecta, quiero concederles el beneficio de la duda, pero será de suma importancia que en las próximas semanas y meses sigamos de cerca este proceso, de lo contrario saldremos perdiendo 
Señor Presidente, la paz ha llegado a Bosnia Herzegovina; al menos las armas han callado. 
Doscientos mil soldados o algunos más se han retirado a sus cuarteles con sus armas entre las piernas. 
En estos momentos la mayor preocupación es que queda todo o casi todo por hacer. 
Es necesario, al menos de forma provisional, despedirse (aunque pueda ser una despedida también provisional) del sueño largamente acariciado de una sociedad pluriétnica, pluricultural y plurirreligiosa. 
No nos engañemos, los violentos y los asesinos han ganado la partida. 
No digo que hayan ganado la guerra, pero en cualquier caso han ganado una importante batalla. 
Cada una de las zonas hoy en paz está controlada por un grupo étnico exclusivo, o al menos netamente dominante. 
Intenten viajar de una ciudad a otra de Bosnia y verán que es imposible, como lo es, también, telefonear de Tuzla a Banja Luka. 
Esas libertades mínimas de circulación y de comunicación son todavía inexistentes. 
Los dirigentes de esos enclaves superpuestos no valoran en demasía las libertades de los ciudadanos, sobre todo la de expresión y la de prensa. 
Y la Unión Europea tiene peso suficiente para obligar a las autoridades a que respeten, siquiera mínimamente, la libertad de los ciudadanos que viven en las zonas que éstas controlan. 
Nosotros tenemos los medios, ustedes los tienen, para imponer unas condiciones claras al establecimiento de una cooperación, sobre todo financiera. 
En ese sentido la ayuda que el Tribunal encuentre entre las autoridades locales, serbias, croatas y bosnias, y que conduzca a la identificación, persecución, juicio y condena de los criminales deberá considerarse como un criterio determinante para la concesión de la ayuda europea. 
Para que la violencia sea contenida es también indispensable que la IFOR, en su forma actual o bajo una forma a determinar, esté presente, bien armada y dispuesta a proteger a unos pueblos que hace tiempo que la comunidad internacional dejó en manos de exterminadores. 
Esta presencia militar, que debe impedir cualquier repunte del conflicto armado, debe también permitir que esos pueblos recuperen la confianza y comiencen a construir su propio futuro. 
Señor Presidente, quien lea los cuatro valiosos informes que estamos examinando ahora, volverá a quedarse impresionado por el enorme sufrimiento humano y los enormes daños materiales que han causado más de cuatro años de guerra en la antigua Yugoslavia. 
Aunque el acuerdo de Dayton ofrece una base para la paz, la existencia de líneas divisorias étnicas sigue planteando la pregunta de si Bosnia puede llegar a convertirse algún día en un Estado multiétnico. 
No basta con un equilibrio de poder y un acuerdo de paz impuesto. 
No obstante, hoy hablamos del apoyo internacional, el instrumento para fomentar el regreso a una sociedad normal en la antigua Yugoslavia. 
Además de la ayuda humanitaria, entre otras, en forma de suministro de alimentos y asistencia médica, en el futuro próximo tendrá que recalcarse más bien la ayuda a la reconstrucción, centrada en el autoabastecimiento. 
Es sobre todo importante que para las elecciones de este otoño se logren resultados concretos. 
No es sencillo establecer prioridades con tal cantidad de proyectos. 
Sin embargo, quisiéramos dar preferencia a aquellos proyectos que pueden fomentar la cooperación entre los diversos grupos de la población en la antigua Yugoslavia. 
Además, la desmovilización de cerca de 300.000 soldados y la integración de estas personas en el proceso laboral tiene una gran prioridad. 
Un punto que sigue sin exponerse suficientemente es en qué medida la Unión puede contribuir al desarme en la región. 
Me temo que con sólo la estabilización del nivel del armamento existente no se ayudará mucho a la paz. 
Apreciaría que el Comisario me diera su opinión al respecto. 
Por último, en la ayuda que se da a la reconstrucción no se trata de que la Unión demuestre su credibilidad en el ámbito de la política exterior y de seguridad, como se puede leer en uno de los informes. 
Se trata ante todo de que con la ayuda ofrecida, la Unión y la comunidad internacional cumplan su obligación moral frente a los ciudadanos de la antigua Yugoslavia, azotada por la guerra, en la esperanza de crear una paz estable. 
Señor Presidente, Señorías, los informes Alavanos, Mendiluce y Titley sobre ayuda humanitaria y reconstrucción de los países de la ex-Yugoslavia no son satisfactorios. 
Únicamente el del Sr. Giansily presenta algunas cualidades de rigor presupuestario que reconocemos con agrado. 
En cuanto al del Sr. Alavanos, comunista griego, retoma las pretensiones del Consejo y de la Comisión sobre la asistencia humanitaria, aunque combinándolas con unas condiciones inaceptables relacionadas con sus posiciones ideológicas. 
En 1991, el Sr. Alavanos al igual que el Sr. Delors se manifestó contrario a la independencia de los pueblos esloveno y croata, unánimes en su voluntad de conseguir su libertad y soberanía. 
Sabemos que los dirigentes del régimen comunista del ejército serbocomunista percibieron esta actitud como un importante apoyo. 
Se comprende mal que el Sr. Alavanos, que exalta la Yugoslavia unitaria, multinacional y pluricultural, no aplique el razonamiento a su propio país. 
¿Por qué no preconizar una sociedad grecoturca, o turcogriega, que terminaría con el conflicto secular de estas dos naciones vecinas? 
Los otros dos informes están viciados también con los mismos apriorismos ideológicos. 
Así, se olvida considerar que Croacia, que ha sufrido la ocupación y la destrucción de una tercera parte de su territorio durante más de cuatro años, ha hecho un enorme esfuerzo para acoger en su zona liberada no solamente a sus nacionales sino también a decenas de miles de bosnios, cristianos y musulmanes. 
La guerra ha provocado una partición, como siempre insatisfactoria, en la que cada comunidad ha visto como se delimitaba su territorio. Entonces, ¿por qué imponer la vuelta de los refugiados a su antiguo lugar de residencia? 
Es una tontería, pues las mismas causas producen los mismos efectos. 
Lo importante es evitar al pueblo musulmán de Bosnia la palestinización que lo amenazaba. 
La prueba más palpable de que ha llegado la paz será que esos refugiados abandonen lo más pronto posible sus campos en el extranjero y regresen a su casa, o cerca, en Bosnia y entre los suyos. 
Señor Presidente, Señorías, todos lo sabemos: Europa fracasó a la hora de prevenir el conflicto en la antigua Yugoslavia, y ha fracasado a la hora de finalizar el conflicto en la antigua Yugoslavia. 
Ahora, para Europa es una cuestión de honor tomar la iniciativa con una ayuda rápida, eficaz y a gran escala, que garantice al máximo la reconstrucción de la antigua Yugoslavia y en concreto de Bosnia-Herzegovina. Naturalmente, esto está vinculado a una serie de condiciones. 
En primer lugar, la realización completa de los acuerdos de Dayton. 
Pienso que la esfera de este debate es clara. 
Todo el mundo ve que todavía existen problemas estructuralmente importantes a falta de una verdadera voluntad de paz por parte de todas las partes implicadas. 
Por consiguiente, la realización de los acuerdos de Dayton no es ni mucho menos un hecho. 
Las elecciones ya han sido aplazadas y sigue habiendo dudas sobre el éxito de las elecciones en otoño. 
La conferencia de evaluación del 13 y 14 de junio en Florencia ha demostrado que siguen existiendo grandes problemas en torno a la libertad de movimientos y la libertad de los medios de comunicación. Que la extradición de los criminales de guerra todavía está lejos de acabar, que Karadzic y Mladic siguen en libertad. 
A mi parecer, a menudo se olvida un aspecto: el que la situación en Bosnia todavía está estrechamente vinculada a la situación en Eslavonia Oriental. En el sentido de que cualquier empeoramiento de la situación en Eslavonia Oriental, concretamente por el surgimiento de nuevas corrientes de refugiados, puede repercutir gravemente en la frágil situación de Bosnia-Herzegovina. 
Por ello, pido que se preste atención especial a Eslavonia Oriental. 
Una segunda condición que formulamos, sobre todo desde la Comisión de Presupuestos, es la necesidad de una transparencia máxima del dinero que se gasta y un control estricto del uso de los recursos financieros. 
Concretamente, ello implica que el Parlamento Europeo quiere estar y seguir estando plenamente implicado en la realización concreta de los esfuerzos de reconstrucción. 
En este sentido, es esencial que nuestras Comisiones de Presupuestos y Control Presupuestario desempeñen un papel importante en este sentido. 
Las urgencias, y las urgencias sistemáticas, como las que se han dado con las transferencias de créditos ya aprobadas, ya no son aceptables para este Parlamento desde el punto de vista democrático. 
Hoy hay un nuevo reglamento financiero. 
De nuevo se apela a la urgencia. 
Pienso que hemos de sopesar y definir con cuidado de qué modo intentaremos vigilar, desde el punto de vista técnico presupuestario, que por un lado la ayuda sea suficientemente eficaz y rápida, pero que por otro sea suficientemente transparente. 
Permítame acabar con el hecho de que me ha impresionado el informe de la Sra. Müller sobre la lenta circulación de los recursos económicos. 
Es preciso evitar este ajetreo burocrático en lo que respecta al futuro uso de la ayuda. 
Señor Presidente, al principio de este debate hemos oído hablar otra vez de la impotencia y la incapacidad del mundo exterior y de la Unión Europea para tratar los problemas de la antigua Yugoslavia. 
Pienso que hemos de dejar de una vez por todas de hablar en estos términos de la Unión Europea, sobre todo porque sabemos que la política exterior es guiada por un grupo intergubernamental con ministros con capacidad de veto, cuyo nivel moral, por definición, no puede ser nunca más alto que el del representante con el nivel moral más bajo, y que toda la cuestión se debe a una política exterior amoral que es considerada por sus autores como un signo de destreza. 
Pienso que la culpa de cómo marchan las cosas en la antigua Yugoslavia, en la medida en que lo es del Consejo intergubernamental, ha de manifestarse abiertamente, y no hemos de volver a hablar nunca más de impotencia o incapacidad, pues no era eso. 
Vivimos ahora en la situación del acuerdo de Dayton, hijo del acuerdo Vance-Owen, nieto de los planes de Karadzic, quien al principio de toda las desgracias me los expuso en un mapa colgado de la pared. 
No podemos esta satisfechos con ello. 
Podemos estar satisfechos por el hecho de que hay un componente militar, ejecutado por la OTAN en cooperación con otras tropas, la IFOR, por lo cual las tropas se separaron, por desgracia en el momento en que las tropas de Mladic llevaban las de perder. 
Pero bien, se separaron. 
Hay un componente civil, del cual hay que decir que es una ridiculez, porque imponer el orden y, por ejemplo, el regreso y las elecciones, en una situación de violencia, no es posible más que con mano dura. 
Mi primera pregunta al Consejo es si cabe esperar algo de la fuerza policial internacional, que debía estar fuertemente equipada. 
No podemos llenar Banja Luka y sus alrededores o Sarajevo y sus alrededores con bobbies londinenses. 
Esto no funciona. 
Se necesitarán tropas más parecidas a la policía antidisturbios o, como en los Países Bajos, la policía militar, una policía que pueda disponer en caso necesario de vehículos blindados. 
Allí nos las tenemos que ver a menudo con bandas armadas. 
¿Hay alguna posibilidad de que la fuerza policial se convierta en efecto en una realidad, y pueda actuar de forma eficaz? 
En cuanto a las elecciones, quiero preguntar al Comisario cómo va lo de nuestra ayuda a los medios de comunicación libres. 
Sabemos que el conflicto en Yugoslavia, igual que por ejemplo en Ruanda y Burundi, se debe en gran medida al abuso, a la manipulación de los medios de comunicación. 
Desde hace años hablamos de ello, y todavía no se ha hecho nada eficaz en lo que respecta a la influencia por parte de los medios de comunicación realmente libres, apoyados por nosotros. 
Pienso que es importante poner el dedo en la llaga. 
Señor Presidente, me complace mucho que en otro informe examinado hoy se haya aprobado una investigación internacional pública sobre los asuntos políticos en torno a Srebrenica. 
Pienso que diversos países no quieren saber nada al respecto, al igual que del arresto de Karadzic y Mladic, porque quizás surjan a la luz demasiados asuntos molestos. 
Pienso que es importante que el Parlamento, los diputados, hayan planteado está cuestión. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada, deseo felicitar a los Sres. Mendiluce y Giansily por el óptimo trabajo llevado a cabo. 
La reconstrucción de la antigua Yugoslavia y la ayuda a las poblaciones afectadas por la guerra no puede prescindir del proceso de paz abierto en diciembre de 1995 a través de la ratificación de los acuerdos de Dayton. 
La Unión Europea contrajo compromisos que representan el 65 % de las contribuciones destinadas a la ayuda humanitaria y promovió las reuniones de donantes para la reconstrucción del país. 
La rápida y decisiva puesta en marcha de la reconstrucción del tejido económico y social de la antigua Yugoslavia va a representar un primer paso hacia el restablecimiento del status quo y, por consiguiente, hacia la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones. 
Este último aspecto será una condición sine qua non para que el país pueda volver a la normalidad. La ayuda debe permitir la transición progresiva de la fase de urgencia a la de reconstrucción. 
La creación de instituciones democráticas comunes, el respeto de los derechos civiles, políticos y humanos, las garantías para el regreso de los refugiados, la colaboración con el Tribunal Internacional son elementos imprescindibles para la consecución del proceso de paz. 
La Conferencia Internacional de Ministros que se celebró en Florencia los días 13 y 14 de junio y que se denominó Mid-term- medio plazo -, se sitúa en el ecuador del proceso de paz. 
El éxito italiano del encuentro de los 45 países implicados, por diferentes motivos, en la actuación de los acuerdos de Dayton culminó con el acuerdo sobre el desarme y el compromiso electoral de los próximos meses. 
Las elecciones representan un momento clave para la reconciliación. Sin unos comicios libres no puede nacer una nueva clase dirigente capaz de gestionar la paz y los fondos que la comunidad internacional está facilitando para la reconstrucción de Bosnia. 
Estas elecciones deberán celebrarse dentro de un clima de máxima calma, haciendo posible que los criminales de guerra sean puestos a disposición de la justicia. 
Paz, seguridad, libertad, respeto de los derechos humanos, democracia y justicia son palabras que deberán adquirir un fuerte significado en esta región tan largamente martirizada. 
Haría falta una televisión independiente para garantizar la libertad de expresión con vistas a las elecciones y a los efectos de lanzar mensajes correctos. 
La situación es todavía muy tensa a causa de los muchos rencores que dominan a las diferentes etnias. En consecuencia, hay que intervenir con sumo cuidado deparando el máximo respeto a las poblaciones locales y a las minorías, a fin de permitir el regreso de los desplazados. 
Señor Presidente, es alentador oír decir a los colegas que han visitado la antigua Yugoslavia que la situación ha mejorado. 
Esto subraya el valor de nuestra ayuda a IFOR y a la reconstrucción que tan excelentemente dirige Carl Bildt. 
Tanto dentro como fuera de la UE muchos ven la evolución de la antigua Yugoslavia como una prueba de la calidad de la política exterior de la Unión Europea. Esto hace que sea aún más importante que se produzcan unos resultados positivos. 
Para ello son necesarios los fondos; la conferencia de apoyo ha sido provechosa, pero son necesarias más iniciativas. 
En este contexto quiero destacar que el programa PHARE, visto como si fuera una res suministradora de leche, no es inagotable, y que tiene muchos terneros que alimentar. 
La ayuda de la UE debería destinarse en primer lugar al suministro de energía, comunicaciones y viviendas, además de inyectar vida al cansado mundo empresarial. 
Para los liberales es particularmente importante que no llegue nada de la ayuda de la UE a aquellos que se niegan a respetar los derechos humanos. 
Permítame, señor Presidente, que aproveche la ocasión para expresar mi admiración por la gran labor que realiza nuestra colega Elisabeth Rehn. 
Tampoco deben darse fondos de ayuda a los que no demuestren con su actos que han comprendido la necesidad de que los criminales de guerra comparezcan ante un tribunal. 
Debe encerrarse a los responsables de la limpieza étnica, los refugiados deben volver a sus casas, deben establecerse unos medios de comunicación independientes y celebrarse unas elecciones democráticas. 
Debemos construir una estructura sólida post-96 para Bosnia-Herzegovina. 
Señor Presidente, ahora que se ha decidido que las elecciones en Bosnia se celebren en el momento previsto, es importante considerar cómo va el resto del proceso de paz. 
Sin unas garantías permanentes de seguridad en Bosnia y sin el éxito evidente de la reconstrucción, las elecciones tendrán lugar en una especie de vacío social. Como mucho confirmarán las relaciones políticas existentes en Bosnia, que no son óptimas y que sólo mejorarán si el proceso de paz ofrece claras ventajas. 
Asimismo, en este contexto, es preciso apresurarse a dar seguridad sobre la continuación de la presencia internacional en Bosnia, que constituye una base tan fundamental para el intento de recuperación. 
Pueden tenerse dudas sobre lo correcto de la fecha elegida para las elecciones. 
¿Tiene la gente algo que elegir? 
¿Se darán las circunstancias adecuadas en septiembre? 
Pero dado que la comunidad internacional ha decidido que hay que ceñirse al esquema de Dayton, hemos de concentrarnos sobre todo en las circunstancias en Bosnia, y la Unión puede contribuir para que todos tengan oportunidad de manifestarse en las elecciones y durante la campaña. 
Diversos oradores han recalcado la importancia de crear unas circunstancias propicias, libres y justas durante la campaña y durante las elecciones, y en este sentido también es importante prestar más atención al papel de los medios de comunicación libres. 
Asimismo, pensamos que la Unión, junto con otros donantes, tendría que intentar acelerar la recuperación visible de Bosnia. 
Ahora se habla mucho, se preparan muchos planes, pero la gente ve pocos resultados concretos. 
Es preciso conseguir más dinero, es preciso trabajar menos con procedimientos complicados, es preciso destacar más personal local y entregar más rápido el material. 
Hacer ver a la gente en Bosnia que algo está cambiando y que ellos mismos pueden hacer algo al respecto. 
Pienso que la Comisión Europea tiene que ocuparse de que sus oficinas en Bosnia estén equipadas adecuadamente para poder realizar su trabajo de forma eficiente y rápida. 
En este contexto quiero llamar la atención sobre la necesidad de mejorar la coordinación entre las organizaciones internacionales en el lugar. 
En mi reciente visita tuve la impresión de que los asistentes a veces tropiezan entre sí, todo Sarajevo está lleno de landrover bien equipados, y que muchas de las organizaciones funcionan sin coordinación. 
El ponente Titley señala con razón la lentitud con la que se ponen a disposición las ayudas otorgadas. 
También es preciso prestar la debida atención a esta cuestión. 
Si la comunidad internacional quiere que el proceso se ajuste al esquema, tendrá que estar dispuesta a invertir más rápido en la creación de una base material para el progreso político. 
En este sentido, las elecciones son importantes. 
El papel de IFOR en el proceso de paz es importante, pero una recuperación visible, unos resultados visibles de la reconstrucción tienen igual importancia para el éxito de la enorme operación que ha montado la comunidad internacional en Bosnia. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, hemos discutido ahora acerca de cuán difícil es llevar a cabo la ayuda necesaria, de modo que poco tiempo después de todos los horrores de la guerra podamos inspirar a las personas una nueva confianza en que no se encuentran desprotegidos y en que conseguirán echar de nuevo raíces económicas. 
Al mismo tiempo, la Sra. Pack ha aludido con mucho detalle al hecho de que las injusticias y las limpiezas étnicas continúan existiendo sin que la opinión pública se dé por enterada. 
Nosotros, como Unión Europea, somos los únicos que nos atenemos a los compromisos financieros que aceptamos en la conferencia de aportadores. 
Sin embargo, hemos de tener cuidado. 
A las personas que esperan ayuda allí no se les ayuda con reproches, sino que necesitan ayuda financiera y también ayuda psicológica. 
No debemos dejarlos solos ahora, sino que hemos de intentar conjuntamente abrir muchas fuentes de ayuda y mostrar a las personas- no sólo a las que han permanecido allí, sino también a los refugiados, que regresan con vacilaciones- que a la hora de la reconstrucción del país todos tienen que echar una mano. 
No podemos subdividir la población en aquellos que pudieron huir a tiempo y esperan ahora a que avance la reconstrucción para regresar, y aquellos que permanecieron allí y han sufrido; a éstos no podemos decirles «construid» hasta que los otros vean que se puede regresar. 
Veo el dilema, pero conocemos también las consecuencias. 
Sólo se puede decir con seguridad una cosa: hay un largo camino hasta la paz. 
No hemos de ser impacientes y, como Parlamento Europeo, hemos de ayudar a la Comisión y al Consejo, no colmándolos de reproches, sino respondiendo conjuntamente en una situación difícil. 
Se necesita dinero por doquier, pero allí es urgentemente necesario en este momento. 
Por esta razón, incluso en tiempos difíciles hemos de cumplir nuestros compromisos y no debemos negarnos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, he solicitado la palabra por un motivo específico y no para repetir lo manifestado por muchos de mis colegas respecto a nuestro estado de ánimo, las dificultades, las perspectivas, etcétera, sino para volver a plantear la cuestión que tuve ocasión de suscitar en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores con ocasión de la presencia del Comisario Van den Broek, y que se menciona en el informe Mendiluce fugazmente. 
Estoy convencido de que no podemos esperar a que se revisen las perspectivas financieras para elaborar un programa ad hoc destinado a la reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 
Considero que la ayuda, aun siendo muy consistente- y como Unión Europea, no cabe duda de que nos comprometimos muy a fondo- no es suficiente si no se enmarca en el ámbito de un nuevo programa. 
No podemos considerar adecuado lo que estamos haciendo, no ya desde el punto de vista cuantitativo- tras los acontecimientos ocurridos y el final de la guerra fría, acometimos los programas TACIS y PHARE- sino porque tras cuatro años de guerra, es impensable organizar nuestra ayuda para la reconstrucción sin un programa ad hoc y como es debido. 
Esto es fundamental para hacer creíble a la Unión Europea y para fortalecer nuestro derecho de injerencia. 
En otras palabras, no debemos participar en la campaña electoral como observadores, ni como garantes, sino que debemos llegar a ser un elemento fundamental de la misma y decir dos cosas en especial, partiendo de la base de que los órganos que deben hablar no son tan sólo la Comisión y el Consejo, sino todas las Instituciones en su conjunto. 
La primera de ellas es manifestar que nos comprometemos a definir cuanto antes un programa global para la reconstrucción, un programa específico plurianual y renovable. 
La segunda se refiere al hecho de que con toda seguridad nuestra presencia internacional no se limitará al año 1996. 
Desde este punto de vista, la voz de los países y de las instituciones que engloban a dichos países debe ser más firme y decidida. 
Si existen dudas respecto a lo que va a ocurrir una vez terminado el año 1996 y respecto a la presencia de la IFOR en la antigua Yugoslavia y en Bosnia, todo se convierte en más arriesgado y también los compromisos, acertadamente recordados por el Sr. Oostlander y por otros muchos más, de paz con justicia y de puesta a disposición de la justicia de los criminales de guerra, llegarán a ser menos evidentes y seguros y dicha garantía se convertirá quizás en algo hipócrita y desprovista de verdaderos efectos. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera afirmar que la Unión Europea ha sido la primera y la más grande en prestar la ayuda urgente en los países de la antigua Yugoslavia. 
Nosotros estamos in situ y estamos activos, esto es bueno seguramente. 
¿Dónde está, entonces, el problema? 
Los diputados del Parlamento Europeo han dicho desde el principio que con métodos y estrategias tradicionales no se puede ayudar en la reconstrucción a estos países. 
El Informe Giansily pone de relieve que la ayuda actual se nutre de 10 líneas presupuestarias diferentes y esto significa que diversos servicios de la Comisión intentan coordinar con diferentes procedimientos esta ayuda. 
Es preciso tener también esto en cuenta en el contexto de los demás aportadores y de la coordinación de estas ayudas. 
Tengo el temor de que frecuentemente se coordina la ayuda sin considerar a los demás. 
¿Qué es lo que hay que hacer, en mi opinión? 
Necesitamos ampliar las ayudas financieras sobre un fundamento jurídico que es preciso determinar aún, esto ya se ha mencionado. 
La Comisión debe organizar una ayuda eficaz y es preciso acelerar los procedimientos; esto también se ha dicho ya. 
Efectivamente, la actual forma de actuar y el procedimiento que implica el PHARE- y a esto ya hemos aludido varias veces- son inadecuados. 
Imagínense ustedes que con este complicado procedimiento de convocatorias públicas transcurre al menos medio año, por lo general un año, entre la elección del proyecto y la realización del mismo y esto no puede ser una ayuda urgente para la reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 
PHARE se negocia en un juego mutuo con el estado perceptor, con los gobiernos perceptores, cada programa se negocia con los gobiernos. 
En Bosnia-Herzegovina las elecciones están próximas. 
Por consiguiente, el programa PHARE puede ser utilizado como instrumento electoralista por el actual gobierno; esto es cierto tanto de la selección del proyecto como de un eventual aplazamiento de este proyecto. 
Europa ha mirado ya una vez hacia nosotros cuando hubo guerra en esta región. 
Ahora la tierna planta de la paz comienza a desarrollarse y Europa dirige de nuevo su mirada hacia nosotros. 
Por consiguiente, procuremos alimentar esta pequeña planta con lluvia, con lluvia de dinero, de suerte que pueda crecer también. 
Señora Presidenta, un minuto para transmitirle la satisfacción que me producen estos informes, y aprovecho para felicitar a los ponentes, en especial al más político de ellos, el Sr. Mendiluce Pereiro. 
Y ahora, algunos puntos rápidos e implacables: elecciones, sí, porque es mejor tener elecciones que no tenerlas, a condición que estén bien preparadas. 
Aplazarlas una vez más sería un fracaso. 
Es necesario ver las elecciones como un principio, no como una dejación; son necesarias para aumentar la solidaridad. 
En cuanto a los refugiados, es necesario por supuesto garantizar su vuelta, pero no quitárselos de encima ni forzarlos; es importante dejarles abierta la posibilidad de una ayuda, pero también lo es desligar la ayuda humanitaria de la ayuda para la reconstrucción, que puede quedar condicionada principalmente a la detención de los criminales; en otras palabras, debemos ayudar al Tribunal Penal Internacional cuyos medios son limitados. 
Así pues, podemos hacerlo y debemos condicionar esta ayuda. 
Más aún, no debemos actuar con demasiada precipitación y desaparecer después de las elecciones. 
Es necesario preparar el relevo europeo, aun sabiendo que las tropas americanas se irán. 
Es momento para convencerse que después de la salida de las tropas americanas todavía nos necesitarán durante mucho tiempo. 
Nosotros, los europeos, debemos mostrarnos capaces de suplir lo que podría interpretarse, incluso por razones electorales, como un abandono. 
Señora Presidenta, siempre es un placer escuchar las diferentes opiniones. 
Puede ser que no esté de acuerdo con algunas de ellas. Algunos han dicho que los fondos destinados a la ayuda humanitaria deberían destinarse a otros fines. 
No puedo negar que el dinero puede emplearse bien en muchos sitios, y es, como siempre, una cuestión de prioridades. 
No obstante, después de haber visitado la zona y haber visto con mis propios ojos el inmenso sufrimiento humano que hay allí, no me es posible como ser humano hacer otra cosa que tenderles la mano que están pidiendo. 
A mí personalmente me parece que debemos hacer mucho más, aunque ahora al menos se vislumbra un comienzo. 
La reconstrucción de la antigua Yugoslavia es una tarea que debemos comenzar lo antes posible. 
El país no es nada más que un gran montón de escombros. 
No hay agua ni electricidad en la mayor parte de las zonas y lo peor de todo es que muchas zonas están repletas de minas que no distinguen entre la bota de un soldado y los pies de los niños. 
Los refugiados que se encuentran en otros países no desean volver a un país donde no es posible dar un paseo por el campo y donde hay que andar kilómetros para conseguir agua. 
Esta zona tiene que volver a ser habitable para que los refugiados vuelvan. 
Necesitan volver a un futuro. 
Debemos participar en la rehabilitación de todo un país y en la creación de una existencia digna para millones de personas. 
No deben depender de nuestra ayuda en el futuro. 
Nuestra tarea consiste en dar a esta gente la posibilidad de ser autosuficiente y de valerse por sí misma. 
En calidad de vicepresidente de la Comisión de Control Presupuestario estoy preocupado por la gestión de los fondos. 
Las ayudas hacen tanta falta que es un crimen cada vez que un solo ecu desaparece en gestiones innecesarias y falta de cuidado, por no hablar de los casos de fraude evidente. 
En consecuencia, debemos hacer todo lo posible por controlar que las ayudas lleguen a su destino. 
Señora Presidenta, deseo intervenir en este debate partiendo de las conclusiones de la Conferencia de Revisión de la Aplicación de la Paz que se celebró la semana pasada en Florencia y que alcanzó tres importantes resultados. En primer lugar, en Florencia, por primera vez, todas las partes contendientes aceptaron sentarse juntas en la misma sala, debatir entre sí y, por lo tanto, reconocerse mutuamente como interlocutores principales del proceso de paz. 
Puede parecer algo obvio, pero es tan poco obvio que tuvo que ocurrir en Florencia por primera vez. 
Creo que debe considerarse como un hecho políticamente significativo, habida cuenta de que el reconocimiento es el requisito previo de cualquier proceso de paz. 
No existe la posibilidad de dar estabilidad y seguimiento a un acuerdo si las partes que lo adoptan no se reconocen efectiva y mutuamente y no confían en la buena fe y voluntad de paz de las demás. 
El segundo resultado significativo que se alcanzó en Florencia es la fijación del 14 de septiembre como fecha de las elecciones, precedida por una cita muy importante como son las elecciones del 13 de junio en Mostar. 
Si bien es cierto que fijar la fecha no representa de por sí una garantía suficiente de que las elecciones vayan a celebrarse, también es cierto que el hecho de fijar la fecha obliga a todos y debería obligar, antes que a nadie, a las partes en conflicto durante estos años a emplear cualesquiera instrumentos- tanto políticos como legislativos, normativos y operativos- necesarios para que se cumpla el plazo electoral del 14 de septiembre. 
En todo caso, el hecho de haber fijado una fecha insta a la comunidad internacional y, en primer lugar, a la Unión Europea a hacer todo lo posible a fin de que en otoño se pueda votar y dichas elecciones representen un paso esencial para sentar las bases del proceso de paz. 
Tercer resultado: se suscribió, y lo recordaron algunos diputados que intervinieron- el acuerdo sobre el control de los armamentos y de las armas en la región. Un acuerdo que, como sabemos, hace tan sólo unos días no se pudo firmar en Oslo, y que acaba de ser suscrito en Florencia, a pesar de unas laboriosas y largas negociaciones que, sin embargo, tuvieron un resultado positivo. 
Pienso que éste es otro paso esencial y decisivo para que se asiente el proceso de paz. 
Obviamente, resulta evidente lo manifestado aquí por muchos diputados, así como en el informe inicial, o sea que el proceso de paz es largo y difícil. No existe un proceso de paz que sea lineal y cada proceso de paz, sobre todo cuando se inicia tras cuatro años de guerra, de limpieza étnica y de odios consumados y que desembocaron en una situación de incomunicación infranqueable, está claro que corre el riesgo de estancamientos y también de retrocesos. 
Sin embargo, y con toda sinceridad, no creo que el hecho de evidenciar los problemas, las dificultades y las contradicciones no resueltas puede llevarnos simplemente a tomar nota de esto o a sacar, por desgracia, la conclusión de que no sabemos si este proceso de paz llegará a puerto y qué va a pasar. 
Las dificultades, que son muchas, nos obligan, en todo caso, a multiplicar las iniciativas, las intervenciones y la acción para lograr que los obstáculos puedan franquearse. 
Las principales dificultades con las que nos tropezamos ya fueron mencionadas. 
Ciertamente, representan un problema los criminales de guerra que deben ser puestos a disposición de la justicia, y creo que la comunidad internacional tiene que hacer un mayor esfuerzo y tomar una determinación más clara a la hora de entregarlos a la justicia, habida cuenta de que esto puede crear una clima de mayor sosiego a la hora de cumplir las etapas ya previstas, incluyendo las elecciones del 14 de septiembre. 
No cabe duda de que el regreso de los desplazados a sus lugares de origen, a sus pueblos, y tal como dice el acuerdo de Dayton con una bonita y algo enfática expresión «a sus hogares» , es un problema todavía pendiente de solución. 
Es complejo hablar del retorno de los refugiados, habida cuenta de que cuatro años de limpieza étnica destruyeron los supuestos psicológicos y culturales para facilitar dicho regreso. 
No obstante, no hay que darse por vencidos y, por lo tanto, debe acometerse gradual y pacientemente una acción que logre hacer regresar a los desplazados a sus hogares de origen, ya que esto significaría que la etapa de la limpieza étnica se ha superado definitivamente y pertenece a un pasado que no queremos que vuelva jamás. 
Tampoco cabe duda de que es fundamental- como manifestaron muchos diputados al concentrar sus intervenciones en este punto- acelerar las labores de reconstrucción. 
A tenor de la verdad, y según lo manifestado por algunos diputados, no se trata de un problema de cantidad de recursos financieros, pues, estos existen y son copiosos y significativos. Lo que falta o sufre un retraso es la capacidad de gasto y operativa, el empleo de todos los instrumentos operativos capaces de utilizar dichos recursos y de conseguir el máximo de eficacia en términos de reconstrucción. 
Por consiguiente, estimo que la Unión Europea debe impulsar una acción que permita superar los retrasos y elaborar todos los instrumentos necesarios para lograr la máxima eficacia con relación al empleo y destino de los recursos puestos a disposición. 
Evidentemente, y éste es un aspecto político muy importante, creo que cuando se habla de reconstrucción hay que entender que la misma no es sólo algo técnico y no se trata de asignar importes para gastar y realizar proyectos para reconstruir lo que la guerra destruyó. 
Reconstruir significa volver a sentar las bases de la convivencia, del reconocimiento mutuo, de la confianza recíproca que, hoy por hoy, no existen y hay que reconstruir, así como es preciso reconstruir los principios de una cooperación y de una creciente interdependencia. 
A la hora de hacer hincapié en esto, no existe ninguna nostalgia yugoslavista, pues la antigua Yugoslavia ya no existe y quienquiera que desee resucitarla está destinado al fracaso. 
Sin embargo, ello no implica en absoluto reconocer que la paz podrá ser estable y duradera sólo si se reconstruye un marco de cooperación e interdependencia entre los países que nacieron a raíz de la disolución de la antigua Yugoslavia. 
En consecuencia, y desde este punto de vista, deseo destacar la importancia de que la tarea de reconstrucción, así como toda la estrategia de la Unión Europea respecto a la antigua Yugoslavia y a las repúblicas nacidas a raíz de su disolución, se caracterice por un enfoque regional, es decir, capaz de poner a disposición de todos los países de la región los instrumentos financieros, políticos y operativos necesarios para que aumente la cooperación recíproca, un enfoque regional que se proponga el objetivo de crear las condiciones para una estabilidad basada en el crecimiento y desarrollo de todos los países de dicha región y en el reconocimiento de los principios democráticos y del Estado de Derecho, y de los valores de las sociedades libres y de mercado en toda la zona balcánica. 
Por ello, considero que revisten gran importancia las decisiones adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales en su última reunión de Luxemburgo de hace unas semanas y creo que ésta es la prueba más evidente de la voluntad de la Unión Europea de actuar con fuerza y determinación para asentar el proceso de paz y contribuir a que se convierta cada vez más en un proceso irreversible. 
En otros términos, me parece que hoy a Europa, a la Unión Europea se le ofrece la gran oportunidad de demostrar, tal como se está haciendo, que la Unión Europea puede, si quiere, llevar a cabo una acción y una estrategia que le permitan salir de la afasia e impotencia con la que al principio de esta tragedia se quedó mirando pasivamente el incendio balcánico. 
Señora Presidenta, me complace poder hablar esta tarde, en nombre de la Comisión, de la situación en la antigua Yugoslavia sobre la base de cuatro informes realmente muy bien documentados, elaborados por los Sres. Mendiluce, Titley, Giansily y Alavanos. 
Quiero felicitar a los ponentes, y a quienes han colaborado con ellos, por la claridad y profundidad con la que los cuatro informes han tratado las cuestiones esenciales. Las cuestiones esenciales que en estos momentos nos ocupan en el proceso de paz en Yugoslavia. 
Acabamos de superar los primeros seis meses del período de aplicación, y los próximos meses dejarán claro si la paz pisa tierra firme. 
La semana pasada, en Florencia, examinamos la actual situación en el marco del Peace Implementation Council, el PIC, como lo llamaré de ahora en adelante. 
El próximo viernes y sábado se hablará de la antigua Yugoslavia durante el Consejo Europeo en Florencia, y también es un punto importante del orden del día durante el G7/8 en Lyon. 
Gracias a los enormes esfuerzos de la comunidad internacional, entre los que cabe mencionar naturalmente la IFOR, pero también al alto representante Carl Bildt y su equipo, las Naciones Unidas, la OSCE, la Unión Europea, las entidades financieras internacionales, gracias a este enorme esfuerzo internacional, se ha podido iniciar la realización de las condiciones militares y civiles del acuerdo de Dayton. 
Mientras tanto, y lo acaba de decir el Secretario de Estado, en Florencia, en el último momento, se ha logrado el acuerdo de control de armamento con el que de hecho se ha dado una respuesta a la pregunta formulada sobre los posibles efectos negativos del levantamiento del embargo de armas del que se está hablando ahora- creo que la Sra. Aelvoet se ha referido a ello -; esperamos que, en cualquier caso, el acuerdo de control de armamento mantenga estable esta situación. 
He de señalar que la Unión Europea también ha adoptado una posición común de no enviar armas a Bosnia mientras siga estando presente la IFOR. 
Como ya he dicho, el esfuerzo es enorme, pero todavía falta mucho camino por recorrer. 
Sin duda, las armas están calladas, pero aún nos falta mucho para llegar a lo que llamamos una Bosnia-Herzegovina democrática y pluralista. 
También la Sra. Ogata, Alta Comisaria para los Refugiados, se ha referido a la situación de «sin guerra, pero sin paz». 
El Sr. Alavanos ha hablado al respecto. 
El regreso de los refugiados transcurre en condiciones extremadamente difíciles, siendo el principal motivo la falta de libertad de movimientos y la falta de confianza entre los refugiados en la seguridad a su regreso. 
El miedo, la desconfianza y el nacionalismo refuerzan la tendencia a una división completa entre la Federación y la República Serbia, e igualmente en la Federación musulmana-croata, que carece de suficiente cohesión. 
El reciente anuncio de la formación de un denominado gobierno bosnio/croata supone un fuerte retroceso y ha de condenarse duramente. 
A través del embajador de Croacia en Bruselas he hecho un llamamiento al presidente Tudjman para que ayude a subsanar esta grave violación de Dayton. 
En otros lugares se siguen violando a gran escala los derechos humanos. 
La libertad de prensa existe sólo de forma marginal. 
Las anteriores partes del conflicto se encuentran ante una elección existencial. Tomarse en serio el proceso de paz y reconciliación o caer de nuevo en la guerra y en la miseria más profunda. 
Pero bajo ningún concepto puede dejarse esta elección a quienes son sospechosos de haber cometido crímenes de guerra. 
En este contexto, la continua presencia de Karadzic y Mladic supone una amenaza para todo el proceso de paz. 
Me sumo a lo que han dicho los diferentes portavoces esta tarde al respecto, y lo que ha señalado el Sr. Mendiluce en su informe. 
Pero eliminar políticamente sólo puede lograrse entregándolos realmente al Tribunal de La Haya. 
Pienso que es de ilusos pensar que se abstendrán de ejercer una actividad política mientras sigan en la República Serbia. 
Es preciso cumplir incondicionalmente las estipulaciones de Dayton sobre la persecución de los crímenes de guerra. 
Acabamos de enterarnos de que la República Serbia ha creado un propio tribunal de guerra para juzgar a los sospechosos de crímenes de guerra. 
Me parece de ilusos creer que un tribunal de guerra creado por la República Serbia pueda asumir las competencias del Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya. 
A este respecto, estamos convencidos de que la obligación de cooperar con el Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya sigue igualmente en vigor. 
El informe Alavanos formula con razón la pregunta de cómo puede pedirse a los refugiados que regresen a la región en la que fue asesinada su familia, en la que los violadores siguen libres y en la que la gestión está en manos de sus antiguos agresores. 
A fin de cuentas, no existe mayor incitación para repetir semejantes crímenes que saber que se pueden cometer impunemente. 
Por algo, en las conclusiones del PIC se ha amenazado con la posibilidad de introducir de nuevo sanciones económicas y se recuerda de nuevo la condicionalidad- una cuestión que también aborda el Sr. Giansily- de la ayuda a la reconstrucción, y en la que se tratan asuntos como la obligación de cooperar con el Tribunal de Crímenes de Guerra, el respeto de los derechos y libertades fundamentales; pero también una forma de autonomía para Kosovo es una condición de la ayuda que se concede. 
Recalco el incentivo en el informe del Sr. Mendiluce de que los diferentes donantes internacionales interpreten la condicionalidad conformemente y también la apliquen armónicamente. 
De lo contrario, la condicionalidad no será más que papel mojado. 
Es sobre este complicado fondo político que la comunidad internacional intenta organizar el regreso de los refugiados, preparar las elecciones y llevar a cabo la reconstrucción. 
Los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea contribuyen como pueden a estos esfuerzos. 
ECHO es uno de los principales donantes del Alto Comisariado para los Refugiados. 
Y no sólo por lo que respecta a la ayuda a los refugiados que regresan a sus casas, sino también en el ámbito de la ayuda estrictamente humanitaria que, como es sabido, se concede sin ningún tipo de condiciones. 
La semana pasada, la Comisaria Bonino nos informó extensamente al respecto durante el PIC de Florencia. 
En 1996 se dedicarán cerca de 200 millones de ecus a la ayuda humanitaria para la antigua Yugoslavia. 
Los actuales recursos son insuficientes, y por ello, a corto plazo, la Comisión tendrá que pedir ayuda al Parlamento para recurrir a la reserva. 
Los Estados miembros y la Comisión han ayudado considerablemente a la OSCE para poder preparar las elecciones. 
Se está realizando un esfuerzo adicional- y se lo digo expresamente al Sr. Oostlander- a favor de los medios de comunicación independientes. Junto con el Alto Representante, se trabaja para crear una emisora de televisión independiente. 
El PIC fue unánime en cuanto a que había que intentar celebrar las elecciones de acuerdo con el plan de Dayton. 
Es decir, como máximo el próximo 14 de septiembre, y nos complace, señora Presidenta, que también el Parlamento opte por celebrar las elecciones ante el dilema que se presenta entre una situación imperfecta en la que han de celebrarse las elecciones y la celebración pese a todo de las elecciones para poder crear una estructura federal constitucional para Bosnia. 
Las circunstancias no son óptimas y los esfuerzos serán duros. 
En este sentido, quiero condenar duramente los malos tratos al ex primer ministro de Bosnia-Herzegovina, el Sr. Silajdzic, durante una reunión electoral en Kazin, donde tenía previsto lanzar su propio partido político, el Partido para Bosnia-Herzegovina. 
El hecho de que los malos tratos fueran infligidos por otros musulmanes no hace más que aumentar nuestra preocupación. 
Desde este lugar quiero desearle una pronta recuperación. 
Señora Presidenta, como ya he dicho, el aplazamiento de las elecciones significaría un refuerzo de las actuales tendencias nacionalistas y separatistas, y la falta de un marco constitucional, concretamente a nivel federal. 
Es muy necesario organizar bien la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina. 
Para ello hacen falta estructuras, también del lado receptor. 
Además, la estructura federal tiene que ayudar a garantizar la cohesión y la integridad de Bosnia-Herzegovina. 
Como es sabido, la Comisión ha estado implicada desde el principio en toda la reconstrucción. 
Junto con el Banco Mundial se convocaron dos logradas conferencias de donantes, que tuvieron como resultado la promesa de 1, 8 millardos de dólares para 1996. 
Se estima que a finales de 1996, el importe de desembolsos reales habrá ascendido hasta unos 800 millones de dólares. 
En el informe conjunto que han elaborado la Comisión Europea y el Banco Mundial, y que también se explicó en el PIC de la semana pasada, se hacen importantes recomendaciones, como una mejor coordinación entre los donantes y un ajuste de los proyectos. Se aboga por una mejora en la estructura interna del lado receptor, de Bosnia-Herzegovina. 
Ya me he referido a ello antes. 
La reconstrucción tiene que ajustarse a proyectos que puedan facilitar el regreso de los refugiados. 
El apoyo financiero tiene que estar disponible rápidamente- algo que ya se ha observado hoy -, y la reconstrucción tiene que concentrarse más en los sectores que se consideran prioritarios, como el transporte, la energía, las telecomunicaciones, la vivienda y, no lo olvidemos, todo lo que pueda crear empleo. 
Naturalmente, la reconstrucción no puede ir suficientemente rápida para la castigada población de BosniaHerzegovina, y sólo surtirá efecto si se obtienen pronto resultados visibles. Por ello, como dice muy acertadamente en su informe el Sr. Titley, es necesaria una buena coordinación. 
También comprendo la impaciencia que se manifiesta aquí. 
Por otra parte, quiero señalar- y ruego a la Sra. Müller que me escuche atentamente- que las condiciones de trabajo políticas y prácticas no son en absoluto sencillas. 
Con las autoridades bosnias hay que llegar a un acuerdo sobre la selección de proyectos, un proceso que no siempre es rápido. 
No hay que olvidar que se trata del gasto de recursos públicos, con las condiciones financieras correspondientes, y una obligación de rendir cuentas, que por lo que respecta a la Comisión tiene con el Parlamento, los Estados miembros y el Tribunal de Cuentas. 
Se tiene que seguir el procedimiento de licitación, lo cual a veces puede provocar retrasos. 
Por ello es casi inevitable que en la fase inicial los gastos sean limitados. 
Le estoy muy agradecido al Sr. Titley por haber señalado también estos problemas. 
Ello no quita que la Comisión Europea seguirá poniendo todo de su parte por aumentar en lo posible el ritmo de gasto. 
Señora Presidenta, para que el esfuerzo de reconstrucción tenga éxito es necesario un clima político estable. 
En este contexto hemos de darnos cuenta de que hasta ahora la comunidad internacional de donantes sólo ha puesto a disposición los medios financieros para la contratación y el gasto en 1996. 
En respuesta a la observación del Sr. Imbeni, quisiera decir que la comunidad internacional de donantes sólo estará dispuesta a continuar el esfuerzo de reconstrucción en los próximos años, y para ello pedir apoyo político y público, si se pone de manifiesto que las antiguas partes del conflicto hacen todo lo posible por controlar el proceso de paz y llevarlo a buen puerto. 
Se trata ante todo de su pueblo, su país, su futuro y su paz. 
Una paz que no vive en los corazones de la población no puede ser nunca una paz duradera. 
Dicho esto, el Sr. Imbeni puede saber que en realidad sólo la Comisión Europea y el Banco Mundial han hecho promesas, de hecho promesas de principio, a largo plazo, aunque hay que tener en cuenta que la autoridad presupuestaria todavía ha de dar su conformidad. 
Finalmente, la Unión Europea ha indicado que a lo largo de los próximos 4 años pondrá a disposición cerca de 1 millardo de ecus. 
El Banco Mundial ha mencionado también una cantidad. 
Es preciso organizar una conferencia de donantes, seguramente este otoño, para garantizar la financiación para el año 1997. 
En lo que a esto respecta, consideramos que después de 1996, la situación no habrá acabado para nosotros, que nuestros esfuerzos tienen que continuar. 
Como saben ustedes, se está realizando un intercambio de ideas sobre la seguridad sobre el terreno, y la posible continuación de la presencia militar, en la forma que sea, también dentro de la OTAN y en diversos foros. 
No se han tomado decisiones al respecto, pero naturalmente el esfuerzo de reconstrucción y rehabilitación sólo podrá tener lugar en 1997 si se puede garantizar suficientemente la seguridad sobre el terreno. 
Señora Presidenta, sobre la contribución de la Comisión a través del presupuesto comunitario quiero decir lo siguiente. 
Como es sabido, nuestro apoyo pasa casi exclusivamente a través del programa PHARE y con cargo a tres líneas presupuestarias concretas. 
Es algo que se ha indicado esta tarde en el Parlamento. 
Recientemente les ha sido enviada la propuesta de reglamento que tiene que servir de base legal para el gasto de estas tres partidas presupuestarias. 
Tengo entendido que se está considerando seriamente. 
Dada la insistencia con la que se ha exigido un gasto rápido para la reconstrucción, espero que el Parlamento podrá formarse un juicio rápidamente. 
La primera parte de la ayuda del programa PHARE, de 62, 5 millones de ecus, se está ejecutando ahora. 
Entre tanto, se ha llegado a un acuerdo con las autoridades bosnias sobre la segunda parte, de otros 62, 5 millones de ecus, cuyo desembolso se iniciará en julio; pero esperamos que también esta segunda parte se invierta por completo en 1996. 
Para las demás líneas presupuestarias, como Europa para Sarajevo, 53 millones de ecus, hay proyectos por valor de 16, 5 millones, entre otras cosas para la rehabilitación de los barrios periféricos de Sarajevo, la reconstrucción de la escuela técnica y otras cuestiones prioritarias. 
Señora Presidenta, debido al poco tiempo que me queda, no entraré en detalles. 
Quisiera finalizar diciendo que la contribución total procedente del presupuesto comunitario para 1996 es de cerca de 277 millones de ecus, distribuidos en el programa PHARE, el programa essential aid, las tres líneas presupuestarias específicas a las que nos hemos referido, un importe para retirar las minas- algo que también se ha solicitado encarecidamente esta tarde, con razón -, un importe para la preparación de las elecciones por parte de los medios de comunicación, también solicitado esta tarde, y naturalmente un importe para Mostar; por ahora dejaré de lado otros detalles. 
Estaré encantado de seguir la sugerencia del Sr. Giansily de informar regularmente sobre los progresos de la ayuda. 
Como es sabido, todo ello está al margen de la ayuda humanitaria, que en 1996 ascenderá a unos 470 millones de ecus. 
Todo este esfuerzo está centrado a consolidar la paz, reactivar la economía y fomentar la estabilidad en toda la región. 
Por último, la Presidencia italiana y el Presidente Santer realizaron hace poco una viaje por las repúblicas de la antigua Yugoslavia, y el Secretario de Estado ya ha hablado sobre el enfoque regional seguido. 
En dicha ocasión se propuso a todas las partes la posibilidad de establecer unas relaciones más estrechas con la Unión, con la condición expresa de que se respetaran totalmente los acuerdos de Dayton, que se respetaran también los derechos y libertades fundamentales, y concretamente los derechos de las minorías, y además que los países normalizaran sus relaciones políticas y económicas, teniendo presente la intensificación y liberalización de sus relaciones comerciales. 
Señora Presidenta, Bosnia-Herzegovina se encuentra todavía en la unidad de cuidados intensivos. 
Como ya he dicho, los esfuerzos internacionales tendrán que proseguir después de 1996. 
Repito que la responsabilidad sobre el destino de la paz, el pueblo y el país de Bosnia-Herzegovina está ante todo en manos de los líderes y de las personas que trabajan sobre el terreno para conseguir la paz. 
Nosotros no podemos hacer más que apoyar estar responsabilidad. Lo haremos, pero no podemos asumirla. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Asistencia a los NEI y a Mongolia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0202/96) del Sr. Pex, en nombre de la Comisión de Relaciones económicas Exteriores, sobre los resultados del procedimiento de concertación previsto por la declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de 4 de marzo de 1975, sobre la orientación común establecida por el Consejo con vistas a la adopción de un reglamento (Euratom, CE) del Consejo (COM (95) 0012- C4-0242/95-4546/96- C4-0090/96- COM (96) 213-95/0056 (CNS) ) relativo a la concesión de la asistencia a los Nuevos Estados Independientes y a Mongolia en su esfuerzo de reforma y recuperación económicas. 
Señora Presidenta, por tercera vez hablo como ponente sobre TACIS en esta sala, y ahora en presencia del Consejo de Ministros. 
Antes de empezar, quiero rogar al Consejo que conteste a las preguntas y observaciones que se hagan en este debate, pues es algo que todavía no ha hecho, por lo menos, en lo que respecta a TACIS. 
Si el Consejo no reacciona, como ha hecho otras veces, lo consideraré como una ofensa pública al Parlamento. 
Seis meses después de que el antiguo reglamento de TACIS haya expirado, todavía no hay uno nuevo. 
El Consejo no pudo tomar una decisión en el momento en que era necesario. 
Con el aplazamiento de la toma de decisiones, el Consejo ha caído en la trampa de la enfermedad de las vacas locas. 
Un veto británico bloquea ahora TACIS, una forma escandalosa de chantaje a costa de los rusos y de otros pueblos de los Estados de la CEI, y eso a pocos días de las elecciones en Rusia. 
Ahora TACIS va a tener problemas. 
Todos los Estados miembros de la Unión Europea repiten una y otra vez que la relación entre la Unión Europea y la CEI es muy importante y que es preciso apoyar a la CEI. 
Pero cuando se trata de acciones, por ejemplo de continuar los proyectos TACIS, el Consejo no sabe o no contesta. 
El Parlamento Europeo ha reaccionado dos veces a tiempo, a la propuesta de la Comisión Europea del 16 de noviembre de 1995 y a la propuesta del Consejo del 19 de abril de 1996. 
En este período de quince meses, después de que la Comisión Europea presentara una propuesta, el Consejo no ha entablado contacto ni una sola vez con el Parlamento Europeo o con su ponente para debatir los diferentes puntos de vista en torno al reglamento TACIS. 
El 14 de mayo de 1996, el Consejo pidió la conciliación, además con urgencia. 
Al Consejo le costó más de un mes pedir la conciliación. 
El Consejo se atreve a exigir una declaración antes del 6 de junio, cuando el procedimiento normal tarda 6 meses. 
¿Qué significa la palabra conciliación en los diferentes idiomas? 
¿Qué significa conciliación en italiano, señor Presidente del Consejo? 
Yo creía que significaba conciliarse, es decir, hablar para ver si se puede llegar a un acuerdo sobre determinadas cuestiones. 
¿Valía la pena buscar un acuerdo entre el Consejo y el PE? 
El Parlamento Europeo ha presentado 36 enmiendas, de las cuales la Comisión Europea ha aceptado 27, lo cual indica que la Comisión Europea considera importantes las enmiendas del PE. 
¿Podría el señor Comisario decirnos algo al respecto? 
¿De qué tratan las enmiendas? 
En primer lugar, hay una serie de enmiendas en favor de que el Parlamento adquiera más control sobre los gastos. 
El Parlamento tiene competencia presupuestaria, es lógico que el Parlamento Europeo quiera controlar bien esta enorme cantidad de dinero. 
¿Por qué no quiere el Consejo adoptar ninguna enmienda al respecto? 
¿Por qué no quiere ni siquiera debatirlo? 
Una segunda serie de enmiendas tenían que ver con la gestión, concretamente la gestión del Consejo a través de los comités de gestión. 
Es la principal discrepancia entre el Consejo y el Parlamento. 
En mi opinión, la gestión a través de los comités de gestión del Consejo es la principal causa de que las cosas vayan mal con el programa TACIS. 
Naturalmente, el Consejo puede tener otra opinión al respecto, pero vale la pena debatir sobre el tema con el Parlamento, ¿no es cierto, señor Presidente del Consejo? 
Si el Consejo no quiere aceptar estas enmiendas, asumirá la responsabilidad en los próximos años sobre el posible fracaso del procedimiento TACIS. 
Una tercera serie de enmiendas tenía que ver con la mejora de los procedimientos de licitación, uno de los principales problemas del retraso de los proyectos. 
El modo en que el Consejo trata al PE es inadmisible. 
El programa TACIS, señor Presidente del Consejo, incluye cursos de formación democrática para los rusos. 
Según los sabios de la Unión Europea, los rusos tienen que aprender a manejar la democracia. 
Quizás no esté de más que los miembros del Consejo de Ministros también sigan un curso de reciclaje en la aplicación correcta de los principios básicos de la democracia parlamentaria. 
En cierto sentido, señora Presidenta, el chantaje del Reino Unido ha sido blessing in disguise. 
El Consejo ha ganado tiempo, tiempo para volver a iniciar un procedimiento de conciliación con el Parlamento Europeo. 
Reto al Consejo a que lo utilice y reconozca y enmiende sus errores. 
Señora Presidenta, mi informe es breve, pero espero que enérgico. 
Constatamos que, en realidad, el procedimiento de conciliación no ha tenido lugar y no se ha completado. 
No se han cumplido los acuerdos del 4 de marzo de 1975 entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, que además están vinculados al Tratado. 
Constato que hay suficiente tiempo para volver a empezar el procedimiento de conciliación. 
Estoy dispuesto a ello. 
Me parece imperativo que nos ocupemos de que antes del 1 de julio haya un reglamento TACIS, para que los proyectos TACIS que consideramos tan importantes no se queden estancados. 
Señora Presidenta, estamos viviendo estos días momentos verdaderamente históricos. 
En Rusia se ha celebrado la primera vuelta de las primeras elecciones democráticas de su historia, y nos encontramos a la espera de que se celebre la segunda vuelta. 
Todos deseamos el avance del proceso democrático en Rusia y el resto de los países de la CEI, razón por la cual la adopción de este reglamento constituye un asunto de la mayor importancia; este reglamento reviste también una especial significación por el hecho de que permite impulsar la estabilidad y asegurar su mantenimiento en las regiones vecinas. 
En la práctica, el instrumento con el que contamos para llevar a cabo esta tarea es el programa TACIS, cuyo desarrollo y mejor aplicación práctica centran ahora el debate sobre la modificación de su reglamento. 
La lentitud con la que el Consejo ha examinado la modificación del reglamento del programa TACIS es inexcusable: el anterior reglamento expiró a principios del presente año y todavía no se ha logrado que entre en vigor el nuevo reglamento. 
En su lugar, el Parlamento Europeo ha actuado respetando el calendario establecido y ha elaborado un informe propio, excelente en su contenido, cuyas propuestas no han sido en absoluto tomadas en cuenta por parte del Consejo. 
Resulta difícil comprender los motivos de tal actitud, habida cuenta de que las modificaciones presentadas por el Parlamento respondían precisamente a aquellos defectos de aplicación de los que se ha acusado al programa TACIS, es decir, la falta de transparencia y de eficacia. 
No obstante, la rápida aprobación del programa TACIS se presenta indispensable, por lo que también el Parlamento Europeo deberá concentrar sus esfuerzos para que así ocurra. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Pex tanto por su intervención como por el informe que ha elaborado. 
Igualmente, los recursos que han sido asignados con cargo al presupuesto al programa TACIS deberán utilizarse de manera eficaz en programas encaminados a asegurar un mayor grado de democracia, estabilidad e igualdad social, sin olvidar que la aplicación de estos programas deberá llevarse a cabo en colaboración con las autoridades regionales de Rusia y el resto de países de la CEI. 
Se debería prescindir del papel centralizador que ostenta en la actualidad Moscú y desplazar en mayor medida tanto la planificación como la aplicación de los diversos programas hacia aquellas regiones donde se lleven a cabo en la práctica. 
Desearía aún resaltar que este reglamento TACIS deberá asegurar la aplicación conjunta de este programa y del programa Interreg en las regiones fronterizas. 
A este respecto, desearía preguntar al señor Comisario a qué se debe que no se haya aún hecho uso de los 30 millones de ecus aprobados por el Parlamento Europeo este año con cargo al presupuesto con el objetivo de fomentar la cooperación transfronteriza en estas regiones. 
Señora Presidenta, quiero expresar mi disgusto en nombre de la delegación parlamentaria y de la comisión parlamentaria competente, la Comisión REX. 
Este disgusto tiene dos aspecto claros. 
En primer lugar, el procedimiento seguido por el Consejo, y en segundo lugar la actitud del Consejo durante esta supuesta consulta. 
El enfoque del Consejo es a mi entender totalmente inaceptable. 
Sólo un número limitado de Estados miembros estaba representado. 
La representación de los Estados miembros presentes no pudo ni quiso tomar ninguna posición vinculante a nivel político. 
Sin ninguna justificación, el Consejo fijó un plazo muy breve para el Parlamento, el mismo Consejo que dejó pasar semanas y meses antes de consultar al Parlamento. 
Lo peor fue y es la actitud del Consejo durante el procedimiento de consulta. 
Ya antes de tener lugar, corría el rumor de que, fuera como fuese, el Consejo no aceptaría ninguna enmienda votada por el Parlamento, ni siquiera las aceptadas por la Comisión, y ni siquiera la debatiría. 
Este rumor se confirmó al iniciarse el procedimiento de consulta por parte del presidente en funciones del Consejo, el Embajador Sr. Cavacini. 
Después de largas y difíciles negociaciones, el Consejo ha logrado un compromiso, en el que ya nada podía cambiarse. 
Semejante actitud es la misma negación del procedimiento de consulta. 
Para qué sirve semejante procedimiento. El Consejo lo ha convertido en una broma, un joke, y de hecho ha ofendido al Parlamento. 
No podemos aceptar algo así. 
Sobre todo porque semejante actitud del Consejo plantea al Parlamento una especie de problema de conciencia, dada la comprensible y prioritaria preocupación que sentimos por los países implicados y su población. 
El Consejo apuesta claramente por ello, y nos ofende. 
El procedimiento de consulta, señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, en tales circunstancias no tiene sentido. 
Si el Consejo no quiere o no puede trabajar seriamente con el Parlamento, no quiere tener en cuenta para nada la opinión de los diputados, tendrá que reconsiderarse todo el procedimiento de consulta. 
la crítica que se formula en el informe al Consejo, que no ha aprovechado las posibilidades de acuerdo con el Parlamento ha sido interpretada suficientemente y yo comparto plenamente esta crítica. 
Sin embargo, más importante que una disputa sobre el procedimiento me parece la afirmación de que el apoyo a los Nuevos Estados Independientes sólo será eficaz si ésta se concentra en la reconversión de la Administración pública en una prestación eficiente de servicios, en que comience a funcionar el sistema bancario de allí y en reforzar las pequeñas y medianas estructuras. 
Para conseguir esto, es oportuna la colaboración de los Estados miembros en la realización de las medidas pues los países perceptores de la ayuda muestran condiciones diversas para los programas de apoyo y, por consiguiente, todos los Estados miembros pueden aportar con provecho sus experiencias. 
No sólo el Parlamento, sino, sobre todo, el Consejo, deben ser conscientes de que no sólo es necesario el programa TACIS, sino que es necesario también un reforzamiento del control de la ejecución de las medidas de apoyo. 
Señor Presidente, mis predecesores en el uso de la palabra han aludido a puntos esenciales. 
Quisiera subrayar una vez más algunos aspectos. 
Si iniciamos un procedimiento como el procedimiento de concertación, entonces este procedimiento debe tener un sentido. 
Somos una institución en el seno de la Unión Europea, la cual consta de tres conglomerados, en concreto, la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
Pero si institucionalizamos semejante procedimiento, no importa en qué forma y ni con qué laxitud, entonces ha de tener una justificación. El Sr. De Clercq ha aludido ya a ello. 
Es vergonzoso ver cómo ustedes tratan con nosotros y cómo todos nosotros nos tratamos mutuamente de manera indirecta. 
Les ruego una cosa: dejen a este procedimiento el carácter serio que básicamente debería tener y entremos en negociaciones razonables. 
Nosotros hemos hecho 36 propuestas, 27 han sido aceptadas por la Comisión. 
Quizá acepten ustedes solamente 6 de estas propuestas, pero hablemos, por favor, sobre las 6, o las 5, o las 10, o sobre cuantas ustedes quieran. 
Y no vengan ustedes como en el procedimiento de concertación que tuvimos, y preséntennos las propuestas que ustedes no quieran aceptar. 
Queremos oír las que ustedes están dispuestos a aceptar. 
Luego podremos hablar sobre ellas. 
Sólo entonces- les ruego que reflexionen realmente sobre esto- será posible transmitir mejor a la opinión pública el trabajo de las instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. 
Debemos presentar nuestro trabajo como una cooperación seria aunque de vez en cuando ésta sea meramente simbólica. 
Pero los símbolos tienen, como sabemos, su carácter serio. 
Iniciemos una vez más negociaciones. 
Preséntennos las propuestas que ustedes pueden aceptar y encontrarán en el Parlamento los oídos abiertos, y en la comisión siempre, esto lo saben ustedes. 
Intentemos llegar a un resultado serio. 
Me consta que el Parlamento siente cierta insatisfacción y también irritación hacia el Consejo. 
No me queda más que iniciar mi intervención usando una famosa frase de Bernadotte, o sea diciendo que soy consciente que todo está en mi contra menos su personal amabilidad. 
Lo sucedido con respecto al reglamento TACIS fue, de hecho, algo complejo y laborioso, pues, fue muy difícil armonizar plenamente un procedimiento transparente y que supuso la plena implicación de todas las instancias institucionales en la adopción del reglamento en sí, y la definición del reglamento dentro de unos plazos suficientemente cortos. 
Deseo recordar que la prueba de lo que acabo de manifestar está en el hecho de que el reglamento TACIS se debatió a partir del mes de abril de 1995 y que su definición involucró a tres Presidencias del Consejo. Esto indica la complejidad de las decisiones que debían adoptarse. 
Por otra parte, es también evidente para sus Señorías que la adopción de este reglamento reviste una importancia extraordinaria para esa acción de consolidación de la transición democrática en Rusia que todos consideramos un factor fundamental para la estabilidad y seguridad no sólo de dicho país, sino de toda Europa y de todo el planeta. 
A finales de 1995, como ustedes recordarán, se produjo un situación de estancamiento porque, tanto el Consejo como el Parlamento formularon una serie de propuestas cuya concertación se consideró difícil por lo que se empezó a trabajar en torno a un texto de compromiso, cuya última redacción se remonta al pasado 29 de mayo. 
No cabe duda de que el texto respecto al cual el Consejo se pronunció favorablemente, es un texto que tiene en cuenta las opiniones y las indicaciones del Consejo mientras que, por el contrario, tiene escasamente en cuenta las propuestas del Parlamento, ya que el intento de compromiso y de consenso pareció muy difícil. 
Ante las dificultades que siguieron apareciendo y ante las nuevas propuestas de modificación presentadas, el Consejo decidió volver a consultar al Parlamento y, como saben ustedes, en marzo pedimos el dictamen del Parlamento con arreglo al procedimiento de urgencia. 
El 19 de abril, el Parlamento Europeo propuso 36 nuevas enmiendas, que modificaban de forma sustancial el texto adoptado por el Consejo en el pasado mes de enero. 
Ante esta situación y ante el hecho de que aceptar dichas enmiendas habría significado revisar de nuevo todo el reglamento, así como volver a debatir su estructura y planteamiento y, por consiguiente, acudir nuevamente a un procedimiento de consulta y de decisión muy dilatado que habría alejado y reducido todavía más la posibilidad de aplicar el reglamento TACIS, el Consejo consideró que no podía acoger dichas enmiendas. 
Adoptó esta decisión con pesar y, en este caso, consciente de que sacrificaba la fundamental y legítima exigencia del Parlamento de contribuir a la modificación de este reglamento, en beneficio de una prioridad de carácter político como es la de cerrar definitivamente todos los procedimientos de consulta de este reglamento para permitir su entrada en vigor cuanto antes, y consciente también de que el equilibrio alcanzado con el compromiso en enero pasado, era de por sí un punto de equilibrio muy frágil y que someterlo a un debate, en todo o en parte, hubiera significado hallar muy difícilmente otro punto de equilibrio y de consenso. 
Ésta es la razón por la cual reafirmamos el texto resultante en virtud del compromiso de enero de 1996, repito, absolutamente conscientes de que esta decisión se deriva, en primer lugar, de una votación por motivos de urgencia, a fin de lograr que el reglamento TACIS sea operativo y, en consecuencia, pueda lograr los beneficios que todos deseamos. 
Es evidente que esto no suaviza el hecho de que, en este caso, la relación entre el Consejo y el Parlamento fue una relación difícil y compleja, que se sacrificaron unas propuestas legítimas y unas razones fundadas. 
Sin embargo, existe, repito, un motivo de orden político, de urgencia y de prioridad que prevaleció sobre esas exigencias y valoraciones. 
Por otra parte, los acontecimientos del proceso político en Rusia en los últimos meses y en las últimas semanas y la delicadeza del proceso electoral en curso y que todos deseamos que siga avanzando tan positivamente como hasta ahora, en base a lo sucedido en la primera vuelta de la elecciones de hace unos días, sugieren que la Unión Europea abandone la etapa de debate y de elaboración procedimental de este instrumento, a fin de el mismo llegue a ser plenamente operativo. 
Muchas gracias, señor Fassino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B40566/96) , dirigidas al Consejo. 
Señor Presidente, he pedido intervenir porque necesito que me informe el Presidente en ejercicio del Consejo. 
El Parlamento recordará, y así consta en acta, que durante el último turno de preguntas dirigidas al Consejo hice varias preguntas relativas al acuerdo turco de cooperación financiera con la Comunidad Europea. 
No voy a resumirlas ahora mismo porque quitaría tiempo a preguntas de otras personas. 
El Presidente en ejercicio dijo en aquella ocasión que vendría otra vez en el presente turno de preguntas y me daría las respuestas que pedí en el último período de sesiones pero no podía dar en ese momento. 
¿Podría comunicarme en qué momento me dará las respuestas? 
¿Será antes, durante o después del turno de preguntas? 
Creo que podré dar una respuesta al Sr. Falconer al final del turno de preguntas. 
Pregunta nº 1 formulada por Stanislaw Tillich (H-0443/96): 
Asunto: Servicio voluntario europeo para jóvenes 
¿Qué medidas de carácter fiscal y económico y en materia de derecho de residencia ha adoptado el Consejo para que pueda llevarse a cabo en 1996 la acción piloto relativa a la creación de un servicio voluntario cívico europeo, dotada con un presupuesto de 15 millones de ecus a través de la línea presupuestaria B3-1011? 
Según las informaciones de que dispongo, no existe aún normativa alguna que permita una estancia de los jóvenes en el extranjero por un período superior a 3 meses. 
¿Son éstos y otros problemas el motivo de que se aplace la acción hasta el próximo año? 
En contestación a la pregunta de su Señoría, deseo puntualizar que, hasta la fecha, el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de acción piloto relativa a la creación de un servicio voluntario cívico europeo. 
Deseo asimismo recordar que el importe de 15 millones de ecus, al que se refiere en su pregunta su Señoría, fue consignado en el presupuesto de 1996 por el Parlamento Europeo en virtud del mandato conferido por el Tratado en materia de presupuesto, pero, repito, no habiendo recibido hasta ahora ninguna propuesta formal al respecto, el Consejo nunca debatió las modalidades de acompañamiento de la acción de referencia. 
Al igual que su Señoría, considero muy importante una acción dirigida a promover el servicio voluntario cívico europeo y, en cuanto la Comisión presente una propuesta, el Consejo la estudiará con la máxima atención. 
Según mis conocimientos, la idea del año del servicio voluntario europeo para jóvenes nació durante la Presidencia alemana del Consejo. 
La Comisión ha logrado elaborar en el último medio año una propuesta para este proyecto piloto, naturalmente con el apoyo del Parlamento Europeo que ha facilitado los recursos financieros necesarios. 
Por esta razón me resulta un tanto sorprendente que ahora el representante del Consejo responda que no tiene noticia de ninguna propuesta de la Comisión, pues yo conozco un documento de toma de posición de la Comisión en el que ésta se queja de que determinados problemas con el Consejo no se han solventado aún. 
Por consiguiente, en mi opinión, aquí se necesita una aclaración. 
Puede ser que el punto no sea claro. 
De todos modos, deseo hacer notar que su Señoría se refirió a la presunta decisión de la Presidencia alemana. Entretanto, ejerció su mandato la Presidencia española y ha transcurrido mucho tiempo. 
Hablo de «presunta» porque, una cosa es anunciar, tal como lo hizo la Presidencia alemana en su momento, la voluntad política de adoptar todas las medidas oportunas para apoyar y fomentar formas de voluntariado cívico, y otra elaborar propuestas concretas, incluso desde un punto de vista formal y de procedimiento. 
Vuelvo a confirmarle, Señoría, que no habiendo la Comisión presentado propuestas al respecto, el Consejo carece de un poder de decisión propio, sino que decide en relación con las propuestas presentadas por la Comisión. 
Su pregunta, repito, puede servir de acicate para que la Comisión presente propuestas en esta materia y, en cuanto se presenten, la Presidencia del Consejo las va a examinar. 
Pregunta nº 2 formulada por Graham Watson (H-0445/96): 
Asunto: Procedimiento electoral uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo 
¿Qué medidas piensa adoptar la Presidencia para garantizar que se cumpla antes de la revisión del Tratado de Maastricht el compromiso original del Tratado de Roma de establecer un procedimiento electoral uniforme? 
¿Insistirá la Presidencia en que este Parlamento cumpla la obligación que le impone el Tratado y terminará por fin de una vez por todas con la situación ridícula que constituye el que este Parlamento pudiera ser elegido en 1999 con 16 sistemas electorales diferentes? 
Se trata de una materia que, como es sabido, es objeto de debate político por parte de los europeístas y de quien se ocupa de Europa desde hace muchos años. 
La cuestión de la adopción de un procedimiento electoral uniforme que supere la actual situación por la que cada Estado acude a procedimientos electorales propios para la elección de sus representantes al Parlamento Europeo, es un tema recurrente. 
No cabe duda de que el apartado 3 del artículo 138 dispone que el Consejo establecerá por unanimidad las disposiciones encaminadas a hacer posible la elección por sufragio universal directo de los diputados al Parlamento Europeo de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros, previo dictamen conforme del Parlamento Europeo y con sujeción a su adopción subsiguiente por los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. 
Tal como acabo de manifestar, éste es un tema recurrente, pues se debatió en repetidas ocasiones durante estos años y se planteó también en el Consejo de Asuntos Generales de la Presidencia francesa en la reunión del 10 de abril de 1995 y también entonces se puso de manifiesto que no se dispone en la actualidad de la unanimidad de los miembros del Consejo, necesaria para seguir tratando el expediente. 
El Grupo de reflexión que se encargó de la tarea de preparar la Conferencia Intergubernamental, incluyó esta cuestión entre las que deberá y podrá abordar la Conferencia Intergubernamental en materia de reformas institucionales, aunque tampoco ha logrado llegar más allá de esto. 
El Consejo Europeo de Turín, que fijó el programa de la Conferencia Intergubernamental, incluyó en el orden del día de la misma el estudio de la composición y del procedimiento uniforme de elección del Parlamento Europeo. 
Por ello, me parece que la cuestión, al igual que otras muchas cuestiones relativas a la reforma institucional, pertenece a los mandatos de la Conferencia Intergubernamental. 
La Presidencia del Consejo confía en que en dicho foro se logre avanzar en todo lo referido a establecer un procedimiento electoral uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo. 
¿Reconoce la Presidencia que la única razón por la que esta Asamblea tiene una mayoría socialista es por la forma en que funciona el sistema electoral del Reino Unido? 
El Partido Laborista británico sacó tan sólo el 45 % de los votos pero posee el 75 % de los escaños del Reino Unido en este Parlamento. 
Un procedimiento electoral uniforme, según lo especificado en el Tratado de Roma, con una representación proporcional, no sólo pondría fin a esta desgraciada situación, sino que contribuiría asimismo a hacer presión para que se reformase el procedimiento interno de votación del Reino Unido, con lo que Europa no tendría que seguir sufriendo gobiernos británicos elegidos por sólo el 40 % de los que votan en las elecciones nacionales y que son tan claramente poco representativos del Reino Unido cuando se trata de los asuntos europeos. 
Por lo tanto, ¿no podría garantizar el Presidente que este punto se mantenga en el orden del día de la CIG hasta que lleguemos a una resolución? 
Lo único que puedo destacar es que la Presidencia del Consejo confía en que en el seno de la Conferencia Intergubernamental se halle una solución, pero no porque interesa especialmente al tipo de gobierno que rige los destinos de Gran Bretaña, sino por una razón de carácter institucional que afecta a la Unión Europea y a su futuro. 
Me pregunto si la Presidencia italiana admitirá, por la forma de la pregunta, que ésta es patentemente una cuestión de interés nacional más que europeo. 
Creo que la Presidencia estará de acuerdo en que hemos progresado mucho hacia un procedimiento uniforme. 
Nuestros miembros son elegidos a partir de un electorado similar; las elecciones se celebran en todos los países al mismo tiempo, etc. En lo que se está insistiendo, según parece, es en que el método exacto de elección sea el mismo. 
¿No opina la Presidencia que ello sería una intromisión porque obligaría a los países a adoptar, para un tipo determinado de elecciones, un sistema que consideran bastante inadecuado para todas las demás elecciones que celebran? 
Me gustaría que todos los diputados a este Parlamento fueran elegidos de acuerdo con el compromiso y responsabilidad democrática de representar a una determinada circunscripción geográfica, pero no soy tan ambicioso como para proponer que todo el mundo adopte el sistema que a mí me gusta. 
Estoy perfectamente dispuesto a que cada país mantenga el sistema que prefiera. 
Deseo manifestar que el debate, a todas luces muy interesante, está presentando un cariz algo discutible. 
En todo caso, si se me permite una evaluación personal, ya que en la réplica existe cierta discrecionalidad por no poder consultar por falta de tiempo a los otros quince miembros, considero que todo el debate constitucional planteado desde hace tiempo, el debate institucional europeo y el debate institucional y constitucional en curso en muchos Estados en materia de leyes electorales, confirman una necesidad, o sea que cada ley electoral debe ser definida en relación al tipo de parlamento a elegir. 
Me parece que a la hora de valorar qué ley electoral es la mejor para el Parlamento Europeo y cómo puede lograrse un procedimiento uniforme, haría falta ceñirse fundamentalmente al criterio de la coherencia y compatibilidad entre el sistema electoral escogido y el parlamento elegido. 
Tengo dudas acerca de la conveniencia de intentar someter la ley electoral del Parlamento Europeo a los equilibrios internos de ese o aquél Estado, habida cuenta, sobre todo, de que somos ya quince miembros y antes de finalizar el siglo quizás seamos veinte y va a ser difícil hallar una ley electoral que en todos los Estados vaya bien para los progresistas en perjuicio de los conservadores o viceversa. 
Dudo, asimismo, acerca de que sea oportuno establecer cierta correlación entre sistemas electorales que se basan en una historia política e institucional específica, y que se aplican para las elecciones a los parlamentos regionales, para la elección de las autoridades regionales o para las elecciones locales, y el procedimiento a adoptar para las elecciones al Parlamento Europeo. 
Si se quiere llevar a cabo un debate no instrumental, sino útil y provechoso, cuando se habla del Parlamento Europeo y de cómo elegirlo, creo que es sensato afrontar fundamentalmente el tema de la coherencia entre el tipo de parlamento representado por el Parlamento Europeo, con poderes y prerrogativas específicas, que ustedes conocen mejor que yo, y el procedimiento electoral más adecuado para responder a este tipo de poderes y prerrogativas. 
Tuve la mano levantada durante un tiempo considerable antes de que interviniera el Sr. Elliott. 
Por lo tanto, me pregunto por qué se le eligió a él. 
Agradezco las respuestas del Presidente en ejercicio del Consejo y, en concreto, la respuesta al Sr. Elliott. 
En ella ha puesto de manifiesto que no acepta esta imposición de opiniones liberales estalinistas en la totalidad de Europa. 
Lo agradezco plenamente. 
Es extraño que los liberales adopten opiniones así en estas circunstancias. 
Pero, volviendo a la cuestión de los «sistemas ridículos». 
¿Puede explicarnos qué entiende por «sistemas ridículos»? 
¿Piensa, por ejemplo, que sea ridículo el sistema de representación proporcional que funciona en Alemania y que ha producido la invalidación de más de un millón de papeletas de voto, anulando así el derecho al voto de un millón de personas? 
¿Piensa acaso que es un poco ridículo el sistema de representación proporcional francés, que ha dado lugar a la invalidación de dos millones de papeletas? 
¿O cree que es un poco ridículo el sistema de su propio país, Italia, que ha producido la invalidación de más de siete millones de papeletas, casi tanto como la población londinense? 
Eso es lo que están intentando imponernos al resto de nosotros el Sr. Watson y otros de su especie. 
El Reino Unido posee el récord indudable del menor número de papeletas no válidas cuando la gente va a votar. 
Entienden bien el sistema. 
Saben lo que están votando. 
(El Sr. von Habsburg interviene sin micrófono) 
Deseo precisar que todo es posible, sin embargo, existen normas precisas según las cuales, después de la respuesta del Consejo, se admiten sólo otras dos intervenciones, dos preguntas complementarias. 
Habida cuenta de que existen muchísimas preguntas, sólo podremos plantear una parte de las mismas. Por consiguiente, si nos alargamos en una pregunta únicamente, impedimos que muchos colegas reciban las respuestas del Consejo. 
Por lo tanto, les ruego a todos ustedes que adopten una actitud de tolerancia y, yo diría, de justicia distributiva respecto a los demás colegas. 
Solamente quiero recordarle que existe un acuerdo según el cual las preguntas complementarias deberán poder hacerlas diputados de Grupos diferentes, lo que no ha sido el caso ahora. 
Ésta es una cuestión ampliamente debatida a lo largo de estas semanas en todas las instancias comunitarias y objeto de reflexión y de debate en el Parlamento Europeo en repetidas ocasiones, al igual que lo es esta mañana con ocasión de las declaraciones de los Presidentes Santer y Dini. 
Es evidente que el problema surgido a raíz del episodio de las vacas locas nos replantea una cuestión que va mucho más allá de la propia crisis, y se basa en el difícil equilibrio que debe establecerse entre los intereses generales de la Unión y los legítimos y específicos intereses de un Estado miembro. 
Obviamente, dicho equilibrio y esta compatibilidad se hubieran hallado con facilidad cuando la Comunidad contaba con seis miembros. Poco a poco, la Unión fue ampliándose, de seis a nueve, de nueve a doce, de doce a quince miembros, y antes de finales de siglo seremos veinte o veinticuatro. 
En consecuencia, es también evidente que, a medida que se amplía el número de miembros que participan en la toma de decisiones, se convierte en siempre más complejo lograr, cada vez, la convergencia en torno a un interés general de todos las partes. Cada vez, es más probable que alguien pueda, pese a ser legítimo desde un punto de vista nacional, invocar intereses y adoptar posiciones que entorpezcan la toma de decisiones. 
Me parece que éste es el nudo de la cuestión planteada por la crisis de las vacas locas. 
No es de extrañar que uno de los principales temas de debate de la Conferencia Intergubernamental es la reforma de los mecanismos de toma de decisiones y, en particular, cómo pasar de la decisión por unanimidad a la decisión por mayoría, sabiendo que pasar a la votación por mayoría debe, también y en todo caso, lograr un equilibrio entre la capacidad de la Unión de tomar decisiones por mayoría para que su acción sea eficaz, y evitar, al mismo tiempo, que esto represente una imposición para quien quiera hacer valer otra posición distinta. 
Tras manifestar que éste es el problema- y me he referido a este problema para no restarle importancia y para no adoptar una actitud unilateral- la Presidencia cree, tal como se dice en la pregunta, que la actitud británica es una actitud francamente poco comprensible. 
En efecto, si bien es legítimo invocar la protección de los intereses nacionales que Gran Bretaña considera preferentes e importantes, no lo es tanto que esto se traduzca en una estrategia global de no cooperación y que está obstruyendo las decisiones de la Unión Europea en muchos ámbitos, incluso en ámbitos muy diferentes y que nada tiene que ver con la cuestión de la vacas locas. 
Deseo recordar que, en virtud de principio de no cooperación de Gran Bretaña, se halla paralizado el acuerdo EUROPOL, que podría desbloquearse y asimismo sufre resistencias la adopción del reglamento TACIS, al que nos hemos referido hace unos momentos. Es probable que se haya adoptado una nueva actitud, dado que en las últimas horas el Gobierno británico parece que ha puesto fin al bloqueo a la firma del acuerdo de cooperación con Chile y Uzbekistán, que debería adoptarse en Florencia. 
Es evidente que este tipo de actitud es peligrosa e inquietante y crea una creciente desazón en Europa. 
Por ello, la Presidencia italiana adoptó en el seno del Consejo una declaración que, dado lo delicado de la cuestión, les voy a leer íntegramente. «Primero: la Presidencia lamenta la insistente actitud de no cooperación del Gobierno británico en lo concerniente a la adopción de las iniciativas necesarias para garantizar el ordinario desarrollo de la actividad comunitaria, así como la adopción de iniciativas urgentes y de importancia prioritaria; segundo: la Presidencia considera dicha actitud lesiva para los intereses de los Estados de la Unión y, de cualquier modo, susceptible de ser contraproducente para la propia Gran Bretaña, habida cuenta de que podría causar la irritación de los Estados miembros e impedir el mantenimiento de ese clima de confianza y cooperación, necesario para permitir la puesta en práctica de los acuerdos adoptados entre las distintas delegaciones en todos los principales sectores de la actividad comunitaria; tercero: además de apelar, una vez más, a la sensatez y al espíritu de cooperación de las Autoridades británicas, la Presidencia insta a todos los Estados a respetar el espíritu y la letra del artículo 5 del Tratado, según el cual cada Estado miembro se abstendrá de adoptar todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines generales del Tratado mismo». 
No queda más que confiar en que, gracias a los intentos parcialmente positivos de alcanzar un acuerdo sobre el conflicto de las vacas locas, del cual se volvió a hablar esta mañana, el Gobierno británico adopte una actitud cada vez más flexible, tendente a superar el impasse de estas semanas. 
Agradezco al Sr. Presidente su detallada y extensa respuesta, que considero satisfactoria. 
Podría terminar aquí, pero quiero decir que cuando el 5 de junio presenté esta pregunta, por muy previsor que fuera no podía saber qué dimensiones asumiría hoy el tema, me refiero también al debate de esta mañana al más alto nivel y a la decisión adoptada por mayoría aplastante, casi diría conmovedora. 
Todo esto, señor Presidente, demuestra que sí se trata de una cuestión institucional. 
Respeto completamente el análisis académico y de política general que usted ha hecho y estoy de acuerdo con él, pero aquí la cuestión es otra. 
La cuestión es que tratamos temas específicos y temas generales, como en el caso de la cumbre de Florencia que se celebrará mañana, y como en el del transcurso de la Conferencia Intergubernamental, que sigue tropezando con el problema provocado por el gobierno del Sr. Major. 
No se trata ya de una cuestión de política general y, seguramente, tampoco de una cuestión académica institucional; es una cuestión de tomar decisiones y posiciones al respecto. 
Señor Presidente, Señorías, a mí me importan los conciudadanos europeos que viven en las islas del Reino Unido. 
De igual modo que me importan los conciudadanos europeos de toda la Unión y todos los ciudadanos del mundo. 
Permítanme que les diga que sí veo, como cabe esperar de mi condición profesional de catedrático de medicina, los problemas derivados de la enfermedad de las vacas locas. 
Pero la cuestión no es esa. 
La cuestión es qué hacemos ante esta peligrosa paralización de nuestro funcionamiento. 
Quisiera obtener alguna explicación adicional, además de la declaración que nos ha leído al final y que yo celebro; quisiera una aclaración más explícita por su parte, señor Presidente en ejercicio del Consejo, acerca de si se han adoptado medidas concretas, como la ampliación de las posibilidades de recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
En ocasiones se ha hecho pasar injustamente a algunos países por ovejas negras de la Unión Europea, y yo, personalmente, no quiero pensar en el Gobierno del Sr. Major como «vaca negra» de la Unión Europea. 
Con relación a esta pregunta, me voy a ceñir a lo manifestado esta mañana por el Presidente Dini en este Pleno. 
Por una parte, confiamos en poder alcanzar en las próximas horas un acuerdo sobre la cuestión de las vacas locas que logre superar el actual estado de paralización y estancamiento y permita a Gran Bretaña adoptar una actitud más flexible con relación a este comportamiento de no cooperación; pero, por otra, y si esto no fuera posible, creemos que la Cumbre de Florencia que va a comenzar dentro de cuarenta y ocho horas y que contará con la presencia de todos los jefes de Estado y de Gobierno, será la sede políticamente autorizada para estudiar y decidir los posibles pasos a dar en lo sucesivo. 
He formulado la pregunta esta mañana al Presidente Dini en primer lugar, y posteriormente al Presidente Santer. 
Por supuesto, ninguno de los dos me ha respondido. 
Lo intentaré por tercera vez; frente a una actitud como ésta, que usted mismo ha calificado como totalmente contraria al espíritu del Tratado, ¿por qué no reconocemos que nos encontramos ante una posición que podemos equiparar a la abstención? 
En este caso, bien especificado, la posición británica es una no-posición, por tanto una abstención que le autoriza a usted a tomar decisiones legítima y totalmente válidas. 
A Gran Bretaña le corresponderá intentar que se reconozca la nulidad de estas decisiones ante el Tribunal de Justicia. 
Le deseamos buena suerte. 
¿Por qué no lo hace usted? y ¿cuáles son las objeciones que, hasta el momento, han formulado sus juristas en este sentido? 
Desde un punto de vista jurídico-legal, no existen obstáculos para utilizar el instrumento que solicita el Parlamento. 
Lo que hay que hacer es una valoración política. 
La actitud de no cooperación de Gran Bretaña ha determinado un estado de fuerte tensión en la Unión. 
Consideramos que dicha tensión debe superarse y resolverse alcanzando un acuerdo que permita, a través de la lógica política, superar esta situación. 
Lo que su Señoría pide, a mi juicio, corresponde a una actitud extrema. Antes de llegar a ella, hay que intentar solucionar el problema a través del convencimiento y de la persuasión. 
De todos modos, ésta es la lectura del Consejo. 
No creo que la situación sería más tranquila por el hecho de acudir al Tribunal de Justicia simplemente, pues todo llegaría a ser más complicado y tenso. 
¡La política es el arte de la negociación! 
Señor Presidente, yo creo que el Sr. Herman ha puesto la cuestión en sus justos términos. 
Yo, francamente, esta mañana me alegré mucho de la declaración del Presidente del Consejo- el Sr. Dini- y me alegro de la lectura que hace el Sr. Fassino del asunto. 
Creo que tiene razón el Sr. Fassino cuando dice que el tema es político, pero hay un aspecto jurídico. 
Y hay algo de razón en lo que acaba de decir el Sr. Herman. 
Si el Gobierno del Reino Unido está violando el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, hay dos posibilidades: o el Consejo- o la Comisión, pues también parece ser el punto de vista de la Comisión- recurren al Tribunal de Justicia para que declare el comportamiento ilícito por parte del Gobierno británico; o, simplemente, el Consejo declara que el voto británico es contrario. 
Es decir, creo que las dos posibilidades existen, pero creo que, en definitiva, también el Presidente del Consejo tiene razón al decir que se trata, sobre todo, en este momento, de un tema político, y que hay que tomar los dos elementos. 
Pero creo que es un tema que, en efecto, está empezando a plantearse en sus justos términos jurídicos. 
En términos de legitimidad jurídica, no niego que la hipótesis formulada tiene fundamento, al contrario, la acepto y, en un determinado momento, podría ser el medio al que habría que recurrir. Deseo reiterar que creo que debería ser la solución extrema y, sobre todo, que tengo en cuenta las contingencias inmediatas. 
Está en curso un esfuerzo de mediación para alcanzar un acuerdo y el Consejo Europeo se inaugura dentro de cuarenta y ocho horas. Estimo que ambos hechos deben inducirnos a considerar en Florencia la posibilidad de superar esta etapa de impasse y, en caso de no superarse, será allí, repito, donde van a reunirse todos los que pueden tomar la decisión más oportuna, el lugar donde habrá que decidir qué hacer. 
Pregunta nº 4 formulada por Arthur Newens (H-0404/96): 
Asunto: Libertad de expresión de la prensa 
Teniendo en cuenta las amenazas a la libertad de prensa implícitas en la política que, cada vez más frecuentemente, adoptan las empresas de distribución de medios de comunicación, negándose a tratar publicaciones de difusión limitada, ¿qué medidas puede adoptar el Consejo para impedir que se discrimine a dichas publicaciones? 
La cuestión planteada reviste mucha importancia. 
Como todos sabemos, es enorme la importancia que se atribuye a la información y a la plena libertad de expresión de todos y cualesquiera medios de comunicación existentes en la sociedad actual. 
Todos coincidimos respecto al hecho de que la pluralidad de la información es y debe seguir siendo un principio fundamental del Estado de Derecho y de la democracia en nuestros Estados y en cualquier país. 
Por lo tanto, la idea de una información plural implica evitar por todos los medios posibles una decadencia cultural o un empobrecimiento del pluralismo informativo, debidos a meras exigencias del mercado o, peor aún, a la existencia de normas inadecuadas o equivocadas. 
En Europa estamos viviendo y presenciando un fenómeno aparentemente contradictorio- recalco el término aparentemente- porque, por un lado, nunca como en estos años ha aumentado el pluralismo cultural informativo, piénsese en el número de publicaciones de prensa de todo tipo y a la cantidad de editoriales, de toda clase y calidad, que han florecido en estos años. 
A pesar de ello, sin embargo, en todos los países se advierte lo inadecuado de los instrumentos normativos, legislativos y de soporte financiero, aptos a garantizar que el pluralismo informativo, sobre todo el que nos ofrecen las pequeñas y medianas publicaciones, pueda garantizarse de forma efectiva. 
Creo que se sobrentiende el interés de la Unión Europea y de todos sus órganos y, por consiguiente, también de la Presidencia del Consejo, en emplearse a fondo a fin de elaborar todos los instrumentos útiles y necesarios para garantizar el pleno pluralismo informativo. 
Quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Me interesaría mucho tenerla en inglés, a fin de que se pueda disponer de ella para información exterior. 
Sin embargo, en realidad no se ocupa del problema, porque lo que preguntamos es qué medidas puede tomar el Consejo para impedir la discriminación contra dichas publicaciones. 
En la actualidad, son demasiado pocas las publicaciones de poca tirada controladas por las grandes distribuidoras de medios de comunicación y si dejamos que las disponibles desaparezcan de los estantes, será una triste situación. 
Por lo tanto, comparto las opiniones del Presidente en ejercicio sobre estas cuestiones. 
La realidad es que las fusiones y adquisiciones están dando mucho poder a las distribuidoras y editoriales de prensa, lo que significa que estos dos cárteles, trabajando juntos, pueden quitar las revistas y periódicos de los estantes a su antojo. 
Colocarán otras revistas, por ejemplo, revistas pornográficas y otras publicaciones obscenas- quiero decir literatura política obscena además de obscenidades en el sentido del decoro- pero impedirán la distribución de revistas políticas consideradas razonables en cualquier sociedad civilizada. 
Por ello preguntamos qué medidas puede tomar el Consejo respecto a estas cuestiones. 
No me resulta difícil compartir la exigencia manifestada por su Señoría, aunque deseo subrayar que, con arreglo al artículo 155 del Tratado, es la Comisión quien tiene que velar por que se respeten las disposiciones del Tratado y las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este último. 
Desde este punto de vista, no corresponde al Consejo, sino a la Comisión vigilar las normativas existentes, incluyendo las normas relativas al tema de la información, y, en todo caso, es la Comisión que debe presentar propuestas. 
El Consejo, por su parte, está de acuerdo con la exigencia de su Señoría y confía en que la Comisión formule dichas propuestas. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 5 no se formula. 
Asunto: Tensión en Kosovo 
Los recientes bombardeos por parte de grupos albaneses en la periferia de Pristina y los enfrentamientos registrados al noreste de Bosnia entre musulmanes y serbobosnios han reactivado los focos de tensión y suscitado una lógica preocupación por el recrudecimiento del conflicto en la región. 
La tensa situación que registra Kosovo reaviva las preocupaciones surgidas tras la celebración del acuerdo de Dayton, cuyas ambigüedades e importantes lagunas desde el punto de vista territorial y constitucional ponen en peligro la observación del mismo y hacen dudar de su contribución al establecimiento de una paz real y duradera en la región. 
¿Tiene intención el Consejo de adoptar iniciativas en favor de la retirada de todos los ejércitos extranjeros de la región para que los pueblos que habitan en la misma resuelvan sus diferencias por la vía pacífica y legal en condiciones reales de igualdad y sin intervenciones externas que recrudezcan y provoquen otros focos de conflicto? 
Éste es un tema tan delicado como importante. 
Todos sabemos que en la región de Kosovo existe desde hace años un problema pendiente respecto a la protección de los derechos de la población albanesa que vive en esa región, mejor dicho, que en dicha región es mayoritaria. 
Ahora bien, no siendo mi intención plantear un debate global, me voy a ceñir a los términos de la pregunta. 
Su Señoría se refiere de forma expresa al acuerdo de Dayton. 
Quisiera subrayar- no sé si es acertado o no, de todos modos, voy a partir de este dato- que el acuerdo de Dayton se refiere al restablecimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina y la situación de Kosovo, así como de cualquier otro posible foco de crisis en la región, no se aborda de forma directa en los acuerdos de Dayton y de París. 
Es evidente, sin embargo, y a nadie se le escapa, ni a los que firmaron el acuerdo de paz en Dayton ni tampoco a ninguno de los presentes en este Pleno, que la estabilidad y la paz de los Balcanes depende no sólo del pleno cumplimiento de lo que en Dayton se declaró y firmó, sino de una política que garantice en toda la región de los Balcanes los derechos de todas las comunidades étnicas, religiosas y nacionales. 
Desde hace tiempo, Kosovo constituye indudablemente una de estas zonas. De hecho, este Parlamento y en nombre del Consejo, las distintas Presidencias que fueron sucediéndose, han repetidamente manifestado su inquietud ante la situación registrada o que se estaba registrando en Kosovo, por los numerosos episodios de tensión, cuando no, de represión manifiesta contra la población albanesa. 
En tal sentido, reitero en este Pleno lo que en muchas otras ocasiones reiteró el Consejo y que coincide con las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo, es decir la solicitud a la República Federativa de Yugoslavia para que actúe con arreglo a los principios del Derecho internacional, establecidos en la Carta de París y en los convenios internacionales sobre los derechos de las minorías y de las comunidades, a los efectos de la plena protección y respeto de los que son los derechos de los albaneses de Kosovo. 
Deseo recordar además que la situación de Kosovo es seguida de cerca por el Grupo de trabajo sobre las minorías en la antigua Yugoslavia, presidido por el Sr. Lutz en el ámbito de la misión de paz que lleva a cabo en estos momentos el Alto Representante de la Unión Europea, Sr. Carl Bildt; recuerdo que en su momento se estableció formalmente que una de las condiciones para la mejora gradual de las relaciones entre la Unión Europea y la República Federativa de Yugoslavia es, y cito textualmente, » el pleno respeto de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, así como del derecho de todos los refugiados y personas desplazadas a regresar a sus lugares de origen, y la concesión de un elevado nivel de autonomía a Kosovo en el interior de la República Federativa de Yugoslavia». Durante la visita que los Presidentes Santer y Dini realizaron los días 7 y 8 de mayo a las capitales de los principales Estados de la región, no se dejó de plantear a las autoridades de Belgrado lo delicado del problema y la necesidad de respetar ese principio, si Belgrado quiere que mejoren las relaciones con la Unión Europea. 
Se habló de esto también con ocasión de la Conferencia Internacional de Florencia celebrada hace unos días. La Presidencia del Consejo se compromete a actuar de acuerdo y en conformidad con los demás órganos de la Unión para que se respeten los derechos de los albaneses de Kosovo y hallar una solución para el problema que garantice el respeto de los derechos de las minorías y la protección de los derechos individuales y colectivos de quienes viven en esa región. 
Quiero dar las gracias al Sr. Presidente, al menos por la amplitud de su respuesta. 
Ahora bien, quisiera señalar que, aunque el Acuerdo de Dayton no regule el problema de Kosovo, al menos el espíritu que transmite puede influir en la situación que allí se está fraguando, si se tienen en cuenta, además, los últimos acontecimientos en Albania, la actitud del Gobierno albanés ante la situación en la región y la hostilidad expresada, en general, frente a los serbios. 
Pienso que quizás sería necesario destacar que los derechos de las minorías incluyen también los derechos de la población serbia de Kosovo, y no es tolerable que esta sea objeto de actos terroristas sin que encontremos siquiera alguna palabra de simpatía para esas víctimas del terrorismo. 
Creo, por lo tanto, que debemos que ser prudentes y que la Unión Europea tiene que contribuir a que el espíritu de Dayton no sirva de base para un nuevo foco de tensión en Kosovo que trasladara la guerra más al sur de los Balcanes. 
Coincido con las reflexiones hechas hasta ahora. Es evidente- y esto lo dije yo también- que, a pesar de que no se cite textualmente el caso de Kosovo en los acuerdos de Dayton, la aplicación de dichos acuerdos requiere un marco de estabilidad más amplio, lo que implica trabajar para lograr una solución para la cuestión de Kosovo. 
Coincido con esta lectura y reitero que el compromiso de la Presidencia reside en actuar ante todas las instancias para lograr esta solución. 
Señor Secretario de Estado, en primer lugar, quisiera darle las gracias por sus claras respuestas. 
Sin embargo, quisiera hacer una puntualización en relación con el Kosovo. 
Usted nos ha leído aquí unas declaraciones que suenan bien, en las que se exige que se respeten de una vez los derechos humanos. 
Pero tenemos un problema de credibilidad pues hemos amenazado de todas las maneras posibles, pero nunca lo hemos hecho en serio. 
¿No cree usted, señor Secretario de Estado, que ya sería hora de sentar en Kosovo un auténtico ejemplo, en concreto, apoyar con credibilidad el derecho de autodeterminación o, al menos, abogar por la protección de la mayoría albanesa, para que al menos la Unión Europea apoye seriamente algo? 
Por un lado emitimos declaraciones, pero por otro lado cada vez se suavizan más las sanciones y las triquiñuelas de los serbios continúan. 
Ciertamente, se están riendo de nosotros. 
¿No piensa usted que ésta sería una buena ocasión? 
Creo que es justo y estoy de acuerdo con su Señoría respecto a que el problema reside en cómo hacerlo de la manera más eficaz. 
No hay duda de que debe emprenderse una acción firme y clara en relación con Belgrado, dirigida a expresar la inquietud y la insatisfacción de la comunidad internacional por la situación en que están sumidos los albaneses que viven en Kosovo, y tampoco cabe duda de que no hay que limitarse a esta denuncia, sino que se debe actuar para que a raíz de esta denuncia se deriven actos y hechos políticos que cambien la situación. 
Se trata de hacerlo con la mayor eficacia posible. 
No le voy a negar que la complejidad y la dificultad para proteger a los albaneses de Kosovo aumentaron a raíz de la guerra de estos cuatro años en Bosnia y en toda la antigua Yugoslavia. 
Es evidente, en efecto, que las tensiones, los conflictos y la guerra abierta en esa zona, hicieron que todo fuera más complejo y difícil y tampoco simplificaron el problema de Kosovo y de los albaneses que viven en dicha región. 
En todo caso, estoy de acuerdo con su Señoría y la Presidencia del Consejo se compromete a actuar y trabajar para abordar este problema eficazmente. 
Señor Presidente, el hundimiento de Yugoslavia fue desencadenado por la gran marcha de un millón de serbios en 1989 y por la supresión de la autonomía. 
¿Por qué pasó luego Kosovo a segundo plano? 
Porque los albaneses de Kosovo que, por lo demás, no constituyen una minoría sino que son la mayoría en Kosovo, no emplearon la violencia y escogieron la vía pacífica. 
Veo una evolución peligrosa. 
Efectivamente, si se castiga a esta mayoría, a la mayoría albanesa, por el hecho de haber escogido la vía pacífica, entonces esto va a ser un mensaje de violencia para este territorio. 
Por esta razón, soy de la opinión de que necesitaríamos una conferencia propia sobre Kosovo tras haber renunciado equivocadamente a hacer de Kosovo la condición para el reconocimiento del resto de Yugoslavia. 
Creo, además, que habría que celebrar allí elecciones con la presencia de observadores internacionales. 
Considero urgentemente necesario que se actúe aquí antes de que estalle una catástrofe. 
Hasta ahora esto se ha hecho sólo en un caso en esta región, es decir, en Macedonia, y allí fue útil también. 
Habría que adoptar medidas preventivas, de lo contrario estallará enseguida la violencia allí y, por cierto, en una proporción más extensa que un incendio forestal. 
Es ciertísimo que la crisis balcánica de los últimos años se engendró en Kosovo y con la represión de Kosovo y la abolición de la autonomía de Voivodina que significó el inicio del conflicto en la antigua Yugoslavia. 
Por consiguiente, no cabe duda de que ese foco de tensión no es secundario y tampoco es la consecuencia de los acontecimientos de estos años, si acaso es un foco que perdura desde hace mucho tiempo. 
Conocemos muy bien la historia de este siglo y el problema de los albaneses y de Kosovo ha sido en reiteradas ocasiones motivo de conflictos y tensiones. 
Todo esto, a mi juicio, nos insta e induce a actuar al objeto de hallar una solución política para el problema. 
Mi repuesta a la pregunta de su Señoría se va a estructurar en dos partes. 
Por un lado, hay que decir que el Consejo dispone de una escasa información respecto al caso de referencia, pero, por otro, este suceso y también las dificultades que encontró la Presidencia del Consejo para disponer de los datos para evaluarlo, a mi juicio, confirman lo delicado de la situación en Turquía y la necesidad de que la Presidencia del Consejo y, más en general, la Unión Europea, intervengan ante el Gobierno turco para solicitar y ejercer todas las presiones posibles a fin de que se garantice el respeto de los derechos humanos, de los derechos democráticos fundamentales y de los principios del Estado de Derecho que rigen la vida de la Unión y constituyen una condición básica para que un país pueda formar parte de la Unión y mantener con la misma, como es el caso de Turquía, relaciones privilegiadas, habida cuenta de que entre Turquía y la Unión Europea se celebró un acuerdo de Unión Aduanera. 
Por otra parte, deseo recordar que dicha condición, o sea el pleno respeto de los principios del Estado de Derecho por parte de todos aquellos que son miembros de la Unión Europea o mantienen relaciones de cooperación o de asociación con ésta, fue reafirmada en la Conferencia de Barcelona, en el Foro Mediterráneo celebrado en Ravello y en repetidas ocasiones aprovechando los contactos y los encuentros entre la Unión Europea y sus órganos y las autoridades turcas. 
A pesar de que las presiones que ejercieron las Unión Europea y la comunidad internacional lograron algunos resultados, tales como las parciales modificaciones de la constitución en el sentido de un más evidente respeto de los derechos y principios democráticos fundamentales, sin embargo, consideramos que no podemos bajar la guardia y la Presidencia del Consejo no se apartará de su compromiso de seguir vigilando de cerca y presionando a Turquía y a cualquier otro país que viole los derechos humanos. 
Estoy seguro de que el Consejo se hará cargo de la angustia que sufre la familia de este hombre asesinado. 
No creo que ellos utilizaran el término «delicadeza» como hizo el Consejo. 
La última vez que lo vieron vivo estaba bajo custodia policial. 
Ahora, por supuesto, ya sabemos, lamentablemente, que en Turquía es demasiado común que la policía y los militares asesinen a sus ciudadanos. 
Pero con sólo una condena general- aunque deba hacerse- realmente no basta. 
Pido al Consejo que pregunte al Gobierno turco- sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que ahora tenemos esta unión aduanera que, según nos dijeron, mejoraría la situación de los derechos humanos en Turquía- si está dispuesto a iniciar una investigación en serio sobre cómo puede morir un hombre estando bajo custodia policial y que su cuerpo aparezca seis meses más tarde, diciéndose que fue hallado en algún bosque y que la policía no tuvo nada que ver. 
¡Es tan manifiestamente improbable! 
Pido al Consejo que insista con este caso concreto y no se limite a hacer condenas generales. 
Apruebo la solicitud de llevar a cabo una investigación específica respecto al caso de referencia. Estoy de acuerdo con su Señoría respecto al hecho de que el haber firmado el acuerdo de Unión Aduanera con Turquía, no tan sólo no exime a Europa de estar vigilante, sino que quizás la insta a seguir haciéndolo todavía más. 
Ya tuve la oportunidad de intervenir acerca de este tema en otra ocasión, sin embargo, me voy a extender todavía durante unos minutos para reiterar que estoy convencido de que en el momento en que la Unión Europea firmó el acuerdo de unión aduanera con Turquía, después un largo y muy complejo debate, en el que participó muy activamente este Parlamento a través de numerosas ponencias, no lo hizo porque le constaba la falta de cualquier problema de Derecho o de democracia en Turquía, sino más bien, al contrario, por razones diametralmente opuestas, habida cuenta de que, a pesar de ser consciente de la existencia de problemas de Derecho y de democracia en Turquía, la Unión Europea consideró que la mejor manera de inducir a ese país a solucionar positivamente dichos problemas y superar los límites y las contradicciones existentes en términos democráticos y de derechos, era a través del estrechamiento de fuertes lazos europeos. 
Para ser más claro, cuando existen problemas pendientes de democracia y de Derecho en un país, se pueden adoptar dos estrategias opuestas, ambas legítimas y fundadas. La primera se basa en aumentar las condiciones de aislamiento político, económico y de cualquier otro tipo; la otra se basa en establecer, por el contrario, una especie de contaminación democrática y unos lazos que obliguen a dicho país a cambiar. 
Con relación a Turquía, la Unión Europea eligió en vez de una política de aislamiento que quizás hubiera sido más eficaz, una política de contaminación democrática y de aproximación, confiando en que cuanto más Turquía se vaya integrando a Europa, tanto más estará obligada a adoptar estándares europeos en el ámbito de los derechos democráticos. 
Es evidente que no se trata tan sólo de una esperanza, sino que representa un objetivo por el que la Unión Europea está dispuesta a actuar ejerciendo todas las formas de presión necesarias. 
Señor Presidente, el ejemplo al que se refería el autor de la pregunta es sólo uno de los muchos que se dan en Turquía. 
Muy recientemente se llevó a cabo una conferencia hábitat en Turquía que también mostró los métodos de la policía contra ciudadanos turcos y kurdos. 
Quiero preguntar si el Consejo no ha extraído unas conclusiones del análisis que el Sr. Fassino dice que el Consejo realizó en relación con la Unión Aduanera con Turquía. 
La conclusión fue, como usted bien dice, que era mejor permitir a Turquía cerrar el acuerdo y ejercer luego nuestra influencia. Ahora ya han pasado unos meses. 
¿Alguno de los diputados o de los miembros del Consejo ha visto alguna mejora en relación con los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión? 
Yo no he visto ninguna. 
Finalmente, quiero formular la siguiente pregunta: Si no se da ninguna mejora- lo cual constituía un requisito del Parlamento y de la UE en relación con la Unión Aduanera con Turquía- está dispuesto el Consejo a derogar dicho acuerdo con este país? 
No, no creo que deba interpretarse así mi razonamiento y no creo que ésta sea la voluntad de la Unión Europea. 
Considero que el razonamiento no es puramente jurídico y no contiene condiciones suspensivas que deben interpretarse en términos jurídicos. 
Es necesario hacer una lectura política. 
Cuando, tras un debate muy arduo, Europa eligió, repito, firmar el acuerdo de Unión Aduanera con Turquía, lo hizo convencida de que una fuerte implicación de Turquía podía inducir a dicho país a adoptar estándares europeos, sobre todo, en materia de derechos democráticos y de derechos humanos. 
En el momento en que se llevó a cabo dicha valoración, es evidente que la Unión Europea adquirió el compromiso de ejercer todas las formas y utilizar todos los instrumentos de presión y persuasión a fin de que el Gobierno turco adoptara unas orientaciones más democráticas. 
Obviamente, si luego nos encontráramos ante una total pasividad, entonces deberá hacerse la valoración y la reflexión de su Señoría. Por ahora, me parece, sin embargo, que debemos seguir en la fase en la que se actúa de forma positiva para obtener del Gobierno turco esas garantías que hasta ahora no se han ofrecido. 
Señor Presidente, entiendo que me está usted negando el derecho a hacer una pregunta suplementaria al Consejo en relación con la pregunta formulada por el Sr. Lomas porque ya que hice anteriormente una pregunta suplementaria a otra pregunta dirigida al Consejo. 
En el Reglamento no dice nada que lo prohíba. 
Su decisión se basa en una interpretación de lo aquí escrito por parte del personal sentado a su izquierda. 
Señor Presidente, la idea es errónea. 
Por ello le pido que remita la cuestión a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, porque lo que usted viene a decir es que es aceptable que vengan los diputados a hacer sus propias preguntas particulares y después se marchen, mientras al resto de nosotros- que nos interesamos por cuestiones diversas- se nos niega el derecho a hacer una pregunta suplementaria que es de interés para el diputado que formuló la pregunta en primer lugar. 
El Reglamento es muy rígido al respecto. 
Acepto la observación del Sr. Falconer de acudir a la Comisión de Reglamento para modificarlo. 
Sin embargo, se habla de una única posibilidad de dirigir preguntas, que se ofrece globalmente, es decir, en total. Usted ya formuló una y, por consiguiente, me veo obligado a no concederle el uso de la palabra, no sólo en aplicación del Reglamento, sino porque hay muchas preguntas formuladas por lo colegas y presentadas desde hace mucho tiempo que, por desgracia, no podrán recibir una respuesta, habida cuenta de que los presentes no dan tiempo a los que las formularon. 
Así y todo, señor Falconer, voy a someter el problema a la Comisión de Reglamento. 
Ahora, sin embargo, debemos continuar con la siguiente pregunta. 
Pregunta nº 9 formulada por Yannos Kranidiotis (H-0415/96): 
Asunto: El informe del Sr. Di Roberto sobre Chipre 
La Presidencia italiana designó el pasado enero al Embajador Sr. Di Roberto como su representante especial para Chipre. 
El Sr. Di Roberto se entrevistó con las partes afectadas, oyó sus puntos de vista y presentó en abril un informe al respecto al Consejo. 
¿Puede facilitar el Consejo más información sobre el informe del Sr. Di Roberto, la reacción de las partes interesadas y los últimos contactos y actuaciones llevados a cabo, así como sobre las ideas existentes para la continuación y el reforzamiento de su papel cuando Irlanda ejerza la Presidencia del Consejo? 
También éste es un expediente político especialmente delicado. 
Todos sabemos que la cuestión de Chipre es una cuestión que dura desde hace muchos años y que desde hace años la Unión Europea, en sus sucesivas Presidencias, llevó a cabo varios intentos de mediación para alcanzar una solución, intentos no sólo realizados por la Unión Europea, sino también por las Naciones Unidas y por varios Gobiernos, en particular, el Gobierno de Estados Unidos. 
El Embajador Sr. Di Roberto, en nombre de la Presidencia italiana de la Unión Europea, llevó a cabo numerosas misiones en Chipre y en las principales capitales de la Unión Europea y mantuvo contactos con los principales Gobiernos implicados en la solución de esta crisis, incluido el de Estados Unidos. 
Lo que me fue solicitado es un informe sobre lo acontecido. Por consiguiente, me voy a referir, aunque sucintamente, a todo el trabajo realizado hasta este momento por el Sr. Di Roberto y que va a continuar en el próximo semestre no ya el Sr. Di Roberto, sino un representante especial de la Presidencia irlandesa que ya ha sido designado. 
El Sr. Di Roberto pudo reunir los siguientes datos, a saber: en lo que se refiere a la seguridad, este aspecto fue considerado fundamental y prioritario por ambas partes. Los turcos-chipriotas reiteraron su posición respecto a la validez del Tratado de garantía firmado en su momento y el Presidente Cleribes en algunos momentos se mostró abierto y dispuesto respecto a la hipótesis de una desmilitarización, con la presencia de una fuerza multinacional. 
En relación con las instituciones, siguen en vigor las indicaciones de la resolución de las Naciones Unidas que solicita la creación de una federación con una sola ciudadanía, basada en el principio bizonal, bicomunal y de igualdad política entre las dos partes. 
Sin embargo, los esfuerzos para cumplir esta indicación, que en términos de principio fue aceptada por ambas partes, no obtuvieron frutos tangibles, habida cuenta de que, por una parte, existen recelos respecto a lograr el reconocimiento de la identidad turco-chipriota y, por otra, temores que la isla unificada no ofrezca suficientes garantías a los turcos-chipriotas. 
El Presidente Cleribes se refirió a un período transitorio para la aplicación de la libre movilidad de todos los ciudadanos chipriotas en la isla reunificada. Es oportuno asimismo estudiar atentamente otra propuesta presentada por los turcos-chipriotas relativa a una demarcación cantonal de la isla. 
En cuanto a la reanudación del diálogo entre las dos comunidades, y a pesar de las dificultades, el leader turco-chipriota reafirmó recientemente la disponibilidad a reanudar el diálogo interinstitucional sin reservas previas. 
En lo que se refiere a la posición de Turquía con relación al papel de la Unión Europea en Chipre, Ankara acostumbra a no estar a favor de una acción de la Unión, sin embargo, se vislumbra la posibilidad de que Ankara reconozca a la Unión su papel mediador. 
Sigue siendo muy importante y decisiva para cualquier solución la existencia de una coordinación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Respecto a la continuación de las actuaciones del Sr. Di Roberto, tal como acabo de decir, según las noticias que tenemos, la Presidencia irlandesa está dispuesta a continuarlas a través de su representante con facultades de mediador y al efecto se acaba de designar a un diplomático irlandés. 
Es evidente que la Presidencia irlandesa deberá seguir la acción llevada a cabo a lo largo de estos seis meses por la Presidencia italiana y deberá actuar en estrecho contacto con la troika a fin de analizar todas las posibilidades que existen para alcanzar una solución. 
Deseo recordar asimismo que una positiva, aunque indirecta, contribución para solucionar esta cuestión que, sin embargo, no me parece cercana, puede ser la implementación de las actividades previstas en virtud de la asociación euromediterránea adoptada en Barcelona. 
Quiero dar las gracias al Presidente por su respuesta, aunque, lamentablemente, tengo que señalar que los resultados de la misión del Sr. Di Roberto no son los que esperábamos. 
Comprendo las dificultades que la Presidencia y el propio Sr. Di Roberto han encontrado. A pesar de su buena intención de progresar, no lo han conseguido debido a la reacción de determinados Estados miembros, partidarios de otras alternativas que, en el fondo, socavaban la iniciativa de la Presidencia italiana. 
En todo caso, celebro que la Presidencia irlandesa vaya a continuar esta iniciativa. 
Quisiera hacer un comentario que es también una pregunta: como ustedes saben, el Parlamento Europeo cree, y lo confirma con su resolución, que la Unión Europea debe adoptar una iniciativa global para solucionar el problema de Chipre, una iniciativa en forma de acción conjunta, que no sea únicamente una misión de observación del problema de Chipre por algún delegado de la Presidencia. 
Creemos que ha llegado el momento de que la Unión Europea asuma su responsabilidad adoptando una acción conjunta que incluya no sólo la coordinación del problema chipriota, sino también propuestas de programas de cooperación entre los chipriotas griegos y los chipriotas turcos, o también- por qué no- una propuesta para solucionar el problema de Chipre basada en las resoluciones de las Naciones Unidas, por un lado, y en el ordenamiento jurídico comunitario, por otro, ya que Chipre está a punto de ingresar en la Unión Europea. 
Según lo previsto, estará incluido en la próxima ampliación y las negociaciones con él comenzarán seis meses después de la Conferencia Intergubernamental. 
Evidentemente estoy de acuerdo con la solicitud de promover una iniciativa más eficaz y también más amplia y le corresponderá a la Presidencia irlandesa verificar su viabilidad y llevarla a la práctica. 
Permítaseme una consideración, que vale tanto para esta cuestión como para cualquier otra situación de conflicto. En este caso, al menos en esta etapa, no nos hallamos ante un conflicto sangriento, sino ante un conflicto político, a pesar de que fue sangriento en el pasado. 
Una acción de mediación es eficaz cuando las partes en conflicto están dispuestas en cierta manera a someterse a la mediación, pues, hay que decirlo claramente, la paz es un hecho endógeno. Si los que luchan no se convencen de que es mejor firmar la paz, la guerra continúa. 
Y esto vale para cualquier tipo de conflicto. 
Por consiguiente, es justo pedir en todo caso una acción de mediación y una intervención de la comunidad internacional y ¡ay si la comunidad internacional asistiera pasivamente o adoptara una actitud vacilante! 
Acepto el requerimiento de su Señoría a fin de que siga adelante la iniciativa de la Unión Europea. Deseo subrayar, sin embargo, que en Chipre, como en otras tantas otras situaciones, la acción de mediación tuvo que afrontar una persistente, terca y escasa disponibilidad de las partes a escuchar y aceptar los puntos de mediación propuestos por los mediadores. 
Confiemos en que las cosas vayan mejor en el futuro. 
Quiero dar las gracias también al Sr. Presidente. 
En primer lugar, quisiera afirmar que el Parlamento valora positivamente el nombramiento del Sr. Di Roberto como intermediario y delegado de la Presidencia para contribuir a la solución del problema de Chipre. 
Creo que es igualmente positivo que la Presidencia irlandesa mantenga esta iniciativa. 
Sin embargo, quisiera preguntar al Sr. Presidente si existe algún resultado de la intervención del Sr. Di Roberto que pueda servir de ayuda en su labor al nuevo intermediario de la Presidencia irlandesa. 
Y algo más. 
En el período durante el cual el Sr. Di Roberto asumió esta misión, se hicieron las famosas declaraciones Denktash sobre la suerte de los grecochipriotas desaparecidos en Chipre. 
¿Se ocupó el Sr. Di Roberto de este tema? ¿Cuál es el contenido de su informe, si es que ha presentado un informe al respecto? 
El Embajador Sr. Di Roberto pudo reunir toda una serie de elementos de evaluación y conocimientos que fueron compendiados y resumidos en un informe que se presentó al Consejo de Asuntos Generales y, tras su actualización, al COREPER. 
Por consiguiente, los Quince poseen todos los elementos de evaluación necesarios y en los mismos está el acervo en virtud del cual la Presidencia irlandesa va a seguir la acción de mediación afrontando también el problema de los desaparecidos. 
Sólo quiero hacer saber a la Asamblea que permaneceré aquí con este propósito concreto. 
Debido a su regla absurda basada en el absurdo consejo que ha recibido del personal que se sienta a su lado- pese a ser nueve personas -, usted ha negado a representantes de esta Asamblea la oportunidad de hacer una segunda pregunta suplementaria. 
Espero que se haya hecho constar en acta. 
Pregunta nº 10 formulada por Rui Vieira (H-0418/96): 
Asunto: Poseima 
Poseima es un programa de gran alcance para las Regiones Autónomas de Madeira y Azores. Contiene diversas medidas que han beneficiado justificadamente a la agricultura, la pesca, el artesanado, la energía, el consumo, el ambiente, la fiscalidad, etc. 
Pienso que la Comisión intentará que este programa siga en vigor, ya que en su articulado no se hace en general referencia a plazos de vigencia. 
Sin embargo, en algunos casos se mencionan períodos de concesión de los apoyos, como por ejemplo, en lo tocante a los sobrecostos del transporte marítimo de productos petrolíferos. 
Sería conveniente contemplar en Poseima otros productos de gran impacto en la economía de aquellas regiones ultraperiféricas, como son los fertilizantes para la agricultura, materiales para la construcción civil (cemento, maderas, tejas, vidrio, etc.) , componentes de raciones para el ganado, que aún no se contemplan. 
Querría saber si el Consejo piensa mejorar la eficacia de Poseima, continuando el apoyo a los sobrecostos del transporte de productos petrolíferos y prorrogando los plazos de vigencia de otros productos; o también haciendo que se incluyan otros productos necesarios a la vida económica como los arriba mencionados. 
El Consejo coincide con la observación hecha por su Señoría con respecto a la utilidad del programa Poseima, establecido en 1991 para paliar la lejanía y la insularidad de Madeira y las Azores. 
Sin embargo, cabe señalar que, al igual que en otros casos, corresponde a la Comisión presentar propuestas al respecto, y que hasta la fecha el Consejo no ha recibido de la Comisión propuesta alguna relativa a la prolongación del período de vigencia ni a la ampliación de las medidas actuales a otros productos que los ya cubiertos por la reglamentación en vigor. 
Por consiguiente, desde un punto de vista general, nada impide acoger las solicitudes formuladas en la pregunta del Sr. Vieira. El problema estriba en que la Comisión atienda dichas solicitudes y, en su virtud, formen parte o sean objeto de una propuesta que deberá someterse al Consejo, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. 
Señor Presidente, agradezco las explicaciones del Consejo, pero me parece extraño que la Comisión aún no haya dicho al Consejo, por ejemplo, que el apoyo financiero respecto del sobrecoste de los productos petroleros concluyó en 1994. 
Y al mismo tiempo me gustaría que el Consejo me informara de si, de hecho, la intención es la de que continúe en vigencia este programa después de 1999 o si tal vez hay alguna objeción respecto a la continuación de este programa que ha sido- repito- utilísimo para las regiones periféricas de las Azores y de Madeira. 
Puede parecer extraño que la Comisión no haya presentado propuestas, pero es así, no se cómo decirlo de otra forma. La Comisión no ha presentado propuestas respecto a las cuestiones planteadas en su pregunta. 
Si la Comisión las presentara, tras motivarlas, nada impide, en principio, que el Consejo las estudie positivamente y las acepte. 
Sin embargo, no corresponde al Consejo presentar propuestas ni tampoco motivarlas, le corresponde a la Comisión y, por lo tanto, al igual que usted coincido en la necesidad de pedirlo a la Comisión. 
Deseo añadir algo más. Cuando se producen casos como éste- y ya los ha habido- el Parlamento Europeo, hay que decirlo, tiene muchos más medios de presión sobre la Comisión que el Consejo en cuanto a presentar ciertas propuestas. 
Digo esto porque se suele hablar de la insuficiencia de poderes del Parlamento Europeo. No cabe duda de que el Parlamento Europeo está investido de poderes insuficientes y todos los presenten saben que la Presidencia italiana luchó y sigue luchando en la Conferencia Intergubernamental a fin de que el Parlamento ostente más poderes, sin embargo, tampoco cabe duda de que el Parlamento y los diputados ejercen un poder de presión político sobre la Comisión, especialmente, en lo referente a formular propuestas específicas y, por consiguiente, valdría la pena hacerlo valer con más determinación. 
Suspendo el turno de preguntas. 
Sin embargo, sigue pendiente el compromiso del Sr. Fassino de contestar al Sr. Falconer respecto a una cuestión que quedó en suspenso a raíz de las preguntas anteriores. 
Los servicios del Consejo trabajaron para facilitarme todos los datos necesarios para contestar al Sr. Falconer, tal como le prometí. 
Podemos proporcionarle un texto escrito, que probablemente será más preciso y exhaustivo de lo que podría serlo yo ahora de viva voz e improvisando. 
Creo que dicho texto contiene todos los elementos de evaluación solicitados. En el caso de que el Sr. Falconer no lo encontrara satisfactorio, volveremos a tratar la cuestión en el próximo turno de preguntas. 
Unión Nórdica de Pasaportes, EEE y Convenio de Schengen- Cumbre de Visby 
Señorías, si les parece bien empezaremos la sesión. 
Como sabrán, una competición deportiva nos hace competencia desleal- por ello saludo todavía más a la Presidencia del Consejo -, tenemos también una velada provenzal, pero también tenemos un trabajo muy serio que realizar. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-0442/96- O-0056/96 y B4-0443/96- O-0057/96 del Sr. Rehn y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, al Consejo y a la Comisión, sobre la libertad de circulación de personas en la Unión Nórdica de Pasaportes, en el Espacio Económico Europeo y en los países de Schengen; -B4-0449/96- O-0123/96 y B4-0450/96- O-0124/96 del Sr. Cederschiöld y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, al Consejo y a la Comisión, sobre la Unión Europea, el Convenio de Schengen y la Unión Nórdica de Pasaportes; -B4-0562/96- O-0128/96 y B4-0563/96- O-0129/96 de la Sra. Van Lancker, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión y al Consejo, sobre la libre circulación de personas en el Espacio Económico Europeo, la Unión Nórdica de Pasaportes y Schengen; -B4-0564/96- O-0131/96 y B4-0565/96- O-0132/96 de la Sra. Hautala y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, sobre la compatibilidad entre la Unión Nórdica de Pasaportes, el Convenio de Schengen y el artículo 7 A del Tratado; -B4-0568/96- O-0137/96 y B4-0569/96- O-0138/96 de los Sres. Caccavale y Schaffner, en nombre del Grupo Unión por Europa, al Consejo y a la Comisión, sobre la libertad de circulación, el Convenio de Schengen y la Unión Nórdica de Pasaportes; -B4-0570/96- O-0139/96 y B4-0664/96- O-0140/96 del Sr. Pradier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, al Consejo y a la Comisión, sobre la libertad de circulación en el seno de la Unión Europea, la Unión Nórdica de Pasaportes y los países de Schengen; -B4-0667/96- O-0144/96 y B4-0668/96- O-0145/96 del Sr. Krarup, en nombre del Grupo Europa de las Naciones, al Consejo y a la Comisión, sobre la Unión Nórdica de Pasaportes y el Convenio de Schengen; -B4-0669/96- O-0146/96 del Sr. Sjöstedt, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, al Consejo, sobre el Convenio de Schengen y la Unión Nórdica de Pasaportes; -B4-0447/96- O-0121/96 y B4-0448/96- O-0122/96 de los Sres. 
Señora Presidenta, lamento que esta intervención coincida con un acontecimiento europeo tan importante como el encuentro de fútbol entre Alemania e Italia. 
Yo mismo he hecho de tripas corazón para estar aquí presente, a la vez que imagino que en esta ocasión el debate será muy breve. 
La pregunta oral que esta tarde se somete a debate se hace eco de la preocupación por el hecho de que en la Unión Europea no se haya cumplido rigurosamente el principio, recogido ya por el Tratado de Roma, sobre la libre circulación de personas. 
Por tal motivo, el Grupo liberal y todo el Parlamento desearían que tanto la Comisión como el Consejo se pronunciaran sobre qué medidas pretenden adoptar para, en primer lugar, lograr inscribir las disposiciones del Convenio de Schengen en el espíritu de los tratados constitutivos y del proceso decisorio comunitario y, en segundo, garantizar la continuidad de la Unión Nórdica de Pasaportes una vez que Dinamarca, Suecia y Finlandia, miembros de esta, suscriban el Convenio de Schengen. 
La solución a esta cuestión habrá que buscarla en dos momentos diversos. 
En los próximos meses, se deberá garantizar el futuro de la Unión Nórdica de Pasaportes durante las negociaciones entre los países signatarios del Convenio de Schengen y los cinco países nórdicos. 
Esta Unión de Pasaportes ha venido funcionando desde 1954 dentro de las fronteras de los países nórdicos, es decir, Dinamarca, Suecia y Finlandia, que son Estados miembros de la UE, más los extracomunitarios Noruega e Islandia. 
Se está perfilando una solución pragmática y realista a este problema tras el anuncio por parte de los Gobiernos de Islandia y Noruega de su disposición a asumir las obligaciones actuales derivadas del Convenio de Schengen. 
Por lo que respecta a las decisiones que se adopten en el futuro en los ámbitos de actuación del Convenio de Schengen, estos dos países gozarán de un estatuto especial para poder emitir su opinión, si bien, naturalmente, no se prevé otorgarles ningún tipo de derecho a veto. 
Las alternativas a las que se enfrentan estos dos países son, o bien aceptar las decisiones futuras de los países signatarios del Convenio de Schengen, o bien salirse del sistema. 
Los ciudadanos de los cinco países nórdicos desean estar presentes en un espacio europeo libre de formalidades fronterizas, si bien, por otra parte, les sería imposible aceptar el desmantelamiento de una unión de pasaportes que ha estado en vigor durante décadas. 
La implantación de controles fronterizos entre los países nórdicos, cuyos ciudadanos han venido gozando desde los años cincuenta de una libre circulación sin necesidad de pasaportes similar a la establecida en el Tratado de Roma, representaría un enorme paso atrás en el proceso de integración europea que no nos podemos permitir en absoluto. 
A largo plazo, nos debemos fijar como objetivo la inclusión del Convenio de Schengen en el marco de los tratados constitutivos de la Unión Europea. 
Únicamente de esta manera podremos garantizar el carácter democrático de la aplicación del proceso decisorio y del control judicial por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
El Grupo liberal considera que este es uno de los objetivos más importantes de la CIG actualmente en marcha. 
Para lograr este objetivo, el Consejo y la Comisión deberían fijar un calendario claro como, por ejemplo, antes del año 2000. 
Su respuesta servirá para medir el grado de seriedad con que el Consejo y la Comisión acometen la construcción de la Europa de los ciudadanos, que, a fin de cuentas, es de lo que esencialmente se trata. 
Señora Presidenta, la libre circulación de personas es uno de los objetivos principales de la Unión. 
Se trata de un objetivo fijado por un tratado- no debemos olvidarlo- al que se han vinculado todos los Estados miembros, inclusive aquellos que actualmente se manifiestan en contra de la libre circulación y que actúan menoscabándola. 
La cooperación de Schengen es una medida especial, que a la larga debería integrarse dentro de la UE y entrar en el marco de la legislación comunitaria para poder funcionar bien, precisamente como lo deseamos el Parlamento y la Comisión. 
Las mismas condiciones se aplican a la casi totalidad de los convenios cubiertos por el Tercer pilar. 
Todos sabemos que se necesitan unas soluciones jurídicas nuevas y unos nuevos mecanismos jurídicos con el fin de dar solución a muchas de las cuestiones que actualmente se resuelven con la ayuda de convenios, los cuales a menudo no se ratifican, y por ello no tienen el efecto deseado. 
A causa de esto no funcionan las medidas compensatorias que constituyen por sí mismas la condición previa para la libre circulación. 
Al menos deberíamos solucionar lo más urgente: las fronteras exteriores y la lucha contra los estupefacientes. 
Los bloqueos que se producen en el seno del Consejo los causa a menudo la desconfianza de los Estados miembros en la capacidad de otros estados para adoptar unas decisiones políticas razonables. 
Lo que falta es simplemente la confianza, y hay que darle un fundamento. 
En este sentido, tenemos la cooperación nórdica, que es un intercambio a nivel práctico. 
La cooperación nórdica policial, aduanera y en el sector de los narcóticos funciona a diario. 
Nos escuchamos unos a otros. 
Esto debería poder transferirse al nivel de la UE. 
Aunque los métodos varíen, el objetivo es el mismo, el de que los traficantes de drogas y los terroristas no puedan moverse libremente y atravesar las fronteras de Europa. 
En el Norte no cerramos las fronteras porque otro país lleve una política que nos desagrade en términos generales. 
Aplicamos la confianza en lugar de la desconfianza. 
Durante más de 40 años el Norte ha disfrutado de la no necesidad de mostrar pasaporte- y esto hay que conservarlo. 
En este sentido el Norte es innovador y un ejemplo para la UE. 
Perseguimos precisamente los objetivos que representa la UE en este ámbito, y es lógico que el Norte participe de la evolución futura. 
Es central que se relacione a Europa, y que no se la divida, por ello los lazos deben ser más fuertes. 
La Unión no sólo debe ampliarse hacia el este, sino también hacia el norte y el sur. Esto presupone unos fuertes lazos con los países democráticos que practican la economía de mercado y que se hallan a nuestro alrededor. 
La Unión no debe encogerse. 
Debemos extender nuestros valores. 
Existen una serie de problemas técnicos y prácticos, entre ellos los relativos al tráfico aéreo y de equipajes. 
Creo que Suecia podría ser de ayuda en este contexto. 
Quizá podría destinarse una parte de los recursos vía Suecia, ya que hemos resuelto estos problemas en la práctica. 
Lo importante, y aquello en lo que consecuentemente debemos centrarnos, no es la solución técnica a cada detalle, aunque los informes que se presentan al Parlamento sobre estas soluciones deben ser más precisos. 
Lo importante es que adaptemos estos nuevos países a un sistema jurídico que funcione, donde el Tribunal de Justicia y el Parlamento tengan una función de control. 
Para ser breve: debe incluirse a Islandia y Noruega. 
No dudo ni un segundo en que la Comisión tomará la iniciativa en este ámbito. ¿Pero podrá el Consejo estar a la altura de los ideales europeos y democráticos? 
Señora Presidenta, señor Comisario, este Parlamento Europeo no ha dejado pasar ninguna oportunidad para quejarse de que la libre circulación de personas, una disposición del Tratado que tendría que haber sido un hecho el 1 de enero de 1993, todavía sigue siendo papel mojado. 
Debido al bloqueo de algunos países, los capitales pueden moverse libremente dentro de la Unión, pero no las personas. 
A menudo se utilizan todo tipo de argucias para camuflar la falta de voluntad política para realizar la libre circulación. 
Naturalmente sabemos que es necesaria la cooperación internacional en materia de seguridad interna, fraude y lucha contra el crimen. 
En el mundo de hoy, los Estados miembros nacionales no pueden garantizar la seguridad. 
Pero tampoco se detendrá a los criminales, Señorías, manteniendo las fronteras interiores. 
Mi Grupo se opone totalmente al vínculo entre la seguridad interna y la circulación de personas. 
Este Parlamento ha expresado sus críticas por la construcción ad hoc, a diferentes velocidades, del convenio de Schengen. 
En un Estado de derecho democrático, Señorías, se aplica el principio de que no hay política sin Estado. 
Esto es una garantía de los derechos del ciudadano, control judicial y parlamentario, y Schengen no lo cumple de ningún modo. 
Ni siquiera los parlamentos nacionales apenas pueden controlar nada. 
Schengen tiene que sustituirse por una norma comunitaria europea. 
Mientras tanto, los parlamentos han empezado a coordinar el control parlamentario en el espacio de Schengen. 
Considero crucial que este Parlamento Europeo se asocie a esta coordinación, pues Schengen tiene que ver por completo con Europa. 
También es crucial que la Comisión Europea, como observadora de Schengen y guardiana de los tratados, informe con regularidad e íntegramente al Parlamento sobre las consecuencias que ello pueda tener para la normativa comunitaria. 
Pero por lo visto, Schengen tiene éxito, quizás más del que desearíamos. 
Me refiero al acuerdo que se está gestando para la adhesión de la Unión Nórdica de Pasaportes al espacio de Schengen. 
Dos de estos países nórdicos no son miembros de la Unión Europea, algo que era una condición para poder acceder al convenio de Schengen. 
En sí, la ampliación del espacio en el que se aplica la libre circulación de personas es positivo, pero quisiera hacer algunos comentarios a esta integración. 
En primer lugar, para nosotros es impensable que la Unión Nórdica de Pasaportes, que existe desde 1954, definiera nuevas fronteras para Schengen. 
Pero en segundo lugar, y de eso no hay duda, es inaceptable que la adhesión de Noruega e Islandia al espacio de Schengen a través de toda clase de artefactos jurídicos hipoteque la futura comunitarización tanto de la libre circulación de las personas como de las medidas de seguridad interna, y que Noruega e Islandia puedan bloquear a la Unión Europea. 
Schengen, Señorías, prevé su propia eliminación a medida que la Unión asuma sus tareas, y esto no puede verse amenazado bajo ningún concepto. 
Quiero preguntar al Consejo y a la Comisión qué harán, teniendo en cuenta la adhesión de todos los Estados nórdicos, para introducir poco a poco las materias del convenio de Schengen en el derecho comunitario. 
Pues esto es lo que todos queremos. 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con mi colega Olli Rehn en que no existen razones para temer que Noruega e Islandia se lancen a sabotear las decisiones del grupo de Schengen en el caso de que estos países entraran ahora a formar parte del mismo, tal como está previsto. 
Por el contrario, sí hay motivos de preocupación si pensamos que con la propia adhesión de Finlandia y Suecia a la Unión Europea, y su hipotética incorporación al grupo de Schengen, se han creado nuevas fronteras en el norte de Europa, donde ya se está registrando un claro descenso en los desplazamientos entre los países bálticos y Rusia, por una parte, y los países nórdicos, por otra. 
Las personas no pueden ya circular por Europa del norte como lo hacían en otras épocas. 
Cabe igualmente señalar que la incorporación de Finlandia al grupo de Schengen se ha producido de manera bastante solapada y, más concretamente, sin ser sometida a ninguna clase de debate ciudadano. Según tengo entendido, incluso el Parlamento finlandés ha albergado dudas sobre si el país necesita un sistema como el que ofrece en la actualidad el Convenio de Schengen. 
Para los Verdes, uno de los mayores problemas que suscita el modelo de Schengen está relacionado con la protección de los datos relativos a los ciudadanos. 
Hay que señalar que el control parlamentario no es suficiente, pero los Verdes tampoco estamos dispuestos a creer que la solución sea la mera fusión del sistema de Schengen en el seno de la Unión Europea puesto que, desde el punto de vista de los ciudadanos, este modelo, un poco como ocurre con la cooperación en el marco de la Europol, afecta a problemas de orden fundamental. Además, resulta evidente que no existen motivos para lanzarse a crear un estado policial europeo para someter bajo su control y mantener bajo sospecha a todos y a cada uno de sus ciudadanos. 
También nos encontraríamos ante un problema en el caso de que Noruega, casualmente, decidiera permanecer al margen del Convenio de Schengen, puesto que, como finlandesa, considero que, llegado este caso, Finlandia- y posiblemente también Suecia y Dinamarca- debería reflexionar detenidamente su participación en el grupo de Schengen, pues se produciría una situación que, en la práctica, acabaría con la Unión Nórdica de Pasaportes. 
El principio de la libre circulación a nivel de la Unión Europea ha de asentarse en bases distintas a las que ofrece el Convenio de Schengen y, en este sentido, las cuestiones relativas a la protección de datos y a la situación de los ciudadanos son fundamentales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, es otro acontecimiento de alcance europeo el que ha justificado o, mejor dicho, puede disculpar en parte mi retraso, pero en cualquier caso lo ha provocado. 
Yo también quisiera asociarme a las peticiones, a las preguntas de los colegas y, aprovechando precisamente la presencia del Comisario Monti, plantear, en sustitución del Sr. Pradier y también en nombre del Grupo de la Coalición Radical Europea, los mismos interrogantes que todos nosotros nos planteamos ante la desviación con la que, de hecho, el sistema ha subvertido uno de los fundamentos de la política del mercado interior, una de las grandes conquistas que surgió en el horizonte en 1985 con el Acta Única Europea, con la libre circulación no sólo de mercancías sino también de personas, instaurando, pues, un gran espacio de libertad y de derecho. 
Me parece que la desviación es peligrosísima; desde este punto de vista, el Comisario Monti ha heredado un expediente muy delicado, pero conocemos su capacidad operativa y sabemos que desde que ha tomado posesión de su cargo intenta hacer realidad efectivamente ese derecho, ese artículo ignorado del Tratado. 
Pero ahora me parece que la situación es especialmente grave, cuando, al tratarse de órganos de decisión, no se tiene siquiera el pudor de referirse no digo a los órganos comunitarios propiamente dichos, sino ni siquiera a los del tercer pilar, y se habla ya directamente del Comité Ejecutivo de Schengen como órgano facultado para tratar las cuestiones referentes a la libre circulación, no sólo en el interior de la Unión, sino también con respecto a los terceros países. 
Me refiero, evidentemente, a la cuestión de los países del norte de Europa, cuestión, por otra parte, general. 
Por lo tanto, es lícito preguntarse qué se puede hacer y cómo podemos ayudar a la Comisión para que se dé a los ciudadanos europeos una señal de integración y no de disolución, también y sobre todo en este ámbito, en la mera cooperación intergubernamental, por otra parte desastrosa. 
Señora Presidenta, durante más de 40 años ha funcionado la Unión Nórdica de Pasaportes. 
A diferencia del Convenio de Schengen, ha funcionado bien. 
Pero es porque es distinta del Convenio. 
En la práctica significa que se tiene derecho a viajar libremente sin pasaporte, pero que se mantienen los controles fronterizos. 
Éste es un modelo que goza del apoyo popular. 
Debe conservarse la Unión Nórdica de Pasaportes. 
El Gobierno sueco ha dejado bien claro que Suecia no formará parte de los acuerdos de Schengen si éste no incluye a todos los países nórdicos. 
No solamente es políticamente, sino también prácticamente imposible mantener una frontera según este Convenio entre Suecia y Noruega. 
Se ha propuesto a los países nórdicos un acuerdo por parte del Grupo de Schengen que significa que todos ellos deberían adherirse al modelo del mismo nombre. 
Por lo que respecta a Noruega y a Islandia esto significa que van a tener voz, pero no voto. 
No tienen derecho a voto en el seno del Comité ejecutivo de Schengen, pero deben acatar todas las decisiones futuras, de otro modo tendrán que abandonar de inmediato todo el Convenio de Schengen. 
Pienso que el modelo es, visto desde el punto de vista democrático, totalmente inaceptable. 
Además se trata de un modelo extremadamente inestable; solamente con que Noruega diga «no» una vez, será necesario tener una frontera tipo Schengen entre Suecia y Noruega. 
Nunca antes se había visto tan amenazada la Unión Nórdica de Pasaportes como hoy a causa de este convenio. 
La próxima pregunta es: ¿Qué va a suceder el día en que el Convenio se integre en el Derecho comunitario? 
Con motivo de la Conferencia Intergubernamental se discute actualmente desde un punto de vista técnico y muy concreto cómo va a convertirse a Schengen en una parte integrante del Derecho de la UE. 
En tal caso, el Tribunal de la UE va a ejercer su influencia y debería modificarse la constitución noruega. 
Si hay que hacerlo, basta con que uno de cada cuatro diputados del Parlamento noruego vote negativamente para que Noruega no pueda formar parte de Schengen. 
Actualmente, más de uno de cada cuatro diputados del Parlamento noruego están en contra del Convenio. 
Esto significa que, con el procedimiento que se adopta ahora, se amenaza a la Unión Nórdica de Pasaportes, y es absolutamente incomprensible esta precipitación, antes de que conozcamos los resultados de la Conferencia Intergubernamental. 
La exención de pasaportes nórdica se ve amenazada. 
En el transcurso del debate sobre el Convenio de Schengen se arguye la exención de pasaportes como un aspecto integrante, pero Schengen es mucho más que eso: es una política de inmigración concertada con unos rasgos claramente inhumanos, unos grandes registros de datos personales con un débil control democrático. 
Es realmente una columna central que forma parte del desarrollo de la política jurídica común de la Unión Europea. 
A ella deberán adaptarse Islandia y Noruega sin disfrutar de influencia alguna, a pesar de que, a través de una decisión democrática eligieron no ser miembros de la Unión Europea ni de su aparato normativo. 
Además, la prometida exención de pasaportes puede resultar ser una cosa muy distinta. 
En relación con otras partes del mundo significa un control más riguroso, por ejemplo, cara a los países del tercer mundo. 
También puede significar que nos veamos obligados a llevar documentos de identidad. 
Suecia ya ha recibido advertencias de Francia y Holanda sobre el hecho de que los ciudadanos suecos deben llevar documentos de identidad cuando viajan al extranjero. 
Por eso me pregunto: ¿Dónde está la libertad, cuando se reemplazan los pasaportes por documentos de identidad? 
Para mí esto no es libertad en absoluto. 
Para este problema sólo existe una solución para los países nórdicos, una solución que garantice la continuidad de la Unión Nórdica de Pasaportes, que goce del apoyo genuino de la población, y por la que seamos nosotros los que decidamos sobre el futuro de la Unión de Pasaportes. 
La solución es que los cinco países nórdicos decidan no adherirse al Convenio de Schengen. 
Señora Presidenta, la Cumbre de Visby del Consejo del Báltico- Consejo de los Estados del Mar Báltico- donde la UE se vio representada al más alto nivel, fue un paso adelante y esto es esencial. 
La región del Báltico encierra una compleja problemática europea. 
El antiguo sistema soviético ha dejado muchos sedimentos, y actualmente disfrutamos de unos contactos directos entre la nueva Rusia, los nuevos países solicitantes de adhesión a la UE y los de la nueva Europa occidental, encaminada a cumplir su misión histórica. 
La región del Báltico encierra grandes promesas, pero también grandes riesgos. 
Como se deduce de la declaración presidencial pronunciada por el Presidente en ejercicio con motivo de la cumbre, el Presidente sueco, se trataron entre otras cosas cuestiones que giran en torno al desarrollo y la integración económicos, a la problemática ambiental y la lucha contra el crimen internacional. 
El Presidente Santer presentó la llamada iniciativa para el Báltico de la UE, que establece el fundamento para las acciones continuadas de la Unión. 
Junto con los documentos que le fueron encomendados para su elaboración a la Presidencia del Consejo del Báltico, tenemos el punto de partida para los trabajos de seguimiento que se iniciarán el 2-3 de julio con la reunión de ministros de asuntos exteriores en Kalmar, una ciudad sueca situada en la costa del Báltico. 
Aunque las cuestiones de política de seguridad no figuraran en el orden del día propiamente dicho del Consejo del Báltico, dicha instancia juega un importante papel en este contexto. 
La cumbre abrió por vez primera la posibilidad de celebrar unas conversaciones informales al más alto nivel entre el primer ministro ruso y los dirigentes de los tres países bálticos. 
Las posibilidades de establecer dichos contactos se darán con ocasión de frecuentes reuniones de ministros. 
Además, se estimula la situación de la política de seguridad mediante contactos a todos los niveles entre personas de la administración estatal, del mundo de los negocios y de la vida académica. 
La UE y el Consejo del Báltico pueden facilitar la intensificación de todas estas redes de comunicación. 
En la propuesta de resolución que el Parlamento puede adoptar se dice que la UE y el Consejo del Báltico deberían tomar la iniciativa para que todos los países miembros de la Unión, en colaboración con el Parlamento Europeo y con los parlamentos nacionales, se reunieran con ocasión de una conferencia del tipo que se celebró el pasado año en Barcelona para tratar las cuestiones que afectan al Mediterráneo. 
Una iniciativa de este carácter podría acercar más a estos pueblos. 
Bajo los auspicios de una UE en crecimiento, señora Presidenta, se favorecen las acciones especiales para promover contactos entre miembros y países solicitantes de la adhesión, allí donde las distancias geográficas y las divergencias en cuanto a historia y cultura puedan dificultar la creación de una verdadera comunidad. 
A modo de eslabón de los preparativos para la cumbre de Visby, un grupo de empresarios celebró una cumbre de negocios, en la que se adoptó una agenda de medidas encaminadas a estimular la actividad económica, la inversión y el comercio. 
Dicha agenda se presentó al presidente del grupo de personalidades del mundo de los negocios para que la expusiera con ocasión de la cumbre. 
Es central que se estimule y se facilite este tipo de colaboración empresarial, y que el mundo de los negocios sea consciente de ello y aproveche las posibilidades. 
De este modo se puede ampliar e infundir fuerza a las corrientes de recursos que llegan de las acciones de ayuda de la Unión Europea y de los programas bilaterales. 
En la propuesta de resolución se destaca también la importancia de que se creen unas mejores estructuras jurídicas en los países que actualmente atraviesan una transformación política y económica. 
Un país debe construirse conforme a la ley. 
Las facultades de Derecho de las universidades se vieron gravemente desatendidas durante la época del régimen soviético. 
En este ámbito existe una importante tarea que cumplir para la UE, que consiste en apoyar los esfuerzos nacionales que se realizan para lograr poner en pie una competencia jurídica. 
Señora Presidenta, el Convenio de Schengen se firmó en 1985, pero pasaron diez años antes de que se aplicara. 
La mayoría de países vinculados al Convenio y sus ciudadanos están criticando duramente dicho acuerdo. 
En el resto de países la desconfianza es considerable. 
Para conseguir algo positivo- la libre circulación- se ha decidido que es necesario adoptar una serie de medidas negativas, las cuales nos hacen pensar en la idea de la Fortaleza Europea. 
¿No es hora ya de que admitamos que el criticado Convenio de Schengen no es ni el mejor ni el único modo de lograr la libre circulación de las personas? 
Una alternativa es la Unión Nórdica de Pasaportes, que ha funcionado durante más de 40 años, y que brinda realmente a las personas el derecho a la libre circulación sin crear con ello murallas que nos aíslen del resto del mundo, pero conservándolas a la vez. 
¿Qué significa la libre circulación bajo la perspectiva de la UE? 
Altos muros para el resto del mundo y un sistema de control sofisticado, la sustitución de unas estaciones fijas de control fronterizo interno por controles fronterizos móviles dentro del país, reemplazar el pasaporte por un documento obligatorio de identidad tipo Schengen, etc. Todo ello vigilado por un cuerpo policial que llamamos Europol. 
El grupo de los Verdes manifiesta su total oposición a la integración del modelo Schengen dentro de la Unión, y considera que es lamentable que el documento de trabajo del Consejo demuestre que ya se está trabajando para conseguirlo. 
Señora Presidenta, quisiera recordar sólo lo que los ciudadanos europeos esperan desde enero de 1993 hasta ahora, a saber: crecimiento económico, sobre todo libre circulación y cooperación entre las autoridades nacionales en materia de seguridad, de lucha contra la delincuencia, pero yo diría, en primer lugar, una Europa protagonista en el mundo. 
En cambio, me parece que en ese plano estamos muy lejos de alcanzar esos objetivos. 
Nosotros no podemos señalar los efectos negativos del hecho de que no se hayan alcanzado esos objetivos en la Unión. 
Creo que todos o casi todos los presentes están a favor de la entrada de los países nórdicos en el Acuerdo de Schengen. 
Nuestra crítica se dirige, no obstante, a la Europa de dos velocidades, pero más que de dos velocidades, diría que en orden abierto, con algunos Estados miembros que actúan por cuenta propia en materia de libre circulación, de seguridad y de lucha contra la delincuencia. 
Por eso, nuestra posición es crítica: no tanto, pues, sobre el fin de Schengen, que es absolutamente justo y correcto, sino por el hecho de que ese acuerdo podría no facilitar, podría más bien desacelerar la comunitarización del tercer pilar, que nosotros deseamos. 
A este respecto, se nos pide a todos un gran compromiso, y me pregunto si la importancia del objetivo de la libre circulación de personas es comparable con la aplicación y la cuestión territorial de Gibraltar o con la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia, que también es absolutamente importante. 
Ahora el Convenio está bloqueado y bloquea otros actos importantes, como, por ejemplo, el Convenio de Dublín sobre el derecho de asilo. 
Así pues, a eso quisiera que todos nosotros prestáramos atención y sobre eso espero que la Comisión y el Consejo se definan. 
Por lo que se refiere a la aceleración de la aplicación de la libre circulación de personas en la Unión Europea, los órganos del Consejo prosiguen los trabajos sobre las tres propuestas presentadas el año pasado por el Comisario Monti, relativas, como se sabe, al derecho de los ciudadanos de los terceros países a viajar dentro de la Comunidad, a la supresión de los controles de las personas en las fronteras interiores y a las adaptaciones del Derecho derivado sobre la libre circulación de los trabajadores, de los trabajadores autónomos y de los beneficiarios de servicios. 
Además, el Consejo dedica atención al proyecto de Convenio sobre el paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea por parte de las personas. 
Sin embargo, sobre este texto persisten problemas que aún no están resueltos, entre ellos, en particular, el ámbito de aplicación territorial y la posible atribución de competencias al Tribunal de Justicia para pronunciarse de manera prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones del Convenio y para pronunciarse sobre las controversias relativas a su aplicación. 
El dictamen emitido por el Parlamento sobre ese proyecto de Convenio en abril de 1994 ha sido objeto, naturalmente, de la atención del Consejo, y las sucesivas Presidencias del Consejo no han dejado de informar periódicamente al Parlamento Europeo de la marcha de los trabajos sobre ese expediente. 
Además, el Consejo está estudiando la relación entre la Unión Nórdica de Pasaportes y el proyecto de Convenio sobre el paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros por parte de las personas. 
No le compete al Consejo pronunciarse sobre las implicaciones de la Unión Nórdica de Pasaportes y de la ampliación de los Acuerdos de Schengen. 
Cualquier comunitarización de algunos sectores, contemplados en los Acuerdos de Schengen, sólo puede realizarse de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo K.9 o en el artículo M del Tratado de la Unión Europea: el artículo K.9 establece que el Consejo podrá decidir por unanimidad, a iniciativa de la Comisión o de un Estado miembro, la aplicación del artículo 100 C del Tratado a algunas materias que son objeto de la cooperación en los sectores de la justicia y de los asuntos de interior, determinando las condiciones de votación que correspondan. 
Los Estados miembros deberían adoptar posteriormente dicha decisión de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. 
En una comunicación al Parlamento y al Consejo de noviembre de 1995, la Comisión ya anunció que no tenía la intención de presentar una iniciativa en ese sentido, puesto que considera que el objetivo de la comunitarización en los sectores de que se trata tiene más probabilidades de alcanzarse en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental para la revisión de los Tratados que mediante una iniciativa basada en el artículo K.9. 
Es evidente, pues, que, dado que la Conferencia Intergubernamental ha iniciado sus trabajos, le compete a ese mismo foro, convocado en virtud del artículo N del Tratado de la Unión europea, examinar la posibilidad de incorporar al Tratado de la Unión Europea las disposiciones de los Acuerdos de Schengen, sometiéndolas al control del Parlamento Europeo y a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Ahora deseo detenerme brevemente en la Cumbre de los Estados del Mar Báltico, que se celebró los días 3 y 4 de mayo en Visby. 
Quiero subrayar que, naturalmente, el Consejo considera de gran importancia el refuerzo de la estabilidad y del desarrollo económico en la región del Báltico y, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Essen, confirma la importancia de las iniciativas de cooperación regional en Europa. 
Por lo que respecta a la cooperación, en particular con la región del Mar Báltico, el 29 de mayo de 1995 el Consejo elaboró unas conclusiones sobre la política de la Unión Europea con respecto a dicha región, basándose en una comunicación de la Comisión. 
No obstante, antes de hablar de los contenidos de esas conclusiones, quisiera recordar que, en realidad, la Presidencia del Consejo ya había tenido ocasión de intervenir, el 17 de abril, en un debate aquí, en su Parlamento, sobre la Cumbre de Visby. 
En ese momento se había puesto de relieve el interés con el que la Unión observa toda el área del Báltico: pienso especialmente en los acuerdos europeos de asociación con nada menos que cuatro países del área- Polonia, Estonia, Letonia y Lituania- y en el diálogo político intenso, ya desarrollado sobre la base de la iniciativa ítaloinglesa de 1993. 
Por otra parte, el Parlamento Europeo contribuye de manera significativa a ese diálogo político: recuerdo la reunión en Varsovia de la comisión parlamentaria mixta Parlamento Europeo-Parlamento polaco, de 22 de enero, y la reunión de una delegación análoga, que se celebró con Estonia en Bruselas el 26 de marzo, en la que la Presidencia italiana intervino a nivel político. 
Recuerdo asimismo las misiones informativas a nivel político dirigidas por la Presidencia italiana a primeros de abril en Riga, Vilnius, Tallin y Varsovia, precisamente con el fin de explicar a esos países las prioridades de nuestro semestre. 
Recuerdo también la participación en la UEO, con el estatuto de interlocutor asociado, de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, una situación que supone un cambio cualitativo que se ha efectuado a partir del antiguo foro de consulta con los países de la Europa central y oriental y que permite que un Estado interlocutor asociado participe ya con un grado de integración satisfactorio en muchas actividades de la propia UEO. 
Todo lo que he recordado hasta ahora se inserta en el marco general del apoyo de la Unión a las distintas formas de cooperación regional, que se discutió y se aprobó en Essen, encaminado a favorecer la estrategia de preadhesión y de aproximación a la Unión de grupos de Estados, en particular de los Estados del área interesada. 
Ya he mencionado el Consejo nórdico; deseo recordar también la iniciativa centroeuropea, dotada de una proyección concreta también báltica, dada por la presencia de Polonia desde las primeras fases de vida de la iniciativa misma. 
Quisiera recordar que precisamente la ICE, en la reunión ministerial de Viena de hace unas semanas, decidió la ampliación de su organización a quince miembros, convirtiéndola así en la más consistente y más amplia forma de cooperación regional en el ámbito europeo. 
El Consejo y la Comisión han emprendido relaciones con la ICE, que quedarán reflejadas en el documento de conclusiones del Consejo Europeo de Florencia. 
He mencionado todo eso para recordar que el documento del Consejo sobre la cooperación con el Mar Báltico, de 29 de mayo, no es un hecho circunstancial sino que es la consecuencia de una estrategia de relaciones entre la Unión Europea y los países del Mar Báltico que ya ha visto numerosas citas y se desarrolla en numerosos foros. 
En particular, el Consejo pone de relieve la importancia que resulta de las posibilidades de intercambio y de inversiones, ante la perspectiva de la integración de la región en la economía europea y mundial, integración que, por otra parte, se ajusta a los propios intereses de la Unión. 
La Unión Europea contribuye ya mediante instrumentos existentes, en particular los programas PHARE, TACIS y de cooperación transfronteriza, al desarrollo del crecimiento económico y a la apertura a los intercambios, fomentando así nuevas posibilidades de inversión. 
Además ha celebrado con los terceros países ribereños acuerdos que prevén, de conformidad con modalidades propias, la reducción de las barreras a los intercambios. 
El Consejo recuerda que muchas de las acciones previstas como consecuencia de la Conferencia de Visby ya se han puesto en marcha con la asistencia de la Unión Europea, así como con la asistencia bilateral de los Estados miembros: a modo de ejemplo, recuerdo la asistencia en los sectores administrativo y aduanero, el apoyo a los terceros países ribereños para la adhesión a la Organización Mundial del Comercio, el apoyo al proceso de realización de zonas de libre cambio entre los países bálticos y Polonia, la asistencia para la cooperación transfronteriza. 
Como conclusión, en el Consejo Europeo de Florencia la Comisión informará de los resultados de la Conferencia de Visby, en la que ha presentado su iniciativa para la región del Mar Báltico. 
El Consejo subraya que ahora se trata de trasladar al plano operativo las líneas de acción previstas en el marco de esa iniciativa y, naturalmente, no dejará de pronunciarse al respecto, a la luz de las conclusiones del Consejo Europeo y ante la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores del Consejo del Mar Báltico, que se celebrará en Kalmar los días 2 y 3 de julio de 1996. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo siempre ha apoyado con energía la supresión de los controles de las personas en las fronteras interiores, objetivo inscrito en el Tratado, en el artículo 7 A. Por eso es lógico- pienso- que los parlamentarios se interesen por los avances de Schengen, en particular por la relación entre el Acuerdo de Schengen y la realización de ese objetivo en toda la Unión. 
Ese interés se manifiesta en las preguntas orales que se han presentado y que se articulan, creo, en torno a tres cuestiones esenciales: primera, ¿cómo piensa ahora realizar la Comisión el objetivo de la supresión de los controles de las personas en las fronteras interiores? Segunda, si se mantendrá el acervo de la Unión Nórdica, por lo tanto también respecto de Noruega y de Islandia, en el momento de la realización de ese objetivo a nivel de la Unión; tercera, ¿qué función podría y debería desempeñar la Conferencia Intergubernamental para la realización de ese objetivo, la integración del contenido de Schengen en el Tratado de la Unión Europea? 
En cuanto al primer punto, aunque se congratula por el Acuerdo de Schengen, como precursor de la Unión en la realización de la supresión de los controles de las personas, la Comisión constata que Schengen es una realización parcial del objetivo del artículo 7 A del Tratado de la Comunidad Europea. 
De hecho, se trata de un objetivo comunitario, que debe realizarse en toda la Unión Europea y mediante instrumentos de la Unión Europea, elaborados de conformidad con las disposiciones de los Tratados y respetando plenamente la función de las distintas instituciones. 
Tengo que decir que, personalmente, encuentro especialmente inaceptable que de las cuatro grandes libertades de circulación en las que se basa el mercado único europeo sea precisamente la de la libre circulación de personas la que se haya quedado más atrasada. 
Luego no podemos sorprendernos si los ciudadanos no tienen una percepción real y positiva de la integración europea. 
Por eso, en julio del año pasado la Comisión presentó tres propuestas para completar los instrumentos legislativos que permitirán suprimir los controles en las fronteras interiores en toda la Unión: propuestas sobre las cuales se espera el dictamen del Parlamento Europeo en breve. 
El diputado Dell ' Alba, al que doy las gracias por su apreciación con respecto a estas propuestas, se ha preguntado cómo puede el Parlamento Europeo ayudar a la Comisión. 
Yo diría, en primer lugar, emitiendo pronto el dictamen del Parlamento Europeo sobre las tres propuestas de directiva de la Comisión, dictamen que está previsto para la sesión de julio, y luego ejerciendo, ahora que hay propuestas concretas sobre la mesa, toda esa presión, bienvenida y oportuna, que históricamente el Parlamento Europeo ha ejercido en esta materia. 
En cuanto a la segunda cuestión, la cooperación entre Schengen y Noruega e Islandia: observo que en su momento la Unión tendrá que afrontar el mismo problema que ya ha encontrado el grupo de Schengen. 
Los Estados miembros de Schengen y los países de la Unión Nórdica opinan que la adhesión al acuerdo de Dinamarca, Finlandia y Suecia no debe comprometer el acervo de la Unión Nórdica. 
Por consiguiente, la adhesión tendrá que ir acompañada de una cooperación entre Schengen, por un lado, y Noruega e Islandia, por otro, países que no pueden adherirse a Schengen porque el convenio está reservado a los Estados miembros de la Unión Europea, para hermanar los espacios sin fronteras de Schengen y de la Unión Nórdica. 
Es evidente que, cuando esté cerca la realización del objetivo de la supresión de los controles de las personas en las fronteras interiores de la Unión, no debería subsistir ningún motivo para suprimir el acervo de la Unión Nórdica, aplicado ya desde hace cuarenta años. 
Para ello deberán elaborarse soluciones apropiadas. 
Yo considero que Schengen puede, más bien debe, desempeñar también un papel de precursor por lo que respecta al tema del hermanamiento de los espacios sin fronteras Unión Nórdica-Unión Europea. 
Existe un acuerdo político sobre la cooperación que se ha de establecer a tal fin, pero las negociaciones, a las que la Comisión asistirá, sobre las soluciones técnicas que han de afrontar los Estados de Schengen y de Noruega e Islandia acaban de empezar. 
En cualquier caso, puedo garantizar que la Comisión velará por que cualquier acuerdo de cooperación entre Schengen y Noruega e Islandia no comprometa el Derecho comunitario en vigor ni constituya en modo alguno un obstáculo para su futuro desarrollo. 
Y voy a hablar, señora Presidenta, del tercer tema, de la tercera cuestión planteada por las distintas preguntas: la función que podría o debería desempeñar la Conferencia Intergubernamental en el marco de la realización de ese objetivo fundamental. 
El Parlamento Europeo está informado de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental y, por lo tanto, los parlamentarios conocen las hipótesis que se siguen en la reflexión, que son tres: la comunitarización de cierto número de ámbitos, que actualmente figuran en el Título VI del Tratado de la Unión Europea, de modo que puedan beneficiarse de los mecanismos comunitarios; así, todas las instituciones podrán desempeñar la función que tradicionalmente les compete, objetivo que la Comisión apoya; para las materias que seguirán figurando en el Título VI deberán reforzarse los mecanismos en él establecidos, y en particular hay que asignar a las instituciones una función más importante; por último, una posibilidad que se está estudiando es la integración del contenido de Schengen en el Tratado de la Unión Europea, en el primer y en el tercer pilar según los distintos aspectos. 
Tales posibilidades no se excluyen entre sí: por ejemplo, una posible integración del contenido de Schengen en el Tratado de la Unión Europea no debería impedir en absoluto que al mismo tiempo se hagan más eficaces los procedimientos de decisión establecidos en el Título VI. 
Sin embargo, y concluyo con este primer grupo de preguntas, según la Comisión, la Conferencia Intergubernamental- permítanme que insista en esto- no puede servir de coartada o de pretexto para parar los trabajos en curso o para frenarlos. 
El objetivo de la supresión de los controles de las personas en las fronteras interiores está ya en el Tratado de las Comunidades Europeas, y juntos debemos esmerarnos al máximo para realizarlo tomando como base las propuestas de la Comisión que se están estudiando actualmente. 
De hecho, antes de que puedan producirse todas las ratificaciones de un nuevo tratado, cuyo contenido no es hoy previsible, nos alejaremos inevitablemente todavía más de la fecha fijada inicialmente para la consecución del mercado interior, del que la libre circulación de personas constituye un elemento esencial. 
Ahora voy a hablar, mucho más brevemente, de las preguntas sobre la Cumbre de los Estados del Mar Báltico, que se celebró en Visby. 
El pasado 17 de abril, el Comisario Van den Broek explicó ante esta Asamblea el objetivo de la reunión de Visby y el papel que la Comisión desempeñaría allí. 
Es superfluo subrayar la importancia política de la cooperación entre todos los países del Mar Báltico: el diálogo informal y abierto que tuvo lugar durante la reunión de los Jefes de Gobierno de los Estados del Mar Báltico, en la que participaron los Presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, ha contribuido a reforzar la cooperación y, diría, la confianza en la región. 
La reunión apoyó los esfuerzos hechos por Estonia, Letonia, Lituania y Polonia para integrarse en la Unión Europea. 
Por lo que se refiere a las preguntas específicas de los Sres. Burenstam Linder y Martens, me complace confirmar que el documento de la Comisión titulado «Iniciativa» fue acogido favorablemente, tanto por lo que respecta al apoyo de la Comunidad a los sectores prioritarios de cooperación, definidos por los Estados del Mar Báltico, como a los esfuerzos hechos por la Comisión para reforzar la coordinación. 
En lo referente a las preguntas formuladas por el Sr. Roth y otros, deseo confirmar que la seguridad nuclear es una de las principales preocupaciones de la Comisión. 
Estamos tratando de reforzar la colaboración internacional en ese ámbito, pero no hay que olvidar que, en primer lugar, se trata de una cuestión que es competencia de los Gobiernos nacionales. 
Por lo que respecta al futuro de los reactores que no responden a los actuales criterios de seguridad, la Comisión considera que deberían adecuarse suficientemente a ellos o desactivarse en cuanto fuera posible. 
Por último, en cuanto a la salvaguardia de la identidad de los países nórdicos, objeto de la pregunta del Sr. Krarup, sólo puedo decir que la reunión de Visby concernía a la cooperación en toda la región del Báltico, incluido el refuerzo de la democracia y de la seguridad de los ciudadanos. 
Le agradezco al Comisario Monti sus muy exhaustivas respuestas y le doy la palabra a la Sra. Iivari, en nombre del Partido de los Socialistas Europeos. 
Señora Presidenta, mi intervención va a versar sobre la Cumbre de Visby y desearía expresar mi agradecimiento a los representantes del Consejo y de la Comisión por sus intervenciones de hace unos momentos. 
El desarrollo de la región del mar Báltico y de la región mediterránea reviste una gran importancia para la estabilidad y la prosperidad de toda Europa. 
Tanto en el norte como en el sur se necesita la participación activa de la Unión Europea en la construcción de la democracia, la consolidación de las economías nacionales y la resolución de los problemas de orden medioambiental. 
Resulta imprescindible lograr que los resultados políticos de la Cumbre sobre la región del mar Báltico celebrada en Visby en el mes de mayo se traduzcan a la mayor brevedad posible en medidas prácticas. 
Un gran logro de la reunión reside en el hecho de que esta contó con la participación de todos los países de la región, incluida Rusia, así como con la Unión Europea. 
Valga este hecho como el inicio del reforzamiento por parte de la Unión de su dimensión septentrional. 
El Consejo de Ministros y la Comisión deberán ahora elaborar a la mayor brevedad posible un programa exhaustivo sobre las iniciativas necesarias para llevar a la práctica las decisiones adoptadas durante la reunión. 
En la región del mar Báltico es preciso incrementar la cooperación para, entre otros objetivos, luchar contra la delincuencia internacional y resolver los difíciles problemas medioambientales. 
Resulta justificada la ampliación hasta esta región de la red de gas transeuropea, la cual integraría los recursos de gas de Noruega y Rusia. 
Igualmente, se debería garantizar la adaptación y aplicación conjunta de los programas PHARE e Interreg, con el fin de que estos redunden en un beneficio práctico a la hora de construir la democracia y el bienestar en los países bálticos. 
El punto de partida de la política de la Unión Europea para la región del mar Báltico deberá ser la plena entrada en vigor de los acuerdos europeos y de los acuerdos de cooperación y asociación. 
Una región que, por diversos motivos, afronta una situación delicada como es la del mar Báltico precisa un modelo de cooperación basada en las garantías de respeto a la independencia de todos los países y a los derechos humanos de todos los ciudadanos de esta región, una cooperación que, en definitiva, ha de pasar ahora al plano de los hechos. 
Señora Presidenta, señor Comisario y señor Presidente del Consejo, he escuchado con satisfacción los comentarios sobre la cooperación en la región del mar Báltico. 
Hoy me han visitado algunas personas que cooperan activamente con los medios de comunicación en los países de la Europa oriental. 
Entre otras cosas, hemos hablado de los aspectos culturales. 
Quisiera recomendar que se incluyan estos aspectos en el debate para que no se limite meramente a la economía. 
Me parece que en esta noche noruega, señora Presidenta, debe oírse también un pequeño saludo de Dinamarca en medio del coro de voces que hemos escuchado. 
Vivo cerca de la frontera danesa con Alemania. 
Esta es también la frontera entre los demás países nórdicos y Alemania. 
La Unión Nórdica de Pasaportes, que según mi compatriota, Ole Krarup, no debe ser llamada así, sino la zona nórdica libre de pasaportes, no es solamente práctica, se trata en realidad de un acuerdo que dice algo sobre las relaciones entre los países nórdicos y también sobre la solidaridad entre estos países. 
En calidad de ciudadano danés, me parece importante subrayar este hecho en estos tiempos europeos y de Schengen. 
Espero- y me ha alegrado lo que ha dicho la Comisión al respecto- que Noruega e Islandia logren entrar en la cooperación, ya que de esta forma se salvaría la Unión Nórdica de Pasaportes. 
La delegación del Parlamento Europeo viajará dentro de poco a Noruega e Islandia. 
Sería una buena noticia poder decir en Oslo y en Reikiavik en nombre del Parlamento Europeo- así he interpretado yo lo que ha dicho el Sr. Comisario- que existen buenas posibilidades de que la Unión Nórdica de Pasaportes sobreviva dentro del acuerdo de Europa. 
Señora Presidenta, la doble necesidad de ampliar al máximo el espacio Schengen y de perfeccionar la circulación de las personas entre la Unión Nórdica y la Unión Europea es indudable, siempre que se les exija un mínimo de garantías a Islandia y a Noruega. 
Pero no debemos confundir rapidez con precipitación. 
En primer lugar, me parece prematuro admitir actualmente una comunitarización absoluta del tercer pilar, tal como propugna la Resolución de 13 de marzo de 1996, mientras están en curso las negociaciones en el seno de la Conferencia Intergubernamental. 
Si bien es deseable una aproximación a la esfera comunitaria, en particular para los puntos 1 a 6 del artículo 1, es necesario a pesar de ello reflexionar punto por punto y tomar las precauciones necesarias. 
No debemos olvidar que el ciudadano europeo debe estar en el centro de la construcción europea. 
La Unión tiene la obligación incondicional de ocuparse concretamente de las necesidades pero también de las preocupaciones de los ciudadanos. 
Del mismo modo, no debería siquiera plantearse la creación de un espacio europeo sin fronteras que no fuese acompañado de medidas esenciales en materia de seguridad interior. 
Debe existir simultaneidad entre la aplicación de las medidas relativas a la libre circulación y aquellas relativas a la seguridad de las fronteras interiores. 
Señorías, en aras del bienestar y de la seguridad de todos los ciudadanos de la Unión evitemos, como dice la antigua sentencia popular, » colocar la carreta antes que los bueyes». 
Además, esos mismos ciudadanos aceptarían con mayor entusiasmo la idea de libertad vinculada a la libre circulación si los órganos rectores europeos determinaran este proyecto con ayuda de elementos indispensables para la seguridad de las fronteras exteriores. 
No olvidemos jamás que la seguridad de todos es un derecho equivalente a la libertad de circulación. 
Señora Presidenta, yo también deseo agradecer al Consejo y a la Comisión sus interesantes respuestas. 
Empezaré con la cooperación en la zona del Mar Báltico. 
Es encomiable que el Consejo apoye de un modo tan activo la cooperación en dicha región. 
Es central que esta cooperación se convierta en un tema propio de toda la UE; es muy posible que esto también se haga notar en Florencia. 
Pero es excelente que ya hayamos dejado claro en esta ocasión que la cooperación activa en la zona del Báltico es asunto que compete a toda la UE, y que no se trata sencillamente de la cooperación con el Báltico y Polonia, sino también de la construcción de un importante puente con Rusia. 
Por lo que respecta a la libre circulación de las personas, pienso que merece destacarse que es algo a lo que el mercado interno aspira y que además representa. 
Esto estaba meridianamente claro para aquellos que en su día configuraron dicho mercado y para los que hemos entrado más tarde en la Comunidad. 
Soy también uno de los que lamentan que no se haya hecho realidad la libre circulación y que se puedan criticar las soluciones a menudo muy técnicas y complicadas, o las redundancias a que se ha llegado vía Schengen. 
Pero también creo que todos aquellos que demuestran una actitud positiva hacia la libre circulación comprenden al Norte, que lo que hacemos es cuidar tanto la comunidad que tenemos en la modalidad de exención de pasaportes como el mercado de trabajo libre y común. 
Esto puede, lo cual ya ha sido apuntado, servir como un ejemplo excelente del modo en que la libre circulación funciona cuando lo hace del mejor modo posible. 
Estoy plenamente convencida de que, si existe la voluntad necesaria por parte de los Estados miembros de la UE y de los países del Norte que actualmente se hallan fuera de ella, podremos solucionar las dificultades asociadas con el logro de la libre circulación dentro del Norte y de la UE. 
Señora Presidenta, Señorías, las cuestiones planteadas esta tarde demuestran, en definitiva, que la única Europa realista que se está construyendo será necesariamente aquella que se denomina, despectivamente a veces, la Europa a la carta. 
Es cierto que por un lado está el dogma y por otro está la realidad. 
El dogma queda expresado por supuesto en el ejemplo del artículo 7a del Tratado sobre la Unión Europea. 
La realidad es la instauración de sistemas específicos como el que estable el acuerdo de Schengen. 
La realidad es también la existencia de mecanismos autónomos relativos a espacios de circulación de personas regionalizados como el de la Unión Nórdica de Pasaportes. 
Pero no es seguro que sea posible ni siquiera deseable armonizar estos distintos sistemas y, desde este punto de vista, no habría que criticar de modo sistemático la pluralidad que procede de una evolución histórica anterior. 
Además, estamos ante un pensamiento unilateral. 
La libertad de circulación se verá siempre privilegiada en detrimento de la seguridad, y precisamente por esta situación algunos Estados se han visto confrontados a una especie de ansiedad que les ha llevado incluso a instaurar los acuerdos de Schengen. 
No creo que esta situación desaparezca de la noche a la mañana. 
En tercer lugar, la Conferencia de Visby ha demostrado que era necesario hallar marcos de cooperación mucho más amplios que los de la Unión Europea únicamente. 
Todo esto demuestra perfectamente que es una ilusión pretender que Europa deba organizarse sólo en el marco rígido de la Unión Europea. 
Quisiera destacar de paso que Europa seguirá estando mutilada mientras esté excluida Rusia, y esto por un motivo muy sencillo, por cierto, y es que la actual Europa se está convirtiendo cada vez más en un espacio privilegiado para la colonización económica y cultural de los Estados Unidos. 
Frente a esta superpotencia mundial del otro lado del Atlántico tarde o temprano deberemos hallar un contrapeso. 
Qué duda cabe que no creo que Rusia o la CEI pueden tener cabida en el marco rígido de la Unión Europea, pero esto significa que dicho marco no debería ser prioritario. 
Deben implantarse otras formas más flexibles de cooperación; de hecho, esto es lo que ya está ocurriendo paulatinamente debido a la presión de la necesidad. 
Por consiguiente, y por todos estos motivos, creo que la Europa del futuro será una Europa a la carta, les guste o no a quienes, de manera doctrinaria, le son hostiles. 
Señora Presidenta, es perfectamente comprensible, por supuesto, que los países de Dinamarca, Suecia y Finlandia pretendan unirse al grupo de Schengen. 
Es igualmente comprensible que quieran conservar los actuales acuerdos nórdicos de libre circulación y que su pertenencia a Schengen se supedite a la voluntad de aceptar que se incluyan también Noruega e Islandia, ampliando Schengen a unos 13 miembros. 
De hecho, en las negociaciones sobre la adhesión de Noruega, que quedaron en nada por el resultado del referéndum, éste era un aspecto importante a tener en cuenta. 
Algunos oradores se han explayado, muy comprensiblemente, sobre los problemas que se plantearían si Islandia y Noruega, por no ser Estados miembros de la Unión Europea, quedaran excluidos de las conversaciones sobre el futuro desarrollo del área de libre circulación si ésta llegara a incorporarse a los tratados de la Unión. 
Quisiera añadir a esto una nueva perspectiva, concretamente, el tema de los tres o cuatro Estados miembros que en este momento no tienen intención de adherirse al acuerdo de Schengen y que insisten en conservar el derecho a practicar controles fronterizos porque no aceptan que los no ciudadanos de la Unión tengan derecho a la libre circulación. 
Se encontrarían en una situación peculiar, porque resultaría que unos Estados no miembros participarían en un acuerdo de libre circulación del que ellos, como Estados miembros, no formarían parte. 
Es una situación muy poco satisfactoria. 
Espero que la dificultad no sea permanente, que un día sea posible que todos los Estados miembros de la Unión formen parte del área de libre circulación. 
Pero ahora es un hecho que el Reino Unido y uno o dos Estados miembros más no lo contemplan para un futuro inmediato. 
Es algo que hay que admitir. 
En conclusión, puede que algunos de nosotros tengamos que abstenernos sobre este texto común. 
Hay algunos puntos en los apartados 1, 2, 6 y 10 que nosotros no podemos aceptar plenamente en este momento, aunque he de decir que hay gran parte de la resolución con la que todos podríamos estar de acuerdo. 
Por lo que se refiere a la reunión de Visby, quisiera, en primer lugar, subrayar de nuevo cómo se ha impulsado la cooperación regional y cómo se ha determinado también la vía báltica como ejemplo de esa colaboración regional, el eje de carreteras entre Helsinki y Varsovia-Tallin-RigaKaunas, indicado como prioridad entre las redes transeuropeas. 
Luego hay dos grupos de preguntas a las que respondo muy brevemente: en cuanto a los países de la Unión Nórdica, creo que es muy importante que también la Unión Europea tenga presente la experiencia que la Unión Nórdica ha adquirido desde hace mucho tiempo en materia de pasaportes, y me parece oportuno mencionar la cuestión de la compatibilidad de las disposiciones de la Unión Nórdica con el Tratado de la Unión Europea. 
A este respecto, la Comisión no tiene conocimiento de posibles disposiciones del Acuerdo sobre la Unión Nórdica que puedan ser incompatibles con el Derecho comunitario vigente o con disposiciones vigentes en la Unión Europea. 
Naturalmente, queda completamente por explorar la situación nueva que se creará cuando- como esperamos, en breve- entre en vigor para toda la Unión Europea la supresión de los controles de las personas. 
Luego, algunos han subrayado el tema de la seguridad. 
Quisiera disipar la duda en seguida: el conjunto de las tres propuestas formuladas por la Comisión en julio de 1995 parten del pleno convencimiento de que la seguridad es importantísima, como lo es la libertad de circulación, razón por la cual se ha previsto un vínculo entre las medidas de acompañamiento y la supresión de los controles en las fronteras interiores de la Unión Europea. 
No querría, pues, que alguien pensara que la Comisión se ha preocupado de la realización del objetivo de la libertad de circulación descuidando la seguridad: no es así en absoluto. 
Por último, en cuanto a la intervención del Sr. Elliott, sí, es posible que algunos Estados miembros- probablemente poquísimos- que no están interesados en participar en Schengen y que mantienen algunas reservas de principio sobre la interpretación de la libertad de circulación de personas en la Unión Europea, puedan encontrarse en una situación particular en el caso de que otros Estados que, sin embargo, no son miembros de la Unión Europea participen, a través de Schengen, en esta gran área de libertad de circulación en seguridad. 
He recibido once propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Colaboración euromediterránea «MEDA» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4/0198/96) del Sr. Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0113- C4-0253/96-95/0127 (CNS) ) relativo a las medidas de acompañamiento financieras y técnicas de la reforma de las estructuras económicas y sociales en el marco de la colaboración euromediterránea (Reglamento «MEDA» ). 
Señora Presidenta, tomo la palabra con una gran preocupación porque está en juego la credibilidad de la Unión. 
Ya esta mañana, el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Dini, ha expresado también su preocupación al respecto, aunque parece que, en este momento, el Consejo está más preocupado por irse del hemiciclo que en seguir el debate. 
Pero, en fin, estamos acostumbrados a este tipo de desplantes. 
Mi preocupación se debe a que, en este momento, está en juego la credibilidad de la Unión de cara a los países mediterráneos, porque hemos aprobado una política euromediterránea y tenemos que saber hacer honor a nuestros compromisos. 
El Consejo, en principio, pretendió prescindir del Parlamento y se ha encontrado con que, por primera vez, ha tenido que hacer una nueva consulta al Parlamento y nosotros hemos tratado de ayudar a desbloquear una situación en la que- tengo que reconocerlo- la Comisión ha tenido sensibilidad en relación con nuestras propuestas. 
El asunto ha estado bloqueado durante unos meses en el seno del Consejo por dos razones: una de ellas se refiere a la situación de la cláusula sobre los derechos humanos, y tengo que decir que mantenemos una enmienda que se refiere precisamente a cómo se debe valorar la evolución de la situación, siendo nuestra propuesta que, en el caso de que un socio mediterráneo incumpla las obligaciones previstas en el artículo 3, es decir, haya una situación de violación masiva de los derechos humanos, las medidas, incluida la suspensión de la ayuda programada, deberán determinarse por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, y esto antes del 30 de junio de 1997. 
La propuesta de nuestra comisión, que ha sido la de remitir la cuestión a la Conferencia Intergubernamental, ha podido desbloquear una situación en la que el Gobierno de un país miembro mantenía una posición de veto. 
Yo creo que esta propuesta contará con el acuerdo de la Comisión porque, entre otras razones, también la Comisión la está proponiendo con carácter general de cara a la Conferencia Intergubernamental, y creemos que es importante que, en este caso, se vaya avanzando y se haga de los derechos humanos una bandera importante en nuestra relación y, además, que se vaya valorando de una manera democrática. 
Luego hay otro extremo que no debemos ocultar: la preocupación por la salvaguarda y la protección de un Estado miembro de la Unión, en este caso Grecia. 
La Comisión de Asuntos Exteriores ha sido sensible a la preocupación de nuestros conciudadanos griegos, si puedo decirlo así, acerca de los contenciosos- que se han agravado este año- de tipo territorial y, por eso, hemos aceptado una enmienda que habla de la integridad territorial de las fronteras exteriores de los Estados miembros y de la Unión. 
La resolución que el Parlamento ha aprobado de cara a la cumbre de Florencia también menciona este asunto y esto está en los Tratados. 
Pero, en vista del marco en el que se sitúa la Conferencia Euromediterránea, no está de más recordarlo. 
Yo querría hacer aquí una apelación, que no sé si será escuchada, recordando las palabras del ministro Pangalos, cuando se abstuvo en la reunión del Consejo de finales de mayo, reivindicando para Grecia la paternidad de la política euromediterránea. 
Ciertamente no solamente ha nacido en Grecia la política euromediterránea, sino muchas otras cosas. 
Y también es cierto que la cumbre de Corfú fue la que dio el empuje aceptando la propuesta de la Comisión y la preocupación que había en el Consejo y en el Parlamento. 
También sería, desde luego, muy positivo que, en este sentido, contáramos, después de haber manifestado nuestra solidaridad, con un apoyo real y efectivo que nos permita desbloquear esta situación y, sobre todo, que nos permita- y concluyo recordando lo que decía al principio- hacer frente a nuestros compromisos y cumplir con nuestra palabra porque, en este momento, estamos ya a finales del mes de junio y tenemos que ser capaces de gastar de una manera eficaz casi 900 millones de ecus que tenemos comprometidos para este año. 
Y los acuerdos que se conciertan, aunque sea en un marco multilateral, siempre implican contraprestaciones. 
Nuestros socios mediterráneos han dado un paso, nosotros tenemos que ser capaces también de hacer frente a nuestras responsabilidades y cumplir con nuestra palabra. 
Por eso, creo que es importante que este reglamento sea definitivamente aprobado, por vía de consulta, en este Pleno. 
Señora Presidenta, quiero intervenir muy brevemente puesto que ya examinamos este informe el pasado mes de noviembre. 
En primer lugar, creo que, a pesar de tratarse de una nueva consulta, debería haberse pedido la opinión de la Comisión de Presupuestos y de la de Control Presupuestario, y no ha sido así. 
En segundo lugar, me sigo preguntando a estas alturas por qué no es la Comisión de Presupuestos la competente para el fondo en este tema, ya que se trata de un reglamento de contenido esencialmente financiero. 
En tercer lugar, quisiera comentar que, tratándose de un capítulo global, esto es aceptable, con la condición de que el Consejo no tome decisiones que puedan afectar al frágil equilibrio de la categoría 4 sin consultar al Parlamento. 
Por otro lado, también quiero comentar que han pasado ya seis meses, como decía el ponente, y, sin embargo, el asunto sigue bloqueado en el Consejo. 
En cuarto lugar, el Parlamento Europeo- y ha sido comentado ya también- ha respetado, para 1996, el importe de estos 900 millones de ecus, que fue decidido en el Consejo Europeo de Cannes. 
Sin embargo, la ejecución de la línea presupuestaria MEDA para este año está todavía en su punto de inicio. 
Lo que ocurre es que pasa el tiempo, llegaremos a final de año y, señor Comisario, usted sabe que alguien nos dirá: » ya os decía yo que no seríais capaces de gastar este dinero en esta zona, etc.». 
Sabemos lo que nos ha costado sacar adelante el programa MEDA. 
Sabemos lo que nos jugamos en la zona. 
En quinto lugar, creo que es necesario hacer referencia al hecho de que, hasta ahora, los protocolos financieros con los países de la zona mediterránea eran sometidos al Parlamento por el procedimiento de dictamen conforme, lo cual permitía ejercer cierto control. 
Sin embargo, este reglamento tan sólo prevé una consulta al Parlamento. 
Esto quiere decir que el Parlamento deberá desarrollar instrumentos eficaces que le permitan ejercer un control sobre la aplicación del programa, así como su buena gestión presupuestaria. 
Para terminar ya, señora Presidenta, quiero dar las gracias, una vez más- porque ya lo hice en noviembre -, al Sr. Barón por aceptar nuestras enmiendas, que debo aclarar que eran puramente técnicas y que, además, están sacadas de la experiencia de PHARE y de TACIS. 
Gracias a ellas precisamente, con el permiso de quienes deben desbloquear el procedimiento, y con la celeridad que pondrá en práctica la Comisión, estoy seguro de que seremos capaces de cumplir nuestros compromisos para el año 1996 y, de acuerdo con el artículo 205, que obliga a la Comisión a gestionar las partidas que han sido aprobadas en el Parlamento, estoy convencido de que conseguiremos poner por fin el programa MEDA en funcionamiento. 
Señora Presidenta, el Grupo Socialista apoya el informe de nuestro ponente, Enrique Barón Crespo. 
Mi grupo hizo campaña a favor de una política mediterránea de la UE e insistió en que hubiera un paralelismo entre nuestro acercamiento al este y al sur. 
De lo que estamos hablando esta noche es de la política mediterránea y su financiación y, en nuestra opinión, el programa MEDA debe contemplarse a la luz de nuestra compromiso con el desarrollo de la democracia, el progreso económico y la causa de los derechos humanos en la cuenca mediterránea. 
El Grupo Socialista apoyará el planteamiento de financiación global de MEDA. 
Pero es justo advertir que creemos que el Gobierno de Turquía aún tiene pendiente llevar a cabo las promesas que hizo a este Parlamento antes de que se ratificara la unión aduanera en diciembre del año pasado. 
Sabemos que en el campo de la reforma democrática y de abusos de los derechos humanos, la situación no sólo se ha estancado, sino que en realidad se ha deteriorado desde las elecciones generales turcas de diciembre. 
Ni una sola de las reformas constitucionales que propusieron para seducirnos el año pasado ha encontrado aún su camino hacia el código legislativo. 
El flujo continuo de detenciones por delitos contra la libertad de opinión y de expresión sigue dando a Turquía mala fama internacional, mientras que la reciente oleada de disturbios y huelgas de hambre en las cárceles turcas es una demostración de cómo se atenta contra los derechos naturales y contra la decencia. 
Tampoco ha hecho Turquía ningún esfuerzo por solucionar los problemas políticos de Chipre y la región kurda. 
Turquía se encuentra deficiente en todo esto y, sin embargo, tiene una relación excepcionalmente estrecha con nuestra Unión y tenemos derecho a esperar más. 
Mi grupo, por lo tanto, intentará hacer uso de los poderes presupuestarios el próximo otoño para mantener la presión sobre Turquía. 
Tenemos un derecho importante como coautoridad en el presupuesto de la Unión. 
Nos proponemos usarlo e invitar a otros grupos a que se unan a nosotros. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, yo también deseo felicitar al Sr. Barón Crespo por su colaboración y por la forma en que ha tratado este delicado tema en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
El programa MEDA debe ponerse en práctica y pronto, yo diría que inmediatamente, aunque exista un país, Turquía, que dificulta sistemáticamente la aplicación de la filosofía y los principios tanto del procedimiento de Barcelona como del programa MEDA, no sólo en un país miembro de la Unión Europea sino también en al menos un país de la cuenca mediterránea: Siria. 
Por otra parte, ustedes saben los problemas que Turquía está provocando en Siria, en concreto en cuanto al agua. 
En todo caso, el programa MEDA debe ponerse en práctica, porque, como instrumento económico de la política mediterránea, tanto nosotros como los demás países del Mediterráneo lo esperamos con impaciencia, en la medida que consideramos que este programa puede mejorar el nivel general de esos países convirtiéndolos en interlocutores fundamentales y de pleno derecho de la nueva relación euromediterránea. 
Sería una omisión por mi parte no subrayar aquí la especial importancia que tiene la aplicación del programa MEDA en el proceso de paz de Oriente Próximo. 
Señora Presidenta, Señorías, la filosofía del programa MEDA abarca muchas actividades importantes que cubren casi todos los ámbitos del sector público: energía, infraestructura de transportes, cooperación regional, PYME y todas las actividades relacionadas con este término. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para destacar que las cuatro enmiendas presentadas son todas muy importantes. 
Permítanme comentar dos de ellas: la enmienda referente al procedimiento para la adopción de medidas apropiadas cuando se considere necesario, y la enmienda referente a la sinergia. 
En lo que se refiere a la primera, señora Presidenta, no creo que sea necesario poner de relieve la importancia de que la decisión sobre medidas especiales se adopte por mayoría cualificada. 
Además, tanto usted mismo, señor Comisario, como la Comisión se refirieron a este procedimiento en su primera propuesta. 
Por lo que respecta a la segunda enmienda, quiero reafirmar la importancia que tiene para este programa garantizar la transparencia, sobre todo teniendo en cuenta que en otros ámbitos hubo precedentes desagradables. 
Le recuerdo que usted se ha comprometido varias veces a garantizar la transparencia en sus intervenciones en comisiones del Parlamento Europeo, y le felicito por ello. 
Para finalizar, señora Presidenta, Señorías, declaro en nombre de mi Grupo político que votaremos a favor, es decir, apoyaremos el reglamento. 
Señora Presidenta, además de felicitar al Sr. Barón Crespo por su informe, quisiera subrayar que el programa MEDA, por promover el desarrollo y el acercamiento de los países de la ribera meridional del Mediterráneo, ha de merecer por fuerza nuestro mayor apoyo. 
Se trata de una zona vecina, estrechamente vinculada con nosotros a lo largo de la Historia, en la que la carencia de recursos y el crecimiento demográfico han llegado a provocar problemas muy delicados. 
Además de estar en juego- lo más importante- el bienestar de sus poblaciones, se produce, naturalmente, una gran presión migratoria de personas que buscan empleo en nuestros países y en muchos casos suscitan problemas graves de integración. 
Así ocurre no tanto en países más meridionales de la Unión cuanto en países más septentrionales (con porcentajes mayores de inmigrantes de esa zona) , que deberían tener el mismo o mayor interés en conseguir una solución que, por lo demás, en pro prioritariamente de las poblaciones emigrantes, promueva su manutención en las localidades de origen. 
Frente a ese interés humanitario, social, económico y político tenemos todos que tener amplias miras en relación con el desbloqueo de las asignaciones que resultan necesarias, aun conociendo las dificultades existentes. 
No se puede aceptar en modo alguno la inobservancia de las normas existentes. 
Pero lo que no se puede aceptar tampoco es que la necesidad de cumplirlas constituya un pretexto para retrasar la resolución en la base de un problema que, en lugar de constituir un motivo de preocupación para todos, podría volverse factor de enriquecimiento para esas dos zonas del mundo tan próximas. 
Señora Presidenta, Señorías, este informe se refiere a la política euromediterránea e ilustra perfectamente la voluntad de comunitarizar a largo plazo la política exterior en todos sus ámbitos. 
Todo lo que aquí se propone hubiera podido solventarse gracias a acuerdos bilaterales, dada toda la flexibilidad que hubieran podido ofrecer este tipo de acuerdos entre los distintos países del Mediterráneo. 
Además, los acuerdos bilaterales hubieran aportado probablemente un control democrático mucho más real que el control obtenido en el marco de la Unión Europea, a saber, el control de los parlamentos nacionales respecto a las políticas exteriores de los Estados miembros. 
Es cierto que quizá el objetivo principal ni sea tanto la cooperación legítima entre los distintos Estados como la creación a largo plazo de una especie de gran zona de librecambio que se amplíe al conjunto de la cuenca del Mediterráneo. 
Sin embargo, vistas las diferencias de estructuras económicas entre la ribera Norte y la ribera Sur del Mediterráneo no es seguro que se deba ir en tal dirección sin precauciones. 
Ya conocemos, por ejemplo, las consecuencias catastróficas que ha supuesto para México la conclusión de los acuerdos de la ALCNA en América del Norte. 
En cuanto a los derechos humanos, no quiero hablar del Mediterráneo sin recordar, a pesar de todo, que nuestro Parlamento fue en gran medida engañado el pasado otoño, o el pasado invierno, con motivo de la negociación de la Unión aduanera entre Europa y Turquía, y constato que las aprensiones de nuestros amigos griegos al respecto estaban plenamente justificadas. 
Volviendo al programa MEDA propiamente dicho, no estamos seguros de que este programa no sea, de hecho, contraproducente a largo plazo en el plano económico, y, de todos modos, estamos convencidos de que es contrario a la aplicación plena y exhaustiva del principio de subsidiariedad. 
En relación con esto no hay necesidad alguna de suprimir el papel de los Estados miembros en este tipo de política de cooperación. 
Por ello votaremos en contra de este informe con el deseo de que este tipo de política dependa en el futuro de la competencia de los Estados miembros, con toda la flexibilidad que esto suponga respecto a los programas rígidos que actualmente están previstos. 
Señora Presidenta, quiero en primer lugar agradecer y felicitar al Sr. Barón por su informe y, sobre todo, por que el Parlamento Europeo y las comisiones respectivas hayan aceptado que se pueda tramitar esta segunda lectura en el Parlamento con tanta rapidez. 
Es cierto que la Comisión apoyó el criterio del Parlamento Europeo, y tengo que decir que, después de algunos titubeos, finalmente el Consejo también lo aceptó para que se produjera esta nueva consulta del Parlamento, porque ciertamente había habido algunos puntos en los cuales se habían producido problemas políticos perfectamente conocidos respecto a la propuesta inicial y, al mismo tiempo, una serie de decisiones nuevas que separaban la decisión final del Consejo de lo que había sido la propuesta y el informe del Parlamento Europeo. 
El resumen que puedo hacer, porque yo creo que el Sr. Barón lo ha dicho muy bien, es aceptar lo que él señaló. 
Es verdad que, en este momento, respecto al reglamento MEDA, con independencia de que sea- es verdad- un reglamento estrictamente financiero de gran complejidad técnica, nos encontramos en un momento político en que lo que decía el Sr. Enrique Barón es totalmente cierto: nos estamos jugando la credibilidad, no de una política concreta, sino la credibilidad de lo que es capaz de hacer la Unión Europea en materia de relaciones exteriores. 
Me inquietan las preocupaciones de la Comisión de Presupuestos y de Control Presupuestario. 
Y quiero responder a dichas preocupaciones. 
Hay ya tres acuerdos que han sido finalizados. 
Por orden cronológico, éstos son: Túnez, Israel y Marruecos. 
Ambas partes hemos acordado la realización de una zona de libre cambio. 
Cada parte ha jugado con sus bazas. 
Una de las grandes demandas de la Unión Europea ha sido precisamente el desarme en el terreno industrial. 
Este desarme industrial, debido a la cláusula retroactiva de 1 de enero de 1996, ya ha comenzado, y yo no puedo seguir, como Comisario responsable de ello, recibiendo visitas y visitas de ministros de estos países que me están reclamando su parte. 
No podemos llegar a final de año con una situación en que una parte- que, además, son economías mucho más débiles que las nuestras -, ha hecho su trabajo y cumplido con sus compromisos y la Unión Europea no. 
Es decir, el Sr. Barón lleva razón. 
Esto es ya un problema que excede con mucho de lo que es la dimensión de la parte financiera o técnica del programa MEDA. 
En cuanto a las enmiendas, la Comisión piensa que en tres de ellas no es conveniente en este momento modificar el texto, porque esto supondría modificar la propuesta y esto nos llevaría tres o cuatro meses más. 
Pero hay una enmienda de naturaleza política en la que no tengo ningún inconveniente en comprometer a la Comisión, porque, de hecho, ya se ha comprometido a ello en la Conferencia Intergubernamental. 
Efectivamente, en el marco del proceso de toma de decisiones en lo que me imagino va a ser la nueva PESC, la posición de la Comisión será que todos los casos relativos a derechos humanos se decidan siempre sobre la base del principio de la mayoría cualificada. 
Y sobre esto no hay duda: la Comisión, por supuesto, se aparta totalmente del principio de la unanimidad. 
Se trata de un problema de tiempo. 
Si en este momento el reglamento MEDA se aprobara por mayoría cualificada sería bueno como precedente para el Parlamento y para la Comisión, pero provocaría ahora una actitud negativa por parte de ciertas delegaciones en la Conferencia Intergubernamental. 
Y ustedes me dirán: pero, ¿qué tiene ver una cosa con otra? 
En este momento están ligadas muchas posiciones tácticas de los Estados miembros, y bastaría que se aplicara en este momento el principio de la mayoría cualificada para que se produjeran bloqueos inmediatamente. 
Así pues, esperemos que, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, se avance en el terreno de resituar el caso de derechos humanos, tanto respecto de las posibles sanciones como en relación con la mayoría cualificada, y la Comisión va a ser coherente con lo que ha previsto anteriormente. 
Al hilo de lo que se ha dicho aquí hoy, quisiera hacer una serie de consideraciones, no sé si por curarme en salud. 
Yo espero que el milagro de la «vaca loca» se produzca en Florencia. 
También espero que el milagro del MEDA se produzca en Florencia. 
Y espero que empiece la Conferencia Intergubernamental en Florencia. 
Es decir, de Florencia esperamos tantas cosas todos que no sé si finalmente el milagro se va a producir. 
Pero ya quiero decirles algo. 
La situación, para la Comisión de Presupuestos y la de Control Presupuestario, ha llegado a ser tan esquizofrénica que la tengo ya que señalar al Parlamento Europeo. 
La Comisión y el Parlamento Europeo se pusieron de acuerdo en una programación financiera para los próximos tres años. 
Para el presente año, la Comisión y el Parlamento Europeo se pusieron de acuerdo en una cifra: 600 millones de ecus. 
Fue el Consejo el que aumentó el techo del gasto a 900 millones de ecus. 
Esta es la verdad. 
Pues bien, el Consejo nos ha negado, por diferentes bloqueos, el fundamento jurídico desde el mes de noviembre- cuando tuvo lugar la Conferencia de Barcelona- hasta el mes de julio del presente año, con lo cual el órgano institucional que aumentó el techo del gasto es el que no nos ha permitido gastar ni un solo ecu. 
Ustedes comprenderán que, suponiendo que se produzca el milagro en Florencia, la Comisión sabe cuál va a ser la decisión que va a tomar la Comisión de Control Presupuestario en el mes de octubre, y es que todas las reservas que no han sido gastadas se van a anular, con lo cual la situación es todavía mucho más esquizofrénica porque no es que no hayamos podido gastar el dinero, es que no nos han permitido gastarlo porque no hay fundamento jurídico. 
Explíquenle ustedes a los países terceros del Mediterráneo que no solamente no vamos a cumplir los compromisos a los que estamos obligados por un acuerdo internacional, sino que, además, en el mes de octubre les vamos a rebajar la parte del compromiso financiero. 
Esto es completamente esquizofrénico y pone de manifiesto lo terriblemente mal que funciona este instrumento llamado PESC, política exterior y de seguridad común. 
Por eso digo que espero que, sobre la base de muchos casos concretos, se pueda hacer una cierta pedagogía entre todas las instituciones para llegar a una solución de compromiso de algo que es claramente ya difícil de comprender. 
Y comprenderán otra cosa. 
Yo prefiero la sanción política de no haber sido capaces de gastar ese dinero- aunque me parece injusto, porque la realidad es que no nos lo han permitido- a que la Comisión se gaste todo en el mes de septiembre por intentar escapar a la «cláusula guillotina» del reglamento. 
Esto sería una irresponsabilidad de la Comisión y, desde luego, yo no voy a proponer a la Comisión gastar el total del programa financiero de este año, que son 900 millones de ecus, en un mes, porque esto ni es posible, ni es creíble, ni es serio y, en último término, terminaría matando la credibilidad del programa MEDA. 
Es decir, la situación, señor Barón, es muy seria. 
No se trata de dramatizar inútilmente. 
No se puede seguir trabajando de esta manera y yo creo que el caso TACIS, como el caso MEDA, son dos casos paradigmáticos para utilizarlos en la Conferencia Intergubernamental simplemente para demostrar que con el Tratado tal y como existe actualmente es absolutamente imposible llevar a cabo un trabajo serio y sólido de la Unión Europea en materia exterior. 
Señora Presidenta, primero quisiera agradecer al Sr. Comisario la franqueza y la claridad con la que ha expuesto la situación. 
Y en relación con su posición sobre las enmiendas que todavía no se han aprobado, yo le agradezco la actitud favorable de la Comisión respecto de la enmienda más importante, que yo coincido en que no es una enmienda que se plantee solamente en relación con este programa y este informe, sino que es un criterio político fundamental de la Comisión que el Parlamento comparte desde siempre, y es que las decisiones se deben tomar por mayoría, lo que también debe hacerse con respecto a la PESC. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Seguridad y salud de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0158/96) del Sr. Mather, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (95) 0310- C4-0508/95-95/0235 (SYN) ) relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas. 
Señora Presidenta, la Comisión ha presentado una propuesta básicamente sensata y progresista en materia de mejora de la salud y protección de la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas. 
La directiva se ha elaborado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva Marco 391/89. 
Atribuye tres obligaciones principales a los empresarios. 
En primer lugar, los empresarios deberán prevenir la formación de atmósferas explosivas. 
En segundo lugar, deberán prevenir la ignición de dichas atmósferas. 
En tercer lugar, deberán reducir al mínimo los efectos de las explosiones. 
En nuestro informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo insistimos en que los empresarios deberán dar la máxima prioridad a cada una de las tres obligaciones y cumplir todas ellas. 
El propósito de la Comisión en el presente proyecto legislativo contrapesa la necesidad de protección de los trabajadores con un enfoque equilibrado de la reglamentación. 
Es un área, ciertamente, en la que las medidas preventivas pueden ayudar a proteger vidas humanas. 
Con el tiempo, este símbolo- lo muestro a mis compañeros diputados de la Cámara- indicará la presencia de una atmósfera explosiva. 
Esta señal de peligro negra y amarilla ayudará a proteger a los trabajadores de atmósferas explosivas inesperadas y les advertirá de que tomen precauciones en esos entornos. 
La directiva es necesaria además porque en algunos Estados miembros la reglamentación es inexistente o, en el mejor de los casos, rudimentaria. 
El conjunto de normas mínimas presentado por la Comisión es eficaz. 
Es importante señalar que el proceso de consulta en el que se embarcó la Comisión fue a la vez meticuloso y exhaustivo, lo cual confiere credibilidad a sus conclusiones. 
Todos estos puntos han sido tenidos en cuenta por nuestra comisión al examinar las observaciones y sugerencias realizados por diversas asociaciones e instituciones y por los representantes de los trabajadores, incluidas las opiniones del ECOSOC y de otras comisiones parlamentarias. 
Me alegra decir que nuestra comisión votó unánimemente a favor del informe. 
Hay algunas enmiendas importantes, entre ellas la que hace hincapié en la triple responsabilidad de los empresarios. 
Es necesario garantizar que los Estados miembros que ya cumplen unos requisitos mínimos no queden sujetos a obligaciones administrativas excesivas a resultas de la directiva. 
Por ello, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo ha sugerido que, en su lugar, los requisitos en cuanto a documentación y sistemas de clasificación propugnados por la Comisión pudieran satisfacerse mediante los actuales documentos o prácticas vigentes en cada Estado miembro. 
Esto, sin embargo, no equivale en modo alguno a reducir el control efectivo y es importante señalar que algunas enmiendas de nuestra comisión hacen más estrictas las propuestas de la Comisión, en particular la enmienda nº 12, en la que figura la obligación de que las empresas vigilen constantemente los sistemas de protección, que no se limiten a una verificación anual sino que supervisen constantemente que las medidas de protección están en perfectas condiciones. 
Algunas enmiendas se refieren a los períodos de aplicación apropiados para la directiva. 
Es sumamente importante, sin duda, que las pequeñas y medianas empresas de toda la Unión dispongan de tiempo e información suficientes para poner en marcha medidas preventivas eficaces. 
Nuestra comisión se ha inspirado de nuevo en las opiniones del ECOSOC escritas por el grupo de representantes de los trabajadores a la hora de hacer más estrictas las propuestas de la directiva. 
Éstos son unos pocos puntos generales sobre el informe y estoy deseando oír las observaciones de los Sres. diputados y del Sr. Comisario. 
La importancia de la directiva debe quedar clara para todos nosotros y estriba en el hecho de que puede mejorar el panorama de la salud y la seguridad en el trabajo gracias a la posibilidad real de salvar vidas en toda la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señor Comisario, enlazando con la intervención del orador precedente, nuestro ponente, coincido en que esta directiva constituye en efecto una importante mejora en al equipamiento de la Unión Europea, es decir, de todos los Estados miembros y de nuestra población, contra los riesgos en el lugar del trabajo. 
No es el único aspecto que merece nuestra opinión favorable. 
En la Comisión de Asuntos Sociales este informe fue un caso en el que los puntos comunes se encontraron con facilidad; lo elaboramos, y espero que lo mejoramos, señor Comisario, llegando de hecho a una aprobación unánime. 
Vemos en esta propuesta de la Comisión un importante avance en la definición de las atmósferas explosivas, es decir, un planteamiento que, además de reforzar las disposiciones relativas al parque de maquinaria de la Unión Europea y al equipo necesario para esta importante tarea que tratamos desde hace tiempo en la Unión Europea, colma vacíos existentes en los Estados miembros. 
Recordaré al Sr. ponente que llegamos con facilidad al acuerdo sobre la necesidad de aplicar una normativa común y medidas reguladoras a escala de la Unión Europea, para garantizar la seguridad de los trabajadores en un ambiente tan peligroso por definición. 
Creo que las enmiendas, en la forma en que finalmente se redactaron tras la deliberación, extensa y fluida al mismo tiempo, con un amplio acuerdo en el seno de la comisión, mejoran realmente la directiva, Sr. Comisario. 
Hicimos hincapié en las áreas que, en nuestra opinión, lo requerían, a saber, no las grandes empresas en las que estas disposiciones se dan casi por supuestas y son fáciles de controlar, sino en los numerosos casos de PYME que se enfrentan diariamente y a nuestro lado a los problemas correspondientes. 
Quiero indicar también que, en cuanto al plazo de aplicación, la propuesta representa un término medio entre el futuro próximo y el plazo realmente necesario para que las empresas realicen la adaptación al nuevo equipo. 
En nombre de mi Grupo, declaro que daremos con mucho gusto nuestro voto favorable al informe del Sr. Mather. 
Distinguida señora Presidenta, señor Comisario Flynn, frecuentemente en las empresas y talleres de Europa no existen, en absoluto, disposiciones sobre el manejo de atmósferas explosivas o, en el mejor de los casos, existen en forma rudimentaria. 
Una atmósfera explosiva es una mezcla, fácilmente inflamable, compuesta de aire y sustancias combustibles, y representa para los trabajadores y para las trabajadoras un peligro potencial. 
Por esta razón, existe la necesidad de una directiva europea. 
Hay que establecer en disposiciones específicas medidas organizativas y condiciones técnicas para asegurar la protección sanitaria de los trabajadores y garantizar más seguridad. 
Graham Mather ha realizado aquí un excelente trabajo para la Comisión de Asuntos Sociales. 
¿Cuáles son los principios que rigen para evitar una explosión y garantizar una protección suficiente? 
Hay que evitar la formación de atmósferas explosivas. 
Hay que evitar la ignición de atmósferas explosivas. 
Hay que reducir los efectos de las explosiones para que no exista ningún peligro. 
Con el cumplimiento de cada uno de los principios básicos puede conseguirse ya la protección requerida. 
Los espacios en las empresas han de distribuirse en zonas diferentes con arreglo al grado de amenaza. 
Los patronos deben asumir su deber de información y de participación de los trabajadores y de sus representantes, y han de consultar a éstos a tiempo. 
Al menos una vez por año hay que comprobar las medidas de seguridad utilizando instrumentos adecuados y técnicas modernas y estas medidas han de estar permanentemente bajo la dirección de una persona responsable a la que se le confían por su formación profesional y por su experiencia. 
Para lograr una igualdad de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, esta directiva deberá llevarse a efecto en un período de tiempo adecuado. 
Se ha de elaborar un vademécum en consonancia con el Consejo con el fin de mostrar posibilidades de cómo han de llevarse a la práctica las disposiciones mínimas. 
Nuestra unanimidad en la Comisión de Asuntos Sociales es, con toda seguridad, una señal positiva para los trabajadores y las trabajadoras y, además, para la Comisión y el Consejo. 
Señora Presidenta, la propuesta de la Comisión relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas es extremadamente necesaria. 
Demasiados trabajadores han perdido la vida o sufrido lesiones como consecuencia de explosiones, por lo que se precisan no solamente estrictas medidas preventivas para evitar que se produzcan estas explosiones, sino también una legislación bien definida que reduzca en la mayor medida de lo posible los daños ocasionados por las explosiones que se produzcan a pesar de las medidas preventivas adoptadas. 
El señor Mather ha sostenido ante la comisión la necesidad de una reglamentación, y es un dato positivo que haya llegado a esta conclusión tras haber examinado la propuesta de la Comisión, habida cuenta de que el Gobierno británico, formado por representantes de su propio partido, se ha opuesto sistemáticamente a cualquier reglamentación a nivel de la Unión Europea en materia de seguridad e higiene laboral. 
Tal como aquí ya se ha señalado, el informe se ha aprobado en comisión por unanimidad. 
Personalmente, voté a favor del informe en la votación final, si bien no me vi capaz de apoyar todas las propuestas presentadas por el señor Mather, las cuales, desgraciadamente, sí fueron aprobadas por la mayoría de la comisión. 
En mi opinión, en numerosos puntos habría merecido la pena confiar más en la competencia de la Comisión, en vez de proponer modificaciones superficiales. 
Sin embargo, aunque se aprobaran estas modificaciones, esto no supondría ningún riesgo, puesto que no alteran en gran medida el informe. 
Si bien no puedo recomendar a mi grupo la aprobación de las enmiendas 1-8, sí que apoyo vehementemente, por el contrario, la propuesta del señor Mather para aumentar el grado de información entre los trabajadores sobre los riesgos derivados de las explosiones, especialmente por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas. 
En definitiva, me gustaría felicitar al señor Mather por su informe. 
En primer lugar, deseo expresarle mi agradecimiento, señor Mather, por el trabajo extraordinariamente bueno que ha realizado sobre este tema tan técnico. 
La Comisión está dispuesta a aceptar la mayoría de las enmiendas propuestas, en su totalidad o en parte. 
Permítame empezar por las cuatro enmiendas que en la Comisión no encontramos aceptables: las enmiendas núms. 6, 9, 10 y 12. 
La enmienda nº 6 nos resulta inaceptable desde el momento en que el artículo 9 abarca obligaciones relativas tanto a los lugares de trabajo como a los equipos de trabajo. 
Respecto a la enmienda nº 9, la Comisión considera que introduce dudas en cuanto a la entrada en vigor de la directiva. 
No obstante, apoya la idea subyacente y, durante las negociaciones interinstitucionales, la tendrá presente y procurará garantizar que se facilite la información oportuna a todos los interesados. 
Efectivamente, el tema de que se dé buena información ha sido mencionada por muchos de los que han contribuido. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 10. 
Sin embargo, consideraría la posibilidad de modificar el enunciado original añadiendo los términos «y la evaluación de los efectos previstos» para poner el texto más en consonancia con los textos de la ISO. 
En lo que respecta a la enmienda nº 12, la Comisión piensa que hace el texto demasiado restrictivo e impone una carga innecesaria a la industria, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, por lo que no puede aceptarla. 
En segundo lugar, quiero enumerar la cinco enmiendas que la Comisión considera parcialmente aceptables. 
En lo que se refiere a la enmienda nº 2, la Comisión opina que su primera parte aclara el texto de la propuesta de la Comisión y que, por lo tanto, puede aceptarse. 
Por el contrario, el último párrafo es contrario a la filosofía de evaluación de riesgos puesto que impone la aplicación concurrente y simultánea de los tres principios básicos, haciendo el texto innecesariamente severo. 
Respecto a la enmienda nº 3, la sustitución de «supervisión responsable» por «supervisión adecuada» también refleja el dictamen del ECOSOC y la Comisión puede aceptarlo. 
Sin embargo, incluir la formación y la educación en este contexto carece bastante de sentido en lo que a la supervisión se refiere. 
Por ello no puede aceptarse el último párrafo de la enmienda, ya que no añade nada a lo ya establecido en el apartado 4 del artículo 4 de la propuesta y en el artículo 6 de la Directiva Marco 89/391. 
En cuanto a la enmienda nº 4, la Comisión considera que puede aceptarse con un enunciado ligeramente diferente que se ajuste al texto original de la Comisión, en el que se especifica que el empresario velará por que se elabore y mantenga al día un documento de salud y seguridad, pues de otro modo el empresario se verá obligado él mismo a elaborar el documento de seguridad, lo que impondría limitaciones inaceptables a las pequeñas y medianas empresas. 
Respecto a la enmienda nº 7, la Comisión considera que la supresión de «los equipos de trabajo» es consecuencia lógica del enunciado de los apartados 1 y 2 del artículo 9, y se puede aceptar. 
Sin embargo, los lugares de trabajo ya utilizados antes de la entrada en vigor de la directiva deberán cumplir los requisitos mínimos especificados en la propuesta y no sólo los del artículo 4. 
Con respecto a la enmienda nº 8, la Comisión sustenta la opinión de que suprimir la referencia al artículo 17 de la Directiva Marco hace que el texto sea impreciso, ya que en la enmienda no se especifica quién elabora el vademécum. 
Como consecuencia, debería completarse con las palabras «por la Comisión». 
En último lugar- y es algo que han mencionado tanto usted, Sr. Mather, como el Sr. Papakyriazis- me complace informarles de que hay cinco enmiendas que a la Comisión le parecen totalmente aceptables. 
La Comisión opina que dichas enmiendas, más concretamente las núms. 1, 5, 11 y 13, mejoran el texto original introduciendo una mejor formulación y que la enmienda nº 14 en particular, al prever que se informe con tiempo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, facilita la adaptación de las mismas a las disposiciones de la directiva. 
De hecho el Sr. Thomas Mann, con mucha razón, dirige nuestra atención hacia los principios básicos aquí contenidos que son, en primer lugar, impedir la formación de dichas atmósferas, lo que exige algunos elementos de ventilación. 
Después está la cuestión de prevenir la ignición que causa la explosión. 
Y, por supuesto, debemos siempre adoptar medidas mitigadoras en caso de que la explosión se produzca. 
Éstos son los fundamentos de lo que aquí pretendemos. 
Señor Papakyriazis, tiene mucha razón al afirmar que éste es un gran paso hacia adelante. 
Debemos facilitar el tipo correcto de información, como ha dicho la Sra. Stenius-Kaukonen, porque es la forma de ir progresando por el bien de la protección de los trabajadores. 
Gracias por su atención. 
No son muchos los presentes, pero, al mismo tiempo, es una legislación importante y esperamos su pronta aprobación. 
Señora Presidenta, deseo dar las gracias al comisario Flynn por lo que ha dicho y, por supuesto, a todos mis compañeros diputados por sus observaciones, que han sido de gran ayuda. 
Tal como ha dicho el Sr. Comisario, es una medida muy técnica y los puntos que se han planteado lo demuestran. 
Nuestra comisión, como ha dicho el Sr. Papakyriazis, ha empleado mucho tiempo y ha prestado una enorme atención a los pormenores. 
Estoy muy agradecido por ello y por los comentarios de mi colega Thomas Mann. 
He de decir unas palabras en respuesta a la Sra. Stenius- Kaukonen, quien me ha dado puntuaciones diversas en las enmiendas. 
Éstas, efectivamente, son severas y, como testigo mío, llamaría al Sr. Comisario, que en sus comentarios ha señalado que varias de las medidas son un poco demasiado estrictas para el gusto de la Comisión. 
Así que puede que no sea demasiado estricto en opinión la Sra. Stenius-Kaukonen y que sea un poco demasiado estricto en opinión del Sr. Comisario. 
Espero, por tanto, que el informe tenga el tono correcto. 
No voy a abusar de la hospitalidad de la Cámara para defender el honor del Gobierno del Reino Unido en respuesta a los comentarios de la Sra. Stenius-Kaukonen, salvo decir que la opinión de mis colegas de Londres es que cumplen asiduamente y apoyan lo que consideran unas auténticas medidas de salud y seguridad, pero que adoptan una opinión muy firme cuando los procedimientos en materia de salud y seguridad se utilizan para otras medidas que, a su juicio, traspasan ese límite. 
Gracias una vez más por un debate que espero sea provechoso. 
Esperamos hacer avanzar este importantísimo tema. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección de los trabajadores expuestos a agentes carcinógenos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0103/96) de la Sra. Stenius-Kaukonen, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (95) 0425- C4-0433/95-95/0229 (SYN) ) por la que se modifica por primera vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo. 
Señora Presidenta, el objetivo de la presente propuesta de la Comisión es el establecimiento de valores límite para la exposición al benceno durante el trabajo, aumentar el ámbito de aplicación y aclarar la formulación de dos puntos de la directiva. 
Esta propuesta de modificación representa un considerable avance respecto al anterior documento. 
La ampliación del ámbito de aplicación de la directiva reviste una especial importancia, dado que este se extiende ahora también a los medicamentos, los productos cosméticos, los residuos, los fertilizantes, los explosivos y los productos alimenticios. 
La elección del benceno como primera sustancia para la que se propone el establecimiento de valores límite está justificada por el hecho que la exposición a esta sustancia es muy generalizada y su toxicidad está claramente demostrada. 
Se registra exposición al benceno, por ejemplo, en las refinerías de petróleo, el transporte y distribución de gasolina, es decir, en las estaciones de servicio y los talleres de automóviles, así como en la industria petroquímica. 
Igualmente, las personas que utilizan sierras de cadena pueden verse expuestas al benceno. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo ha presentado dieciséis propuestas de enmienda. 
A pesar de que el Parlamento Europeo ha exigido ya con anterioridad el establecimiento de valores límite a todas las sustancias reconocidas como carcinógenas, todavía no se ha cumplido este objetivo. 
Si bien la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo respalda actualmente en su informe la propuesta de la Comisión para fijar valores límites en primera instancia al benceno, desea igualmente insistir firmemente en que la Comisión deberá elaborar un plan para lograr a la mayor brevedad posible el establecimiento de los valores límite necesarios a todas las sustancias clasificadas como agentes carcinógenos. 
De hecho, la Comisión ha elaborado ya una lista de prioridades en la que se recogen las siguientes sustancias a las que se propondrá el establecimiento de valores límite. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo considera importante lograr también el rápido establecimiento de valores límite a los metales pesados, a la vez que propone el arsénico y algunos de sus derivados como primeras sustancias de esta lista de prioridades. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo propone igualmente que la Comisión investigue las posibilidades de simplificar en particular el establecimiento de valores límite en lo relativo a aquellas sustancias cuyos valores límite cumplan claramente con los criterios de sanidad en base a datos científicos y a una sólida investigación. 
En la propuesta de la Comisión se aprecia un punto débil de importancia al no prestarse en este documento la atención necesaria a la absorción por vía cutánea. 
A pesar de que en el texto se hace hincapié en la importancia que reviste la absorción por vía cutánea, la directiva no hace mención ni a mediciones biológicas ni a sus valores límite. 
Así pues, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo solicita en su informe que se proceda a definir el concepto de valor límite biológico y considera que la Comisión deberá presentar sin delación valores límite biológicos al benceno. 
La definición de valor límite recogida en el informe ha sido extraída directamente de la propuesta de la Comisión sobre una directiva relativa a las sustancias químicas. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo considera que es necesario especificar la definición del concepto de valor límite. 
En la propuesta de la Comisión se establece la magnitud de medición espacial mediante el concepto «aire dentro de la zona en la que se respira». 
La legislación debería hacer una clara diferenciación entre dos conceptos distintos, el aire que se respira en el puesto de trabajo y el aire que respira el trabajador. 
Por este motivo, la comisión ha introducido, de conformidad con la opinión recientemente expresada por el Comité Europeo de Normalización, una puntualización al punto en cuestión por la cual se define «el espacio donde se respira el aire» como «aquel espacio en donde el trabajador respira el aire». 
En el informe de la comisión se requiere igualmente la adopción de una práctica uniforme de medición para establecer los valores límite de concentración de benceno en el aire. 
Al definir el concepto de valor límite en los términos propuestos por la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo no existen motivos para aceptar las excepciones provisionales presentadas por la Comisión, ya que, además de tratarse de legislación insuficiente, estas entran en conflicto con las medidas de protección en materia de salud laboral. 
En caso de que se procediera a la aprobación de la propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo y, por tanto, se suprimieran las excepciones, dejarían de ser necesarias las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, es decir, las enmiendas 18 y 19. 
Debemos insistir en que el benceno está considerado como una de las sustancias a las que no se puede fijar un valor límite por debajo del cual no existen riesgos para la salud. 
Sin embargo, la reducción de la exposición a esta sustancia hace disminuir estos riesgos. 
La exposición a un nivel de concentración de 1 ppm, equivalente al valor límite propuesto por la Comisión, puede provocar en el transcurso de una vida laboral 0, 5-6, 6 casos más de leucemia por cada mil trabajadores. 
Esta circunstancia entraña un riesgo demasiado grande, por lo que se debería reducir gradualmente este valor límite. 
La propuesta de la Comisión de Medio Ambiente para establecer un valor límite de 0, 1 ppm ya a partir del año 2001, que yo misma propuse también en el seno de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, no ha sido aprobada. 
Propongo aquí y ahora una solución de compromiso consistente en una reducción a 0, 5 ppm a partir del año 2003, y espero que, por lo menos, sea aprobada esta propuesta. 
Un método esencial para lograr disminuir la concentración de benceno es la reducción de los índices de benceno en la gasolina. La propuesta presentada hoy mismo por la Comisión no es, en mi opinión, suficiente. 
Desearía expresar mi agradecimiento a los representantes de la Comisión por su constructiva cooperación y no puedo sino congratularme por el hecho de que la presidencia irlandesa tenga previsto someter este asunto a debate del Consejo durante su mandato. 
Señora Presidenta, la opinión de la Comisión de Medio Ambiente no es muy distinta a la de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo; así que esto nos facilitará la tarea, pero me gustaría llamar la atención respecto a algunos elementos de esta propuesta de directiva. 
En primer lugar, es motivo de satisfacción que se amplíe el ámbito de aplicación de manera que se incluyan todos los agentes carcinógenos presentes en el lugar de trabajo- esto es algo bueno- y, luego, que se tomen en consideración todas las vías posibles de exposición. 
Fijar valores límite para el benceno también es positivo. 
Lo que es menos positivo es que se haya fijado un valor límite de una parte por millón, es decir, 3, 25 mg por m3 de promedio cada ocho horas. 
Este valor corresponde, en realidad, a la situación que ya se produce en todos los lugares de trabajo donde se utiliza el benceno, con excepción de algunos tipos de empresas vinculadas a la industria petrolífera para las que, precisamente, la propuesta tiene por objeto conceder una exención con un valor límite tres veces superior. 
Sabiendo desde hace un siglo que el benceno es una sustancia carcinógena, y sabiendo, además, que no hay valor por debajo del cual el riesgo sea nulo, es decir, que en cuanto hay exposición al benceno hay riesgo de cáncer, considero- y la Comisión de Medio Ambiente comparte mi opinión- que la propuesta es absolutamente insuficiente. 
No se puede aceptar la exención. 
Es perfectamente posible limitar el tiempo de trabajo si, técnicamente, no se puede conseguir a corto plazo que un trabajador que trabaja ocho horas quede expuesto a un nivel inferior a una parte por millón. 
Así pues, la solución a corto plazo consiste en reducir la jornada laboral. 
Otra solución sería disminuir el contenido de benceno en los carburantes. 
Sabemos que los Estados Unidos sólo toleran un 1 % de benceno en la gasolina, mientras que en Europa se acepta un máximo de 5 %. 
Por lo tanto, está claro que habría que hacer un esfuerzo importante por ese lado, en vez de conceder exenciones que no hacen sino consolidar una situación existente. 
Para acabar, permítame una última observación: puesto que según la lógica a largo plazo haría falta disminuir al máximo la exposición al benceno, es preciso que a partir del año 2000- ésta es la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente- se reduzca el valor límite de exposición en un factor 10, es decir a 0, 1 partes por millón. 
La Sra. Stenius-Kaukonen ha elaborado un informe profundo y meticuloso que en la práctica se ha realizado gracias a una intensa labor de nuestra comisión. 
Ella sabe que acepto casi todo lo que ha hecho y que los del Grupo Socialista aceptaremos la totalidad del informe de la comisión tal como se votó. 
Deseo dirigir al Sr. Comisario una pregunta concreta y directa sobre los valores límite que la Comisión ha fijado en 1 ppm. 
Admitimos que son los que la industria puede alcanzar y permitirse. 
Me pregunto si el Sr. Comisario podría confirmar que cualquier nueva reducción- según creo, improbable a corto plazo- es irrealista como objetivo y quizá una carga demasiado severa para la industria química en su conjunto. 
No creo que ofrezca la esperanza de salvar más vidas, porque no pienso que a corto plazo se vaya a conseguir esto, sino la posibilidad de que desaparezcan muchas pequeñas empresas. 
Millones de personas enferman cada año por enfermedades de origen laboral y el presente proyecto legislativo tendrá un efecto directo en reducir esta mortandad y sufrimiento en la industria. 
Por ello necesitamos que tenga éxito y debiéramos destacar todo logro significativo y apoyarlo donde se produzca. 
Quizá sea fácil descalificar el informe diciendo que no hemos ido todo lo lejos que se podía, pero sabemos que en este momento lo que se tiene son 5 ppm. 
Reducirlo a 1 ppm es un logro considerable. 
Me disculpo por usar el lenguaje técnico, pero es un buen y sólido avance. 
Espero que todos los compañeros diputados, sin importar donde puedan encontrarse esta noche, adopten un enfoque pragmático y sincero hacia este problema en la votación de mañana. 
Nadie debiera jugar a lo tonto con la salud y la seguridad y yo diría, sin miedo a reproches, que este proyecto de directiva es uno de las más importantes que se han presentado en el ámbito de la salud y la seguridad. 
A todo el que piense que puede jugar despreocupadamente con estos temas, le advierto que recibirá un desafío. 
El reto aquí es conseguir un límite que nunca se haya conseguido anteriormente y ello está a nuestro alcance. 
No permitamos que haya diferencias entre la Comisión y nosotros sobre este tema. 
Queremos remitirlo conjuntamente al Consejo y queremos que el Consejo acepte nuestro dictamen. 
Señora Presidenta, el cáncer es una enfermedad muy grave. 
Afecta seriamente a muchas personas y causa muchas víctimas mortales. 
La leucemia es uno de los tipos de cáncer más peligrosos. 
A través de muchísimos estudios realizados, se sabe que existe una relación entre la exposición al benceno y la leucemia. 
Por ello, es una gran alegría para mí que la Comisión tenga la intención de dar una mayor protección a los trabajadores. 
Hace falta una directiva relativa a los agentes cancerígenos y hace falta una ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva vigente para que incluya los medicamentos, los productos cosméticos y los plaguicidas. 
Debemos hacer todo lo humana y políticamente posible por reducir la incidencia del cáncer y proteger a los trabajadores. 
La única forma de hacerlo es a través de medidas preventivas. 
Por ello, no me parece una buena idea la introducción de valores límite biológicos. 
Hemos de procurar que las condiciones de trabajo sean las apropiadas, lo cual eliminaría la necesidad de realizar mediciones en las personas. 
Si dejamos que las cosas lleguen hasta ese punto, corremos el riesgo de que la gente haya caído ya enferma. 
Hemos de realizar las mediciones en el lugar de trabajo, y no en las personas. 
Los valores límite no sirven de nada por sí solos. 
Hay que tener cuidado de no centrarnos únicamente en ellos. 
Hay que aplicar las otras medidas más rigurosas de la Directiva marco. 
Hay que buscar una solución de conjunto que garantice la seguridad en el entorno de trabajo. 
No debemos permitir que haya ninguna sustancia o máquina peligrosa en ninguna fábrica. 
Si una sustancia es peligrosa, debe ser sustituida por otra, etc. Por este motivo quiero rogar a la Comisión que se intensifique el trabajo en el Comité Científico. 
La investigación de los diferentes agentes cancerígenos va muy despacio. 
La lentitud de este trabajo es escandalosa, señor Flynn. 
No basta con controlar que se cumplen los valores límite. 
En algunas situaciones el valor límite propuesto de 0, 1 ppm puede resultar excesivo. 
El lugar de trabajo debe ser totalmente seguro y sin riesgos; éste debe ser el punto de partida. 
Finalmente, quiero elogiar a la ponente por la excelente calidad de su informe. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer a la Sra. Stenius-Kaukonen el buen trabajo que ha realizado en esta propuesta y su apoyo a la Comisión durante un tiempo en la lucha contra los cánceres de origen laboral. 
La Comisión lo agradece mucho, al igual que yo personalmente. 
Los objetivos de la propuesta de la Comisión son bastante sencillos. 
En primer lugar, queremos ampliar el ámbito de aplicación de la directiva a toda una serie de preparados que ha mencionado la ponente, tales como medicamentos, cosméticos y pesticidas. 
En segundo lugar, queremos establecer por primera vez un límite en el lugar de trabajo para un carcinógeno bien conocido: el benceno. 
Ambas medidas representan nuevas iniciativas importantes dentro de los esfuerzos de la Comunidad por dar protección a los trabajadores frente a la exposición a agentes carcinógenos en su trabajo, y la Comisión agradece el apoyo que ha prestado el Parlamento a su propuesta. 
Me alegra decir que la mayoría de las enmiendas presentadas le son aceptables. 
Sin embargo, lamento que no se puedan aceptar las enmiendas núms. 
11, 14 y 15. En ellas se pide la supresión de las excepciones transitorias aplicables a sectores de actividad específicos en el valor límite para el benceno. 
Tales excepciones, que fueron convenidas por los interlocutores sociales en el seno del Comité Consultivo, son necesarias para que algunos sectores industriales dispongan de un poco más de tiempo para cumplir las disposiciones de la directiva. 
La Comisión admite que las excepciones son necesarias. 
Evidentemente, sería ideal que todos los sectores se hallaran en situación de cumplir los nuevos requisitos de forma inmediata. 
Sin embargo, en el caso de dichos sectores, es sencillamente imposible. 
Es importante señalar que las excepciones son limitadas tanto respecto a la cantidad de sectores industriales a los que afectan como desde el punto de vista temporal. 
Así pues, prescribirán dos años después de que el Estado miembro haya transpuesto la directiva. 
La Comisión está dispuesta a estudiar toda propuesta de reducir el límite temporal para el benceno en el futuro. 
Las cifras que figuran en el presente texto, como ya he dicho, son resultado de un proceso completo de consultas al Comité Consultivo de Seguridad, Higiene y Protección de la Salud en el Trabajo. 
Cualquier nueva reducción podría formar parte de futuras actualizaciones de la directiva. 
El Sr. Skinner tiene razón: éste es un progreso real y él ha expuesto claramente la situación en lo que a valores límite se refiere. 
Hay países en los que existe la situación de 5 ppm, así que bajar a 1 ppm representa un progreso considerable. 
Por esta razón, no pueden aceptarse las enmiendas núms. 
17 y 20. Las enmiendas núms. 
18 y 19, que pretenden reducir el tiempo de trabajo de los trabajadores en caso de que el nivel de exposición sea más elevado, aunque tengan un fundamento científico, serían muy difíciles de poner en práctica en las situaciones previstas en las excepciones. 
Por ello la Comisión no puede aceptarlas. 
La Comisión considera que la enmienda nº 10 no es muy apropiada para el texto. 
Resulta superflua, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Directiva Marco 89/391, de la que se deriva el texto actual. 
La Comisión puede entender la base de las enmiendas núms. 
3 y 4. En ellas se pide una simplificación al establecer los valores límite de los carcinógenos y un plan para lograr lo más rápido posible el establecimiento de los valores límite para todos ellos. 
Sin embargo, la simplificación del proceso no sólo incluía a la Comisión sino también a los interlocutores sociales y al Consejo. 
En lo que a la enmienda nº 4 se refiere, no se dispone de suficientes datos científicos. 
Ese es un punto esencial y muchos de ustedes lo entenderán, en especial la ponente. 
Ahora mismo no se dispone de ellos en todos los carcinógenos. 
Sin embargo, la Comisión asegura a la Asamblea que cuando se disponga de los datos no dudará en actuar. 
Por otro lado, las enmiendas núms. 3 y 4, que se refieren a los considerandos, no tienen seguimiento jurídico en la propuesta legislativa. 
Ello es aplicable asimismo a la enmienda nº 7. 
Por lo tanto, considero que sería preferible tomar nota solidariamente de las ideas recogidas en estas enmiendas sin comprometernos en estos momentos sobre cómo poner los principios en práctica. 
Entre las enmiendas que son aceptables, deseo expresar mi conformidad en particular con la enmienda nº 16, que pide un procedimiento de medición uniforme para el benceno. 
La Comisión hallará el enunciado correcto para incluir esa idea en el texto. 
Deseo dar las gracias a todos los que han contribuido y decir que la consideramos una enmienda muy importante a Directiva nº 90/394. 
Me alegra decir que la presidencia irlandesa ha dado prioridad a este tema y esperamos sinceramente hacerlo avanzar más en el futuro inmediato. 
Por mi parte quisiera darle las gracias, señor Comisario Flynn. 
¿Desea hacer algún comentario, señora Stenius-Kaukonen? 
Señora Presidenta, quizás sea oportuno hacer un par de observaciones. 
Creo que las excepciones no son necesarias ni siquiera para el plazo propuesto de dos años por el señor Comisario, pero si esta es la postura de la Comisión espero que la posición del Parlamento sea distinta. El punto más importante para lograr una rápida reducción de las concentraciones de benceno reside en la disminución de los niveles de este componente en la gasolina. 
Ya he mencionado durante mi intervención la aprobación en el día de hoy por parte de la Comisión de un paquete de medidas relativas al combustible para vehículos, si bien el objetivo que en él se ha fijado de un 2 % de benceno en la composición de la gasolina es desgraciadamente demasiado elevado. 
Si este objetivo quedara establecido en un 1 %, tal como ya se ha hecho en numerosos países, lograríamos con mucha mayor facilidad alcanzar el objetivo de 1 ppm, especialmente en las estaciones de servicio, donde- naturalmente- se está en contacto con grandes cantidades de gasolina. 
A este respecto, desearía únicamente resaltar estos datos científicos acerca de la peligrosidad de todas las sustancias carcinógenas- evidentemente no contamos con la información suficiente sobre todas y cada una de las sustancias -, pero resulta evidente que la Comisión no ha comprendido mis intenciones al proponer este plan. 
Por lo que respecta a aquellas sustancias sobre las que no contamos con la suficiente información, se debería elaborar un plan para determinar cuándo se establecerán los valores límite, a la vez que, para aquellas que se haya demostrado que precisan mayor investigación, se deberán llevar a cabo estas investigaciones tras fijarse los plazos para su realización. 
Esta circunstancia agilizaría considerablemente los avances en este campo. 
Aquí se han oído críticas por la lentitud con que se ha procedido al establecimiento de estos valores límite, pero me gustaría recordar que el Parlamento lleva ya muchos años proponiendo medidas en esta materia. 
A pesar de todo, y tal como ya dije anteriormente, me gustaría en definitiva expresar mi agradecimiento a la Comisión por la colaboración prestada y mi deseo de lograr un avance por lo que respecta a este tema. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.35 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, veo que anexas al Acta figuran una serie de votaciones nominales. 
Ayer la Presidencia no nos indicó quién había solicitado que hubiera votaciones nominales. 
No estaría mal que en el Acta de hoy se indicara cuánto cuesta por término medio cada votación nominal y, de ser posible, el número de árboles que hay que talar cada año para atender a nuestras necesidades de papel, necesidades que, por lo demás, obedecen frecuentemente a motivos frívolos. 
Tomo buena nota de su observación. 
Puedo contestarle sobre el hecho de que no he precisado cada vez quién había solicitado una votación nominal diciendo que esto se debe a que me parece que casi todos los Grupos políticos la han solicitado y he querido ganar unos segundos en cada ocasión, dada la larga duración de las votaciones previstas. 
Pero en cada ocasión se ha tomado en el Acta buena nota del Grupo que hacía la solicitud. 
Y ahora yo tomo buena nota de su observación. 
(El Acta queda aprobada) 
Informe anual de actividades del Defensor del Pueblo Europeo (Presentación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación del Informe anual de 1995 del Defensor del Pueblo Europeo. 
Señora Presidenta, distinguidos diputados del Parlamento Europeo, antes que nada quisiera darles las gracias por haber dejado tiempo, en un recargado programa de trabajo parlamentario, para que el Defensor del Pueblo Europeo pueda presentar su informe. 
Al instituir la práctica de que el Defensor del Pueblo Europeo presente personalmente su informe, el Parlamento Europeo se suma a las mejores tradiciones parlamentarias de los Estados miembros que han establecido ya la institución clásica del Defensor del Pueblo. 
Tengo la convicción de que esta práctica será beneficiosa para nuestros ideales comunes de una Unión Europea libre y democrática. 
Quisiera subrayar también que, tanto en la Comisión de Peticiones como en el Parlamento propiamente dicho, he mantenido siempre una actitud seria y dedicada respecto de los derechos de los ciudadanos europeos. 
Me parece que ésta es una señal prometedora en favor de una cooperación fructuosa y eficaz entre el Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo, en particular su Comisión de Peticiones, para beneficio de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Este es el primer informe anual del Defensor del Pueblo europeo. 
En esta fase inicial del funcionamiento de la institución, es importantísimo que yo conozca la opinión de los diputados del Parlamento Europeo acerca de lo que he hecho hasta ahora y acerca de lo que hay que hacer. 
Además tendrán ustedes la oportunidad de hacer observaciones sobre mi informe y también sobre el informe de la Comisión de Peticiones. 
Esto será de mucha utilidad para mí en mi futura labor. 
Ha habido quien ha dicho que los servicios del Defensor del Pueblo Europeo no han dado resultado. 
Mi informe anual abarca únicamente un breve período que va desde septiembre de 1995, que es cuando entré en funciones, hasta diciembre del mismo año. 
El informe incluye también estadísticas de las quejas y reclamaciones presentadas hasta el final de marzo. 
Desde entonces la situación ha cambiado mucho. 
Mi oficina ha trabajado activamente en la preparación de decisiones y soluciones. 
Hasta ayer, mi oficina había recibido en total 647 reclamaciones. 
En 599 casos, lo que equivale a más del 90 % del total, se ha efectuado ya un examen acerca de la admisibilidad de las reclamaciones. 
En 132 casos se ha iniciado una encuesta preliminar. 
Han finalizado ya 16 indagaciones, seis de ellas con una solución favorable para el autor de la reclamación y una con una observación crítica dirigida a la institución. 
En un caso el autor de la reclamación retiró el caso y en otros casos no se pudo encontrar prueba alguna de mala administración. 
Mi oficina sólo ha podido empezar a trabajar a toda velocidad con los autores de reclamaciones a partir de principios de este año. Por lo general, a la institución de que se trate se le da tres meses para que presente observaciones sobre la reclamación. 
Ese es el plazo que se menciona en el Estatuto. 
Después de dicho plazo, el autor de la reclamación tiene un mes para responder a lo que conteste la institución. 
Por lo tanto, en los primeros casos no fue posible tomar medida alguna hasta el mes pasado. 
Se ha criticado el elevado número de casos declarados inadmisibles. 
No hay que olvidar que el mandato de mi oficina, que consiste en examinar los casos de mala administración en los órganos y en las instituciones de la comunidad, es de carácter limitado. 
Solamente un 40 % aproximadamente de las reclamaciones corresponden a nuestro mandato. 
El Estatuto del Defensor del Pueblo europeo fija otros requisitos que hay que cumplir antes de que se pase a la investigación de la reclamación. 
El limitado mandato que se da en el Tratado y las otras restricciones estatutarias que ha fijado el Parlamento para mi labor explican que solamente un 20 % aproximadamente de las reclamaciones alcancen la fase de la investigación. 
Tengo que desempeñar mi labor de conformidad con las disposiciones pertinentes. 
Los procedimientos de trabajo y las estadísticas se presentan en el informe anual. 
Estoy seguro de que las cifras serán mucho más favorables en el próximo informe anual. 
El artículo 8 D del Tratado que establece la Comunidad Europea crea dos importantes derechos para los ciudadanos de Europa: el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, y el derecho de reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo. 
Los ciudadanos disfrutan de esos dos derechos y a ellos les corresponde decidir si prefieren enviar una petición al Parlamento o reclamar ante el Defensor del Pueblo europeo. 
Ahora bien, no siempre el ciudadano está en condiciones de decidir cuál es la manera de obrar más apropiada. 
Por esa razón mi oficina y la Comisión de Peticiones han cooperado estrechamente para aclarar sus respectivas funciones y para establecer métodos de cooperación. 
Hay un procedimiento para el traslado de casos entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo Europeo, con el acuerdo del autor de la petición o de la reclamación. 
En general, el Defensor del Pueblo no se ocupa de las cuestiones pendientes ante la Comisión de Peticiones si la Comisión no traslada al Defensor del Pueblo la cuestión de que se trate. 
Tampoco se ocupa el Defensor del Pueblo de casos que ya han sido examinados y resueltos por la Comisión de Peticiones, a no ser que surjan nuevos elementos que justifiquen el recurso al Defensor del Pueblo. 
Las reclamaciones acerca de decisiones de la Comisión de Peticiones propiamente dicha se consideran inadmisibles porque esas decisiones, al igual que las del Parlamento, son de carácter político. 
El derecho de petición instituido por el Tratado es un derecho de petición ante el Parlamento Europeo. 
La Comisión de Peticiones obra en su nombre. 
Incumbe al Parlamento supervisar la labor de su propia comisión parlamentaria y, por ejemplo, cerciorarse de que los recursos de la comisión parlamentaria son adecuados para desarrollar y llevar a cabo las labores que se le han confiado. 
El mandato de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo son diferentes y complementarios, y juntos constituyen una posibilidad única de promover los derechos de los ciudadanos europeos. 
La experiencia de mi cooperación con la Comisión de Peticiones es muy positiva. 
Estoy dispuesto a estudiar el procedimiento establecido para la cooperación. 
Siempre busco la manera de mejorar la cooperación en favor de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. 
El Defensor del Pueblo debe obrar de la manera más transparente posible para que los ciudadanos de la Unión Europea puedan percatarse completamente de lo que hace, y establecer un buen ejemplo para los demás. 
Por esa razón se ha resuelto que la lista de reclamaciones sea de dominio público. 
La reclamación, el primer dictamen del órgano institucional y la decisión con la que finalmente se dé por clausurada dicha reclamación, serán también de dominio público. 
En cambio, las investigaciones que se efectúen a raíz del primer dictamen de un órgano institucional se llevarán a cabo en privado, para velar por que haya una completa cooperación y para promover una solución amistosa del caso. 
Hay que respetar el derecho del autor de la reclamación al carácter confidencial de la reclamación. 
Si se pide la confidencialidad, entonces la reclamación y todos los documentos conexos se tratan en forma confidencial. 
La inscripción de la reclamación en el registro, la decisión con la que se clausura la reclamación y cualquier informe o recomendación para el Parlamento Europeo tendrán carácter anónimo para que el autor de la reclamación no pueda ser identificado. 
Ahora bien, el Defensor del Pueblo no ha de limitarse a procurar que haya transparencia en la labor de su propia oficina. 
Parte de su misión consiste en promover la relación entre los órganos y las instituciones de la Comunidad y los ciudadanos de la Unión Europea. 
La oficina se creó para subrayar la voluntad de la Unión Europea de contar con una administración transparente, democrática y responsable. 
La necesidad de transparencia en la Unión la pone de relieve la Sra. Ahern en su informe y la Comisión de Peticiones en su propuesta de resolución. 
Durante los primeros meses de mi cometido recibí una serie de reclamaciones acerca del acceso público a los documentos en poder de las instituciones y los órganos comunitarios. 
La Comisión y el Consejo han publicado ya un código de conducta sobre el acceso público a los documentos que se hallan en su poder, pero no he recibido información alguna de que otro órgano institucional comunitario haya adoptado un reglamento general en materia de acceso público a los documentos. 
En consecuencia he lanzado una iniciativa en cuya virtud se pide a las demás instituciones y órganos comunitarios que me informen acerca de su situación respecto del acceso público a los documentos. 
La iniciativa abarca todos los órganos e instituciones, excepción hecha del Consejo y de la Comisión. 
Por ejemplo, abarca al Parlamento, al Tribunal de Justicia por lo que se refiere a los documentos administrativos, al Tribunal de Cuentas, al Banco Europeo de Inversiones y al Instituto Monetario Europeo. 
Espero que esa iniciativa reciba buena acogida y que mejore la transparencia en esos órganos e instituciones. 
La creación de una oficina lleva tiempo. 
Hasta ahora el establecimiento de la oficina del Defensor del Pueblo europeo se ha llevado a cabo con relativa facilidad, debido en gran parte a la actitud de ayuda y cooperación del Parlamento Europeo y de su administración, de la Comisión y del Consejo, y de otros órganos e instituciones de la Comunidad. 
La proporción de reclamaciones inadmisibles que he recibido es relativamente elevada. 
Los ciudadanos de la Unión Europea necesitan tiempo e información para cerciorarse de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer el Defensor del Pueblo. 
Por todo lo antedicho, se ha publicado un folleto que describe el procedimiento para presentar una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo. El procedimiento incluye un formulario normalizado en el cual ha de describirse la reclamación. 
El folleto está siendo objeto de amplia distribución por conducto de las oficinas nacionales del Parlamento y de la Comisión, las oficinas de los defensores del pueblo de los países y otros órganos similares, y por conducto asimismo de gran número de organizaciones que participan en los asuntos de la Unión Europea. 
Desde la semana pasada el texto del folleto figura asimismo en Internet. 
La cuestión de las reclamaciones inadmisibles no tiene nada de extraordinario. 
Los defensores del pueblo de todos los países y a todos los niveles reciben muchas reclamaciones inadmisibles. 
Cuando no puedo ocuparme de una reclamación, lo que hago es procurar aconsejar a su autor que recurra a otro órgano que quizás pueda ser de ayuda. 
Muy a menudo aconsejo que se presente una petición al Parlamento Europeo. 
En algunos casos es apropiado remitir a los autores de reclamaciones a la Comisión, que desempeña el papel de guardiana de los Tratados. 
El procedimiento de reclamación de la propia Comisión puede ayudar sobremanera a los ciudadanos de la Unión Europea a proteger los derechos que les confiere la legislación comunitaria cuando las autoridades nacionales intervienen en los casos. 
Espero que el público acabe por conocer mejor esta importante actividad de la Comisión. 
Por último, concedo gran importancia a la cooperación con defensores del pueblo de los países y órganos similares. 
Esa cooperación de conformidad con el principio de la subsidiariedad será de suma importancia para promover la plena aplicación de la legislación comunitaria en todos los niveles de nuestra Unión. 
El próximo mes de septiembre habrá aquí en Estrasburgo un seminario para examinar con ellos los principios de dicha cooperación y para convenir en actividades comunes para el futuro. 
La labor del Defensor del Pueblo europeo no es más que un elemento del proceso encaminado a lograr que los ciudadanos de la Unión Europea disfruten los beneficios de una administración transparente, democrática y responsable. 
La oficina del Defensor del Pueblo sólo puede tener éxito si las instituciones y los órganos comunitarios tienen la firme voluntad de respetar esos principios y de cooperar plenamente con el Defensor del Pueblo. 
A juzgar por la experiencia que he acumulado hasta ahora, creo que esa voluntad existe. 
Confío sinceramente en que sigamos desarrollando un régimen de coparticipación con las demás instituciones y los demás órganos comunitarios para proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, diputados del Parlamento Europeo, les agradezco mucho la atención que me han prestado. 
(Fuertes aplausos) 
Informe anual de actividades del Defensor del Pueblo Europeo (Debate) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0176/96) de la Sra. Ahern, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual de actividades (1995) del Defensor del Pueblo de la Unión Europea (Defensor del Pueblo Europeo) (C4-0257/96). 
Señora Presidenta, me ha causado mucha satisfacción la declaración que acaba de hacer el Defensor del Pueblo Europeo y le agradezco la sincera cooperación que hemos tenido en este Parlamento, en particular con la comisión parlamentaria responsable, la Comisión de Peticiones, a partir del año pasado en que estableció su oficina. 
El Tratado de la Unión Europea creó esta nueva oficina de Defensor del Pueblo de la Unión Europea para que el nuevo órgano pueda defender con carácter autónomo a los ciudadanos contra la mala administración de las instituciones y los órganos de la Unión Europea. 
Ahora bien, el Defensor del Pueblo es un cargo parlamentario y su presencia aquí, entre nosotros, es una indicación de lo que acabo de decir. 
El Defensor del Pueblo es designado por el Parlamento, informa al Parlamento y, naturalmente, coopera con el Parlamento, y todos estamos resueltos a que el Parlamento coopere con él. 
En particular nos agrada que tenga la facultad de investigar: esta facultad constituye una útil protección para el pueblo de Europa contra la mala administración del Consejo, de la Comisión y del propio Parlamento. 
Hay quien ha dicho acertadamente que las instituciones pecan por falta de apertura y por su carácter elitista e impenetrable para los ciudadanos. 
Lo que tiene que hacer ahora el Defensor del Pueblo es sacudir a la Comisión, al Consejo e incluso al Parlamento, para que las instituciones de la Unión Europea no sean un coto para privilegiados sino un espacio abierto para todos. 
La Unión Europea es un complejo de tendencias opuestas. 
El conflicto entre la idea de Europa como colaboración de Estados soberanos y el ideal de una Europa federal ha retrasado el desarrollo de instituciones de la Unión Europea modernas, democráticas y próximas a los ciudadanos. 
Si queremos crear instituciones democráticas, lo primero que tenemos que lograr es que el acceso a la información sea un compromiso explícito de las instituciones, según el ejemplo del Código de Conducta referente al acceso a los documentos. 
En este informe que tienen ante ustedes les pedimos que apoyen ese compromiso explícito de las instituciones y que velen por su cumplimiento. 
Sabemos ya que la Sra. Gradin, que es la Comisaria responsable de estos asuntos, se ha comprometido a promover firmemente esta cuestión en la Conferencia Intergubernamental. 
La Comisión de Peticiones es el órgano parlamentario al que el Defensor del Pueblo presenta sus informes, y necesita establecer una relación de trabajo complementaria para poder atender a sus diversas responsabilidades en materia de peticiones y reclamaciones de los ciudadanos. 
En la práctica, esto representa una función adicional para la comisión parlamentaria, que ha de observar lo que hace el Defensor del Pueblo en relación con el Parlamento. 
Quisiera hacer ahora algunas observaciones sobre su informe. 
La primera parte del informe es muy útil porque explica las condiciones en que se puede presentar una reclamación y las decisiones de procedimiento que adopta el Defensor del Pueblo para ocuparse de las reclamaciones. 
El informe indica quién puede reclamar- ciudadanos o residentes- contra quién- instituciones y órganos de la Comunidad- y cabe indicar aquí que el propio Defensor del Pueblo es un órgano más de la Comunidad. 
Muy acertadamente se procura eludir la definición de «mala administración». 
Estoy segura de que a su debido tiempo recibiremos interesantísimos informes sobre lo que constituye exactamente un caso de mala administración, cuando el Defensor del Pueblo nos informe concretamente de los casos que no esté en condiciones de resolver. 
Huelga decir que su capacidad de resolver reclamaciones mediante una labor de mediación constituye un importante aspecto de su labor. 
El procedimiento es el siguiente: las reclamaciones declaradas admisibles y consideradas prima facie como bien fundadas se comunican a la institución o al órgano de que se trate, al que se pide que facilite un primer dictamen. 
Una vez que este primer dictamen ha sido examinado, junto con los comentarios que haya podido formular el autor de la reclamación, se busca una solución entre las dos partes interesadas. 
Si, después de que el Defensor del Pueblo haya formulado proyectos de recomendación apropiados, falla su labor de mediación, entonces el Defensor del Pueblo informa al Parlamento Europeo y el Parlamento adopta las medidas del caso; es de suponer que la institución de que se trate también adoptará medidas. 
Las facultades del Defensor del Pueblo para efectuar indagaciones por su propia iniciativa es un factor fundamental para la transparencia de las instituciones. 
Por ejemplo, puede consultar los expedientes de usted misma, señora Presidenta, o del Sr. Santer, o del Presidente Hänsch, o de cualquier diputado del Parlamento o miembro de la Comisión, si lo estima apropiado. 
Esta forma de investigación puede revestir una importancia mucho mayor en los próximos años para beneficio del funcionamiento democrático de la Unión Europea y, por ende, del Parlamento y de los ciudadanos. 
Diré para acabar que confío en que la cooperación especial que hemos establecido con el Defensor del Pueblo prosiga en años venideros. 
Señora Presidenta, señor Defensor del Pueblo Europeo, señora ponente, tal como consta en el Tratado, el Parlamento es el destinatario del Informe Anual del Defensor del Pueblo. 
Permítanme, no obstante, que les señale, en nombre de la Comisión Europea- y, particularmente, de mi colega Anita Gradin, a quien tengo el honor de representar -, el punto de vista de la Comisión sobre la institución y sobre los trabajos que ha realizado. 
Es evidente que, con la creación del Defensor del Pueblo Europeo, la ciudadanía europea, como concepto, se ha enriquecido de forma substancial, porque la buena administración de las instituciones europeas, la transparencia y la equidad de su funcionamiento corresponden a derechos fundamentales de los ciudadanos de Europa. 
Y el Defensor del Pueblo Europeo puede contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de dichos derechos. 
Por lo que se refiere a la posición de la Comisión, estamos convencidos de que el control que los ciudadanos tienen posibilidad de ejercer a través del Defensor del Pueblo sobre el funcionamiento de nuestra administración no podrá sino estimularnos a trabajar mejor, a corregir nuestros defectos y nuestros errores y, naturalmente, a aumentar nuestra transparencia. 
En el informe del Defensor del Pueblo se señala, con acierto, que son fundamentales unas relaciones armoniosas entre la Comisión Europea y el propio Defensor del Pueblo. 
Entre otras cosas porque- como se señala también en su informe- una gran mayoría de las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo afectan a la Comisión o a los trabajos de la Comisión. 
La Comisión Europea ha tenido ya oportunidad de contestar a las solicitudes de información respecto a quejas que cuestionan la administración de la Comisión o cómo administra cada día la Comisión. 
En nombre de la Comisión Europea, creo que puedo afirmar que la Comisión ha contestado sin reticencias, con espíritu de transparencia y respetando las prerrogativas de cada institución. 
Aunque se han planteado algunos problemas en casos limitados- en particular, en lo referente a los plazos de transmisión de las respuestas de la Comisión -, puedo asegurarles que la Comisión se ha comprometido a superar dichos problemas sin dilación. 
Sabiendo que el Defensor del Pueblo, señor Söderman, es particularmente sensible al problema de los plazos, quiero comunicarle que en la Comisión se han tomado las medidas oportunas para que, efectivamente, se respeten los plazos señalados para la respuesta cuando se introduce una queja en la oficina del Defensor del Pueblo. 
Quiero terminar felicitando, en nombre de la Comisión Europea, al Sr. Södermann, a la señora ponente, al Parlamento Europeo, deseándole al Sr. Södermann, naturalmente, el mayor de los éxitos en su misión de protección de los derechos de los ciudadanos y garantizándole una plena colaboración de la Comisión Europea. 
Tenga la seguridad de que vamos a corregir las deficiencias que usted ha puesto de relieve en sus informes y que, efectivamente, creemos que son fáciles de corregir. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quiero felicitar al Defensor del Pueblo Europeo, Sr. Söderman, por su excelente primer informe. 
Quiero felicitar asimismo a la vicepresidencia y a la ponente de la Comisión de Peticiones, Sra. Ahern, por su excelente informe en nombre de la comisión parlamentaria. 
El Defensor del Pueblo ha demostrado que es una persona seria, dedicada y resuelta que se esfuerza por proteger los derechos del pueblo de la Unión Europea. 
Ya en los últimos meses pudo desarrollarse una excelente relación de trabajo entre el Sr. Söderman y yo mismo, que en aquellos momentos ocupaba la presidencia de la Comisión de Peticiones. 
Estoy seguro de que esa relación seguirá con las presidencias que haya en el futuro. 
Como ya se ha dicho, la Comisión de Peticiones es la comisión parlamentaria responsable de las relaciones con el Defensor del Pueblo Europeo y de la vigilancia de la labor del Defensor del Pueblo Europeo. 
El Defensor del Pueblo Europeo es independiente y por lo tanto nosotros, en la Comisión de Peticiones, no nos injerimos en sus investigaciones acerca de las reclamaciones presentadas. 
Cuando en el futuro la comisión parlamentaria reciba informes de casos de mala administración en relación con la tramitación de reclamaciones individuales, los examinaremos con interés. 
Somos partidarios de su iniciativa de que haya mayor acceso a la documentación pública de las organizaciones de la Unión Europea. 
La labor del Defensor del Pueblo Europeo y de la Comisión de Peticiones es complementaria. 
Uno se ocupa de las denuncias de casos de mala administración en las instituciones y los órganos de la Comunidad Europea, y la otra se ocupa de la esfera general de los campos de actividad de la Unión Europea, particularmente el incumplimiento de la legislación de la Unión Europea por Estados miembros y la formulación de propuestas para mejorar la normativa de la Unión. 
Por lo que se refiere a las enmiendas, el Grupo Socialista se opone a todas las enmiendas por estimar que el informe es excelente tal y como está redactado en la actualidad. 
En particular las enmiendas del Sr. Pex carecen de utilidad, y la Comisión de Peticiones las rechazó con mucha razón. 
Dichas enmiendas harían de un informe sobre el informe del Defensor del Pueblo un informe sobre las relaciones entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones. 
En particular la enmienda 4 anima al Defensor del Pueblo a impugnar las decisiones que la Comisión de Peticiones adopte por lo que se denominan motivos inadecuados. 
¿Cómo vamos a resolver si los miembros de la Comisión de Peticiones han adoptado una decisión por motivos inadecuados? 
Es de suponer que con esa formulación se quiera hacer referencia a los casos en que un miembro de la comisión parlamentaria no esté de acuerdo con una decisión mayoritaria de sus colegas o se halle demasiado ocupado en otro lugar y no participe en una decisión de la comisión parlamentaria con la que no esté de acuerdo. 
Por último, para acabar con una nota más positiva, quisiera dejar bien sentado en nombre del Grupo Socialista que apoyaremos la labor del Defensor del Pueblo de la Unión Europea, que respetaremos su independencia, que le haremos objeto de críticas amistosas cuando proceda, pero que en general le apoyaremos y le ayudaremos en sus esfuerzos por conseguir que las instituciones y los órganos de la Unión Europea pongan en práctica las recomendaciones de su informe, particularmente en los casos en que haya encontrado que ha habido mala administración. 
El Defensor del Pueblo Europeo debe recibir el firme apoyo de los representantes democráticamente elegidos del pueblo, en su labor encaminada a luchar contra la mala administración en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, en nombre del Partido Popular Europeo también yo quisiera felicitar al Sr. Söderman por su primer informe al Parlamento, y a la Sra. Ahern por su informe. 
El cargo de Defensor del Pueblo Europeo es uno de los frutos más valiosos y menos discutidos del Tratado de Maastricht. 
Como los cargos nacionales de defensor del pueblo provienen de Escandinavia, es una verdadera suerte tener en el Sr. Söderman no solamente a un titular experimentado del cargo, sino también a un Defensor del Pueblo que nos ofrece toda la experiencia acumulada en su país, Finlandia, para el desempeño de dicho cometido. 
Es importante que las instituciones de la Unión sirvan al ciudadano europeo, y no que sea el ciudadano europeo el que sirva a las instituciones de la Unión. 
Esto es lo que da tanto valor al cargo de defensor del pueblo. 
Los ciudadanos tienen que saber que hay alguien, un verdadero ser humano, que se alineará con ellos si la burocracia amenaza con ignorar los derechos de los ciudadanos. 
Los diputados experimentados de este Parlamento comprenderán sin dificultades el concepto de la mala administración y sabrán muy bien cuál es el campo de responsabilidad del defensor del pueblo. 
Los diputados del Parlamento Europeo saben cuáles son las diferentes responsabilidades de los defensores del pueblo de los distintos países, del Defensor del Pueblo Europeo y de la Comisión de Peticiones, pero no se trata de conceptos fáciles de entender y por eso se requiere un máximo de publicidad sencilla y llamativa para explicar con términos directos e inequívocos de qué forma el defensor del pueblo puede ayudar a los ciudadanos y en qué se diferencia su función del cometido de la Comisión de Peticiones. 
El Sr. Söderman ha hecho referencia a su folleto acerca de la forma de presentar una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo. 
Si tengo que juzgar la sencillez y el carácter llamativo de su folleto le daré una nota 2 de un máximo de 10. 
He leído esquelas que son más llamativas y que están más inspiradas que ese documento. 
Basta con compararlo, por ejemplo, con el documento que me dieron la otra noche en la recepción organizada para celebrar los vinos de la Provence: uno lee ese folleto, e inmediatamente tiene ganas de beberse un vaso de vino de la Provence; no estoy seguro de que el folleto de nuestro Defensor del Pueblo Europeo diga mucho en favor de él. 
¿No hay nadie en la Comunidad Europea que disponga de un buen artista gráfico que pueda ocuparse de ese folleto para inculcarle un poco de vida y un poco de animación? 
Por lo que se refiere al informe de la Sra. Ahern diré que me satisface la enmienda 1, que trata de la utilización de nuevas tecnologías en la labor del Defensor del Pueblo. 
Tenemos que utilizar medios de comunicación modernos y fáciles, pero no invoquemos la situación como disculpa para servirnos de folletos lúgubres como medios de publicidad y contacto con el Defensor del Pueblo. 
La cooperación, la comunicación entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones son también muy importantes si queremos proteger mejor los derechos de nuestros ciudadanos. 
A este respecto estimo que las enmiendas 2, 3 y 4 ayudan al informe, pues subrayan las funciones complementarias del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones. 
Añadiré que este Parlamento, que es una de las instituciones de la Comunidad Europea, no debería avergonzarse y debería permitir que el Defensor del Pueblo investigue nuestros procedimientos. 
Para acabar diré, después de reflexionar sobre el particular, que doy al Defensor del Pueblo la nota 9 de un máximo de 10 por su primer informe, pero que rebajaré la nota por su folleto a 1 de un máximo de 10, y que ruego que alguien se esfuerce por hacer el folleto más atractivo para que los ciudadanos sepan que tienen a su lado al Defensor del Pueblo y al Parlamento. 
Señora Presidenta, en mi opinión, este informe de la Sra. Ahern tiene muchos méritos: en primer lugar, el de saber penetrar en el informe del Defensor del Pueblo con gran precisión; a su vez, el Defensor del Pueblo nos ha presentado un documento sencillo y pertinente, un documento accesible a todos. 
Es justo subrayar que este informe tiene también una función pedagógica, como decía la colega: hacer conocer lo que es el Defensor del Pueblo y, sobre todo, para qué les sirve a todos los ciudadanos de la Unión. 
El documento presentado por la Sra. Ahern es, además, notable por su concisión. 
En cualquier caso, creo que el texto final se puede mejorar, y por eso mi Grupo vota a favor de todas las enmiendas que se han presentado y que hacen el texto mismo más transparente, más apropiado para lo que el ciudadano pide, que es, precisamente y sobre todo, entender y participar. 
A propósito de ciudadano, quisiera realmente encontrar una forma un poco más moderna para hacer conocer esta Institución, y por ciudadano entiendo, naturalmente, no sólo los que han nacido en la Unión, sino también los que han llegado para vivir en ella, para trabajar y que quizás tienen menos facilidades para acceder a esta Institución. 
¡Buen trabajo, señor Defensor del Pueblo! 
Señora Presidenta, también yo quiero dar las gracias por el informe anual del Defensor del Pueblo Europeo y por el informe de la Sra. Ahern. 
Se le ha llamado informe anual, pero se trata en realidad de un informe trimestral, ya que el Defensor del Pueblo no lleva funcionando tanto tiempo, pero me parece que ha hecho mucho en este corto período. 
Me parece asimismo que ha enfocado bien su trabajo, es decir, se ocupa de las quejas de los ciudadanos y no utiliza la institución- es decir, la Unión- para conferir a su labor un determinado perfil político. Esto hubiera sido fácil, pero a la larga dañaría la imagen del trabajo que se realiza en la Unión. 
Dicho esto, quiero decir que estoy de acuerdo con el Sr. Perry en que sería deseable una mención más elogiosa del Defensor del Pueblo Europeo, pero podemos mejorar este aspecto en los próximos años. 
A continuación comentaré las enmiendas, el presupuesto y el tema de la oficina de Bruselas. 
En cuanto a las enmiendas núms. 1, 2, 4 y 5, podemos votar a favor de ellas. 
No sé si me parecen especialmente necesarias, pero, por otra parte, no hacen ningún daño. 
Lamento que el Grupo conservador no haya dejado la enmienda nº 3 algo más clara. 
Estamos de acuerdo en la posibilidad de aplicar el artículo 169, pero no nos parece conveniente mezclar la Comisión de Peticiones con el Defensor del Pueblo Europeo, por lo que no votaremos a favor de esta enmienda. 
En cuanto al presupuesto, el Defensor del Pueblo Europeo ha mantenido largos debates con la Comisión de Presupuestos, al igual que todos los demás. 
Sin duda seguirán las negociaciones, y recomiendo al Defensor del Pueblo que explique en lo posible la necesidad de aumentar la plantilla y el carácter de los asuntos que no pueden ser solucionados sin los fondos necesarios. 
Quisiéramos volver al debate sobre la oficina de Bruselas. 
Entendemos el punto de vista del Defensor del Pueblo sobre la necesidad de disponer de una oficina en Bruselas y poder realizar el trabajo en Estrasburgo con más eficacia, por lo que con mucho gusto participaremos en un debate durante el próximo año sobre las posibilidades de establecer una oficina allí, sin entrar en discusiones sobre el emplazamiento de la oficina en Estrasburgo, donde desea permanecer el propio Defensor del Pueblo. 
Señora Presidenta, Señorías, el Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo, Sr. Söderman, correspondiente al año 1995, tiene dos características que, a mi juicio, creo que merecen subrayarse. Me refiero a que es el primer informe ante el Parlamento Europeo del Defensor del Pueblo y a que el período que examina es muy breve. 
Estas dos características confieren a este documento un papel fundamentalmente pedagógico del que, sin duda, ha sido consciente el Defensor del Pueblo en el momento de su elaboración. 
Por ello, al margen de su función como instrumento de información y balance, hay que valorar la importante aportación que en este documento hace el Sr. Söderman al conocimiento tanto de la nueva institución europea como de sus objetivos y de los mecanismos de acceso para conseguir su intervención. 
Pero, pese al poco tiempo transcurrido sobre el que se elabora el informe, su experiencia anterior, como Defensor del Pueblo en Finlandia, permite al Sr. Söderman ofrecernos una notable casuística de intervenciones que, con razón, llevan a la Sra. Ahern, en el excelente informe que presenta en nombre de la Comisión de Peticiones, a felicitar al Sr. Söderman por su interesante y detallado informe. 
Especial referencia merecen las consideraciones que hace el Defensor del Pueblo Europeo de sus relaciones con la Comisión de Peticiones a partir de una clara definición del ámbito de sus respectivas competencias, sentando las bases para una fecunda colaboración que se ha iniciado ya en la práctica, como nos ha recordado con mayor autoridad que yo, el Sr. Newman. 
Todo señala, señora Presidenta, que esta nueva institución parlamentaria creada en los acuerdos de Maastricht, ha comenzado a caminar en la dirección correcta. 
Ahora será necesario que en la nueva modificación de los Tratados con que debe culminar la actual Conferencia Intergubernamental, se avance hacia un funcionamiento más abierto y democrático de todas las instituciones europeas, como recoge en sus conclusiones el informe de la Sra. Ahern. 
Por último, señora Presidenta, cabe señalar que una amplia difusión del informe del Sr. Söderman no sólo contribuirá a poner en manos de los ciudadanos europeos un instrumento eficaz en caso de posibles actos de mala administración en el ámbito europeo, sino que además contribuirá también a ampliar y consolidar la identidad de la ciudadanía europea. 
Por todo ello, creo que el Parlamento Europeo debe expresar su total conformidad con los contenidos del Primer Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo y debe animar al Sr. Söderman a seguir trabajando con la misma sensibilidad y el mismo rigor con que lo ha hecho hasta el momento. 
Señora Presidenta, deseo felicitar, en mi nombre y en nombre del Grupo de los Verdes, al Defensor del Pueblo, el Sr. Söderman, por el informe presentado, y a la colega Ahern por el excelente informe presentado también en nombre de la Comisión de Peticiones. 
Este primer informe del Defensor del Pueblo aclara, a pesar del breve tiempo en el que se desarrolló su actividad el año pasado, cuáles son los problemas que se le pueden presentar al ciudadano si recurre a este nuevo órgano de la Unión Europea. 
Quiero subrayar, además, la importancia de la interacción entre el Defensor del Pueblo Europeo y el Parlamento Europeo a través de su Comisión de Peticiones para garantizar esos derechos de los ciudadanos de cuya salvaguardia se encargan estas dos Instituciones. 
Se trata de un paso importante hacia el concepto de ciudadanía europea y también una manera de garantizar esa transparencia y ese buen funcionamiento de las instituciones de la Administración europea. 
Como sabemos, la Conferencia Intergubernamental, actualmente en curso, presta también atención a la noción de ciudadanía europea, y creo que, para concretar este concepto de ciudadanía europea, es importante que en la Conferencia Intergubernamental se presente y se tenga en debida consideración el informe del Defensor del Pueblo. 
Por lo tanto, considero oportuno hacer un esfuerzo para hacer conocer a todos los ciudadanos europeos la posibilidad que tienen de recurrir tanto al Defensor del Pueblo, interponiendo un recurso ante él, como al Parlamento, mediante la presentación de peticiones a la comisión constituida para ese fin. 
Creo que es importante aclararles a los ciudadanos europeos en qué casos es oportuno recurrir al Defensor del Pueblo o a la Comisión de Peticiones. 
Es un esfuerzo en el que nos debemos comprometer todos y por eso, pues, nosotros los Verdes somos plenamente favorables y votaremos a favor de este informe. 
Señora Presidenta, yo también desearía felicitar al Defensor del Pueblo por este primer informe. 
Sin duda tres meses es un período un poco corto para hacer un primer balance de una actividad completamente nueva dentro de nuestras instituciones. 
Sin embargo, creo que hay que destacar algunos puntos que indican con claridad que los ciudadanos de la Unión tendrán a su disposición una institución independiente y transparente aunque discreta, a la que podrán dirigirse en caso de conflicto con la Administración europea y cuando se sientan perjudicados en sus derechos. 
La Sra. Ahern, en su excelente informe, analiza con precisión estas tres condiciones y apruebo totalmente su trabajo, en particular cuando marca las líneas de la cooperación que deberá establecerse entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo. 
Queda, señor Defensor del Pueblo, el gran problema de la información y de la sensibilización de los ciudadanos respecto a esta nueva institución, a la que encarna usted hoy como pionero. 
Me parece que éste es el problema más importante. 
En primer lugar voy a hacer una sugerencia. 
¿No le parece que podríamos facilitar las gestiones de los que desean dirigirse a usted concediéndoles vías de acceso a través de por los cauces que ofrecen las nuevas tecnologías? 
Mi Grupo ha presentado una enmienda en este sentido e invito a los diputados a apoyarla. 
Creo que autorizando a los ciudadanos y residentes de la Unión a dirigirse al Defensor del Pueblo por vía informática mejoraremos las condiciones prácticas del ejercicio de sus derechos. 
Esto significaría un paso adelante y un progreso. 
No obstante, la información de los ciudadanos europeos sobre la institución que usted representa es un elemento primordial, y confieso que me gustaría tener más información sobre la manera en que usted concibe la publicidad que debe dársele. 
Efectivamente, señor Defensor del Pueblo, usted ha adquirido una indudable experiencia de esta función en su país, pero sus bazas no deben convertirse en obstáculos, pues los ciudadanos europeos no tienen una experiencia ni un conocimiento de la institución del Defensor del Pueblo que hayan podido adquirir en su Estado miembro. 
Ahora bien, la institución de un Defensor del Pueblo y su reconocimiento son un elemento muy importante para que surja esta ciudadanía europea que deseamos. 
Y los artículos 8D, 138D y E de nuestro Tratado no encontrarán verdaderamente fundamento válido hasta que los ciudadanos de la Unión no sean conscientes de que sus instituciones que, por cierto, conocen muy mal, pueden ser una garantía contra la mala administración o la injusticia. 
Por lo tanto, usted tiene que desempeñar una función capital; no olvide que es el primer Defensor del Pueblo y que como tal le incumbe la importante tarea de darle a esta noble institución su primera imagen. 
Sin embargo, señor Defensor del Pueblo, estamos seguros de que es plenamente consciente de esta responsabilidad. 
Señora Presidenta, señor Defensor del Pueblo, Señorías, aunque el primer informe del Defensor del Pueblo sólo abarca un período de tres meses, nos proporciona informaciones muy útiles sobre este nuevo órgano y sobre el modo en que el Sr. Söderman, valiéndose de su experiencia como Defensor del Pueblo nacional, pretende llevar a cabo su mandato. 
Me complace en particular la estrecha cooperación que se establece entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones de nuestra Asamblea. 
Sin embargo, permítame destacar una cuestión de gran interés para mí: se trata del lugar a partir del cual el Defensor del Pueblo ejerce su función. 
Con ocasión de su elección, el Sr. Söderman declaró con toda claridad su intención de fijar la sede de su secretaría en Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo. 
Esta decisión se ajustaba al espíritu de los textos. 
Ahora bien, hace unos días hemos sabido que el Defensor del Pueblo había solicitado a la Comisión de Presupuestos un aumento de un 150 % en su presupuesto de funcionamiento, con la casi duplicación de su organigrama, que pasa de 10 a 17 puestos de trabajo. 
Este incremento podría entenderse, Señorías, si se situase en la perspectiva de un normal desarrollo de sus actividades, pero parece que esta solicitud tiene en realidad por objeto trasladar progresivamente la sede del Defensor del Pueblo de Estrasburgo a Bruselas para abrir en la capital belga una secretaría anexa a partir de 1997. 
Así pues, dado que el Sr. Söderman dará luego una conferencia de prensa, me gustaría saber si dicha medida está dentro de su objetivos y cuáles son sus razones. 
Si se confirmase esta orientación, Señorías, asistiríamos una vez más a una desviación en la cuestión de la sede y de las instituciones y órganos de la Unión Europea, y en ese caso mi Grupo se opondría firmemente. 
Señora Presidenta, el Defensor del Pueblo Europeo Jacob Söderman sostiene en el apartado de conclusiones de su informe anual de actividades relativo al año pasado que ahora se somete a debate que las tareas formales y las competencias del Defensor del Pueblo no son sino un elemento más del proceso encaminado a garantizar que el ciudadano europeo se beneficie de las ventajas que ofrece una administración transparente, democrática y responsable. 
En su opinión, la oficina del Defensor del Pueblo podrá triunfar en su cometido únicamente si los órganos e instituciones de la Unión Europea se comprometen a respetar de manera incondicional estos principios y a mantener la cooperación con el Defensor del Pueblo. 
Ahora, tras haber leído estos documentos, me doy cuenta de que el propio Defensor del Pueblo cree que este compromiso ya se ha puesto en marcha, a pesar de que la brevedad de su mandato hace difícil emitir juicios. 
El Defensor del Pueblo Europeo investiga en particular los casos de mala administración, lo cual le coloca en una inmejorable posición para influir en la mejora del funcionamiento de la administración. 
Todo ciudadano comunitario goza del derecho, tal como se contempla en el Tratado, de dirigir reclamaciones al Defensor del Pueblo que se refieran al funcionamiento de las instituciones y órganos de la Unión Europea, en caso de que el reclamante crea haber sido víctima de negligencia, omisión, abuso de poder, procedimiento ilícito, discriminación, demora injustificada o agravio comparativo. 
El informe anual explica con claridad el funcionamiento de la oficina del Defensor del Pueblo y las acciones que debe emprender un ciudadano para que se admita a trámite su reclamación. 
La manera del Defensor del Pueblo de proporcionar consejos y servir de guía a los ciudadanos es positiva, lo cual es extremadamente importante ahora que esta nueva instancia da sus primeros pasos. 
La propuesta de la ponente para lograr una amplia difusión de este informe anual en los países miembros debe contar con nuestro apoyo. 
El folleto explicativo elaborado por el Defensor del Pueblo persigue este mismo objetivo y no deja de representar un hecho positivo el que se haya publicado en tan breve espacio de tiempo y, desde mi punto de vista, con tan valioso contenido. 
Creo que debemos alentar a los ciudadanos, empresas, asociaciones y colectivos de la Unión Europea- así como a los ciudadanos de terceros países que residan en su territorio- a que se familiaricen con la institución del Defensor del Pueblo Europeo y a que, en caso necesario, recurran a sus servicios. 
Desearía aún señalar que el presente informe refleja el deseo del Defensor del Pueblo de mantener la cooperación. 
Si bien este ha de ejercer sus funciones con total independencia, lo cual representa una condición ineludible para contar con la confianza de los ciudadanos, es necesario también fomentar la cooperación y el Parlamento deberá ser la base de apoyo del Defensor del Pueblo. 
Desearía felicitar a la comisión y agradecerle al Defensor del Pueblo su valiosa aportación. 
Señora Presidenta, tal como sostiene la señora Ahern, el primer informe anual del Defensor del Pueblo, Jacob Söderman, destaca por su enorme interés y valor informativo. 
Efectivamente, se debería proporcionar la mayor difusión posible a este informe puesto que incluye una clara descripción de las competencias del Defensor del Pueblo Europeo, razón por la cual constituye una importante fuente de información para los ciudadanos. 
Al no parecer posible por motivos prácticos una amplia difusión del informe anual, cabe agradecer que el Defensor del Pueblo haya dedicado una de sus primeras tareas a la redacción de una guía destinada a los ciudadanos titulada «¿Cómo dirigir una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo? ». 
Esta obra está publicada en todas las lenguas comunitarias y disponible tanto en las oficinas de los defensores del pueblo de los países miembros como en las oficinas comunitarias. 
A medida que aumente el grado de información aumentará rápidamente también el número de reclamaciones, lo cual habrá de ser tomado en consideración cuando se proceda a la asignación de recursos. 
Desde el punto de vista de la asistencia jurídica, resulta imprescindible que quien presenta la reclamación obtenga una respuesta en un plazo de tiempo razonable. 
Por tal razón, la cantidad de personal asignada a la oficina del Defensor del Pueblo Europeo deberá ser acorde con el volumen de reclamaciones recibidas. 
Si bien el Defensor del Pueblo ha instalado su oficina en Estrasburgo, desearía poder contar con una pequeña oficina de representación con personal en Bruselas. 
Las estadísticas correspondientes a marzo de 1996 muestran que 78 de las 86 reclamaciones admitidas a examen afectan a la Comisión Europea, por lo que parecería natural que la oficina del Defensor del Pueblo se encontrara en Bruselas a pesar de que la sede oficial del Parlamento Europeo es Estrasburgo. 
Entre las tareas del Defensor del Pueblo se menciona su deber de fomentar la aplicación eficaz de los derechos de los ciudadanos a todos los niveles administrativos de la Unión, así como la transparencia de las actividades de los órganos e instituciones europeas. 
El primer informe anual promete buenos resultados por lo que respecta a estos dos puntos. 
Señora Presidenta, creo, efectivamente, que el informe de nuestro Defensor del Pueblo es importante. 
Ahora bien, considero que su iniciativa a favor de la transparencia no es suficiente para resolver los problemas que pueden comprometer la importancia de su acción en pro de la ciudadanía europea. 
El primer aspecto tiene que ver con las limitaciones que se derivan del Tratado. 
En efecto, el Defensor del Pueblo no tiene poder para apreciar los actos de los Estados miembros a los que corresponde una mala administración del Derecho comunitario. 
El segundo aspecto se refiere al relieve público del Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, y a su articulación con los defensores del pueblo nacionales y con los parlamentos nacionales. 
Es necesario que los ciudadanos vean que existe un Defensor del Pueblo y que dicho Defensor puede recibir sus quejas. 
Es importante que eso se haga. 
Creo que el hecho de que el Defensor del Pueblo y sus servicios estén, como están, exiliados en Estrasburgo, lejos de las instituciones comunitarias, en su funcionamiento normal, y de la prensa europea especializada en los asuntos comunitarios compromete mucho su relieve público. 
Señor Defensor del Pueblo, señor Söderman, quisiera desearle suerte en el ejercicio de sus funciones y, en particular, como diputado elegido por Portugal, que trate bien sus primeros casos portugueses, porque la forma como los trate será importante para que los ciudadanos de mi país consideren útil recurrir a sus servicios. 
Señora Presidenta, la decisión de crear la institución del Defensor del Pueblo sobre la base del Tratado de Maastricht supuso para mí una mejora de la democracia en la Unión Europea y una garantía para los derechos de los ciudadanos. 
El Defensor del Pueblo Europeo tiene una importancia decisiva para que los ciudadanos se sientan más vinculados a la Unión y les garantiza un medio de expresar sus quejas cuando consideran que han recibido un trato injusto. 
Con el nombramiento por el Parlamento Europeo del finlandés Jacob Söderman, creo que elegimos a la persona idónea para el cargo. 
El Sr. Söderman lleva poco tiempo al frente de esta institución, pero ha tramitado 131 de las 298 quejas presentadas en 1995. 
No obstante, me parece preocupante que el 80 % de los 131 casos hayan sido rechazados por no ser competencia del Defensor del Pueblo. 
Es importante que los ciudadanos conozcan la existencia del Defensor del Pueblo. 
Por este motivo, apoyo plenamente la propuesta de la ponente de una amplia distribución del informe del Defensor del Pueblo Europeo. 
Finalmente, quisiera pedir a todas las instituciones de la Unión que muestren respeto por el Defensor del Pueblo y la necesaria disposición para cooperar con él a fin de que pueda realizar bien su trabajo. 
Señora Presidenta, quiero sumarme a la felicitación y el agradecimiento expresados al Sr. Söderman. Le felicito por el informe detallado, denso, analítico y útil que ha presentado primero en la Comisión de Peticiones y hoy aquí. 
No dejaré de destacar la contribución de nuestra ponente en la Comisión de Peticiones, la Sra. Ahern, y su informe que aprobamos por unanimidad. 
Permítanme que califique categóricamente este informe de histórico, ya que se trata del primer informe presentado al Parlamento Europeo por el primer Defensor del Pueblo Europeo. 
Creo que este informe, junto con las iniciativas, la presencia y acogida que ha tenido durante este período el Defensor del Pueblo Europeo, reafirma la actitud de confianza del Parlamento y ofrece la mejor garantía posible para el futuro de esta institución. 
Es una institución que realmente considero fundamental y consecuente con la Unión Europea, porque al fin se puede hablar de Unión Europea y no de una diversidad de órganos institucionales parcialmente independientes. 
Permítanme constatar, además, que los dos pilares son la prueba de que el ciudadano europeo tiene un derecho fundamental a presentar peticiones y, en consecuencia, la posibilidad real de participar e influir de forma inmediata aportando sus propias experiencias vitales a la Unión Europea, a fin de contribuir a su evolución y desarrollo. 
Coincido en que, por las razones mencionadas, es necesario dar difusión a esta institución, presentarla y familiarizar al ciudadano con ella. 
No para mostrar una imagen, sino como muestra fehaciente de una de las formas válidas de luchar por una democracia plena en la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0066/96) del Sr. Schulz, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (94) 0383- C4-0227/94) relativa al tráfico ilícito de materiales nucleares y sustancias radiactivas. 
Señora Presidenta, señoras y señores, con la presentación de este informe finaliza hoy para mi un trabajo muy extenso. 
Lo he elaborado tras una Comunicación de la Comisión sobre el tráfico ilegal de sustancias radiactivas en la Unión Europea. 
Permítanme decir por adelantado que el informe de la Comisión está incompleto. Es tendencioso y no refleja la auténtica amenaza que supone para la Unión Europea el tráfico ilegal de sustancias radiactivas. 
Se afirma que este tráfico no existe solamente en la Unión Europea sino en todo el mundo. 
Mi tarea era comprobar cómo es la realidad y me he dedicado de lleno a esta cuestión. 
¿Es cierto que en todas las instalaciones nucleares de la CEI y de los países de la Europa Central y Oriental se roba continuamente material nuclear? 
¿Es cierto que el crimen organizado, que los terroristas son los principales interesados y compradores de estas sustancias? 
¿Es cierto que existe una activo comercio con estas sustancias en las que el crimen organizado puede ganar mucho dinero? 
La respuesta es que puede ser así pero que apenas se puede demostrar que sea así. 
Lo digo por adelantado, pues tenemos que distinguir entre leyenda y realidad al enjuiciar el tema del tráfico ilegal con sustancias nucleares. 
Tenemos que distinguir entre cuentos, novelas de ciencia ficción, películas de agentes y la realidad. 
Las novelas de ciencia ficción son mucho más interesantes que la prosaica realidad, pero hoy me voy a dedicar a esta última. 
Existen potenciales de amenaza real que no se pueden ignorar y que hay que tomar en serio. 
Hay elementos criminales o intentos de avispados comerciantes para hacerse con plutonio, uranio o cualesquiera otras sustancias radiactivas para venderlas a interesados y ganar dinero con ello. 
¿Pero es posible hacerlo sin más? 
¿Puede un delincuente español, alemán o italiano ir sin más a Rusia, llenar la maleta de plutonio, volar a otro país, abrir la maleta en un mercado negro y decir: mirad lo que hay dentro, 400 gramos de plutonio que podéis tener por 2 millones de marcos? 
Esto no puede ser. 
¿Por qué no? 
¿Quién es capaz en esta Asamblea, exceptuando quizás al Sr. Gmelin, de distinguir de un vistazo entre plutonio o polvo de la casa? 
Yo no. 
¿Quién, sin conocimientos científicos y sin equipo técnico, está en situación de decir: esto es uranio altamente enriquecido, apto para emplearse en armas nucleares? 
¿Quién está en situación de realizar tales operaciones para lo que debe disponer del necesario equipo y conocimientos técnicos? 
El crimen organizado normal que hemos tenido que investigar y que ha intentado comerciar en la Unión Europea con estas sustancias, no estaba en situación de hacerlo, pues no disponía de la necesaria formación científica ni del now-how para llevar a cabo estas operaciones. 
De ello se deduce un claro dato. 
El comercio con estas sustancias solamente es interesante para los compradores que disponen realmente de las condiciones técnicas y científicas para poder utilizar el material que han comprado. 
A estos tenemos que dedicar nuestra especial atención, pues estos interesados existen. 
Hay Estados que quieren llevar a cabo programas de armamento nuclear eludiendo el Tratado de No Proliferación. 
Naturalmente, intentan obtener material por todas las vías para llevar a cabo sus programas ilegales. 
Probablemente, lo intentan en una zona intermedia entre el comercio legal estatal y el comercio delictivo ilegal. 
En esta zona intermedia se mueven por lo general los servicios secretos. 
Quiero decirlo con toda claridad. 
Solamente me pregunto qué es lo que puede impulsar a un Estado que está desarrollando un programa nuclear ilegal a encargar a cualesquiera mafiosos que obtengan plutonio en los países de la Europa Central y Oriental o en la CEI para pasarlos precisamente por un país como la República Federal de Alemania, en el que existen unas sofisticadas condiciones técnicas en los aeropuertos, puertos y fronteras, en las que hay autoridades e instituciones que disponen de los aparatos técnicos para controlar si alguien dispone de material radiactivo, cuando al mismo tiempo en la frontera entre Afganistán y Rusia una vida humana cuesta cuatro sucios dólares. 
Para un Estado como el Irán o el Iraq sería mucho más sencillo pasar tales materiales por el paso de Kaiber que por un aeropuerto alemán. 
Con ello hemos llegado a un dato muy importante: existe este tráfico. 
Existe sin duda en el campo de los servicios secretos, pues de lo contrario, países como Pakistán o la India no habrían logrado obtener armas nucleares eludiendo el Tratado de No Proliferación. 
Pero este tráfico existe probablemente no en la forma como exponen la comunicación de la Comisión, los Gobiernos de los países miembros y periodistas interesados. 
Sin duda es una amenaza que los delincuentes accedan a la posesión de plutonio o uranio o que organizaciones criminales obtengan tales materiales para amenazar al Estado. 
Naturalmente, es una amenaza que una secta como la Aum en el Japón, con su delirio de fin del mundo se procure sustancias con las que se puede envenenar el agua o el aire de una gran ciudad. 
Hay que hacer todo lo posible para cerrar las fuentes potenciales de peligros; estas son de hecho las instalaciones nucleares en los Estados de la Europa Central y Oriental y en la CEI, en los que algunos técnicos nucleares no han percibido desde hace dos años sus sueldos, por lo que son más propensos a la corrupción. Estas son también las personas que saben de cuánto material disponen, cómo se trata y ofrece. 
Por ello, tenemos que hacer todo lo posible para cerrar esta fuente. 
Pero si esto es así, me pregunto- lo que he expuesto en mi informe- porqué la Comisión realiza por un lado una comunicación en la que se describen del mismo modo estos escenarios, pero al mismo tiempo leemos en el proyecto de presupuesto que se quieren recortar en un 30 % los estándares personales, financieros y técnicos que habría que ampliar urgentemente. 
La Comisión debería explicarlo. 
Sin duda se trata de un ahorro en el lugar erróneo. 
Al mismo tiempo, necesitamos una valoración realista de lo que pasa. 
He presentado en mi informe una estadística. 
Sé que, en especial, la parte derecha de esta Asamblea no quiere que se incluya en el informe. Me sorprende que no se puedan mencionar más estadísticas. 
Pero les voy a mencionar una: el Instituto de Elementos Transuránicos, es decir, la institución dedicada a los análisis del Euratom en Karlsruhe, ha analizado 34 casos de material nuclear incautado. 
Desde 1991, la policía ha incautado material radiactivo en 34 casos y lo entregado para su análisis al mencionado Instituto. 
Un caso no demasiado grave se registró en Bélgica, 3 en Italia y 30 en la República Federal de Alemania. 
Es decir, en 12 Estados miembros de la Unión Europea, hasta hoy no se ha registrado ni un solo caso de incautación de material radiactivo. 
Los 30 casos de la República Federal son en parte tan graves que voy a describir uno. 
Se controla una maleta con un contador Geiger y el funcionario dice: » Esto está soltando chispas, aquí irradia». 
Se abre la maleta y se descubren detectores de humo de rociadores antiincendios de la antigua RDA. 
Se los equipó en parte con plutonio para la preparación del programa de armamento nuclear. 
Entonces vienen y en las primeras páginas de los periódicos dicen: ¡otro hallazgo de material nuclear, otro caso de contrabando! 
Se trataba de que un avispado tipo se había procurado un gran número de varillas de tales detectores de humos, los había metido en una maleta y actuado como si tuviese algo que ofrecer. 
Ignorar una amenaza real es peligroso, pero también lo es realizar una exposición falsa de una amenaza real. 
Por ello, la Comisión, el Parlamento y los Gobiernos de los Estados miembros deben exponer la situación real. 
No tiene sentido que, tal como ocurrió en Munich, la policía secreta alemana en cooperación con la policía del Estado federado de Baviera, encargue a delincuentes españoles volar a Rusia e introducir plutonio en la República Federal para que los mismos funcionarios de policía que han realizado el encargo a sus delincuentes puedan detenerlos y decir ante la opinión pública que tienen controlado el tráfico ilegal de materiales nucleares. 
Esto es absolutamente contraproducente ni sirve para la auténtica aclaración, pues lo que sirve es que se exponga cómo es realmente. 
Esto es lo que he intentado. 
No se puede aceptar que un Gobierno de un país miembro proceda de un modo tan irresponsable con un tema tan serio. 
Unas personas con 400 gramos de plutonio metidos en una maleta Samsonite se encuentran en un avión de la Lufthansa en el que viajan varios cientos de personas de Moscú a Munich y nadie ha dicho a las personas en Munich o a los pasajeros el peligro a que estaban expuestas, pues el plutonio no es precisamente una pelusa de polvo doméstico. 
El plutonio es un material altamente peligroso y no entiendo cómo un Gobierno que no informa en el momento debido al Euratom sobre este asunto, a pesar de que debería haberlo hecho, y a continuación afirma incluso que lo ha hecho, no es ni siquiera preguntado por la Comisión: ¿qué habéis hecho? 
¿Habéis puesto en peligro la vida de muchos cientos de personas, eludiendo el derecho europeo, solamente para que vuestro cálculo político coincida con la exposición aparentemente correcta de una amenaza real? 
He intentado presentar un informe extenso sobre las situaciones reales de peligro con numerosas propuestas para enfrentarnos a las mismas. 
Les ruego que aprueben mi informe y las enmiendas. 
Señor Presidente, no cabe duda alguna de que el tráfico ilícito de sustancias radiactivas y de materiales nucleares es inadmisible y es motivo de inquietud, cosa que este informe subraya muy acertadamente. 
Ahora bien, hay que lamentar también que, en vez de ocuparse de la cuestión principal, este informe haya tratado de ampliar el debate mediante la inclusión de cuestiones de política de defensa nacional que no son de la competencia de este Parlamento, mediante ataques contra la competencia de un Estado miembro en el campo de la justicia, y aprovechando la oportunidad, una vez más, para abrir un debate de carácter más general en contra de lo nuclear. 
El informe contiene algunas afirmaciones muy discutibles acerca de cuestiones científicas y jurídicas. 
Me agrada que se hayan presentado enmiendas que procuran suprimir muchas de dichas afirmaciones. 
Muy particularmente me satisfacen las enmiendas que eliminan las referencias a las existencias de materiales militares y a las competencias de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de defensa. 
El informe no sugiere siquiera que haya casos de tráfico ilícito proveniente de la Unión Europea y relacionado con materiales nucleares de Estados miembros. 
El problema se origina fuera de la Unión Europea y, por lo tanto, toda esta cuestión escapa a nuestra competencia. 
Por eso me parece que es absurdo esforzarse por vincular problemas externos con la competencia de los Estados miembros en materia de defensa y seguridad. 
En cuanto a algunas de las afirmaciones científicas, me parece que hay muchas razones de peso para impugnar la opinión expresada en el considerando C. No hace falta decir que en la industria la opinión difundida está en contradicción con lo que se dice en el apartado 3 acerca del combustible a base de mezcla de óxidos. 
Veo en la lista de medidas recomendadas en el informe que hay un llamamiento a la Comisión para que reorganice la estructura interna de aquéllos de sus departamentos que se ocupan de las cuestiones nucleares. 
¿Cuántas veces se habrán hecho llamamientos análogos a la Comisión en relación con otras cuestiones, y qué caos se provocaría en la Comisión si hubiera que dar curso a todas esas sugerencias? 
Para acabar quisiera mencionar una vez más el riesgo que este Parlamento correría si diluyésemos nuestros esfuerzos y no nos concentrásemos en la cuestión principal, y si insistiésemos en ocuparnos de asuntos que no son de nuestra competencia. 
El riesgo sería que se siguiera considerando al Parlamento menos serio de lo que debería ser, y que el Parlamento no obtuviera ningún poder adicional en la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, Señorías, debo decir en primer lugar que comparto la opinión del Sr. Chichester, que ha intervenido antes que yo. 
Creo, en efecto, que no hay que incluir los problemas de política de defensa nuclear en este debate, pues estoy convencida de que debemos confiar en los países que disponen de este tipo de defensa. 
En cambio, diría que frente a la aparición del tráfico ilegal de substancias radiactivas peligrosas, adquiridas fraudulentamente y revendidas de forma clandestina- el Sr. Schulz, por cierto, ha dado algunos ejemplos que afectan a Bélgica, Italia o Alemania- era importante que la Comisión elaborase una Comunicación. 
Sin embargo, me sorprende que el 19 de abril pasado propusiese una nueva Comunicación, aunque me alegra, por otro lado, que haya introducido en esta nueva Comunicación la noción de radioprotección. 
Creo que hay que recordar que el tráfico ilegal exige una respuesta global y coordinada por parte de la Unión Europea. 
Hasta ahora la solución de los problemas vinculados a este tráfico ilícito reposaba en la buena voluntad de los Estados miembros. 
Por otra parte, la Comisión establece con razón una distinción entre los materiales nucleares y las substancias radiactivas, pues las consecuencias del tráfico son diferentes. 
Las primeras son el uranio, el plutonio y el torio. 
Al tratarse en este caso de la proliferación nuclear, este tráfico representa un peligro inmediato para la paz y la seguridad. 
Por el contrario, el tráfico de substancias radiactivas es más peligroso desde el punto de vista de la contaminación, pues procede a menudo de personas que no son científicos y que desconocen los riesgos que corren. 
Este tráfico produce una contaminación diferida por dispersión en el medio ambiente e incluso ha llegado a impregnar la cadena alimentaria. 
Me refiero al caso de esos famosos pistachos contaminados que se encontraron en la frontera germano-polaca. 
Por lo tanto, es importante realizar una acción de prevención, en forma de asistencia técnica al antiguo bloque soviético, para restaurar unos controles eficaces en las instalaciones de la antigua URSS. 
También es importante establecer una cooperación política a través de acuerdos de asociación y de cooperación con los países interesados; esta cooperación implicaría a los Estados miembros de la Unión y a los medios industriales interesados, y tendría como base los sectores aduanero, policial y judicial. 
Así pues, apoyo las medidas que ha propuesto la Comisión, dado que es importante en este caso reforzar el artículo 5 de la Directiva Euratom 80/863 / de 15 de julio de 1980, con el fin de proteger a la población de las radiaciones ionizantes y de informar a los Estados miembros vecinos. 
Señor Presidente, con cierto asombro he escuchado a los ponentes anteriores, teniendo en cuenta que la comisión que tiene la casi total responsabilidad sobre la política exterior y de seguridad adoptó su opinión por unanimidad. 
Con esta opinión adoptada unánimemente decimos que deberían naturalmente ser más fuertes las tendencias a prescindir de las armas nucleares si los países que disponen de dichas armas se ocuparan de destruir sus propios arsenales nucleares. 
Decimos también que naturalmente todos los Estados deberían abstenerse de llevar a cabo pruebas nucleares, aguardando la celebración de un Convenio internacional para la prohibición total de estas pruebas. 
Por lo que respecta a la energía nuclear decimos además que debería modificarse el modo en que se produce la energía, habida cuenta del riesgo ecológico que representa. 
Estas afirmaciones provienen de una comisión que no tiene, en primer término, responsabilidad sobre las cuestiones energéticas y de medio ambiente, sino sobre los aspectos de política exterior. 
Leo con gran interés la lista de participantes en la reunión en la que apoyamos estos principios por unanimidad. 
En ella figuran los diputados Matutes, Carrère, d ' Encausse, Aelvoet, Bertens, Caccavale, Colajanni, Goerens, von Habsburg, König, Lenz, McGowan, Poettering, Sakellariou, Viola y yo mismo. 
Se trata de un buen número de diputados que en otras ocasiones han adoptado ciertamente otras posiciones. 
Cuando leo que el informe del Sr. Schulz ha sido adoptado por solamente 12 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones, empiezo a preguntarme si es correcto el modo en que funciona el proceso decisorio en este Parlamento. 
Porque es de suponer que unos diputados que participan en un informe adoptado por unanimidad no lo han hecho porque se hayan dormido durante el proceso, sino que lo apoyan verdaderamente. 
Espero que también lo hagan en la votación que vamos a celebrar hoy. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Schulz no solamente por su informe, que es digno de elogio, sino también por su intervención para presentarlo, que ha sido excelente. 
¿Quién puede negar que el bienestar futuro de la raza humana es de importancia para este Parlamento? 
Quiero que el mundo que herede mi nieta sea un mundo mejor que éste en que vivimos ahora. 
Creo que tenemos que ocuparnos de las amenazas con que nos enfrentamos. 
No hay duda alguna de que, como ha dicho el Sr. Schulz, se ha registrado un aumento inquietante y espectacular en el número de casos documentados de tráfico ilícito de materiales nucleares. 
Cada uno puede imaginar cuál ha sido la magnitud de los casos que no se han denunciado o que no se han descubierto, pero lo que es evidente es que cabe poner muy seriamente en duda la eficacia de los controles internacionales de materiales nucleares. 
He escuchado con toda atención lo que ha dicho la Comisión en respuesta a los llamamientos en favor de la adopción de medidas, que el Sr. Schulz subraya en su informe. 
Aprovecharé esta oportunidad para referirme a una cuestión que planteé recientemente a la Comisión acerca de las alegaciones según las cuales de la instalación ITREC, situada cerca de Rotondella en Italia meridional, se han retirado ilegalmente materiales nucleares sometidos a salvaguardias. 
No estoy hablando de la antigua URSS, sino de un país que forma parte de la Unión Europea. 
Me interesaría sobremanera que la Comisión nos facilitara informaciones recientes acerca de este caso, pues se trata de un incidente que ilustra algunas de las inquietudes que sentimos acerca de la industria nuclear. 
De esas inquietudes, la primera se refiere a la información pública. 
Un público bien informado es una de las mejores salvaguardias con que podemos contar. 
Por lo tanto, la información acerca del almacenamiento, el transporte o la elaboración debe ser de dominio público. 
En segundo lugar, la extraña y estrecha relación entre lo nuclear y las industrias nucleares civiles: el verdadero origen de la industria nuclear civil es la industria nuclear y la cortina de la seguridad nacional sigue revistiendo suma importancia en esa esfera. 
Tenemos que descorrer esa cortina y dejar que entre la luz. 
En tercer lugar, los riesgos asociados con las sustancias radiactivas que no están sometidas a salvaguardias: aquí hay motivos de sobra para volver a examinar los controles que se ejercen sobre esas sustancias. 
Por último, insto a que haya una cooperación más activa entre las naciones y a que haya controles internacionales más rigurosos y eficaces para que podamos poner coto a algunas de las más graves amenazas con que nos enfrentamos. 
El informe del Sr. Schulz ha expuesto ante nosotros algunas de esas amenazas, y ahora tenemos que adoptar las medidas que proceden. 
Estimadas y estimados colegas, lo encantador en la exposición realizada por el colega Schulz es su contradicción. 
Por un lado, indica con razón que el crimen internacional es una de las mayores amenazas de la actualidad y del futuro y, por otro lado, intenta quitarle importancia de modo inaceptable por motivos de política interna. 
Creo que su exposición lo ha mostrado hoy de nuevo de un modo muy claro pues confunde siempre los bomberos con los incendiarios. 
Naturalmente que los servicios secretos operan en la zona gris pues solamente allí pueden coger a los delincuentes que trabajan en ella. 
La estadística mencionada por usted es, por ello, muy concluyente y me alegro que la haya presentado aunque la formulación de sus conclusiones no encuentre mi apoyo. 
Es concluyente pues demuestra que la Europa central, es decir, los países que se encuentran a lo largo del antiguo telón de acero están afectados especialmente por el crimen organizado y la delincuencia nuclear transfronteriza. 
Tenemos que estar muy contentos de que los órganos de seguridad alemanes y austríacos, así como los húngaros, checos y polacos se esfuercen de modo muy especial en controlar este tipo de criminalidad y deberíamos estar agradecidos de que la policía bávara y el Ministro del Interior bávaro Beckstein se hayan enfrentado a este desafío haciendo así un servicio a toda la Unión Europea. 
Baviera representa para toda la Unión Europea un frente decisivo en la lucha contra el crimen internacional y si usted intenta desacreditar a los órganos de seguridad solamente provocará inseguridad en estos órganos policiales que trabajan extraordinariamente, lo que es ya algo usual en sus Estados Federados de Renania Westfalia del Norte y de Baja Sajonia en lo que se refiere a la seguridad interior. 
El tema es de gran importancia. 
Se trata de un tema europeo, por lo que lamento que lo haya llevado con su exposición a este campo de política interna. 
Existe una amenaza. 
Attali ha hablado en un informe de las Naciones Unidas de cientos de casos de contrabando nuclear. 
Las naciones Unidas parten del hecho de que Rusia y muchos Estados sucesores de la CEI no están en situación de actuar, en lo que a medios de personal y jurídicos se refiere, en contra de esta creciente criminalidad. 
No se trata de elucubraciones las que han movido al Consejo, a los diversos Estados miembros y a la Comisión a intensificar y coordinar sus esfuerzos y a iniciar también un debate sobre la elevación de los créditos. 
Apoyamos también por ello sus planes operativos que se encuentran en absoluta contradicción con lo que usted difunde aquí por motivos demagógicos. 
Usted sabe muy bien que es necesario luchar a nivel europeo contra el crimen internacional, para lo que son útiles nuestras enmiendas y las del colega Caccavale. 
Señor Presidente, queridos colegas, deseo, en primer lugar, dar las gracias al Sr. Schulz por su informe y por el gran empeño con el que se ha dedicado a esta materia. 
Se ve claramente cuán profundamente se ha dedicado a ella, proporcionándonos toda una serie de documentos y de datos numéricos que nos dan la dimensión del problema. 
Por otro lado, debo también compartir parcialmente las reservas que han expuesto algunos oradores que han intervenido antes que yo. 
Creo que el informe ha ido un poco más allá de lo que eran las competencias estrictas de este Parlamento y de la comisión de la que el documento procede. 
En efecto, lo que es el problema objeto del informe- recuerdo que el título del documento es: » El tráfico ilícito de materiales nucleares y sustancias radiactivas» -se extiende a las que, en realidad, son las políticas de energía y de defensa. 
Eso no significa, obviamente, que los problemas no estén relacionados. 
Me doy cuenta, como dice el Sr. Schulz, de que el problema no es sólo el material nuclear en sí, sino la cuestión de los expertos, sobre todo de la antigua Unión Soviética, que trafican en todo el mundo con su experiencia en la materia y trafican también con la tecnología. 
Además, a mi juicio no hay un inventario preciso de los datos del problema. 
No se sabe, efectivamente, ni cuántos ni quiénes son los autores de esta gran amenaza que se está extendiendo en el mundo. 
Es verdaderamente una gran amenaza, porque muchos de los países en los que no existe un control realmente democrático pueden convertirse para nosotros, para el futuro de la humanidad, en una grave y grandísima amenaza, debido al tráfico de ese material radiactivo y a la construcción de potencias nucleares. 
Por otra parte, no podemos tampoco escudarnos en el hecho de que ahora esto es un gran negocio. 
Y, por lo tanto, pensar que se puede resolver mediante proclamas me parece que no se puede proponer en absoluto. 
Nosotros tenemos que darnos cuenta de que éste es un tráfico difícil, de que la compraventa no es tan fácil como, por ejemplo, para la droga. 
Por consiguiente, está claro que el tema de los servicios secretos juega un papel importante. 
Creo que es nuestro deber, deber de los países democráticos representados en este Parlamento, que se haga un control realmente esmerado de esa actividad, de esa zona gris que concierne a los servicios secretos. 
¡El problema no puede ser sólo la delincuencia organizada! 
Señor Presidente, hasta el presente no se ha producido ningún verdadero accidente debido al tráfico ilegal de material radiactivo, pero imaginemos que ese material llegase a manos de un dictador o de un grupo terrorista deseoso de hacer daño y comprenderemos el desastre que esto acarrearía. 
Esto significa que debemos hacer todo lo posible por poner coto a este tráfico ilegal y llegar a combatirle en caso necesario. 
El Grupo Liberal estima que deberá celebrarse hoy el debate a ese respecto y que no deberá limitarse, como tampoco la resolución, a los pros y a los contras de la energía nuclear en sí, tal como acabo de escuchar de parte de los Verdes. 
Señor Presidente, es más que evidente que es nuestro deber brindar respaldo a los países de Europa Oriental en la solución de los problemas a los que se enfrentan. 
Con razón hace un llamamiento la resolución a la Comisión Europea a fin de que queden bien señalados los efectos financieros de dicho respaldo a Europa Oriental y de que el Parlamento tiene el derecho de que se le informe a ese respecto. 
En cuanto al combate de este fenómeno, mencionaré tan sólo la palabra Europol; resulta por supuesto escandaloso que esta institución no pueda aún funcionar correctamente. 
En la Comisión de Asuntos Interiores se tuvo la impresión de que estábamos ocupados con una cuestión política interior alemana y también deseo señalar sinceramente que el tono elevado que adoptó el honorable representante alemán no me agradó para nada. 
Se trata de un tema sumamente importante en realidad. 
En nuestra calidad de Parlamento Europeo no debemos inmiscuirnos en las cuestiones internas de Alemania aunque este Parlamento deberá emitir una resolución ya que, de lo contrario, nos veremos con los brazos cruzados y creo que el asunto es demasiado serio para ello. 
Señor Presidente, en el debate sobre el tráfico ilegal de materiales radiactivos hay muchas más preguntas que respuestas obtenidas hasta ahora. 
En primer lugar, oímos hablar siempre y solamente de oferentes. 
¿Quiénes son y dónde están los compradores? 
Pues, donde hay oferentes hay también compradores. 
En segundo lugar, no está aclarado porqué de 35 casos- hay que incluir en éstos los 277 kg de uranio altamente enriquecido incautados en un garaje en Baviera- 30 se han ocasionado en Alemania. 
¿Significa esto que la policía alemana es especialmente buena o que el mercado es especialmente grande? 
¿O es que la policía es peor en otros países? 
Tercera pregunta: ¿porqué dice el Gobierno federal alemán que ha informado al Euratom el 27 de julio mientras que éste afirma que lo hizo el 10 de agosto, es decir, cuando llegó el avión? 
Aquí hay algo que no encaja. 
La exigencia de que ahora necesitamos la Europol no tiene que ver con este asunto. 
Quiero recordar que el material nuclear debe estar por imperativo legal bajo el control del Euratom. 
Hay que dotar por fin de personal y recursos financieros a los «safeguards» del Euratom para que puedan realizar un control adecuado. 
Nos alarmamos ahora con razón por 400 gramos de plutonio, pero tenemos toneladas de este material en Inglaterra y Francia. 
En Francia hay 265 instalaciones con material radiactivo y sólo 116 pueden ser controladas por el Euratom. De éstas, 30 son las llamadas instalaciones «mixed» , es decir, son utilizadas civil y militarmente que tenemos también que excluir pues Francia puede decir: » No, hoy no». 
También hay 103 instalaciones en las que se almacena material ajeno, es decir, material nuclear de otros países extranjeros. 
Pero esto no es todo: la IAEO solamente puede controlar una instalación al año en Francia. 
Este es el auténtico escándalo. 
Nuestra exigencia tiene que ser que se revele todo el material fisible civil y militar de todos los Estados que poseen armas nucleares y, naturalmente, un stop absoluto de la posterior utilización de plutonio y de estos transportes sin sentido de un país a otro. 
Este es el auténtico peligro en Europa si bien no he hablado en absoluto de los Estados de la CEI. 
Solamente tenemos una oscura idea de este peligro. 
Tendríamos que haber gastado mucho más dinero en este campo para poner al día los departamentos de los «safeguards» del Euratom. 
Se les concede unas migajas de pan con las que no pueden realizar controles. 
Señor Presidente, en la comunicación de la Comisión queda reflejado de manera equilibrada el modo en el cual el derrumbe de la Unión Soviética ha dado lugar a una peligrosa situación con respecto al comercio ilegal de substancias nucleares. 
De manera estructurada se procede a la búsqueda de instrumentos que permitan a la Unión hacer frente a esta cuestión. 
Completamente decepcionante resulta a continuación el informe del Sr. Schulz que hoy nos presenta. En lugar de un informe con valiosas recomendaciones a la Comisión, nos hallamos ante un documento caótico en el cual se decide arbitrariamente por todo tipo de temas preferidos de tipo político que nada tienen que ver con la cuestión. 
Predominan en él la demanda del desarme nuclear, el cese de la política energética nuclear, insinuaciones referentes concretamente a la policía alemana. 
Esto ha dado lugar al mínimo apoyo alcanzado en el seno de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, lo cual teóricamente debería ser innecesario en este asunto. 
Significativo fue el hecho de que el Grupo Socialista decidiera apenas apoyar el informe al parecer que los Demócrata-cristianos se retirarían de la votación. 
Porque, hay que decirlo, ¿quién en este Parlamento no desea en efecto combatir el tráfico ilegal de materias radiactivas? 
Una resolución que hallase un amplio respaldo no sería un problema y redundaría seguramente en provecho de este Parlamento. 
Con pesar debo señalar que la resolución aquí presente no satisface en lo absoluto este requisito. 
Espero que con las enmiendas presentadas se hallará una u otra solución. De lo contrario, votaré con toda seguridad contra este informe. 
Señor Presidente, Señorías, en el informe del Sr. Schulz hay cosas interesantes. 
Ciertamente, el tráfico de materiales nucleares representa un peligro mortal; ciertamente, este tráfico está cobrando un extraordinario auge desde la disolución de la Unión Soviética. 
Sin embargo, esto no debería llevarnos a la conclusión de que la URSS protegía a Europa del peligro atómico. 
En efecto, hay centrales nucleares con riesgo de explosión, submarinos nucleares en el Mar del Norte y toneladas de desechos radiactivos vertidos a los océanos que son obra de los comunistas que estuvieron en el poder hasta 1991. 
Actualmente hay nuevos países a punto de conseguir el arma atómica, sobre todo Irán- Estado terroristaayudado por la antigua nomenclatura comunista. 
La administración norteamericana también tiene su parte de responsabilidad en este proceso. 
La guerra del Golfo destruyó a Irak, única potencia de la región capaz de contrarrestar el poder de los ayatolás de Teherán. 
Por lo tanto no cabe minimizar la magnitud del peligro, y el Front National fue el primer partido francés en los años 70 que alertó a los gobiernos en contra de su política nuclear a ultranza. 
Sin embargo, en un mundo cada vez más peligroso, en el que aparecen nuevas potencias nucleares, la protección de nuestras naciones se basa, señor Presidente, en la obtención de una fuerza de disuasión nuclear creíble, un sistema de protección civil comparable al de los suizos y el restablecimiento de los controles fronterizos. 
En su informe, el Sr. Schulz propugna el desarme nuclear de Francia y de Gran Bretaña. 
Queda muy lejos el tráfico de materiales nucleares y tampoco se habla mucho de la protección civil y, por supuesto, sólo se consideran fronteras las de la Europa de Maastricht. 
Por otro lado, la voluntad de dotar de amplios poderes a la Comisión y a Euratom se basa en la misma filosofía. 
Con el pretexto de que existe un peligro a escala planetaria, los Estados se ven privados de sus atribuciones en beneficio de instituciones supranacionales. 
Sin embargo, la actual crisis de la vaca loca, que es sobre todo un fracaso de la Comisión, ilustra de modo dramático la incapacidad de nuestras instituciones para proteger a las poblaciones y el peligro que representa la apertura indiscriminada de nuestras fronteras. 
Señor Presidente, señoras y señores, uno de los desafíos más importantes para todos los Estados miembros de la Unión Europea es la hidra del crimen organizado internacional. 
Hasta el momento practicaba la trata de personas y el tráfico de drogas y ahora de modo creciente también el tráfico con materiales nucleares que, naturalmente, es fomentado por Estados que quieren obtener armas nucleares de modo ilegal. 
El problema es muy serio. 
La Comisión ha presentado una buena comunicación. 
Pero el debate pierde credibilidad si se utiliza para objetivos de política interior y se aleja de la objetividad en el sentido de historias fantásticas o de una política energética ajena a la realidad. 
Esto es así cuando no se toma nota de que las necesidades de energía en el mundo, que crece cada día en 260.000 personas, no se pueden cubrir sin energía atómica según la mayoría de los Estados de este globo. 
Por ello, actualmente se encuentran en construcción 55 centrales nucleares. 
Pero no se trata aquí de esto. 
Ya en 1992, el Parlamento propuso planes internacionales de control, catalogó los hechos como una gravísima forma de criminalidad internacional y propuso la formación de especialistas. 
Las recomendaciones de la Comisión se encuentran en esta línea así como los debates del Parlamento: almacenamiento seguro, control preciso, descubrimiento a tiempo, reconocimiento y seguimiento, ayuda especializada y técnica para los países mayormente afectados, inventario, contabilidad y vigilancia. 
En otras palabras: transparencia del sistema, cooperación técnica de seguridad entre los Estados miembros y, naturalmente, también el fortalecimiento de Europol. 
Quiero llamar en especial la atención sobre los apartados 11 y 14 de las conclusiones de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, quien indica que hay que reducir el atractivo del comercio ilegal concediendo a los científicos la posibilidad de dedicar sus conocimientos a actividades pacíficas. 
Ante todo habría que neutralizar el plutonio transformándolo en combustible MOX. 
En los próximos años son de esperar 100 toneladas de plutonio derivadas del desarme. Hay que transformarlas y neutralizarlas. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Schulz por el informe que nos ha presentado esta mañana y por haber expuesto los problemas con que nos enfrentamos en esa esfera. 
Asusta pensar que sustancias como el plutonio de alto grado puedan ir a parar a manos de terroristas o de criminales; es increíble la gama de dispositivos explosivos nucleares que tienen a su disposición. 
En Irlanda nos preocupan muchísimo los millones de toneladas de plutonio que hay en el Reino Unido; es lógico que la situación nos preocupe. 
Además, todos sabemos que países como el Iraq y Corea del Norte han estado esforzándose por adquirir la capacidad de fabricar bombas. 
Por todas esas razones es importante que se nos garantice que controlamos las medidas de supervisión de los materiales nucleares. 
Todos sabemos- incluso Alemania lo comunicó en la Conferencia Internacional- que en los dos últimos años se han descubierto 19 casos de robo de materiales nucleares. 
Esos casos tuvieron lugar en Rusia pero, además, las autoridades alemanas descubrieron 267 casos de tráfico indirecto o de ofertas fraudulentas de venta de sustancias nucleares en 1994, de los cuales el más espectacular fue el caso del plutonio confiscado en Munich. 
La respuesta de la Comisión ha sido apropiada: ha propuesto que se refuerce el cuerpo de inspectores de salvaguardias de Euratom y que se establezcan vínculos más estrechos con el Centro internacional de ciencia y tecnología, en el marco del programa TACIS. 
Ahora bien, es necesario mejorar la cooperación jurídica entre los Estados miembros de la Unión Europea y las repúblicas de la antigua Unión Soviética para poder ocuparse del tráfico ilícito de materiales nucleares. 
Esto debería estar previsto en el cometido de Europol, el organismo policial europeo de La Haya. 
También existe la posibilidad de reforzar los controles en las fronteras de la Unión Europea con Europa oriental, y, por último, podemos estudiar la posibilidad de formular varios acuerdos de asociación con los Estados de la Europa oriental para ocuparnos de esta cuestión. 
En el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea también se podrían adoptar medidas comunes para coadyuvar a la lucha contra este problema cada vez más acuciante. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quiero subrayar que mi grupo político y yo seguimos estando muy preocupados por la magnitud de la inseguridad de los reactores en la antigua URSS así como por la ineficacia de los controles del material nuclear. 
Estamos también preocupados por el contrabando de este tipo de material y otras sustancias radiactivas. 
En cualquier caso, tenemos que intentar solucionar el problema en cooperación con las instancias rusas y no mediante la confrontación. 
Sin embargo, para mi grupo político son incomprensibles una serie de argumentos. 
Por un lado, el informe mezcla cuestiones de la proliferación de armas nucleares con cuestiones de contrabando nuclear. 
Habría que delimitar más claramente las diferencias entre ambos temas. 
Tampoco es comprensible que el informe postule, por un lado, por el abandono de la energía atómica y al mismo tiempo destaque la utilidad del plutonio para finalidades pacíficas en la Unión Europea. 
Creo que se trata de un sinsentido absoluto pues ¿porqué deberían hacerse más seguros los reactores en la antigua URSS, controlar mejor el material nuclear y finalizar con el contrabando si se desconectan los reactores más seguros en nuestro país? 
Se trata exclusivamente de problemas en la antigua URSS, problemas que han alcanzado realmente unas dimensiones dramáticas. 
Los países de la antigua URSS, en especial, Rusia, necesitan urgentemente energía para sobrevivir, por lo que no se puede abandonar allí la energía atómica. 
Asimismo, sus sistemas de control tienen que ser modernizados urgentemente, pues no están ya en situación de garantizar una vigilancia suficiente de las sustancias radiactivas y del material nuclear. 
Yo mismo me pude convencer personalmente hace dos semanas en Novosibirsk, donde participé en una conferencia en el marco de la cooperación entre Rusia y el Euratom en el campo del control del material nuclear. 
Respecto a la lucha contra el peligro de contrabando nuclear, mi grupo político exige que en la Unión se realicen todos los esfuerzos posibles para unir las diversas instancias ejecutivas y establecer por fin una cooperación global. 
Independientemente de ello, para prevenir el contrabando nuclear exigimos que se fortalezca la cooperación con Rusia. 
Hay que aportar los créditos necesarios para ello y creemos que estarían bien invertidos. 
Sin duda es más barato y mejor apoyar plenamente en sus esfuerzos a las instancias rusas correspondientes para que modernicen o establezcan sus sistemas de control que recoger aquí por separado en la Unión Europea el material nuclear y demás sustancias radiactivas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, desde el punto de vista de un Estado miembro que no tiene centrales nucleares, los hechos objetivos presentados por el ponente- subrayo el calificativo de «objetivos» -parecen doblemente graves. 
Nos encontramos ante uno de los megaproblemas europeos e internacionales por excelencia. 
La lucha contra el tráfico ilegal de sustancias radiactivas y material nuclear afecta a todos los Estados, por lo que debería tratarse también en el marco de las Naciones Unidas y ser clasificado como genocidio en el Convenio de las naciones Unidas de 1948, como delito contra la Humanidad. 
Ante la evolución del tráfico ilegal de materiales nucleares, es legítimo plantear la cuestión de si no debería ser una tarea urgente de la Unión Europea realizar esfuerzos para abandonar la industria nuclear. 
En cualquier caso, en las negociaciones para la adhesión de nuevos Estados miembros, se debería examinar con la máxima atención el aspecto de la seguridad de sus centrales nucleares. 
Señor Presidente, no quería hacer uso de los dos minutos pero quiero rogarle que me conceda la ocasión de aclarar algo. 
Acepto que se utilicen expresiones como «auténtico sinsentido» o similares respecto a mi intervención, pero no la de «demagogia». 
Quiero realizar una constatación objetiva que no es demagógica. 
Doce Estados miembros de nuestra Unión no conocen el problema del tráfico ilegal de materiales nucleares y tres sí. 
Las autoridades policiales de estos tres países me han confirmado como ponente que en ningún caso se han podido constatar actividades del crimen organizado. 
Esta es una declaración de las policías alemana, italiana y belga. 
Quería decir esto respecto al tema «crimen organizado» y «demagogia». 
Señor Presidente, Señorías, dada la ausencia de mi colega Christos Papoutsis, cuya presencia era inevitablemente necesaria en el Consejo de Energía que se celebra en este momento en Luxemburgo debido a que tal vez se tome hoy la importante decisión de liberalizar en una primera fase el mercado energético, me corresponde, representando a la Comisión en nombre de mi colega Papoutsis, responderle respecto a la complejísima problemática del tráfico de materiales nucleares que pueden servir para fabricar artefactos explosivos atómicos y de otras substancias radiactivas. 
Como ustedes saben, la Comisión ha tratado- creemos que con seriedad- este problema desde el principio, según puede comprobarse en la comunicación del 7 de septiembre de 1994 dirigida al Parlamento y al Consejo de Ministros sobre la que trata el informe presentado por el Sr. Schulz. 
Desde la primera comunicación, de septiembre de 1994, la Comisión no ha escatimado esfuerzos para solucionar el problema y ya ha tenido varias ocasiones de informar, tanto en sesión plenaria como en las comisiones parlamentarias correspondientes, sobre las iniciativas y las medidas que se estaban poniendo en marcha. 
Por otra parte, después de la presentación del informe del Sr. Schulz, el 1 de marzo de 1996, la Comisión adoptó, el 19 de abril, en el contexto de la Cumbre de Moscú del G-7 sobre seguridad nuclear, una segunda comunicación dirigida al Consejo y al Parlamento, en relación con la aplicación de las directrices establecidas en la comunicación anterior y en las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Essen en diciembre de 1994. 
Quiero recordar aquí que el G-7, en la Cumbre de Moscú, acordó un ambicioso programa para prevenir y combatir el tráfico ilegal de material nuclear e hizo un llamamiento a los Gobiernos de otros países para que se unieran al G-7 en la aplicación de dicho programa. 
En el marco de sus competencias, la Comisión ya está aplicando el programa establecido en la Cumbre del G-7 en Moscú. 
Con estos antecedentes, comprenderán ustedes que la Comisión haya considerado, con gran interés, el informe adoptado por la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. 
En primer lugar, la Comisión desea agradecer al Parlamento su gran interés y su apoyo en este asunto y, especialmente, felicita al ponente, Sr. Schulz, por el importante trabajo que ha realizado en la preparación de este informe. 
La Comisión aprecia el gran esfuerzo realizado por el conjunto de sus Señorías para analizar a fondo los diversos aspectos de un problema complejo y de alcance mundial. 
Y, en este punto, quisiera enfatizar un aspecto señalado por la intervención del Sr. Schulz y de otros colegas: naturalmente que la Comisión es muy sensible a la cuestión del tráfico ilegal de material atómico; claro que somos muy sensibles y claro que la criminalidad o el fenómeno de la criminalidad organizada a nivel mundial nos preocupa- ¡claro que nos preocupa! -. 
La Comisión, pues, aprueba el compromiso del Parlamento y está de acuerdo con la mayoría de los mensajes contenidos en el informe del Sr. Schulz, que apelan a la cooperación, la coordinación de medidas, el uso eficaz de los recursos y la racionalización de los esfuerzos. 
Puedo decirles que, a lo largo de los últimos años y dentro de nuestros límites financieros- y dentro de nuestros límites de competencias -, la Comisión ha intentando moverse intensamente en este sentido. 
No obstante, a la Comisión también le gustaría expresar su preocupación respecto a algunas informaciones aparecidas en el informe que estamos debatiendo hoy: en primer lugar, debe tenerse en cuenta, con independencia del posicionamiento ideológico o político de cada uno de nosotros, que la Unión Europea desempeña un papel de primera línea en el sector nuclear. 
Se podrá estar a favor o en contra del sector nuclear, como han expresado algunas Señorías; se podrá estar a favor o en contra, pero la realidad- al menos, para la Comisión- es poner de manifiesto que la Unión Europea, al menos en el sector nuclear, tiene un peso específico a nivel mundial. 
En segundo lugar, otra característica de la Unión Europea es que, como ustedes saben, junto a una órbita de energía nuclear o sector nuclear de carácter predominantemente civil, existe otra órbita de carácter militar. 
Todo el material nuclear civil está sometido al control de seguridad de la Comisión y, en su mayor parte, está sometido también a los controles de la Organización Internacional de Energía Atómica en los 13 Estados que no tienen armas nucleares. 
Sólo se ha excluido explícitamente el control del material nuclear militar, según el Tratado Euratom y los acuerdos específicos con la OIEA. 
No obstante, debe señalarse que, según el Tratado Euratom, todo material nuclear que salga de la órbita militar quedará incluido automáticamente en el ámbito de los controles de seguridad de Euratom. 
La Comisión opina actualmente que el sistema funciona bien y que la historia muestra que la causa de que haya surgido el tráfico ilegal no es el uso de plutonio y uranio altamente enriquecido en la Unión Europea. 
Por supuesto, la Comisión comparte la idea de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores de seguir fomentando el desarme nuclear y la transformación de los materiales nucleares de gran valor estratégico en otros menos peligrosos, pero la Comisión debe considerar todas las opciones y no puede excluir la posibilidad de reciclar plutonio o uranio altamente enriquecido de origen militar para utilizarlos precisamente en reactores nucleares civiles. 
Es interesante observar que, independientemente de cuáles sean las opciones finales- vitrificación, transmutación, reciclado, el MOX -, deberán mantenerse, e incluso reforzarse, los controles correspondientes. 
La Comisión, señor Schulz, ha tomado nota de su preocupación respecto al posible papel de los servicios secretos en el montaje de casos de contrabando. 
Sin entrar a fondo en esta cuestión que ya se ha debatido exhaustivamente en las comisiones parlamentarias, la Comisión desea insistir en que siempre se ha ajustado estrictamente a los acuerdos en vigor establecidos con las autoridades nacionales. 
Y con independencia de este incidente particular, ante el aumento constante del número de casos de contrabando, en general, que implica un riesgo considerable para la población y el medio ambiente, la Comisión subraya claramente la necesidad de un esfuerzo permanente, de nosotros mismos y también del Parlamento Europeo. 
Por el momento, considerando todos los elementos de información de los cuales dispone la Comisión Europea, estamos convencidos de que el origen del tráfico radica fundamentalmente en la grave situación económica de la antigua Unión Soviética. 
Por tanto, aunque requiere un gran esfuerzo- incluidos recursos humanos y financieros suficientes -, y aunque existen muchas dificultades prácticas, la Comisión sigue opinando que es necesaria la prevención mediante la cooperación. 
Y en este punto, de nuevo, señor Schulz, intervendría con una consideración de tipo político. 
Si la base es la cooperación entre todos los Estados miembros para controlar no sólo el tráfico ilegal de material nuclear, sino también la droga y el terrorismo, nos tendríamos que preguntar cómo es posible que, siendo evidente la necesidad de la cooperación, al día en que nos encontramos todavía no hayamos aprobado el estatuto definitivo de Europol. 
Porque se supone que Europol sería precisamente el mecanismo que daría eficacia a la cooperación entre los Estados miembros. 
En consecuencia, yo creo que en el diseño es posible estar de acuerdo, y lo que tenemos que conseguir es que, cuanto antes, los instrumentos de cooperación se pongan en marcha. 
Una consideración de tipo interno respecto de la Comisión. 
Muchos de ustedes han puesto de manifiesto que esta es una cuestión que, por su delicadeza e interés, exigiría más medios materiales, humanos y financieros. 
Teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo es también la segunda rama de la autoridad presupuestaria, créanme que la Comisión acogería con el máximo entusiasmo que el Parlamento Europeo tomara la iniciativa de aumentar, dentro del margen presupuestario, los fondos disponibles para dotar a la Comisión de más funcionarios, más medios logísticos y más medios financieros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, respecto del apartado 4 hay una enmienda, la nº 5, cuyo texto, según la enmienda oral que los diputados conocen, pasará a ser el siguiente: » Reitera que la reducción del esfuerzo de pesca no debe depender solamente de la reducción de las embarcaciones, sino también de políticas activas de defensa de los recursos haliéuticos». 
Éste es el texto de mi enmienda y de mi Grupo. 
Señor Presidente, este complemento verbal no cambia el sentido del párrafo, y si habíamos decidido rechazarlo no era por el fondo de esta enmienda sino porque estas mismas ideas ya aparecen en varias ocasiones en el informe. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista pido que no se proceda a la votación de la enmienda oral. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, ya nos hemos pasado de la hora y aún tenemos cuatro propuestas de resolución antes del informe Schulz. 
Este informe es muy importante y ante la cada vez menor presencia de diputados, solicito en nombre de mi grupo político que votemos sobre el informe Schulz en el próximo período parcial de sesiones. 
Le ruego que mande votar al respecto. 
Señor Presidente, al contemplar la lista de votación compruebo que en este momento no nos queda ya pendiente un gran número de votaciones y que con un poquito de buena voluntad podríamos concluir ya a las 11.30. 
Nuestro grupo prefiere pues terminar con las votaciones. 
Señor Presidente, lamento que nunca logremos organizar las votaciones de manera que se adapten de modo racional a nuestro horario de sesiones. 
En los meses anteriores ha sucedido cada vez más que las votaciones han debido prolongarse más allá de la pausa del mediodía. 
Estimo que debemos organizarnos mejor. 
En este caso desearía apoyar la sugerencia del Grupo Socialista y proceder a la votación del informe Schulz la próxima vez en Bruselas dentro de dos semanas. 
Señor Presidente, ya es muy tarde. 
Quiero apoyar la solicitud de la Sra. Hoff y del Sr. de Vries, pues este asunto es realmente demasiado importante como para aprobarlo ahora. 
Estoy también a favor de que se vote sobre este informe en el próximo período parcial de sesiones. 
Señor Presidente, si yo entiendo bien, el orden del día que se nos ha propuesto dice que a las 18.00 horas, si procede, continuación de las votaciones de la mañana. 
Yo, señor Presidente, entiendo, por lo tanto, que se prevé un espacio hábil a partir de las 6 de la tarde. 
Se somete a votación la propuesta de aplazar la votación del informe Schulz, de esta tarde o mañana por la mañana al próximo período parcial de sesiones en Bruselas. 
(El Parlamento decide aplazar esta votación) 
Señor Presidente, para el informe Titley es aplicable lo mismo que para el informe Schulz, pero no tengo nada en contra de votar ahora. 
Se somete a votación la propuesta de continuar la votación hasta los informes Giansily y Titley. 
(El Parlamento da su conformidad) 
Hoy hemos tenido que trabajar de nuevo durante horas para luego no votar. Quiero tomarlo como motivo para exigir que volvamos a introducir el momento de la votación el jueves por la tarde. 
Sin él no será posible un trabajo parlamentario razonable. 
Le ruego lo exponga a la Mesa y a la Conferencia de Presidentes. 
El sistema nórdico de pasaportes, que ha existido durante más de cuarenta años, ha funcionado perfectamente. 
El Norte ha eliminado la exigencia de mostrar el pasaporte para sus ciudadanos, pero no los controles fronterizos. 
El sistema nórdico de pasaportes no debe verse amenazado por el ambicioso proyecto que conlleva formar parte del Convenio de Schengen. 
Si Noruega, por diversos motivos, no puede participar en la cooperación Schengen o se la obliga a abandonarla en el futuro, se coloca a Suecia en la situación muy difícil y prácticamente insostenible de tener que vigilar la amplia frontera terrestre que tiene con Noruega. 
La adhesión sueca a Schengen amenaza el sistema nórdico de pasaportes y levanta unas nuevas fronteras contra el Báltico, el este de Europa y el resto del mundo. 
Suecia se arriesga a formar parte de un Estado de seguridad europeo que registra y controla a sus ciudadanos e impide a otros la entrada en lo que podríamos calificar de Fortaleza Europea. 
En Suecia y Noruega Schengen se presenta como una ampliación de la Unión Nórdica de Pasaportes. 
Ésta es una descripción errónea, puesto que los países nórdicos han suprimido la obligación de mostrar el pasaporte, pero no la de efectuar controles fronterizos. 
Cuando se eliminan los controles fronterizos se necesitan unas «medidas de control» en la modalidad de unas acciones policíacas comunes. 
Esto requiere un enorme sistema de control, el SIS (Sistema de Información Schengen) en Estrasburgo, y Europol, que va encaminado a convertirse en una policía federal con el FBI americano como modelo. 
También existe el riesgo de que, al no ser necesario mostrar el pasaporte, esto se sustituya por la obligación de llevar siempre consigo y a todas partes unos carnets especiales de identidad. 
Schengen conlleva además una política más rigurosa en torno a los refugiados y la concesión de asilo y de visados, con una mayor obligación para Suecia de exigir visados a otros países. 
También aumentarán los riesgos de que se produzca contrabando de armas y de estupefacientes si se eliminan totalmente los controles fronterizos. 
Hemos votado negativamente sobre esta resolución, porque a Suecia le quedan muchas dudas sobre el asunto. 
Somos totalmente contrarios a que el Convenio de Schengen forme parte del Tratado constitutivo de la UE. 
La Unión Nórdica de Pasaportes ha funcionado muy bien y no debería verse amenazada por el ambicioso proyecto que en muchos aspectos representa la adhesión al Convenio de Schengen. 
Si Noruega, por diversos motivos, no pudiera participar en dicho Convenio o fuera obligada a abandonarlo en el futuro, Suecia se vería en la situación prácticamente insostenible de tener que vigilar la extensa frontera terrestre que tiene con Noruega. 
Otro motivo para abstenerse por el momento en la cuestión de la adhesión de Suecia al Convenio reside además en las medidas compensatorias que el país deberá introducir cuando se eliminen los controles fronterizos entre los países Schengen. 
Cuáles van a ser estas medidas compensatorias, eso aún no se nos ha dicho. 
Por consiguiente, no podemos votar a favor de la resolución porque a Suecia le quedan muchas dudas. 
Por ejemplo, a causa del Convenio Suecia será un territorio comunitario con libre circulación para personas y productos. 
Tener un territorio común con los Países Bajos, que son de una opinión muy distinta en cuanto al cultivo de plantas alucinógenas equivale a aceptar un riesgo demasiado elevado por nuestra parte. 
Informe Pery 
Señor Presidente, a propósito del informe Pery he de decir que estoy verdaderamente sorprendida. 
Hemos presentado una enmienda que trata de la forma en que los Estados miembros soslayan el programa de orientación multianual mediante la transferencia de sus buques a terceros países y la utilización de pabellones de conveniencia. 
Me ha sorprendido que sólo hubiera 47 votos en favor de esta enmienda, a pesar de que incluso mi propio país, Irlanda, se haya quejado de la cuestión. 
Gran Bretaña, por ejemplo, se queja siempre a propósito de los pabellones de conveniencia y del hecho de que su propio Gobierno no haya conseguido suprimirlos y que, en cambio, haya vendido sus pabellones de conveniencia a países como España y Francia. 
Esto es verdaderamente lamentable porque significa que no se quiere reconocer que las flotas pesqueras europeas son demasiado grandes y que hay que reducirlas. 
Los Estados miembros tienen que reconocer esta realidad, pero algunos Estados miembros están explotando esta situación y el pueblo de los Estados miembros que sufre como consecuencia de ello, ni siquiera se da cuenta de lo que sucede. 
Es una lástima que solamente 47 diputados hayan votado en favor de mi enmienda que critica a los Estados miembros que transfieren sus buques a terceros países que ya están excesivamente explotados por los acuerdos de pesca, o que transfieren sus buques a países como Gran Bretaña. 
Navegan enarbolando pabellones de conveniencia y, cuando cometen una infracción, los Estados miembros, por ejemplo España, se vuelven hacia nosotros y dicen: » Bueno, el buque enarbolaba pabellón británico» , cuando la realidad es que se trata de un buque de propiedad española. 
Los Estados miembros que obran de esta manera deberían reconocer que no están cumpliendo sus obligaciones. 
Nadie niega que exista la urgente necesidad de conservar los bancos de peces mediante la reducción de la capacidad de las flotas pesqueras, pero de lo que se trata es de determinar la magnitud de la reducción y la forma concreta en que la reducción debe tener lugar. 
Desde que ingresó en la CEE, Irlanda no ha sido tratada nunca equitativamente por lo que se refiere a nuestro nivel máximo de capturas permisibles. 
A pesar de que nuestro país tiene el 20 % de las aguas costeras europeas, sólo se nos ha asignado el 4 % de las cuotas de pesca. 
La reducción que se propone en la flota pesquera de la Unión Europea debe utilizarse para corregir esa situación: Irlanda no debe sufrir ninguna reducción por prorrateo. 
Además, si tiene que haber una reducción importante en cuanto se refiere a las actividades de pesca, hay que hacerla objeto de una vigilancia rigurosa para evitar que haya pescas ilegales. 
Teniendo en cuentas las legítimas preocupaciones de los pescadores irlandeses por lo que se refiere al acceso de buques españoles al Irish Box, la Unión Europea tiene que facilitar los recursos necesarios para que haya patrullas de vigilancia en esta zona y en otras. 
Tomo la palabra en favor del caso de los pescadores de Southend, Leigh and Canvey, de mi circunscripción, que se ven nuevamente amenazados por el reciente anuncio hecho por la Comisión. 
Esos pescadores conocen perfectamente las aguas de Kent y de Essex, poseen barcos pequeños de menos de 17 metros de eslora, y han sufrido ya una reducción de más del 50 % de sus capturas en los 10 últimos años. 
Otros barcos mayores de Bélgica, Países Bajos y otras regiones del Reino Unido se han apoderado de su parte. 
Aunque las existencias de pesca en nuestras aguas se han mantenido, en comparación con lo que ha sucedido en otros lugares del Mar del Norte, las últimas reducciones de cuota agravan la amenaza de que buques de otras zonas vengan a la nuestra y destruyan los medios de vida de los pescadores locales. 
Por eso pedimos hoy que haya una mayor participación de los propios pescadores y la enmienda que he copatrocinado, en favor de prohibir que otros buques europeos se salten a la torera las cuotas en materia de recursos pesqueros británicos, está absolutamente justificada. 
El objetivo que tenemos en Essex consiste en establecer nuestras propias pesquerías regionales con nuestras propias organizaciones de productores para dar a la tradicional e importante industria pesquera de la costa de Essex mucho más control sobre nuestras propias aguas y, en consecuencia, sobre nuestro propio futuro. 
Nunca se han sentido más aislados los pescadores de Irlanda del Norte. 
El reciente anuncio de la Comisión de que se van a reducir en un 40 % las flotas pesqueras de Europa ha sido la puntilla. 
Esa propuesta devastaría la industria y las comunidades en que residen los pescadores, pues no disponen de ninguna otra alternativa. 
Esta forma de obrar dictatorial y sin consultar a la industria ni a los pescadores es inaceptable y nos opondremos a ella con todas nuestras fuerzas. 
La Comisión dice que hay menos recursos pesqueros disponibles para su captura. 
Los pescadores de mi zona dicen que eso es una ridiculez y que los científicos nunca se ponen en contacto con ellos ni les piden su opinión sobre la disponibilidad de existencias. 
La situación es imposible para la Comisión y para los pescadores. 
Bruselas está demasiado lejos y hay que encontrar un sistema más fiable, en el que las administraciones más cercanas al pueblo tengan más poderes de control. 
El problema del incumplimiento de las cuotas y de la utilización de otros pabellones es digno de atención, pues causa profundo resentimiento en la industria. 
En la actualidad poseemos una política común de pesca que no funciona debidamente y que no acaban de comprender los pescadores ni la industria. 
Necesitamos y exigimos propuestas positivas que revitalicen la industria y que le inculquen la confianza necesaria para poder sobrevivir. 
El planteamiento de la Unión con respecto al sector de la pesca es deficiente e ineficaz, tanto por lo que respecta a la creación como a la aplicación de políticas, y no contribuye al desarrollo del sector. 
Por el contrario, contribuye a devaluar y paralizar un sector tradicionalmente dinámico y productivo, principalmente en regiones periféricas costeras e insulares cuya supervivencia depende a menudo exclusivamente de la pesca. 
La aplicación de directivas comunitarias que no respetan las peculiaridades nacionales, que imponen una reducción cada vez mayor y más drástica de la flota pesquera en vez de modernizarla, la insuficiencia de las infraestructuras, y la escasez de ayudas financieras para la investigación pesquera, que priva al mundo pesquero de ayuda técnica y científica, han llevado el sector a un callejón sin salida que parece volverse insuperable. 
Los indicios ya son preocupantes, incluso en países como Grecia, con una gran tradición y experiencia pesquera y con ventajas naturales geográficas para ese oficio. 
Consideramos imprescindible que se conceda a los Estados miembros la posibilidad de administrar los recursos, la aplicación de restricciones moderadas para la conservación de valiosas reservas y la adopción de determinadas medidas técnicas (criterios y controles de concesión de permisos de pesca, protección y estudios para la protección de regiones de concentración de freza, medidas de limpieza de regiones marinas de toxinas y residuos dañinos etc.). 
Creemos que la explotación excesiva de la riqueza haliéutica no se debe al gran número de pescadores costeros que capturan pequeñas cantidades y que siempre han existido (y que son precisamente los que van disminuyendo año a año) , contribuyendo al equilibrio ecológico y económico de sus regiones. 
El problema surge y crece constantemente a causa de las grandes flotas pesqueras industriales, los barcos-fábrica que abastecen el mercado mundial y fijan los precios, que contaminan las zonas pesqueras costeras hasta agotarlas y provocan una desintegración económica, social y ecológica; y esta situación es atribuible a la Política Pesquera Común de la Unión, que favorece que la gestión de la riqueza haliéutica esté en manos de las multinacionales, tanto en el sector de la pesca como en el de la piscicultura, al proponer una política pesquera conforme a sus intereses. 
Creemos que la actividad pesquera puede y debe fomentarse, pero con una política pesquera diferente, que estimule un aprovechamiento adecuado de la riqueza haliéutica y tome seriamente en cuenta el equilibrio del ecosistema marino, adoptando medidas eficaces para luchar contra la contaminación, principal motivo de la disminución de la pesca, y garantizando a los trabajadores del sector unos ingresos satisfactorios y un nivel de vida digno. 
Informe Arias Cañete 
Señor Presidente, el informe Arias Cañete sobre los problemas de pesca en la zona noroeste del Atlántico se presenta en medio de una actualidad polémica puesto que la declaración eurocanadiense que debería haber sido aprobada por el Consejo la semana pasada sigue siendo actualmente objeto de examen. 
Entre los obstáculos encontrados debemos citar la voluntad de la Comisión de introducir el librecambismo por doquier, incluso cuando el Consejo discrepa, así como su extraña omisión respecto a todo el acervo de las relaciones entre los Estados miembros de la Unión y las provincias canadienses. 
Esperemos que estos defectos se corrijan. 
Queda, asimismo, el espinoso problema de la pesca del que nos hemos ocupado hoy. 
Sobre este punto, la Comunidad Europea pide a Canadá que ratifique el acuerdo bilateral «Pesca» de 1992, que preveía sobre todo, aunque no exclusivamente, la reapertura de las aguas y los puertos canadienses a los buques comunitarios. 
El informe Arias Cañete, tal y como ha sido votado, apoya muy firmemente esta solicitud y nosotros también lo hacemos. 
Con motivo de este asunto de la pesca descubrimos un absurdo institucional que puede contribuir a explicar la aparente debilidad de la Unión en la gestión cotidiana de sus problemas. 
En el seno de los órganos de la Organización de Pesca del Atlántico Norte, la Unión Europea considerada en su conjunto tiene el mismo peso que Cuba. 
Verdaderamente, hace falta que el deseo de la Comisión de aparecer como el gobierno único de Europa sea muy marcado para que lleguemos a tolerar semejante anomalía. 
Los socialdemócratas daneses votan a favor del informe sobre las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de las atmósferas explosivas. 
Los trabajadores deben recibir la mejor protección posible. 
No obstante, falta coherencia entre esta propuesta de directiva y otras propuestas de directiva análogas relativas a, por ejemplo, los agentes químicos. 
Resulta extraño que se presente una regulación especial cuando todavía no está preparada la base general de los agentes químicos. 
Por lo tanto, el alcance de la directiva no queda claro. 
En consecuencia, esperamos una iniciativa por parte de la Comisión referente a los agentes químicos. 
Informe Stenius-Kaukonen 
Considerando que el benceno es una substancia muy peligrosa y con la que se trabaja frecuentemente, me propongo votar a favor de los requisitos más rigurosos que se presenten. 
Naturalmente, espero que también la mayoría del Parlamento tenga el propósito de exigir unos requisitos correctos en lo referente a la protección de los trabajadores. 
Incluso con un valor límite de 1 ppm, el que propone el informe, existe un riesgo considerable de verse afectado por la leucemia. 
Por consiguiente, es justo que se reduzca el valor límite con posterioridad al 1 de enero del año 2001, como propone la enmienda nº 20 de los Verdes. 
Este valor límite es también el que se propone en Dinamarca. 
En este contexto es importante que de forma clara e inequívoca se establezca que la resolución es vinculante y que no se harán excepciones. 
Apoyo evidentemente las enmiendas que adoptan estos requisitos. 
Informe Barón 
El informe Titley sobre la ayuda a la antigua Yugoslavia está lleno de buenos sentimientos. 
Sin embargo, es una lástima que tanto desvelo no apareciera antes, en el momento en que varios Estados de la antigua Yugoslavia manifestaron hace cinco años su deseo de acceder a la independencia y a la soberanía. 
Entonces, un reconocimiento por parte de la Unión de esas independencias hubiera permitido seguramente evitar una guerra cuyas destrucciones estamos pagando- en el sentido propio del términoactualmente. 
No votaremos a favor de este informe por esta razón y por muchas otras: porque, de momento, el único país beneficiario es Bosnia, mientras a Croacia, con una tercera parte de su territorio devastado por los combates, se le denegó el acceso al programa PHARE y vio cómo se suspendían las negociaciones de un acuerdo de cooperación con la UE y se le cerraba en las narices la puerta del Consejo de Europa que, no obstante, acababa de acoger a la gran «democracia» rusa; porque Europa, a pesar de las promesas de los otros donantes, asume un tercio de las aportaciones teóricas y dos tercios de las aportaciones efectuadas; y sobre todo porque no creemos que Europa salga enaltecida políticamente al asumir financieramente las consecuencias de una actuación de policía internacional de los Estados Unidos bajo la férula de la muy mundialista Organización de las Naciones Unidas. 
Informe Pex 
El informe Pex analiza cómo ha tratado el Consejo al Parlamento Europeo en el último procedimiento de concertación. 
Se plantea la pregunta de qué interés tiene el Consejo para ignorar de tal manera las enmiendas del Parlamento. 
El Parlamento no pretende promover litigios de competencias, tal como siempre se le achaca, sino que para él lo importante es el fondo. 
La propuesta de reglamento del Consejo no tiene en cuenta ni mucho menos las posibilidades actuales de apoyo a los países de la CEI ni las nuevas realidades, es decir, que la UE tiene una larga frontera con Rusia. 
Y finalmente, con el llamado paquete de compromiso se regula casi solamente cuál es el mejor modo de que los créditos TACIS retornen a los países europeos para que todos los países de la UE obtengan su parte. 
Se ignora totalmente que quienes padecen las penas son las personas en los países de la CEI. 
Tampoco se tiene en cuenta que precisamente los pequeños proyectos apenas se pueden autorizar ahora. 
Precisamente la desaparición de la totalidad de la dimensión social y en gran parte también del sector del medio ambiente y sanitario, origina unas considerables desventajas para el proceso de transformación en estos países. 
La actitud del Consejo muestra que tampoco quiere estas mejoras de fondo, razón por la que se esconde tras la argumentación del paquete de compromiso. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Pasty y Caligaris, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre el trascurso de las elecciones en Albania; -B4-0791/96 del Sr. Dell ' Alba, en nombre del Grupo Coalición Radical Europea, sobre las elecciones en Albania; -B4-0794/96 de los Sres. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las elecciones en Albania; -B4-0813/96 de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el trascurso de las elecciones en Albania; -B4-0826/96 de la Sra. Pack y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el trascurso de las elecciones en Albania. 
Señora Presidenta, en el debate de hoy no se trata de llegar a un acuerdo acerca de si las elecciones en Albania se celebraron de hecho de manera poco democrática. 
Lamentablemente, todos, incluso los que quieren embellecer la situación, coincidimos en que hubo una oleada de violencia desenfrenada, cuya víctima fue la oposición. 
De hecho, el engaño de los que piensan que por un lado están los buenos prooccidentales y por otro los partidarios del antiguo régimen resulta manifiesto al conocer el papel desempeñado por todas las partes, tanto ahora como antes. 
Todos son hijos del antiguo régimen. 
En cualquier caso, el hecho de que nueve partidos de la oposición boicotearan la segunda vuelta de las elecciones, el hecho de que el propio comité de supervisión tuviera que anular los resultados de 17 distritos electorales y de que la repetición de las elecciones en esos 17 distritos se realizara sin observadores internacionales no hablan a favor de un buen desarrollo de la democracia en Albania. 
Este país es miembro del Consejo de Europa. 
Desea estrechar sus relaciones con la Unión Europea. 
Es verdad que está buscando su camino en Europa, igual que es verdad que el camino de la democracia no es fácil, sobre todo cuando un país carece de tradición democrática. 
Sin embargo, los sucesos recientes no son precisamente alentadores. 
Si el Parlamento Europeo y la Unión Europea quieren ayudar de verdad al pueblo albanés a encontrar el camino hacia la democracia, su deber es hacer llegar una seria advertencia al Sr. Berisha, condenando claramente una conducta que, aunque pueda ser que a medio plazo sirva a determinados intereses en esa región, a la larga creará mayores tensiones. 
En efecto, se trata de una región que ya es muy vulnerable y en la que los horrores se multiplican a causa de los manejos no disimulados de los poderosos que intentan volver a imponer sus zonas de influencia. 
Señora Presidenta, en Albania, país miembro del Consejo de Europa, se han celebrado elecciones no democráticas. 
La ausencia de medios libres de comunicación, la exclusión de determinados partidos de oposición en el proceso electoral y la existencia de burdas irregularidades han hecho de estas elecciones una farsa. 
El informe de la OSCE no deja dudas al respecto. 
No podemos escatimar nuestros esfuerzos a fin de que con la mayor brevedad posible Albania retorne al camino que lleva hacia una democracia legítima. 
Los albaneses tienen el derecho a ello, pero también nosotros tenemos ese derecho. 
Por consiguiente, deberán repetirse totalmente las elecciones, liberarse los prisioneros políticos y mejorar de manera efectiva las condiciones para esas nuevas elecciones. 
Es deber de la Unión Europea ejercer a tales efectos presión sobre las autoridades albanesas y suspender la cooperación con ese país. 
El Parlamento Europeo deberá emitir una clara señal al respecto. 
De ahí que el Grupo Liberal respalde las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista ya que toda declaración ambigua habrá de incitar al presidente Berisha a proseguir con sus actos antidemocráticos. 
Deberá comprender éste que en las actuales circunstancias no existe democracia, es decir que no deberá escuchar nuestras palabras sino a su propio pueblo que finalmente se ha liberado de tanto sufrimiento pasado. 
Señora Presidenta, señoras y señores, a pesar de que apenas ha pasado un mes desde las elecciones, la opinión pública casi ha olvidado los acontecimientos que las han acompañado. 
Pero estos acontecimientos no se deben ignorar en las instituciones de la Unión Europea. 
Según informaciones de todos los observadores extranjeros, en estas elecciones se han producido gravísimas violaciones de los principios que amparan unas elecciones libres y democráticas. 
En varios lugares se ha observado intimidación de los votantes y un fraude en toda regla, además de tal magnitud que la organización internacional de derechos humanos «Helsinki-Watch» indica en un informe sobre estas elecciones que los resultados no se pueden reconocer pues se han violado sistemáticamente las normas locales e internacionales. 
Ya en los prolegómenos de las elecciones, el Presidente Berisha y su Gobierno adoptaron numerosas medidas que limitaban muy considerablemente las opciones de los partidos de la oposición. 
Para la oposición apenas existió una posibilidad de presentarse a si misma y sus programas en los medios de comunicación. 
Las infracciones contra el trascurso democrático de las elecciones han impulsado a los partidos de la oposición a retirarse de la segunda ronda. 
Donde no existe oposición, no existe tampoco un Estado democrático. 
Pero el Presidente Berisha ha logrado una cosa. Seguramente recordarán que al contrario que en 1994, cuando una clara mayoría de la población rechazó un proyecto de Constitución redactada por él, ahora tiene la posibilidad de organizar el Estado albano de acuerdo con sus propias ideas y dictar las normas en el país. 
Bajo presión internacional, las elecciones se repitieron en 17 circunscripciones electorales sin participación de los partidos de la oposición. 
Está claro que con ello no se salva la democracia. 
Solamente una nuevas elecciones generales que respeten las normas internacionales podrán relanzar el proceso democrático en Albania. 
Ningún partido democrático de la Unión Europea puede permitirse cooperar con un partido que muestra tan poco respeto por la democracia y sólo está interesado en conservar el poder. 
Actuar como si no hubiese pasado nada es puro cinismo. 
Es demasiado poco lo que los demócrata-cristianos piden al partido del Gobierno en su solicitud que tengo ante mi, cito: »... hacer uso de su renovada posición como partido mayoritario de modo responsable y prudente, para lograr un amplio consenso allí donde sea posible... ». 
Esto es la legitimación del fraude y una amenaza para la democracia. 
Para los social-demócratas europeos, no es importante el color del partido en el Gobierno. 
Lo que cuenta es el respeto a la democracia. 
Un reconocimiento total o parcial de estas elecciones equivale a negar los principios democráticos para Albania. 
Apelamos, por ello, al Consejo de Ministros y a la Comisión para que congelen las relaciones con Albania hasta que se celebren nuevas elecciones en este país según las normas democráticas internacionales. 
Señora Presidenta, señor vicepresidente de la Comisión, queridos colegas, en un hemiciclo desierto como éste en el que estamos ahora, en esta normalización que se ha apoderado del Parlamento, que hace que la política deba evacuarse, nos ocupamos oportunamente de Albania y de la difícil, dificilísima fase a la que asistimos, con el desarrollo de elecciones manifiestamente irregulares, total o parcialmente o en gran parte, como sostienen muchos observadores, aunque no todos. 
En esta situación asistimos por una vez a un caso bastante singular en el que los dos grandes grupos de esta Asamblea nuestra, que ellos solos tienen casi 400 diputados, si no más, no firman un texto sobre Albania, no asumen, pues, otra postura más que la de marcharse, sin adherirse a la fórmula transaccional que, en cambio, se ha negociado también con el Grupo Socialista y con el Grupo del Partido Popular. 
Dicho documento, firmado por los liberales, la Coalición Radical Europea, los Verdes, la GUE, trata de ser un documento equilibrado, un documento fuerte, un llamamiento fuerte, pero no desequilibrado, como me parece deducir de las palabras de la Sra. Hoff. 
Yo estaría efectivamente de acuerdo con lo que dice la Sra. Hoff si la filosofía del Grupo Socialista se aplicara a todas las situaciones en las que se reconoce este hecho; por lo tanto, me parece extraño que en el caso de Albania se quiera adoptar, por parte del Grupo Socialista, una posición que choca frontalmente con la de la otra parte de la Asamblea y que sobre todo, repito, se aplica de manera más bien unilateral a dicho país y no a otros. 
Por eso invito aún a los escasos y exiguos miembros de los grupos citados a reflexionar para que el texto que hemos elaborado como fórmula transaccional, que yo diría que es fuerte pero aceptable, pueda votarse sin exageraciones ni en un sentido ni en el otro. 
Señora Presidenta, señores diputados. Los fraudes electorales habidos en el reciente seudoproceso electoral celebrado en Albania están reconocidos internacionalmente. 
Están reconocidas internacionalmente las violaciones de los derechos políticos y humanos de innumerables dirigentes de partidos y sindicatos y de la sociedad civil albanesa que se sucedieron antes, durante y después de la celebración de dicho seudoproceso electoral. 
En ese marco, o el Parlamento Europeo adopta una posición clara al respecto o podría sentar graves precedentes para el futuro en situaciones semejantes. 
El Parlamento Europeo ha de tener una posición clara y no debe adoptar posición alguna que pacte con farsas de democracia. 
Para que esa posición sea clara hemos presentado propuestas de resolución, junto con el Grupo Socialista, que exigen claramente la repetición global de las elecciones, con arreglo a las reglas internacionalmente reconocidas, sin la cual se podrá suspender toda cooperación económica y política. 
Señora Presidenta, como ya tuve la posibilidad de decir también en la sesión anterior, que celebramos en Bruselas, prácticamente casi todos los observadores, de cualquier origen, han constatado la irregularidad de las elecciones en Albania, tanto en la fase anterior a la votación, es decir, durante la campaña electoral- por ejemplo, porque no todos pudieron hacer la campaña electoral adecuadamente -, como durante la votación, por irregularidades evidentes de acceso a la votación, impidiendo un control de la votación misma, y también después de la votación, porque no pudo verificarse el escrutinio de manera democrática y se reprimieron las acciones de protesta de las oposiciones. 
Nos encontramos, pues, ante una falta de respeto por las reglas normales de la democracia, y, por lo tanto, también tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuál es, en este momento, el proceso de democratización que está en curso en Albania? 
Estamos, tal vez por primera vez, ante un proceso de regresión del desarrollo democrático normal. 
Las elecciones anteriores funcionaron mejor que éstas, lo que quiere decir, pues, que no ha habido una atención por parte de las estructuras internacionales, incluida la Unión Europea, para que el proceso fuera progresivo y no regresivo. 
Y en este contexto es lamentable que ayer, durante el debate del semestre italiano, el Presidente Dini no tratara la cuestión de Albania. 
En cualquier caso, creo que en este momento es necesario lograr nuevas elecciones que respeten las normas democráticas. 
Por lo tanto, tenemos que actuar para que el Gobierno albanés cambie de política y dé garantías en esa dirección, pero tenemos que actuar también para garantizar un acercamiento entre el Gobierno y las oposiciones a fin de que haya de nuevo un diálogo en Albania. 
Y esto lo podemos hacer también teniendo en cuenta que hay que sustituir el acuerdo de 1992 en materia de intercambios de cooperación económica: tenemos, pues, instrumentos de presión. 
Por último, quiero recordar la necesidad de que, en cualquier caso, de ahora en adelante se usen siempre los mismos métodos y los mismos criterios con respecto a todos los países en los que hay un proceso de democratización en curso. 
Señora Presidenta, queridas y queridos colegas, quiero atenerme a los hechos y no a supuestas cosas que alguien ha leído en algún sitio. 
Primero: en la primera ronda de las elecciones en Albania participaron todos los partidos. 
La oposición no vio en ese momento, según sus propias declaraciones, unos problemas insuperables para su participación. 
Segundo: los partidos de la oposición, bajo la dirección del Partido Socialista, retiraron sus candidatos dos horas antes de finalizar las votaciones pero tras conocerse los muy desfavorables pronósticos de los resultados de un instituto demoscópico americano, e incluso retiraron sus interventores. 
Tercero: esto último ocasionó por lo visto irregularidades en algunos colegios electorales. 
Cuarto: la comisión electoral independiente constató irregularidades y actos de violencia en 17 colegios y el último domingo se repitieron allí las votaciones. 
Quinto: la oposición se negó a participar en esta segunda ronda. 
Estimado colega Bertens, no se excluyó a nadie. 
Sexto: la llamada al boicot de la oposición ha hecho que la participación en la votación fuese solamente un 18 % inferior. 
Séptimo: el elevado apoyo al Partido Democrático se ha confirmado en la segunda ronda. 
Octavo: los diferentes observadores de la primera ronda electoral no llegaron a valoraciones idénticas. 
Recuerdo, por ejemplo, el Helsinki Human Rights Group. 
Como solamente se ha tenido en cuenta un informe, el informe ODHIR de la OSCE, hay que cuestionar realmente esta elección. 
La composición del grupo de observadores es extraordinariamente cuestionable. 
Yo sola he identificado a 14 de estos observadores como miembros de las juventudes socialistas, auténticos jóvenes socialistas y no diputados. 
Además había dos marxistas que en la época de Hodxa eran invitados muy bien considerados en Albania. 
Estas 14 personas fueron invitadas al principio como observadores de los comunistas y sólo más tarde fueron reclutados por el grupo ODIHR para observar las elecciones. 
Además, deberíamos tener en cuenta que los embajadores de la UE y el embajador norteamericano en Tirana han redactado ayer un documento en el que dan un tremendo varapalo al informe ODIHR. 
Se han opuesto estrictamente a que se utilicen aquí sus conclusiones. 
Deberíamos tomar nota de ello y no solamente lo que encaja con nuestros intereses políticos. 
Noveno: los albanos han votado de acuerdo con sus ideas y no según las ideas de la izquierda en esta Asamblea, de lo que me alegro mucho personalmente. 
Décimo: respecto a la exigencia de que se liberen los presos políticos en Albania, constato que no conozco ningún preso político en este país. 
Sólo conozco el caso de un destacado izquierdista que está encarcelado por un delito económico, es decir, un problema jurídico en el que no quiero inmiscuirme. 
Undécimo: espero del Gobierno albano, tal como ha dicho la señora Hoff, que actúe moderadamente con su gran mayoría y que, a pesar de que la oposición se ha negado, la incluya en los trabajos. 
De esta oposición espero una actitud constructiva, pues también representa a sus conciudadanos y a su país. 
Duodécimo: Albania tuvo que andar en cinco años el camino de la Edad media a la Contemporánea, o de la cárcel de alta seguridad del comunismo a la democracia. 
Esto es muy difícil y se van a producir errores durante mucho tiempo. 
No seamos tan arrogantes y unilaterales en nuestro enjuiciamiento. 
También nosotros tuvimos que conquistar con gran trabajo nuestros estándares democráticos. 
Podemos estar orgullosos pero debemos ayudar ahora a los albanos a perfeccionar estos estándares. 
Esta es nuestra tarea y no el rechazo. 
Señora Presidenta, desearía responder a los pronunciamientos efectuados anteriormente por otros oradores. 
Suscribo con gusto las declaraciones del Sr. Bertens en cuanto a la postura de su grupo político y el claro mensaje que el mismo desea transmitir a las autoridades albanesas de que la situación allí reinante es inadmisible. 
Al escuchar a la Sra. Pack, del Grupo Demócrata-Cristiano, considero que las posiciones nuestras en cuanto a la situación de ese país divergen considerablemente. No se trata de una apreciación partidista de esa situación sino, antes que nada, del hecho de comprobar que se han producido tantas irregularidades en la celebración de las elecciones que resulta imposible referirse a resultados fiables y ya que existe tanta incertidumbre, tantas dudas, estimamos que las elecciones deberían efectuarse de nuevo. 
Esto no es en sí ninguna decisión política de tipo partidista. De lo que se trata es de establecer un juicio objetivo en cuanto a lo que está sucediendo en Albania. 
Los observadores comprobaron un número considerable de irregularidades, igualmente otros observadores de los señalados por la Sra. Pack, y en los casos en que éstos se hallaban ausentes, es posible también que no hayan faltado las irregularidades de modo que efectivamente puede calificarse este proceso como toda una farsa sistemática. 
Ante tal situación, en caso de subsistir aún alguna duda, estimamos que estas elecciones deberán repetirse y que como Parlamento deberíamos emitir una clara declaración al respecto. 
Podremos discutir largo y tendido sobre quién es, o ha sido, el culpable de la situación presente, aunque esto es irrelevante con respecto a la cuestión de la legalidad de las elecciones. 
Con respecto a la concepción de la democracia por parte de los albaneses es mejor que se reconozcan los errores y que se celebren totalmente de nuevo elecciones. 
Resulta más positivo que discutir en cuáles distritos en particular se produjeron irregularidades y en los que debería procederse a una nueva celebración de los comicios. 
Estimo igualmente, para concluir, que de la misma forma que tratamos con otros países, deberemos aplicar a Albania las normas vigentes en el Consejo de Europa y que no podemos aplicarlas en cada caso en función de la situación política reinante. 
Es este el motivo por el cual mi grupo político, también a través de las enmiendas presentadas a la resolución común, concreta claramente este punto de vista. Para resumir, que no queden dudas de que respaldamos a los electores engañados de ese país. 
Señora Presidenta, cuando estaba escuchando a la Sra. Pack tenía la sensación de que debía cederle mis dos minutos pues su exposición ha sido muy interesante, clara y objetiva así como una buena respuesta a la demagogia sin escrúpulos con la que hoy nos enfrentamos. 
La verdad es que nos encontramos en unos tiempos de retroceso de la democracia. 
Quien conozca un poco Albania- lamentablemente muy poca gente conoce este país- debe tener en cuenta cuál es su punto de partida. 
Poco después de la caída de régimen comunista estuve allí y vi la terrible situación que había imperado en el país. 
Está totalmente claro que hoy no puede existir aún una democracia como en Suiza o Inglaterra. 
Sin embargo, no hay duda de que se han realizado grandes progresos. 
En Albania se está haciendo realmente algo por la población. 
El país tiene un Gobierno que realmente quiere lograr algo positivo y debemos reconocérselo. 
No se puede negar que han existido irregularidades en las elecciones. 
Prueba de ello es que en 17 circunscripciones electorales ha habido que repetirlas. 
Sin embargo, en la mayoría las elecciones han transcurrido correctamente. 
Lamento mucho que la oposición que, por cierto, constaba casi exclusivamente de comunistas, haya retirado los observadores antes de que finalizasen las elecciones. 
Sencillamente, no querían reconocer la verdad, pues de los sondeos de opinión que se iban revelando sabían perfectamente que se les avecinaba una estrepitosa derrota. 
Creo que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Albania logre lo que merece, es decir, ser incluida en la comunidad de las democracias europeas aunque dure aún algún tiempo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, sobre el hecho de que las elecciones en Albania no hayan sido perfectamente democráticas, mejor dicho, de que haya habido graves violaciones de los principios más elementales de una competición democrática, creo que no hay ninguna posibilidad de discutir: es así, no hay nada que discutir. 
Pero me parece que, como de costumbre, nosotros pasamos de un exceso a otro. 
Hemos hecho de todo para que hubiera una especie de protección europea de estas elecciones en Albania para lograr una transición lo menos violenta posible hacia la democracia, y ahora, en cambio, pedimos que se desmantele todo, que se repitan las elecciones, que se cree de nuevo el caos en el país. 
Creo que ese planteamiento debe rechazarse: debe hacerse una fuerte presión sobre el Gobierno albanés que ha ganado estas elecciones- repito, en muchos casos no democráticas- para que éstas se repitan en las circunscripciones en las que se han verificado irregularidades, pero sólo en esas circunscripciones. 
En cambio, creo que en este momento es necesario que Europa siga con atención, sin crear convulsiones ulteriores, esta fase de transición en Albania que afecta a la democracia, pero, sobre todo, a la convivencia civil en toda el área de los Balcanes. 
Señora Presidenta, el informe final de la OSCE sobre las elecciones en Albania confirma informes anteriores que recogen las irregularidades que se produjeron durante la votación, y señala casos en los que, efectivamente, hubo violaciones de la nueva ley electoral aprobada en febrero de este año. 
La Unión Europea hizo una declaración enérgica sobre estos hechos, y solicitó que se repitieran las elecciones en aquellas circunscripciones en las que se habían producido las irregularidades. 
También señaló que la continuación del proceso electoral, según normas democráticas internacionales, constituía un elemento esencial para un desarrollo futuro provechoso de relaciones entre Albania y la Unión Europea. 
Condenamos también la violenta respuesta policial a la manifestación del 28 de mayo. 
La Comisión recibió en Bruselas a los líderes de los partidos de la oposición albanesa para conocer sus puntos de vista y sus críticas sobre la forma en que se llevaron a cabo las elecciones, y quedó claro que habría que repetir las elecciones en varias circunscripciones. 
La decisión, tomada por el Gobierno albanés, de repetir las elecciones en diecisiete de estas circunscripciones, es un paso en la buena dirección, pero hay que lamentar que éste no haya dado tiempo a tener en cuenta y a evaluar el informe final de la OSCE y a que asistieran observadores para esta repetición. 
Ayer, precisamente ayer, se celebró en Viena una reunión informal del consejo permanente de la OSCE con una delegación albanesa para debatir el informe de la propia OSCE. 
Se ha invitado a Tirana a representantes de esta última organización para tratar de las recomendaciones y aspectos técnicos del informe. 
Éste- el informe de la OSCE- incluye recomendaciones sobre la manera de mejorar los procedimientos electorales y la celebración de las elecciones. 
No formula ningún juicio sobre la validez general de las elecciones y tampoco indica el número preciso de circunscripciones en las que sería conveniente repetirlas. 
Está claro que el respeto de los principios democráticos y de la legalidad será decisivo para el futuro desarrollo de las relaciones con Albania. 
Es cierto, como han señalado algunos señores parlamentarios, que Albania es un importante factor de estabilidad en una región extremadamente inestable, y es cierto también que, en los últimos años, se ha producido un progreso importante en el terreno económico. 
Hay que seguir, pues, apoyando esta evolución interna que, insisto, va en un sentido favorable. 
La Comisión se encontraba en los últimos meses en el proceso de preparación de un mandato de negociación para un nuevo acuerdo comercial y de cooperación con Albania. 
Por el momento, la Comisión ha preferido esperar para ver cómo evoluciona la situación en Albania y si, a través de la actuación del partido en el poder y el diálogo entre el Presidente Berisha y los partidos de la oposición, puede restablecerse la calma en la vida política albanesa y alcanzarse, progresivamente, un funcionamiento democrático normal. 
Muchas gracias, señor Marín. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de resolución (B40734/96) del Sr. La Malfa y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre las elecciones en Bosnia-Herzegovina. 
Señora Presidenta, reviste el mayor interés que se celebren elecciones democráticas en Bosnia. 
La fecha ha sido fijada y deberemos atenernos a la misma. 
Una prórroga de ésta, por legítima que pueda parecer en las actuales circunstancias, está preñada en sí de numerosos peligros, como por ejemplo la disolución de Bosnia y la prolongación del período durante el cual tendremos que negociar con los «señores de la guerra» de los últimos años. 
Bosnia necesita un gobierno estable y legítimo, fundamentado en elecciones democráticas. Por ese motivo, deberemos prestar todos nuestros esfuerzos con vistas a mejorar las condiciones en las cuales habrán de celebrarse esas elecciones. 
En primer lugar, el mandato de la IFOR deberá incluir también por consiguiente el arresto de criminales de guerra y el acompañamiento del regreso de los refugiados. Será necesario fomentar la acción de medios libres de comunicación. 
Deberá actuarse enérgicamente contra cualquier fuerza separatista. No sólo deberá encarcelarse a Mladic y a Karadzic, sino que igualmente deberá rechazarse la independencia de los croatas bosnios y condenar enérgicamente la agresión a Silajdzic. 
El anuncio de que los serbios de Bosnia habrán de crear ellos mismos su propio tribunal para juzgar a sus criminales de guerra constituye una nueva bofetada al proceso de paz. 
Nuestro repudio a estos acontecimientos deberá ser bien claro y decidido. A tales efectos, deberá poder disponerse de todos los mecanismos necesarios. 
Señora Presidenta, me siento sumamente satisfecho con la resolución que ha preparado el Grupo Liberal. 
Leo sin embargo en el apartado c) algo que me parece inadecuado en ese contexto. 
«en el que es mejor celebrar elecciones que no celebrarlas, aunque las condiciones dejen mucho que desear». 
(NL) Si bien he comprendido, esto no se refiere a Albania, sino a Bosnia-Herzegovina. 
Existen pues en realidad normas ligeramente divergentes, aunque preferiría que no constasen en una resolución. 
Desearía pedir a los colegas del Grupo Liberal que reconsideraran dicho apartado, por lo menos en su segunda parte, por constituir en realidad una incitación a aquéllos que desean hacer todo un batiburrillo; me parece ya oírlos de antemano; pues bien, lo aceptamos. Es cierto, pero es mejor que no lo digamos. 
Estimo igualmente acertado que esta resolución insista en fomentar esta participación. 
Igualmente por parte de los refugiados que a distancia, o personalmente, desean participar en esa votación y que no haya ningún obstáculo a ello, y que no se les pueda despojar de ninguna ventaja, por el hecho de participar en esa votación. También con el objeto de evitar que las elecciones pudieran convertirse al mismo tiempo en una especie de confirmación de la división étnica, lo cual constituye sin duda uno de los riesgos que cabe esperar. 
Señora Presidenta, para concluir, desearía hacer hincapié en el hecho de que resulta inadmisible que los representantes de la República Srpska se refieran a Bosnia-Herzegovina en términos de la denominada República de Bosnia-Herzegovina. Tendrían que reconocerla completamente, de lo contrario, no pueden formar parte de nuestras filas. 
Lo mismo es válido en el caso de los croatas que en Bosnia-Herzegovina se hallan ocupados de nuevo en la creación de un gobierno de este tipo. 
Son cuestiones éstas que no podemos admitir aquí en absoluto. Es nuestro deber combatir enérgicamente ambos fenómenos. 
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión respalda plenamente la resolución del Parlamento Europeo sobre la celebración de elecciones en Bosnia-Herzegovina. 
Constituyen el elemento crucial para el proceso de paz y serán la base de la Constitución de Bosnia-Herzegovina que dará legitimidad a sus instituciones. 
En el Consejo de aplicación de la paz en la antigua Yugoslavia, celebrado en Florencia la pasada semana, la preparación de las elecciones fue uno de los temas principales. 
Aunque las condiciones distan de ser ideales, se entendió que es vital mantener la fecha del 14 de septiembre. 
Retrasar las elecciones reforzaría la división de Bosnia-Herzegovina, y dejaría el país sin instrumentos adecuados para trabajar por su futuro. 
La OSCE debe certificar que se cumplen las condiciones para la celebración de las elecciones y fijar fecha. 
Puede darse por supuesto que la decisión se adoptará hacia finales de este mes de junio. 
Será, pues, necesario realizar un enorme esfuerzo desde ahora hasta las elecciones con el fin de mejorar la difícil situación actual. 
La lentitud del retorno de los refugiados y los desplazados, debida a la falta de libertad de movimientos, complica, sin duda, la preparación de las elecciones. 
La libertad de movimiento existe formalmente pero, en la práctica, subsisten numerosos problemas que crean un clima de temor y desconfianza acentuado por la presencia en la República de Srpska de gente como Karadzic y Mladic que están acusados por el Tribunal de crímenes de guerra. 
La relación entre entidades está sujeta a tendencias separatistas, y dentro de la federación musulmana croata tampoco se ha avanzado lo suficiente. 
El acceso de todos los partidos políticos a los medios de comunicación sigue, por otra parte, restringido. 
Desde enero, la OSCE, a la que los acuerdos de Dayton encargaron la supervisión de la preparación y celebración de las elecciones, ha estado trabajando sobre el terreno en las difíciles condiciones políticas y prácticas que estoy describiendo. 
Para supervisar el proceso se ha establecido una comisión electoral provisional, así como la normativa sobre el registro electoral, el derecho al voto- incluyendo el de los refugiados -, y el acceso a los medios de comunicación. 
Asimismo, se ha puesto en marcha un conjunto de programas destinado a la educación cívica. 
Los Estados miembros de la Unión y la Comisión apoyan plenamente las actividades de la OSCE. 
Los Estados miembros- también la Comisión- han dado un fuerte apoyo al fondo voluntario de la OSCE que se utiliza para financiar la preparación de las elecciones. 
La contribución del presupuesto comunitario para material de educación cívica y para la fabricación de cabinas de votación y urnas asciende a dos millones de ecus. 
Mediante una acción común de la Unión Europea financiaremos, con tres millones de ecus, el despliegue de los supervisores que vigilarán la adecuada preparación de las elecciones. 
También se presta una importante ayuda a los medios de comunicación independiente. 
Y en este contexto, la Comisión apoyará, con dos millones ecus, la propuesta de Carl Bildt para la creación de un canal de televisión independiente. 
Y naturalmente la Unión Europea como tal participará igualmente en la supervisión de las elecciones, según modalidades que se estudiarán con el coordinador de la supervisión de las elecciones de la OSCE. 
Muchas gracias, señor Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Timor e Indonesia 
B4-0776/96 de los Sres. de Melo y Cunha, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Timor Oriental; -B4-0782/96 del Sr. Marinho y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Timor Oriental; -B4-0784/96 del Sr. Vieira y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre los acontecimientos en Baucau (Timor Oriental) ; -B4-0785/96 de los Sres. Pradier y Vandemeulebroucke, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Timor Oriental y los acontecimientos en Baucau (Timor Oriental) ; -B4-0806/96 del Sr. Ribeiro y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre Timor Oriental e Indonesia; -B4-0819/96 de la Sra. McKenna y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación de los derechos humanos en Timor Oriental e Indonesia; -B4-0831/96 del Sr. Lucas Pires, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la represión de la manifestación de timoreses en Baucau por las autoridades indonesias y el encarcelamiento de manifestantes; -B4-00764/96 de la Sra. d ' Ancona y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la condena del antiguo ministro indonesio de relaciones con el Parlamento; -B4-0777/96 del Sr. Pimenta, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la violación de las libertades fundamentales en Indonesia; -B4-0800/96 del Sr. Ribeiro y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos en Indonesia; -B4-0817/96 del Sr. Telkämper y Sra. McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación de los derechos humanos en Indonesia; -B4-0825/96 del Sr. Moorhouse, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre los derechos humanos en Indonesia.Nigeria 
B4-0737/96 de la Sra. André-Léonard y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el asesinato de la Sra. Abiola en Nigeria; -B4-0787/96 del Sr. Macartney y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el asesinato de la mujer del político nigeriano de la oposición Moshod Abiola; -B4-0799/96 del Sr. Pettinari y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el asesinato de Kudiratu Abiola en Nigeria; -B4-0815/96 de la Sra. Müller y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el asesinato de la Sra. Abiola en Nigeria; -B4-0827/96 del Sr. Moorhouse y Sra. Maij-Weggen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre los derechos humanos en Nigeria.Birmania 
B4-0740/96 de la Sra. André-Léonard y Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Birmania; -B4-0801/96 del Sr. Vinci y Sra. Sierra González, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la prohibición del NLD en Birmania; -B4-0822/96 de Sr. Telkämper y Sra. Aelvoet, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las violaciones de los derechos humanos en Birmania; -B4-0832/96 del Sr. Moorhouse y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre los derechos humanos en Birmania.Turquía 
B4-0769/96 del Sr. Newens y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los derechos humanos y la situación en Turquía; -B4-0797/96 del Sr. Carnero González y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos y las condiciones de encarcelamiento en Turquía; -B4-0820/96 de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la violación de los derechos humanos en Turquía; -B4-0828/96 del Sr. Moorhouse y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre los derechos humanos en Turquía.Chile 
B4-0762/96 del Sr. Kreissl-Dörfler en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, Sr. Pradier en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, Sr. Gasòliba i Böhm en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, Sr. Fernández Albor en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, Sra. Sornosa Martínez en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, Sr. Pons Grau y Sra. Miranda en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la amnistía para los supuestos secuestradores de Carmelo Soria; -B4-0795/96 de la Sra. Sornosa Martínez y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la amnistía para los supuestos secuestradores de Carmelo Soria; -B4-0811/96 de los Sres. Kreissl-Dörfler y Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la amnistía para los supuestos secuestradores de Carmelo Soria.Raghbir Singh Johal 
Tomlinson y Murphy, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la detención de Raghbir Singh Johal.Prohibición de la conmemoración del décimo aniversario de Chernóbil 
B4-0829/96 de la Sra. Reding y Sr. Moorhouse, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la no conmemoración del décimo aniversario de la catástrofe nuclear de Chernóbil por parte de las autoridades de Bielorrusia y la prohibición de ayuda médica para niños víctimas de las radiaciones por parte de ONG independientes; 
China 
Sauquillo Pérez del Arco y Kinnock, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la grave situación de Wei Jingsheng y las violaciones de los derechos humanos en China; -B4-0778/96 de las Sras. Larive y Gredler, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la violación de los derechos humanos en China; -B4-0792/96 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la grave situación de Wei Jingsheng y las violaciones de los derechos humanos en China; -B4-0816/96 del Sr. Ripa di Meana y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la grave situación de Wei Jingsheng y las violaciones de los derechos humanos en China. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, una vez más venimos aquí a denunciar la actitud de las autoridades indonesias, que siguen utilizando la represión militar contra la población de Timor Oriental y, en particular, contra su juventud. 
En efecto, este mes las autoridades indonesias han matado, han herido y han detenido una vez más a jóvenes ciudadanos timorenses que se manifestaban pacíficamente, en Baucau, a favor de la libertad de culto, a raíz de los actos de provocación e intolerancia religiosa que culminaron en la profanación de una imagen religiosa católica. 
En Yakarta, la policía indonesia ha abatido una vez más a tiros a un joven timorense. 
En las cárceles de Timor Oriental y de Indonesia siguen detenidos centenares de presos políticos. 
Y el Gobierno indonesio sigue haciendo caso omiso a las declaraciones de la comunidad internacional, en las que se exige el respeto de los derechos humanos y el derecho del pueblo de Timor Oriental a la libre determinación. 
Es intolerable. 
Es importante que este Parlamento condene también una vez más a las autoridades indonesias por la utilización de la represión militar contra el pueblo de Timor Oriental y exija la liberación inmediata de todos los presos políticos, en particular del dirigente de la resistencia, Xanana Gusmão, y se solidarice con la lucha de los timorenses por su libre determinación y por el fin de la ocupación ilegal de su territorio. 
No podemos dejar de pronunciarnos. 
Al manifestar nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, no podemos dejar de hacer una vez más un llamamiento a todos los Estados miembros para que cesen la venta de armas y la asistencia militar a Indonesia. 
Señora Presidenta, los incidentes de violencia, sangre y muerte descritos en los considerandos de la resolución común atestiguan que la sensibilidad mayoritaria de los diputados a esta Asamblea ya no se deja engañar por la propaganda proindonesia y que la lucha del pueblo de Timor Oriental por el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos es conocida, apoyada y respetada por la mayoría de los Grupos políticos de esta Asamblea y también por los Estados miembros en el Consejo. 
Esta resolución no hace sino confirmar que la causa del pueblo de Timor Oriental gana cada vez más notoriedad y apoyo político internacional a medida que la represión de la dictadura indonesia insiste en la violencia. 
Por eso, además de las posiciones comunes, oportunamente adoptadas por el Consejo y cuya publicación sufrió las vicisitudes de todos conocidas en virtud de la posición británica, posiciones que confrontaban a Indonesia con el respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas, subrayo la voluntad común de este Parlamento de que Indonesia responda en breve y claramente a la iniciativa de diálogo del Primer Ministro portugués, como primer paso significativo para una resolución política del problema de Timor Oriental. 
Señora Presidenta, señores diputados, la ocupación ilegítima, ilegal y sanguinaria de Timor Oriental por Indonesia es uno de los conflictos más graves y violentos de los últimos decenios. 
Veinte años de guerra y represión militar han causado ya un número elevadísimo de muertos, heridos, lisiados y presos, así como afrentas a la cultura, la historia y la sensibilidad del cada vez más martirizado pueblo maubere. 
Los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Baucau demuestran una vez más cuán falsas han sido las promesas de paz y cuán ilusorio el respeto de los derechos humanos y del libre ejercicio del culto religioso en Timor. 
En esa infame provocación a los sentimientos de la población, en su mayoría católica, participaron representantes de las autoridades indonesias. 
Se insultó arbitrariamente a los símbolos de una religión que se debe respetar, se mató, se hirió y se detuvo indiscriminadamente a quienes legítimamente se atrevieron a protestar. 
Hay que condenar enérgicamente todos esos hechos, pero, por desgracia, algunos países que hablan de paz y respeto de los derechos humanos han llegado a prestar apoyo, armas y medios logísticos para que la guerra y la violencia sigan lastrándola. 
Como se afirmó en diciembre, al final la hipocresía internacional también ha sido savia para los horrendos crímenes que se vienen cometiendo de forma continua y- podemos decirlo- en litis consortio. 
Por eso, de nada servirá, de hecho, que sigamos produciendo resoluciones condenatorias, ya sea en el Parlamento, en las Naciones Unidas o en cualquier otro foro, si no hay una fuerte disposición, una voluntad real para liberar a Timor del yugo indonesio y restablecer la paz y la seguridad para su pueblo. 
Porque la verdad es que, si muchos de los Estados y las naciones que dicen defender la libertad y los derechos humanos lo desearan, la solución para Timor podría llegar más deprisa de lo que se cree. 
Ya es hora de decir: ¡basta! 
Ya es hora de actuar en vez de proclamar. 
Ya es hora de decir que esta barbarie es insostenible y constituye una vergüenza para toda la Humanidad. 
Como agravante de todo lo que hemos dicho, señor Presidente y señores diputados, he de decir que hoy mismo en la sala de prensa de este Parlamento está visible un comunicado que ataca violentamente a Portugal, país de la Unión Europea que ha venido defendiendo tan sólo la libertad de Timor, y que data del 3 de julio de 1995- repito: del 3 de julio de 1995 -, lo que revela la actitud y la permanente inflexibilidad de sus autores. 
Un año sin modificar una sola coma al respecto es una eternidad. 
Señora Presidenta, de nuevo Timor, lo que provoca en algunos diputados una reacción de fastidio, que refleja cierto cansancio. 
Por nuestra parte, ni aun cuando el pueblo timorense estuviera también cansado- cosa que no ocurre y ello le honra- o Indonesia consiguiera llevar el genocidio hasta el final, con la tolerancia de la comunidad internacional contra sus propias posiciones, nos hastiaríamos ni cansaríamos. 
Nuestra indignación sería aún mayor. 
¿Habrá alguna novedad? 
Sí que la hay: las siempre nuevas y renovadas agresiones y provocaciones a consecuencia de la ocupación militar, las siempre diferentes y renovadas manifestaciones de la exigencia de un pueblo en pro de su libre determinación. 
Pero hay también el hecho nuevo de que estamos examinando, umbilicalmente, los derechos humanos en Indonesia y la ocupación y represión que prosigue en un territorio aún no descolonizado. 
La misma raíz para dos situaciones diferentes. 
Con la prevención, para nosotros decisiva, de que se debe evitar la ilusión de que la cuestión política internacional de Timor se resolvería, de forma inherente, con el avance de la democratización en Indonesia. 
Lo que podría equivaler a aceptar tácitamente que Timor es parte de Indonesia. 
Representantes del pueblo de Timor se reúnen con demócratas indonesios. 
Es una señal positiva que acogemos con beneplácito. 
Pero se reúnen para coordinar luchas diferentes y no para confundirlo todo en una misma lucha en el «interior» de Indonesia. 
Y que no vengan otros, que están al servicio del actual régimen indonesio- que les aproveche, pues en modo alguno les honra... -, a acusar a Portugal por haber sido colonizador, como forma de pasar por alto que se trata de un proceso inacabado de descolonización y de desviar la atención de que el Gobierno indonesio no ha respondido- ¿aún? -a la iniciativa portuguesa en el marco de las negociaciones bajo la égida de las Naciones Unidas. 
Con aprovechamientos propios, maniobras, vilezas no pactamos. 
La cuestión es el derecho de un pueblo a la libre determinación, que le impide una ocupación militar, que es también un genocidio religioso, cultural, físico. 
Señora Presidenta, espero que la cuestión de Timor Oriental reciba prioridad en el programa de trabajo de Irlanda en materia de política exterior durante la Presidencia irlandesa. 
Estimo que la mejor manera de ayudar a Timor Oriental consiste en criticar abiertamente a nuestros copartícipes de la UE que están proporcionando armas a la dictadura indonesia que ha sometido a los habitantes de Timor a 20 años de crímenes, violaciones, torturas y opresión. 
No hay por qué tener miedo de ofender a nuestros copartícipes de la Unión Europea si condenamos su cooperación con la tiranía. 
Uno de los problemas de esta resolución de compromiso es que peca por exceso de debilidad a ese respecto. 
Este año, por lo menos tres países de la Unión Europea se han visto implicados en ventas de armas al régimen del General Suharto. 
Gran Bretaña exportó dos aviones de reacción Hawk a Indonesia en Abril. 
Eran los dos primeros aviones de un grupo de 24, y formaban parte de un contrato de 2.000 millones de libras para British Aerospace. 
Los pilotos de esos aviones de reacción van a entrenarse en Gales. 
Suecia ha resuelto reanudar la venta de armas a Indonesia. 
Finlandia expidió una licencia en marzo para exportar 60 vehículos blindados de transporte de tropas a Yakarta. 
Es una coincidencia que estemos hablando hoy de esta cuestión porque hoy es el 50º aniversario de Xanana Gusmão, líder de la resistencia en Timor, que está cumpliendo una pena de 20 años por oponerse a la dominación indonesia. 
A sus ojos- los del pueblo de Timor- Xanana Gusmão es el Nelson Mandela de Timor Oriental. 
Muchos gobiernos y muchas organizaciones de derechos humanos han hecho llamamientos para que se le libere y para que se libere a todos los presos políticos. 
La otra cosa de que tienen que darse cuenta los indonesios es que necesitamos que la gente pueda ir a Timor Oriental. 
Incluso a mí se me impidió que fuera. 
El Parlamento Europeo debería obligar a Indonesia a que permita que la gente vaya a Timor Oriental para que pueda ver lo que está sucediendo. 
Señora Presidenta, hay quien se siente cansado de que la cuestión de Timor se plantee con frecuencia aquí, en el Parlamento Europeo. 
Ahora bien, ese problema tendría una solución muy fácil: bastaría con que Indonesia no continuara violando sistemáticamente los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libre determinación, el derecho a la vida y, en el caso concreto de Bacau, el derecho a la libertad religiosa. 
Hay quien considera que esas cosas valen menos que las carreteras que los indonesios hayan construido en Timor. 
Lo que han construido sin lugar a dudas es más cárceles. 
Por fortuna, hay quien no trueca valores de libertad e identidad por obras de asfalto. 
Eso sólo puede merecer más aprecio por nuestra parte. 
Al fin y al cabo, ¿por qué cuenta esta cuestión con el consenso del Parlamento Europeo desde hace cerca de diez años, desde que los portugueses llegaron aquí? 
Al fin y al cabo, ¿por qué no reconocen las Naciones Unidas la ocupación indonesia? 
¿Estarán todos ciegos? 
Al fin y al cabo, ¿por qué hay balas en Timor en lugar de elecciones? 
¿Por qué se llega al colmo del cinismo del Presidente Suharto, que lanza un automóvil llamado «Timor» , cuya adquisición está, al parecer, exenta de impuestos, él, que niega la más elemental libertad de circulación a los timorenses para entrar en su país y salir de él? 
Portugal, pese a haber sido designado legalmente por las Naciones Unidas potencia administradora, rechaza soluciones unilaterales y propone un diálogo a Indonesia y una solución concertada. 
El Primer Ministro portugués hizo recientemente una propuesta concreta en ese sentido. 
Pero lo grave es que Indonesia, en vez de responder a esa propuesta, la emprenda a bastonazos. 
Mientras Indonesia prefiera los bastonazos al diálogo, vendremos aquí a pedir su condena por el Parlamento Europeo, conscientes de que esta instancia, y Europa en su conjunto, deben ser uno de los grandes heraldos de los derechos fundamentales en el mundo. 
Y vendremos aquí cuantas veces sea preciso. 
Es lo mínimo que podemos hacer por el más lejano e ignorado de los pueblos oprimidos del mundo. 
Señora Presidenta, que un país como Indonesia, para el cual sentimos a menudo admiración, no sea capaz de solucionar una serie de problemas estructurales relacionados con los derechos humanos constituye algo desolador. 
Resulta aún más grave el hecho de que la absurda e infructuosa represión, el amordazamiento de la prensa, las prácticas de violencia infligidas a ciudadanos indefensos como el encarcelamiento totalmente ilegal del doctor Sri Bintang Pamunkas por las autoridades indonesias y el rechazo a la búsqueda de una solución política. 
Existen entre nosotros algunos dispuestos a actuar conjuntamente con los indonesios con vistas a buscar una solución. 
Esto sería más positivo, señora Presidenta, que la elaboración de resoluciones ante las cuales no sólo Indonesia permanece insensible sino que también los Estados miembros, ya que la ayuda militar y la exportación de armas continúan sencillamente. 
Señora Presidenta, hay que poner fin a esta situación. 
Señora Presidenta, hay tres temas que nos ocupan permanentemente cuando se trata del derecho de autodeterminación de un pueblo, temas que son cargas de la era colonial. 
Son la ocupación del Sahara Occidental, Mururoa y Timor Oriental, conflicto éste sobre el que tenemos una responsabilidad especial. 
Debemos decir a los indonesios que tienen que respetar los derechos humanos. 
Se trata del derecho de autodeterminación del pueblo de Timor Oriental, pero tenemos también una responsabilidad general como Parlamento y UE. 
Hemos hablado durante años sobre el conflicto de Dili. 
Ahora se han producido de nuevo manifestaciones e incidentes. 
El 9 y 11 de junio han matado a dos personas en Bacau. 
Los resultados son siempre heridos, detenciones y más represión. 
No se trata solamente de un conflicto religioso sino de formas de represión sistemática. 
Incluso en Yakarta se ha ajusticiado al joven de 25 años Manuel Suares. 
También existe represión en Irian Jaya y uno de los puntos álgidos ha sido la detención del antiguo diputado Sri-Bantang Pamungkas porque habló en Alemania. 
Se le ha achacado que organizó en Alemania manifestaciones contra Indonesia. 
Esto es absurdo, pues podemos hacerlo nosotros mismos. 
Pero también le hemos garantizado la libertad de expresión. 
Hay que tenerlo en cuenta y por ello exigimos su libertad. 
Hemos oído que de Gran Bretaña, Suecia y la República Federal de Alemania se siguen suministrando armas. 
La UE no debe permitirlo y la Comisión tiene que actuar al respecto. 
Nosotros, como Parlamento, debemos nombrar por fin la delegación acordada en 1991 y que exigimos en innumerables ocasiones. 
Señora Presidenta, espero una respuesta de usted o del Sr. Hänsch. 
¿Cuándo va a existir esta delegación del Parlamento? 
¿Cuántas veces tenemos que hablar aún de este tema? 
¿Se trata de intervenciones de cara a la galería las que mantenemos aquí o va a trabajar activamente el Parlamento como tal? 
Esta respuesta solamente pueden darla en la Mesa y espero que este asunto se trate en su próxima reunión. 
Señora Presidenta, voy a hablar de Nigeria, donde el asesinato de la Sra. Abiola ensombrece un contexto político ya de por sí poco halagüeño. 
Este asesinato reaviva el recuerdo de la victoria del Sr. Abiola, su esposo, hace sólo tres años en las elecciones presidenciales y de la anulación de la votación por parte de los militares. 
Desde entonces los encarcelamientos y el exilio han reducido a la oposición a la mínima expresión. 
Acusado de traición, el Sr. Abiola está detenido, prácticamente en secreto, y corre el riesgo de ser condenado a muerte. 
Por un lado, exigimos que una comisión internacional de investigación se asocie a las pesquisas necesarias con el fin de castigar a los culpables del asesinato de la Sra. Abiola, y, por otro lado, que se adopten sanciones en contra del régimen de Laos. 
A este respecto, después de la ejecución de los ogoni y debido a las presiones internacionales, la junta había prometido un programa de retirada que preveía la devolución del poder a los civiles en 1998. 
Mientras tanto, para que se produzca cuanto antes dicha normalización, es preciso que se refuercen las sanciones tomadas de común acuerdo entre la Commonwealth, las Naciones Unidas y la Unión Europea. 
Señora Presidenta, el crecimiento y la aceleración de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno nigeriano nos sitúan en una encrucijada. 
Estas violaciones adoptan múltiples formas: restricción de la libertad de expresión y de asociación, detención abusiva sin juicio, hostigamiento a los oponentes, persecución de los intelectuales y trivialización de las penas capitales y de las ejecuciones colectivas. 
La encrucijada nos muestra dos vías: primero la de la indiferencia o la resignación, en la que la Unión Europea cedería a la realpolitik dictada por las riquezas petrolíferas de Nigeria, lo cual pondría a media asta la bandera de los derechos humanos y de los ideales democráticos. 
La segunda vía sería la de la valentía y la dignidad, que nos llevaría a exigir la liberación de los prisioneros políticos, entre los cuales se halla en primera línea el Sr. Abiola, y que nos permitiría crear una comisión de investigación internacional y aclarar el asesinato de la Sra. Abiola y, por último, nos conduciría a adoptar medidas políticas y económicas firmes que den peso a las exigencias que hayamos de expresar. 
Así y sólo así podremos un día saludar con orgullo a la nueva Nigeria, como un día pudimos hacerlo legítimamente con la nueva Sudáfrica gracias a nuestra actuación. 
Señora Presidenta, nuestro Parlamento debe protestar una vez más con otra resolución para condenar un asesinato del Gobierno nigeriano. 
El de la Sra. Abiola es sólo el último y gravísimo episodio de una larga serie de violaciones de la democracia y de los derechos humanos en Nigeria. 
Ha llegado el momento de preguntarse, y me dirijo a la Comisión, si tenemos que esperar más o si intentamos la vía de una intervención significativa. 
Creo que este último hecho puede decidirnos a pedir finalmente que se identifique a los autores del asesinato que se ha perpetrado, y el único modo de poder hacerlo es recurrir a una comisión de investigación internacional, porque no podemos ciertamente esperar que los asesinos hagan una investigación sobre sí mismos. 
¿Queremos hacerlo? 
¿Queremos intervenir de este modo? 
Y, además, creo que ya no se puede aplazar más el aislamiento de este régimen nigeriano dentro del continente africano. 
Y nosotros, como Unión Europea, tenemos los instrumentos para poder hacerlo, porque Nigeria forma parte de la Asamblea de los países ACP. 
Tenemos que actuar a nivel internacional y Europa puede hacerlo, porque existen relaciones comerciales y yo creo que ha llegado el momento de adoptar sanciones ejemplares que no se pueden aplazar más. 
Señora Presidenta, estamos horrorizados por el asesinato de la Sra. Abiola, cuyo marido está en la cárcel a pesar de que fue elegido conforme a derecho. 
Estamos horrorizados por el modo como el Gobierno nigeriano actúa con nosotros. 
Tras el asesinato de Ken Saro-Wiwa se produjo una enérgica protesta internacional. 
Hubo resoluciones y debates. 
El Gobierno de Nigeria mantuvo una actitud arrogante frente a la Comisión de Desarrollo y la Asamblea Paritaria ACP-CEE aunque al final surgió la esperanza de poder iniciar un diálogo y de lograr unos ciertos avances en el proceso de democratización. 
Esta esperanza se basaba en nuestras relaciones comerciales con Nigeria y en la conclusión de nuevos Tratados. 
Con este asesinato se ha destruido de nuevo algo. 
Con las relaciones comerciales, con la compra de petróleo en lugar de imponer un embargo y, finalmente, con la venta de armas de la Unión Europea, se apoya a esta dictadura. 
No debemos seguir manchándonos las manos. 
Debemos insistir y exigir del Gobierno de Nigeria un proceso de democratización, la inmediata puesta en libertad del Sr. Abiola, abrir el camino a unas nuevas elecciones y la persecución judicial de los asesinos de la Sra. Abiola. 
Sólo esto será una señal de democratización y de respeto auténtico de los derechos humanos. 
Señora Presidenta, la junta militar en Nigeria gobierna el país con las armas en la mano, arrestando y asesinando implacablemente a oponentes políticos y representantes de la sociedad civil. 
El caso más relevante en los últimos tiempos es el de la Sra. Abiola, la esposa del presidente Abiola elegido democráticamente. La Sra. Abiola defendía únicamente la causa de su esposo encarcelado por haber ganado las elecciones presidenciales en 1993, negándose la junta militar a reconocer esa victoria. 
Y a fin de amordazar a la oposición democrática, se aplica el terror contra los opositores políticos y en caso necesario se les asesina. 
Nigeria constituye una gran potencia en el continente africano, la más poblada, y que sirve de enlace a numerosos países de la región a través de los suministros de petróleo. 
La junta militar nigeriana estima que este hecho y la posesión de estas reservas de petróleo les permite cualquier tipo de comportamiento. Debemos comprobar en efecto que esta arrogante postura puede persistir ya que a la protesta internacional se le puede acusar de mucho ruido pero pocas nueces. 
La manera en la cual los nigerianos actúan la comprobamos en la reciente reunión de los países ACP en la cual quince diplomáticos acudieron en avión especial y con la intención de intimidar a los demás países africanos de tal manera a fin de que no osaran votar una resolución crítica con respecto a Nigeria. 
Y únicamente una acción de emergencia de nuestra parte por una votación secreta, hizo posible que finalmente la resolución crítica fuese votada por una amplia mayoría. 
Hace meses que venimos condenando el comportamiento de las autoridades nigerianas y estimo llegado el momento de que se adopten medidas. 
Desearía invitar en efecto al Comisario a que dé pruebas de energía, basándose igualmente en los postulados del Sr. Mandela y esto significa que en realidad la única solución es un boicot diplomático, un embargo del petróleo o un embargo de armamentos. 
Estimo que las autoridades nigerianas son sensibles únicamente a medidas estrictas después de todos los actos por ellas cometidos. Invito a la Comisión a que responda en este sentido. 
Señor Presidente, la junta militar acaba de tomar nuevas medidas de represión respecto a la Sra. Suu Kyi y su partido. 
El objetivo perseguido es evidente: amordazar a la oposición, infligiéndole duras penas que pueden llegar a ser de veinte años de encarcelamiento. 
Pero esto no le impide a la oposición birmana congregar a miles de manifestantes delante de la verja de la residencia vigilada de la Sra. Suu Kyi. 
Sus partidarios saben que al hacerlo están enfrentándose a la junta en el poder. 
El deterioro de la situación en Birmania preocupa a la ANASE, que había respondido al llamamiento de la junta dándole algún crédito. 
Por esta razón los Estados miembros de aquélla dudan en adoptar sanciones contra Birmania, que podrían tener como efecto una represión brutal de las actividades de la LND, el partido de la Sra. Suu Kyi. 
Resulta deplorable que hasta la fecha algunos Estados de Asia hayan dado muestras de comprensión respecto a la junta militar por razones de oportunidad comercial. 
Por lo tanto, les instamos a que aíslen política y económicamente al SLORC, sigla que designa a la junta en el poder. 
Por ser muy estrecho el margen de maniobra de la oposición birmana, le corresponde a Europa responder al llamamiento de apertura y de diálogo lanzado por ella para resolver la cuestión birmana sin nuevos derramamientos de sangre. 
Señor Presidente, en el tercer tema relacionado con los derechos humanos se trata también de la confrontación de la Unión Europea con un régimen dictatorial o de la relación entre política y poder económico. 
En esta ocasión, se trata de Birmania, de la Liga por la Democracia, de la Sra. Aung San Suu Kyi y del movimiento opositor. 
Nos estremecen las últimas medidas adoptadas en Rangún para reprimir al movimiento opositor que nosotros apoyamos. 
La cuestión es qué se puede hacer. 
Creo que podemos protestar políticamente, pero, en relación con el poder económico, en nuestros Estados miembros deberíamos influir sobre las empresas para que se aplique allí lo que exigimos políticamente, es decir, que se respeten los derechos humanos. 
Las empresas deben apoyar nuestras exigencias cuando negocien con la dirección política de tales países. 
Si la BMW de Alemania, Heineken de los Países Bajos o Total de Francia van a Birmania, en una cooperación económica de este tipo debe incluirse también el diálogo político. 
No debe faltar la referencia a la democracia. 
Esto es aplicable también a las negociaciones que la Comisión mantiene en nombre de la Unión Europea y las que mantenemos con los Estados de la ASEAN, para que se respeten realmente los derechos humanos y la oposición pueda moverse y expresarse libremente. 
Señor Presidente, el mes pasado aprobamos una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar que parecía responder debidamente a la situación que reinaba en el país en aquel momento. 
Lamentablemente, la situación política se ha empeorado considerablemente con las recientes amenazas del SLORC no solamente contra la Sra. Aung San Suu Kyi sino también contra sus seguidores. 
En la actualidad, quien acude a escuchar la declaración semanal de la Sra. Kyi corre el riesgo de que se le condene a una pena de hasta 20 años de prisión. 
La seguridad personal de la Sra. Kyi y de sus seguidores suscita temores, y por eso hemos hecho dos propuestas en la resolución: una consiste en invitar a la Comisión a que investigue la situación general en materia de derechos humanos en Myanmar, y la otra consiste en pedir a nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa que estudie la posibilidad de enviar una misión del Parlamento Europeo a Myanmar para que sostenga conversaciones con el SLORC. 
Pedimos también a la Comisión que informe sobre la utilización de niños para trabajos forzosos en Myanmar, y que nos diga si tiene la intención de cesar la aplicación del sistema de preferencias generalizadas. 
Señor Presidente, desde que este Parlamento aprobó la unión aduanera con Turquía en diciembre del año pasado, los derechos humanos, los derechos de los kurdos y la situación en Turquía sudoriental, han empeorado en vez de mejorar, a pesar de todas las promesas y esperanzas expresadas en el período anterior a nuestra votación de diciembre. 
Leyla Zana y los otros tres ex diputados de origen kurdo no han sido puestos en libertad y se han sumado a la huelga de hambre de otros presos kurdos de otras muchas cárceles turcas. 
Sigue habiendo casos de tortura y ha continuado la persecución, el encarcelamiento y los malos tratos contra los turcos y los kurdos que se manifiestan en favor de la libertad. 
Las operaciones militares han cobrado mayor envergadura y las tropas turcas han vuelto a penetrar en el Kurdistán iraquí, a pesar del cese del fuego declarado por el PKK el 15 de diciembre. 
Instamos firmemente al próximo Gobierno turco a que ponga término a esta saga interminable de opresión y de guerra civil, a que libere a los presos políticos y a que procure zanjar el conflicto en la parte sudoriental del país por medios pacíficos y no recurriendo a la fuerza de las armas. 
Instamos al mismo tiempo al Consejo y a la Comisión a que busquen y exploten todas las oportunidades posibles de lanzar iniciativas encaminadas a resolver esa trágica situación sin que haya más sufrimientos o más víctimas. 
Hoy se ha anunciado que el médico designado por las autoridades penitenciarias para ocuparse de la salud de los presos que están en huelga de hambre ha sido detenido después de haber comunicado que los presos que se hallan en huelga de hambre están a punto de morir. 
Espero que se pueda convencer a los presos de que pongan término a la huelga de hambre y que se pueda evitar que haya nuevas víctimas que se sumarían al terrible costo en términos de sufrimientos humanos de personas que, al fin y al cabo, son todas ciudadanas turcas. 
Todos queremos que haya una asociación más estrecha con Turquía y con su pueblo, y espero que las autoridades turcas se percaten de que esta resolución es una clara declaración de que, a no ser que se tomen medidas para conseguir que haya una mejora positiva en la situación de los kurdos y de los derechos humanos y para poner término a los sufrimientos, nuestras relaciones mutuas quedarán gravemente dañadas. 
La capa de barniz democrático con que las autoridades turcas han adornado la organización de la Conferencia Mundial Habitat II en Estambul se ha desconchado en seguida. 
Se han reprimido manifestaciones y, una vez más, se ha llevado a intelectuales ante los tribunales. 
Leyla Zana- le recuerdo que recibió el premio Sajárov de nuestro Parlamento- y otros tres diputados del DEP siguen encarcelados en condiciones inadmisibles. 
El ejército ha intensificado la ofensiva en las provincias kurdas; más de 3.000 pueblos han sido ya borrados del mapa por no obedecer al alto el fuego lanzado por el PKK el pasado 15 de diciembre de 1995. 
Esta situación, que ya dura demasiado, es intolerable. 
La aprobación de la Unión Aduanera era una mala solución puesto que ha sido recibida por las autoridades turcas como un incentivo para perseverar en la misma vía. 
Recordemos que los que nos pidieron y casi suplicaron que votásemos a favor de esta Unión Aduanera, pretendían hacernos creer que eso contribuiría a mejorar la situación y que así tendríamos más fuerza. 
Sin embargo, antes de la firma de la Unión aduanera pude visitar a Leyla Zana y a los diputados encarcelados, y hoy ya no podemos hacerlo. 
Así pues, hay que volver a tomar iniciativas de todo tipo y en todos los niveles para obligar a que se respeten los derechos humanos y conseguir abrir las negociaciones con las organizaciones kurdas, para hallar una solución política y pacífica al problema kurdo, cosa que están pidiendo desde hace mucho tiempo. 
Por lo tanto, no seamos indiferentes a los que hacen huelga de hambre en apoyo de los prisioneros políticos. 
La aprobación de nuestra Resolución está dentro de esta campaña que debe lanzarse de nuevo ante la Comisión y el Consejo, así como ante los Gobiernos que dan muestras de culpable complacencia, e incluso de complicidad, como por ejemplo Francia y el gobierno francés, que fomenta al máximo el desarrollo de sus intercambios comerciales, burlándose tanto de los derechos humanos como de los derechos del pueblo kurdo. 
Basta ya de complacencia. 
Libertad para Leyla Zana y todos los prisioneros políticos. 
Colegas, hemos podido presenciar con nuestros propios ojos en Estambul la manera en la cual la diligencia de las organizaciones de derechos humanos era desalojada por la policía turca de los locales que habían arrendado durante la época de Habitat II, la manera en la cual los familiares tratan de informarse del paradero de sus próximos desaparecidos, son intimidados por la policía, cómo una colaboradora de nuestro propio grupo político fue arrestada, sencillamente por el simple delito de haber distribuido una invitación para un seminario, organizado por los Verdes, la manera en la cual la presidenta del grupo fue interrogada durante toda una hora por la policía por el hecho de haber dado una conferencia sobre Habitat II. Esta serie de circunstancias pudimos vivirlas en carne propia, y lo que es aún más grave es que los turcos que se plantean preguntas en cuanto a la política seguida se ven obligados a someterse a semejantes circunstancias. 
A este respecto me asombró enormemente la imposibilidad de tratar toda la cuestión kurda. Inmediatamente te ves colocado en el rincón de los simpatizantes de terroristas y de separatistas. 
Nos sentimos por lo tanto extremadamente inquietos en este momento por la suerte de los huelguistas de hambre, entre ellos Leila Zana que hubo de recibir el premio Sajarov del Parlamento. 
Por consiguiente, insistimos ante la Comisión a fin de que presente de nuevo un informe provisional al Parlamento, sobre la situación de los derechos humanos en Turquía, por supuesto. 
Señor Presidente, nuestro grupo lamenta sobremanera que nos veamos obligados a presentar otra solución sobre los derechos humanos en Turquía, pero estimo que tenemos la obligación moral de hacerlo. 
Cuando este Parlamento dio su acuerdo institucional a la unión aduanera con Turquía, antes de Navidad, lo hizo en el riguroso entendimiento de que se tomarían medidas para que hubiera verdadera libertad de expresión y pleno respeto del ser humano. 
Por esa razón nosotros, en nuestra calidad de Parlamento, seguimos reservándonos nuestro acuerdo sobre la adopción del reglamento para el protocolo financiero conexo y no veo cómo podríamos cambiar de actitud. 
Las denuncias de los malos tratos infligidos en las cárceles de Estambul, a que nuestros colegas han hecho referencia, me parecen que son especialmente inquietantes. 
Por si fuera poco, Leyla Zana, que anteriormente formaba parte del Parlamento y otras personas siguen en prisión, mientras que se sigue molestando al famoso escritor Yasar Kemal. 
Todo esto indica que probablemente habrá que adoptar nuevas iniciativas, lo que explica que en la resolución propongamos que se incluya la cuestión kurda y la cuestión de Turquía en el orden del día de la OSCE. Nos gustaría saber lo que dice el Comisario sobre el particular, y quizá explorar también otras posibilidades. 
Sea como fuere, esperamos que la Comisión nos facilite los nuevos informes que nos ha prometido sobre la situación de los derechos humanos en Turquía. 
Señor Presidente, la vida de Carmelo Soria, un ciudadano español funcionario de Naciones Unidas desplazado en Chile, se extinguió el 14 de julio de 1976. 
Fue torturado y asesinado por el mayor Salinas Torres y el suboficial San Martín, miembros de la DINA. 
Es una paradoja que, en la fecha emblemática de la Revolución francesa, un 14 de julio, un demócrata fuera asesinado por los colaboradores del liberticida de Chile, el General Pinochet. 
La familia Soria, al igual que las familias de todas las víctimas de aquella siniestra etapa, quieren justicia. 
La dignidad que merecen es la dignidad que reclaman para sus allegados; ni Carmelo Soria ni los que tuvieron ese mismo y trágico destino, la recuperarán hasta que se juzgue a los culpables. 
Nadie quiere un ajuste de cuentas, sólo que quienes cometieron aquellas barbaridades sean juzgados con garantías- las que no tuvieron sus víctimas- y que sean condenados. 
La transición a la democracia en Chile no está siendo fácil. 
El poder militar sigue estando demasiado presente en la vida social y política de esa nación. 
A Pinochet la Constitución le otorga la facultad de nombrar senadores, derecho que ejerce; esa situación revela hasta qué punto la democracia chilena está controlada por Pinochet. 
Esto le permite seguir protegiendo a aquellos que colaboraron o cometieron asesinatos y torturas. 
Este debate no pretende ser una crítica al actual Gobierno, es únicamente un alegato en la defensa de los derechos humanos, es una exigencia de dignidad, debe ser un apoyo para que se siga ejerciendo la acción ante los tribunales. 
Puede ser incluso un soporte para que la justicia chilena actúe en libertad y sin temor. 
Es una condena moral a los asesinos y debe ser la memoria viva de las víctimas y también del Sr. Carmelo Soria. 
Sin justicia no hay democracia. 
La democracia, señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debe ser comprensiva, generosa e indulgente con quien delinque y, después de ser juzgado, evidencia su voluntad de integrarse en la convivencia democrática. 
Pero esto no tiene nada que ver con los silencios culpables que burlan la justicia y desacreditan la democracia. 
Por ello, pedimos hoy aquí que, en favor de la consolidación de la democracia en Chile, el Parlamento Europeo haga oír su voz, denunciando el intento de evitar vergonzosamente la acción de la justicia en el caso del asesinato político del ciudadano europeo Carmelo Soria. 
Obviamente, señor Presidente, señor Comisario, Señorías, -lo ha dicho la Sra. Miranda -, no nos mueve ni el rencor, ni siquiera la repugnancia que nos causa el recuerdo del crimen. 
Lo que nos mueve es el principio fundamental que anunciábamos al comienzo de esta intervención, es decir, que sin justicia no hay democracia. 
Y desde el Parlamento Europeo, señor Presidente, señor Comisario, deseamos que Chile viva en plena democracia. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, aún no se ha superado en Chile la terrible herencia de la dictadura de Pinochet. 
Todavía siguen sin aclararse más de mil casos de desaparecidos, no se han encontrado ni condenado a los torturadores y asesinos ni se han castigado los crímenes. 
Todavía sigue estando en vigor una ilegítima Ley de Amnistía para el período entre 1973 y 1978. 
Tengo que añadir que, lamentablemente, se sigue torturando en las cárceles. 
Sobre cinco presos políticos pende la pena de muerte y el informe de Amnistía Internacional que acaba de aparecer muestra un cuadro terriblemente sombrío. 
Hoy se trata del caso de un colaborador español de la CEPAL asesinado por el servicio secreto chileno. 
Su acta fue cerrada injustamente. 
Pero en realidad se trata de mucho más, pues el asesinato de Carmelo Soria no es un caso aislado. 
Es urgentemente necesario que se derogue la Ley de Amnistía publicada por asesinos y una limpieza a fondo del aparato de Gobierno, de la policía y del ejército, ante todo, de todos aquellos culpables durante la dictadura militar. 
Las familias tienen derecho a saber quién ha asesinado a sus allegados y a que los autores paguen por ello. 
No debe existir nunca más tortura en Chile. 
Con la inminente firma del Acuerdo-marco UE-Chile, el Presidente Frei lo debe atestiguar. 
Señor Presidente, me referiré al caso de Raghbir Singh Johal, periodista y redactor de un periódico de Punjab, que ha vivido tranquilamente en mi circunscripción durante muchos años y a quien conozco personalmente. 
Raghbir Singh Johal lleva detenido desde el 21 de marzo de 1995, o sea más de 15 meses, sin cargas ni juicio. 
Amnistía Internacional preparó en febrero de este año un informe en el que se refería a la detención ilegal de Raghbir Singh, solicitante de asilo. 
Raghbir Singh se halla actualmente en prisión hasta que se le haga objeto de deportación, según se pretende por razones «de seguridad nacional y otras razones de carácter político, como por ejemplo la lucha contra el terrorismo internacional». 
Este Parlamento ha afirmado a menudo que el Estado de derecho se basa en la presunción de inocencia a falta de pruebas de culpabilidad. 
En este caso concreto hay un caso prima facie de violación de derechos humanos de reconocimiento internacional. 
En consecuencia, exhortamos al Gobierno británico a que presente las pruebas de la complicidad con el terrorismo internacional, o a que libere inmediatamente a Raghbir Singh Johal. 
Señor Presidente, en nuestra Europa hay muchísimo idealismo. 
Hay mujeres y hombres que dedican su tiempo libre, su energía y sus recursos financieros a ayudar a niños irradiados, los niños que fueron víctimas de la catástrofe de Chernóbil. 
Son cientos y miles las personas en nuestros países que dan, sin duda lo que les sobra, pero que también que hacen don de su persona para ayudar a esos niños. 
Realizan envíos a Bielorrusia, envían ayuda técnica y ayuda médica, medicinas y también brindan a esos niños afectados la posibilidad de pasar las vacaciones aquí en Europa, en nuestras familias ricas, en nuestras familias donde se come bien, donde se vive bien y donde se disfruta de libertad y de salud. 
Hasta la fecha todo ha funcionado muy bien, pero ¿qué vemos ahora, señor Presidente? 
Vemos y sabemos que las autoridades de Minsk han negado la entrada en el país a las organizaciones no gubernamentales que abastecían regularmente de medicamentos a los niños bielorrusos afectados si no aceptaban confiarles la entrega de esos medicamentos. 
Dicho de otro modo, en vez de que estos medicamentos vayan directamente a los que los necesitan, a los médicos y a los hospitales, se desvían actualmente por otros conductos y, al final, ya no se sabe si llegarán a los niños. 
Esta situación es escandalosa y creo que debe acabarse con ella. 
Pedimos a las autoridades de Minsk, a las autoridades de Bielorrusia que pongan fin a esta obstrucción y que, como en el pasado, dejen que las organizaciones no gubernamentales lleven su ayuda, tan valiosa, a los pobres niños afectados de Chernóbil. 
Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en China es y sigue siendo inquietante. 
Con motivo de la conmemoración de los sucesos de Tienanmen fueron arrestados cincuenta disidentes a fin de evitar la celebración de manifestaciones. Y nueve de ellos permanecen aún encerrados. 
Entre tanto, y basándose en nuevas informaciones proporcionadas, entre otras fuentes, por Amnistía Internacional, en 1995 tuvieron lugar más de 2000 ejecuciones y el año anterior se habían producido más de 3000 condenas a muerte. 
Existen pues millares de razones por las cuales China merece una condenación internacional por las graves violaciones de los derechos humanos. 
El escandaloso tratamiento infligido a Wei Jingsheng y a los cientos de millares de ciudadanos internados en los campos de trabajo constituyen apenas dos de esas razones. 
A principios de marzo, y tras innumerables maquinaciones, y pese a la fuerte acción de la Unión, las autoridades chinas lograron el rechazo de una crítica resolución de la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas que obtuvo tan sólo un voto a favor. 
Señor Presidente, concluiré señalando que es deber de la Unión proseguir recordando a China la mala reputación de que goza y hacer presión por una condenación internacional de ese país. 
Nuestros principios y nuestro respeto por la democracia nos obligan a ello. No hay ningún interés económico que nos impida hacerlo. 
Deberá buscarse una amplia colaboración con otros interlocutores a fin de lograr ejercer una presión lo más fuerte posible. 
Señor Presidente, Señorías, señor Vicepresidente de la Comisión, la falta de política de la Unión y de los Estados miembros respecto a la República Popular China es sólo aparente. 
Esta política existe, es la vieja política de la razón de Estado y de obedecer sólo a intereses comerciales. 
Sólo nuestro Parlamento parece querer denunciarla. 
Algunos dirán que se trata de una postrera manifestación del carácter marginal de nuestra Asamblea. 
Por mi parte, yo estoy convencido de lo contrario. 
Creo que nuestro Parlamento, si bien con demasiada timidez todavía, está sentando las bases de una auténtica política respecto a un país que constituirá uno de los mayores envites del próximo siglo. 
Un país continente que tanto los gobiernos de los Estados miembros como la Comisión se obstinan en considerar ante todo como terreno de conquista comercial, donde prevalece cada vez más el que cada uno mire por sí mismo dejando así de lado aquellas razones que fundamentan su unión, pero también olvidando, y yo diría que sobre todo, que esta política, por llamarla de algún modo, tiene un precio: el precio de la libertad y de la democracia para mil doscientos millones de personas, ya sean hanis, uigures, tibetanos, mongoles o manchúes. 
Creo que esta actitud que distingue a nuestro Parlamento dice mucho en su favor, y las recientes posturas de los Parlamentos danés y luxemburgués, de la Comisión belga de Asuntos Exteriores y de doscientos parlamentarios franceses, que se basan directamente en las resoluciones votadas por nuestro Parlamento sobre la cuestión de la invasión y ocupación del Tíbet por la República Popular China son demostraciones clarísimas de ello. 
Hoy nos disponemos a votar otro texto importante. 
A partir de la denuncia de la situación de Wei Jingsheng, figura ejemplar y central de la oposición democrática no violenta al régimen comunista de Pekín, lo que queremos destacar es la situación de cientos de miles de personas prisioneras de los lao gai, la situación de miles de personas condenadas a la pena de muerte, y la de decenas de miles de personas víctimas de la tortura. 
Este recordatorio de los hechos está dirigido, por supuesto, a las autoridades chinas, pero aún más a la Unión y a los Estados miembros para que Europa rompa, por fin, con esta política de complicidad de hecho con el régimen en el poder y no reproduzca con China la política pactista de «entreguismo» que practicó respecto a la Unión Soviética. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, una vez más vuelve a la atención distraída de la opinión pública un problema gravísimo: estoy hablando de la serie de ejecuciones en China, que cada vez son más numerosas, conciernen también a delitos de opinión o a delitos meramente económicos o fiscales y tienen relación con el mercado clandestino de órganos humanos para transplantes. 
Todo eso con un claro desprecio por derechos fundamentales esenciales y procedimientos judiciales regulares. 
En este escenario reviste también un valor simbólico la petición de clausura inmediata de campos de trabajo y de detención, más conocidos por el nombre de laogai, y tiene asimismo valor simbólico la petición de reapertura del caso Wei Jingshen, con una revisión jurídica independiente abierta a observadores internacionales, para poner fin a la emblemática persecución del más famoso disidente chino, detenido en condiciones sanitarias preocupantes. 
En este escenario se inserta también nuestra petición de atención y la invitación, que dirigimos a la Comisión, para que presente al Parlamento Europeo un informe sobre la política actual de la Unión con respecto a China. 
Los chinos, señor Presidente, señor Comisario, son un gran pueblo y China es un gran país, pero aunque China es también un mercado económico y de consumo interesante, eso no puede autorizar que pueda pensarse- y apelo a usted, señor Comisario- que Europa sea cómplice silenciosa de un inaceptable mercado de vidas humanas y de derechos fundamentales. 
Señor Presidente, deseo abordar de nuevo el triste caso de otro país de este planeta, Nigeria. 
Pese a la presión internacional, los acontecimientos registrados en ese país siguen siendo inquietantes y no hay en realidad ningún indicio de que los dirigentes estén dispuestos a reconocer a la oposición un margen de libertad de acción. Todo lo contrario. 
Las medidas invocadas por el Parlamento Europeo en anteriores resoluciones no resultan manifiestamente suficientes para hacer entrar en razón al dictador Abacha. 
Y además de ello, desgraciadamente cabe comprobar muy poca crítica sólida por parte de África, incluso concretamente de la Organización de la Unidad Africana. 
Señor Presidente, si menciono a esta organización es porque la cuestión de Nigeria es de la incumbencia también de los países africanos. 
En el proyecto de resolución que se nos presenta ahora- y es ya el tercero en un breve período- se habla de un recrudecimiento de las sanciones. 
Me parece en realidad la única conclusión lógica y a ese respecto podríamos introducir una nueva iniciativa, la Sra. Maij-Weggen lo ha mencionado, el boicot de diplomáticos. De lo contrario, no habrán resultados satisfactorios. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que no hablo en nombre del Grupo del PPE, pues represento en este caso a una minoría del mismo. 
La mayoría ha sido representada ya por el Sr. Moorhouse. 
En nombre de esta minoría sólo quiero decir una cosa: somos un partido liberal en el que se pueden defender diversas opiniones. 
Algunos países se han convertido sistemáticamente entre nosotros en cabezas de turco sobre los que se afirma todo lo posible; está totalmente claro que Turquía se cuenta entre ellos. 
Pero Turquía debería ser nuestro amigo pues radica en interés europeo. 
Yo creo al menos que se nos ha elegido aquí para representar a Europa, los intereses europeos, y no para hacer excursiones científicas que quizás son maravillosas pero que no tienen ninguna eficacia. 
Estamos obligados como europeos a decir algunas cosas más claramente, este es nuestro interés. 
Señor Presidente, no voy a dar mi voto favorable a estas resoluciones sin sentido. 
Gracias, Señoría. 
Pienso que en este Hemiciclo se encuentran 626 personas que son libres de expresar la opinión que quieran. 
Quisiera únicamente recordarle que, según nos consta, usted ha sido inscrito en el turno de palabra para expresar la opinión de su Grupo. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, yo creo que, desgraciadamente, también hoy hablaremos de China, de las violaciones de los derechos humanos, de los campos de trabajo, de los laogai, de las ejecuciones que tienen lugar todas los días, pero no pasará absolutamente nada ni hoy ni mañana ni pasado mañana, porque los negocios con China continuarán, porque el gran negocio de esa gran frontera es demasiado importante para el mercado internacional, porque Europa es absolutamente impotente, porque nosotros, señores míos, no contamos absolutamente nada en este sentido. 
Por lo tanto, yo creo, señor Comisario, que es el momento de empezar a hacer algo concreto y no de seguir charlando sobre lo que, desgraciadamente, todos saben: en China, los derechos humanos son algo completamente utópico en este momento. 
Sólo dos palabras ahora sobre Nigeria, señor Presidente. 
El Comisario Marín conoce bien la cuestión de la cooperación con los países en vías de desarrollo. 
Frente a Nigeria nosotros tenemos un arma: ¡echemos a Nigeria del Convenio de Lomé, señor Comisario! 
Señor Presidente, por lo que respecta a Nigeria, el Sr. Caccavale me ha precedido con ello, es evidente que continúa la campaña de terror desplegada por ese régimen. El asesinato de la Sra. Abiola ha sido claramente demostrado. 
Desearía llamar además la atención sobre el arresto de un nuevo activista por la democracia y el medio ambiente, Nwimmo Bassey, que ha sido encarcelado por el temor de las autoridades a que se convirtiera en un nuevo Ken Saro-Wiwa. 
Es evidente que ejercer todo tipo de presiones sobre los militares no es cosa fácil, pero disponemos de una serie de instrumentos y contamos con toda una serie de resoluciones en las cuales se ofrecen esos mecanismos; de lo contrario no podremos velar por que los esbirros de Abocha no sigan exterminando a la oposición. 
De la anunciada apertura que representará la inscripción de partidos políticos para las elecciones de 1998, se deduce que Abocha no está dispuesto a que se celebren elecciones democráticas. Las circunstancias imperantes hacen imposible a los partidos de oposición incluso la inscripción. 
Una vez más, la Unión Europea deberá dar una señal y en acuerdo con otros países hacer uso de todos los instrumentos que permitan ejercer un máximo de presión sobre el régimen militar de Nigeria. 
Señor Presidente, desearía intervenir siguiendo el orden del día. No hablaré de Nigeria. 
Aunque me parece ésta una buena oportunidad para hacer hincapié en lo siguiente. Si yo estuviera en la tribuna o si hubiera un periodista, sería incapaz de sacar algo en limpio. 
Por lo cual resulta imposible que abordemos cada tema por separado y que, a pesar de la postura internacional del Comisario, pasemos de Nigeria a China, a Patagonia Oriental. 
Señor Bertens, ese es un problema que, como usted sabe, se ha planteado muchas veces, y ha hecho ciertamente bien en utilizar incluso la posibilidad de apelar al Reglamento, pero no es así como se resuelve. 
Creo que la mejor manera es, como ya ha hecho alguno de ustedes, dirigirse a su jefe de grupo para que la Conferencia de Presidentes de grupo se decida a encontrar una solución mejor, dado que todos nosotros reconocemos esa exigencia. 
Señor Presidente, deseo intervenir para hacerle una observación al señor Bertens. 
Tuve el honor de presidir una de estas sesiones y la Sra. d ' Ancona y la Sra. Lenz llamaron la atención sobre el hecho de que en el capítulo de derechos humanos hubiera intervenciones que pasaban de una cosa a la otra. 
Yo recogí estas preocupaciones, las hice llegar al Presidente y los servicios de la Asamblea nos han presentado ya un debate ordenado, donde están por separado los distintos temas que hacen referencia a los derechos humanos. 
Quizá el señor Bertens no se ha fijado con atención en que en este momento cada uno de los temas está separado en el orden del día. 
Al final se han mezclado algunas intervenciones, pero, durante todo el debate, las intervenciones han estado separadas. 
Señor Presidente, demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 
El Sr. Bertens ha recibido ya una respuesta parcial del Presidente Gutiérrez. 
Probablemente no será completamente satisfactoria; en cualquier caso sigue en pie, naturalmente, mi invitación a dirigirse a sus presidentes de grupo. 
Siento tener que reiterar, señor Presidente, como ya lo han hecho otros colegas en esta Asamblea, la preocupación que suscitan las repetidas violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que vienen produciéndose en Turquía, a pesar de que este país es signatario del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y se ha comprometido a su observancia; compromiso que no ha impedido la existencia de prisioneros políticos, el maltrato a los presos- situación tanto más dolorosa cuanto que éstos se encuentran en una situación de total indefensión- y la violencia ejercida contra el pueblo kurdo, endurecida después de la firma del Acuerdo aduanero. 
Tal situación constituye por parte de Turquía- y ya se ha dicho otras veces- una violación del espíritu que preside la Unión aduanera y da motivos para solicitar- a nuestro pesar- al Consejo y a la Comisión que insten a las autoridades turcas a tomar medidas para garantizar el cese de los malos tratos, la liberación de los presos políticos y la finalización de la violencia contra el pueblo kurdo. 
Señor Presidente, lamentablemente tenemos que volver a referirnos a la cuestión de Indonesia en el Parlamento Europeo. 
Continúa la represión de la población por parte de los militares indonesios, y últimamente ha llegado a afectar a los jóvenes, jóvenes que simplemente exigían unos derechos y libertades humanos mínimos de los que todos los ciudadanos del mundo deberían poder beneficiarse. 
Las autoridades indonesias han encarcelado además a muchos disidentes políticos, y exigimos naturalmente que se les ponga en libertad cuanto antes. 
Mientras el régimen indonesio continúe con su represión, los Estados miembros de la UE deben naturalmente cesar toda exportación de armas y de apoyo militar a Indonesia. 
Para nuestra consternación, se ha reanudado la exportación de armas de, entre otros países Suecia y Finlandia, y la de cañones y munición. 
Esto se hace bajo la denominación de «piezas de recambio». 
Pero los cañones no son piezas de recambio ni de repuesto. 
Por lo tanto, el comercio de armas es del todo inaceptable y debe interrumpirse cuanto antes. 
Señor Presidente, todo el mundo sabe aquí en Europa que la impunidad de los criminales es un factor de reincidencia. 
Todos nosotros también sabemos que la lucha contra la impunidad es al mismo tiempo un signo y una prueba de democracia. 
Sin embargo, actualmente en Chile los asesinos de Carmelo Soria, funcionario de las Naciones Unidas- y me atreveré a citarlos: se trata del comandante Salinas Torres y del sargento Ríos San Martín, que en aquel momento eran sargento y capitán y que en la actualidad, después de tan brillantes servicios, deben de ser general y coronel -, están, en cualquier caso, en libertad. 
Duermen en sus camas y debemos actuar de manera que puedan por fin ser juzgados. 
Respecto a este asunto, les pido que actuemos con un poco de coherencia, porque de no ser así, todas nuestras declaraciones parecerán, y con razón, aspavientos que seguirán importándoles muy poco a los tiranos. 
Señor Presidente, Señorías, nuestra Asamblea se ocupa hoy, entre otras cosas, de Timor Oriental. 
No podemos más que alegrarnos por ello. 
El texto de compromiso recoge cosas buenas, en particular la denuncia de la ocupación de Timor Oriental por parte de Indonesia. 
Desgraciadamente nos tememos que la hora del debate y la votación subsiguiente no van a mejorar en nada la suerte de ese pequeño pueblo católico. 
Para ello sería preciso que nuestros gobiernos aprobaran medidas concretas para conseguir que Indonesia respetase el derecho internacional, ya que Timor Oriental depende de la soberanía de un Estado miembro, que es Portugal. 
Tras la revolución de los claveles, la administración portuguesa se desmoronó, sin duda, y el territorio cayó en manos de dos facciones rivales, los comunistas del Fretilin y los movimientos musulmanes a sueldo de Indonesia. 
Sin embargo, la proclamación unilateral sobre la independencia de Timor hecha por los comunistas el 28 de noviembre de 1975 sobre la independencia de Timor no tiene más legitimidad que la vinculación de estos territorios católicos a Indonesia realizada el 31 de mayo de 1976. 
Ni la población de Timor ni la de Portugal, potencia soberana, fueron consultadas. 
Desde entonces, los 500.000 habitantes católicos de Timor, convertidos en minoría dentro de un estado poblado por 160 millones de musulmanes, padecen el destino que conocen todas las comunidades cristianas en los países musulmanes: el aniquilamiento. 
La alternativa que representa el movimiento comunista tampoco es mucho más halagüeña. 
Nos corresponde a nosotros ofrecer a los habitantes de Timor otra perspectiva frente a estas dos formas de totalitarismo que amenazan al país: la del restablecimiento de la soberanía portuguesa. 
Señor Presidente, hace unos meses me encontré con la esposa del Sr. Raghbir Singh Johal en uno de los mayores santuarios sikh de Europa: varios millares de personas se habían reunido en el templo de la calle Sedgely, en Wolverhampton. 
Estaba completamente aturdida, no se le podía entender lo que decía porque no dejaba de llorar, inquieta por la detención de su marido. 
Es inconcebible que en 1996 un país democrático encarcele sin cargas ni juicio a una persona durante más de 15 meses. 
He de rendir homenaje a la Federación Sikh de Gran Bretaña y a la Unión Nacional de Periodistas, que han luchado infatigablemente por el Sr. Singh Johal. 
Ahora bien, este Parlamento- seamos sinceros y honrados con nosotros mismos- que es la verdadera encarnación material de la democracia en 15 países europeos diferentes, tiene que enviar un mensaje claro al Gobierno británico: o presenta pruebas explícitas que indiquen que Raghbir Singh Johal está implicado con el terrorismo internacional, o lo pone inmediatamente en libertad. 
Ese tiene que ser el mensaje sencillo, firme y claro de este Parlamento. 
Señor Presidente, es realmente triste que tenga que volver por enésima vez sobre el tema de Turquía, en especial cuando ya está aprobado el Acuerdo sobre la Unión Aduanera. 
Hay al menos dos ámbitos importantes, en los que este país tiene que cambiar, de una vez por todas, de conducta. 
El primero se refiere a los derechos humanos: se mantienen prácticas y omisiones contrarias a las normas internacionales sobre el respeto de los derechos humanos. 
El segundo se refiere a su táctica frente a un país miembro de la Unión Europea y a países mediterráneos vecinos: es una táctica opuesta a la filosofía y los principios del procedimiento de Barcelona y del Derecho internacional. 
Señor Presidente, la política de Turquía en la región es un foco de problemas e implica riesgos para la seguridad y la estabilidad de la zona suroriental de la Unión Europea. 
Por ese motivo, hay que enviar desde aquí un mensaje de advertencia para que se corrija la situación. 
Señor Presidente, todavía suenan en mis oídos los argumentos que adujeron hace seis meses los representantes de la Comisión Europea y del Consejo en el Parlamento Europeo para que esta Asamblea aprobara la Unión Aduanera. 
¿Qué nos decían? 
Que teníamos que decir que sí a la Unión Aduanera porque así se frenaría la amenaza islámica, y en concreto el partido del Sr. Erbakan. 
Nos decían que de esa manera apoyaríamos la democracia y los derechos humanos y, por último, que se produciría un gran beneficio económico para el pueblo turco. 
Seis meses después, el partido del Sr. Erbakan ha accedido al poder, con una gran mayoría respecto a los demás partidos. 
Los derechos humanos y la democracia han experimentado un retroceso, como demuestra el informe Lake, que tiene usted en sus manos, señor Comisario. 
El delegado de la Unión para Turquía ha remitido un informe a la Comisión en el que consta que los derechos humanos han sufrido un retroceso. 
Por lo que respecta al beneficio económico, bastaría con preguntárselo al pueblo turco. 
Hay otra cosa que me preocupa mucho. 
En todos los periódicos importantes de Turquía se publicó la noticia de que el Sr. Gylmaz, dirigiéndose al grupo parlamentario de su partido, había afirmado que la Sra. Çiller respondió a una pregunta del Sr. Demirel sobre qué uso se había hecho de los seis millones y medio de dolares de presupuesto secreto desaparecido diciendo ¡que los había utilizado para «comprar» la Unión Aduanera! 
¿Qué quiere esto decir, señor Presidente? 
¿Qué quiere decir «para comprar la Unión Aduanera»? 
¿Quién compró la Unión Aduanera? 
La Comisión tiene el deber de dar una respuesta a esta afirmación de la Sra. Çiller, porque nosotros tenemos el deber de dar una respuesta a quienes nos escuchan y nos ven desde las tribunas, es decir, al pueblo de Europa. 
Señor Presidente, la actual lista de violaciones de los derechos humanos en Turquía es larga: malos tratos infligidos a los detenidos, desaparición o muerte de presos. 
Los hechos incriminados son casi siempre los mismos, hecho bastante extraño en un país miembro del Consejo de Europa que ha suscrito los valores de libertad y de respeto de la dignidad humana. 
Es un hecho extraño y no tan extraño, ya que mientras Turquía se niegue a declararle de verdad la guerra a la tortura, será vana toda esperanza de poner fin a esta vergüenza. 
Mientras Turquía pueda ampararse en lo dispuesto por el artículo 11 del Convenio contra la tortura- y gracias a ello oponerse a la publicación de los informes en los que la Comisión de Control, como es su misión, denuncia las violaciones- los derechos humanos serán violados anónimamente, e incluso ante la indiferencia general. 
Acaso convenga recordar a los colegas que la ratificaron prematuramente que la Unión aduanera Unión Europea/Turquía produce resultados bastante desalentadores, vista la ofensiva de seducción desplegada por Turquía antes de diciembre de 1995, es decir antes de la ratificación de la Unión Aduanera. 
Señor presidente, tengamos la valentía, como mínimo, de imponerles transparencia en materia de respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, quien conozca, aprecie y quiera a Bielorusia y a la gente que vive allí, verá con gran preocupación que las violaciones de los derechos humanos en este país se han convertido entretanto en un tema permanente para nosotros. 
No cesan las noticias sobre el desmontaje democrático en este país. 
Bielorusia se está aislando a si misma cada vez más. 
Amplios círculos de la población, no solamente el Frente Popular Bielorruso sino también las organizaciones no gubernamentales y las fuerzas liberaldemocráticas y social-demócratas dentro del Parlamento bieloruso se esfuerzan por introducir reformas en este proceso de transformaciones. 
Sin embargo, el obstinado rumbo del Gobierno destruye tales esfuerzos. 
Tenemos que seguir apoyando a las fuerzas democráticas en este país siendo consecuentes con nuestras decisiones. 
Debemos recordar permanentemente a su Gobierno que con el Acuerdo interino también ha firmado la cláusula democrática. 
Es incomprensible que el Gobierno bieloruso quite importancia a la decisión de la Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento y la descalifique como si se tratase de animosidad personal. 
Señor Presidente, volvemos al caso de Chile y, por nuestra parte, estimamos que este debate es no solamente oportuno, sino incluso necesario, porque el Parlamento Europeo no debe quedar indiferente ante el avasallamiento de la justicia y del Derecho internacional por una artimaña disfrazada de amnistía o perdón que, realmente, lo que entraña es el encubrimiento de acciones intolerables, como es el caso del asesinato del ciudadano español, Sr. Carmelo Soria, en Chile, en julio de 1976. 
Y máxime, hoy en día, cuando ya está instalada en esa nación, en Chile, una democracia joven, pero respetable. 
Efectivamente la democracia chilena es reciente, pero ello no obsta para que se deba reconocer que el nivel democrático chileno está ya- afortunadamente- en el grupo de los más consolidados del continente latinoamericano. 
Siendo ésta la situación real, no cabe ya mirar a otro lado cuando allí, hace años- y no se ha hecho justicia -, se pisotearon los derechos humanos. 
Señor Presidente, sólo una observación en cuanto a la resolución referente a la actuación de las autoridades en Minsk, en Belarús. 
En esa resolución comprobamos que en Minsk se presta por parte de ONG independientes asistencia médica a niños víctimas del desastre de Chernóbil. 
Se trata en realidad de ONG independientes, empeñadas en distribuir medicamentos para los menores contaminados en Belarús y las autoridades en Minsk niegan simplemente el acceso a estas organizaciones. 
Nos parece este un hecho sumamente curioso. 
Preguntamos también al Comisario si desea hacer uso de las relaciones existentes con Bielorrusia para ponerse al tanto de la situación reinante con respecto a este asunto. 
Señor Presidente, me referiré a China y en particular al caso de Wei Jingsheng. 
Cuando la delegación del Parlamento Europeo estuvo en China el mes pasado, una y otra vez se nos preguntó lo mismo: ¿para qué proponen tantas resoluciones? 
Hasta ahora se han presentado 24 propuestas de resolución en el Parlamento acerca de China y los derechos humanos. 
La explicación es sencillísima: el Parlamento Europeo se rige por el Tratado y en su declaración acerca de las relaciones con China el Consejo, el 4 de diciembre de 1995, declaró que los objetivos básicos de la Unión Europea en el caso de las relaciones con China eran los siguientes: promoción de la democracia, estructuras basadas en el Estado de derecho, y respeto de los derechos humanos. 
En el caso de Wei Jingsheng es precisamente el Estado de derecho lo que no se respeta, no el Estado de derecho por lo que se refiere a la Unión Europea, sino el Estado de derecho por lo que se refiere a China, ya que Wei Jingsheng se halla en detención preventiva, sin haber sido objeto de cargo alguno, y está en esa situación desde hace 14 años. 
Si podemos criticar a China es porque ignora los derechos humanos fundamentales y porque ignora su propio concepto de lo que denominan Estado de derecho. 
Espero que en esta ocasión el Parlamento apoye la resolución y la enmienda presentada, que pide a la Comisión que declare si va a tener en cuenta la cuestión de los derechos humanos en su recomendación sobre la solicitud de ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, en primer lugar respecto de Indonesia, debo decir que la Comisión y sus Estados miembros han protestado en numerosas ocasiones ante el Gobierno indonesio por la situación de los derechos humanos en este país. 
Estas protestas incluyen no sólo solicitudes para que se llegue a un acuerdo justo que respete las aspiraciones del pueblo del Timor Oriental, sino también la condena de acciones injustificables, la exigencia de juicios imparciales, de una representación legal adecuada y del acceso a los presos en general. 
En diciembre de 1995, la Presidencia efectuó una gestión ante el Gobierno indonesio en relación con las sentencias pronunciadas contra periodistas. 
Como ya saben ustedes, la cuestión de los derechos humanos se suscitó también en el último encuentro Asia-Europa que tuvo lugar en Bangkok en marzo de 1995. 
La declaración final del presidente dejaba claro que el diálogo debía entablarse sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y la defensa de los derechos humanos. 
En este encuentro Asia-Europa se reafirmó, asimismo, el firme compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Programa de acción de la Conferencia mundial sobre derechos humanos. 
La Comisión apoya el proyecto- por responder a una demanda del Sr. Telkämper- de que se pueda mandar una delegación del Parlamento Europeo a Indonesia; y la Comisión, naturalmente, seguirá defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales en sus relaciones con el Gobierno indonesio. 
Paso a comentar las intervenciones habidas sobre Nigeria. 
Qué duda cabe de que la Comisión comparte con todos los oradores el pesar por el reciente asesinato de la Sra. Abiola. 
Las circunstancias de su muerte continúan siendo, hasta cierto punto, misteriosas. 
La Comisión ha iniciado recientemente un análisis de las medidas actuales de la Unión Europea contra Nigeria, aplicadas tras el ahorcamiento de Ken Saro-Wiwa en noviembre de 1995. 
La Comisión, efectivamente, considera que deben tomarse nuevas medidas, en especial para ofrecer un apoyo más importante a los grupos nigerianos comprometidos en la lucha por la democracia y los derechos humanos, y que deberían estudiarse sanciones adicionales dirigidas a la congelación de activos financieros y contra la industria petrolera. 
El objetivo de estas medidas sería acelerar la retirada pacífica de los militares de las posiciones de poder en el Gobierno nigeriano y la elección de un gobierno de coalición, así como la restauración de los derechos humanos y la independencia del poder judicial. 
La Comisión garantiza a los miembros del Parlamento Europeo que está haciendo cuanto está en su mano, en el marco de sus competencias, para intentar acelerar la transición pacífica a un gobierno elegido democráticamente en Nigeria. 
Y, a este respecto, se está estudiando cómo intensificar el diálogo con las autoridades nigerianas sobre estos temas. 
Se ha evocado la posibilidad de expulsar a Nigeria de la Convención de Lomé. 
Pero por la experiencia que hemos tenido en otros casos anteriores que no necesito citar, cuando la Comisión lo intentó pero fracasó, debemos ser cautelosos antes de poner en marcha este tipo de decisiones. 
En cualquier caso, ya les he señalado que la Comisión está a favor de introducir sanciones adicionales. 
Respecto de Birmania, la Comisión comparte con sus Señorías la preocupación por la reciente detención de 262 miembros electos de la oposición, así como las continuas amenazas a los movimientos democráticos por el Gobierno- la Junta militar de Myanmar- desde que esta Junta interrumpiera en 1990 la incipiente democracia. 
La Comisión continúa supervisando estrechamente la situación interna de Myanmar pero, aparte de la liberación de Aung San Suu Kyi en julio del año pasado, no ha podido percibir ninguna mejora significativa en el respeto de los derechos humanos y las libertades básicas, ni que se haya tomado ninguna medida en el sentido de la restauración de la democracia. 
En consecuencia, se puede considerar que el problema de Birmania sigue siendo preocupante y no se aprecia, por parte de las autoridades de este país, ninguna evolución. 
Esto ha hecho que la Comisión Europea haya propuesto la supresión de todos los beneficios del sistema de preferencias generalizadas en favor de este país, siendo el primer caso en que se van a aplicar las nuevas modalidades previstas en el sistema de preferencias generalizadas, en el supuesto de inobservancia de los derechos humanos. 
En relación con Turquía, hay que tener en cuenta que atraviesa una grave crisis política tras las elecciones generales de diciembre de 1995. 
El pasado mes de marzo, en su discurso de investidura, el entonces Primer Ministro, Sr. Yilmaz, inscribió claramente en su programa gubernamental el refuerzo de la democracia en Turquía; asimismo, el entonces Primer Ministro efectuó algunas declaraciones positivas sobre los derechos culturales de las poblaciones kurdas de Turquía. 
Durante el viaje de mi colega, Sr. van den Broek, a Turquía el pasado mes de abril, así como durante la visita del Primer Ministro Yilmaz al Presidente Santer, a comienzos de este mes, la Comisión tuvo ocasión de señalar de nuevo a nuestros interlocutores turcos la importancia que- al igual que el Parlamento Europeo- concedía a la continuación de las reformas iniciadas el año pasado, y a la concretización de las declaraciones del Sr. Yilmaz sobre este campo. 
No es un secreto que la coalición gubernamental en Turquía no ha durado mucho tiempo, y es evidente que el compromiso aceptado por el Primer Ministro de la época, Sr. Yilmaz, difícilmente se va a poder aplicar. 
Y no solamente se ha interrumpido ese proceso- al menos en términos declarativos- del segundo semestre del año pasado, sino que tenemos que lamentar que se hayan producido en Turquía nuevos comportamientos dudosos, que agravan nuestra preocupación en materia de derechos humanos. 
En cualquier caso, tenemos la intención de proseguir el diálogo sobre estas cuestiones, sabiendo la sensibilidad del Parlamento Europeo, a partir del momento en que exista en Turquía un nuevo equipo gubernamental. 
El Sr. Moorhouse ha pedido que la Comisión envíe un informe anual sobre la situación de los derechos humanos y sobre la evolución del proceso democrático en Turquía. 
Este informe anual será enviado al Parlamento Europeo en el mes de octubre. 
En cuanto a Chile, la Comisión coincide con sus Señorías en que el caso del Sr. Carmelo Soria fue realmente un asesinato, y bajo esta consideración, la propia delegación de la Comisión Europea en Santiago de Chile ha llevado a cabo varias acciones para sensibilizar a las autoridades nacionales competentes. 
Y también tengo que informarles, siguiendo la línea expresada en la resolución, que el pasado día 5 de junio- hace apenas dos semanas -, se efectuó una gestión específica de la Troika, en Santiago de Chile, manifestando al Ministerio de Asuntos Exteriores la necesidad de que, a través de este caso, se pudiera dar un elemento de ejemplificación de lo que tiene que ser la aplicación de la justicia y la revisión de un caso que, como ya les he dicho, es pura y simplemente de asesinato político. 
Respecto de Chernóbil y Bielorrusia, la Comisión ha tenido información de las limitaciones impuestas por el Gobierno de Bielorrusia a las organizaciones no gubernamentales independientes. 
Son hechos, naturalmente, que nos deben preocupar pero que tienen que contrastarse. 
Efectivamente, ninguna acción gubernamental debe interferir la distribución de ayuda humanitaria en Bielorrusia o en cualquier otra zona geográfica. 
Sin embargo, la Comisión quiere informarles de que, en lo que concierne a los programas de ayuda de la Unión Europea en Bielorrusia, éstos se están desarrollando con normalidad y, al menos, las organizaciones no gubernamentales que colaboran con la Unión Europea no nos han manifestado ningún motivo de queja ni de interferencia del Gobierno de Bielorrusia. 
Otra cosa son los derechos humanos. 
En este caso la Comisión expresó al Primer Ministro, Sr. Chygir, en marzo de 1996, y más recientemente al ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Syanko, nuestro parecer al respecto. 
Al mismo tiempo, también los embajadores de los Estados miembros efectuaron otra gestión diplomática el 13 de junio, al objeto de manifestar nuestras preocupaciones. 
La situación de los derechos humanos en Bielorrusia, incluida la libertad de prensa, seguirá siendo objeto de cuidadosa atención por la Comisión como base para la revisión continua de la cooperación bilateral Unión Europea-Bielorrusia. 
Y, finalmente, el caso de China. 
La cuestión de los derechos humanos en China ha sido abordada de forma sistemática dentro del diálogo político con este país, habiéndose celebrado la última reunión el 14 de junio en Pekín. 
Es un hecho que, a pesar de algunas reformas significativas- como la nueva legislación que modifica la Ley china de procedimiento criminal -, la situación de los derechos humanos sigue siendo objeto de preocupación para la Unión Europea y que, en los temas mencionados en las resoluciones que sus Señorías han presentado, figuran precisamente los que la Unión Europea abordará prioritariamente con China. 
La Comisión informará posteriormente al Parlamento Europeo sobre el desarrollo de estos contactos. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Malone y D ' Ancona, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el tratado de prohibición completa de pruebas nucleares y China; -B4-0788/96 de los Sres. Mamère y Dupuis, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre las pruebas nucleares en China; -B4-0805/96 del Sr. Piquet y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la nueva prueba nuclear china y las negociaciones sobre el tratado de prohibición de las pruebas nucleares; -B4-0812/96 de la Sra. Mckenna y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre las pruebas nucleares chinas y las negociaciones relativas al tratado de prohibición global de las pruebas nucleares; -B4-0830/96 de los Sres. 
Señor Presidente, se hace urgente una conclusión de las negociaciones sobre el Comprehensive Test Ban Treaty, el tratado de supresión de las pruebas. A fines de la semana próxima deberán concluir esas negociaciones, de lo contrario no podrá procederse el próximo mes de septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas a la ceremonia de la firma de dicho documento. 
En la actualidad se procede a la búsqueda de compromisos sobre los mecanismos de verificación y las condiciones para la entrada en vigor del tratado. 
China ha aceptado finalmente asegurar la posibilidad de que no se produzcan más pruebas nucleares pacíficas. En todo caso, es ya algo. 
Lo inquietante es que India ha anunciado hoy no suscribir el citado tratado. 
Es necesario ejercer presión internacional a fin de que India desista de sus intenciones. 
Además, las arduas negociaciones se ven constantemente obstaculizadas en la práctica. La reciente prueba nuclear efectuada por China y el anuncio de que en septiembre habría de proceder aún a una pequeña prueba constituye una bofetada a los negociadores. 
Por otra parte, señor Presidente, el anuncio por las autoridades norteamericanas de aplazar las pruebas nucleares subcríticas para el año próximo no es tampoco muy alentador que digamos, socavándose así en efecto la credibilidad de este tratado. 
Tanto China como India deben darse cuenta que correría el riesgo de venirse abajo todo el andamiaje del desarme nuclear. 
Señor Presidente, recordará usted que el año pasado en esta misma época hubo una manifestación mundial de condena por los ensayos nucleares de Francia y este Parlamento dijo al Presidente Chirac en términos inequívocos en este mismo hemiciclo lo que pensaba de la actuación de su Gobierno. 
Lamento profundamente que la República Popular de China haya efectuado ahora un ensayo nuclear, después de la conclusión de la Conferencia sobre el TNP. 
En la resolución que tenemos hoy ante nosotros se exhorta al Gobierno chino a que acepte la moratoria adoptada en el plano internacional. 
China tiene que comprender que la continuación de los ensayos nucleares es incompatible con el cumplimiento del Tratado de prohibición total de las pruebas nucleares. 
El Gobierno chino insiste en que debe permitírsele que continúe su programa de explosiones nucleares con fines pacíficos. 
Un programa de explosiones nucleares con fines pacíficos puede formar parte de un programa de desarrollo e investigación nucleares, y la organización Greenpeace afirma que una razón importante para la atracción que siente China por las explosiones nucleares con fines pacíficos proviene del estímulo recibido por científicos en materia de armamentos de los Estados Unidos y de Rusia. 
Esos científicos no pueden desarrollar un programa de explosiones nucleares con fines pacíficos en sus propios países por razones ambientales y por consideraciones financieras. 
Por lo que se refiere al considerando E del texto de compromiso, me limitaré a indicar que yo no participé en las negociaciones pero quisiera saber si es posible efectuar un cambio, ya que en el texto hay una inexactitud. 
La situación real es que China propone que las explosiones nucleares con fines pacíficos se vuelvan a considerar en una conferencia de revisión 10 años después de que el Tratado de prohibición total de las pruebas nucleares entre en vigor, y que la revisión sea automática a menos que una mayoría de las partes vote en contra. 
¿Es posible votar por separado sobre el considerando E? 
El año pasado nos preocuparon sobremanera- como a muchos millones de personas en todo el mundo- las consecuencias para la salud y el medio ambiente de los ensayos nucleares efectuados en el Pacífico meridional en Mururoa, y la mayor parte de los diputados de este Parlamento recordarán la audiencia pública que tuvo lugar aquí y en la que tratamos extensamente de la cuestión de la salud y de la seguridad pública. 
No sé cuáles serán las consecuencias de las reciente pruebas nucleares para la salud de la gente que vive en la región de Lop Nor, y por lo tanto no puedo hablar de la cuestión, pero es evidente que las pruebas han suscitado inquietud en la región y que es lógico que el Parlamento responda a esa inquietud. 
Pido a todos los diputados que apoyen esta resolución. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, en el momento en que nuestra Asamblea se dispone a votar la resolución que tiene por objeto pedir a China que ponga fin a los ensayos nucleares- que todo nuestro Grupo, por supuesto, va a apoyar -, busco inútilmente a los Fausto Bertinotti, Carlo Ripa di Meana y allegados, a los amigos del Grupo Socialista, a los amigos de la Izquierda Unitaria, a los amigos del Grupo de los Verdes, tan activos, tan determinados hace apenas unos meses, cuando, como todo el mundo recuerda, hostigaron al Presidente Chirac olvidándose de la cortesía más elemental. 
Busco sus pancartas y banderolas y no veo nada. 
¿Acaso las pruebas nucleares de la República Popular China están exentas de riesgo o son de otra naturaleza? 
Señor Presidente, permítame unos instantes para decirle a mi estimado colega que sí que hay miembros de la Izquierda Unitaria Europea, y un servidor está entre ellos. 
También veo que están los Verdes pero no veo sus banderolas ni sus pancartas. 
Considero que aquí empieza mi intervención, pero era preciso tal vez abrir los ojos y los oídos de nuestro amigo para que pudiese captarlo. 
Justo después de haber anunciado que aplicaría una moratoria respecto a sus ensayos a partir de septiembre, China procedió el pasado 8 de junio a su 44º ensayo nuclear subterráneo. 
Debemos reconocer que no es el mejor medio para que den fruto las negociaciones que se están desarrollando actualmente en Ginebra sobre el Tratado de prohibición de ensayos nucleares. 
En nombre de mi Grupo, me sumo a la protesta internacional y condeno el ensayo nuclear chino como he condenado recientemente la serie de ensayos nucleares del gobierno francés. 
Prohibir los ensayos, incluso en laboratorio, constituye el primer paso indispensable en la vía del desarme, de la no proliferación y de la eliminación de todas las armas nucleares y de destrucción masivas. 
Nuestro Grupo pide a todas las partes que actualmente negocian en Ginebra- y sobre todo a los Estados miembros- que hagan todo lo posible para que estas negociaciones arrojen como resultado, antes de la fecha límite del 28 de junio, un acuerdo que recoja la opción cero, es decir la prohibición de todo tipo de ensayo de armas nucleares o de cualquier otra explosión nuclear, completada por un sistema de verificación y de control eficaz a nivel internacional. 
Así pues, me alegro de que la resolución de compromiso haya retomado lo esencial de estas propuestas. 
Su aprobación permitirá dirigir una señal clara a las negociaciones de Ginebra y a la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de abrir la perspectiva de la prohibición de los ensayos y el establecimiento de un calendario obligatorio para los desarmes nucleares con vistas a la eliminación total de todas las armas nucleares. 
Por último, quisiera decirle al Sr. Dupuis que no obtuve el visado para asistir a la Conferencia Intergubernamental sobre la mujer en Pekín, quizá porque demasiado a menudo me he enfrentado a China en este hemiciclo. 
Así que ni mi Grupo ni yo tenemos por qué recibir lecciones de usted. 
Mi Grupo sí que se manifestó con pancartas y banderolas ante la embajada de China, porque estas acciones deben dirigirse a China. 
Además, si el Presidente de China viniera aquí actuaríamos del mismo modo y entonces desearía que el Sr. Dupuis se uniese a nosotros. 
Señora Aelvoet, naturalmente no era una cuestión personal: se trataba más bien de un comentario político a la intervención anterior. 
En cualquier caso, por ahora el Presidente de China no podrá venir aquí como Presidente en ejercicio del Consejo. 
¡Creo que no es posible! 
Señor Presidente, gracias a su juicio renuncio a mi tiempo de palabra. 
Sólo quisiera decir que tomo nota de las palabras de la Sra. Aelvoet; obviamente, a mí también me parecía que no era ciertamente una cuestión personal. 
Por lo que a mí se refiere, el Sr. Chirac recibió aquí todo lo que se merecía. 
Más aún, si se hubiera hecho lo que yo quería, ni siquiera se le hubiera permitido que tomara la palabra en este Parlamento. 
Siempre nos hemos opuesto abiertamente a las pruebas nucleares. 
Me referiré a continuación al Tratado de prohibición total de las pruebas nucleares que se está negociando en Ginebra: es preciso que el texto del Tratado no contenga ninguna laguna que permita que los países efectúen pruebas nucleares. 
Si no es un Tratado sin lagunas, eso significa que algunos países encontrarán la manera de seguir efectuando experimentos nucleares y de justificarlos con argumentos absurdos según los cuales los experimentos nucleares son esenciales para la paz mundial, que es exactamente lo que dijo el Sr. Chirac durante el debate del año pasado sobre las pruebas nucleares de Francia en Mururoa. 
Lo que ha dicho la Sra. Malone es certísimo: el considerando E induce realmente en error. 
Desde hace mucho tiempo China es partidaria de que el Tratado prevea una excepción en el caso de las denominadas explosiones nucleares con fines pacíficos. 
Este concepto se inició en los Estados Unidos de América en 1957 como método para investigar los usos no militares de los explosivos nucleares. 
Todo este concepto constituye una verdadera farsa, ya que los resultados de esas explosiones «pacíficas» pueden aprovecharse fácilmente para el desarrollo de armas de guerra. 
Por ejemplo, la India describió su único ensayo nuclear como «explosión nuclear con fines pacíficos» , lo que no fue óbice para que aprovechara los resultados para el desarrollo de su programa de armas. 
Otro hecho lamentable es que este Parlamento carece realmente de la altura moral necesaria para condenar las pruebas nucleares después de haber fracasado por completo en el caso de las pruebas nucleares de Francia, altura moral que tampoco tiene la Comisión porque la Comisión se quedó sentada sin hacer nada cuando tuvo el poder y la posibilidad de hacer algo. 
Los Estados miembros que permitieron que Francia siguiera adelante con sus pruebas nucleares tienen todos las manos sucias por su forma de obrar, o sea que tampoco podemos hablar de altura moral en su caso. 
Señor Presidente, no cabe duda de que las pruebas nucleares van en contra del espíritu y la letra de los Tratados de No Proliferación de Armas Nucleares, ya que su objetivo es mejorar la calidad de las armas nucleares, lo cual es aún más importante que su aumento cuantitativo e incluso más importante que su difusión geográfica. 
En todo caso, es incuestionable que China tiene que poner fin inmediatamente las pruebas nucleares. 
Para terminar, señor Presidente, no cabe duda de que tenemos que insistir en que China haga lo mismo que pedimos también a Francia, es decir, que ponga fin inmediatamente a las pruebas nucleares, para que nuestra postura no sea de doble rasero. 
Señor Presidente, agradezco a los Sres. diputados que, tras la realización de ensayos subterráneos en el desierto de Lop Nor en China, hayan destacado en su propuesta de resolución la importancia y la urgencia que plantea la cuestión del Tratado de prohibición total de las pruebas nucleares. 
Después de aprobarse la prórroga por tiempo indefinido del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en mayo de 1995, para la que la Unión Europea había emprendido una actividad diplomática sin precedentes, subsiste hoy una nueva oportunidad en el marco del desarme nuclear multilateral que no pueden, en opinión de la Comisión, desaprovechar los miembros de la comunidad internacional. 
La firma de un Tratado de No Proliferación Total de las Armas Nucleares que incluya la opción cero constituye un objetivo fundamental de la política exterior y de seguridad común. 
Y en este sentido, la Comisión se ha asociado a la declaración de la Unión Europea del 22 de abril del año pasado. 
En esta declaración se subraya la importancia de celebrar negociaciones que permitan llegar a la firma del Tratado en otoño, precisamente en la apertura de la LI Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Asimismo, conviene procurar que el Tratado tenga un carácter universal y que se pueda controlar realmente su aplicación a escala internacional. 
En consecuencia, son fundamentales los próximos ocho días, y yo tengo la seguridad de que todos los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados que se han asociado realizarán un esfuerzo, al objeto de que se pueda concretar, como señalaba antes, en la próxima apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la necesidad de firmar ese Tratado de No Proliferación Total de Armas Nucleares. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0770/96 de la Sra. Sauquillo Pérez del Arco y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el asesinato en Burundi de personal humanitario; -B4-0779/96 de la Sra. André-Léonard y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Burundi; -B4-0786/96 del Sr. Pradier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el asesinato de tres miembros del CICR en Burundi; -B4-0789/96 de la Sra. Baldi y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre el asesinato de tres delegados del CICR en Burundi; -B4-0798/96 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Inzquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el asesinato de tres delegados del CICR en Burundi; -B4-0821/96 de la Sra. Aelvoet y el Sr. Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Burundi; -B4-0824/96 de la Sra. Günther y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Burundi. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar proponer una enmienda oral a la propuesta de resolución común. 
Se trata de añadir, al final del punto 5, la petición a la Comisión de que mantenga su oficina de representación en Burundi. 
En la semana que ha transcurrido entre la presentación de esta resolución sobre las muertes en Burundi de personal humanitario y hoy, otros 70 civiles, en esta ocasión hutus, han sido asesinados. 
Todas las muertes tienen el mismo valor; sin embargo, el asesinato de tres miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja marca un cambio cualitativo en la escalada del conflicto. 
Por primera vez se ha atacado a la presencia internacional, que cumple un papel fundamental en la contención del conflicto a través de la ayuda humanitaria. 
En cada uno de los hitos de esta guerra, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución con propuestas concretas. 
Ahora que vamos a votar una resolución más tenemos que preguntarnos sobre la utilidad de este tipo de acciones. 
La política sólo tiene sentido si transciende a la práctica, y no si se queda en un discurso repetitivo cada vez menos impactante. 
En relación con ello también hay que plantearse que una contradicción persistente entre nuestras propuestas y los resultados obtenidos conlleva, además del drama humano, en este caso para la población de Burundi, a cuestionarnos nuestra propia función y la eficacia de nuestra institución, del Parlamento Europeo. 
En Burundi, sólo será posible la paz si se alcanza la concertación internacional sobre un embargo efectivo de armas con sanciones para quienes lo incumplan; el control del desarme de todas las partes implicadas, milicias y fuerzas armadas; y la promoción de negociaciones oficiales inmediatas bajo la supervisión de una autoridad internacional y en presencia de observadores. 
Estas negociaciones deberían implicar la reforma del ejército y de la policía, la solución al problema de los refugiados y desplazados bajo control internacional, la puesta en marcha de un sistema judicial eficaz y el establecimiento de un sistema de protección de la ayuda y del personal humanitario. 
Sin embargo, ni la Comisión, ni el Consejo, ni los Estados miembros de la Unión Europea, individualmente, han puesto los medios para que se apliquen estas medidas y, consiguientemente, la paz sea una realidad en Burundi. 
Una vez más hacemos la denuncia, pero queremos también denunciar la omisión que se produce al no poner en práctica estas medidas. 
Señor Presidente, frente a lo que ocurre en Burundi desde hace varios meses uno se siente realmente dividido entre la tentación de una resignación un tanto triste y la voluntad de obligar a que callen las armas y los que las sirven. 
En este mismo recinto, ha habido decenas de textos más o menos impactantes, declaraciones de todo tipo, se han gastado toneladas de papel y hectolitros de tinta y, sin embargo, en Burundi las masacres no se han detenido y siguen causando varios cientos de víctimas cada semana. 
Lejos de considerarnos inocentes, señor Presidente, debemos admitir que tenemos nuestra parte de responsabilidad en los camiones llenos de cadáveres que van a alimentar las fosas comunes de ese país. 
Actualmente, cuando se van el Comité Internacional de la Cruz Roja, las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas como el PAM, el CNUD, la OMS y también las propias organizaciones no gubernamentales, nosotros, la Unión Europea, podemos al menos intentar dos gestos: el primero sería quedarnos sobre el terreno y el segundo sería mantener en las fronteras una fuerza armada de intervención rápida capaz de desplegarse en pocas horas. 
Señor Presidente, yo también estoy aterrorizada por el constante deterioro de la situación en Burundi. 
Bloqueo de las misiones de mediación emprendidas por los Sres. Nyerere y Ajello, debido a la desconfianza entre las diferentes partes, y, sobre todo, a la actitud de los extremistas; cierre de las escuelas belgas y francesas en Bujumbura; suspensión de la cooperación francesa en Bujumbura; suspensión de la cooperación francesa en el plano militar y civil; suspensión de las actividades de algunas ONG; diálogo político nacional en punto muerto, escalada de violencia en el interior del país; y violencia, digámoslo sin miedo, señor Presidente, violencia del ejército con los civiles. 
Sin embargo, no faltan las iniciativas diplomáticas internacionales con vistas a conseguir la paz. 
Pero la sensación que tenemos es que hay elementos a favor y en contra en cada una de ellas, hasta el punto de que en todas se acaba imponiendo el statu quo. 
La intransigencia de unos y de otros es peligrosa, porque puede abocar al país a la desesperación y abrir la puerta a los ajustes de cuentas. 
Esto es lo que desde hace tiempo desean los extremistas, que cada día son más incontrolables. 
Así pues, Señor Presidente, ¿cuándo llegará el embargo? 
Señor Presidente, colegas, si existe un tema sobre el cual tengo la impresión de que todo ha sido dicho y tan a menudo, pero que nada adecuado ha sido hecho, es el tema de la situación en Burundi. Nos hallamos efectivamente ante una forma particular de guerra civil en la cual se habla injustamente de grupos extremistas, siendo de todos sabido que el propio ejército del país es parte implicada en el conflicto. 
Si a esto se añade que los tres miembros de la Cruz Roja con respecto a los cuales han sido programadas aquí las urgencias, que también es sabido que estos colaboradores de la Cruz Roja han sido asesinados por el propio ejército, resulta entonces bien claro que no sólo son grupos extremistas los que cometen estos crímenes. Nos hallamos entonces claramente ante el problema político fundamental. 
En primer lugar, que el diálogo político en el que ha insistido tan fuertemente Nyerere resulta bloqueado en la actualidad en Tanzania con motivo del rechazo de la UPRONA de firmar el acuerdo alcanzado, poniendo así en tela de juicio en adelante la cuestión política. 
En segundo lugar, cabe señalar que en la actualidad todas las organizaciones internacionales se hallan ocupadas en la retirada incluyendo a los representantes de la Comisión Europea. 
Por lo que a esta última respecta, desearía hacer un fuerte llamamiento para que, por propia iniciativa, estas personas en el lugar pudiesen solicitarlo aunque por supuesto contando con una protección adecuada. 
Además de ello, estimo que es inevitable afirmar en este caso que únicamente deberá hallarse presente en la región una fuerza internacional de intervención capaz de actuar en caso de una escalada del conflicto y que este riesgo es bien efectivo y que nadie puede cerrar los ojos ante él. 
Señor Presidente, la denuncia del clima de violencia que sigue existiendo en Burundi ya ha sido hecha oportunamente por los colegas. 
Por eso me limito a hacer una pregunta a la Comisión, una petición de aclaración sobre el hecho de que en los últimos días, en las últimas semanas, la violencia ha vuelto a golpear a las organizaciones humanitarias presentes en Burundi. 
Me parece claro que, al golpear a esas organizaciones, las partes más violentas quieren quitar de en medio uno de los pocos instrumentos que les quedan a los que hoy buscan en Burundi la paz y la convivencia civil. 
Por lo tanto, yo pregunto si la Unión Europea trata de evitar que esas organizaciones abandonen Burundi y cómo lo hace. 
Además, considero importantísimo confirmar de nuevo nuestro pleno compromiso a favor de la continuidad de esa presencia humanitaria, que se ha de desarrollar de dos maneras: garantizando, en primer lugar, que las ayudas europeas sigan llegando directamente a la población y, luego, velando por que haya una protección adecuada del personal de las organizaciones humanitarias. 
También a este respecto yo creo que la Comisión puede dar pasos ulteriores para garantizar una mayor protección. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, con esta resolución conjunta exigimos tres cosas: la creación de una fuerza militar internacional, el seguimiento estricto del plan de Carcassone y ayuda para restablecer un sistema de justicia efectivo. 
Quiero plantear algunas preguntas relacionadas con este tema. 
¿Qué ha resultado de nuestras exigencias de disolver las milicias armadas? 
¿Qué ha resultado de nuestra exigencia de apoyar la OUA para que pueda contribuir a la aplicación de este plan de acción global? 
¿Qué ha resultado de nuestra exigencia de perseguir judicialmente a los autores y proporcionar ayuda para el restablecimiento de la seguridad jurídica? 
¿Qué ha resultado del envío de expertos en derechos humanos bajo el patrocinio de la ACNUR? 
¿Qué ha resultado, por ejemplo, de nuestra exigencia de presionar al Consejo de Seguridad para mantener separadas a las partes en conflicto? 
Planteamos esta exigencia ya el mes pasado. 
¿Qué ha resultado de la exigencia del Parlamento de que el Consejo y los Estados miembros elaboren planes de emergencia en caso de que la violencia escale y de crear zonas de seguridad para proteger a la población civil? 
También exigimos esto en mayo. 
¿Qué ha resultado de nuestra exigencia de apoyar al enviado especial de las Naciones Unidas para que se celebren Conferencias regionales de paz y seguridad o para poner a disposición una ayuda financiera inmediata para estabilizar Burundi antes de llegar a esta escalada? 
¿Qué ha resultado del documento aceptado por el Consejo sobre la diplomacia preventiva de diciembre del último año? 
¿Qué ha resultado de las medidas que exigimos para proteger al personal dedicado a tareas humanitarias? Y ¿qué va a ser de nuestras exigencias de hoy? 
Señor Presidente, cuando estallaron las masacres en Rwanda en los pasados años, alguien dijo que Europa estaba desprevenida, que no nos habíamos dado cuenta, efectivamente, del grave peligro que se corría en la región de los Grandes Lagos. 
Hoy, con respecto a Burundi, nadie podrá decirlo: nadie podrá decir que no nos habíamos dado cuenta del peligro que se estaba corriendo en esa región martirizada por rivalidades étnicas, por odios seculares, que luego desembocaron en masacres increíbles, insólitas, como no se habían visto nunca allí en los últimos años. 
El último hecho del que tenemos conocimiento golpea en particular a la Cruz Roja, con el asesinato de algunos de sus delegados, pero continúa golpeando a la población civil de Burundi con actos de bandidaje y violencias cotidianas, y eso no debe dejarnos inermes. 
Yo creo que ahora es necesaria una intervención clara: pido a la Comisión que tome una iniciativa para que haya una fuerza internacional, dispuesta a intervenir también militarmente en Burundi con una acción global de la Unión Europea para una eficaz política común en esa región. 
Señor Presidente, de nuevo podemos comprobar hoy que el mundo deja escapar una oportunidad, a través de una diplomacia activa y preventiva, de evitar una escalada de un conflicto. 
El baño de sangre que ha tenido lugar en Burundi entre miembros de la Cruz Roja y de otras ONG hará sentir aún sus consecuencias. 
¿Cuánto tiempo estima la comunidad internacional que habrá de continuar la ayuda de las ONG mientras siguen constituyendo el blanco de bandas y jóvenes incontrolados? 
¿Cuándo asumiremos, por fin, nuestra responsabilidad? 
Tenemos la impresión de predicar en el desierto cuando solicitamos la aplicación del plan de Carcasona. 
No obstante, Srebrenica no debe tener como consecuencia que ya no queramos tomar parte en operaciones de paz auspiciados por las Naciones Unidas. 
Debemos afrontar nuestra responsabilidad, aunque sólo sea ofreciendo entrenamiento en la creación de una fuerza de intervención africana. 
Aplaudamos el trabajo de Nyerere- ya se ha dicho- y del enviado especial europeo. 
Señor Presidente, la guerra de etnias entre los hutus y los tutsis presenta una nueva escalada. 
Los extremistas de ambas partes poseen el control de la misma. 
El ejército tutsi pierde el dominio de las zonas rurales, perpetrando así las guerrillas hutus ataques cada vez más frecuentes en diversas regiones. 
La guerra civil adquiere además cada vez más un carácter regional. 
Existen incluso indicios de que el ejército zaireño colabora en purificaciones étnicas. Los medios de comunicación juegan igualmente un importante papel en el conflicto étnico. 
La última ocasión en que se abordó el conflicto en la región de los Grandes Lagos, pudo abogarse por una conferencia regional. 
Ese tiempo ha quedado atrás. 
El cese de los derramamientos de sangre debe ser en la actualidad la principal prioridad. Por ello resulta urgente una intervención internacional en Burundi. 
La cuestión estriba en saber si mediante una intervención limitada a Burundi el conflicto no haría otra cosa que desplazarse a los países vecinos, Ruanda y Zaire. 
La gran cuestión consiste en saber cuál será el país que deberá asumir la dirección de una intervención en la región de los Grandes Lagos. 
Estados Unidos, con el recuerdo aún en mente de la invasión en Somalia ha hecho ya saber que enviarían material, pero no tropas. 
La asunción por parte de Francia de esa dirección resulta igualmente dudosa habida cuenta de las estrechas relaciones que mantiene ese país con las partes de la región. 
Parece pues justificado el temor de que sólo tras un desastre como el que se produjo en Ruanda se echarían a un lado los reparos contra una intervención. 
Lo cual sería ya demasiado tarde para millares de personas. 
Señor Presidente, la Comisión lamenta profundamente el asesinato de tres colaboradores de la Cruz Roja y las amenazas contra sus colegas que se han producido recientemente en Burundi. 
Se trata de un testimonio trágico en el marco de una situación de seguridad que se deteriora con rapidez. 
Por otro lado, esto demuestra el riesgo que corre el personal que actualmente trabaja en los programas de ayuda en Burundi que, en nuestra opinión, ha llegado a un nivel difícilmente aceptable. 
Por eso, la Comisión, en estrecha consulta con sus Estados miembros, ha decidido evacuar de Burundi a las familias y al personal no considerado como esencial. 
Sin embargo, la Comisión sigue presente sobre el terreno y apoyando los esfuerzos de restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región y en Burundi en particular. 
Burundi ha sido visitada por misiones de la troika, se han hecho bastantes gestiones diplomáticas y tanto la Unión como el Parlamento Europeo han emitido diferentes resoluciones. 
La Unión Europea está intentando desempeñar un papel activo en estos esfuerzos y esto lo expresa, con gran claridad, el nombramiento del Sr. Aldo Ajello como enviado especial de la Unión Europea a la zona. 
El Sr. Ajello está ya reconocido como un colaborador apreciado en los esfuerzos de paz. 
Su mandato consiste en apoyar las actividades en curso- en particular, las del ex Presidente Nyerere- e impulsar la celebración de una conferencia regional bajo los auspicios de la OUA y la ONU. 
En todas estas iniciativas diplomáticas y políticas, el mensaje ha sido idéntico: la violencia debe cesar de inmediato; debe abrirse un diálogo de reconciliación nacional, no es posible una solución militar; la paz y estabilidad en Burundi- y en toda la región- sólo pueden restablecerse en la mesa de negociaciones. 
Tenemos grandes esperanzas en los encomiables esfuerzos del ex Presidente Nyerere para unir- reunir- en torno a la mesa de negociaciones, en Tanzania, a las partes en conflicto. 
La Comisión, por su parte, ha hecho todo lo posible por apoyar esta iniciativa, así como las de otras destacadas personalidades, que están prestando su talento y experiencia a la búsqueda de un arreglo pacífico de los conflictos de la región. 
Desde el comienzo de la crisis en la región de los Grandes Lagos, el presupuesto comunitario ha facilitado más de 700 millones de dólares USA en ayuda humanitaria y en trabajos de rehabilitación. 
Todavía están disponibles sumas considerables, que la Comisión estaría dispuesta a movilizar, siempre que la situación política de derechos humanos y de seguridad lo permita. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, en la versión inglesa de la enmienda 4 del Sr. Pex hay algo que no está claro. 
¿Podría preguntar usted al autor de la enmienda si nos puede explicar lo que dice acerca de las decisiones adoptadas por razones inadecuadas? 
Eso no quiere decir nada en inglés. 
Señor Presidente, el Sr. Pex me ha encargado de señalar que el texto neerlandés sirve de documento de base y que el texto en cuestión no puede ser leído por el Presidente de la Comisión de Peticiones, pero que es completamente claro. 
Está mal escrita en inglés y es contraria a las disposiciones del Tratado. 
No podemos aceptar la enmienda en su forma actual. 
El Sr. Pex lo sabe y lo ha reconocido. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, en primer lugar desearía felicitar al Defensor del Pueblo por el éxito que ha logrado durante este primer año de actividades. 
Un deber extremadamente importante del Defensor del Pueblo es el de participar en el desarrollo de la ciudadanía europea, la cual se encuentra en la actualidad en una fase embrionaria respecto a lo que podría convertirse en el futuro. 
Representa un hecho muy positivo el que el Defensor del Pueblo Europeo, el señor Söderman, haya tomado la iniciativa de luchar por un asunto tan fundamental para los ciudadanos europeos como es la transparencia. 
La transparencia es la piedra angular de la democracia y, consciente de ello, el señor Söderman ha recabado información a las instituciones de la Unión para averiguar la manera de lograr que los ciudadanos tengan acceso a los documentos en poder de estos órganos. 
Existen motivos para esperar que esta petición del Defensor del Pueblo contribuya a impulsar la transparencia y la apertura en la Unión Europea. 
Las competencias del Defensor del Pueblo Europeo están estrechamente vinculadas a la posición real que el Tratado concede al ciudadano dentro de la Unión Europea. Así pues, supongo que, una vez que se haya consolidado esta posición, existirán motivos para ampliar los derechos fundamentales del ciudadano de la Unión Europea, lo cual implicaría un aumento también de los poderes del Defensor del Pueblo y abriría, por lo tanto, el camino hacia el pleno desarrollo de sus competencias. 
De esta manera, podemos afirmar que el Defensor del Pueblo Europeo constituye un factor verdaderamente fundamental en este proceso que, así lo espero, hará de la Unión Europea una auténtica comunidad de ciudadanos. 
El Defensor del Pueblo Europeo como institución tiene sus lados positivos y sus lados negativos. 
Lo mismo se puede decir sobre el informe de Jacob Söderman. 
La parte positiva es que cualquier sistema de quejas puede contribuir a mejorar la seguridad pública. 
Así consta en varias de las opiniones emitidas por el Sr. Söderman. Es un jurista serio que en diversas ocasiones ha reprendido tanto al Consejo como a la Comisión, especialmente en lo referente a la transparencia. 
Por otro lado, la creación de la institución del Defensor del Pueblo Europeo, que queda establecida en el artículo 138 E del Tratado de la Unión Europea, es claramente una iniciativa federalista que sirve para proporcionar a la Unión y al Parlamento una falsa legitimidad democrática. 
Es una expresión- tanto simbólica como real- de «más unión». 
Lamentablemente, el Sr. Söderman aceptó esta situación ya en su discurso de toma de posición de su cargo, en septiembre de 1995. 
Hacía daño al oído escucharle declarar que «la idea que subyace a la creación del Defensor del Pueblo Europeo es fomentar la ciudadanía europea». 
Los aparatos de control no escasean en la Unión; tienden a convertirse en aparatos burocráticos independientes. 
Para que el Defensor del Pueblo Europeo fuese el vigilante eficaz de la seguridad pública en línea con los defensores del pueblo nacionales, haría falta un aparato burocrático enorme. 
Para que puedan hacer ustedes sus comparaciones, les diré que en la institución del Defensor del Pueblo danés, por ejemplo, trabajan 25 abogados. 
Quiero hacer constar que apoyo al nuevo Defensor del Pueblo en su nueva función, que constituye otro paso adelante en favor de hacer que la Unión Europea resulte más accesible al hombre de la calle. 
Como representante electo me parece que es indispensable que mi electorado tenga a quién recurrir para oponerse a las decisiones de las esferas supremas. 
Reconozco que el Defensor del Pueblo se ha convertido ya en un adalid de los intereses del hombre de la calle. 
Ahora bien, como el papel del Defensor del Pueblo es tan nuevo, los diputados de este Parlamento tenemos que cerciorarnos de que tanto el Consejo como la Comisión cooperan plenamente con la oficina del Defensor del Pueblo. 
La información necesaria para poder responder a las preguntas de la gente tiene que provenir del Consejo y de la Comisión. 
Una vez establecido este nuevo e importante papel que dará a nuestros ciudadanos un mejor conocimiento acerca de las decisiones de la Unión Europea, nosotros, sus representantes, tenemos que velar por no desilusionarlos. 
No puede haber secreto alguno por lo que se refiere a las reclamaciones de mi electorado. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0187/96) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el primer informe de la Comisión (COM (95) 0054- C4-0137/95) acerca de la aplicación de la Directiva relativa al blanqueo de capitales (91/308/CEE). 
Señor Presidente, se trata de un informe que la Comisión presentó para la aplicación de la directiva sobre blanqueo de capitales de 1991. 
Exponemos nuestro dictamen consultivo como Parlamento. 
No puede existir ninguna duda de que la lucha contra el blanqueo de capitales es una de la tareas decisivas de política criminal de los tiempos actuales. 
Como todos sabemos, existe una relación muy estrecha entre el blanqueo de capitales y el crimen organizado que está creciendo continuamente en el área europea y amenaza alcanzar unas dimensiones gigantescas. 
En 1991 la Comunidad Europea aprobó una directiva para la lucha contra el blanqueo de capitales dirigida a todos los Estados miembros con el objetivo de que introdujesen todos ellos unos determinados estándares mínimos en dicha lucha. 
Comparada con la mayoría de las legislaciones de los diversos Estados miembros, esta directiva de 1991 tiene un nivel relativamente bajo. 
Quiero decirlo de un modo simple: en el fondo, esta directiva abarca en lo esencial el campo de la delincuencia relacionada con la droga, que representa un aspecto parcial del crimen organizado. 
En lo que se refiere a aquellos grupos profesionales que deben incluir las legislaciones nacionales, solamente existe, por así decirlo, una regulación der mínimos que incluye en principio el mundo de los bancos, pero otros muchos sectores como, por ejemplo, los casinos de juego y demás empresas relacionadas con servicios financieros no están suficientemente contempladas. 
Se ha dejado en manos de los diversos Estados miembros aprobar propias leyes que vayan más allá de este marco mínimo de la directiva, lo que se ha hecho de modo muy diferente, consecuencia lógica de tal libertad de actuación. 
Gran Bretaña es el país que ha ido más lejos. 
Ha incluido prácticamente todos los delitos graves en el campo del llamado catálogo de antecedentes penales y ha incluido en el campo de los grupos profesionales todos aquellos que tienen algo que ver con dinero y que tienen una responsabilidad propia en la lucha contra el blanqueo de capitales, también en el sentido jurídico-penal. 
Si me permiten que mencione un ejemplo, el otro extremo es Luxemburgo, país que tiene una legislación muy liberal sobre el blanqueo de capitales y que en el fondo sólo contempla los estándares mínimos de la directiva. 
La Comisión de Asuntos Internos y la de Asuntos Jurídicos de esta Asamblea han organizado en diciembre del pasado año una consulta sobre este informe presentado por la Comisión. 
Desde el punto de vista de ambas comisiones, se ha mostrado claramente que existen carencias en el campo de la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa, sobre todo porque la armonización en el marco europeo no es suficiente en opinión de dichas comisiones. 
El representante de la City of London Police ha indicado que existen permanentes dificultades de cooperación entre las autoridades de justicia de los países porque hay cosas que en Gran Bretaña son consideradas como actos punibles, por ejemplo, en el tráfico de capitales recíproco con otros Estados miembros, mientras que en estos no son considerados como tales, por lo que surgen problemas permanentes en la cooperación. 
La misma problemática se presenta tras el resultado de las consultas- hemos escuchado también a un representante de la Oficina Criminal Federal de Wiesbaden- en lo tocante al registro de los diversos grupos profesionales. 
Los expertos plantearon la exigencia de una mayor armonización- hablando claro, un endurecimiento de la directiva sobre el blanqueo de capitales -, para facilitar en Europa la lucha contra el crimen transfronterizo. 
Otro aspecto que se ha revelado claramente en la consulta ha sido la existencia de una serie de nuevas formas de servicios financieros. 
Menciono como ejemplo el direct banking, aspecto que, en opinión de los expertos, no está suficientemente contemplado por la legislación sobre blanqueo de capitales en la mayoría de los Estados miembros y, naturalmente, tampoco lo hace esta directiva. 
En la Comisión de Asuntos Internos y de Asuntos Jurídicos somos de la opinión de que sería oportuno adaptar a las nuevas circunstancias la directiva y, naturalmente, también las legislaciones nacionales. 
Un último aspecto que se mostrado claramente es el hecho de que hoy una gran parte del blanqueo de capitales no tiene lugar en Europa occidental sino, ante todo, en la Europa oriental. 
En Rusia, así como en otros países del este existe una estrecha relación entre el mundo bancario y el crimen organizado. 
Una exigencia claramente formulada en la consulta y que hemos recogido en las comisiones consiste en que en los Tratados que se concluyan con los mencionados Estados deben establecerse unas obligaciones para que el nivel de blanqueo de capitales en dichos Estados corresponda al que nosotros mismos nos imponemos. 
Estas son en lo esencial las exigencias del presente informe para las que solicitamos la aprobación de esta Asamblea. 
Hay una serie de cuestiones controvertidas- naturalmente, siempre las hay- a las que me voy a referir a continuación: una de ellas es la cuestión de si se debe incluir solamente el sector del crimen organizado o además todos los «actos delictivos graves». 
Como ponente, me he pronunciado en contra de ir más allá del crimen organizado pues creo que es muy difícil realizar una diferenciación. 
El segundo problema es que mediante la legislación sobre el blanqueo de capitales nos inmiscuimos intensamente en la relación de confianza existente entre bancos o entidades de servicios financieros y los clientes. 
Esta injerencia en la relación de confianza exige también un interés muy especial del Estado para que actúe del modo correspondiente. 
De esto se trata en el presente informe. 
Pido a la Asamblea su voto favorable. 
Señor Presidente, hoy en día el blanqueo de capitales es verdaderamente la transacción financiera más compleja y más sofisticada. 
Se acabaron los días en que un delincuente de poca monta entraba en un banco con una maleta llena de billetes. 
Los adelantos en materia de transacciones bancarias electrónicas han eliminado todo contacto personal, y los servicios financieros controlados por la delincuencia organizada ofrecen una base legítima para llevar a cabo con éxito el blanqueo de capitales. 
Se trata de un problema mundial que no respeta en absoluto las fronteras internacionales. 
La Unión Europea tiene que desempeñar una función destacada en los esfuerzos internacionales encaminados a ocuparse de este delito de ámbito mundial. 
Los Estados Unidos de América parecen ser la avanzadilla de la campaña contra el blanqueo de capitales, pero sus esfuerzos sólo tendrán éxito si les ayudan y asisten otros países. 
Por eso es una verdadera vergüenza que la Unión Europea no haya establecido enteramente a Europol ni haya ofrecido los recursos necesarios para hacerlo. 
Cabe alegar que las actividades de bloqueo de determinado Estado miembro son tan criminales como los delincuentes que participan en el blanqueo de capitales. 
Además hay que instituir una armonización del máximo nivel de las leyes sobre blanqueo de capitales que hay en los Estados miembros de la Unión Europea, para evitar que dentro de nuestra Unión haya un eslabón que no resiste. 
Tenemos que ver también lo que sucede más allá de nuestras fronteras, en los países en los que la Unión Europea tiene influencia, especialmente en los países de la Europa oriental y central. 
Con el derrumbamiento del comunismo, ha aumentado la actividad criminal sin tapujos. 
A las instituciones financieras de esos países se las utiliza regularmente como vínculo de la cadena de legitimación de dinero sucio. 
Para luchar contra esta situación tenemos que confeccionar una lista de bancos «limpios» , pero también tenemos que prestar urgente consideración al fortalecimiento de las cláusulas que hemos concertado con nuestros países asociados para animarles a adoptar, en sus transacciones financieras, normas de supervisión y transferencia equivalentes a las que se aplican en los Estados miembros de la Unión Europea. 
El blanqueo de capitales no está relacionado únicamente con el tráfico de drogas, sino también con el tráfico de armamentos, la prostitución, el fraude de obras de arte y otras muchas actividades criminales. 
Si nos ocupamos de las ganancias excesivas podremos empezar a ocuparnos del problema de la delincuencia organizada. 
No podemos tolerar que Europa se convierta en el centro en el que el delito es rentable. 
Señor Presidente, comprenderá usted que en mi circunscripción, que es Essex (Reino Unido) , la amenaza del uso indebido de drogas es una amenaza que todo el mundo percibe con amargura. 
En el año pasado hemos sufrido en nuestra comunidad la trágica desaparición del adolescente Leah Betts, después de haber tomado píldoras de «éxtasis» en un cabaret de Basildon. 
En los tranquilos alrededores de la zona rural de Rettendon, seguimos sin resolver tres asesinatos tipo ejecución relacionados con la droga, y un hombre de negocios de Billericay fue descubierto asesinado en su automóvil con 5.000 libras esterlinas de dinero de traficantes de drogas abandonadas en el salpicadero de su automóvil. 
Lamento tener que decir que hoy nos apercibimos demasiado bien de que la plaga de la toxicomanía es también una fuente de grandes beneficios. 
El negocio de venta de automóviles de segunda mano del mencionado hombre de negocios está sometido a investigación por considerarse que puede ser una tapadera para el tráfico de drogas, que facilitaría el aprovechamiento de los beneficios de ese comercio destructivo. 
Por eso exhortamos esta noche a que haya un fortalecimiento de las normas, no solamente contra las personas de las bandas de estilo mafioso, sino también contra los hombres bien vestidos, con sus carteras o maletines, que están detrás de este comercio de drogas por valor de 500.000 millones de dólares en el plano mundial. 
Después de los escandalos de Nick Leeson y de Barings, y del Sr. Hamanaca y la empresa Sumitomo la semana pasada, sabemos que hoy en día esas instituciones financieras multinacionales son objeto de decepciones y fraudes masivos. 
Cuando una abuela de 59 años de edad, activista durante 30 años del Partido Conservador Británico, queda condenada a cinco años por blanquear 400 mil libras en nombre del fugitivo Azil Nadir, fundador del mismo partido conservador, todos nos damos cuenta de que a esos criminales se les puede encontrar en los lugares más inesperados. 
Nuestras autoridades locales, la policía y los organismos sanitarios harán todo lo que puedan en el plano local para luchar contra el suministro y el uso indebido de drogas ilegales, pero no podrán ganar la guerra contra la droga mientras nosotros, en el plano europeo, no instituyamos la cooperación necesaria entre gobiernos, organismos de represión y bancos, para detener las transacciones bancarias, que es donde se concretan las operaciones de compra y venta de la droga. 
Acabemos con los dólares sucios y con la moneda sospechosa, y pueden estar seguros de que pondremos término a esas muertes absurdas e innecesarias. 
Señor Presidente, señoras y señores, el dinero no tiene olor dice un antiguo refrán... a no ser que se lave, quisiera añadir yo. 
De este modo he llegado a la esencia del informe del colega Lehne, cuya minuciosidad quiero destacar especialmente. 
Como se sabe, el blanqueo de capitales es el último eslabón de una larga cadena de actividades criminales que son coordinadas en gran medida por el crimen organizado. 
Se trata- como todos sabemos- de fenómenos transfronterizos que, al igual que en la lucha general contra el fraude, hacen necesaria una intensa cooperación de los Estados miembros de la Unión Europea tanto en política interior como en la de justicia. Es necesaria una amplia acción legislativa para coordinar mejor las autoridades nacionales de justicia y policía. 
En este contexto, se llama la atención sobre la necesidad de establecer unas normas jurídico-procedimentales adecuadas en los Estados miembros. 
Sólo éstos pueden investigar y perseguir con éxito a los blanqueadores de capitales, por ejemplo, mediante un control menos burocrático de las telecomunicaciones o la incautación provisional de valores patrimoniales. 
El ponente indica con razón que los delincuentes saben manejar perfectamente los ordenadores y las técnicas más modernas. 
Ante la enorme velocidad del desarrollo técnico, está totalmente justificada la exigencia de adaptar el sistema europeo ya existente para la lucha contra el blanqueo de capitales a las innovaciones técnicas, como Direct-Banking y Prepaid-Card y no permitir bajo ningún concepto perder el tren de los avances. 
Es evidente que aquí se incluye un personal especialmente formado junto a unos dispositivos y técnicas de control altamente sofisticados. 
También es importante la exigencia de no luchar solamente contra el blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas sino ampliarlo también a los provenientes del crimen organizado. 
Precisamente en los tiempos actuales, el Parlamento Europeo debe mandar señales a las ciudadanas y ciudadanos y fortalecer su confianza en que la lucha que se mantiene contra el crimen es consecuente y tiene éxito. 
En este sentido, el informe Lehne supone un gran paso adelante. 
Señor Presidente, queridos colegas, en primer lugar, quisiera dar las gracias al Sr. Lehne por su brillante trabajo. 
Su informe es un buen informe, dado que se pide a la Comisión que actúe de manera más eficaz en la búsqueda de los datos y de las informaciones, con comunicaciones al Parlamento Europeo y fomentando una mayor cooperación con las autoridades nacionales mediante la modificación de la directiva relativa al blanqueo de capitales. 
Hasta ahí, evidentemente, estamos de acuerdo, como estamos de acuerdo sobre el hecho de que hay que ratificar lo antes posible Europol, que puede ser un instrumento importante para la lucha contra este fenómeno, como, por otra parte, podrá ser muy peligrosa la apertura hacia otros países como Rusia, sin que existan las debidas garantías sobre la cuestión del blanqueo del dinero negro. 
Está claro que ahora el blanqueo del dinero negro es el arma principal de la delincuencia organizada- digámonoslo con claridad -, un arma mortal que, de hecho, hace que la delincuencia organizada se apodere de los centros económico-productivos de las grandes, medianas y pequeñas actividades económicas que hay en Europa. 
Pero yo no creo que el problema se pueda resolver, por ejemplo, mediante controles o acciones policiales con respecto a los bancos. 
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el problema de la droga, como decía antes el colega Howitt: este problema es fruto únicamente de un enfoque equivocado, un enfoque de tipo represivo, que sólo hace que crezca el mercado de la droga. 
En cambio, creo e insisto en la importancia de golpear los intereses económicos de la delincuencia organizada y, por lo tanto, del blanqueo, poniendo en práctica esa idea de la confiscación de las ganancias de la delincuencia organizada: y eso no sólo con respecto a la delincuencia organizada, sino también con respecto a las personas físicas que se hacen responsables de esos delitos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera señalar que el informe sobre la aplicación de la directiva ha puesto de manifiesto la necesidad de tener en cuenta, para ser eficaz en la persecución del blanqueo de dinero, los nuevos tipos de operaciones financieras y, en conexión con ello, la formulación de nuevas medidas legislativas capaces de responder a la complejidad de esas operaciones. 
En segundo lugar, habría que decir que es preciso revisar la actual directiva para incluir, en su ámbito de aplicación, profesiones y categorías empresariales susceptibles de relacionarse con el blanqueo de dinero e, igualmente, sería preciso revisar la directiva para flexibilizar las medidas de intervención y el embargo provisional de bienes sospechosos de ser de origen ilícito. 
Por último, quisiera recordar que la eficacia de la lucha contra el blanqueo de dinero depende tanto de la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva como de una mejor información sobre los flujos de capitales para conocer su origen y los efectos monetarios que se derivan de las transacciones que se hacen con ellos. 
Si no, ¿cómo conocer si son legítimos o no? 
Sin ese esfuerzo de transparencia, aunque las medidas propuestas son positivas y merecen ser aprobadas, no creo que se pudiera acabar con la riqueza nacida del delito, que suele ser tan tentadora precisamente por lo lucrativa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la tarea que el Sr. ponente se ha visto enfrentado es equivalente a la cuadratura del círculo o al huevo de Colón. 
Pues, a causa de la directiva del año 1991, se ha visto obligado a tratar legislativamente un asunto que en el fondo es de naturaleza financiera y económica. 
Ha tenido que ocuparse de un hecho delictivo cuando no existe ningún derecho penal a nivel de la Unión y de una policía para la que no existe ningún un fundamento jurídico ni ningún control democrático o judicial. 
Con la lista de los bancos limpios, ha tenido que mostrar a los blanqueadores de capitales dónde pueden colocar su dinero del modo más seguro. Y él, que, a la postre, quiere combatir con todos nosotros el lavado de capitales, ha tenido que exigir pruebas de que la práctica del lavado de dinero aumenta y de que su influencia en la red de asociaciones criminales está creciendo. 
Sin duda, el ponente no es responsable de la filosofía errónea en la que se basa la totalidad de la legislación del lavado de capitales. 
Pues su error básico consiste en que se acepta el lavado como un hecho consumado en lugar de atacar sus causas económicas y, en segundo lugar, en que se inmiscuye en el ámbito legislativo en la esfera privada protegida en lugar de retirarles la protección de la que se aprovechan para llevar a cabo sus actividades criminales. 
El que la creación de bancos limpios sea un arma efectiva contra el lavado de capitales es para mí más que improbable en más de un sentido. 
Señor Presidente, Señorías, a pesar de que el ponente, Sr. Lehne, aporta algunas mejoras respecto al primer informe de la comisión, éstas distan mucho de ser suficientes si se tiene en cuenta la magnitud del problema. 
Contrariamente al ponente, considero yo que un informe enumerativo, no cifrado y además truncado, es decir, un informe que a nadie molesta, no puede ser un buen informe. 
En efecto, en ningún momento se mencionan los datos cifrados ni respecto a las redes clásicas ni respecto a las nuevas redes de blanqueo, cuando se puede evaluar el blanqueo de dinero en unos 500 millones de ecus. 
Todavía es más grave que el informe dé plenos poderes a los doce Estados miembros signatarios de la Directiva. 
Sin embargo, la realidad es muy distinta. 
En efecto, ¿cómo explicar que los bancos de Guernesey, que dependen de la corona británica, almacenen un tesoro de 27.000 millones de libras esterlinas? 
¿Cómo explicar, asimismo, que el gobierno de los Países Bajos haya ratificado un convenio fiscal, único en su categoría, con las dependencias de las Antillas neerlandesas? 
No me extenderé acerca de la legislación fiscal y bancaria del Gran Ducado de Luxemburgo. 
Ya me imagino la ratificación formal por parte de Austria de la directiva 91/308. 
¿Cómo explicar, efectivamente, que un Estado con una población de 8 millones de habitantes pueda tener en su territorio más de 20 millones de cartillas de ahorro anónimas? 
Pensar que se dan muestras de firmeza al ratificar este tipo de directivas y, al mismo tiempo, lavar la ropa sucia en familia; hacer de policía sin aparecer nunca como el ladrón frente a la opinión pública, ¡menuda hipocresía! 
¿Acaso deberemos esperar que uno de nuestros Jefes de Estado se vea comprometido en uno de esos turbios asuntos de blanqueo de dinero, relacionado con cualquier tráfico de armas o de drogas? 
¿Será preciso un Samper europeo para que nuestros gobernantes recuperen la razón? 
Empecemos yendo a la raíz del problema. 
Empecemos en seguida por regular y legalizar todas las drogas. 
Mientras tanto, mi Grupo se abstendrá. 
Señor Presidente, el primer informe de la Comisión sobre la ejecución de la directiva de 1993 relativa al blanqueo de capitales ha puesto de relieve enormes diferencias en la forma en que la legislación se aplica en los Estados miembros. 
El resultado de ello es que el dinero sucio todavía puede moverse tranquilamente a través de Europa. 
El Gobierno irlandés ha declarado que la guerra contra la droga es una de las prioridades de su Presidencia. 
Comparto las inquietudes del Sr. Howitt de que la legislación urgente no permite ocuparse de las ganancias del delito. 
Una importante conferencia internacional sobre el delito, celebrada en Dublín esta semana, ha puesto de relieve las gravísimas dificultades con que tropiezan los agentes de las brigadas antidroga en los países europeos para tratar con la unidad antidrogas de Europol en La Haya. 
La directiva actual sobre el blanqueo de capitales es claramente ineficaz, si se tiene en cuenta la escala del problema de la droga en las ciudades mencionadas y en otras zonas así como la facilidad con que las ganancias ilícitas pasan a integrarse en negocios legítimos. 
Es evidente que necesitamos un marco jurídico mucho más flexible para mantenernos al tanto de los adelantos tecnológicos en los sistemas bancarios. 
Algunos de estos aspectos han sido ya señalados por el Sr. Miller. 
Quisiera que pudiéramos crear una situación en la que los delincuentes, tanto si son traficantes de droga como si son miembros del IRA, salteadores de bancos o estafadores de cuello blanco, se vean en la imposibilidad de blanquear sus ganancias tan malamente obtenidas en ningún lugar de Europa. 
Insto asimismo a que haya una cooperación mucho más estrecha entre la policía, los tribunales, las autoridades fiscales y las instituciones financieras. 
He hablado con algunos contables que trabajan en esta esfera. 
Lo que me han recomendado es que el juicio civil se prepare en paralelo con el juicio penal, para que todas las ganancias obtenidas indebidamente se puedan confiscar en caso de condena. 
No hay que olvidar que Al Capone acabó en la cárcel por un delito de evasión fiscal. 
Por último, hay que ampliar el ámbito de la directiva para que abarque también las ganancias obtenidas en los fraudes contra el presupuesto de la Unión Europea. 
En Irlanda tenemos el escándalo relativo al reembolso de las exportaciones de carne de bovino y el continuo fraude masivo de, por ejemplo, el contrabando de cigarrillos. 
Hay enormes sumas de dinero que se nos están escapando y que podríamos aprovechar muy eficazmente en la Unión Europea. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias al señor Lehne por su excelente informe. 
El blanqueo de dinero representa un problema cada vez mayor en los países de la Unión Europea. 
Es imprescindible que las autoridades impidan la filtración en los sistemas financieros de dinero procedente de actos delictivos, ya que estos capitales ponen en tela de juicio su honradez y estabilidad. 
En Europa, es preciso concentrar los recursos de que se dispone para respaldar las actuaciones preventivas y facilitar el intercambio de información entre las diversas instancias involucradas, habida cuenta de la extrema dificultad que entraña este intercambio de información a nivel europeo, especialmente entre las autoridades administrativas y los cuerpos policiales. 
Hay que crear un sistema que evite el blanqueo de dinero mediante el apoyo a las actividades antiblanqueo de aquellos sectores que han sido víctimas o están expuestos a esta amenaza y que permita la detección, seguimiento e investigación de esta actividad delictiva. 
Este sistema deberá constituirse a dos niveles: en primer lugar, a un nivel preventivo, se llevarían a cabo inspecciones de control, programas de formación, análisis de los métodos de blanqueo de dinero e iniciativas legislativas; en segundo lugar, el plano de investigación se centraría en la aclaración de aquellos casos sospechosos de blanqueo, ya que si el dinero ha superado las medidas de seguridad, se deberá proceder a la identificación, seguimiento y confiscación de este dinero, así como al enjuiciamiento de los responsables. 
El blanqueo de dinero puede producirse de los modos más variados, por lo que se debe ampliar la lista de sectores que están obligados a cooperar. 
Este año se incorporan a esta lista los agentes de cambio y bolsa y las oficinas de cambio de divisas, y en el futuro se prevé que lo hagan las empresas del sector del juego y de la propiedad inmobiliaria, las empresas y comerciantes de objetos de elevado valor, los contables, así como las profesiones y empresas que desarrollen actividades financieras. 
Existe un gran número de organizaciones internacionales trabajando para resolver el problema del blanqueo de capitales. 
Por tal motivo, es a todas luces necesario que alguien emprenda la coordinación de medidas a nivel europeo con el fin de evitar la superposición de actividades. 
Señor Presidente, el colega Lehne ha exigido con razón como ponente que la lucha contra el lavado de capitales no se limite a los que provienen del tráfico de drogas sino que se extienda a los provenientes de todos los delitos llevados a cabo por el crimen organizado. 
Por ello, el Parlamento Europeo encargó a la primera Comisión de Investigación que estudiase las transacciones, pues los Estados miembros y la Unión Europea pierden miles de millones por fraude fiscal, ante todo en productos sensibles, como los cigarrillos, el alcohol y ciertos alimentos. 
También aquí actúa el crimen organizado, por lo que es necesaria una regulación global. 
También es necesario registrar y tratar penalmente los fraudes en los créditos presupuestarios de la UE en todos los países miembros, lo que hasta ahora solamente hacen algunos. 
No es en absoluto comprensible porqué se crean lagunas que dificultan o incluso hacen imposible la lucha. 
Quiero decir al Sr. Dupuis que es algo ingenuo creer que libretas de ahorro anónimas con pequeños depósitos inferiores a 15.000 ecus, límite que marca la directiva, u operaciones bancarias similares para las que no existe la obligación de estar documentadas en otros países de la UE, como Italia o Alemania, se utilicen para el blanqueo de capitales. 
Las causas son muy diferentes. 
Tal como ha subrayado con razón la colega Hlavac, es un hecho que muchos particulares abren libretas de ahorro con pequeños importes para los niños, nietos o para toda la familia. 
Esto no es adecuado para el blanqueo de capitales. 
El crimen organizado emplea empresas de camuflaje, transferencias ficticias y encubrimientos a gran escala. 
Es necesaria una actuación coordinada de la Comunidad así como un sistema unitario de información que debe ser ampliado a los Estados signatarios del Acuerdo de Visegrad si quieren ser incluidos en nuestro sistema. 
Señor Presidente, señoras y señores, en nombre de la Comisión expreso mis felicitaciones al Parlamento, en especial a su ponente competente para el fondo, Sr. Lehne, por el completo informe sobre las actividades de la Unión en la lucha contra el blanqueo de capitales y sobre la cuestión de cómo podemos intensificar conjuntamente estos esfuerzos. 
Todos somos conscientes de los daños que sufre nuestra sociedad por el tráfico de drogas y otras formas del crimen organizado. 
Si se logra impedir que los criminales blanqueen, utilicen e inviertan su dinero sucio, dispondremos de un medio eficaz para combatir la criminalidad. 
Todos saben que el dinero sucio lo corrompe todo, inclusive el sistema financiero. 
Este fue también el punto de partida de los trabajos de la Comunidad en este campo, es decir, impedir la manipulación del sistema financiero para lavar capitales. 
Según la directiva de 1991, la Comisión debe informar al Parlamento y al Consejo sobre su aplicación. 
Lo hemos hecho así. Nuestro informe es objeto del elaborado por el Parlamento que se les ha presentado esta tarde. 
La Comisión está convencida de que la directiva cumple perfectamente su tarea y que, en general, ha sido bien aplicada en los Estados miembros. 
Pero esto no significa que tengamos medios eficaces para combatir al mismo tiempo las causas del crimen organizado. 
Tal como se dice en nuestro informe, el blanqueo de capitales es hoy un hecho punible en todos los Estados miembros. 
En 1991 no era así. 
Hemos quebrado la coraza del secreto bancario. 
Todos los institutos financieros tienen que comunicar activamente una sospecha a las autoridades y no pueden esperar sencillamente hasta que se les pregunte. 
Sin embargo, la batalla contra el blanqueo de capitales no se podrá considerar nunca como ganada. 
Tan pronto como se cierra una laguna en el sistema, los blanqueadores de dinero buscan nuevos puntos de ataque y emplean para ello, tal como aquí se ha dicho, las técnicas más modernas. 
Pero podemos hacérselo cada vez más difícil y caro y desbaratar al menos en parte su táctica y estrategia. 
En ambos informes se reconoce que esta lucha es a largo plazo. 
Sólo voy a referirme a algunos de los temas más importantes que se mencionan en la propuesta de resolución, pues el tiempo de que dispongo no es suficiente para tratar en detalle los 20 puntos. 
Señor ponente, tal como ha expuesto en su informe oral, muchos de esos puntos van dirigidos a los Estados miembros y no a la Comisión. 
Podemos apoyar muchos de ellos, en especial la exigencia de incluir en los hechos punibles el espectro más amplio posible de delitos graves, poner en marcha de nuevo el Acuerdo sobre la Europol, así como la ratificación de los Convenios de Viena y de Estrasburgo por todos los Estados miembros. 
Sólo quiero indicar que la ampliación del ámbito de aplicación y unas medidas de cooperación mejores son objeto del Convenio de Viena y de Estrasburgo. 
La Comisión va a examinar a fondo cada punto que ustedes han expuesto y, ante todo, los va a tratar con los Estados miembros. 
Por esta razón, la Comisión ha aplazado hasta el otoño la sesión prevista del Comité de Contacto para que se pueda tratar este informe del Parlamento del modo que se merece. 
¿Cuáles son los temas principales? 
En primer lugar, en el informe se pide a la Comisión que proporcione más informaciones sobre los casos y condenas, sobre las nuevas formas de blanqueo de capitales y las repercusiones político-económicas. 
Como ustedes saben, algunas de estas informaciones son extraordinariamente difíciles de obtener. 
Tan pronto como la Comisión tenga acceso a informaciones fiables, las pondremos en conocimiento del Parlamento, pero ustedes saben que dependemos también de las informaciones y benevolencia de los Estados miembros. 
El Consejo ha pedido un segundo informe sobre determinados aspectos de la directiva y vamos a elaborarlo tanto para el Consejo como para el Parlamento. 
El presente informe contiene también la exigencia de modificación de la directiva. 
Esto se refiere ante todo al campo de las nuevas técnicas financieras como de las demás profesiones y actividades afectadas y su adecuada supervisión. 
Dicho abiertamente, en el momento actual la Comisión tiene una actitud reservada sobre la cuestión de una nueva directiva. 
La directiva de 1991 marca el objetivo y deja a los Estados miembros un cierto margen de actuación para su aplicación. 
No es una medida técnica ni tampoco analiza productos o técnicas financieras concretas, pero es aplicable también a aspectos que no se mencionan allí expresamente. 
Ante el hecho de que el centro de gravedad de las acciones en la lucha contra el blanqueo de capitales está desplazándose fuera del sector financiero formal, para la Comisión no está totalmente claro que dispongamos de un sólido fundamento jurídico para medidas que vayan más lejos. 
Tal como se dice en su informe, hay acuerdo en general en que es necesaria una cooperación más intensa entre las autoridades de los Estados miembros encargadas de combatir el blanqueo de capitales. 
La cooperación entre policía y autoridades de justicia es un campo sobre el que la Comisión no tiene hasta ahora ningún derecho de iniciativa. 
Nos tenemos que limitar, por ello, a invitar a una mayor cooperación y actuar, espero que conjuntamente, para que se mueva algo más en el campo del tercer pilar. 
La Comisión está trabajando actualmente junto con el Comité de Contacto en una serie de campos. 
Entre estos se encuentra la manipulación de la oficinas de cambio y el problema de las operaciones que no requieren una presencia personal, como las operaciones bancarias a través del teléfono o del ordenador. 
Este comité está realizando un buen trabajo y la Comisión tiene confianza en que en el marco de la directiva en vigor se puedan lograr más avances. 
Sólo si esto fracasa, la Comisión considerará elaborar una nueva directiva, además sólo si encuentra para ello un sólido fundamento jurídico. 
En cualquier caso, la Comisión tendrá informado al Parlamento tanto sobre los progresos como sobre los problemas. 
Permítanme que me refiera brevemente a la deseada ampliación de estas medidas a los Estados de la Europa oriental. 
Quiero indicar que las cláusulas sobre el blanqueo de capitales son parte de los Acuerdos de colaboración y asociación con dichos países y que, por ejemplo, también apoyamos a través de PHARE las posibilidades prácticas de ayuda técnica para que avancen en este campo y que el brazo de la ley llegue más allá de nuestras fronteras. 
Para finalizar, quiero expresar de nuevo mis felicitaciones al Parlamento por su amplio y constructivo informe. 
La Comisión proseguirá el diálogo con ustedes y espero que lleguemos conjuntamente a unos resultados mejores. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Diversidad lingüística en la sociedad de la información 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0148/96) de la Sra. Mouskouri, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (95) 0486- C4-0152/96-95/0263 (CNS) ) relativa a la adopción de un programa plurianual para promover la diversidad lingüística de la Comunidad en la sociedad de la información. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta propuesta de la Comisión se encuadra en el contexto del desarrollo de la sociedad de la información. 
Se trata de institucionalizar un programa plurianual para promover la diversidad lingüística de la Unión. 
Esta propuesta tiene dos ventajas, la segunda de las cuales deriva de la primera. 
En primer lugar, reconoce la realidad de la Unión Europea, que es su diversidad lingüística, una diversidad que está padeciendo la utilización preferente en los medios de información de una lengua, el inglés, que monopoliza el ámbito de la tecnología y el de la comunicación en general. 
Amenaza con homogeneizar el pensamiento y excluir a un gran número de ciudadanos de la Unión del acceso a la información, del desarrollo y del conocimiento. 
Por consiguiente, la adopción de este programa no puede ser sino motivo de satisfacción, ya que su objetivo es conservar y fomentar nuestro patrimonio lingüístico y, en consecuencia, garantizar la plena participación de todos los ciudadanos de la Unión, sin excepción alguna en la sociedad de la información. 
La segunda ventaja es de carácter económico. 
Parte de la premisa de que las empresas cuyas actividades estaban restringidas a mercados locales, en el futuro podrán encontrar salidas internacionales, gracias a los productos multilingües. 
Al presentarles la propuesta de la Comisión, con algunas enmiendas de la Comisión de Cultura, quisiera llamar su atención sobre un tema serio relativo al fundamento jurídico: el objetivo del programa es promover el uso de tecnologías y métodos que permitan reducir el coste de la transmisión de información entre lenguas, favorecer el fortalecimiento de las industrias relacionadas con la lengua e impulsar el desarrollo de los servicios multilingües. 
Deberíamos preguntarnos en este punto si la promoción de la diversidad lingüística de la Unión es en sí una meta objetiva y un medio para promocionar la sociedad de la información a escala internacional. 
La Comisión de Cultura ha adoptado una postura clara, considerando que el presente programa responde a un objetivo principal y ofrece los medios adecuados para su realización. 
Por consiguiente, la dimensión cultural de este programa es prioritaria con respecto a las consecuencias para la industria, y se impone un cambio del fundamento jurídico. 
Instamos al Consejo y a la Comisión a que aprueben el recurso al artículo 128 para fundamentar esta propuesta, y no sólo al artículo 130, que representaría una perspectiva mucho más limitada del tema. 
El Parlamento Europeo estará dispuesto a solicitar el fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no sólo para respaldar su postura en este caso concreto, sino principalmente para respaldar y confirmar la importancia de los valores culturales para la estructura europea. 
La Comisión ha establecido tres líneas de acción: el apoyo a la construcción de una infraestructura de recursos lingüísticos europeos, la movilización y consolidación de las industrias de la lengua y el fomento de la utilización de herramientas lingüísticas avanzadas en el sector público europeo. 
El programa finalizará en 1998 y se prevé una asignación presupuestaria de 15 millones de ecus. 
A continuación me referiré a algunas de las enmiendas más importantes de la Comisión de Cultura. 
El objeto de las enmiendas núms. 1, 2 y 7 es poner de relieve la dimensión cultural de la propuesta de la Comisión mediante el recurso al artículo 128 como fundamento jurídico. 
Del mismo modo, las enmiendas núms. 8, 9 y 10 hacen hincapié en el aspecto social de la sociedad de la información y en la necesidad de garantizar un acceso democrático protegiendo de la exclusión a determinados grupos sociales. 
La enmienda nº 11 subraya el peligro de «dialectización» a que estarán expuestas las lenguas que queden al margen de la sociedad de la información. 
Las enmiendas núms. 23 y 39 destacan el aspecto económico. 
La mayoría de las empresas a las que puede interesar este programa son PYME que necesitan nuestra protección y nuestro apoyo. 
La enmienda nº 25 propone que los Estados miembros utilicen los Fondos estructurales para apoyar la conservación de su patrimonio lingüístico. 
En diversas enmiendas se solicita una especial atención para las lenguas minoritarias de la Unión, insistiendo además en que se amplíen las sinergias con otros programas comunitarios, como ARIANE. 
Por último, teniendo en cuenta la gran importancia de este programa, se propone un aumento del presupuesto, de 15 a 20 millones de ecus. 
Para concluir, quisiera recordar la importancia de conservar el patrimonio lingüístico de la Unión y, sobre todo, de velar por que no sea invadido en un futuro por medios de información cuyo contenido sea incomprensible. 
Por último, quisiera dar las gracias especialmente a la Comisión por su excelente iniciativa, y expresar el deseo de que esta propuesta se ponga en práctica cuanto antes y se le conceda la dimensión política que merece. 
Señora Mouskouri, más allá de la cortesía parlamentaria que me obliga a darle las gracias, hoy quisiera hacerlo con subrayado enfático porque en esta institución, frente a todas las dificultades presupuestarias y técnicas, trabajamos con un multilingüismo integral. 
Y, además, se proyecta una preocupación de potenciación de las lenguas múltiples que existen en el ámbito de la Unión Europea. 
Sus palabras, que vienen a subrayar la importancia de las lenguas como un elemento de cultura, son sin duda un aspecto muy importante y le puedo asegurar que su intervención ha resonado en todos nuestros oídos como una de sus mejores melodías. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, permítanme que exprese ya al principio a la colega Mouskouri mis felicitaciones por su excelente informe sobre la propuesta de la Comisión relativa a la promoción de la diversidad lingüística en la sociedad de la información. 
Le apoyo expresamente en sus esfuerzos por sacar este programa trianual de la estrecha perspectiva de la Comisión, que lo hace bajo unos aspectos meramente económicos. 
La diversidad lingüística no es solamente un bien económico que suponga un obstáculo. 
Los conceptos empleados por la Comisión, como «industrias de la lengua» ,» idioma como producto» y otros más, ignoran totalmente que la diversidad lingüística es un patrimonio cultural y una seña de identidad de inapreciable valor. 
Hay que mantener este patrimonio cultural, por lo que se debe dar preferencia como fundamento jurídico al artículo 128. 
Afecta a la cultura y da preferencia al intercambio cultural no comercial. 
Garantiza al Parlamento la codecisión en lugar de la mera consulta según el artículo 130 que propone la Comisión. 
Como emito la opinión en nombre de la Comisión de Presupuestos, quiero mostrar algunos aspectos financieros. 
La escasa dotación de créditos de este programa por un total de 15 millones de ecus se podría aumentar mediante una modificación de las perspectivas financieras; de lo contrario iría a costas de otros sectores de la Categoría 3. 
Los créditos tienen que garantizarse anualmente en el presupuesto debiéndose tener en cuenta la gestión presupuestaria anterior. 
Esto incluye los gastos administrativos. 
Los ingresos eventuales de la participación de terceros no comunitarios no se tienen en cuenta en la ficha financiera. 
No se dice el número de funcionarios que trabaja ya en este sector. Se consideran necesarios dos puestos suplementarios y dos funcionarios nacionales. 
Hay que evitar en cualquier caso la duplicación de trabajos y de gastos, por lo que debe preverse una vinculación con otros programas, por ejemplo, con INFO 2000 o TELEMATICS. 
Es dudoso que el Comité consultivo pueda tener la visión de conjunto necesaria para fomentar no solamente megaproyectos sino también proyectos pequeños. 
Se deben comprobar en el procedimiento presupuestario anual estas dos cuestiones del Comité consultivo y de los puestos de funcionarios. 
Muchas gracias al ponente por haber recogido las enmiendas de Control Presupuestario. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Mouskouri por este informe sobre la promoción de la diversidad lingüística de la Comunidad en la sociedad de la información. 
El rico patrimonio cultural de Europa está estrechamente relacionado con sus numerosos idiomas. 
La evolución de unos servicios globales de comunicación e información podría tener fuertes repercusiones sobre los idiomas que empleamos. 
Se podría imposibilitar a las ciudadanas y ciudadanos que no están en situación de comunicarse normalmente en los idiomas usuales, la plena participación en nuestra sociedad que está orientada cada vez más a la información. 
Como la información afecta a todos los niveles de la sociedad, para garantizar la plena participación de todos, la igualdad de oportunidades es un aspecto central. 
Si dejamos que avance la revolución de la información sin más, podría surgir una sociedad de dos clases. 
Muchos de los idiomas minoritarios tienen dificultades bajo la influencia de los modelos de comunicación cambiantes. 
Si las nuevas tecnologías acaban imponiéndose plenamente, puede acelerar el proceso e incluso suponer una amenaza de extinción de la diversidad lingüística y cultural de la Comunidad Europea. 
Estos días he ojeado un informe de «Euromosaik» , en el que se trata de las comunidades lingüísticas minoritarias y en el que se dice que anteriores propuestas se referían a actividades tradicionales emocionales, como el folclore, mientras que hoy se trata de impedir la exclusión social y económica de las comunidades que emplean idiomas minoritarios y que también es decisivo ampliar el uso del correspondiente idioma en el medio laboral. 
Es decir, hoy no se trata de medidas culturales sino económicas. 
Se critica también que se dispone de muy pocos fondos y además que no se gastan siempre eficientemente. 
Son necesarias directrices claras para garantizar una relación equilibrada en el sentido de igualdad de oportunidades entre los grandes grupos de idiomas y aquellas lenguas que se emplean en grupos nacionales o regionales más pequeños. 
Para transformar tecnologías de información en productos comercializables, se necesitan recursos, como diccionarios electrónicos, bancos de datos terminológicos, de idiomas o de gramática. 
Va a ser necesario realizar esfuerzos para atraer inversiones del sector privado, como de las pequeñas y medianas empresas. 
La Sra. Mouskouri ha indicado que hay que ofrecer una ayuda adecuada a las pequeñas empresas que se ven confrontadas a mercados grandes y diversificados. 
Se han realizado ya significativas inversiones en la producción de recursos lingüísticos por parte de los Estados miembros, de la Comisión Europea y de empresas privadas. 
No obstante, la mayoría de ellos son en un idioma y con frecuencia los sistemas actuales adolecen además de compatibilidad. 
La diversidad lingüística en Europa es considerable si se compara, por ejemplo, con los EE.UU. o el Japón. 
Europa tiene la capacidad científica y tecnológica así como la fuerza económica suficiente y debe tener también la voluntad política para mantener su diversidad lingüística en la era de la información, tal como desean los ciudadanos de Europa. 
Subrayo el deseo de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación de elevar la modesta base de financiación de 15 a 20 millones de ecus. 
Hay que garantizar a las ciudadanas y ciudadanos su derecho fundamental a acceder a la información en su idioma materno europeo. 
La sociedad europea no debe dividirse en informada y no informada. 
La diversidad de Europa es nuestra riqueza. 
Tenemos que fomentarla e invertir en ella. 
Señor Presidente, antes que nada mis felicitaciones a la colega Mouskouri por lo excelente de su trabajo y por la fuerza de sus convicciones. 
A continuación mi apreciación de la propuesta de la Comisión. La diversidad lingüística en la Unión Europea es una cuestión que me atañe de muy cerca. 
No se trata tan sólo de una carga económica que tratamos de aliviar con medios tecnológicos. Se trata en primer lugar de un valor cultural, una cuestión preciosa que es preciso preservar. 
Nuestros ciudadanos conceden interés a la misma, y esto por muy numerosas razones. Es nuestro deber, también desde Europa, brindarles apoyo. 
En este sentido, el programa constituye un paso en la dirección acertada. 
En tercer y último lugar, un punto de desacuerdo. No concuerdo en absoluto con el fundamento jurídico y respaldo a la ponente enteramente en ese punto. 
Por supuesto que es lógico otorgar a este programa un sitio en la política industrial ya que fomenta la integración económica, las oportunidades de las PYME y la posición competitiva del sector de la industria de idiomas. 
Salvo que, constituye un error jurídico y político aplicar únicamente el artículo 130 como fundamento legal. 
En primer lugar, ya que de esa manera quedan excluidos parcial o completamente, el Comité de las Regiones y el Parlamento. 
En segundo lugar, porque con ello se ignora la dimensión cultural de este asunto. 
El idioma constituye al mismo tiempo el fundamento y el modo de expresión de una cultura. 
Desearía obtener una respuesta de parte de la Comisión a cada una de las dos preguntas siguientes, y por favor, de una manera afirmativa o negativa. ¿Constituye para la Comisión la diversidad lingüística un aspecto de la diversidad cultural en el sentido del artículo 128 del Tratado? 
En segundo lugar, para concluir, ¿forma parte para la Comisión la diversidad lingüística de nuestro patrimonio cultural, en el sentido que le asigna el artículo 128 del Tratado? 
Señor Presidente, quisiera expresar mi satisfacción por la propuesta de la Comisión de aprobar el programa relativo a la diversidad lingüística en la sociedad de la información, y felicitar también sinceramente a la Sra. Mouskouri. 
Aunque no cabe duda de que la interconexión e interoperatividad de los servicios prestados por archivos y centros de información constituye un elemento de progreso, hay que evitar la marginación de las regiones periféricas, que, por falta de recursos y conocimientos técnicos adecuados tienen que hacer un mayor esfuerzo de adaptación y, en consecuencia, necesitan más apoyo. 
En relación con lo anterior, hay que reparar también en los riesgos a que están expuestas las lenguas europeas minoritarias y el futuro de la cultura europea multilingüe. 
Debemos decir no a una expresión cultural unidimensional de la lengua, como se subraya con claridad en el excelente informe de la Sra. Mouskouri. 
Tenemos que apoyar, en consecuencia, los esfuerzos por fomentar los productos culturales referentes a diversas lenguas de países de la Unión Europea. 
En este razonamiento se sustenta también el apoyo prestado mediante MEDIA II a las obras audiovisuales multilingüísticas. 
Lo mismo hicimos en el caso de INFO 2000, en el área de la transición de publicaciones impresas a electrónicas, y con este talante se elaboró también el programa ARIANE sobre traducción. 
Tenemos que apoyar el aumento del presupuesto para financiar la diversidad lingüística en el marco de la sociedad de información. 
Asimismo, hay que promover el artículo 128, como ya se ha dicho, de manera que constituya, junto con el artículo 130, un doble fundamento jurídico en atención al carácter político de este programa. 
Por último, hay que insistir en que todos los países tengan acceso a los centros de información y a los servicios de la sociedad de la información, cada uno en su lengua. 
La solución fácil del inglés, esa lengua que se aplica de forma reducida y codificada, como se ha subrayado aquí- y celebro que lo hayan oído también los diputados de lengua inglesa- no representa ni defiende nuestra Europa multicultural. 
Señor Presidente, el futuro de las lenguas en Europa es un problema fundamental de la política de la Unión Europea y aunque ésta no parezca darse cuenta de ello, en vista de la dimensión residual de este programa. 
Se debe debatir y tratar, cosa que hasta ahora no se ha hecho en toda su riquísima complejidad, para buscar soluciones con la contribución de todas las instituciones de la Unión, de los Estados miembros, las instituciones especializadas y las empresas interesadas. 
El informe Mouskouri es un excelente elenco de cuestiones. 
Refleja la gran apertura de su autora. 
Tan sólo me habría gustado que hubiera fijado prioridades más claras. 
Muchos son los niveles en los que se deben considerar las políticas de la lengua. 
Primero, la lengua propia. 
Cada país y cada región lingüística debe recualificar la enseñanza de su propia lengua en la escuela. 
Esa es la base y esa base hoy no existe. 
Segundo, el biligüismo funcional. 
Cada ciudadano debe ser formado, desde el nivel escolar básico, en la idea de la pluralidad lingüística europea y llegar a ser efectivamente bilingüe o, a ser posible, trilingüe. 
Ahí tenemos un cimiento para la ciudadanía europea. 
Tercero, la traducción. 
La circulación del saber en Europa, ya sea artístico, literario o científico, debe poder hacerse en todas las lenguas, apoyándose en una política común coherente, de infraestructuras de recursos lingüísticos, llevada a cabo entre los Estados miembros y, en los casos en que la subsidiariedad lo exija, por la Unión Europea. 
Se deben tratar los problemas relativos a la traducción científica y tecnológica, la traducción literaria, la traducción de los productos multimedios, cada cual con la individualidad que su naturaleza diferente requiera. 
Cuarto, las políticas oficiales de la Unión y de los Estados miembros. 
Las políticas de la lengua en Europa deben dar un trato adecuado, lo que no significa igualitario, a las lenguas europeas nacionales, regionales, minoritarias, pero también a las lenguas no europeas habladas por las comunidades residentes en Europa. 
Quisiera acabar mi intervención mencionando un último punto y haciendo una propuesta. 
Ese último punto es la traducción y la interpretación en los foros internacionales. 
El futuro del uso de las lenguas por las organizaciones internacionales merece una reflexión desapasionada y pragmática, señor Presidente. 
Considero que es un grave error sacar la pistola cuando se habla de reducir el número de lenguas. 
No es en eso, de hecho, en lo que se juega nuestra identidad. 
En conclusión, he de decir que el lanzamiento de este programa comunitario de tres años es el momento idóneo para que se organice una gran conferencia internacional sobre el futuro de las lenguas en Europa que nos permita ver claro sobre la dirección que se debe seguir, cuando concluya la ejecución de este programa, en 1998. 
Aquí queda la propuesta a la Comisión. 
Votaré a favor de este informe y le doy las gracias a la Sra. Mouskouri por la clara mejora del texto de la Comisión que, todo hay que decirlo, la necesitaba bastante. 
La Comisión, efectivamente, tenía un enfoque muy economicista, articulado en torno a la elección de la base jurídica, el apartado 3º del artículo 130. 
Encontramos el espíritu y la letra del informe Bangemann cuando se habla de realizar economías de escala, cuando se considera al multilingüismo como un bien económico y se habla de la industria del lenguaje, y, por último, se concibe la diversidad lingüística como un obstáculo que acarrea un coste negativo y se propone superar estas barreras lingüísticas con el fin de beneficiarse de las ventajas del mercado interior, y con esto ya he citado mucho el informe. 
Tal como propugna el informe, resulta indispensable que la base jurídica sea el artículo 128 y se procure que en la época del lenguaje binario, el de los ordenadores, no impere en las redes el monolingüismo inglés y que, paralelamente, la sociedad de la información no cree un nuevo dualismo social a base de discriminaciones. 
Para evitarlo, todas las lenguas deben estar en el seno de la sociedad de la información y, por lo tanto, debemos apoyar especialmente a los idiomas minoritarios, incluidos los regionales. 
Desde este punto de vista, podrían utilizarse los Fondos Estructurales para preservar y desarrollar el patrimonio lingüístico de los Estados miembros. 
Procuremos no favorecer únicamente los megaproyectos; deben apoyarse proyectos más modestos y junto a ellos las PYME que desarrollen herramientas, métodos y servicios multilingües. 
No olvidemos que las desigualdades en nuestras sociedades presentan una dimensión profundamente cultural, que se expresa en términos de exclusión y desarraigo. 
En el ámbito de las lenguas como en los demás sectores culturales, como decía Brecht en relación con el teatro, es preciso «ampliar el círculo de entendidos». 
Quedan por construir las condiciones de esta ampliación, que pasan asimismo por un presupuesto digno de dicha ambición. 
Quisiera agradecerle a la Sra. Nana Mouskouri el haber cumplido y además con acierto una misión particularmente difícil, la de aprehender el conjunto de envites culturales y económicos vinculados a la emergencia de un nuevo tipo de sociedad: la sociedad de la información. 
Ésta representa a la vez una oportunidad y un riesgo para los países de la Unión Europea. 
Una oportunidad, porque el desarrollo de la ingeniería lingüística ofrecerá la posibilidad de reducir la lentitud y los costes propios del multilingüismo permitiendo transferencias rápidas de un idioma a otro. 
Un riesgo, porque si los usuarios no son lo bastante avezados y exigentes, será grande la tentación para las industrias de utilizar el progreso de la tecnología lingüística en provecho de un vehículo de comunicación único y uniformizador compuesto de angloamericano básico, que desembocará en el monopolio de una lengua tecnológica, una jerigonza, un idioma internacional empobrecedor para todos, incluida la lengua inglesa. 
Los esfuerzos de investigación llevados a cabo en materia de industria de la lengua lo convierten hoy en un sector importante de potencial desarrollo industrial. 
En este mercado en expansión, los países de la Unión Europea tendrán muchas posibilidades de implantarse, siempre que decidan llevar a cabo una política suficientemente voluntarista. 
Esta implantación puede hacerse en cooperación con socios exteriores, especialmente norteamericanos. 
Pienso en particular en el Quebec cuyas investigaciones en materia de industria de la comunicación están muy avanzadas y que, actualmente, están buscando socios industriales y financieros para alcanzar suficiente dimensión y afrontar el mercado internacional en buenas condiciones. 
La diversidad lingüística no es un envite puramente europeo. Constituye un reto planetario que afecta tanto a nuestro continente como al continente americano. 
Nuestros socios del otro lado del Atlántico han sabido calibrar más y mejor que nosotros este desafío. 
De este modo, la ALENA ha optado por privilegiar su plurilinguismo adoptando tres lenguas oficiales: el español, el inglés y el francés. 
Asimismo, esta sociedad de la información puede tener efectos reductores respecto a nuestro patrimonio lingüístico, porque la utilización de nuevas herramientas tecnológicas supone la utilización de una nueva terminología que, creada de modo pragmático por los usuarios, actualmente está constituida sobre todo por un inglés americano desvirtuado. 
A este respecto el informe de la Sra. Mouskouri subraya útilmente la necesidad de crear terminologías que eviten la uniformización y que permitan conservar las cualidades propias de cada lengua y, por lo tanto, la propia relación con nuestra cultura común. 
Asimismo es muy importante que el ponente haya subrayado el apoyo a las tecnologías. 
Efectivamente, se constata que los servicios que usan lenguas menos corrientes que el inglés en las redes de información disponen por lo general de materiales de potencia reducida, lo que dificulta su acceso. 
Así que los usuarios tienen la tentación de pasarse a servidores más potentes pero, por lo general, americanófonos. 
El plurilingüismo es un elemento constitutivo de Europa. 
No es una traba, es una riqueza que conviene conservar y fomentar. 
Para que exista una Europa respetuosa con los pueblos y las naciones que la componen, éste debería ser un ámbito de cooperación totalmente prioritario. 
El Grupo Europa de las Naciones le agradece a la Sra. Mouskouri que lo haya recordado con convicción y energía. 
Señor Presidente, la diversidad de nuestros idiomas es parte integrante de nuestro patrimonio cultural que debe conservarse y cuidarse. 
El proyectado programa de acción contribuirá a este importante objetivo. 
Pero quiero llamar la atención sobre un aspecto al que quizás no se concede la suficiente atención. Me refiero a los idiomas minoritarios. 
Son también expresión de la diversidad cultural, por lo que me alegro de que la ponente se haya referido de modo constructivo a esta cuestión en varias enmiendas. 
Es necesario tener en cuenta los idiomas minoritarios en los programas aunque se trate de idiomas que solamente son oficiales fuera de la Unión. 
Precisamente estos idiomas no deben excluirse de la sociedad de la información. 
Por ejemplo, en el Estado federal más meridional de Austria, Carintia, vive una importante minoría eslovena cuyo idioma se cuida y garantiza de modo ejemplar en el sistema escolar austríaco. 
Lamentablemente, no se puede decir lo mismo sobre la minoría germanoparlante en Eslovenia. 
Pero, independientemente de ello, sería importante que precisamente para tales minorías lingüísticas, tal como se propone en la enmienda 29, se considerasen y llevasen a cabo acciones piloto. 
En relación con la ampliación hacia el este, que naturalmente afecta intensamente a las regiones fronterizas austríacas, tales acciones podrían desatar interesantes sinergias. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero expresar también mi felicitación a la Sra. Mouskouri por su magnífico trabajo y resaltar la importancia del tema que nos ocupa y el papel que el Parlamento Europeo debe representar en todo lo relacionado con la defensa y promoción de la diversidad lingüística en la sociedad de la información. 
La sociedad de la información nos ofrece la posibilidad de enriquecer el principal bastión europeo, que consiste en una rica herencia cultural, histórica y lingüística, al ofrecernos la posibilidad de prestar nuevos servicios destinados a una audiencia europea más amplia. 
A través de las denominadas «autopistas de la información» , la cultura y las lenguas se difundirán más rápida y ampliamente dentro y fuera de Europa. 
La construcción europea debe desarrollarse desde el respeto al patrimonio cultural y lingüístico de sus ciudadanos, e iniciativas como ésta contribuyen a fomentar esta diversidad. 
Los retos y oportunidades que nos brinda la sociedad de la información debemos aprovecharlos en favor de los ciudadanos europeos, salvaguardando uno de los principios fundamentales del Derecho comunitario como es la igualdad de oportunidades. 
La utilización de todos los idiomas comunitarios en las redes de comunicación es fundamental para desarrollar una información y comunicación accesible a todos, ya que los ciudadanos, incapaces de comunicarse en las lenguas de gran difusión como puede ser el inglés, podrían verse privados de cualquier forma de comunicación o, por lo menos, en inferioridad de condiciones frente a otros. 
El Parlamento debe participar activamente en el funcionamiento, puesta en práctica y resultados del programa como órgano de representación de los intereses de los ciudadanos europeos, velando a su vez por el establecimiento de sinergias entre el presente programa y los demás programas relativos a la sociedad de la información, ya que es evidente que la coordinación ahorra la duplicidad de esfuerzos que es, a menudo y lamentablemente, una práctica habitual en la Unión. 
Por todas estas razones, señor Presidente, quiero manifestar de nuevo todo mi apoyo al informe de la ponente y, por supuesto, reiterarle mi más sincera felicitación por su trabajo. 
También debemos apoyar iniciativas comunitarias como este programa de promoción de la diversidad lingüística, que garantiza una protección multilingüe total a la utilización de la información electrónica. 
Señor Presidente, soy partidario del programa trienal de la Comisión encaminado a promover la diversidad lingüística en la sociedad de la información mediante el estímulo de nuevas tecnologías y el desarrollo de servicios plurilingües. 
Apoyo también la enmienda de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación que preconiza el aumento de la asignación presupuestaria de 12 a 16 millones de ecus. 
Tenemos que velar por que la difusión de la tecnología moderna fortalezca en vez de debilitar la rica diversidad multilingüe de nuestro continente. 
La creciente importancia de un servicio de comunicaciones y una red mundial de información dominados por el inglés no tiene que ir en detrimento de la gama de culturas y lenguas europeas. 
Este programa está encaminado a estimular a los productores para que faciliten manuales y material de apoyo en diversas lenguas, busquen la manera de proporcionar diccionarios electrónicos y bancos de terminología multilingües, y promuevan la expansión de programas informáticos. 
Con el inglés firmemente establecido como idioma principal de alta tecnología internacional, se teme que los que no hablan inglés no puedan aprovechar los diversos servicios disponibles, lo que reduciría las ventajas de la sociedad de información para las escuelas, las empresas y los hogares. 
Hay una inquietud justificada de que la diversidad lingüística derivada de los 45 idiomas nacionales y regionales hablados por los 270 millones de habitantes de la Unión Europea se vea asfixiada por la predominancia de uno o dos idiomas principales. 
No hemos de olvidar nunca que el 20 % de nuestros ciudadanos hablan idiomas minoritarios. 
No hay que permitir que esos idiomas salgan perjudicados como consecuencia del papel dominante de algunos idiomas principales. 
Entre ellos figura, naturalmente, el primer idioma de mi país, el idioma irlandés. 
El ciudadano tiene que tener acceso a la información en su propio idioma. 
Espero que la reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones que va a tener lugar el próximo día 27 de junio tenga la sensatez y la clarividencia necesarias para apoyar esas propuestas innovadoras del Parlamento Europeo. 
Muchas gracias, señora Larive. Usted sabe bien que el mazo de presidencia no es para quitarle la palabra, sino, bien al contrario, para advertirle a usted de que ha terminado su tiempo de palabra. 
Señor Presidente, aunque mi Grupo valora como altamente positiva la propuesta del Consejo para la creación de este programa, lamenta, sin embargo, que la dotación presupuestaria prevista en principio sea insuficiente para llevar a cabo los objetivos que plantea la promoción de la diversidad lingüística de cara a la nueva sociedad de la información. 
La Carta europea sobre las lenguas minoritarias dice que se debe suprimir todo tipo de discriminación por lo que se refiere al uso de las mismas, y la salvaguarda de este principio puede estar en peligro por la irrupción de nuevas formas de comunicación emitidas en lenguas privilegiadas. 
Por otro lado, quizás existe, por parte del Consejo, una minusvaloración de los fines a alcanzar. 
Si nos hemos propuesto en estos programas el garantizar un acceso democrático de los ciudadanos a la información, es esencial que ésta esté disponible en su lengua. 
Por otro lado, creo que, destinando una financiación apropiada a este programa, estaría en nuestras manos el hacer que nuestra diversidad cultural en la nueva sociedad de la información sea, de verdad, una riqueza y que, además, esa rica diversidad europea sea transformada en la clave de identidad que nos diferencie del universo informativo- sólo en lengua inglesa -, que proviene de los Estados Unidos. 
Nuestro Grupo se muestra convencido de la necesidad de no olvidar la potenciación de las lenguas minoritarias de la Unión, así como de las lenguas minoritarias que nos traen otras personas a las que acogemos en nuestro territorio. 
Ello contribuirá, sin duda, a aumentar la diversidad cultural de esta sociedad de la información plural y democrática que queremos para Europa. 
Y acabo refiriéndome al Estado español, donde las lenguas como el catalán, el gallego y el euskera forman parte importante de nuestro patrimonio cultural y, como tales, y en su oficialidad, merecen todas las medidas que puedan tomarse en favor de su buena salud y de su potenciación. 
Por último, permítame hacer una referencia a lenguas como el bereber, que, además de hablarse en el territorio español, es lengua de miles de emigrantes que también contribuyen al enriquecimiento del patrimonio cultural español y europeo. 
Muchas gracias, señor Mohamed Alí. 
Le digo lo mismo que a la Sra. Larive. 
Cuando utilizo el mazo es sólo para que ustedes sepan que han consumido su tiempo, que ustedes mismos pueden administrar en una tarde tan interesante y plácida como ésta y con tan buena compañía. 
Señor Presidente, en este informe se corrige lo que a veces es un olvido imperdonable en las instituciones europeas. 
Se habla muchas veces de lenguas oficiales de la Unión, y se olvida que muchos millones de ciudadanos hablamos lenguas que no lo son. 
Pero sí son lenguas oficiales en nuestros diferentes ámbitos. 
Hablar de diversidad lingüística sin poner al mismo nivel estas lenguas sería un sarcasmo y una discriminación hacia los derechos lingüísticos de los ciudadanos europeos. 
Y diría más, estas lenguas necesitan un apoyo suplementario, porque son más débiles frente a los retos que la sociedad de la información plantea. 
La Comisión dice que las fuerzas del mercado por sí solas no bastan para lograr la sociedad de la información multilingüe en Europa, que es precisa una acción positiva. 
Pues ello es más verdad, si cabe, para las lenguas menos extendidas. 
La acción del Parlamento al apoyar, en su Comisión de Cultura, este aspecto, es un importante avance, y lo será también, estoy seguro, su aprobación definitiva. 
Merece un particular subrayado el apoyo a las lenguas más débiles, especialmente en zonas bilingües. 
El bilingüismo es una riqueza cultural, pero es también un aspecto interesante de la tolerancia y el respeto mutuo. 
El tener dos lenguas es para algunos algo que nos ayuda a entender un poco mejor el concepto de respeto a los demás, siempre que sepamos asumir ambas como propias. 
Tenemos que adecuar mecanismos para que en la sociedad de la información, en la que la comunicación va a cambiar de forma radical, estas lenguas puedan desarrollarse. 
Nuestro mundo vive dos fenómenos diferentes, ambos son las dos caras de una misma moneda: la globalización con las nuevas tecnologías y la innovación como motor, y al mismo tiempo, la vuelta a lo pequeño, a lo propio, a aquello con lo que nos identificamos. 
Ambas tendencias son positivas y compatibles. 
El apoyo al multilingüismo en la sociedad de la información creo que representa un bonito equilibrio entre ellas. 
Por ello, señora Mouskouri, muchas gracias por su informe que estoy seguro que va a trabajar en este sentido. 
Señor Presidente, Señorías, deseo expresar mi más entusiasta apoyo al informe de la Sra. Mouskouri sobre la adopción de un programa plurianual para promover la diversidad lingüística de la Comunidad en la sociedad de la información. 
El informe- y las enmiendas que propone la Comisión de Cultura- muestra una encomiable sensibilidad y una muy positiva propuesta para la aplicación de los principios que contiene el Tratado en relación a la política cultural, la conservación y protección del patrimonio cultural de la Unión y la aplicación del principio de la unidad en la diversidad. 
El informe y las enmiendas que propone garantizan estos principios, presta especial atención a las lenguas no oficiales de la Unión que tienen un estatuto reconocido a nivel regional, e insiste en la aplicación de una política de garantía y promoción de la diversidad lingüística de la Unión Europea, asegurando una información multilingüe, incluyendo la protección y ayudas a las denominadas lenguas minoritarias, y aprobando los recursos necesarios para ello por un importe de 20 millones de ecus, según la distribución que propone la enmienda nº 2. 
Para aquellos que no hayan podido seguir el diálogo entre el señor Presidente y yo, le he dicho, en una lengua común que hablan millones de ciudadanos europeos, que nosotros comprendemos la importancia de este informe precisamente porque hay millones de ciudadanos europeos capaces de expresarse en su propia lengua, que expresa su identidad, y que es una riqueza espiritual a la cual nosotros no podemos renunciar. 
Muchas gracias, señor Gasòliba. 
Señorías, aunque ustedes se hayan perdido, y era muy interesante, una parte del contenido de la intervención del Sr. Carles Gasòliba, yo creo que es interesante también que nos vayamos acostumbrando a la fonética y, por lo tanto, en un día como hoy y en un debate como éste, me parece que era muy oportuno escuchar una de las lenguas que representan un elemento de la riqueza cultural multilingüística de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señoras y señores, la siguiente cita de un libro que acaba de aparecer sobre teletraducción, coincide plenamente con la presente propuesta. 
Se dice allí: » Ahora, en que estamos a punto de solucionar los problemas técnicos, sale a la luz el auténtico problema de la comunicación y éste es gigantesco. 
Diversos idiomas esperan como obstáculos al otro lado de la autopista electrónica y descubren plenamente la naturaleza problemática de la comunicación cultural transversal». 
Encontrar soluciones es la tarea mucho más difícil que se ha impuesto la Comisión con esta propuesta para un proyecto paneuropeo, junto con los Estados miembros y las instituciones privadas y públicas pertinentes. 
El informe de la ponente, Sra. Mouskouri, a la que felicito sinceramente, comparte nuestro análisis de las repercusiones de la sociedad de la información sobre los idiomas europeos y viceversa. 
No existe tampoco ninguna diferencia esencial en la interpretación de las acciones, si bien el Parlamento Europeo es más ambicioso de lo que la Comisión ha considerado hasta ahora como factible. 
Quiero aclarar desde un principio que el multilingual information society programme es parte del programa de acción «La marcha de Europa hacia la sociedad de la información» y que debe coordinarse con otras acciones previstas en este plan. 
Tras un concienzudo análisis de las 59 enmiendas, la Comisión ha acordado recoger 21 directamente y 16 parcialmente o con pequeñas modificaciones de redacción. 
Por razones de tiempo, no voy a leerles todas. 
Pero la Comisión no se ve en situación de recoger las 22 enmiendas restantes. Me voy a referir aquí a las más importantes y exponerles los motivos. 
El Parlamento Europeo propone aplicar como fundamento jurídico el artículo 128 junto al 130, a lo que une, como consecuencia lógica, algunas enmiendas adicionales. 
La Comisión considera que el fundamento jurídico es el apartado 3 del artículo 130, pues el objetivo principal consiste en motivar a la industria para desarrollar y ofrecer productos y servicios en varios idiomas bajo la aplicación de avanzados instrumentos tecnológicos y lingüísticos. 
Pero el que la Comisión insista en este fundamento jurídico no ha impedido que solicitase al Comité de las Regiones una opinión que seguramente conocerán ustedes. 
Los ciudadanos europeos emplean muchos idiomas para la comunicación y la sociedad de la información debe garantizar que en el futuro siga siendo así. 
Los actores principales que deben garantizar que los ciudadanos puedan utilizar su idioma materno son las numerosas empresas, el sector público y las organizaciones privadas que proporcionan o reciben informaciones de los ciudadanos así como las empresas especializadas y profesiones que facilitan dichos servicios en los diversos idiomas. 
Las acciones propuestas por la Comisión están dirigidas sobre todo a aquellos para crear conciencia, estimular la cooperación y hacer más transparente la transmisión de servicios lingüísticos. 
Estos objetivos concretos han movido a la Comisión a proponer el apartado 3 del artículo 130 como único fundamento jurídico aunque reconozca plenamente las repercusiones de este programa sobre otros aspectos de la vida y de la sociedad y, ante todo, sobre la protección del patrimonio lingüístico. 
La propuesta de presupuesto de la Comisión ha sido considerada por el Parlamento Europeo como demasiado modesta. 
La Comisión parte del hecho de que por motivos de subsidiariedad, los que en primera línea deben actuar son los Estados miembros pero que también se debe contar con inversiones del sector privado. 
El programa propuesto tiene un período de vigencia de sólo tres años y se trata de tierra incógnita. 
Un buen motivo éste para ser precavido al principio. 
La propuesta de presupuesto de la Comisión de 15 millones de ecus es ciertamente limitada, pero creemos que adecuada para financiar acciones de sondeo, fomentar la sensibilización, movilizar a los afectados, crear las bases para infraestructuras institucionales y lingüísticas y fomentar el uso de herramientas multilingüísticas. 
Me permito recordar al Parlamento Europeo que la planificación financiera general limita seriamente nuevas iniciativas presupuestarias y las actuales limitaciones de la perspectiva financiera del capítulo 3 son especialmente estrictas, sobre lo que ha llamado la atención la Sra. Theato. 
También quiero indicar que según la declaración conjunta sobre normas financieras del 6 de marzo de 1995, la Comisión no determina marcos de referencia para los actos jurídicos que no son objeto del procedimiento de codecisión. 
En lo tocante a la distribución de los créditos, es decir, la enmienda nº 58, la Comisión reconoce la importancia de los campos de acción 1 y 2, aunque no se debe infravalorar el importante papel del sector público como banco de pruebas para la práctica multilingüística. 
Respecto a la sinergia con otros programas, quiero indicar que tanto la Comisión como el Parlamento son de la opinión de que una cooperación con éxito es y debe ser el concepto clave para este programa. 
Sin embargo, el potencial de cooperación y sinergia no se limita a las iniciativas comunitarias. 
Multilingual information society puede considerarse básicamente como un ejercicio de cooperación europea. Pero esto significa que el programa debe ser un elemento atractivo también para otras iniciativas. 
Por ello, es necesaria una gestión buena y transparente del programa, un amplio apoyo político y unos recursos financieros adecuados. 
Permítanme que destaque de mi propia documentación que con nuestro programa INTERREG fomentamos también en parte lenguas minoritarias para mostrar claramente que esto es una parte esencial de la diversidad europea. 
Somos, pues, plenamente conscientes de la importancia político-regional de este tema. 
Para finalizar, permítanme felicitar a las comisiones del Parlamento, en especial a usted, señora Mouskouri, así como a la Comisión de Cultura, Juventud, Formación y Medios de Comunicación, por sus constructivas y creativas propuestas. 
Lamento que en lo tocante al fundamento jurídico seamos de opiniones diferentes. 
No obstante entendemos en parte la interpretación del programa de la Comisión de Cultura, Juventud, Formación y Medios de Comunicación. 
Reconocemos que el modo de tratar los problemas de comunicación lingüística tiene consecuencias culturales, sociales y políticas. 
Pero, en opinión de la Comisión, el programa apunta ante todo a la industria y a la industria lingüística aunque este concepto no entusiasme a todos. 
Argumentos jurídicos no permiten a la Comisión apoyar la propuesta del Parlamento Europeo. 
No obstante, la Comisión y el Parlamento marchan en la misma dirección, si bien el Parlamento, en lo que tiene perfecto derecho, va un poco más rápido y mira un poco más lejos. 
Estoy convencida de que entre el Parlamento y la Comisión existe el acuerdo de impulsar el desarrollo de una sociedad de la información multilingüística que haga justicia a la diversidad europea. 
Señor Presidente, había planteado dos preguntas muy concretas a la Comisión. 
Puedo aceptar perfectamente que no se me dé respuesta ahora a las mismas, aunque me preguntaba si más tarde podré recibirlas por escrito o si primeramente no debo introducir una pregunta por escrito para tener la seguridad de una respuesta. 
Desearía saber si es necesario. 
Señora Comisaria, muchas gracias por las respuestas que nos ha dado. 
Sólo quisiera comentar que resulta muy difícil admitir que la diversidad de Europa se industrialice. 
Es algo que cuesta admitir. 
Europa tiene que crear su propia infraestructura apoyándola en este multilingüismo, en la riqueza multilingüe que es consustancial a su cultura, y en la que se unirán todos los Estados para crear esa Europa. 
Creo que el multilingüismo es la identidad de Europa, y si lo limitamos a su presencia en la industria, limitaremos también su calidad. 
Si canalizamos la identidad de Europa a través de los medios de información, la limitamos, rebajando una calidad que sería superior si se difundiera en la dimensión que se merece, es decir, su dimensión cultural. 
Insistiremos todo lo que podamos y confiamos en que muestren mucha comprensión. 
Sólo quiero dirigirme muy brevemente a usted, señora Mouskouri. 
No queremos industrializar la diversidad de Europa, sino al revés, utilizar la industria y también los servicios públicos y la política como instrumentos para que esta dimensión cultural sea utilizable en la práctica también por los ciudadanos. 
Este tiene que ser nuestro objetivo. 
Pero esto no podemos hacerlo solos ni tampoco la Unión Europea sola, sino que para ello necesitamos a aquellos que tienen que poner a disposición los medios para que las ciudadanas y ciudadanos puedan comunicarse en su propio idioma en las autopistas de datos. 
Creo que estamos de acuerdo totalmente con este objetivo aunque en la cuestión del fundamento jurídico seamos de opiniones diferentes. 
Deseo responder gustosamente a sus preguntas aunque creí que ya lo había hecho en relación con el Comité de las Regiones. 
Quizás podamos aclarar de nuevo en qué está usted especialmente interesada. 
Puede ser que mi respuesta haya sido demasiado genérica. 
Queremos proceder de un modo aún más concienzudo si así lo desea en algún que otro aspecto. 
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.55 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, ayer por la mañana, en la aprobación del Acta, sugerí que se podría hacer constar en acta el coste medio de las votaciones nominales, ya que observé que había un gran número del día anterior. 
Dicho coste no figura, como tampoco una indicación del número de árboles que podrían necesitarse cada año para su publicación. 
Menciono esto precisamente porque el Grupo Verde consiguió solicitar más votaciones nominales que ningún otro grupo. 
¡Debieran pensar en los árboles! 
Señor Kellett-Bowman, aunque esa cuestión no era objeto del debate, lo tendremos en cuenta y nos ocuparemos de ello. 
Señora Presidenta, lamento seriamente tener que intervenir aquí. 
Por lo general no tengo la tendencia de referirme a las Actas, pero el Sr. Kellett-Bowman debe darse cuenta que el Grupo de los Verdes no es el único que solicita una votación principal. 
Además de ello, el Grupo Verde es el grupo que por excelencia vela constantemente por que en todas partes de Europa se siembren árboles, se protejan los bosques, no se construyan carreteras cuando perjudican a la naturaleza y la destruyen. 
Por consiguiente, le pido que no culpabilice ahora a nuestro grupo por la destrucción del medio ambiente al solicitar una votación principal. 
Señor Kellett-Bowman, Vd. es miembro de un grupo político que aboga constantemente por redes transeuropeas que destruyen la naturaleza por doquier. 
Señora van Dijk, estamos en la aprobación del Acta. 
Señora Presidenta, antes ha empezado a hablar la Sra. van Dijk de las redes sobre las que no se puede hablar si no hay motociclistas. 
Le remito al informe del 18 y 19 de junio: en relación con la intervención, la Sra. Van Dijk acaba de tomarle la palabra a la Sra. Larive. 
Ha salido incluso para Cuba- no sé si es algo acertado o no, pero prefiero suponer que habrá de regresar- aunque en el informe consta la expresión «por último, señora Presidenta, un llamamiento al propio motociclista, 82 años, de valor medio». 
Los motociclistas suelen envejecer por lo general cuando descienden de nuevo de la moto, aunque la Sra. Larive no deseaba referirse a los motoristas de 82 años, sino a 82 decibelios. 
¿Desearía Vd. corregir ese error? 
Señor Wijsenbeek, ahora se trata del Acta. 
Usted se refiere al arco iris. 
Puede presentar propuestas de modificación si hay algo que, en su opinión, deba hacerse de otra manera. 
Señora Presidenta, ayer se aplazó el informe Schulz y, según el Acta, se retrasará hasta el próximo período parcial de sesiones. 
Me gustaría saber si la llamada minisesión de Bruselas forma parte de ese período parcial de sesiones, ya que eso implicaría retrasarlo hasta julio, o si hay que considerar la sesión de Bruselas aparte. 
Quisiera saber si este informe se considerará el miércoles al principio de la sesión o el jueves en el turno de votaciones. 
Ruego que se aclare este extremo, porque el Acta no lo precisa en absoluto. 
En principio, por lo que respecta al orden del día, el período de sesiones de Estrasburgo y la minisesión subsiguiente deben contemplarse como un todo. 
El informe Schulz se someterá a votación el jueves de la minisesión a las 11.00 horas, en el turno de votaciones. 
Señora Presidenta, cuando uno preside debe extremar el cuidado al expresarse. 
No existen minisesiones. 
O hay sesión, y entonces es plenaria, o no la hay. 
Desgraciadamente, esta expresión ha adquirido carta de naturaleza. De ahora en adelante me expresaré correctamente. 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
Señora Presidenta, si comprendo bien a nuestra colega la Sra. Mouskouri, ¿afirma ella que este tan largo texto ha sido presentado como una enmienda oral? 
Desearía entonces se me ofreciera una aclaración, ya que la cuestión no es del todo clara para mí. 
¿Contempla la propuesta de la Sra. Mouskouri una modificación de la dotación financiera? 
Pues, en ese caso, me pregunto en efecto si esto es posible a través de una enmienda oral; en caso contrario, ¿podría usted leer exclusivamente la frase que contiene esa enmienda oral? 
Porque por el momento esa cuestión no está clara. 
Señora Mouskouri, ¿podría usted leer otra vez la frase que habría que añadir? 
Señora Presidenta, señor De Vries, sí, ésta sustituirá a la primera parte de la enmienda nº 33. 
Se lo digo en francés, para ser más exacta. 
El importe de referencia para la duración total del programa se elevará a 20 millones de ecus, de los cuales 5 millones de ecus están subordinados a la revisión de las perspectivas financieras. 
El añadido reza así: » de los cuales 5 millones de ecus están subordinados a la revisión de las perspectivas financieras». 
Ésta es la enmienda oral que se propone. 
Sobre la enmienda nº 58 
Señora Presidenta, exactamente; esto resulta de la enmienda nº 33, y tenemos que eliminar la última parte de la enmienda nº 58. 
La primera parte corresponde exactamente a lo mismo que se deriva de la enmienda nº 33. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
La iniciativa de la Comisión de crear un programa para promover la diversidad lingüística de la Comunidad en el marco de la sociedad de la información resulta fundamental de cara al mantenimiento de la diversidad cultural de la Unión. 
Una iniciativa que el excelente informe de la Sra. Mouskouri, que voy a votar favorablemente, ha mejorado de manera indudable gracias a las enmiendas introducidas. 
Quiero destacar en particular las que modifican la base jurídica, lo que significa la posibilidad de tramitar la propuesta por el procedimiento de codecisión, y las que se dirigen a destacar y reforzar la pluralidad lingüística de la Unión al incluir las lenguas regionales y minoritarias. 
Especial importancia tienen para mí en tanto que representante del pueblo de Catalunya estas enmiendas que yo misma había presentado en comisión, ya que gracias a ellas el catalán podrá también beneficiarse de los programas contemplados en la propuesta. 
En todo caso el informe Mouskouri significa un paso más en el camino de una Unión Europea respetuosa de su diversidad cultural y de los signos de identidad de los pueblos que la componen y, por ello, espero que la Comisión lo haga suyo. 
Como presidente del Grupo de Trabajo de las Lenguas Minoritarias, quiero felicitar a la señora Mouskouri por su excelente informe y por el hecho de que sus enmiendas de hoy ponen un gran énfasis en el fomento de las lenguas minoritarias. 
Quien, como la ponente, se siente a sus anchas en casi todas las culturas de Europa puede apreciar el valor incalculable que representa la diversidad cultural y es la persona idónea para superar las múltiples formas de cerrazón centralista que hoy existen. 
Insto al Consejo, a la Comisión y a los diputados a mantener las líneas presupuestarias de apoyo a las lenguas de las minorías y a aprobar un aumento del 15 por cien en el próximo presupuesto, porque los créditos se han gastado en su totalidad y las tareas a realizar aumentan. 
Asistencia a los proveedores ACP de plátanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0182/96) del Sr. Castagnède, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (96) 003- C4-0187/96-96/0028 (SYN) ) por el que se modifica el Reglamento nº 2686/94 por el que se establece un sistema especial de asistencia a los proveedores ACP tradicionales de plátanos. 
Señora Presidenta, señoras y señores; como ustedes saben, el Convenio de Lomé garantiza el acceso, a los mercados a la Unión, de los proveedores tradicionales de plátanos de los países ACP. 
También es sabido que la creación, en 1993, de una organización común de mercados de dicho producto podía afectar la posición de los proveedores ACP tradicionales de plátanos en el mercado de la Unión. 
Por ello, la Unión estableció en 1993 un sistema especial de asistencia técnica y financiera a dichos proveedores ACP tradicionales de plátanos para que pudiesen adaptarse a la nuevas condiciones del mercado, así como para garantizar un apoyo a sus ingresos. 
Este sistema especial se estableció mediante un reglamento aprobado en 1994 y cuya fecha de expiración se cumplía, en principio, el 28 de febrero de 1996. 
La Comisión ejecutiva nos propone prorrogar la fecha de expiración de dicho reglamento hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Ello obedece a dos razones. Primeramente, al retraso con que se publican las estadísticas que sirven para calcular el apoyo a los ingresos; en segundo lugar, al plazo de presentación de los proyectos que podrían contar, en estos países, con la ayuda técnica y financiera de la Unión. 
En cuanto al fondo, señora Presidenta, señoras y señores, la propuesta de la Comisión ejecutiva no presenta ningún género de problemas, por lo que la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha propuesto aprobarla. 
Sin embargo, ocurre que, por una parte, durante el pasado año el mercado del plátano de la Unión sufrió importantes alteraciones. 
Como ustedes saben, la Unión fue ampliada a nuevos miembros, y por este motivo la Comisión ejecutiva tuvo que aumentar sensiblemente la cuota de libre importación de determinados terceros países, en particular de los países productores de América Central, cuyas producciones se comercializan a través de multinacionales norteamericanas. 
Aparentemente, la apertura ha sido excesiva. Se ha producido un sobreabastecimiento del mercado y una caída de los precios. 
Por otra parte, la organización común de mercados del plátano es objeto de una reorganización, de una redefinición, que pronto les será sometida. 
Los países ACP, proveedores tradicionales de plátanos están legítimamente preocupados por estos cambios, y en particular por un cambio que, por el hecho de provocar una excesiva apertura del mercado a los productos de terceros países- en especial de aquellos países que producen a muy bajo coste -, puede exponer, evidentemente, su posición en el mercado. 
La Asamblea Paritaria ACP-UE, en la reunión celebrada en Namibia en el mes de marzo, se hizo eco de estas preocupaciones y, a través de una resolución del 22 de marzo, apoyó la creación de un dispositivo que garantiza, que perpetúa, el vínculo especial de solidaridad entre la Unión Europea y estos países ACP. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento ha creído oportuno hacer referencia a dicha resolución de la Asamblea Paritaria por razones de coherencia entre las posiciones que aquí se defienden y las que se mantienen ante los representantes de los países ACP, y ha querido reflejar esta referencia simplemente a través de una enmienda que no modifica el fondo de la propuesta de la Comisión ejecutiva, sino solamente sus considerandos. 
Así pues, no existe ningún obstáculo jurídico para que una decisión de la Unión Europea se remita a la opinión de un organismo consultivo. 
Deseo puntualizar simplemente que si ello supusiera un retraso de la aplicación del sistema especial de asistencia, es muy posible que la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento no mantuviese una postura capaz de provocar dicho efecto negativo, máxime cuando en breve se someterá al Parlamento, para examen del fondo, los términos de la modificación de la organización del mercado. 
Señora Presidenta, señoras y señores, estas son las observaciones que puedo hacer sobre esta propuesta de la Comisión. 
Señora Presidenta, queridos colegas, el Sr. Castagnède ha explicado exactamente el sentido del debate que hoy realizamos sobre una modificación parcial y concreta del Reglamento 2686/94, por el que se establece un sistema especial de asistencia a los proveedores tradicionales de plátanos de origen ACP. 
La Comisión propone, simplemente, prorrogar la fecha de expiración de este Reglamento- que ha vencido el 28 de marzo último- hasta el 31 de diciembre por razones ampliamente explicadas por el ponente, Sr. Castagnède, y que yo no voy a repetir por razones de tiempo. 
La enmienda que se ha introducido en la Comisión de Desarrollo es una enmienda que recoge, como ha dicho también el ponente, una propuesta de resolución que yo mismo, con mi colega el Sr. Robles Piquer, presenté en la reunión de la Asamblea Paritaria ACP en Windhoek, en Namibia, y que, con aportaciones de otros diputados y de otros grupos de los representantes ACP, fue finalmente aprobada por unanimidad. 
Y es, sencillamente, una declaración de carácter político que trata de reforzar la posición, tanto de los países ACP como de los productores europeos de plátanos, en la defensa que vienen haciendo de la OCM del plátano. 
Defensa del Reglamento 404/93 que es de todo tipo pertinente, dado que, desde su aprobación hasta hoy, la OCM del plátano en Europa no ha dejado de ser sometida a un acoso permanente; acoso permanente por medidas legítimas, sin duda, en muchos casos, en la mayoría de los casos, pero a veces por medidas que no parecen de todo punto justificables. 
Por ejemplo, conocemos desde hace algunos meses que, a través de algunos puertos europeos, se está produciendo la importación fraudulenta de hasta 100.000 toneladas de plátano al año por un sencillo procedimiento de fraude: cada bulto de plátanos debe pesar 18, 14 kilos, y la realidad- las inspecciones realizadas- demuestra que todos ellos sin excepción pesan más, y la mayoría de ellos entre 19 y 20 kilos. 
Esto obedece a una estrategia predeterminada de vulnerar los contingentes establecidos, es decir, es una maniobra más para forzar, violentar, la norma comunitaria en vigor. 
Por tanto, creemos que es pertinente aprobar la resolución propuesta por la Comisión de Desarrollo y defendida por el Sr. Castagnède con las modificaciones introducidas por la Comisión de Desarrollo. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que no hace falta que vuelva a considerar la propuesta porque ya lo ha hecho el ponente. 
Por consiguiente, me voy a limitar a lo urgente que resulta su aprobación. El Reglamento prescribe que el apoyo a los ingresos ha de calcularse anualmente en el mes de junio. 
A este fin, se han previsto 30 millones de ecus de los recursos de 1996, pero mientras no se apruebe la propuesta no hay base jurídica para el necesario libramiento de los recursos. 
Desgraciadamente, la Comisión no considera posible aceptar las dos enmiendas porque, jurídicamente, no se pueden compaginar con el texto del Reglamento debido a que la Comisión no acepta la resolución de Windhoek y a que, en particular, la enmienda nº 2 sobrepasa el marco y el ámbito jurídicos de la provisión de recursos. 
Por ello, les pido que renuncien a esa enmienda. 
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Señora Presidenta, creo que el Sr. Castagnède se ha ausentado, pero me ha parecido que él ha expresado claramente que, una vez conocida la opinión de la Comisión- que, por otra parte, ya conocimos, en su momento, hace unos días, y que ha reiterado hoy la Comisaria Wulf-Mathies -, las dos enmiendas deben ser retiradas y, por tanto, no sometidas a votación. 
En todo caso, recomendaríamos el voto contrario a las mismas. 
Señora Presidenta, intervengo para confirmar el punto de vista expresado por el Sr. Fernández Martín. 
Desde el momento en que la Comisión nos comunica que la aprobación de las enmiendas podría tener por resultado el retraso de la aplicación del sistema de asistencia, asumimos la responsabilidad de solicitar un voto negativo a estas enmiendas. 
El claro consenso logrado sobre esta propuesta y el pragmatismo que nos ha llevado a tomar todas las medidas necesarias para acelerar la aplicación de la asistencia, no requieren explicaciones, sino que de ello se desprende la necesidad de que la Unión Europea asuma su pasado histórico y, por consiguiente, demuestre su solidaridad con estos países ACP, cuya economía depende esencialmente del monocultivo, que fue implantado durante el período colonial y consolidado tras la separación de estas antiguas colonias de sus metrópolis europeas. 
En segundo término, es importante que la Unión Europea se mantenga fiel a sus principios, en especial a la cláusula social. 
El ponente, el Sr. Castagnède, ha hecho hincapié por otra parte en que la Unión Europea tomaba cada vez más en cuenta la cláusula social y, por ende, la necesidad de ser extremadamente rigurosos con respecto a la importación de plátanos procedentes de la zona del dólar, donde existe un fuerte dumping social y donde las reglas democráticas de la economía de mercado no se aplican correctamente. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Vinos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0196/96) de la Sra. Klaß, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre: 
I.la propuesta de reglamento del Consejo (COM (95) 0744- C4-0111/96-96/007 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CEE) nº 823/87 por el que se establecen disposiciones específicas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas; II.la propuesta de reglamento del Consejo (COM (95) 0744- C4-0112/96-96/008 (CNS) ) que modifica el Reglamento (CEE) nº 2332/92 relativo a los vinos espumosos producidos en la Comunidad. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la regulación del sector del vino y de los vinos espumosos está dispersa en numerosos Reglamentos. 
Hace más de un año que el Parlamento Europeo emitió su opinión sobre la organización común del mercado del vino. 
Ni la Presidencia española ni la francesa se ocuparon de este tema, lo cual es muy de lamentar. La Presidencia italiana tampoco va a acometer una reforma del mercado del vino que haga justicia a las fundadas exigencias de las diversas regiones vinícolas de la Unión Europea y al mercado del vino. 
También hay que revisar el Derecho europeo en relación con la designación de los vinos. 
La legislación en vigor es el resultado de la armonización de las diferentes reglamentaciones de los Estados miembros, y en aquella fase inicial sólo pudieron armonizarse algunas de ellas con vistas a un mercado común. 
Como resultado de esta génesis, que encontró su expresión más clara en el llamado principio de las autorizaciones y las prohibiciones, surgió un ordenamiento muy complejo, difícil de abarcar y poco sistemático. 
En general, resulta indispensable llevar a cabo una simplificación. 
El objeto de la presente propuesta de la Comisión es modificar cuatro Reglamentos del vino y de los vinos espumosos. 
Los nuevos procedimientos y técnicas hacen necesaria la adaptación de los reglamentos vigentes. 
Se consulta al Parlamento Europeo sólo sobre dos de estos Reglamentos. 
Dado que las cuestiones esenciales se encuentran también en los otros dos, la Comisión de Agricultura ha decidido pronunciarse también sobre ellos. 
Uno de los puntos importantes en el documento de la Comisión es el de los datos del productor. 
La Comisión de Agricultura se ha pronunciado a favor de que figure el nombre del productor en la etiqueta de los vinos espumosos de calidad que se producen en regiones determinadas. 
Además, también puede constar opcionalmente el nombre del vendedor. 
Muchos hoteles, restaurantes y empresas, también, por cierto, el Parlamento Europeo, ofrecen vinos espumosos en los que no consta el nombre del productor, sino el del hotel o restaurante en el que se vende. 
De esta forma, se señala que determinada barrica ha sido seleccionada expresamente para los clientes del hotel o restaurante. 
El nombre avala la calidad y el contenido de la botella. 
Este negocio, denominado marca de la casa, constituye un mercado esencial para muchas empresas fabricantes de vino espumoso. 
Sólo en Alemania hay ya cerca de 20.000 marcas de la casa. 
No se puede destruir este mercado. 
Por ello, el Grupo del Partido Popular Europeo ha presentado una enmienda de compromiso que prevé la inclusión facultativa del nombre del vendedor. 
En algunos Estados miembros, Señorías, se produce en la actualidad una imitación de vino espumoso que se vende como tal en Rusia. 
Este vino espumoso artificial no ha visto una uva en su vida. 
Es una mezcla de agua, alcohol, azúcar líquido, aromatizantes y colorantes a la que se añade anhídrido carbónico. 
El consumidor ruso no puede reconocerlo por la etiqueta ya que no está escrita en ruso. 
Una empresa alemana produce 100 millones de botellas al año. 
Hay que prohibir una cosa así. 
No puede ser que se permita comercializar este producto artificial en una botella de vino espumoso. 
El consumidor es empujado a creer que compra vino espumoso. 
Queremos que se prohíban las botellas de vino espumoso para estos productos. 
En el informe se define con claridad cuáles son los tipos de bebida que podrán embotellarse en botellas de vino espumoso: además del champagne y del vino espumoso, también las bebidas que tradicionalmente se han comercializado de esta manera. 
Ahora bien, debe prohibirse su utilización para el vino espumoso artificial. 
A consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas hay que ampliar el concepto de «crémant». 
La Comisión establece las condiciones mínimas para la producción de este vino. 
No hay que dar lugar a una suavización de los criterios de calidad. 
Tras los controvertidos debates habidos en la Comisión de Agricultura, se ha presentado una propuesta de compromiso. 
En el futuro será posible producir «crémant» en todas las regiones vinícolas de la Unión Europea en las que se producía hasta ahora vino espumoso de calidad, siempre que se respeten estrictos criterios de calidad. 
Además, la Comisión propone añadir las menciones «Qualitätswein garantierten Ursprungs» y «Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs» a la lista propuesta de menciones específicas tradicionales. 
Así, ambas menciones quedarán incluidas en la normativa europea y podrán utilizarse en Alemania en el futuro. 
Para los vinos de mesa, la Comisión prevé dos nuevas designaciones. 
La mención italiana «vino típico» quedará sustituida por la mención «indicazione geografica tipica». Y se introducirá la mención «regional wine» para los vinos de mesa originarios del Reino Unido. 
Además, habrá nuevas menciones para la caracterización del sabor en los vinos espumosos, concretamente «brut nature» o «sin dosificar». 
La designación «brut nature» se utiliza tradicionalmente en España para el vino espumoso. 
Hay que aceptar estas particularidades regionales e incluirlas en la normativa de la UE. 
Estos son los puntos fundamentales de mi informe. 
Agradezco a los diputados y a la secretaría de la comisión su cooperación. Les pido que apoyen mis peticiones. 
Señora Presidenta, quisiera mostrar mi reconocimiento a la Sra. Klaß por su trabajo en este excelente informe. 
Todos hemos disfrutado con el debate- a veces demasiado variado- que hemos mantenido al respecto. 
La Sra. Klaß lo ha sobrellevado con buen humor y todos hemos aprendido mucho y le agradezco su trabajo. 
Desde el Grupo Socialista, apoyaremos la mayoría de las enmiendas presentadas. 
En nuestra lista de votación cometimos un pequeño error: ahora apoyaremos la enmienda nº 11 a la que se refirió la Sra. Klaß anteriormente, por lo que recuerdo a los diputados socialistas que voten a favor de la enmienda nº 11. 
Yo acojo con particular satisfacción la enmienda nº 10 porque pondrá un límite al modo en el que pueden utilizarse las botellas tipo vinos espumosos. 
En Inglaterra, donde no producimos estos maravillosos vinos, está habiendo una evolución de lamentar, y es que los fabricantes de colas y otros refrescos con alcohol están poniendo sus productos en botellas tipo vino espumosos, intentando dar la impresión de que son de buena calidad cuando, en realidad, son una absoluta basura para beber y degustar. 
Por lo tanto, espero que la enmienda nº 10 contribuya a conseguir que se detenga esta lamentable evolución. 
Nos felicitamos por este informe y deseamos que salga adelante con grandes modificaciones. 
Señora Presidenta, estamos ante una propuesta de reglamento del Consejo que modifica cuatro reglamentos anteriores relativos a disposiciones sobre los vinos de calidad producidos en regiones determinadas y sobre los vinos espumosos producidos en la Comunidad. 
Es una propuesta con la que nosotros, fundamentalmente, estamos de acuerdo, porque viene a cumplir dos objetivos fundamentales: primero, unificar la legislación y adaptarla a las necesidades y a las realidades de los viticultores de la Unión Europea; y, segundo, tener en cuenta algunos pequeños problemas que había en Estados miembros relativos a aspectos puntuales. 
Voy a hablar solamente de estos aspectos puntuales. 
Estamos muy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de que se mantenga la utilización de una, dos o tres variedades de vides. 
Estamos también muy de acuerdo en que figure el nombre del productor y pueda figurar también el nombre del vendedor. 
Estamos muy de acuerdo, también, con la propuesta que nos hace sobre el brut nature- que no vamos a desarrollar, puesto que es perfectamente conocida por todos los que aquí estamos- y también con la solución que se da al problema sobre el crémant, que creaba discriminaciones entre distintas regiones productoras en las zonas de la Unión Europea. 
Por tanto, se ha llegado a una solución de compromiso que yo creo que es razonable para todos. 
E insistimos, como ha dicho el Sr. Hallam, en que el uso de botellas que en este momento se están utilizando para envasar otros productos derivados del vino- pero que no son ninguno de estos productos espumososse prohíba cuanto antes. 
La situación actual está creando daños, que ascienden a varios millones de ecus, a los productores de estos vinos en la Unión. 
Por tanto, se debe prohibir y vigilar que se cumpla esta prohibición dentro de toda la Unión y también en las exportaciones. 
Señora Presidenta, cuatro reglamentos para poner un poco de orden en el farragoso panorama normativo del sector más delicado del apartado agrícola: el vino y, en particular, los vinos espumosos. 
Sin duda, el Consejo tuvo una buena idea al querer disponer de un informe tan exhaustivo como el de la Sra. Klaß, que ha tenido que ingeniárselas con las intrincadas interpretaciones que ofrecen los productores comunitarios en este campo. 
Sí, porque el vino no sólo está hecho de uvas, sino también de cultura, y es precisamente tras las distintas prácticas donde se esconden a menudo graves peligros para la integridad moral del vino que, de cualquier modo y siempre, debe demostrar ser hijo, ante todo, de la uva. 
Producir vino donde no se da la vid es, por tanto, una práctica industrial, no enológica. 
Transportar demasiada uva de una región a otra desvirtúa una de las características fundamentales del vino, que adquiere su carácter y su identidad en función de su denominación de origen. 
Así lo indica el Reglamento 2392/89 que subraya oportunamente en rojo el origen y sustituye, para los vinos de mesa, la vaga indicación de «vino típico» por la más decidida «indicación geográfica típica» , ya por fin en vigor, por añadidura, con efecto retroactivo. 
El mismo Reglamento limita a tres las variedades de vid que se deben indicar en la etiqueta. 
Francamente, son todavía demasiadas para quien pretende defender una personalidad propia. 
Pero la propuesta más punzante procede del Reglamento nº 2332/92 sobre los vinos espumosos. 
Son las estrellas del mercado, a la zaga del champagne, el primo noble francés. 
Precisamente aquí las precauciones deben ser aún mayores, pero quizá sea exagerado proponer un mínimo de 90 días de permanencia en contacto con las lías. 
Ciertos vinos espumosos que se obtienen con el método del autoclave provisto de agitador necesitan incluso menos tiempo. 
Es importante en este Reglamento la prórroga concedida hasta el 31 de agosto de 1998 para las mezclas de vinos de calidad con productos no originarios de la zona de producción, pero con límites drásticos. 
Volviendo a los vinos espumosos, es preciso también tener en cuenta las costumbres relacionadas con un producto tan apreciado. 
Por ello soy contrario a toda concesión al empleo de la botella típica del vino espumoso para otros vinos o productos alimenticios. 
El peligro de fraude está siempre latente y cualquier mínima concesión lo puede favorecer, razón por la cual he pedido votar por partes la enmienda nº 10 que, tras un primer párrafo aceptable, presenta prerrogativas demasiado peligrosas en favor de otros productos. 
Por desgracia, en el mercado hay ya muchos falsificadores- lo ha señalado también la ponente -, como esos productores que despachan camiones cisterna cargados de mosto o de zumo de otras frutas a los que se les añade alcohol, en hospitalarias bodegas del Este, para venderlos después como vinos espumosos en elegantes botellas que se pueden confundir perfectamente con las auténticas; además, para completar el fraude, en las etiquetas figuran, ¡qué casualidad! , nombres en italiano. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal está muy a favor del trabajo de la ponente y de casi todas las enmiendas, aunque no de las del Grupo ARE. 
Tenía interés en escuchar las observaciones del Sr. Hallam dentro de la larga tradición de los Socialistas del Reino Unido en apoyar los vinos espumosos. 
Coincidimos con sus observaciones. 
El Grupo Liberal en conjunto, y yo personalmente, damos la bienvenida a que algunos vinos ingleses puedan ahora tener denominación de origen. 
Aún me preocupa mucho que no haya ningún viñedo en el Reino Unido que pueda disponer de etiquetas de calidad. 
En mi circunscripción de la zona de Fowey, en el Camel Valley, tenemos excelentes vinos que no pueden contar aún con dicha denominación. 
La pasada noche, en mi circunscripción electoral, un señor llamado Albert Tong fue detenido por las autoridades del Reino Unido para ser deportado a Hong-Kong, ocasionando la división de una familia británica. 
Quisiera expresar mi consternación y repugnancia por dichas actuaciones. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por su informe. 
Siempre es grato tratar con personas que saben de lo que están hablando, como ocurre de manera destacada en este caso. 
Aunque el informe parece a primera vista más bien técnico, detrás de esta fachada se encuentran problemas de gran envergadura. 
Quisiera resaltar especialmente que, gracias al trabajo de la ponente y de la comisión, se ha reafirmado la regionalización del sector del vino y se ha frenado la tendencia a alejarse del productor y acercarse al vendedor hasta llegar a los productos artificiales. 
Para mi Grupo, a pesar de que no se manifieste expresamente la relación en el informe, este aspecto se relaciona con la ecología, ya que la denominación de origen de los vinos ofrece al consumidor la posibilidad de conocer el origen de un producto y comprobar cómo se cultiva. 
En estos tiempos de EEB, en los que hemos podido comprobar a dónde pueden llevarnos el anonimato y las ventas incontroladas, resulta particularmente importante que seamos consecuentes en este sector. 
En relación con el falso vino espumoso que se vende en Rusia, se podría decir que da igual con qué se emborracha la gente, pero aquí no se trata del alcohol, sino del paladar. 
Por eso me agrada mucho que se haya elaborado este informe. Nuestro Grupo apoya tanto el informe como las enmiendas que usted ha presentado. 
Señor Presidente, Señorías, los vinos espumosos siempre recuerdan las fiestas y los convites. 
Entre estos vinos espumosos de calidad existe el crémant, algunas de cuyas variedades se producen aquí mismo, en Alsacia, en una región que muchos de ustedes conocen y aprecian. 
¿Cuál es la razón del debate de hoy? 
El crémant, que adquirió aquí su casta, no constituye únicamente una apuesta para una sola región, sino también para la Unión Europea. 
¿Por qué? 
Porque Europa posee la mayor diversidad de regiones vitícolas del mundo y porque los vinos espumosos de calidad se producen en todas partes de Europa, como el sekt en Alemania o el spumante en el sur de Europa. 
Pero, ¿qué es un crémant? 
Junto con la designación champagne, que goza de un alto grado de protección, existen otros vinos espumosos naturales, blancos o rosados, elaborados de acuerdo con un «savoir faire» ancestral. 
La propia palabra crémant procede de la región de Champaña y corresponde a un vino que produce una espuma de finas burbujas al descorcharse. 
El crémant, que se produce en varias regiones francesas- Borgoña, Jura, Loira, Burdeos, Die, Limoux- y en Luxemburgo, ha adquirido desde hace veinte años una gran fama en Europa y en el ámbito de la exportación. 
En Alsacia, dicha producción supone el 10 % del volumen total de la designación y cuenta con más de 500 fabricantes y 18 bodegas cooperativas, con más de 7.000 viticultores. 
El método de elaboración es delicado y requiere fuertes inversiones. 
El conjunto de un medio profesional se ha prestado a ello y ha dado lugar a la creación de numerosos puestos de trabajo. 
Hoy, otros Estados miembros desean utilizar la mención crémant. 
Como sucede con la cocina, no hay nada más legítimo que desear reproducir un plato que se considera excelente. 
Sí, pero con la condición de respetar con exactitud la receta y de poseer un «savoir faire». 
Esto es lo que está en juego en la votación de hoy, y nuestros productores pueden estar orgullosos de este interés, prueba del alto grado de perfección de su crémant. 
Por consiguiente, podrán incorporarse nuevas regiones productoras, pero con las siguientes condiciones: respetar estrictamente el método de elaboración y el pliego de condiciones sobre la calidad que se han impuesto Luxemburgo y Francia; combinar obligatoriamente la mención con una región de producción determinada y con cepas tradicionales, limitando las producciones; reservar la mención crémant a las regiones que ya están autorizadas a producir vinos espumosos de calidad, que sabrán respetar y aplicar perfectamente las estrictas condiciones de elaboración. 
No olvidemos que es la elaboración lo que da su personalidad al vino espumoso y lo que garantiza su calidad, combinada con su designación. De lo contrario el crémant se convertiría en un vino corriente, lo cual desvalorizaría su imagen y acabaría con dos décadas de esfuerzos y de investigación en las bodegas. 
Entendámonos bien. 
No se trata de actuar en contra de uno u otro Estado miembro, sino de defender lo que constituye la riqueza de nuestras diferencias y de nuestra Unión Europea, el conjunto de nuestros viñedos y de nuestras culturas gastronómicas. 
Hay que fomentar en todas partes esta política basada en la calidad y proteger ante todo a aquellos que la aplican para perfeccionarla. 
En el actual contexto de «mundialización» , ello es lo que constituye incluso la única oportunidad para Europa. 
La enmienda de transacción 9, que limita la mención crémant a las condiciones estrictas que acabo de expresar, es resultado de un diálogo con la Sra. Klaß, de cuyo espíritu constructivo me felicito. 
Desearía, en particular, llamar la atención de Sus Señorías respecto a las enmiendas que he presentado en nombre de mi Grupo, que refuerzan la protección de los productores; así, la enmienda 6, que define el término «elaborador» , combinándolo con las regiones de producción, lo que excluye los vinos espumosos neutros o de marcas poco serias, que constituyen un engaño al consumidor. 
Hoy deseo que el sol, en el solsticio de verano, clarifique nuestra votación, a pesar de que esté oculto en el cielo de Estrasburgo, y que el próximo Consejo de Ministros europeo escuche la voz del Parlamento. 
El método que ha dado pruebas de su eficacia en Luxemburgo y en Francia debe imponerse en todos los viñedos europeos, y el término crémant deberá continuar siendo siempre sinónimo de calidad superior y estar definitivamente relacionado con las regiones que lo producen. 
Señor Presidente, en espera del final de la «novela» de la OCM sobre los vinos y en espera de que la Comisión Europea- que se encuentra en un verdadero atolladero con sus carnes de vacunoadopte la normativa sobre las denominaciones de origen, se nos propone pues modificar, con miras a su simplificación, esta legislación sobre los vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas. 
Como todos los oradores lo han dicho, esto afecta a numerosas regiones, y especialmente en Francia, en las regiones del Jura, del Loire, de Borgoña, sin olvidar ciertamente mi región del Languedoc-Rosellón. 
Como Sus Señorías recordarán, fue en 1531, en el siglo XVI, cuando en la región de Limoux se comenzó a fabricar, antes incluso que en la región de Champaña, de nuestro colega Bernard Stasi, lo que se convertiría en el brut más antiguo del mundo. 
La bodega cooperativa de Arques, por ejemplo, produce 6 millones de botellas y cuenta con más de 500 productores. 
Así pues, todos están de acuerdo sobre la definición mínima: 100 litros de mosto desburbados por 150 kilogramos de uvas; prensado de uvas enteras; un contenido máximo de anhídrido sulfuroso de 150 miligramos; un contenido de azúcar inferior a 50 gramos por litro. En esto todos están de acuerdo, aunque es necesario puntualizar que se requiere una segunda fermentación en botella y- lamento que esto no se haya especificado- nueve meses de reposo como mínimo. 
Y también estamos todos de acuerdo en combinar la definición de crémant con el nombre de una región determinada, para evitar que la manía «mundialista» de la Comisión Europea amplíe sin cesar las zonas de producción. 
No obstante, existen algunas reservas. 
Se unifica la duración de la fermentación de los métodos tradicionales con la fermentación en cubas cerradas; debo decir a mi colega Santini que cuanto más se prolonga la duración de la fermentación, mayor es la calidad del producto al final del proceso de elaboración. 
Así pues, debe quedar bien claro que el período de fermentación debe ser de 90 días como mínimo. 
Es mucho más preocupante, señora ponente Klaß, la mención del elaborador en la etiqueta. 
Sé que está establecido por el reglamento de base, pero la definición de elaborador no es clara. 
Se combina la mención del productor con una región determinada, cuando es probable que la definición de elaborador permita la aparición de vinos «multiculturales» ,» multiétnicos» ,» multiregionales» : se producirá una mezcolanza de vino de Alsacia, de Chile, de Argentina, de España- siempre que sea de España -, de Francia, ¡y con etiquetas de hoteles! 
He oído hablar de etiquetas de hoteles, de restaurantes, del crémant McDonald. 
Así pues, tengo dudas, señora Lulling; siempre puede temerse lo peor de la Comisión Europea. 
Hay que tener presente el caso de las carnes de vacuno, nunca hay que olvidarlo. 
Por lo tanto, es absolutamente necesario evitar que se fabrique una «coca-cola» que parezca vino y que la multinacional Cigrav, que es una empresa elaboradora, nos mezcle todo y nos fabrique un vino espumoso, si puede decirse, que del crémant sólo conserve la espuma. 
Esta es mi reserva más importante. 
Hay que limitar el crémant a una región determinada y evitar que se fabrique una «coca-cola» que parezca vino. 
Señor Presidente, Señorías, desearía ante todo dar las gracias a la Sra. Klaß por el excelente informe que ha realizado en concertación con la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Felicitaré, también, a mi colega, la Sra. Barthet-Mayer, por el trabajo efectuado en sus numerosas enmiendas. 
Y si me lo permiten, haré algunos comentarios sobre las enmiendas presentadas. 
En primer término con respecto a la enmienda 1, que, con la voluntad oficial de simplificar los trámites administrativos de los viticultores, puede tener el efecto nefasto de dificultar el control de la calidad de los vinos y de los mostos de uva. 
Del mismo modo, me opondré a la enmienda 4, ya que permite conservar la designación de vino para los vinos espumosos que no hayan alcanzado la sobrepresión legalmente establecida o que ya no presenten dicha sobrepresión. 
Las razones para ello son simples. 
Si el producto no posee la calidad necesaria al final del proceso de elaboración, o si las condiciones de almacenamiento no se la han permitido conservar, es lógico que el producto sea destruido o reelaborado de acuerdo, naturalmente, con prácticas enológicas legales y reconocidas, antes de comercializarlo. 
En cuanto a las enmiendas relativas a la definición de crémant, a las que nos hemos referido ampliamente hace un momento, apoyaré ciertamente la enmienda 9, producto de la transacción efectuada en la Comisión de Agricultura, puesto que el crémant debe seguir siendo un producto de calidad y, por tanto, adaptarse a unas normas determinadas con respecto a las variedades de vid tradicionales, a los niveles de prensado, a los niveles de contenido máximo de anhídrido sulfuroso y al contenido máximo de azúcar. 
Además, el crémant corresponde a un método enológico, y debe obligatoriamente estar combinado con el nombre de una región determinada en un Estado miembro. 
Se debe hablar de crémant de Alsacia, de Borgoña, del Loira, del Jura, etcétera, y no simplemente de crémant. 
Votaré a favor de la enmienda 10, y le pido, señora ponente, que acepte una enmienda oral. 
En efecto, según consta sólo podrán envasarse «en botellas de tipo vino espumoso o de tipos similares». 
Yo preferiría que el término «vino espumoso» , que corresponde a una denominación francesa de origen controlada (champaña) , se sustituyera por la expresión «vino gasificado» , que se ajusta al texto original de la enmienda y que, además, tiene la ventaja de ser una expresión genérica que excluye toda referencia a una indicación geográfica determinada. 
En relación con la enmienda 11 que usted ha presentado, señora ponente, en la misma se expresa que deberá añadirse «el nombre del municipio o del anejo del municipio y del Estado miembro en el que tenga su residencia la persona anteriormente mencionada». 
En el caso de muchas empresas, especialmente para los viticultores, el domicilio social de la empresa se halla en el mismo sitio que el establecimiento de elaboración. 
En cambio, en el caso de las grandes empresas, un mismo domicilio social puede tener diferentes establecimientos de elaboración. 
Naturalmente, yo aceptaré el conjunto de las enmiendas presentadas por mi colega Barthet-Mayer, con quien he colaborado estrechamente. 
No obstante, no puedo aceptar la enmienda 6 que ella había presentado y que se ha aprobado en comisión, salvo que se suprima la palabra «completa». 
En efecto, en ésta se expresa que el término «elaborador» se define como el operador que procede a la elaboración completa del producto. 
Ahora bien, en ciertas regiones existe la posibilidad de subcontratación en algunos de los procesos, por ejemplo el envasado, comúnmente denominado como envasado a destajo. 
En otras regiones el vino no se comercializa en botellas. 
La definición del elaborador no debe ser demasiado estricta, ya que recargaría inútilmente el etiquetado y perturbaría los equilibrios económicos de nuestras regiones de producción. 
Señor Presidente, Señorías, es para manifestar el apoyo a las propuestas de los informes que presenta la Sra. Klaß, que tienen la ventaja de prestar una especial atención a los vinos de calidad y a los vinos espumosos- uno de los sectores que, dentro de la Unión Europea, han tenido un mejor desarrollo y, además, han permitido una evolución positiva, como sucede en mi país, en Cataluña, en el ámbito del cava- y, por lo tanto, era preciso hacer este proceso de mejora, de precisión en los reglamentos y, sobre todo, velar por su calidad, porque precisamente a través de la calidad este sector podrá ser competitivo y hacer frente a la competencia de otros productos de transformación vinícola. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Klaß supone, en conjunto, una simplificación fundamental de las disposiciones y reglamentos vigentes en la UE. 
Por ello, es para nosotros una gran alegría. 
En nuestra opinión, la propuesta de la Comisión de incluir tres variedades de vid en las etiquetas de los vinos de mesa y de calidad, en lugar de dos, produciría más confusión en las etiquetas y no resulta apropiada. 
Hay que rechazar decididamente la posibilidad de envasar y comercializar vinos espumosos artificiales e imitaciones de vino espumoso, que el consumidor reconoce e identifica desde hace mucho tiempo, en botellas del tipo de las que se utilizan tradicionalmente para el vino espumoso. 
Desde la perspectiva de los austriacos, que hace unos diez años tuvieron que habérselas con un tremendo escándalo con los vinos, todo cuanto favorezca el marcar la calidad de un producto de manera clara, honrada y fácilmente verificable es una buena medida, porque contribuye de manera fundamental a suscitar la confianza del consumidor. 
Señor Presidente, Señorías, la reglamentación actual aplicable a los vinos, tanto en materia de definición como de presentación, es decir, de etiquetado, puede considerarse extremadamente compleja. 
Si bien esto resulta lamentable- en la medida en que el respeto de las disposiciones que a veces nos parecen detallistas requiere esfuerzos importantes -, conviene por otra parte reconocer su necesidad, dictada por la gran complejidad y diversidad de los vinos, los diferentes tipos de vid, las diferentes regiones, las diferentes designaciones que corresponden a tradiciones ancestrales de producción y a costumbres que están acordes con la evolución de lo que no dudaré en denominar «la cultura del vino». 
Era pues lógico que la Comisión propusiera modificaciones, y deseo dar las gracias y felicitar a la Sra. Klaß, que tiene toda la razón al referirse a la necesaria simplificación de la normativa. 
Me detendré, por lo tanto, en algunos puntos concretos, dentro de un espíritu de respeto a la vez del productor y del consumidor. 
En materia de vinos espumosos de calidad, la definición de fabricante nos parece fundamental, puesto que, después del productor de uva, es él quien da el carácter del vino espumoso, quien garantiza su calidad, combinada con su designación. 
Por lo tanto, creemos indispensable que el nombre del productor se añada en la etiqueta de este tipo de vinos. 
Dicha mención constituye, en efecto, para nosotros, los consumidores, una garantía de calidad del producto. 
Si, como es natural, la mención del vendedor queda autorizada, nosotros consideramos que debe ser facultativa y complementaria a la del productor. 
La mejor solución consistiría en generalizar en el conjunto de los países miembros la mención obligatoria, con claridad, del nombre del elaborador. 
Si esto no fuera aún posible o aceptable- pero habrá que hacerlo algún día -, es indispensable al menos ofrecer esta posibilidad a cada Estado miembro. 
En eso consiste la enmienda de nuestra colega, la Sra. Barthet-Mayer, que apruebo totalmente y que les recomiendo voten positivamente. 
Con respecto al crémant, no me detendré en los aspectos que ya han sido tratados. 
Lo que nos importa, en mi opinión, es respetar la calidad y la tradición en el ámbito de la viticultura. 
Se trata, por tanto, de aplicar criterios estrictos de elaboración, de mantener una combinación de la palabra crémant con la región de origen- crémant de Burdeos, de Mosela, de Alsacia, etcétera -: este es el requisito para la apertura de las únicas zonas de producción tradicionales de vinos espumosos de calidad. 
Este es el contenido de la enmienda que nuestra ponente ha presentado. 
Ésta es fruto de una transacción ampliamente elaborada en el seno del intergrupo que presido, que de esta forma ha demostrado, como en otras ocasiones, su utilidad y dinamismo. 
Señor Presidente, finalizaré expresando el deseo de que este tipo de expediente, que ha sido tratado un viernes, en un recinto con una asistencia limitada, se discuta de una manera más decorosa en el futuro. 
El vino, fruto de nuestra civilización mediterránea y europea, hubiera merecido, en mi opinión, una mayor audiencia. 
Así pues, les pido, Señorías, que voten mayoritariamente en el sentido de mantener los valores que para nosotros representa el vino en nuestra civilización occidental. 
Señor Presidente, al ser esta mi primera intervención en esta legislatura, quiero comenzar agradeciendo a la Presidencia sus amables palabras de acogida del pasado 20 de mayo, y agradecer también a tantos compañeros que he reencontrado en esta vuelta a esta excelente Asamblea. 
Y como procedo de una excelente región vinícola, del viejo Reino de Navarra, he seguido con gran interés el excelente trabajo de mi compañera, la Sra. Klaß. 
Desgraciadamente, no he podido participar en los debates pero me ha causado especial preocupación la enmienda 3, en la que suprime una fecha por el cual era admitido el 15 % de tolerancia de uvas procedentes de otras regiones no recogidos en la etiqueta. 
Me causa preocupación que no se ponga fecha alguna, que esta tolerancia se prorrogue sine die. 
Esta espita puede dar pie a que no sólo el 15 %, sino un mayor porcentaje, pueda llegar a nuestras bodegas, lo que podría crear algún problema con la denominación de origen. 
El vino de calidad que queremos proteger tiene que respetar al consumidor y la propia región a la que dice representar. 
En todo caso, es loable el doble interés, tanto de la Comisión de Agricultura como de la Comisión, en velar por nuestra producción vinícola y por esos dos millones de viticultores que todavía tenemos en la Unión Europea. 
Tal vez haya algún motivo de preocupación en alguna otra comisión, como en la Comisión de Asuntos Económicos, en la que se empieza a hablar de que existe un exceso de producción y que tal vez el que no haya impuestos especiales suficientes puede favorecer este exceso. 
Yo pienso que no hay exceso de producción, si acaso hay falta de demanda. 
Y en ese contexto son precisamente los países no productores, con esos elevados impuestos especiales al vino, los que están restringiendo una demanda para muchas familias con pocas posibilidades. 
Señor Presidente, Señorías, me satisface haber tenido la ocasión durante mi presencia aquí de ocuparme de dos productos culturales europeos que se relacionan con la diversidad, de la lengua, en un caso, y de los vinos y vinos espumosos, en el otro. 
Quisiera dar las gracias por ello a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Sra. Klaß en particular. Han realizado un gran trabajo. 
El informe contiene un análisis detallado de las cuatro propuestas de modificación de los Reglamentos sobre vinos de calidad producidos en regiones determinadas, vinos espumosos y denominaciones, aunque el Parlamento Europeo formalmente sólo había de pronunciarse sobre dos, concretamente, las relacionadas con los Reglamentos nº 823/87, sobre vinos de calidad producidos en regiones determinadas, y nº 2332/92, sobre vinos espumosos. 
La Comisión toma nota de la petición de simplificación de las disposiciones legales sobre designación y presentación de vinos. 
Además, manifiesta su satisfacción por el hecho de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haya aceptado sin cambios muchas de las propuestas de la Comisión, sobre todo en el caso del Reglamento nº 823 sobre vinos de calidad y del nº 2332 sobre vinos espumosos. 
Sólo hay una enmienda sobre ellos, que persigue autorizar la utilización de «retouren» (vinos espumosos que han perdido la sobrepresión) para elaborar vinos espumosos. 
Desgraciadamente, la Comisión no puede aceptarla sin considerar el asunto detenidamente con los Estados miembros. 
El resto de las enmiendas se refieren al Reglamento nº 2392/89 y al nº 2333/92 sobre denominación de vinos y vinos espumosos. 
Sobre la enmienda nº1, según la cual no sería obligatorio que en el documento de acompañamiento figurasen los datos relativos al grado alcohólico volumétrico y al volumen nominal, he de decir lo siguiente: la Comisión puede tomar en cuenta sus consideraciones, pero señala que ambos datos deben figurar de acuerdo con las condiciones de aplicación. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 2 sobre el mantenimiento de la indicación de dos variedades de vid en las etiquetas de las botellas debido a que la indicación de tres variedades de vid es hoy moneda corriente y supone una mejora en cuanto a la información al consumidor. 
Tampoco es aceptable para la Comisión la enmienda relativa a la prolongación sin plazos de la regla excepcional que permite a los vinos de calidad utilizar la indicación del nombre de una unidad geográfica menor que la región determinada cuando hasta el 15 % de las uvas utilizadas para la elaboración del vino haya sido recolectado fuera de dicha unidad geográfica. 
No obstante, se podría discutir una prolongación del plazo para que algunos Estados miembros procedieran a efectuar las adaptaciones necesarias. 
Las enmiendas núms. 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 se refieren a la mención obligatoria en la Comunidad del nombre del productor o del vendedor en la etiqueta. 
La Comisión no pretende hacer obligatoria en la Comunidad la mención de los datos del productor, aunque sólo sea en el caso de algunos vinos de calidad producidos en regiones determinadas. 
Habida cuenta de la diversidad de vinos espumosos y de las diferentes condiciones de los Estados miembros, lo mejor sería, en opinión de la Comisión, que éstos decidieran libremente sobre esta cuestión de la obligatoriedad. 
Por tanto, la Comisión considera completamente aceptable la enmienda nº 12, que prevé la posibilidad de que los Estados miembros productores hagan obligatoria la mención clara del productor o de la empresa productora. Se puede prescindir de la mención facultativa del distribuidor puesto que ya está regulada en las disposiciones vigentes. 
La Comisión, no puede aceptar, sin embargo, la enmienda nº 5, que propone una nueva definición de productor de vino espumoso sólo para los vinos espumosos de determinadas regiones producidos según métodos tradicionales de fermentación en botella y excluye por completo los vinos espumosos de determinadas regiones elaborados con el método del recipiente de presión. 
La Comisión puede aceptar la enmienda nº 8 sobre la mención del contenido de azúcar en los vinos espumosos, ya que explica mejor las condiciones para la utilización de las nuevas menciones que se proponen. 
Por lo que respecta a la enmienda nº 9, sobre la introducción de criterios adicionales para la utilización de la mención «crémant» , la Comisión está de acuerdo con algunos de los criterios propuestos por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por ejemplo, con el de que los Estados miembros deben decidir si esa mención se puede utilizar en una región determinada. 
Sin embargo, es inaceptable para la Comisión que la denominación «crémant» sólo se pueda utilizar en aquellas regiones en las que se produce de manera tradicional. 
La Comisión propone, y tras escuchar a algunos oradores me parece posible lograr el consenso, que esta regla rija para todos los vinos de calidad producidos en regiones determinadas donde se mantengan los procedimientos técnicos establecidos y la correspondiente calidad. 
Por lo que respecta a la utilización de variedades de vid tradicionales, la Comisión no considera necesario imponer este nuevo criterio para el «crémant» , teniendo en cuenta que ya es obligatorio para todos los vinos de calidad producidos en regiones determinadas. 
La enmienda nº 10, sobre la prohibición de utilizar botellas de tipo vino espumoso o de tipos similares para las llamadas imitaciones de vino espumoso, puede ser aceptada por la Comisión porque tiene como objetivo identificar mejor los productos que tradicionalmente han utilizado esas botellas y porque tiende a evitar confusiones. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Apoyo esta defensa de los productos de calidad combinándolos con los lugares propios de fabricación y con las vides cuando nos referimos a vinos y a su elaboración según métodos tradicionales muy estrictos. 
Hoy se trata del crémant. No se puede designar con este nombre a cualquier tipo de vino espumoso: ¡los hay que no han visto nunca una sola uva! 
Hoy nos referimos al crémant, ya sea del Loira, del Jura, de Alsacia, del Languedoc o de Luxemburgo. 
No puede permitirse que la etiqueta ambigua de cualquier vino gasificado, cuyo tipo de botella ya se presta a confusión, constituya un engaño para el consumidor. 
Nuestro Grupo, preocupado por respetar los productos tradicionales y de regiones determinadas, ha preferido, tanto en el seno de la Comisión de Agricultura como en el Pleno, que el crémant siga siendo un producto de calidad basado en normas enológicas y de elaboración estrictas. 
Por eso hemos colaborado en la redacción de las enmiendas, que hemos apoyado, las cuales establecen para este tipo de vino un contenido máximo de anhídrido sulfuroso (150 miligramos por litro) , un contenido en azúcar inferior a 50 gramos por litro, un nivel de prensado limitado a 100 litros desburbados por 150 kilogramos de uva y que se utilicen en su elaboración variedades de vid tradicionales. 
Estas normas definen, naturalmente, un nivel de calidad mínimo para obtener la autorización del término crémant. 
Pero los Estados miembros, los institutos responsables de las denominaciones de origen, los sindicatos vitícolas, deben tener la posibilidad de adoptar normas más estrictas si lo desean. 
La utilización del término crémant debe estar siempre combinado con un nombre de una región de producción determinada. 
Insisto en el término «siempre» , puesto que sé que algunos Estados miembros y algunos terceros países desean utilizar exclusivamente la palabra crémant sin estar combinada con una región de producción. 
Su objetivo sería convertir el crémant en un producto industrial de calidad invariable, olvidando cualquier rasgo característico relacionado con el lugar de elaboración, con el año de la cosecha, con las condiciones de recogida y de vinificación. 
Para que el crémant siga siendo un producto tradicional, es indispensable, por lo tanto, que sea propio de un lugar determinado. 
El crémant de Alsacia es diferente, en cuanto a su composición, a las variedades de vid utilizadas y a sus rasgos característicos, del crémant del Loira, de Borgoña, del Jura, etcétera, y debe seguir siéndolo. 
Nuestros viticultores alsacianos, nuestros sindicatos vitícolas, el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO) , han trabajado desde hace más de veinte años para lograr que el crémant de Alsacia sea lo que es, y la legislación comunitaria, que será sustituida a medio plazo por la de la Oficina Internacional de la Vid (OIV) , no debe destruir el acervo histórico de nuestros productos. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Horticultura ornamental 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0446/96- O- 0118/96) de los Sres. Jacob y Filippi, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión, sobre la iniciativa comunitaria en favor de la horticultura ornamental. 
Señor Presidente, entre los temas que se debaten habitualmente en las instituciones comunitarias, dos de ellos se relacionan directamente con el asunto del que soy ponente hoy aquí. 
Uno es el problema del desempleo y el otro se refiere a la gestión de la ampliación, a veces poco crítica e indiscriminada, de las zonas de libre cambio y de las consecuencias de esas zonas en la evolución de la agricultura y los productos agrícolas, en particular, de los mediterráneos. 
La propuesta de resolución sobre flores y plantas ornamentales está relacionada, de algún modo, con estas dos cuestiones. 
En cuanto a la primera de ellas, el desempleo, quisiera únicamente señalar un aspecto del que solemos olvidarnos cuando se trata de apartados considerados marginales: este sector da empleo a tantas personas como las que trabajan en las tres principales firmas automovilísticas europeas, es decir, a más de medio millón de trabajadores. 
Se trata de un sector que se desarrolla en 68.000 hectáreas, con un valor de 11.000 millones de ecus y con un volumen de negocio de 19.000 millones. 
Hablamos siempre de acuerdo sobre el empleo, de políticas en favor de la creación de puestos de trabajo y muchas veces nos olvidamos de defender también apartados tradicionales como éste, que presenta una de las tasas de densidad de empleo más elevadas dentro del sector agrícola. 
Si bien es cierto que debemos fomentar la modernización de los sectores económicos europeos y que debemos proponer nuevas iniciativas empresariales, debemos preocuparnos, ante todo, de defender las existentes. 
En cuanto a las zonas de libre cambio, recientemente ampliadas a Marruecos e Israel, la Comisión suele abordar la agricultura como si fuera un sector económico industrial. 
Sabemos que en todo el mundo rige una cierta protección de la agricultura, y no tener en cuenta esto en Europa significa, cuando se definen las zonas de libre cambio y se procede después a su aplicación, comprometer seriamente la competitividad de nuestros apartados económicos. 
Por tanto, no se trata de debatir la cooperación con terceros países, sino de debatir la exigencia de que exista un mayor equilibrio a la hora de concluir acuerdos, de forma que nuestros apartados puedan tolerarlos. Esta es la razón por la que en este apartado, como en otros, es preciso adoptar medidas para la promoción de los productos europeos, ya que, tras la apertura de las importaciones, Europa ha sido invadida por productos de terceros países. 
Por tanto, es necesario intervenir con ayudas para la realización de actividades de promoción basadas en criterios multinacionales, es decir, de coordinación entre los países miembros; es preciso definir y apoyar acciones de promoción específicas en función de cada mercado; es necesario fomentar la participación de los productores en la elaboración y en la gestión de los programas. 
Por otra parte, se trata de un apartado que presenta dificultades, ya que su producción está muy orientada al regalo, por lo que debe competir con productos manufacturados de naturaleza industrial que, en el apartado del regalo personal y familiar, compiten con el sector de las floricultura ornamental. 
Desde que tomamos la iniciativa de presentar esta pregunta oral, se han hecho algunos progresos; sabíamos que se trataba de una propuesta que había sido arrinconada y la finalidad de la pregunta era sacarla a la luz. 
Considero que se trata de un hecho importante, puesto que constituye una continuación del compromiso asumido por el Consejo de Asuntos Generales en noviembre de 1995. 
Estudiaremos las propuestas, que esperamos se aproximen a nuestra opinión. 
Por el momento, nos limitaremos a decir que, en conjunto, la asignación prevista es de todo punto insuficiente en relación con las necesidades. 
Según las organizaciones del sector, se necesitan 60 millones de ecus, y sabemos que la Comisión pretende limitar la intervención a 10 millones. 
No pedimos los 400 millones estimados en su día por un estudio propuesto por la Comisión, pero consideramos que los 60 millones son absolutamente necesarios. 
Jacob y Filippi sus preguntas porque considero importante que el Parlamento se ocupe de este sector de la economía. 
Como ustedes saben, la Comisión ha presentado su propuesta sobre medidas de apoyo a la venta de plantas vivas y productos de la floricultura. 
El objetivo de esta propuesta es respaldar los programas nacionales dirigidos a fomentar el consumo de plantas vivas y productos de la floricultura originarios de la Comunidad, no solamente en la Unión, sino también en terceros países. 
El presupuesto comunitario sufragará el 60 % del coste total de los programas y su aportación no podrá superar los 10 millones de ecus al año. 
La Comisión es consciente de que las asociaciones profesionales desean una mayor aportación. 
Los 10 millones propuestos por la Comisión se pueden comparar con las cantidades de que disponen para medidas publicitarias otros sectores importantes de la producción agrícola y ganadera (por ejemplo, el de la leche). 
La Comisión cuenta con que estos programas tendrán efectos positivos en los ingresos de los agricultores afectados, pues este tipo de medidas publicitarias de carácter general han tenido éxito hasta la fecha y han aumentado de manera clara el volumen de negocio y el interés de los consumidores. 
Señor Presidente, se ha hecho bien evidente, entre tanto, que existe un alto nivel de ambición en el ámbito de la horticultura ornamental en gran número de países, que han concluido acuerdos de libre comercio con la Unión Europea o que desearían concluirlos. 
La Unión Europea ha concedido ya, de modo irreflexionado, numerosas concesiones comerciales en este sector de plantas ornamentales a países exportadores existentes o potenciales de estos productos. 
No es mi intención en lo absoluto abogar por una política más proteccionista en la importación de estos productos. Es también interés de la Unión Europea tener libre acceso al mercado de terceros países. 
Esto no impide que el sector de plantas ornamentales debe luchar a causa de la gran presión importadora de terceros países y por los aumentos de su propia producción, contra muy bajos precios de producción. 
Por este motivo, deberá aprovecharse cualquier posibilidad de mejorar la posición en el mercado de productores de plantas ornamentales en la Unión Europea. La Comisión Europea tiene evidentemente la tarea del lanzamiento de una iniciativa comunitaria. 
En este contexto resulta conveniente proceder a una comparación con el sector de frutas y hortalizas, relacionado con la producción de plantas ornamentales. En este primer sector propuso la Comisión, a través del apoyo de determinadas actividades de organizaciones de productores, el fortalecimiento de este sector. 
Esto se produciría sobre todo mediante una contribución comunitaria que sería concedida a fondos activos de estas organizaciones de productores. 
¿Tendría la Comisión la intención de estudiar la posibilidad de instaurar una política similar, con sus debidas adaptaciones, igualmente en el sector de las plantas ornamentales? 
Se trata de actividades de las organizaciones de productores en el ámbito de la comercialización. 
En el sector de las frutas y hortalizas puede existir igualmente un precio de retirada e intervención del mercado contra una determinada compensación. 
Esta fórmula no existe en el sector de plantas ornamentales, ni debería tampoco ser incentivado. 
Pero en el caso de la mayoría de las demás actividades de mercado, especialmente en el ámbito de la promoción, el sistema propuesto para el sector de frutas y hortalizas podría aplicarse igualmente en el sector de plantas ornamentales. 
¿Está dispuesta la Comisión a estudiar esta posibilidad y a poner a disposición los fondos necesarios para ello? De esta manera se haría una mayor justicia a este sector que en las actuales negociaciones de la UE se encamina a un sector de libre comercio pero que muy a menudo resulta víctima de ello. 
Señor Presidente, queridos diputados, hay que estimular el estudio adecuado del aprovechamiento de los recursos naturales de las regiones europeas para salvaguardar la vida de sus poblaciones y de sus recursos, habitualmente modestos. 
Cuando esas regiones sufren los embates de la naturaleza y su desarrollo tiene que ser más acelerado o más importante, mayor debe ser, evidentemente, la protección de esos recursos y de las potencialidades que ofrecen y, con mayor razón, cuando se trata de la producción agrícola. 
La defensa del sector de las plantas vivas ornamentales y de las producciones de floricultura tiene una importancia primordial en la Unión Europea y en el país que aquí represento, particularmente en la región autónoma de Madeira. 
Frente a los actuales desequilibrios en la comercialización de las flores exportadas, a consecuencia precisamente de acuerdos comerciales con terceros países, en los que no se ponderaron debidamente sus repercusiones en la actividad económica de los Estados miembros, la Comisión debe actuar con urgencia, concretando ayudas financieras y adoptando otras medidas para que dicha producción se mantenga y, mejor aún, para que se promueva su conveniente expansión. 
No obstante, no se debe olvidar que, además de todo el apoyo de la Unión Europea a sus Estados miembros y sus productores, lo que es fundamental es instituir para nuestras producciones, y no sólo las agrícolas, sobre todo cuando son de calidad, de buen precio y de interés manifiesto en el panorama económico europeo, el principio de la preferencia comunitaria que ahora vuelvo a realzar para que figure cuando y siempre que se concreten acuerdos de cooperación con terceros países. 
Entre otras cosas, porque hoy se juega con problemas como el desempleo que no queremos ver más agravados, directa o indirectamente. 
En un breve paréntesis, he de recordar que de una forma o de otra se ha mencionado y aplicado la preferencia comunitaria, pero sólo en algunos pocos casos y cuando están en juego los intereses o la fuerza de los países más poderosos. 
Felicito sinceramente al Sr. Jacob y al Sr. Filippi por la oportunidad de su pregunta oral sobre este asunto. 
En cuanto a las enmiendas propuestas al texto de la resolución presentadas por el Sr. Mulder, no puedo subscribir su primera enmienda sobre la aplicación del IVA, pero apoyo incondicionalmente su propuesta sobre la creación de un rótulo de calidad que se ajuste enteramente a las producciones agrícolas presentes y futuras. 
Señor Presidente, la Comisaria puede sentirse afortunada esta mañana. No sólo deberá ocuparse de dos productos culturales, también deberá abordar un tercero, es decir las flores y productos de horticultura ornamental europeos. 
Por el momento este sector se halla un tanto en peligro y esto se debe a la conclusión de todo tipo de acuerdos de libre comercio que habrán de perjudicar esencialmente a este sector. Perjudicarán sobre todo a este sector ya que en los países con los cuales se han establecido esos acuerdos la horticultura ocupa también un sitio primordial siendo abundantes sus exportaciones en dirección de Europa. 
Lo que reviste suma importancia para nosotros es que las condiciones de competencia sean las mismas. 
No me parece nada razonable que aquí en Europa debamos respetar todo tipo de decisiones ambientales de gran exigencia en el cultivo de flores y que importemos al mismo tiempo flores de productores a los que no se imponen las mismas condiciones. 
Por este motivo, me parece necesario un distintivo de calidad para estos productos. 
Otro punto: mayores fondos de promoción, no estoy de acuerdo con el 0, 05 % del volumen total de ventas, propondría aproximadamente un 0, 5 % del valor del sector. 
Señor Presidente, la horticultura ornamental está atravesando tiempos difíciles. 
Con un crecimiento inexistente y a causa de los acuerdos de libre comercio establecidos con países terceros, como Marruecos, la competencia se hace sumamente aguerrida. 
Las posibilidades de salida de este importante sector económico deberán ser incentivadas fuertemente mediante comercialización y acciones de promoción. 
La instauración por parte de la Comisión de un fondo de promoción constituye, a tales efectos, una acertada iniciativa. 
Sólo que la suma de 10 millones de ecus que ha sido prevista en el presupuesto para tales fines resulta completamente insuficiente. 
A consecuencia de la disminución de los aranceles impuestos a la importación de terceros países, la Comisión incurre en la pérdida de cerca de 60 millones de ecus. 
De hecho constituye esto una manera de subsidiar la producción hortícola ornamental en esos países. 
Los 10 millones de ecus que la Comisión concede en cambio para el fondo de promoción europeo no son comparables a la otra suma. 
Es de todos modos razonable conceder al fondo de promoción 60 millones de ecus. Combinándolos con los 40 millones de ecus que aportan las propias organizaciones privadas a la comercialización y la promoción, se podrá disponer así de un total de 100 millones de ecus, suma no obstante muy inferior al 2 % de valor comercial recomendado inicialmente por la Comisión en un estudio precedente para este objetivo. 
Y sobre todo no olvidemos que este fondo constituye la única forma de ayuda comunitaria para la industria de plantas ornamentales. Otros sectores reciben en cambio enormes sumas. 
Por último, deseo abogar además por que la Comisión vele por que se aplique a las flores cortadas los tipos bajos de IVA. 
Señor Presidente, señora Comisaria, muy brevemente querría decir que en mi país, en Catalunya y en el País Valencià, la producción de planta ornamental es una producción agrícola importante que ha sustituido otros cultivos desde hace ya muchos años. 
Nosotros somos perfectamente conscientes de que la Unión Europea debe celebrar acuerdos con los países terceros, y especialmente con los países del Magreb. 
La Conferencia de Barcelona fue muy explícita en este sentido. 
Pero este hecho de llegar a unos acuerdos con estos países para intercambios comerciales no quiere decir que se olviden y se minusvaloren las necesidades del sector productivo de planta ornamental en la Unión Europea. 
En este sentido, creo que es importante lo que ha dicho el Sr. Mulder, al objeto de que exista una competitividad en igualdad de condiciones y de que las condiciones medioambientales sean también exigidas a los países terceros que importan flores a la Comunidad, con el fin de poder preservar nuestro sector, que es importante y productivo dentro de la Unión. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, también en mi país la horticultura ornamental se halla en una grave crisis por las causas ya citadas aunque principalmente a consecuencia de la gran diferencia de tipos de IVA aplicados en los países vecinos. 
La propuesta de la Comisión que preveía al respecto una solución ha sido bloqueada durante largo tiempo por el gobierno belga, pues éste estimaba que el tipo normal se aplicaría a partir de 1995 en todos los Estados miembros. El año pasado la propia Comisión se decidió a acudir ante el Tribunal a fin de plantear queja contra siete Estados miembros. 
Esta postura constituye muy escasa ayuda para los horticultores. 
Por otra parte, el gobierno belga peca también de inconsecuencia al no ser partidario de una disminución del tipo impuesto a la lana y a la leña, principalmente productos de Valonia, pero sí un enemigo acérrimo de reducir el tipo normal impuesto a las flores cortadas que esencialmente son cultivadas en territorio flamenco. 
Afortunadamente, existe en el seno del COREPER un preacuerdo en cuanto a la aplicación de un tipo más bajo. Espero que el ECOFIN ratifique este acuerdo el próximo 8 de julio. 
Además de ello, espero que la Comisión presente en breve plazo medidas que ayuden a sostener el sector desde un punto de vista competitivo. 
La propuesta del colega Mulder de instaurar además un sello distintivo de calidad merece seguramente ser estudiada. 
Se refieren a la comparación con el tratamiento que se da al sector de las frutas y hortalizas y al impuesto sobre el valor añadido. Pero antes quiero agradecer el ramo adicional de peculiaridades culturales de Europa que me ha hecho llegar el Sr. Mulder. 
Por lo que respecta a la comparación con el sector de frutas y hortalizas, quiero precisar una vez más en nombre de la Comisión que el sector de flores y plantas tiene sus propias características que no se pueden comparar con otros sectores, incluido el mencionado. 
Lo que sí es cierto es que el aumento de importaciones procedentes de terceros países supone una presión sobre los ingresos de nuestros productores. 
Para solventar esta situación, se ha introducido en la organización de mercado de la UE un sistema para mantener los precios mínimos de los productos importados de los países mediterráneos y una cláusula de protección que se aplicará a partir del 1 de enero de 1997 en el marco del nuevo sistema de preferencias generalizadas. 
La Comisión opina que estas medidas, unidas a los programas de fomento mencionados, serán suficientes para mantener la dinámica del sector. 
Por lo que respecta al impuesto sobre el valor añadido y al tipo de IVA más bajo, espero que el próximo Consejo apruebe el compromiso que la Presidencia ha conseguido del Consejo y que esto dé lugar a la introducción de una rebaja del IVA para este sector. 
He recibido dos propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Propuesta de resolución B4-0732/96 
No podemos dar nuestro apoyo a una propuesta que consiste en acudir en ayuda de la industria de la horticultura ornamental con 60 millones de ecus al año. 
No es justo que todos los sectores agrícolas reciban ayuda extraordinaria cada vez que uno de ellos se encuentra en dificultades. 
Esto no se aplica a otros sectores, como por ejemplo, el de la industria o los servicios. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Ayuda a la República Eslovaca 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0157/96) del Sr. Konecny, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0009- C4-0154/96-96/0018 (CNS) ) por la que se revoca la Decisión 94/939/CE por la que se concede ayuda macrofinanciera suplementaria a la República Eslovaca. 
Señor Presidente, con la aprobación, a finales de 1994, de un crédito de 130 millones de ecus a la República Eslovaca, la Comisión y el Parlamento Europeo pretendían apoyar las reformas económicas emprendidas por este país y, de modo especial, evitar que las dificultades en la balanza de pagos pusieran en peligro esas reformas. 
Ahora se trata de revocar esta decisión porque ambos objetivos se han quedado obsoletos. 
Por un lado, la situación económica de la República Eslovaca ha cambiado desde 1994 y presenta tasas de crecimiento impresionantes, un visible descenso de la inflación y, sobre todo, una mejora en la balanza de pagos y en la balanza por cuenta corriente. Esta última volvió a presentar superávit ya en 1994. 
Dadas estas circunstancias, resulta innecesario un crédito de ayuda a la balanza de pagos con la garantía de la UE. 
No obstante, este indiscutible éxito económico, por el que hay que felicitar a la República Eslovaca, no es el único motivo para revocar el crédito. 
Influye también el hecho de que acabaran en un punto muerto las negociaciones de primavera y verano de 1995 con el entonces nuevo Gobierno eslovaco sobre las condiciones económicas que se debían vincular a ese crédito. 
La República Eslovaca no estaba dispuesta ni a suprimir la medida proteccionista de una tasa del 10 % a la importación ni, lo que me parece más importante, a reconsiderar el cambio de rumbo que había tenido lugar en la política de privatizaciones. 
El punto central de desacuerdo con la República Eslovaca o su gobierno actual es precisamente éste, y no se puede ni se debe silenciar en este contexto. Me estoy limitando consciente y exclusivamente a la esfera de lo económico, sin entrar en las muchas cuestiones políticas que se han debatido y criticado en este Parlamento. 
El Parlamento Europeo considera que su tarea es apoyar solidariamente las reformas que han de realizar los países de la Europa central y oriental para cumplir con los requisitos necesarios de cara a una mayor integración en la UE y, en muchos casos, a su adhesión a la misma. 
Para conseguir este objetivo, por ejemplo, hay que crear unas estructuras económicas sanas. 
Tengo mis dudas con respecto a la «salud» del actual proceso económico de la República Eslovaca y a sus posibilidades de éxito. 
Este año la balanza del comercio exterior vuelve a ser deficitaria. 
La cuestión estriba en si es verdaderamente sano que el 20 % de las exportaciones totales procedan de dos empresas, de las cuales una es una refinería (que no dispone de materias primas en el país) y la otra una acería cuyos principales productos no son adecuados para su utilización pacífica. 
A ello hay que añadir el modo de privatizar la economía. Para nosotros ha de ser justo, transparente y con visión de futuro. 
La supresión del programa de privatización a través de cupones suscita, desde este punto de vista, grandes interrogantes. 
El llamado managementbuyout se ha convertido en el procedimiento general aplicado a las privatizaciones. Según la opinión de muchos analistas, este sistema no sólo conduce a malvender el patrimonio nacional sino que coadyuva al surgimiento de estructuras de poder opacas en la economía eslovaca, con las sospechas que éstas despiertan. 
También resulta necesario que exista un orden en la economía, cosa que no sucede cuando, como ocurrió hace algunos días, primero se cesa a la dirección de una gran empresa y se la expulsa con piquetes sindicales y, al día siguiente, la policía la reintegra a sus funciones y desarma a los piquetes. 
Tampoco casa con una vida económica ordenada que surjan crisis de gobierno porque se discute sobre si una empresa presuntamente privada debe pertenecer al ámbito de influencia de un partido político u otro. 
Comprendo perfectamente que una nación que acaba de conseguir su estatalidad es especialmente vulnerable. 
Ciertamente, tampoco resulta fácil construir una economía nacional partiendo de una porción de una economía popular uniforme. 
La República Eslovaca es extremadamente sensible hacia todo aquello que parezca inferencia o tutela, cosa que también hay que entender. 
Con todo, nuestro deber y nuestro derecho es reclamar, sin arrogancia pero con vigor, la organización política y económica característica de nuestra Unión. 
Deseamos y esperamos un cambio de rumbo que sitúe a la República Eslovaca en la misma escala de valores políticos y económicos que la Unión. 
Señor Presidente, después del excelente informe del Sr. Konecny, mis consideraciones van a ser muy breves. 
El Grupo del Partido Socialista Europeo de esta Asamblea va a apoyar este informe en su totalidad. 
Creo que sus comentarios han ampliado de forma óptima el informe y han esclarecido las complejas relaciones de la Unión Europea con la República Eslovaca. 
La positiva evolución de la economía eslovaca a la que se ha hecho referencia y que ha motivado la decisión de hoy no justifica el mantenimiento de una tasa a la importación del 10 %. 
La Comisión Parlamentaria Mixta UE-Eslovaquia exigió por unanimidad su supresión en su segunda sesión, celebrada en Bruselas a principios de mes. 
Estamos convencidos de que no pasará mucho tiempo antes de que se cumpla esta petición. 
También creemos que las buenas cifras macroeconómicas de la economía eslovaca ya mencionadas son un motivo de optimismo y permiten esperar que se pondrá remedio pronto a las insuficiencias políticas a las que ha aludido el ponente. 
Obviamente, dada la situación presupuestaria de la Unión Europea, nos alegra que la decisión de hoy vaya a aliviar en cierta medida una partida sobrecargada como la de los Fondos de garantía. 
Señor Presidente, me ha gustado mucho el informe del Sr. Konecny porque presenta una visión matizada y diferenciada de la situación en Eslovaquia, que huye de los estereotipos al uso. 
Me satisfacen sus consideraciones sobre el hecho de que ha sido el pueblo eslovaco el que mediante su trabajo ha conseguido en los últimos años que no resulte necesario el dinero que habíamos aprobado y que ahora, por decirlo así, regresa a nuestras manos. 
Es cierto que ya no disponemos de él, pero aun así vuelve a nosotros. 
Creo que la conclusión es que la República Eslovaca está, en muchos aspectos, en el buen camino. 
También comparto la preocupación que expresa en los puntos 9 y 10 de su exposición de motivos, tanto en lo que se refiere a la privatización y a la posible concentración de poder en malas manos, como en lo que afecta a las condiciones políticas generales. 
Me parece importante no separar las condiciones políticas de las económicas porque una economía de mercado no puede funcionar si no se basa en la vigencia del Estado de derecho. 
Por esa razón quiero referirme, como lo ha hecho el ponente en su informe, a lo siguiente. Medidas como la ley lingüística que él menciona y la parte del código penal que castiga las manifestaciones presuntamente antiestatales hechas en el extranjero son muy negativas para la confianza internacional en la República Eslovaca. 
El miércoles tuvimos como invitado en el Grupo de Trabajo intergrupal que presido sobre Lenguas Minoritarias al vicepresidente del movimiento «Convivencia» de la minoría húngara en Eslovaquia, que nos informó sobre este problema y también sobre la reforma de la administración con la que se intenta privar a la minoría de las bases de su existencia. 
Tenemos que realizar un seguimiento prudente de estos asuntos. 
No hemos de tutelar, sino distinguir, manteniendo el diálogo, entre el pueblo eslovaco y ciertos desarrollos erróneos. 
Hemos apoyado siempre la autodeterminación del pueblo eslovaco. 
Sin embargo, esta autodeterminación de los pueblos pequeños de la Europa central sólo es posible mediante la sustitución de los Estados artificiales desmembrados por una nueva unidad más grande que vincule a los pueblos entre sí, esto es, a través de la extensión de la Unión Europea hacia el Este. 
En este espacio no puede surgir un enfrentamiento entre pueblos, sino una comunidad que los aúne. 
Por ello resulta necesario que la República Eslovaca siga estando en primera línea de los Estados que esperamos se incorporen a la Unión. 
Apoyar esto es un deber fundamental, y por eso me alegra que el Sr. Konecny se haya ocupado del asunto desde esta perspectiva. 
Creo que no hay que cerrar la puerta en absoluto a la República Eslovaca. Precisamente el hecho de que, por un lado, se hayan obtenido éxitos económicos y, por otro, existan también puntos críticos sirve para poder mantener un diálogo con el pueblo eslovaco, que tiene claramente unas señas de identidad similares a las nuestras. 
Señor Presidente, constituye por supuesto una buena noticia que un país no necesita una asistencia macrofinanciera prevista originalmente y, como afirma el Sr. Posselt, los fondos vuelven a su fuente. Podemos pues también aprobar esa decisión. 
Eslovaquia, señor Presidente, ha registrado un inesperado desarrollo económico: cifras de crecimiento de 5 a 6 %, un mejoramiento considerable de la balanza de pagos- de un déficit de mil millones de dólares en 1993 a incluso un pequeño excedente en 1995- y una rápida disminución de la inflación. 
Una prestación impresionante; muchos países de la Unión podrían seguir ese ejemplo. 
Eslovaquia puede entre tanto acceder por cuenta propia al capitalismo de mercado. 
Resulta pues aún más notable que subsistan todavía efectos semejantes desde el punto de vista institucionaleconómico. 
Eslovaquia se niega a suscribir las condiciones ligadas a la asistencia macrofinanciera solicitada anteriormente; a saber, el proceso de privatización constituía un punto álgido para la concesión de los créditos necesarios. 
La Unión Europea deberá, en un diálogo estructurado, seguir prestando la atención necesaria a ese país. Esto es válido en primer lugar- como lo han señalado los dos oradores anteriores- en cuanto a la situación política y a los derechos de las minorías. 
En la situación actual, la adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea parece provisionalmente excluida aunque esto es valido también para la privatización. 
La derogación a sectores importantes de la economía da lugar pues a graves problemas. 
Se impone una detenida y amplia discusión con las autoridades eslovacas. 
Deseo felicitar de nuevo desde aquí al Sr. Konecny por su informe. 
Señor Presidente, también yo deseo suscribir el informe del Sr. Konecny, aunque también, al igual que todos los demás oradores precedentes, debo expresar no obstante mi preocupación por la evolución de los acontecimientos en Eslovaquia. 
Tal vez es conveniente el hecho de que este país no necesite este préstamo, sobre todo es también un signo de que el gobierno de Meciar no necesita a la Unión Europea. 
Y es esto precisamente lo que engendra mis preocupaciones ya que sé que la gran mayoría de los ciudadanos eslovacos opina de otra manera muy diferente. 
El problema estriba por supuesto en el hecho de que el gobierno de Meciar ha rechazado constantemente hasta el presente la presión ejercida por la Unión. Han sido mencionados aquí ejemplos en número más que abundante de los actos perpetrados por las autoridades contra las minorías en cuanto al uso de sus lenguas, aunque también, por ejemplo, la nueva división de provincias de manera que los húngaros no poseerán en particular la mayoría en una de las provincias, las leyes relativas a los pronunciamientos antiestatales y otras similares. 
Estimo sin embargo que el gobierno de Meciar deberá comprender que es su deber respetar los derechos humanos así como los principios democráticos. Creo que en adelante, a fin en realidad de no tener que cerrar las puertas a Eslovaquia, será sumamente importante, precisamente con vistas a estimular el contacto recíproco entre las ONG occidentales y las nacionales y a que traten de establecer el diálogo en todo caso desde la base. 
Estimo que esto, sinceramente, puede actuar de manera más positiva que los métodos que hemos empleado hasta la fecha de ejercer presión sobre Eslovaquia, la cual por supuesto debe soportar ya que de lo contrario Meciar escogerá completamente su propio camino. 
Señor Presidente, económicamente la situación en Eslovaquia es tan favorable que resulta ya innecesaria la ayuda a la balanza de pagos. 
La economía crece de manera considerable y el paro disminuye. 
Razones suficientes pues para votar a favor de la propuesta de la Comisión de retirar la asistencia macrofinanciera. 
Aunque no dejan de existir puntos negativos en la economía. 
El programa de privatización no avanza y las inversiones registran un nivel demasiado bajo. 
Cabe preguntarse pues si el restablecimiento económico es lo bastante duradero, habida cuenta principalmente del hecho de que una gran parte de las exportaciones eslovacas proviene de dos empresas, resultando además fuertemente dependiente de las importaciones de materias primas de bajo precio procedentes de Rusia. 
A mayor plazo por consiguiente el horizonte económico no está desprovisto de interrogantes. 
El mayor problema lo constituye no obstante la situación política. 
No se desconocen las tensiones existentes entre el presidente y el primer ministro. Los medios de comunicación no disfrutan de ninguna libertad de expresión y la minoría húngara sigue conociendo trabas y cortapisas. 
Se rumorea además la aparición de una ley para la protección de la república por la cual puede ser penalizada toda crítica a la política del gobierno. 
El Comisario Van den Broek ha abordado ya en varias ocasiones todas estas cuestiones con las autoridades eslovacas. 
Es necesario proseguir ese diálogo. 
Es cierto que el ritmo de las transformaciones no es decisivo aunque deberán orientarse hacia la buena dirección. 
Señor Presidente, la propuesta del Consejo de revocar la ayuda financiera a la República Eslovaca y la renuncia de su Gobierno a las ayudas adicionales se basa, ante todo, en que Eslovaquia no está dispuesta a seguir el camino propuesto por la Unión Europea en materia de privatizaciones. 
Además, el Gobierno tampoco está dispuesto a suprimir la tasa del 10 % a la importación de productos extranjeros. 
Otro argumento es la política de energía nuclear. 
Eslovaquia no está dispuesta a ajustarse a las normas europeas de seguridad en la construcción de Mochovce ni a poner fuera de servicio la vieja central de Bohunice. 
¿Qué significa todo esto para la cooperación entre la Unión Europea y Eslovaquia? 
El acuerdo de asociación, por un lado, y la renuncia a la ayuda financiera vinculada a ciertas condiciones, por otro, facilitan, por mucha comprensión que se profese en la difícil situación, que el Gobierno eslovaco inicie el camino de vuelta a una economía planificada. 
Todos estos argumentos justifican que la Unión Europea intensifique el diálogo con este Gobierno para evitar que la política eslovaca se aleje de Europa en lugar de acercarse a ella. 
Señor Presidente, la Comisión muestra su satisfacción por el informe del Sr. Konecny, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, en el que se apoya la propuesta de la Comisión de revocar la ayuda financiera a la República Eslovaca. 
La Comisión entabló conversaciones con el Gobierno eslovaco en 1995 sobre las condiciones político-económicas vinculadas a este crédito. 
Estas conversaciones no condujeron a ningún acuerdo debido a que el Gobierno eslovaco no acabó de decidirse a tomar algunas medidas que la Comisión consideraba fundamentales, concretamente, como han mencionado todos los oradores, la rápida supresión de la tasa del 10 % que grava la importación desde 1994. 
El Gobierno eslovaco decidió, además, prescindir del plan de privatización mediante cupones que la Comisión consideraba como un requisito esencial para la devolución del préstamo. 
Este cambio de rumbo en la política de privatizaciones impidió que se efectuara el examen previsto en las negociaciones crediticias con el FMI. 
Ante esta situación, el Banco Mundial tomó la decisión de suspender las conversaciones sobre un crédito de adaptación de las estructuras financieras y empresariales eslovacas. 
Entre tanto, como también se ha mencionado, se produjo una clara mejora en la situación de la balanza de pagos, de resultas de la cual el Gobierno eslovaco anunció que no estaba interesado en la prosecución del programa pactado con el Banco Mundial. 
Teniendo en cuenta todos estos datos y, sobre todo, la insuficiente reforma estructural emprendida por el Gobierno eslovaco, el mantenimiento de la tasa a las importaciones y la clara mejora en la balanza de pagos, la Comisión propone revocar la decisión del Consejo sobre la ayuda financiera a este país. 
En un escrito que dirigió a la Comisión a principios de año el vicepresidente de Gobierno y ministro de hacienda eslovaco, se da por enterado de la propuesta de la Comisión de revocar la ayuda financiera y admite que la ayuda ya no tiene justificación. 
Por descontado que, tras la revocación de la ayuda, la Comisión efectuará las correspondientes correcciones en el presupuesto. 
Para concluir añadiré que, con independencia de lo anterior, la Comisión mantendrá un diálogo crítico con la República Eslovaca. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Productos de la pesca originarios de Ceuta 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0154/96) del Sr. Valdivielso de Cué, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (95) 0687- C4-0134/96-95/0351 (CNS) ) sobre la apertura y forma de gestión de contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos de la pesca originarios de Ceuta. 
Señor Presidente, el pasado mes de marzo el Consejo consultó al Parlamento sobre la propuesta de reglamento acerca de la apertura y forma de gestión de contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos de la pesca originarios de la ciudad de Ceuta. 
El fundamento jurídico elegido por la Comisión es el Acta de adhesión de España, concretamente el artículo 25.4, que exige que la apertura de un contingente venga regulado por un reglamento del Consejo y que exige también el dictamen del Parlamento Europeo. 
Quiero recordar a sus Señorías que España tiene tres regímenes aduaneros: por una parte, el que comprende la península e islas Baleares, que es la unión aduanera con la Unión Europea; por otra, tiene el de las islas Canarias, y el de las dos plazas de Ceuta y Melilla situadas en el norte de África, en la costa mediterránea. 
Una vez asignado el informe a la Comisión REX nos pusimos en contacto con la realidad social y económica de la ciudad de Ceuta para realizar este informe de la forma más objetiva posible. 
Del análisis de nuestro informe se deduce claramente que Ceuta es una ciudad decadente, que carece de suelo, agua y energía y que tiene un puerto franco que, como luego veremos, está en declive. 
Este modelo de especialización terciaria comprende al 84, 5 % de la población, muy dependiente de la situación arancelaria. 
Circunstancia alterada tras la firma del Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, que establece una zona de libre comercio durante 12 años, lo que conlleva una quiebra del modelo de especialización comercial anterior y problemas de viabilidad futura y supervivencia económica de la ciudad. 
Del análisis se desprende la necesidad de una nueva estrategia de desarrollo para la ciudad. 
En esta línea, debemos considerar la utilización de las medidas de política arancelaria- desde la Comisión REX- como un instrumento de cohesión económica y social de las regiones ultraperiféricas. 
Si la Unión Europea ha cofinanciado en Ceuta unas actividades de acuicultura y se ha puesto en marcha una piscifactoría con verdadero éxito, creemos que se debe utilizar también, como instrumento dinamizador de la economía y creación de empleo- sabiendo que hay mercado -, la posibilidad de adopción de medidas arancelarias, porque Ceuta, aun siendo parte de un país de la Unión Europea tiene un estatus arancelario diferente; máxime teniendo en cuenta que la ampliación del contingente arancelario que se propone en este informe, junto con las enmiendas de la propia comisión REX, no produciría distorsión en el mercado comunitario del besugo y la lubina, que son los productos concernidos y que gozan de una amplia y creciente demanda. 
Por ello, la lógica pide un aumento del exiguo contingente de 200 toneladas propuesto por la Comisión hasta 1.000 /1.200 toneladas de conformidad con la proyección que se incluye en el proyecto de resolución. 
La repercusión sobre el mercado comunitario sería muy limitada- por no decir prácticamente nula -, salvo en la parte sur de España. 
A cambio, el desarrollo de esta actividad sería beneficioso para el producto interior bruto de la ciudad de Ceuta, en el que casi incidiría en un +2 %. 
Y, en el empleo, tendríamos también una incidencia positiva de casi el 1 % -superior al 0, 5 %-. 
Y además supondría una diversificación en esta economía, que en este momento está maltrecha- como hemos dicho -, por razones que ya se han expuesto. 
Por todo ello, la Comisión REX propone a la Comisión y al Consejo la ampliación del contingente arancelario comunitario para besugo y lubina. 
Esta ampliación del contingente arancelario supondría una pérdida adicional de ingresos para el presupuesto comunitario de 69.000 ecus. 
Por otra parte, considera que, con el fin de consolidar y desarrollar armoniosamente la industria y contribuir a la diversificación económica de esta región, los contingentes arancelarios deberían aumentarse gradualmente en los próximos dos años. 
Por ello pedimos a la Comisión que elabore un informe técnico con el fin de evaluar la incidencia de la prevista liberalización comercial y de relaciones entre la Unión Europea y Marruecos, que tanto afectan a la ciudad de Ceuta. 
Esta petición sería también extensible a la situación de Melilla. 
En resumen, proponemos la gestión de contingentes arancelarios como un instrumento de cohesión social de una región en declive. 
Señor Presidente, en primer lugar debo agradecer al Sr. Valdivielso de Cué el excelente informe que ha elaborado sobre los contingentes arancelarios para ciertos productos pesqueros originarios de Ceuta. 
Como es sabido, Ceuta se encuentra en una situación extremadamente compleja. 
A su posición en la periferia de la Unión Europea se le añade un gran número de dificultades adicionales. 
Por una parte, hay otro problema geográfico, derivado de su situación en el continente africano. 
Además hay otras cuestiones que han creado una situación difícil. 
La elevada terciarización de la economía de Ceuta ha llegado al agotamiento de sus posibilidades y, sin embargo, la ciudad sigue necesitando de posibilidades de expansión de su economía para hacer frente a sus necesidades sociales. 
El mantenimiento de la economía de Ceuta requeriría de un impulso basado en un incremento de la actividad de los sectores primario y secundario, sobre todo del primero. 
Sin embargo, su posición geográfica plantea un primer obstáculo a su desarrollo. 
Otro problema adicional reside en que la reducida base territorial de Ceuta y sus características de suelo y clima no hacen posible el desarrollo de la actividad agrícola. 
El sector pesquero de Ceuta sufre las mismas dificultades que el resto del sector pesquero comunitario, derivadas de la escasez de recursos. 
Aquí también aparecen las dificultades de comercialización propias de su situación geográfica y de otros problemas añadidos causados por las características y la obsolescencia de su flota pesquera. 
A pesar de todos estos problemas, en Ceuta hay un fuerte condicionamiento que impide el desarrollo de actividades económicas en sectores ajenos al terciario. 
Este condicionamiento viene dado porque cuenta con los mismos costes de acceso al mercado comunitario que los productos marroquíes. 
Sin embargo, los costes salariales y las cargas sociales son incomparablemente superiores a los practicados en Marruecos. 
Además, Ceuta no cuenta con el tratamiento arancelario preferencial aplicado a Marruecos, y, al no estar integrada en la Unión Aduanera, los productos procedentes de Ceuta cuentan con un tratamiento arancelario mucho más duro que el aplicable a Marruecos. 
Si bien esto se adapta a la terciarización de la economía propia de Ceuta, impide el desarrollo de actividades basadas en otros sectores. 
Aquí nos encontramos con una paradoja: la Unión Europea ha financiado un proyecto cuyas producciones se enfrentan a serias dificultades de comercialización derivadas de la situación arancelaria de Ceuta. 
La comercialización de los productos de la acuicultura obtenidos en Ceuta sólo puede hacerse en la Unión Europea y, de no resolverse la situación arancelaria de estas producciones, el apoyo comunitario y la misma inversión serían dinero despilfarrado. 
La propuesta de reglamento del Consejo no tiene otra virtud que lograr una cierta coherencia entre la política estructural de la Comunidad y ciertas paradojas de la Unión Aduanera. 
Sin embargo, hay un problema, y reside en que considera que se trata de una posición estática, y ninguna actividad económica lo es ni, por definición, lo puede ser. 
Esto es más cierto cuando se trata del inicio de una actividad. 
El Sr. Valdivielso de Cué, en su informe, ha dado una salida digna a este problema dentro del marco definido por la propuesta de reglamento del Consejo, incrementando el contingente arancelario destinado a las lubinas o besugos frescos o refrigerados. 
Esto dará un respiro a la industria de la acuicultura en Ceuta y, al menos, le permitirá iniciar su actividad y buscar mercados con mejores perspectivas de futuro. 
No obstante, hay que tener en cuenta que, a medio plazo, habrá que revisar este contingente al alza. 
Por último, me gustaría reiterar mi agradecimiento al Sr. Valdivielso de Cué por el trabajo realizado con su informe. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Valdivielso de Cué sobre contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos de la pesca originarios de Ceuta pone de manifiesto, con gran claridad, la situación económica actual de Ceuta y las posibilidades de desarrollo de su acuicultura. 
Ceuta es territorio español, pero no está integrada en la Unión Aduanera. 
El comercio entre Ceuta y la Comunidad está regulado por el Protocolo nº 2 del Acta de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad. 
La presente propuesta de reglamento tiene como objetivo prolongar el sistema del año anterior y ampliarlo con nuevas especies de peces. 
Enmiendas núms. 3, 4 y 5: con estas enmiendas se pretende aumentar los contingentes arancelarios previstos para el besugo y la lubina de 100 a 200 toneladas. 
Con respecto a su petición de un informe técnico que evalúe la incidencia de la prevista liberalización, pediré al Comisario Monti que averigüe si el Parlamento puede ser informado sobre este tema y cuál sería, en su caso, la mejor manera de hacerlo. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
En la zona de Ceuta nos enfrentamos a un problema muy serio que va a originar tensiones políticas debido a la evolución de Gibraltar. 
El informe Valdivielso se ocupa de una cuestión muy importante: la acuicultura. 
Quien conoce la zona sabe que está predestinada a la acuicultura. 
Quisiera plantear la siguiente pregunta: ¿no sería conveniente en este caso realizar proyectos de acuicultura comunes entre Gibraltar, Ceuta y Melilla e incluir también a Marruecos? Así podríamos contribuir, con un proyecto económico práctico, a una disminución de las actuales tensiones políticas. 
Por todo ello, doy la bienvenida a este excelente informe y espero que se avance en este asunto, porque de él depende el inicio de un camino verdaderamente importante de cara al futuro. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.50 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 21 de junio de 1996. 
Usted va a decir algo a continuación sobre el orden del día y a este respecto veo grandes problemas. 
Quería planificar mis fechas para el próximo año y he tenido que constatar que en el calendario del Parlamento Europeo para 1997 que todos tenemos no hay ni una sola fecha que concuerde a partir del 1 de febrero. 
El miércoles de ceniza cae en lunes. 
Se ha impreso el 29 de febrero a pesar de que no se trata de un año bisiesto. 
En consecuencia, recomiendo y ruego a los colegas y también a la Mesa que no acuerden ninguna fecha basándose en el calendario del Parlamento Europeo de 1997, pues a partir del 1 de febrero no hay ni una sola fecha correcta. 
(Risas, aplausos) 
Estimado colega Friedrich, muchas gracias por su observación. 
Tendremos que recapacitar sobre el modo de subsanar este error en los calendarios que se han distribuido. 
Le expreso en especial mi agradecimiento por su observación sobre el miércoles de ceniza. 
Se trata de hecho de una fecha muy importante y un error sobre el miércoles de ceniza sería fatal para todos nosotros. 
Señor Presidente, si se pregunta por qué la Asamblea no está muy llena, permítame exponerle el auténtico problema de acceso al que se enfrentan actualmente los diputados y visitantes. 
Acabo de pasar por el túnel que une el edificio de Belliard con éste. 
Es imposible acceder a los ascensores. 
Hay un gran número de personas en el segundo sótano y resulta una tarea del todo imposible llegar a este Pleno a las 3 en punto. 
Resulta muy incómodo para los visitantes, pero para los diputados es desesperante. 
Quisiera pedir a quien que corresponda que estudie la forma de garantizar un acceso fácil a los diputados que acuden al Pleno, mientras que al mismo tiempo se les facilita el acceso a los visitantes que se dirigen a la tribuna. 
La situación es hoy muy mala. 
Estimada colega, tiene razón, pero algunos de los problemas relativos a esta obra y al acceso de Belliard y otros edificios los podremos aclarar definitivamente- así lo espero- en el curso del próximo año cuando se pueda entrar en D3 y tengamos entonces acceso directo... 
... desde las oficinas a la planta del Salón de Plenos. 
Señor Presidente, quisiera hacer un llamamiento a la Asamblea para que envíe un mensaje de apoyo y solidaridad en favor de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, así como nuestro pésame por el terrible asesinato de la periodista irlandesa Veronica Guerin, ocurrido la semana pasada en Dublín. 
Todo el país y, estoy seguro, toda Europa agradecerá que usted envíe un comunicado a los medios de información irlandeses y, en particular, al editor del periódico Irish Independent de Dublín, transmitiendo nuestro sincero pésame y nuestro incesante compromiso con la libertad de expresión y con la defensa de la democracia. 
Estimado colega, en primer lugar le expreso mi agradecimiento por esta observación y, en segundo lugar, el aplauso de la Asamblea ha mostrado cuál es su opinión. 
Voy a proceder tal como usted ha propuesto: voy a mostrar claramente a los medios de comunicación irlandeses y, ante todo, al periódico, que protegemos el respeto de la libertad de opinión y que lamentamos profundamente la muerte de la periodista irlandesa. 
Asuntos políticos urgentes 
De conformidad con el orden del día, se procede a una comunicación de la Comisión sobre asuntos políticos urgentes relativa a la reunión del G-7 que se celebró en Lyon. 
Tiene la palabra el Sr. Santer, Presidente de la Comisión. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, del 27 al 29 de junio se celebró en Lyon, bajo presidencia francesa, la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los siete países industrializados, en la que participa, como miembro de pleno derecho, el Presidente de la Comisión Europea. 
Después del fin de los trabajos económicos del G-7, el Primer Ministro ruso, Sr. Chernomirdin, que substituía al Presidente, Sr. Yeltsin, se nos unió para proseguir los trabajos sobre los asuntos mundiales y sobre los asuntos políticos. 
Los países del G-7 representan ya el 46 % de la producción mundial. 
Esa cifra indica por sí sola que el G-7, como grupo de países, dispone de una potencia económica enorme, pero muestra también que ese conjunto de países es tan sólo parcialmente representativo en la economía mundial. 
Por esa razón, después de los trabajos de la cumbre propiamente dichos, el Sr. Chirac pidió a los dirigentes de cuatro instituciones internacionales importantes, a saber, las Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial y la OMC, que examinaran los problemas del desarrollo. 
Justo después del atentado de Dhahran, en Arabia Saudita, era normal que el comienzo de nuestros trabajos estuviera dedicado a la lucha contra el terrorismo. 
El propio día en que iniciamos nuestras conversaciones se produjo otro cobarde atentado contra una base militar en Osnabrück, sin que esa vez costara, por fortuna, la vida a ciudadanos inocentes. 
El terrorismo amenaza la seguridad de nuestras sociedades y de nuestros Estados. Por tanto, hay que combatirlo con todos los medios legales. 
Así, pues, el G-7 se declaró resuelto, y con razón, a estudiar y aplicar, junto con todos los Estados, todas las medidas adecuadas para fortalecer las capacidades de la comunidad internacional a fin de derrotar al terrorismo. 
Y me congratulo de que ya en este mes se vaya a organizar una primera reunión para ese fin, en París. 
Por lo que se refiere a la aportación de la Unión Europea, expreso la confianza en que la decisión adoptada en Florencia respecto Europol mejore nuestra capacidad para luchar contra el terrorismo en el nivel europeo. 
El nuevo convenio sobre la extradición colaborará a ello también. 
Señor Presidente, no quisiera aburrir a Sus Señorías con la larga lista de los asuntos examinados, generalmente de forma libre y franca, en Lyon. 
Los frutos de esa labor figuran en los documentos aprobados y publicados en esa ocasión. 
Si les parece, me contentaré con subrayar los asuntos que revisten importancia particular para la Unión: el crecimiento y el empleo, la defensa de un sistema de comercio realmente multilateral, la integración de los países más pobres en el sistema internacional, la afirmación de nuestra voluntad de llevar a término la reconstrucción en Bosnia-Herzegovina. 
En el plano del crecimiento y del empleo, el G-7 dio su apoyo a nuestra estrategia encaminada a restablecer un crecimiento sostenido, no inflacionista y creador de puestos de trabajo. 
Tuve una confirmación de nuestra previsión de que el crecimiento en Europa se reactivará de nuevo durante este semestre. 
Nuestro análisis común revela que los déficit y las deudas públicas siguen siendo demasiado elevados y que el desempleo se mantiene en un nivel inaceptable. 
Ésa es una razón más para acelerar las reformas estructurales. 
Estuvimos todos de acuerdo en considerar que los movimientos significativos de las principales monedas desde hace más de un año habían contribuido a mejorar las condiciones de un crecimiento sostenido. 
Personalmente, me congratulo de que la idea de una coordinación fortalecida de las políticas económicas, idea que sostuve el año pasado, esté realizándose en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos internacionales. 
A ese respecto he de señalar el interés en aumento y el apoyo de las autoridades americanas por el advenimiento de la moneda única, el euro, en Europa. 
Por lo que se refiere a los intercambios y las inversiones, me dirigí a Lyon con un mensaje claro, un mensaje a favor del multilateralismo. No quedé defraudado: el G-7 dio una señal clara al afirmar que no se deben resolver los asuntos haciendo rancho aparte. 
Confirmó de forma explícita que en la esfera de los intercambios y las inversiones hay que abstenerse de recurrir a medidas que estarían en contradicción con las normas de la Organización Mundial del Comercio y los códigos de la OCDE. 
Por otra parte, el G-7 indica que, cuando aparezcan diferencias, se deben utilizar y respetar todas las disposiciones aplicables en materia de consulta y de solución de controversias. 
Esas conclusiones me alentaron en lo relativo a las dificultades creadas a nuestras empresas por la ley Helms-Burton. 
Aproveché para pedir, de forma firme pero amistosa, al Presidente de los Estados Unidos que procurara al máximo evitar que se pusieran a prueba así nuestras excelentes relaciones transatlánticas. 
El apoyo al multilateralismo dado por el G-7 se plasmó también en recomendaciones vigorosas con vistas a alentar la futura labor de la Organización Mundial del Comercio. 
Se pidió a la conferencia ministerial de la OMC, que se celebrará en diciembre en Singapur, que reflexionara sobre las relaciones entre el comercio y la política de la competencia, los intercambios y la inversión, así como sobre la propiedad intelectual. 
Más aún: el G-7 reconoció la voluntad de tratar la cuestión de los vínculos entre intercambios y normas laborales fundamentales internacionalmente reconocidas. 
Eso nos permitirá plantear esa cuestión en la Organización Mundial del Comercio, asegurando a los países menos desarrollados que no se trata de un proteccionismo oculto, sino del respeto de los valores subscritos por toda la comunidad internacional. 
Señor Presidente, el Presidente Chirac pidió a sus colegas del G-7 que reflexionaran sobre la aplicación de un nuevo partenariado mundial para el desarrollo. 
Lo felicito por esa iniciativa, que constituye una de las mayores ambiciones en el nivel mundial para el próximo siglo. 
Quisiera plantear aquí cuatro perspectivas determinadas en nuestras conclusiones de Lyon. 
En primer lugar, habrá que abrir más nuestros mercados a los países más pobres. 
La Unión es ya el mayor importador de productos procedentes de los países menos adelantados. 
El G-7 lanzó un llamamiento a todos los países para mejorar el acceso a sus mercados. 
En segundo lugar, el G-7 renovó el compromiso de mantener corrientes importantes de ayuda pública al desarrollo. 
La ayuda oficial de la Unión y de sus Estados miembros al desarrollo constituye más de la mitad del total mundial. 
Ahora hay que mantener ese esfuerzo para impedir que los ricos lleguen a ser más ricos y los pobres más pobres. 
En tercer lugar, tenemos que gestionar mejor nuestra ayuda para el desarrollo. 
Resulta necesario un verdadero partenariado entre los donantes y los países en desarrollo. 
Dicho partenariado entraña una mayor responsabilidad de los países en desarrollo, por un lado, y una mejor coordinación entre donantes, por otro. 
Por esa razón, acogí con el mayor beneplácito la presencia de los dirigentes de las cuatro grandes instituciones internacionales que laboran en pro del desarrollo. 
Su presencia demostró que la mejora de nuestras políticas de desarrollo no puede reducirse a un simple ejercicio de racionalización presupuestaria. 
Por último, el G-7 logró avances importantes en el alivio de la deuda de los países más pobres. 
Por nuestra parte, estaremos atentos a que la ayuda concedida con arreglo al Convenio de Lomé siga garantizando el ajuste estructural que debe acompañar el alivio de la deuda de esos países. 
Señor Presidente, como último punto, quisiera mencionar a Sus Señorías algunas decisiones adoptadas por los Siete y Rusia relativas al proceso de paz y reconstrucción en Bosnia-Herzegovina. 
La Cumbre de Lyon dio, así, la señal, la señal clara, de que la responsabilidad primordial de la aplicación del Acuerdo de paz incumbe a las diferentes comunidades de ese país y que hay que atenerse a las conclusiones aprobadas en la Conferencia de Florencia. 
Exigimos que el Sr. Karadzic renunciara inmediata y definitivamente a toda función pública, no participase en ninguna decisión gubernamental... 
... y entregara la totalidad de sus poderes a nuevos dirigentes. 
A ese respecto, conviene recordar que la posibilidad de recurrir de nuevo a sanciones sigue sobre la mesa. 
Por último, por lo que se refiere al proceso de reconstrucción económica, lanzamos un llamamiento para que se entregaran la mitad de las sumas comprometidas antes del final del año 1996 y la totalidad de aquí a junio de 1997. 
Del desarrollo de las elecciones, que se celebrarán el 14 de septiembre, dependerá la posibilidad de adoptar una decisión en cuanto a la organización de una nueva conferencia de donantes. 
Señor Presidente, Señorías, la Cumbre de Lyon me permitió, como Presidente de la Comisión, lanzar algunos mensajes que considero esenciales en pro de la Unión: las líneas generales de nuestra estrategia en pro de un crecimiento sostenido y creador de puestos de trabajo; nuestro apoyo al sistema de comercio multilateral, conforme a las normas internacionales; la aportación de la Unión al partenariado con los países en vías de desarrollo y, en particular, con los países menos adelantados, en sus actividades en pro de un desarrollo duradero y socialmente equilibrado; y, por último, la afirmación del papel de la Unión en el proceso de reconstrucción política, institucional y económica en Bosnia-Herzegovina. 
Espero que estos elementos ilustren el interés de nuestra participación en la cumbre del G-7 y, naturalmente, me pongo, señor Presidente, a disposición de Sus Señorías para responder a toda pregunta que deseen formularme. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión. 
Quiero dar a conocer ahora a todos los que no las conocen cuáles son las reglas del juego. 
No existe una lista de oradores y los que deseen plantear preguntas deben pedir la palabra sobre cada cuestión después de la intervención de la Comisión. 
No se tendrán en cuenta las peticiones de palabra anteriores. 
Además, las preguntas no deben superar el minuto de duración y las respuestas tampoco deben ser demasiado largas. 
Usted ha mencionado que el primer punto de su agenda era la lucha contra el terrorismo internacional. 
¿Puede indicarnos si se siente más optimista ahora que el convenio Europol será ratificado durante la Presidencia irlandesa? 
Como sabe, éste es uno de los objetivos principales de la Presidencia irlandesa. 
Habida cuenta de que las drogas forman parte de la red internacional del terrorismo, ¿puede comunicarnos qué se acordó exactamente en la Cumbre del G-7? 
Permítame también aprovechar la oportunidad para manifestar mi pesar por el incidente ocurrido en Osnabrück mientras se celebraba dicha cumbre y, a un nivel más local, por el atroz asesinato de la Sra. Veronica Guerin a manos de narcotraficantes. 
Señor Presidente, creo, en efecto, que toda la comunidad internacional, y, más en particular, la Unión Europea, debe hacer todo lo posible para contrarrestar ese azote moderno que constituye el terrorismo. 
Así, pues, tenemos el deber de luchar contra todas las formas de criminalidad organizada que ha indicado Su Señoría y creo que, con el encarrilamiento de Europol, por fin desbloqueado, y con todas las demás disposiciones existentes en el marco del Derecho internacional, como el convenio sobre la extradición y otras medidas, lograremos, poco a poco, aunar todos nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo y la criminalidad organizada. 
Por lo que se refiere a la criminalidad organizada, Sus Señorías han leído en el comunicado final- no voy a repetir todas sus disposiciones- que están previstas unas cuarenta medidas y ahora deben aplicarse en los diferentes niveles, en los diferentes ámbitos internacionales. 
En el plano europeo, según el compromiso de la Presidencia irlandesa, con la que me reuní ayer en Dublín y que considera esa cuestión el primer objetivo de su acción común, de las prioridades de su programa- dentro de unos días le oirán Sus Señorías exponer su programa en el Pleno -, creo que lograremos aunar nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo internacional y la criminalidad organizada. 
Pero son necesarios sin duda esfuerzos considerables, no sólo la voluntad, y también hay que plasmar en la realidad todas las declaraciones positivas que formulamos en los diferentes ámbitos internacionales. 
Señor Presidente, en Lyon usted tuvo la oportunidad, así al menos dijeron los periódicos, de examinar el documento de política económica y financiera del Gobierno italiano para el período 1997-1999. 
En los días siguientes, en Italia se desató una polémica- me imagino que sus colaboradores le habrán facilitado un amplio resumen de prensa al respecto- porque el Comisario Sr. Monti expresó otro tipo de evaluaciones en relación con este documento. 
Por ello, deseo formularle la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo con la estrategia apuntada en el documento de política económica y financiera del Gobierno italiano, sí o no? 
Le ruego, señor Presidente, que no me recuerde usted los criterios de convergencia de Maastricht, porque los conocemos todos. 
¡Hábleme de los pros y de los contras! 
Señor Presidente, para responder a Su Señoría, aunque mis nociones de italiano no sean suficientes para seguir cotidianamente la prensa italiana, tengo, de todos modos, conocimiento de los debates que ha habido en la prensa y la opinión pública italianas estos días. 
Por eso, el viernes pasado, yo mismo hice ya una declaración en Lyon, cuando se me pidió que me pronunciara al respecto. 
Dije que alentaba todas las medidas adoptadas por el Gobierno italiano con vistas a satisfacer los criterios de convergencia, que no haría lucubraciones de momento, pero que era un paso importante en la dirección idónea, la que deseamos. 
A ese respecto, habida cuenta del debate que agita la prensa y la opinión pública avisada en Italia, hoy he hecho una declaración, que voy a permitirme leer a Sus Señorías, para que tengan una respuesta. 
No será simplemente «sí» o «no» , porque los problemas son más complejos y no permiten responder de forma afirmativa o negativa. 
Así, pues, a raíz de una reunión esta mañana con el Sr. Monti, al que competen los asuntos relativos al Mercado Interior, y el Sr. de Silguy, que se ocupa de los asuntos económicos, financieros y monetarios, he hecho la siguiente declaración: 
» La Comisión alienta las medidas adoptadas por los Estados miembros para luchar contra los déficit excesivos y para realizar los criterios de convergencia, que son bien conocidos. 
Toma nota de las medidas concretas anunciadas hasta ahora por el Gobierno italiano y observa con satisfacción sus intenciones con vistas a sanear la hacienda pública. 
Como ha recordado la Comisión repetidas veces, la actuación de los Estados miembros respecto de los criterios fijados por el Tratado se apreciará a la luz de los resultados económicos definitivos correspondientes a 1997, lo antes posible en 1998. 
Ésa fue la estrategia que formulamos en el Consejo Europeo de Madrid. 
Así, pues, el Consejo Europeo adoptará en su momento las decisiones, que no se pueden prejuzgar. No por ello dejará la Comisión de alentar, evidentemente, a todos los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para respetar los criterios y participar, a ser posible desde el principio, en la Unión Económica y Monetaria, según las normas fijadas por el Tratado.» 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer al Presidente de la Comisión la muy clara exposición que acaba de hacernos sobre el informe del G-7, de la que se desprende que se examinaron asuntos esenciales, en particular las consecuencias de la mundialización, la multilateralización de los intercambios y el terrorismo, se formularon orientaciones claras y se lanzaron señales vigorosas. 
Ocho días antes, se celebraba la cumbre de Florencia, de la que lo menos que se puede decir es que no dio los mismos resultados. 
Me gustaría saber si la Comisión saca las consecuencias de esa comparación, desde el punto de vista institucional, y si no sería interesante crear un comité de seguimiento de las orientaciones del G-7 dentro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, más tarde van a oír Sus Señorías las exposiciones del Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Prodi, y del Sr. Dini, sobre Florencia. 
Así, pues, no voy a insistir en los resultados de esa cumbre. 
Tendré ocasión de hacerlo como Presidente de la Comisión Europea más tarde, a partir de las 16.00 horas, si no me equivoco. 
Por lo que se refiere a las orientaciones dadas por el G-7, estoy de acuerdo con el Sr. Pasty en que son orientaciones generales, que coinciden en gran medida con las que queremos imprimir a la Unión Europea. 
Tengo mucho gusto en comprobar- ya lo he dicho antes- que algunas ideas que propugnamos en el nivel de la Unión Europea fueron recogidas por el G-7: por ejemplo, la cooperación en materia macroeconómica en el plano de la economía internacional, que por primera vez forma parte de las conclusiones del G-7. 
Así, pues, hay interacciones entre el G-7 y nuestra acción en la Unión Europea. 
Naturalmente, en el nivel de la Unión Europea, haremos todo lo posible para que las orientaciones generales adoptadas por el G-7, que- he de recordarlo- no son decisiones, sino orientaciones, se plasmen gradualmente en nuestra acción, en el nivel de la Unión Europea. 
Así, considero que el follow-up no debe ser accidental, sino permanente, y me complace señalar que las orientaciones dadas por el G-7 corresponden a nuestras propias orientaciones y a nuestro propio programa. 
No necesito citar de nuevo todo el programa antes mencionado, sino que voy a hacer más hincapié en el aspecto del multilateralismo en el marco del comercio internacional, en particular en el marco de la OMC. 
Como saben Sus Señorías, la Unión Europea siempre ha apoyado ese carácter multilateral y me alegro mucho de que con el acuerdo de los Siete se hayan recuperado con toda claridad y nitidez las orientaciones que no hemos cesado de propugnar para fortalecer la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, en las actividades previas a la Cumbre del G-7, el Consejo de Ministros acordó un nuevo programa de acción para apoyar a la Federación Rusa. 
Este programa se trató en la Comisión pero no se puso en conocimiento del Parlamento. 
Me gustaría saber cuál es el contenido de este programa de acción, si se trata de un nuevo programa paralelo al programa TACIS, si ha desempeñado algún papel en la Cumbre o si se ha tratado meramente de un apoyo electoral en el marco de las elecciones presidenciales que están teniendo lugar actualmente en Rusia. 
Señor Presidente, Señoría, de todos modos la Comisión y la Unión Europea siempre han formulado una estrategia de conjunto respecto de la Federación de Rusia. 
Creo que es esencial que mantengamos relaciones permanentes con Rusia, habida cuenta de su situación geopolítica. 
Somos muy conscientes de que de la estabilidad, de la seguridad en Rusia dependen igualmente la estabilidad y la seguridad de nuestros propios países. 
Con esa idea elaboramos el pasado mes de septiembre una estrategia de conjunto, que se presentó al Consejo y que Sus Señorías han de conocer sin lugar a dudas. 
Se trata de una profundización de nuestras relaciones, que no va encaminada sólo a la reelección de un presidente, sino también a profundizar nuestras relaciones con Rusia, en el marco de todas las medidas internacionales que se adoptan, por diversas razones, para apoyar los programas y las reformas económicas llevadas a cabo por las autoridades rusas. 
A ese respecto, puedo decir a Sus Señorías que en la reunión del G-7 celebrada en Lyon el Director General del Fondo Monetario Internacional, Sr. Camdessus, declaró que hasta ahora Rusia ha respetado todas las limitaciones y todas las obligaciones que se desprenden del programa del FMI, que las reformas económicas están empezando a dar resultados concretos y que, por lo tanto, nos interesa seguir apoyando dichos resultados. 
Así, pues, debemos comprometernos a mantener una profundización continua de nuestras relaciones con la Federación Rusa, no sólo en el nivel político, sino también en el nivel económico y comercial. 
Eso nada tiene que ver con las elecciones que se celebran estos días, sino que dicha profundización se debe a que también a nosotros nos interesa que Rusia tenga éxito en sus reformas económicas y llegue a ser una federación estable, pues la estabilidad redundará también en nuestro propio provecho. 
Señor Presidente de la Comisión, he seguido con atención su exposición y tengo que mostrar mi sorpresa y preocupación, puesto que en un momento parecía que era usted el portavoz del G-7. 
Y debemos tener en cuenta que se trata de una organización no constituida democráticamente, que va dando orientaciones y contribuye a una «deriva antidemocrática continental» que afecta incluso a países como Suecia, que han tenido hasta ahora una postura de paz y neutralidad y que poco a poco se van alineando en otra dirección, que es muy preocupante. 
La pregunta que le formulo es: ¿va a mantener la Comisión su exigencia de defender unos organismos democráticos internacionales, políticos o económicos, o se va a plegar a esta forma de injerencia del G-7 en la vida política internacional? 
Señor Presidente, yo no soy el portavoz del G-7, pero soy miembro del G-7. En calidad de tal, el Presidente de la Comisión debe contribuir a que las orientaciones adoptadas por los países más industrializados del mundo correspondan a las orientaciones que Sus Señorías y nosotros formulamos en esta Asamblea. 
Y tengo mucho gusto en hacer constar que algunas de las orientaciones que Sus Señorías decidieron como diputados, junto con el Consejo, son recogidas por el G-7. 
Constituye un activo formidable para la organización europea poder invocar, en el marco del G-7, el hecho de que las ideas que Sus Señorías han decidido democráticamente- en todo caso, así lo espero- en esta Asamblea hayan tenido eco en las diferentes orientaciones. 
Como ya he dicho antes al Sr. Pasty, Sus Señorías han apoyado siempre el multilateralismo, por ejemplo, contra el unilateralismo en el comercio internacional. 
Pues bien, si releen las conclusiones del G-7, encontrarán por primera vez un importante pasaje sobre el fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio y, si leen entre líneas- a veces los políticos deben leer entre líneas -, encontrarán también ahí una condena inequívoca de la Ley Helms-Burton y de la Ley D ' Amato en los Estados Unidos de América. 
Creo que es un éxito, no para el G-7, sino para la Unión Europea, poder encontrar, en el marco de las orientaciones generales del G-7, un acuerdo que corresponda precisamente a las opiniones expresadas por Sus Señorías mismos en esta Asamblea. 
No hay que deplorar esa actitud, más bien hay que sentirse satisfecho, si no alegrarse, de que las ideas propugnadas en el nivel de la Unión Europea entren en las consideraciones y en las grandes orientaciones del G-7. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, tengo que plantear dos preguntas. 
La primera se refiere a la lucha contra el terrorismo. 
Usted sabe que la lucha contra el terrorismo solamente es posible si tiene lugar un amplio intercambio de datos. 
Mi pregunta es ¿cómo puede saber el ciudadano europeo dónde y qué datos suyos están almacenados en Europa y qué posibilidades tiene de influir para proteger su esfera privada en este contexto? 
Mi segunda pregunta se refiere a la reunión del G-7. 
En la última reunión de este grupo se acordó proporcionar ayuda financiera para la construcción de dos reactores en Ucrania sirviéndonos de las posibilidades de financiación de que disponemos en la UE para que se pueda cerrar Chernobil. 
Estos reactores no obtendrían en nuestros países una autorización para su puesta en servicio pues se basan en un tipo de reactor ruso. 
Mi pregunta es ¿cómo se puede aprobar una financiación que no corresponde a nuestras directrices? 
Señor Presidente, por lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, quisiera señalar que hay que crear determinados sistemas. 
Sus Señorías saben, por ejemplo, que en el marco de lo acuerdos de Schengen, se están estableciendo sistemas informáticos, en particular en Estrasburgo, que permiten la identificación y la búsqueda de esos individuos. 
Evidentemente, hay que ampliar ese sistema a otras instituciones. 
Ahora tenemos Europol, tenemos Interpol. 
El Presidente Chirac ha propuesto que Interpol asista a los altos representantes del grupo de trabajo contra el terrorismo. 
Por tanto, se están estableciendo determinados elementos para estructurar mejor, e institucionalizar en cierto modo, la lucha contra el terrorismo, mediante diferentes medidas que deben adoptarse en todos los niveles, en todos los ámbitos y por todos los países que forman parte de las organizaciones internacionales. 
Por lo que se refiere a la segunda pregunta, quisiera recordar a Su Señoría que ése era precisamente el objeto de la reunión del G-7 sobre la seguridad nuclear que se celebró hace dos meses en Moscú. 
En ella formulamos un programa y una estrategia para llegar a parar los dos reactores de Chernóbil que no se ajustan a las normas de seguridad en vigor en nuestros propios países. 
También presentamos un plan de conjunto de financiación para velar por que ese cierre llegue a ser efectivo. 
Establecimos un programa, etapa por etapa, con financiaciones y puedo decir a Sus Señorías que, por nuestra parte, hemos firmado estos días la segunda parte de nuestra participación en la financiación, que, si no recuerdo mal, asciende a 200 millones de ecus. 
Así, pues, se ha adoptado todo un conjunto de medidas para acabar con la inseguridad vinculada a reactores que no se ajustan a nuestras normas de seguridad. 
No se trata sólo de Chernóbil, sino, de forma general, de otros reactores que funcionan aún en algunos países, sobre todo del Este, a fin de que se ajusten a las normas actuales y se reinstalen con arreglo a nuestras normas de seguridad. 
Señor Santer, es difícil preguntarle otra cosa que no esté relacionada con la excelente cocina de Lyon, que parece ser ha constituido el tema central de la cumbre. Pero algo es algo. 
¿Es cierto que usted y el Sr. Brittan han exigido una mayor velocidad en la desregulación mundial del comercio sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas y sociales? 
En confianza, señor Santer: ¿no le asaltan las dudas y preocupaciones por el hecho de que su estrategia europea de empleo es considerada adecuada y digna de apoyo precisamente por los máximos representantes y valedores de la desregulación y el desmontaje social? 
Creo que esto debería hacerle recapacitar. 
En tercer lugar, ¿con quién acordó su intervención? , ¿o quería realizar usted una aportación de mutu propio al conocido déficit democrático del G-7? 
¿Puede traernos de Lyon algo que nos permita que no extraigamos la siguiente conclusión? : mientras el mundo se cae a pedazos, los señores se deleitan con trufas y proporcionan a lo sumo como comparsas una aportación a la campaña electoral norteamericana. 
No sé quién hace una representación folclórica, si Su Señoría o yo. 
A Su Señoría corresponde apreciarlo. 
En todo caso, yo me tomo en serio y no soy un figurante folclórico. 
Se lo digo francamente y espero que Su Señoría me tome también de ese modo. 
Creo que sólo así se puede entablar una conversación entre hombres honrados y políticamente educados e instruidos. 
Tal vez no guste a Su Señoría la cocina lionesa, no lo sé. 
¿Conoce Su Señoría la cocina lionesa? 
Ésa es otra pregunta que yo formulo, si me lo permite, señor Presidente. 
En todo caso, comí lo que me sirvieron y me satisfizo mucho y a Su Señoría le habría ocurrido lo mismo, del mismo modo, si hubiera sido invitado a Lyon. 
Tal vez porque no fue invitado se queja Su Señoría hoy. 
Ahora voy a responder a sus preguntas, porque no quiero rebajarme hasta el nivel en que Su Señoría me coloca. 
Por lo que se refiere al medio ambiente, hemos dispuesto, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que la conferencia ministerial de Singapur, que se celebrará en el mes de diciembre, deberá tener en cuenta a la vez el medio ambiente y las normas sociales internacionales. 
Ya lo he dicho antes: queremos que, en el marco del multilateralismo del comercio, se tengan en cuenta las preocupaciones medioambientales y las preocupaciones sociales, no en sentido proteccionista, sino sólo para respetar las obligaciones que los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, pero también otros de fuera de la Unión Europea, han contraído. 
Por lo que se refiere al empleo, no soy un fanático de la desreglamentación, muy al contrario. 
Fui durante bastante tiempo Ministro de Asuntos Sociales y Ministro de Trabajo y sé lo que es el empleo y de qué forma se puede crear empleo. 
Sé también que el empleo requiere cierto crecimiento y que, mediante nuestro Mercado Interior, debemos estimular todas las fuerzas necesarias para lograr un crecimiento creador de puestos de trabajo. 
Ése es nuestro objetivo y uno de los elementos del pacto de confianza por el empleo que presenté a Sus Señorías. 
La desreglamentación no es un fin en sí misma, pero la desreglamentación o la liberalización de ciertos sectores puede promover determinados empleos nuevos, portadores de futuro, gracias a las tecnologías modernas. 
Sería retrógrado desentenderse de las nuevas formas de tecnología. 
De esa forma no se crea empleo. 
(Aplausos) Además, no soy de los que se quejan, los que creen que el empleo es suficiente. 
Muy al contrario. 
Si Su Señoría sigue todos los discursos que he pronunciado desde mi investidura, aquí, en este Parlamento, ha de saber que siempre he afirmado que la primera de las prioridades es precisamente la lucha contra el desempleo en la Unión Europea. 
Si queremos la Europa de los ciudadanos, es necesario que nos interesemos por las preocupaciones de los ciudadanos, por los problemas que afectan a los ciudadanos en primerísimo lugar, a saber, el empleo y la lucha contra el desempleo. 
Ésa es mi idea, ése es también mi compromiso y espero que Su Señoría lo comparta. 
No es un compromiso folclórico, puede estar seguro Su Señoría. 
Yo me ocupo, tal vez mejor que Su Señoría, de los intereses de nuestros ciudadanos y de sus preocupaciones. 
Y creo que, de una vez por todas, Su Señoría debe respetar también ese compromiso. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quisiera volver a referirme a las decisiones del G-7 en materia de lucha contra el terrorismo y la criminalidad. 
¿Servirá, señor Presidente de la Comisión, el hecho de que la acción antiterrorista constituya uno de los caballos de batalla del G-7 para fortalecer el tercer pilar en el sentido de una mayor eficacia y, por tanto, una mayor comunitarización, con vistas, naturalmente, a la Conferencia Intergubernamental? 
Señor Presidente, quisiera decir a la Sra. Reding que, ésa es, efectivamente, nuestra preocupación. 
Acabo de regresar de Dublín y creo poder decir que ésa es la preocupación de la Presidencia irlandesa. 
Los problemas que corresponden al tercer pilar deben preocuparnos a todos mucho más. 
Los métodos que figuran en este momento en el tercer pilar no están en condiciones de responder a las preocupaciones que incumben directamente a nuestros ciudadanos, a saber, la criminalidad organizada, la inmigración clandestina, el asilo, la lucha contra la droga, y podría citar muchas otras. 
Así, pues, hay que adoptar medidas suplementarias y espero que la Conferencia Intergubernamental saque las conclusiones a ese respecto para comunitarizar o para ver, según los métodos comunitarios, cuáles son los medios con los que responder a las preocupaciones de nuestros ciudadanos por lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo. 
Por mi parte, hablando en nombre de la Comisión, puedo repetir que estamos totalmente de acuerdo para que se comunitaricen y, a ser posible, se transfieran al primer pilar al menos siete de las diferentes acciones que figuran en el momento actual en el tercer pilar. 
Señor Presidente, mi pregunta versa sobre un aspecto del asunto de las vacas locas, vinculado a nuestras relaciones con los Estados Unidos. 
En efecto, parece prudente, a fin de evitar todo riesgo para la salud humana, prohibir la utilización de residuos de animales declarados impropios para el consumo humano, con vistas a fabricar alimentos no sólo para los bovinos, sino también para las aves de corral, los ovinos, los porcinos e incluso los peces. 
Más aún: para no reproducir las condiciones que suscitaron la aparición de la enfermedad de las vacas locas, habría que prohibir la utilización de toda harina de origen animal para alimentar a herbívoros, cuya naturaleza se pervierte así. 
Pero los Estados que reflexionan sobre esas prohibiciones se ven detenidos, al parecer, por una objeción: si se actuara así, con prudencia, habría que recurrir, a cambio, a mayores cantidades de proteínas de origen ya no animal, sino vegetal, como, por ejemplo, la soja. 
Ahora bien, los acuerdos de Blair House pusieron un límite máximo a las superficies que podemos sembrar con proteaginosas y, por tanto, aumentar la demanda sería aumentar nuestro déficit. 
Ésta es mi pregunta: ¿no considera la Comisión útil, en esas condiciones, renegociar los acuerdos de Blair House, que limitan dramáticamente nuestro margen de maniobra? 
Señor Presidente, permítame decir pura y simplemente, honrada y francamente, que no estoy preparado para responder con objetividad a esta pregunta, pues no he estudiado esa cuestión en cuanto al fondo. 
Pero lo que puedo asegurar a Su Señorías es que, como dije en el último período de sesiones de Estrasburgo dije que, respecto de la cuestión de las vacas locas nos guiamos únicamente por consideraciones de salud pública sobre la base de criterios científicos. 
Eso es válido también para los alimentos y las harinas. 
Su Señoría sabe que se ha iniciado un nuevo debate sobre ese asunto. 
A ese respecto estamos dispuestos a reflexionar y a examinar todas las propuestas que se hagan y tomo nota con mucho gusto de su preocupación. 
Estoy convencido de que Su Señoría comprenderá que no puedo responder de improviso a esta pregunta, dado que no figuraba en el orden del día del G-7 en Lyon. 
Señor Presidente, quiero formular una pregunta sobre la crisis del arenque. 
¿Podría explicarme el Presidente de la Comisión cómo es posible que, a pesar de la limitación común de la captura de arenque por medio de la total allowable catch, de repente y en plena temporada tengan que tomarse medidas de crisis y resulte que los stocks de arenque han descendido hasta una cantidad sin precedentes de 400.000 toneladas? 
Señor Presidente, el G-7 tampoco habló de los arenques, pero, de todos modos, voy a dar una respuesta a Su Señoría. 
Huelga decir que las medidas adoptadas por la Comisión para reducir la pesca de arenques van encaminadas a la conservación de las poblaciones de peces. 
A ese respecto, creo que tenemos cierta responsabilidad. 
La Sra. Bonino ha expuesto a Sus Señorías en otros ámbitos la estrategia que estamos elaborando respecto de la reestructuración de la pesca y la conservación de las poblaciones de peces por razones medioambientales y ecológicas. 
Ahora bien, estamos, naturalmente, preocupados por la suerte de los pescadores de arenques y otras especies y nos proponemos acompañar esas medidas de reestructuración de la pesca con otras medidas técnicas de asistencia a los pescadores y de compensación, para que esa capa sociológica bastante importante no sufra demasiado las consecuencias. 
Pero nuestra primera preocupación es la de propiciar la conservación de las poblaciones de peces y, en particular, de los arenques. 
Señor Presidente Santer, si la cumbre del G-7 ha llegado a un resultado claro en el asunto Karadzic, me gustaría saber cómo puede ser que- tal como podemos leer hoy en «Le Monde» -este señor sea candidato para las próximas elecciones. 
¿Cómo ha podido decir ayer con toda claridad el Sr. Bildt que se encontraba sentado junto a la Sra. Plavsic que para él es suficiente lo que ha anunciado Karadzic- es decir, su aparente renuncia- y que de este modo Karadzic ha cumplido todo? 
Esto no concuerda con lo que ha dicho antes. 
Señor Presidente, no puedo hacer otra cosa que confirmar lo que la Sra. Pack acaba de decir. 
Efectivamente, no fue ésa la intención de los participantes en el G-7. 
Si Su Señoría relee las conclusiones, resulta meridianamente claro que se deben ejecutar íntegramente todas las disposiciones del Dayton Peace Agreement, es decir, de los acuerdos firmados en Paris, y que, en la medida en que no se ejecuten sus disposiciones, las sanciones seguirán, naturalmente, sobre la mesa, como medidas de coerción. 
Pero, de todos modos, una retirada simbólica, un apartamiento temporal, no basta para satisfacer las disposiciones del Dayton Peace Agreement. 
Acojo con satisfacción las negociaciones que tuvieron lugar en la Cumbre del G-7 y la preocupación manifestada por la pobreza en el Tercer Mundo y los países ACP. 
A pesar de que la cumbre manifestó su preocupación por la población del Tercer Mundo, ello no impidió hablar de la necesidad de realizar ajustes estructurales. 
Esos ajustes vienen a significar recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en vivienda, recortes en asistencia social, es decir, recortes en aquellos servicios que pueden permitir a dichos países ser mucho más competitivos y, ciertamente, conducirlos hasta un nivel equiparable al nuestro. 
¿No cree, señor Santer, que la cancelación de la deuda- y me refiero a los intereses de los intereses de los intereses- sería, por sí sola, la mejor contribución que podríamos hacer al mundo en desarrollo? 
Señor Presidente, comparto la opinión de Su Señoría. 
Para los países menos desarrollados, las conclusiones del G-7 disponen que el alivio y la condonación de las deudas serían una condición necesaria para su desarrollo futuro. 
Pero el alivio o la condonación de las deudas, por sí solos, no bastan. 
Sigue existiendo la necesidad de establecer ayudas públicas en materia de desarrollo, al menos para los países menos desarrollados. 
Por otra parte, se deben disponer otras medidas, es decir, medidas de acceso de esos países a nuestros mercados. 
No es sólo la ayuda lo que puede servirles, sino también el comercio de sus productos con nuestros mercados. 
Sólo de esa forma se puede establecer un verdadero partenariado. 
Esos países no pueden subsistir gracias a la ayuda exclusivamente, pero con un conjunto de medidas- a saber, los ajustes estructurales, la ayuda del Fondo Monetario Internacional, la condonación de las deudas, pero también el acceso de esos países a nuestros propios mercados- se creará poco a poco un verdadero partenariado, de ser necesario para que esos países logren desarrollarse. 
Señor Presidente, voy a continuar preguntándole sobre el desempleo. 
En Florencia se ha acordado seguir esforzándonos por lograr hacer realidad la UEM. 
Se han adoptado todas las medidas necesarias para reducir el paro, entre otras la del Pacto de confianza y otras propuestas presentadas por Suecia. 
¿Se han abordado estas cuestiones en la reunión del G-7? 
¿Ha presentado usted mismo, en calidad de Presidente de la Comisión, algunos requisitos a cumplir por parte de los países del G-7? 
¿Y si se han debatido estas cuestiones, a qué conclusiones se ha llegado? 
Señor Presidente, en primer lugar me alegro mucho de hacer constar que el Consejo Europeo de Florencia ratificó, hizo suya, la acción de la Comisión llamada pacto de confianza por el empleo, porque se trata de una operación de conjunto. 
No se puede reducir el desempleo por decreto, se reduce mediante una acción convergente de todos los Estados miembros en niveles diversos, movilizando a todos los agentes económicos y sociales. 
Uno de los elementos de dicho Pacto de confianza es- me parece a mí- la cuestión de la Unión Económica y Monetaria. 
No se puede contraponer la Unión Económica y Monetaria a la creación de empleo. 
Por ejemplo, Irlanda ha conseguido reducir de forma drástica su déficit público, al tiempo que creaba nuevos puestos de trabajo. 
Suecia ha hecho lo mismo. 
Por tanto, es necesario un conjunto de medidas, a partir de políticas macroeconómicas, como la encaminada a la instauración de la Unión Económica y Monetaria, pero también a partir de la valorización de todas nuestras potencialidades en el marco del gran Mercado Interior, cuya interconexión le permitirá funcionar como mercado integrado. 
Además, hay que brindar a los interlocutores sociales todas las posibilidades de participar en la negociación sobre la flexibilidad y la seguridad del trabajo, sobre la organización de la jornada laboral, sobre la educación y el aprendizaje, etc., al tiempo que se estimulan nuevas iniciativas, como las pequeñas y medianas empresas, etc. 
Así, pues, se debe emprender todo un conjunto de medidas y acciones, que, por lo demás, se han aceptado en su principio y en sus orientaciones. 
Más tarde, el Sr. Prodi, Presidente en ejercicio del Consejo, que presidió el Consejo Europeo de Florencia, informará a Sus Señorías al respecto. 
Se deben ejecutar todo un conjunto de medidas para que se pueda reducir progresivamente el desempleo en la Unión Europea. 
Lo deseamos todos y, por tanto, no debemos cejar en nuestros esfuerzos en ese sentido. 
Usted ha dicho una frase que no entiendo en absoluto. 
Ha dicho que debemos adoptar medidas para que los países ricos no sean más ricos y los pobres más pobres. 
La segunda parte es correcta, los pobres no deben empobrecerse aún más, pero creo que aquí no se trata de un juego de sumas de cifras exactas. 
No podemos hacer artificialmente que los países ricos sean más ricos. 
A la inversa, si los países ricos tienen la oportunidad de lograr crecimiento y arrastrar de este modo a los países más pobres, el concepto global es más correcto. 
A veces se dice de un modo muy polémico- lo que es erróneo pero lo cito a pesar de todo- que con frecuencia la política de desarrollo se hace para que las personas pobres se gasten el dinero en los países ricos para que los ricos en los países pobres sean más ricos. 
Esto es también falso. 
Ruego, por ello, una rectificación. 
¿Coincide conmigo en que debemos adoptar las medidas necesarias para que logremos todos juntos un crecimiento económico y mejoras sociales? 
Señor Presidente, ése era precisamente el objetivo del G-7, que tenía como lema general la mundialización en beneficio de todo el mundo y no sólo de una parte de dicho mundo. 
Así hay que interpretar todas las afirmaciones que acabo de hacer. 
Los beneficios de dicha mundialización de nuestras economías no deben aprovechar sólo a algunos, en los países ricos o en los pobres, y perjudicar sólo a algunos, en los países ricos o en los pobres. 
Conviene tener en cuenta también que, en los países ricos, en los países más prósperos de la Unión Europea, hay muchos excluidos, muchos marginados y también contra eso debemos luchar. 
La Unión Europea cuenta con dieciocho millones de parados y cincuenta millones de excluidos, que viven al margen de nuestra sociedad, inmersos en la pobreza. 
También debemos pensar en ellos. 
No hay que tener en cuenta sólo un país en su conjunto, sino también las diferentes capas sociales, los diferentes ambientes. 
Por consiguiente, el G-7 situó bien el problema al afirmar que se deben repartir entre todo el mundo, ricos y pobres, los beneficios engendrados por la mundialización. 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida al Sr. Luciano Violante, Presidente de la Cámara de Diputados italiana. 
Las conversaciones que ha mantenido en su visita a nuestra Asamblea, contribuirán sin duda a fortalecer la cooperación entre el Parlamento Italiano y nuestra Asamblea. 
Consejo Europeo de Florencia- Semestre de actividad de la Presidencia italiana 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe del Consejo y de la declaración de la Comisión sobre la reunión del Consejo Europeo el 21 y 22 de junio en Florencia y sobre la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el semestre de actividad de la Presidencia italiana. 
Me congratula poder saludar al Sr. Prodi, Presidente del Consejo de Ministros de Italia y Presidente del Consejo Europeo. 
Sr. Prodi, usted tiene la palabra. 
Señor Presidente, Señorías, con todos los respetos me presento hoy aquí para ilustrar los principales resultados del Consejo Europeo de Florencia, que ha representado el punto final de nuestro semestre de Presidencia. 
Mi profunda consideración hacia ustedes se ve incrementada por el hecho de que las circunstancias que han caracterizado el semestre, me hacen comparecer ante usted sólo en el momento final del gran compromiso de mi país con Europa. 
Sin embargo, por lo que les voy a manifestar estoy seguro de que encontrarán ustedes que dicho compromiso se ha llevado a cabo sin quiebras y que la consulta electoral y el cambio de Gobierno no modificaron en absoluto las prioridades del programa de actividad italiano, gracias al profundo apego a los ideales de integración europea de las principales fuerzas políticas, económicas y sociales de mi país. 
El Gobierno que me honro en presidir coincidió desde el principio con el programa de actividad que les fue presentado en el pasado mes de enero y que constituyó la pauta de nuestras actividades durante este semestre. 
Desde el principio, nos movió la voluntad de garantizar una coherencia y continuidad a las actividades de la Unión respecto al equilibrio institucional y la determinación de actuar en beneficio del relanzamiento de los ideales europeos deparando la máxima atención a los problemas que más preocupan a la opinión pública. 
No quisiera alargarme hablando de lo delicado de las citas que esperan a la Unión Europea. 
Las distintas etapas de la Agenda 2000- desde la revisión de los Tratados hasta el paso a la moneda única, de la implementación de las negociaciones relativas a las futuras ampliaciones a las consiguientes exigencias de armonizar algunas políticas comunes y el sistema financiero- representan en su conjunto unas enormes posibilidades de desarrollo y profundización, a pesar de que conllevan graves peligros de regresión y de fragmentación de las conquistas que con tanta dificultad logramos desde la creación de la Comunidad hasta nuestros días. 
La conciencia y el carácter decisivo de las citas que nos aguardan, sugieren a cada Presidencia construir sus proyectos a partir del legado negocial de la Presidencia anterior, a fin de permitir un gradual y a la vez seguro avance hacia esos objetivos que nos hemos fijado y que permitirán a la Unión llevar a cabo un salto cualitativo hacia un más alto e irreversible grado de integración. 
Es en esta óptica que una parte importante del trabajo de la Presidencia se dedicó a la preparación de la Conferencia Intergubernamental, con vistas a lograr su convocatoria formal con ocasión del Consejo Europeo de Turín del 29 de marzo, conforme a las directrices adoptadas en Madrid en el pasado mes de diciembre. 
Deseo volver a expresar mi agradecimiento por la calidad de la contribución ofrecida, sobre la base de las posiciones del Parlamento, por el Presidente Hänsch y los Sres. Brok y Guigou a los trabajos de la Conferencia. 
Esta última ha llegado a una etapa de cambio gracias al paciente y fructífero trabajo de los ministros de Exteriores y de sus representantes. 
La Presidencia italiana reivindica el mérito de haber orientado el debate entre las posiciones nacionales, que se desarrolló entre marzo y junio, hacia el objetivo de estudiar en profundidad los temas específicos y las distintas opciones, necesario para pasar a la siguiente etapa de búsqueda de soluciones equilibradas. 
Deseo apuntar que este trabajo ha quedado reflejado en el informe que entregamos a la Presidencia irlandesa. 
El Consejo Europeo de Florencia pidió claramente que se pasara a la etapa de negociación de las enmiendas al texto del Tratado en vigor. 
El mandato a la Conferencia para que presente un proyecto marco de reforma con ocasión de la Cumbre Europea de Dublín, confirma de forma inequívoca la voluntad de respetar el plazo de un año, fijado por el Consejo Europeo de Turín para tener finalizada la negociación. 
Por consiguiente, el nuevo Tratado deberá ser aprobado en el primer semestre de 1997, habida cuenta de que representa una lógica y cronológica condición previa para el desarrollo de las sucesivas etapas de la Agenda 2000. 
Si alguien tuviera la paciencia de volver a leer las declaraciones realizadas por nuestra Presidencia al comienzo del semestre, hallaría en ellas el tratamiento prioritario que se deparó a la cuestión del empleo en el marco de nuestro programa. 
Nos encontramos ante el punto más importante de una cuestión dramática y dirimente. 
El éxito mismo del proyecto de construcción de una Europa supranacional que nos ha asegurado- es conveniente no olvidarlo ni tan siquiera ahora- cuarenta años de paz, de estabilidad y de democracia, convierte en menos urgentes y perceptibles los motivos que inspiraron a los padres fundadores de la Comunidad, que conocieron la tragedia de las divisiones y de las guerras civiles europeas. 
Hoy por hoy, el relanzamiento de los ideales europeos no puede ser una operación retórica. Reafirmar la esencia del proceso de integración como una gran aventura humana, política e intelectual, sólo será posible definiendo muy concretamente en qué ámbitos la acción común de los Estados miembros, dentro de un marco jurídico e institucional, puede aportar un valor añadido real y contribuir a solucionar los problemas y las inquietudes que más afectan a los ciudadanos de nuestros países. 
No cabe duda de que el empleo es la principal de estas inquietudes. 
Somos conscientes de que no existen soluciones milagrosas y que el ámbito nacional sigue siendo el más inmediato responsable en cuanto a tratar el problema. 
Sin embargo, sabemos que los mercados globales y mundiales, las exigencias de rigor presupuestario y de saneamiento de las economías nacionales, la deslocalización de las producciones son prioridades respecto a las que resultaría imposible substraerse. 
Sin embargo, esto no justifica la resignación o el total abandono a las virtudes terapéuticas de unas manos invisibles que presumiblemente nos van a conducir hacia nuevos equilibrios duraderos. 
La cuestión del empleo no tiene sólo un contenido económico, sino que hoy por hoy presenta en muchos de nuestros países las características de una tragedia colectiva, que origina profundas heridas y conlleva crecientes fenómenos de marginación social. 
La misma tiene el devastador efecto de provocar en una parte de la población la sensación de sentirse inexorablemente excedente y fundamentalmente ajena al concepto mismo de ciudadanía. 
Sin un enorme esfuerzo de coraje y de imaginación política no sólo será imposible refutar la errónea teoría según la cual el proyecto de Unión Económica y Monetaria es antisocial, ya que requiere sacrificios incluso en términos de puestos de trabajo, sino que se pondrá en peligro el modelo de contrato social europeo que cuenta entre sus elementos básicos con la solidaridad y la concertación. 
En materia de empleo, las conclusiones del Consejo Europeo de Florencia fueron consideradas por algunos observadores insuficientes o de cualquier modo inadecuadas respecto a la gravedad del problema que requiere directrices concretas y grandes esfuerzos más que declaraciones de intentos o de principios. 
No estoy de acuerdo con dicha interpretación y considero que en Florencia se dieron algunos pasos adelante en un camino que sigue siendo difícil, debido a la inevitable diversidad de situaciones de los distintos Estados miembros. 
La idea de una estrategia global para el empleo y el crecimiento está, no obstante, ganando terreno en Europa gracias también a la labor incansable de la Comisión, a la que deseo expresar mi más sincero agradecimiento. 
La Conferencia Tripartita sobre el empleo que celebramos en Roma en vísperas del Consejo Europeo, sirvió para reafirmar que las partes sociales, aunque en el ámbito de una dialéctica estructurada, por fin han conseguido definir los principios comunes para emprender las reformas del mercado del trabajo y crear un marco macroeconómico favorable al empleo, sin el cual no se podrá encarar la urgencia del problema laboral. 
El apartado de las conclusiones del Consejo Europeo referente a la organización del trabajo y al horario de trabajo, significó un importante paso adelante que las partes sociales podrán desarrollar de forma plenamente autónoma para buscar nuevas formas de organización del trabajo que conjugue la creación de empleo con el mantenimiento del nivel de protección social compatible con nuestras tradiciones y nuestra civilización. 
Señor Presidente, Señorías, el Consejo Europeo de Madrid reafirmó solemnemente los criterios y el calendario para el paso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Durante el ejercicio de nuestra Presidencia se han dado significativos pasos hacia delante en lo relativo a la definición de las futuras relaciones de cambio entre el euro y las divisas de los Estados miembros que se queden fuera de la moneda única a partir del 1 de enero de 1999. 
El nuevo sistema propuesto se basará en medidas centrales acordadas por los Estados miembros que se utilizarán para fijar las bandas de fluctuación autorizadas. Asimismo se han conseguido avances, así como se ha reiterado la exigencia de continuar en esta vía, en lo referente al estudio de las modalidades tendentes al reforzamiento de la disciplina presupuestaria en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, utilizando a dicho fin los mecanismos previstos en el Tratado. 
Sobre la base del trabajo preparatorio llevado a cabo, el Consejo Europeo de Dublín podrá adoptar las correspondientes decisiones. 
La preparación del paso a la moneda única requerirá a lo largo de los próximos meses un mayor esfuerzo de persuasión y de aclaración. Sólo insistiendo en las objetivas ventajas que se derivarán para el conjunto de la Unión Europea y, en consecuencia, para cada ciudadano, de la adopción del euro será posible aglutinar las energías políticas y sociales necesarias para respetar los parámetros fijados en el Tratado que, ciertamente, pueden parecer rígidos, aunque representan el único medio para garantizar a la futura moneda única esa estabilidad y esa fuerza indispensables para asegurar su éxito en los mercados financieros internacionales. 
El Consejo Europeo de Florencia demostró que existe al más alto nivel político la firme determinación de seguir trabajando en esta línea, rechazando términos medios ilusorios entre un menor rigor financiero y unos estímulos artificiales para el crecimiento económico. 
Ya tuve ocasión de mencionarles mis evaluaciones respecto a los problemas relativos a la justicia y a los asuntos de interior. 
Las disquisiciones normativas y los procedimientos de toma de decisiones que las vigentes disposiciones del Tratado imponen a esta materia deberán superarse en el marco de la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Si ello no fuera así, la Unión Europea se verá condenada a una sustancial impotencia respecto a los fenómenos que afectan a la libertad y la seguridad de los ciudadanos para los que ya no existen respuestas eficaces a nivel de cada Estado miembro. 
De todos modos, deseo recalcar con satisfacción el acuerdo alcanzado en Florencia respecto a la atribución al Tribunal de Justicia de la competencia en lo referente al Convenio Europol y la clara invitación a hallar soluciones análogas en lo referente a los convenios relativos al sistema de información y aduanero, así como a la protección de los intereses financieros de la Unión. 
Reviste una gran importancia política la decisión que adoptamos de crear un Observatorio sobre el racismo y la xenofobia, que pone de manifiesto la voluntad común de luchar contra toda forma de discriminación, de intolerancia y de rechazo hacia las diversidades. 
Éste es otro de los terrenos en que se medirá en el futuro nuestra capacidad de actuar unidos en favor de la defensa de los valores que compartimos y que afectan a la esencia misma del proceso de integración. 
Por último, quisiera congratularme por el acuerdo alcanzado justo al final de la Presidencia italiana en materia de extradición. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el ordenado desarrollo de las actividades de la Unión se vio gravemente afectado, al final de nuestra Presidencia, por el episodio de la encefalopatía espongiforme bovina. 
No es mi deseo volver a mencionar las distintas etapas de esta compleja cuestión. 
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Agricultura ya tuvieron ocasión de manifestarse en torno a este tema ante este Pleno. 
Por consiguiente, deseo manifestar dos cosas de orden general. La primera es que estoy muy satisfecho por el hecho de que en Florencia se alcanzó un acuerdo sobre la crisis, gracias a una solución que permitirá el gradual levantamiento del embargo sobre las exportaciones británicas de carne de vacuno basándose en determinadas condiciones, en primer lugar los necesarios criterios de los competentes comités científicos y técnicos y la total protección de la salud pública y la confianza de los consumidores; la segunda es que dicha solución resultó ciertamente favorecida por la conciencia británica de que la actitud adoptada corría el riesgo de llegar a ser contraproducente, dando lugar a una reacción negativa de las demás delegaciones y a la sensación de que se querían resolver a través de presiones políticas, cuestiones que, por el contrario, deben abordarse sobre la base de criterios científicos, que son los únicos creíbles y adecuados para devolver la confianza a la opinión pública. 
La Unión Europea supo demostrar firmeza y cohesión en un momento difícil para el mantenimiento de la solidaridad europea. El proceso de integración es, de hecho, fruto de un consenso común e impone a todos los Estados miembros obligaciones de coherencia y de lealtad que, por otra parte, están contempladas en el artículo 5 del Tratado. 
Este último no podría resistir la utilización obstruccionista de los procedimientos que puedan bloquear la acción de la Unión incluso en ámbitos que nada tienen que ver con un determinado suceso especialmente controvertido. Por consiguiente, por un lado, la tarea de prevención política y de autodisciplina de los Gobiernos de los Estados miembros deberá impedir que se repitan formas de ralentización horizontal de la actividad de la Unión; por otro, el próximo Tratado deberá reafirmar de forma todavía más inequívoca, si cabe, las obligaciones de cooperación responsable para conseguir los objetivos de la Unión. 
Señor Presidente, Señorías, en el momento de hacer un balance final se corre siempre el riesgo de caer en la autocomplacencia y sobreestimación de los resultados alcanzados. 
Como Presidente del Consejo Europeo y como jefe del Gobierno italiano considero que mi país puede estar razonablemente satisfecho por la manera en que ha garantizado la Presidencia de la Unión en estos meses. 
Quizás vale más que cualquier alocución apologética, comparar nuestro programa de prioridades, ilustrado en Estrasburgo en el pasado mes de enero, y los resultados efectivamente conseguidos, de los que les va a hablar con más detalle el Ministro Sr. Dini, en su calidad de Presidente del Consejo de la Unión. No cabe duda de que muchos logros habrían sido imposibles sin el estímulo y la colaboración de las demás Instituciones de la Unión, en particular la Comisión y el Parlamento, sin la cooperación de los Estados miembros y el apoyo operativo de la Secretaría General del Consejo. 
Al final de toda aventura, queda también alguna añoranza. 
A pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo, no nos fue posible, tal como sucedió para el programa TACIS, adoptar el reglamento MEDA. 
La Presidencia italiana consiguió resolver todos los problemas técnicos que seguían apareciendo en el texto de esta importante disposición. Por desgracia, también en este caso una reserva política de carácter general bloqueó un acto normativo que afecta a los intereses fundamentales tanto de la Unión como de algunos terceros países. 
Una vez más quedó patente que nuestros actuales mecanismos no nos libran de situaciones en las que una decisión puntual y madura para ser adoptada se retiene como rehén por razones de índole política general. 
Confiamos en que los esfuerzos que hicimos para superar el bloqueo de MEDA los siga haciendo con éxito la Presidencia irlandesa, a fin de permitir la entrada en vigor de dicho reglamento antes del 1 de enero de 1997. 
El encuentro que mantuve en Florencia con los demás miembros del Consejo Europeo, entre los que se hallaba el representante griego, sirvió para reiterar al primer ministro turco la importancia que la Unión atribuye a una constructiva relación con Ancara. 
El final del período de Presidencia cierra una ardua y exaltante etapa de nuestra pertenencia a la Unión Europea. 
Soy perfectamente consciente de que el proceso de integración es una tarea que no admite pausas. Debemos continuar con renovada energía nuestro trabajo en el ámbito interno y en el de las Instituciones de la Unión para conseguir los objetivos que son la prioridad fundamental del programa de mi Gobierno: el saneamiento financiero para cumplir los parámetros de Maastricht, la vuelta de la lira en el SME, la plena integración de Italia en los mecanismos de Schengen. 
La construcción de Europa como respuesta a los grandes retos del próximo siglo y como barrera contra el resurgir de los demonios del nacionalismos sigue siendo hoy por hoy, tras el final de la guerra fría, tan decisiva como lo fue para los padres fundadores después del final de la Segunda Guerra Mundial. 
El ideal europeo, que inspiró a todos los principales grupos políticos italianos y por el cual se batieron algunas de las más grandes figuras de nuestro país- De Gasperi, Einaudi, Spinelli- continuará siendo el elemento central de la actividad nacional e internacional de Italia. 
(Vivos aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente del Consejo Europeo. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Santer, Presidente de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Primer Ministro, señor Ministro de Asuntos Exteriores, señoras y señores diputados, agradezco que en el marco de este debate se me brinde la oportunidad de hacer una evaluación del Consejo Europeo de Florencia. 
Pero permítaseme en primer lugar dirigir una palabras de agradecimiento al Primer Ministro Sr. Prodi y a su equipo. 
Gracias a la diplomacia y la profesionalidad de la Presidencia italiana, pudimos evitar los escollos y llegar a buen puerto. 
En conjunto, el de Florencia fue un buen Consejo Europeo. Nos permitió formular nuestra visión de los problemas fundamentales de la Unión Europea apartando un obstáculo importante: el de la crisis de las vacas locas, de que acabamos de hablar. 
Eso constituye un éxito innegable. 
Pero también respecto de otros puntos a los que yo había atribuido carácter prioritario en el discurso que pronuncié ante Sus Señorías antes de la cumbre de Florencia se lograron, señor Presidente, avances. 
El empleo fue el centro de ese Consejo Europeo que hizo suya nuestra propuesta de un pacto de confianza. 
Los trabajos de la Conferencia Intergubernamental recibieron un nuevo impulso. 
Y no debemos subestimar la importancia de la nueva confirmación del 1º de enero de 1999 para la introducción de la moneda única y el tan esperado desbloqueo de Europol. 
Evidentemente, las vacas locas no estaban oficialmente en el orden del día del Consejo Europeo. 
Sin embargo, la solución de esa controversia es un resultado importante de Florencia. 
De nuevo pueden funcionar las instituciones normalmente y Sus Señorías conocen mi opinión sobre la política de no cooperación, mi preocupación ante su paralizante efecto en nuestro trabajo y la polarización que provoca en la opinión pública en detrimento de la cohesión europea. 
Así, pues, comprenderán hasta qué punto me siento aliviado de que esa política- o tal vez debería decir «no política» -haya quedado desechada. 
Estoy particularmente satisfecho de que fueran las propuestas de la Comisión las que permitiesen llegar a un acuerdo. 
Lo esencial es que ahora tenemos un marco acordado para la erradicación de la enfermedad de las vacas locas. 
Sí, es lo esencial, pues la Comisión no ha cesado de insistir a ese respecto. 
Sin una lucha determinada contra la EEB, no puede haber un restablecimiento de la confianza de los consumidores. 
Y sin restablecimiento de dicha confianza no puede haber una recuperación de los mercados. 
Y sin una recuperación de los mercados no puede haber alivio para los productores que en todas las partes de la Unión- no nos cansaremos de repetirlo- se han visto duramente afectados por las consecuencias de la EEB. 
Ahora ya está creado el marco. 
Hay que trabajar concretamente para ejecutar las diferentes acciones: sacrificio de reses, marcado, vigilancia, etc., que nos permitirán recuperar la normalidad de los intercambios en el sector de la carne de bovino. 
Poco a poco lo conseguiremos. 
Pero he de recordar lo que dije a Sus Señorías en el período de sesiones anterior de este Parlamento: no avanzaremos hasta que tengamos certidumbres científicas y técnicas que hayan convencido a la Comisión y a los expertos de los Estados miembros en los comités competentes. 
Eso requerirá tiempo seguramente. 
Sin embargo, considero que en materia de salud los atajos están prohibidos. 
Esa misma convicción es la que nos movió a instaurar un nuevo comité multidisciplinario de científicos eminentes. Completará los conocimientos especializados sobre la EEB, ya considerables, representados en los comités permanentes y científicos. 
Esa convicción es la que nos movió también a proponer un programa de investigación a fondo sobre todos los aspectos de la EEB y sus posibles efectos en el ser humano. 
Todo eso cuesta dinero. 
La solidaridad con los productores cuesta incluso mucho dinero. 
Más de 1, 5 millones de ecus tan sólo en el año 1996. 
Pero debemos estar dispuestos a arrostrar el precio de la solidaridad: es la substancia misma de nuestra Unión. 
El precio que no pagaremos es el de la irresponsabilidad. 
Ha habido inquietud en relación con una nota administrativa interna, que se remonta a 1990, inquietud comprensible, pues ese documento podría hacer creer que entonces la Comisión quería recurrir a la desinformación para que la EEB no trastocara los mercados. 
Los actos de la Comisión en aquel momento bastan para demostrar lo contrario. 
No obstante, deseo subrayar aquí ante Sus Señorías que la Comisión, respecto de la EEB, se guiará ante todo por una preocupación prioritaria, que es la de la protección de la salud. 
Dicha protección exige claridad, transparencia y responsabilidad. 
Cualquier otra actitud me resulta inconcebible: no la toleraré. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, por lo que se refiere al empleo, me alegro de la positiva reacción que provocó en los Jefes de Estado y de Gobierno mi propuesta de un pacto de confianza. 
Y deseo agradecer al Parlamento y en particular a usted, señor Presidente, todo el apoyo que dio a nuestra iniciativa en Florencia. 
Se reconoció la necesidad de dar un nuevo impulso a la estrategia de creación de puestos de trabajo. 
Se reconoció que había que avanzar por los diferentes ejes esbozados en la reciente comunicación de la Comisión, a saber, movilizar a todos los agentes para que formulen compromisos concretos en su nivel de responsabilidad, crear un marco macroeconómico favorable al empleo, explotar al máximo el potencial del Mercado Interior, acelerar las reformas del mercado de trabajo, utilizar mejor las políticas de la Unión, en particular las políticas estructurales, en pro del crecimiento y del empleo. 
Con la confirmación política de ese marco y colocando el empleo en el centro de la labor, el Consejo Europeo dio señales positivas. Eso es esencial para restablecer la confianza, para infundir en todos los niveles la voluntad de luchar contra el desempleo. 
La conferencia tripartita, que reunió a los interlocutores sociales y a los gobiernos en Roma, a mediados de junio, hizo lo mismo. 
No se debe subestimar el valor de dichas señales. 
Son de la mayor importancia para la movilización de las responsabilidades. 
Tomo como prueba de ello la declaración de los interlocutores sociales europeos de iniciar una negociación sobre la duración de la jornada laboral y la seguridad de los trabajadores. 
Se trata de una prueba de adopción de la responsabilidad en el espíritu del pacto de confianza, como yo deseo. 
Me congratulo de ello, al tiempo que recuerdo la determinante contribución que los interlocutores sociales han hecho ya a la legislación europea sobre la licencia parental. 
Cada cual con su papel y con su responsabilidad. 
Eso es válido también en el nivel de las autoridades públicas y de las instituciones de la Unión. 
Por eso la Comisión insistirá en la realización de las múltiples acciones que figuran en el pacto de confianza. Por ejemplo, para que los Estados miembros introduzcan por fin, y de forma acelerada, la legislación encaminada a consumar el Mercado Interior, para que el Consejo apruebe, por fin, el estatuto de la sociedad europea y el programa de acciones en pro de las pequeñas y medianas empresas y avance hacia el establecimiento del marco jurídico para las invenciones biotecnológicas. 
Con esa misma intención proseguirá la Comisión su acción: por ejemplo, en pro de una mayor competitividad, mejorando nuestro acceso al mercado mundial, contribuyendo a las reformas de los sistemas de empleo y abriendo nuevas vías que conduzcan a un mayor acceso al empleo gracias a la educación y la formación. 
Señor Presidente, el pacto de confianza comprende multitud de elementos. 
Es necesario e inevitable. 
La píldora que tan sólo hay que tragar, la receta mágica, para poner fin al desempleo, no existe. 
Insisto a este respecto, pues con demasiada frecuencia se identifica el pacto de confianza con uno solo de sus componentes, a saber, las redes transeuropeas. 
Basta con echar un vistazo a la lista de las acciones anejas a la última comunicación de la Comisión sobre el pacto para darse cuenta de la realidad. 
Así, pues, rechazo la idea pregonada por algunos de que el pacto será un éxito o un fracaso en función de la aprobación o no de la financiación complementaria de las redes transeuropeas. 
El éxito del pacto dependerá en primer lugar de la realización de las múltiples acciones que acabo de indicar y de su sinergia. 
No obstante, lamento que el Consejo Europeo no haya zanjado la cuestión de la financiación complementaria de las redes transeuropeas. Una decisión positiva habría dado una señal inequívoca de voluntad política después de un período de espera demasiado largo. 
Habría confirmado la voluntad de invertir en las infraestructuras del futuro. Así, habría sido un venero de confianza suplementaria. 
Habría permitido el desbloqueo de varios proyectos. Así, habría alentado a inversores públicos y privados y facilitado la intervención del Banco Europeo de Inversiones en algunos de los proyectos. 
Lo he dicho y lo repito: comprendo las preocupaciones de los ministros de Hacienda. 
Fui durante mucho tiempo uno de ellos como para no comprenderlos en el momento en el que se les piden grandes esfuerzos para sanear las haciendas públicas. 
Ahora bien, las propuestas de financiación complementaria de las redes transeuropeas que la Comisión presentó- a petición expresa, por lo demás, del Consejo Europeo: insisto al respectorespetan la necesidad de rigor presupuestario: no hay cargas presupuestarias que excedan los acuerdos concertados; no hay desembolsos durante los años próximos, que son decisivos para la calificación y la participación en la moneda única. 
Y todo ello es válido también en el caso de la propuesta substitutoria que hice en Florencia. 
Abrigo muchas esperanzas de que sobre esa base y con la determinación de la Presidencia irlandesa, que ha incluido este asunto entre sus prioridades, y con el apoyo del Parlamento Europeo- conozco la importancia que Sus Señorías conceden a la realización de las redes -, se pueda adoptar una decisión favorable antes de fin de año. 
Las ventajas de las redes para toda la Unión y para los Estados miembros individuales son innegables. Superan con mucho el valor de posibles reembolsos presupuestarios a largo plazo. 
Pero está también en juego el crédito de las decisiones anteriores del propio Consejo Europeo. 
Señor Presidente, por lo que se refiere a la Conferencia Intergubernamental, tercer asunto prioritario, yo había expresado ante Sus Señorías la esperanza de que en Florencia los Estados miembros se dieran cuenta de que la labor debía pasar a una velocidad superior, de que se debía pasar a la verdadera negociación y se debía transformar esa toma de conciencia en un nuevo impulso a la labor. 
Eso es lo que el Consejo Europeo hizo, cosa de la que me congratulo. 
Acojo con beneplácito su declaración en la que confirmaba la conclusión de la Conferencia Intergubernamental para mediados de 1997. 
Acojo con beneplácito la ambición de la Presidencia irlandesa de presentar, ya en el Consejo Europeo de Dublín- el próximo diciembre, por tanto- un marco general para el nuevo Tratado. 
Acojo también con beneplácito las líneas de fuerza esbozadas para dicho marco en las conclusiones de la Presidencia, en las que se plasman las verdaderas prioridades: proximidad de los ciudadanos, fortalecimiento y ampliación de la política exterior y de seguridad común, preparación de la Unión para la ampliación sin por ello dejar de garantizar su buen funcionamiento. 
Así, pues, vamos por buen camino. 
Pero no basta con dejar constancia de ello. 
Hay que pasar a la acción. 
Y no tenemos tiempo que perder. 
Por su parte, la Comisión seguirá activa en la Conferencia Intergubernamental. 
Esta misma mañana, ha aprobado su informe sobre un asunto de interés primordial para Sus Señorías, a saber, la codecisión. 
Por resumir nuestra posición, hay que ampliar el ámbito de aplicación de la codecisión a todas las actividades legislativas. 
La participación del Parlamento Europeo en el poder legislativo, en codecisión con el Consejo, debería ser la norma. 
Ya no hay razón para limitar el papel del Parlamento en materia legislativa. 
En cuanto a la definición de la esfera legislativa, hay que determinarla a partir de determinados criterios. 
Éstos nos mueven a seleccionar, entre otros, el Mercado Interior, la política social, el medio ambiente, la política de transportes y algunos elementos fundamentales de la Política Agraria Común, por citar sólo algunos ejemplos. 
Se trata de un asunto demasiado importante y complejo como para intentar tratarlo ahora en el marco de esta intervención. 
En otro momento tendremos ocasión de hacerlo, sobre la base del informe de la Comisión, que, naturalmente, se transmitirá íntegro a Sus Señorías. 
Sé que la Comisión y el Parlamento Europeo comparten en gran medida los objetivos en materia de procedimientos de decisión. 
Ya hemos consignado nuestro acuerdo por lo que se refiere a la necesidad de reducir a tres el número de los procedimientos: codecisión para las esferas legislativas, dictamen conforme para las esferas de tipo constitucional y los acuerdos internacionales, dictamen simple para las demás acciones. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, ésta es, pues, mi evaluación del Consejo Europeo de Florencia. 
Con la solución de una crisis grave, la intensificación de la lucha contra el desempleo, la dinamización de la Conferencia Intergubernamental, el desbloqueo de Europol y el mantenimiento del rumbo hacia la moneda única en su haber, Florencia merece sin duda alguna la calificación de notable. 
Felicito por ello a la Presidencia italiana. 
Señor Presidente, Señorías, el Presidente del Consejo Europeo ha hecho hincapié en los resultados más importantes conseguidos en Florencia. Por mí parte, deseo llamar su atención sobre los principales logros del semestre partiendo de las intensas actividades llevadas a cabo en materia de relaciones exteriores. 
En la antigua Yugoslavia intentamos afirmar el fuerte perfil de la Unión en la actuación de los acuerdos de paz, utilizando como base para su consolidación un amplio y concreto enfoque regional. 
El constante y efectivo apoyo a la administración europea de Mostar nos permitió asimismo dar la justa visibilidad a la que sigue siendo la más articulada y compleja acción común de la Unión en tierras yugoslavas y de cuyo éxito o fracaso depende la credibilidad de Europa ante los ojos de las poblaciones locales. 
La Conferencia de Roma de los días 17 y 18 de febrero permitió desbloquear la situación de crisis creada después de las manifestaciones en contra del Administrador europeo en Mostar, consolidando así la perspectiva de las elecciones que por fin se celebraron el 30 de junio con una significativa afluencia de votantes y dentro de un clima de tranquilidad que hace confiar en el futuro de esa ciudad clave para los equilibrios internos de la Federación Croatobosnia. 
La revisión en la mitad del proceso de paz que tuvo lugar en Florencia los días 13 y 14 de junio, constituyó la ocasión para requerir a todas las partes el cumplimiento de los acuerdos firmados. 
La Conferencia de Florencia se caracterizó por el importantísimo consenso respecto al control de la reducción de los armamentos, que pocos días antes no fue posible alcanzar en Ginebra. 
A raíz de dicha reunión se confirmó la fecha del 14 de septiembre para las elecciones en toda Bosnia. 
La Unión tenía el deber respecto a sus ciudadanos y respecto a la poblaciones implicadas, de recuperar los retrasos y las vacilaciones que dificultaron su acción al principio de la crisis en la antigua Yugoslavia. Éste fue el objetivo de nuestra acción y nos empleamos a fondo para conseguirlo. 
La Declaración aprobada por el Consejo Europeo de Florencia es prueba de ello. 
La actividad en el marco del proceso de paz en Oriente Medio fue otro compromiso prioritario. 
Los principales acontecimientos ocurridos en esa región determinaron sus etapas. A cada uno de ellos la Unión intentó dar una respuesta. 
Ante todo, se garantizaron la coordinación y el seguimiento de las elecciones palestinas, cuya etapa final se produjo a los pocos días de asumir nosotros la Presidencia. 
La reunión informal de los ministros de Exteriores del pasado 20 de marzo en Palermo- celebrada en el momento culminante de las tensiones que siguieron a la ola de atentados terroristas en Israel- llevó a la definición de un enfoque equilibrado de la Unión, más ampliamente reafirmado por la Cumbre de Paz de Sharm el Sheikh y puesto de manifiesto también en la declaración del G-7 de Lyon, y las numerosas misiones de índole política de la troika en la región del Próximo Oriente. 
Las elecciones en Israel constituyeron la ocasión para la Unión de reafirmar a través de la Declaración aprobada en Florencia, los principios clave del proceso de paz en Oriente Medio, facilitando al mundo árabe una clara visión de las posiciones europeas, en beneficio de la consolidación de los que se encuentran comprometidos en el proceso de paz. 
También respecto a Rusia, la Unión se dotó de instrumentos para desplegar una estrategia clara en cuanto a los contenidos y visible en cuanto a los objetivos. 
El plan de acción, aprobado el pasado 13 de mayo, fue un mensaje de confianza en la capacidad de las autoridades rusas de llevar hacia delante el proceso iniciado, dotando al mismo tiempo a la Unión de los instrumentos para contribuir, junto con los del reglamento TACIS, también aprobado bajo la Presidencia italiana, a sentar las bases de una sólida estructura política y económica en dicho país. 
El Consejo Europeo de Florencia aprobó esta acción con una importante Declaración. 
Otros sucesos marcaron los momentos más significativos de la definición de la política exterior de la Unión. Pienso en particular a la Cumbre Euroasiática de Bangkok y a los seguimientos previstos por ésta, que abren nuevas perspectivas de cooperación entre Europa y el área económica más dinámica del mundo, a fin de superar la mera competencia comercial. 
La profundización del diálogo estructurado con los países candidatos a la adhesión- a los que se añadió Eslovenia, gracias a la firma del Acuerdo europeo de asociación, celebrada en vísperas del Consejo de Florenciay la efectiva puesta en marcha de los mecanismos previstos por la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, representaron otros dos temas centrales de nuestra Presidencia. 
En el ámbito del diálogo con los terceros países quisimos desarrollar de forma equilibrada todos los aspectos de la asociación euromediterránea, comenzando por su dimensión política. 
El plan de acción que aprobamos y respecto al que el Consejo Europeo acaba de reconocer su importancia, está orientado al desarrollo gradual de iniciativas de diplomacia preventiva que deberán abrir el camino a una ulterior consolidación de una zona de estabilidad y de paz en el Mediterráneo. 
Las reuniones ministeriales referentes a la energía, la cooperación industrial, el espacio social euromediterráneo, la sociedad de la información, el diálogo de cultura y civilización y el turismo permitieron asimismo definir mejor los ámbitos de colaboración y de acción comunes. 
Mucho más amplio fue el panorama de iniciativas a nivel técnico y científico con la participación de universidades, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil europea y mediterránea. 
La Presidencia quiso asimismo reafirmar el papel de la Unión en la búsqueda de soluciones a la crisis chipriota a través del nombramiento de su representante especial. 
El reforzamiento de los vínculos transatlánticos avanzó, a pesar de algunas iniciativas normativas americanas en el sector comercial, gravemente contradictorias respecto al contexto de multilateralización y liberalización de los intercambios que intentamos promover conjuntamente a lo largo de estos años. 
El diálogo con Estados Unidos se reveló fundamental y las perspectivas de su ulterior profundización ocuparon un lugar destacado en la Cumbre celebrada el 12 de junio en Washington. 
Las relaciones transatlánticas deberán incluir cuanto antes acuerdos formales con Canadá. 
Gracias al trabajo llevado a cabo hasta ahora, confiamos en que las próximas Presidencias puedan completar el correspondiente plan de acción y la declaración conjunta. 
Las conclusiones del Consejo Europeo de Florencia se refieren específicamente a un aspecto que cuidamos muy especialmente: el desarrollo de la dimensión de seguridad y defensa en la acción política exterior común. 
Las recientes decisiones adoptadas en la reunión ministerial de la OTAN de Berlín respecto a la posible utilización por parte de la UEO de los medios de la Alianza para sus operaciones en favor del mantenimiento de la paz, convierten este ámbito en un objetivo a perseguir de forma prioritaria también en el marco de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, confirmando su complementariedad con el ineludible vínculo transatlántico en el marco de un proyecto coherente de estabilidad y de seguridad en Europa. 
Las intensas actividades diplomáticas y de cooperación económica con los países de Latinoamérica ocuparon una parte considerable de las relaciones exteriores de la Unión durante el semestre, a lo largo del cual continuaron asimismo las acciones europeas de cooperación al desarrollo con África y la política de apoyo a la pacificación de algunas regiones de ese continente, en particular respecto a la región de los Grandes Lagos, para la que se nombró a un enviado especial de la Unión encargado de actuar en estrecho contacto con las Naciones Unidas y con la Organización para la Unidad Africana. 
La coherencia de la acción exterior de la Unión sigue siendo limitada por previsiones normativas y fórmulas operativas que no están a la altura de nuestras inmensas responsabilidades para salvaguardar los intereses comunes. 
Por consiguiente, reitero el deseo de que en el marco de la Conferencia Intergubernamental puedan introducirse en el Tratado esas innovaciones que permitirán a la Política Exterior y de Seguridad Común adquirir una dimensión comparable a la que se definió a lo largo de los años en materia de relaciones económicas exteriores. 
Señor Presidente, Señorías, la Presidencia italiana centró su programa de prioridades políticas en la cuestión del acercamiento de los ciudadanos al proceso de integración, considerando que hoy las opiniones públicas formulan peticiones de seguridad y estabilidad a las que los Gobiernos y las Instituciones deben ofrecer una respuesta. 
Considero que nuestro compromiso fue respetado y consiguió resultados concretos, aunque menos evidentes en los medios de información, y susceptibles de determinar importantes avances para el futuro de la Unión. 
Entre los éxitos, considero que debe recordarse la Directiva sobre los permisos parentales, primera aplicación concreta del acuerdo de los Catorce sobre la política social. 
El papel propulsor de los interlocutores sociales a escala europea permitió alcanzar un consenso en esta delicada materia, que confirma la bondad y la eficacia de los procedimientos de codecisión. 
Es asimismo motivo de satisfacción la aprobación de la posición común relativa a la Directiva sobre la movilidad de los trabajadores, que se hallaba bloqueada desde hacía más de cuatro años. 
Las redes transeuropeas y la valorización del mercado único representan los otros aspectos estratégicos de la acción de la Unión para el relanzamiento del crecimiento, de la competitividad y del empleo. 
La asignación de recursos financieros más consistentes para la realización de los grandes proyectos infraestructurales depende todavía de las exigencias de disciplina financiera que deben necesariamente imponerse a la Unión y a los Estados miembros. 
Ello no obstante, se sentaron las premisas para una financiación adicional de 1.000 millones de ecus para las grandes redes. 
En Florencia se acordó asimismo utilizar los márgenes de maniobra existentes en el marco de los Fondos estructurales para las políticas y acciones dirigidas a la creación de puestos de trabajo: se trata de aproximadamente 25.000 millones de ecus que se asignarán a dicho fin. 
En el terreno normativo y de los proyectos en el semestre se registraron en el sector de las redes transeuropeas avances que superan los ya ambiciosos objetivos que nos habíamos propuesto. 
En efecto, el acuerdo sobre los procedimientos de conciliación para las redes transeuropeas en los sectores de los transportes y de la energía sientan las bases para la concreta implementación de los proyectos elegidos y para la utilización de los créditos existentes y de los que llegarán a ser disponibles en el futuro, abriendo unas perspectivas más favorables en lo referente a la participación de capitales privados para la ejecución de dichas obras. 
Los resultados obtenidos desmienten además las cada vez más reiteradas críticas contra la reconocida dificultad del procedimiento de codecisión y confirman, por el contrario, que una proficua colaboración legislativa entre el Consejo y el Parlamento Europeo puede fortalecer el carácter democrático de las decisiones de la Unión sin perjudicar a la inmediatez de las acciones que deben emprenderse. 
Los procesos de liberalización dentro del mercado único se enmarcan en el esfuerzo de superar monopolios, exclusiones y deseconomías que perjudican a la competitividad europea y retrasan nuestra capacidad de medirnos a escala mundial sin, no obstante, renegar del principio de desarrollo del acceso universal a algunas categorías de servicios esenciales. 
También en este campo se lograron avances: los acuerdos alcanzados respecto a las Directiva sobre el mercado interior de la electricidad y sobre la interconexión permiten a los sectores europeos de la energía y de las telecomunicaciones actuar en un marco normativo más abierto y transparente. 
El compromiso, varias veces reafirmado por nuestra Presidencia y plenamente compartido por la Comisión y por la mayoría de los Estados miembros, de unas más incisivas acciones de apoyo en favor de las pequeñas y medianas empresas se tradujo en los pasos hacia delante realizados para la adopción de un plan de acción plurianual que permitirá mejorar el contexto normativo, administrativo y financiero de las empresas y favorecer su acceso a la innovación y a la investigación. 
El Consejo Europeo otorgó mandato para definir y aprobar el programa de acción dentro de este año, estableciendo su dotación financiera. 
La transformación del proyecto europeo de fundamentalmente económico a tendencialmente omnímodo requiere que se depare una atención especial a las políticas que afectan a los ciudadanos más directamente. 
Al respecto, las resoluciones adoptadas respetando plenamente el principio de subsidiariedad en materia medioambiental- pienso en particular en la Directiva sobre los biocidas y a los resultados relativos a las emisiones de CO2 de los vehículos particulares- en materia sanitaria, en lo referente al programa de acción para la vigilancia de la salud y de protección de los consumidores, en cuyo marco se sentaron las bases para la adopción de la Directiva sobre la indicación de los precios de los productos, nos parece que revisten la misma importancia que las aprobadas respecto a las áreas de actividad específicamente económica. 
Sin embargo, es en el sector cultural que estimo que se llevaron a cabo los avances más significativos a través de la adopción de programas específicos en materia de apoyo a las actividades artísticas, de promoción del libro y de la lectura, de protección y desarrollo del patrimonio cultural. 
La adopción de la posición común relativa a la Directiva «Televisión sin fronteras» , que abarca aspectos muy delicados desde el punto de vista cultural e industrial, permitirá al Consejo proseguir el debate con el Parlamento Europeo en el ámbito del procedimiento de codecisión, respetando las legítimas sensibilidades y expectativas que ustedes manifestaron en esta materia. 
Confío en que la Presidencia italiana será recordada sobre todo por la aprobación de estos actos fundamentales para el futuro de la Unión y en torno a los que concentramos nuestras energías, aún sabiendo que no se trataba de temas de inmediata y gratificadora resonancia en los medios de comunicación. 
Los ministros y los funcionarios que participaron en los mismos probablemente no serán recordados como grandes artífices del proceso de integración, sin embargo, se les debe reconocer el mérito de haber contribuido al avance de la Europa de las fuerzas profundas y al perfeccionamiento de un proyecto que debe ser el fruto de una paciente tarea de mediación cotidiana. 
Señor Presidente, Señorías, las intervenciones y las audiciones que los miembros del Gobierno italiano llevaron a cabo en este Parlamento, sirvieron para indicar a la Presidencia el camino a seguir. 
Por ello, deseo darles las gracias a título personal y en nombre de todos aquellos que participaron en la difícil, aunque cautivadora, tarea común representada por la Presidencia del Consejo de la Unión. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al Primer Ministro Prodi, al Presidente Santer y al Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Dini, por sus respectivas declaraciones. 
He escuchado con especial atención las palabras del Sr. Prodi y del Sr. Santer sobre los resultados del Consejo de Florencia. 
Debo reconocer que la evaluación que yo he hecho es algo diferente de la que han hecho ellos. 
Me sorprendió el tono optimista, sobre todo en lo relativo al empleo. 
La Cumbre de Madrid de hace seis meses ha pasado a conocerse como la cumbre de la moneda única. Florencia fue anunciada como el Consejo del empleo. 
Lo cierto es que la EEB y la política de no cooperación en Europa instigada por el Gobierno británico se cernían como una nube sobre la Cumbre de Florencia. De hecho, dicha nube contenía el veto del Gobierno británico a más de 100 proyectos de ley de la Unión Europea. 
Por lo tanto, los signos e indicios en vísperas del Consejo de Florencia no presagiaban nada bueno. 
Sospecho, por consiguiente, que la mayor parte de la población de la Unión Europea no se sorprendió de que no surgiera nada del Consejo en lo relativo al empleo, habida cuenta del caos que existía en la Unión y en su órgano responsable de tomar decisiones en esos momentos. 
Puede que nuestras expectativas como políticos que nos ocupamos de este asunto fueran ingenuas y poco realistas. En realidad, esperábamos que surgiera algo en materia de empleo de la Cumbre de Florencia. 
Se ha hablado de la resolución de la política de no cooperación en Europa y de la resolución de la crisis de la EEB. 
La Cumbre de Florencia no resolvió la crisis de la EEB. Lo que ha resuelto ha sido la crisis institucional y política creada por el Gobierno británico. 
Pero no ha resuelto la crisis de la EEB. 
Naturalmente acogemos con satisfacción el acuerdo marco para que se estudie la crisis de la EEB, pero deseo recordar al Consejo la firme determinación de esta Asamblea y de mi Grupo de que se emprendan auténticas medidas para proteger la salud y la seguridad de los consumidores europeos como tema principal de la crisis de la EEB. 
Eso no ha desaparecido y no se ha resuelto. 
(Aplausos) Sobre el empleo hemos oído palabras piadosas, palabras piadosas y palabras piadosas. 
A lo largo de dos años de negociaciones en el Consejo hemos visto muy pocas medidas reales en materia de empleo. 
Esas palabras sólo resultarán magníficas si van seguidas de acción. 
En su introducción, el Sr. Prodi comentaba la firme determinación del Consejo de Florencia de alcanzar los objetivos de la UEM. 
Qué pena que no hayamos visto esa misma determinación en lo relativo al empleo. 
En materia de empleo ha habido una total falta de acción. 
Nada de recursos, nada de mejorar la coordinación, nada de introducir ajustes en las líneas generales de la política económica y en la combinación de políticas que el Parlamento solicitó al Consejo hace apenas unas semanas. 
Tomemos un ejemplo: las redes transeuropeas. 
Había grandes expectativas de que, por fin, después de todo este tiempo, en la Cumbre de Florencia se aprobara la financiación de las redes transeuropeas. 
Ahora sabemos que no ha sido así. 
No sólo no había fondos para las redes transeuropeas, sino que, permítame recordar a todos los diputados a este Parlamento y al Consejo, a tan sólo cuatro días de la celebración del Consejo de Florencia y al cabo de meses de arduas negociaciones entre el Consejo y el Parlamento y tras reuniones que no sólo se prolongaban durante todo el día, sino también durante toda la noche, se había alcanzado un acuerdo de conciliación sobre las redes transeuropeas. 
En Florencia, cuatro días después del acuerdo, el Consejo, unilateralmente, decidió modificar la conciliación sobre las redes transeuropeas. 
Quiero decir ahora al Consejo que si piensa emprender acciones unilaterales como ésta, espero que acuda al Parlamento. 
Espero que el Sr. Prodi pueda decirnos cómo piensa el Consejo introducir dicha modificación en el acuerdo alcanzado cuatro días antes con este Parlamento, de manera que podamos formar parte del acuerdo sobre las redes transeuropeas, como nos corresponde. 
(Aplausos) No debemos tener la menor duda de que si esta Asamblea hubiera modificado unilateralmente dicho acuerdo de conciliación, el Consejo se habría puesto furioso con nosotros, y nosotros tenemos motivo para estarlo con él. 
Si doy la impresión de estar enfadada es porque estoy enfadada. 
La población de la Unión Europea nos culpa a todos por la falta de medidas en materia de empleo. 
Los ciudadanos no hacen distinción entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Culpan a la Unión Europea, y mi Grupo no desea verse relacionado con este fracaso en materia de empleo. 
Es el tema que más preocupa a nuestra sociedad y queremos que nuestros ciudadanos vean que, como hemos hecho en este Parlamento, nos preocupamos por ellos y que nos preocupa el problema del empleo. 
Debemos poner ahora nuestra mirada en Dublín. 
Lo haremos, pero, por favor, no sobrevaloremos las decisiones de Florencia. 
Para la mayoría de nuestros ciudadanos, y para nosotros, ha sido una gran decepción. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en estos cuarenta años, el camino de Europa no ha sido siempre fácil, sino que a menudo ha sido accidentado, sin embargo, siempre ha seguido adelante. 
En el semestre que acaba de finalizar pesó el clima de víspera que las Instituciones europeas están soportando. Estamos en vísperas de un nuevo Tratado, en vísperas de la ampliación y en vísperas de la reestructuración de los sistemas de bienestar en todos los Estados de la Unión. 
Me parece- y mi tono es distinto que el del Sr. Greenque a la Presidencia italiana le corresponde el mérito de haber gestionado este difícil período con una clara fe europeísta, pues, dirigió con realismo esta etapa evitando retrocesos, mejor dicho, dando impulsos decisivos para abrir el camino. 
A la Presidencia italiana le corresponde el mérito de haber solucionado la crisis con Gran Bretaña originada por la EEB, gracias también a la decisiva contribución de la Comisión y del Presidente Santer. 
No cabe duda de que una función de la política, Sr. Green, es hacer evaluaciones y emitir juicios, pero sobre todo solucionar los problemas y resolver los conflictos. 
Esto se hizo y hay que tenerlo en cuenta. 
En estas difíciles circunstancias, consideramos que a la Presidencia italiana le corresponde el mérito de haber proyectado el horizonte de Europa hacia el futuro. 
La Conferencia Intergubernamental no sólo se inauguró, sino que se trazó su programa aprovechando la importante contribución del Grupo de reflexión, a la que se han referido los Presidentes Prodi y Dini; se esbozó el trabajo de reforma de los procedimientos de toma de decisiones y de actuación de la Unión Europea; se esbozó la etapa de ampliación y, por lo que se refiere a Eslovenia, se ha recordado que, por fin, se emprendió el camino hacia la asociación de este país. 
No se podía pretender que, tres meses después de su inauguración, fuera posible elaborar un proyecto de nuevo Tratado. 
Éste es el cometido de la Presidencia irlandesa. 
Sin embargo, con este espíritu de mirar hacia el futuro, reconozco también el éxito del Consejo Informal de los ministros de Economía y Finanzas celebrado en Verona, donde se reafirmó el objetivo de la Unión Monetaria, a pesar de que, por fin, se definió de forma satisfactoria la relación entre los «países in» y los «países pre-in». 
Con el mismo espíritu de mirar hacia el futuro, valoro la Conferencia de Bangkok, ya que por fin se planteó por vez primera la relación entre los Estados de Europa y los países de la región del Pacífico y se esbozaron las posibilidades de una colaboración que en el futuro- debemos preverlo- será cada vez más difícil y dura, porque más que de una colaboración se trata de competencia. 
Finalmente, se encaró la exigencia de mantener un diálogo y definir las reglas de esta competencia. 
Para finalizar, voy a abordar la última cuestión: el empleo. Se trata de una cuestión muy dolorosa y a la vez prioritaria para el Grupo de los Populares. 
A la Presidencia italiana- me parece que, de hecho, en los últimos semestres sucedió por vez primera- le corresponde el mérito de haber señalado con claridad la prioridad de este objetivo. 
También nosotros nos sentimos insatisfechos por las conclusiones del Consejo Europeo de Florencia, también nosotros estamos preocupados por el brote de algunos sentimientos que podríamos llamar de «euroegoísmo». 
Sabemos que se trata de un problema que debe abordarse ante todo a escala nacional, aunque, señores Presidentes del Consejo y de la Comisión, estamos convencidos de que queda mucho espacio y mucho trabajo por hacer a escala europea: las inversiones en las redes transeuropeas no sólo representan una ocasión para que aumenten los puestos de trabajo, sino la ocasión para modernizar el sistema infraestructural de Europa; el apoyo a las pequeñas y medianas empresas no sólo marca el modelo de empresa que puede crear empleo, sino que propone un modelo de empresa moderna. 
Consideramos que deben armonizarse asimismo las políticas fiscales a escala europea, así como las políticas de protección social y las políticas de empleo, porque así se fomenta la creación de empleo y se fomenta también la transformación de los sistemas de bienestar. 
De cualquier modo, a la Presidencia italiana- es preciso reconocerlo- le corresponde el mérito de haber planteado el problema e institucionalizado, por vez primera, la cuestión del trabajo y del empleo en las Instituciones europeas, haber propuesto e impuesto a los Quince... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, Señorías, la Presidencia italiana tuvo un difícil cometido: poner en marcha las negociaciones de la Conferencia Intergubernamental en un momento muy delicado para la construcción de la Europa unida, así como hacer un punto y decidir las cuestiones más controvertidas en las que se habían encallado los normales Consejos de Ministros y atender al mismo tiempo el calendario interno. 
Señor Presidente, creemos que los hechos y las orientaciones expresados en su intervención configuran un marco muy interesante por la contribución que la Presidencia italiana ofreció para superar los problemas que obstaculizan el proceso de integración. 
A pesar de la especial y delicada etapa política que nuestro país atravesó en este último semestre, se pudo continuar con dignidad el trabajo emprendido e, incluso, se registraron significativos progresos en algunos. 
Las acciones y las decisiones que la Unión adoptó en este período con respecto a las cuestiones de la antigua Yugoslavia, del proceso de paz en Oriente Medio, de las relaciones euroasiáticas y, sobre todo, el acuerdo político alcanzado respecto al Convenio Europol, deben ser, sin duda, recordados como piedras miliares de este compromiso común que Italia representó adecuadamente. 
Sin embargo, señor Presidente, sería una irresponsabilidad silenciar el fracaso, llamémosle así, del Consejo Europeo de Florencia. 
Por vez primera, asistimos a un Consejo Europeo afectado por el «síndrome del aplazamiento». 
Por desgracia, unos sucesos imprevisibles como el de las «vacas locas» , fomentaron en la Unión profundos sentimientos de malestar y distrajeron hacia una importante, aunque secundaria cuestión una parte de las atenciones y de las energías de las Instituciones Europeas. El reglamento MEDA, primera piedra de una política de asociación más eficaz en la cuenca del Mediterráneo, no se adoptó bloqueando 3.500 millones de ecus; se aplazó la financiación de los catorce proyectos estratégicos relativos al sector de las redes de transporte; se aplazó de nuevo el «proyecto Santer» , dirigido a fomentar la creación de empleo a través de la financiación de las grandes redes europeas. 
¿Qué ha pasado respecto a los nueve proyectos de investigación científica y tecnológica? 
¿Qué ha pasado respecto a las intervenciones en favor de las pequeñas y medianas empresas, de la liberalización del mercado interior y de las telecomunicaciones? 
Ninguna de estas propuestas, debidas en parte a las iniciativas del Ejecutivo y apoyadas por la Presidencia en ejercicio, vio la luz del sol. 
Todo fue aplazado hasta el Consejo Europeo Extraordinario de octubre. 
Es necesario detenerse en estos temas para evidenciar el aspecto que destacaron todos los comentaristas, es decir, la persistente fragilidad de los valores comunes que a menudo no llegan a coincidir con los intereses nacionales. 
Por otra parte, en el ámbito interno, los ciudadanos solicitan el crecimiento de la economía, una política monetaria, la libre circulación, una respuesta clara respecto a las grandes cuestiones del empleo, de la inmigración, de la seguridad del medio ambiente y, por último, de la lucha contra los males del siglo. 
Éstas son las metas prioritarias, aunque también es necesario hacer una reflexión sobre el contexto institucional de Europa. 
La respuesta deberá, como es obvio, tener en cuenta los números y la viabilidad de las reformas propuestas, aunque deberán tenerse muy en cuenta los principios fundamentales del Estado de derecho: el respeto de la persona, el equilibrio entre los poderes, la eficacia de los procedimientos, la garantía del control de las actividades emprendidas y la alternancia política. 
La estructura institucional propiamente dicha, el papel del Parlamento Europeo y del Consejo en los procedimientos normativos, la reorganización de la Conferencia de Presidentes de Comisión, el papel de las Instituciones de nueva creación- siendo la más importante el Comité de las Regiones- son en su conjunto soluciones técnicas, cuyo impacto no deberá infravalorarse, aunque van a ser soluciones instrumentales para el objetivo que nos une: la integración europea y la futura ampliación. 
Ese destino, señor Presidente, nos une a todos, porque los desafíos externos y los caminos obligados nos imponen desempeñar un papel de guía en la escena internacional, en la Política Exterior y de Seguridad, en la economía y en la imaginación de los pueblos de nuestro continente. 
En definitiva, se pide una Europa capaz de asumir sus responsabilidades de identidad nacional, sin que obligatoriamente deba transformarse en un super Estado. 
Es muy amargo constatar que la Europa comunitaria, atenazada por grandes problemas sociales, no consigue salir del mare mágnum de documentos que siguen pendientes y aumentan la decepción de los ciudadanos. 
Estos ven peligrosamente amenazado el delicado equilibrio del Estado social y siguen buscando en la dimensión continental esas soluciones que sus Estados no saben ofrecer. 
La Presidencia italiana no puede por sí sola hacerse responsable de todo esto. 
El actual malestar invade históricamente a todos los países europeos, a todos los ciudadanos, a todos los grupos políticos, sin embargo, no cabe duda de que ya no queda tiempo para el optimismo, ni tampoco para las disputas inútiles. Debemos salir del estancamiento en el que nos encontramos si queremos salvar, además de la realización de nuestras economías y de nuestras sociedades, los beneficios de las libertades democráticas. 
Por último, señor Presidente, no creemos sólo en la efectividad de las intervenciones financieras dirigidas a generar empleo. Éste puede fomentarse- usted lo sabe perfectamente- a través de la intervención pública, pero quien lo crea es la iniciativa privada, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que se desarrollan en un terreno rico de fermentos económicos y sociales. 
Lamentamos que nuestro país no haya marcado una prestigiosa etapa y que acabara sometiéndose a la mortificación del aplazamiento. 
Italia, no hay que olvidarlo, fue uno de los promotores de esta aventura europea y tiene deberes y méritos innegables. 
La etapa de transición en la que se encuentra no nos puede llevar a la degradación. Estamos seguros de que nuestro país es capaz de responder a las llamadas de sus socios y es capaz de desempeñar cuanto antes un papel destacado. 
Hago votos, señor Presidente, para que insista, a través de la continuidad de la troika, en las convergencias prioritarias, acompañando con decisión a Italia hacia las grandes citas de Europa en el umbral del tercer milenio. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Ministro de Asuntos Exteriores, señor Presidente de la Comisión, una vez que cada uno de los Estados miembros ha recordado su posición y se ha resuelto el aspecto político de la crisis de las vacas locas, es hora de que la CIG dedique ahora su labor a su razón de ser, es decir, la de adaptar las instituciones europeas a los imperativos del presente y a los de un futuro muy próximo. 
¿No sería una prioridad la de celebrar entre los quince Gobiernos de la Unión un debate de fondo acerca de los objetivos que se deben fijar sobre lo que debe ser la construcción europea en el tercer milenio? 
¿Qué clase de sociedad queremos? 
Y, una vez determinado eso de nuevo, ¿cuál es la organización institucional indispensable para la ejecución de esos proyectos? 
Esa operación debe correr a cargo de los quince Estados miembros. 
La crisis de la que estamos saliendo ha arrojado una luz cruda sobre la divergencia de las concepciones en el presente. 
La ampliación prevista la vuelve ineludible. 
Los países que aspiran a unírsenos deben saber, antes del inicio de las negociaciones, a qué tipo de programa político van a adherirse, cuáles son sus ventajas y cuáles sus limitaciones. 
El desapego de los ciudadanos respecto de la construcción europea es preocupante. 
Un reciente sondeo en Bélgica, uno de los países fundadores de Europa, como el suyo, señor Primer Ministro, es revelador de ese estado de ánimo. 
Hay que denunciar la responsabilidad de los gobiernos nacionales, que con demasiada frecuencia trasladan a la Unión su propia falta de valor y de voluntad política para resolver los problemas en el nivel que les corresponde. 
El aplazamiento de la financiación de las redes transeuropeas- ya hemos hablado todos al respecto hasta ahora- y la creación de puestos de trabajo que debe resultar de ellas constituye un triste ejemplo de dicha responsabilidad. 
Y es un fracaso de la reunión de Florencia. 
No basta con tomar nota- como hicieron los Jefes de Gobierno en Florencia- de la fórmula revisada que presentó el Presidente Santer. 
¿Hay un vislumbre de esperanza, cuando la Comisión observa que una mayoría de los Estados miembros están dispuestos a aceptarla en líneas generales? 
En cualquier caso- y ésta es la impresión unánime del Parlamento -, es urgente pasar por fin a las decisiones operacionales. 
No es demagógico recordar que los 17, 5 millones de desempleados merecen algo mejor que declaraciones de intenciones. 
En la guerra de la antigua Yugoslavia, la incapacidad por parte de Europa para desempeñar un papel marcó de forma duradera a los ciudadanos. 
El Parlamento Europeo, en su resolución común, a raíz de la cumbre de Florencia, insiste en la responsabilidad de los europeos por lo que se refiere a toda una serie de problemas en Europa y fuera de Europa. 
Manifiesta su voluntad de que se establezcan las instituciones y los procedimientos que ofrezcan los instrumentos indispensables para poner en pie una auténtica política exterior. 
Formulo votos por que la Presidencia irlandesa, alentada por la experiencia de la Presidencia italiana, y con la colaboración de la Comisión, abra la vía, después de un período de crisis, de una reactivación europea que está tardando demasiado. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor ministro de Exteriores, al final de la Presidencia italiana, creo que es justo emitir un juicio sereno y articulado sobre estos meses de trabajo. 
Mi juicio global es positivo, habida cuenta de que estos meses se han caracterizado por numerosas iniciativas útiles para la Unión Europea, muchas de las cuales fueron recordadas por el ministro Dini. 
Deseo precisar que mi opinión- positiva, repito- no es debida a la pertenencia a un Grupo, el de la Izquierda Unitaria, que en Italia forma parte del Gobierno presidido por el Sr. Prodi. 
Pienso que, objetivamente, la Presidencia italiana, con los dos Gobiernos que se sucedieron, ha actuado bien, porque lo ha hecho en condiciones complejas y en una etapa especialmente delicada de la vida de la Unión Europea con crisis muy graves, como la que se originó con el Gobierno británico. 
Sin embargo, y por transparencia, considero que en el momento en que Italia está en vísperas de dejar de ejercer la Presidencia, las palabras deben ser claras respecto a las dificultades encontradas, tal vez más claras que las que pude escuchar. 
Hace falta ser claros respecto a lo que fue la Cumbre de Florencia: bien, muy bien, por como se consiguió superar, al menos por el momento, la crisis con el Gobierno británico; bien por la reducción de los armamentos, pero mal, muy mal por lo que se refiere al tema que más que todos los demás afecta a cada uno de los Estados miembros, o sea el desempleo. 
Usted, señor Presidente Prodi, sabe que en lo referente al empleo, la de Florencia no fue una buena Cumbre, y lo sabe también usted, señor Presidente Santer, que vio rechazadas sus propuestas de Pacto de Confianza. 
En el ámbito del empleo, la honestidad impone decir que la Cumbre fue un fracaso. 
¿Por qué? 
A mi entender, porque, en cambio de dirigir los esfuerzos de todos- políticos y financieros- a luchar contra esta grave plaga del paro, se continuó a razonar, siempre y sólo, en torno a cómo cada país podía cumplir los criterios, los plazos y las convergencias de Maastricht, incluso pagando un altísimo precio a nivel social. 
Señor Presidente, todos saben que algunos Estados no conseguirán cumplir dichos parámetros, otros- entre los que se halla Italia- podrán hacerlo sólo menoscabando más aún, si cabe, la protección social. 
Deseo pedir que esto no se lleve a cabo y, de cualquier modo, encuentro equivocado que algunos Comisarios europeos aborden la cuestión económica de nuestro país, Italia, como si los Estados miembros, más que por familias, mujeres y hombres, estuvieran formados por ordenadores y máquinas. 
Basta con recortar sueldos y pensiones y he aquí que se alcanza ese 3 % de déficit público, exigido por los Tratados. 
Pero ¿qué clase de Europa resultaría de esto? 
Una Europa donde sólo podrían seguir los Estados fuertes y los más débiles saldrían debilitados. 
Entonces ¿por qué no añadimos otro criterio para la moneda única, una tasa de paro mínima, más allá de la que no entraría en vigor la Unión Monetaria? 
La Comisión debe trabajar en torno a esto. 
Y el Comisario Sr. Monti, que demostró saber mucho de números, debe tener en cuenta también el número de parados, pues haría falta recortarlos también. 
La rigidez de Maastricht, tal como fue decidida, puede volverse a estudiar en la Conferencia Intergubernamental. 
Por esta razón, mi Grupo- el Grupo de la Izquierda Unitaria- pide que los plazos y la adopción de la moneda única dependan del empleo y, en consecuencia, se revisen para permitir que la idea de la Europa unida se haga realidad. 
Unida política y económicamente, con todos sus Estados miembros. 
Creo que si la Presidencia italiana dejará este mensaje de disponibilidad y de flexibilidad, habrá hecho realmente un buen trabajo y marcado unas metas ambiciosas y positivas para el futuro de la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, se pretendía que Florencia fuese la cumbre del empleo, que impulsase el desarrollo global europeo y la democratización. 
Pero sus resultados se caracterizan por la ausencia de soluciones en las cuestiones centrales del empleo, la protección de la salud y del desarrollo democrático de la Unión. 
Lamentablemente, estoy convencida de que la comedia de chantajes, chalaneos y concesiones en torno al veto del Gobierno británico no puede ser la base para lograr una mayor aceptación y confianza de las ciudadanas y ciudadanos en la integración europea. 
Por el contrario, el escepticismo y la desconfianza van a crecer tras esta cumbre, por buenas razones, pues la transparencia y la publicidad parecen seguir siendo palabras extrañas y el llamado compromiso sobre la EEB no garantiza de ningún modo la seguridad y salud de los ciudadanos. 
Esta tendría que haber sido la única máxima de actuación. 
Se debería haber acordado un amplio programa de la UE para la lucha y control de la epidemia. 
El levantamiento parcial del embargo se ha realizado sin ninguna base. 
Pero ante todo, debería haberse acordado el abandono radical de una política agraria errónea, industrializada sin ningún tipo de consideraciones. 
La respuesta adecuada debería haber sido un abandono inmediato de la irresponsabilidad coordinada entre la industria y la política que empuja a las personas y animales hacia la locura. 
Pues la enfermedad de las vacas locas es resultado y expresión de una evolución y de una soberbia humana que patenta seres vivos y niega la inviolabilidad del individuo. 
El que no se hayan prohibido básicamente las exportaciones de carne de vacuno a países del Tercer Mundo, es prueba de la ambigüedad de una política cínica, que valora más los beneficios que la salud humana. 
La única decisión que realmente se adoptó- la relativa a la Europol- supone de la forma como se ha hecho una derrota para los derechos cívicos y la seguridad jurídica en la Unión Europea. 
No existe ninguna garantía de control democrático, ninguna competencia vinculante del Tribunal Europeo de Justicia para todos los países miembros y ninguna protección garantizada de los datos. 
En la lucha contra el desempleo en masa se siguen pronunciando las antiguas declaraciones de cara a la galería. 
Del pacto de confianza propuesto tendría que haber derivado un auténtico pacto para el empleo y el medio ambiente. 
En vez de ello, 15 jefes de Gobierno han repetido su credo neoliberal de que la lucha contra la inflación y el aferrarse estrictamente a los criterios de Maastricht en tiempos de recesión va a contribuir a la solución de los problemas de empleo. 
Credo quia absurdum. 
Cada vez estoy más convencida de que los Jefes de Gobierno juegan con fuego en su política europea y que lentamente pero con seguridad ellos se están convirtiendo en una auténtica amenaza para Europa. 
Este debate es un ejemplo de un mundo totalmente trastocado. 
Los éxitos jaleados por los Sres. Prodi, Santer y Dini no son otra cosa que retórica o fatas morganas. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo Europeo, señor Presidente del Gobierno, Señorías, antes que nada deseo sinceramente reconocer al Presidente Sr. Prodi el hecho de imprimir una fuerte huella europea en su Gobierno y de intentar cerrar de la mejor manera posible el difícil semestre de Presidencia italiana. 
La Presidencia italiana tuvo el indudable mérito de privilegiar el diálogo continuado con el Parlamento Europeo y de haber guardado el máximo respeto, quizás con una única reciente excepción, a la independencia y al papel específico de cada Institución de la Unión y de sus miembros. 
Dicho esto, también el Grupo de Coalición Radical Europea coincide con la mayoría de los colegas que han intervenido hasta ahora respecto al balance insatisfactorio de la Cumbre de Florencia y, más en general, al hecho de que la Presidencia italiana incumplió algunos compromisos importantes. 
Es evidente que en Florencia el Consejo Europeo resolvió el problema político- y no el sanitario y económico- de la crisis de las «vacas locas» , pero ¿a qué precio? 
Usted, señor Presidente Prodi, se refirió al programa de actividad de la Presidencia y el Presidente Dini hizo un amplio repaso de algunas de sus prioridades. 
He tenido la paciencia- como dijo usted- de leer y volver a leer ese programa y esas prioridades. 
Dicho programa consideraba prioritaria la cuestión del desempleo. Ahora, me parece, que todos coinciden en el hecho de que en Florencia se bloqueó el Pacto de Confianza del Presidente Santer y, por consiguiente, la idea de movilizar nuevos recursos y energías europeas en favor de dicha cuestión. 
Encargar a la Comisión que profundizara la materia, sabemos muy bien lo que significa en política. 
Respecto a los fondos adicionales en que la Presidencia y todos nosotros confiábamos, en particular para las grandes redes transeuropeas, el Cuarto programa marco de investigación y las pequeñas y medianas empresas, no se consiguió nada, sino un mero ejercicio contable. 
En cuanto a la Conferencia Intergubernamental, piedra de toque de la Presidencia, no se ha avanzado mucho y es lo mínimo que puede decirse, aunque el deseo de la Presidencia fue dar un fuerte impulso a algunos sectores clave. 
Por lo que se refiere al mercado interno quedaron bloqueados muchos expedientes, desde la libre circulación de las personas hasta el estatuto de la sociedad europea, así como el sistema fiscal y el sector bancario y de seguros. 
En cuanto a las demás políticas internas, algunos avances importantes han ido acompañados por fracasos, igualmente importantes, tanto en materia social como en materia de telecomunicaciones. 
En el sector agrícola no se definieron los precios agrícolas para la próxima campaña y, sobre todo, no se registraron avances en los sectores del vino, del aceite, de las frutas y hortalizas. 
Por lo que se refiere al tercer pilar, aunque debe reconocerse que la Presidencia italiana llevó a buen fin la cuestión de Europol y el convenio de extradición, las demás prioridades de la Presidencia como son las fronteras exteriores, la lucha contra el terrorismo, el Observatorio sobre el racismo, no registraron avances significativos. 
Por último, es a raíz de la política exterior y de las relaciones exteriores de la Unión que tal vez se produce una de las mayores decepciones, con la falta de progresos en el programa MEDA. 
¿Realmente, no podía haberse hecho algo más para superar el actual bloqueo y no podían celebrarse esos acuerdos bilaterales necesarios y fundamentales para el desarrollo del diálogo euromediterráneo? 
No cabe duda de que ejercer la Presidencia de la Unión y llevar a buen fin las Cumbres europeas no es tarea fácil y, sobre todo, no debió resultar fácil en el semestre que acaba de finalizar. 
Sin embargo, señor Presidente Prodi, señor Presidente Dini, no me parece ni justo ni útil describir de manera positiva- tal como se hizo- la Cumbre de Florencia y un semestre en su mayor parte de estancamiento y en el cual no se consiguieron muchos objetivos. 
Señor Presidente, un periódico neerlandés colocó el siguiente titular encima de una reflexión sobre la Cumbre de Florencia: Ni crisis, ni euforia. 
A mi juicio, ello tipifica adecuadamente la reunión del Consejo Europeo. 
Se ha logrado conjurar la crisis que amenazaba como consecuencia de la enfermedad de las vacas locas. 
Sin embargo, no se han cumplido las grandes expectativas en relación con el denominado «pacto de confianza» del Presidente de la Comisión, Sr. Santer. 
Sólo el tiempo dirá si la problemática de la EEB ha sido borrada definitivamente del orden del día político. 
Parece que, por de pronto, se ha logrado una solución objetiva con el acuerdo sobre un plan gradual, basado en criterios científicos. 
Pero sigue planteándose la pregunta de si al ejecutar este plan sobre la base de enunciados científicos o veterinarios es posible mantener totalmente al margen las consideraciones de carácter político o las diferencias de interpretación. A fin de cuentas se trata de un período de años. 
En cualquier caso, no hay crisis. 
Pero tampoco euforia. En este sentido cabe pensar en el plan de empleo. 
En la preparación de la Cumbre, parecía que esta cuestión iba a ser el plato fuerte, pero aunque los jefes de gobierno fueron indulgentes con respecto a las propuestas, no tomaron ninguna decisión sobre el millardo de ecus que se pedía para crear las Redes Transeuropeas. 
Comprendemos la postura de los jefes de gobierno de averiguar si estos proyectos no pueden financiarse de otra forma que con el excedente del presupuesto agrícola. 
Pero, ¿hemos de sacar la conclusión de que el Consejo Europeo estima que el efecto de las redes en el empleo es mucho menor que lo que piensa la Comisión? 
A finales de 1992, en la Cumbre de Edimburgo se lanzaron las redes como refuerzo del mercado interior y como impulso para el empleo. 
Pero la lentitud en la realización de estos planes y el difícil proceso de mediación entre el Consejo y el Parlamento no dan la impresión de que estos proyectos estén estrechamente vinculados a la gravedad de la cuestión del empleo. 
Por ello, ¿no sería mejor suscitar menos expectativas en el ciudadano con relación al efecto de las redes para el empleo? 
Con los millardos procedentes de los fondos estructurales quizás se logre más un contexto europeo para el empleo, al margen del hecho de que la política de empleo es ante todo una cuestión de los Estados miembros. 
Los resultados de la Cumbre también son modestos en lo que respecta a la CIG. 
El extenso informe de progresión de la Presidencia italiana es sobre todo un inventario de las diferentes posiciones de los Estados miembros. 
Pero la dirección es clara. Una ampliación de las tareas de las instituciones europeas y un mayor desarrollo de las competencias comunitarias. 
Y a nuestro entender, esta no es la dirección acertada, sobre todo porque en ella la ampliación del ámbito de aplicación de las votaciones por mayoría cualificada será sin duda un punto importante. 
Desde diversos lados ya se han aferrado a la obstrucción de la toma de decisiones europea por parte del Reino Unido para suprimir el derecho de veto. 
A ello cabría añadir los bloqueos del reglamento MEDA en relación con la política mediterránea por parte de Grecia. 
Pero no hay que tomárselo a la ligera. 
Se trata de algo más que una cuestión técnica o de procedimiento. 
En los procedimientos de toma de decisiones se está tratando la cuestión fundamental de en qué ámbitos y en qué medida los países de Europa quieren colaborar entre sí. 
¿Hasta dónde se puede ir dejando en minoría, a través de la mayoría cualificada, a los Estados miembros que no se logra convencer? 
¿Y qué significa esto para la base de apoyo democrática de este tipo de decisiones en los Estados miembros que quedan en minoría? 
En la realización del Tratado de Maastricht quedó de manifiesto que hay límites a la integración. 
Dos Estados miembros formularon una reserva con respecto a algunas cuestiones importantes. 
También entre los ciudadanos de los Estados miembros existía una oposición a una mayor centralización. 
Este fenómeno no hará más que aumentar en una Unión con 20 o más países y más decisiones por simple mayoría. 
Las diferencias culturales desempeñarán un papel cada vez mayor. 
Por ello, en la revisión del Tratado habrá que tener muy en cuenta lo que piensan los ciudadanos. 
La naturalidad con la que se amplían las competencias europeas para solucionar los problemas a costa de la autonomía de los Estados miembros podría muy bien haber llegado a su fin. 
Señor Presidente, usted habló del relanzamiento de los ideales europeos en la opinión pública. 
¿Esto quizás significa que su Gobierno, que formará parte de la troika, hará todo lo posible para que Italia y en la prensa italiana se hable por fin de Europa? 
¡Esperemos que sí! 
Sin embargo, antes de empezar el nuevo curso hace falta aclarar el pasado. 
El 5 de diciembre de 1995, ante las Cámaras y posteriormente, en el seno de las Instituciones Europeas ante una audiencia formada por los jefes de Gobierno europeos, el Gobierno Dini presentó el programa de la Presidencia italiana. 
En el programa adquirió unos compromisos específicos y mostró la firme voluntad de hacer avanzar la causa europea lo más posible, partiendo de los ámbitos prioritarios del empleo y de la seguridad interior y exterior. 
Sin embargo, la Cumbre de Florencia, terminó sin un consenso respecto a lo que debe hacerse ahora y en el futuro, excepto el de aplazar para Dublín lo que ya se había aplazado para Florencia. 
La nueva convocatoria de octubre en Dublín, corre el riesgo de encontrar a los socios europeos todavía discrepando entre sí, tanto por lo que respecta a la unión política como a la ampliación y a la unión económica. Sobre todo, se guarda silencio en torno a cómo realizar la unión política y tampoco se fija un calendario serio respecto a la Política Exterior y de Defensa Común. 
Señor Presidente, ¿cómo se puede pensar en llevar a la práctica la ampliación sin antes haber logrado una firme unión política? 
¿Cómo logrará la unión económica representar el interés de la gente y no sólo de los Estados más ricos o de las grandes multinacionales, si dicha unión económica no es el fruto de la unión política. 
La pregunta respecto a la que todos estamos esperando una respuesta gira en torno al desempleo y a cómo solucionar el espantoso drama de aproximadamente 20 millones de parados. 
Ahora bien, no he entendido si hubo una respuesta y, si la hubo, cuál era su significado. 
El Consejo de Florencia más que conceder los fondos necesarios pedidos por la Comisión, aconsejó al Presidente Santer seguir estudiando propuestas, con un au revoir hasta Dublín, propuestas para las que, por otra parte, no existe la voluntad de una financiación común, es decir, el desempleo sigue siendo un problema nacional y no un problema político europeo demostrando así que la unión política ha dejado de ser un objetivo a alcanzar para muchos Gobiernos y muchas fuerzas. 
Es el objetivo del Sr. Santer y es el objetivo de este Parlamento, sin embargo no es el objetivo de ciertas fuerzas. 
Entonces ¿cómo puede pensarse en luchar contra el paro y las pobrezas emergentes en los quince Estados si, por un lado, se niega el Estado social que por otra parte nunca se ha logrado, porque siempre nos encontramos ante fenómenos de asistencialismo y no socializadores y, por otro, se desea ampliar en pocos años Europa a países en los que la situación económica es difícil y el desempleo es más grave que el que existe en los Quince? 
Es impensable crear un bienestar mínimo e indispensable sumando pobreza más pobreza, desempleo más desempleo. 
La Presidencia italiana no presentó propuesta alguna respecto a estos temas, ni tampoco se cumplió lo que figura en la agenda en lo referente al mercado interior y que abarca los sectores bancario, del régimen fiscal, del turismo, de la protección social, de la armonización del servicio de correos, de la educación, de la juventud, por no hablar de los transportes, de la industria, del sector agrícola, del artesanado, de las fronteras exteriores y de la inmigración, etcétera, etcétera. Parece una lista larguísima y, por desgracia, es una lista larguísima. 
La Presidencia italiana debía adoptar el Reglamento sobre la actuación de las financiaciones y llevar a cabo la negociación de los acuerdos, tras lo emprendido por las Presidencias francesa y española en favor del diálogo euromediterráneo. En cambio, todo está bloqueado. 
En conclusión, todo esto me recuerda el discurso de Spinelli sobre «El viejo y el mar» de Hemingway, donde el pescador, a medida que se va acercando a puerto, ve su colosal captura reducirse a los mínimos términos, devorada por los tiburones. 
Les dejo a ustedes, Señorías, decidir quiénes son los tiburones de hoy. 
Para los que pertenecemos a Alleanza Nazionale, los tiburones son los que hablan de Europa, pero no hacen nada para construir la unión política o, incluso, nos hacen perder algo de lo poco que conseguimos en estos años. 
Tenemos el valor de admitirlo: la unión política europea ha dejado de ser el objetivo de algunas fuerzas y de algunas fuerzas políticas o económicas. 
Invitamos a la troika a echar luz sobre este escándalo. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que intervinieron en este corto, pero intenso debate. 
Voy a contestar rápidamente a algunas cuestiones fundamentales y, al final del debate, el Presidente Dini podrá completar mis observaciones. 
Antes que nada, quisiera decir que en este debate hemos apreciado una fuerte tensión respecto a la problemática europea y un compromiso muy fuerte que, no obstante, va mucho más allá de los plazos y límites de los seis meses de ejercicio de una Presidencia. 
Habría preferido que el debate se hubiera concentrado sobre todo en la estrategia y en las posibilidades que ofrece un período de seis meses. 
Desde este punto de vista, deseo manifestar que la Presidencia italiana ha solucionado una de las crisis más graves que estaba bloqueando la vida de Europa y que podía interrumpir la continuidad y el camino necesarios para que la Unión siguiera adelante. 
En este momento, podemos tranquilamente infravalorar el problema de la EEB porque se ha resuelto; podemos tranquilamente pensar que, como dijo el Sr. Green, se ha logrado una solución de carácter político-institucional. 
Ciertamente, Señoría, sólo se ha alcanzado una solución político-institucional, en el profundo respeto de la salud de los consumidores y de los derechos de los Estados europeos de no someterse a un bloqueo cuyos fines no coincidían con los que se propuso la solución del problema específico al que iba dirigido y, por consiguiente, se ha superado una crisis cuyas consecuencias habrían sido terribles para Europa. 
Estos son, a mi entender, hechos importantes y estoy convencido de que crisis como éstas se van a repetir cada vez menos en Europa, porque a través de la Presidencia italiana se ha hallado una solución que no ha ofrecido satisfacciones a quien puso vetos o a quien utilizó la crisis para otros fines y, ciertamente, también se ha puesto de relieve- cosa que no es un problema del semestre italiano- que sin grandes reformas institucionales y sin un gran salto hacia delante de las Instituciones europeas, muy difícilmente podrá haber una continuidad de la política en Europa. 
Por consiguiente, dentro de los límites de los aspectos institucionales, dentro de los límites del marco en el que nos movimos, hemos ofrecido una gran contribución para superar uno de los problemas más difíciles. 
Deseo también subrayar que no pueden olvidarse las soluciones alcanzadas durante este semestre: Europol, las decisiones referentes a la extradición y al racismo, las decisiones relativas a la ampliación, el caso de Eslovenia, así como toda una serie de soluciones que se lograron inesperadamente. 
Tal como se ha recalcado, es evidente que existen dos aspectos que no fueron resueltos y que deberán abordarse en el futuro. El primero es el problema del Mediterráneo. 
Creo que la controversia entre Grecia y Turquía, que bloqueó el programa MEDA, es un hecho gravísimo, habida cuenta de que no puede existir una Europa segura sin un Mediterráneo seguro. 
Deseo también añadir, sin embargo, que al margen de la Conferencia de Florencia, y a fin de solucionar dicha controversia, reunimos a los representantes del primer ministro turco con los representantes de todos los Estados europeos incluyendo, por consiguiente, a los representantes griegos y emprendimos un serio trabajo para estudiar la cuestión en sus mínimos detalles. 
A dicho fin, y dado que es fundamental, próximamente voy a estudiar en profundidad el asunto a través de contactos con ambas partes. 
No debemos pensar que esta situación bloquea únicamente la financiación en favor de Turquía, pues, toda la política relativa al Mediterráneo meridional- incluyendo, pues, el problema palestino y el problema de las relaciones con los países más desfavorecidos del Mediterráneo- está paralizada en este momento. 
Debemos seguir adelante en esta vía. Desde este punto de vista, deseo manifestar, sin embargo, que el compromiso de la Presidencia italiana fue un compromiso que superó los límites institucionales que teníamos. 
El segundo gran problema es el del empleo. 
Comparto plenamente la sensación de insatisfacción a la vista de la solución de este problema. 
Sin embargo, también coincido en que esto forma parte de la necesidad de construir sistemas institucionales que hagan posible una política económica a escala europea. 
No podemos aislar el desempleo del conjunto de las otras grandes decisiones. 
Personalmente, creo que debían aceptarse, incluso dentro de los límites actuales, las propuestas del Presidente Santer que suponían un avance. 
Todos sabíamos que eran propuestas mínimas- 1.000 millones de ecus, en obras públicas a escala continental no representan, como es obvio, una solución- pero iban en una dirección correcta. 
El Presidente sabe lo mucho que intentamos apoyar su posición, no sólo por respeto hacia su persona, sino sobre la base del convencimiento real de que éste era un nuevo camino a emprender. 
Sin embargo, creo que no debemos detenernos, porque, a pesar del bloqueo, hay 13.500 millones de ecus de Fondos estructurales que van a aliviar los problemas del desempleo y existe el compromiso de paliar los problemas de las regiones más desfavorecidas. 
Existe una acción comunitaria que se está poniendo en marcha al respecto y que todavía no puede ser orgánica, ya que faltan los aspectos institucionales. 
Tenemos que seguir adelante con esta alternancia de buena voluntad y de cohesión de la Unión Europea para llevar adelante esta antorcha. 
Estimo que hemos entregado a Irlanda muchas soluciones y también medias soluciones, que en este caso no significan resignación, pues las medias soluciones implican enfocar los problemas para el futuro. 
Creo que los encuentros que vamos a celebrar en Dublín, hacia la mitad y al final del próximo semestre, dejarán ver los frutos de las semillas que plantamos en este semestre. 
El trabajo de la Unión Europea, repito, es un trabajo continuo que no puede medirse de forma fragmentaria, sino a través de los objetivos que nos fijamos a largo plazo. 
En su semestre, Italia no perdió la brújula ni el rumbo del camino a seguir, ya que lo persiguió con tenacidad y con fuerza. Ha conseguido unos resultados halagüeños en cuanto al hipotético desmoronamiento de la solidaridad europea y ha sembrado, por el contrario, en lo referente a la parte activa de la política económica a perseguir. 
Vamos a continuar en esta dirección. Como miembros de la troika apoyaremos a Irlanda a fin de afrontar el problema del Mediterráneo y los problemas del empleo. 
Creo que conseguiremos frutos sólo cuando la Conferencia Intergubernamental finalice sus trabajos, porque sólo entonces podremos decir que tenemos unas Instituciones que nos permiten una acción a largo plazo. 
Dentro de los límites impuestos, creo que hicimos un buen trabajo, a pesar de que comprendo la insatisfacción de los que pensaban que se podía ir más deprisa en lo referente a la consecución de una unidad europea más estrecha, así como de las estrategias económicas que nos permitan actuar conjuntamente. 
Señor Presidente, quisiera agradecer, a mi vez, a todos cuantos han intervenido en el debate y muy en particular a quienes han hecho una contribución muy directa a la acción de la Comisión Europea en pro del empleo y más en particular al pacto de confianza que tuve ocasión de exponer aquí. 
Comprendo en cierto modo la decepción, o la insatisfacción, de unos y otros respecto de los graves problemas que hubimos de examinar en el Consejo Europeo de Florencia y yo habría podido ser el primer defraudado en aquel momento. 
Pero quiero decir a Sus Señorías por qué el Consejo Europeo de Florencia dio, de todos modos, determinadas orientaciones que van en la dirección idónea y, en particular, en relación con el pacto de confianza por el empleo. 
En Estrasburgo, en el último período de sesiones del Parlamento, antes de Florencia, dije ante Sus Señorías que me habría gustado precisamente que Florencia fuera para el empleo lo que Madrid había sido para la moneda única. 
Pues bien, en Florencia se celebró por primera vez desde 1993, año en que se aprobó el Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, un debate a fondo sobre el empleo y sobre todas las acciones que debemos llevar a cabo. 
Y no fue ése uno de los menores méritos del Consejo Europeo de Florencia, porque no se deben pasar por alto las orientaciones que adoptó en pro del empleo. 
El pacto de confianza que expuse ante Sus Señorías no consiste sólo en la financiación complementaria de las redes transeuropeas. 
Es un conjunto de medidas encaminadas a promover, mediante diferentes acciones, el empleo en conjunto. 
Si Sus Señorías releen las conclusiones del Consejo Europeo, verán que en Florencia se conservó y confirmó el nudo, el núcleo, de nuestro pacto de confianza. 
La misión del Consejo Europeo no es la de adoptar decisiones sobre asuntos precisos; da orientaciones al Consejo de Ministros, que es el encargado de ejecutarlas. 
En las conclusiones de la Presidencia, pide al Consejo de Ministros que «acelere la labor para la aprobación del estatuto de la sociedad europea y del marco jurídico para los inventos biotecnológicos». 
Eso fue lo que yo pedí en el pacto de confianza. 
Y lo confirma. 
Además, el Consejo Europeo pide al Consejo de Ministros que «apruebe el nuevo plan de acción para las pequeñas y medianas empresas antes de 1996». 
Eso fue exactamente lo que yo reclamé, a saber, que se aprobara ese plan de acción antes de 1996. 
Después dice: » El Consejo aprueba las prioridades de utilización de los márgenes disponibles para el apoyo de las políticas estructurales, para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, junto con el Banco Europeo de Inversiones, y para el apoyo a las iniciativas locales en materia de empleo». 
Eso fue exactamente lo que yo pedí. 
Los márgenes disponibles mencionados antes por el ministro Dini, es decir, 13.500 millones, se emplearán en nuestras acciones estructurales, mediante los Fondos estructurales, con vistas a la creación de puestos de trabajo y también para el apoyo de las iniciativas locales. 
Además, el Consejo Europeo pide a cada uno de los Estados miembros que seleccione regiones y ciudades que podrían participar en proyectos experimentales relativos a TAC territoriales y locales para el empleo. 
Eso es exactamente lo que figura en el pacto de confianza, lo que nosotros pedimos y lo que el Consejo Europeo de Florencia confirmó. 
Por tanto, hay que ver ese asunto en su conjunto y no aislar una u otra acción, El Consejo Europeo de Florencia dio orientaciones muy precisas. 
Y el de haber sabido apoyar en su conjunto todas las acciones de la comunicación de la Comisión no fue uno de los menores méritos de la Presidencia italiana. 
Hay que evaluar ese resultado en su conjunto y no aisladamente. 
En eso el Consejo Europeo de Florencia representa un avance en nuestra marcha hacia la reducción del desempleo, con vistas a la creación de puestos de trabajo, para apoyar el crecimiento, para mantener el rumbo hacia la Unión Económica y Monetaria. 
Lo único que lamento- como todo el mundo: el Presidente Prodi acaba de hacerse eco de ello- es que no se adoptaran las decisiones relativas a la financiación complementaria de las redes transeuropeas. 
Pero se avanzó en el debate y me complace mucho que el Presidente Prodi consiguiera mantener en sus conclusiones las propuestas que yo hice a ese respecto. 
Tal vez faltara tiempo para profundizarlas, pero quiero subrayar el compromiso contraído en el Consejo Europeo, en Florencia, por la Presidencia irlandesa, con vistas a apoyar dichas propuestas. 
Sus Señorías tendrán oportunidad de examinar el programa de la Presidencia irlandesa, pero, como ayer estuve en Irlanda, puedo decirles que la Presidencia irlandesa tiene la voluntad muy firme de poner fin a los debates en el Consejo de Ministros de Hacienda para que se pueda ultimar definitivamente el plan de financiación de las catorce redes prioritarias en poco tiempo bajo la Presidencia irlandesa. 
Así, pues, aunque todo el mundo no esté enteramente satisfecho de todos los puntos que figuraban en el orden del día del Consejo Europeo, hay que reconocer sin duda que la cumbre de Florencia mantuvo el rumbo y eso es lo esencial. 
En política, a veces hay que razonar desde el punto de vista de opciones diferentes. 
¿Cuál habría sido la otra opción, si no hubiéramos resuelto la crisis de las vacas locas? 
¿Cuál habría sido la otra opción, si no se hubiera aprobado, en lo esencial, el pacto de confianza sobre el empleo? 
Así, pues, el Consejo dio una orientación muy decidida para el futuro. 
Ahora debemos trabajar sobre la base de las decisiones y orientaciones adoptadas y que no son poca cosa, como verán Sus Señorías al releer las conclusiones de la Presidencia. 
A todos cuantos están en parte decepcionados o insatisfechos he de decirles que en política de lo que se trata tan sólo es de aceptar desafíos, de no quedarse con los brazos caídos, sino conservar cierta tenacidad para poder avanzar. 
En efecto, somos muy conscientes de que el problema del desempleo, tal como existe- y lo lamentamos, naturalmente, dado que sigue siendo nuestra primera prioridad- no se resuelve mediante una decisión de un Consejo Europeo en Florencia. 
Es una operación que hay que poner en marcha y pedimos a todos que participen en ella. 
En todo caso, puedo asegurar a Sus Señorías, como Presidente de la Comisión, que ésta seguirá luchando para que se alcancen los objetivos que Sus Señorías han apoyado. 
Tan sólo espero de cada uno de Sus Señorías que no se quede con los brazos caídos, sino que nos apoye en los esfuerzos que debemos desplegar ante nuestros ciudadanos, pero también ante nuestros Gobiernos. 
A fin de cuentas, podemos ver perfilarse cierta progresión al final de nuestra marcha. 
En todo caso, el Consejo Europeo de Florencia- y no fue éste uno de los méritos menores de la Presidencia italiana- supo mantener ese rumbo de forma correcta y decidida y, como Presidente de la Comisión. me congratulo de ello. 
Señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, el debate ha tomado un cariz algo raro, ya que parece que todos debemos emitir un juicio sobre la actuación de la Presidencia italiana, si actuó más o menos correctamente. 
Éste no es el lugar ni la cuestión ni el tema principal. 
Aquí el debate se refiere a las cosas que avanzan o no avanzan en la Unión, y cada Cumbre registra diferentes grados de avance. 
Recuerdo dos Presidencias muy recientes, de Estados muy importantes, de las que no se recuerda nada, porque no hicieron casi nada. 
Ésta es la cuestión. 
La cuestión es que debemos evaluar en qué contexto estamos actuando. 
Me parece que estamos actuando en un contexto de crisis bastante seria de la Unión, que impide seguir adelante con la rapidez suficiente respecto a las cuestiones relativas a la Conferencia Intergubernamental e impide asimismo adoptar decisiones sobre asuntos relevantes que figuran en el orden del día no sólo un mes antes de Florencia, sino desde hace tres o cuatro años. 
Es desde hace tres o cuatro años que estamos debatiendo sobre el empleo y han habido numerosos intentos. 
Deseo recordar que el Presidente Delors elaboró un importante trabajo sobre esta cuestión, que el Parlamento debatió en múltiples ocasiones. Desde hace seis o siete Consejos Europeos, el tema está encima de la mesa y no se afronta. 
Entonces hablemos de esto: ¿cómo es posible? 
¿Por qué sucede esto? 
Pienso que no es culpa de la Presidencia italiana que, por otra parte, celebró en Roma la Conferencia Tripartita y consiguió resultados alentadores. 
Si la Cumbre sobre el empleo no alcanzó grandes resultados, lo cierto es que estamos muy sensibilizados en lo referente a esta cuestión. 
Por otra parte, también el Presidente Dini, hace algunos meses en Estrasburgo confió- y nosotros le creímos, dado que no pongo en duda su buena voluntad- en que la Cumbre de Florencia podía dar un impulso. 
Evidentemente, se han encontrado algunos obstáculos. 
Permítanme decir que en este Parlamento todo va mejor cuando no existe un acuerdo entre los Gobiernos respecto a cuestiones tan importantes. 
La única cuestión es decirlo, no hay nada de malo en ello y, quizás, un día lograremos saber en este Parlamento por qué no hay acuerdo, cuáles son las razones, quién no está de acuerdo y cuáles motivos, incluso admisibles, aduce para tomar un camino u otro. 
Hasta que no llevemos a cabo un debate de este tipo, no vamos a solucionar gran cosa. 
Y dejemos espacio para alguna referencia demagógica y simplificación que se vislumbra en este Parlamento en ocasiones como ésta. 
Por consiguiente ¿por qué no avanza la cuestión del empleo? 
Personalmente, considero que en el Consejo siguen dominando los Gobiernos y las fuerzas que consideran que la Unión no es competente para intervenir en la economía de forma efectiva. 
Se trata de una cuestión política de fondo: o se resuelve esta cuestión o seguiremos celebrando debates como éste, cualquiera que sea la Presidencia. 
¡Éstas son las verdaderas cuestiones! 
La idea de que será el mercado el que la va a solucionar- y, por el contrario, el mercado no piensa en ella- debe cambiarse y éste es el resultado de una batalla política. 
Hace falta construir las redes, pero no en veinte años, acelerar la difusión de la sociedad de la información, tal como estaba previsto en el Libro Blanco de Delors, reformar la organización del trabajo, financiar la investigación común, apoyar las pequeñas y medianas empresas y apoyar, en particular, el Pacto de Confianza propuesto por la Comisión, sin embargo, estas cosas no avanzan ni en todo ni en parte. 
Habida cuenta de que debatimos tanto, quiere decir que se considera que no se debe avanzar. 
No obstante, hay que tener cuidado, porque el nuevo Tratado deberá ser aprobado por los ciudadanos y no bastará el acuerdo de los gobernadores de los bancos centrales. Si las cosas siguen así, podemos provocar una reacción de rechazo. 
Por último, deseo manifestar que aprecio y apoyo el esfuerzo de saneamiento del Gobierno italiano: 50.000 millardos no son pocos, es un esfuerzo significativo y difícil, sin embargo, no cabe duda de que el Gobierno está preocupado por unir saneamiento con posibilidades de desarrollo. 
Esto es lo que Europa no está haciendo. 
Y si Europa continúa así, será más difícil también en Italia llevar hacia adelante el proyecto político que la caracteriza. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con las últimas palabras del Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Prodi, cuando ha dicho lo importante que ha sido para la Presidencia italiana el resolver la cuestión del bloqueo británico. 
A mí me parece que no hay que minimizar la importancia de ello, y creo que el Gobierno del Sr. Prodi ha actuado con finura, con eso que los italianos llaman finezza. 
Por ello mi Grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo, le felicita y, en ese sentido, vamos a presentar una enmienda a la propuesta de resolución común. 
Porque creo que, en la solución que se ha encontrado, no se ha perdido de vista lo esencial. 
Yo tengo un amigo que dice que lo que distingue a las personas inteligentes de aquéllas que no lo son es que saben distinguir lo principal de lo accesorio. 
Y la Presidencia italiana ha distinguido lo principal de lo accesorio. 
Lo principal es la salud de los consumidores europeos- que estaba en peligro- y la vamos a seguir defendiendo. 
Por eso, mi Grupo apoya fervientemente la propuesta de la Comisión consistente en dar una ayuda extraordinaria a los productores afectados por la crisis de las «vacas locas». 
Creo que es una respuesta política positiva, porque muestra también la solidaridad de Europa. 
Y espero que lo entiendan también mis amigos británicos y sus conciudadanos en general. 
Al mismo tiempo, quiero salir al paso de otra especie, de un venticello, que corre también por Bruselas, y que consiste en decir que esa solidaridad ante la crisis de las «vacas locas» , pagando a los productores que han sufrido perjuicios, la van a pagar las organizaciones comunes de mercado, y singularmente las de los países del sur. 
Me parece que es un riesgo que debemos evitar, y me alegra que esté aquí el Presidente Santer porque estoy seguro de que hará uso de su autoridad para que las propuestas del Comisario de agricultura sean ecuánimes, que es lo que requiere la solidaridad con todos y la cohesión. 
También creo que de esta inaceptable crisis de bloqueo por parte del Gobierno británico tenemos que sacar una conclusión positiva, y sobre todo tienen que sacarla los Gobiernos. 
La conclusión positiva es que no podemos continuar en una Europa a 15 con la posibilidad de bloqueos, de vetos permanentes, de vetos basados en el «compromiso de Luxemburgo». 
No es posible porque así no conseguiremos progresar en la construcción europea. 
Pensemos en esta situación a 15 e imaginemos lo que puede ser esa situación en una Europa a 20 o 25. 
Por eso, la Conferencia Intergubernamental tiene que decidir sobre ese tema. 
Y por eso también llamo la atención de la Presidencia sobre las resoluciones del Parlamento Europeo, que creo que, en este tema, dan una solución equilibrada. 
Pero esa finezza, de la que decía antes ha hecho gala la Presidencia italiana, no la ha aplicado en otro tema. 
Me gustaría decírselo al Sr. Prodi personalmente, pero, como no está, se lo digo a ustedes para que se lo transmitan. 
Yo creo que el Sr. Prodi ha hecho referencia al terminar su intervención a De Gasperi y a Spinelli. 
Pues bien, yo creo que De Gasperi y Spinelli, que eran dos grandes italianos y dos grandes europeos, hubieran desaprobado toda esa controversia entre el Sr. Prodi y el Comisario Monti. 
Porque creo que es una controversia mala, que desconoce cuál es la esencia misma de la Comisión Europea, formada por Comisarios independientes que deben velar solamente por el interés de la Comunidad. 
Pero, en fin, estamos todavía a tiempo para remediarlo. 
Y permítanme acabar diciendo otra cosa. 
Las negociaciones de ampliación son importantes, las apoyamos y apoyamos el comunicado final. 
Pero el comunicado final también dice «ampliación sí, si la Conferencia Intergubernamental tiene resultados positivos». 
Si no tiene resultados positivos, hacer cualquier tipo de ampliación es una locura. 
Señor Presidente, a partir de hoy dejamos atrás el semestre de Presidencia italiana; dejamos atrás Florencia y sus no-decisiones, o sea la decisión de no decidir, de aplazarlo todo para octubre en Dublín. 
Sin embargo, en esa fecha no será Italia quien estará al frente de Europa. Italia no volverá a presidir la Unión Europea si no dentro de siete años y medio y deberá dejar en manos de Irlanda y de Luxemburgo, las Presidencias que nos van a suceder, la solución de los problemas mediterráneos: agricultura, empleo, pequeñas y medianas empresas, turismo. 
Sin embargo, habida cuenta de que nuestra visión debe ser europea y no sólo nacional, reconocemos a la Presidencia italiana algún resultado significativo: Europol, la lucha contra el racismo y la xenofobia y, sobre todo, la solución de la crisis de las vacas locas, respecto a la que el trabajo de este Parlamento obtuvo un indudable, significativo y concreto resultado. 
Por consiguiente, miramos sobre todo hacia Turín, es decir al momento en el que se inauguró la Conferencia Intergubernamental, o sea la reforma del Tratado que el tiempo y las condiciones comunitarias han dejado parcialmente atrás. 
Es sobre todo al ministro Dini a quien miramos como único representante acreditado de los dos Gobiernos que sirvieron de puente para las elecciones políticas italianas, que coincidieron con la mitad de la Presidencia, condicionándola fuertemente. 
Al ministro Dini, en su calidad de responsable de la cartera de Exteriores, pedimos una continuidad en la búsqueda de los objetivos europeos, sin lugar a dudas acertados, que la Presidencia italiana se propuso en su día. 
Por lo tanto, a los amigos irlandeses entregamos con confianza ese plan de trabajo cuyo cumplimiento acercará a los ciudadanos a las Instituciones europeas. 
Irlanda ya no deberá ocuparse de las vacas locastambién porque la carne irlandesa es tan buena como la italiana- y, en consecuencia, gozará de mayores fuerzas para destinar a la construcción de la casa común europea. 
A Italia y a su actual Gobierno tal vez les queda el pesar de haber perdido una vez más alguna oportunidad, que podrán paliar en cierta medida colaborando con lealtad con el Presidente Santer y con la próxima Presidencia. 
Señor Presidente, hay algo de repetitivo en nuestros debates semestrales. 
Debemos manifestar que, efectivamente, Italia presidió bien el semestre, a pesar de la debilidad achacable a las elecciones políticas, tal como les pasó a Alemania y Francia antes que a nosotros y con consecuencias similares. 
En realidad, en esta gestión ordinaria de las cuestiones de Europa, Europa se está apagando. 
Debemos conseguir dar un paso adelante en la negociación política de las cuestiones que entraña la integración europea, pues la moneda única requiere un poder federal supranacional en materia de política económica, porque los problemas del desempleo tienen la misma importancia que los que entraña la estabilidad monetaria. La política exterior de Europa no existe y lo pudimos comprobar en Bosnia y seguimos haciéndolo en lo referente al Este europeo; los problemas de la ampliación y de la OTAN son problemas que requieren decisiones políticas de primera magnitud, respecto a las que vamos a la zaga de Estados Unidos y no conseguimos expresar una voluntad europea. 
En definitiva, nos haría falta esa supranacionalidad que en Europa no existe, pues, a pesar de que los Gobiernos desempeñan su propio papel, no consiguen impulsar el proceso y me temo que la Conferencia Intergubernamental será una de las más decepcionantes, quizás la más decepcionante de todas las ya celebradas. 
A lo mejor, y algún día debería ser objeto de debate, hubo un error en lo referente a la ampliación y a la falta de adecuadas condiciones políticas aptas para realizarla. 
Hoy, en el fondo, nos mantenemos dentro de un ámbito esencialmente económico y comercial que es demasiado limitado para los problemas de Europa. 
Quizás sería más oportuno decir: mejor una Europa más reducida, pero más europea y más supranacional, que una Europa inmensamente amplia que no puede encarar ninguno de los grandes problemas internos e internacionales que está obligada a afrontar. 
Señores Presidentes, estamos muy preocupados, porque nos parece que esta Europa, esta integración europea, tal como se presenta, sigue muy ajena a los problemas que se plantean y a la gravedad de una crisis que afecta a Europa, una crisis social y política. 
¿Cómo puede usted, señor Presidente Prodi, hablar de esta integración europea como si se tratara de una aventura humana, política e intelectual? 
Si miramos atentamente esta integración europea, este concreto camino hacia la moneda única, debemos constatar que se ha llevado a cabo sin democracia y que hoy esta integración económica va unida cada vez más a una crisis, que es una crisis de la propia cohesión social en muchos Estados miembros y en Europa en su conjunto. 
Existe una infravaloración en los discursos que se escuchan en torno a este tema. 
Cuando el Presidente Prodi parece que halla la confirmación de la gravedad de esta crisis diciendo que el desempleo pone en peligro el progreso europeo, hace una afirmación importante y comprometida. 
Sin embargo, señor Presidente, ¿cuál es este riesgo? 
¿Se debe a alguna desgracia y a alguna causa natural? 
Sé perfectamente que los procesos de mundialización de la economía plantean difíciles problemas para el empleo en Europa, pero hay que formular una pregunta ineludible: ¿qué relación de causalidad existe entre esta integración europea y el proceso de desempleo? 
¿Cómo se puede, señor Presidente, alardear de una continuidad con las Presidencias anteriores y esperar una futura continuidad por parte de las nuevas Presidencias, cuando existen 18 millones de parados oficiales y 10 millones sin registrar, cuando es obligatorio preguntarse si existe una relación entre Maastricht y esta tasa de desempleo, y si hay una relación entre las políticas nacionales que endurecieron la cuestión del saneamiento del presupuesto y esta tasa de desempleo? 
En contra de la opinión- opinión crítica- casi unánime de los observadores ¿cómo puede hablarse positivamente de Florencia? 
¿Como puede hacerse, rechazando las manifestaciones de las Sras. Green y Roth que ustedes pudieron escuchar aquí y que francamente me parecen incuestionables? 
Señor Presidente Santer, ¡los que hablan son los hechos! 
Ni siquiera su pálido intento de proponer un Pacto de Confianza fue aprobado, al igual que tampoco se aprobó la financiación de las redes transeuropeas. Al respecto, el Presidente Dini manifestó con honestidad intelectual que lo impidieron las exigencias de saneamiento presupuestario. 
Por consiguiente, no se llevan a cabo ni siquiera acciones de política económica anticíclica, mientras aparecen los peligros de recesión que corren el riesgo de desembocar en un dramático empeoramiento del desempleo. 
Entonces ¿cómo es que no se alcanza a ver que el problema se plantea en términos dramáticos y sin solución de continuidad? 
No existe una política anticíclica y menos aún la posibilidad de intervenir innovando el modelo de desarrollo; ni siquiera se menciona el problema de la reducción del horario de trabajo, a pesar de que se plantea tímidamente en el informe Rocard, aunque el problema debería proponerse con una urgencia y un dramatismo absolutos; no se habla de proyectos medioambientales, a pesar de que se constata que el crecimiento ya no es capaz de dar una respuesta a los problemas del empleo que, por el contrario, la recesión agrava dramáticamente. 
Los problemas de la cohesión se nos plantean en términos ineludibles. 
El consenso de los pueblos, en el conjunto de los Estados y en cada Estado, está en alerta. 
También usted, señor Presidente Prodi, puede oír al mayor sindicato de su país hablar con preocupación de las políticas económicas. 
Los sindicatos de toda Europa, que ciertamente no son organizaciones extremistas, se cuestionan críticamente este proceso de integración europea. 
Hay que cambiar de rumbo, aunque nosotros no oímos mencionar, tampoco en las declaraciones de hoy, esta posible elección. 
Señor Presidente, un Gobierno como el del Presidente Prodi, titular de un proyecto de innovación global, habría podido renunciar a la ya vieja costumbre optimista de formular las conclusiones de los semestres de Presidencia. 
Deseamos expresar ante este Parlamento nuestra insatisfacción por el balance del Consejo Europeo de Florencia y, en general, por el semestre que acaba de finalizar. 
Primero: la crisis del empleo, que el Consejo de Florencia dejó igual que antes, no es reciente, pues, desde hace más de veinte años la Unión Europea, tras la primera crisis del petróleo, tiene ante sí el dilema de cómo solucionar el problema del desempleo estructural y al mismo tiempo el de la calidad de vida. 
Seis Consejos Europeos anunciaron a la opinión pública grandes soluciones: es un verdadero engaño que el Consejo Europeo de Florencia haya descargado la responsabilidad sobre el Ecofin que hace seis años bloquea las decisiones. 
Segundo: en Florencia, la Presidencia italiana se presentó ante la Conferencia Intergubernamental con una propuesta de mandato y un calendario reducidos, en contra de la solicitud de aceleración de franceses y alemanes. 
Nos queda la esperanza de que ahora el Gobierno italiano, libre de los oropeles y pesadillas de la Presidencia, desempeñe un papel impulsor implicando, por fin, también a la opinión pública. 
Por último, una pregunta: ¿puede hoy el Presidente Prodi reiterar el solemne compromiso, adquirido en su día por la ministra Susanna Agnelli, de que Italia subordinará su voto favorable a las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental, sólo si las mismas son aprobadas por el Parlamento Europeo? 
Respecto a este punto, ruego al Presidente Prodi una respuesta clara. 
Señor Presidente, aun reconociendo las iniciativas de la Presidencia italiana, debo decir que no soy demasiado optimista. 
Diré simplemente que Florencia, en la esfera social, resulta muy decepcionante. 
Se nos dice- en el fondo, para rechazar el pacto de confianza por el empleo- que la Unión Europea no es el mejor marco para luchar efectivamente contra el desempleo. 
Pero al mismo tiempo, si bien la cuestión del empleo sigue siendo competencia exclusiva de los Estados, ya vemos los resultados obtenidos en los balances. 
En nuestra opinión, es necesario aunar esfuerzos efectivamente. 
Por otra parte, se nos dice que el extraordinario potencial que entraña la sociedad de la información va a permitir resolver en gran parte el desempleo. 
Pasa a ser la panacea universal. 
Pero, en fin, sabemos perfectamente que en esta sociedad no va a haber sitio para los veinte millones de desempleados de la Unión. 
Se va a considerar irrecuperables a los del textil, de la siderurgia, de los astilleros, del automóvil, de la construcción y de las obras públicas y otras industrias. 
En la batalla que se riñe en torno a la mundialización, habrá ganadores y perdedores. 
Hoy Europa tiene tendencia a perder sus puestos de trabajo, en el futuro tal vez su alma y su cultura. 
Europa puede conocer rápidamente una forma de decadencia peligrosa. 
Sé que los márgenes de maniobra del Presidente Santer son limitados, pero le pido que persevere en sus gestiones para que diga también a los Gobiernos de los países de la Unión que no basta con que se reúnan y dejen constancia del drama que constituye el desempleo para millones de ciudadanos europeos, hay que actuar y hay que hacerlo rápido. 
Eso habría podido decirlo aquí, en el momento en que se entierran las grandes obras propugnadas por el Libro Blanco. 
Sin embargo, Europa tiene bazas y puede volver a dar confianza a los pueblos que dudan. 
En materia de empleo, queda mucho por hacer y creo que hay al menos tres ámbitos en los que se deben adoptar medidas. 
En primer lugar, la investigación y la innovación tecnológica. 
Por consiguiente, el programa debe abarcar todas las ramas de la industria, las PYME, las PYMI y, muy en particular, las que son víctimas de los traslados de otras empresas. 
En segundo lugar, la política industrial en ningún caso puede orientarse hacia la gestión del declive, sino hacia una estrategia de conquista y de empleo. 
En ese marco, se deben atribuir los Fondos estructurales de forma diferente. 
Y, por último, se debe poner la moneda única al servicio del empleo y no al servicio de los mercados. 
Señor Presidente, el informe del Consejo y la declaración de la Comisión sobre la reunión de Florencia y el tema del empleo y el crecimiento, adolecen sencillamente de concreción. 
Las promesas no se aplican y este abanico de cuestiones, si se analiza con atención, no ha sido objeto de nuevas resoluciones. 
Lo que quedan son requerimientos del Consejo a los Estados miembros y, si se analizan estos en detalle, se puede ver que no todas las propuestas son adecuadas para elevar el empleo. 
Pienso, por ejemplo, en el requerimiento del Consejo a los Estados miembros para que apliquen las directivas sobre la adjudicación de contratas públicas. 
La aplicación no aporta nuevo empleo sino que a lo sumo desplaza a nivel regional las cifras de desempleo. 
El auténtico problema, detener el creciente desempleo derivado de la decreciente competitividad de la economía europea respecto a los EE.UU. y al área económica asiática, mediante la creación de unas condiciones marco que fomenten la competencia en los Estados miembros, no se ha discutido en Florencia y mucho menos se han adoptado medidas. 
Ni siquiera se ha podido acordar la puesta a disposición de un marco financiero adecuado para el tercer programa plurianual en favor de las PYME. 
Se apela a los Estados nacionales para que apliquen medidas, tal como usted, señor Presidente del Consejo, también ha hecho. 
Pero el Consejo es la suma de los Estados nacionales. 
Se plantea la cuestión de las necesarias iniciativas, pues en tanto los Estados miembros no tengan la voluntad o estén en situación de crear unas condiciones marco económicas que impulsen a las personas con iniciativa a crear nuevas empresas y establezcan las condiciones previas para que las empresas ya existentes puedan mejorar su competitividad internacional, todas las medidas adoptadas a nivel europeo no crearán más empleo sino que a lo máximo, ocasionarán desplazamientos de puestos de trabajo dentro de la UE. 
Señor Presidente, a esta altura del debate tengo un poco de miedo de que la Presidencia italiana considere que estamos castigándola injustamente. 
No es así. 
Yo creo que la intervención del Sr. Colajanni fue muy clara. 
La Presidencia italiana ha hecho un enorme esfuerzo en condiciones muy difíciles. 
Pero yo diría que a la Presidencia italiana le ha tocado, en este caso, » bailar con la más fea». 
Le ha tocado «bailar» con un Gobierno loco que crea una crisis, que deja que una epidemia se desarrolle, que admite que esa epidemia puede afectar a los seres humanos y que, después de admitir que puede afectar a los seres humanos, resulta que la culpa la tenemos los otros 14 Estados de la Comunidad Europea. 
Y esto ha hecho que el Gobierno italiano haya tenido que centrarse en ese problema, que es un problema real, pero que ha condicionado los resultados del Consejo Europeo. 
Como consecuencia de esto, el Consejo Europeo de Florencia, por desgracia, no ha terminado en un buen resultado. 
Solamente hay un punto en que el Consejo de Florencia ha marcado un avance, que es el tercer pilar. 
Y yo felicito a la Presidencia del Consejo por este resultado, concretamente por el Convenio europeo sobre extradición, que va a permitir luchar eficazmente contra el terrorismo. 
Es un gran éxito y felicito a la Presidencia italiana por ello. 
Y también hay que felicitarla por haber desbloqueado el Convenio sobre Europol, aunque lamentamos que, también como consecuencia de la actitud intransigente de un solo Gobierno, no se haya resuelto el problema de la jurisdicción, por lo que nos podemos encontrar con dificultades. 
Y, en un terreno muy parecido a éste, también debemos felicitarnos por la creación del Observatorio sobre el racismo, que será un elemento importante para luchar contra el racismo. 
Pero en lo demás, por desgracia, el Consejo Europeo de Florencia va a ir asociado a fracasos: en el avance de la Conferencia Intergubernamental; en el avance del Libro Blanco de Delors sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo; en el pacto de confianza del Presidente Santer, que ha hecho también un gran esfuerzo que debe ser reconocido aquí; en las redes transeuropeas de transporte, con la modificación de un acuerdo de conciliación al que se había llegado; en los programas plurianuales para el desarrollo de las PYME; en los programas plurianuales de ayuda a la investigación; en las perspectivas financieras y en el programa MEDA. 
En definitiva, señor Presidente, yo quiero agradecer, en nombre del Grupo Socialista, la gran labor que ha hecho la Presidencia italiana en un espacio muy reducido de tiempo y ante enormes dificultades. 
Pero, desde este Parlamento, yo diría que el sentir unánime es que el Consejo Europeo de Florencia no ha supuesto un paso adelante sino un retroceso, o, por lo menos, una fase de paralización que manifiesta una crisis de la Unión. 
Y si no salimos de esa crisis, la Unión Europea, en definitiva, no seguirá adelante en el terreno político. 
Señor Presidente, deseo adherirme brevemente a algunas de las observaciones realizadas por oradores anteriores, concretamente las relacionadas con la valoración de la Presidencia italiana del Consejo. 
En el pasado hemos realizado en esta Asamblea algunas observaciones críticas al respecto. 
Pero si ahora, al cabo de seis meses, extraemos balance y comprobamos que algunas directivas importantes que en el pasado nos han ocasionado grandes dificultades, se han aprobado ahora bajo la Presidencia italiana o al menos se ha alcanzado una posición común, tenemos que revisar algunas de nuestras críticas y reconocer que el Gobierno Dini y Prodi ha adoptado unos buenos preparativos y demostrado una buena capacidad de imponerse en una serie de asuntos. 
A veces somos injustos con estas Presidencias del Consejo de seis meses. 
Una Presidencia del Consejo solamente podrá tener éxito si recoge pases largos, pero si no se le envían tales pases es difícil meter un gol. 
Creo que debe tenerse en cuenta esto para hacer una valoración correcta. 
Me parece que un resultado especialmente positivo de la cumbre de Florencia es que se haya acordado allí politizar la Conferencia Intergubernamental. 
No olvidemos que existía el peligro de que se convirtiese en un acontecimiento tecnocrático. 
Bajo la Presidencia del Sr. Prodi se acordó introducir en Dublín una cumbre especial. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se ocuparán entonces de esta cuestión en turnos trimestrales, es decir, en octubre y en diciembre, lo que facilitará que los asuntos se ataquen políticamente a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores y de enviados especiales y que no se pierdan en cuestiones técnicas de detalle. 
Así surgirá la presión para elaborar proyectos para esta cumbre, aspecto que creo no podemos valorar lo suficientemente. 
Lo importante es que la Conferencia Intergubernamental se politiza mediante esta decisión. 
En este contexto, quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión y al Presidente Santer. 
Lo que hoy ha dicho sobre la posición de la Comisión respecto a la codecisión del Parlamento Europeo, coincide en sus puntos esenciales con la posición que la Sra. Guigou y yo hemos expuesto por escrito y oralmente en la Conferencia Intergubernamental. 
Hay detalles relacionados, por ejemplo, con el apartado 1 del artículo 129 c y algunos otros, como con el apartado 5 del artículo 103, sobre los que aún existen diferencias. 
Habrá que hablar aún al respecto. 
Pero creo que la Comisión ha realizado una inteligente diferenciación en una serie de campos, de modo ejemplar en la política agraria, entre lo que es la clásica legislación en la que la competencia debe corresponder al Parlamento, y lo que son tareas ejecutivas y administrativas, en las que el Parlamento no tiene una labor de codecisión. 
Nos hacía falta una diferenciación de este tipo y quisiera decir a la Presidencia y a la Comisión que el Parlamento Europeo desea tener capacidad de codecisión allí donde se trata de la legislación clásica. 
El Consejo debe tener claro que en su propia actividad debe diferenciar entre las tareas ejecutivas y legislativas para que sea posible la cooperación con el Parlamento. 
Creo que la Comisión ha presentado una propuesta muy razonable en base a la cual podremos mantener negociaciones en los próximos meses. 
Señor Presidente Santer, usted ha pronunciado aquí una frase de importancia trascendental: la codecisión tiene que ser la regla. 
Hablemos entonces sobre algunas excepciones y no caigamos en el approach casuístico tal como, lamentablemente, algunos Gobiernos de los países miembros están practicando en los últimos tiempos. 
Permítanme que diga aún algo sobre otro tema de la cumbre. 
Creo que la crisis de la EEB ha supuesto una ocasión extraordinaria para salir de la dinámica a que se encuentra sometida la Conferencia Intergubernamental, pues ha mostrado claramente a toda Europa que debemos elaborar un Tratado que funcione aunque exista un interlocutor destructivo. 
Los Tratados no están para regular solamente los tiempos de bonanza sino que son necesarios para poder actuar cuando existen dificultades y alguien no muestra una actitud constructiva. 
Por este motivo, el Gobierno británico, con su crisis de la EEB, ha sido de enorme ayuda para el éxito de la Conferencia Intergubernamental y creo que debemos seguir trabajando en este sentido. 
También creo que debemos mostrar claramente las auténticas dimensiones. 
Habría saludado mucho si las propuestas del Presidente Santer relativas a las RTE se hubiesen hecho realidad en la cumbre. 
No obstante, en el Parlamento Europeo no deberíamos despertar la impresión de que esto pueda ser la solución al problema del paro de 20 millones de personas. 
Las RTE son importantes medidas de infraestructura que van a aportar una mayor competitividad a medio y largo plazo. 
Tienen repercusiones solamente limitadas sobre el mercado de trabajo. 
El 97-98 % de los créditos para las RTE tienen que ser aportados por los países. 
Deberíamos concentrarnos ahora en eliminar los obstáculos de planificación y en que se pongan a disposición los créditos presupuestarios del nivel nacional. 
Además, deberíamos tomar las medidas adecuadas para evitar que un escándalo como el de la EEB nos quite una segunda vez los créditos para asignárselos a la participación europea. 
No debemos actuar como si 1.000 millones de ecus significasen que no se pueden crear las RTE. 
Los Estados miembros deben realizar ahora sus tareas para que la Unión Europea pueda realizar su necesaria aportación. 
No debemos declararnos tampoco culpables de que el paro haya llegado a tales extremos mientras las atribuciones sobre este campo sigan recayendo sobre los Estados miembros. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento y mi estima al Presidente en ejercicio italiano que ha debido presidir en unos momentos de máxima dificultad, de hecho, en unos momentos en que la Unión Europea atravesaba por una crisis institucional. 
Quisiera expresar mi agradecimiento y estima al Presidente de la Comisión, Sr. Santer, por su declaración de hoy ante el Parlamento, que es muy gratificante debido a su optimismo, su estímulo y porque es una clara muestra de su determinación. 
Lamento que el Consejo Europeo, aunque dio su apoyo político al pacto de confianza por el empleo presentado por el Presidente Santer, no consiguiera llegar a un acuerdo sobre cuestiones más importantes relativas a la financiación de las medidas propuestas por el Presidente de la Comisión, ignorando así a los 18 millones de ciudadanos europeos que tenían puestas sus esperanzas en los resultados del Consejo de Florencia. 
Creo que la Presidencia irlandesa deberá ahora dar prioridad al intento de persuadir a los Estados miembros a que aprueben el paquete de financiación para las redes transeuropeas con el fin de garantizar que éstas entren en funcionamiento cuanto antes. 
Es importante manifestar que el establecimiento de un presupuesto europeo para la construcción de dichas redes no debe hacerse a costa de los Fondos estructurales ni de la Política Agrícola Común. 
Los Fondos estructurales han demostrado ser un vehículo válido para generar crecimiento económico en las regiones menos favorecidas de la Unión. 
La necesidad de ayudar a los agricultores afectados por la crisis de la EEB viene a demostrar, una vez más, la importancia de mantener el presupuesto de la PAC a un nivel que permita financiar los actuales programas agrícolas, mientras que, al mismo tiempo, responde a situaciones de emergencia como la crisis del vacuno y la recuperación de la confianza de los consumidores en un ganado vacuno sano, y abre el mercado interior europeo a la carne libre de toda enfermedad procedente de otros Estados miembros de la Unión Europea. 
La Presidencia irlandesa deberá evitar tomar soluciones a corto plazo al problema de la financiación de las redes transeuropeas que incluyan el desvío de fondos procedentes de la PAC o de los Fondos estructurales, ya que en ambos casos deben mantenerse en su nivel actual. 
Por último, Florencia será recordada por los fructuosos esfuerzos del Presidente de la Comisión y de la Presidencia italiana para convencer al Reino Unido que levantara su veto sobre el proceso democrático institucional de toma de decisiones. 
También será recordada por la aprobación de la Europol como arma importante en nuestra determinación de cooperar en la lucha contra el crimen organizado, y todos acogemos con satisfacción el Convenio europeo de extradición. 
Señor Presidente, me pregunto qué se recordará del Consejo Europeo de Florencia dentro de seis meses. Probablemente el final, esperemos que definitivo, de la crisis de las vacas locas, una crisis que puso al desnudo la actual incapacidad de la Unión Europea de actuar persiguiendo el interés común. 
A pesar de que desde el punto de vista jurídico será el Tribunal de Justicia el que va a decidir el fundamento del embargo, desde el punto de vista dicha crisis ha demostrado, una vez más, la incapacidad de tomar decisiones que ya conocimos en otras ocasiones y en circunstancias más graves, como el conflicto de la antigua Yugoslavia. 
Sin embargo, la decepción de Florencia no termina aquí, dado que muy poco se dijo respecto al problema del desempleo y, por lo que se refiere a los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, la escasez de los resultados queda reflejada sólo con leer las conclusiones difundidas por la prensa. 
Por suerte, respecto a algunas cuestiones como Europol y el Convenio sobre el cruce de fronteras, parece que estamos saliendo del túnel. 
Por lo que se refiere a la Unión Económica y Monetaria, en Florencia se confirmó la fecha del 1 de enero de 1999, prevista en el Tratado y previamente confirmada en Madrid. 
Suscita cierta perplejidad la frase según la cual, al final de este año, no se procederá a la evaluación de las condiciones para el paso a la tercera fase, como si el Consejo Europeo considerara que tiene el derecho de modificar una obligación prevista en el Tratado y que, casualmente, implica al Parlamento Europeo. 
Me doy cuenta de que dicha evaluación puede crear malestar en mucho Estados miembros, sin embargo, no me parece una buena razón para impedir que el Parlamento Europeo cumpla su función en un apartado como el de la Unión Política y Monetaria, donde es poco más o menos que una comparsa. 
No sería generoso atribuir estas faltas sólo a la Presidencia italiana, en cuanto, en realidad, las mismas demuestran un defecto estructural de la propia Unión Europea. 
Confiemos en que llegue el momento en que nos libremos de las muchas ambigüedades y malas voluntades de los muchos que se aprovechan de Europa y no hacen nada para construirla. 
Señor Presidente, a pesar de la labor desempeñada por los Sres. Prodi y Santer, el Consejo Europeo de Florencia ha vuelto a suscitar preocupación e incluso indignación entre los trabajadores. 
Una vez más, sobraron las declaraciones y las buenas palabras sobre el desempleo. 
Sobraba hipocresía, diría yo. 
En definitiva, no se concretó ninguna medida para abordar el problema. 
No se destina ni un solo ecu al objetivo del empleo, sino que se insiste en la política de austeridad y en el completo derribo de los derechos laborales y sociales de los trabajadores. 
En relación con las «vacas locas» , se ha alcanzado un compromiso político que, rechazando de plano cualquier otra postura, pasa por alto de manera alarmante la necesidad de proteger la salud de los ciudadanos con criterios científicos. 
El Consejo Europeo de Florencia, señor Presidente, ha vuelto a respaldar el objetivo de fomentar las relaciones con Turquía sin extraer ninguna conclusión de la agresividad manifestada por este país, especialmente intensa tras la aprobación de la Unión Aduanera. 
Las constantes provocaciones en el Mar Egeo y la constante impugnación de la soberanía territorial de Grecia demuestran el tipo de solidaridad comunitaria que ofrece la Política Exterior Común y su inminente institucionalización en la Conferencia Intergubernamental. 
Creo que la preocupación es justificada, señor Presidente, y que los órganos de la Unión Europea deben tomar conciencia de ello. 
Señores Presidentes, si tuviera que definir de manera muy resumida la Cumbre celebrada en Florencia, mi ciudad, no podría decir otra cosa que: Florencia, dos pasos atrás y, señor Santer, no fue una buena Cumbre. 
El primer aspecto es el increíble lío organizado por la crisis de las vacas locas, gratificador quizás para John Major, pero no determinante para un acuerdo serio y no adecuado para facilitar la imagen que, por el contrario, se derivó del mismo, de una decisión apta para exportar fuera de la Unión Europea el problema y capaz, por el contrario, de no satisfacer a los agricultores y ganaderos, gravemente afectados por las consecuencias del suceso en la opinión pública, también y sobre todo a nivel de consumos. 
Sin embargo, si las ya de por sí insatisfactorias conclusiones sobre la crisis de las vacas locas, con el riesgo además de haber creado un significativo precedente o, de cualquier modo, de haber avalado las políticas de chantaje y de no cooperación, en calidad de pagadores, no bastaran para ofrecer una imagen negativa de la cita florentina, las no conclusiones acerca del drama del empleo en Europa, definido por el Presidente Prodi «tragedia colectiva» , han convertido la Cumbre en especialmente inútil y en un fracaso y facilitado una vez más- y es el aspecto más negativo- una imagen de Europa más que decepcionante. 
Bajo este punto de vista, son muy evidentes las responsabilidades de la Presidencia italiana que, con las Presidencias de los Sres. Prodi y Dini en particular, dio la sensación de querer convertir el viejo problema en su verdadero caballo de batalla y, por consiguiente, hizo que millones de interesados concibieran esperanzas en Italia y fuera de ella. 
En cambio, bastó una intervención, ciertamente autorizada, para que se aceptara a pie juntillas la tesis de que la cuestión del empleo no puede ni debe ser resuelta a escala comunitaria, sino sólo a escala nacional y de poco sirvió la resignada defensa que hizo el Presidente Santer, ante los periodistas, de sus propuestas. 
Si es cierto de que no hay medicinas ni varitas mágicas para solucionar el problema del empleo, también es cierto que la Cumbre de Florencia perdió una gran ocasión para acercar Europa a los ciudadanos. 
Señor Presidente, el hecho positivo de la Cumbre de Florencia ha sido la posibilidad con que ha contado Eslovenia para participar por primera vez en una reunión de este tipo junto con el resto de países signatarios de acuerdos europeos. 
Como es bien sabido, el acuerdo de asociación entre la UE y Eslovenia se firmó, tras numerosas vicisitudes, el 10 de junio pasado. 
Alcanzado este acuerdo, Eslovenia puede comenzar ya a reducir la distancia política que le separa de los demás países de la Europa Central y Oriental en su relación con la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, cabe señalar que Eslovenia es el país más desarrollado entre las nuevas democracias de la Europa Oriental y, a la hora de decidir sobre la adhesión de nuevos miembros, merece que se le incluya en el grupo de cabeza. 
No obstante, todo parece indicar que esta cumbre se ha saldado con un pobre balance de resultados. 
Sin lugar a dudas, resulta positivo que se haya llegado a una solución acerca del contencioso provocado por la enfermedad de las vacas locas entre el Reino Unido y la Unión Europea, si bien hay que señalar también que, a pesar de su importancia, este litigio ha adquirido unas dimensiones desproporcionadas. 
Creo que la causa defensora de un aumento del número de decisiones por mayoría cualificada se ha ganado un gran número de fervientes adeptos tras la postura mostrada por el Gobierno del Reino Unido para impedir la adopción de importantes decisiones. 
El nuevo Reglamento TACIS, cuya consecución ya fue de por sí complicada, ha sido una de las víctimas de la política británica. 
Afortunadamente, este reglamento pudo ser aprobado en el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado la semana pasada, y ya se espera, finalmente, su entrada en vigor. 
En estos momentos de inquietud ante los resultados de la elecciones presidenciales en Rusia, hay que resaltar la importancia que reviste el desarrollo de la cooperación con este país. 
Debemos recordar que el establecimiento de múltiples lazos económicos, culturales y políticos constituye la mejor labor en pro de la paz. 
El único modo de evitar los prejuicios y las peligrosas políticas que tienen en ellos sus fundamentos es haciendo uso de un mayor intercambio de la información e impulsando los intereses comunes. 
A este respecto, el programa TACIS constituye un instrumento de gran importancia. 
La Cumbre de Florencia supuso una gran decepción para los ciudadanos europeos, que esperaban decisiones concretas para superar el problema del desempleo. 
Todos sabemos que no existe una sola vía para mejorar la situación del empleo y que se precisa realizar todo tipo de esfuerzos; pero, con el paso del tiempo, el escuchar en declaraciones públicas palabras y más palabras de boca de los dirigentes provoca un justificado sentimiento de frustración y cinismo. 
A medida que vaya aumentando, esta frustración se convertirá en un obstáculo para la construcción de una Europa común y la solución del problema del desempleo. 
Señor Presidente, los romanos ya lo decían, concordia parvae res crescunt, la unión hace la fuerza. 
Lo opuesto es que la falta de unión provoca impotencia y esto es lo que tuvieron que afrontar el Sr. Prodi y todo el gobierno italiano. 
La Unión era totalmente impotente debido a la falta de unión. 
Por ello no es de extrañar que cuando se logra solucionar esta cuestión, cuando se logra una cierta unión, ello merezca felicitaciones y no insultos como los que he oído aquí. 
Por consiguiente, quiero felicitar a la Presidencia italiana. 
Una segunda cuestión que me ha extrañado mucho es lo que ha dicho la Sra. Green. Ha manifestado estar muy decepcionada. 
Naturalmente, todos estamos decepcionados por los resultados, y más adelante volveré a hablar de esta decepción, pero es sorprendente que un partido que está representado en once de los quince gobiernos, cuando siete de los quince presentes son socialistas, esté tan decepcionado en este Parlamento. 
Creo que hay que establecer cierta relación. 
Ahora sobre el empleo. 
La cuestión del empleo no se ha solucionado bien. 
Pienso que todos estaremos de acuerdo en ello. 
Me alegra que el Sr. Santer haya descubierto algunos puntos positivos, pero no se ha logrado una buena solución. 
¿Cuál es el problema? 
Pienso que en cierto sentido nos engañamos con frases grandilocuentes en las que llamamos a la unidad y pensamos que de este modo se podría solucionar el empleo. 
Todo el mundo ha de cooperar y entonces lo solucionaremos. 
Hemos de admitir que a nivel de la Unión se puede hacer poco, que se puede hacer un poco más a nivel nacional y quizás aún más a nivel local. 
Si no lo olvidamos y si establecemos una división de tareas y examinamos qué países, qué regiones, qué ciudades han obtenido buenos resultados, entonces pienso que podríamos llegar mucho más lejos que ahora. 
Incluso es peligroso pensar que la Unión pueda soportar la carga, que la Unión que ya está tan dividida- lo acabamos de decir- pueda soportar la carga completa de 18 millones de desempleados. Esto no implica que no podamos hacer una importante contribución. 
También me complace mucho que la Comisión lo haga de diferentes maneras, sobre todo reuniendo de forma positiva a los interlocutores sociales. 
No hemos de olvidarlo. Este es también el objetivo del Partido Popular Europeo. 
También existe un grave peligro, y es que tomemos diversas medidas, y las Redes Transeuropeas es una de ellas, para las que exigimos dinero cuando en realidad no hay dinero. 
Sabemos que en el actual presupuesto europeo no hay suficiente dinero para financiar un programa tan ambicioso como las Redes Transeuropeas. 
Con ello no digo que las redes no sean importantes. Las considero muy importantes. 
Pero si queremos realizarlas, tendremos que conseguir dinero nuevo de una u otra forma, ya sea a través de préstamos, ya sea por medio de impuestos especiales. 
En una ocasión propusimos un impuesto de circulación o algo parecido, pero no se puede hacer a partir de la actual categoría 3. 
Lo que yo me temía era que fuera a ocurrir, que se dijera: no hay suficiente dinero, busquemos en la actual categoría 3. 
Con ello todas las demás cosas útiles no se pagarían, no podrían realizarse, y sólo podríamos financiar una pequeña parte de las Redes Transeuropeas, una parte un poco menos pequeña de las redes. 
Asimismo me complace que se haya logrado cierta ampliación, aunque no una verdadera ampliación en la categoría 3, no es suficiente y no hemos de engañarnos, pues no lo es. 
Y creo que esta es la única gran objeción que podemos tener: que se sugiera que hay una solución. 
No la hay. Todavía no la hay, y nosotros hemos de seguir adelante, pero le deseo mucho éxito a la Comisión, al Consejo y a nosotros mismos para realizarlo. 
Señor Presidente, queridos colegas, la cumbre de Florencia, al confirmar que la Conferencia Intergubernamental concluirá a mediados de 1997, ha permitido comprobar que la labor preparatoria de dicha conferencia no estaba avanzada precisamente y debía acelerarse a fin de plasmar la voluntad de una auténtica política fuerte de los Estados de la Unión para una mejor preparación de la próxima cumbre de Dublín. 
Algunos puntos planteados en la cumbre de Florencia siguen pendientes de resolución, como, por lo demás, lo ha dicho el Sr. Santer. 
Y voy a insistir en dos de ellos. 
En primer lugar, el de la realización del programa MEDA. 
Como recordaba nuestro Presidente, Jacques Chirac, de Francia partió la idea de un Mediterráneo unido y estable. 
Desdo luego, no se nos escapa la controversia entre Grecia y Turquía. 
Por lo demás, Grecia bloqueó el programa MEDA por esa razón. 
Pero no nos equivoquemos. 
Ese bloqueo sanciona a todos los países de la Unión y, en particular, a los que no tienen relación alguna con el contencioso. 
Así, pues, es urgente encontrarle una solución. 
El otro punto por resolver es el de la financiación necesaria para las pequeñas y medianas empresas y para una política de grandes obras, como la de las redes transeuropeas, que permitiría crear puestos de trabajo, lo que, por lo demás, es un punto importante del tema «crecimiento y empleo» debatido por el Consejo. 
Es de desear que la resistencia de algunos países- Alemania, Reino Unido, Suecia y los Países Bajos- no se prolongue para que la Presidencia irlandesa pueda preparar decisiones y una financiación más importante. 
Sin embargo, algunos puntos son positivos y concluiré con el asunto de las vacas locas, tan de actualidad en plena cumbre y que permitió recordar la preocupación europea por la salud pública y mostrar la reacción de la Unión Europea frente a esa epidemia, así como su apoyo a los productores gravemente afectados por el descenso del consumo de carne de bovino. 
Por último, no podemos por menos de felicitar al Consejo por el establecimiento de la tercera fase de la Unión Económica y Europea, que debemos agradecerle. 
Rara vez hemos seguido una reunión del Consejo Europeo con tanto interés como en el caso de la Cumbre de Florencia. 
Debo felicitar a los participantes de la cumbre por el acuerdo sobre la EEB. 
Aún no hemos salido del lodazal, pero el plan de erradicación aprobado en Florencia es, no obstante, motivo de alivio para la principal zona ganadera de Gran Bretaña. 
No obstante, lamento profundamente el vil fracaso de los líderes europeos de llegar a un acuerdo sobre las medidas a adoptar para crear empleo. 
Es importante solventar los problemas estructurales de nuestras economías, pero eso llevará tiempo. 
Y no es menos importante que intervengamos ahora para recoger los frutos que se describen en los informes Cecchini y Delors en materia de creación de puestos de trabajo a través de la dinámica de la integración económica europea. 
Esta semana se han perdido unos 1.400 puestos de trabajo en el sector del calzado de Inglaterra a causa del traslado de la producción al extranjero, donde los costes son más bajos. 
Este problema que ha venido a sumarse a la crisis de la EEB, ha creado un estado de ánimo en mi circunscripción próximo a la desesperación, y este ejemplo se está repitiendo en las zonas rurales de toda Europa. 
El Presidente Santer ha descrito el desafío del desempleo como cuestión de la credibilidad del propio Consejo. 
Es más que eso. 
Se está convirtiendo en una cuestión de confianza de la sociedad en la democracia que existe en la Europa occidental. 
Cuando los ministros de Economía europeos se reúnan la semana próxima, es necesario que tomen medidas encaminadas a crear empleo. 
Fracasaron en Florencia, no pueden permitirse fracasar de nuevo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señores supervivientes del Gobierno italiano, la cumbre de Florencia es todo un símbolo. 
Y, en resumen, Florencia es Maquiavelo y el gobierno de la mentira. 
Mentira del informe Cechini, que nos había prometido cinco millones de puestos de trabajo y ha hecho veinticinco millones de desempleados. 
Mentira también del tratamiento de la enfermedad de las vacas locas. 
Pero Florencia es también los Médicis, el veneno. 
El veneno de las harinas contaminadas. 
Es también Lorenzo el Magnífico. 
En el caso que nos ocupa, sería más bien la Europa maléfica. 
Maléfica en el terreno del empleo. 
Cierto es que en las conclusiones dedican ustedes cuatro páginas- de once- al problema del empleo. 
Salmodian ustedes el empleo, el crecimiento, la competitividad, pero no hacen nada. 
Simplemente nos dicen que buscan pistas, como si una cumbre fuera un jamboree de scouts de Baden-Powell jugando al juego de las pistas. 
Ahora bien, el empleo no es asunto de pistas. 
De lo que se trata es de abordar las causas y las causas forman un cuadrado trágico de cuatro errores. 
Primero error en materia de inmigración. 
Pero ustedes creen que se trata de xenofobia y racismo. 
No voy a hablar de eso. 
Error en el libre cambio, la libre circulación de las harinas: ¿cuántos puestos de trabajo ha destruido en la cadena de comercialización de la carne de bovino? 
Error en la superfiscalidad. 
Un ejemplo: los medicamentos franceses estaban gravados con un 2, 1 %. Ustedes obligaron a gravarlos con un 5, 5 %. 
Yo le había dado a entender, señor Santer, aquí mismo- y usted sonrió- que no resolvería usted los problemas fiscales sino fijando, en primer lugar, un límite máximo de deducciones obligatorias, no más del 40 % del PIB y, en segundo lugar- usted, que es europeo: yo no, yo no soy eurofederalista -, llevando hasta sus últimas consecuencias su lógica, permitiendo la elección de la vía fiscal menos gravada. 
Cuando se impone un gravamen al cónyuge en Francia, pero no en Irlanda, cuando la exoneración de los derechos de sucesión es de 300.000 francos en Francia y de 1.300.000 en Alemania, hay un problema. 
Hay que igualar todo eso mediante la libre elección de la vía menos gravada. 
Error también, señor Presidente, con su política presupuestaria. 
El artículo 104 C del Tratado de Maastricht es una tragedia griega. 
Cuanto más esfuerzos hacen el Sr. Aznar, el Sr. Juppé, el Sr. Dehaene para tapar el agujero, más lo abren. 
Es una tragedia griega. 
La Europa maléfica en la política monetaria. 
Nos dice usted que la moneda única permite resolver los problemas de las devaluaciones competitivas. 
Sí, pero Italia y España no participarán en ella y ésos son los países que hacen las devaluaciones competitivas. 
Nos dice usted que seremos una potencia, pero para ser una potencia hay que tener capacidad de resistencia, por ejemplo, a la Ley Helms-Burton, que asfixia a Cuba, resistencia también al embargo que asfixia al Iraq, pero la resistencia no es precisamente una de las virtudes de ustedes. 
Por último, Europa maléfica en la agricultura: todo el asunto de las vacas locas. 
Desde 1990, aquí mismo, yo había denunciado la contaminación. 
El lema de ustedes es «solidaridad». 
Pero no, no es solidaridad: es «responsabilidad». 
Responsabilidad penal de los hermanos De Mulder de Doncaster, en Yorkshire, que fabricaron las harinas contaminadas. 
Responsabilidad penal de la empresa Glon, en Francia, que las importó. 
Responsabilidad política de ustedes mismos, como Comisión. 
Sé perfectamente que entonces el Presidente era el cristiano Delors, pero el cristiano Delors sabía lo que ocurría y lo permitió: permitió la contaminación, el envenenamiento. 
Responsabilidad filosófica de la lógica misma de la Comisión Europea, que, mediante la libre circulación, derriba las barreras aduaneras y, con ello, permite que se superen las barreras de las especies. 
Tan sólo una buena noticia, señor Presidente, y con esto termino. 
Han creado ustedes un observatorio del racismo y la xenofobia. 
Por cierto, que han olvidado el antisemitismo. 
Espero que puedan dar empleo en ese observatorio a los veinte millones de desempleados. 
Por una vez, habrán servido ustedes para algo. 
Señor Presidente, creo que precisamente la intervención anterior refleja muy bien el compromiso que la Unión Europea se ha marcado ante todo en el campo de la lucha contra el desempleo. Se podría decir que incluso está condenada a ello, pues la alternativa se llama nacionalismo y un gran Presidente francés nos dijo aquí hace algunos pocos meses que nacionalismo significa guerra. 
En este contexto, como social-demócrata austríaco, no puedo adherirme en absoluto a las lisonjeras palabras que se han pronunciado en parte aquí sobre la cumbre de Florencia. 
Por un lado, fue sin duda un éxito de la Presidencia superar la cuestión de las vacas locas británicas, lo que no ha sido fácil. 
A la postre, el premier británico ha tenido que reconocer que su política obstruccionista ha conducido a su país al borde del abismo y que con medios políticos del pasado no se puede construir el futuro de Europa ni tampoco de su propio país. 
La rápida y solidaria decisión de la cumbre para ayudar a los agricultores perjudicados por la EEB con 200 millones de ecus adicionales, es correcta y digna de encomio. 
Por otro lado, esta cumbre de Florencia ha fracasado miserablemente en la cuestión de la política de empleo y en la lucha contra el paro en la UE. 
Esto es aún más grave, pues la superación de este problema se está convirtiendo cada vez más en la prueba de fuego para nuestra integración en Europa. 
¿De qué sirven todas las importantes resoluciones sobre la lucha contra la delincuencia, si no podemos ofrecer a millones de jóvenes un trabajo y una perspectiva de futuro en esta Unión Europea? 
Hace algunos años, esta Unión Europea y sus Gobiernos se marcaron como meta con gran grandilocuencia reducir a la mitad el paro hasta finales de este decenio. 
No he oído nada al respecto en Florencia. 
Los mismos Gobiernos no están siquiera en situación de dar una mínima parte del dinero aparcado en el presupuesto europeo para sacarlo del presupuesto agrario y transferirlo a los sectores de las redes transeuropeas, pequeñas y medianas empresas e investigación, para crear más puestos de trabajo y pasan esta patata caliente a sus correspondientes ministros de Hacienda. 
Veamos el procedimiento presupuestario regular. 
Estas declaraciones festivas se concretizan mucho: la Comisión y el Consejo realizan continuamente recortes en las ya de por si pequeñas líneas sociales, recortes en el campo de las líneas de créditos de los interlocutores sociales. 
Necesitamos la realización de estas declaraciones en los procedimientos presupuestarios anuales, señor Presidente Santer. 
Habría esperado que en la revisión de las perspectivas financieras, la cumbre de Florencia hubiese actuado en favor de la creación de nuevos puestos de trabajo en Europa con la misma rapidez que ha mostrado al apoyar a los ganaderos perjudicados por la epidemia de la EEB. 
Insto a los Estados miembros que recuperen el terreno perdido hasta la aprobación del presupuesto para 1997 para proporcionar así a nuestras ciudadanas y ciudadanos una señal correcta e importante en dirección a la Unión del empleo. 
Señor Presidente, a estas alturas del debate sería ilusorio pretender ser riguroso y original a la vez. 
Hay quien, a cambio, se limita a recurrir a la provocación pura y simple y dice casi cualquier cosa. 
En el Partido Popular no somos «euroarcangélicos» , ni tampoco somos eurofanáticos, y, desde luego, jamás conceptuaríamos a Europa como maléfica. 
Consideramos que somos realistas en lo europeo, y por ello, y saliendo al paso de algo que se ha dicho ahora, no creemos que haya ninguna cuestión fatídica respecto de ningún Estado para no alcanzar las condiciones planteadas por el Tratado de Maastricht para entrar en la tercera fase de la Unión Monetaria. 
Señor Presidente, es imposible resultar en este momento original. 
Voy a intentar aportar algo a este debate y, para ello, voy a recuperar dos palabras que son bandera frecuente del Presidente de la Comisión, Sr. Santer, y que han sido mencionadas por el Sr. Prodi: libertad y seguridad. 
Y me voy a concentrar en los logros de Florencia en ese auténtico territorio de frontera donde la Unión Europea se bate el cobre, donde se está decidiendo lo que será la Unión Europea. 
Porque, indudablemente, entre los acuerdos adoptados en el Consejo Europeo de Florencia destacan, desde la perspectiva del ciudadano europeo que esta Asamblea representa, los logrados en el ámbito del tercer pilar: el Observatorio sobre el racismo y la xenofobia, la cooperación contra la droga y la delincuencia y, muy en particular, contra el terrorismo, que ha culminado en el recientemente firmado convenio sobre extradición, y, por último, Europol. 
Sin merma de la importancia de lo tratado en materia de empleo, de moneda única o de subsidiariedad, no hay que perder de vista que la pragmática ciudadanía valora de forma especial la proximidad de las medidas que, como las aludidas, afectan directamente a la libertad y a la seguridad. 
A los españoles, por ejemplo, el Consejo Europeo de Florencia nos ha llegado con claridad, dado que el impulso en materia de extradición es un factor fundamental en la lucha por la erradicación del terrorismo etarra. 
Libertad y seguridad, señor Presidente. 
Y he de decir, con satisfacción, que la Presidencia irlandesa ha retomado esa bandera. 
Pero queda mucho trabajo por hacer. 
Es preciso fijar unas condiciones comunes de entrada, de residencia, de régimen jurídico en la Unión para los súbditos de terceros países, y hacer posible un reconocimiento jurisdiccional mutuo que dote de plena eficacia a las sentencias dictadas por los tribunales de cada Estado, y luchar contra el terrorismo, el fraude y las otras formas de delincuencia organizada. 
Es necesaria también una homogeneización, una más activa cooperación comunitaria, tanto en lo judicial como en lo policial, hasta que la Unión madure. 
Y nos hacemos también eco de las conclusiones del Consejo Europeo de Florencia respecto a la inadecuación de los instrumentos del tercer pilar, en particular la posición común y los convenios. 
Y es que si no somos capaces de dar soluciones comunes a problemas candentes, como la inmigración o la droga, no nos debemos extrañar por la apatía que reflejan las encuestas de opinión pública respecto del proceso de integración. 
Es difícil entusiasmar a los ciudadanos con nociones abstractas y con futuribles inconcretos. 
Y concluyo, señor Presidente. 
Sobre las consideraciones técnicas y formales, es necesario que predomine la consciencia del acervo jurídico común. 
Europa avanzará con grandes dificultades en sus aspectos institucionales más importantes si las normas, los objetivos, los métodos y hasta las conductas públicas no se encauzan a través de los principios generales que constituyen el cimiento de nuestros ordenamientos legales. 
Porque como dice Octavio Paz en La llama doble, » a sabiendas de que enunciamos una paradoja, podemos decir que la libertad es una dimensión de la necesidad». 
La seguridad, señor Presidente, es, sin duda, la otra dimensión esencial de la necesidad. 
Y conjugar seguridad y libertad del ciudadano europeo es el reto del tercer pilar. 
Señor Presidente, deseo felicitar a todos aquellos que aún se encuentran presente después de este largo debate, en particular, al Sr. Dini y al Sr. Santer. 
Es bueno comprobar que, a pesar de que la Asamblea está prácticamente vacía, ellos continúan escuchando y tomando notas. 
Deseo rendir homenaje a la Presidencia italiana. 
A pesar de las dudas iniciales que albergábamos debido a su situación política interna, ha habido algunos logros importantes, incluido el fin de la crisis de la EEB, el Acuerdo de asociación con Eslovenia, las dos conferencias sobre Bosnia para reforzar el acuerdo de Dayton y, naturalmente, la inauguración de la CIG. 
Me gustaría destacar, en particular, el éxito en la Cumbre ASEM de Bangkok, que estuvo precedida de la Conferencia de las ONG, en la que tuve el honor de representar al Parlamento. 
También fue muy importante el nombramiento del enviado especial a la zona de los Grandes Lagos. 
No obstante, muchos de mis electores juzgarán el éxito de la Cumbre de Florencia, celebrada la semana pasada, en función de lo que allí se logró para ellos. 
Analizarán el tema del desempleo- y ya sé que todo el mundo ha hablado de ello. 
¿Ha habido algún progreso? 
Debo mostrar aquí mi disconformidad con el Sr. Santer. No creo que lo haya habido. 
Sólo se ha pedido a los ministros de Economía que elaboren otro informe sobre los modos de ajustar el sistema fiscal. 
Han pasado tres años desde que apareció el Libro Blanco de Delors y lo único que hemos tenido han sido palabras, pero ningún hecho. 
No tiene ningún sentido que el Sr. Santer nos diga que en Florencia se respaldó el pacto de confianza. 
Ahora necesitamos ver algo de acción. 
Es cierto que hubo acuerdo sobre un incremento de la financiación de las redes transeuropeas, pero para muchos de nosotros es muy decepcionante que los fondos procedan de los recursos actuales. Esta medida originará retrasos en muchos proyectos que son muy necesarios en toda la Unión Europea y en mi país, en particular, Irlanda. 
Acojo con satisfacción el acuerdo de compromiso sobre el convenio Europol que, junto con el convenio de extradición, espero que se aplique lo antes posible en todos los Estados miembros. 
El crimen organizado está surgiendo como uno de los principales problemas en mucho países. 
Apenas la semana pasada, como ya se ha dicho, asistimos al horrible asesinato de una de las periodistas de investigación más importantes de Irlanda, Veronica Guerin. 
Fue asesinada por sus revelaciones del submundo de la droga, y este duro golpe conmovió a toda la población irlandesa. 
A lo largo de los oscuros veinticinco años de violencia en Irlanda del Norte, permítanme recordarles que nunca fue asaltado ni asesinado ningún periodista. 
Este acto marca un nuevo punto bajo, y estoy segura de hablar en nombre de todos los diputados cuando condeno esta atrocidad. 
Al asesinato de la periodista siguió ayer la intimidación a un miembro del Parlamento de Dublín, que también reprobó a los jefes de la droga. 
Es imprescindible armonizar las medidas que hemos negociado sobre el blanqueo de dinero y temas afines, y actualizar las leyes de Europa. 
Repito el llamamiento de que no se puede permitir que los «padrinos» se mantengan al margen de las leyes europeas. 
Señor Presidente, señores Presidentes Dini y Santer, las correspondientes Presidencias de la Unión, como fiduciarias de la causa común, pueden desarrollar iniciativas pero estos capitanes apenas pueden ser mejor que el equipo que dirigen. 
A pesar de las sacudidas de política interior, elecciones, cambios de Gobierno, creo que las últimas tres Presidencias, inclusive Italia, han realizado considerables esfuerzos tanto como capitanes de equipo como fiduciarios para la causa europea. 
Esto muestra que la conciencia de ser depositario de la confianza moviliza las fuerzas. 
Señor Presidente Dini, hoy quiero expresarle mi agradecimiento y felicitaciones, en especial por los ministros italianos de Energía, quienes han hecho avanzar un buen trecho el mercado interior de la energía. 
Está todavía inacabado en cuatro aspectos, concretamente, en los controles internos, la cuestión fiscal, la monetaria y el mercado de la energía. 
No tenemos ni un mercado ni ninguna situación unitaria, pero se han logrado ahora considerables progresos. 
Los derechos de los consumidores se encuentran reflejados desde hace 39 años en los Tratados pero también se han ignorado durante el mismo tiempo. 
Desde hace ocho años estamos hablando sobre cómo se pueden convertir en dinero y en los prolegómenos de la cumbre de Florencia los Ministros de Energía lograron un considerable progreso. 
Aunque no se han previsto ahora todas las libertades de elección de compra dentro de un tipo de energía, por lo que el número de consumidores con derechos de compra es diferente en los Estados miembros, sin embargo, la dirección es correcta y los empresarios avispados se han adaptado ya desde hace tiempo a esta situación. 
No va a impedir a nadie que abra más. 
Se ha asegurado que esta apertura no se manipule unilateralmente mediante una cláusula de protección. 
También es importante que se hayan hecho posibles servicios de interés económico general y que se incluya en la competencia también a los distribuidores, en tanto se incluya a sus clientes. 
En total, los consumidores obtienen más derechos y esto es algo que tenemos que decir también a los ciudadanos como consumidores. 
Los quince mercados parciales pueden crecer conjuntamente y le doy la razón, señor Dini, cuando afirma que de este modo la Unión va a ser más competitiva. 
Visto así, el 1.1.1999 va a tener una doble importancia. 
Espero que ese día, no solamente entre en vigor la Unión Monetaria, sino también el mercado de la energía en la líneas que he mencionado y que surja paulatinamente una Unión de consumidores en el ámbito energético. 
Señor Presidente, valoro la tozudez del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, pero a mi entender hay un problema y es el de la credibilidad. 
Su percepción discrepa demasiado de la del Parlamento Europeo y, si le he escuchado bien, también discrepa de la del Sr. Prodi en lo que respecta al empleo. 
Comprendo lo que hace el Sr. Santer. Agarra todos los puntos positivos, porque en sí es un escalón para avanzar en el proceso más allá del punto en el que nos encontramos ahora. 
De hecho estoy dispuesto a apoyar esta postura. 
Pero si todo este optimismo se aleja demasiado de lo que todos nosotros vemos y lo que ven los lectores de los diarios, entonces surge una falta de confianza que a mi parecer ya es demasiado grande en Europa. 
En mi opinión no hay decisiones concretas que en estos momentos hayan dado cuerpo al pacto de confianza del Sr. Santer. 
No voy a tratar las dos cuestiones extensamente, pero las Redes Transeuropeas y el apoyo a la pequeña y mediana empresa eran partes importantes de esa propuesta. 
Lamento que el Consejo haya transferido importantes decisiones al Ecofin sin indicar una dirección, en la medida en que he logrado comprender las decisiones, cuando precisamente Ecofin no muestra ninguna simpatía por un apoyo sustancial a las Redes Transeuropeas y otros grandes proyectos. 
Ese traspaso a Ecofin me parece peligroso y en realidad contrario a lo que se acordó después de Essen, de pasar las cuestiones relacionadas con el empleo tanto a Ecofin como al Consejo Social. 
En todos los análisis se recalca la importancia de la confianza que han de proporcionar los empresarios a los inversores en la economía europea. 
Pienso que en estos momentos se necesitan decisiones concretas, señales concretas por parte de los gobiernos europeos, de que tienen confianza en este mercado. 
Esa confianza sólo puede crearse, no presentando la falta de decisión como si fuera una capacidad de decisión, sino poniendo el dedo en la llaga, y considero que esta es una función de la Comisión. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo dar las gracias a la Presidencia italiana por su dinámica actuación y por el resultado obtenido. 
¡Mis más sinceras felicitaciones! 
Lamento, sin embargo, que el Consejo de la Presidencia haya rechazado la propuesta del Presidente, el Sr. Santer, de aumentar el presupuesto de los Fondos Estructurales destinado a las redes transeuropeas. 
¿Cómo combatiremos el desempleo y conseguiremos que se recuperen las economías europeas? 
No es suficiente con adoptar políticas de austeridad y medidas financieras. 
Lamento también que el Consejo Europeo haya modificado la lista de prioridades respecto a las grandes obras en las redes transeuropeas de transporte, que este mismo Consejo aprobó y ratificó en diciembre de 1994, al cambiar la obra nº 8 del catálogo de Essen. 
Este cambio unilateral de prioridades respecto a las grandes obras, sin el consenso del Parlamento Europeo, se opone a la letra y al espíritu de las disposiciones del artículo 129 del Tratado de Maastricht, que establece de forma expresa la necesidad de adoptar una decisión común entre Consejo y Parlamento para poder cambiar las prioridades de las grandes obras. 
Lamentablemente, la posición del Consejo Europeo coincide con la posición común adoptada por el Consejo de Ministros sobre las orientaciones de la red transeuropea de transporte, dado que el Consejo se negó y sigue negándose a reconocer al Parlamento Europeo el poder de codecisión para determinar la prioridades de las obras de la red, a pesar de las expresas disposiciones del Tratado que acabo de mencionar. 
Sin embargo, esta posición común pronto se encontrará ante el pleno del Parlamento y ustedes, Señorías, tendrán que decidir ante su conciencia y asumir la responsabilidad de aprobar o rechazar la posición común, considerando que la Unión Europea no debe convertirse en una alianza interestatal de intereses económicos, donde la voz del Parlamento que expresa las esperanzas y los intereses de los pueblos europeos sea reprimida por la soberbia de los respectivos gobernantes de cada país. 
Por último, dos palabras sobre el Reglamento MEDA. 
Señor Presidente, ¿por qué no aprueba el Consejo de Ministros la enmienda del Parlamento Europeo por la que se incluye en el Reglamento MEDA la asignación de las rúbricas destinadas a cada país mediterráneo? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, creo que tiene razón quien ha hecho hincapié en que en realidad existe una profunda crisis de expectativas en el proyecto europeo, más allá de los acontecimientos que afectan a cada Presidencia. 
Dicha crisis de expectativas se refiere a los temas de trabajo y, por consiguiente, a la sensación de una Europa cada vez más lejana y se refiere también a los temas político-institucionales, tal como confirmó de alguna forma la sensación de estancamiento inicial en el desarrollo y en la inauguración de la Conferencia Intergubernamental y de sus negociaciones. 
Lo cierto es que hay que reconquistar una estrategia, que hay que reconquistar un objetivo global, que debemos empezar a trabajar de nuevo en torno a la pregunta: ¿qué Europa queremos? 
Y nosotros, que seguiremos formando parte de la troika europea, creo que podemos ofrecer una importante contribución para contestar a esta pregunta. 
Las cuestiones institucionales están en el centro de esta pregunta y, por ello, deseo hablar muy brevemente del tema al que acaba de referirse el Sr. Sarlis. Nosotros pedimos la simplificación del procedimiento de codecisión, sin embargo, sabemos que, tal como funciona el Tratado en vigor, resulta muy difícil poner efectivamente en marcha este procedimiento tan fundamental para la democracia europea. 
Se ha destacado que el Consejo en Florencia cambió una elección esencial adoptada respecto a los proyectos transeuropeos. 
Me pregunto si el Parlamento Europeo será capaz de aprobar dicha conciliación, porque no cabe duda de que el problema que se ha originado es muy amplio. 
Subsiste asimismo la cuestión de la fuerte resistencia en contra del voto por mayoría. 
Alguien dijo que debemos agradecer al Reino Unido el habernos hecho entender la absoluta necesidad de ir más allá de la unanimidad. 
Pues bien, señor Presidente, debemos luchar por una nueva identidad. 
Ésta es la cuestión y ésta es la respuesta: unión política y supranacionalidad. 
Ésta es la línea a seguir, de lo contrario el gran proyecto originario de Europa se sumirá necesariamente en una crisis final. 
Señor Presidente, creo que la identidad europea se valora, además que por el modelo de protección social, también por la capacidad de establecer un equilibrio entre libertad y seguridad o, mejor aún, de cumplir los supuestos globales de la convivencia dentro de un Estado de derecho. 
Por consiguiente, y bajo este punto de vista, deben recalcarse los importantes resultados alcanzados bajo la Presidencia italiana en materia de justicia y asuntos interiores, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que resulta este famoso y tan inaccesible tercer pilar. 
Los resultados, otros colegas antes que yo los recordaron- han sido: Europol, el acuerdo alcanzado respecto al convenio de extradición, el acuerdo relativo al protocolo sobre corrupción y el impulso dado a la lucha contra el racismo. 
Estimo que son puntos importantes. 
Sin embargo, deseo manifestar que junto a esto, existe un método que adoptó la Presidencia italiana y que aprobaron todos los diputados, y que se refiere a una abierta colaboración con el Parlamento, a la voluntad de informar, así como al coraje de proponer consultas respecto a actos que en otros tiempos no fueron dados a conocer a este Pleno. 
Éste es el punto clave- y lo quiero decir antes de hablar brevemente de las cuestiones pendientes o críticasya que el supuesto para completar dicho principio de Estado de derecho es el de garantizar la transparencia y, por consiguiente, el control social, el control parlamentario y el control jurisdiccional en todas estas materias. 
Por ello, y en base a lo que se ha hecho, creo que lo mucho que todavía queda por hacer en este sector debe desembocar, con ocasión de la Conferencia Intergubernamental, en la valentía de considerar comunitarizadas algunas materias: la inmigración y el derecho de asilo, así como, sobre todo, el fundamento jurídico referente a los fraudes comunitarios. 
En cuanto a los fraudes comunitarios, nos encontramos ante una contradicción, ya que en estos años hemos retrocedido; desde cuando existe este puente lo hacemos al revés. 
Gracias a la Conferencia, por el contrario, conseguiremos afirmar la plena competencia comunitaria acerca de esta materia, habida cuenta de que los convenios no funcionan suficientemente. 
Señor Presidente, deseo hacerme eco de la decepción manifestada por Pauline Green en su respuesta en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos al comienzo del debate. 
Quiero limitarme únicamente a asuntos presupuestarios. 
En las conclusiones de la Presidencia, cuando comentaba la creación de empleo y la competitividad, lo único que dice es que el Consejo tomará nota de las propuestas de la Comisión sobre los temas presupuestarios. 
Es una pena que no haya podido ser mucho más explícito en esa declaración. 
De hecho, las propuestas del Presidente Santer no eran más que una sombra de aquello que la Comisión había previsto en un comienzo, porque la Comisión sabía qué era aquello que se podía alcanzar. 
Ni siquiera ahora estoy seguro de que la Comisión pueda hacer realidad esas aspiraciones limitadas, a la luz de lo que está diciendo el Consejo. 
Me preocupan las redes transeuropeas, a pesar de lo que aquí se ha dicho. 
Me preocupan los fondos prometidos para el presupuesto de investigación, algo que aquí no se ha mencionado en absoluto. 
Me preocupan los incentivos para las pequeñas y medianas empresas, a las que tan sólo se mencionan de pasada en dicho documento. 
Me preocupa asimismo que el Consejo sólo diga que estudiará estas propuestas. 
Es una pena que no haya sido mucho más explícito y es una pena que no haya podido darnos más explicaciones. 
Por ejemplo, habla de incrementar el límite máximo de compromiso de la categoría 3, pero los pagos se efectuarán dentro de los actuales límites del tope general. 
¿Qué significa eso? 
Estoy seguro de que la Comisión lo sabe, pero ¿lo sabe el Consejo? 
Si lo sabe, a un simplón como yo le gustaría saber lo que quiere decir con eso. 
Está la propuesta de buscar los 200.000 ecus adicionales dentro de la categoría 3 mediante «la redistribución de las asignaciones disponibles». ¿Qué significa eso? 
No hay ningún incentivo para las propuestas sobre la creación de empleo que la Comisión y el Parlamento tanto deseaban. 
Está claro que lo que debía haber dicho es que no tiene intención de asignar fondos adicionales al presupuesto de la Unión Europea y, en realidad, desea recuperar fondos. 
Pero eso no encajaría en las sutilezas del lenguaje diplomático que se ha utilizado en estas conclusiones. 
Señor Presidente, quisiera comenzar haciéndome eco de algunas de las preocupaciones de mi colega, Sr. Wynn, ante la escasez de medidas consistentes para luchar contra el desempleo. 
Me preocupa, en particular, la patente falta de compromiso en lo relativo a las redes transeuropeas, sobre todo, en lo que se refiere a la financiación de los grupos operativos para investigación y desarrollo en muchos ámbitos industriales de importancia estratégica, que afectarán la competitividad, el éxito y la prosperidad de la Unión Europea el próximo siglo. 
El software aeroespacial y educativo y los multimedia son los sectores clave y las tecnologías clave para el siglo próximo. 
La prosperidad de la mayoría de las personas dependerá de uno de estos dos sectores. 
Primero, debido al crecimiento del transporte aéreo y, segundo, debido a los avances de la sociedad de la información. 
El resultado de la Cumbre de Florencia no consigue realmente infundir confianza a las empresas y a los trabajadores de toda la Unión Europea y, en particular, a los de una circunscripción como la mía que está situada en el noroeste de Inglaterra y depende de estos dos sectores para alcanzar el éxito y la prosperidad. 
Señor Presidente, la preocupación de este Pleno sigue siendo el déficit democrático en el proceso de toma de decisiones comunitario, o sea, la defensa de los derechos de representación. 
Sin embargo, hoy nuestro horizonte reformista se ha ampliado y ahora implica ante todo superar ese déficit institucional que penaliza ciertas políticas comunitarias más que otras. 
El fruto principal del semestre que acaba de finalizar ha sido la atenuación de esta diferencia institucional y la búsqueda de nuevos equilibrios internos entre las políticas de la Unión. 
Desde este punto de vista, Europa no tiene la monocultura monetaria de hace seis meses y éste es un resultado irrefutable. 
En Roma, en la Conferencia Tripartita con los interlocutores sociales y en Florencia se esbozaron los primeros elementos institucionales de la política de empleo comunitaria. 
El empleo no se genera sólo gracias a las inversiones en las redes transeuropeas- asfaltar no es gobernar- se genera ante todo gracias a la capacidad institucional de dar un giro a toda la maquinaria comunitaria hacia el valor añadido del trabajo y de la cohesión social. 
Este cambio institucional ha empezado. Se trata de aunar esfuerzos para consolidar este proceso institucional de la política de empleo, mientras siguen avanzando los mecanismos de la Unión Monetaria. 
No darse cuenta de todos los elementos que forman parte de un proceso real es un pecado político no inferior al prejuicio. 
Señor Presidente, permítaseme saludar al Presidente del Consejo Romano Prodi y acoger con beneplácito el cambio político en Italia y las fundadas esperanzas que inspira un fortalecimiento del compromiso del Gobierno italiano con la construcción política democrática de Europa. 
Ahora bien, lamento que la Presidencia italiana, ante la gravedad de la crisis existente, no haya podido dar el impulso político indispensable para que se inicie una verdadera negociación política en la Conferencia Intergubernamental. 
Deseamos que esa negociación no se limite al mínimo común denominador, sino que sea posible abordar de frente, con nuevas competencias y medios de la Unión, los problemas reales, como el del empleo, así como profundizar la unión política y social en un momento en que se prepara el paso a la moneda única. 
Si la Unión Europea no adquiere una capacidad de regulación económica y social que permita superar el ultraliberalismo del Mercado Único, puede quedar comprometida incluso su propia legitimidad democrática y alienado el apoyo popular que le es indispensable. 
Señor Presidente, quiero hacer constar aquí que el Consejo de Florencia pudo adoptar varias decisiones positivas como las que ya se han mencionado aquí en materia de tercer pilar. 
Deseo subrayar también, como diputado portugués, la receptividad que el Consejo manifestó respecto del acuerdo entre los Gobiernos de Portugal y España sobre los nuevos proyectos de enlaces transfronterizos, que mejoran las posibilidades existentes para esos dos países en el ámbito de las redes transeuropeas. 
Pero lamento que el Consejo no haya sido capaz de dar respuesta a la principal cuestión que preocupa a los ciudadanos: la de la lucha contra el desempleo. 
Y lamento que el Consejo haya denegado los medios para reactivar el crecimiento y el empleo. 
Quisiera también apoyar la aportación de los medios indispensables para financiar las propuestas de la Comisión. 
Y, por último, quisiera insistir en la idea de que las medidas que ha de adoptar la Comisión en el ámbito del pacto de confianza y de fomento del empleo no son incompatibles con la política de cohesión económica y social, que forma parte del acervo comunitario, ni deben menoscabarla. 
En ese sentido, el Grupo Socialista ha presentado una propuesta de enmienda- inspirada por mí mismo- a la propuesta de resolución común que mañana votaremos y quisiera obtener del Presidente de la Comisión Jacques Santer la aclaración de que en modo alguno son contradictorios los compromisos de la Comunidad en materia de cohesión económica y social y de que en modo alguno pueden resultar menoscabados por la persecución de sus objetivos- atinadísimos- de fomento del empleo. 
Señor Presidente del Consejo, soy ponente para las redes transeuropeas en el sector del transporte y quiero expresar en este contexto a la Presidencia italiana mis felicitaciones y respeto por la dedicación que ha mostrado en el procedimiento de conciliación. 
Ante todo, quiero expresar mis felicitaciones al ministro de Transportes, Sr. Burlando, así como al Comisario Kinnock por haber llegado a un resultado, un compromiso en este procedimiento. 
Cuatro días antes de Florencia teníamos ya este compromiso. 
En él se incluyen también los catorce proyectos de Essen que hemos recogido en una lista. 
Naturalmente, nos quedamos muy extrañados al leer en las conclusiones de Florencia que el Consejo Europeo ha tomado nota de que dos Estados miembros desean introducir modificaciones en un importante proyecto de la mencionada lista. 
Señor Presidente del Consejo, le pregunto por ello ahora, ya que las conclusiones llaman algo al equívoco- y le ruego una respuesta muy precisa si le es posible -: ¿cómo piensa el Consejo proceder con esta propuesta de la cumbre de Florencia en el marco de la codecisión con el Parlamento y bajo el punto de vista de que en julio debemos votar en Estrasburgo sobre el resultado de la conciliación? 
Le ruego una respuesta muy precisa, pues para muchos diputados del Parlamento, incluyéndome yo, es muy importante una respuesta suya en este contexto. 
Señor Presidente, sus Señorías han manifestado opiniones en cierto modo contrapuestas respecto a lo que la Comisión y la Presidencia llevaron a cabo a lo largo del primer semestre de este año. 
Las valoraciones expresadas y sus juicios servirán de estímulo para los trabajos de la Comisión y del Consejo en el próximo semestre y en el próximo futuro. 
Sin embargo, deseo recalcar con firmeza que no faltó el impulso, dado con la máxima determinación, para la realización del programa de la Presidencia y de los principales expedientes tramitados por la Comisión. 
Las decisiones del Consejo Europeo, no obstante, requieren el consenso de los Gobiernos de los Estados miembros. 
En este sentido, no se han escatimado esfuerzos. 
Sus Señorías han manifestado su decepción, en particular, respecto a la falta de decisiones europeas en relación con la cuestión del empleo que no cabe duda de que es el problema prioritario y más dramático que deben encarar nuestros países, y respecto a las redes transeuropeas por la falta de acuerdo sobre la utilización de los recursos comunitarios para las mismas. 
Dicha decisión debía adoptarse justo en el momento en que los principales Estados miembros están comprometidos en reducir el gasto público y el déficit presupuestario y en remodelar el Estado social, problemáticas que requieren difíciles decisiones políticas a nivel interno. 
Creo que en esto reside la principal razón para no tomar nuevas decisiones de gasto a escala europea, además del convencimiento ampliamente compartido de que las decisiones más importantes respecto a la lucha contra el desempleo deben adoptarse a nivel nacional, conforme a las directrices de política de empleo, previamente definidas a nivel comunitario y que los Estados miembros están llamados a implementar. 
Por consiguiente, coincido con lo manifestado al respecto por el Sr. Pronk. Sin embargo, deberán tenerse en cuenta plenamente las evaluaciones manifestadas hoy en este Pleno. 
Más allá de estas consideraciones de carácter general, intentaré contestar a algunas observaciones hechas en primer lugar por la Sra. Green y reiteradas por los Sres. Sarlis, De Giovanni y por el diputado que intervino en último lugar, así como hacer una afirmación con relación a la pregunta planteada por el Sr. Ripa di Meana. 
Deseo hacer observar a la Sra. Green y a los demás diputados que no es cierto que en Florencia se haya modificado unilateralmente el acuerdo de conciliación con el Parlamento Europeo respecto a los proyectos infraestructurales. 
El Consejo Europeo se limitó a tomar nota de una propuesta de enmienda a dicho acuerdo, presentada por España y Portugal. 
En todo caso, es evidente que todo cambio requiere una nueva codecisión con el Parlamento Europeo. 
Deseo confirmar al Sr. Ripa di Meana el compromiso, anteriormente adquirido por la ministra Sra. Agnelli, en virtud del cual el Parlamento italiano aprobará los resultados de la Conferencia Intergubernamental sólo en el caso de que el Parlamento Europeo manifieste su voto favorable. 
El Gobierno italiano tanto en lo referente al Acta Única como al Tratado de Maastricht, se ajustó a la opinión favorable del Parlamento Europeo y además se somete al resultado del referéndum de 1989 que supedita las decisiones nacionales a las supranacionales. 
En lo que se refiere al Reglamento MEDA- cuestión suscitada por el Sr. Sarlis- y al reparto de los fondos asignados a cada país del Mediterráneo y con arreglo a lo sugerido por el Parlamento Europeo, el Consejo ha considerado importante alcanzar una solución para el conflicto entre Grecia y Turquía, tal como manifestó el Presidente Prodi, a fin de lograr así la aplicación global del reglamento MEDA en todos los países interesados, incluso Turquía, en cumplimiento asimismo del Acuerdo aduanero entre la Unión Europea y Turquía. 
El Reglamento además no prevé ningún reparto previo de las financiaciones entre los países mediterráneos y ello por el hecho de que se trata de financiar proyectos susceptibles de garantizar el desarrollo de los países de la cuenca del Mediterráneo eligiendo los proyectos mejores. 
Por último, deseo agradecer a sus Señorías el haber reconocido y recalcado los progresos hechos respecto, entre otros, a la antigua Yugoslavia, Europol, en materia de energía y de la Conferencia Intergubernamental, así como la solución de la controversia política con el Reino Unido sobre la actividad de la Unión Europea y ligada a la crisis de la EEB. 
(La sesión, interrumpida a las 19.45 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Períodos transitorios en los Tratados de Adhesión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-0673/96 del Sr. Hautala y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre el período transitorio de cuatro años para los tres nuevos Estados miembros, Austria, Suecia y Finlandia, de cara a algunas disposiciones comunitarias en materia de medio ambiente; -B4-0674/96 de las Sras. Myller y Graenitz, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre el período transitorio de cuatro años concedidos a los nuevos Estados miembros en sus tratados de adhesión para la legislación en materia de medio ambiente; -B4-0675/96 del Sr. Rübig y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre el procedimiento de revisión en virtud de los tratados de adhesión a la UE de los tres nuevos Estados miembros, Austria, Suecia y Finlandia; -B4-0676/96 del Sr. Ryynänen y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, a la Comisión, sobre el procedimiento de revisión de las medidas comunitarias en el campo del medio ambiente en el marco del período transitorio acordado a los tres nuevos Estados miembros; -B4-0677/96 del Sr. Sjöstedt y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre el acuerdo especial de cuatro años sobre niveles más altos de protección medioambiental con Suecia, Finlandia y Austria al integrarse en la UE en 1995; -B4-0678/96 del Sr. Mamère, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, a la Comisión, sobre los períodos transitorios previstos en los tratados de adhesión de Suecia, Finlandia y Austria; -B4-0679/96 de la Sra. Sandbæk, en nombre del Grupo Europa de las Naciones, a la Comisión, sobre el período de transición para los tres nuevos Estados miembros, Suecia, Finlandia y Austria en lo que respecta a determinadas disposiciones relativas al medio ambiente; -B4-0680/96 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre la revisión de las normas comunitarias relativas al medio ambiente tras la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Finlandia, Suecia y Austria obtuvieron el derecho a mantener durante un plazo de cuatro años determinadas disposiciones, más estrictas, en materia de medio ambiente. 
Durante el periodo de transición, está prevista la revaluación de las correspondientes disposiciones de la Unión, con el fin de evitar que los nuevos Estados miembros no se vean obligados a reducir el nivel de su normativa a principios de 1999. 
En breve, habrán ya transcurrido dos años desde el comienzo de este periodo transitorio y aún no ha ocurrido absolutamente nada. 
La Comisaria de Medio Ambiente declaró al inicio de su mandato que la revaluación de estas disposiciones constituía uno de sus objetivos principales. 
Tenemos razones justificadas para sospechar que la Comisión aspira únicamente a encontrar una endeble solución de compromiso a pesar de que ahora se presenta la oportunidad de elevar el nivel de la protección ambiental y sanitaria en toda la Unión Europea. 
Señora Comisaria, ahora debe usted asumir la responsabilidad de sus promesas y convencer a sus colegas de que un elevado nivel en materia de protección ambiental reviste una gran significación para toda la Unión, y que para lograr este objetivo no basta con un compromiso. 
La Comisión y el Consejo deberán presentar para primeros de abril del próximo año un detallado informe sobre los progresos realizados en este ámbito. 
Señora Presidenta, la primera intervención que realicé en este Parlamento a comienzos de enero de 1995, era una pregunta dirigida a usted, señora Comisaria. 
Quería saber qué opinión tenía sobre el período en que se debería enjuiciar los estándares medioambientales más elevados de los nuevos tres Estados miembros, Austria, Finlandia y Suecia. 
En aquella ocasión, me respondió que consideraba una de sus tareas más importantes elevar los niveles medioambientales de los países miembros. 
Los nuevos Estados miembros no debían rebajar sus estándares sino que los estándares comunitarios debían elevarse gracias a los nuevos países. 
Todos sabemos que la política de medio ambiente no es posible por separado a nivel nacional y que cualquier mejora favorece a todas las ciudadanas y ciudadanos de la Unión si existen menos sustancias peligrosas, menos contaminación del aire y menos daños medioambientales. 
Tras esta respuesta, acogida muy favorablemente por mí y seguramente también por los demás nuevos Estados miembros, han pasado casi exactamente 18 meses en los que no me ha sido posible notar qué medidas ha aplicado o si ha habido en absoluto medidas. 
Hemos presentado esta pregunta oral por nuestra preocupación por el medio ambiente comunitario, por la salud de las personas en la Unión Europea y también por mandato de las ciudadanas y ciudadanos, en interés de estas personas, pues tenemos que decirles que sus intereses se encuentran por encima de los de la economía, que solamente son a corto plazo, y que, a la postre, un desarrollo sostenible de nuestra Unión Europea exige también la correspondiente legislación en materia de medio ambiente. 
Urgimos, por ello, para que se presente un plan en el que se muestre cómo, mediante qué medidas y en qué marco temporal se pueden alcanzar estas adaptaciones. 
Creo que no podemos perder más tiempo, pues dos años y medio son un tiempo relativamente corto para la legislación en esta Asamblea, incluso aunque funcione la colaboración entre todas las instituciones que deben participar. 
Diversas propuestas que se han presentado al Parlamento, como por ejemplo, las directivas sobre la calidad de los carburantes y las emisiones de los vehículos, podrían contener elementos de estos estándares medioambientales más elevados. 
Me pregunto porqué no es este aún el caso. 
En la revisión del quinto programa marco habría también esperado que se mencionase a los tres nuevos Estados miembros, pues una revisión debe tener en cuenta las nuevas circunstancias y la ampliación de la Unión a unos campos de tal magnitud y tan sensibles desde un punto de vista de política medioambiental, es sin duda un nuevo hecho a tener en cuenta. 
Señora Comisaria, espero que pueda responder a las preguntas que hoy le planteamos del modo tan positivo como hizo a comienzos de 1995, al iniciar su actividad. 
También espero que se logren elevar los estándares medioambientales en la Unión Europea hasta finales de este decenio a un nivel muy bueno para las personas y el medio ambiente. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores, tratado proviene de tratar y los tratados deben respetar lo que prometen. 
Precisamente en la solución horizontal del derecho medioambiental, se trata de que antes de la adhesión hemos dicho sí con una aplastante mayoría. 
Hace aproximadamente 500 días, dos de cada tres ciudadanos austríacos se han pronunciado a favor de la Unión Europea depositando una gran confianza en ella. 
La Unión no debe defraudar esta confianza. 
EL 13 de octubre se van a celebrar elecciones en mi país y van a ser de nuevo una piedra de toque para ver si la eficiencia a nivel europeo es tal como uno se imagina. 
En el acta de adhesión, la Unión Europea se comprometió a adaptar en el plazo de cuatro años los estándares medioambientales mencionados en los anexos del tratado de adhesión al nivel de protección más elevado de los tres nuevos países miembros, Finlandia, Suecia y Austria. 
En especial, se trata de la actualización de los textos legales ya existentes sobre la clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas, sobre pesticidas y productos fitosanitarios, sobre las pilas y el contenido de plomo en la gasolina. 
De cara a una profundización de la aceptación de los ciudadanos de los Estados miembros frente a la UE, es importante que se recoja la oportunidad que ofrece el proceso de revisión para lograr nuestro objetivo común de crear unos estándares medioambientales unitarios a un elevado nivel. 
Por este motivo, depositamos grandes esperanzas en las propuestas de la Comisión Europea y la requerimos para que cumpla con decisión sus compromisos derivados del acta de adhesión. 
El lento ritmo de trabajo mantenido hasta ahora es difícilmente comprensible tanto por mí como por los ciudadanos de la Unión Europea. 
Instamos a los Estados miembros de la Unión Europea para que cumplan sus compromisos adquiridos en el marco de las negociaciones de adhesión con los nuevos Estados miembros y que proporcionen el necesario apoyo a las propuestas que debe elaborar la Comisión. 
El mercado interior sólo puede funcionar si existen estándares unitarios. 
Por ello, debería ser de interés para todos nosotros perseguir conjuntamente unos estándares medioambientales unitarios a un elevado nivel e impedir así la amenaza de socavamiento del principio en que se basa el mercado interior debido a unos estándares diferentes. 
Como un representante del estamento económico en el Parlamento Europeo, concedo la mayor importancia a que se apliquen los estándares medioambientales superiores en toda la Comunidad Europea. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, los ciudadanos de la Unión Europea esperan muestras concretas de que esta actúa verdaderamente en defensa de su seguridad y de su futuro. 
Por tal motivo, se presenta extremadamente importante una intervención a nivel de la Unión Europea para resolver los problemas transfronterizos de carácter medioambiental. 
No cabe esperar la aceptación por parte de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros en caso de que la Unión obligara a estos países a debilitar el nivel de sus legislaciones en materia de medio ambiente. 
Por el contrario, creemos que son razonables nuestras expectativas de que, aunando esfuerzos, podemos lograr un avance en materia de política ambiental. 
Para mejorar la situación del medio ambiente, es indispensable el establecimiento de objetivos primordiales de cooperación internacional con carácter vinculante. 
Hemos confiado en las promesas de la Comisión acerca del desarrollo de la legislación comunitaria durante el periodo transitorio con el fin de lograr armonizar esta legislación con las disposiciones más avanzadas de los nuevos Estados miembros. 
Ya va siendo el momento de conocer las medidas, los planes y el calendario con que la Comisión prevé cumplir sus promesas, es decir, ¿cuál está siendo la actuación de la Comisión para desarrollar la legislación, tanto desde el punto de vista del Tratado, como desde el del quinto programa de acción sobre el medio ambiente? 
¿Cuál es la postura de la Comisión ante la revisión del artículo 104, que permitiría a los Estados miembros no solamente mantener su legislación en materia ambiental cuando esta sea más rigurosa, sino también introducir nuevas disposiciones que supongan una mejora de la situación del medio ambiente. 
Desearía aún hacer hincapié en que estamos ante un principio de la mayor importancia para la credibilidad de toda la Unión Europea, a la vez que exigimos, de manera justificada, que se nos informe sobre el futuro de las disposiciones transitorias concedidas a los nuevos Estados miembros. 
Las excepciones que han sido acordadas a estos Estados constituyen, de por sí, asuntos de gran relevancia. 
Así, por ejemplo, Finlandia desea conservar su derecho a permitir una menor concentración de cadmio en los fertilizantes, ya que este elemento no es degradable, no desaparece, sino que se va acumulando y, con él, también los perjuicios que este acarrea; del mismo modo, para evitar la acidificación, es imprescindible limitar la concentración de azufre en los carburantes líquidos. 
Señora Presidenta, en el transcurso de los debates que precedieron a la adhesión a la UE, a Suecia, Austria y Finlandia se les dio un periodo de transición de cuatro años para algunos aspectos de su legislación en materia de medio ambiente. 
La UE prometió por su parte revisar su normativa. 
En Suecia se presentó el acuerdo con la UE como una garantía absoluta de que Suecia no se vería obligada a debilitar ningún aspecto de su normativa ambiental. 
El ministro responsable subrayó que Suecia, a través del artículo 100a.4, podría conservar una normativa ambiental más estricta en caso de que la Unión no pudiera elevar su nivel al nuestro. 
Desde la fecha no hemos visto grandes progresos. 
Sigue sin existir un calendario para el logro de los objetivos por parte de la UE. 
Si la Unión no reforma su normativa ambiental como lo prometió, o si incluso obliga a los nuevos países miembros a eliminar su normativa, resultaría muy decepcionante. Serviría como fundamento a la crítica masiva actual de la UE que comparte la mayoría de suecos. 
Por eso voy a formular cuatro preguntas concretas a la Comisaria Bjerregaard. 
1.La pregunta trata de la legislación en materia de productos químicos. 
Es necesario que la Comisión presente cuanto antes una propuesta para la modificación de la Directiva sobre fertilizantes que resuelva una serie de cuestiones relativas a la cuarta categoría de productos de riesgo de la normativa sueca respecto a productos químicos. 
¿Cuándo va a hacer entrega de esta propuesta la Comisión? 2.Es necesario un calendario para la valoración del riesgo y la modificación de la Directiva sobre límites para las sustancias peligrosas. 
Nos referimos a las normas suecas para el cadmio, aleaciones orgánicas basadas en el aluminio, arsénico y PCP (pentaclorofenol). 
¿Cuándo va a decidir la Comisión en qué modalidad se van a desarrollar estos trabajos? 3. ¿Qué iniciativas va a adoptar la Comisión en lo referente al comercio de pesticidas? 
La contaminación de las tierras de cultivo es un grave problema, y ya existen soluciones técnicas para separar el cadmio del ácido fosfórico y otras sustancias.4. ¿Podrá Suecia, en caso de que la UE no haya modificado suficientemente su normativa en el periodo de transición, acogerse al artículo 100a.4, a pesar de no haber participado en la votación del Consejo cuando se adoptó la presente Directiva? Toda esta problemática demuestra lo absurda que es la prioridad que establece en su normativa la UE de anteponer la libre circulación de productos a los criterios ambientales. 
Por eso cabe introducir una verdadera cláusula de salvaguardia en la Conferencia Intergubernamental. 
Una cláusula que garantice el derecho a mantener e introducir una normativa más estricta para productos en base a unos criterios ambientales y sanitarios. 
Señora Presidenta, el trabajo de la Comisión en relación con el procedimiento de revisión en virtud de los Tratados de adhesión a la UE de Austria, Finlandia y Suecia avanza con normalidad, contrariamente a lo que sugieren algunos de los comentarios escuchados hoy aquí. 
La Comisión asume plenamente sus obligaciones de revisar las disposiciones pertinentes de los actos comunitarios legislativos que no son aplicables a los tres nuevos Estados miembros durante un período de cuatro años. 
Para empezar, me gustaría que quedara totalmente claro que dentro de mi ámbito de competencias, el medio ambiente, tengo- y he tenido siempre- el siguiente punto de vista político: ningún nuevo Estado miembro está obligado, al finalizar el período transitorio a finales de 1998, a reducir sus normas de medio ambiente y de sanidad para aplicar en ese momento las normas legales pertinentes de la UE, así que confirmo la respuesta que di a la Sra. Graenitz hace más de un año. 
Al mismo tiempo, quiero añadir que el resultado no depende únicamente de los esfuerzos de la Comisión, sino también de los que estén dispuestos a hacer los Estados miembros, sobre todo los nuevos Estados miembros. 
Las posibilidades de la Comisión de lograr un buen resultado dependen, por ejemplo, muchas veces de la información recibida de los Estados miembros sobre temas como la clasificación de sustancias peligrosas en el país de que se trate. 
Para intensificar el diálogo sobre este tema entre los nuevos Estados miembros y la Comisión, sugerí que el 20 de junio de 1996 celebráramos una reunión a alto nivel entre la Comisión y representantes de Austria, Finlandia y Suecia para coordinar nuestros esfuerzos. 
Durante esa reunión se debatieron los resultados alcanzados, la estrategia para el futuro y el calendario para el procedimiento de revisión. 
La reunión y las reuniones regulares del mismo estilo planificadas para el futuro formarán- creo- una sólida base para continuar con el procedimiento de revisión. 
Para alcanzar el objetivo político de unas normas elevadas en materia de medio ambiente y sanidad resulta esta cooperación muy importante, ya que la Comisión, como he dicho, necesita disponer de información procedente de los nuevos Estados miembros. 
Me he comprometido a que mis servicios, junto con los otros servicios competentes, se encarguen de incluir todas las sustancias y preparados por revisar en el orden del día de los debates que tengan lugar dentro de los correspondientes grupos de expertos. 
En los casos en que las directivas estén siendo revisadas, la Comisión se esforzará por tener en cuenta los legítimos intereses de los nuevos Estados miembros. 
Se trabaja en este momento en todos los niveles para terminar el proceso antes de finalizar el período transitorio y nos esforzaremos por encontrar soluciones que sean aceptables para todas las partes. 
Ahora relataré lo que está pasando o lo que ha pasado con una serie de directivas con aspectos sanitarios o medioambientales incluidas en la cláusula de revisión. 
Varios oradores han mencionado este tema. 
Quiero añadir que las directivas son gestionadas por distintos servicios, por lo que son competencia de diferentes comisarios. 
En primer lugar, la Directiva nº 67/548 relativa a sustancias peligrosas. 
Con respecto a los diferentes requisitos de clasificación y etiquetado de unas 100 sustancias para las que Austria y Suecia tienen otras disposiciones por diferentes motivos, la Comisión se encargará de que todas estas sustancias figuren en el orden del día de las reuniones de expertos de la Oficina Europea de Productos Químicos en Ispra. 
Los resultados de estas reuniones serán aprobados como adaptaciones al desarrollo técnico según el procedimiento de comisión que se establece en la Directiva. 
Ya tenemos los primeros resultados. 
La adaptación nº 22 de la Directiva al desarrollo técnico, que comprende alrededor del 20 % de las sustancias por debatir- 13 en el caso de Austria y 11 en el de Suecia -, será aprobada en breve como directiva de la Comisión. 
Si los nuevos Estados miembros entregan a tiempo los datos científicos necesarios, existen buenas perspectivas para finalizar el procedimiento antes de finales de 1998. 
Respecto a los distintos criterios de clasificación de las sustancias cancerígenas en Suecia y a la llamada «cuarta categoría» , también de Suecia, es indispensable tener en cuenta la armonización en curso bajo los auspicios de la OCDE. 
Tanto la Comisión como Suecia desempeñarán un papel activo en este proceso para garantizar que se alcancen resultados aceptables antes de finalizar el período transitorio. 
Austria presentará un estudio sobre los efectos en los consumidores de los requisitos más rigurosos relativos al etiquetado. 
Sobre la base de este estudio y la propuesta de Austria relativa a las medidas en el caso de accidentes, se celebrarán más debates. 
La siguiente es la Directiva nº 88/379 relativa a preparados peligrosos. 
Los problemas referentes a la clasificación, envasado y etiquetado de los preparados peligrosos están estrechamente relacionados con los problemas derivados de la Directiva que acabo de mencionar. 
La solución para los preparados peligrosos seguirá, por lo tanto, grosso modo las normas indicadas en relación con aquélla. 
En cuanto a los preparados no peligrosos, se ha propuesto una solución a los problemas en la revisión prevista de la Directiva nº 88/739. 
La aprobación de una propuesta presentada por la Comisión de una nueva directiva del Parlamento Europeo y del Consejo está prevista para el mes de julio de 1996. 
Seguidamente, la Directiva nº 78/631 relativa a los plaguicidas. 
Va a ser suprimida. 
La clasificación, envasado y etiquetado de los plaguicidas serán incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva modificada relativa a los preparados peligrosos. 
La propuesta de nueva directiva del Parlamento Europeo y del Consejo será seguramente aprobada por la Comisión en julio de 1996. 
La Directiva nº 91/414 se refiere a la comercialización de los productos fitosanitarios. 
Una propuesta que incluya la clasificación, envasado y etiquetado de los productos fitosanitarios, para los que Austria y Finlandia tienen normas diferentes, será elaborada paralelamente a la propuesta de la Comisión de modificación de la Directiva nº 78/631 relativa a los plaguicidas. 
Toca ahora el turno a la Directiva nº 76/769 relativa a las restricciones en la comercialización y el uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
La legislación de los nuevos Estados miembros es más estricta, tal como se ha mencionado aquí hoy, en lo referente a la comercialización y el uso de PCP, cadmio, compuestos orgánicos con estaño y arsénico. 
Durante los debates celebrados hasta ahora ha quedado claro que no pueden ser introducidas sin unanimidad unas normas estrictas como las que desean los nuevos Estados miembros sobre las valoraciones detalladas de los riesgos, y en relación con lo anterior habrá que incluir también los productos químicos sustitutivos de estas sustancias. 
Estas sustancias serán, por lo tanto, incluidas en la tercera lista de prioridades del Reglamento nº 793/93 del Consejo relativo a la valoración y el control del riesgo de las sustancias existentes, siempre que se defina con exactitud la formulación química de estas sustancias y se conozca la identidad de los productores y de los importadores. 
Estas valoraciones de los riesgos, que deberán estar terminadas a principios de 1998, formarán, junto con la información técnica y económica, la base de los debates del grupo de trabajo pertinente. 
La Comisión iniciará estudios especiales después de las vacaciones de verano, y los estudios austriacos relativos a los productos sustitutivos del PCP serán tenidos debidamente en cuenta. 
Austria presentará asimismo un estudio sobre la reducción paulatina del uso del cadmio. 
La última Directiva que quiero mencionar es la nº 76/116 relativa a los abonos. 
Es posible modificarla mediante un procedimiento de comisión. 
Basándose en una valoración de los riesgos y en un estudio económico sobre el contenido de cadmio en los abonos, que representa un problema para todos los nuevos Estados miembros, será posible presentar una propuesta a la comisión competente. 
Pido disculpas por mi larga intervención, señora Presidenta, pero me parecía que debía al Parlamento una explicación amplia sobre estos temas. 
Señora Presidenta, señora Comisaria y estimados colegas, en relación con las negociaciones para la adhesión, a Suecia se le concedió una normativa de transición de cuatro años en algunos aspectos de sus disposiciones en materia ambiental. 
El objetivo era que la UE pudiera dar alcance a nuestras normas, más estrictas, durante ese periodo. 
Naturalmente, a la larga no podemos conceder exenciones y disposiciones especiales dentro del mercado común y crear con ello unas divergencias que repercutirían en la circulación de bienes y servicios y en la libre competencia. 
Justificadamente, nosotros interpretamos que estas excepciones se convertirían en cuatro años en unos niveles mínimos comunes para la Unión, y que nuestro país no se vería obligado de ningún modo a rebajar nuestra normativa ambiental. 
Los ríos, mares y aire, son comunes a todos y cabe hacer uso de los recursos que brinda la Comunidad para crear una normativa única. 
Conseguir una política ambiental viable es la más importante labor de la Unión. 
No se pueden solucionar los problemas graves y transfronterizos que tenemos actualmente a un nivel exclusivamente nacional. 
Es sobre todo el medio ambiente lo que requiere una estrecha colaboración europea, y la política ambiental tiene actualmente un gran peso específico en relación con la credibilidad de la Unión Europea. Sobre todo teniendo en cuenta las esperanzas de la nueva generación. 
Por eso es doblemente urgente que lleguemos a unos resultados. 
Ya hemos sido miembros durante más de año y medio. 
Según la Comisión, se están llevando adelante los trabajos. 
Me gustaría que se nos presentaran unas pruebas más concretas de que se da prioridad a estos trabajos por parte de la Comisión, pero me ha producido una cierta tranquilidad lo que acabo de oír hoy. 
No obstante, me gustaría recibir más informes sobre el calendario general y el modo en que se organiza la cooperación entre las diversas ramas. 
Según nuestra experiencia, está demostrado que no tiene por qué haber divergencias entre los criterios industriales y los ambientales, muy al contrario. 
En la Unión ya funcionan las tecnologías, los productos y los valores límites en la actualidad. 
Hay que utilizarlos creando la política ambiental necesaria a largo plazo que nos proporcione unos conocimientos y unas soluciones modernas. 
Con respecto a los trabajos de revisión, no se ha dicho claramente si ya funcionan o no. 
De hecho, la responsabilidad por su organización y estructuración recae sobre la Comisión. 
Estoy convencida de que ningún país se rehusa a proporcionar la información necesaria. 
Debe efectuarse cuanto antes esta revisión para que dispongamos de una base sobre la que adoptar decisiones y con ello crear la confianza necesaria en el ciudadano para que con ello podamos transferir nuestras normas al acervo comunitario en 1999 a más tardar. 
Señora Presidenta, su intervención, señora Comisaria, ha sido muy interesante. 
Sin embargo, no ha expuesto su opinión sobre la cuestión más importante. 
¿Cómo interpreta la Comisión el apartado 4 del artículo 100 a? 
Se trata de un tema relevante saber si Austria, Finlandia o Suecia pueden mantener disposiciones propias en el ámbito de la protección del medio ambiente y del ambiente de trabajo. 
Es decir, que a estos países no se les pueda achacar que quieran practicar una discriminación arbitraria y una limitación encubierta del comercio con los medios que pueden aplicar. 
No es este el objetivo de los nuevos tres países sino mantener e incluso elevar el alto nivel medioambiental en Europa. 
Los ciudadanos europeos tienen también esta prioridad. 
Señora Comisaria, en el artículo 69 del tratado de adhesión se dice: se pueden conservar normas específicas que serán revisadas en 1998. 
Se dice además: independientemente de los resultados de dicha revisión, será aplicable el acervo comunitario desde la finalización del período transitorio. 
Este es el quid de la cuestión. 
Me gustaría saber de usted cómo se debe proseguir allí donde no se llegue a un acuerdo. 
¿Sigue siendo válido lo que nos prometió en 1994 si existen dificultades de armonización en Europa? 
No queremos tener unas normas específicas sino que toda Europa participe e introduzca las mismas reglas que en nuestros tres países son ya ley. 
Este es hoy el tema y no las dificultades concretas sobre el cadmio, pilas alcalinas, etc. 
Señora Presidenta, a pesar, de las promesas hechas por la Comisaria Bjerregaard, la actuación de la Comisión durante un año y medio no basta para reafirmar a los ciudadanos en la idea de que la Comisión pretende actuar en serio de acuerdo con lo estipulado en el tratado que firmó con los Estados miembros. 
Como muestra de ello, en el programa AUTO-OIL, aprobado por la Comisión hace algunas semanas, se propone un nivel máximo de concentración de benceno en las gasolinas del dos por ciento, cuando el nivel máximo permitido ya en numerosos Estados miembros es del uno por ciento. 
Si la Comisión hubiera deseado realmente mostrar su intención de elevar el listón de la normativa ambiental al nivel que tienen los nuevos Estados miembros, no cabe duda de que debería haber propuesto el límite de concentración del benceno en la gasolina en el uno por ciento. 
Ejemplos reales como éste, que- como ya se ha dicho en este foro- no es el único, restan toda credibilidad a la actuación de la Comisión, la cual, por su parte, debería elaborar a la mayor brevedad posible un plan para exponer cómo pretende hacer cumplir sus promesas. 
Señora Presidenta, tras haber escuchado la respuesta ofrecida por la señora Comisaria, debemos plantear seriamente qué es lo que va a ocurrir a principios de 1999 si fracasa esta revaluación. 
Entonces podría darse el caso de que, por ejemplo, la industria francesa de los fertilizantes elevara una queja ante la Comisión a causa de las limitaciones finlandesas sobre el cadmio; y, a la postre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas concluiría que Finlandia pone trabas a la libre competencia y que tendría, por lo tanto, que suavizar su propia legislación en materia de medio ambiente, cuya importancia debe haberle quedado clara a todo el mundo tras este debate. 
Si deseamos impedir una cadena de sentencias que debiliten la protección ambiental de los nuevos Estados miembros, hay que revisar durante la Conferencia Intergubernamental la relación entre libre circulación y protección del medio ambiente, tal como se ha resaltado desde esta tribuna. 
Pero, señora Comisaria, usted no ha respondido a las preguntas que aquí se le han formulado. 
¿Cree usted que se va a estrechar durante la Conferencia Intergubernamental la relación entre protección ambiental y libre comercio en beneficio de la primera? 
¿Cuál es la postura de la Comisión al respecto? Y, por lo demás, no resulta nada apropiado que usted actúe a espaldas del Consejo. 
Sin lugar a dudas, usted, en su calidad de Comisaria, tiene todo el derecho, y usted lo sabe, a presentar iniciativas por lo que respecta a esta cuestión. 
Afortunadamente, se trata de un asunto que requiere el procedimiento de codecisión, por lo que el Parlamento Europeo deberá mostrarse muy activo en este tema, formularle a usted continuas preguntas al respecto y procurar imprimir un carácter más riguroso a las propuestas que se presentarán al Parlamento, las cuales, con toda seguridad, nos llegarán bajo una formulación intolerable por su inconsistencia. 
Señora Presidenta y señora Comisaria, no es suficiente esforzarnos para que se resuelvan los problemas que tenemos. 
Esforzándonos no vamos a dar una solución a la normativa de transición que tienen Austria, Suecia y Finlandia. 
Debemos fijarnos un objetivo más elevado. 
El objetivo deben ser unas propuestas concretas sobre lo que hay que hacer para evitar que tengamos que rebajar nuestros niveles de protección del medio ambiente. 
En realidad, éste es el único mensaje que nos interesa. 
No es suficiente que nos esforcemos durante un cierto periodo. 
Por eso no bastan las respuestas que ha dado la señora Comisaria. 
Ciertamente, es positivo que en julio se produzcan unos resultados en cuanto a la Directiva sobre los fertilizantes. Pero queremos saber cuáles son esos resultados. 
Tampoco basta que diga que se van a producir unos resultados en relación con la comercialización de pesticidas que contienen cadmio. 
Queremos saber qué va a pasar. 
No creo que sean necesarias más pruebas de lo que el cadmio que contienen los pesticidas está haciendo con el ecosistema. 
Ya existen pruebas visibles de ello en toda Europa. 
Hemos de saber qué piensa hacer la Comisión. 
Lo mismo se aplica a los calendarios para la Directiva 76/769 sobre valores límite para las substancias peligrosas. 
Alguien ha dicho que no es necesario precisar cuál es el efecto de las substancias peligrosas que nos causan preocupación. 
Pero yo creo que realmente se necesita esta precisión. 
La señora Comisaria ha hablado de una valoración detallada del riesgo. 
Pero no necesitamos saber más sobre el cadmio, las aleaciones orgánicas basadas en el aluminio, sobre el arsénico o el PCP. 
No creo que sea pertinente seguir comprobando su efecto. 
Creo que la situación en torno al medio ambiente que caracteriza a toda Europa ya demuestra que el problema existe, y que es posible hallar las fuentes del problema. 
En mi opinión, sólo hay dos opciones: 
1.Que la Comisión, en colaboración con los respectivos gobiernos, presente unas medidas y calendarios concretos sobre el modo en que se va a solucionar el problema, y que se nos conceda una salvaguardia de conformidad con la cláusula del medio ambiente del artículo 100a.4.2.Que la Comisión reconozca su fallo en cuanto a la gestión y prolongue el periodo de transición.Como alguien ha dicho, no se trata simplemente de cuestiones relativas al medio ambiente. 
Se trata además de la confianza del ciudadano hacia la UE. Ya hemos celebrado unos referenda. 
Sabemos que quizás será necesario celebrar otros, y que la cuestión del medio ambiente es absolutamente decisiva para el modo en que los ciudadanos valoren el poder de acción de la UE y la propia UE. 
Por consiguiente, cabe dar más muestras de este poder de acción de lo que se ha hecho hasta la fecha en este ámbito. 
Señora Presidenta, ésta es verdaderamente una prueba para la UE, puesto que la totalidad de las organizaciones suecas para la protección del medio ambiente se han mostrado escépticas con anterioridad al referéndum con vistas a la adhesión, en base a unas consideraciones relacionadas con el ecosistema. 
La promesa que da la Comisaria Bjerregaard de que ninguno de los nuevos países miembros va a verse obligado a rebajar sus normas es extremadamente generosa. La cuestión es cómo puede compaginarse con la nota de la Comisión de fecha 10 de abril, que dice en inglés «la opción más realista sería adoptar un nivel de protección que constituya un compromiso entre el nivel menos estricto existente entre los nuevos países miembros y el actualmente vigente en la Comunidad». 
Este compromiso debe necesariamente llevarnos a una rebaja de los niveles en los nuevos Estados miembros. 
En otra nota de la Comisión de fecha 18 de junio, hace unas pocas semanas, se dice que no se considera suficiente el periodo de transición de cuatro años para la Directiva sobre fertilizantes y pesticidas. 
Por eso es una promesa extremadamente generosa la que ha dado la Comisaria Bjerregaard. 
¿Significa esto que la Comisaria considera que estos papeles de la Comisión, en que se manifiesta de un modo notablemente más pesimista en lo referente a la posibilidad de cumplir la promesa, no tienen valor, y que la Comisaria está poniendo en riesgo su posición política para que Suecia, Austria y Finlandia no tengan que rebajar una sola norma de los cientos de casos concretos a los que se aplica esta cuestión? 
Me gustaría que se me confirmara todo esto. 
Señora Presidenta, a juzgar por algunas de las intervenciones, se diría que antes no he pronunciado una sola palabra. 
Me he centrado especialmente en las reuniones, incluso las de alto nivel, he explicado una serie de temas mencionados por los oradores precedentes y he descrito el calendario y el procedimiento para el trabajo de la Comisión. 
He expuesto también mis objetivos políticos a nivel personal. 
Creo que todo el mundo en esta Asamblea sabe que a ningún país se le han dado garantías de antemano. 
A todos los países se les ha explicado que se pretende alcanzar el nivel más alto posible: he manifestado que éste es mi objetivo político y que trabajaré para que se alcance. 
Varias de estas propuestas están siendo sometidas obviamente, a un procedimiento democrático. 
No obstante, los países que forman parte de la Comunidad Europea desde hace más tiempo han pasado por un proceso democrático en relación con las propuestas aprobadas, y, como es lógico, no pueden aceptar quedarse fuera en el momento de modificar algunas de las normas. 
Debemos, obligatoriamente, cumplir las reglas de juego existentes. 
En ocasiones ha sido difícil obtener la información que necesitábamos de los Estados miembros, pero la última reunión a alto nivel ha cambiado bastante esta situación, como he dicho en mi primera intervención. 
Ahora ya recibimos la información que nos hace falta para poder hacer las modificaciones necesarias. 
En cuanto al debate sobre lo que sucederá si no se pueden cumplir los requisitos establecidos, confío en que podamos cumplirlos. 
Estoy trabajando en ello y creo que es políticamente posible. 
Entiendo que cuento con el apoyo del Parlamento. 
Esta es la tarea que nos aguarda y juntos debemos hacer todo lo posible para alcanzar los objetivos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Simplificación legislativa y administrativa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0201/96) de la Sra. Mosiek-Urbahn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el informe del Grupo de expertos independientes relativo a la simplificación legislativa y administrativa. 
Señora Presidenta, el Grupo Molitor no ha elaborado un buen informe. Es desequilibrado, incompleto y parcial. 
Además, el Grupo Molitor no cumplió el plazo establecido. 
A la luz de todo esto, tal vez sea adecuado que el Parlamento Europeo someta ahora el informe Molitor a debate, cuando han pasado varios meses desde que fue archivado y, posiblemente, incluso desechado por la Comisión. 
Para que la simplificación administrativa y legislativa sea una realidad, debemos rechazar el concepto de desreglamentación. Eso significa niveles más bajos de salud y seguridad en el puesto de trabajo, menor protección del consumidor y controles ambientales más bajos. 
Es el tipo de desreglamentación que prevé el informe. 
Además, el Grupo Molitor pone más énfasis en las necesidades de las grandes empresas que en aquéllas de las PYME, que son las auténticas creadoras de empleo. 
La Comisión y este Parlamento han avanzado. 
La mejora legislativa que aligera y simplifica la legislación sobre las iniciativas del mercado interior merece ser bien acogida. 
Es posible alcanzar acuerdos sobre planes para simplificar la legislación de la Unión Europea, sobre planes para identificar y consolidar mejor las leyes pertinentes en textos únicos y más asequibles. 
Además, hay que avanzar en el ámbito de impedir que los servicios sociales nacionales doren la legislación europea haciéndola más onerosa de lo que conviene. 
De forma similar, no se debe permitir que el Comité de Conciliación contamine directivas y gobiernos para que incrementen sus esfuerzos encaminados a garantizar una aplicación uniforme de la legislación en toda la Unión y, en caso necesario, deben aumentarse los poderes de la Comisión para hacer cumplir la legislación. 
La simplificación de las leyes es clave para la competitividad europea, pero debe llevarse a cabo previa consulta y con la plena participación de la sociedad, y debe prestar especial atención a las necesidades de las PYME. 
Es una pena que el Grupo Molitor no haya reconocido estos desafíos y es una pena que estemos debatiendo el informe Molitor a estas altas horas de la noche, cuando el debate y gran parte de la actividad han pasado a otros asuntos mayores y mejores. 
Señora Presidenta, señoras y señores, un proverbio alemán dice que no tiene ningún sentido matar al pianista cuando el piano está desafinado. 
Existe unanimidad en que el entramado de la legislación europea es demasiado complicado debido al gran número de reglamentos y directivas en gran medida incomprensibles, por lo que cada vez encuentran menos aceptación. 
Pero detener por ello el proceso de unificación europea supondría matar al pianista. 
Tenemos que ir a las raíces del problema y el instrumento para solucionarlo debe ser mejorar y simplificar el derecho comunitario. 
La Comisión también lo ha visto así, por lo que ha creado el Grupo de expertos independientes bajo la Presidencia de Bernhard Molitor. 
Ante el trasfondo del creciente desempleo en toda la Unión y de una competencia cada vez más fuerte de los EE.UU. y del Japón, el grupo debería, cito: » evaluar las repercusiones de las normas comunitarias y nacionales sobre el empleo y la competencia con el objetivo de reducir y simplificar dichas normas». 
El resultado es el informe Molitor, sobre el que hoy debemos debatir. 
Quiero expresar mi agradecimiento a los ponentes de las comisiones para opinión por su cooperación. 
Debido al procedimiento a aplicar, fue muy difícil extractar una opinión en base a las cuatro opiniones emitidas, si bien debo decir que personalmente habría deseado que al final hubiese salido un texto aún más corto, concreto y concentrado. 
El informe Molitor toca varios aspectos. 
Como ponente de la Comisión competente para el fondo, deseo referirme a seis puntos. 
Primero: el Grupo Molitor centra sus trabajos en el aspecto de la desregulación. 
Pero la desregulación de las normas comunitarias es solamente un aspecto parcial de la simplificación jurídica. 
Esta tiene que significar en primera línea que el derecho comunitario sea accesible para el ciudadano europeo; los aspectos de claridad y comprensibilidad de las normas comunitarias se encuentran, por ello, en primer plano. 
Un primer paso hacia ello es la exigencia planteada por el Grupo Molitor de una aceleración de la codificación del derecho comunitario, es decir, la recapitulación sistemática de los actos jurídicos que afectan a un mismo tema y sus subsiguientes modificaciones para convertirlas en un texto unitario. 
La codificación es la forma más sencilla y ahorrativa de simplificación jurídica que fomenta la confianza de los ciudadanos. 
Segundo: en el informe Molitor es importante la propuesta de que el proyecto común se base en un diálogo lo más amplio posible. 
Pero para ello debe tener lugar una consulta de los círculos afectados en todas las fases de la configuración conceptual del procedimiento legislativo, pero en cualquier caso, ya antes de la elaboración del primer proyecto legislativo, lo que permitiría evaluar mejor los aspectos de la subsidiariedad y de la proporcionalidad y una legislación más orientada a la práctica. 
Tercero: el informe no realiza un análisis objetivo de las repercusiones de la legislación comunitaria y nacional sobre la competitividad y el empleo. 
Habría sido muy importante que lo hiciese, pues la comprobación y evaluación de esta relación era objeto expreso del mandato encargado por la Comisión al grupo. 
Cuarto: el Grupo Molitor ha examinado los proyectos de ley a nivel comunitario exclusivamente bajo aspectos meramente económicos. 
No tiene en cuenta que las normas comunitarias representan un marco de orientación político que, entre otras cosas, debe tener en consideración de un modo ponderado los derechos de cada ciudadano europeo así como las exigencias de protección del medio ambiente y de la salud. 
Quinto: el Grupo Molitor no ha abordado en grado suficiente la relación existente entre la simplificación legislativa a escala comunitaria y la simplificación legislativa a nivel de los Estados miembros. 
La simplificación a nivel comunitario no conduce automáticamente en absoluto a la simplificación en los diversos Estados miembros. 
Sexto: para crear un derecho más simple, es absolutamente necesario proceder en base a una lista de criterios que debe convertirse en un elemento vinculante para la preparación de nuevos proyectos legislativos así como para la revisión de leyes ya existentes. 
Una actuación paso a paso, en base a una lista de criterios, ayuda a detectar a tiempo las tendencias sobrerreguladoras y advertir de ello al legislador. 
En el informe Molitor falta una lista de este tipo. 
Creo que el Parlamento Europeo debe intervenir activamente en el proceso de simplificación jurídica, por lo que propongo una lista de criterios que debe contener los siguientes puntos: primero: análisis de la necesidad de actuar teniendo en cuenta los mecanismos de autorregulación, es decir, el examen de la motivación, si es necesario que el Estado actúe. 
Segundo: el análisis de las diferentes posibilidades de actuación, es decir, la forma de la actuación estatal, aspecto este en el que la subsidiariedad desempeña un papel. 
Tercero: las alternativas a un acto legislativo, por ejemplo, una actuación informal del legislador o medidas en el marco de la propia responsabilidad de los círculos afectados. 
Cuarto: el momento adecuado para la actuación legislativa, es decir, la fijación de un plazo, la realización de un análisis costes-beneficios y finalmente el examen de si la medida es necesaria. 
Para finalizar, permítanme que exprese dos consideraciones básicas. 
Las leyes no deben asustar o intimidar sino animar a adoptar iniciativas; concepto clave: fomento de la autonomía. 
El exceso de regulación es siempre expresión de miedo y de inseguridad, de falta de confianza. 
Hay que ampliarla y recuperarla para que el concierto suene bien. 
Señora Presidenta, nuestra comisión apoya la idea de simplificar y clarificar la legislación europea, pero queremos subrayar que descartamos una reducción de los niveles de protección del medio ambiente, la salud pública o del consumidor en Europa. 
Somos de la opinión de que los altos niveles de protección sólo pueden alcanzarse mediante una reglamentación y armonización que respete el medio ambiente. 
Rechazamos el aserto que incluye el informe de que la política de medio ambiente europea que teníamos en el pasado era ineficaz. 
Lo cierto es que ha tenido un papel importante en la limpieza del medio ambiente europeo. 
Lamentamos la ausencia de una declaración firme a favor de la protección del medio ambiente por parte del Grupo Molitor. 
Recordamos a la Comisión que el Parlamento debe dar su consentimiento a cualquier derogación de la legislación y que toda ley que sea derogada debe ser sustituida. Esto es válido tanto para la política alimentaria como para la política medioambiental. 
Queremos simplificación, pero no queremos desreglamentación. 
A la hora de emprender cualquier acción de las que propone el informe Melitor deben tomarse algunos principios básicos como líneas de orientación. 
Primero, no podemos permitir una reducción de las normas actuales en materia de medio ambiente ni de los actuales niveles de protección del consumidor. 
De hecho, existe margen más que suficiente para endurecer las normas ambientales en numerosos campos, como ya hemos visto. 
Segundo, la legislación de la Unión Europea debe ser clara, coherente y transparente. 
Tercero, es necesario que se garantice una aplicación uniforme. 
Es lamentable que en el Grupo Molitor no haya habido ningún experto en legislación medioambiental o alimentaria. 
El resultado debe ser tratado con gran cautela y la Comisión de Medio Ambiente desea vivamente que no sigamos la vía de la desreglamentación, sino que se mantengan nuestros altos niveles europeos, aunque conservando la claridad y la simplificación en aquellos casos que en sean necesarias. 
Señora Presidenta, señoras y señores, los resultados del informe Molitor son decepcionantes. 
No se puede negar que muchas normas jurídicas son demasiado complicadas e inaccesibles para el lego en esta materia, pues son incomprensibles. 
Esta situación es extremadamente insatisfactoria, por lo que es necesario buscar soluciones para superar esta situación. 
Tal como se dice en el informe de la Sra. Mosiek-Urbahn, la claridad y legibilidad y, en consecuencia, una mejor comprensibilidad de las normas jurídicas, es un importante factor para su aceptación por los ciudadanos. 
El intento de llegar a una simplificación de las normas es manipulado con frecuencia en el debate político para cuestionar las conquistas logradas por los trabajadores y consumidores o en el ámbito del medio ambiente. 
En el informe del grupo se afirma, por ejemplo, que la simplificación jurídica y las relaciones recíprocas contribuyen a incrementar el crecimiento y a la creación de puestos de trabajo. 
Sin embargo, el grupo de trabajo no aporta la prueba de tal afirmación. 
Sin duda, una simplificación de las normas jurídicas, pero ante todo, de muchos procedimientos, es importante y deseable en especial para las pequeñas y medianas empresas. 
Sería de gran ayuda un clareo de las normas en muchos sectores- por ejemplo, en los reglamentos de obras, instalaciones industriales o autorizaciones. 
Pero es una peligrosa ilusión creer que mediante el dumping social y la supresión de la protección de los trabajadores o de la salud, se puede mejorar la competitividad. 
Hay que apoyar por ello plenamente el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos cuando se subraya allí que las propuestas de desregulación en el ámbito social no se pueden aceptar ni las que apuntan a reducir el nivel de protección en el trabajo a nivel europeo. 
También deben rechazarse las propuestas de que solamente se deben adoptar regulaciones de mercado interior allí donde el mercado interior obtenga unas claras ventajas. 
Para finalizar, quiero decir que no nos cerramos en absoluto a una reforma. 
Precisamente los diputados, quienes estamos especialmente obligados frente a los intereses de nuestras ciudadanas y ciudadanos, estamos a favor de la simplificación de las normas. 
Sabemos que nosotros también tenemos nuestra parte de culpa cuando surgen leyes que solamente son comprendidas por los especialistas y que la apelación para lograr una claridad y sencillez mayores debemos dirigirla también a nosotros mismos. 
Apoyamos también la propuesta de acelerar la codificación del derecho comunitario. 
En el excelente informe de la Sra. MosiekUrbahn se contienen también propuestas para enfrentarse a estos problemas. 
Pero no vamos a aceptar que con la excusa de la simplificación se ataque a los trabajadores y consumidores o al medio ambiente. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, y lejos de la retórica, esto es, cumpliendo un deber de estricta justicia, debo empezar resaltando la calidad del informe presentado por la Sra. Mosiek-Urbahn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
El rigor en los conceptos, la mesura en la merecida crítica y la claridad en la exposición, que llevan la huella personal de la ponente, destacan- más, si cabe- en contraste con el informe Molitor, que, para cualquiera carente de su gravitas germánica, presenta fáciles flancos a la descalificación superficial. 
El Grupo del PPE suscribe el informe en todos sus puntos y no dudamos de que éste recibirá mañana el respaldo de la mayoría de la Asamblea. 
Tras la luminosa exposición de la ponente, poco se puede añadir respecto de las luces y las sombras del informe Molitor. 
Por ello, señora Presidenta, permítame centrar mi intervención en el fundamento mismo del informe, en el mandato otorgado por la Comisión al grupo de expertos que- textualmente- les encomienda «valorar las repercusiones de las disposiciones comunitarias y nacionales sobre el empleo y la competencia, con objeto de, eventualmente, reducirlas y simplificarlas». 
Hablamos de normas, señora Presidenta, esto es, de disposiciones. 
Pero las normas, las disposiciones, cobran su fuerza de obligar, sacan su capacidad de integración social del hecho de ser Derecho. 
O son Derecho o no son nada. 
Y hay algo en ese mandato que repugna profundamente a cualquiera que tenga conciencia del Derecho, porque éste no puede medirse, examinarse, en función del empleo y la competencia, por muy transcendentes que ambas cuestiones sean. 
El Derecho- que sólo coincide con las normas cuando éstas son simples, son claras, son coherentes y reflejan los valores esenciales de la sociedad- es el soporte, la trabazón misma de ese proyecto cultural y político que es la Unión Europea y, por lo tanto, esa coherencia y esa consistencia, esa calidad, en fin, de las normas es un fin indisociable- me atrevo a decir aun a riesgo de resultar grandilocuente- de la propia construcción europea. 
Y cierto es, señora Presidenta. 
El ideal del Derecho europeo contrasta, sobre todo en algunas materias, con el enmarañado panorama de las normas comunitarias que, al entrar en contacto con las nacionales, cuajan, con más frecuencia de lo deseable, en un auténtico galimatías. 
Por ello, es urgente transformar el contrahecho acervo comunitario en auténtico Derecho europeo donde poder formar el criterio jurídico, donde hallar una guía segura que oriente y conduzca a los ciudadanos europeos, en este fin de siglo, por el intrincado dédalo de cuestiones que plantea la complejidad económica y social de nuestros días. 
La simplificación, la codificación, la mejora técnica de la producción normativa es así una tarea urgente, inaplazable. 
Pero el Derecho no está al servicio del empleo y la competencia, ni siquiera al servicio de los valores que constituyen el cimiento de nuestra civilización, pues el Derecho es la encarnación misma de esos valores de la sociedad. 
Concluyo, señora Presidenta, y, en homenaje a la ponente, me voy a permitir hacer una cita literal de la frase con que inicia Koschaker su seminal reflexión sobre el Derecho Romano, y cito en español porque mi alemán es excesivamente malo. 
Dice Koschaker: » No hay rama alguna de la ciencia que tenga un carácter tan europeo como la rama del Derecho Privado, y ello porque, desde que éste comienza a cultivarse, hace unos 850 años en la escuela de los glosadores de Bolonia, siempre ha sido la piedra angular de la construcción que llamamos Europa». 
Señora Presidenta, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos sólo es acertado en cuanto que hay cosas que objetar al trabajo de la Comisión Molitor, pero no tanto como pretende este informe. 
La Comisión Molitor ha cometido un error fundamental adentrándose en la casuística e identificando demasiado la postura de los empresarios con el deseo de quienes quieren un mínimo de legislación. 
Quizás sea correcto, como indica también el informe de la Sra. Mosiek, que sobre todo la pequeña y mediana empresa sea la que tenga que soportar una legislación excesivamente detallada, sin embargo eso no quiere decir que la legislación sea una cosa mala. 
No obstante, estoy convencido de que tanto el Comité Molitor como el Parlamento tendrían que haber adoptado un enfoque totalmente diferente. 
Espero que por lo menos la Comisión Europea quiera prestar atención a mi sugerencia. 
Ruego, y veo que el Comisario Monti no ha considerado necesario venir, y ya que la Sra. Bjerregaard está aquí, que me conteste, ya sea por escrito u oralmente, si la Comisión tiene planes de lanzar los Tratados como tales en una versión más clara y consolidada, y a continuación, al estilo de la estupenda versión consolidada de la legislación aduanera, reunir también otros temas en un código manejable, porque también en la práctica diaria tendría que poderse manejar una legislación europea sin demasiados esfuerzos. 
Esperamos con ilusión los resultados del proyecto SLIM de la Comisión, de forma que, si son positivos, la SLIM también pueda aplicarse a varios proyectos. 
Sin embargo, la Comisión ha de darse cuenta de que no todo el mundo, y sobre todo en el sector agrícola, tiene acceso sin problemas a la red CELEX. 
Mutatis mutantis puede objetarse lo mismo por parte del Parlamento Europeo. 
Cada vez que recibimos una modificación de una directiva antigua, hemos de averiguar por nosotros mismos cómo se ajusta esta modificación a la antigua directiva. 
De este modo no podemos promulgar una legislación coherente. 
Es algo que ya he indicado antes a la Comisión. La Comisión me ha dado una respuesta, pero no vemos suficientes resultados. 
Lo que no me gusta del informe de la Sra. Mosiek, por el que no obstante deseo felicitar a la ponente, es que los objetivos deseables, como el medio ambiente, y quisiera añadir la legislación social, se han traído por lo pelos. 
Por consiguiente, mi Grupo votará en contra de algunos pasajes, pero apoya globalmente el informe. 
Señora Presidenta, la primera reflexión que puede hacerse sobre el informe del Grupo Molitor es pesimista. 
Guarda silencio sobre cuestiones básicas y se formulan propuestas que inducen a preocupación y que defraudan las esperanzas depositadas en el trabajo del Grupo Molitor. 
Si lo que se pretende es hacer accesible a los ciudadanos el Derecho comunitario en vigor mediante la simplificación legislativa y administrativa, no se ve cómo puede alcanzarse esta pretensión sin abordar exhaustivamente la relación existente entre la simplificación legislativa a escala comunitaria y en los Estados miembros. 
Por un lado, hay ámbitos específicos que no han sido tratados por el Grupo Molitor y que afectan a los ciudadanos, tales como la legislación en materia de medio ambiente. 
Y, por otro, hay algunos que han sido tratados primando sólo criterios económicos. 
Así, las propuestas que supuestamente pretenden una simplificación legislativa sólo conducen a una desreglamentación en materia social y a reducir la protección de los trabajadores a nivel europeo, sin entrar a analizar las repercusiones de la legislación comunitaria y de las legislaciones nacionales en competitividad y empleo. 
Esto es inaceptable. 
Las puntualizaciones formuladas por la ponente son muy pertinentes, lo mismo que sus recomendaciones. 
Por último, quiero señalar que la simplificación y la reducción de los textos legislativos no puede conducir al coaccionamiento solapado de los derechos. 
Señora Presidenta, las normas jurídicas y administrativas deben ser lo más claras y sencillas posibles ya debido al mandato básico de todas las legislaciones que así lo exigen. 
Ante la situación de hecho de nuestra legislación, no es de extrañar que la Comisión haya encargado a un grupo de expertos que elabore propuestas para simplificar las normas jurídicas y administrativas de la Comunidad. 
Pero si se ve la unánime crítica que todas las comisiones del Parlamento encargadas de ello han ejercido sobre los resultados del Grupo Molitor, uno se pregunta si dicho resultado no se debe también al carácter global del mandato. 
En cualquier caso, dicho carácter ha permitido que el grupo trabaje con la hipótesis de que simplificación es lo mismo que desregulación. 
Es decir, esta palabra es el concepto clave que no solamente está algo anticuada sino que además, como programa, ha colocado a nuestra economía precisamente donde nos encontramos, es decir, en la crisis coyuntural y social del desempleo en masa. 
El Parlamento cumple su obligación negando su aprobación a este concepto y apoyando a las comisiones. 
Las enmiendas presentadas por mi grupo político quieren concretizar dos aspectos en la línea presentada por la Sra. ponente, a saber los estándares medioambientales y sociales, y pretenden contrarrestar la tendencia de armonización al mínimo nivel. 
La mejor simplificación de las normas legislativas y administrativas es la que deriva de la claridad de los fundamentos jurídicos, pero, lamentablemente, en los casos que mencionados solamente son derecho comunitario vinculante en los artículos 130 a hasta 130 t. 
El protocolo sobre la política social, por ejemplo, no lo es aunque debería serlo lo antes posible y el Parlamento no debería cejar en exigirlo. 
Señora Presidenta, la simplificación puede ser muy complicada. 
La forma como el grupo Molitor ha abordado el problema identificando efectivamente simplificación y desreglamentación no ha simplificado el tratamiento del problema de la simplificación. 
Porque el resultado está ahí, todo el mundo viene a decirnos: no toquen mi acervo comunitario ni mi legislación. 
Ahora bien, hoy el problema es el de recuperar la majestad de la ley. 
Pues en la mayoría de los casos lo que se llama déficit democrático no es, de hecho, otra cosa que un déficit de legibilidad. 
La metodología que propone la Sra. Mosiek-Urbahn es, a ese respecto, absolutamente excelente. 
Quisiera añadirle dos observaciones. 
La primera versa sobre la consulta. 
Es cierto que hay que consultar, en el proceso legislativo, pero podemos preguntarnos si la Comisión, que consulta mucho, no tiene tendencia a interiorizar- podríamos decir- el debate, con lo que deja poca materia para el debate parlamentario. 
Mi segunda observación- y con ella termino, señora Presidenta- es la de que este debate es inseparable del de la jerarquía de las normas. 
Para que haya simplificación, tiene que haber distinción de lo legislativo y lo reglamentario. 
La Conferencia Intergubernamental debería ocuparse de eso. 
Esta noche podemos agradecer a la Sra. Mosiek-Urbahn que haya planteado el problema con tanta maestría. 
Señora Presidenta, mi Grupo ve con buenos ojos la simplificación de la legislación europea. Sin embargo, consideramos que el informe Molitor no es más que un primer impulso. 
Asimismo, y al igual que el Consejo de Florencia, esperamos que la Comisión presente este año los primeros resultados del proyecto SLIM, es decir, la simple legislation for the internal market, al Consejo y al Parlamento, repito, también al Parlamento. 
Las empresas europeas siempre han pedido un mercado interior. El mercado en el que una gran cantidad de leyes nacionales se funden en una legislación europea uniforme. 
Sólo ha de garantizarse la uniformidad. 
Los Estados miembros, junto con la Comisión, han de ocuparse de que la legislación se aplique de forma correcta y puntual. 
Ambos han de controlar también cómo se cumple la legislación y si se cumple. 
Si creamos leyes que luego no se cumplen, no haremos más que dañar la base del Estado de derecho. 
Con el control de una legislación correcta y puntual quiero decir que hemos de evitar que la legislación nacional resulte innecesariamente complicada al transponerla. Un ámbito que Molitor no ha tenido ocasión de tratar, injustificadamente. 
Aquí también quiero abogar por un programa de acción común de la Comisión Europea y los Estados miembros para lograr una mejora de la calidad de la transposición a nivel nacional. 
El control ha de ir asociado a unas sanciones justas. Preferiblemente también a un procedimiento de queja en la Comisión que facilite a las empresas presentar quejas, siempre que las tengan, en lugar de intimidarlas de forma que no se atrevan a presentarlas. 
Tales quejas han de tomarse en serio y es preciso vincular el procedimiento de queja a un plazo. 
Quisiera finalizar diciendo que lamento muchísimo que el Comisario Monti no esté presente, pues hoy hemos de celebrar un aniversario, no el del Comisario, sino por el hecho de que hace exactamente un año que en la reunión de la Comisión, el Comisario me prometió- a raíz de una pregunta que le formulé- que tendríamos en seguida un derecho de queja. 
De haber estado aquí presente para celebrarlo, me habría encantado poder ofrecerle una tarta. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Mosiek-Urbahn, por su informe, pues constituye una valiosa contribución a nuestros esfuerzos por simplificar los procedimientos legislativos y administrativos. 
Como el Parlamento ya sabe, la Comisión ha dedicado tiempo al proceso de simplificación y ha emprendido una serie de iniciativas en este sentido en distintos sectores, como lo confirman los informes emitidos al Consejo y al Parlamento. 
La simplificación de los procedimientos legislativos y administrativos a los que están sometidas las empresas es un elemento esencial de la estrategia global en pro del crecimiento, la competitividad y el empleo. 
La Comisión consideró que era necesario recabar información sobre este tema de un grupo de expertos independientes. 
Por este motivo, constituyó en septiembre de 1994 un Grupo de este carácter bajo la presidencia de Bernhard Molitor, para que evaluara la influencia tanto de la legislación comunitaria como de las legislaciones nacionales sobre el empleo y la competitividad, con vistas a presentar propuestas referentes al proceso de simplificación. 
Ya conocen ustedes la actitud de la Comisión ante el informe presentado por el Grupo Molitor, puesto que se ha pronunciado sobre todas y cada una de las propuestas del mismo. 
Así, la Comisión opina, igual que el Parlamento, que el informe Molitor y las pautas generales de la Comisión relativas a las políticas legislativas evidencian que es necesario garantizar disposiciones de Derecho comunitario que sean al mismo tiempo unívocas, claras y pertinentes; impulsar la codificación del Derecho comunitario; mejorar y reforzar su aplicación a nivel nacional; utilizar «listas de criterios» para verificar las disposiciones comunitarias; realizar estudios en ámbitos de especial importancia; consultar a las partes interesadas; valorar los resultados de la labor legislativa y realizar estudios sobre los efectos de estas medidas en las pequeñas y medianas empresas, tal como han mencionado hoy varios oradores. 
Al igual que al Parlamento Europeo, a la Comisión también le habría gustado que el informe Molitor demostrara la relación que forzosamente ha de existir entre las simplificaciones propuestas, por un lado y la competitividad y el empleo por otro. 
Le habría gustado asimismo que el Grupo hubiera hecho más hincapié en analizar y valorar la influencia de las legislaciones nacionales, tal como han subrayado muchos oradores. 
La Comisión comparte, así pues, la opinión del Parlamento Europeo de que el apoyo y el estímulo a la simplificación no deben ser sinónimos de desregulación. 
Se trata de conseguir una legislación mejor, es decir, de lograr que el Derecho comunitario sea coherente, accesible y fácil de utilizar para todas las empresas, ciudadanos y autoridades, sin renunciar a lo que ya se ha conseguido en materia de administración común; y estoy pensando, sobre todo, en la puesta en marcha del mercado interior y en la conservación del alto nivel de protección alcanzado en los ámbitos de sanidad, seguridad y medio ambiente, y defensa de los consumidores, tal como dicta el Tratado. 
A pesar de estas reservas hacia el informe Molitor, éste constituye una contribución útil al debate sobre la simplificación- y lo subrayo: una contribución útil-. 
Corresponde, obviamente, a la Comisión emprender las iniciativas necesarias, al igual que corresponde en última instancia a los legisladores determinar su actitud ante las mismas. 
Iniciativas recientes de las instituciones comunitarias como el proyecto SLIM demuestran que el proceso está en marcha. 
Pueden ustedes estar seguros de que la decisión relativa al informe de la Sra. Mosiek-Urbahn, que el Parlamento adoptará seguramente mañana, servirá a la Comisión de fuente de inspiración. 
He planteado a la Comisión una pregunta muy clara y directa. 
Puede ser que la Sra. Bjerregaard solamente lea el texto que ha recibido, pero al menos puede prometer que vamos a recibir una respuesta por escrito. 
Ya en los comentarios iniciales se me pidieron respuestas por escrito a las preguntas formuladas. 
Esta petición será, obviamente, cumplida. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Plan de acción sobre las energías renovables 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0188/96) del Sr. Mombaur, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el plan de acción comunitario sobre energías renovables. 
Señora Presidenta, señoras y señores, estimadas y estimados colegas, entre los desafíos más perentorios en Europa se incluyen los relativos al mercado de trabajo y a la protección de la atmósfera debido a su limitada capacidad de absorción de los gases derivados del consumo de carbón, petróleo y gas. 
El plan de acción sobre energías renovables supone una aportación esencial para afrontar ambos desafíos. 
Se trata de un mercado a nivel mundial de técnicas energéticas que va a seguir aumentando a causa del hambre de energía del mundo, que aporta ante todo soluciones locales para una cifra que va a alcanzar pronto los tres mil millones de personas. 
Se demandan técnicas innovadoras que combinen la utilización de varias energías renovables. 
La Unión es puntera en la técnica relativa a la utilización de dichas técnicas. 
¿Queremos perder también aquí el tren del desarrollo tal como nos ha pasado en otros campos? 
¿No queremos ver las oportunidades? 
Junto con la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, mi respuesta es No. Tenemos que actuar con rapidez, de lo contrario, la producción abandonará Europa. 
Jacques Santer ha dicho: » A Europa no le faltan triunfos sino una estrategia para jugarlos». 
Y Jacques Delors dijo: » En la lucha mundial que implica la competencia, la Comunidad adolece de un presencia insuficiente en los mercados orientados al futuro». 
¡Qué cierto es lo que dicen ambos! 
Así pues, trabajemos en la estrategia y apliquémosla. 
Hoy es el pistoletazo de salida. 
El momento del debate a comienzos de julio de 1996 no podía ser más favorable. 
La Presidencia irlandesa ha anunciado que esta exigencia es su prioridad. 
La UNESCO va a declarar en septiembre con motivo de la cumbre solar el decenio de la energía solar. 
En julio se va a celebrar en Ginebra la Conferencia del clima. 
En Trieste, los ministros de Energía de los países de la UE y del Mediterráneo acaban de crear un Foro para energías renovables. 
Lamentablemente, tengo que recordar que a comienzos del año, la Comisión al conceder los créditos de investigación para energías renovables, despertó una muy mala impresión. 
Ahora tiene la ocasión de lavar esa mala imagen. 
¿Cuál es nuestra estrategia? 
Quien crea que puede imponer técnicas energéticas renovables con fondos fiscales está en el camino equivocado. 
No, la receta solamente puede ser ganarse los mercados, es decir, lograr una demanda permanente y no sólo temporal. 
Sobre este presupuesto, hay que permitir a los productores de estas técnicas nuevos niveles de producción, es decir, también reducciones de costes. 
Aquí se incluye coordinar los programas de la Unión, de los Estados miembros y de terceros países, con un reparto del valor añadido para todos los participantes, en especial los países del Magreb, quienes han puesto en marcha programas de electrificación para soluciones locales descentralizadas. 
Aquí se incluye que se coordinen por fin de un modo claro las numerosas políticas de la diversas Direcciones Generales, para que todo el mundo comprenda qué es lo que se está haciendo en total. 
También se deben animar los mercados mediante estándares para bienes comerciables y elevar los créditos presupuestarios para investigación, pues este es uno de los ámbitos de investigación más importantes. 
La Unión, representada por la Comisión, debe cooperar mejor que hasta ahora con el Banco Mundial. 
Nuestras consultas han revelado déficits al respecto. 
También creemos que una asesoría de empresas debería analizar la eficacia de las medidas que hemos aplicado hasta ahora. Recuerdo también la necesidad de establecer un impuesto energético sobre las emisiones de CO² a nivel europeo. 
Apoyo a mi colega Spencer: el próximo huracán debería llevar el nombre de una empresa petrolera. 
¿Qué les parece el nombre Mobil? 
A nivel de los Estados miembros es necesaria la información y la formación de arquitectos. 
Si las constructoras privadas se dirigen a arquitectos que no tienen ni idea de la técnica, no avanzará nada. 
Necesitamos instaladores y tenemos que modificar la legislación en materia de urbanismo en los Estados miembros. 
Necesitamos normas para la alimentación de las redes con energías renovables y, naturalmente, tenemos que acabar por fin con los monopolios en el mercado energético, para que exista por fin un interés para que avance esta evolución en favor de los ciudadanos y consumidores. 
Estas medidas que acabo de mencionar, muestran claramente que la Unión Europea no puede hacer avanzar ella sola este proceso. 
Somos una Comunidad supranacional al respecto. 
Necesitamos la cooperación de los Estados miembros y aquí hay mucho que hacer. 
¿Cómo es que Grecia tiene unos valores mucho mejores que Italia? 
¿Cómo es que existen grandes diferencias entre Francia y Alemania, que son extremas en el caso de la técnica eólica? 
¿Porqué entre Dinamarca e Irlanda? 
Todo está sin aclarar, todo muestra graves déficits. 
Está claro que si uno bloquea, frena todo. 
Señor Comisario, hay que decidir qué es lo que debe hacer la Unión y qué es lo que deben hacer los Estados miembros. 
Las declaraciones generales no nos sirven de nada. 
Por ello, el debate en el Consejo es de importancia estratégica- quiero subrayarlo especialmente -, pues el Consejo, como órgano conjunto de los Gobiernos de los países miembros y como órgano colegislador, tiene que decidir si hace responsable a la Unión o si dice que la Unión no debe actuar y, en este caso, lo exigiremos a los Estados miembros. 
Por ello es de importancia estratégica. 
Señor Comisario, le agradezco que esté presente a esta hora tan tardía. 
En nombre de la comisión, y espero también en nombre del Pleno, le insto para que no pierda ningún tiempo. 
Aproveche el gran apoyo que le otorga la Asamblea. 
Transmita la comunicación ya anunciada de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo lo antes posible para que al pistoletazo de salida de hoy siga pronto una carrera con éxito. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Mombaur. 
Es lo habitual, pero esta noche lo digo con toda sinceridad. 
Le felicito por tres motivos. 
Por elaborar no sólo un informe con comentario, sino también un plan de acción bien pensado, por haber organizado una audición para la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía en la que se nos informó con todo detalle sobre el futuro y, naturalmente, por conseguir la aprobación unánime en la comisión. 
El Parlamento Europeo tiene un antiguo compromiso con la energía renovable. 
Lo ha demostrado en sus resoluciones, pero también lo ha demostrado de una forma más práctica aumentando el presupuesto destinado a dichas energías. 
Me alegra mucho que el Sr. Mombaur acepte el objetivo del 15 % de energía primaria de aquí al año 2010, objetivo fijado en la Conferencia de Madrid y en el plan de acción que siguió a la conferencia celebrada recientemente en Milán. 
Si contemplamos la situación actual, nos daremos cuenta de que es decepcionante: no se acerca en absoluto al 15 %, más bien al 5 %. 
Existe toda una serie de barreras- técnicas, fiscales, de reglamento -, mucha ignorancia y una cantidad considerable de inercia en los Estados miembros. 
Tenemos competidores que no muestran esa inercia. 
Los Estados Unidos y Japón están lanzándose al mercado: compañías norteamericanas han firmado recientemente contratos fabulosos en China y la India para instalar sistemas fotovoltáicos. 
Nosotros ni siquiera aprovechamos debidamente los fondos disponibles en la Unión Europea. 
Podríamos hacer uso de los Fondos estructurales en proyectos regionales para energía renovable. 
Podríamos hacer un uso mucho mayor del programa MEDA. Podríamos hacer uso de los programas PHARE y TACIS. 
Todos ellos se están utilizando en su gran mayoría para programas nucleares, a pesar de que éstos no siempre son adecuados. 
El Consejo de Ministros ha demostrado una y otra vez una actitud de obstruccionismo, y la saga de THERMIE II demuestra que no se ha sabido aprovechar la oportunidad de impulsar las energías renovables. 
Es fundamental que en las negociaciones en el marco de la CIG se hagan esfuerzos encaminados a dotar al Parlamento de competencia por Tratado en materia de energía renovable, junto con la que ya tenemos, de manera algo anacrónica, en materia de energía nuclear a través del Tratado Euratom. 
Necesitamos el equivalente al Tratado Euratom para la energía renovable. 
Sería una buena idea, a propósito, si hiciéramos algo en nuestro edificio relacionado con la energía renovable. 
Por lo que sé no existe ningún plan para hacer nada en absoluto, lo cual es una vergüenza. 
¿Importa? 
Sí, importa porque en Río prometimos que nos comprometeríamos a reducir el CO2 y no hemos cumplido la promesa. 
No la estamos cumpliendo y no lo haremos a menos que cambiemos el rumbo. 
Importa porque en algunas partes del planeta- en África, India y China- las personas llevan una vida disminuida por no tener acceso a electricidad. 
No disponen de ninguna red en las inmediaciones y sólo la energía renovable puede darles acceso a suministro eléctrico y al tipo de vida que nosotros damos por descontado. 
Importa debido al potencial que existe en nuestra propia Unión Europea y a lo largo de toda la Europa central y oriental. 
Importa porque estamos desperdiciando la posibilidad de crear puestos de trabajo. 
Afirmamos que nuestra prioridad número 1 es la creación de empleo. Sin embargo, no tomamos ninguna medida en materia de energía renovable que, sin duda, crearía puestos de trabajo. 
¿Qué debemos hacer entonces? 
Primero, tenemos el plan de acción del informe del Sr. Mombaur. 
Espero que los colegas lo lean con mucha atención. 
No sólo contiene lo que debe hacerse, sino además quién debe hacerlo. 
Debemos seguir de cerca los avances en ese plan de acción al menos cada seis meses. 
La Unión Europea tiene un presupuesto que podría utilizar. 
La Comisión podría coordinar mucho mejor de como lo hace las acciones de todas las distintas Direcciones Generales que guardan alguna relación con la energía renovable. 
Me gustaría sugerir que se denomine el galardón Febo, en honor al dios Sol. 
Nuestros Estados miembros- y aquí tenemos una cierta influencia- deben comenzar a eliminar algunas de las mencionadas barreras. 
Me complace afirmar que el sector que se ocupa de la energía renovable, esta noche ha tenido el gran acierto de crear el Consejo europeo para la exportación de energía renovable. 
Necesitamos que las empresas salgan a vender energía renovable. 
Quiero decir al Comisario Sr. Papoutsis que conocemos su firme y sincero compromiso con la energía renovable. 
Como ha dicho el Sr. Mombaur, sentimos grandes deseos de colaborar con él durante los próximos años para garantizar que algo que debía haber ocurrido hace mucho tiempo, al menos ocurra ahora. 
Señora Presidenta, señor Comisario, tengo que empezar por decir que hago mías enteramente las palabras que acaba de pronunciar mi distinguida colega, la Sra. McNally. 
Y creo que afirmar esto sin restricción ninguna es una prueba evidente de que los Grupos políticos, al menos los dos mayores Grupos políticos en esta Asamblea, no estamos divididos en la batalla relacionada con las energías renovables, sino que estamos absolutamente unidos en su defensa y en su promoción. 
Y para un diputado que ha tenido la honra de trabajar durante ya más de 10 años en la comisión parlamentaria que hasta esta legislatura llevaba como primer apellido el de la Energía es un motivo de vivísima satisfacción haber leído con la atención y detenimiento requeridos el excelente informe de mi compañero de Grupo y querido colega el doctor Mombaur, porque en ese informe están recogidas muchas ilusiones y muchas aspiraciones por las que algunos de nosotros, convencidos, poco a poco, de la necesidad de apoyar este tipo de energías, hemos trabajado. 
Yo mismo tuve la honra- y el Sr. Mombaur tiene la cortesía de así decirlo- de presidir esa Conferencia de Madrid, a la que se ha referido la Sra. McNally, y de presentar meses después, en octubre de 1994, una propuesta de resolución para que el Parlamento se pronunciara al respecto y pidiera a la Comisión que también lo hiciera. 
Fue necesario buscar un procedimiento al respecto porque la Comisión, que había patrocinado con gran generosidad y comprensión la Conferencia de Madrid, tenía que hallar el modo de enviar oficialmente un documento que no era suyo al Parlamento para que éste pudiera examinarlo. 
Pero cuando hay voluntad política, esos problemas administrativos se resuelven, y se resolvió. 
Hace muy poco más de un año, el doctor Mombaur recibió el encargo de preparar este informe y, como acaba de decir la Sra. McNally- lo repito una vez más -, trabajó duramente en aquella audiencia que nos permitió contrastar tantas opiniones. 
Yo querría añadir dos cosas. 
La primera es que, en todo momento, hemos tenido la conciencia de que la Comisión Europea nos ha respaldado, por supuesto, mucho más que la mayor parte de los Estados miembros y que el Consejo mismo. Yo mismo lo he vivido a través de los Sres. 
Comisarios encargados de energía con los que he tenido contacto, los Sres. Cardoso Cunha, Matutes, Oreja y, actualmente, el Sr. Papoutsis, y quiero dar las gracias a todos ellos por su comprensión. 
Quiero añadir también que, en el informe del Sr. Mombaur, conviene fijarse no sólo en las conclusiones, que son claras y meridianas y que consisten, señor Comisario, en pedirle a usted, en pedir a la Comisión, que estos documentos, estas ideas, estas iniciativas sean, de verdad, transformadas en un programa de acción, sino que también hay que prestar alguna atención- e invito a los Sres. colegas a que lo hagan- a la exposición de motivos. 
A veces, ese documento carece de interés o es un mero complemento a la parte resolutiva. 
No es éste el caso. 
El Sr. Mombaur, cuidadosamente, ha agrupado en ese texto razonamientos de enorme calado e importancia que sirven para reflejar que, por fin, en los ambientes políticos europeos, que son esenciales para vencer las resistencias mencionadas, existe una creciente convicción de que las energías renovables y sus fuentes pueden aportar una contribución sustancial al panorama energético europeo. 
Y no sólo eso, sino que puede, como quedó dicho en dos conferencias en Atenas, enviar un mensaje y una utilísima ayuda a los países que nos circundan, y me refiero en particular a los países del sur y este del Mediterráneo. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, el informe Mombaur va encaminado a satisfacer la necesidad de que la Unión Europea profundice y dinamice una política de medio ambiente y energía en el nivel mundial, que resulta cada vez más urgente ante los gravísimos problemas que se intensifican y menoscaban el clima y el equilibrio del planeta. 
No podemos permanecer por más tiempo indiferentes a lo que ocurre en la Tierra y la Unión Europea tiene que tomar la delantera en la determinación de las medidas adecuadas para que no se agraven- sino que poco a poco se vayan reduciendo- principalmente los llamados «efectos de invernadero» y el «agujero de la capa de ozono». 
De continuar la utilización de los combustibles fósiles en la producción de energía, es evidente que seguirá produciéndose también la emisión de gases contaminantes, con las conocidas consecuencias nefastas en el clima. 
Así, pues, urge avanzar decididamente hacia la utilización de las energías renovables que, junto con una seria política de ahorro de energía y de aumento de la eficacia energética, constituye el medio principal para superar los citados problemas. 
Las ventajas de las energías renovables son innumerables y de casi todos conocidas, pero el hecho de que sean prácticamente inagotables, no contaminantes y autóctonas, puedan explotarse fuera de las redes y no exijan gastos en combustibles las hace particularmente atractivas. 
Por todo eso, apoyamos el informe, felicitamos al Sr. Peter Mombaur y ofrecemos cinco observaciones al respecto que consideramos importantes: 
la primera es la de que, sean cuales fueren los programas comunitarios relativos a las energías renovables, las asignaciones deben ser importantes y ajustadas no sólo a una amplia promoción de las respectivas fuentes y a la concreción del volumen de las inversiones, sobre todo en las regiones periféricas y ultraperiféricas y en la islas de la Unión Europea, sino también a un vasto programa de formación profesional, investigación aplicada, desarrollo y demostración sobre prospección de potencialidades y aprovechamiento de esas energías.-la segunda es la de que se debe incentivar a los Estados miembros para que creen agencias regionales de energía y medio ambiente, sobre todo para el necesario estudio y la actualización de los planes energéticos en el ámbito de las regiones, así como para la coordinación y acompañamiento de las medidas y acciones que se vayan formulando y aplicando y también para participar en redes regionales y locales creadas entre los Estados miembros y/o sus departamentos u organismos como una de las mejores formas de ayudar a la difusión de las energías renovables.-en tercer lugar, es importante que la Unión Europea y los Estados miembros empiecen a dar ejemplos prácticos de su interés y deseo en ese sector energético, como en el caso de los edificios de sus instituciones y organismos públicos, cuya arquitectura debería funcionar como modelo en lo que respecta sobre todo al aprovechamiento de la energía solar; por lo que se refiere al aprovechamiento de la biomasa, conviene que los Estados miembros intensifiquen no sólo estudios en ese sector, que presenta mucho interés, aparte de la simple utilización de la leña como combustible, sino también trabajos de repoblación forestal más importantes e inteligentes que despierten gran interés en el sector agrario y el consiguiente aumento de la producción de biomasa; -por último, en la creación de nuevos impuestos con vistas a castigar la producción de energía tradicional, es necesario que no se acabe perjudicando con ello la actividad económica de la Unión Europea: los impuestos energéticos, sobre todo por su repercusión en todo el sector industrial, sólo deben determinarse en el nivel mundial para que no acabe produciéndose otro dumping, ahora de naturaleza ecológica, con efectos nefastos una vez más en la Unión Europea y sus Estados miembros. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, el informe del Sr. Mombaur contiene un análisis muy realista de las posibilidades y medidas en el ámbito de la generación de energías renovables. 
Esto puede ser útil para Europa. 
El Grupo de los Liberales comparte la visión expresada hoy aquí y considera que a la larga tendrá que reservarse un presupuesto para ello. 
Pero en estos momentos, a nivel del Consejo se está practicando un juego muy sucio. 
Una y otra vez el Consejo bloquea los programas que han de generar un ahorro de energía, una reducción de las emisiones de CO2 y la transmisión de conocimientos en materia de tecnología energética dentro y fuera de Europa. 
Primero sucedió con THERMIE, ya en 1994, y ahora vuelve a suceder lo mismo con SAVE II. Es curioso que el Consejo no recorte nunca los programas de energía nuclear o fusión nuclear. 
Para estos incluso se aumentan los presupuestos sin ninguna discusión. Asimismo es curioso que sobre todo los Estados miembros grandes con fuertes intereses en el sector de la energía nuclear, como Francia, Alemania e Inglaterra, sean quienes bloquean el SAVE II en el Consejo. 
Ya va siendo hora de poner al corriente a los ciudadanos de Europa y de Alemania del juego que está practicando su gobierno. En lugar de nuevas tecnologías, exportan energía nuclear anticuada, que no les sirve de nada en su país, a países de la Europa Central y Oriental, como Ucrania. 
Los países de Europa Occidental, entre los que se encuentran los Países Bajos, tienen una enorme sobrecapacidad de electricidad. 
Las centrales eléctricas que suministran esta energía son relativamente mucho más limpias que las centrales de países como Ucrania. 
Pero estas centrales no sirven de nada aquí. Tenemos más que suficientes. 
Mi Grupo pregunta a la Comisión y al Consejo por qué no exportamos nuestras centrales eléctricas de combustión de gas a Ucrania, donde podrían suministrar energía en poco tiempo. 
Por último, quisiera abogar en nombre de mi Grupo por una política energética europea, pues sin ello no se puede hablar de política ambiental europea. 
Señora Presidenta, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Mombaur por su excelente informe. 
Es inusual poder acoger favorablemente y sin reservas el informe de un colega, pero sé que esta noche sí lo hacemos. Es una manera realmente práctica de avanzar en el campo de las energías renovables. 
Las energías renovables nos presentan una paradoja. 
Son las más antiguas de todas las fuentes de energía, pero, en la actualidad, son las nuevas tecnologías las que nos permiten aprovecharlas con eficacia y hacer realidad un nuevo potencial. 
Los beneficios son inagotables y no se contamina la biosfera. 
Es especialmente importante que ese más del 50 % de la población mundial que carece de infraestructura, de electricidad y energía para desarrollarse, pueda disponer de infraestructuras descentralizadas de forma limpia y concreta. 
Debemos considerar esto como una prioridad urgente. 
La producción local de energía fotovoltaica en edificios hace que la energía renovable sea muy competitiva. 
Garantiza puestos de trabajo y asegura la colaboración con el Tercer Mundo y con el Mediterráneo en particular. 
En este contexto, quisiera que se hiciera un mayor uso de la energía renovable en los edificios públicos de Bruselas y de otros lugares de la Unión Europea. 
Sé que el ponente se ha propuesto ser realista con el objetivo del 15 %. 
A la luz de la práctica actual, que está estancada, supone un valioso paso adelante. 
Por mi parte, afirmo que podemos superar ese objetivo y que podemos aspirar a alcanzar el 20 % si nos lo proponemos seriamente. 
Quisiera también manifestar mi conformidad con aquellos colegas que sostienen que necesitamos una auténtica política energética para la Unión Europea. 
¿Por qué debemos aprobar en este Parlamento la financiación de ningún presupuesto nuclear con cargo al presupuesto de Euratom, si el Parlamento no puede aprobar este tipo de políticas y éstas no están incluidas en los Tratados de la Unión Europea. 
Va siendo hora de que tengamos una auténtica política energética para la Unión Europea y una auténtica política de medio ambiente. 
Debemos lograrlo con un fundamento jurídico. 
Señora Presidenta, el ponente, a quien quiero también felicitar por su excelente trabajo, fundamenta con claridad meridiana que es urgente y necesario que la Comisión elabore un plan de acción. 
Naturalmente, la UE solamente puede fomentar y favorecer un cambio de rumbo solamente en base al principio de subsidiariedad. 
La última responsabilidad radica en los Estados miembros. 
Junto a las causas primarias que hablan en favor del plan de acción, quiero llamar la atención sobre los efectos positivos sobre la población en el área rural, también en lo que se refiere al empleo. 
Mediante el fomento de los enfoques y actividades regionales se pueden crear nuevos puestos de trabajo. 
El mercado de la tecnología para el uso de fuentes de energía renovables es un mercado de futuro muy competido, precisamente debido a estas condiciones. 
Un plan de acción para el uso de fuentes de energía renovables debe contener los siguientes rasgos básicos: deben realizarse a máximo nivel político unas declaraciones de intenciones claras, creíbles y orientadoras que deben incorporarse por los legisladores europeos y nacionales en un marco jurídico vinculante. 
Como objetivo debe marcarse elevar hasta el año 2010 la proporción de energías renovables en el consumo primario de un 5, 2 % actual hasta un 15 % y creo que este ambicioso objetivo puede ser realista. 
Las instituciones públicas deben actuar de modo ejemplar en sus proyectos de inversiones, lo que afecta también a los edificios públicos de la Unión Europea. 
Organizativamente, la Unión Europea debería ejecutar una política unitaria para el fomento de las fuentes de energía renovables de entre las numerosas competencias aisladas de las Direcciones Generales de la Comisión. 
Se deberían fomentar las tecnologías ya existentes mediante el estímulo de las inversiones europeas en terceros países, para no dejar a la competencia sectores de mercado en este campo tan prometedor. 
Los créditos presupuestarios para este campo que va a influir decisivamente sobre el futuro de Europa tienen que estar en una relación razonable con las sumas que se han invertido hasta ahora en el marco de la investigación del EURATOM, por un lado, y en la protección de centrales nucleares que necesitan un saneamiento, por otro. 
Señora Presidenta, señoras y señores, he presentado dos enmiendas que me parecen esenciales. 
¿Porqué? 
Porque el programa SAVE II, que fue dotado con 150 millones de ecus, ha sido recortado en el Consejo hasta 45 millones. 
Imagínense: Alemania se remite a su subsidiariedad y Austria estaba incluso a favor de que se acortase hasta 35 millones de ecus. 
¡Increíble! 
Somos el país modelo de Europa en lo tocante a las normas de medio ambiente y, por otro lado, recortamos precisamente aquellos programas que nos ayudan a aplicar estas normas. 
¡Es realmente fantástico lo que ha hecho el Consejo! 
Por ello, me parece importante que insistamos sobre este punto y que digamos que así no puede ser y que el Parlamento Europeo no lo acepta. 
Queremos apoyar buenos programas que nos ayuden a ahorrar energía, por lo que el programa SAVE II debería estar dotado al menos con 150 millones de ecus para poder ser competitivo. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente, el Sr. Mombaur, por su excelente informe. 
En primer lugar, porque se presenta en un momento en el que es preciso destacar la presencia comunitaria en el sector de la energía. 
En segundo lugar, porque propone una solución lógica y equilibrada para el plan de acción sobre las energías renovables. 
Por último, porque propone una política global para el sector de las energías renovables en un momento crucial para el futuro desarrollo de estas fuentes de energía. 
No volveré sobre las ventajas de reforzar el desarrollo de las energías renovables ni sobre la necesidad de su promoción. 
Ya se han ocupado de este asunto con todo detalle tanto nuestro ponente como los diputados que me han precedido en el uso de la palabra. 
No obstante, quisiera recordar que en el Libro Blanco de la Comisión sobre política energética se prevé un aumento de la demanda de energía a nivel mundial para los próximos años y para las próximas décadas. 
A pesar de la mejora del rendimiento energético, está previsto que, con la tendencia actual, aumentará el consumo de los recursos naturales para poder satisfacer nuestra demanda de energía. 
Los yacimientos de minerales y de uranio son limitados, y parece cada vez más evidente que los combustibles minerales perjudican el medio ambiente, tanto por la emisión de gases con efecto invernadero como por otros contaminantes. 
Es innegable que hacen falta soluciones alternativas, pero, además de esto, la seguridad del suministro es uno de los temas esenciales para la Unión Europea y exige una acción comunitaria con prioridad. 
El fomento de las energías renovables debe ser un elemento básico de estas soluciones alternativas. 
Por lo tanto, estamos plenamente de acuerdo con las metas básicas del Sr. Mombaur tal como se expresan en su informe. 
Como ya hemos anunciado en el Libro Blanco y de acuerdo con sus propuestas, la Comisión establecerá una estrategia global y un plan de acción para fomentar las energías renovables. 
Mi intención es presentar este texto antes de finales de este año en forma de una comunicación ante el Parlamento y los demás órganos institucionales, con un plan de acción que proponga nuevas medidas. 
Naturalmente, todo esto sucederá después de negociar con todas las partes interesadas. 
En este contexto, no dejaremos de examinar las acciones ya adoptadas por la Comisión en este ámbito. 
Las acciones de investigación y demostración realizadas por la Comisión han desempeñado un papel principal en la mejora de la calidad de los servicios prestados por las energías renovables, así como en la reducción del coste de los componentes y de los equipos. 
Con esta perspectiva, precisamente, se ampliaron hasta un 45 % frente al pasado período, 1990-1994, los fondos del cuarto programa marco destinados a las energías renovables, alcanzando el 45 % del conjunto de las cantidades del programa JOULE-THERMIE. 
Además, en el marco del programa ALTENER, que cubre los años 1993 a 1997, se financiaron más de 220 obras. 
Para este año, en concreto, se ha previsto el apoyo a otras 60 obras más. 
También hemos hecho grandes esfuerzos por divulgar la información en el marco de esta acción. 
A finales del presente año, la Comisión presentará al Parlamento y al Consejo una propuesta de prórroga del programa ALTENER más allá de 1997, y les puedo asegurar que la Comisión tendrá en cuenta todas las propuestas del Parlamento, en la medida de lo posible. 
También me comprometo personalmente a fomentar al máximo la coordinación entre las distintas oficinas de la Comisión a través de un grupo coordinador que prepare nuestra estrategia bajo mi supervisión. 
Esta coordinación debe ser aún más intensa a la hora de llevar esta estrategia a la práctica. 
En lo que se refiere a la preparativos para la ampliación del programa ALTENER y a la evaluación de las acciones que se están llevando a cabo en este ámbito, como lo ha exigido el Sr. ponente, les puedo anunciar que ahora, a finales del tercer año del programa ALTENER, la Comisión está efectuando la evaluación de las acciones llevadas a cabo hasta el momento y está elaborando propuestas respecto a la futura orientación del programa. 
A finales de noviembre, la Comisión convocará una conferencia en España con todos cuantos han contribuido y participado en el programa. 
En colaboración con ellos, intentaremos extraer conclusiones de las experiencias tenidas hasta la fecha y determinar las líneas directrices para nuestra futura orientación. 
Para finalizar, quisiera expresar mi satisfacción porque en este informe se propone el desarrollo de las energías renovables en la región del Mediterráneo. 
Me he comprometido personalmente a promover la cooperación en el sector de la energía en la región del Mediterráneo. 
Espero que los miembros de los otros países mediterráneos presten también la debida atención a las energías renovables. 
Después de la Conferencia de Barcelona, los Ministros de Energía de la Unión Europea y los Ministros responsables en temas de cooperación entre la Unión Europea y los países mediterráneos se reunieron en Trieste del 7 al 9 de junio para declarar oficialmente el comienzo de las iniciativas de cooperación en el sector de la energía, entre las que se incluye el fomento de las energías renovables. 
El programa MEDA también constituirá un importante medio de cooperación, y examinaremos de qué modo se podría aprovechar mejor para promover nuestras metas energéticas comunes, entre ellas, el fomento de las energías renovables. 
Señora Presidenta, para terminar, quisiera felicitar una vez más al ponente, el Sr. Mombaur, por la calidad y transcendencia de su trabajo. 
El suyo es un informe que apoya y complementa los esfuerzos de la Comisión en un sector de una importancia vital para nuestro futuro. 
Al mismo tiempo, es un informe que nos ofrece mucho material para reflexionar sobre la preparación de una nueva estrategia comunitaria para promover las energías renovables en la Unión Europea, tema sobre el que, no obstante, volveremos a debatir tanto en el seno de la Comisión de Energía del Parlamento, como, por supuesto, en el pleno del Parlamento. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0152/96) de la Sra. Fouque, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre el seguimiento de la Conferencia internacional de El Cairo sobre población y desarrollo. 
Señora Presidenta, la Conferencia de El Cairo, múltiple encrucijada temporal y temática, se nos presenta, dos años después, como la síntesis de las conferencias que la precedieron y la matriz de las que la han seguido. 
Dentro de la doble continuidad de Bucarest, de México, pero también de Río y de Viena, en El Cairo se comprendió que las cuestiones de población y demografía estaban tan vinculadas al desarrollo duradero y a la protección del medio ambiente como la planificación familiar. 
Se tomó conciencia de que las cuestiones de población, pobreza, modos de producción y consumo, desarrollo, medio ambiente y derechos humanos son estrechamente dependientes unas de otras y que el carácter positivo o negativo de esa interdependencia descansa en gran medida en las mujeres y en sus condiciones de salud, educación y adopción de decisiones. 
Si bien en Copenhague afirmaron las mujeres su lugar preponderante en los fracasos del desarrollo, por representar, como representan, el 70 % de los más pobres, en Pekín se reafirmaron como agentes principales del progreso. 
En Estambul, en junio de 1996 la comunidad mundial se volvió a fijar el objetivo prioritario de fortalecer la capacidad de acción de las mujeres en todas las esferas y en todos los niveles. 
Así, pues, este informe sobre el seguimiento de El Cairo se encomendó, naturalmente, a la Comisión de Derechos de la Mujer y se ha enriquecido con las opiniones de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, para ver si se podían alcanzar las metas formuladas con la condición de su financiación. 
Pese a algunos datos positivos espigados en mi informe, el examen de la situación revela que no se ha logrado avance importante alguno desde El Cairo y que los indicadores principales presentan números rojos. 
Respecto de la salud genésica, sí, la transición demográfica, que se extiende casi por doquier en el mundo, se acelera, pero persiste el aumento sin precedentes de la población mundial y la cifra de ocho mil millones anunciada para el año 2050 como punto de estabilización no deja de ser desorbitada. 
Sí, la planificación familiar avanza, pero hoy trescientos millones de mujeres siguen sin tener acceso a los anticonceptivos y quinientos millones en todo el mundo mueren de resultas del embarazo. 
Ciento cincuenta millones quedan discapacitadas de por vida, de las cuales 94 % en los países en vías de desarrollo. 
Pero la contaminación por el virus VIH es galopante en las mujeres y las adolescentes por su subordinación sexual y económica y por falta de información. 
Sí, el desfase en los niveles de esperanza de vida entre países ricos y países pobres se reduce de forma general, pero se ven regresiones alarmantes en Rusia, en el África negra. 
Respecto de la educación, los derechos y el desarrollo, sí, la educación básica para las mujeres es el factor determinante de la transición demográfica, pero dos terceras partes de los adultos analfabetos son mujeres, tres cuartas partes de los niños que no tienen acceso a la enseñanza son hembras. Sí, en general, las mujeres gozan de un mejor reconocimiento mundial y nacional de sus derechos, pero globalmente su condición jurídica no ha mejorado. 
Se ha agravado incluso profundamente a consecuencia de los integrismos religiosos, la mundialización económica y la feminización en aumento no sólo de la pobreza, sino también de la exclusión, las discriminaciones y las violencias, lo que significa el aplazamiento por mucho tiempo de un desarrollo duradero, ya que sólo se puede alcanzar gracias a la contribución y la participación de las mujeres en igualdad con los hombres. 
El África negra, de la que, en pro de su propio equilibrio, la Unión Europea no se puede desinteresar, es la región del mundo que más ha retrocedido, y en todas las esferas, durante el decenio de 1990. 
La malnutrición, el sida, el empobrecimiento y el analfabetismo diezman física y psíquicamente a esas poblaciones. 
Ahora bien, no se han recaudado los diecisiete mil millones considerados necesarios para la ejecución del programa de El Cairo. 
La causa es un incumplimiento en masa o un cumplimiento muy reducido de los compromisos. 
Hace unos días el G-7 reveló en Lyon una disminución catastrófica de la ayuda pública al desarrollo. Su nivel más bajo desde hace veinticinco años. 
En los Estados Unidos, que aportaban el 17 % de la ayuda mundial a la planificación familiar en los países en desarrollo, el Congreso acaba de reducir ese presupuesto en un 35 %. 
Los únicos Estados que respetan sus compromisos son Dinamarca, Suecia, Noruega y los Países Bajos. 
Hay que descubrirse ante los Países Bajos. 
Por presión de sus diputados, el Parlamento ha aumentado a 4 % el presupuesto de ayuda exterior para El Cairo. 
También en Alemania ha decidido el parlamento la celebración en 1999 en Hannóver de la primera reunión de seguimiento de El Cairo, al mismo tiempo que la exposición universal. 
La Unión Europea, por su parte, ha desbloqueado, desde luego, los fondos con los que se comprometió en 1995: 50 millones de ecus. 
Pero los retrasos administrativos y la ausencia de voluntad política suficiente han impedido su utilización por sus principales destinatarios. 
La Unión Europea ha desempeñado un papel innovador en todas las conferencias mundiales. 
Ha defendido en ellas los principios de libertad e igualdad. Ha instaurado un diálogo de calidad con los países en vías de desarrollo y ha laborado en pro del reconocimiento y de la aplicación de los derechos de las mujeres. 
La Unión Europea, primera potencia comercial mundial, principal donante de ayuda a los países en vías de desarrollo, debe dar pruebas de una verdadera voluntad política, para respetar mejor sus compromisos, incitar a los Estados miembros a cumplir sus promesas financieras, dinamizar la creación de redes, de nuevas formas de partenariado entre ONG, gobiernos, diputados, poblaciones interesadas, integrar el gender mainstreaming en la cooperación para el desarrollo, favorecer la paridad entre los hombres y las mujeres. 
Las mujeres- reiterémoslo- se encargan la mayoría de las veces de una triple producción: producción doméstica, económica y de seres vivos. 
Son el corazón latiente de una triple dinámica ninguno de cuyos términos puede dejar de solarizarse con los otros dos. 
Demografía, desarrollo, democratización son sus tres cargas y nuestra tiple oportunidad. 
Señora Presidenta, el ponente ya lo ha dicho. Hace dos años que tuvo lugar la conferencia de El Cairo y en realidad podemos constatar que esta conferencia ha dado pocos resultados. 
Tanto los Estados como las instituciones internacionales apenas han cumplido las promesas hechas allí. 
Esto también se aplica a la Unión, y me estoy dirigiendo al Comisario. 
En gran medida, ello se debe a una falta de recursos, pero sobre todo a una falta de personal tanto en Bruselas, en la Comisión, como en las sedes del extranjero. Ello provoca retrasos innecesarios. 
No es tanto que no haya recursos, sino que los proyectos afines que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, las medidas ambientales y el crecimiento de la población, estos proyectos afines no llegan a ponerse en marcha porque no hay suficiente personal. 
Por ello considero muy importante que el Comisario indique cómo piensa cambiar la organización para que en los próximos años se puedan realizar mejor este tipo de proyectos. 
Naturalmente es muy importante coordinar los presupuestos. 
Hemos presentado una enmienda en la que indicamos de qué presupuestos se trata y las líneas no coinciden y convendría que el Comisario pusiera más en línea las competencias presupuestarias. 
Desde la Comisión de Medio Ambiente está claro que no sólo miramos el crecimiento demográfico de la población y la pobreza, sino que también queremos tener en cuenta las consecuencias del medio ambiente en estas. 
Una política demográfica sólo puede ser eficaz si forma parte de un conjunto de medidas más amplio para luchar contra la pobreza y los peligros que amenazan al medio ambiente. 
Naturalmente se trata de proyectos y programas de planificación familiar, el cuidado posnatal y la prevención del sida. 
En este contexto quisiera acabar llamando la atención del Comisario sobre una cosa. Esta mañana he leído en un periódico neerlandés que el sida afectará a las expectativas demográficas de 20 o 30 países africanos. 
La situación es muy dramática y, por decirlo así, no es así como desearía que se refrenara el crecimiento de la población, y por ello, señor Comisario, ocúpese de la relación de los proyectos en este ámbito, entre los que se encuentra la lucha contra el sida. 
Señora Presidenta, quiero expresar por adelantado mis felicitaciones a la Sra. Fouque, quien con el presente informe proporciona una excelente base para las posteriores actividades de la Unión en el campo de la política de población y desarrollo. 
En la CIPD de El Cairo se ha iniciado un cambio histórico en la crónica de las Conferencias sobre Población de la ONU. 
El programa de acción de la CIPD proyecta unas perspectivas a nivel mundial de largo alcance y logra a pesar de ello un acuerdo en las cuestiones centrales, cuestiones extremadamente sensibles que afectan a las personas en su área privada. 
Bajo las circunstancias más difíciles y un intenso fuego graneado de los Estados religiosos y fundamentalistas, desde el Irán hasta el Vaticano, no han logrado impedir el nuevo concepto de salud reproductiva determinado en El Cairo. 
Este término señaliza una exigencia global en lo tocante a la salud, la planificación familiar, prevención, sexo seguro y nacimientos seguros. 
El decisivo avance logrado al cabo de tres años de negociaciones, reconoce el estrecho entrelazamiento existente entre cuestiones de desarrollo de la población, pobreza, formación, tipo de producción y de consumo y política de medio ambiente. 
Por primera vez, se ha mencionado a las mujeres a nivel de la ONU como las figuras clave para el desarrollo. 
El mensaje de El Cairo de que las mujeres son la clave para el desarrollo, dominó también el plan de acción y señalizó unívocamente la necesidad instaurar en todas las políticas y programas la exigencia de igualdad para las mujeres en todos los ámbitos. 
El punto central fue colocar al individuo en el centro y recomendar como los elementos más importantes para una política global de población las inversiones en las personas, por ejemplo, en la formación, vivienda, salud, alimentación, seguridad jurídica y equiparación así como el cumplimiento de las necesidades subjetivas y no señalar ya objetivos demográficos. 
En el informe se realiza un inventario y se sintetizan muy bien los problemas. 
Por ello, me voy a limitar a unos pocos complementos. 
En todas las regiones del mundo la cifra de nacimientos ha retrocedido. Solamente en el África subsahariana es de 6, 2 nacimientos por mujer. 
En los países emergentes que muestran en parte tasas de crecimiento de dos dígitos, las cifras de nacimientos se aproximan a las europeas, paralelamente a las oportunidades de formación y de trabajo de las mujeres. 
Las mujeres que han visitado una escuela, se casan por término medio cinco años más tarde que las que carecen de formación y tienen cuatro años más tarde su primer hijo, en total, tres hijos menos. 
Los auténticos derrochadores de medio ambiente y de recursos se encuentran claramente en los Estados industrializados altamente desarrollados. 
Por ello, los dos conceptos centrales de El Cairo- por un lado, la salud reproductiva y, por otro, el Empowerment de las mujeres- deben verse en estrecha relación y en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín encuentran una aplicación consecuente. 
No obstante, en Pekín, se constató una carencia de créditos y un intenso empeoramiento en lo tocante a la pobreza, exclusión social, discriminación y violencia contra las mujeres. 
Pregunto al Consejo y a la Comisión dónde queda el objetivo de dedicar el 0, 7 % del producto interior bruto a la ayuda al desarrollo. 
Mi país, el Gobierno federal dedica menos del 0, 3 % a esta importante tarea a pesar de que ha realizado promesas para esforzarse más y elevar los gastos. 
Apelo a la responsabilidad de los países miembros y de la Comisión para que impulsen con decisión las acciones y eleven los créditos. 
Ruego a todas y todos los colegas que no nieguen el apoyo a la ponderada resolución del informe Fouque. 
Aproximadamente una tercera parte de los embarazos en todo el mundo no son deseados. Apelo también a todas y todos los colegas para que no creen un conflicto en esta Asamblea en lo tocante al tema de la evitación de los embarazos que se ha iniciado de nuevo desde un punto de vista europeo o religioso. 
Todos los medios para evitar embarazos solamente tendrán éxito si se emplean con el asentimiento de los afectados, es decir, de las mujeres. 
Rechazamos categóricamente las esterilizaciones obligatorias, tal como se realizan por ejemplo en China a las mujeres. 
Pero si las mujeres lo deciden así libremente, la esterilización es un buen método. 
Es decir, necesitamos soluciones consensuadas. 
Las social-demócratas exigimos, por ello, un proceso continuado Follow up así como la aplicación consecuente de las propuestas de El Cairo y de Pekín con la participación de las afectadas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en nombre de mi Grupo, quiero dar la enhorabuena a la Sra. Fouque por su magnífico informe sobre el seguimiento de la Conferencia internacional de El Cairo sobre población y desarrollo, y cuyo primer balance se celebrará en 1999 en Hannover. 
Estamos, pues, a mitad de camino y es oportuno reflexionar. 
Quisiera recordar brevemente que el informe aborda el problema demográfico mundial desde el punto de vista ético y no sólo económico. 
Trata de los problemas relacionados con la población, la pobreza, los modos de producción y consumo, la interrelación entre desarrollo y medio ambiente y de cómo todos estos temas están relacionados con las mujeres, sobre todo en el ámbito de la salud y la educación. 
Esta Conferencia de El Cairo subraya el crecimiento de la población mundial en 94 millones de personas anuales. 
Un 90 % de este crecimiento ocurre en los países más pobres. 
Si el crecimiento demográfico sigue a este ritmo, en el año 2050 habrá en el mundo 10.000 millones de personas. 
La Conferencia de El Cairo tiene unos objetivos muy concretos: reducir la mortalidad materna e infantil, el acceso a la salud genésica, a la planificación familiar y a la prevención del SIDA, y el acceso universal a la educación primaria. 
Y para llevarlo a cabo necesita unos recursos: 17.000 millones de dólares hasta el año 2000. 
Los aspectos de seguimiento a esta Conferencia son: apoyo político internacional a todo lo referido a población y desarrollo, movilización de recursos necesarios, coordinación de acciones, difusión de datos y una llamada continua a la búsqueda de soluciones. 
Son de todos conocidas las esperanzas que el mundo tiene puestas en la Unión Europea por su función pionera en el fomento de las libertades democráticas de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades. 
El diálogo fluido con los países en desarrollo y su aportación económica a la cooperación nos sitúan por delante de los Estados Unidos. 
Pero conviene recordar que, en El Cairo, la Unión Europea se comprometió a aportar una importante ayuda económica y, dado que la acción comunitaria en el ámbito de la cooperación tiene un buen fundamento jurídico en el Tratado, y que existe la voluntad política de muchos de los Estados miembros para su aplicación, pedimos, de una vez por todas, a la Comisión y a los Estados miembros perezosos que apliquen todas aquellas acciones encaminadas a lograr la dignidad, la igualdad de las mujeres en la vida política, económica y familiar, de acuerdo con los compromisos contraídos en Pekín y recogidos por el IV programa para la igualdad aprobado el pasado diciembre por esta Asamblea. 
La Unión Europea debería ser un espejo en el que se pudieran mirar todos los países. 
Los hombres y las mujeres de Europa debemos ser capaces de innovar y cambiar de actitudes. 
Las dificultades y la lentitud para aplicar los objetivos de El Cairo reflejan una inercia que debemos combatir fomentando redes, centros de análisis e intercambio y, sobre todo, nuevas formas de asociación y de trabajo entre ONG, gobiernos, diputados e interlocutores privados, en favor de esta nueva cultura de la cooperación al desarrollo. 
Para finalizar, señora Presidenta, quisiera hacer mención de que, por ironías de la historia, se da la paradoja de que mientras la situación demográfica en Europa es alarmante por el envejecimiento de su población y el bajísimo índice de natalidad de algunos países miembros, en otros lugares del mundo, básicamente en Asia, África y Latinoamérica, los problemas de explosión demográfica son la causa de un aumento enorme de la pobreza y de una gran degradación medioambiental. 
En nombre de mi Grupo, pido, pues, a la Comisión que incremente sus esfuerzos y que evalúe los proyectos y acciones creados para ayudar a las políticas y programas de desarrollo en materia demográfica, en sanidad y en educación, sobre todo de las mujeres, en los países en desarrollo, para así poder llegar al año 2015 habiendo cumplido los objetivos de reducir la mortalidad infantil y materna, conseguir el acceso universal a la salud genésica, a la planificación familiar y a la educación primaria. 
De ser así, estaremos haciendo política preventiva, ya que, hoy por hoy, y en términos médicos, sólo estamos haciendo política curativa. 
Señora Presidenta, deseo felicitar a la ponente por su informe, excelente y minucioso, sobre la actual situación relativa al seguimiento de la Conferencia de El Cairo. 
Las mujeres de los países en desarrollo se enfrentan a una situación precaria. 
Estamos asistiendo a una enorme explosión demográfica que se concentra en los países más pobres del mundo. 
Muchos de estos países tienen recursos limitados y son incapaces de cubrir las necesidades de su creciente población. 
Como ya ha dicho la ponente, las mujeres se encuentran entre las principales víctimas de la deuda de los países en desarrollo. 
En mi opinión, el Banco Mundial podía contribuir a solucionar este problema vendiendo parte de su activo, incluido el oro, pero el Banco Mundial, siendo el Banco Mundial, parece hacer oídos sordos a la difícil situación de millones de personas que sufren las consecuencias de la deuda. 
Lejos de alcanzar el objetivo de destinar el 0, 7 % del PIB a la ayuda al desarrollo, las contribuciones totales de los países donantes a programas de desarrollo cayeron en 1992 y 1994 del 0, 34 % al 0, 29 % del PIB. 
Hay que hacer una excepción para los países en desarrollo. 
Es una pasmosa denuncia de las políticas internacionales que el 70 % de los 1.400 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza sean mujeres. 
Sufren discriminación de muchos tipos, no sólo en el ámbito político y social, sino en términos de salud y educación. 
Es un asunto muy preocupante que el número de mujeres que siguen muriendo víctima de embarazos prematuros y reiterados, por complicaciones posparto y por abortos clandestinos sea de aproximadamente 500 millones. 
Además, 150 millones de mujeres padecen largas enfermedades o minusvalías como secuela del embarazo. 
Entre los nuevos casos de sida, el número de mujeres duplica al de hombres- hecho que ya ha sido mencionado aquí esta noche. 
Aproximadamente 9 millones de mujeres son seropositivas. 
Me siento consternado ante lo que se sugiere en el informe de que las mujeres de los países en desarrollo son utilizadas como cobayas para experimentar nuevos métodos anticonceptivos. 
Lamento y condeno esta práctica. Toda compañía que haga eso debe ser vetada y obligada a pagar grandes sumas en compensaciones. 
Deseo hacer un llamamiento a la Comisión para que examine esta situación con carácter de urgencia. 
El analfabetismo continúa siendo un grave problema. Ello resulta generalmente evidente del hecho de que de los 960 millones de adultos analfabetos que existen en el mundo, dos tercios son mujeres. 
Además, de los 130 millones de niños analfabetos que existen en el mundo, 90 millones no tienen acceso a la enseñanza primaria. 
Ni siquiera estas cifras reflejan la imagen real de la situación en la que se encuentran las mujeres, que a menudo tienen que soportar el peso de la pobreza y las consecuencias de las políticas de exclusión de los países en desarrollo. 
Espero con interés la primera evaluación de la Conferencia de El Cairo, que tendrá lugar en Hanover en 1999. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el programa de acción definido por la Conferencia de El Cairo aunó las políticas demográficas eficaces con la dignidad humana y subrayó el papel central de la mujer en el desarrollo de los pueblos, en la estabilidad demográfica y en el fomento de la paz. 
Por ello, es necesario garantizar y fomentar la educación de la mujer, su acceso al trabajo, su formación sanitaria, la información sobre sus derechos en materia de procreación voluntaria, así como el acceso a los medios de prevención. 
Pero el magnífico informe de la Sra. Fouque y estas intervenciones sólo serán declaraciones de buenas intenciones si no hay reglamentos y proyectos que puedan ejecutarse y que ayuden al Tercer Mundo a salir de su pobreza y del boom demográfico. 
El Parlamento Europeo, antes y después de la Conferencia de El Cairo, ha expresado su posición, y ahora le pedimos a la Comisión que, después de dos años, nos presente un documento o un informe en el que explique qué ha hecho para realizar las políticas decididas en El Cairo y, asimismo, le pedimos que acepte esta resolución. 
Señora Presidenta, esta vez empezaré de otra manera. 
Cada uno de los niños que no nacen en Occidente contribuye bastante más al ahorro de recursos naturales que cada niño que no nace en los países en vías de desarrollo. 
Quizás sea una forma un poco extraña de empezar, pues con ello no quiero decir que no tengamos que hacer nada frente a la explosión demográfica. 
Sólo quiero dejar claro que la responsabilidad no sólo puede atribuirse a las personas en los países en vías de desarrollo, sino que también nosotros tenemos una gran responsabilidad, precisamente porque la mayor parte de los recursos naturales se están consumiendo a este lado del ecuador. 
Es cierto lo que se ha dicho aquí de que desde El Cairo no ha sucedido gran cosa. 
Quisiera instar a que la Comisión Europea se ocupe cuanto antes, en colaboración con las Naciones Unidas, de desarrollar unos acuerdos marco para poder aplicar cuanto antes las decisiones tomadas en El Cairo. 
En este informe, un excelente informe de la Sra. Fouque, se dice claramente que el desarrollo demográfico en otra dirección sólo puede lograrse si se consigue que la posición de las mujeres mejore tanto social como económicamente, pero también en lo que respecta a la formación de las mujeres y al acceso a los equipamientos, como la atención sanitaria. 
Pienso que esto es mucho más importante que los viejos patrones tradicionales de planificación familiar, pues estos- y ya hace tiempo que se ha demostrado- no acaban de funcionar bien. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera agradecer a la Sra. Fouque la exposición de motivos de su informe y, en particular, la primera página de dicha exposición, la página 12, y me gustaría que todos Sus Señorías leyeran dicha exposición de motivos y reflexionaran sobre ella. 
Simplemente, me permitiré decirle, señora Fouque, que veo cierta incoherencia entre dicha exposición de motivos y la continuación de su informe. 
Sin embargo, le agradezco que haya subrayado que, por fortuna, ha habido un cambio profundo en las mentalidades y que de una visión ideológica en la que la superpoblación como tal era la causa del subdesarrollo hemos pasado, como han dicho muchos de nuestros colegas, a una visión mucho más realista, gracias a la cual comprendemos que las cuestiones de desarrollo y economía, miseria y pobreza, son causas de superpoblación. 
Esa comprobación nos permite decir que, con motivo de esa conferencias y de esos temas, debemos llegar a poner en tela de juicio verdaderamente nuestro propio desarrollo económico, en nuestros llamados países ricos. 
Habría que reorganizar completamente el comercio internacional, las reglas del juego internacional, para que la finalidad de los intercambios internacionales no fuera la de enriquecer a intereses financieros en detrimento de los diferentes pueblos tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados. 
Todo el desarrollo económico mundial debe estar centrado en la satisfacción de las necesidades elementales fundamentales de nutrición, vivienda, atención de salud, de esos diferentes países. 
Se trata en verdad de un profundo examen de conciencia que se debe hacer- me atrevo a emplear esa palabra, ya que Su Señoría ha empleado la palabra «ética» , y se lo agradezco- y que debe incitarnos a todos. 
Pues los males están relacionados: los 18 millones de desempleados, los 50 millones de pobres y excluidos de nuestros países, más las dificultades que experimentan los países en vías de desarrollo. 
No son dos realidades separadas, son dos realidades inseparables. 
Desde ese punto de vista, me falta tiempo, pero creo que podríamos ser un número suficiente los que decidiéramos cambiar nuestro análisis económico internacional. 
Por otra parte, agradezco a Su Señoría que haya insistido en que ya no se puede tolerar- y numerosos colegas están, gracias a Dios, de acuerdo al respecto- imposición alguna en materia de demografía. 
Ha habido un imperialismo- no tengamos miedo a las palabras- que ha intervenido, que interviene aún, y ahora debemos asegurarnos de que esos métodos que todos condenamos van a cesar pura y simplemente. 
Ahora quisiera insistir en un punto. 
En la resolución del 11 de marzo de 1994 y después en las resoluciones a propósito de El Cairo, del Año Internacional de la Familia, votamos en este Parlamento a favor de una verdadera libertad, de una elección libre para las mujeres en materia de planificación familiar. 
Junto a diversos métodos anticonceptivos, las mujeres deben tener la posibilidad de elegir una regulación basada en el conocimiento del ciclo femenino, los métodos Billings, sintotérmico, etc., que han sido objeto de investigaciones internacionales, de avances científicos considerables. 
Ahora bien, las mujeres no tienen acceso a ese conocimiento. 
Se trata de algo profundamente chocante para esa libre determinación de las mujeres, que apreciamos. 
Me permito decir también que esos métodos tienen el mérito de tratar con igualdad al hombre y a la mujer, ante esa responsabilidad de la procreación. 
Un último punto: la pobreza afecta en gran medida a las mujeres solas y con hijos. 
Y creo que, desde ese punto de vista, tanto en nuestros países como en los países en vías de desarrollo, la crisis de la familia, sea cual fuere, no es provechosa para los niños, ni para la mujer, que acaba encontrándose con la carga de los hijos que ha traído al mundo. 
Señora Presidenta, señor Comisario: compromisos de firma de acuerdos, declaraciones sobre los derechos políticos, sociales y económicos de los ciudadanos, de hombres y de mujeres: si hacemos un balance, comprobaremos fácilmente que, a pesar de los acuerdos, las declaraciones y los reglamentos, no se ha dado ningún paso importante. 
La violencia sigue en aumento y la falta de consideración por la vida humana es una práctica cotidiana en muchos países. 
En la medida en que estos dos factores aumentan, también aumentan sus víctimas, que son sobre todo mujeres y niños; y es que la violencia y la discriminación contra las mujeres no se limita a los países donde hay enfrentamientos bélicos. 
Son frecuentes en países donde la tradición exige que las mujeres se vendan como esclavas o que se mutilen sexualmente, que mueran por llevar a un hijo en su seno, que estén sometidas a torturas psíquicas por estar obligadas a la anticoncepción forzosa o a lo contrario, porque la programación del nacimiento de un niño se considere prohibida. 
No hay que escatimar ningún esfuerzo para que las tradiciones y costumbres que degradan la existencia humana se sometan a revisión y examen. 
Pero las tradiciones y costumbres no se deben utilizar constantemente como justificación por parte de ciertos elementos del poder para que las cosas no cambien. 
La necesidad de fomentar la educación y la información se está volviendo absolutamente imprescindible, diría incluso que imperativa. 
En el umbral del 2000, cuando los países de la Unión Europea y los del mundo desarrollado organizan campañas de información e introducen la distribución gratuita de preservativos como medida de protección contra el SIDA, en otros países se pone en entredicho hasta el uso del preservativo. 
Pero también existe discriminación en la educación. 
La mayor parte de los analfabetos son mujeres, porque no se les reconoce el derecho de acceso a la educación. 
Por lo tanto, el papel de la Unión Europea debe ser el de catalizador, no sólo respecto al aspecto económico de la cuestión. 
Celebro el objetivo de aumentar la cantidad puesta a disposición por la Unión Europea a 300 millones hasta el año 2000. 
Sin embargo, me hace dudar que los países del Mediterráneo no hayan presentado solicitudes. 
Si la razón de esto es la complejidad del procedimiento, entonces quizá debiéramos revisarlo. 
También, quizá una parte de este dinero se debería emplear para la difusión de información, es decir, para poner en circulación folletos donde se especifique cómo, qué países y en qué condiciones se pueden presentar las solicitudes. 
La Unión Europea debe también organizar campañas de información al ciudadano sobre sus derechos, programas de formación e información y programas relativos a la salud de mujeres y niños, además de impulsar a las organizaciones no gubernamentales a adoptar iniciativas, porque su contribución es directa y eficaz. 
Quiero dar las gracias a la Sra. Fouque por su excelente trabajo y espero que la Comisión responda a nuestra petición. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, en primer lugar, quisiera agradecer a la Sra. Fouque su excelente y equilibrado informe. 
La Comisión, naturalmente, comparte su opinión en el sentido de que el seguimiento de la Conferencia de El Cairo no sólo debe respetar el plan de acción acordado en El Cairo, sino también el estatuto de las mujeres, así como garantizar que su contribución a la resolución de los problemas de desarrollo, pobreza y población sea plenamente reconocida. 
La Comisión considera que la política que está desarrollando después de la Conferencia de El Cairo representa un avance real en términos concretos, si bien reconozco, desde este momento, la modestia de nuestra política. 
Recordarán sus Señorías que, sobre la base del plan de acción de El Cairo y teniendo en cuenta tanto las resoluciones del Parlamento Europeo como las observaciones del Consejo, la Comisión presentó, en 1995, su propuesta de reglamento del Consejo relativa a acciones en los países en desarrollo en el ámbito del apoyo a los programas y políticas demográficas. 
Este nuevo reglamento está específicamente ligado a una línea presupuestaria que es modesta- 7 millones de ecus en 1996 -, si bien su significado real es mucho más importante en términos políticos por lo que intentaré posteriormente señalar. 
El reglamento dará prioridad a proyectos piloto innovadores, a acciones catalizadoras y trabajos de investigación operativa. 
Aunque las principales medidas relativas a la población seguirán siendo financiadas por programas nacionales con cargo a los presupuestos de cooperación correspondientes, estarán principalmente orientadas por las ideas contenidas en el nuevo reglamento y por los resultados obtenidos a partir de las ideas que se pongan en práctica a través de la línea presupuestaria que acabo de señalar. 
Las principales prioridades señaladas por la Comisión en su propuesta son muy claras- estoy hablando del reglamento -: permitir a las mujeres y los hombres elegir libremente su número de hijos; contribuir a crear un entorno sociocultural, económico y educativo que haga posible el pleno ejercicio de este derecho; ayudar a desarrollar sistemas de salud que, en materia de reproducción, reduzcan, de forma significativa, los riesgos para las madres y los hijos. 
Para mantener estas prioridades, la Comisión propone concentrar la ayuda comunitaria en: 
el desarrollo de servicios de planificación familiar acordes con las políticas llevadas a cabo por los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales, en particular en favor de sectores marginados de la población; -la educación de las mujeres y la educación sanitaria, especialmente la elaboración, realización y financiación de políticas específicas del sector; -la mejora de los servicios sanitarios de reproducción; -la ayuda a las campañas de información, educación y concienciación, y-el desarrollo de organizaciones de base y de cooperación sur-sur, entre los propios países subdesarrollados.Estas orientaciones, junto con las de la selección de los proyectos en el sector de la cooperación demográfica, constituyen un marco suficientemente preciso para permitir una planificación coherente de las actividades de la Comisión. 
Por otro lado, la creación del grupo de expertos, apoyado por el Consejo, y la revisión de importantes proyectos de cooperación por los propios comités del Consejo deberán, en principio, contribuir a un grado aceptable de coordinación entre las acciones de la Comisión y las de los Estados miembros. 
Por lo que se refiere al compromiso de la Unión Europea en El Cairo, consistente en aumentar su asignación de fondos a los programas de la población, las noticias son, en principio, positivas, naturalmente dentro de la modestia. 
El promedio de los compromisos durante los años 1991 al 1994- hablo de compromisos financieros del presupuesto comunitario- se elevó a 20 millones de ecus anuales. 
Los compromisos globales para 1995 han ascendido a una cifra aproximada de 45 millones de ecus. 
Por decirlo de otro modo, de 1994 a 1995, y para poner en marcha las consecuencias de la Conferencia de El Cairo, el presupuesto comunitario se ha duplicado. 
Por lo que se refiere al año 1996, el año financiero actual, esperamos- esta es la propuesta de la Comisión- poder aumentar nuestros compromisos para estas políticas sobre demografía y mujer en torno a 90 millones de ecus. 
Naturalmente, respecto de cualquier presupuesto se puede opinar si es suficiente o no. 
Y para responder a las preguntas que han formulado la mayoría de sus Señorías, tengo que decirles otra vez que, en la Unión Europea, hay dos autoridades presupuestarias: una es el Consejo y la segunda el Parlamento Europeo, ustedes. 
En consecuencia, les invito a que si consideran que la cifra propuesta por la Comisión- en torno a 90 millones de ecus- no es suficiente, o ustedes, como algunos oradores han señalado, consideran que el número de funcionarios que se dedican a estos temas tampoco es suficiente, yo les animo a que, en octubre, cuando se discuta el presupuesto en el Parlamento, ustedes, en el uso de su autoridad presupuestaria, eleven los créditos en favor de estos programas y que, además, nos doten ustedes de más créditos para poder contratar más funcionarios. 
Créanme que, como Comisario, estaría enormemente feliz si pudiera contar con el concurso de este Parlamento que, como digo, es parte de la autoridad presupuestaria. 
¡Qué más me gustaría a mí que poder darme más dinero y poder tener más funcionarios! 
La Sra. Fouque, sin embargo, hace una serie de consideraciones que, al menos, y en colaboración con mi colega Pinheiro, responsable de la Convención de Lomé, me gustaría matizar. 
No es del todo cierto que solamente se hayan gastado, como señala su informe, 2, 8 millones de ecus en el marco de la Convención de Lomé. 
Son 20 millones de ecus los que se han gastado este año en proyectos que han sido localizados en Kenia, Malawi y, sobre todo, en la zona del Caribe. 
De todas maneras, la Comisión está haciendo un esfuerzo para incluir en todos sus programas de población los objetivos que usted señala en su informe. 
La Comisión entiende que la propuesta de resolución es clara respecto a la línea a seguir. 
Sin embargo, pensamos que el reconocimiento del papel que deben desempeñar las mujeres se expresa aún con mayor claridad en la propuesta modificada de reglamento que la Comisión enviará próximamente al Consejo y que deberá seguir el procedimiento junto con el Parlamento Europeo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Mujeres y Juegos Olímpicos de Atlanta 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0560/96- O-0125/96) de la Sra. Castellina en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, Sr. Kouchner en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y Sra. Van Dijk, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, a la Comisión, sobre la no participación de las mujeres de determinados países en los Juegos Olímpicos de Atlanta. 
Señora Presidenta, para empezar quisiera disculpar a la Sra. Castellina, presidenta de la Comisión de Cultura. 
Sintiéndolo mucho, no ha podido estar presente esta noche, y por consiguiente hablaré en su nombre y también en nombre de la Comisión de Cultura. 
Se ha visto que en la antesala de los Juegos de Atlanta, que se inaugurarán dentro de unas semanas, algunos países siguen negándose a enviar mujeres a los Juegos Olímpicos. 
He de decir que nos ha conmocionado descubrir que en los Juegos Olímpicos de Barcelona, 33 países decidieron no dejar participar a mujeres en los Juegos. 
Esto es, por supuesto, totalmente inaceptable y contrario a la idea olímpica, que naturalmente repudia cualquier discriminación por razones de sexo, raza o cualquier otro motivo. 
También en los Juegos de Atlanta, aunque en estos momentos no podamos decirlo con absoluta certeza, se espera que numerosos países vuelvan a negarse a dejar participar a mujeres en los Juegos. 
Hoy mismo he hablado por teléfono con el Comité Olímpico en Lausana y en Atlanta, y no han podido darme ninguna aclaración porque todavía faltan dos días para que se conozca la participación definitiva de los Juegos Olímpicos en Atlanta, es decir, que todos los países que hasta ahora tenían previsto no enviar mujeres a los Juegos, disponen de dos días- aunque entre tanto diría más bien un día y medio- para cambiar su lista de participantes y calificar a las mujeres. 
He de decir que no se trata tan sólo de países islámicos. 
Quiero corregir este malentendido, pues es algo que se dice fácilmente, pero no son sólo los países islámicos los que inciden en esta discriminación sexista. 
También hay otros países como Laos, Uruguay, las Islas Vírgenes británicas y las islas norteamericanas de Samoa. Menciono tan sólo unos cuantos países que no pertenecen al grupo de países islámicos. 
No sabemos cuántos serán esta vez, pero en Barcelona resultaba estremecedor que de 9.368 participantes, sólo 2.108 fueran mujeres. 
Esto tiene que cambiar. 
La responsabilidad reside naturalmente en el Comité Olímpico, que tendría que impedir que estos países participaran en los Juegos, pero la responsabilidad no recae tan sólo en el Comité Olímpico. 
De acuerdo con la pregunta que he formulado por escrito, quisiera que la Comisión Europea me dijera si en efecto está dispuesta a poner su granito de arena en la lucha contra este tipo de violaciones de los derechos humanos, atenerse a las consecuencias y poner fin a la ayuda a los países que recurren a este tipo de prácticas. 
Quiero que la Comisión me diga si puede especificar qué países, de los que reciben ayuda, incurren en estas prácticas. 
Señora Presidenta, tengo que empezar diciendo que comprendo perfectamente el contenido de la pregunta tal y como ha sido explicada por la Sra. van Dijk y posteriormente por la Sra. van Putten, pero me pregunto si la Comisión Europea está en condiciones de poder resolver esta situación por la siguiente razón: la Unión Europea no tiene ningún tipo de acuerdo de cooperación en materia deportiva con ningún país tercero. 
No existe ese tipo de cooperación en materia deportiva. 
Entonces, y teniendo en cuenta la autoridad que tiene el Parlamento Europeo en este tipo de cuestiones, ¿por qué no convocan ustedes en el Parlamento Europeo al Comité Olímpico Internacional para que les explique aquí el motivo por el que hay países que discriminan a la mujer, no permitiéndole su participación en los Juegos Olímpicos, lo que, efectivamente, va en contra de la Carta olímpica, de la Convención de las Naciones Unidas y la Convención sobre derechos humanos, donde se señala que no habrá discriminación por razones de raza, de religión o de sexo? 
Tal vez el Comité Olímpico Internacional les pueda explicar mucho mejor que yo por qué, dentro del olimpismo internacional, se permite este tipo de situaciones. 
Yo, por parte de la Comisión, tengo la mayor simpatía por este problema, pero no tenemos en este momento en nuestras manos ningún instrumento que nos pueda permitir ayudarles a resolver el asunto y tal vez ustedes deberían dirigirse, como les he señalado, al Comité Olímpico Internacional para que explique por qué acepta este tipo de situaciones. 
Señora Presidenta, el 20 de julio se van a inaugurar los Juegos Olímpicos de verano en Atlanta, pero ya hoy se ve claramente que numerosos países violan e ignoran el artículo 1 de la Carta Olímpica, a pesar de que la discriminación por motivos de raza, religión, política o sexo es incompatible con la pertenencia al movimiento olímpico. 
Ya se han mencionado otros aquí en el debate. En algunos países islámicos, está prohibida a las mujeres la práctica del deporte o se imposibilita por unas estrictas normas de vestuario. 
En parte, las deportistas de estos países son incluso amenazadas por grupos fundamentalistas. 
En la historia del deporte de alto rendimiento hay desde siempre discusiones sobre los derechos humanos y es positivo que así ocurra. 
El deporte de alto rendimiento es el escaparate de las sociedades, pero revela al mismo tiempo los puntos fuertes y débiles de estos países. 
Por ejemplo, Sudáfrica, cuando reinaba el Apartheid seleccionaba solamente a blancos en sus equipos y los países islámicos fundamentalistas seleccionan solamente a hombres. 
Por ello, tras los Juegos de Barcelona se fundó un grupo- el Comité Atlanta plus- compuesto por una serie de personalidades que trabajan para que no se produzca la discriminación en el deporte. 
El Comité Olímpico Internacional debería excluir consecuentemente a las delegaciones que practican la discriminación contra la mujer. 
Aquí no se deben incluir las excepciones que ha mencionado la Sra. van Putten, cuando no se alcanzan las marcas mínimas olímpicas. Esta es otra cuestión. 
Pero allí donde se trata de auténtica discriminación frente a la mujer, se debe excluir a esos países. 
Atlanta plus, esta acción, se ha convertido entretanto en un movimiento apoyado por numerosas personalidades del deporte y por un gran soporte político, pero el Comité Olímpico Internacional vacila y los Gobiernos europeos se callan. 
Recuerdo de nuevo Barcelona 92: mientras se celebró con gran entusiasmo y emoción los éxitos de un equipo sudafricano multicolor, la obtención de la medalla de oro en los 1.500 metros de la atleta argelina Hassida Boulmerka se convirtió en una manifestación muy especial. 
Replicó a las difamaciones y amenazas de los extremistas islámicos que quieren desterrar a las mujeres totalmente al área privada. 
Su valiente actuación sacudió a la opinión pública. 
El desprecio a la persona y el desprecio a la mujer van íntimamente unidos. 
El racismo y el sexismo tienen las mismas raíces. 
Europa no debe mostrarse pasiva. 
El Consejo debe solicitar ante el COI una exclusión de los equipos que practican la discriminación por razón de sexo, a lo que pueden y tienen que seguir sanciones. 
No queremos permitir ninguna nueva forma de Apartheid contra las mujeres y apoyamos ofensivamente los objetivos del movimiento Atlanta-plus contra la exclusión de las mujeres en el deporte. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, no es posible convencer a determinados países de que den a las mujeres la libertad de participar en los Juegos Olímpicos con el método de la exclusión y de la condena. 
Quizá sea responsabilidad de los comités nacionales e internacionales abrir el diálogo con estos países, intentando comprenderlos y enseñarles el espíritu olímpico de la libertad y de la democracia. 
No tiene sentido, pues, reivindicar los derechos de las mujeres amenazando con castigos. 
Antes bien, debemos iniciar a las propias mujeres en estos juegos, dejar que los descubran y se interesen por ellos sin el temor de traicionar a su religión, su cultura o su tradición. 
La palabra «comunicación» es de género femenino, y quizá fuera útil que los señores del Comité Olímpico acogieran a más mujeres en su seno. 
Ellas podrían promover el diálogo y fomentar así el atletismo femenino y la participación de las mujeres en las competiciones internacionales. 
Además, quizá también se debiera iniciar una nueva política en el ámbito del deporte, una política que esté más en armonía con el espíritu de estos juegos, cuya organización a menudo depende demasiado de factores puramente económicos, hecho por el cual llegamos a celebrar hoy el centenario de los Juegos Olímpicos lejos del país en que nacieron y donde se encendió por primera vez su llama. 
Quizá sea hora de volver a los ideales originales del espíritu olímpico, de fomentarlos y aplicarlos sin discriminación por razones de sexo, de religión o de raza, para no encontrarnos otra vez ante problemas de segregación, que se habrán agravado para entonces. 
No perdamos el tiempo, pues. 
El año 2000 está a las puertas, y es mañana. 
Debemos recordar que en la antigüedad cada virtud estaba personificada: la democracia, la libertad, la victoria, y representada por mujeres; los Juegos Olímpicos, en cambio, por un hombre. 
Sin embargo, mujeres y hombres convivían en el Olimpo en concordia y armonía. 
Son estas virtudes femeninas las que el mundo actual, lamentablemente, tiene dificultad en reconocer o se niega a aceptar y respetar. 
Señora Presidenta, en Sudáfrica hemos visto qué efecto puede tener un boicot deportivo en un país. 
El deporte desempeña en la práctica un papel importante en el fomento de los derechos humanos. 
Quisiera señalárselo a la Sra. Mouskouri. 
Al mismo tiempo quiero dejar bien claro que los Liberales no quieren inmiscuirse en la política interna de un país por medio del deporte. El deporte no es el instrumento idóneo para este fin. 
Pero si en el mismo deporte se violan los derechos humanos porque diversos países excluyen de forma sistemática de la selección a determinados grupos, consideramos que la UE tiene que tomar partido por las mujeres y lanzar una clara señal. 
En la Carta Olímpica también se ha dicho: la discriminación por razones de raza, religión, política, sexo o por otras razones es inaceptable, es decir, también por razones de sexo. 
En 1992: exclusión sistemática en Barcelona de mujeres por parte de 34 países, violación de los derechos humanos. 
El Comité Olímpico Internacional guardó silencio e incluso cedió ante el chantaje de Irán, que ni siquiera quería que una mujer llevara el letrero con el nombre del país en la apertura oficial. 
Y ahora, el 19 de julio, cuando se inicien los Juegos Olímpicos de Atlanta de nuevo 35 países, mayoritariamente islámicos, señora Van Dijk, no habrán aceptado mujeres de forma sistemática y consciente. De nuevo el COI callará. 
Lo consideramos escandaloso. ¿Por qué no respeta el COI su propia Carta Olímpica? 
Comisario Marín, en efecto, tendremos que invitar al COI. 
Los ojos de todo el mundo están puestos en Atlanta. 
Las atletas desempeñan una importante función de símbolo y ejemplo, sobre todo en las sociedades tradicionales, pero también en las nuestras, y por ello queremos lanzar una señal política clara y de forma constructiva. 
Comprendo que la Comisión no tenga competencias, pero apelamos al Consejo para que en los futuros Juegos Olímpicos exija un boicot de los países que violan los derechos humanos impidiendo sistemáticamente participar a las mujeres. 
En segundo lugar, hacemos un llamamiento al COI y a las Federaciones Deportivas Internacionales para que, en el futuro, nieguen la participación a los países que violan la Carta Olímpica. 
Asimismo insto a que nosotros mismos, al firmar acuerdos de cooperación de la UE con terceros países, exijamos claramente que se respeten los derechos humanos. 
No olvidemos Pekín. Allí, la UE dijo claramente: los derechos de la mujer son derechos humanos. 
El núcleo del problema es naturalmente el desprecio general de las mujeres en determinados países, como Turquía, Yemen, Iraq, Arabia Saudita, pero también allí podemos hacer algo estimulando el papel de las mujeres en los acuerdos y los proyectos de la UE. 
Por último, el COI, que por cierto cuenta con una única mujer en la dirección, ha afirmado que sólo quiere considerar un boicot después de un debate y una condena internacional. 
Pues bien, estamos a su disposición. 
Hagamos ver al mundo, junto con el COI y las federaciones internacionales, que nos tomamos en serio los derechos humanos. 
Al igual que en Barcelona 92, en los Juegos Olímpicos de Atlanta de este año se va a impedir la participación de mujeres. 
Son ante todo Estados islámicos los que les niegan la práctica del deporte. 
Las mujeres no pueden prepararse, se las impide mediante normas de vestuario, con frecuencia son amenazadas por grupos fundamentalistas y naturalmente no se las nomina. 
Al igual que en Barcelona, probablemente son 35 Estados los que van a enviar a los Estados Unidos equipos compuestos exclusivamente por hombres. 
No se puede aceptar este claro atentado contra la Carta Olímpica. 
Es incompatible con la idea del movimiento olímpico que se discrimine a las personas por motivos religiosos, políticos o sexuales. 
No es cierta la crítica de que se haya actuado demasiado tarde. 
Lissy Gröner lo indica con razón. 
Ya 500 días antes de Atlanta, a comienzos de enero de 1995 unas mujeres comprometidas fundaron en París el Comité Atlanta-plus, se dirigieron a las autoridades deportivas nacionales, a las y los deportistas así como a los patrocinadores obteniendo algunos éxitos. 
Pero la respuesta del COI fue vergonzosa. 
Se atrevió a realizar la observación de que la solicitud de Atlanta plus era un ataque políticamente motivado contra una religión. 
La limitación de derechos fundamentales para las mujeres en el deporte, la formación y la salud así como en el mundo profesional no es aceptable. 
Ha sido objeto de debates y resoluciones en repetidas ocasiones, también en la Conferencia Mundial sobre la Población de El Cairo de 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín de 1995. 
La exclusión de las mujeres del movimiento olímpico se merece una única respuesta: sanciones. 
Lo que se aplicó durante decenios a Sudáfrica, la exclusión del movimiento olímpico por su política de Apartheid, debe aplicarse también a los Comités Olímpicos nacionales de aquellos Estados que pisotean los derechos de la mujer. 
No se les debe acreditar durante más tiempo, tienen que ser suspendidos. 
La Unión Europea no debe apoyar material ni políticamente a aquellos Estados en los que se impide la autorrealización de las mujeres. 
Tenemos que confrontarlos con la necesidad de que cambien por mor de la realización de los derechos humanos. 
La presente resolución de nuestra Comisión de Derechos de la Mujer merece la aprobación del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo. 
Señora Presidenta, le agradezco que me conceda el uso de la palabra a esta hora tan avanzada de la noche y de improviso. 
Estoy, naturalmente, de acuerdo con lo que acaban de decir todos mis colegas, tanto más cuanto que yo presenté la primera propuesta de resolución. 
Se ha olvidado- me parece- un punto: el de que el deporte es un factor de mejora de la salud para los hombres, y en particular para las mujeres, y que los países que prohíben a las mujeres participar en los Juegos Olímpicos son los que padecen la mayor mortalidad materna e infantil y el mayor subdesarrollo y discriminación para con las mujeres. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 0.20 horas) 
Tiene la palabra el Sr. Wolf para una cuestión personal por tiempo de un minuto. 
El Sr. Presidente Santer reaccionó ayer irritado ante una pregunta mía felicitándose entre otras cosas por no haber descendido a mi nivel. 
Un colega de uno de los grandes grupos políticos se dirigió a mi diciéndome si iba a dejar las cosas así. 
Ningún Parlamento que se respete a si mismo debe permitir tales ataques por parte de un ejecutivo. 
Por ello, voy a explicar mi pregunta de ayer y aclarar algunas cuestiones personales que el Presidente Santer ha planteado. 
En primer lugar, el Sr. Santer es un hombre honorable según sus propias palabras. 
No he tenido la intención ni dicho algo que lo pusiese en duda. 
No obstante, debo reconocer que me preocupa que la actitud política defendida ayer por el Presidente Santer, consistente en pintar de rosa todo fracaso y derrota para convertirlos en un éxito, pueda arrastrar un día a nuestra UE a una grave crisis de credibilidad. 
Me preocupa que la cuestión de la cumbre de Lyon y su funcionalización, que se ofrece objetivamente para la campaña electoral- no sólo para el Sr. Santer -, se castigue en esta Asamblea con un desprecio autoritario por parte del ejecutivo, pues si tales problemas objetivos no se pueden tratar con palabras plásticas, veo un futuro negro para nuestro trabajo parlamentario. 
Pero no pierdo la esperanza de que se trate de un mero desliz y que el Sr. Presidente Santer tenga una comprensión democrática más desarrollada de la que, como autoridad pública, considera se puede ejercer en la crítica, al menos en el lenguaje sinuoso de los cortesanos. 
Estimadas y estimados colegas, espero que reconozcan que me he referido aquí a un asunto común de la Asamblea. 
Señor Presidente, no quisiera que, a raíz de esta última intervención, el Parlamento se adhiriera a esta observación, pues ha hablado de respeto del Parlamento. 
El Parlamento es respetado en la medida en que el propio Parlamento respeta a las demás instituciones. 
La forma como el Sr. Wolf se dirigió ayer al Sr. Santer no era un signo de respeto. 
Señor Herman, Señorías, no vamos a abrir un debate sobre esta cuestión. 
El Sr. Wolf, de acuerdo con el artículo 108- alusiones personales -, ha utilizado el derecho legítimo que le da el Reglamento. 
Sus palabras han sido dirigidas a la Comisión. 
Alguna referencia que se haya podido hacer a esta institución ha sido aclarada por el Sr. Herman. 
Por lo tanto, no vamos a abrir una discusión sobre esta cuestión que ha sido ya considerada de acuerdo con lo que establece el artículo 108 de nuestro Reglamento. 
Transacciones comerciales, mercado de capitales y redes de información 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0147/96 de la Sra. Ewing, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el segundo informe de la Comisión (COM (95) 0485- C4-0594/95) sobre la aplicación de la decisión relativa a la concesión por la Comunidad de bonificaciones de intereses para los préstamos a pequeñas y medianas empresas otorgados por el Banco Europeo de Inversiones con cargo a sus líneas de crédito temporal (línea de crédito PYME) ; -A4-0168/96 del Sr. Harrison, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0498- C4-0486/95) sobre la viabilidad de la creación de un Mercado Europeo de Capitales para las empresas pequeñas caracterizadas por la eficiencia de su gestión y su crecimiento; -A4-0161/96 del Sr. Harrison, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la recomendación de la Comisión (COM (95) 1075- C4-0198/95) referente a los plazos de pago en las transacciones comerciales; -A4-0185/96 del Sr. Hendrick, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe de la Comisión (COM (95) 0435- C4-0012/96) referente al funcionamiento futuro de las redes de información y de cooperación en el marco de la política de empleo. 
Señor Presidente, circulan declaraciones muy pesimistas sobre las perspectivas de la industria en la Unión. 
Un proyecto de comunicación de la Comisión sobre la competitividad de las empresas europeas presenta un panorama bastante sombrío. 
Nuestra situación se deteriora cada año en relación con Estados Unidos y Japón. 
Muchas personas han hablado de los 18 millones de parados y de los 50 millones de personas que dependen de las ayudas sociales. 
Aunque he comenzado con esta observación pesimista, en nuestro horizonte económico europeo se divisa una estrella brillante, a saber, el potencial de las pequeñas y medianas empresas para crear empleo. 
Tengo el privilegio de haber recibido la solicitud de elaborar mi informe sobre el informe de la Comisión sobre lo que ha sido una medida de gran utilidad y éxito para ayudar a las pequeñas empresas a crear puestos de trabajo. 
Estoy pidiendo más información adicional a la Comisión. 
Para comenzar, quiero decir que acepto la enmienda presentada. Reconozco también la necesidad de más información. 
La idea es muy simple. 
En comparación con las grandes empresas, las más pequeñas se encuentran en desventaja a la hora de conseguir fondos. A menudo no tienen seguridad colateral. 
Sin embargo, si al menos pudieran conseguir préstamos en condiciones razonables, podrían crear puestos de trabajo para nosotros. 
Por consiguiente, tenemos aquí una solución práctica. Los banqueros que actúan de intermediarios pueden prestar dinero a un 2 % por debajo del tipo de interés estándar por un período de cinco años. 
El importe disponible es de 30.000 ecus multiplicados por el número de puestos de trabajo creados. 
Es una medida muy práctica. 
Por mi parte, me pregunto si la divulgación de información sobre este plan es satisfactoria. 
No se está alentando a los bancos a que hagan publicidad del plan. Afirman que puede distorsionar la competencia. 
Los centros de información europeos, allí donde los hay, realizan un buen trabajo, pero no son suficientes. 
En una zona como la mía hay uno, pero se trata de una zona muy extensa y hay mucha gente que no está informada. 
En calidad de diputada al Parlamento que representa a una zona geográfica determinada, intento difundir información a organismos como la Federación de pequeñas empresas. 
O sea, que el plan existe, pero no recibe la publicidad necesaria. 
No obstante, hay que decir que la Comisión habla de un éxito considerable. 
Algunos Estados miembros, sin embargo, no han hecho uso de la asignación. 
Debemos preguntar a la Comisión a qué es debido. 
¿Por qué algunos Estados miembros no aprovechan esta oportunidad y por qué algunos tienen más éxito que otros en la creación de empleo? 
¿Por qué algunos descubren que pueden crear un puesto de trabajo con un crédito más bajo que otros? 
Es el tipo de información adicional que deseamos y que estoy segura nos sería de gran utilidad, si la Comisión pudiera incrementar el volumen de trabajo estadístico que ya viene realizando. 
Hasta julio de 1995 se había asignado el 95 % de la dotación total de la línea de créditos, por lo que la Comisión está informando sobre ello como un éxito considerable. 
Pero necesitamos conocer más detalles para que podamos asignar mejor los fondos allí donde se haga el mejor uso de los mismos. 
La Comisión de Presupuestos propone que se adopte una actitud más favorable con las pequeñas y medianas empresas de las zonas periféricas. 
En mi condición de representante de las Highlands e Islas de Escocia, naturalmente estoy de acuerdo con eso. 
Allí, cada puesto de trabajo tiene una importancia vital para la supervivencia de comunidades enteras. 
Acojo con satisfacción el cambio de definición de las PYME. Acojo con satisfacción la nueva división entre los criterios en función del número de trabajadores; menos de 10 para las microempresas, entre 10 y 50 para las pequeñas empresas y entre 50 y 250 para las medianas. 
Me gustaría pensar que la iniciativa ELISE, que ha tenido una excelente acogida, estará orientada a las empresas con menos de 50 trabajadores. Es ahí donde se creará el mayor número de puestos de trabajo. 
La Comisión se jacta de que se han creado 42.000 puestos de trabajo. 
Necesitamos saber más sobre dónde ha sido y en qué sectores de la actividad económica. 
Tal vez la Comisión pueda facilitarnos más información. 
El Parlamento acoge con satisfacción la extensión y ampliación del presente plan. 
Señor Presidente, las pequeñas empresas son un gran negocio para la Unión Europea en unos momentos en que nos esforzamos por impulsar la recuperación de los puestos de trabajo. 
El mercado de valores para pequeñas empresas tiene un gran potencial para nosotros y para las empresas pequeñas de Europa que se caracterizan por la eficiencia de su gestión y su crecimiento, y que dependen para su expansión de aportaciones regulares de capital rápido en su etapa más explosiva de crecimiento. 
Si conseguimos situar estas PYME en la vía del éxito, todos se darán cuenta de nuestra contribución en la lucha contra la lacra del desempleo que continúa desfigurando la UE en demasiados de sus Estados miembros. 
Es posible ayudar a estas pequeñas empresas que se caracterizan por la eficiencia de su gestión a través de los pequeños mercados electrónicos de valores como el EASDAQ de Bruselas, el AIM de Londres, el Neuer Markt de Francfort y el Nouveau Marché de París. 
Quiero dejar claro desde ahora que las antiguas referencias a EASDAQ que aparecen en mi texto deben sustituirse por el término mercado de valores paneuropeo para pequeñas empresas. 
Todos estos nuevos mercados se inspiran en el mercado de valores para pequeñas empresas de mayor éxito del mundo, el NASDAQ de los Estados Unidos, en el que cotizan empresas tan conocidas como Microsoft. 
NASDAQ no es sólo el vivero de las PYME de rápido crecimiento norteamericanas, sino también el destino de compañías europeas sedientas de capital. 
El diez por ciento de las nuevas empresas que cotizan en ese mercado son europeas, y las financieras europeas compran el 20 % de las acciones cuando una empresa norteamericana está registrada en el NASDAQ y hasta un 35 % cuando la empresa es europea. 
¡Qué locura! 
¿Por qué en Europa no lanzamos iniciativas para que nuestras PYME y las financieras se unan y compartan sus conocimientos financieros y empresariales en beneficio de Europa y de los europeos? 
Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora; el informe de la Comisión contiene una respuesta a esta situación que cambia rápidamente. 
La Comisión y el Parlamento reconocen la necesidad de que nos concentremos en ese ámbito especializado, que en el invernadero norteamericano de NASDAQ creó el 16 % del total de nuevos puestos de trabajo a comienzos de los noventa, a pesar de que representa un minúsculo 0, 04 % del total de las compañías de EE.UU. que cotizan en bolsa. 
Europa debe centrar su atención, por lo tanto, en compañías de alto riesgo y altos beneficios que se encuentran en expansión y tienen aspiraciones transnacionales, y cuyo crecimiento implica a menudo una expansión con pérdidas, hecho que las descalificaría para cotizar en los mercados de valores más tradicionales de Europa. 
El Parlamento puede apoyar firmemente la comunicación de la Comisión sobre la viabilidad de la creación de mercados de valores con mayor representación europea, otra característica notable de lo que sería la naturaleza del mercado basada en la pantalla electrónica. 
Este desarrollo es la vía del futuro y amenaza a los mercados establecidos que permanecen inflexibles en su forma de pensar y en su respuesta al cambiante panorama de los mercados de valores. 
Pero el Parlamento recomienda que el entusiasmo vaya unido a la cautela. 
Creemos que los temas como liquidez, reglamentación y posible proteccionismo necesitan ser estudiados. 
Instamos a los Estados miembros a que, por ejemplo, deroguen las regulaciones restrictivas en materia de inversiones de fondos de pensiones en los títulos cotizados en las bolsas situadas en otros Estados miembros y en los títulos sin cotización oficial. 
Al fin y al cabo, estamos en un mercado único y debemos intentar que este mercado único interior funcione para nuestras pequeñas empresas. 
Pero de la mano de esta liberalización debe ir el cumplimiento estricto de las normas de prudencia que establecen las autoridades reguladoras competentes. 
Además debe facilitarse el acceso a los mercados de valores para pequeñas empresas. 
Los derechos de entrada no deben ser prohibitivos. 
Debe suprimirse cualquier discriminación fiscal en términos de doble imposición o de impuestos sobre plusvalías de capital a aquellos que decidan adquirir participaciones que se cotizan en un mercado situado en otro Estado miembro. 
Debemos garantizar, en la medida de lo posible, que no se produzca la duplicación de los mercados de manera que dividamos nuestros esfuerzos para crear una versión alternativa del NASDAQ norteamericano. 
Para atraer el interés de los grandes inversores institucionales, deberán establecerse y respetarse los niveles de regulación más altos posible, quizá una Comisión Europea de Operaciones de Bolsa. 
Debe simplificarse el proceso de aprobación del prospecto mediante la aplicación del principio de armonización o reconocimiento mutuo. 
Cualquier mercado de valores paneuropeo para pequeñas empresas debería considerarse como un complemento de las bolsas oficiales nacionales, y los Estados miembros no deberían frustrar el desarrollo de dichos mercados mediante prácticas de competencia desleal, por ejemplo, obstaculizando las transacciones. 
Por último, reitero el argumento de que la introducción del euro como nuestra moneda única incrementará el atractivo de un mercado de valores para todas las pequeñas empresas de alta tecnología que están creciendo con rapidez en Europa. 
De hecho, cualquier mercado paneuropeo será un medio apropiado en sí mismo para canalizar los fondos de inversión europeos. 
Acojo con satisfacción el informe de la Comisión. 
En lo relativo al retraso en los pagos, una pequeña empresa de mi ciudad de Chester se dirigió a mí recientemente para informarme de sus problemas de liquidez debido a que una gran empresa pagaba siempre con retraso. 
Su problema se agravó por el hecho de que su suministrador en la cadena de valor añadido era una empresa sueca con plazos de pago cortos debido a las prácticas previsoras que suelen ser endémicas en Escandinavia. 
La empresa de mi localidad se vio atrapada por la doble maldición creada por el mercado único: empeñada por una gran empresa a la que no le importa retrasar los pagos, pero obligada a pagar a una empresa sueca acostumbrada a cobrar con celeridad. 
Dos otras empresas de mi circunscripción situadas en Ellesmere Port y Crewe culpan de la morosidad a la propia Comisión Europea. 
La mención de mi papel como ponente del Parlamento sobre este enojoso asunto acelero el pago, pero son historias demasiado conocidas en la Europa de hoy. 
Las pequeñas empresas son el motor impulsor del crecimiento y de la recuperación de Europa, y con demasiada frecuencia son víctima de la morosidad por parte de las grandes empresas, de la administración central o local e, incluso, de la propia Comisión. 
El hecho de que algunos de nuestros Estados miembros no se toman en serio este asunto quedó patente en la confesión del Viceprimer Ministro del Reino Unido, Michael Heseltine, cuando reconoció que él había creado su gran imperio empresarial a costa de las pequeñas empresas cuyas facturas solía pagar siempre con retraso. 
Va siendo hora de dar un ultimátum a aquellos que de forma deliberada se burlan de las buenas normas comerciales retrasando los pagos a sus socios. 
En cualquier otro lenguaje, a estas personas las llamaríamos tramposos y no cabe duda de que están engañando a las pequeñas empresas que se encuentran entre la espada y la pared tras este robo a la luz del día. 
La morosidad es, discutiblemente, el mayor problema de las PYME, y la situación, lejos de mejorar, parece empeorar. 
Como revela la recomendación de la Comisión, las perspectivas no son buenas para aquellas empresas que intentan vender en el extranjero. 
La variación en los mercados de la UE en cuanto a irregularidades en las reglas del juego es tal que los trece días de media de la UE de retraso en el cumplimiento del plazo de pago se ve superado por la lamentable cifra de veintitrés días del Reino Unido, destacando la admirable media de apenas siete días en el caso de Suecia. 
¿Cómo podemos rectificar esta injusticia? 
¿Cómo podemos ayudar a las PYME a recuperar los fondos que, de otra forma, podrían ser utilizados de forma rentable para invertir en las empresas pequeñas en crecimiento y crear puestos de trabajo para los parados de Europa? 
Recuerden que estamos hablando de cantidades astronómicas. 
El Forum of Private Business con sede en el Reino Unido estima que las PYME británicas se ven privadas de 20.000 millones de libras en cualquier momento del ciclo comercial por retraso en los pagos. 
Mi respuesta- y espero que sea también la del Parlamento- sería una directiva encaminada a introducir un derecho legal a percibir intereses de demora de aquellas empresas que retrasen injustificadamente sus pagos. 
Este sistema podría alentar un círculo virtuoso en el que el pago puntual sea la regla, en vez de la excepción. 
La actual legislación sueca y la ley norteamericana «Prompt Payment Act» han transformado la cultura empresarial. 
Debemos tomar medidas aquí para todo el mercado único europeo, quizá dirigiendo nuestros esfuerzos, en primer lugar, hacia las instituciones públicas como los gobiernos y las administraciones locales. 
La penalización que supone un derecho legal a percibir intereses de demora es el mejor medio de que dispone Europa para lograr resultados e implantar la igualdad en las reglas del juego para sus PYME. 
Imploro a la Comisión que presente una directiva con este objetivo en mente. 
Mientras tanto apoyaremos, naturalmente, todas las otras ideas valiosas que se desprenden de la comunicación de la Comisión. 
Sin duda es una decisión acertada, por ejemplo, establecer definiciones relativas a la fecha de vencimiento, aunar conceptos sobre los períodos de pago- quizá 60 días- mientras que se dejan dichas decisiones en manos de las partes contratantes, fomentar el desarrollo de un formato común para facturas, aplaudir la publicación de información adecuada sobre el crédito que merecen los morosos persistentes, armonizar las disposiciones legales, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los procedimientos, prever medidas concretas para instruir a las PYME en gestión de créditos, algo positivo que quedó registrado en el último informe de Coopers& Lybrand sobre las PYME británicas. 
Todos estas «zanahorias» de alicientes carecen de fuerza sin el «palo» del derecho legal a percibir intereses. 
En nuestra calidad de diputados debemos asegurarnos de que con nuestra actuación en materia de retrasos en los pagos, las empresas pequeñas reciben realmente las oportunidades que merecen. 
Señor Presidente, queridos colegas, antes de nada quiero apoyar el informe Hendrick en cuanto al futuro, organización y funcionamiento de las redes de información. 
La incorporación de las redes informáticas de comunicación a la empresa es fundamental en un mundo interconexo y abierto como el que vivimos actualmente. 
El mundo de la empresa no puede permanecer a espaldas de una realidad como las redes informáticas, Internet, etc. Realidad que también debe ser regulada para impedir la proliferación en estas redes de contenidos de carácter delictivo, difusión pornográfica, apología del terrorismo y para proteger los datos de carácter personal y la vida privada de los usuarios. 
Quiero aprovechar la ocasión para felicitar al Consejo de Telecomunicaciones por la aprobación de reglas armonizadas para la protección de datos de carácter personal. 
Lo considero un primer paso a fin de buscar soluciones a nivel europeo, OCDE y mundial en este campo. 
Respecto al informe Hendrich, no les oculto, por otra parte, mis dudas respecto a su opinión de que estas redes de comunicación, etc., puedan crear empleo de acuerdo con el informe Delors. 
Creo que son imprescindibles y necesarias, pero no tienen, intrínsecamente, por qué crear empleo, pues lo único que hacen es adaptar medios a la vida actual y muchas veces, desgraciadamente, los empleos se destruyen. 
Quiero detenerme en la aseveración que indica la creación automática de puestos netos, como se decía. 
No hay duda que potenciar nuevas tecnologías, procesos y procedimientos crea empleo, pero, desgraciadamente, la dura realidad nos confirma que muchas veces se destruyen más puestos de los que se crean. 
En nombre de la Comisión REX, quiero agradecer especialmente al ponente la favorable acogida de las nueve conclusiones que ha incorporado a su trabajo procedentes de nuestra comisión y de las cuales tuve el honor de ser ponente para opinión. 
Suscribo, pues, básicamente el informe del ponente y me permito añadir algunas especificaciones en las redes en relación con terceros países. 
Como es evidente, casi todos los países adoptan las reglas de la economía de libre mercado y, en consecuencia, surgen densos mercados en Asia, América Central, Sudamérica, Europa central y oriental, etc. Por tanto, se necesita crear una base trasnacional de relaciones empresariales. 
La misión de estas relaciones, de estas redes, es la cooperación y en ellas se deben apoyar los órganos más próximos a la realidad empresarial, como pueden ser las Cámaras de Comercio, Colegios profesionales, etc. 
¿Cuáles son las principales redes existentes? 
Los Euro Info Centres, los BC-NET, los BRE, etc. 
¿Cuáles son los resultados? 
En definitiva, la puesta en común de todos ellos para desarrollar estas redes. 
Sin embargo la evaluación de los resultados es muy distinta según las redes. 
Se puede incrementar su eficacia notablemente y se debería acercar más a la realidad empresarial. 
La distribución no es homogénea en recursos humanos. 
Me refiero a la calidad. 
Existe el riesgo de desarrollar redes de varias velocidades. 
El funcionamiento no está suficientemente descentralizado y resulta demasiado burocrático. 
En síntesis, quiero subrayar la importancia de estas redes. 
Constatamos su disparidad, creemos que es importante consolidarlas y acogemos con satisfacción el nuevo momento que se presenta con las oficinas de información. 
Por lo tanto, reitero el agradecimiento a la Comisión por el avance realizado en esta línea. 
Señor Presidente, el problema más serio al que hoy se enfrenta Europa y la sociedad europea son los elevados niveles de desempleo que ponen en peligro su estructura socioeconómica. 
Lamentablemente, hasta ahora, la Unión Europea no ha logrado desarrollar una política sólida a largo plazo para fomentar el empleo, que incluyera, entre otras medidas, financiaciones para obras de infraestructura, de redes, etc. 
Existen propuestas. 
Existe el Libro Blanco del Sr. Delors y el reciente pacto de confianza del Presidente Santer. 
Lo que falta es la voluntad política para movilizar las financiaciones necesarias. 
La acción que tratamos hoy, con ocasión del informe de la Comisión sobre la aplicación de la decisión relativa a la concesión por la Comunidad de bonificaciones de intereses para los préstamos a pequeñas y medianas empresas otorgados por el Banco Europeo de Inversiones, es una acción positiva de la Unión Europea en la dirección correcta, pero tiene un alcance limitado en comparación con el problema global. 
Se dirige a las PYME, que constituyen la espina dorsal de la actividad empresarial de muchos países miembros y representan el sector principal con posibilidades de crear puestos de trabajo. 
El informe describe los resultados de estas bonificaciones de préstamo hasta la fecha y hay que celebrarlo, porque demuestra que de hecho se ha conseguido un progreso importante, y el medio ha funcionado bastante bien. 
Es significativo que se hayan creado hasta ahora 42.000 nuevos puestos de trabajo. 
No obstante, es preciso hacer algunas observaciones con respecto a este problema: 
En primer lugar, en lo que se refiere a los puestos de trabajo, no ha quedado claro ni dónde se han creado ni en qué sectores; en segundo lugar, no queda claro cómo se han repartido las ayudas entre los países grandes y pequeños, y quizá sea conveniente que la Comisión examine las formas de potenciar y fomentar las regiones apartadas, es decir, las regiones periféricas; por último, creo que la Comisión debe presentar propuestas para la prórroga del programa, que ha demostrado ser útil y de provecho. 
Señor Presidente, intervengo para presentar mi informe al Parlamento y para decir que el ejercicio de compilar el presente informe ha sido sumamente gratificante. 
Me ha interesado mucho la labor que han venido desarrollando los Centros Europeos de Información Empresarial, tanto en el Reino Unido, como en el resto de la Unión Europea. 
Como muchos de ustedes sabrán, la política de empresa de la Unión Europea se inició hace unos seis años, y estos centros han estado funcionando desde entonces. 
Especialmente en unos momentos en que las finanzas de la Unión Europea están siendo objeto de una inspección minuciosa por varios motivos- casos de fraude, de mala administración y derroche- es especialmente importante hacer una evaluación de los beneficios, así como de los costes de estos centros de información y de los servicios que proporcionan a las pequeñas empresas. 
Sentía especial interés por visitar uno de estos centros que opera desde hace bastante tiempo en mi región, en la ciudad de Liverpool, y comprobar en qué medida ayuda a las empresas. 
Las personas que allí trabajan se esforzaron por enseñarme ejemplos y casos de empresas con las que habían trabajado, y cómo éstas habían sacado provecho de las actividades del centro. 
Sobre todo me interesaba conocer el funcionamiento de las redes y saber que disponemos de estas redes en toda Europa. 
Y es mucho lo que están haciendo para impulsar la actividad empresarial y el comercio en toda la Unión Europea. 
Recientemente tomé parte en una entrevista de la BBC Televisión, en la que me hicieron algunas preguntas muy claras sobre las ventajas que estos centros proporcionan a la Comunidad. 
Mi informe se centra en dos ámbitos en particular. 
En primer lugar, como ya he dicho, está claro que a estos centros se destinan sumas importante con cargo a los fondos de la Unión Europea. 
Por lo tanto, en unos momentos en que las finanzas comunitarias están en el punto de mira de todos, es importante que comencemos a cuantificar el valor de la labor que realizan los centros. Eso significa que necesitamos medir los beneficios que aportan en relación con los costes. 
Como señala el propio informe de la Comisión, no se han realizado demasiados esfuerzos para evaluar los beneficios. 
Evidentemente necesitaremos algún parámetro para medir la satisfacción de los clientes y que nos permita determinar los beneficios para, más tarde, sopesarlos en relación a los costes. 
Actualmente, las personas que trabajan en estos centros piensan que están realizando un buen trabajo. 
Están impulsando la actividad empresarial y promocionando las empresas, pero resulta difícil decir a cuántas empresas están ayudando y el éxito de dicha ayuda. 
En algunos casos, un centro puede poner rápidamente en contacto a dos empresas de la Unión Europea que se encuentran en países distintos, aunque en muchos casos este proceso puede durar hasta seis meses, ya que lo que estos centros ofrecen no es necesariamente el tipo de servicios que cabe esperar de una asesoría. 
Puede darse el caso de que el centro indique a una empresa la dirección adecuada, pero ésta necesita cierto tiempo para iniciar una relación con la otra empresa. 
Por ejemplo, una compañía que vende tornillos y desea vender en Francia necesita entrar en contacto con una compañía de Francia que desee comprar tornillos. 
Este tipo de conexión puede realizarse en pocas horas, pero en algunos casos puede durar meses. 
Es un aspecto que me preocupa, y en mi informe propongo que se lleve a cabo un procedimiento de revisión y que se desarrolle un conjunto de parámetros que permitan también medir los beneficios que aporta a la pequeña empresa. 
También propongo que, a medida que avanzamos hacia la sociedad de la información del próximo siglo, los centros se esfuercen al máximo para sacar provecho de las nuevas tecnologías a las que tenemos acceso. 
En estos momentos, los centros suelen realizar la mayor parte de sus consultas a través de llamadas telefónicas y recurren a métodos tecnológicos bastante básicos, como el correo electrónico, para transmitir mensajes a cualquier lugar de la Comunidad y para poner en contacto a las empresas. 
En estos tiempos en que millones de libras pueden cambiar de mano en una fracción de segundo y con el tipo de actividades que se desarrolla en la bolsa y los nuevos métodos del comercio electrónico, es evidente que la conexión entre dos compañías- una que desea comprar y la otra que desea venderpuede hacerse de una manera bastante automatizada. 
Me gustaría que los centros comenzaran a introducir estas nuevas tecnologías con objeto de que la política de empresa de la Unión Europea pueda seguir funcionando en el siglo próximo. 
Con estos comentarios, pido al Parlamento que apoye mi informe. 
Señor Presidente, el enorme empleo o, mejor dicho, el enorme desempleo de Europa ha despertado un interés general por las ayudas a las actividades de las pequeñas y medianas empresas. 
Los socialdemócratas nos hemos mostrado muy activos en esta labor con ocasión, entre otros, de los trabajos presupuestarios. 
Lo mismo se puede decir de nuestra postura a nivel nacional, regional y local. 
Hay que comprender que las pequeñas y medianas empresas desarrollan precisamente su labor en ámbitos con una estrecha relación con los ciudadanos. 
Resulta natural que la mayor parte de los problemas que afrontan las PYME tengan su origen en su propio entorno local. 
No obstante, creo que el fomento de las redes y la disponibilidad de la información dará lugar, por ejemplo en los nuevos Estados miembros, a un aumento de los conocimientos sobre una cultura empresarial. 
Sabido es que los países nórdicos no son conocidos porque sus PYME desempeñen una función importante, pero si nos beneficiamos del uso de estas redes, podremos también mejorar la situación del empleo. 
Desde el punto de vista del desarrollo del mercado interior, las pequeñas y medianas empresas ocupan un lugar destacado, especialmente por lo que respecta a los esfuerzos en favor de la innovación. 
Sin embargo, tal como aquí ya se ha dicho, estas empresas se enfrentan a problemas tales como, en particular, el relativo a su financiación; igualmente, las fronteras y las transferencias de pagos entrañan grandes dificultades para las pequeñas empresas. 
Resulta a todas luces obvio que las pequeñas empresas necesitan una financiación blanda y que, hoy por hoy, existe una gran necesidad, principalmente, de financiación de capital de riesgo. 
A fin de cuentas, mil millones de ecus no representan una gran suma: equivale a tres ecus per cápita, por lo que no deberían existir obstáculos al incremento de fondos. 
Si el precio del dinero representa un problema, otro problema reside en el hecho de que las garantías son insuficientes, por lo que deberíamos lograr avances también en este ámbito. 
La Unión Europea debería velar por que en todos los Estados miembros existiera la suficiente competencia en el sector de la financiación, así como para que las empresas medianas no se vieran agobiadas por las condiciones desproporcionadamente rigurosas que les impone el sector. 
A este respecto, puedo describir en pocas palabras esta situación con un ejemplo práctico referente a mi propio país. 
Finlandia constituye una excepción privilegiada en relación con el resto de países por el número relativamente elevado de ingenieros cualificados con que cuenta, un sector en el que hay necesidad de mano de obra en Europa, razón por la cual se debería poner esta mano de obra a disposición a nivel europeo. 
Por supuesto, existe la posibilidad que ofrece la libertad de circulación de trabajadores, si bien ésta ocasiona problemas de tipo social. 
Por lo tanto, representa una mejor alternativa la venta de obras de ingeniería por parte de las empresas a los usuarios de estas obras. 
Conozco una empresa cuyo volumen de negocio a la exportación representa el 80 % del total. 
El año pasado, como consecuencia de las fluctuaciones del mercado de divisas, esta empresa registró, en relación con sus ganancias totales, unas pérdidas superiores a las ganancias netas definitivas, lo cual nos permite comprender esta enorme dificultad. 
La deficiente tradición del resto de Europa en materia de pagos representa igualmente un gran problema para este tipo de empresas, que, para operar en el extranjero, se ven obligadas a duplicar su capital en comparación con sus necesidades para cubrir el mercado nacional. 
Si estos innovadores ingenieros se deben parar a discernir asuntos de carácter cambiario y financiero, olvidarán fácilmente su cometido principal y dejarán de proyectar barcos que ahorren materia prima y energía y que podrían dar un impulso a la capacidad competitiva europea. 
Para finalizar, cabe señalar que los problemas que, bajo cualquier circunstancia, ocasiona un factor como el del mercado de divisas a las PYME no se podrán evitar antes de que nos incorporemos a la moneda única. 
Señor Presidente, hoy hay cuatro informes en el orden del día relacionados con la posición de la pequeña y mediana empresa europea en el mercado interior. 
También ayer, en el debate sobre la simplificación de la normativa, se oyó hablar de las PYME. 
Con la posición de la pequeña y mediana empresa pasa un poco como con la posición de las mujeres. El grupo es grande y atrae las simpatías, se habla mucho de él y se hace muy poco al respecto. 
Tomemos por ejemplo los tiquismiquis sobre el presupuesto del programa europeo a largo plazo para la pequeña y mediana empresa. 
Estamos hablando de 180 millones de ecus que la Comisión necesita para poder llevar a cabo adecuadamente su programa de acción. 
Que el Consejo tenga en cuenta que se trata de un mínimo, y si no se obtiene este importe, por lo que a mí respecta, no hace falta que el Consejo vuelva a hablar nunca más de planes de empleo y cosas por el estilo. 
Un ámbito en el que la Unión Europea tiene una clara responsabilidad, que también asume, es el establecimiento de mecanismos para dar acceso a la pequeña y mediana empresa al capital riesgo. 
La Sra. Ewing ha observado con razón que el mecanismo de préstamos temporales del Banco Europeo de Inversiones ha sido un éxito, aunque no en todos los países. 
El Parlamento ha aumentado esta línea presupuestaria de 1996 con 50 millones de ecus. 
En cuanto a la última propuesta de la Comisión para reforzar las garantías de crédito para las inversiones de la pequeña y mediana empresa, con lo cual las PYME ven facilitado su acceso a la financiación- el denominado programa ELISE -, lo aplaudo concretamente porque se centra realmente en las pequeñas empresas. 
Lo considero una continuación de la línea presupuestaria de crecimiento y medio ambiente que en 1995 y 1996 he podido defender, casi con mi vida, en este Parlamento. 
Espero que sea un éxito, para garantizar así el éxito del programa ELISE. 
Supone un umbral muy bajo y con muy poca burocracia, por lo tanto merece tener éxito. 
En segundo lugar, mi Grupo se complace de que se trabaje en la creación del EASDAQ, el mercado europeo para las empresas innovadoras de rápido crecimiento con ambiciones transfronterizas. 
Del próximo Observatorio Europeo para las PYME se desprenderá que es este grupo de empresas el que generará más empleo y de su modo de trabajar quizás podamos aprender mucho para solucionar el problema del empleo. 
Sin embargo, lo importante es que la Comisión investigue cuántas empresas europeas cumplen las condiciones establecidas. 
¿Cuántas empresas europeas que ahora están inscritas en el NASDAQ en Estados Unidos pueden entrar en el EASDAQ? ¿Cuántas empresas tienen realmente la intención de pasar al EASDAQ? 
Esto para poder valorar la credibilidad y la liquidez de nuestro mercado de valores paneuropeo. 
Para los inversores tendrá que ser atractivo invertir su dinero en esa Bolsa. 
Tiene que ser atractivo para las empresas colocar sus acciones en la Bolsa. 
La European Association of Securities Dealers sería quizás la entidad idónea para recomendar este mercado entre los inversores. 
Una medida europea para mejorar la liquidez del mercado podría ser la supresión de las restricciones nacionales a las inversiones de los fondos de pensiones en valores. 
Las recientes declaraciones del Comisario Monti de citar a diversos Estados miembros, concretamente Italia y Dinamarca, ante el Tribunal Europeo, debido a una política restrictiva en materia de fondos de pensiones, dan esperanzas para el futuro. 
Ni que decir tiene que es necesario que exista claridad sobre la relación entre el futuro EASDAQ y las Bolsas nacionales y regionales. Esto en relación con las duplicidades y la competencia. 
La pequeña y mediana empresa, que tiene que ser el motor del empleo, merece en estos momentos un apoyo real del Parlamento y de la Comisión y, no en último lugar, más adelante, a la hora de fijar el presupuesto, del Consejo. 
Ahora ha llegado la hora de la verdad. 
Señor Presidente, queridos colegas, el Consejo Europeo de Copenhague fue el que en 1993 instituyó el mecanismo PYME, que establecía la asignación por el BEI de mil millones de ecus para acciones encaminadas a fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 
En 1994, el Consejo Ecofin consideraba que en ciertas circunstancias los préstamos concedidos podrían ser objeto de bonificaciones de intereses financiadas con cargo al presupuesto de la Comunidad. 
Sólo los préstamos que entran dentro del marco del mecanismo PYME del BEI pueden acogerse a dichas bonificaciones, con un tipo del 2 % y por un período de cinco años. 
Dicho de otro modo, un préstamo concedido a un tipo del 8, 5 % al año, por ejemplo, cuesta al prestatario sólo 6, 5 % al año y la diferencia se paga con cargo al presupuesto de la Unión. 
Desde hace algún tiempo, se observa que ciertos Estados miembros no han comprometido sino una pequeña parte de los fondos que se les habían atribuido. 
Está claro que esos retrasos en la asignación de los recursos son perjudiciales para los prestatarios potenciales de los Estados miembros. 
Por consiguiente, nos unimos al ponente, cuando pide a la Comisión y al BEI que estudien por qué se producen semejantes retrasos. 
Del mismo modo, se observa que ciertos Estados miembros anuncian previsiones de creación de puestos de trabajo mucho más elevados que otros y también que ciertos Estados miembros están, al parecer, en condiciones de crear puestos de trabajo con préstamos de un importe infinitamente menor que los otros. 
El informe de la Sra. Ewing recibe el beneplácito de nuestro Grupo en conjunto, pero expresamos algunas reservas. 
En efecto, quisiera recordar que el mecanismo original iba encaminado a promover las inversiones creadoras de puestos de trabajo y no a subvencionar las creaciones de puestos de trabajo. 
Por consiguiente, sería discutible crear en esas condiciones un vínculo mecánico entre el importe de la bonificación- 30.000 ecus por puesto de trabajo creado- y el número de puestos de trabajo creados sin tener en cuenta la naturaleza de la inversión realizada ni, por lo demás, la calidad y la perennidad de los puestos de trabajo creados, aun cuando seamos partidarios de la búsqueda del mejor efecto de la acción comunitaria en el empleo. 
Así, pues, toda comparación entre empresas o Estados parece algo aleatoria. 
Asimismo, consideramos que no corresponde a los Estados apreciar cuál es el vector más eficaz para promover y organizar ese tipo de mecanismo. 
Además, el artículo 10 nos parece infundado, en el sentido de que su funcionamiento eficaz no supone la creación de una comisión mixta que resultaría ser un organismo de control ad hoc. 
Por último, queridos colegas, nuestro Grupo dará su apoyo al informe del Sr. Hendrick y del Sr. Harrison. Nuestro Grupo aprecia muy en particular la petición- que figura en el informe del Sr. Harrisonde crear un mercado de capitales paneuropeos en el que las sociedades empresariales de crecimiento rápido podrían entrar en contacto con inversores privados e institucionales con costos de transacción y gastos de cotización reducidos al mínimo, pero con la garantía de una transparencia y una seguridad absolutas. 
Sin embargo, esa iniciativa tan sólo será concluyente, si se resuelven los obstáculos en materia de liquideces, de reglamentación y de riesgos de proteccionismo. 
Señor Presidente, Señorías, este debate es ciertamente importante porque vuelve a considerar cuestiones concretas y muy relevantes para intentar prestar la atención debida a la actividad empresarial más importante en creación de empleo- y que fundamenta la base de la actividad empresarial de la Unión Europea -, como son las empresas de pequeña y mediana dimensión. 
Y trata de cuestiones que hacen realmente referencia a problemas reales que tienen las PYME, como es el caso de los préstamos con unos intereses más beneficiosos que los del mercado- los que proporciona el Banco Europeo de Inversiones -, o bien al tema de la seguridad y los plazos en el cobro de los servicios que prestan las empresas de pequeña y mediana dimensión, que a veces se ven sometidas a una excesiva presión por los grandes conglomerados, ya sean comerciales o empresariales. 
Evidentemente se trata de algunas cuestiones de fundamental importancia que afectan al problema social más importante que tiene planteado la Unión Europea, como es el del empleo, y recordemos una vez más que son precisamente las empresas de pequeña y mediana dimensión las que, en épocas de crisis o de recesión o simplemente de atonía económica, como es la presente, aseguran la mayor creación de empleo. 
Por lo tanto, en este debate hay una serie de elementos que debemos subrayar y quiero manifestar mi preocupación por que este debate llegue en primer lugar a las empresas de pequeña y mediana dimensión para que sepan que las instituciones europeas y el Parlamento Europeo se ocupan de los problemas concretos que afectan a éstas, y para que puedan gozar de los mejores canales mediante los cuales puedan aprovechar estas facilidades que las instituciones europeas les proporcionan. 
Señor Presidente, las pequeñas empresas son sin duda del mayor interés en la futura estructura económica. 
Pero también hay que evitar tener unos puntos de vista excesivamente románticos y optimistas sobre su capacidad para crear nuevos puestos de trabajo. 
En primer lugar, estas empresas son de naturaleza muy diversa. 
Los proveedores no son lo mismo que las empresas que trabajan directamente para el mercado de consumo. 
Las pequeñas empresas de distintas ramas también tienen distintas posibilidades de promoción. 
En segundo lugar, estas empresas surgen con una frecuencia considerable, pero también se van abajo en gran número. 
El tiempo de funcionamiento de muchas de ellas es limitado, lo cual reduce además la eficacia de las subvenciones de carácter general. 
Aunque el objetivo de la ayuda y de unos intereses más bajos es excelente, también es discutible su efecto cuando nos hallamos en medio de una depresión económica general. 
La experiencia que tenemos en Suecia respecto a la reducción del gasto social es que no surte prácticamente efecto. 
Una encuesta reciente llevada a cabo entre las pequeñas empresas suecas demuestra que la mayoría culpa de sus dificultades a la debilidad del mercado. 
Y evidentemente, ésta es la conclusión que cabe extraer, puesto que es la política macroeconómica la que a la postre constituye el factor decisivo para la contribución de las pequeñas empresas a la creación de empleo. 
Una política deflacionista como la que se tiene actualmente en Europa menoscaba sus posibilidades. 
Señora Peijs, deseo hacer un cumplido por el enérgico estilo y argumentos con que ha presentado el tema de las PYME, muchos de los cuales comparto. 
Me parece muy bien la energía con que siempre lo hace, en nuestra Comisión y aquí en el Parlamento. 
El Consejo no solamente debe tomárselo en serio sino que debería dedicar más su discernimiento a la problemática de las PYME. 
Pues las pequeñas y medianas empresas y la política que se aplique a las mismas son la base de nuestro empleo en Europa. 
En el fondo, las PYME siempre obtienen la menor parte frente a los grandes consorcios, frente a los asentamientos industriales a corto plazo, precisamente en las áreas rurales. 
Se podría alegar que son los argumentos usuales de los diputados que siempre quieren más y que nunca están satisfechos. 
No es así. 
Considero que el programa ELISE es muy positivo y que va a dar sus frutos. 
Mi requerimiento a la Comisión y al Consejo, pero en especial al Consejo, es que elaboren un concepto global más consecuente y madurado para las PYME. 
Pagos muy tardíos por trabajos ya realizados por las PYME, precisamente también fuera de Europa, significan el fin para las pequeñas y medianas empresas, por lo que mi grupo político apoya una directive on payment periods, tal como se menciona en el informe del Sr. Harrison. 
También apoyamos la enmienda del Sr. Hendrick y mi colega, la Sra. Hautala va a hablar enseguida sobre este tema. 
Señor Presidente, éste es un tema de la máxima importancia. 
Me refiero, en particular, al informe del Sr. Harrison, y quisiera felicitarlo por cómo ha presentado su informe. 
Ha destacado los aspectos a los que, de manera muy dura, se enfrentan muchas de las pequeñas empresas de las que depende Europa para su crecimiento. 
La retórica de la dependencia de las pequeñas y medianas empresas no se corresponde con la realidad, pues lo cierto es que dichas empresas son muy vulnerables frente a las empresas grandes y sin escrúpulos que pueden apoyarse en las pequeñas y se niegan a pagar puntualmente sus transacciones. 
Evidentemente se trata de un asunto de gran preocupación para muchas empresas pequeñas. 
Estoy seguro de que todos nosotros conocemos alguna compañía, cuya viabilidad se ha visto amenazada y, a veces, destrozada por la negativa de un cliente grande y poderoso a pagar sus facturas puntualmente. 
Hay que decir que los malos no siempre son firmas comerciales, sino que en muchos casos se trata de organismos públicos. 
Tengo información fidedigna de que el Gobierno del Reino Unido, incluida la Oficina para Escocia, es uno de los mayores infractores. 
Eso es simplemente inadmisible y estoy encantado de que se hayan tomado medidas para corregir esta situación. 
El concepto de derecho legal a percibir intereses de demora por los retrasos en los pagos es uno de los principales intentos de corregir la situación. 
Si pudiéramos lograrlo de golpe en toda Europa, dispondríamos de una gran cantidad de fondos para el empleo y para la generación de confianza. 
De todos los discursos que se pronuncian en este augusto edificio sobre este tema, éste es uno que podría marcar la mayor diferencia, si fuéramos serios al respecto. 
La medida que propone y se discute en el informe no sólo es bastante débil, sino que además, si analizamos la trayectoria de la Comisión, ésta inspira muy poca confianza. 
Permítanme que les narre un cuento navideño de terror al que tuve que hacer frente en mi circunscripción. 
Una empresa que había sido objeto de alabanzas y subvenciones de la Comisión se encontró próxima a la quiebra debido a los retrasos en los pagos que estaba padeciendo por segunda vez. 
Llamé por teléfono a la Comisión y hablé con un funcionario muy atento que me explicó que la Comisión no podía hacer nada debido a la falta de personal en el departamento encargado de pagar los cheques, y que el responsable de firmar los cheques tenía una capacidad de firma limitada y que no había personal suficiente para rellenar los cheques que él debía firmar. 
Si no se conseguía antes de Nochebuena, no podría hacerse nada hasta el Año Nuevo. 
Teníamos a una empresa que se enfrentaba a la quiebra y a tener que despedir a los trabajadores por la sencilla razón de que su trayectoria en innovación e investigación era excelente, y que había sido alentada por la Comisión. 
Quisiera, por consiguiente, pedir al portavoz de la Comisión que proporcione garantías y cifras de cómo la Comisión compagina su retórica con la realidad. 
¿Pondrá orden en su propia casa y dará ejemplo al resto de Europa? 
Señor Presidente, la pequeña y mediana empresa goza en los últimos años de una enorme atención por parte del Estado, tanto a nivel nacional como europeo. 
La pequeña y mediana empresa parece el niño mimado de los políticos europeos. 
Ojalá no la matemos con tantos mimos, pues el peligro acecha. Por ello, en las medidas que de promoción de las PYME es preciso recalcar el aligeramiento de las cargas administrativas y la simplificación de la legislación. 
Esto es mucho más eficaz que cualquier subvención, pues la práctica demuestra que el estímulo financiero de las pequeñas empresas cuesta mucho esfuerzo, tanto por parte de la administración subvencionadora como por parte de la empresa receptora. 
¿Qué piensa el Comisario de la sugerencia de concentrar las subvenciones en proyectos experimentales emprendidos por instituciones del sector de servicios, eventualmente en cooperación con instituciones educativas, para apoyar a las PYME? 
En cuanto al informe de la Sra. Ewing sobre las bonificaciones de intereses, quiero observar que la participación de empresas con menos de 250 trabajadores es relativamente escasa. 
Ello se debe concretamente al limitado plazo de solicitud. 
En la información es aconsejable conectar con las organizaciones nacionales y locales de empresarios. Los centros de información europeos también tendrían que colaborar estrechamente con este tipo de organizaciones. 
Y ahora el mercado europeo de capitales para las empresas de rápido crecimiento. Comprendo que una entidad de este tipo dé un impulso positivo a las empresas prometedoras, pero tengo una pregunta fundamental: ¿es tarea del Estado crear una Bolsa de este tipo? 
Estoy convencido de que no. 
El Estado tiene que limitarse a suprimir los obstáculos y a crear las necesarias condiciones legales esenciales para una entidad de este tipo. 
Por último, el problema de la lentitud de los pagos en la Unión Europea. ¿Cómo lo solucionamos? 
¿Con una recomendación o con una directiva? 
El proyecto de resolución reclama en el apartado 6 una directiva. Los argumentos que se esgrimen no son suficientes. 
Una directiva es muy adecuada para las PYME, pero ¿de qué le sirve al empresario? 
Si otros tienen que pagar a tiempo, también lo tendrá que hacer él. 
Es decir, que se trata de dar con una mano y quitar con la otra. 
El argumento del ponente no es correcto. 
No se libera tanto capital para inversiones y empleo como él afirma. 
Mientras tanto, sigue existiendo el riesgo de que un cliente no pague. 
Por ello, a los empresarios les conviene más un cursillo que les permita evaluar mejor la solvencia de sus clientes. 
Asimismo es positivo que se permita a las pequeñas empresas realizar la declaración del IVA trimestralmente o que se les conceda un plazo de declaración más largo. 
Las propuestas que van más lejos violan la libertad de contratación. 
De antemano no les quito razón a los Estados miembros cuando dicen que no les sirve de mucho la recomendación de la Comisión. 
Señor Presidente, las PYME cobran cada vez una mayor importancia para la reactivación de la economía y para la superación del elevado desempleo. 
Es, por ello, muy satisfactorio que, si el informe extrae las conclusiones correctas, la concesión de bonificaciones a los intereses haya contribuido más de lo esperado a crear nuevos puestos de trabajo en las empresas de las PYME europeas. 
Es de saludar que en este contexto se reconsidere la definición del tamaño de las PYME y que se revisen a la baja sus magnitudes para tener en cuenta la realidad de las estructuras de las empresas europeas. 
Las redes de información y cooperación que funcionan pueden proporcionar el necesario acceso al mercado precisamente a las pequeñas empresas para que no anden a la zaga en su competitividad y puedan participar en el desarrollo de innovaciones. 
Aunque yo apoye fundamentalmente las privatizaciones, hay que garantizar que los servicios de información ofrecidos sean sencillos y adquiribles por las PYME. 
Finalmente, hay que prestar también atención a la distribución uniforme de las redes horizontales de información y cooperación, para que no pueda surgir el peligro de distorsiones de la competencia. 
Señor Presidente, creo, como ya se ha dicho, que hay que felicitar efusivamente a la Comisión porque esta iniciativa significa un elenco importante de medidas que ayudan a solucionar la excesiva prolongación de los plazos en las transacciones comerciales y que otorgan una seguridad en el cobro de las mismas. 
Y, por supuesto, quiero felicitar también al Sr. Harrison porque su informe es magnífico. 
En cierto modo, la recomendación- que no es vinculante según el artículo 189 TCE- se aparta de la resolución del Parlamento sobre la comunicación de la Comisión sobre la aplicación de un programa integrado, pero, sin embargo, debe aceptarse siempre y cuando se entienda este instrumento como una primera etapa en la regulación de los plazos y cuyo objetivo sea crear un marco de referencia. 
Es imposible una única solución. 
Habría que aportar soluciones diversas. 
Lo que pasa es que el informe sobre la recomendación tiene la gran ventaja de aportar soluciones a un tema concreto. 
A nivel internacional es importante destacar que habría que comenzar la expansión al ámbito mercantil del Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y también realizar un estudio de la situación de aquellos que, pese al Convenio de Bruselas de 1968 sobre competencia judicial, tienen dificultades para lograr la ejecución. 
Como hemos dicho anteriormente, el problema de los plazos no tiene una única solución jurídica ni el Derecho puede considerarse como su única consecuencia. 
Toda reglamentación de los plazos de pago deberá, además, tener en cuenta aspectos de política fiscal- especialmente los relativos a las PYME -, política bancaria- transferencias transfronterizas -, política industrial, formación empresarial y técnicas de gestión de los negocios. 
Señor Presidente, al apoyar las propuestas de hoy en favor de las empresas pequeñas, deseo exponer a la Asamblea con toda claridad cuál es la situación de las pequeñas empresas de mi circunscripción. 
Hablo en calidad de miembro honorario de la Cámara de Comercio de South Essex que mantiene contactos estrechos y se reunió durante las pasadas semanas con la «Thurrock Industrial Association» y la «Basildon Business Association» , y que tan sólo el pasado viernes participó con representantes de más de un centenar de compañías locales en el lanzamiento del «Business Link Essex». 
Todas estas organizaciones tienen el propósito de fomentar pequeñas y medianas empresas. 
La cuestión es qué puede hacer la Unión Europea para ayudarnos. 
En primer lugar, quisiera manifestar mi más firme apoyo a la acción encaminada a poner fin a la lacra de la tardanza en los pagos que amenaza a tantas de nuestras pequeñas empresas. 
Quiero destacar el caso de una pequeña imprenta de Tilbury en Thurrock, la «S& S Printing» , que trabaja principalmente para otras compañías más grandes y seguras. 
Sin embargo, el impago de sus facturas está ocasionando un auténtico problema a su director, David Stear. Él lo expone claramente al afirmar que cuando dichas compañías que le adeudan dinero pagan sus nóminas, lo hacen con su dinero. 
En cualquier otro ámbito, eso se denominaría fraude, y es vergonzoso que el Reino Unido presente el peor historial de Europa en lo relativo a la morosidad en los pagos de transacciones que alcanza la funesta media de 23 días. 
Éste es el motivo por el que nuestra iniciativa para poner fin a esta lacra de los atrasos en los pagos es absolutamente acertada. 
En segundo lugar, deseo apoyar la continuación de nuestro programa europeo para la concesión de créditos dentro de las subvenciones a las compañías pequeñas, pero también hago un llamamiento para que se mejore notablemente la forma en que se administran dichos créditos. 
Desde 1994, once empresas pequeñas de South Essex se han beneficiado o han sido reconocidas aptas para beneficiarse. 
De ese número son demasiadas las que me han comunicado las dificultades que han encontrado con dicho plan. 
Permítame aclarar que los créditos bancarios son absolutamente cruciales para este sector de empresas, y que la ayuda europea con un mínimo de burocracia y que esté encaminada a la creación de puestos de trabajo es una forma muy eficaz de apoyar al sector. 
» Precision Components» de Benfleet, una pequeña empresa de ingeniería fundada por el padre del actual propietario en un garaje y que continúa activa en el mismo lugar, ha podido ahora invertir en equipamiento nuevo por primera vez en cuatro años. 
Antes de la recesión de los años ochenta, todos los años invertía en nuevo capital, y nuestra ayuda la ha devuelto a la vía del crecimiento y a una nueva competitividad. 
Tan sólo esta semana, » Thames Estuary Plastics» de Rayleigh vio confirmada la subvención de sus intereses por parte de Europa para dar apoyo a doce nuevos puestos de trabajo como parte de un proyecto de 470.000 libras. 
Además, intentaremos con todo nuestro entusiasmo aplicar en mi zona el nuevo plan de garantía de crédito, ELISE. 
No obstante, Terry Pearce de «Precision Components» mantiene su escepticismo en cuanto a la participación de Europa. 
Mientras que «Thames Estuary Plastics» tuvo que esperar casi dos años hasta que le confirmaron la ayuda, otra compañía «Camtac» de South Woodham Ferrers, esperó durante tanto tiempo que los logros alcanzados desde entonces han hecho innecesario el crédito. 
Es la historia del éxito para ellos, aunque no puede decirse lo mismo en lo que a Europa se refiere. 
Otra compañía, » Beaver 84 Ltd» de Basildon, ni siquiera fue notificada por su intermediario que su solicitud de un préstamo financiero aparecía en la lista de subvenciones europeas. 
A la empresa se le ocultó el papel de Europa. 
La solución a todos estos problemas pasa por garantizar que se conceden fondos suficientes para abastecer las demandas y evitar los largos retrasos de las listas de espera. 
En toda Gran Bretaña hay 700 empresas que han recibido ayudas, pero hay 650 más que presentaron su solicitud y fueron aceptadas. 
Los intermediarios deberían ser mucho más claros sobre el papel de las ayudas europeas y todos los Estados miembros deben poner en marcha un sistema de lista de reserva para ayudar a las compañías que tienen derecho a recibir ayudas, pero que no ocupaban los primeros puestos de la lista. 
Por último, sobre los Centros Europeos de Información Empresarial quiero decir que en Essex no disponemos de este servicio. 
Existe una enorme laguna al norte de Londres, en Essex, Bedfordshire y Hertfordshire. 
Essex cuenta con 66.000 empresas extranjeras y británicas que proporcionan 590.000 puestos de trabajo. 
La respuesta del Comisario Oreja a mi pregunta parlamentaria del 13 de junio, cuando dijo que los servicios se ofrecen desde Norwich o que éstos deben subcontratarse desde Norwich es inadmisible por completo. 
Convirtamos el «Essex County Council Library Service» en un centro europeo de información de empresa. 
No se requieren nuevos fondos. 
Sólo queremos el título para poder acceder a la información, a las publicaciones y a la red de otros centros. 
En la actualidad no funciona en Essex. Estudien nuestro caso una vez más. 
Señor Presidente, nuestro Grupo acoge favorablemente los informes relativos a las pequeñas y medianas empresas presentados esta mañana por los ponentes. 
No podría ser de otro modo, habida cuenta de que quien tiene una visión global del crecimiento económico comunitario no puede prescindir del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 
Sin embargo, para que esto sea así, es necesario dotarlas de los instrumentos necesarios: por un lado, de carácter normativo, o sea de las leyes que atiendan las demandas del mercado y, por otro, de carácter financiero. 
Puesto que nadie, creo, pone en duda que el desarrollo del tejido económico europeo de los próximos años se conseguirá gracias a las pequeñas y medianas empresas, más que a las grandes, es necesario prestar una mayor atención al sector a través de los oportunos instrumentos de apoyo. 
En este marco debemos evaluar positivamente el nuevo Programa plurianual 1997-2000 que el Comisario Papoutsis y la DG XXIII acaban de elaborar prestando una amplia atención a los instrumentos financieros necesarios y que vamos a debatir en este Pleno próximamente. 
La pulverización del mercado comunitario de capitales constituye, de hecho, un problema para todas las empresas en expansión. Demasiado a menudo, cuando las empresas se dirigen a otros países o a otras fuentes, nosotros no llevamos a cabo nuestro trabajo correctamente. 
Por lo tanto, es indispensable fortalecer el Mercado Europeo de Capitales, a través del cual las sociedades puedan entrar en contacto directo con los inversores privados e institucionales y con gastos de mediación cada vez menores. 
En lo que se refiere a los plazos de pago de las transacciones comerciales, estamos convencidos de que el fenómeno existe y es grave, sobre todo, para las microempresas, que viven gracias al cumplimiento de los plazos previstos para los pagos. 
Este planteamiento es menos cierto respecto a las medianas y medio grandes empresas. 
En este sector, en efecto, las condiciones de pago son sólo uno de los requisitos contractuales que regulan las relaciones entre cliente y proveedor. 
Por consiguiente, sería absurdo que se intentara regular a través de una ley una de las condiciones habituales de la relación entre empresas. En consecuencia, la Recomendación es más que suficiente para las medianas empresas, mientras que es deseable una normativa para las microempresas. 
El último aspecto que deseo recordar aquí es la distinción que debe hacerse entre los diferentes ámbitos económicos de las pequeñas y medianas empresas. 
Estamos convencidos de que hay tres sectores que merecen especial atención por los potenciales de desarrollo, empleo e inversiones que generan. Me refiero, en particular, al artesanado, al turismo y al comercio y a la distribución. 
En estos tres sectores, que reunimos en el llamado terciario, existen los mayores recursos y el mayor contacto directo con el consumidor que es el verdadero objetivo del trabajo cotidiano de millones de empresarios pequeños o grandes, da lo mismo, que afrontan un mercado que tenemos la obligación de convertir en cada vez más grande y eficaz. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con el debate de estos cuatro informes se recalca de nuevo la importancia de la pequeña y mediana empresa. 
Un tema importante que se ha tratado aquí es la creación de un mercado europeo de capitales para las pequeñas empresas en crecimiento. 
Va siendo hora de que el mercado europeo de capitales, el EASDAQ, comparable al NASDAQ norteamericano, empiece a funcionar. 
Esto puede ser realidad a finales de septiembre. 
Hablamos siempre de la creación de empleo sostenible. 
Pues bien, más que todo tipo de programas de empleo, una de las medidas que pueden producir realmente puestos de trabajos sostenibles es estimular a las empresas en crecimiento. Un estudio norteamericano lo demuestra. 
Las empresas que cotizan en el NASDAQ constituyen sólo el 0, 4 % de las empresas norteamericanas, pero crearon el 16 % o 300.000 de los puestos de trabajo en total entre 1990 y junio de 1994. Esto cuando en las 500 empresas más grandes en Estados Unidos se perdieron 850.000 puestos de trabajo. 
El capital riesgo, a excepción de unos cuantos Estados miembros, no es suficientemente estimulado y es tratado con dureza. 
Los fondos de pensiones, que podrían desempeñar un papel importante o que podrían ser una fuente importante de capital riesgo, tienen que hacer frente a restricciones o a impuestos elevados. 
La Federación Europea de Fondos de Pensiones presentó hace poco un informe a la Comisión con una recomendación que supondría un importe astronómico de reservas hacia el año 2020. 
El informe defiende el planteamiento de que una mayor movilidad para las inversiones de los fondos de pensiones podría resultar importante tanto en el seno de los propios países como entre ellos. 
La Comisión tiene que esforzarse, junto con los Estados miembros, porque aquí la libre circulación de capitales sigue siendo papel mojado y habría que levantar los obstáculos, como, entre otras cosas, la doble imposición. 
Señor Presidente, es sabido que tanto el desarrollo en sí como el fomento del empleo se basan en su mayor parte en la presencia y actividad de las PYME, y en especial en la de las pequeñas empresas. 
Sin embargo, tenemos que destacar que las PYME, y en concreto las más pequeñas, están afrontando problemas muy serios por la intensidad de la competencia que acarrea el mercado único, por la internacionalización de la producción y por la acción coordinada del gran capital multinacional. 
El resultado: miles de empresas acaban en quiebra, con la consecuencia de la pérdida de decenas de millones de puestos de trabajo. 
Desde este punto de vista, las medidas adoptadas hasta el momento por la Unión Europea no se pueden considerar satisfactorias. 
Son fragmentarias y meramente administrativas; intentan crear una protección de coartada, mientras que la política general de la Unión Europea está comprimiendo estas empresas y contribuyendo a su quiebra. 
Bajo este aspecto, analizamos la aplicación del programa «Bonificaciones para las PYME». 
Hay que orientar las ayudas hacia empresas que realmente sean incapaces de soportar la carga producida por recurrir a capital ajeno. 
Se deberán favorecer las PYME con menos de 10 empleados, que representan el 92 % de las PYME de la Unión Europea. 
Por lo tanto, consideramos que el límite de 500 empleados indicado en la decisión es absolutamente inaceptable. 
Representa de forma implícita un medio adicional de fomentar las grandes empresas. 
La reducción de este límite a 250 y la agrupación de las PYME, como ha propuesto el Comisario Papoutsis, está bien encaminada, pero no es suficiente. 
Dado que está prácticamente cubierto el reparto inicial de mil millones, solicitamos que la Comisión prorrogue el programa, aprobando nuevos créditos, y que adopte medidas especiales de fomento de las empresas muy pequeñas, es decir de las que emplean a menos de 10 trabajadores. 
Señor Presidente, desearía exponer algunas reflexiones sobre las opiniones expresadas por la señora Ewing en su informe. 
Estoy completamente de acuerdo con ella cuando afirma que se debería someter a reflexión una mayor asignación de las bonificaciones de interés especialmente a las pequeñas empresas, aspecto éste para el que resulta clave el programa ELISE. 
También desearía abordar el hecho de que es necesario saber con exactitud si se van a alcanzar los buenos objetivos con que ya contamos cuando se recurra a fondos públicos para apoyar a las empresas. 
A este respecto, los Verdes hemos presentado una propuesta de modificación al informe de la señora Ewing, en el que se hace aún hincapié en que la Comisión debería aclarar cuáles son los sectores donde los procedimientos de ayudas han conseguido crear puestos de trabajo. 
De hecho me gustaría solicitar al señor Comisario que aclarara en alguna medida si cree que tenemos suficiente idea de las repercusiones que estas ayudas tiene en la situación del empleo. 
En sí, las bonificaciones de interés constituyen un extraordinario instrumento, flexible, y cuya utilización permite quizás apoyar verdaderamente, y de manera más justa, a un colectivo mayor de empresas que mediante las ayudas directas. 
Desearía aprovechar para abordar un punto en cierta medida difícil y delicado como es el hecho de que deberíamos proceder con valentía a examinar en qué manera las ayudas a las empresas pueden llegar a distorsionar la competencia y dificultar las actividades de las empresas saneadas. 
Estaría interesada en escuchar de boca del señor Comisario si ha reflexionado sobre este tema y si se ha investigado en círculos de la Comisión si las ayudas a las empresas constituyen una distorsión de la competencia. 
Estoy al corriente de que en ciertos círculos empresariales se desean eliminar las modalidades directas de ayudas para, si es posible, destinar a continuación a las empresas las ayudas sociales mediante, por ejemplo, desgravaciones fiscales a las empresas. 
Señor Presidente, el retraso en los pagos es la lacra de las empresas a lo largo y ancho del mercado único. 
Es un problema especial para nuestras 17 millones de pequeñas y medianas empresas. 
Acojo con satisfacción la iniciativa de la Comisión relativa al retraso en los pagos, pero mi satisfacción sólo puede ser limitada. 
La recomendación es aceptable en lo que vale. 
Las PYME de Europa y las PYME de ciudades como Dudley, Halesowen, Stourbridge, Smethwick y Wolverhampton de mi circunscripción necesitan algo más. 
A comienzos de los años setenta, mi padre fundó su propio pequeño negocio. 
Uno de sus primeros contratos importantes consistió en levantar una valla de seguridad alrededor de las instalaciones de una compañía de almacenamiento en frío. 
Tuvo que pedir un crédito al banco para comprar los materiales. 
La compañía de almacenamiento en frío, una empresa de renombre internacional, retraso sus pagos. 
Dicho retraso puso a la joven empresa de mi padre al borde de la quiebra, y recuerdo perfectamente la ansiedad que esta crisis financiera ocasionó a toda nuestra familia. 
Necesitamos cambiar la cultura empresarial en lo relativo al retraso en los pagos, pero quiero decir al Comisario que no creo que esto pueda lograrse con una recomendación que, básicamente, es una lista de deseos para se cumplan prácticas mejores. 
Es el planteamiento de la zanahoria, pero sin el palo. 
Una directiva por la que se introduzca el derecho legal automático a percibir intereses de demora por la deuda comercial pendiente sería el palo en cuestión. 
La necesidad de dicho derecho legal a percibir intereses fue la conclusión a la que llegó una audición que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró en abril de 1995. 
Todas las pequeñas empresas que intervinieron en aquella audición hablaron en términos convincentes de la necesidad de un derecho legal. 
El Sr. Sam McCrone de «Scott Young Resesarch» de Brierley Hill y el Sr. Ian Brough, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Dudley enriquecieron la audición con sus experiencias de cómo los retrasos en los pagos afectaban a sus localidades. 
El Sr. McCrone, en particular, observó que se trata de un tema del mercado único. 
Las pequeñas y medianas empresas, como la suya, estaban experimentando auténticos retrasos en los pagos en otras partes del mercado único europeo, como Francia. 
Creo que es posible que dentro de dos o tres años volveremos aquí a hablar sobre como la recomendación no ha conseguido ofrecernos lo que queríamos. 
Necesitamos esa directiva y la necesitamos ya. 
Podemos ahorrarnos el inconveniente de desperdiciar dos o tres años y facilitársela a nuestras PYME, no sólo de mi región industrial de West Midlands, sino de todas partes del mercado único. 
Señor Presidente, sometemos hoy a debate cuatro documentos de la Comisión. Una comunicación, un informe, un segundo informe y una recomendación. 
A menudo los textos contienen información valiosa. Lamentablemente, no siempre se traducen en unas acciones concretas. 
Los cuatro informes de la Comisión de Asuntos Económicos son de gran calidad. 
Demuestran que se conocen a fondo las condiciones de las pequeñas y medianas empresas. 
Sobre todo voy a mencionar uno de ellos. El informe Harrison sobre los plazos de pago en las transacciones comerciales, que debería haber tratado sobre una propuesta de Directiva de la Comisión. 
Desgraciadamente se trata solamente de una recomendación, lo cual significa que no va a ejercer la influencia que se necesitaría en realidad para favorecer unos plazos más cortos de pago, y con ello menos dificultades en cuanto a la liquidez de las empresas europeas. 
En Suecia se han registrado buenos resultados a raíz de sus normas legales para la recaudación de pagos, en beneficio de las empresas. 
Lo que desapruebo respecto a la recomendación de la Comisión y al informe final es la intervención en cuanto a la libertad contractual. 
Opino que no se necesitan unas condiciones de pago establecidas legalmente. 
El acceso al capital es una condición previa para las empresas en crecimiento. A través de un mejor flujo de caja y de la posibilidad de generar capital propio sin excesiva presión fiscal, pero también a través de la posibilidad de acceso al capital de riesgo. 
Esto lo comenta Harrison en su otro informe. 
Comparto la opinión de que las empresas europeas deben disfrutar de las mismas condiciones que las respectivas americanas, y a modo de eslabón en este proceso sería excelente que se creara un mercado de capital que funcione, de otro modo nos arriesgamos a que las buenas ideas se pongan en marcha en otros continentes. 
Espero que la Comisión tome la iniciativa de presentar las condiciones legales pertinentes para que surja un mercado de capital europeo. 
Cabe suprimir las distintas normativas y restricciones nacionales en lo referente a la movilidad del capital si queremos que este mercado funcione eficazmente. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a los ponentes por sus informes. Son contribuciones muy útiles al importantísimo debate que estamos celebrando sobre las pequeñas empresas. 
Como sabemos, estas últimas tienen una gran importancia en la generación de riqueza y empleo en nuestra Unión. 
Los planes que ha lanzado el Banco Europeo de Inversiones son excelentes. 
Ciertamente en mi país, el modo en que algunos bancos comerciales han aplicado dichos planes ha sido de gran utilidad para las pequeñas empresas. 
Me gustaría que el Banco Europeo de Inversiones investigara algo más de cerca el modo de actuar de los bancos. 
He recibido quejas de empresas de mi circunscripción de que los bancos comerciales les exigían cambiar sus cuentas a dichos bancos para poder hacer efectivos los pagos concedidos por este plan. 
Si eso es cierto, es una situación lamentable y sería bueno que se investigara. 
El trabajo que se está llevando a cabo en los mercados de capital es de máxima importancia. 
El mayor problema al que se enfrentan las pequeñas empresas de toda la Unión es tener acceso a capital. 
Pero quizá el más importante y más inmediato de todos estos informes es el de los retrasos en los pagos de las transacciones. 
En mi país, sabemos que el total de la deuda comercial pendiente a favor de empresas privadas es actualmente del orden de los 46.000 millones de libras, y que la deuda vencida y no pagada a favor de empresas privadas es del orden de los 20.000 millones de libras. 
Estas cifras indican claramente que no se está ayudando a las pequeñas empresas y los presentes informes sólo pueden ser de utilidad para alcanzar una solución satisfactoria. 
Señor Presidente, queridos colegas, yo mismo dirijo varias PYME en Francia. 
Desde ese punto de vista, voy a hacer los comentarios siguientes sobre los informes que se nos presentan hoy. 
Nunca he recurrido a un EIC para obtener informaciones. 
En mi país, las prefecturas, los consejos generales y regionales, las cámaras de comercio, los sindicatos profesionales y otros organismos nos inundan con informaciones. 
Así, pues, para mí el nivel europeo es una superposición inútil. 
Por lo que se refiere a los plazos de pago, que ahora alcanzan incluso los seis meses, los autores de los informes abordan las consecuencias y no las causas: la crisis económica general. 
Si la economía tuviera buena salud, los pagos serían mucho más rápidos, pero la política económica que se impone a los Estados no favorece el crecimiento. 
Raras veces se respeta la facturación de los intereses de demora, ni siquiera en Francia, donde es obligatoria, por miedo a perder el cliente. 
La verdadera idea válida de este informe es el pago del IVA en el momento del abono efectivo de las facturas. 
Ésa es una medida de sentido común reclamada por todos los gerentes de empresas. 
A juicio del autor del informe, la creación de un segundo mercado europeo sólo incumbe a algunas empresas de un sector muy particular, A mí me bastaría con una flexibilización del segundo mercado francés, que resultara más accesible a los pequeños accionistas particulares y a las empresas. 
El ahorro existe, pero, a falta de estructuras adaptadas, no se invierte en la economía. 
Por último, en materia de créditos, el mecanismo BEI me parece el tipo mismo de ayuda al empleo coactiva, que pasa a ser el centro de las operaciones financieras de las empresas y provoca con mucha frecuencia su pérdida. 
Renunciar a la UEM, reducir los costos del crédito y convencer a los bancos para que dejen de considerar los préstamos a las PYME un riesgo que ya no quieren correr: eso es lo que nos ayudaría. 
Por último, para mí los problemas principales de las PYME son los siguientes: el costo del crédito, la pusilanimidad de los bancos, las limitaciones administrativas, la fiscalidad, las cargas sociales excesivas: me temo que la Europa de Sus Señorías no resolverá ninguno de esos problemas. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción estos informes de hoy y las recomendaciones que contienen. 
Acojo con especial satisfacción la propuesta de introducir un derecho legal a percibir intereses de demora. 
Espero que permita mejorar el funcionamiento del mercado único europeo y la confianza en el mismo, y ponga fin a las prácticas injustas de pagos. 
Sería ideal si las compañías asumieran sus responsabilidades con seriedad en términos de puntualidad en los pagos, pero sabemos que no es ése el caso y, por consiguiente, hace falta un mínimo de legislación para mejorar la cultura empresarial y garantizar una práctica justa y buena. 
Las compañías necesitan comprender que el retraso en los pagos no beneficia a la reputación de la gestión. 
Cuántas veces hemos dicho en esta Asamblea que el crecimiento de las PYME es la clave para luchar contra el paro en la UE y, de hecho, en nuestros programas de política regional hemos fortalecido nuestro apoyo a las PYME en reconocimiento de dicho potencial. 
Sería una farsa si, como resultado de la morosidad en los pagos, echáramos a perder toda la buena obra que hemos realizado. 
Es un hecho que muchas pequeñas compañías se debaten por culpa del retraso en los pagos. 
Su liquidez se agota. La innovación y el espíritu emprendedor se ven frenados por no disponer de fondos como consecuencia de la morosidad. 
Va siendo hora de que tomemos medidas. 
Los gobiernos, las instituciones públicas y la Comisión deben abrir el camino con su ejemplo. 
Ellos pueden establecer una política de pronto pago sin necesidad de legislación comunitaria. 
Recientemente, el Libro Blanco del Gobierno británico: Competitiveness- Helping Business to Win [Competitividad; cómo ayudar a las empresas a ganar] afirmaba que las pequeñas empresas desempeñan una función vital en la economía. 
Son flexibles y responden a los cambios. 
Estimulan y son la principal fuente de creación de empleo. No obstante, estoy seguro de que coincidirán conmigo en que es escandaloso y chocante que la ministra de Economía del Reino Unido y portavoz de la pequeña empresa, la diputada Angela Knight, originaria de mi misma circunscripción, afirmara que el retraso en los pagos por parte del Tesoro en el 25 % de sus facturas no es precisamente un delito, como se ha presentado. 
Es un delito si, como resultado de los retrasos en los pagos, las pequeñas empresas se ven en una situación de suspensión de pagos. 
Se hunden y el personal se queda sin sus puestos de trabajo, incrementando con ello la factura de nuestra Seguridad Social. 
Acojo con satisfacción la oportunidad de que mejoren las probabilidades de supervivencia y las perspectivas financieras de las pequeñas empresas del Reino Unido, y también de contribuir a la competitividad general de la Unión Europea en la tarea de impulsar la creación de puestos de trabajo. 
Espero asimismo que obligue al Ministerio de Economía del Reino Unido y a la Srta. Knight, en su calidad de ministra de Economía, a pagar sus facturas puntualmente. 
Señor Presidente, hemos dado muchos pasos adelante desde cuando, hace algunos años, muy pocos se ocupaban de las pequeñas y medianas empresas y éramos muy pocos los que nos ocupábamos de las pequeñas y medianas empresas en el Parlamento Europeo. 
Y de esto me alegro. 
En primer lugar, la Cumbre de Florencia que no ha sido positiva para los problemas relativos al empleo y, por consiguiente, también para las pequeñas y medianas empresas, corre el riesgo de debilitar la política y la financiación del Tercer programa para las pequeñas y medianas empresas. 
¿Cómo vamos a reaccionar? 
Segunda cuestión: las pequeñas y medianas empresas están asfixiadas por la demora en los pagos, por las empresas más grandes, así como por los poderes públicos. 
La Recomendación representa un primer paso que yo mismo solicité hace muchos años, sin embargo, si la misma no da resultados y si los Estados miembros no la aplican, hay que pasar sin demora a una directiva. Éste es el punto político. 
Entonces, propongo un gran encuentro entre Parlamento Europeo y la Comisión, por una parte, y los representantes de las pequeñas empresas, por otra, para poner sobre la mesa el problema de si se aplica la Recomendación o es necesario acudir a otro instrumento más vinculante. 
Ésta es, señor Comisario, la propuesta que le hago. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo por convocar este debate conjunto en un momento tan oportuno. 
Como ustedes saben, todos los Consejos Europeos desde 1993 han subrayado la importancia de las PYME para la economía europea. 
El Consejo Europeo de Florencia subrayó la importancia del pacto europeo de confianza para el empleo, como acaba de destacar el Sr. Speciale, dirigiendo un llamamiento a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a los miembros y a los órganos comunitarios, para que adopten acciones destinadas a fomentar el desarrollo y la creación de empleo en el marco de un enfoque global. 
Las PYME están llamadas ahora a desempeñar un papel protagonista en esta tarea. 
Pero permítame que conteste directamente a la primera pregunta del Sr. Speciale, Señor Presidente. 
Después del Consejo Europeo de Florencia, está en manos de los demás órganos institucionales, y sobre todo del Parlamento Europeo durante el debate presupuestario de 1997, aunque también del Consejo de Presupuestos, demostrar si de verdad somos consecuentes con nuestros compromisos políticos y, por supuesto, si lo somos con las decisiones que hay que adoptar respecto a las consecuencias financieras de estos compromisos políticos. 
Durante todos estos años, el Parlamento Europeo a través de sus resoluciones ha resaltado el papel fundamental de las PYME para el desarrollo económico y el empleo, pero también los problemas que experimentan las empresas europeas. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a los ponentes por los cuatro magníficos informes que han elaborado y presentado hoy. 
Sobre estas importantes cuestiones tendremos oportunidad de hablar también en el futuro, con ocasión del informe que está preparando el Sr. Thyssen sobre el tercer programa plurianual en favor de las PYME. 
Hoy, permítame que comente los informes uno por uno: 
En lo que se refiere al serio problema de la financiación que trata el informe elaborado por la Sra. Ewing, quiero recordarles que las facilidades de financiación para las PYME, que ascienden a mil millones de ecus en forma de préstamos subvencionados, fueron absorbidas a finales de 1995. 
Sin embargo, una parte importante de la demanda, que representa más de 400 millones de ecus, no ha sido cubierta. 
Según los datos recopilados, las cantidades asignadas a determinadas empresas muestran que la meta de crear 33.330 puestos de trabajo ha sido superada, ya que se han creado más de 45.000 puestos hasta la fecha. 
El 95 % de los préstamos subvencionados en el marco de las facilidades financieras para las PYME se concedió a empresas con menos de 250 empleados. 
Los pagos en metálico se están efectuando con celeridad. 
En algunos países incluso se han creado puestos de trabajo con un menor importe de préstamos con respecto a otros países. 
Esto se debe a que la intensidad del capital no es la misma para todas las industrias, ni para toda la Unión. 
La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones están examinando formas de evaluar el carácter estructural de los puestos de trabajo creados mediante este programa de facilidades para las PYME. 
Se trata, indudablemente, de un proceso muy difícil. 
No obstante, a pesar de que las facilidades financieras para las PYME se han puesto a disposición en toda la Unión, se han utilizado de hecho en algunos países más que en otros. 
Una posible explicación de este fenómeno es que los Fondos Estructurales en algunas casos ofrecen condiciones más atractivas a las PYME de las que ofrecen las facilidades financieras. 
En segundo lugar, la estructura y especialización del sistema bancario de cada país desempeñan también un papel importante en la canalización de las ayudas estatales a las empresas. 
En tercer lugar, el número y el tipo de organismos intermediarios de los préstamos de cada país es un factor importante a la hora de atraer empresas que se beneficien de esta iniciativa. 
Les quiero confirmar que la Comisión comentará más detenidamente algunos de los puntos planteados por el Parlamento Europeo en el informe de la Sra. Ewing. 
Una vez terminado el tercer informe sobre las facilidades financieras para las PYME, estaremos en condiciones de examinar estos temas. 
No obstante, puedo decir que las facilidades de financiación para las PYME son un éxito rotundo. 
Y esto se debe en gran medida a que la Comisión y el Banco Europeo fijaron como objetivo común la creación de un mecanismo sencillo y eficaz, garantizando, además, su rápida aplicación. 
De momento, estamos examinando detenidamente los resultados de la aplicación de estas medidas, y en concreto la distribución de los puestos de trabajo. 
El mismo estudio se está realizando por el Banco Europeo de Inversiones. 
Para contestar a las preguntas de la Sra. Ewing, del Sr. Kranidiotis y de la Sra. Hautala, de acuerdo con los datos de que disponemos de un solo país, Francia, los préstamos subvencionados fueron principalmente absorbidos por empresas artesanales con un máximo de 10 empleados. 
La Comisión incluirá las propuestas del Parlamento Europeo en la preparación del mecanismo para la iniciativa ELIS, una iniciativa que también apoya la creación de puestos de trabajo por pequeñas empresas a través de un sistema de garantía de los préstamos. 
Quiero darles una vez más las gracias por su apoyo a esta nueva iniciativa, que es tan importante para el mantenimiento de las PYME. 
En lo que se refiere al informe elaborado por el Sr. Harrison sobre la comunicación de la Comisión sobre la viabilidad de la creación de un mercado europeo de capitales para las PYME en desarrollo, como ustedes saben y gracias a los esfuerzos de la Comisión en este ámbito, se han previsto o ya están funcionando diferentes mercados europeos de capitales para PYME dinámicas con orientación internacional. 
Cabe destacar dos iniciativas más específicas, porque son europeas con respecto a su campo de aplicación. 
Se trata del mercado EASDAQ, que previsiblemente iniciará sus transacciones el próximo septiembre, y de la iniciativa EURO-NM, una unión temporal entre los mercados bursátiles paralelos de tres países: Francia, Bélgica y Alemania. 
La Comisión celebra este tipo de iniciativas, dado que contribuyen a mejorar el acceso de las PYME a la financiación con capital empresarial. 
Tan sólo, quisiera hacer constar que todos estos nuevos mercados son iniciativas del sector privado, iniciativas que operan en el marco de la competencia entre mercados de capitales, creados por la Directiva sobre los servicios de inversión. 
El papel desempeñado por la Comisión ha sido el de incentivar el interés por la creación de nuevos mercados de capitales de las PYME. 
Ahora que el interés del sector privado ya se ha despertado, corresponde al propio mercado determinar el futuro de estos mercados de capitales. 
Sin embargo, el acceso de las pequeñas empresas a la financiación con capitales empresariales y a los mercados de capitales en general sigue siendo un punto pendiente en el orden del día de la Comisión. 
Es uno de los problemas fundamentales de financiación que sufren muchas PYME y uno de los componentes del tercer programa plurianual en favor de las PYME. 
La Comisión está elaborando otra comunicación, una comunicación que analizará las perspectivas que tienen estos nuevos mercados y, al mismo tiempo, los posibles obstáculos que podrían entorpecer su buen funcionamiento. 
Creo que estaremos en condiciones de presentarles esta segunda comunicación próximamente. 
En lo que se refiere al segundo informe, elaborado por el Sr. Harrison, la Comisión es plenamente consciente de la importancia de solucionar el problema de la excesiva prolongación de los plazos de pago, tanto para la mejora del entorno de financiación de las PYME, como para incentivar las transacciones transfronterizas de las PYME en el seno del mercado único. 
Como saben, en 1995, la Comisión dirigió una recomendación a los Estados miembros sobre esta cuestión. 
Esta recomendación llevó a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para restringir los problemas causados por los plazos de pago excesivamente prolongados. 
Quiero expresar, en nombre de la Comisión, mi gran satisfacción por el hecho de que el informe Harrison apoya estas iniciativas adoptadas por la Comisión en este ámbito. 
En lo que se refiere a la demanda del Parlamento Europeo de examinar la posibilidad de transformar la recomendación en una propuesta de directiva del Consejo, la Comisión está dispuesta a realizar una evaluación intermedia de los resultados de la recomendación a principios de 1997, aunque personalmente creo, y coincido con el Sr. Murphy, que debemos elaborar una propuesta de directiva; pero antes de proceder a la elaboración de una directiva, prefiero que haya más datos sobre los resultados de la aplicación de la recomendación en los Estados miembros. 
Evidentemente, el tema del cargo automático de intereses en casos de pagos retrasados es algo que realmente debemos tener en cuenta en nuestras consideraciones. 
Seguidamente, en respuesta a la segunda pregunta del Sr. Speciale, es decir, en lo que se refiere a la posibilidad de un gran encuentro entre el Parlamento Europeo, representantes de los parlamentos nacionales y representantes de las PYME, quiero manifestar que a mi personalmente me parece una idea excelente. 
Creo que incluso podría encargarse de esta iniciativa el Parlamento Europeo, y yo me comprometo a apoyarla con todas mis fuerzas, en nombre de la Comisión Europea. 
Además, estarán a su disposición las oficinas de la Dirección General XXIII para prestarles la ayuda que puedan necesitar en la organización de este gran encuentro. 
Sin embargo, debemos avanzar, y debemos avanzar de la manera más prudente posible. 
Creo que se nos ofrece una gran oportunidad en el marco del nuevo programa plurianual para las PYME, que contempla la posibilidad de acelerar el procedimiento de evaluación previsto por la recomendación de 1995 para los plazos de pago excesivamente prolongados. 
Por lo tanto, la necesidad de adoptar otra acción habrá de determinarse en función de la revisión detallada del tema. 
La Comisión también apoyará otras acciones a fin de mejorar las costumbres de pago en la industria, que puedan ser adoptadas por diferentes organismos. 
Asimismo, seguirá dando incentivos a los Estados miembros para que adopten las medidas necesarias a fin de mitigar los problemas causados por los plazos de pago excesivamente prolongados. 
Por último, en lo que se refiere al informe del Sr. Hendrick, celebro especialmente que este informe coincida con el punto de vista y las propuestas de la Comisión respecto al futuro funcionamiento de las redes de información y del desarrollo de las relaciones empresariales. 
Celebro especialmente que el Sr. Hendrick reconozca que las empresas de toda la Unión Europea se verán claramente beneficiadas por estas redes. 
Estas tienen el objetivo de proporcionar un mejor acceso a la información y, al mismo tiempo, ofrecen un mecanismo suficiente para establecer contactos entre empresas a nivel de sociedades. 
El informe de la Comisión sobre el futuro funcionamiento de las redes de información y colaboración se redactó tras una amplia deliberación con los miembros de las redes. 
El informe de la Comisión expresa el deseo común de continuar e intensificar las acciones adoptadas en torno a los objetivos operativos. 
Los principales problemas analizados en este informe se incluyeron en el tercer programa plurianual en favor de las PYME, que en este momento está siendo sometido a examen en el Parlamento Europeo. 
Quisiera recordarles que el enfoque adoptado por la Comisión, es decir, incentivar la creación de un entorno favorable para el desarrollo de las empresas en la Unión Europea, tiene un carácter claramente descentralizado. 
Organismos intermediarios, establecidos en toda Europa, se han encargado de llevar a la práctica los objetivos de la integración del mercado único, y lo hacen mejorando el flujo de información en relación con los riesgos y las oportunidades reales, y por supuesto reforzando la cooperación interempresarial e interregional. 
Este enfoque descentralizado tiene la ventaja de haber fomentado una dimensión europea estratégica en el marco de la actividad empresarial a nivel local, regional y nacional. 
Asimismo, ha contribuido a la preparación eficaz de las empresas con respecto a la internacionalización de las economías. 
La Comisión comparte las opiniones expresadas por el ponente, quien recomienda que se mantengan en funcionamiento los centros europeos de información mediante organismos locales y, naturalmente, recomienda el desarrollo de la colaboración mediante redes de reciente creación. 
La Comisión también comparte la opinión de que las acciones relativas a las redes se deben regir por la demanda y basarse en el espíritu de servicio. 
También coincidimos con la constatación de que mejorar el conocimiento sobre los aspectos de calidad y satisfacción del cliente es esencial para los servicios de información y colaboración. 
En lo que se refiere a la red Euro-infocenters, el informe de la Comisión abrió el camino para la propuesta presentada por el Consejo Europeo de Madrid, sobre la renovación del mandato de los centros europeos de información, para que éstos operen como centros de toma de contacto, ya que existe una clara necesidad de mayor transparencia en los numerosos servicios comunitarios existentes. 
Este es, también, el motivo por el que la Comisión propone mantener las dos redes de colaboración establecidas, es decir, BC-NET y BRA, teniendo en cuenta la necesidad manifestada por las PYME de realizar una investigación sobre la búsqueda de socios de diferentes maneras, según el grado de complejidad de la colaboración deseada. 
Además, también se ha tenido en cuenta, en el nuevo programa para las PYME, el uso de la última tecnología de redes para que éstas funcionen más eficazmente. 
Señor Presidente, Señorías, he intentado presentar brevemente los aspectos básicos de las principales cuestiones tratadas en los cuatro informes. 
Creo que el sector de las PYME tendrá un papel decisivo en el desarrollo de la economía europea en los próximos años. 
El debate de hoy ha sido muy útil. 
Ha contribuido en gran manera a nuestra comprensión sobre la solución de los problemas concretos y a la futura promoción de la política empresarial europea. 
Para finalizar, quiero dar las gracias una vez más a los cuatro ponentes y al Parlamento Europeo por su apoyo durante todos estos años en la elaboración y aplicación tanto de las políticas, como de los programas para las PYME, y confirmarles que la Comisión tomará seriamente en cuenta todas sus observaciones y todas sus propuestas. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Votaciones 
Señora Presidenta, nuestro grupo político ha votado en contra del informe Schulz pues su autor, por motivos de política interior, ha elaborado un informe extremadamente contradictorio debido a sus enmiendas con las que ha intentado desacreditar a los órganos bávaros de seguridad que representan para toda Europa un importante frente en la lucha contra el crimen organizado. Esta es la causa de que no hayamos podido votar a favor del informe. 
Apelamos al Sr. Schulz para que siga el ejemplo del Congreso y Senado norteamericanos, donde los dos grandes partidos han iniciado conjuntamente un gran programa contra el contrabando nuclear, al que han calificado como la amenaza nº 1 para los Estados Unidos. Se basan para ello en un informe del Instituto de Estudios Estratégicos, en el que se parte de la existencia de cientos de casos de delincuencia nuclear provenientes del territorio de la antigua Unión Soviética. 
En los Estados Unidos las grandes fuerzas democráticas se han unido para cooperar. 
El Sr. Schulz ha dejado pasar esta oportunidad pero espero que sigamos pronto en este punto el ejemplo de los Estados Unidos. 
Permítaseme en primer lugar rendir homenaje a nuestro colega y amigo, el Sr. Schulz, por la calidad documental de su informe y el intenso trabajo que ha debido de representarle. 
Nos ocupamos con razón de ese tráfico, bastante reciente, de materiales nucleares. 
Ese contrabando representa peligros sin comparación con los que hemos podido correr en otros ámbitos. 
Por eso, debemos volver a abordar el problema nuclear en su origen: la producción energética. 
No hay que poner en entredicho totalmente la energía nuclear para fines civiles. 
En cambio, tenemos que estar más vigilantes respecto de los peligros potenciales que entraña. 
Además, hay que tener en cuenta el tratamiento de los residuos nucleares y suprimir ese negocio mórbido que ya he tenido oportunidad de denunciar. 
Hay que controlar absolutamente todas las corrientes de materiales fisionables y otros residuos nucleares. 
Euratom podría muy bien encargarse de ello, si la Comisión y el Consejo lo decidieran. 
El territorio de la Unión Europea no puede seguir siendo por más tiempo una zona de peligro nuclear constante. 
Para ese objetivo, hay que tener en cuenta numerosas dudas que abrigamos sobre los PECO, quienes hoy juegan peligrosamente con el arsenal nuclear civil y militar con que se dotaron. 
Nuestro deber es, evidentemente, el de aplicar los medios de lucha contra la dispersión de esas substancias. 
A ese respecto es necesario un conocimiento preciso del estado del tráfico y de los riesgos que se corren. 
Es necesaria una voluntad política fuerte para proteger a las poblaciones. 
No me gustaría tener que sufrir pronto las consecuencias de la actuación de los «aprendices de brujo» a los que denuncié hace unos meses. 
Evidentemente, hay que luchar contra el tráfico de materiales nucleares y sustancias radiactivas. 
Este tipo de tráfico es negativo tanto para las personas como para el medio ambiente. Deben adoptarse unas acciones para evitar que se produzca. 
Pero los ciudadanos suscriptores somos utilizados como argumento para hacer realidad la creación y ampliación de Europol, y a modo de instrumento de presión sobre los Estados miembros para que ratifiquen el Convenio Europol. 
Por consiguiente, hemos decidido abstenernos en la votación final sobre el informe Schulz. 
Mi opinión es que en esta cuestión es conveniente llegar al problema fundamental, es decir, a la producción de sustancias radiactivas, que nos lleva a que exista el tráfico con los «productos desechables». 
Este problema se menciona en el apartado 3 del informe Schulz, lo cual está muy bien. 
Por ello voto en contra de la enmienda nº 22, que propone que se elimine. 
El tráfico ilegal de material nuclear no sólo constituye un problema para los países de la UE, sino para la comunidad internacional. Por ello cabe actuar dentro de un marco internacional para solucionar el problema. 
Por eso es evidente que las Naciones Unidas e Interpol deben disponer de mayores recursos. 
Es necesaria una estrecha cooperación entre todas las naciones afectadas, pero no solamente entre las de la UE, sino sobre todo a nivel internacional. 
Europol no es la organización apropiada para tratar estas cuestiones, puesto que Europol no es una organización global donde se incluya, por ejemplo, a los países de la CSCE. 
Voto además contra el apartado nº 18, que invita al Consejo y a los Estados miembros a que creen y desarrollen Europol. 
Los socialdemócratas daneses del Parlamento Europeo votan a favor del informe Schulz sobre el tráfico ilícito de materiales nucleares y sustancias radiactivas. 
Lo hacemos porque estamos de acuerdo con el ponente en que es necesario hacer algo para evitar ese tráfico ilícito. 
El problema por el momento es leve, pero puede convertirse en un gran problema en muy poco tiempo. 
Si no lo tratamos con la atención que se merece, puede suponer una amenaza para el medio ambiente, la salud pública y la seguridad interna e internacional. 
Uno de los medios más importantes para luchar contra el tráfico ilícito es aprovechar al máximo la tecnología que tenemos a nuestro alcance. 
Por este motivo, el Parlamento Europeo solicita a la Comisión a través de este informe que evalúe las posibilidades que nos aporta la tecnología moderna. 
Es decisivo, además, llevar un control exhaustivo y un amplio registro del comercio con materiales radiactivos y nucleares para así poder desarticular las ramificaciones ilegales. 
Obviamente, hay que vigilar a los países de la Europa oriental, incluso asegurarse de que cumplen las normas de control de seguridad. Es asimismo importante investigar las posibilidades de reforzar y aumentar la seguridad. 
No obstante, hay que subrayar que, a pesar del potencial de problema, no debemos cometer el frecuente error de elaborar una solución complicada y extensa que agrave el problema en vez de solucionarlo; la solución debe estar en consonancia con el problema. 
Ya las más mínimas cantidades de plutonio son suficientes para envenenar a toda la humanidad. 
Tenemos que impedir, por ello, que surja y finalizar el uso civil y militar de la energía nuclear. 
Pero con el abandono de esta energía, no se elimina el plutonio ya existente. 
Se deben revelar las existencias civiles y militares y someterlas al control del Euratom y de la OIEA. 
En ningún caso se debe transportar el plutonio por nuestras carreteras y por el aire. 
En especial el escándalo del plutonio de Munich plantea una serie de cuestiones que debe aclarar una comisión de investigación. 
Primera: el Gobierno Federal, el Gobierno bávaro y las autoridades, por motivos electoralistas, han contado a la opinión pública cuentos de Calleja. 
Han azuzado miedos de modo irresponsable y puesto en peligro seriamente a muchas personas violando el derecho internacional. 
Con el fiscal superior Helmut Meier-Staude a la cabeza han creado primero la demanda de plutonio para poder hablar a bombo y platillo de un mercado nuclear y presentarse como supermanes en la lucha contra el crimen. 
La atónita opinión pública se plantea la pregunta de quién es más peligroso y criminal, ¿el Gobierno bávaro o los traficantes? 
Segunda cuestión: ¿cuándo ha informado el Gobierno Federal al Euratom? 
En esta sala se han mencionado dos fechas. 
¿Quién miente? ¿el Gobierno Federal o el Euratom? 
El escándalo del plutonio plantea una tercera cuestión, la de la relación existente entre los servicios secretos y la policía. 
En la República Federal de Alemania se trazó una clara y estricta frontera entre los servicios secretos y la policía tras las terribles experiencias con la Gestapo durante el dominio nazi. 
Precisamente en Baviera esta frontera es cada vez menos clara. 
El escándalo de Munich ha mostrado adónde conduce: ambos órganos son desconcertantes e incontrolables. Así se provocan violaciones de la ley. 
El colega Martin Schulz ha recogido en su muy buen informe los temas expuestos por mi, por lo que hemos votado a favor del mismo. 
Consejo Europeo de Florencia 
Señora Presidenta, el Consejo Europeo de Florencia dio una sensación de gran confusión sobre los problemas del empleo. 
Ayer, en el informe de la Presidencia italiana, figuraban dos expresiones características de los discursos europeos de hoy. 
En primer lugar, no hay una solución milagrosa para el empleo; en segundo lugar, para luchar contra él, el nivel nacional es el más adecuado. 
La combinación de esas dos propuestas, por lo demás parcialmente contradictorias, no resulta exaltante precisamente. 
Esa repentina voluntad de respetar las competencias de los Estados sería más conveniente, si no la sintiéramos dictada sobre todo por la impotencia y si no se violara aquí todos los días la subsidiariedad, en particular por el pacto de confianza del Presidente Santer, pese a todas las buenas intenciones que pregona. 
En la esfera del comercio internacional en particular, podemos preguntarnos si esa nueva presentación no tiene el objetivo implícito de diluir las responsabilidades europeas, al repartir así los papeles. 
La Comisión recorre el mundo para negociar acuerdos de libre cambio en nombre del bienestar de la Humanidad, mientras que los Estados miembros intentan afrontar el desempleo, que constituye en parte su consecuencia. 
Evidentemente, no estamos de acuerdo con ese reparto demasiado práctico para la Comisión, que debería, al contrario, comprender de una vez que su primer papel es el de defender a los países de Europa. 
Por último, en las conclusiones del Consejo de Florencia relativas a la CIG figura otra propuesta, el llamamiento en pro de una mejor coordinación europea de las políticas nacionales. 
Esa política se basa en la idea de que una mejor coordinación europea siempre forzosamente resultados benéficos por doquier. 
Por desgracia, podemos preguntarnos si una coordinación burocrática de malas políticas, como las de hoy, no contribuye más bien a paralizar el crecimiento y el empleo, como parece demostrarlo a contrario la experiencia de los países que han permanecido fuera de la Unión. 
Este Consejo Europeo ha estado claramente marcado por la llamada crisis de las vacas locas, que, a su vez, salvó la propia cumbre al posibilitar la afirmación de que ha sido un éxito por haberse superado, aparentemente con firmeza, la situación de boicot por parte de un Estado miembro, de un Primer Ministro. 
Pero, ¿ha quedado salvaguardada, y de forma inequívoca, la defensa de la salud pública a partir de criterios científicos? 
En este aspecto, el Consejo no justifica el mismo tono afirmativo y la resolución del PE no pone de relieve esa cuestión esencial. 
Este Consejo iba a ser una «cumbre» en la que una vez mas se procuraría formular y adoptar políticas, medidas, pactos, que, siguiendo a inconsecuentes posiciones de otros Consejos, contrarrestaran el aumento del empleo y la degradación de la situación social. 
Y un boicot substituyó a otro, sin que se denunciara claramente. 
Otro Estado miembro, otro protagonista de la «cumbre» , impidió cualquier afirmación clara de propósitos, de propuestas de buenas intenciones que sumar a cualesquiera otras anteriores. 
Ni eso. 
Cosa que tampoco se subraya suficientemente en la resolución. 
Este Consejo ha sido una reafirmación- intransigente para unos, autista para otros- de un camino de «construcción europea». 
Ni siquiera endulzado por buenas intenciones y mejores palabras. 
Esas cuestiones de excipiente quedaron para otros Consejos de Ministros menores. 
Liberalización acelerada de servicios públicos, en particular de las telecomunicaciones, porque hay autopistas de la información para dar lucros y para circular; competitividad y moderación salarial, pero ninguna consideración, en contrapartida, de una posible moderación en los movimientos especulativos que retiran capitales de su función creadora de empleo; amenaza clara de desviación de las políticas estructurales de sus objetivos vinculados con la olvidada cohesión económica y social. 
Eso es lo que está y lo que falta en las conclusiones de la «cumbre» y la resolución no lo dice. 
Por lo que se refiere a la política exterior, una vez más la «simpatía» por Turquía sin la indispensable autocrítica por los pasos dados se ha basado en el supuesto de que se respetarían derechos humanos mínimos y, al contrario, la situación se ha degradado. 
En contrapartida, en cuanto a Cuba, se atenúa la firmeza respecto de la inaceptable legislación norteamericana con infundadas o incluso falsas apreciaciones sobre la responsabilidad por la interrupción de las relaciones con la Unión Europa. 
Por todo esto (y más... ) , un Consejo que no puede ocultar fracasos en lo social y con aparentes éxitos en cuanto a las vacas locas y a Europol y una resolución que, una vez más, pasa por alto las verdaderas cuestiones, como si estuviesen resueltas o se fueran a resolver cuando se llegue al El (euro) dorado. 
Período transitorio en los Tratados de Adhesión 
En nuestra opinión, la Unión Europea no debe impedir que unos de sus Estados miembros estén en vanguardia con respecto a las reformas ambientales, aunque otros consideren que esto menoscaba las cuatro libertades del mercado interno. 
En realidad, no se ha demostrado que la cláusula de salvaguardia funcione. 
En nuestra opinión, debe aplicarse en cuanto el parlamento nacional de un Estado miembro se acoja a ella para adoptar una decisión. 
Informe Mosiek-Urbahn 
Hemos votado a favor del informe Mosiek-Urbahn. 
Compartimos ampliamente las críticas que hace el informe del informe del Grupo Molitor. 
Pensamos que, en lo referente a las cuestiones de naturaleza transfronteriza, en especial a las cuestiones sociales relacionadas con el sector del mercado de trabajo, y en lo referente a los problemas relativos al medio ambiente, son necesarias unas normas mínimas a nivel de la Unión. 
Pero esto no excluye que los países introduzcan por cuenta propia una normativa más estricta. Esto requiere que se haga más riguroso el actual artículo 100a.4 del Tratado de Roma. 
Pero también criticamos el informe en ciertos aspectos. Se trata de la propuesta de, a través de la aplicación del artículo 171, exigir el pago de sumas de penalización a los Estados miembros. 
La redacción del apartado 1.26 es totalmente absurda en nuestra opinión. 
Cito: » la Unión Europea está realizando actualmente la mayor campaña de simplificación en la historia económica moderna al intentar sustituir 15 legislaciones por una sola.» 
Para nosotros es incomprensible que un Parlamento que se considera a sí mismo como serio apruebe una redacción semejante. 
El partido sueco de los Verdes, precisamente como los partidos verdes de otros nuevos Estados miembros, tenía serias objeciones ante el hecho de que la adhesión a la UE pudiera suponer un deterioro de nuestros niveles actuales en cuestiones de medio ambiente, sociales y de protección del consumidor, etc. Hasta el momento parece que la evolución registrada confirma desgraciadamente nuestros temores, puesto que la Comisión, para poner un ejemplo, no ha cumplido su promesa de elevar los niveles ambientales de la UE al de los nuevos Estados miembros durante el período de transición acordado. 
Independientemente de lo que acabo de mencionar, tampoco yo puedo apoyar las conclusiones del informe Molitor, que tienen como punto de partida exclusivo defender los intereses de la industria. 
Además, es evidente que la intención del Grupo Molitor era efectivamente utilizar una desreglamentación de la legislación de la CE a modo de pauta a seguir para que se adoptasen unas acciones parecidas a nivel nacional. 
Sencillamente se deseaba eliminar todo lo que se había logrado dentro del ámbito del medio ambiente en Europa, en lugar de seguir adelante. 
Puesto que, en mi calidad de «verde» sueco, y en virtud de a los motivos expuestos, soy algo escéptico por lo que respecta a la legislación de la UE en aquellos sectores que son importantes para nosotros en general, concentraré mi explicación de voto en las dos enmiendas que he presentado. 
En la primera, la cuestión de fondo es si los puntos de vista del Grupo Molitor representan un modelo en el que los economistas serán los únicos expertos en lo referente a las decisiones de carácter social que afecten a la legislación. 
Por consiguiente, deseamos hacer hincapié en que deben tenerse en cuenta otras cosas que no sean los meros cálculos económicos cuando se adopten decisiones sobre la necesidad de una ley. 
El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo se ha sentido preocupado por la posibilidad de que las cláusulas sobre niveles mínimos en cuestiones de medio ambiente y de protección social y del consumidor se interpreten como niveles máximos en el futuro. 
Por eso para nosotros es esencial que no se decrete, invocando la libre competencia, una reducción de los niveles nacionales actuales en ámbitos que son centrales bajo el punto de vista ecológico y para el ciudadano normal. 
Es también importante que la UE no se convierta en un freno para la evolución en este terreno. 
Es importante la desreglamentación en la UE para reducir la reglamentación y la burocracia innecesaria. 
El informe trata solamente de los síntomas del problema, ya que la normativa en la UE ya es un hecho. 
El informe debería haber abordado la cuestión de qué ámbitos deben ser tratados a diversos niveles. Local, regional, nacional, y nivel europeo de la UE. 
Debería haberse elaborado una lista que describiera qué asuntos deben tratarse y a qué nivel. 
El informe se inclina hacia la desreglamentación de la vida empresarial, y en favor de reforzar la capacidad competitiva. 
La desreglamentación es importante desde el punto de vista democrático para simplificar las normas existentes cara al ciudadano, y para aclarar a qué nivel hay que adoptar las diversas decisiones. 
Debería haberse presentado una «lista de subsidiariedad» sobre las cuestiones que pueden transferirse del nivel de la UE al nacional, regional y local. 
El presente informe aborda un tema decisivo, cuya importancia para el futuro desarrollo del mercado interior- y, por lo tanto, para el crecimiento económico y el empleo en Europa- no debe ser subestimada. 
El informe incluye un análisis excelente y una valoración crítica de las propuestas del llamado Grupo Molitor para la simplificación legislativa y administrativa. 
A grandes rasgos, tanto la ponente como la comisión tienen razón en su crítica del informe Molitor. Es verdad que éste incluye un resumen útil de los problemas relacionados con una amplia reglamentación legislativa y administrativa del mercado, pero, por desgracia, tiende a subestimar los efectos negativos sobre la competitividad y/o la política de consumidores de una falta absoluta de reglamentación a nivel europeo. 
Así pues, la ponente tiene razón al señalar la necesidad de elaborar una «lista de criterios» que permita, por un lado, valorar la aplicación de una nueva legislación comunitaria o de nuevas iniciativas y, por otro, estimar las consecuencias de suprimir o modificar la legislación existente. 
En relación con lo anterior, no hay que olvidar que la aprobación de normas legislativas comunes en el UE- en la medida en que sean necesarias- supone en sí una simplificación importante de las normas en beneficio de los ciudadanos y las empresas, ya que quince normativas diferentes pasan a ser sustituidas por una sola. 
Informe Mombaur 
Los debates sobre la energía están de actualidad en el Parlamento Europeo en estos últimos tiempos. 
Hasta ahora, se inscriben más en una óptica liberal, industrial y competitiva que medioambiental. 
El Sr. Mombaur nos presenta aquí un informe que me parece esencial. En efecto, trata del futuro del planeta y de la satisfacción de las necesidades energéticas cada vez mayores. 
Aquí todos nosotros sabemos que el camino seguido hoy para satisfacerlas no lleva a ninguna parte. 
Nuestras fuentes de energía no son ni mucho menos inagotables y, por otra parte, son contaminantes. 
Si bien el primer aspecto afecta a las generaciones futuras, el segundo nos está haciendo ya sufrir. 
Por eso quisiera rendir homenaje a la claridad del informe presentado y a las innovaciones que propone y que son el resultado de una reflexión a fondo. 
La Unión Europea debe desarrollar las tecnologías de energía renovable, porque redundará en su provecho. 
La naturaleza ofrece por sí misma las condiciones para lograrlo. 
A nosotros corresponde saber y querer explotarlas. Y también darnos los medios para ello. 
Hay que convencer al Consejo del interés de esas investigaciones y comenzar rápidamente la promoción de energías nuevas, sanas y eficaces, con incitaciones fiscales. 
Es necesario que la Unión dé ejemplo y aumente su consumo de energías renovables. 
Cierto es que las inversiones iniciales son costosas; cierto es que ese costo varía en función de la proximidad de las fuentes de esas energías. 
Pero lo que está en juego es transcendental, de lo que se trata es de que salvemos nuestro planeta, pero también de que permitamos a todos producir fuentes energéticas garantes de independencia y que sean factores de desarrollo, complementarias de las otras. 
La Unión debe integrar esa necesidad en su política de desarrollo y de cooperación. 
Las inversiones de hoy serán los beneficios económicos, humanos y ecológicos de mañana. 
Las energías renovables existen, incluso en los países del norte de Europa: energía fotovoltaica, energía eólica, energía hidráulica, biomasa. 
Las técnicas de las energías renovables tienen que desarrollarse de forma voluntarista: si, como demuestra este informe, se asignara el mismo importe, en el presupuesto de la Unión Europea, a la promoción de las fuentes de energía renovable que a las de la fusión nuclear, es decir, 840 millones de ecus, se llegaría rápidamente a un nivel competitivo. 
El objetivo es claro: hay que utilizar esas energías inagotables, no contaminantes, explotables de forma descentralizada, bien aceptadas por la opinión pública y que no necesitan megainstalaciones, como la energía nuclear, con importante potencial de empleo. 
El impulso para superar los numerosos problemas técnicos y económicos puede proceder de la Unión Europea, pero no por ello los Estados miembros están libres de responsabilidad, sobre todo si se quiere llegar, como propone este informe, al 15 % en el año 2010, como parte de las energías renovables en el conjunto de las energías primarias. 
Para que sea posible, se debe cumplir una condición esencial. 
Será necesario que, para garantizar la competitividad de las tecnologías de energía renovable, se tengan en cuenta los costos verdaderos de las otras tecnologías. 
Por tanto, en el caso de la energía nuclear, por ejemplo, las medidas de seguridad, las inversiones y los enormes costos para el tratamiento de los residuos nucleares y de las instalaciones retiradas del servicio, por no hablar del costo social global de una tecnología con mucho riesgo, nunca completamente dominada por el hombre. 
Quisiera aportar mi total acuerdo a las medidas propuestas por el ponente de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, y felicitarlo por este importante trabajo. 
He votado a favor del informe, que en sus trazos generales es de gran calidad. 
La mayor parte de medios de la UE destinados a la investigación van a parar actualmente a la labor investigadora sobre la fusión, dentro del programa JET. 
Éste puede reducirse o desaparecer totalmente. 
Se necesitan más recursos para la investigación y el desarrollo de unas fuentes de energía renovables. 
Invertir 400 millones de ecus en dos nuevos reactores nucleares en Ucrania es totalmente inaceptable y debemos negarnos a ello. 
La Comisión debe presentar unas propuestas cuanto antes con miras a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 
Debe elaborar una recomendación para la creación de un impuesto sobre el dióxido de carbono. 
Ésta es una obligación que asumieron la UE y sus Estados miembros en 1992 con ocasión de la Conferencia de Río sobre el medio ambiente. 
El tratado Euratom debe modificarse y pasar a ser un tratado favorable a la inversión en fuentes de energía renovables. 
Sabemos desde hace tiempo que es necesario reestructurar el consumo de energía. 
Cuando en la década de los setenta se dispararon las alarmas por la subida de los precios del petróleo, los países occidentales industrializados se dieron cuenta de que era necesario investigar más a fondo las posibilidades de utilizar fuentes de energía permanentes. 
Esta investigación se realizó en primer lugar para garantizar el suministro, pero también sabiendo que no sería posible cubrir para siempre las necesidades de energía con combustibles fósiles. 
Desde entonces, las consideraciones del medio ambiente han desempeñado un papel muy importante en los debates, especialmente ante la expectativa de una subida explosiva del consumo de energía a nivel mundial en los próximos 25 años, como consecuencia de la industrialización de una serie de terceros países. 
Por todo lo expuesto, ya es hora de que la Unión Europea apruebe un plan de actuación para fomentar las fuentes de energía permanentes, en el que se tengan en cuenta las condiciones de cada Estado miembro en orden al uso de determinados tipos de energía (mayor uso de energía solar en los países mediterráneos y de energía eólica en los Estados miembros noroccidentales, etc.). 
El presente informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía incluye un excelente análisis de las propuestas presentadas por la Comisión, entre las que destacan las medidas para mejorar la competitividad de las fuentes de energía permanentes. 
El constante aumento de la demanda de energía, así como la escasez y los problemas que crean las formas de energía convencionales, llevan a la necesidad de desarrollar las energías renovables. 
Para países como Grecia, además, el tema es de máxima importancia, dado que la situación geográfica y topográfica del país hace necesario el desarrollo de energías renovables, como la energía eólica o solar, que sirvan de medio para cubrir las necesidades energéticas de las islas y de las regiones apartadas. 
Una menor dependencia energética de los Estados miembros mejoraría el erario público al restringir el recurso a fuentes de energía exteriores y podría contribuir esencialmente al desarrollo regional y local y al del empleo. 
En este contexto, la UE debe apoyar los programas correspondientes mediante los medios de financiación que tiene a su alcance. 
Sin embargo, nos oponemos categóricamente no sólo a la liberalización del sector energético en general, sino en concreto a la del sector de las energías alternativas. 
La liberalización tendría consecuencias desastrosas, dado que se trata de un sector de importancia estratégica. 
Una medida tal pondría en peligro la seguridad del suministro, incluso la del nivel actual de abastecimiento energético, en beneficio del gran capital, que tendrá unas ganancias enormes en perjuicio de la viabilidad de los organismos públicos, que sólo ofrecerán la infraestructura, pero también en perjuicio de la economía y de los consumidores, que tienen derecho a una energía barata, suficiente y beneficiosa para el medio ambiente. 
El desarrollo tecnológico, en nuestra opinión, no se puede sacrificar en favor de la rentabilidad. 
Debe ir en beneficio de todos, sin que sirva para aumentar las ganancias de algunos que lo aprovechan en su propio y exclusivo beneficio. 
Informe Fouque 
La Sra. Antoinette Fouque nos presenta aquí el informe de seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo que se celebró en El Cairo en septiembre de 1994. Con ello permite al Parlamento Europeo recapitular el estado de desarrollo y la condición de la mujer en el mundo. 
Ante todo, agradezco a nuestra colega su trabajo y la pasión que la anima. 
Con frecuencia se pone en tela de juicio esa conferencia de El Cairo, como muchas otras conferencias internacionales, pues algunos no ven en ellas sino la suma de buenas intenciones, rápidamente olvidadas. 
No obstante, yo creo en el interés cada vez mayor que cobran y la prueba está en la Conferencia de El Cairo, que debe permitir a la Unión expresar una vez más sus principios en materia de desarrollo y de derechos de la mujer. 
La Conferencia de El Cairo afirmó la condición esencial de la mujer en la búsqueda de un desarrollo duradero y humano. 
Ante el crecimiento demográfico y las consecuencias inducidas, la Conferencia determinó claramente el papel que las mujeres podían desempeñar en su solución y las bazas que les son propias. 
Como recuerda nuestra colega, la simple regulación de los nacimientos no puede ser la única solución de los problemas de población que afronta el mundo y, más en particular, el mundo en desarrollo. 
Hay que tener en cuenta en seguida los problemas del envejecimiento, del éxodo rural, de las migraciones internacionales y sobre todo del medio ambiente. 
En ese marco, se deben resolver los problemas demográficos, vinculados con la violación de los derechos de la mujer. 
Las mujeres deben poder llegar a ser las agentes de su renovación. 
La libre elección a la hora de tener hijos, el libre acceso a la salud y a la educación para todas las mujeres son los mejores instrumentos. 
Hoy demasiadas mujeres en el mundo no son seres humanos «de pleno derecho». 
¿A quién puede aún satisfacer esta situación? 
¿Quién puede aún aceptarla? 
Es necesaria una auténtica política de desarrollo que integre el objetivo de revalorización de la mujer como motor del desarrollo. La Unión ya ha formulado compromisos en ese sentido. 
Estaría bien que todos los Estados miembros hicieran lo mismo y tomaran ejemplo de nuestros amigos alemanes y holandeses. 
¡Se deben respetar los compromisos financieros subscritos y se deben conceder facilidades para que esas ayudas no resulten inutilizadas por los retrasos administrativos que conocemos! 
Debemos orientarnos hacia nuevos partenariados. 
Desarrollemos nuestras cooperaciones tanto con terceros países como con las ONG. 
Se trata de un asunto capital. 
Es la garantía del futuro de una parte del mundo. 
En todos los niveles, debemos comprometernos a participar en ese nuevo estado de ánimo. 
Hagamos una nueva reflexión sobre el desarrollo, pensemos en ayudar a los hombres y a las mujeres que sufren. 
La asistencia técnica no es suficiente por sí sola. 
Es necesario que vaya acompañada de la consideración y que se dé a todos la dignidad, la especificidad de la humanidad. 
He comprobado con satisfacción que el informe tiene la seria intención de contribuir a poner en práctica los resultados de la Conferencia de El Cairo en materia de política de ayuda al desarrollo de la UE. 
La situación de la mujer, y con ello la de los niños en todo el mundo necesita realmente que se produzcan unas acciones enérgicas y decididas. 
No obstante, el informe me deja una impresión de pasividad. 
Como siempre, a la Unión Europea le resulta fácil adoptar posiciones y fijar requisitos para países que se encuentran fuera de la Unión. 
Se espera que los países en desarrollo, con la ayuda de la UE, logren aquello que algunos de los propios países miembros de la UE no han logrado todavía. Por ejemplo: 
Cursos de enseñanza sexual «suficientes» a distintos niveles en la escuela primaria.-Invitación a que se utilicen preservativos, que se distribuyan gratuitamente.-Incorporación de la planificación familiar a los programas de cooperación.-Implantación de igualdad de oportunidades para las mujeres en la vida política/económica.-Derecho al aborto libre y legal, etc. ¿Quizá nuestro próximo objetivo debería ser aplicar los resultados de las conferencias internacionales sobre la Mujer a los países de la Unión Europea y a los que cooperan con la Unión? 
También cabe mencionar que ni las mujeres de la UE ni las de los países en desarrollo salen beneficiadas por el liberalismo económico de mercado casi ilimitado que profesa la UE. 
¡Muy al contrario! 
A pesar de lo mencionado, voto a favor del informe, porque el objetivo de promover la situación de la mujer es de todas formas lo esencial. 
Juegos Olímpicos de Atlanta 
La de los Juegos Olímpicos es una gran idea: la del encuentro de hombres y mujeres procedentes de los cinco continentes en el marco de una competición deportiva inspirada en los principios de fraternidad y juego limpio. 
¿Qué ocurre con esa hermosa idea cuando se ve afectada por la discriminación? 
El Parlamento Europeo debe reafirmar aquí su interés esencial por la igualdad entre hombres y mujeres y luchar contra las formas de obscurantismo, sean cuales fueren y por doquier. 
Más grave aún- y en esto me adhiero al texto de la resolución y de la pregunta oral -: no podemos aceptar- espero- que la Unión Europea financie o ayude, por el medio que sea, a todos o algunos de los países que impiden a sus mujeres ir a competir en Atlanta. 
No podemos hacernos cómplices de semejante segregación, que representa, en nuestra opinión, un grave retroceso. 
Por eso, me atrevo a esperar que el Consejo y la Comisión nos den rápidamente garantías sobre los puntos mencionados y tomen posición oficialmente contra semejantes métodos. 
Está en juego nuestro crédito. 
Informe Ewing 
Hoy he apoyado el presente informe porque soy un fiel partidario de la pequeña empresa, como deberíamos serlo todos, si estamos interesados en el futuro de la economía europea. 
Casi el 100 % de nuestras compañías europeas están clasificadas oficialmente como PYME. 
Y sin embargo, con demasiada frecuencia, estas compañías clave que dan trabajo a dos tercios de la población activa de la UE y que generan dos tercios de nuestro volumen de negocios son olvidadas por los responsables de la política, debido a que no tienen la voz de los grupos de interés de los gigantes industriales. 
Razón de más para que la Comisión amplíe el plan de créditos disponibles para las pequeñas empresas que es una auténtica historia de logros de la UE- al menos, hasta ahora. 
Habida cuenta de que sólo en el Reino Unido 200 millones de ecus han ayudado a crear casi 12.000 puestos de trabajo desde 1993, es de vital importancia que nos apoyemos en dicho éxito y pensemos en difícil situación económica por la que está pasando la población de mi circunscripción y de toda Europa. 
La gente necesita toda la ayuda que podamos proporcionarle para sus empresas, de cuyo éxito dependemos todos. 
Informe Harrison (A4-0161/96) 
Me complace apoyar este informe de mi colega del Partido Laborista británico, Sr. Harrison, porque se propone ofrecer a las empresas- y en la práctica, eso quiere decir pequeñas empresas- la protección que merecen ante el inadmisible proceder de demasiadas grandes compañías que pagan sus facturas con retraso. 
Esta tendencia ha ocasionado auténticas penurias financieras a muchos empresarios honrados y trabajadores y a los trabajadores de zonas comerciales como es el caso de mi circunscripción. 
Éste es el motivo por el que mi Partido se está ocupando de este problema en Gran Bretaña y la Comisión está estudiando el problema del retraso en los pagos a nivel europeo. 
No obstante, las buenas intenciones de la Comisión no bastarán si, como se propone actualmente, la compensación a los acreedores afectados por el retraso en los pagos se queda en una recomendación no vinculante a los Estados miembros. 
Habida cuenta de que el presidente Conservador del «Board of Trade» de Gran Bretaña se jacta de su habilidad en retrasar los pagos a sus acreedores durante el tiempo que se dedicó a los negocios, se me ocurre un Estado miembro, como mínimo, cuyo Gobierno necesita una directiva, si queremos que actúe en defensa de las personas honradas y trabajadoras que se ven amenazadas por aquellos que en Gran Bretaña denominamos «spivs». 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.55 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 4 de julio de 1996. 
Declaración del Presidente 
Señorías, hace un año exactamente recibimos la noticia de la caída de Srebrenica. 
Los habitantes de Srebrenica confiaban en que, en abril de 1993, su ciudad había sido declarada, lo recordarán ustedes, zona de seguridad de la ONU. 
Su decepción fue terriblemente amarga cuando las tropas serbias, encabezadas por el general Mladic, tomaron la ciudad en julio de 1995. 
Ante los ojos de los soldados de las Naciones Unidas, los hombres de credo musulmán fueron separados enseguida de su familia, mientras que las mujeres y los niños fueron echados de su ciudad. 
Desde entonces, hay unas 8.000 personas declaradas desaparecidas. 
Probablemente fueron muertas. 
Toca ahora a las investigaciones en curso poner en claro este episodio entre el horror de los osarios. 
La matanza de Srebrenica es una de las más terribles de la guerra de Bosnia, una- desgraciadamente- entre muchas otras. 
La comunidad internacional no podrá descansar hasta que se esclarezca todo sobre esta matanza. Mientras los culpables no hayan recibido el castigo que merecen. 
Se lo debemos a las víctimas de Srebrenica y a sus familias. 
Se lo debemos a la justicia, que el Tribunal de La Haya se esfuerza por imponer. 
Les pido, Señores y Señoras diputados del Parlamento Europeo, estimados compañeros que se unan a mí para rendir homenaje a las víctimas de la matanza de Srebrenica observando un minuto de silencio. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Señora Presidenta, para una cuestión de procedimiento. 
Ocupo la sala 238 del IPE 2, desde la que normalmente tengo el placer de contemplar la campiña francesa. 
Sin embargo, me encuentro con que ahora tengo delante un muro de hormigón, del que los Cuestores aparentemente no saben nada. 
¿Podría decirnos si el resto de los moradores del segundo piso va a tener que aguantar esto de forma permanente, o nos recomendaría que nos mudáramos a Bruselas hasta que tengamos la oportunidad de tener oficinas que nos devuelvan otra vez las vistas de la campiña francesa? 
Señor Spencer, he tenido la ocasión de visitar yo misma una de esas oficinas prácticamente tapiadas, como la que describe usted. 
Me parece totalmente abominable. 
Me pregunta si hay muchas oficinas parecidas. 
Las oficinas situadas en el primer piso, el segundo piso y los pisos superiores tienen vista. 
Creo que es preciso que examinemos este problema y pensaba someterlo a la reunión de la Mesa de esta tarde. 
No puedo decirle más por el momento, pero comparto perfectamente el sentimiento que experimentan usted y sus compañeros ante esta situación. 
Señora Presidenta, para una cuestión de procedimiento. 
Sólo quiero decir que yo he tenido la misma experiencia. 
A los diputados de esta Asamblea se nos mantiene a la sombra y cubiertos de estiércol como a los champiñones, y ¡ya es hora de que esto acabe! 
¡En mi oficina no tengo luz natural y es tremendamente insultante! 
Acabo de decirle lo que pienso y, según escuchó usted, comparto este sentimiento. 
Vamos a ver qué podemos hacer. 
Señora Presidenta, para una cuestión de procedimiento. 
Pido su venia y la de la Asamblea para pedirle, en nombre de este Parlamento, que exprese usted nuestra indignación por la capitulación del Gobierno británico, de la Real Policía del Ulster (RUC) y de las fuerzas de seguridad de Irlanda del Norte ante la norma de desórdenes de la Orden de Orange; que exprese también nuestra indignación por el primer atentado que ha tenido lugar en Irlanda del Norte en los dos últimos años, producido durante el fin de semana. 
No hubo, afortunadamente, víctimas mortales. 
Asimismo, que exprese nuestra indignación por el atropello de un católico por un vehículo blindado de la RUC durante una manifestación pacífica en la ciudad de Derry; que condene el uso de más de 4.000 pelotas de goma por la Real Policía del Ulster contra católicos y nacionalistas, frente a las 150 pelotas de goma utilizadas por la RUC contra la Orden de Orange cuando se mofaba de la ley; que exprese nuestra indignación por la quema y la huida de sus hogares por familias católicas y nacionalistas en Belfast y Derry mientras estaban al lado las fuerzas de seguridad; y que haga un llamamiento a todas las partes para que se vuelva a conversaciones no excluyentes que garanticen que podamos restablecer no sólo el proceso de paz, sino también la justicia, la igualdad y un tratamiento imparcial para todos los ciudadanos. 
Es una absoluta vergüenza la forma en que la RUC, el ejército británico, el Gobierno británico y la Orden de Orange han decidido que van convertir definitivamente los seis condados del nordeste de Irlanda en un Estado protestante, un Estado orangista, para una población orangista, y olvidarse de los derechos humanos y civiles de los nacionalistas y católicos que allí viven. 
Señor Crowley, tomo acta, claro está, de su declaración. 
No podemos, como puede usted imaginarse, iniciar ahora un debate. 
Como sabe usted, esta situación tan grave será examinada en el momento oportuno en el curso de nuestro actual período de sesiones. 
Le pediría que tuviera la amabilidad de no iniciar, en forma de una moción de procedimiento, un debate sobre este punto. 
Tendrá usted ampliamente la oportunidad de expresarse, sobre todo el miércoles por la mañana, durante la presentación de la Presidencia irlandesa. 
Señora Presidenta, no voy a convertir esto en un debate, pero, puesto que se ha planteado el tema, quiero que confirme que estará en el orden del día y que la Presidencia hará una declaración. 
Es algo manifiesto que Irlanda del Norte está sin gobernar y puede que sea ingobernable con las estructuras actuales. 
Los ciudadanos de ese Estado no tienen los mismos derechos. 
Eso es precisamente lo que propuse. 
Orden de los trabajos 
Señora Presidenta, Señorías, quisiera recalcar que soy fiel al acuerdo al que se ha llegado en la Conferencia de Presidentes en torno a las declaraciones que han de realizarse, y que, como Conferencia de Presidentes, hemos encargado que un grupo de trabajo reflexione sobre ello para intentar elaborar un texto consensuado. 
Este no ha sido del todo el caso, pero los objetivos a los que aspiramos son sumamente importantes para este Parlamento, que sobre todo en los últimos tiempos es objeto de innumerables agresiones. 
Pienso que para la credibilidad del Parlamento es sumamente importante que esta semana tomemos una decisión. 
Para nosotros sigue existiendo una dificultad mínima. Pienso que es necesario definir, y la Mesa del Parlamento podría hacerlo, qué son regalos y donativos. 
Pienso que en este Parlamento puede lograrse un consenso al respecto. 
Por otra parte, constatamos en diferentes Estados miembros, entre otros mi país, que se llega rápidamente a un acuerdo sobre los principios de declaraciones que se realizan con respecto al patrimonio. La dificultad reside en su aplicación. 
Pensamos que la Mesa del Parlamento ha de desempeñar un papel muy importante en este contexto, que por cierto está previsto al final del propio texto. 
Podría hacerse rápidamente. A nuestro entender ha de suceder antes de finales de año. 
Sea como fuere, quiero confirmar nuestra lealtad hacia el acuerdo y nuestra voluntad de lograr un consenso y un acuerdo. 
Pienso que, esta semana, con una mayoría de 314 votos a favor, hemos de aprobar el texto, en el bien entendido de que también deseamos que se encargue a la Mesa de este Parlamento que elabore una definición que consideramos importante para la aplicación. 
Se trata de una medida de precaución, pero insistimos en que hemos de poder decidir esta semana en el Parlamento. 
Nos parece muy importante dadas las circunstancias. 
Me arriesgo al proponerlo en el Parlamento, pero lo hago en el convencimiento de que hemos de mantener alta la credibilidad de este Parlamento en períodos en que es objeto de diferentes agresiones. 
Durante muchos años, determinadas personas en el Parlamento han luchado por obtener más competencias e influencia. Pienso que ello debe concordar con una gran credibilidad. 
En este sentido pienso que ahora hemos de tomar la decisión de votar esta semana sobre este texto. 
Señorías, les recuerdo, en caso necesario, que nos encontramos en la etapa de fijación del orden del día. 
Por tanto, hago la observación de que no cabe iniciar un debate. 
Respecto al fondo, claro está, el Sr. Martens acaba de explicarnos las razones por las que desea que este punto se inscribiera de nuevo en el orden del día de nuestro período de sesiones. 
Me parece importante que puedan expresarse. 
Como saben ustedes, los medios de comunicación tienen los ojos puestos en nosotros. 
Se trata de un punto sumamente sensible. 
Por tanto, voy a dar la palabra al Sr. de Vries, que me la pidió, luego a la Sra. Green, luego al Sr. Puerta. 
Queda bien claro que no iniciamos un debate, pero creo que antes de votar para saber si volvemos a inscribir ese punto en el orden del día o no, es totalmente esencial que los Presidentes de Grupo se expresen. 
Señora Presidenta, este Parlamento ha expresado repetidas veces el deseo de la población europea de que exista una mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones europeas. 
Con demasiada frecuencia, estas instituciones son consideradas opacas, oscuras y misteriosas. Muchas veces injustificadamente, pero a menudo esta crítica tiene un núcleo de verdad. 
Por consiguiente, si queremos recalcar nuestro punto de vista de que ha de haber más transparencia en la Comisión y en el Consejo de Ministros, tendremos que estar dispuestos a establecer la misma transparencia en el funcionamiento de nuestro Parlamento. 
Una parte esencial es la transparencia con respecto a los intereses económicos de los diputados. 
Por ello, mi Grupo considera esencial que esta semana se vote, no sólo sobre el informe Ford, sino también sobre el informe Nordmann, y por ello queremos apoyar la propuesta de los cristianodemócratas. 
Pero, señora Presidenta, con una advertencia. 
Estamos dispuestos a ayudar a los cristianodemócratas a encontrar también en ese Grupo la mayoría necesaria para la modificación del Reglamento, pero no a costa del principio. El principio es que los regalos están prohibidos y deben seguir estándolo. 
No hay ninguna razón para que este Parlamento permita regalos a los diputados. 
Por consiguiente, si luego encargamos a la Mesa que declare qué son los regalos, al hacerlo tendrá que tener en cuenta el texto y el espíritu del Reglamento que vamos a aprobar. 
Una prohibición es una prohibición, y las únicas excepciones son, en lo que a mi respecta, un ramo de flores y un café. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. Martens por reiterar su compromiso personal con el acuerdo celebrado entre los presidentes de los grupos para garantizar que el informe Nordmann sea aprobado por la Asamblea antes de las vacaciones de verano. 
Querría además recordar a la Asamblea que el acuerdo de los presidentes incluía un compromiso absolutamente claro de que los diputados deberán abstenerse de recibir ningún regalo, pago o beneficio. 
Es importante que la Asamblea lo comprenda. 
Es importante que la Asamblea comprenda la trascendencia de que salga aprobado el acuerdo para poder hacer gala de la transparencia de la que hablaba el Sr. de Vries. 
Mi grupo apoyará que el informe Nordmann figure en el orden del día siempre que quede claro que, en lo que a nosotros respecta, el acuerdo sigue vigente. 
La pasada semana no estaba tan claro para el Grupo del Partido Popular Europeo. 
El Sr. Martens ha manifestado su deseo de que se mantenga. 
Nosotros le apoyaremos poniendo nuestros votos a favor del claro compromiso suscrito por los presidentes de los grupos este año. 
Señora Presidenta, con la misma seriedad y con el mismo compromiso que los demás presidentes, deseo exponer la preocupación de mi Grupo por el modo en que llega al Pleno del Parlamento el informe Nordmann. 
A nuestro juicio, no está claro que hayan cambiado las condiciones de la semana pasada. 
Quisiera recordar a los diputados y diputadas que la Conferencia de Presidentes retiró, por mayoría, el informe Nordmann el jueves por la tarde; y lo retiró porque las enmiendas que se iban a presentar planteaban un gravísimo problema en cuanto a los regalos o donativos que podían recibir los diputados. 
Ya no estábamos de acuerdo anteriormente y en las reuniones de presidentes o delegados de presidentes dejamos constancia de que las fórmulas empleadas- por las que se permite, aunque utilizando el registro y de modo transparente, que haya un apoyo externo en material o en personal- son muy peligrosas, a pesar de las tradiciones de algunos países en reglamentar este tema. 
Seguimos pensando de la misma manera. 
Esta enmienda que ahora se quiere interpretar, que deja a la discrecionalidad de la Mesa del Parlamento la distinción entre regalos o privilegios, nos parece muy confusa. 
Estoy de acuerdo con los demás presidentes en que es necesario mantener ante la opinión pública una claridad total, en no permitir que haya demagogia ni que se vaya en contra de la credibilidad del Parlamento y, precisamente por eso, nos vamos a oponer con la misma lealtad que otros presidentes, pero con diferente opinión y con diferente decisión, a que se reincorpore el informe Nordmann a los debates del martes de cara a su posible aprobación. 
Señora Presidenta, los Verdes en el Parlamento están de acuerdo con que se trate el informe Nordmann, a condición de que se haga con gran claridad. Esta gran claridad queda reflejada en las palabras del Sr. De Vries. 
En lo que dice el Sr. Martens veo un indicio, pero no una claridad completa. Él dice: quiero atenerme al acuerdo que se logró en la Conferencia de Presidentes, un acuerdo que nosotros consideramos minimalista, pero un acuerdo que cambia gracias a una enmienda de los cristianodemócratas. 
Si se nos pregunta si estamos de acuerdo en tratarlo, podemos decir que sí, por lo que respecta a la definición de qué son los regalos, etc. Estamos plenamente de acuerdo, pero ello ha de implicar también que ya no se presente la enmienda del Sr. Donnelly en nombre del Grupo del PPE, en la que se dice que se trata de regalos en la medida en que no puedan influir en la postura, pues con ello volveríamos a sembrar confusión. 
Señora Presidenta, yo también quisiera a mi vez decir que somos favorables al debate, durante este período de sesiones, del informe Nordmann. 
No obstante, recordaré que si se habla de reinscribir este informe en el orden del día, es porque la Conferencia de Presidentes lo retiró, por mayoría, y que nuestro Grupo no estaba a favor de esa supresión, aprobada por mayoría simple de la Conferencia de Presidentes. 
A menudo se invoca aquí, en este hemiciclo, -como ocurrió hace un momento- la supuesta conciencia de un supuesto pueblo europeo. 
Las poblaciones de los diferentes países de Europa esperan que sus responsables, y en particular sus responsables en el Parlamento Europeo, aprueben reglamentaciones claras, transparentes, sobre los temas que les preocupan. 
¿Cómo no señalar, en efecto, el temor de muchos de nuestros compañeros ante la aprobación de una mera reglamentación? 
Esta se refiere a la publicidad de los patrimonios. 
No se trata de devolverlas- ¿cómo no señalarlo? -devolverlas, decía, a las legislaciones nacionales. 
El Parlamento Europeo puede, sobre este punto, aprobar una reglamentación. 
Nuestros compañeros no quieren que haya una transparencia de los ingresos, no quieren la prohibición de donativos. 
Nosotros somos favorables a obtener un máximo de transparencia porque los responsables, para ser irreprochables, deben aprobar una reglamentación sumamente clara sobre estos puntos, muy importantes para la opinión pública. 
Señora Presidenta, el Grupo Unión por Europa, así como el Grupo Europa de las Naciones y el Grupo del Partido Popular Europeo votaron en la Conferencia de Presidentes para que se conservara el informe Nordmann en el orden del día. 
Por tanto, seremos totalmente coherentes con ese voto: votaremos por la reinscripción porque somos favorables, nosotros también, a que haya una transparencia total en este asunto, mientras que la enmienda propuesta introducía, de hecho, una duda sobre este tema. 
Por tanto, estamos a favor de la transparencia, sin ninguna demagogia, diría yo, y esa es la razón por la que me parece positivo que la Mesa pueda, efectivamente, ejercer una especie de magistratura moral sobre lo que conviene denominar «donativo» o «no donativo». 
Por lo demás, la solución propuesta por el Sr. Martens sólo tiene por efecto hacer explícito lo que ya era implícito. 
Recuerdo, en efecto, que cuando confiamos una misión de «intercesión» al Sr. Jean-Pierre Cot, se propuso, efectivamente, que correspondiera a la Mesa definir lo que constituye o no un «donativo». 
Tampoco nuestro Grupo tiene ninguna reticencia, antes al contrario, en votar en favor de la reinscripción del informe Nordmann en el orden del día. 
Deseamos que este informe obtenga los 314 votos necesarios y sea aprobado en el curso del presente período de sesiones. 
Señora Presidenta, queda claro que nuestro Grupo está dispuesto a examinar el informe Nordmann y someterlo a votación. 
No obstante, con arreglo al acuerdo de procedimiento que fue establecido entre los presidentes de Grupo, queremos votar el texto de compromiso, sin enmiendas. 
Lo que introdujo una gran confusión, fue la enmienda presentada por los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo, enmienda en la que se reconocía la posibilidad de que los parlamentarios recibieran regalos. 
Esperamos que hayamos entendido mal. 
En todo caso, sí estamos de acuerdo en que se examine el informe Nordmann, en cambio, rechazaremos que ese informe sea desvirtuado y que sus conclusiones sean desvirtuadas a través de enmiendas, que acabarían por reconocer la posibilidad de recibir regalos, lo que no se encuentra en modo alguno entre las intenciones de nuestro Grupo. 
Las cosas deben quedar claras y no complicarse a través de enmiendas de último minuto. 
Señora Presidenta, este ponente desea la reinscripción de su informe en el orden del día, no por vanidad personal, sino porque estoy plenamente convencido de que si el informe se aplazara de nuevo, se impondría la imagen de un Parlamento Europeo incapaz de reformar su reglamento en el sentido de una mayor transparencia. 
Por ello quisiera decir, personalmente, mi disponibilidad a trabajar en un compromiso. 
En el seno de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades hemos realizado progresos hacia el consenso. 
Lo hicimos manteniéndonos fieles a las orientaciones del grupo de trabajo que se constituyó con esta finalidad. 
La enmienda, o el compromiso, evocado por el Sr. Martens, supone, bien que van a presentarse nuevas enmiendas, bien que en forma de una enmienda oral, se proponga a la Asamblea una fórmula de compromiso en el momento de la votación del miércoles, si el informe se reinscribe en el orden del día. 
Creo que el procedimiento correcto sería ponernos de acuerdo en un texto que pueda obtener la mayoría efectiva de 314 votos. 
Ello supone que ese texto se sitúe en el espíritu de las conclusiones del grupo de trabajo, es decir, recupere la abolición de donativos y privilegios, devolviendo a la Mesa- en caso necesariolas precisiones de aplicación que esta reglamentación podría generar. 
Sin embargo, no es necesario que esta devolución a la Mesa aparezca como la negación de lo que acaba de votarse inmediatamente antes. 
Este es, señora Presidenta, el espíritu en el que el ponente desearía proseguir su trabajo, una vez más, con una disponibilidad total y recordando para ello las palabras del rey más radical socialista de los reyes de Francia: » París bien vale una misa». 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Señora Presidenta, yo creo que todos los diputados leyeron en las respectivas prensas nacionales la decisión del Gobierno americano de prohibir la permanencia en suelo americano de una empresa canadiense en virtud de la aplicación de la Ley Helmes-Burton, que refuerza el embargo contra Cuba. 
Yo creo que esa decisión, además de las protestas que ha provocado, puede afectar a gran número de empresas europeas. 
Basta con recordar que el 45 % del comercio con Cuba se hace por mediación de empresas europeas. 
Yo creo que en diversas ocasiones nos hemos manifestado en este Parlamento contra el embargo a Cuba y contra las medidas de refuerzo de dicho embargo, ya se tratara de la Ley Torricelli o de la Ley Helmes-Burton. 
Me parece que no podemos dejar de reaccionar contra esta medida de los Estados Unidos. 
Por eso, dado que el Consejo se reúne hoy, lunes, y está haciendo un examen de la situación- y señalo a la atención de Sus Señorías este hecho, que es, por decirlo así, nuevo -, considero, en efecto, en nombre de mi Grupo, que es importante la introducción de una declaración del Consejo sobre ese asunto. 
Sé que nuestro orden de los trabajos del miércoles está extraordinariamente sobrecargado. 
Ahora bien, creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo, y el Consejo también, para conceder una importancia especial a este asunto. 
Si lo hiciéramos más adelante, en septiembre, habría un desfase respecto del momento en que el Consejo lo hace y lo hace hoy, en este momento. 
Creo que no podemos dejar esta cuestión para más adelante. 
¿Aceptaría usted, Sr. Novo, que ese punto importante se evoque en la declaración de la Presidencia o bien desea usted que sea una declaración por separado? 
Señora Presidenta, yo creo que nuestro Grupo podría aceptar esa propuesta de la Presidencia, en caso de que el Consejo declarara, ahora mismo, que incluiría este asunto en el debate del miércoles. 
Si así lo hiciera, estoy totalmente receptivo; si no lo hiciese, creo que deberíamos dar autonomía a la cuestión. 
Muy bien, señor Novo, haremos del conocimiento del Consejo los deseos de nuestra Asamblea. 
No hay ninguna objeción respecto a la manera de tratar este punto, por lo que así lo haremos. 
Señora Presidenta, para ser sincero, porque el Sr. Galeote ha contraído un compromiso muy urgente que no podía prever. 
Señor Martens, como es de su conocimiento, los ponentes pueden pedir que se les reemplace. 
Señora Presidenta, por consiguiente ruego a la asamblea que acepte los motivos del Sr. Galeote. 
Se trata de una obligación que no podía prever, inesperada. 
Así que soy muy franco con usted, rogamos que se borre del orden del día o que se aplace. 
Señora Presidenta, si el Grupo del Partido Popular Europeo estuviera tan interesado en el rechazo o aplazamiento de este informe, presentaría sus argumentos ante esta Asamblea. 
Como no conocemos sus argumentos, mi Grupo votará en contra de la propuesta del PPE. 
Señora Presidenta, estoy a favor de que se aplace, ¡siempre que se vuelva sobre ello un viernes por la mañana como punto final del orden del día! 
(El Parlamento decide mantener inscrito el informe en el orden del día) 
Señora Presidenta, quisiera plantear algo sobre el orden del día del martes; no modificarlo, sino pedir que me haga una aclaración. 
El martes por la mañana tenemos el debate sobre la política de información de la Comisión acerca de la EEB (enfermedad de las vacas locas). 
En la Conferencia de Presidentes había un deseo absoluto de que fuera el propio Sr. Santer quien se dirigiera al Pleno sobre este tema, porque no es un asunto que competa al Comisario de Agricultura, sino que pertenece a la política de información de la Comisión. 
¿Podría comunicarnos, por favor, si será el Sr. Santer? 
Señora Green, puedo contestarle inmediatamente que, efectivamente, el Sr. Santer y el Sr. Fischler estarán ambos presentes, habida cuenta la importancia que este tema reviste para todos nosotros. 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida a una delegación de la Dieta japonesa que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
(Vivos aplausos) Hago la precisión de que esta delegación está integrada por miembros de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Asesores y que está encabezada por el antiguo Primer Ministro, el Sr. Tsutomu Hata. 
Nuestros compañeros japoneses, a los que saludamos calurosamente, se encuentran hoy en Estrasburgo para participar en el decimoséptimo encuentro interparlamentario entre el Parlamento Europeo y Japón, bajo la copresidencia del Sr. Bertel Haarder, Presidente de la delegación del Parlamento Europeo. 
Señores diputados de la Dieta, en nombre de todos los miembros de nuestra Asamblea, les deseo una cordial bienvenida al Parlamento Europeo y mucho éxito en nuestros trabajos comunes. 
(Aplausos) 
Accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0224/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumido, sobre la posición común del Consejo (C4-0222/96-94/0014 (SYN) ) relativa a la propuesta de directiva del Consejo sobre el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Ponente: Sr. Bowe). 
Señora Presidenta, antes de comenzar, quiero decir que vengo como ponente de este informe en segunda lectura. 
Me hice cargo de él al principio de la presente legislatura, cuando una gran parte del trabajo ya había sido hecha por un colega mío, Claude Delcroix. 
Antes de pasar a hablar sobre el informe, quiero tan sólo expresar mi agradecimiento por el trabajo que hizo el Sr. Delcroix en la pasada legislatura y decir que buena parte del trabajo que hoy les ofrezco y que ha realizado el Parlamento se consiguió bajo su dirección. 
Creo que estamos en deuda con él. 
Tenemos ante nosotros una directiva que va camino de una tercera revisión, habiéndose considerado necesario revisarla a la luz de la experiencia, del progreso técnico y de los conocimientos derivados de su funcionamiento. 
No tendríamos que subestimar la importancia que tiene precisamente esta directiva. 
Con demasiada frecuencia, muchas de las instalaciones que tiene el fin de salvaguardar funcionan silenciosamente y sin obstáculos sin que la gente se dé cuenta del gran peligro que representan. 
Sólo cuando ocurre alguna tragedia- explosiones o incendios graves y personas heridas o muertas- nos damos cuenta de lo importante qué es esta legislación para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Europa y que nuestra industria pueda funcionar no sólo de forma económica y rentable, sino también segura. 
La posición común que tenemos hoy ante nosotros es, en general, una con la que el Parlamento estará de acuerdo. 
No modifica la estructura general de la propuesta. De hecho, ha sido mejorada sin duda al añadirse algunas de las enmiendas del Parlamento en primera lectura. 
Pero pensamos que hay algunas áreas en las que, si se aceptaran algunas enmiendas más del Parlamento, el texto podría mejorar aún más. 
Por ello ofrecemos al Consejo y a la Comisión enmiendas en segunda lectura para introducir mejoras en las áreas que expongo a continuación. 
En primer lugar, objetamos a que se reduzca el alcance de la directiva concediendo dispensas de obligaciones tales como el informe de seguridad, los planes de emergencia y la información al público. 
Opinamos que ello quita mucha fuerza a la directiva y que habría que mejorarlo. 
En segundo lugar, nos preocupa que queden excluidas de la directiva algunas instalaciones, concretamente establecimientos militares, vertederos y algunas zonas de almacenamiento temporal intermedio, como las situadas en estaciones ferroviarias, muelles y otros lugares. 
Nos parece que habría que seguir trabajando en este área. 
En tercer lugar, pensamos que falta claridad en lo que respecta a los plazos necesarios para adaptarse a las disposiciones de la directiva y que las obligaciones que se imponen a algunos agentes económicos no son suficientemente vinculantes para garantizar que observen plenamente las disposiciones de la directiva dentro de unos plazos adecuados. 
Por otro lado, está el problema de la ordenación territorial. 
Ésta ha quedado por principio demasiado debilitada en la directiva en relación con la primera lectura, justo en un momento en que se están intensificando los problemas de la expansión urbana y el crecimiento de las ciudades en torno a estos lugares inseguros y peligrosos. 
Creemos que es importante que el Parlamento, el Consejo y la Comisión volvamos a reexaminar estas cuestiones para garantizar que el desarrollo normal de las grandes y pequeñas ciudades no cree o amenace con crear nuevos peligros. 
Es también esencial que haya una verdadera participación de los ciudadanos y que a éstos se les informe y se les dé información completa sobre los procedimientos de planificación y de concesión de licencias para estos lugares, en especial los de nueva construcción. 
Hicimos especial hincapié en ello en la primera lectura y no nos parece que hasta ahora la Comisión ni el Consejo hayan tomado suficientemente en consideración nuestras preocupaciones en la propuesta. 
Hay además otros aspectos técnicos relativos a la armonización de algunos criterios de notificación y a la armonización de determinados aspectos de la inspección de estas instalaciones. 
Sin embargo, reconocemos que este el tipo de legislación que tiende a crecer y ahora avanza hacia la tercera lectura. 
Es legislación que crece a medida que vamos conociendo los mayores peligros que existen a nuestro alrededor y suponemos que la veremos crecer, quizá como resultado de la futura revisión en años venideros. 
Sin embargo, ello no exime en modo alguno a la Comisión ni al Consejo de garantizar la seguridad de las personas que viven en los alrededores de estas instalaciones químicas peligrosas y de otras grandes instalaciones peligrosas que tienen el potencial de crear daños cataclísmicos. 
Por ello, apelaremos a la Comisión y al Consejo para que enmienden de nuevo la propuesta y admitan más enmiendas del Parlamento a fin de que podamos seguir a la cabeza del mundo. 
Hemos estado a la cabeza del mundo, y nos enorgullece haberlo estado, en la seguridad de las instalaciones químicas y la protección de la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos. 
Pensamos que es lo que hay que estar haciendo ahora y para el próximo siglo. 
Señora Presidenta, Señorías, en estos días se conmemora el vigésimo aniversario de Seveso. 
Desde 1982 existe en la Unión Europea una normativa sobre los riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales. En 1987 y 1989 se le introdujeron pequeñas modificaciones. 
La Comisión ha comprobado la gran eficacia de estas disposiciones, en particular las referentes a los aspectos técnicos, a la protección y a la lucha contra accidentes y a las medidas en caso de emergencia. 
Aun así, no se ha podido evitar que haya habido unos 130 accidentes graves desde 1982. 
La normativa se ha aplicado hasta ahora a 1866 empresas. 
Nuevos desarrollos técnicos y la experiencia adquirida en los diez años de vigencia de la actual normativa han dado lugar, tras diversas solicitudes del Parlamento Europeo y del Consejo, a la presentación del texto que consideramos hoy en segunda lectura. 
No estamos ante una mera reelaboración de la Directiva de 1982, sino, en muchos aspectos básicos, ante una directiva completamente nueva que supone un nuevo comienzo, a lo que ha contribuido la labor del ponente, Sr. Bowe. 
A nuestro juicio, tiene que haber todavía más protección para las personas y el medio ambiente que se encuentren próximos a las plantas potencialmente peligrosas. 
El objetivo primordial es prevenir accidentes graves con sustancias peligrosas y limitar, en caso de accidente, las consecuencias para las personas y el medio ambiente. 
Nuestro Grupo apoya absolutamente este objetivo. 
Tengo, sin embargo, ciertas dudas de que vayamos a alcanzarlo, dada la práctica que los Estados miembros han desarrollado hasta ahora en la aplicación e instrumentación de esta normativa y dadas también ciertas consideraciones fundamentales. 
Me parece importante asimismo la concordancia con otras disposiciones que se ocupan de la misma materia. 
Por eso me alegra que el Consejo, a instancia del Parlamento Europeo y, sobre todo, de las reiteradas críticas de mi Grupo, haya extraído por fin, en su posición común, ciertas consecuencias de las que ha resultado una armonización, por lo menos en algunos puntos, del contenido de las directivas en vigor, por ejemplo, en lo que respecta a la definición respecto a la Directiva IPPC. 
También en conexión con las Directivas IPPC se han incluido ciertas obligaciones del operador en relación con la información. 
Las disposiciones sobre difusión de la información concuerdan con la directiva en vigor sobre el libre acceso a la información sobre el medio ambiente. 
Por este motivo, mi Grupo está en contra de algunas enmiendas que pueden poner en peligro tal concordancia. 
El problema principal es el siguiente: la Comisión no ha conseguido hasta ahora presentar las correspondientes propuestas para los anexos y, según el artículo 9, que regula los informes de seguridad de elaboración obligatoria, hay que establecer estos criterios. 
Siento que la Comisión no los haya presentado a tiempo. 
Ya en la comisión señalé este asunto a la atención de la Comisión, pero no he obtenido respuesta. 
Esta decisión no corresponde ni al Parlamento ni al Consejo, es competencia exclusiva de la Comisión. 
Por eso deploro que no se haya hecho partícipe al Parlamento de la misma. 
Señora Presidenta, Señorías, después de haber transcurrido diecisiete meses, ha vuelto al Pleno, para la segunda lectura, la propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva 82/501/CEE relativa a los riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales, llamada «Directiva Seveso». 
La posición común aprobada por el Consejo debe ser acogida de forma favorable, habida cuenta de que, al alcanzar un equilibrio satisfactorio, se ajusta al dictamen en primera lectura del Parlamento Europeo. 
No cabe duda de que podrían potenciarse ciertos aspectos, en particular, los que se refieren tanto a la definición a escala comunitaria de la disposiciones fundamentales que deben cumplir los sistemas de control establecidos por los Estados miembros, como la adopción por parte de los Estados miembros de las medidas necesarias para garantizar la formación adecuada de los operadores encargados de elaborar los planes de urgencia externos y para tomar las decisiones en caso de accidentes graves, así como de los trabajadores y contratistas de establecimientos de elevado riesgo. 
A pesar de coincidir respecto a la necesidad de definir el concepto de conato de accidente grave, que hasta la fecha carece de definición, sin embargo, consideramos que la propuesta del ponente no es satisfactoria. Asimismo, estamos totalmente en contra respecto a incluir las instalaciones militares en el ámbito de aplicación de esta normativa que, no hay que olvidarlo, debe respetar el principio de subsidiariedad. 
Asimismo, en lo que concierne a la rigidez de los plazos propuestos en las enmiendas no acogidas por el Consejo, la misma correría el riesgo de penalizar todavía más las actividades industriales y productivas, sin conseguir los resultados deseados. 
Por último, considero importante llegar cuanto antes a la adopción de esta directiva y a su aplicación en los Estados miembros para mejorar los sistemas puestos a disposición de la industria y de las autoridades competentes, limitar el riesgo de accidentes graves y simplificar los criterios de aplicación, convirtiéndola en más flexible en respuesta al desarrollo de la industria. 
Señora Presidenta, en otro tiempo tuvieron que ocurrir graves accidentes, como en Bhopal y Basilea, para lograr un ajuste de la directiva, pero afortunadamente la actual revisión no se ha realizado a raíz de un accidente grave, y de eso podemos alegrarnos. 
Considero que la Comisión Europea ha hecho una buena propuesta, que sin embargo todavía puede mejorarse más. 
Siguen siendo necesarias algunas enmiendas del Parlamento Europeo para reforzar esta directiva. 
Si escucho al ponente, no sólo hoy, sino en los últimos meses, puedo asegurarles que los liberales apoyarán todas las enmiendas que ha propuesto el ponente. 
No las mencionaré todas, sobre todo en una tarde calurosa como la de hoy, pero quisiera hacer una excepción en lo que respecta a las instalaciones nucleares y las instalaciones y depósitos militares. 
Los liberales consideramos que la seguridad de los ciudadanos sólo puede aumentarse incluyendo este tipo de instalaciones en la directiva. 
Por lo tanto, no comprendo por qué la Sra. Baldi dice que, en base a la subsidiariedad, las instalaciones militares no tienen que entrar en esta directiva, pues las instalaciones militares están expuestas a los mismos peligros que las instalaciones civiles similares. 
No logro comprender por qué estas últimas sí y las primeras no pueden entrar en la directiva. 
También cuando hablamos de centrales nucleares, comprendemos que la radiactividad está bien regulada en el Tratado de Euratom, pero las demás sustancias peligrosas con las que tenemos que ver en las instalaciones nucleares han de entrar en la directiva; eso aumenta la seguridad de los ciudadanos. 
Por consiguiente, votamos a favor de las enmiendas y rogamos a la Comisión que otorgue su apoyo a las enmiendas del Parlamento Europeo que tienen como único objetivo proteger mejor a los ciudadanos de los peligros que supone la concentración de sustancias peligrosas, concretamente en las zonas urbanas. 
Señor Presidente, el Parlamento quizá recuerde que intenté conseguir una excepción para los almacenes públicos de whisky- casi todos los cuales están en terrenos situados lejos de áreas de vivienda, aunque algunos más antiguos y pequeños se encuentren más cerca de las mismas -, pero no tuve éxito. 
La verdad, nunca he sido capaz de considerar el whisky como un producto químico peligroso. 
Quizá tenga algunos prejuicios, dado que represento a casi todo el whisky escocés del mundo. 
Pero me alegra decir que hay una excepción para una parte de las disposiciones sobre procedimiento. 
No hay nada más seguro que un almacén público de whisky, por la razón de que está protegido por la policía a causa del valor de los impuestos del whisky que contiene. 
Es un poco como ir a Fort Knox para ir a visitar un almacén de whisky. 
Así que me alegro de que haya habido al menos una excepción parcial. 
Señor Presidente, el Consejo ha aprobado su posición común por unanimidad. Y con ello se han aprobado bastantes enmiendas procedentes de la primera lectura. 
Es esperanzador. Por otra parte, es extraño que, en un primer momento, la Comisión Europea no estuviera dispuesta a apoyar algunas de las enmiendas aceptadas por el Consejo. 
Sea como fuere, la actual posición común supone una mejora con respecto a la anterior. 
No creo que los restantes puntos planteen problemas importantes para la Comisión Europea y el Consejo. 
Quiero elogiar la forma en que el ponente ha tratado este tema. 
Sus enmiendas han señalado siempre una dirección clara. La seguridad y la publicidad han sido sus premisas. 
Parece que la nueva directiva Seveso será una parte clara y viable de la legislación. 
La protección de los trabajadores y de los ciudadanos en general es suficientemente importante como para aspirar a una legislación de máxima calidad. 
Soy consciente de que la seguridad de las empresas es en primer lugar un asunto de las mismas empresas. 
Pero ello no implica que sobre un buen marco legal. 
Ahora se ha establecido que en el 90 % de los accidentes graves entran en juego los fallos humanos. 
Por consiguiente, las medidas de seguridad interna y la formación de los trabajadores revisten la máxima importancia. 
En la primera lectura del Parlamento ya se aprobó una enmienda sobre la información, formación y equipamiento obligatorio de los trabajadores. Lamento que esta enmienda no se haya incluido en la posición común. 
¿Podría explicar la Comisión por qué no ha adoptado esta enmienda? 
La formación, los cursillos de reciclaje y los ejercicios de prevención de incendios ocupan ya un lugar importante en muchas empresas químicas, pero todavía existen excepciones desfavorables. 
Las empresas siguen necesitando una obligación legal. 
La falta de atención, la pereza que se introduce poco a poco, y la habituación a las situaciones peligrosas, son riesgos ya presentes. 
Un última cuestión: desde las empresas se oye la queja de que con la ampliación de las obligaciones en esta directiva se les está aplicando una carga demasiado pesada. 
Se afirma que la carga adicional es desproporcionada en comparación con la seguridad adicional. 
Quisiera que la Comisión respondiera a estas afirmaciones. 
¿Cuáles son las cargas adicionales? 
¿Se sabe algo al respecto? 
Señor Presidente, los graves accidentes acaecidos en los últimos años han puesto de manifiesto los riesgos que amenazan a la humanidad por la existencia de determinadas instalaciones industriales, que no por ser imprescindibles dejan de ser peligrosas, si no se adoptan y prevén medidas estrictas para garantizar la seguridad de su funcionamiento. 
Resulta inconcebible que vuelvan a producirse en el futuro accidentes como los de Chernobil o Seveso. 
El objetivo concreto de la presente directiva es prevenir los riesgos de accidentes graves causados por sustancias peligrosas que se producen y utilizan en plantas industriales. 
Esta nueva directiva sustituirá a la anterior Directiva nº 82/501, denominada «Directiva Seveso» y adoptada en 1982 como resultado de una serie de accidentes relacionados con sustancias peligrosas. 
Posteriormente, se introdujeron algunas enmiendas en ella a raíz de dos graves accidentes, el de Bopal y el de los vertidos en el Rin a su paso por Basilea. 
Transcurridos 14 años desde la redacción de aquella directiva, la valiosa experiencia acumulada en este período debía incorporarse a la legislación vigente. 
Así pues, la presente directiva contempla los conocimientos y experiencias más recientes, para prevenir en el futuro de forma más eficaz los accidentes graves relacionados con las sustancias peligrosas. 
Quiero hacer hincapié en el significado de inventariar e intercambiar a nivel europeo toda la información relativa a los accidentes originados por sustancias peligrosas, pues constituye un elemento importante de la nueva directiva. 
El intercambio de datos, la información con carácter general y, por lo tanto, la revisión periódica de los informes relativos a la seguridad facilitan el necesario proceso de continua adaptación. 
También nos parece importante la enmienda que hemos presentado en relación con llevar un registro de los «conatos» de accidente grave, es decir, los que se evitaron gracias a una intervención a tiempo, programada o no; la concurrencia de acontecimientos que dio como resultado que no se produjera un accidente grave. 
A nuestro juicio, este registro aportará una valiosa información para fomentar la seguridad. 
Hay que tener presente que los «conatos» de accidente superan en número a los que llegan verdaderamente a producirse. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera resaltar la importante labor del ponente, el Sr. Bowe, y pedir a la Comisión que admita las enmiendas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, principalmente las que introducen el concepto de «conato» de accidente grave. 
Señor Presidente, para comenzar quiero agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, y en especial al ponente, David Bowe, el esfuerzo y la atención de que ha sido objeto este informe. 
Esta directiva tiene un fondo serio y será de gran importancia para los ciudadanos y para el medio ambiente, como han subrayado el ponente y la mayor parte de los oradores. 
Por lo tanto, no cabe la menor duda de que se trata de una propuesta importante y útil que garantizará a los ciudadanos de la UE la seguridad de la mejor manera posible. 
La propuesta que estamos tratando hoy es el resultado de una modificación radical de la directiva, como ya ha subrayado la Sra. Schleicher, y está basada en las experiencias cosechadas con la directiva actual. 
Las enmiendas están basadas en los principios de la directiva actual, pero una serie de ámbitos claves han sido ampliados y reforzados. 
Se trata de la planificación física, de los sistemas de control de seguridad y especialmente del libre acceso a la información, de la participación del público y de las mejoras para la continuidad de la aplicación de la directiva. 
Después del debate de hoy, tengo la impresión de que, en cuanto a la Directiva Seveso y a la presente modificación, el Parlamento y la Comisión están fundamentalmente de acuerdo sobre las obligaciones políticas expresadas en la directiva, es decir, el aumento de la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente que también está expuesto a los riesgos de las sustancias peligrosas. 
Tenemos el mismo objetivo en este caso. 
Comentaré las enmiendas presentadas y expondré la actitud de la Comisión ante cada una. 
Muchas enmiendas aumentan la calidad y la claridad de la propuesta, y la Comisión acepta plenamente o el principio de las siguientes enmiendas: 1, 4, 5, 10, 11, 13, 25, 27, 33, 37, 39, 40, 42, 44 y 45. 
Aceptamos parcialmente las enmiendas núms. 2, 29, 30 y 32. 
No obstante, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 41 y 43. 
Se ha dicho que seis de las enmiendas presentadas expresan preocupación por el número de excepciones previstas a la directiva. 
Se trata, en mi opinión, de una preocupación razonable, y la Comisión ha intentado, en lo posible, tenerla en cuenta. 
Por este motivo, está dando prioridad a las actividades que se realizan actualmente en tal sentido. 
Ya hemos iniciado un análisis detallado de las canalizaciones mencionadas en la enmienda nº 2 y del almacenamiento temporal intermedio incluido en la enmienda nº 17 y, en caso necesario, presentaremos propuestas especiales relativas a estos ámbitos, tal como indicamos durante el debate en la primera lectura. 
La enmienda nº 15 suprime las instalaciones militares, y tanto el ponente como varios oradores han comentado este tema. 
Comprendo la preocupación del Parlamento, pero este tema no es competencia de la Comunidad. 
Las enmiendas núms. 3 y 18 tienen por fin incluir los vertederos de residuos en el ámbito de aplicación de la directiva. 
La Comisión está de acuerdo en que hace falta una reglamentación comunitaria para las instalaciones de residuos, y por este motivo estamos elaborando una nueva propuesta relativa a los vertederos. 
Se ha dicho también que siete enmiendas se refieren a la necesidad de incluir los «casi accidentes» , los llamados near misses. 
Estos se incluyen en el Anexo 6 de la posición común, pero varias de estas enmiendas han sido aceptadas por aumentar aún más la protección en este importante ámbito. 
En cuanto a las enmiendas núms. 1 y 42, y debido a los debates celebrados en la Comisión de Medio Ambiente sobre la importancia de una cooperación eficaz con terceros países respecto al intercambio de sistemas de información y de alarma, la Comisión acepta el principio en que se inspiran. 
Reconoce al respecto que el Convenio de las Naciones Unidas sobre accidentes transfronterizos tiene importancia especial, e intentará proponer un texto más detallado en la nueva propuesta para reflejar de forma apropiada la preocupación del Parlamento. 
La Sra. Schleicher me ha hecho una pregunta relativa al Anexo sobre criterios armonizados, y en respuesta quiero subrayar que, en opinión de la Comisión, es necesario crear grupos de expertos especiales para elaborar información detallada sobre los criterios armonizados. 
La forma más apropiada y más eficaz para fijar estos criterios es la del procedimiento en comisión previsto en la directiva en vigor. 
Este procedimiento ha demostrado su validez en la elaboración de normas para diferentes ámbitos, incluido el análisis de accidentes e informes y sistemas de seguridad. 
Como conclusión quiero decir que las enmiendas aceptadas mejorarán aún más la propuesta. 
Estoy convencida de que con su aplicación podremos todos esperar un aumento del grado de protección tanto de las personas como del medio ambiente contra los peligros de los grandes accidentes en la industria, con sus catastróficas consecuencias. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Contratos de agua, energía, transportes y telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0022/96) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo ((COM (95) 0107- C4-0162/95-95/0080 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 93/38/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento delibera hoy por segunda vez sobre la propuesta de la Comisión de modificar la Directiva sectorial. 
Los términos de referencia para ello son los establecidos en el primer Acuerdo GATT sobre contratación pública que la Unión Europea ha celebrado en el marco de la Ronda Uruguay. 
El objetivo es una mayor liberalización y expansión del comercio mundial. 
El nuevo Acuerdo sobre contratación pública (GPA) va bastante más allá que el hasta ahora vigente. Según estimaciones de la Comisión, abarca operaciones por valor de 350.000 millones de ecus al año. 
El Parlamento manifiesta expresamente su satisfacción por este Acuerdo. 
En su propuesta, la Comisión hace hincapié en que para la aplicación del Acuerdo no resulta imprescindible introducir modificaciones en el Derecho comunitario. 
El Parlamento, por un lado, y el sector industrial afectado y la Comisión, por otro, han mantenido un diálogo muy completo sobre la cuestión de hasta qué punto el nuevo Acuerdo de la OMC exige una modificación de la Directiva sectorial vigente. Tras este diálogo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial propone casi por unanimidad rechazar la propuesta de la Comisión en primera lectura. 
El Parlamento ha intentado durante más de un año conseguir un compromiso razonable a través de numerosas deliberaciones con la Comisión y previa audiencia de las organizaciones del sector industrial afectado. 
Personalmente, estoy muy agradecido al Comisario Monti porque, por encima de la disparidad de criterios existente entre el Parlamento y la Comisión, siempre ha acentuado la disposición de ésta a considerar el contenido de los argumentos del Parlamento. 
Lo que nosotros queremos es, exclusivamente, que se adopte una nueva normativa, que se necesita urgentemente, sobre ciertas cuestiones problemáticas, como la de los umbrales. 
Aquí sí se requiere una adaptación. No queremos una modificación completa de las directivas sobre contratación pública que vaya más allá del Acuerdo OMC y, sobre todo, que afecte a sectores de los que no se ocupa el Acuerdo, como el de las telecomunicaciones. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial llegó a un acuerdo con el Sr. Monti, según el cual la Comisión intentaría retirar su propuesta y presentar otra nueva al Consejo y al Parlamento. 
Estamos convencidos de que sólo así se podrá garantizar que en las deliberaciones ulteriores se tomen adecuadamente en consideración la propuestas del Parlamento. 
El Sr. Monti se ha declarado dispuesto a apoyarnos en las cuestiones fundamentales y también en este aspecto de nuestra posición. 
Por cuestiones técnicas de procedimiento, no ha conseguido, sin embargo, que la mayoría de la Comisión le apoye. 
Por eso nos vemos más o menos obligados a rechazar hoy la presente propuesta de directiva, para que en otoño la Comisión, tras concluir esta fase del procedimiento, pueda presentar una nueva propuesta modificada y previamente acordada en gran medida con el Parlamento. 
El examen de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento, no ha aportado ningún dato nuevo, de tal manera que la comisión vuelve a someter hoy el presente informe, aprobado el 24 de enero de 1996 por 47 votos contra 1. 
Existen diferencias y motivos de debate sobre todo en lo que respecta al llamado diálogo técnico en los proyectos de contratación pública complejos y tecnológicamente exigentes. 
En este ámbito, el Parlamento es contrario a que empresas que hayan participado durante la fase preparatoria del concurso público en la elaboración de un proyecto técnico exigente no puedan optar después a la adjudicación del contrato. 
Estamos convencidos de que esto supondría un obstáculo considerable al progreso tecnológico y conllevaría notables desventajas para la industria europea sometida a la directiva. 
A nuestro juicio, el procedimiento seguido hasta ahora en esta cuestión ha acreditado su eficacia. 
La aplicación del GPA reviste una gran importancia para la competitividad de la industria europea, sobre todo para los ámbitos de alta tecnología de la Directiva sectorial. 
En este contexto, la Comunidad Europea debe conservar su competitividad en calidad de «agente mundial» fuerte, incluso en relación con la apertura de mercados que garanticen su futuro económico. 
Por esta razón, al incorporar al Derecho comunitario las disposiciones sobre contratación pública, no deben desempeñar un papel decisivo consideraciones de tipo administrativo tales como las referentes a una transposición sistemática u otros argumentos de carácter más o menos jurídicoformal. 
Lo decisivo es, en nuestra opinión, el respeto de la reciprocidad estricta, tal como la exigió el Parlamento Europeo en su resolución de hace unos meses sobre la Conferencia del G7. 
Con el fin de lograr la clarificación necesaria, la transposición del GPA debería tener lugar mediante una directiva adicional que recogiera las excepciones y disposiciones especiales e hiciera referencia, por lo demás, a las directivas de la UE existentes en materia de contratación pública. 
Esperamos que la Comisión, como organismo colegiado, comparta nuestra visión y tenemos confianza en las seguridades que el Sr. Monti nos ha dado. 
Me permito aprovechar esta oportunidad para agradecer al Sr. Monti su permanente disposición al diálogo y a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial la buena y consensuada labor de análisis de esta directiva. Espero que podamos concluir pronto las deliberaciones y que consigamos una aplicación cabal. 
Quisiera dar las gracias a mi colega el Dr. Langen por todo el trabajo que ha dedicado a este tema y creo que puedo decir, en nombre del Grupo Socialista, que el enfoque ha sido verdaderamente bipartidista. 
Los efectos de llevar a la práctica las propuestas que contiene el documento de la Comisión serán inmensos. 
Todas las empresas que tengan algún trato con entidades adjudicadoras en cualquiera de los sectores de servicios públicos deberán adaptar sus métodos de trabajo para ajustarse a las normas que les imponemos. 
Antes de hacer esto, tenemos el deber de asegurarnos de que dichas normas son necesarias, de que servirán para potenciar los derechos y oportunidades de las empresas europeas y de que contribuirán a abrir mercados mundiales en nuestra lucha por mejorar el empleo y crear un terreno de juego equitativo. 
Aunque se trata de una directiva interna, no puede considerarse aisladamente, de la misma manera que no puede considerarse aisladamente la Unión Europea. 
El hecho de que se estén introduciendo estas propuestas para eliminar las desventajas creadas por la aplicación del GPA demuestra hasta qué punto estamos todos interconectados. 
Así que, para evaluar estas propuestas en conjunto, habría que ver contra qué competimos y qué prácticas, o prácticas comunes existen en el mercado. 
Cuando observamos a nuestros principales rivales, en primer lugar Japón, vemos que los japoneses no están haciendo ningún intento por elaborar una legislación similar a la que ha propuesto la Comisión. 
En cuanto a los Estados Unidos, no sólo no se ha introducido legislación interna para adecuar su mercado nacional al GPA, sino que ni siquiera se ha introducido el propio GPA y, lo que es más, no se tiene ninguna intención de hacerlo antes de las elecciones de este año, si es que se llega a hacer. 
En segundo lugar, con respecto a Estados Unidos, no sólo no se ha introducido legislación interna para adecuar su mercado al GPA, sino que no se ha eliminado la ley «Buy American». 
Hace más de dos años prometieron hacerlo, pero no se ha dado ningún paso. 
Se han pronunciado fallos en sus tribunales de que ninguna legislación extranjera puede crear precedente para la legislación interna, lo que legitimiza su régimen comercial proteccionista. 
Ahora, con la Ley Helms-Burton, sucede incluso que el Gobierno estadounidense puede llevar a juicio a empresas extranjeras a causa de las relaciones mercantiles con Cuba. 
Es algo que no condonamos: instamos a la Comisión a que se ocupe activamente de la cuestión e insista en que se apliquen plenamente todos los acuerdos firmados a escala internacional. 
Queremos que la legislación interna elimine las desventajas, aunque sean de poca importancia, de los umbrales introducidos por el GPA, y que establezca controles para proteger a los ciudadanos y empresas de la UE contra la corrupción en la adjudicación de contratos públicos. 
Esto es muy importante porque está en juego el dinero de los contribuyentes. 
También necesitamos asegurarnos de que, sean cuales sean las medidas que se establezcan, se dejará a nuestras empresas en una situación lo más competitiva posible, tanto a nivel interno como frente a la competencia transoceánica. 
El problema es que, en este momento, sencillamente no sabemos cuáles son las prácticas correctas. 
Los representantes de todos los sectores de la industria indicaron, en una audiencia pública, que observaban grandes problemas en las propuestas de la Comisión. 
Al contrario que ésta, no consideraban que las propuestas supusieran una ventaja, sino una carga, y eran unánimes en su oposición. 
Más de una vez hemos pedido a la Comisión que proporcione información sobre los efectos prácticos de sus propuestas, y no lo ha hecho. 
Pido a la Comisión una vez más que meditemos detenidamente sobre los efectos de cada una de las enmiendas que desea poner en práctica. Conozcamos los costes. 
Tengamos justificaciones. Hagamos consultas. 
La Unión paga una fortuna en estudios cada año. 
Si ha habido alguna vez un caso claro de necesidad de un estudio, es este de los contratos públicos. 
Hemos oído hablar mucho a la Comisión sobre las distorsiones del mercado interior causadas al introducir algunos sectores en el ámbito de aplicación de la directiva y dejar otros fuera. 
Esta es una cuestión. 
Otra es si, al modificar la categoría de los sectores, no estamos distorsionando el mercado actual. 
La Comisión ha propuesto también introducir el sector privado en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE: en consonancia, efectivamente, con el GPA, aunque el sector privado está excluido del GPA. 
¿Espera la Comisión que las empresas lleven dos sistemas, uno para las transacciones internas y otro para las externas, aumentándose con ello los costes? 
Nos han dicho que la Comisión tiene la obligación legal de seguir adelante con la legislación. 
No sabemos si es cierto. 
No hay ninguna prueba de que esto se haya expuesto a la comisión parlamentaria pese a las reiteradas peticiones por nuestra parte. 
En el Parlamento debemos ser prudentes. 
Estamos tratando de cuestiones que quizá sean sencillas sobre el papel, pero que tienen gran trascendencia para los puestos de trabajo. 
Lo que realmente necesitamos es tiempo. 
Hay tiempo para que la directiva quede bien, porque no se ha de poner en práctica hasta 1998. 
Pediría a la Comisión que escuche las preocupaciones del Parlamento y de la industria y que tengamos una nueva directiva; después podremos hacer un informe, dar nuestra respuesta y aprobarla rápidamente en el Parlamento. 
La Comisión sabe lo que queremos y nosotros podremos actuar con equidad y eficacia, y lo más rápidamente posible, cuando nos llegue esa propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo seguirá al Sr. Langen, ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
En efecto, el Grupo por Europa no puede aceptar la manera en que la Comisión interpretó el contenido de los acuerdos del GATT. 
Las negociaciones sobre la ampliación del Acuerdo sobre Contratación Pública del GATT, en 1980, concluyeron en diciembre de 1993, con el nuevo acuerdo del GATT sobre las contrataciones públicas que forman parte del nuevo acuerdo relativo a la Organización Mundial del Comercio. 
La transposición de este acuerdo reviste una importancia crucial para la competitividad de la economía europea. 
Esta comprobación se da especialmente en el ámbito de la directiva sobre los sectores específicos que dependen de las tecnologías de punta. 
En este contexto, la Comunidad Europea debe garantizar, especialmente cuando abre sus mercados, su porvenir económico preservando su condición de agente mundial, fuerte y competitivo. 
Lo esencial, a mi juicio, es la preservación de una estricta reciprocidad, tal como nuestro Parlamento lo exigió ya para las relaciones económicas con los países terceros en su resolución sobre la Conferencia del G7 y, por tanto, una identificación clara de todas las especificaciones en las ofertas procedentes de países terceros que han suscrito el acuerdo sobre las contrataciones públicas. 
Habida cuenta que rebasa, debido al régimen que prevé, el campo de aplicación del acuerdo, la propuesta que estamos examinando debe ser rechazada resueltamente. 
En efecto, la Comisión propone modificar la directiva 93/38/CEE, en el sentido en que todas las enmiendas propuestas, salvo las obligaciones estadísticas, se ampliarían a los servicios de investigación y desarrollo, a las entidades públicas y las entidades privadas que beneficien de derechos especiales y exclusivos como las concesiones, a todos los sectores abarcados por la directiva, incluidos los cuatro sectores mencionados: distribución de gas y energía térmica, extracción de petróleo y gas, transporte por ferrocarril no urbano y telecomunicaciones, que no están cubiertos por el acuerdo sobre la contratación pública. 
Tal como ha sido propuesta, la transposición del acuerdo a través de una modificación de directivas existentes no permite percibir con claridad suficiente, en la práctica, cuáles son los ámbitos que quedan excluidos del campo de aplicación, ni qué disposiciones específicas se aplican a los contratos que puedan publicarse y adjudicarse conforme al acuerdo. 
Esto es lo que se puso claramente de manifiesto en la audiencia de las asociaciones y empresas europeas, organizada el 31 de octubre de 1995 por el Parlamento Europeo. 
Si quiere garantizarse un grado de precisión suficiente, cabe entonces completar la transposición del acuerdo mediante una directiva adicional que recogiera a la vez las excepciones y reglamentaciones especiales y las directivas existentes en materia de contratación pública. 
En otros términos, es preciso saber que el texto de la directiva propuesto por la Comisión significaría conceder a los proveedores extranjeros- y en primer lugar a los americanos- un acceso total al mercado europeo, mientras que los proveedores europeos sólo podrían operar en el mercado público americano. 
Ahora bien, en los Estados Unidos, el mercado público sólo representa una parte esencialmente minoritaria del conjunto del mercado. 
Por tanto, el Sr. Langen cuenta con nuestro apoyo en este asunto. 
Es preciso que el Sr. Monti revise su copia. 
Señor Presidente, constituye un hecho positivo que el Parlamento Europeo haya adoptado una postura seria y constructiva ante la voluntad del Parlamento Europeo de esclarecer más detalladamente el significado, en la práctica, de la entrada en vigor del acuerdo de la OMC. 
Por regla general, el problema reside en el hecho de que, cuando se decide dar rienda suelta a las fuerzas del mercado y liberalizar la economía, sus consecuencias no se dejan sentir necesariamente en el momento en que se toman las decisiones. 
Sin lugar a dudas, ya se ha ratificado el acuerdo sobre la OMC y, por lo tanto, una vez entrado éste en vigor, no existen motivos para albergar vanas esperanzas en torno a un proteccionismo como el que existía en el pasado, si bien, eso sí, deberemos prestar una gran atención a este tema. 
También el Grupo de los Verdes apoya plenamente las conclusiones del señor Langen, de acuerdo con el cual la Comisión debería presentar ante el Parlamento Europeo una nueva propuesta. 
Sería oportuno que el Comisario Monti aclarara en cierta medida, por ejemplo en el marco de este mismo debate, sobre qué bases está previsto que se prepare esta nueva propuesta. 
A este respecto, las cuestiones que más nos preocupan, al menos por lo que respecta a nuestro grupo, son dos: en primer lugar, cuáles serán los sectores que, a la postre, quedarán al margen de este acuerdo; en segundo lugar, qué problemas ocasionará la existencia simultánea de dos sistemas distintos, es decir, éste que ahora estamos sometiendo a debate y la directiva mediante la cual se han venido aplicando con anterioridad disposiciones análogas en el seno de la Unión Europea. 
Sin lugar a dudas, se trata de ingentes sumas de dinero, ya que en el marco de este acuerdo mundial se manejan anualmente alrededor de 350.000 millones de ecus. 
Si bien estas cifras ofrecen indudables posibilidades a la Unión Europea, es conveniente aplicar de manera firme el principio de reciprocidad, razón por la cual me muestro de acuerdo con el precedente orador, que ha expresado la necesidad de contar con un poco más de tiempo y de claridad. 
Señor Presidente, Señorías, la principal observación que debo hacer a este Parlamento respecto al informe Langen se refiere a la necesidad de delimitar el ámbito jurídico que abarca la propuesta de la Comisión. 
Se barajan aquí instrumentos jurídicos de dos naturalezas diferentes: por una parte, el Acuerdo Internacional sobre Contratación Pública y, por otra, las directivas comunitarias sobre este mismo tema. 
El Acuerdo Internacional regula, como es natural, las relaciones entre los Estados miembros de la Unión y los demás países. 
Las directivas comunitarias se aplican a la legislación vigente en los Estados miembros. 
Estas directivas no pueden modificar la situación internacional para conceder a proveedores externos a la Unión derechos que perjudiquen a las empresas de suministros de los Estados miembros. 
Lo que la Comisión ha pretendido, muy acertadamente, con las directivas que ahora debatimos, ha sido adaptar el Derecho comunitario a los acuerdos internacionales y, sobre todo, velar por que las empresas de suministros de los Estados miembros disfruten al menos de los mismos derechos que garantiza el GATT a las empresas no europeas. 
El argumento de que empeora la situación de las empresas europeas no es correcto ni está bien planteado. El argumento de que los proveedores se han manifestado en contra de las propuestas de la Comisión no debe sorprendernos. 
¿Qué esperábamos que dijera este sector? 
Señor Presidente, es sabido que el sector de los contratos de obras y suministros públicos adolece de problemas especiales en muchos países. 
La corrupción está profundamente arraigada en este sector; baste recordar la «Tangentópolis» en Italia o cómo hace 15 días los titulares del Finantial Times se hacían eco de la detención de quince altos funcionarios alemanes que, en combinación con varios empresarios, habían estafado al erario público alemán dinero destinado a la construcción del segundo terminal aéreo del aeropuerto de Frankfort. 
Estas cosas ocurren en toda Europa, y precisamente en Bélgica se suicidó hace tiempo un militar por un asunto parecido. 
Es encomiable la voluntad de la Comisión de endurecer la situación. 
Sin embargo, parece obvio que en esta ocasión su propuesta no resultará aprobada, porque esto es lo que proponen los dos sectores principales de este Parlamento. Pero la Comisión debe saber que al menos muchos de nosotros consideramos que su propuesta es excelente y merece nuestro apoyo. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada deseo dar las gracias al ponente Sr. Langen y recordar el contexto en el que estamos actuando. 
El Acuerdo sobre Contratación Pública (GPA) forma parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario tras la decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994, que aprobó los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación de la Ronda Uruguay. 
En consecuencia, el GPA entró en vigor en la Comunidad el 1 de enero de 1996, tal como prevé el artículo XXIV. 
Su aplicación en la Comunidad no requiere de por sí ninguna medida de transposición. 
Sin embargo, la Comisión propuso una serie de modificaciones de la directiva a fin de evitar cualquier discriminación en perjuicio de las empresas comunitarias, otorgarles las mismas ventajas que gozan las empresas de terceros países gracias al GPA y garantizar la coherencia entre los dos regímenes jurídicos, simplificando así su efectiva aplicación. 
Hay que apuntar que dichas modificaciones no implican una apertura unilateral de los contratos comunitarios a las empresas de terceros países. 
El GPA regula las relaciones entre la Comunidad y los terceros países y, por ello, el propio GPA establece y define los derechos de los que se benefician las empresas de terceros países para participar en los contratos comunitarios. 
Las directivas comunitarias, por el contrario, enmendadas o no, regulan exclusivamente las relaciones intracomunitarias, es decir, las que mantienen las entidades contratantes y las empresas comunitarias. Las mismas, por lo tanto, no establecen derechos en favor de las empresas de terceros países. 
Con su propuesta la Comisión se plantea el objetivo de garantizar a las empresas comunitarias un tratamiento igual al de las empresas de terceros países. 
A parte de algunas modificaciones rigurosamente técnicas y de escasa importancia, la Comisión se limitó a proponer la modificación de las directivas sólo en el caso de que fuera necesario, a fin de evitar discriminaciones en perjuicio de las empresas comunitarias. 
En el contexto actual, las empresas comunitarias, aún cuando participan con empresas de terceros países en el mismo procedimiento de contratación, no gozan de los mismos derechos y ventajas que gozan las empresas de terceros países signatarios del GPA desde el 1 de enero de 1996. 
Las empresas comunitarias no tienen el derecho de conocer, en caso de rechazo de su oferta, los motivos de la decisión, así como las informaciones sobre las características y ventajas de la oferta seleccionada; no tienen derecho a acceder libremente a los sistemas de clasificación; no tienen derecho al mismo tratamiento en materia de diálogo técnico; no tienen las ventajas relativas a las formas de presentación de las ofertas; no tienen las ventajas derivadas de las informaciones adicionales que deben figurar en los anuncios periódicos; no tienen las ventajas relativas a las condiciones aplicables en los procedimientos restringidos o negociados. 
Por las razones mencionadas por el Sr. Katiforis, quizás no afloraron todas estas cuestiones en las audiciones llevadas a cabo. 
En este momento, las empresas comunitarias no gozan de estos derechos y ventajas. 
Por consiguiente, las consecuencias negativas que se derivan para las empresas comunitarias son evidentes y graves. 
Habida cuenta de esto, siento que los esfuerzos llevados a cabo para hallar un compromiso con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no hayan logrado un informe que hoy nos permita debatir el fondo de las propuestas y las posibles enmiendas específicas. 
Está claro que es necesario modificar cuanto antes la directiva a fin de restablecer a la mayor brevedad un level playing field entre las empresas de terceros países y las empresas europeas. 
Éstas son, por lo tanto, las razones fundamentales por las que la Comisión está convencida de que es necesario modificar la directiva. 
A lo largo de los debates se expresaron también otras preocupaciones. 
Tal como ya manifesté, y como el Sr. Langen reconoció amablemente, la Comisión tiene la intención de tener en cuenta estas preocupaciones y, a este fin, ya formulé las propuestas de modificación específicas ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Por consiguiente, puedo confirmar que la Comisión se propone presentar una propuesta modificada con arreglo a las indicaciones expresadas entonces. 
Concretamente, se trata de aclarar más todavía, si cabe, que no es en virtud de la propuesta objeto de examen que las empresas de terceros países tendrán acceso a los contratos públicos de la Comunidad; volver a formular el texto de la disposición relativa al diálogo técnico para hacerla más flexible; volver a estudiar algunas enmiendas para limitarlas lo más posible al ámbito de aplicación del GPA. 
En conclusión, puedo resumir mi posición diciendo que es mi intención presentar una propuesta modificada de directiva que tenga en cuenta las preocupaciones manifestadas durante el debate en el seno de la comisión parlamentaria. 
Confío en que de esta forma se pueda llegar cuanto antes a un entente con el Parlamento y obtener un resultado- creo que todos lo desean- que restablezca el level playing field entre las empresas de terceros países y las empresas europeas en un contexto de seguridad jurídica adecuado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Productos vitivinícolas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0210/96) de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0288/96-95/0287 (COD) ) con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 1601/91 por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas (Ponente: Sr. P. Martin). 
Señor Presidente, Señorías, me limitaré a recordar que las tres enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 14 de marzo de 1996, han sido incorporadas en la posición común adoptada por el Consejo el 29 de abril de 1996. 
No obstante, cabe señalar que esta posición común incorpora nuevos elementos relativos al Reglamento 1601/91, especialmente la enmienda de la letra (i) , del punto 1 del artículo 1 relativo al primer guión de la letra a) del apartado 1 del artículo 2, del Reglamento (CEE) nº 1601/91, que consistía en modificar la forma con el fin de que la nueva redacción del primer guión de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 pueda mantener la coherencia de conjunto y no haya ninguna anomalía jurídica perjudicial. 
Por tanto, la posición común, adoptada por el Consejo el 29 de abril de 1996, integra esta enmienda en su nueva formulación. 
La enmienda de la letra i) del punto 1 del artículo 1 relativa al penúltimo párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 se ha incorporado en su totalidad a la propuesta común. 
Por tanto, se han tomado en consideración los argumentos propuestos por el Parlamento. 
La enmienda del punto 3 del artículo 1 relativo al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento nº 1601/91 se ha incorporado, en gran parte, en la nueva redacción de la posición común. 
Voy a recordar que esas modificaciones comportan tres partes diferentes: la sustitución de «productos intermediarios» por «productos en curso de elaboración» , la sustitución de «se podrán determinar» por «estarán determinados» y la supresión de la frase «los Estados podrán aplicar reglas específicas en este ámbito en la medida en que estas reglas sean compatibles con el derecho comunitario». 
Esta modificación es importante ya que su formulación podía dar a entender que cada Estado miembro podía elaborar su propia legislación en cuanto a las prácticas y tratamientos enológicos. 
Eso podría haber dado lugar a extrapolaciones indeseables y a una distorsión tecnológica puesto que no todos los Estados miembros cuentan con una tradición en materia vitivinícola. 
Hubo otras modificaciones, especialmente las relativas a la definición del «glühwein» , que refuerza, como lo deseábamos, el aspecto de producto tradicional, tal como lo defendimos durante la primera lectura. 
Las demás modificaciones se refieren principalmente a la versión italiana de los apartados 2 y 5 del artículo 2 del Reglamento nº 1601/91 y consisten en la adición de sinónimos de algunas denominaciones y menciones. 
Por tanto, se deben aceptar estas modificaciones en su estado actual. 
En lo que respecta la definición del «Kalte Ente» , la supresión de la referencia al sabor a limón permite responder a la realidad del mercado y de las empresas interesadas. 
Se debe, por tanto, aceptar esta modificación tal cual. 
Como conclusión, la posición común incorpora las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, desarrolla la noción de producto tradicional, tal como se define en la exposición de motivos y en los debates que tuvieron lugar en el Pleno del 13 de marzo de 1996. 
Señor Presidente, por una vez, podemos aprobar de buena gana la posición común del Consejo, porque en esta posición común se integraron las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura y felicitamos al Consejo por esta decisión tan sabia. 
En efecto, el Consejo ha entendido nuestra preocupación de desarrollar la noción de producto tradicional, lo que, en este ámbito como en otros, reviste una importancia capital para garantizar a nuestros productos de calidad buenos la confianza de los consumidores. 
En lo que se refiere al vino, aromatizado o no, esperamos que los consumidores serán cada vez más numerosos en todos los Estados miembros en consumir, para cuidar su salud, los productos vitivinícolas de los que sabemos que, consumidos con moderación, poseen numerosas propiedades fisiológicas y organolépticas que se pueden resumir así: el vino es un alimento, es tónico, es un equilibrante nervioso, un digestivo, un diurético, un remineralizante, un bactericida, un antialérgico. 
Se dan cuenta cuán importante es decir, también en esta ocasión, que es preciso estimular el consumo de vino en nuestros Estados miembros. 
Estoy especialmente satisfecha porque el Consejo se adhirió a nuestro punto de vista en lo que se refiere a la definición de «Glühwein» , que sólo debe venderse con agua cuando se vende en botella ya preparada con las especies, el azúcar, etc. Debo decir que me sorprendió un poco enterarme de que el «Glühwein» se ofrece así ya preparado al consumidor, con todos esos ingredientes y que basta sencillamente con calentarlo, cuando, hasta ahora, sólo lo había conocido y consumido recién preparado y según las buenas recetas de nuestras abuelas. 
Puesto que así son las cosas, evidentemente cabe incluir en las reglamentaciones comunitarias una definición del «Glühwein» para evitar que los que lo fabrican vendan al consumidor agua en lugar de vino. 
Quisiera, por tanto, felicitar a nuestro ponente, el Sr. Martin, por haber conducido la barca hasta tan buen puerto en esta materia. 
Ya que el Comisario nos hace el honor de estar presente, no puedo, sin embargo, dejar de aprovechar esta ocasión para lamentar que el Consejo todavía no haya adoptado su posición común sobre la reforma de la organización común del mercado vitivinícola, que tratamos aquí en primera lectura hace 14 meses. 
Espero que la Presidencia irlandesa logrará finalmente ofrecernos una posición común, lo que los franceses, los españoles y los italianos, los más grandes productores de vino de la Comunidad, no fueron capaces de hacer cuando tuvieron la Presidencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quería comenzar felicitando muy sinceramente a nuestro colega Philippe-Armand Martin por el magnífico trabajo que ha hecho con este informe, como, por lo demás, ha hecho con otros informes, siempre que se celebran debates sobre el vino. 
En nuestra Comisión de Agricultura, el Sr. Philippe Martin es el que se ocupa de ese asunto y, de hecho, es una autoridad en esa materia. 
Una vez más ha demostrado su autoridad, entre otras cosas porque sus recomendaciones y propuestas, que nosotros aprobamos en la Comisión de Agricultura, fueron aprobadas íntegramente por el Consejo. 
Y, por eso, no resulta difícil apoyar esta posición común, dado que está llena de sentido común. 
Creo que los cocktails a base de vino y los aromatizados a partir de vino son productos que reconocemos como tradicionales en algunos mercados y para los consumidores. 
Creo que este debate es en sí mismo positivo, dado que estamos hablando de productos que garantizan la salida al vino y lo valorizan mediante los diversos productos derivados. 
Todo eso es importante, siempre que queden claras las reglas del juego en materia de claridad y disciplina. 
Quisiera terminar esta intervención mía repitiendo lo que dije a la Sra. Lulling. 
Quisiera recordar al Comisario que hace tres años precisamente la Comisión- y entonces usted no era todavía Comisario, lo era su antecesor René Steichen- presentó un documento de trabajo, de reflexión, sobre la organización común del mercado del vino. 
Hace dos años apareció la propuesta correspondiente de la Comisión. 
Entretanto, el Parlamento Europeo, hace un año y medio, aprobó una propuesta de transacción, una opinión muy interesante, pero no se ha vuelto a oír hablar de ella. 
Pregunto al Comisario: ¿en qué cajón está la OCM del vino? 
Estaría bien que la examináramos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tratese del sector vitivinícola en particular, o de la agricultura, en general, me he dedicado a la defensa de los terruños y las tradiciones, sin por ello caer en la trampa de la reglamentación social, incluso de la regresión económica. 
Como lo subrayó la Sra. Lulling hace un momento, hay que alegrarse de que las enmiendas incorporadas en el informe del Sr. Martin por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural hayan sido retomadas en la posición común. 
En lo que respecta a los vinos aromatizados, como por ejemplo los Glühweine, para los que se suprime la posibilidad de añadir agua en el vino, pudieron tomarse en cuenta las principales demandas, en lo que se refiere, especialmente, a la tasa mínima de vino del 75 %, la utilización de los mostos de uva y una clasificación así como una definición más clara de los productos. 
Pienso especialmente en Fernet Branca. 
En nombre de mi Grupo, insto a todos mis compañeros a adoptar esta posición común, reflejo de un consenso de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y que se sitúa efectivamente en la lógica del fortalecimiento de nuestra identidad agrícola europea. 
Señor Presidente, también yo me permito felicitar cordialmente al ponente, Sr. Martin, por su informe. 
Sin embargo, he de hacer una consideración crítica en la segunda lectura de esta posición común. 
Estamos hablando de vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y cócteles aromatizados de productos vitivinícolas. 
Todos implican la palabra «vino». 
El vino es, según todos los códigos vigentes en Europa sobre productos alimenticios, una bebida que se obtiene a partir de la fermentación de uva fresca. 
Hemos de tener presente que al utilizar la palabra vino para designar una mezcla, concretamente los vinos aromatizados, que contiene como máximo un 75 % de vino estamos aguando un poco este proceso natural, que la humanidad practica desde hace más de 5.500 años. 
Creo que tenemos que responder en este ámbito con designaciones claras. 
El consumidor, cuando adquiere y consume este producto, ha de reconocer con claridad que se trata de una mezcla. 
Ha de poder confiar en que no se le está ofreciendo una falsificación. 
Me sumo a la opinión de mi antecesor de que hemos de aprobar lo antes posible una organización común de mercado para el vino y de que hemos de encontrar una solución común. 
Creo que ésta es también una contribución importante para la confianza de los productores de vino y los consumidores, que tienen derecho a que en Europa se les sirva un buen producto. 
Señor Presidente, Suecia no es un país productor de vino, pero sí consume los vinos y otros tipos de bebidas de que trata el informe. 
El informe gira en torno a la definición, designación y presentación de los vinos aromatizados. 
La línea a que se ciñe es la del respeto por los métodos tradicionales y los productos tradicionales del modo como se los define en otros países miembros. 
Mi intervención en este debate se centra precisamente en el respeto por los distintos patrones de consumo y de producción de los países miembros y por su política tradicional en materia de bebidas alcohólicas, ya que ambas cosas se complementan. 
Todo esto no es igual en el sur que en el norte de Europa. 
Si Suecia y otros países del norte respetan los métodos tradicionales de producción y definición de la zona vinícola, también se debería respetar nuestra política social relativa al alcohol y nuestra normativa más rigurosa tanto para la producción e importación como para el consumo y la venta de bebidas alcohólicas. 
No creo que menoscabe el informe el hecho de que solicitemos un respeto por nuestra normativa más estricta en cuanto a la importación, que se basa en cuotas sobre las cantidades importadas, así como en cuanto a nuestras normas más duras en cuanto a la venta de vino, bebidas aromatizadas a base de vino y otros tipos de alcohol, así como en cuanto a la posibilidad de comercializar el alcohol a través de unos establecimientos especiales como los que tenemos en Suecia bajo el llamado Systembolag. 
Yo considero natural que se respete la producción vinícola y agrícola de otros países miembros, a condición de que estos últimos también respeten las condiciones en materia de política de salud, de producción y de consumo que tenemos en Suecia, entre otras cosas manteniendo las normas de excepción para la importación de vino y alcohol que tenemos actualmente. 
Esperamos que estas normas sigan siendo válidas en el futuro. 
La mía ha sido, señor Presidente, una pequeña advertencia a la Comisión y al Consejo, y espero que tomen nota de las distintas normativas en cuanto a la producción y los distintos patrones de política en torno a la salud que existen en Europa y entre los países miembros de la UE, y que con ello permitan que este informe sea un informe de principio para las decisiones tradicionales que se adopten sobre normas de producción y de consumo de alcohol que deban aplicarse también a un país como Suecia. 
Señor Presidente, Señorías, como ustedes recordarán, al considerar en primera lectura la propuesta de hoy pude aceptar todas las enmiendas presentadas. 
Seguramente, también saben que todas ellas han sido recogidas en la posición común del Consejo de 29 de abril de 1996. 
Por eso me alegra poder constatar hoy que también estamos de acuerdo en la segunda lectura. 
La posición común del Consejo contiene pocos aspectos nuevos y aporta sólo modificaciones en la redacción. 
La conformidad de la Comisión con respecto a la posición común se comunicó al Parlamento el 23 de mayo. 
Me alegra contar para la segunda lectura con la inalterada recomendación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de su ponente, el Sr. Martin, lo que debe permitir que el Consejo acepte sin demora la propuesta. 
Para finalizar, agradezco ante todo al Sr. Martin, pero también a la comisión, el trabajo realizado, que ha permitido encontrar una solución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Asistencia en tierra en los aeropuertos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0229/96) de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común aprobada por el Consejo (C4-0220/96-94/0325 (SYN) ) con vistas a la adopción de una directiva del Consejo relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad (Ponente: Sr. Seal). 
Señor Presidente, como ha dicho el ponente, este asunto de los servicios de asistencia en tierra ha sido una epopeya interminable que, de hecho, iniciaron las propias líneas aéreas. 
Cuando el comité de expertos hizo su informe, sólo fue un informe por mayoría. Faltó en él la unanimidad. 
Me hago cargo de la dificultad para el Comisario, porque es un tema que ha heredado más que instigado, pero he de apoyar la opinión del ponente de que hay algo que falla profundamente en la posición que ha aprobado el Consejo de Ministros. 
El PSE no pone objeciones a que exista competencia en los aeropuertos en el área de la asistencia en tierra, ni se opone a la liberalización sólo porque sí. 
Pero creemos que donde hay liberalización hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta. 
En este área concreta de la asistencia en tierra, al decidir sobre cualquier legislación debe darse la máxima importancia a los aeropuertos de las zonas periféricas, los aeropuertos con tráfico estacional y las consecuencias sociales para los puestos de trabajo y las condiciones de los servicios y de la seguridad. 
El Parlamento reconoció estos problemas en la primera lectura y enmendó la propuesta en consonancia, sobre todo en el ámbito de la protección social. 
Sin embargo, el Consejo prefirió pasar por alto la opinión del Parlamento y acordó una posición común que es inaceptable y que le pasa como a la comida del perro: es muy difícil encontrar a alguien a quien verdaderamente le guste o que esté de acuerdo con ella, con la excepción del grupo de enfrente. 
Incluso algunos Estados miembros, a quienes pertenece la posición común, han tenido el valor de acercarse a los diputados por ver si podían deslizar enmiendas para mejorarla. 
¿Qué tenemos entonces con esta posición común? 
Tenemos algo que no agrada a los aeropuertos; tenemos algo, como ha mencionado el ponente, que no agrada a las líneas aéreas- y no olvidemos que son ellas las que iniciaron todo el proceso -; tenemos algo que no agrada a los servicios de reabastecimiento de combustible y a los servicios de asistencia en tierra; tenemos algo que no agrada a los sindicatos y tenemos algo que no agrada a algunos Estados miembros. 
En estas circunstancias, es obligado plantearse una pregunta: si hay tanta gente a la que no agrada esta posición común en concreto sobre asistencia en tierra, ¿por qué, como partido, tendríamos que votarla?. 
A mi grupo le parece que sólo está abierta una vía posible de actuación, que es la del rechazo. 
Recuerdo que, siendo profesor, si un niño hacía un trabajo que estaba mal de arriba a abajo, que era inadecuado o que no se correspondía con lo que tenía que hacer, se le intentaba ayudar y se le ayudaba, pero al final se ponía «Empieza otra vez e intenta responder a la pregunta». 
Estas son palabras, en mi opinión, que deberían ponerse al final de la posición común del Consejo. 
Mi grupo apoya la recomendación de rechazo que ha presentado la Comisión de Transportes y Turismo a través de su ponente. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, creo que esta vez debe usted hablar con sus laboristas británicos. 
Sólo puedo constatar que, en consonancia con los esfuerzos unánimes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, la posición común del Consejo propone una apertura prudente, en algunos casos limitada, del acceso al mercado de la asistencia en tierra en los aeropuertos. Concretamente, en lo que respecta a la autoasistencia a partir de 1998, y en lo que respecta a la asistencia por terceros a partir de 1999 (esta última con disposiciones transitorias hasta el año 2002). 
Brian y Barry, no puedo entenderos. 
Por supuesto que me he encontrado con el mismo problema: los aeropuertos no estaban muy satisfechos y las compañías aéreas tampoco. 
Pero todos han dicho que es mejor contar con una regulación que carecer de ella. 
Por eso sólo puedo decir que la realidad se os escapa. 
Si no hubiera ninguna directiva común, tanto los aeropuertos como las compañías aéreas quedarían en cierta medida a la merced de mi amigo van Miert y de sus colaboradores, ya que no existirían más que demandas individuales según los artículos 85 y 86. 
Por esta razón apoyo la solicitud que hace el Comisario Kinnock de una normativa legal básica para que los aeropuertos y las compañías aéreas puedan ajustarse a ella teniendo una idea de cuáles van a ser las disposiciones jurídicas de los próximos años y para que puedan planificar con seguridad. Y lo mismo vale para los trabajadores, querido Brian, querido Barry. 
Los cristianodemócratas apoyamos la liberalización de la asistencia en tierra. 
Señor Comisario, quizá pueda usted organizar otro seminario restringido para sus diputados laboristas. 
Quisiera señalar que, a mi juicio, la liberalización que propone en este momento el Consejo es un compromiso equilibrado entre objetivos que en parte se complementan y en parte se excluyen. 
Entre otras cosas, se trata de aprovechar de forma efectiva la infraestructura del tráfico aéreo por la vía de la competencia y no de las estructuras monopolísticas, de conseguir una dirección eficaz y económica de las respectivas empresas de aeropuertos, en caso necesario (en esto soy de la misma opinión que el diputado de la Comisión de Asuntos Sociales, Thomas Mann, con condiciones sociales de adaptación pactadas. 
Se trata también de ofrecer posibilidades justas de acceso al mercado a nuevos servicios de asistencia en tierra y, sobre todo, de que las compañías aéreas tengan la posibilidad de elegir si quieren prestar ellas mismas tales servicios, si éstos siguen siendo prestados como hasta ahora por los aeropuertos o si son preferibles unos servicios independientes. 
En última instancia, se trata de alcanzar un alto nivel de seguridad en los aeropuertos y tengo la impresión, Barry y Brian, de que os olvidáis de que está en juego el mejor servicio para los usuarios. Los aeropuertos no son para las compañías aéreas, sino para los usuarios. 
Y por ello hemos de esforzarnos en conseguir una liberalización razonable. 
Por descontado que hay una serie de puntos con los que no estamos enteramente satisfechos. Espero que la Comisión acepte nuestras enmiendas en la votación de mañana. 
Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Económicos pide que en las circunstancias excepcionales del artículo 9 se incluya preventivamente un elemento discrecional separado, que las empresas de los aeropuertos puedan probar y así lo hagan que la ampliación del aeropuerto no es posible por motivos pertinentes, objetivos y transparentes. 
En mi opinión, las grandes compañías aéreas no pueden ser objeto de discriminación al elegir a los prestadores del servicio; han de gozar también de oportunidades justas de acceder al mercado. 
Además, y en esto soy de tu misma opinión, Barry, se ha de dejar claro que la directiva de liberalización no puede conducir a nuevas restricciones del mercado ni ser utilizada en contra de los contratos existentes. 
Señoras y señores, Señorías, señor Comisario, señor Presidente, creo que estamos ante un compromiso en cierta medida equilibrado. Cuando todos tienen algo que objetar y ninguno está insatisfecho, es signo de que estamos ante un buen compromiso y de que hemos de aprobarlo. 
Señor Presidente, Señorías, mañana, al adoptar con las enmiendas la posición común propuesta por el Consejo, o rechazándola, nuestro Parlamento tendrá la elección entre asumir sus responsabilidades políticas o, una vez más, descreditarse. 
Lo que pone en juego esta propuesta de directiva sobre la asistencia en tierra es importante. 
Todos estamos de acuerdo en que el texto de esta posición común es poco satisfactorio, ya que compartimos la misma preocupación por garantizar la mayor seguridad posible y el mejor servicio, respetando al mismo tiempo los imperativos sociales. 
Yo mismo propuse, en primera lectura, un determinado número de enmiendas que expresaban estas preocupaciones y lamento, como todos mis compañeros, que el Consejo haya aceptado un número tan reducido de estas enmiendas, sin embargo, fundamentales, que habíamos adoptado. 
La opción ante la que nos vemos confrontados es simple. 
Primera opción, adoptamos una propuesta de principio, es decir que hacemos notar el descontento del Parlamento rechazando la posición común. 
En ese caso, es preciso medir las consecuencias de nuestros actos. 
Si no hay unanimidad en el Consejo, será preciso recomenzar todo el proceso desde el principio, lo que tomará varios meses, incluso varios años. 
Habrá, como consecuencia, un vacío jurídico. 
Bien lo saben ustedes, Señorías, la naturaleza tiene horror del vacío. 
Como consecuencia, asistiremos a múltiples contenciosos jurídicos largos y complejos. 
Tampoco olvidemos que en la ausencia de directiva, la Comisión Ejecutiva recuperaría toda la libertad de juicio y reglamentación en virtud del apartado 3 del artículo 90 de los Tratados. 
Es preciso pesar todas las consecuencias. 
Segunda opción, enmendamos la posición común. 
El Parlamento demostrará con ello un espíritu crítico constructivo defendiendo los puntos esenciales insuficientemente tomados en cuenta en la posición común. 
Por mi parte, prefiero esta segunda opción. 
Por ello, votaré contra el rechazo de la posición común y en favor de las enmiendas pidiendo una mayor seguridad, una mejor calidad del servicio y la preservación del imperativo social. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Comisión. 
En sí está claro: cuando nadie está satisfecho, está claro, entonces se alcanza un compromiso del cual se podría decir que satisface a todo el mundo, pero que no satisface a nadie. 
Se ha presentado un gran número de enmiendas. 
En sí es significativo e implica que, si se decide por mayoría de un voto en la comisión rechazar la posición común, de hecho se lucha desde una posición perdida. 
Me parece una tarea sumamente peligrosa con respecto a la dignidad y la posición del Parlamento. 
Mi Grupo no apoyará de ningún modo este rechazo y tampoco lo ha hecho en la comisión. 
El Grupo del Sr. Donnay no lo hará, el Grupo del Sr. Jarzembowski tampoco lo hará, y esto significa simplemente que no habrá rechazo. 
Ello no implica que el actual compromiso sea ejemplar, y quisiera que el Comisario me dijera, ahora que ha oído sobre todo desde la izquierda y también desde la derecha todas las objeciones presentadas, las objeciones desde el terreno, si está dispuesto a reconsiderar la cuestión para mejorarla, pues pienso también- y el Comisario lo sabe- que en realidad los ministros tampoco estaban satisfechos. 
Por consiguiente, apelo al derecho de iniciativa de la Comisión y quiero recomendar al Parlamento que, sea como fuere, no rechace la posición común, pues más vale algo que nada. 
Señor Presidente, la directiva sobre la asistencia en tierra en los aeropuertos, propuesta en segunda lectura, no toma en cuenta las principales enmiendas adoptadas en primera lectura por el Parlamento Europeo. 
Esta directiva está destinada a desregular este sector de actividad para librarlo a la libre competencia. 
Con ello se abrirían las actividades aeroportuarias a agentes externos, a los que no se les pide ninguna garantía. 
Algunas compañías estadounidenses, esencialmente motivadas por la contabilidad financiera, multiplican las presiones en todas las instancias en favor de la adopción de esta directiva. 
Tuve la ocasión, durante nuestro debate de noviembre de 1995, de hacer hincapié en la gravedad de las consecuencias económicas y sociales de esta directiva, consecuencias que de ninguna manera fueron evaluadas por la Comisión y que tratan sobre el empleo, la flexibilidad, una mayor precariedad del empleo, la puesta en tela de juicio del servicio público, el desmantelamiento de los estatutos del personal, el desarrollo de la subcontratación y el estímulo del dumping social. 
Inaceptables desde el punto de vista social, esas consecuencias no pueden dejar de tener repercusiones sobre ese aspecto esencial del transporte aéreo: la seguridad. 
La posición común adoptada por el Consejo tampoco tuvo en cuenta los análisis y las propuestas de las organizaciones sindicales, que en este caso se constituyeron en un frente unido. 
¡Qué desprecio ante las aspiraciones de los ciudadanos y las reglas más elementales de la democracia! 
¡Esta es la cara oculta de tantos discursos sobre la Europa social! 
La Comisión de Transportes y Turismo se pronunció- me felicito por ello, ya que contribuimos con ella- en favor del rechazo por el Parlamento de la posición común del Consejo. 
Este rechazo debe confirmarse en el Pleno, para enviar una señal clara al Consejo y a la Comisión: » su proyecto es inaceptable, es preciso modificarlo profundamente». 
Primeramente, todo proyecto nuevo debe elaborarse tomando en cuenta la opinión de los sindicatos. 
Debe proceder a la evaluación del coste y de las consecuencias sociales de la aplicación de la directiva, tal como la Comisión se comprometió a hacerlo ante nuestra Asamblea. 
Han de incluirse medios eficaces de lucha contra la competencia desleal y contra el dumping social en este proyecto, así como el respeto de las misiones de servicio público, la mejora de la seguridad y la garantía de las conquistas sociales. 
Por tanto, el Parlamento se honraría rechazando esta directiva negativa y favoreciendo la elaboración de un proyecto que responda a los intereses comunes de los usuarios, que quieren transportes aéreos seguros y fiables en todos los ámbitos, y del personal, que rechaza legítimamente la deterioración de sus condiciones de trabajo y de vida, ¡en el umbral del siglo XXI! 
Señor Presidente, Señorías, el informe Seal refleja una vez más el interés de este Parlamento por las cuestiones de transporte. 
La votación, en la última reunión de la Comisión de Transportes y Turismo, vino a confirmarlo. 
Todos los Grupos políticos movieron sus peones, sus ejércitos, tanto de diputados como de funcionarios, en un lobby inusual. 
En aquella ocasión defendimos, en el Grupo ARE, la abstención porque creíamos que era muy fuerte y duro, en términos políticos, rechazar la posición común del Consejo sin haber votado las enmiendas presentadas por los distintos Grupos. 
Hoy, el Grupo ARE ha debatido este informe y ha llegado a las siguientes conclusiones: 
En primer lugar, lamentar que una serie de enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, especialmente las de mayor contenido social, no hayan sido aceptadas por el Consejo, por lo que denunciamos su actitud rodeada de cierta insensibilidad social, quizás derivada, a su vez, de un excesivo afán liberalizador al tratar del paquete de medidas en el sector del transporte aéreo. 
En segundo lugar, habríamos preferido apoyar la posición común, siempre y cuando hubiese incorporado nuestras dos enmiendas referidas a los artículos 4 y 5, que tratan respectivamente de la separación de cuentas en la gestión de los aeropuertos y del comité de usuarios de los mismos. 
Ante esta situación tan radical, no queda más remedio que anunciar nuestro rechazo a la posición común del Consejo. 
Sin embargo, quedamos a la espera de los acontecimientos políticos que pudieran suceder de aquí a la hora de la votación. 
Señor Presidente, consideramos que la posición común del Consejo no es en absoluto ideal. 
Pero esto no es para nosotros razón suficiente para rechazarla, como aconseja el ponente, el Sr. Seal, en nombre de una mayoría de la Comisión de Transportes. 
La actual situación con relación con la asistencia en tierra no responde a las exigencias del mercado interior y no permite a las compañías aéreas recibir unos servicios que satisfagan sus necesidades a cambio de un precio razonable. 
Si se rechaza la posición común, esta situación indeseable perdurará. 
En las querellas entre los aeropuertos y las compañías aéreas, el juez tendrá que pronunciarse en cada caso, lo cual supondrá una falta de coherencia y la ausencia de una línea de conducta clara. 
La posición común incluye varias deficiencias. Me refiero concretamente a la posibilidad de que las compañías aéreas queden completamente excluidas del mercado de la asistencia en tierra. 
Pero también hay diversos elementos en los que el Consejo ha satisfecho al Parlamento, como la protección de los derechos de los trabajadores y la liberalización muy cautelosa, además, con algunas medidas de excepción. 
La posición común puede mejorarse aún más aprobando algunas enmiendas. Sólo quien no quiera que se produzcan cambios tiene razones para rechazar la posición común. 
Señor Presidente, la posición común aprobada por el Consejo y referente al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad corre el riesgo de no ser aceptada. 
El Sr. Seal hizo bien en intentar que se entendiera que dicha posición no había agradado a nadie, a pesar de la importancia que reviste la problemática por el interés de algunos de sus aspectos. No agradó a varias comisiones, en primer lugar, a la Comisión de Transportes, competente para el fondo, y a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, competentes para opinión. 
En cierto modo coincido con el Sr. Seal. 
La posición común de la Comisión no es aceptable para la Comisión de Transportes y Turismo que llevó a cabo un buen trabajo, mientras que el Consejo no prestó suficiente atención a los deseos del Parlamento Europeo. 
En efecto, el Parlamento Europeo intentó mejorar la propuesta de directiva presentando un gran número de enmiendas que, sin embargo, no fueron acogidas por el Consejo en su mayor parte. 
La Comisión debe tener debidamente en cuenta la función de las líneas aéreas en los servicios de asistencia en tierra y reconocer al Parlamento Europeo la atención demostrada en materia de problemas sociales que tienen que ser objeto de defensa, sobre todo por lo que se refiere a los servicios de asistencia. 
La posición común que es totalmente inaceptable, debe ser modificada y deben ser acogidas algunas enmiendas. Por consiguiente, el Parlamento deberá manifestarse en lo referente a algunos aspectos en sesión plenaria. 
Señor Presidente, Señorías, una vez más comprobamos cómo, so pretexto de una liberalización completa y global presuntamente necesaria, se ponen en cuestión estructuras sociales y económicas importantes en aeropuertos que funcionan de manera excelente. Y todo ello en detrimento de los trabajadores y también de las empresas. 
Además, hay que añadir varios elementos negativos por lo que respecta al procedimiento. 
Que el Consejo no esté dispuesto ni siquiera a debatir informalmente las mejoras que el Parlamento ha pedido por abrumadora mayoría constituye una desconsideración hacia éste ante la que sólo cabe constatar impotencia. 
La gran mayoría de las enmiendas presentadas por nosotros no ha sido aceptada y la misma suerte correrán seguramente las demás enmiendas si nuestra propuesta de rechazar la posición común no cuenta con la mayoría necesaria. 
Se han producido mejoras y progresos en relación con la insuficiente propuesta inicial de la Comisión, pero siguen faltando elementos importantes. 
Se ha desatendido casi completamente el componente social pedido por el Parlamento y lo mismo ha sucedido con las enmiendas que se orientaban más bien a hacer factible la directiva. 
Por ello, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos pide que se limite el número de operadores en una o varias categorías de servicios de asistencia en tierra en todos los aeropuertos o en parte de ellos, y que se aseguren a los aeropuertos la rentabilidad suficiente, la amortización de las inversiones necesarias y la fijación de unos planes de inversión cuando motivos pertinentes, objetivos y transparentes así lo requieran. 
Los aeropuertos han de poder dirigir también la administración técnica y operativa de la infraestructura. 
Pedimos, además, que se cree un Comité de Usuarios que cuente con representación de los trabajadores y pedimos asimismo una ampliación de la posición común que desarrolle el concepto profesional de asistente de avión para contribuir así a la cualificación y a la seguridad. 
Por último, pedimos que se apoye a las organizaciones de trabajadores en su labor en pro de la seguridad laboral y social y de los niveles de participación en las transformaciones estructurales. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos rechaza de plano, como ya se vio con claridad en la Comisión de Transportes y Turismo, el reproche de que los sindicatos han hecho trampas. Apoya la posición de los sindicatos porque la realidad y la evolución actual les dan la razón y confirman la posición adoptada por nosotros. 
Se crean filiales, se reducen los sueldos y los salarios, se modifican a la baja los niveles sociales, el trabajo a tiempo parcial sustituye ya a relaciones laborales acreditadas durante décadas. 
Nosotros, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, no queremos esta realidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la competencia es un elemento irrenunciable de nuestra economía social de mercado. 
¿Quién se opone a la liberalización de la competencia? 
¿Quién estaría a favor de que se desborde el poder del mercado? 
Ahora bien, lo que se acepta en el plano de los principios debe concordar también en los detalles. Las condiciones de la competencia han de ser justas. 
No se puede aceptar el dumping en los precios o en las condiciones. 
Se han de definir claramente los criterios de los ofertantes y de sus servicios. 
En el caso de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad, se debe tener en cuenta lo siguiente. 
En primer lugar, la situación de los propios aeropuertos, con las diferencias existentes en lo que respecta a su capacidad espacial, pues muchos de ellos no se pueden ampliar por motivos de espacio o medioambientales. En segundo lugar, la garantía de calidad de la asistencia, en beneficio, precisamente, de los viajeros y de las compañías aéreas. 
Y en tercer lugar, las capacidades de los ofertantes. No todos están en disposición de garantizar la necesaria seguridad técnica, laboral y empresarial y de cumplir con los elevados requisitos medioambientales. 
La posición común del Consejo ha aceptado sólo una parte de las propuestas del Parlamento, entre ellas la confirmación expresa de que los Estados miembros garantizarán un nivel elevado de protección social. 
Se ha de considerar el derecho de los trabajadores a la formación y a la seguridad. 
La posición común también contiene la limitación de la autoasistencia en los aeropuertos por motivos de espacio o capacidad. 
Sin embargo, no incluye una garantía equilibrada de los intereses del consumidor, es decir, del pasajero del avión y de los trabajadores del aeropuerto. 
Pero todavía hay más cuestiones que han de incluirse en la posición común. 
Primero. Si tiene lugar una reconversión, se ha de dar prioridad al empleo existente y a la protección social de los trabajadores. 
Segundo. Como garantía de calidad, que es un elemento esencial de la productividad laboral europea, hay que perseguir el nivel más alto de formación según la norma ISO 9000. 
Que no haya ningún error en la asistencia, que la precisión sea la regla y no la excepción redunda en beneficio del pasajero. 
Un asistente de avión acreditado colabora de modo fundamental al mantenimiento de las normas de seguridad más estrictas. 
Tercero. La definición de autoasistente ha de ser clara. 
Cuando la sociedad matriz y la filial se dedican exclusivamente a asistirse entre ellas, hay que preguntarse seriamente si con ello se garantiza la competencia. 
Cuarto. Deben formar parte del Comité de Usuarios previsto representantes de las empresas de viajes y de los trabajadores del aeropuerto, para que puedan representar los intereses de los trabajadores. 
El presidente del Comité debe ser independiente de los usuarios y del aeropuerto, para garantizar la neutralidad del mismo. 
Insto a la Comisión a hacer suyos estos puntos. 
Si mañana nos apoya en estas enmiendas y en otras más, el rechazo de la posición común no tendrá ningún argumento. 
Hemos aproximado nuestras posturas. 
Den ustedes ahora el paso decisivo. 
Señor Presidente, quiero manifestar que, en mi opinión, el ponente, el Sr. Seal, ha realizado un excelente trabajo, no sólo por la manera de enfocar el tema, sino también por su propuesta de rechazar la posición común del Consejo. 
Creo que, si en estas condiciones, no rechazamos la posición común, seguimos adelante y «nos sometemos» a ella cuando ninguno de nosotros la considera satisfactoria, entonces puede decirse que el Parlamento renuncia a sus funciones y se pone en ridículo ante el Consejo. 
No es de recibo el argumento de «aceptémosla porque es menos mala que la situación actual». 
Para eso sería mejor que cada uno de nosotros se quedara en su país tomando el sol. 
Por lo tanto, yo también quiero apoyar el rechazo de la posición común del Consejo y decir que esto no va ni en contra de la competencia ni de la liberalización, ni en favor de los monopolios ni del anacrónico «status quo» que existe actualmente en muchísimos aeropuertos. 
Considero que deben darse las condiciones que muchas de sus señorías han mencionado y que guardan relación con la seguridad, la calidad de los servicios, el carácter regional de muchos aeropuertos y los derechos sociales de los trabajadores. 
Señor Presidente, si se aprueba la posición común en su forma actual, las compañías aéreas serán objeto de una seria discriminación en su base nacional de operaciones. 
La directiva autoriza desde el principio a cualquier empresa de aeropuertos a prestar servicios de asistencia en tierra sin restricciones y sin limitación temporal sin tener que someterse, como las compañías aéreas, a un proceso de selección. 
Desde una perspectiva económica, no hay ninguna justificación para que se trate mejor a una empresa aeroportuaria que a una compañía aérea que utiliza ese aeropuerto como base nacional de operaciones. 
Esa compañía aérea dispone en su base nacional de operaciones de las instalaciones necesarias y del personal cualificado. 
Se debe permitir en cualquier caso que la misma pueda emplear a su personal, pero también que pueda utilizar de manera óptima todas las instalaciones, ya que en su aeropuerto puede ofrecer un paquete completo de servicios de asistencia por terceros y de autoasistencia. 
El Consejo no puede pretender la destrucción de los puestos de trabajo existentes en las compañías aéreas y de los que éstas puedan crear en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, estamos hoy ante un informe que nos preocupa mucho desde hace meses. 
Por eso quisiera subrayar una vez más que nuestro objetivo prioritario es, y tiene que seguir siéndolo, el mantenimiento de los aeropuertos como entidades económicas independientes. 
Por eso hemos impuesto en dos lecturas condiciones estrictas a los autoasistentes. 
Sólo así se pueden mantener las posibilidades de inversión de los aeropuertos y sólo así se puede proteger la asistencia en los aeropuertos frente a la posición de dominio de mercado de las compañías aéreas nacionales. 
Además, también es imprescindible, en mi opinión, que los trabajadores estén representados en el Comité de Usuarios. 
Los interlocutores sociales deben ser tenidos en cuenta en cualquier caso al tomar decisiones tan importantes. 
Unos niveles de formación y de seguridad armonizados beneficiarían a todos, compañías aéreas, pasajeros y trabajadores. 
Sucede pocas veces que una posición común sea rechazada en la comisión competente. 
Las diversas posiciones adoptadas por todos los Grupos, sin embargo, nos han confirmado en nuestras decisiones. 
Tiene que estar claro para todos: el Consejo y la Comisión han fracasado en su intento de encontrar una solución de compromiso equilibrada entre los intereses de las compañías aéreas, de los aeropuertos y de los trabajadores. 
Si el Sr. Comisario no nos garantiza hoy su apoyo a nuestras enmiendas, al Parlamento no le queda más solución que el rechazo. 
El Consejo debe darse de una vez por todas por enterado de que nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y de que a todo el mundo le consta que las consideraciones del Parlamento han sido en gran medida recibidas con aprobación por los afectados. 
Señor Presidente, acojo con agrado la propuesta de la Comisión que intenta introducir un grado de liberalización y competencia en los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos a partir de 1998. 
Lamentablemente, la posición común debilita toda la base de la propuesta de la Comisión, retrasando gravemente la introducción de la liberalización y la competencia. 
Quisiera hacer constar la situación que existe hoy en día en el Reino Unido, donde hay liberalización y competencia en los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos y donde se permite que las líneas aéreas se encarguen ellas mismas de dichos servicios. 
¿Por qué no permitir que los viajeros británicos tengan el mismo nivel de servicios del que se dispone actualmente en el Reino Unido cuando viajan a Francia, Alemania, Italia, Grecia o España? 
Yo mismo me encuentro en una posición sumamente incómoda, ya que, a pesar de todo el trabajo efectuado por la Comisión, por la Comisión de Transportes y Turismo (sobre todo nuestro ponente, el Sr. Seal) y por las líneas aéreas, los aeropuertos y todas las partes interesadas, la posición común fracasa rotundamente en conseguir los objetivos de la propuesta inicial de la Comisión. 
Personalmente, me temo que con los artículos 85 y 86 del Tratado se avanzaría más en el propósito de abrir a la competencia los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos europeos, venciendo a los monopolios nacionales y terminando con la posición privilegiada y protegida de que gozan muchas compañías aéreas europeas. 
Quiero lo mejor para los viajeros europeos, un excelente servicio a un precio razonable. 
Actualmente, los viajeros reciben un mal servicio por un precio elevado. 
Debemos dar a los viajeros posibilidades de elección e introducir la competencia. 
Quiero que todos y cada uno de nosotros nos levantemos, hagamos peso y votemos a favor de la competencia, de la libre elección y de precios más reducidos. 
Señor Presidente, doy mi apoyo a la propuesta de la Comisión de Transportes de rechazar la posición común y quiero felicitar por ello al Sr. Seal. 
Parece que la posición común del Consejo no puede resolver ninguno de los problemas que ha provocado en la industria aeronáutica europea la política de total liberalización de los transportes. 
Esta política se lleva a cabo de forma peligrosa y afecta también a los aeropuertos europeos. 
El Consejo ha venido rechazando con aire de provocación las propuestas y enmiendas del Parlamento Europeo. 
Ha desoído las consecuencias sobre la calidad de los servicios, pero también sobre la seguridad del transporte aéreo. 
Ha desoído las consecuencias sociales y las propuestas en las que se pedía la participación de representantes de los trabajadores en la comisión de usuarios de los transportes. 
Por último, ha desoído los intereses particulares de las empresas de transporte aéreo que cubren más del 25 % del movimiento de un aeropuerto, y los convenios especiales que afectan a los aeropuertos insulares. 
Como consecuencia de lo anterior, creo que la obligación del Parlamento Europeo es votar en contra de la posición común. 
Señor Presidente, las propuestas del Consejo por las que se liberalizan los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos podrían tener de hecho consecuencias muy graves para los puestos de trabajo y la seguridad del aeropuerto de mi propia circunscripción electoral, Dublín, y, claro está, en otros grandes aeropuertos de toda Europa, como han mencionado otros oradores. 
Aunque, al igual que la Srta. McIntosh, en principio doy la bienvenida a una mayor competencia, las propuestas que presenta actualmente el Consejo están mal pensadas y mal estudiadas. 
Supondrían miles de puestos de trabajo perdidos en toda Europa en los servicios de reabastecimiento de combustible para los aviones, mantenimiento, limpieza, atención a los pasajeros y facturación de equipajes. 
Darían lugar asimismo a un grave deterioro de los niveles de seguridad, una cuestión que nos debe preocupar mucho a todos. 
Las sugerencias del Consejo han sido rechazadas por todos los directamente implicados en la actividad- en particular, por las líneas aéreas y los sindicatos- y ello debe decirnos algo. 
Aer Lingus calcula que peligrarían directamente 200 puestos de trabajo si se le obliga a salir de los servicios de asistencia en tierra, mientras que el principal y representativo Consejo de Sindicatos del Aeropuerto de Dublín prevé un descenso en picado de la seguridad. Lamento realmente la forma en que el Consejo ha rechazado debatir el tema como es debido con el Parlamento. 
Se ha negado a aceptar ninguna de nuestras sugerencias para proteger los puestos de trabajo y garantizar que mejoren los niveles de seguridad. El Consejo ha rehusado incluso debatir el tema de manera informal con la Comisión de Transportes y Turismo. 
Estoy segura de que el Sr. Seal y sus colegas han tomado nota de esta postura. 
Voy a instar a los diputados a que voten en contra de la posición común del Consejo y confío en que logremos conseguir el número de votos necesario. 
Señor Presidente, la cuestión de la liberalización en cuanto al acceso al mercado de asistencia en tierra de los aeropuertos de la Unión se parece a la mayor parte de las propuestas de liberalización debatidas en el Parlamento Europeo en los últimos tiempos. 
Una y otra vez, socialistas y otros diputados del flanco izquierdo se han opuesto y han intentado detener el desarrollo hacia unos rasgos más característicos de la economía de mercado en los sectores que se han sometido a debate. 
La liberalización de los servicios postales es un ejemplo, la asistencia en tierra de los aeropuertos otro. 
Parece como si los socialistas, los Verdes y otros diputados tuvieran la intención de mantenernos en una sociedad llena de reglamentos y de normas obsoletas, una sociedad donde no se fomenta la libre iniciativa y donde el Estado regula el acceso a los diversos mercados. 
En mi opinión, el partido laborista de la Gran Bretaña al que pertenece Barry Seals ha intentado hasta la fecha borrar esta imagen y llevar en su lugar una política más moderna y de liberalización de mercados. 
Éste no es el caso actualmente, lo cual es claramente lamentable. 
Los esfuerzos de la Comisión por crear más competencia en los aeropuertos de la Unión son encomiables y excelentes. 
El aumento de los participantes en el mercado incrementa la competencia y da como resultado unos precios más bajos. 
Los que salen beneficiados son la industria aeronáutica y en último término los viajeros. 
Incluso las empresas que se ven afectadas por la competencia salen ganando a la larga porque se las obliga a desarrollar y mejorar sus actividades. 
Evidentemente, existen sectores y ámbitos donde resulta difícil abrir el mercado, especialmente allí donde los servicios requieren una infraestructura especial, por ejemplo, la facturación de equipajes y el suministro de combustible. 
A pesar de esto es mi opinión que, mediante un tratamiento positivo de la posición común del Consejo, cabe dar muestras de nuestra voluntad de llevar a feliz término las intenciones de la Comisión. 
Creo que una liberalización gradual del tipo que aquí se propone es sumamente positiva. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar debo decir que la posición común del Consejo es con seguridad mejor que la propuesta de la Comisión. 
El Consejo ha perfeccionado sus propuestas y todas las recomendaciones de la Comisión, y también debo decir que determinadas disposiciones aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura han sido bien acogidas por el Consejo. 
Sin embargo, ahora también tendré que preguntar lo siguiente: si la posición común es rechazada, ¿cuál será la situación dominante? 
Parece que los diputados del otro grupo político no han pensado en ello, quizá porque tienen la sensación de que al final la posición común no será rechazada. 
Si es rechazada, nadie puede garantizar que la Comisión vuelva sobre el mismo tema o que el Consejo esté dispuesto a examinarlo de nuevo. 
La situación que tendremos será la siguiente: los servicios de tierra se regirán por las directivas generales sobre la competencia del Comisario Van Miert, y por lo tanto reinará en el transporte aéreo europeo la misma situación que se produjo en los Estados Unidos con la liberalización de los transportes aéreos durante la Presidencia de Ronald Reagan. 
Con los datos de que disponemos creo que debemos apoyar la posición común en su actual formulación, aunque mejorada de la mejor forma posible. 
Nuestros colegas de todos los grupos políticos ya han presentado enmiendas, y creo que si la Comisión las aprueba en su totalidad o parcialmente (y me estoy dirigiendo ahora al señor Kinnock) , esto simplificará mucho las cosas y constituirá un poderoso instrumento de presión sobre el Consejo para que admita las enmiendas que vamos a votar. 
Esto es cuanto quería decir y considero que tendremos que centrar nuestra atención en adoptar aquellas enmiendas que mejoren verdaderamente la posición común. 
Será una gran contribución a este esfuerzo si contamos con el Sr. Comisario como aliado y colaborador. 
Señor Presidente, constato que un gran número de enmiendas han sido presentadas por diferentes grupos, incluso grupos que preconizan un rechazo de la posición común. 
Para algunos diputados de este Parlamento, saber cuál es la postura de la Comisión frente a estas enmiendas podría tener importancia a la hora de determinar su voto con relación con la recomendación de rechazar la posición común. 
Por ello quiero preguntarle al Comisario si, antes de la votación, podemos recibir por escrito la posición de la Comisión sobre estas enmiendas. 
Señor Presidente, a lo largo de los años ha habido muchas ocasiones en las que he estado de acuerdo con el Sr. Seal y vuelvo a encontrarme en la misma situación, desde luego en lo que respecta a las observaciones que hizo justo al principio de su intervención de esta tarde. 
Hasta el jueves pasado, este debate estaba programado para mañana. 
Al igual que varios diputados de esta Asamblea, acepté, por consiguiente, importantes compromisos públicos. 
Sin embargo, los procedimientos de esta Asamblea significan, al parecer, que pueden cambiarse asuntos importantes con muy poco plazo. 
Por lo tanto, para poder asistir a este importante debate sobre asistencia en tierra en los aeropuertos tuve que cancelar mis compromisos el pasado viernes. 
Considero importante que el comisario de la cartera correspondiente esté presente en la Cámara para responder sobre los asuntos de los que es responsable. 
Este es el motivo por el que tuve que hacer cancelaciones. 
Decir que estaba enfurecido y avergonzado por tener que cometer tamaña descortesía con el gran número de personas a las que tuve que defraudar es quedarse muy corto. 
He de decir que, aunque no me preocupa en lo más mínimo la inconveniencia personal- ésta no importa en absoluto -, debo instar a las autoridades de la Cámara a que reformen los procedimientos tanto por el bien y el buen nombre del Parlamento como por respeto al gran público, algunos de cuyos componentes, por supuesto, deseaban poder asistir a este debate, habían arreglado las cosas para estar aquí mañana y les ha sido imposible modificarlo para venir hoy. 
Señor Presidente, tal como hemos oído esta tarde, la propuesta de la Comisión sobre asistencia en tierra ha mostrado ser controvertida, algo que no es de extrañar, y ello, por supuesto, queda demostrado por la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo de que la Asamblea rechace la posición común. 
Lo lamento. 
Me gusta estar de acuerdo con la comisión parlamentaria tan a menudo como puedo y desde luego entiendo las razones que justifican su punto de vista. 
No obstante, no puedo sino reconocer la realidad de que los servicios de asistencia en tierra de casi todos los aeropuertos de la Comunidad con frecuencia siguen siendo monopolio del aeropuerto o de la línea aérea dominante y esta situación no responde, desde luego, a los requisitos del mercado único. 
Ni puedo olvidar el hecho de que la Comisión, el Consejo y, claro está, esta Asamblea, llevan años insistiendo en la necesidad de ocuparse de la liberalización de la asistencia en tierra en la Comunidad. 
El principal objetivo de la propuesta, por lo tanto, es introducir unas normas básicas para garantizar que los transportistas aéreos cuenten con verdaderas posibilidades de elección entre suministradores a fin de poder obtener servicios que respondan a sus necesidades a un precio razonable. 
En un esfuerzo por garantizar que la liberalización se desarrolle con la mayor suavidad posible y que tenga en cuenta los intereses de todos los afectados, sobre todo los aeropuertos y los trabajadores, la propuesta se ha formulado de forma equilibrada. 
Así pues, al igual que en el sector de las líneas aéreas, estamos proponiendo unos planes que den a los afectados un período razonable de transición. 
Esta tarde hemos oído cómo algunas personas lo describían como «demasiado razonable» y «un período de tiempo demasiado largo» para la transición, pero si estamos haciendo esto es para evitar cambios abruptos que tengan grandes consecuencias sociales. 
La introducción gradual de la nueva organización de mercado y la posibilidad de conceder exenciones en casos excepcionales darán a los Estados miembros tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación. 
Algunos aeropuertos, obviamente, podrán cumplir las disposiciones más rápidamente que otros y en algunos servicios será más fácil que en otros poner los cambios en práctica. 
Por esta razón, la posición común adoptada por el Consejo prevé el pleno acceso al mercado y la libertad para ocuparse uno mismo de los servicios de asistencia en tierra en la parte terrestre del aeropuerto. 
Sin embargo, en la parte aérea, donde los servicios están claramente sujetos a mayores restricciones en cuanto a seguridad, protección, espacio y capacidad, será posible limitar el número de suministradores o de compañías aéreas que quieran ocuparse ellas mismas de los servicios. 
Por otro lado, en circunstancias específicas, el Estado miembro podrá conceder exenciones bajo la supervisión de la Comisión. 
La razón que alegan los Sres. Seal y Simpson y sus colegas para rechazar la posición común se refiere a la insatisfacción de los diversos afectados. 
Entiendo su punto de vista, ya que el cambio provocará siempre la oposición de grupos de interés que intentan defender su posición establecida, sean representantes de los trabajadores o en algunos casos de las líneas aéreas o, en algunos casos, de los aeropuertos o los suministradores. 
He de decir, sin embargo, que por su propia naturaleza esta propuesta no puede dar satisfacción absoluta a ningún grupo de afectados, ya que intenta tener en cuenta los problemas de cada uno. 
Desde luego, si fuera el profesor al que ha hecho referencia en una intervención el Sr. Simpson, debería tener en cuenta dos factores al puntuar el trabajo. 
En primer lugar, la necesidad de observar las normas de competencia de la Comunidad y, en segundo lugar, la diversidad de los intereses que intervienen en la asistencia en tierra. 
Si, como profesor, tuviera en cuenta estos dos aspectos espinosos e ineludibles, daría por lo menos un 8 al contenido, un 9 al esfuerzo y un 10 a la originalidad. 
El problema que aquí se ha planteado no es motivo de discordia entre las líneas aéreas y los aeropuertos, pese a los esfuerzos de algunas personas por utilizar el vocabulario del campo de batalla: el tema tiene que ver directamente con la aplicación de las normas del Tratado sobre actividades comerciales a los monopolios o a las situaciones cuasimonopolísticas, independientemente de que quien mantenga el monopolio sea el propio aeropuerto o la línea aérea que domine en el mismo. 
Tiene que ver además con la necesidad de garantizar que nuestras líneas aéreas, cuyo principal mercado es Europa, no se vean frenadas por desventajas competitivas frente a los Estados Unidos o a competidores del Lejano Oriente. 
La Comisión tiene el vivo deseo de garantizar que la apertura del mercado no tenga consecuencias negativas para el empleo. 
Por ello pretendíamos establecer una aplicación por fases que se adapte cuidadosamente a las circunstancias. 
También tenemos presente que en los casos en que se ha liberalizado la asistencia en tierra, desde varios puntos de vista la consecuencia ha sido un incremento de las oportunidades de empleo. 
A petición del Parlamento, la posición común incluye la posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas para garantizar un nivel mínimo de protección social y de respeto por la legislación social nacional. 
Podríamos aceptar asimismo que se añadieran algunas referencias que tengan en cuenta y defiendan los derechos sociales, especialmente en la cláusula de aprobación o en las normas y condiciones técnicas del procedimiento de selección. 
Es difícil, por supuesto, introducir normas especiales que ofrecieran excepciones por razones de protección social únicamente para el sector de la asistencia en tierra, o introducir enmiendas que limitarían la apertura del mercado reduciendo así el alcance de la directiva. 
Por otro lado, la Comisión no está en situación de modificar el ámbito de aplicación de la Directiva 77/187 sobre traspasos de empresas haciendo referencia a su aplicación en el texto relativo a la asistencia en tierra. 
Está claro que la Directiva 77/187 indudablemente será aplicable en muchas situaciones. 
Pero su aplicación en circunstancias concretas dependerá del modo en que éstas se adapten a los principios generales establecidos por el Tribunal de Justicia Europeo. 
En este contexto, deseo responder ante las enmiendas a la propuesta que han presentado diversos grupos de la Cámara. En primer lugar, la Comisión puede aceptar en parte las enmiendas núms. 
1, 8, 9 y 39 y las enmiendas núms. 27, 31, 34, 37, 38, 40, 42, 43 y 45 en su totalidad, ya que han sido aceptadas en primera lectura y contribuyen a mejorar el texto. 
En segundo lugar, la Comisión puede aceptar en principio, siempre que se hagan algunos cambios de redacción, las enmiendas núms. 7, 11, 15, 17, 20, 21, 30, 33 y 36. 
1, 8 y 39 ni ninguna de las enmiendas núms. 2, 3, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 35 y 44, bien porque no se corresponden con el ámbito de aplicación de la directiva o porque lo reducen demasiado. 
No podemos aceptar parte de las enmiendas núms. 9 y 39 ni ninguna de las enmiendas 4, 5, 10, 24 y 41, relativas a los umbrales, las fechas, la subsidiariedad y la comitología. 
Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones con los Estados miembros reunidos en el Consejo, y la Comisión ha de resistirse a reabrir cualquiera de los temas, ya que ello, con toda seguridad, desviaría y retrasaría el progreso en la legislación de forma muy negativa. 
Por último, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 6, 16 y 19, que se consideran inapropiadas en este contexto o son contrarias a la práctica comercial habitual. 
Respondiendo a la pregunta del Sr. Cornelissen, claro que puede obtener en forma resumida las explicaciones o razones de que las enmiendas se acepten o rechacen, y se pondrán a su disposición poco después del debate. 
En términos generales, la posición común- que, por cierto, fue adoptada por un Consejo de Ministros de Transporte, en el cual había ocho ministros socialistas- se corresponde con el enfoque equilibrado que todos hemos intentado adoptar sobre este tema de la liberalización de la asistencia en tierra. 
Por diversas razones, a veces opuestas, la mayoría de los aeropuertos y líneas aéreas ahora la y prefieren aceptar el texto propuesto antes que hallarse en un estado de continua incertidumbre. 
La directiva es necesaria para completar el proceso de liberalización en el sector del transporte aéreo. 
Para subrayarlo, llamo la atención sobre el hecho de que la Comisión ha recibido varias quejas a lo largo de los años acerca de los elevados precios y de la calidad de los servicios de asistencia en tierra en muchos aeropuertos en los que estos servicios son prestados en condiciones monopolísticas. 
Es, por tanto, necesario mejorar la situación con una medida amplia que garantice un grado mínimo de liberalización del mercado en todos los aeropuertos de la Comunidad en beneficio de los usuarios y pasajeros, dejando al mismo tiempo a los Estados miembros los medios para garantizar unos niveles suficientes de seguridad y protección, por supuesto, de respeto por los derechos de los trabajadores. 
La posición común cumple estos requisitos y yo, por ello, animo al Parlamento a que la apoye. 
Con esto concluye el debate. 
Velaré por que las observaciones que ha hecho sobre la programación de los asuntos sean consideradas por la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, me complace su última observación. Me sumo plenamente a la observación crítica del Comisario. 
Considero que lo sucedido es sumamente doloroso, sobre todo para las personas que intentan seguir nuestros debates. 
Yo mismo me enteré tan sólo el viernes. Nadie se tomó la molestia de informar a los presidentes de las comisiones implicadas. 
El viernes rogué al secretariado que llamara por teléfono al mayor número de implicados posible para evitar que vinieran mañana. 
Por favor, señor Presidente, espero que lo consulte y nos comunique el resultado de esta consulta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a la 20.09 horas) 
Aprobación del acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación?. 
Señora Presidenta, Señorías, anoche tuvo lugar un grave accidente de aviación en el aeropuerto de Eindhoven, a siete kilómetros de mi domicilio. 
En el accidente hubo que lamentar 32 muertos y 9 heridos. 
Muchos cientos de familias en Bélgica y los Países Bajos están de luto. 
En nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, y en nombre de los miembros neerlandeses y belgas del Parlamento Europeo, quiero rogarle, señora Presidenta, que transmita el pésame del Parlamento Europeo a las familias de los heridos y de las víctimas mortales. 
Hoy examinaré con el Sr. Kinnock la posibilidad de que la Comisión Europea participe en la investigación de las causas del accidente, pues es sumamente importante que extraigamos las lecciones necesarias de estos trágicos accidentes. 
Señor Cornelissen, estoy segura de que esta Asamblea suscribe sus palabras de simpatía y de pésame. 
Señora Presidenta, yo tengo una pregunta en relación con el orden de los trabajos de ayer. 
Éste se aprobó conjuntamente con la aprobación definitiva del orden del día. 
Lo que yo debo plantear ahora es cómo es posible que se adelante un día el examen de un informe, concretamente el relativo a los servicios de asistencia en tierra. 
Es admisible esperar que nosotros, en nuestra calidad de eurodiputados, estemos en disposición de dedicar una hora y media a desarrollar un debate. 
Pero qué ocurrirá en el caso de las ciudadanas y ciudadanos que han cogido el avión esta mañana temprano para seguir en directo el debate esta tarde, cuando se tratase el tema de los servicios de asistencia en tierra, y que han reservado un hotel para pasar aquí la noche, con objeto de poder estar presentes mañana en el momento de la votación. 
Todos los esfuerzos realizados para garantizar el carácter público de nuestras sesiones y ofrecer a las ciudadanas y ciudadanos la posibilidad de asistir a las mismas quedan reducidos totalmente al absurdo por esta modificación. 
Tomo nota de sus observaciones, pero se trata de una decisión tomada por la Conferencia de Presidentes y confirmada por el Parlamento. 
¿Hay alguna otra observación? 
Señora Presidenta, tengo que solicitar su indulgencia con mis faltas ya que ayer no firmé la lista de presencia. 
Es responsabilidad personal mía pero he pensado que, tal vez, podría usted atestiguar que estuve presente y, por lo tanto, subsanar mi ausencia. 
En todo caso, me disculpo porque la responsabilidad es personal. 
Señora Presidenta, ¿podría usted expresar al Gobierno británico la indignación de los diputados a esta Asamblea ante el trato dado a quienes la semana pasada protestaban en Garvaghy Road, Portadown, y por el hecho de que pequeños sectores de la comunidad provoquen una paralización de la vida comercial de Irlanda del Norte? 
(El Acta queda aprobada) 
Decisión sobre la urgencia 
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Agricultura pido a todos los colegas que voten a favor de esta urgencia. 
Fundamentalmente, se trata de un acto que enmienda una situación que se ha agravado en estas últimas fechas. 
En mi informe sobre los precios agrícolas propuse una rebaja del 10 % para la retirada de tierras, medida que se consideró que se apartaba mucho de la que propuso la Comisión. 
Ahora, la Comisión propone, justamente, el 5 % y es lo que los agricultores están esperando en este momento. 
Sin embargo, debemos votar el informe Gillis esta semana, habida cuenta de que al principio de la próxima, los días 22 y 23 de julio, se reúne el Consejo que deberá ratificar lo que vamos a decidir. 
En consecuencia, recomiendo encarecidamente la adopción de dicho informe en esta sesión. 
¿Desea alguien pronunciarse en contra? 
No es el caso. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Libre circulación de personas 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0095/96 del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (95) 0348- C4-0357/95-95/0202 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 68/360/CEE sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios; -A4-0219/96 del Sr. Ford, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (95) 0347- C4-0468/95-95/0201 (CNS) ) relativa a la supresión de los controles sobre las personas en las fronteras interiores; -A4-0218/96 del Sr. Linzer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (95) 0346- C4-0420/95-95/0199 (CNS) ) relativa al derecho de los nacionales de terceros países a viajar dentro de la Comunidad. 
Señora Presidenta, Señorías, para empezar quisiera hacer una pequeña observación sobre la distribución del tiempo de uso de la palabra: en nuestro Grupo habíamos llegado a un acuerdo algo distinto, según el cual el tiempo de uso de la palabra correspondiente a la Sra. Mosiek-Urbahn se repartiría entre el colega Nassauer y yo mismo, a fin de que yo pudiera disponer de algo más de cinco minutos para mi intervención. 
Los antecedentes de las tres propuestas que nos ocupan se remonta, de hecho, a mucho tiempo atrás. 
El antiguo Tratado de la Comunidad Europea ya preveía algunas disposiciones relativas a la creación de un mercado interior comunitario en Europa. 
El Parlamento siempre ha propugnado que éste debía incluir, obviamente, también el derecho a la libre circulación sin controles fronterizos entre los Estados de la Unión Europea y anteriormente de la Comunidad Europea. 
Durante largo tiempo no conseguimos ponernos de acuerdo con el Consejo sobre esta cuestión y también la Comisión se mostró reacia durante mucho tiempo a emprender acciones para promover la presentación de propuestas legislativas concretas encaminadas a lograr la supresión de los controles fronterizos en Europa. 
En consecuencia, como primer paso, varios Estados miembros decidieron tomar la iniciativa y establecieron mediante el Convenio de Schengen un acuerdo extraordinario, paralelo en cierto modo a los Tratados europeos, gracias al cual ha sido posible hacer realidad en la práctica este objetivo del mercado interior, o sea la supresión de los controles fronterizos, al menos en una parte de la Unión Europea. 
Ante la falta de iniciativa de la Comisión, el Parlamento Europeo interpuso hace algunos años un recurso en su contra ante el Tribunal de Justicia Europeo por omisión en relación con la supresión de los controles fronterizos. 
La nueva Comisión, previa ratificación de esta Asamblea, tal como era preceptivo, modificó visiblemente su posición al respecto, gracias a la mediación del señor Comisario Monti, y cursó las tres propuestas de directiva encaminadas a hacer realidad la definitiva supresión de los controles en las fronteras interiores de la Unión Europea. 
Por mi parte, yo quiero manifestar ante todo que acogemos con gran satisfacción estas propuestas de la Comisión y respaldamos sus actuaciones en relación con este tema. 
Ahora quisiera hacer algunas observaciones sobre las tres propuestas. 
Una de ellas- concretamente, la que es objeto de mi propio informe- es la propuesta por la que se modifican otras dos Directivas anteriores, que desarrollan los artículos 48 y siguientes del Tratado, es decir los derechos de ciudadanía de los ciudadanos de la Unión Europea. 
En ella se regula, en el marco del sistema jurídico vigente, que en el futuro no podrán aplicarse controles en las fronteras interiores a los trabajadores, a las personas, que deseen ejercer el derecho al libre establecimiento y a la libre prestación de servicios, siempre que sus desplazamientos tengan lugar dentro del mercado interior. 
Las otras dos propuestas se refieren a la supresión de los controles sobre las personas y a la libre circulación de los nacionales de terceros países, que residan legalmente en la Unión Europea. 
Lo cual es muy lógico, puesto que un funcionario de fronteras obviamente no puede distinguir sin controlar su pasaporte si la persona es un nacional de un tercer país que reside legalmente en la Unión Europea o si se trata de un ciudadano de la Unión Europea. 
Quizás convenga añadir algunas observaciones adicionales en relación con mi informe, como resultado del examen en las comisiones competentes, en particular la Comisión de Libertades Públicas y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
La directiva en cuestión está sujeta al procedimiento de codecisión, se trata por lo tanto de una típica directiva relativa al mercado interior, ámbito en el cual el Parlamento Europeo dispone de muy amplias competencias a partir del Tratado de Maastricht. 
Mi informe se diferencia en este aspecto de los otros dos sobre los cuales debemos decidir hoy, así como de las otras dos directivas, que tienen como fundamento jurídico el artículo 100 y que deben ser adoptadas por unanimidad por el Consejo, si bien el Parlamento será escuchado, pero sólo en el marco del procedimiento de consulta. 
Por lo tanto, nos asiste un firme derecho a participar en las decisiones sobre la libertad de desplazamiento de los trabajadores y el ejercicio de su derecho al libre establecimiento y la libre prestación de servicios. 
Puesto que acogemos con satisfacción y apoyamos por principio las citadas propuestas, también deberíamos completar con toda celeridad su examen en el Parlamento y allanar con nuestro voto el camino para que el Consejo pueda adoptar una pronta decisión al respecto. 
Sin embargo, acaba de producirse una nueva circunstancia. Como ustedes saben desde la semana pasada, la Presidencia irlandesa ha propuesto por propia iniciativa un proyecto de acción común en relación con la libre circulación de los nacionales de terceros países en el ámbito de la Unión Europea, sobre la base del artículo K3. 
Esta actuación constituye, a mi parecer, un claro atentado contra las consideraciones aquí expuestas por la Comisión y por el Parlamento con respecto al fundamento jurídico. 
El tema de la supresión de los controles interiores entra claramente, a nuestro entender, en el ámbito del mercado interior y, en el fondo, también forma parte de las competencias decisorias institucionales de la Unión Europea y no puede ser decidido exclusivamente por el Consejo de Ministros mediante un proyecto de acción común. 
Esto modifica las circunstancias, puesto que obviamente es del todo improcedente que el Consejo actúe en cierto modo por su cuenta y riesgo y cabe suponer que con conocimiento de las otras deliberaciones en curso, al margen del proceso de formación de opinión y de decisión desarrollado en el Parlamento y anteriormente en la Comisión. 
Tendremos que plantearnos si el Parlamento debe dar una respuesta, si podemos someter siquiera a votación estas cuestiones y adoptar hoy una decisión, o si por el contrario deberíamos devolver este asunto a las comisiones competentes, a fin de poder contar con un dictamen del Consejo sobre esta nueva actuación de la Presidencia irlandesa. 
Finalmente, una última observación en relación con mi informe: se han presentado diversas enmiendas encaminadas a incluir también en el texto la libertad de desplazamiento de los nacionales de terceros países. 
En mi opinión, esto no es jurídicamente procedente, puesto que el informe Lehne y la correspondiente propuesta de la Comisión tienen como fundamento jurídico los artículos 48 y siguientes del Tratado, que definen los derechos de los ciudadanos. 
Por este solo motivo no es posible hacer extensivo este informe a los nacionales de terceros países. 
Por razones de orden exclusivamente jurídico, no es posible regular este aspecto en el marco de esta directiva y éste sólo puede incluirse en las otras dos. 
Señora Presidenta, quisiera decir que tengo el gusto de participar, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, en este debate conjunto sobre el informe Lehne, el informe Linzer y mi propio informe sobre la directiva del Consejo relativa a la eliminación de los controles de las personas en las fronteras interiores. 
Dichos informes se desprenden directamente del Tratado de Roma, que estableció en época muy temprana un compromiso para con la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 
Por desgracia, en la Unión Europea, mientras que los tres primeros circulan libremente, ha habido mucha más resistencia a la libre circulación de personas. 
Resulta absolutamente decisivo para el futuro de la Unión que se permita a los ciudadanos de Europa- el grupo principal que constituye Europa, podríamos decir- circular libremente por la propia Unión. 
La Comisión ha tardado mucho en presentar propuestas a este respecto, tanto ha tardado, de hecho, que este Parlamento, durante el último período de sesiones y a instancias de Amédée Turner, el presidente británico conservador de la Comisión de Libertades Públicas, incoó un procedimiento judicial contra la Comisión, en vista de su inacción. 
El segundo resultado fue el de que, como la Comisión no actuaba, el Consejo estableció el sistema de Schengen, organización semiclandestina que no rinde cuentas ni informa al Parlamento, lo que significa que la libre circulación no ha seguido el rumbo que habríamos deseado. 
Y después, justo cuando el Tribunal Europeo estaba a punto de adoptar medidas contra la Comisión, la nueva Comisión y el nuevo Comisario, Sr. Monti, presentaron estas propuestas. 
La primera vez que las vi, abrigué dudas sobre si constituirían una propuesta auténtica, porque iban unidas a toda una serie de medidas de acompañamiento que amenazan con contrarrestar las propuestas y hacer que nunca lleguen a aplicarse. 
En esos sectores se requiere la unanimidad y el actual Gobierno británico ha dicho que no votará a favor de dichas propuestas, por lo que no se podrán aplicar. 
Naturalmente, se puede cambiar el actual Gobierno británico y eso es algo que puede ocurrir en el futuro. 
Pero más importante es, desde el punto de vista de las medidas de acompañamiento, que la directiva sobre las fronteras exteriores esté vinculado con la controversia hispano-británica sobre Gibraltar. 
Pese a la clara situación jurídica, resulta también más que evidente que no hay solución fácil para ese problema. 
Cuando tanto el gobierno como la oposición de España y del Reino Unido están tan comprometidos con su posición actual, resulta evidente que la directiva sobre las fronteras exteriores no entrará en vigor próximamente. 
Existen problemas similares con el Convenio de Dublín. 
El Grupo Socialista quiere un conjunto claro, no adulterado, no recargado de propuestas que se ciña a los principios fundamentales de la libre circulación y no lleve medidas de acompañamiento. 
Cuanto más diverjan las propuestas de la Comisión y del Parlamento de esos principios claros más difícil resultará al Grupo Socialista apoyarlas. 
Sí, desde luego, convenimos en que habrá que adoptar otras medidas para que se apliquen estas propuestas, pero deben desprenderse de un acuerdo y no precederlo. 
Sabemos que los Estados miembros, si no les queda más remedio, llegarán muy pronto a un acuerdo sobre la seguridad y otras cuestiones, pero, mientras puedan utilizarlas como oportunidad para bloquear las propuestas, no se avanzará. 
También convengo con el Sr. Lehne respecto del proyecto de propuesta sobre medidas conjuntas que se ha presentado en los últimos días. 
Es evidente que ha complicado la situación y tal vez debamos devolver los tres informes a comisión para ver cómo les afecta la nueva propuesta sobre el proyecto de programa de medidas conjuntas. 
Los ciudadanos de Europa tienen derecho a esperar avances substanciales en este sector. 
La Comisión no nos lo ha ofrecido de la forma más clara posible. 
Esperamos que la Comisión y el Consejo actúen y el Grupo Socialista- y el Parlamento, espero- votarán en consecuencia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, tengo el honor de presentar hoy ante esta Asamblea, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, un informe que se ocupa del derecho de los nacionales de terceros países a viajar dentro de la Comunidad. 
Este informe se propone ofrecer por fin a los nacionales de terceros países que se encuentren legalmente en un Estado miembro, y a los familiares de ciudadanos de la Unión que no posean la nacionalidad de un Estado miembro, la posibilidad de hacer viajes de corta duración al territorio de otro Estado miembro bajo unos requisitos simplificados. 
Por lo que respecta a mi informe, puedo afirmar ya de antemano que la propuesta de la Comisión no modificará de hecho sustancialmente la situación práctica. 
Toda vez que en realidad prácticamente ya no se llevan a cabo controles en las fronteras y éstos incluso han quedado abolidos con carácter general entre los Estados signatarios del Convenio de Schengen, la presente propuesta de la Comisión, elaborada sobre la base del artículo 100 del Tratado CE tiene sobre todo por objeto establecer el marco jurídico adecuado para una situación que ya se da en la práctica. 
Mi informe tiene como base una de las tres propuestas remitidas a nuestra comisión y elaboradas por la Comisión en cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del artículo 7 A del Tratado CE. 
Este mercado interior debía constituir un espacio libre de fronteras arancelarias, dentro del cual debería estar garantizada, de conformidad con las disposiciones del Tratado, la libre circulación de mercancías, de servicios, y de capitales y también- y este es el tema de la presente sesión- la libre circulación de personas. 
Mientras tanto ya estamos en 1996, dicho sea sólo a modo de recordatorio, y sólo hoy podemos debatir en el Pleno estas tres propuestas de directiva de la Comisión destinadas a cumplir las obligaciones antes citadas. 
Han transcurrido más de tres años y medio antes de que el Parlamento Europeo pudiera examinar por fin unas propuestas concretas de la Comisión, las cuales a pesar de todo acogemos con satisfacción. 
No obstante, si ahora contamos con estas propuestas sólo ha sido gracias a que la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores tomó la iniciativa ya en 1993 y exhortó en la práctica a la Comisión a presentarlas, por medio de un recurso por omisión interpuesto en su contra. 
La principal finalidad de mi informe es aclarar la situación y facilitar el ejercicio del derecho a viajar para los nacionales de terceros países que han entrado en un Estado miembro provistos de un visado y durante su estancia en el mismo desean hacer una breve visita a otro Estado miembro, al igual que para los nacionales de terceros países residentes en un Estado miembro con autorización de residencia que deseen visitar otro Estado miembro de la Comunidad. 
El hecho de que el derecho de entrada y permanencia para los nacionales de terceros países, incluso para breves estancias, esté regulado por disposiciones internas propias de cada Estado miembro, sin que exista una coordinación ni una armonización entre las misma, crea indiscutiblemente nuevas barreras burocráticas para los ciudadanos individuales. 
Para que la presente directiva sea eficaz es decisivo, por lo tanto, que el ejercicio del derecho a viajar quede desgajado del requisito de nacionalidad y se apoye en el principio de la equiparación de los documentos de residencia y los visados y en el principio del reconocimiento mutuo de los visados. 
Llegados a este punto, yo quiero señalar con toda firmeza que la credibilidad política de la Unión depende precisamente del funcionamiento del mercado interior y, sobre todo, de la realización del principio de la libre circulación de personas. 
Una laguna en la realización general del mercado interior supone también una pérdida de la confianza de una gran mayoría de los ciudadanos de Europa. 
Aun así, a veces no puedo evitar tener la impresión de que algunas de las instituciones copartícipes no son plenamente conscientes del alcance de esta responsabilidad. 
La actitud con que abordan la Comisión y el Consejo la plena transposición del derecho a la libre circulación de personas indica cuán importante sería una mayor participación del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo. 
Sólo me queda la esperanza de que la Conferencia Intergubernamental se salde con un pleno éxito para el Parlamento Europeo también en este ámbito. 
¿Quién si no nosotros, los legítimos representantes democráticos de los pueblos de Europa, podrá velar con la firmeza necesaria por los intereses de los ciudadanos? 
La actitud de la Comisión cuando condiciona, tal como se desprende de los numerosos comunicados de las últimas semanas, la plena realización de la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea a la transposición de acuerdos complementarios y medidas complementarias, sobre todo en los ámbitos de las disposiciones que regulan la concesión de asilo y de visados para los nacionales de terceros países, demuestra, a mi entender, que ha aprendido muy poco de los acontecimientos de los últimos años. 
Estas medidas complementarias son, al parecer, imprescindibles en opinión de la Comisión para obtener el apoyo de los Estados miembros, pero yo sostengo que ambas categorías de problemas deben considerarse por separado. 
Juntamente con la aprobación de las presentes directivas, cuya finalidad es conceder a los ciudadanos el derecho a viajar libremente de un Estado miembro a otro, los Estados miembros deben contraer la obligación de ocuparse más activamente y con mayor eficacia de establecer los instrumentos para la transposición de estas medidas. 
Señora Presidenta, las propuestas de la Comisión sobre este sector son dignas de beneplácito. 
El artículo 48 del Tratado de Roma estableció un derecho fundamental de libre circulación de sus ciudadanos. 
Dicho derecho se amplió a la libre circulación de personas y el Tribunal de Justicia, en su jurisprudencia, ha ampliado los derechos a la libre circulación. 
Creo que se trata de un puntal muy importante para la consecución de un mercado único, por lo que apoyo las propuestas del informe Lehne, que se limitan a ampliar derechos existentes. 
También quiero apoyar el informe Linzer, que concede el derecho a viajar por la Comunidad a los nacionales de terceros países. 
Se trata de un derecho muy nuevo, pero importante, y, por mi experiencia en mi circunscripción, sé que intensificará los vínculos académicos y profesionales entre la Unión Europea y otros países. 
Tiene una vertiente humana, en el sentido de que permitirá visitas a familias con motivo de bodas, entierros y enfermedades. 
También intensifica los vínculos culturales en la Unión Europea. 
Muchas personas quieren venir a Europa para ver nuestro patrimonio cultural y eso es- creo yo- una parte importante de nuestra economía y también de nuestros vínculos con el resto del mundo. 
No plantea problemas a los Estados miembros, porque no tiene repercusiones en el empleo ni en las prestaciones sociales. 
Eso queda perfectamente claro en el texto, por lo que los Estados miembros no tienen motivo para preocuparse. 
También establece y subraya el derecho de los Estados miembros a expulsar a personas que representen una amenaza para la seguridad pública y creo que las salvaguardas son totalmente adecuadas, por lo que se deben excluir las palabras «o las relaciones internacionales de dicho Estado». 
Señora Presidenta, como otros diputados, acojo con beneplácito las tres propuestas de la Comisión para hacer realidad la libre circulación. 
Las considero un intento auténtico y realista de lograr objetivos de la Comunidad Europea establecidos desde hace mucho y muy preciados. 
Me refiero en particular al informe Linzer sobre el derecho a viajar para los nacionales de terceros países. 
El objeto de esta propuesta es el de armonizar las disposiciones nacionales relativas al derecho de los nacionales de terceros países a viajar y permanecer dentro del territorio de la Unión. 
En el momento actual, ese tipo de viaje está regulado por disposiciones nacionales divergentes, la mayoría de las cuales requieren que los nacionales de terceros países estén legalmente presentes en el territorio de otro Estado miembro para obtener visados. 
Constituye un insulto a los nacionales de terceros países que viven legalmente y sujetos a las condiciones idóneas en el Estado miembro y algunos de dichos nacionales pueden ser nacionales de terceros países de segunda o tercera generación. 
Por ejemplo, en mi país los ciudadanos paquistaníes e indios, con vistas a mantener las relaciones con su país de origen, con frecuencia prefieren conservar su nacionalidad paquistaní o india. 
Vivirán toda su vida en el Reino Unido y, sin embargo, tienen que pedir visado para viajar a algunos Estados miembros de la Unión Europea. 
Esa situación quedaría resuelta con la propuesta de la Comisión y podrían cruzar las fronteras libremente en las mismas condiciones que otros ciudadanos de la Unión Europea. 
Como ha dicho la Sra. Oddy, esta propuesta no entrañaría el derecho a trabajar ni otros derechos de establecimiento. 
Es simplemente un derecho a viajar. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos tiene dos preocupaciones. 
Una es la de que nos preocupa que la Comisión decidiera añadir a las razones normales para la expulsión de un Estado miembro las palabras «amenaza a las relaciones internacionales de dicho Estado». 
El Tratado tiene una formulación- ya puesta a prueba en el Tribunal Europeo- que permite la expulsión por amenazas al orden o la seguridad públicas, pero nunca habíamos visto esa expresión «amenaza a las relaciones internacionales». 
Espero que la Comisión considere la posibilidad de suprimir esa frase, como han pedido la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Eso significaría que los nacionales de terceros países, por ejemplo, podrían ser expulsados simplemente porque un tercer país se quejara de su presencia en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. 
La reciente iniciativa del Consejo complica el asunto un poco. 
Por una parte, acogemos con beneplácito que el Consejo dé muestras de interés por este asunto. 
Por otra, lamentamos que se trate de un asunto comprendido en el artículo K3 y, por tanto, correspondiente al tercer pilar, lo que reduce los derechos al respecto del Parlamento Europeo y de las instituciones europeas, pero creemos que vale la pena examinar en serio la iniciativa del Consejo y probablemente apoyaremos la retirada de estos tres informes y su devolución a comisión. 
Señora Presidenta, intervengo como ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo en relación a dos de los informes, el Ford y el Linzer. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo insistió, ante todo, en que quedase bien claro en el texto de los informes que si bien las propuestas de la Comisión para suprimir los controles sobre las personas en las fronteras interiores de la Unión Europea son unos proyectos buenos- y de cuya presentación se alegra la Comisión de Asuntos Sociales, pues aunque sea tardía, nunca es tarde si la dicha es buena- ello no debería significar que dichas disposiciones puedan estar subordinadas a la adopción o aplicación de medidas complementarias, ya se trate del convenio sobre cruce de fronteras exteriores o de cualesquiera otras. 
Y la Comisión de Asuntos Sociales se felicita de que tanto en el informe Ford como en el informe Linzer quede bien claro, mediante las enmiendas correspondientes, que las disposiciones a debate constituyen una obligación clara y propia de la Unión, que no está sujeta en modo alguno a esos condicionamientos. 
En segundo lugar, la Comisión de Asuntos Sociales ha querido recordar que la supresión de todos los controles en las fronteras interiores no puede ser una medida aislada y que, al menos en cuanto se refiere a la libre circulación de trabajadores, hay que suprimir otros obstáculos que siguen existiendo: el estado incompleto del reconocimiento de los diplomas y de las cualificaciones profesionales, la ausencia de coordinación de los regímenes complementarios de la seguridad social y de los regímenes especiales de seguridad social, así como la fiscalidad de los trabajadores migrantes. 
Y ha pedido al Consejo y a la Comisión que adopten las medidas necesarias para suprimir esos obstáculos. 
Por último, la Comisión de Asuntos Sociales ha insistido en que la puesta en marcha de estas disposiciones se acompañe de una vasta campaña de información. 
En estos momentos, ya se ha emprendido una campaña de información sobre el mercado interior por parte de la Comisión. 
Es necesario que los ciudadanos sepan que estos obstáculos desaparecen, y para ello no basta su publicación en un boletín oficial. 
Es necesario que estas medidas efectivas lleguen a conocimiento de todos los ciudadanos. 
Señora Presidenta, Señorías, deseo recordar a todos lo que prometimos, lo que Europa se comprometió a hacer y las grandes expectativas que levantó el compromiso de Europa de crear la libre circulación de las personas antes del 1 de enero de 1993. Estamos en julio de 1996 y dicha libre circulación de las personas no ha sido realizada todavía. 
Es evidente que esto representa una clara violación del artículo 7A del Tratado de Maastricht signado por los Estados miembros y, si ello no bastara, está fuera de toda lógica y fuera de la que es la relación costes/beneficios que supone la falta de libre circulación de las personas. 
Me parece que en este momento nuestras obsoletas fronteras interiores no son capaces de detener absolutamente nada más- ni mercancías ni tráficos ni criminalidad- excepto a los honestos ciudadanos que están obligados a presentar cada vez sus documentos de identidad a nuestros estúpidos y obsoletos controles en las fronteras. 
Hubo algo más, pues, a través del Convenio de Schengen, algunos Estados de la Unión decidieron superar el Tratado de Maastricht y su artículo 7A, que consagra dicho derecho a la libre circulación de las personas. 
Esto demuestra que cuando existe realmente la voluntad política de los Estados miembros, es posible la libre circulación de las personas, a pesar de todas las preocupaciones y múltiples reservas que pueden plantearse. 
Sin embargo, es cierto que el Convenio de Schengen no es una iniciativa comunitaria, ni tampoco de Europa, ya que es una iniciativa de algunos Estados miembros. 
Por ello, considero que hay que superar todas las reservas y, digámoslo también, los pretextos que se dan a través de la cuestión de las medidas complementarias. 
El paquete presentado por la Comisión es un paquete que está en una línea correcta, sin embargo, creo que con relación a la cuestión de las medidas complementarias existen todavía unos pretextos y faltas graves de los Estados miembros, así como la falta de voluntad política para vencer este escollo. 
Creo que, a medida que van pasando los días sin que se realice efectivamente la libre circulación de las personas, damos un garrotazo, un golpe quizás irreversible a las esperanzas de los ciudadanos de ver realizada una Europa auténtica, unida y federal, sin todos esos visados, autorizaciones, títulos y burocracias que en la práctica están impidiendo su progreso. 
En lo que concierne a la opinión sobre la supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad para la que fui designado ponente por la Comisión de Libertades Públicas, estimo que hay que comprobar si la propuesta de directiva es lo suficientemente completa en cuanto al problema de la libre circulación de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente, sean estos derechohabientes directos o indirectos; estudiar la posibilidad de presentar una lista única de documentos de residencia expedidos con arreglo a las cuatro o cinco directivas ya en vigor, para que se publique debidamente en el Diario Oficial, y que dan derecho a la libre circulación de las personas; examinar si dichos derechohabientes que no son ciudadanos de un Estado miembro tendrán los mismos derechos que un ciudadano comunitario y, por último, introducir una enmienda a este respecto. 
A dicho fin, yo también creo que el Joint Action Programme, presentado por la Presidencia irlandesa, deberá ser reexaminado por la Comisión de Libertades Públicas y por la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento. 
Nuestro Grupo no va a oponerse en el supuesto de que se pida un nuevo examen y, por consiguiente, una devolución de este asunto a la Comisión. 
No obstante, repito, sin la libre circulación de las personas, Europa no va a existir. 
Señora Presidenta, Señorías, la libre circulación dentro de la Unión Europea es un proceso complejo en el caso de las personas. 
El colega Caccavale ha señalado muy acertadamente que en la Unión es posible transportarlo todo y todo puede cruzar sin trabas las fronteras, que oficialmente ya no existen. 
Sólo las personas no pueden circular en la Unión Europea con la libertad que todos nosotros desearíamos. 
Por este motivo, yo quiero volver a recordar hoy que el 1º de enero de 1993 se inauguró el mercado interior con grandes celebraciones y una viva satisfacción en toda la Unión Europea. 
¿Pero qué saludamos en realidad con tanta satisfacción? 
¿El hecho de que ahora cualquiera puede circular libremente dentro de la Comunidad de los quince con cualquier mercancía, cualquier servicio y cualquier paquete de capital bajo el brazo? 
¡También esto! 
Pero nosotros- al menos en nuestro Grupo político- no nos congratulamos de que casi cuatro años después de esa fecha todavía no se hayan cumplido algunos requisitos fundamentales para hacer realidad el derecho de los ciudadanos a poder circular libremente en una Europa de nueva creación. 
¿Y por qué no se ha hecho todavía realidad este derecho? 
El motivo es que una serie de Estados miembros de la Unión- más exactamente, los Gobiernos de estos Estados miembros- ven con recelo el hecho de que las ciudadanas y ciudadanos de sus países y las personas que, sin poseer la nacionalidad de los mismos, residen permanentemente allí, puedan circular libremente por la Unión. 
Esta mañana se han expuesto toda suerte de argumentos para limitar una libertad fundamental de las personas. 
Sin embargo, es absolutamente evidente que la abrumadora mayoría de las personas que viven en nuestra Unión- no conozco los porcentajes exactos, pero partamos de la base de que superan ampliamente el 90 %- son personas honradas, honestas y decentes, que en realidad deberían poder viajar sin trabas de un lugar a otro de la Unión, tanto si poseen el pasaporte de un Estado miembro como si son nacionales de terceros países con residencia permanente en la Unión. 
¿Por qué desconfían los Gobiernos? 
¿Por qué se restringe continuamente la libertad de movimientos de estas personas apelando a las malas acciones de algunos grupos minoritarios de criminales, traficantes de heroína, traficantes de armas o traficantes de personas, por ejemplo? 
Se trata, en efecto, de problemas concretos, pero éstos no pueden servir de argumento para limitar permanentemente la libertad de circulación. 
Debemos dar un paso adelante de una vez y promover una ofensiva en favor de la confianza. 
Debido a las dilaciones, por cuya causa el Parlamento ha tenido que enfrentarse con el Consejo y con la Comisión, hoy estamos debatiendo estos informes después de que el señor Comisario, que se encuentra aquí presente, ya haya adoptado unas iniciativas que, aun siendo adecuadas, resultan insuficientes. 
Y en mitad del procedimiento nos llega la noticia de que la organización que representa a los Gobiernos de los Estados miembros, que son los responsables de dichas dilaciones, o sea, el Consejo, ha vuelto a iniciar a espaldas del señor Comisario y del Parlamento un procedimiento con el cual al parecer pretende sustituir todo lo que hoy estamos debatiendo y en el cual no tendremos ninguna participación y, según parece, tampoco la Comisión. 
Por consiguiente, sólo es posible extraer una consecuencia: de conformidad con el artículo 129 del Reglamento, solicitaremos el aplazamiento de la votación con objeto de tener la oportunidad de volver a examinar en las comisiones las presentes circunstancias- así lo prevé, en efecto, el artículo 60 del Reglamento -, pues es absolutamente inadmisible que los derechos de participación democrática, ya de por sí reducidos, en particular en el caso del Parlamento, se vean todavía más recortados por el hecho de que ahora, en el presente estadio de los debates, además pretenden burlarse de nuestra participación en el procedimiento de consulta con un hecho consumado establecido por el Consejo a nuestras espaldas, ignorando cuanto aquí se ha dicho. 
Yo considero que esto es algo que no podemos aceptar. 
Señora Presidenta, Señorías, la libre circulación debería haberse hecho realidad en Europa antes del 1º de enero de 1993. 
Es decir que de acuerdo con la voluntad expresada en Tratado, que fue suscrito por los quince Estados miembros, hoy no deberíamos estar debatiendo sobre la introducción del derecho a la libre circulación, sino que nos correspondería examinar tal vez un informe sobre la experiencia de su aplicación y extraer las consecuencias necesarias para intentar conseguir nuevos progresos. 
No pretendo insinuar que el hecho de que hasta la fecha no se haya hecho realidad la libre circulación constituya una violación del Tratado, pero aun así contradice el compromiso solemnemente suscrito por la totalidad de los quince Estados. 
De hecho, no sólo debería haberse hecho efectiva la libre circulación de servicios y de capitales, sino que también los habitantes de Europa deberían poder participar de esta importante cláusula, en el auténtico sentido de la palabra. 
Debería ser posible viajar libremente en Europa y también deberíamos tener la oportunidad de comprobar en la calidad de ciudadanos las ventajas de nuestra participación en esta Unión Europea. 
Pero no ha sido así. 
Tampoco pretendo decir que haya sido el Consejo, como tal, el que lo ha impedido; al contrario, deberíamos acostumbrarnos a afinar más en nuestras consideraciones. 
Son algunos Estados miembros los que no cumplen sus obligaciones derivadas del Tratado. 
Sólo una minoría mantiene esta actitud, apoyándose además en argumentos insuficientes. 
Se dice que no puede establecerse la libre circulación de personas así como así, porque los controles en las fronteras interiores han desempeñado hasta ahora un papel de considerable importancia en la lucha contra la criminalidad. 
¡Esta es una perspectiva francamente desfasada, Señorías! 
Ningún experto puede seguir defendiéndola en la actualidad. 
Es francamente ridículo afirmar que no es posible combatir la criminalidad sin controles en las fronteras. 
Si esto fuera cierto, en Alemania deberíamos restablecer los controles fronterizos entre Baviera y Hessen, si en efecto fuesen necesarios para combatir la criminalidad. 
Actualmente es preciso luchar contra la criminalidad con instrumentos muy distintos, como por ejemplo la Europol y los sistemas de procesamiento de datos de los que se la ha de dotar. 
¡Estos son los procedimientos modernos de lucha contra la delincuencia! 
Y, curiosamente, quienes obstaculizan su aplicación son los mismos que se niegan a concedernos el derecho a la libre circulación en la medida establecida en el Tratado. 
Uno de los conceptos clave es el de las medidas complementarias. 
Es cierto que el Consejo todavía debe completar algunos trabajos previos antes de que pueda hacerse efectiva la libre circulación de personas. 
En efecto, en la práctica no es posible suprimir sencillamente los controles en las fronteras sin establecer algún sustitutivo que cubra las posibilidades de control que así se pierdan. 
En el futuro, debe quedar claro que cualquiera que entre en un Estado miembro de la Unión Europea cruzando una frontera exterior, adquiere el derecho a viajar libremente por el conjunto de la Unión. 
Con lo cual, el Estado que ha autorizado el ingreso a través de su frontera exterior también contrae la responsabilidad de conceder a esa persona la libertad de desplazamiento dentro de toda la Unión. 
En este contexto, es preciso señalar que no deseamos que la libre circulación se limite a los ciudadanos de la Unión, sino que queremos que también tengan derecho a viajar libremente los nacionales de terceros países que residan legalmente en la Unión Europea. 
La libre circulación de personas resulta inconcebible en otros términos. 
No es posible establecer dos categorías en relación con la libre circulación en Europa, sino que deben poder disfrutar de ella todas las personas que se encuentren legalmente en la Unión Europea. 
A la vista de estas circunstancias, resulta de hecho sorprendente que, precisamente en el momento en que la Comisión responde a las peticiones del Parlamento y presenta propuestas en este sentido- y nosotros apoyamos sin restricciones las propuestas del señor Comisario Monti -, precisamente cuando estamos elaborando nuestra respuesta a estas propuestas, comiencen a hacerse públicos nuevos planteamientos en el entorno del Consejo. 
No quiero adentrarme ahora en embrollos institucionales, pero no obstante es perfectamente evidente que ante todo debemos saber cuáles son exactamente las intenciones del Consejo. 
Por consiguiente, a mi entender, sólo podemos adoptar una posición definitiva cuando el Consejo nos haya informado de qué propósito persigue, de hecho, con su nueva acción común. 
Deseamos que se haga efectiva la libre circulación para todos los ciudadanos de Europa y que ésta sea realidad lo antes posible, y los responsables de que todavía no se haya hecho efectiva ahora deben responder. 
Señora Presidenta, las tres propuestas de directiva que se nos han presentado son la respuesta de la Comisión a la acción planteada por el Parlamento ante el Tribunal de Justicia por su falta de actuación en el ámbito de la libre circulación de personas en el interior de la Unión. 
La Comisión, consciente de que estas propuestas afectan a cuestiones importantes en materia de inmigración y seguridad interior, ha incluido en sus propuestas algunas medidas de acompañamiento que considera necesarias para el mantenimiento de un nivel óptimo de seguridad en el espacio sin fronteras. 
Por ello la comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores no sólo rechazó una enmienda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que tenía como objetivo redactar la lista de estas medidas de acompañamiento, sino que ella misma aprobó algunas enmiendas que señalan que la libertad de circulación de personas no debería quedar subordinada a ellas. 
Por tanto, nos podemos preguntar si esas propuestas no son completamente demagógicas. 
Su aprobación requiere unanimidad por parte del Consejo. 
Por ello, y por distintas razones, algunos Estados no están dispuestos a no respetar estas medidas de acompañamiento, que dependen del tercer pilar. 
La Comisión, en virtud del poder que le confiere el párrafo 2º del artículo K3, habría podido cooperar, si el Parlamento no la hubiera obligado en cierto modo, con los Estados miembros para alcanzar, en el ámbito de una negociación aceptada por todos, la libre circulación de personas. 
Por otra parte, en el marco de la directiva que suprime las restricciones al desplazamiento y estancia de los nacionales de la Unión en materia de establecimiento y prestación de servicios, la comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos propone la supresión del párrafo 3º del artículo 3, porque sería contrario al artículo 6 que consagra la prohibición de la discriminación. 
Por tanto, la posesión de un documento de identidad puede contemplarse también como una protección para el ciudadano, pues para éste es la prueba que tiene para ejercer un derecho. 
La posesión de un documento de identidad, de una autorización para circular, es una de las primeras libertades a las que aspiran los hombres que sufren el yugo de las dictaduras y la mejor protección contra las arbitrariedades para los ciudadanos de la Unión. 
Señora Presidenta, este debate trata de un punto esencial de la Unión Europea: la realización de la libre circulación de personas. 
Tal como se ha dicho, a finales de 1992 tendría que haber llegado el mercado interior abierto en toda su envergadura con la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. Esto no sucedió. 
Sí sucedió en el caso de las mercancías, los servicios y los capitales, pero no en el de las personas. 
Lo notamos, señora Presidenta, cuando viajamos a Inglaterra, por poner un ejemplo. Allí tiene lugar un anticuado control de personas, con o sin Unión Europea. 
Por consiguiente, este es un debate para lograr, después de una Unión del capital, una Unión del ciudadano. 
Señora Presidenta, es una vergüenza que hasta ahora, en 1996, no hayamos hablado de ello. 
Como he dicho, en 1992 a más tardar tendrían que haberse tomado las medidas que ahora estudiamos. 
La anterior Comisión Europea hizo mal en no presentar propuestas. 
El Parlamento Europeo incluso tuvo que citar a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia, y de hecho en nuestro régimen constitucional europeo no existe mayor vergüenza. 
Ahora por fin la actual Comisión ha presentado las propuestas necesarias. 
Llegan demasiado tarde. 
Pero ahora que tenemos las propuestas, el Grupo de los Liberales tendrá que juzgarlas por sus méritos. 
Señora Presidenta, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas está a favor de la propuesta de directiva relativa al derecho de los ciudadanos de terceros países a viajar libremente. 
Se trata naturalmente de súbditos de países que no pertenecen a la UE establecidos legítimamente en la Unión. 
En estos momentos, dichas personas- como por ejemplo turcos y marroquíes, pero también otros- necesitan un visado para viajar dentro de la Unión Europea. 
Esto causa muchas molestias. 
Por ello es positivo que por fin se solucione esta cuestión. 
La propuesta de directiva «supresión del control de personas en las fronteras interiores» llega al núcleo de este debate. 
Sabemos que la Comisión Europea ha establecido un nexo según el cual hay que eliminar las fronteras interiores en toda la Unión Europea, pero antes de lograrlo- cito libremente la posición de la Comisión Europea- es preciso tomar una serie de medidas para hacer frente a las consecuencias negativas de la eliminación de las fronteras interiores. 
Consecuencias negativas como, por ejemplo, el aumento de la criminalidad y la inmigración clandestina. 
Luego se tratan las medidas que habría que tomar para mejorar el control de las fronteras exteriores, la división de tareas en política de asilo, política de visados común e intercambio de datos por medio de un sistema informativo europeo. 
Señora Presidenta, el Grupo de los Liberales considera que es muy comprensible establecer un vínculo entre las diferentes medidas y las directivas presentes, pues los mismos ciudadanos que quieren suprimir el control fronterizo- y quieren hacerlo- desean también que el Estado se ocupe de que la criminalidad no aumente y que tome medidas al respecto. 
Pues bien, como diputado digo que los gobiernos de la Unión Europea incumplen sus compromisos en esta cuestión. 
Hace años que está en trámites el Tratado de Dublín sobre la política de asilo y todavía no ha entrado en vigor. 
El tratado de las fronteras exteriores, por lo menos igual de grave, está listo desde hace cinco años, pero no se realiza debido a un contencioso entre Gran Bretaña y España sobre Gibraltar. 
Señora Presidenta, es lamentable. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas considera que el Parlamento Europeo ha de adoptar una postura clara. 
En el Tratado de Maastricht, la introducción de la libre circulación de personas no se condicionó a nada. 
No puede existir ninguna vinculación legal entre la supresión de las fronteras interiores y las medidas para luchar contra la criminalidad y la inmigración no deseada. 
Aunque sí hay una relación política. 
Los gobiernos tienen que tomar cuanto antes las medidas necesarias. 
Hoy, señora Presidenta, el Parlamento tiene que decidir lo que quiere. 
¿Queremos una Prinzipienreiterei y no saber nada de las medidas correspondientes y tomar una decisión que no llevará a nada, o queremos que se introduzca la libre circulación de personas? 
Creemos que hemos de ser realistas. 
Lo que necesitamos es una coalición entre la Comisión Europea y el Parlamento con el mensaje al Consejo de Ministros de que es preciso establecer rápidamente la libre circulación de personas. 
Si el Consejo de Ministros no cumple sus compromisos, tendrá que justificarse públicamente. 
Señora Presidenta, quisiera hacer algunas reflexiones sobre las tres directivas propuestas. 
La primera es que la posición del Parlamento ha sido siempre que, para que el derecho de libre circulación de las personas sea real, se exige la supresión de todas la restricciones al desplazamiento y a la estancia. 
En el caso particular de los trabajadores y de sus familias, los Estados miembros tienen la obligación de eliminar los controles en las fronteras interiores. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión consiste en subordinar un derecho consagrado en los Tratados a nuevas condiciones con el pretexto de que son necesarias medidas complementarias para que se puedan suprimir dichos controles. 
Esto es inaceptable porque supone, en la práctica, aplazar la eliminación de los controles en las fronteras interiores, es decir, mantener por una vía vicaria precisamente aquello que se pretende eliminar. 
La aplicación del Convenio de Schengen ha puesto de manifiesto que la supresión de controles es posible sin adoptar medidas complementarias; propiciar tales medidas significa desvirtuar el derecho de libre circulación. 
Nosotros estamos en contra de esto. 
No se puede reconocer un vínculo jurídico entre la supresión de los controles de las personas y las medidas complementarias. 
En otro orden de cosas, el mercado interior cubre un espacio sin fronteras, lo cual implica que esté garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 
Por tanto, todo el que se encuentre en él legalmente debe tener derecho a desplazarse sin ninguna clase de impedimento ni discriminación. 
Téngase en cuenta que los artículos 3 y 7 A no hablan de libre circulación de ciudadanos sino de circulación de personas. 
Por lo tanto, parece una inconsecuencia que se imponga un régimen de notificación obligatoria a los nacionales de terceros países aunque se hallen en posesión de una tarjeta de residencia válida y de un título de viaje válido. 
Ese trato es discriminatorio. 
Es preciso que la Unión reconozca el derecho a viajar de los ciudadanos de terceros países en las mismas condiciones de igualdad que los nacionales desde el momento en que residen legalmente en la Comunidad. 
De lo contrario, nos hallaríamos ante una contradicción entre la circulación de capitales y mercancías y de personas. 
Por último, una reflexión final: las propuestas de directiva imponen al derecho de libre circulación unas condiciones previas que no figuran en el Tratado, pero la supresión de los controles es una obligación clara y sin condiciones. 
Por otro lado, la posibilidad de suspender la aplicación de las directivas no puede dejarse a la voluntad discrecional de cada Estado, particularmente porque lo que se refiere a la libre circulación de mercancías y capitales no ha quedado al arbitrio de los Estados. 
Tal posición afecta a la credibilidad política de la Unión. 
La circulación de las personas es un factor de aproximación cultural y de profundización democrática. 
Las garantías que hayan de exigirse, no deben serlo en las fronteras interiores sino en las exteriores, con los instrumentos con que ya se cuenta para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y no contra aquellos que se hallan en la Unión Europea residiendo legalmente. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, la promesa decía: fronteras abiertas, libre circulación sin restricciones, supresión de los controles. 
Cuántas veces se repitió: toda Europa es territorio interior. 
¡Sin embargo, era y sigue siendo mentira! 
Ninguna promesa europea se ha incumplido tantas veces como la promesa de una Europa sin fronteras. 
Cuando ahora, con tres propuestas de directiva sobre la mesa, recibimos la noticia de los manejos entre bastidores del Consejo, lo que cobra realidad no es la idea de la antigua Europa, sino la vieja mentira. 
En efecto, en el artículo más significativo, el 7 A, puede leerse en negro sobre blanco- como ya han señalado muchos colegas- que el mercado interior es desde el 31 de diciembre de 1992 un espacio sin fronteras interiores, sin condiciones ni salvedades, sin ninguna limitación, sin ninguna de las llamadas medidas compensatorias, sin reticencias, sin directivas condicionantes o relativizadoras, en suma. 
Sólo que, a todas luces, en esta Europa, tienen prioridad las mercancías, luego siguen los servicios y después los capitales. 
A continuación, durante largo tiempo no sigue nada y si por fin le corresponde el turno a algo más, se da paso a algunas personas, pero tampoco a todas. 
¿Puede funcionar así Europa? 
¡No! ¡El mercado sin fronteras no puede ser válido únicamente para los pomelos y las naranjas, también debe incluir a las personas! 
Desde el 1º de enero de 1993 se está incumpliendo un artículo. 
Éste se ha convertido en papel mojado. 
Se está infringiendo el artículo 7, puesto que hoy como ayer sigue habiendo controles entre Londres, Atenas, Estocolmo y Munich. 
Los Gobiernos interpretan en el ámbito europeo el antiguo principio jurídico pacta sunt servanda en el sentido de que éste a veces debe cumplirse pero otras no. 
Ésta no puede ser, no obstante, nuestra posición y en realidad tampoco debería ser la posición de la Comisión. 
Sin embargo, en el caso de la libre circulación, la Comisión no ha cumplido su tarea primordial. 
No ha actuado como guardiana de los Tratados, sino que ahora corre el riesgo de convertirse en cómplice del Consejo. 
Si ahora el Consejo aúna sus fuerzas para intentar instilar además el miedo en Europa, si el miedo a la emigración tiene mayor fuerza que el derecho a la libre circulación, en Europa cundirá el desencanto y esto se pagará muy caro. 
No votaremos a favor de la devolución a comisión porque creemos que ya es hora de que el Parlamento adopte una posición, ¡y de que también la manifieste claramente ante el Consejo y la Comisión! 
Señora Presidenta, al tratar la cuestión de la libertad de circulación de personas, el objetivo es definir si existe o no una voluntad de constituir una Europa verdaderamente unida, es decir, cumplir los términos del Tratado de la Unión que nos define como un espacio sin fronteras interiores. 
Tras las peripecias judiciales que todos conocemos, la Comisión ha tenido el mérito de volver sobre nuestro inagotable trabajo. 
Ahora tenemos ocasión de saludar la prudencia y valor del Sr. Monti, aunque esta iniciativa no llegue hasta donde nuestro grupo desearía. 
Pero, para ser más claros, hoy hay Estados, hay Gobiernos- o, más bien, algunos Estados y algunos Gobiernos que no son favorables a la integración europea- que desearían que compartiéramos su obsesión por la inmigración, a la que se acusa sin razón de ser la responsable de todos los males de nuestra sociedad. 
Con el pretexto de la seguridad se pretende limitar la libertad. 
Pero libertad y seguridad van unidas. 
Debemos tener cuidado, Señorías, porque al igual que ocurre en un país de Oriente Próximo (que sin embargo sigue siendo un país amigo) en el que la obsesión por la seguridad llega a paralizar un proceso de paz, debemos cuidar que la seguridad de la Unión no sirva de coartada a aquellos que no desean que la Unión Europea avance. 
Como conclusión, señora Presidenta, quisiera suscribir las conclusiones de nuestro colega Glyn Ford que declara que el Parlamento, aunque no proteste, sigue siendo exigente y claro en sus intenciones de defensa de la libertad de desplazamiento. 
Y a continuación, que se separen las medidas de acompañamiento, que no se establezca ningún vínculo jurídico entre la supresión de los controles y estas mismas medidas de acompañamiento, que no deben convertirse en una barrera al ejercicio de nuestro bien más preciado, que no es otro que la libertad. 
Señora Presidenta, estamos viviendo actualmente un momento surrealista. 
Al mismo tiempo que los Estados miembros se debaten entre el problema de la droga y la inmigración clandestina, el Parlamento Europeo trabaja en varias propuestas de directiva orientadas a suprimir en la Unión todos los controles de personas que cruzan las fronteras interiores, ya sean nacionales comunitarios o nacionales de países terceros. 
La Comisión nos declara fríamente que, cualesquiera que sean las circunstancias, esta supresión de los controles constituiría «una obligación incondicional que se deduce del artículo 7A» y que debería afectar a todos los controles en las fronteras interiores, » cualquiera que sea su forma y justificación». 
Y han entendido ustedes bien, » cualquiera que sea su justificación». 
No podemos estar de acuerdo con este extremismo de la abolición de los controles por varias razones. 
En primer lugar, el artículo 7A que prevé la constitución de un gran espacio interior europeo fue pensado, al igual que los acuerdos de Schengen, en unos momentos en los que la presión de la inmigración económica no era tan fuerte como en la actualidad, cuando por otra parte la frontera oriental de Europa estaba constituida por el telón de acero. 
En segundo lugar, se han multiplicado en el interior de la Unión los diferentes tipos de tráfico, sobre todo el de drogas. 
Por tanto para terminar con ellos, los controles fijos en las fronteras interiores pueden desempeñar un importante papel, como acaba de demostrar la aprehensión de 106 k de heroína en Caláis mediante un escáner, por definición fijo, de la aduana francesa. 
En tercer lugar, los Estados tienen el deber de conservar el control sobre su territorio, con el fin de poder ejercer los derechos nacionales que con toda razón les reconocen diversos artículos del Tratado, entre ellos el 36, el 48 y el 100A. 
Finalmente, el 7A no está exento de ambigüedad, pero estaba acompañado de una declaración explicativa, al contrario de lo que decía la Sra. Roth hace unos momentos, y en todo caso es necesario interpretarlo con sentido común. 
La libertad de circulación no se obstaculiza con controles proporcionados situados en las fronteras interiores que, muy al contrario, protegen las libertades de los ciudadanos. 
Las propuestas de directiva que la Comisión nos presenta hoy son por tanto totalmente inoportunas. 
Es necesario no solamente que el Consejo las rechace, sino también que la Conferencia Intergubernamental reescriba el artículo 7A. 
Es preciso igualmente que los Estados miembros se pongan de acuerdo, no para suprimir los controles en las fronteras interiores sino para mejorarlos completando la noción de control fijo por la de banda territorial filtrante, como ha propuesto, en Francia, el reciente informe del senador Paul Masson. 
Pero el debate de hoy en este hemiciclo parece todavía más surrealista si pensamos que tiene lugar en el mismo momento que el asunto de las vacas locas, en el que se acusa a la Comisión de haber sacrificado la salud pública a sus objetivos dogmáticos de libre circulación a cualquier precio. 
Nos encontramos en una situación exactamente paralela con estas directivas sobre la supresión de fronteras. 
Si éstas fueran aprobadas, provocarían un grave déficit de seguridad, y en diez años veríamos al sucesor del Presidente Santer venir a explicar al Parlamento Europeo que no había sido culpa de la Comisión porque la seguridad pública habría sido siempre su primera prioridad. 
No es cierto y lo estamos viendo en este debate, el objetivo prioritario de la Comisión no es la salud de los ciudadanos ni su seguridad, sino ante todo y sobre todo la fusión de los pueblos europeos mediante la supresión de las fronteras. 
Señora Presidenta, ¿no tendrá por casualidad alguna explicación que darme sobre la petición que hice, en calidad de presidente de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, de que el Consejo estuviera presente en este debate? 
Me imagino que no tiene explicación alguna que darme, porque el Consejo, naturalmente, no ha respondido a nuestra petición. 
Pero es una lástima que no esté aquí. 
Señora Presidenta, independientemente del destino que estas directivas lleguen a tener, quiero decir unas palabras de agradecimiento al Comisario Monti y a los ponentes Glyn Ford y Linzer por el excelente trabajo realizado hasta ahora. 
Señora Presidenta, la situación que hoy estamos viviendo en esta Asamblea, a propósito de estos informes y de la iniciativa del Comisario Monti sobre la libre circulación es, por culpa del Consejo, incalificable, desde el punto de vista ético, y afrentosa para los derechos del Parlamento, desde el punto de vista institucional. 
Cuando, por fin, después de muchos años de inacción, la Comisión presenta al Parlamento tres propuestas de directiva encaminadas a la creación del Mercado Interior para las personas y el Parlamento, en consecuencia y después de varios meses de debate, expresa laboriosamente su posición, nos enteramos, mira por dónde, de que el Consejo, al margen del proceso legislativo consagrado en el primer pilar, sin conocimiento del Parlamento y sin el menor respeto por su trabajo, adopta una iniciativa paralela basada en la lógica intergubernamental y reduce a polvo las gestiones de la Comisión y de esta Asamblea para dar cumplimiento a la primera de todas las libertades comunitarias: la libre circulación. 
En los pasillos, sin transparencia, sin control parlamentario posible, tanto en el nivel europeo como en el nacional, el Consejo se dispone, exactamente en la misma semana en que el Pleno se inclina, con esperanza y seriedad, sobre un conjunto de medidas legislativas fundamentales para los ciudadanos europeos, a vaciar del menor sentido la iniciativa de la Comisión, el dictamen del Parlamento, y ofrecer a los ciudadanos el vacío legislativo disfrazado o empaquetado en una acción común del Consejo. 
Señora Presidenta, este incidente es una de las más graves y groseras violaciones del diálogo interinstitucional. 
Por eso, nos negamos a continuar con la farsa, examinando o votando cosa alguna, cuando todos sabemos, sin disfraz y sin hipocresía, que el destino de nuestro trabajo de muchos meses es, pura y simplemente, la papelera. 
Nos negamos a colaborar en una payasada legislativa, hecha al modo de Maquiavelo, sin honor alguno y muy poca gloria, cuando el único objetivo de la maniobra es el de volver jurídicamente ineficaces los derechos consagrados desde el Acta Única, que la Comisión y el Parlamento quieren conferir a los ciudadanos residentes en la Unión. 
Señora Presidenta, el desafío está lanzado y la acusación también. 
El Consejo ha actuado a espaldas de la Comisión y del Parlamento con mala fe. 
Por eso, nos debe una explicación, una justificación, una noticia, una información. 
Nos debe, por tanto, una postura de seriedad. 
O lo hace rápidamente, con claridad de propósitos, o este Parlamento utilizará todos los medios políticos y jurídicos a su alcance para denunciar o para confrontar al Consejo con sus responsabilidades. 
Esperaremos el tiempo que sea preciso y, si no es así, consideraremos violado el mínimo ético que justifica la confianza institucional. 
Cada cual en su lugar. 
Que el Consejo reconozca con transparencia sus propósitos, sus objetivos y responsabilidades. 
Por nuestra parte, todos saben lo que queremos: cumplir las normas, dar contenido a la ciudadanía, respetar el Tratado. 
Señora Presidenta, Señorías, el mercado interior incluye cuatro libertades, como ya se ha señalado. 
Las expectativas de los intereses económicos se centraban en tres de ellas. 
En la otra se concentraba la esperanza de los habitantes de Europa. 
Tres de ellas, concretamente las económicas, ya se han hecho realidad. 
La libre circulación de personas no. 
Yo pregunto: ¿por qué? 
Nos dicen que la libertad de las personas es la que plantea el mayor riesgo. 
¿Realmente es así, a la vista de los riesgos ecológicos que supone la libre circulación de mercancías, de la creciente e imparable movilidad, del despilfarro de energía, de la excesiva división del trabajo en Europa? 
Las mercancías deben poder acceder libremente al mercado aunque no se adecuen a las normas, las tradiciones y el concepto de seguridad de los países miembros. 
Las personas constituyen, en cambio, supuestamente el riesgo. 
No obstante, la libre circulación de mercancías, de divisas y de servicios ha dado lugar, por el contrario, a mucho mayores riesgos. 
Para muchos estos riesgos sólo son soportables debido a la promesa de hacer realidad la libre circulación de las personas. 
¡La vacilante e insuficiente realización de la libre circulación de las personas supone una denegación de derechos por parte de la Unión a sus propios ciudadanos! 
Limitar la libertad de viajar sólo a las ciudadanas y ciudadanos de la Unión, imponiéndoles además también algunas trabas, es la negación de una Europa abierta al mundo. 
La política de la Unión confirma de este modo los temores a una Europa concebida como fortaleza. 
Nos enfrentamos con una política que no se basa en las necesidades de las personas, sino en la desconfianza hacia ellas, una política cuyo objetivo no es la apertura cultural de Europa, sino el control total de las ciudadanas y ciudadanos, ¡una política que no une, sino que divide a Europa! 
Señora Presidenta, la libertad de viajar constituye posiblemente el componente más importante para la realización del mercado interior como un espacio sin fronteras internas. 
La realización con las menores limitaciones posibles de esta libertad fundamental responde a las expectativas de muchos ciudadanos de los países miembros. 
Los habitantes de los antiguos Estados comunistas se vieron privados durante décadas de la libertad fundamental de viajar. 
Por lo tanto, todavía es más importante que éstos no sean tratados de ningún modo como personas de segunda categoría dentro de la Unión, tampoco en sus fronteras interiores. 
Para hacer frente al posible aumento de la criminalidad tras la supresión de todos los controles e impedir a la vez la inmigración ilegal de nacionales de terceros Estados que ya se encuentren ilegalmente dentro de la Unión, será preciso, entre otras cosas, intensificar la cooperación entre las administraciones policiales y de servicios sociales y promover un intercambio de datos eficaz en el marco de la Europol. 
Señora Presidenta, el mes pasado, sin ir más lejos, una señora anciana de 76 años fue detenida ilegalmente, en mi opinión, en un tren de Londres a Bruselas, mantenida una noche en una celda y devuelta en un tren el día siguiente, porque, según se adujo, no llevaba consigo lo que las autoridades belgas consideraban un documento necesario, a saber, un pasaporte. 
Creo que esa mujer debe examinar muy en serio la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial como ciudadana particular por encarcelamiento ilegal. 
Así las cosas, la clave para la libre circulación de las personas va a ser probablemente la de que los ciudadanos individuales de la Unión Europea inicien procedimientos judiciales por su propia iniciativa, en lugar de confiar en la Comisión o los Estados miembros para que garanticen la aplicación de la libre circulación. 
Creo que la libre circulación no es un objetivo del Tratado, sino un derecho constitucional fundamental. 
Es algo sin lo cual la Unión Europea no puede funcionar. 
Así, pues, si los ciudadanos individuales están en condiciones de imponer el cumplimiento del artículo 7A directa o indirectamente, se intensificará la libre circulación. 
En mi opinión, el procedimiento judicial incoado por el Parlamento contra la Comisión ante el Tribunal no fue un error, sino que debería haberse mantenido hasta que se dictara sentencia, porque se dijo que las propuestas Monti que resultaron de ese caso judicial fueron en cierto modo una transacción y un avance. 
Creo que las llamadas medidas de acompañamiento y el Acuerdo de Schengen son excusas para intentar eludir la cuestión fundamental del artículo 7A. 
Si se dice que las llamadas propuestas Monti presentadas ahora serán vetadas en el Consejo de Ministros, eso no significa el final de todo este asunto, que el artículo 7 A vaya a desaparecer en cierto modo. 
Sigue siendo una obligación con la que la Comisión debe cumplir en su labor y sigue siendo algo sobre lo que la Comisión debe adoptar medidas. 
Señora Presidenta, Señorías, el Parlamento Europeo ha adoptado siempre una postura muy clara en relación con la libre circulación de personas, basada en dos principios, y sus Señorías lo han repetido. 
En primer lugar, la libre circulación de personas es una obligación incluida en el Tratado que habría tenido que realizarse el 31 de diciembre de 1992 y sin condiciones. 
En segundo lugar, cuando decimos personas nos referimos a todas las personas que residen legalmente en nuestros Estados miembros, y por consiguiente también los trece o catorce millones de súbditos de terceros países que viven y trabajan desde hace años en la Unión, porque no toleramos ningún tipo de discriminación y, además, porque cualquier limitación a los ciudadanos de la UE arrebataría todo significado práctico a la libre circulación. 
La Comisión nos ha seguido por fin en esta argumentación. 
Estas tres directivas de la Comisión Europea tendrían que haber realizado por fin, con tres años de retraso, uno de los pocos derechos fundamentales que tienen las personas en la Unión Europea en virtud del Tratado, uno de los pocos derechos fundamentales. 
Pero son las mismas partes que firmaron el Tratado, es decir, los gobiernos de los Estados miembros que incluyeron la libre circulación de personas en el Tratado, los que ahora lo vuelven a convertir en un espejismo y aplazan el debate hasta que se discuta la seguridad nacional y se asustan de su propia sombra. 
Cada vez ponen más obstáculos para no tener que realizar la libre circulación. 
Primero se vincula la libre circulación a medidas técnicas, y luego dichas medidas se convierten en medidas jurídicas para suprimir las fronteras interiores. 
Este Parlamento rechaza esta postura. 
Pero ahora ya se ha ido demasiado lejos con esta propuesta de acción común del Consejo en relación con el derecho a viajar de los nacionales de terceros países que permanecen legalmente en un Estado miembro en el marco del K 3, el tercer pilar, pues se trata de una verdadera provocación tanto a la Comisión Europea como a este Parlamento. 
¿Acaso tiene que alegrarse este Parlamento del hecho de que por fin se realice el derecho de los nacionales de terceros países a viajar? 
No nos alegramos porque, en primer lugar, la acción común institucionaliza definitivamente la discriminación entre los ciudadanos de la Unión Europea y los nacionales de terceros países. 
Esto significa que las personas del artículo 7 A del Tratado por lo visto sólo son los ciudadanos de la Unión Europea. 
En segundo lugar, en realidad se trata del entierro de la libre circulación de personas como materia comunitaria. 
Ya les puedo adelantar cuál será el siguiente paso de este episodio. Es un protocolo de Schengen en el Tratado y una supresión definitiva del artículo 7 A con motivo de la CIG que nos espera. 
Es el arrinconamiento definitivo de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia Europeo. 
Lo considero una bofetada no sólo para el Parlamento Europeo, sino también para todas las personas en la Unión Europea, algo que ni el Parlamento Europeo ni la Comisión Europea pueden tolerar. 
Señora Presidenta, estoy seguro de que todos apoyaremos los fines y principios de estos informes. 
Pero las dificultades que claramente existen en la Unión Europea en este momento en relación con estos asuntos se deben a que, cuando los Jefes de Gobierno se reúnen en diversas ocasiones, con frecuencia hay órdenes del día ocultos y lo que parece acordarse en el papel no siempre es lo que se proponen hacer en realidad: a consecuencia de ello, la libre circulación de las personas es el único sector en el que hemos logrado muy pocos avances respecto de las demás libertades. 
Voy a hablar principalmente sobre el informe Linzer y acojo con el mayor beneplácito algunos de los cambios que se han hecho mediante enmiendas. 
Quiero subrayar en particular la importancia de la enmienda encaminada a suprimir la referencia que figura en el informe y en las propuestas de la Comisión al derecho de los Estados miembros a expulsar a nacionales de terceros países si representan una amenaza no sólo para el orden o la seguridad públicos, sino también si representan una amenaza para las relaciones internacionales de los Estados miembros. 
Se trata de una propuesta muy peligrosa; algunos gobiernos- incluido el mío- la han explotado para expulsar a personas que protestan contra la denegación de los derechos humanos y los gravísimos problemas existentes en cierto países del mundo que tienen regímenes detestables, racistas y militaristas. 
Esas personas se han visto amenazadas de expulsión por sus actividades encaminadas a señalar a la atención del mundo esos problemas, porque el país interesado teme que eso afecte a su comercio o algún otro aspecto de sus relaciones. 
Eso no debe ser un factor fundamental, por lo que acojo con el mayor beneplácito estas propuestas. 
Por último, a los diputados laboristas británicos nos plantean algunos problemas estos informes y vamos a tener que esperar al resultado de la votación sobre las diferentes enmiendas antes de decidir si podemos o no apoyarlos o si debemos abstenernos. 
Señora Presidenta, comprendo perfectamente que algunos se impacienten con la supresión del control en las fronteras internas, ya que hay que admitir que existen buenos motivos para que precisamente esta parte del mercado interior resulte difícilmente realizable. 
Hay que ser realista. 
No podemos abrir las fronteras antes de que existan normas sobre el cruce de las fronteras exteriores y sobre el asilo y los visados. 
Las fronteras son importantes para muchas personas. 
La población no está dispuesta a aceptar las consecuencias de la inexistencia de un control fronterizo. 
Es indiferente que se trate de tráfico de drogas, de personas o de residuos perjudiciales para el medio ambiente: con muy pocos errores cometidos, la UE dejará de parecer fiable y será acusada de causar más perjuicios que beneficios. 
A esto hay que añadir que mucha gente en Dinamarca trabaja en el control fronterizo, y estas personas tendrán dificultades para entender el problema. 
Deseo una Europa sin fronteras y sin controles fronteriza, pero no puedo aceptar la existencia de más policía en las calles para controlar, mediante muestreos, si la gente tiene su documentación en regla. 
Este será el resultado si no nos tranquilizamos y nos lanzamos a abrir las fronteras europeas. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar, deseo dar mis más sinceras gracias a las distintas comisiones parlamentarias y, en particular, a los distintos ponentes por el trabajo que llevaron a cabo. 
Sus informes han conseguido poner de manifiesto los puntos cruciales que conlleva la realización del objetivo del artículo 7A del Tratado. 
A través de la lectura de los informes, sobresalen las esperanzas truncadas y las frustraciones, así como la impaciente espera de que los responsables de las decisiones políticas se empleen a fondo para realizar el mercado único también en el ámbito de la libre circulación de las personas, tal como sucedió en materia de bienes, servicios y capitales. 
Deseo manifestar que cuando llegué a la Comisión Europea en enero de 1995 y fui nombrado responsable del Mercado Único, en seguida consideré inaceptable una situación en la que se habían alcanzado casi las tres cuartas partes de las libertades, pero no la más importante para las personas. 
Por esta razón, ya en julio de 1995, hice que la Comisión adoptara las propuestas respecto a las que hoy el Parlamento debe pronunciarse. 
No puedo hacer otra cosa que coincidir con los sentimientos expresados por la mayoría del Pleno. 
¿Qué acostumbra a hacer una persona o un institución cuando quiere actuar? 
Se propone un fin, un objetivo y para realizarlo se fija algunas medidas. 
Sin embargo ¿qué es lo que comprobamos hoy? 
No hay certezas respecto al objetivo del artículo 7A del Tratado, ni tampoco existe un acuerdo en cuanto a las medidas para realizarlo, y ello, desde hace casi diez años, o sea, desde el comienzo de los trabajos emprendidos a raíz de la adopción del Acta Única Europea. 
¿Por qué el Acuerdo de Schengen ha logrado avances, mientras que la Unión está estancada en esta materia? 
Sencillamente, porque los Estados que adhirieron a Schengen comparten tanto el objetivo como la opinión respecto a las medidas aptas para realizarlo. 
En nuestro caso, el objetivo mismo es rechazado al menos por un Estado. 
Por lo que se refiere a las medidas, el desacuerdo es general: se debate sin cesar sobre la cuestión del fundamento jurídico, pero lo que se percibe en realidad es cierto temor respecto a los aspectos institucionales del primer pilar, la implicación del Parlamento y del Tribunal de Justicia y el papel de la Comisión. 
Dichos aspectos, que son una característica de la democracia y de los Estados de Derecho, ¿son quizás incompatibles con la salvaguardia del orden y de la seguridad pública? 
Según mi parecer, ciertamente no lo son. 
No quiero decir con ello que no comprendo las preocupaciones manifestadas por los ministros de Interior. 
La libre circulación de la personas implica inevitablemente problemas de seguridad y de orden público que no podemos infravalorar. 
Tras haberles escuchado y habiendo participado en los primeros debates en el seno del Consejo, en sus formaciones de «mercado interior» y «justicia y asuntos internos» , estoy convencido de que el camino elegido por la Comisión conseguirá conciliar las distintas exigencias. 
Permítanme lanzar un llamamiento a este Pleno a los efectos de la votación de la enmiendas a las propuestas de la Comisión. 
Debemos concentrarnos en los puntos fundamentales de la propuesta y en los aspectos que deben formar parte del fuerte mensaje dirigido a los ciudadanos: sí, el artículo 7A debe y puede cumplirse; sí, las medidas propuestas son razonables; sí, los fundamentos jurídicos del llamado primer pilar son pertinentes; sí, son oportunas las medidas complementarias, sin embargo, ya no puede admitirse las demoras respecto a su adopción. 
Por este motivo, la Comisión se limitará a aceptar, entre las enmiendas propuestas, las que están dirigidas a garantizar el fundamento jurídico de las propuestas, en un marco más puramente comunitario, y a aportar mejoras en cuanto a su redacción o precisiones con arreglo a la lógica y al rigor de los textos propuestos. 
En lo que se refiere a la propuesta de directiva referente a la supresión de los controles sobre las personas en las fronteras interiores, ya mencioné que la preocupación de la Comisión fue la de declarar que no quería crear un espacio de libertad en menoscabo de la seguridad. 
Por ello, excluyo que se cree una forma de subordinación entre las medidas de acompañamiento y la supresión efectiva de los controles intracomunitarios. 
Sin embargo, este vínculo existe y tiene una naturaleza más política que jurídica, habida cuenta de las preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad. 
La Comisión, por lo tanto, no puede aceptar las enmiendas que suprimen todo vínculo entre estos dos aspectos: la libertad, por una parte, y la seguridad, por otra. 
Me temo que suprimiendo este vínculo, prestaríamos un flaco servicio al logro efectivo de la libre circulación. 
Con referencia a las cinco enmiendas restantes, la Comisión puede aceptar sólo cuatro de ellas, o sea, las enmiendas núms. 1, 2, 5 y 6, en cuanto tendentes a confirmar el fundamento jurídico propuesto. 
En lo que se refiere a la propuesta de directiva por la se adapta el derecho derivado aplicable a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias, trátase de una adaptación de carácter técnico que podrá llevarse a cabo en cuanto se eliminen los controles en las fronteras interiores. 
La enmienda contenida en el informe del Sr. Lehne, me parece que va más allá de este ámbito específico y no la considero aceptable. 
Por último, en lo referente a la propuesta de directiva relativa al derecho de los ciudadanos de terceros países a viajar dentro de la Comunidad, la Comisión acepta las enmiendas núms. 1, 2, 5, 9 y parte de la enmienda nº 10, así como las enmiendas núms. 
15 y 18. Creo que casi está demás recordar que esta propuesta fue objeto de especial atención en el seno del Consejo y ello, probablemente, por dos motivos: en primer lugar, la parte de la propuesta de directiva que se refiere a la equiparación entre el permiso de residencia y el visado para quienes residen en el territorio de los Estados miembros de la Unión, podría adoptarse y entrar en vigor incluso antes de la supresión de los controles fronterizos interiores; en segundo lugar, ésta es precisamente la propuesta que por su fundamento jurídico se presta a ser transferida del primer al tercer pilar. 
Desde este punto de vista, hay que prestar mucha atención a no hacer pasos atrás respecto a los tradicionales objetivos e instrumentos del Tratado e incluso respecto a Schengen que, no hay que olvidarlo, confiere un concreto derecho a viajar. 
Pienso que deben evaluarse atentamente todas las repercusiones jurídicas y políticas que presenta esta problemática tan sensible. 
Voy a finalizar recordando una vez más lo que espero que sea obvio para todos nosotros: la libre circulación dentro de la Unión Europea debe reunir las mismas características de la libertad dentro de nuestros países. 
Al igual que las mercancías, los servicios y los capitales, también las personas deben circular libremente. 
Nos encontramos ante una obligación de resultado, obligación que podrá considerarse cumplida sólo si se eliminan todos los controles en las fronteras interiores. 
Termino, señora Presidenta, refiriéndome a lo que muchos manifestaron y subrayaron, o sea a la iniciativa de la Presidencia. 
A lo largo de los trabajos del Consejo, la Presidencia presentó su iniciativa durante la reunión de la Dirección General I de los días 8 y 9 de julio. 
Por consiguiente, no es de extrañar que el Colegio de Comisarios todavía no haya adoptado una posición y no pueda, por lo tanto, presentarles la posición de la Comisión al respecto. 
Sin embargo, habida cuenta de la importancia que atribuyo a este problema, les confieso que personalmente esta nueva iniciativa me preocupa por muchos motivos. 
Mejor dicho, mis preocupaciones abarcan tres aspectos y se refieren tanto a la relación con nuestra propuesta de directiva sobre el derecho a viajar, como al contenido de la iniciativa y de su fundamento jurídico. 
Empezando por el fundamento jurídico, deseo recordar que la Comisión siempre ha considerado que la propuesta sobre el derecho a viajar va estrechamente ligada con la cuestión del mercado único por lo que el fundamento jurídico no puede ser otro que el artículo 100 del Tratado. 
Creo que el Parlamento Europeo comparte este punto de vista, tanto es así que dicho fundamento jurídico sigue conservando sus prerrogativas. 
En cuanto al contenido de la iniciativa de la Presidencia y, sobre todo, a su alcance, confieso que me siento preocupado. 
El plan de acción común se limita, en efecto, a crear facilidades para los desplazamientos y no confiere el derecho a viajar. 
En realidad, el plan de acción común sólo permitirá a un nacional de un tercer país presentarse en la frontera con su permiso de residencia y sin visado. 
No por esto, éste se beneficiará del derecho de entrar en el territorio de otro Estado miembro; podrá no ser admitido de forma arbitraria y, lo más grave, los motivos de dicha prohibición no estarán sometidos al control judicial del Tribunal de Justicia. 
Por otra parte, se trata de un paso atrás respecto al Convenio de Schengen que, hoy por hoy, ya confiere este derecho a viajar. 
Además, la ausencia del derecho de admisión conlleva la necesidad de mantener en vigor los controles en las fronteras interiores a fin de verificar si puede autorizarse la entrada en el territorio. 
Ello significa que de una propuesta de directiva que contempla la perspectiva de la eliminación de los controles fronterizos se ha pasado a un instrumento legal que obliga a mantener vigentes dichos controles. 
En conclusión, deseo recalcar que las reflexiones hechas hasta ahora en cuanto a esta iniciativa de la Presidencia sólo me comprometen a mí. 
Sin embargo, voy a trasladar mis preocupaciones a todos los miembros de la Comisión, invitándoles a que definan cuanto antes la estrategia a seguir. 
Por mi parte, les invito a definir claramente, como Parlamento Europeo, su posición respecto a este problema. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 10.40 horas, se reanuda a las 10.50 horas) 
Declaración de la Comisión sobre la EEB 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre su política de información desde 1988 sobre la EEB, así como sobre las medidas tomadas para que tenga eficacia la prohibición de la exportación y para erradicar la enfermedad. 
Tiene la palabra el Sr. Santer, Presidente de la Comisión. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la EEB es un asunto serio. 
Así lo ha tratado la Comisión desde el principio y así he decidido yo mismo tratarlo. 
Desde el mes de marzo me he implicado personalmente en este expediente, y ya conocen ustedes mi posición, que no es otra que la de la Comisión. 
Nuestra primera preocupación es la salud, y la evidencia científica nuestro único método. 
Precisamente en el marco de este planteamiento es donde la Comisión sitúa su acción y donde ha aprobado, el 27 de marzo, una estrategia de aislamiento de la enfermedad, que ha sido claramente confirmada tanto por el Tribunal Europeo de Justicia como por el de Primera Instancia. 
Al rechazar la solicitud británica por el trámite de urgencia contra la prohibición de exportación, el Tribunal ha confirmado de manera explícita la posición permanente de la Comisión. 
Ésta ha puesto de relieve con mucha claridad que la prohibición de exportación se inscribe en una estrategia que concede una importancia primordial a la protección de la salud. 
Deseo añadir también que el marco general de acción con vistas a la erradicación de la EEB propuesto por la Comisión y que facilitó un acuerdo en Florencia, establece un vínculo directo entre la posible reanudación de las exportaciones y la eliminación de cualquier riesgo para la salud humana. 
En este asunto, la Comisión no ha ocultado nunca los principios que la inspiran. 
No veo ninguna razón para que, en un tema tan sensible, ésta hubiera practicado una política de desinformación. 
Les confieso que el descubrimiento de la nota de octubre de 1990 de un funcionario de la Comisión que parecía dar crédito a la tesis de una estrategia de desinformación me provocó una profunda conmoción, que transmití en mi última intervención ante el Parlamento Europeo, en el mes de mayo en Bruselas. 
Pero en lugar de reaccionar con precipitación y de inventar teorías de conspiración, inmediatamente pedí explicaciones, pues lo que sugiere esta nota es lo opuesto a lo que yo mismo he podido constatar desde que estoy al frente de la Comisión. 
Como usted mismo ha solicitado, señor Presidente, estoy dispuesto a entregarle hoy el resultado de las investigaciones que hemos realizado. 
Espero poder demostrar así, ante ustedes, que las diferentes interpretaciones que hemos podido leer u oír en estos últimos tiempos transmiten una imagen totalmente deformada de la actuación de la Comisión. 
¿Cual es, entonces, la situación? 
La nota del Sr. Castille es una nota de expediente, personal y no registrada. 
Se trata, por otra parte, no de un acta de la reunión sino más bien de un comentario personal de su autor; y no estaba destinado ni al comisario responsable de la protección de los consumidores ni por supuesto a la Comisión. 
En su nota el Sr. Castille se remite, y cito, » a los representantes de la Comisión». 
El Director General Adjunto responsable de los servicios veterinarios, que asistía al Comité Veterinario Permanente aquel día, nos ha confirmado que no dijo nada en esa reunión, ni en ninguna otra, que pudiera ser interpretado en el sentido de una política de desinformación a llevar a cabo por la Comisión. 
Añadió además que en ningún momento oyó a ninguno de sus colaboradores hablar en este sentido, y precisamente para despejar las dudas, durante el último Comité Veterinario pedimos a los Estados miembros que dieran su versión de los hechos puesto que el propio Comité está compuesto por representantes de los Estados miembros. 
La delegada danesa, única que asistió personalmente a la reunión de octubre de 1990, hace por tanto seis años, ha indicado que en ningún momento la Comisión pidió al Reino Unido que no publicara el resultado de las investigaciones iniciadas. 
También subrayó que la interpretación que se dio a la nota del Sr. Castille es contraria a la sustancia y al espíritu de todos los debates en el Comité Veterinario Permanente y no refleja el planteamiento de la Comisión. 
Las palabras de la delegada danesa se ven confirmadas por las notas de la delegación irlandesa. 
Las demás delegaciones han indicado que la EEB nunca ha sido tratada de ese modo ni por la Comisión ni por los Estados miembros en el seno del Comité Veterinario. 
La delegación italiana ha declarado incluso que si la Comisión hubiera hecho un planteamiento semejante, habría sido rechazado rotundamente por los Estados miembros. 
Y ésta es la información que he podido obtener sobre una reunión que tuvo lugar hace seis años. 
En cualquier caso, es necesario juzgar a la Comisión por sus actos. 
Así, apenas un mes después de esta famosa reunión del Comité Veterinario en 1990, la propia Comisión organizó una conferencia científica de una importancia sin precedentes, reuniendo a doscientos representantes de la comunidad científica entre los más ilustres de todo el mundo, para estudiar precisamente la problemática de la EEB, y de hecho esta conferencia dio un impulso incuestionable a la investigación sobre la citada enfermedad. 
Si en el momento actual comenzamos a disponer de datos científicos, de los cuales algunos han suscitado la reciente crisis mientras que otros nos permiten encontrar respuestas, es también gracias al impulso que esta Conferencia dio en su momento. 
Señorías, ¿creen ustedes que organizar una conferencia de este tipo y publicar sus resultados íntegros es practicar una estrategia de desinformación? 
No deseo hacer aquí el relato de las acciones emprendidas desde octubre de 1990 en materia de lucha contra la EEB. 
La Comisión ha recabado, de manera sistemática, las mejores opiniones científicas disponibles, que han servido de base a las medidas propuestas. 
Y la Comisión tiene en cuenta los nuevos elementos que aparecen en cada momento y continuará haciéndolo. 
Quisiera señalar que nos encontramos ante un problema complejo y complicado para el que no siempre hay, por desgracia, evidencias científicas absolutas. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, vamos ahora a una segunda cuestión que ha suscitado mucho sobresalto, las sospechas de exportación ilegal de carne de bovino británica. 
Es ocioso subrayar que tales exportaciones serían fraudulentas, y es necesario tomar este asunto muy en serio. 
Pero también en ese caso es importante no dejarse llevar por la inquietud; hay que llegar al fondo de las cosas, y es lo que ha hecho la Comisión. 
Hemos escrito al Sr. Seehofer, ministro alemán de Salud, para verificar las razones por las que ha alertado a los ministros de los Länder alemanes, y hemos escrito a todos los ministros de Agricultura de la Unión para exigirles una mayor vigilancia. 
Igualmente, les hemos pedido que lleven a cabo una investigación y transmitan a la Comisión aquellos resultados que puedan ser útiles en este sentido. 
Mi colega, el Comisario Fischler, ha intervenido ante su homólogo británico para asegurarse de que las autoridades del Reino Unido hacen que se respete plenamente la prohibición de exportación. 
Finalmente, hemos dado instrucciones para que nuestro propio servicio antifraude, la UCLAF, investigue sobre las posibles irregularidades. 
Por el momento, las únicas respuestas que nos han llegado son la del ministro Seehofer y la del ministro italiano de Agricultura, y las tengo a disposición del Parlamento. 
Verán ustedes que no hay en ellas ninguna información que pueda justificar, hasta el día de hoy, los graves temores provocados por los numerosos artículos de prensa que han aparecido después de la actuación del señor Ministro Seehofer. 
Aún así, no hay razón para que la Comisión no deba profundizar en estas alegaciones. 
Continuará haciéndolo, y si hay fraude, los culpables deberán ser duramente castigados. 
La Comisión insistirá ante los Estados miembros para que asuman sus responsabilidades. 
Así, los servicios aduaneros y veterinarios, que dependen de la autoridad de los Estados miembros, deben cumplir con su obligación. 
La Comisión, por su lado, cumple con la suya. 
Por otra parte, la próxima semana viajará al Reino Unido una nueva misión de inspección veterinaria y he pedido que preste una atención especial al estricto cumplimiento de la legislación comunitaria y al refuerzo de los controles físicos en los puertos. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en este asunto no permitiremos que nadie nos aleje de nuestro planteamiento: la salud humana ante todo y la evolución de los conocimientos científicos son nuestra única guía. 
Cualquier información, por inverosímil que parezca, será examinada. 
No correremos riesgos y actuaremos con total transparencia asumiendo nuestras responsabilidades. 
De este modo serviremos a nuestros conciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, la nota interna de un funcionario de la Comisión de octubre de 1990 concentra en una página la quintaesencia de todo lo que la opinión pública reprocha a la burocracia europea. 
A la revelación de esta nota- ¿por qué ese nerviosismo en los escaños de la Comisión? -se han añadido algunos rumores relativos a un desvío del embargo mediante exportaciones ilegales de vacuno británico. 
No insistiré sobre este último asunto pues se encuentra sub iudice en la justicia italiana. 
El impacto de estas revelaciones es devastador. 
Sin duda, la Comisión presidida por el Sr. Santer no es responsable. 
Por supuesto, el funcionario responsable en 1990 está probablemente jubilado. 
Sin duda ningún Comisario vio probablemente la nota en 1990. 
Todo esto no nos exime de aprender algunas lecciones sobre lo que pasó en 1990. 
Y precisamente porque respetamos el trabajo de la Comisión y porque ésta debe estar por encima de toda sospecha, deseamos que esto sea así. 
¿Qué revela esta nota? 
En primer lugar una mentalidad denunciada con frecuencia por los socialistas, pero que en pocas ocasiones se ha revelado con tanto cinismo, y es que el mercado es el valor supremo, lo que lleva a considerar cualquier otro elemento como secundario, en este caso la protección de los consumidores. 
Es la mentalidad surgida en algunos países del liberalismo triunfante de los años 80. 
El gran mercado interior orientado en exclusiva a la economía, carente de dimensión social y ecológica ha sido la continuación en el plano europeo. 
La nota revela también una ceguera increíble frente a las inquietudes expresadas en aquellos momentos por los medios interesados. 
Y como prueba está la pregunta escrita, formulada en mayo de 1990, por mi colega José Happart en este sentido y la respuesta tranquilizante que entonces dio el Comisario de Agricultura. 
Ésta revela un deseo de opacidad en la información, incluso de desinformación, un rechazo de la transparencia verdaderamente escandaloso en nuestra época y en una institución democrática. 
La primera no pedir excusas rápidamente y pasar al orden del día, sino comprometerse y cambiar profundamente de mentalidad y de planteamiento. 
En efecto, si un funcionario de la Comisión pudo producir una nota como aquella en 1990, con conocimiento del responsable político o sin él, es porque se daban las condiciones objetivas. 
En otros términos, la prioridad por los imperativos del mercado, la falta de responsabilidad en materia de salud, el deseo de tratar los temas a puerta cerrada, todo esto debía ser habitual para que una nota como ésa viera la luz y no suscitara ninguna pregunta a ningún nivel. 
Y además, si esta actitud converge a nivel de uno de los Estados miembros con intereses económicos muy acusados, con una permisividad en los controles veterinarios y con desprecio por los reglamentos comunitarios, podemos imaginar la amplitud del desastre, la ocultación permanente de la realidad, el desprecio por cualquier preocupación por la salud y la protección de los consumidores, todo ello en beneficio del interés económico. 
Ahí está, señor Presidente, el verdadero escándalo. 
Si la actual Comisión desea preservar su credibilidad ante la opinión pública, es preciso que dé muestra de una voluntad de transparencia absoluta y de rigor en el respeto por los imperativos de salud pública; de este modo podrá defenderse cien veces defendiendo su propia inocencia, pues la opinión pública no ve más que la continuidad de la institución y no la sucesión de los responsables individuales. 
El grupo socialista va a examinar de manera muy precisa y con tranquilidad las explicaciones que el Presidente de la Comisión acaba de dar al Parlamento. 
Lo agradezco pues creo que es muy importante el hecho de haber expuesto al propio Parlamento estos datos tan precisos. 
Por supuesto vamos a votar una resolución, pero no es suficiente, nuestro grupo va a estudiar la oportunidad de pedir una comisión de investigación. 
En todo caso podemos decir que si alguna vez se considerase la posibilidad de crear una comisión como ésa conforme a los términos del artículo 136 de nuestro Reglamento, (por supuesto, es éste el caso) , sería para investigar si, efectivamente, hubo mala administración, incluso negligencia, en el tratamiento de este expediente por parte de la Comisión y del Estado miembro en cuestión. 
Todo el mundo tiene el máximo interés en aclarar esta cuestión para restablecer la confianza en las autoridades europeas y nacionales, la de los agricultores, pero sobre todo la de los ciudadanos y la de los consumidores. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión Southwood, un grupo de científicos británicos independientes, manifestó ya en 1988 a propósito de la EEB: » No creemos que exista un riesgo para el hombre, pero ni estamos equivocados, este riesgo será sumamente alto». 
En el debate que celebramos el 12 de junio de 1990 en el Parlamento Europeo, yo ya solicité la destrucción de todas las existencias de bovino afectadas por la EEB. 
Según mi experiencia de esta historia interminable, lo que está en juego no es simplemente el tema de la desinformación- éste es más bien de carácter secundario -, sino otra cosa. 
Lo que está sobre la mesa es que tanto en la Comisión, como en el Consejo y en las asociaciones profesionales, y también en algunos sectores de esta Asamblea, ha prevalecido una cierta incomprensión y una falta de disposición a situar en primer plano la protección de los consumidores, en su sentido preventivo. 
Esto también se aprecia, naturalmente, desde la perspectiva del asesoramiento científico. En efecto, los resultados científicos se han dado a conocer con cuentagotas y todavía hoy no poseemos una certeza definitiva. 
En este contexto, no sólo cabe citar la nota del Sr. Castille, sino que también a mí se me señaló con suficiencia por diversas partes que si el riesgo era tan grande, ¡más valía no decir nada al respecto! 
Se subvaloró, lisa y llanamente, no sólo la dimensión científica, sino también el alcance de la reacción de los consumidores. 
Señor Presidente Santer y señor Comisario Fischler, ustedes llevan ahora un año y medio en sus puestos y yo sólo quiero rogarles que no cometan el error de intentar encubrir las anteriores omisiones y posibles actuaciones indebidas de determinados servicios de la Comisión o la actuación indebida del Consejo. 
Ustedes han ejercido ahora una justificada presión con sus decisiones y esto es algo que yo quiero destacar explícitamente y que valoro positivamente. 
No obstante, también se han cometido una serie de chapuzas, como por ejemplo el retraso en la transposición de la norma sobre la eliminación de los cadáveres de los animales. 
La Decisión de 1990 debía transponerse antes de diciembre de 1991 y ustedes ya saben qué ha ocurrido hasta la fecha. 
Toda una serie de datos justifican plenamente, a mi parecer, una investigación interna en los servicios de la Comisión para determinar si los funcionarios competentes y responsables de las actuaciones procedieron efectivamente en defensa de los intereses comunitarios o no. 
Pero, al mismo tiempo, yo también afirmo que una comisión de investigación no aportaría, por lo que yo sé, nada nuevo a esta Asamblea. 
Cuanto ahora se debate en relación con las harinas animales y la supervisión son hechos que en el fondo ya están sobre la mesa desde 1990, 1991 o 1992, como máximo, para cualquiera que se ocupe del tema. 
La creación de una comisión de investigación seguramente provocaría una nueva reacción exagerada de los consumidores y los medios de comunicación, que en último término obligaría a los ganaderos afectados a pagar un alto precio por segunda vez. 
Por consiguiente, yo le pregunto señor Presidente de la Comisión Santer si está usted dispuesto a dar al Parlamento la seguridad de que, además de las investigaciones internas realizadas en relación con la citada nota escrita, también se comprobará si los servicios de la Comisión han hecho en los últimos años todo lo necesario para lograr la transposición de las directivas y reglamentos aprobados y en qué medida se han efectuado los controles necesarios en los Estados miembros. 
También quiero rogarle, además, que nos dé garantías de que el plan de destrucción de las existencias se aplicará de manera consecuente y que los resultados que entre tanto se obtengan en las investigaciones científicas serán comunicados puntualmente a la comisión competente del Parlamento Europeo. 
Este sería, a mi parecer, el camino adecuado para enmendar las negligencias cometidas en el pasado. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, esperábamos mucho de su declaración pues tenemos la sensación, más bien penosa, de que en el pasado la Comisión no fue consciente con claridad de la catástrofe política que representa el asunto de las vacas locas. 
Por un lado tenemos a unos consumidores desorientados y atemorizados, con la impresión de que se les ha ocultado una parte de la verdad, lo que contribuye a mantener una psicosis devastadora. 
Por otra, tenemos a todo un sector económico, desde los ganaderos hasta las empresas de transformación y de distribución, al borde de la desesperación porque está en peligro incluso su propia supervivencia. 
Hay algunas regiones de la Unión Europea como Irlanda, Escocia, el Macizo Central francés o las zonas montañosas de la Italia del Norte, por no citar más que algunas, en las que la ganadería bovina constituye la actividad económica y humana predominante, incluso casi exclusiva. 
El Parlamento Europeo que, desde el año 88 al 90, reclamó la atención de la Comisión y del Consejo sobre la gravedad de la situación, está hoy enfadado, pues considera que las respuestas que se han dado hasta el momento están muy por debajo de lo que la situación exige. 
Tenemos la sensación de que continúa tratándose el problema como si fuera sectorial cuando lo que está en tela de juicio es el funcionamiento de las instituciones comunitarias en su conjunto. 
Nuestra inquietud se ve motivada por dos hechos recientes. 
Hace unos momentos se ha hablado de la nota del Sr. Castille. 
Nos felicitamos, señor Presidente, de que haya hecho usted una investigación en el seno de la Comisión, pero lo que nos ha dicho no nos satisface pues una investigación, para ser creíble debe ser contradictoria. 
Así pues, que yo sepa, no ha oído usted al autor de la nota, Sr. Castille, que hoy se encuentra jubilado, pero que hubiera podido proporcionar en cualquier caso informaciones muy útiles. 
Por mi parte me he tomado la molestia de llamarlo por teléfono y me dijo que la nota había sido transmitida, en aquellos momentos, a los gabinetes de los comisarios. 
Por tanto, estamos sorprendidos de que algunas declaraciones de su predecesor, el Sr. Delors, e incluso del portavoz actual de la Comisión, hayan intentado desprestigiar al autor de esta nota que tenía como objetivo- sin duda era un comentario personal- atraer la atención sobre la gravedad del problema que representaba ya en aquellos momentos el asunto de las vacas locas. 
Más tarde, encontré entre mis archivos un artículo publicado el 30 de mayo de 1990 en la sección «Sciences et Médecine» del diario «Le Monde» , y que es simultáneo a la nota del Sr. Castille y en el que se ve cómo dos profesoras, una en la «École vétérinaire» de Maisons-Alfort y la otra en el hospital Saint-Louis, daban la voz de alerta sobre el problema de las harinas y el riesgo de contaminación que representaban. 
Ha sido necesario esperar hasta 1994 para que, a nivel europeo, se apruebe una reglamentación que prohíba el uso de esas harinas. 
Pensamos por tanto que las instituciones europeas no han funcionado como hubieran debido. 
Tenemos la sensación de que, en aquellos momentos, todo hubiera sucedido como si la consigna hubiera sido de hecho no levantar polvo. 
El resultado, hoy, es que tenemos un torbellino que lo arrastra todo. 
Señor Presidente, como conclusión a estos acontecimientos que son sin duda extraordinariamente preocupantes para nosotros, le pedimos también que asuma todas sus responsabilidades. 
En primer lugar y sobre todo, ordenando una investigación interna, pero contradictoria, para dar luz sobre lo que pasó en 1990, con el fin de extraer las consecuencias, incluyendo el plano disciplinario y político, si los Comisarios, actuales o antiguos, tuviesen algún tipo de responsabilidad. 
En segundo lugar, poniendo en marcha un gabinete de crisis para garantizar el respeto por las reglas sanitarias actualmente en vigor, con el fin de que se compruebe el respeto por el embargo, que afecta a las exportaciones británicas de carne de bovino, al igual que la prohibición de hormonas. 
Pues sabemos que, también en este sector, los controles de los Estados miembros son insuficientes. 
En tercer lugar, tomando la iniciativa de una reglamentación severa relativa a las condiciones de producción y utilización de las harinas de carne en la alimentación animal, inspirándose en la legislación restrictiva que acaba de aprobar el gobierno francés. 
En cuarto lugar, dictando una reglamentación común que haga obligatoria, en todo el territorio de la Unión, la identificación de las estructuras óseas con el fin de hacer más transparentes los circuitos de comercialización. 
En quinto lugar, liberando los medios financieros necesarios, por una parte para la erradicación de la enfermedad y, por otra, para salvar a los protagonistas del sector de la carne de vacuno. 
Sólo se saldrá de la crisis recuperando la confianza de los consumidores, jugando a fondo la carta de la transparencia y no perseverando en el juego que consiste en atribuirse mutuamente las responsabilidades entre la Comisión y los Estados miembros, con el único objetivo de justificar la falta de actuación. 
Señor Presidente, el primer objetivo de la Comisión es restaurar la confianza del consumidor europeo en la carne de ternera. 
Ello no puede lograrse si de tanto en tanto surgen documentos que reflejan una imagen equivocada de la posición de la Comisión. 
Por ello quisiera apoyar lo que han dicho varias personas en este debate: es preciso lograr cuanto antes un control interno y publicar un informe interno para eliminar todos los rumores. 
La publicidad es necesaria. 
El apoyo de mi Grupo a la solicitud de creación de una comisión de investigación dependerá de este informe. 
La segunda cuestión es lo que hará la Comisión. 
La EEB encierra todavía muchísimos factores desconocidos. 
Es preciso investigar más. 
¿Cuál será el papel de la Comisión en este ámbito? 
¿Qué papel desempeña la Comisión en la coordinación de toda la investigación que tiene lugar en estos momentos en Europa y cuáles serán sus consecuencias económicas? 
La tercera cuestión que mi Grupo considera importante es que tendrá que restablecerse el equilibrio de mercado para la carne de ternera. Podría resultar un proceso doloroso. 
Una de las cosas que pueden ser útiles en este sentido es la creación de una marca de calidad europea para la carne de ternera. 
El cliente tiene que saber cómo se produce la carne de ternera. 
Ello no se logra tan sólo creando una marca de calidad alemana, una marca de calidad neerlandesa o una bávara, sino que ha de ser una marca de calidad europea para que las condiciones de competencia sean iguales en toda Europa. 
Estas condiciones de competencia se aplican también a otras medidas. 
Alemania ha anunciado ya que no respetará la decisión de la Comisión sobre la exportación de determinados productos procedentes del Reino Unido. 
¿Cuál es la postura de la Comisión? 
¿Qué piensa la Comisión de la decisión de Francia de prohibir el uso de harina animal en el pienso del ganado? 
Condiciones de competencia iguales en todas partes. 
Señor Presidente, esta declaración y este debate han sido motivados por una ya famosa nota interna de la Comisión o, si se quiere, de un funcionario de la Comisión sobre la estrategia de desinformación a seguir en el tema de las vacas locas. 
Pero el problema mayor no es la nota, el problema reside en que, coincidiendo con ella, se suspendieron las misiones de inspección de la oficina de control veterinario y la Comisión se inhibió en su función de promotora de iniciativas legislativas. 
Esta situación se prolongó durante cuatro años en los que se registró casi un 75 % de los casos declarados de EEB. 
Si han existido riesgos, ha sido durante este período. 
Si ha habido necesidad de legislar, la ha habido en este período. 
Si han sido necesarias inspecciones, la necesidad nunca ha sido más acuciante que en ese período. 
La Comisión debe explicar las razones de su falta de actividad durante el período 1990-1994. 
Si se quiere evitar la palabra desinformación, hay que hablar de transparencia, y no se puede afirmar que la Comisión haya mantenido una actitud transparente. 
No está claro el fundamento científico para levantar el embargo sobre las gelatinas, y la Comisión no ha suministrado las informaciones demandadas en el punto 6 de nuestra resolución de junio pasado. 
Es fundamental comparar con opiniones científicas independientes el informe que suministró la Asociación Europea de Fabricantes de Gelatinas y que utilizó la Comisión para proponer el levantamiento parcial del embargo. 
Si existe la sensación de que las decisiones se basan en informaciones procedentes de partes interesadas, de que no se basan en criterios científicos independientes y no se responde a las peticiones de información del Parlamento Europeo, no se podrá restaurar la confianza de los consumidores. 
Hay que aprender de la experiencia: la desregulación y la búsqueda de la competitividad a través de la intensificación han creado este problema. 
La experiencia muestra que cuando las decisiones se condicionan a intereses económicos, o incluso políticos, las consecuencias se agravan. 
En el pasado se han condicionado decisiones importantes a la realización del mercado único o al éxito de una cumbre. 
El consumidor percibe estas situaciones, y no se puede esperar que recupere la confianza con estos antecedentes, y mucho menos ante la sospecha de que ciertas decisiones hayan antepuesto intereses económicos a la salud pública. 
No podemos volver a caer en errores pasados. 
En cualquier decisión futura habrá que suprimir el mínimo riesgo. 
En este asunto hay intereses, beneficiados, perjudicados, costes económicos, pero sobre todo riesgos para la salud. 
Y también existen responsabilidades. 
En opinión de Izquierda Unitaria Europea, es necesario crear una comisión de investigación para determinar las responsabilidades en la creación y desarrollo del problema y, especialmente, para que las decisiones que se adopten en el futuro garanticen la salud pública. 
Habrá quien alegue que la comisión de investigación dará ocasión a que aparezcan nuevos titulares en la prensa con efectos nocivos sobre el consumo. 
Pero ya tenemos experiencia sobre lo que sucede cuando se aplazan las decisiones o se adoptan tímidamente. 
Además, el prolongado período de incubación de estas enfermedades y los riesgos aceptados en el pasado seguirán proporcionando titulares de prensa en un futuro próximo. 
Por todo ello, Izquierda Unitaria Europea apoyará la creación de una comisión de investigación centrada en las decisiones políticas adoptadas con objeto de salvaguardar los intereses de la opinión pública. 
Queremos contribuir, como ha dicho el Sr. Fayot, a que el mercado se someta a las leyes de la democracia y al respeto a la salud de los consumidores. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión Santer, señor Comisario Fischler, la catástrofe de la EEB es una sucesión de actuaciones indebidas, de valoraciones políticas equivocadas y de la no asunción de la responsabilidad política. 
No se trata de una plaga, sino de una catástrofe provocada por los hombres, concretamente a través de la decisión del Gobierno británico de modificar la temperatura y la presión en la producción de harinas de carne. 
Las reacciones en el caso de los bovinos son conocidas. 
No obstante, la Comisión también cometió un error de apreciación al pensar que esta enfermedad no adquiriría semejantes dimensiones, sino que acabaría desapareciendo. 
Es cierto que la Comisión ha actuado ahora- y yo puedo atestiguar que el proceder del señor Comisario Fischler ha sido consecuente -, pero su intervención ha sido sólo un freno de emergencia y no una política preventiva, puesto que hasta la fecha alrededor de dos millones de animales infectados se han incorporado ya a la cadena alimentaria sin que la Comisión interviniera. 
Además, se está comercializando harina de carne elaborada a unas temperaturas insuficientes para inactivar la infección por la EEB, y esta harina sigue utilizándose como pienso, a pesar de que todavía está por ver si las altas temperaturas permiten desactivar realmente la infección. 
Señor Santer, usted ha dicho que no ha existido una línea oficial de la Comisión y que el Gobierno italiano manifestó que, aunque la Comisión hubiese presentado la propuesta, ellos la habrían rechazado. 
Resulta gracioso oírle decir esto, o bien suena a cinismo. 
¡Si lo hubiese hecho público, no necesitaríamos una comisión de investigación! 
El problema es que usted no lo reveló. 
El tema que hoy nos ocupa no es únicamente la aclaración de esta epidemia, sino que también está en juego la reputación del Parlamento Europeo y la reputación de la política europea, que todas estas chapuzas han puesto en entredicho. 
Nos preocupa que el Parlamento, que ha mantenido una posición consecuente, no sea puesto en el mismo saco con una Comisión que no reconoció los indicios necesarios y se apoyó en unos científicos que quitaron importancia al asunto, contribuyendo a esta estrategia de la minimización. 
¡Esto es lo que hoy estamos debatiendo y esto es lo que debemos aclarar! 
Y si la suerte no nos acompaña y se produce un contagio de esta epizootia a los humanos, tendremos que preguntarnos por qué no sacamos, al menos en este momento, las debidas conclusiones. 
La comisión de investigación debe ocuparse también de la adopción de medidas consecuentes con vistas al futuro. 
No se trata sólo de saldar cuentas con el pasado, sino de que este Parlamento haga valer sus competencias en el ámbito de la agricultura, de las que durante largo tiempo no dispuso, y de que también quede inscrito en los Tratados nuestro derecho a participar en el debate sobre estos temas y a instarles a actuar cuando lo consideremos necesario. 
Esto es lo que se dirime y, por este motivo, nuestro Grupo político está a favor de la creación de la citada comisión de investigación. 
La complaciente formulación que usted ha empleado, Sr. Böge, en nombre del PPE -» Si ustedes inician su propia investigación, nosotros la apoyaremos» -, no refleja la posición del Parlamento Europeo. 
¡Nosotros debemos cumplir con nuestro deber, Sr. Böge! 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, esta semana el Parlamento debería, en mi opinión, decidir la constitución de una comisión de investigación con el fin de arrojar luz sobre algunos aspectos del asunto llamado de las «vacas locas». 
Pues, cualesquiera que sean los méritos de su intervención, señor Presidente de la Comisión, es necesario que personas ajenas a la propia Comisión puedan dirigir algunas investigaciones, y según un procedimiento contradictorio. 
El Parlamento comienza hoy a reaccionar de la manera adecuada. 
Pero antes ha sido necesario que una nota interna de la Comisión del mes de octubre de 1990, y publicada por varios diarios, divulgara a los cuatro vientos negligencias aparentemente sorprendentes en el seno de la Comisión. 
Resulta evidente que esta nota revela una organización de las reglas y unas prácticas cuando menos ineficaces dentro de la Comisión y entre la propia Comisión y los Estados miembros. 
Con toda razón la opinión pública desea saber y quiere transparencia. 
Durante tres años fui ministra de Consumo, y sé bien que un consumidor que ha perdido la confianza sólo la recuperará si tiene la convicción de tener ante sí a responsables competentes, sinceros y desinteresados. 
Por ello los medios dilatorios utilizados para retrasar las investigaciones o minimizar su importancia se basan en un cálculo completamente falso. 
Si se quiere defender la ganadería y en particular la ganadería de calidad, allí donde se alimente a los animales a base de hierba o de cereales son necesarias la transparencia, la identificación del origen de los animales, unas marcas de calidad y unos controles realizados por servicios independientes de los medios agrícolas y que representen a los consumidores. 
Si se pretende defender los circuitos de distribución, al por mayor o al por menor, es necesario saber controlar eficazmente la cadena entre el productor y el consumidor. 
Y si se pretende preservar la credibilidad de la Comisión y su autoridad- y nuestro grupo lo desea encarecidamente, señor Presidente- es necesario no sólo llevar a cabo una investigación para conocer el pasado, sino también plantear reformas internas a la Comisión, y en las relaciones entre la Comisión y los Estados miembros para que, en el futuro, no vuelvan a producirse semejantes negligencias o errores. 
Señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Parlamento Europeo, Señorías, por tercera vez desde el 27 de marzo nos vemos obligados a hablar en el Pleno sobre el problema de las vacas locas y sus consecuencias. 
En su intervención del 27 de marzo, mi colega Christine Poisson leyó un extracto del libro del Sr. Jimmy Goldsmith, escrito en 1992 en el que ya figuraban todas las revelaciones relativas al problema de la transmisibilidad al hombre de la enfermedad de las vacas locas. 
Y Christine Poisson planteó entonces una única pregunta a la Comisión: ¿Qué ha hecho la Comisión desde 1990? 
La respuesta fue clara, su predecesor, el Sr. Delors, declaró que la Comisión no estaba enterada y que no podía hacer nada. 
El 3 de junio, mi colega, Édouard des Places pidió que la solidaridad con los ganaderos fuera real y que se identificase a los responsables, tanto a nivel de los industriales que fabricaran alimentos para el ganado, como de los Gobiernos e instituciones europeas. 
El Comisario Fischler no aportó ninguna respuesta sobre este punto. 
Las únicas medidas previstas por la Comisión no cubren más que el 20 por ciento de las pérdidas que han sufrido nuestros ganaderos. 
Por ejemplo, en Francia, las pérdidas del sector bovino superan en estos momentos los quince mil millones de francos mientras que las compensaciones sólo ascienden a tres mil millones. 
¿Quién pagará la diferencia? 
Cuando yo mismo denuncié ante el Tribunal de Justicia Europeo, con el apoyo de un sindicato de ganaderos, se me respondió que no, que la Comisión no es responsable y que ha hecho todo lo que estaba en su poder. 
Ahora bien, en una nota interna de la propia Comisión, que posteriormente se haría famosa, una nota por cierto de la que el Sr. Pasty acaba de decirnos que llegó al Gabinete, por tanto a la instancia política en cierto modo, con fecha 12 de octubre de 1990, estaba escrito con toda claridad: » Es preciso minimizar este asunto practicando la desinformación.» 
Hace unos momentos, señor Presidente Santer, nos ha respondido que sólo se trata de una nota interna escrita por un funcionario jubilado, y que la actuación de la Comisión demuestra lo contrario. 
No, señor Presidente, no se trata de una nota sin importancia. 
Como conclusión, señor Presidente, ante esta falta de respuestas, debo asumir mis responsabilidades. 
Por tanto me veo obligado a apelar al artículo 34 de nuestro Reglamento titulado «Moción de censura contra la Comisión» y, desde ahora mismo, voy a comenzar a recoger las sesenta firmas con el fin de que este Parlamento vote la moción de censura en el Pleno de septiembre. 
Por supuesto, se me dirá que los Comisarios responsables ya no son los mismos, pero me veo obligado a precisar que los Comisarios son responsables de los actos de la Comisión y que si ha habido incumplimiento en el funcionamiento de la propia Comisión, el Colegio de Comisarios en ejercicio es el responsable. 
El Grupo Europa de las Naciones pedirá la constitución de una comisión de investigación en el seno del Parlamento Europeo, pero nuestro Parlamento debe asumir todas sus responsabilidades... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señores Comisarios, están ustedes acusados al menos de un delito. 
En su defensa nos explican lo que han hecho desde marzo de 1996. 
El problema, señor Santer, no es lo que ha hecho usted después, sino lo que hizo antes, y con conocimiento de causa. 
Ya en septiembre de 1990, José Happart y yo mismo avisamos en el plano político aquí mismo, al Sr. MacSharry, después de haber entrevistado a todos los científicos del mundo, incluido el Sr. Prisuner. 
El 11 de junio de 1990 un diario del Frente Nacional decía, a toda página, » la enfermedad pasa al hombre» ; y aquí mismo, el 22 de febrero de 1996, en presencia de los funcionarios de la Comisión, Harno Diringer, Director del Instituto Roch en Berlín, decía: » Deseo alertar a las autoridades sanitarias de Europa. 
La encefalopatía pasa al hombre.» 
¡Usted tenía que saberlo! 
Ahora nos dice que no tiene móvil ni razón alguna para haber hecho eso. 
Pero, señor Santer, si los pueblos hubieran sabido la verdad en 1990, en 1992, hubieran sabido que el libre cambio y el ultraproductivismo contaminan, no hubieran aceptado el GATT ni el Tratado de Maastricht. 
Su móvil es ése. 
Ha ocultado usted la contaminación por harinas para ocultar la contaminación por sus ideas. 
Antes incluso que las harinas han sido sus ideas las que han envenenado, señor Santer. 
Y con respecto al Tratado de Viena, ha violado usted el acuerdo de los pueblos. 
Ha conseguido la ratificación del Tratado de Maastricht viciando ese acuerdo. 
Evidentemente suscribimos las palabras de Philippe de Villiers; lo que está en juego no es una comisión de investigación sino su propia responsabilidad política. 
En otras épocas, señor, los grandes envenenadores de la historia sufrían otro destino. 
Señor Presidente, no sé por qué me tiene que tocar siempre a mí la china y tengo que hablar después de discursos como éste... pero, ¡qué le vamos a hacer! 
Desde que llegué aquí, en 1988, he estado intentando que tanto la Comisión como los diputados al Parlamento Europeo se tomaran en serio la amenaza de la EEB. 
A todos debe preocuparnos que los informes de la existencia de la enfermedad preocuparan tanto a la Comisión, que decidiera, al parecer, negarla totalmente. 
Más importante resulta que en algún nivel de la Comisión se decidiera, según tenemos entendido, mantener toda la información alejada del dominio público o lo más alejada posible del dominio público. 
Por otra parte, he de decir que, aunque podría interesar a algunas personas de la Comunidad acusar a la Comisión de ello, la verdad es que su ejecutoria es muy buena en comparación, por ejemplo, con el comportamiento del Gobierno británico, que ha estado intentando mantener oculta la información sobre la EEB por al menos el mismo tiempo. 
También se le señaló esa información en aquel momento y consiguió mantenerla fuera del dominio público. 
Incluso cuando la presión en pro de la información llegó a ser abrumadora, el 20 de marzo de 1996, y todos los periódicos, emisoras de televisión y programas de radio de Europa no hablaban de otra cosa, el Gobierno británico no dio la menor muestra en ningún momento de querer o poder darnos la información que el público tenía derecho a conocer desde el principio. 
Por eso, no es de extrañar que haya muy poca confianza por parte de los consumidores en la industria de la carne de bovino de toda Europa. 
Es así no sólo en Gran Bretaña, sino también en otros países, en Alemania, Italia, Francia y demás. 
Así, pues, es necesaria una prohibición coherente a escala europea para afrontar esta enfermedad y ésa es la razón por la que nos encontramos en la situación en que ahora nos encontramos. 
Es necesario que se aplique el plan y después podremos empezar a abordar la cuestión de la confianza de los consumidores. 
No tiene sentido levantar una prohibición, si nadie va a comprar ese género, en cualquier caso. 
Tal vez sea lamentable que la llamada Madre de los Parlamentos no esté en condiciones de obligar a su Gobierno a rendir cuentas por la serie de errores garrafales que constituye la crisis de la EEB. 
Si hemos de crear una comisión de investigación en este Parlamento, resultaría útil. 
Sin embargo, hemos de procurar que esa comisión no se convierta en algún tipo de caza de brujas. 
Tiene que ser una comisión de investigación seria y no simplemente un intento de echar la culpa de lo que parece ser una enfermedad esencialmente británica a otras personas o instituciones. 
Si se crea la comisión de investigación, se la debe considerar una contribución positiva a una solución europea de toda esta crisis. 
Señor Presidente, no suele ocurrir que yo haya de compartir la china con mi colega Ken Collins, pero no sólo contradigo al orador anterior a él, sino que, además, contradigo algunas de las observaciones que ha hecho Ken Collins. 
Pero, ante todo, permítaseme- al contrario que algunos diputadosagradecer al Presidente de la Comisión- su declaración, agradecerle la labor que la Comisión ha estado y está llevando a cabo en este momento para intentar abordar los numerosos problemas que han surgido a consecuencia de toda esta crisis de la carne de bovino. 
Tenemos que ver dónde nos encontramos y, a raíz del acuerdo que con alivio recibimos de Florencia sobre el programa marco, se han logrado considerables avances. 
Debe alentarnos el hecho de que esta cuestión vuelva a estar en el sitio que le corresponde, es decir, en el nivel científico y veterinario. 
A muchos diputados puede interesarles saber lo que está ocurriendo en realidad en este momento y tomar nota de que, con arreglo al plan de 30 meses, se ha sacrificado casi un cuarto de millón de cabezas de ganado, desde que se inició la aplicación del plan y aún continúa al ritmo de 30.000 a la semana. 
Además, se están adoptando todas las medidas necesarias para hacer una selección de entre los rebaños de vacas lecheras que han padecido la EEB. 
Naturalmente, eso ha tenido un efecto devastador en los ganaderos- los ganaderos de toda Europa- y los precios de la carne de bovino no contaminada se han visto afectados dramáticamente en los mercados. 
El hecho de que se hayan adoptado esas medidas, junto con el fortalecimiento substancial de la legislación existente sobre la composición de los piensos y la exclusión de cualesquiera tejidos que puedan estar contaminados, debe empezar a satisfacer a los consumidores, debe restablecer la confianza entre los consumidores en que la carne de bovino está libre de infección, como muchos otros alimentos que consumimos. 
Independientemente de esto, naturalmente, hemos visto- y casi todos los oradores se han referido a ello- que en los medios de comunicación de varios Estados miembros han aparecido afirmaciones sobre la existencia de un documento interno de la Comisión de octubre de 1990, relativo a la existencia de riesgos para la salud en relación con la EEB, además de noticias sobre exportaciones ilegales procedentes del Reino Unido. 
El Presidente de la Comisión nos ha dado una respuesta muy firme de la Comisión sobre esos dos aspectos, por lo que no deseo extenderme al respecto. 
Dicho documento proponía que el Reino Unido no publicara los resultados de las investigaciones. 
En fin, como ha dicho el Presidente de la Comisión, se podría considerar claramente una broma, pero, desde luego, no fue un documento que recibiera el Gobierno del Reino Unido. 
De modo que la crisis actual y el sacrificio de miles de cabezas de ganado para restablecer la confianza ha demostrado tal vez lo equivocado que habría sido ese consejo, si se hubiera dado, precisamente en aquel momento, pero fue una nota de archivo, una mera declaración ante el Comité Veterinario y no una recomendación oficial al Gobierno. 
De modo que quisiera agradecer a la Comisión que haya hecho todo lo que estaba en su poder para demostrar la solidaridad financiera con los ganaderos, en particular los que se han visto afectados más duramente por la crisis. 
Quisiera, si se me permite, agradecer al Comisario Fischler su contribución y, en particular, si se me permite decirlo así, con carácter más personal, su contribución a nuestra Real Exposición Agraria hace unas semanas, en la que tuvo la oportunidad de reunirse con muchos ganaderos y con ello restablecer cierta confianza entre ellos respecto de lo que la Comisión estaba haciendo. 
Las demás medidas de intervención que se han adoptado son útiles y los resultados de las investigaciones son decisivos. 
De hecho, si los científicos pudieran descubrir un análisis infalible para diagnosticar la enfermedad, sería un gran avance veterinario. 
Tal vez podría preguntar al Sr. Fischler si se ha logrado algún avance en esa dirección. 
También podría tener a bien el Comisario hacer alguna observación sobre la disponibilidad de instalaciones extractoras de sebo, ya que actualmente gran parte de ese producto se guarda en cámaras frigoríficas. 
También apoyo a los que piden un plan europeo de garantía de calidad de la carne de bovino y la petición de identificación completa de todos los animales. 
Señor Presidente, he seguido este asunto desde el mes de marzo de este año. 
Represento a la mayor circunscripción productora de carne de bovino de Inglaterra y la zona con el mayor número de casos de EEB. 
A veces me pregunto si la prestación de atención excesiva a los detalles no estará volviendo esponjosos nuestros cerebros. 
Es evidente que debe haber controles rigurosos de las exportaciones de carne y productos cárnicos procedentes del Reino Unido. 
Evidentemente, es probable que algunas de ellas estuvieran en tránsito en el momento de decretarse la prohibición, tal vez hacia terceros países, y pueden haber escapado a esos controles. 
Me complace que la Comisión haya pedido a la unidad antifraude que investigue cualesquiera casos existentes de comercio fraudulento. 
Pero, respecto del asunto en general y la cuestión del encubrimiento, debemos adoptar miras más amplias. 
Esta cuestión ha sido, en cierto modo, el Chernóbil del Reino Unido. 
Nuestra inacción ante las primeras señales de alarma ha hecho que el problema empeorara. 
Se descontroló. 
No conocemos sus efectos en la salud humana, en caso de que existan. 
Pero es evidente que existe una preocupación pública substancial y que la preocupación pública nos ha afectado a todos. 
A consecuencia de ello, se han mejorado los procedimientos de seguridad. 
Se han adoptado medidas para erradicar la enfermedad. 
Pero lo que algunas personas no han comprendido aún es que se trata de un problema verdaderamente europeo. 
Si queremos que nuestro mercado de carne de bovino se recupere, debemos acompañar las palabras razonadas con acciones resueltas. 
Ha dicho usted, señor Presidente, que no debemos dejarnos llevar por la emoción. 
Me complace que haya usted escrito al Sr. Seehofer para preguntarle por sus acciones. 
Sí, hágase una investigación interna en la Comisión. 
Eso es sin lugar a dudas lo más adecuado. 
Pero no exageremos el problema, aclarémoslo. 
Cuando hay que enfrentarse a una calamidad como la encefalopatía espongiforme bovina que se ha abatido sobre el Reino Unido y, sobre todo, cuando dicha calamidad afecta a una comunidad tan amplia como la europea, hace falta, incluso en perjuicio de los intereses particulares, ser firmes, maduros, dignos de vivir en un contexto civilizado y democrático, especialmente cuando esta Comunidad, con espíritu de cooperación, ha intentado ayudar al Estado miembro afectado, a pesar de haber encarado el problema con retraso. 
No ha sido así y no es así. 
Me falta tiempo para relatar el episodio de las llamadas vacas locas, lo único que deseo recordar a este Parlamento es que en el lejano mes de enero de 1995, a través de una pregunta formulada al Ejecutivo, Alleanza Nazionale en la persona de su presidente, Sr. Muscardini, pregunto qué había de cierto respecto a la enfermedad que afectaba a los bovinos del Reino Unido. 
Dicha pregunta obtuvo una respuesta evasiva y engañosa por parte del Comisario Fischler. 
¿Qué puede decirse entonces? 
¿Hay que jugar al gato y al ratón? 
No beneficia a nadie. 
La falta de información seria- tal como quería un documento interno y, osaría decir, secreto de la Comisión que terminaba no incidiendo en el problema- y la falta de controles alimentan dudas y sospechas. 
Deseo recordar que el embargo mundial sobre la carne de vacuno de origen británico se quebranta a través de la exportación ilegal y clandestina de dicha carne y, además, que el Parlamento está todavía esperando el resultado de la investigación de la Comisión acerca de estas imputaciones. 
Todas estas imputaciones crean un clima de desconfianza hacia los poderes públicos que deben solucionar este inmenso problema que nos atañe a todos y no sólo al Estado miembro afectado. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, en primer lugar, nos alegramos de la declaración que ha hecho en la mañana de hoy. 
Sin embargo, y con la perspectiva que concede la distancia, tengo la sensación de que la Comisión es un modelo que no ha de imitarse en la gestión de este asunto. 
La opinión pública percibe que hemos ido permanentemente a remolque de los acontecimientos, y algunos datos parecen ponerlo de manifiesto, y de manera muy particular, la nota del servicio de consumidores que estamos comentando. 
Indicar que no hablar de la EEB evita las reacciones desfavorables del mercado es, sencilla y llanamente, despreciar a los ciudadanos europeos. 
Pedir oficialmente al Reino Unido que no publique los resultados de sus investigaciones, o practicar la desinformación sobre el asunto EEB es, sencillamente, un acto de locura, fuera de lugar en una comunidad de Derecho como es la Unión Europea. 
Pero la solución no ha de ser sólo corregir para el futuro. 
Es también necesario que miremos atrás y que corrijamos políticamente lo que haya habido en el pasado. 
Ahora nos podemos lamentar de la situación del mercado de la carne bovina, del crecimiento en 600.000 toneladas de los stocks, o del descenso del consumo en un 11 %. 
Pero todas las medidas serán inútiles si los consumidores se consideran estafados por la administración comunitaria. 
Quienes redactaron esa nota pensaron que las razones del mercado eran más poderosas que la salud de los consumidores. 
Hoy, seis años más tarde, y pese a esa política cuya duración y cuyos responsables deberá concretar la investigación que se solicita, nos encontramos en una situación mucho peor. 
Esas prácticas de desinformación sólo han contribuido a agravar el problema. 
Lo que de verdad podrá equilibrar los mercados será la confianza de los consumidores en que dichos mercados están sometidos a reglas precisas y en que las mercancías, sean éstas carne de bovino u otras, no serán peligrosas o nocivas para la salud de los consumidores. 
La nota de servicio que comentamos significa hacer de la inmoralidad una regla de comercio. 
Esperemos que esta triste experiencia permita poner la salud de los consumidores por encima de cualquier otra consideración. 
Señor Presidente, quisiera muy brevemente responder también a algunas intervenciones; en primer lugar para dar las gracias a los diputados que las han realizado, pues aunque éstas hayan sido muy controvertidas al menos han tenido el mérito de manifestar lo que piensa el Parlamento en estos momentos. 
Por lo que respecta a los aspectos más concretos de la cuestión, el Comisario Fischler responderá a continuación. 
Ésta es la cuarta vez que me presento ante ustedes, ante su Parlamento para hablar de la crisis llamada de las «vacas locas». 
Y en cada una de mis intervenciones me he dejado llevar por una única consideración que no es otra que la de preservar la salud pública, sobre la base de los elementos y las evidencias científicas disponibles en estos momentos. 
Ha sido precisamente con este espíritu como hemos llevado a los británicos a proponer un conjunto de medidas orientadas a erradicar la EEB, fundamentalmente para recuperar la confianza de los consumidores, antes de que se pueda pensar en levantar el embargo de forma progresiva. 
Esta actitud ha sido siempre la que ha seguido esta Comisión y la anterior. 
Lo digo sinceramente, porque si algunas notas pueden tal vez sembrar el descrédito en la actuación de la Comisión, es necesario darse cuenta perfectamente de que esta misma actuación ha sido totalmente diferente de la que se deduce de la nota de un funcionario. 
Esta aseveración se apoya en elementos muy concretos. 
La nota data de octubre de 1990. 
Como he dicho hace unos momentos, menos de un mes después se celebró en Bruselas una conferencia que reunió a 200 científicos de todo el mundo para establecer las repercusiones de la crisis de las vacas locas. 
Como consecuencia de esta conferencia de científicos se orientó la investigación científica. 
La Comisión ha contribuido con su aportación financiera al desarrollo de estas investigaciones, y fue precisamente uno de estos centros científicos de investigación, el de Edimburgo, financiado en parte con los fondos de la Comisión, el que desencadenó la crisis del 20 y 21 de marzo último. 
Por otra parte, la Comisión anterior emprendió una serie de acciones en este sentido, que el mismo Parlamento, es decir ustedes, ratificó, y cito solamente una resolución del 22 de enero de 1993 del propio Parlamento en la que se dice: » refiriéndose a los numerosos actos legislativos comunitarios sobre las encefalopatías espongiformes, en especial la de los bovinos» ; ustedes mismos confirmaron a la Comisión la actuación que ésta inició ya en 1988 en este campo. 
Creo estar en condiciones de decir que mis predecesores hicieron todo lo que en aquellos instantes estaba en su mano y a su disposición para detener la crisis, habida cuenta de los datos científicos disponibles en aquellos momentos. 
Por otro lado, ustedes mismos, señores Parlamentarios, dicen en la resolución que acabo de leer, que consideran la necesidad de continuar fabricando medicamentos para uso humano y animal a base de extractos de cerebros y médula espinal de ganado bovino. 
Esto figura en la resolución que ustedes han aprobado y no en una nota interna de la Comisión. 
Pero volvamos a la nota en cuestión. 
Ya he dicho hace unos momentos que se trata de la nota de un funcionario. 
El honorable Sr. Pasty ha dicho que quizá no hemos realizado una investigación contradictoria, pero quisiera reclamar su atención sobre el hecho de que quien ha llevado a cabo esta investigación es el presidente del grupo interservicios BSC. 
Durante sus investigaciones, este presidente se ha visto obligado a ponerse en contacto directamente con el autor de la nota, con sus destinatarios, colegas del servicio de protección del consumidor y de la DG VI, así como con antiguos miembros del Gabinete. 
Por tanto lo que acabo de declarar es el resultado de las investigaciones realizadas por el presidente del grupo interservicios BSC, sobre la base de nuestras instrucciones. 
Como pueden ver, deseamos transparencia, porque nadie gana nada en este asunto con la falta de transparencia. 
Con toda razón el Sr. Fayot ha pedido hace unos momentos esa transparencia y ha dicho que lo que está en tela de juicio es no sólo la credibilidad de la Comisión sino la de las instituciones europeas en conjunto. 
Es decir que todos, tanto el Parlamento como la propia Comisión, tenemos el mismo interés en que haya la mayor transparencia posible en este asunto en el que verdaderamente esta Comisión no tiene nada que ocultar. 
Les exhortamos a que le concedan la misma confianza, como parlamentarios y por encima de los discursos aquí controvertidos, que la que manifiestan con respecto a la acción de la Comisión. 
Sobre todo esto, si me lo permite, señor Presidente, quisiera dar la palabra al Comisario Fischler para entrar en los detalles sobre algunas cuestiones que le conciernen más especialmente. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, ante todo yo quiero darles las gracias por el debate celebrado hoy aquí. 
En efecto, considero urgentemente necesario que se aclare plenamente esta cuestión. 
No es posible debatir fructíferamente cómo podemos restablecer la confianza de los consumidores mientras persistan sospechas en este ámbito que erosionan esta confianza. 
Por mi parte, yo he adoptado todas las medidas a mi alcance para promover una aclaración. 
El Presidente Santer ya ha señalado que hemos instado por escrito a todos los Estados miembros a que nos comuniquen todos los casos sospechosos de los que tengan conocimiento en relación con el supuesto incumplimiento de la prohibición de las exportaciones y que sobre todo nos comuniquen si se trata de algo más que meras sospechas. 
Hasta el momento no hemos recibido de ningún Estado miembro informaciones que vayan más allá de las sospechas. 
Por otra parte, he solicitado a la UCLAF- y esta medida me parece importante- que también investigue estas sospechas y he instado, en particular, al Ministro de Agricultura británico a que vuelva a examinar estos hechos sospechosos. 
Ustedes saben, por otro lado, que ya con anterioridad verificamos el cumplimiento de la prohibición de las exportaciones con motivo de las visitas de inspección realizadas a Gran Bretaña, en las que también estaban invitados a tomar parte los Estados miembros, y la próxima semana tendrá lugar una nueva misión de control, como parte de la cual está previsto repetir esta inspección. 
Por lo que respecta a la segunda crítica, relativa a la citada nota de un funcionario de la Comisión, yo quiero señalar que la supuesta intención de la Comisión de actuar en ese sentido queda desmentida no sólo por la celebración un mes después de una importante reunión científica, sino también por el hecho de que, sólo en el período comprendido entre 1990 y 1992, el Comité Veterinario Permanente y el Comité Científico Veterinario examinaron en más de veinte ocasiones cuestiones relativas a la EEB. 
Asimismo, ustedes también saben que tanto en las conclusiones alcanzadas por el Consejo como en las decisiones de la Comisión se ha declarado explícitamente en cada caso la prioridad absoluta de los intereses de protección de la salud. 
En este contexto, yo quisiera añadir todavía otra consideración, puesto que se trata de un tema que a menudo da lugar a malentendidos entre la opinión pública: el hecho de dicha comisión se denomine Comité Veterinario no significa que se ocupe exclusivamente de los aspectos relativos a la salud de los animales; al contrario, los veterinarios son los responsables en todo el mundo de garantizar la higiene de la carne y, por lo tanto, también la salud pública. 
Finalmente, quiero recordar que los miembros del Comité Científico Veterinario no son únicamente veterinarios, sino que también hay representantes de otros ámbitos científicos, en particular también de la medicina humana. 
Señorías, yo estoy dispuesto a recoger gustoso la propuesta que aquí se ha presentado, en el sentido de proseguir las investigaciones internas e informar de las mismas al Parlamento. 
En efecto, suscribo plenamente la opinión de que ya es hora de que expongamos todo lo ocurrido en este ámbito en un documento coherente, de manera que todos puedan conocer con certeza cuáles han sido realmente las actuaciones por parte de todos. 
Yo también soy del parecer que, tal como aquí se ha afirmado, no es posible limitarse a dar cuenta del pasado, sino que debemos preocuparnos del futuro. 
Si ustedes me lo permiten, yo quisiera referirme ahora brevemente a un hecho del que también han informado hoy los medios de comunicación, en relación con nuestra decisión sobre la gelatina. 
Señor Presidente, yo sólo quiero señalar que la decisión adoptada por la Comisión se apoyó en los datos científicos disponibles en aquel momento, sobre los cuales también se basó el dictamen del Comité Científico Veterinario. 
Entre tanto, concretamente el 26 de junio, recibimos un nuevo informe adicional. 
Yo remití de inmediato a los científicos este nuevo informe, el cual difiere en algunos puntos del informe inicial, que fue uno de los elementos en los que se basó la decisión del mes de abril, y también dispuse que, para garantizar la seguridad en relación al tema de la gelatina, dicho informe fuese sometido a la consideración del comité multidisciplinario recién constituido. 
Dicho comité examinará detenidamente esta cuestión mañana y el Comité Científico Veterinario ya ha deliberado repetidamente al respecto. 
Es evidente que sólo podemos contar con los datos científicos más recientes disponibles en cada momento y que debemos basar nuestras decisiones en los mismos. 
Finalmente, existe otro aspecto importante, a saber, la reestructuración de la industria transformadora en todos los Estados miembros. 
También al respecto contamos ya con una decisión y dicha reestructuración deberá haberse completado el 1º de abril de 1977, a más tardar, en toda la Unión Europea; la medida afecta, por lo tanto, a todas las instalaciones de aprovechamiento de los restos de animales. 
También se promulgaron medidas para el período de transición que garantizan que no pueda incorporarse a la alimentación humana o animal ninguna harina de despojos de animales o de huesos que pueda entrañar algún riesgo. 
También es de suma importancia, a mi entender, que mejoremos en el plazo más breve posible nuestros sistemas de identificación de los animales. 
Sabemos que se han producido grandes descalabros, también de carácter económico. 
Ayer tuve la oportunidad de informar detalladamente a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los planteamientos de la Comisión y, por consiguiente, para no extenderme demasiado no repetiré aquí la citada información. 
Es del todo evidente que todavía es necesario ampliar muchísimo más las investigaciones sobre la transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob entre especies animales y entre éstas y el hombre, así como en relación con las pruebas de detección en animales vivos. 
Precisamente por este motivo, he solicitado a uno de los científicos de mayor prestigio mundial, el profesor Weissmann, que elabore un plan detallado de investigación, que coordine los diferentes proyectos concretos. 
A principios de otoño recibiremos una propuesta de su grupo de investigación. 
Todo lo cual constituye una buena prueba de que la declaración de la Comisión en el sentido de que lo prioritario es la salud se mantiene, ¡y de que también estamos obrando en consecuencia! 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, Señorías, en este momento no estoy en condiciones de retirar la propuesta, habida cuenta de que carezco del mandato de la Comisión para hacerlo. 
Sin embargo, deseo puntualizar que en la sesión plenaria del mes de febrero, el Parlamento devolvió la propuesta a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
A partir de entonces, he mantenido con dicha Comisión continuos y provechosos contactos que ayer tuvo a bien confirmar el ponente, Sr. Langen, y que han permitido definir de forma constructiva una serie de modificaciones específicas a la propuesta que tengan en cuenta las preocupaciones expresadas. 
Si dichas modificaciones hubieran sido objeto de propuestas de enmiendas, habría sugerido a la Comisión que las aceptara. Sin embargo, señor Presidente, dado que dichas enmiendas no fueron formuladas, considero que la mejor y más rápida manera de llegar a un acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, o sea a las modificaciones respecto a las que existe un amplio consenso, es la siguiente: tras tomar nota de la votación de hoy, voy a proponer a la Comisión que adopte una propuesta modificada, en virtud del diálogo constructivo en curso y que estaré encantado de continuar con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Señor Presidente, nosotros acogemos con satisfacción el procedimiento que acaba de exponer el señor Comisario Monti. 
Estamos de acuerdo en que la Comisión presente un nuevo proyecto sobre la base de las deliberaciones desarrolladas hasta ahora y yo quiero agradecerle sinceramente esta constructiva cooperación. 
Señor Langen, ¿desea usted ahora, como ponente, votar el rechazo de la propuesta de resolución legislativa? 
Si no estoy equivocado, acabamos de rechazar la propuesta de la Comisión. 
Por lo tanto, es evidente, que ya ha tenido lugar la votación y que el Presidente debería dar por descontado el resultado de una nueva votación. 
El tema ha quedado cerrado, a mi entender. 
La Comisión presentará una nueva propuesta; el resultado de la votación ha sido inequívoco. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión ha sido rechazada; el resultado de la votación ha sido muy claro. 
Tenemos conocimiento, también a través de las conversaciones mantenidas previamente, de que la Comisión está dispuesta a presentar una nueva propuesta. 
El procedimiento de examen en el Parlamento queda cerrado, por lo tanto, a mi entender, toda vez que hemos rechazado la propuesta de la Comisión y ahora debemos esperar a que se nos presente la nueva propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, en relación con la votación de los informes de los colegas Lehne, Ford y Linzer, yo solicito, con el acuerdo de los citados colegas, en su calidad de ponentes y del colega Marinho, en su calidad de presidente de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, la devolución a comisión, de conformidad con el apartado 1 del artículo 129 del Reglamento. 
El citado artículo del Reglamento me permite presentar, en efecto, esta solicitud antes de la votación definitiva. 
Expondré brevemente los motivos. 
Los tres informes se refieren a la realización de la libre circulación dentro de la Unión Europea, un tema en sí mismo lamentable sobre el cual convendría debatir todavía mucho. 
Desgraciadamente no disponemos del tiempo necesario. 
No obstante, la actuación del Consejo en los últimos días constituye un escándalo y un desaire a la Comisión y al Parlamento. 
Mientras el Comisario Monti adoptaba iniciativas, que agradecemos, para promover la libre circulación y su realización, y el Parlamento desarrollaba las correspondientes consultas en relación con los informes, en mitad de este procedimiento de consulta, el Consejo se propone iniciar un procedimiento sobre la base del artículo K4 del Tratado de la Unión, con el cual pretende sustituir en parte las presentes iniciativas del Comisario Monti. 
Esto es lisa y llanamente una desvergüenza, puesto que como ha manifestado explícitamente el propio señor Comisario Monti en su declaración de esta mañana, y cito sus palabras: » existe el peligro... ». No conocemos estos documentos del Consejo o sólo los conocen un reducido número de colegas, por lo tanto sólo puedo remitirme a lo que nos ha comunicado el señor Comisario, que al parecer los conoce: » existe el peligro de que los controles en las fronteras interiores vuelvan a ser obligatorios». 
En su opinión, sigo citando sus palabras: » es de temer que con la iniciativa que ahora se propone adoptar el Consejo se produzca un retroceso en los progresos iniciados para hacer realidad la libertad de viajar». 
Si es así, ¿cómo puede adoptar el Parlamento razonablemente una decisión sobre la base de las iniciativas remitidas por el Comisario Monti, cuando al mismo tiempo el propio Comisario nos dice que el Consejo no está dispuesto a tomar en consideración lo que aquí decidamos, sino que se propone adoptar medidas alternativas a su agrado, sobre la base del artículo K4, es decir sin la participación de la Comisión y del Parlamento? 
¡Esto es algo que no podemos admitir! 
¡Es preciso decirle al Consejo que democracia significa soberanía del pueblo! 
La soberanía de círculos secretos se llama burocracia y debemos rechazarla firmemente. 
Por lo tanto, queremos tener la oportunidad de aplazar la decisión sobre los presentes informes hasta la sesión de septiembre, con lo cual tendríamos la oportunidad de preguntar a la Presidencia irlandesa del Consejo en una sesión conjunta de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y de Asuntos Interiores, los días 9 y 10 de septiembre, cuáles son sus intenciones y si está dispuesta a renunciar a este intolerable proceder. 
Yo les pido que voten afirmativamente mi propuesta. 
Señor Presidente, yo respaldo la solicitud del colega Schulz de devolución a las comisiones competentes de los tres informes. 
Es cuando menos sorprendente que en el momento en que el Parlamento se dispone a adoptar una posición sobre determinado tema, como preparación para una decisión del Consejo, éste último inicie simultáneamente un nuevo procedimiento totalmente distinto sin que, como es notorio, ni la Comisión ni el Parlamento tengan conocimiento del mismo. 
¡Esta no es manera de proceder! 
Por lo tanto, instaremos al Consejo a que nos comunique el motivo de este proceder y que lo haga donde preceptivamente debe hacerlo, esto es, en las comisiones competentes. 
Por consiguiente, les pedimos que renuncien a celebrar hoy la votación y nos concedan mediante la devolución a comisión la oportunidad de solicitar con toda firmeza al Consejo- y puede ser un procedimiento difícil- que explique las razones de su proceder. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con los dos anteriores oradores de que es negativo lo que el Consejo de Ministros hace aquí. 
No tendría que permitirse que cuando estamos debatiendo una directiva, cuando estamos en un procedimiento, el Consejo haga sus propios planes. 
Pero, señor Presidente, ¿qué actitud ha de adoptar el Parlamento? 
El Parlamento no tiene que ser presa del pánico. 
El Parlamento ha de constatar que el aplazamiento de la toma de decisiones hoy no nos sirve de nada, pues el Consejo de Ministros seguirá haciendo sus planes y este Parlamento no debe dar esta oportunidad al Consejo. 
Al contrario, hemos de aprovechar la oportunidad para confrontar al Consejo con una postura común de la Comisión Europea y del Parlamento. 
A veces es preciso enseñar los dientes y asumir la responsabilidad, y el Grupo de los Liberales considera que simplemente hemos de pasar a la votación. 
(El Parlamento decide devolver los informes a comisión) 
La Directiva 82/501/CEE relativa al riesgo de accidentes graves, denominada «Directiva Seveso» , ha sido modificada bastantes veces por la Comisión y el Consejo, sin que pese a ello se preste la debida atención a factores y parámetros importantes relativos a la peligrosidad de las industrias y los accidentes provocados por sustancias peligrosas, a pesar de los episodios graves y frecuentemente mortales ocurridos, que demuestran de la forma más dramática la insuficiencia de la directiva no sólo para proteger a los trabajadores, sino también a las poblaciones vecinas y en general el medio ambiente. 
En la región griega de la llanura del Thríaso, donde se concentran industrias grandes y peligrosas dentro de zonas urbanas y han ocurrido accidentes graves con numerosas víctimas entre los trabajadores, estas industrias han venido creciendo y se expanden diariamente, con riesgo para miles de ciudadanos y un grave peligro para el medio ambiente. 
Las numerosas excepciones en el ámbito de aplicación de la directiva la hacen poco eficaz e insuficiente para responder a la gravedad del problema. 
La directiva no incluye las instalaciones industriales de explosivos y armas, ni los polvorines militares, que son industrias de alto riesgo y donde, por definición, se concentran enormes cantidades de sustancias peligrosas, lo que tiene como consecuencia que no estén obligadas a presentar ni estudio de peligrosidad ni un estudio de las necesidades excepcionales en caso de accidente grave, precisamente cuando estas instalaciones no están contempladas por ninguna otra directiva comunitaria. 
Pese a que la concentración de sustancias peligrosas ha convertido varias zonas urbanas en polvorines en potencia, con riesgos incalculables para la seguridad de los ciudadanos, la propuesta de la Comisión no contempla ningún control ni proyecto de ordenación territorial para establecer perímetros de seguridad en torno a las instalaciones de alto riesgo, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de las regiones limítrofes, prohibir en lo sucesivo la instalación de nuevas industrias de este tipo y adoptar medidas para alejarlas de las zonas urbanas y urbanizadas. 
La concepción y elaboración de una política de prevención eficaz de los accidentes es muy importante. 
Resulta indispensable determinar y aplicar severas normas de seguridad en las instalaciones y elaborar medidas de prevención y sistemas de seguridad fiables, tales como la previsión de controles serios y regulares y la imposición de sanciones graves en caso de que no se apliquen las medidas para proteger la seguridad de los trabajadores, de la población y del medio ambiente. 
Las empresas con instalaciones de alto riesgo deberían poner a disposición de sus trabajadores la preparación, información y equipo necesarios para responder adecuadamente a las necesidades especiales de su trabajo en condiciones ordinarias y extraordinarias. 
Deberían además proporcionar a los habitantes de las zonas vecinas información completa y clara sobre los riesgos que corren y los medios para combatirlos. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Seal sobre la asistencia en tierra en los aeropuertos plantea dos graves problemas: uno social y otro de seguridad. 
Una vez más se imponen los perjuicios de la desregulación y liberalización salvajes. 
Sólo en los aeropuertos de París hay cerca de 3000 empleos en peligro. 
En nombre de la reducción de costes se recurre a empresas exteriores de vigilancia, eliminando los policías profesionales. 
Se ha encargado la seguridad a muchachos jóvenes, más habituados a los pequeños rateros, ladrones de tiendas que a los grandes tiburones del terrorismo, lo que plantea el problema de la seguridad de los pasajeros. 
El recorte de la protección social llevará simplemente al recorte de la protección. 
En estos momentos las empresas de vigilancia contratan a trabajadores migrantes sin papeles. 
No es necesario decir que los terroristas se infiltrarán como quieran. 
Por tanto que la Comisión no nos diga mañana que no lo sabía. 
Después de las harinas contaminadas un día veremos caer a los aviones. 
Nos hemos abstenido en la votación para el rechazo de la posición común del Consejo, que tiene como objeto la apertura a la libre competencia de los servicios en tierra de los aeropuertos de mayor capacidad de la UE. 
El motivo es que pensamos que la competencia en el sector de expedición de billetes y de equipaje puede beneficiar al consumidor. 
La experiencia de países como Suecia, que han abierto el mercado de los servicios en tierra a la competencia, ha sido positiva. 
Los que desean impedir la competencia afirman entre otras cosas que se ven amenazados los derechos de los empleados y la propia creación de empleo. 
Pero este argumento no sirve. La legislación que establece los derechos de los empleados no se ve afectada en absoluto por un aumento de la competencia. 
La creación de empleo no se ha producido nunca a través de la conservación de unos monopolios que no cumplen con ningún objetivo de carácter social. 
Los que van a pagar en mayor grado el precio de una posible conservación de los monopolios son los consumidores bajo la modalidad de un transporte aéreo más caro. 
En noviembre último se pronunció esta Asamblea, con ocasión de la primera lectura, sobre la propuesta de directiva presentada por la Comisión relativa a liberalización de la asistencia en tierra. 
Ésta, a nuestro entender, era inaceptable pues no tenía en cuenta la realidad de esta actividad, ello sin hablar de la falta de disposiciones sociales. 
El Consejo de Ministros, en su posición común, ignoró totalmente nuestra posición. 
Por esta razón voto porque el texto sea rechazado. 
Pido simplemente que la Comisión tome conciencia de las negativas derivaciones de esta liberalización, que provocarán entre otras consecuencias que la seguridad de los aparatos y la de los usuarios se vean en peligro. 
Y qué decir de la situación del personal actual: posibilidad de dumping social, despidos, sustitución de empleos cualificados por empleos en precario... 
Esta política de empleo no corresponde a las aspiraciones de los ciudadanos europeos. 
No es nuestra política ni mi concepto del empleo. 
El Grupo de los Verdes se siente defraudado por que el Parlamento Europeo haya decidido no rechazar la posición común aprobada por el Consejo sobre la asistencia en tierra en los aeropuertos de la UE. 
La Comisión de Transportes y Turismo votó recientemente a favor de que se rechazara la posición común y, en nuestra opinión, el Parlamento debería haber votado del mismo modo. 
El Consejo ha demostrado no estar dispuesto en absoluto a hacer suyas las preocupaciones que el Parlamento expresó durante el debate sobre la asistencia en tierra celebrado el año pasado. 
A consecuencia de ello, la propuesta de directiva es imprecisa e insuficiente desde el punto de vista de la protección social de los trabajadores y no entraña el compromiso de garantizar normas de seguridad uniformes. 
La idea de la liberalización del mercado de los servicios de asistencia en tierra no partió de los usuarios de los aeropuertos ni de los trabajadores, sino de las grandes compañías de transportes, que están deseosas de reducir los costos y actuar más flexiblemente. 
Los derechos de los trabajadores desempeñan un papel secundario respecto de los intereses de los empleadores. 
Como mínimo, es necesario que se consulte a los trabajadores antes de que se adopten las decisiones que les afecten. 
Sin embargo, el Consejo no garantiza esa consulta. 
Propone que cada Estado miembro cree un comité de usuarios encargado de supervisar la aplicación de la directiva en cada aeropuerto afectado, pero no hay ninguna disposición relativa a la representación en dicho comité de los trabajadores en los servicios de asistencia en tierra. 
Además, la directiva podría propiciar sueldos bajos y condiciones laborales insatisfactorias. 
Las licencias para los servicios de asistencia en tierra podrían estar limitadas a un pequeño número de años, después de los cuales se podrían adjudicar de nuevo mediante licitación. 
Así, pues, los trabajadores no tendrían seguridad en el empleo ni una red de seguridad que los protegiera de pasar a engrosar las filas de los desempleados, una vez que expirara la licencia de su empresario. 
Tampoco se puede permitir que la liberalización del mercado dé paso a un régimen de seguridad más liberal en los aeropuertos de la UE. 
Si hay que reducir los costos, el de las normas de seguridad no debe ser uno de los sectores afectados. 
En mis contactos con los trabajadores del aeropuerto de Dublín he oído hablar de casos en los que algunos de sus empleadores los han presionado indebidamente y les han obligado a desempeñar tareas para las que carecían de la preparación estricta. 
Un representante sindical me ha contado sus temores de que los trabajadores no estén preparados para afrontar emergencias como la de que se incendie un motor mientras una aeronave u otro vehículo esté en la terminal. 
Por esa razón, se deben aplicar normas de seguridad uniformes. 
Sin embargo, el Consejo declara simplemente: » Las disposiciones de esta Directiva en modo alguno afectan a los derechos y deberes de los Estados miembros en materia de orden público y seguridad en los aeropuertos». 
Así, pues, resulta más que evidente que el Consejo no ha abordado cuestiones decisivas, tales como las de la seguridad y la protección de los trabajadores. 
Tenemos que alcanzar una posición común sobre la asistencia en tierra que sea eficiente y válida para todos los interesados en el sistema de aeropuertos. 
Sé que muchos de los que trabajan en los sectores de la limpieza, la recogida de equipajes y el mantenimiento de esa industria están muy preocupados. 
Tienen razón en estarlo y debemos velar por que se tengan en cuenta sus preocupaciones. 
Necesitamos un equilibrio entre todos los intereses, pero ninguna propuesta que en su momento se apruebe puede descuidar ni reducir la seguridad en modo alguno. 
Estamos completamente de acuerdo con la propuesta del informe Seals de rechazar la posición común del Consejo. 
Las desreglamentaciones no conducen normalmente a un aumento de la eficacia. Las desreglamentaciones más bien producen como resultado un empobrecimiento del medio ambiente laboral y unos salarios más bajos para aquellos que trabajan dentro del sector afectado. 
En Suecia tenemos muchos ejemplos de sectores que anteriormente habían sido monopolio del Estado, y que habían sido altamente innovadores y competitivos en el mercado internacional. 
Informe Langen 
He votado en contra de este informe porque considero que no se tienen suficientemente en cuenta las posibilidades de comprar al por mayor, a nivel local y regional, y de efectuar adquisiciones para cubrir las necesidades locales. 
Estas posibilidades deben darse en mayor grado del que concede el informe. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo recomienda con el presente informe que se rechace la propuesta de la Comisión por la que se modifica la directiva en vigor sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones. 
Debo subrayar que esta propuesta no se basa en un rechazo de los principios del Acuerdo sobre Contratación Pública celebrado en relación con la Ronda Uruguay. 
Tampoco responde a un rechazo del principio fundamental de la propuesta de la Comisión de compensar la discriminación entre empresas y sectores que puedan considerarse competitivos, se contemplen o no en el Acuerdo sobre Contratación Pública. 
La propuesta de la comisión se basa única y exclusivamente en el deseo de dejar totalmente claro cuáles son las empresas y los sectores que deben cumplir las normas propuestas por la Comisión en los casos de adjudicación de contratos no contemplados en el Acuerdo sobre Contratación Pública. 
Este deseo parece totalmente legítimo, por lo que entiende que hemos de aprobar la propuesta, ya que se le ruega a la Comisión que presente una propuesta de acto complementario, en el que se especifiquen las excepciones en vigor y las normas especiales en relación con la aplicación del Acuerdo sobre Contratación Pública, a la vez que se indiquen todos los actos comunitarios en vigor sobre adjudicación de contratos. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 12.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Red transeuropea de transporte 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0232/96) del Sr. Piecyk, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (C40364/96-94/0098 (COD) ) relativa a las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. 
Señor Presidente, las redes transeuropeas de transporte pueden incorporar y hacer realidad diversos conceptos básicos y políticas fundamentales de la Unión Europea. 
En primer lugar, ahí está el Tratado de Maastricht, que prevé explícitamente que las redes deben contribuir a la cohesión económica y social de la Comunidad. 
También tenemos el Libro blanco de Jacques Delors sobre Crecimiento, competitividad y empleo, con su propuesta de crear puestos de trabajo mediante un gran esfuerzo comunitario, en particular para promover proyectos de construcción de infraestructuras de transporte, y contribuir significativamente de este modo a la lucha contra el desempleo masivo en Europa. 
Varias reuniones al máximo nivel de los Jefes de Estado y de Gobierno han abundado posteriormente en la misma idea, pero sin ir nunca más allá de las declaraciones. 
Cabe citar, en cambio, como un ejemplo positivo el proyecto Oeresund, plenamente garantizado por los Gobiernos de Dinamarca y de Suecia y que supone la creación directa e indirecta de más de 50.000 puestos de trabajo. 
Y no en último lugar, cabe citar también la noción y el reconocimiento de que en la actualidad sencillamente no es posible impulsar una política de transporte separada de una política de medio ambiente y de que, en cualquier caso, es absolutamente necesario un enérgico cambio de rumbo también en el terreno de las inversiones en favor del ferrocarril, las vías fluviales y el transporte combinado como medios de transporte más favorables para el medio ambiente. 
Por mi parte, tengo el convencimiento de que una política práctica encaminada a alcanzar los tres objetivos de la cohesión económica y social y, con ella, la consolidación del mercado interior, una política activa de empleo y una política de transporte, que no conciban la política medioambiental meramente como un mal necesario, sino como parte integrante de una política de transporte moderna, contaría también con el respaldo de las ciudadanas y ciudadanos de Europa, a cuyos ojos nuestra labor resulta a menudo algo abstracta y poco comprensible. 
El Parlamento ha intentado plasmar estas ideas a lo largo de ya casi dos años de consultas sobre las redes de transporte y yo puedo asegurarles explícitamente aquí que la Comisión siempre se ha mostrado como una interlocutora dispuesta a cooperar y ayudar. 
Por contraste, todavía resulta más decepcionante la política del Consejo y también del Consejo Europeo. 
Varias reuniones al máximo nivel, la última de las cuales ha sido la de Florencia, no han conseguido responder al reto de combatir el desempleo. 
Y la intervención del Consejo en el procedimiento de conciliación fue muy lamentable, a mi entender. 
El Consejo se nos ha presentado en el procedimiento de conciliación como una institución que reacciona ante la política de medio ambiente como el demonio ante el agua bendita. 
Y en vez de hacer suyo el espíritu de Maastricht, se dejó llevar por una obsesión por las competencias de los Estados nacionales. 
Las consultas previas a la Conferencia Intergubernamental no deben llamar a engaño a nadie. 
El Consejo sigue valorando negativamente, hoy como ayer, la facultad de codecisión del Parlamento. 
No obstante, el Parlamento ha logrado resultados visibles en las negociaciones. 
Conseguimos incorporar un artículo específico relativo al medio ambiente. 
Como resultado, la Comisión procederá a una comprobación estratégica del impacto medioambiental del conjunto de la red y se aplicarán los análisis de los corredores como método. 
Conseguimos que la navegación interior quedara definida como el medio de transporte más favorable para el medio ambiente, y el transporte combinado y las nuevas técnicas de gestión del tráfico se contemplan en un nuevo artículo. 
Las negociaciones más duras fueron las relativas a la inclusión de un Anexo III con una relación de los proyectos prioritarios. 
El Consejo rechazaba rotundamente una lista de estas características. 
Se llegó al acuerdo de compromiso de incluir los 14 proyectos de Essen. 
La delegación del Parlamento se quedó pasmada al constatar que, una vez cerrado el proceso de conciliación, en las conclusiones de Florencia figuraba la propuesta de dos Estados miembros de introducir un cambio en el proyecto nº 8. 
El malestar se disipó gracias a la inequívoca declaración del Presidente del Consejo, Sr. Dini, ante Parlamento en Bruselas. 
El Sr. Dini declaró que no se trataba de una modificación introducida unilateralmente por el Consejo, sino sólo de tomar nota de una propuesta de modificación, y que todas las posibles modificaciones se realizarán, obviamente, en el marco del procedimiento de codecisión. 
Esta explicación es aceptable, a mi entender, y pienso que sobre esta base podemos aprobar mañana el resultado global de la conciliación. 
Por lo tanto, debemos sopesar y evaluar este resultado. 
Mi opinión personal es que una vez completado el procedimiento de conciliación, el vaso está medio lleno. 
No debemos desperdiciar su contenido, si bien todos sabemos que la construcción de las redes sólo acaba de iniciarse y que en adelante tendremos que actuar muy decididamente año tras año para incorporar los planteamientos del Parlamento en el curso del procedimiento presupuestario. 
Ya he señalado que las presentes consultas han durado dos años en total y, por lo tanto, yo quiero manifestar ahora mi sincero agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo que han participado en estos trabajos. 
También quiero dar las gracias a la delegación ante el Comité de Conciliación y muy especialmente a la Sra. Fontaine, que en mi opinión la presidió con extraordinario acierto. 
Debo dar las gracias igualmente a la Sra. Albani y a los Sres. von Haeren, Miller y Betz de los servicios del Parlamento y a mis colaboradores, Michael Hoppe y Jürgen Aschmutat, sin cuya ayuda no hubiese sido posible realizar todo este trabajo durante dos años. 
Cuando mañana votemos afirmativamente el texto- y yo estoy a favor de que nuestro voto sea afirmativo -, sin duda no será la última vez que debatiremos el tema de las redes. 
Las propias características del procedimiento de conciliación y de su resultado determinan que así sea, puesto que todavía recibiremos alguna propuesta complementaria de la Comisión. 
Sólo me queda confiar que el Consejo manifieste entre tanto una actitud un poco más receptiva y un poco más cooperadora en relación con la codecisión. 
Esto es al menos lo que ha dado a entender hoy el señor Ministro en la reunión de la comisión. 
Señor Presidente, deseo comenzar agradeciendo al ponente del Parlamento, Sr. Piecyk, y a nuestros copresidentes, Sr. Imbeni y Sra. Fontaine, su labor en el Comité de Conciliación, muy apreciada, y a la Comisión, porque trabajó de forma extraordinariamente denodada para lograr un acuerdo sobre el que mañana podamos votar. 
No es nada habitual para mí, como pueden- estoy seguro- apreciar Sus Señorías que felicite al Consejo y, en este caso, se trata del ministro italiano Sr. Burlando, que trabajó de forma extraordinariamente denodada y fue una figura muy importante para llegar a un acuerdo. 
Podríamos afirmar que, si el Consejo hubiese mostrado tan buena disposición como el Sr. Burlando a lograr un acuerdo, tal vez fueran mejores las relaciones de lo que son en este momento. 
Mi Grupo apoyará el acuerdo de conciliación al que se ha llegado después de largas y tediosas negociaciones. 
Algunas sesiones duraron toda una noche: yo creía que sesiones así estaban reservadas para los parlamentos nacionales, pero estaba muy equivocado. 
Como dice el ponente, tenemos un artículo medioambiental que era importante para mi Grupo y para el Parlamento. 
Tenemos los proyectos prioritarios, que también eran prioritarios para mi Grupo y para el Parlamento, y la lista indicativa de otros proyectos que la Comisión examinará en los otros anexos. 
Es absolutamente cierto que el Parlamento no consiguió todo lo que quería de la conciliación, pero quisiera decir que la conciliación no estriba en obtener lo que se desea, sino en esa propia palabra: ¡» conciliar»! 
El Parlamento estaba muy interesado en obtener un acuerdo y la Comisión contribuyó a su consecución. 
Vemos la importancia de las redes transeuropeas, no sólo en la infraestructura de transportes, sino también desde el punto de vista de la creación de empleo para los ciudadanos de la Unión Europea. 
La actitud del Consejo dejó mucho que desear en ocasiones. 
Quisiera decir al Consejo que en el futuro es importante que trabaje con el Parlamento en lugar de salirse por la tangente e ir a lo suyo. 
Las relaciones con el Consejo en este momento, pese a ser cordiales, son frágiles. 
El Consejo debe tenerlo en cuenta y también que el Parlamento tiene sus derechos con arreglo a la codecisión y espera que se respeten. 
Tenemos que ser prácticos; tenemos que ser conscientes de la necesidad de las redes transeuropeas, desde el punto de vista de las infraestructuras y desde el de la creación de empleo, con vistas a la circulación de las personas y los bienes por toda la Unión Europea. 
Tenemos un acuerdo aceptable. 
No es perfecto, pero es el mejor posible y, por lo tanto, mi Grupo apoyará ese acuerdo obtenido en conciliación. 
Señor Presidente, Señorías, la posición común que el pleno del Parlamento Europeo está llamado a aprobar o rechazar mañana contiene algunos elementos positivos que, tras una ardua lucha, logró arrancar al Consejo la representación parlamentaria, bajo el extraordinario liderazgo de la presidenta Sra. Fontaine, que también participó en el procedimiento de conciliación. 
Debo destacar la importante ayuda de la Comisión, y concretamente del Comisario Kinnock, a la hora de poner de relieve las posiciones del Parlamento, así como del Presidente del Consejo, el Sr. Ministro de Transportes de Italia. 
Señorías, tal como está planteado el tema con vistas a la votación de mañana, no se trate de si la posición común es positiva o negativa, o, si así lo quieren, no se trata sólo de esto. 
La posición común, en su redacción final, crea un grave problema que perturba las relaciones entre el Parlamento y el Consejo, dado que éste último, amparándose en la posición común, y pese a la letra y el espíritu del artículo 129 del Tratado de Maastricht, se niega a reconocer al Parlamento su derecho de codecisión al determinar la prioridad de las grandes obras de las redes transeuropeas. 
Fuera de la exposición de motivos, en la parte dispositiva de la posición común se menciona la palabra «prioridad». 
El Consejo se desacredita a sí mismo con esta posición común, y concretamente ha tirado por la borda el compromiso político asumido en 1994 por los Jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Essen, relativo a las 14 obras más prioritarias. 
Únicamente ha aceptado, tras grandes presiones, hacer una referencia histórica al acta de Essen. 
No obstante, Señorías, es problema del Consejo el resultar creíble o no. 
La insistencia de los gobiernos por actuar y ejercer una política puramente continuista de los métodos seguidos en el Congreso de Viena en 1815 también es su problema. 
No el nuestro. 
Nuestro problema consiste en que se nos está limitando un derecho que nos brinda el Tratado. 
Se nos niega el derecho de codecisión sobre si existe o no prioridad para alguna gran obra. 
Este es el problema sobre el que mañana tendrán que tomar una decisión a favor o en contra. 
También están llamados a decidir en conciencia y a asumir sus responsabilidades por evaluar el hecho de que la Unión Europea no puede convertirse en una alianza entre Estados basada intereses económicos y en la que la voz del Parlamento, que expresa las esperanzas y los intereses de los pueblos europeos, se vea ahogada por la arrogancia de los gobiernos de turno. 
El Grupo del Partido Popular Europeo, al que ahora represento aquí, tendrá que decidir esta noche sobre la posición que mantendrá. 
Señor Presidente, nuestro colega el Sr. Piecyk lleva mucho tiempo trabajando duramente y colaborando con nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, y el texto final de su informe, antes de ser remitido al Comité de Conciliación, había logrado lo imposible: satisfacer a prácticamente todas las partes interesadas. 
Al mismo tiempo había abierto nuevos horizontes para las redes transeuropeas, conforme a criterios políticos, económicos y sociales, concediendo a la vez especial importancia a la protección del medio ambiente. 
Por esta razón quiero felicitar de todo corazón al Sr. Piecyk. 
Pero llegó el Consejo y lo cambió todo. 
Al menos, desde el punto de vista de su concepción no dejó en pie nada del informe inicial del Sr. Piecyk. 
Les recordaré que hubo, Señorías, 78 aspectos conflictivos, 78 puntos en los que diferíamos del Consejo. 
¿Y a dónde llegamos? 
A que el Consejo apruebe sólo 28 de los 78 puntos. 
¿Debe el Parlamento Europeo darse por contento? 
¿Esto se llama consenso? 
Eso no es consenso, Señorías, es simplemente el fruto de una nueva extorsión política del Consejo a costa del Parlamento Europeo. 
Este es el resultado de la conciliación, no un acuerdo satisfactorio. 
El Sr. Sarlis tenía toda la razón: las explicaciones dadas tanto por el Comisario Kinnock, que hizo cuanto pudo, por lo que le felicitamos y damos las gracias, como por el nuevo Presidente en ejercicio del Consejo, aumentaron nuestras inquietudes en lugar de acallarlas. 
Porque, ¿acaso puede el Consejo cambiar el orden de prioridades sin preguntar a nadie? Además el dinero que se va a dar- hecho que destacó el Sr. Sarlis- no es de su propio bolsillo, sino que sale del bolsillo de los pueblos de Europa, a los que el Consejo, junto con las otras dos instituciones, tiene el deber de representar, y no a un grupo de intereses económicos. 
Eso es lo que está haciendo con las enmiendas que ha introducido en las redes transeuropeas. 
No le han movido motivos políticos, ni sociales, ni de protección del medio ambiente, ni el desarrollo de las redes de la Unión Europea. 
Ha sido claramente la representación de los intereses económicos de un grupo concreto dentro de la Unión Europea. 
Señor Piecyk, personalmente le felicito de todo corazón por el esfuerzo realizado y por el espíritu de cooperación de que ha hecho gala, así como por el excelente informe que elaboró. 
Sin embargo, por principios políticos votaré en contra de su informe. 
Y mis principios políticos no son objeto de intercambio en ningún Consejo de Ministros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes que nada, deseo felicitar a la delegación en el Comité de Conciliación, representada por su presidenta, Sra. Fontaine, y al Sr. Piecyk por el excelente trabajo realizado. 
Han transcurrido dos años desde la primera propuesta de la Comisión relativa a las redes transeuropeas, durante los cuales el Parlamento y el Consejo manifestaron y mostraron su desacuerdo hasta las reuniones del Comité de Conciliación, tras cuya finalización, se aceptó un texto de compromiso, aunque a regañadientes. 
El texto respecto al cual debemos hoy manifestarnos no expresa, de hecho, las expectativas del Parlamento que, quizás, habría podido obtener algo más y ver aceptadas las propuestas que consideraba mejores para el territorio y para los ciudadanos de la Unión, cuya representación ostenta. 
De todos modo, me alegro de que, con arreglo al criterio del cesto casi vacío y tras largas negociaciones, aparezcan en el texto final unas referencias al medio ambiente y al Anexo III, referente a los proyectos prioritarios, a pesar de que su naturaleza jurídica siga siendo dudosa. 
El artículo 20, relativo al transporte multimodal y a las nuevas tecnologías de gestión del tráfico, merece mi especial aprobación. 
En efecto, creo que hoy debemos apuntar hacia nuevas soluciones, tales como la explotación de las vías navegables de algunas regiones como el Norte de Italia, por las que siento un especial afecto e interés. 
A pesar de que el texto final no se corresponde exactamente al que habríamos deseado, sobre todo, por la escasa colaboración del Consejo que no acepta de buen grado el nuevo papel del Parlamento Europeo y no se adapta al procedimiento de codecisión, mi Grupo va a votar a favor de este proyecto, puesto que consideramos que es importante que el Parlamento se exprese de forma positiva respecto a esta decisión común. 
Un voto en contra, que bloquearía todas las TEN, no sólo haría recaer sobre el Parlamento Europeo la responsabilidad del fracaso según la opinión pública, sino que le haría desaprovechar la oportunidad que hoy se le presenta de contribuir positivamente al problema del empleo y a la construcción de una Europa mejor. 
Señor Presidente, este Parlamento exigió con toda la razón que el artículo sobre el medio ambiente, que era vinculante, se incluyera en todo lo que afecta a las redes de transporte europeas. 
Pero esto no se ha hecho. 
Lo único que se ha introducido es, en mi opinión, los párrafos de costumbre que como sabemos no obligan a nada. 
Las redes europeas de transporte son además una mezcla de proyectos nacionales y transnacionales, de proyectos positivos y negativos. 
Aprovecho la ocasión para dar un ejemplo de uno de los proyectos más absolutamente innecesarios y mediocres: el puente del Sund entre Dinamarca y Suecia. 
Desde el punto de vista de los costes, el puente deja endeudadas a generaciones de daneses y suecos; además podría convertirse en una verdadera catástrofe ecológica si el tráfico no funciona bien. 
También quiero referirme a la creación de empleo. 
Pienso que aquellos que defienden las redes de transporte europeas como un «medio para solucionar los problemas de empleo» están equivocados. 
Cuando se construían carreteras en los años 30, se utilizaba una pala por persona. 
Pero, con la experiencia de cómo se hacen las cosas actualmente en Suecia, bastan cinco máquinas y tres personas para hacer todo el trabajo. 
Vamos a tener unas carreteras a un coste enorme, y sin crear demasiados empleos. 
Se ha mencionado mucho el factor de la responsabilidad. El Consejo ha declinado su responsabilidad para con el medio ambiente. 
Los Verdes nórdicos la asumimos. Votaremos en contra del compromiso de mañana. 
Esperamos naturalmente que otros también lo hagan porque el medio ambiente es nuestro futuro, independientemente de lo que pensemos. 
Señor Presidente, ya se hablado mucho de las implicaciones institucionales del tratamiento de las redes y sólo puedo añadir que considero un verdadero escándalo el modo en que el Consejo cree poder manejar este procedimiento de codecisión. 
Además me parece ridículo que el Parlamento se deje llevar al matadero como un cordero dócil para luego estar de acuerdo con el compromiso alcanzado. 
He de decir que el papel que ha desempeñado en este contexto el Comisario Kinnock ha sido curioso. 
En un principio se esforzó y apoyó algunas de las exigencias del Parlamento, y finalmente ha presionado mucho al Parlamento para que aceptara el compromiso resultante. 
Pero no quiero hablar tan sólo de los procedimientos, pues pienso que las consecuencias de las Redes Transeuropeas son demasiado importantes para limitarnos a ello. 
El apartado sobre el medio ambiente era en un principio un punto firme del Parlamento. La posición era que tenían que realizarse análisis de corredor y estudios estratégicos de impacto ambiental preceptivos para forzar las opciones que permitan reducir al máximo los daños ecológicos. 
El resultado es que en el artículo 8, la Comisión recibe la tarea de elaborar métodos de análisis. 
Esto quizás dé algún resultado en el marco de un plan de empleo para unos cuantos funcionarios de Bruselas, pero no significará mucho para el medio ambiente, salvo que el Comisario pueda decirme- y es una pregunta categórica a la que quiero una respuesta- si estos métodos de análisis, una vez desarrollados, se utilizarán también para ajustar las Redes Transeuropeas cuando estas sean revisadas. 
Ruego que el Comisario me responda. 
El Consejo se compromete a ejecutar la directiva sobre el hábitat y la directiva EIA. 
Realmente me pregunto si hasta ahora simplemente no lo ha hecho, aunque las directivas ya existían desde hacía tiempo y tendría que haberlo hecho antes. 
Comisario Kinnock, ¿significa esto que, ahora que los Estados miembros se han vuelto a pronunciar al respecto, usted les obligará a ejecutar realmente ambas directivas, y significa también, señor Comisario, que a partir de ahora ya no se enviará dinero a los países que en la realización de determinados proyectos de infraestructura que forman parte de Redes Transeuropeas no aplican la directiva sobre el hábitat o la directiva EIA? 
Me gustaría que me diera una respuesta al respecto. 
Señor Presidente, quisiera dedicar unas palabras al mito del empleo. 
Muchos estudios han demostrado que para el empleo se pueden idear proyectos mucho mejores que las grandes obras de infraestructura, concretamente si además se quieren realizar objetivos ambientales como la reducción de emisiones: pensemos en los objetivos de CO2 que hemos acordado conjuntamente. 
Por consiguiente- y cualquier persona que reflexione se dará cuenta de ello- es ridículo ir a buscar muchos millardos de ecus debajo de las piedras para convertirlos en hormigón y en asfalto sobre los que puedan circular aún más automóviles. 
La creación de puestos de trabajo en sectores ecológicos, y unido a ello un desplazamiento de los impuestos del trabajo al medio ambiente, es empleo a largo plazo, que además nos reportará una sociedad más atractiva. 
Señor Presidente, Señorías, por fin, llegamos al final de este largo y complejo procedimiento de conciliación. 
Deseo, ante todo, rendir un sincero y caluroso homenaje a los Sres. Fontaine e Imbeni por como gestionaron el Comité de Conciliación y por haber finalmente permitido al Parlamento salir de este trámite. 
Nuestras más sinceras gracias por como llevaron a cabo los trabajos. 
Dicho esto, hoy podemos asumir dos posturas. 
La primera es hacer como si nada hubiera ocurrido y comprobar con satisfacción que el Parlamento salió airoso respecto a esto o a aquello. 
La segunda es la de tomar nota- y desearía que entre nosotros lo debatiéramos- que, como se suele decir en nuestro país, hemos quedado con un puñado de moscas en la mano y que este episodio se parece mucho, utilizando el idioma del Comisario, a la Comedy of errors de Shakespeare. 
Considero que el Parlamento quiso mostrar su fuerza creyendo que tenía en su mano la posibilidad de decidirlo todo respecto a uno de las catorce proyectos prioritarios, como es el de Malpensa. Actuando así, por el contrario, hizo que aumentara aún más, si cabe, la preocupación del Consejo que corrió a buen recaudo en cuanto se dio cuenta de esta voluntad, algo veleidosa, de la Comisión de Transportes y del Parlamento. 
El resultado es mucha espera para tan poco resultado. 
Es una lección importante que, creo, nos debe hacer reflexionar. 
Considero que hemos comprobado los límites de la codecisión, pero, sobre todo, de la voluntad de arrogarnos poderes que objetivamente no nos correspondían. 
Podíamos habernos dado cuenta de esta impotencia con bastante facilidad. 
Habríamos podido quizás utilizar una estrategia más prudente, incluso sin tener que acudir a la decisión política de Essen que, a mi juicio, permitió que el Consejo adoptara su posición, con el resultado de que por un momento creímos en las palabras del Presidente Dini. El Presidente Dini miente. 
Nos mintió como en tantas otras situaciones políticas internas y como Presidente en ejercicio del Consejo. Por desgracia, debemos asumir el fracaso. 
A pesar de que nuestro Grupo votará a favor del informe Piecyk, el mismo es consciente de que no hemos obtenido gran cosa. 
Hago uso de la palabra para plantear una cuestión de orden, porque está empezando a preocuparme un poco el gran número de diputados que exceden su tiempo de uso de la palabra. 
Además, quisiera pedir a los diputados que piensen muy cuidadosamente antes de intervenir en esta Asamblea para acusar a alguien- y no digamos, si se trata de un Presidente en ejercicio- de mentir. Eso es lo que he oído por mis auriculares. 
No es ése el tipo de lenguaje parlamentario al que estoy acostumbrado y quisiera suponer que no es el tipo de lenguaje parlamentario a que está acostumbrado este Parlamento. 
Hay modos y maneras de oponer objeciones, hay modos y maneras de expresar una objeción. 
Llamar mentiroso a alguien no es uno de ellos. 
Señor Simpson, muchas gracias por su observación, que tiene especial importancia porque procede de uno de nuestros diputados que defienden combativamente sus puntos de vista, sin que en otros foros lleguen a poder expresar sus opiniones. 
Señor Presidente, Señorías, los esfuerzos del ponente para alcanzar este compromiso en el Comité de Conciliación y dar así un impulso a la construcción de las redes transeuropeas son de agradecer. 
No obstante, es preciso preguntarse si el Parlamento puede aprobar unas orientaciones comunitarias para la construcción de una red europea de transporte, cuando se ha tenido muy poco en cuenta su opinión, cuando el Consejo no ha aceptado ni siquiera un 30 % de las enmiendas del Parlamento, cuando- entre otras cosas- el compromiso negociado concede prioridad al gran número de proyectos que se relacionan en los Apéndices I y II frente a los catorce proyectos de principal importancia seleccionados en el Consejo Europeo de Essen del 9 y 10 de diciembre de 1994, favoreciendo por lo tanto el principio de la regadera. 
En efecto, esta nueva formulación merma seriamente el valor jurídico del Apéndice III, donde se recogen estos proyectos prioritarios. 
Con ello también queda en entredicho el proyecto del túnel de la base del Brénero, tan importante para Austria. 
Por otra parte, las condiciones marco para la financiación, tanto por parte del sector público como del sector privado, quedan totalmente excluidas de las orientaciones comunitarias, de conformidad con el apartado 2 del artículo 1. 
El apartado 1 del artículo 2 señala, por otra parte, el año 2010 como plazo para alcanzar los objetivos. 
Señorías, orientaciones como éstas no tienen ninguna trascendencia concreta sin un acuerdo sobre la financiación, puesto que su transposición no es posible o nunca puede tener lugar dentro del plazo previsto. 
En el caso del túnel de base del Brénero esto significa que no podrán realizarse ni siquiera los trabajos básicos, como las perforaciones de prueba. 
Sin embargo, éstas son necesarias para responder a las declaraciones sobre el montante de las cantidades necesarias para su financiación. 
Sin datos concretos sobre la financiación será prácticamente imposible encontrar inversores privados, cuya participación sin embargo es necesaria, puesto que el proyecto del túnel de la base del Brénero no puede financiarse exclusivamente con fondos públicos. 
De este modo se retrasará una vez más la realización de las redes transeuropeas y quedará en el aire también el efecto deseado por la Comisión de contribuir a la creación adicional de empleo a través de la promoción y de una rápida realización de las mismas. 
Señor Presidente, he solicitado intervenir sobre todo para hacer una evaluación de orden político e institucional. 
Antes que nada, sin embargo, y al igual que el Sr. Simpson, deseo expresar mi juicio acerca del comportamiento de la Presidencia italiana. Dicho juicio no es irónico, habida cuenta de que la crítica más fuerte que en este Pleno podemos dirigir al Consejo, no puede ignorar el papel del Presidente en ejercicio, sin el cual, probablemente, no hubiéramos llegado al final de la negociación. 
Deseo asimismo hacer extensivo mi agradecimiento al Comisario Sr. Kinnock por haber desempeñado una inteligente labor de mediación y el papel tal vez más importante en toda esta etapa. El Consejo y la Comisión se encontraron ante una delegación parlamentaria autorizada, dirigida con acierto por la Sra. Fontaine y, me atrevo a decir, obstinada. 
Hemos obtenido algunos resultados gracias a nuestra obstinación tan egregiamente demostrada por el ponente, Sr. Piecyk. Sin embargo, se trata de unos resultados que, por ejemplo, en lo que se refiere al medio ambiente y a varias enmiendas, no nos satisfacen plenamente. 
Para el Parlamento el resultado final es insatisfactorio y ello es así a pesar del tono y de la forma en la que hacemos esta afirmación. Nuestro juicio acerca de cualquier cuestión a la que nos podemos referir sigue siendo el mismo: nos parece que el Consejo hizo todo lo posible para provocar un voto en contra del Parlamento Europeo respecto a las redes transeuropeas de transporte. 
Ésta fue al menos mi impresión cuando el Consejo rechazó cualquier mínimo cambio en la lista de los catorce proyectos prioritarios y, posteriormente, dio a entender en el Consejo Europeo de Florencia que dos Estados miembros querían cambiar dicha lista. 
A mi juicio, sin embargo, el Parlamento Europeo no debe cambiar su opinión según los mutables cambios de humor del Consejo. 
Como Parlamento Europeo, debemos insistir en la necesidad de una codecisión real para los proyectos prioritarios de interés común. 
Por mi parte, estoy profundamente decepcionado por el comportamiento del Consejo y el resultado negativo de la Cumbre de Florencia. 
Nuestra decepción no deberá transformarse en ningún caso, e invito a todos los colegas a reflexionar sobre este punto, en una excusa ofrecida al Consejo que, gracias a un voto negativo del Parlamento Europeo, quizás se sentiría más confortado por la posibilidad de descargar sobre nosotros sus divisiones y dificultades. 
Ahora bien, para la Presidencia irlandesa y la Conferencia Intergubernamental se plantea un problema, que no es otro que el que surge cuando se constata que no se puede continuar por más tiempo con el procedimiento de las codecisiones. 
A pesar de que la codecisión es un procedimiento entre el Parlamento y el Consejo, el Consejo, según nuestro punto de vista, lo considera un procedimiento entre el Parlamento y el COREPER, y de ello se deriva que cuando se llega ante el Consejo se advierte cierto malestar. 
Por consiguiente, sería oportuno que en el seno del Consejo se leyera con atención el Tratado de Maastricht. Si ello no se ha hecho hasta ahora, se podrían aprovechar las próximas Cumbres y el Consejo Extraordinario de Dublín, para hacer hincapié en que no podemos seguir aceptando una codecisión entre nosotros y el COREPER. 
No es esto lo que dice el Tratado. 
Permítame, señor Presidente, en esta breve intervención, dar a conocer a mis colegas algunas de las reflexiones que me han inspirado esta conciliación que he tenido el honor de presidir. 
Debo decir que es sin duda una de las conciliaciones más difíciles que hemos conocido. 
Y ello porque debíamos conciliar obligatoriamente dos objetivos, el de preservar las legítimas prerrogativas de nuestra institución (las que le son conferidas por los tratados en materia de codecisión) y el de concluir un expediente, las redes transeuropeas de transportes, en el que nuestros conciudadanos han puesto unas esperanzas legítimas de empleo. 
Y estos dos objetivos se revelaron a lo largo de la negociación como difícilmente conciliables. 
Hemos trabajado duro durante meses, y deseo saludar el trabajo ejemplar de nuestro ponente, Sr. Piecyk, el del presidente de la Comisión de Transportes, Sr. Cornelissen y el de toda nuestra delegación. 
Ninguno de ellos ha ahorrado esfuerzos para que pudiéramos lograr progresos significativos que nos permitiesen de forma razonable, dar luz verde a estos grandes trabajos que esperan nuestros conciudadanos. 
¿Lo hemos conseguido? 
La respuesta a esta pregunta puede tener opiniones divergentes, y las hemos oído. 
Por mi parte, en lo positivo, deseo destacar que hemos tomado en consideración ampliamente las preocupaciones medioambientales, pues ahora tenemos una disposición que introduce una referencia extensiva a las tareas de la Comisión. 
Deseo destacar también algunos progresos relativos a determinadas enmiendas técnicas en el Anexo I, así como sobre la situación de los puertos, aunque lamento que no hayamos podido prolongar la conexión Este hasta Budapest. 
Deseo destacar que hemos conseguido un Anexo III, jurídicamente vinculado al dispositivo legislativo, pero cuyo valor jurídico ha quedado impreciso hasta el día en que el Comisario Sr. Kinnock tuvo a bien escribirnos, y cito: » creo que el Parlamento Europeo debe ser incluido en cada cambio de la lista de los proyectos prioritarios». 
Se trata de una carta del 1 de julio dirigida al Sr. Cornelissen, presidente de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Hasta el día 3 de julio pasado, cuando en sesión plenaria en Bruselas, el Sr. Dini confirmó la afirmación del Sr. Kinnock en estos términos: » cualquier cambio necesitaría naturalmente en todo caso de una nueva codecisión con el Parlamento Europeo». 
Señorías, no se puede ser más claro, y debo decir solemnemente que confío totalmente en el Comisario Kinnock, sin el cual no hubiéramos podido llegar a una solución, y que le agradezco los esfuerzos que ha realizado para llegar a este resultado, que confío en el Presidente en ejercicio del Consejo quien ha tenido ocasión de exponer sus puntos de vista en ese hemiciclo, y no imagino ni por un solo instante que el nivel administrativo pueda influir en el político para hacer que vuelva sobre los compromisos que se nos han formulado. 
De una manera más general, aprovecho esta ocasión para formular el deseo de que las conciliaciones del futuro se desarrollen, como decía con toda razón mi colega Imbeni, con la participación de los que tienen el poder de compromiso político, es decir, los ministros. 
Sería sin duda conforme al espíritu de Maastricht y nos haría ganar mucho tiempo. 
Sea como sea, y para volver a las redes «transportes» velaremos, por supuesto, por el respeto de lo que se nos ha prometido, utilizando si fuera necesario nuestras prerrogativas presupuestarias. 
Con este mismo espíritu, deseo que nuestro Parlamento confirme el proyecto común de conciliación que hemos concluido laboriosamente el pasado 17 de junio. 
De este modo demostraremos a los ciudadanos que somos un Parlamento respetuoso y responsable. 
Señor Presidente, Señorías, los colegas que me han precedido en el uso de la palabra han hecho ya la narración de esta decisión sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transportes y de los largos debates necesarios para alcanzar este compromiso. 
Felicito a nuestro ponente y a nuestros colegas, que han participado en las numerosas reuniones del Comité de Conciliación, por su tenacidad y por la excelente calidad de su trabajo. 
Como cualquier compromiso, el texto que se nos ha presentado hoy contiene puntos satisfactorios y otros que lo son mucho menos. 
Deploro, como todos aquí, que muchas de las enmiendas que habíamos adoptado no fueran recogidas por el Consejo. 
Lamento profundamente que los puertos no figuren en ese documento y que tengamos que esperar hasta 1997 para que la Comisión plantee una propuesta específica sobre el tema. 
En este sentido, deseo precisar que mi grupo se compromete a seguir de cerca la presentación de este texto por la Comisión en los plazos acordados. 
Creo sin embargo que, desde un punto de vista global y, habida cuenta de la complejidad del tema, este compromiso es satisfactorio y debe ser aprobado por nuestra Asamblea. 
No podemos permitirnos reiniciar un procedimiento interminable. 
Debemos dotarnos de una base jurídica sólida para que podamos dedicarnos ahora al problema crucial de la financiación de estas redes. 
Los desafíos en el tema del empleo son considerables, sobre todo en un período de ralentización económica como el que atravesamos en la actualidad. 
Lamento que este elemento esencial se vea con frecuencia subestimado por los Estados miembros, y que esos trabajos no estén más avanzados, cuando han sido previstos hace varios años. 
Es importante liberar los medios públicos y privados necesarios para comprometer lo más rápidamente posible los trabajos de los proyectos listos para comenzar, y lanzar de ese modo una señal determinante a los agentes socioeconómicos. 
La primera etapa indispensable es la aprobación de estas orientaciones. 
Por ello votaré a favor del proyecto común que nos ha presentado el Comité de Conciliación, y espero que otros muchos hagan lo mismo. 
Veo en el cuadro de oradores que hay al menos diez colegas que disponen de un minuto de tiempo, y quiero hacer un nuevo llamamiento a los Grupos políticos: considero inadmisible que el tiempo de intervención sea de un minuto. 
Tendrán que regular este tema de forma que los diputados dispongan al menos dos minutos. 
Es una vergüenza. 
No hay nadie que pueda expresar un pensamiento en un minuto. 
Y veo que hay diez diputados con un minuto. 
Señor Presidente, intentaré hacer llegar mi mensaje en un minuto, si bien usted ya ha utilizado algo de este tiempo. 
Desearía felicitar al ponente, el señor Piecyk, así como a la dirección del Comité de Conciliación por sus esfuerzos por alcanzar un resultado final satisfactorio. 
Considero positivo que se haya logrado finalmente un resultado definitivo en relación con las redes transeuropeas, a pesar de no estar satisfecho ni con las diversas fases del proceso ni, en especial, con la retirada por parte del Consejo de la financiación de las redes transeuropeas durante la Cumbre de Florencia. 
Junto con el procedimiento de codecisión, debemos, por otra parte, tener presente que, al establecerse las necesidades de transportes y comunicaciones, habrá que reconocer el principio de subsidiariedad, en especial para las regiones nórdicas de baja densidad de población. 
Apoyo la decisión adoptada por parte del Comité de Conciliación de incluir en la relación de proyectos la carretera número 5 de Finlandia, una arteria vital para todo el este del país. 
En honor a la verdad, hay que decir que el papel desempeñado en el Consejo por Finlandia al respecto debería haber sido, de hecho, más activo. 
Resulta una circunstancia irónica que la inclusión de este proyecto en la relación se haya producido únicamente a raíz de los enconados esfuerzos realizados por el Gobierno sueco. 
Afortunadamente, el Gobierno finlandés ha comprendido al menos la utilidad de seguir los pasos de los suecos, aunque no haya desempeñado un papel activo tampoco por lo que respecta a este asunto. 
Por todos estos motivos, apoyo la aprobación de los resultados de la conciliación. 
Señor Presidente, es criticable la falta de simetría del Comité de Conciliación- como ya ha sido puesta de manifiesto- entre el Parlamento y el Consejo. 
No nos satisface plenamente el resultado del texto conjunto de conciliación. 
Somos conscientes de que en algunos Estados miembros habrá que reajustar o reexaminar las condiciones en que se van a realizar los proyectos, sobre todo en el tema del medio ambiente, en el que habrá que cumplir todas la directivas de estudio de impacto ambiental, que en muchos casos ni siquiera han sido trasladadas a la legislación nacional o no se cumplen. 
Pese a todos estos defectos, nosotros tenemos que valorar el carácter muchas veces histórico de este texto conjunto para muchos países y regiones. 
Por ejemplo, en la Península Ibérica se van a superar déficits de infraestructuras que venimos arrastrando desde el siglo XIX. Se van a ahorrar muchas vidas humanas con esos proyectos de autopistas o de trenes. 
Tenemos que tener en cuenta, globalmente, el significado del texto conjunto, y eso nos compromete a luchar por que se cumplan las condiciones medioambientales y de todo tipo, incluidas las institucionales. 
Pero teniendo en cuenta esa valoración global numerosos miembros del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, respetando y comprendiendo las razones de los que van a votar «no» , vamos a dar el «sí» a este texto conjunto del Comité de Conciliación. 
Señor Presidente, tal como ya manifestó la Sra. Nel van Dijk, nosotros los Verdes estamos en contra de este acuerdo de transacción tanto por lo que se refiere a la inconsistencia de la parte relativa a la protección del medio ambiente, como porque no nos fue posible debatir las prioridades decididas ahora en cuanto a los distintos proyectos propuestos. 
La situación, sin embargo, sufrió un cambio respecto al momento en que el Consejo de Essen adoptó la decisión y varios Estados miembros propusieron substanciales modificaciones o, al menos, cambios debidos a la evolución política, económica, social o financiera que sufren dichos Estados. 
A este propósito, un caso significativo es el de la línea férrea de alta velocidad entre Munich y Verona. 
El coste y el impacto medioambiental del túnel del Brennero convierten este proyecto en difícilmente realizable y ello según los mismos Gobiernos interesados, es decir, Alemania, Austria e Italia. 
Sin embargo, existen otras soluciones que responden a la exigencia de enlazar el Norte con el Sur de Europa. 
En consecuencia, es evidente que se quiere aprobar un texto cuya actuación nosotros ya sabemos que es imposible. 
De hecho, sin embargo, lo que no se quiere garantizar al Parlamento Europeo es un papel efectivo en la decisión de cambio. 
Se trataría de un peligroso precedente respecto al procedimiento de codecisión adoptado en Maastricht y, por ello, pido garantías y aclaraciones al Comisario Kinnock. 
Señor Presidente, señor Comisario Kinnock, Señorías, una vez más se vuelve a plantear en este Pleno la problemática relativa a las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, que fue tratada por el Sr. Piecyk y por el Comité de Conciliación al que hay que reconocer el esfuerzo que supuso alcanzar una decisión en la que todos estuvieran de acuerdo, hecho respecto al que francamente tengo mis dudas. 
Sin dinero, sin embargo, no se puede cantar misa. 
¿Es posible modificar los catorce proyectos prioritarios? 
Es cierto que el ministro Dini dijo que cualquier asunto debe someterse a la codecisión del Parlamento Europeo. 
Toda Europa está implicada en esto. 
Los distintos Estados miembros, partes principales y primeros proponentes de los proyectos prioritarios, deberían, sin embargo, hacer sus cuentas. 
Lo que puede hacerse debe hacerse. 
Según mi opinión, los proyectos prioritarios no deben cambiarse en absoluto. 
Lo que sucederá después es una consecuencia y depende, obviamente, de los plazos y cambios nacionales y europeos. 
Por consiguiente, cuando se debatirá en este Pleno esta cuestión, intentaré que se entienda la idea de que los proyectos prioritarios deben respetarse. 
El resto vendrá después. 
Señor Presidente, ¿no hemos avanzado en realidad bastante más en el desarrollo de la política común europea de transporte de lo que parece indicar la tendencia del presente debate? 
En mi opinión, el Consejo permaneció un poco al margen. 
Fueron esencialmente la Comisión y el Parlamento Europeo los que impulsaron estos temas a principios de los años noventa, mientras una vez más era preciso obligar a actuar al Consejo. 
El hecho constatable es que las redes transeuropeas constituyen un requisito previo fundamental para el futuro desarrollo. 
Nosotros partimos de la base de que por fin podrá empezar a desarrollarse su concepción y a continuación estaremos en condiciones de dar el siguiente paso, que será pronunciarnos sobre la financiación obligatoria. 
Pero todas las disquisiciones sobre la financiación privada y demás no nos ayudan a seguir avanzando si no se establecen efectivamente unos planes de inversión y de realización de obligado cumplimiento, que nos sirvan de base para perfeccionar paso a paso la formulación y avanzar hacia un objetivo común en las diversas vías de transporte. 
Este es el mensaje que debe transmitir el debate de hoy. 
De hecho, en las dos conferencias, de Praga y de Creta, yo siempre tuve la impresión de que existía la voluntad común necesaria. 
Allí se articularon y también se condensaron muchos aspectos para continuar impulsando la aspiración común. 
Debemos establecer el fundamento financiero, para luego volver a abordar este tema en la Conferencia de Helsinki del año próximo. 
Deberemos volver a hablar de las redes transeuropeas de transporte, de las posibilidades de financiación y de los pasos necesarios, y esa ocasión podría marcar un nuevo hito en el camino. 
El Parlamento examinará detenidamente en el momento de concretar el Presupuesto de 1997 si está dispuesto a destinar una vez más el 75 % del presupuesto global a la política de transporte, a las redes transeuropeas o a los 14 proyectos prioritarios. 
Será una decisión sumamente difícil, a mi entender, y tendremos que establecer un marco financiero adicional para contribuir a la realización. 
Señor Presidente, lo más importante hoy es subrayar el valor político que el logro de un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo tiene por sí mismo, con vistas al futuro de nuestra política de transportes y a nuestra política de solidaridad y cohesión. 
Y voy a destacar las cuatro razones por las que, a mi juicio, necesitamos este acuerdo. 
La primera es que no llegar a un acuerdo significaría volver a empezar el proceso para el establecimiento de las orientaciones comunitarias para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte, sin ninguna garantía de que dentro de dos o tres años el Parlamento no vuelva a encontrarse en la obligación de aprobar un acuerdo similar o peor que el actual. 
Excuso decirles que el enorme coste político y de imagen de semejante retraso recaería sobre el Parlamento Europeo porque los ciudadanos no entenderían que, después de insistir una y otra vez en la necesidad de construir dichas redes y en los muchos puestos de trabajo que con ello se crearían, sea ahora esta Asamblea, precisamente, la que decida rechazar el acuerdo alcanzado, o lo que es lo mismo, perpetuar el déficit en infraestructuras- que en algunos Estados miembros es muy importante- y retrasar así la creación de puestos de trabajo. 
Un dato sobre la posibilidad de crear puestos de trabajo en la construcción de infraestructuras de transporte- y me dirijo a la Sra. Eriksson, quien ha afirmado que esto es una cosa del siglo pasado: por cada 2.500.000 euros invertidos, se crean 100 puestos de trabajo. 
Y esto es hoy, no en el siglo pasado. 
Ello sin contar con los puestos indirectos de trabajo. 
Calculen sus Señorías las necesidades de infraestructuras y verán los muchos millones de puestos de trabajo que se pueden crear. 
La segunda, porque nuestros déficits de infraestructura de transporte y los costes conexos son enormes. 
En este contexto, la competitividad de nuestra economía, frente a los retos cada vez más duros del mercado internacional, está en juego y requiere acciones inmediatas, acciones que no pueden aguardar a la hipotética perfección de otro acuerdo futuro entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
La tercera, porque todos estamos convencidos de que, además de mejorar nuestra competitividad, las redes transeuropeas de transporte van a contribuir a reforzar nuestra cohesión interna y a corregir nuestros evidentes desequilibrios espaciales, haciendo así más fácil el futuro proceso de ampliación de la Unión hacia otros países europeos. 
Y la cuarta es que, en un plano pragmático, sabiendo cuáles son y serán las limitaciones presupuestarias de los Estados miembros y de la Unión, y sabiendo que nada hay más cobarde que el dinero, la Unión Europea y su Parlamento necesitan hoy este acuerdo porque, al menor signo de vacilación o diferencia de criterios y objetivos entre nuestras instituciones, los capitales privados que indefectiblemente necesitamos para desarrollar nuestras redes transeuropeas de transporte irán a financiar proyectos en otras partes del mundo que son o serán nuestros competidores. 
Y esto lo he comprobado en mi reciente viaje a China. 
Por todo ello, señoras y señores diputados, debo solicitar su voto positivo para el acuerdo alcanzado por las delegaciones del Parlamento y del Consejo sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte, en la seguridad de que, al aprobarlo, rendiremos un buen servicio a la causa de Europa. 
Señor Presidente, mañana, vamos a aprobar el trabajo del Comité de Conciliación, con el espíritu de quien deja atrás un capítulo importante de ese libro de los sueños que se titula «Redes transeuropeas». 
Sin embargo, la historia no acaba aquí. 
¿Quién va a escribir los próximos capítulos? 
Es ahora cuando surge cierta preocupación y, si bien es cierto de que debemos celebrar este resultado, aunque con las reservas ya manifestadas por los colegas, también es justo que nos preocupemos por el futuro. 
Hoy, el Comisario Kinnock nos confirmó que la prioridad de los famosos catorce proyectos de Essen no es el Evangelio. Es justo que sea así, porque podría suceder que quien está demasiado seguro podría incluso volverse perezoso en la segunda etapa, es decir, la de la ejecución que, señor Comisario, es la más delicada. 
Es por esto que me permito llamar su atención sobre la necesidad de intervenir en la aprobación de los proyectos ejecutivos y de los planes financieros. 
Las asociaciones que hasta ahora se intentaron entre los Estados miembros, las regiones y los particulares se están convirtiendo en auténticos mercados de ganado, en los que las reglas se cambian continuamente y las promesas hechas no se cumplen. 
Es el caso de Munich-Verona, pues Alemania hace pocos días confirmó que ya no estaba dispuesta a pagar su parte del túnel de base del Brennero, justo en el momento en que Italia y Austria estaban creando el GEIE, el Grupo de interés europeo que debía planificar todo el sistema de financiación. 
He aquí, pues, una señal por la que hay que poner en orden esta segunda etapa que podría comprometerlo todo. 
Usted, señor Comisario, un día nos dijo: » Digan a sus conciudadanos que participar en una asociación podría llegar a ser un negocio». 
Yo repetí dicha frase en algunos seminarios sobre el proyecto Munich-Verona. 
Deseo manifestar, con toda sinceridad, que no encontré grandes entusiasmos, porque, evidentemente, alguien sospechó o temió que detrás de la libertad concedida a los Estados, a las regiones y a los particulares, se escondía alguna trampa. 
Les deseo un buen trabajo. 
Señor Presidente, más que a una normal controversia de competencias entre instituciones, prefiero dedicar el poco tiempo de que dispongo a referirme a la exigencia que no puede dejar de haber en los trazados de las redes transeuropeas de transportes. 
Con vistas a la aproximación entre los países, conviene que estén a su servicio de la mejor forma posible, teniendo en cuenta sus realidades económicas y sociales. 
En ese sentido, no pueden, en particular, contrariar objetivos básicos del Tratado, como el del fomento de un mayor equilibrio regional. 
Se trata de una preocupación que se debe tener en cuenta de modo muy especial en Portugal, donde, por lo demás, la promoción de las zonas interiores más desfavorecidas va unida al servicio que se debe prestar a las zonas más populosas e industriales del litoral. 
Lo que no se puede admitir es que una vez más se preste servicio sólo a la capital y se olvide el litoral y el interior de las zonas septentrional y central del país, con poblaciones y actividades muy importantes que se beneficiarán mucho de enlaces más favorables con España y con los demás países de la Unión Europea, con lo que se perseguirá inequívocamente el objetivo que inspiró la creación de las redes transeuropeas. 
Señor Presidente, en gran medida ya se ha tratado el tema; simplemente quiero subrayar que nos encontramos en el mismo punto aproximadamente que estábamos ayer con relación a los servicios de tierra en los aeropuertos. 
Esta es la consecuencia de un callejón sin salida al que conduce el mecanismo de codecisión y de conciliación. 
El Parlamento puede decir «sí» a la opinión formulada por el Comité de Conciliación, lo que significa que renunciará, si no a todas las enmiendas, sí al menos a las dos posiciones más delicadas sobre el medio ambiente en el conjunto de obras previstas, y a propósito de las prioridades y las modificaciones efectuadas en ellas, con la codecisión del Parlamento Europeo. Pero también puede verse obligado a decir «no» a la posición del Comité de Conciliación, lo que significa que corre el riesgo de perder algunos de los acuerdos que había obtenido, o que estas obras pueden sufrir retrasos, o que finalmente puede ser aprobada en su totalidad la decisión del Consejo. 
Creo que, al mismo tiempo que respalda al Parlamento hasta cierto punto, la Comisión juega últimamente a ser el buen pedagogo e intenta convencernos de la posición del Consejo. 
Por lo demás, incluso gobiernos que, como el mío, habían aceptado en gran medida las posiciones del Parlamento, nos presionan ahora para que apoyemos esta posición común del Comité de Conciliación, para evitar el retraso de las obras. 
Es una situación muy difícil. 
Aquí se le tiende otra vez una trampa al Parlamento, y tengo la sensación de que en la Conferencia Intergubernamental habrá que ponerle fin. 
Pese a todo, y con respecto a este tema concreto, si queremos ser consecuentes con nosotros mismos y con las posiciones que hemos definido, y si queremos un Parlamento que tenga competencias importantes, creo que debemos seguir la posición defendida por la Sra. Eriksson y otros diputados en el sentido de no admitir esta posición del Comité de Conciliación. 
Señor Presidente, Señorías, por supuesto que es necesario establecer una política común de transportes, basada en una movilidad duradera y teniendo en cuenta aspectos de medio ambiente y seguridad. 
Francia, por su situación de encrucijada dentro de Europa, se ve especialmente afectada por estos proyectos de redes. 
Las diferentes conexiones por ferrocarril, de navegación interior y costera, y por transporte combinado deben desarrollarse con nuestros países fronterizos. 
Las prioridades que Francia ha definido afectan principalmente a los transportes por ferrocarril y a los fluviales. 
La voluntad de desarrollo de este modo de transporte multimodal es real. 
Sin embargo, debe inscribirse en el marco del respeto por el medio ambiente. 
Las preocupaciones de Francia en este punto son importantes y es obligado comprobar que no siempre se ha respetado la protección del medio ambiente. 
Debemos recordar los problemas que está planteando a Francia la incidencia en el medio ambiente que provoca el paso del TGV por zonas de alta densidad de población. 
Otro punto que reclama nuestra atención es el de los costes de todas las acciones europeas con los Estados miembros. 
Efectivamente, la mayor parte de las inversiones se dejará en manos de los Estados. 
Solamente se considerará la posibilidad de una cofinanciación de proyectos de inversión o una subvención directa en casos justificados. 
Según la Comisión, la conclusión de las redes transeuropeas de transporte necesita de las inversiones de al menos 400 mil millones de ecus en el transcurso de los próximos quince años. 
Las medidas más urgentes a realizar de aquí al año 2000 movilizarán ya cerca de 220 mil millones. 
Las intervenciones financieras de la Comunidad serán la mayoría en forma de estudios de viabilidad, de garantías de los créditos y de bonificaciones de interés. 
Parece por tanto legítimo preocuparse por la mayor financiación que desde ese momento será atribuida a los Estados miembros a la vista de la importancia de las inversiones previstas por la Comisión. 
Podemos lamentar también que el informe Piecyk añada al proyecto de red transeuropeo proyectos nacionales, lo que puede hacer la financiación de los primeros todavía más difícil y restar una parte de su esencia a los expedientes más importantes. 
La conexión Dunkerque-Túnel de la Mancha es un ejemplo evidente, pues no se ha previsto ninguna inversión para la creación de una nueva línea. 
Europa interviene, sin duda, y crea proyectos de interés nacional, pero no peca de exceso de celo. 
Me pregunto si su voluntad de gobernarlo todo y de intervenir en todos los sectores no hará peligrar, al final, las finanzas de todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, no deberíamos dejarnos llevar por la irritación ante los lamentables sucesos de la Cumbre de Florencia, por duro que nos resulte a algunos y sobre todo al ponente, cuya actuación ha sido ejemplar. 
En efecto, con las redes transeuropeas se inaugura un nuevo capítulo en la política europea de transporte. 
La puesta en marcha de este proyecto constituye un primer intento de encauzar a escala europea la construcción de estructuras permanentes de transporte para toda Europa. 
Las inversiones destinadas a este fin pueden reportar un doble dividendo, a saber, el beneficio de contar con unas estructuras de transporte más respetuosas con el medio ambiente y la creación de nuevos puestos de trabajo para los ciudadanos de Europa. 
Nuestra tarea en relación con este proyecto no concluirá, no obstante, con la votación de mañana. 
Después de la enorme ignorancia y arrogancia que ha demostrado el Consejo debe ser evidente que seguiremos promoviendo nuestros objetivos con los medios a nuestra disposición. 
Corresponderá sobre todo a los miembros de la Comisión de Presupuestos velar porque la enumeración ahora indicativa de los 14 proyectos prioritarios se respete también en la práctica y los recursos comunitarios puedan aplicarse a promover un cambio de orientación en favor del transporte ambientalmente sostenible. 
Tendremos que seguir comprobando meticulosamente que todos los Estados miembros cumplan también las condiciones relativas al impacto medioambiental establecidas en el artículo 8. 
Yo quiero subrayar que los socialdemócratas austriacos y yo personalmente consideramos lamentable la exclusión del tramo París-Viena de la lista de proyectos prioritarios, si bien aun así votaré a favor del compromiso negociado a la vista del rápido inicio de la construcción del tramo Munich-Verona, puesto que se trata de un proyecto de suma importancia para los Estados confederados del oeste de Austria. 
Finalmente, por lo que respecta a la financiación, puedo anunciarles que el Parlamento austriaco aprobó recientemente, por iniciativa del ministro socialdemócrata de Transporte, la inversión en un futuro inmediato de 60 millardos de chelines austriacos en la infraestructura de transporte. 
Se trata de un ejemplo digno de imitación y que sobre todo debería servir de precedente para todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el resultado de un proceso de conciliación puede juzgarse desde diversas perspectivas. 
A mi modo de ver, el vaso no está medio lleno, sino más que medio vacío. 
Tenemos que alcanzar una evaluación común y, a mi parecer, no han quedado satisfechas en absoluto, por varios motivos, las legítimas expectativas de los ciudadanos europeos. 
El Consejo no se toma en serio una parte de la relación de los proyectos de construcción prioritarios del Apéndice III- Sr. Farthofer, le ruego que preste atención- y ésta es en parte desfasada y en parte incompleta. 
No se asume seriamente una parte de la misma, porque tanto el Gobierno austriaco como el Gobierno italiano no están dispuestos a aportar en los próximos años los recursos necesarios al proyecto genuinamente europeo del túnel de la base del Brénero. 
¡Los Gobiernos no aportarán estos recursos! 
Yo comparto, no obstante, su opinión de que es una vergüenza que la Unión Europea no haya incluido la continuación del tren de alta velocidad hacia el Este hasta Munich y Viena pasando por Karlsruhe, con su prolongación hasta Budapest. 
Por este motivo, considero totalmente insuficiente esta lista. 
No es de extrañar, sin embargo, que haya quedado así plasmada en el texto, puesto que el Consejo no se mostró dispuesto a negociar seriamente con el Parlamento la lista de proyectos prioritarios y a alcanzar una decisión compartida. 
Como ya han manifestado los oradores que me han precedido, el Consejo se limitó a señalar que podía citarse la lista de Essen. 
Y la mayoría de la delegación del Parlamento se contentó, lamentablemente, con ello. 
Esto es totalmente inaceptable a mi entender. 
En efecto, el Consejo- o al menos la mayoría del mismo- ha negado, en primer lugar, al Parlamento el derecho de codecisión que le otorga el Tratado de Maastricht y no ha aceptado ningún punto de sus propuestas prácticas de modificación y ampliación. 
Y, en segundo lugar, el Consejo no ha ofrecido a los ciudadanos europeos una decisión clara y sincera sobre cuáles son los proyectos prioritarios que se iniciarán en breve. 
La lista de Essen ya es de antemano, según las declaraciones del Presidente en funciones del Consejo, una lista histórica en la cual no se introducirá ninguna modificación y de este modo nos hemos dejado arrebatar el derecho de codecisión sobre los importantes proyectos de construcción que será necesario emprender en los próximos años. 
Pero, vayamos por un momento un poco más allá de las cuestiones institucionales. 
Un segundo motivo de crítica es el hecho de que los Estados miembros de la Unión Europea hayan manifestado recientemente en la Cumbre de Florencia que en su mayoría no están dispuestos a traducir las grandes palabras en hechos. 
En efecto, los Gobiernos de los Estados miembros no se han puesto de acuerdo para aportar, a través de una reestructuración de sus presupuestos nacionales, recursos adicionales para la construcción de las redes de transporte, ni tampoco han adoptado la decisión fundamental de liberar recursos adicionales a través de una reestructuración del presupuesto comunitario. 
Sin embargo, si damos a entender repetidamente a nuestros ciudadanos que un 95 % de la financiación de los proyectos europeos en el ámbito del transporte deben proceder de los presupuestos nacionales, incluidos los créditos e inversiones privadas, y que los recursos de la Comunidad Europea sólo se dedicarán a financiar estudios previos y un abaratamiento de los créditos y no concederán subvenciones, resulta evidente que los Gobiernos de los Estados miembros pretenden contentarse con la mera enumeración de los proyectos prioritarios, basada, además, en la evaluación del año 1994. 
Desde el Parlamento no podemos presentar encima como un éxito estas maniobras del Consejo refrendándolas con nuestro voto afirmativo en el Comité de Conciliación. 
Nuestros ciudadanos esperan, en efecto, que una vez adoptada la decisión sobre la red europea de transporte, se inicie realmente también en breve la construcción de los proyectos europeos verdaderamente prioritarios. 
En efecto, sólo de este modo será posible evitar el inminente colapso circulatorio, mejorar la seguridad de las personas implicadas, reducir el impacto sobre el medio ambiente y contribuir a promover el empleo y el crecimiento. 
Todos estos aspectos no figuran, sin embargo, en el compromiso y, por lo tanto, no me queda más que adherirme a las palabras de los colegas que han declarado que debemos rechazar este compromiso. 
Señor Presidente, ya hace casi dos años de la celebración del Consejo Europeo de Essen. 
Pocos avances- por no decir ninguno- se han logrado en el desarrollo de la red de transporte transeuropeo, que, tal como nosotros la entendemos, ha de constituir la espina dorsal de la infraestructura europea de transporte en el próximo siglo. 
Pienso en mi circunscripción de Connaught/Ulster, en la que cinco de los condados son fronterizos y requieren una infraestructura mucho mejor. 
En vista de que en esas zonas periféricas dependemos mucho de una mejora de nuestra infraestructura viaria, reviste importancia decisiva que esa labor comience muy pronto. 
Acojo con beneplácito el nombramiento por la Presidencia irlandesa de un antiguo Director General de Pesca, Eamon Gallagher, que ha sido nombrado por la Presidencia para acabar con el punto muerto sobre la financiación de las redes transeuropeas. 
Creo que su experiencia como negociador en el más alto nivel de la UE dará frutos. 
Pero, mientras hablamos de las redes transeuropeas, quisiera referirme también muy rápidamente a la responsabilidad que tenemos para con todas las partes de la Unión. 
Pienso en particular en las zonas occidentales y noroccidentales de Irlanda, donde necesitamos importantes inversiones para que nuestras redes viarias sean de un nivel aceptable. 
Mientras no sea así, no estaremos en condiciones de aportar puestos de trabajo muy necesarios a esas zonas. 
Señor Presidente, quisiera hacer cuatro observaciones. 
La primera guarda relación con el aguante del Sr. Piecyk, al que quiero elogiar por ello y con él a todas las personas que le han apoyado política y administrativamente. 
La segunda observación tiene que ver con el simple hecho de que cuando haya acabado este procedimiento, se habrán aceptado las Redes Transeuropeas. 
Pienso que pasará aún mucho tiempo antes de que podamos ser testigos de la política europea de transportes sostenible y coherente a que aspiramos. 
Pienso que habrá que trabajar duro para lograrla y que habrá que salvar muchas fronteras, fronteras entre países, fronteras entre regiones, pero sobre todo fronteras entre técnicas de transporte y también fronteras mentales, pues el tráfico y el transporte implican algo más que crecimiento económico. 
La tercera observación que quiero hacer guarda relación con el procedimiento de conciliación que, estoy convencido, podría ganar contenido y autoridad en la fase informal. 
Para ello es necesario que las partes implicadas- el Consejo, la Comisión, el Parlamento, pero en este caso antepongo el Consejo- inviertan el uno en el otro, y se convenzan mutuamente con argumentos en un debate abierto. 
Si ello sucede, el procedimiento formal de conciliación podrá seguir existiendo como escapatoria y, dicho sea de paso, entonces tampoco será necesario quitarle el sueño a mucha gente, y ni siquiera hablo del dinero que va a costar. 
Mi última observación, señor Presidente, tiene que ver con el hecho de que en estos momentos no sirve de nada votar en contra. 
Creo que votando en contra no ayudamos a nadie, tampoco al medio ambiente, pues si votamos en contra y luego lo reconsideramos, el mundo seguirá dando vueltas. 
Estoy plenamente convencido de que el compromiso logrado tiene que ser el punto de partida de un nuevo inicio que se centre no en los procedimientos, sino en la política, pues todavía queda muchísimo por hacer. 
Con la votación de mañana en el Parlamento sobre el resultado alcanzado en el Comité de Conciliación en relación con las directrices comunitarias para la construcción de una red transeuropea de transporte se cerrará un largo procedimiento legislativo. 
Con ello quedará demostrada la operatividad del procedimiento de codecisión también para abordar cuestiones sumamente difíciles. 
Como todos sabemos, un compromiso incluye, por su propia naturaleza, soluciones en algunos ámbitos que no son perfectas ni satisfactorias para todas las partes implicadas. 
El Parlamento Europeo no puede permitir que se le excluya del proceso de codecisión en los temas relativos al transporte. 
No obstante, tampoco debemos olvidar nuestra responsabilidad en relación con los proyectos y sobre todo ante los ciudadanos, a quienes debemos representar en esta Cámara. 
Una pronta decisión supondrá, así lo espero, el rápido inicio de las obras y contribuirá de este modo a dar un importante impulso al mercado de trabajo, un impulso urgentemente necesario para Europa dada la existencia de 18 millones de parados en la Unión. 
Dos proyectos son prioritarios para Austria. La construcción del tramo del Brénero, sobre cuya importancia nunca se insistirá suficientemente ni, sobre todo, con la suficiente claridad, es imprescindible para nosotros. 
Es indispensable que se inicien rápidamente las obras en interés de los sufridos vecinos de la zona, sin mencionar los problemas medioambientales que será posible resolver en parte con la construcción de este tramo y mediante el transporte combinado. 
Yo quiero recordar una vez más aquí la problemática específica del antiguo tránsito de larga distancia y la particular situación geográfica del Brénero. 
La transversal alpina Munich-Verona debe ser un objetivo de toda la Unión Europea y, evidentemente, también de los países afectados. 
Para Austria es igualmente importante la construcción del tramo de alta velocidad para el transporte combinado desde París hasta Viena y Budapest, pasando por Munich. 
Si bien este proyecto no figura entre los 14 proyectos prioritarios de Essen, es imprescindible que se aborde, sin embargo, con la máxima urgencia. 
Precisamente en una etapa en que comienza a concretarse la ampliación de la Unión a los Estados de la Europa Central y Oriental es necesario dedicar especial atención a los proyectos de construcción de infraestructuras que aproximen esta zona al actual territorio de la Comunidad. 
En este contexto, conviene señalar que Austria sólo forma parte de la Unión desde el 1º de enero de 1995 y que deben tomarse en serio sus justas peticiones. 
Para que los objetivos del artículo 2 del Tratado fundacional de la Comunidad Europea puedan cumplirse efectivamente también en la Europa Central y Oriental es urgentemente necesario contar con un medio de transporte moderno, rápido y con un coste favorable y la capacidad requerida, que responda asimismo a una moderna concepción medioambiental. 
La red transeuropea de transporte representa un gran reto para la Unión Europea, pero también una oportunidad. Mediante inversiones centradas en objetivos concretos pueden hacerse realidad unos proyectos urgentemente necesarios. 
Esto permitirá avanzar un poco más en la aproximación de Europa, mejorará su competitividad y, además, permitirá crear puestos de trabajo. 
La decisión sobre la red transeuropea de transporte puede significar un gran paso adelante para el ulterior desarrollo. 
¡Aprovechemos la oportunidad que se nos ofrece! 
Señor Presidente, quiero señalar dos aspectos: primero, el institucional. 
Muchos diputados se han felicitado hoy por el producto que votaremos mañana. 
En mi opinión, la celebración tiene un límite, ya que el resultado no puede ser otro. 
Se trata de una solución de compromiso y, obviamente, voto a favor de la propuesta. 
En este fin de semana ha tenido el gusto de pisar un proyecto transeuropeo procedente del imperio romano, la primera calzada de Roma al Mar Adriático, y de tocar el muro del Emperador Augusto junto a este mar. 
Es inevitable pensar en el Tratado de Roma y la red transeuropea en un momento así. 
Es inevitable pensar en las decisiones adoptadas en el Tratado de Maastricht, y no pude evitar pensar en el tiempo que hemos perdido con nuestros propios proyectos, los llamados proyectos «imby» , proyectos in my own backyard. 
No hemos pensados en líneas europeas y lo mismo le ha sucedido al Consejo. 
Los 14 proyectos han sido creados para unir Europa y para vender el proyecto. 
Por eso, amigos, no debemos hacer una demostración de fuerzas que quizás no tengamos. 
Este era un aspecto. 
El otro es que la red transeuropea tiene también que ver con el empleo y no únicamente a través de la construcción de una carretera, un túnel o lo que sea. 
Tengo personalmente mi propio pequeño proyecto, y es europeo. 
Celebro que se haya logrado a través de este debate elevar el aspecto marítimo. 
Se que el Comisario y el Consejo están de acuerdo en que precisamente este aspecto ofrece un potencial para el desarrollo de la red transeuropea. 
Desarrollémoslo juntos. 
Tiene ventajas visto desde el ángulo medioambiental y ofrece perspectivas adecuadas para la política europea. 
Las decisiones han de ser adoptadas conjuntamente por el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Deseo que el desarrollo del tráfico beneficie a Europa y no a los países individualmente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, evidentemente esta conciliación dejará un regusto amargo a todos los que han participado en ella. 
Tenemos la sensación de que la codecisión es un instrumento fundamental en la reducción del déficit democrático y tenemos la certeza de que el Consejo, por desgracia seguido con demasiada frecuencia por la Comisión, no se preocupa en absoluto. 
En este asunto somos severos con el Consejo, que no ha dejado de obstruir el ámbito de la codecisión multiplicando de manera abusiva las condiciones de identificación de los proyectos de interés común, con el fin de vaciar de todo contenido la realidad del acuerdo que intentamos concluir. 
Seré igualmente severo con la Comisión, señor Comisario. 
Considero que en este asunto la Comisión ha sido, para retomar las palabras de una ilustre mujer de Estado británica, » el caniche» del Consejo. 
No hace ni siquiera quince días, el 1 de julio, usted señor Comisario, dirigía una carta al presidente de la comisión de Transportes y Turismo diciendo en primer lugar que el Parlamento debería estar comprometido en cada enmienda a la lista de los proyectos prioritarios; en segundo lugar que su intención era la de considerar si sería apropiada una enmienda a las orientaciones sobre la red, lo que quiere decir, si la frase anterior tiene sentido, que usted querría considerar si se imponía o no una enmienda a la lista de los proyectos prioritarios; en tercer lugar que esta enmienda debería aprobarse en codecisión. 
Ahora nos dice usted en una carta del 12 de julio, que si hubiera que considerar la posibilidad de añadir modificaciones a la lista de Essen, verían ustedes si dichos proyectos se encuentran o no identificados en los anexos 1 o 2. Si fuera éste el caso, ello querría decir que los cambios de lista se operarían sin el concurso del Parlamento. 
¿De quién se burlan? 
El Sr. Simpson nos ha dicho que no había que tratarlo a usted de mentiroso. 
Respeto mucho los hábitos parlamentarios británicos para no hacerle caso. 
Por ello me daré por satisfecho con hablar de hipocresía y mala fe. 
A pesar de todo votaremos este proyecto porque hay demasiadas personas que nos esperan a la vuelta de la esquina para acusarnos de ligereza con respecto a las grandes redes, para oponerse a la extensión de la codecisión. 
Pero lo votaremos recordando la humillación sufrida. 
Soy demócrata cristiano y hago mías las palabras de Mauriac: perdono las ofensas pero recuerdo las fechas. 
Señor Presidente, el Parlamento quería que en esta legislación hubiera una cláusula vinculante sobre la protección medioambiental, como se reflejaba en nuestras enmiendas correspondientes a la segunda lectura. 
Quiero agradecer al Sr. Piecyk y al Comisario Kinnock su ayuda para conseguir la aprobación de dicha cláusula. 
Queremos que se insista más en las redes ferroviarias y fluviales que en construcciones de autopistas enormes y queremos evaluaciones rigurosas de las repercusiones medioambientales. 
Resultó asombroso encontrar una resistencia de tan estrechas miras por parte del Consejo sobre esta cuestión decisiva. 
Al final, hemos conseguido el mínimo aceptable. 
Por haber participado en todas esas largas noches de negociaciones, he de decir que se trata de una concesión mezquinamente mínima por parte del Consejo. 
No es todo lo válida que habríamos deseado, pero, gracias al espíritu de la conciliación, es mucho mejor que cuando empezamos. 
No garantiza que los Estados miembros elijan necesariamente la opción medioambientalmente menos perjudicial y, por lo tanto, requerirá una vigilancia muy estrecha por parte de los ciudadanos europeos y de las ONG medioambientales para velar por que así sea cuando se empiecen a planificar y ejecutar esas redes. 
Corresponderá a este Parlamento velar por que los Estados miembros no den marcha atrás respecto del artículo medioambiental, que hemos conseguido en circunstancias tan difíciles, y seguiremos muy atentos al desarrollo de las redes transeuropeas. 
En vista de que al final hemos conseguido mucho más de lo que teníamos al principio, esta Asamblea debe aprobar las redes. 
Después hemos de intentar encontrar los fondos para construirlas y crear los puestos de trabajo que tan urgentemente necesitamos en esta Comunidad. 
Señor Presidente quiero aprovechar esta ocasión para mostrar mi agradecimiento al señor Piecyk y a todos aquellos que han logrado sacar adelante este compromiso. 
El desarrollo de las redes transeuropeas de transporte es imprescindible, puesto que estas redes fomentan la integración europea y el empleo. 
Desde el punto de vista finlandés, la propuesta relativa a las redes transeuropeas de transporte ha venido registrando constantes mejoras. 
Se ha logrado la inclusión de todos los elementos que revisten importancia para nuestro país, a la vez que se ha prestado igualmente atención a un sector específico propio como es el de los buques rompehielos. 
En la lista de prioridades figura el triángulo nórdico, lo cual significa, desde el punto de vista de Finlandia, la construcción de un pasillo de alto nivel, formado por redes ferroviarias, de autopistas y de puertos, desde Turku hasta San Petersburgo, en Rusia. 
Agradecemos al Parlamento Europeo la comprensión que ha mostrado por lo que respecta a la especificidad de nuestras condiciones. 
La Unión Europea debe lograr ahora solucionar el problema que plantea la financiación de la red transeuropea de transporte de modo que las inversiones necesarias no se vean obstaculizadas por el temor a que se produzcan déficits presupuestarios exagerados. 
Se debe transformar el sistema de cálculo del déficit presupuestario de manera que se tomen en consideración las inversiones productivas vinculadas a las redes transeuropeas de transporte únicamente en base a los costes que ocasionen los intereses y las amortizaciones. 
Esto implicaría que los gastos de inversión supondrían, en este momento, únicamente una veinteava parte de los gastos correspondientes a las inversiones públicas del sistema actual. 
Habida cuenta de que el valor de proyectos de esta dimensión obligaría a tomar en consideración únicamente un 5 % en concepto de amortización anual y de que los gastos correspondientes a los intereses se evalúan ya en la actualidad de modo íntegro, la cuestión radica en establecer el grado de importancia, hoy por hoy, del desarrollo de estas redes de transporte. 
Señor Presidente, las redes transeuropeas de transporte deben contribuir, de conformidad con el artículo 129 B, a la cohesión económica y social. Ésta requiere, en primer lugar, un desarrollo armónico del conjunto de la Comunidad y, en segundo lugar, muy especialmente, la comunicación de las regiones insulares, aisladas y periféricas con los centros comunitarios. 
En un primer momento, este segundo aspecto no se tuvo suficientemente en cuenta desde la perspectiva de las regiones costeras. 
La Comisión de Política Regional consiguió finalmente que recibiera una atención más adecuada. 
La propuesta de compromiso incluye ahora la actualización del transporte hasta las costas marítimas según el concepto road to sea. 
Ésta comprende también la inclusión de los puertos marítimos y el ámbito del transporte marítimo de corta distancia. 
Todo ello constituye un éxito desde el punto de vista de la política regional. 
Ahora es necesario que se proceda a la transposición de los citados aspectos de las orientaciones comunitarias. 
Si sólo se realizan los grandes proyectos, únicamente quedarán comunicados entre sí los espacios económicamente fuertes, con la consiguiente exclusión de las regiones económicamente débiles y periféricas de la dinámica económica que deben promover las redes transeuropeas de transporte. 
También debe preverse un número suficiente de etapas intermedias y de puntos de llegada y de salida. 
Sólo así podremos evitar que muchas regiones se conviertan en meras zonas de paso. 
La Comisión de Política Regional detecta aquí el clásico conflicto entre política de transporte y de ordenación del territorio, conflicto que sólo puede resolverse mediante la solidaridad entre las regiones. 
Pero esta solidaridad también es necesaria en el marco del procedimiento de codecisión. 
En este contexto, se ha confirmado la impresión de que todavía es preciso llamar la atención de los Estados miembros sobre esta cuestión. 
El Parlamento no se dejará arrebatar jamás los derechos democráticos adquiridos en virtud del Tratado de Maastricht. 
Señor Presidente, ante todo hago mío el caluroso agradecimiento al ponente, Sr. Piecyk, que nos ha guiado a todos durante tanto tiempo respecto de esta complejísima y ardua cuestión. 
También quisiera acoger con el mayor beneplácito las posibles redes transeuropeas. 
En mi opinión y en la de mi Grupo, son un claro rechazo del planteamiento- propio del laissez-faire- de la política de transportes en Europa, que, como todos sabemos, ha dado como resultado una congestión y una contaminación sin precedentes y un costo de 100.000 millones de ecus tan solo en pérdida de tiempo. 
Ahora, gracias a las redes transeuropeas, tenemos el marco para un intento planificado, coordinado, de transferir el tráfico de las carreteras a los ferrocarriles, el sector marítimo y las vías de navegación interior. 
Lo estamos haciendo mediante el aprovechamiento de los recursos de los sectores público y privado. 
Quisiera acoger con beneplácito todo eso. 
En segundo lugar, condeno la resistencia de algunos Estados miembros a nuestras propuestas positivas para que nuestras preocupaciones medioambientales ocupen un lugar fundamental en la orientación de la red transeuropea. 
Pero, al hacerlo, quisiera agradecer al Comisario su contribución positiva a esta cuestión. 
Creo que convendrá conmigo en que es en verdad una lástima que al menos algunos Estados miembros digan una cosa en público sobre el medio ambiente, pero hagan otra en las reuniones del Consejo. 
El debate de hoy representa un avance real, un intento real de tener en cuenta el medio ambiente. 
Por primera vez nos estamos comprometiendo como Unión Europea con una evaluación medioambiental estratégica. 
Sí, van a ser necesarios tres años para influir en la revisión de las directrices, pero nosotros debemos acoger con beneplácito ese gran avance al que durante tanto tiempo opuso resistencia el Consejo. 
Sí, todos debemos permanecer vigilantes, pero también debemos aportar todos una colaboración positiva para velar por que las redes transeuropeas cumplan con nuestro objetivo de lograr que tengamos políticas de transportes medioambientalmente sostenibles que transmitir a las futuras generaciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, cómo no vamos a saludar con optimismo la puesta en marcha de los catorce proyectos que en estos momentos estamos contemplando. 
Sin duda ninguna, las redes de transporte transeuropeas son las arterias clave de la Unión Europea, de una Unión Europea moderna, competitiva, que genere empleo, y esas arterias hasta ahora son escasas y, por otra parte, están relativamente estranguladas. 
El transporte es un fenómeno económico, social y político de primera importancia, y no solamente es necesario tener unas redes adaptadas a la realidad sino, además, que éstas funcionen a nivel de Unión Europea con la interoperabilidad lógica y necesaria. 
Pero, junto a ello, no es desdeñable tampoco la puesta a prueba que se ha producido en relación con el procedimiento de codecisión. 
He de decir que mi experiencia personal de seguimiento de la Comisión me lleva a pensar que ésta ha utilizado un doble lenguaje en esta materia. 
Ha utilizado un doble lenguaje según el interlocutor y, desde luego, la perspectiva del Parlamento no es la mejor perspectiva que pudiera tenerse después de este proceso de conciliación relativamente fallido. 
La financiación, señor Comisario, es otro punto fundamental del proyecto europeo de redes de transporte. 
Tenemos una perspectiva de financiación inadecuada, insuficiente, es decir, que carece de simetría respecto de la prioridad del objetivo que nos estamos marcando; y eso habrá que irlo corrigiendo si no queremos caer en la retórica y en la demagogia que al final supone hablar de muchas cosas y no aportar los fondos presupuestarios. 
Pero permítame que termine con una advertencia: señor Comisario, la política de infraestructuras, la política de redes transeuropeas es una política que no contribuye a la cohesión económica requerida por el Tratado. 
Según el Tratado, todas las políticas deben contribuir a la cohesión económica y social. 
Y yo le puedo decir hoy, y espero hablar más despacio con usted en otro momento, que esta política no contribuye a la cohesión económica de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero, por mi parte, felicitar a nuestro ponente y a los diputados al Parlamento Europeo que formaron parte del Comité de Conciliación, presidido por la Vicepresidenta Nicole Fontaine, por la competencia, el equilibrio y el sentido común político que demostraron en esa difícil negociación, si tenemos en cuenta que el acuerdo alcanzado es globalmente positivo y que ahora existen las condiciones para avanzar decididamente en el proceso de construcción de las redes transeuropeas en el sector de los transportes, esencial para el buen funcionamiento del Mercado Interior, para el fortalecimiento de la cohesión económica y social y la creación de nuevos puestos de trabajo. 
La realización de esos proyectos constituye una importante contribución a una vinculación eficiente y diversificada de las regiones periféricas con el centro de la Unión Europea, condición indispensable para la existencia de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y las empresas de la Comunidad. 
Ahora bien, hay que subrayar algunos aspectos: en primer lugar, para la financiación de las redes transeuropeas serán necesarios fondos diferentes de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión que previamente se habían distribuido para otros fines. 
Nos parece evidente que ahora se trata de nuevas asignaciones que se habrán de sumar a las ya comprometidas. 
En segundo lugar, las prioridades que se deban conceder a los proyectos habrán de abordarse con una perspectiva de dinámica política y deben seguir el criterio propuesto en el informe que estamos examinando. 
En el caso de Portugal, la propuesta presentada en el último Consejo Europeo de Florencia de integrar el proyecto de autopista Lisboa-Valladolid en un conjunto de enlaces intermodales entre Portugal y España, nos parece que se adecua de forma mucho más correcta al criterio aprobado por el Parlamento Europeo y que contribuirá a un desarrollo regional más equilibrado. 
Así, pues, propugno, señor Presidente y Señorías, que votemos a favor de este acuerdo e insto a la Comisión a que lo ponga en ejecución rápidamente. 
Señor Presidente, la construcción de la política de cohesión económica y social es difícil. 
A veces se hacen muchos pasos adelante, otras se entra en una etapa de estancamiento. En este caso hicimos un pequeño paso más hacia delante. 
Ésta es mi opinión acerca del procedimiento de conciliación. 
De todos modos, hay que reconocer el positivo trabajo llevado a cabo por el Comisario y por el ponente, así como por la Comisión de Transportes y Turismo que participaron en este trabajo. 
Hoy nos hallamos ante la necesidad de encontrar recursos financieros a fin de que este texto pueda ser aceptado por los ciudadanos, o sea para que pueda lograrse la cohesión económica y social. 
A pesar de la escasez de los recursos, debemos llevar a cabo una importante batalla. La continua referencia a los recursos privados corre el riesgo de ser en algunos casos sólo ideológica, habida cuenta de que las grandes redes infraestructurales que unan zonas incluso periféricas tienen, a mi juicio, una necesidad real de fondos públicos y estos pueden ofrecerse gracias al esfuerzo común del presupuesto de la Unión y de las políticas nacionales. 
Considero que desde este punto de vista podemos hacer mucho, emplear las inversiones para el empleo y tener debidamente en cuenta el medio ambiente. 
Las prioridades decididas son de programación. Por vez primera, tenemos proyectos de interés común definidos, prioritarios o no. 
Se trata de proyectos que vinculan a los Estados nacionales. 
Por ello, aprecio las declaraciones de la Comisión que quiere privilegiar los proyectos que tienen menos repercusiones medioambientales y favorecen el transporte combinado. 
Por ello, considero que algunos proyectos para enlazar el Norte con el Sur del país están dentro de las prioridades de la Comisión. 
Les deseo un buen trabajo. 
Señor Presidente, el resultado de la mediación sobre las Redes Transeuropeas es pobre, en especial en cuanto a la cuestión de los proyectos prioritarios. 
A pesar de todas las bonitas declaraciones, el Consejo ha hecho caso omiso del procedimiento de codecisión acordado en Maastricht. 
Este pobre resultado nos obliga a considerar seriamente la cuestión de si podemos aceptar el resultado. Esto exige una evaluación política. 
En primer lugar, rechazarlo implica un retraso de la realización de las Redes Transeuropeas, y por consiguiente también de las consecuencias positivas para la economía y el empleo. 
Esto no es lo que están esperando nuestros ciudadanos. 
En segundo lugar, ello perjudicará seriamente los intentos de liberar más recursos para las Redes Transeuropeas, entre otros a través del presupuesto europeo. 
Por ello pienso que es mejor recordar al Consejo y a la Comisión sus promesas de implicar adecuadamente al Parlamento Europeo en caso de modificación sustancial de los proyectos prioritarios. 
Me remito a la clara declaración del presidente del Consejo, el Sr. Dini, durante el debate del 3 de julio, si no me equivoco, y a la carta del 1 de julio del Comisario Kinnock. Estas son inequívocas. 
Señalo que el procedimiento presupuestario es un recurso práctico para garantizar en su caso una realización leal y generosa de las promesas hechas. 
Espero que me permita hacer otra observación sobre la catástrofe aérea de Eindhoven. 
Esta mañana, el Presidente del Parlamento ha expresado su pésame a las familias de las víctimas del choque con un aparato militar en el aeropuerto de Eindhoven. 
Confío en que las autoridades competentes lleven a cabo una profunda investigación en torno a las causas del accidente. 
Quiero preguntarle al Comisario si cree conveniente implicar también a la Comisión en la investigación, únicamente para que extraigamos las debidas enseñanzas- también a nivel europeo- de este trágico accidente en el que han perdido la vida 32 personas. 
Quisiera terminar, señor Presidente, con una palabra de agradecimiento al ponente, el Sr. Piecyk, y también a la Sra. Fontaine y al Sr. Imbeni por el esfuerzo que han realizado en la delegación de mediación, y naturalmente también quiero dar las gracias al Comisario Kinnock por el tesón que ha demostrado para alcanzar un compromiso. 
Señor Presidente, quisiera comenzar apoyando al Sr. Cornelissen, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, al ofrecer las condolencias de la Comisión a los heridos y a las familias de las víctimas mortales de la espantosa tragedia aérea ocurrida ayer en Eindhoven. 
En respuesta a la pregunta formulada por el Sr. Cornelissen, he de confirmar que la Comisión no tiene competencia jurídica para emprender una investigación. 
Sin embargo, puede estar absolutamente seguro de que, como en todas las ocasiones, procuramos obtener la información más completa posible y analizarla con vistas a aprovechar cualesquiera enseñanzas que se desprendan de los desastres aéreos de cualquier clase. 
Sobre la cuestión de las orientaciones relativas a las redes transeuropeas de transportes, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento por las constructivas gestiones hechas por la Sra. Fontaine y otros miembros del Comité de Conciliación de todos los sectores de la Asamblea sobre este importante instrumento legislativo. 
Evidentemente, el Sr. Piecyk, como ponente, ha tenido un cometido especial- y considero su labor digna de elogio- durante un lapso que ha resultado ser dos meses más largo en total que el período de gestación de un elefante. 
Sé que ha producido algo que, al menos en el marco europeo, no es tan hermoso, pero es, sin lugar a dudas, más funcional, que un elefante medio. 
El proceso de aprobación de las orientaciones para las redes transeuropeas de transportes avanza ahora hacia su conclusión y, como puede que sepa la Asamblea, el Consejo dio su acuerdo ayer. 
Estoy seguro de que todos cuantos hayan participado directamente compartirán mi opinión de que, aparte de las importantes cuestiones interinstitucionales, unas redes transeuropeas de transportes eficientes- como han dichos varios diputados durante el debate- revisten importancia decisiva para la creación de puestos de trabajo, el crecimiento, la competitividad y la cohesión social. 
Se deben desarrollar sistemáticamente y en pro de los intereses de la Unión y, de hecho, de todo nuestro continente, como también nos han recordado algunos diputados en este y otros debates sobre las orientaciones. 
No es una exageración decir que la aprobación de las orientaciones es un acontecimiento importante en la historia de nuestra Comunidad. 
Por primera vez y de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, la Comunidad ha establecido, legislado, una política para el desarrollo a medio y largo plazo de la red global de infraestructuras de transportes internacionales. 
Va a resultar un proceso práctico y vinculante para nuestra Comunidad, como ha señalado el Sr. Sindal. 
Además, ésta es la primera ocasión en que los Estados miembros, por mediación del Consejo, han examinado las redes de infraestructuras de transportes en un proceso de codecisión con el Parlamento Europeo. 
Estoy seguro de que resultará ser un acontecimiento importante en la relación entre las instituciones democráticas de la Comunidad y, como han señalado varios diputados, debemos considerarlo el comienzo de la evolución y no el final en sentido alguno. 
Es una realidad que, en general, los Estados miembros tienen que hacer la aportación de más del 90 % de los fondos necesarios para emprender proyectos y el proceso de codecisión sólo abarca las orientaciones para las redes transeuropeas, no su ejecución ni su financiación. 
También resulta claro que la subsidiariedad está garantizada por la disposición del artículo 129 del Tratado de que las orientaciones y los proyectos de interés común relacionados con el territorio de un Estado miembro requieren la aprobación del Estado miembro interesado. 
Así, pues, la tarea de la codecisión tenía que emprenderse sobre el fondo de esas realidades jurídicas, económicas y políticas. 
Y, si bien eso aumentaba, naturalmente, la complejidad de la labor, el texto conjunto sobre las orientaciones, en su forma actual, constituye un resultado satisfactorio para toda la Comunidad. 
Durante el proceso de consecución de dicho texto conjunto, ha habido importantes cambios, como nos han recordado algunos diputados durante el debate. 
En primer lugar, el principio de la especificación de las consideraciones medioambientales en las orientaciones se ha logrado en un nuevo artículo y esa disposición abre la vía para el desarrollo de dos nuevos medios de garantizar salvaguardas medioambientales adecuadas: las evaluaciones estratégicas de las repercusiones medioambientales y las evaluaciones de los corredores. 
Naturalmente, la Comisión se toma en serio esas disposiciones y procurará velar por su útil aplicación. 
En respuesta a la Sra. Eriksson y a la Sra. van Dijk, he de recordarles, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Financiero, que los proyectos financiados de conformidad con dicho Reglamento, deben ajustarse al Derecho y las políticas comunitarios, en particular en materia de protección medioambiental, competencia y adjudicación de contratos públicos. 
Naturalmente, la Directiva relativa a los hábitats, a la que se ha referido la Sra. van Dijk, es Derecho comunitario y se debe cumplir so pena de procesamiento. 
Así, pues, si bien no voy a afirmar que la disposición encaminada a proteger el medio ambiente en el marco de las redes transeuropeas sea impecable, se han logrado avances muy importantes gracias, en gran medida, a la labor del Parlamento por lo que se refiere a las salvaguardas relativas al medio ambiente. 
El segundo cambio se refería a la determinación de proyectos de interés común y las modificaciones de los mapas que figuran en el Anexo 1 y las especificaciones y criterios del Anexo 2, en los que el Consejo aceptó 18 enmiendas más en el procedimiento de conciliación, además de las aceptadas después de la primera lectura. 
En tercer lugar, sobre las enmiendas restantes, el Consejo y la Comisión hicieron una declaración conjunta con el Parlamento en el sentido de que tomaban nota de los proyectos apoyados por el Parlamento en la segunda lectura con vistas al futuro desarrollo de las redes transeuropeas de transportes. 
Además, la Comisión ha declarado que examinará los proyectos votados por el Parlamento en la segunda lectura y ese examen formará parte del procedimiento de revisión fijado para julio de 1999. 
Respecto de los puertos, que preocupan- lo sé- y con razón a varios diputados a esta Asamblea, hay cuestiones claramente muy reales de competencia entre esas partes esenciales de la infraestructura marítima y, por esa razón, aún no ha resultado posible lograr un planteamiento relativo a los puertos similar al establecido para los aeropuertos. 
Así, pues, la Comisión, tras celebrar consultas con las partes interesadas y, naturalmente, con los Estados miembros, se propone presentar un informe el año próximo para determinar los puertos elegibles y considerar si es apropiado hacer una propuesta comparable a la relativa a los aeropuertos de la Comunidad. 
El Parlamento logró también cambios en otro sector en el que había importantes controversias: los llamados «proyectos prioritarios» y el Anexo III. 
Evidentemente, es de sobra sabido que los Estados miembros se opusieron desde el principio mismo a la fijación de prioridades para los proyectos en la decisión sobre las orientaciones. 
Estaban convencidos de que la fijación de prioridades para proyectos de interés común era un asunto que incumbía estrictamente a los gobiernos nacionales. 
Sé que los diputados a esta Asamblea entienden esa opinión, dado que el 90 % de los costos de esas importantes realizaciones en materia de infraestructuras tienen que financiarse con cargo a los Estados miembros. 
Mediante la negociación en el procedimiento de conciliación, el Parlamento logró incluir una disposición especial: el artículo 19, relativo al Anexo III, y los 14 proyectos de interés común a los que el Consejo de Essen concedió particular importancia. 
Otra disposición- el artículo 20- se refiere a los proyectos de interés común en materia de transporte combinado y nuevas técnicas de ordenación del tráfico. 
Como han de saber Sus Señorías, pueden sentirse satisfechos con esas novedades y con la declaración conjunta en la que el Parlamento, el Consejo y la Comisión pedían a los Estados miembros que concedieran la mayor importancia a la ejecución de esos proyectos. 
Su Señorías han de saber que en el reciente Consejo Europeo de Florencia los nuevos Gobiernos portugués y español propusieron la modificación del proyecto nº 8 de la lista de Essen. 
Huelga decir que se trata de una realización múltiple y resulta claro que el examen de esa cuestión debe hacerse con estricta observancia de la letra y del espíritu de la transacción lograda en el Comité de Conciliación y ahora recomendada a esta Asamblea. 
En la Comisión examinaremos, naturalmente, el proyecto con más detenimiento y aún no sabemos, claro está, cuál será la orientación política del Consejo Europeo. 
Si alguna modificación del artículo 19 y del Anexo III de la decisión sobre las orientaciones pareciera apropiada, la Comisión tendría que considerar si debería hacer una propuesta correspondiente. 
En ese caso, el procedimiento para la modificación, como ya ha indicado el Sr. Dini en nombre de la Presidencia, sería el de codecisión. 
He oído la contribución del Sr. Bourlanges a ese respecto. 
De hecho, he tomado nota de ella. 
Creo que lo más amable que puedo decir sobre su intervención, bastante inmadura, es que los insultos que ha pronunciado no han contribuido lo más mínimo a realzar su reputación, Lo único que han hecho, en verdad, ha sido demostrar que, al menos en política, es posible ser pesado y vacío a un tiempo. 
En conclusión, creo que la labor en la que han participado el Parlamento, el Consejo y la Comisión ha producido un resultado para las orientaciones relativas a las redes transeuropeas de transportes que es en general positivo, económicamente realista, socialmente receptivo y útil para las necesidades de las regiones periféricas y para la protección medioambiental. 
Está claro que las orientaciones son, como los diputados y yo hemos dicho- atinadamente, en mi opinión- durante este debate, un primer ensayo para la Comunidad y no cabe duda de que hay posibilidades de mejorar a medida que evolucione la política al respecto. 
Cuando emprendamos la primera revisión de las orientaciones a lo largo de los tres próximos años- de hecho, dentro de tres años presentaremos un informe al respecto -, estoy seguro de que las enseñanzas de esta experiencia inicial resultarán muy instructivas. 
Entretanto, por el bien de la Comunidad en todas sus partes, creo que debemos avanzar en la ejecución de la red transeuropea de transportes. 
Así, pues, recomiendo encarecidamente las orientaciones a esta Asamblea como dignas de un firme apoyo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Biología y medicina (Convenio sobre bioética) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0190/96) del Sr. Pelttari, en nombre de los Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el proyecto de convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la utilización de la biología y la medicina- Convenio sobre bioética. 
Señor Presidente, Señorías, el convenio que se propone establecer el Consejo Europeo también tendrá repercusiones para la investigación dentro de la Comunidad Europea. 
El objetivo es limitar jurídicamente la investigación, sobre todo en aquellos aspectos en los que pueda anteponer el interés social o ajeno a la protección y la dignidad del individuo. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía presentó, por consiguiente, al Parlamento ya en el mes de abril su opinión, adoptada con una gran unanimidad. 
La comisión competente, recogió las propuestas de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía en todos sus puntos significativos y considera necesario que el Parlamento realice un seguimiento crítico de los trabajos preparatorios del Convenio del Consejo Europeo, habida cuenta, entre otros aspectos, del papel que le corresponde en la adjudicación de los fondos destinados a la investigación. 
La opinión pública europea ha tenido una creciente participación en la elaboración de estos textos. 
De ahí que sea todavía más lamentable que durante un tiempo sólo haya sido posible tener acceso a los mismos a través de filtraciones. 
Como respuesta a este hecho, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía solicitaba en su informe de opinión un debate público lo más amplio posible y la participación en la decisión, así como la celebración de consultas públicas y el acceso público a los bancos de datos. 
La comisión competente recogió esta petición en su informe. 
Mi Grupo político ha presentado una propuesta de enmienda complementaria destinada a reforzarla. 
El actual proyecto de convenio presenta considerables mejoras con respecto a la propuesta de 1994. 
No obstante, sigue abordando sólo una parte de los temas que requieren una regulación y es preciso completarlo. 
En este proceso, es necesario prestar especial atención para que los protocolos complementarios no dejen de lado el verdadero objetivo del convenio. 
Asimismo, también es necesaria una regulación jurídica más rigurosa de la investigación en las personas desprovistas de capacidad de consentimiento, autorizando sólo las intervenciones directamente relacionados con la enfermedad de la persona afectada y que puedan ser beneficiosas para su salud. 
Finalmente el proyecto de convenio representa un compromiso en relación con la investigación sobre embriones in vitro, que queda por debajo de las normas vigentes en Alemania y en algunos otros países europeos. 
Aun así, al menos quedaría prohibida la producción de embriones humanos para la investigación. 
El Parlamento debería proponer que se incluya la prohibición del uso de embriones para cualquier tipo de investigación y una regulación más precisa de la protección de los embriones en el marco de la fecundación in vitro. 
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Ciudadanos representa una importante aportación al debate sobre este tema, que debería recibir el apoyo mayoritario del Parlamento. 
Finalmente, debo precisar, para que conste en el Acta, que no fui yo quien presentó las enmiendas 16 y 18, tal como se indica erróneamente en el documento A4-0190/96. 
Señor Presidente, el presente proyecto de convenio del Consejo Europeo sobre derechos humanos y biomedicina ha topado con justificadas críticas, en particular por parte de las asociaciones de personas discapacitadas, pero también de muchos diputados de diferentes Parlamentos. 
Yo considero conveniente que el Parlamento Europeo examine el proyecto de convenio y se pronuncie al respecto, aunque la situación jurídica no sea nada clara. 
El Sr. Pelttari ha presentado un buen informe y yo quiero agradecerle el trabajo realizado. 
Su informe contiene formulaciones claras y hace inequívocamente un mayor hincapié en la protección de los derechos humanos que el proyecto de convenio del comité de gestión sobre bioética. 
Es ciertamente de lamentar que el Grupo político del propio Sr. Pelttari quiera suprimir de nuevo esta precisión y haya presentado numerosas enmiendas que diluyen el contenido del informe. 
El Grupo del PPE respalda el contenido del informe tal como fue aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Estamos a favor de unas formulaciones claras y de la absoluta primacía de la dignidad de las personas. 
En primer lugar, me referiré al debatido punto de la manipulación del genoma humano. 
Es positivo que el comité de gestión se haya manifestado contrario a las intervenciones en el genoma humano; no obstante, a mi parecer y en opinión de mi Grupo político, esto no se ha formulado con la necesaria claridad. 
El Parlamento Europeo debería manifestarse explícitamente en favor de una prohibición. 
No queremos una moratoria, basada circunstancialmente en razones técnicas, sino una prohibición basada en consideraciones éticas fundamentales. 
El objetivo de la manipulación del genoma humano no es una terapia, sino la selección de los seres humanos y no podemos aceptar de ningún modo la concepción del ser humano que hay detrás. 
El método también es rechazable ya por el hecho de que incluso para los estudios sobre la manipulación del genoma humano ya es necesario utilizar un número masivo de embriones. 
El proyecto del comité de gestión tampoco se pronuncia con suficiente claridad con respecto a la investigación con embriones. 
En efecto, si bien habla de una protección adecuada, no prohíbe explícitamente la investigación que suponga la destrucción de embriones. 
Yo me pregunto: ¿cuál es esta protección adecuada que tiene como resultado final la muerte del objeto de la misma? 
¿Cómo puede hablarse de protección adecuada en estas circunstancias? 
El rechazo de la investigación que suponga la destrucción de embriones- nuestra coincidencia es, en efecto, unánime sobre este punto- también lleva aparejada, sin embargo, una consecuencia. 
Yo considero que debemos velar para que no puedan producirse embriones excedentarios, que posteriormente se utilizarían para fines de investigación o bien- y esta alternativa tampoco está exenta de problemas éticos- sería preciso dejarlos morir. 
Muchas universidades se enfrentan en estos momentos con el dilema de que conservan centenares de miles de embriones congelados y no saben qué deben hacer con ellos. 
Para evitar este dilema, diversos Estados miembros cuentan con normas que toman en consideración estos problemas y que no han suscitado protestas del movimiento de mujeres en los citados países. 
Al menos yo nunca he tenido conocimiento de ello, a pesar de que en diversas ocasiones he solicitado a otros colegas pruebas que lo atestigüen. 
Por consiguiente, la formulación del punto 12.5 tal como fue aprobada en la Comisión de Asuntos Jurídicos es muy importante, a mi parecer. 
Por lo que respecta a la investigación sobre personas desprovistas de capacidad de consentimiento, cabe señalar que la versión inicial de 1994 del proyecto de convenio suscitó justificadas protestas. 
Yo también me pregunto por qué no se dejó claramente establecido ya de entrada, mediante una prohibición de la discriminación de las personas discapacitadas, que no se admitiría ningún abuso. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos solicita que se incluya una prohibición antidiscriminatoria en este sentido y yo pienso que todos debemos respaldar esta petición. 
El Grupo del PPE no se opone a que se prohíban simplemente las investigaciones, pero queremos que se establezcan unas normas rigurosas. 
Esto es aplicable también en el caso de las personas desprovistas de capacidad de consentimiento. 
Si decretásemos la prohibición total, no sería posible, por ejemplo, la investigación en el campo de las enfermedades infantiles o de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y, por este motivo, a mi parecer debemos votar a favor del informe en su forma actual con algunas enmiendas en su redacción, pero sin ninguna enmienda que modifique su contenido de fondo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar deseo felicitar a nuestro colega Pelttari por el magnífico trabajo que ha realizado. 
Su informe es excelente, tanto en el plano jurídico como en el del respeto por la dignidad del ser humano. 
Sin embargo, como biólogo, y aún más como médico, no puedo suscribir varias de sus recomendaciones. 
¿Cuál es el papel del biólogo sino hacer que progrese la investigación médica sin que ello acarree ningún perjuicio a los enfermos? ¿Cuál es el papel del médico, sino aliviar a los que sufren y responder a la espera angustiosa de los enfermos y sus familias, dentro del respeto por las reglas deontológicas y de los grandes principios de la ética? 
Así pues, en este proyecto de convenio, si el legislador cree actuar bien y desea no sentirse culpable, obstaculiza el progreso de la medicina en varios campos. 
En materia de obtención del consentimiento para las pruebas terapéuticas de las personas mentalmente incapaces, suscribo la mayor parte de las propuestas del ponente, pero deseo reclamar la atención de todos los Diputados sobre un punto en especial: ¿Qué actitud tomar con respecto a los adultos incapaces de manifestar su rechazo? ¿vamos a privarnos de toda posibilidad de progreso en los tratamientos de los grandes desarreglos mentales, principalmente en el de la enfermedad de Alzheimer? 
En materia de tratamiento de la esterilidad y de la infertilidad de la pareja por medio de la reproducción asistida, entre las propuestas del ponente, las orientadas a limitar el número de embriones susceptibles de ser producidos en el transcurso del mismo ciclo con vistas a su implantación no parecen nada realistas para cualquier especialista razonable y documentado. 
En el actual estado de conocimientos y dada la proporción inevitable de óvulos fecundados destinados al fracaso de forma espontánea desde los primeros días del desarrollo, las medidas propuestas tendrán como consecuencia condenar definitivamente la fecundación in vitro con transplante de embrión y agravar los problemas ya bastante penosos que sufren las mujeres que desean tener un hijo. 
Terminaré por la prohibición, loable en sí misma, de las intervenciones relativas a la modificación de la línea germinal. 
Pero, ¿se va a privar del tratamiento por radioterapia y quimioterapia de los enfermos de cáncer de ovarios o de testículos, como prevé el texto del informe? 
Estos diferentes ejemplos ilustran claramente que, aunque hay que compartir la preocupación que los inspira, las disposiciones que sugiere nuestro colega Pelttari parecen excesivas. 
En estas condiciones, el informe sólo me parece aceptable si adoptamos al menos cuatro enmiendas orales. 
En caso contrario debe ser devuelto a la comisión. 
En primer lugar, tener en cuenta la incapacidad de algunos enfermos mentales graves para tomar decisiones; en segundo lugar plantear una excepción a la prohibición de investigación sobre el embrión para los métodos destinados a mejorar su desarrollo posterior; en tercer lugar, no limitar la producción de embriones con vistas a la implantación en la madre sino solamente el número de embriones a implantar; en cuarto lugar, prohibir la terapia génica germinal, excepto para el tratamiento del cáncer de gónadas. 
De este modo la Asamblea tendrá en cuenta la preocupación por la salud pública en el respeto por la dignidad de las personas y se podrá sentir satisfecha de responder a lo que los enfermos y sus familias esperan, dentro del respeto por las reglas de la ética biomédica. 
Señor Presidente, Señorías, la resolución que resulta de los trabajos de la comisión está en claro retroceso en varios puntos con relación al proyecto de texto del convenio. 
Estos puntos son en primer lugar la investigación científica; la resolución prevé que habrán de fijarse límites absolutos antes de iniciar nuevos trabajos de investigación. 
Eso se llama moratoria científica en todo su oscurantismo. 
Así, para una mayoría de los miembros de la comisión, no deben realizarse investigaciones sobre enfermedades genéticas hasta tanto el convenio sea votado y ratificado por la mayoría de los Estados. 
Se trata de un retraso de entre cinco y diez años en la lucha contra las enfermedades y la paralización de las investigaciones punta, además de la derrota incluso a nivel de patentes, frente a Japón y Estados Unidos. 
A continuación, las condiciones en las que se opera la fecundación in vitro. 
Ya se ha dicho que el texto votado en comisión es inaceptable. 
Se imponen límites teóricos a la producción de embriones destinados a su reimplantación, cuando la técnica aún no permite evitar un exceso de embriones, pero sobre todo se prohíbe la conservación criogénica de los embriones, salvo excepciones de orden médico. 
Finalmente, y en el mismo sentido, se prohíbe cualquier investigación sobre los embriones. 
Voy a plantear una pregunta sencilla, ¿quiénes somos nosotros los legisladores, que en muchas ocasiones nos encontramos geográficamente lejos de nuestros pueblos, para decir lo que es bueno y lo que es malo en lo que el ser humano tiene de más personal como es su vida sexual y su actividad reproductora? ¿Cómo se puede, en un momento en que con razón se reclama la igualdad entre hombres y mujeres, impedir que las mujeres sean dueñas de su cuerpo? 
Si hay exceso de embriones, que se deje a las mujeres la posibilidad de conservarlos, destruirlos o entregarlos a la ciencia. 
Finalmente, el rechazo prácticamente total a autorizar pruebas orientadas a detectar la aparición de enfermedades genéticas es también inaceptable; puede evitarse el riesgo de abuso autorizando esas pruebas para fines médicos o de investigación y con el consentimiento de la persona afectada. 
En realidad este dictamen contiene dos vicios profundos. 
Para empezar, formula prohibiciones en lugar de tomar medidas para fijar los límites de la investigación, con el fin de evitar cualquier abuso. 
Para ser más claro, si algunos tienen miedo porque hace cincuenta años se realizaron experimentos monstruosos, no es necesario recordar que éstos fueron posibles porque fueron autorizados, e incluso alentados, por un régimen político inhumano y perverso. 
Pero hoy somos democracias políticas, se ejerce un control y las investigaciones se hacen a la luz, hay publicaciones que anuncian los descubrimientos y en todas partes existen comités de ética médica. 
Por tanto podemos permitir sin miedo que se continúe la investigación, que es fuente de progresos, poniendo barreras para evitar cualquier abuso. 
En segundo lugar, ¿podrían 626 parlamentarios arrogarse el derecho de definir cuál debe ser la moral dominante en los comportamientos íntimos de hombres y mujeres? , pero, ¿en nombre de qué poder una sociedad liberal debe fijar reglas generales que permitan el funcionamiento armonioso del cuerpo social en su conjunto? 
Ésta no debe intervenir en la elección que cada individuo haga siempre que no contravenga manifiestamente el orden social establecido. 
Al igual que dos de los colegas que me han precedido debo decir que desgraciadamente será lo que el Parlamento habrá hecho, si no se toman en consideración las enmiendas que nosotros en concreto hemos presentado. 
Si fuera así, espero que el Consejo de Europa rechace el dictamen del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, no resulta difícil mostrarse de acuerdo con el punto de partida fundamental del informe del señor Pelttari. 
El desarrollo de la biología y la medicina exige el establecimiento de determinadas limitaciones en el orden jurídico a fin de proteger la dignidad de la persona. 
Hay que mostrar una precaución extrema a la hora de abordar la cuestión de la genética. 
Las personas han de contar con el derecho a ser diferentes. 
Hoy en día, se deberían destinar muchos más recursos para lograr una transformación de la sociedad que permita a las personas vivir una vida lo más equilibrada posible a pesar de las diversas enfermedades e incapacidades. 
No obstante, no se deben fijar limitaciones irreflexivas a la investigación, tratamiento y prevención de estas enfermedades y deficiencias. 
En mi opinión, no se ha considerado debidamente el punto 10 del apartado 12 del informe, en el que se propone que se autoricen las pruebas que sirvan para predecir enfermedades genéticas o que puedan servir para identificar predisposiciones genéticas a sufrir enfermedades o incapacidades únicamente en caso de tratarse de enfermedades que puedan poner en peligro la vida y para las que exista en ese momento un tratamiento eficaz. 
¿A qué pruebas se refiere? 
En caso de que se aprobara el texto en los términos propuestos, ¿se debería poner fin a un gran número de las pruebas que se desarrollan hoy en día? 
En la actualidad, es ya posible predecir mediante análisis de sangre la morbilidad, lo cual permite, a su vez, prevenir la aparición de enfermedades, por ejemplo, mediante un mero cambio en los hábitos del paciente. 
Como muestra de ello, la propensión entre la población adulta a contraer diabetes, la denominada diabetes del tipo II, al igual que la propensión a otras muchas enfermedades, es una característica marcadamente hereditaria. 
Por lo que respecta al carácter hereditario de esta afección, hoy se sabe que si uno de los padres es diabético, los hijos contraerán con una probabilidad del 40 % la diabetes del tipo II. En caso de que ambos padres sean diabéticos, la posibilidad de que los hijos contraigan la enfermedad se eleva al 60 % de los casos. 
No obstante, no se considera que este tipo de diabetes ponga en peligro la vida del paciente, si bien también la ausencia de tratamiento conduce, como sucede con otras muchas enfermedades, a una muerte prematura. 
Hasta el día de hoy se ha logrado erradicar del planeta numerosas enfermedades que han sido origen de mucho sufrimiento, pero aún queda también mucho por hacer. 
¿Se debería haber prohibido hace 75 años el uso de la insulina? 
Cuando se administró insulina a vacas y ovejas, ¿no representó ésta acaso una medida discutible desde el punto de vista ético? 
¿Estaría permitida esta medida hoy en día? 
Afortunadamente, lo estuvo por aquel entonces. 
Espero que el Parlamento Europeo no apruebe la primera parte del punto 10 del apartado 12, sino, por ejemplo, la propuesta de enmienda presentada por el señor Pelttari. 
Señor Presidente, Señorías, colegas diputadas y diputados, consagrar y salvaguardar la vigencia universal de los derechos humanos es una de las prioridades políticas de nuestro tiempo. 
La dificultad de este tarea reside en el hecho de que, además de una universalidad global y horizontal de los derechos humanos, también existe otra universalidad intensiva y vertical, que engloba desde la persona laureada con un Premio Nobel hasta el embrión totalmente indefenso, desde el cerebro hasta cada una de las células corporales y sexuales. 
Su protección, comoquiera que se defina, debe cumplir una condición fundamental: la misión de nuestra sociedad, que vive bajo el contexto de la física nuclear y la biología molecular, no es definir una nueva ética, sino afirmar y concretar, frente a la barbarie de las guerras mundiales y del genocidio, el consenso en favor de la vigencia normativa de los derechos humanos en el ámbito de la investigación y las terapias biotecnológicas. 
El presente proyecto de convenio sobre derechos humanos y biomedicina incluye cláusulas de excepción, en el ámbito del derecho al consentimiento, de la investigación en personas desprovistas de capacidad de consentimiento, de la investigación sobre los genomas y embriones, y de los trasplantes de órganos que puedan poner en peligro la integridad física y genética de las personas afectadas. 
También se caracteriza por una sorprende falta de vinculación jurídica, en contraste con el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, puesto que limita las competencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a la emisión de un dictamen previo. 
Los biólogos, médicos, juristas, filósofos y teólogos todavía deberán trabajar mucho conjuntamente para garantizar la salvaguardia de la universalidad horizontal y vertical de los derechos humanos también en el ámbito de la biomedicina. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Pelttari trata sobre un tema extremadamente importante y delicado: la bioética o ética de las ciencias de la vida. 
Más en concreto, este informe constituye una opinión sobre el proyecto de convenio actualmente en curso de elaboración en el seno del Consejo de Europa sobre este tema. 
Mi primera observación es sobre el método que ha seguido la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, que ha trabajado sobre la base de un anteproyecto del Consejo de Europa que data de 1995. 
Desde entonces el propio Consejo de Europa, por medio de su Comité Director sobre Bioética, ha continuado sus trabajos que concluyeron el pasado 7 de junio con un nuevo texto bastante diferente del anterior. 
Lamento que el Parlamento Europeo haya trabajado sobre un anteproyecto ampliamente superado. 
En concreto, el texto de junio de 1996, que es la conclusión de los trabajos de este Comité Director- antes de su paso ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa que tendrá lugar probablemente el otoño próximo- ha tenido en cuenta ampliamente las críticas que se le habían formulado principalmente en Alemania, donde algunos errores de traducción habían falseado el debate. 
A partir de entonces se han resuelto esos malentendidos y la nueva redacción de junio ha sido aprobada por la casi unanimidad del Comité Director compuesto por expertos de todos los países miembros del Consejo de Europa y de todas las tendencias. 
Mi segunda observación es relativa al fondo. 
Es evidente que el informe del Sr. Pelttari, o más exactamente, las enmiendas aprobadas en comisión están claramente inspiradas por una voluntad restrictiva, en nombre de una moral que muchos de nosotros no compartimos. 
Lo mismo ocurre con algunas disposiciones relativas al embrión, que es un tema extremadamente delicado, con la protección de las personas incapaces de otorgar su consentimiento a una investigación o con la terapia genética y las intervenciones en el genoma humano. 
El informe del Sr. Pelttari parece más protector en todos estos puntos que el proyecto de convenio, en su versión de 1995. 
Sin duda, es necesario proteger los derechos del hombre y ser prudentes, pero el informe aparece verdaderamente como demasiado restrictivo y quizá retrógrado. 
Lo lamento, como lamento que critique la intención del Consejo de Europa de remitir las cuestiones que no han podido ser zanjadas en el propio convenio a protocolos adicionales. 
El Consejo de Europa es prudente. 
En cuestiones tan difíciles, es necesario avanzar paso a paso y no cargar demasiado el carro. 
El mejor método es un convenio base más unos protocolos adicionales. 
Señor Presidente, la investigación en el ámbito de la biología, la biotecnología y la medicina, así como sus aplicaciones, ofrece posibilidades nuevas y desconocidas. 
Por ello es positivo que dentro del Consejo de Europa se esté elaborando un convenio para proteger lo que se denomina la dignidad humana. 
No se puede permitir todo aquello que es posible. 
Es preciso poner límites a la libertad de la ciencia, la investigación y la medicina. 
El convenio que quiere elaborar el Consejo de Europa ofrece una excelente oportunidad para lograr el marco jurídico necesario para ello. 
Sin embargo, del texto del proyecto se desprende que el Comité rector en materia de bioética ha dejado escapar esta oportunidad. 
El proyecto de convenio falla en cuestiones cruciales como la protección de las personas incapacitadas para dar su consentimiento, la protección y el uso de embriones, y la cuestión de la terapia genética. 
Consideramos una circunstancia afortunada que, con el informe Pelttari, el Parlamento Europeo deje oír su voz sobre esta cuestión. 
Pero no somos partidarios de que la Unión Europea firme un convenio de este tipo porque se trata de un asunto que han de decidir los Estados miembros. 
En el informe Pelttari se corrigen de forma excelente las deficiencias del proyecto de convenio. La premisa es que la protección directa de la dignidad y los derechos del individuo prevalecen por encima de cualquier interés social o interés de terceros. 
Con ello no se ha contestado a todas las preguntas, pero- como se desprende del informe- se establecen unos claros límites de principio. 
El tema tiene que ser la dignidad humana, basada en el reconocimiento de la persona como creación única de Dios. 
Esto significa que toda vida, desde el principio hasta el final, dañada o no, incapacitada o no para dar su consentimiento, ha de ser totalmente protegida y respetada en su naturaleza. 
Por ello abogo por que se acepte el informe Pelttari en su forma actual y para que se vote en contra de las enmiendas que reducen la protección ofrecida. 
Señor Presidente, en la versión definitiva, el título «Convenio sobre Bioética» ha sido sustituido por el de «Convenio sobre derechos humanos y biomedicina». 
Es evidente, pues, que el proyecto de referencia se basa en la primacía del ser humano y excluye las técnicas que se refieren a los animales y a las plantas. 
El principio fundamental del bienestar del paciente, en sentido amplio, en todo tipo de intervención es acogido por todos de forma favorable, aunque, desde este punto de vista, debemos reiterar: primero, que no podrá llevarse a cabo intervención médica alguna sin el consentimiento otorgado con conocimiento de causa y libremente por la persona sometida a la misma; segundo, que ninguna investigación puede ser llevada a cabo en una persona incapaz de dar su consentimiento, exceptuando el supuesto de que sea en beneficio cierto y directo de esta última. 
Es una posición que va en contra de la legislación y del procedimiento vigente en numerosos Estados europeos, en los que la mayoría opina que el requisito del beneficio directo haría imposible un gran número de investigaciones fundamentales relativas a las condiciones de crecimiento del niño, a las enfermedades de la infancia y a algunas enfermedades mentales. 
En todo caso, consideramos que estas organizaciones no son lo suficientemente fuertes para permitir saltos y huidas hacia delante. 
La genética es la disciplina más prometedora por lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades, en especial, la lucha contra el cáncer. 
En este sentido, afirmamos que una intervención que trate de modificar el genoma humano únicamente podrá efectuarse por razones preventivas, terapéuticas o de diagnóstico y siempre y cuando su objetivo no se base en la introducción de modificaciones en el genoma de los descendientes. 
Si para algunos dicha prohibición se basa en consideraciones éticas fundamentales, para la gran mayoría se trata de una elemental medida de prudencia, habida cuenta de que estamos muy lejos de disponer de un control suficiente para garantizar condiciones de seguridad aceptables. 
Hecha esta premisa, acogemos favorablemente el proyecto de convenio para la protección de los derechos humanos y de la dignidad humana en el marco de la aplicación de la biología y la medicina. 
En particular, nos agradan dos puntos: el punto L, que dice: » Convencido de que tales terapias se deben prohibir, porque sus efectos a largo plazo no pueden controlarse técnicamente, no es posible pedir la conformidad a los descendientes y abrirían definitivamente la puerta a la eugenesia y a la instrumentalización del individuo» ; y el punto 11 que dice: » Considera que la protección directa de la dignidad y de los derechos de los individuos está por encima de cualquier interés de tipo social o de los intereses de terceros y que los resultados de la investigación sobre el genoma humano deben ser de libre acceso». 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B40681/96) , dirigidas a la Comisión. 
Pregunta nº 29 formulada por Maren Günther (H-0529/96): 
Asunto: La ayuda humanitaria de la CE para el Iraq, a la vista de que este país puede exportar petróleo para financiar la ayuda humanitaria 
La Comisión emplea anualmente unos 22 millones de ecus en ayuda humanitaria para el Iraq. 
También está previsto el empleo de fondos con dicho fin en 1996. 
¿Proyecta la Comisión emplear tales fondos en ayuda humanitaria para el Iraq, dado que en la actualidad el Iraq puede exportar petróleo por un valor anual de 2.000 millones de dólares con objeto de financiar con dicha suma la ayuda humanitaria para su atribulada población? 
La Comisión está siguiendo las medidas adoptadas con vistas a la aplicación de la Resolución 986 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que permite la venta de petróleo para posibilitar la adquisición de alimentos y productos humanitarios. 
La aplicación de dicha resolución requerirá que se cumplan con varios meses de antelación todas las condiciones, tales como la formulación de programas de adquisición y el establecimiento de las estructuras adecuadas. 
Teniendo eso presente, la Comisión mantendrá su ayuda humanitaria al Iraq a lo largo de 1996. 
Se han asignado 9 millones de ecus en el primer presupuesto y, si fuera necesario, se podría asignar la segunda cantidad de 14 millones de ecus, según la disponibilidad de fondos de la ECHO. 
Cuando la Resolución 986 entre en vigor efectivamente, la Comisión examinará la necesidad de revisar el programa y se informará a los Estados miembros y al Parlamento. 
Señor Comisario, el tema que se plantea es en qué condiciones debe mantenerse a partir de ahora la ayuda humanitaria en este caso, puesto que las cantidades muy superiores con que ahora cuenta el Iraq quizás permitan liberar esos recursos para atender a otras situaciones de emergencia en el mundo. 
¿O se prevé proceder, tal vez, de manera mucho más específica, dado que es un hecho cierto que la mortalidad infantil es alarmantemente elevada en estos momentos en el Iraq? 
De momento no se ha entregado el dinero y, como he dicho, se tienen que cumplir condiciones muy substanciales. 
Cuando se hayan cumplido dichas condiciones, será el momento de examinar la posibilidad de reorganizar el programa en el Iraq o en otro sito. 
Pregunta nº 30 formulada por Gerard Collins (H-0560/96): 
Asunto: Europol 
¿Puede indicar la Comisión el importe de la ayuda financiera que destina a Europol, el importe que Europol recibe de los Estados miembros y cuándo espera que ese organismo sea plenamente operativo, como fuente de información sobre el tráfico ilegal de estupefacientes para las autoridades nacionales encargadas directamente de combatir a los traficantes internacionales de estupefacientes? 
Señor Presidente, ni el Convenio Europol ni la acción comunitaria para la ampliación del mandato de Europol aprobada en marzo de 1995 prevén la financiación a través del presupuesto comunitario. 
Por el contrario, en ambos casos se dice expresamente que los gastos que ocasionen la Agencia Europea contra la Droga y Europol deben costearlos los Estados miembros proporcionalmente a su producto nacional bruto. 
La Comisión no tiene información sobre la cantidad exacta que va a sufragar cada país miembro. 
Esta pregunta hay que formularla al Consejo. 
El Parlamento Europeo ha abierto una rúbrica presupuestaria especial para el presupuesto de 1996 que se destina a la financiación de la EDU, European Drugs Unit. El motivo es que los jefes de Estado y de Gobierno, con ocasión de la cumbre de Essen, expresaron su deseo de que el mandato de la EDU se ampliara para incluir, además de las drogas, el tráfico de personas, de material radiactivo y de vehículos robados, junto con el crimen relacionado con estas actividades. 
Esta decisión se adoptó además con motivo de la reunión de ministros que tuvo lugar entre los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores los días 9 y 10 de marzo de 1995. 
La suma que el Parlamento Europeo ha destinado al nuevo ámbito de responsabilidades que cubre la EDU asciende a un total de 7, 5 millones de ecus, de los cuales la mitad se gira con cargo a la rúbrica presupuestaria y la otra mitad a la reserva. 
Según el Tratado constitutivo, es el Consejo de Ministros el que decide si estos medios se utilizan o no. 
Esta decisión todavía no ha sido tomada. 
Me satisface naturalmente que se llegara a una solución a la cuestión del Tribunal de Justicia en la reunión de Florencia. 
Espero que los países miembros ratifiquen cuanto antes el Convenio Europol. 
Esto es verdaderamente decisivo para que Europol pueda dar comienzo realmente a su labor. 
Agradezco a la Comisaria Gradin su respuesta, que me aclara la situación en gran medida. 
Pregunta nº 31 formulada por Graham Watson (H-0397/96): 
Asunto: Procedimiento electoral uniforme para las elecciones al Parlamento Europeo 
¿Qué medidas está adoptando la Comisión para garantizar que se cumple finalmente la promesa realizada por los Estados signatarios del Tratado de Roma de establecer un sistema electoral uniforme? 
En su opinión para la Conferencia Intergubernamental, la Comisión subrayó que, a su juicio, la introducción de un sistema electoral uniforme para el Parlamento Europeo era un asunto importante. 
Pero el procedimiento establecido en el artículo 139 del Tratado es meridianamente claro, en el sentido de que es el Parlamento y no la Comisión el que ejerce la iniciativa legislativa, como ha hecho, según sabe la Asamblea. 
Después, el Consejo tiene que adoptar una decisión por unanimidad tras recibir el dictamen conforme del Parlamento Europeo. 
Por desgracia, en este momento no existe el necesario acuerdo unánime en el Consejo. 
Agradezco al Comisario su respuesta. 
Veo que la Comisión reconoce, en primer lugar, que el actual equilibrio en esta Asamblea está sesgado por el funcionamiento del sistema electoral de un solo Estado miembro, de modo que no tenemos aquí reflejada la voluntad de los ciudadanos de Europa, cuando votan. 
Estoy seguro de que la Comisión reconoce también que podemos perfectamente ir a las próximas elecciones europeas con 15 Estados miembros y 16 sistemas electorales diferentes. 
Agradezco al Comisario su reconocimiento de que con el informe De Gucht el Parlamento ha ejercido su iniciativa. 
¿Examinará la Comisión, como garante que es de los Tratados, la posibilidad de incoar un procedimiento judicial contra el Consejo por no actuar a este respecto? 
No estoy necesariamente de acuerdo con todas las observaciones que Su Señoría ha hecho en la pregunta complementaria, pero el caso es que el Parlamento ha ejercido su derecho y sus funciones tal como están prescritos. 
Sin embargo, no estoy convencido de que haya alguna obligación jurídica que el Consejo de Ministros no haya cumplido. 
Simplemente no ha logrado alcanzar un acuerdo para el que se requiere, según lo prescrito, la unanimidad. 
No es algo extraordinario. 
Si todas las veces que el Consejo no lograra la unanimidad y no se llegase a un acuerdo sobre una propuesta, se lo llevara ante los tribunales, tendríamos que tener cien tribunales reunidos todos los días de la semana. 
Me gustaría que el Comisario aclarara qué se quiere decir cuando se habla de sistema electoral uniforme. 
¿Se pretende tener el mismo sistema en todos los Estados miembros, cosa claramente inalcanzable e indeseable, en cuyo caso probablemente fuera mejor modificar el Tratado de Roma? 
En cuanto a la observación del Sr. Watson sobre que el equilibrio de la Asamblea está sesgado por el sistema electoral de un Estado miembro, ¿convendría el Comisario en que no hay proporcionalidad en la Unión Europea en conjunto ni hay intención de instaurar la proporcionalidad, porque los países pequeños obtienen proporcionalmente más escaños que los grandes, en cuyo caso la situación en el Reino Unido no es el factor principal para sesgar el equilibrio de la Asamblea? 
Nada he dicho yo sobre que el equilibrio de la Asamblea esté sesgado, lo único que he dicho ha sido que había un compromiso y convencimiento de que debería haber un sistema electoral uniforme. 
En cuanto a lo que sea un sistema electoral uniforme, puede haber cierto margen para el debate, pero el Parlamento presentó una propuesta en la que figuraba- lo reconocemos, desde luego- un sistema electoral uniforme. 
La de la representación excesiva o insuficiente de países determinados me parece una cuestión totalmente diferente. 
La verdad es que resulta asombroso que este Parlamento, que no cesa de hacer aspavientos con la cuestión de que se le deben conceder más poderes, no aborde el déficit democrático fundamental que le es inherente: el de que no representa adecuadamente las opiniones políticas de todo el continente de Europa. 
Discrepo de ese colega mío de Inglaterra, que parece muy complaciente al respecto, y confío en que la Comisión no comparta esa complacencia, en el sentido de que, francamente, es algo que no tiene demasiada importancia. 
Sospecho que en el Consejo de Ministros hay quienes así opinan, quienes opinan que cuanta menos legitimidad democrática tenga el Parlamento, mejor, y una forma de destruir nuestra reivindicación democrática es señalar que esa opinión no está demasiado difundida. 
Como tampoco hay imparcialidad inherente alguna en los países que no tienen particularidad territorial alguna en su sistema electoral, porque es muy posible que en la delegación francesa no figure un solo bretón ni un solo corso. 
Hasta ahora mismo, por ejemplo, la Guayana Francesa no había tenido representación en esta Asamblea, porque no formaba parte del sistema electoral. 
No puedo creer que esto redunde en provecho del Parlamento, pero me gustaría que la Comisión me asegurara que su actitud ante ese déficit democrático no es de complacencia. 
Cuando los diputados se ponen a examinar los asuntos electorales, resulta irresistible la tentación de querer abarcar demasiado y, desde luego, reconozco que yo no la he resistido en diversas ocasiones pasadas, pero, por lo que se refiere a la posición de la Comisión, no hemos adoptado posiciones amplias relativas a todos los aspectos de las observaciones hechas por Su Señoría, sino que hemos subrayado nuestra opinión de que, respecto de la simple pregunta sobre la introducción de un sistema electoral uniforme, creemos que es deseable. 
No aborda todos los problemas que se han planteado y ya ha resultado bastante difícil lograr un acuerdo sobre eso, por lo que deberíamos centrar la atención en ello para ver cómo lo introducimos, en caso necesario, en la Conferencia Intergubernamental. 
El proceso de actualización de este programa, que se aprobó en abril de 1995, está actualmente en marcha en la Comisión. 
La Comisión acoge con beneplácito las opiniones de las partes interesadas como contribuciones a esa labor. 
Entre ellas figuran las opiniones de las otras instituciones europeas, por ejemplo, en sus opiniones y debates respectivos sobre el programa y de los interlocutores sociales. 
Ya se han comunicado a los funcionarios de la Comisión las opiniones del CEE, de la CES y de la UNICE a ese respecto y, según tengo entendido, están en marcha conversaciones al respecto entre mi colega el Sr. Flynn y la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
El resultado de dicho proceso se hará público después del verano. 
Señor Comisario, por su lacónica respuesta me parece entender que en este momento la Comisión no está fundamentalmente en disposición de contestar a las preguntas que formulé, que se están únicamente llevando a cabo consultas y que, por consiguiente, no se han adoptado todavía decisiones. 
Siento haber estado lacónico. 
Según ciertos criterios, me he extendido bastante. 
Pero la situación es muy sencilla: exactamente como Su Señoría la entiende. 
Estamos en el proceso de recoger las diversas opiniones para esa actualización y, cuando las hayamos oído y examinado, llegaremos a una conclusión y la anunciaremos. 
Pregunta nº 33 formulada por Juan Colino Salamanca (H-0517/96): 
Asunto: Cese de un alto funcionario español 
¿Podría exponer la Comisión las razones del cese del Sr. D. Fernando Mansito, alto funcionario español? 
¿Tiene este cese algo que ver con la crisis de las «vacas locas»? 
Se está examinando la posibilidad de reestructurar los cometidos de los directores generales adjuntos en la Dirección General de Agricultura. 
No es algo vinculado con los debates actuales sobre la EEB. 
La Comisión no ha adoptado aún una decisión sobre la posición del Sr. Mansito. 
Simplemente quiero constatar, al margen de la respuesta que ha dado el Sr. Comisario, que el asunto salta a la prensa no en cualquier momento, sino precisamente cuando en el comité veterinario permanente se está discutiendo la crisis de las «vacas locas». 
Hasta ese momento, el Sr. Mansito venía ejerciendo la presidencia del comité veterinario permanente, y es entonces cuando deja de ejercer dicha presidencia y se incorpora un nuevo funcionario, sin que se haya dado ningún tipo de información. 
De ahí que estemos obligados a relacionar la crisis de las «vacas locas» con ese posible cese del funcionario. 
En todo caso, me alegra que se esté preparando una más amplia reestructuración de la Dirección General VI y, lógicamente, esperamos tener información más detallada al respecto. 
La propuesta de nuevo organigrama ha sido enviada al Comisario Liikanen, de quien dependen los asuntos de personal. 
Aún no está ultimada. 
Cuando lo esté, se anunciará de la forma habitual. 
Asunto: OMC 
Últimamente se han registrado novedades con respecto al tema del trabajo infantil, toda vez que los Estados Unidos de América proponen ahora extender la marca distintiva utilizada en las alfombras a sectores que siguen estando afectados por esta problemática (véase el Financial Times de 13.6.1996). 
¿Considera la Comisión que esta iniciativa debe interpretarse como una señal de que los EE.UU. tienen intención de adoptar una actitud positiva con respecto al debate de la cláusula social durante la Conferencia de la OMC que se celebrará en Singapur? 
Los Estados Unidos figuran entre los países que propugnan el examen de esta cuestión en el marco de la OMC y la creación de un grupo de trabajo. 
Sus propuestas a este respecto están muy próximas a las ideas de la Comisión, es decir, la necesidad de promover normas laborales internacionalmente reconocidas para mejorar a largo plazo los resultados económicos de todos los países y el vínculo entre liberalización del comercio, desarrollo económico y progreso social, como parte de un sistema comercial no discriminatorio. 
Agradezco su respuesta, señor Comisario. 
Yo quisiera hacerle ahora una pregunta complementaria sobre cómo prevé la Comisión que podrían abordarse las cuestiones sociales en la Conferencia de la OMC en Singapur y si la Comisión se propone apoyar la consolidación en el marco del Acuerdo de la OMC de unas cláusulas sociales mínimas, como por ejemplo precisamente en relación con el tema del trabajo infantil. 
En efecto, existe un proyecto de directiva del Consejo por la que se define un sistema de preferencias generalizadas para un período de cuatro años. 
En el mismo se prevé la posibilidad de conceder un trato preferente también a los países terceros que procuren garantizar la protección de los derechos laborales o la prohibición del trabajo infantil, etc. 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para promover el reconocimiento de esta cláusula social también a escala internacional, en el marco de la OMC, por ejemplo? 
El Sistema Generalizado de Preferencias es, naturalmente, algo que aplicamos autónomamente. 
La Unión Europea tiene derecho a decidir en función de qué principios conferirá un trato preferente de tipo unilateral a los países en desarrollo y el principio amplio de que se debe tener en cuenta su observancia de las normas laborales de ese tipo es, desde luego, una de las características comunes de esa disposición. 
Sin embargo, de lo que estamos hablando en la OMC es del examen de la vinculación entre el comercio y la observancia de normas laborales fundamentales. 
No consideramos los salarios bajos un método comercial desleal: es una ventaja natural de los países pobres. 
Pero, por otra parte, la observancia de normas internacionalmente acordadas respecto de cuestiones tales como el trabajo infantil es un asunto legítimo de debate en la OMC. 
Se trata de una cuestión muy delicada. 
La Unión Europea como tal no ha formulado su posición; hasta esta mañana no se había examinado en el Consejo de Ministros. 
La Comisión, en su momento, presentará sus opiniones. 
Esperamos que después el Consejo de Ministros las adopte y que ésa sea la base para la posición adoptada por la Unión Europea en la Conferencia de Singapur. 
Pregunta nº 34 formulada por Wolfgang Nußbaumer (H-0570/96): 
Asunto: Protección de la propiedad intelectual 
Especialmente en los países en desarrollo sigue existiendo el peligro de que se eludan las disposiciones de protección de la propiedad intelectual. 
¿De qué medios dispone la Comisión para garantizar la protección de la propiedad intelectual de las empresas europeas? 
¿Qué sanciones piensa aplicar la Comisión a los Estados que no respetan los derechos europeos de propiedad intelectual? 
¿Qué pasos se han dado tras la conclusión de la Ronda Uruguay para reducir los derechos de aduana y eliminar los obstáculos no aduaneros al comercio en los países en desarrollo? 
Las industrias y empresas europeas pueden presentar quejas a la Comisión, de conformidad con la reglamentación relativa a las barreras comerciales, en relación con supuestos obstáculos al comercio que entrañen la protección de derechos de propiedad intelectual. 
Después, tras realizar una investigación, se pueden adoptar medidas de política comercial contra el tercer país de que se trate. 
Naturalmente, dichas medidas deberán ser compatibles con las obligaciones y procedimientos internacionales existentes, pero una de ellas puede ser la suspensión o retirada de las concesiones resultantes de las negociaciones sobre política comercial, el aumento de los derechos de aduanas y la introducción de restricciones cuantitativas. 
También se pueden señalar problemas concretos de las industrias europeas a la atención de nuestros interlocutores comerciales durante las reuniones bilaterales con la Comisión y hemos negociado acuerdos de cooperación con gran número de países en los que figuran disposiciones especiales relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual. 
En el marco de la OMC podemos celebrar consultas oficiales y pedir la reunión de un grupo de expertos, en caso de que haya habido una violación del acuerdo sobre los TRIP. 
Conviene subrayar también que a las industrias europeas se les concede la protección de sus derechos en terceros países mediante la red existente de convenios internacionales. 
Y, naturalmente, el derechohabiente puede imponer el respeto de los derechos individuales de propiedad como derechos privados mediante las apropiadas acciones judiciales o de otra índole. 
Con la conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay, los países en desarrollo se comprometieron a aumentar en gran medida la parte de sus aranceles sujetos a consolidaciones y también a reducir los derechos aplicados a las importaciones. 
Los compromisos de reducciones se cumplirán por etapas a lo largo de un período de cinco años, a partir de enero de 1995. 
Ya se han aplicado dos quintas partes de las reducciones en materia de medidas no arancelarias. 
La aprobación de los resultados de la Ronda Uruguay significó que todos los países en desarrollo se adhirieron a todos los códigos y pasaron a estar sujetos a las disciplinas más estrictas de la OMC, de modo que se abordaron la mayoría de las medidas no arancelarias. 
Señor Comisario, yo le agradezco su respuesta a mis preguntas. 
Además del caso de los países en desarrollo, yo quisiera señalar concretamente el problema actual con China. 
¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión ante los atentados contra la propiedad intelectual cometidos por China y por las empresas chinas? 
En relación con la respuesta a mi pregunta sobre los progresos en cuanto a la reducción de los derechos de aduana y la eliminación de los obstáculos no aduaneros al comercio en los países en desarrollo, yo quisiera recordar también que la reunión de los ministros de Comercio del Foro Económico de Asia y del Pacífico que tuvo lugar el lunes demostró que los países en desarrollo sólo se muestran dispuestos a reducir los derechos de aduana proteccionistas sobre los productos industriales europeos si la Unión Europea les ofrece a la vez nuevas concesiones en relación con la importación de productos agrícolas de los citados países. 
Dada esta situación de partida, ¿no existe acaso el riesgo, señor Comisario, de que la agricultura europea, en cualquier caso ya maltrecha, sufra un perjuicio irrecuperable si la Unión Europea accede a una nueva reducción de las barreras comerciales en este ámbito? 
La situación es muy sencilla. 
No existe la obligación de iniciar negociaciones sobre la agricultura hasta el fin de siglo, aproximadamente, y no tenemos intención de hacer nada hasta entonces. 
Por otra parte, significa que no podemos esperar que otros países reduzcan sus barreras en relación con nuestros productos industriales en mayor medida que la que han acordado en la Ronda Uruguay, a no ser que podamos llegar a algún tipo de acuerdo especial con ellos en un sector determinado que consideremos mutuamente beneficioso. 
No creo que debamos excluir esa posibilidad, porque podría redundar en nuestro provecho hacerlo. 
Por lo que se refiere a la propiedad intelectual, China no es miembro de la OMC. 
Estamos haciendo gestiones para que lo sea a fin de negociar eso y entonces tendrá que cumplir íntegramente las obligaciones. 
No obstante, China está comprometida con la protección de la propiedad intelectual y en todas las reuniones que celebro con los chinos, ya sea en Europa o en China, subrayo la importancia de que cumplan los acuerdos que han subscrito. 
Además de subrayar una y otra vez la importancia de que los chinos cumplan lo que han acordado, también tenemos que ayudarlos. 
Yo mismo firmé un acuerdo por el que se les concedía asistencia técnica para respetar los derechos de propiedad intelectual, cosa no siempre fácil para los países en desarrollo, y espero que también eso mejore la situación. 
Si Su Señoría tiene presentes quejas concretas respecto de la industria química, pueden ser las que ya conocemos. 
Si cree que no son ésas, me gustaría mucho disponer de los detalles para que presentemos las quejas concretas, si no lo hemos hecho ya. 
Pregunta nº 36 formulada por Magda Aelvoet (H-0587/96): 
Asunto: Vuelos militares a baja altura sobre el territorio del pueblo Innu en Canadá 
Varios Estados miembros de la Unión Europea, a saber, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, los Países Bajos y Bélgica, participan en vuelos militares a baja altura en Labrador (Canadá) sobre territorios habitados por el pueblo indígena Innu. 
Dichos vuelos causan molestias acústicas y contaminación atmosférica, amenazando así gravemente el modo de vida de este pueblo indígena. 
¿Se ha deliberado alguna vez sobre este asunto en la Comisión Europea y se han buscado en este contexto alternativas para los vuelos a baja altura sobre esta zona? 
La Comisión no tiene jurisdicción para abordar este asunto. 
Es competencia exclusiva de las autoridades nacionales interesadas. 
Señor Comisario, ya me temía que fuera a darme una respuesta como esta. 
Quiero llamar su atención sobre el hecho de que el Tratado de la UE dice claramente que la protección y el respeto de los derechos humanos es uno de los objetivos de la política exterior y de seguridad común. 
Por lo que a esto respecta, mañana debatiremos sobre el informe del Sr. Fernández-Albor, quien dice en el informe- y toda la Comisión de Asuntos Exteriores le dará la razón- que la Comisión no toma suficientes iniciativas en este ámbito. 
Esta me parece una excelente ilustración de ello. 
Todo el mundo tiene derecho a sostener sus opiniones, pero me resulta difícil de creer que las decisiones de los Estados miembros, como parte de sus disposiciones de defensa, de realizar vuelos de ese tipo sobre un país que no es miembro de la Unión Europea sean algo que entre dentro de la jurisdicción de la Comisión. 
No se nos suele acusar de carecer de ambición con vistas a ampliar nuestras competencias, pero creo que esto supera en verdad lo que nos corresponde. 
Pasamos ahora a las preguntas dirigidas al Sr. Liikanen. 
Voy a ser bastante indulgente, porque, gracias a las excelentes y breves respuestas de Sir Leon, nos sobra tiempo. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 37 no se formula. 
Pregunta nº 38 formulada por MaLou Lindholm (H-0568/96): 
Asunto: Igualdad entre hombres y mujeres 
La Unión declara que desea fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y que los Estados miembros deben mejorar su legislación a este respecto. 
¿Considera la Comisión que en las instituciones de la UE que pueden adoptar decisiones soberanas se respetan las mismas exigencias que se hacen a los Estados miembros? 
En caso negativo, ¿qué se propone hacer la Comisión para mejorar esta situación? 
La promoción de la igualdad representa un asunto de la mayor importancia para la Comisión, la cual desea fomentar esta igualdad también en su política de reclutamiento. 
La situación no ha sido favorable ni por lo que respecta al número de funcionarias ni a su situación administrativa. 
Especialmente baja ha sido la presencia de personal femenino en la categoría administrativa A. Con el fin de solucionar esta situación, la Comisión decidió en 1995 fijar unos objetivos con carácter anual para aumentar el número de mujeres en la categoría A y, en especial, en las labores de dirección. 
Estos objetivos afectan por igual tanto a los antiguos como a los nuevos Estados miembros. 
No puedo sino mostrarme satisfecho por los favorables progresos que se han venido claramente registrando desde principios del pasado año. 
El número de directoras generales ha sido, a todas luces, demasiado bajo, y sigue siéndolo aún hoy. 
A comienzos del año pasado solamente había una directora general, mientras que en la actualidad este número es de tres. 
A principios de 1995, había cinco mujeres en puestos de grado A 2, es decir, directoras, mientras que hoy el número es de 13. 
En el grado intermedio de dirección, que engloba a jefes de división y expertos principales, la proporción de puestos ocupados por mujeres es aproximadamente del 10 %. 
La llegada de los nuevos Estados miembros ha supuesto una considerable mejora de la situación: los nombramientos de mujeres de estos países como jefes de división o consejeros de nivel medio han representado el 41 % del total, mientras que la cifra correspondiente a los antiguos Estados miembros se sitúa únicamente en un 15 %. 
Esta circunstancia se explica por el hecho de que para estos nombramientos se ha tenido en cuenta a funcionarios que se encontraban ya en servicio, y la proporción de solicitudes provenientes de mujeres ha sido solamente del 10 %. 
En cuanto a los nuevos Estados miembros, se ha contado con la oportunidad de organizar concursos abiertos a todos y, además, la situación de las mujeres en estos países ha sido más favorable que la de algunos países que eran ya miembros de la Unión Europea. 
Los mayores avances se han registrado por lo que respecta al joven funcionariado, es decir, los funcionarios de grado A 7 y A 8, puesto que el nivel de reclutamiento en estos grados ha sido el más activo. 
La proporción de mujeres de estos tres países sobre el total de personal reclutado es del 51 %, o sea, más de la mitad, mientras que la cifra correspondiente a los antiguos Estados miembros se sitúa en un 28 %. 
En resumen, podemos afirmar que se está avanzando claramente en la dirección adecuada por lo que respecta a los funcionarios de categoría A, pero aún tendrá que pasar mucho tiempo antes de que se inviertan las cifras totales, puesto que el proceso de reclutamiento viene teniendo lugar desde hace décadas. 
La Comisión lleva a cabo un estrecho seguimiento del cumplimiento de los objetivos y continúa la promoción de la igualdad de oportunidades en su política de reclutamiento a fin de permitir el reparto equilibrado de hombres y mujeres en las distintas categorías. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario Liikanen su detallada respuesta. 
Se han dado unos progresos en los últimos años, también a raíz de la adhesión de los nuevos miembros. 
Pero esta cuestión ya es vieja. 
La igualdad ha sido durante mucho tiempo una cuestión prioritaria para la UE. 
Ya en los años 80 se abordó el tema de las medidas favorecedoras para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. 
Me pregunto si se piensa fortalecer más estas medidas e incluso recurrir a un tratamiento positivo especial- aplicado ampliamente- en lo referente a la contratación de mujeres en el futuro. 
Nuestra intención es desarrollar, además de las medidas en materia de reclutamiento, otras acciones para facilitar la contratación y promoción de las mujeres. 
He querido abordar únicamente el reclutamiento de funcionarios de categoría A porque sé que el bajo número de solicitudes provenientes de funcionarias, solamente el 15 %, constituye un hecho que no agrada a la Comisión y que debe ser el primero en ser modificado. 
Estamos actualmente en conversaciones con las organizaciones de personal y con el Comité para la igualdad de oportunidades para establecer qué medidas serían las adecuadas a fin de lograr un mejor equilibrio entre hombres y mujeres a todos los niveles. 
La Comisión considera peculiar el hecho de que la proporción de mujeres en la categoría C, que engloba a secretarios y personal asistente, sea del 85 %, lo cual constituye también un detalle negativo. 
Estamos obligados a proseguir nuestros esfuerzos. 
Hay que fomentar el papel de las mujeres en el colectivo de funcionarios con titulación superior, mientras que en lo relativo a la categoría C, para la que se exige generalmente bachiller o titulación de grado medio, se intenta reforzar la presencia masculina, a fin de conseguir la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres en todas las categorías. 
Estoy seguro de que, con el fin de apoyar la totalidad de estas medidas, la Comisión elaborará, además de las mencionadas acciones, un nuevo programa de promoción de la igualdad de oportunidades cuando expire el actual, y puedo asegurar que se muestra deseosa por encontrar los mejores métodos posibles para lograr su aplicación. 
Yo agradezco al señor Comisario su respaldo a las medidas de acción positiva y al mantenimiento de las cuotas, a pesar de la sentencia del caso Kalanke. 
Yo también conozco los datos y naturalmente sé que las mujeres topan en algún momento con el techo de cristal y que a pesar de las medidas que usted ha señalado todavía no se ha conseguido todo. 
Subsiste una gota de hiel contra la cual yo le pido que actúe. 
Las instituciones imponen unos límites de edad en su contratación, límites que sin duda deben suprimirse. En efecto, habida cuenta de que, como es sabido, la edad laboral se extiende hasta los 60 o los 65 años prácticamente en todos los países, también nosotros debemos suprimir en la práctica los límites de edad en la contratación. 
La cuestión de los límites de edad es extremadamente complicada. 
El primer problema es que, cuando organizamos el último concurso general para funcionarios de todas las lenguas comunitarias de categoría A, el número de candidatos que se presentó, a pesar de los límites de edad, fue de 50.000, de los cuales unos 200 podían pasar a formar parte de las listas de reserva. 
La próxima ocasión en que se organice un concurso general para la totalidad de los 15 Estados miembros, el número de candidatos puede ser incluso mayor, mientras que la oferta de plazas que se abran será menor que en el anterior. 
Hay que reconsiderar seriamente el propio procedimiento de concurso. 
Estoy dispuesto a examinar públicamente el nivel de edad. 
Sin embargo, hay que señalar que los límites de edad y la igualdad de oportunidades entre los sexos no están necesariamente interrelacionados. 
Tras haber estudiado la política de reclutamiento para los nuevos Estados miembros, nos hemos encontrado con que poco menos de la mitad del personal reclutado corresponde a menores de 35 años y algo más de la mitad a mayores de esta edad. 
Al examinar el colectivo de los menores de 35 años, se descubre que la mayoría de sus componentes son mujeres, mientras que, si no tenemos en cuenta el nivel de edad, los hombres representan la mayoría. 
Esto se debe a que, claramente, las mujeres jóvenes de estas sociedades disfrutan de una posición plenamente igualitaria. 
En términos medios, es posible, incluso, que las mujeres tengan una mejor formación que los hombres. 
Si examinamos los grupos de mayor edad, la situación en materia de igualdad de oportunidades en la sociedad no es, en absoluto, la misma. 
La Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas llegaron a un acuerdo a principios de 1995 sobre una iniciativa presentada por este último, cuyo punto principal creo que estriba en la búsqueda de un modo para perfeccionar el diálogo entre estas instituciones en lo referente al informe anual del Tribunal, el denominado procedimiento contradictorio. 
El objetivo es desarrollar un modo de acercamiento basado en la experiencia y la imparcialidad, para el que se ha puntualizado tanto la formulación como el contenido del informe del Tribunal de Cuentas y de las respuestas ofrecidas por la Comisión. 
Se trata, pues, de un intento en común por ofrecer a la autoridad competente para la aprobación de la gestión, en este caso el Parlamento Europeo, una mayor claridad en los documentos relativos a la Comisión y al Tribunal de Cuentas. 
La señora diputada desea todavía saber más específicamente qué entiendo por «estilo» y «sustancia». 
Por «estilo» hago referencia a que, todavía hace dos o tres años, las posturas y la correspondencia que se intercambiaba entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas estaba cargada de fuertes tensiones y, tal vez, demasiadas sensibilidades. 
No se trataba de una relación natural entre una autoridad valedora del poder público y un auditor externo. 
Hemos intentado eliminar estas tensiones y crear un vínculo adecuado de cooperación. 
En cuanto a la «sustancia» , en el pasado existía en ocasiones la costumbre de procurar defender a todos, independientemente de que esta defensa estuviera o no justificada. 
Ahora, intentamos probar los errores y las deficiencias que aparecen en las actividades, a la vez que procuramos mejorar nuestra actuación de cara al futuro. 
Si el informe del Tribunal de Cuentas recoge posturas que la Comisión considera políticas, propugnamos el derecho tanto de esta institución como del Parlamento Europeo y del Consejo a decidir sobre las directrices políticas. 
Estos son los cambios relativos a la sustancia. 
Quiero dar las gracias al Sr. Comisario por su respuesta poco concreta. 
Me veo obligada a preguntar si lo que él llama iniciativa es lo mismo que una especie de «código de conducta». 
Me parece fundamental saberlo. 
Quiero asimismo llamar su atención sobre el artículo 188 B del Tratado que dice: » Los miembros del Tribunal de Cuentas ejercerán sus funciones con absoluta independencia y en interés general de la Comunidad. 
En el cumplimiento de sus funciones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo.» 
Ahora pregunto al Sr. Comisario si no considera a la Comisión un organismo. 
Desearía señalar que nuestra intención ha sido la de facilitar la posición del Tribunal de Cuentas. 
Esta institución ha ofrecido, entre otras medidas, su cooperación con el fin de obtener toda la información que precise en las mejores condiciones posibles. 
Estamos dispuestos a ayudar al Tribunal a este respecto, y el asunto está siendo actualmente sometido a debate. 
A propósito del procedimiento iniciado a principios de año, querría señalar que, en caso de que el Tribunal de Cuentas deseara añadir apreciaciones a las observaciones preliminares y dialogar sobre este asunto con el Miembro de la Comisión, organizaríamos un encuentro durante el cual el Tribunal podría puntualizar sus planteamientos y aclaraciones. 
Lo que el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas recoja en su informe representa un asunto propio del Tribunal. 
No cabe duda de que para la institución es importante que todas las cuestiones presentadas se ajusten a la realidad y de que se escuche a la otra parte. la Comisión, por su parte, cuenta con la posibilidad de decidir por sí misma el comentario que realiza al informe auditor. 
En beneficio de ambas partes, ni el informe ni el comentario deben recoger errores de fondo. 
Dichos errores pueden eliminarse mediante un diálogo de este tipo. 
Puedo asegurarle, señora diputada, que el Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas disfrutan de una independencia y muestran una perseverancia tales que no permiten que influyamos en su informe. 
Ellos deciden lo que escriben, si bien reviste una indudable importancia para la institución la posibilidad de evitar de antemano los posibles errores. 
Pregunta nº 40 formulada por Vassilis Ephremidis (H-0426/96): 
Asunto: Financiación de un Centro de conferencias no previsto en terrenos del Parque de la Libertad de Atenas 
La Comisión piensa financiar, en el marco de la medida 7 del programa «Cultura y turismo» del segundo MCA, un «Centro de conferencias de Atenas» , cuya entidad responsable es el organismo titular del Palacio de la Música. 
En la medida se incluye la construcción de una sala de usos múltiples para la celebración de conferencias, espacios auxiliares de apoyo para dichas manifestaciones, etc., con el objetivo de revalorizar el turismo de conferencias mediante la participación de 190.000 asistentes anuales. 
¿Está informada la Comisión de que, en el último Decreto presidencial al respecto (Boletín oficial del Gobierno griego 1061 D/95) , no se prevé el Centro de conferencias en cuestión y de que el organismo griego responsable de la política turística (EOT) no ha recibido solicitud alguna de financiación o licencia de funcionamiento de un Centro de conferencias en terrenos del Parque de la Libertad, tal como se menciona también en respuestas parlamentarias al respecto de varios ministros responsables? ¿Piensa contribuir a financiar una obra que no está prevista, cuya creación y funcionamiento no han recibido aprobación, cuya fuente de financiación nacional se ignora y que, tal como denuncian representantes y habitantes de la zona, tendrá repercusiones catastróficas en el entorno y para la congestión del centro de Atenas? 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión ratifica su propósito de cofinanciar, en el marco del programa operativo «Cultura y turismo» , la construcción del centro cultural al cual se refiere el Decreto presidencial citado por usted. 
La contribución de la Comisión está destinada exclusivamente a financiar las infraestructuras y el mobiliario necesarios para la celebración de congresos. 
Esta función está prevista explícitamente en la ley griega por la que se constituyó el organismo «Palacio de la Música de Atenas». 
Según la información de que disponemos, la autorización del EOT no es obligatoria. 
La contribución financiera de Grecia a este proyecto está sufragada, dicho sea de paso, con fondos del Ministerio de Cultura y no del organismo griego responsable de la política turística. 
Por lo que respecta al impacto medioambiental del proyecto, debo manifestar que se aplicarán las normas comunitarias. 
El aparcamiento subterráneo, actualmente en construcción, contribuirá, por otra parte, a una descongestión del tráfico en el centro de Atenas. 
Señora Comisaria, ha dicho usted que la Comisión confirma la financiación de esta obra. 
Cuando hablamos de cofinanciación, debemos estar seguros de que existe la fuente de financiación nacional para que ustedes procedan a la cofinanciación. 
En mi pregunta digo, y lo repito por si no lo han comprendido, que dos de los ministros competentes, actualmente diputados al Parlamento griego, fueron categóricos al afirmar que no pueden presentar documento alguno sobre el tema, porque no está previsto que esta obra se lleve a cabo, no se prevé su funcionamiento y no existe ningún tipo de financiación. 
Por lo tanto, mi pregunta es la siguiente, y le ruego sea concreta: ¿están dispuestos a financiar una obra no prevista en la legislación griega, que las disposiciones al respecto no contemplan y para la que no existe financiación nacional? 
Se trata además de una obra que ha provocado gran indignación en esta zona de Atenas, porque destruirá... 
(El Presidente interrumpe al orador )... sea usted concisa en su respuesta, porque es un problema que preocupa mucho a toda Atenas. 
Sólo dos puntualizaciones al respecto, Señoría. 
En primer lugar, la contribución financiera de Grecia procede de los fondos del Ministerio de Cultura. 
Usted no me ha dicho si el ministro de Cultura de Grecia ha manifestado otra cosa. 
De ser así, deberíamos verificarlo y yo me encargaré de que así se haga. 
Como ya he señalado, la cofinanciación de un aparcamiento subterráneo sin duda permitirá resolver parte de dichos problemas de tráfico. 
Asunto: Retraso del acuerdo sobre la Iniciativa URBAN 
Con excepción de Irlanda del Norte, no se ha acordado ningún proyecto URBAN para el RU. 
¿Podría la Comisión informar al Parlamento cuándo piensa llegar a un acuerdo y cómo asesora a las autoridades locales que esperan financiación de URBAN para que apliquen los proyectos comunitarios destinados a los desempleados de larga duración y a los excluidos sociales en muchas capitales y grandes ciudades? 
¿Piensa el Comisario convocar una reunión urgente con el Ministro David Curry, en un intento de asegurar que las autoridades locales no sufran impedimentos a la hora de aplicar los proyectos a causa de actitudes euroescépticas en el interior de la administración del RU? 
Señor Presidente, Señoría, efectivamente se ha producido algún retraso en la aprobación del programa URBAN en el Reino Unido. 
En la primera fase, el motivo fue que las autoridades británicas debían decidir cuáles serían las ciudades seleccionadas para participar en la iniciativa URBAN y qué recursos debían ponerse a disposición de cada una. 
En el curso de las posteriores negociaciones sobre los programas individuales, el principal objetivo de la Comisión era conseguir que los programas se concentren en las necesidades de las propias ciudades desfavorecidas. 
Por lo tanto, procuramos garantizar que las comunidades afectadas puedan decidir directamente sobre la aplicación de los recursos. 
En estos momentos, La Comisión y las autoridades británicas están celebrando consultas para definir unas disposiciones administrativas que permitan llegar a un acuerdo sobre una nueva base y establecer un control adecuado sobre los mecanismos de adjudicación de las ayudas. 
La Comisión se está esforzando para alcanzar un acuerdo sobre dichas disposiciones, a fin de que todos los programas URBAN puedan firmarse lo más pronto posible. 
Agradezco a la Comisaria su respuesta. 
Creo que la Comisión se ha tomado esto con mucha calma. 
Al fin y al cabo, dado que las conversaciones finales entre la Comisión y la Oficina de Escocia se celebraron en noviembre de 1995 y estaban perfectamente satisfechas con el plan y, según tengo entendido, la Oficina de Gales también está satisfecha con el plan Swansea, ¿sería partidaria la Comisión de permitir que sigan adelante los planes respecto de los cuales haya habido acuerdo entre las autoridades locales y la administración central? 
Escocia y Gales no deben quedarse rezagados porque en ciertos sectores de Inglaterra haya habido problemas entre el Gobierno del Reino Unido y la Comisión. 
¿Tendría a bien la Comisión conceder cierta urgencia a este asunto, dado que el Parlamento aumentó los fondos para las iniciativas de la Comunidad en un reciente Pleno celebrado en Bruselas? 
Señoría, el problema reside en que, obviamente, también debemos alcanzar un acuerdo con el Gobierno británico y, de hecho, hemos mantenido una larga correspondencia sobre esta cuestión, en la cual la Comisión ha solicitado también algunas modificaciones adicionales en favor de la inclusión de las corporaciones territoriales locales. 
La Comisión manifestó una vez más su posición el 22 de abril. 
A finales de junio se celebraron nuevas conversaciones y esperamos que el Gobierno británico nos dé ahora una pronta respuesta que nos permita aprobar por fin los programas. 
No obstante, les ruego que comprendan nuestro deseo de garantizar también en la medida de la posible la participación de las autoridades regionales y locales y de los actores de cada lugar en la ejecución de los programas. 
Yo también quiero agradecer a la Comisaria la labor que ha llevado a cabo en este sector. 
De hecho, creo que otros diputados a esta Asamblea, si hubiera alguno presente, podrían desear saber si existe un problema cultural fundamental con la actitud del Gobierno del Reino Unido para con los Fondos estructurales y la política regional. 
¿Es ése otro aspecto de la política de no cooperación? 
Creo que a muchas personas de nuestras zonas urbanas pobres les resulta muy difícil entender por qué no pueden tener acceso a unos fondos- más de 120 millones de libras- que se necesitan muy urgentemente. 
Acabo de llegar de una reunión de comisión en la que hemos votado sobre el principio del partenariado y la participación de los interlocutores locales. 
Quisiera alentar a la Comisaria en su labor en ese sector, pero, naturalmente, la realidad es que en las zonas urbanas pobres, ¡el sector voluntario, los grupos de la comunidad, son los que están resistiendo las consecuencias de la falta de compromiso del Gobierno para con las zonas urbanas! 
Para nosotros, no es sólo el principio de la participación de los interlocutores locales: en realidad, es algo muy sensato, porque conocen las cuestiones sobre el terreno. 
De modo que quisiera animar a la Comisaria a que vele por que se logre rápidamente un acuerdo. 
También creo que es bastante extraño que la semana pasada el Ministerio de Comercio e Industria preparara un comunicado de prensa en el que celebraba la enorme cantidad de fondos que iba a obtener con cargo al objetivo 2- un porcentaje extraordinario de los fondos -, cuando, de hecho, parece incapaz de gastarlos. 
Esa clase de comportamiento en materia de gasto de los fondos fuerza la subsidiariedad hasta el límite y, por culpa de la inacción de los Estados miembros, las zonas urbanas pobres no se están beneficiando de los fondos. 
Es algo que pone a prueba mi fe en el principio de subsidiariedad. 
Sólo me queda agradecerle su respaldo a nuestro proceder. 
Yo no creo que todo esto esté relacionado en modo alguno con el clima político general, sino que lo que ocurre es sencillamente que tenemos dificultades para llegar a un acuerdo sobre un procedimiento que incluya la participación de los representantes locales de tal modo que también pongan su máximo interés en la ejecución del programa y, sobre todo, que los más beneficiados puedan ser los grupos de población y los barrios más necesitados. 
Nosotros seguiremos esforzándonos en este sentido. 
Según lo que ha dicho la Comisaria hace un momento, el problema no parece tener que ver con las Oficinas de Escocia y de Gales, que han aceptado los proyectos presentados. 
Por otra parte, ha dicho que la Comisión pedirá que se hagan cambios en pro de los órganos locales. 
Espero que no se pidan cambios en las propuestas de Swansea y de Escocia. 
En otras palabras, es una responsabilidad inglesa. 
No puedo responder ahora mismo a su pregunta concreta, pero examinaremos este asunto y seguiremos trabajando para alcanzar una regulación razonable en la línea de la posición que han defendido aquí Sus Señorías. 
Pregunta nº 42 formulada por José Apolinário (H-0540/96): 
Asunto: Retrasos burocráticos de la Comisión en la transferencia de fondos comunitarios a Portugal 
Durante los primeros meses de 1996 se ha producido, por motivos burocráticos, un inexplicable retraso en la transferencia de fondos comunitarios a Portugal. 
Uno de los programas/iniciativas más afectados es INTERREG. 
¿Cómo justifica la Comisión esta situación? 
Señor Presidente, Sr. Apolinário, esta crítica no está justificada en general en el caso de Portugal. 
Portugal ocupó el 15 de julio el primer puesto en cuanto a los fondos comprometidos para las zonas incluidas dentro del objetivo nº 1 y uno de los primeros lugares en cuanto a los pagos. 
Sólo los pagos autorizados por la Dirección General XVI ya superaron el mil lardo de ecus. 
Una suma considerable, a mi parecer. 
La transferencia de los recursos está supeditada, de todos modos, al cumplimiento de numerosos requisitos. 
En el caso del programa INTERREG II, las cantidades señaladas en las solicitudes de pago presentadas por las autoridades portuguesas no son suficientes para dar curso al tramo del programa correspondiente a 1995 y proceder al pago del primer y segundo adelantos para ese año. 
Para que estos pagos puedan hacerse efectivos es preciso que los desembolsos para el programa global- y éste engloba a Portugal y a Españaalcancen la suma exigida en las disposiciones vigentes. 
La Comisión está examinando en estos momentos, con carácter general, las posibilidades de acelerar sus procedimientos internos de examen de los expedientes, con objeto de poder proceder con mayor rapidez a hacer efectivos los pagos en los casos en que se cumplan todos los requisitos. 
Esta labor forma parte de nuestro esfuerzo global para aplicar el proyecto SEM 2000, pero también redunda en nuestro interés, puesto que nuestro deseo es, obviamente, poder transferir los fondos lo más pronto posible una vez completadas satisfactoriamente todos las verificaciones. 
Señora Comisaria, muchas gracias por la respuesta, pero vamos a abordar aquí tres puntos políticos. 
En primer lugar, hay retrasos en la transferencia de fondos comunitarios a Portugal. 
En cuanto al segundo marco comunitario de apoyo, los procesos debían desbloquearse al cabo de dos meses y en este momento hay procesos- que representan 109 millones de ecus, es decir, 21.000 millones de escudos -, que están pendientes en la Comisión, algunos desde julio de 1995. 
En segundo lugar, en relación con el primer marco comunitario de apoyo, en este momento hay aún pendientes procesos de cerca de 35 millones de ecus... y el primer marco comunitario de apoyo quedó concluido en 1993, aunque el proceso de presentación de algunos se tramitó en 1994 y 1995. 
Reconozco los esfuerzos que la Comisaria y sus servicios han desplegado, pero la Comisaria tendrá que comprender también que, si no hubiera una mayor celeridad en la DG XX, la Comisión sería también responsable de la menor utilización de los fondos comunitarios y, por tanto, de tasas más bajas de ejecución en el segundo marco comunitario de apoyo. 
Yo confío que conseguiremos resolver los problemas existentes sin reproches mutuos. 
Con ocasión de la última visita del Sr. Cravinho, aclaramos en qué fecha cabe esperar que se hagan efectivos los próximos pagos. 
Sin embargo, también tuve que rogarle que comprenda que, dadas enormes sumas de los fondos estructurales, la preocupación prioritaria no debe ser sólo la flexibilidad y la rapidez, sino también un exacto control financiero. 
Y tanto desde la Comisión como desde el Parlamento no podemos insistir repetidamente, por un lado, en que se efectúen con todo cuidado las necesarias verificaciones y censurar al mismo tiempo este proceder cuando hay pagos pendientes. 
Nosotros procuramos agilizar nuestro procedimiento, pero una verificación más meticulosa a veces también requiere, lamentablemente, más tiempo del que desde luego desearíamos. 
Es un problema conocido y ya hemos mantenido conversaciones con el Gobierno portugués sobre los problemas pendientes, en el curso de las cuales yo obtuve la impresión de que comprenden muy bien nuestra posición. 
Pregunta nº 43 formulada por Mihail Papayannakis (H-0546/96): 
Asunto: Desviación del río Aqueloo 
La desviación del río Aqueloo figura entre las «obras de gran envergadura» financiadas por fondos comunitarios en Grecia. 
A mis preguntas formuladas a lo largo de los últimos siete años sobre la compatibilidad con el medio ambiente y la oportunidad económica de esta obra, la Comisión ha ido aplazando sistemáticamente su respuesta definitiva, alegando que su valoración dependía de estudios sucesivos, conversaciones regulares con las autoridades griegas e incluso de la forma final de la obra, calificada, según la ocasión, bien de obra de irrigación, bien de obra para la obtención de energía, bien de obra para el suministro de agua. 
Se ha informado recientemente de que el Gobierno griego está a punto de pronunciarse sobre la autorización definitiva de dicha obra. 
¿Puede indicar la Comisión si se han respetado todos los procedimientos jurídicos en las fases de proyecto, autorización y concesión de la construcción de esta obra, qué comprende exactamente como tal, en qué marco de estrategia de desarrollo (sostenible... ) se sitúa, si la evaluación global del impacto ambiental es fiable y si su eficacia económica, desde el punto de vista nacional y de desarrollo regional, está garantizada? 
Señor Presidente, Señoría, mucho me temo que tendré que defraudarle una vez más, pues la Comisión todavía no dispone de un expediente completo que le permita adoptar una posición definitiva con respecto a la posible cofinanciación del proyecto Acheloo en el marco de la segunda fase de programación de las ayudas comunitarias para Grecia. 
Faltan, en particular, los resultados de una evaluación global del impacto medioambiental encargada por el Consejo de Estado griego y un análisis de la relación costes-beneficios del proyecto. 
Yo le ruego que comprenda que es al Gobierno griego a quien le corresponde aclarar primero estas cuestiones. 
La Comisión deberá pronunciarse a continuación al respecto y no a la inversa. 
Esta es una de las «grandes obras». Únicamente quiero decirle lo siguiente: dado que las cantidades previstas en los proyectos previos sobre el río Acheloo y que también se han debatido con la Comisión son enormes, y equivalen más o menos a las cantidades que el Gobierno griego aún debe aportar en este momento para terminar todas las grandes obras previstas en el Marco Comunitario de Apoyo, ¿no sería recomendable abandonar esta obra, de la cual nadie quiere hacerse responsable, para financiar de una forma más saneada las restantes grandes obras? 
Señor Presidente, Señoría, lo que usted ha señalado es efectivamente cierto, existen una serie de cuestiones pendientes y yo tampoco tengo ninguna posibilidad de anticipar cuándo estarán resueltas y mucho menos si la respuesta será satisfactoria. 
Por este motivo, hemos rogado al Gobierno griego que vuelva a considerar las prioridades de la segunda fase de programación de las ayudas comunitarias. 
Sin embargo, yo quiero señalar, y éste es el aspecto al cual se refiere su pregunta, que las ayudas comunitarias ya están totalmente comprometidas de todos modos. 
Es decir, que deberíamos volver a examinar cuáles son los proyectos más importantes y cuáles son imprescindibles. 
Como usted sabe, siguen en pie los dos grandes proyectos de las carreteras de Pate y Egnatia- y también algunos otros -, por lo cual yo considero, de hecho, que el camino adecuado sería decidir ahora las prioridades y comprobar qué proyectos podemos financiar con buenos resultados antes de que finalice el período de programación y cuáles requieren una aclaración tan detallada que seguramente no será posible completarla a tiempo. 
En estos momentos estamos discutiendo estas cuestiones con el Gobierno griego. 
Pregunta nº 44 formulada por Sören Wibe (H-0550/96): 
Asunto: Cambios en las ayudas que se inscriben en el marco de la política regional 
Para Suecia, la gestión de los fondos estructurales y de las iniciativas comunitarias implica llevar a cabo importantes cambios en su política regional. 
La división de los programas que se derivan de los fondos estructurales, por ejemplo, en tres fondos y en un instrumento financiero (pesca) , ha provocado a nivel nacional una división análoga de distintos organismos que, hasta la fecha, no han logrado coordinarse, lo que deberá hacerse a nivel regional (administraciones provinciales). 
No obstante, esto implicará problemas siempre que la región objetivo no se corresponda con las fronteras administrativas. 
Además, Suecia intenta evitar la creación de nuevas estructuras administrativas. 
En mi opinión, en lo que respecta a la política regional, la UE está organizada de forma extremadamente complicada. 
Cabe preguntarse si no sería más sencillo otorgar a cada Estado miembro una cantidad en función de una serie de criterios como el PIB per cápita teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, el índice de desempleo, la densidad de población y las condiciones climáticas, y que, el Estado miembro fuese el encargado de repartir esta cantidad a la región o dedicarlo al fin que considere más apropiado. 
¿Acaso no sería este un modelo mucho más sencillo que la complicada situación existente en la actualidad? 
Señor Presidente, Señoría, la administración de los fondos estructurales efectivamente no es demasiado sencilla, puesto que, en primer lugar, el sistema se ha ido configurando históricamente, en segundo lugar éste debe cubrir problemas en parte muy diversos en los diferentes Estados miembros y, en tercer lugar, la regulación de los fondos estructurales responde a un compromiso político, que debe contar con la aprobación por unanimidad del Consejo. 
El objetivo de los fondos estructurales es contribuir a un desarrollo regional sostenible. 
Esto requiere una evaluación de la situación económica de la región y de sus oportunidades endógenas de desarrollo, y una actuación concertada entre las autoridades europeas, nacionales y regionales. 
La Comisión concede, por lo tanto, mucha importancia a la participación de los actores locales y regionales y de los interlocutores sociales en la planificación y ejecución de las medidas estructurales a través de los comités de seguimiento. 
Una mera compensación presupuestaria, tal como la que usted considera en su pregunta, no cumpliría este objetivo y no es lo que desea la Comisión, ni tampoco el Parlamento Europeo. 
Además, tampoco sería posible de conformidad con el marco jurídico vigente. 
Las experiencias de la Comisión en materia de política estructural han tenido, sin embargo, una acogida muy positiva precisamente en los nuevos Estados miembros- esta consideración, dicho sea de paso, también es válida en el caso de Suecia- y se ha recibido y se ha transpuesto en parte como una aportación que enriquece la propia política regional. 
Ciertamente también ha habido dificultades en algunos lugares ante la necesidad de crear las correspondientes estructuras nacionales y regionales. 
A pesar de todo, yo pienso que nuestro interés común debe ser lograr una mayor simplificación del procedimiento administrativo. 
La Comisión está trabajando en estos momentos para simplificar y agilizar sus propios procedimientos. 
Aun así, todo el mundo debería tener presente que, dados los elevados recursos financieros que se destinan a la política estructural, es preciso mantener un difícil equilibrio entre la simplificación, la transparencia y la flexibilidad, por un lado, y una óptima gestión financiera, un control eficiente y una evaluación eficaz, por el otro lado. 
Le agradezco su respuesta a la Comisaria. 
Debo decir que, por un lado ha sido breve y por otro ha ido al fondo de la cuestión. 
No tengo mucha experiencia en estos asuntos, pero creo que esto es positivo en el contexto presente. 
Hay dos hechos que han motivado mi pregunta. 
El primero es que he tenido la ocasión de observar de cerca la gestión de los fondos estructurales en mi país, y he podido comprobar la magnitud de la carga burocrática que pesa sobre nuestras autoridades. 
Creo realmente que los costes administrativos ascienden quizás al diez por ciento de la suma en concepto de ayuda para nuestro país. 
El otro hecho es el análisis de la eficacia de los fondos estructurales presentado recientemente por la Comisión de Política Regional. 
En él se llegó a la conclusión de que la precisión de la gestión de la ayuda era pésima, que a excepción del objetivo 1 los medios no llegan en gran medida a las regiones con un alto índice de desempleo o a las que tienen una renta per cápita baja. 
Pienso que hay que reformar los fondos y que hay que encaminarlos en el sentido que defiendo, es decir, acercándolos más a las personas que administran los medios. 
Por consiguiente, mi pregunta a la Comisaria es: ¿La simplificación de que habla y en cuya dirección se propone ir, no cabría que fuera en el sentido que yo he esbozado, o sea, que aquéllos que están más cerca del lugar donde se toman las decisiones tuvieran más voz y voto en lo referente a la utilización que cabe dar a los medios? 
En primer lugar, los reglamentos de los fondos estructurales son aplicables hasta el año 1999. 
Fueron aprobados por unanimidad por todos los Estados miembros y la Comisión no puede modificarlos de un plumazo. 
En segundo lugar, los nuevos reglamentos de los fondos estructurales entraron en vigor en 1994, es decir, que de hecho sólo han estado plenamente en vigor durante muy breve tiempo, tras un difícil período de aprobación. 
A mi parecer, es importante acumular primero experiencias antes de introducir cualquier modificación debido a algunas dificultades iniciales, incluidas algunas primeras dificultades de adaptación. 
En tercer lugar, nuestro objetivo es precisamente una mayor vinculación del ámbito local y regional a la política estructural. 
En este aspecto existen, no obstante, problemas internos de Suecia que nosotros no podemos resolver, sino que sólo puede resolverlos el Gobierno sueco en cooperación con cada lugar. 
Por lo que respecta a la complejidad administrativa, obviamente siempre es preciso tener en cuenta que ésta es de dos tipos: la que tiene su origen en la Comisión y que en estos momentos estamos intentando desbrozar en el marco de los reglamentos vigentes, y también otra en el ámbito nacional. 
En efecto, en ningún lugar está escrito, por ejemplo, que a veces deban intervenir hasta cuatro ministerios en la administración de un proyecto financiado con cargo a los fondos estructurales. 
También en este aspecto existen muchas posibilidades de simplificación en el ámbito nacional. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Su respuesta ha sido, de hecho, convincente y concreta, pero existe una cierta situación de tensión. 
Los Estados miembros tienen la costumbre de calcular exactamente- también circulan listas en este sentido- qué recibirán en cada caso y de actuar como si esa parte de los fondos les perteneciera. 
¿No sería más consecuente avanzar un paso más en esa dirección y desarrollar el principio del partenariado a partir de 1999 de manera que pueda establecerse una cooperación directa entre la Comisión y las regiones afectadas, sin que los Estados miembros interpongan en cada caso una instancia particular adicional? 
En teoría, sería posible, pero yo ciertamente no creo que una mayoría de Estados miembros admitiera en la práctica que la política estructural se desarrollase exclusivamente entre la Comisión y las regiones o los municipios. 
El principio de subsidiariedad tal como se ha interpretado hasta ahora se refiere naturalmente en primer lugar a la subsidiariedad entre la Comisión y los Estados miembros. 
Dicho lo cual, nosotros ciertamente concedemos gran importancia- reconozco que no siempre con éxito- a que la subsidiariedad se transfiera luego también de las instancias centrales del Estado miembro a las instancias inferiores y se establezca una auténtica cooperación práctica en la ejecución de los fondos estructurales. 
Y no porque la Comisión tenga interés en dejar de lado a nadie, sino porque nuestra experiencia indica que obtenemos mejores resultados cuanto mayor es el número de personas del lugar, para quienes desarrollamos esta política, que también participan en la misma y pueden aportar sus ideas, pero tienen asimismo la oportunidad de contribuir a controlar su eficacia. 
Asunto: Futuro de los Fondos estructurales 
¿Cuál es el futuro del marco de apoyo de los Fondos estructurales a partir de 1999? 
Señor Presidente, Sr. Schiedermeier, he estado considerando si no debería manifestar que ya debatimos muy detenidamente esta cuestión en la última reunión de la Comisión de Política Regional, puesto que de hecho se trata de un tema que requeriría una exposición de una hora como mínimo. 
Por lo tanto, permítanme añadir tal vez tan sólo al debate mantenido en la comisión que sin duda no cabe esperar que la Comisión presente sus propuestas sobre el futuro de los fondos estructurales antes de finales de 1997 o principios de 1998. 
Esto se aplica tanto a las cuestiones financieras como a la delimitación de las regiones subvencionables. 
La Comisión elaborará primero, a finales de otoño de este año, el informe sobre la cohesión económica y social de la Unión, a fin de ofrecer un fundamento para posteriores discusiones en los Estados miembros y a escala municipal. 
Tengo la seguridad de que debatiremos exhaustivamente este informe sobre la cohesión en la Comisión de Política Regional y posiblemente también en el Pleno del Parlamento y que posteriormente podremos incorporar a la política estructural a partir de 1999 los elementos necesarios que se desprendan de los debates celebrados aquí en el Parlamento. 
Señor Presidente, estoy dispuesto a reconocer gustoso que me complace escuchar y también tener ocasión de ver a la encantadora señora Comisaria. 
No obstante, en el momento en que presenté la pregunta todavía no estaba al corriente de que usted abordaría este tema en la Comisión de Política Regional. 
Yo quisiera formular ahora mi pregunta adicional en términos muy concretos: ¿Velará usted para que cuando se reorganicen los fondos estructurales se supriman también los cinturones prósperos de las regiones incluidas dentro del objetivo nº 1, por ejemplo? 
Yo procedo de una zona en la cual me temo que las regiones del objetivo nº 5b resultarán perjudicadas llegado el caso porque todas las demás insistirán en mantener la situación adquirida. 
Señoría, si por cinturón próspero dentro del objetivo nº 1 se entiende, por ejemplo, que se ha alcanzado o se ha superado el objetivo, esto es, el 75 % del producto interior bruto medio, por mi parte, yo en realidad opino que deberemos examinar con sumo cuidado cómo procederemos con estas regiones, puesto que es evidente que la política estructural se ha concebido como una ayuda para las zonas desfavorecidas y esta condición se define, entre otras cosas, en términos de un determinado porcentaje del producto interior bruto medio de la Unión. 
Si este criterio sigue manteniéndose en el futuro, deberemos extraer, en efecto, algunas consecuencias. 
Yo pienso que el debate global que debemos desarrollar es más amplio. 
Éste es un elemento del mismo y yo creo que será necesario seguir debatiéndolo. 
Pregunta nº 46 formulada por Joan Vallvé (H-0563/96): 
Asunto: Los fondos de cohesión y el déficit público 
El incumplimiento del criterio de convergencia relativo al déficit público en relación con el PIB por parte de los Estados miembros previsto en el Tratado de Maastricht llevará aparejada la suspensión de las ayudas del Fondo de Cohesión como medida para paliar su efecto negativo. 
¿Como prevé la Comisión establecer dicha medida? 
¿Se tratará de una paralización temporal de las ayudas comprendidas por este Fondo hasta que se cumpla nuevamente el criterio? 
Señor Presidente, Señoría, la situación jurídica es inequívoca. 
La continuidad, suspensión o reanudación de los pagos comprendidos dentro del fondo de cohesión se decide, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento 1164/94, sobre la base de los objetivos anuales en materia de déficit presupuestario recomendados por el Consejo, de conformidad con el apartado 7 del artículo 104 C. Cabe recordar que el Consejo dirigió a Grecia, Portugal y España las correspondientes recomendaciones para 1995. 
La Comisión examinó la situación presupuestaria de los citados Estados miembros en el ejercicio de 1995 y constató que el déficit presupuestario se mantuvo en cada uno de los tres dentro de los límites del objetivo recomendado por el Consejo para 1995. 
Por consiguiente, la Comisión seguirá aprobando nuevos proyectos y fases de proyectos en el marco del fondo de cohesión para Grecia, Portugal y España. 
En otoño de 1996 se procederá a una nueva evaluación de los déficits presupuestarios de los Estados miembros en cuestión y ésta se repetirá posteriormente cada seis meses. 
Señora Comisaria, le agradezco su respuesta, pero mi pregunta iba un poco más allá. 
No se refería tanto a la situación jurídica como a preguntar cuáles son los criterios que tiene en este momento la Comisión respecto de la paralización de las ayudas del Fondo de cohesión si los Estados no cumplen los criterios de convergencia. 
Señoría, las ayudas sólo se suspenderán cuando no se alcancen los criterios establecidos en las recomendaciones del Consejo. 
Para el año 1995 éstos eran un nivel de endeudamiento público equivalente al 10, 7 % del PIB, en el caso de Grecia, al 5, 8 %, en el caso de Portugal, y al 5, 9 %, en el caso de España. 
Los tres Estados miembros se mantuvieron por debajo de los criterios establecidos y, por lo tanto, tampoco fue necesario paralizar las ayudas. 
El fondo de cohesión prevé, no obstante, que se establezca una cláusula condicional y, por lo tanto, no nos queda más remedio que actuar en consecuencia si se superan dichos criterios. 
La Comisión tampoco tiene ninguna posibilidad de adoptar una decisión alternativa. 
Señor Presidente, Señoría, la Comisión considera satisfactorios los progresos conseguidos por el Programa de la UE de apoyo a la paz y la reconciliación. 
Lamentablemente no podemos decir lo mismo por lo que respecta a la vertiente política de dicho proceso. 
Es cierto que el programa que aprobado por la Comisión el 28 de julio no dio lugar aún a pagos muy importantes en el transcurso del año 1995. 
Este lento arranque del programa se debe fundamentalmente a que se constituyó una red de instituciones descentralizadas para la transmisión de los fondos. 
La Comisión no pudo firmar hasta diciembre de 1995 los correspondientes contratos con estas autoridades financieras intermedias, y como ustedes saben, tampoco fue sencillo llegar a un acuerdo sobre la composición del comité de cooperación norirlandés y con respecto a los convenios de asociación de distrito. 
De acuerdo con las estimaciones, en 1996 podrían pagarse 70 millones de ecus del total de 240 millones de ecus de fondos comunitarios previstos para la financiación del programa en Irlanda del Norte. 
Otros 28 millones de ecus, de un total de 60 millones, se entregarán a las regiones fronterizas de Irlanda. 
Por consiguiente, creemos que antes de finales de año se habrán desembolsado casi una tercera parte de los fondos reservados para este programa. 
Salvo por lo que respecta a los pagos correspondientes a las gastos efectuados, la Comisión está satisfecha con los progresos logrados en la ejecución del programa sobre el terreno. 
En este sentido resultan particularmente alentadores los progresos en relación con los 26 convenios de asociación, puesto que ahora están colaborando en este marco personas que antes no estaban habituadas a debatir y decidir conjuntamente sobre el futuro desarrollo de su zona. 
Con respecto a la financiación, permítanme añadir también que las autoridades encargadas del desarrollo del programa han realizado entre tanto numerosos controles financieros. 
La calidad de estas inspecciones resultó satisfactoria. 
Por otra parte, la posibilidad de llevar a cabo una gestión financiera adecuada fue un criterio fundamental en la selección de las instituciones. 
La Comisión y las autoridades competentes ofrecen apoyo técnico, si es necesario, a las partes que están poco familiarizados con el procedimiento financiero de la UE, como por ejemplo las autoridades financieras intermedias y las asociaciones partenarias. 
Deseo agradecer a la Comisaria su completísima respuesta sobre este fondo concreto. 
Naturalmente, cuando presenté la pregunta hace varias semanas, eran, Comisaria, otros tiempos. 
Sin embargo, prefiero abordarlo en este preciso momento. 
Probablemente convenga usted conmigo en que se ha tardado mucho en poner en funcionamiento el fondo y en que se viese que se trataba de una financiación real que estaba llegando a la provincia. 
También me parece que hay excesiva burocracia y papeleo. 
En parte es responsabilidad del Gobierno del Reino Unido, pero en parte también de Bruselas. 
Parece haber alguna dificultad para que armonicen las mentalidades, lo que provoca una tremenda confusión y, a consecuencia de ello, se retrasa la ejecución de los proyectos. 
¿Va usted a velar, como Comisaria, por que los funcionarios europeos- lo que constituye su cometido y el míono pongan exigencias irrealistas a los proyectos, con lo que los vuelven inútiles en última instancia? 
¿Sabe, además, la Comisaria que cantidades importantes de los fondos se entregan a consultores para que preparen informes y folletos en papel satinado? 
Sin lugar a dudas, ése no es el fin ni el objeto de esas operaciones. 
Señoría, usted sabe que yo misma he presionado mucho personalmente en favor de la celeridad y que también me preocupo mucho personalmente de que se aprueben efectivamente proyectos. 
Por este motivo, también pido que se me presenten periódicamente las listas de proyectos aprobados, que a continuación se traducen en los correspondientes pagos. 
Considerando el conjunto de las actividades actualmente en curso- y hoy mismo he solicitado nuevamente una cronología de las decisiones- yo considero que hemos hecho un gran esfuerzo; incluso pienso que estamos actuando mucho más deprisa en el caso de Irlanda del Norte que en otros casos. 
Antes hemos hablado de la realización del programa URBAN en Gran Bretaña, donde se contempla con envidia la aprobación y la operatividad del programa para Belfast, por ejemplo. Lo cual también le permitirá apreciar que existe una considerable diferencia entre el procedimiento habitual y el que se está intentando aplicar en el caso de Irlanda del Norte. 
Yo seguiré trabajando, no obstante, en este sentido y también le agradeceré indicaciones concretas sobre las posibles trabas. 
Y si usted piensa que su origen está en la Comisión, le ruego que me lo comunique de inmediato. 
Por lo que respecta al tema de los asesores, a menudo nos encontramos naturalmente con la dificultad de que precisamente los menos versados deben recurrir a la ayuda de asesores. 
Yo quiero insistir, no obstante, una vez más en que la posibilidad de solicitar apoyo técnico no significa que sea obligatorio contratar asesores y destinar de este modo una parte de los fondos al pago de los mismos y de instituciones, sino que éstos también pueden emplearse para la elaboración común de propuestas, por parte de las asociaciones partenarias locales y grupos comunitarios, por ejemplo. 
He escuchado a la Comisaria con interés y, naturalmente, al Sr. Nicholson antes. 
Hoy he recibido, como otros diputados, una copia de las prioridades para la Presidencia irlandesa. 
En ellas hay capítulos titulados «Una Europa basada en la igualdad y la tolerancia». 
Como la del Sr. Nicholson, esta pregunta se redactó antes de los últimos acontecimientos. 
¿Cree la Comisaria que la Presidencia irlandesa debería conceder mayor prioridad que hasta ahora a las iniciativas de paz en Irlanda del Norte? ¿Y prestará su apoyo la Comisión a programas concretos encaminados a mejorar la situación en Irlanda en conjunto? 
Como usted sabe, el programa aprobado por la Comisión en favor de la Paz y la Reconciliación en Irlanda del Norte y las regiones fronterizas de Irlanda, tiene por objeto aportar ayuda rápida y apoyar el proceso de paz. 
Hemos constatado que las personas del lugar desean este proceso, que desean la cooperación y que han aprendido a cooperar entre ellas, con la ayuda del programa de la Comisión, entre otras cosas. 
Y aunque a veces se haya tardado un poco más para que los fondos estén efectivamente disponibles in situ, el proceso previo de discusión común y de gestión conjunta entre grupos de religiones y culturas distintas ya ha contribuido a hacer realidad una parte considerable del proceso que también debe apoyarse mediante los recursos financieros. 
Por consiguiente, yo acogería con gran satisfacción que la Presidencia irlandesa dedicase una nueva atención adicional a este proceso y le otorgase también su pleno respaldo político, como por otra parte tengo la certeza que hará, a la vista de los acontecimientos de la semana pasada. 
Pregunta nº 48 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0579/96): 
Asunto: Apoyo específico y asesoramiento para los proyectos de recursos humanos de mujeres en regiones desfavorecidas 
A pesar de la clara voluntad de extender la aplicación del principio de igualdad de oportunidades, las mujeres de regiones desfavorecidas se encuentran, de hecho, en inferioridad de condiciones para lograr beneficiarse de las políticas regionales de apoyo; la falta de tradición empresarial, el clima de desconfianza social, el desconocimiento de complejas tramitaciones entre diferentes administraciones son algunos de los graves obstáculos que dificultan o impiden a muchas europeas de regiones desfavorecidas beneficiarse de estos apoyos. 
¿Cabría ofrecer, en este sentido, apoyos técnicos específicos, asesoramiento directo y simplificaciones administrativas? 
¿Qué actuaciones se prevén? 
Señor Presidente, Sra. Izquierdo Rojo, el acceso a la información y a los servicios resulta efectivamente muy difícil para las empresas de las regiones desfavorecidas de la Unión, que ocupan un lugar prioritario en las intervenciones correspondientes a los fondos estructurales. 
La participación de las mujeres en la vida activa es en conjunto inferior allí en comparación con otras regiones de la Unión. 
También es menor su participación en los consorcios agrícolas y asociaciones profesionales en las regiones rurales. 
Así, por ejemplo, la oferta de servicios financieros y otros servicios dirigidos a las empresas es muy limitada en España, sobre todo en las zonas rurales. 
Aun así, la vocación empresarial no es menos marcada, en relación con la tradición, en los países del Sur de Europa que en los del Norte. 
La proporción de mujeres autónomos en los países del Sur de la Unión- España, Grecia, Portugal e Italia- es incluso superior a la media comunitaria en la agricultura y en el sector de servicios. 
Por ejemplo, en Dinamarca sólo un 3 % de las mujeres activas son autónomas, frente a un 21 % en Portugal, un 30 % en Grecia, un 18 % en Italia y un 16 % en España. 
Como parte de los esfuerzos para incorporar la igualdad de oportunidades a la totalidad de las políticas comunitarias, las intervenciones correspondientes a los fondos estructurales deben estar encaminadas, por lo tanto, a aprovechar mejor este potencial, y a fomentar la creación de empresas o la actividad autónoma por parte de las mujeres y ofrecer también las ayudas necesarias para ello. 
Las medidas de apoyo en favor de las mujeres tienen, además, como objetivo fomentar su espíritu empresarial e incentivar las iniciativas empresariales. 
En esté sentido, en los programas de desarrollo regional o de ámbito interregional se prevén medidas específicas destinadas a facilitar el acceso de las mujeres a la información. 
Así se hace ya también en la práctica en algunos países de la Unión, como por ejemplo en Suecia. 
La experiencia de estos centros de asesoramiento indica, tanto en Suecia como también en Irlanda y en España, que es particularmente importante un acompañamiento específico, sobre todo en la fase inicial, y que la difusión de experiencias positivas tiene un efecto estimulante y motivador. 
La Comisión procura detectar y promover las prácticas acreditadas. 
En este sentido, hace poco publicamos por primera vez un folleto dedicado a las mujeres como actoras del desarrollo regional, a fin de señalar lo que puede hacerse con éxito en diferentes Estados y en diferentes regiones de la Unión. 
Las orientaciones de la Comisión para el nuevo período de programación del objetivo nº 2 incluyen por primera vez la igualdad de oportunidades como uno de los cuatro criterios de contenido básicos para acceder a las ayudas. 
La Comisión también promoverá en el marco de proyectos piloto el establecimiento o ampliación de centros regionales de información y de negocios dirigidos a las mujeres. 
Así, en los proyectos piloto de la iniciativa URBAN sobre la base del artículo 10 se prevén medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidad a través del fortalecimiento de las asociaciones partenarias y la participación ciudadana. 
En la iniciativa comunitaria URBAN II se incluyen medidas en favor de una mayor igualdad de oportunidades y de la creación de puestos de trabajo para las mujeres. Y si bien en los proyectos piloto de ordenación del territorio sobre la base del artículo 10 no se menciona explícitamente la igualdad de oportunidades, yo he dado instrucciones a mis servicios para que tomen en consideración también este criterio en el procedimiento de selección y en la evaluación. 
En el futuro podría considerarse también la posibilidad de promover en el marco del europartenariado el desarrollo de la colaboración comercial entre empresas propiedad de mujeres o dirigidas por mujeres, y destacar específicamente estas empresas en el catálogo elaborado para estas organizaciones. 
Yo creo que con ello hemos demostrado en los últimos tiempos que no utilizamos el término integración únicamente como título de nuestra política, sino que también queremos contribuir a hacer posible su aplicación práctica. 
Agradezco a la Comisaria su respuesta positiva a lo que yo he planteado en mi pregunta. 
Realmente, el problema que tenemos ante nosotros es cómo hacer realidad ese apoyo a las mujeres. 
Estoy de acuerdo con lo que ha señalado la Sra. Comisaria, pero quiero indicar algo más. 
Porque en esas regiones muy desfavorecidas, las del objetivo 1, hay un machismo social imperante. 
Esas mujeres no están en situación equiparable a la de las danesas o a la de las de otros países nórdicos donde el machismo social- por así decirlo- es menor. 
Además, pertenecen a Estados miembros que son los más pobres, y a regiones que son las más pobres. 
Todo está en contra de estas mujeres, que necesitan ese apoyo, y entiendo que esta respuesta es una puerta abierta a un trabajo conjunto. 
Un trabajo que las mujeres de Andalucía necesitan realizar conjuntamente con la Comisión en los aspectos regionales. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por esta respuesta que entiendo positiva y que hace realidad su voluntad en defensa de la mujer. 
Una observación muy concreta: el montante de las ayudas correspondientes a los fondos estructurales toma en consideración, obviamente, el grado de desventaja y Andalucía, que usted ha citado al final de su intervención, recibe precisamente por esto, y como es justo que sea, una parte importante de las ayudas. 
No obstante, si no me equivoco, en Andalucía hay un gran número de mujeres muy activas, también en el ámbito político, y yo he constatado que no es posible decir, en términos generales, que las mujeres de los países del Sur participan menos activamente en determinados campos. 
A mi parecer, lo importante- precisamente en el contexto de la política de ayudas de la Unión en este ámbito- es la creación de redes que permitan que las mujeres aprendan unas de otras. 
Éstas también posibilitan el intercambio de experiencias entre proyectos que han tenido éxito y sobre las posibilidades de apoyar las actividades de las mujeres en situaciones muy diversas, tanto en el ámbito rural como en las regiones urbanas. 
Si lee el citado folleto, podrá comprobar que en él no pueden encontrarse en absoluto sólo buenos ejemplos del Norte, sino también del Sur, y esto también nos dará pie para seguir promoviendo esta políticas y apoyando a las mujeres en sus esfuerzos. 
Asunto: Ayuda a las empresarias 
En el contexto de la visita a Suecia de la Comisaria Wulf-Mathies, han aparecido recientemente informaciones en los diarios suecos acerca de una nueva ayuda prometida a las empresarias. 
Al parecer, dicha ayuda ya se instauraría para el próximo otoño y sería abonada directamente por la Comisión a las redes de empresarias. 
¿Qué forma reviste dicha ayuda? 
¿Quiénes pueden solicitarla, y a cuánto asciende? 
Señor Presidente, Señora Schörling, el 14 de junio de 1996 se celebró en Lulea, en Suecia, en el marco de Europartenariado 1996- en cuyo contexto se reúnen regularmente las pequeñas y medianas empresas para establecer convenios de asociación -, un seminario europeo sobre las posibilidades de promover la actividad de las empresarias. 
Fue el primer acto de este tipo en el marco del europartenariado. 
En Lulea se proclamó que es preciso promover la creación de organismos de apoyo y de asesoramiento para revalorizar el trabajo femenino y fomentar la incorporación de las mujeres a la actividad económica. 
Con este objeto, en otoño de 1996 se publicarán ya las convocatorias para la selección de los proyectos piloto que serán objeto de apoyo en el contexto de la cooperación interregional, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento del FEDER. 
Los recursos comunitarios, por un montante de 110 millones de ecus, previstos para el período 1996-1999 deben repartirse entre los cinco ámbitos de acción seleccionados: 
1.Aprovechamiento del extraordinario potencial local para la creación de puestos de trabajo permanentes; 2. mejora del acceso al mercado europeo para las pequeñas y medianas empresas de las regiones en cuestión; 3. mejora de la oferta de servicios para las PYME, desde su creación hasta la innovación; 4. establecimiento de centros de apoyo y de asesoramiento para mujeres; y 5. medidas de protección y mejora del medio ambiente con el objetivo de efectuar la transición a un desarrollo sostenible mediante el uso de energías renovables y el ahorro de energía. 
Una vez seleccionados los proyectos propuestos, el reparto de los recursos disponibles se decidirá sobre la base de su calidad. 
Las medidas citadas permiten apreciar que, además de la que se refiere específicamente a los centros de apoyo y de asesoramiento para las mujeres, también el marco de los restantes proyectos se adaptará muy bien a los intereses y también a muchos proyectos prácticos de las mujeres. 
Agradezco a la Comisaria su respuesta. 
Desgraciadamente no me fue posible asistir a la Conferencia de Luleå, pero me he enterado de que se han debatido unas cuestiones muy interesantes. 
Como he escrito en mi pregunta, los periódicos suecos han publicado diversos informes sobre la ayuda prometida. 
Como diputada parlamentaria y antigua asesora de pequeñas empresas, cooperativas, mujeres empresarias y redes de información para mujeres me llegan muchas preguntas sobre las ayudas existentes, y naturalmente sobre esta ayuda en concreto. 
No he podido dar una respuesta correcta sobre el carácter de esta ayuda. 
Por eso me interesa recibir una aclaración. ¿Se trata de una ayuda nueva? 
¿Se trata de unas sumas nuevas o de «cantidades viejas» canalizadas y convertidas en otro tipo de ayuda? 
¿Estos medios va a pagarlos directamente la Comisión sin pasar antes por los países miembros? 
Los proyectos piloto concretos que acabo de citar corresponden a recursos de los que puede disponer la Comisión en el marco de las iniciativas comunitarias y proyectos piloto. 
Constituyen nuevos fondos para los estados miembros toda vez que estos recursos antes no se repartían, sino que se desembolsaban en bloque. 
Pero no son nuevos recursos si se considera que para el período 1994-1999 disponemos aproximadamente de 170 millardos de ecus en total para la política estructural de la Unión. 
No obstante, se trata de recursos que en cualquier caso no entran dentro del marco de los programas adjudicados a los Estados miembros y la Comisión realizará convocatorias para estas ayudas que se publicarán en el Diario Oficial de la Comunidad y permitirán presentar una solicitud directamente ante la Comisión. 
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Biología y medicina (Convenio sobre bioética) (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40190/96) del Sr. Pelttari, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el proyecto de convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad humana en la utilización de la biología y la medicina: Convenio sobre bioética. 
Señor Presidente, Señorías, se discute si el Parlamento Europeo puede intervenir en el proyecto de Convenio sobre bioética en el que el Consejo de Europa trabaja desde hace muchos años. 
Se argumenta que podríamos ahorrarnos mucho tiempo y trabajo innecesario porque el Convenio no tendrá, después de todo, carácter legislativo. 
Ambas cosas son falsas. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos no ha tomado a la ligera la iniciativa de elaborar este informe. 
Por encima de las diferentes experiencias vitales y de las distintas orientaciones políticas, estábamos de acuerdo en la responsabilidad que el Parlamento Europeo tiene en este asunto. 
El Convenio sobre bioética indica la dirección y muestra el camino a seguir en importantes áreas de la ciencia y la medicina. 
Por lo tanto, no podemos permitir que se marque una dirección falsa ni que se muestre un camino incorrecto. 
Cuando se trata de proteger los derechos humanos y la dignidad de la persona en la aplicación de la biología y la medicina, nosotros, que somos los únicos representantes directos de 370 millones de personas en la Unión Europea, hemos de adoptar una postura y tenemos la obligación de influir en el contenido de un convenio de esta naturaleza. 
Por eso resulta importante el informe básico del Sr. Pelttari. 
Mi Grupo votará a favor del informe siempre que quede clara una cosa: la dignidad del hombre está por encima de todo. 
No se puede aceptar que cuestiones importantes permanezcan pendientes. 
Constituiría un delito sólo el permitir que se estableciera la posibilidad de efectuar trabajos de investigación no meditados con seres humanos. 
Me refiero ahora a la cuestión de las investigaciones con personas incapaces de dar su consentimiento, como pueden ser enfermos, minusválidos o niños pequeños. 
En mi lugar de nacimiento en Alemania hay un asilo eclesiástico para niños. 
A principios de los años 40 se realizaron investigaciones sobre las peculiaridades raciales de 50 niños gitanos. 
Una vez que los médicos concluyeron sus estudios y mediciones, los niños fueron trasladados a un campo de concentración y asesinados. 
El proyecto de Convenio sobre bioética del Consejo de Europa no excluye en varios puntos crueldades parecidas y el informe del Sr. Pelttari tampoco es suficientemente estricto en este punto. 
En algunos aspectos esenciales, sus enmiendas suponen una suavización. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos no apoyará nada semejante. 
Hemos presentado enmiendas que persiguen tres objetivos. 
Queremos una protección sin restricciones de la dignidad del hombre. 
Queremos evitar que la vida se convierta en un bien económico, cualquiera que sea el procedimiento. Y queremos que haya de una vez un debate abierto sobre las cuestiones éticas relevantes para el futuro en el campo de la biología y la medicina. 
¿En qué consiste en la práctica una protección sin restricciones de la dignidad humana? 
Por ejemplo, en ahorrar a los seres humanos torturas que no les sirven de nada. 
Por eso resulta acertado permitir las investigaciones científicas en personas incapaces de dar su consentimiento sólo en situaciones excepcionales enormemente limitadas, que están definidas con exactitud en el artículo 12.1. 
El Parlamento Europeo debe dejar claro al Consejo de Europa que esto es irrenunciable. 
Siguiente punto: ¿qué queremos decir realmente cuando exigimos que la vida no se convierta en un bien económico, cualquiera que sea el procedimiento? 
Se lo aclaro con el ejemplo de la fecundación in vitro, que supone una carga enorme para la mujer en sentido físico y anímico. 
En esta materia hay que endurecer el trabajo del Sr. Pelttari. 
Hemos de establecer con precisión que los embriones creados deben servir exclusivamente para el tratamiento de una única mujer, lo que no significa que cada vez que una mujer intente una fecundación in vitro haya de someterse a todo el proceso médico que lleva consigo. 
Por esta razón hay que permitir que se creen tantos embriones como sean necesarios para poder concluir el tratamiento de una mujer. 
Si no dejamos esto claro, existe el riesgo de que haya embriones de sobra que se utilicen para trabajos de investigación. 
La regulación descrita deja también completamente claro que no se pueden crear embriones con finalidades de investigación. 
Por último, la tercera petición básica de mi Grupo. 
Queremos que haya un debate abierto acerca del Convenio sobre bioética. 
La ciudadanía europea debe poder intervenir cuando se tratan asuntos de tanto calado. 
El secretismo que ha caracterizado los trabajos del convenio en los últimos años es sospechoso. 
Resaltemos con toda claridad este hecho como los representantes electos de los ciudadanos de la Unión Europea que somos. 
Así obtenemos la oportunidad de conseguir un Convenio sobre bioética al que posteriormente se pueda adherir la Unión Europea. 
En este sentido, mi Grupo ha presentado enmiendas que acentúan el perfil del buen trabajo del Sr. Pelttari. 
Solicito su voto favorable a las correcciones presentadas por mi Grupo. 
Señor Presidente, es importante que el Consejo de Europa esté elaborando un convenio para proteger los derechos humanos y la dignidad de la persona en el ámbito de las aplicaciones biotecnológicas. 
Igualmente, es positivo que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre este asunto. 
La biotecnología constituye un sector de rápido crecimiento en los ámbitos de la ciencia, la investigación y la industria. 
Debemos apoyar su desarrollo a fin de elevar la competitividad europea en su confrontación con los mercados estadounidense y japonés. 
En este orden de cosas, hay que tener en cuenta las consideraciones éticas comunes a los europeos y el respeto de la dignidad humana, ya que en la biotecnología se dan cita intereses éticos y económicos. 
Quiero felicitar al señor Pelttari tanto por su excelente informe como por las enmiendas que ha elaborado. 
El suyo representa el punto de vista ético de los finlandeses, un punto de vista inequívoco y suprapartidista. 
Igualmente, su postura coincide, en líneas generales, con la de mi grupo, el PPE. 
El convenio del Consejo de Europa, que entrará en vigor una vez lo hayan ratificado los Estados, establece las directrices para una actuación a nivel mundial, a la vez que, en mi opinión, desempeña un importante papel con vistas a la creación de las bases y el marco legislativo que se debería desarrollar en este ámbito. 
Si bien la Unión Europea no puede adherirse como persona jurídica a un convenio de este tipo, aún es posible lograr alterar esta situación, por ejemplo, durante la Conferencia Intergubernamental. 
Como ya ha insinuado el señor Pelttari en su discurso de esta mañana, creo que el Parlamento debería presionar en favor de esta posibilidad. 
En estos momentos, no sólo es oportuna, sino incluso urgente, la elaboración de legislación en materia de biotecnología, ya que estamos asistiendo a una aparición imparable y vertiginosa de nuevas aplicaciones de la biotecnología, tanto en la medicina como en otros campos de investigación que se benefician de esta técnica. 
Asimismo, en numerosos países, como Finlandia, se está elaborando actualmente legislación en la materia. 
Entre otras aplicaciones médicas de la biotecnología, la ingeniería genética se destina a ayudar a los seres humanos como, por ejemplo, a los pacientes de cáncer. 
Una de las aplicaciones más conocidas es la fecundación artificial in vitro, es decir, la fecundación fuera del útero humano, que ha ayudado a numerosas familias sin hijos a superar este problema. 
Igualmente, la biotecnología ha introducido planteamientos completamente nuevos en el diagnóstico precoz y el tratamiento durante la fase embrionaria de diversas enfermedades, posibilidad esta que no se debe desdeñar. 
El uso adecuado de la biotecnología de acuerdo con las normas éticas representa un bien importantísimo para la humanidad, que se ve beneficiada de muy diversas maneras. 
El uso indebido, por su parte, acarrea numerosas amenazas, que, en el peor de los casos, pueden conducir incluso a la manipulación genética del ser humano. 
Esta posibilidad, que suscita grandes temores en la opinión pública, debe ser motivo de nuestro rechazo incondicional. 
Sabemos que mediante el juramento hipocrático los médicos aceptan, por lo general, cumplir normas y deberes éticamente aceptables para proteger la vida humana y promover la salud por todos los medios posibles. 
Sin embargo, en el campo de la biotecnología trabajan también otras personas a las que no afecta dicho juramento. 
Por este motivo, se deben establecer unas normas generales al respecto. 
Las formulaciones actuales del convenio del Consejo de Europa y la posición presentada por el Parlamento Europeo se asientan en bases firmes desde el punto de vista ético y moral. 
Estos textos no traspasan, sin embargo, limitaciones que supongan un obstáculo, por ejemplo, a las aplicaciones prácticas de la ingeniería genética en la prevención y tratamiento de enfermedades. 
Así pues, esta propuesta ofrece desde el punto de vista de la medicina una base para la labor de los médicos, a la vez que protege a los pacientes y a la sociedad de temibles abusos. 
Creo que esta es la postura tanto del PPE como de los finlandeses. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo Unión por Europa, yo también deseo felicitar al Sr. Pelttari por el trabajo que ha llevado a cabo en el ámbito de este informe relativo al Convenio sobre Bioética. 
En el seno de la Comisión, nosotros votamos a favor de este informe, porque consideramos que algunos puntos fundamentales incluidos en el mismo son merecedores de todo nuestro apoyo. 
Voy a citar algunos de ellos: deben prohibirse por ley el comercio de embriones humanos, fetos y tejidos fetales, así como la investigación y la producción de embriones humanos para fines de investigación; deben producirse sólo los embriones que vayan a ser implantados no debiendo ser más de tres; la conservación criogénica de embriones sólo podrá autorizarse a título excepcional por razones médicas; deben prohibirse por ley las intervenciones en el genoma humano que traten de modificar o modifiquen efectivamente la línea germinal; es necesario prohibir la transmisión de los resultados de pruebas genéticas; las pruebas para predecir enfermedades sólo se autorizarán en caso de que peligre la vida y exista un tratamiento médico eficaz; las intervenciones en personas incapaces sólo podrán autorizarse en circunstancias excepcionales, si el representante legal de dicha persona ha otorgado su acuerdo libremente y con conocimiento de causa, si la persona afectada no se opone a ello, si la intervención está estrechamente relacionada con la enfermedad del interesado, si la investigación no puede efectuarse sobre personas capaces y si el trabajo de investigación puede mejorar la salud del interesado. 
Asimismo la protección de la dignidad y de los derechos de los individuos está por encima de cualquier interés de tipo social o de los intereses de terceros; los resultados de la actividad de investigación sobre el genoma humano deben ser de libre acceso. 
Por último, tal como recalca el propio informe, son deseables formas de transparencia y de publicidad de los textos legislativos y de la existencia de investigaciones. 
El Grupo que represento está plenamente de acuerdo con todos estos puntos y, por consiguiente, al igual que lo hizo en comisión, así va a manifestar su voto favorable respecto a estos principios también en el Pleno. 
Obviamente, mucho dependerá de las enmiendas que vayan a aprobarse, pues no todas tienen el consenso de nuestro Grupo que, respecto a una parte de las mismas, no está de acuerdo. 
Para concluir, deseo felicitar una vez más al ponente y le agradezco en nombre del Grupo Unión por Europa, al que pertenezco, el trabajo llevado a cabo. 
Señor Presidente, la aplicación de los derechos humanos y la institución de un conjunto de normas éticas en el ámbito de la biomedicina, un nuevo campo de rápido crecimiento, representa un reto y, al mismo tiempo, una difícil tarea. 
Desearía felicitar al ponente por el éxito de su labor en este espinoso e importante ámbito, a la vez que espero que se aprueben todas las enmiendas que ha propuesto. 
Hay que mantener un elevado nivel de protección en las aplicaciones de la ingeniería genética. 
Se trata de un tema que, naturalmente, suscita muchos temores entre la población, por lo que un elevado nivel de protección haría posible crear un clima de seguridad. 
La tecnología y las investigaciones en este campo han de estar al servicio de la vida, motivo por el cual no se debería obstaculizar el desarrollo médico cada vez mayor que registra este sector. 
Desde un enfoque humano, la ciencia puede prestar grandes servicios a las personas si se logra evitar la irrupción de complicadas enfermedades genéticas o se consigue una mejoría de los pacientes y, por lo tanto, se alivia el sufrimiento humano. 
Sin embargo, a la luz de los datos de que disponemos, se debería renunciar a las técnicas de tratamiento genético, puesto que no es posible evaluar sus consecuencias a largo plazo. 
El consentimiento del propio paciente para ser sometido a tratamiento, así como la protección de aquellos individuos incapacitados para dar su consentimiento, constituyen el punto de partida natural para permitir la aplicación de cualquier medida. 
La protección de la dignidad y de los derechos del individuo han de prevalecer sobre los puntos de vista comerciales. 
Por esta razón, no debe permitirse el comercio de embriones y órganos vivos. 
Apoyo igualmente el principio de que, en caso de fecundación artificial, la mujer ha de contar con la posibilidad de decidir el destino de los embriones múltiples de conformidad con la legislación nacional. 
No se debe cuestionar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. 
La ciencia y la investigación han avanzado de tal manera que las personas tienen a su disposición, hoy en día, un tipo de instrumentos que obliga a plantearnos el fundamento sobre el que se deben asentar las decisiones que se adopten. 
Para asumir responsabilidades hay que sopesar con claridad la escala de valores. 
Deberíamos evaluar seriamente si la formación y la educación que recibimos hoy en día nos proporcionan la preparación y los valores suficientes para permitirnos actuar responsablemente en el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen la ciencia y la investigación. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que la opinión del Grupo de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica es, en principio, favorable a este informe siempre que se aprueben algunas enmiendas que salvaguardan la dignidad y el derecho de la mujer a poder decidir por sí misma al respecto. 
Pero se mueve entre dos escollos: por una parte, el de estar sometido a la lógica del beneficio de la industria de la biotecnología, que quiere patentar genes y un conjunto de procedimientos- y en este punto podemos dar ejemplo a Norteamérica en cuanto al respeto de la dignidad humana, situando a las Naciones Unidas como punto de referencia- y, por otra, el de salvaguardar el derecho de las mujeres y de los seres humanos a poder decidir su futuro y no someterse a ninguna tiranía. 
Señor Presidente, Señorías, se trata, es conveniente que nosotros mismos lo recordemos, de un informe de propia iniciativa y, por lo tanto, de una resolución sin valor jurídico alguno. 
Ello significa que no se está tramitando un procedimiento legislativo ni existe una propuesta de la Comisión en que se base esta intervención del Parlamento. 
Se trata simplemente de una opinión que el Parlamento Europeo ofrece al Consejo de Europa que esta elaborando un Convenio sobre Bioética. 
¿Por qué el Parlamento desea expresarse de forma espontánea? 
¿Quizás para instar al Consejo a concluir sus trabajos a fin de disponer del convenio cuanto antes? 
Por desgracia, no es así. 
Si leemos el texto aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, con el voto en contra del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, al que me honro pertenecer, de los Verdes, de la Izquierda Unitaria, con la abstención del Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas, así como del ponente, se entiende muy bien el espíritu de esta resolución. 
La intención es la de poner una serie de topes, limitativos, restrictivos e inspirados en una moral que no todos compartimos, a la investigación científica, prestando especial atención a la fecundación asistida. 
Señorías, el Consejo de Europa continuará su camino, con su sabiduría dejará en los protocolos materias que difícilmente pueden incluirse en el convenio. El convenio será aprobado- deseamos que a la mayor brevedady como todos los convenios tendrá su iter de firmas y ratificaciones por parte de los distintos países miembros. 
¿A que va a servir mientras tanto esta resolución? 
Por desgracia, si se aprueba, sobre todo en su actual redacción, servirá sólo para ofrecer algún argumento a las posiciones que no dudo en definir oscurantistas y a los intentos, nunca olvidados, de volver a cuestionar en nuestros países las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que las mujeres conquistaron y defendieron a través de muchas y duras batallas, y de limitar el acceso a la fecundación asistida. 
Si fuera así, con todos los respetos y el aprecio hacia el ponente Sr. Pelttari y, sobre todo, hacia el compromiso y ahínco de la Sra. Gebhardt, sería mucho mejor que este convenio, especialmente en su actual redacción, no se aprobara. 
Señor Presidente, el informe Pelttari es un buen informe que está en la misma línea de la anterior resolución del Parlamento Europeo de 16 de marzo de 1989. 
Nunca como en esta materia, Señorías, los textos del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa han sido utilizados como pauta por las legislaciones nacionales. 
En efecto, la delicadeza y la dificultad de la materia, las incertidumbres de la ciencia, el carácter inédito de las cuestiones que se plantean a la moral común, el riesgo de limitar y mortificar la investigación atribuyen a las Asambleas europeas una mayor responsabilidad y fiabilidad sobre la base de un mayor grado de representación en cuanto a las diferentes culturas, a las diferentes responsabilidades y a las consideraciones éticas más amplias y plenas. 
El informe del Sr. Pelttari tiene el mérito de no eludir el interrogante más insidioso: ¿con este convenio y con los protocolos complementarios no se introducen quizás límites demasiado restrictivos para la investigación médica, habida cuenta del fin, siempre positivo para el ser humano, de dicha investigación? 
La respuesta es no. 
Nuestro tiempo, tan rico en conquistas en cualquier campo, nos plantea una inquietante disyuntiva entre lo que es técnicamente posible y lo que es éticamente aceptable o sea, lo que no desprecia la dignidad humana, considerada acertadamente por el ponente como indivisible. 
No se quiere detener a la ciencia, así como la ciencia no se detuvo mediante el Código de Nuremberg o la Declaración de Helsinki. 
No se trata de sustituir ética por progreso, sino de evitar que la mala utilización de los avances técnicos se vuelva en contra del ser humano. 
Es por esto que en casi todos los países los comités de ética están redactando protocolos éticos propiamente dichos y- como acaba de suceder en estos días en Italia- un estatuto jurídico del embrión, por fin, claro y en el que se define la necesidad de protección jurídica del embrión, igual a la de cada uno de nosotros. 
Señorías, todos sabemos que en los frigoríficos de todo el mundo existe una humanidad paralela que espera ser acogida entre nosotros. 
Es difícil compararse con un organismo tan pequeño y perfecto como el embrión. 
Sin embargo, partiendo sólo del reconocimiento que es simplemente científico y, por consiguiente, objetivo de la plenitud humana del embrión, conseguiremos definir la dignidad que le corresponde, la protección jurídica que le pertenece y, en definitiva, el respeto que le es debido por todos, incluso por los investigadores. 
Señor Presidente, Señorías, ¿el embrión humano es un individuo de pleno derecho? 
En Italia el Comité de bioética declaró que el embrión es como uno de nosotros. 
Cuidado, pues: es vida y merece protección, derecho y respeto. 
El comité elaboró e hizo público un documento bajo el título «Identidad y estatuto del embrión humano» y por vez primera en Italia podemos decir claramente que el embrión, o sea el óvulo femenino fecundado por el semen masculino, no es una cosa, sino que pertenece a la especie humana y su identidad personal existe desde la fecundación, es decir, desde la concepción. 
Como siempre sucede en estos casos, se plantea la pregunta: ¿desde qué momento el embrión es como uno de nosotros, incluso un ciudadano europeo y cuáles son las posibilidades de utilización? 
El comité vuelve a reiterar que un ser humano lo es desde el momento de la concepción y permite que la ciencia intervenga únicamente sobre embriones muertos. 
A pesar de que muchos piensan que el embrión es un ser humano desde los catorce días, el texto elaborado en Italia por el Comité de expertos, dice que los distintos núcleos de vida anteriores a la formación del embrión único son otros tantos individuos y, en consecuencia, son intocable desde el momento mismo de la concepción. 
El informe Pelttari me parece digno de una atención especial y elaborado con gran responsabilidad y capacidad para sostener los orígenes de la vida y la necesidad de proteger al embrión. Por mi parte va a obtener mi voto favorable tal como está. 
Sin embargo, es necesario, una vez por todas, aprovechar la ocasión, ir más allá del ámbito de este informe y decidir proteger al embrión con un estatuto y una ley elaborados sólo y exclusivamente para él. 
Evidentemente, vuelven a plantearse los problemas de la industria que, como paladín de la salud del ser humano y de su derecho a curarse, nos insta a que decidamos aprobar esa directiva que permite patentar seres vivos y no vivos, incluyendo al individuo, ofreciéndonos como acicate la cuestión de una mayor ocupación y haciéndonos pasar por la imaginación el fantasma de una invasión de las grandes multinacionales americanas y japonesas en este ámbito de la biotecnología. 
Una vez más, sin embargo, el Parlamento Europeo rechaza la evidencia, o sea que en el Reino Unido hay 9.000 embriones: 9.000 seres humanos que pronto serán sacrificados como las vacas locas, si nadie acude a salvarlos. 
En esta sesión pedí una resolución de urgencia respecto a este asunto, sin embargo, mi solicitud fue rechazada totalmente. 
Lo cierto es que todos nosotros debemos trabajar para adoptar una decisión definitiva, tomada concienzudamente, como un buen padre de familia. 
Lo cierto es que, cuando decidiremos que el embrión es un ser humano, hará falta replantear nuestra actitud respecto al aborto y- ¿por qué no? -comenzar a vencer cualquier estímulo hacia la eutanasia. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, el informe Pelttari trata entre otras cosas del dilema entre la libertad de investigación y los límites que fija la ética. 
La cuestión sigue siendo si lo que es biotecnológicamente posible también es deseable, con vistas a la protección, pero también con vistas al derecho del individuo. 
En este informe se han incluido dos artículos, concretamente el 12.5 y el 12.10, procedentes de la opinión de la Comisión de Investigación y Tecnología, que sitúan el derecho del embrión humano por encima del individuo, es decir, de los progenitores. 
Yo, y conmigo el Grupo de los Liberales, consideramos que va demasiado lejos. 
El artículo 12.5 dice que la conservación de los embriones congelados sólo se autorizará a título excepcional y únicamente por razones médicas. Esto significa que las mujeres tendrán que sufrir intervenciones médicas adicionales y dolorosas en caso de realizarse varias fecundaciones in vitro. 
Es a todas vistas una moral machista. 
Señor Presidente, si aprobamos las técnicas biomédicas como la fertilización in vitro, hemos de aceptar las consecuencias y hemos de dar a los progenitores el derecho de autodeterminación en relación con la conservación de los embriones. 
El artículo 12.10 niega a los futuros padres el derecho a una investigación genética para determinar graves anomalías congénitas. 
La pregunta es si esto defiende realmente el interés del niño nonato. 
Señor Presidente, la idea de formular un marco regulador de las aplicaciones de la medicina y de la investigación médica que permita que en su desarrollo se tengan en cuenta los derechos de las personas y su dignidad es, sin duda, un paso adelante. 
La finalidad del convenio que origina este informe es sustraer del arbitrio de las grandes industrias farmacéuticas y sanitarias la fijación de los límites de los usos de la investigación, habida cuenta de que aquéllas pueden sentirse tentadas de fijarlos de acuerdo con sus intereses. 
Pero hay algunos cabos sueltos a los que merece la pena prestar atención, por ejemplo, el hecho de que la estimulación de la investigación y del desarrollo tecnológico no queda absolutamente subordinada al imperativo de preservar los derechos de las personas, su autonomía y su capacidad de elección. 
Algunas enmiendas limitan extraordinariamente esa capacidad de elección en cuanto a cómo beneficiarse de los avances de la ciencia, y en concreto en cuanto a la libertad de elección de las mujeres. 
Por otro lado, no se ponderan suficientemente los daños que pueden causarse con los procesos de ingeniería genética, y esto no puede despacharse con el argumento de que hay que impedir el retraso tecnológico que daña a la industria. 
La ciencia es un medio, no un fin. 
Señor Presidente, Señorías, hablo a título personal, a pesar de reflexionar sobre el muy intenso debate que se suscitó en torno a este informe en el seno de la delegación del Partido Democrático de la Izquierda, perteneciente al Grupo de los Socialistas. 
Al respecto, debo confesar un profundo malestar. 
Mi impresión es que, como Parlamento Europeo, hemos emprendido un camino que corre el riesgo de llevarnos a un resultado precipitado, inadecuado y que a buen seguro nos va a plantear el conjunto de temas e interrogantes que cada uno de nosotros tiene ante sí, que cada uno de nosotros advierte en su conciencia. 
Son temas e interrogantes que no tienen, que no pueden tener una neta evaluación política y jurídica inmediata y bien definida, al menos por como yo los advierto. 
No se puede hablar de estas problemáticas sin tener presente en sus líneas generales el estado actual de la investigación científica, sin tener presentes la dimensión moral, las convicciones religiosas y filosóficas, las sensibilidades y los puntos de vista basados en las culturas y en las conciencias, que aconsejan a todos prudencia y respeto: prudencia y respeto en esta Europa que está hecha de religiones, de sensibilidades, de puntos de vista y que no tiene una cultura, sino muchas culturas y muchas mentalidades que deben protegerse y valorarse. 
Por ello, me pregunto si no habría sido mejor esperar a que el proyecto que está elaborando el Consejo de Europa, se definiera completamente para someterlo acto seguido a una atenta evaluación. 
¿Es acertado intervenir hoy, partiendo de un proyecto que todavía debe someterse a la Asamblea? 
¿Es acertado intervenir en nombre de un Parlamento que corre el peligro de decidir- o hacerse ilusiones de decidir- cuestiones muy complejas sobre la base de opiniones o de votos, emitidos tal vez sin plena conciencia o según lógicas que no dejan el necesario espacio al convencimiento individual? 
Creo que tiene que haber plena libertad de conciencia cuando votemos el informe que nos ha sido presentado, teniendo en cuenta que, por lo que se refiere al llamado estatuto del embrión, nada podrá hacerse si algunos pretenden considerar los embriones tan sólo grumos de células, que deben producirse y utilizarse libremente, y otros los consideran personas a todos los efectos, con un estatuto y derechos iguales a los de los individuos completamente formados. 
Se trata de tomar conciencia de que, de todos modos, el voto que vamos a emitir no pone fin a un debate que sigue abierto y que apela sobre todo a nuestra serena capacidad de confrontación. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, celebro que se me brinde esta oportunidad de manifestar ante ustedes lo que pienso sobre un tema tan importante como es la bioética, y agradezco especialmente al Sr. Pelttari y al Sr. Tannert que hayan planteado este asunto, sobre el que ya expresé mi opinión a finales de abril ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Este tema requiere una reflexión por nuestra parte, dada la extensión del campo que abarcan las tecnologías en el ámbito de la biología. 
Dichas tecnologías nos ofrecen ya- y prometen ofrecernos en el futuro- numerosos nuevos productos en los sectores de la sanidad y de la industria agroalimentaria. 
Nuestras industrias, con el apoyo de una investigación de alto nivel, están desarrollando un potencial que ya ejerce una influencia determinante en la calidad de vida de los ciudadanos europeos. 
Con la aparición de las tecnologías de la información, esta evolución será una de las más importantes en este final de siglo. 
Deberemos intentar tener en cuenta todo lo que esto implica para seguirlo de cerca y controlarlo. 
Eso significa, sobre todo, reflexionar acerca de los problemas éticos que plantea y que deberemos tratar con una cautela permanente. 
El Parlamento Europeo siempre ha prestado la máxima atención a estas difíciles cuestiones y, cada vez que ha sido necesario, ha ayudado a la Comisión y al Consejo para que tuvieran en cuenta esta faceta de la vida de nuestra sociedad. 
Si en la Unión se han tomado varias iniciativas en este ámbito esto se debe en gran medida al estímulo del Parlamento. 
El proyecto de resolución del Parlamento sobre el futuro Convenio sobre Bioética del Consejo de Europa me sugiere básicamente dos comentarios. 
En primer lugar, la posibilidad que tiene la Comunidad de adherirse al Convenio, y en segundo lugar, la manera en que la Comisión introduce constantemente en su acción las exigencias y los principios fundamentales de la bioética. 
Tal y como pone en evidencia su título definitivo, el proyecto de Convenio del Consejo de Europa se sitúa, sin lugar a dudas, en el terreno de los derechos humanos. 
Sin embargo, hasta el momento, la Comunidad no tiene la competencia necesaria para adherirse al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. 
Además, el Tribunal de Justicia lo ha expresado con claridad en un reciente dictamen con fecha de 28 de marzo de 1996. 
No obstante, el proyecto de resolución nos pide que adoptemos una postura acerca de la posibilidad de dicha adhesión. 
Hoy sólo puedo decirles una cosa: esta cuestión está siendo examinada por el Servicio Jurídico de la Comisión. 
El plazo que nos impone este trámite indispensable no tiene por qué ir en contra del calendario en que todo esto se enmarca. 
Efectivamente, el proyecto de Convenio del Consejo de Europa todavía ha de ser aprobado por la Asamblea Parlamentaria de dicha organización. 
Añadiré a esto que hay que tener presente que la Conferencia Intergubernamental puede aportar modificaciones al Tratado. 
Paso inmediatamente al segundo punto que deseaba tratar con ustedes. 
La Unión y la Comisión no necesitan una adhesión formal de la Comunidad a este Convenio para incorporar los grandes principios que en él se recogen. 
En efecto, estos principios ya forman parte de su práctica corriente desde hace varios años, en particular en todo lo referente a la investigación científica. 
Quisiera recordar que el programa marco y los programas específicos de biotecnología y biomedicina están explícitamente sometidos a una obligación de respeto de las disposiciones aprobadas en el plano internacional. 
Para que las cosas queden totalmente claras, se dice sin ambages que están prohibidas las investigaciones que tengan por objeto modificar la línea germinal o la clonación de embriones. 
Todos los programas de investigación del cuarto programa marco en ciencia y tecnología de los seres vivos dedican una parte importante de sus medios a los problemas éticos, sociales y jurídicos que plantean. 
Asimismo esta preocupación se plasma en la actividad reglamentaria de la Unión, que se basa cada vez más en los grandes principios de la bioética. 
Acabaré con este tema subrayando que desde 1991 las instituciones cuentan con la posibilidad de apoyarse en las opiniones del Grupo de Consejeros sobre Ética propuesto y creado por la Comisión. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, las cuestiones de bioética son a la vez muy importantes y muy complejas. 
Esta complejidad aumenta en cuanto se quieren abordar en el marco de Europa. 
Debemos tener en cuenta, efectivamente, las diferencias culturales que pueden acarrear distintas modalidades de enfoque del problema. 
Las diferencias de apreciación son, a veces, considerables. 
Por estos motivos, el proyecto de Convenio Europeo del Consejo de Europa representa indudablemente un progreso del que todos hemos de beneficiarnos y debe permitir, en efecto, establecer referencias comunes que nos faltan aquí y allá. 
Así pues, felicito al Parlamento Europeo por haber tomado la iniciativa de organizar este debate y acabaré dándoles las gracias por haber permitido a la Comisión participar en él. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Modificación del Anexo I del Reglamento-Grupos de interés 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0177/96 del Sr. Nordmann, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del Anexo I del Reglamento relativo a la transparencia y a los intereses económicos de los diputados; -A4-0200/96 del Sr. Ford, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre los grupos de interés en el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, ha llegado el momento, o, mejor dicho, ha vuelto a llegar el momento, puesto que efectivamente éste es el segundo informe presentado por la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, después de que fuera devuelto a comisión como yo mismo pedí en el mes de enero, vistas las dificultades planteadas por el informe del Sr. Ford. 
Llevamos trabajando desde el mes de enero; un grupo de trabajo que incluía a representantes de los distintos Grupos políticos presidido por el Sr. Cot, a quien quiero darle las gracias, ha definido las orientaciones en nombre de nuestra comisión. 
En efecto, se requiere un amplio consenso en este tipo de discusión, ¡puesto que sólo se podrá reformar nuestro Reglamento en lo referente a conseguir una mayor transparencia si mañana obtenemos 314 votos! 
Necesitamos, por lo tanto, el acuerdo de los Grupos y, más vale decirlo con claridad, el acuerdo de los dos grandes Grupos que lideran dicha mayoría. 
Con esta perspectiva y sobre la base de las orientaciones propuestas ha trabajado la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Creo poder afirmar que ha respetado las orientaciones del grupo de trabajo y que ha mejorado la formulación de sus orientaciones, algunas de las cuales eran oscuras cuando no contradictorias. 
Esto nos lleva a las siguientes propuestas: en primer lugar, una ampliación del ámbito de la declaración, no sólo a las actividades profesionales sino también a los apoyos materiales, en personal y financieros que podrían concederse a los diputados por parte de terceros que no pertenecieran a la institución, siempre que se indicaran estos apoyos y su origen; en segundo lugar, que se prohibieran las demás donaciones y liberalidades; en tercer lugar, la inscripción de las declaraciones en un registro público; por último, remitir al respeto de las legislaciones nacionales en materia de declaración de patrimonio. 
Esto es lo esencial de este informe y de sus conclusiones. 
Sé que estas propuestas plantean para algunas personas ciertos problemas, concretamente en lo relativo a la prohibición de las otras donaciones que no sean los recursos declarados. 
Algunas personas, y las respeto, cuestionan la oportunidad de definir un umbral a partir del cual se daría esta prohibición. 
Nosotros no hemos querido entrar en este debate que fue el que originó las dificultades con las que topó el Sr. Ford, y hemos realizado una formulación de tipo general. 
Ayer, en la especie de minidebate que se produjo acerca de la nueva inscripción de mi informe, hubo quien pidió que la Mesa pudiese pronunciarse para resolver eventuales dificultades. 
En este sentido, yo planteé una propuesta de formulación que pudiera ampliar las competencias de la Mesa previstas en nuestro informe. 
Esta propuesta está sobre el tapete y sólo cobrará interés si consigue la adhesión de los dos grandes Grupos. 
En sus artículos 162 y 163, nuestro Reglamento no sólo prevé modificaciones, sino también modalidades de aplicación y de enfoque en caso de que, por ejemplo, se tratara de ridiculizar las propuestas sacando a relucir el famoso problema de la invitación a tomar café, que ya no se podría aceptar. 
Mejor será no entrar esta tarde en este debate. 
Si para unas personas nuestras propuestas son tímidas y para otras son excesivas, será porque corresponden, sin duda, a un punto intermedio. 
Por lo tanto, quisiera apelar a la responsabilidad de esta Asamblea. 
Si no conseguimos una salida positiva, la imagen de nuestro Parlamento se verá enormemente dañada. 
Por este motivo querría ir más allá de los resquemores y forcejeos entre los Grupos políticos. 
¡Desearía, sobre todo, que en la votación de mañana todo miembro de esta Asamblea tenga al menos la valentía de no abstenerse! 
Señor Presidente, como acaba de manifestar mi cómplice, el Sr. Nordmann, ¡una vez más tenemos sobre la mesa los informes Ford y Nordmann! 
Vuelven a este mismo escenario después de que el Parlamento fuera incapaz de tomar una decisión el pasado mes de enero. 
Esta vez estamos todos de acuerdo en que no podemos permitirnos un nuevo fracaso. 
Ahora estamos bajo el control de los medios de comunicación- que hacen muy bien en controlarnos- y, lo que es aún más importante, a través de dichos medios también nos controlan los ciudadanos de Europa, que desean un Parlamento que no sólo funcione bien, sino que también pueda demostrarlo. 
Permítanme aclarar que no necesitamos estos informes porque haya habido escándalos en este Parlamento. 
No hay responsabilidades económicas que esclarecer ni nada parecido, como ocurre en el Reino Unido. 
Quizá lo único extraño sea la resolución relativa a los viajes, pero lo peor que se puede imputar en este caso es que el 98 % o más de los diputados a este Parlamento actúan de manera absolutamente correcta y ajustada a las normas. 
Lo que ha ocurrido es que esta institución ha evolucionado desde las primeras elecciones directas, allá por 1979, cuando celebrábamos con cierto entusiasmo el que pudiéramos ser un foro abierto de discusión, hasta convertirse en el brazo legislativo de la Unión Europea, que complementa y asiste a la Comisión y al Consejo en la elaboración de los diversos instrumentos jurídicos. 
Gracias al Acta Única y al Tratado de Maastricht, este Parlamento está investido de verdadero poder en una serie de ámbitos: medio ambiente, investigación y asuntos sociales. 
Como todos sabemos, La Comisión acepta, total o parcialmente, la mayoría de nuestras enmiendas- el 80 % según se me ha informado-. 
Como resultado de esta mayor influencia del Parlamento, cada día atraemos a más grupos de interés. 
En absoluto pretendemos frenar este proceso. 
Es nuestra obligación, como diputados a este Parlamento, entablar el diálogo y escuchar los puntos de vista de los representantes de los consumidores y los productores, de los empresarios y los trabajadores, y de los grupos de interés relacionados con el medio ambiente o con cualquier otro asunto de importancia para la opinión pública. 
Estamos aquí para escuchar a estas personas, pero debemos garantizar que el diálogo se establezca con transparencia y siempre de manera imparcial. 
El informe que les presento es muy sencillo. 
Se trata de un marco normativo para establecer un registro de los representantes de los grupos de interés. 
Se basa en las disposiciones aprobadas por este Parlamento el pasado mes de enero, ya que, como ustedes recordarán, mi informe fue sometido a votación y aprobado en su mayor parte. 
Por tanto, no encuentro motivo alguno para no aprobarlo. 
Antes bien, si el Parlamento no es capaz de aprobar mi informe y el del Sr. Nordmann, entonces me parece que estaremos desacreditando a esta institución, puesto que, sin estos informes, no tendrán ningún sentido los informes de seguimiento que ya ha solicitado la Conferencia de Presidentes a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Como saben los miembros de la Comisión de Reglamento, nos hemos comprometido a preparar los correspondientes informes de los grupos de interés, en los que, supongo, estableceremos los criterios de identificación pertinentes, que incluirán una lista pública de todos los diputados y un informe anual de los ingresos percibidos de fuentes ajenas a este Parlamento. 
Será necesario también elaborar un informe sobre los asistentes para establecer una distinción entre los que trabajan para uno o varios diputados en horario de jornada completa y los asistentes más esporádicos, colaboradores podríamos decir, que combinan el trabajo para el Parlamento con el trabajo para los llamados genéricamente grupos de interés, que incluyen desde las asociaciones profesionales hasta las organizaciones de voluntariado. 
Está pendiente además la elaboración de un código de conducta de dichos representantes. 
Confío en que este código censure el acoso a los diputados, como cuando se solicitan los votos puerta a puerta en las elecciones británicas, persiguiéndoles por las calles y llamando insistentemente a sus domicilios y, francamente, que acabe con la hostigación de organizaciones como la Resistencia Nacional Iraní que no están dispuestas a aceptar un no por respuesta. 
En relación con el informe Nordmann, debo decir que cuenta con nuestro apoyo. 
En primer lugar, deja meridianamente claro que el registro será de carácter público, sin ningún tipo de código oculto, que no habrá posibilidad de declaraciones de bienes en sobres sellados y que lo que no se declare no será aceptable bajo ningún concepto. 
Todo se hará públicamente y con absoluta transparencia. 
Prevé además que la Mesa del Parlamento sea la que se encargue de interpretar cualquier punto que pudiera suscitar controversia. 
Espero que mañana contemos con el apoyo de la amplia mayoría de esta Asamblea, tanto para mi informe como para el del Sr Nordmann. 
Si pretendemos que esta institución revista una verdadera seriedad, si pretendemos que ostente más poder- y yo me declaro abiertamente a favor de ello -, no debemos preocuparnos sólo de que las cosas funcionen bien, también de demostrarlo. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, en una opinión aprobada por unanimidad, se pronuncia a favor de una regulación de las actividades de los grupos de presión- o de representación de interesespartiendo de las bases que voy a recordar. 
Hay que subrayar que esos grupos completan el papel fundamental de mediación y representación política que realizan los partidos, facilitando información a los parlamentarios y contribuyendo al acercamiento entre los ciudadanos europeos y el Parlamento. 
Por tanto, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo no tiene una actitud peyorativa frente a esos grupos, que contribuyen al diálogo al que se refería el Sr. Ford, pero sí destaca que una mayor transparencia sobre las actividades de esos grupos es indispensable para que su contribución sea verdaderamente positiva. 
Insiste, asimismo, en la necesidad de facilitar la actuación de los grupos que no tienen fines lucrativos, porque entiende que ello deriva no sólo de la igualdad de oportunidades, sino de la conveniencia de que estos grupos tengan una acción en esta Asamblea. 
Preconiza un enfoque gradual del problema, es decir, comenzar estableciendo ciertas normas básicas de conducta, identificación y circulación que faciliten el desarrollo de la actividad del Parlamento, de sus diputados y funcionarios y garanticen una actuación responsable de los propios grupos. 
A ese enfoque responde el informe que hoy presenta el Sr. Ford, al que felicito por haber llegado a un resultado que permitirá dar los primeros pasos de un largo camino, es decir, organizar el registro de personas físicas y jurídicas a que él se refería, que será las que hayan de tener acceso permanente al Parlamento Europeo con objeto de informar a los diputados, y someterlas a un código de conducta. 
Se pide a la Comisión de Reglamento que redacte dicho código de conducta, para que tenga vigencia al mismo tiempo que entre en vigor este nuevo texto. 
Con ello, el ejercicio de su actividad estará sujeto a normas responsables y serias. 
La Comisión de Asuntos Sociales también es favorable a que la transparencia de los intereses financieros de los diputados se regulen en un informe específico: es el informe del Sr. Nordmann, que también por segunda vez se debate hoy en el Pleno de nuestra Asamblea. 
Ambos informes deben ser aprobados, pues reflejan adecuadamente las posiciones de la Comisión de Asuntos Sociales que he expresado como ponente, con el convencimiento profundo de que el Parlamento Europeo ha de dar ese paso adelante en el camino de la claridad y de la transparencia. 
Diré más, me parece una decisión inaplazable. 
Todos hemos hecho un gran esfuerzo en la búsqueda de fórmulas capaces de aunar un amplio consenso. 
Es necesario aplicarlas. 
El tiempo nos dirá si son adecuadas o hay que mejorarlas. 
Como todas las normas, probablemente requerirán complementos- a alguno se ha referido hace unos momentos el Sr. Ford -, requerirán mejoras, requerirán adaptaciones. 
Eso no es lo fundamental. 
Lo fundamental, señor Presidente, ahora es echar a andar por este camino que es el de la credibilidad de este Parlamento, que es también el de su autoridad moral. 
Señor Presidente, como ponente para opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores quiero recordar que las actividades de los grupos de presión en torno a las instituciones europeas ha aumentado enormemente en los últimos años. 
Se dice que entre 3.000 y 10.000 grupos de presión rondan las instituciones europeas en Bruselas. 
Es evidente que han proliferado por la falta de reglas, y por consiguiente mi comisión considera que es muy necesaria una reglamentación. 
En nombre de la comisión quiero dar las gracias al ponente, Sr. Ford, por las soluciones que ofrece y por los esfuerzos realizados. 
El segundo informe Ford cumple los objetivos propuestos por nuestra comisión y tiene en cuenta los criterios que hemos indicado. 
Los grupos de interés tienen que inscribirse en un registro público. 
Los grupos de interés tienen que cumplir un código de conducta. 
Los grupos de interés tienen que llevar consigo una tarjeta de acceso nominativa. 
Quiero hacer tres observaciones al respecto. 
En primer lugar, naturalmente el remate de esta reglamentación es la elaboración de un código de conducta. 
Este tendrá que realizarse rápidamente, pues de lo contrario esta reglamentación no podrá iniciarse. 
Por consiguiente, creo que nuestro objetivo tendría que ser decidir al respecto antes de finales del presente año, es decir, antes de finales de 1996. 
En segundo lugar, esta reglamentación depende de la viabilidad práctica y el carácter vinculante de las medidas, y también del control de su ejecución. 
Se trata de tres elementos que habrán de organizarse en este Parlamento. 
En tercer lugar, es imperativo que se elabore un estatuto para los asistentes parlamentarios, pero cabe preguntarse si es oportuno incluirlo en esta cuestión. 
Creo que hemos de volver a considerarlo. 
Ahora quiero pasar al informe Nordmann. 
La propuesta de Reglamento sobre la transparencia en materia de intereses económicos de los diputados es, a mi entender, un buen compromiso, y quiero felicitar por ella al Sr. Nordmann. Apoyo plenamente este compromiso. 
En segundo lugar, es necesario que los diputados renuncien a los regalos o privilegios mientras dure su mandato. En tercer lugar, es absolutamente necesario que todo ello se consigne con precisión en un registro. 
Y luego la cuestión de la declaración del patrimonio. 
En espera de que se promulgue un estatuto del diputado igual para todos los diputados al Parlamento Europeo, pienso que hemos de permitir que la declaración del patrimonio se realice según las normas nacionales. 
Lo curioso es que el Consejo de Estado belga ha expresado otra opinión al respecto. 
Pero espero que la futura ley belga lo haga posible. 
Personalmente declararé de acuerdo con la futura ley belga. 
Al igual que los anteriores oradores quiero señalar que ha llegado la hora de la verdad para el Parlamento Europeo. 
No podemos permitirnos un segundo aplazamiento. 
Ahora tenemos la ocasión de demostrar claramente a la población europea que no participamos en las prácticas corruptas y también que, como diputados, queremos defender el interés general y no el interés de los grupos de presión. 
Algunos consideran que no todo está listo hasta en los últimos detalles. Sin embargo, esta no puede ser razón para votar en contra. 
Lo principal no es una norma para recibir un ramo de flores o una botella de vino, lo principal es que todo lo demás está regulado en estos informes que ahora examinamos. 
Señor Presidente, por fin, después de que hayan transcurrido siete años desde que hice la primera propuesta a la Mesa del Parlamento, parece que tendremos un registro oficial y un código de conducta para los grupos de interés. 
Sin embargo, el informe Ford, tal como está ahora, no es mucho más que un marco de referencia. 
El código de conducta ha de complementarse más en un nuevo informe, pero eso no es ningún desastre, pues mientras tanto puede seguir utilizándose el registro/código de conducta oficioso establecido por los cuestores para los grupos de interés. 
El informe que aún ha de elaborarse sobre el código de conducta ha de hacer más estricta la base jurídica existente. 
A mi entender tiene que señalar por lo menos qué conductas son aceptables y cuáles no los son para un grupo de interés, teniendo en cuenta que la presión excesiva, vinculada o no a incentivos materiales, ha de ser tabú. 
Además ha de incluirse un deber de justificación de los grupos de interés en forma de informe anual a entregar antes de que se les renueve la tarjeta de acceso, en el que se mencione por lo menos a quién se presiona, por qué y haciendo uso de qué medios, entre otros, económicos. 
Aunque también habrá que elaborar un informe específico sobre los asistentes y sobre los intergrupos, en este punto ya se han regulado ciertas cosas. 
Los asistentes registrados han de declarar por lo menos sus actividades adicionales, por ejemplo como grupo de interés, y otros asistentes serán considerados de cualquier forma grupos de interés y tendrán que registrarse como tales y someterse al código de conducta. 
Por desgracia se trata de una exigencia realista, pues resulta que un número desconocido de asistentes es pagado por los grupos de interés. 
Personalmente no lo considero positivo, pero hacerlo visible puede- en cualquier casocontribuir a limitarlo. 
En cuanto a los intergrupos parlamentarios, por decisión de los presidentes de Grupo se ha determinado que cada intergrupo ha de declarar si existen fuentes económicas externas y qué diputados de por lo menos tres Grupos patrocinan los intergrupos. 
La publicidad que ello supondría es útil, porque los intergrupos están degenerando en una especie de grupo de presión institucionalizado dentro del Parlamento. 
Por desgracia, he podido observar que el registro todavía no funciona tal como habían acordado los presidentes de Grupos. 
Por consiguiente, es preciso realizar una mejora. 
Estamos muy satisfechos con el informe Nordmann en su versión actual. 
En primer lugar, el registro de los intereses adicionales de los diputados se hará público sin añadiduras que luego socaven la publicidad. 
En segundo lugar, tendrá que actualizarse cada año en lugar de ponerlo a dormir el sueño de los justos. 
Pero lo más importante es naturalmente el contenido del registro. 
En él habrán de registrarse todas las funciones o actividades remuneradas y todo apoyo económico, en personal o en material, prestado por terceros. 
Por último, todos los demás regalos o privilegios quedan prohibidos. 
Con ello el Parlamento Europeo elimina de un solo golpe una regulación floja y poco satisfactoria sobre los intereses de los diputados hasta convertirla en una de las más drásticas de cualquier parlamento. 
Esta me parece una buena base para limpiar nuestro nombre y también para hacer más estrictas las reglas para otros colaboradores y terceras personas. 
Señor Presidente, empezaré expresando mis más sinceras felicitaciones a los dos ponentes, no sólo por el excelente trabajo que ambos han realizado, sino principalmente por la paciencia y tenacidad con que lo han sacado adelante. 
A veces tengo la impresión de que, en asuntos delicados como es el tema que nos ocupa, el Parlamento moviliza 626 ponentes para los informes que proceden de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Aunque las aportaciones externas son siempre enriquecedoras y bien recibidas, dificultan algo más el que se pueda llegar a un consenso. 
Con todo, tengo plena confianza en que mañana veremos el final de este proceso especialmente largo y considero que redundará en el buen crédito de todos cuantos han participado en él. 
Me referiré en primer lugar al informe del Sr. Ford y no dudo de que en absoluto se sienta él ofendido si lo califico del menos controvertido de los dos informes. 
Se trata en definitiva, como él mismo ha expresado, de una recapitulación algo retocada de aspectos que ya han sido sometidos a votación anteriormente este mismo año y que han sido la base de lo que habremos de votar mañana. 
Los populares europeos tenemos, no obstante, alguna reticencia respecto a lo adecuado de incluir a los asistentes en este informe. 
Empero, para llevar por fin este asunto a buen puerto, votaremos a favor del informe Ford en su totalidad. 
Con todo, queremos señalar que el Sr. Janssen van Raay va a elaborar un informe aparte para la Comisión de Reglamento, precisamente sobre el tema de los asistentes. 
Respecto al informe del Sr. Nordmann, empezaré por subrayar que, tal como él mismo ha dicho, se ha limitado a transcribir y redactar con fidelidad y honradez las conclusiones del grupo de trabajo constituido por la Conferencia de Presidentes. 
Aunque sólo fuera por esa razón, este informe merece sin duda ser aprobado en la votación de mañana. 
Yo personalmente le daré mi voto a favor sin enmiendas, aun cuando he presentado una. 
Quisiera exponer brevemente las razones que me han llevado a ello. 
El punto que me ha despertado cierta preocupación, al igual que a otros colegas del Grupo del Partido Popular Europeo, ha sido concretamente la redacción del Sr. Nordmann en el siguiente párrafo: » Los diputados se abstendrán de recibir cualquier otro tipo de donación o liberalidad en el ejercicio de su mandato». 
Me preocupan la imprecisión de este párrafo y las diferentes interpretaciones a que puede dar lugar. 
He comentado el asunto individualmente con determinados colegas y, para algunos de ellos, podría entenderse como donación y, por tanto, inaceptable, el regalo de un libro que un diputado pudiera hacer a otro por haber hablado en su lugar en alguna ocasión. 
No me parece que esta situación de ambivalencia sea deseable. 
Entiendo que hay dos maneras de atajar este problema, siendo una de ellas la que ya ha mencionado el Sr. Nordmann: una enmienda de compromiso solicitando a la Mesa del Parlamento que establezca las directrices para interpretar de forma unívoca esta prohibición. 
Si esta solución cuenta con un respaldo masivo, estaré dispuesto a retirar mi enmienda, en la que proponía como solución que se consideraran inaceptables únicamente las donaciones que pudieran comprometer la independencia del diputado. 
Dos maneras de atajar un mismo problema. 
No obstante, repito que, incluso sin enmiendas, yo personalmente votaré mañana a favor del informe Nordmann, pero creo que sería más claro y preciso si encontráramos una redacción más concreta para lo que quiere decir el informe. 
Para terminar, unas palabras sobre la transparencia. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Ford en que la inmensa mayoría de los diputados a este Parlamento hacen gala, conscientemente, de una conducta honorable, y en que lo importante es convencer de esto al electorado europeo, demostrarles claramente que así es. 
Sé que no hay cadáveres escondidos en el armario ni terribles secretos que deban ser protegidos. 
Pero sí hay razones para que este Parlamento le exija transparencia al Consejo. 
Creemos que el Consejo tiene la obligación de demostrar que actúa con justicia y de forma constructiva. 
No sugerimos con esta exigencia que deba acusarse al Consejo de corrupción. 
Destacamos simplemente que la transparencia de esta institución es algo que debe estar absolutamente claro a los ojos de los electores de Europa. 
Y lo que es pertinente para el Consejo, lo es también para el Parlamento. 
Esta es la razón por la que tanto mi Grupo como yo personalmente apoyamos la filosofía que subyace al Informe Nordmann. 
Oscar Wilde dijo en cierta ocasión que, cuando dos personas tenían la misma opinión, al menos una de las dos era superflua. 
Yo comparto el punto de vista y las opiniones del Sr. Nordmann y espero sinceramente que a ninguno de los dos se nos pueda tildar de superfluos, antes bien le deseo lo mejor en la votación de mañana y tengo plena confianza en que obtendrá la mayoría que se merece. 
Señor Presidente, nunca hemos ocultado que considerábamos insuficiente el denominado consenso, que a la postre parece no haber sido completo, sobre la transparencia. 
Pensábamos que la base tenía que ser que, si se quiere un control político sobre el hecho de que un mandato político no se utilice para el enriquecimiento personal, entonces es preciso disponer de dos datos. 
En primer lugar, que anualmente se declaren, además de los ingresos como diputado, los ingresos obtenidos por otras funciones o actividades. 
En segundo lugar, una relación clara del patrimonio del que se dispone. 
En el informe que ahora debatimos, se declaran las actividades, las funciones, etc., pero no se indican los importes en cuestión. 
Para la declaración del patrimonio se remite a la legislación nacional, pero sabemos que trece de los quince miembros de la UE no han regulado nada legalmente en relación con la declaración del patrimonio de los diputados al Parlamento Europeo. 
Esto significa que habrá un aplazamiento y que no se hará nada al respecto. 
En cuanto a los regalos y los privilegios, el texto original dice que están prohibidos sin más. 
Espero que esto siga así y que se vote en contra de la enmienda del PPE. 
Pero, además de los regalos y privilegios prohibidos, la segunda versión del informe Nordmann crea una nueva categoría de ingresos, que no se preveía en la primera versión, concretamente la del apoyo económico en personal o en material prestado por terceros para las actividades políticas. 
¿Quién, señoras y señores, diferencia si se trata de un regalo o de apoyo financiero? 
¿Quién lo diferencia? 
En lo que a esto respecta, consideramos que se ofrece una posibilidad clara, una ambigüedad que permite que se puedan recibir recursos económicos, en personal o en material de terceros. 
Lo consideramos inaceptable. 
En lo que respecta al informe Ford, está claro que el informe en su versión actual no es más que un marco. Un marco en el que se describen las relaciones entre grupos de interés y el Parlamento en general. 
Estamos de acuerdo en apoyar este informe, porque en el texto se prevé expresamente que ha de aprobarse un código de conducta para los grupos de interés en esta legislatura, la legislatura no se menciona, pero no sería digno del Parlamento que no se elaborara un código de conducta en la presente legislatura. 
En segundo lugar, hemos podido constatar en las intervenciones de diferentes diputados- y lo mismo sucedió en la comisión- que existe una voluntad política de lograr una reglamentación en relación con los asistentes y en relación con los intergrupos. 
Si se regulan eficazmente estas cuestiones en la presente legislatura, el informe Ford será un primer punto de partida que puede contar con nuestro apoyo. 
Señor Presidente, el Grupo Europa de las Naciones votará a favor del informe Ford, que regula las actividades de las personas y de los grupos exteriores al Parlamento y que no plantea mayores problemas. 
El informe Nordmann, que se refiere a los propios diputados, nos parece en cambio muy insuficiente por dos motivos. 
El primero está relacionado con el hecho de que para nosotros no hay donación, liberalidad, apoyo financiero en personal o en material que puedan aceptar los diputados europeos en el marco de su mandato. 
Efectivamente, ¿cómo seguir siendo independiente, cómo pretender luchar contra la corrupción cuando uno se está beneficiando de prebendas, obviamente interesadas? 
Se plantea aquí una cuestión ética, para nosotros fundamental, y no podemos aceptar que se toleren algunas donaciones o gratificaciones o que se admitan apoyos financieros. 
El segundo motivo de nuestra insatisfacción radica en la absoluta falta de obligación real de declaración de patrimonio. 
La enmienda nº 3 prevé, en efecto, que mientras no exista un estatuto de diputado europeo- lo que equivale a dejarlo para las calendas griegas -, los diputados estarán sujetos, en materia de declaración patrimonial, a las obligaciones que apliquen las legislaciones de los Estados miembros en los que han sido elegidos. 
Qué duda cabe de que mi Grupo, que con frecuencia tiene ocasión de recordar que la construcción de Europa debe llevarse a cabo sin negar la realidad de las naciones, podría contentarse con constatar- por una vez y sin que sirva de precedente- que las que deben aplicarse en este caso son las legislaciones nacionales. 
Pero, ¿cómo no denunciar la hipocresía de dicha formulación que, en realidad, traduce una singular ausencia de valentía? 
Escribir esto o no escribir nada en absoluto es exactamente lo mismo. 
En este caso concreto, nuestro Reglamento hubiera podido fácilmente ir más allá de las disposiciones establecidas en cada uno de nuestros Estados miembros. 
Como se dice con mucha razón en la página 19 del Anexo al segundo informe Nordmann, la filosofía de estas disposiciones, aprobadas por los Estados miembros, tiene por objeto garantizar la posibilidad de valorar la evolución de la situación patrimonial de los diputados entre el momento en que acceden a cargos electos y el momento en que cesan en sus funciones, comprobando que en el transcurso de su mandato no se han beneficiado de un enriquecimiento anormal gracias al cargo que han ostentado. 
Deberíamos inspirarnos en esta filosofía, en la que se inspiró el primer informe Nordmann y en la que también se inspiró el grupo de trabajo. 
Señor Presidente, a menudo hacemos declaraciones para apaciguar los ánimos, pero pocas veces pasamos a los actos. 
Este es el desafío que se nos plantea en este nuevo debate relativo a los intereses financieros. 
El informe Nordmann, en su actual versión consensuada, no da respuesta a dicho desafío. 
Nuestro Grupo, por su parte, sí está dispuesto a hacerlo. 
Señor Presidente, las modificaciones del Reglamento del Parlamento Europeo propuestas por los dos informes sometidos hoy a debate responden fundamentalmente al objetivo de garantizar la necesaria transparencia tanto de las actividades de los diputados como de los que ejercen actividades relacionadas con dichos diputados, es decir, los grupos de representación de intereses y los asistentes. 
Por lo que se refiere a los diputados- ya lo mencionaron otros colegas- en el fondo, se introducen la obligación de declarar todas las posibles fuentes de financiación de las actividades políticas realizadas y la prohibición de aceptar todos aquellos donativos tendentes, de hecho, a condicionar la acción y las posiciones de un diputado. 
En cuanto a los llamados lobbies, se establece la obligación de su inscripción en un registro especial, la sujeción a un código de conducta y la obligación de darse a conocer a través de una tarjeta de acceso que deberá exhibirse permanentemente durante la presencia en los locales del Parlamento. 
Éste es el tema sometido a debate. 
Al respecto, las preguntas que debemos hacernos son dos: ¿estas nuevas normas son positivas o no? , ¿son suficientes o no? 
Mi respuesta a la primera pregunta es evidentemente positiva. 
A pesar de las dificultades que representa la coexistencia de diferentes normas penales y fiscales en cada Estado miembro, el Parlamento Europeo se sitúa a la vanguardia en fijar reglas de transparencia que establecen normas de conducta, como la prohibición de aceptar regalos, a fin de aumentar la confianza de los ciudadanos respecto a los representantes que eligieron. 
Sin embargo, según nuestro parecer, estas nuevas normas no pueden considerarse suficientes, sino sólo un primer paso hacia un más global y coherente conjunto de disposiciones en esta materia. 
Sabemos que la oposición de una parte de los Grupos de este Parlamento impidió, sobre todo en lo referente a las normas relativas a los grupos de interés y a los diputados, establecer, por el momento, reglas más restrictivas. Por desgracia, es necesario tomar nota de ello e intentar remediar en el futuro esta situación. 
A dicho fin, hace falta, sin embargo, aprobar hoy las disposiciones respecto a las que es posible alcanzar la necesaria mayoría cualificada de los diputados. A nuestro juicio, los informes de los Sres. 
Ford y Nordmann, tal como fueron aprobados por la Comisión de Reglamento, representan un marco que, habida cuenta de las premisas, es suficiente y satisfactorio. Por consiguiente, creo oportuno que mañana se rechacen en este Parlamento todas las enmiendas tendentes a modificar o a desvirtuar estos dos reglamentos que, en consecuencia, podrán ser por fin aprobados, lo que va a suponer una señal importante tanto dentro de la Institución como, sobre todo, para nuestros electores y para la opinión pública. 
Señor Presidente, Señorías, el 13 de octubre tendrán lugar en Austria las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. 
Con este motivo se ha iniciado en mi país un debate sobre la efectividad del Parlamento y de los diputados y sobre quién ha obtenido más y quién menos en la Unión Europea. Está bien que así sea. 
En Austria también se debate cómo se paga a los diputados y quién les paga. 
Esto también constituye, permítanme decirlo con toda claridad, un tema de debate legítimo. 
Como dice con razón un viejo refrán, » el que paga manda». 
Vistas así las cosas, la transparencia financiera es un tema importante cuando los ciudadanos se preguntan quién representa mejor sus intereses. 
En los dos informes que se debaten hoy se tratan soluciones que deben garantizar a los ciudadanos la transparencia financiera necesaria. 
Ambos han sido objeto de una larga preparación, como ya se ha comentado. 
Permítanme precisar al respecto, una vez más, que ha habido razones objetivas de peso para las dificultades experimentadas al elaborar estos dos informes. 
Las diferentes tradiciones jurídicas de los 15 Estados han hecho casi imposible incluir en una solución común al número de diputados necesario. Ahora contamos con tal solución conjunta. 
Es todo menos perfecta. Y no porque su núcleo plantee problemas, sino porque sus márgenes siguen presentando problemas de delimitación. 
Esperamos que la práctica futura pueda, a partir de éste trabajoso compromiso, elaborar soluciones satisfactorias, fiscalizables y transparentes. 
Esperamos también que en las próximas semanas en Austria, en Finlandia, donde también habrá elecciones, y en toda la Unión se mida el trabajo de los diputados de esta Asamblea no sólo con escalas financieras, sino con la unidad de medida más importante para el ciudadano: ¿quién representa mejor sus intereses? 
Señor Presidente, tras las muchas reticencias de numerosos colegas, por fin, han llegado a este Pleno los informes Nordmann y Ford, que dictan reglas de conducta y valorizan mayormente el trabajo y el papel de los diputados europeos. 
Coincido con los informes que se fijan como objetivo la claridad y la transparencia del hombre político en el cumplimiento de sus funciones y considero que deben apoyarse y, tal vez, enmendarse para mejorar su claridad interpretativa. 
Estoy a favor de la propuesta de crear un registro público en el que figuren los intereses financieros y el patrimonio y considero que lo que resulta de ciertas enmiendas dudosas, o sea el hecho que dicho instrumento de transparencia pueda ser utilizado por malintencionados, no es una buena premisa para demostrar a la opinión pública nuestra buena voluntad y la rectitud de un cometido. 
Desde hace demasiado tiempo, los ciudadanos espera de nosotros los políticos señales concretas. Por lo que nos atañe, es a través de estas pequeñas exigencias que lograremos reconstruir con seriedad nuestra correcta imagen política, ofuscada a menudo por colegas corruptos o malintencionados pertenecientes a este Parlamento o a otras Instituciones. 
Considero que el perfeccionamiento del artículo 9 del Reglamento y de sus disposiciones de aplicación debe ser lo más claro posible y que estos informes alcancen el objetivo de forma efectiva. 
Por consiguiente, deseo recalcar la exigencia de dotarnos cuanto antes de un articulado estatuto de diputado europeo. 
Evidentemente, si tenemos en cuenta el tiempo empleado para presentar estos informes al Pleno, no me hago muchas ilusiones de que dicho estatuto pueda elaborarse a corto plazo. 
Si queremos que las nuevas generaciones consideren el papel de los diputados como un compromiso socialmente importante y a imitar, tenemos que dar ejemplo ya desde ahora votando a favor de estos informes. 
Comparto plenamente la propuesta formulada por mi Grupo de manifestar voto favorable al respecto a través de votación nominal. 
Señor Presidente, el tema que debatimos hoy trata en el fondo sobre nuestra credibilidad como parlamentarios. 
Hemos sido elegidos para representar a nuestros electores. 
Es central que actuemos con nuestro electorado como punto de partida y con nuestros programas políticos y nuestras propias convicciones como instrumentos. 
Si dejamos que otros nos influyan o incluso decidan el modo en que hemos de actuar, estamos corrompiendo el espíritu que debe inspirar nuestra misión. 
Esto es igualmente cierto en caso de que dejásemos que el interés económico guiase nuestras acciones. 
Para poder resultar fiable en estas cuestiones, dos cosas son necesarias: La primera es la transparencia. 
Nuestra situación económica debe justificarse cara al público. 
Y los grupos de presión que deseen convencernos también deben actuar públicamente. 
La segunda es que las donaciones económicas de estos grupos, ya sean en concepto de material o directamente a los empleados, no pueden aceptarse. 
Con estos principios como punto de partida, lo que proponen los informes Ford y Nordmann es decepcionante. 
En el informe Ford no se incluye la cuestión vital de las donaciones de los grupos de presión. 
Esto no es correcto. Debería dejarse claro que, para que los grupos tengan acceso al Parlamento deben garantizar que no van a dar donaciones. 
Hemos presentado una enmienda que incluye este punto. 
También el informe Nordmann presenta serios fallos. 
En la práctica, el informe propone que se legalice el hecho de que los grupos contribuyan a financiar los empleados y el equipamiento de los diputados parlamentarios. 
Esto es inaceptable e incompatible con nuestra independencia como diputados. 
Además, ya se nos conceden unas compensaciones generosas precisamente para cubrir estos gastos. 
Aún más injusta es la enmienda que procede del grupo PPE, que liberaliza las donaciones a los diputados a condición de que quede claro que no pueden influirlos a la hora de votar. 
Pero si es precisamente para influir en las votaciones que se dan donaciones. 
Para hacer frente a estos fallos hemos presentado una enmienda que presupone que los diputados se comprometan a no aceptar donaciones, ya sea destinadas a ellos mismos o a su cancillería. Además, hemos propuesto que se hagan públicos los pagos de la caja parlamentaria. 
Esto es para prevenir posibles fraudes con las compensaciones en concepto de desplazamientos. 
Si la propuesta no se modifica en la dirección apuntada, nos resultará imposible a mí y a otros muchos votar a favor. 
Señor Presidente, nos resulta realmente muy difícil desempeñar nuestra labor parlamentaria si no logramos imprimir transparencia a las prestaciones económicas de que disfrutamos. 
Además, representa un problema muy serio el hecho de que el Parlamento Europeo acceda gustosamente a abordar el tema de la transparencia y exija este principio al resto de las instituciones, mientras que se hace la vista gorda en este punto. 
El peor problema de la nueva propuesta presentada por el señor Nordmann reside en el hecho de que lo único que hace es aumentar el grado de interpretación de las propuestas. 
De todo ello se puede deducir que, con toda probabilidad, no será posible la aplicación de estas propuestas ni siquiera en la medida recogida en el texto. 
Por ejemplo, la propuesta contempla una división según la cual, por una parte, los donativos y los servicios se clasifican de manera artificiosa en distintas categorías, mientras que, por la otra, las ayudas económicas recibidas para desarrollar actividades se enmarcan en una categoría propia. 
Esta es una división artificial que dificulta las labores de control. Por otro lado, resulta obvio que no parece que vaya a existir a corto plazo una normativa indicativa que permita la declaración por parte de los diputados de sus bienes. 
A este respecto, tal como ya ha señalado la señora Aelvoet, únicamente en dos Estados miembros existe algún tipo de legislación sobre declaración de bienes, por lo que el señor Nordmann no presta ninguna importancia a este punto en su informe. 
Señor Presidente y compatriota, el cargo que se consigue por sufragio universal es un cargo de confianza, no un servicio que esté a la venta al mejor postor, y el trabajo ha de ser pagado por el pueblo. 
Estamos aquí porque unos electores han puesto una cruz al lado de nuestros nombres, y debemos cumplir con la confianza que nos han demostrado y trabajar abiertamente y con transparencia para que puedan valorar si han elegido bien o si deben mejorar su elección la próxima vez. 
Al presentarnos, nos declaramos dispuestos a trabajar por la remuneración establecida y, si tenemos otras actividades remuneradas, hemos de declarar los ingresos, para que los electores sepan qué les damos a cambio de su dinero y qué otros intereses representamos. 
Los regalos de empresas y organizaciones de interés no son compatibles con un cargo público. 
Debe ser indignante para cualquiera ver cómo los regalos son legalizados ahora mediante una modificación del Reglamento que la mayoría propone aprobar. 
Con todo, hay progresos: habrá transparencia sobre lo inadmisible. Solicitamos una votación por separado, para que podamos votar a favor de la transparencia y en contra de las donaciones. 
Es especialmente interesante que los demócratas cristianos sean capaces de distinguir entre los regalos que influyen en las votaciones y regalos que no. 
Es posible que se pueda medir la influencia en el caso de los regalos en forma de alcohol, pero ¿cómo es posible valorar si 15 días en una playa turca influyen en las votaciones sobre la tortura en una cárcel turca? 
Una estancia de 15 días en una cárcel turca causaría seguramente mayor impresión, pero no creo que pudiese considerarse un regalo. 
El Movimiento de Junio propone que se prohíban las donaciones y que se entregue en la biblioteca una copia de cualquier petición de los grupos de presión, para que haya transparencia sobre las peticiones a los diputados. 
Es admisible que la industria tabaquera defienda el consumo de tabaco, pero la organización de lucha contra el cáncer debe tener acceso a estos argumentos para poder documentar los posibles daños ulteriores para la salud derivados de los anuncios de tabaco. 
La falta de transparencia y la práctica de la presión es una mezcla peligrosa, mientras que la transparencia y la presión multilateral son una condición para una legislación razonada. 
Señor Presidente, los informes que ahora se someten a debate sobre las normas relativas a los grupos de interés y a las prestaciones económicas de los diputados del Parlamento Europeo tienen como objetivo lograr una regulación que debería ser obvia. 
Las actividades de los denominados «lobbies» han de ser transparentes y estar sometidas a control. 
Del mismo modo, resulta también oportuno elaborar una relación de las posibles conexiones de orden económico de los diputados. Hay que adoptar un punto de partida tan natural como el hecho de que no debe estar permitido a los diputados aceptar donativos ni servicios durante el desempeño de sus cargos. 
Deseo vehementemente que el Pleno del Parlamento sea capaz de aprobar los informes Ford y Nordmann en su formulación original. 
El rechazo a cualquiera de estos informes pondría de manifiesto nuestra incapacidad para establecer unas reglas de juego comunes. 
Al mismo tiempo, crearía dudas sobre aquellos diputados para los que no sería necesario establecer ninguna normativa. 
Creo que la mayor parte de los miembros del Parlamento cumplirá su labor de un modo consecuente desde un punto de vista moral. 
Las cuestiones relativas a las reglas del juego y la transparencia de la política son importantes para la actividad democrática. 
Igual importancia reviste la medida en que somos capaces de establecer el adecuado diálogo con los ciudadanos en las difíciles condiciones actuales. 
Los ciudadanos tienen el derecho de conocer cuál es el concepto del mundo que tiene sus candidatos y de qué manera éstos procuran buscar soluciones a los principales problemas. 
El mundo ha sufrido una transformación que no permite ya, por ejemplo, adivinar completamente el orden de valores de los políticos atendiendo a su adscripción en un determinado partido político. 
En numerosos asuntos de importancia, las diferencias se delimitan en el interior de los partidos. 
Ahora que, así lo esperamos, vamos a poder olvidarnos, al menos por algún tiempo, de estas cuestiones relacionadas con los grupos de interés y las prestaciones económicas de los diputados, podremos tal vez dedicarnos a reflexionar cómo desarrollar un auténtico dialogo con los ciudadanos en Europa. 
Sería deseable contar también en este tema con la participación de los medios de comunicación, que tan atentamente están siguiendo el desarrollo de este debate sobre los informes Ford y Nordmann. 
Señor Presidente, por lo visto no resulta tan sencillo cortar por lo sano en materias como la presente. 
Espero y confío en que mañana lo logremos. 
Para los grupos de interés se ha encontrado una solución aceptable a condición de que el código de conducta sea bueno, que se aplique pronto y que se cumpla. 
Sólo considero errónea la inclusión de los asistentes en el informe sobre grupos de interés. 
La asociación de asistentes exige con razón que se borre este pasaje del informe Ford. 
Los asistentes son nuestros colaboradores personales y tienen derecho a contar con una reglamentación específica. 
Finalmente, en lo que respecta a nuestra deontología, acepto todas las soluciones que garantizan la transparencia, la seguridad jurídica y la intimidad. 
En el caso de que se apruebe la enmienda nº 3, repito el llamamiento que hice en enero: los diputados que no estén sujetos a las obligaciones de sus compañeros nacionales han de ocuparse de no caer en un vacío. 
Han de ser justos y someterse al estatuto de sus compañeros nacionales. 
Entre otros, este es el caso, y de momento necesario, con respecto a mis compatriotas. 
La confianza que inspira en el ciudadano la actividad del Parlamento depende exclusivamente de que ésta se produzca dentro de un sistema abierto y democrático. 
Lo mismo se aplica a las relaciones de los diputados con diversos grupos de presión que desean influir en las decisiones parlamentarias. 
La propuesta del informe Ford va en la dirección correcta. 
Es necesaria una reglamentación de la actividad de estos grupos, en parte para evitar una presión indebida a través de donaciones y de ventajas económicas, pero también para dar a todas las personas y los grupos de presión la misma oportunidad de influir en la actividad parlamentaria, independientemente de su magnitud o de su poder económico. 
Las tarjetas de acceso que hagan posible el registro y el control basados en la apertura cara al público constituyen el único sistema que defiende la transparencia, la democracia y la igualdad de oportunidades para todos. 
Esto es muy importante, puesto que hay que dar las mismas oportunidades a las organizaciones de carácter idealista que a las empresas y organizaciones de presión que disponen de vastos recursos económicos. 
Pero la propuesta no avanza lo suficiente. 
No se necesitan listas para hacer públicas las donaciones de sumas de dinero u otras cosas a los diputados del Parlamento. 
Estas donaciones o regalos simplemente no deben estar permitidos por encima de un nivel evidentemente modesto de relación. 
También existen ambigüedades respecto a la publicación de los registros de los grupos y al acceso al público. 
En este sentido es igualmente evidente que el registro debe ser público y que todo aquel que lo desee debe tener acceso a él. 
El informe Nordmann es del mismo carácter. 
Son absolutamente necesarias unas normas estrictas para las donaciones y privilegios si queremos que la desconfianza del ciudadano hacia la UE y los privilegios de que disfrutan los diputados de la UE se transforme en un aumento de confianza. 
También el informe Nordmann va en el buen camino, pero no llega lo suficientemente lejos. 
Debería estar claro que las empresas y organizaciones no pueden ofrecer indirectamente unos privilegios económicos a los diputados de la UE colocando formalmente a unos asistentes en empresas que en realidad realizan trabajos para un cierto diputado de la UE. 
La conclusión es esta: Dos propuestas en el buen camino, pero sin avanzar lo suficiente. 
No obstante, cabe apoyarla como un primer paso adelante. 
Señor Presidente, resulta que algunos diputados a esta Asamblea están enfadados por las críticas de los Verdes a los ingresos encubiertos y a las opacas cuentas de gastos de los diputados. 
Enseguida se recurre al reproche del populismo. 
Sin embargo, creo que, si esta Asamblea no realiza una crítica interna, pronto la misma vendrá desde fuera y debilitará al Parlamento. 
¿A quién vamos a explicar ese deshielo de semanas para la prohibición de recibir regalos? 
¿Cómo vamos a explicar que hasta el 50 % de los ingresos de los diputados proceden de gastos de viaje? 
¿Cómo vamos a explicar que se abonan los gastos de viaje aun cuando no se haya viajado en absoluto o aunque se viva en Bruselas? 
¿Cómo se va a explicar que se reciben dietas por la presunta participación en sesiones de comisiones a las que no se pertenece en modo alguno, que se prolonga artificiosamente el orden del día hasta la jornada siguiente para cobrar gastos de viaje y que hay diputados que nombran asistentes a familiares suyos? 
Señor Presidente, sólo la limitación de tiempo me impide continuar con la lista de abusos existentes en materia de ingresos y gastos. 
Señor Presidente, Señorías, el anterior orador ha estado muy inspirado y me sumo a lo que ha dicho. 
En caso de que se apliquen las condiciones del informe Nordmann- digo, en caso de que se apliquen- veremos que hay tres clases de diputados en este Parlamento: aquellos para quienes las actividades en el Parlamento son la única fuente de ingresos, los que además ejercen una profesión o una actividad complementaria remunerada y por último quienes no están satisfechos con ello y consideran que han de ser patrocinados en el marco de sus actividades políticas. 
En realidad, esta última categoría no debería existir. 
Mientras que los ciudadanos de los Estados miembros, entre otras cosas debido a las normas de Maastricht, han de soportar cargas, han de soportar que quienes ya son remunerados generosamente por sus actividades políticas también sean pagados por terceros. 
Por ello tendríamos que apoyar las enmiendas que prohíben este tipo de pagas adicionales. 
Aunque estas enmiendas no sean aprobadas, la propuesta del ponente, Sr. Nordmann, supone de todas formas un paso adelante, pues por fin se sabrá quién recibe qué de quién. 
Con relación al informe Ford, este Parlamento tendría que salir en defensa de los colaboradores de los diputados. 
Algunos abogan por un estatuto global para los colaboradores y los asistentes. 
Si este Parlamento, y en realidad los gobiernos, no consiguen ni siquiera diseñar un reglamento propio, cómo podemos entonces decir que esperamos un reglamento para los asistentes. 
Hoy se les obliga a declarar sus ingresos, y esto es justo. 
Pero si se aplica tal obligación a estas personas, es justo darles derechos, entre otras cosas que se les contrate teniendo en cuenta las normas sociales y fiscales y que los diputados que quieran dar una tarjeta de acceso a los asistentes, por lo menos den muestras de respetar las reglas sociales y fiscales. 
Señor Presidente y compatriota, puedo decir, como ha hecho el Sr. Bonde. 
Hay muchos grupos de presión en el Parlamento Europeo. 
Forman parte natural de nuestro trabajo y contribuyen con su información y puntos de vista. 
No creo que sea posible prescindir de ellos, pero deben existir normas sobre sus actividades. 
El informe del Sr. Ford incluye unas normas que son aplicables. 
Me habría gustado que fuesen más rigurosas. 
Todo lo que una empresa regala a un diputado debe constar en el registro, pero entiendo que se trata de un equilibrio y que no ha sido políticamente posible llegar más lejos esta vez, debido a que la derecha del Parlamento no lo ha querido. 
Lo más importante es que tendremos por primera vez unas normas sobre las actividades de los grupos de presión; siempre podrán hacerse más rigurosas en el futuro. 
El hecho de que sea obligatorio para los diputados declarar al registro los intereses económicos que obtienen como consecuencia de su representación de a los ciudadanos europeos supone una gran alegría para mí y coincide con mis propias enmiendas. 
El acceso público a este registro debería ser obvio y tal idea está en línea con nuestro concepto de publicidad. 
Esperamos que con estas normas las actividades de los grupos de presión sean más transparentes, pero no debemos autoengañarnos. 
También es posible evadir las nuevas normas. 
Si un diputado quiere engañar, seguirá siendo posible hacerlo, pero esperemos que se enfoquen con más claridad las relaciones entre los diputados y los grupos de presión y que éstas funcionen asimismo como guía moral para los diputados. 
Las nuevas normas dicen a los diputados que no es correcto utilizar el cargo para el lucro personal, bien a través de soborno, bien vendiendo información. 
Ha de existir transparencia. 
Llevamos esperando estas normas mucho tiempo. 
Hoy podemos dar un paso en la dirección correcta, señor Presidente, y espero sinceramente que la derecha cambie de opinión y que decida mostrar lo que esconde hoy. 
¿Cuál es el motivo de que no quiera participar? 
Espero que no sea así. 
Señor Presidente, no fue en calidad de ponente sino que sustituía al Sr. Wijsenbeek, pero efectivamente tal vez fuese demasiado ambicioso. 
Me parece que tenía tres minutos para decir, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que aprobaba los dos informes cuya elaboración había seguido de cerca. 
Esto me permite, por cierto, felicitar personalmente al Sr. Ford por haber conseguido unas disposiciones que, por muy limitadas que puedan parecer a algunos, no dejan de ser un principio totalmente sano de clarificación. 
En cuanto al conjunto de los dos informes, el Grupo Liberal se complace mucho en apoyarlos, ya que precisamente se trata de definir una orientación general de transparencia basada en la confianza y no en la desconfianza. 
No se trata de instruir un proceso de unos contra otros mediante procedimientos inquisitoriales, sino de desarrollar un clima de transparencia y de confianza, y desde este punto de vista se explica la economía de las disposiciones previstas en el título B del primer apartado del artículo 2. 
Ya sabemos que existen los apoyos financieros, materiales, de personal, que se añaden a aquellos que facilitan las instituciones y en este caso el Parlamento Europeo. 
Algunos de nuestros colegas cuentan con el respaldo de su partido, de aquellos partidos, sobre todo, que el Tratado de Maastricht institucionaliza a escala europea. 
Sería pues de una absoluta hipocresía pretender que no existen otros apoyos materiales distintos a los previstos por los recursos y el presupuesto de nuestra institución. 
Señor Presidente, en el Grupo Liberal creemos que ésta es una etapa limitada, pero significativa, nos preocupa cierta demagogia y nos preguntamos si no tendrá por objeto, en realidad, diferir o retrasar la aplicación de medidas de transparencia que arrojarían luz sobre los apoyos de que se benefician ya hoy precisamente aquellos que querrían que hubiera mayor transparencia. 
Señor Presidente, lo mejor es enemigo de lo bueno, y esta máxima es de lo más certera en un ámbito en el que hay que mantener la mesura. 
El Grupo Liberal se complace en saludar la mesura que muestra este compromiso. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Reestructuración siderúrgica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0213/96) del Sr. Caudron, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (94) 0265- C4-0060/94) titulada «Relanzamiento de la reestructuración siderúrgica comunitaria». 
En los años 50, la siderurgia fue, junto con la CECA, el origen de la construcción europea. 
Veinte años después, con las terribles reestructuraciones y sus tremendos costes sociales de los años 70 y 80, casi fue causa de la destrucción de esa misma Unión. 
Debemos reconocer que en numerosas regiones y para muchos de nuestros conciudadanos, el mal es irremediable: ya no quedarán ánimos para nada. 
Como diputado elegido en el Norte de Francia, antigua región industrial, puedo dar fe de eso. 
Recordemos que los efectivos empleados en la siderurgia pasaron, en menos de veinte años, de 850.000 a 350.000. 
Hoy en día, la situación afortunadamente es mejor: el mercado es más bien favorable aunque siga siendo frágil y esté siempre a merced de las crisis sectoriales (armamento, automóvil, etc.). 
Dicho esto, la industria siderúrgica europea es exportadora neta y obtiene beneficios. 
¿Pero acaso es esto motivo suficiente para no hacer nada y dar rienda suelta a las leyes del mercado, cruzando los dedos con la esperanza de que las cosas vayan siempre bien? 
Algunos industriales nos lo piden y, a veces, nos lo dicen con cierta brutalidad. 
A nuestro juicio, nosotros no creemos que deba ser así y yo me niego a cruzarme de brazos. 
Por el contrario, digo que hay que aprovechar este período de respiro para preparar el futuro, para mantener la competitividad de nuestra siderurgia y evitar de este modo cualquier riesgo de nuevos traumatismos, para abordar con inteligencia y sin brutalidad las mutaciones que se seguirán necesitando en el futuro. 
Esto es lo que ha guiado mi reflexión desde hace un año junto a algunos colegas en distintos grupos, a los que quisiera dar las gracias. 
También he consultado mucho a los agentes económicos, empresas y organizaciones sindicales. 
A partir de ahí, en mi informe hago numerosas y concretas propuestas que van en cuatro direcciones. 
Primera dirección: reforzar la competitividad de la siderurgia europea buscando nuevos productos y nuevos mercados, y conseguir los medios para ello. 
En un mercado limitado, la parte europea sólo podrá disminuir, por lo tanto, hay que ampliarlo. 
Cuando se den por acabadas las reestructuraciones necesarias con una transparencia perfecta no se deberá penalizar a aquellos que han llevado a cabo los esfuerzos pedidos y exonerar de sus obligaciones a los que tardan en cumplirlas. 
Asimismo, hay que aumentar los gastos de investigación para seguir siendo competitivos en el mercado mundial: se trata de una condición sine qua non. 
Segunda dirección: mejorar la política social del sector. 
El capítulo social, la mano de obra cualificada, constituye una fuerza de primera magnitud en nuestra siderurgia europea. 
Hay que abandonar definitivamente la idea de que es una carga: al contrario, ¡es una baza! 
Hay que tranquilizar, por lo tanto, a los asalariados con el fin de evitar nuevos traumatismos. 
Asimismo han de resolverse internamente las consecuencias de las futuras mutaciones: ¡los asalariados deben estar convencidos de ello! 
En tercer lugar: en lo relativo a las relaciones con países terceros, hemos de ser muy firmes en nuestras relaciones con los Estados Unidos y muy cooperadores en nuestras relaciones con los países de la Europa oriental, para facilitar su reestructuración y las indispensables transiciones. 
La mayor parte de esos países estarán algún día en la Unión: deben prepararse desde ahora mismo. 
Por último, es preciso que nuestra industria conserve o adquiera un tamaño suficiente dentro del mercado mundial y debemos dotarnos de los medios necesarios a tal efecto, incluso en términos de reagrupamientos. 
Hay que dejar de autoimponerse unas limitaciones que no tienen nuestros competidores. 
Para concluir diré que la industria europea ha sido una de las mayores fuerzas e incluso el motor de nuestra Unión antes de convertirse en uno de sus dramas más terribles. 
Hoy en día, está en una buena coyuntura. 
Con ese mismo espíritu debemos preparar el porvenir. 
Mi informe está elaborado a partir de este enfoque y es uno de sus elementos. 
Espero que reciba una apoyo masivo y que contribuya, de esta manera, a que haya tomas de conciencia y medidas rápidas que permitan garantizar su perennidad. 
Señor Presidente, después de todas las reestructuraciones dolorosas de los últimos veinte años, después de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, la siderurgia sigue siendo un sector con futuro. 
Este es el mensaje que quiere transmitirnos el ponente, Sr. Caudron. 
Lo felicito por haber tratado a la siderurgia con la sensibilidad de un hombre que procede de una de las regiones siniestradas, como lo son casi todas, desde el punto de vista de la pérdida de empleos, y por haber sabido emitir propuestas sensatas, que evitan tanto el escollo del liberalismo a ultranza como el del intervencionismo económicamente estéril. 
El ponente realiza toda una serie de propuestas interesantes. 
Quisiera subrayar algunas de ellas. 
La primera consiste en preconizar una estrategia ofensiva del sector del acero, diversificando la gama de productos, ampliando los sectores de utilización, en especial el de la construcción y las obras públicas y, por supuesto, desarrollando la investigación en distintos campos. 
Esta estrategia ofensiva sólo podrá dar frutos si no se falsea la competencia. 
Lo que aquí está en tela de juicio son las ayudas estatales, abiertas o encubiertas. 
A este respecto comparto el enfoque del ponente, que defiende el Código de ayudas y de instrumentos, pero se opone a las ayudas nacionales a empresas concretas, mientras se muestra un poco menos inflexible con las ayudas estatales de carácter regional, cuando se den condiciones especiales. 
Además, allí donde ya se ha llevado a cabo la reestructuración, es decir allí donde ha habido un pérdida dramática de puestos de trabajo, hay que detener, de una vez por todas, la hemorragia ya que a menudo el empleo se ha vuelto más precario bajo diversas formas, como consecuencia de la racionalización y de una búsqueda desenfrenada de la productividad en estos últimos años. 
Sin embargo, el instrumento industrial debe salvaguardar unos empleos estables y unos conocimientos técnicos que se adapten constantemente a una renovación permanente mediante la contratación de jóvenes. 
Por último, debemos decir algo sobre el Tratado CECA, que expira en el año 2002. 
La crisis de la siderurgia ha demostrado el interés que tiene en cuanto a instrumentos: el Código de ayudas, los instrumentos estadísticos para tener un conocimiento rápido del mercado, el Comité Consultivo, fundamental para la concertación social en el sector, las investigaciones llevadas a cabo gracias a los fondos disponibles. 
Ahora podemos reconocer que este Tratado está marcado por un espíritu social muchísimo más notorio que los Tratados posteriores. 
Al igual que el ponente, yo también considero que hay que preservar este espíritu y los elementos más positivos del Tratado CECA, al tiempo que hay que adaptarlo a la evolución económica y social reciente en el período de transición. 
En particular, quisiera apoyar la idea de que se creara una estructura que acogiera las reservas CECA, cuya finalidad podría ser la investigación en régimen de cooperación en los ámbitos tecnológicos y sociales. 
En conclusión, señor Presidente, mi Grupo aprueba las líneas generales de este informe que define las orientaciones de una siderurgia competitiva con vistas al futuro. 
Señor Presidente, el motivo fue una notificación más bien breve de la Comisión. 
El Sr. Caudron y el Parlamento lo han convertido en una visión de futuro, una política industrial para la industria siderúrgica. 
Pienso que el Sr. Caudron merece ser elogiado por ello y su informe merece ser aceptado sin ninguna modificación. 
Señor Presidente, todo el mundo sabe que la industria siderúrgica, aparte de contribuir de manera considerable a la economía de los Estados miembros, también es muy importante con vistas al empleo, tanto directa como indirectamente. 
En este punto se produce a menudo un malentendido. 
Las empresas no crean puestos de trabajo, sino que sólo tienen una opción: operar de la forma más eficaz, conscientes de los costes dentro de la feroz competencia internacional. 
En nuestra sociedad occidental, esto significa casi inevitablemente control de costes y menos puestos de trabajo. 
Las empresas siderúrgicas presionan desde siempre en las regiones circundantes. 
Lamento que se interrumpa un programa como Residair, que contribuye a diversificar las regiones. 
La industria siderúrgica sigue transformándose en unidades mucho más pequeñas, pero repartidas. 
Este desarrollo sólo puede detenerse a costa de la competitividad de la industria. 
A fin de cuentas, internacionalmente existe una feroz competencia de precios. 
Aún hay algunas cuestiones muy importantes en una política industrial para la industria siderúrgica que necesitaremos cuando acabe la CECA. 
Este es el primer informe que mira más allá de este horizonte, señor Presidente. 
En primer lugar hablamos de un control estricto de las nuevas operaciones de apoyo a través del artículo 95. 
Cualquier caso de ayuda en base al artículo 95 es a mi juicio por definición competencia desleal. 
La industria comparte mi criterio. 
Algunos compañeros han presentado ya enmiendas de distinto tenor. 
Espero que el Sr. Fayot intente controlarlos dentro de su Grupo. 
Yo haré lo mismo en el mío. 
En segundo lugar, en las revisiones de 1997 tienen que incluirse además procedimientos de investigación más transparentes para poder aplicar sanciones eficaces en caso de violación de la normativa de apoyo. 
En tercer lugar, es esencial que las estadísticas comerciales europeas estén disponibles con mayor rapidez. 
Las estadísticas comerciales norteamericanas completas sobre el volumen y el precio de importación medio están disponibles a los dos meses, mientras que las cifras europeas tardan entre ocho y doce meses. 
Esto frustra nuestra política en materia de dumping, porque las reclamaciones de dumping según la OMC han de basarse en las estadísticas comerciales oficiales. 
Esta cuestión es sin duda más importante que estimular fusiones contrarias a la actual tendencia. 
En cuarto lugar, la industria considera también muy importante para la difusión de las innovaciones tecnológicas que haya un fondo de investigación sobre la base del enfoque de la CECA para después de que expire la CECA. 
Finalmente, pienso que la Comisión ha de otorgar su pleno apoyo para aspirar, junto con los norteamericanos, a un acuerdo multilateral del acero, el denominado AMA. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy abordamos se refiere a unas medidas que tienen por objeto relanzar el proceso de reestructuración después de que expire el Tratado de la CECA en el año 2002, con el fin de reforzar la competitividad de la siderurgia, su política social, sus relaciones con los países terceros y el carácter permanente de algunas medidas del Tratado que va a expirar. 
Recordemos asimismo que el futuro de este Tratado y de sus actividades financieras debería examinarse bajo la Presidencia irlandesa y que se espera para el mes de septiembre un proyecto de la Comisión. 
Además, actualmente hay un debate sobre el proyecto del nuevo Código común de ayudas para el período 1997-2002, en la perspectiva de una decisión del Consejo de «industria» del mes de noviembre. 
El informe de calidad del Sr. Caudron contará con el acuerdo general de nuestro Grupo. 
El informe tiene efectivamente en cuenta la reciente evolución de la siderurgia europea y su futuro, tal y como puede imaginarse hoy en día. 
La ampliación de la definición de productos siderúrgicos presentada en la resolución así como la puesta en entredicho de la clasificación de la chatarra como desecho y la búsqueda de un compromiso bilateral con los Estados Unidos, con vistas a un acuerdo multilateral, van en el sentido correcto. 
Para acabar, quisiera recordar que, al igual que la resolución, podemos aceptar favorablemente la idea de la creación de una estructura destinada a acoger las reservas CECA. 
Sin embargo, está claro que estas reservas así como sus intereses deberían servir para la financiación de la investigación siderúrgica de las instituciones comunitarias con un control adecuado, cuando se hayan suprimido las exacciones sobre la industria siderúrgica. 
Señor Presidente, queridos colegas, este informe sobre la reestructuración de la industria siderúrgica, con algunas contribuciones muy positivas del ponente a la caracterización del sector, refleja, sin embargo, una orientación estratégica global que nos inspira reservas y desacuerdo. 
No aceptamos- y denunciamos- una división comunitaria del trabajo que, mediante concentraciones, reserve a ciertos países del Norte sectores productivos que se desmantelan en otros países, meridionales o periféricos, a cambio de compensaciones muy escasas y que son también formas capciosas de estimular ese desmantelamiento. 
No aceptamos- y denunciamos- la perspectiva simplista de que las ayudas estatales sean la madre de todas las distorsiones de la competencia, el enemigo que abatir para que la competitividad se instale mediante apoyos estatales de otro sentido, promotores de concentraciones, dado que las empresas subvencionadas por fondos públicos tendrían el deber de ser «las primeras en contribuir al ajuste estructural» , que es la expresión del FMI bien conocida por sus efectos en el llamado Tercer Mundo. 
Tampoco aceptamos- y denunciamos- que se aplique esa estrategia de un modo que castigue a los Estados miembros cumplidores, como lo ha sido Portugal, y no pondere las distancias iniciales y agravadas entre consumos y producciones nacionales. 
Por lo demás, consideramos que no se puede desdibujar la dimensión nacional, sino que se la debe valorizar tanto como la dimensión comunitaria global. 
Lo que hemos plasmado en una propuesta de enmienda nada tiene que ver con renacionalizaciones retrógradas, pues, con cierta ligereza, se arrumban esfuerzos serios para recordar que esa dimensión existe y tiene importancia real en la organización de la vida colectiva. 
Hay que subrayar los aspectos sociales de la reestructuración, sobre todo cuando se conoce la destrucción de medio millón de puestos de trabajo, se ha dado carácter precario al empleo que se conserva y se ve perderse la insubstituible pericia que se ha ido acumulando a fuerza de trabajo. 
La salvación del sector no radica en una liberalización, como panacea universal, en una concentración a un tiempo geográfica y transnacionalizadora, aprovechando la libertina circulación de capitales financieros. 
Radicará, al contrario, en que se den las proporciones y la articulación correctas a los planos nacional y comunitario, en una atención muy particular a las cuestiones sociales, en el marco de una organización del comercio mundial que no sea un mero- pero determinante- instrumento de liberalización sin obstáculos y de concentración sin restricciones. 
Señor Presidente, Señorías, nosotros nos podemos sumar a la felicitación. 
Hay que apoyar el informe del Sr. Caudron, pero también se puede modificar y ampliar, ya que la CECA tiene, como es sabido, dos partes. 
Por un lado, es un ejemplo de una política industrial fuerte, incluida una política de investigación y una política social, que ha conseguido llevar a cabo un cambio estructural completo en el sector mediante una política a largo plazo regulada y selectiva. 
Por otro lado, es el elemento central de un modelo industrial que, como todos sabemos, hace mucho tiempo que se ha convertido en un problema. 
Se trata de un modelo muy monopolizado. 
Nos encontramos con cárteles y con una aristocracia de trabajadores vinculada a ellos. 
Hay ciertas ideas sobre una política de comercio exterior agresiva. 
Todas estas cosas no son especialmente favorables y la Comunidad no puede permitírselas a largo plazo. 
Se trata también de continuar con los elementos positivos de la CECA, pero al mismo tiempo de homogeneizar y suprimir privilegios. 
No se puede aceptar que las reservas de la CECA se manejen como la caja privada de la industria siderúrgica. 
Las materias primas y la energía son cuestiones más generales y habrá que considerar para qué se utilizan. 
Señor Presidente, si actualmente la industria siderúrgica europea vive una situación relativamente satisfactoria, no debemos olvidar la gigantesca sangría que supuso la supresión de cerca de 600.000 puestos de trabajo en el sector durante el transcurso de estos últimos años. 
En veinte años, la siderurgia ha perdido dos terceras partes de sus puestos de trabajo. 
Como responsable sindical en el momento de las grandes reestructuraciones en Francia, soy testigo de los estragos que supusieron- regiones devastadas, familias destrozadas -, pero también he vivido luchas marcadas por una increíble voluntad de salvar a pesar de todo un potencial industrial que fue el orgullo de varias generaciones de trabajadores siderúrgicos. 
Actualmente esta industria se ha modernizado y, digámoslo con franqueza, los aumentos de productividad se han realizado en gran medida gracias a la aportación de las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de producción que, por cierto, condujeron a despidos en masa de trabajadores. 
Allí donde eran necesarias cinco horas en 1986 para fabricar una tonelada de acero hoy sólo se requieren tres horas. 
Naturalmente, la competitividad de nuestros aceros europeos se basa, en gran parte, en nuestras capacidades de investigación y de innovación tecnológica. 
De este modo, se han introducido nuevos mercados, que permiten una mayor flexibilidad, tanto en diversidad de abastecimiento como en volumen de producción. 
Se han reforzado las interconexiones entre los abastecedores de productos metálicos y sus usuarios en la fase posterior del proceso productivo, se han realizado investigaciones conjuntas así como asociaciones en el campo del marketing. 
Pero se me plantean interrogantes al respecto. 
¿Hasta dónde puede llegar el desarrollo de este proceso que no deja de ser necesario para cualquier industria moderna, sin que se ocasionen nuevas supresiones masivas de puestos de trabajo, si al mismo tiempo no se instaura una política de reducción de la duración del trabajo humano y de nuevos métodos de adaptación de la organización del trabajo? 
Efectivamente, la investigación en el campo siderúrgico será también una batalla fundamental. 
La expiración del Tratado CECA y las dificultades de integración de los programas de investigación para el acero en el quinto programa marco de investigación y desarrollo plantean un problema fundamental. 
Por lo tanto, hay que reflexionar acerca de la creación de una estructura destinada a acoger las reservas CECA cuyos intereses servirían para fomentar las innovaciones tecnológicas, así como para el desarrollo de una política social vinculada a la formación y organización del trabajo. 
De modo más genérico, tal como subraya el Sr. Caudron, al que quiero felicitar, la expiración del Tratado CECA no debe traducirse en el abandono sistemático de una política industrial sectorial. 
Sin embargo, esto es lo que puede ocurrir. 
Por último, el futuro de la siderurgia europea está vinculado asimismo al desarrollo de otros sectores industriales, tales como la construcción, el automóvil, etc. Sabemos que estos sectores viven graves dificultades, debido sobre todo a las políticas restrictivas impuestas en el marco de los criterios de convergencia. 
Me temo que esta política nos llevará directamente al sacrificio de la industria comunitaria si no hacemos algo al respecto. 
Señor Presidente, terminaré esta intervención insistiendo igualmente en la necesaria cautela que debemos tener frente a los Estados Unidos en lo relativo a los procedimientos anti-dumping. 
Sin embargo, sobre este punto confío en que la Comisión defienda los intereses de la industria siderúrgica comunitaria. 
Señor Presidente, Señorías, el interesante informe presentado por el Sr. Caudron se articula en dos ejes. 
El informe examina la reestructuración de la industria siderúrgica comunitaria y define el rumbo que debe seguir dicha siderurgia para garantizar su porvenir, que, como subraya el ponente, se sitúa hoy en día y todavía más en el futuro, en un contexto de competencia mundial. 
Recordemos que hasta la fecha trabajan en el sector 320.000 personas en toda la Unión. 
Nosotros nos sumamos totalmente a las orientaciones definidas en este informe para darle una oportunidad duradera a la industria. 
Para ello exigimos que todo el mundo, incluida la competencia, respete las siguientes reglas. 
Las ayudas públicas, si han de existir, no deben convertirse en subvenciones para oxigenar de modo artificial la supervivencia de los productores no competitivos. 
Las prácticas comerciales desleales, tales como el dumping bajo todas sus formas, son inaceptables. 
La Unión debe combatirlas, incluso cuando procedan de países de la Europa oriental. 
Ocurre lo mismo con las medidas proteccionistas unilaterales que algunos Estados miembros ponen en práctica para ciertos productos. 
La investigación es un requisito imprescindible para el futuro de la industria siderúrgica. 
Debemos imperativamente garantizar su financiación más allá del plazo de expiración del Tratado CECA, es decir del año 2002. 
No olvidemos que esta industria también se basa en la innovación, y de ahí la importancia preponderante de la investigación. 
Sólo así podremos forjar el tercer milenio. 
Señor Presidente, se ha dicho hoy, y yo también lo suscribo, que la industria del acero es seguramente un símbolo de la construcción europea. 
Quiero decir que la normativa posterior al Tratado de la CECA debe fijar dos prioridades. Una concierne a la tecnología y la otra, a una verdadera política social. 
Asegurar la competitividad futura de la industria europea del acero es un problema difícil de resolver. 
Hemos de tener presente que sólo con la producción de hierro y acero como primeras materias no podremos conseguir este objetivo, sino que las posibilidades de supervivencia de toda la industria del acero europea dependen de las producciones acumuladas, del conjunto de las instalaciones y del desarrollo adicional de estos productos. 
En Voest Alpine se suprimieron más de 40.000 puestos de trabajo. Tras la privatización, la empresa genera grandes beneficios y proporciona realmente la seguridad que con una combinación... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, en primer lugar y como muchos otros quisiera felicitar al Sr. Caudron por su excelente informe, pero también por mostrar a través del informe la angustia y la ansiedad de las regiones y las poblaciones que viven esencialmente de la siderurgia. 
Ansiedad cuando se ve efectivamente en el horizonte del año 2002 la desaparición de la única política industrial que todavía está en vigor en la Unión Europea, basada en un Tratado que, sin duda, era uno de los modelos de la Comunidad Europea y que, desde entonces, apenas ha encontrado sustitución. 
Peligro, pues, de que desaparezca esta política industrial en el gran mercado interior en el que, como sabemos, reina de modo absoluto la regulación de la competencia, con las consecuencias que vemos en algunos sectores. 
Angustia, asimismo, de cierto número de trabajadores frente a las discriminaciones que afectan muy a menudo a las empresas de capital público. 
Actualmente Les Forges de Clabecq en Bélgica están sometidas a la inquisición de la Comisión y constituyen un ejemplo totalmente destacado de esta discriminación. 
Añadiré que en esta materia, inevitablemente, el informe del Sr. Caudron tampoco ha podido eludir del todo la influencia, muy liberal, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, puesto que ha tenido que admitir el carácter importante y decisivo del Código de ayudas públicas. 
Es indudable que nosotros compartimos este punto de vista, pero ¿por qué hay que mostrarse mucho más indulgente frente a las derivas monetarias y a los laxismos del dumping fiscal? 
En definitiva, estamos ante una situación en la que está en juego el futuro de sectores todavía con una fuerte densidad de empleo, así que espero con mucha impaciencia, las propuestas que hará la Comisión en los próximos meses. 
Hay mucha impaciencia en el sector industrial, pero también, y lo comprenderán, en el ámbito de la investigación, ya que aquí también las ideas y las iniciativas andan revueltas y no siempre de manera coherente. 
Señor Presidente, señor Caudron, gracias por su informe sobre la siderurgia europea. 
Es una industria que ha sufrido una dura reconversión y ha registrado la pérdida de medio millón de empleos en Europa a lo largo de los últimos 20 años. 
En este proceso de reconversión, el nivel de ayudas públicas recibido ha sido desigual, esto también deberá tenerse en cuenta para el futuro. 
Por poner algún ejemplo, algunos Estados han cerrado hasta el 30 % de su capacidad de producción con cifras de ayuda comparativamente inferiores a las recibidas por otros Estados, entre los que, curiosamente, algunos claman con fuerza contra las ayudas públicas. 
Este esfuerzo ha tenido y está teniendo un coste social importante. 
Las últimas reestructuraciones deben llevarse a cabo en las mejores condiciones sociales, utilizando los recursos financieros disponibles y utilizando las reservas CECA para financiar las tareas de I+D pero también las necesidades sociales, como son las prejubilaciones y las indemnizaciones por despido. 
No nos engañemos a nosotros mismos con el eufemismo de la financiación de la investigación social ya que ésta no llega a cubrir más que el 1 % de la investigación total en el sector. 
No es la investigación social la que necesita financiación, sino las ayudas sociales ligadas a las importantes reducciones de las capacidades de producción. 
Los regímenes de ayuda pública deberán ser rigurosos, pero igual de rigurosos que para el resto de sectores productivos competidores de la siderurgia. 
De esta forma, el marco comunitario para las ayudas de I+D deberá ser igualmente válido para el acero. 
No podemos castigar a este sector en relación con los demás. 
Y una última observación, señor Presidente. 
Deben vigilarse las importaciones procedentes de todos los países, especialmente las de los países del Este, en muchos casos realizadas en condiciones de dumping, y fundamentalmente aquellas importaciones que entran a través de países no sujetos a contingentes. 
Los controles deben ser estrictos porque de lo contrario se perjudica a la industria europea, y me atrevería a añadir que a la industria de algunos Estados más que a la de otros, no sea que alguien pueda pensar que cierta permisividad en el dumping de terceros países tiene algo que ver con aspectos de competencia interna en la siderurgia comunitaria. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando al ponente, Sr. Caudron, porque ha elaborado un informe muy completo, que ha abarcado todos los aspectos científicos y sociales de la política de la competencia. 
Sin embargo, creo que él comprenderá que ponga tres objeciones a su excelente informe. 
Tres objeciones que quisiéramos fueran solucionadas en el momento de la votación, aunque yo sé que él tiene la voluntad de aceptar algunas de estas preguntas. 
Me alegra también que esté el Sr. Bangemann porque quiero hacerle una pregunta. 
Estos dolorosos procesos de reconversión se han llevado ya a cabo a lo ancho y a lo largo de la Unión Europea. 
Se han perdido cientos de miles de puestos de trabajos en el norte, pero también en el sur. 
En el norte empezaron antes la reconversión, porque antes crearon la Comunidad Europea y antes se beneficiaron de la filosofía de la CECA. 
Los retardatarios empezaron su reconversión en los años 70, y la empezaron sin las ayudas europeas contempladas dentro de la CECA. 
Por lo tanto, yo no creo que haya retardatarios. 
Yo creo que todo el mundo está cumpliendo su labor y ha aplicado el doloroso bisturí, que ha significado también reducciones. 
Desde el Reino Unido hasta los länder alemanes, de arriba a abajo. 
Y todos con ayudas públicas, todos. 
Y con ingentes ayudas públicas, como ha señalado el Sr. Imaz. 
Por lo tanto, no nos rasguemos las vestiduras y hablemos de ayudas públicas. 
Por otro lado, termina la CECA, con sus ventajas y desventajas, pero no entendemos por qué se va a penalizar a un sector industrial en relación a los demás. 
Por lo tanto, el código de ayudas debería irse acercando ya al régimen general de los competidores. 
Y en último lugar, señor Presidente, no nos olvidemos que en todas partes pueden seguir las readaptaciones y las necesidades de medidas sociales. 
Señor Presidente, como en muchas otras ocasiones, nos encontramos hoy en el Parlamento en situación de poder identificar los problemas, pero quizá no estemos de acuerdo en el modo de solucionarlos. 
Se ha mencionado en varias ocasiones que la industria siderúrgica ha sufrido grandes cambios. 
La Resolución del Consejo de 1993 relativa al cambio estructural, a la reestructuración y a la adaptación de su capacidad ha sido apoyada por varias iniciativas de la Comisión. 
Valoramos a menudo la situación basándonos en nuestro propio país. 
Ya he hablado hoy de la red transeuropea. 
Me gustaría hacer lo mismo otra vez. 
Debemos hacer las valoraciones a nivel europeo. 
Hemos de valorar nuestra capacidad comparándola con la competencia internacional y no sólo con la competencia interna. 
A menudo hemos dedicado más esfuerzos a debatir dentro de la Unión la forma de aplicar las ayudas estatales, es decir, la forma de autoengañarnos, que a averiguar cómo ser competitivos en el mercado internacional. 
Se han dicho muchas cosas buenas sobre el futuro. 
Quiero subrayar que la investigación y el desarrollo de productos son temas decisivos para mí. 
Se habla de adaptación a los mercados. 
Los acuerdos comerciales internacionales tienen de una importancia decisiva para nosotros. 
Un punto que quiero mencionar en relación con el excelente informe del Sr. Caudron es el referente a la situación después del año 2002. 
Hará falta un control estricto de lo que se hace en el mercado interior para seguir otra vez una política común, en vez de gastar fuerzas en investigar si uno engaña al otro. 
Las propuestas de la comisión son buenas, pero quizás la Comisión no... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, el Sr. Caudron ha ofrecido una descripción muy realista de la situación actual y ha presentado una serie de propuestas para responder al desafío de los próximos años que van en la dirección correcta. 
Gracias a Dios, en el momento en el que debatimos esta cuestión la situación general de la industria del acero más bien se ha estabilizado algo. 
Es absolutamente cierto que se han perdido puestos de trabajo en ella, así como en otras industrias básicas que están sometidas no sólo a un cambio tecnológico, sino a una competencia cada vez mayor. 
Los logros conjuntos de la Comisión y de la industria del acero en los últimos años son unos precios relativamente razonables y una cierta seguridad para los puestos de trabajo que se han mantenido, aunque, naturalmente, el proceso de modernización continuará. 
Pero sobre todo hemos conseguido algo que no se puede subestimar: la privatización ha tenido como resultado, especialmente en aquellos países en que la industria del acero estaba estatalizada casi en su totalidad, que cada empresa haga sus propios planteamientos y emprenda sus propios esfuerzos para mantenerse frente a una competencia mundial. 
Esto es decisivo, ya que la competencia se globalizará. 
Habrá que tener más en cuenta a los Estados de la Europa central y oriental y sus industrias siderúrgicas. Se trata, por esta razón, de no volver al estado de cosas en el que una competitividad insuficiente se compensaba con subvenciones estatales. 
Tengo que decir al señor Desama que las consideraciones que ha vertido esta tarde no ayudan ni a Clabecq ni a la industria siderúrgica en general y que el problema no se puede resolver de esa manera. 
Nosotros no hemos iniciado ningún proceso inquisitorial, sino que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones legales. 
En interés de los puestos de trabajo en la industria siderúrgica, hemos de velar por que no se distorsione la competencia a través del pago de subvenciones estatales no permitidas. 
Están en juego los puestos de trabajo en el conjunto de la industria siderúrgica y no se puede llegar y afirmar que la Comisión lleva a cabo un proceso inquisitorial. 
He de rechazar semejante afirmación. 
Nosotros cumplimos con nuestra obligación y, créame, Cablecq ha pedido al Sr. Gandois que elabore un dictamen sobre la manera de recuperar la competitividad. Y sólo existe una posibilidad, que es la inversión en modernización. 
Si se efectúan esas inversiones para modernizar Clabecq, se puede dar por sentado que se recuperará la competitividad. 
La pregunta es, por supuesto: ¿quién va a efectuar esas inversiones si no puede estar seguro de que así se vaya a garantizar la supervivencia de la empresa? 
Esta es la pregunta decisiva. 
Sencillamente, no podemos seguir como hasta ahora, otorgando subvenciones y ocasionando así el cierre de empresas viables porque empresas inviables practican una competencia desleal. 
Le pido, señor Desama, que se exprese con un mayor sentido de la realidad. 
Y lo mismo puedo decir sobre la afirmación de que el Tratado CECA representa la única política industrial. 
Es absolutamente falso y siento tener que decírselo así. 
Esta política industrial está obsoleta desde hace mucho tiempo. 
Se trata de una política industrial intervencionista que se basa en contingentes, en controles de precios y de flujos comerciales y en controles adicionales semejantes. La aplicamos en las primeras crisis siderúrgicas y jamás conseguimos una solución con ella. 
Sólo a partir del momento en que empezamos a aplicar la moderna política industrial que desde hace años defiende la Comisión conseguimos alcanzar una solución razonable a los problemas. Y así, hoy podemos abordar con mayor serenidad las nuevos dificultades. 
No puedo precisar más en este momento la transición del Tratado CECA a la normativa general. 
Está totalmente claro que no vamos a prolongar el Tratado. 
Vamos a recoger en el Tratado la parte de los mecanismos que sea compatible con la moderna política industrial. 
Tenemos que encontrar una solución sobre el uso y destino de las reservas, del dinero que la propia industria siderúrgica ha producido. 
Los Estados miembros parecen deseosos de apropiarse de estos fondos. 
No tienen en cuenta que han sido originados por la industria siderúrgica. 
Por eso necesitamos encontrar una solución que permita utilizar al menos parte de ellos para financiar las necesidades y los objetivos de esta industria, por ejemplo, para investigación y modernización. 
Pero los Estados miembros tienen otras ideas sobre el particular. 
Espero que podamos encontrar una solución razonable con ayuda del Parlamento. 
Lo mismo sucede, por cierto, con el problema con los Estados Unidos. 
Seguimos confiando en alcanzar este objetivo una vez que se haya apaciguado la agitación del período electoral en los Estados Unidos. 
Nos encontramos en una nueva fase de la reconversión, más bien en un período de normalidad en el que contamos con una industria competitiva y en el que hay que mantener esa competitividad. 
No necesitamos reorganizarlo todo de arriba abajo. Tenemos que velar por que en los próximos años no se eche a perder esta competitividad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Redes transeuropeas de telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0222/96) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre la posición común del Consejo (C4-0225/96-95/0124 (COD) ) relativa a la aprobación de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un conjunto de orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones (Ponente: Sr. Hoppenstedt). 
Señor Presidente, Señorías, tengo la suerte de poder hablar en el pleno de hoy, como en el de la última vez, antes de las 12. 
Lo siento por quienes no pueden hallarse entre nosotros y se encuentran sentados en las duras sillas de las cervecerías al aire libre teniendo que beber cerveza y vino fríos. 
Nosotros estamos aquí mucho más a gusto. 
Pero no se trata de eso, sino de las redes transeuropeas de telecomunicaciones, de la presentación de nuestra recomendación para la segunda lectura y de nuestro juicio sobre la posición común. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha aprobado por unanimidad las enmiendas a este informe. 
Para los que no están familiarizados con la materia, permítanme que vuelva a insistir en que, en un mercado interior, en un espacio sin fronteras, ha de garantizarse el tráfico de mercancías, capitales, personas y servicios. 
Las medidas que la Comunidad ha adoptado ya y las que se tomarán en el futuro hacen necesario un intercambio general de información entre personas, operadores económicos y administraciones. 
Esto resulta necesario y en ello estamos trabajando. 
Este intercambio de información sólo se puede garantizar a través de las redes transeuropeas de telecomunicaciones. 
El artículo 129 D del Tratado establece las líneas generales que deben seguir las acciones a realizar con respecto a las redes transeuropeas en materia de objetivos, prioridades y rasgos fundamentales. 
Estas directrices prevén proyectos de interés común. 
Las redes transeuropeas de telecomunicaciones abarcan los tres niveles que conforman estas redes: aplicaciones, redes básicas y servicios genéricos. 
En materia de infraestructura de telecomunicaciones, la posición común favorece la unión de redes, la creación y desarrollo de servicios interoperables y aplicaciones, así como el acceso a los mismos, con el objetivo de facilitar la transición hacia la sociedad de la información, mejorar la competitividad de la industria y acrecentar la cohesión social y económica de la Comunidad. 
Las medidas para alcanzar estos objetivos constituyen el conjunto de proyectos de interés común. 
Una de las prioridades de nuestras enmiendas es precisamente fijar el orden de prelación. No estamos, naturalmente, dispuestos a renunciar a ello. 
Otras prioridades son: informar a la sociedad sobre las ventajas de la utilización de redes transeuropeas y de servicios transeuropeos de telecomunicaciones, fomentar las iniciativas conjuntas destinadas a preparar proyectos en esta materia, apoyar económicamente las diferentes aplicaciones, en especial a las que sean de interés colectivo, estimular la creación de sociedades mixtas con participación privada y estatal y fomentar la oferta y el uso de servicios y aplicaciones en las PYME. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha resaltado especialmente la importancia de los artículos 3, 6 y 7 y ha presentado enmiendas a los mismos. 
Lo más importante para nosotros es una estructura transeuropea de comunicaciones que garantice las posibilidades de desarrollo de la sociedad de la información. 
Con todo, también velamos en nuestras enmiendas y en nuestra lista de prioridades por que se tenga en cuenta de manera especial a los ciudadanos y a sus preocupaciones, por ejemplo, en materia de puntos de conexión del sistema y de carencias y lagunas del mismo. 
Me parece importante que dispongamos en el futuro no sólo de autopistas de la información, sino de aceras y zonas peatonales de la información. 
También tienen una importancia especial para nosotros las iniciativas transfronterizas y suprarregionales, así como la conexión a base de redes de comunicación con los países del Mediterráneo, la Europa central y oriental, la CEI y América Latina. 
Se trata de temas importantes que tienen un lugar destacado en las enmiendas. 
Considero en extremo necesario que el Consejo acepte nuestras recomendaciones, las decisiones que hemos tomado en la segunda lectura, sin más demora porque opinamos que precisamente en la industria siderúrgica y de tecnología de la información subyace un gran potencial de creación de empleo. 
No son puestos de trabajo adicionales, pero son, en cualquier caso, nuevos. Creo que debemos hacer todo lo posible para avanzar en estos campos. 
No nos podemos limitar a confeccionar Libros Blancos y a adoptar grandes decisiones en materia de mantenimiento o creación de empleo. Lo que de verdad necesitamos son estructuras que pretendan crear empleo y estén en condiciones de hacerlo. 
Creo que hemos de acabar de una vez con los falsos debates. 
Hemos de ponernos a trabajar para conseguir verdaderos resultados. 
Creo que la iniciativa de la Comisión contenida en la posición común ofrece perspectivas de sobra para ello. 
La sociedad de la información se desarrollará por sí misma en cualquier caso, pero, si no nos preocupamos de que se respete lo que ya he mencionado, probablemente el ciudadano de a pie quede excluido. 
No creo que se deba llegar a este punto. 
Por eso deseo que el Pleno apruebe la propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Estoy seguro de que esto tendrá lugar de manera relativamente unánime. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar creo que hay que recordar que la propuesta que examinamos, que se apoya en la base jurídica del Título XII del Tratado, pide que la Unión fije las orientaciones, los objetivos y las prioridades así como las líneas maestras de las acciones que han de llevarse a cabo con el fin de ayudar a realizar proyectos relativos a las redes transeuropeas de telecomunicaciones. 
Dichas líneas maestras tienen en particular por objeto la elaboración de la lista con los sectores en los que se lanzarán propuestas destinadas a que aparezcan proyectos, algunos de los cuales recibirán un marchamo de «interés común» y de esa forma podrán recibir ayuda financiera de origen comunitario. 
En febrero de este año, nuestra Asamblea se pronunció en primera lectura, con unas enmiendas que, en algunos casos, eran inaceptables para el Consejo. 
El informe del Sr. Hoppenstedt que hoy debatimos recoge buen número de enmiendas que no podrán contar con el acuerdo de nuestro Grupo. 
Concretamente, recordaré los problemas de comitología y de reparto de responsabilidades entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, la definición de los proyectos que se aprueben, la codefinición del programa conjuntamente con el Parlamento y la cuestión del Comité de Gestión, que se convertirá en un simple comité consultivo. 
En materia de selección de proyectos, tomar en consideración las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo significaría que las decisiones las tomarían conjuntamente el Consejo y el Parlamento. 
Sin embargo, esto es para nosotros inaceptable. 
Asimismo, en lo relativo a la definición de los proyectos, se recoge la obligación de transnacionalidad que, lo recordaré, no impone en absoluto el Tratado. 
Además, nosotros estamos en contra de esta obligación ya que consideramos que los proyectos que en las licitaciones tienen el marchamo de «autopistas de la información» no podrían obtener una extensión comunitaria. 
Por último, a todas las observaciones anteriores hay que añadir la falta de respeto a las reglas de subsidiariedad y las nuevas exhortaciones en materia de prioridad de las opciones y de los plazos de implantación de proyectos. 
Por otro lado, se han añadido nuevas prioridades, algunas de las cuales no creemos que estén legitimadas por ningún tipo de decisión anterior. 
Así pues, mañana nuestro Grupo, respecto a algunas enmiendas, adoptará una postura que se reserva. 
Señor Presidente, la magnitud de la información en nuestra sociedad aumenta hasta lo indecible. 
Tener acceso a la información correcta o saber cómo conseguirlo será una cualidad importante para aquellos que tengan que funcionar en el futuro mercado de trabajo. 
Dos objetivos se presentan como vitales para el desarrollo positivo de la sociedad de la información. 
El primero consiste en la democracia y el derecho de todos a participar y a beneficiarse de las posibilidades que nos brinda la sociedad de la información. 
El segundo, es el derecho a utilizar la tecnología y las redes coordinadas para aprovechar esta actividad, es decir, que hay que dar prioridad a las necesidades del consumidor. 
Es de esto último de lo que trata el informe en especial. 
No obstante, es importante que, en nuestra función de representantes del ciudadano siempre tengamos en cuenta los aspectos de la democracia y de la igualdad justa y equilibrada incluso en nuestros debates sobre cuestiones de un carácter marcadamente técnico. 
Una coordinación eficaz de las redes de telecomunicación facilita la transición a la sociedad de la información. 
La coordinación de las redes es asimismo importante para la realización de diversos programas comunitarios para el desarrollo de la investigación y de la tecnología, programas en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, donde se incluyen los que tienen por objeto el contenido informativo, por ejemplo, INFO 2000 y MEDIA II. 
También deben tomar en consideración las distintas necesidades de grupos de población que quizá no utilicen el sistema en un principio. Se trata de las mujeres, de las personas discapacitadas o personas de regiones despobladas o minusválidos. 
Todos estos grupos deben tener el mismo acceso y posibilidades de utilizar las redes y los sistemas económicos y tecnológicos. 
En el proceso de construcción de postes, de teléfonos y otros equipamientos también es importante que se aplique la mejor tecnología de protección del medio ambiente a nuestro alcance para hacer posible el reciclaje y la recuperación, así como que se impidan los daños que se puedan producir con el uso. 
También hay que prestar atención especial a las repercusiones sociales de la aplicación y utilización de la telemática y de las redes de telecomunicación. 
Algunos de los sectores centrales de aplicación de la telecomunicación en el futuro son, por ejemplo, la formación, la formación a distancia, una mejor comunicación dentro de la actividad pública y privada, el uso de las diversas modalidades de tarjetas inteligentes, el pago electrónico, el correo electrónico y los servicios de vídeo. 
A largo término también creo que se nos abren unas posibilidades ilimitadas de utilizar las redes de comunicación transeuropeas para los servicios universales y comerciales y para la simplificación de la actividad dentro del ámbito del transporte, la compra, la compra al por mayor, la facturación, la actividad de las compañías aseguradoras, los servicios de correos y los bancos, en beneficio de todos los ciudadanos. 
Las posibilidades de unos servicios de telecomunicación perfeccionados a base de sonido e imagen facilitan asimismo la descentralización con la expansión del empleo a nuevas regiones. 
Bien utilizado, señor Presidente, esto puede darnos unos beneficios sociales a través de la disminución del deterioro del medio ambiente. 
Por último, quiero expresar mi satisfacción por la unanimidad registrada en el seno de la comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, la segunda lectura de la posición común de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, vuelve a suscitar la cuestión de la comitología, reclamando un mayor papel y una mayor implicación en la toma de decisiones del Parlamento Europeo en cuanto a la elección de los proyectos de redes informáticas transeuropeas. 
De hecho ¿cómo podría no estar de acuerdo respecto a la democratización de las Instituciones europeas? 
Con relación a este tema de las redes telemáticas permítanme, sin embargo, subrayar la necesidad de procedimientos de toma de decisiones rápidos y flexibles. Precisamente, teniendo en cuenta esta necesidad, encuentro las enmiendas núms. 
Únicamente, deseo mencionarles tres puntos de un discurso del Sr. Hundt, Presidente de la Federal Communication Commission, que pude escuchar en el seno de la delegación parlamentaria Unión Europea/Estados Unidos, según el cual, en los últimos años la FCC no ha hecho otra cosa que desreglamentar el mercado de los servicios telecom en Estados Unidos logrando un extraordinario crecimiento. La FCC ha puesto en marcha una política muy original de venta en subasta del espectro, obteniendo sin ningún esfuerzo y sin ninguna carga para el contribuyente un beneficio de 20.000 millones de dólares. 
Este enfoque pragmático se adapta muy bien a un sector en continua evolución, en el que no cesan los avances tecnológicos y los plazos de inversión suelen ser muy cortos. 
A pesar de que el ejemplo americano, según algunos, no debe seguirse obligatoriamente, porque de lo contrario nos preocuparíamos más de la realización de las infraestructuras y menos de las aplicaciones, me inclino a creer, sin embargo, que Internet y su éxito de basan sobre todo en las inversiones del Departamento de Defensa (DOD) para la red DARPA, así como, por asociación de ideas, el sistema Global Positioning System (GPS) de navegación depende directamente del programa de la guerra de las galaxias (SDI). 
Sigue existiendo, en definitiva, una duda legítima, o sea que, mientras estamos debatiendo acerca de la defensa de la pluralidad lingüística de Europa o los procedimientos de elección de las aplicaciones de interés, estamos perdiendo un tiempo muy valioso en la carrera de las oportunidades. Por lo tanto, confío en una rápida convergencia entre el Parlamento y la Comisión Europea y, paralelamente, en una rápida implantación de las medidas de promoción de las sociedades de la información. 
Señor Presidente, el Sr. Hoppenstedt lo sabe y todos los que intervienen lo saben. 
En el fondo se trata de las enmiendas que el Parlamento ya presentó en primera lectura, que el Consejo rechazó, que ahora se vuelven a presentar y que en esencia se refieren a la cuestión de la participación del Parlamento. 
Este es el núcleo del debate de hoy. 
Puedo entender la posición del Parlamento, pero puedo adelantarles hoy que el Consejo no la aceptará. 
Por lo tanto, se van a encontrar en el procedimiento de conciliación ante la disyuntiva de elegir entre renunciar, al menos en parte, a su posición o mantener este programa que se califica, con razón, de importante. 
Desgraciadamente, ésta es la situación ante la que se encuentra el Parlamento. 
Nosotros les vamos a ayudar tanto como podamos, pero no creo que puedan ustedes conseguir que el Consejo acepte todo lo que van a aprobar mañana. 
Equipos a presión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0217/96) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre la posición común del Consejo (C4-0226/96-00/0462 (COD) ) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión (Ponente: Sr. Meier). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los equipos a presión siguen sometidos a diferentes procedimientos de autorización y de comprobación en los Estados miembros. 
Por ejemplo, las bombonas de gas no pueden transportarse ni utilizarse en todo el territorio comunitario. 
No se debe obstaculizar el libre comercio mediante obstáculos. 
La armonización conduce a la eliminación de los obstáculos y a ella tiende esta Directiva, que no es completa porque se aplica a los equipos con presiones superiores a 0, 5 bar. 
Los recipientes a presión simples están regulados por la Directiva 87/404. 
El transporte de mercancías peligrosas está actualmente cubierto por convenios internacionales. 
Se excluyen los equipos militares, los destinados a empleo en instalaciones nucleares, los oleoductos y los depósitos subterráneos de gas y petróleo. 
Ello no significa, sin embargo, que no se reconozcan los riesgos inherentes a estos equipos. 
Todo lo contrario, en estos ámbitos se requieren normas más precisas y procedimientos de control especiales. 
Solamente se los excluye de este informe debido a sus requisitos específicos. 
Las disposiciones en vigor no cubren todavía determinados ámbitos. 
Debe posibilitarse una mejora del mercado interior sin reducir por ello las normas de seguridad existentes en los Estados miembros. 
Los requisitos básicos relativos a la seguridad, a la protección de la salud y a la higiene para los seres humanos, así como la seguridad para la propiedad en su calidad de bien económico valioso, deben asimismo ser tenidos en cuenta. 
El sector de los equipos a presión sigue siendo en toda Europa un mercado de grandes dimensiones que garantiza puestos de trabajo, que tiene elevados niveles de seguridad y que puede hacer frente con éxito a la competencia en el mercado mundial. 
En el presente informe, así como en las enmiendas, se consideran los siguientes aspectos. 
Hay que comprobar la efectividad de esta Directiva y su aplicación práctica. 
También habría que examinar si no sería conveniente incluir después la Directiva 87/404 sobre equipos a presión simples. 
Se pueden examinar las áreas no incluidas con objeto de determinar si resulta necesaria una reglamentación para las mismas a nivel comunitario. 
Sería deseable que especialistas técnicos participaran en el Comité Permanente de la Comisión. 
Se pondrá énfasis en la seguridad, que es también la cuestión principal para muchas organizaciones europeas de comprobación y para los consumidores, trabajadores y usuarios de equipos a presión. 
Se ha de garantizar la seguridad a través de la comprobación efectuada por organismos autorizados, entidades reconocidas e independientes de inspección y organismos de inspección de operadores. 
También se aborda la denominación CE. 
Para reforzar la seguridad (nadie puede realmente oponerse a ella) , propongo que se acepte también la enmienda nº 10. 
La enmienda nº 12 sirve al mismo propósito. 
También ha de regir un nivel de seguridad general comparable para los nuevos productos a los que no puedan aplicarse las normas armonizadas. 
Quisiera resaltar especialmente que proponemos que los Estados miembros colaboren con las autoridades competentes, porque consideramos que este aspecto es muy importante. 
En cuanto a la última enmienda, relativa al diagrama, hay que mencionar que no se pudo alcanzar ningún compromiso al respecto en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Por eso no debemos aceptarla, para confirmar el compromiso alcanzado en la citada comisión. 
Propongo que se apruebe el informe, con las reservas mencionadas al principio sobre la necesidad de desarrollar ulteriormente la norma y sobre su no aplicación a equipos de presión específicos hasta que se considere necesario elaborar directivas adicionales. 
Doy las gracias por estas horas nocturnas. 
Señor Presidente, Señorías, con la aprobación de la directiva sobre equipos a presión aprobamos una medida que ha de armonizar las disposiciones nacionales vigentes hasta ahora en esta materia. 
Basta considerar el ámbito de aplicación de esta directiva- extintores de incendios, recipientes a presión, válvulas e incluso plantas químicas completas- para darse cuenta de la amplitud del espacio que regula. 
Las empresas están, por lo tanto, interesadas en una normativa armonizadora europea que se oriente a conseguir un alto nivel de seguridad. La presente posición común cumple precisamente este objetivo. 
El ámbito de aplicación de la directiva está constituido por productos que implican un alto porcentaje de riesgo. 
Creo que cualquier otra cosa no sería razonable. 
Quiero resaltar que cualquier modificación de la directiva podría poner en peligro un compromiso que ha costado dos años y medio alcanzar. 
Por eso me parece importante que procedamos con prudencia con las enmiendas. 
También soy de la opinión de que habría que reconsiderar el número 7 del Anexo I, en el que sólo figuran cifras de valores técnicos. 
Mi Grupo, el PPE, piensa que este Anexo de la directiva se aparta de la línea acordada, según la cual no habría que incluir en directivas de este tipo datos puramente técnicos. 
Por este motivo, en la votación de mañana presentaremos una propuesta separada para conseguir por lo menos la reconsideración de este anexo en el procedimiento de conciliación. 
Espero que el Grupo del PSE se sume a esta propuesta para, al menos, posibilitar la conciliación. 
Otro punto digno de mención en esta directiva es el del objetivo de que el fabricante asuma una mayor parte de responsabilidad con respecto a la detección de riesgos. 
Sé que las instituciones técnicas de supervisión tendrán reservas sobre el particular. 
Sin embargo, en nuestra opinión, la detección de riesgos conexos con la fabricación de equipos, así como con su construcción y montaje, se encuadra en la esfera de la responsabilidad del fabricante. 
Por lo tanto, nuestra opinión es que esta directiva también debe contribuir, en relación con el incremento de la propia responsabilidad, a desregular esta materia. 
La desregulación también consiste en esto, y por eso el Grupo PPE acoge con satisfacción la tendencia asociada a esta directiva. 
Señor Presidente, quisiera agradecer muy cordialmente al Sr. Meier el difícil y complicado informe que ha elaborado y que también ha consumido mucho tiempo en el Consejo. 
Lo acabo de comprobar. 
A mediados de 1993, la Comisión tomó la primera decisión sobre el asunto. 
No es ningún reproche al Consejo, sino una muestra de lo complicada que es la materia, sobre todo cuando se reflexiona acerca de procedimientos modernos que garanticen la seguridad. 
Este es el objetivo de la directiva: hay que escoger procedimientos que, por un lado, garanticen un nivel elevado de seguridad y, por otro, no supongan trabas burocráticas innecesarias para la industria del ramo. 
El Sr. Konrad se ha referido a este conflicto de objetivos. 
Las enmiendas son, en parte, mejoras y aclaraciones del texto. 
Así ocurre con las enmiendas nº 1 a nº 7, con la nº9, nº 11, nº 12, nº 14 y nº 15, que aceptamos. 
No podemos aceptar las enmiendas núms. 8, 10, 13 y 17. 
La primera pide que, cuando se trate de equipos de presión de categorías altas, el examen del producto se realice en cada caso por terceros independientes. 
Esto está en contradicción con las disposiciones generales de la directiva y con la decisión del Consejo sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad, que prevén la aplicación de sistemas de garantía de calidad como alternativa a los procedimientos de evaluación de la conformidad. 
Esto se aplica con éxito desde hace mucho tiempo y no queremos renunciar a ello. 
La aplicación de normas armonizadas que pretende la enmienda nº 10 se encuentra, en principio, ya garantizada por medio del nuevo concepto. 
No es por tanto necesario, como se pide en el artículo 10, elaborar un informe adicional. 
Creemos que así no se incrementa la seguridad, sino que más bien se generan las mencionadas dificultades burocráticas adicionales. 
Espero que avancemos más rápido de lo que sido el caso hasta ahora porque, como han dicho los Sres. Meier y Konrad, se trata de una directiva verdaderamente importante que afecta a una parte considerable del mercado interno y con la que deberíamos contar desde hace años. 
Ahora podemos conseguirlo. 
Me he esforzado, en interés del Parlamento y, sobre todo, de los intérpretes en concluir mi intervención antes de la medianoche. 
Le he dejado un minuto disponible al Presidente para que cierre la sesión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas) 
Elogio póstumo 
Señoras y señores, estimados colegas, el 23 de junio de 1996 murió Andreas Papandreu. 
Su larga y grave enfermedad le había obligado cinco meses antes, en la mitad de su tercer mandato, a dimitir de su cargo de Presidente del Consejo de Ministros de Grecia. 
Durante diez años influyó en la política griega como Presidente del Consejo de Ministros y en este período determinó el lugar de Grecia en la Unión Europea. 
No fue un socio cómodo- ni siquiera para sus amigos -, pero tampoco fue Presidente de un país cómodo. 
Sus posturas no encontraron siempre aprobación. Ello se debía a los difíciles vecinos de su país y a una historia llena de quiebros y de contradicciones. 
Sin embargo, como Presidente del Consejo Europeo fue capaz de crear integración en momentos decisivos y de ayudar así a la Comunidad a realizar importantes avances: en 1988 en la aprobación del paquete financiero, que era necesario para conseguir el objetivo del Acta Única Europea. 
En 1994, en la solución de las últimas cuestiones institucionales abiertas, solución que abrió el camino a la admisión de Austria, Finlandia y Suecia en la Unión Europea. 
Andreas Papandreu avivó nuestra comprensión en pro de la importancia de Grecia y en pro del espacio mediterráneo, esta región de tanta importancia estratégica para Europa. 
Andreas Papandreu contribuyó decididamente a reconducir a Grecia hacia la libertad y la democracia después de los oscuros años del régimen de los coroneles. 
Fue uno de los padres de la Grecia democrática que la condujo irreversiblemente hacia la Comunidad y hacia la solidaridad de las democracias europeas e hizo que enraizara en ellas. 
Andreas Papandreu fue capaz de algo que sólo se concede a pocos hombres, en concreto, fascinar a otros hombres a través de su personalidad, a través de su trayectoria vital y a través de su obra vital. 
Para Grecia y para los griegos fue algo más que lo que sus numerosos cargos públicos y sus logros políticos alcanzan a describir. 
Lo ha puesto de manifiesto el impresionante luto de muchos miles de personas que le tributaron los últimos honores en la ocasión de su sepelio. 
Imaginamos la pérdida que para su país significa su muerte. 
Vaya dirigida nuestra condolencia a su familia, a su partido y a su pueblo. 
(El Parlamento, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Ustedes se han levantado en sus escaños para honrar la memoria de Andreas Papandreu. 
Les doy las gracias por ello. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, solicito la palabra por alusiones personales, en virtud del artículo 108. 
Al final del debate de la noche de ayer sobre las redes transeuropeas se produjo un incidente que considero bastante lamentable. 
Yo había criticado, en términos cuya vehemencia no dudo en reconocer, el comportamiento de la Comisión durante los últimos quince días en relación con este asunto, a la vez por su docilidad frente al Consejo y por utilizar un doble lenguaje ante el Parlamento. 
En su respuesta, el comisario Kinnock, en lugar de argumentar sobre el fondo, se limitó a dirigirme una sarta de injurias, que ni siquiera el origen galés del comisario valdría como excusa. 
Me trató sucesivamente de «pesado» e «inmaduro» , y calificó mi intervención de «vacía». 
En cuanto a lo de «pesado» , Señorías, me inclinaría por ser bastante indulgente, ya que mi peso no me permite poner en duda la pertinencia de las palabras del comisario. 
En cuanto a la inmadurez, me inclinaría también por ser bastante indulgente, puesto que esta apreciación procede de una persona que, evidentemente, peca por cierto exceso de madurez. 
Finalmente, en cuanto al último punto, considero que lo que el Sr. Kinnock puede reprocharme no es haber hecho una intervención vacía, como dijo, sino demasiado sustanciosa, ya que expliqué, a continuación de nuestro colega Dell ' Alba, que en realidad entre la carta del 1 de julio que el Sr. Kinnock había dirigido al presidente Cornelissen, y la carta del 12 de julio que dirigió al Sr. Simpson, la Comisión había efectuado un viraje de 180 grados. En efecto, en la primera carta se nos explicaba que no se podía modificar la lista de Essen sin procedimiento de codecisión, y en la segunda se demostraba lo contrario. 
No quisiera atribuir a este incidente más importancia de la que tiene, pero como el Presidente Santer está presente, le rogaría, señor Presidente, le preguntara si él considera normal que cada vez que un comisario es cogido en flagrante delito por utilizar un doble lenguaje, éste prefiera increpar personalmente al diputado que le ha hecho esa observación, en lugar de responderle sobre el fondo de la cuestión. 
Estimado colega, ésta ha sido una declaración personal sobre la base del artículo 108. 
Naturalmente, también transmitiremos esto al comisario, esto está perfectamente claro. 
Por lo demás, quiero afirmar que toda esta Asamblea sólo se compone de personalidades maduras. 
(Risas, aplausos) 
(El Acta queda aprobada) 
Programa de actividad de la Presidencia irlandesa 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el programa de actividades de la Presidencia irlandesa del Consejo. 
Es para mí un gran placer dar la bienvenida al Sr. Spring, Tánaiste y Presidente en ejercicio del Consejo, que presentará el programa de actividades de la Presidencia irlandesa. 
La Presidencia irlandesa se enfrenta a tareas formidables, pero se ha preparado bien. 
En el Parlamento Europeo esperamos con interés poder colaborar activamente con usted y con sus colegas durante los próximos seis meses. 
Pero, permítame añadir que en el Parlamento Europeo somos perfectamente conscientes de su preocupación por las inquietudes que siente toda la población irlandesa tras los recientes acontecimientos que han tenido lugar en Irlanda del Norte. 
El proceso de paz, que se inició hace dos años gracias al valor y la determinación de los Gobiernos irlandés y británico y de los líderes de la comunidad de Irlanda del Norte, ha sufrido un grave revés en las últimas semanas. 
En esta Asamblea ya hemos dejado constancia de nuestro pesar por la reciente reanudación de la actividad terrorista por parte del IRA, y hoy lo repetimos una vez más. 
(Aplausos) Durante los últimos días, los disturbios y la violencia han vuelto a adueñarse de las calles de Irlanda del Norte; la confrontación sectaria pone en peligro el avance hacia la paz. 
En este Parlamento mantenemos firme nuestro apoyo a usted y a todos aquellos que como usted se esfuerzan por conseguir la paz y la reconciliación. 
Instamos encarecidamente a todas las fuerzas democráticas, a ambos Gobiernos y a los líderes comunitarios que redoblen sus esfuerzos y den una nueva señal de esperanza al proceso de paz mediante la reanudación de las conversaciones entre todas las partes. 
La semana pasada, dos de nuestros Estados miembros, Francia y Gran Bretaña, recibieron la visita de Estado de Nelson Mandela. 
La enorme efusión de afecto y respeto que el público dedicó al Presidente sudafricano fue, evidentemente, para celebrar su papel como arquitecto de un nuevo país democrático y libre, aunque fue también en reconocimiento de la reconciliación que él llevó a su país. 
Tras haber padecido persecución, violencia y discriminación durante años, predica la paz, la amistad y el perdón. 
No olvida- no puede olvidar- el pasado, pero está construyendo el futuro. 
Es el mensaje más poderoso de reconciliación y esperanza; es un mensaje que en Europa no podemos pasar por alto; es un mensaje que toda la comunidad de Irlanda del Norte debe escuchar. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señoras y señores, antes de iniciar mi declaración sobre el programa de actividades de la Presidencia irlandesa del Consejo, quisiera expresar mi agradecimiento por sus palabras de apoyo en relación con Irlanda del Norte. 
Es un asunto de máxima preocupación para mí, no sólo como ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, sino también como Presidente en ejercicio del Consejo, en cuya capacidad me dirijo hoy al Parlamento. 
Como saben sus Señorías, los acontecimientos ocurridos durante estos últimos días han conducido a una grave inestabilidad en Irlanda del Norte y han puesto en peligro los importantes logros alcanzados por el proceso de paz durante los dos últimos años. 
El origen de los recientes disturbios está profundamente enraizado en las divisiones fundamentales que existen en Irlanda del Norte, y que deben ser abordadas mediante la reanudación de las relaciones en Irlanda del Norte, en la isla de Irlanda, entre los pueblos de Gran Bretaña e Irlanda, y mediante un acuerdo sobre el establecimiento de nuevas instituciones y estructuras que contemplen las relaciones en su totalidad. 
Nada puede justificar la violencia y la intimidación que se han desatado durante estos últimos diez días. 
Puede que la violencia sea un desfogue de la frustración, pero lo único que conseguirá será agravar una situación de por sí mala, y no solucionará los problemas que subyacen en su origen. 
La solución sólo se encontrará a través del diálogo, la negociación y el compromiso. 
Es fundamental que se restablezca rápidamente la supremacía de la política sobre la violencia callejera, que prevalezca el estado de Derecho y que se imparta el control policial con imparcialidad. 
Es necesario encontrar una solución al tema de los desfiles contenciosos que han provocado los recientes disturbios. 
Los Gobiernos irlandés y británico han acordado celebrar mañana una reunión extraordinaria de la Conferencia Intergubernamental Anglo-irlandesa en la que se abordarán los recientes acontecimientos y el tema de los desfiles, incluida la revisión anunciada por el Gobierno británico. 
Ambos Gobiernos reanudarán sus esfuerzos conjuntos para llegar a un acuerdo político de gran alcance que esté basado en una paz duradera y para avanzar en la cimentación del Acuerdo Anglo-irlandés, la Declaración Conjunta y el documento marco. 
Las negociaciones pluripartidistas lanzadas por ambos Gobiernos el 10 de junio brindan una oportunidad sin precedentes para alcanzar dicho acuerdo. 
El Consejo insta a las partes interesadas que negocien de buena fe sobre la base de unos medios exclusivamente pacíficos y el rechazo de la violencia. 
Hace un llamamiento a todos los participantes para que se abran al establecimiento de nuevas relaciones basadas en la igualdad de trato, la paridad de estima y la adaptación de los derechos y las tradiciones de todos. 
Permítame concluir estas breves observaciones expresando la esperanza de que la inspiración que sustentaba a los padres fundadores de la Unión Europea, su determinación a construir la paz en la diversidad y de prohibir para siempre las divisiones violentas del pasado, sirva también para inspirar a los pueblos de Irlanda del Norte y a los Gobiernos británico e irlandés en los desafíos a los que actualmente nos enfrentamos. 
La Presidencia irlandesa del Consejo de Ministros de la Unión Europea comenzó el 1 de julio. 
No obstante, ninguna Presidencia comienza realmente hasta que no presenta su programa de prioridades ante el Parlamento Europeo. 
Acudo aquí hoy para presentar las prioridades de la Presidencia irlandesa. 
Y acudo aquí hoy para recomendarles a ustedes dichas prioridades que, estoy seguro, el Parlamento comparte. 
La Presidencia irlandesa tiene lugar en unos momentos en que la Unión Europea se enfrenta a desafíos excepcionales. 
Debemos traducir el crecimiento en puestos de trabajo. 
Debemos abordar los retos de la globalización y asegurarnos de que estaremos preparados para afrontar dichos retos. 
Debemos ocuparnos de las preocupaciones de los ciudadanos en lo relativo a su seguridad personal. 
Debemos conseguir avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria. 
Debemos preparar la ampliación. 
Debemos impulsar la labor de la Conferencia Intergubernamental. 
Y, lo más fundamental de todo, debemos mantener y reforzar el enorme logro que supone la Unión Europea. 
El Parlamento Europeo deberá desempeñar un papel destacado en la tarea de garantizar que la Unión pueda superar los retos que se le presentan durante la próxima década y más allá. 
En su calidad de políticos elegidos por el pueblo, ustedes saben cuáles son esas preocupaciones. 
Ustedes saben que nuestros electores tienen derecho a un empleo seguro. 
Ustedes saben que nuestros electores tienen derecho a unas calles más seguras. 
Ustedes saben que nuestros electores tienen derecho a una gestión seria de sus fondos. 
Y más fundamentalmente, ustedes saben que nuestros electores quieren una Europa en paz. 
Ustedes saben lo que nuestros pueblos quieren y a lo que tienen derecho. 
Y en lo que se refiere al principal logro de la Unión Europea; 
Europa vive en paz, a vivido en paz a lo largo de los últimos 50 años. 
Cuando contemplo esta sala de izquierda a derecha, sé que es inconcebible que Europa vuelva jamás a estar en guerra consigo misma. 
La Unión Europea, por consiguiente, ha superado la primera y más fundamental de las pruebas. 
La Unión Europea se ha fijado metas adicionales. 
El mercado único ha reforzado la lógica de la Unión Económica y Monetaria. 
Se ha confirmado el 1 de enero de 1999 como la fecha en que se iniciará la tercera fase de la UEM. 
Hemos podido comprobar las ventajas de la estabilidad monetaria en la bajada de los tipos de interés. 
Se ha aceptado el mensaje de que los fondos saneados tienen un enorme impacto sobre la creación de una economía saneada. 
Lo que ahora debemos hacer es traducir dichos beneficios en puestos de trabajo seguros y destinar mayores recursos a incrementar la seguridad en las calles. 
La Presidencia irlandesa pondrá un enorme énfasis en el empleo. 
El empleo es, en primer lugar, competencia de la acción nacional. 
No obstante, actuando juntos podemos reforzar considerablemente los esfuerzos nacionales. 
Esto es especialmente cierto en una economía cada vez más global, como demuestran las conclusiones de la cumbre del G7. 
La Unión Europea proporciona un terreno cada más amplio en el que los Estados miembros pueden cooperar, coordinar sus esfuerzos y aprender de la experiencia de los demás. 
La creación de empleo es el principal desafío para todos nuestros gobiernos. 
Es la mayor preocupación de nuestros electores, como ustedes bien saben. 
El Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo de la Comisión establece las líneas directrices. 
Las sucesivas cumbres del Consejo Europeo de Essen, Cannes, Madrid y Florencia han proporcionado el marco. 
Nosotros elaboraremos el Segundo informe conjunto sobre el empleo para el Consejo Europeo de Dublín que se celebrará en diciembre. 
Haremos hincapié, en particular, en las necesidades de los marginados: de los jóvenes, de los parados de larga duración y de las mujeres desempleadas. 
La Presidencia irlandesa también impulsará las ideas del Pacto de confianza a favor del empleo que fue lanzado por el Presidente Santer. 
Añadiremos nuestra experiencia nacional en el ámbito del empleo en nuestro país. 
Queremos que se apruebe el Programa plurianual para las pequeñas y medianas empresas. 
Promoveremos activamente la competitividad de las empresas e impulsaremos la adaptación a la Sociedad de la información. 
El crimen organizado es la lacra de las sociedades modernas. 
El narcotráfico es una de sus peores manifestaciones. 
Este aspecto se hizo patente recientemente en Irlanda con el asesinato de una valiente periodista que investigaba valerosamente actividades delictivas. 
El asesinato de Veronica Guerin es un testimonio del poder de la palabra y de la verdad. 
Ella destapó el mal. 
Gente mala la asesinó. 
Las manifestaciones de pésame en Irlanda y en el extranjero por su asesinato hacen palpable la necesidad de perseguir con más ímpetu a esa gente mala que está dispuesta a perpetrar actos como éste. 
Los temas de Justicia y Asuntos de Interior continúan siendo, en gran medida, competencia nacional de los Estados miembros. 
No obstante, debemos garantizar que la Unión se suma a los esfuerzos que se emprenden a nivel nacional en la lucha contra el crimen y, especialmente, el narcotráfico. 
Debemos asegurarnos de que los delincuentes no abusan de las cuatro libertades del mercado único y que dichas libertades no se convierten en oportunidades para violar la ley. 
Debemos garantizar que los instrumentos de que disponemos a nivel nacional, internacional y de la Unión Europea son utilizados y coordinados al máximo. 
La Presidencia irlandesa se centrará en una serie de actividades durante los próximos seis meses. 
Por ejemplo, queremos ver culminado el Convenio Europol y que se firme el Convenio de extradición; queremos que exista mayor cooperación entre los laboratorios forenses nacionales; mayor cooperación en el área de las fronteras exteriores; queremos que los delitos graves de narcotráfico se castiguen con penas lo más altas posible dentro de la legislación de cada Estado miembro; queremos que exista mayor cooperación entre los cuerpos policiales y los servicios aduaneros, y queremos que se incremente la cooperación entre los servicios aduaneros y el sector privado. 
Estamos seguros de que también el Parlamento Europeo cumplirá con su deber de dar una respuesta firme a nivel europeo al problema de la droga. 
En particular, espero que acelere su consideración del Programa comunitario sobre la drogodependencia para que pueda entrar en vigor cuanto antes. 
En lo relativo a otros temas en materia de Justicia y Asuntos de Interior, la Presidencia irlandesa intentará mejorar la colaboración entre los Estados miembros en áreas como control policial, aduanas, inmigración, política de asilo y cooperación judicial. 
En respuesta, en particular, a las inquietudes manifestadas por el Parlamento Europeo, la Presidencia impulsará las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia sobre el tráfico de mujeres, celebrada en Viena en junio de 1996. 
Continuaremos trabajando en el Programa de acción sobre inmigración y asilo. 
Y en los ámbitos de la droga y de Justicia y Asuntos de Interior analizaremos detenidamente los actuales acuerdos de provisión de fondos. 
Tanto el tema de la droga como el del empleo son de una importancia enorme e inmediata para toda la sociedad europea. 
Pero la Unión Europea también está desarrollando su labor para garantizar una sociedad equitativa, tolerante e inclusiva, una sociedad que anime a sus miembros más débiles, incluidas las personas minusválidas. 
Tiene responsabilidades en los ámbitos de salud pública, asuntos sociales y cooperación cultural. 
También tiene responsabilidades en los sectores de educación, juventud e investigación. 
Intentaremos avanzar en todos ellos. 
El papel que desempeña la Unión en la política de medio ambiente es eficaz y valioso. 
Mi país se ha beneficiado considerablemente del desarrollo de las actividades de la Unión en este ámbito. 
Se han incrementado los niveles. 
Ha aumentado la concienciación. 
Los ciudadanos conocen mejor sus derechos y obligaciones. 
El medio ambiente es, por consiguiente, un ámbito de especial interés para nuestra Presidencia. 
Llegamos, a continuación, a la Unión Económica y Monetaria. 
La Presidencia irlandesa se propone presentar un avance sustantivo al final de su mandato. 
El mantenimiento de la estabilidad en la tercera fase y la relación de los tipos de cambio entre el euro y las demás monedas de la UE constituirán el principal centro de atención. 
Nos hemos propuesto completar el trabajo técnico preliminar sobre el marco jurídico del euro antes de que finalice 1996. 
Y el Consejo Europeo de Dublín confirmará el 1 de enero de 1999 como el inicio de la tercera fase de la UEM. 
El mercado único es uno de los grandes logros de la Unión Europea. 
El programa sobre el Libro Blanco está prácticamente acabado. 
Pero el mercado único no está completo. 
Para consolidar el crecimiento y el empleo debemos eliminar aquellos aspectos de divergencia que aún subsisten en nuestras economías. 
El Pacto de confianza por el empleo del Sr. Santer hace hincapié en la necesidad de consolidar el mercado interior para crear empleo. 
Con este fin, la Presidencia irlandesa intentará acelerar la aprobación del estatuto para las compañías europeas y el marco jurídico para los inventos en biotecnología. 
También impulsaremos los trabajos sobre el mercado interior en los sectores de la electricidad, el gas y las telecomunicaciones. 
La Unión Europea debe garantizar la aplicación estricta de las políticas de la Unión para garantizar la competencia justa, evitando la concesión de subvenciones estatales ilegales y la aparición de monopolios. 
Se proseguirá activamente la labor que se desprende del informe de la Comisión sobre la eficacia del mercado interior, al igual que la Iniciativa Ciudadanos de Europa. 
La Política Agrícola Común continúa siendo piedra angular de la Unión, y en este ámbito tenemos un programa considerable. 
El restablecimiento de la confianza en el sector del vacuno será un punto importante de atención durante nuestra Presidencia. 
Mi país exporta el 85 % de su producción de carne. 
Por consiguiente, comprendemos la importancia de que en Florencia se haya fijado un itinerario para solucionar la crisis de la EEB. 
La gestión acertada de este asunto exigirá la cooperación y la solidaridad de todos los Estados miembros. 
Intentaremos garantizar que el tema se aborda de conformidad con los criterios científicos ajenos al ámbito político. 
Desde la última Presidencia irlandesa en 1990, el contexto en el que opera la Unión Europea ha experimentado un profundo cambio. 
La Unión se ha ampliado a quince Estados miembros. 
Ha recibido las solicitudes de adhesión de otros doce Estados. 
Los desafíos y las responsabilidades de cara al exterior a los que la Unión debe hacer frente también se han hecho más complejos y exigentes. 
La Unión ha intentado dar respuesta, principalmente, mediante su compromiso de entablar relaciones de asociación y respeto mutuo con sus países vecinos de Europa y con otras regiones. 
El establecimiento de una Política Exterior y de Seguridad Común mediante el Tratado de la Unión Europea representó un avance significativo para dotar a la Unión de la capacidad necesaria para perseguir dichos objetivos con mayor eficacia. 
A pesar de que las tareas que ahora hereda Irlanda, al asumir la Presidencia, en el ámbito de las relaciones exteriores se han hecho más intimidadoras, nos inspiraremos en la labor llevada a cabo por anteriores Presidencias y por el papel desempeñado por el Parlamento Europeo. 
Es nuestro objetivo, como Presidencia, impulsar el desarrollo de una Europa que esté abierta al mundo y que contribuya activamente a la paz, a la seguridad y a la solidaridad internacional. 
Haciendo avanzar los objetivos de la PESC en lo relativo a la promoción de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos será importante en ese sentido. 
Una de nuestras principales prioridades es intentar lograr el apoyo activo de la Unión para que se cumplan plenamente las iniciativas de paz en la antigua Yugoslavia, y contribuir a los esfuerzos para evitar una vuelta a las trágicas circunstancias que han asolado la región durante los últimos años. 
Entre los temas cruciales se incluirá la celebración de elecciones libres y justas en Bosnia y Herzegovina bajo los auspicios de la OSCE, reconstruir la economía, crear las condiciones necesarias para que regresen refugiados y garantizar que se respetan plenamente los derechos humanos y los derechos de las minorías. 
Intentaremos desarrollar el diálogo político con nuestros socios en el ámbito de la seguridad. 
También nos propondremos continuar y desarrollar eficazmente la cooperación entre la UE y la UEO en base al Tratado de la Unión Europea. 
En su cumbre de Lisboa que se celebrará en diciembre, trabajaremos para fortalecer el papel de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea como foro paneuropeo para la seguridad. 
En cuanto a nuestro sistema de seguridad mundial, es fundamental reformar y garantizar la financiación de las Naciones Unidas. 
La no proliferación nuclear y el desarme, el reforzamiento de las prohibiciones de armas químicas y biológicas y dar mayor relieve al armamento convencional seguirán siendo temas prioritarios para la Unión durante nuestra Presidencia. 
También intentaremos impulsar al máximo el movimiento internacional en apoyo de la prohibición de las minas antipersonal. 
A la luz de las ayudas que concede la Unión al proceso de reformas, daremos prioridad a profundizar en las relaciones de la Unión con Rusia y ayudar a ese país en su transición política y económica. 
Nos mantendremos atentos a cómo evoluciona la situación en Chechenia. 
También dedicaremos atención a Ucrania, dada su condición de país bisagra en la región. 
Daremos prioridad a la reanudación de los esfuerzos que la UE viene realizando en apoyo del proceso de paz en Oriente Próximo, en estrecha colaboración con los copatrocinadores del proceso. 
El papel de la UE en este ámbito debe ser proporcional al nivel de los recursos económicos que ésta se ha comprometido a aportar para apoyar el proceso de paz. 
También intentaremos hacer avanzar la asociación euro-mediterránea que brinda la oportunidad de entablar un diálogo de gran alcance y de cooperar con los países de la región mediterránea. 
Las relaciones transatlánticas tienen una importancia fundamental tanto para la UE como para los EE.UU. así como para la paz y la prosperidad en todo el mundo. 
Por consiguiente, atribuiremos especial importancia al fiel cumplimiento de la agenda UE-EE.UU. y del Plan de acción. 
Intentaremos garantizar mayor cooperación en una serie de asuntos de política exterior. 
El sistema de comercio multilateral es de vital importancia para todos nosotros. 
Trabajaremos estrechamente con los Estados Unidos para fortalecer el sistema- especialmente en el contexto de la Primera Conferencia Ministerial de la OMC. 
Y cooperaremos con los Estados Unidos en varias otras áreas, entre las que se incluye la lucha contra el crimen organizado. 
Nos esforzaremos por continuar fortaleciendo y desarrollando las relaciones con Canadá. 
Los preparativos para la Primera Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se celebrará en Singapur el próximo mes de diciembre es una misión de gran responsabilidad para nosotros. 
Necesitamos consolidar y desarrollar el sistema de comercio multilateral. 
La Unión Europea debe contribuir a este fin. 
La prevención de conflictos y el desarrollo de nuestras relaciones institucionales con organizaciones regionales como la Organización para la Unidad Africana y la Comunidad para el Desarrollo del Sur de África serán los puntos centrales a los que encaminaremos nuestros esfuerzos en lo que a África se refiere. 
También atribuiremos la debida atención al fortalecimiento de las relaciones económicas y políticas de la Unión con Asia, al estrechamiento de las relaciones con los países de América Latina y de Australasia, y al mantenimiento de los esfuerzos encaminados a estrechar el vacío que existe entre ricos y pobres en base al desarrollo sostenible. 
La ampliación es una oportunidad histórica para la paz y la prosperidad en Europa. 
La Unión Europea ha demostrado estar preparada para aprovechar esta oportunidad. 
El proceso preliminar para la ampliación ya está en marcha. 
El Consejo Europeo de Madrid, prosiguiendo la labor realizada en Copenhague y Essen, tomó una serie de decisiones de primera magnitud. 
Encomendó a la Comisión que acelerara la elaboración de su Opiniones sobre las solicitudes de adhesión. 
Encomendó a la Comisión que se embarcara en la elaboración de un documento compuesto sobre la ampliación. 
Y encomendó a la Comisión que profundizara en la evaluación de los efectos de la ampliación sobre las políticas comunes e iniciara un análisis minucioso del sistema financiero de la Unión a partir de 1999. 
En el Consejo Europeo de Madrid se estableció asimismo el principio que los países aspirantes deberán recibir todos el mismo trato. 
En nuestra calidad de Presidencia, ofreceremos todo nuestro apoyo y estímulo a la Comisión en el desempeño de su labor en estos ámbitos. 
Esperamos con interés el informe de la Comisión sobre el avance de los trabajos que presentará en el Consejo Europeo de Dublín de diciembre. 
Mientras tanto, aprovecharemos al máximo las oportunidades que ofrece la estrategia de preadhesión a la Unión y, en particular, los mecanismos de diálogo estructurado. 
Nos aseguraremos de que los países aspirantes continúan teniendo un papel importante en las negociaciones sobre asuntos de interés mutuo y de preocupación común. 
Paso a continuación a la Conferencia Intergubernamental. 
Nuestra Presidencia no consiste solamente en gestionar la Unión tal y como es, sino que además deberá contribuir a dar forma a la Unión del futuro. 
El Consejo Europeo de Florencia estableció un mandato desafiante para la Conferencia Intergubernamental durante la Presidencia irlandesa. 
En línea con Florencia, nuestro objetivo será presentar al Consejo Europeo de Dublín de diciembre las líneas generales para un proyecto de revisión de los Tratados. 
Los objetivos generales de la CIG son los siguientes: 
acercar la Unión a los ciudadanos; -fortalecer y ampliar el alcance de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión, y-garantizar el funcionamiento eficaz de las instituciones al tiempo que se respeta su equilibrio, así como la eficacia del proceso de toma de decisiones.La Presidencia irlandesa trabajará con ahínco para alcanzar estos objetivos y proseguir el buen trabajo de la Presidencia italiana. 
Dependemos, naturalmente, del compromiso de todos los socios. 
Lo que queremos es entrar directamente en la fase de negociaciones consistentes. 
De hecho, ya se ha iniciado este proceso y estamos intentando centrar las negociaciones, en la medida de lo posible, en proyectos de textos del Tratado. 
Sé que el Parlamento Europeo apoya firmemente los objetivos de la CIG. 
Sé que el Parlamento Europeo apoya el enfoque de la Presidencia de entrar ahora en la fase negociadora con vistas a lograr un resultado ambicioso de la CIG, que beneficie los intereses de la Unión Europea en su conjunto. 
Quisiera subrayar nuestro agradecimiento al Parlamento Europeo por su contribución a la CIG. 
La Presidencia irlandesa espera con interés poder colaborar estrechamente con el Parlamento Europeo durante su mandato. 
La necesidad de transparencia en el seno de la CIG y en otras áreas de actividades de la Unión continúa siendo un centro importante de atención. 
La Presidencia irlandesa hará todo lo que esté en sus manos para garantizar la máxima apertura y transparencia. 
Actualmente nos enfrentamos a la tarea de explicar a nuestros ciudadanos el resultado de la CIG y las implicaciones de la ampliación. 
También debemos asegurarnos de que la sociedad comprende perfectamente qué es la UEM. 
Como políticos, sabemos que la comunicación es fundamental si queremos que los ciudadanos acepten los numerosos cambios que se producirán en la Unión a partir de ahora y hasta finales de siglo. 
La agenda de la Presidencia irlandesa es compleja y polifacética. 
En medio de toda esta complejidad, sin embargo, debemos darnos cuenta de que somos una Unión de quince Estados miembros, en la que cada uno contribuye a su modo al progreso general de la empresa común. 
Con esta idea en mente, la Presidencia irlandesa desempeñará sus responsabilidades. 
Durante los próximos seis meses, Irlanda se enfrenta al desafío y al privilegio de ostentar la Presidencia del Consejo de Ministros para los quince Estados miembros. 
El Parlamento Europeo es un Parlamento para los pueblos de toda la Unión Europea, para los pueblos de todos los Estados miembros. 
Juntos, ustedes en el Parlamento y nosotros en el Consejo de Ministros, representamos el interés común y los intereses de todos. 
Tenemos que trabajar juntos para alcanzar el objetivo común de defender los intereses de nuestros ciudadanos. 
La Unión Europea se mantiene expectante, y con razón, ante la perspectiva de una asociación de veintisiete o más Estados miembros. 
Como parte de la preparación para la ampliación, nos sentimos involucrados en el proceso de la CIG. 
La ampliación y la CIG constituyen el centro de atención idóneo de la Unión Europea. 
Son el centro de atención de una comunidad de Estados miembros. 
No debemos perder de vista el espíritu de lo que somos ni de lo que seremos. 
Debemos continuar reconociendo los intereses que todos compartimos. 
Juntos debemos avanzar hacia nuestras metas comunes. 
Debemos colaborar unos con otros con un espíritu de cooperación y en el interés de todos y en el interés de aquellos que desean unirse a nosotros. 
Si ahora perdemos de vista este espíritu de compromiso común, ¿cómo podemos aspirar a crear una comunidad o una Unión de veintisiete o más Estados miembros? 
La fuerza de esta Unión nuestra ha sido nuestra voluntad de escuchar y de aprender, de insistir y de adaptarnos, de compartir y de apoyar. 
Sin estos atributos, la Unión Europea- independientemente del número de Estados miembros- no tendrá mucho futuro. 
Les he presentado nuestras prioridades para los próximos seis meses. 
Representan las prioridades de la Unión Europea en su conjunto. 
Sé que el Parlamento Europeo comparte los objetivos comunes que se han establecido y que intentaremos alcanzar durante los próximos seis meses. 
Al establecer las prioridades, hemos consultado ampliamente a las instituciones de la Unión Europea. 
Nos hemos esforzado por garantizar que las opiniones de la Comisión y del Parlamento Europeo son tenidas en cuenta. 
Trabajaremos estrechamente con el Parlamento Europeo. 
Continuaremos asegurándonos de que el papel crucial que desempeña el Parlamento Europeo sea reconocido. 
En calidad de Presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea, quiero asimismo pedirles a ustedes, diputados al Parlamento Europeo que nos ayuden a garantizar el avance de la agenda de la Unión durante los próximos seis meses. 
No podremos alcanzar los objetivos que nos hemos fijado sin ustedes. 
Buscamos el apoyo y la ayuda constantes del Parlamento para alcanzar nuestra meta común: una Europa que funcione para todos. 
D 'fhás agus d' fhorbair an tAontas Eorpach ón mbunsmaoineamh «Comhphobal». 
Ó na caogaidí anuas, rugadh agus tógadh fís na hEorpa le spriorad na meithle, sé sin le rá, tíortha móra agus beaga ag comhoibriú le chéile mar dlhúth-chomharsana. 
Tá príomh-aidhmeanna Uachtaránacht na hÉireann socraithe agam do na sé mhí atá le teacht; déanfaimid ár ndícheall i dtreo Aontais níos fearr a bhunú don todhchaí. 
I spiorad an chomhphobail «is ar scáth a chéile a mairimid, » agus is mar thoradh ar ár gcomhoibriú laethúil go bhfuil Aontas cruthaithe againn anois atá níos treise ná iomlán a rannpháirteanna. 
Ní hé sin le rá gur féidir linn anois ár scíth a ligean, caithfimid leanúint ar aghaidh leis an dea-obair ag tarraingt ar Eoraip atá níos éifeachtaí fós, Eoraip atá ag obair don uile dhuine. 
(Traducción: La Unión Europea tiene sus raíces en el concepto de comunidad. 
Este espíritu ha calado en la visión de Europa desde los años cincuenta hasta nuestros días, una Europa de buenos vecinos y buena vecindad, países grandes y pequeños que trabajan unidos. 
He presentado las prioridades de nuestra Presidencia irlandesa para los próximos seis meses; haremos nuestra aportación a la construcción de una Unión mejor para el futuro. 
En la mejor tradición de vivir en comunidad, no estaremos solos en el cumplimiento de esta tarea; gracias al esfuerzo compartido, la Unión que hemos creado es mayor que la suma de sus partes. 
No nos dormiremos sobre nuestros laureles, sino que continuaremos avanzando hacia una Europa más eficiente, hacia una Europa que funcione para todos.) 
Señor Presidente, es para mí un placer dirigirme a la Asamblea en un gran idioma. 
Gracias. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
Señor Presidente del Consejo, muchas gracias. 
Le damos también las gracias por este ejemplo que nos ha dado usted de la variedad lingüística y cultural de Europa. 
Señoras y señores, se procede ahora al debate. 
Comenzará la Sra. Malone en nombre del Partido de los Socialistas Europeos. 
Señor Presidente, es para mí un gran honor dar, en nombre de mi Grupo, al Sr. Spring, Tánaiste y Presidente en ejercicio del Consejo, una céad mile fáilte al Parlamento Europeo, y deseo felicitarle por el programa de actividades tan minucioso que ha presentado. 
Permítame decirle que ya puede quitarse los auriculares, porque proseguiré en inglés. 
También deseo felicitarle, señor Spring, por el éxito que tuvo la semana pasada al conseguir poner fin a la situación de impás del programa MEDA. 
Esta quinta Presidencia irlandesa tiene lugar en unos momentos en que la Unión se enfrenta a unos desafíos excepcionales, entre los que se incluye la preparación de la Unión Económica y Monetaria, la ampliación y la revisión de los Tratados. 
Deseo manifestarle mi reconocimiento, señor Spring, por los esfuerzos que ha realizado personalmente en su afán por lograr la reconciliación en Irlanda del Norte a menudo en circunstancias muy difíciles. 
En este Parlamento apoyamos sus esfuerzos encaminados a devolver la credibilidad al proceso de paz y también al proceso político. 
¿Puede garantizarnos que el Consejo cumplirá íntegramente su parte, como han hecho la Comisión y el Parlamento, para movilizar los recursos de la Unión Europea en la búsqueda de una solución pacífica a este conflicto de Irlanda del Norte? 
Volviendo ahora a las prioridades que usted ha expuesto para su Presidencia, estamos completamente de acuerdo con el énfasis que ha puesto en la lucha contra el desempleo, el crimen organizado, la droga y el fraude. 
Pero el auténtico desafío de la Presidencia irlandesa será obtener resultados concretos con el fin de que dichas aspiraciones no se queden en papel mojado. 
En cuanto al empleo, espero que el grupo de trabajo de alto nivel que se acaba de crear para que examine el tema de la financiación de las redes transeuropeas, presente su informe lo antes posible. 
En lo relativo a la CIG, es importante que el proyecto de tratado que se está elaborando no esté basado en el principio del menor denominador común. 
Necesitamos que la revisión del Tratado sea realmente relevante para las necesidades de la gente sencilla. 
Dicha revisión deberá incluir, por ejemplo, la creación de un servicio de guardacostas europeo que luche contra el problema de la droga, que es un terrible azote en todas nuestras comunidades. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, hemos oído sus observaciones sobre la agenda UE-EE.UU. y, en calidad de miembro de la delegación para los Estados Unidos de este Parlamento, le diré que acabamos de regresar de Washington, donde nos hemos reunido con miembros del Congreso y, evidentemente, muchas de nuestras conversaciones han girado en torno a la ley Helms-Burton- legislación que va en contra de los intereses europeos. 
Por ello, aunque acogemos con satisfacción el anuncio que hizo anoche la Administración norteamericana de posponer seis meses la entrada en vigor de dicha ley, en principio nos oponemos fundamentalmente a esa ley y queremos decir que creemos que los norteamericanos, imponiendo su voluntad a sus aliados, no han encontrado la vía correcta de avanzar. 
Estoy segura de que esta Presidencia irlandesa atenderá a sus prioridades como ha hecho siempre en el pasado y demostrará que no es cierta esa creencia de que los Estados pequeños no saben desempeñar eficazmente la misión. 
Compartimos los objetivos que el Tánaiste ha expuesto, su visión y compromiso, y colaboraremos con usted, señor Spring, para que podamos avanzar hacia una UE que esté basada en la igualdad, la tolerancia, la justicia, la paz y que esté abierta y sea accesible a todos los ciudadanos. 
Dia is muire dhuibh. 
También para mí es un gran placer dar la bienvenida a la Presidencia irlandesa y escuchar el ambicioso programa que el Ministro Spring nos ha presentado hoy, porque sus prioridades- desempleo, droga, tolerancia, apertura, educación, medio ambiente y derechos humanos para las personas minusválidas- son los ámbitos clave de la agenda del Parlamento. 
Su compromiso de mantener su mensaje simple, humano y, sobre todo, relevante merece ser acogido con gran satisfacción, porque si no lo hacemos y no incluimos a los ciudadanos en nuestros programas, la supervivencia necesaria de esta Comunidad estará en peligro. 
El Presidente en ejercicio del Consejo tiene una carga onerosa: avanzar en estos ámbitos bajo la sombra del que, quizá, sea el último y más recalcitrante conflicto político que queda en Europa es, en realidad, una carga pesada de sobrellevar. 
No obstante, el Presidente en ejercicio del Consejo ha comenzado muy bien. 
Hemos comenzado muy bien: hemos podido ver a numerosos ministros que ya han comenzado a visitar las comisiones parlamentarias y los Grupos políticos, lo cual agradecemos mucho. 
Estas reuniones y el intercambio de opiniones sentará un excelente precedente para la Presidencia irlandesa. 
Esperamos con interés que esta actitud se mantenga a lo largo de toda la Presidencia. 
Salvo escasas excepciones, la sociedad europea de hoy es muy tolerante. 
No obstante, nuestra sociedad tolerante y abierta se ve amenazada por el crimen organizado y por el narcotráfico. 
Debemos emprender una lucha sincera e inexorable contra dichas amenazas para nuestra sociedad. 
Nuestros hospitales y cárceles están llenos de víctimas de la drogodependencia; la mayoría de los delitos tienen su origen en la necesidad de costearse una drogadicción; y nuestra capacidad de continuar abiertos y de crecer en la tolerancia y la apertura en nuestra Comunidad depende de nuestra capacidad de controlar el narcotráfico y el crimen organizado. 
El Presidente en ejercicio del Consejo será el principal responsable de dirigir las negociaciones en el seno de la Conferencia Intergubernamental sobre la revisión de los Tratados. 
Espero que pueda garantizar que el nuevo Tratado proporcionará el marco jurídico necesario para poder combatir con éxito el crimen organizado y el narcotráfico. 
También espero que anime a todos los Estados miembros a hacer honor y firmar los distintos convenios internacionales que aún no han suscrito algunos Estados miembros- convenios, por ejemplo, sobre el blanqueo de dinero, la internacionalización del crimen organizado y, naturalmente, sobre la cooperación entre los cuerpos policiales en el seno de la Comunidad. 
Si queremos que Europa siga siendo abierta y tolerante, debemos derrotar a esos criminales organizados. 
La ampliación de la Unión para incluir a países de la Europa central y oriental es absolutamente impensable a menos que consigamos este tipo de control sobre el crimen organizado. 
Esto también afecta seriamente a las políticas de inmigración de la Comunidad. 
Debemos recordar, en lo que a la inmigración se refiere, que la compasión y la tolerancia deben ser nuestra primera preocupación. 
A menos que podamos controlar el crimen organizado- en particular, el crimen organizado a nivel internacional -, descubriremos que dichas políticas se harán cada vez más restrictivas. 
Aprovecho la oportunidad para, en nombre de mi Grupo, felicitar y brindar nuestro apoyo al Presidente en ejercicio del Consejo y desearle mucho éxito en el ejercicio de la Presidencia. 
Señor Presidente, i dtosach báire ba mhaith liomsa céad míle fáilte a chuir roimh Tánaiste na hEireann is Uachtaráin Chomhairle na hAirí do Comhphobal na hEorpa ar an gcéad turais seo atá déanta aige do Parlaimint na hEorpa. 
Doy mi calurosa bienvenida a la Presidencia irlandesa en su primera visita al Parlamento Europeo desde que asumió el cargo el 1 de julio. 
Quisiera comentar brevemente las observaciones de introducción del Tánaiste en relación con Irlanda del Norte, y decirle que muchos diputados a este Parlamento se sintieron consternados por la abyecta rendición de Irlanda del Norte ante la oclocracia de estos últimos días. 
El mensaje oficial que ha transcendido es que los derechos de la comunidad nacionalista pueden ser pisoteados en caso necesario. 
Ello ha causado, inevitablemente, un profundo malestar entre la comunidad nacionalista que, sin embargo, necesita ser canalizada de manera constructiva y digna. 
No se puede permitir que continúen la violencia, las bombas y las represalias. 
Todos deben respetar el principio de consentimiento, y el consentimiento debe buscarse y concederse de forma libre y pacífica, sin intimidación ni coacción. 
Si se tiene libertad para dar su consentimiento, también se tiene para negarlo, y es preciso que el consentimiento se obtenga de ambas comunidades. 
El Gobierno británico prometía en el documento marco ejercer su jurisdicción con rigurosa imparcialidad en nombre de toda la población de Irlanda del Norte en su diversidad, y hacía hincapié en el respeto pleno y en la igualdad de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, y en la no discriminación para todos los ciudadanos, en la paridad de estima y en un trato justo y equitativo de la identidad, del modelo y de las aspiraciones de ambas comunidades. 
Ése es el compromiso. 
Las dos comunidades de Irlanda del Norte son vulnerables en diferentes partes de Irlanda del Norte. 
Deploro los ataques sectarios a los que ambas se han visto sometidas durante los últimos días. 
Es necesario que en toda Irlanda del Norte, el espíritu de reconciliación y de acoplamiento mutuo pase a ocupar ese otro sentimiento de que la mayoría manda. 
El coste humano, político y económico de semejante actitud es demasiado elevado y conlleva el riesgo de que se repita la vergonzosa intimidación de las personas en sus hogares y que tantas veces ha desgarrado a Irlanda del Norte en el pasado. 
Los Gobiernos británico e irlandés, al igual que todos los partidos del Norte, tienen la enorme responsabilidad de dar un nuevo impulso al proceso de paz, tras el grave revés sufrido durante los últimos diez días. 
Estoy seguro de que la labor de la Presidencia irlandesa durante los próximos seis meses producirá resultados positivos para los muchos y difíciles problemas a que se enfrentan los responsables de la toma de decisiones de la Unión Europea en estos momentos. 
El problema político, social y económico más grave al que se enfrenta la Unión en estos momentos sigue siendo la urgente necesidad de crear oportunidades de trabajo para los 18 millones de parados que hay en Europa actualmente. 
El Presidente de la Comisión, Jacques Santer, presentó recientemente propuestas para un Pacto de confianza por el empleo que incluye una serie de medidas que pueden promover el crecimiento económico y crear nuevas oportunidades de puestos de trabajo, a condición de que nuestros respectivos gobiernos se muestren dispuestos a colaborar entre sí y con la Comisión en la ejecución de los planes del Presidente Santer. 
La Presidencia irlandesa ha decidido que combatir el desempleo será la principal prioridad de su semestre en el cargo. 
Para que la Presidencia pueda avanzar en este importante ámbito, deberá convencer a los Estados miembros de la Unión de que no basta con dar apoyo político al Pacto de confianza por el empleo, sino que también es necesario aportar los fondos que permitan aplicar las propuestas y construir los proyectos de las redes transeuropeas presentados por el Presidente Santer. 
A pesar de que no será fácil lograr el acuerdo de los gobiernos nacionales sobre la difícil cuestión política de la financiación, la Presidencia irlandesa deberá tomar precauciones contra las tentativas, ya existentes, de limitarse a desviar recursos de los Fondos estructurales y de la Política Agrícola Común para financiar estas nuevas propuestas. 
Esa solución sólo tendría como resultado que los fondos sean transferidos de las regiones agrícolas y periféricas hacia las regiones densamente pobladas y altamente desarrolladas del centro de la Unión. 
Eso no favorecería los intereses de la Unión Europea en su conjunto ni los intereses de los países periféricos como Irlanda. 
La segunda prioridad de la Presidencia es combatir el problema de la droga. 
La acción eficaz para hacer frente al narcotráfico exige una amplia gama de medidas como la armonización de las leyes sobre el narcotráfico y el blanqueo de dinero, y una mayor cooperación entre los cuerpos policiales y las agencias de aduanas. 
Sobre todo, a medida que se reducen progresivamente los controles de aduana y de inmigración en el seno de la Unión, será necesaria una mayor cooperación para combatir el narcotráfico en las fronteras exteriores de la Unión. 
Será necesario transferir los medios de las fronteras interiores de la Unión, donde ya no hacen falta, hacia las fronteras exteriores. 
El método más adecuado para transferir medios hacia las fronteras exteriores de la Unión para combatir el narcotráfico consiste en asignar fondos en el presupuesto anual de la Unión para mejorar el equipamiento y la formación de dichas agencias. 
El presupuesto para 1996 no incluye fondos para mejorar la vigilancia policial de la fronteras exteriores de la Unión. 
Si la Presidencia no logra avanzar en la lucha contra el problema de la droga, deberá presentar, con carácter de urgencia, propuestas para asignar fondos con cargo al presupuesto para 1997 para dicho fin. 
Señor Presidente, al principio de este debate quisiera expresar como neerlandés y como europeo mi solidaridad con el Gobierno irlandés en sus intentos por llevar adelante el proceso de paz en Irlanda del Norte. Se trata de un tema sobre el cual mi colega y amigo Pat Cox hablará extensamente. 
Esperemos que la población de Irlanda del Norte se inspire en el papel de la Unión Europea como instrumento para aumentar la comprensión y fomentar la reconciliación. 
Dieciocho millones de personas sin trabajo en la Unión. 
La lucha contra el desempleo ha de tener la máxima prioridad de todas las presidencias. 
No basta con buenas intenciones. 
Se necesitan acciones. Ya va siendo hora de que el Consejo acepte por fin las propuestas que desde hace años van acumulando polvo en sus cajones y que, en caso de ser aceptadas, ayudarían a crear puestos de trabajo en Europa. 
Me refiero muy especialmente a la propuesta de crear un estatuto de empresa europeo. 
La Comisión Europea estima que las empresas podrían ahorrar anualmente 30 millardos de ecus si entrara en funcionamiento este instrumento. Un importe que es superior al presupuesto anual de los fondos estructurales europeos. 
Baste pensar en cuántos puestos de trabajo se podrían crear si se liberaran inversiones de este calibre. 
Sin embargo, esta decisión está bloqueada desde hace años dentro del Consejo. 
Hago un llamamiento a la Presidencia irlandesa para que se ocupe de esta cuestión. 
La lucha contra el crimen es una de las prioridades de la presidencia irlandesa, y con razón. 
En estos momentos, las únicas personas que pueden cruzar las fronteras interiores en Europa son los criminales. 
Nuestras fronteras interiores no asustan al crimen, al contrario, dificultan la lucha contra el crimen. 
Mi Grupo considera que decidir en torno a cuestiones como el control fronterizo, la política de inmigración y el tráfico de drogas ha de ponerse bajo la autoridad de la Unión. La cooperación intergubernamental no funciona en este caso. 
Tomemos por ejemplo las drogas. Los gobiernos de Francia y los Países Bajos están involucrados en una guerra de trincheras. 
La única manera de solucionar sus diferencias es que intervenga la Unión Europea tendiendo un puente. 
Los neerlandeses tienen razón cuando señalan el relativo atractivo de su política en función del número de toxicómanos y el número de muertes por las drogas. 
Pero los franceses tienen igualmente razón cuando exigen a los neerlandeses limitar los efectos transfronterizos de la política neerlandesa. 
Hago un llamamiento a la Presidencia irlandesa para que intente salvar el abismo entre La Haya y París en esta cuestión. 
La falta de valor de la Unión Europea en Yugoslavia sigue socavando la credibilidad de la Unión a los ojos del mundo. 
La Unión Europea querría que los Sres. Karadzic y Mladic se distanciaran del poder. 
Sin embargo el pasado lunes, los ministros de Asuntos Exteriores volvieron a separarse sin haber llegado a un acuerdo sobre cómo lograr este objetivo. 
Va siendo hora de que la IFOR reciba por fin el mandato de ayudar a arrestar a estos sospechosos de crímenes de guerra. Va siendo hora de que los ministros de Asuntos Exteriores asuman el mando. 
Espero que el hecho de que Irlanda es el único país de la UE que no contribuye a la IFOR no sea un obstáculo para que este país demuestre que manda en esta cuestión. 
Europa no se ha mostrado dispuesta a llevar la paz a Bosnia. Que por lo menos contribuya a la reconciliación y la justicia. 
Ruego a la Presidencia que se centre también en Kosovo. 
La despiadada opresión de la mayoría albanesa por parte de los serbios en Kosovo es una amenaza directa para la paz y la estabilidad en los Balcanes. 
Es esencial que la Unión ejerza presión en el Sr. Milosevic para lograr que abra negociaciones con el líder de Kosovo, el Sr. Rikova. 
Pido a la Presidencia irlandesa que asuma el mando en esta cuestión. 
Por último, unas palabras sobre Chipre. La situación en Chipre empeora. 
Los intentos de la Unión por mejorar la situación no han tenido éxito. 
Lo mismo puede decirse de los intentos de Estados Unidos. 
Hago un llamamiento a la Presidencia irlandesa para que ayude a mejorar la situación en Chipre, junto con Estados Unidos. Es esencial mejorar la estabilidad en esa parte de la cuenca mediterránea. 
Señor Presidente, quisiera decirle al Presidente del Consejo que nuestro Grupo se siente bastante identificado con la presentación que ha hecho de su programa semestral y respecto a la Conferencia Intergubernamental. 
Como los demás Grupos, tenemos muy presente también esa herida de la violencia en Irlanda del Norte. 
Esa herida no es sólo irlandesa: es una herida europea y vamos a apoyar a la Presidencia irlandesa para que contribuya a resolver un problema que debe tener un final de paz, de solidaridad y de concertación entre todas las partes implicadas. 
Sin duda, este es un momento importante para configurar la Conferencia Intergubernamental y sus resultados. 
Y como usted ha dicho, es necesario iniciar ya las verdaderas negociaciones que permitan presentar un programa del Tratado en Dublín, en el Consejo de diciembre. 
No puede haber presidencias de transición. 
La Presidencia irlandesa no se puede ver como una transición hacia la Presidencia neerlandesa y, por eso, valoramos muy positivamente su coraje, su claridad de ideas y la fijación de objetivos para el Consejo de diciembre. 
Es importante aumentar el diálogo y la colaboración con el Parlamento Europeo y acercar este momento de la construcción europea a los ciudadanos y a los agentes sociales. 
Un diálogo, especialmente, sobre el modelo social y el problema del desempleo. 
Apoyamos la presentación y aprobación de un marco constitucional que comprenda una declaración de derechos y deberes fundamentales y, también, la inclusión de un capítulo sobre el empleo en el Tratado. 
Hay que dar al empleo la misma importancia que a la Unión Económica y Monetaria. 
Nos negamos a considerar el empleo como un bien escaso en el mercado, del que somos consumidores difíciles. 
Es otra la filosofía y otros los costes de no poder tener empleo para la mayor parte de los ciudadanos europeos. 
Respecto a la política regional, y más concretamente a los Fondos estructurales, rechazamos cualquier vinculación de las políticas estructurales con el cumplimiento de los índices de convergencia mediante cláusulas de condicionalidad. 
Hay que reforzar la cohesión de cara a la ampliación. 
Estamos de acuerdo con las medidas propuestas en la lucha contra la droga, la delincuencia y el tráfico de mujeres. 
La Presidencia irlandesa tendrá además especial sensibilidad por el trato a los inmigrantes. 
El pueblo irlandés ha sido un pueblo de emigrantes, ha construido nuevos países, ha trasladado su cultura y sabrá dar un trato a todos los inmigrantes, los llamados legales y los que no tienen papeles en este momento. 
Querría mostrar mi sorpresa por la poca determinación mostrada contra la ley Helms-Burton. 
Nosotros pedimos un rechazo, de forma clara y enérgica, del capítulo tercero, que contamina las relaciones internacionales. 
Sobre Turquía, queremos preguntar: ¿se va a exigir a Turquía que respete los derechos humanos, que cumpla las resoluciones internacionales? 
¿Se va a presionar en favor de la libertad de Leila Zana? 
Y termino con un problema interior, pero que no deja de ser un problema global que nos ocupa a todos: el problema de las vacas locas. 
A nuestro juicio, es especialmente hoy día un problema de salud pública. 
Sabemos que, además, es un problema del mercado bovino, pero exigimos transparencia y actuaciones eficaces, y para eso contarán totalmente con nuestro apoyo. 
Señor Presidente, estimados colegas, distinguido señor Spring, es muy difícil hoy hablar sobre la Presidencia irlandesa. 
Difícil, porque no puedo hablar sin más sobre un programa regular de trabajo después de todo lo que ha sucedido en Irlanda del Norte en los últimos días. 
En realidad, en el orden del día figura la confrontación con la Conferencia Intergubernamental, con la unión económica y monetaria y con la política de empleo y de medio ambiente, con Europol, con la seguridad interior de Europa. 
Sin embargo, ¿quién puede pasar a este orden del día, cuando arde Irlanda del Norte, cuando la seguridad interior en Belfast o en Derry se encuentra amenazada de una forma terrible y diferente a como lo está en Munich, en París, en Roma o en Bruselas? 
Pasar hoy al orden del día significaría callar la violencia, no nombrar sus causas y sus autores. 
Esto significaría negar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y civiles en Irlanda del Norte. 
Callar equivale también a convertirse en cómplice. 
¿Cómo voy a hablar y a emitir juicios, queridos colegas, sobre el programa de trabajo de la Presidencia, sobre una mayor cercanía a los ciudadanos y sobre la lucha contra el racismo, cuando tengo en mi mente la muerte del joven católico que fue enterrado hace dos días, cuando veo quemar la bandera irlandesa en Irlanda del Norte, cuando percibo la desesperación de las personas porque la paz está tan lejana entre nosotros? 
¿Qué utilidad tiene hablar de cercanía a los ciudadanos y de derechos de los ciudadanos, cuando para la minoría de Irlanda del Norte se trata de los derechos fundamentales? 
John Bruton ha criticado con más dureza que ningún otro Jefe de Gobierno irlandés hasta ahora al Gobierno británico por su fracaso en su política sobre Irlanda del Norte. 
Me habría gustado que como Presidente de la Unión Europea hubiera podido decir también estas palabras con esta claridad y esta dureza. 
Efectivamente, tiene razón. 
Para la Presidencia irlandesa tengo exigencias relativas a una política continuada de medio ambiente, a medidas consecuentes contra la exclusión social, contra la marginalización, contra el desempleo, sobre el trabajo, contra la pobreza, sobre un cambio de mentalidad en los criterios de convergencia, sobre medidas globales contra la discriminación. 
Sin embargo, todas estas exigencias, justas e importantes, sólo pueden ser desarrolladas sobre una situación de paz y, por esta razón, hay que actuar seriamente con el proceso de paz. 
Y para esto recibirán ustedes todo el apoyo. 
Tánaiste, ceud mìle fàilte. 
Mòran taing dhuibh. 
Soy su hermana celta de Escocia y le digo que tendrá que esforzarse, porque las anteriores Presidencias irlandesas fueron un gran éxito. 
Hablo también en nombre de mi Grupo, lo cual me enorgullece. 
Recientemente, su Presidenta Mary Robinson encontró tiempo para venir a visitar Escocia. 
Afirmó que Europa realza la identidad irlandesa, y eso es algo que comprendemos muy bien en Escocia. 
Sólo quisiera decir- y no creo que haga falta recordárselo a la Presidencia irlandesa- que existen 40 idiomas, 40 culturas minoritarias en nuestra Unión, y todas ellas esperan que Europa realce también su identidad. 
Pero a menudo necesitan un poco de ayuda con la financiación. 
El Comité de las Regiones, que no ha sido mencionado- no podía hacer alusión a todo en su canasto de sueños- tiene un papel muy importante que desempeñar. 
Al leer sus prioridades, casi se me saltan las lágrimas, porque sé que fueron redactadas antes de que resurgieran los conflictos. 
Una Europa pacífica. 
No hay muchos indicios de paz en la parte norte de la isla de Irlanda. 
Debo decir algo que tal vez parezca algo drástico. 
Ayer, el Sr. Crowley, sincerándose, dijo que esa parte de la Unión Europea es en estos momentos ingobernable. 
Ésa es realmente la situación. 
En vista de los precedentes en Oriente Próximo y Sudáfrica, donde se ha logrado la reunificación de la población a pesar de una enorme animosidad, quizá deberíamos plantearnos una solución distinta, como recurrir a las Naciones Unidas. 
O dejemos de hablar de las condiciones previas en las que insiste el Gobierno británico. 
En los precedentes de Sudáfrica, Kenia, Rodesia y Oriente Próximo, no se pusieron esas condiciones previas. 
A menos que desechemos dichas condiciones, nunca conseguiremos que avancen las negociaciones. 
Me alegró que se mencionara a Nelson Mandela. 
He participado durante diez años en el Convenio de Lomé y me siento muy orgullosa de que el mundo haya mostrado su reconocimiento a este hombre. 
Pero ¿pondremos los medios para garantizar que no se recortarán los fondos para el Tercer Mundo debido a que tenemos tantas otras demandas con cargo a nuestros fondos? 
Queremos ayudar a la Europa oriental, pero, por favor, no permitamos que se recorten los fondos para el Tercer Mundo. 
Recientemente tuve el privilegio de viajar a Irlanda con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, donde me reuní con muchos ministros irlandeses. 
Resulta muy interesante el hecho de que Irlanda sea uno de los cuatro Estados miembros que cumplen los criterios para entrar en la UEM. 
No obstante, según nos dijo el ministro de Finanzas, existe, al igual que en todas partes, el problema del desempleo. 
Me alegra que ésta sea una de las prioridades de la Presidencia. 
Yo también procedo de una región periférica- las Highlands and Islands de Escocia- y debemos dirigir nuestra mirada a las PYME, sobre todo a las más pequeñas. 
Y debemos dirigir nuestra mirada al gigante dormido, el turismo, que tantos puestos de trabajo puede crear. 
Tal vez debamos estudiar la posibilidad de incrementar los fondos para mejorar los servicios al turismo y comercializar la duración de la temporada en esos climas nórdicos que no tienen el sol asegurado. 
Debemos analizar los retrasos en los pagos y el acceso a créditos baratos. 
Existen muchas maneras prácticas para hacer realidad los deseos de reducir el desempleo. 
En cuanto a la discriminación, quizá el Presidente en ejercicio deba recurrir a algunas instituciones de la UE para garantizar que las mujeres llegan hasta lo más alto. 
En el tema de la pesca, intentemos la modalidad del control regional, y en el del vacuno, intentemos que se retire la prohibición, poco a poco, comenzando por las cabañas de calidad de Irlanda del Norte y Escocia. 
En lo relativo a la CIG, debemos asegurarnos de que este Parlamento participa plenamente. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, el Grupo italiano de Alianza Nacional desea dar la bienvenida a los amigos irlandeses, encargados de representar a la Unión Europea en este semestre. A Irlanda le deseamos también de volver a hallar la paz dentro de sus fronteras. 
Confiamos asimismo en que el coraje de Irlanda pueda contribuir en este semestre a solucionar algunos de los muchos problemas que abruman a la Unión Europea y que en los últimos tiempos han pasado de mano en mano sin resolverse. 
Confiamos en que la Unión Europea comprenda la necesidad de fortalecerse en el marco de una efectiva unidad política antes de abrirse a esas naciones que todavía deben madurar, dentro de sus fronteras, las condiciones necesarias para aspirar a entrar en el contexto más amplio de la Unión Europea, a su vez afligida por pesadas cargas, tales como el gravísimo problema del desempleo. 
Digo esto no por mezquino egoísmo, sino porque estoy convencido de que la suma de los más débiles no crea una fuerza, sino una única debilidad y también porque no debe permitirse a los Estados miembros más fuertes de esta Unión crear una esfera de poder aún más grande en el más amplio escenario de la Europa histórica. 
Mis mejores deseos para Europa y para Irlanda. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su presentación del ambicioso programa de la Presidencia irlandesa. 
A largo plazo, la prioridad más importante es seguramente la Conferencia Intergubernamental, a la que la Presidencia irlandesa ha concedido una gran importancia, al mismo tiempo que, en cooperación con otros Estados miembros que no pertenecen a la Unión Europea occidental, trabaja en la elaboración de una política de seguridad común. 
La Unión Europea, que dispone de valores comunes, una economía común y, muy pronto, una moneda común, y que ya demuestra su solidaridad respecto a una serie de políticas comunes, tiene ahora que dedicarse al ámbito de la defensa y la seguridad. 
Quiero que la Presidencia del Consejo, y personalmente el Sr. Spring, presten atención a lo siguiente: es reconfortante que en el Informe Fernández-Albor sobre la Política Exterior y de Seguridad Común se señale que las fronteras exteriores de los Estados miembros deben ser consideradas como fronteras de la Unión Europea y habrá que mostrar solidaridad en caso de violación de estas fronteras. 
Señor Spring, este es un tema que interesa especialmente a los países periféricos como el suyo. 
La credibilidad de la Unión a los ojos de los ciudadanos europeos depende, entre otras cosas, de que el progreso de la Conferencia Gubernamental en este ámbito concreto sea tangible. 
Uno de los objetivos de la Presidencia es presentar el primer proyecto del nuevo Tratado antes del Consejo Europeo de diciembre. 
El texto deberá responder a las aspiraciones de aquellos Estados miembros que deseen que la Conferencia Intergubernamental logre resultados importantes. 
No debe tratarse del mínimo acuerdo posible. 
Naturalmente, la prioridad inmediata más importante, si bien a largo plazo, es el empleo. 
Comparto todo cuanto se ha dicho hoy sobre el empleo, pero no puedo dejar de señalar que ya lo habíamos escuchado en el pasado, y muchas veces se ha quedado en mera palabrería. 
A este respecto, debo señalarles que poco de cuanto describe el Libro Blanco de Jacques Delors se ha hecho realidad. 
Espero que no suceda lo mismo con la Presidencia irlandesa. 
La financiación de las redes transeuropeas, el programa de investigación y otras medidas que hubieran sido útiles quedan relegadas. 
Hay muchos otros asuntos que mencionará el resto de mis colegas diputados, pero quiero poner de relieve dos aspectos concretos: la situación intolerable que provocan las decisiones del Gobierno de los Estados Unidos sobre Cuba y para las que no significa nada la moratoria de seis meses, así como la repetida negativa de Turquía a proteger los derechos de sus ciudadanos y a respetar la legalidad internacional. 
Creo que usted, señor Spring, y su Presidencia pueden hacer mucho por estos dos asuntos. 
En nombre de mi Grupo, el de los socialistas, quiero darles la bienvenida y desearles todo el éxito y el progreso posibles. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, usted ha mencionado, señor Presidente del Consejo, la Conferencia Intergubernamental y usted va a presentar un proyecto de Tratado en la conferencia cumbre de los Presidentes y jefes de Gobierno que se celebrará en diciembre en Dublin. 
Lo que nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, hemos oído acerca de una reunión de delegados de los gobiernos a principios de julio en Cork ha sido muy estimulante. 
Hemos oído que la Presidencia irlandesa del Consejo condujo con mucha eficacia y tacto las negociaciones, y quisiéramos animarles a ustedes a proseguir así. 
Quisiéramos animarles, además, a seguir negociando ahora sobre la base de textos muy concretos, a fin de que en diciembre logremos un buen resultado. 
Finalmente, quisiéramos animarles a que en sus propuestas de un proyecto de tratado no se guíen por el más pequeño común denominador de los 15 Estados de la UE, sino que vayan usted un trecho más allá de lo que quizá se acuerde al final. 
Nosotros, el Partido Popular Europeo, exigimos reformas para la Unión Europea, con sus actuales 370 millones de personas, que pongan a esta Unión Europea en condiciones de prepararse en el umbral del siglo XXI para la adhesión de nuevos estados. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha hablado de una Comunidad con 27 estados; esperemos que se llegue a esto en un tiempo previsible. 
La perspectiva es ésta: más de 100 millones de personas quieren ingresar en la Unión Europea. 
Nosotros, el Partido Popular Europeo, basamos la reforma del Tratado en los principios de la capacidad de acción- quizá incluso la capacidad de acción sea lo decisivo para el futuro de nuestro continente- en los principios democráticos y también en la transparencia para los ciudadanos y ciudadanas de la que también ha hablado usted. 
Para nosotros, el Partido Popular Europeo, y en este debate sólo puedo concentrarme aquí en las características esenciales, los criterios decisivos para una reforma de la Unión Europea son los siguientes: 
En primer lugar: la Unión Europea debe recibir la capacidad jurídica internacional que, como sabemos, hoy no tiene, y sólo mediante esta capacidad jurídica internacional daremos a la Unión Europea la posibilidad de que pueda actuar jurídica y políticamente y de que pueda estar representada también en las organizaciones internacionales. 
En segundo lugar: pedimos que los más importantes derechos de los ciudadanos sean recogidos en los tratados de la Comunidad y que la Unión Europea ingrese en la Convención sobre los Derechos Humanos del Consejo de Europa. En tercer lugar: en el Consejo de Ministros, a la hora de legislar, se debería poder decidir básicamente por mayoría, y la unanimidad debería regir sólo excepcionalmente, e incluso allí donde esté prescrita en el Tratado debería ser eliminada paulatinamente en un marco temporal. 
En cuarto lugar: el Parlamento Europeo debe participar en igualdad de derechos con el Consejo en la labor legislativa y sus procedimientos deben ser simplificados pertinentemente. 
En quinto lugar: nosotros, como Partido Popular Europeo, pensamos que la lógica del proceso de unificación europea implica la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea. 
Sabemos, ciertamente, que probablemente esto no se logrará todavía en la Conferencia Intergubernamental, porque una serie de Estados miembros que no pertenecen a la UEO, quizá no acepten el artículo 5, es decir, la cláusula de apoyo. 
Por esta razón, somos partidarios de que en el Tratado sobre la Unión Europea se incluya una cláusula de solidaridad política y, en especial, que en el Tratado sobre la Unión Europea se recoja la Declaración de Petersberg de junio de 1992, es decir, las intervenciones humanitarias, de pacificación y de mantenimiento de la paz fuera del ámbito del Tratado de la UEO. 
Somos partidarios de que ningún Estado miembro sea obligado a tomar parte en las intervenciones en pro de la defensa de la democracia y de los derechos humanos, pero una minoría de Estados tampoco debe obstaculizar la acción de una mayoría de estados que quiera actuar. 
Finalmente, en sexto lugar, -y éste es quizá el punto más importante que ha sido mencionado ya varias vecesla política de Interior y de Justicia. 
Hemos de comenzar a comunitarizar algunos ámbitos en la política de Interior y de Justicia, tales como, por ejemplo, la política de asilo, de emigración y de visados. 
Estas convenciones, es decir, tratados de Derecho internacional, y la cooperación intergubernamental son siempre menos apropiadas para poner en marcha la lucha contra la criminalidad en Europa. 
En estas cuestiones de la lucha contra el crimen necesitamos también los procedimientos de la Comunidad, es decir, la decisión por mayoría en el Consejo de Ministros y una legislación del Parlamento Europeo en igualdad de derechos. 
Su Presidencia del Consejo, señor Ministro de Asuntos Exteriores, Spring, se enfrenta a grandes retos y a muchas otras cuestiones. 
Deseamos a la Presidencia irlandesa del Consejo, firmeza, decisión y, también, suerte y éxito. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para desear al Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Spring, mucho éxito en el transcurso de la Presidencia irlandesa, agus go n ' eirí an bóthar leat sa post atá romhat amach anseo. 
A la luz de la confusión de las luchas comunales, la violencia callejera, la intimidación, el asesinato y los atentados con bomba que, lamentablemente, han vuelto a adueñarse de Irlanda del Norte durante los últimos diez días, quiero, en primer lugar, hacer constar la repulsa de mi Grupo de este descenso hacia el abismo. 
Creemos que es el momento de apaciguarlo; el momento de apaciguar los ánimos y de reflexionar con calma; el momento de reanudar un mayor compromiso de restablecer y mantener la paz. 
De la larga y compleja historia de las relaciones anglo-irlandesas y de las relaciones en la isla de Irlanda, y, en especial, de la violenta historia de Irlanda del Norte durante los pasados 25 años, debemos sacar una conclusión que está fuera de toda duda: la violencia, cualquier que sea su origen, aleja el día de la reconciliación. 
Compartimos con usted, señor Spring, su aserto sobre la necesidad de reclamar y restablecer la primacía de la política, y apoyamos sus esfuerzos en este sentido. 
Los últimos 10 días han marcado una línea divisoria, un momento decisivo para el proceso de paz. 
Por un lado, está la perspectiva de pasar a la violencia- una violencia renovada, pero sin esperanza; o bien, a un compromiso renovado de redoblar los esfuerzos para comprometerse de una vez por todas, y quizá por vez primera, a emprender un auténtico y significativo diálogo político. 
Si queremos que tenga sentido, dicho diálogo debe basarse en el respeto mutuo y no en posturas políticas ni en un intento de complacer a la opinión pública, lo que hasta ahora, lamentablemente, ha constituido una parte importante del aspecto político del proceso, especialmente en Irlanda del Norte. 
Todos los líderes políticos de ambos gobiernos, pero, sobre todo, aquéllos de Irlanda del Norte, tienen una gran responsabilidad. 
Aquellos que no quieren aprender las lecciones de la historia se condenan a sí mismos y a la sociedad a repetir la historia. 
Aquellos que se encuentran más íntimamente relacionados con las peculiaridades de su tribu, en ambas partes, deben optar por una alternativa más abierta y plural. 
De lo contrario, la sangre que se derrame manchará sus manos del mismo modo que las manos de aquellos que aprietan el gatillo o colocan las bombas. 
Esta Asamblea es la cámara de diputados de todos los pueblos de Europa y es testimonio de la posibilidad de superar diferencias y establecer una paz duradera. 
Para conseguirlo ha sido necesario superar grandes obstáculos, como comprenderá si retrocede con la mirada al punto de partida de hace 50 años. 
Envía un mensaje de esperanza a aquellos que conducirán a Irlanda del Norte hacia el futuro. 
Pero ese mensaje de esperanza lleva consigo la semilla de otro mensaje fundamental. 
Hace falta además un compromiso de liderazgo. 
Es el aspecto tribal ausente, que aún no ha sido superado. 
Y ése es el reto. 
Si no superan el reto, lamento decir que la alternativa es demasiado horrible para ser contemplada. 
Señora Presidenta, en primer lugar, en lo relativo a Irlanda del Norte, está claro que la fuerza y la amenaza de fuerza han vencido al Estado de derecho en Irlanda del Norte. 
Durante la Presidencia irlandesa, el Gobierno debe buscar el apoyo de otros Estados miembros para introducir las urgentes reformas de las estructuras policiales en Irlanda del Norte. 
Es inadmisible continuar sosteniendo que es un asunto interno de los británicos. 
La temporada de desfiles aún no ha terminado en Irlanda del Norte. 
El 12 de agosto se celebrará en Derry el desfile de los Aprendices. 
Si este Parlamento quiere demostrar su solidaridad con el pueblo de Irlanda del Norte, tal vez deba plantearse la posibilidad de enviar una delegación para que asista a dicho desfile. 
Además, los Verdes irlandeses siempre hemos defendido la conveniencia de incluir a un componente neutral e imparcial, como las Naciones Unidas. 
Ahora es el momento de hacerlo. 
En lo relativo a la Presidencia irlandesa, en su programa de actividades se declara que en lo relativo a la seguridad y al desarme, se intentará mantener la buena marcha de la cooperación entre la UE y la UEO en base al Tratado de la Unión Europea y en colaboración con la Presidencia belga de la UEO. 
Irlanda ni siquiera es miembro de pleno derecho de la UEO, ¿por qué necesita cooperar en mayor medida con la Presidencia de la UEO y en qué temas cooperará? 
Señor Ministro Spring, usted declaró el pasado año que la política nuclear de la UEO resultaba incómoda para Irlanda. 
La semana pasada, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó, algo que, en gran medida, vino a reivindicar la posición de Irlanda, que el armamento nuclear era el peligro principal. 
¿Por qué, entonces, Irlanda está forjando lazos cada vez más estrechos con una alianza que se siente comprometida y esta sujeta a la opción nuclear? 
La Presidencia irlandesa promete asimismo que hará hincapié en los temas relativos al armamento convencional. 
Me pregunto, señor Ministro, si eso significa que ejercerá presión públicamente sobre Gran Bretaña, Suecia y Finlandia, entre otros países, para que pongan fin a la venta de armas a países como Indonesia, donde éstas son utilizadas en campañas de genocidio contra la población del Timor oriental. 
Como país no alineado, Irlanda debe promover el derecho de los cuatro Estados miembros de esta Unión a mantener su condición de no alineados dentro de la Unión, en vez de seguir la línea pro-militar de la UE. 
En primer término, el pasado. 
Ustedes nos dicen que una de sus prioridades es la lucha contra la enfermedad de Alzheimer. 
Pero no hemos perdido la memoria ni hemos olvidado. No nos hemos olvidado del Sr. MacSharry ni del siniestro acuerdo de Blair House, la negociación del GATT «agrícola» , así como tampoco, y sobre todo, de Dublín. 
Para el pueblo viticultor de Europa y, en particular, para mis viticultores de Languedoc-Rosellón, Dublín es fatídica: destilación obligatoria (¡en la Irlanda católica! ), arranque de los viñedos (uno de los símbolos de la cristiandad) , congelación de los precios, viraje al mundialismo, que el Sr. MacSharry debía confirmar. 
Uno se pregunta, entonces, acerca de los efectos de los proyectos de OCM vitícolas, y ello nos produce cierta preocupación. 
En segundo término, sus proyectos. 
No se trata sólo de la atmósfera «spinellista» de sus proyectos- Constitución, nuevo Tratado de la Unión -, sino también y sobre todo del contenido. 
Contenido aparentemente formal y convencional. 
Ustedes nos proponen- ello se debe, seguramente, al Presidente Santer- un pacto de confianza para el empleo. 
La confianza es lo único que falta, porque no existe un análisis de las causas, y por consiguiente es difícil examinar los efectos. 
Es verdad que ustedes tienen proyectos muy interesantes en materia fiscal. 
Aunque también en este ámbito hay una dificultad: su legislación sobre los impuestos especiales. 
No se andan con chiquitas, en efecto: ¡un impuesto de 17 francos por litro de vino, mientras que se limitan a gravar con un impuesto de 6, 50 francos el litro de cerveza! 
Admito, no obstante, que desean reducir la fiscalidad. 
Les sugiero dos reglas, que he sugerido varias veces al Presidente Santer. 
Primera regla: las exacciones obligatorias no deben sobrepasar el aumento del PIB. 
Segunda regla, conforme con la ideología europea de ustedes: sentar el principio de la libre elección de la vía geográfica con menor peso fiscal. 
Señora Presidenta, Irlanda ha pasado a asumir la gran responsabilidad de la presidencia y quiero expresarle mis mejores deseos de éxito. 
Siempre se depositan grandes esperanzas en el nuevo país que se hace cargo de la presidencia, y ahora no va a ser menos. 
La presidencia del semestre anterior dejó un sentimiento de decepción debido a que no se hizo ningún tipo de progresos en la búsqueda de soluciones a la cuestión del empleo. 
Esto aumenta las esperanzas depositadas en el período de presidencia irlandesa. 
He observado con satisfacción que entre los objetivos prioritarios de Irlanda se ha mencionado en primer lugar precisamente el desempleo. 
De acuerdo con el programa, se va a continuar centrando la atención en los que buscan su primer empleo, en los desempleados de larga duración y en las mujeres sin trabajo. 
En efecto, el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración han adquirido una dimensión extremadamente preocupante en el territorio de la Unión. 
La mejora de la situación del empleo constituye, también por lo que respecta al Parlamento, la más importante de las tareas actuales de la Unión. 
En mi opinión, esto solucionará el problema de la credibilidad de la Unión Europea entre los ciudadanos. 
Hasta ahora se han elaborado programas e informes, pero en la práctica se han echado en falta decisiones encaminadas a la creación de empleo. 
Considero igualmente que este asunto ha de ser una piedra de toque para Irlanda. 
Los ciudadanos desean trabajo, no programas o informes. 
El empleo constituye, tal y como ha señalado el Presidente, un ámbito de actuación nacional. 
Sin embargo, hemos incluido el tema del empleo durante tanto tiempo y en tan diferentes ámbitos dentro de las tareas prioritarias de la Unión, que han aumentado las expectativas depositadas en ella a este respecto. 
Recordamos las decisiones de Cannes, recordamos las decisiones de Essen y las decisiones de Madrid. 
Las decisiones adoptadas a nivel comunitario conllevan la posibilidad de tener un efecto positivo sobre la mejora de la situación del empleo en los Estados miembros. 
El primer ministro de Dinamarca, Sr. Rasmussen, planteaba hace un par de semanas la cuestión de si seremos tan ricos como para poder permitirnos el lujo de prescindir de la aportación laboral de 18 millones de personas, y respondía que difícilmente lo somos. 
Yo comparto su respuesta. 
Por ello, ruego al país que ahora ocupa la presidencia que en el semestre que ahora se inicia se prepare también un capítulo dedicado al empleo para su inclusión en el Tratado. 
Ello aseguraría la continuidad de los grandes esfuerzos encaminados a acabar con el desempleo en el territorio de la Unión Europea, ya que no lograremos una buena situación del empleo si no se realizan serios esfuerzos comunes. 
A ello hace alusión el último informe de la OCDE, en el que se plantean dos alternativas, por un lado, el persistente elevado desempleo, y, por otro, un mercado de trabajo más libre, que sumiría a una parte de la población en una situación de pobreza permanente. 
A la hora de preparar la ampliación no deseamos que se avance en esta dirección. 
La única alternativa debe ser proporcionar puestos de trabajo a nuestros ciudadanos. 
Señora Presidenta, para empezar quiero expresar también mi dolor al Gobierno irlandés por las grandes dificultades en Irlanda del Norte. 
Como protestante neerlandesa quiero recalcar aquí que el abuso del nombre de Orange y del color naranja hiere profundamente a los neerlandeses. 
La casa de Orange siempre ha defendido la libertad religiosa, y no la lucha entre religiones. 
Nuestra reina, que es de la casa de Orange, es la reina de católicos y protestantes. 
Señora Presidenta, además quiero felicitar a la Presidencia irlandesa por el programa que ha propuesto. 
En el pasado, la Presidencia irlandesa demostró ser buena y eficaz. 
Tenemos puesta toda nuestra confianza en el Sr. Bruton y el Sr. Spring. 
Quisiera tratar otras tres cuestiones. 
Quiero hablar de la CIG, de la lucha contra el narcotráfico y de la situación en Yugoslavia. 
En lo que respecta a la CIG, quiero recalcar que es sumamente importante que la Presidencia irlandesa realice grandes progresos. 
Considero una buena idea la intención de iniciar negociaciones sobre los textos y presentar a ser posible un nuevo proyecto de tratado. 
Luego, los Países Bajos podrán intentar acabar este buen trabajo. 
Como ponente en este Parlamento para la CIG, quiero recalcar nuevamente cuáles eran nuestras líneas principales. 
Queremos- y me sumo a mi colega Poettering- que la posición de los ciudadanos europeos se defina mejor y que el principio de no discriminación se establezca adecuadamente en el Tratado. 
Queremos más publicidad y transparencia con relación a los documentos y también la toma de decisiones en la Unión. 
Queremos que se limite el derecho de veto a un mínimo absoluto y que se respeten y amplíen las competencias colegislativas del Parlamento, tanto para la legislación como para el presupuesto. 
Queremos, en relación con las cuestiones de contenido, más actividades de la Unión Europea en el ámbito de la política de empleo- apoyamos en este sentido a la Presidencia irlandesa -, en el ámbito de la política de seguridad y la lucha contra la criminalidad. En esta cuestión, señora Presidenta, quiero hacer otra observación. 
Ya se han dicho muchas cosas buenas. 
Pero quisiera hacer hincapié en la importancia de la propuesta por parte irlandesa de poner eventualmente en marcha una guardia costera europea. 
Como antigua ministra de Transportes, lo intenté durante la Presidencia neerlandesa en 1991. No lo conseguí. 
Pero puedo decir que es una buena idea, y que ahora quizás existan más argumentos que entonces para apoyar esta idea. 
Quiero apoyar de todo corazón a la Presidencia irlandesa. 
Señora Presidenta, unas palabras en relación con Yugoslavia. me preocupan mucho los acontecimientos. 
Mi pregunta es si la Presidencia irlandesa estaría dispuesta a esforzarse por dejar arrestar a Karadzic y Mladic. No creo en una paz sin justicia. 
Es una verdadera vergüenza que estos dos individuos puedan andar libremente como ejemplo para el resto del mundo de cómo trata Europa a los criminales de guerra. 
Señora Presidenta, si puede usted ocuparse de que se solucione este problema, creo que habrá realizado una buena acción para Europa. 
En este sentido quiero pedir que se apoye la petición del Parlamento en relación con Srebrenica: en este sentido es muy necesaria una investigación internacional. Ruego a la Presidencia irlandesa que presente iniciativas en esta cuestión. 
Presidente, le deseo mucha suerte con su Presidencia. 
Confiamos plenamente en que la llevará a buen término. 
Deseo expresar mi agradecimiento al Presidente en ejercicio del Consejo por su exposición de las prioridades de la Presidencia irlandesa. 
Sin embargo, las importantes tareas de esta Presidencia se han visto ensombrecidas por la crisis en que se encuentra el proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Queremos ocuparnos del desempleo y de la crisis social a la que nos enfrentamos, pero no podremos hacerlo mientras se permite que reine la anarquía en un Estado de la Unión. 
Para poder vivir de manera civilizada es fundamental que las personas gocen de igualdad de derechos ante la ley. 
La semana pasada, las fuerzas del Estado capitularon en Irlanda del Norte ante el caos. 
Es inadmisible que en un Estado de la Unión, una organización imponga la intimidación sectaria de los ciudadanos. 
Si no somos capaz de proteger a las mujeres y a los niños de ser intimidados dentro de sus propias casas, y si la población se ve obligada a huir, los males de la anarquía y el terror volverán a desatarse durante otra generación. 
No podemos volver a tener que enterrar a la gente, tenemos que avanzar juntos hacia la paz, y para ello es necesario mantener la autoridad policial. 
En la UE hemos fracasado en el intento de lograr eso en Irlanda durante los últimos 25 años. 
Pido al Presidente en ejercicio del Consejo que vuelva a intentarlo, de lo contrario tendremos que recurrir a las Naciones Unidas y a los norteamericanos para que nos ayuden a salir de esta situación. 
Es evidente que no debemos recurrir a eso dentro de las fronteras de la Unión Europea. 
No quiero tener que volver a presenciar el entierro de ninguna otra persona de mi país, en ninguna de las dos partes. 
Recuerde que las personas son intimidadas en ambas partes por sus propias comunidades: los protestantes son intimidados por protestantes, y los católicos son intimidados por católicos. 
Podemos llamarlos unionistas o nacionalistas. 
Es un aspecto terrible de todo esto, al que aquí no se hace ninguna referencia. 
También deseo pedir al Presidente en ejercicio del Consejo que se ocupe del tema nuclear. 
Muchos ciudadanos son contrarios a la energía nuclear, y los Estados no nuclearizados tienen derecho a no ser contaminados por las emisiones de centrales nucleares de otros Estados, como ocurre en el mar de Irlanda con las emisiones de Sellafield, las cuales han experimentado ahora un considerable incremento con THORP. 
Quisiera pedir al Presidente en ejercicio del Consejo que promueva una coalición de Estados no nuclearizados dentro de la Unión Europea. 
El Presidente en ejercicio ha hablado de cooperación y de la UEO, pero queremos que esa cooperación se amplíe a los Estados neutrales y no nuclearizados de esta Unión. 
Señora Presidenta, es muy grato que en la lista de prioridades del la Presidencia irlandesa figure también el turismo. 
Quisiera indicar que toda la industria europea del turismo y de viajes abriga grandes expectativas respecto de la Presidencia irlandesa. 
Estas expectativas se cifran en que este sector reciba por fin también oficial y jurídicamente el rango que posee ya en la práctica en lo que se refiere a su importancia en la política social y económica y también respecto del mantenimiento de la paz y del entendimiento entre los pueblos. 
Hace algunos meses el Parlamento Europeo se pronunció por mayoría en favor de otorgar al turismo un fundamento jurídico propio. 
Sería muy grato y muy bueno que bajo la Presidencia irlandesa, y también bajo la influencia del Consejo, se aceptase esta posición, tan importante para el aseguramiento y para la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Señora Presidenta, quisiera felicitarle, a usted, señor Presidente, por los puntos de interés de la Presidencia irlandesa, encaminados a una Europa que responda a los deseos de los ciudadanos. 
El primero y quizá más importante punto para todos los europeos se refiere al empleo, especialmente al desarrollo de un pacto de confianza sobre el empleo, en el cual deben tenerse en cuenta los problemas de los jóvenes, de los desempleados de larga duración y de las mujeres. 
Después de que hasta aquí sólo se haya llegado a declaraciones de intenciones, se trata ahora de la realización práctica y no puedo menos que subrayar, señor Presidente Spring, que usted insista en que todos los gobiernos deben crear puestos de trabajo. 
Considero especialmente importante que la Presidencia irlandesa destaque el papel de los interlocutores sociales, la importancia de las pequeñas y medianas empresas y el fomento de las iniciativas locales de empleo y de desarrollo. 
Precisamente para la fundamentación del proyecto de la unión económica y monetaria son necesarias estrategias laborales ofensivas de tipo complementario. 
En mi condición de política que se dedica al campo de la educación me alegro especialmente de que a la vez se mencione, junto con el empleo, el acceso permanente a un aprendizaje vitalicio y a una formación vitalicia y que también haya tenido entrada en el programa un capítulo específico sobre formación y juventud. 
Como usted sabe, estamos discutiendo en este momento el libro blanco de la Comisión acerca de la enseñanza y del aprendizaje, que constituye una continuación del libro blanco de Delors sobre el crecimiento y el empleo. 
De la misma manera que en sus puntos de interés, señor Presidente, se trata también aquí de la calidad de la formación, del aprendizaje vitalicio y de la formación de los docentes. 
Un acceso fluido y vitalicio a la formación general y profesional constituye el mejor medio en la lucha contra la exclusión y contra la división de la sociedad europea en una sociedad de instruidos y de ignorantes. 
También me alegro de que se haya incluido un punto acerca de la cooperación cultural y que se bajo la Presidencia irlandesa se haya planeado un debate sobre la política cultural europea incluyendo la política sobre los medios de información y los programas de acción culturales de la Comunidad. 
Aún se sigue minusvalorando la cultura como alma de Europa y como medio importante para acercar la Comunidad a muchos ciudadanos. 
Por lo demás, es preciso encontrar vías de vinculación entre los jóvenes de Europa. 
El tercer punto de interés, junto a la política de empleo y de lucha contra las drogas, es la realización de una Unión que se base en la igualdad de trato y en la tolerancia y, en consecuencia, es preciso dar un trato prioritario a cuestiones como la igualdad de oportunidades, la exclusión social, la transparencia, la lucha contra el racismo y contra la xenofobia. 
Una parte importante es la política de paz y de seguridad, ya se trate del fomento del proceso de paz en Irlanda del Norte, que todos en Europa deseamos con tanto ahínco, ya se trate del punto de interés de una Europa abierta al mundo, que contribuya activamente a la paz, a la seguridad y a la solidaridad. 
Señora Presidenta, deseo dar la bienvenida al Presidente en ejercicio del Consejo y felicitarle por su enfoque entusiasta y competente en todo este asunto de dirigir los intereses de la Unión durante los próximos seis meses. 
En calidad de federalista europeo sin reservas, he depositado toda mi confianza en la Presidencia irlandesa en lo que se refiere a su intención de guiar y desarrollar esta Comunidad de cualquier forma que sea posible para el bien de sus ciudadanos. 
Me hubiera gustado hablar de la financiación de la Unión Europea ampliada, en particular, y de otros temas que ha planteado el Presidente ejercicio, pero en el breve tiempo de que dispongo y como representante de toda la zona fronteriza de la República de Irlanda, deseo referirme brevemente a la declaración que sobre Irlanda del Norte ha hecho el Presidente en ejercicio. 
La población de mi circunscripción se identifica con el sentir y con las aspiraciones nacionalistas de Irlanda del Norte, y de ninguna manera se muestra hostil hacia la población unionista de Irlanda del Norte, hacia sus aspiraciones ni hacia la visión de futuro que tiene para sí misma. 
Debo decir, sin embargo, que en toda mi vida política jamás había visto tanta ira como vi en mi circunscripción y al otro lado de la frontera, en Irlanda del Norte, durante el fin de semana. 
Esa ira ha sido alimentada por la gran decepción ante lo que se percibió como una intimidación de la minoría con la ayuda de la fuerza policial y del ejército británico. 
La población se sentía decepcionada. 
Había visto muestras de un esfuerzo mucho mayor por parte de la policía de Irlanda del Norte por mantenerse imparcial y ayudar a todos los ciudadanos. 
Se sentía decepcionada por parte del Gobierno británico y terriblemente frustrada de que los meses de alto el fuego hubieran sido malgastados y que se hubiera desaprovechado la oportunidad de establecer un diálogo mucho más amplio. 
Oímos constantemente que la población unionista de Irlanda del Norte se siente asediada y amenazada. 
La gran mayoría de las personas, incluso de la zona fronteriza de Irlanda del Sur, no pretende intimidar a la mayoría unionista de Irlanda del Norte a formar una Irlanda Unida. 
Sólo tiene una única aspiración- difícilmente podríamos llamarla esperanza, porque es a muy largo plazo- y esa aspiración es que la población de Irlanda del Norte encuentre la forma de convivir unos con otros. 
En la isla de Irlanda habrá paz si se logra establecer la paz entre estas dos comunidades. 
Nadie quiere perturbar la Unión en estos momentos, ni apartar a Irlanda del Norte de la Unión sin el consentimiento de ambas tradiciones. 
Hablo en nombre de la zona de la República de Irlanda que se encuentra situada junto a la frontera. 
Podemos comprobar que con Irlanda del Norte en el seno del Reino Unido no existe ninguna frontera en la nueva Europa entre Irlanda del Sur e Irlanda del Norte. 
No existe ninguna frontera que impida mantener el contacto y la cooperación entre nosotros. 
Existen políticas comunes para fomentar nuestro desarrollo. 
La isla de Irlanda ha experimentado un crecimiento más rápido que cualquier otra parte del mundo desarrollado durante los últimos 18 meses, durante este proceso de paz, y el fruto apenas estaba comenzando a madurar. 
Nos hemos acercado al borde del precipicio, pero no hemos caído. 
Podemos restablecer la paz y la confianza que estaba comenzando a despuntar. 
Pero gran parte está en manos de los políticos de ambas comunidades de Irlanda del Norte. 
Señora Presidenta, la Presidencia irlandesa ha elegido el empleo como máxima prioridad para su presidencia, y esto no es nuevo. 
Que quiera traducir a acciones las muchas palabras pronunciadas en la Unión Europea tampoco es nuevo, pero merece nuestro apoyo. 
Cito favorablemente las palabras del primer ministro irlandés, quien dijo en una entrevista: Si queremos que queden claras las ventajas de una moneda única, sólo lo conseguiremos si dejamos claro que también es buena para el empleo. 
Es loable que la Presidencia irlandesa ya haya iniciado una consulta inmediata y concreta sobre la lucha contra el desempleo de larga duración. 
Y vuelvo a citar favorablemente al ministro que dijo: Un cierto desempleo quizás pueda ser útil para una competencia sana en el mercado laboral, pero no puede decirse lo mismo del desempleo de larga duración, que merma la movilidad de los trabajadores y reduce el valor a asumir riesgos. 
A ello quisiera añadir que también es un derroche de una de las materias primas más importantes que tenemos para el futuro: el capital humano. 
No se puede leer nada en torno al desarrollo de la sociedad de la información sin que continuamente se resalte un aspecto, y es que las personas son la principal materia prima de la economía del futuro. A diario derrochamos millones de esa materia prima. 
Lamentablemente tengo que señalar a la Presidencia que amenaza con surgir una brecha entre palabras y acciones. 
En el actual presupuesto de la Unión puede volver a producirse una infrautilización de los presupuestos que benefician directamente a los ciudadanos de Europa. 
Hago un llamamiento a la Presidencia para que no acepte la infrautilización, sino que estimule a los compañeros para que consideren el presupuesto de la Unión como una tarea para dedicar el dinero a los recursos humanos y no encontrar un argumento para añadir más dinero a las Redes Transeuropeas. 
El mismo abismo entre palabras y acciones amenaza con surgir en el proyecto de la UEM. 
Irlanda ha realizado con mucho éxito un enorme esfuerzo por modernizarse en todo tipo de ámbitos con un apoyo de millardos- todo ha de decirse- de la Unión, pero eso no quita que sea un buen trabajo. 
Y ahora Irlanda es uno de los candidatos más serios a la UEM. 
Sin embargo, el desempleo, de cerca del 14 %, es bastante más elevado que la media de la UE, del 10, 9 %, y casi el doble del desempleo de los mejores Estados miembros. 
A mi entender, ello constituye un sólido argumento para no confiar en la idea de que la UEM conllevará directamente más empleo. 
A mi entender da argumentos para apoyar al Parlamento Europeo en el punto de vista de que los criterios de la UEM son mucho más flexibles de lo que sugieren a menudo los ministros del ECOFIN. 
Tengo entendido que su ministro, el Sr. Ruairi Quinn, quiere relativizar sobre todo el criterio del déficit presupuestario y quiere dividirlo en costes para inversiones y costes para el presupuesto en curso. 
Le deseo mucho éxito. Creo que es el único intento que puede tener éxito para convencer a los ciudadanos de que el proyecto de la UEM va realmente en su interés y no es meramente un acto de disciplina financiera. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, los primeros contactos que hemos mantenido con sus diferentes ministros, en el seno de las distintas comisiones, son muy prometedores respecto a la Presidencia irlandesa. 
Hemos podido comprobar la buena voluntad de éstos, su disponibilidad, su receptividad para con las preocupaciones del Parlamento, que no hacen más que sustituir las preocupaciones de las poblaciones; y ello se traduce en las prioridades que han establecido. 
Lo único que desearía observar es que hay muchas prioridades: los norteamericanos dicen, en el ámbito de los negocios, que si se fijan más de tres prioridades, ya no hay prioridades. 
En otros términos, sabemos que la Presidencia tiene obligaciones, limitaciones. 
El Presidente del Consejo está rodeado por una serie de personas que no comparten los mismos objetivos, y sabemos que para el Consejo es difícil decidir sobre ciertas cuestiones delicadas. 
Cuando mantenemos un diálogo de conciliación con el Consejo, no siempre lo hacemos con el propio Consejo, sino con el Coreper, y a menudo al tercer o cuarto nivel jerárquico. 
Con esto deseamos manifestarle que nosotros conocemos sus dificultades. 
Por eso, al hacer tanto hincapié en ciertas prioridades, se juegan lo que también se denomina «credibility gap». 
Sabemos que en materia de desempleo las principales competencias y las principales acciones se desarrollan a nivel de los Estados. 
Lo poco que se puede hacer en el plano europeo lo establece el Consejo Europeo, lo declara solemnemente, y luego, tres meses después el Ecofin se reúne y hace exactamente lo contrario o poco más o menos. 
Lo único factible en el plano europeo para combatir el desempleo es financiar las infraestructuras intracomunitarias. 
Pero, ¿qué constatamos? 
Cuando ustedes toman la decisión, todos creen que se aplicará, pero sus ministros de economía se reúnen poco tiempo después y hacen exactamente lo contrario. 
Entonces, es evidente que, en estas circunstancias, a los ciudadanos les cuesta creer en Europa y en la capacidad de Europa para resolver sus problemas. 
En cuanto a la criminalidad, está muy bien querer realizar un programa de lucha, pero ello implica medios distintos y no únicamente la cooperación intergubernamental. 
Ahora bien, hoy nos limitamos a eso, y sabemos que para luchar contra la criminalidad internacional es necesario emplear las mismas armas que ésta. 
Los delincuentes se han organizado en el plano internacional, mientras que ustedes dudan en hacerlo. 
¡Cuando leen sus comunicados y cuando ven nuestros trabajos, deben pensar que aún se avecinan buenos tiempos para ellos! 
Por eso, señor Presidente, desearía que pudiésemos concentrarnos en lo esencial y, sobre todo, en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, donde habrá que comenzar a reflexionar en las formas de diferenciación. 
Señora Presidenta, quisiera tratar sobre dos temas muy rápidamente, en el tiempo de que dispongo. 
El primero es relativo a la ley Helms-Burton y a nuestras relaciones con los Estados Unidos. 
Como mencionó anteriormente uno de mis colegas, una delegación del Parlamento Europeo se trasladó a los Estados Unidos la semana pasada para asistir a la reunión anual con el Congreso de los EE.UU. Espero que la Presidencia del Consejo comprenda la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos actualmente con un Congreso cada vez más proteccionista y hostil ante los acuerdos multilaterales que ya hemos contraído. 
Es fundamental que esta mañana, cuando cierre este debate, el Sr. Spring declare abiertamente que no nos limitaremos a intercambiar cartas con los Estados Unidos sobre la acción unilateral e ilegal adoptada por ese país, no sólo en el caso de la ley Helms-Burton, sino también sobre la amenaza relativa a Irán y Libia; que tomaremos medidas firmes y decididas en represalia contra los Estados Unidos como consecuencia de la probable injusticia que repercutirá en los ciudadanos europeos. 
No creo que baste con las cartas. 
El Congreso nos incitó la semana pasada, señor Spring, al decir que lo único que esperaba de Europa era una carta en términos severos del Sr. Santer. 
No conseguiremos nada a menos que tomemos medida relativas a la ley Helms-Burton, a menos que dejemos perfectamente claro que los intereses de los Estados Unidos se verán perjudicados, que adoptaremos una decisión calculada para perjudicar los intereses de los EE.UU. Si no lo hacemos, nos aplicarán la ley D ' Amato sobre Irán y nos aplicarán la ley sobre Libia. 
El otro tema sobre el que deseo tratar muy brevemente es la forma en que su Presidencia abordará las conclusiones de Essen y todo el enfoque del tema del empleo. 
Lo que realmente deseamos que se consiga en Dublín es una meta para abordar un aspecto practicable del empleo. 
No queremos que al final de las reuniones del Consejo se aprueben resoluciones gloriosas. 
Queremos que se haga algo en materia de desempleo. 
Lo mejor que puede hacer la Presidencia irlandesa, habida cuenta de sus propios problemas en este ámbito, es abordar una sección del mercado laboral. 
La sección que nos gustaría que abordara es el desempleo juvenil. 
En Dublín, al final de su Presidencia, nos gustaría encontrar un compromiso práctico y decidido por parte del Consejo que permita realmente reducir drásticamente el número de jóvenes que engrosan las listas del paro. 
A menos que hagamos eso, creo que todas estas declaraciones que proceden de las reuniones del Consejo sólo servirán para que la población europea se vuelva más cínica sobre lo que Europa puede conseguir. 
Espero que podamos seleccionar una sección del mercado laboral y garantizar que antes de que transcurran los seis meses de Presidencia- y espero realmente que la Presidencia tenga mucho éxito- exista una luz muy clara al final del túnel, en particular para los jóvenes de Europa que aún tienen fe en todo ese proyecto de construir una Unión Europea fuerte. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, acojo con satisfacción las prioridades que la Presidencia irlandesa ha presentado hoy ante el Parlamento. 
La batalla para reducir el desempleo es y debe seguir siendo nuestra principal prioridad. 
El énfasis en la coordinación y el desarrollo de todos los servicios que intervienen en la erradicación del narcotráfico y del crimen organizado es también motivo de satisfacción. 
La drogadicción es una de las mayores amenazas de la sociedad moderna. 
Por ello no debemos escatimar esfuerzos en la lucha contra la droga y los delitos de blanqueo de dinero, que son consecuencia del narcotráfico. 
No deseo repetir todos los comentarios que se han hecho sobre la situación de Irlanda del Norte, pero creo que es importante que nos demos cuenta de que los acontecimientos que allí se produjeron estos días pasados son una afrenta al ideal europeo. 
Dependemos de instituciones democráticas y respetamos el Estado de derecho. 
No puede existir ninguna excusa para que un gobierno aplique el Estado de derecho de manera puramente partisana. 
Acojo con satisfacción los intentos que, en unas circunstancias tan adversas, han realizado ambos Gobiernos para reanudar el proceso de paz. 
No debemos perder nunca la esperanza. 
Permítame volver brevemente sobre dos temas importantes que ha mencionado el Presidente en ejercicio, Sr. Spring: la ampliación y la reforma institucional. 
La ampliación de la Unión Europea hasta incluir a todos los países aspirantes es una ambición que alcanzaremos al cabo de varios años. 
No obstante, las condiciones deben ser favorables. 
Todos los países aspirantes necesitan ayudas considerables para desarrollar sus industrias y las infraestructuras. 
Debemos hacer estimaciones realistas de dichos costes y llegar a un acuerdo sobre la aportación de fondos adicionales en el presupuesto comunitario. 
La ampliación con las actuales restricciones sobre nuestro presupuesto sería desastrosa para los nuevos Estados miembros, y además destruiría gran parte de los logros alcanzados en lo relativo a la cohesión económica y social entre los 15 Estados miembros actuales. 
Una Unión con una financiación insuficiente no puede tener éxito. 
Asimismo, una Europa ampliada necesita una reforma institucional de gran alcance. 
Es necesario reformar el procedimiento de toma de decisiones de este Parlamento. 
Existen al menos 15 procedimientos diferentes para tomar decisiones en esta Asamblea. 
Dicha complejidad supone un derroche de recursos, y no puede ser explicada satisfactoriamente a la opinión pública. 
En el Consejo de Ministros es necesario que se elimine la regla de unanimidad en la práctica totalidad de los ámbitos. 
Recientemente hemos podido comprobar el poder destructivo que tiene esta regla cuando Gran Bretaña, en una decisión política muy equivocada, retuvo la mayoría de las decisiones durante varios meses. 
Este tipo de conducta no tiene ningún resultado beneficioso y debe evitarse. 
La Presidencia irlandesa se ha preparado bien para su mandato. 
Sabemos que el Gobierno irlandés está decidido a avanzar en una amplia serie de temas durante los próximos seis meses. 
Quiero desear mucho éxito a todos mis colegas. 
Señora Presidenta, señoras y señores, un colega ha afirmado esta mañana que los países miembros pequeños de la Unión Europea proporcionan ímpetu de forma no compulsiva durante su Presidencia del Consejo. 
Creo que es muy estimulante lo que hoy hemos escuchado. 
Por consiguiente, pido a la Presidencia irlandesa del Consejo que con la misma energía proclamada esta mañana por el Presidente del Consejo aborde también en el marco del debate de la Conferencia Intergubernamental un problema que nuestro grupo considera cada vez más preocupante, en concreto, el problema del déficit democrático en la Unión Europea. 
Si combatimos la criminalidad, si comunitarizamos ahora- como ha dicho de manera muy clara y acertada nuestro colega, el Sr. Poettering- de forma perentoria determinados ámbitos como el asilo, la emigración, entonces no sólo necesitamos reforzar, como ha dicho el Presidente del Consejo, la cooperación de los gobiernos miembros. 
Esto también. 
Pero en la lucha contra la criminalidad tenemos que intensificar también la cooperación entre los órganos policiales y crear una organización europea de policía. 
Sin embargo, esto no debe suceder solamente a nivel del trabajo intergubernamental pues ello conduciría a un desarrollo peligroso. 
El hecho de que sólo cooperen entre sí los órganos ejecutivos y quieran generar soluciones europeas conduce a que los Parlamentos nacionales- lo oímos, en efecto, de labios de nuestros colegas de los Parlamentos nacionales- escuchen cada vez con más frecuencia por parte de los gobiernos que ellos ya no necesitan ocuparse de esto porque constituye un asunto europeo. 
Por consiguiente, este ámbito es sustraído de manera artera al control y a la colaboración de los Parlamentos nacionales. 
Al mismo tiempo, a causa de la estructura del Tratado y de la actual estructura institucional la posibilidad de control sobre esto no recae en el Parlamento Europeo. 
Surge un espacio, por decirlo así, no controlado, ademocrático, pero en el que se adoptan decisiones que afectan los derechos personales de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, como vimos en el debate sobre la libertad de circulación que celebramos ayer. 
En este punto, el Parlamento se está esforzando, junto con la Comisión, en eliminar este déficit de la libertad de circulación no realizada y se nos dice que a espaldas de la Comisión y a espaldas del Parlamento el Consejo, bajo la actual Presidencia irlandesa, planea una draft joint action, es decir, una medida común basada en el artículo K.4 del Tratado, lo cual tiene como consecuencia que ni el Parlamento ni la Comisión participen en la misma. 
Esto no es una contribución a la democratización, sino en todo caso una contribución a intensificar la cooperación intergubernamental. 
Por consiguiente, pido a la Presidencia del Consejo que imprima un impulso a la democratización fortaleciendo el Parlamento. 
Usted, señor Presidente del Consejo, podría ir por delante con un buen ejemplo, si procurase que en la reunión común de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, que tendrá lugar en septiembre, el ministro competente contribuya a eliminar la irritación que ha surgido con ocasión de las iniciativas Monti y del debate sobre la libertad de circulación. 
Señora Presidenta, permítame también dirigir unas palabras de bienvenida al Presidente en ejercicio, a quien deseo mucha suerte en el ejercicio de la Presidencia. 
Como representante del punto de vista Unionista, no esperará que mida mis palabras con usted, pues ya me conoce lo suficientemente bien como para no esperar eso de mí. 
Irlanda del Norte ha pasado por muchos momentos difíciles durante los últimos 27 años. 
El último fin de semana nos enfrentamos a un abismo tan profundo, que no podíamos ver el fondo. 
Hoy no tengo intención de responder a los comentarios que se han vertido anteriormente en esta Asamblea, aunque sí me gustaría que muchas personas tuvieran en cuenta todos los hechos antes de abrir la boca y hacer declaraciones descabelladas. 
Drumcree y Garvaghy Road ponen de manifiesto nuestras divisiones en Irlanda del Norte, y debo decir que el Jefe de Policía actuó de forma totalmente equivocada y ahora cuenta con la confianza de muy pocos de la Provincia. 
En beneficio de la verdad, debo hacer algunas observaciones muy claras. 
Garvaghy Road es una de las principales arterias y no hay casas que den directamente a esa calle. 
El desfile habría durado entre 10 y 14 minutos. 
La ruta se estableció mediante un acuerdo de compromiso hace muchos años. 
En la actualidad existe un único desfile que pasa por esa calle, mientras que hace 10 años había 7, y ése es el fondo del problema que surgió. 
El regreso a la diplomacia del megáfono por parte del Gobierno de Dublín fue sumamente desafortunado y surtió el mismo efecto que rociar gasolina sobre un fuego incontenible el pasado fin de semana. 
Deseo recordar a esta Asamblea y al Presidente en ejercicio del Consejo que Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido, la población vota una y otra vez y en elecciones libres a favor de permanecer dentro de la Unión. 
Las opiniones y los deseos de la mayoría de la comunidad han sido dejados de lado y descartados, y hemos visto cómo se recompensaba y alababa a los terroristas por sus atrocidades. 
Ambos Gobiernos son responsables de vigilar y de respetar las opiniones de la comunidad mayoritaria- espero que así lo haga en el futuro. 
En Irlanda del Norte tenemos la clara habilidad en el seno de ambas comunidades de bloquearnos una a la otra, sí y, lamentablemente tenemos el poder de colocar bombas y matarnos unos a otros, como hemos demostrado. 
Únicamente cuando respetemos realmente las tradiciones y los principios de los demás, comenzaremos a comprender y a promover una tolerancia recíproca que respete de verdad las tradiciones de los demás y comenzaremos a encontrar la auténtica paz a largo plazo. 
El pueblo de Irlanda del Norte ha experimentado, desde el alto el fuego inicial, un período de paz incierta, y ha disfrutado de ese momento. 
Las pasadas dos semanas le ha devuelto, de la manera más intensa, la opción a la que ahora se enfrentan. 
Ruego por que el pueblo de Irlanda del Norte haga la elección acertada. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, celebro que la política mediterránea sea también una de las prioridades de la Presidencia irlandesa. 
De hecho, hemos conseguido mucho en Barcelona, pero debemos seguir en ello. 
Hemos contraído compromisos, por ejemplo, en materia de derechos humanos y de derechos de las minorías. 
Hemos Hablado acerca de que queremos buscar mecanismos de resolución de conflictos y emprender pasos hacia el desarme y hacia la limitación del armamento. 
Estas intenciones han de ser traducidas en proyectos concretos. 
No basta, señor Presidente del Consejo, con tener sobre la mesa, como una especie de carta de restaurante, una enorme selección de políticas posibles, si en la cocina nadie prepara ninguno de estos menús. 
Para la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores en la próxima primavera- para Barcelona II, por decirlo así- han de prepararse proyectos concretos y han de presentarse a los interlocutores mediterráneos. 
¿Qué piensa la Presidencia acerca de temas como la Convención Euromediterránea y sobre el pacto de estabilidad y el espacio Euromediterráneo? 
Estos son diversos proyectos, también del Parlamento Europeo, que queremos hacer apetitosos a la Presidencia. 
¿Cómo está el tema de una carta para la emigración en el espacio mediterráneo? 
Otro tema, señor Presidente del Consejo, es Turquía. 
Hoy hemos escuchado demasiado poco acerca de Turquía. 
Recuerdo el año 1995, cuando bajo la Presidencia francesa no nos podíamos librar de las muchas incitaciones de la Presidencia para dar nuestra conformidad a la unión aduanera. 
¿Qué pasa con la unión aduanera, señor Presidente del Consejo? 
¿Vamos a reformarla, vamos a revisarla, como pide el Sr. Erbakan? 
Se nos ha dicho que debíamos dar nuestra aprobación incondicional a la unión aduanera, para contribuir a la estabilidad en Turquía. 
En vez de conseguir la unión aduanera hemos conseguido al Sr. Erbakan, señor Presidente del Consejo, y creo que la Presidencia del Consejo debería hacer algún comentario sobre esto. En mi opinión, la Presidencia del Consejo debería también decir algo acerca de las amenazas a las fronteras de la Unión, insisto, de las fronteras de la Unión Europea. 
Un último punto, señor Presidente del Consejo: la dinámica del proceso de paz en el Cercano Oriente parece paralizada en este momento. 
Si esperamos a que los señores Holbrooke o Christopher, o cualquier otro manager de la paz venga volando, podemos esperar por mucho tiempo, en concreto, al menos hasta después de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. 
¿Por qué no podemos adoptar una iniciativa como Unión Europea? 
¿Por qué no podemos convocar una conferencia extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores, una especie de «Conferencia de Barcelona» extraordinaria, e intentar dar un nuevo impulso a este proceso? 
(Aplausos de la izquierda) 
Señora Presidenta, el Presidente de los Estados Unidos ha hecho uso de su derecho a aplazar por seis meses el título 3 de la ley Helms-Burton. 
Por consiguiente, quedan excluidos los procedimientos judiciales, aunque sigue en pie que EE.UU. puede negar el visado a los trabajadores de empresas implicadas, sus cónyuges e hijos. 
Incluso ahora que el Presidente de Estados Unidos ha suavizado esta ley extraterritorial, sigue siendo totalmente inaceptable y sigue estando en flagrante contradicción con el derecho internacional. 
La UE espera fervientemente poder lograr, junto con EE.UU. y Cuba, una democracia real y el restablecimiento de los derechos humanos. Que no haya malentendidos al respecto. 
La UE es quien decidirá qué camino quiere seguir. 
Sin presiones por parte de EE.UU. Estados Unidos tiene que comprender que no puede golpear al amigo cuando quiere darle al enemigo. 
Hacemos un llamamiento a la Presidencia irlandesa para que detenga cualquier acción decidida de Estados Unidos en detrimento de los ciudadanos y las empresas de la UE. 
Ello a imitación del Gobierno canadiense, que ha reaccionado duramente y entre otros citará a EE.UU. ante el comité de conflictos del TLC. 
Hemos de hacer lo mismo con la Organización Mundial del Comercio. 
Hemos de desquitarnos rápidamente de las represalias y no limitarnos a hablar o escribir. 
A fin de cuentas, por el mero hecho de existir, la ley ya ha causado daños a más de 150 empresas que aparecen en la lista de «Hall of Shame» de Cuba, como denominan los norteamericanos la lista de empresas. 
Un banco neerlandés ya ha sido obligado a retirarse de la financiación de la cosecha de azúcar en Cuba. 
¿Adónde puede ir este banco para que le indemnicen adecuadamente? 
Sólo un país de la Unión Europea tiene una legislación que protege a empresas y personas de la legislación extraterritorial. 
¿No va siendo hora, señor Presidente del Consejo, de que la Unión Europea asuma su responsabilidad y promulgue de una legislación marco en la cual los Estados miembros puedan concretar una legislación deseable y armonizada para proteger a empresas y ciudadanos? 
La competencia exclusiva que tiene la UE en el ámbito del comercio genera obligaciones. La cosa no se limitará a una legislación anticubana. 
Las leyes extraterritoriales contra Irán y Libia ya están en una fase avanzada. 
En los pasillos del Congreso se nombraron algunos países que podían convertirse en el siguiente objetivo, y que tienen grandes inversiones en Europa. 
Por ello, señor Presidente del Consejo, con vistas al futuro, la reacción de la UE ha de ser rápida, clara y dura. 
Una reacción dura de la Presidencia irlandesa impresionará en el actual período de elecciones norteamericano. 
Señora Presidenta, queremos felicitar a la Presidencia irlandesa por su programa sobre política comercial. 
Pero no podemos dejar de expresar nuestra sorpresa ya que no se han mencionado los problemas derivados de la aplicación de la ley Helms-Burton, porque ésta no es una ley para la seguridad y la integridad de los Estados Unidos, sino que es un acto de prepotencia y un instrumento para poner en marcha una guerra comercial. 
El aplazamiento de la puesta en vigor del artículo 3 no es la pax romana. 
La amenaza se mantiene. 
Sólo si somos capaces de sostener una posición firme ganaremos. 
En caso contrario haremos el ridículo. 
No nos engañemos sobre la verdadera naturaleza de estas medidas, porque somos la primera potencia comercial del mundo. 
Quien está además detrás de esta incomprensible operación- y esto es lamentable- que se pretende vender, además, con un gran despliegue mediático, es un poderoso lobby del exilio cubano dirigido por el Sr. Mas Canosa. 
Cabe preguntarse, en primer lugar, si se puede admitir en política que un lobby económico ponga en crisis la relación de buena amistad tradicional entre los Estados Unidos y la Comunidad; en segundo lugar, si este mismo lobby puede echar por tierra las expectativas que ha levantado la declaración transatlántica firmada en Madrid el pasado diciembre; y, por último, si es legítimo un instrumento que atenta contra nuestras soberanías con la excusa de defender la del país más poderoso del mundo. 
Ninguna nación puede prohibir al resto comerciar con quien quiera. 
Actuando así, se rompen las reglas que hemos pactado en la Organización Mundial de Comercio y se pone en entredicho la acción punitiva contemplada para casos extremos y ejecutada por mandato de instituciones políticas supranacionales. 
Por otra parte, si con estas medidas unilaterales lo que se intenta es acabar con el actual régimen cubano, se consigue el efecto contrario, o sea, se refuerza. 
Si lo que se quiere es impedir que sigamos con el proyecto de la Unión, debilitarlo o coaccionar nuestra voluntad de construcción de un espacio cívico, político, social, económico y monetario, también han errado. 
El ataque ha servido para que la Comisión y el Consejo salgan reforzados y para que las medidas anunciadas sean respaldadas por la opinión pública europea. 
Desde este grupo apoyamos la firmeza de nuestras instituciones comunes y nos congratulamos por ello, pero con la misma firmeza criticaremos las fisuras. 
Desde la perspectiva del consenso, nos parece incomprensible que el ministro de Asuntos Exteriores español se haya reunido la pasada semana con el Sr. Mas Canosa, inspirador de tan lamentable proyecto y de las listas negras. 
El Presidente cubano, lo queramos o no, es quien ha ganado esta batalla aunque la salud de su política no sea excelente. 
¿Merecía la pena que el inquilino de la Casa Blanca se embarcara en una nave tan frágil? 
Todo parece indicar que no, a la vista del resultado. 
En mi lengua del País Vasco le digo eskerrik asko, muchas gracias, señora Presidenta. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. 
Siento una gran preocupación por la asistencia y estoy sorprendida ante la escasa participación en esta Asamblea por parte de nuestros colegas británicos a lo largo de todo este debate sobre la Presidencia irlandesa. 
De hecho, sólo ha hablado un diputado, que no hizo referencia al tema de Irlanda del Norte. 
No sé qué tipo de mensaje enviará esta actitud al pueblo de Irlanda. 
¿No les interesa? 
¿No sienten preocupación? 
¿Se trata de desdén o qué? 
Para ser el primer día de una Presidencia, nunca antes había visto semejante actitud, y me preocupa mucho que no haya participado nadie. 
Señora Presidenta, éste es un ataque bastante gratuito. 
He permanecido aquí durante todo el debate. 
Puedo decirle que hasta esta mañana la Presidencia del Parlamento no especificó en qué momento se trataría el tema de Irlanda del Norte: si se incluiría en el debate de la Presidencia irlandesa o si se le abriría un hueco especial esta noche. 
El líder de los diputados Laboristas británicos tenía grandes deseos de hablar, pero no sabíamos cuándo y pensamos que el debate se celebraría esta noche. 
Por consiguiente, rechazo toda sugerencia de que exista desinterés. 
Existe un enorme interés y preocupación por parte de todos los diputados británicos a este Parlamento. 
Ha sido un ataque completamente inmerecido y debe ser retirado. 
En primer lugar, permítame decir que he escuchado el debate con mucha atención. 
Agradezco a los diputados su participación. 
Hay una serie de cosas que me han causado una fuerte impresión. 
Primero, en la Presidencia irlandesa nos hemos propuesto garantizar que tendremos una Presidencia efectiva y eficiente. 
Creo que los diputados al Parlamento Europeo saben perfectamente que para un Estado miembro pequeño, la Presidencia representa un gran desafío. 
Conlleva grandes exigencias para un país pequeño. 
Ya hemos demostrado en el pasado, la última vez en 1990, que somos capaz de ejercer una Presidencia efectiva y eficiente. 
Puedo asegurar al Parlamento que ésa es nuestra intención para los próximos seis meses. 
Alguien citó una expresión del mundo de los negocios de que cuando se tienen demasiadas prioridades, no se tiene ninguna, y la agenda europea está, sin duda, repleta. 
La Presidencia irlandesa se encuentra en la obligación de abordar todos los asuntos incluidos en esa agenda. 
Algunos de ellos serán tratados con prioridad inmediata, otros se irán incluyendo e irán avanzando poco a poco. 
Pero lo que he descubierto del debate de esta mañana es que existe un fuerte consenso sobre el hecho de que el desempleo continúa a la cabeza de las prioridades, que la cuestión de la droga necesita ser abordada de manera eficaz por todos los Estados miembros en cooperación con otras regiones. 
Tenemos que trabajar y esforzarnos por establecer la justicia social y acercar Europa a los ciudadanos. 
Creo que a veces subestimamos los logros de Europa ante los ciudadanos y ante nosotros mismos. 
Nosotros, como políticos- tanto los diputados al Parlamento Europeo como los gobiernos de los Estados miembrostenemos que esforzarnos más para garantizar que la población europea percibe lo que ocurre en la Unión y lo que estamos intentando alcanzar, tanto a nivel interno de los países, como en nuestras relaciones con el exterior y en términos del papel que debemos desempeñar. 
Evidentemente, al final de la Presidencia seremos juzgados por los resultados. 
Estos últimos días se han reunido dos antiguas formaciones de la Unión. 
El lunes y el martes de esta semana hemos celebrado las reuniones de ECOFIN y del Consejo de Asuntos Generales. 
Espero realmente haber dado señales inequívocas y haber demostrado que nuestra Presidencia será eficaz: cumpliremos con nuestras obligaciones y abordaremos los asuntos de la agenda tal y como se nos presentan. 
Acojo asimismo con satisfacción el tenor de las observaciones que han hecho los colegas en términos del espíritu de cooperación y solidaridad manifestado. 
Puedo asegurarles que será el distintivo que marcará las relaciones entre la Presidencia irlandesa y el Parlamento Europeo durante los próximos seis meses. 
En lo relativo a Irlanda del Norte, me siento en la necesidad de responder, habida cuenta del gran número de personas que han expresado su inquietud. 
He permanecido involucrado directa o indirectamente en Irlanda del Norte, en nombre del Partido Laborista irlandés o en nombre del Gobierno irlandés, durante más de 14 años. 
Debo decir que no es ninguna exageración manifestar el enorme desaliento que ha calado en Irlanda del Norte en los últimos días. 
El desaliento resulta especialmente palpable debido al optimismo que reinaba en la zona entre los partidos y entre la población en general de Irlanda del Norte en el período 1994-95, durante el alto el fuego. 
Existía un ambiente de optimismo que las personas menores de 25 años jamás habían experimentado antes. 
Lo único que esas personas habían conocido era terrorismo, bombas y disturbios durante los pasados veinticinco años. 
Tenemos que reanudar el diálogo entre los partidos y debemos hacerlo con carácter de urgencia. 
Es una responsabilidad de los gobiernos y de los partidos políticos de Irlanda del Norte. 
A través del diálogo debemos desarrollar la tolerancia y debemos encontrar un acoplamiento pacífico que esté basado en el respeto mutuo y en la igualdad, y tenemos que alejarnos de las políticas de dominación y de la amenaza de la violencia. 
Éstos son objetivos de los gobiernos y con la reunión que se celebró ayer y con otras reuniones que se celebrarán hoy y mañana, avanzaremos hacia esos objetivos. 
En lo relativo a la Presidencia y al Parlamento Europeo, puedo asegurarles que los ministros irlandeses consultarán exhaustivamente al Parlamento en los próximos meses. 
Asistiremos a muchas de las reuniones de sus comisiones, y tengo la esperanza- de hecho, tengo la certeza- de que cooperaremos estrechamente con el Parlamento en hacer avanzar muchos dossieres técnicos que constituyen la base para la integración económica europea. 
Muchos diputados han mencionado las dificultades a las que se enfrenta Europa en relación con la ley HelmsBurton. 
Permítanme reiterar que compartimos el deseo de los Estados Unidos de reformar Cuba. 
Aspiramos a que se establezca la libertad política y a se respeten fielmente los derechos humanos en Cuba, y trabajaremos juntos con los Estados Unidos por estos objetivos comunes. 
Estoy seguro de que los diputados están informados de que en el Consejo de Asuntos Generales del lunes, que ha sido la primera oportunidad que se nos ha presentado como Presidencia, hemos reafirmado nuestro deseo de promover la reforma democrática en Cuba, y también hemos recordado nuestra profunda preocupación, ya expresada en el Consejo Europeo de Florencia, por los efectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton. 
Hemos reaccionado con gran rapidez y hemos enviado una señal inequívoca de nuestra intención de responder a cualquier daño que pudiera ocasionar la aplicación de la ley a intereses europeos. 
Debo decir que acojo con satisfacción la decisión que tomó ayer el Presidente Clinton de suspender durante seis meses el derecho de emprender acción según el Título 3 de la ley Helms-Burton. 
Es una medida útil y estudiaremos detenidamente sus implicaciones. 
No obstante, también hay que decir que no elimina el efecto extraterritorial de la ley ni elimina las restricciones que se han aplicado a los empresarios europeos. 
La ley Helms-Burton ha sido condenada por los principales socios comerciales de los Estados Unidos y, ciertamente, espero que ese país reflexione más detenidamente sobre las implicaciones de su acción y colabore con sus socios en la protección y promoción de un sistema de comercio internacional abierto y en beneficio de todos. 
A través de la agenda transatlántica, disponemos de un marco para seguir avanzando en las relaciones de Europa con los Estados Unidos. 
Como ya he indicado, la Presidencia irlandesa se propone impulsar la cooperación con los Estados Unidos en los numerosos ámbitos que abarca dicho diálogo. 
Algunos oradores se han referido a las negociaciones que están teniendo lugar en el seno de la CIG sobre cómo fortalecer la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Abordaré este asunto en el debate sobre el informe Fernández-Albor que tendrá lugar inmediatamente después de este debate. 
La CIG se está ocupando actualmente del objetivo identificado en el Consejo Europeo de Florencia de fortalecer y ampliar el alcance de la PESC, incluida la seguridad de la Unión y el aspecto de su defensa. 
Dichas negociaciones abarcan asimismo el estrechamiento de los lazos entre la UE y la UEO. 
Muchos diputados han planteado el asunto del desempleo como su primera prioridad, y deseo señalar que la experiencia irlandesa del empleo local, que es un enfoque integral para abordar problemas, incluidos los puntos negros del desempleo, será el tema de una Conferencia Europea en Dublín durante nuestra Presidencia. 
El informe de la OCDE sobre la experiencia irlandesa del empleo local ha sido publicado recientemente, y recomiendo su lectura a aquellos diputados al Parlamento Europeo que se interesen por este tema. 
En cuanto a la libre circulación, he escuchado muy atentamente las observaciones que aquí han hecho sus Señorías. 
Este tema podría ser debatido convenientemente cuando el Presidente en ejercicio del Consejo de Justicia e Interior, el Ministro Owen, se reúna con la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores en septiembre. 
Será de gran utilidad oír las opiniones de la comisión sobre este importante asunto. 
Muchos diputados han planteado la cuestión de Chipre. 
Quisiera declarar que las perspectivas de Chipre de ingresar en la UE brindan una oportunidad y un incentivo para buscar una solución política al problema chipriota. 
En este contexto, la Presidencia italiana nombró a un representante especial. 
Como titular de la Presidencia de la UE, Irlanda intentará mantener la ayuda de la Unión con el fin de contribuir al esfuerzo internacional encaminado a alcanzar una solución pactada. 
En el Consejo de Asuntos Generales de esta semana anuncié el nombramiento del Embajador Heaslip como representante de la Presidencia para Chipre, y consultaremos a nuestros interlocutores cuando hagan públicas sus recomendaciones sobre cómo puede la Unión impulsar su enfoque en la cuestión de Chipre. 
Muchos han mencionado las dificultades en la antigua Yugoslavia, una preocupación que comparto personalmente, tras haber visitado la región en estos últimos diez días. 
La posición de la Unión Europea, según se estableció en el Consejo Europeo de Florencia, es que el acuerdo de paz excluya a los condenados por el Tribunal Internacional de Justicia de la carrera por la Presidencia. 
La retirada del Sr. Karadzic de la escena política es fundamental e imprescindible. 
La Presidencia continuará trabajando con ahínco junto con los demás miembros de la comunidad internacional para alcanzar este objetivo. 
Del mismo modo, en lo relativo a Kosovo, la Unión Europea siente una gran preocupación por esta situación. 
El Consejo expresó la esperanza de que las medidas adicionales adoptadas por las autoridades de Belgrado, en particular, en lo relativo a Kosovo, permitan desarrollar buenas relaciones con la antigua República de Yugoslavia, así como una mejora de la situación de Belgrado en el seno de la comunidad internacional. 
Seguiremos insistiendo en ese sentido. 
Se ha mencionado la importancia del diálogo euromediterráneo. 
Personalmente atribuyo gran importancia a los logros del diálogo euromediterráneo alcanzados hasta la fecha y, en particular, al éxito de la Conferencia de Barcelona durante la Presidencia española. 
Es una de nuestras prioridades y me alegra mucho que, como ya sabrán los miembros del Consejo, el lunes de esta semana se haya aprobado el programa MEDA, dando un paso muy importante en el estrechamiento de las relaciones entre Europa y los países de la cuenca mediterránea, y continuaremos con esa labor. 
De hecho, esta tarde tenemos una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de Turquía para discutir sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía que, me consta, es un asunto que preocupa a los diputados. 
Haremos uso de toda nuestra habilidad para intentar avanzar en el tema de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. 
Señora Presidenta, acojo con satisfacción las aportaciones que han hecho los diputados al Parlamento Europeo. 
Como decía al comienzo de mi intervención, espero con interés que durante la Presidencia irlandesa podamos trabajar muy estrechamente con ustedes, los diputados elegidos por los ciudadanos europeos. 
Sé que la buena colaboración entre las instituciones será esencial si de verdad queremos conseguir el progreso del que hemos hablado en los distintos ámbitos y en los distintos puntos de la agenda de la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación del Parlamento de Sabor, dirigida por el Presidente del Parlamento croata, Sr. Vlatko Pavletic, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
Espero, y no dudamos de ello, que sus trabajos sean fructíferos. 
Les doy la bienvenida en nombre del Parlamento. 
(Aplausos) 
Progresos de la PESC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0175/96) del Sr. Fernández-Albor, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre los progresos realizados en el desarrollo de la política exterior y de seguridad común (enero-diciembre de 1995). 
Señora Presidenta, como ustedes saben, esta es la segunda vez que el Parlamento Europeo celebra el debate que, según el párrafo 2 del artículo J 7 del Tratado de la Unión Europea, debe mantener sobre los progresos realizados en el desarrollo de la política exterior y de seguridad común. 
A fin de facilitar un ordenado debate en el Pleno, la comisión que tengo el honor de presidir ha presentado un informe que se pretende equilibrado y merecedor de aglutinar una importante mayoría en esta Asamblea. 
Al proyecto de informe, elaborado por mi predecesor el Sr. Matutes, se presentaron en comisión, por todos los Grupos políticos, 57 enmiendas, de la cuales una parte sustancial fue incorporada al texto que hoy se presenta. 
Hay que señalar que la mayor parte de las enmiendas fueron más de forma que de fondo, salvo, quizá, las referidas a los temas de seguridad y defensa que, como veremos, siguen planteando algunos problemas de análisis y de interpretación, pero también de objetivos y concepción general de la integración europea. 
Es importante subrayar que no se ha intentado, por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, reiterar el trabajo ya efectuado por esta Asamblea respecto a las necesarias mejoras que han de introducirse en el Título V durante la Conferencia Intergubernamental en curso. 
Hemos tratado de ceñirnos, pues, a lo dispuesto en el Tratado, limitando nuestro ejercicio al análisis del desarrollo de la PESC y a las grandes líneas de actuación de la Unión en esta área durante el año 1995. 
El espíritu general del informe y de la propuesta de resolución presentados es sosegadamente crítico. 
No puede ser de otra forma porque, en términos generales, 1995 no ha sido un año satisfactorio para el desarrollo y puesta en funcionamiento de la PESC. 
Esta falta de evolución de la PESC resulta tanto más evidente cuanto que la actividad exterior de la Unión ha sido particularmente intensa. 
Intensa y hasta se puede decir que satisfactoria en lo que hace a la actividad exterior de carácter convencional. 
En este sentido, la firma del acuerdo con Mercosur, la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, la participación activa y concreta en el plan de reconstrucción de la antigua Yugoslavia, el pacto transatlántico, la firma de acuerdos de asociación con Marruecos, Túnez, los Países bálticos, etc., son importantes éxitos pero ¿significa ello que se haya avanzado en el desarrollo de una política exterior común, que se hayan conjugado todas las potencialidades del Título V del Tratado, o que, cuando menos, se adivine esa tendencia positiva? 
No lo creemos. 
La percepción que se tiene, y en ello coinciden analistas y opinión pública, es que poco se está haciendo por poner en marcha una PESC digna de ser así denominada. 
Por ello, calificamos de incongruente y desesperanzador, en el apartado 9 de nuestra propuesta de resolución, que la tan intensa y fructífera actividad exterior convencional a la que antes nos hemos referido haya dado lugar a tan escaso desarrollo de los instrumentos previstos para la PESC. 
Queremos, pues, hacer hincapié en el desequilibrio existente en la acción externa de la Unión. 
Por un lado, firmamos Tratados y pagamos facturas pero, por otro, no contamos con unas iniciativas diplomáticas a la altura de nuestras ambiciones. 
El Tratado de la Unión Europea supuso un tibio intento de superar las diferencias de la cooperación política europea y de afirmar, como se dice en su artículo B, la identidad de la Unión Europea en el ámbito internacional. 
Para ello se dotó a la cooperación política europea de tres elementos: las acciones comunes, las posiciones comunes y la definición de una política de defensa común. 
Estos tres elementos, esenciales para desarrollar la parte no convencional o diplomática de nuestras relaciones exteriores, han padecido de una evolución lenta o casi inexistente, según el nivel de exigencia de cada uno durante el periodo que nos toca evaluar. 
Así, ponemos de relieve en el apartado 12 del informe la aparente confusión que reina en el empleo de las posiciones comunes o de las acciones comunes. 
Su utilización parece deberse más al azar o a caprichosos designios que se nos ocultan que al rigor en la aplicación de instrumentos de distinto alcance, pensados para diferentes situaciones. 
Parece necesario subrayar que, cuando se habla de sistema disuasorio común, no se hace referencia alguna a que dicha disuasión tenga algo que ver con la disuasión nuclear, tema éste que no aparece en ninguna parte del informe y que escapa al tema que nos ocupa. 
Se trata tan sólo de desarrollar, tal como está previsto en el Tratado de la Unión Europea, una política de defensa y de seguridad común creíble y, por lo tanto, disuasoria y efectiva. 
Sin embargo, el término «disuasorio» molesta, puesto que se asocia a las armas nucleares. 
Nada impide suprimirlo del texto. 
Quiero terminar lamentando, como se hace en el apartado 21 de la propuesta presentada, que no hayamos sido capaces- y creo sinceramente que no ha sido por culpa de esta Asamblea- de concluir un acuerdo interinstitucional para la correcta aplicación del artículo J 7. 
No podemos dejar de constatar que el Consejo ha ignorado sistemáticamente las recomendaciones de esta Asamblea en política exterior y- lo que me parece más grave- no ha comparecido para explicar políticamente su postura. 
Tampoco se ha concretado el derecho de información y de consulta a que este Parlamento tiene derecho. 
Señora Presidenta, mi presentación de las prioridades de Irlanda de esta mañana da una idea de la creciente participación de la Unión Europea en el exterior. 
La actividad de la Unión en el ámbito de la política exterior se ha intensificado considerablemente desde el establecimiento de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
El Tratado de la Unión Europea manifestó el propósito de la Unión de actuar coherente y eficazmente en el panorama internacional y, con este objetivo, proporcionó un mecanismo para la definición de una política común. 
La resolución del Parlamento Europeo, tema del presente debate, describe acertadamente la Política Exterior y de Seguridad Común como un proceso evolutivo que debe progresar lenta, pero ininterrumpidamente en la dirección de los objetivos claramente establecidos en el Tratado de la Unión Europea. 
Desde la entrada en vigor del Tratado, el Consejo se ha esforzado en desarrollar enfoques pactados ante los principales retos a que se enfrenta la Unión, así como los procedimientos necesarios para su aplicación. 
La revisión de la PESC en la Conferencia Intergubernamental nos brinda la ocasión idónea para evaluar los progresos realizados y estudiar aquellos aspectos que puedan necesitar ser mejorados. 
Las deliberaciones del Grupo de Reflexión del pasado año ayudaron a identificar y aclarar los temas que debían ser abordados en la CIG. 
Quisiera alabar en este sentido la inestimable contribución que hicieron a la labor del Grupo de Reflexión los representantes del Parlamento Europeo, la Sra. Guigou y el Sr. Brok. 
La preocupación manifestada en la resolución del Parlamento por la falta de un centro de análisis identificable, capaz de evaluar riesgos y amenazas, es ampliamente compartida por sus Estados miembros. 
La CIG está estudiando las modalidades para la posible creación de una unidad de planificación y análisis a nivel europeo, que sirva de centro para identificar los intereses comunes en materia de política exterior y facilite la formulación de respuestas rápidas y efectivas a dichos desafíos. 
La Conferencia está revisando también los procedimientos para la adopción y ejecución de decisiones en materia de política exterior, así como las disposiciones del Tratado sobre la política de seguridad y defensa. 
La resolución del Parlamento observa acertadamente que la creación de la PESC no es un fin en sí mismo, sino un medio para promover los objetivos de la Unión relativos a la paz y la seguridad internacional, al desarrollo y la consolidación de la democracia, al respeto por el Estado de derecho y las libertades fundamentales. 
Son los objetivos que se persiguen en una serie de foros internacionales, en particular en la ONU y la OSCE, y a través del desarrollo de las relaciones que la Unión mantiene con países terceros asociados. 
Para alcanzar este fin se recurre a varios medios. 
Si bien las acciones conjuntas y las posiciones comunes son instrumentos importantes de la PESC, éstas no son en modo alguno la única medida del alcance o de la eficacia de las actividades de la Unión en política exterior. 
La nueva agenda transatlántica y el plan de acción adoptado en Madrid en diciembre de 1995, por ejemplo, representan una estrategia minuciosa para lograr una cooperación más estrecha entre la UE y los EE.UU. en la promoción de la paz, la estabilidad, la prosperidad, la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. 
Se han desarrollado amplios mecanismos políticos de cooperación con los países europeos asociados, en el marco de la estrategia de preadhesión y del diálogo estructurado. 
Se ha progresado notablemente en la alineación de posiciones en materia de política exterior entre los países aspirantes y la Unión como preámbulo de su adhesión. 
La iniciativa comunitaria del pacto por la estabilidad, concluido el pasado año, ofrece un marco para desarrollar la cooperación y las relaciones de buena vecindad entre los países de la Europa central y oriental que forman parte del mismo. 
Se están estrechando las relaciones con los países de la antigua Unión Soviética; la Unión Europea se propone negociar acuerdos de asociación y cooperación con Rusia y cada uno de los nuevos Estados independientes, basados en los principios de asociación y el respeto mutuo. 
Ya se han concluido varios acuerdos de amplio alcance que incluyen disposiciones importantes sobre el diálogo político, el respaldo a la consolidación de las estructuras democráticas y la protección de los derechos humanos. 
Las primeras elecciones parlamentarias al Duma, establecido por la Constitución de 1993, y las recientes elecciones a la Presidencia- en ambos casos con la participación de la UE en calidad de observadora- han constituido hitos importantes en el proceso de reforma democrática de Rusia. 
La situación en Chechenia, sin embargo, continúa siendo motivo de preocupación, especialmente ante la reciente reanudación de los combates. 
La Unión continúa apoyando los esfuerzos de la OSCE en su búsqueda de una solución negociada de este conflicto. 
La declaración adoptada en la Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995 representa un paso importante en el desarrollo de las relaciones de la Unión con sus países vecinos de la región mediterránea, incluidas las partes centrales que intervienen en el proceso de paz de Oriente Próximo. 
La declaración estableció un proceso para estrechar la cooperación y la asociación en los ámbitos político, de seguridad, económico, social y cultural. 
Traza una serie de principios y objetivos, junto con un programa de trabajo que se está aplicando de manera activa. 
El desarrollo progresivo de todos los aspectos de la asociación es un objetivo clave de la Presidencia irlandesa. 
Es para mi una gran satisfacción poder informar en este contexto que el Consejo de Asuntos Generales ha aprobado esta semana el reglamento MEDA. 
El reglamento lleva a efecto nuestra cooperación en la asociación euromediterránea. 
En 1995, el Consejo aprobó las líneas generales de orientación para la cooperación entre la Unión y Latinoamérica para el período que conduce al siglo XXI. 
Los objetivos políticos de esta futura cooperación son relativos al apoyo institucional para la consolidación de los procesos democráticos y el respeto de los derechos humanos, con la participación de la sociedad civil y en un contexto de regionalismo abierto. 
Con el fin de dar un nuevo rumbo a su diálogo institucionalizado con todos los países de la región, la Unión ha adoptado una serie de disposiciones para mantener un diálogo innovador, entre las que se incluye la firma del Acuerdo marco para la cooperación interregional con Mercosur en el Consejo Europeo de Madrid, la preparación de un acuerdo con los países del Pacto Andino- recientemente se firmó una declaración conjunta -, y la firma de declaraciones conjuntas con México y Chile. 
Todo ello ofrece un marco dinámico para fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. 
Asia se ha convertido en uno de los principales interlocutores en el panorama internacional, tanto en términos políticos como económicos. 
La Unión Europea está dando la debida prioridad al desarrollo de un diálogo entre la Unión y Asia, sus países y sus líderes. 
La Cumbre de Bangkok estableció una nueva asociación de amplio alcance entre Asia y Europa, encaminada a fortalecer los lazos para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad mundial. 
La reunión aprobó una serie de medidas específicas de seguimiento en los ámbitos político y económico. 
El proceso Asia-Europa ofrece a la Unión un marco más amplio para desarrollar el entendimiento mutuo con sus socios de Asean y para perseguir sus intereses e inquietudes en política exterior en la región. 
Además de desarrollar sus relaciones exteriores, la Unión sigue participando en los esfuerzos internacionales para hacer frente a los importantes desafíos que actualmente amenazan la paz y la estabilidad. 
El acuerdo de paz en Bosnia-Herzegovina, alcanzado el pasado diciembre, fue la culminación del continuo compromiso de la comunidad internacional en el que la Unión Europea tuvo una importante contribución. 
El Consejo se ha preocupado en todo momento de garantizar la capacidad de la Unión para responder rápida y flexiblemente a la cambiante situación de la zona y mantiene exhaustivas consultas con sus principales interlocutores internacionales. 
Ha hecho uso de los instrumentos a su alcance para este fin conforme al Tratado de la Unión Europea. 
El reto ahora consiste en desarrollar las estructuras necesarias para asegurar y consolidar la paz. 
La Unión está desempeñando un papel clave en la aplicación del aspecto civil del acuerdo de paz con su contribución a la reconstrucción económica y sus acciones conjuntas de apoyo al alto representante, Sr. Carl Bildt, al proceso electoral en Bosnia-Herzegovina y la ayuda humanitaria, incluidas las actividades relativas a la eliminación de minas. 
La Unión continúa asimismo apoyando el proceso de paz en Oriente Próximo en base al planteamiento manifestado en la Declaración de Florencia. 
La Unión ha tenido un papel activo, constructivo e imparcial en cooperación con los copatrocinadores del proceso y las partes regionales. 
Ha sido la principal proveedora de ayuda económica a las autoridades palestinas y ha participado de forma activa en el desarrollo de las instituciones palestinas. 
El papel más importante que ha desempeñado la Unión en la organización y supervisión de las elecciones de enero de 1996, que dieron paso al establecimiento de las instituciones palestinas sobre una base democrática, tuvo una buena acogida en la región. 
La incesante violencia en la región de los Grandes Lagos y, en particular, en Burundi, es causa de gran preocupación por parte del Consejo, preocupación que se ha visto reflejada en una serie de medidas adoptadas con vista a paliar la crisis. 
La posición común sobre Burundi, adoptada en marzo de 1995, manifestaba la ayuda de la UE al proceso de reconciliación nacional y al diálogo entre las partes locales. 
Este instrumento proporcionó asimismo un marco para la ayuda de la UE en la forma de apoyo a la misión de los observadores militares de la OUA en Burundi y el envío de observadores del cumplimiento de los derechos humanos por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. 
A la luz de los acontecimientos que siguieron, el Consejo nombró a un enviado especial de la UE para la región que participa activamente en los esfuerzos por la paz que actualmente están realizando la ONU, la Organización para la Unidad Africana, los líderes regionales y otros mediadores, como los antiguos Presidentes Carter y Nyerere. 
El Consejo apoya los objetivos del proceso de ayuda para la seguridad, iniciados recientemente en Arusha, y espera que contribuyan a crear unas condiciones que permitan emprender un diálogo político inclusivo y sustancial entre las partes. 
El Consejo condenó abiertamente la ejecución de Ken Saro-Wiwa en noviembre de 1995, a raíz de la cual adoptó dos posiciones comunes sobre Nigeria, que en ambos casos estaban destinadas a promover el respeto de los derechos humanos y la vuelta a un gobierno civil democrático en el país. 
Las posiciones comunes incluían medidas como restricciones de visado a los miembros de las fuerzas de seguridad, un embargo de armas y la suspensión de la cooperación al desarrollo. 
La Unión se ha mantenido atenta a la evolución de la situación en Nigeria, y se propone proseguir estudiando e identificando posibles sanciones a dicho país. 
El principal objetivo de la posición común sobre Angola, adoptada en octubre de 1995, era ayudar al Gobierno de aquel país a consolidar las estructuras democráticas y el Estado de derecho. 
Otras disposiciones incluían proseguir la participación de la UE en los esfuerzos encaminados a paliar el sufrimiento de los refugiados y fomentar el respeto de los derechos humanos. 
La Unión complementó su actividad en este área con la promesa de aportar casi 800 millones de dólares en ayuda humanitaria de rehabilitación en la mesa redonda del PNUD del pasado año. 
En el contexto de su acción común para la eliminación de minas, la UE ha contribuido con 1, 5 millones de ecus en proyectos de eliminación de minas en Angola. 
Es fundamental que se termine pronto con la desmovilización de soldados para apuntalar a largo plazo el proceso de paz. 
Además de dar respuesta a las crisis inmediatas, la Unión está intentando también eliminar las causas subyacentes del conflicto en África a través del diálogo continuo y práctico en cooperación con la Organización para la Unidad Africana. 
En sus conclusiones de 4 de diciembre de 1995, el Consejo reiteró que la diplomacia preventiva, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional son objetivos prioritarios de la PESC, y presentaba los principios que están detrás de la contribución de la Unión a la acción emprendida por organismos africanos, en particular, la OUA, para establecer mecanismos encaminados a la prevención y la resolución de conflictos. 
Estos principios constituyen actualmente la base del diálogo que mantiene la UE con la OUA en este importante ámbito. 
Tienen por objeto apoyar los esfuerzos de la OUA encaminados a establecer sus propios mecanismos para la prevención y la solución eficaz de conflictos proporcionando formación y aportando conocimientos y apoyo logístico en lo relativo al aviso precoz de los conflictos, la diplomacia preventiva y el mantenimiento de la paz. 
La acción común en materia de minas antipersonal, adoptada el 12 de mayo de 1995, fue un paso importante en los esfuerzos que realiza la Unión Europea encaminados a paliar la tragedia que supone la utilización indiscriminada de este tipo de armas en muchos países. 
La acción común estableció una moratoria común sobre la exportación de minas antipersonal y permitió la participación activa en los preparativos de la conferencia para la revisión del Convenio sobre el uso de armas inhumanas, y una contribución a la eliminación internacional de minas. 
Aunque la acción común ayudó a dar un cierto impulso a la labor de la conferencia para la revisión, el resultado no cumplió nuestras expectativas ni algunos de los objetivos que nos habíamos marcado en nuestra acción común en varios ámbitos importantes. 
Nuestro objetivo ahora es alcanzar un acuerdo sobre una acción común actualizada con el fin de maximizar la contribución de la Unión Europea al movimiento internacional por la prohibición mundial de estas armas. 
Acojo con satisfacción el énfasis que pone la resolución del Parlamento en la protección de los derechos humanos en su respaldo de los esfuerzos realizados por el Consejo para mantener este principio. 
El informe anual del Consejo sobre las actividades de la Unión en el ámbito de los derechos humanos fue presentado al Parlamento a comienzos de este mes por el Presidente Hänsch. 
La Presidencia irlandesa reanudará los esfuerzos de la Unión para promover el respeto de los derechos humanos y para asegurarse de que este objetivo se mantiene en el centro de las políticas de la Unión en general, y en su Política Exterior y de Seguridad Común, en particular. 
Deseo expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo por haber brindado con tanta celeridad a la Presidencia irlandesa la ocasión de intercambiar ideas sobre la PESC. 
Deseo reiterarles una vez más nuestro compromiso de mantener al Parlamento Europeo informado sobre los progresos en el ámbito de la PESC durante los próximos meses, y espero realmente poder mantener unas relaciones de trabajo constructivas entre el Consejo y el Parlamento Europeo, que permitan a la Unión hacer frente con eficacia a los desafíos que se nos avecinan. 
Le doy las gracias, señor Presidente del Consejo. 
Se interrumpe el debate sobre este informe. El mismo se reanudará a las 15.00 horas. 
Votaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Propongo que se modifique un tanto- aunque sea por razones de la presencia en la Sala- el orden de votación: comenzamos con la recomendación del Sr. Wolf y luego, votamos el informe del Sr. Piecyk, las recomendaciones del Sr. Hoppenstedt y la recomendación del Sr. Meier. 
Luego proseguiremos con los informes o las votaciones que requieran la mayoría absoluta, pero antes deberíamos votar el calendario de períodos parciales de sesiones. 
¿Hay alguna observación contra este procedimiento ligeramente modificado? 
Señor Presidente, precisamente querría hacer una observación sobre la votación del calendario. 
Mi petición es simple: deseo que no se admita a trámite ninguna de las enmiendas referentes al número de períodos parciales de sesiones de Estrasburgo, y ello por dos razones. 
Primeramente, porque van en contra del compromiso de Edimburgo y, en segundo lugar, porque se está a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia, al cual se ha sometido esta cuestión. 
Señor Wurtz ¿tendría usted la amabilidad de colocarse sus auriculares para que yo pueda decirle algo? 
Acabo de hacer una propuesta, en concreto, la de modificar el orden de las votaciones. Esto tiene que ver con la presencia en la Sala. 
Un poco más tarde convocaré la votación del calendario de los períodos parciales de sesiones. 
Una vez que convoque la votación de este punto, tendrá usted, y también otros que quieran hacer uso de la palabra, la oportunidad de manifestar alguna cosa al respecto. 
Es más económico actuar una vez que se haya convocado el punto del orden del día. 
Señor Presidente, reitero por lo tanto mi solicitud, que es muy simple. De conformidad con el apartado 3 del artículo 125 de nuestro Reglamento, deseo que no admita a trámite ninguna de las enmiendas al proyecto de calendario de los períodos parciales de sesiones de 1997 referentes al número de períodos parciales de sesiones de Estrasburgo, y ello por dos razones. 
Primeramente, porque van en contra del compromiso de Edimburgo y, en segundo lugar, señor Presidente, porque, en cualquier caso, se está a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia, al cual, precisamente, se ha sometido este asunto. 
Señor Presidente, mi intervención referente a la observancia del Reglamento se basa- al igual que la de mi colega- en el artículo 125. El mismo atañe a la votación del calendario de los períodos parciales de sesiones de 1997. 
En efecto, el artículo 125 establece que el Presidente decidirá la admisibilidad de las enmiendas. 
Ahora bien, las enmiendas 27 y 34, por las que se solicita la supresión de un período parcial de sesiones en Estrasburgo están en flagrante contradicción con el compromiso de Edimburgo. Hay que recordar, señor Presidente que usted llegó a ser un ardiente defensor de la decisión de Edimburgo en su reciente visita a París. 
Nosotros sabemos, señor Presidente, que usted no utiliza un doble lenguaje y que es persona de una sola palabra. 
Por eso, señor Presidente, le pedimos que no admita a trámite las enmiendas 27 y 34 y que no las someta a votación. 
Señoras y señores, antes de proseguir adelante con este tipo de intervenciones quiero decirles lo siguiente: he reflexionado, naturalmente, sobre la cuestión de si es procedente votar hoy esta enmienda por la que se suprime un período parcial de octubre, y he hecho mis comprobaciones. 
En primer lugar: en la historia del Parlamento existen ya varios precedentes, y mis predecesores han encontrado siempre procedentes enmiendas de este tipo y en esta Asamblea se han votado también siempre estas enmiendas. 
No quisiera apartarme de esta praxis. 
En segundo lugar: el año pasado votamos una enmienda semejante. 
Entretanto hay en curso un proceso ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
El año pasado la Asamblea confirmó de facto el carácter procedente mediante la aprobación de la enmienda. 
Por consiguiente, no voy a modificar ahora a este respecto la situación procesal ante el Tribunal Europeo de Justicia adoptando este año decisiones contrarias a las que se adoptaron el año pasado. 
En tercer lugar: la Asamblea es libre de aceptar o de rechazar la enmienda. 
Quien crea que no es procedente, debe rechazarla. 
Por consiguiente, el asunto está en las manos de la Asamblea y en ellas lo dejo yo también. 
Señor Presidente, deseo manifestar que no podemos aceptar sus argumentos, ya que la admisión a trámite no es una cuestión de fondo, sino de procedimiento. 
Por consiguiente, usted debe aplicar los Tratados y el Reglamento, y a la vista de los Tratados y del Reglamento- los Tratados son formales, puesto que existe una decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno- no debe admitir a trámite dichas enmiendas. 
Distinguidos colegas, ustedes saben tan bien como yo que en esta Asamblea existen diferentes opiniones acerca de hasta qué punto tiene carácter contractual el compromiso de Edimburgo. 
Hasta hoy estas posiciones no han sido aclaradas todavía judicialmente, y porque existen tales opiniones diferentes aplico estrictamente el artículo que ha citado el Sr. Striby: » El Presidente decidirá la admisibilidad de las enmiendas». Así se dice en el apartado 3 del artículo 125 y ésta es la decisión que les he comunicado. 
Señor Presidente, le doy las gracias por concederme la palabra por una cuestión reglamentaria. 
Constato, en efecto, que tiene dificultades para poder ver a algunos oradores situados a su derecha, por lo que le estoy agradecido de que me haya concedido la palabra. 
Intervengo también por una cuestión reglamentaria y en relación con los puntos mencionados por los oradores que me han precedido, concretamente el Sr. Pasty y el Sr. Striby. 
Yo considero que las enmiendas no deben ser admitidas a trámite. 
Sé que usted no piensa de la misma manera, pero a pesar de ello deseo expresar que mientras esté en curso la Conferencia Intergubernamental, me parece que, independientemente de las cuestiones estrictamente jurídicas, el hecho de aceptar que el Parlamento Europeo se someta simbólicamente al Consejo y a la Comisión, al querer desviar los períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo a Bruselas, significaría debilitar políticamente la sede de Estrasburgo. 
Considero que la independencia del Parlamento también depende mucho de que su sede principal esté situada en una ciudad diferente del lugar de trabajo de la Comisión y del Consejo. 
En mi opinión, esta sumisión me parece absolutamente lamentable y deseaba manifestárselo a mis colegas antes de la votación. 
Señoras y señores, se procede ahora a la votación. 
En interés del asunto del que se trata ahora no deberíamos intentar impedir o aplazar la votación mediante trucos del Reglamento o mediante peticiones de palabra relativas al Reglamento. 
Emitiendo su voto cada cual tiene la posibilidad de hacer explícita su posición sobre el asunto que se va a decidir aquí. 
Señor Presidente, ha sido muy arduo, pero valía la pena: ¡por fin hemos conseguido tomar la palabra en el Pleno! 
No es que se quiera retrasar la votación, señor Presidente, sino que lo que se desea evitar es que usted intervenga cada vez que hace uso de la palabra un diputado, hablando usted cinco veces sobre el mismo tema, mientras que nosotros podemos intervenir una sola vez y con dificultad, porque usted mira muy poco hacia esta parte o hacia el otro extremo del hemiciclo. 
Por consiguiente, ruego a sus colaboradores que presten mayor atención a las solicitudes de intervención de los diputados. 
Por lo que se refiere a la cuestión respecto a la que estamos interviniendo, usted manifestó que ya sucedió con sus predecesores que se admitieran a trámite ciertas enmiendas y, en consecuencia, sigue usted esta práctica. 
Eso me recuerda el viejo dicho latino según el cual errare humanum est, sin embargo, es diabólico perseverar. 
Con respecto al caso específico de Bruselas, quisiera denunciar en este Pleno las extrañas maniobras que envuelven los inmuebles tanto de la Comisión como del Parlamento, problema que desearíamos que se aclarara, porque alguien se está enriqueciendo de manera vergonzosa en perjuicio del Parlamento y de la democracia. 
Señor Presidente, estoy seguro de que la Asamblea apoyará unánimemente la declaración que usted ha hecho. 
Si esta Asamblea no es soberana para determinar su orden del día, ¿para qué es soberana? 
Esto tiene que quedar claro, no sólo al Consejo de Ministros y al Consejo Europeo, sino también al Tribunal de Justicia. 
Hoy tenemos la ocasión de enviar una señal. 
Espero que el Parlamento lo haga. 
Señor Presidente, es mucho lo que se ha hecho en este Parlamento por la supremacía del Parlamento, así como por el respeto del Reglamento y de los Tratados, etcétera. 
No olvidemos que cuando Hitler quiso hacerse con el poder e impuso el nazismo en Alemania, se sirvió de la denominada democracia parlamentaria para conseguir sus fines. 
Lo que aquí sucede es que, negando a los diputados hacer uso de la palabra en el Parlamento, negándose a garantizar que todo el mundo respeta los denominados Tratados y la constitución de este Parlamento y de la Unión Europea, estamos incumpliendo nuestro deber de dar ejemplo a la población. 
De los Tratados se desprende con toda claridad que Estrasburgo es la sede del Parlamento y, a pesar de lo que algunos diputados de por allí estén intentando decir y hacer, están desobedeciendo abiertamente la ley, la ley constitucional y los derechos de la población de Europa. 
Esta no es una intervención relativa al Reglamento. 
Ahora escuche, por favor, con toda atención y concéntrese en la votación. 
Señor Presidente, los comentarios del Sr. Crowley son una vergüenza para esta Asamblea. 
Quisiera pedirle que los retire inmediatamente. 
Señor Presidente, a pesar del respeto que me merecen todos los diputados, me parece que comparar un debate parlamentario sobre el calendario con el problema político de la Alemania hitleriana no sólo es una infamia, sino también una necedad, indigna del Parlamento Europeo. 
(Vivos aplausos) 
Señor Crowley, puede darse por contento de que a causa del ruido en la Asamblea no le haya entendido acústicamente. 
No permitiré ahora ninguna discusión más sobre esta cuestión. 
Después de la votación de las enmiendas 1 a 7 
Señor Presidente, ¡lo que acaba de hacer es escandaloso! 
Hace un momento ha dado muestras de irresponsabilidad. 
Ahora, acaba de violar el más elemental sentido de la democracia. 
Nosotros somos los autores de las enmiendas que usted acaba de someter a votación en bloque. 
Le pido la palabra para retirar algunas de esas enmiendas y no me la concede. 
No sólo demuestra usted una total irresponsabilidad, sino que, además, menosprecia el derecho de expresarse de cada uno de nosotros. 
¡Cuando se presentan enmiendas, siempre se tiene el derecho de hacer uso de la palabra antes de someterlas a votación! 
Después de la votación 
Señor Presidente, gracias por concederme la palabra; seré muy breve. 
Señor Presidente, Señorías, ahora que los ánimos se han aplacado, desearía decir dos palabras sobre el argumento referente a las mayorías de este Parlamento, en el sentido de que poseerían, en cierto modo, la capacidad jurídica para tomar cualquier tipo de decisiones. 
Señor Presidente, la cuestión reglamentaria que planteo se basa en el artículo 216 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en el artículo 77 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y en el artículo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. 
Todos estos artículos, señor Presidente, disponen muy claramente, y están a su disposición, que la sede de las instituciones será fijada de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros. 
La Declaración de Edimburgo, que constituye un tratado internacional, también forma parte de las citadas referencias. 
Si usted da por sentado que las mayorías parlamentarias pueden eximirse del cumplimiento de la normativa que establece esta competencia, también pueden eximirse del cumplimiento de los Tratados en los que se basa esta misma competencia, y es como si serraran la rama sobre la que se apoyan. 
Estimado colega, la sede de la institución no ha estado en absoluto aquí en discusión ni ha sido objeto de votación. 
En Edimburgo la sede de la institución se fijó en Estrasburgo. 
Aquí se ha tratado únicamente de una votación sobre el mantenimiento de una semana de sesiones y nada más. 
Señor Presidente, estaba precisamente leyendo el texto de la enmienda 21 que aprobamos hace un momento y que es relativa a los cambios a las semanas 37 y 38. 
Observo que dice la semana que comienza el 8 de septiembre y la semana que comienza el 15 de septiembre. 
Si mira el calendario de 1997 para el Parlamento, descubrirá que los días 8 y 15 de septiembre caen en domingo y en fin de semana, y no son días en que comienza la semana. 
Señor Cassidy, el calendario que tengo delante no dice esto. 
Naturalmente, comprobaremos esto, pero si usted tuviera razón, el acuerdo es válido, naturalmente, en el sentido de que para el Parlamento Europeo el domingo es lunes. 
Señor Presidente, la Comisión de Reglamento, durante su reunión del 24 de junio de 1995, encargó a su presidente y a los ponentes la presentación de una recomendación para la votación de los informes Nordmann y Ford, de conformidad con el artículo 114 de nuestro Reglamento. 
Tanto los ponentes como el presidente de la comisión recomiendan a la Asamblea que rechace todas las enmiendas, salvo aquellas que han sido aprobadas en comisión. 
Deseo manifestar, a la intención de los autores de las enmiendas que solicitamos sean rechazadas, que el único objetivo de esta recomendación es respetar los compromisos contraídos por la Comisión de Reglamento y que éstos no implican un juicio de valor sobre las enmiendas cuyo rechazo se propone. 
Algunas de las disposiciones contenidas en sus enmiendas, por otro lado, ya han sido objeto de largas discusiones en el seno de la Comisión de Reglamento y, además, se volverán a discutir con ocasión de la elaboración de los subsiguientes informes que serán necesarios para proseguir nuestro trabajo. 
Repito, por lo tanto, que el rechazo de estas enmiendas, que en muchos casos contienen ideas interesantes y útiles con miras al trabajo posterior de la comisión, no implica un juicio de valor. 
Señor Presidente, a raíz de la muy justa exposición del Sr. Fayot, quisiera retirar mi enmienda 4 en beneficio de la enmienda 10, que ha sido presentada por el Sr. Nordmann. 
Queda retirada así, si he entendido correctamente, la enmienda nº 4. 
Señor Presidente, debo a mis colegas una explicación sobre la enmienda 10. 
Yo suscribo, naturalmente, la totalidad de la declaración del presidente Fayot, referente a las demás enmiendas. 
La enmienda 10 es algo particular: se trata de una formulación que propuse tras el minidebate que tuvo lugar el lunes, en el momento de la reinscripción de mi informe, con objeto de favorecer la obtención de un consenso. 
Evidentemente, esta enmienda no tiene posibilidades de ser aprobada- como lo demuestran las votaciones celebradas desde el comienzo del debate de esta sesión- si no la apoya la mayoría de los grupos, en especial los grupos mayoritarios. 
Al parecer, según mis informaciones, uno de los grupos mayoritarios no suscribe esta enmienda. 
En estas condiciones, y con la finalidad de favorecer la obtención de un consenso, no puedo menos que retirarla, ¡esperando, sin embargo- ya que nuestro Reglamento lo permite- que otro colega pueda, en su caso, volver a presentarla! 
Señor Presidente, deseo seguir la clara insinuación que ha dado el Sr. Nordmann y aprobar la enmienda en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Antes de la votación de la enmienda 10 
Señor Presidente, esta enmienda ha sido presentada fuera de plazo y, por lo tanto, se considera una enmienda oral. 
Me opongo a la misma por dos razones. 
La primera responde a una razón de forma. 
Hace ya un año y medio que discutimos este texto y no se pueden proponer enmiendas de transacción en el último momento. 
La segunda razón es en cuanto al fondo. 
Las disposiciones aprobadas hasta ahora no requieren normas de desarrollo. 
Lo que en realidad se pretende con ellas es oponerse a la reforma. 
En beneficio de la transparencia, y con la voluntad de dar a conocer todas las disposiciones financieras que nos afectan, me opongo, por lo tanto, a esta enmienda, y estoy seguro de que otros doce colegas se opondrán conmigo. 
Estimado colega, la situación es que ésta es una enmienda de transacción que se ha presentado en debida forma. Figura también en todos los idiomas. 
Esta enmienda fue retirada y las normas permiten que un miembro de la Asamblea asuma semejante enmienda que ha sido retirada, la cual sigue siendo así una enmienda de transacción. 
Así hemos procedido. 
Yo tampoco puedo descubrir la más pequeña falta y, por consiguiente, votaremos ahora la enmienda nº 10. 
Después de la votación de la enmienda 10 
Señor Presidente, podría añadir a lo que he dicho antes que tiene usted inventiva. 
Acaba de inventar enmiendas de transacción, cuando no existen enmiendas en qué basarlas. 
Es evidente que nuestro Reglamento prevé las enmiendas de transacción en caso de que existan varias enmiendas; y, para resolver desacuerdos entre el contenido de estas enmiendas, distintos grupos políticos presentan una enmienda transaccional. 
Usted ha calificado de «enmienda de transacción» algo que no lo era. 
Por lo tanto, mantengo las reservas que he formulado. 
Considero que, también en este caso, usted tendría que haber preguntado, de conformidad con el Reglamento, si había colegas que se oponían a la votación. 
Estimado colega, revisaré mi propia manera de expresarme. 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Señor Presidente, sólo quería dar la bienvenida a Sir James Goldsmith a la Asamblea en una de sus raras visitas al Parlamento. 
De haber llegado un poco antes, sus electores franceses habrían estado más contentos con el resultado de la votación sobre la cuestión de Bruselas-Estrasburgo que se perdió por un voto. 
(Risas) 
Señora Presidenta, en nombre de nuestro grupo quisiera poner en claro una vez más que nos pareció muy importante votar contra las redes transeuropeas. 
Efectivamente, consideramos absurdo querer combatir el desempleo con caros proyectos de prestigio y, al mismo tiempo, querer utilizar para ello los Fondos estructurales, los cuales están pensados propiamente para mejorar la infraestructura local y para crear puestos de trabajo. 
Entre tanto es indiscutible que la disposición a financiar estos proyectos disparatados está disminuyendo. 
También es indiscutible que los inconvenientes son desde hace tiempo mayores que las ventajas. 
Como puso en claro ya el año pasado en este Parlamento el ministro español de Medio Ambiente, estos grandes proyectos centralizados de construcción de carreteras no tienen ningún sentido pues los efectos de concentración resultan ser una fuerte desventaja para las regiones desfavorecidas y periféricas, ya que estas redes transeuropeas unen centros en los que habitan muchas personas, que presentan ya un alto nivel de desarrollo y en los que merece la pena ejecutar estos caros proyectos de prestigio. 
Las regiones desfavorecidas no sacan ningún provecho de esto. 
Quien afirme lo contrario, miente, pues se ha visto ya en «Europa 2000 plus» que no sucede así. 
Las regiones desfavorecidas siguen siendo esquilmadas, prosigue el hundimiento de la infraestructura social local. 
Esto significaría, a su vez, que tendríamos que aplicar más Fondos estructurales que, sin embargo, ya no tenemos. 
El artículo relativo al medio ambiente, con el que el Parlamento quiso crear determinados efectos correctores, fue aguado en el compromiso. 
Por consiguiente, los actuales proyectos ni siquiera se corresponden con el artículo que se negoció sobre el medio ambiente, es decir, éste es solamente un cartel con el que se adorna ahora el Consejo. 
Celebro que realicemos una votación nominal. 
Me alegraría de que los diputados tuvieran que responder de su voto no sólo ante los electores actuales, sino ante la próxima generación. 
Señora Presidenta, Señorías, sólo por mi sentido de la responsabilidad expreso mi voto favorable en relación con el proyecto común. 
En efecto, a pesar de que, por un lado, el artículo 20 depara una atención especial a los proyectos relativos al transporte multimodal y una atención incluso prioritaria al llamado «corredor adriático» , a pesar de que de la lectura del artículo 19 se deduce la naturaleza meramente indicativa de la lista de los 14 proyectos de Essen, por otro, todo el episodio, que se arrastra desde hace años, pone en evidencia el pésimo comportamiento del Consejo, que a menudo ha actuado con un desprecio absoluto hacia el papel del Parlamento, así como el resultado negativo de la Cumbre de Florencia. 
Para mí es especialmente desazonador que esto haya ocurrido durante la Presidencia italiana. 
Asimismo, de la lectura del artículo 18 se deduce- y ello es preocupante- que en el Comité de intercambio de datos e informes no se halle presente un representante del Parlamento Europeo y que cada uno de los Estados no esté en condiciones de garantizar los recursos financieros para llevar a cabo una seria política de transporte, a fin de crear esas infraestructuras que contribuyen al desarrollo de las regiones periféricas de Europa. 
Ahora las responsabilidad recae sobre cada uno de los Estados y, en particular, por lo que a mí me atañe, en cuanto represento al Sur de Italia, sobre el Gobierno italiano. 
Confío en que el Gobierno italiano, junto con el Gobierno de la Unión, esté en condiciones de garantizar la efectiva ejecución de aquellos proyectos, en especial, los relacionados con el transporte multimodal, que pueden realmente acercar las regiones periféricas a la Europa central y meridional. 
Señora Presidenta, limitaré mi intervención, después de las excelentes palabras de mi colega Le Rachinel, a tres puntos que afectan concretamente a Francia. 
Este eje figura en los documentos facilitados por las autoridades francesas, pero ya sería hora de que éstas nos dijeran claramente si consideran que dicho eje, que ha sido retrasado durante casi un cuarto de siglo, es o no aún rentable en nuestros días y si su realización es compatible con la protección del medio ambiente. 
Es evidente que, en caso contrario, sería totalmente absurdo realizarlo por pequeños tramos. 
El segundo punto se refiere al mismo eje, pero en relación con la línea del tren de alta velocidad. 
Desearía que, por una vez, Europa sirviera para algo y que se evitara lo que se ha hecho hasta ahora, es decir, concentrar todo el tráfico ferroviario en París, y me felicito de que el proyecto de este eje figure en los documentos que se nos han remitido. 
Finalmente, el tercer punto guarda relación con el mapa de los aeropuertos que se nos ha facilitado. 
Las autoridades francesas y europeas presentan las ciudades de Tolón, de Perpiñán y de Nantes como ciudades que constan de aeropuertos regionales. 
Con respecto a uno de ellos, el de Tolón, estaba incluso previsto convertirlo en un aeropuerto internacional. 
Acabo de enterarme de que la compañía nacional no sólo renunciaba a poner en comunicación a estas ciudades, sino que además pretendía prohibir que lo hicieran otras compañías. 
Se trata de una práctica totalmente inadmisible. 
El texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación relativo a la red transeuropea de transporte sólo puede verse como una derrota del Parlamento. 
El artículo sobre el medio ambiente no garantizará la protección medioambiental necesaria. 
Por el contrario, las directrices propuestas sobre la red de transporte originará un incremento de las emisiones de CO2 en un 15-18 %, que pasarán a sumarse al ya previsto incremento del 42 % de aquí al año 2010. 
Esto no se corresponde con las decisiones tomadas en la Conferencia de Río. 
Si queremos ser responsables de cara a las generaciones futuras, debemos combinar la creación de empleo con la protección del medio ambiente. 
La presente propuesta no creará estos puestos de trabajo que hacen falta. 
Los proyectos de transporte de la redes transeuropeas son una mezcla de inversiones en infraestructuras necesarias, sobre todo en las regiones del sur, y de dudosos proyectos de prestigio en regiones que ya cuentan con una infraestructura desarrollada. 
La red transeuropea de transporte debe ser moderna y sostenible, que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos y del medio ambiente. 
Lo que aquí se propone no es ese tipo de red y, por lo tanto, votamos en contra de la propuesta del Comité de Conciliación. 
Las grandes redes transeuropeas de transportes constituyen uno de los proyectos más ambiciosos de la Unión Europea, fundamentales para el fortalecimiento del Mercado Interior, de la circulación de personas y bienes y para la cohesión económica y social. 
Así, pues, acogemos con beneplácito este plan general que se ejecutará hasta el año 2010. 
Ahora bien, por lo que se refiere a Portugal, no podemos dejar de plantear algunas reservas. 
La primera se refiere a la política de transportes marítimos y a la renovación de la red portuaria, en la que no se insiste demasiado. 
Esperamos que la Comisión en 1997 explicite su política en ese sector. 
La segunda se refiere al eje ValladolidLisboa, introducido en la cumbre de Essen. 
En 1995 el Gobierno portugués manifestó la intención de construir dicho eje en un trazado entre el IP5 y el IP3 hasta la autopista Norte-Sur en un punto intermedio entre Lisboa y Oporto. 
Esa solución nos parecía correcta, porque estaba al servicio de todo el territorio nacional. 
La intención ahora anunciada de hacer el enlace sólo con la capital nos parece inadmisible, porque olvida el interior septentrional, el centro y el litoral del país. 
Con esa solución no se contribuye a la consecución de los objetivos de un desarrollo armónico del conjunto nacional. 
Al prestarse servicio sólo a la capital, se incrementarán, seguro, las asimetrías regionales. 
Mientras no se determine claramente, al menos, la simultaneidad de la mejora y la duplicación del IP5, que redunde en pro de los intereses del litoral y del centro, no podremos apoyar la solución que ahora se propugna. 
Además, es que, como el Gobierno portugués anunció en la Cumbre de Florencia que podría substituir el eje Valladolid-Lisboa por un sistema de transporte intermodal, no se sabe en este momento cuáles son los proyectos concretos que componen dicho sistema. 
Aunque no ponemos en entredicho el posible mérito de esos proyectos, creemos que ya deberían estar formulados para que se pudiera votar en conciencia y con conocimiento de causa. 
Por las razones expuestas, no puedo apoyar plenamente la propuesta, como desearía. 
Voto en contra de la propuesta del Comité de Conciliación, que significa que la Unión va a seguir derrochando dinero en unos proyectos de construcción de autopistas caros e innecesarios. 
Teniendo en cuenta que los países de la Unión deben cumplir con la Declaración de las Naciones Unidas en Río respecto de su intención de reducir considerablemente las emisiones de dióxido de carbono, esta propuesta es un paso en el camino equivocado. 
La propia Comisión ha señalado que las emisiones de dióxido de carbono van a aumentar en un 40 % si seguimos como hasta ahora. 
La propuesta del proyecto de construcción de autopistas es adversa al medio ambiente y naturalmente aumentará las emisiones mencionadas. 
La normativa que se propone para proteger al medio ambiente es simplemente retórica política y dista de ser suficiente. 
El puente del Sund es un ejemplo típico de cómo se intenta demostrar que se beneficia el medio ambiente a través de unos cálculos poco fiables. 
¡Los cálculos económicos son aun más escalofriantes! 
El problema de las congestiones de tráfico se puede solucionar de una forma más sencilla y más beneficiosa para el ecosistema con unos medios coercitivos de tipo económico, sobre todo introduciendo un elevado impuesto sobre el dióxido de carbono que pueda transformar el tráfico motorizado en colectivo. 
El transporte ferroviario es más eficaz desde un punto de vista energético y actualmente necesita ayuda. 
Si todas las modalidades de tráfico costeasen su repercusión en el medio ambiente, el tráfico por raíles sería automáticamente competitivo. 
Además, las inversiones en la construcción de autopistas son pésimas desde la perspectiva de la igualdad. 
Casi siempre son exclusivamente hombres los que consiguen trabajo. 
El requisito de convergencia de la UEM ha llevado a los países miembros a reaccionar ahorrando histéricamente en el sector de la sanidad y del cuidado de ancianos, lo cual ha dejado sin empleo a muchas mujeres. 
En la propuesta se incluyen ayudas a determinados proyectos ferroviarios, pero éstos no pueden de ningún modo contrarrestar las inversiones a gran escala en autopistas y aeropuertos, que son las que predominan. 
Hemos llegado al último capítulo de la larga telenovela de las redes transeuropeas de transporte. 
Tras un largo tira y afloja entre el Parlamento Europeo y el Consejo, nos hallamos ante el resultado de la conciliación. 
Sin embargo, hay que constatar que es escandaloso que el Consejo haya tratado a la ligera el procedimiento de codecisión decidido en Maastricht. 
Confiábamos en que se podían debatir unos proyectos, considerados prioritarios en diciembre de 1994 por el Consejo de Essen, entre los que quizás se podía sustituir alguno con proyectos más importantes y más útiles o sólo más factibles. 
Nos dijeron que para el Parlamento Europeo no era posible. Sin embargo, no fue así para el Consejo que en Florencia anunció un cambio incluso substancial de uno de estos proyectos. 
Sin embargo, ¿cómo se puede creer que, hoy, se van a encontrar los 25.000 millardos de liras necesarios para construir el túnel del Brennero, un túnel, por otra parte, completamente inútil? 
Tampoco podrá realizarse el tren de alta velocidad entre Lyón y Trieste según lo programado. 
El propio ministro Sr. Burlando lo confirmó al Parlamento Europeo en el seno de la Comisión de Transportes. 
Las dos líneas añadidas referentes a la protección del medio ambiente, por otra parte insuficientes, no cambian nuestra actitud negativa respecto a este texto. 
Ciertamente, es una lástima. 
Los Verdes no están en contra de la modernización ni tampoco de la velocidad de las redes de transporte en Europa. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo en sacrificar en aras de la competitividad todo el dinero y las energías disponibles realizando obras, a menudo faraónicas, que benefician sólo a unos pocos y conllevan un impacto medioambiental y social muy fuerte. 
Para empezar quiero expresar mi agradecimiento a los presidentes de la mediación, el ministro italiano y nuestra primera vicepresidenta, la Sra. Nicole Fontaine. 
Ambos han dirigido las negociaciones con mucho tesón, paciencia y criterio. 
También el ponente, Sr. Piecyk, y el Comisario Kinnock merecen agradecimiento y elogio por su esfuerzo. 
El resultado no es precisamente óptimo y en seguida ha dado pie a la confusión. 
Sobre todo después de la declaración del presidente del Consejo, Sr. Dini, en la anterior sesión en Bruselas, cuando en la primera carta del Comisario al presidente de la comisión, Sr. Cornelissen, se había establecido a mi entender con suficiente claridad el derecho de codecisión del Parlamento, y la posterior declaración de Kinnock a Simpson no ha hecho más que sembrar confusión y recelo. 
¿A qué venía esa carta y por qué se hizo pública? 
En términos futbolísticos se podría hablar de un pase corto que no debería ser permitido por un árbitro. 
La reacción del Comisario ante el diputado Sr. Bourlanges, que formuló algunas preguntas no del todo injustificadas, no cumplía las exigencias de cortesía parlamentaria y merecía una actuación del Vicepresidente en funciones. 
Ahora, al grano: el Parlamento, de acuerdo con nuestros criterios sobre una predilección por modalidades de transporte ecológicas, ha aprobado en la segunda lectura un compromiso muy aceptable sobre el aeropuerto de Malpensa; aceptar sin modificaciones la lista del Anexo III era una clara señal de buena voluntad por nuestra parte, a cambio del reconocimiento del derecho de codecisión. 
La Comisión no tendría que haber dejado ninguna duda al respecto. 
La lista de redes como tal, y tal como se expresa en el Anexo I, es, sobre todo vistas las dotaciones presupuestarias, demasiado larga para ser tomada en serio. 
Por ello, la decisión del Consejo Europeo de Essen de señalar catorce proyectos como prioritarios era en sí comprensible y sensata. 
Entonces no está bien que se debilite el derecho de codecisión del Parlamento declarando indiscutible esta lista de prioridades. 
Este era el esfuerzo y el resultado final de la mediación, confirmado por la declaración del ministro Dini. 
Por ello, mi Grupo, conforme a mi contribución en la mediación, ha votado a favor del resultado actual. 
Nuestros ciudadanos esperan ahora una ejecución concreta, sobre todo vistos los recursos adicionales y los efectos positivos adicionales para el empleo indicados por el presidente de la Comisión, Sr. Santer. 
Los políticos nacionales que creen que Europa no puede contribuir a la lucha contra el desempleo ejecutando proyectos de infraestructura que superan el interés nacional se equivocan de cabo a rabo. 
Con las Redes Transeuropeas contribuimos positivamente, como instituciones europeas, al bienestar y la integración para las próximas generaciones y por ello hemos de felicitarnos por el resultado logrado. 
Informe Hoppenstedt 
El Parlamento mantiene en el presente informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial la misma actitud que en la primera lectura de enero del presente año. 
Se trata de garantizar que se pone énfasis en los proyectos que tienen un valor de utilidad tanto para las empresas como para los usuarios particulares de los servicios de telecomunicaciones al seleccionar los proyectos que, en el marco del desarrollo de las redes transeuropeas de telecomunicaciones, van a recibir ayuda comunitaria. 
La sociedad de la información no surge por sí misma. 
Ha de ser desarrollada a través del aprovechamiento práctico y de la difusión gradual del conocimiento de las posibilidades de aplicación de la tecnología de información: véase el Libro Blanco de la Comisión sobre crecimiento, competitividad y empleo de diciembre de 1993. 
A este respecto, el Parlamento desea que la posición común del Parlamento y del Consejo sea aplicada de conformidad con el artículo 129 D del Tratado, según el cual se aplica el artículo 189 B del Tratado. 
Debemos apoyar este requisito, sobre todo a la luz de la tenacidad encomiable con que el Parlamento ha trabajado en los últimos años para fomentar el desarrollo tecnológico, y fortalecer la competitividad de Europa a través de una amplia liberalización del sector de las telecomunicaciones. 
Durante la primera lectura de la propuesta de directiva de la Comisión, en primavera de 1994, el Parlamento Europeo presentó una serie de enmiendas para aumentar los requisitos de seguridad de los equipos a presión fabricados y comercializados en la UE. 
Debido al carácter de estos productos, no se puede, evidentemente, admitir una reducción de la seguridad de los usuarios y consumidores. 
De las 25 enmiendas presentadas y aprobadas por el Parlamento Europeo en la primera lectura, el Consejo ha aprobado hasta ahora 14. 
Por este motivo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha vuelto a presentar 10 de esas enmiendas y otras 5 nuevas antes de las segunda lectura para precisar los requisitos que los equipos a presión han de cumplir antes de su comercialización. 
Hay motivos importantes para apoyar a la comisión y a su ponente en sus esfuerzos por mantener las enmiendas incluidas en el informe durante los debates que se iniciarán en el Comité de Conciliación. 
Por este motivo, apoyo plenamente el informe, con sus enmiendas, como una condición para la aprobación de la posición común del Consejo. 
Me preocupa que pueda reducirse el nivel de seguridad de los equipos a presión. 
Es central la necesidad de que existan unos controles por terceras partes de estos equipos, y debería haberse hecho hincapié en ello para otros de los equipos afectados. 
El procedimiento de aproximación de las legislaciones de los Estaos miembros ha sido largo y complicado (el primer debate celebrado en el Parlamento Europeo tuvo lugar en abril de 1994) , y esto ha sido la causa de que mis posibilidades de influir en el informe con ocasión de la segunda lectura del Parlamento Europeo hayan sido muy limitadas. 
Informe Nordmann 
Nuestro Grupo ha votado a favor del informe Nordmann a pesar de las imperfecciones que contiene. 
En mi opinión, son dos; la primera consiste en decir que los diputados europeos pueden tener- cito -: » apoyo financiero, en personal o en material, que se añada a los medios facilitados por el Parlamento» , y que puede ser prestado por terceros, en el marco de nuestras actividades. 
Se nos pedirá, simplemente, indicar la identidad de éstos. 
Esta disposición no parece compatible con los principios éticos de los diputados europeos. 
La segunda imperfección se refiere a la declaración de patrimonio, ya que hemos adoptado, sencillamente, una disposición según la cual estamos sujetos, en materia de declaración de patrimonio, a las obligaciones establecidas por la legislación del Estado miembro en el que hayamos sido elegidos. 
Como decía ayer, escribir esto o no escribirlo viene a ser lo mismo. 
Permítanme, por lo tanto, hacer una reflexión en esta fase. 
Estas últimas semanas, he tenido la ocasión de viajar a Rumania y a las tres repúblicas transcaucásicas. 
Nosotros pedimos a estos cuatro países, como a todos los países que acceden a la democracia, que realicen en muy poco tiempo lo que nosotros hemos tardado varias décadas, cuando no varios siglos, en conseguir. 
Y bien, uno de ellos, Armenia, que es independiente desde hace cinco años, ya está elaborando una ley sobre la financiación de los partidos políticos y las obligaciones de sus miembros. 
¡No dudemos en imitar a estas democracias jóvenes, a las que a veces damos consejos con demasiada facilidad! ¡No dudemos en avanzar deprisa, como estas democracias emergentes, para atenuar aunque más no sea en parte este déficit democrático que tan diligentemente denunciamos! 
Este era el objetivo del informe Nordmann; este era el reto que se nos lanzaba. 
La mayoría del Parlamento no ha aceptado este reto, al negarse a aprobar las enmiendas que habíamos presentado. 
Con la adopción del informe Nordmann, el Parlamento Europeo pone en marcha una reglamentación saludable en materia de transparencia y de intereses económicos de sus diputados. 
Es un primer paso, aún insuficiente, hacia la definición de un estatuto del diputado al Parlamento Europeo, en el plano de la Unión. 
Indudablemente, hoy era imposible ir más allá de este compromiso, al ser tan diversas las tradiciones y las prácticas en vigor en los diferentes Estados miembros. 
Por esta razón, a pesar de sus carencias, he votado a favor de esta modificación del Reglamento, ya que si bien no prohíbe ningún tipo de apoyo financiero, obliga a su publicidad. 
Veo en ello un avance con respecto al carácter oculto de la situación actual, encaminado sin duda a reducir la amplitud de estas prácticas condenables. 
Pero habrá que lograr lo antes posible la prohibición total, a la que están sometidos los diputados franceses en virtud de la legislación y de la jurisprudencia nacionales. 
El examen de los debates y de las votaciones sobre el informe Nordmann, así como sobre el informe Ford, tienen para mí un único objetivo y un único sentido: es necesario garantizar, dentro de la transparencia más completa, una independencia no menos completa de los diputados con respecto a su entorno económico. 
Para realizar su trabajo (y quizás como manera de asegurarse de que realiza «efectivamente» su trabajo) , un diputado dispone de diversas dietas. 
¡Éstas están justificadas y son sobradamente suficientes! 
Por lo tanto, es necesario prohibir, regulando el procedimiento de esta prohibición, todo tipo de donación económica o material a un diputado, venga de quien sea. 
¡Es algo claro y simple, siempre que se lleve a la práctica! 
Es vital para la imagen de los políticos y, por tanto, para «la política »... , así como para el futuro de la democracia. 
El Sr. Nordmann ha realizado un buen trabajo, a pesar, ciertamente, de que algunos de sus colegas tengan en parte la impresión de una clara inclinación por el «póquer de farol». 
Hoy, cada uno ha podido manifestar frente a los demás sus deseos y sus opciones. 
Por lo que a mí respecta, después de haber desempeñado cargos electivos durante veinte años, sólo lamento una cosa: que se haya esperado tanto tiempo, que se haya perdido tanto tiempo... antes de llegar a este punto. 
Un político trabaja para «el público». Para ello «el público» le remunera. 
Debe responder de su trabajo, de sus ingresos y de su patrimonio. 
¡Eso es todo! 
En el momento que la opinión pública exige transparencia y rectitud por parte de aquellos que son elegidos para gestionar la cosa pública, ya es hora de que el Parlamento Europeo salga del cascarón que lo protege y afirme claramente la prohibición total de que un diputado pueda recibir, por parte de quien sea, donaciones económicas o materiales. 
Estas eran las conclusiones del grupo de trabajo creado por nuestra institución, que nuestro colega Nordmann ha recogido y que, en definitiva, yo apoyo. 
Los diputados europeos, al igual que sus colegas nacionales, reciben unos emolumentos- públicos -, que están controlados y que son controlables, para realizar su trabajo. 
Toda remuneración exterior, paralela o de otro tipo, o toda liberalidad, debe estar total y definitivamente prohibida. 
Lo que es fácil de entender, es fácil de expresar. Por lo tanto, votaré a favor de la prohibición absoluta de cualquier tipo de donación. 
Eriksson y Sjöstedt (GUE/NGL) , Holm y Schörling (V) , por escrito. 
(SV) Para nosotros, la democracia equivale al gobierno de la mayoría. 
Esto significa que la mayoría gobierna según el principio de un hombre/mujer, un voto. 
Los derechos del ciudadano deben ejercerse vía el derecho al voto, no a través de la magnitud del poder económico de una élite que dispone de capital. 
Nos causa irritación que los diputados del Parlamento Europeo, en relación con el debate sobre los informes Nordmann y Ford, no haya podido prohibir la actividad a base de donativos y sobornos dentro de los propios dominios del Parlamento Europeo. 
Más grave aun es que los diputados del Parlamento no se hayan decidido a garantizar por escrito y públicamente que no han aceptado ni piensan aceptar donaciones, ayuda en concepto de personal u otros privilegios, aparte de los que la propia institución les financia. 
Además el Parlamento se ha negado a hacer públicos los pagos de su propio departamento de servicios, la «Caisse des Députés». 
En su conjunto, esta conducta da al ciudadano la imagen de un parlamento que parece tener algo que esconder. 
La credibilidad del Parlamento como fuerza motriz de la democratización y transparencia de las instituciones de la UE ha sido seriamente dañada, y esto es algo que con el paso del tiempo puede ser muy difícil de corregir. 
La votación de los informes del Sr. Ford y del Sr. Nordmann constituye una primera etapa de un camino difícil, que consiste en enmarcar la actividad de los diputados europeos en sus relaciones con el mundo exterior. 
Una observación preliminar: contrariamente a lo que ocurre en la vida política en ciertos Estados miembros, hasta ahora la política europea no ha conocido escándalos político- financieros. 
Aun cuando populistas de la misma camada traten de dárselas de moralizadores y de denunciar sin cesar supuestos escándalos, puede decirse que el Parlamento Europeo ha estado hasta ahora libre de casos de esa naturaleza. 
A medida que aumenta el peso y la importancia de este Parlamento, los grupos de presión se interesan cada vez más en él. 
Este es el objeto del informe del Sr. Ford. 
Hasta ahora los diputados no sabían realmente con quien se reunían a lo largo del día en los locales del Parlamento Europeo. 
El hecho de llevar un registro de quienes componen los lobbies y el respeto de una serie de normas harán más transparentes las relaciones entre los diputados y los representantes de los grupos de interés. 
El otro capítulo del que trata el informe del Sr. Nordmann se refiere a los intereses de los diputados. 
Yo opino que la mayoría de los diputados no tienen nada que reprocharse. 
Sin embargo, es útil también en este caso intentar lograr el máximo de transparencia respecto a los ingresos, las actividades exteriores, las ayudas recibidas durante el ejercicio de su mandato. 
No queremos ni donaciones ni liberalidades, ¡y punto! 
Esta es, pues, una primera etapa. 
Recordemos que el Parlamento Europeo es una institución joven que se construye lentamente. 
Mientras que los Parlamentos nacionales tienen un siglo de antigüedad, incluso varios, el Parlamento Europeo elegido por sufragio directo data de 1979. 
Éste debe inventar poco a poco normas comunes, buscar una mentalidad común, un enfoque europeo en materia deontológica. 
Esto es un primer paso, un acuerdo obtenido con dificultad. 
Los pasos siguientes ya se han iniciado: un estatuto del diputado europeo, normas sobre los asistentes y los intergrupos, un código de conducta de los grupos de interés. 
También en este caso sabemos que el consenso tardará mucho tiempo en madurar. 
Pero será indispensable para construir una institución parlamentaria coherente, seria y eficaz, al servicio de la democracia y de la transparencia en Europa. 
El informe del Sr. Nordmann sobre la transparencia y los intereses económicos de los diputados debería provocar la adopción de normas estrictas acerca de la influencia de los grupos de presión sobre el trabajo del Parlamento Europeo. 
No obstante, las normas incluidas en el informe del Sr. Nordmann no solucionan en absoluto los problemas. 
Permiten, por ejemplo, el apoyo económico a cargo de terceros en personal o en material. 
Los regalos de cualquier clase deben, obviamente, hacerse públicos, pero lo mejor sería que no se hiciesen. 
Me refiero a todo tipo de regalos, incluidos viajes y cenas. 
Las normas deberían prohibir los regalos totalmente, pero no lo hacen. 
Por este motivo, he votado hoy en contra del informe del Sr. Nordmann. 
He votado en favor de los informes Ford y Nordmann como un primer paso para conseguir una normativa en el ámbito del lobbyismo y en el de la transparencia económica de la situación de los diputados de la UE. 
No obstante, la propuesta no es suficiente. 
No deberían estar permitidos regalos ni donaciones. 
El registro de los agentes de presión debe evidentemente ser público y todos tienen que poder acceder a él. 
No debe permitirse a empresas y organizaciones que ofrezcan privilegios económicos a los diputados de la UE, contratando personas de la empresa u otras que en realidad realizan trabajos para un determinado diputado de la UE. 
La caja del Parlamento Europeo para los pagos en concepto de desplazamientos y dietas de los diputados también debe ser accesible al público. 
Como se sabe, nos regimos por el principio de no disfrutar de beneficios personales, resultantes del ejercicio de las actividades públicas. 
Y, consecuentemente, reclamamos, y no sólo en el PE, la mayor transparencia y la moralización efectiva de la actividad política. 
Con la autoridad moral de quien no sólo exige, sino que, además, siempre ha puesto en práctica esos principios. 
De modo que el sentido de nuestros votos sobre los informes examinados y sobre las propuestas de enmienda que entretanto se han presentado ha ido determinado por los siguientes aspectos fundamentales: 
Respecto del informe Nordmann: 
A favor de la prohibición completa de que los diputados reciban, en el ámbito de sus funciones parlamentarias, cantidad alguna u otros donativos, aparte de los que tienen institucionalmente atribuidos; 
Y a favor de la total transparencia y garantía de máxima información pública sobre los valores recibidos por los diputados, en cualquier concepto. 
Respecto del informe Ford: 
A favor de la oposición total a la promoción institucional de la actividad de los «grupos de presión» , aun cuando se haga so capa de su reglamentación; 
A favor de la completa inadmisibilidad de una obstrucción en aumento, aunque relativa, del acceso a la actividad parlamentaria por parte de personas o entidades no organizadas ante el PE; 
A favor de la total oposición a la «legalización» , explícita o implícita, de la recepción por los diputados de beneficio alguno concedido por grupos de interés. 
He de confesar sinceramente que no comprendo del todo la excitación y la jaula de grillos de los últimos días, en que finalmente se ha vuelto a poner en el orden del día el informe del Sr. Nordmann. 
Si se aprueba el informe- incluso reforzado por las enmiendas más drásticas, y por consiguiente con el rechazo de la enmienda de los cristianos demócratas- apenas se habrá tocado nada más que la punta del iceberg de la gorronería europea. 
Es como poner un esparadrapo a una pata de palo. 
Es cirugía plástica que ha de causar la impresión de que realmente se hace algo contra la gorronería europea; la gorronería de los últimos meses- y en contra de lo que afirmaba ayer el Sr. Wielfried Martens: muy justificadamente- era atacada por la opinión pública. 
Constato que aquí hay varios cientos de colegas que hace unos meses aceptaron un viaje político turístico a cargo del Gobierno turco, justo antes de que se votara sobre la unión aduanera con dicho país. 
Sé que el Gobierno turco ofreció un regalo a quienes votaron a favor de la unión aduanera. 
Constato que este informe no cambia para nada los sueldos y remuneraciones más que regios que se adjudican a los diputados. 
Constato que este informe no cambia el despilfarro del dinero de los contribuyentes por parte de todo tipo de instituciones europeas, los enormes eurofraudes con dinero comunitario, el escándalo del edificio del Parlamento Europeo en Bruselas, que ahora cuesta el doble del presupuesto original y del cual determinados grupos financieros vinculados a partidos políticos se han llenado los bolsillos. 
Resumiendo, aprobaré este informe- siempre que se rechace la enmienda del Partido Popular Europeo -, pero sin el más mínimo entusiasmo y a sabiendas de que se trata tan sólo de un medio político para calmar los ánimos. 
La transparencia es fundamental para que los ciudadanos se reconozcan en sus representantes: es evidente. 
Dudo que este informe- o cualquier otro- contribuya al que debe ser un objetivo fundamental de cualquier político. 
La transparencia sólo puede ser resultado de una cultura basada en un concepto de ciudadanía participativa y generalizada y en un concepto de Estado al servicio del ciudadano. 
De lo contrario, será siempre un juego de ilusiones. 
Es lo que ocurre con este informe, que he votado por respeto a mi colega y por solidaridad con mi Grupo, pero sin convicción. 
He dudado mucho antes de decidirme a votar con el grupo socialista sobre este informe. 
No obstante, pienso que la enmienda 7 del grupo GUE/NGL es evidentemente mejor que lo que propone el informe. 
En Suecia es muy natural que los ingresos y la fortuna personal de los diputados, según declaración presentada a la autoridad fiscal, constituyan un acto público en cada ejercicio. Esto se aplica también a la posesión de acciones. 
Y cabe aplicarlo a los diputados del Parlamento Europeo con carácter de estatuto. 
Es erróneo que se permitan las donaciones a diputados en la modalidad de personal o material, que se obtienen aparte de la generosa compensación por servicios de secretaría que ya nos concede actualmente el Parlamento. 
Existen demasiadas organizaciones de presión con muchos medios, que proveen a los diputados de «asistencia» para sus trabajos. 
Que todo esto influye en la posición de los diputados en las cuestiones que se tratan es una hipótesis probable. 
Una organización de presión no hace donativos a un diputado en concepto de material o de personal por puro idealismo a menos que no vea unas ganancias en ello. 
En conjunto opino que este informe podría haber ido mucho más lejos y establecer un normativa ética para el desarrollo de los trabajos de los diputados del Parlamento. 
Informe Ford 
He dudado mucho antes de decidirme a votar con el grupo socialista sobre este informe. 
No obstante, pienso que la enmienda 4 del grupo GUE/NGL es evidentemente mejor de lo que propone el informe. 
El informe podía haber dejado más claras las condiciones de trabajo de los representantes de los grupos de presión en el Parlamento. 
También cabía haber apuntado en este informe que es vital que las personas registradas garanticen de algún modo que no han dado ni tienen intención de dar ningún tipo de donaciones, privilegios o servicios a los diputados, funcionarios o asistentes. 
Esta promesa debería constituir un acto público y figurar aneja al registro. 
Considero que es esencial que se examine detalladamente al Parlamento. 
Es evidente que los diputados se ven influidos por este séquito que ofrece de todo, desde cenas gratis hasta ayuda a través de servicios de asistentes y donaciones que proceden de poderosas e influyentes organizaciones de presión que trabajan a nivel de la UE. 
Esto hay que reglamentarlo. 
Desgraciadamente, compruebo que el informe no llega demasiado lejos en la normativa para solucionar los problemas que actualmente tiene el Parlamento Europeo a causa de la influencia ejercida subrepticiamente por los grupos de presión sobre sus decisiones políticas. 
Epidemia EEB 
Señora Presidenta, deseo dirigirme a los pocos colegas dispuestos a escucharme, porque me parece la mejor manera de manifestar unos sentimientos que no pueden expresarse por escrito. 
La propuesta de resolución común que acabamos de votar se enlaza con otras dos resoluciones relativas al mismo tema, aprobadas por este Parlamento el 31 de julio y el 19 de diciembre de 1988. 
Por lo tanto, hace ocho años. 
En esos textos se pedía que se aclararan las alarmantes noticias referentes a casos de encefalopatía espongiforme bovina. 
La enfermedad, detectada ya en 1986 por el Laboratorio Veterinario Central del Reino Unido, fue objeto en 1987 de estudios epidemiológicos que atribuyeron su causa a la utilización de harinas de carne y de huesos, obtenidas de los rumiantes. 
Resulta difícil imaginar que los resultados de dichos estudios no fueran remitidos al Comité Veterinario de la Unión Europea y de allí a la comisión competente. 
El resultado fue que el problema estalló en toda su gravedad. 
Sin embargo, son todavía más graves las extrañas circunstancias que rodearon las noticias, ocultadas en 1990 por un funcionario de alto rango a fin de no perjudicar al mercado. 
La protección y la defensa del consumidor eran evidentemente algo discrecional en los tratados de aquel entonces. 
Si bien desde entonces hasta ahora existe Maastricht, que ha contribuido a acentuar las sensibilidades también en otros sentidos, la situación es de estancamiento por lo que se refiere a los resultados concretos. 
La situación sigue siendo la misma incluso después del debate y de las explicaciones del Presidente Santer y del Comisario Fischler. 
Ambos, en efecto, tras deshacerse de las responsabilidades de sus predecesores, no facilitaron suficientes garantías en cuanto a la aclaración sin engaños y de una acción punitiva contra los responsables. 
Por el contrario, la facilidad con la que, aún ahora, los comerciantes sin escrúpulos consiguen librarse del embargo nos debe preocupar cada vez más. 
Por consiguiente, considero que este texto, junto con los otros dos de hace ocho años, terminará en el gran libro de las indignaciones demagógicas, de las ocasiones perdidas y de las expectativas traicionadas. 
Señora Presidenta, hemos dado nuestra conformidad a esta resolución que ha sido formulada de manera conjunta por la mayoría de los demás grupos. 
Nos gustaría que en algunos puntos hubiera sido algo más estricta. 
También nos habría gustado que hubieran sido aceptadas las enmiendas que iban encaminadas a que se crease una comisión de investigación. 
Pero suponemos que también con esta resolución se instituirá la necesaria comisión de encuesta. 
En su explicación de voto el Sr. Santini ha puesto en claro una vez más por qué es necesaria. 
Esperamos ahora que esta tarde la conferencia de Presidentes de grupo recomiende esta comisión de investigación y que mañana celebremos una votación en la que el Parlamento ponga en marcha de manera formal esta comisión de investigación. 
Si es necesario utilizar este nuevo instrumentario que existe desde Maastricht, tampoco se trata de actuar contra la Comisión en este caso de la EEB, sino de investigar junto con la Comisión que está actuando ahora dónde se han producido las negligencias, a fin de lograr para el futuro por parte del Parlamento y también de la Comisión una actitud consecuente en la ejecución de medidas contra esta epidemia de la EEB. 
Señora Presidenta, se dice- era Charles Maurras quien lo decía- que en política nunca hay que perder las esperanzas, ni siquiera en el Parlamento Europeo. 
Para aquellos que recuerdan la atmósfera que hace tres meses reinaba en Bruselas, señalo que no se quería oír hablar de responsabilidades. 
Nosotros fuimos los únicos en pronunciar esta palabra. 
Ausencia de responsabilidad civil de los hermanos Demulder, que fabricaron harinas contaminadas en Inglaterra. 
Ausencia de responsabilidad política de la Comisión, y hasta quizás ausencia de responsabilidad política y penal de Jacques Delors. 
Hoy tenemos la resolución. 
Todo el mundo admite que, por fin, hay que hablar de responsabilidades. 
El Parlamento acaba de dar un primer paso. 
Esta tarde aprobará, así lo espero, la comisión de investigación. 
Le queda un segundo paso por dar: el del Grupo de Philippe de Villiers, que ha presentado la moción de censura. 
Y, finalmente, tercer paso: admitir su responsabilidad «filosófica» , porque antes de que se comprobara la contaminación de las harinas, tuvo lugar la contaminación a través de las ideas, las ideas del libre comercio, de la supresión de las fronteras, del «hiperproductivismo». 
El agente patógeno ha sido filosófico. 
En la gestión de la crisis de las «vacas locas» , la Comisión pretende que siempre ha actuado, en el marco de sus competencias y en función de lo que se sabía en cada momento, de la manera más ventajosa para los intereses de la salud pública en Europa. 
Desgraciadamente, disponemos de numerosas evidencias en contra, que revelan profundos disfuncionamientos de las instituciones europeas. 
El Presidente Santer nos ha manifestado que a la Comisión debía juzgársela por sus actos y no basándose en rumores. 
Ya que él lo desea, hablemos primero de los actos. 
Éstos demuestran que en la crisis de las «vacas locas» la Comisión siempre ha ido rezagada con respecto a los acontecimientos y que ha tratado más bien de frenar las iniciativas de los Estados miembros preocupados por proteger la salud de sus ciudadanos, antes de escucharlos por las buenas o por las malas. 
La cronología de los acontecimientos es, en este sentido, reveladora. 
Tomemos algunos ejemplos. 
El 18 de julio de 1988, el Reino Unido decide prohibir las harinas de origen animal destinadas a la alimentación de rumiantes; el 24 de julio de 1990, Francia toma una decisión similar. 
Pero hasta el 27 de junio de 1994 la Comisión no comparte esta medida, aun cuando dispone de todos los poderes necesarios tras la adopción de las directivas de 1989 y 1990. 
La valoración es la misma con respecto a las medidas de embargo. 
Cuando en mayo de 1990 Francia quiere prohibir en su territorio la importación de determinadas carnes de bovino británicas, la Comisión Europea la amenaza con iniciar un procedimiento ante el Tribunal de Justicia, como recientemente lo ha recordado el ex ministro de Agricultura, Henri Nallet. 
Motivo del procedimiento previsto: infracción a la libre circulación de mercancías. 
Por otro lado, la Comisión reincidió más tarde. 
Así, cuando en febrero de 1996, cinco estados federados alemanes prohibieron unilateralmente la entrada de la carne de bovino británica en su territorio, la Comisión tuvo la osadía de iniciar un procedimiento contra el Gobierno alemán por obstaculizar, nuevamente, la libre circulación de mercancías, que parece ser la única obsesión de ésta. 
Y, el mes de marzo siguiente, fue necesario que trece Estados miembros prohibieran sucesivamente, de motu propio, la importación de carne de bovino británica, para que la Comisión acabara por ceder. 
Por consiguiente, si se la juzga por sus actos, como desea su Presidente, la Comisión se expone a una grave condena. 
Se pone claramente de manifiesto que, en cada etapa, ésta se guió ante todo por su utopía de «super Estado» europeo sin fronteras internas, en detrimento de la salud y de la seguridad de los ciudadanos, exactamente como hoy todavía lo hace en otro ámbito: el de los controles de personas en las fronteras. 
Esta actitud escandalosa nada tiene de accidental: ella refleja, por el contrario, las prioridades constantes de la Comisión, las mismas que han llegado a cortar el contacto entre esta institución y las opiniones públicas. 
En sentido opuesto, es preciso reconocer que los Estados nacionales, más próximos a las preocupaciones de los pueblos, reaccionaron correctamente en cada etapa, mientras que la Comisión los frenaba, cada vez, para después seguirlos, pero reculando. 
Este es el contexto en el que es necesario replantear la divulgación de ciertos hechos internos de la Comisión, como las inadmisibles presiones ejercidas sobre los expertos del Comité Científico para la Alimentación Humana, según fueron reveladas por la prensa, y la increíble reunión del 12 de octubre de 1990, en la que los funcionarios europeos discutieron con toda tranquilidad las acciones de desinformación que debían llevarse a cabo frente a los consumidores. 
Estos hechos no son anecdóticos; confirman la prioridad que para la Comisión supone el librecambismo, incluso por encima de la salud humana, y su voluntad de ocultar los fracasos imputables al rumbo falso que ha marcado a la construcción europea. 
Estas maniobras demuestran, también, que en el seno de la Comisión predomina una mentalidad muy preocupante: se cree estar en posesión de una verdad superior, superior a las naciones, superior a los ciudadanos y, finalmente, superior incluso a la democracia. 
Esta mentalidad es peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión dispone de poderes exorbitantes, cual es el del monopolio de la iniciativa. 
Nosotros pensamos que en la fase que ha alcanzado, la construcción europea no puede tolerar más esta situación, a riesgo de malograrse. 
Por eso pedimos que la Conferencia Intergubernamental restablezca el verdadero papel de la Comisión, un papel subordinado. 
La enfermedad de las vacas locas es solamente una de varias causadas por una política agraria enferma, y la Comisión debe aprovechar la oportunidad para introducir en ésta un cambio radical a fin de que, en el futuro, el dinero de los contribuyentes se utilice únicamente para apoyar las condiciones de producción que nos podemos permitir teniendo en consideración la Tierra, cuyo medio ambiente está en peligro, el bienestar de los animales y la salud de las personas. 
Hoy estamos apoyando directamente la proliferación de enfermedades en los animales a través de las ayudas. 
Pagamos un sobreprecio por los malos tratos a los animales y se imponen pagos extras a quienes contaminan el agua subterránea con una dosis extra de fertilizantes, con lo que se está amenazando la salud de las futuras generaciones. 
Cuanto más se produce, más ayudas. 
Cuanto más se destruye, más ayudas. 
Cuanto más colorantes causantes de alergias se añaden para disimular una calidad deficiente y más penicilina para aumentar el tiempo de almacenamiento, más dinero sale de las arcas de la UE. 
Hay buenos motivos para parar esta locura y cambiar el rumbo, de modo que cualquier ayuda fomente objetivos respetables, como el bienestar de los animales, la salud de las personas, la limpieza de la Tierra y los ingresos de los agricultores. 
Una nueva política agraria seguramente no concedería al terrateniente con 1000 ha ayudas 10 veces mayores que las que recibe el agricultor con 100 ha, y el agricultor biológico probablemente no recibiría menos ayudas que el que utilizan plaguicidas, y se supone que habría menos enfermedades entre los animales en las explotaciones no sometidas a una presión tan intensiva como la que se practica hoy. 
Esta debe ser una reflexión común en estos tiempos de la EEB. 
He votado a favor de la resolución sobre la EEB ante las promesas, concretamente del Comisario Fischler, de que se podrá disponer de toda la información de fondo acerca de todos los pasos que han dado la Comisión y otras autoridades de la UE desde principios de la década de los ochenta, y ante las investigaciones anunciadas. 
Sin embargo, en interés de la salud pública y para restablecer la confianza en la carne de ternera, estas investigaciones no pueden degenerar en tácticas de demora camufladas a la hora de tratar la cuestión de la EEB, tras las que pueda parapetarse la Comisión. 
Por ello solicito que se entregue al Parlamento un calendario para el examen. 
Nuestra sociedad descubre con horror, después de muchos años, las consecuencias de sus desatinos: ayer, el Sida, el comercio de la sangre; hoy, las consecuencias de las harinas de origen animal contaminadas, por no mencionar los aspectos más visibles de estos terribles desórdenes... 
La razón de fondo es, también ella, terriblemente simple: es el resultado del productivismo desenfrenado, insensato, del deseo de obtener beneficios, de ganar tiempo, cueste lo que cueste. 
Y me escandaliza oír las diatribas de aquellos que, por otro lado, cantan loas a esta sociedad basada en el dinero, la competencia, el éxito individual, en detrimento de una concepción más colectivista y más equitativa de su organización. 
Dicho esto, nada justifica los errores y las faltas cometidas aquí y allí en el plano europeo y en el de los Estados. 
Tenemos derecho a saber; primero, para limitar las consecuencias de los errores anteriores, pero también para evitar que vuelvan a cometerse de un modo u otro. 
Por eso suscribo la solicitud de crear una comisión de investigación, cuyos trabajos deberán ayudarnos a conocer la verdad. 
¡Si se cometieron faltas, o incluso crímenes y delitos, sus responsables, al nivel que sea, deberán ser castigados! 
La lacra de la EEB está destruyendo la industria del vacuno de toda Europa. 
El Acuerdo de Florencia nos brinda la oportunidad de reconstruir el sector, pero hará falta algún tiempo. 
Debemos actuar sin pérdida de tiempo para erradicar la EEB de Europa, pero, sobre todo, debemos devolver la confianza al consumidor y eso sólo será posible con la acción del tiempo. 
La Comisión debe presentar inmediatamente nuevas propuestas que nos permitan hacer frente a lo que será un período comercial muy difícil en otoño. 
No creo que necesitemos ningún comité especial, las actuales propuestas son suficientes y capaz de restablecer la confianza. 
Lo único que puede conseguir un comité de este tipo es aumentar la polémica entre la opinión pública. 
Contrariamente a las afirmaciones del Sr. Santer, desde 1990 existían elementos científicos que permitían sospechar, primero, que la enfermedad podía traspasar la barrera de las especies y, por otra parte, la analogía entre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la enfermedad de la EEB en los rumiantes. 
Así lo demuestra un libro de neurología de 1978, que utilizan los estudiantes de medicina franceses, el cual ya ponía de manifiesto sólidas presunciones en cuanto a la similitud entre la enfermedad detectada en las personas y la detectada en el mono. 
Todos sabemos que la medicina no es una ciencia cartesiana como las matemáticas. 
Puesto que los expertos nunca pudieron confirmar los riesgos relacionados con esta enfermedad, la Comisión de esa época, presidida por el Sr. Delors, hubiera tenido que garantizar la protección de la salud de los consumidores y, por tanto, haber tomado medidas drásticas a partir de 1990. 
¿Qué medidas se han tomado hoy? 
Por ejemplo: ¿existen investigaciones serias sobre una posible transmisión de la enfermedad a través de la leche? 
Comprenda, señor Presidente, que ya no podemos contentarnos con respuestas vagas, que ya no contamos con la confianza de nuestros electores. 
La comisión de investigación del Parlamento Europeo es un paso obligado. 
Ella deberá determinar las responsabilidades a todos los niveles: las instituciones europeas, los gobiernos, las industrias del sector de la alimentación animal, etcétera. 
El Tribunal de Justicia deberá establecer castigos ejemplares, y sólo entonces podremos volver a hablar de confianza y de recuperación del consumo de carne bovina. 
Señora Presidenta, me sorprende que no haya explicaciones de voto sobre el calendario de los períodos parciales de sesiones. 
Recuerdo perfectamente que el año pasado las hubo, y me apoyo en el principio establecido por el presidente Hänsch, quien ha dicho hace un momento que era necesario seguir en todo el ejemplo de lo que ocurrió el año pasado. 
El año pasado hubo explicaciones de voto sobre el calendario, y yo deseo efectuar una explicación de voto en nombre de mi Grupo. 
No ha habido ninguna votación final sobre el calendario. 
Por consiguiente, tampoco hay ninguna explicación de voto sobre el calendario. 
Comprendo perfectamente, señora Presidenta, pero el año pasado se hizo lo contrario. 
Hubo explicaciones de voto sobre el calendario, y no veo por qué esta vez no actuamos del mismo modo. 
Señora Presidenta, usted ha dicho algo muy importante. 
En efecto, no se ha celebrado votación final sobre el calendario. Pero como este punto figuraba en el orden del día, pienso que ahora es necesario proceder a dicha votación. 
Y yo solicito que se pase a la votación. 
En ningún momento ha habido una votación final, sino siempre votaciones relativas a las sesiones particulares. 
Se presenta el documento y luego pueden hacerse enmiendas, pero, en general, no hay ninguna votación final. 
Cabe presentar enmiendas. 
Después de la votación el calendario resultará pertinentemente modificado, pero no hay ninguna votación fin. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señor Presidente, de conformidad con los artículos 127 y 108 del Reglamento del Parlamento Europeo, deseo pedir su indulgencia y la de la Asamblea para aclarar, si me lo permite, las observaciones que hice esta mañana. 
Durante la hora de la comida se acercaron a mí varios diputados pertenecientes a diferentes Grupos políticos de esta Asamblea y me dieron una interpretación diferente de lo que yo había dicho, y añadieron que se habían sentido personalmente insultados y ofendidos por mis comentarios. 
Por este motivo quiero que conste oficialmente que no era mi intención insultar ni agredir a ningún diputado de esta Asamblea y pido disculpas sin reservas si mis observaciones se prestaron a interpretaciones diferentes. 
Mi argumento principal era que este Parlamento no sólo debe defender la democracia y la libertad de expresión; sino que además debe demostrar que lo hace. 
Mi analogía con determinados tipos de movimientos políticos fue un intento de reforzar mi argumento de que este Parlamento y esta Asamblea, en particular, tienen que respetar el equilibrio de poderes y las diferentes competencias atribuidas a las diferentes instituciones de la Unión Europea. 
Deseo presentar mis más sinceras disculpas a todos aquellos diputados que hayan podido sentirse ofendidos. 
Muchas gracias, señor Crowley. 
Tomo nota, con satisfacción, de esta rectificación que ha tenido la gentileza de hacer y la llevaremos al Acta de la sesión de hoy. 
Progresos de la PESC (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40175/96) del Sr. Fernández-Albor, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre los progresos realizados en el desarrollo de la política exterior y de seguridad común (enerodiciembre de 1995). 
Señor Presidente, no se preocupe su Señoría porque no voy a pronunciar un largo discurso: la hora no invita a ello. 
Sí quisiera decir, ante todo, que me alegro de la declaración que acabo de escuchar porque creo que rectificar es de sabios. 
En relación con el informe Fernández-Albor quiero manifestar, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que, en nuestra opinión, se trata de un balance bastante completo y equilibrado de la acción de la Unión Europea en el terreno de la PESC en 1995. 
Tomo nota, en nombre de mi Grupo, de la importante declaración que ha hecho el Sr. Fernández-Albor al final de su intervención acerca de su postura sobre el tema de la disuasión- algo que, efectivamente, no ha sido todavía tratado, y creo que es conveniente que lo tratemos aparte y en su momento -; en relación con la intervención del Consejo, quiero agradecer, aunque no esté aquí presente el Presidente en ejercicio del Consejo- que estaba esta mañana -, al ministro Sr. Spring, que nos haya leído una completísima relación de todo lo que ha hecho la Unión en 1995 y parte de 1996. 
Yo me he alegrado de oírla. 
Ya lo sabíamos pero siempre está bien que se diga que hacemos cosas. 
Querría señalar al respecto que este entusiasmo del Consejo por el desarrollo de la PESC debería conducirlo también a apoyar no sólo los esfuerzos de reflexión que se están haciendo en la Conferencia Intergubernamental, sino también el desarrollo y la aplicación de los Tratados; creo que hay que invitar seriamente al Consejo a que apoye la realización del artículo J. 
Y, para no criticar sólo al Consejo o a la Comisión, me permitirá el Presidente que, en el tiempo que me queda, critique también al Parlamento y a su Conferencia de Presidentes, porque yo he tenido el honor y la responsabilidad de añadir al informe del Sr. Fernández-Albor una recomendación que, no se sabe por qué razones, la Conferencia de Presidentes de este Parlamento ha remitido a la Comisión de Reglamento. 
Lo que plantea la Comisión de Asuntos Exteriores como recomendación es una cosa muy simple: está muy bien lo que pueda hacer la Conferencia Intergubernamental, pero hay que ir haciendo camino. 
Y para hacer camino, y aprender de nuestros errores y responder a las expectativas de las conciudadanas y conciudadanos de la Unión Europea, lo que tenemos que hacer es que la PESC se rija por mayoría, se incluya en el presupuesto de las Comunidades y, en la medida de lo posible, que desarrollemos nuestras capacidades de llevar a cabo una diplomacia preventiva en nuestro propio campo. 
Señor Presidente, he de admitir que me impresiona mucho ver a toda la gente de esta Asamblea, ya que se encuentran aquí representantes de naciones que durante siglos se han estado haciendo la guerra. 
Ahora, por lo menos, debaten las cosas. 
Cabe hablar, pues, de un avance en la política de seguridad. 
Se puede leer en los periódicos que Europa está entrando en otra crisis. 
Va de una crisis a otra, como dicen los periódicos, pero, a pesar de eso, las cosas van mejor ahora que antes, cuando los países pasaban de una guerra a otra. 
Es realmente un milagro que Europa haya sobrevivido. 
La pobre señora, Europa- ya que, como hija de un rey fenicio, es mujer- ha sido mutilada una y otra vez por sus habitantes y después de la última gran guerra fue serrada en dos partes en 1945, quedando una mitad en el Este y la otra en el Oeste. 
Posteriormente ha sido unida en parte, pero no está entera del todo. 
Nuevas confrontaciones amenazan el mapa. 
Para Europa y para la UE debe ser una tarea permanente descubrir y remediar nuevas situaciones peligrosas, antes de que acaben en confrontaciones violentas, como en los Balcanes. 
Un centro de análisis como el que está previsto en Bruselas es importante. 
Con él estaremos mejor equipados para actuar como estabilizadores ante situaciones peligrosas y para actuar a tiempo. 
Esta tarea forma para mí parte de la filosofía subyacente a la política exterior y de seguridad común de la UE, pero la política no debe ser sólo un cortafuego que apague el incendio cuando ya se ha declarado. 
Supongo que será también un instrumento para crear una cultura de seguridad preventiva, una cultura de seguridad para el viejo mundo, Europa, por lo que apruebo seguir trabajando por este camino con una política exterior y de seguridad común reforzada dirigida a toda Europa. 
Sin embargo, señor Presidente, tengo reservas con respecto a un punto. 
Se trata del punto 21 del informe, es decir, el sistema disuasorio común. 
Este término se refiere a las armas nucleares- así me lo han enseñado- y no puedo aceptarlo en un momento en que se trabaja para conseguir que se destruyan las armas nucleares, y en que en Ginebra y en otros lugares se habla de acuerdos sobre no proliferación de armas nucleares. En opinión del Partido Popular Conservador, las armas nucleares son asunto de la OTAN. 
Estos son los motivos de mis reservas con respecto al punto 21. Me alegro de que no sea el único y de que este tema cuente también con el apoyo de- estoy a punto de decir- mis compatriotas de Escandinavia. 
Finalmente- si me lo permite usted, señor Presidente- traigo un saludo de uno de mis compatriotas. 
Está haciendo más política europea que la mayoría de la gente, especialmente en este momento. 
Su nombre es Bjarne Riis. 
Es ciudadano danés. 
Está encabezando el Tour de France. 
Corre en un equipo alemán, y su familia está afincada en Luxemburgo. 
Le podrán encontrar en París el viernes. 
¡Qué se diviertan! 
Señor Presidente, en primer lugar deseo dar mi sincera y cordial bienvenida al ministro irlandés de Asuntos Europeos en su primera visita a una sesión plenaria del Parlamento Europeo. 
No es su primera visita a Estrasburgo; ya ha estado aquí en varias ocasiones para llevar a cabo con gran dedicación trabajos preliminares que garanticen el éxito de esta Presidencia, lo que le deseo de todo corazón y estoy seguro de que así será. 
Aún no está claro si se tomarán medidas decisivas en 1996 para que se inicien seriamente los trabajos sobre lo que el Tratado de Maastricht describe como el marco final para una política de defensa común. 
Todavía no está claro, tampoco, hasta qué punto están dispuestos a llegar los diputados en la creación de un marco para la política de seguridad común. 
Recientemente, cuando me preguntaron hasta qué punto pensaba yo que estarían dispuestos a llegar algunos Estados miembros en materia de política exterior, respondí que sólo estaría convencido de las intenciones de los colegas, cuando viera a Estados miembros de la Unión que ocupan escaños permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ceder uno de esos escaños a Europa. 
Eso sería, por sí sola, una prueba de hasta dónde están dispuestos a llegar los diferentes países. 
En materia de defensa, independientemente de los elementos de política común que se adopten, creo que los Estados miembros continuarán desempeñando papeles diferentes. 
No existen indicios por ahora de que, por ejemplo, Francia o Gran Bretaña estén dispuestos a ceder su poder de disuasión nuclear independiente a la UEO o a alguna nueva organización de defensa europea. 
Personalmente creo que Irlanda sería muy reacia a integrarse en una alianza de defensa que aún continúa comprometida, en ciertas circunstancias, con el uso de armas nucleares. 
Por el contrario, lo que perseguimos es el desmantelamiento de las instituciones nucleares que, si se ven envueltas en accidentes graves, podrían ciertamente ocasionar mucha ruina y devastación en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Creemos que tenemos el deber de contribuir al mantenimiento de la paz, pero creo que es legítimo hacerlo de una manera que se ajuste a nuestras propias tradiciones. 
El establecimiento de un marco final para la política de defensa común debe permitir a los Estados miembros desempeñar papeles diferentes- lo cual harán de todas maneras- y hacer aportaciones diferentes. 
Señor Presidente, damos las gracias al ponente, además nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, por su excelente informe. Pone muy claramente el dedo en la llaga y de nuevo vuelve a demostrarse que las estructuras comunitarias del primer pilar son mucho más capaces de seguir una política exterior que la PESC intergubernamental. 
Mil novecientos noventa y cinco fue un año de éxitos para los acuerdos internacionales, pero fue un año muy negativo y sombrío para la PESC. 
El informe lo dice claramente. 
La calidad y la cantidad de las posiciones comunes fueron muy inferiores a 1994. 
Sólo tres de las diez actuaciones comunes fueron realmente nuevas. Las demás eran continuaciones o modificaciones de actuaciones de 1994. 
El potencial de la política exterior y de seguridad común no se utiliza en absoluto. 
Allí donde la Comisión dispone del derecho de coiniciativa desde Maastricht, no ha hecho uso de él en absoluto en 1995. 
Mientras que Maastricht ofrece la posibilidad de votar por mayoría cualificada en el Consejo, en 1995 todo se decidió por unanimidad. 
Además, el Consejo no reaccionó ni una sola vez a las recomendaciones del Parlamento Europeo en materia de política común y, por último, se hace caso omiso de la tarea de desarrollar una política de defensa común. 
Los decepcionantes resultados en materia de política exterior común provocaron una ausencia continuada de la Unión en la escena internacional y la decepción entre los ciudadanos, en parte debido a las expectativas creadas. 
Habrá que ver de qué modo la Unión tiene algo que decir sobre la ampliación del mandato de la IFOR sobre la busca y captura de los criminales de guerra en la antigua Yugoslavia. 
La CIG tendrá que dar una verdadera política común a la Unión Europea, tal como se prometió en la Cumbre de Maastricht. 
Señor Presidente, para la seguridad en Europa es naturalmente un factor decisivo el modo en que actúan los países miembros de la UE. 
También es decisivo que exista un verdadero análisis de cuáles son las causas de la amenaza a la seguridad en el mundo que nos rodea. 
Tenemos varias de estas regiones inseguras, como por ejemplo, la situación de los Balcanes, con la espantosa guerra que se ha producido y la necesidad de que se condene a los criminales de guerra transgresores de la paz duradera. 
Vemos que determinados países del este de Europa, por ejemplo, Albania y Belarús, insisten en mantener unas modalidades de gobierno autoritarias. 
Esto es en parte cierto también en un país como Croacia. 
Tenemos enormes problemas de carácter social y económico a nuestro alrededor, por ejemplo en un país como Ucrania, y también en la zona del norte de África. 
Ésta es una situación que encierra graves riesgos para nosotros, graves riesgos en cuanto a la política de seguridad, a los que hay que hacer frente a través de unos métodos que resulten verdaderamente eficaces y que funcionen en relación con la naturaleza de los riesgos. 
En base a esto, el presente informe es en parte decepcionante puesto que razona de un modo muy tradicional en la línea militar. Se habla de una política de defensa común. 
En el apartado 21 se habla de la disuasión común. 
Esto no puede interpretarse como otra cosa que no sea una defensa nuclear común. 
Yo opino que estas ideas no son la solución al problema al que nos enfrentamos actualmente, en su lugar lo que son es una no-solución. 
Lo que se necesita es la estabilidad, el desarrollo económico y social de la Europa del este y del norte de África. 
Se necesita una verdadera cooperación paneuropea bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. 
Solamente con esto se podrá colaborar con los países afectados. 
Pienso que la línea militar es un legado de la antigua «guerra fría» , que ya es obsoleto y no puede sobrevivir. 
Vamos a votar, por lo tanto, a favor de las enmiendas de los socialistas y de los Verdes. 
Sobre todo por lo que respecta al apartado 21. 
Espero que mi hijo y los de las demás personas crezcan sin la amenaza del estallido de una guerra nuclear con la que nosotros crecimos. 
Si hacemos un balance de los progresos de la política exterior común veremos que el año 1995 muestra una actividad muy intensa, sobre todo en el ámbito del desarrollo de tratados- me remito a MERCOSUR, la Conferencia de Barcelona, etc.-. Pero si se analiza qué instrumentos ha utilizado la Unión para ello, veremos que se ha quedado estancada en el nivel de la cooperación política europea. 
Por consiguiente, no se han aprovechado las oportunidades que brinda el Tratado de Maastricht. 
Precisamente en relación con los sucesos actuales, de los que los ciudadanos europeos esperan algo, ya sean sucesos que tienen lugar cerca de nosotros- como en la antigua Yugoslavia- ya sea más lejos- como en la región de los Grandes Lagos en África -, vemos que la Unión estuvo presente de una forma espectacular, con ayuda humanitaria, pero por desgracia no pudo contribuir a acercar una solución política. 
Precisamente esto, el acercar, el estar presente de forma realmente constructiva para lograr una solución política, hace que los ciudadanos adopten una actitud positiva hacia la política exterior, lo cual- por desgracia- no es el caso. 
Por una parte, en el presente informe encuentro que hasta ahora, en comparación con los informes que he visto del Parlamento, no se había prestado tanta atención en un informe a la prevención de conflictos, la utilización de medios pacíficos para lograr soluciones políticas. 
En este sentido encuentro que el informe es muy esperanzador. 
Por otra parte, sigue habiendo diversas cosas difíciles de digerir, y la más molesta de todas es el apartado 21. Sobre todo porque allí se habla sin ningún pudor de disuasión cuando está claro que se refiere a la nuclear. 
En este sentido esperamos que se acepte la enmienda del Sr. Sakellariou, porque supone una corrección de los sistemas de disuasión propuestos, y en segundo lugar porque apela al establecimiento y la puesta en práctica de la exigencia del informe del Sr. Rocard, quien desea un centro de análisis y propuestas para poder ser activos. 
Señor Presidente, acuerdo sobre la pobreza del balance del desarrollo de la política exterior y de seguridad común durante 1995, desacuerdo sobre la forma de remediar las prácticas actuales: estos son los dos juicios que el Grupo Europa de las Naciones emite sobre el informe Fernández-Albor. 
Estamos inmersos en un proceso generador a la vez de la falta de congruencia común y de la desmovilización de las diplomacias nacionales, ya que la existencia teórica de una política exterior común tiende a servir de pretexto para la inercia y la voluntad de reducir los medios nacionales. 
¿Cómo detener esta doble desviación y sustituirla por un proceso eficaz? 
Ciertamente, no será «comunitarizando» la PESC ni procurando definir una política exterior única, lo que no desembocaría sino en la fijación de objetivos totalmente artificiales y antidemocráticos. 
El desarrollo de una verdadera PESC supondría, según el informe- cito -: » compartir soberanía equitativamente». 
Si se procura crear una verdadera PESC a través del método comunitario, rechazando el carácter intergubernamental de ésta- a pesar de estar contenido en los Tratados- y constituyendo un cuerpo diplomático europeo subordinado a la Comisión, vamos derecho al fracaso. 
Los Estados miembros que deseen una verdadera PESC deben empezar por controlar la inflación galopante de los servicios exteriores de la Comisión que se autodenominan «embajadas» , cuando las verdaderas embajadas, dotadas de competencias y de redes propias- lo que debería convertirlas en el canal eficaz de la PESC -, ven recortados sus medios. 
Para crear finalmente una verdadera PESC, hay que basarse en realidades y comenzar por catalogar los intereses y las necesidades realmente comunes. 
En segundo lugar, es necesario medir el grado de voluntad política para defenderlos en común. 
Según del ámbito de que se trate, la «geometría» podrá ser variable. 
¿En qué debe apoyarse este catálogo permanente de los intereses comunes a nuestros países en materia de política exterior? 
El dispositivo institucional que mejor permitirá realizar esta función será aquel que refuerce su carácter intergubernamental y lo haga plenamente eficaz fortaleciendo el papel que desempeñan las instituciones representativas de las voluntades nacionales. 
Así pues, es indispensable ampliar el papel del Consejo y de los Parlamentos nacionales en aquellos ámbitos de la política exterior y de defensa que caen plenamente dentro las competencias inherentes a los Estados. 
Esta reorientación se impone igualmente en la perspectiva de la ampliación, que se efectuará con naciones que no desean renunciar a los atributos esenciales de una soberanía que acaban de recuperar tras un largo «invierno» ideológico. 
Por eso hemos propuesto la creación, en el seno del Consejo y bajo su autoridad, de la figura de un vicepresidente que se encargue permanentemente de la PESC y cuyo mandato sea lo suficientemente largo. 
Deseamos, asimismo, que la política exterior propiamente dicha y la política comercial, que es un elemento esencial de aquélla, ya no estén separadas artificialmente. 
Por lo tanto, el vicepresidente del Consejo encargado de la PESC también debería ser responsable del capítulo comercial de la misma. 
Este nuevo equilibrio institucional debería constituir una de las prioridades de la Conferencia Intergubernamental. 
Es la condición necesaria para que por fin pueda existir una verdadera política exterior común; la condición suficiente es, naturalmente, la voluntad política de los Estados miembros, cuya falta no puede, como es evidente, compensarse por ningún otro dispositivo institucional. 
Señor Presidente, el informe relativo a la política exterior y de seguridad común ofrece al Parlamento una excelente oportunidad para tratar este importante asunto. 
La gran mayoría de esta cámara apoya el objetivo de que debe reforzarse la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, a fin de poder consolidar la paz y la estabilidad tanto en nuestro propio continente como en el resto del mundo. 
A la vez, sin embargo, chocamos con las diferencias derivadas de los distintos aconteceres históricos de cada país. 
Los tres nuevos Estados miembros, no alineados militarmente, Finlandia, Suecia y Austria, aportan una nueva dimensión a la Unión. 
En ocasiones ha sido difícil explicar que el no alineamiento, por ejemplo, de Finlandia no implica que este país vaya por libre en materia de seguridad, sino que, en nuestra opinión, en el momento actual supone un aumento de la estabilidad en la Europa septentrional, en particular en la región del Mar Báltico. 
El no alineamiento no supone tampoco un obstáculo para la participación activa en la elaboración y aplicación de la política exterior y de seguridad común. 
En la vida y en la política las soluciones ortodoxas resultan rara vez eficaces. 
Debe hacerse lo que sea imprescindible y posible. 
Debemos tener cuidado con las soluciones que puedan conducir a un aumento de la tensión y a una nueva división en dos bloques desde el punto de vista militar. 
No es conveniente ceñirse únicamente a la visión tradicional de la política militar. 
A la vez que en la Unión Europea se debe reforzar la política exterior y de seguridad común, ante todo en los ámbitos de la prevención y control de las crisis, debe desarrollarse la cooperación en el marco del programa de la Asociación para la Paz de la OTAN. 
Me alegro de que mi propio Grupo, el socialdemócrata, tenga como punto de partida un concepto de seguridad amplio y entienda los diferentes planteamientos. 
Asimismo doy mi más sincero apoyo a las propuestas de modificación formuladas por el Sr. Jannis Sakellariou. 
Señor Presidente, Señorías, podemos felicitarnos de que el artículo J.7 del Tratado de la Unión Europea nos permita celebrar cada año un debate sobre el desarrollo de la política exterior y de seguridad común. 
Desgraciadamente, debemos constatar que este desarrollo no es plenamente satisfactorio. 
En primer término, si bien hay que congratularse de que la Unión haya reequilibrado su colaboración a medio plazo con Europa del Este y el Mediterráneo, de que haya firmado acuerdos con Marruecos, Túnez, Israel, América del Sur y algunos países de Asia, puede constatarse cierta ineficacia en las negociaciones relativas a la antigua Yugoslavia- en cuyo caso los norteamericanos siguen teniendo la iniciativa diplomática -, con Rusia, donde el problema checheno sigue sin resolver, con Turquía, Oriente Medio, Burundi y Ruanda. 
Como señala el ponente, a quien felicito por su trabajo muy bien documentado, ello se desprende del hecho de que las declaraciones del Consejo no implican ninguna decisión concreta de los Estados. 
En realidad, en la Unión no existe una verdadera voluntad política en este ámbito, ¡lo cual está ligado con la indecisión permanente respecto a lo que queremos hacer de nuestra Europa! 
En segundo término, en materia de seguridad común, la única acción determinante es la prohibición de las minas antipersonal y, en el ámbito de los derechos humanos, yo preferiría que la Unión Europea se ocupara más de la seguridad de sus ciudadanos, que se halla continuamente amenazada, antes de preocuparse de lo que ocurre fuera de sus fronteras comunes. 
Finalmente, en conclusión, debemos lamentar que el Consejo deje de lado al Parlamento, al no dar ninguna respuesta política a nuestras recomendaciones ni información alguna, por escrito y con regularidad, lo cual, no obstante, es indispensable para una mejor cooperación entre las instituciones y una mejor definición de una verdadera política común con objetivos bien precisos. 
Señor Presidente, estamos debatiendo los progresos de la política exterior y de seguridad común un poco post festum, puesto que ha pasado más de medio año desde 1995. 
Pero, ¿se han realizado algunos progresos, y cuáles son estos? 
La Unión Aduanera con Turquía es una victoria parcial del Parlamento Europeo, puesto que se han cumplido una parte de los requisitos que establecimos para la aprobación. 
Pero la situación de este país en torno a los derechos humanos dista de ser satisfactoria. 
La inclusión de cláusulas sobre derechos humanos para la firma de acuerdos internacionales es un gran paso en el buen camino, pero sólo valdrán lo que cuesta el papel sobre el que se han escrito si no conducen a unas acciones concretas. 
El Parlamento Europeo puede ciertamente estar orgulloso de nuestra contribución a los trabajos de reconstrucción en la antigua Yugoslavia. 
Pero, ¿El objetivo de la PESC no debería haber sido el de impedir las tragedias humanas que se produjeron también durante 1995? 
Cabe mencionar Sarajevo, Srebrenica, Krajina y otros muchos lugares. 
La PESC debe incluir unas actividades de previsión, no de reacción a posteriori, que consiste en aportar una ayuda económica que tranquilice nuestra conciencia. 
La experiencia demuestra que es verdaderamente necesario el desarrollo de la política exterior y de seguridad común. 
En mi opinión, la OTAN sigue constituyendo la base para la seguridad militar de nuestro continente- es decir, con la presencia de los Estados Unidos. 
Debemos reflexionar profundamente sobre la configuración del pilar europeo con la ayuda de la UEO. 
Pero, en cualquier caso, no vamos a permitir que se amplíe la burocracia sólo para demostrar que podemos arreglárnoslas solos. 
Es importante que la OTAN siga desarrollándose en contra de la guerra, lo cual quizá posibilitaría que los países neutrales- incluyendo al mío- se adhirieran a ella a su debido tiempo. 
También quiero afirmar que la Ifor es un ejemplo de cómo los países de la OTAN, en colaboración con los neutrales, pueden llevar a cabo perfectamente una operación militar de mutuo acuerdo. 
Señor Presidente, a pesar de ciertas reservas celebramos el contenido de los presentes documentos con los que nos podemos identificar en amplios aspectos. 
Por esta razón lamentamos también de manera especial los escasos avances en el desarrollo de la PESC, sobre todo en el ámbito de la política de defensa. En consecuencia, lamentamos también especialmente la indecisión del Gobierno Federal austriaco en este tema, pues tenía que haberse dado cuenta hace tiempo de que la neutralidad no tiene sitio en una comunidad como la UE y equivale a viajar insolidariamente en el estribo. 
No estamos satisfechos con la práctica del Parlamento Europeo, utilizada también en parte en el informe, de introducir demasiadas exigencias y resoluciones de carácter utópico, que tienen poco que ver con una política exterior realista que primariamente es un medio de realizar y de defender los propios intereses y no un instrumento para mejorar el mundo. 
En el ámbito de la PESC somos más partidarios de limitarse selectivamente a pocos terrenos, especialmente importantes, que de una política exterior extensiva que, aunque sea visible en todas partes, no será eficaz en ninguna. 
Señor Presidente, también yo y mi Grupo elogiamos el informe del Sr. Fernández-Albor. 
Se trata de un buen análisis y muestra que, el año pasado, la Unión y sobre todo la Comisión han sido muy activas en muchos ámbitos. 
El informe del ponente es en parte muy crítico sobre la PESC y abarca el período de 1995, en el que la Unión no supo tomar la iniciativa, sobre todo en cuanto a la situación de la antigua Yugoslavia. 
Esto se dejó más o menos en manos de Estados Unidos. Pienso que ello no contribuyó a confirmar la identidad de la Unión en el ámbito internacional, una identidad que reconocen sobre todo los mismos ciudadanos de la UE. 
El ponente constata con razón que se han hecho muchas declaraciones sobre numerosos temas, pero que se han emprendido pocas acciones sobre todo en el ámbito de la seguridad. 
Según él, la Unión sólo podrá desarrollar una PESC con la política común de defensa y con un sistema común de disuasión. A ello hay que vincular una especie de obligación de asistencia. 
Además, quiere desarrollar un cuerpo de pacificación europeo. Por lo que a nosotros respecta, podría haber dado prioridad a esta idea. 
Una Unión que disponga de mecanismos de toma de decisiones y de la capacidad de llevar a cabo misiones de paz supone un paso adelante. 
De ahora en adelante convendría hacer hincapié en ello, y no en objetivos más ambiciosos como un sistema común de defensa colectiva. 
Un cuerpo de pacificación del tipo IFOR, como existe en Bosnia, más una propia unidad de planificación y análisis tendrían que ser objetivos prioritarios. 
Quizás el año que viene se ponga a prueba a la Unión en Bosnia. 
Pienso que, por ejemplo, la declaración de Berlín de la OTAN ya ha dado impulsos positivos para fomentar un desarrollo de este tipo. 
Mi planteamiento es que la cooperación en materia de defensa tendría que desarrollarse sobre todo a partir de la práctica, siguiendo la línea que he sugerido, y no formulando objetivos que seguirán siendo inalcanzables en los próximos años. 
Señor Presidente, la opinión respecto a la política exterior y de defensa común podría, sin simplificar demasiado, resumirse así: se hace lo que se puede, aunque no siempre. 
Los ámbitos de actuación de la PESC son de por sí limitados y no permiten hablar de una política exterior propiamente dicha, al igual que la relación de la Unión con la UEO no permite hablar de una política de defensa común propiamente dicha. 
Para lograr ambas políticas, hubiera hecho falta una verdadera comunidad de defensa, sin embargo, por desgracia, el proyecto fue rechazado hace casi cuarenta años. 
En consecuencia, hoy, debemos conformarnos con lo que tenemos y es evidente que lo que tenemos es muy poco, habida cuenta de que en los momentos de conflicto cruciales o en lo referente a la capacidad de prevención, la política exterior balbucea fatalmente o incluso no existe. 
La armonización de las políticas exteriores de cada uno de los Estados de la Unión es una loable manifestación de buena voluntad que en las grandes ocasiones, sin embargo, se detiene ante los fraccionados intereses de los Estados. 
La UEO, que podría ser uno de los puntos fuertes de una política exterior que aspirase a existir, es poco más que un ejército de papel y, además, no todos los Estados miembros de la Unión pertenecen a la misma. 
¿Como se puede llevar a cabo una PESC que corre el riesgo de ser un señor o una señora. ¿Nadie sin una defensa común y un sistema común de disuasión? 
¿Cómo se puede llevar a cabo una política exterior si el concepto de soberanía europea no existe? 
El futuro de Europa depende de la respuesta a estos interrogantes, si Europa no aspira a ser tan sólo la de la ya difícil moneda única que, a pesar de ser importante- y lo es- de por sí es como una golondrina que, por sí sola, no hace verano. 
Mientras tanto, la Comisión tiene que tener el coraje de aprovechar todas las posibilidades que le ofrece el Tratado. No siempre lo hace, ya que por su timidez teme la mirada de mastín que los Estados miembros dirigen a sus competencias. 
Sin embargo, forzar las situaciones de hecho es un deber para quien está llamado, a no ser el mandatario de la voluntad de los Gobiernos nacionales, sino a formar parte del embrión de un Gobierno europeo: también los embriones pueden y deben crecer, si no se produce el aborto. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, deseo felicitar al Presidente de la Comisión y a mi querido amigo Fernández-Albor por el informe bien elaborado que nos presenta. 
Este informe merece nuestro pleno acuerdo cuando expone el importante desarrollo de la actividad normal de la Unión Europea en política exterior y, simultáneamente, lamenta, y con razón, que al cabo de más de dos años no se haya avanzado en la formulación de los instrumentos de política exterior y de política de defensa común. 
Y estoy particularmente de acuerdo con este informe, cuando dice y subraya que, sin una política de defensa común, la Unión Europea no podrá tener una política exterior fuerte, eficiente y creíble. 
Quisiera dejar aquí una breve, pero especial, referencia a los párrafos 20 y 21. 
Una política de defensa común, base de una política exterior de la Unión Europea, requiere la colaboración activa de todos- repito: todos- los Estados miembros de la Unión. 
El neutralismo y la falta de participación de ciertos Estados miembros son posiciones precariamente simpáticas, políticamente cómodas, económicamente confortables, pero se distancian del principio de solidaridad, en el que se basa nuestra Unión y que no es sólo válido para la economía, y lo menoscaban. 
Por último, un ligero reparo al informe. 
Aunque esté de moda el olvido, e incluso la condena, de nuestros aliados en determinadas circunstancias, creo que en este informe quedaría bien, sobre todo porque se trata de política de defensa, una pequeña referencia a nuestros aliados. 
Parece que sólo nos acordamos de nuestros aliados cuando truena en nuestra propia casa. 
Este informe tiene dos caras. 
Hay que apoyarlo donde critica las deficiencias, las limitaciones y la escasa eficacia de la presencia conjunta de la Unión en la política exterior. 
Respecto de mi país puedo decir que nuestra neutralidad no nos ha impedido tomar parte en las iniciativas que se han adoptado hasta ahora, ni nos impedirá no sólo apoyar esta política internacional común de la Unión, no también colaborar en la misma. 
Pero este informe tiene también un segundo aspecto, en concreto, donde se mantiene una concepción de política de defensa con la que quizá no sólo yo tenga ciertos problemas. 
Cuando se habla de Europa como potencia disuasoria, no sólo experimentan escalofríos los potenciales enemigos de Europa, sino también los pueblos de este continente. 
Creo que es un camino equivocado querer convertir la Unión en una potencia nuclear. 
La posible fortaleza de esta Unión consiste en una amplia alianza de seguridad con aquellos estados que no pertenecen aún a ella o que quizá no pertenecerán jamás a ella. 
Con su neutralidad Austria no tiene problema alguno en participar en un desarrollo dinámico de la Unión. 
Sin embargo, hay que advertir a tiempo de una tendencia que en último término podría conducir a que esta Unión se convierta también en un pacto militar. 
Señor Presidente, no sé si nuestro colega, el Sr. Konecny estaba presente cuando habló el ponente, el Sr. Fernández-Albor. 
En efecto, éste puntualizó expresamente que el informe no se refiere a armas nucleares y por esta razón puedo dar plenamente mi aprobación a la totalidad del informe. 
Pues una cosa está clara: en el futuro Europa debe disponer de los medios necesarios para poder practicar eficazmente y a tiempo la evitación de las crisis. 
Nada ha dañado más a la idea europea y al prestigio de la Unión Europea que la ausencia de esta posibilidad en el caso de la antigua Yugoslavia. 
Por consiguiente, es preciso eliminar la carencia de estas posibilidades y ésta es una de las tareas esenciales que se plantean en la política exterior y de seguridad común. 
A este respecto, hay que lograr que una mayoría cualificada no se vea impedida por una minoría en la realización de acciones encaminadas a la consecución de la paz y a su mantenimiento. 
Esto significa, evidentemente, y debe significar, que la minoría perdedora en la votación, si su propio Parlamento y su Gobierno por buenas razones no pueden tomar parte en tales acciones, no puede ser obligada a participar con tropas en ellas. 
Esto no afecta, evidentemente, a la obligación de solidaridad frente a los demás Estados miembros de la Unión Europea: un ataque a la UE es, precisamente, un ataque a la totalidad de los Estados miembros. 
Aquí se requiere un deber de solidaridad que, ciertamente, debe encontrar cabida en el Tratado de la UE. 
Por consiguiente, la delegación del Partido Popular Austriaco da su conformidad a la propuesta de resolución, y nosotros opinamos también que de esta manera ponemos en práctica lo que Austria declaró con ocasión de su adhesión; en concreto, que está interesada en una Política Exterior y de Seguridad Común y que también quisiera cooperar a la creación de esta Política Exterior, de Seguridad y de Defensa Común. 
En un acuerdo de trabajo este gobierno de coalición de socialistas y el Partido Popular ha manifestado que nosotros, como austriacos, queremos estar en el grupo de cabeza en el desarrollo ulterior de la Unión. 
Esto incluye Schengen, esto incluye la unión económica y monetaria y esto incluye también la Política Exterior y de Seguridad Común, pues queremos cooperar aquí en la tarea de construcción y porque consideramos que ésta es la gran ventaja de nuestra condición de miembros que queremos configurar activamente y desde el espíritu de cooperación con todos los demás. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Fernández-Albor pone de manifiesto en mi opinión un pensamiento trasnochado, típico de la época de la guerra fría. 
Las estructuras actuales en materia de seguridad militar en Europa cumplen perfectamente con su cometido. La neutralidad de cuatro miembros de la Unión Europea constituye un componente positivo de la misma. 
No existe en perspectiva una amenaza militar que obligue a la Unión Europea a convertirse en una comunidad militar uniéndose a la Unión Europea Occidental. 
La OTAN y la UEO, en su configuración actual, contribuyen positivamente a la seguridad de toda Europa. 
Sin embargo, sobre el tapete está la cuestión de la ampliación de la OTAN. 
Naturalmente, debemos respetar el derecho de cada Estado europeo a solicitar su adhesión a la OTAN y el derecho de ésta a admitir a nuevos miembros. 
Por otro lado, debemos preguntarnos si la ampliación de la OTAN es realmente necesaria y si ello incrementaría la seguridad de Europa. 
¿Se refuerza la seguridad real del Estado que se convierte en miembro de la OTAN? 
¿De qué manera influiría la ampliación en la situación de los Estados que permaneciesen al margen? 
¿Aumentaría o disminuiría con ello la estabilidad militar de Europa? 
La mejor manera de promover la seguridad en Europa es, en mi opinión, conservando las actuales estructuras de seguridad militar, así como desarrollando, a partir de las mismas, una cooperación en materia de seguridad a nivel paneuropeo y transatlántico dentro del marco de la OSCE, el CCAN y la APP. 
Por otro lado, es importante desarrollar una cooperación pacífica con la que promover la estabilidad y la democracia en las regiones orientales de nuestro continente. 
La Unión Europea debe estrechar su cooperación con todos los Estados de Europa y fomentar la integración europea aprovechando, entre otras, las posibilidades que ofrecen la OSCE y el Consejo de Europa. 
Debe desarrollarse la política exterior y de seguridad común de la Unión, pero debe estar basada en el consenso de los Estados miembros y en ella deben respetarse las diferentes opciones en materia de política de seguridad de dichos Estados. 
Señor Presidente, en términos generales, acojo con satisfacción el presente informe, que supone un avance en relación con el intento que el pasado año hizo el Parlamento de construir complicados y ambiciosos castillos en el aire. 
El Sr. Fernández-Albor se ha mantenido mucho más próximo a la utilidad práctica del tema y, como consecuencia, ha hecho algunas observaciones reveladoras. 
No obstante, incluso este informe comete a veces el error de entrar en lo grandioso y lo teórico. 
La política exterior y de seguridad es el ámbito más delicado de la soberanía nacional. 
Debemos, por consiguiente, aprender a andar antes de poder correr, y debemos aspirar a conocer a fondo los aspectos básicos antes de comenzar a construir modelos más ambiciosos. 
Primero, necesitamos saber perfectamente cuáles son los objetivos de una política exterior común. 
Recientemente, un funcionario alemán del Consejo me dijo que su oficina de Bruselas podría perfectamente estar situada en Bonn, ya que su principal punto de referencia es el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. 
Segundo, necesitamos un mecanismo adecuado que se encargue de la toma de decisiones cotidianas en materia de política exterior. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa preguntamos con demasiada frecuencia a la secretaría de la PESC sobre la posición de la UE en una situación determinada, sólo para recibir la respuesta de que no se ha adoptado ninguna posición porque los Ministros de Asuntos Exteriores no se han reunido aún para discutir el asunto. 
Me temo que las crisis no esperan hasta que a los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE les apetezca reunirse. 
No es de extrañar que Richard Holbrooke dijera recientemente que Europa duerme mientras el Presidente Clinton resuelve una crisis europea determinada. 
Tercero, hay que poner fin a la caótica situación actual del tema financiero. 
Los gastos operativos deben ser cubiertos por el presupuesto comunitario. 
Lamentablemente, la mayor debilidad del informe Fernández-Albor es el llamamiento que hace al poder de disuasión común. 
Francamente, eso no tiene sentido. 
Precisamente cuando nos disponemos a abordar las nuevas tendencias en materia de seguridad que existen en el mundo de la postGuerra Fría; precisamente cuando la sociedad está comenzando a entender que la seguridad depende tanto de la estabilidad económica y política, como de la acción diplomática y militar; precisamente cuando se han aprobado los trabajos de Petersberg en ayuda humanitaria y mantenimiento de la paz como uno de los objetivos de nuestra política de seguridad, el Parlamento pide un disuasor común. 
Ésta no es la forma de construir un nuevo marco de seguridad para la nueva situación europea. 
La PESC sigue siendo una sinfonía incompleta: por eso es causa de decepciones y de frustraciones, mucho más que un factor de satisfacción y de orgullo. 
En 1995, Richard Holbrooke llevó la voz cantante en la antigua Yugoslavia, al indicar el camino en materia de determinación y de visibilidad. 
También desafió a los europeos, a tal punto que algunos ven en ello un modelo de liderazgo que Europa debería asumir en su «patio trasero». 
Es evidente que las propuestas sobre la figura de un «señor PESC» se inspiran de este ejemplo norteamericano. 
El hecho de que ayer el Sr. Holbrooke se haya reincorporado debería preocuparnos sobremanera. 
La PESC es indudablemente uno de los ámbitos respecto al cual la opinión pública está muy sensibilizada. Ésta espera un afianzamiento del papel internacional de Europa, una mayor capacidad de resolución y de acción. 
Pero la mayoría de las veces queda insatisfecha, ya que aparte de una diplomacia declaratoria, que por lo general está supeditada a los acontecimientos, ofrecemos muy a menudo el espectáculo desolador de disputas domésticas de nunca acabar y de parálisis. 
A menos que se produzca una mejora radical y súbita de nuestras prácticas, sería oportuno cambiar el título de nuestro informe y, más que hablar de progresos en el desarrollo de la PESC, convendría, ¡desgraciadamente! , hacer hincapié, hasta nuevo aviso, en las dificultades para su puesta en marcha. 
Sin embargo, sabemos las formas de remediarlo: en primer término, habría que dotarse de una capacidad común de análisis y de planificación. 
En segundo término, sería importante utilizar más la solidaridad política y financiera. 
Finalmente, sería absolutamente necesario mejorar los mecanismos de toma de decisiones, con el fin de aumentar las posibilidades de desembocar con mayor frecuencia en acciones comunes a su debido tiempo. 
En una palabra, ¡debemos por fin estar a la altura de nuestras ambiciones! 
Señor Presidente, el progreso alcanzado en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) es limitado, y existe la opinión generalizada de que la Unión no dispone de una política exterior común. 
Resulta característico que el Consejo no haya utilizado los medios que le proporciona el Tratado de Maastricht. 
De este modo, el año pasado el Consejo aprobó sólo tres acciones comunes y cinco posiciones comunes, mientras que la Comisión no ejerció su derecho de iniciativa. 
El Consejo tampoco ha tenido en cuenta las recomendaciones del Parlamento Europeo en sectores clave como la crisis en la antigua Yugoslavia, o con relación a Turquía, país en el que la Unión sigue sin mostrar la sensibilidad necesaria para con los derechos humanos, o en el caso de Chipre, donde, pese a las resoluciones del Parlamento Europeo, el Consejo se resiste a tomar la iniciativa en forma de acción común para solucionar el problema. 
Si la Unión Europea pretende verdaderamente acoger a nuevos miembros y cumplir una misión internacional, es indispensable que consolide una política exterior compacta. 
Esta política contribuirá a potenciar la paz, la estabilidad, la seguridad, el respeto por los derechos humanos, el Derecho internacional y la integridad territorial de los Estados miembros. 
Una política que impulse un modelo diferente en las relaciones internacionales. 
Hay que crear las instituciones y mecanismos indispensables para lograr este objetivo, aunque lo más importante es que los dirigentes de los Estados miembros, sobre todo los de los países más grandes, tengan la voluntad política adecuada, porque deben entender que no pueden ser ellos los únicos con papel destacado en la escena internacional, y desoír al resto de sus socios, ni crear una cúpula de poder formada por varios Estados para imponer su opinión y sus posiciones a los demás. 
La Conferencia Intergubernamental, ya iniciada, es un reto, una oportunidad de que la Unión Europea progrese en el ámbito de la PESC, creando de forma simultánea una política de seguridad y defensa y reforzando sus instituciones supranacionales. 
Señor Presidente, terminaré diciendo que el Informe Fernández-Albor expone la situación con lucidez y contiene una serie de ideas y propuestas interesantes. 
Señor Presidente, hace dos mil años el ciudadano romano Cicerón ya demostró que existen dos caminos para solucionar conflictos: el de la negociación y el de la violencia. 
Como él mismo dijo, el primer camino es para las personas y el otro para los animales salvajes. 
Este principio se aplica también hoy en día. 
El modo en que solucionamos nuestros conflictos refleja el punto al que hemos llegado en nuestra evolución, a través de la negociación como personas, o aplicando la violencia como animales. 
Cabe tener esto en cuenta en nuestra labor de configuración de la política de seguridad para Europa cara al próximo siglo. 
Debemos aprender de la historia para no repetirla. 
Las soluciones de conflictos, las relaciones internacionales, las económicas, el comercio, la ayuda y la cooperación con países vecinos, son aspectos mucho más importantes dentro de una política de seguridad común que la defensa militar común, es decir, que hay que dar solución a los conflictos, en lugar de ganarlos por la superioridad militar. 
La guerra fría nos llevó a una carrera demente por conseguir la superioridad nuclear que amenaza con destruir a toda la humanidad. 
Las armas nucleares han disminuido, no han aumentado, la seguridad para el conjunto de los Estados, incluyendo a los que las poseen. 
Entramos en una era en que, una vez acabada la guerra fría, existe la posibilidad de construir una política de seguridad sin la ayuda de las armas nucleares. 
Proponer en 1996 que la política de seguridad para el futuro se base en la disuasión nuclear no es solamente obsoleto sino extremadamente peligroso. 
Debemos rechazar la propuesta que contiene el apartado 21 del informe Fernández-Albor y reemplazarla por la enmienda nº10. 
Para el Grupo socialista esto es tan importante que estamos dispuestos a votar en contra de la totalidad del informe si no se aprueba nuestra enmienda. 
Lo que necesitamos en Europa es una política común para la paz, con un sistema común para la prevención de conflictos. 
Es hora de tener una política de seguridad basada en la negociación y no en la violencia. 
Señor Presidente, el presente informe, en su calidad de estudio sobre los progresos alcanzados hasta ahora en la aplicación de la Política Exterior y de Seguridad Común, contiene muchos elementos dignos de alabanza. 
Abarca toda una serie de actividades de la Unión en la Europa del Este y en la antigua Unión Soviética, Oriente Próximo, el Mediterráneo, África, América Latina y otras partes del mundo. 
El informe hace hincapié en la importancia de la acción común en temas como los derechos humanos, sociales y democráticos, y subraya el objetivo central de la paz. 
Suscribe valores como la idea del Estado social y democrático de derecho y la necesidad de acción común para eliminar las minas antipersonal. 
Es, por consiguiente, muy lamentable que el informe también presente propuestas para una política de defensa común que no son aceptables en varios Estados miembros y que vaya más lejos de lo que la opinión pública estaría dispuesta a apoyar. 
Sin el apoyo generalizado de la población de toda la Unión, esta política no sería viable, sobre todo en tiempos de tensión y cansancio. 
Debemos tener en cuenta asimismo el tipo de Europa que deseamos construir. 
No debemos proponernos crear una nueva potencia nuclear en el mundo, pero el apartado 21 declara que sin una política de defensa común y sin un sistema disuasorio común, la Unión nunca podrá ejercer una Política Exterior y de Seguridad Común. 
En unos momentos en que estamos impulsando el principio de no proliferación de armas nucleares, dará la impresión de que estamos a favor de crear una Europa nuclear, al mismo tiempo que nos oponemos a que los demás hagan lo propio en sus países. 
Esto no sólo socavaría nuestra credibilidad y deterioraría nuestra posición en el mundo como una fuerza a favor de la paz y el progreso por medios pacíficos, sino que además haría mucho más difícil alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. 
A menos que se modifique o elimine el apartado 21, y se incluya una enmienda del Grupo Socialista, el informe en su conjunto será bastante inaceptable, a pesar de contener algunas propuestas muy positivas, y espero que el ponente tenga este aspecto muy en cuenta. 
Señor Presidente, Señorías, este es un buen informe. El mismo recoge de manera equitativa muchos puntos positivos, recuerda con razón que todo eso dista mucho de convencer nuestras opiniones públicas, que las palabras «política exterior» y «seguridad común» poseen un contenido, y critica con mucha firmeza las graves carencias conceptuales, institucionales, políticas y prácticas que se manifiestan por el hecho de que algunas posiciones y acciones comunes son totalmente insuficientes para explicitar una verdadera política exterior y de seguridad común. 
Al igual que la delegación socialista francesa en cuyo nombre me expreso, yo estoy profundamente de acuerdo con esta visión general y por ello nos disponemos a votar a favor de este informe. 
Existe, no obstante, una dificultad política planteada por problemas atinentes a la redacción y a la votación de dos enmiendas. 
A nuestro ponente le anima un ardor europeo que algunos calificarían de federalista, otros de integracionista, y yo simplemente de vigoroso, por el hecho de ser coherente. 
Por lo tanto, yo lo comparto desde el punto de vista de su fundamento; pero este entusiasmo le lleva a excederse en dos terrenos: en el del vocabulario, tanto en lo atinente a la cortesía como a la prudencia diplomática, y en el de la relación conceptual que sirve de nexo de unión entre la política exterior, la seguridad y la defensa. 
En cuanto al primer punto, el hecho de que ciertos gobiernos y- como acabamos de oír- algunas opiniones públicas nacionales de la Unión no deseen, de hecho, participar en la aplicación de una política exterior efectivamente común, debería llevarnos a comprenderlos y a acompañar su toma de conciencia sobre objetivos estratégicos y diplomáticos que nos conciernen a todos, más que a hostigarlos o a denunciarlos. 
Yo lamento, en el artículo 9, el adjetivo «desesperanzador». 
La frase del artículo 20, que constata que algunos Estados no demuestran la necesaria voluntad política de integración, puede percibirse más como una agresión que como un esfuerzo de persuasión. 
El rechazo de ciertos Estados miembros se explica por la naturaleza del consenso nacional sobre seguridad existente en cada uno de ellos: o bien neutralidad, o bien sumisión absoluta a la Alianza Atlántica concebida como única garantía, o bien disuasión nuclear autónoma. 
Yo creo que la disuasión nuclear carece de toda significación tras la desaparición de la amenaza comunista, que la neutralidad carece de toda significación en un mundo totalmente interdependiente y que la referencia dominante a la Alianza Atlántica es absolutamente insuficiente, cuando los peligros que nos amenazan están relacionados sobre todo con la extensión geográfica de conflictos regionales de los que Europa y sus países vecinos están plagados, y que afectan poco a Norteamérica. 
Por otro lado, la toma de conciencia de este hecho por parte de Europa serviría de alivio a Norteamérica. 
Comprender esto es la clave de nuestra futura política exterior y de seguridad común. 
Respetemos el tiempo que cada uno necesita para tomar conciencia sobre este punto. 
Segunda consecuencia del ardor de nuestro ponente: habla de defensa antes que de seguridad. Para algunos esto es percibido como una provocación. 
En los artículos 9 y 21 se expresa la preocupación por una visión común de la seguridad de la política exterior. 
La definición de las instituciones, de los procedimientos y de los medios de la defensa sólo puede ser una consecuencia de ello. 
Señor ponente, en esto es necesario entusiasmar y convencer, consagrando para eso el tiempo necesario. 
La denuncia no sirve de ayuda. 
Finalmente, el mismo fervor lleva al ponente a hablar de un sistema disuasorio común. 
Usted ha oído todo lo que se ha dicho, incluso hace un momento. 
No está a nuestro alcance acabar en la opinión pública con la idea falsa de que la disuasión es nuclear. 
La defensa nuclear está anticuada y, aquí, fuera de lugar. 
El objetivo primordial de cualquier tipo de defensa, aun cuando sea convencional, es convencer al contrario de que no ataque- se trata de la disuasión -, el segundo objetivo es únicamente vencer. 
Pero tendremos que renunciar a esta palabra, y es una pena porque el concepto podía hacer referencia a lo no nuclear. 
Yo desearía que esta renuncia no hiciera desaparecer la idea de la necesidad de apoyar en común las misiones de paz de las Naciones Unidas y de empezar, como mínimo, a dotarnos de los recursos intelectuales para formarnos una opinión común de nuestra seguridad antes de sacar conclusiones en materia de defensa. 
Señor ponente, hay que ser más pedagogo, aunque su ardor europeo nos agrada. 
Señor Presidente, el excelente informe presentado por el Sr. Fernández-Albor, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, quizá puede ser motivo de algunos comentarios precisos y de algunos ejemplos. 
En primer lugar tenemos hoy uno muy notorio, el de la relativa retirada de la ley Helms-Burton, por parte del Presidente Clinton, que es una consecuencia, indudablemente, de una política exterior común ejercida, rara avis, por la Unión Europea a través del Consejo. 
En ese sentido no tengo más remedio que señalar la importante función que ha desempeñado el ministro español de Asuntos Exteriores, como es natural, por los especialísimos vínculos que unen a España con Cuba, vínculos de naturaleza histórica, cultural, lingüística y humana. 
Por ello, me ha sorprendido extremadamente, esta mañana, escuchar a una representante del Grupo Socialista español criticando al Sr. Matutes por haber recibido al Sr. Mas Canosa. 
Tendría que recordar a esa ilustre diputada que el Sr. Mas Canosa fue recibido antes por el anterior Presidente del Gobierno español, Sr. González, y por el anterior ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Solana, hoy Secretario General de la OTAN. 
La única diferencia es que lo recibieron a escondidas y no con la transparencia que nosotros siempre pedimos a nuestra propia política exterior. 
Se ve que la pérdida del poder produce también una cierta pérdida del sentido del humor en algunos partidos políticos. 
La segunda observación concreta que tengo que hacer se refiere, por el contrario, no al éxito sino al fracaso. 
En el primer caso, se ha tratado del éxito de una diplomacia fundamentada en razones económicas, defensa de intereses legítimos, sin duda ninguna, aunque quizá olvidando un poco la situación dramática que vive el pueblo de Cuba. 
Pero, en el segundo caso concreto al que me quiero referir, es para todos sorprendente y triste ver que tiene que volver el Sr. Holbrooke a tratar de resolver una situación que ya fue resuelta en Dayton por una mediación norteamericana. 
Eso, sin duda, no va en demérito del Sr. Bildt sino que es una prueba clara de que no existe una suficiente solidez en nuestra política exterior. 
Y, finalmente, y dirigiéndome de nuevo a la Presidencia irlandesa, querría invitar a este admirable país a llevar adelante una política de creación de una verdadera diplomacia común. 
No se trata sólo de la representación exterior que nos otorgan las oficinas, generalmente muy eficaces, de la Comisión Europea, sino de una verdadera integración de los servicios diplomáticos. 
Ingleses y alemanes acaban de dar unos pasos en esa dirección mediante un intercambio de funcionarios diplomáticos. 
Más de una vez, recorriendo el mundo, me he preguntado, y lo he dicho incluso en esta Asamblea, si no sería posible que pensáramos en crear embajadas comunes, es decir, en asociar a nuestros servicios diplomáticos para que nos representen juntos en el exterior. 
Y para eso, un país como Irlanda, de tan admirable tradición, pero que naturalmente no puede estar representado en el mundo entero, podría dar pasos que quizá naciones más pobladas no estarían, en cambio, en condiciones de dar. 
Señor Presidente, Señorías, la única coherencia que podemos encontrar en la política exterior de la Unión es un apoyo, bastante sistemático, a las políticas concebidas por la superpotencia norteamericana. 
¿En qué consiste, por ejemplo, la gran política de la Unión Europea frente a ese movimiento histórico que representa el desarrollo del islamismo al Sur y al Este del Mediterráneo? 
Un ejemplo ilustra nuestra ceguera: el de la unión aduanera con Turquía. 
En esta cuestión, se ha preferido obedecer las órdenes de la diplomacia del otro lado del Atlántico, más que reflexionar en la situación geopolítica y geocultural de este gran país turco, que demuestra, de hecho, que dicho país nunca será europeo. 
Otro ejemplo: ¿en qué consiste la gran política europea frente a Rusia, esa gran potencia del Este? 
Rusia es una gran nación independiente que se merece una verdadera cooperación, ya que constituye un elemento esencial para la instauración de un mundo multipolar equilibrado. 
No es bueno que se subordine todo a una sola potencia mundial. 
La Unión Europea rehúsa, precisamente, hacer este tipo de reflexión. 
Por eso el balance no puede ser satisfactorio. 
Señor Presidente, después de la amplia introducción que ha hecho el presidente del Consejo, el ministro Spring, esta mañana, por mi parte quiero hacer algunas observaciones breves. 
En primer lugar, quiero felicitar en nombre de la Comisión al ponente por su claro informe, sobre el cual- por cierto- he tenido el privilegio de cambiar impresiones con la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Está totalmente claro que el ponente ha reconocido también que cuando hablamos de política exterior y de seguridad común, podemos hacerlo en sentido muy amplio y también en sentido estricto. 
Cuando se trata del sentido amplio, el ponente ya ha indicado claramente que, a lo largo del año pasado, la Unión desarrolló diversas iniciativas y actividades excepcionalmente valiosas en el ámbito exterior, firmando acuerdos con numerosos terceros países y regiones que tienen un gran significado político, estratégico y también económico, y que en sí contribuyen a afianzar la estabilidad y la seguridad. 
Me refiero sin duda a la relación que se ha ampliado y profundizado con los PECO, y que no sólo se centra en la adhesión y el pleno acceso de estos países como miembros de la Unión, sino que también quiere ser una contribución a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo en dichos países. 
La Comisión ha recogido sus criterios acerca de las deficiencias, que se reconocen y señalan claramente, en política exterior y de seguridad común, en el informe que ha presentado a la Conferencia Intergubernamental. El ministro Spring se ha referido a ello esta mañana. 
Ahora no quiero repetir los puntos principales, pues son conocidos. 
Aunque sí constato, o en cualquier caso, expreso mis esperanzas en el éxito del intenso debate que se celebra en estos momentos en la Conferencia Intergubernamental sobre el segundo pilar. 
Esta tarde, en el amplio debate celebrado aquí, ha quedado claro hasta qué extremo es necesario y en qué medida existe acuerdo en que el instrumental y la voluntad política de que disponemos en estos momentos, no son suficientes para equiparar el papel de la Unión Europea en el ámbito político, en el ámbito internacional, al enorme poder y fuerza que representa en el ámbito económico. 
Si seguimos los progresos en la Conferencia Intergubernamental, creo que hemos de constatar que en los últimos meses se ha avanzado en la exposición de las posiciones adoptadas desde hace tiempo y que ahora va siendo hora de negociar realmente entre las delegaciones. 
En este sentido tenemos esperanzas, sobre todo porque, en lo que respecta por ejemplo a la preparación de decisiones en el ámbito de la política exterior, se puede decir que ya se está alcanzando un consenso en cuanto a la creación de un órgano preparatorio multidisciplinario que facilite más la toma de decisiones. 
También se están desarrollando más las ideas en lo que respecta a la presentación externa de la Unión en el ámbito de la política internacional. 
Aún más esperanzador es el hecho de que, sobre todo después de la conferencia de Berlín de la OTAN, se tiene claramente la impresión de que se están realizando progresos en el desarrollo de una política de defensa común. 
Quisiera señalar a quienes han expresado su preocupación de que este debate vaya demasiado deprisa, que en la época de Maastricht ya se acordó que tenía que lograrse una política de defensa común, con una forma y contenido aún por determinar. 
Pero me sumo a quienes han dicho que no podemos paralizar un debate de este tipo dando ahora este tipo de saltos, hablando de cuestiones como la disuasión nuclear, al margen de si el informe Fernández-Albor hace o no referencia a ello, olvidándonos de que junto a la diplomacia conjunta que ha de desarrollarse, también ha de disponerse de fuerza y poder detrás de esta política para actuar en situaciones de crisis y evitarlas. 
Esperamos que vaya adquiriendo forma la idea de que ello resulta necesario y que tenga como resultado una toma de decisiones en la Conferencia Intergubernamental. 
En cualquier caso, la Comisión Europea aportará su contribución. 
Por supuesto, la Comisión no tiene competencias en el ámbito de la defensa, pero está estrechamente asociada a la política exterior y de seguridad común de la Unión y también utilizará su derecho de coiniciativa. 
Esperamos que en el transcurso del próximo año, es decir, mientras dure la Conferencia Intergubernamental, seguirán produciéndose debates de forma constructiva en torno a esta cuestión, tanto con la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, bajo la presidencia del Sr. Fernández-Albor, como en el pleno. 
Ello es muy importante para el futuro de la Unión. 
Señor Presidente, señoras y señores, en ésta mi primera ocasión de dirigirme al Parlamento Europeo en su sesión plenaria, permítanme expresar mi agradecimiento a aquellos diputados que han expresado su satisfacción ante el programa de la Presidencia irlandesa aquí esta mañana y que me han dirigido palabras de bienvenida. 
Deseo dar las gracias, en particular, a Gerry Collins por la cordial bienvenida que me ha dispensado. 
Deseo felicitar al ponente por haber presentado un excelente informe. 
Ha sido muy interesante asistir a este debate. 
No debemos olvidar que la Unión- al menos, la Unión y lo que la precedió- aún no ha cumplido medio siglo. 
No sólo está creciendo en tamaño, sino que también está creciendo en sus instituciones y en su capacidad institucional. 
Ha sido un logro que supera las expectativas más optimistas de sus fundadores. 
A aquellos que no están dispuestos a reconocerlo, quisiera recordarles que hay más de 100 millones de personas que están llamando a nuestras puertas deseosas de integrarse en esta Unión. 
Por consiguiente, mientras la Unión progresa y se depura, no debemos sucumbir al pesimismo. 
Debemos mantenernos optimistas y sentirnos agradecidos por los logros alcanzados. 
Fui miembro del Grupo de Reflexión y cuando debatimos la Política Exterior y de Seguridad Común, alguien dijo en varias ocasiones que Henry Kissinger había preguntado en cierta ocasión: » ¿A quién había que llamar de la Unión Europea para hablar de Política Exterior y de Seguridad Común?» 
Mi respuesta es que se hubiera debido preguntar a Henry Kissinger: » ¿Y a quién hay de devolver la llamada?» 
Al Presidente, al Vicepresidente o al Secretario de Estado, o bien al Presidente del Consejo de Seguridad Nacional, o es al Congreso o a algún enviado especial? 
No debemos diseñar las instituciones de nuestra Política Exterior y de Seguridad Común siguiendo el modelo de ninguna opinión extranjera. 
Debemos diseñarlas de manera que se adapten a esta Unión en evolución. 
Y es una Unión en evolución. 
Éste es un aspecto muy importante. 
En segundo lugar, cuando pensamos en seguridad, debemos hacerlo en su sentido más amplio. 
Me pregunto si esta Asamblea se siente satisfecha- neutrales y no neutrales por igual- con el tipo de cooperación en materia de seguridad que existe, por ejemplo, a la hora de luchar contra esa maldición que es el problema de la droga. 
Conocemos el origen de las drogas, pero ¿protegemos nuestras fronteras exteriores y cooperamos debidamente? 
No, no lo hacemos. 
Para ello no hacen falta grandes estructuras. 
Podría ser algo tan indefinido como, por ejemplo, la cooperación entre la RAF y el Irish Air Corps en tareas de búsqueda y rescate, que viene funcionando desde hace muchos años. 
O podría ser algo más estructurado. 
Pero nuestra acción común para atajar este problema no es ni más ni menos que indignante. 
No se trata de un asunto de defensa. 
Se trata de un asunto de seguridad, y tanto los países neutrales como los no neutrales tienen interés en esta cuestión. 
Otro tema que me gustaría plantear es relativo a las relaciones entre la UE y la UEO. 
Los países neutrales han sido los que se han encargado principalmente de acercar posiciones entre los países neutrales y los no neutrales. 
Hay que reconocer este hecho. 
En el caso de Irlanda, comenzó bajo el anterior Gobierno, pero debemos reconocer que nuestra condición de observadores en la UEO ha resultado muy útil. 
En el contexto de la CIG, estamos examinando los trabajos de Peterberg en su conjunto como posible área de cooperación. 
Pero existe un compromiso en el artículo 5 del Tratado de la UEO. 
Dicho Tratado expira en 1998, a menos que los signatarios del Tratado decidan lo contrario. 
En otras palabras, es posible reformar ese Tratado en el mismo plazo de tiempo que se examinan y reforman los Tratados de la Unión Europea. 
Se ha sugerido que el artículo 5 podría quizá ser examinado en el contexto de un protocolo para un nuevo Tratado, como hizo recientemente el Presidente del Parlamento en una contribución al debate en el seno de la CIG. 
Al menos es algo que vale la pena explorar. 
La UEO puede, de algún modo, contribuir también a acercar posiciones reconciliando a los países neutrales, y es posible estrechar la cooperación entre los países neutrales y no neutrales si estamos dispuestos a ser imaginativos y a quitarnos la venda de los ojos y a contemplar la seguridad y la cooperación en un sentido más amplio, sin pasar a los insultos y analizando las auténticas necesidades de la Unión Europea y de sus Estados miembros. 
Para terminar, el papel en las relaciones exteriores que Irlanda, como Estado miembro pequeño, debe desempeñar en nombre de la Presidencia en ésta nuestra quinta Presidencia, es un papel mucho mayor que en ninguna de nuestras cuatro Presidencias anteriores. 
Eso, por sí sólo, es una indicación del crecimiento en toda la evolución del papel de la Unión Europea en el ámbito de Política Exterior y de Seguridad Común. 
Este debate ha sido muy útil y oportuno, y la Presidencia lo ha escuchado con gran interés y cree que es una contribución valiosa para la evolución de las instituciones europeas que está teniendo lugar en estos momentos. 
Muchas gracias, señor Mitchell. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Orientaciones generales de política económica 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad. 
Señor Presidente, es para mí una gran satisfacción encontrarme aquí hoy, en calidad de Presidente en ejercicio de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, para presentar al Parlamento las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros. 
Como ustedes saben, en su sesión del 8 de julio, el Consejo aprobó una recomendación por la que se establecen las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros de la Comunidad. 
Deseo tratar detenidamente sobre la estrategia subyacente a estas orientaciones y abordar algunas de las inquietudes manifestadas por algunos diputados al Parlamento en relación con las mismas. 
Las orientaciones necesitan algo más que un marco macroeconómico estable en el progreso hacia la UEM: incorporan una estrategia explícita para alcanzar un crecimiento sostenido y la creación de empleo a través de las áreas claves de la política monetaria, la política presupuestaria, la política del mercado laboral y el ajuste estructural. 
Lo esencial de la estrategia de grandes orientaciones puede resumirse en la siguiente declaración que se incluye en el texto: » Hace falta un crecimiento económico alto, sostenido y no inflacionista a medio plazo para poder reducir de forma importante y duradera el nivel inadmisiblemente alto de desempleo que existe en la Comunidad, y para impedir que crezca la exclusión social.» 
Las orientaciones reconocen que, puesto que el crecimiento del empleo es muy sensible al crecimiento de la producción, es imprescindible un alto nivel de crecimiento económico sostenible para que se produzca el necesario incremento sustancial del empleo en la Unión. 
Las orientaciones incluyen una estrategia encaminada a generar un incremento sostenible tanto del índice de crecimiento económico, como de su repercusión sobre el empleo. 
La estrategia que se recomienda en las orientaciones se compone básicamente de tres elementos interrelacionados entre sí. 
El primer elemento importante es crear y mantener un marco macroeconómico estable. 
La estabilidad monetaria y unas finanzas públicas saneadas son requisitos para el crecimiento. 
Ése es el motivo por el que continuamos haciendo hincapié en la importancia de una política monetaria orientada hacia la estabilidad y en la consolidación presupuestaria. 
Si fracasamos en nuestro intento de lograr convergencia entre los Estados miembros en la reducción del índice de inflación, nos encontraremos ante un obstáculo importante al crecimiento, debido a que la necesidad de subir los tipos de interés para frenar la inflación supondrá una carga adicional para la política monetaria. 
Una subida de los tipos de interés, a su vez, perjudicaría la confianza de los consumidores y de las empresas, y tendría efectos adversos sobre el consumo privado, la inversión, la producción y el empleo. 
Como señalan acertadamente las orientaciones, la consolidación presupuestaria no implica únicamente recortes presupuestarios, sino también una reorientación del gasto público hacia la inversión y el capital humano. 
Volveré sobre este punto. 
El segundo elemento más importante de la estrategia es relativo a aquellas acciones encaminadas a elevar de forma permanente el índice de crecimiento que puede alcanzar la Unión, y a mejorar su posición competitiva tanto en su mercado interior como en el mercado exterior. 
Las orientaciones reconocen que para lograr y mantener un alto índice de crecimiento económico es necesario un incremento significativo de la inversión, y para incrementar significativamente la inversión hace falta un aumento de la confianza, políticas estructurales y moderación salarial. 
Además, la moderación salarial contribuirá a mejorar la competitividad de la economía de la Unión que, a su vez, incrementará la capacidad de ésta para crear puestos de trabajo sostenibles. 
Como he indicado antes, esto significa que los esfuerzos encaminados a consolidar el presupuesto no sólo son necesarios para alcanzar unas finanzas públicas sostenibles, sino también para mejorar las perspectivas para una inversión que pueda crear empleo, evitando que el sector privado se sienta desplazado, es decir, evitando que el gasto público corriente absorba el ahorro privado. 
Los esfuerzos encaminados a la consolidación presupuestaria permitirán además restablecer la confianza en los mercados financieros, y contribuirán a mantener bajos los tipos de interés de manera sostenida. 
Esto, a su vez, favorece una mayor rentabilidad de la inversión, aumenta las posibilidades de crecimiento y aligera la carga que suponen los intereses de la deuda sobre los Estados miembros. 
Las orientaciones recomiendan asimismo una reorientación lo más amplia posible del gasto público hacia actividades productivas como la inversión en infraestructura, el capital humano y medidas activas en el mercado laboral, sin hacer peligrar la necesaria reducción de los déficits presupuestarios. 
Las orientaciones reconocen asimismo que para atajar eficazmente el desempleo y, en particular, el núcleo duro del desempleo estructural, es necesario aplicar políticas macroeconómicas acertadas a través de políticas estructurales encaminadas a incrementar la eficacia y la capacidad de crear empleo, tanto en el mercado de productos como en el mercado laboral. 
Con esto en mente, y para incrementar el contenido de empleo del crecimiento, las orientaciones recurren a las recomendaciones del Libro Blanco de la Comisión sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo. 
Los elementos más importantes de esta estrategia son las medidas para reducir los impedimentos para contratar personal, políticas activas para el mercado laboral y cambios estructurales en el funcionamiento de los mercados de productos y de trabajo. 
En el tercer elemento de la estrategia, las orientaciones recomiendan políticas activas encaminadas a la creación de empleo. 
El Consejo subrayó la necesidad de introducir amplias reformas en el mercado laboral. 
Lo que nos proponemos es mejorar la movilidad ocupacional y regional e incrementar la eficacia de los servicios en materia de empleo. 
Además, el Consejo considera fundamental la reforma de los sistemas de formación, de manera que permitan impartir a más personas aquellos conocimientos que actualmente exige el mercado laboral. 
Pero el Consejo también ha dejado claro que el mercado laboral no debe cargar solo con el peso de la adaptación. 
Necesitamos unos mercados de productos y de trabajo más eficientes que permitan crear oportunidades para la inversión. 
Todos tenemos un papel importante que desempeñar en la lucha contra nuestros graves índices de paro. 
En su informe presentado al Consejo Europeo de Florencia, la Comisión afirma que intensificará su diálogo con los interlocutores sociales sobre temas macroeconómicos. 
A continuación, me dispongo a tratar sobre algunas de las áreas por las que el Parlamento ha expresado su preocupación en lo relativo a las orientaciones. 
Creo que el Parlamento y el Consejo comparten la opinión de que para atajar la lacra del paro y la marginación que éste conlleva es imprescindible que exista un crecimiento económico sostenido y no inflacionista. 
El empleo es una preocupación que todos compartimos y es, naturalmente, la principal preocupación de los ciudadanos de la Comunidad Europea. 
La solicitud del Parlamento de aplicar los artículos 2 y 105 del Tratado es más una cuestión de forma que de fondo. 
Les puedo asegurar que el Consejo apoya plenamente esas dos disposiciones fundamentales del Tratado que tratan de los objetivos generales de la política de la Unión Europea y de las funciones de un Banco Central Europeo. 
Una referencia a las redes transeuropeas en el contexto de las orientaciones ha sido causa de disputa entre los Estados miembros. 
Por ese motivo, el Consejo no pudo incorporarla en las orientaciones. 
No obstante, el 8 de julio, el Consejo acordó crear un grupo de trabajo de alto nivel, cuyos miembros serían nombrados por los ministros y que contaría con la ayuda de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones para examinar este contencioso y elaborar recomendaciones antes de que se celebre el Consejo informal de Ecofin de Septiembre en Dublín. 
Tengo la impresión de que las acciones políticas concretas propuestas en la resolución aprobada por el Parlamento el 19 de junio son, básicamente, muy similares a aquéllas que recomienda el Consejo. 
Al leer detenidamente la resolución del Parlamento Europeo sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas del 19 de junio, descubro que la práctica totalidad de las acciones políticas que recomienda el Parlamento coinciden con la letra y el espíritu de las orientaciones del Consejo para 1994, 1995 y 1996 y, de hecho, con las conclusiones de los Consejos de Essen y de Madrid en política de empleo. 
Éstas son: primero, una reorientación del gasto público hacia la inversión; segundo, la creación de un entorno favorable para las empresas creadoras de puestos de trabajo; tercero, un análisis de las mejores prácticas del mercado laboral y de las políticas de formación de todos y cada uno de los Estados miembros. 
El compromiso de los Estados miembros para atajar el desempleo condujo a la adopción de un programa multianual por el empleo a nivel nacional. 
La ejecución de las recomendaciones de Madrid y la supervisión de los programas multianuales constituirán la base del seguimiento de la política de empleo de la Unión en 1996. 
Lamentablemente, tengo que compartir la opinión del Parlamento Europeo de que la aplicación de las orientaciones por parte de los Estados miembros ha sido lenta. 
Comparto la impaciencia del Parlamento ante la lentitud del avance, y me propongo esforzarme para acelerarlo. 
No obstante, es posible que los efectos de algunas medidas positivas se hayan visto temporalmente empañados por la desaceleración del crecimiento económico. 
También es cierto que algunas medidas tardarán algún tiempo en dar fruto. 
En mi opinión, el enfoque adoptado en las orientaciones desde 1994 continúa siendo válido. 
Pero reconozco que tenemos un grave problema en lo que a su aplicación se refiere. 
Creo que la aplicación ha sido lenta por dos motivos principales. 
Primero, porque algunas medidas estructurales requieren no sólo procedimientos legislativos, sino también la consulta e intervención de los interlocutores sociales. 
No se puede cambiar la redacción del convenio social de un día para otro. 
Segundo, la coordinación de las políticas macroeconómicas y estructurales, y la adopción de respuestas políticas al mercado interior son desafíos relativamente nuevos para los Estados miembros. 
Paso a continuación a otro tema. 
Existe un ámbito en el que pienso que el Consejo no puede compartir las opiniones del Parlamento, al menos como yo entiendo su resolución: me refiero a la solicitud del Parlamento de una moderación de la política monetaria. 
El Consejo considera que el nivel de los tipos de interés no está sólo en manos de las autoridades monetarias, sino que depende en buena medida de alcanzar una consolidación fiscal suficiente y de las respuestas adecuadas del mercado. 
El Consejo siempre ha considerado que mantener baja la inflación es un requisito para el crecimiento sostenido y la creación de empleo. 
Reconozco, naturalmente, que existe una necesidad urgente de crear las condiciones que permitan moderar de forma sostenible las condiciones monetarias, pero ello exige que la evolución del presupuesto y de los pagos sea compatible con el objetivo de estabilidad de precios. 
Toda reducción de los tipos de interés a corto plazo que no esté garantizada por una evolución adecuada del presupuesto y de los pagos no tardará en correr el peligro de verse compensada por las expectativas de un crecimiento de la inflación y un debilitamiento de la confianza de los mercados financieros, conduciendo por último a una subida de los tipos de interés a largo plazo. 
Lo cual, en mi opinión y en opinión del Consejo, dañaría las perspectivas de inversión y debilitaría la recuperación y, por consiguiente, afectaría negativamente al crecimiento y el empleo. 
La consolidación presupuestaria y la moderación monetaria pueden ser compatibles, pero para ello necesitamos lograr un equilibrio razonable. 
Si logramos planes creíbles para la consolidación presupuestaria y acuerdos sobre un incremento moderado de los salarios, las expectativas del mercado se verían influenciadas favorablemente y las condiciones serían más favorables para una moderación monetaria sostenida. 
Puedo asegurarles, señoras y señores diputados al Parlamento Europeo, que la Presidencia irlandesa no escatimará esfuerzos para acelerar la aplicación de las orientaciones en un espíritu positivo y constructivo y haciendo especial hincapié en la necesidad de un crecimiento del empleo mucho mayor. 
Además, el Consejo elaborará el informe anual conjunto sobre el empleo para el Consejo Europeo de Dublín. 
Quisiera también llamar su atención sobre el hecho de que la Presidencia irlandesa está organizando una conferencia sobre iniciativas para el empleo local, prevista para noviembre del presente año. 
Los objetivos de alcanzar un crecimiento económico fuerte y sostenible y de incrementar la intensidad del empleo de dicho crecimiento están siendo objeto de una atención considerable, no sólo en las grandes orientaciones de la política económica, sino también en el trabajo más amplio de la Comisión y del Consejo Europeo. 
En todo este trabajo existe el reconocimiento expreso de la necesidad de solucionar este grave problema de nuestro alto nivel de desempleo y de la exclusión social que éste conlleva. 
Pero necesitamos centrar nuestra atención en el objetivo del empleo e intensificar el debate sobre las respuestas políticas más apropiadas que abarquen un amplio abanico de medidas. 
El debate que hoy celebramos aquí creo que contribuirá de manera significativa en la intensificación de aquel otro debate. 
Tengo grandes esperanzas de que los esfuerzos comunes del Parlamento y del Consejo, de la Comisión y de los Estados miembros mejoren las políticas encaminadas al objetivo de crear empleo. 
En todas nuestras deliberaciones debemos tener muy presente qué es lo que está en juego en última instancia: el bienestar futuro, la riqueza y la dignidad de todos nuestros hijos. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Presidente en ejercicio del Consejo Ecofin por su presentación de hoy, y también por haberse comprometido, ya desde ahora, a que Ecofin mantendrá mejores relaciones con el Parlamento Europeo que en el pasado. 
Quisiera tratar muy rápidamente sobre cuatro temas, y espero que el Presidente en ejercicio de Ecofin tenga la oportunidad de responder a los mismos. 
Primero, hay un asunto que ya planteé a la Presidencia italiana y que trata de las grandes orientaciones económicas, a saber, el motivo por el que Ecofin modificó las propuestas de la Comisión. 
Me refiero, en particular, a la eliminación de la referencia a una mejor combinación de políticas económicas más favorables al crecimiento, desaparecida del texto de la Comisión, y también a aquélla relativa a los programas de convergencia- la referencia al hecho de que dichos programas deben indicar claramente que las medidas encaminadas a mejorar la convergencia van de la mano de la promoción del crecimiento y el empleo a medio plazo. 
Existen muchos otros casos de modificaciones de las orientaciones de la Comisión. 
Me inclino a pensar que, en realidad, el documento presentado en el Consejo Ecofin no era el texto de la Comisión, sino el texto que había elaborado el Comité Monetario. 
¿Podría el Presidente en ejercicio explicarnos qué papel tiene aquí el Comité Monetario? 
Ecofin tiene ciertamente la obligación de considerar el texto de la Comisión y de no permitir que los bancos centrales interfieran en un texto que, naturalmente, debía haber sido presentado antes a la Comisión para su consideración. 
Mi segunda observación es relativa a las relaciones con el Parlamento. 
No mantenemos relaciones demasiado buenas con el Consejo sobre temas económicos y monetarios. 
Mantenemos mejores relaciones con la Comisión, ya que nos reunimos regularmente con el Comisario De Silguy. 
¿Estaría dispuesto el Presidente en ejercicio de Ecofin a reunirse con una delegación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, quizá, a comienzos de septiembre, para estudiar si durante las primeras semanas de otoño podemos entablar un nuevo tipo de relaciones que fortalezca la comunicación entre el Parlamento y el Consejo durante el crucial período preliminar a la conclusión de la Unión Económica y Monetaria? 
El tercer punto trata de la idea de consolidación presupuestaria. 
En los discursos que he oído recientemente, nadie distingue realmente entre pedir préstamos para la inversión y pedir préstamos para el gasto corriente. 
¿Puede garantizar el Presidente en ejercicio que durante su mandato, Ecofin hará una distinción, sobre todo en el contexto del pacto de estabilidad, entre los préstamos que se solicitan para la inversión, lo que sin duda debe ser aceptable en condiciones cuidadosamente definidas, y aquellos otros destinados al gasto corriente? 
El cuarto tema es relativo al pacto de estabilidad. 
En esta Asamblea nos sentimos muy inquietos por el hecho de que hay personas que desean promover un pacto de estabilidad fuera del Tratado de la Unión Europea. 
Buscan un nuevo tipo de acuerdo intergubernamental. 
Queremos que el Presidente en ejercicio nos asegure que el pacto de estabilidad se ajustará perfectamente a las condiciones y al espíritu del Tratado de la Unión Europea y también que cuando presente dicho pacto a esta Asamblea durante su Presidencia, garantice que también se ajustará fielmente a las prioridades establecidas en la cumbre de Essen. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias, en nombre de mi Grupo, al Sr. Quinn, Presidente en ejercicio del Consejo, por la forma tan completa en que ha presentado las reacciones del Consejo ante las grandes orientaciones económicas. 
Me alegró de manera especial que nos planteara y reprodujera una serie de temas de nuestra Resolución de 19 de junio. 
Hay uno o dos aspectos en los que me gustaría profundizar con él, pero permítame, en primer lugar, expresarle mi más sincero agradecimiento por tomar nota de nuestro apartado 11, que dice que el Parlamento Europeo considera muy importante que la Presidencia irlandesa asista al período parcial de sesiones de julio del Parlamento con el fin de presentar recomendaciones de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Tratado de la Unión Europea. 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio, por haber tomado nota de esa sugerencia en particular. 
Por otro lado, creo que podemos afirmar sin faltar a la verdad que el Consejo y, si me permite decirlo, la Comisión continúan operando en lo que el Parlamento considera un área de ilusiones. 
Hacemos referencia a ello en el cuarto párrafo del apartado 4 de nuestra resolución, donde declaramos específicamente que el enfoque actual está basado en ilusiones. 
No hay nada en el comunicado del Consejo Europeo de Florencia, ni tampoco en las recomendaciones de Ecofin o de la Comisión que nos haga cambiar esa opinión expresada por el Parlamento. 
Quizá nos hubiera gustado también que hubiera prestado algo más de atención a la cuestión planteada en otra parte del apartado 4 de nuestra resolución, especialmente en el sexto apartado, donde hacemos referencia a la creación de un entorno en el que se anime a los empresarios de la Unión Europea a contratar a trabajadores. 
Creo que hay un reconocimiento implícito de ello en las referencias que el Presidente en ejercicio ha hecho a la subida moderada de los salarios. 
Me hubiera gustado, en mi calidad de ponente, haber oído algo más específico, que llamara la atención sobre la carga que pesa sobre los empresarios, porque en nuestra resolución llamábamos la atención, en el apartado 8, sobre la necesidad de reducir los costes laborales no salariales, en particular en el extremo inferior de la escala de salarios. 
De hecho también se hace referencia a ello en el sexto apartado de nuestro apartado 4, porque el impacto de los altos costes sociales o de la carga fiscal sobre los puestos de trabajo del extremo inferior de la escala de salarios está contribuyendo a mantener unos niveles embarazosamente altos, en particular del paro juvenil. 
Sobre la cuestión de unos niveles embarazosamente altos, quisiera llamar la atención también sobre las observaciones que hacemos en nuestra resolución, letra B, sobre los niveles históricamente altos de desempleo aquí en la Unión Europea: actualmente hay 18 millones de personas sin trabajo y 50 millones sufren los efectos de la exclusión social. 
No es una reflexión muy loable del famoso pacto social europeo. 
Hay otro punto que me hubiera gustado que planteara el Presidente en ejercicio, porque es algo que yo incluí en nuestra resolución original, a saber, la referencia en el apartado 4, séptimo apartado, a la necesidad que tenemos de estudiar la mejor práctica que exista en los 15 Estados miembros o en cualquier otro país, especialmente en los Estados Unidos, para identificar políticas que pueden dar resultado en la reducción del paro. 
Dicho todo esto, felicito al Presidente en ejercicio del Consejo y le expreso, una vez más, mi agradecimiento por haber tenido la cortesía de responder con tanta rapidez a nuestra solicitud de junio y para desearle mucho éxito durante los próximos seis meses. 
Señor Presidente, dos de las cuatro principales prioridades que la Presidencia irlandesa apuntó para este semestre, se refieren a cuestiones económicas, es decir, empleo y finanzas eficientes. 
Ello significa que a la economía corresponde el 50 % de lo que debe realizarse o mejorarse. 
Efectivamente, la mitad de nuestras actividades debe dirigirse al sector social y al político, mientras que la otra mitad al económico. 
He aquí porque las grandes orientaciones que el Consejo debe definir en este ámbito adquieren hoy una importancia al menos paritaria en el escenario europeo. 
La Comunidad se fundó sobre la base de la economía, se difundió en el sector social y debe afirmarse alcanzando un justo equilibrio entre estos dos grandes ámbitos. 
Dicho esto, estamos convencidos de que hoy por hoy las grandes orientaciones económicas deben tener en cuenta sobre todo la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Éstas, en efecto, aunque representan singularmente la microeconomía, adquieren en su conjunto una relevancia macroeconómica gracias a su número que en la Unión Europea asciende a casi 18 millones. 
Dieciocho millones, señor Ministro Quinn, es también el número de parados de la Comunidad. 
Le dejo resolver a usted la fácil ecuación de los nuevos puestos de trabajo. 
No se trata sólo de un problema de dimensión; no se trata, pues, de afirmar que la pequeña y mediana empresa tiene mayores potenciales ocupacionales que las grandes industrias que mecanizándose sustituyen a los trabajadores por las máquinas; es también un problema sectorial. Esto significa que hay que llevar a cabo mayores esfuerzos respecto a los sectores que ofrecen grandes oportunidades. 
Me refiero, en particular, al turismo que la Presidencia irlandesa ha justamente incluido entre sus prioridades, pero también al artesanado, a los servicios y al sistema de distribución comercial. 
Confiamos en que se preste una atención cada vez mayor, así como recursos adecuados a estos cuatro sectores, es decir, comercio, turismo, servicios y artesanado. 
Estamos seguros de que el Comisario de Silguy tiene muy clara esta idea. 
Las grandes y pequeñas empresas deben trabajar sinérgicamente. 
El objetivo es el crecimiento común de la economía europea, o sea de la Comunidad misma. 
Gracias y buen trabajo a los amigos irlandeses. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en primer lugar desearía celebrar el inicio de la Presidencia irlandesa y su buena predisposición mostrada para colaborar con el Parlamento Europeo. 
En este sentido, desearía hacer una reflexión general, dado que mis colegas Cox y Watson harán unas aportaciones sobre temas más específicos. 
El Sr. Presidente en ejercicio del Consejo ha mencionado cuatro áreas- monetaria, presupuestaria, mercado laboral y reformas estructurales. 
Sin embargo, nosotros, el Grupo Liberal, ya expresamos hace un mes, en un debate sobre la orientación de las políticas económicas en la Unión, nuestra preocupación por el hecho de que había un peso excesivamente monetarista en la orientación que se da a la política económica en general, tal vez porque las magnitudes monetarias son las más fáciles de controlar. 
En cambio, pedíamos un esfuerzo para reducir los tipos de interés, como también ha señalado la OCDE, para poder compensar los elementos negativos que pueda haber en las expectativas económicas a causa de las reducciones presupuestarias, con objeto de impulsar el crecimiento económico, sin el cual será muy difícil poder realizar la Unión Económica y Monetaria que, como ha demostrado tanto la Presidencia irlandesa como este Parlamento, es nuestro objetivo último. 
Por lo tanto, se trata de encontrar un buen equilibrio entre la correcta aplicación de la política monetaria y las necesarias reformas estructurales, incluyendo medidas adecuadas en las otras tres áreas que el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo ha mencionado. 
Señor Presidente, el Consejo se muestra injustificadamente optimista sobre el futuro. 
Sus propias constataciones desmienten las expectativas que había manifestado al valorar las recomendaciones anteriores hace un año, durante el cual la actividad económica de la Unión se ha ralentizado ostensiblemente, el desempleo ha vuelto a aumentar y ha quedado de manifiesto la incapacidad general para reducir la divergencia entre el nivel esperado de prosperidad económica y social y el real. 
La pregunta que se plantea es: ¿en qué basa su optimismo el Consejo para proponer que todos estos temas se sigan tratando del mismo modo? 
Desde este falso optimismo, propone la continuidad y el endurecimiento de la política que ha venido ejerciendo en el período anterior, de conformidad con las últimas recomendaciones y los programas de convergencia, como por ejemplo la reducción de las inversiones públicas, en especial de las sociales, el aumento de los ingresos fiscales mediante un mayor endurecimiento de la política fiscal, la reducción de los salarios reales, la desregulación del mercado de trabajo y la continuidad del proceso de privatización. 
Parece que el Consejo no entiende el problema: no se trata de que sus recomendaciones no se hayan aplicado con la suficiente determinación y fiabilidad. El debilitamiento de la confianza en la Unión, como el propio Consejo ha comprobado, se debe a la filosofía y las opciones ideológicas de la Unión Europea, al contenido mismo de estas recomendaciones, al contenido de la política económica y social que vienen practicando desde hace años la Unión Europea y los Estados miembros. 
La realidad demuestra que es necesaria una política radicalmente distinta, y demuestra la hipocresía de los objetivos y la falta de eficacia de las medidas. 
La Unión Europea, una vez más, se niega a extraer las conclusiones necesarias. 
Los trabajadores, que son las grandes víctimas de sus decisiones, condenarán estas políticas, que les abocan cada vez más a la pobreza y la marginación, y contribuirán con su lucha a que sean retiradas. 
Creo que la expresión del veredicto popular a través de referendos sobre la propia marcha del Tratado de Maastricht, sobre la unión económica y monetaria, y sobre los cambios que deberá introducir la Conferencia Intergubernamental confirmarán el rechazo de estas políticas, y estas son las conclusiones que deberá tener en cuenta el Consejo. 
Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, usted ha expresado su deseo de no flexibilizar la política monetaria y de mantener la preocupación por la inflación. 
Pero, ¿el verdadero problema no empieza a ser que la economía ha avanzado más bien hacia la deflación? 
Resulta evidente que ustedes desean imprimir a la economía una velocidad tal que con una convergencia tan rápida y violenta lo único que se va a lograr es incrementar el desempleo y la marginación social. 
¿Cree usted realmente, Señor Presidente, que en estas circunstancias basta con la audacia de mantener inamovible el calendario del euro? 
En mi opinión, no resulta ni siquiera inteligente. Sin embargo, por lo visto, esto no se puede admitir ante las fuerzas del mercado. 
En segundo lugar, querría señalar que el Consejo no parece precisamente preocupado por la incapacidad de la Unión para adoptar una decisión en materia fiscal. 
¿Piensa contribuir a que se modifique el punto de mira del sistema fiscal de manera que la utilización de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente se graven con mayor severidad y la creación del empleo y del trabajo menos rigurosamente? 
En tercer lugar, me gustaría preguntar si tienen previstas iniciativas en relación con las exigencias de la economía a nivel internacional. 
¿Tienen previsto emprender iniciativas encaminadas a la coordinación de la política monetaria a nivel internacional? 
En este momento, son cada vez más los sectores que han empezado a proponer seriamente un impuesto sobre la especulación que modere el repliegue de la economía hacia su propia esfera y que la vuelva a poner en contacto con la economía real de manera más sólida. 
Me gustaría saber si el Consejo tiene previstas iniciativas en relación con este tema. 
Señor Presidente, nos congratulamos de que esta mañana la Presidencia irlandesa, y el Sr. Quinn hace un momento, hayan declarado que las cuestiones relativas al empleo y al crecimiento seguirán siendo prioritarias; pero, al mismo tiempo, nos sorprende la contradicción que existe entre esta declaración y el contenido de las orientaciones propuestas por el Consejo de Ministros con respecto a las políticas económicas de los Estados miembros. 
En efecto, para éstas se trata simplemente de prorrogar las de los años anteriores, y que, para resumir, consisten, dentro de un marco de estabilización monetaria, en una política de reducción del gasto público y en una política de topes máximos, es decir, de reducción del coste salarial. 
¿Hay en ellas componentes de una recuperación del crecimiento y de un desarrollo del empleo? 
Pensamos que no, y si tuviéramos que referirnos a los resultados de las políticas económicas de los últimos años- en particular a la política del último año -, debería constatarse lo contrario: desaceleración del crecimiento, agudización del desempleo. 
Nosotros pensamos que la continuación y el endurecimiento de estas orientaciones pueden, por el contrario, provocar una especie de espiral deflacionista, que podría ser peligrosa para la economía de la Unión, para la paz social en el continente y para la propia idea europea. 
Lo que Europa necesita es confianza, no sólo por parte de los mercados, sino también de los consumidores, y ésta supone un futuro sin desempleo. 
Sin embargo, las propuestas del Consejo de Ministros para remediar rápidamente la situación dramática del empleo en la Unión Europea no son nada concretas. 
Por otro lado, también nos sorprende el hecho de que exista una mayor contradicción entre, por una parte, el avance de la Unión Monetaria- por lo demás, absolutamente deseable- y, por otra, un inmovilismo muy característico con respecto a la definición de otros instrumentos de política económica, que vendrían a completar el instrumento monetario, para permitir que la Unión dirija su economía con eficacia. 
En este sentido, pensamos que es absolutamente deseable que se definan urgentemente instrumentos complementarios. 
En el ámbito presupuestario, en primer término, sería necesario que, sin esperar el cumplimiento del período de aplicación del «paquete» Delors II, se iniciara una reflexión sobre el presupuesto de la Unión en el momento en que la Unión Monetaria entre en vigor. 
En segundo término, en el plano de la fiscalidad, que se ha mencionado hace un momento, también deben tomarse medidas en el sentido, primeramente, de una armonización de la fiscalidad directa. 
Recientemente, el Sr. Monti resaltaba muy bien la sobreimposición fiscal del trabajo en nuestro continente desde hace algunos años: ¿cómo remediarlo sin una política de armonización de la fiscalidad directa? 
Y, además, sería necesario, indudablemente, prever un impuesto de la Unión, un impuesto comunitario, que permitiría a la Unión ser también la Unión de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, celebro extraordinariamente que la Presidencia irlandesa del Consejo subraye que de acuerdo con el Tratado de Maastricht no sólo hay que realizar la unión monetaria sino también una unión económica, una unión de empleo y una unión social europeas y que, por consiguiente, la exigencia de la lucha contra el desempleo masivo se haya convertido legítimamente en un punto de interés de la Presidencia irlandesa del Consejo. 
Pero si consideramos, analizamos y evaluamos las orientaciones de política económica de la Unión Europea, hay que preguntarse realmente hasta qué punto puede encontrarse aquí un policy mix adecuado. 
Y precisamente porque no tiene lugar ninguna contraposición crítica con una rígida política monetaria, como ha pedido el Parlamento Europeo, me pregunto qué papel ha de jugar realmente una política monetaria junto con la política económica, la política de empleo, la política estructural y la política industrial, para producir un crecimiento que tenga eficacia sobre el empleo y esté apoyado por inversiones. 
Esta cuestión no puede ser respondida si no nos enfrentamos también con la política monetaria, y por esta razón quisiera que la Presidencia irlandesa del Consejo se esfuerce aquí más intensivamente en dar una respuesta, pues no puede ser de utilidad para el Parlamento hablar aquí de una laxa política monetaria. 
Hemos de preguntar más bien cómo puede contribuir la política monetaria a alcanzar aquello que queremos lograr con la unión económica y monetaria, en concreto, un crecimiento mayor y duradero y, sobre todo, más empleo. 
Tampoco queremos la unión económica y monetaria como un acontecimiento monetario, sino como algo que vaya en provecho de las personas en esta Unión Europea. 
A la hora de valorar los principios de la política económica me pregunto también en qué medida se pueden aprovechar los años que tenemos por delante para hacer aún más claro mediante principios rectores de política económica que nosotros necesitamos a nivel europeo un proyecto político ordenador para aquello que no podemos realizar en el nivel nacional de acción. 
La globalización de los mercados no ha dejado de afectar a Europa y aunque el mercado interior y la unión monetaria son respuestas adecuadas a estas exigencias, hay deficiencias en la realización de una concepción política ordenadora de la economía social de mercado a nivel europeo. 
Celebraría mucho que la Presidencia irlandesa del Consejo a la hora de desarrollar los principios rectores de la política económica encontrase todavía en este punto un planteamiento positivo de acción. 
Por lo demás, le pido, señor Presidente del Consejo, que aborde una vez más la pregunta del Parlamento Europeo acerca de cómo se puede superar el déficit democrático en el ámbito de la política económica y monetaria. 
¿Podemos contar alguna vez con un acuerdo interinstitucional acerca de los procedimientos del control del déficit desmesurado? 
¿Qué posición tiene al respecto la Presidencia irlandesa, para eliminar de una vez esta preocupación del Parlamento Europeo? 
Señor Presidente, permítame, en primer lugar, dar la bienvenida al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo y desearle mucha suerte en este semestre. 
La declaración del Consejo sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad incluye, desde mi punto de vista, una acertada reflexión en la medida en que busca movilizar todos los mecanismos posibles que desemboquen en la creación de crecimiento y, por tanto, de empleo. 
La prioridad de las políticas económicas debe ser necesariamente el empleo porque, detrás de todas estas grandes cifras, hay realidades humanas, gente que está apartada del circuito de la sociedad, y fundamentalmente gente joven. 
Tenemos probablemente la juventud mejor formada de la historia europea y, sin embargo, hay regiones comunitarias con cifras de paro juvenil que superan el 50 %. 
Todos los esfuerzos deben ir dirigidos a este objetivo y ser evaluados en función de su contribución al mismo, y el incremento de la competitividad de la industria europea debe ser el eje de esta creación de empleo. 
La Europa que deseamos para crear empleo debe ser estable, sana, competitiva y solidaria. 
Estable porque la inversión requiere estabilidad, y el mantenimiento del objetivo de la Unión Monetaria crea un marco de certidumbre en el que los Estados miembros deben hacer el esfuerzo de estar y de participar. 
Sana porque la creación de empleo requiere políticas coherentes con un objetivo de baja inflación y que tiendan a reducir los tipos de interés. Y ello exige políticas dirigidas a la reducción del déficit público. 
Competitiva, a través de la liberalización de mercados, para reducir los costes de las empresas en energía, comunicaciones y telecomunicaciones. 
Competitiva, también, flexibilizando el mercado laboral, mediante el incremento de la movilidad funcional y geográfica, y favoreciendo la cooperación entre las empresas pequeñas y medianas. 
Y, por último, solidaria entre los que no trabajan y los que trabajan. 
Solidaria entre generaciones, respetando las pensiones del futuro. 
Todo ello exige una reducción del déficit público, porque el elevado gasto financiero puede hacer inviables estas políticas de solidaridad en el futuro. 
Solidaria con los más jóvenes, a los que estamos cargando la deuda de otras generaciones y desposeyendo de recursos futuros. 
Una Europa estable, sana, competitiva y solidaria para crear empleo. 
En este sentido, la declaración del Consejo, animando a los Estados a cumplir la reducción del déficit público, es necesaria para lograr estos objetivos. 
Dejemos ya de contraponer Maastricht y empleo. 
Dejemos de contraponer disciplina presupuestaria y solidaridad. 
Si algo pone en riesgo el empleo, es la incertidumbre e inestabilidad que generaría un fracaso del proyecto monetario común. 
Si algo pone en riesgo la solidaridad, es el gasto presupuestario desbocado, que amenaza con hacer inviable la solidaridad con los más desfavorecidos. 
Y, finalmente, una reflexión: la solidaridad intracomunitaria también exige prestar una atención prioritaria al desempleo. 
En este sentido, animo al Consejo a que avance en la reflexión sobre la aplicación de los Fondos estructurales, a partir de 1999, a la creación prioritaria de empleo. 
La cohesión económica y social exige integrar estos sectores que están fuera del circuito laboral y, en definitiva, cohesionar nuestra sociedad. 
Señor Presidente, en la presentación de sus prioridades para los próximos meses, la Presidencia irlandesa ha dejado claro que apuesta por la virtud y que está decididamente en contra del pecado. 
Un compromiso firme con la unión monetaria: una aplicación estricta y justa del Derecho comunitario en todos los Estados miembros; culminación y atrincheramiento del mercado único; pocos diputados rebatirían estos objetivos. 
Pero como todos sabemos, el mundo real se las arregla para complicar las cosas. 
Como siempre, mi país es el que ofrece más paradojas. 
El Gobierno proclama su incondicional apoyo al mercado único, pero amenaza con excluir al Reino Unido de la moneda única. 
Lo que el Gobierno no entiende es que la opción de exclusión de la moneda única, dada su lógica conclusión económica, conducirá a la exclusión del mercado único. 
Espero que la Presidencia irlandesa dedique tiempo y energías a explicar estas realidades al Gobierno británico. 
Al hacerlo, es posible que el Gobierno abandone por fin el antiguo y falso mito anglosajón sobre el intelecto de los vecinos celtas de Inglaterra. 
Mi Grupo se siente firmemente comprometido con el logro de la UEM dentro del calendario y los criterios de convergencia recogidos en los Tratados, pero no recibiremos el apoyo político necesario para dar este paso a menos que nos ocupemos más del bienestar de nuestros ciudadanos. 
18 millones de parados y 50 millones de personas viviendo en la pobreza ofrecen un veredicto maldito del liderazgo político y de la capacidad de respuesta de gobiernos democráticos que dependen del consentimiento político. 
No podemos permitir que el dolor de la transición haga peligrar todo el proyecto europeo. 
El coste de un paliativo es pequeño, la ausencia del mismo nos costará mucho más y si hay algo que la Presidencia irlandesa puede hacer, debe ser la administración del analgésico. 
Señor Presidente, resulta evidente que la preocupación fundamental de la política económica de la Unión Europea y sus Estados es la aplicación de los planes de convergencia para llegar pronto a la moneda única, mientras que el tema del empleo aparece solamente como una consecuencia de la llegada de la moneda única, es decir, no es el objetivo fundamental. 
Lo que también está claro, a mi parecer, es que, en esos años en que ya se están aplicando los planes de convergencia, ni se ha resuelto ni se ha empezado a resolver el problema del desempleo. 
Le deseo todos los mayores éxitos a la Presidencia irlandesa pero le rogaría que- después de lo que yo considero el fracaso de la cumbre de Florencia- hubiera una reflexión profunda para que se reorientaran las variables macroeconómicas en el sentido de que el empleo fuera el objetivo fundamental al que deben subordinarse el resto de políticas económicas. 
En este sentido, permítame alguna observación, señor Quinn, sobre cómo se están aplicando en los diferentes países las políticas de convergencia. 
Ajuste y consolidación presupuestaria, decía el Sr. Quinn. 
Muy bien. 
Pero en mi país esto se está haciendo con la bendición de las autoridades económicas de la Unión Monetaria, privatizando las empresas más rentables del sector público; por ese camino, a medio y largo plazo, nos vamos a descapitalizar y no podremos mantener déficits públicos adecuados en el futuro. 
Políticas, decía el Sr. Quinn, de moderación salarial. 
Y no aprovechamos todo lo posible el tirón de la demanda- porque deprimimos la demanda, porque deprimimos los salarios- para reactivar la economía. 
Y así podríamos continuar con toda una serie de contradicciones por la aplicación de los planes de convergencia. 
En todo caso, deseo éxito a la Presidencia irlandesa y le formulo una petición en nombre de mi Grupo: que estudie seriamente, en los capítulos de política económica, la necesidad- en la puesta en marcha del mercado interior y no sólo la moneda única- de la armonización fiscal de las rentas de capital, un tema espinoso y complejo pero fundamental. 
No podemos seguir desarrollando el mercado interior si no contemplamos este aspecto de manera decidida. 
Distinguido señor Presidente, una vez más lamentamos hoy el creciente desempleo en Europa. 
Sin embargo, una vez más sólo pocos oradores reconocen las auténticas causas. 
También el Presidente del Consejo ECOFIN intenta hacer como si la UE no tuviera nada que ver con la pérdida de millones de puestos de trabajo, como si no existiera el ruinoso curso neoliberal que hemos puesto en marcha con los criterios de convergencia y que, evidentemente, hay que mantener a cualquier precio. 
Es casi cínico que se hable de la responsabilidad de los Estados miembros por la política de empleo, aunque se sepa que con los criterios de convergencia se ha privado hace tiempo a los Estados miembros de todo espacio de maniobra en la política de empleo, que se les obliga prácticamente a consolidar sus presupuestos con el dinero rápido, caliente, de las cajas sociales en lugar de hacerlo mediante las necesarias reformas estructurales. 
Por otro lado, no existe ningún tipo de competencia ni dinero alguno para una política europea de empleo. 
Estamos impulsando una unión monetaria sin haber conseguido antes una unión social. 
Hemos embridado el caballo por la parte equivocada y no nos debería extrañar si nos pisa. 
Señor Presidente, Señorías, no podemos negarlo, hemos de constatarlo: a pesar de las circunstancias favorables en cuanto a la inflación, la estabilidad monetaria, la evolución de los intereses, nos encontramos ante el gran problema de iniciar el crecimiento necesario para estimular de forma eficaz el empleo. 
Hemos de constatar que diversos mecanismos teóricos descritos en las orientaciones generales hoy por hoy no funcionan. 
Diversos mecanismos que no funcionan son la causa de que el crecimiento se inicie muy lentamente, y son también la causa de que el desempleo no disminuya visiblemente. 
Por ello abogo por una política más voluntarista en materia de empleo. 
Quisiera dirigirme sobre todo al Presidente del Consejo ECOFIN. 
El Consejo ECOFIN tiene una mala reputación en el ámbito de la lucha contra el desempleo. Ha sido responsabilidad del Consejo ECOFIN que hasta ahora el Libro Blanco de Jacques Delors en torno a la financiación de las Redes Transeuropeas haya sido en gran medida papel mojado. 
Confío en que, y en este sentido hago un llamamiento al nuevo presidente del Consejo ECOFIN para que se esfuerce al máximo por lograr que la financiación de las Redes Transeuropeas, sea algo más que una lucha de símbolos, y que desarrolle una posibilidad real y sólida de relanzamiento y un instrumento de relanzamiento, como contrapeso de las consecuencias inevitables y quizás deflacionistas del saneamiento necesario para los criterios de convergencia. 
Por último, quisiera llamar la atención, sobre todo del Comisario y del Presidente, sobre el debate que está teniendo lugar sobre el pacto de estabilidad. Comprendo que para lograr un euro fuerte sea necesario consolidar la convergencia. 
Sin embargo, quiero advertir que con ello no se consolidarán los efectos deflacionistas. Por ello, al igual que Allen Donnelly, abogo por un tratamiento específico de los gastos de inversión. 
Por ello, abogo por una flexibilidad suficiente dependiendo de la coyuntura. Por ello, abogo por iniciar el debate sobre la erosión fiscal en el marco del pacto de estabilidad. 
Si prosigue la erosión fiscal, el pacto de estabilidad presionará cada vez más fuerte sobre la protección social y dará impulsos deflacionistas adicionales al conjunto económico. 
Señor Presidente, deseo dar la bienvenida al Sr. Quinn al Parlamento Europeo, y felicitarle por la seriedad y la habilidad con que ha encaminado sus esfuerzos hasta ahora para prepararse para la tarea de dirigir los asuntos de la Unión durante los próximos seis meses. 
Acojo con satisfacción que haya convertido el desempleo y la gestión saneada de los fondos en sus prioridades. 
De hecho, estos dos ámbitos tienen la misma prioridad. 
Me sorprende que sean tantos los que sostienen que una mayor flexibilidad de la política monetaria no ayudaría a crear más puestos de trabajo o a mejorar el entorno económico. 
En realidad, si contemplamos la situación a nivel de la Unión Europea y analizamos los países que tienen un buen comportamiento desde hace años, aquellos que han creado más empleo y han proporcionado a su población los mejores niveles de vida, descubriremos que son los países que han seguido una política monetaria rígida. 
Si tienen desempleo- y debo decir que es algo nuevo para ellos- cuidan de sus desempleados mejor que los otros países. 
Por consiguiente, no veo ningún motivo válido para pedir mayor flexibilidad de las políticas monetarias en lo que se refiere al desempleo como prioridad. 
Evidentemente es una prioridad admirable. 
La Unión Europea puede hacer algunas cosas. 
La culminación del mercado interior hizo esta Unión más competitiva. 
Permitió que las empresas prosperaran y acrecentó la confianza y la competitividad. 
Los consumidores obtuvieron mejores precios. 
Aunque esto no resolvió necesaria ni automáticamente el problema del desempleo. 
Eso mismo es válido para la moneda única. 
No debemos sostener que la moneda única resolverá el problema del desempleo. 
Facilitará los negocios; es un paso más en el camino de hacer la Unión Europea más competitiva y más eficiente; pero no resolverá necesariamente el problema del desempleo. 
Es peligroso que nos dirijamos a los ciudadanos de la Unión Europea y les digamos que el objetivo de Maastricht era combatir el desempleo, que la moneda única es para combatir el desempleo, para luego afirmar- si fracasamos- que Europa nos ha fallado y nos ha decepcionado. 
Actualmente, la mayoría de los instrumentos que afectan a las perspectivas de crear empleo para sus ciudadanos continúan en manos de los Estados miembros- fijación de salarios y prestaciones sociales, número de horas trabajadas e infraestructura dentro de los distintos Estados. 
Espero que los tipos de interés se vayan armonizando con el tiempo. 
Pero la mayoría de los instrumentos que pueden afectar al crecimiento del empleo siguen estando en manos de los Estados miembros. 
Nosotros establecemos el marco a nivel europeo y, con el tiempo, saldrán las cuentas. 
La moneda única será un paso más. 
Nos preocupan excesivamente los países que quedarán fuera y siguen políticas monetarias menos estrictas con el fin de ganar en competitividad. 
La experiencia nos demuestra que, a muy corto plazo, pueden tener éxito, pero lo único que pueden hacer esos países es ofrecer a sus trabajadores unos niveles de vida más bajos. 
Lo único que pueden obtener de una política monetaria flexible, devaluando su moneda para acrecentar la competitividad, es una reducción de los salarios de sus empleados y crear mayor pobreza entre el sector que menos gana. 
Al final, la moneda única demostrará ser valiosa para la Comunidad. 
Deseo expresar mi agradecimiento al Presidente en ejercicio por su determinación. 
Deseo dar la bienvenida al Presidente en ejercicio y desearle suerte en el transcurso de la Presidencia irlandesa. 
Ya conocerá el tono crítico de la resolución del Parlamento del mes pasado sobre las grandes orientaciones económicas. 
Compartimos con el Consejo la preocupación por la crisis del desempleo, pero existe una frustración auténtica y real por el lento avance del cambio de política. 
Por ejemplo, dentro de las limitaciones presupuestarias generales, creemos que se debe reducir la carga fiscal de los que menos ganan. Está en las orientaciones de este año; estaba en las orientaciones del año pasado; estaba en las orientaciones del año anterior y está en el Libro Blanco de Delors. 
El documento del Comisario Monti para Verona establece claramente que han subido los impuestos sobre los salarios bajos. 
Es un retroceso, no un progreso: es un tema esencial. 
No dispongo de tiempo para desarrollar ningún tipo de sutileza lingüística o analítica sobre mi siguiente argumento. 
Pero tomemos las grandes orientaciones sobre la política fiscal y monetaria: no es sólo una cuestión de estilo, sino de esencia. 
El Presidente en ejercicio ha dicho que el Consejo no puede compartir la opinión del Parlamento sobre la evolución de la política monetaria. 
¿Rechaza el Presidente en ejercicio la opinión de la OCDE del día después de nuestra resolución? 
Cito a la OCDE: » Hay margen para aplicar tipos de interés más bajos.» 
Y cito a la OCDE: » Uno de los desafíos de la política europea será garantizar que la consolidación fiscal simultánea no tiene efectos negativos importantes a corto plazo sobre la actividad.» 
Y cito a la OCDE: » Será necesario aplicar la política monetaria para evitar este riesgo a corto plazo. 
Una política monetaria flexible no es la política monetaria de ajuste que hace falta.» 
La OCDE llama a las cosas por su nombre. 
Señor Presidente en ejercicio, una parte demasiado grande de lo que queremos decir se pierde en sofismo jesuítico en nuestro texto. 
Si no existen diferencias en lo esencial, llamemos a las cosas por su nombre y hagamos lo que tenemos que hacer. 
Señor Presidente, sobre las grandes orientaciones de la política económica de los Estados miembros y de la Unión poco se podía esperar de la declaración de este Consejo, de cuya Presidencia, sin embargo, algo esperamos. 
Y ésta es una ilustración más de la tan citada cuadratura del círculo. 
En verdad, esperan esta Presidencia con cierta esperanza quienes tienen de la actividad política una perspectiva multifacética, al considerar que no debe ser sólo la economía, y en su vertiente monetarista, la que debe dirigir la vida social y que no pueden ser sólo los Estados miembros «grandes» los que «corten el bacalao». 
Irlanda estaría en condiciones óptimas para concretar semejante perspectiva. 
Es un Estado miembro «pequeño» que obtiene resultados económicos nacionales reconocidamente positivos y da muestras de una denodada voluntad de no dejar olvidar ni atribuir carácter subalterno a las cuestiones sociales, en particular el desempleo. 
Pero, ¿podrá conseguirlo con las grandes orientaciones económicas a que tiene que atenerse? 
Se afirman prioridades básicas con las que no podemos dejar de estar de acuerdo: empleo, seguridad, solidez financiera, paz. 
Pero, ¿serán compatibles esas prioridades básicas con lo que es una prioridad de fondo, esencial, las inamovibles orientaciones de la política económica, esta vía para la última fase de la unión Económica y Monetaria, que todo lo condiciona a números «fetiche» y fechas inflexibles que imponen a los Estados y a la Unión políticas económicas, más que desinflacionistas, deflacionistas, que obstaculizan el crecimiento y la satisfacción de las necesidades sociales, que multiplican y concentran el capital financiero y agravan las desigualdades y asimetrías? 
Curiosamente, estamos debatiendo grandes orientaciones de las políticas económicas que se consideran indiscutibles. 
Pues consideramos que lo que se debe hacer, y con carácter de urgencia, es eso mismo: no sólo discutir las grandes orientaciones de las políticas económicas, para la Unión, sino también discutir- lo subrayola política económica de los Estados miembros en los Estados miembros, aceptando que son realidades diferentes que se yuxtaponen y deben coexistir en cooperación. 
Señor Presidente, yo también deseo dar la bienvenida esta tarde al Parlamento a mi colega de Dublín, Ruairi Quinn, ministro irlandés de Economía y Presidente en ejercicio de Ecofin. 
Como ya indicó esta mañana Dick Spring, Presidente en ejercicio del Consejo, mantener el impulso hacia la Unión Económica y Monetaria es una de las principales prioridades de la Presidencia irlandesa. 
Por consiguiente, espero que antes de que finalice el año podamos avanzar realmente en temas como el mantenimiento de la estabilidad en la fase 3, las relaciones de los tipos de cambio entre el euro y las monedas de los países «pre-in» y, especialmente, en los trabajos técnicos preliminares para el establecimiento de un marco jurídico para el euro. 
Una parte importante de esa labor consistirá en garantizar mayor coordinación de las políticas económicas entre los 15 Estados miembros. 
En este sentido, deseo hacer dos críticas principales a la labor realizada hasta ahora por Ecofin y el Consejo Europeo- y estoy hablando de críticas muy constructivas. 
Se ha prestado demasiada atención al aspecto monetario de la UEM y no la suficiente a las disposiciones económicas. 
No estoy defendiendo una revisión de los criterios de convergencia de Maastricht, pero creo que debería darse mayor reconocimiento a la «E» de UEM. 
Hace falta una combinación de políticas económicas más equilibrada. 
La UEM debe atender a las necesidades no sólo de los bancos centrales, sino también a aquéllas de los millones de parados que hay en toda la Unión. 
El Presidente en ejercicio ya ha oído esto de los diputados aquí presente esta tarde. 
Sé que la asistencia no es muy numerosa, pero algunos diputados están siguiendo el debate en los monitores desde sus despachos. 
También leerán el texto. 
Por lo tanto, lo que pedimos de él es que se ocupe de esos millones de parados y que los tenga en cuenta. 
Segundo, el Consejo está prestando escasa o ninguna atención al papel legítimo y legalmente establecido del Parlamento en los avances hacia la UEM. 
Quisiera, en particular, obtener garantías del Presidente en ejercicio de que la Presidencia irlandesa no tomará decisiones clave hasta que el Parlamento haya tenido ocasión de emitir sus dictámenes. 
Yo también le deseo mucha suerte en la labor que desempeñará para nosotros en la Unión Europea durante los próximos seis meses. 
Señor Presidente, el Consejo reconoce en su texto sobre las grandes orientaciones económicas que desde que presentó dichas orientaciones al Parlamento en julio de 1995, la situación en Europa se ha deteriorado en relación con lo previsto. 
El crecimiento ha estado por debajo de las expectativas y el desempleo no ha dejado de crecer. 
Y sin embargo, el Consejo continúa defendiendo el mantenimiento de las actuales políticas macroeconómicas, por el «hecho» de que lo fundamental marcha bien. 
En unos momentos en que Europa tiene un nivel de desempleo tan alto y que sigue creciendo, y cuando tiene que soportar la carga de las prestaciones sociales, ¿cómo puede el Consejo sostener realmente que lo básico de la economía marcha bien? 
¿Qué quiere decir bien en este contexto? 
Cuando la OCDE prevé en su análisis anual del empleo, publicado el pasado domingo, un deterioro de los niveles de empleo en países como Francia y Alemania durante los próximos 18 meses, ¿cómo puede el Consejo sostener realmente que Europa debe seguir adelante con las mismas políticas, a pesar de los resultados, con la esperanza- no con una expectativa razonable, sino sólo con la esperanza- de que las cosas terminarán por salir bien de algún modo? 
Además, debemos atajar los problemas a los que se enfrentan los gobiernos y las empresas mientras los gobiernos mantienen el actual rigor fiscal. 
Un informe de la Federación Europea de Empresas de la Construcción- elaborado por el sector empresarial, no por políticos, ni tampoco por políticos socialistas- estima que las políticas económicas restrictivas de la Unión destruirán más de un cuarto de millón de puestos de trabajo en el sector de la construcción antes de finales del año próximo. 
Habida cuenta de que dichas políticas perjudican inevitablemente el modo en que el pueblo llano percibe la solidez del proyecto de la moneda única, la federación alemana de constructores cree que deberían moderarse los criterios de Maastricht en materia de déficit o bien retrasarse la unión monetaria con el fin de aligerar la presión a que está sometido el sector. 
El rigor fiscal dificulta nuestra marcha hacia la moneda única que, personalmente, apoyo. 
A pesar de eso, hemos recibido la propuesta del Sr. Waigel de que no sólo no debe moderarse el rigor fiscal, sino que necesitamos una dosis adicional de mayor rigor fiscal una vez que hayamos alcanzado la moneda única. 
Un alto nivel de crecimiento, más empleo, la protección social y la convergencia económica sólo podrán alcanzarse mediante la inversión a largo plazo, especialmente en proyectos de infraestructura. 
Aquí podemos ver claramente el incumplimiento del Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo. 
Se debe promover la inversión pública y también es necesario mejorar las condiciones para la inversión privada mediante una reducción de los tipos de interés. 
Me sorprende que el Presidente en ejercicio, cuya seriedad honro y alabo, parece haber malentendido el tenor de la resolución del Parlamento relativa a la política monetaria. 
Lo que el Parlamento dice sobre la moderación de la política monetaria es que no existe ninguna posibilidad de reducir el desempleo si la combinación de políticas continúa siendo tan unidireccional como ahora. 
La temible unilateralidad de las orientaciones es lo que el Parlamento desea evitar. 
Pero me temo, en vista de su reacción, que hemos errado el objetivo. 
El Consejo se aferra básicamente a perseguir un único objetivo: controlar la inflación por debajo del 2 %, por debajo del 1 % -quizá, incluso, por debajo del 0 %- olvidando que puede existir algo así como una tasa de inflación natural. 
Me sorprende que los monetaristas empedernidos que redactan esos documentos y se muestran tan dispuestos a reconocer que existe un índice natural de desempleo, hayan olvidado que puede existir un índice natural de inflación, y que si intentamos aplastar los precios por debajo de dicho índice, podemos ocasionar una reacción en la economía similar a lo que sucede cuando se llega más abajo del índice natural de desempleo. 
Esa unilateralidad de las políticas es lo que realmente nos asusta y de lo que tenemos que huir, si queremos algo más que una referencia ritualista a la reducción del desempleo. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Ministro, Presidente del Ecofin, y desearle las mayores felicidades. 
Las felicidades de la Presidencia irlandesa serán, sin lugar a dudas, felicidades para la Unión Europea. 
Señor Presidente, señores diputados, hay que reconocer que la posibilidad de que la mayoría de los países de la Unión Europea cumplan, en 1997, los criterios de convergencia, depende en gran parte de que Europa registre, a partir del segundo semestre de este año, una tasa de crecimiento de su economía bastante más elevada. 
Así, pues, el crecimiento de las economías europeas es un factor determinante para la realización, como queremos, de la Unión Económica y Monetaria en 1999. 
En ese sentido, la Comisión y el Consejo deberán hacer mucho mayor hincapié en la necesidad de combinar una política monetaria más eficaz, encaminada a promover la inversión y el consumo en toda la Unión Europea, con una política de consolidación presupuestaria que asegure una transición lograda a la Unión Económica y Monetaria. 
También una política de reducción de los tipos de interés resulta necesaria, ya sea para contribuir a la reducción del déficit presupuestario o para contribuir a la reactivación del crecimiento económico. 
Ahora bien, las medidas encaminadas a la reactivación del empleo son esenciales. 
El espectro del desempleo es sin duda lo que más menoscaba la confianza y, por consiguiente, el consumo privado y la inversión. 
Por eso, serán fundamentales medidas encaminadas a la reducción de los costes laborales no salariales, así como las encaminadas a mejorar la eficacia de las esferas de la educación y de la formación profesional. 
Para Portugal y para su Gobierno, el cumplimiento de los criterios de convergencia en 1997 es el objetivo fundamental- insisto: fundamental- de la política económica que se está siguiendo y se proseguirá en los próximos años. 
Se prevé que se alcanzará ese objetivo, pues la ejecución del presupuesto ha resultado mucho más prometedora en el primer semestre de este año, con una reducción del nivel de los gastos y un aumento de los ingresos fiscales obtenidos, resultante de la mejora de la eficiencia fiscal, ya que no ha habido aumento de los impuestos en el presente año. 
Valdría la pena señalar que el saldo primario en el presupuesto del Estado en Portugal es positivo, por lo que el déficit es resultado exclusivamente del peso de los intereses de la deuda pública. 
Por lo que a ésta se refiere, el éxito que está registrando el nuevo programa de privatizaciones, actualmente en marcha, hace pensar que el porcentaje del déficit de la deuda pública respecto del PIB, que es poco superior al 70 %, irá disminuyendo a corto plazo. 
La mayoría de los portugueses están profundamente convencidos de que la inclusión de Portugal en el primer grupo de Estados miembros que integrarán la moneda única es decisiva para el futuro del país. 
Esperamos que el crecimiento económico de la Unión Europea ayude a viabilizar ese objetivo fundamental. 
Señor Presidente, comprendo las limitaciones de tiempo, y los colegas serán indulgentes conmigo si no me extiendo sobre todas las preguntas que me han dirigido. 
Para comenzar, en respuesta a la pregunta de Alan Donnelly, las modificaciones introducidas por el Comité Monetariol se hicieron en nombre de los ministros que están representados en Ecofin. 
O sea que entre la Comisión y Ecofin existe este grupo de trabajo técnico en el que están representados los ministros de los distintos Estados miembros y los bancos centrales. 
En su segunda pregunta sugería que quizá sea necesario revisar las relaciones que existen entre Ecofin y el Parlamento, y propone que nos reunamos en septiembre o a comienzos de octubre para estudiar la forma de mejorar dichas relaciones desde un punto de vista institucional. 
En nombre de la Presidencia, estoy dispuesto a celebrar dicha reunión para estudiar el asunto. 
En interés de todos nuestros ciudadanos y del necesario apoyo político- al que me referiré dentro de un momentodebemos mejorar nuestro entendimiento y el modo de comunicarnos entre nosotros. 
Por consiguiente, cualquier cosa que fortalezca y mejore dicha comunicación debe ser bien acogida. 
Por lo tanto, sin perjuicio de las conclusiones a las que podamos llegar y sin comprometer en modo alguno a Ecofin durante mi Presidencia a introducir ningún cambio institucional determinado, no dudo en afirmar que sí, que nos reuniremos para discutir lo que ha propuesto el Sr. Donnelly. 
En lo relativo al pacto de estabilidad, debo decir que tengo la impresión de que una amplia mayoría de los miembros de Ecofin están claramente a favor de que dicho pacto se constituya en el marco del Tratado y que, por consiguiente, deba rendir cuentas a todas las instituciones de la Unión. 
Este asunto ha despertado bastante polémica y no entraré en detalles por falta de tiempo, pero la Unión sólo podrá avanzar sobre unas premisas que estén basadas en el Tratado, y debemos asegurarnos de que también se tienen en cuenta las preocupaciones de aquellas personas que piensan que el Tratado quizá no sea lo suficientemente sólido para proporcionarnos el tipo de pacto que necesitamos, y que debemos buscar en el marco del Tratado un pacto que haga posible este objetivo, a saber, la estabilidad monetaria permanente y unas finanzas saneadas. 
En cuanto al Sr. Cassidy, coincido con él en que debemos examinar las mejores prácticas en términos de empleo no sólo dentro de la Unión Europea, sino también en los otros dos pilares de la actividad económica del mercado mundial, la cuenca asiática del Pacífico y Norteamérica, para ver si podemos transferir de esas culturas tan diferentes las mejores prácticas que permitan ser adaptadas al modelo social europeo. 
Hace mucho tiempo que opino que el modelo social europeo de protección social que yo, como vicesecretario del Partido Laborista irlandés, apoyo firmemente, no podrá ser transferido indemne al siglo próximo en el contexto del mercado mundial. 
No tenemos por que abandonar los principios que dieron paso a la creación del modelo social de protección, pero ciertamente debemos rediseñarlo en base a la nueva realidad a la que deberá hacer frente. 
Por pertenecer a la Izquierda europea tengo la obligación- y ya he dicho esto en otras partes de este edificio durante las pasadas veinticuatro horas- de garantizar que nos ocuparemos de ello con honestidad y franqueza, sin que de ninguna manera pueda pensarse que hemos cedido en lo relativo a nuestros principios. 
La pregunta general ha versado sobre la posibilidad de moderar la política monetaria y sobre si Ecofin está realmente demasiado obstinado con la política monetaria. 
A algunos oradores- como a nuestro amigo finlandés del Grupo de los Verdes- debo decirles que si el incremento del gasto enriqueciera a los países, un gran número de los países de la Unión Europea que actualmente están fuertemente endeudados serían inmensamente ricos, incluido el mío, que bajo el gobierno del partido del Sr. Gallagher pensó que podía gastar fortunas en un momento dado; y los hijos de mis hijos aún seguirán pagando la deuda de esa loca aventura de una economía disparatada. 
Una política monetaria seria es un requisito imprescindible. 
El hecho de que avancemos lenta, pero inexorablemente hacia la Unión Económica y Monetaria es el único objetivo político que está impulsando el amplio consenso en el seno de Ecofin y, me atrevo a decir, también en el seno de esta Asamblea. 
El hecho de que tengamos 18 millones de parados es una auténtica tragedia, pero quisiera decirles que si tuviéramos una política monetaria débil, sin la culminación del mercado interior y dada la realidad de la competencia del mercado mundial, a la que hizo referencia el Sr. McCartin, la cifra sería aún más alta. 
Para terminar, he oído claramente lo que este Parlamento tenía que decir en respuesta al debate sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas. 
He oído al Sr. Cox y otros defender la conveniencia de examinar una serie de instrumentos políticos o una mejor combinación de los mismos, aparte de aquéllos ya recogidos en las orientaciones de las políticas económicas. 
Es el comienzo de la Presidencia irlandesa. 
Estamos en el mes de julio y me gustaría poder volver al Parlamento antes de que finalice la Presidencia. 
Llevaré un mensaje muy claro a mis colegas de Ecofin, a saber, que a este Parlamento, a pesar de sentirse plenamente comprometido con la UEM y con el proyecto de la moneda única, le preocupa el fracaso en materia de empleo y la consiguiente falta de apoyo popular a vivir con la disciplina necesaria para crear la moneda única. 
Todos hacemos caso omiso de esa falta de apoyo, lo cual supone un peligro para nosotros, por lo que debemos encontrar la forma, dentro del marco de la disciplina presupuestaria, dentro del marco de los criterios de convergencia, de abordar una preocupación que ustedes, como representantes electos, están transmitiendo fielmente aquí en esta Asamblea democrática. 
El debate queda cerrado. 
Secuestro de niños 
Señor Presidente, espero que los colegas nos perdonarán si nos adentramos un poco en el tiempo del turno de preguntas, pero deseo que podamos celebrar este debate, al menos en parte, en presencia del Presidente en ejercicio y de la Comisaria. 
Se cumplen ahora doce meses desde que el Presidente Hänsch me nombrara su mediadora especial en el caso de los secuestros transnacionales de niños. 
Durante este tiempo me he ocupado de 12 casos y de las peticiones de información y ayuda que han llegado casi a diario. 
El Presidente nombró asimismo a la Srta. Ann Hennon para que me ayudara, y me alegra poder constatar hoy la presencia, en la tribuna de invitados, del Sr. Adair Dyer, Vicesecretario General de la Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado, que se encarga expresamente del Convenio de La Haya responsable de este tema. 
Durante estos últimos años se ha producido, felizmente, un incremento de matrimonios entre ciudadanos de distintos países, aunque esto conlleva también sus propios problemas. 
Cuando esos matrimonios se disuelven, a menudo se produce un angustioso debate sobre la custodia de los hijos. 
Tenemos dos leyes del Derecho internacional que contemplan este asunto: el Convenio de Luxemburgo y el Convenio de La Haya. 
El Convenio de La Haya es una ley muy útil, aunque no lo suficiente. 
Los principales problemas que existen en cuanto a su ejecución es la lentitud de los procedimientos, la falta de asistencia jurídica gratuita en algunos de nuestros países y la excesiva frecuencia con que se recurre a las cláusulas de excepción. 
Para que estos convenios sean eficaces, la aplicación de los procedimientos debe ser muy rápida y casi automática. 
Otro problema es el desconocimiento de los procedimientos por parte de algunos abogados y jueces, que muy rara vez se ocupan de casos de este tipo. 
En algunos casos, los niños nunca aparecen. 
La cifras de Interpol revelan que actualmente hay 60 niños declarados desaparecidos en la Unión Europea y ninguno de ellos ha podido ser localizado. 
En muchos casos puede no tratarse de un secuestro parental, sino simplemente de un secuestro criminal. 
Existe la necesidad de una organización europea independiente y centralizada que reciba todas las denuncias de casos de niños desaparecidos. 
Digo esto tras haber visitado la semana pasada en los Estados Unidos el Institute for Missing and Exploited Children [instituto que se ocupa de los niños desaparecidos y explotados]. 
En los Estados Unidos, con una población inferior a la de la Unión Europea, desaparecen cada año aproximadamente 367.000 niños, repito, 367.000. 
Una gran parte de ellos, aunque, desde luego, no todos, son secuestrados por sus padres. 
Muchos otros se escapan de casa, a veces en compañía de adultos que no son sus padres. 
Muchos de estos niños, sencillamente, desaparecen, son asesinados y jamás vuelve a saberse nada de ellos. 
En Europa tenemos un problema porque lo cierto es que no tenemos ni idea del número de niños que se ven afectados. 
Creo, como decía hace un momento, que necesitamos un sistema centralizado. 
En mi opinión, la Europol es el lugar idóneo para situar esta agencia centralizada que tenga capacidad de responder en un plazo de 24 horas. 
Debo hacer hincapié, una vez más, en la necesidad de adoptar rápidamente medidas sobre este asunto. 
Con demasiada frecuencia, la policía se ha mostrado reacia, incapaz o simplemente no dispuesta a emprender realmente la búsqueda de estos niños, hasta que en algunas ocasiones trágicas es demasiado tarde. 
Necesitamos que entre los Estados miembros se reconozcan las decisiones de custodia que se fallen en los distintos países. 
Esta medida reduciría en buena medida el número de secuestros. 
Asimismo seguimos teniendo un grave problema con los secuestros que se producen fuera de la Comunidad. 
Recordarán que el primer mediador en materia de secuestros de niños fue nombrado en respuesta a las campañas organizadas por las madres argelinas de Bélgica y Francia. 
Los padres deben conocer estas cuestiones antes de contraer matrimonio o antes de tener hijos. 
Está muy bien enamorarse en las vacaciones, pero cuando las realidades de la vida comienzan a imponerse, el enamoramiento no tarda en desaparecer y, a veces, con graves consecuencias para los padres y para sus hijos. 
Los acuerdos prematrimoniales pueden ser una buena idea, aunque sólo sea para concienciar a los contrayentes. 
Con demasiada frecuencia, el secuestro de un hijo va seguido de un nuevo secuestro por parte del otro progenitor. 
Necesitamos tribunales especializados y centralizados en todos nuestros países, que estén bien informados y puedan ocuparse de los casos en un plazo de 24 horas a partir del momento en que se presenta la denuncia. 
También es necesaria una formación más adecuada de nuestros abogados y de nuestros jueces. 
Recuerden que en el fondo de todos estos problemas está el miedo, el amor y, con demasiada frecuencia, lamentablemente, la venganza. 
Hay un gran número de nuestros niños que sufren. 
Me he sentido total y absolutamente desolada ante algunas de las historias que he oído durante el pasado año. 
Espero con gran interés escuchar lo que proponen el Consejo y la Comisión. 
Señor Presidente, los secuestros de niños a través de las fronteras nacionales es un asunto de gran preocupación y una cuestión que actualmente está siendo estudiada en el Consejo. 
Deseo reconocer el papel que ha tenido el Parlamento Europeo en la divulgación de este asunto entre la opinión pública de Europa. 
Quisiera, en particular, reconocer el papel desempeñado por nuestra diputada irlandesa, Sra. Banotti, en su calidad de mediadora especial del Parlamento en materia de secuestros transnacionales de niños. 
El Consejo está estudiando actualmente un proyecto de convenio sobre el alcance, la jurisdicción y el cumplimiento de las sentencias de casos matrimoniales. 
El Consejo opina que dicho instrumento, una vez que entre en vigor, será de gran utilidad para muchos ciudadanos de la Unión Europea. 
Las negociaciones sobre el proyecto de convenio están en marcha. 
Se ha propuesto que el convenio, una vez que entre en vigor, sea aplicable en procedimientos civiles relativos a la anulación de matrimonio, el divorcio y la separación legal de los cónyuges. 
Además, será aplicable en procedimientos civiles sobre la custodia de los hijos de los dos cónyuges que contraen matrimonio. 
En materia de jurisdicción, el proyecto de convenio prevé que las autoridades de un Estado miembro serán competentes para decidir sobre asuntos relativos a la anulación de un matrimonio en base a una serie de criterios que se basarán, por un lado, en el lugar habitual de residencia de uno de los cónyuges o de ambos, según las circunstancias y, por otro, en la nacionalidad de ambos cónyuges o en el domicilio común que se haya establecido con carácter permanente. 
También se estipula que las autoridades del Estado miembro en el que se dicte una sentencia sobre acciones relativas a la anulación del matrimonio, al divorcio o a la separación de los cónyuges, serán competentes para decidir sobre la custodia de cada uno de los hijos de ambos cónyuges en circunstancias específicas, especialmente cuando los hijos tienen su residencia habitual en el mismo Estado miembro. 
Sujeto a las negociaciones del grupo de trabajo, el proyecto de convenio prevé que las autoridades competentes deben determinar sobre la custodia de los hijos de conformidad con el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños. 
En cuanto al reconocimiento y el cumplimiento de las sentencias que deriven de estos casos, el proyecto de convenio prevé que toda sentencia relativa a la anulación del matrimonio, al divorcio o a la separación de los cónyuges tendrá efecto legal en los demás Estados miembros de la Unión Europea. 
Esto también es válido en el caso de las sentencias sobre la custodia de los hijos de ambos cónyuges. 
De lo que he dicho se desprende claramente que la aprobación de dicho convenio permitirá establecer un régimen jurídico más abierto en este área. 
Será un régimen en el que las sentencias dictadas en un Estado miembro de la Unión Europea, normalmente, serán reconocidas y cumplidas en cualquier otro Estado miembro. 
El objetivo consiste en adoptar el planteamiento previsto en el Convenio de Bruselas de 1968, que determina la jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros en asuntos civiles y comerciales, con el fin de facilitar el reconocimiento de las sentencias y establecer un procedimiento rápido para la ejecución de las mismas. 
No será necesario ningún procedimiento especial para el reconocimiento de las sentencias. 
Los distinguidos diputados al Parlamento Europeo desearán conocer que el Consejo ha examinado las disposiciones del proyecto de convenio en materia de jurisdicción. 
Actualmente, el trabajo del Consejo se centra en el reconocimiento y el cumplimiento de las disposiciones del proyecto de convenio. 
Debido a la complejidad de los temas jurídicos que intervienen en este proyecto de convenio, resulta imposible, en estos momentos, prever con exactitud cuándo concluirán los trabajos sobre el convenio. 
No obstante, deseo subrayar que el Consejo considera la conclusión de dicho convenio como uno de sus trabajos de mayor prioridad, de conformidad con las disposiciones del Título VI del Tratado relativas a la cooperación judicial en materia civil. 
Permítame añadir que he tomado nota de la propuesta concreta de la Sra. Banotti, en el sentido de que Europol o alguna otra agencia de este tipo desempeñe una función específica. 
Es una propuesta valiosa y la comunicaré al Presidente en ejercicio irlandés del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
Diré que, en la búsqueda de este objetivo, creo que el Parlamento Europeo y aquellos diputados al Parlamento que han demostrado un interés especial en esta cuestión, han realizado un servicio público memorable. 
Señor Presidente, las cuestiones de custodia parental son delicadas. 
Afectan también a las condiciones previas para que se dé una labor parental y maternal que funcione. 
Tradicionalmente, la responsabilidad sobre las decisiones en materia de custodia parental se ha decidido a nivel nacional. 
Hacen falta unos instrumentos intraestatales para decidir qué es lo correcto cuando se producen litigios entre un padre y una madre procedentes de distintos países miembros. 
Esto ha conducido en muchos casos a unas querellas judiciales agotadoras tanto para los padres como para los hijos. 
No obstante, debería ser natural que el hijo tuviera derecho a estar en contacto con el padre y con la madre, incluso después de una separación. 
Es en base a este principio que la Comisión ha trabajado activamente para que la cuestión de la custodia parental se reglamente dentro del Convenio sobre cuestiones de Derecho familiar, que actualmente se está debatiendo en el seno del Consejo, el llamado Convenio de Bruselas II. El objetivo ha sido, desde el inicio del convenio, establecer una normativa clara sobre Derecho judicial y sobre procedimientos de ejecución de las decisiones en torno a los litigios matrimoniales que afectan a más de un país. 
Como consecuencia del análisis presentado por la Comisión en setiembre de 1995, el ámbito de aplicación se ha ampliado para abarcar también las cuestiones de custodia parental. 
El análisis demostró que existen fallos en la normativa internacional vigente, y señaló la existencia de la necesidad de que se disponga de un instrumento comunitario futuro que reglamente además en materia de custodia parental. 
El proyecto de convenio que se está debatiendo en el seno del Consejo significa que el tribunal que sea competente para decidir sobre la cuestión del divorcio, separación o anulación de un matrimonio tiene que decidir también sobre la cuestión de la custodia. 
El punto de partida será que el niño tiene su domicilio en el país donde se decide la cuestión. 
Si éste no es el caso, el tribunal, no obstante, podrá adoptar una decisión siempre que no vaya en contra del bienestar del niño y que ninguno de los progenitores se oponga a ella. 
Espero verdaderamente que puedan concluirse pronto los trabajos relacionados con el convenio. 
La Comisión se esforzará por su parte por que se llegue a una solución para el resto de las cuestiones. 
Una vez el convenio se ratifique, se eliminarán los conflictos que surgen cada vez que tribunales de diversos países adoptan decisiones divergentes sobre un mismo tema. 
Por último, señor Presidente, por lo que respecta al Convenio Europol y su configuración actual, ésta no incluye la posibilidad de hacerse cargo del rapto de niños. 
Pero no existe nada que le impida a la Presidencia, como el honorable ministro ha dicho, adoptar una iniciativa en este sentido. 
Sólo deseo preguntar a la Sra. Comisaria, ¿si un niño es raptado por alguien que no es uno de sus padres, lo cual es ciertamente una acción criminal, debe dejarse en manos de la Interpol? 
Sé que existe un conjunto de criterios diferente en el caso de que el secuestro lo haga uno de los padres, pero no cabe duda de que no deberíamos hacer una distinción tan grande entre los casos de secuestro criminal y de secuestro parental. 
Es difícil dar respuesta a esta pregunta. Tal y como el convenio está acordado hoy en día, las competencias de Europol abarcan el tráfico de personas, lo cual naturalmente incluye el de niños, pero, no así las cuestiones de litigio matrimonial. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Vamos a interrumpir aquí este debate, que continuará a las 21.00 horas, e iniciar el turno de preguntas dirigidas al Consejo. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-0681/96) , dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por James Nicholson (H-0573/96): 
Asunto: Política de pacificación 
¿Definirá el Consejo el objetivo de su política actual, dada la tensión ahora presente en Irlanda del Norte y la persistente negativa del IRA a restablecer un alto el fuego? 
En respuesta a su Señoría, en nombre del Consejo, quisiera decir que todos los Estados miembros desean que se llegue a una solución pacífica y duradera en Irlanda del Norte y se restablezca el alto el fuego. 
La Unión Europea siempre ha apoyado abiertamente el proceso de paz y de reconciliación en Irlanda del Norte. 
Además, en Essen, el Consejo Europeo confirmó el compromiso de la Unión Europea de respaldar la reconciliación y el restablecimiento de una base económica firme. 
Dicho esto, no compete al Consejo hacer comentarios sobre la conducta del proceso de paz ni sobre las posiciones de las partes que en él intervienen, asuntos que quedan fuera de su ámbito de competencias. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
A pesar de que, en gran parte, me ha dado la respuesta que yo esperaba, no dudo de que coincidirá conmigo en que muchas personas se sintieron asoladas cuando el IRA declaró el fin del alto el fuego- acción que tuvo tan buena acogida mientras duró. 
¿Estaría el Presidente en ejercicio dispuesto a reconocer que acoge con satisfacción que los Loyalistas hayan mantenido el alto el fuego en Irlanda del Norte en las difíciles circunstancias de los últimos días? 
Este hecho ha sido crucial durante los pasados días. 
¿Coincidiría además conmigo en que no podemos olvidar las bombas de Canary Wharf y Manchester ni la destrucción y las pérdidas de vidas injustificables que ocasionaron, ni tampoco, en su propio país, el descubrimiento de una fábrica de bombas en el Condado de Laois y la inquietud que todo ello produce, porque la gente no fabrica bombas ni secuestra camiones para colocar bombas sin el firme propósito de utilizarlas? 
¿No coincide conmigo en la necesidad de instar a todo el mundo- incluido el IRA provisional- a aceptar los principios Mitchell, según lo establecido por las demás partes en las conversaciones en Irlanda del Norte, y a permitir algún modo de diálogo porque, como todos sabemos, a largo plazo, el diálogo tiene que tener lugar. 
Éste es el reto al que se enfrentan. 
Nadie los excluye; son ellos los que se excluyen a sí mismos. 
Tienen la oportunidad. 
¿No coincide conmigo el Presidente en ejercicio al respecto? 
Todo este asunto queda fuera de la competencia del Consejo. 
Pero, a nivel personal, quizá pueda responder a su Señoría. 
En primer lugar, coincido con usted en que todo el mundo en la isla de Irlanda se sintió asolado cuando el IRA anunció el final de su alto el fuego. 
Ciertamente acojo con satisfacción que se haya mantenido el alto el fuego de los Loyalistas y espero con interés el restablecimiento pleno del alto el fuego por parte del IRA lo antes posible, que es algo por lo que todos estamos trabajando, que deseamos y por lo que rezamos. 
Ciertamente no podemos olvidar lo que sucedió en Canary Wharf y Manchester o en el condado de Laois, ni tampoco el asesinato de un detective garda en el condado de Limerick recientemente. 
Quisiera decir a su Señoría, quien me consta que es un hombre honorable, que el problema del Irlanda del Norte es un problema de doble minoría. 
No sé si ha oído alguna vez describirlo de esta manera; es mi descripción personal del problema. 
En mi opinión, no se conseguirá nada si no contamos con ambas minorías. 
Los Unionistas son minoría en la isla de Irlanda, los Nacionalistas son minoría dentro de Irlanda del Norte. 
Hemos recorrido un largo camino durante muchos años en nuestro afán por cambiar la opinión que tiene de sí mismo el nacionalismo en Irlanda. 
Pero cuando una minoría nacionalista es tratada con desprecio en su calidad de minoría, nuestra misión resulta sumamente difícil. 
Lo que deseo decir a su Señoría es que ambas partes tienen que esforzarse en respetar las minorías de la isla de manera que podamos respetar las tradiciones de los demás y hacer realidad una paz duradera en la que no nos amenacemos unos a otros. 
En nombre de la Presidencia, no dudaré en tomar en consideración y tener presente los comentarios que ha hecho su Señoría de forma tan equilibrada y equitativa, como es habitual en su forma de comunicarse. 
Todos nosotros, en nuestra calidad de diputados Laboristas al Parlamento Europeo, hemos sentido un enorme pesar por los acontecimientos ocurridos la pasada semana. 
El atentado con bomba en Enniskillen, los disturbios en buena parte de Irlanda del Norte y los claros intentos por parte del IRA de emprender una nueva campaña de atentados en la isla principal del Reino Unido son todos ellos actos que debemos condenar. 
El Estado de derecho debe prevalecer sin ningún lugar a duda. 
Pero, además, debemos asegurarnos de que este tipo de sucesos- a pesar de lo horrible que han sido- no nos apartan de nuestra determinación de mantener vivo el proceso de paz. 
No cabe duda de que uno de los temas más emotivos de la pasada semana han sido los desfiles de los Orangemen. 
Mi pregunta al Presidente en ejercicio es la siguiente: ¿sería de utilidad, en su opinión, que el Gobierno del Reino Unido creara un comisión independiente que se encargue de analizar la conducta de los desfiles en Irlanda del Norte, contribuya a garantizar que los recorridos de dichos desfiles son justos y consistentes, y que se encargue asimismo de examinar la actual legislación relativa a dichos desfiles? 
¿Considera que sería de utilidad? 
En respuesta a su Señoría, quisiera decir que la posición del Gobierno irlandés es bien conocida en este sentido, pero hoy me encuentro aquí para responder a preguntas en nombre del Consejo de la Unión Europea. 
Reitero lo que antes dijo el Tánaiste a la Asamblea. 
Durante los últimos diez días se han producido acontecimientos que han dado paso a una grave inestabilidad en Irlanda del Norte y han puesto en peligro los importantes logros alcanzados durante los dos años que ha durado el proceso de paz. 
Los orígenes de los recientes disturbios están profundamente enraizados en las divisiones fundamentales que existen en Irlanda del Norte, y su solución pasa por el restablecimiento de las relaciones a nivel de Irlanda del Norte, de la isla de Irlanda, entre las poblaciones de Gran Bretaña y de Irlanda, y por la creación de nuevas instituciones y estructuras que contemplen la totalidad de las relaciones. 
Nada justifica la violencia generalizada y la intimidación que se han producido durante los últimos diez días. 
Puede que la violencia sea una salida a la frustración, pero sólo conseguirá empeorar una situación de por sí mala, y no solucionará los problemas que se encuentran en el origen mismo del conflicto. 
Hay que encontrar soluciones exclusivamente a través del diálogo, la negociación y el compromiso. 
Es fundamental garantizar cuanto antes que la política prevalece sobre la violencia callejera. 
Debemos asegurarnos de que se impone el Estado de derecho y que la protección policial se ejerce con eficacia e imparcialidad. 
Debemos encontrar una solución a los desfiles contenciosos que provocaron los recientes disturbios. 
Eso es lo que dijo el Tánaiste a la Asamblea esta mañana. 
Creo que si reflexionamos sobre ello, nos daremos cuenta de que trata del asunto planteado por su Señoría. 
Señor Presidente, quisiera decir al Presidente en ejercicio del Consejo que cuando todo el mundo es igual ante la ley y cuando se defiende la autoridad política, algo que no sucedió en el Reino Unido y en Irlanda del Norte esta vez pasada, no importa cuántas minorías existen en una isla ni tampoco en un continente; todos podemos disfrutar de nuestras identidades y también de nuestras lealtades, a condición de que todos seamos iguales ante la ley. 
¿No puede contestar la pregunta del diputado y declarar que el Consejo repudia la violencia en todas las circunstancias, que el Consejo desea que el IRA restablezca su alto el fuego y, asimismo, felicitar a los Loyalistas por haber mantenido su alto el fuego en estas circunstancias tan difíciles? 
Los acontecimientos ocurridos estos últimos 10 días han sido absolutamente horribles para aquellos de nosotros que hemos defendido la no violencia y las tradiciones políticas durante los últimos 25 años en las circunstancias más terribles y difíciles. 
No podemos continuar maltratando- de hecho, atormentando- a aquellas personas que han optado por el proceso político, que han intentado defender la paz a toda costa, la actividad política a toda costa y mantener la violencia a raya. 
Ahora tenemos que sobrellevar esta situación lo mejor posible. 
Pido al Consejo, que hoy se encuentra aquí presente, que responda debidamente a la pregunta. 
Como se verá en el Acta, he respondido a esas preguntas de forma inequívoca y adecuada. 
Rechazo toda sugerencia de que no lo haya hecho. 
Estoy seguro que su Señoría, que formuló la pregunta, me ha oído decir con toda claridad cómo deseo que se restablezca el alto el fuego del IRA, cómo condeno los actos del IRA, y que comparto con él la satisfacción por el alto el fuego de los Loyalistas. 
Quizá, si los diputados prestaran atención al debate, podrían aportar más luz que calor. 
Es una situación muy importante y delicada, en la que todos deberíamos esforzarnos al máximo para llegar a una solución, no limitarnos a las palabras, sino ayudar a encontrar una solución. 
Es un problema muy complejo. 
Probablemente soy el único diputado aquí presente que ha estudiado Política Irlandesa en la Universidad de Queens de Belfast, y que ha ejercido la política activa en la isla de Irlanda durante 17 años. 
Estoy seguro de que el distinguido diputado de Irlanda del Norte que formuló la pregunta me ha oído perfectamente- sé que me ha oído- responder a la pregunta que ha formulado. 
Espero que el Acta de esta Asamblea refleje fuera de toda duda cuál es la situación en lo relativo a esta pregunta. 
Pregunta nº 2 formulada por Saara-Maria Paakkinen (H-0513/96): 
Asunto: Continuidad de la cofinanciación de las organizaciones no gubernamentales 
Desde hace más de 20 años, la Unión Europea viene concediendo a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la cooperación para el desarrollo fondos para la realización de proyectos que se llevan a cabo en los países en desarrollo y para actividades de información sobre cuestiones relativas al desarrollo. 
Se ha intentado dotar a esta cooperación, que ha logrado excelentes resultados, de un fundamento jurídico, pero en sus dos últimas reuniones el Consejo no ha conseguido alcanzar la unanimidad sobre el proyecto de reglamento. 
¿Qué medidas piensa adoptar Italia, en su calidad de Presidente del Consejo, para poner fin a la situación de punto muerto creada y garantizar la continuidad de la cofinanciación? 
Desde 1976, la Comunidad viene participando en la financiación de proyectos de desarrollo junto con organizaciones no gubernamentales. 
La financiación ha ido creciendo gradualmente con los años, y en 1996 alcanzó la suma de 174 millones de ecus en créditos para compromisos. 
Hasta ahora, la financiación ha sido ejecutada por la Comisión sin que el Consejo haya aprobado un fundamento jurídico. 
No obstante, en 1995, a raíz de un acuerdo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre la necesidad de un fundamento jurídico para partidas presupuestarias, la Comisión presentó una propuesta sobre este asunto. 
Lamentablemente, el Consejo aún no ha podido adoptar una posición común sobre dicha propuesta. 
La Presidencia irlandesa se propone hacer todo lo posible para garantizar que se aprueba cuanto antes la posición común sobre el reglamento para la financiación conjunta de organizaciones no gubernamentales. 
Asunto: Validez de los documentos de identidad del Parlamento Europeo 
Durante muchos años, los documentos de los diputados del Parlamento Europeo fueron reconocidos como válidos en las fronteras suizas. 
Sin embargo, desde hace poco ya no es el caso, por lo menos en aeropuertos como el de Zúrich. 
Los funcionarios de servicio manifestaron que dichos documentos ya no se reconocen. 
¿Es cierta esta información? 
En caso afirmativo, ¿cuáles son los hechos que han motivado este cambio? 
En caso negativo, ¿está dispuesto el Consejo a señalar a la atención de las autoridades suizas estos hechos para restablecer la situación anterior? 
De conformidad con el artículo 7 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, anexo al Tratado, la Comisión puede concluir acuerdos para que el laissez-passer que se emite para diputados y funcionarios de las instituciones comunitarias sea reconocido como documento de viaje válido dentro del territorio de terceros países. 
Existe un acuerdo entre la Comisión y las autoridades suizas, en vigor desde enero de 1975, por el que se reconoce la validez en Suiza del laissez-passer de los diputados al Parlamento Europeo. 
Dicho acuerdo no ha sido modificado. 
Todo parece indicar que el incidente en cuestión es un caso aislado. 
No obstante, permítame sugerir a su Señoría que dirija su pregunta a la Comisión que, por haber negociado el acuerdo en cuestión, es quien está en mejor situación de dar una respuesta definitiva sobre este asunto. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Pero, al fin y al cabo, también el Consejo es competente en lo relativo a países no miembros de nuestra Unión Europea y, especialmente, en una cuestión con connotaciones políticas. 
Mi pregunta es simplemente si el Consejo ha sido informado sobre algún cambio de actitud en Suiza. 
No es la primera vez que esto sucede. 
Últimamente ha sucedido en varias ocasiones. 
¿No considera que sería de utilidad informar a las autoridades suizas para que éstas comuniquen a su personal que existe un acuerdo en los términos mencionados con la Comisión? 
El acuerdo no ha sido modificado. 
Si se ha producido un cambio de actitud, me encargaré de transmitir las inquietudes del Parlamento a las autoridades suizas. 
Pregunta nº 4 formulada por Thomas Megahy (H-0531/96): 
Asunto: » Irreversibilidad» de la pertenencia a la Unión Europea 
En un resumen de textos de la Conferencia Intergubernamental, presentada a los diputados del Parlamento Europeo el 5 de junio de 1996 por Elisabeth Guigou (Fr-PSE) y Elmar Brok (De-PPE) , se formulaba la siguiente declaración: 
» En la cuestión de un Estado miembro que violara de forma repetida y deliberada los derechos humanos, o dejara de ser democrático, la mayor parte de los representantes estaban de acuerdo en que sería posible sancionar a dicho Estado... sin llegar, sin embargo, hasta expulsar al Estado miembro, puesto que esto socavaría la irreversibilidad de la pertenencia». 
¿Considera el Consejo que la pertenencia a la Unión es «irreversible»? 
En caso afirmativo, ¿puede indicar el Consejo dónde se consagra este principio en el Tratado de Roma? 
¿Está el Consejo de acuerdo en que el recorte de los derechos humanos y las normas democráticas en un Estado miembro no darían como resultado, en ninguna circunstancia, la expulsión? 
¿Es errónea la convicción general de que la pertenencia a la Unión es una situación voluntaria que puede extinguirse mediante decisión democrática de un Estado miembro? 
En respuesta a la pregunta de su Señoría, quisiera subrayar que, de conformidad con el artículo N del Tratado de la Unión Europea, el Consejo no forma parte de la Conferencia Intergubernamental que se encargará de modificar los Tratados. 
Por consiguiente, el Consejo no está capacitado para adoptar ninguna posición sobre las ideas que su Señoría ha planteado en su pregunta. 
Por ello comprenderá que el Consejo no haya discutido jamás la cuestión de la irreversibilidad de la pertenencia a la Unión Europea. 
Su Señoría reconocerá que sólo la Conferencia Intergubernamental puede considerar cualquier posible enmienda al Tratado en este respecto. 
Señor Presidente, debo felicitarle por haber ofrecido una respuesta digna del Consejo. 
Me preguntaba qué tipo de respuesta obtendría. 
Evidentemente, al no haber hablado nunca de ello, no tiene opinión al respecto, pero resulta muy, muy extraño que los representantes de los distintos países que intervienen en los preparativos parecen estar manifestando sus opiniones, por lo que deben estar acechando en algún lugar del Consejo. 
¿Podría el Presidente en ejercicio transmitir de mi parte este mensaje al Consejo, en caso de que alguna vez llegaran a hablar de estos temas? 
¿Diría el Presidente en ejercicio que la idea de irreversibilidad es completamente equivocada, que no se recoge en ninguno de los Tratados y que, por consiguiente, como ya ocurriera en el caso de Groenlandia- perteneciente al Estado danés -, es posible y que no existe impedimento legal, independientemente de cualquier otro impedimento de tipo práctico, si un país decide libremente abandonar la Unión? 
Me habría gustado que existiera también un precedente que hiciera posible expulsar a países que ejercen prácticas antidemocráticas durante un largo período de tiempo. 
Me sorprende que esto jamás se haya dicho, porque tengo la impresión de que algunos países estaban tan hartos del actual comportamiento del Gobierno británico, que comenzaron a hablar de expulsión. 
Me temo que tampoco esto habrá sido jamás discutido en el Consejo de Ministros. 
No estoy en condiciones de comentar la última propuesta que ha presentado su Señoría, pero permítame decir que el Consejo de Ministros ha estado muy absorto, no expulsando ni autorizando a países a que abandonen la Unión, sino con los 12 países que están llamando a la puerta deseando integrarse, ya que a ellos la Unión Europea les parece muy atractiva. 
Tras haber respondido a la pregunta en nombre del Consejo, permítame decir a título personal que Irlanda está abierta a considerar positivamente la introducción de sanciones en el caso de que un Estado miembro viole consistentemente los derechos humanos. 
Es un tema delicado que tiene implicaciones políticas de gran alcance, y un tema que necesita ser analizado con mayor detenimiento. 
Permítame decir también que, en calidad de miembro irlandés del Grupo de Reflexión, recuerdo que se discutieron asuntos de este tipo en el seno del Grupo de Reflexión, y si el Consejo decide algún día discutir sobre los mismos, lo hará como resultado del informe de la Conferencia Intergubernamental y estoy seguro de que las opiniones de su Señoría, que también ha comunicado aquí hoy, serán tenidas en cuenta. 
Señor Presidente, soy consciente del concepto de irreversibilidad de la pertenencia a la Unión Europea. 
La pregunta complementaria que deseo hacer es la siguiente: ¿estaría el señor Ministro dispuesto a admitir que es un término abstracto y que hace referencia a un entrelazamiento interdependiente de las economías de la Unión Económica Europea, de manera que a los países les resulta muy difícil retirarse, al mismo tiempo que reconoce que se trata de una organización voluntaria y que aquel que desee abandonarla, puede hacerlo? 
A menudo he dicho, en respuesta a personas de los Estados Unidos que me preguntaban por la falta de solidaridad que se observa a veces en la Comunidad Europea, que no disponemos de una guardia nacional a la que podamos recurrir e imponer; y creo que si podemos construir una Unión Europea sin necesidad de obligar a nadie a permanecer en ella, creo que ésta será tanto más fuerte y tendrá mejores oportunidades de convertirse, en términos morales, en algo irreversible. 
Espero, señor Ministro, que coincida conmigo en eso. 
Conozco a su Señoría desde hace muchos años y encuentro muy pocos motivos para discrepar con usted. 
Como ya es habitual en usted, ha cristalizado toda el concepto y lo ha presentado perfectamente. 
Quisiera- quizá sólo por animar el debate- plantear una cuestión que se me ocurrió recientemente durante las negociaciones en el Grupo de Reflexión, y es que la Unión Europea sólo está abierta a las democracias. 
¿Qué sucedería, por ejemplo, si ahora o en cualquier otro momento del futuro, apareciera un general en una reunión del Consejo Europeo en lugar del Jefe de Gobierno o de Estado? 
¿Estaría la Unión en condiciones, no sólo de permitir a un miembro que abandone, sino incluso de expulsarlo, por haber dejado de cumplir los requisitos, a saber, que sea una democracia? 
En el Grupo de Reflexión se estudió también todo el asunto relativo a las sanciones en caso de incumplimiento de los derechos humanos. 
Este tipo de cuestiones y casos no se han dado aún en la Unión y, ciertamente, lo que el Sr. McCartin ha dicho aquí hoy es algo con lo que me identifico completamente y apoyo. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 5 no se formula. 
Asunto: Zona de libre cambio 
Con ocasión de la reunión de trabajo de los ministros de Agricultura de la Unión Europea del 7 de mayo de 1996 en Otrante (Italia) , el Presidente en ejercicio del Consejo presentó un documento que denuncia los riesgos de multiplicación de las zonas de libre cambio, observando, según la prensa, que esta política «descuida completamente las consecuencias sectoriales de semejantes acuerdos, o dan por seguro que sectores productivos enteros podrán sobrevivir al choque de la apertura de los mercados». 
¿Tiene intención el Consejo de hacer público este documento y de transmitirlo al conjunto de los diputados, particularmente a los miembros de la Comisión de Agricultura y de la Comisión REX? 
¿No cree el Consejo que sería apropiado que se lanzara un estudio imparcial y pluralista (cuya ejecución, atribución o firma de contratos no sería responsabilidad de la Comisión) , sobre el conjunto de consecuencias de la política librecambista de la Comunidad? 
¿Cómo piensa hacer el Consejo que la Comisión se atenga a su papel de aplicación estricta de las orientaciones que aquél define? 
¿No podría aprovechar la ocasión de la CIG para aclarar las ambigüedades de los artículos 113 y 228 sobre el grado de autonomía de la Comisión en esta materia, aumentando particularmente el grado de transparencia de las negociaciones comerciales internacionales, y negando claramente a la Comisión todo poder de firma previa que pudiera comprometer de hecho o de derecho a la Comunidad? 
El documento presentado por la Presidencia en la reunión de trabajo de los ministros de Agricultura celebrada el 7 de mayo de 1996 en Otranto, Italia, relativo al establecimiento de zonas de libre cambio y sus efectos sobre la agricultura comunitaria, mantiene la categoría de documento de trabajo informal de la Presidencia, y no ha sido ni adoptado ni respaldado por el Consejo. 
En lo relativo a la posición oficial de la Comunidad sobre el establecimiento de zonas de libre cambio con terceros países, de conformidad con lo adoptado por el Consejo el 22 de junio de 1995, el Consejo decidió que antes de dar cualquier otro paso, la Comisión debe evaluar la compatibilidad de todos los acuerdos previstos con el Reglamento de la Organización Mundial del Comercio. 
Además, deberá evaluar el impacto de dichos acuerdos sobre las políticas comunitarias y sobre las relaciones con los principales socios comerciales de la Unión. 
Se acordó asimismo que dichas evaluaciones sean examinadas por el Comité especial, según el artículo 113 del Tratado, por el COREPER y el Consejo antes de aprobar las correspondientes directivas sobre la negociación. 
Además, el Consejo Europeo de Florencia, celebrado los días 21 y 22 de junio del presente año, invitó al Consejo a presentar el informe sobre los progresos de la política comercial y los acuerdos preferenciales de la Comunidad al Consejo Europeo de Dublín de diciembre. 
Por último, el Consejo no forma parte de la Conferencia Intergubernamental, que es la responsable de modificar los Tratados. 
Por consiguiente, el Consejo no tiene capacidad para adoptar ninguna posición sobre ninguna posible revisión de los artículos 113 y 228 del Tratado, como sugiere su Señoría en su pregunta. 
Gracias, señor Presidente, por esta respuesta que, no obstante, sólo me satisface a medias porque, entre líneas, detrás de los puntos concretos que yo planteaba, la cuestión general era la siguiente: ¿al iniciarse la actual Presidencia irlandesa, el Consejo está decidido a cambiar de política con respecto a la Comisión? 
¿Está decidido a coger de nuevo las riendas y a no dejar que la Comisión actúe a su antojo, como puede constatarse desde hace varios años y sobre todo tras la firma de los Acuerdos del GATT? 
Hoy nos damos cuenta de que la Ronda Uruguay contiene lagunas muy importantes en materia monetaria, social, medioambiental, agrícola. 
Hoy nos preguntamos cómo se podrá dar marcha atrás, y vemos, en cambio, que la Comisión multiplica las iniciativas de libre comercio en todos los sentidos, e incluso el Sr. Brittan anunciaba recientemente en Ginebra que era preciso ir aún más lejos en la liberalización del comercio mundial. 
Entonces, señor Presidente, hay que liberalizar, sí, pero sobre unas bases sanas, teniendo en cuenta todos los efectos externos no evaluados, positivos o negativos para las economías, y en particular los efectos externos sobre el empleo, que Irlanda ha convertido, con razón, en la primera de las prioridades de su Presidencia. 
Se trata, por tanto, de una cuestión esencial, y por eso pensamos que Irlanda debe coger de nuevo las riendas de las negociaciones internacionales y coger las riendas de la Comisión. 
Por eso es absolutamente necesario que para cada iniciativa de libre comercio se nos presente un estudio sobre las consecuencias con datos numéricos y objetivo, de tal modo que en el futuro el Parlamento Europeo deje de deliberar con los ojos vendados. 
Tomo nota de lo que su Señoría ha dicho en su intervención. 
El Consejo Europeo de Florencia de los días 21 y 22 de junio invitó al Consejo a presentar un informe sobre el desarrollo de la política comercial y los acuerdos preferenciales de la Comunidad al Consejo Europeo de Dublín de diciembre. 
Evidentemente, eso tendrá lugar bajo la Presidencia irlandesa. 
Observo que existe preocupación. 
Los papeles respectivos del Consejo y de la Comisión, al igual que todas las instituciones, están siendo examinados por la Conferencia Intergubernamental. 
En ese contexto es posible que los acuerdos institucionales necesiten volver a ser examinados. 
Pero deseo señalar que ya ha habido negociaciones sobre la creciente importancia del regionalismo en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 
La OMC ha creado un comité de acuerdos comerciales regionales, que se encargará de vigilar las agrupaciones comerciales de nueva creación y las ya existentes. 
Algunos miembros de la Organización Mundial del Comercio ya han solicitado debatir el tema del regionalismo en Singapur y es probable que dicho debate tenga lugar allí. 
Por consiguiente, existe la oportunidad de considerar este asunto en Singapur y en la reunión del Consejo Europeo de Dublín de diciembre. 
Pregunta nº 7 formulada por John McCartin (H-0548/96): 
Asunto: La industria de la lana de la UE 
¿Tiene la Presidencia algún plan en los próximos seis meses para incluir la grave situación de la industria lanera nacional en el orden del día del Consejo de Ministros de Agricultura? 
Sólo puedo subrayar que hasta el momento, el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de la Comisión relativa al sector de la industria de la lana. 
La Presidencia toma nota del interés manifestado por su Señoría y prestará la debida atención a cualquier propuesta que la Comisión pueda presentar. 
Doy oficialmente la bienvenida al Parlamento al Presidente en ejercicio, ya que ésta es la primera vez que entablo contacto directo con él. 
Agradezco no sólo sus esfuerzos en los trabajos preliminares de la Conferencia Intergubernamental, sino también su antiguo interés por los asuntos europeos y sus esfuerzos a largo plazo para promover la integración y la unión de Europa. 
Deseo hacer constar que ha sido uno de los políticos más constructivos del Parlamento irlandés en el tema europeo. 
No es una actitud que haya asumido a raíz de su participación directa a través de la Presidencia. 
He formulado esta pregunta a raíz de las manifestaciones que me ha dirigido una organización a nivel europeo que está interesada en la industria de la lana. 
En el Parlamento ya tuvimos hace algún tiempo un informe presentado por el Sr. Hyland, diputado irlandés. 
Deseo recordar al Sr. Ministro que se trata de un sector con un potencial importante a nivel de la Unión Europea. 
Las políticas comunitarias han promovido el desarrollo de la industria de la carne de bovino, pero la lana es otro producto que puede ser explotado y aportar valor añadido. 
En la Unión Europea tenemos 60.000 agricultores que dependen de la carne y la leche de oveja. 
Dichos agricultores reciben 2.000 millones de ecus de la Unión. 
¿Considera el Sr. Ministro que quizá sería una buena idea promover el desarrollo de la industria de la lana con el fin de mejorar los ingresos de los agricultores y reducir así, quizá, los 2.000 millones de ecus que la Unión paga anualmente en subvenciones? 
Como acabo de decir, el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de la Comisión, y en caso de que recibamos alguna, el Consejo, ciertamente, tomará medidas al respecto. 
Permítame decir en respuesta a la pregunta formulada por su Señoría, que conozco perfectamente las dificultades a las que se enfrentan los ganaderos de ganado bovino, no sólo de Irlanda, sino de toda Europa. 
Conozco el informe presentado por el Sr. Hyland al que ha hecho referencia. 
No dejaré de poner las diferentes opiniones de este turno de preguntas en conocimiento del ministro Yates, Presidente en ejercicio del Consejo de Agricultura, con el fin de asegurarme de que está informado de las inquietudes de su Señoría. 
Señor Presidente en ejercicio, deseo unirme al Sr. McCartin y darle una cordial bienvenida. 
Tuvimos la oportunidad de unirnos con usted durante los preparativos de la Presidencia y reconocemos que nuestras relaciones de trabajo con usted fueron muy cordiales. 
Me complace su respuesta, pero permítame instarle a que, a través de la Presidencia del Consejo de Agricultura, entable contacto con la Comisión para asegurarse de que ésta incluye la solicitud en su agenda con objeto de que pueda ser estudiada durante la Presidencia irlandesa. 
Digo esto debido, especialmente, al compromiso de la Presidencia irlandesa con la creación de puestos de trabajo y, espero, también con el desarrollo del sector rural. 
El sector de la lana tiene la posibilidad de crear muchos puestos de trabajo en las zonas rurales, a condición de que contemos con las estructuras adecuadas sobre el terreno. 
¿Puedo pedir al Presidente en ejercicio que tome él la iniciativa con la Comisión para garantizar que ésta presenta una solicitud adecuada a la Presidencia que pueda ser estudiada durante su ejercicio de la Presidencia? 
Me ocuparé de ayudar a su Señoría en este asunto y se lo transmitiré al Sr. Yates, Presidente en ejercicio del Consejo de Agricultura. 
Deseo asimismo expresar mi agradecimiento a los Sres. McCartin y Hyland por sus cordiales deseos al inicio de la Presidencia irlandesa. 
Les estoy muy reconocido. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 8 no se formula. 
Pregunta nº 9 formulada por Brian Crowley (H-0558/96): 
Asunto: Lucha contra el contrabando de estupefacientes 
¿Considera el Consejo que los Estados miembros encargados de luchar contra el contrabando de estupefacientes en las fronteras externas de la Unión, en particular en las fronteras marítimas, están dedicando un número suficiente de personal y de equipamiento para llevar a cabo esta tarea? 
¿Piensa examinar la posibilidad de conceder ayuda procedente del presupuesto de la Unión Europea a aquellos Estados miembros encargados, en nombre de la Unión, de controlar las fronteras marítimas de la Unión? 
Una de las principales prioridades de la Presidencia irlandesa es la de garantizar una acción más coordinada y eficaz a nivel europeo contra el narcotráfico y el consumo de drogas. 
Una de las tareas importantes que emprenderá la Presidencia en este sentido será el inicio de una revisión en profundidad de la idoneidad de la cooperación en la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea contra la importación de drogas por tierra, mar y aire. 
La Presidencia ya ha iniciado un debate sobre la estrategia aduanera para las fronteras exteriores. 
Ha presentado propuestas sobre temas como formación, ayudas técnicas, equipos de control, inteligencia, análisis de riesgos y mejora de las comunicaciones. 
Tiene previsto proponer una acción conjunta que sirva como fundamento jurídico para la asignación de fondos con cargo al presupuesto de las Comunidades Europeas. 
Dichas propuestas están encaminadas a alcanzar un nivel más eficaz de cooperación contra el narcotráfico, y harán realidad uno de los puntos de la lista de acciones adoptada en el Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 en materia de drogas. 
El Consejo también dará prioridad a la revisión del Convenio de Nápoles sobre la cooperación entre las administraciones aduaneras y del programa estratégico Aduanas 2000 para el tercer pilar, así como la participación de la UE en el plan estratégico de la Organización Mundial de Aduanas para aplicar medidas operativas sobre la ruta de entrada de estupefacientes de los Balcanes. 
La Presidencia también estudiará detenidamente los actuales acuerdos sobre operaciones conjuntas de vigilancia aduanera en las fronteras exteriores. 
Dicho estudio se hará con vistas a mejorar su eficacia. 
Se buscará un mandato global del Consejo para este tipo de operaciones, con el fin de que no sea necesario obtener la aprobación del Consejo cada año como hasta ahora. 
La Presidencia se propone asimismo promover la cooperación entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros y los intereses privados en los ámbitos del comercio y de los transportes en la lucha contra el narcotráfico. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Yo también le felicito por asegurarnos que este asunto será tratado al más alto nivel durante la Presidencia. 
No obstante, he sentido cierta preocupación al leer en la prensa que, en Irlanda, el Taoiseach ha presentado una propuesta sobre la creación de una unidad de vigilancia costera a nivel europeo. 
Mis temores, en este sentido, se deben a que los fondos que tanta falta hacen para que el servicio naval irlandés mejore su flota y para cubrir las 140.000 millas cuadradas de aguas territoriales para proteger no sólo el litoral irlandés, sino también las fronteras europeas y los caladeros europeos, sean desviados a alguna otra zona. 
¿Puede garantizarnos el Presidente en ejercicio que los fondos no serán desviados de las agencias existentes que operan con gran eficacia, aunque con una lamentable escasez de fondos? 
Como decía, la Presidencia y el Consejo están interesados en la cooperación y la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
La droga entra por tierra, mar y aire. 
Se utilizan diferentes rutas, en función de la naturaleza y el origen de la droga, y se introduce por diferentes medios- transportada por personas, en el transporte de mercancías, escondida en automóviles, barcos y contenedores y, sobre todo en el caso de los derivados del cáñamo índico, en pequeñas embarcaciones. 
Éste es el motivo por el que es importante que se revise la cooperación con el fin de que podamos determinar cuál es la mejor utilización de los recursos de la Unión Europea y de los Estados miembros. 
Al mismo tiempo que agradezco al Sr. Crowley sus amables deseos, por los que le quedo muy reconocido, permítame añadir que estaría dispuesto a estudiar cualquier sugerencia que el Taoiseach haya podido hacer como medida adicional y no como sustitución de las disposiciones actuales. 
Sólo quisiera mencionar que, por ejemplo, durante muchos años, como bien sabe el Sr. Crowley, por proceder de una parte de Irlanda que ha sufrido frecuentes catástrofes marítimas, existe cooperación entre la RAF y el Irish Air Corps. 
Se trata de una cooperación muy poco definida, pero muy eficaz. 
Por consiguiente, la cooperación en la vigilancia de las costas podría estar poco definida o ser algo más estructurado. 
Pero la idea en sí misma es digna de ser estudiada. 
Quiero hacer hincapié, no obstante, en que no se trata de una cuestión de desviar los recursos existentes. 
Cualquier posible evolución en este ámbito se hará mediante recursos adicionales y ayuda adicional. 
Doy la bienvenida al Presidente en ejercicio aquí presente esta tarde. 
Debo decir que, fundamentalmente, discrepo con el Sr. Crowley. 
El hecho de que la Presidencia irlandesa haya destacado el tema de la droga y que todos los diputados que han intervenido esta mañana ante el Parlamento, casi la mayoría, consideren el tema de la droga una prioridad que debe ser abordada por la Presidencia de manera eficaz, da vía libre a la Presidencia Irlandesa para seguir adelante y ocuparse de este asunto como considere oportuno. 
Creo que la idea de una unidad de vigilancia costera para Irlanda es especialmente importante porque somos una isla. 
Se ha repetido aquí muchas veces que eso es lo que hace falta. 
Estoy encantada de haber oído decir al Sr. Mitchell que ya se han iniciado las negociaciones en lo relativo a la revisión de las fronteras exteriores y de los servicios por tierra, mar y aire, etc. Quisiera que nos aclarara ahora exactamente de dónde se sacará la financiación de este servicio de vigilancia costera. 
Lamentablemente hemos sufrido un terrible retraso en lo relativo al acuerdo para la financiación de las redes transeuropeas. 
Espero que no ocurra lo mismo con este servicio tan necesario. 
Agradezco también a la Sra. Malone sus buenos deseos. 
En mi primer día en el Parlamento, los buenos deseos y las muestras de apoyo de los diputados irlandeses al Parlamento Europeo son especialmente gratificantes y han sido una enorme fuente de ayuda para mí. 
En lo relativo a la pregunta que ha formulado su Señoría, como usted sabrá, una acción conjunta es un procedimiento estatutario de autorización según los Tratados, específicamente del segundo y tercer pilar, según recoge el Tratado de la Unión Europea. 
El Gobierno irlandés tiene previsto proponer una acción conjunta que sirva de fundamento jurídico para la asignación de fondos con cargo al presupuesto de las Comunidades Europeas. 
Ni que decir tiene que no es algo sobre lo que podamos decidir por nuestra cuenta, y esperamos que otros Estados miembros apoyen este enfoque. 
Sin duda es algo de lo que debemos ocuparnos, en mi opinión. 
Ya he dicho antes, en respuesta a otro debate en la Asamblea sobre la Política Exterior y de Seguridad Común, que creo que necesitamos hacer mucho más como región, de manera coordinada, para atajar este problema. 
Cada Estado miembro intenta resolver el problema de la mejor manera posible. 
Los Estados miembros deben tener la función, en primer lugar, de responder a sus propias necesidades, pero a nivel colectivo, la Unión Europea, como región, es muy débil a la hora de abordar este problema. 
Éste es el enfoque que el Gobierno irlandés se propone dar a su papel como Presidencia. 
Señor Presidente, la lucha contra la droga y el crimen es una cuestión que afecta al ciudadano. 
Las personas comprenden que en este ámbito es necesario cooperar más allá de las fronteras. 
Es positivo que la Presidencia dé tanta prioridad a estos temas, y esperamos que se presente una iniciativa en el sector de los estupefacientes, sobre todo en lo referente a la cooperación policial y de aduanas. 
Como diputada sueca, le deseo suerte en sus actividades. 
Mi pregunta se centra en un aspecto que cabría mejorar y que habría que incluir en esta iniciativa: ¿Por qué no se han creado todavía las mismas posibilidades de cooperación e intercambio de agentes de forma periódica y a nivel práctico, que ya existen dentro del ámbito de inmigración y aduanas? 
En el sector de aduanas existen unas propuestas de gran calidad dentro del programa MATTEUS, y dentro de su programa de actividad se trata sobre todo de intercambios entre escuelas de policía. 
¿No sería posible ampliar la cooperación policial al nivel del programa MATTEUS? 
Agradezco a su Señoría sus amables palabras, por las que le quedo muy reconocido. 
En relación con la pregunta que formula, el tercer pilar se encuentra, en gran medida, en una fase embrionaria. 
Aún no lleva mucho tiempo en existencia. 
Ciertamente espero que con la aprobación del Convenio Europol se incremente la cooperación en el tercer pilar. 
Los temas que ha planteado su Señoría son de gran valía y deben ser examinados e impulsados en la etapa inicial. 
Necesitamos hacer mucho en el plano colectivo de lo que estamos haciendo para resolver el problema. 
Permítame señalar que en la presentación de las prioridades de la Unión Europea de la Presidencia irlandesa, que esta mañana hizo el Tánaiste ante la Asamblea, una de las prioridades manifestadas dentro de nuestras propuestas sobre la droga y el crimen organizado es el intercambio y la formación de los agentes que se encargan de aplicar la ley. 
Me alegra mucho coincidir con las propuestas que presenta su Señoría. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 10, 11 y 12 se contestarán simultáneamente. 
Pregunta nº 10 formulada por Gerard Collins (H-0559/96): 
Asunto: Pacto de confianza 
En la Cumbre de Florencia, los líderes europeos dieron un apoyo político a las propuestas del Presidente Santer para un denominado «Pacto de confianza» a favor del empleo. No obstante, los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno no pusieron a disposición los fondos necesarios para llevar a la práctica las propuestas del Presidente Santer que contienen la posibilidad de generar un crecimiento económico y nuevos empleos en los Estados miembros de la UE. 
¿Cuáles son las propuestas del Consejo de Ministros para que el apoyo político del Pacto de confianza en la Cumbre de Florencia surta unos efectos prácticos y, en particular, qué tiene previsto el Consejo para financiar la realización de las propuestas contenidas en el Pacto de confianza? 
Pregunta nº 11 formulada por José Apolinário (H-0561/96): 
Asunto: Medidas de creación de empleo para jóvenes de menos de 25 años 
Constatando los índices inaceptables de desempleo en la Unión Europea (según EUROSTAT, 10, 9 % como media europea en abril de 1996) y, sobre todo, el hecho de que el índice de desempleo de los jóvenes menores de 25 años es del doble (21, 5 %) , y afecta en especial a las jóvenes mujeres, se pregunta al Consejo cuáles son las iniciativas de la actual Presidencia con vistas a la creación de condiciones favorables al aumento del empleo de los jóvenes.Pregunta nº 12 formulada por José Torres Couto (H-0583/96): 
Asunto: Medidas de lucha contra el desempleo 
En la Cumbre de Florencia los líderes europeos no fueron capaces de ponerse de acuerdo en cuanto a la aplicación de una estrategia de cooperación en la lucha contra el desempleo a escala europea. 
Habida cuenta de que el desempleo sigue aumentando y de que en la actualidad el número de desempleados europeos asciende a 20 millones, ¿puede informar el Consejo del contenido de las medidas que piensa aplicar en la lucha contra esta lacra social, así como del calendario de las mismas? 
Quisiera responder conjuntamente a las preguntas formuladas por los Sres. Collins, Apolinário y Torres Couto ya que, a pesar de que tratan de aspectos diferentes del tema del empleo, las tres preguntas son relativas al modo y los medios de hacer frente al importante desafío que supone el desempleo. 
Europa se ha beneficiado de la evolución de un modelo particular de sociedad en nuestro continente- una evolución alcanzada, a menudo, a costa de un enorme sacrificio. 
Es este modelo el que caracteriza nuestras sociedades libres y democráticas, y les da un lugar especial en el concierto mundial de naciones. 
La continuación del modelo europeo de sociedad se verá fortalecido si encontramos una respuesta acertada a los problemas que plantea el desempleo. 
Debemos emprender una campaña contra el paro ahora, con el fin de que no condenemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a seguir sufriendo y a la injusticia. 
El empleo juvenil es especialmente importante. 
En principio, comparto la evaluación que hace el Sr. Apolinário y considero, al igual que él, que debemos hacer todo lo posible para promover el empleo entre los jóvenes, porque serán ellos los que ocupen nuestros puestos y los que asuman la responsabilidad de hacer avanzar la civilización europea. 
Como ya dejara claro la Comisión, el Pacto de confianza a favor del empleo es un proceso flexible encaminado a permitir que todos aquellos que intervienen en el proceso asuman compromisos específicos con el fin de crear un marco macroeconómico favorable al empleo. 
Su objetivo es explotar plenamente el potencial del mercado interior, acelerar las reformas del mercado laboral y hacer un mejor uso de las políticas de la Unión en interés del crecimiento y el empleo. 
El Consejo Europeo de Florencia del mes pasado manifestó su convicción de que las redes transeuropeas, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y la investigación científica y técnica pueden aportar una contribución vital a la creación de empleo y la competitividad. 
En este contexto, el Consejo tomó nota de las propuestas que presentó el Presidente de la Comisión con el propósito de que, primero, la cobertura de las orientaciones agrícolas permanezcan inalteradas y que las partidas de los Fondos estructurales se mantengan también intactas. Segundo, que se incremente el máximo de los compromisos de gastos de la partida 3- políticas internas- en 1.000 millones de ecus durante el período 19971999 y que el incremento se destine principalmente a las redes prioritarias de infraestructura de transportes. 
No obstante, los pagos correspondientes con cargo al presupuesto se harán efectivos dentro de los límites actuales del máximo global previamente acordado para gastos reales. Tercero, este incremento del límite máximo irá acompañado de un esfuerzo adicional para redistribuir las asignaciones disponibles dentro de la partida 3 con el fin de ayudar a los sectores afectados, permitiendo un incremento del total de los fondos disponibles de 1.200 millones de ecus. 
Estas propuestas representan un enfoque integrado destinado a hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles con el fin de lograr resultados tangibles en términos de empleo, al tiempo que se buscan nuevas fuentes de financiación. 
Con el propósito de completar la respuesta, deseo añadir que el objetivo consiste en seguir una política que respete y refleje plenamente el principio de subsidiaridad. 
Quiero agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta tan completa. 
Los comentarios y los buenos deseos que se le dedican son todos bien merecidos, por lo que he podido apreciar, nadie se ha esforzado tanto por garantizar una Presidencia más ágil y eficaz que el ministro irlandés de Asuntos Europeos. 
Le deseamos mucha suerte y deseamos que haga realidad sus objetivos. 
Dentro de unos cinco meses, cuando el Primer Ministro irlandés acuda al Parlamento para informar sobre la Presidencia irlandesa, será juzgado por un aspecto en particular y éste tendrá que ver con la eficacia de las medidas adoptadas durante la Presidencia para solucionar la situación del desempleo. 
El Presidente en ejercicio sabe que en Florencia obtuvimos un respaldo político al Pacto de confianza Santer, pero no logramos ningún respaldo financiero. 
A menos que se proporcionen las finanzas, el Pacto quedará pendiente, lamentablemente. 
Ya tuvimos el Plan Delors para el desempleo. 
Ningún otro tema ha sido abordado tan a menudo en este Parlamento por aquellos que representamos a los parados de Europa. 
Hemos hablado mucho, pero no hemos conseguido gran cosa hasta ahora. 
Animo a la Presidencia a que haga todo lo posible para conseguir que aquellos Estados miembros que retuvieron la concesión de apoyo financiero al Presidente Santer en Florencia se incorporen a la corriente principal, y que tengan consideración con los entre 18 y 22 millones de personas que no tienen trabajo y que dependen de nosotros para que hagamos algo por ellas. 
Ya expresé anteriormente mi agradecimiento al Sr. Collins en su ausencia por sus amables palabras, y vuelvo a agradecer sus observaciones de introducción. 
La Presidencia irlandesa hará avanzar, en la medida de lo posible, las medidas adoptadas por el Presidente Santer en apoyo a la creación de empleo en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo. 
Además, una de las tareas centrales de la Presidencia será la elaboración del segundo informe anual sobre el empleo para el Consejo de Dublín de diciembre. 
En el informe se analizará la eficacia con la que, hasta la fecha, han aplicado los Estados miembros las orientaciones de Essen a sus programas plurianuales sobre el empleo. 
El informe ofrecerá asimismo indicadores para el futuro. 
En este proceso se hará especial hincapié en aquellos grupos que requieren atención especial, como los jóvenes que buscan su primer empleo, los parados de larga duración y las mujeres sin empleo. 
Como filosofía política general, apoyo todo el concepto de empresa y competitividad y la necesidad de recompensar el esfuerzo y la iniciativa, y eso debe estar en el núcleo de la creación de puestos de trabajo. 
En toda la Unión Europea hemos alcanzado ahora unos niveles de riqueza material que no tienen precedentes en ningún otro período de la historia de Europea, y sin embargo, existe un gran número de personas que no comparten el progreso que hemos alcanzado. 
No estoy pidiendo disculpas a nadie por el segundo principio, que creo que debe estar presente y que es el principio de la justicia social. 
Cuando creamos riqueza, podemos distribuirla, pero, primero, debemos crearla y debemos animar a aquellas personas que pueden crearla. 
Quisiera recomendar a la Asamblea que analice el programa del Gobierno irlandés sobre el desarrollo local, que es un esfuerzo para redistribuir parte de la riqueza de tal forma que beneficie a las comunidades urbanas y rurales más pobres. 
Su objetivo específico es la creación de puestos de trabajo, la educación, la formación, la mejora del medio ambiente y la formación en la gestión de bienes inmuebles, porque las condiciones de vida de las personas pueden suponer una dificultad añadida a su handicap. 
Éste es el enfoque integrado que espero abordar en una pregunta posterior formulada por otro miembro de la Asamblea. 
No creo que todo dependa simplemente de la empresa. 
Debemos fomentar la empresa, debemos darle facilidades, pero, al mismo tiempo, necesitamos un sentido de justicia social y ambas cosas, por decirlo de alguna manera, deben ir de la mano. 
Ciertamente es algo que nosotros, como Presidencia, intentaremos impulsar de la mejor manera posible durante nuestros seis meses en el cargo. 
Quisiera también informar a la Asamblea que estamos esperando la propuesta detallada de la Comisión sobre el tema de las redes transeuropeas, a las que se ha referido su Señoría. 
En la reunión del 8 de julio, los ministros de Economía acordaron la creación de un grupo de alto nivel, como ya sabrán los diputados al Parlamento, para que estudie este tema. 
La Presidencia irlandesa explorará a través de dicho grupo las bases que existen para alcanzar un acuerdo entre los socios, y se propone llegar a una conclusión. 
Señor Presidente, muchas gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por sus simpáticas palabras. 
Yo tan sólo quisiera expresar, complementariamente, dos tipos de preocupaciones. 
Una, que es general: el empleo es, decisivamente, uno de los grandes imperativos actuales de la Unión Europea y, por tanto, en función de la evolución del asunto del empleo alcanzará o no la Presidencia irlandesa sus objetivos. 
En el caso de los jóvenes menores de 25 años, conviene señalar que los datos de Eurostat indican el doble de la tasa de desempleo en el caso de los jóvenes hasta 25 años- los datos de abril señalaban un 21, 5 % de desempleo en el caso de jóvenes hasta 25 años, con un 10, 95 de desempleo global -, por lo que es necesario un esfuerzo suplementario de iniciativas de desarrollo local, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, vinculación con cuestiones de medio ambiente, apoyo social, intervención social, que permitan lanzar acciones concretas de creación de empleo para los jóvenes. 
El segundo aspecto de la cuestión complementaria se refiere a la política en materia de Fondos estructurales y me gustaría que el Presidente en ejercicio explicara mejor lo que ha dicho en su intervención inicial, según la cual la posición del Consejo es la de que se deberían mantener todos los compromisos inscritos en las perspectivas financieras. 
Creo que ha sido ésa la perspectiva que ha ofrecido, es decir, el mantenimiento sin modificación de las perspectivas financieras en materia de Fondos estructurales. 
Lo que he dicho en respuesta a la pregunta ha sido que el tope máximo de compromiso de gastos de la partida 3, políticas internas, será incrementado en 1.000 millones de ecus durante el período de 1997-1999, y que su destino principal serán las redes prioritarias de infraestructura de transportes. 
No obstante, los pagos correspondientes con cargo al presupuesto se harán efectivos dentro de los actuales límites del límite máximo global aprobado previamente para gastos reales, es decir, las asignaciones de pagos. 
También he dicho que este incremento del límite máximo iría acompañado de un renovado esfuerzo para redistribuir las asignaciones disponibles dentro de la partida 3 con el fin de ayudar a los sectores afectados, permitiendo un incremento del total de los fondos disponibles de 1.200 millones de ecus. 
Permítame decir, en términos generales, que a todos nos preocupa enormemente el desempleo, pero lo cierto es que no hacemos lo que deberíamos hacer. 
Debemos convertir la creación de un puesto de trabajo en la cosa más atractiva que pueda hacer toda persona con espíritu empresarial. 
Pero la realidad es que si a cualquiera de nosotros le tocara la lotería, lo más probable es que invirtamos el premio en bienes inmuebles o algo por el estilo, lo cual nos garantizaría unos dividendos y no necesitaríamos ocuparnos de los problemas que conlleva la contratación de personal. 
Concedemos incentivos fiscales para máquinas, pero gravamos la nómina del asalariado. 
Por lo tanto, creo que hace falta un replanteamiento fundamental que anime a las empresas y recompense el esfuerzo, y que se ocupe, como ha dicho su Señoría, de algunos de los problemas estructurales que existen. 
Señor Presidente, la cuestión es muy sencilla. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, yo estoy extraordinariamente satisfecho con la forma directa como aborda usted este asunto y me disculpará alguna acrimonia en relación con la pregunta complementaria que formulo, pero yo llevo aquí algunos años y estas preguntas formuladas al Consejo en materia de empleo ya empiezan a parecer, desde mi punto de vista, un ejercicio de sadomasoquismo, porque empezamos a formularlas- yo y otros colegas- cuando el desempleo en Europa representaba 11-12 millones de desempleados. 
Las declaraciones de intención y las promesas de las sucesivas presidencias fueron todas, solemnísimas y constituyeron ejercicios de gran afirmación. 
Lo que pasa es que hoy tenemos ya 18 millones de desempleados, 50 millones de excluidos, y yo creo que la cuestión se sitúa precisamente en una frase que el Presidente ha pronunciado al final de una de sus intervenciones, que ha sido: » Primero tenemos que crear riqueza y después distribuirla». 
Pero creo que a ese respecto resulta fundamental la cuestión. 
¿Es, señor Presidente, ese planteamiento práctico y exclusivamente monetarista que se ha dado a las cuestiones del empleo la forma que se considera más razonable, más positiva, para que creemos empleo? 
¿Es que sólo vemos un planteamiento concreto de la lucha contra el desempleo por la vía de la política monetaria, sin tener en cuenta medidas muy eficaces en materia de mercado laboral, de políticas activas de empleo, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, de apoyos selectivos a sectores dinámicos que han de ser debidamente apoyados? 
Yo creo que esas cuestiones son fundamentales y hay otra que también lo es, señor Presidente: hace unos años, cuando el Presidente Delors presentó aquí el Libro Blanco sobre la competitividad y el empleo, dijo que no hay soluciones nacionales para el problema de la lucha contra el desempleo. 
Lo que sucede es que hoy el planteamiento que se nos presenta es el de que las soluciones de lucha contra el desempleo ya no pueden ser específicamente europeas, sino que han de ser un planteamiento nacional y hay que respetar celosamente el principio de subsidiariedad. 
Yo creo que eso es lo que nos separa y podría conducir a más de un fracaso, en este caso de la Presidencia irlandesa, en relación con la lucha urgente contra el problema del desempleo. 
No sé dónde habrá estado su Señoría durante los últimos minutos, pero ciertamente no ha sacado esa conclusión de nada de lo que aquí he dicho. 
Espero que me disculpe mi franqueza, pero se trata de una cuestión importante. 
He sido muy claro en lo que he dicho. 
He hablado de empleo, de espíritu empresarial y de justicia social. 
He hablado de redistribución. 
He hablado del programa de desarrollo local de Irlanda. 
Estoy seguro de que existen programas similares en otros países, pero el informe de la OCDE sobre el desarrollo local de Irlanda se lo recomiendo a los diputados de esta Asamblea. 
No he hablado de ningún enfoque monetarista. 
Además, el programa de desarrollo local de Irlanda es una asociación, en primer lugar, entre la Unión Europea y el Estado, y segundo, entre el Estado y los interlocutores sociales: empresas, sindicatos y agricultores de las zonas rurales. 
Lamento que su Señoría no haya entendido lo que he dicho en la primera respuesta, aunque espero que ahora lo entienda. 
Además, debemos meternos en la cabeza que no administramos economías, administramos Estados. 
Los puestos de trabajo tienen un poder terapéutico además de su valor económico. 
Lejos de no desear nuevas formas de enfocar este problema a nivel europeo o a nivel de los Estados miembros, soy uno de los más ardientes defensores de planteamientos nuevos, y soy el ministro que se ocupa- desde el gabinete del Primer Ministro- del desarrollo local de mi país. 
Me alegraría tener la oportunidad de discutir este asunto del desarrollo local y de la aportación que puede hacer, no sólo, a la creación de empleo, sino también para frenar la injusticia social de forma más general a nivel de toda la Unión Europea. 
Su Señoría comprenderá que mi respuesta a su pregunta sea cautelosa, ya que el asunto del periódico Journalisten contra el Consejo, que actualmente se encuentra ante el Tribunal de Justicia de primera instancia, hace que algunos temas sean sub judice. 
No obstante, deseo hacer los comentarios siguientes. 
La declaración de defensa en cuestión fue puesta en conocimiento de la opinión pública por el periódico Journalisten a través de Internet. 
A raíz del incidente, el Tribunal de Justicia de primera instancia decidió suspender las actuaciones en el caso. 
En respuesta a la primera parte de la pregunta, quisiera remitir a su Señoría a la sentencia del Tribunal de Justicia del 30 de abril de 1996 del Caso nº C-58/94, de los Países Bajos contra el Consejo. 
En dicho caso, los Países Bajos pedían la anulación del Código de Conducta sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos del Consejo y de la Comisión. 
El Tribunal desestimó la petición por considerar que el Código de Conducta es una expresión de coordinación voluntaria hecha por el Consejo y la Comisión y, » por consiguiente, no tiene la finalidad intrínseca de ser legalmente vinculante». 
Es también el caso de las declaraciones adoptadas por el Consejo Europeo. 
El Tribunal de Justicia dictó una sentencia el 13 de enero de 1995, en el Caso C-264/94P, en el sentido de que las declaraciones del Consejo Europeo no son actos cuya legalidad pueda regirse por el artículo 133 del Tratado de la CE. 
En lo relativo a la segunda pregunta de su Señoría, ésta incluye una evaluación política que el Consejo no se ve obligado a hacer, y se limita a manifestar que la declaración en cuestión iba acompañada de otra declaración que hicieron todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, le agradezco al representante del Consejo de Ministros su respuesta, que considero clara e inequívoca. 
Tengo ante mí el documento confidencial al que usted hace referencia. 
En él el Consejo de Ministros defiende vigorosamente la falta de transparencia, y afirma de un modo totalmente correcto que el Código de Conducta no incluye ningún derecho legal de acceso a un documento, sino sólo a lo que se llama orientación sobre la política a seguir. 
Por lo que he entendido, usted confirma esta posición. 
Mi pregunta sobre la declaración sueca en relación con las negociaciones para la adhesión era si usted considera que esta declaración tiene un valor jurídico. 
¿Es posible hacer referencia a ella con ocasión de un procedimiento judicial? 
En conexión con lo anterior tengo dos preguntas más. 
El Consejo escribe en su documento que Suecia comete una infracción contra la legislación comunitaria si permite que se publique un acto jurídico que se considera confidencial dentro de la UE. 
La primera pregunta es: ¿Considera el Consejo que los países que aplican un principio de transparencia nacional más amplio que el de la Unión cometen una infracción en relación con la legislación de la Unión? 
Mi segunda pregunta gira en torno al hecho de que unos meses después de que se fallara el caso Journalisten, otro periodista sueco solicitó el mismo documento que el Consejo había rehusado entregar a Journalisten. 
En esta ocasión el documento fue entregado. 
Me pregunto por qué. 
¿Se había cambiado de opinión? 
¿Qué principios y qué política se han seguido? 
Como muchos otros diputados doy la bienvenida a la Presidencia irlandesa y le deseo suerte en sus trabajos. 
Le agradezco a su Señoría sus amables deseos. 
En lo relativo al Código de Conducta, Suecia hizo una declaración y los demás Estados miembros manifestaron que asumían dicha declaración como la aprobación del Código de Conducta por parte de Suecia. 
Ésa es, según tengo entendido, la situación. 
Permítame añadir que la Presidencia acoge con satisfacción cualquier avance hacia una mayor apertura y transparencia del Consejo. 
No obstante, habida cuenta de que el Consejo es un foro de negociación en el que, a menudo, se discuten temas nacionales muy delicados, debe mostrarse sensible ante las preocupaciones de los Estados miembros sobre temas específicos. 
Se ha avanzado considerablemente en el aumento de transparencia en el Consejo durante los últimos años, sin olvidar la introducción del nuevo Código de Conducta sobre transparencia el pasado año. 
Desde la Presidencia apoyaremos plenamente las propuestas para que en el texto del Tratado se incluya el tema de la transparencia en el contexto de la actual CIG. 
Si me permite hablar un momento a título personal, el Gobierno irlandés se siente completamente comprometido con el principio y la aplicación del principio de apertura y transparencia. 
Todo avance hacia una mayor apertura y transparencia de los organismos legislativos debe ser bien acogido, incluso en el contexto de la Unión Europea. 
La Unión ha sido acusada en numerosas ocasiones de no parecer relevante. 
Eso no es cierto, como sabemos todos los aquí presente. 
No obstante, tenemos la responsabilidad, ante aquellos que nos han elegido, de demostrar la relevancia de la Unión en sus vidas cotidianas. 
Una política de mayor apertura y transparencia sería útil en este proceso. 
Me congratulo de que la influencia sueca en el Consejo inyecte un ambiente y un enfoque de la transparencia y de la apertura que, en mi opinión, venía haciendo falta desde hacía mucho tiempo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, dado que la obligación de transparencia es distinta según actúe el Consejo como cuerpo legislador o como ejecutivo ¿puede confirmar el Consejo que, cuando se entregó el documento al que ha hecho referencia mi colega, ese documento carecía ya de valor político sensible y, por ello, se podía dar a conocer, cosa que no ocurría en el momento de la primera demanda? 
Y, una segunda pregunta, ¿no es cierto que la Unión Europea deberá tener en cuenta de acuerdo con el Tratado todas las tradiciones constitucionales de todos los Estados miembros, sobre la base del respeto mutuo- al margen de que en Suecia exista una mayor tradición de transparencia- y que, por tanto, cuando un Estado miembro recibe un documento que afecta a otro Estado miembro, deberá observar un código deontológico, en especial si se difunde por medio de Internet? 
Y aquí también habría que hablar de la deontología profesional de los abogados, que sí tiene valor jurídico pleno. 
Las preguntas que formula su Señoría son muy interesantes. 
En lo relativo al caso que nos ocupa, no deseo hacer ningún otro comentario por encontrarse sub judice. 
Debe tenerse en cuenta la situación constitucional de cada uno de los Estados miembros. 
No obstante, en el caso de Suecia, ha sido el país que más ha empujado a la Comunidad hacia todo este asunto de la apertura y la transparencia, y ha estado entre los principales Estados miembros que han incluido este aspecto en la agenda. 
Su Señoría me invita a comentar el papel del Consejo como legislador y en su papel de ejecutivo. 
Naturalmente existe una diferencia. 
Como decía antes, cuando actúa en este último papel, existe una clara diferencia de cuando actúa en su papel de legislador. 
Señor Presidente, sé que el autor de la pregunta ha recibido respuesta sobre una pregunta de la que los demás suecos somos suscriptores. 
La respuesta es muy importante porque el requisito de la transparencia está incluido en la declaración sueca, y la pregunta era: ¿Piensa el Consejo de Ministros que Suecia comete una infracción contra la legislación de la Unión si hace público un documento que se considera confidencial dentro de la UE? 
Es vital para nosotros que el Consejo de Ministros nos responda, puesto que se trata de saber si el compromiso y el acuerdo a que llegamos con ocasión de las negociaciones para la adhesión son válidos o no lo son. 
Tengo ciertas dificultades en lo que respecta a este caso en particular por encontrarse sub judice. 
Sé que los diputados están haciendo comentarios sin esperar realmente que yo responda a los mismos. 
Permítanme asegurar a la Asamblea, no simplemente en nombre de la Presidencia, sino también como miembro irlandés del Grupo de reflexión que trató muchos de estos temas, que este asunto está siendo estudiado en el marco de la Conferencia Intergubernamental y la Presidencia hará todo lo que esté en sus manos para intentar promover la apertura y la transparencia, al mismo tiempo que reconoce el derecho de los Estados miembros de dirigir sus asuntos de una forma aceptable para todo el mundo a través de un código de conducta. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 14 y 15 se contestarán simultáneamente. 
Pregunta nº 14 formulada por Alex Smith (H-0566/96): 
Asunto: Violaciones de los derechos humanos en Turquía 
¿Qué gestiones piensa efectuar el Consejo ante las autoridades de Turquía a la vista de las continuas violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en aquel país? 
Pregunta nº 15 formulada por Vassilis Ephremidis (H-0569/96): 
Asunto: Violación de los derechos políticos en Turquía 
Con su intención de prohibir un nuevo partido político, el Partido de los Trabajadores de Turquía, así como con la brutal represión de una manifestación pacífica llevada a cabo por ciudadanos turcos contra estos planes, las autoridades turcas han dado un paso más en el camino de la flagrante violación de los derechos humanos. 
A raíz de la brutal intervención de la policía contra los manifestantes resultaron heridas 200 personas, y otras 250 fueron detenidas, entre las que figuraban heridos que ya habían sido trasladados al hospital. 
Las autoridades turcas que detuvieron el mismo día a dirigentes del Partido Democrático Kurdo, al término de los trabajos de un congreso del partido, siguieron la misma táctica de detenciones arbitrarias. 
¿Puede indicar el Consejo si piensa plantear a las autoridades turcas el problema de la violación de los derechos políticos en Turquía y, más en concreto, el de la reiterada táctica de prohibir el funcionamiento legal de los partidos y detener a dirigentes políticos? 
El Consejo atribuye la máxima importancia al respeto de los derechos humanos y de la democracia en Turquía, y no duda en condenar las violaciones de los mismos en sus contactos con las autoridades turcas. 
El Consejo ha dejado claro en repetidas ocasiones al Gobierno turco, y continuará haciéndolo, que el respeto del Estado de derecho y de las libertades fundamentales, a las que todos los ciudadanos de Turquía tienen derecho, es una condición para estrechar las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. 
El Consejo continúa vigilando de cerca la situación de los derechos humanos y el desarrollo democrático en Turquía. 
Yo también me sumo a los que han expresado la bienvenida y sus buenos deseos a la Presidencia irlandesa. 
Aquí estamos los escoceses para darle también la bienvenida, señor Presidente en ejercicio. 
Lamento decir que me siento decepcionado con la respuesta. 
Mi pregunta complementaria es la siguiente: ¿Puede el Presidente en ejercicio prever una situación en la que vayamos más allá de la mera condena de las contantes violaciones de los derechos humanos hasta el punto de que el Consejo tome realmente medidas, como suspender los acuerdos de cooperación, si continúan las violaciones de los derechos humanos en la proporción en que se están produciendo en estos momentos? 
En estos mismos momentos, el Tánaiste, Sr. Spring, se encuentra reunido con la ministra turca de Asuntos Exteriores en Dublín. 
Puedo asegurar a la Asamblea que las preocupaciones que el Sr. Smith ha manifestado aquí- a quien agradezco sus comentarios y deseo decir go raibh mile maith agat- son temas que se plantean regularmente en las reuniones de este tipo. 
Es una opinión muy acertada. 
En realidad, la cuestión es la siguiente: ¿podemos promover mejor nuestra influencia en materia de derechos humanos si continuamos con el tipo de relaciones que actualmente mantenemos con Turquía? 
Y la respuesta es afirmativa. 
Podemos ejercer más influencia sobre ellos a través del actual vehículo, de la que podríamos obtener de otra forma. 
En otras palabras, conseguiremos más con la zanahoria que con el palo. 
La Unión emitió un dictamen en lo relativo a la unión aduanera, por ejemplo, que esta Asamblea ratificó y respaldó. 
Acercar a Turquía al modo de pensar de Occidente en lo relativo a temas como los derechos humanos es el mejor medio de que disponemos para influenciar a ese país. 
Le agradecería que tuvieran la seguridad de que el asunto planteado por su Señoría está en la mente del Consejo y que se pone sobre la mesa en cada ocasión. 
Mucho me gustaría transmitir la enhorabuena de mis colegas al Presidente en ejercicio, porque es irlandés y joven. 
Pero por desgracia la respuesta que ha dado a este tema me obliga a transmitirle mis condolencias, porque no ha hecho sino repetir los mismos cuentos que venimos oyendo desde hace 15 años. 
Señor Presidente del Consejo, no hay un foro donde no se haya denunciado con datos concretos la violación de los derechos humanos en Turquía. 
No hay reunión donde no se hable del genocidio del pueblo kurdo, sobre la violación de los derechos de los ciudadanos turcos, puesto que tienen prohibido fundar partidos políticos y, en caso de que los funden, si no son del gusto de la Sra. Çiller o de los jefes militares, son disueltos. 
Ahora llega usted, un presidente en ejercicio irlandés, y sin la más elemental sensibilidad, pues siendo irlandés su sensibilidad debería ser superior a la de otros, me da esa respuesta. 
Ni zanahorias, ni nada: haga simplemente lo que ha dicho: si viene un militar y le ordena al Consejo que quiere entrar en la Unión, no sólo no lo admitirán, sino que además lo echarán de aquí. 
Pero luego llega una señora con un vestido largo y llega un islamista, y ustedes les ofrecen unión aduanera y el programa MEDA con una suculenta financiación. 
Esto es lo que les pedimos; éstas son las medidas: no se trata ni de zanahorias ni de sanciones, sino de restringir las medidas que favorezcan a Turquía y a su régimen político. 
¿Pueden ustedes hacerlo? 
Es su deber, déjense de cuentos y de desarrollar el tema del respeto y la importancia que confieren a los derechos humanos y al Estado de derecho. 
Debo informar a la Asamblea que Turquía no es miembro de la Unión Europea y, por consiguiente, no estamos en condiciones de dictar al país cómo debe llevar sus asuntos ni compartir con ellos, de la forma en que podríamos compartir con los Estados miembros, la búsqueda del consenso sobre nuestro modo de resolver los problemas. 
Es una cuestión que depende de un equilibrio muy delicado, una cuestión muy especial e importante. 
Agradezco a su Señoría sus amables deseos. 
Quiero asegurarle que el objetivo de la Unión Europea es hacer avanzar el proceso de democratización y la protección de los derechos humanos en Turquía. 
Como decía hace un momento, el Tánaiste y ministro de Asuntos Exteriores se encuentra esta noche reunido en Dublín con la ministra turca de Asuntos Exteriores. 
La Asamblea puede tener la certeza de que estos temas son abordados siempre que se celebra una reunión de este tipo. 
En mi opinión, la auténtica diplomacia, la de abrir canales y mantenerlos abiertos, es nuestra mejor baza para promover nuestras opiniones en lo relativo a la solución de estos problemas. 
Éste es el camino por el que la Presidencia se propone continuar. 
Asunto: Situación en Birmania 
Esta semana murió el cónsul danés, James Leander Nichols, en una prisión en Birmania. 
Las causas de la muerte no están claras y las autoridades danesas intentan conseguir información sobre los detalles de la muerte y han solicitado la autopsia del cadáver por forenses independientes del Gobierno birmano. 
Ante este trágico hecho, ¿cuál es la reacción de la UE? 
¿Se propone la UE adoptar sanciones contra Birmania? 
En nombre del Consejo, deseo expresar mi más sincero pésame a la familia del Sr. James Leander Nichols, que falleció el 22 de junio de 1966 mientras se encontraba detenido por haber utilizado sin permiso el fax y el teléfono. 
El Sr. Nichols era cónsul honorario de Dinamarca y representaba además a Finlandia, Noruega y Suiza en Rangún. 
El 5 de julio de 1996, la UE emitió una declaración en la que expresaba su profundo malestar ante el continuo deterioro de la situación política en Myanmar, Birmania. 
En dicha declaración, la UE comunicaba que esperaba una explicación exhaustiva y satisfactoria de las autoridades birmanas de las circunstancias que condujeron y rodearon la muerte del Sr. Nichols. 
Además, la UE encargó una investigación por parte del enviado especial de las Naciones Unidas en Myanmar sobre la muerte del Sr. Nichols. 
La situación y la posible acción de la UE fueron debatidas en profundidad en el marco del Grupo de trabajo para Asia-Oceanía de la PESC el pasado 2 de julio y, a continuación, en el Comité Político el pasado 5 de julio. 
Además, hoy se está discutiendo en Bruselas el tema de la acción coordinada de la UE en una reunión extraordinaria del Grupo de trabajo para Asia-Oceanía de la PESC a la luz de las negociaciones de los ministros en el Consejo de Asuntos Generales celebrado esta misma semana, los días 15 y 16 de julio. 
Quiero dar las gracias al Presidente del Consejo por lo que se ha hecho hasta ahora, pero todo lo que ha dicho encaja dentro de lo que se puede llamar diplomacia crítica. 
El Presidente del Consejo ha manifestado en relación con Turquía que se trata de mantener los canales políticos abiertos, pero en este caso los canales políticos están obstruidos. 
No obstante, constituía uno de los lazos diplomáticos que teníamos con el régimen de Birmania. 
Ahora ha muerto, y lo que pide la oposición, el movimiento democrático, es que apliquemos sanciones económicas. 
Me parece que las condiciones allí son parecidas a las que reinaban en Sudáfrica. 
Toda la oposición pide sanciones económicas. 
No las aplicaríamos en contra de la opinión del pueblo birmano. 
Por esto motivo, ruego al Presidente del Consejo que investigue una vez más la posibilidad de acceder a los deseos de la oposición de Birmania y de adoptar sanciones contra la junta ilegítima que ejerce el poder en este momento. 
Permítame informar a la Asamblea que este asunto fue puesto sobre la mesa con carácter de urgencia por el ministro danés de Asuntos Exteriores, quien también me lo planteó personalmente durante mi reciente visita a Suecia. 
Sé que el tema preocupa no sólo a los diputados daneses, sino a toda la Asamblea. 
En cuanto a los comentarios ofrecidos por el Gobierno birmano, son del todo inadmisibles e incivilizados, dadas las circunstancias. 
Aseguro a la Asamblea que el asunto fue discutido hace apenas dos días en el Consejo de Asuntos Generales y que está siendo estudiado hoy por el Grupo de trabajo para Asia y Oceanía de la PESC en Bruselas, a la luz de lo que se dijo en el Consejo de Asuntos Generales, y que nosotros proseguiremos este asunto y recurriremos a todos los medios a nuestro alcance. 
¿Podría el Presidente en ejercicio ser más concreto en lo relativo a las sanciones económicas? 
¿Tiene conocimiento el Sr. Presidente en ejercicio que Aung San Suu Kyi, la líder de la oposición democrática de Birmania, ha pedido que se apliquen medidas económicas prácticas que, como ella dice, es la única forma de conseguir un cambio político en el país? 
¿No cree que deberíamos prestar atención a lo que ella dice, y evitar que se repita lo que sucedió en el caso de Sudáfrica, cuando desoímos los llamamientos de la ANC para que impusiéramos sanciones económicas al país en tiempos del apartheid? 
En opinión de Aung San Suu Kyi, la pobre población birmana ya está sufriendo bastante, y las sanciones económicas sólo acelerarían la llegada del día en que vuelva un gobierno democrático y fiable. 
Quisiera preguntarle, señor Presidente en ejercicio, ¿cuál será su posición en la Conferencia de la ASEAN, que se celebrará en Yakarta la semana próxima, en representación del Consejo? 
¿Qué le dirá al Slorc, que ha sido admitido en calidad de observador oficial en la Conferencia; para gran disgusto de la comunidad internacional? 
¿Qué dirá usted a los países de la ASEAN, a esos países vecinos que se están precipitando a reinvertir en Birmania, ahora que se han retirado del país firmas como Heineken y Carlsberg, entre otras? 
El Grupo de trabajo está analizando todas las posibilidades: nada se da por descontado ni por descartado; se están estudiando todas las respuestas posibles. 
Puedo confirmar además a la Asamblea que el Tánaiste y ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Spring, que viajará a Yakarta, presentará este asunto con toda firmeza y se encargará de transmitir de manera inequívoca las opiniones del Consejo de Asuntos Generales y de esta Asamblea y, de hecho, de la población europea, de manera que no quede la menor duda de nuestro rechazo y de nuestro horror por lo que ha sucedido en estas circunstancias. 
Señor Presidente ¿puede decirme la Presidencia por qué está considerando sanciones contra Birmania, cosa que veo con cierta simpatía, y, en cambio, han de ser contraproducentes, por ejemplo, las sanciones contra Cuba? 
Quisiera saber, ante todo, si existe alguna línea general respecto de la política de sanciones. 
Queremos implantar los derechos humanos. 
Tenemos intereses económicos. 
Hemos de equilibrar ambas cosas, pero no deberíamos medir con dos medidas. 
Recuerdo a su Señoría que lo que he dicho es que el Grupo de trabajo para Asia y Oceanía está examinando el tema a la luz de las negociaciones que han mantenido los ministros en el Consejo de Asuntos Generales a comienzos de esta semana. 
No doy nada por descontado ni por descartado: el asunto está siendo estudiado aún. 
Como sabrá su Señoría, la actual legislación sobre la utilización de redes de enmalle a la deriva por la que se prohíbe utilizar redes de más de 2, 5 kilómetros de longitud en aguas comunitarias, fue aprobada por el Consejo en 1992. 
En abril de 1994, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de reglamento para que se prohíban esas artes de pesca. 
El Consejo ha considerado la propuesta en varias ocasiones a la luz del dictamen emitido por el Parlamento Europeo en julio de 1994, sin que haya tomado ninguna decisión al respecto. 
El asunto fue discutido por última vez en la reunión del Consejo de Pesca del 22 de abril de 1996, ocasión en la que la Comisión manifestó su deseo de que se avance en este tema y en la que se declaró dispuesta a estudiar cualquier idea constructiva que le presenten las delegaciones con vistas a obtener mayoría cualificada sobre la propuesta. 
Por otro lado, la negociación permite asimismo al Consejo reiterar la importancia que éste atribuye al cumplimiento de la actual legislación comunitaria y a expresar su satisfacción por los avances alcanzados en la aplicación de las disposiciones. 
Los procedimientos sobre la propuesta de reglamento siguen su curso y el asunto se encuentra aún en el Consejo. 
A estas alturas de las negociaciones no es posible prejuzgar la posición que adoptará el Consejo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿puede precisar si el Gobierno español, en caso de que quisiera hacerlo, podría presentar una nueva propuesta que recogiera la nueva situación de Italia y que recogiera la posibilidad de diferenciar el Báltico y modificar la actual situación? 
Es decir, habida cuenta de que, si el Gobierno español tiene esta potestad y no la utiliza, ello sería reprobable, ¿puede precisar el Consejo si el Gobierno español podría presentar una nueva propuesta? 
Como su Señoría habrá podido deducir de mi respuesta, la Comisión presentó en efecto una propuesta de reglamento sobre la prohibición de las volantas. 
La propuesta está siendo estudiada. 
Corresponde ahora a cualquiera de los Estados miembros, en respuesta a la propuesta, presentar nuevas propuestas que considere de utilidad en las circunstancias actuales. 
Espero que las medidas para vigilar el cumplimiento de los acuerdos en el caso de la pesca del atún en 1995 hayan logrado eliminar la mayoría de los problemas que surgieron en años anteriores. 
Los mismos acuerdos de 1996 garantizarán, al menos, que la pesca se sigue practicando de manera ordenada, y cuanto a la pesca del atún, está siendo objeto de una vigilancia muy estrecha en las aguas de la UE. 
O sea, que hemos avanzado algo en ese sentido. 
Pero corresponde a los Estados miembros, en caso de que éstos deseen responder a la propuesta del Consejo, presentar sus reacciones para que los demás Estados miembros las estudien y la Comisión tome medidas al respecto. 
Pregunta nº 18 formulada por Susan Waddington (H-0585/96): 
Asunto: Presidencia irlandesa- exclusión social 
La Presidencia irlandesa ha incluido la exclusión social entre los principales puntos de su orden del día. 
Considerando que, con vistas a una actuación integrada, constituye un evidente obstáculo la fragmentación de los instrumentos de esta política entre los servicios de la Comisión (Empleo- DGV, Sócrates y Leonardo- DGXXII, Medio Urbano- DGXVI) y las carteras de varios Comisarios (Flynn, Cresson, Wolf-Mathies y Fischler) , ¿podría la Presidencia solicitar al Presidente Santer que se establezca un «grupo de trabajo» interno de todos los Comisarios con competencias en la materia, con el objetivo común de desarrollar estrategias y coordinar recursos para combatir la exclusión social en Europa? 
¿Está de acuerdo la Presidencia en que la primera prioridad del «grupo de trabajo» debería consistir en presentar un informe al Consejo Europeo de Dublín en diciembre? 
La exclusión social y el desempleo de larga duración aunque no son sinónimos, sí están relacionados entre sí. 
Por ello las políticas que están enfocadas hacia el paro de larga duración, ya sean medidas estructurales o programas de actividades, ejercen una influencia directa sobre la exclusión social. 
Como he dicho antes, en mi país hemos puesto en marcha una nuevas estructuras muy interesantes para atajar la exclusión social de dos maneras diferentes. 
Primero, promoviendo la participación de las comunidades locales y dotándolas de los medios necesarios para atender a sus necesidades en asociación con las autoridades estatutarias y los interlocutores sociales. 
Y segundo, estamos proporcionando los recursos a dichas asociaciones para que puedan abordar de manera flexible, bien enfocada e integrada la compleja interacción de factores que generan la pobreza y la marginación. 
A través de un enfoque estratégico que aúna la educación, la formación, la iniciativa, el empleo y la gestión de bienes inmuebles, especialmente en zonas urbanas, estamos proporcionando los medios necesarios a las comunidades para que sean ellas mismas las que ponen en marcha un círculo productivo, en sustitución del círculo vicioso, en materia de desempleo de larga duración y de exclusión social, y esto tiene una aplicación tanto urbana como rural. 
La Presidencia irlandesa es partidaria de que en la CIG se establezca una base más firme para atajar la exclusión social. 
A corto plazo, es mucho lo que debemos aprender unos de otros, y la Presidencia irlandesa está dispuesta a tomar la iniciativa en este intercambio de ideas y experiencias. 
Yo también deseo dar las gracias al Presidente en ejercicio por la respuesta tan interesante que nos ha ofrecido sobre la experiencia irlandesa. 
¿Se servirá, señor Presidente en ejercicio, del éxito obtenido en esa experiencia para intentar persuadir a los distintos Comisarios y Directores generales para que colaboren en el desarrollo de un objetivo común y estrategias comunes, haciendo uso de sus recursos comunes con el fin de combatir la exclusión social así como el desempleo de larga duración? 
En primer lugar, debo pedir disculpas a su Señoría. 
Le he ofrecido la segunda página antes que la primera, por lo que me temo que le he respondido en orden inverso. 
No obstante, lo que quería decir consta ya en Acta y espero que su Señoría lo encuentre de utilidad. 
En lo relativo a la pregunta, el Consejo reconoce plenamente que la exclusión social y la marginación de un creciente número de personas que anteriormente gozaban de seguridad financiera es un fenómeno inadmisible que socava los fundamentos de la sociedad. 
Constituye un desafío importante que deberá ser afrontado con la mayor determinación. 
El Consejo considera que debemos recurrir a todos los medios para atajar este problema corrosivo. 
El Consejo es de la opinión que uno de los elementos primordiales de la lucha contra la exclusión social es la reducción del paro. 
El Consejo Europeo de Florencia, por su parte, observó en sus conclusiones la posibilidad de enfocar cada vez más las políticas estructurales hacia la creación de empleo. 
En lo relativo a la sugerencia que hace su Señoría en su pregunta, esos asuntos continúan siendo competencia exclusiva de la Comisión porque están relacionados exclusivamente con la organización interna de los servicios de dicha institución. 
El Consejo, por lo tanto, no está en condiciones de abordar este asunto en particular. 
En cuanto a toda la cuestión de la exclusión social y el paro de larga duración, son temas que se encuentran en el centro de las propuestas del Pacto por el empleo elaborado por el Presidente Santer, y la Presidencia irlandesa se ha comprometido a impulsar el proceso del pacto. 
En este sentido, estamos concediendo la máxima prioridad a estos temas. 
Además, con ayuda de la Comisión, estamos organizando una conferencia de la Presidencia sobre iniciativas locales para el desarrollo que se celebrará en noviembre en Dublín durante nuestra Presidencia. 
La conferencia nos brindará la oportunidad de intercambiar información, ideas y experiencias sobre el modo en que las estrategias locales para el desarrollo, como las que se han puesto en marcha en Irlanda, ofrecen una respuesta eficaz a los problemas del desempleo y la exclusión social. 
La conferencia es especialmente oportuna, habida cuenta del énfasis que se ha puesto en los pactos territoriales a favor del empleo que contienen las propuestas de la Comisión. 
La Presidencia irlandesa acoge con satisfacción este énfasis que se ajusta por completo a nuestras propias experiencias y prioridades. 
Además, la Comisión está organizando una conferencia sobre el desarrollo rural que deberá celebrarse en Cork durante nuestra Presidencia. 
Dicha conferencia nos brindará la ocasión de reflexionar sobre las medidas que se están desarrollando, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, para solucionar los problemas del desarrollo rural. 
Tomo nota de lo que ha dicho su Señoría, y espero que su Señoría también tome nota de mi respuesta en el sentido de que este asunto es, principalmente, competencia de la Comisión. 
En la medida en que la Presidencia pueda avanzar en la búsqueda de una solución al problema que ha planteado su Señoría, espero que esta respuesta y nuestra trayectoria le permitan deducir que es algo que ciertamente nos gustaría hacer en la medida de lo posible durante nuestra Presidencia. 
Muito obrigado, Senhor Presidente. Creo que la cuestión candente es también hasta qué punto la Presidencia ve la posibilidad de aprovechar dentro del marco del procedimiento de Essen las posibilidades de extender las consultas entre los Estados miembros sobre su política de empleo a la forma de utilización de los Fondos estructurales. 
La segunda cuestión es la de en qué medida estas consultas implican que se discuta realmente sobre las opciones macroeconómicas de la política económica y se pone en discusión un nuevo policy mix, tal como ha pedido este Parlamento, que vaya más allá de las viejas tautologías sobre que una sólida política económica conducirá también alguna vez a una sólida política de empleo. 
Una de las cosas que me preocupan enormemente es el hecho de que cuando hemos tenido tasas de crecimiento fenomenales, éstas no se hayan traducido en empleo. 
Es algo que ciertamente necesita ser estudiado. 
Espero que este asunto sea abordado en el marco del Segundo informe anual sobre el empleo que será presentado al Consejo Europeo de Dublín. 
Reitero algo que ya he dicho antes. 
Un puesto de trabajo no sólo tiene valor económico. 
Tiene valor terapéutico. 
Debemos comenzar a pensar en nuevas formas, porque el desempleo no sólo es malo para la persona que está en paro, crea terribles problemas para la sociedad y para las comunidades. 
Es nuestro deber, el deber de los políticos, y no el de los economistas, intentar encontrar formas- formas nuevas e innovadoras- de abordar este problema en particular. 
El tema de la exclusión social es un asunto al que la Presidencia atribuye gran prioridad. 
Uno de los temas que su Señoría plantea es la cuestión de la estrategia de Essen que, precisamente, incluía un informe sobre iniciativas locales y lo que éstas pueden aportar. 
En una reunión informal del Consejo de Ministros de Asuntos Sociales, celebrada del 10 al 12 de julio en Dublín, se discutió el tema general de la protección social y el desempleo de larga duración, y se hizo referencia en especial a la necesidad de mejorar la eficacia de los sistemas de protección social en la ayuda que éstos prestan a los miembros más desfavorecidos de la sociedad para poder tener acceso al empleo. 
La Presidencia organizará más debates sobre este tema en los que se intentará sacar provecho de la experiencia y los conocimientos obtenidos hasta ahora y se intentará establecer un enfoque común de la exclusión social y la pobreza. 
Además, el fundamento jurídico de la acción comunitaria para combatir la exclusión social se incluye entre los temas de la Conferencia Intergubernamental. 
Sería, por lo tanto, prematuro sacar conclusiones sobre los resultados de las deliberaciones de la Conferencia. 
No obstante, no creo que sea necesaria la frase que ha utilizado su Señoría. 
No sé si debemos confiar en antiguas fórmulas macroeconómicas para atajar el problema. 
Creo que debemos estudiar posibles soluciones al problema sin ponernos limitaciones. 
En cierta medida, nuestro enfoque es limitado. 
Hace falta más imaginación y más innovación. 
Ciertamente me gustaría que esto se explorara más a fondo. 
Espero que durante nuestra Presidencia podamos contribuir a ello de algún modo. 
Agotado el tiempo previsto para el turno de preguntas, las preguntas núms. 19 a 28 recibirán respuesta por escrito. 
Señor Presidente, deseo plantear una cuestión de orden relativa a la lentitud con que el Consejo facilita las respuestas por escrito. 
Tengo entendido que el Consejo se ha comprometido a responder a las preguntas de los diputados al Parlamento Europeo en el plazo de seis semanas, pero con demasiada frecuencia, las respuestas llegan dos, tres o incluso cuatro meses más tarde. 
Sé que el Consejo no dispone de personal suficiente para ocuparse de dichas preguntas, pero espero que la Presidencia irlandesa pueda ocuparse de que las respuestas a las preguntas se ofrezcan lo más rápidamente posible y, preferentemente, dentro del plazo de seis semanas. 
Es un asunto que me preocupa. 
No estoy muy seguro de que podamos hacer algo al respecto durante la Presidencia de Irlanda, que es un Estado relativamente pequeño, pero estudiaremos el modo de mejorar la situación. 
Puede que en el contexto de la Conferencia Intergubernamental tengamos que hacer algo más estructural para resolver el problema. 
Pero reconozco que el problema existe. 
Sinceramente, no estoy muy seguro de poder hacer algo al respecto, pero lo estudiaremos y veremos si es posible introducir alguna mejora. 
Muchas gracias, señor Ministro, agradezco su colaboración. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.35 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Secuestros de niños (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate de las preguntas orales sobre el secuestro de niños en los Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, el secuestro de niños es un fenómeno muy frecuente en el que los niños son quienes más sufren. 
Son arrancados de su ambiente habitual y arrojados a conflictos de sentimientos, lo cual puede tener para el ulterior desarrollo del niño graves consecuencias que sólo pueden ser eliminadas con mucho esfuerzo. 
Sobre esto he mantenido suficientes entrevistas con muchos afectados y también con ONG y he constatado cómo es esto para los niños. 
Sin embargo, a los niños se les escucha demasiado poco y apenas se les toma en serio en estos procesos. 
No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que con mucha frecuencia ya no existe la familia en el sentido tradicional. 
La estadística de todos los países y de la Unión nos muestra que hay un aumento de progenitores solos con hijos. 
Y para directamente a los niños en tales casos son necesarias regulaciones legales. 
Quisiera completar con la convención sobre los derechos de los niños los convenios ya existentes que se mencionan en la presente propuesta de resolución. 
Quisiera puntualizar además que los convenios existentes no están ratificados aún por todos los Estados miembros ni han sido trasladados a las legislaciones propias. 
Por lo demás, quiero instar a la Comisión que nos informe, no sólo sobre lo que hoy estamos hablando, sino sobre todos los tipos de secuestro transfronterizo de niños en la Unión. 
A este respecto ha de iniciarse, financiarse y coordinarse la correspondiente investigación para constatar qué consecuencias tiene para los niños el proceso de integración europea. 
Quiero instar al Consejo Europeo a que en la Conferencia Intergubernamental de 1996 denomine a los niños como grupo específico de personas. 
Creo que es correcto que los niños tengan sus derechos específicos. 
Señor Presidente, la pregunta oral de las Sras. Banotti y Green y la correspondiente resolución plantean un problema específico, humano y jurídico de gran interés y, por ello, deseo dar las gracias a las autoras de la pregunta. 
El tema abordado es la protección de los menores en el supuesto de matrimonios mixtos, la forma de evitar la sustracción de dichos menores en el caso de divorcio, y la protección de los derechos de los padres de estos niños. 
El aspecto más significativo de esta resolución consiste en la búsqueda de un enfoque concreto para un problema destinado a alcanzar dimensiones cada vez más grandes, tal como la Sra. Banotti acaba de apuntar. 
En la búsqueda de estas soluciones se deben afrontar grandes problemas con respecto a los derechos y a las garantías, sin embargo, considero que ante todo y por vez primera surge de forma concreta el concepto de ciudadanía. 
Éste es uno de esos temas cuya correcta solución no sólo evita traumas e incomprensiones a los ciudadanos, sino que evidencia la utilidad de la ciudadanía europea, su espíritu y su capacidad de garantizar los derechos de los ciudadanos. 
Según mi punto de vista, no obstante, dicha ciudadanía no existe si no se logra un espacio jurídico común, tal como queda demostrado en esta resolución. 
Este espacio jurídico común corresponde aproximadamente a lo que, a la hora de elaborar los programas europeos, se denomina valor añadido europeo. 
Estimo que debe garantizarse este espacio jurídico a fin de conseguir al menos tres objetivos: ante todo, cumplir de forma homogénea los convenios internacionales, como el de La Haya y el de Luxemburgo, suscritos por nuestros Estados, habida cuenta de que en los procedimientos siguen existiendo diferencias que los tribunales no saben evaluar adecuadamente. 
El segundo objetivo es que este espacio jurídico comunitario debe configurarse como un instrumento jurídico comunitario- el proyecto de convenio que hoy se debatía y al que se refirió también el Presidente del Consejo- que convierta en más fáciles y más seguros estos juicios. 
El tercer objetivo es el de garantizar la posibilidad de evitar cualquier incertidumbre y asegurar cierta coherencia entre los propios convenios, es decir, el de La Haya y el que vamos a aprobar. 
Considero que si somos capaces de llevar a cabo de forma efectiva esta colaboración judicial y crear este espacio jurídico común, no cabe duda de que lograremos avances por lo que respecta a la ciudadanía europea. 
Señor Presidente, deseo agradecer a la Sra. Banotti el haber sometido a la atención de este Parlamento la cuestión de los menores y de las violencias psicológicas y física que pueden sufrir. 
Hoy, el problema de la necesidad de adecuados instrumentos jurídicos de protección de los menores y de la infancia se considera una cuestión fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad civil. 
El estado de la aplicación del Convenio sobre menores del Consejo de Europa de 1989 y del Convenio sobre la infancia de la ONU es a menudo objeto de encuentros y seminarios, así como de la atención de los medios de comunicación. 
En estos últimos años, numerosas iniciativas de voluntariado nacionales intentan someter el problema a la atención de la opinión pública, cuando no se organizan para ofrecer a los adolescentes una ayuda específica y puntual. 
Éste, y es un ejemplo que deseo hacer, es el caso del «teléfono azul» , iniciativa espontánea nacida en Italia y a la que han adherido especialistas y voluntarios que con la ayuda de particulares y suscripciones populares, han puesto a disposición de todos los menores una línea de teléfono gratuita. 
En muchas instancias internacionales se está trabajando en torno a textos normativos dirigidos a reconocer a los menores derechos y deberes que, al mismo tiempo, protejan su peculiaridad y creen instrumentos válidos para una adecuada protección de los potenciales humanos. 
Tal como prometió la Presidencia italiana, el Consejo de los ministros de Justicia y de Asuntos Interiores del 4 de junio estudió las posiciones de los Estados miembros en relación con un proyecto de posición común sobre el Convenio de La Haya y la protección de menores. 
La Presidencia italiana quiso asimismo que dicho Consejo de los Ministros examinara el estado de los trabajos de modificación del Convenio de Bruselas relativo a la competencia jurisdiccional, al reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras en materia de derecho de familia todavía en curso. 
El proyecto de modificación prevé, de hecho, entre otras cosas, la inclusión de los supuestos relacionados con los menores. 
Al no haber alcanzado un acuerdo los representantes nacionales, la Presidencia irlandesa se ha comprometido a incluir el asunto en el orden del día de los próximos Consejos de Justicia y Asuntos Interiores, en especial por lo que se refiere a la previsión de cláusulas de reenvío entre ambos textos a fin de evitar conflictos jurídicos. 
Dichas iniciativas son necesarias e importantes, sin embargo, no son suficientes. 
Hoy la infancia debe considerarse por lo que es: el mayor recurso de capital humano de nuestra sociedad. 
El problema objeto de debate- el secuestro, la sustracción de menores- representa sólo un pequeño aspecto del conjunto de la problemática. 
El menor es, de hecho, objeto de contienda entre dos personas de diferente nacionalidad que dejan de compartir el domicilio conyugal; el mismo ya no tiene derecho de mantener las indispensables relaciones humanas para su desarrollo armónico; sufre por los conflictos de los padres; se convierte incluso en una especie de objeto robado. 
Por lo que se refiere, en particular, a las sustracciones, no cabe duda de que se suman problemas psicológicos y físicos hasta llegar a la sustracción forzosa. 
La Unión Europea debe ser capaz de mirar hacia delante y de desempeñar un pequeño y, sin embargo, importante papel impulsor. 
Confío en que ésta sea sólo una de las muchas sesiones plenarias en que los menores sean objeto de la atención del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, un amiga mía inglesa vive aterrada con la idea de que su ex marido griego secuestre al hijo de ambos y se lo lleve a Grecia. 
El niño no comprende nada y vive escondido en un sótano. 
Un amigo mío holandés está muerto de miedo de que su ex mujer francesa secuestre a los niños y que él no vuelva a verlos nunca más. 
Los niños van al psiquiatra. 
Se trata de dos simples ejemplos. 
Que nosotros, los adultos, armemos un desastre es nuestro problema. 
Pero no hemos de dejar que lo paguen los niños y hemos de limitar al máximo los daños. 
Los niños tienen derecho a ver a ambos progenitores. Incluso en la Europa sin fronteras, si los padres viven en países diferentes después del divorcio. 
Nuestra compañera irlandesa, Mary Banotti, tiene un montón de trabajo como mediadora europea con todos los penosos problemas que le están presentando en este sentido. 
Por ello, también el Grupo de los Liberales quiere que Europol adquiera la competencia de registrar a los niños secuestrados y desaparecidos. 
Pido encarecidamente a la Presidencia irlandesa que junto con la próxima Presidencia neerlandesa tome esta iniciativa para lograr una cooperación y un intercambio de información transfronterizo estructurado entre la policía y la justicia. 
Me complace que esta tarde tanto el ministro Quinn como el Comisario Gradin hayan hablado positivamente al respecto. 
Asimismo pedimos procedimientos armonizados y juzgados especializados para ejecutar los convenios de La Haya y Luxemburgo. Luego una legislación europea con procedimientos para una ejecución automática de las órdenes judiciales. 
También en este ámbito es muy positivo que se esté preparando un nuevo convenio de Bruselas II. 
Mejor hoy que mañana. 
Pero en él tiene que regularse también la legislación europea sobre el derecho de visitas para los hijos naturales y la asistencia jurídica garantizada. 
Por último, pedimos la inclusión de una cláusula en los acuerdos de la Unión Europea con terceros países sobre la cooperación en caso de secuestro. 
Más vale prevenir que curar. 
Con una legislación clara y armonizada, con cooperación entre la policía, la justicia y Europol, podremos evitar muchas miserias a los niños. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias a la Sra. Banotti por habernos planteado esta importantísima cuestión. 
Pocas experiencias son más traumáticas para los niños que el darse cuenta de que son objeto de querellas entre sus progenitores. 
Si a eso se añaden las molestias de verse trasladados de una instancia a otra y de no poder ver a su padre o a su madre- como tampoco a sus abuelos y a sus familiares en general- entonces el trauma es aún más profundo. 
La Unión Europea podría aportar una importante contribución a la solución de las gravísimas inquietudes que suscita este problema en todos los países de la Unión si consiguiera establecer un texto sobre el particular que fuera vinculante para los Estados miembros. 
Quisiera hacer constar en acta que es importante que nos ocupemos de las cuestiones que presentan verdadera importancia para los pueblos de Europa, y no únicamente de las cuestiones mundiales; no únicamente de la grande politique, sino de verdaderos problemas que influyen en la vida de nuestros ciudadanos. 
Si nos limitamos a considerar que estas cuestiones son puramente de ámbito nacional, que es lo que ha sucedido en las legislaciones nacionales respecto de muchas cuestiones relacionadas con la familia, entonces cometeremos una grave injusticia para con nosotros mismos y para con los pueblos de Europa. 
Me alegra que la Sra. Gradin haya dicho que la Comisión se ocupará rápidamente de esta cuestión, pero me consterna que el Consejo diga que no tiene tiempo disponible en su orden del día. 
No me estoy refiriendo a la labor del actual Presidente en ejercicio del Consejo. 
Me hago cargo de la situación pero, para beneficio de todas las personas que en tantos sitios se están ocupando ya de esta cuestión, les ruego que la aborden con prontitud. 
He tenido que ocuparme de este asunto personalmente y sé lo urgente que es su solución para los pueblos de Europa. 
Señor Presidente, el Grupo de Coalición Radical Europea, al que pertenezco, se asocia plenamente a la actuación de la Sra. Banotti. 
En efecto, nos gustaría saber en qué han quedado las promesas que se nos hicieron hace ahora seis meses, según las cuales tenía que crearse muy rápidamente una jurisdicción europea en materia de secuestros de niños. 
Por otra parte, nos ha complacido oír las intenciones de la Presidencia irlandesa al respecto. 
La suerte de un número importante de niños depende de ello, niños víctimas de la separación de padres de distinta nacionalidad. 
Ciertamente, no podemos sino alegrarnos de ver que la construcción europea tiene efectos positivos en la institución del matrimonio al multiplicar los matrimonios mixtos. 
No obstante, nuestra época favorece la inestabilidad de las parejas y las separaciones. 
Esos divorcios originan conflictos pasionales que a veces desembocan en verdaderos dramas, como esos casos de secuestros de niños que hemos mencionado. 
Sin embargo, la complejidad de las situaciones y el vacío jurídico a nivel europeo no deben incitarnos al inmovilismo y a la renuncia. 
Al contrario, tenemos que luchar para que los derechos del niño progresen. 
Hoy tenemos que organizar un espacio jurídico que preserve el derecho de los niños a que no se les prive del afecto de uno de sus padres. 
Esperamos, pues, con impaciencia el establecimiento de ese convenio que la Sra. Comisaria nos ha anunciado. 
Señor Presidente, como se deduce de la propuesta de resolución relativa a la protección de los menores, la violencia sobre los menores- desde los malos tratos hasta el secuestro y la venta de niños propiamente dicha- a menudo está relacionada con la pobreza y la marginación social. 
Tal como quedó demostrado en un reciente informe del Parlamento Europeo, la pobreza en Europa es un fenómeno que aumenta de forma preocupante y sus consecuencias las sufren ante todo las clases más débiles, en particular, mujeres y niños. 
En Italia, por ejemplo, hay 1.200.000 niños pobres, es decir, un niño sobre seis vive en un estado de completa indigencia y en familias que a menudo de esta unión sólo llevan el nombre. 
Por consiguiente, es necesario que la Comisión y el Consejo se conviertan en promotores, en colaboración con cada uno de los Estados miembros, de una serie de medidas para luchar contra la pobreza y, obviamente, también contra el desempleo. 
Por lo que se refiere, en particular, a la violencia sobre los menores, hará falta, por el contrario, elaborar una seria normativa europea para proteger los derechos de los menores, deparando una atención especial a las leyes relativas a las adopciones. 
En segundo lugar, será necesario llevar a cabo una campaña de información y sensibilización respecto a las causas y los daños de las violencias sobre los menores. 
En tercer lugar, hay que prever un apoyo económico para asegurar la asistencia sanitaria, psicológica y jurídica de los menores víctimas de cualquier tipo de violencia y de sus familias. 
Por último, habría que instar a las fuerzas del orden de los distintos Estados miembros a que elaboren un plan común de cooperación para solucionar a escala internacional el fenómeno de los secuestros y, como mencioné, incluso de la venta de recién nacidos y de menores en general. 
Señor Presidente, este debate se centra en las desgarradoras y penosas circunstancias de los niños víctimas de querellas de amor filial, niños secuestrados por uno de los progenitores separados y llevados a otro país. 
Durante los últimos años hemos recibido muchas solicitudes enviadas por personas que se hallan en esa situación. 
Muchos diputados del Parlamento Europeo han planteado casos de este tipo que han tenido lugar en sus circunscripciones, y el número de esos casos está aumentando. 
El Parlamento Europeo no tiene competencia en esta esfera y no pretende tenerla, pero nuestro examen de esta cuestión se ha visto facilitado con la designación y la labor de Mary Banotti, cuyo punto de vista sobre el particular es tan serio como realista. 
Como se ha dicho, es importante poner en funcionamiento el Convenio de Bruselas. 
Tenemos que velar por que las sentencias de custodia dictadas en el tribunal de un Estado miembro no se vean infringidas por el secuestro ilegal de niños y su traslado a la jurisdicción de otro país, que en ocasiones puede incluso ser otro Estado miembro. 
Digámoslo con toda claridad: por ejemplo, ¿por qué tendrían que ayudar los tribunales británicos a recuperar niños secuestrados y trasladados a otro país contra la voluntad de su progenitor radicado en Gran Bretaña, si el tribunal de otro Estado miembro infringe el espíritu- y a veces incluso el texto- del Convenio de La Haya y del Convenio de Luxemburgo y se niega a hacer lo mismo cuando el niño secuestrado es de su jurisdicción? 
¿O, como sucede bastante a menudo, cuando la policía y las autoridades no se dedican seriamente a la búsqueda de los niños secuestrados y de sus secuestradores? 
El bienestar del niño es lo más importante, y no el nacionalismo, ni el machismo: lo más importante es el bienestar del niño. 
Hay que hacer todo lo posible para que los niños de padres separados tengan las mejores posibilidades de seguir en contacto con sus dos progenitores, siempre que uno de ellos no tenga la intención de secuestrarlo, para que así el niño tenga la posibilidad de crecer en un ambiente de amor filial y de seguridad. 
La labor que el Parlamento y la mediadora que ha designado, Sra. Banotti, realizan en esta esfera necesita el sincero estímulo de todos los Estados miembros, y espero que la respuesta que hemos oído del Presidente en ejercicio y de la Comisión nos indiquen la buena dirección y que las autoridades que corresponda se ocupen seriamente de esta cuestión para beneficio de nuestros hijos. 
Señor Presidente, en la casa europea se ha amueblado hasta hoy de manera muy espartana la habitación de los niños y de los jóvenes. 
Los derechos de la generación joven son débiles y la opinión política de que la Unión Europea debe conseguir más competencias apenas crece de forma muy lenta entre los países miembros. 
Creo que la Conferencia Intergubernamental ofrecería una oportunidad para realizar progresos en este punto. 
Un ámbito especialmente sensible son todas las formas de violencia contra los niños, sobre todo el secuestro de niños, que hoy se está tratando aquí. 
La determinación del derecho de custodia es frecuentemente objeto de muchas discusiones en los casos de divorcio y suele convertirse entre los padres en una guerra por el poder. 
En los matrimonios binacionales surge adicionalmente un potencial de conflicto, debido a la diferencia de tradición, de lengua, de cultura e incluso de religión, y en estas situaciones de estrés el caso extremo del secuestro de niños está adquiriendo proporciones cada vez más amenazantes. 
Ya en 1991 aludí a este fenómeno en mi informe en la Comisión de Juventud y Cultura, pedí un registro de niños desaparecidos y advertí acerca de la deficiente cooperación entre los países miembros. 
En el informe de 1993 sobre medidas contra el secuestro de niños se propuso otra vez una mejor coordinación y utilización de las convenciones internacionales de Luxemburgo y de La Haya. 
Desde la realización del mercado interior y con el aumento de la movilidad, junto con los movimientos internacionales de emigración, están aumentando las uniones matrimoniales binacionales y también, correspondientemente, los casos de conflicto. 
La Sra. Banotti, en su función de encargada especial, ha informado de manera muy ilustrativa sobre esto. 
Pedimos a la Comisión Europea una comunicación sobre todos los aspectos del secuestro transnacional de niños y también sobre las medidas respecto con terceros países. 
En esta Asamblea hemos presentado varias veces propuestas muy concretas, desde la armonización de los procedimientos para facilitar la devolución de los niños secuestrados, pasando por medidas de apoyo a organizaciones de autoayuda y por una mejora de la información, hasta la concesión automática de asistencia jurídica. 
Lo que los afectados necesitan es ayuda y, precisamente, ahora. 
Nosotros ciframos grandes esperanzas en la iniciativa, anunciada por la Presidencia irlandesa, de crear el correspondiente registro en EUROPOL. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Banotti. 
Y comenzaré diciendo que, de hecho, este gravísimo problema del secuestro de niños, que en los últimos tiempos se viene agravando en Europa, es una consecuencia de la fragilización de la familia, resultante de la agravación de la situación social, de la crisis moral, cultural, económica y social que nos ha castigado a todos y que no ha merecido la atención correspondiente de las autoridades comunitarias. 
Creo que es una amenaza que todos debemos afrontar y que nos responsabiliza de una forma particularmente grave. 
Quisiera decir que ante esta nueva situación sería, de hecho, una gran hipocresía que permaneciésemos con los brazos caídos, en espera de que problemas de esa naturaleza, con esas repercusiones, dependiesen de la legislación nacional. 
Es fundamental un gran esfuerzo de convergencia, una intensísima cooperación en el ámbito del tercer pilar. 
Creo que el problema, que se deriva del Convenio de Bruselas, es una vía que podría ayudar, de hecho, a crear un nuevo marco jurídico que salvaguarde los derechos esenciales de los niños e impedir que sigan dándose situaciones de esa clase, con consecuencias trágicas para la formación de los niños, que quedan afectados por traumas insolubles ante situaciones de ese tipo. 
Por consiguiente, resulta evidente la necesidad de un nuevo marco jurídico y creo también que en modo alguno podemos, en un debate así, quedar presos de soluciones jurídicas, porque estos problemas exigen un nuevo planteamiento de las cuestiones económicas y sociales en el plano europeo. 
La familia se ha visto profundamente castigada, la familia es la que está en juego como célula esencial para una sociedad dinámica y sana y, por consiguiente, tenemos que crear todas las condiciones para que la familia deje de sufrir los atentados que ha sufrido, efectivamente, en los últimos años. 
Iniciativas como la de la Sra. Banotti son fundamentales. 
Creo que vamos por buen camino, que el Consejo y la Comisión no deben perder más tiempo, a partir de este debate, y dar el marco debido a los problemas de esa naturaleza. 
Señor Presidente, hoy hemos sostenido un valioso debate acerca de cuestiones como PESC, la ley Helms-Burton, la CIG, etc.; cuestiones que son importantísimas de por sí. 
Ahora bien, la cuestión referente a la seguridad física, psicológica y fisiológica de los niños de la Unión Europea es una cuestión que para nuestros ciudadanos merece un lugar prioritario en el orden del día de la Unión Europea. 
Durante muchos años he trabajado como abogado en la esfera del derecho de familia, y he visto las dificultades y los retrasos que experimentan las parejas de origen mixto que se ven involucradas en casos de secuestro de niños. 
Huelga decir que es muy de celebrar el aumento del número de matrimonios binacionales en nuestra Comunidad- pues promueven los vínculos culturales entre ciudadanos de la Unión Europea- pero no menos claro es que este aumento de matrimonios binacionales- y esto lo han mencionado muchos oradores- ha originado un aumento correspondiente en el número de casos de secuestro de niños en nuestros Estados miembros. 
Por ejemplo, las estadísticas de Irlanda- el país que representamos el Sr. Mitchell y yo- acusan un considerable incremento de dichos casos, con 70 niños secuestrados el año pasado en nuestro país, y tengo entendido que 16 de esos casos siguen aún sin resolverse. 
Según mi experiencia, los principales problemas se derivan de la falta de uniformidad de la legislación instituida por los dos convenios internacionales vigentes en esta esfera, así como de la falta de cooperación en el plano intergubernamental. 
Acerca de esta última cuestión diré que Bélgica es el único Estado miembro que aún no ha ratificado el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro de niños, e insto a que lo haga inmediatamente. 
Por último, para mí no hay duda alguna de que, debido a la amplia divergencia de las legislaciones nacionales, la solución de este tipo de casos requerirá servicios consultivos jurídicos especializados y onerosos. 
Me alegran las actuales propuestas de la Comisión relativas al acceso del consumidor a la justicia, pero me defrauda sobremanera que el acceso de las familias a la justicia, que es un derecho humano, no haya recibido hasta ahora el mismo grado de atención. 
En consecuencia, pido a la Comisión y al Consejo que se ocupen de la cuestión de la armonización de las legislaciones nacionales referentes al acceso de todos los ciudadanos a la asistencia letrada. 
Espero con ansiedad que el Consejo haga algo. 
Confío en que dé curso a los llamamientos que tantos le hemos dirigido. 
Ya ha contestado con la mayor claridad y de la forma más positiva. 
Espero que tenga la intención de venir ante nosotros antes de que acabe la presidencia, con algunos detalles claros acerca de las medidas que ha adoptado. 
Se ha comprometido a hacerlo y espero que lo haga. 
Me interesa en particular la cuestión del registro central en el que se inscriban todos los casos de niños secuestrados- tanto si se trata de secuestros efectuados por sus progenitores como si se trata de secuestros criminales- y de las medidas adoptadas en cada caso. 
Como he indicado en mi propia intervención, es preciso que esto se lleve a cabo rápidamente. 
Cada día que pasa es más difícil encontrar a los niños secuestrados. 
Señor Presidente, lo único que quiero es decir a título de aclaración que deseaba que el Consejo fijase un calendario. 
Antes nos dijeron que no podían hacerlo. 
Me alegro sobremanera que la Ministra haya asegurado ahora que el Consejo se ocupará rápidamente de esta cuestión; en vista de las intervenciones que acabamos de escuchar, quizá la Ministra de Justicia pertinente pudiera tomar la palabra ante este Parlamento para dar sus seguridades personales sobre la cuestión antes del mes de diciembre. 
Doy gracias al Sr. Mitchell por su estimulante respuesta. 
Este Parlamento espera poder contar con su presencia durante la Presidencia irlandesa. 
He recibido dos propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Unión aduanera con Turquía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0197/96) del Sr. Kittelmann, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0018- C4-0126/96-96/0020 (CNS) ) por la que se establece el procedimiento de adopción de la posición comunitaria en el Comité Mixto de la Unión Aduanera constituido por la Decisión nº 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía, relativa a la ejecución de la fase definitiva de la Unión Aduanera. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera presentar el Informe Kittelmann y entrar luego en la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el mismo. 
El 1 de enero entró en vigor la Unión Aduanera con Turquía. 
Viene funcionando desde hace casi 7 meses. 
Hoy se pide al Parlamento la aprobación de una decisión del Consejo que prevé el establecimiento de las modalidades de ejecución de la Unión Aduanera y que nosotros, propiamente, deberíamos aprobar. 
Esto se realizará en el seno del denominado Comité Mixto de la Unión Aduanera, que se creó con la decisión nº 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía relativa a la puesta en marcha de la fase definitiva de la Unión Aduanera. 
Se trata de asegurar el funcionamiento ordenado de la Unión Aduanera y de garantizar la libertad de circulación de mercancías entre ambos socios. 
A fin de poder negociar posteriormente con los socios turcos, el Consejo será competente para el establecimiento de las posiciones comunitarias y la Comisión fijará la posición comunitaria sobre las disposiciones técnicas y sobre las conductas que atenten contra las normas de la competencia. 
Tanto la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa como la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores han dado por unanimidad su aprobación al documento. 
Quiero destacar una vez más lo siguiente: el objetivo del procedimiento es el correcto funcionamiento de la Unión Aduanera desde el punto de vista de la política comercial. 
Con esto quiero aclarar inequívocamente lo siguiente: el presente procedimiento no tiene que ver nada directamente con la cooperación financiera o con cuestiones de naturaleza política para las que no es competente el Comité Mixto, sino el Consejo de Asociación. 
Se trata aquí de una regulación técnica, es decir, de una normativa de ejecución de la Unión Aduanera. 
Paso ahora a referirme a la opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores: también ésta prevé en la decisión del Consejo una medida técnica, pero necesaria, para la ejecución de la Unión Aduanera. Con su decisión pretende contribuir a configurar de la forma más adecuada y transparente posible los trabajos del Comité Mixto de la Unión Aduanera y proporcionar, al mismo tiempo, al Parlamento Europeo un nivel completo de información, incluso en el aspecto técnico. 
La opinión contiene dos enmiendas presentadas por mí, en mi condición de ponente. 
Sobre el artículo 1, la Comisión de Asuntos Exteriores propone que no sólo se haga referencia al artículo 113, es decir, a la política comercial, sino también a los otros diversos preceptos jurídicos que, por ejemplo, son relevantes en el ámbito de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. 
Por consiguiente, me parece necesario proponer para el articulo 1 una formulación con un contenido ligeramente diferente que prevea una decisión del Consejo con arreglo a los procedimientos que rigen para la adopción de normas internas en un ámbito problemático. 
Por otro lado, en el artículo 2 debería incluirse que el Parlamento Europeo sea informado de manera regular acerca de las decisiones adoptadas en el Comité Mixto. 
Quiero recordar que en todos los ámbitos de la Unión Aduanera debe estar garantizada la función regular de control y de información del Parlamento Europeo. 
Ambas enmiendas han sido aceptadas también por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y han sido recogidas en el informe del Sr. Kittelmann. 
En mi calidad de redactor de esta opinión, permítanme pedirles que otorguen su conformidad al presente informe y a este respecto quiero destacar la calidad técnica de esta propuesta. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Socialistas, quiero subrayar que el informe sobre la posición comunitaria en la Comisión Mixta de la Unión Aduanera con Turquía no presenta especiales dificultades y podría apoyarse en la reserva de las enmiendas que se proponen. 
No obstante, quiero aprovechar la oportunidad para manifestar que la aprobación por la Unión Europea de la Unión Aduanera con Turquía ha venido jalonada por una serie de requisitos políticos que guardan relación con el respeto de los derechos humanos, de la democracia, del Estado de derecho, del Derecho internacional, de las relaciones de buena vecindad y de la integridad territorial de los Estados miembros. 
En otras palabras, si este país desea colaborar con Europa, tendrá que mantenerse dentro del legítimo orden internacional, y no fuera del mismo. 
Lamentablemente, la conducta de Turquía hasta ahora es decepcionante. 
No sólo continúa con las violaciones de los derechos humanos, sino que también practica una provocativa política de reivindicaciones territoriales en perjuicio de Grecia y de Chipre, un Estado miembro de la Unión y otro aspirante a serlo. 
Turquía tendrá que modificar esta conducta, que encierra riesgos para la paz y la seguridad de la región. 
En este sentido, el Consejo hizo anteayer al nuevo gobierno turco del Presidente Erbakan una severa advertencia, al aprobar el programa MEDA. 
Nosotros estamos esperando su reacción, y el Parlamento Europeo actuará en consecuencia y adoptará las iniciativas necesarias. 
En este marco, señor Presidente, creo que sería útil que el Consejo y la Comisión nos informen sobre los progresos en la aplicación de la Unión Aduanera con Turquía, especialmente ahora que el propio gobierno griego del nuevo Primer Ministro ha manifestado sus reticencias sobre la Unión Aduanera, mientras que antes había defendido que se reanudasen las negociaciones del acuerdo. 
Señor Presidente, señor Kittelmann, sé que aquí se trata más de un informe técnico, pero, no obstante, hay que tener en cuenta también el trasfondo político, como ha dicho ya mi predecesor en el uso de la palabra. 
En el pasado diciembre adoptamos, como Parlamento Europeo, una decisión importante sobre la relación de la UE con Turquía. 
Esta sólo se basó, en parte, en modificaciones reales, por ejemplo, en modificaciones de la Constitución. 
Muchas cosas se basaron en promesas y en esperanzas que manifestó entonces el Parlamento Europeo. 
La Sra. Çiller, entonces Primera Ministra turca, nos dirigió un llamamiento demandando apoyo para mantener alejados del poder a los fundamentalistas. 
Y ahora todo esto se ha olvidado. 
Ella está compartiendo con ellos el gobierno y es su ministra de Asuntos Exteriores. 
Se han olvidado promesas como la del respeto de los derechos humanos, la revisión positiva de los procesos de aquellos diputados que fueron condenados sobre la base de una ley muy problemática. 
¿Cómo van a obtener las mujeres turcas su igualdad de trato? 
¿Por qué se sigue practicando la tortura? 
¿Por qué desaparece gente y por qué se producen todavía muertos después de las torturas y de los interrogatorios en las comisarías de policía? 
¿Qué ha mejorado, qué ha cambiado? 
Me siento engañada por la Sra. Çiller en mi creencia en una Turquía de corte europeo. 
Si esto continúa así, no necesito devanarme más la cabeza respecto de la base sobre la que ha de trabajar el Comité Mixto, sino que debo preguntarme si no puede invertirse mejor en otros países el dinero que la UE pone a disposición. 
Señor Presidente, el informe Kittelmann habla de cuestiones jurídicas e institucionales. 
En primer lugar, expresa el deseo de que se consulte a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos sobre el fundamento jurídico. 
Lamento que eso no se haya hecho. 
Luego habla de la consulta al Parlamento. 
Pero, del mismo modo que los oradores que me han precedido, quisiera, sobre todo, intervenir a nivel político. 
Recuerdo, efectivamente, los argumentos que se expusieron cuando se ratificó el Acuerdo de Unión Aduanera. 
Yo me opuse, así como todo mi Grupo, a dicha ratificación por cuatro motivos, que eran entonces el no reconocimiento, por parte del Gobierno turco, del genocidio armenio, la situación de Chipre, la situación de los derechos humanos y, finalmente, el hecho de que Turquía, cualesquiera que fuesen sus esfuerzos, no podría formar parte de la Unión Europea, cuando la Unión Aduanera era vivida evidentemente por muchos de sus dirigentes como un primer paso hacia una adhesión propiamente dicha. 
Nada ha cambiado fundamentalmente y lamento que la mayoría de nuestro Parlamento no haya permanecido fiel a su posición inicial, que era rechazar el Acuerdo de Unión Aduanera. 
Hoy hay un Gobierno islamista en Turquía, cuando se nos había dicho que si votábamos a favor de la Unión Aduanera, evitaríamos la llegada de los islamistas al Gobierno. 
Ha habido agresión, por parte del Gobierno turco, contra dos islotes griegos. 
¿Ha cambiado la situación o no tenían razón los que se manifestaron en contra de la Unión Aduanera? 
Hubiera podido contentarme con leer la explicación de voto que di entonces. Terminaba diciendo que no ignoraba los aspectos comerciales del acuerdo que se nos presentaba, pero que, en conciencia, no podía, por los motivos que había mencionado, votar a su favor. 
Por los mismos motivos, reforzados todavía por lo que ha ocurrido durante estos últimos meses, nuestro Grupo votará en contra del informe del Sr. Kittelmann. 
Señor Presidente, en el informe se habla- y lo ha subrayado aquí nuestro colega, el Sr. Schwaiger- de que se trata primaria y exclusivamente de una regulación técnica. 
Naturalmente, hay que estar de acuerdo con esta apreciación y, en consecuencia, daré también absolutamente mi conformidad a esta decisión. 
Sin embargo, entonces no voté a favor de la Unión Aduanera con Turquía y me veo más que confirmado en mi actitud por la evolución que se ha producido desde entonces. 
Creo que muchos que entonces dijeron sí, ven cada vez con más dudas y con una insatisfacción creciente su decisión de entonces. 
Recordemos: entonces se nos mostró con ahínco que la celebración de la Unión Aduanera era un argumento muy decisivo para disuadir a segmentos esenciales del electorado turco de dar a los fundamentalistas la mayoría en este país. 
Y aquella figura política que entonces sostuvo con mucho énfasis que deseaba detener la oleada fundamentalista, ha celebrado ahora una alianza con aquel partido que, a pesar de todo, obtuvo un triunfo electoral. 
Ciertamente, no sé si es verdad que, como ha dicho un político de la oposición turca, se trata de una joint venture, cuya tarea principal consiste en impedir que se investigue parlamentariamente la sorprendente riqueza de los líderes de ambos partidos. 
Pero una cosa es clara: ahora se trata de hacer posible lo que antes de las elecciones se dijo que había que impedir. 
Se ha aludido a que muchas de las promesas de Turquía no han sido cumplidas y añádase a esto que hemos de preguntarnos si este gobierno quiere recorrer el camino de Turquía a Europa. 
Señor Presidente, la Unión Aduanera con Turquía es una realidad. 
Y no puedo menos que sumarme a mi predecesor en el uso de la palabra en el sentido de que en mi interior está creciendo una cierta decepción cuando escucho que el actual Presidente del Consejo de Ministros turco, un islámico, piensa que en realidad no necesita esta Unión Aduanera, este acuerdo con la Unión Europea. 
Por consiguiente, pienso que junto con la adaptación técnica que se va a realizar con la decisión de hoy deberíamos plantearnos también la pregunta acerca de qué ha aportado a Turquía en el aspecto económico la Unión Aduanera en los diez últimos meses. 
Creo que con la Unión Aduanera no se ha conseguido controlar el problema del crecimiento del desempleo en Turquía. 
Creo también que esta Unión Aduanera ha ayudado de manera global solamente a una parte de la industria y a una parte de la economía, pero no en gran escala a toda la economía nacional de Turquía. 
Por consiguiente, la adaptación técnica que nos espera hoy debe ser considerada, sin duda, bajo este aspecto y será preciso analizar si esta modificación, esta adaptación técnica y la prosecución de esta Unión Aduanera con Turquía aseguran realmente en este país el bienestar y la paz. 
Señor Presidente, quisiera decirle aquí lo que me duele, y también a algunos amigos míos, socialistas franceses en particular. 
Este informe sobre la Unión Aduanera es la única ocasión que tengo para decírselo. 
Votamos a favor de la entrada de Turquía en la Unión Aduanera porque pensábamos, y también porque los demócratas nos lo pedían, que eso podría ser una barrera contra los extremistas islámicos. 
Ha ocurrido lo contrario. 
Votamos a favor de la Unión Aduanera porque pensábamos que la entrada de Turquía en la Unión Aduanera significaría el fin de la masacre de los kurdos. 
Pues bien, ha ocurrido lo contrario: mueren todavía más. 
Así pues, estamos un poco desesperados. 
Espero equivocarme. 
Espero, profundamente, que llegue este mensaje. 
Pero, mientras tanto, me abstendré de votar este informe, porque creo que me he equivocado. 
Señor Presidente, en el informe del Sr. Kittelmann se proponen dos enmiendas que la Comisión, sin embargo, no puede aprobar por las razones siguientes. 
El Comité Mixto puede formular recomendaciones al Consejo de Asociación, que adoptará las medidas oportunas de conformidad con los procedimientos establecidos en el Tratado Constitutivo de la Comunidad. 
Las competencias del Comité Mixto entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 113. 
Por consiguiente, al reafirmar su posición común en el Comité Mixto de la Unión Aduanera, el Consejo lo hace por mayoría cualificada. 
En la segunda enmienda se pide que se informe al Parlamento Europeo de las decisiones del Comité Mixto. 
Es evidente que ahora se está informando ya al Parlamento. 
Cuando la Comisión realiza una propuesta al Consejo en forma de posición común, lo comunica también al Parlamento Europeo. 
Se procede de igual manera en aquellos casos en que en el Comité Mixto se tratan propuestas en forma de posición común. 
Además hay que señalar que las recomendaciones del Comité Mixto aprobadas por el Consejo de Asociación se publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Proyecto de presupuesto rectificativo ysuplementario nº 1 para 1996 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0245/96) de los Sres. Elles y Miranda, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el presupuesto rectificativo y suplementario nº 1 para el ejercicio 1996. 
En cualquier caso, podemos también ir esperando a que llegue el Sr. Elles para después poder introducir el debate sobre la cuestión presupuestaría, por lo que se refiere, no a la materia que voy a tratar yo, que incumbe en particular a las otras instituciones, sino a la parte general del presupuesto. 
Respecto de esta parte de la que me ocupo, las otras instituciones, quisiera decir tan sólo unas breves palabras. 
Comienzo diciendo que el presupuesto rectificativo y suplementario que aquí tenemos ante nosotros, tiene tres destinatarios principales: el Parlamento, el Consejo y el Defensor del Pueblo. 
Por lo que se refiere al Parlamento Europeo, quisiera volver a recordar que en el último período parcial de sesiones de mayo abordamos esta materia bastante a fondo, por lo que hoy procuraré no repetir lo que aquí se afirmó entonces, las razones fundamentales para este presupuesto rectificativo en el nivel del Parlamento, que representa, como se sabe, casi 30 millones de ecus. 
Subrayaré en particular que con esos 30 millones de ecus podemos atender necesidades importantes y que tienen que ver con el edificio D3, en Bruselas, y el edificio IPE IV, aquí, en Estrasburgo. 
Creo que es oportuno volver a recordar la idoneidad de la decisión que adoptamos en el ejercicio anterior, al elaborar el presupuesto para 1996, de dejar un margen suficiente en este ámbito, lo que nos permite ahora atender eficazmente esas necesidades que afrontamos. 
Unas palabras también para subrayar que, dadas las cantidades abarcadas en este ámbito, considero importante la necesidad de que continuemos siguiendo muy de cerca este asunto. 
Es una cuestión que entraña mucho dinero y, evidentemente, requiere una tensión muy especial en esta esfera. 
Así, pues, me refiero a la cuestión de esos dos edificios. 
Unas palabras también por lo que se refiere al Defensor del Pueblo. 
En este caso tenemos la creación de tres puestos temporales, un A7, un B5 y un C5. 
Damos así respuesta a una preocupación del Defensor del Pueblo con vistas a completar su personal para atender las funciones que desempeña. 
En este momento considero que conviene subrayar en particular una decisión que adoptamos anteriormente aquí, en el Parlamento, por la cual encomendamos al Presidente del Parlamento que entablara negociaciones con el Consejo y la Comisión con vistas a la elaboración de una declaración común que fijara los principios rectores relativos al número de agentes temporales al servicio del Defensor, así como la calidad, en particular, de las personas encargadas de hacer investigaciones. 
Es una cuestión que sigue siendo- me parece- urgente y que debería sacarse adelante para que, en particular en el marco del próximo presupuesto, tengamos una línea directriz en esta esfera, en lo relativo al personal del defensor del Pueblo. 
Por último, unas pocas palabras en cuanto al presupuesto del Consejo: pocas porque, evidentemente, quiero mantener aquí cierto respeto de las normas que hemos formulado en este ámbito para el examen del presupuesto del Consejo. 
Se trata de un presupuesto que representa 24 millones de ecus y va encaminado a la consecución de finalidades muy diversas y yo voy a limitarme a señalar a la atención de Sus Señorías algunos aspectos que abordamos en la exposición de motivos de nuestro informe. 
No voy a enumerarlas todas ahora, pero considero que hay en él todo un conjunto de reflexiones a las que el Consejo debería prestar atención particular, relacionadas con edificios, con el llamado peso del pasado e incluso con enmiendas introducidas en el nivel de la nomenclatura, en la que, por ejemplo, estarían justificadas, a mi entender, algunas precisiones sobre la naturaleza y el destino de las asignaciones. 
No voy a avanzar más en esta materia, porque, como he dicho, no quiero infringir las reglas que establecimos para el examen del presupuesto del Consejo, pero, en cualquier caso, considero que el Consejo debería prestar atención a algunos aspectos que abordamos en la exposición de motivos de este informe. 
Considero que éstas son algunas de las cuestiones fundamentales. 
Terminaré pidiendo el apoyo de Sus Señorías para la aprobación de este presupuesto rectificativo y suplementario en lo relativo a las otras instituciones. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias a los dos ponentes, el Sr. Elles y el Sr. Miranda, por los informes que nos han presentado; agradezco en particular al Sr. Miranda que esté aquí con nosotros. 
Me referiré al presupuesto general más bien que al presupuesto del Parlamento. 
Cuando nos fijamos en las cifras de ese presupuesto vemos que hay tres cosas que vale la pena mencionar: el presupuesto, en todo caso para mí, será recordado por lo que preconiza en tres esferas. 
A este presupuesto lo podríamos denominar el presupuesto de rebajas del Reino Unido; el Reino Unido obtiene una rebaja de unos 2.800 millones de ecus, aunque la cifra corregida haya sido inferior. 
Dentro de esa rebaja se espera conseguir un pago con cargo a los renglones presupuestarios sociales B34004 y B34003. 
Afortunadamente, en un rasgo de genio de nuestros colegas de la Comisión de Asuntos Sociales, la enmienda de la Comisión de Presupuestos que se va a presentar logra que las personas de que esos renglones presupuestarios se ocupaban no salgan perdiendo. 
La Comisión hizo lo que pudo para conseguir que no salieran perdiendo pero la táctica adoptada por el Parlamento es digna de elogio. 
Aunque el Reino Unido obtendrá su rebaja, cosa por lo demás totalmente razonable, esos renglones presupuestarios no contribuirán para nada a su consecución. 
En segundo lugar, podemos decir que se trata del presupuesto rectificativo y suplementario de las «vacas locas». 
Lo cierto es que 1.200 millones de ecus se reasignarán dentro de la categoría 1 como consecuencia de los efectos de la enfermedad de las vacas locas. 
Se trata de una considerable cantidad de dinero, que podía haber sido devuelta a los Estados miembros. 
Por otra parte, si la Comisión hubiera tenido éxito en lo que está tratando de conseguir, se podría haber reasignado a las redes transeuropeas, a la labor de investigación y desarrollo, y a las empresas pequeñas y medianas. 
No es esto lo que va a suceder, y por lo tanto tenemos un presupuesto rectificativo y suplementario en el que vemos que la cantidad de 1.200 millones de ecus se va a reasignar como consecuencia de la enfermedad de las vacas locas. 
El tercer aspecto de este presupuesto concreto es que cabe denominarlo presupuesto-lotería para los Estados miembros, ya que los Estados miembros realmente han tenido mucha suerte. 
Si nos fijamos en las cantidades arrastradas de 1995, veremos que al final de 1995 había unos 9.200 millones de ecus de recursos no utilizados, cantidad que se va a arrastrar al presupuesto de 1996, lo que significa que cuando los Estados miembros tengan que abonar sus propias aportaciones habrán de pagar 9.200 millones de ecus menos que lo que hubieran tenido que pagar para el presupuesto de este año. 
Todo eso está muy bien y estoy seguro de que los Estados miembros se quedarán muy contentos. 
Lo malo es que, en todo caso en una esfera, también podemos constatar que 4.400 millones de ecus de los fondos estructurales no se utilizaron en 1995. 
Puede que este presupuesto sea un presupuesto-lotería para los Estados miembros, pero no me parece que nos alegremos de ello en el caso de los fondos estructurales. 
Señor Presidente, este presupuesto rectificativo y suplementario está bajo el signo del acuerdo de recursos propios, que ha sido ratificado, por fin, ahora, y en el presupuesto de 1996 tenemos disponibles 81.940 millones de ecus. 
Al mismo tiempo, tenemos un saldo de 9.210 millones de ecus, procedente del año pasado. 
Los Estados miembros o no necesitan pagar este dinero o éste se devuelve. No obstante, estas cantidades constituyen más del 10 % del presupuesto de este año. 
Si no hubiéramos tenido el problema de la EEB y algunas correcciones en las categorías particulares, que han sido necesarias, por ejemplo, a causa de la ampliación o a causa de la reciente adquisición de la oficina del Defensor del Pueblo, serían bastante más que este 10 %. 
Ahora bien, no es el Parlamento el que tiene la responsabilidad de este hecho. 
¿No es realmente absurdo que en el ámbito agrícola y en los ámbitos de los Fondos estructurales comprometamos recursos que luego no utilizamos, y que en ámbitos que son importantes para el futuro de Europa y que precisan una estrecha cooperación de las empresas de las regiones y de los ciudadanos de Europa, se ahorre tan cicateramente por parte de la Comisión y del Consejo? 
Y esto sucede, sobre todo, en las categorías 3 y 4. 
La Comisión y el Consejo deben permitir que les hagan la siguiente pregunta: ¿no pueden o no quieren ustedes hacerlo mejor? 
Respecto del Presupuesto de 1997 hay señales de que quizá dependa de la voluntad. 
Nuestro grupo dará su conformidad al presupuesto rectificativo y suplementario y quiere destacar que de esta manera se pone también de manifiesto la solidaridad con los afectados por la EEB y por sus consecuencias. 
Un punto relevante del interés de nuestro grupo lo constituyen la inspección y el control de los gastos por los proyectos existentes en MEDA, PHARE y TACIS. 
Sin embargo, la Comisión debería decir que nosotros no seguiremos sus propuestas si ella utiliza para la reintroducción de minipresupuestos el espacio de maniobra creado por nosotros. 
La administración del Parlamento Europeo tendría que saber también que las decisiones- y a este respecto me remito al Informe Miranda- de la Comisión de Presupuestos y del Parlamento Europeo constituyen, ciertamente, leyes y no deberían ser objeto de interpretación. 
Nuestro grupo dará su conformidad al presupuesto rectificativo y suplementario. 
Señor Presidente, queridos colegas, quisiera poner de relieve que nuestro Grupo tiene la intención de votar este presupuesto rectificativo. 
Sólo quisiera intervenir sobre un único punto. 
Aquí todos saben el interés que nuestro Grupo concede, desde la Cumbre de Cannes, a la solución del programa MEDA, y por eso estamos satisfechos de que el ponente encargado de la sección III, nuestro colega James Elles, proponga que se acepten las propuestas de la Comisión y que se recojan las adaptaciones de los comentarios de las líneas ELISE, PHARE, TACIS y MEDA. 
Quisiera añadir que, por lo que se refiere a este último programa, nos alegramos también de que el lunes se llegara a un acuerdo en Bruselas que permitirá desbloquear ese programa en las semanas y los meses próximos y que para nosotros representa mucho por lo que respecta al futuro de Europa y del Mediterráneo. 
Sin embargo, hasta ahora los esfuerzos se han concentrado solamente en los campesinos que se han visto especialmente afectados por la prohibición de la exportación y por el sacrificio de las reses. 
Esta es la primera vez desde los procesos de Nurenberg y de Tokio en que se instituye un tribunal penal internacional, un símbolo de que la defensa de los derechos humanos está reconocida como un valor irrenunciable. 
Con el retorno a Europa de las limpiezas étnicas, del desplazamiento violento de fronteras y de la guerra se están violando de manera fundamental los valores morales que desde hace 50 años constituyen la identidad y los ideales de Europa. 
Efectivamente, sabemos, en definitiva, que sin un proceso contra Karadzic, Mladic y otros no habrá paz en la antigua Yugoslavia. 
No debemos consentir que criminales de guerra queden sin castigo y que con ello pierdan las personas su confianza en una solución pacífica y ajustada al Estado de derecho. 
Bosnia no se pacificará si no regresa la paz jurídica. 
Por consiguiente, si son palmarios todos los argumentos por los que la Unión Europea debe apoyar mediante una contribución voluntaria esta actividad del Tribunal de Justicia, no puedo menos que lamentar la actitud del Grupo Socialista. 
¿Qué es lo que se opone, realmente, a esto? 
El único argumento que escucho es el siguiente: la Unión Europea no puede apoyar ningún órgano de la ONU. 
Sin embargo, en primer lugar, el año pasado y en el presente año hemos apoyado la actividad del Tribunal de Justicia, por ejemplo, a través de la Comisión Internacional de Juristas, que ha prestado asistencia jurídica. 
En segundo lugar, hay que decir que, naturalmente, estamos apoyando también órganos de la ONU con recursos del presupuesto europeo. 
En lugar destacado figura el Alto Comisariado para los Refugiados (UNHCR) , cuyo presupuesto se financia hasta un 70 % con recursos de ECHO en todo caso, en lo que respecta a la antigua Yugoslavia. 
En tercer lugar, hay que decir que mi enmienda no preveía una ayuda puramente institucional, sino que ésta iba destinada a financiar, en especial, el interrogatorio de los testigos y las exhumaciones. 
Por consiguiente, Señor Likanen, cifro toda mi esperanza en la Comisión. Esta debería solicitar lo más rápidamente posible una transferencia de recursos. 
Señor Presidente, cuando se votó el presupuesto original para 1996, mi Grupo no pudo sino denunciar un proyecto de presupuesto irresponsable, porque aumentaba continuamente. 
Por los mismos motivos, no podremos apoyar el presupuesto rectificativo y suplementario que se nos propone. 
El primero de ellos: mediante este presupuesto rectificativo y suplementario, la distribución, en una primera fase, de 31 millones de ecus más, decidida por el Parlamento, para reducir la carga de la inversión inmobiliaria. 
Esa gratificación de fin de año consagra una política inmobiliaria ruinosa (217.900 millones de ecus para 1997) que sigue haciéndose a escondidas, mediante transferencias de fin de año y presupuestos rectificativos y suplementarios. 
Esa manera de proceder, insoportable para los contribuyentes de los países de Europa, está lejos de honrar a nuestro Parlamento. 
Segundo ejemplo: como ya denunciamos en el debate sobre el proyecto de estado de previsiones del Parlamento, el informe prevé conceder al Defensor del Pueblo- otra institución más del Tratado de Maastricht- tres puestos más, cuando apenas se han iniciado las negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre este tema. 
Finalmente, el tercer y último ejemplo es la ilustración del principio, defendido por esta Asamblea, de aumento continuo y continuado del presupuesto comunitario, cuando, en cada uno de nuestros países, los gobiernos luchan, pugnan por reducir los gastos públicos. 
En efecto, se observa que más de 9.215 millones de ecus del presupuesto de 1996 no se han gastado: ya sería hora de detener esa espiral de gastos para dedicarse más a los medios existentes e infrautilizados. 
Unas palabras también sobre el informe Brinkhorst- me perdonará que me adelante un poco- para lamentar la voluntad del ponente de reducir la distinción entre gastos obligatorios y gastos no obligatorios. 
Señor Presidente, creo que me está indicando que ha concluido mi tiempo de palabra. Dejaré, pues, que los colegas de mi Grupo se expresen sobre este segundo informe. 
Señor Presidente, yo también deseo agradecer al ponente su informe e intervenir respecto al presupuesto en general, deteniéndome sólo en un aspecto específico que se refiere al diálogo social mencionado por el Sr. Wynn. 
Como sabe muy bien el Comisario, el opting out del Reino Unido respecto al Protocolo social, este año ya provocó un bloqueo en lo referente a la aplicación de la línea presupuestaria para los encuentros transnacionales de los representantes de trabajadores y empresarios. La Comisión, por consiguiente, tal como hizo respecto al anteproyecto de presupuesto para 1997, propone una división de la línea del presupuesto rectificativo a fin de establecer una distinción entre los encuentros de los representantes de los catorce Estados miembros y los de los quince Estados miembros. 
El Parlamento Europeo no puede aceptar este planteamiento por varias razones. 
Desde el punto de vista funcional, la gestión sería, de hecho, muy difícil, habiéndose las parte sociales ya pronunciado en este sentido. 
Asimismo, introduce en el presupuesto la posibilidad de una financiación a la carta según los intereses de los diferentes Estados miembros, viciando peligrosamente el principio de solidaridad de la Unión. 
En consecuencia, la Comisión de Presupuestos propone al Parlamento, que mañana va a votar el presupuesto rectificativo, que apruebe una enmienda que evite estos problemas y permita ante todo utilizar los recursos disponibles. 
Existen ya proyectos de encuentros entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios que sólo esperan el visto bueno del competente departamento de la Comisión. 
Por ello, es un verdadero contrasentido de la Unión no acceder a ello. 
Es cierto que asignamos mucha importancia al diálogo social, pero debemos demostrarlo también en las elecciones de gestión del presupuesto. Creo que esta enmienda nos permitirá demostrarlo. 
Señor Presidente, he de comunicarle la mala noticia de que yo represento además al ponente, Sr. Elles, que está previsto aquí para el informe conjunto Elles-Miranda. 
Puesto que el Sr. Elles no puede estar presente, me ha encargado, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Presupuestos, presentar aquí su informe, cuya discusión inició usted antes de que yo pudiera llegar a esta Sala. 
Por esta razón, antes de pasar a mis comentarios como representante del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quisiera hacer tres comentarios que debo exponer aquí por encargo del Sr. Elles. 
Ustedes están viendo cuán buena es la cooperación entre los demócratas cristianos, los socialistas y todos los demás en esta Comisión de Presupuestos. 
Primer comentario: debo indicar que con este presupuesto se produce una devolución manifiesta que podría haber sido más cuantiosa si no hubiéramos tenido que atender a la EEB. 
En consecuencia, es preciso volver a anular ya en este momento todos los balances y cuentas que se están llevando a cabo en los Estados miembros respecto de la función de pagadores netos. 
Efectivamente, con esta devolución, que supera los 9.000 millones, sólo mi patria ingresa en el presupuesto nacional el 28 % neto, el 28, 2 %, para ser más exacto. 
Y esto sucede en todos los demás Estados miembros. 
Por consiguiente, el balance será correcto cuando se hayan incorporado también estas devoluciones, que, efectivamente, no se producen una única vez sino que jugarán también un papel en los próximos años en las tendencias de los gastos que hemos mencionado antes, y cuando se efectúe luego un balance que tenga en cuenta esta devolución. 
Segundo: he de decir que el ponente está interesado en hacer notar expresamente que con la decisión del Consejo en los programas MEDA, TACIS y PHARE, sobre la ampliación de los comentarios que tiene por objeto posibilitar la evaluación de los proyectos que se están realizando en estos países, no es de nuestro agrado esta eliminación de los comentarios y por esta razón el ponente ha propuesto de nuevo estos comentarios. 
A este respecto- y mañana aclararé esto antes de la votación- existe un error en las enmiendas que aprobamos el lunes, un error de escritura, en concreto, un paréntesis, en el que se han mencionado también los headquarters. 
Estos headquarters no estaban previstos y mañana temprano los corregiremos en la redacción pertinente. 
Tercero: debo decir que la distribución de los recursos- tal como acaba de exponer la Sra. Ghilardotti- entre 14 o 15 Estados miembros se ajusta a esta Asamblea ni a las concepciones que existen en esta Asamblea. 
Por esta razón, hemos devuelto la pelota a la Comisión, estableciendo dos líneas presupuestarias, una para los 14 Estados miembros con un p. m. y otra para los 15 Estados miembros con toda la cantidad en la línea. 
Hemos modificado los comentarios pertinentemente. 
Sin embargo, quiero decir claramente una cosa: podíamos haber hecho las cosas tan difíciles a la Comisión que nos tuviera que haber preguntado, de creerlo oportuno, si ella tenía que llenar con recursos la línea con el p. m. 
Entonces habríamos incluido sin más la línea con el p. m. en otro capítulo y, en consecuencia, se habría producido una transferencia de capítulo a capítulo con la correspondiente transferencia de recursos por nuestra parte. 
No hemos querido ir tan lejos, sino que confiamos en la Comisión. 
En consecuencia, hemos dejado en el mismo capítulo la línea con el p. m. 
Sin embargo, esperamos que la Comisión se rija fuertemente por los nuevos comentarios que ya no hacen referencia alguna a la directiva sobre los consejos comunes de empresa, sobre el Consejo Europeo de Empresa, sino que pone en claro que ya hemos practicado esta actividad en un momento en que no había ningún protocolo social ni ninguna directiva sobre consejos europeos de empresa. 
Esperamos que por esta razón esto se tenga en cuenta para los 15 Estados miembros en la línea correspondiente. 
Permítanme todavía que, como representante del Grupo Socialista, haga un comentario sobre la acusación que la Sra. Müller ha hecho contra el Grupo Socialista. 
Señora Müller quiero decirle claramente lo siguiente: de hecho nos encontramos aquí en un punto crítico del desarrollo de la política de gastos de la Comunidad. 
Y constituye un polémica demasiado banal, suscitar la impresión de que el gran grupo de los socialistas de esta Asamblea fuera de la opinión de que no habría que apoyar los procesos del Tribunal de La Haya. 
El Tribunal de La Haya es un órgano de la cooperación intergubernamental. 
Está mantenido por aquellos que contribuyen a la financiación intergubernamental de esta empresa. 
En esta Asamblea hemos insistido siempre- y su grupo también, señora Müller- en que sólo participaremos en asuntos para los que tengamos una competencia de decisión como Comunidad. 
Aquí reside la diferencia, por ejemplo, respecto de la financiación de proyectos a través de ECHO en favor del UNHCR, donde nosotros tenemos la última decisión acerca de si habilitamos estos recursos para ello. 
Sin embargo, si nosotros abrimos aquí una puerta para la financiación de organizaciones intergubernamentales a las que hacemos una contribución como un cheque en blanco, entonces estaremos haciendo lo mismo que reprochamos permanentemente al Consejo, y lo mismo que éste ha vuelto a poner sobre la mesa como transferencia de recursos, de manera que se conceda a la CSCE 3 una ayuda de 3 millones de ecus sin que los funcionarios competentes de la Comisión puedan hacer ella otra cosa que entregar el cheque. 
Este no puede ser el sentido y el objetivo de nuestro trabajo. 
Por consiguiente, nosotros hemos dicho que nos oponemos a esta enmienda, no porque no deseemos apoyar el trabajo, sino porque no queremos abrir más esta puerta. 
Yo le apoyaré enseguida, si en la propuesta de resolución pide usted que instemos a los Estados miembros de la Unión Europea a que pongan a disposición de forma intergubernamental los medios necesarios para que el Tribunal de La Haya pueda trabajar correctamente. 
Creo que ésta es una demanda que toda la Asamblea- mi grupo en todo caso- apoyará. 
Señor Presidente, como ya ha comentado mi predecesor en el uso de la palabra, con el presupuesto suplementario y rectificativo devolveremos también, por decirlo así, a los Estados miembros un saldo récord de más de 9.000 millones de ecus. 
Una vez que sabemos, precisamente como diputados de estos Estados miembros, de los problemas presupuestarios con los que tienen que luchar todos nuestros gobiernos- incluso para satisfacer los tan citados criterios de Maastricht- celebro esta enorme suma que nosotros desde el presupuesto europeo ponemos de facto a disposición de nuestros países. 
De esta manera demostramos también palmariamente que no existe por un lado un Bruselas que administra por sí sola desde las alturas, sino que queremos y podemos llevar a cabo la construcción de Europa sólo sobre la base de nuestros Estados miembros y sólo con nuestros Estados. 
A este respecto quisiera subrayar que como Parlamento Europeo estamos intentando llevar a cabo esto con la mayor celeridad posible en tanto que hemos puesto en claro que no necesitamos una segunda lectura para fijar este presupuesto suplementario y rectificativo. 
Espero que el Consejo como representante de nuestros Estados miembros podrá interpretar positivamente esta señal. 
Lo que a mí me ha hecho pensar a la hora de la lectura del Informe Elles-Miranda es la lista de los recursos no utilizados de 1995 según las diferentes categorías del presupuesto. 
Cuando leo que, por ejemplo, más del 15 % de las categorías 3 y 4 no fue gastado en el ultimo año, se me plantea la cuestión de si la Comisión no desea o no es capaz de llevar a la práctica la voluntad de la autoridad presupuestaria. 
En este punto espero que a la luz de las deliberaciones que actualmente están teniendo lugar la Comisión nos podrá dar aún explicaciones satisfactorias sobre el próximo presupuesto de 1997. 
Señor Presidente, voy a ser breve y me limitaré a exponer algunos elementos del presupuesto rectificativo y suplementario para 1996. 
En primer lugar, el presupuesto rectificativo y suplementario para 1996 pondrá en práctica finalmente una nueva decisión sobre los recursos propios que data del Consejo Europeo de Edimburgo en diciembre de 1992. 
Con la nueva decisión, la distribución de la carga financiera entre los Estados miembros está más equilibrada y la Unión Europea posee ahora un margen considerable de recursos para financiar sus obligaciones actuales y también algunas obligaciones futuras. 
El proceso ha sido lentísimo y sin la presión ejercida por el Parlamento Europeo es posible que todavía siguiéramos esperando a ver lo que sucedía. 
Ahora bien, el lento proceso de ratificación indica asimismo que cada vez resulta más difícil convencer a los parlamentos nacionales de que tienen que hacer frente a las necesidades financieras adicionales de la Comunidad. 
Esta experiencia subraya la importancia de aprovechar lo más rigurosa y productivamente posible los recursos de que ahora dispone la Comunidad. 
En segundo lugar, el presupuesto rectificativo y suplementario permite presupuestar reducciones importantes en las necesidades estimadas de diversos sectores agrícolas. 
La reducción de esas necesidades ha permitido hasta ahora financiar las medidas adoptadas en relación con la carne que decidimos que eran necesarias para ocuparnos de la crisis provocada por la EEB sin por ello dejar de respetar las orientaciones agrícolas. 
Además, con el presupuesto rectificativo y suplementario, la Comunidad cumple asimismo sus obligaciones respecto del Tratado de Maastricht- independientemente de lo que pensemos de esta parte del Protocolo Social- a fin de ofrecer un mecanismo que permita financiar actividades basadas en el Protocolo Social a los Estados miembros que lo hayan firmado. 
Mientras el Reino Unido no lo firme, las medidas que le hubieran correspondido habrán de correr por cuenta de los demás Estados miembros. 
Por último, las asignaciones presupuestarias adicionales para los programas PHARE, TACIS y MEDA mejorarán la transparencia y permitirán mejorar la calidad de la ejecución de esos programas, así como su control. 
La experiencia indicará si las formulaciones que hay que adoptar corresponden desde todos los puntos de vista a dichos objetivos. 
Si sigue habiendo problemas, tendremos que ocuparnos nuevamente de esta cuestión en futuros presupuestos. 
La Comisión apoyará también a la autoridad presupuestaria en su examen de las operaciones del programa ECHO a fin de evaluar la eficacia de los actuales procedimientos de supervisión, según se pide en la propuesta de resolución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Procedimiento presupuestario 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0246/96) del Sr. Brinkhorst, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el «procedimiento ad hoc» para el presupuesto 1997, previsto en el Anexo II relativo a la colaboración interinstitucional en materia presupuestaria del Acuerdo Interinstitucional de 29 de octubre de 1993 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario. 
Señor Presidente, este procedimiento ad hoc está previsto en el acuerdo interinstitucional de 1993. 
El ponente y la Comisión de Presupuestos han pensado iniciar este procedimiento porque en diversos puntos es importante incluir modificaciones en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión, en lo que se refiere a la categoría 1. 
El procedimiento que hemos iniciado este año tiene tres innovaciones. 
La primera innovación es que hemos intentado entablar un diálogo directo con nuestros compañeros de la Comisión de Agricultura. 
Me complace ver aquí al Sr. Wilson, quien ha colaborado de forma muy constructiva para conseguir que el diálogo tuviera éxito. 
Por primera vez puedo decir que la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Agricultura han sabido encontrar una línea común frente al Consejo y la Comisión. 
La segunda innovación es que hemos entablado un diálogo intensivo con la Comisión y agradezco la Comisario Liikanen que haya colaborado muy activamente con sus servicios para considerar concretamente en qué medida podían reajustarse las estimaciones que había incluido la Comisión en el anteproyecto, en concreto por lo que se refiere al presupuesto agrícola. 
La tercera innovación es un intento de entablar un diálogo útil con el Consejo. 
La ausencia del Consejo aquí demuestra que en este sentido todavía queda bastante por hacer. 
Desde luego, es curioso que el Consejo vuelva a estar ausente, precisamente en un momento como este, en que está directamente en juego la posición del Consejo. 
El objetivo de esta cuestión era claramente obtener mayor transparencia y democracia en las consideraciones sobre el procedimiento ad hoc en el control del dinero presupuestario en el ámbito agrícola. 
Quiero declarar expresamente que no se trata de poner en duda la política agrícola como tal. 
Se lo digo a mis compañeros de la derecha que no dejan de afirmar que este procedimiento ad hoc sólo pretende echar a pique la política agrícola. 
No es esta la intención, y en nombre de mi comisión quiero volver a recalcarlo expresamente. 
Pero está claro que no podíamos seguir por la vieja senda, en la que en siete de los nueve años presupuestarios quedaron sin desembolsar importes considerables del presupuesto agrícola y en sólo dos de los nueve años se evidenció un superávit. 
Además, creo que concuerda plenamente con el espíritu del Tribunal de Justicia, como el año pasado cuando se dirimió litigio, de que es necesaria más claridad cuando el Consejo y el Parlamento hablan conjuntamente de esta cuestión en pie de igualdad. 
¿Qué resultados hemos obtenido hasta ahora? 
Hemos tenido dos diálogos tripartitos. En el primero, el 16 de abril de este año, las instituciones se comprometieron a inscribir importes más realistas que los actuales. 
En el segundo diálogo tripartito, el 9 de julio, volvimos a presentar, junto con la Comisión de Agricultura, determinadas propuestas que desembocaron en el actual proyecto de resolución. 
Ello implica concretamente que en el actual procedimiento ad hoc presentamos propuestas para inscribir un importe de 556 millones de unidades de cuenta en la reserva. 
Es la primera vez en el período de la Comunidad Europea que una reserva viene propuesta en nombre del Parlamento Europeo conjuntamente por ambas comisiones. 
Me remito a la infrautilización que tuvo lugar en junio del presente año, concretamente un importe de 1, 4 millardos del gasto total previsto para la agricultura. 
De acuerdo con la Comisión de Agricultura, se trata de nuevo en que, en primer lugar, se vuelva a poner a disposición la reserva de agricultura. 
Se trata de un acuerdo claro al que hemos llegado y quisiera volver a repetirlo. 
En segundo lugar, liberando la reserva vuelve a presentarse el mismo procedimiento que tiene lugar normalmente para el presupuesto, es decir, también con implicación de la Comisión de Agricultura. 
La resolución pide que, la semana que viene, el ponente y la delegación acudan al Consejo para mediar a fin de intentar lograr un acuerdo con el Consejo y la Comisión al respecto. 
Quiero declarar que me complace que en estos momentos la Comisión haya estado de acuerdo en líneas generales con este enfoque- espero que el Comisario Liikanen lo pueda confirmar más adelante -, aunque finalmente, el importe es diferente del que habíamos propuesto en un principio y existe una reserva de la Comisión en dos líneas presupuestarias, en relación con el desarrollo rural y la pesca. 
El Consejo, nuevamente, no participó en el diálogo y el Sr. Wynn, que me precedió en una anterior fase para intentar lograr una nueva orientación por línea presupuestaria, podrá confirmar que en este punto no hemos logrado mucho más con el Consejo. Pero el Consejo ha hecho otra cosa. 
El Consejo no ha adoptado una postura, pero la semana pasada el Comité de Presupuestos tomó la decisión de aportar un millardo de ecus para descontar en el presupuesto agrícola. 
También esto es totalmente nuevo. Demuestra otra vez que no es la Comisión de Presupuestos del Parlamento quien quiere marcar el rumbo de la política agrícola, sino que ha sido el Consejo de Ministros de Finanzas el que ha establecido una limitación horizontal general de forma poco sutil a la Comisión de Presupuestos. 
Señalo que no se trata de un enfoque alternativo. 
La alternativa no es la reserva o el descuento, se trata de un posible enfoque acumulativo. 
Sentimos curiosidad por saber cuál será el esfuerzo del Consejo en el diálogo de la semana que viene cuando el Parlamento apruebe el presente proyecto de resolución. 
Señor Presidente, me referiré al apartado 11 de la propuesta de resolución que figura en el informe Brinkhorst. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural considera sin duda alguna necesario el examen de algunas de las previsiones de la Comisión, pero haremos nuestros comentarios sobre el proyecto de presupuesto después del 25 de julio, fecha en que se publicará. 
La Comisión de Agricultura no ha examinado el actual proyecto de presupuesto y, por lo tanto, no puede aceptar las cifras que figuran en el Anexo II. Ahora bien, estamos de acuerdo en que debería haber una reserva y en que debería ingresarse en esa reserva el dinero proveniente de las previsiones más modestas que se han hecho, junto con los fondos que estén disponibles, independientemente de su origen. 
Todo excedente monetario que haya en la reserva debería ser reasignado a aspectos de la economía rural por los diputados del Parlamento Europeo. 
Felicito al Sr. Brinkhorst por los esfuerzos que ha efectuado a fin de tener en cuenta en sus decisiones todos los intereses, y me parece que hemos establecido esferas en las que los intereses agrícolas y los intereses presupuestarios se pueden combinar para negociar con la Comisión y con el Consejo cuando asistan a nuestras reuniones. 
El Sr. Brinkhorst ha mejorado el procedimiento, y es merecedor de nuestro agradecimiento. 
Señor Presidente, nadie puede subestimar la importancia de este informe, pues cuando el Parlamento vote mañana sobre él, es muy posible que eliminemos la idea de que estas propuestas provienen únicamente de la mafia presupuestaria: será el Parlamento el que dé su apoyo a lo que ha propuesto el Sr. Brinkhorst. 
El Consejo de Ministros creyó seguramente que esta cuestión había quedado enteramente liquidada el pasado mes de diciembre cuando el Tribunal de Justicia dictó sentencia. 
El Parlamento no ganó el caso, pero tampoco lo perdió necesariamente, ya que lo que dijo el Tribunal de Justicia es que el Parlamento y el Consejo, obrando de consuno, tenían que llegar a un acuerdo sobre lo que eran gastos obligatorios y gastos no obligatorios en el marco de la categoría 1. 
Desgraciadamente, el Consejo acaba de saltarse a la torera la sentencia y ha seguido alegremente su camino, lo que significa que no ha parado mientes en el procedimiento ad hoc. 
Lo que propone ahora el Sr. Brinkhorst es algo que, en realidad, equivale a decir lo siguiente: escucha, Consejo, ésta es una cuestión que nos interesa seriamente y a no ser que empecéis a tomar en serio el procedimiento ad hoc vamos a tropezar con graves problemas una vez más, como ya sucedió con el presupuesto de 1995. 
No creáis que lo que os decimos es una amenaza velada: es una verdadera amenaza, porque necesitamos una resolución sobre el particular. 
Espero que consigamos una reserva, como se propone, y que podamos alimentarla con recursos provenientes de la categoría 1 y que contemos con la cooperación del Consejo, a través de discusiones positivas con él, cuando lo estemos haciendo. 
Ahora bien, el Consejo tiene que darse cuenta de que ésta es una verdadera lucha en nombre del Parlamento, una lucha por conseguir lo que estimamos que es acertado. 
Lo que es acertado es la idea de que no todos los gastos de la categoría 1 son necesariamente gastos obligatorios. 
Hemos de tener presente que los gastos que no son obligatorios tienen efectos directos sobre la tasa máxima de aumento, lo cual a su vez tiene efectos directos para otras esferas de todas nuestras políticas. 
Mañana se votará sobre este informe. 
Estoy seguro de que el resultado de la votación será positivo. 
Una vez que hayamos conseguido el apoyo del Parlamento, espero que el Consejo lo tenga muy en cuenta. 
Señor Presidente, queridos colegas, el Parlamento ha iniciado pues, a iniciativa de su ponente general, el procedimiento ad hoc, sobre el que se nos pide ahora que nos pronunciemos, puesto que hemos comunicado nuestro desacuerdo con el Consejo sobre el anteproyecto de presupuesto de 1997. 
El argumento principal del ponente, nuestro colega Laurens Brinkhorst, se apoya en el volumen importante de créditos no utilizados en el sector de los gastos obligatorios que le llevan, mediante la creación de una reserva de crédito global destinado exclusivamente a la agricultura, a prever ya hoy que la situación de los precios en 1997 podría ser tan favorable como en 1995 y que, por consiguiente, se puede admitir inmediatamente que como una parte de los créditos no es útil, éstos pasen a una reserva especial y única que se utilizaría a su debido tiempo. 
Debo decir que estoy bastante impresionado por la manera en que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se ha dejado embarcar en ese brillante razonamiento, y ello hasta el punto de haber aceptado la creación de esa reserva. 
En efecto, quisiera, en cualquier caso, que se explique cómo se puede crear una reserva de créditos, que no se pueden prorrogar, puesto que lo prohíbe el Reglamento Financiero de nuestras instituciones. 
De vez en cuando sería conveniente recordar algunas normas presupuestarias elementales, como la de la anualidad, que no se respetará. 
Su Asamblea dispone, efectivamente, de cierto margen en los gastos no obligatorios, mientras que no dispone de ninguno en los gastos obligatorios, de los que, naturalmente, forman parte los gastos agrícolas. 
Espero que en la sesión plenaria, mañana, cuando se vote, los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sabrán rectificar y valorar hasta qué punto se han equivocado. 
Por su parte, nuestro Grupo no tiene la intención de admitir la idea de que esa reserva es posible porque una parte del FEOGA-Garantía pueda no ser obligatoria. 
Nos oponemos, pues, firmemente a la creación de una reserva general cuyos fundamentos jurídicos nos parecen ampliamente contestables. 
Ahora quisiera abordar la cuestión de las perspectivas presupuestarias para 1997 en su conjunto, pues creo que es lo esencial del debate. 
El año próximo es un año decisivo para el conjunto de las quince naciones que constituyen la Unión Europea. 
Es, efectivamente, en ese ejercicio presupuestario en el que se basarán las modalidades definitivas del acceso de unos y otros a la moneda única. 
Cada una de las naciones está, pues, comprometida en una política presupuestaria extremadamente rigurosa y es difícil imaginar que el presupuesto de la Unión, que se nutre exclusivamente de los impuestos de los contribuyentes de los Quince, pueda incrementarse de manera significativa, cuando la única perspectiva de los gobiernos nacionales parece ser gestionar la penuria. 
Estos últimos años, la estrategia de crear una reserva se ha convertido en la línea directriz de la Comisión de Presupuestos mediante la persecución de los créditos mal evaluados y de la infrautilización. 
Este esfuerzo digno de alabanza encuentra hoy su culminación en la voluntad del Consejo de reducir los créditos, puesto que en período de restricciones es inútil conservar en un presupuesto previsiones manifiestamente sobreestimadas. 
Eso ilustra el refrán que recuerda que en el pecado se lleva la penitencia. 
Para terminar, deseo hacer una última observación. 
La decisión de Edimburgo, de diciembre de 1992, dio a nuestra Asamblea una competencia de codecisión, útil en su principio, delicada en su puesta en práctica. 
Deseo poner en guardia al ponente general sobre su responsabilidad en la conducción de los asuntos durante este año. 
El paso que tenemos que atravesar está lleno de escollos. 
Nuestro Grupo, naturalmente, como habrán comprendido, va a rechazar su informe. 
Que saque las debidas conclusiones y que comprenda, en particular, que no es en período de crisis cuando hay que atacar con vigor los pilares del edificio. 
Para nosotros, la política agrícola común forma parte de ellos. 
Señor Presidente, quiero comenzar afirmando que soy extraordinariamente crítico con este informe. 
Quisiera subrayar también desde ahora mismo que, si se repite en el Pleno la votación que hubo en comisión y si se repite en la votación del presupuesto para 1997 la votación que hubo en el Pleno, no tendremos, con toda seguridad, presupuesto. 
Quisiera señalar a la atención de Sus Señorías este aspecto y la necesidad de un mayor consenso en torno a esta materia. 
Porque lo que hoy está en juego con el informe del Sr. Brinkhorst no es sólo la importante cuestión de la clasificación de los gastos o la cuestión de que influyamos positivamente en la gestión de los gastos agrarios. 
Están en juego cuestiones mucho más importantes, que van desde la ampliación a la Unión Económica y Monetaria y la cohesión económica y social, pasando por los Fondos estructurales: eso es lo que está en juego en este informe y es necesario abordar claramente esta cuestión. 
Y el primer problema que se plantea es exactamente éste: ¿cómo es posible que estemos examinando, con total falta de transparencia, cuestiones tan importantes mediante un proceso ad hoc? 
Evidentemente, no acepto esta situación. 
Es una vía sesgada que no puedo aceptar. 
Y, además, en la propia substancia del informe. 
Quiero decir que, en mis diez años de vida parlamentaria europea, por primera vez afronto una cuestión. 
La cuestión fundamental de este informe que no figura en el articulado de la propuesta de resolución, sino que figura en su anexo con carácter, evidentemente, indicativo. 
¡No puedo aceptar esto! 
No puedo aceptar que la cuestión substancial de este informe, que es su anexo, figure como mera cuestión indicativa. 
Creo que es una perversión total y eso nunca había sucedido, al menos que yo recuerde, en los diez años que llevo de vida parlamentaria en esta Asamblea. 
Por eso, creo que el proceso está contaminado por falta de transparencia y, por eso mismo, habría que dar marcha atrás y, como propuse en comisión, en particular después de que se conocieran las intenciones del Consejo a raíz de este informe, la única posición correcta que deberíamos adoptar sería la de suspender el examen de este informe y no continuar por esta vía sesgada, que oculta lo que de hecho está en juego fundamentalmente en este momento. 
Porque ni el propio ponente ha tenido valor para plantear aquí claramente lo que esta en juego con el debate de este informe. 
No ha sido casualidad, querido señor Brinkhorst, la creación, por ejemplo, de dos líneas nuevas para la ampliación. 
¿Para condicionar desde ahora mismo, políticamente, mediante un proceso ad hoc lo que se debe examinar por otra vía y, naturalmente, en un debate mucho más serio y bastante más transparente? 
Ésa es la razón por la que, evidentemente, vamos a oponernos a este informe. 
Y vamos a oponernos también, como he dicho, por las consecuencias que de él se desprenden, en particular por las reacciones que ya nos llegan del Consejo, en particular con la intención de reducir en mil millones de ecus los Fondos estructurales, que en modo alguno podemos aceptar y que surgen efectivamente a raíz de este informe. 
¡Hay que decirlo! 
Y nosotros no podemos aceptar que por esta vía sesgada ya se estén retirando mil millones de ecus. 
Ésa es la cuestión y, por eso mismo, ponemos en entredicho esta falta de transparencia y consideramos que se tiene que reconsiderar todo esto. 
Señor Presidente, queridos colegas, nadie debe hacerse ilusiones sobre las intenciones del ponente: ni la Comisión, a no ser que esté en connivencia o, mejor dicho, al acecho de algunos ahorros presupuestarios a costa de los Estados, pero entonces que lo diga, sacaremos las conclusiones necesarias; ni el Consejo, que, muy prudentemente, rechazará la argumentación del ponente; ni el Parlamento, honorable defensor electo de los intereses agrícolas de la Unión Europea, aunque sea fuerte la tentación de transferir algunos fondos agrícolas obligatorios a otros sectores políticamente más rentables y de preparar así, con plena legitimidad, a los actores del futuro para su integración. 
Queda, pues, la voluntad deliberada y la determinación maquiavélica del ponente, que intenta demostrar, con mucho refinamiento literario y matemático, que una parte de los gastos del FEOGA-Garantía no son gastos obligatorios y que, por lo tanto, es conveniente innovar. 
Partiendo de una constatación que, por otra parte, no tiene nada de excepcional en el contexto de las producciones y de los precios agrícolas, el ponente demuestra que al final de cada ejercicio se producen sobreestimaciones sistemáticas del orden del 10 % y que, por consiguiente, no es deseable mantener un margen de seguridad tan importante en la gestión. 
De ahí la apertura de nuevas líneas presupuestarias cuyo único objetivo es crear una lógica de gastos no obligatorios en el bloque de los gastos FEOGA-Garantía. 
De ahí la supresión de la reserva temporal EEB, aun cuando se desconocen las consecuencias financieras: verdaderamente se ha elegido mal el momento. 
De ahí, por último, la creación de una reserva general, signo evidente de un primer paso hacia el estatuto de gastos no obligatorios. 
Todo eso, queridos colegas, es realmente de una objetividad dudosa, cuya única finalidad para la Unión Europea es acumular, a costa de los Estados miembros, un bote importante para fines distintos de la agricultura. 
No podemos aceptarlo y por eso rechazaremos las propuestas del ponente. 
Señor Presidente, el informe Brinkhorst se inscribe con obstinación en la línea de la mayoría de la Comisión de Presupuestos: proponer ahorros o reservas en ámbitos en los que los Tratados no confieren competencias al Parlamento y, al contrario, proponer gastos adicionales en sectores en los que el Parlamento es competente. 
Así, cuando los criterios de Maastricht obligan a los Estados a llevar a cabo políticas presupuestarias de rigor, el Parlamento Europeo, por su parte, va en el sentido de gastos cada vez más importantes. 
Pues no es a nivel de los gastos agrícolas, en los que los créditos se han consumido hasta un 95 % en 1995, donde se pueden realizar importantes ahorros. 
Donde hay que buscar y encontrar ahorros es en las acciones estructurales, en las que los créditos sólo se han consumido en un 81 %; en las políticas internas, generalmente contrarias al principio de subsidiariedad y en las que los créditos sólo se han consumido en un 85 %, y también en las acciones exteriores, a menudo delegadas sin control a ONG, a expertos o a empresas privadas, y en las que los créditos sólo se han consumido en un 82 %. 
Así pues, en vez de jugar a batallitas jurídicas con el Consejo de Ministros, sería mejor que el Parlamento Europeo defendiera a los contribuyentes proponiendo ahorros realistas en los ámbitos de su competencia, el de los gastos no obligatorios. 
Y ahí las pistas son numerosas: ahorros en las innumerables microsubvenciones, ahorros en los gastos por peritaje, por congresos, gastos que se dispersan en más de cien líneas presupuestarias; mejor cálculo en la asignación de los créditos de los fondos estructurales; revisión de la utilidad de determinadas políticas internas contrarias, una vez más, al principio de subsidiariedad; por último, mejor control de las acciones exteriores. 
Por consiguiente, nuestro Parlamento puede cumplir su función de defensor de los contribuyentes, pero actuando en los ámbitos en los que es competente y no en los ámbitos en los que su competencia está limitada por los Tratados. 
Señor Presidente, el Sr. Sonneveld tendría que haber intervenido aquí, pero no ha podido venir y me ha rogado que hable en su lugar. 
Por consiguiente, si detecta unos profundos conocimientos de agricultura en mi intervención, no crea que es debido a mi inteligencia, sino a la del Sr. Sonneveld. 
Tal como se ha acordado en el acuerdo interinstitucional, en el mes de julio tiene lugar la consulta sobre el proyecto de presupuesto de 1997, en la que las instituciones responsables han de examinar detenidamente los gastos obligatorios. 
La sentencia del Tribunal de Justicia ha confirmado de hecho que, sobre todo en esta ocasión, ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria han de mantener una consulta sobre la base de sus competencias en torno a un acuerdo sobre los gastos obligatorios. 
El Parlamento se ha preparado más que nunca para este procedimiento ad hoc. 
Ello gracias al tenaz y loable esfuerzo del ponente, Sr. Brinkhorst- y esta noche puedo decirlo, pues ha tenido que encajar bastantes críticas- quien se había propuesto lograr un consenso entre la Comisión de Agricultura y la Comisión de Presupuestos. 
El ponente, Sr. Elles, promovió este procedimiento al examinar el presupuesto de 1996. Este año, el procedimiento ha funcionado por primera vez por completo. 
La cuestión es si la otra rama de la Autoridad Presupuestaria también hace caso de las sentencias del Tribunal de Justicia. 
Entre tanto, el Parlamento ha expresado sus ideas: una estimación más actual de los gastos obligatorios, en estrecha colaboración con la Comisión. 
Sobre esta base, se ha acordado una reserva de 556 millones de ecus, de la que ha de disponerse para programas para el desarrollo del mercado y el desarrollo agrícola y rural. 
Es preciso recalcar que la estimación de una gran parte de los gastos obligatorios sigue siendo difícil. 
Hay que recordar que determinados ahorros, como por ejemplo en las restituciones por exportación, no mejoran la posición de los agricultores en la Unión Europea. 
Al contrario, por ejemplo, debido al descenso de las restituciones por la exportación de queso, los precios del queso descienden en la Unión y aumenta la presión en los productores de leche. 
Por consiguiente, la reorientación es una exigencia permanente. 
La integración de diferentes elementos agrícolas es por ello necesaria. 
Mi Grupo quisiera defender que importantes instrumentos de la política agrícola y rural procedentes de otras categorías presupuestarias se consideraran en la categoría I. Finalmente, la política agrícola europea tendrá que ser aplicada por 15 países de la UE y más tarde por los nuevos países miembros. 
Para ello se necesita creatividad. 
Esta es la tendencia del planteamiento conjunto de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Presupuestos. 
Me temo que el Consejo piensa en una dirección totalmente diferente, a saber, un considerable recorte del presupuesto agrícola. 
Esta sería una acción bastante extraña que no tendría por objeto el desarrollo agrícola. 
Más extraño todavía sería por cierto que diversos diputados franceses estuvieran de acuerdo con el Consejo, y por consiguiente se retirara todavía más dinero a la agricultura de lo que propone la Comisión. 
Si ello no sucede, se crearía un espacio formal por debajo del techo agrícola. 
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo no dejará de presentar iniciativas en el ámbito del desarrollo rural y del desarrollo del mercado durante el examen presupuestario de octubre. 
Señor Presidente, el Parlamento parece estar dispuesto a ayudar a los Estados miembros a pasar el examen de la UEM a principios de 1998 aceptando recortes al presupuesto de 1997. 
El ponente general, Sr. Brinkhorst, ha introducido algunos elementos nuevos en su enfoque: seguir un procedimiento ad hoc que funciona mejor, recurrir antes a las comisiones y concentrar todas las actividades agrícolas en la categoría I. Iniciativas que considero buenas. 
Pero no siento el mismo entusiasmo por sus intentos de lograr un ahorro reduciendo los gastos obligatorios e introduciendo parte de estos en la reserva. 
Comparto el punto de vista del ponente de que los considerables superávits que ha evidenciado varias veces el presupuesto justifican que se examine detenidamente estos créditos. 
Pero cabría esperar que se hubieran mencionado las causas específicas. 
Para casos como un cambio de situación del mercado o las fluctuaciones de los tipos de cambio podría utilizarse la reserva. 
Pero no he leído nada al respecto. 
Aún más importante que esta cuestión es la pregunta de si con ello se logrará realmente un ahorro. 
Los gastos de esta categoría tienen carácter obligatorio y en los informes no he leído nada sobre gastos inefectivos. 
Ahora, los superávits se devuelven a los Estados miembros, pero en la propuesta de Brinkhorst se exige que todos los créditos de la reserva se gasten en la rúbrica I. De este modo la reserva se convierte en una parte fija del presupuesto con la que podrían financiarse actividades menos necesarias. 
De este modo no se logrará ahorrar. 
Existe el riesgo de que el Consejo utilice este componente fijo para reducir en seguida el presupuesto. 
Por último, estoy en contra de que los créditos de la reserva sólo puedan liberarse después de efectuar una consulta con el Parlamento. 
El año pasado, el Tribunal falló en contra del Parlamento Europeo en la cuestión de los gastos obligatorios y no obligatorios. 
Por lo visto, el Parlamento busca ahora una compensación por esta derrota intentando adquirir nuevas competencias a través de la reserva del presupuesto. 
No puedo aceptar este enfoque. 
Señor Presidente, a lo mejor me equivoco pero me parece que estamos discutiendo esta importante cuestión sin que haya en la sala un representante del Consejo. 
¿Es verdad? 
Si lo es, la situación es lamentable y lamento que lo sea. 
Señor Presidente, como ha dicho ya nuestro colega, el Sr. Pronk, nuestro grupo apoya el informe Brinkhorst. 
Sabemos que en la agricultura las cosas no son tan previsibles como en otros ámbitos. 
Desde hace muchos años es manifiesto que la Comisión ha sobrevalorado siempre ampliamente las exigencias. 
Por consiguiente, es razonable que ante las inseguridades que aún siguen existiendo haga una vez más una propuesta de que se establezca la correspondiente reserva. 
Esta es una medida cautelar y a la vez una medida realista, pues las cantidades que se han elaborado aquí, no han salido sin más de la nada. 
Creo también que la acusación que nuestro colega, el Sr. Giansily, ha hecho a la Comisión de Agricultura, no entra en la esencia del asunto. 
En efecto, mientras ingrese algo en la reserva, se garantiza que en caso de gastos más elevados, y éstos pueden amenazar e incluso son probables en el caso de la EEB, habrá todavía recursos disponibles. 
Sin embargo, esto no será ya posible en el caso de un recorte general como se está pensando en el Consejo. 
Por consiguiente, éste es un modo sensato de proceder del que somos partidarios y, por esta razón, apoyaremos este informe. 
Señor Presidente, el año pasado, el Sr. Wynn, ponente del presupuesto, trataba de transformar los gastos obligatorios en gastos no obligatorios. 
Yo me opuse a ello personalmente. 
Fue necesario un recurso del Consejo ante el Tribunal de Luxemburgo. 
Este año estamos, en realidad, ante la misma configuración. 
Sólo ha cambiado la táctica. 
Los argumentos son diferentes, pero el objetivo es el mismo. 
Me opongo firmemente a esa reserva, sencillamente porque las evaluaciones realizadas por el ponente, en el marco de los documentos preparatorios que ha redactado, son en gran parte muy aleatorias. 
En efecto, ¿puede decirme cuál será, por ejemplo, el nivel de producción de vino para la próxima campaña? 
Los profesionales aún no lo saben. 
¿Sabe, por ejemplo, que, desde hace dos años, no ha habido casi ninguna destilación obligatoria, y ello a causa de la sequía, que ha causado estragos en España y en Italia? 
Otro ejemplo: ¿conoce el nivel de las cotizaciones mundiales de los cereales para el año próximo? 
Todos los traders del mundo entero desearían conocerlas. 
¿Sabe, por ejemplo, que, desde diciembre de 1995, existe un impuesto para la exportación de cereales que se eleva hoy a 45 ecus/tonelada? 
Esos ingresos excepcionales se deben a un nivel de precios muy alto. 
Las previsiones son, pues, imposibles. 
Todo esto no es realista. 
Sería importante que nuestro ponente supiera que el primer gesto de un agricultor, todas las mañanas, es ver el tiempo que hace, ya que la agricultura es una de las pocas actividades que dependen de los riesgos climáticos. 
Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción las graves y trascendentales discusiones entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria en el marco del procedimiento ad hoc para el presupuesto de 1997. 
En su tercer año de aplicación, este procedimiento corresponde cada vez más a las expectativas que despertó cuando se concertó en el acuerdo institucional de 1993. 
El informe Brinkhorst indica que el Parlamento está dispuesto a sostener discusiones sustanciales y constructivas. 
El debate se desvía algo de las propuestas de la Comisión establecidas en el anteproyecto de presupuesto. 
La Comisión no preconiza que se efectúen esos cambios pero, teniendo en cuenta la evolución de la situación desde que se confeccionó el anteproyecto de presupuesto, he de decir que la mayor parte de los cambios sugeridos se hallan dentro de los límites de lo que cabe considerar como razonable. 
En particular, la idea de crear una reserva de fondos en la categoría 1- sea específica, sea general- corresponde a las necesidades presupuestarias vinculadas con la crisis de la EEB y las incertidumbres que ha creado. 
En realidad, el anteproyecto de presupuesto prevé ya esa reserva. 
Por otra parte, lo fundamental del presupuesto para 1997 consiste en ponerse de acuerdo sobre las cantidades. 
El establecimiento de nuevos renglones presupuestarios, como se sugiere en el informe, puede ir en detrimento de la consecución de ese objetivo y es poco probable que resulte aceptable para el Consejo. 
Por lo que se refiere al Consejo, sabemos que en este procedimiento presupuestario está resuelto a conseguir un máximo de economías en el presupuesto comunitario, en vista de las necesidades de la Unión Económica y Monetaria. 
El Consejo está preparándose para adoptar un corte horizontal y sin precedentes de mil millones de ecus en los fondos de la categoría 1, basándose en experiencias anteriores que, en realidad, han indicado repetidamente que no se han gastado todos los fondos disponibles para la ejecución presupuestaria. 
Sean cuales fueren las decisiones de la autoridad presupuestaria, hay que hacer constar que no pueden poner en entredicho la financiación apropiada de la política agrícola común sobre la base de las normas vigentes. 
Si se resuelve dejar un margen en las orientaciones agrícolas, tendremos que velar por que la autoridad presupuestaria, en caso de acontecimientos imprevistos, esté dispuesta a movilizar sin demora fondos adicionales mediante un presupuesto rectificativo y suplementario. 
Acabaré mi intervención confirmando una vez más que la Comisión ofrecerá todo el apoyo técnico que el ponente necesite para lograr que el procedimiento ad hoc finalice con éxito por lo que se refiere al presupuesto para 1997. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Garantías al BEI frente a las pérdidas derivadasde préstamos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0205/96) del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (95) 0742- C4-0100/96-96/0015 (CNS) ) por la que se concede una garantía de la Comunidad al Banco Europeo de Inversiones frente a las pérdidas derivadas de préstamos concedidos para la realización de proyectos de interés común en los países de Asia y Latinoamérica con los que la Comunidad ha celebrado acuerdos de cooperación (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; 
Bangladesh, Brunei, China, Filipinas, India, Indonesia, Macao, Malasia, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam). 
Señor Presidente, nosotros apoyamos el informe de nuestro colega, el Sr. Tomlinson. 
Hemos de decir que ésta es una solución provisional y el ponente comenta con razón que es discutible y debe ponerse en duda que el Banco Europeo de Inversiones sea capaz de habilitar este préstamo en el período de tiempo indicado. 
En los puntos 12 y 13 comenta también que el Consejo instó ya en noviembre de 1995 al BEI- y también a la Comisión- a que elaborase un estudio sobre un nuevo sistema de garantía que debería contener reflexiones sobre el reparto del riesgo entre los bancos y el Fondo de Garantía. 
Esto no se ha hecho. 
Esto no existe. 
Por esta razón, quisiera decir de parte de la Comisión de Control Presupuestario que dos medidas nos parecen dignas de ser consideradas: en primer lugar, allí donde sea posible en los países de cooperación y también donde los proyectos lo permitan debería reducirse la garantía del 100 % a una garantía del 75 %. 
En segundo lugar, respecto de los ingresos en el Fondo de Garantía debería ponerse como base un análisis bancario de los riesgos. 
Los actuales ingresos automáticos, que tienen el mismo monto, encierran el peligro de que se quede vacío el Fondo y precisamente los atrasos frente a Rusia y frente a los Estados de la CEI hacen que este peligro parezca muy real. 
Por consiguiente, sería muy pertinente que se establecieran aportaciones escalonadas que fueran fijadas con arreglo a una determinación del riesgo por medio de métodos bancarios. 
Estas son nuestras propuestas y en este sentido apoyamos el informe. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente por el informe y también por su intervención de esta noche. 
Estamos hablando de una cuestión importante. 
Es positivo que se refuercen los acuerdos de cooperación con países de esta región; se trata de América Latina y Asia. 
Pero mi Grupo apoya el punto de vista de que es preciso aumentar la presencia visible de la Unión en los proyectos. 
De este modo, en estos países se podrá comprender mejor cuál es el papel de la Unión en la realización de los proyectos de inversión. 
La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones tendrán que establecer conjuntamente un método para este fin. 
Sin embargo, quiero poner una nota crítica al informe. 
El informe trata de una prórroga de la concesión de préstamos establecida de 1993 a 1996. 
El importe fijado para estos tres años ascendía a 250 millones de ecus anuales. 
Ahora, la Comisión escribe que en dos años se han entregado 277 millones de ecus en préstamos. Y a ello ni siquiera se le han sumado los préstamos para el último año. 
De hecho, la Comisión presupone que esta cantidad tendrá que restarse de los préstamos del nuevo período de febrero de 1996 a febrero de 1997. Así no se trabaja. 
El Parlamento Europeo aprueba un determinado importe para un plazo de tres años. 
Luego tendrá que considerarse de nuevo cuántos préstamos están disponibles para el siguiente período. Esto no se puede anticipar de antemano, antes de que se hayan tomado las decisiones. 
Considero que el ponente ha sido demasiado tolerante al evaluar en su informe los importes aprobados por el BEI como préstamos. 
Sé que el Sr. John Tomlinson lo considera siempre un cumplido. 
Quisiera que la Comisión y el BEI me explicaran cómo es posible que se hayan concedido préstamos superiores a los previstos. 
Otra cuestión adicional es que se ha consultado muy tarde al Parlamento Europeo. 
En febrero del presente año tenía que haber acabado el anterior período de concesión de préstamos. 
En febrero se solicitó el dictamen del Parlamento para un nuevo período. Es demasiado tarde. 
Hace ya tres años que se han fijado los plazos para la concesión de préstamos. 
La Comisión puede prever cuándo tendrá que tomarse una nueva decisión. 
Con esta consulta tan tardía cabe preguntarse si se podrán conceder 410 millones en préstamos. 
¿O acaso la Comisión ya los ha restado del anterior período? 
Una última cuestión es que la Comisión ha decidido poner en una misma línea todos los préstamos a terceros países a principios de 1997. 
La Comisión ha optado por esta fecha porque entonces se acaban los préstamos de la Europa Central y Oriental y para la cuenca del Mediterráneo. 
Es positivo seguir una sola política para los préstamos a terceros países. 
Sin embargo, la Comisión propone prorrogar por medio año la concesión de préstamos a América Latina y Asia si todavía no se han adjudicado por completo los 410 millones de ecus. 
La cuestión es naturalmente qué quiere la Comisión. 
El ponente tiene mucha razón al hacer observaciones al respecto. 
Le doy las gracias por el informe. Sin embargo, creo que la Comisión llega muy tarde con todas estas propuestas y en realidad nos causa problemas y nos da una información insuficiente y tardía. 
Quiero hacer un llamamiento al Comisario para que mejore este aspecto. 
Todos los ponentes tienen el mismo problema y convendría que la Comisión anticipara algo más en este sentido y mirara más al futuro. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión se felicita por la inclusión del informe del Sr. Tomlinson en el orden del día de este período parcial de sesiones. 
Puedo decirle al Sr. Pronk que este informe no llega demasiado tarde: por lo que sé, la decisión tardará todavía en tomarse. 
Felicito al Sr. Tomlinson por la calidad de su informe. 
Es un tema importante, ya que al final del mes de febrero expiró el mandato que se le había confiado al Banco Europeo de Inversiones para las operaciones en Latinoamérica y en Asia. 
Como saben, dicho mandato preveía la revisión, al término del período, es decir, al final del mes de febrero de 1996, del tope anual de 250 millones de ecus, tope que está garantizado por el presupuesto comunitario. 
En su propuesta, presentada el pasado 12 de enero, hace, pues, casi seis meses, la Comisión sugiere al Consejo que fije en 410 millones de ecus el importe de los préstamos BEI a dichas regiones por un período indicativo de un año. 
Dichos préstamos concedidos por el Banco, basándose en sus estatutos y criterios habituales, estarían garantizados al cien por cien por la Comunidad, de conformidad con las conclusiones del Consejo Ecofin del pasado mes de noviembre, y puedo asegurarle, señor König, que la Comisión no escatima esfuerzos para obtener del Consejo que tenga a bien revisar a la baja esa garantía del cien por cien. 
Por ahora, tengo que reconocer que la división en el seno del Consejo no nos ha permitido lograr este punto, pero no escatimaremos esfuerzos para ir en el sentido que desea. 
Quisiera hacer dos breves observaciones. 
La primera de ellas se refiere al tope de los préstamos. 
El tope de 410 millones de ecus propuesto por un año representa, lo reconozco, un aumento sustancial con respecto al mandato anterior: 250 millones de ecus durante tres años. 
Pero como ha puesto de relieve muy acertadamente el Sr. Tomlinson, su ponente, ese aumento se justifica porque la actividad del BEI refuerza la política de cooperación de la Unión Europea en Latinoamérica y en Asia, también porque la actividad del BEI responde a la invitación que hizo el Consejo Europeo de Madrid al Banco Europeo de Inversiones para que intensificara sus acciones en Latinoamérica y, por último, porque la actividad del BEI apoya a las empresas europeas en su esfuerzo de penetración en esos mercados emergentes, que, por otra parte, a menudo están lejos. 
Mi segunda observación se referirá a la duración del mandato. 
El período indicativo de un año que propuso la Comisión el pasado mes de enero es excepcional. 
Como saben, los mandatos de esas operaciones son generalmente multianuales. 
Para la Comisión era necesario hacer coincidir la renovación de ese mandato con la de los paquetes multianuales de préstamos BEI a favor de otros terceros países, tales como los PECO, o países de la Europa central y oriental, y los países del Mediterráneo. 
Ahora bien, esa renovación, para esas dos categorías de países, tendrá lugar a finales de este año. 
El objetivo de la Comisión es lograr un reparto equitativo de los paquetes de préstamos entre las diferentes regiones, habida cuenta de los márgenes de maniobra disponibles para esos préstamos en el marco del fondo de garantía, que usted, señor Tomlinson, mencionaba hace un momento, para las acciones exteriores de la Unión. 
Para terminar, quisiera subrayar que la Comisión acepta sin ningún problema las enmiendas 1 y 4 de su informe. 
Las enmiendas 2 y 5 no plantean ningún problema de principio, pero tampoco me parecen de una utilidad indispensable. 
En cambio, la Comisión no puede aceptar la enmienda 3, relativa a la cláusula de ampliación de ese mandato por seis meses, y ello sencillamente porque esa cláusula existe tradicionalmente en los otros mandatos del BEI y porque el BEI considera que esa cláusula es necesaria para garantizar, en particular, la flexibilidad indispensable para iniciar los programas de préstamo. 
Señor Presidente, no queremos crear dificultades acerca de la enmienda 3, y me limitaré a pedir al Comisario que reflexione sobre el particular antes de que votemos mañana sobre ella. 
Está muy bien decir que la cláusula existe ya tradicionalmente, pero tradicionalmente no nos ocupamos de fijar fechas y parece absurdo que nos esforcemos simultáneamente por fijar fechas y al mismo tiempo que preveamos la posibilidad de ampliar por seis meses el período, lo que las «desfijaría». 
Espero que el Comisario reflexione sobre lo que acabo de decir porque el Parlamento persistirá mañana en su voto acerca de la enmienda 3. 
Es muy tarde, señor diputado, para iniciar un debate sobre este interesante tema. 
Lo que puedo garantizarle, porque yo mismo he mirado bien todos los paquetes de préstamos y todos los períodos, es que no habrá problemas, cualquiera que sea, por otra parte, la fecha en la que el Consejo tome su decisión. 
Por lo tanto, haremos que se garantice la coherencia que habrá entre las tres regiones afectadas por los programas de préstamos. 
Por eso no pienso que la posible prórroga de seis meses pueda plantearle un problema, habida cuenta del objetivo que usted persigue, puesto que tenemos el mismo objetivo. 
Pienso que, con respecto al Banco y con respecto a los otros países, el hecho de no establecer esa cláusula tendría un carácter tal vez discriminatorio, que podría ser desagradable. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
OCM de las carnes de ovino y caprino 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0221/96) del Sr. McCartin, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe especial nº 3/95 del Tribunal de Cuentas (C4-0592/95) relativo a la aplicación de las medidas de intervención previstas para la organización de mercados en el sector de las carnes de ovino y caprino. 
Señor Presidente, mi informe trata del recuento de ovejas. 
Durante mi adolescencia en la parte occidental de Irlanda, si uno no podía dormir por la noche se le recomendaba que imaginara un rebaño de ovejas y que las contara. 
Aquí, a estas horas de la noche, nuestro personal y nuestros intérpretes no necesitan una terapia ovina para dormirse. 
Me parece que los diputados que están presentes no duermen nunca. 
Seré lo más breve posible. 
Este informe se deriva de un informe del Tribunal de Cuentas sobre el régimen de carne ovina, que criticaba bastante la forma en que los Estados miembros supervisan el régimen y que criticaba asimismo la política propiamente dicha. 
Me limitaré a recordar que la organización común del mercado entró en vigor en 1980 y que su finalidad era estabilizar los precios y ofrecer condiciones de vida razonables para las personas que se dedican a la producción de carne de ovino y de caprino. 
En aquellos momentos la Unión Europea sólo tenía un 60 por ciento de autonomía en materia de carne de ovino y caprino; hoy en día, el porcentaje ha aumentado al 82 por ciento. 
En la Unión Europea hay aproximadamente 700.000 productores, y el costo del régimen es de unos 1.800 millones de ecus, lo que corresponde a unos 200 ecus mensuales por productor individual. 
Es una cantidad de dinero relativamente pequeña; menos que un solo pago de bienestar social a una sola persona. 
El Reino Unido, España, Italia, Grecia, Francia e Irlanda- en ese orden- son los principales productores. 
La ayuda se abona mediante la fijación de un precio de orientación, y si el mercado resulta ser inferior entonces se abona la compensación. 
A esa compensación se le denomina prima. 
Si se utilizan las ovejas para producir leche, así como carne, entonces sólo se abona el 80 por ciento de la prima. 
La prima asciende a una cantidad anual de 17 a 25 ecus. 
Desde 1991 se ha introducido una prima especial para beneficio de las zonas más pobres de la Comunidad. 
Quisiera decir lo siguiente a favor de la política actual: el 80 por ciento de los productores viven en las zonas menos favorecidas y, por lo tanto, disfrutan de posibilidades muy limitadas para la utilización de la tierra, que, por definición, es generalmente montañosa y se caracteriza siempre por ser una tierra pobre. 
La cría de ganado ovino y caprino se lleva a cabo siempre mediante la utilización de amplios sistemas de pastoreo y, por lo tanto, es positiva desde el punto de vista ambiental. 
En vista del escaso nivel de beneficios que tienen estas explotaciones, se puede decir que sin el sistema de ayuda toda la producción cesaría. 
La Comisión estima que entre el 80 y el 90 por ciento de los beneficios de los ganaderos de ovejas y cabras provienen de la prima, lo que significa que sin dicha prima no habría beneficios. 
El Tribunal de Cuentas, en un informe especial sobre este sector que finalizó a mediados de 1995, formuló críticas acerca del sistema de control de los Estados miembros, y esas críticas han sido aceptadas en mi informe. 
Más aún, estimamos que a pesar de los esfuerzos desarrollados por la Comisión y de las mejoras que ha conseguido, aún se pueden hacer algunas mejoras importantes. 
El sistema nunca será perfecto sin la ayuda de algún dispositivo electrónico que permita, en condiciones difíciles o en terrenos dificultosos, contar las cabezas de ganado y llevar cuenta exacta de ellas. 
En estos momentos se está probando un sistema en España y en Portugal, con la esperanza de que permita lograr una exactitud mucho mayor en el sistema. 
Otro motivo de crítica es que, en comparación con el costo de la carne de bovino, la subvención de la producción de carne de ovino cuesta tres veces más, pero el Tribunal de Cuentas no se percató de que no se trata de una subvención alimentaria: se trata de un suplemento de ingreso para los agricultores y de un esfuerzo encaminado a mantener a la población en las zonas rurales. 
El Tribunal de Cuentas estimaba asimismo que la prima ejercía una influencia negativa para el mercado de la carne de bovino y de ternera. 
Esa crítica carece de fundamento. 
Si se suprime la prima para la carne de ovino y caprino, entonces ya no se consumirá esa carne y la parte que le correspondería la ocuparán sistemas más intensivos- aves de corral y ganado porcino- que son menos positivos para el medio ambiente y que dan empleo a mucha menos gente que el sector ovino. 
La Comisión dice que las cifras y el costo han estado aumentando continuamente. 
Eso era cierto en el decenio de 1980. 
En realidad, las cifras han comenzado a disminuir y han sufrido una reducción del 6 por ciento en los últimos años, lo que corrobora lo que he dicho, es decir, que no se trata de un negocio muy beneficioso; no es muy lucrativo. 
El Tribunal de Cuentas dice asimismo que este ganado debería quedar confinado en las zonas montañosas. 
No olvidemos que en las zonas montañosas se abona un subsidio extra- ya poseen el 80 por ciento o más de toda la producción -, con lo que la parte que queda para las tierras bajas es pequeñísima. 
Sea como fuere, no es una cuestión de contabilidad: es una decisión política y, por lo tanto, incumbe a los políticos- el Parlamento y el Consejo- el tomar decisiones sobre si el plan de subvenciones se aplica a las tierras bajas o no. 
En términos sociales y ambientales esta política es rentable. 
A nadie le perjudica que recordemos que en los primeros años, cuando este plan se introdujo por vez primera- cuando Gran Bretaña era uno de los principales productores -, se estimaba que era una política que ayudaría a corregir el desequilibrio que el Reino Unido ha dicho siempre que existía en el terreno financiero contra él. 
La política sirvió para toda una serie de finalidades: prestar ayuda a las regiones montañosas desfavorecidas, mantener a la población en ellas, mantener una agricultura ecológicamente positiva, y resolver el problema político que consistía en devolver algo de dinero a Gran Bretaña por la forma particular de producción en que se había especializado. 
Recomiendo el informe al Parlamento. 
Señor Presidente, tiene su mérito que estemos aquí a las 11.30 de la noche de un miércoles cuando probablemente podríamos estar haciendo otras cosas seguramente más agradables. 
Quisiera dar gracias al Sr. McCartin por su presentación muy erudita. 
Ahora bien, en la reseña que ha hecho nos ha obsequiado con un truco de prestidigitador por lo que se refiere al informe sobre la carne de ovino y caprino. 
El costo provisional para 1995 fue de 1.780 millones de ecus y sé, como miembro de la Comisión de Presupuestos, que esa cantidad va a aumentar en otros 94 millones de ecus el año que viene. 
Quizá convendría que nos fijáramos en las diversas críticas formuladas por el Tribunal de Cuentas. 
El Tribunal de Cuentas ha subrayado que había un problema para distinguir entre las ovejas que producen leche y las que no la producen, lo que plantea un problema también para la Comisión de Control Presupuestario y por lo que se refiere al pago de primas. 
En segundo lugar, también hay un problema con la definición de zona menos favorecida. 
El Tribunal de Cuentas ha comprobado que solamente Escocia e Irlanda poseen claros registros de tierras, lo que permite ver si la definición es aplicable. 
Por lo tanto ha habido un problema para contar los rebaños de ganado lanar en otros Estados miembros y determinar los pagos que había que hacer. 
Con toda razón, en la opinión de mi grupo, el Tribunal de Cuentas ha dicho que esto plantea un problema pues se presta al abuso por parte de los Estados miembros. 
En tercer lugar, el Tribunal ha comprobado asimismo que la información estadística facilitada por los Estados miembros era inadecuada. 
He sostenido conversaciones con Estados miembros que tienen un régimen de recuentos a base de métodos contables regionales, locales o por Länder. 
Me dijeron que tenían problemas por lo que se refería a la acumulación y la contabilidad. 
Esta es una cuestión de la que hay que ocuparse, y estoy seguro de que el Sr. McCartin coincide conmigo. 
Por último- y el Sr. McCartin ha hablado de esta cuestión- la producción de un kilo de carne de ovino cuesta 1, 7 ecus, o sea tres veces más que el coste de la carne de bovino. 
Esto parece increíble cuando pensamos en la subvención que ofrecemos en el marco de la política agrícola común. 
Por lo que se refiere a las enmiendas, el Grupo del Partido Popular Europeo ha presentado dos enmiendas con miras a debilitar el contenido del informe. 
Probablemente el Grupo Socialista, el Grupo de los Verdes y el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas se opondrá a esas enmiendas. 
La primera enmienda procura mitigar las críticas formuladas acerca del costo de todo el proyecto, y la segunda procura conseguir que todas las personas puedan aspirar a la ayuda, y no solamente las de zonas menos favorecidas. 
No podemos apoyar ese concepto. 
Aparte de esas dos críticas, somos partidarios del informe McCartin, pero en términos de la política agrícola común me parece que es difícil apoyar en general la utilización del dinero de los contribuyentes europeos para programas de este tipo. 
Es una tarea difícil, señor Presidente, para alguien que no es especialista en corderos y que sólo tiene la costumbre de contarlos. 
Doy las gracias al Sr. McCartin por su informe y, por supuesto, también al Tribunal de Cuentas por su informe especial sobre la aplicación de las medidas de intervención previstas por la organización de mercados en el sector de las carnes de ovino y caprino. 
En su informe publicado en el Diario Oficial el pasado mes de octubre, el Tribunal de Cuentas expresó su preocupación sobre varios temas: el incremento de los gastos en el sector, la pertinencia del recurso a los precios de base en el cálculo de las primas, la extensión de las zonas desfavorecidas. 
Por otra parte, puso en duda la necesidad de abonar primas en las regiones no desfavorecidas. 
Por último, planteó cierto número de problemas técnicos que se refieren a las estadísticas, a los precios de mercado y a las primas. 
En el mismo Diario Oficial, la Comisión contestó detalladamente a esas preocupaciones. 
En particular, subrayó que si bien los gastos habían aumentado, debido especialmente a la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, la introducción del estabilizador en 1988 y de las cuotas en 1992 había permitido controlar mejor esos gastos. 
La Comisión hace observar asimismo que no considera deseable desde el punto de vista político limitar los pagos de primas a las regiones desfavorecidas, en la medida en que eso provocaría la desaparición de un cuarto aproximadamente de la producción comunitaria de ovino. 
He tomado buena nota de que la propuesta de resolución del Parlamento recoge las constataciones del Tribunal de Cuentas, aunque el Sr. McCartin esté de acuerdo con la Comisión en rechazar la crítica de principio del Tribunal de Cuentas. 
No obstante, quisiera subrayar de nuevo la posición de la Comisión tal y como se precisa en su respuesta detallada al informe del Tribunal de Cuentas y, en ese contexto, me congratulo de la enmienda 2 presentada a este respecto por el Sr. Garriga Polledo. 
Desearía hacer brevemente un comentario sobre dos puntos de la propuesta de resolución. 
El primero se refiere al considerando F., que declara, cito: » la organización común de mercados incide negativamente sobre los gastos comunitarios en el sector de la carne de bovino». 
La Comisión no tiene conocimiento de la relación causa-efecto que justifica este considerando. 
El volumen de producción del sector de la carne de ovino sólo representa del 10 al 15 % del de la carne de bovino. 
Los gastos en ese sector, es decir, el de la carne de ovino, ayudan a los productores a proseguir su producción. 
Una reducción del apoyo podría incitar a los productores a pasar a la producción de carne de bovino, producción de alto nivel que, como ustedes saben, se basa ampliamente en los pastos, con todas las consecuencias presupuestarias indeseables que eso supondría, sobre todo en este momento. 
La segunda observación se refiere al apartado 1 de la propuesta de resolución. Insta a la Comisión a que proponga nuevas soluciones en sustitución del sistema actual, cito: » en las que se prevea que, paulatinamente, sólo las regiones desfavorecidas reciban ayudas». 
La Comisión no tiene la intención de sustituir un sistema que hasta ahora ha funcionado bien. 
Una modificación de ese tipo supondría un cambio radical en la filosofía misma de esta organización de mercados y, como decía hace un momento, el fin de esta actividad en determinadas regiones de la Comunidad. 
A pesar de la importancia que reviste en las regiones desfavorecidas, un cuarto de la producción comunitaria de ovino está garantizado por otras regiones. 
Esa producción es desde hace mucho tiempo y sigue siendo una actividad tan legítima como cualquier otra en esas regiones y, por consiguiente, igual de digna de apoyo. 
Por último, por lo que respecta a las recomendaciones técnicas formuladas en el informe del Tribunal de Cuentas, algunas se recogen en el informe del Sr. McCartin, y quiero poner de relieve que la Comisión ya las ha estudiado cuidadosamente. 
Actualmente prepara enmiendas a sus propios reglamentos. 
Luego, esas enmiendas deberán votarse en el Comité de Gestión de la Carne de Ovino y aplicarse antes de la campaña 1997. 
Las enmiendas de que se trata se refieren al control de los productores que se benefician de una prima denominada «mundo rural» por el hecho de que más de la mitad de su explotación está situada en región desfavorecida. 
Esas enmiendas se refieren también a las modalidades administrativas que regulan el engorde de los corderos ligeros como canales pesadas. 
Por otra parte, la Comisión ya ha reforzado sus exigencias a este respecto, modificando el Reglamento nº 2814/1990 por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la definición de corderos engordados como canales pesadas. Eso se refiere a la notificación, por parte de los Estados miembros, de las informaciones estadísticas relativas a las primas solicitadas por los productores de ovejas lecheras cuyos corderos se engordan como canales pesadas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Deseo dar las gracias a la Sra. Fouque por su intervención. 
Tomo nota de su intención de pronunciarse en contra de la aprobación de la enmienda nº 27 sobre el calendario del período parcial de sesiones del Parlamento de 1997. 
Por otra parte, esta intención ha quedado debidamente registrada y consta en acta, en el Acta de la sesión de ayer. 
No obstante, debo decirle- al igual que lo diré, probablemente, también a otros colegas- que no se modificará el resultado de la votación, puesto que el apartado 5 del artículo 123 de nuestro Reglamento es muy claro y contundente, ya que prevé que «el Presidente resolverá sobre la validez del resultado proclamado. 
Su decisión será inapelable». 
Señor Presidente, el borrador de Acta que se nos ha distribuido no puede aprobarse en el estado en que se encuentra. 
En efecto, refleja una contradicción flagrante por lo que respecta a la votación nominal de la enmienda 27 relativa al calendario de los períodos de sesiones para 1997. 
Con razón, se menciona que la Sra. Fouque quiso votar en contra, pero no se produjo ninguna consecuencia en el resultado de la votación que, les recuerdo, se jugó por un voto. 
En estas condiciones, les pido que tengan a bien añadir al Acta una frase en la que conste que no se puede aprobar la enmienda 27, a falta de lo cual nos veríamos obligados a rechazar el Acta. 
Señor Presidente, lo que acabamos de oír nos interpela. 
Deseo que se aplique el Reglamento al pie de la letra, e incluso soy partidario de ello, pero, ¿es la máquina superior a la voluntad humana? 
En el caso que nos ocupa, se trataba de una votación nominal. 
Ahora bien, en este caso, cada diputado que se expresa mediante su voto, se compromete. 
Por lo que respecta a la declaración que acaba de hacer la Sra. Fouque, no existe la menor duda acerca del sentido que quería dar a su voto. 
Acaba de hacer su declaración públicamente. 
No se había dado cuenta de que había un error hasta conocer la lista informática de los votantes. 
Por consiguiente, su intención es clara, y su buena fe total. 
En estas condiciones, creo que debería ser posible rectificar el voto. 
Creo que en contenciosos electorales- aunque tal vez no sea lo mismo- en general, en el conjunto de nuestros Estados miembros, cuando se produce un error material, las jurisdicciones restablecen el voto, y, a veces, cambian el sentido de una elección. 
Aquí, no se trata de una elección, sino de una votación importante. 
Creo que el Parlamento se honraría si, teniendo en cuenta las declaraciones, muy claras y sin ambigüedad de la Sra. Fouque, rectificara la votación. 
Deseo dar las gracias a los Sres. Striby y Pasty y tomo nota de sus intervenciones. 
Evidentemente, quedan fuera de toda duda la intención y la buena fe de la Sra. Fouque, por otra parte, manifestada ayer inmediatamente después de la votación. 
En cuanto a los errores del dispositivo, deseo señalar que los servicios técnicos han revisado la instalación del dispositivo de voto de la Sra. Fouque y se ha comprobado que se hallaba en perfecto estado de funcionamiento. Desde este punto de vista, es justo informar al Parlamento de ello. 
Señor Presidente, desearía intervenir en aplicación del artículo 133 del Reglamento. 
Acaba usted de tomar postura en la polémica. 
Pero cuando se produce una impugnación del Acta, corresponde al Parlamento pronunciarse. 
Impugno el apartado 12, en su totalidad, por lo tanto, desde el final de la página 9 a la mitad de la página 11, el conjunto de este apartado 12. 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 133, y habida cuenta de que el Acta ha sido impugnada, le pido que nuestra Asamblea se pronuncie sobre si se toma o no en consideración la modificación siguiente: » Suprimir el apartado 12 en su totalidad, en aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 133. 
Deseo que nuestra Asamblea se pronuncie sobre esta petición de modificación del Acta. 
Señor Presidente, ha evocado usted los derechos del presidente de la sesión. 
Dichos derechos, como ha dicho el Sr. Fabre-Aubrespy, se ejercen a reserva de las disposiciones del artículo 133. 
Corresponde a la Asamblea ratificar el Acta. 
Añado que, por lo que respecta a nuestra compañera la Sra. Fouque, que se ve impedida pero que siempre ha manifestado claramente su voluntad que es total, me parece perfectamente injurioso que se deforme su voluntad y se le haga expresar un voto contrario al que ha manifestado siempre. 
Señor Presidente, desearía manifestar que en esta Asamblea se aplican distintos raseros para aceptar o no los cambios de las votaciones nominales. 
En efecto, ayer, a propósito de una votación, me dirigí a la Mesa de la Presidencia, para solicitarle que se tuviera en cuenta una votación nominal que no pude expresar a tiempo. 
Ello no constituyó ningún problema. Lo tomaron en consideración. 
Entonces, ¿por qué no se tiene en cuenta hoy el voto de la Sra. Fouque? 
Señor Presidente, considero que es muy peligroso que, para proteger los intereses de una parte- en este caso no una parte política, sino una parte del Pleno que adoptó una posición específica respecto a un determinado asunto- en esta Asamblea se intente cuestionar uno de los principios fundamentales de nuestro funcionamiento. 
Es evidente que puede ocurrir que se rectifique, tenga en cuenta o conste la declaración de un diputado que, percatándose de haberse equivocado a la hora de votar, no ve reflejada en el Acta, sobre todo tratándose de votación nominal, su intención de voto, o, como recordó antes la colega, puede no haber expresado su opinión por un error momentáneo. 
Es evidente, sin embargo, tal como lo demuestran todos los precedentes de esta Casa, que si se procede a una votación nominal o, de cualquier modo, a una comprobación electrónica de un voto y cuando la diferencia entre uno y otro voto, entre un sí o un no, cualquiera que sea el objeto de la cuestión, depende de un escaso número de votos- en el caso de mayoría cualificada o en otro- vale el resultado electrónico, cuando se comprueba, como usted acaba de manifestar, que no hay errores materiales. 
En el pasado se registraron centenares de casos de diputados que se equivocaron a la hora de votar y que hicieron constar en Acta su error, sin que ello modificara, no obstante, el resultado de una votación. 
Deseo recordar a los colegas que hoy, para defender una posición legítima, a pesar de que ayer no fuera compartida por la mayoría de los diputados, se ponen en duda los principios fundamentales del funcionamiento del Parlamento. 
Señorías, entiendo muy bien la importancia del debate que estamos celebrando, sin embargo, deseo proponer que se ponga fin a las anotaciones de voto en el Acta. 
Habida cuenta de que hay todavía tres intervenciones pendientes, si están de acuerdo, voy a conceder la palabra en primer lugar a los tres diputados que quieren intervenir y luego, al final, haré una propuesta. 
Señor Presidente, me sumo a lo que acaba de decir el Sr. Vecchi. 
El Parlamento se rige por normas y por precedentes, y los que estamos aquí desde hace tiempo hemos pasado ya por situaciones similares. 
Es importantísimo que nos atengamos a las normas que acaba de indicar usted, y que se tome nota de lo que ha dicho la Sra. Fouque. 
Sea como fuere, el resultado es el que conocemos y así debe figurar en el Acta. 
Me limitaré a decir a los colegas que quizá no estén satisfechos con el resultado, que esta situación se ha planteado ya otras veces, prácticamente cada año, y que la hemos discutido a fondo. 
Señor Presidente, hubiera sido mejor que el líder del Grupo Europa de las Naciones, Sir James Goldsmith, hubiera llegado a su debido tiempo. 
Sugiero que en el futuro, cuando nos haga una de sus efímeras visitas, pidamos al Servicio de Visitantes que le indique donde está su escaño. 
Señor Presidente, soy diputado de este Parlamento desde que introdujimos por vez primera la votación electrónica, y estoy seguro de que desde entonces ha habido centenares de errores. 
Compadezco a los diputados que cometen un error con ocasión de una votación importante. 
Yo mismo he cometido docenas de errores de ese tipo. 
Es una lástima, pero no queda más remedio que atenerse a las normas establecidas. 
El resultado de la votación es el que se anunció ayer. 
Es evidente que los diputados tienen perfecto derecho a indicar qué intención tenían, pero lo que cuenta es el resultado de la votación, y me parece que no debemos valernos del Acta para intentar corregir los errores cometidos. 
Como ha dicho el Sr. McMillan-Scott, cada vez que se plantea esta discusión se recurre a todo tipo de ardides para poder modificar el resultado de la votación. 
Hemos adoptado una decisión y ahora tenemos que atenernos a ella. 
Señor Presidente, sólo una palabra para decir que he comprobado que mi nombre no figuraba en el Acta mientras que, como lo demuestran las votaciones nominales, en efecto, estaba ayer allí. 
Sin duda, se trata de una omisión por mi parte. 
Creo que debo confirmar lo que dije haces unos momentos en relación con el artículo 123 del Reglamento, artículo que es muy claro y que siempre se ha respetado, tal como observaron varios colegas. 
Entre la intención y la realidad existe una diferencia. En numerosas ocasiones hubieron colegas que declararon su error, pero esto nunca hizo que se modificara el resultado de una votación. 
Sin embargo, hoy los Sres. Fabre-Aubrespy y Gollnisch han formulado una petición en base al artículo 133. 
Personalmente, acojo dicha petición y, puesto que el turno de votaciones está previsto para las 11.30 horas, pediré al Presidente en ejercicio que el Acta se someta a votación al principio del turno de votaciones de las 11.30 horas. 
Ésta es mi propuesta, que creo que debe considerarse igual a una decisión. 
Señor Presidente, no hablaré de todo lo que acaba de decirse. 
Simplemente, me pronunciaré sobre la propuesta que acaba de hacer usted. 
Es usted soberano, señor Presidente, pero es soberano dentro de los límites del Reglamento y éste es perfectamente claro. 
El apartado 2 de su artículo 133 al que le remito, dice que: » Al comienzo de cada sesión el Presidente someterá a la aprobación del Parlamento el acta de la sesión anterior». 
No se puede encontrar un apartado más claro y como no dudo de que es usted un hombre honrado, estoy seguro de que estará usted de acuerdo conmigo en que es preciso que el Parlamento se pronuncie al comienzo de la sesión, de lo contrario, la votación sería nula. 
Señor Gollnisch, le agradezco su sugerencia y la precisión con la que invoca el Reglamento. 
Tal como usted menciona, el apartado 2 dice: » Al comienzo de cada sesión el Presidente someterá a la aprobación del Parlamento el acta de la sesión anterior». 
El párrafo 3 añade: » Si se impugnare el acta, el Parlamento se pronunciará en su caso sobre la toma en consideración de las modificaciones solicitadas. 
Añade asimismo, lo recuerdo a todos que «ningún diputado podrá intervenir en este trámite más de un minuto» , aunque esto es algo secundario. 
Ahora bien, para ser exactos: el acta se somete a la aprobación de la Asamblea al principio de la sesión, tras lo cual corresponde al Presidente, en el caso de impugnación, decidir si se procede a la votación en el turno de votaciones previsto. 
Existen precedentes al respecto. 
Señor Presidente, de lo que se protesta aquí no es de las Actas en sí, que se toman como motivo, sino que la impresión es de que es necesario impugnar la votación de ayer en esta Asamblea aun cuando sea favorable para Estrasburgo. 
El Artículo 123 del Reglamento estipula que es el Presidente quien decide sobre la validez del resultado alcanzado. 
Y yo no he oído- y esto lo digo a esos colegas- que el propio Presidente refute dicho resultado. 
Esto significa que en lo que nos atañe no es necesario referirnos a las Actas. 
Así lo hicimos todos y debemos pues aceptarlo hoy. 
Es esa su responsabilidad. 
Señor Presidente, por lo que a mí respecta, desearía que el Acta quedara clara para la gente del exterior. 
Cuando nos remitimos al Acta leemos: » Octubre I, enmienda 27, aprobada mediante votación nominal, votantes 544, a favor 269, en contra 268, abstenciones 7» y entre paréntesis, está bien especificado «la Sra. Fouque ha querido votar en contra». 
Así pues, la Sra. Fouque está descontada de entre los que han votado a favor. 
Por consiguiente, tenemos un Acta que dice que la votación ha sido declarada válida pero que uno de los diputados ha declarado, muy claramente, que se ha equivocado. 
Por lo tanto, confieso que esto arroja un cierto descrédito a las votaciones emitidas en este Parlamento. 
Es la razón por la cual no he pedido que se proceda de nuevo a la votación sino que se rectifique, es decir, que se armonice el Acta con lo que ha declarado un diputado, de una forma lo suficientemente precoz como para que figure en el Acta que debe ser coherente con las intenciones de voto emitidas. 
Se lo agradezco mucho Sr. Pasty, no obstante, al contestarle a usted y a sus colegas, deseo reiterar lo manifestado por la Sra. Oomen-Ruijten. 
Se trata de dos cuestiones distintas: el Acta es una cosa y el resultado de la votación de ayer otra. 
Ésta es la cuestión. 
Con arreglo al artículo 123, ya no se cuestiona el resultado de la votación de ayer, no puede modificarse y este es un hecho. 
No podemos modificar el Reglamento según las conveniencias. 
Por lo que se refiere al Acta, les recuerdo lo que manifesté hace unos momentos: se someterá a la aprobación a las 11.30 horas, cuando comenzará el turno de votaciones. 
Señor Presidente, en la prensa de anoche aparecen imágenes de la ceremonia de conmemoración de las víctimas del accidente aéreo de un avión militar en el aeropuerto de Eindhoven, acaecido a principios de esta semana. 
Esta mañana nos conmovió la noticia de que anoche un avión, en el vuelo TWA 800 de Nueva York a París, se estrelló frente a la costa de Long Island a consecuencia de una explosión. Se teme que más de 200 personas hayan perecido en el accidente. 
¿Podría Vd., señor Presidente, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, transmitir las condolencias del Parlamento Europeo a los familiares de estas víctimas? 
Estos trágicos accidentes nos obligan a todos a dar aún una mayor prioridad a la seguridad en la navegación aérea. 
Le doy las gracias, señor Cornelissen. 
En nombre de todo el Parlamento, el Presidente se asocia al pésame a las familias de las víctimas. 
Señor Presidente, en el transcurso de nuestro período de sesiones del mes de mayo, nuestra Asamblea aprobó, supongo que todo el mundo se acuerda de ello, una resolución que condenaba las violaciones de los derechos humanos en Túnez. 
Dicha resolución llamaba en particular la atención sobre el caso del Sr. Khémaïs Chammari, diputado, responsable del Movimiento de los Demócratas Socialistas, que fue detenido y encarcelado en la prisión civil de Túnez. 
Acabo de enterarme de que el Sr. Chammari fue condenado ayer noche a cinco años de prisión incondicional. He ahí una nueva violación de los derechos humanos que ataca, sobre todo, a los partidos de la oposición, los periodistas y los militantes de las asociaciones de derechos humanos. 
La lucha necesaria contra el integrismo no debe servir de pretexto para atentar contra la libertad de opinión y de expresión. 
Señor Presidente, le propongo que apele a la resolución de nuestro Parlamento para protestar ante las autoridades tunecinas contra la condena del diputado Khémaïs Chammari. 
Señor Presidente, como iniciadora, en nombre de mi grupo, de la resolución sobre Túnez a la que acaba de aludir la Sra. Pailler, simplemente, desearía manifestar que me uno a su petición, a título personal. 
Señor Presidente, simplemente, desearía mencionar el Reglamento para señalar que, por lo que respecta a las enmiendas 1 a 7, bloque II, no había emitido un voto negativo, sino positivo, es decir, que estaba a favor. 
Tengo interés en que se mencione esto en el Acta. 
Se hará la debida corrección. 
Señor Presidente, para poner fin a este debate que amenaza con eternizarse, propongo que a pesar de las reservas sobre el Acta que aquí se han expresado, de conformidad con el Reglamento, pasemos a la votación del Acta inmediatamente. 
Le agradezco, su Señoría, la sugerencia que, por otra parte, no es la primera. Sin embargo, ya mencioné el procedimiento que vamos a seguir: votaremos a las 11.30 horas. 
Señor Presidente, usted cede la palabra varias veces a algunos oradores; podría cederla varias veces a todos. 
Usted la cede a algunos oradores, cuando estamos en un punto del orden del día. 
Ejerza su presidencia como debe. 
Pasamos a un punto del orden del día, y a continuación pasamos a otro. 
Quería precisar a la Sra. Oomen-Ruijten que la petición que he realizado se refiere al conjunto del apartado 12 y no sólo a la enmienda 27 de la que ya hemos hablado. 
Y si impugno el conjunto del apartado 12, es asimismo porque, como ya lo dije ayer durante la sesión, cuando pedí la palabra antes de la votación de las enmiendas que presenté en nombre de mi grupo, no se me la concedió. 
Quería intervenir para retirar algunas enmiendas que luego fueron sometidas a votación. 
Por consiguiente, se ha producido un desequilibrio fundamental para con el derecho de cada diputado de hacer uso de la palabra antes de la votación de las enmiendas. 
Por lo tanto, señor Presidente, pido la votación para retirar el conjunto del apartado 12 y usted debe proceder inmediatamente a dicha votación porque usted ha iniciado la aprobación del orden del día y si quiere modificarlo, necesita el consentimiento de toda la Asamblea para ello. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Fabre-Aubrespy, ya le di una respuesta anteriormente, ahora se la confirmo. 
Señor Presidente, le ruego que interrumpa este circo ahora que se han impuesto conscientemente impedimentos franceses al trabajo del Parlamento. 
Nos queda todavía mucho por hacer, por lo que no queremos seguir escuchando a quienes deliberadamente critican nuestro trabajo. 
Le ruego que siga con el orden del día y que pare estas tonterías. 
Señor Blak, en ciertas situaciones especialmente delicadas hace falta algo de paciencia. 
Cooperación con Sudáfrica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0214/96) de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la posición común del Consejo (C4-0221/96-95/0110 (SYN) ) con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo relativo a la cooperación y al desarrollo con Sudáfrica (Ponente: Sra. Günther). 
Señor Presidente, muchas gracias por poder iniciar este punto del orden del día aunque sea con media hora de retraso. No oculto que a pesar del interés del debate anterior, no habría sido dañino acortarlo quizás algo. 
Se trata ahora de un reglamento para la cooperación con Sudáfrica, que se incluye entre una serie de reglamentos similares, en los que colocamos la cooperación en el campo del desarrollo sobre un fundamento jurídico. 
En la presente recomendación para segunda lectura se trata de regular las favorables relaciones entre la Unión Europea y Sudáfrica. 
En consonancia con las directivas de negociación acordadas por el Consejo en junio de 1995, la Unión Europea y el Gobierno de Sudáfrica acordaron que la futura financiación de proyectos de desarrollo se realizaría a través de un fondo de desarrollo especial de la Unión Europea y no a través de FED. 
De este modo, el Parlamento tiene otras posibilidades de participación. 
En la exposición de motivos que acompañaba al proyecto de reglamento se reconoce el papel central desempeñado por el Parlamento Europeo durante años en la ayuda a Sudáfrica. 
Perdón, señor Presidente, es extremadamente difícil hablar si atrás se está discutiendo. 
¿Podría hacer que los colegas lo hagan fuera de la sala? 
Señora Günther, tiene usted perfectamente razón. 
En efecto, hay algunos colegas que en este momento se muestran muy poco correctos. 
Les invito a todos a prestar atención o, si prefieren no escuchar, a abandonar el Pleno. 
Sudáfrica ha experimentado en los últimos años una evolución satisfactoria y ha sido acogida en la familia de los pueblos. 
Por ello, es necesario que se superen lo más rápidamente posible las lagunas existentes en la cooperación, para iniciar un desarrollo sostenido. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación se ha esforzado mucho por lograr una regulación duradera para hacer justicia a dicha cooperación. 
El borrador del reglamento era en su día muy satisfactorio, si bien se introdujeron modificaciones para adaptarlo a las necesidades y, ante todo, para tener en cuenta del modo adecuado la situación surgida tras las elecciones libres en Sudáfrica y la toma de posesión del nuevo Gobierno en abril de 1994. 
Se vio entonces que a la hora de emplear los créditos había que marcar otras prioridades diferentes. 
Bajo este aspecto, es de saludar que en la posición común se refleje una parte de las enmiendas propuestas por el Parlamento en primera lectura. 
Esto es aplicable ante todo a la exigencia de iniciar no solamente un desarrollo permanente sino también compatible con el medio ambiente e incluir consecuentemente en el reglamento proyectos de protección medioambiental. 
En el sector medioambiental nos vemos de vez en cuando confrontados al hecho de que los créditos que se ponen a disposición no se emplean con la suficiente rapidez. 
Por ello, desde el punto de vista del Parlamento es de saludar que la exigencia de un programa indicativo se presente de un modo más detallado que en la primera lectura. 
Otra enmienda que se puede aceptar desde nuestro punto de vista consiste en que la inclusión de la Agencia de Desarrollo Sudafricana se ha ampliado de modo que se puede hablar de un diálogo permanente. 
Pero un punto esencial exigido por el Parlamento y que no se refleja en la posición común es la exigencia de mayores competencias para el Jefe de la delegación in situ. 
Ante una línea presupuestaria de aproximadamente 130 millones de ecus al año- lo que no es realmente ninguna suma exagerada- no tiene mucho sentido que casi cada proyecto se autorice en Bruselas y que partes de las decisiones se adopten in situ. 
El Reglamento regula ya todo con precisión y detalle, de modo que existiría con seguridad un control. 
Ruego encarecidamente a la Comisión que defienda la enmienda nº 4, quizás con un importe más reducido para mostrar su disposición al compromiso. 
Este punto no carece de trascendencia para una eficaz ejecución del reglamento propuesto. 
Hay que dar sencillamente más importancia a la mejora de la gestión financiera de los programas de ayuda. 
El Parlamento Europeo ha indicado varias veces que en la ejecución de los programas en Sudáfrica hay que fortalecer los recursos humanos. 
Al mismo tiempo, hay que lograr agilizar los procedimientos decisorios. 
El Tribunal de Cuentas ha tocado este tema y constatado con claridad que los programas en Sudáfrica son muy importantes. 
Es absolutamente incomprensible para mí la decisión del Consejo de rechazar la enmienda nª 6 de la primera lectura. 
Tenemos que escuchar continuamente que las decisiones a nivel europeo son incomprensibles y con frecuencia no discernibles por los afectados. 
Con la enmienda en primera lectura exigíamos más transparencia- inútilmente, tal como se ha visto. 
Con el complicado procedimiento que se indica en el artículo 8 de la posición común, las decisiones rápidas no se podrán llevar a la práctica. Debido a ello, el texto se ha modificado en tal medida que creo debería contemplarse el procedimiento de concertación si no se produce ningún cambio ahora en la segunda lectura. 
En este contexto, quiero expresar de nuevo mi agradecimiento a las comisiones competentes para opinión por su constructivo diálogo. 
Creo que también sus aportaciones deberían haberse incluido en la posición común. 
Por los motivos indicados, ruego su apoyo para las enmiendas que hemos presentado en la segunda lectura. 
Señor Presidente, como sabe muy bien el Comisario Pinheiro, de Sudáfrica nos llegan muchos rumores que hablan de burocracia, confusión, retrasos, e incluso oportunidades desaprovechadas en nuestras negociaciones con las organizaciones no gubernamentales en el país. 
De hecho, sabemos- ayer mismo hablé con organizaciones no gubernamentales de Sudáfrica- que las primeras decisiones provisionales referentes a los gastos de los presupuestos para 1996 se acaban de adoptar este mismo mes. 
Sabemos también que la Agencia provisional Nacional de Desarrollo, que se encarga de la labor con las organizaciones no gubernamentales en Sudáfrica, sólo recibió la primera remesa de dinero el 24 de junio. Esto significa que el dinero no llegará a poder de las organizaciones no gubernamentales antes del mes de agosto. 
Las organizaciones no gubernamentales de Sudáfrica están en una situación muy difícil. 
Están realmente confundidas, y, como sabe usted, Comisario, no comprenden los procedimientos de la Unión Europea. 
Están desesperadas, obligadas a pedir créditos con intereses elevados, y todo eso agrava aún más sus dificultades. 
Las lecciones que debemos extraer de la situación son claras, y las enmiendas a que se ha referido la Sra. Günther reflejan las inquietudes que sentimos acerca de nuestra labor con copartícipes sudafricanos. 
Nuestras enmiendas están encaminadas, en particular, a conseguir que la Unión Europea pueda ser un interlocutor que sepa responder debidamente, como corresponde. 
Nuestra primera propuesta es que los delegados de la Comisión Europea en Sudáfrica queden facultados para autorizar gastos a título de proyectos hasta una cantidad máxima de 500.000 ecus. 
Uno de los aspectos de esta cuestión es que tendríamos una capacidad de respuesta mucho más rápida y que habría una relación mucho más eficaz entre la Unión Europea y nuestras organizaciones no gubernamentales. 
La Comisión de Desarrollo está también muy preocupada por la imposición de un procedimiento de comité regulador del tipo III (a) por el Consejo. 
Es evidente que esto causaría dificultades enormes y que la situación se agravaría aún más. 
Los limitados recursos de personal de que dispone la Comisión en esta esfera se encontrarían con una carga de trabajo prácticamente insuperable. El papeleo administrativo aumentará aún más a medida que las líneas jerárquica y decisoria de la Comisión van resultando más confusas. 
En mi opinión, lo único que se conseguirá con la insistencia resuelta y obstinada del Consejo en mantener su preeminencia respecto de cada una de las decisiones que se adopten, es que se produzcan más retrasos y que la reputación de la Unión Europea quede aún más perjudicada en Sudáfrica. 
Durante muchos años la Unión se ha esforzado por prestar todo el apoyo posible a la gente más pobre de Sudáfrica. 
La propuesta que tenemos hoy ante nosotros nos ofrece una valiosa oportunidad para seguir haciéndolo. 
Espero que la Comisión consiga persuadir al Consejo de que no dañe las posibilidades con que contamos de seguir aportando ese tipo de contribución en Sudáfrica. 
Como ha dicho la Sra. Günther, insto al Consejo a que participe en un procedimiento de conciliación para negociar con el Parlamento acerca de estos asuntos. 
La Sra. Günther nos ha presentado un excelente informe, al igual que el presentado durante la primera ronda. 
La ponente cuenta con un fuerte apoyo en el seno de la Comisión de Desarrollo y en nuestro grupo político. 
Sin embargo, no estamos satisfechos con la situación tal cual ésta se presenta. 
No me estoy refiriendo al excelente informe de la colega Günther, sino a la manera en la cual también la Comisión Europea actúa con relación a los fondos de ayuda destinados a Sudáfrica. 
La situación en ese país es favorable en este momento, aunque no esté desprovista de riesgos, lo cual significa que debe hacerse mucho por tratar de que aumente rápidamente el bienestar de manera de excluir en el mayor grado posible los probables problemas políticos que puedan surgir en el porvenir. 
A ese respecto resulta inquietante efectivamente el grado de atraso observado con relación a los proyectos de ayuda destinados a las ONG, siendo necesario también un mayor esfuerzo aún por parte de la burocracia de la Comisión Europea. 
Es nuestro deber verdaderamente hacer un llamamiento a la Comisión Europea a fin de que dé muestras a ese nivel de una mayor flexibilidad y una mayor cooperación, y que vele por que los proyectos avancen con más rapidez. 
En segundo lugar, la aprobación de pequeños proyectos constituye igualmente una importantísima cuestión. 
Desde hace años los Países Bajos llevan a ejecución esa política. 
Las embajadas pueden, por su propia iniciativa, aprobar pequeños proyectos, siendo siempre excelentes los resultados así alcanzados. 
Esto es válido igualmente a menudo en el campo de los períodos de transición. Estimamos por consiguiente que existen perfectamente las posibilidades para ello. 
En tercer lugar, la extraordinaria importancia que reviste la transparencia de todos los proyectos de ayuda. 
Transparencia que cabe esperar no sólo en la propia Sudáfrica, por lo general ésta se observa debidamente, sino que deberá también estar presente en el proceso de toma de decisiones en el seno de la Comisión Europea. A este respecto existe en particular toda una serie de problemas, hecho que señala con razón la Sra. Günther. 
La respaldamos a ese respecto y hacemos un llamamiento a la Comisión y al Consejo a fin de que mejoren y hagan más flexibles este tipo de procedimientos y este tipo de programas de ayuda. 
El informe de la Sra. Günther, que también yo estimo excelente, se ocupa del establecimiento de los fundamentos legales con vistas a la cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y Sudáfrica. 
Los problemas, planteados con tal agudeza por la Sra. Kinnock, son muy reales por lo cual espero verdaderamente que una amplia mayoría de este Parlamento respalde las enmiendas con vistas a modificar la política seguida por la Unión Europea, que deberá actuar con flexibilidad conjuntamente con las ONG en el lugar. 
No obstante, uno de los puntos más importantes abordados en este momento, al referirnos a la cooperación al desarrollo en general, consiste en la posición específica que habrá de darse a Sudáfrica en el marco del Convenio de Lomé. 
A ese respecto, es nuestro deseo señalar un problema expuesto hace algunas semanas en la Comisión de Cooperación al Desarrollo, concretamente que parece existir la voluntad entre algunos de los negociadores del gobierno sudafricano de solicitar una excepción con respecto al Artículo 39 de dicho convenio, referente a la prohibición de importación y exportación de residuos tóxicos. En Sudáfrica se han producido muy graves problemas en el pasado; principalmente la empresa multinacional británica Thor Chemical desempeñó un negativo papel en esa cuestión. 
Sería sumamente lamentable que Sudáfrica no suscriba el citado artículo porque, en contradicción con lo que anunciaron los representantes oficiales durante las negociaciones, no existe en realidad ninguna garantía en lo tocante a una correcta gestión de residuos tóxicos. 
No existe ninguna legislación adecuada al respecto. Del total de 1200 vertederos existentes, 1000 son ilegales, sin que exista por consiguiente ningún control de las autorizaciones correspondientes. 
Hago un llamamiento a este Parlamento a fin de que ejerza presión sobre las autoridades sudafricanas para que pongan término a esta situación. 
Señor Presidente, en marzo de este año tuve el privilegio de ir a Lesotho y de visitar Sudáfrica, Namibia y Botswana como representante del Parlamento Europeo. 
Ha sido sumamente alentador volver al cabo de 20 años y presenciar la transformación que ha tenido lugar en Sudáfrica. 
Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que podamos para estimular el proceso de regeneración económica de Sudáfrica, a fin de que los logros democráticos que ya se han conseguido y que tanto nos satisfacen no se vean en peligro. 
Esto es algo fundamental. 
En este mes en el que hemos visto cómo se festejaba- y con razónla presencia de Nelson Mandela en Londres y en París, hay más razones que nunca para ser partidario de Sudáfrica y para hacer todo lo que se pueda en favor de Sudáfrica y de los países vecinos, que tanto dependen de la prosperidad de Sudáfrica. 
Quisiera hacer una observación concreta en apoyo del excelente informe de la Sra. Günther. 
Me parece que es perfectamente lógico que se delegue la responsabilidad de los proyectos en pequeña escala al representante de la Comisión en Sudáfrica. 
Como ha dicho acertadamente la Sra. Kinnock, ése es el tipo de decisiones que pueden tener una influencia muy grande. 
En vez de esos terribles retrasos, en vez de tener que esperar medio año para saber si un proyecto se va a poder realizar, lo mejor es dar a nuestro representante en Pretoria, en Ciudad del Cabo o dondequiera que esté, la facultad de dar su autorización para que la labor de desarrollo pueda llevarse a cabo. 
Me agrada sobremanera que esta propuesta cuente con tanto apoyo entre los grupos políticos de este Parlamento, y espero que el informe reciba un apoyo incondicional. 
Damos gracias a la Sra. Günther y apoyaremos todas las enmiendas que ha presentado. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el buen informe de la Sra. Günther descubre un importante punto flaco en la tramitación de todos los proyectos de cooperación con terceros Estados. 
Hay que saludar la conclusión que se extrae de ello en el sentido de que se debe perseguir una mejora de la gestión financiera. 
Aunque creo que es correcta la exigencia de que la competencia para la autorización de contraer compromisos y realizar pagos de proyectos se transfiera al Jefe de la Delegación en Sudáfrica, sin embargo esto solo no soluciona el problema. 
Mucho más importante es autorizar la ejecución de proyectos cuando se garantice la disponibilidad de unos recursos humanos más fuertes. 
Estoy por ello en contra de la propuesta de la Comisión de crear un Comité especial para Sudáfrica, ya que éste no puede hacer otra cosa que el Tribunal de Cuentas, es decir, comprobar a posteriori que los créditos de los proyectos no se han gastado con suficiente eficacia. 
Señor Presidente, creo que solamente con menos Comités y más capacidad de aplicación se logrará alcanzar la necesaria eficacia. 
Señor Presidente, el Programa Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en Sudáfrica, al que se le debe dotar de un fundamento jurídico, es el seguimiento del Programa especial creado en 1985 por iniciativa del Parlamento Europeo, para afrontar los problemas planteados a raíz del apartheid. 
El objetivo es el de promover el desarrollo económico y social duradero del país y, por consiguiente, consolidar las bases de una sociedad democrática, concentrándose prioritariamente en las ayudas a los sectores más pobres de la población sudafricana y redefiniendo el ámbito de aplicación de la cooperación para orientarla hacia nuevos sectores como la educación, la formación, la sanidad, el desarrollo rural, el desarrollo urbano, la cooperación económica, la promoción comercial y de las inversiones, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, la promoción del buen gobierno y de la democratización. 
Considero muy importante el hecho de que se otorgue prioridad a las acciones referidas a la educación y a la formación profesional, que en el pasado representaron más de la mitad de las financiaciones asignadas al programa especial, incluidos los proyectos relativos al sector de la sanidad. 
No cabe duda de que este Reglamento adquiere un significado especial en el contexto de las relaciones entre Sudáfrica y la Unión Europea, que acordaron que la financiación futura de los proyectos de desarrollo en Sudáfrica se canalizarían a través de un instrumento financiero especial y no a través del Fondo Europeo de Desarrollo. 
La naturaleza de los distintos compromisos de la Unión Europea con respecto a los proyectos y programas de cooperación también ha cambiado a fin de tener en cuenta las prioridades del nuevo Gobierno. En particular, se han registrado dos importantes modificaciones: 
a) la parte de los fondos dirigidos a organizaciones no gubernamentales o a organizaciones de comunidad ha disminuido considerablemente; b) los recursos han sido reorientados, a través de proyectos más importantes, a departamentos gubernamentales centrales o provinciales.Por lo tanto, dicho acuerdo debe considerarse muy importante por las implicaciones sociales, políticas y económicas que reviste y el nuevo fundamento jurídico permite asimismo realizar programas de cooperación también a través del nuevo Gobierno sudafricano, sin excluir, entre los interlocutores, a las ONG. 
Me felicito con la ponente Sra. Günther por el excelente trabajo llevado a cabo, en particular, para solicitar que este Pleno apruebe las enmiendas encaminadas a suprimir los plazos de expiración de los reglamentos que, si se mantienen, ofrecerían una señal negativa a Sudáfrica. 
Por último, es necesario reconocer el compromiso que Sudáfrica mantuvo con convencimiento a través de acciones claras y orientadas a mejorar las condiciones del país que, deseo recordarlo, ha sufrido una gran transformación política, implementada por el entonces Presidente De Klerk y que finalizó a raíz de las primeras elecciones multirraciales. 
Dicho compromiso, gracias a la fuerte participación de las comunidades locales, ha representado la base del éxito de los programas de desarrollo. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias a la Sra. Günther por la alta calidad de su informe, calidad que, naturalmente, esperábamos. 
El mundo se ha admirado ante la valentía de los sudafricanos y ante las decisiones que han adoptado estos últimos años. 
Nos ha admirado en especial la calidad del liderazgo político en Sudáfrica, y permítaseme que diga que eso está en contraste con la actuación de algunos políticos de Europa y con la actuación, esta mañana, de algunos diputados de este Parlamento Europeo que han intentado modificar el resultado de la votación: a menudo he tenido motivos para quejarme de las personas que han obrado en detrimento del derecho a un voto por persona. 
Todo esto lo digo con sentimiento; al fin y al cabo, he pasado mucho tiempo viajando entre Europa y Sudáfrica en los 25 últimos años, y he tenido el privilegio de hacer de observador en las elecciones. 
La Unión Europea, y el Parlamento en particular, pueden enorgullecerse de su historial de apoyo al proceso democrático. 
Es importante que aprovechemos lo mejor posible nuestros recursos y nuestros contactos, y que hagamos todo lo que podamos para que nuestra labor resulte más eficaz y más eficiente. 
El programa especial para las víctimas del apartheid ha sido el programa de la Unión Europea que más éxito ha tenido. 
Era nuestro mayor programa, y el mayor programa exterior para Sudáfrica. 
Lo administró con suma eficiencia la Comisión, particularmente al principio, prestando apoyo a proyectos pequeños, entre ellos, por ejemplo, pequeños proyectos de apoyo al establecimiento de medios de información independientes. 
En cooperación con nuestros asociados, hemos adquirido un enorme volumen de experiencia de trabajo con iglesias y sindicatos, y contamos con un fondo especial. 
Muchos de nosotros queremos firmemente que esa experiencia no se malgaste ni se deje de lado, sino que se aproveche. 
Ahora bien, es evidente que hay esferas en las que tenemos que ser más eficientes y más eficaces. 
Las enmiendas que presentamos están encaminadas a conseguir que el equipo de nuestra Comisión en Sudáfrica, que está realizando una excelente labor, pueda obrar con autonomía en una situación nueva y dificilísima. 
Ahora que celebramos la visita a Europa de Nelson Mandela, que ha sido un ejemplo desde muchos puntos de vista, es importantísimo que sigamos mostrando nuestra solidaridad con el pueblo de Sudáfrica. 
Desgraciadamente, Nelson Mandela regresa a Sudáfrica con las manos vacías a muchos respectos, en parte por la falta de progreso en lo que se refiere al acuerdo comercial. 
Quisiera pedir al Sr. Pinheiro, en particular, que ponga en juego toda su experiencia, su capacidad y sus conocimientos cerca de sus colegas Comisarios y del propio Consejo. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Günther por la labor que ha realizado para preparar su informe. 
Comparto sus inquietudes, que son también las de la Sra. Kinnock. 
El presidente Mandela visitó recientemente Londres, y la suya fue una de las visitas de Estado más emocionantes que el Reino Unido haya visto desde hace varios decenios. 
La humildad de ese hombre es un ejemplo para el mundo de cómo alguien que ha sufrido tanto durante tantos años puede dar pruebas de tanta indulgencia y ser un líder mundial tan respetado. 
Nelson Mandela necesita nuestro apoyo incondicional. 
Sudáfrica- y su futuro pacífico- es la clave de la estabilidad para todo el continente africano. 
Si la transición del antiguo régimen de opresión a una nueva democracia apoyada por la Unión Europea, no solamente en términos financieros sino, sobre todo, con medidas sinceras encaminadas a reconstruir una sociedad equilibrada, igualitaria y pacífica como ejemplo para las demás naciones africanas, se lleva a cabo sin obstáculos, entonces la Unión Europea habrá desempeñado la parte que le corresponde en esa nueva situación de estabilidad. 
Toda la cuestión del futuro de Lomé está en juego. 
La posición de Sudáfrica está siendo objeto de un cuidadoso examen, pero Sudáfrica está cooperando ya con sus países vecinos sobre una base regional, y espero que esas relaciones se refuercen. 
Hay que determinar cuidadosamente de qué forma Sudáfrica podrá integrarse en cualquier nueva organización que sustituya a Lomé, si esta cuestión se puede negociar. 
Un importante paso adelante es que la financiación se encauzará a través de una entidad financiadora especial y no por conducto del Fondo Europeo de Desarrollo: de esta manera se mejora el control presupuestario y la transparencia. 
El nuevo gobierno debe hacer todo lo posible por ofrecer disposiciones fundamentales a la población, y esto es lo que está tratando de hacer a pesar de la difícil situación. 
Esto quiere decir que es preciso que se adopten medidas rápidamente en materia de vivienda, salud y educación, si se quieren colmar las esperanzas que tiene la población después de las elecciones. 
Las organizaciones no gubernamentales seguirán teniendo un importante cometido. 
Apoyo este informe pero me parece que debería proseguir el debate sobre el particular. 
Señor Presidente, quisiera unirme yo también a las felicitaciones expresadas por el brillante trabajo de la Sra. Günther. 
Su trabajo, desde mi punto de vista, constituye también el fundamento jurídico ideal, entre otras cosas, para crear un marco que regule de forma armoniosa y eficaz las relaciones entre la Unión Europea y Sudáfrica, país en el que han sucedido, en los últimos años, cambios fantásticos que han merecido nuestro aplauso y que vivimos con la mayor emoción. 
Sería una ingenuidad, y una irresponsabilidad, por nuestra parte pensar que lo que ha ocurrido hasta hoy en Sudáfrica es ya suficiente para garantizar el futuro y la estabilidad de esa gran nación del África meridional. 
Lo que se ha hecho es inmenso. 
Lo que está por hacer es una tarea aún ciclópea, que nos responsabiliza y obliga a todos a crear un marco de relaciones que sea pragmático, flexible, riguroso y transparente. 
Para que así sea, es fundamental que en ese nuevo tipo de relaciones la Unión Europea procure al máximo, de ser posible, que su burocracia no constituya un factor de coacción ni obstaculice la consecución de resultados rápidos y eficaces con nuestra cooperación. 
Conviene no olvidar que, además del éxito de la visita del Presidente Nelson Mandela a Europa, la situación en Sudáfrica está en este momento llena de incertidumbres y con innumerables asimetrías. 
Se sabe también que en el plano político el Presidente Nelson Mandela está preparando su sucesión y, por consiguiente, nos corresponde crear todas las condiciones políticas objetivas y orientar nuestras relaciones en el ámbito de la cooperación para que Europa encabece el apoyo que el mundo occidental y el mundo desarrollado deben dar a un país que ha superado etapas fantásticas y debe desempeñar un papel fundamental no sólo en el desarrollo del África austral, sino también en la ayuda efectiva que ese país puede llegar a dar para que se puedan llegar a erradicar gran parte de los problemas que existen en el continente africano. 
Creo que, además de las resistencias del Consejo, el trabajo de la Sra. Günther, unido al sentido de la responsabilidad del Comisario Deus Pinheiro, quien ha dedicado una parte esencial de su vida política a seguir los asuntos de Sudáfrica y lo ha hecho con enorme sentido de la responsabilidad, esas dos piezas son esenciales y debemos potenciarlas en el momento presente para que Europa dé una respuesta positiva, que es deseada y fundamental para la gran nación sudafricana y para el pueblo amigo de Sudáfrica. 
Señor Presidente, para la gran mayoría de los ciudadanos europeos, Sudáfrica ya no es un problema. Al deshacerse del odioso sistema del apartheid, ha emprendido de forma irreversible la vía de la democracia plurirracial y del desarrollo económico, bajo la dirección de un hombre excepcional, el Presidente Nelson Mandela. 
Puesto que hace algunas semanas me desplacé allí para lanzar una política de hermanamiento entre ciudades francesas y ciudades sudafricanas, sin embargo, pude darme cuenta de que la situación era inquietante en algunos aspectos y que el futuro es amenazador. 
En efecto, si la población negra que representa el 75 % del conjunto de la población, goza ya de los derechos cívicos, sus condiciones de vida no han mejorado mucho y la renta media de los blancos es ocho veces superior a la renta media de los negros. 
Creo que podemos afirmar, sin caer en el pesimismo, que si las condiciones de vida de la población negra no mejoran sensiblemente en un plazo razonable por lo que respecta a la seguridad, el empleo, la vivienda, los servicios públicos y la educación, podemos temer algunos disturbios. 
Esta posibilidad sería grave, no sólo para Sudáfrica, sino también para el conjunto del continente africano, porque muchos africanos, tanto los pueblos como los gobiernos, tienen la mirada puesta en Sudáfrica. 
Esperan de ésta que sea un modelo en el ámbito de la democracia, y que también contribuya a la activación del desarrollo económico y a la estabilidad política del continente africano. 
Es decir que lo que está en juego en Sudáfrica es más que su futuro. La Unión Europea debe asumir plenamente sus propias responsabilidades para dar a Sudáfrica todas las oportunidades de hacer frente a este desafío de la construcción de una nueva democracia y para que este país pueda responder a lo que de él se espera en el continente africano. 
Lo que está en juego en Sudáfrica es una buena parte del futuro del continente africano en los años venideros. 
Aprecio mucho el trabajo que ha realizado la Sra. Günther y, por supuesto, apruebo su informe. 
Señor Presidente, los instrumentos que la Unión Europea está elaborando para la cooperación con el nuevo Sudáfrica democrático revisten una doble importancia estratégica. 
En primer lugar, porque Sudáfrica es un país africano que vive en su interior los viejos y nuevos dramas del subdesarrollo. 
Una parte considerable de la población de raza negra vive en condiciones socio-económicas desastrosas, tiene un difícil y a veces inexistente acceso a los servicios básicos y se concentra en zonas periféricas con una elevadísima tasa de desempleo y criminalidad. 
En segundo lugar, porque Sudáfrica, por el contrario, es la más fuerte realidad económica del continente y puede desempeñar un papel de motor para el desarrollo hacia los países vecinos y, más en general, respecto a toda África. 
Evidentemente, este papel es válido por que se refiere a sus influjos positivos en la estabilidad política. 
El Programa Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, así como el programa especial de hace unos años, representa conjuntamente con los acuerdos comerciales en curso de negociación y de adhesión a ciertos aspectos del Convenio de Lomé por parte de Sudáfrica, el instrumento fundamental para la cooperación con Sudáfrica. 
Es obvio que el fundamento jurídico que estamos debatiendo es suficientemente amplio para incluir acciones de diferente naturaleza. 
En la etapa operativa, sin embargo, es imprescindible garantizar dos exigencias fundamentales. 
La primera se refiere a la necesidad de seguir implicando, además del Gobierno y de las autoridades sudafricanas, todas las organizaciones de desarrollo posibles, es decir, las organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, asociaciones, así como las organizaciones no gubernamentales europeas, por la importante contribución, tanto técnica como en términos de asociación, que pueden ofrecer. 
La segunda es que, al contrario de lo que ocurrió en el pasado, la gestión del programa debe caracterizarse por la máxima publicidad y transparencia y, por consiguiente, tal como se propone a través de nuestras enmiendas, hace falta fortalecer el control democrático del Parlamento Europeo sobre el mismo. 
Por último deseo agradecer a la Sra. Günther su excelente trabajo. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar quisiera agradecer, en mi nombre y en el de la Comisión, a la Sra. Günther, ponente de esta opinión, el excelente y muy constructivo trabajo, que ha hecho en relación con este proyecto de reglamento que, una vez aprobado, constituirá- esperamos- un fundamento jurídico sólido para el programa europeo de reconstrucción y desarrollo en Sudáfrica. 
Las enmiendas propuestas después de la segunda lectura confirman que el Parlamento y la Comisión comparten muchos puntos de vista fundamentales, por lo que se refiere a la determinación y la ejecución de las acciones de cooperación para el desarrollo en Sudáfrica. 
En primer lugar, se pretende fortalecer los procesos ya en marcha en ese país durante la decisiva fase de transición, tanto en el ámbito de las instituciones públicas- Parlamento, Gobierno y administración públicacomo de la sociedad civil, sociedad en la que las ONG sudafricanas han llevado a cabo en el pasado una actividad notable, en particular cuando el apartheid no nos permitía tener una interacción directa con el Gobierno. 
La sociedad sudafricana en su conjunto se esfuerza actualmente por superar esa herencia del apartheid y para que todos sus hijos puedan disfrutar de los beneficios concretos de la democracia. 
Pero, como decía el Sr. Torres Couto, lo que se ha hecho es fantástico, pero lo que queda por hacer es casi aterrador. 
Por otro lado, el Parlamento y la Comisión consideran que el plan europeo para la reconstrucción y el desarrollo puede contribuir a la difusión de esos beneficios mediante procesos flexibles, que reflejan los principios básicos de una buena gestión financiera y los métodos de trabajo utilizados en los programas de cooperación para el desarrollo y ejecutados en el ámbito del Convenio de Lomé. 
En ese marco, la Comisión sigue desplegando esfuerzos para que la ejecución del plan europeo de reconstrucción y desarrollo se tramite de forma semejante a los programas indicativos nacionales en los Estados ACP, dado que el paralelismo entre este plan europeo de reconstrucción y desarrollo y el Fondo Europeo de Desarrollo podría aportar una valiosa contribución a la Comisión y al Gobierno sudafricano, así como a las empresas sudafricanas, de los Estados ACP o de otros Estados miembros, en particular de la Unión. 
En cuanto a las enmiendas propuestas, señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión, por lo que se refiere a la enmienda nº 1, se congratula de la nueva referencia al proyecto de reglamento relativo al diálogo político con el Gobierno de Sudáfrica que, en opinión de la Comisión, constituye el único interlocutor posible en el ámbito de un diálogo político que pueda resultar productivo. 
Por lo que se refiere a la Agencia Nacional de Desarrollo, la Comisión considera que ese organismo, que aún no so se ha creado en la práctica, no podría ser el interlocutor de la Comisión en materia de políticas, sino que debe constituir desde su creación una organización con capacidad para encuadrar a las ONG sudafricanas y europeas y canalizar las financiaciones de proyectos de las ONG compatibles con las prioridades sectoriales fijadas por el Gobierno legítimo y democrático de Sudáfrica. 
Respecto de la importante cuestión de las organizaciones no gubernamentales, la Comisión quisiera volver a subrayar el decisivo papel que han desempeñado en la lucha contra el apartheid y la importancia que reviste no dejarlas desaparecer en este marco de transición a la democracia y al desarrollo. 
Y, por tanto, quisiera decir que algunas de esas ONG ya desempeñaron un papel importante en la ejecución del plan europeo de reconstrucción y desarrollo, en los años 1995 y 1996. 
Se podría intentar encontrar, junto con el Gobierno sudafricano, fórmulas aún más flexibles e interesantes para las ONG y me parece que, con la reciente reestructuración del Gobierno sudafricano, llegará a ser posible en un futuro más o menos próximo. 
En cuanto a la enmienda nº 2, quisiera decir que la Comisión no es partidaria de una referencia concreta a un importe máximo hasta el cual el jefe de la delegación pueda autorizar gastos y operaciones, ya que, a nuestro juicio, no se deben establecer esas cuestiones en un reglamento. 
Ahora bien, he de añadir que ya en el pasado se delegaron responsabilidades a ese y otros respectos en el jefe de la delegación en la República de Sudáfrica y debo decir que la Comisión está examinando en este momento la posibilidad de aumentar en gran medida esos cometidos y no lo ha hecho hasta ahora, no por falta de calidad de la labor del jefe de la delegación, que es notable, sino porque hemos tenido una falta de recursos humanos muy importante en Sudáfrica, en nuestra delegación. 
Y no sería legítimo pedir a nuestro jefe de delegación que asumiera algunos cometidos, dada la falta de personal con que se debatía. 
Pero quisiera decir a Sus Señorías que tenemos la intención de aumentar substancialmente los cometidos de nuestro delegado en la República Sudafricana. 
En cuanto a la enmienda nº 3, la Comisión no puede por menos de congratularse de que, respecto de la comitología prevista para la supervisión del programa europeo de reconstrucción y desarrollo, el Parlamento siga apoyando la posición adoptada por la Comisión, favorable a un comité de tipo 2A, más adecuado para tratar rápidamente las cuestiones relacionadas con dicho programa. 
En cuanto a la enmienda nº 4, la Comisión conviene también con el Parlamento Europeo en que no se debe mencionar un plazo de vigencia ni una asignación financiera, ya que esa cuestión es competencia de la Autoridad Presupuestaria. 
Quisiera decir también a Sus Señorías que el pasado 8 de julio- por tanto, hace unos once días- la Comisión presentó en Bruselas a los representantes de los Estados miembros de la Unión ocho propuestas de financiación con cargo a este programa europeo de reconstrucción y desarrollo por un importe aproximado de 88 millones de ecus. 
Todos esos proyectos, preparados conjuntamente con el Gobierno de Sudáfrica por las organizaciones no gubernamentales y la Comisión, fueron objeto de un dictamen favorable de los Estados miembros de la Unión. 
Teniendo en cuenta los proyectos ya aprobados anteriormente o en fase de aprobación, eso significa que en este momento estamos ante una autorización de un 95 %, aproximadamente, por lo que se refiere a los recursos disponibles con cargo al programa europeo de reconstrucción y desarrollo. 
Se podría afirmar que, ante la situación de Sudáfrica, estaría bien que tuviéramos esas autorizaciones a principios de año. 
Lo que puedo decir a Sus Señorías es que, para febrero o marzo de 1997, esperamos poder venir al Parlamento Europeo a decirles que para 1997 tenemos el 95 % de las autorizaciones. 
Agradezco una vez más a la Sra. Günther y al Parlamento Europeo el apoyo que nos han prestado para la ejecución de los programas con Sudáfrica. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas. 
Respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1994) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0223/96) de la Sra. De Esteban Martin, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1994). 
Señor Presidente, debido al escaso tiempo que queda para que se pueda celebrar el debate sobre la situación del respeto de los derechos humanos me gustaría saber, como ponente, la opinión de los miembros de esta Asamblea sobre el procedimiento a seguir sobre este informe. 
¿Usted hace alguna propuesta? 
Prefiero que se manifiesten primero los Grupos políticos. 
Podríamos proseguir el debate esta tarde para votar a ser posible por la noche. 
Otra variante que acabo de oír es que no debatamos sino que solamente votemos. 
Es absolutamente imposible que votemos solamente sobre un informe tan importante sin debatir antes al respecto. 
Sé que la Secretaría tiene grandes problemas con el orden del día. 
Esta mañana hemos perdido media hora a causa de un debate absolutamente sin sentido, lo que repercute ahora en contra del trabajo de calidad que debemos realizar. 
Podemos ahorrarnos la sarta de estupideces como la que hemos tenido que oír esta mañana. 
Es imposible que debatamos con tal presión de tiempo sobre un problema que se ha debatido ampliamente desde hace meses entre los grupos políticos de esta Asamblea en tres reuniones de comisiones y que este problema- perdónenme que lo diga de un modo algo vulgar- deba ser liquidado a un trote cochinero. 
Por ello, en nombre de nuestro grupo político solicito oficialmente el aplazamiento del debate y de la votación al período parcial de sesiones de septiembre en Bruselas. 
Sé que esto acarrea algunas dificultades, pero entonces los grupos políticos deberán negociar entre si qué prioridad tiene el informe sobre los derechos humanos. 
Deberá entonces dejar sitio otro tema. 
Hay una propuesta de aplazamiento del debate. 
¿Alguien quiere intervenir a favor? 
Tiene la palabra la Sra. Roth. 
Señor Presidente, apoyo la solicitud del orador anterior del Grupo Socialista, pues creo que el tema de los derechos humanos en la Unión Europea, es decir, el informe de nuestra colega Laura de Esteban Martín, es de gran importancia para esta Asamblea y está muy estrechamente relacionado con nuestra propia credibilidad. 
En el pasado hemos tenido bastantes controversias sobre este tema en esta Asamblea y no deberíamos permitir que no se conceda a este informe la importancia que se merece. 
Sería totalmente inaceptable si la Sra. De Esteban Martín comenzase el debate en el cuarto de hora que nos queda, que a continuación un representante del PSE hablase con toda rapidez y que se interrumpiese el debate para proseguirlo esta tarde poco antes de las vacaciones de verano y que mañana votásemos sobre este tema quizás con la presencia de muy pocos diputados. 
Creo que esto sería absolutamente indigno para este asunto pues, naturalmente, la opinión pública observa cómo el Parlamento Europeo trata los derechos humanos no solamente en el Irán, Turquía o en cualquier otro lugar, sino también como nos comportamos ante lo que pasa en nuestros países. 
Por ello, solicito el aplazamiento de este debate al período parcial de sesiones de Bruselas. 
Pero, señor Presidente, le ruego que no debatamos en septiembre a media noche sino tras el turno de preguntas con la Comisión, es decir, en un momento muy destacado. 
Muchas gracias, señora Roth. 
Al no haber ningún orador en contra, someto a votación la solicitud de aplazamiento del debate. 
(El Parlamento aprueba el aplazamiento del debate) 
Señor Presidente, si me permite que utilice de nuevo su tiempo, quiero decir que estoy muy contento de que se haya aplazado el tema. 
Pero acabo de decir que ruego a las y los colegas de todos los grupos políticos que presionen a la Mesa para que no se nos coloque en Bruselas al final del orden del día sino que este informe se trate a una hora central. 
Me parece muy importante. 
Señor Presidente, le ruego que conste en acta y que lo exponga también en la Mesa. 
Lo que podemos hacer, de conformidad con el Reglamento, es posponerlo para el próximo periodo parcial de sesiones. 
Entonces, la Conferencia de Presidentes decidirá sobre su inclusión. 
Esto es lo que hemos aprobado. 
Queda cerrado por el momento el debate sobre la cuestión. 
Señor Cars, usted es el ponente del próximo informe. ¿Cree que podemos comenzar con el debate en este momento, hasta las 11.30 horas, para continuarlo esta tarde? 
Señor Presidente, creo que lo mejor es que comencemos el debate sin demora. 
Ayuda a la reconstrucción de la antigua Yugoslavia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0247/96) del Sr. Cars, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (96) 0123- C4-0333/96-96/0096 (CNS) ) relativa a la ayuda a la reconstrucción y rehabilitación en Bosnia-Herzegovina, en Croacia y la antigua República yugoslava de Macedonia. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el que debe pronunciarse el Parlamento, se centra en la normativa que debe regir para las concesiones de los medios de la UE asignados a la reconstrucción de la antigua Yugoslavia- precisamente esto, ni más ni menos. 
Nuestro punto de partida es la resolución preliminar del Consejo sobre la cuestión. 
Ésta se basa a su vez en una propuesta de la Comisión. 
Según el procedimiento decisorio de la Unión, el Consejo de Ministros debe consultar al Parlamento antes de adoptar una decisión final sobre cuestiones como ésta. 
Es conveniente pues que recordemos que en último término es el Consejo el que tiene la última palabra. 
La propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores contiene unas ideas valiosas, entre otras cosas sobre las condiciones políticas previas para la ayuda de la UE, sobre la posibilidad de interrumpir la ayuda si el beneficiario ya no cumple con los requisitos, y sobre una serie de temas por los que como ponente no voy a llevarme todo el crédito. 
La cantidad de enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Exteriores es más bien resultado de los conocimientos y del deseo de mejorar las cosas hasta el mínimo detalle que caracterizan a los conocidos y respetados diputados de esta comisión. 
Me permito además expresar mi reconocimiento hacia la labor realizada por mis colaboradores en el informe y hacia la comisión que representan. 
No obstante, señor Presidente, en este informe existe un aspecto, un único aspecto, que es verdaderamente vital. 
Sé que lo que voy a decir tiene el respaldo de mis colaboradores en el informe y de una amplia mayoría de la comisión. 
Se trata de cuáles son los países que van a tener el derecho y la posibilidad de presentarse a las licitaciones y de lograr contratos dentro del programa de ayuda actual. 
Les recuerdo que para los años 1996-99 su coste ascenderá a la suma de 400.000.000 de ecus, una suma que dista de ser insignificante. 
A propuesta de la Comisión, el Consejo de Ministros ha decidido en principio que solamente las empresas y organizaciones de los Estados miembros de la UE, así como de los países de la antigua Yugoslavia, pueden presentarse a las licitaciones. 
Este derecho, la Comisión de Asuntos Exteriores, a propuesta mía y de mis colaboradores en el informe, desean ampliarlo para que incluya a los llamados países PHARE, es decir, los países del centro y este de Europa que han firmado un acuerdo europeo con la UE y solicitan la adhesión. 
Hay tres motivos de peso para esta propuesta. 
En primer lugar, es posible que los países PHARE presenten unas ofertas que hagan posible canalizar más medios de la UE para la reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 
En segundo, es necesario estimular el desarrollo económico y empresarial del centro y este de Europa, y en tercero, una parte de los medios que la UE destina actualmente a la ayuda a la antigua Yugoslavia procede de medios que originariamente estaban pensados para los países del centro y este de Europa. 
Me permito hacer hincapié en que la Comisión de Asuntos Exteriores considera este punto de la mayor importancia. 
No obstante, también ha manifestado unánimemente, a propuesta mía, que si el Consejo de Ministros se adhiere a la sugerencia de la comisión y del Parlamento relativa a los países PHARE, no se necesita ya el procedimiento de concertación. 
Si, por otra parte, el Consejo no está de acuerdo con el Parlamento en este aspecto, sería muy conveniente que los representantes del Parlamento fueran informados inmediatamente de los motivos aducidos por el Consejo, y tuvieran la oportunidad de debatir el asunto con el Consejo de Ministros. 
El conjunto de enmiendas que ahora se presentan a la Cámara también se han presentado anteriormente a la comisión, y se han debatido y rechazado. 
Mi recomendación al Pleno es, por consiguiente, que rechace las enmiendas y que acepte lo que proponen la Comisión de Asuntos Exteriores y su ponente. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el modo cómo la Unión Europea organiza su ayuda para la reconstrucción de la antigua Yugoslavia deja mucho que desear. 
Ya lo hemos discutido en numerosas ocasiones y es aplicable también a la presente propuesta de reglamento. 
Su objetivo es proporcionar el fundamento jurídico para una ayuda rápida y eficaz. 
No solamente llega muy tarde si se piensa que los fondos se encuentran disponibles en el Presupuesto desde principios de este año y que no se han podido gastar. 
Aún peor: este reglamento va a hacer muy difícil ayudar realmente con rapidez y eficacia. 
Quien quiera ayudar con sentido y eficacia en la antigua Yugoslavia, debe buscar interlocutores fiables y dispuestos a la cooperación a nivel local y regional. 
Por ejemplo, quien quiera ayudar al alcalde Radic en Banja Luka para imponerse a Karadzic, tiene que encontrar una vía para apoyarle directamente. 
El reglamento no contempla precisamente esto y su error decisivo es que da preferencia a un programa de ayuda centralista, organizado y dirigido centralmente. 
Los motivos de ello son comprensibles. 
Se cree que sólo así se puede imponer la condicionalidad política de la ayuda. 
No tengo nada en contra de esta condicionalidad, es absolutamente necesaria, sólo que se ignora que falta la condición previa determinante. 
Faltan estructuras políticas centrales y administraciones centrales que funcionen. 
Esperamos que tales estructuras existan al final como resultado del proceso de reconstrucción. 
Pero no pueden ni deben convertirse en condición previa para la reconstrucción. 
Por ello, la condicionalidad tiene que aplicarse en Bosnia-Herzegovina de modo razonable, ante todo a nivel local y regional y es absolutamente necesaria una fuerte presencia de la Comisión in situ. 
La Comisión de Control Presupuestario ha propuesto unánimemente la correspondiente modificación del reglamento. 
Lamentablemente, no hemos obtenido una mayoría para ello en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, competente para el fondo. 
Mi grupo político ha presentado por ello de nuevo estas enmiendas y les ruego la apoyen. 
Esto es aplicable también al Anexo del reglamento previsto por el Consejo, con el que el reglamento se convierte totalmente en un monstruo burocrático. 
En lugar de ello, la Comisión de Control Presupuestario recomienda que en las licitaciones se apliquen las normas del Reglamento Financiero sin ninguna limitación. Deben bastar. 
Señor Presidente, antes de la votación desearía hacer una serie de observaciones, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, con respecto al reglamento presente. Este reglamento trata de poner término, así lo esperamos, a la confusión existente en cuanto a la cofinanciación por parte de la Unión Europea de la reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 
Se han establecido reglas que esperamos aporten la claridad necesaria. 
Es lástima que esto haya tomado tanto tiempo. 
Este reglamento ha llegado a manos de este Parlamento seis meses después de haber entrado en aplicación el programa de cooperación al desarrollo. 
En realidad en este momento deberíamos estar ocupándonos de ejercer una mejor presión con respecto al posible arresto de Mladic y Karadzic o sobre la aplicación de la ayuda de la Unión Europea. 
En esta Asamblea se ha hablado demasiado sobre la contribución de esta última al buen éxito del acuerdo de Dayton. Una reconstrucción, palpable y rápida, constituye un elemento esencial. 
Esperamos recibir en breve plazo informes positivos al respecto. Habida cuenta de todas las dificultades observadas en el lugar, debería abordarse con gran entusiasmo este punto del acuerdo de Dayton. 
Por consiguiente mi grupo político presta una vez más mayor atención a la ejecución. 
Deseamos que el personal de la UE presente en el lugar pueda actuar de manera rápida y eficiente. Las oficinas de la UE deberán contar con el personal adecuado, capaz de adoptar decisiones. 
Las normas existen para facilitar esta posibilidad, no para crear una burocracia en el lugar. 
Es nuestro deseo que el Parlamento ejerza un control de ello, de ahí que apoyemos las propuestas que hacen esto posible, así como las enmiendas presentadas a este reglamento. 
Este último deberá fomentar la ayuda. Los intereses burocráticos de la Unión Europea vienen sólo en segundo lugar. 
El reglamento menciona de manera pertinente las prioridades en el ámbito de la ayuda a la reconstrucción. 
A nuestro parecer, falta una importante prioridad, a saber, el apoyo al desarrollo de la democracia, lo cual constituye una grave omisión en este reglamento. 
Lo frágil de la situación en el lugar se refleja en los preparativos de las elecciones en Bosnia. 
Esperamos que estos esfuerzos den buenos resultados y quede establecida así la base para una democracia, más vasta y más sólida que la actual. 
La inclusión de este elemento en el reglamento, que con razón este Parlamento desea precisar respecto a ese punto a través de nuestra enmienda relativa a la consolidación de la democracia, concuerda con la presión más general necesaria al respecto de los derechos humanos. 
Pero conjuntamente con la atención insistente a través del establecimiento de estas disposiciones relativas a los derechos humanos, la Unión Europea deberá invertir igualmente en la democracia y en los derechos humanos mediante la ayuda a la reconstrucción. 
Esto habrá de fortalecer también la posición de la UE en el diálogo con otros países interesados como Croacia y la pequeña Yugoslavia actual. 
Muchas gracias, señor Wiersma. 
Interrumpimos el debate, que se reanudará a las 15.00 horas, para iniciar las votaciones, tal y como está previsto en el orden del día. 
Votaciones 
Por razones que algunos de ustedes conocen, la aprobación del Acta de ayer quedó diferida. 
Por consiguiente, la someto a votación ahora. 
(El Acta queda aprobada) 
Señora Presidenta, dada la importancia del asunto, me gustaría hacer unas cuantas precisiones por lo que respecta a la versión española. 
En el apartado 12.4 de la versión española falta al principio un trozo que equivaldría más o menos en español a «toda actividad de investigación sobre embriones humanos, así como la producción... ». 
Y luego quisiera llamar la atención sobre la traducción de la enmienda nº 21, cuyo idioma original es el alemán, que al menos en español y en italiano da una traducción absolutamente extraña y que no se puede aceptar. 
Señora Palacio Vallelersundi, le agradezco su intervención. 
Tal vez ocurra lo mismo con otras versiones lingüísticas, en particular, con la versión sueca que requiere asimismo algunas correcciones. 
Debe quedar claro que es preciso revisar todas las versiones ajustándolas a la versión original, es decir, la versión alemana. 
Tras la votación de la enmienda 32 
Quería indicarle, señora Presidenta, que mi máquina no ha funcionado y que yo quería votar a favor. 
Señora Poisson, se trataba sólo de una comprobación electrónica que, afortunadamente, en nada cambia el voto. 
Dicho esto, mucho les agradecería me lo advirtieran inmediatamente cuando las máquinas no funcionan, antes de que declare la votación cerrada. 
Señora Presidenta, si me lo permite, creo que la observación de la Sra. Poisson plantea un problema técnico más general. 
Estamos en un hemiciclo que ningún presidente puede recorrer enteramente con la mirada, habida cuenta de la disposición normal de los ojos en la anatomía humana. Ello plantea un problema a menudo irritante, a saber, que las peticiones de intervención y las peticiones de moción de procedimiento que salen sobre todo de la parte derecha de este hemiciclo escapan a la atención del Presidente. 
Para paliar este problema, nuestro parlamento nacional, que usted conoce bien, señora Presidenta, ha puesto a un funcionario a cada lado del presidente, con el objeto de observar las peticiones de palabra. 
Creo que sería muy útil proceder de esta forma en este hemiciclo. 
No entiendo por qué hay compañeros que tratan de interrumpirme. 
No hay nada de extraordinario en querer defender los derechos de la minoría. 
Señor Gollnisch, le diré que la presidencia hace un gran esfuerzo para mirar a todos los lados. 
La mejor prueba de ello es que acabo de cederle la palabra. 
Señora Presidenta, me congratula presentar esta enmienda oral, al tiempo que puntualizo, sin embargo, que hace más bien referencia a la enmienda 11 del Grupo Liberal. 
El principio de la enmienda oral es el siguiente: debe prohibirse toda investigación en el embrión humano, salvo si favorece el desarrollo del mismo. 
Y podemos añadir, puesto que he oído antes otra enmienda oral que ya han debido presentarle: » y está prohibida la destrucción de embriones». 
Por consiguiente, la enmienda oral reza así: » salvo si tiene por objeto favorecer el desarrollo de estos embriones: la destrucción de embriones está prohibida» , lo que resulta lógico a partir del momento en que no se autoriza más que tres embriones implantados. 
Y añadimos asimismo: » está prohibida la destrucción de embriones». 
Señor Pompidou, procedamos por orden. 
Propone una enmienda oral, que, en realidad, se aplica al conjunto de las enmiendas, así como a todo el apartado. 
Creo, queridos compañeros, que es preferible que les pregunte si tienen reparos en tomar en consideración dicha enmienda oral. 
(La Asamblea rechaza la enmienda oral) 
Señora Presidenta, como esta es una cuestión fundamental que afecta a la conciencia de cada individuo, mi grupo político ha acordado que cada uno vote como considere correcto. 
Muy bien, señora Gebhardt, es verdad que se trata de un problema importante y todos nosotros votamos en conciencia. 
Señora Presidenta, se trata de prohibir la terapia génica en las células germinales, es decir, en el embrión, en el ovario y en los testículos, y todas las células que afecten a la descendencia. 
Si se adopta dicha enmienda, o si se adopta esta disposición, ya no será posible tratar con radioterapia o quimioterapia el cáncer de ovario o el cáncer de testículo en el hombre. 
En estas condiciones, pido que se prohíba la terapia génica germinal, salvo en los tratamientos radioterápicos o quimioterápicos en el cáncer de las gónadas. 
(La Asamblea rechaza la enmienda oral) 
Señora Presidenta, en este informe o en esta votación para nosotros se trataba de mostrar claramente a la Comisión que no queremos aceptar más supresiones de fondos en el campo de la ayuda al desarrollo. 
En el presupuesto suplementario hemos tenido que constatar que los acuerdos alcanzados con la Comisión sencillamente no se han respetado. 
Las líneas presupuestarias que se han suprimido- mujeres y tercer mundo, medio ambiente y tercer mundolas hemos colocado de nuevo al nivel anterior. 
Acordamos con la Comisión que en la DG VIII se creen más puestos y que los créditos necesarios para los mismos, sobre los que nosotros no podemos decidir, los ponga a disposición la Comisión para que se puedan llevar a cabo los proyectos NGO que ahora no se pueden ejecutar por falta de personal. 
Tenemos que constatar que estos puestos no se han creado. 
Por el contrario, en el próximo ejercicio presupuestario, precisamente estos puestos se van a desplazar a la DG I. Creo que hay que denunciar este modo de actuar en el próximo procedimiento del presupuesto suplementario. 
Está en contradicción con lo que ha acordado el Parlamento con la Comisión. 
Esta tendencia pretende imponernos algo que impedimos el último año: la Comisión suprime los fondos de política de ayuda al desarrollo para impulsar- lo digo claramente- una política exterior militarizada. 
Nuestro grupo político no quiere esto ni tampoco la Comisión de Desarrollo y yo, personalmente, tampoco lo he querido. Por esta causa, he votado en contra. 
Informe Brinkhorst 
Señora Presidenta, he votado contra el informe del Sr. Brinkhorst porque, en realidad, una vez más, trata de poner en tela de juicio la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. 
Contrariamente a lo que se ha dicho, tanto en la Comisión de Presupuestos como aquí en el hemiciclo, la decisión del Tribunal de Justicia no implica la obligación para el Consejo de pronunciarse y obtener un acuerdo con el Parlamento sobre esta clasificación. 
El verdadero objetivo del informe, este año, al crear una reserva FEOGA de aproximadamente 1.400 millones de ecus era de permitir, en realidad, una redistribución de los créditos no gastados en unos programas calificados de gastos no obligatorios. 
Ahora bien, la voluntad del Consejo de Ministros, que consiste en suprimir estos créditos no gastados, debe recibir apoyo a la hora en que se piden sacrificios considerables a los Estados miembros- mil millones de ecus de restituciones para el conjunto de los Quince, por ejemplo, mil millones de francos para Francia- debe recibir apoyo, insisto, para participar en este esfuerzo global de reducción del gasto público. 
Desgraciadamente, el informe del Sr. Brinkhorst persigue los mismos objetivos que el informe del Sr. Wynn el pasado año. 
Su objetivo técnico es sencillo: el ponente Brinkhorst desea crear una reserva con los fondos no utilizados del FEOGA Garantía. 
Se trata de una transferencia disfrazada de los gastos obligatorios hacia los gastos no obligatorios, y ello a pesar del dictamen del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. 
Políticamente, las consecuencias de la creación de esta reserva son catastróficas para la agricultura y el sector de la pesca. 
En efecto, el Parlamento Europeo quiere decidir sobre una parte de los fondos presupuestarios de estos dos sectores que representan más del 50 % de los gastos de la Unión. 
Todos sabemos que la agricultura no representa más que al 5 % de los electores de la Unión. 
Por consiguiente, los diputados tendrán tendencia a querer privilegiar otros intereses aparte de la agricultura. 
Deseamos recordar aquí, ante los diputados presentes, que la agricultura siempre ha sido un pilar de Europa. 
Por supuesto, la Política Agrícola Común no está exenta de críticas. 
¡Muy al contrario! 
¿Pero es mejor la falta de política agrícola? 
No lo creemos. 
Antes que quitar los fondos agrícolas en beneficio de otras políticas, es absolutamente necesario hacer uso del conjunto de los fondos comunitarios disponibles y utilizarlos de la mejor manera posible para que la Unión Europea siga siendo una potencia agrícola mundial de primera importancia, preservando al mismo tiempo la integralidad de su mundo rural. 
En ello nos va el equilibrio de nuestra sociedad. 
Al igual que mi grupo, he votado en contra del conjunto del informe del Sr. Brinkhorst porque está en la línea de pensamiento de una desviación que trata de imponer una parte de nuestra Asamblea y que denunciamos; una desviación que consiste en deslizar cada vez más gastos obligatorios en la categoría de gastos no obligatorios y en modificar así de forma subrepticia el reparto de las competencias establecido por los Tratados. 
Ahora bien, no corresponde al Parlamento Europeo sustituir al Consejo para decidir sobre la atribución de los presupuestos agrícolas y de la pesca. 
La composición del Parlamento Europeo es tal que los agricultores y los pescadores están subrepresentados en él, cuando la importancia de estas categorías sociales, en términos de empleos directos e indirectos, de producción económica, de equilibrio social, de ordenación del territorio y de mantenimiento del paisaje, es absolutamente determinante para algunos de nuestros países. 
Por consiguiente, se corre un gran riesgo de ver a la mayoría de los diputados europeos conceder prioridad a otros intereses distintos a los del mundo rural y a las zonas costeras. 
Una segunda razón me lleva a rechazar firmemente el principio de la creación de una reserva: esta propuesta se basa en documentos preparatorios cuyos datos son totalmente aleatorios. 
En efecto, no tienen en cuenta, y no pueden hacerlo, los riesgos climáticos, las variaciones de los precios mundiales y las consecuencias de los acuerdos de librecambio. 
Informe Kittelmann 
Como en su día votamos contra el establecimiento de la Unión Aduanera entre la UE y Turquía, nos hemos abstenido consecuentemente de votar sobre este informe. 
No vemos motivo alguno para reflexionar sobre nuestra decisión, puesto que se ha comprobado que siguen existiendo presos políticos y tortura de presos políticos en Turquía. 
Lamentablemente, la creación de la Unión Aduanera no ha podido hacer que Turquía cese en sus infracciones contra los derechos humanos. 
La UE debería exigir de Turquía que el país cumpliese los compromisos contraídos en cuanto a la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y la puesta en libertad de presos políticos, compromisos que la UE estableció en relación con la adopción del Acuerdo Aduanero con Turquía. 
Yo voté en contra del Acuerdo para seguir manteniendo nuestra posición en las negociaciones con Turquía en lo referente a los derechos humanos. 
Cabe seguir exigiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Parlamento Europeo cuando se votó a favor de la Unión Aduanera el 12 de diciembre de 1995. 
Los requisitos de la UE en relación con el Acuerdo Aduanero con Turquía no se han cumplido. Por consiguiente, he votado en contra del informe. 
El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha votado en contra del informe de Sr. Kittelmann no porque estemos en contra de las modificaciones propuestas por el ponente al texto de la Comisión, sino porque rechazamos más que nunca el proyecto de unión aduanera con Turquía. 
Las propuestas que también ha aprobado la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores en su opinión son técnicamente perfectamente razonables si no se quiere dejar que la Comisión y el Consejo decidan autocráticamente en la comisión mixta, sino intentar asegurar al menos un nivel mínimo de control por parte del PE. 
Pero estas razonables propuestas técnicas de mejora en el marco mencionado, no cambian nada sustancial en el enfoque políticamente erróneo de esta unión aduanera. 
Recuerdo muy bien hace siete meses, a mediados de diciembre del último año, cuando se votó en esta Asamblea sobre la unión aduanera. 
Se nos decía al unísono de casi todos los grupos políticos, inclusive los socialistas, que había que estar a favor de la unión aduanera porque sólo así se podía apoyar en las elecciones al Gobierno Çiller e impedir que Turquía se deslizase hacia el fundamentalismo islámico. 
Hoy los islamistas están en el Gobierno y la Sra. Çiller les ha allanado el camino hasta allí. 
Ya antes de la transferencia del poder a los islamistas, Turquía era un Estado policíaco con rasgos de una dictadura militar. 
Ahora se convierte también en una dictadura religiosa. 
Se viene a añadir otro elemento de represión pero, por lo visto, esto no trae ninguna consecuencia. 
Yo mismo estuve en Estambul del 1 al 3 de junio con una delegación del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo con motivo de la Conferencia HABITAT II. Mediante nuestra presencia queríamos proteger y apoyar públicamente a la Asociación pro derechos humanos que quería llamar la atención en especial sobre la brutal represión de los intentos de autonomía en el Kurdistán. 
Los diputados fuimos también espiados y sometidos permanente a presión en Estambul. 
Claudia Roth fue interrogada durante más de una hora por la policía después de haber mantenido una conferencia de prensa. 
Una colaboradora de nuestro grupo político fue detenida durante una hora por haber distribuido informaciones sobre nuestros actos en el Foro de la NGO. 
No debe existir una unión aduanera con un Estado que no respeta ni siquiera los derechos fundamentales más elementales, como el derecho a la libertad de opinión y que mantiene una guerra sucia contra una parte de su propia población, contra toda una región. 
El PE no debería dar más pasos en la dirección equivocada y congelar de momento todas las resoluciones que hacen practicable la unión aduanera hasta que vuelvan a Turquía la democracia y la paz. 
Informe Pelttari 
Señora Presidenta, el rechazo del informe Pelttari es vergonzoso para el Parlamento Europeo. 
Es un día negro para el Parlamento. 
El hecho de que la Asamblea no haya tomado posición sobre una cuestión tan importante como el proyecto de Convención sobre Bioética, debe considerarse un escándalo. 
Este proyecto, tal como está previsto hasta ahora por el comité directivo, significa una relativización de los derechos humanos. 
Se ha producido con razón una oleada de indignación en los Estados miembros. 
Es un certificado de nuestra propia incapacidad que no hayamos expuesto nuestra opinión al respecto y que tras este proyecto de Convención se permita, por ejemplo, la investigación en personas que no pueden dar su asentimiento. 
Esto significa el inicio de una elusión de los derechos humanos. 
En el proyecto tampoco se garantiza la prohibición de la investigación del genoma humano. De este modo se abren las puertas de par en par a la fabricación de personas. 
En el proyecto se abre también una puerta trasera a la investigación de embriones para su uso. 
Aunque solamente se quiere permitir si se garantiza una protección adecuada, sin embargo sólo se queda en una mera táctica de apaciguamiento, pues en el proyecto no se prevé en absoluto cómo debe ser esta protección. 
Con el informe Pelttari habríamos tenido la oportunidad de enviar una señal muy clara a la Asamblea Parlamentaria y al Consejo de Europa en el sentido de que este proyecto de convención debe rechazarse. 
Al no aprobarlo, hemos dejado pasar lamentablemente esta oportunidad. 
Con nuestra resolución, podríamos haber mostrado claramente que queremos oponernos al socavamiento de los derechos humanos, pues no se deben cuestionar los derechos humanos establecidos. 
Con la Convención sobre Bioética no solamente no se protegen sino que, por el contrario, se legitima su socavamiento. 
Por ello, creo que es un escándalo, un certificado de nuestra propia incapacidad y vergonzoso para el Parlamento Europeo que no hayamos aprobado este excelente informe que habría supuesto una clara señal para rechazar la Convención. 
Señora Presidenta, en efecto, es una pena que nuestra Asamblea no haya aprobado el informe Pelttari que manifestaba reservas sobre este proyecto de convenio, muy peligroso en su estado actual. 
En efecto, en este proyecto de convenio nos afirman algunos hermosos principios pero remiten las cuestiones más importantes a protocolos que desconocemos lo que darán y que suscitan las inquietudes más vivas, en particular, por lo que respecta a la opinión de los incapaces. 
La Asamblea parlamentaria había manifestado sus reservas, a las que se unió la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, y es una lástima que, en el momento de la votación, no hayamos apoyado estas reservas, a fin de proteger la opinión de los incapaces. 
Asimismo, por lo que respecta a la protección de los embriones, la cuestión se ha remitido al protocolo. 
Ahora bien, ¿qué hará el CDBI, que se encarga de elaborar dicho protocolo? 
No lo sabemos. 
Me uno a lo que se dice en los puntos 3, 4 y 5 del apartado 12: deben servir de orientación para la redacción de este protocolo, a falta de lo cual, efectivamente, se produciría en verdad una violación de los derechos humanos en un punto muy importante. 
En el caso de las PMA, procreaciones médicamente asistidas, el informe Pelttari insiste en un punto muy importante: sólo hay que generar los embriones que se implantarán en la mujer, porque de lo contrario, debido a la congelación, a la conservación congelada de seres humanos, se trata de un verdadero experimento, cuando sabemos que, en los propios ratones, en los que se hacen experimentos, se producen secuelas y trastornos como consecuencia de dicha congelación. 
Por lo que respecta al genoma, también aquí es imposible que algunos seres humanos, ya sean expertos u hombres de ciencias, puedan tener el poder exorbitante, de intervenir en la línea germinal, poniendo así en peligro el porvenir mismo de la especie humana. 
En cuanto a la acción en los genes concerniente a los órganos, estoy totalmente de acuerdo, pero en lo que respecta a los genes que conciernen a la transmisión a la descendencia, es inadmisible que cualquier ser humano tenga el poder de actuar. 
Se trata de una explotación del hombre por el hombre, mucho más grave que la explotación económica o social, o cualquier otra. 
Para concluir, desearía manifestar que en este punto se trata verdaderamente de una cuestión de civilización, de humanismo fundamental, en torno a la cual, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa deben tomar postura. 
La ciencia y la conciencia están de acuerdo en este asunto: el informe Pelttari permitía satisfacer a las dos. 
Así pues, en nombre de mi grupo deseo expresar un gran pesar y una gran tristeza. 
Como políticos que somos, tenemos la obligación de hacer preguntas y de sugerir respuestas, pero las repercusiones de la tecnología de los genes humanos influyen en cada una de las facetas de la vida privada del individuo. 
Estas no son cuestiones sobre las cuales el Parlamento Europeo o el Consejo de Europa puedan pronunciarse de pasada. 
Son cuestiones que requieren el consentimiento de la sociedad. El informe pide que haya participación y debates públicos lo más amplios posible para llegar a un consenso. 
El presente debate ha de tener lugar antes, y no después, de que preparemos una declaración sobre lo que es bueno y lo que es malo. 
El debate ha indicado que se trata de cuestiones que llegan hasta el fondo de la manera en que la sociedad prefiere considerarse y prefiere considerar el conflicto que entraña esta tecnología. 
El derecho a la procreación, el aborto, los ensayos genéticos, la investigación con embriones, la genoterapia, el derecho a la propia intimidad en materia genética, los derechos de los minusválidos, todas estas cuestiones y muchas más son sumamente delicadas y sensibles. 
Se nos van a ofrecer soluciones simplistas a problemas que quizá no sepamos siquiera que existen. 
El determinismo genético- el concepto según el cual todo lo que condiciona nuestra configuración física y mental se puede identificar por referencia a nuestro ADN- es un camino peligrosísimo. 
Se nos someterá a presión para que utilicemos la tecnología a fin de «estandarizar» al género humano mediante la selección exclusiva de las características y los rasgos que reflejen alguna noción «ideal» de la humanidad. 
Corremos el riesgo de crear un «monocultivo del género humano». 
Es inaceptable que comerciemos con embriones humanos o que creemos embriones para la investigación. 
La investigación sobre un ser humano, sin su consentimiento, sólo puede llevarse a cabo si se trata de su beneficio directo. 
Es una vergüenza que el Parlamento rechace este informe. 
La aplicación de la biología, de la biotecnología y la medicina, además de la labor de investigación en estos ámbitos nos colocan ante unos difíciles interrogantes desde el punto de vista ético. 
La evolución es muy rápida dentro del sector de la biotecnología, que es tan complicado y avanzado que no es posible el debate social, y el diálogo se produce solamente entre científicos (que a menudo no se ponen de acuerdo). 
Para celebrar un amplio debate social, lo cual es necesario para una cuestión tan decisiva para la humanidad como la ingeniería dentro de la técnica genética, se necesita más tiempo- una moratoria, especialmente en lo relativo a la investigación aplicada y la técnica genética. 
El principio de cautela en estos asuntos- la consideración debida hacia las generaciones futuras- debe tener una prioridad mayor que el desarrollo acelerado del sector de la técnica genética. 
La biotecnología es uno de los sectores industriales de más rápido desarrollo en Europa, lo cual plantea también difíciles problemas éticos. 
¿Qué ocurre, por ejemplo, con los embriones humanos que «sobran» de la fecundación artificial? 
¿O puede modificarse el genoma con genes de precisión? 
¿Hasta dónde nos atreveremos o podremos llegar en los experimentos genéticos? 
De acuerdo con el proyecto de convenio del Consejo de Europa, las partes signatarias deberían proteger la dignidad y la integridad humanas y garantizar para todos el derecho de autodeterminación en los ámbitos de la biología y la medicina. 
Sin embargo, inmediatamente a continuación en el convenio se afirma con ambigüedad que el bienestar del ser humano debe figurar en primer lugar junto con los intereses de la propia sociedad y de la ciencia. 
¿Cómo se puede siguiera equiparar estas dos cuestiones colocándolas en la misma frase? 
¿Significa eso que si los resultados que se esperan de la investigación son importantes se pueden correr mayores riesgos en la misma? 
Los diferentes artículos se pronuncian también sobre el procedimiento de consentimiento. 
El individuo debe dar por sí mismo libremente su consentimiento a la realización de las pruebas. 
Sin embargo, existen personas que carecen de la suficiente capacidad intelectual o física para comprender dichas pruebas. 
Igualmente resulta problemático el hecho de que tampoco la persona sana entiende siempre las explicaciones del médico. 
El Grupo de los Verdes ha votado a favor del informe porque es importante que adoptemos una postura claramente crítica ante este convenio internacional. 
No obstante, en el informe del Sr. Pelttari se podría haber adoptado una posición todavía más firme. 
Por ejemplo, en el terreno de las investigaciones genéticas resulta peligrosa la intervención en el genoma. 
El convenio y el establecimiento de directrices para la bioética son necesarios para impedir que empecemos a crear a partir de personas, para su utilización, los mismos monstruos que hemos creado a partir de animales, como por ejemplo el montón de músculos belga destinado a la producción de carne para filetes, que apenas si se sostiene en pie sobre sus endebles patas, y que de lejos recuerda a una vaca. 
En este momento, necesitamos un debate público sobre bioética. 
Voto a favor del informe, que trata de unas cuestiones éticas de la mayor importancia en un ámbito de la investigación que está creciendo con gran rapidez. 
Para que las nuevas técnicas no se nos vayan de las manos, es hora de que establezcamos unos marcos correctos y estrictos sobre el modo en que va a desarrollarse la labor investigadora. 
Especialmente, la investigación sobre embriones es un ámbito en que la ética, y no la técnica, es la que ha de poner los límites. 
Además es totalmente inaceptable que se realicen diagnósticos genéticos para tener una descendencia con los genes «deseados». 
Sin duda se puede ayudar, a través de la técnica genética, a personas con enfermedades graves incurables actualmente, pero la modificación de los genes por otros motivos es deleznable y nos podría llevar a un menoscabo del principio de la igualdad del valor de todas las personas. 
Evidentemente, debe aplicarse el principio de la cautela a la biotecnología. 
Por último, quiero subrayar que el debate sobre ética biológica, que interesa a muchas personas, debe celebrarse y debe hacerse con la participación del ciudadano. 
Esto es necesario para que no nos encontremos con que un posible comité de expertos corra el riesgo de alejarse de los principios éticos aceptados por la mayoría. 
El tema respecto al que el Parlamento Europeo debe manifestarse hoy es muy delicado y ha sido objeto en diferentes formas y épocas de la fantasía y, por qué no, también de la conciencia de muchos científicos, artistas, filósofos y escritores. 
Recuerdo la leyenda de Fausto y su pacto con el diablo, la de Frankestein, el aprendiz de brujo, la película «Blade Runner» , para citar sólo algunos de los ejemplos más significativos. 
Y recuerdo también un pasaje de la Biblia: » Somete la tierra y los animales». 
Ciertamente, las nuevas técnicas de investigación a través del conocimiento más profundo de la calidad y también de las debilidades de nuestros genes y los de los demás animales, abren nuevos y prometedores horizontes para la investigación médica. 
Sin embargo, convierten en difícilmente controlables y posibles aplicaciones aberrantes y peligrosas para la humanidad y para el mundo entero. 
Por ello, acogemos con satisfacción la iniciativa de redactar un código de conducta en materia de bioética. 
Y el Grupo de los Verdes, en comisión, contribuyó concretamente a ajustar su alcance. 
En concreto, reiteramos: 
la producción de embriones humanos, y no sólo para fines de investigación, debe estar prohibida por ley; -las personas incapaces deben ser objeto de garantía y de protección contra toda clase de explotación; -por lo que se refiere a las terapias prenatales, recae sobre la mujer la última y la única responsabilidad en cuanto a tomar decisiones; -la esfera genética íntima de cada persona debe ser respetada rigurosamente.Queda la esperanza del que el Convenio sobre Bioética contribuya a que las disparatadas visiones citadas sigan siendo bellas páginas literarias. 
Es gracias al conocimiento de la historia que la elaboración de normas en materia de bioética sigue siendo el problema de las sociedades del final de este milenio y el problema que despierta más pasiones, ya que afecta a las raíces inconscientes de la vida y de la muerte y, sobre todo, al concepto que el ser humano tiene de sí mismo. 
El camino futuro de la tecnología de los genes humanos está salpicado de problemas éticos y prácticos. 
En los próximos años adquiriremos un conocimiento prácticamente completo de la configuración del genoma humano, pero probablemente no sabremos todavía en qué consisten las complejas interacciones de la mente y el cuerpo humanos ni la interrelación entre el individuo y el medio ambiente en que vive. 
El debate ha indicado que se trata de cuestiones que llegan hasta el fondo de la manera en que la sociedad prefiere considerarse y prefiere considerar el conflicto que entraña esta tecnología. 
El derecho a la procreación, el aborto, los ensayos genéticos, la investigación con embriones, la genoterapia, el derecho a la propia intimidad en materia genética, los derechos de los minusválidos, todas estas cuestiones y muchas más son sumamente delicadas y sensibles. 
Se nos van a ofrecer soluciones simplistas a problemas que quizá no sepamos siquiera que existen. 
El determinismo genético- el concepto según el cual todo lo que condiciona nuestra configuración física y mental se puede identificar por referencia a nuestro ADN- es un camino peligrosísimo. 
Se nos someterá a presión para que utilicemos la tecnología a fin de «estandarizar» al género humano mediante la selección exclusiva de las características y los rasgos que reflejen alguna noción «ideal» de la humanidad. 
Corremos el riesgo de crear un «monocultivo del género humano». 
Una de las características de nuestra obsesión por el progreso técnico es que si contamos con información y con nuevas técnicas tengamos que utilizarlas. 
Es cierto que no podemos desaprender lo que sabemos, pero en una sociedad madura sería agradable poder pensar que estamos en condiciones de ejercer un grado elevado de responsabilidad en la elección de lo que queremos y podemos hacer. 
Para decirlo con toda sencillez: aunque podamos hacer algo, ¿tenemos que hacerlo? 
Como políticos que somos, tenemos la obligación de hacer preguntas y de sugerir respuestas, pero las repercusiones de la tecnología de los genes humanos influyen en cada una de las facetas de la vida privada del individuo. 
Estas no son cuestiones sobre las cuales el Parlamento Europeo o el Consejo de Europa puedan pronunciarse de pasada. 
Son cuestiones que requieren el consentimiento de la sociedad. El informe pide que haya participación y debates públicos lo más amplios posible para llegar a un consenso. 
El presente debate ha de tener lugar antes, y no después, de que preparemos una declaración sobre lo que es bueno y lo que es malo. 
Me parece que apenas empezamos a arañar la superficie de todas estas cuestiones, y aunque el informe define algunas de las cuestiones esenciales, lo cierto es que dista mucho de ofrecernos un marco ético y filosófico que pueda orientarnos en el siglo próximo. 
Por todos estos motivos, habría sido de la máxima importancia que el Parlamento Europeo hubiese emitido un dictamen sobre este tema, aunque no comparto todos los puntos del informe. 
En consecuencia, la decepción es grande por encontrarnos de nuevo sin voz ante un tema en el que se nos debería escuchar de un modo especialmente claro. 
Es para mí incomprensible porqué motivos aquellos colegas que han votado en contra, ante todo de entre la filas del Grupo PSE, han negado a nuestra Asamblea la posibilidad de emitir un dictamen crítico sobre la Convención de Bioética. 
De este modo, se fortalece esta Convención y se asesta un fuerte golpe al laborioso trabajo para su mejora. 
Pero, a pesar de ello, va a proseguir. 
Deseo expresar mi voto favorable al informe Pelttari sobre el proyecto de Convenio sobre Bioética o mejor dicho sobre los «Derechos humanos y la biomedicina» , para reiterar la necesidad de ulteriores profundizaciones y significativas modificaciones respecto al texto del proyecto. 
En particular, deseo subrayar la necesidad de garantizar el consentimiento libre, consciente y con conocimiento de causa de toda persona que sufre una intervención médica, sobre todo si se trata de investigaciones biomédicas. 
A mayor abundamiento, si se quiere intervenir en una persona incapaz, que no puede expresar dicho consentimiento, dicha intervención puede admitirse sólo si beneficia a la persona interesada y si el representante legal ha otorgado el oportuno consentimiento. 
Asimismo es necesario reiterar que las investigaciones sobre la persona humana no puede hacerse previo pago, habida cuenta de que es inadmisible cualquier comercio del cuerpo. Lo mismo vale para la donación de órganos y tejidos. 
La investigación sobre embriones debe estar prohibida y, sin lugar a dudas, prohibida la producción de embriones para fines de investigación. 
La única investigación admisible es la que tiene como objetivo la salud del feto, de la madre o de ambos, sin perjuicio del derecho de libre elección de la mujer. 
Ninguna intervención tiene que tener como fin la selección o la manipulación para fines eugenésicos. 
Por último, ninguna investigación tratará de modificar la línea germinal a través de la transmisión de características modificadas a los descendientes. 
Por estas razones, el proyecto de convenio debe ser modificado ulteriormente. 
Por consiguiente, hay que apoyar el informe Pelttari como condición para mantener abierto el debate sobre dichos temas, cuya importancia para el futuro de la humanidad no nos permite decisiones ambiguas e improvisadas. 
Los descubrimientos y las perspectivas que dejan entrever el desarrollo y las aplicaciones científicas crean en la sociedad una fuerte necesidad de proteger los derechos y la dignidad humana. 
Esta petición se refiere especialmente a los avances científicos de la biotecnología, en particular en el ámbito de la genética, que, si bien ofrecen enormes posibilidades para la salud y la prevención y curación de enfermedades, ofrecen al mismo tiempo riesgos importantes de desviarse de los objetivos médicos y científicos, con consecuencias incalculables para el futuro de la propia especie humana. 
Las injerencias en el código genético con la intención de desarrollar propiedades a la carta para crear individuos y poblaciones de seres adecuados para tareas y servicios específicos se inscriben en el capítulo de la eugenesia y crean tremendos problemas, en el sentido de que suponen una desviación del destino del hombre, con consecuencias incalculables para el futuro de la especie humana, dado que los resultados obtenidos hasta ahora por la experimentación científica no bastan para evaluar con fiabilidad si los organismos modificados genéticamente son compatibles con el medio ambiente. 
Nos preocupa especialmente el hecho de que un asunto como éste, con gravísimas consecuencias y dimensiones sociales, se trate en cierto modo con un espíritu mercantilista. 
La utilización de los productos de la biotecnología se hace no sólo con criterios científicos, sino para satisfacer la necesidad de movilidad de los capitales disponibles y la obtención de beneficios. 
El desarrollo de la biotecnología ya se lleva a cabo en grandes centros de enorme potencia económica, donde la participación de científicos especializados en la valorización final de las invenciones no siempre es determinante. 
Los procesos y el marco jurídico se acuñan con criterios empresariales y suelen concernir únicamente a la multiplicación de las actividades económicas, a la creación de mercados y a asegurarse inversiones competitivas. 
Consideramos indispensable que, simultáneamente al desarrollo de la biotecnología, se creen y potencien ramas de investigación para evaluar y estudiar los riesgos potenciales de los hallazgos de la biotecnología y la genética sobre el ser humano y el medio ambiente. 
El estudio basado en la experiencia y la elaboración de códigos deontológicos que vigilen no sólo la investigación, sino sus aplicaciones en la biotecnología, además de la creación de disposiciones reguladoras, en el seno de un marco jurídico que proteja a la humanidad del uso irracional y abusivo de los resultados de la biotecnología y los ingeniería genética. 
La Unión Europea es una entidad moral con importantes responsabilidades para con sus propios ciudadanos y los de otros países, tanto los candidatos a la adhesión como los de otras regiones del mundo, que tienen puestos sus ojos en ella. 
Por ser el respeto de la persona humana el fundamento del espíritu democrático de Occidente, es injustificable que se prolongue la situación de indefinición respecto de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que ahora se suma el Convenio sobre Bioética. 
Las leyes y los tratados existen para servir a los hombres y no al contrario. 
Si el Tratado no permite la adhesión, cámbiese el Tratado: estamos en el momento idóneo para hacerlo. 
Lo que importa es que no se siga dando al mundo el triste espectáculo de una Unión rápida para defender sus intereses, pero lenta para defender sus principios. 
No se debe confundir el voto en contra del Parlamento Europeo, por considerar el texto insatisfactorio, con el deber que tenemos de contribuir activamente a la reglamentación de una materia fundamental para la investigación europea en los próximos años. 
A algún colega, precisamente del sur de la UE, le parecerá que es un atentado contra el espíritu de la Ilustración si en esta cuestión se argumenta con categorías como respeto frente a la Creación, al humanum o similares. 
Sin embargo, tras el surgimiento del paradigma ecológico considero que es precisamente lo contrario: una categoría central de una Ilustración que persigue una Ilustración por encima de si misma. Ante los peligros y riesgos derivados de ella ya no se puede mantener una creencia metafísica en las futuras soluciones tecnológicas a los problemas. 
Por el contrario, se trata hoy y aquí de presentar la prueba suficiente de que se pueden excluir positivamente los riesgos ilimitados y no esconderse, por ejemplo, tras la categoría indefinida del riesgo residual. 
Precisamente en la aceptación consciente y responsable de la carga de la prueba radica hoy el meollo del racionalismo científico responsable y no en aferrarse, por ejemplo, a la fe ciega de futuras soluciones técnicas ilimitadas a los problemas. 
Informe Caudron 
La dramática situación del sector del acero, que en el pasado constituyó una de las palancas del desarrollo de la economía europea, no admite dudas. 
En los últimos veinte años se han destruido en Europa más de 500.000 empleos en este sector, y se han cerrado miles de empresas. 
Recientemente, en mi país, en el marco de una nueva y amplia reestructuración, la mayor empresa del sector anunció el cierre de dos plantas y el despido de 250 trabajadores, lo que supone una reducción desde los 3.000 trabajadores que había antes de las repetidas reestructuraciones hasta 500. 
Incluso se teme el cierre definitivo de la empresa. 
¿Cuál es la posición de la UE ante tal situación? 
La UE sigue también una política que no apoya al sector, sino que contribuye en esencia a su disolución, en beneficio de los grandes intereses monopolistas de terceros países. 
Por otra parte, prohíbe a los Estados miembros la adopción de una política sectorial. 
En el marco de la política de subvenciones, supedite su concesión a la adopción de programas de reestructuración cuyos parámetros básicos son la reducción continua de la capacidad productiva y la drástica reducciones de los empleos. 
Pero simultáneamente no toma ninguna medida para resolver el problema de las importaciones incontroladas de acero procedente de terceros países que practican políticas de «dumping» , con el resultado que se crean situaciones de competencia desleal en perjuicio de la producción comunitaria. 
La resolución de los graves problemas existentes, al igual que el desarrollo de la productividad y de la competitividad, no pueden ser utilizados como excusa para transgredir todo tipo de protección de los trabajadores, para refugiarse sin ambages en el empleo temporal o a la subcontratación. 
La experiencia muestra que la reestructuración, si no se tienen en consideración los derechos de los trabajadores, no puede tener un resultado positivo. 
La Unión Europea debe adoptar medidas inmediatas para resolver el problema de la importación masiva de productos del acero procedentes que países que practican el «dumping» , sea mediante acuerdos al respecto, sea mediante medidas de defensa admitidas en el marco de los intercambios comerciales internacionales. 
Debe desarrollar las posibilidades a nivel internacional para potenciar las importaciones, sobre todo en favor de los países en desarrollo. 
Debe tomar medidas para fomentar las inversiones en el sector, fundamentalmente en el desarrollo de nuevos productos, y para favorecer la demanda de productos de acero, sobre todo en sectores como la construcción y las obras públicas. 
La insistencia en las prácticas y alternativas condenadas por la experiencia no tendrá otra consecuencia que la ampliación de una crisis y la decadencia de uno de los sectores industriales más dinámicos. 
Estoy de acuerdo con el ponente, Sr. Caudron en que se necesita una reestructuración de la industria siderúrgica, entre otras cosas, para solucionar los problemas de medio ambiente, de dumping social y desempleo que suele producir una industria cuya actividad está decayendo. 
No obstante, mi opinión es que cada país miembro debe decidir por sí mismo si quiere apoyar su industria siderúrgica o no. 
Los Estados miembros deben establecer los límites de la ayuda siguiendo unos criterios sociales, regionales y/o de planificación de la producción. 
Informe Fernández-Albor 
Señora Presidenta, me he abstenido en la votación a pesar de que considero que el objetivo último del informe es adecuado. 
Debe reforzarse la capacidad de actuación de la Unión Europea en lo que respecta a la política exterior y de seguridad común, tal como demuestra el lamentable ejemplo de Bosnia. 
El informe adolece sin embargo de dos defectos. En primer lugar, en él no se reconoce la situación de la OTAN como piedra angular de la estructura de la seguridad europea. 
Resulta bastante extraño que en un informe que trata sobre la PESC no se mencione ni una sola vez la palabra OTAN. 
Se muestra alejado de la realidad especialmente en un momento en que IFOR y FOCC se revelan como elementos realmente importantes de la estructura de la seguridad europea y cuando Francia ha regresado o va a regresar a los órganos de dirección de la OTAN. 
En segundo lugar, en el informe no se reconoce tampoco de manera suficientemente clara la importancia del no alineamiento como parte del sistema de seguridad que se va a desarrollar en Europa. 
El no alineamiento no es necesariamente un dogma eterno grabado en la piedra, pero en la situación actual constituye un elemento positivo de cara a la estabilidad de Europa, y en particular del norte del continente. 
En este sentido, el informe entra también en contradicción con el informe de la Sra. MaijWeggen, que votamos con ocasión del debate sobre la Conferencia Intergubernamental. 
Señora Presidenta, los social-demócratas austríacos estamos muy satisfechos de haber podido dar por fin nuestro voto afirmativo a este informe, pues mediante la aceptación de enmiendas, una perspectiva en nuestra opinión peligrosa, arriesgada y, ante todo, inaceptable para nuestro país, no refleja la opinión de esta Asamblea. 
No estamos a favor de proseguir la guerra fría con otros medios sino de un nuevo comienzo libre de prejuicios en la política de seguridad. 
Este nuevo inicio no puede conducirnos a unos bloques militares basados en las armas sino a un nuevo sistema europeo de seguridad común. 
En este texto se reconoce expresamente que hay que aprender de las diferentes experiencias en política de seguridad, ante todo de las de los Estados neutrales. Esto es lo que nos ha hecho posible votar a favor de este informe. 
Señora Presidenta, los social-demócratas austríacos estamos convencidos de que la solución de los problemas de seguridad que sin duda tiene Europa, debe consistir en la laboriosa creación de un sistema de seguridad paneuropeo. 
Un sistema de este tipo no debe considerar a Rusia como enemigo sino como amigo y tiene que llegar más allá de Europa en sentido geográfico. 
Un sistema de este tipo sería capaz de lograr lo que en opinión de todos los expertos ciertamente no va a poder hacer realidad una mera ampliación de los bloques militares existentes y su vinculación con la política exterior y de seguridad común, es decir, más seguridad para Europa. 
Un bloque militar europeo hasta las puertas de Rusia no aportará más seguridad a este continente sino menos. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, Austria posee una larga y positiva tradición de neutralidad. 
Los social-demócratas no hemos considerado esta neutralidad como una actitud de estar al margen sino como un mandato político para comprometernos también en los difíciles asuntos conflictivos sobre la base de una posición que se esfuerza por la paz pero que es también independiente. 
No vemos en nuestra neutralidad ningún impedimento para participar activamente en una política exterior común de la Unión y para cumplir los compromisos de solidaridad que todos tenemos que aportar en esta Unión. 
Sabemos muy bien que las condiciones marco políticas de nuestra neutralidad son hoy diferentes a hace un decenio. 
La neutralidad no significa para nosotros inflexibilidad. Creo que precisamente en relación con los conflictos europeos de los últimos años hemos demostrado que neutralidad se puede redefinir bajo unas nuevas condiciones. 
Señora Presidenta, los social-demócratas austríacos estamos convencidos de que las experiencias que nuestro país y nuestro pueblo han tenido con la neutralidad deben considerarse como positivas no solamente desde un punto de vista histórico. 
Estas experiencias siguen siendo válidas y pueden seguir determinando nuestra política de seguridad. 
Reconocemos que otros países, al igual que nosotros, han tenido sus propias experiencias de política de seguridad que deben valorarse también positivamente y, en base a las cuales, quieren seguir inspirándose. 
La situación no es tal que un concepto de política de seguridad, es decir, la pertenencia a la OTAN haya ganado en cierta manera desde 1989 y que el otro, es decir, la neutralidad, haya perdido. 
Europa tiene que aprender de ambos conceptos y creo que saldrá ganando si lo hace. 
Señora Presidenta, ya da suficientemente que pensar el hecho de que la budget office del Congreso de los EE.UU., en caso de una ampliación de la OTAN hasta las puertas de Rusia hasta el año 2010, haya calculado unos costes adicionales para los EE.UU. de 18.900 millones de dólares, de 54.000 millones de dólares para los actuales miembros de la OTAN en Europa y de 51.800 millones para los nuevos miembros de la Europa Oriental. 
Pero aún da más que pensar que la budget office tenga que constatar que incluso con estos gastos gigantescos de más de 124.000 millones de dólares no se puede proporcionar en absoluto una eficaz protección militar para los Estados bálticos, Rumania y Ucrania y sólo de un modo muy limitado para los demás Estados de la Europa oriental. 
Una confesión de tal clase que reconoce la imposibilidad de un concepto de política de seguridad de tal tipo debería alentarnos a buscar conceptos alternativos. 
Los social-demócratas austríacos en el PE vemos en esta búsqueda una de las tareas fundamentales de la política europea. 
Señora Presidenta, los social-demócratas austríacos deseamos que el Parlamento Europeo realice una eficaz aportación en la búsqueda de un amplio concepto de política de seguridad orientado al futuro. 
La votación de hoy ha supuesto un paso en dicha dirección. 
Gracias a la aceptación de las enmiendas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ya no se prosigue con el obsoleto concepto de la guerra fría. 
Nos alegra mucho que en este informe se haya eliminado la expresión «poder disuasorio nuclear común» y que se reflejen no solamente las experiencias históricas de la OTAN sino también la positiva experiencia histórica de la neutralidad y que no se apueste solamente por la seguridad militar. 
Los social-demócratas austríacos estamos a favor de un moderno y amplio concepto de seguridad. 
Trabajaremos activa y solidariamente, pero en el sentido de una política de seguridad amplia, en el desarrollo de una política exterior y de seguridad común eficaz en Europa. 
Nos alegra haber recibido apoyo para la enmienda sobre el apartado 21. Este apoyo era decisivo para que pudiéramos votar en favor de la totalidad del informe. 
Por el contrario, es lamentable que no recibiera apoyo nuestra enmienda nº7. 
Esta enmienda dejaba claro que la política de seguridad, incluyendo la de las relaciones internacionales, las relaciones económicas, el comercio, la ayuda y la cooperación con países vecinos, son cuestiones mucho más amplias y más relevantes que la política de defensa. 
Una política de seguridad común debe tener como fin solucionar conflictos en lugar de ganarlos por superioridad militar. 
Queremos dejar claro de una vez por todas que lo que necesita Europa es una política para la paz común con un sistema común para la prevención de conflictos. 
Es posible que la Unión Europea sea un gigante en lo económico, pero en el plano mundial es lamentablemente un enano político. 
La razón de esta paradoja es sencillísima: estamos siguiendo un mal procedimiento para elaborar una política exterior y de seguridad común que se caracterice por su cohesión y su coherencia. 
Para adoptar ese procedimiento es preciso que haya unanimidad. Eso significa que un solo Estado miembro puede lograr que no se llegue a un acuerdo sobre una política común. 
Por lo tanto, la importancia radica en el freno y no en el motor. 
La consecuencia ha sido que en momentos de crisis internacional, la Unión Europea ha resultado totalmente impotente. O bien teníamos una política ineficaz y débil, o bien no teníamos política alguna. 
Para colmo, los Estados miembros han expresado opiniones que a menudo eran disonantes. 
Espero que la CIG resuelva esta cuestión instituyendo la introducción de la votación por mayoría calificada en la esfera de la política exterior y de seguridad común para que se vea que en realidad tenemos una política y que estamos en condiciones de ponerla en práctica. 
Eriksson y Sjöstedt (GUE/NGL) , Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V) , por escrito. 
(SV) No tenemos nada en contra de la cooperación civil constructiva intraestatal entre los países de la UE, en los casos en que esta modalidad sea mejor que otras modalidades de cooperación en materia de política exterior para promover la paz, la democracia y los derechos humanos en el mundo. 
Pero no podemos respaldar el claro objetivo general del informe Fernández-Albor, que evidentemente es establecer a la UE como potencia militar intervencionista (equipada además con armamento nuclear) , que como una variante moderna de la antigua diplomacia que hablan los cañones va a participar en una especie de carrera con el fin de dominar el mundo. 
Nos oponemos además a la ambición que se hace patente en éste como en otros informes, de conferir a las instituciones de la UE unas tareas internacionales que ya competen a organizaciones intraestatales de las que todos los Estados de la UE forman parte, como por ejemplo las Naciones Unidas, la CSCE o el Consejo de Europa. 
En su lugar, los Estados de la UE deberían trabajar constructivamente dentro de estos organismos para hacerlos más eficaces a la hora de cumplir sus objetivos. 
Consideramos evidente que el sistema para la preservación de la paz internacional debe ser global, lo cual se aplica a las Naciones Unidas y la CSCE (dentro de su territorio) , pero no puede aplicarse nunca a la UE. 
Un sistema eficaz para la preservación de la paz para los alrededor de 50 estados que forman Europa no puede basarse en una UE de 15 miembros, ni en una UE que se amplíe, según los planes actuales, a un máximo de 27 miembros. 
Pensamos que es fortalecedor que los países miembros de la UE puedan adoptar unánimemente unos puntos de vista comunes y adoptar unas decisiones para llevar a cabo unas acciones comunes. 
Unas actuaciones claras y uniformes por parte de la UE en beneficio de la paz, del entendimiento, de la resolución de conflictos, de la cooperación y la ayuda para un desarrollo duradero son positivas para Europa y el resto del mundo. 
No compartimos la opinión de la mayoría de que el año 1995 haya registrado unos progresos demasiado modestos dentro de la política exterior y de seguridad común. 
El hecho de que los 15 Estados miembros de la UE efectuaran 106 declaraciones, adoptaran 13 posiciones y 10 acciones comunes debería interpretarse como un resultado positivo de la cooperación intraestatal basada en la adopción de decisiones por unanimidad. 
La resolución del Parlamento Europeo con ocasión del informe Fernández-Albor demuestra una carencia de respeto hacia los Estados miembros neutrales. 
En su lugar, el Parlamento debería aprobar y respetar las decisiones en torno a la política de seguridad de los diversos miembros. 
Nosotros nos oponemos rotundamente a la idea de hacer de la UE una alianza militar. 
Pensamos que, con su informe, el Parlamento Europeo sobrevalora gravemente los objetivos de la UE respecto a la política exterior y de seguridad común, tal y como los establece el artículo J.4. 
Pensamos que los planes de crear una alianza militar con el requisito de defensa recíproca, dentro del marco para la cooperación en la UE, es tomar el camino equivocado. Esto queda aun más claro tras la decisión de Francia de participar a todos los niveles en la cooperación dentro de la OTAN. 
La responsabilidad de promulgar unas garantías de seguridad militar vinculantes para sus miembros debe corresponderle también a la OTAN en el futuro. 
No pensamos que una política exterior y de seguridad común progresista necesite una política de defensa común, y menos aun una defensa común, para tener éxito. 
Muy al contrario, la política exterior y de seguridad común se ve reforzada por las diversas opciones de los países miembros en materia de política de seguridad. 
Una seguridad común duradera sólo puede construirse a través de una cooperación que inspire confianza entre unos Estados democráticos. 
La seguridad común en Europa sólo puede construirse en colaboración con una Rusia democrática y con los Estados Unidos. 
Por eso las estructuras para la cooperación donde se reúnen los Estados Unidos, Rusia, y el resto de países europeos, como la CSCE y la Partnership for Peace, deben formar la base para la construcción de la seguridad común en nuestro continente. 
Dado que el informe Fernández-Albor sobre los progresos dentro de la política exterior y de seguridad común adopta una perspectiva muy distinta de la que hemos expresado aquí, hemos votado en contra de la totalidad del informe. 
Secuestros de niños 
El creciente número de secuestros de menores viene a sumarse a los numerosos problemas a que se enfrenta la infancia, tanto en la Unión Europea como en otros países. 
Los niños son ciudadanos de la sociedad actual y de la del futuro. 
Es imposible fijar fronteras geográficas a su bienestar. 
La sociedad tiene la responsabilidad a largo plazo de ampliar, potenciar y proteger los derechos de la infancia. 
La elaboración de medidas que satisfagan los derechos y las necesidades de los niños debe constituir una prioridad política. 
El incremento del turismo sexual, la venta de órganos destinados a trasplantes, el aumento de la pornografía a través de los ordenadores, el tráfico de material pornográfico protagonizado por menores y en muchos casos el tráfico de los propios menores por parte de redes internacionales con el fin de explotarles sexualmente y someterles a abusos sexuales son temas que preocupan a la sociedad del siglo XX. 
El derecho de establecimiento y de libre circulación de los trabajadores en los Estados miembros de la Unión Europea, así como la corriente migratoria procedente de terceros países, que no deja de aumentar, ha llevado al nacimiento de cada vez más niños cuyos padres son de diferente nacionalidad. 
En caso de divorcio, el Derecho de familia vigente en cada Estado es incapaz de dar solución a cuestiones como la custodia y la protección de estos niños, e incluso al derecho que asiste a éstos a comunicarse con el progenitor que no haya asumido su custodia, lo que con frecuencia nos enfrenta al fenómeno del secuestro de niños por sus propios padres. 
El Convenio sobre derechos del niño de la ONU, así como los recientes convenios de La Haya y del Consejo de Europa en Luxemburgo sobre secuestros de niños, no han obtenido resultados. 
Los niños son las primeras víctimas de los conflictos armados, de la recesión económica y de los recortes económicos. 
Las actividades deberán concentrarse en la prevención de las situaciones difíciles, en lugar de intentar resolver casos extraordinarios y problemas puntuales. 
Debemos adoptar todas las medidas necesarias para proteger en especial a los niños de la antigua Yugoslavia, para que no se repita el vergonzoso comercio que se produjo en Grecia durante y después de la guerra civil, cuando se creo toda una red de secuestro de niños para venderlos en América. 
Es necesaria una instancia que vele por las necesidades básicas de la infancia y que tome todas las iniciativas imprescindibles a nivel nacional, comunitario e internacional, a fin de potenciar políticas armonizadas que garanticen los derechos de la infancia y la existencia de fondos suficientes para fomentar y apoyar estas políticas, de forma que los derechos de la infancia sean una realidad, no sólo en Europa, sino también en el resto del mundo. 
Los socialdemócratas daneses apoyan la idea de ampliar el Convenio de Bruselas para incluir el ámbito del Derecho de familia. 
No estamos a favor de armonizar las normas relativas al Derecho de familia, pero debemos ponernos de acuerdo sobre algunos temas básicos, como el relativo al lugar en que se encuentra el niño, para que éste tenga la posibilidad de pronunciarse. 
El punto de partida debe ser mirar en lo posible por el niño. 
Debemos asimismo establecer acuerdos de cooperación con terceros países en este ámbito. 
Deseo manifestar mi voto favorable a esta propuesta de resolución común porque considero absolutamente necesaria una armonización de los procedimientos legislativos a nivel comunitario en un tema tan delicado como es el secuestro de niños como resultado de la violación de guarda y custodia dentro de los Estados miembros. 
Y precisamente porque se trata del sector de la población más susceptible de ver vulnerados sus derechos y con frecuencia depende por completo de decisiones judiciales que no siempre pueden valorar todas las circunstancias que rodean cada caso particular, insisto en la necesidad de dar mayor alcance a esta resolución pidiendo la revisión y ampliación de los instrumentos jurídicos de que disponemos y que se explicitan en la presente resolución, de tal manera que en ellos se incluyan extremos tales como el abandono del domicilio conyugal y del país de residencia por malos tratos, vejaciones o discriminación, tanto del niño o niños como del progenitor que se ve obligado a salir del país, y se dé una atención especial a las causas que rodean cada caso de secuestro para asegurar una asistencia judicial basada en el respeto de los derechos humanos, los derechos de la mujer y los derechos del niño. 
La armonización de estos derechos debe ser la base de todas las disposiciones legales que se lleven a cabo. 
Informe McCartin 
Señora Presidenta, en primer lugar, desearía felicitar al Sr. McCartin que ha hecho un excelente informe sobre un tema que debería ser de gran interés para nosotros, no sólo porque concierne a 600.000 productores, cuyos ingresos no cesan de disminuir, sino porque hemos sido muy injustos para con los pastores que forman parte de nuestra identidad- y no pienso sólo en Giono o en Alphonse Daudet, en la trashumancia, en los senderos o en las mesetas- que constituyen un elemento fundamental del equilibrio de las zonas desfavorecidas, ya sea el Larzac, la Mancha en España o los Deux-Sèvres, con la cría de cabras. 
Es muy injusto porque tenemos escasez de corderos. 
El rebaño francés ha caído de 30 millones de cabezas a 8 millones. 
En Francia somos autosuficientes sólo en un 50 % y en la Comunidad Europa en un 80 %. 
Importamos 250.000 toneladas, contra 5.000 toneladas de exportaciones, ¡y encima hemos creado un mecanismo anticorderos! 
Cuando se sobrepasan los 63 millones de cabezas de ovejas, se produce un mecanismo estabilizador, una penalización, hay cuotas. 
¡El Sr. Debatisse incluso había propuesto fijar un chip electrónico en la oreja de cada cordero para controlarlos por satélite!. 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea se negó a considerar que la lana de los corderos fuese un producto agrícola, lo que habría supuesto, a pesar de todo, un suplemento de los ingresos. 
Así pues, pido que se haga justicia a los pastores, que supieron ponerse en marcha hacia lo que iba a ser un elemento fundamental de nuestra identidad, y que a su vez el Tribunal de Cuentas Europeo deje de considerar que un ecu por kilo es demasiado caro. 
En efecto, los corderos son cortafuegos y favorecen a la vez la agricultura biológica y el equilibrio de las regiones más desfavorecidas. 
No estamos de acuerdo con la crítica de principio del Tribunal de Cuentas sobre la supuesta explosión de los gastos. 
No obstante, estamos de acuerdo con la crítica de la falta de cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones, que prácticamente impide a la UE gestionar la OCM. 
Por este motivo, nos parece necesario una intensificación general de la misma para poder adoptar medidas de intervención en su marco. 
(La sesión, interrumpida a las 13.15 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0890/96 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el tratado de prohibición total de las pruebas nucleares (CTBT) ; -B4-0900/96 del Sr. Macartney y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el tratado de prohibición total de las pruebas nucleares; -B4-0908/96 del Sr. Piquet y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre las negociaciones relativas al tratado de prohibición de las pruebas nucleares; -B4-0935/96 de la Sra. McKenna y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el tratado de prohibición de las pruebas nucleares; -B4-0945/96 del Sr. Wiersma y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el tratado de prohibición total de las pruebas nucleares; -B4-0950/96 del Sr. Oostlander y la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el tratado de prohibición total de las pruebas nucleares.Señorías, acabo de tener uno de los grandes fracasos de mi trabajo como vicepresidente, porque, cuando iba a atribuirle la palabra al Sr. Bertens, ustedes han podido contemplar que huía de esta sala. 
En todo caso, espero que el Sr. Macartney no huya y utilice, como autor, el minuto y 30 segundos que le corresponden. 
Señor Macartney, muchas gracias por su colaboración. Tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, intervengo con sumo placer en el debate. 
Creo que en un rasgo de generosidad me hubiera concedido usted también todo el tiempo asignado a los Liberales y Demócratas, viendo que les había ayudado a sacar las castañas del fuego. 
Ahora bien, hablando con seriedad, me parece que ésta es una de las esferas en que podemos mancomunar a una amplísima gama de opiniones de este Parlamento, si no a todo el Parlamento. 
Incluso los que criticamos muy a fondo a las Potencias nucleares de la Unión Europea, Francia y la Gran Bretaña, creo que podríamos hacer causa común en esta cuestión. 
He preguntado muchas veces a las personas que son partidarias de que el Reino Unido siga poseyendo un arma nuclear de disuasión que contra quién iban a utilizarla, y la respuesta suele ser «contra nadie» , después de lo cual les pregunto «entonces, ¿por qué no la suprimen? ». 
El mismo argumento se aplica a las fuerzas francesas de disuasión nuclear. 
Sin embargo, como justificación se aduce siempre que con la disuasión nuclear, como con el armamento nuclear, uno tiene asiento en la estrada presidencial, uno puede influir en los acontecimientos mundiales, y por eso me parece que en la Unión Europea deberíamos pedir a Francia y al Reino Unido que usen esa influencia y que con todos nosotros a su favor, digan, en particular a los chinos, que tienen que interrumpir los ensayos de armas nucleares. 
El ensayo de armas nucleares es una abominación, es una amenaza para el medio ambiente, es una amenaza para las comunidades vulnerables de la periferia de su propio país, e igual que condenamos en términos inequívocos a Jacques Chirac cuando vino ante este Parlamento por lo que estaba sucediendo en las pruebas nucleares realizadas en la Polinesia francesa, tenemos que hacer lo mismo con China. 
Mancomunemos nuestras fuerzas con tal finalidad; estoy perfectamente dispuesto a proponer o secundar la propuesta conjunta de resolución. 
Señor Presidente, quiero sumarme yo también a la petición conjunta porque, desde el principio, fue un grave error poner en marcha las armas nucleares ya que son un peligro, no solamente en el momento en que se usan, sino para la posteridad, al afectar a numerosas generaciones. 
Es inconcebible que, terminada la guerra fría, continúe la experimentación de bombas nucleares cuando está claro que suponen un peligro para la humanidad. 
Por lo tanto, es inconcebible que Francia haya continuado sus pruebas nucleares, que el Reino Unido siga participando en los programas nucleares norteamericanos y que China persista en la realización de explosiones nucleares. 
Por ello, es urgente que, en el plazo previsto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pueda tener lugar la ratificación de la prohibición de todo tipo de pruebas nucleares. 
Porque ello supondría que, en un panorama tan negativo como el actual, se abriese un rayo de esperanza para la humanidad. 
De este modo, el Parlamento aportaría una contribución de primera magnitud a ese paso si, con la adopción de esta resolución, la hiciera conocer a la Asamblea General de las Naciones Unidas para inaugurar una etapa nueva en la humanidad. 
Señor Presidente, esas terribles armas de destrucción están suspendidas sobre nuestra cabeza desde hace decenios. 
Muchos de nosotros hemos participado activamente en los esfuerzos por eludir de alguna manera la catástrofe planetaria que puede producirse. 
Por consiguiente, es verdaderamente importante que sigamos actuando de buena fe para llevar a término las negociaciones sobre un tratado de prohibición total de las pruebas nucleares. 
Es importantísimo que les hagamos una señal desde este Parlamento para conseguir que actúen con claridad, ya que a todos nos preocupa que la Conferencia de Desarme no haya conseguido concluir las negociaciones en la fecha fijada. Este Parlamento tiene que enviar hoy desde aquí una señal clara, que diga que el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea, quiere que trabajen de buena fe. 
En particular quisiera pedir al Reino Unido, a Francia y a los Estados Unidos- aunque en este Parlamento sólo tengamos la posibilidad de dirigirnos directamente al Reino Unido y a Francia- que reduzcan y limiten el desarrollo de armas nucleares. 
No necesitamos desarrollar esas armas: ya las poseemos. 
¿Para qué hicimos ensayos de armas nucleares en el Pacífico el año pasado? Ya poseíamos todo los conocimientos necesarios. 
Fue una vergüenza y sigue siendo una vergüenza que continuemos el desarrollo de esas armas. 
Lo que necesitamos es limitarlas, no desarrollarlas. 
Por consiguiente, pido a este Parlamento que envíe una clara señal mediante la adopción de la resolución y que inste a todos los Estados miembros a que concluyan rápidamente las negociaciones, porque también es una vergüenza que en las negociaciones se sugiera que puede haber explosiones nucleares «de carácter pacífico». 
No puede haberlas, y tenemos que poner término a la explosión de esos materiales tóxicos en la atmósfera, para bien de los ciudadanos del mundo y para beneficio de nuestro planeta. 
Señor Presidente, primeramente deseo hablar con respecto al orden del día. 
Al interrumpir aquí el debate para las votaciones dijo su predecesor en sus funciones que procederíamos al debate del Sr. Cars, pero aparentemente no es la época del año favorable para la organización del Parlamento. 
Me refiero igualmente a sus funcionarios. Me parece escandaloso que se desvíe así la cuestión de una manera que no ha sido convenida. 
Y ahora, si me lo permite, comenzaré mi intervención. 
El primer plazo del tratado de suspensión de pruebas nucleares ha terminado y el segundo está muy cerca de expirar. 
El mundo está en espera de un tratado de este tipo. 
Las potencias nucleares se han comprometido a ello durante la conclusión del tratado sobre no proliferación y su Presidente, el Sr. Ramaker, diplomático neerlandés, no escatima esfuerzos para hacer avanzar la cuestión. 
Por el momento existe un nuevo texto que deberá ser juzgado por los negociadores. Esto tendrá lugar entre el 29 de julio y el 12 de agosto. 
Las negociaciones no son fáciles. 
India pretende suscribir el acuerdo a condición de que se acepte el calendario del desarme nuclear completo. 
Comprendo ese deseo, pero estimo que esto constituiría en este momento un golpe mortal para el tratado. 
Lo que cabe desear, por supuesto, sigue siendo la reducción paulatina de las existencias de armas nucleares. 
Además de ello la continuación de las pruebas nucleares por parte de China constituye desde luego un hecho inaceptable y extremadamente nocivo para el ambiente actual. 
¿Cómo podría darse crédito al tratado de supresión total si durante la última fase de las negociaciones continúan las pruebas nucleares chinas? 
Tal como afirmamos el mes pasado, la entrada en vigor del tratado resulta más importante que la participación de todos. 
La presión política habrá de conducir posteriormente a esta última. 
La Unión Europea deberá brindar el buen ejemplo y el Consejo deberá también poner en aplicación todos los instrumentos necesarios con vistas a activar la conclusión, la firma y ratificación, así como la entrada en vigor de este tratado. 
Señor Bertens, he tomado buena nota de las advertencias preliminares con las que usted ha iniciado su intervención, pero tenga usted en cuenta que un lapsus es humano y que el orden del día no se varía en este hemiciclo sin que previamente haya habido una votación del Pleno que autorice a los cambios del orden del día. 
Es muy humano, humanísimo. 
Señor Presidente, hace aproximadamente un año se concluyó en Nueva York un acuerdo sobre la prolongación ilimitada del tratado de no proliferación. 
Tras diversas rondas de negociaciones, en las cuales la Unión Europea mantuvo su postura unívoca, se llegó finalmente al acuerdo relativo a esta prolongación incondicional durante un tiempo indeterminado. 
Muchos de los países vacilantes en cuanto a dicho acuerdo se sumaron finalmente al mismo gracias a la promesa de una rápida instauración de una prohibición total de las pruebas nucleares. 
En este momento se están celebrando en Ginebra las negociaciones relativas a dicha prohibición. 
Sin embargo, el plazo establecido anteriormente de alcanzar un acuerdo para el 28 de junio no fue cumplido. 
A finales de este mes se reanudarán las negociaciones. 
El nuevo plazo ha sido fijado para el 12 de agosto, de modo que el tratado pueda aún ser presentado durante la 51 Asamblea General de las Naciones Unidas. 
La situación sin salida producida desde que India anunció su intención de no firmar el tratado toda vez que en el preámbulo no figuraba ninguna disposición relativa a una disminución del arsenal nuclear de las potencias nucleares es causa de inquietudes. 
Si en realidad esto sucede, es sumamente probable que también Pakistán desista de hacerlo. 
De esta manera se desaprovecharía la oportunidad de vincular a los países inseguros a nivel internacional al tratado que combate el desarrollo de las armas nucleares. 
De hecho, estos últimos no se hallan vinculados al tratado de no proliferación por no haberlo suscrito. 
Cabe lamentar la reacción de Gran Bretaña que afirma que sin la firma del tratado por la India éste perdería todo su sentido. De esta manera se agudiza la situación sin que se ofrezca ningún tipo de solución. 
Hacemos un insistente llamamiento a todas las partes interesadas en la firma del tratado a fin de que pongan término a esta enojosa espiral. Pedimos asimismo a la Comisión que actúe con energía a este respecto. 
Es claro que las potencias nucleares que pretenden que el tratado de suspensión de las pruebas nucleares se refiere únicamente a éstas últimas y no a las armas nucleares tienen razón teóricamente. 
Esto no impide la existencia de un nexo inmediato entre el tratado de no proliferación y la prohibición de las pruebas nucleares. 
Como ha sido afirmado, las pruebas nucleares constituyen el medio más indicado frente a una proliferación de las armas nucleares. 
La cuestión consiste también en saber si no es posible encontrar una fórmula, por ejemplo una referencia al tratado de no proliferación, a su artículo 6, a través del cual se podría lograr un acuerdo general de manera que pueda resolverse el problema planteado por la postura de la India. 
Las cinco potencias nucleares oficiales que han insistido en la firma del tratado de no proliferación se hallan sin embargo vinculadas también por el punto del desarme nuclear permanente a expresar con toda claridad sus intenciones y a seguir mostrando una postura inequívoca hacia los países vacilantes con respecto a dicho punto. 
En el supuesto de que resultara imposible llegar a un acuerdo con relación al pasaje solicitado por la India- repito que estimo que debe haber una solución para ello- entonces consideramos que de todos modos debería firmarse el tratado, concretamente también por los Estados que poseen armas nucleares y también por Gran Bretaña, de manera de contar en definitiva con algo concreto, es decir un contrato firmado por el mayor número posible de países y también, así lo esperamos, por una serie de países vacilantes. 
Para concluir, deseo abogar por que, en el menor plazo posible, se proceda a la firma, a la ratificación y a la entrada en vigor del tratado. 
El debate correspondiente a esta cuestión ha durado el tiempo suficiente. 
Señor Presidente, dentro de algunas semanas, la comunidad internacional tendrá la ocasión de pasar una etapa importante hacia la no proliferación y el desarme nucleares con la firma del Tratado de prohibición completa de las pruebas nucleares. 
Dicho Tratado será la continuación de la decisión de mayo de 1995, en favor de la prórroga indefinida del Tratado de no proliferación de las armas nucleares, para la cual la Unión Europea ha trabajado de forma muy activa. 
La Comisión lamenta la decisión de la India de no firmar el Tratado de prohibición completa de las pruebas nucleares. 
En el momento en que la Comisión alienta a la Unión Europea a que refuerce su asociación con la India, la firma de este Tratado por parte de la India se hubiera percibido, por parte de la Comisión y de los Estados miembros, como una señal extremadamente positiva. 
La Comisión desea saludar los esfuerzos del embajador, Sr. Remaker, quien, el 28 de junio pasado, propuso por primera vez, un texto que permitía a los Estados prever las condiciones de una acuerdo. 
Al igual que el Parlamento Europeo, la Comisión espera que los miembros de la Conferencia de desarme lleguen, antes del 12 de agosto de 1996, a un acuerdo que permita la firma antes de finales de año, del Tratado de prohibición completa de las pruebas nucleares, contribuyendo así a reforzar las condiciones de seguridad internacional y, por lo tanto, de la Unión Europea. 
Muchas gracias, señor de Silguy. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0872/96 del Sr. Cars y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la necesidad de detener a las personas acusadas de crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia; -B4-0887/96 del Sr. Stewart-Clark y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la necesidad de detener a los criminales de guerra Karadzic y Mladic. 
Señor Presidente, tengo delante un recorte de un periódico sueco. 
El ministro solicitó en nombre de Francia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que diera a las fuerzas pacificadoras bajo la dirección de la OTAN, la Ifor en Bosnia, un mandato preciso para detener a las personas acusadas de haber cometido crímenes de guerra. Subraya que Francia se preocupa por el hecho de que personas como Karadzic y Mladic sigan estando en libertad, a pesar de que ambos están acusados de genocidio y de que el Tribunal de las Naciones Unidas de Crímenes de Guerra de la Haya ha expedido orden de detención contra dichas personas. 
Es precisamente esto, señor Presidente, en lo que se basa la resolución que presentamos. 
Estoy convencido de que, si realmente queremos tener paz en la antigua Yugoslavia y hacer que sus ciudadanos comprendan que deben reconciliarse unos con otros, también debemos detener a los que tienen que responder de los crímenes que se han cometido. 
Pienso que es muy, muy deplorable, que la Ifor carezca del mandato expreso que espero que el Parlamento, tras el debate de hoy, exija, como lo ha hecho el ministro de Defensa francés. 
Mi esperanza, señor Presidente, es que después del debate adoptemos una clara posición por parte del Parlamento para que los criminales de guerra, donde quiera que se encuentren, incluyendo la antigua Yugoslavia, no sigan estando en libertad. 
Señor Presidente, el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra fue instituido para llevar a los criminales de guerra ante la justicia. 
Desde el principio el Juez Richard Goldstone hizo constar que su misión sólo tendría sentido si comparecían ante la justicia los principales delincuentes de Bosnia y otros lugares. 
En consecuencia, el día 24 del pasado mes de julio se acusó a Radovan Karadzic y a Ratko Mladic de los crímenes cometidos entre abril de 1992 y julio de 1995, incluyendo, entre otras cosas: » El bombardeo de reuniones civiles con miras a matar, aterrorizar y desmoralizar a la población civil musulmana de Bosnia y croata de Bosnia; la creación de numerosos campos de detención, en los que se retuvo a millares de personas en condiciones inhumanas; la destrucción sistemática de lugares de culto musulmanes y católicos; la apropiación, el saqueo y la destrucción de bienes y propiedades». 
¿Qué hemos hecho para que esas personas comparezcan ante la justicia? 
En el caso de Karadzic, Carl Bild amenaza con volver a imponer sanciones a menos que Karadzic abandone la presidencia de la República Srpska y se retire de la vida pública. 
¿Qué sucede? Que Karadzic se retira y pasa a ser Secretario General. 
Me parece recordar que Stalin tenía también ese título. 
En cuando a Mladic, sigue ostentando su poder militar. 
Cuando era coronel, él fue quien arrasó y pilló a Vukovar antes de que Milosevic le ascendiera a general por su valor. 
Se trata de la persona que apresó a 25.000 habitantes de Srebrenica, más del 50 por ciento de la población total, e hizo asesinar a casi todos los varones, profanando la calificación de «refugio de seguridad» mientras las Naciones Unidas hacían como que no veían nada. 
Karadzic y Mladic sólo se entregarán si se les detienen por la fuerza. 
Si no se les detiene ahora, las elecciones de Bosnia en septiembre serán una verdadera farsa. 
La democracia y el Estado de derecho no tendrán sentido alguno. 
Tanto los ultras como los moderados se achacarán los pillajes, las agresiones, las bestialidades, la depuración étnica: todos saldrán perdiendo, y con el tiempo seremos nosotros quienes paguemos el precio. 
Vukovar, Dubrovnik, Srebrenica y el Tribunal de Crímenes de Guerra serán nuestras lápidas. 
Hay que dar facultades a la IFOR para que pase a la acción antes de que sea demasiado tarde. 
Señor Presidente, en Bosnia-Herzegovina hoy se trata de lograr una situación democrática y de estado de derecho, pues sólo así se podrá asegurar el mantenimiento de la paz. 
El cumplimiento de lo acordado en el Tratado de Dayton y, ante todo, la realización sin obstáculos de las elecciones libres previstas para el 14 de septiembre deben significar para este atormentado país y sus habitantes un nuevo y esperanzador inicio. 
En este nuevo inicio hay que lograr romper en especial con la funesta disgregación nacionalista de la población. 
Va a ser decisivo que dentro de todos los grupos nacionales presenten candidaturas no sólo los partidos tradicionales implicados en parte profundamente en las crueldades de la guerra sino que puedan participar libremente también las otras fuerzas del espectro político que existe en Bosnia-Herzegovina, entre ellas, en especial aquellas que se pronuncian por una perspectiva que vaya más allá de un único grupo étnico. 
De especial importancia es que ni mucho menos la totalidad de los serbios apoya la funesta y sangrienta política de los dirigentes Karadzic u Mladic. 
Mientras estas dos personas ejerzan funciones esenciales y tengan la posibilidad de ejercer presión sobre sus conciudadanos, hay que dudar en la posibilidad de que tengan lugar unas elecciones libres y democráticas. 
Esto y las crecientes pruebas de la implicación de Karadzic y de Mladic en las espantosas crueldades de la guerra hacen urgentemente necesario que las órdenes internacionales de búsqueda y captura contra ambos se lleven a cabo lo más rápidamente posible, en cualquier caso antes del 14 de septiembre. 
Señor Presidente, la antigua Yugoslavia y Bosnia-Herzegovina constituyen una auténtica herida abierta en la conciencia de la Unión Europea. 
En mi visita de la semana pasada a Banja Luka, en Bosnia-Herzegovina, y al territorio croata, pude constatar que las elecciones previstas para el 14 de septiembre serán imposibles de celebrar si no se logra llevar a las personas acusadas de crímenes de guerra atroces ante el Tribunal de La Haya. 
El debate se ha centrado en Karadzic y en Mladic, pero no soy tan ingenua como para no darme cuenta, al igual que ha señalado Carl Bildt, de que son casi una treintena las personas pertenecientes a las partes implicadas en la guerra, que deberían ser llevadas ante el Tribunal de La Haya. 
El mandato y el prestigio de IFOR dependen ahora, y ésta es la posición del PPE, de que realmente se logre llevar ante el Tribunal de La Haya a los culpables de la guerra. 
En mi opinión, no puede ejercer de presidente de un partido un individuo que se ha negado a comparecer ante la justicia para ser condenado o declarado inocente. 
La actuación de IFOR, por otro lado, constituye, en mi opinión, un buen ejemplo de cómo, a pesar de no contar aún con unas directrices comunes en materia de política de defensa, debido a que una parte de nosotros somos países no alineados- no neutrales, sino no alineados -, hemos trabajado todos juntos en el seno del IFOR, tanto mi país, no alineado, como los países miembros de la OTAN. 
Ahora esperamos de verdad que todos los que han cometido atrocidades durante la guerra, los que las ordenaron, sean llevados ante el Tribunal. 
Gracias, señor Presidente, sé que usted entiende el finés. 
Señor Presidente, señorías, señor Comisario, en primer lugar, desearía recordar que hace tres años, con motivo de la institución del Tribunal Internacional, fueron muchos los miembros de esta Asamblea que criticaron esta iniciativa, o expresaron su escepticismo en cuanto a lo que constituía la primera iniciativa seria de la comunidad internacional con respecto a Yugoslavia. 
Hoy, gracias a tres años de trabajo intenso, así como a la tenacidad del presidente del Tribunal, del fiscal, de los jueces y de los jueces instructores, nuestro Parlamento está en condiciones de apoyar la petición de detención de dos de los principales responsables de la organización de la política de purificación étnica y, en particular, de las tragedias de Srebrenica y de Zepa. 
Nada indica que, en lo sucesivo, nuestra Asamblea no apoyará una petición semejante concerniente, esta vez, al «planificador» jefe de esta política de purificación étnica y de las tragedias que acabo de recordar, que, como todo el mundo sabe, se encuentra en Belgrado. 
Por lo tanto, son muy buenas razones para votar con convicción en favor de esta resolución. 
Señor Presidente, la Comisión se felicita de que el Parlamento Europeo hay inscrito el caso de los Sres. Karadzic y Mladic en el orden del día de este debate de urgencia. 
Su Asamblea llama así una vez más la atención sobre el carácter inaceptable del mantenimiento en libertad de estas dos personas que siguen en la llamada República de Srpska. 
Según los acuerdos de Dayton, hubieran debido ser citadas ante el Tribunal de la Haya. 
La República Federal de Yugoslavia y la llamada República de Srpska no han cumplido con las obligaciones que les incumben en este asunto y, por lo tanto, han violado los acuerdos de paz. 
La Comisión considera que la influencia que siguen ejerciendo los Sres. Karadzic y Mladic en la llamada República de Srpska es una amenaza constante para el proceso de paz. 
Complica de forma inaceptable la vuelta de los refugiados, la reconstrucción del país y la celebración de una elecciones libres y democráticas. 
En efecto, el traspaso formal del poder ejercido por el Sr. Karadzic como presidente de la llamada República de Srpska no cambiará a penas la situación. 
El reciente descubrimiento de osarios en Srebrenica y en el entorno de la ciudad, una vez más, viene a recordar la crueldad de los actos de violencia indescriptibles cometidos por instigación de los Sres. Karadzic y Mladic. 
El informe de más de cincuenta páginas del Tribunal Penal Internacional describe, con detalles a veces horribles, hasta donde se ha llevado la política deliberada de genocidio y depuración étnica y el papel que han desempeñado los Sres. Karadzic y Mladic. 
La comunidad internacional tiene el deber político y moral de llevar, sin demora, a estos dos inculpados ante el Tribunal Penal Internacional. 
Un nuevo retraso, por lo demás injustificable e intolerable, no haría más que fracasar el proceso de paz. 
Todos los esfuerzos tanto militares como civiles, desplegados hasta hoy, habrían sido vanos entonces. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de 20 propuestas de resolución sobre derechos humanos. 
Como bien saben ustedes, la Mesa ha ordenado que este debate se desarrolle del siguiente modo: cada uno de los temas se desarrollará individualmente, pero la Comisión responderá de manera global al final del debate. 
Birmania 
B4-0873/96 del Sr. Haarder y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Birmania; -B4-0883/96 del Sr. Kristoffersen y la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las circunstancias de la muerte de James Leander Nicols, cónsul de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza, tras su detención en una prisión de Rangún; -B4-0895/96 de los Sres. Pasty y Caligaris, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la muerte en la cárcel del cónsul de Dinamarca en Birmania; -B4-0899/96 del Sr. Vandemeulebroucke y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Birmania; -B4-0919/96 del Sr. Vinci y la Sra. Sornosa Martínez, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación política en Birmania y la violación de los derechos humanos por el SLORC; -B4-0924/96 del Sr. Telkämper y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Birmania; -B4-0944/96 de la Sra. Kinnock y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación política y las incesantes violaciones de los derechos humanos en Birmania.Chipre 
B4-0949/96 de las Sras. Green y Rothe, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el asesinato político de Kutlu Adali en la zona ocupada de Chipre; -B4-0959/96 del Sr. Hatzidakis y la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el asesinato del Sr. Adali en la zona ocupada de Chipre.» Boat people» 
B4-0874/96 de la Sra. Gredler, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los refugiados del mar vietnamitas; -B4-0927/96 de los Sres. Telkämper y Kreissl-Dörfler, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los refugiados del mar vietnamitas; -B4-0940/96 del Sr. Howitt, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los acontecimientos en Hong Kong.Etiopía 
B4-0892/96 del Sr. Fassa y la Sra. André-Léonard, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación de los derechos humanos en Etiopía; -B4-0917/96 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la detención arbitraria del Sr. Taye, ciudadano etíope; -B4-0930/96 del Sr. Telkämper y la Sra. Aelvoet, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación de los derechos humanos en Etiopía.Filipinas 
B4-0885/96 de la Sra. Banotti y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el respeto de los derechos humanos en Filipinas y los malos tratos a la Sra. Shay Cullen.Argelia 
B4-0906/96 de la Sra. Elmalan y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre los atentados contra la libertad de prensa en Argelia; -B4-0937/96 del Sr. Cohn-Bendit y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los atentados contra la libertad de prensa en Argelia.Salman Rushdie 
B4-0876/96 del Sr. Cars y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la fatwa contra Salman Rushdie.Encarcelamiento del Padre Matanovic 
B4-0955/96 del Sr. von Habsburg y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la detención arbitraria del pastor Tomislav Matanovic de Prijedor y de sus padres por agentes de la Republika Srpska. 
Señor Presidente, las circunstancias en torno a la muerte del cónsul Nichols en Rangún resultan sintomáticas de la manera completamente inadmisible en que el SLORC de Birmania gobierna y reprime el país. 
La comunidad internacional tiene por deber tomar en consideración las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión encarnizada de toda forma de oposición democrática. 
Deberán ser liberados igualmente 250 parlamentarios detenidos de la Liga Nacional por la Democracia tuvieron que ser liberados. 
Será necesario retirar una nueva ley que puede infligir hasta 20 años de prisión por críticas políticas, y respetar los resultados de las elecciones en las cuales resultó manifiestamente mayoritario el partido NLD, prohibido en la actualidad. 
La Unión deberá emitir una señal clara y enérgica y adoptar medidas al respecto. 
A raíz de la correcta decisión de las empresas cerveceras Heineken y Carlsberg- decisiones positivas bajo la presión de ciertos grupos de acción- deberá procederse a un boicot comercial y económico de Birmania. 
A los países miembros de la ASEAN que manifiestamente desean asumir en sus filas a Birmania deberá hacerse comprender claramente que no deben tratar de ocupar las plazas dejadas por las empresas europeas en ese país. 
El Fórum Regional de la ASEAN constituye una ocasión idónea para ese objetivo. 
Deberá quedar bien sentado que la admisión de Birmania en el seno de la ASEAN en la actualidad representa una propuesta totalmente inaceptable e inoportuna. 
Reviste la mayor importancia que la comunidad internacional forme un bloque homogéneo. 
Precisamente a través de sanciones económicas es como podemos atacar al SLORC, ya que este régimen posee grandes intereses en la economía del país. 
A continuación deseo expresar, no sólo en nombre de mi grupo político sino en el mío propio, mi respaldo a la tenacidad y al coraje de Aung San Suu Kyi. A pesar de numerosas amenazas a su persona, a sus simpatizantes y a su partido continúa tranquilamente celebrando esta disidente sus reuniones de fines de semana, ya famosas, y que se están convirtiendo en un importante signo. 
¡Sigamos también nosotros esa señal! 
Señor Presidente, la situación de Birmania sigue llamando la atención a nivel mundial. 
Es decisivo y muy importante trabajar para garantizar la democracia y los derechos humanos en este país con un régimen dictatorial. 
En Dinamarca nos sentimos profundamente conmovidos por el fallecimiento de nuestro cónsul, James Nichols, en una prisión birmana. 
Todos los esfuerzos diplomáticos para esclarecer las circunstancias que rodean su muerte han sido rechazados por el régimen de Rangún. 
El Embajador birmano en Londres ha sido llamado a Dinamarca, donde también está acreditado, pero no se ha presentado. 
El cadáver del cónsul danés no ha sido entregado a la familia. 
No se ha permitido realizar la autopsia, y las autoridades danesas no han recibido información sobre los motivos de su encarcelamiento y condena. 
Lo único que se ha dicho es que tenía demasiados aparatos de fax en su oficina de Rangún. 
¡Qué explicación! 
En opinión del Grupo PPE y en la mía propia, ha llegado la hora de que la UE adopte sanciones contra el régimen de Birmania. 
El diálogo y las recomendaciones no llevan a ningún sitio. 
Las acciones firmes son lo único que puede inspirar respeto, por lo que ruego, junto con el Grupo PPE, que hagan caso a las peticiones danesas de adopción de iniciativas concretas, como la suspensión de las preferencias comerciales de Birmania. 
Deseo también, al igual que el Sr. Bertens, apelar a los países de la ASEAN para que bloqueen la asociación de Birmania como miembro de pleno derecho. 
Me hago eco de la actitud del Comisario Marín de que los países de la ASEAN deben ayudar también a llevar a Birmania hacia la democracia. 
Si no lo quieren hacer, tal conducta podría tener consecuencias para las futuras relaciones de la UE con la ASEAN. 
Quiero añadir por último que me alegra que todos los Grupos del Parlamento hayan cooperado estrechamente para aumentar la presión sobre Birmania. 
Señor Presidente, Señorías, la muerte de James L. Nichols, Cónsul de Noruega, Dinamarca y Suiza, ocurrida el 22 de junio, seis semanas después de haber sido encarcelado, nos sume en una profunda consternación y turbación. 
La arbitraria detención por parte de las autoridades birmanas del cónsul por utilizar sin autorización teléfonos y fotocopiadoras en su residencia, la negativa de que lo visitase un médico, sus precarias condiciones de salud y, sobre todo, la grave violación de los derechos humanos que se está perpetrando en Myanmar requieren, cuanto antes, una investigación especial de toda la comunidad internacional. 
Es necesario que la Unión Europea no escatime esfuerzos y pida oficialmente las necesarias explicaciones para determinar las responsabilidades de las propias autoridades birmanas que siguen practicando una política de represión y violación de los derechos humanos en contra de cualquier fuerza de la oposición. 
Asimismo, la falta de humanidad del SLORC (Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y del Orden) al negarse a entregar el cuerpo de James L. Nichols a su familia y permitirles asistir a su entierro, la detención de 250 diputados de la Liga Nacional para la Democracia, liderados por Aung San Suu Kyi, Premio Nobel y Premio Sakharov, demuestran la gravedad de la situación en Myanmar por lo que respecta a los derechos humanos y la democracia. 
La Unión Europea debe adoptar enérgicas y urgentes medidas de boicot económico y político con respecto a Myanmar, que incluyan la suspensión del Sistema Generalizado de Preferencias y de las financiaciones en condiciones de favor. 
Es necesario suspender toda relación económica basada en los intercambios comerciales, el turismo y las inversiones de las organizaciones europeas que están actuando en dicho país. 
Por último, es necesario que Myanmar entienda claramente que su solicitud de adhesión a la ASEAN depende también de sus relaciones comerciales con la Unión Europea y Occidente. 
Para finalizar, deseamos expresar nuestra plena solidaridad a la familia del Cónsul James L. Nichols, confiando en que no haya soportado inútiles sufrimientos. 
Señor Presidente, una vez más, la dictadura militar establecida en Birmania acaba de ilustrarse por su crueldad, su inhumanidad y su arbitrariedad. 
Las razones falaces que han conducido a la detención del cónsul Nichols, las condiciones de su detención, el trato que se le ha infligido que a buen seguro ha sido la causa de su muerte, la inhumanidad de este Consejo nacional que ha negado a su familia el derecho a asistir a su entierro, deben llevarnos a una reacción vigorosa, que vaya más allá de la simple condena. 
Este caso se añade al largo cortejo de exacciones que no hemos dejado de denunciar. 
En efecto, la democracia no ha progresado en Birmania: aunque la Sra. Aung San Suu Kyi, premio Nobel, ha visto que su situación mejora, no deja de alertar a la opinión mundial del agravamiento de las violaciones de los derechos humanos en su país. 
La expresión política constituye un delito, el trabajo forzado es práctica corriente. 
Todas estas actuaciones merecen sanción. 
En primer lugar, convendría preguntarse sobre el estatuto de observador que se ha dado a Birmania en el seno de la ANASE. 
Sería deseable que la Comisión y el Consejo denuncien esta decisión con motivo de la próxima reunión de esta Asamblea. A continuación, es preciso sancionar a Birmania en el terreno económico. 
Decidamos cesar todas las relaciones con este país, ya sea en materia de inversiones, de comercio o de turismo. Sigamos el ejemplo de las firmas Carlsberg y Heineken y pongamos al Gobierno birmano frente a sus responsabilidades. 
Es esa una actitud que mi grupo desea que adopten el Consejo y la Comisión. 
Señor Presidente, deseo dirigirme al Comisario, habida cuenta de que lo que hoy estamos pidiendo en este debate fue pedido unánimemente por el Parlamento Europea hace varios meses. 
A pesar de ello, el Consejo y la Comisión no han hecho nada, absolutamente nada. 
El Consejo rechazó incluso manifestarse respecto a las sanciones propuestas por Dinamarca después del asesinato- el término es plenamente acertado- del Cónsul Honorario Sr. Nichols. 
Pedimos que terminen las vacilaciones diplomáticas y se aísle, económica y políticamente, al Gobierno de Rangún, tal como hoy fue solicitado por todos los Grupos; pedimos asimismo a la Comisión que suspenda de inmediato a Myanmar de la lista de los países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias. 
Ésta sería una señal política de la determinación europea con respecto a Myanmar. 
Señor Comisario, si la Comisión no actúa en este sentido, debería al menos explicar los motivos. 
Al Consejo le pedimos, por el contrario, que actúe enseguida a fin de solicitar a los países asiáticos que no acepten la adhesión de Myanmar a la ASEAN, a causa de la gravísima situación en materia de derechos humanos. 
¡No actuar en este sentido sería una señal de complicidad! 
Señor Presidente, no lo interpreto como amenaza. 
Hace meses hemos hablado sobre Birmania y ahora de nuevo. 
Estamos profundamente conmovidos por la muerte del cónsul James Nichols, el cónsul de Dinamarca, Suiza y Suecia. 
Su muerte es reflejo de las torturas existentes en este país. 
Se le impidió dormir y no recibió asistencia médica. 
No debemos seguir tolerando este inhumano modo de proceder por parte del SLORC. 
Según datos del FMI, en 1994 el 3, 1 % del producto interior bruto de Birmania se obtuvo mediante trabajos forzados. 
Esto es reflejo de una situación catastrófica que no podemos seguir tolerando sin más. 
Quizás fue nuestra protesta, quizás fue el compromiso de las ONG lo que ha impedido hasta ahora que inviertan allí las cerveceras Heineken y Carlsberg. 
Hay otros inversores potenciales, como la BMW, que ojalá se comporten así. 
Pero nosotros también debemos actuar, en especial, la Comisión y el Consejo. 
Creo que la Comisión no debe conceder más preferencias. 
Tenemos que mostrar claramente por la vía diplomática que si la situación no cambia se interrumpirán las relaciones. 
El Consejo tiene mostrarlo claramente, precisamente de cara a las relaciones con los Estados de la ASEAN. 
Para finalizar, quiero decir que tenemos que seguir apoyando a la Sra. Aung San Sun Kyi y espero que la diplomacia aporte unos resultados fructuosos. 
Señor Presidente, usted sabe perfectamente, como también lo sabe la Comisión, que estamos hablando aquí de uno de los regímenes más bárbaros del mundo; un régimen que para su existencia depende del trabajo de los niños, los trabajos forzados y la esclavitud. 
Muy recientemente Amnistía Internacional publicó un informe en el que decía claramente que a la gente se le ponían grilletes, se la encadenaba y se le daban palizas hasta que perdía el conocimiento cuando trabajaba en los ferrocarriles y las carreteras del país. 
El SLORC y la Junta Militar forman un régimen con el que no podemos tratar y mucho menos negociar. 
Aung San Suu Kyi se ha pronunciado hoy inequívocamente, en una videocasete que hemos pasado en este Parlamento, acerca de la necesidad de imponer sanciones económicas, de poner término a todas las infracciones, de acabar con el turismo, y de adoptar todas las medidas que puedan aislar al régimen. 
El hecho de que, como líder democrático de la oposición del país, Aung San Suu Kyi pida a la Unión Europea que haga todo eso es, sin duda alguna, la señal que nos da para que pasemos inmediatamente a la acción. 
Nelson Mandela ha visitado recientemente Europa, y ese tipo de presión económica es lo que consiguió doblegar al régimen del apartheid de Sudáfrica. 
Ese es el tipo de medidas prácticas, medidas económicas, que fomentarán el cambio político que Aung San Suu Kyi desea presenciar. 
En la Unión Europea sabemos, como la Comisión sabe muy bien, que en nuestros tratos con terceros países tenemos que fomentar la promoción de la democracia y de los derechos humanos. 
Si eso es así, y si ése es nuestro principio rector, entonces eso ha de ser un elemento esencial en nuestros tratos con Birmania. 
Como otros han dicho, nos anima sobremanera que Heineken, Carlsberg, Levi Strauss y en cierta medida Pepsi Cola se hayan retirado de ese país, como resultado de la presión ejercida por los ciudadanos. 
Hay que tratar de evitar que se lleven a cabo ese tipo de inversiones y desde este Parlamento instamos a los ciudadanos de la Unión Europea a que ejerzan presión para que Total, que es una empresa francesa, adopte medidas análogas. 
Quisiera preguntar a la Comisión lo que tiene la intención de decir en la Conferencia ASEAN, a la que va a asistir la semana próxima en Yakarta. 
Quisiera pedir a la Comisión que declare muy firmemente que detesta ese régimen. 
Quisiera pedir también al Comisario que nos diga cuándo vamos a recibir ese informe sobre los trabajos forzados que estamos esperando con interés, porque únicamente sobre la base de ese informe sobre trabajos forzados tendremos la oportunidad la oportunidad que buscamos para poder retirar a Birmania los privilegios del sistema generalizado de preferencias (SGP). 
Estas son dos preguntas categóricas que quisiera que la Comisión contestara. 
Los legítimos dirigentes políticos de Birmania ruegan a Europa que adopte sanciones económicas contra la junta militar que ha usurpado el poder del país. 
Debemos escuchar esta petición. 
Como en el caso de Sudáfrica debemos adoptar sanciones, si son apoyadas por la oposición y aceptadas por la población. 
Varios Jefes de Estado desean hoy recibir los honores por la política de sanciones contra Sudáfrica, pero no se sentían muy seguros en el momento de aplicarla. 
Birmania les ofrece la posibilidad de compensar su actitud de entonces. 
Hemos recibido en nombre de Aung San Suu Kyis a su hijo y a su marido en esta Asamblea y la hemos admirado por su valor, su perspicacia, su amor a su pueblo y su conocimiento histórico. 
Debemos escucharla. 
Nos pide que adoptemos sanciones económicas. 
No veo cómo nos podemos negar. 
Me gustaría exponer el grado de infamia del régimen birmano. 
Está en guerra con su propia población. 
La ha sometido, lo que ha llevado a un estado de esclavitud. 
No ha tenido en cuenta la victoria del movimiento democrático en 1990. 
Ha encarcelado a sus dirigentes o los mantiene bajo arresto domiciliario. 
Ha encarcelado a diplomáticos. 
¿Cómo es posible que los países occidentales se limiten a contestar a las infamias de la junta militar birmana con una crítica diplomática, cuando está encarcelando a las personas que nos representan? 
¿Cómo es posible actuar de forma diplomática ante los que encarcelan a diplomáticos? 
James Nichols era el representante de Dinamarca y de otros países europeos. 
Fue encarcelado porque tenía demasiados aparatos de fax, fue sometido a torturas tales como largos interrogatorios largos y no le fue permitido dormir. 
No le suministraron su medicina y el lugar donde está enterrado es secreto. 
Un periódico birmano ha escrito sobre el Sr. Nichols que no era trigo limpio y que merecía su destino, ya que no tenía medida para la comida, era perezoso y sentía pasión por el lujo. 
Tales expresiones han sido previamente aceptadas por la junta militar, que de esta forma echa sal a la herida que nos ha infringido con el fallecimiento del Sr. Nichols. 
Doy las gracias a Carlsberg y a Heineken por haberse retirado, pero ¿cómo es posible que alguien pueda iniciar un joint venture con un socio como el Ministerio de Defensa de una junta militar? 
Señor Presidente, colegas, esta mañana tuvimos la oportunidad, gracias a la Sra. Kinnock, de ver un vídeo que contenía una entrevista con Aung San Suu Kyi. 
Tuve la fuerte impresión a través de dicha entrevista de la manera en que alguien que vive bajo tales condiciones personales tan difíciles pueda tener el valor, la energía, la fuerza de combatir por la democracia. 
Me considero ahora en este momento propiamente sólo como una intermediaria. 
Tenemos la posibilidad de poner bien en claro el objetivo de la lucha de esta disidente. 
En primer lugar, se trata de una pregunta a la Comisión que planteo en nombre suyo, saber lo que entiende la Comisión en realidad bajo el término «diálogo crítico» ahora que resulta deseado por todos el aislamiento de ese país, de Birmania, en los ámbitos del comercio, de las inversiones extranjeras y del turismo. 
Esta mañana recibí un telefax según el cual 46 organizaciones no gubernamentales respaldan la petición de esta mujer excepcional, es decir 46 ONG de Europa y de América. 
Procedamos pues al aislamiento de ese país. No continuemos invirtiendo en Birmania. 
Es claro que nos sentimos sumamente satisfechos de saber, como consta en el párrafo 9 de la resolución, que las empresas Heineken y Carlsberg se hayan retirado. 
Aunque ayer leí en el periódico que en realidad la primera no se había retirado del todo. 
Portavoces en Birmania ponen en duda esta afirmación. 
Desearía que la Comisión- y es ésta mi segunda pregunta- investigue sobre lo que está sucediendo realmente. 
Por último- y esto consta en el párrafo 10 de nuestra resolución- le pido a la Comisión que vele por que otras empresas no pasen a ocupar los sitios dejados vacantes por las citadas firmas. 
Sería desde luego de un gran cinismo que mientras nuestros inversores se retiran, otras empresas europeas aprovechen la oportunidad para ponerse a invertir con la mayor rapidez. 
Sería algo horrible. 
Chipre 
Señor Presidente, el problema de Chipre es un asunto de derechos humanos tanto para los grecochipriotas como para los turcochipriotas. 
La presencia de 35.000 soldados turcos que ocupan más de la tercera parte de la isla de Chipre es una afrenta para los derechos humanos de los grecochipriotas pero también para los de los turcochipriotas. 
La situación en la parte septentrional de Chipre se ha agravado deliberadamente con el asentamiento ilegal de muchos miles de turcos del continente, lo que de por sí constituye una clara infracción de las disposiciones de las convenciones de Ginebra. 
Las fuerzas progresistas de la zona ocupada están comenzando a percatarse, con el apoyo de la Comisión Europea y este Parlamento, de que el ingreso de Chipre en la Unión Europea y las conversaciones sobre su inminente adhesión no solamente ofrecen un buen futuro para Chipre sino que también abren una ventana de oportunidad para resolver el problema de Chipre. 
A lo largo de los dos últimos años ha aumentado constantemente la actividad terrorista, centrada a menudo en las fuerzas muy progresistas que promueven y discuten el futuro de un Chipre unificado como Estado miembro de la Unión Europea. 
Kutlu Adali, distinguido intelectual turcochipriota, autor y periodista respetado, ha pagado con su vida la expresión y defensa abiertas de esos puntos de vista. 
Fue asesinado el 6 de julio en la Nicosia ocupada. 
Nadie ha sido llevado hasta ahora ante la justicia por ese acto terrorista ni por las numerosas bombas colocadas en oficinas, viviendas, vehículos y locales políticos en la parte ocupada de Chipre. 
Se nos ha dicho que de cada cinco personas de Chipre ocupada, una pertenece a las fuerzas de seguridad turcas. 
A pesar de ello, no son capaces de descubrir y detener a ninguno de los responsables de esos actos. 
El régimen ilegal y las fuerzas de seguridad turcas tienen que pasar a la acción para encontrar a los que han cometido esos actos y a la persona o las personas que asesinaron a Kutlu Adali. 
No olvidemos que la voz del régimen ilegal no es la única voz de los turcochipriotas: también hay otros turcochipriotas valientes y valiosos cuyas voces merecen que las escuchemos. 
La de Kutlu Adali era una de ellas. 
Señor Presidente, lo que se pide actualmente en Chipre es la convivencia pacífica entre las dos comunidades, la grecochipriota y la turcochipriota. 
Aunque en el lado turcochipriota existe intransigencia, debo decir que hay en verdad fuerzas democráticas que están a favor de un nuevo acercamiento entre la población griega y la turca. 
El Sr. Koutlou-Andali, misteriosamente asesinado hace pocos días, estaba entre los turcochipriotas moderados, y su asesinato ha sido claramente político, dada su actividad y la naturaleza del caso Dektas. 
Koutlou-Andali, eminente escritor y periodista, había ejercido repetidamente en el pasado una severa crítica mediante sus artículos sobre la situación del caso Dektas: en primer lugar, estigmatizando la concentración masiva en el territorio ocupado de Chipre de colonos que constituyen un cuerpo extraño para la comunidad turcochipriota; en segundo lugar, el terror ejercido sistemáticamente sobre los adversarios políticos de Dektas. 
Señorías, en el territorio ocupado de Chipre se ha impuesto una situación de militarización y control policial especialmente dura para los disidentes y los turcochipriotas. 
La comunidad turcochipriota languidece: mientras que en 1974 ascendía a 120.000 personas, hoy apenas cuenta con 85.000, y cada vez son más los turcochipriotas que se exilian. 
Un indicio de la situación de violencia que existe en los territorios ocupados es que, de una población de 160.000, unos 35.000 son militares y agentes de seguridad, es decir, tal como ha dicho la Sra. Green, uno de cada cinco ciudadanos está movilizado. 
Chipre es actualmente el lugar más militarizado del mundo, si se tiene en cuenta su extensión. 
Con la resolución que hoy votamos, estamos diciendo lógicamente que esta situación debe terminar y hay que poner en marcha un proceso de acercamiento entre las dos comunidades, tal como era también el deseo de Koutlou-Andali. 
Señor Presidente, más que nunca se impone la necesidad de que Europa corrija todo lo que ha sido su actuación desde la caída del Imperio otomano, en 1922. 
En verdad, es necesario, de hecho, que se integre cuanto antes a Chipre para que no se perpetúe esta situación de violencia, que dura desde hace veinte años. 
El asesinato de un intelectual como Kutlu Adali- escritor que, por ser tolerante, pretendía que hubiera buen entendimiento en la isla y que acabó castigado con la muerte, ante la indiferencia de las autoridades turcas de Chipre- es una forma de violencia que presenciamos todos los días, ya sea en Chipre, en Bosnia o en toda la región y que, naturalmente, corresponde también a la caída de otro imperio: el soviético. 
Vivimos un momento histórico que Europa puede contribuir a corregir y no lo hace porque, naturalmente, al conceder beneficios económicos a países que dependen de ella, exactamente por motivos económicos, sigue soportando una violencia que, para mí, es inadmisible. 
Tenemos armas, no sólo armas reales. 
Tenemos otras armas para evitar que la guerra se perpetúe de esta forma localizada y regional y hacer que se respete el Convenio de Ginebra. 
Señor Presidente, en la parte ocupada de Chipre crece la violencia política de manera palpable, según lo revelan las estadísticas. 
Parece existir en ello una continuidad. 
Los chipriotas turcos que se empeñan en la conservación de la cultura chipriota se ven oprimidos, tanto literalmente como en sentido figurado, oprimidos sistemáticamente por las decenas de millares de turcos importados por Denktash aunque también, como señala la Sra. Green, por las tropas turcas y los servicios secretos. Se prohíbe toda forma de crítica. 
Todo esfuerzo que emprenda la comunidad internacional deberá dirigirse igualmente en ese sentido. La isla entera de Chipre se merece la estabilidad y la paz. 
Hago un llamamiento a la comunidad internacional a fin de ejercer presión sobre el denominado gobierno turco chipriota para que asegure las garantías de sus opositores. 
El drama del Sr. Adali es sumamente grave. 
No olvidemos que se trata de un país que más tarde veremos representado aquí. 
De ahí la conveniencia, a mi juicio, de que celebremos este debate sobre Chipre y, así lo esperamos, no por última vez. 
Señora Presidenta, al haber fracasado las llamadas al respeto de la dignidad humana, las firmes condenas de la utilización de la violencia contra los que piden asilo se añaden a una lista desgraciadamente demasiado larga de manifestaciones análogas y ha llegado el momento de pasar a la acción. 
Dejando aparte los diversos medios de presión de que disponemos para recordar a todos los actores, directa e indirectamente responsables, la miseria de los boat people, debemos dar pruebas de una solidaridad que vaya mucho más allá de las simples declaraciones de intención. 
Nuestras condenas se dirigen, por supuesto, a China, a Hong-Kong y también a las autoridades vietnamitas, que no hacen todo lo necesario para acoger decentemente a estos antiguos refugiados, pero debemos estar también preparados, llegado el momento, para compartir la carga creada por el problema, casi insoluble, de estos boat people y aceptar, en nuestros países, el número de refugiados que nos corresponda, en el marco de un reparto equitativo de la carga. 
Creo que, si queremos que nuestras declaraciones sobre el respeto de los derechos humanos y sobre el derecho de los refugiados a un trato humano, no sean meras palabras vacías, debemos pasar a una solidaridad bien entendida. 
Señora Presidenta, el 10 de mayo se produjo una fuga en masa de refugiados vietnamitas del campo de prisioneros Whitehead en Hong-Kong, lo que es prueba de una situación preocupante. 
50.000 regresaron voluntariamente gracias a un programa de la ONU. 
Pero en HongKong, 2.000 han sido expulsados por la fuerza. 
Lo critico, pues en la República Federal de Alemania tenemos también vietnamitas a los que se quiere expulsar. 
Creo que no se puede echar a las personas tan sencillamente. 
Es correcto establecer programas y ayudarles en su repatriación. 
Por ello estamos en contra de que se expulse a estas personas de Hong-Kong. 
Por otro lado, instamos a la Comisión para que actúe en los gremios internacionales con el objetivo de que las personas que están en Hong-Kong, en otros países asiáticos o en Europa, reciban fondos en el marco de nuevos programas de repatriación para poder establecerse de nuevo en Vietnam si así lo desean. 
No se puede expulsar de Hong-Kong o de la República Federal de Alemania a ninguna persona que busque asilo y creo que la Comisión debería abogar en favor de un programa para Vietnam con los 17 millones estimados. 
Señora Presidenta, hace algunos meses, durante una audiencia sobre la libertad de medios de comunicación en la Comisión de Asuntos Exteriores me encontré con representantes de la unión de periodistas de Etiopía los cuales me afirmaron, para mi gran asombro, que en ese país permanecían encarcelados en la actualidad un mayor número de periodistas que en cualquier otro país y que prácticamente cada semana éstos eran torturados. 
Es evidente que en dicho país deben suceder aún muchas otras cosas más, en ese país que derrocó hace dos años la dictadura de Mengistoe. 
El proceso separatista observado en Eritrea ha resultado sorprendentemente pacífico, aunque la transición a la democracia se ha visto sometida a numerosas convulsiones. 
El presidente de la Asociación de Profesores, Woldesemayat, también arrestado, deberá ser liberado sin más demora, aunque sólo sea como acto simbólico para los demás detenidos, los centenares de prisioneros políticos que siguen prisioneros en las cárceles de ese país. 
Espero que la Comisión y el Consejo se empeñen con energía en este objetivo. 
Señora Presidenta, mi Grupo sigue con atención la evolución política en Etiopía, donde, en estos últimos años, el Gobierno de Addis Abeba ha dado sensibles pasos hacia delante en el ámbito de la democracia y de los derechos humanos. 
Consideramos que este proceso debe ser respaldado por la Unión Europea. 
Precisamente por esto, sin embargo, son preocupantes las informaciones que nos llegan, en particular, sobre la detención del Sr. Taye, Presidente de la Asociación Etíope de Maestros. 
El mismo fue detenido sin una acusación motivada y, por consiguiente, se sospecha con fundamento que la acusación se debió a razones políticas. 
En consecuencia, pedimos al amparo de la resolución que sea liberado y sometido a un proceso que ofrezca todas las garantías aplicables al caso, habida cuenta de que una detención política es totalmente inaceptable. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, yo también estoy preocupado por la situación de Taye Woldesamayat, Presidente de la Asociación de Profesores Etíope sobre el que hemos oído aquí algunas cosas. 
Fue detenido en el aeropuerto de Addis Abeba sin indicación de motivos. 
He intentado abogar por él y he recibido una carta de la Embajada en la que se dice que fue detenido por razones de Estado. 
No se mencionaban otros motivos, pero en el fondo lo que se le achaca es actuar clandestinamente. 
Como no puede tomar un abogado ni tampoco tiene contacto con su familia, no está garantizada la actuación de acuerdo con un Estado de derecho. 
Tenemos que decir a la Embajada y a su Gobierno que no estamos de acuerdo con este proceder. 
La Asociación de Profesores Etíope está continuamente sometida a trabas y es perseguida. 
En diciembre de 1993 tuvimos un caso similar cuando el Sr. Abera Yemane Ab fue detenido bajo condiciones similares y se inició un proceso contra él sin indicación de motivos. 
No podemos aceptar esta situación. 
Estamos a favor de los derechos humanos. 
El Gobierno etíope debe explicar de qué se acusa a estas personas o dejarlas libres. 
Filipinas 
Señora Presidenta, muchos sacerdotes irlandeses han ido a trabajar en Filipinas y se han distinguido en su lucha en favor de los derechos humanos y para mejorar la situación de la población. 
El Padre Shay Cullen posee un riquísimo historial: ha lanzado campañas y ha despertado la atención mundial por su lucha contra el turismo sexual de menores en Filipinas. 
En los últimos años ha salvado a muchos niños y ha establecido el orfanato de Ciudad Olongapo en el país. 
Cuando protestaba pacíficamente por el levantamiento de un pilón de electricidad de alta tensión justo al lado del orfanato, fue atacado sádicamente por la policía, que le detuvo y le denegó toda atención médica; subsiguientemente, el Padre Cullen tuvo grandes dificultades para conseguir tratamiento médico, ya que ningún médico de la ciudad estaba dispuesto a ayudarle. 
Es evidente que la campaña del Padre Shay Cullen contra ese turismo de vicio, que este Parlamento ha condenado muchas veces, está suscitando considerables inquietudes entre los círculos poderosos y corrompidos de la ciudad en la que se desarrollan sus campañas. 
Temo que su propia seguridad personal se halle en peligro, y espero que, cuando el Parlamento vote sobre esta resolución, se ponga en conocimiento del Gobierno filipino que sentimos graves inquietudes por la seguridad personal del Padre Cullen y por su campaña en favor de esos niños que se hallan en una situación de grave peligro. 
Señora Presidenta, tengo en realidad poco que añadir a lo expresado de manera tan correcta por el colega Banotti. 
Tal vez lo siguiente: una de las formas de explotación, la prostitución de menores y la pornografía con menores se producen allí donde las diferencias entre ricos y pobres resultan tan acentuadas. 
Sabemos que, pese a todos nuestros esfuerzos, esa diferencia no ha hecho más que agudizarse durante los últimos años y junto con ella igualmente estas horribles formas de explotación. 
Aquéllos que se empeñan, tal como el Padre Shay Cullen y su colaborador Maglaqui, en hacer algo en el lugar, merecen nuestro respaldo. 
Espero que la resolución del colega Banotti que seguramente será aprobada esta tarde contribuya a brindar un apoyo a este tipo de hombres en lugar de castigarlos por su útil e indispensable labor en el lugar. 
Señora Presidenta, en Argelia el Gobierno no acepta a los periodistas críticos. 
En nombre de la justa y necesaria lucha contra el terrorismo, desgraciadamente, lo que está a la orden del día es el amordazamiento de la prensa, poniendo en entredicho la libertad de expresión. 
El 4 de julio, numerosos periodistas europeos no pudieron obtener el visado para participar en una reunión de solidaridad con los periodistas argelinos. 
Ese mismo día, el caricaturista, Chawki Amari fue encarcelado, su periódico «La Tribune» prohibido y sus responsables puestos bajo control judicial. 
Los periodistas argelinos padecen una situación poco envidiable. 
Por un lado, están bajo la amenaza permanente de los golpes terroristas- 53 de ellos, quiero recordarlo, han sido asesinados desde 1993- y, por otra parte, están sometidos a las presiones de las autoridades. 
Nuestro grupo es solidario con su lucha por la libertad de prensa. 
En nuestra opinión, la censura y el control de la información no pueden sino debilitar la lucha por la democracia y contra el integrismo. 
Es la razón por la que pedimos a las autoridades argelinas que liberen a Chawki Amari, que permitan la reaparición de «La Tribune» y respeten la libertad de expresión y de información. 
Al mismo tiempo, nos felicitamos por la prosecución del diálogo con las fuerzas democráticas, que tiene lugar en la actualidad, y esperamos que llegará a arreglar una crisis que ha durado demasiado. 
Nos felicitamos asimismo por la apertura de las negociaciones entre la Unión Europea y Argelia pero, basándonos en los acuerdos de asociación precedentes que votamos en el seno del Parlamento y que tienen una gran consecuencia en la economía y en el empleo en los países mediterráneos, pedimos que, con motivo de dichas negociaciones, se consulte con regularidad a las fuerzas democráticas así como a las organizaciones sindicales y profesionales. 
Señora Presidenta, pertenezco a la generación que descubrió lo que sucedía en la zonas colonizadas del mundo a través de la guerra de Argelia, y apoyé activamente la lucha argelina por la libertad. 
Muchos de nosotros hemos abrigado grandes esperanzas de que Argelia se convirtiese en un ejemplo en lo concerniente a la democracia, la libertad y los derechos humanos en el mundo árabe. 
Pronto comprendimos que no iba a resultar tan fácil. 
En los años 70 y 80 tuve la ocasión de visitar Argelia en varias ocasiones. 
Ciertamente, no se podía decir que el país fuera una democracia, pero se podían abrigar esperanzas. 
Con motivo de la celebración de elecciones hace unos años, todos esperábamos que éstas conducirían al país a la vía democrática. 
Como todos sabemos, la evolución ha ido por unos caminos muy distintos. 
La detención de Chawki Amari el 4 de julio es sólo una más de las pruebas recientes de que el régimen argelino no está capacitado para dar a los problemas unas soluciones democráticas. 
Como mi predecesor también ha señalado, han muerto un gran número de periodistas, o han sido detenidos y han experimentado dificultades en el cumplimiento de su labor periodística y democrática de informar sobre lo que está sucediendo en el país. 
Actualmente tiene lugar un diálogo que, no obstante, no se amplía a todas las partes interesadas de Argelia. 
No estamos defendiendo en absoluto al Frente de Liberación Islámico, pero me cuesta ver que el diálogo que el Presidente Zérroual reanudó ayer con delegaciones de cuatro partidos políticos vaya a obtener unos resultados si no se intenta de modo alguno incluir a las demás fuerzas políticas, aunque en el fondo uno no las apruebe. 
Pensamos que la Unión Europea tiene una gran parte de responsabilidad en este caso y debe respaldar la evolución democrática de Argelia. 
Señora Presidenta, en estos momentos el mensaje del Parlamento Europeo debe ser un mensaje de solidaridad con los periodistas argelinos y de demanda de la libertad para el caricaturista Chawki Amari. 
Pero todo ello desde el reconocimiento de que tanto en Argelia- y muy especialmente en Argelia -, como en todos los países del mundo la bandera nacional suscita sentimientos de profundo respeto y orgullo. 
Nuestro mensaje de solidaridad, el del Parlamento Europeo, firme en favor de la libertad de prensa y en demanda de la libertad de este periodista, de ninguna manera debe ser considerado como algo ajeno sino como el punto de partida de una actitud de diálogo y acción en común como socios euromediterráneos, en tanto que compartimos ambos los mismos objetivos de paz y de democracia. 
En estos momentos en que Argelia vive una situación dificilísima tienen lugar un esperanzador diálogo multilateral y el inicio de las negociaciones de un acuerdo de asociación. 
Es justamente el antiguo código, obsoleto y trasnochado, el que el Presidente de la República, Sr. Zerual, se ha propuesto transformar. 
Es preciso que nosotros apoyemos políticamente cuantos esfuerzos se hagan en este camino para que avancen el pluralismo y la paz. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la libertad de expresión y la libertad de información deberían respetarse siempre allí donde se pide el respeto del Estado de derecho y de la democracia. 
No pueden aceptarse medidas directas o indirectas de censura y de control de la información con respecto a la prensa, que debería actuar de forma correcta e independiente. 
Es importante que esto suceda en Argelia y en otros Estados, donde se perpetran graves violaciones de la libertad de prensa. 
Es necesario que la Unión Europea apoye acciones y proyectos en favor de los medios de información argelinos que actualmente necesitan también un adecuado apoyo económico que les permita seguir ofreciendo la necesaria información a su país. 
De todos modos, hace falta mantener cuanto antes un diálogo político con el conjunto de todas las fuerzas democráticas y las autoridades argelinas, a fin de hallar una solución a la crisis actual y reconstruir, en consecuencia, más rápidamente la paz civil necesaria para afrontar las próximas elecciones legislativas. 
Hace falta que exista una sinergia de esfuerzos por parte de todos aquellos que operan en dicho país, para poner en marcha el proceso de paz que, por desgracia, parece que todavía se retrasa. 
Deseo, por último, expresar mi plena solidaridad hacia todos los que en este momento están privados de su libertad debido a la violación de los derechos humanos y de la democracia, pero sobre todo por la falta de libertad de expresión y opinión. 
Señora Presidenta, la detención y encarcelamiento del caricaturista, Chawki Amari, así como la prohibición de aparición de su periódico no son más que un indicio suplementario de la confusión en la que se encuentran las autoridades políticas argelinas. 
En efecto, el ataque a la libertada de prensa difícilmente puede enmascarar la impotencia de las autoridades de poner fin a los intentos de desestabilización del país. 
Además, los intentos de control de la información son estúpidos por anacrónicos. Anacrónicos porque nada puede impedir ya que las ideas circulen. 
Afortunadamente, existen numerosos ejemplos para demostrar que los intentos llevados a cabo para privar a la opinión pública de informaciones, molestas o no, para el régimen en el poder están abocadas al fracaso. 
Ese es, al menos uno de los puntos positivos que puede poner en su haber la sociedad mundial de la información. 
Por lo tanto, las autoridades argelinas harían bien en recurrir a otros medios para restablecer, en Argelia, un Estado de derecho, sin atacar a los poderes de la prensa, uno de los pilares de la sociedad nueva que se disponen a construir. 
Salman Rushdie 
Señora Presidenta, en la actualidad el Consejo de Ministros mantiene conversaciones con Irán sobre varios temas, entre ellos sobre Salman Rushdie. 
No tenemos nada en contra de estas conversaciones, pero las informaciones que tenemos sobre ellas nos causan una cierta intranquilidad. 
El objetivo de la resolución del Grupo Liberal es dejar bien clara la posición del Parlamento, y esperamos que el Parlamento la apoye. 
Esto debe suceder antes de que las conversaciones que mantienen el Consejo e Irán den como resultado una modalidad de acuerdo, sea del tipo que sea. 
El Grupo Liberal espera que el Parlamento, como nosotros, se oponga a cualquier cosa que Irán pueda interpretar como una especie de reconocimiento- tácito, implícito o indirecto- de la fátua que el Gobierno de Khomeini ha expedido contra Salman Rushdie. 
Ningún movimiento o líder religioso puede tomarse la libertad de, en base a una fátua, incitar a sus seguidores a cometer un asesinato. Porque esto, señora Presidenta, es una conducta despreciable que debe denunciarse públicamente y contra la que cualquier demócrata convencido ha de luchar hasta su último aliento. 
Detención del padre Tomislav Matanovic 
Señora Presidenta, como usted sabe muy bien nuestro grupo político estuvo exactamente hoy hace una semana en Banja Luka. 
Hemos visto lo que está ocurriendo realmente en esta llamada República Serbia. 
Sólo puedo decir que, en base a nuestras conversaciones mantenidas con los representantes locales y portavoces del Sr. Karadzic, me sentí 50 años más joven, pues el modo de hablar y de argumentar me ha recordado exactamente a los más tétricos Jefes de Distrito de la época de Hitler, por no hablar de los estalinistas, que también han estado presentes allí. 
Se trata realmente de una banda de ladrones y su capitán, Karadzic campa por sus respetos. 
Uno de los casos más graves nos lo comunicó el Obispo de Banja Luka. Un sacerdote está encarcelado junto con sus padres desde hace casi un año, desde el 24 de agosto del pasado año. 
Las autoridades serbias afirman que han abogado por él pero que el jefe local de la policía no permite que se libere a este hombre, al que no se le acusa de nada en absoluto sino que se le mete sencillamente en la cárcel. 
Cuando el Obispo pidió que interviniesen nuestras autoridades y representantes, se le hicieron promesas pero no ha ocurrido nada. 
Ya es hora de que el Parlamento Europeo actúe claramente en contra es esta situación que contradice totalmente el Tratado de Dayton, y de exigir a nuestro representante, el Sr. Bildt, quien está obligado frente a nosotros, que haga por fin algo para que se libere al sacerdote Matanovic y a sus padres, lo que es su derecho. 
Si no lo logramos, se mostraría de nuevo lo incapaces que somos para conseguir algo. 
Supondría un grave peligro para la paz. 
Señora Presidenta, señorías, voy a abordar los asuntos en el orden en el que los ha tratado su Asamblea y comenzaré por Birmania. 
La Comisión comparte las preocupaciones de su Asamblea en lo relativo al deterioro de la situación política en Birmania. 
Deplora la muerte en prisión del Sr. Nichols. 
Las palabras difamatorias publicadas recientemente en la prensa oficial birmana han indignado de manera particular a la Comisión, que apoya cualquier iniciativa que pueda llevar al Gobierno birmano a adoptar una línea de conducta más conforme a la práctica internacional. 
Por lo demás, llama la atención de su Asamblea acerca del muy limitado efecto que podrían tener las posibles sanciones en materia económica, habida cuenta del escaso volumen del comercio entre la Unión y Birmania. Éste se elevaba en 1995 a menos de 200 millones de ecus, 66 para las importaciones y 113 para las exportaciones. 
En cuanto a la suspensión de las preferencias generalizadas, no se puede decidir nada mientras no se acabe con la investigación que están llevando a cabo en la actualidad los servicios del Sr. Marín. 
Les puedo asegurar que la Comisión la lleva a cabo con celeridad y de forma rigurosa y vigilante. 
Estará acabada en septiembre. 
Por consiguiente, la Comisión apoya la propuesta de algunos Estados miembros de aprovechar la ocasión de los próximos encuentros con la ANASE, en particular, en el seno del foro regional de Asia para insistir en la necesidad de reanudar el diálogo entre todas las fuerzas democráticas y étnicas de Birmania. 
Segundo asunto: Chipre. 
La Comisión está muy preocupada por la escalada de violencia que se observa en la comunidad turcochipriota en el transcurso de estos últimos meses. 
Ha quedado impresionada por el asesinato del Sr. Adali, eminente periodista e intelectual turco. 
La muerte de esta personalidad, altamente respetada, conocida y apreciada por su franqueza y su defensa de la comunidad de los valores chipriotas, turcos y griegos, apreciada por su adhesión a los derechos humanos y a la libertad de pensamiento no puede por menos de deplorarse profundamente. 
La Comisión proseguirá sus esfuerzos de conciliación en Chipre tomando contacto con la comunidad turcochipriota en la perspectiva de la adhesión de Chipre a la Unión Europea. 
Les recuerdo que la política chipriota de la Unión Europea se ha reafirmado en el transcurso del último Consejo de Asociación con Chipre. Se ha reiterado que las negociaciones relativas a la adhesión de Chipre se iniciarán a partir de una propuesta de la Comisión, seis meses después de la celebración de la Conferencia Intergubernamental teniendo en cuenta los resultados de ésta. 
En esta ocasión, la Unión se ha declarado además favorable a un reglamento global de la cuestión chipriota que iría en el sentido de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se basaría en la constitución de una federación chipriota, bizonal y comunitaria. 
Malasia y Singapur han cerrado sus campos a finales de los meses de mayo y junio de 1996; lo mismo sucede con Indonesia, Tailandia y Filipinas; en el caso de Hong-Kong, la mayor parte de las operaciones de repatriación han podido desarrollarse con normalidad; Vietnam aceptó el retorno de unos 70.000 de sus ciudadanos y su situación es objeto de un seguimiento atento por parte del Alto Comité de Refugiados de las Naciones Unidas que no ha constatado ningún caso de discriminación. 
Por último, la Comisión Europea comparte la preocupación de su Asamblea sobre le destino de las ayudas comunitarias. 
Éstas deben concederse principalmente a los vietnamitas que vuelven al país. 
Pueden ser en forma de apoyo, sobre todo, al lanzamiento de empresas de producción, de concesión de formación especializada y de ayudas a microproyectos destinados a mejorar las condiciones de vida en las colectividades en las que se reintegran los antiguos refugiados. 
Para terminar, añado que para la mayoría de los no refugiados, que llamamos los economic migrants vietnamitas, la vuelta al país es para ellos la única solución viable. 
Las operaciones de repatriación se desarrollan además sin tropiezos. 
En cuarto lugar, Etiopía: La Comisión y los Estados miembros están cada vez más preocupados por la evolución de la situación de los derechos humanos en Etiopía. 
La delegación de la Comisión y los jefes de misión de los Estados miembros siguen de muy cerca, en estrecho contacto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la situación de algunos prisioneros como el Sr. Abera Yemane Ab. 
Les recuerdo que la Comisión y los Estados miembros son plenamente conscientes de que, para ser eficaces, es preciso apreciar y evaluar de forma minuciosa la situación de los derechos humanos y apoyarse en casos individuales. 
Además, en el marco de la coordinación entre los Estados miembros y la Comisión en Addis Abeba, se decidió emprender una acción común de recolección, comparación y verificación de los datos relativos a las violaciones de los derechos humanos y, por supuesto, mantener conversaciones con el Gobierno. 
En quinto lugar, Filipinas. 
La Comisión mantiene un diálogo abierto con el Gobierno de Filipinas y los de la región en lo relativo a los derechos humanos. 
Por lo que respecta al caso particular del Padre Shay Cullen, la Comisión está en condiciones de precisar que éste fue efectivamente detenido el 13 de junio pasado, pero, al parecer, había sido rápidamente liberado. 
La Comisión, que tuvo la ocasión de participar en algunas acciones de la Fundación Preda del Padre Shay Cullen contra la prostitución de niños, pidió no obstante que se llevara a cabo una investigación in situ. 
La Comisión no dejará de tener bien informado al Parlamento Europeo de los resultados de dicha investigación y de las consecuencias que de ella deriven. 
Sexto punto, Argelia. 
Desgraciadamente, Argelia atraviesa una crisis que pone a prueba la normalización política del país. 
Varios sectores de la sociedad argelina padecen los perjuicios, en particular la prensa. 
El Gobierno argelino se ha comprometido ya a escala multilateral desde la firma de la declaración de Barcelona, en noviembre de 1995 a, cito: » respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a garantizar el ejercicio efectivo y legítimo de sus derechos y libertades, incluida la libertad de expresión». 
El Gobierno argelino ha manifestado asimismo su interés en negociar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, en el que el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos constituya un elemento esencial. 
En el ámbito interno, el Gobierno argelino hizo público un memorándum anunciando una conferencia nacional, un referéndum sobre la revisión de la constitución y las elecciones legislativas y locales. 
La Comisión alienta vivamente al Gobierno argelino a que aplique sus compromisos multilaterales y las medidas nacionales que puedan conducir a la normalización política del país. 
Por otra parte, la Comisión estará pronto en condiciones de anunciar los primeros proyectos de ayuda financiera a la prensa seleccionados en el marco del programa medios de comunicación-democracia creado por iniciativa de su Parlamento en 1996. 
Punto 7: la «fatwa» en contra del Salman Rushdie. 
La Comisión comparte las graves inquietudes del Parlamento Europeo por lo que respecta a la adopción y al mantenimiento de la «fatwa» contra Salman Rushdie. 
El pronunciamiento de una sentencia de muerte en contra de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, por haber escrito un libro, es totalmente inaceptable y contrario a la declaración universal de los derechos humanos. 
Asimismo, la Comisión se felicita por la declaración de la Cumbre del G7, reunida en Lyon en el mes de junio pasado, que hizo un llamamiento al Gobierno iraní para que abandonara la vía del terrorismo y dejara de apoyar las amenazas de muerte que pesan sobre la persona de Salman Rushdie. 
Además, les recuerdo que el Consejo «Asuntos Generales» de 22 de abril de 1996 decidió hacer más crítico el diálogo con Irán. 
Para la Comisión, el mantenimiento del diálogo crítico con Irán es un instrumento eficaz para modificar con el tiempo el comportamiento iraní. 
Por último, punto ocho: detención arbitraria de Tomislav Metanovic. 
La Comisión está tan preocupada como el Parlamento Europeo por la detención arbitraria desde el 24 de agosto de 1995, del Padre Tomislav Matanovic y de sus padres, en Priejdor, en la llamada «República de Srpska». 
La Comisión está informada de este caso. 
Ha recurrido en varias ocasiones a las ONG de Sarajevo. 
Hablará de ello con las autoridades bosnias competentes, en particular, con los mediadores instalados en virtud del acuerdo de Dayton, y puedo asegurarles que la Comisión pedirá asimismo al Sr. Carl Bild que intervenga ante las instituciones oficiales de la llamada «República de Srpska» con el fin de lograr la liberación inmediata de Tomislav Matanovic y de sus padres. 
Señora Presidenta, ¿se me permite que haga una o dos preguntas suplementarias? Antes que nada quisiera manifestar mi sincera decepción por la declaración de la Comisión sobre Birmania, que a mi juicio dista mucho de ser satisfactoria. 
En primer lugar tengo entendido que el Sr. Marín dijo el mes pasado que se oponía al sistema generalizado de preferencias. 
No añadió «si» ni «pero» , y por eso me sorprende que la cuestión haya sido remitida a un comité especial. 
En segundo lugar, es posible que el volumen de comercio sea pequeño pero el volumen de inversiones no lo es, y no creo que el Comisario dijera nada acerca de Carlsberg o de Heineken o de las próximas inversiones, que me parece que son muy importantes. 
En tercer lugar, tenía entendido que en breve iba a haber un informe sobre los trabajos forzados. 
¿Cuándo se nos va a distribuir ese informe, si realmente se está preparando? 
Por lo que se refiere al sistema de preferencias generalizadas, les recuerdo que existen procedimientos comunitarios que la Comisión debe respetar, que dichos procedimientos comienzan con investigaciones, que éstas están en marcha, que son confidenciales y que, a la vista de la situación, conducen a propuestas y decisiones de la Comisión en materia de mantenimiento del sistema de preferencias generalizadas. 
Les repito que la Comisión está en la actualidad llevando a cabo dichas investigaciones. 
Habida cuenta de su carácter confidencial, por supuesto, no puedo revelar su contenido. 
Lo que les puedo decir, es que dichas investigaciones se llevan a cabo con rapidez, puesto que estarán acabadas para el mes de septiembre, y que la Comisión sacará todas las conclusiones que se impongan. 
Puedo asegurarles que tendrá en cuenta los elementos esenciales relativos a los derechos humanos y a la democracia, de conformidad con las competencias que le son reconocidas en la aplicación de estos reglamentos. 
Creo que tengo derecho a una respuesta a las dos preguntas relativas a las inversiones y al informe sobre trabajos forzados. 
Si el Comisario no puede responder en estos momentos, ¿tendría la amabilidad de darme por lo menos una respuesta por escrito? 
Señor diputado, tomo buena nota de su petición. 
No puedo responderle hoy, pero le responderemos inmediatamente y de forma directa. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0877/96 del Sr. Haarder y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el papel de Taiwán en las organizaciones internacionales; -B4-0881/96 de las Sras. Laurila y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el papel de Taiwán en las organizaciones internacionales; -B4-0904/96 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el papel de Taiwán en las organizaciones internacionales; -B4-0926/96 de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el papel de Taiwán en las organizaciones internacionales. 
Señora Presidenta, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas es consignatario de la resolución común sobre Taiwán y no es la primera vez que nuestro Parlamento está llamado a señalar el papel positivo desempeñado por Taiwán en el desarrollo del Extremo Oriente y la contribución de este país a la ayuda a los países en desarrollo. 
No es la primera vez, tampoco, que nos vemos obligados a subrayar los progresos de la democracia que permiten a la población china tener un Estado chino democrático, lo cual es muy satisfactorio. 
El objeto de esta propuesta es el de ir más lejos. 
Las cancillerías están paralizadas en toda relación con Taiwán. 
La Unión Europea dispone de fórmulas más ágiles. 
A veces nos quejamos de que las oficinas de información no sean verdaderas embajadas. 
Convirtamos el inconveniente en instrumento: la apertura de una oficina de información de la Comisión en Taiwán permitiría desarrollar y reafirmar las relaciones que son fecundas y hacerlo, sin duda, sin demasiadas dificultades. 
Señora Presidenta, por fin logramos examinar libremente las recomendaciones que la Comisión de Asuntos Exteriores aprobó por unanimidad, con la excepción de dos diputados, ya en el mes de abril. 
Ahora tratamos el tema con carácter de urgencia debido a que si el Parlamento aprueba estas recomendaciones se podrán poner en conocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando ésta inicie sus trabajos en otoño. 
No tengo intención de realizar un recorrido a través de la larga historia de China, que ha acabado en la existencia de la República Popular de China y la República de China, a las que a partir de ahora me referiré como China continental y Taiwán, a fin de evitar confusiones en la interpretación, como ocurre a veces. 
Todos recordamos que desde 1971 la China continental ha sido el único representante oficial del pueblo chino en las Naciones Unidas. 
Pero precisamente desde 1971 han ocurrido muchas cosas. 
En primer lugar, en la década de 1980 se produjo el espectacular desarrollo económico de Taiwán y su evolución hacia la democracia, y también en la década de 1980 se produjo el acercamiento entre la China continental y Taiwán y una mejora en sus relaciones. 
En esa época, los taiwaneses empezaron a visitar con bastante frecuencia la China continental, en la que se permitieron las inversiones taiwanesas, etc. La situación cambió de repente en la década de 1990 cuando las relaciones se enfriaron, obviamente debido a la gran celeridad con que se había producido el desarrollo democrático de Taiwán y a que, desde la perspectiva de Europa occidental, Taiwán empezaba a ser una sociedad totalmente democrática. 
El hecho de que Taiwán hubiese derogado sus leyes de la época de la ley marcial no impidió ese enfriamiento de las relaciones en la década de 1990, que alcanzó su punto más álgido en la primavera de este año, en el mes de marzo, cuando Taiwán se encaminaba hacia unas elecciones presidenciales por sufragio directo, plenamente democráticas y libres. 
Con anterioridad, Taiwán había celebrado ya elecciones parlamentarias democráticas en 1991 y posteriormente en 1995. 
El Presidente Li, reelegido por sufragio directo como Presidente de Taiwán en marzo de este año, subrayó en las conversaciones celebradas tras las elecciones su deseo de continuar el diálogo con la China continental acerca de la cooperación y la distensión de las relaciones. 
La importancia a nivel internacional de Taiwán, tanto en Asia como para nosotros los europeos, es tan grande, y su participación tan significativa, ya en este momento, en la cooperación para el desarrollo, en las actividades relacionadas con el medio ambiente y en otros ámbitos, que, en mi opinión, no se puede dejar a Taiwán completamente al margen de la actividad de las organizaciones internacionales dependientes de las Naciones Unidas. 
Yo misma elaboré un informe sobre el tema en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, que fue aprobado por la misma, como ya he mencionado anteriormente, con la excepción de dos de sus miembros, en abril de este año, pero que aún no ha podido llegar a esta sala debido a la oposición del Grupo socialista y a cuestiones de forma. 
Ahora compruebo, para mi asombro, que el Grupo socialista se opone de nuevo también a la aprobación de estas resoluciones urgentes a pesar de que todos los miembros de dicho Grupo en la Comisión de Asuntos Exteriores apoyaron los argumentos de mi informe, que son exactamente los mismos cuya aprobación se propone en la votación de hoy. 
Por lo tanto, yo no he partido del planteamiento de que se proponga la admisión de Taiwán como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, ya que entiendo que no es realista hacerlo, sino que propongo que Taiwán participe en las actividades de las organizaciones dependientes de las Naciones Unidas, así como en las de las organizaciones en cierta medida a ellas ligadas. 
Todos los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con su propia oficina de información en Taipei y por esta razón he planteado la posibilidad de que también la Unión Europea abra allí su propia oficina. 
Estas son las principales recomendaciones que formulan esta propuesta. 
No se puede dejar de lado a un pueblo de 21 millones de personas como si no existiera. 
En mi opinión, los europeos debemos asumir la responsabilidad de que hemos exigido a Taiwán democracia y Taiwán ha llegado muy, muy lejos en este proceso democrático, lo cual merece una recompensa. 
Por último, señora Presidenta, quiero mencionar el hecho de que en la versión finesa figuran dos graves errores: los subapartados b y d del apartado 1 resultan completamente ridículos. 
En finés debe decir «YK: n yleiskokoukselle vastuussa olevien elinten toimintaan» y en el subapartado d «neuvostoa kehottamaan komissiota ryhtymään toimiin». 
Así pues, la versión finesa resulta del todo pésima, a pesar de que la lengua original de estas recomendaciones era el finés, así que no entiendo de dónde ha salido este finés tan pésimo. 
Señora Presidenta, señorías, señor Comisario, para nuestro Parlamento, votar hoy esta resolución, es demostrar que la Realpolitik le choca. 
Al votar esta resolución, nuestro Parlamento afirmará, de forma en efecto moderada pero con un gran sentido de la responsabilidad, que la exclusión de Taiwán de la comunidad internacional es inaceptable. 
Sí, esta exclusión constituye una hipocresía del Occidente en su totalidad y ¡hay que ponerle fin cuanto antes! 
Taiwán es hoy una realidad democrática irrefutable, mientras que estamos muy lejos de poder decir lo mismo de un país vecino que, día tras día, refuerza su política de represión y que, sin embargo, sigue siendo el interlocutor privilegiado de una Europa incapaz de conciliar sus necesarias aspiraciones comerciales con la voluntad de afirmar en todas las partes del mundo el respeto de los derechos humanos y la promoción de la democracia. 
El Grupo de Coalición Radical Europea votará con convicción un texto que, como lo ha recordado nuestra compañera la Sra. Laurila, ha tenido que vencer numerosos obstáculos antes de ser sometido a la votación de nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha presentado la presente propuesta conjunta de resolución ya que apoyamos el legítimo deseo de Taiwán de ser incluido en la comunidad internacional. 
Taiwán ha dado en los últimos años unos importantes pasos en dirección a la democratización. 
Queremos apoyar activamente este proceso para que sean posibles también otros avances, en especial, de cara a los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, la igualdad de derechos de la mujer y la protección del medio ambiente. 
Pensamos que mediante la participación de Taiwán en los gremios internacionales, se impulsará el avance democrático. 
De Taiwán no parte ninguna amenaza contra ningún país de la región. 
Su Gobierno está seriamente interesado desde hace algún tiempo en distender sus relaciones con la República Popular de China. 
Ante esta situación, tanto más nos ha preocupado el ruido de sables en China con motivo de las elecciones en Taiwán. 
El próximo año, la colonia británica de Hong-Kong va a ser devuelta a China. 
Esta devolución puede constituir un test para ver si la República Popular quiere respetar las estructuras sociales y políticas existentes o si sólo puede afirmar su dominio mediante la represión y la fuerza. 
Los EE.UU. deberían influir sobre la República Popular de China para impulsar el proceso de distensión en la región. 
Desde hace mucho tiempo ya no se puede hablar de este Estado como la China roja, pues desde el punto de vista de política económica el Gobierno de Pekín se encuentra en marcha hacia una industrialización a brazo partido que recuerda los inicios del capitalismo. 
La Comisión Europea ha fomentado en los dos últimos años de un modo dirigido las relaciones comerciales con China. 
Debería impulsar también ahora su cooperación con Taiwán. 
Un primer paso concreto sería la apertura de una oficina de información de la Unión Europea en Taipeh. 
Debería darse este paso lo antes posible, pues es un gesto muy importante que señalizaría el interés de la Unión Europea en el desarrollo de Taiwán. 
Espero que la Comisión responda al respecto, para que no ocurra de nuevo como es usual: los diputados preguntan, la Comisión no responde. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, desde que los nacionalistas del continente en China tuvieron que buscar refugio en la antigua Formosa, en la actualidad Taiwán, se ha desplegado en esa isla un intenso trabajo, con inteligencia y un gran empeño y el respaldo de los chinos en el extranjero. 
Con sus 21 millones de habitantes constituye Taiwán una potencia económica, que ocupa una posición en el comercio mundial. 
A pesar de las divergencias políticas con que han crecido ambos países, China continental y Taiwán, constituye este último uno de los principales inversores en el continente. 
El agresivo comportamiento seguido recientemente por las autoridades chinas con sus misiles, la víspera de las elecciones en Taiwán, no ha frenado el desenvolvimiento democrático en éste. ¡Todo lo contrario! 
Desde luego, este acto de agresión en la región ha llevado ya a un aumento de los armamentos, según afirman fuentes fidedignas. 
Inmediatamente después de celebradas las elecciones, Taiwán hubo de tender una mano amistosa solicitando la reanudación de las negociaciones con Pekín sin que haya recibido una respuesta al respecto. 
Por una parte, la resolución que se nos presenta constituye una valoración de la postura democrática de Taiwán a través de la posibilidad que se le abre de participar en organizaciones internacionales constituyendo, por otra parte, un llamamiento y un incentivo a la cooperación con el continente. 
Puedo estar enteramente de acuerdo con esta resolución. 
Tuvo incluso mi voto favorable en la Comisión de Asuntos Exteriores, como afirmó la Sra. Laurila. 
No obstante, una parte considerable de mi grupo político desea distanciarse de los puntos B y D referentes a una oficina de información de la UE en Taipei y a un estudio sobre la posible participación en los órganos de las Naciones Unidas. 
Para estos puntos mi grupo solicitará una votación por separado. 
Señora Presidenta, quiero adherirme expresamente a los oradores anteriores, ante todo a las tesis de la Sra. Laurila. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores he votado a favor de su informe pero deseo añadir algo. 
Es algo extraño que hoy tenga lugar una discusión de este tipo en el debate de urgencia. 
El Parlamento Europeo durante muchos años tenía la costumbre de elaborar informes sobre la situación política en determinadas regiones a través de sus comisiones, en especial la Comisión de Asuntos Exteriores. 
De este modo podíamos analizar y discutir las condiciones en todos sus detalles. 
De repente, todo esto se pone más difícil y, en este caso, incluso imposible. 
Nos vemos obligados a utilizar cualquier ocasión para expresar la opinión del Parlamento Europeo. 
¿Cuál es el motivo de esta oposición por parte del Grupo de los Socialistas Europeos? 
Siempre están a favor de la autonomía, la autodeterminación, la democracia y los derechos humanos. 
¿Porqué ceden aquí a la presión de un país que, por lo demás, ha sometido a una gran presión a la ponente a causa de este informe sobre Taiwán? 
¿Se trata de adelantarse obedientemente a los deseos de China? 
Realmente, no lo sé. 
¿Porqué la Unión Europea no debe apoyar a un país que tiene una gran importancia económica en la región, que se encuentra en el camino hacia la democracia, por lo que supone también un factor democrático, de una forma que no cambia nada en la situación política? 
¿Porqué queremos impedir a un pueblo que aplique sus capacidades y posibilidades que tiene en la gran red de las organizaciones internacionales? 
Es realmente incomprensible, pues desde hace muchos años tenemos relaciones con este país. 
Ante todo, deberíamos pensar también quién es el que ejerce aquí presión. 
Siempre se trata de derechos humanos y de conceptos democráticos, por lo que no deberíamos dar una imagen errónea. 
Señora Presidenta, señorías, ¿cuál es el problema de Taiwán en el ámbito del derecho internacional? 
Es el de un reconocimiento de Gobierno. 
Al final de una terrible guerra, cada una de las dos partes pretendía representar a la totalidad de China. 
A este propósito, las autoridades de Taipei no estaban a falta de argumentos: estaban constituidas por el último Gobierno legal; la toma del poder por parte de los comunistas se había producido por la fuerza; el Parlamento de Taiwán había surgido de las últimas elecciones chinas libres, aunque imperfectas. 
Hoy, cuarenta y ocho años después de la toma del poder por los comunistas, hay que plantear el problema de otra forma. 
Es preciso admitir que ya no podemos conformarnos con elegir entre una u otra de las autoridades chinas. 
Aunque los Estados que mantienen relaciones diplomáticas únicamente con Pekín deben tener en cuenta a esta gran isla poblada con 20 millones de habitantes, en la que se ejerce un poder efectivo, estable, pacífico y eficaz. 
Mantener relaciones internacionales con Taiwán está en el interés de la Comunidad internacional y también en el de China en su totalidad, en la espera de que el continente y los mil millones de seres humanos que en él viven se vean finalmente liberados de la dictadura sangrante y totalitaria del marxismo leninismo, que, no hace mucho, hay que recordarlo, encontró tantos ardientes defensores hasta en este hemiciclo, y no sólo en los bancos de la izquierda, desgraciadamente. 
¿Hay que recordarle señor Nordmann, que el Sr. Giscard d ' Estaing consideró oportuno calificar a Mao Tse Tung de «faro del pensamiento mundial»? 
Así pues, señora Presidenta, señorías, ¡qué satisfacción al ver hoy que la resolución común se une a los análisis que hace la derecha europea del problema de Taiwán, desde hace décadas! 
Señora Presidenta, tengo el placer de repetir una serie de argumentos. 
A mi juicio es Taiwán un estado soberano. 
Taiwán es una democracia que respeta los derechos humanos. 
Y sin embargo, Taiwán no juega papel alguno en la comunidad internacional. A sus 21 millones de habitantes se les niega el derecho de hacer escuchar su voz en el seno de las Naciones Unidas. 
Sus ciudadanos no pueden aprovechar la información, los conocimientos y la experiencia de la Organización Mundial de la Salud. La población de Taiwán no puede tampoco aprovechar los servicios de la UNESCO. 
Los niños de Taiwán no pueden aprovechar los servicios de la UNICEF. 
Taiwán respeta las reglas del comercio internacional. 
Taiwán no forma parte de la Organización Mundial de Comercio. 
Su adhesión a esta organización jugaría también a nuestro favor. 
De ahí que esta adhesión no deba tardar, ni tampoco esperar por la adhesión de China. 
No hay por qué negar al pueblo de ese país la pertenencia a la UNESCO, a la UNICEF, a la Organización Mundial de la Salud. 
Esto es válido igualmente en el caso de su ingreso en las Naciones Unidas. 
Señora Presidenta, señorías, la Comisión ha tomado buena nota de la invitación de su Asamblea para la apertura de una oficina de representación en Taiwán. 
Hoy, y por el momento, la Comisión no tiene intención de abrir una oficina así. 
Sin embargo, podría estudiarse de nuevo este asunto en la hipótesis de la adhesión de Taiwán a la Organización Mundial del Comercio. 
En efecto, ello aportaría un elemento nuevo en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y dicho país. 
La cuestión de la apertura de una oficina, una vez que Taiwán se haya convertido en miembro de la Organización Mundial del Comercio, podría estudiarse de nuevo, por supuesto, a reserva de los recursos presupuestarios disponibles. 
Esta posible oficina no sería una delegación dotada de estatuto diplomático, sino una oficina encargada de defender los intereses de la Unión. 
Les recuerdo, además, que los intereses de la Unión Europea en Taiwán son principalmente de índole comercial, de forma que el trabajo de la oficina en cuestión estaría inevitablemente basado en el ámbito comercial, pero por supuesto, podría también extenderse a ámbitos como la información y la cultura, ya que muchas universidades europeas tienen vínculos con universidades de Taiwán. 
En definitiva, esta oficina sería muy parecida a las que algunos Estados miembros y algunos terceros países tienen ya abiertas en Taiwán. 
Por lo tanto, la decisión de abrir una oficina así estaría de acuerdo con la política que desde hace mucho lleva la Unión Europea en esta región del mundo. 
Por consiguiente- e insisto en este punto- no contribuiría en nada a un posible reconocimiento de Taiwán como Estado soberano. 
En primer lugar, desearía decir al Sr. Gollnisch que si tuviéramos que entablar entre los dos un debate sobre nuestras relaciones con el Sr. Giscard d ' Estaing, no habría que limitarlo al juicio emitido por éste acerca de Mao Tse Tung. 
Pero si he pedido la palabra es para hacer una pregunta complementaria al comisario que ha vinculado la apertura de una oficina de información de la Comisión en Taiwán a la adhesión de Taiwán a la OMC. 
¿Se trata de una condición necesaria o de una condición suficiente? 
Señora Presidenta, no se trata tanto de una pregunta al Comisario como de una reacción a la contribución de la Sra. Lenz. 
No deseábamos en absoluto considerar como una urgencia el asunto de Taiwán. Nuestro grupo no había formulado además ninguna resolución. 
Lo que queríamos en realidad era que la cuestión pasara de acuerdo con el orden habitual a través de la Comisión de Asuntos Exteriores y a través del informe de nuestra colega. 
Me da ahora la impresión que en aquello en que nos mostramos reservados con respecto a esta resolución, la cual en realidad no constituye una urgencia, se convierte en un reproche hacia nosotros. 
Pero que quede sentado con toda claridad que el miércoles por la mañana votamos aún contra la urgencia de Taiwán y que lo que cabría desear por consiguiente es que este tema sea tratado de la manera habitual a través de un informe normal de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Que quede bien claro, señora Presidenta. 
Muy brevemente, señora Presidenta. 
Al menos, en este punto, estamos de acuerdo con el Sr. Nordmann. 
No comprendo muy bien la respuesta del comisario. 
¿Por qué esperar la luz verde de la Organización Mundial del Comercio? 
¿Quiere esto decir, en francés liso y llano, que esperamos el permiso de los americanos? 
Cuando, por su parte, ¿tal vez la Organización Mundial de Comercio como tal, espera que la Unión Europea tome la iniciativa? 
Si es así, la espera puede durar mucho tiempo y puesto que el comisario nos ha explicado muy bien que no se trataba de un reconocimiento diplomático, no sé por qué somos tan timoratos ante la perspectiva de abrir una representación comercial. 
Señora Presidenta, desearía preguntar al señor Comisario si la Comisión Europea está cerrando sus delegaciones en todos esos países que no son miembros de la Organización Mundial de Comercio. 
Señora Presidenta, quiero señalar muy brevemente que en esta sala no deberíamos ser hipócritas y falsos, sino que debemos hablar abiertamente de los temas. 
Podemos tener opiniones diferentes, pero debemos hablar abiertamente. 
Todos sabemos que el Grupo socialista ha impedido que el informe aprobado en la Comisión de Asuntos Exteriores llegase a esta sala. 
Hoy hemos hablado sobre todo de esto, pero no de que el Grupo Socialista quería impedir decididamente que se tratara el tema de Taiwán como una cuestión de urgencia. 
Al menos me he referido al procedimiento predominante en la Mesa. 
Considero que todos salimos ganando si llamamos abiertamente a las cosas por su nombre. 
Si nos oponemos a un asunto, hemos de hacerlo abiertamente en vez de decir que nunca nos hemos opuesto a nada más que a su carácter urgente. 
Queríamos que el informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores hubiese salido de aquí según la forma habitual, algo que el Grupo socialista ha impedido. 
Señora Presidenta, condición necesaria o condición suficiente, le repito lo que he manifestado de forma muy clara: condición indispensable para permitir que se estudie de nuevo esta cuestión. 
Señor Gollnisch, tranquílicese, no esperamos la luz verde de la OMC, pero la Unión Europea tiene competencias muy precisas en materia comercial y, por consiguiente, parece evidente que el día en que Taiwán entre en la Organización Mundial del Comercio, producirá un efecto en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Taiwán. 
Es la razón por la cual, vistas las competencias de la Unión Europea, hay que tener en cuenta a la OMC, y por supuesto, no porque haya que pedir la autorización de la Organización Mundial del Comercio, autorización que por otra parte, le preocuparía darnos. 
Para responder a otra pregunta que se ha hecho, no se trata hoy de cerrar las delegaciones. 
Hoy en día, estamos en un proceso relativo a la Organización Mundial de Comercio que se remonta a los acuerdos de Marrakech de hace dos años. 
De acuerdo con los términos de dichos acuerdos, negociamos hoy la entrada en la Organización Mundial del Comercio de un determinado número de países, lo que supone que deben reunirse determinadas condiciones, y vemos en la ampliación de la Organización Mundial del Comercio un refuerzo de la «multilateralización» de los intercambios, lo que es bueno para la Unión Europea que tiene todo el interés en preservar un sistema de intercambios abierto y multilateral. 
Por consiguiente, pienso que la cuestión en el orden del día es mucho más la de la ampliación y de la apertura de la OMC a los Estados no miembros que la de su cierre. 
Señora Presidenta, señor Comisario, debo decir de nuevo que no es realmente ninguna respuesta argumentar con la OMC. 
Me podría imaginar que se hiciese con los fundamentos sociales de la OIT. 
Pero la OMC no es precisamente un club democrático. 
Así pues, esta respuesta no me ha satisfecho en absoluto. 
La Unión Europea debería perseguir una política autónoma y vincular esto a la OMC es realmente ridículo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0981/96 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la escalada de las luchas en Chechenia; -B4-0901/96 de la Sra. Lalumière, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la reanudación de las luchas en Chechenia; -B4-0920/96 del Sr. Puerta, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Chechenia; -B4-0925/96 del Sr. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los ataques del ejército ruso contra Chechenia; -B4-0948/96 de la Sra. Hoff y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Chechenia; -B4-0951/96 de los Sres. von Habsburg y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la evolución en Chechenia. 
Señora Presidenta, los trágicos acontecimientos registrados en Chechenia implican sencillamente que Yeltsin es menos digno de confianza que lo que aparentaba durante la campaña electoral. 
Numerosos ciudadanos chechenos han sido ya víctimas de este hecho. 
Existen nuevamente muchos, pero muchos, ciudadanos que se han dado a la fuga, lo cual no constituye solamente una bofetada a los negociadores chechenos y a los ciudadanos rusos, sino también una fragante violación del actual acuerdo concluido entre la Unión Europea y Rusia. 
Se impone una clara señal de la Unión y desearía preguntar si no es la misma Rusia que con tanto bombo y platillo fue admitida en el Consejo de Europa. 
Esa adhesión al Consejo de Europa tiene por objetivo sin embargo mejorar en algo la situación en el lugar. 
No dejemos pues de emitir una fuerte crítica del presidente Yeltsin recientemente electo. 
Además de ello, será igualmente una señal dirigida al general Lébed, que tampoco merece confianza. 
Esgrimiendo como tema principal durante la campaña electoral el término de la guerra en Chechenia, en la actualidad, tras los bombardeos efectuados, ha prometido todo su respaldo a la política de Yeltsin. 
¿Es ésta una actitud de fiar? 
Me parece que no. 
Señora Presidenta, en Chechenia ha ocurrido exactamente lo que era muy fácil de prever. 
Sin esperar el anuncio oficial del resultado de las elecciones presidenciales, Yeltsin desmintió su voluntad de encontrar una solución pacífica a la cuestión y ordenó inmediatamente una ofensiva militar que en los últimos días ya ha ocasionado centenares de muertos. 
En pocas horas se han esfumado todas las promesas electorales del Presidente Yeltsin. 
Nos preguntamos cuál es hoy el poder real del Presidente Yeltsin para gobernar a Rusia. 
La referencia hecha por el Sr. Bertens al general Lébed, me parece oportuna. 
Mi Grupo considera que la reanudación unilateral de la ofensiva militar en Chechenia por parte del ejército ruso es incompatible con el espíritu y la letra del acuerdo entre la Unión Europea y la Federación Rusa actualmente en vigor. 
No puede admitirse la aniquilación de todo un pueblo y la desestabilización militar de toda una región, la del Caúcaso, que a causa de la guerra chechena corre el riesgo de estallar de nuevo con todos sus problemas. 
Por ello, pedimos a la Comisión que haga uso de su poder de iniciativa legislativa para proponer la suspensión del acuerdo entre la Unión Europea y Rusia. 
Estimo que ésta es la única presión posible, teniendo en cuenta sobre todo que los Estados Unidos y toda la comunidad internacional ya han condenado la reanudación de la guerra en Chechenia duramente. 
Mi Grupo pide además que no se escatime esfuerzo alguno a fin de que el Presidente Yeltsin ordene la retirada de las tropas rusas de Chechenia, conforme al Decreto del pasado 25 de junio y a los dos alto el fuego firmados por él hace unas semanas durante el período preelectoral. 
Señora Presidenta, doy toda la razón a mi colega, desde un año y medio las tropas rusas bombardean, con muy pocas interrupciones, las poblaciones chechenas y miles de civiles están en fuga sin reconocimiento de su situación y sin derechos. 
Ni siquiera se mencionan las violaciones de los derechos humanos que se producen en los campamentos. 
Los Gobiernos occidentales miran, golpean amistosamente sobre el hombro de Yeltsin y ¡alaban su rumbo democrático! 
Recuerdo la declaración del Consejo tras las elecciones. 
¿Qué democracia es ésta? 
¿Qué cinismo es éste? 
En vez de las esperadas conversaciones de paz, un día después de las elecciones emplea su artillería pesada contra la población civil. 
De este modo destruye la confianza de todos los electores en su país. 
Apenas hay esperanza para un proceso democrático. 
Pero el acuerdo que hemos concluido con Rusia presupone un proceso democrático y el respeto de los derechos humanos. 
Recuerdo a la Comisión que éste fue el fundamento para aplicación del Acuerdo interino; dijo que con este Acuerdo podríamos ejercer mucha más influencia, pero tal como veo, no pasa nada en absoluto. 
Quiero preguntar aquí a la Comisión si va a proponer al Consejo que se suspenda el Acuerdo interino. 
¿Va a abogar para que intervenga una comisión de arbitraje según las cláusulas del Acuerdo interino? 
¿Tiene la Comisión una idea de qué modo quiere dar pasos concretos contra el Gobierno ruso? 
¿O acepta la Comisión estos ataques contra la población civil en el norte del Caúcaso? 
¿Va a seguir mirando? 
Deseo que se me responda muy concretamente a estas preguntas, pues en el Parlamento tenemos la tarea de apoyar en este país a las fuerzas democráticas que cada día se debilitan más. 
Esperamos que las madres de los soldados puedan apoyar a los grupos de paz, pues son la esperanza para este país. 
Señora Presidenta, lamentablemente no es la primera vez que el Parlamento Europeo tiene que ocuparse de la guerra de Chechenia en el marco de un debate de urgencia. 
Tras el comienzo de las negociaciones y las promesas del Presidente Yeltsin durante la campaña electoral, todos teníamos la esperanza de que este sangriento y doloroso conflicto finalizase mediante una solución política y comenzasen unas negociaciones reales de paz. 
El pueblo ruso así lo quiere al igual que el pueblo checheno. 
Desgraciadamente el principio esperanza ha sido de corta duración. 
Surge cada vez más la impresión de que las vacías promesas eran solamente parte de una campaña electoral fríamente calculada. 
Algo así es cínico y menosprecia la dignidad humana. 
El Parlamento Europeo no puede ni va a callar ante un comportamiento de este tipo. 
Naturalmente, también sabemos que por parte chechena hay suficientes grupos cuya disposición a la violencia no se debe desafiar durante mucho tiempo. 
Pero esto no disculpa el comportamiento de los soldados rusos que disparan y destruyen los pueblos chechenos siendo de nuevo la principal víctima la población civil. 
La Unión Europea ha apoyado política y materialmente al Presidente Yeltsin durante la campaña electoral. 
Se trató de un voto de confianza que ahora tiene que justificarse. 
Nuestro mensaje al Presidente y a los políticos rusos es muy claro: no se puede se acogido en el Consejo de Europa, exigir una ampliación, profundización y cooperación con la Unión Europea y, por otro lado, no finalizar la sangrienta guerra en Chechenia y las permanentes violaciones de los derechos humanos, a pesar de todas las protestas, requerimientos y advertencias. 
El nuevo Gobierno ruso debe responder. 
La gran mayoría del Parlamento Europeo está interesada en una buena e intensa cooperación con Rusia. 
En la Delegación para Rusia estamos realizando un buen trabajo, pero esto no puede hacerse a cualquier precio. 
La cooperación siempre es un asunto bidireccional y cerrar los ojos ante los sangrientos acontecimientos en Chechenia no puede convertirse en un principio de nuestra política. 
No va a existir una solución militar en este conflicto, por lo que, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, insto a todos los afectados para que trabajen por fin seriamente en una solución política que justifique el concepto de negociaciones de paz. 
Señora Presidenta, el drama checheno nos muestra de nuevo claramente qué es lo que se puede esperar de las palabras y promesas de Rusia, en especial de su actual régimen. 
No debemos olvidar lo que Yeltsin anunció en junio en forma de decreto, a saber, que iba a retirar las tropas rusas. 
El general Lébed declaró hasta el día de las elecciones que estaba a favor de la finalización de la guerra de Chechenia y tras la elecciones dijo que lo prometido anteriormente no tenía ninguna importancia para él y que estaba a favor de una solución violenta. 
En breve: en esta guerra de Chechenia se nos ha tomado de nuevo el pelo, al menos a aquellos que han creído en esas declaraciones. 
Yo no me incluyo entre estas personas pues conozco un poco la Historia y sé que con tales palabras no se puede hacer nada y que las ayudas por adelantado solamente tienen un efecto: el de envalentonar a ciertas personalidades para proseguir su gangsterismo. 
Señora Presidenta, finalmente tenemos que ver una cosa: en la era de la descolonización a nivel mundial, Rusia es el último imperio colonial sobre la Tierra. 
Los franceses se encontraban en el África Occidental cuando el primer ruso pasó los Urales hacia el Este para conquistar territorio asiático. 
Lo que está ocurriendo en Chechenia es solamente el inicio de la descolonización de Rusia. 
Por ello, para ser finalmente creíbles, tenemos que pronunciarnos en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos, lo que es válido también para Chechenia, y tenemos que ejercer realmente presión sobre Rusia para que cumpla lo que ha prometido. 
Si se rompe de nuevo la palabra, no debemos envalentonar con ayudas financieras a aquellos que la quiebran. 
Chechenia es para nosotros un desafío histórico. 
Estar a la altura del mismo determinará también nuestro futuro. 
Señor Comisario, me temo que nos repetimos. Pero bueno, creo que en este caso no está de más. 
A quienes confiamos poco en el espíritu democrático del Sr. Yeltsin, ya nos parecía en mayo, con motivo de la firma de los acuerdos, que se trataba de una burda maniobra electoral. 
Desgraciadamente acertamos, porque tan pronto como se conocieron los resultados de las elecciones, comenzaron los bombardeos y, como dicen los compañeros, cientos de civiles han muerto y cientos o miles de civiles vuelven al éxodo. 
A nosotros nos parece que, de una vez por todas- y esto no ocurre sólo con Chechenia, ocurre con Turquía, ocurre con muchos otros países- la Unión Europea ha de utilizar los medios de presión de que dispone en sus acuerdos, gracias a las cláusulas democrática y de defensa de los derechos humanos, para evitar la masacre. 
Hay que decirle a la Unión Europea- e incluyo al Parlamento Europeo- que esa presión es absolutamente necesaria si se quiere acabar con las muertes en Chechenia y si se quiere acabar con la vulneración de los derechos humanos en otros muchos países. 
En este Parlamento somos conscientes de lo que está ocurriendo continuamente con los derechos humanos en otros muchos países. 
Por lo tanto, señor Comisario, lo único que les pedimos es que utilicen su presión para evitar las muertes. 
Señora Presidenta, señorías, he escuchado con mucho interés su debate y he tomado buena nota de sus intervenciones. 
Comparto ampliamente su preocupación y puedo asegurarles que la Comisión está gravemente preocupada por la evolución reciente de la situación en Chechenia. 
La Comisión lamenta que ninguna de las dos partes haya respetado los compromisos alcanzados en el marco de los acuerdos de alto el fuego de los días 21 de mayo y 10 de junio últimos. 
La Comisión está particularmente inquieta ante las dificultades con las que ha topado el grupo de ayuda de la OSCE en Grozni, encargado de una misión de mediación entre las dos partes. 
Además, la Comisión se preocupa de las condiciones de trabajo de la organizaciones de ayuda humanitaria. 
La Unión Europea es, con mucho, el suministrador de ayuda humanitaria más importante en Chechenia. 
Ahora bien, estos equipos de ayuda no pueden acceder libremente y con toda seguridad a todas las regiones chechenas. 
En estrecha unión con los Estados miembros, la Comisión sigue la situación y reafirma con fuerza su inquietud ante la nueva oleada de violencia en Chechenia. 
La Comisión invita a Rusia a respetar los compromisos adquiridos, en particular, con motivo de su adhesión al Consejo de Europa. 
Está persuadida de que el único medio de arreglar las diferencias entre las partes pasa por la negociación y, a este respecto, no debe escatimarse ningún medio para llegar a dicho fin. 
Señora Presidenta, solamente tengo un ruego, que el Sr. Comisario responda a mis preguntas. 
No voy a repetir el texto de la declaración que he hecho en nombre de la Comisión, pero he tomado buena nota de la declaración de la señora diputada y la transmitiré al comisario responsable. 
Ayuda a la reconstrucción de la antigua Yugoslavia (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40247/96) del Sr. Cars relativo a la ayuda a la reconstrucción y la rehabilitación en Bosnia Herzegovina, en Croacia, en la República Federal de Yugoslavia y en la antigua República Yugoslava de Macedonia (COM (96) 123-8256/96- C4-0333/96-96/0096 (CNS) ). 
Señor Presidente, el informe Cars es especialmente importante de cara a la creación de una mejor perspectiva para la antigua Yugoslavia y en particular también para Bosnia Herzegovina. 
Es un informe en el cual se muestra de manera justa y detallada lo que debería suceder y en cuáles circunstancias deberían abordarse las acciones. 
Aprecio especialmente el hecho también de que en el seno de la comisión haya podido aportarse una serie de complementos que sin duda alguna podrán contar con el respaldo de mi grupo, el Grupo Demócrata Cristiano. 
Uno de los puntos que falta aún en dicho documento es el referente a la posición de Voivodina, región que no se menciona en realidad. 
En la comisión abordamos esa cuestión y la enmienda propuesta por nuestro grupo fue formulada de tal manera que estimo que también habrá de obtener el apoyo de Sus Señorías. 
Se trata concretamente de la necesidad de respetar los derechos culturales y políticos de la nacionalidad de Voivodina, debiendo constituir esto también una de las condiciones fijadas para la concesión de ayuda en la región por ejemplo de la República de Serbia, o bien de la pequeña Yugoslavia. 
La reconstrucción se halla ligada por consiguiente a todo tipo de condiciones y consideraciones políticas. 
No se trata sin embargo de un pasatiempo político o de una vía de acceso destinada a forzar a la población local a adoptar una dirección determinada. 
Al recorrer por ejemplo la región de Bañaluca, en la cual nada ha sido destruido, se observa que la reconstrucción debe limitarse al caso de mezquitas o de templos católicos. 
La reconstrucción de éstos resulta de utilidad suponiendo que regresen los refugiados correspondientes. 
Por consiguiente, las cuestiones se interpenetran, las consideraciones políticas y las necesidades de orden práctico. 
Resulta pues sumamente importante que distingamos aquellos sitios en los cuales es verdaderamente necesaria la reconstrucción y aquéllos en que, de hecho, los daños son menores. Esto es válido igualmente en el caso de la relación entre Mostar Oriental y Occidental. 
Es totalmente absurdo invertir fondos en éste último en el cual prácticamente no se han registrado destrucciones; por el contrario, Mostar Oriental fue completamente arrasado, es decir que en una actitud enteramente realista debemos limitar la reconstrucción en particular a éste. 
Y también en las actividades en las que se esté obligado a colaborar a través de las fronteras étnicas. 
En el valle del Neredva existe igualmente una gran cantidad de pueblos esencialmente destruidos; la reconstrucción de los mismos deberá estar ligada directamente, repito, al regreso de los refugiados. 
El informe Cars aborda una importante cuestión relacionada con el control de la administración. 
Cabe lamentar muy especialmente que el artículo 12 sea presentado por el Consejo como una posibilidad de someter completamente bajo tutela a la Comisión. Se trata de algo ante lo cual en realidad todo parlamentario debe reaccionar. 
Me parece también sumante importante que el artículo 12 sea modificado a la voluntad del Parlamento. 
No es nuestro deseo que nuestras competencias de control nos sean despojadas por una banda de sátrapas temerosos de la trasparencia, empeñados únicamente en la creación de una burocracia complementaria entre la Comisión y el trabajo efectivo. 
Esto constituye para mí un importantísimo punto y espero que la Comisión, y por extensión el Consejo, accedan a modificar este artículo a fin de preservar intacto el control parlamentario. 
Señor Presidente, tras los pronunciamientos políticos referentes a la modalidad que deberá darse a la ayuda a la antigua Yugoslavia es ya hora de hablar del reglamento en base al cual podrá prestarse dicha ayuda. Es ya tiempo de ponerlo en ejecución. 
Es de lamentar en alto grado el retraso de seis meses causado por el Consejo y la Comisión. 
Queda justificado pues que la práctica absurda del Consejo de complicar los procedimientos a través de la instauración de un comité de reglamentación sea rechazada por el ponente, teniendo razón también el Sr. Oostlander en lo expresado a ese respecto. 
Felicito al Sr. Cars, que debía estar sentado a mi lado, pero seguramente está ocupado en otro sitio, por su atención y sus nuevas ideas. 
Me parece importante que este reglamento tome también en consideración el carácter condicional al que tanto nos hemos referido en esta Asamblea. 
No deberá desatenderse ninguna señal a fin de que las partes interesadas pongan en cabal ejecución los acuerdos de Dayton. 
Respaldo también con entusiasmo la idea del ponente de brindar a los países del PHARE de suscribir a las ofertas de licitación en el marco de los fondos disponibles. 
Habida cuenta que una parte de los fondos destinados a Yugoslavia provienen del programa PHARE, me parece acertado que los países de Europa Central y Oriental puedan postular para las misiones en la antigua Yugoslavia. Esto redundará en cierta forma en beneficio de todos. 
Para concluir hago un llamamiento a las instituciones de la Unión para que pongan en vigor lo antes posible este reglamento. 
Las temporadas de construcción y de siembra comienzan en Bosnia y además de ello reviste la mayor importancia que los ciudadanos de esa antigua parte de Yugoslavia vean progresos concretos antes de la celebración de las elecciones del próximo septiembre. 
Señor Presidente, colegas, la ayuda para la reconstrucción a favor de la antigua Yugoslavia deberá responder a dos criterios distintos: rapidez y eficiencia. 
La triste realidad es tener que comprobar que éste no ha sido precisamente el caso. 
Tal como ha sido expresado por diversos colegas, los fondos se hallan disponibles desde enero pasado, pero hasta el momento ha sido imposible conceder la menor cantidad. 
Se trata sencillamente de algo escandaloso. 
A nuestro juicio, en su forma actual el reglamento da amplia prioridad a un programa de ayuda de gestión centralizada, mientras que este tipo de estructuras centrales no funcionan absolutamente en la antigua Yugoslavia. 
A ese respecto abogamos calurosamente, al igual que la Comisión de Presupuestos, por la posibilidad de instaurar modalidades de ayuda regional y local, evidentemente con las garantías necesarias en lo referente al respeto de la condicionalidad. 
El Grupo de los Verdes de este Parlamento ha presentado pues de nuevo las enmiendas de la Comisión de Presupuestos en la esperanza de que cuenten ahora con el respaldo del Pleno. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, la propuesta de la Comisión llega naturalmente muy tarde. 
Hay algo de cierto en la burocracia de Bruselas. 
Me temo que estos retrasos van a proseguir también in situ. 
Se podría haber marcado el camino correcto para la reconstrucción en BosniaHerzegovina y en Croacia mediante estas ayudas si se hubiesen cumplido realmente las condiciones exigidas por el Parlamento. 
Entre ellas se incluye que los refugiados puedan regresar y que se establezca la libertad de movimientos en Bosnia-Herzegovina, lo que tendría que haber ocurrido ya hasta finales de mayo. 
Si el antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia y actual Embajador ante la ONU puede viajar a Banja Luka al cabo de tres años solamente bajo la protección de diputados europeos ¿cómo se podrá mover libremente el ciudadano normal en este país? 
¿Cómo se comportan nuestras autoridades de la UE in situ en caso de contravenciones? 
Me pregunto si a pesar de ello apoyan proyectos cuya utilidad repercute solamente, en el mejor de los casos, en favor una parte de la población o si se queda totalmente en los bolsillos de los beneficiarios de la guerra. 
Si nos tomamos en serio nuestros principios y condiciones, en todos los lugares donde hay casas destruidas debemos poder imponer a las autoridades locales que permitan regresar a sus propietarios y ayudar a continuación a éstos financieramente para que las reconstruyan. 
Para lograr un comportamiento de este tipo por parte de las autoridades locales, se podrían entonces financiar adicionalmente proyectos locales de carácter económico o escolar. 
De este modo, nuestros fondos fiscales se podrían emplear de modo muy efectivo y alcanzar los máximos efectos. 
Estas ayudas in situ podrían favorecer el retorno de refugiados que se encuentran en nuestros países, lo que supondría también una desgravación financiera para nuestros Municipios. 
El erróneo enfoque que se puede ver con mucha frecuencia entre los altos representantes, consistente en dar a todos por igual y cerrar los ojos ante las graves violaciones del Acuerdo de Dayton, no me permite tener muchas esperanzas en que podamos lograr que se hagan realidad nuestras ideas. 
Señor Presidente, señorías, el reglamento estudiado hoy, y sometido al dictamen de su Asamblea, aporta una contribución importante al esfuerzo de reconstrucción desplegado en el marco del proceso de paz. 
Para consolidar la paz, es preciso borrar los efectos de la guerra. 
Por lo tanto, resulta indispensable la reconstrucción cuyo objeto es también promover la reconciliación. 
En el mes de enero pasado, se inició el esfuerzo de reconstrucción con el programa de ayuda esencial, financiado con créditos PHARE. 
En 1996, se dedicarán alrededor de 125 millones de ecus a este esfuerzo. 
Los programas comunitarios conciernen a todos los sectores prioritarios: vivienda, empleo, transporte, energía, traída de aguas, telecomunicaciones y cuidados sanitarios. 
Se concede una gran prioridad al retorno de los refugiados. 
La aprobación del reglamento presentado en la actualidad debe dotar a la Unión de los medios suplementarios necesarios para su acción. 
A iniciativa de su Asamblea, se han creado tres líneas presupuestarias, con una asignación total de 92 millones de ecus. 
Habida cuenta del carácter urgente del esfuerzo de reconstrucción, se podrá comprometer ya una primera partida de 27 millones de ecus. 
Mientras tanto, se han definido proyectos por valor del importe restante. 
La línea presupuestaria «ayuda a los refugiados» dotada con 30 millones de ecus, se destinará lo antes posible, previa consulta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y los Estados miembros. 
Por lo que respecta a las enmiendas propuestas, deseo hacer las observaciones siguientes. 
En primer lugar, la Comisión comparte la voluntad de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, de llevar a buen término el procedimiento de consulta, en el tiempo más breve posible, a fin de asegurar un establecimiento rápido de la ayuda a la reconstrucción. 
A este respecto, la Comisión suscribe totalmente la enmienda 17 que permite extender las licitaciones y los mercados a los países beneficiarios del programa PHARE, como ya ocurrió con el programa TACIS. 
La Comisión está asimismo a favor de las enmiendas relativas a la duración de aplicación del reglamento: enmienda 6; la transparencia de su aplicación: enmienda 7; las condiciones de concesión de la ayuda: enmienda 10, que responden además, a la propuesta inicial de la Comisión. Está asimismo a favor del principio de descentralización expresado en la primera parte de la enmienda 14, de la información periódica del Parlamento, por supuesto: enmienda 21; y de la comitología: enmienda 19. 
La Comisión está asimismo en condiciones de aceptar el principio de la inserción de una cláusula especial de suspensión en caso de que no se respeten las condiciones de concesión de la ayuda: es la enmienda 11. 
Sin embargo, estima que el procedimiento propuesto es lento y probablemente poco aplicable. 
Deseando reservar el papel del Parlamento en este ámbito, la Comisión tienen la intención de hacer una declaración ante el Consejo relativa a la información rápida de su Asamblea de acuerdo con un procedimiento idéntico al convenido para la cooperación financiera con Turquía. 
Por el contrario, la Comisión no puede adherirse a una nueva fórmula presupuestaria- es la enmienda 9prefiere atenerse a la fórmula tradicional y clásica del diálogo tripartito ni tampoco puede adherirse a una exoneración general de los impuestos y derechos aduaneros, enmienda 16, que plantearía otros problemas. 
La mención adicional relativa a los elementos de control y de evaluación- es la enmienda 20- tampoco nos parece necesaria. 
Por último, y con ello termino, la Comisión toma nota de las consideraciones realizadas en relación con el proceso político de la ex Yugoslavia. Se trata de las enmiendas 1 a 5, 8, 12 y 13. 
La Comisión estima, sin embargo, que estos elementos se han tomado lo bastante en consideración en el reglamento propiamente dicho y en las numerosas declaraciones de la Unión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el viernes a las 9.00 horas. 
Peticiones en el ejercicio parlamentario 1995-1996 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0191/96) del Sr. Gutiérrez Díaz, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones en el ejercicio parlamentario 1995-1996. 
Señor Presidente, presento ante esta Asamblea el informe sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo correspondiente al período que abarca desde el 14 de marzo de 1995 al 11 de marzo de 1996. 
Este informe expone el trabajo continuado, no del conjunto de la comisión- no sería justo decirlo así -, pero sí de un núcleo activo, constante, con una tarea de seguimiento, rigor- y, yo diría, de servicio- presidida con autoridad y, al mismo tiempo, con rigor por el Sr. Newman. 
Señor Presidente, la Comisión de Peticiones es uno de los órganos de la Unión Europea que más nos permite acercarnos a los ciudadanos europeos. 
En este momento en que estamos en el período de examen de los Tratados de la Unión mediante la Conferencia Intergubernamental, y en que una de las grandes preocupaciones es la de la concepción de la ciudadanía europea, la práctica del derecho de petición es una de las claras expresiones de la condición de ciudadano europeo. 
Esto lo hemos podido comprobar en nuestro trabajo, al contemplar el número de ciudadanos que se acercan al Parlamento para manifestar sus quejas, sus preocupaciones, sus denuncias. 
Aunque este número es todavía modesto, quiero recordar aquí que hemos recibido en el último año que estamos examinando 1.169 peticiones, de las cuales se declararon admisibles poco más de seiscientas; sin embargo, si se tiene en cuenta que muchas de estas peticiones ya vienen firmadas por un número importante de ciudadanos- son peticiones colectivas -, más de 700.000 ciudadanos han expresado su confianza en nuestro Parlamento para exponer sus quejas, para pedir su intercesión. 
Por lo tanto, estamos ante una cuestión importante en la que nuestro Parlamento tiene la obligación de actuar con justicia y con celeridad. 
Y, aquí, vendría la primera cuestión: a menudo, la Comisión de Peticiones- a través de su presidente, el Sr. Newman -, se tiene que dirigir a otras comisiones o delegaciones de este Parlamento para darles a conocer el contenido de las peticiones y, al mismo tiempo, para solicitar su apoyo, su información y su opinión. 
En este sentido, debo subrayar la necesidad de que todas las comisiones y delegaciones acojan con la importancia que tienen las solicitudes que le plantea la Comisión de Peticiones porque es una forma, efectivamente, de responder a la confianza que nos otorgan los ciudadanos. 
En efecto, estas peticiones nos permiten tener una idea de qué es lo que preocupa a los ciudadanos europeos sobre la legislación europea. 
Pero no solo esto. 
También nos permiten ver qué vacíos tiene la legislación europea, en función de aquellas peticiones a las que no podemos responder porque no tenemos base jurídica, pero ante las cuales pensamos que, efectivamente, es necesario crear legislación europea para poder responder a las mismas. 
Señor Presidente, la problemática es más importante cuando nuestra colaboración se hace con la Comisión Europea. Efectivamente, de la Comisión Europea dependemos en gran parte para que nuestra comisión responda a la colaboración. 
Una colaboración que a veces se hace lenta y difícil. Y se hace más lenta y difícil por la falta de colaboración de los Gobiernos de los Estados frente a los cuales a veces la Comisión, señor Comisario, es excesivamente indulgente. 
Una y otra vez se resiste a incoar procedimientos por incumplimiento de las Directivas europeas. 
Señor Presidente, yo creo que es importante que la Comisión sea consciente de la importancia del trabajo que se realiza en la Comisión de Peticiones, que ahora se ha visto reforzada, señor Presidente, gracias a la colaboración del Defensor del Pueblo europeo. 
Por último, señor Presidente, se han presentado cinco enmiendas al informe. Las cinco enmiendas son de miembros muy cualificados de la Comisión de Peticiones. 
Y tengo que decir que siento que no haya sido en el seno de la Comisión de Peticiones donde se hayan presentado. Esto nos hubiera permitido reflexionar sobre ellas e, incluso, mejorar el texto. 
En todo caso, señor Presidente, permítame que diga para terminar que estoy de acuerdo con la número 1, con una modificación verbal que, mediante enmienda oral, propondré en el momento de la votación. 
Pero estoy de acuerdo con casi todas las demás, en especial con la número 4 del Sr. Santini, importante para hacer llegar la información a los ciudadanos. 
La última, sin embargo la nº 5 del Sr. Santini, no la puedo aceptar porque entiendo que se interpretaría como una limitación al principio del derecho... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión de Peticiones es el gremio del Parlamento que mantiene el contacto directo con las ciudadanas y ciudadanos de la Unión. 
Pero para muchas y muchos de los peticionarios es incomprensible que pase tanto tiempo hasta que se traten sus asuntos o se llegue a una solución. 
Esto se debe a tres problemas básicos a los que nos referimos año tras año y que hasta hoy no se han podido solucionar de modo satisfactorio. 
Primero: el número creciente de peticiones desde hace años hace cada vez más difícil que la Secretaría de la comisión pueda atender el trabajo. 
Segundo: una vez que se declara admitida una petición se solicita información de la Comisión. 
Entretanto, entra cada vez más frecuentemente en contacto directo con los peticionarios y acorta así el engorroso camino a través de las representaciones nacionales. 
Pero si se trata de infracciones evidentes de los Estados miembros contra el derecho comunitario, vacila demasiado tiempo hasta que inicia un procedimiento de violación del Tratado. 
Tercero: el Consejo se atiene en casos excepcionales al Acuerdo Interinstitucional que manda «proporcionar información con rapidez». 
Mediante una táctica dilatoria se intenta ocultar y retrasar las cosas. 
Si la comisión intenta acelerar el asunto por propia iniciativa, es decir, accediendo a la documentación, la correspondencia con el Consejo se declara asunto confidencial y se niega el acceso a la misma. 
Por ello, el punto nº 7 del informe está formulado de un modo demasiado suave, pues las diputadas y diputados experimentamos en nuestras propias carnes la irritación por el trato burocrático o los retrasos. 
Espero que en el futuro encontremos un modo para que la Comisión y el Consejo tramiten más eficazmente las peticiones. 
Pero quien haya leído todo el informe habrá podido comprobar que en muchos casos se ha podido ayudar a las peticionarias y peticionarios en sus derechos. 
Estas peticiones concluidas con éxito nos alientan a los miembros de la Comisión de Peticiones a seguir defendiendo con todas nuestras fuerzas las solicitudes de nuestras conciudadanas y conciudadanos. 
Señor Presidente, durante el ejercicio parlamentario 1995-1996, este Parlamento Europeo recibió un total de 1.169 peticiones. 
La Comisión de Peticiones había tratado, a finales de ese ejercicio, 823 peticiones. 
Lo sucedido con las mismas queda reflejado de manera notable en el informe del Sr. Gutiérrez Díaz, que constituye un documento digno de lectura. 
Según el informe, nuestros ciudadanos tienen algunas dificultades con el funcionamiento del mercado interior. 
Nuestros ciudadanos se quejan así del mal funcionamiento de la libre circulación de personas, más en particular por ejemplo en la puesta en aplicación del derecho de residencia así como en la equivalencia de diplomas. 
Nuestros ciudadanos han presentado también un elevado número de peticiones relacionadas con la protección del medio ambiente, más en especial con el incumplimiento de la directiva relativa a la evaluación del impacto ambiental. 
Algunas peticiones cuentan con gran número de firmas. 
Citaré el ejemplo de una petición procedente de mi región, la provincia de Limburgo, con 37.000 firmas y referente a la cuestión de la discriminación entre trabajadores fronterizos del Limburgo belga que van a trabajar al Limburgo neerlandés. 
El Tratado de Maastricht ha instituido en efecto la ciudadanía europea. 
Uno de los derechos más concretos del ciudadano europeo es el derecho de presentar una petición ante el Parlamento Europeo o al defensor europeo del pueblo. 
A ese respecto, desearía expresar, en nombre de mi grupo político, tres objeciones. 
En primer lugar, ¿de qué sirve la promulgación de un derecho si sus beneficiarios no son conscientes de su existencia? 
Con otras palabras, ¿de qué sirve el derecho de presentar peticiones si el Parlamento Europeo no ha dado a conocer a todos la existencia del mismo? 
Por estos motivos resulta necesario que los ciudadanos europeos sean informados de manera más seria y más amplia sobre el Articulo 138 D del Tratado. 
Aunque la información y la comunicación no bastan por supuesto si éstas se limitan a la notificación del derecho de presentar peticiones, así sin más. 
Deberán señalarse con claridad también los casos en que pueden presentarse éstas y bajo qué circunstancias. 
Estimo igualmente que es urgente que las oficinas del Parlamento en los Estados miembros procedan a participar en dicha información. 
En segundo lugar, el anunciar y dar a conocer a todos un derecho no tiene sentido alguno cuando el ejercicio de ese derecho se ve entorpecido por falta de medios, tanto de orden material como inmaterial. 
Es decir que las peticiones deberán ser tratadas en plazo razonable y es aquí donde se presentan las dificultades. 
No se trata únicamente de una cuestión de infraestructura y de logística, que por lo demás merecen ser mejoradas, sino que proponemos un aumento de las instalaciones del Secretariado, tanto en materia de personal como de otra infraestructura necesaria. 
Deseamos asimismo que el ciudadano que introduce su petición reciba el mejor tratamiento posible a la misma. 
A tales efectos, proponemos incluso permanecer en la situación tal como se presenta en la actualidad. 
Tenemos hoy aún 500 peticiones en tratamiento y pendientes desde hace más de un año. 
Por este motivo estimo que debemos hallar un mejor momento para nuestras reuniones de manera que podamos reunirnos de manera más eficaz, que no nos reunamos dos veces con las demás comisiones parlamentarias y contemos con la posibilidad de hacerlo el jueves por la tarde y la mañana del viernes, ya que entonces no se hallan reunidas otras comisiones parlamentarias, es decir que debemos tomar en serio al ciudadano, debemos tomar en serio su petición y debemos, en nuestra calidad de Parlamento, obligarnos a eliminar en el mayor grado posible y en breve plazo el atraso existente y, a tales efectos, tomar las medidas necesarias. 
Doy las gracias una vez más al ponente por su excelente informe y espero que el Parlamento suscriba nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, ante todo deseo expresar la opinión favorable del Grupo de los Verdes y mía personal respecto al informe del Sr. Gutiérrez Díaz. 
La actividad de la Comisión de Peticiones, que hasta ahora ha representado uno de las más importantes ocasiones para estrechar los vínculos entre los ciudadanos y el Parlamento Europeo, constituye, junto con el Defensor del Pueblo europeo, un aspecto importante del derecho de ciudadanía de la Unión consagrado en los Tratados. 
Las peticiones recibidas por la comisión nos permiten conocer los problemas de los ciudadanos. En el pasado, por ejemplo, nos permitieron afrontar problemas importantes referidos, sobre todo, al medio ambiente y a la libre circulación. 
Deseo manifestar nuestro pleno acuerdo con las propuestas contenidas en el informe y hacer hincapié en las siguientes necesidades: mayor interacción entre la Comisión de Peticiones y las demás comisiones, siendo necesaria una actividad legislativa ulterior referida a los aspectos más relevantes contenidos en las peticiones; necesidad de una estrecha relación entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo europeo; un mayor compromiso de la Comisión y del Consejo para gestionar los problemas planteados por la Comisión de Peticiones y el contenido de las peticiones dirigidas a esta última; una denuncia de los retrasos y de la escasa colaboración con los Estados miembros a los se refieren las peticiones; por último, la necesidad de tramitar las peticiones de forma rápida y eficaz. 
Señor Presidente, señorías, el año parlamentario 1995-1996 ha estado marcado por el largo procedimiento de elección del Defensor del Pueblo europeo. 
Además, hace algunas semanas, el Sr. Söderman presentó su primer informe de actividad y pudimos constatar una voluntad real de cooperación entre el Defensor del Pueblo europeo, nuevo órgano instituido por el Tratado de Maastricht, y nuestra Comisión de Peticiones, que puede presumir de larga experiencia. 
Esta experiencia nos permite evaluar y apreciar la labor del Defensor del Pueblo europeo. 
Así, el ponente observa una ampliación de los plazos de tratamiento de las peticiones. 
Aun cuando dichos retrasos puedan imputarse en parte a la tardanza del procedimiento de elección del Defensor del Pueblo, sin embargo, conviene estar vigilantes para impedir que el derecho de petición de los ciudadanos no se vea obstaculizado por las dificultades de procedimiento. 
Por consiguiente, permítanme formular una sugerencia relativa a la organización de nuestros trabajos. 
En la medida en que el Defensor del Pueblo europeo ejerza su misión desde Estrasburgo, sede reglamentaria de este órgano, podríamos considerar la posibilidad de hacer las reuniones de nuestra comisión en Estrasburgo, por una parte, para compensar progresivamente una parte del retraso producido y, por otra parte, para dejar constancia simbólica de la estrecha cooperación entre el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo en Estrasburgo, su sede común. 
El informe señala con razón- y yo me limito siempre al ámbito de la organización- la eficacia de la colaboración con la Comisión Europea, que tramita con diligencia y de forma constante las quejas que se le transmiten. 
Es de lamentar que por lo que respecta a los Estados miembros, esta cooperación topa a veces con algunas reticencias, en particular, cuando el demandante considera al Estado miembro de que se trata responsable de una supuesta infracción con arreglo al derecho comunitario. 
Sin embargo, tampoco apoyo el deseo expresado por el ponente de ver a la Comisión perseguir más a los Estados miembros recalcitrantes ante el Tribunal de Justicia utilizando el artículo 169 del Tratado. 
En efecto, es importante para nuestros ciudadanos evitar fases contenciosas, largas y complejas, mientras que, muy a menudo, gracias a la negociación se puede producir una salida favorable. 
En este punto, el Defensor del Pueblo debe desempeñar un papel importante. 
Por lo que respecta al fondo de las peticiones registradas y tratadas, este año, constatamos que se han presentado un gran número de quejas por incumplimientos graves de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. 
Ya saben ustedes que mi grupo se preocupa mucho por la preservación del pleno ejercicio de las soberanías nacionales así como por el estricto respeto del principio de subsidiariedad. 
No obstante, en el ámbito del medio ambiente, es importante que la Unión Europea ejerza una amplia competencia en este ámbito que, por definición, no conoce fronteras. 
Los acontecimientos recientes, como la enfermedad de las vacas locas o la catastrófica situación de los submarinos nucleares de Mourmansk, ilustran muy bien la necesidad de una acción vigorosa y obligatoria en el ámbito europeo. 
Como elegido alsaciano, soy asimismo sensible a los problemas a los que deben enfrentarse los trabajadores fronterizos. 
En efecto, muchos de estos trabajadores sufren un trato discriminatorio, en particular, los que trabajan en Suiza. 
Estaré siempre atento a estas dificultades y espero que, con el tiempo, este tipo de obstáculos encontrará una solución positiva gracias a los acuerdos bilaterales. 
Para terminar, espero que la instauración del Defensor del Pueblo hará aún más eficaz la defensa de los derechos de los ciudadanos. 
Es la manera en que nuestros ciudadanos apreciarán la realidad de la construcción europea que, con frecuencia, resulta, es preciso decirlo, pesada y lejana. 
Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Peticiones quisiera felicitar al ponente, Sr. Gutiérrez Díaz, por nuestro último informe anual. 
El Sr. Gutiérrez Díaz es diputado de este Parlamento desde hace mucho tiempo y es muy activo en toda una serie de esferas, incluida la Comisión de Peticiones. 
Ha presentado este informe con ayuda de mucha experiencia y muchos conocimientos acerca de nuestra labor, las cuestiones planteadas por los peticionarios y la forma en que podemos prestarles ayuda. 
La calidad del informe refleja su experiencia y su dedicación. 
Está muy difundida la idea de que la Unión Europea está demasiado alejada del ciudadano de la calle y por esa razón nuestra Comisión de Peticiones se esfuerza por demoler las barreras, dando a todos los ciudadanos y residentes el derecho a exponer su opinión sobre cualquier cuestión o a presentar cualquier queja que sea de la competencia de la Unión Europea. 
No quiero repetir lo que ya han dicho el ponente y otros oradores durante el debate. 
Se ve con claridad que el tipo de asuntos de que nos ocupamos se refieren a la agricultura, los asuntos sociales de tipo diverso, y las cuestiones aduaneras. 
Hay gran número de peticiones en materia de cuestiones ambientales, que por lo general aducen la infracción de la legislación ambiental de la Comunidad Europea. 
Hay peticiones referentes a cuestiones fiscales, libertad de circulación y reconocimiento de diplomas, acceso a la educación, acceso al trabajo, condiciones de trabajo, permisos de residencia, transferencia de derechos sociales, controles fronterizos para todas las personas que traten o hayan tratado de ejercer sus derechos de libre circulación, sus derechos dentro de la Unión Europea. 
No hace falta decir que tratamos de ayudar a los peticionarios. 
He procurado dar ejemplo ayudando a resolverlos con el apoyo de miembros de la comisión parlamentaria en los últimos tiempos. 
La comisión parlamentaria es una entidad mucho más abierta de lo que era antes. 
Si ahora nos ocupamos de alguna petición a puerta cerrada se trata de una excepción más bien que de la regla. 
La mayor parte de nuestra labor se hace en público. 
Es importantísimo que los servicios exteriores del Parlamento, en particular las oficinas exteriores, se ocupen seriamente de facilitar información, de informar a los ciudadanos y residentes de los Estados miembros acerca de sus derechos de petición. 
En esta esfera no se hace todo lo que se pudiera hacer, y eso es importante. 
En los últimos tiempos algunos diputados de este Parlamento que no forman parte de la comisión parlamentaria se dieron cuenta del papel y de la importancia de la Comisión de Peticiones: cuando su electorado presentaba peticiones, solían encargarse de defenderlas y apreciaban la oportunidad que tenían de hacerlo. 
La última cuestión que plantearé es que nuestro problema principal estriba en los Estados miembros. 
El Defensor del Pueblo se ocupa de las alegaciones de mala administración en las instituciones y los órganos de la Comunidad Europea. 
Nuestras peticiones tratan por lo general de que los Estados miembros no cumplen debidamente las leyes, los reglamentos y las normas de la Comunidad Europea, para detrimento de sus ciudadanos y residentes. 
No obtenemos la cooperación de los Estados miembros. 
Los representantes del Consejo o los Representantes Permanentes no asisten a las reuniones de la comisión parlamentaria. 
Tenemos algún problema con la Comisión, pero nuestros principales problemas en la prestación de asistencia a los ciudadanos de la Unión Europea son causados por los Estados miembros, y esa es una de las razones de que haya retrasos. 
Una de las razones de que las peticiones queden pendientes a veces durante dos o tres años es que una y otra vez las enviamos a los Estados miembros o las recibimos de ellos, sea por conducto de la Comisión, sea directamente, tratando de obtener una respuesta, tratando de obtener asistencia y apoyo para el peticionario. 
La mejor forma de que los ciudadanos obtengan apoyo y de que nosotros obtengamos ayuda en nuestra labor de prestación de asistencia a los ciudadanos sería que los Estados miembros tomaran con mayor seriedad los derechos de petición al Parlamento Europeo, procedimiento en el que han convenido en un acuerdo interinstitucional y en el Tratado de Maastricht. 
Señor Presidente, en el fondo ha sido un medio para comprobar si funciona el instrumento de la petición. 
Yo fui excluido, formulé una petición y héme aquí listo para hablar. 
Es una buena señal para este informe que abre el camino hacia una nueva etapa de esta actividad. 
Ante todo, yo también deseo felicitar al Sr. Gutiérrez Díaz, una persona siempre activa y apasionada en esta comisión que, quizás injustamente, alguien considera, tal vez no de serie B, sino menos interesante que las demás. 
Se siente la sensación de ser útiles. A veces se tramita una petición, se debate y se llega a algo concreto. 
Considero que, si algún ciudadano europeo o incluso algún colega asistiera a los trabajos de esta comisión, encontraría una nueva filosofía para sentirse partícipe en la vida democrática europea. 
En el fondo, el instrumento de la petición representa una garantía para los ciudadanos, es casi una forma de seguro contra las transgresiones que acechan la democracia. 
En un contexto de libertad, de seguridad, de paz y de progreso, diría que la Unión Europea ha encontrado una fórmula acertada para sentir a sus ciudadanos junto y dentro de las Instituciones. 
Es una fórmula que permite, además, eliminar las posibles deficiencias de la justicia comunitaria. 
Pues bien, dicho esto, me pregunto, sin embargo, cuántos ciudadanos conocen esta excelente oportunidad. 
El texto del Tratado en su artículo 138 dice: » Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física y jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado con otros ciudadanos o personas, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación... » , etcétera, etcétera. 
Ahora bien, me pregunto: ¿cuántas personas tienen acceso a los Tratados, cuántas los conocen? 
De ahí, la exigencia de dar a conocer más a los ciudadanos, de forma más práctica y concreta, la existencia de este instrumento y, sobre todo, de las formas, plazos y modalidades para utilizarlo. 
Sin embargo, hay que ser claros respecto al papel que desempeña esta comisión. 
De acuerdo, se trata de una comisión «picapleitos» , sin embargo, no debe alimentar excesivas expectativas e ilusiones en los ciudadanos. 
Hay que indicar claramente los límites dentro de los esta comisión puede y debe actuar. 
Son importantes entonces la colaboración con el Defensor del Pueblo europeo y el trabajo conjunto para contribuir a crear este ámbito de garantía y de seguridad para los ciudadanos. 
De esta forma, existirá una menor dispersión de medios, disminuirá el número de las peticiones que a veces se resuelven con la palabra «improcedente» que, por cierto, no agrada al ciudadano europeo. 
No cabe duda de que esto puede crear cierto desaliento. 
Enhorabuena, por lo tanto, al ponente y al presidente Sr. Newman y a todo los que creen en este órgano, que yo también considero que está destinado a ser tomado en mayor consideración por los ciudadanos. 
Señor Presidente, señorías, el balance realizado cada año por su Asamblea de las peticiones que se le realizan por parte de los ciudadanos europeos es un momento importante de reflexión sobre la relación que existe entre éstos y las instituciones de la Unión Europea. 
Cuando realiza una petición al Parlamento Europeo, el ciudadano de la Unión denuncia una mala aplicación de la legislación comunitaria, pero a través de dicha petición, manifiesta la confianza que deposita en el Parlamento Europeo, junto con las demás instituciones, para poner fin a la injusticia que estima padecer. 
Tratar las peticiones de forma profunda, hacer todo lo posible para satisfacer las demandas de los ciudadanos en el menor tiempo posible es esencial si queremos que la confianza de los ciudadanos no se vea decepcionada y si queremos que el ejercicio de los derechos de la ciudadanía tenga un sentido para ellos en Europa. 
En el momento en que se ha iniciado el debate, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, sobre los medios para acercar más a los ciudadanos a las instituciones de la Unión, hay que preservar y fomentar una relación directa entre el ciudadano y el Parlamento. 
El excelente informe del Sr. Gutiérrez Díaz permite comprobar una vez más que los ciudadanos realizan una gran cantidad de peticiones al Parlamento, y me uno aquí a las numerosas felicitaciones que se han dirigido al ponente y su trabajo. 
Estas peticiones conciernen a ámbitos tan sensibles para nuestros ciudadanos como la seguridad social, el medio ambiente, la fiscalidad, la libre circulación de las personas, el reconocimiento de los diplomas, por citar sólo algunos entre los más principales, por cierto, algunos, pero que conciernen al ciudadano en lo más profundo de sí mismo. 
Garantizar en estos ámbitos el pleno respeto a la legislación comunitaria y reforzarla para ponerla al servicio del ciudadano, son las tareas que la Comisión considera esenciales. 
La Comisión se felicita porque el informe del Sr. Gutiérrez Díaz tiene en cuenta el progreso en la cooperación entre la Comisión de Peticiones y la Comisión Europea. 
La inclusión en el Tratado del derecho de petición fue, para la Comisión Europea, un estímulo suplementario para responder lo más rápidamente posible y de la forma más pertinente, a las demandas del Parlamento Europeo relativas a las peticiones. 
Señor Presidente, ahora, permítame unas palabras sobre el control de la aplicación del derecho comunitario y sobre la información dada por la Comisión Europea a la Comisión de Peticiones. 
Comenzaré por los procedimientos de infracción puesto que esta cuestión se ha suscitado en varias ocasiones en el debate anterior y también, por supuesto, en el informe del Sr. Gutiérrez Díaz. 
El Parlamento, al pronunciarse sobre los informes anuales de la Comisión relativos a la aplicación del derecho comunitario ha reconocido los progresos realizados también en este ámbito, pero ha formulado deseos de los que la Comisión ha tomado buena nota, en particular, por lo que respecta a una mayor rapidez de los procedimientos de infracción: puedo asegurarles que la Comisión dará muestras de la mayor disponibilidad para hacer un esfuerzo suplementario con el fin de acortar los plazos de transmisión de estas comunicaciones a la Comisión de Peticiones. 
Entre las críticas que habitualmente se dirigen a la Comisión, figuran la tardanza de los procedimientos de infracción así como, digamos, la prudencia que manifiesta la Comisión Europea en este terreno, considerada como excesiva. 
Sin embargo, creo que conviene señalar en el asunto que nos ocupa, que la Comisión Europea tiene un poder discrecional en materia de infracciones y que se esfuerza en asegurar la coherencia de su acción en el ejercicio de este poder discrecional. 
La Comisión se esfuerza, además, en mejorar sus procedimientos con el fin de que su acción sea coherente y eficaz. 
En cuanto a la tardanza de estos procedimientos que han citado varias veces sus señorías los diputados, no puedo sino repetir, en nombre de la Comisión, que ésta, en su calidad de guardiana de los tratados, realiza todos los esfuerzos posibles para garantizar el respeto a la aplicación del derecho comunitario, teniendo en cuenta exclusivamente los criterios de objetividad y de derecho. 
Los plazos que los procedimientos de infracción implican reflejan a la vez la complejidad de las materias a tratar, el examen profundo que la Comisión se ve obligada a realizar de los argumentos presentados por los Estados miembros y la constante preocupación por llegar, en lo posible, a lograr la aplicación correcta de la legislación comunitaria, sin necesariamente recurrir al Tribunal de Justicia. 
El Parlamento recibe una información detallada de la acción de la Comisión en este ámbito mediante un informe anual de ésta sobre la aplicación del derecho comunitario, sobre el cual, además, se redacta anualmente un informe muy interesante y constructivo. 
Por lo que respecta a la cuestión de la información de la Comisión de peticiones, desearía subrayar que la Comisión siempre ha dado a ésta una información completa y detallada. 
Le da cuenta, en particular, de los contactos mantenidos con las autoridades nacionales. 
Sin embargo, ello no quiere decir que la Comisión tenga derecho a transmitir documentos confidenciales que emanan de los Estados miembros, sobre todo, en el marco de los procedimientos precontenciosos que tengan relación con la aplicación del derecho comunitario. 
Puedo asegurarles que la Comisión de Peticiones seguirá recibiendo de la Comisión Europea toda la información necesaria para un tratamiento eficaz de las peticiones de los ciudadanos. 
Señor Presidente, hay un problema en el orden de esta reunión y por este motivo he pedido la palabra. 
Se ha tratado de un excelente informe y hemos escuchado una excelente intervención de su ponente así como del Presidente de la Comisión de Peticiones. Hemos escuchado también una excelente intervención por parte del Comisario. 
Pero aquél que queda callado aquí es aquél que es responsable de un fuerte atraso en las tareas de la Comisión de Peticiones que no es otro que el Presidente de la Mesa del Parlamento que también es responsable del Secretariado General. 
Ninguna de las preguntas referentes a un mejoramiento de la situación ha sido hasta ahora contestada, o bien lo ha sido de manera incorrecta. 
Habría apreciado que al responder en esta sesión la Mesa de este Parlamento lo hubiese hecho a todos los argumentos de contenido que aquí han sido expresados con relación a la organización del Parlamento en sí, con relación a la organización del Secretariado, con relación a la inscripción de las peticiones. 
Hay mucho que no funciona en esta casa y no tiene sentido reunirnos de nuevo el año que viene y debatir de nuevo un informe excelente y tener que comprobar que, una vez más, nada ha cambiado. 
Deseaba señalar esto, señor Presidente, y espero que lo transmita usted a la Mesa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el viernes a las 9.00 horas. 
Acuerdo de cooperación científica y técnica con Israel 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0250/96) del Sr. Stockmann, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (96) 0205- C4-0311/96-96/0134 (CNS) ) por la que se celebra el Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, se solicita nuestro dictamen consultivo sobre la decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el estado de Israel. 
El martes, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía dio su asentimiento con gran mayoría y espero- o mejor, recomiendo- que lo hagamos también mañana en el Pleno. 
El Acuerdo eleva a un nuevo nivel la larga y exitosa cooperación entre científicos y centros de investigación israelíes con sus homónimos de la Comunidad Europea. 
Israel puede participar en los programas del cuarto Programa marco excepto en los campos de la seguridad nuclear y de la fusión. 
Los científicos e instituciones de la Unión Europea pueden participar en las actividades de investigación israelíes. 
La aportación financiera de Israel corresponde a las aportaciones de los Estados miembros de la Unión Europea en relación a sus correspondientes productos interiores brutos. 
De este modo, por primera vez un país no europeo tiene una amplia participación en el Programa marco de investigación de la Comunidad, además en una relación basada en el equilibrio y la reciprocidad. 
Quiero subrayar que el Acuerdo radica en interés de la política europea de investigación. 
En la Comunidad y en todo el mundo estamos siendo testigos de una creciente internacionalización, incluso globalización, de la investigación. 
Esta evolución se debe a la lógica de la diferenciación y creciente especialización de la misma investigación y en su creciente necesidad de financiación. 
Al mismo tiempo, tenemos que constatar una decreciente disposición a fomentar la ciencia a nivel nacional. 
Por ello, hoy tenemos que lograr más que nunca unos efectos sinergéticos mejorando la cooperación en la investigación a nivel internacional. 
Israel posee un excelente nivel en una serie de campos de investigación. 
Espero unos nuevos impulsos al intensificar la cooperación, por ejemplo, en el campo de la tecnología de la información, en la compresión de datos y en el procesamiento de imágenes, en la investigación médica, la inmunología, la epidemiología y en la investigación de enfermedades cardiovasculares, por mencionar solamente algunas. 
Espero también unos nuevos impulsos para la biotecnología en los campos de la neurobiología, tratamiento biológico del agua y en el desarrollo tecnológico de instalaciones para lograr energías regenerables. 
El Acuerdo de investigación sigue al Acuerdo Euromediterráneo concluido hace poco con Israel, en el que se regula la cooperación económica y cultural y se institucionaliza un diálogo político regular. 
Con ambos Acuerdos, la Unión Europea quiere realizar también una aportación al desarrollo de la región del Mediterráneo y estabilizar el proceso de paz en el Oriente Medio. 
Nuestro mensaje político es el siguiente: apostamos por la profundización de las relaciones y por la continuidad de la acción política mediante Acuerdos y Tratados vinculantes. 
Esto mismo lo esperamos de nuestros interlocutores, además en todos los sentidos. 
Quiero añadir algunas observaciones dirigidas a la Comisión. 
Primera: en las futuras negociaciones, la Comisión debería respetar los acuerdos existentes del procedimiento Luns-Westerterp y mantenernos continuamente informados sobre el estado de las negociaciones, lo que no ha ocurrido en esta ocasión. 
Segunda: Israel debería ser incluida en la evaluación del cuarto Programa marco de investigación así como en el debate sobre la orientación del quinto Programa marco. 
Tercera: la Comisión de Investigación desea contactos regulares con los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos del Knesset, que es allí competente para la política de investigación. 
Cuarta: para fomentar el proceso de paz y la reconciliación en Israel, se debería alentar en especial a centros de investigación israelíes y palestinos para que participen conjuntamente en licitaciones. 
Quinta: espero una amplia campaña de información sobre las nuevas posibilidades de cooperación en nuestros países. 
La negociación del Tratado sobre las medidas ha durado mucho y ahora esperamos que se aplique rápidamente. 
Señor Presidente, señorías, el excelente informe de nuestro compañero Stockman sobre el acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Unión Europea e Israel explica claramente lo que es este acuerdo y por qué hay que votarlo sin reservas y sin actitudes irracionales. 
Es un buen acuerdo que se inscribe en el marco de una larga negociación entre la Unión e Israel, y que será positivo para los israelíes así como para los europeos, puesto que todos van a beneficiarse de sus esfuerzos respectivos y colectivos. 
Es un acuerdo de asociación importante, cofinanciado por Europa e Israel, en el marco del Cuarto Programa marco de investigación. 
Además, es la primera vez que un país no europeo puede participar en la investigación comunitaria. 
Recíprocamente, Europa tendrá acceso a las investigaciones y al programa de investigación israelí. 
En mi calidad de presidente de la delegación Europa-Israel, me congratulo y apruebo el acuerdo. 
Como socialista francés, votaré a favor sin vacilaciones. 
Como representante del Partido de los Socialistas Europeos, doy el apoyo de mi grupo. 
Sin embargo, ¿cabe ignorar las preguntas de algunos de nuestros compañeros al respecto del proceso de paz tras las últimas elecciones israelíes? 
¡Por supuesto que no! 
Su inquietud, nuestra inquietud es legítima cuando leemos el programa del nuevo Primer ministro, cuando miramos la composición de su Gobierno y cuando escuchamos algunas declaraciones. 
Sin embargo, evidentemente, Europa no tiene que juzgar los resultados de una elección democrática en un país democrático. 
Además, nada autoriza hoy a quien sea a prejuzgar los resultados de unos debates que no hacen sino empezar entre este nuevo Gobierno y sus vecinos. 
Por último, y sobre todo, el mejor medio de ayudar al proceso de paz ¿no es el de aumentar la presencia europea en el Oriente Medio, su asociación con los israelíes, los palestinos y sus vecinos árabes? 
Nuestro acuerdo de cooperación científica se enmarca perfectamente en esta gestión. 
Por lo tanto, es preciso aplicarlo rápidamente, dándole toda su amplitud, asociar al Parlamento Europeo y a la Knesset a través de la delegación parlamentaria Europa-Israel a su seguimiento. 
Es preciso buscar los medios de hacer participar a los palestinos en estos esfuerzos y en sus resultados. 
Por supuesto, la paz se proclama, ¡pero también se vive!. 
Y para hacer que la paz viva es preciso desarrollar entre nosotros todas las asociaciones. 
El acuerdo sobre la investigación para encontrar las condiciones de una vida mejor ¿no es especialmente simbólico hoy? 
Así lo creo, y, sobre todo, pienso que para ello, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Renuevo, pues, mi felicitación al Sr. Stockman e invito a todos nuestros compañeros a que aprueben mañana el acuerdo del 25 de marzo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, permítanme que comience con una cita del Profesor Markel, el Presidente últimamente elegido de la Sociedad Max-Planck, quien escribió sobre las fluctuantes fronteras de Europa: » Es muy importante que, precisamente como representantes de la ciencia y de la investigación, nos distanciemos lo más posible de hablar de Europa de un modo limitado en el espacio, pues, por aportar solamente algunos argumentos, por ejemplo el actual Israel es con toda claridad también europeo». 
En este contexto, en nombre de mi grupo político, saludo expresamente el Acuerdo con Israel que vamos a aprobar. 
Experimentaremos nuevos impulsos para nuestra investigación y nos beneficiaremos de las extraordinarias competencias de los investigadores israelíes. 
El Instituto Weizman es un destacado centro académico que mantiene desde hace años una representación en Bruselas y en Israel existe la correspondiente institución de investigación europea. 
Exceptuando los programas relativos a la fusión y seguridad nuclear participa en todos los programas del cuarto Programa marco. 
Desde ahora, Israel puede participar en las licitaciones de los programas específicos. 
La UE no puede atender una exigencia de Israel y mi grupo político es de la misma opinión al respecto. 
Como no miembro, no puede tener derecho de voto en los comités de los programas. 
Israel podrá tener expertos que podrán emitir sus dictámenes a la hora de seleccionar los proyectos y exponer su opinión en el marco de un comité conjunto, la Comisión de Investigación de la Unión Europea y de Israel. 
Como nos encontramos en los primeros preparativos del quinto Programa marco, Israel tendrá la posibilidad de influir desde el principio sobre la dirección de los programas de modo consultativo y configurar los Acuerdos de cooperación para el futuro. 
Paralelamente a la cooperación, el nivel parlamentario debería mantener contactos de trabajo regulares, en especial las dos comisiones competentes del Knesset y de la UE. 
En el Acuerdo se han introducido normas para la protección de la propiedad intelectual. 
En la práctica se verá si son siempre positivas para ambas partes. 
Como perfeccionamos permanentemente nuestra propia legislación en este campo- pensemos por ejemplo en la muy debatida directiva sobre la patente de seres vivos modificados genéticamente- este punto, es decir, la protección de la propiedad intelectual, se deberá negociar de nuevo en el próximo Acuerdo. 
La Task force «Agua» creada va a ser sin duda de gran interés para Israel. 
Una gestión correcta de los recursos hidráulicos puede contribuir en el área del Mediterráneo, en especial, en el Oriente Medio, a la paz entre los Estados. 
Las experiencias de Israel en este campo, entre otras, en las instalaciones de desalinización, nos ayudarán a poder solucionar de un modo efectivo uno de los mayores problemas del próximo siglo, es decir, el suministro eficaz de agua para la población y contribuir de este modo al bienestar y la paz en toda la región. 
Tras estas observaciones sobre el Acuerdo, quisiera finalizar expresando mi agradecimiento al ponente por la positiva y satisfactoria cooperación y con una nueva cita del Profesor Markel: » Existe realmente, la scientific community del mundo y puede crear una red de relaciones espirituales e interhumanas que se mantiene incluso allí donde las contradicciones nacionales, las divergencias ideológicas, los conflictos entre los países y los intereses económicos opuestos separan sin piedad a la mayoría de las personas». 
Espero de este Acuerdo de investigación no sólo bienestar sino también progresos para la paz y la felicidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, con el presente acuerdo un país no europeo, Israel, tiene por vez primera una participación amplia en el Programa marco comunitario de investigación y desarrollo tecnológico. 
El Acuerdo confiere a Israel un estatuto privilegiado, habida cuenta de que será el único país no europeo que tendrá acceso directo a un programa altamente estratégico de la Unión, sin pertenecer ni tan siquiera al Espacio Económico Europeo. 
Por consiguiente, este acuerdo permitirá a los centros de investigación israelíes participar en condiciones de igualdad con los europeos en las licitaciones en materia de créditos destinados a la investigación por la Unión Europea. 
Ciertamente, conocemos la bondad y la competencia de los centros de investigación israelíes, así como la calidad de los técnicos e investigadores de Israel, país que atrae inversiones y la instalación de centros de alta tecnología incluso de empresas multinacionales privadas. 
Al reconocer a Israel este trato, admitámoslo, excepcional, la Unión Europea ha tenido en cuenta el amplio desarrollo de la investigación en este país, pero sobre todo la importancia política de la asociación en el marco del proceso de paz en Oriente Medio. 
Evidentemente, el proceso de paz es una piedra angular de todo el esfuerzo de cooperación al desarrollo de la Unión Europea en beneficio de los países de la orilla meridional del Mediterráneo, un esfuerzo al que la Unión y este Parlamento, en particular, han ofrecido todo su apoyo. 
Me parece que este Acuerdo debe ser considerado por Israel y por su Gobierno, recientemente elegido, como otro importante activo del proceso de paz y como otro estímulo de la Unión Europea para proseguir el camino, valientemente emprendido, de las buenas relaciones con los países vecinos. 
Señor Presidente, Señorías, la cooperación científica y tecnológica constituye la clave de una mayor innovación. 
Israel posee un grado elevado de investigación científica y de desarrollo tecnológico, pudiendo ofrecer por tanto un valor añadido para la Unión Europea. 
Es claro que una cooperación fructífera exige un interés recíproco. 
Aparentemente es éste el caso entre Israel y la Unión Europea. 
En los campos de la industria y de las PYME la cooperación tecnológica podrá resultar estimulante y abrir nuevos mercados, en particular en lo referente a la sociedad informática en desarrollo y a los multimedia. Esto podrá dar lugar a la creación de empleos. 
El grupo liberal se felicita pues de esta colaboración. 
No obstante, tengo una serie de preguntas que plantear al Sr. Comisario. En primer lugar, en lo tocante al memorando financiero. 
La rúbrica más elevada consiste en los viajes de servicio de los funcionarios y de los especialistas europeos. Estos altos costes inciden sobre el presupuesto de los proyectos específicos del cuarto programa marco y no dejarán de hacerlo a su vez sobre el quinto. 
El Parlamento señala regularmente los altos costes de gestión de los programas. 
Pregunto al Comisario por qué razón estos funcionarios y especialistas viajan en «business class» , ya que también los funcionarios oficiales y científicos neerlandeses lo hacen en «economy class». 
Personalmente, hace dos semanas viajé a Estados Unidos y puedo asegurarle que el vuelo fue tan veloz y seguro como en la «business class». 
En segundo lugar, desearía saber si al establecer el presupuesto se tienen en consideración los costes de traducción al hebreo de todos los formularios, folletos y propuestas de proyectos. Tratándose de un idioma no europeo, los gastos de traducción habrán de representar pues una elevada suma. 
Por último, desearía abordar el tema del procedimiento. 
El acuerdo de cooperación queda establecido por la Comisión y por representantes de Israel. 
Durante las negociaciones ni se consultó ni se informó a este Parlamento, pese a que esta cooperación tiene un impacto sumamente importante sobre el cuarto programa marco. 
Para la toma de decisiones sobre este programa existe no obstante el procedimiento de codecisión con el Parlamento. 
¿Por qué no participó nuestra institución en este proceso ni se le informó siquiera del mismo pese a la existencia de acuerdos resultantes del procedimiento que lleva el nombre de mis ilustres compatriotas Luns y Westerterp? 
Señor Presidente, por lo que respecta al Acuerdo de Cooperación Científica entre la UE e Israel, la cuestión no es simple. 
Se han mencionado los aspectos generales, que son muy positivos. 
Además es excelente que en la investigación que se lleva a cabo en la UE no sólo participen los países de la UE, sino que se abran los ojos al mundo que existe fuera de la Unión- esto es esencial. 
También es correcto que las conclusiones subrayen la importancia de que esto se vea como una ayuda al proceso de pacificación. 
No obstante, me preocupa una parte del contenido del Acuerdo. 
Aunque el Programa para la Investigación sobre la Fusión y la Seguridad Nuclear se ha excluido del Acuerdo, hay que recordar que Israel dispone con toda seguridad de armas nucleares, aunque lo desmienta. 
Por eso es importante procurar que no existan «rendijas» que permitan la actividad investigadora en materia de armamento nuclear. 
En este sentido me permito apuntar que pronto se cumplirán diez años desde el encarcelamiento del científico Vanunu, después de que éste se pronunciara sobre la actividad de investigación nuclear israelí. 
Sería muy correcto por parte de Israel que Vanunu fuera puesto en libertad con la mayor celeridad. 
Algunos de los apartados sobre investigación que se incluyen dentro del IV Programa Marco nos preocupan. 
Se trata de la biotecnología y de la investigación espacial. 
En teoría estas actividades son inocuas, pero pueden muy bien desarrollarse y utilizarse en ámbitos que no son en absoluto de nuestro interés. 
Del mismo modo que no nos interesa que se lleve a cabo una investigación de este carácter en la UE, tampoco queremos que se produzca a través de acuerdos con países de fuera de la UE. 
No tenemos la intención de votar en contra del Acuerdo, pero nos abstendremos. 
Señor Presidente, soy firme partidario de la cooperación de la Unión Europea en materia de investigación. 
Estimo que los que son partidarios de una política que hace de Europa una fortaleza, limitando la cooperación al interior de la Unión, se equivocan. 
Necesitamos recurrir a los mejores investigadores, estén donde estén en el mundo, y naturalmente en Israel. 
Por eso me satisface sobremanera el informe bien preparado por mi colega, el Sr. Stockmann, en el que nos dice que el Gobierno israelí está pagando al programa 100 millones de ecus, que es la tercera parte de su presupuesto total de investigación. 
De hecho, están pagando dinero para participar en este programa. 
Ahora bien, este informe suscita en mí dos preocupaciones diferentes: una de ellas, que ha planteado el Sr. Stockmann, es el hecho de que la Comisión no haya consultado debidamente ni seguido el procedimiento Luns Westerterp. 
Suscité esta cuestión ayer en la comisión parlamentaria y se me dijo que iba a recibir una respuesta de la Comisión por escrito. 
Espero que la Comisión no haya quedado paralizada, y que acabemos por recibir una respuesta esta tarde. 
En segundo lugar, como consecuencia de la falta de claridad en lo que se refiere a las consultas, hay problemas en un par de esferas. 
Por ejemplo, en vista del carácter ultrasecreto del programa de armas nucleares de Israel, que reveló hace diez años Mordechai Vanunu, tengo mis reservas acerca de la participación de Israel en los sectores nucleares de investigación. 
Es cierto que el informe dice que se excluye a la seguridad nuclear y a la energía de fusión, pero eso no abarca a todas las esferas de la investigación nuclear, según lo entiendo, que se llevan a cabo en la Comisión Europea. Soy resuelto partidario del proceso de paz. 
El proceso de paz está navegando actualmente por un mar muy agitado. 
Me alegra, evidentemente, que desarrollemos investigaciones en otras esferas no nucleares de Israel, pero, en mi opinión, sería inadecuado que asignásemos dinero de la Unión Europea a centros de investigación situados en la Ribera Occidental ocupada o como parte de un programa de investigaciones de Israel sin el acuerdo de los palestinos. 
Sería tan apropiado como dar dinero de la Unión Europea a Turquía, para que lo utilice a favor de los turcochipriotas del norte. 
Las cuestiones que he planteado se prestan a la reflexión y espero que la Comisión y el Consejo puedan tranquilizarme acerca de ellas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, este Acuerdo representa tanto para Israel como para la Unión Europea una gran oportunidad. 
Permítanme que destaque dos campos: Israel es puntera a nivel mundial en el sector de la seguridad de los ordenadores y de la lucha contra los virus informáticos. 
También en el sector de la producción de educational software Israel está a la cabeza. 
Varias empresas multinacionales de software tienen centros de investigación y de desarrollo allí. 
Como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, tengo un gran interés en vincular la investigación y la formación así como la formación inicial y permanente. 
La favorable posición de Israel en lo tocante a la educational software, a la que me he referido antes, representa para la Unión Europea un campo ideal para la cooperación. 
Como en ningún otro, se pueden agrupar los aspectos de la investigación y de la formación de un modo muy concreto en este tan importante campo para el futuro de la formación inicial y continuada. 
La Task force Multimedia ADN educational software formada por la Comisión se ha hecho cargo ya de un papel de cooperación en los posibles proyectos en este sector. 
Representantes del Gobierno así como empresas de Israel participan ya en las reuniones del Comité de Telemática de la Comisión de la UE. 
Israel participa también en los preparativos de proyectos conjuntos. 
Independientemente de ello, la Taskforce proyecta iniciar este año Workshops conjuntos. 
El segundo campo es la biotecnología que es también de importancia esencial para Europa y en el que Israel está muy avanzado. 
Para Europa solamente puede ser ventajoso cooperar con Israel, que es especialmente activo, por ejemplo, en los sectores de la producción de semillas o de la biotecnología medioambiental. 
Saludo expresamente la intención del ponente de mantener contactos regulares entre la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y la Comisión de Asuntos Económicos del Knesset que es competente para la investigación. 
De este modo, sería posible acompañar eficientemente la cooperación y realizar una evaluación de los resultados también con el apoyo de STOA del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señorías, en primer lugar, deseo agradecerles, y muy especialmente al Sr. Stockman, la diligencia de la que ha dado pruebas el Parlamento en el estudio de este expediente y su apoyo en favor de la propuesta de la Comisión. 
La celebración de un acuerdo así, de cooperación científica y técnica representa para la Unión Europea una etapa importante en la vía de una cooperación reforzada con Israel. 
A este respecto, en primer lugar, desearía subrayar los tres puntos especialmente importantes. 
Primer punto. Este acuerdo es beneficioso para las dos partes. 
Tal como lo ha explicado su informe, va a permitir a los investigadores y a los ingenieros europeos reforzar sus capacidades y desarrollar sinergias con equipos de excelencia en numerosos ámbitos. 
Paralelamente a la apertura del Cuarto Programa marco de investigación y desarrollo, ofrece a los israelíes el acceso a un volumen, un potencial y a resultados de investigaciones de una enorme importancia. 
Segundo punto. Tal como lo ha subrayado además muy acertadamente el Sr. Stockman, este acuerdo representa la primera asociación de un país no europeo a actividades de investigación de la Unión. 
A este respecto, indica toda la importancia que la Unión concede al refuerzo de sus vínculos recíprocos con Israel, en particular, en el campo de la ciencia y de la tecnología. 
Y añadiré, para tranquilizar a algunos oradores, que la investigación no nuclear, señor Holm, y sólo la investigación no nuclear, está contemplada en este acuerdo. 
Éste tendrá repercusiones industriales y económicas muy importantes. 
Tercer punto. Dicho acuerdo se sitúa en el marco de la nueva política de la Unión Europea para con los países mediterráneos. 
Permítanme que responda a algunas de las preguntas que se han formulado de forma muy inteligente, y de manera pertinente, por parte de varios oradores. 
En primer lugar, por lo que respecta al tema de las informaciones a proporcionar sobre el estado de avance de las negociaciones, me dicen que los servicios de la Comisión pudieron informar ya a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía acerca del desarrollo de las negociaciones con Israel. 
Lo cierto es que puedo comprometerme ante ustedes para que, en el futuro, la Comisión no deje de tener al Parlamento lo más informado posible acerca de las conclusiones de las futuras negociaciones. 
En segundo lugar, por lo que respecta al hecho de alentar a los investigadores israelíes y palestinos a cooperar para participar en licitaciones, puedo asegurarles que los palestinos y los israelíes pueden, desde ahora, participar conjuntamente en el programa de cooperación científica y tecnológica internacional. 
Es la actividad 2 del Cuarto Programa marco comunitario y cuatro grandes ámbitos están abiertos a dichas cooperaciones: los recursos naturales renovables, la agricultura y la agroindustria, la medicina y la salud, y las tecnologías avanzadas como la informática, las biotecnologías, los materiales y la energía. 
La tercera pregunta se refería a la participación de Israel en la evaluación del Cuarto Programa marco que realizarán expertos independientes. 
Tal como prevé el acuerdo, la Comisión podrá llamar a expertos israelíes o a expertos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
El acuerdo de cooperación científica y técnica con Israel llevará poco tiempo en vigor cuando se inicie la preparación del quinto programa marco. 
Por lo tanto, es probable que, en ese momento, sólo dispongamos todavía de pocos resultados de dicha cooperación. 
No obstante, los resultados disponibles se tomarán efectivamente en consideración, por otra parte, al igual que los obtenidos en otros marcos de cooperación, por ejemplo, la actividad 2 del Cuarto Programa marco de investigación. 
La cuarta pregunta se refería a las relaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión y la Knesset. 
No corresponde al representante de la Comisión pronunciarse sobre este punto. 
Señora Plooij-van Gorsel, puedo asegurarle que por lo que respecta a los gastos de este viaje y los gastos de gestión, las normas que se aplicarán son las normalmente aplicables a los funcionarios de la Comisión en todas sus actividades y que no se producirá excepción ni favor alguno. 
Asimismo, puedo tranquilizarle al decir que los costes de traducción al hebreo serán por cuenta de la parte israelí. 
Por lo que respecta a la sexta pregunta, el problema de los territorios ocupados, la franja de Gaza, Cisjordania y la meseta del Golán no se consideran como parte del territorio de Israel. 
Tal es la posición oficial de la Comisión Europea y de la Unión Europea. 
Es asimismo la del Gobierno israelí. 
El acuerdo de cooperación científica y técnica no se aplica, pues, a dichos territorios. 
Creo haber respondido a todas las preguntas que se han realizado. 
Para terminar, premítanme precisar que más allá de la ciencia y de la tecnología, el refuerzo de la cooperación entre la Unión, Israel y los demás terceros países mediterráneos contribuye en efecto a mejorar las relaciones de buena vecindad entre dichos Estados. 
Un acuerdo así representa, pues, una etapa suplementaria en el camino de la paz en esta región del mundo. 
Al igual que su ponente, deseo también ver el desarrollo de las relaciones científicas y técnicas entre los propios países mediterráneos. 
Sólo las cooperaciones así permitirán concretar de forma duradera los esfuerzos en favor de la paz. 
Señor Presidente, he hecho una serie de preguntas al Comisario. Creo que se ha esforzado bastante por tranquilizarme. 
No puedo decir que todas sus respuestas me hayan satisfecho enteramente, pero quisiera felicitarle al menos porque ha hecho algo que es muy poco corriente entre sus colegas: ha procurado responder directamente a las preguntas en vez de leer un texto preparado de antemano. 
Muchas gracias, señor Ford. 
No era exactamente una cuestión de orden, pero creo que, a estas alturas- y como estamos casi en familia -, podemos hacer una interpretación amplia del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.35 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, una cuestión de orden antes de pasar a los nombramientos de la comisión temporal de investigación. 
En el Consejo Europeo de Florencia se alcanzó un acuerdo entre al Comisión y el Gobierno del Reino Unido para poner fin al bloqueo creado por este país con su decisión de no cooperar. 
Como parte de ese acuerdo, el Gobierno del Reino Unido se comprometió a aplicar medidas para atajar la crisis de las «vacas locas» , a partir del 1 de agosto. 
Ahora parece que no va a aplicar dichas medidas hasta, como muy pronto, el próximo mes de octubre. 
Si esto es así, ¿significa que el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo carece de vigencia y, por tanto, ya no será de aplicación? 
En consecuencia, ¿se supone entonces que la Comisión no aportará los fondos adicionales para atajar el problema en toda la Unión Europea? 
En tal caso, ¿no debería la Mesa escribir a la Comisión y al Gobierno del Reino Unido para esclarecer el tema de las ayudas a la industria y a los ganaderos y agricultores afectados por la persistente incapacidad del Gobierno británico para abordar la situación? 
Señor Thomas, la suya no es una intervención referida al Reglamento, sino una evaluación política. 
Votaciones 
Señor Presidente, no quiero hablar sobre el contenido sino sobre la EEB. 
En el debate actual se trata de que la gelatina no es segura. 
Nos gustaría saber de usted... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, sin duda se ha deslizado un error en la información que se le ha proporcionado. 
Yo estoy en contra de la formulación de esta enmienda y se lo he explicado incluso personalmente al Sr. Santini. 
Entiendo el valor que él da a la enmienda pero, en la exposición de motivos- al pie de la página 9 -, están bien explicadas las limitaciones, por lo que me parecería exagerado introducirla en el texto, mediante un procedimiento que creemos expansivo, sin haberla discutido antes en comisión. 
Señor Presidente, después de un intercambio de ideas con el ponente, deseo retirar esta enmienda que quizás fue formulada mal y traducida de forma todavía menos clara. 
Habida cuenta de que el informe, en cambio, es muy coherente y lineal, la retiro a fin de evitar confusiones. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, he votado a favor del excelente informe del colega Cars a pesar de que veo unos gigantescos problemas en el reglamento del Consejo, pues tengo que decir que la reconstrucción en la República Federal de Yugoslavia es absurda pues allí no se ha destruido nada y solamente han venido grupos importantes de refugiados de Kosovo. 
Por ello, soy de la opinión de que no tiene ningún sentido la concesión de esta ayuda a la República Federal de Yugoslavia si no se menciona como condición previa la autonomía de Kosovo. 
Esta condición no debe reflejarse sólo como una débil esperanza sino como una auténtica condición previa. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Ayudas a los productores de determinados cultivos herbáceos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0236/96) del Sr. Gillis, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0285- C4-0351/96-96/0162 (CNS) ) que establece, en lo que respecta a la obligación de retirar tierras de la producción en la campaña de 1997-1998, una excepción en lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 1765/92 por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados productos herbáceos. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, propongo al Parlamento que dé su aprobación para reducir al 5 % el porcentaje de tierras retiradas del cultivo de cereales, fijado actualmente en el 10 por ciento. 
Como sus Señorías saben, la producción de cereales en Europa, así como en las principales zonas productoras de cereales del resto del mundo, ha disminuido considerablemente en los últimos años, debido sobre todo a las condiciones climáticas: la severa sequía del hemisferio sur, por ejemplo. 
En tales circunstancias, mantener el requisito del 10 % no resulta indicado. 
En la actualidad, el elevado precio de los cereales se sitúa en niveles históricos en el mercado mundial y esto provoca serias dificultades a los países más pobres que dependen de la importación de este producto. 
De cara al futuro, deberíamos plantearnos la posibilidad de suprimir la retirada de tierras. 
Pero, de momento, la medida más prudente es reducir el límite al 5 % para el próximo año. 
Agradezco a la Comisión que haya presentado a tiempo esta propuesta dentro del año en curso. 
En un informe similar del año pasado, solicitábamos a la Comisión que presentara una propuesta con la suficiente antelación; hoy, deseo agradecer al Comisario Fischler que haya respondido a nuestra petición a este respecto. 
Paso ahora brevemente a un problema concreto que tenemos en Irlanda en relación con el requisito de la retirada de tierras. 
La aplicación en nuestro país del artículo 9 del Reglamento (CEE) nº 1765/92, relativo a la retirada de tierras de la producción, ha dado como resultado una imprevista y perjudicial reducción en el sector de los cereales. 
De una zona básica nacional de tamaño muy reducido, hemos perdido la producción en 50.000 hectáreas- 125.000 acres, para expresarlo en nuestras unidades de medida -; en otras palabras, una reducción del 19 por ciento. 
La razón es bastante simple: el 50 % de los cereales de Irlanda se produce en tierras arrendadas, y muchos propietarios han dejado de arrendar sus terrenos para dedicarlos a otros usos, por ejemplo, para pastos, reforestación, producción animal y, por supuesto, otras formas de desarrollo. 
De ahí la enmienda que he presentado. 
Quiero señalar a este respecto que esta enmienda fue rechazada en la Comisión de Agricultura. 
La razón por la que la planteo ahora aquí es porque creo que el rechazo fue debido a un error de interpretación, y quería simplemente asegurarme de aclararlo antes de someter a votación este informe. 
Deseo dejar claro- y es importante que esta Asamblea lo entienda así- que no pretendo aumentar el porcentaje dedicado al cultivo de cereales por encima de las zonas básicas regionales y nacionales establecidas en el Reglamento nº 1765/92. 
Pretendo simplemente garantizar que los productores que dependen de tierras arrendadas puedan mantenerse en el sector dentro de cada zona básica acordada. 
Estarán conmigo en que, ante la imperiosa necesidad de empleo y ante la terrible escasez de existencias de grano en la Unión Europea y, sin duda, en todo el mundo, la propuesta de reducir al 5 % el porcentaje de tierras retiradas es más que deseable. 
Asimismo, la enmienda es acertada para esta propuesta. 
Pido por tanto al Parlamento que acepte ambas, tanto la propuesta como la enmienda. 
Señor Presidente, aprovecho el informe Gillis sobre la retirada de tierras de la producción para llamar la atención de todos los diputados, de la Comisión y, ante todo, del Consejo sobre lo siguiente: en 1993, el Consejo y la Comisión elevaron la superficie de base en los nuevos Estados de la República Federal de Alemania en 180.000 hectáreas de modo permanente y en 150.000 a plazo limitado. 
A ello había precedido una desastrosa evolución de la industria transformadora y de las gigantescas superficies agrícolas dedicadas a forrajes y a la patata pasándose a grandes cultures. 
A pesar de esta resolución del 93, la mayor superficie de base se sobrepasó claramente ya en la cosecha de 1994. 
Para la cosecha de 1996 hay que contar también con un sobrepasamiento. 
Este proceso se agudizará cuando, tal como está previsto, a partir de 1997 haya que reintegrar en cuatro fases las 150.000 hectáreas de superficie de base mencionadas. 
Como ya hoy en el territorio de los nuevos Estados Federados faltan aproximadamente 160.000 hectáreas, esta superficie de base que falta se elevaría a más de 300.000 hectáreas, lo que equivaldría a un riesgo de sanción del 8 %. 
Esto no es aceptable. 
Es cierto que en ningún otro país miembro se ha podido observar un sobrepasamiento de tal tipo, pero también es cierto que en ningún otro caso se encontraban inmersos en el centro de un proceso de reestructuración tan fundamental en el momento de la determinación de la superficies de base. 
Por ello, solamente se pudo realizar solamente pronósticos sobre la evolución de la agricultura en los nuevos Estados Federados. 
Hoy se revela que una parte de dichos pronósticos no coinciden con la evolución real. 
Ante esta situación, no se puede justificar en el momento actual una reducción de la superficie de base asignada a plazo limitado, lo que ocasionaría en los nuevos Estados Federados un considerable enojo e incomprensión entre los agricultores afectados. 
Por ello, ante el trasfondo de este debate sobre la nueva reducción de la tasa de retirada de tierras de la producción a un 5 %, quiero llamar de nuevo la atención sobre la enmienda que presenté en el período parcial de sesiones de noviembre de 1995 al informe Gillis, en la que exigía la suspensión de la reducción de la superficie de base a plazo limitado de 150.000 hectáreas asignada a los nuevos Estados Federados, concretamente durante dos años. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Gillis el haber hecho todo lo que estuvo a su alcance para elaborar este informe en sólo unos días. 
Ello permite a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural responder favorablemente a la solicitud de urgencia del Consejo. 
Si embargo, señor Comisario, sabemos que siempre tenemos un determinado número de plazos: el presupuesto, los precios, el porcentaje de tierras retiradas, etc. Es así y sería preciso que los servicios de la Comisión tuvieran en cuenta los plazos inherentes al trabajo del Parlamento. 
Necesitamos dos meses como mínimo para hacer ese trabajo, con la máxima celeridad y seriedad requerida. 
Por tanto, es preciso agradecer a nuestro compañero Gillis que permitió recortar este plazo al máximo. 
Permítame también, señor Comisario, agradecérselo de antemano, puesto que estoy seguro que transmitirá nuestra petición a sus servicios. 
En relación con el expediente propiamente dicho, la Comisión propone fijar el porcentaje de retirada de tierras obligatorio al 5 %. 
Este porcentaje es, claro está, el porcentaje mínimo para los agricultores que siempre podrán retirar tierras voluntariamente hasta el 30 %. 
Entonces, señor Comisario, le pido que esté de acuerdo en reducir ese porcentaje al 0 %. 
Los agricultores que quieran poner en barbecho un 30 % siempre podrán hacerlo voluntariamente. 
¿Por qué esta propuesta? 
En primer lugar, la situación de las existencias europeas y del mercado mundial: las condiciones climáticas especialmente difíciles que se experimentan desde hace dos años en las zonas meridionales han disminuido la producción europea; las dificultades económicas de Rusia y el aumento sumamente importante del consumo en China han hecho presión sobre el mercado mundial y, por tanto, sobre los precios mundiales; en el plano europeo, se vio usted obligado a instaurar impuestos a la exportación desde diciembre de 1995; el drástico descenso del consumo de carne bovina debido al problema de la EEB tuvo como consecuencia un aumento en la demanda de aves de corral y de cerdo, actividades que consumen grandes cantidades de cereales; por último, el porcentaje del 0 % de barbecho obligatorio tendría también como consecuencia reducir un poco los costes comunitarios con el fin de poder ayudar a compensar un poco mejor a los productores de carne bovina. 
No debería, señor Comisario, rechazarse el porcentaje cero por razones administrativas, cuando nuestro presupuesto debe orientarse hacia los productores de carne, sin penalizar con ello a los productores de cereales europeos ni, como consecuencia, al conjunto de la producción agroalimentaria. 
En lo que toca a mis compañeros que se inquietan por los biocarburantes, quisiera decirles que ¡habrá suficientes retiradas de tierras voluntarias para cubrir el conjunto de nuestras necesidades actuales! 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no estamos de acuerdo con el informe presentado ni con la dirección propuesta por la Comisión. 
Las existencias de cereales en la UE se han reducido entretanto. 
Este era el objetivo de la política de la Comisión, al menos así se dijo. 
Ahora hemos reducido los stocks. 
Los precios en los mercados mundiales se han elevado porque la UE, entre otras cosas, no ha actuado tan agresivamente en los mercados y también porque existe una demanda mayor. 
Ahora se quieren aumentar las superficies de cultivo de cereales en la UE para producir 8, 5 toneladas más. 
Es decir, que se va a agudizar de nuevo la situación excedentaria. 
Como la Comisión dice, se quiere tener 38 millones de toneladas en los stocks listas para su exportación. Pero no a los precios que se pueden lograr en el mercado mundial sino según la antigua lógica del dumping. 
También está claro que esta reducción del 10 al 5 % -así lo ha calculado la Comisión de Presupuestos- va a costar el primer año 17 millones, en 1996/97 50 millones y en 1998 otros 30 millones, es decir, con dinero de los contribuyentes se colocan en el mercado mundial cereales que no hacen falta y que tampoco tienen que cultivarse. 
Si a pesar de todo esto votamos a favor del informe, solamente lo hacemos porque hemos introducido una enmienda que dice que en las superficies retiradas de la producción se pueden cultivar leguminosas, es decir, forrajes y que éstos se pueden emplear para alimentar a los animales de la propia explotación. 
Los grandes grupos políticos nos han señalizado su aprobación. 
Esto nos permite votar a favor de esta enmienda y del informe ya que en el marco del 30 % de retirada voluntaria de tierras de la explotación se pueden cultivar forrajes. 
Esperamos que la Comisión lo acepte y que en el futuro cultivemos forrajes en dichas superficies que por cierto escasean en la UE. 
Estos forrajes deben cultivarse de un modo ecológico, es decir, logrando un enriquecimiento de nitrógeno mediante leguminosas y trébol y reduciendo la aportación química. 
De este modo, vamos a aprobar esta enmienda con la conciencia algo intranquila y preguntar luego al grupo político antes de la votación si está dispuesto a aceptar nuestra enmienda. 
Espero que lo haga. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, el principio de retirada de tierras, establecido por el Reglamento de 1992, fue concebido como un instrumento flexible de regulación de los mercados. 
Recomienda, en toda lógica, la posibilidad de revisar el porcentaje de retirada de tierras en función de la evolución de la producción del mercado y de las existencias. 
La propuesta de la Comisión que se nos somete hoy, con un porcentaje del 5 % de retirada de tierras, se inscribe en este contexto debido a las existencias tan bajas y a los precios mundiales siempre sostenidos. 
Si bien esta propuesta de la Comisión va en el buen sentido, sin embargo, no va lo suficiente lejos. 
Este sistema, incluso si es eficaz para limitar el exceso de producción, sigue siendo absurda a los ojos de la mayoría de los consumidores y los agricultores y, nosotros, sus representantes políticos, debemos tomar en cuenta las legítimas preocupaciones de nuestros conciudadanos. 
Concretamente, en toda la Unión Europea, esta retirada de tierras entraña la aparición de eriales, cuyo impacto sociopsicológico sigue siendo totalmente desastroso para los agricultores, que no desean ser remunerados por no hacer nada ni contemplar sus tierras yermas. 
La PAC se percibe desde este punto de vista como una perversión y se le juzga mal, vistos los progresos a los que ha dado pauta. 
En efecto, no es porque se ha logrado dominar el volumen de producción que éste ya no puede verse sometido al azar y, por tanto, ser modificado. 
Además, este sistema constituye un freno a las políticas de protección del medio ambiente en el medio rural y a las políticas de mejora de la calidad de los productos ya que, globalmente, con el barbecho, los diversos tipos de contaminación y elementos nocivos progresan proporcionalmente al aumento del rendimiento en las parcelas aún cultivadas. 
Además, este sistema continúa acentuando las dificultades de las pequeñas explotaciones y contribuye así al éxodo rural, especialmente en el sur de Europa. 
Todos estos elementos no coinciden realmente con el sentido de la reforma de la PAC, que, si bien recomienda mejorar la competitividad de la agricultura europea a escala mundial y el ajuste del potencial de producción a las necesidades del mercado, no garantiza realmente la protección del medio ambiente ni el desarrollo de las zonas rurales desfavorecidas. 
Por tanto, es preciso orientarse resueltamente hacia los planes de desarrollo durable de las explotaciones agrícolas centrados en el mantenimiento de los activos agrícolas, elemento estructurante del medio rural y la ordenación del territorio. 
Ello significa familias de agricultores en granjas rentables en un medio rural poblado y activo. 
Significa una retirada de tierras muy limitado y más flexible de las tierras cultivadas para adaptarse a las condiciones del mercado, para recuperar el equilibrio entre la capacidad de exportación y la renta de los agricultores, para no perturbar el surgimiento de nuevas producciones agrícolas que no forman parte de los excedentes de producción. 
Significa una política de cuotas que se base, ante todo, en la limitación de la producción por hectárea para aumentar la calidad de los productos y en la limitación de las ayudas acumulables por activo agrícola para no seguir favoreciendo siempre las concentraciones de tierras agrícolas y producciones intensivas. 
Significa medidas medioambientales de sentido común, estimuladas por ayudas comunitarias nuevas, suficientemente incitadoras, que se traduzcan, en los hechos, en la protección del paisaje rural, de los suelos y las tierras tradicionales. 
Significa, por último, tomar en consideración con una dimensión humanista la relación entre el campesino, su trabajo y su medio. 
Comprenderán, señor Presidente, Señorías, que para marcar nuestra desaprobación del sistema de retirada de tierras actual, propuse, en nombre de mi Grupo, la Coalición Radical Europea, una enmienda del 0 %, que suprimiría el barbecho obligatorio del 5 % de las tierras arables, para reemplazarlo por un sistema flexible de producción de biomasas energéticas y producciones vegetales, únicamente destinadas a la alimentación animal, vinculada más estrechamente a limitaciones medioambientales. 
Este nuevo sistema, que se sustituiría a un barbecho improductivo, permitiría aportar a la agricultura europea esta dimensión de durabilidad que todavía le hace falta, a saber, una producción a más bajo coste que aumente la capacidad productiva a largo plazo. 
Por tanto, no podemos avalar un sistema conservador semejante, que bloquea la evolución hacia una agricultura realmente durable. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, quisiera agradecer al Sr. Gillis, nuestro ponente, por la celeridad que demostró en la redacción de su informe con el fin de que podamos aceptar la urgencia solicitada por el Consejo, y ello, después de haber aprobado su informe en Comisión. 
Como muchos de mis compañeros, señor Comisario, desearía que pida usted a sus servicios tener debidamente en cuenta el tiempo que requiere nuestro Parlamento para poder hacer su trabajo en las mejores condiciones. 
Me permito señalárselo, ya que la propuesta de reglamento que estudiamos ahora es anual, habida cuenta que está destinada a adaptar el porcentaje de tierras retiradas en función del estado de nuestras existencias y la evolución del consumo. 
Nuestro Grupo presentó una enmienda proponiendo un porcentaje cero para la retirada obligatoria de las tierras. 
Antes de explicar las razones por las que propusimos esta enmienda, quiero precisar que este porcentaje cero no pone en tela de juicio el principio de la retirada voluntaria, que puede ascender hasta el 30 %. 
Las justificaciones de nuestra enmienda son sencillas. 
Primeramente, en el plano mundial, las existencias de cereales están a su nivel más bajo: sólo 42 días del consumo mundial y, en el plano europeo, debido a que los países mediterráneos han experimentado desde hace un par de años una sequía excepcional, la producción europea es muy débil. 
Incluso se vio usted obligado, señor Comisario, a crear un impuesto a la exportación de cereales europeos desde, incluso, finales del año pasado. 
El principio mismo del barbecho demuestra con ello sus límites. 
En efecto, mientras se obliga a todos los agricultores a retirar una parte de su superficie de producción, desestabilizamos el principio fundamental de la seguridad alimentaria mundial. 
Puede entenderse el principio de retirada voluntaria, destinado a compensar los diferenciales agronómicos de tierras arables europeas, pero el principio de la retirada obligatoria ha de abolirse. 
Efectivamente, todos los economistas, incluidos los americanos, prevén un alza muy importante de las importaciones chinas de cereales. 
En un plano más coyuntural, las dificultades económicas de Rusia y Ucrania son de tal magnitud que esos países están lejos de poder alcanzar el potencial de su producción. 
Por último, para concluir, la evolución del consumo: la caída del consumo de carne bovina, como consecuencia de los problemas de la EEB, provoca una transferencia del consumo hacia la carne de puerco y las aves de corral. 
Estas dos producciones, me permito recordarlo, son grandes consumidoras de cereales. 
Por último, señor Presidente, quisiera concluir diciéndole que la Unión Europea debe tener una política respetuosa del tejido rural, elemento de equilibrio indispensable de nuestra sociedad europea, sin por ello dejar de preservar el lugar predominante de la agricultura europea en el mundo. 
Señor Presidente, en política, todo es cuestión de saber esperar... 
Durante años, hemos pedido aquí el porcentaje cero y ¡todo el mundo creía que habíamos consumido demasiadas harinas compuestas británicas! 
Ahora bien, los resultados han demostrado que era a nosotros a quienes asistía la razón. 
Nos alegramos, pues, de tener cerca de dos millones de hectáreas adicionales y cerca de ocho millones de toneladas adicionales de producción, esperando que no sea demasiado tarde: ¿se recuperarán las partes de mercado perdidas en el Oriente Medio o en África del Norte? 
Lo que importa, ahora, es aprender la lección para no volver a cometer los mismos errores. 
Primera lección: la obstinación de la Comisión. 
No quiso tener en cuenta el alza súbita de los precios mundiales, ni la especulación en la bolsa de Chicago, donde los fondos de pensión jugaban con los cereales. 
No quiso tener en cuenta la caída de las existencias. 
No quiso tener en cuenta los fenómenos climáticos. 
Porque todo el mundo sabía que en el Pacífico estaba El Niño, que provocaba a la vez sequías y lluvias diluviales y que en América del Norte, incluso en América del Sur, provocaba fenómenos haciendo variar la producción. 
Segunda lección: el error estadístico de la Comisión. 
Se equivocó en factores que eran estructurales- ya hablaba de ello el Sr. de Places: la demografía china, la elevación del nivel de vida chino, el factor climático que acabo de mencionar, el factor político del derrumbamiento de la URSS, que hacían que el consumo de cereales sólo podía aumentar a largo plazo. 
¡Y el que ha cometido una equivocación volverá a equivocarse! 
¿Acaso no cometen ustedes los mismos errores en materia vitícola? 
Con la imposibilidad, esta vez, de echarse para atrás, ¡porque una vez que se corta la viña, queda cortada! 
Tercera lección, para concluir, filosófica, su reflejo: de cara a un problema, siempre es lo estrecho, lo malthusianista, las cuotas, la reducción del tiempo de trabajo con el Sr. Rocard, el barbecho. 
En el fondo, a medida que el mercado se amplía a escala mundial, ustedes se estrechan a nivel mental. 
Su antropología es un poco a la Levi-Strauss: él, es lo crudo y lo cocido, ¡ustedes son lo abierto y lo cerrado! 
Señor Presidente, antes de nada, permítame expresar mi satisfacción porque tengamos sobre la mesa este informe a estas alturas del año. En años anteriores, nos las hemos visto y deseado en alguna sesión del viernes del mes de octubre o de noviembre para conseguir determinar el porcentaje de la retira de tierras. 
Hemos hecho un gran progreso y, de esta forma, nuestros agricultores tendrán tiempo para hacer sus previsiones. 
Quisiera ahora dar las gracias por su informe al Sr. Gillis, quien tiene siempre la sorprendente habilidad de simplificar las cosas. 
Le estamos verdaderamente agradecidos por ello y le felicitamos por su trabajo. 
La retirada de tierras no es una medida popular para una política agrícola, en gran parte porque se trata de una medida demasiado evidente, pero cuando se tiene un sistema de cuotas y un sistema de subsidios, es preciso ponerle un freno a la producción. 
Por ese motivo tenemos un freno a la producción al que denominamos porcentaje de retirada de tierras. 
Personalmente, preferiría que tuviéramos un porcentaje de retirada nulo. 
Me adhiero al criterio de la Comisión a este respecto, pero espero que hagamos lo correcto. 
Me sentiría muy defraudado si más adelante, el próximo año, tuviéramos una escasez de grano alarmante. 
Quisiera referirme a un punto concreto del informe del Sr Gillis: su enmienda relacionada con la situación en Irlanda. 
Hemos debatido ampliamente este asunto en el Grupo socialista y, a nuestro juicio, el Gobierno irlandés, al igual que el gobierno de cualquier otro Estado miembro, ya tiene poder suficiente, de acuerdo con la legislación vigente, para efectuar los cambios que propone el Sr. Gillis. 
Quizá la Comisión podría aclararnos este aspecto al final del debate, porque nos ayudaría a encauzar mejor nuestro voto. 
¿Puedo hacer una observación respecto a la enmienda presentada por los Verdes? 
Nos parece una enmienda acertada porque va directamente al grano. 
Un amigo psiquiatra me ha hecho ver que debe ser muy frustrante para los ganaderos, sobre todo para los del sector del porcino y de las aves de corral, que se les niegue ahora la oportunidad de cultivar ellos mismos el cereal para alimentar a los animales, cuando se trata de una alimentación suplementaria que necesitan con urgencia ante la prohibición de utilizar los piensos procedentes de huesos, que desde hace muchos han sido una dieta tradicional del porcino. 
En mi opinión, la enmienda de los verdes intenta en cierto modo subsanar este problema. 
Les pido que votemos a favor de ella. 
Espero que sigamos progresando y confío, con el resto de esta Asamblea, en que pronto el porcentaje de retirada pase a ser historia. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron para la campaña de 1995/96 un porcentaje unitario de retirada de tierras de la producción del 10 %. 
Este porcentaje es aplicable desde este momento también para el barbecho permanente. 
Ahora se debate sobre la conveniencia de reducir la retirada al 5 % porque las existencias de cereales a nivel mundial han retrocedido y los precios del maíz y del trigo han subido. Creo que necesitamos cereales. 
Al mismo tiempo, saludo que la propuesta se haya presentado con mayor antelación que lo que era usual hasta ahora, pues los agricultores necesitan estos datos para poder planificar sus cultivos. 
Por este motivo, la información en julio es especialmente importante, para que se pueda planificar a tiempo. 
La retirada de tierras de la producción ha mostrado su eficacia para eliminar los excedentes en el mercado y establecer un equilibrio. 
Yo tampoco estoy a favor de unos porcentajes muy elevados de retirada de tierras de la producción, pero sí, estimadas y estimados colegas de Francia, de que cultivemos materias primas regenerables en esas superficies. 
En Alemania cultivamos entretanto casi un 5 % de materias primas regenerables. 
La Naturaleza nos ofrece un gran número de sustancias, hidratos de carbono, aceites, grasas, proteínas, fibras, colorantes y, en especial, componentes que necesita la industria. 
También veo unas buenas posibilidades para los materiales biodegradables y reciclables destinados a embalajes y piezas de interiores de vehículos y en la agricultura la combustión de biomasa sólida para obtener calor y corriente. 
Pero también debería considerarse la utilización de superficies retiradas de la producción para obtener forraje de trébol, si bien con la limitación de que las explotaciones tengan que utilizarlo para su propio ganado. 
Finalmente, deben mencionarse los positivos aspectos medioambientales de las materias primas regenerables, como la neutralidad del dióxido de carbono y la biodegradabilidad como ventajas para la demanda. 
No estoy pues a favor de la retirada de tierras pero sí de que los agricultores produzcan materias primas que va a necesitar en el futuro la economía, pues en breve vamos a tener de nuevo suficientes cereales. Se lo digo con gran seguridad. 
Como mi colega el Sr. Hallam, deseo dar las gracias al Sr. Gillis por su informe y celebrar que estemos adoptando una decisión sobre el porcentaje de la retirada de tierras para determinados cultivos con la suficiente antelación. 
Una de las principales quejas de los agricultores en el pasado ha sido que no les diéramos tiempo suficiente para hacer sus previsiones con racionalidad. 
Celebro también la enmienda por la que se aumentan los cultivos para la alimentación de animales, que pondrá fin a la desaconsejable práctica de alimentar a los rumiantes con restos de animales. 
Considero conveniente reducir del 10 % al 5 % el porcentaje de retirada de tierras en determinadas zonas y espero que pronto se amplíe esta medida a los productores de otros cultivos que experimentan cada día más escasez de producción en todo el mundo. 
Deben contemplarse también los incentivos económicos para que se haga un uso beneficioso de la tierra respecto al medio ambiente, tanto en los terrenos que ya se cosechan como en los que se vayan a cultivar, así como el fomento de la silvicultura cuando sea necesario. 
Señor Presidente, Señorías, quiero en primer lugar dar las gracias al ponente, el Sr. Gillis, por su informe y por la celeridad y eficacia de que ha hecho gala en el cumplimiento de su trabajo. 
También quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo, que dio prioridad a esta propuesta de la Comisión. 
En cuanto el Parlamento haya emitido su dictamen, el Consejo podrá elaborar el correspondiente reglamento. 
De este modo, los agricultores podrán programar mejor sus labores, una vez conozcan todas sus obligaciones respecto a la retirada temporal de tierras para determinados cultivos en el año 1997-1998. 
Todavía es pronto para evaluar la cosecha de cereales de 1996, no sólo dentro de Europa, sino en todo el mundo. 
No obstante, la Comisión considera que la situación del mercado, que se caracteriza por un nivel de reservas inusitadamente bajo, justifica la presentación de su propuesta para reducir sensiblemente el porcentaje de retirada, evitando así que las reservas se sitúen en el mismo nivel alcanzado antes de la regulación. 
La Comisión estima que si se limita la cantidad al 5 % para la cosecha de 1997, se conseguirá el equilibrio necesario entre el nivel de producción previsto y las reservas de cereales. 
La Comisión considera que será posible además restablecer las reservas en un nivel aceptable. 
Si seguimos por este camino, o si redujéramos el porcentaje a cero, aumentaría exageradamente el riesgo de aumentar en exceso las reservas, y me referiré aquí a las enmiendas núms. 2 y 5. 
Por si fuera poco, reducir temporalmente a cero el porcentaje de retirada de las tierras tendría graves consecuencias sobre la supervivencia a largo plazo de determinados productos agrícolas que no están destinados a la alimentación o se relacionan indirectamente con una retirada temporal y obligatoria de tierras de la producción. 
Esta situación no podría ser corregida mediante una ayuda especializada, porque la situación entra en colisión con nuestras obligaciones internacionales. 
En relación con la enmienda nº 1, que tiene por objeto suspender la aplicación de la retirada temporal y extraordinaria de tierras de cultivo, la Comisión está dispuesta a admitir la idea de abandonar temporalmente este tipo de retirada temporal de la agricultura como medio de controlar la producción. 
En lo que respecta a la cuestión de que sea optativa la aplicación del artículo 9 del Reglamento nº 1765/92, relativo a las condiciones de elegibilidad de las tierras para su retirada, la Comisión lamenta no estar de acuerdo. 
De hecho, si aprobásemos la enmienda nº 3, pondríamos en duda uno de los cimientos de la reestructuración de 1992. 
La Comisión no puede sino manifestar su desacuerdo con la enmienda nº 4, cuyo objetivo es permitir la producción de plantas forrajeras leguminosas en las tierras retiradas, para destinarlas exclusivamente a la alimentación animal en la propia producción. 
La razón es que esta excepción también pondría en cuestión el objetivo de retirada temporal de las tierras destinadas al cultivo de herbáceos, objetivo que depende sobre todo de adaptar la oferta y la demanda de los cultivos de regadío. 
Señor Presidente, antes de la votación sobre la resolución legislativa quiero preguntar de nuevo a la Comisión si está dispuesta a aceptar esta enmienda nº 4 después de que la Asamblea, con la aprobación de casi todos los grupos políticos, así lo ha hecho. 
Los motivos que acaba de leernos- pero quizás le pida demasiado ya que no se trata de su campo- no son para mi convincentes, pues en estas superficies se cultivan forrajes, tratándose de materias primas regenerables cuyos productos derivados se pueden emplear para la alimentación animal. 
Así pues, esta argumentación de la Comisión no es convincente, por lo que le ruego de nuevo que recoja esta enmienda antes de votar. 
Señor Graefe zu Baringdorf, me parece que el Comisario ya ha manifestado su opinión. De todos modos, le vuelvo a conceder la palabra. 
Señor Presidente, lo que puedo garantizar a su señoría es que la Comisión estudiará el problema que usted ha planteado y que este Parlamento acaba de adoptar. 
Sin embargo, lo que no podemos hacer en estos momentos es aprobar esa enmienda. 
La razón es que pondría en duda, como ya he dicho antes, el objetivo de la retirada temporal de la producción de tierras cultivables, objetivo que se fundamenta principalmente en la adaptación de la oferta y la demanda de determinados cultivos herbáceos. 
Por estas razones la Comisión no puede admitir hoy esta enmienda. 
No obstante, tomamos nota de la voluntad del Parlamento y naturalmente puedo prometer que nuestro colega el Sr. Fischler y los servicios competentes de la Comisión se ocuparán de ello en el futuro, con toda la buena voluntad que distingue a la Comisión en su cooperación con el Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, por un lado me alegro de que al menos el Parlamento haya aprobado la enmienda nº 4 que dice que es posible el cultivo ecológico de forrajes en las superficies retiradas de la producción. 
Pero quiero explicar porqué nuestro grupo político no ha presentado la solicitud de devolución a la comisión después de que la Comisión no la ha aceptado. 
Creemos que el Parlamento se ha esforzado en comunicar siempre a tiempo a los agricultores los porcentajes de retirada de tierras de la producción antes de la siembra. 
En este caso se ha logrado. 
No queremos que todo esto se retrase aunque somos de la opinión de que esta enmienda es necesaria. 
Confío en la palabra del Comisario quien ha dicho que va a comunicárselo a su colega para que lo examine. 
En la próxima modificación presentaremos de nuevo la enmienda y lucharemos con menos consideraciones si nos dicen que no la aceptan. 
Confiamos en que la Comisión la recoja. 
Por esta causa no hemos insistido ahora, independientemente de que también es cuestionable que hubiésemos obtenido una mayoría para nuestra enmienda. 
Unidad de cuenta y tipos de conversión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0192/96) del Sr. Jacob, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento (CEE) del Consejo (COM (96) 0040- C4-0155/96-96/0037 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3813/92 relativo a la unidad de cuenta y a los tipos de conversión aplicables en el marco de la Política Agrícola Común. 
Señor Presidente, seré muy breve ya que creo que hay dos enmiendas para este informe. 
Simplemente quisiera recordar, como preámbulo, que desde los acuerdos del GATT, como cada uno de nuestros compañeros lo sabe, la preferencia comunitaria se ha burlado en gran medida y se ha retrasado mucho debido a la supresión de derechos variables, transformados en derechos fijos. 
Los únicos dos elementos de preferencia comunitaria que nos quedan realmente, son la política de normalización, con las imperfecciones que se le conocen, especialmente las normas ONU que están cada vez más presentes, más bien que las normas comunitarias, y el pivote monetario. 
Estamos apegados a ese pivote monetario y yo en lo personal quiero que se conserve el tipo de conversión agrícola. 
En efecto, contamos con dos tipos de conversión que plantean dificultades de gestión a la Comisión. 
Lo entiendo bien, ya que es verdad que para algunos productos, dependiendo de la manera en que se clasifiquen, se utilizará un tipo de conversión más que otro. 
Habida cuenta que el tipo de conversión agrícola es superior al 5 % protege mejor el mercado y la propuesta de la Comisión, que comparto ampliamente, es utilizar un tipo único. 
Simplemente, lo que deseo, personalmente, es que se utilice el tipo de conversión agrícola y no el otro tipo porque el tipo de conversión agrícola permite proteger mejor el mercado. 
Confieso estar sorprendido de que la Comisión haya optado por utilizar como tipo único el segundo tipo. El tipo aduanero normal, que es mucho menos protector de nuestro mercado, cuando se sabe muy bien que las fluctuaciones monetarias crean una desestabilización muy importante en los mercados. 
Observen lo que ocurre en los Estados Unidos con el dólar. 
Entre un dólar a 5 francos y un dólar a 10 francos, se puede ver bien hasta dónde puede ir la penetración de nuestro mercado por parte de nuestros competidores. 
Por tanto, la primera de ambas enmiendas propuestas coincide totalmente con la orientación unánime de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Ejecutiva, ya que se dirige a utilizar un tipo único. 
La segunda enmienda, que no obtuvo una mayoría en el seno de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, se dirige a utilizar el tipo de conversión agrícola como tipo de conversión único, más que el tipo aduanero. 
Señor Presidente, estamos abordando uno de esos temas a través de los cuales, creo, nuestros ciudadanos miden nuestra capacidad de adaptar y aplicar las normas de la economía pura a la vida cotidiana. 
Por esta razón, deseo felicitar al Sr. Jacob por la destreza con la que ha sorteado los meandros de este debate. Sin embargo, puesto que no me está escuchando, le felicitaré personalmente, en privado. 
Hasta ahora sabíamos que, según una disposición transitoria en vigor hasta el 30 de junio de este año, se utilizaban dos tipos: el mensual aduanero, conforme al que se aplicaban los tipos anuales y éstos últimos que no reflejaban las continuas desviaciones monetarias. 
Ahora, por el contrario, se utilizan tipos agrícolas para toda una serie de importes que, grosso modo, se refieren a actos basados en el artículo 43 del Tratado, es decir, los amparados en la Política Agraria Común. 
Al conjugarse entre sí con dificultad, estos dos tipos originaron muchas dudas en cuanto a su aplicación, lo que impulsó a la Comisión a elaborar una propuesta para modificar el reglamento básico agro-monetario a fin de paliar los inconvenientes de este doble régimen de conversión, o sea, de convertirlo en más inteligible para los contribuyentes, y para obviar incongruencias desde el punto de vista económico, así como complejos procedimientos legislativos. 
El nuevo sistema propuesto prevé la aplicación del tipo mensual aduanero para todas las importaciones agrarias. 
La propia Comisión considera que la aplicación de sus propuestas supondría una escasa reducción de las preferencias comunitarias. 
Numerosas delegaciones en el Consejo, al no aceptar la reducción de las preferencias comunitarias, pidieron que se estudiara la posibilidad de la utilización generalizada del tipo verde. 
Esto podría suscitar problemas tanto políticos como jurídicos, habida cuenta de que la aplicación generalizada del tipo agrícola a todas las importaciones de productos agrícolas puede conllevar, a su vez, el riesgo de que los socios comerciales de la Unión soliciten nuevas negociaciones a raíz de la protección de las fronteras. 
Esto significaría que la cuestión volvería a plantearse desde el principio. 
Señor Presidente, el informe que nos ocupa sobre la propuesta de Reglamento acerca de la unidad de cuenta y tipos de conversión aplicable en el marco de la Política Agraria Común tiende a simplificar una situación que introducía serias complicaciones. 
No por ser una situación complicada resulta poco frecuente en el contexto de las reglamentaciones relacionadas con la Política Agraria Común y, por ello, cualquier simplificación es de agradecer, pero más tarde explicaré en qué consiste dicha simplificación. 
La situación actual produce incoherencias económicas y genera una complejidad administrativa que produce errores y crea situaciones que no siempre resultan claras jurídicamente. 
Desde este punto de vista, la propuesta de la Comisión presenta varias ventajas por la simplificación que introduce. 
En primer lugar, propiciará una situación que será más segura jurídicamente, y los riesgos de litigio se verán reducidos. 
Por otra, las desviaciones monetarias se verán reducidas, y la experiencia demuestra que estas desviaciones, con el sistema de los tipos aduaneros mensuales, sólo resultan significativas para los Estados miembros que no están dentro del Sistema Monetario Europeo. 
Además, la complejidad administrativa se verá reducida y esto facilitará la gestión de las pequeñas y medianas empresas. 
Como consecuencia, el sistema será más transparente. 
La conjunción de inseguridad jurídica y de complejidad había producido muchos errores y, por ello, también generaba costes económicos. 
No obstante, la propuesta de la Comisión presenta un problema, que reside en la asimilación del tipo de conversión agrícola al tipo aduanero mensual y, dado que este último es por naturaleza inferior al tipo de conversión agrícola, la propuesta de la Comisión induce una reducción de la protección en frontera y, por ello, de la preferencia comunitaria. 
No obstante, hay que tener en cuenta dos cuestiones: por una parte, que el sistema propuesto tiene un ámbito de aplicación general para todos los productos agrícolas. 
Sin embargo, hay importaciones agrarias que son poco significativas para la Unión Europea y, por ello, las más importantes se concentran en un reducido grupo de producciones, lo que plantea problemas para este conjunto de producciones. 
Sin embargo, sería ingenuo pensar que la presente propuesta puede deteriorar más la ya deteriorada preferencia comunitaria europea. 
El verdadero problema reside en la carrera de suscripción de acuerdos preferenciales con terceros países que ha emprendido la Unión Europea. 
La realidad es que la mayor parte de los productos agrícolas, en los que se dan importaciones significativas, disfrutan de un régimen preferencial que limita fuertemente esta incidencia. 
La preferencia comunitaria se está deteriorando, y aquí, señor Presidente, me gustaría recordar que se trata de un principio básico de la Política Agraria Común. 
Pero el problema no reside solamente en los tipos de conversión sino en la conclusión de acuerdos preferenciales. 
El verdadero problema, en este sentido, es que la agricultura está soportando una parte nada despreciable del coste de la política exterior de la Unión Europea, y esta situación es aún más grave en el caso de las frutas y hortalizas, precisamente productos de la región de Murcia- de la que yo soy ciudadano -; estas producciones están más afectadas por la conclusión de acuerdos preferenciales lo que hace que las repercusiones sean importantes para las regiones agrarias mediterráneas. 
En la propuesta de la Comisión aparecen en ocasiones aspectos escandalosos. 
Resulta escandaloso que la Comisión, en su propuesta para la reforma de la organización común de mercado de frutas y hortalizas, haya propuesto que la gestión del mercado sea financiada en parte por los propios agricultores, cuando las importaciones no son ajenas a las congestiones que se están produciendo en estos mercados. 
Por ello, creo que conviene tener en cuenta este tipo de problemas. 
La simplificación en la reglamentación agrícola es deseable siempre que se trate de una verdadera simplificación y aquí, señor Presidente, sí que es una simplificación. 
No es el caso de las ideas comunicadas por la Comisión para la simplificación de la Política Agraria Común, que se traducen en la práctica en el desmantelamiento, la renacionalización y la experimentación con políticas de dudosa eficacia y que aún no han sido ensayadas. 
Señor Presidente, tiempo tendremos de defender el mantenimiento de la preferencia comunitaria o intentar evitar la desaparición de la Política Agraria Común. 
Pero en el caso que nos ocupa, creo que la modificación de los tipos de cambio simplificará y dará transparencia, y sus efectos negativos serán muy escasos. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, el expediente que nos ocupa hoy es especialmente difícil porque es técnico y ha sido confiado a un eminente ponente, el Sr. Christian Jacob. 
Yo soy muy sensible a su argumento y más especialmente a los argumentos relativos a la simplificación administrativa: la coexistencia de dos tipos de conversión, en este caso el tipo aduanero y el tipo de conversión agrícola, plantea problemas de aplicación a las empresas importadoras. 
Nuestro Grupo ha propuesto el sentido de la enmienda 1 y espero que sea aprobado por nuestra Asamblea, ya que conlleva la ventaja de completar la redacción del segundo considerando de la propuesta de reglamento. 
Sin embargo, señor Comisario ¿por qué haber optado por suprimir el TCA en favor del tipo aduanero? 
No entiendo su actitud respecto a este punto. 
En efecto, la diferencia entre ambos tipos es del 5 %. 
¿Por qué haber elegido entonces la solución más desfavorable para la agricultura de la Unión Europea? 
Una vez más, elegimos la solución que merma el privilegio de la preferencia comunitaria. 
La Comisión es la única organización en el plano mundial en privilegiar sistemáticamente las importaciones de países terceros. 
La enmienda 2 que propone nuestro Grupo está destinada a modificar la opción del tipo. 
Decimos sí al tipo de conversión agrícola y no al tipo aduanero. 
En claro, queremos privilegiar el principio de la preferencia. 
Muchos de mis compañeros aquí presentes forman parte de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Muy a menudo, hablan de la preferencia comunitaria, pero creo que a la hora de la votación hacen pasar a la Comisión por encima de los intereses de los agricultores. 
En conclusión, Señorías, mi Grupo les pide que tengan a bien adoptar nuestra enmienda número 2, con el fin de mostrar una vez más a nuestros agricultores que el Parlamento Europeo desea protegerlos. 
Me permito recordarles que la agricultura y el mundo rural en su conjunto constituyen un elemento esencial del equilibrio de nuestra sociedad europea. 
Señor Presidente, claro está que todos aquí somos favorables a una simplificación administrativa para el conjunto de los operadores económicos, pero esta simplificación administrativa no debe servir de pretexto para debilitar voluntariamente aún más el principio de la preferencia comunitaria. 
En el sistema actual, existen dos tipos para calcular los derechos a la importación de productos agrícolas: el tipo aduanero y el tipo de conversión agrícola. 
Me parece lógico desear un sólo tipo, pero ¿por qué optar por el tipo aduanero que, por su estructura, presenta una diferencia nada desdeñable con el tipo de conversión agrícola? 
Por tanto, apoyaré las dos enmiendas que han sido propuestas, ya que tienen como fin la misma simplificación administrativa que la propuesta de la Comisión, pero preservando el principio de la preferencia comunitaria y la equidad entre los Estados miembros. 
Por último, señor Presidente, quiero precisar que la propuesta de la Comisión constituye un precedente grave que lesiona el dispositivo agromonetario europeo. 
Señor Presidente, señorías, ante todo quiero agradecer a la Comisión de Agricultura y al ponente, el Sr. Jacob, el apoyo prestado a la propuesta de la Comisión. 
En el ámbito extraordinariamente complejo de los temas agrícolas y monetarios, pocas veces pueden simplificarse las cosas sin perjudicar intereses importantes. 
Esto se cumple, sin embargo, en el caso que nos ocupa, que supone una importante simplificación administrativa y pone fin a una práctica económica errónea. 
Se trata de utilizar una unidad de cuenta única para convertir a la moneda nacional todas los gastos extraordinarios que ocasiona la importación de productos agrícolas, y que se expresan en ecus. 
De esta forma quedará suprimido el actual sistema doble mediante el cual, y sin ninguna lógica económica, los gastos extraordinarios se convierten basándose en una cualquiera de las unidades de cuenta. 
Sin embargo, por lo general esto conduce a una reducción muy somera de determinados aranceles aduaneros expresados en moneda nacional, y el coste de la medida es insignificante comparado con las oscilaciones debidas a los mercados y que afectan incluso a los fondos de origen agrícola. 
Desde el punto de vista del sistema comunitario de preferencias, esta medida no tiene consecuencias prácticas, puesto que lo poco trascendente de sus repercusiones no puede influir en la decisión de llevar a cabo o no las importaciones. 
Por último, la solución que propone la Comisión no presenta dificultades ni en el plano jurídico ni en el internacional. 
Así, tenemos ahora una oportunidad que no debemos dejar escapar para realizar una simplificación administrativa que los empresarios están esperando y que no perjudica los intereses comunitarios. 
Por otra parte, no debemos olvidar que con esta simplificación evitaremos muchos errores y conflictos jurídicos. 
Sigue planteándose la pregunta de por qué no se generaliza la utilización de los tipos de conversión agrícola, en lugar del tipo aduanero. 
Una solución así no supondría ninguna ventaja para la Comunidad, al igual que la utilización de uno u otro tipo de conversión; antes bien, nuestros socios comerciales podrían considerarla como una provocación que crearía dificultades adicionales con terceros países. 
La segunda, porque reinstaura el sistema vigente y deja así sin objeto la propuesta de la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Prima suplementaria a los productores de carne ovina de Irlanda y de Irlanda del Norte 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0209/96) del Sr. Gillis, en nombre de la Comisión de Agricultura y desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (96) 0152- C4-0315/96-96/0102 (CNS) ) por el que se establece una prima suplementaria pagadera a los productores de ovinos de zonas no desfavorecidas de Irlanda y del Reino Unido en lo que se refiere a Irlanda del Norte. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a todo el mundo su reacción ante el informe sobre el porcentaje de la retirada de tierras. 
Creo que lo hemos tratado con bastante celeridad. 
Siendo hoy viernes por la mañana y con las ganas que tenemos todos de volver a casa, espero que tratemos también con agilidad el presente informe, que es bastante breve. 
En la primavera de 1995, el mercado del ganado ovino se encontraba absolutamente hundido en Irlanda. 
Los precios se habían estancado y los productores fueron víctimas de una marcada caída de los precios, sobre todo en el cordero temprano. 
Estos productores son imprescindibles para el mercado del ovino, puesto que producen carne de cordero fuera de la estación principal y proveen al mercado con un producto de calidad durante todo el año. 
Al eliminar la dependencia de la estación, eliminan la necesidad de almacenamiento y, en definitiva, se basan en una forma natural de producción. 
El cordero temprano nace fuera de temporada, durante los meses de noviembre, diciembre y enero y, por esta razón, su producción es costosa: requiere cereales para la alimentación e instalaciones donde guarecerlo del frío. 
La propuesta que tienen ante ustedes pretende conceder una prima suplementaria de 6, 5 ecus por oveja criada en las tierras bajas, que constituyen la zona no discriminada. 
Señor Presidente, me ha parecido que en la presentación del tema ha dicho usted en las zonas menos desfavorecidas, y se trata en realidad de las zonas no desfavorecidas y la propuesta se limita a un año, es decir, a la primavera de 1995. 
Esta medida afectará aproximadamente a unos 10.000 ganaderos de ovino entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y mitigará algunas de las pérdidas registradas a lo largo de 1995. 
Se espera que esta medida anime a los ganaderos a seguir adelante con este tipo de producción ovina, que garantiza el abastecimiento al mercado durante todo el año con un producto de calidad. 
Esto es algo que hemos intentado estimular en toda Europa desde hace mucho tiempo: romper la dependencia de la producción estacional. 
Es muy importante que el Parlamento apruebe esta propuesta lo antes posible para que pueda pagarse la prima a los ganaderos sin dilación, animándoles así a no interrumpir la producción. 
De lo contrario, volverán a formas de producción más baratas y perderemos las ventajas de este valioso mercado. 
Señor Presidente, deseo manifestar mi valoración sobre la forma en que la Comisión ha presentado esta propuesta. 
Es una medida excepcional para Irlanda e Irlanda del Norte. 
Los agricultores y ganaderos de Irlanda han subrayado siempre que el régimen que se aplica a la carne de ovino no crea unas condiciones equitativas en el conjunto de la Unión Europea. 
Fijamos el precio que debe servir de guía y basamos después la compensación en el precio medio de mercado. 
Pero la Unión es grande e Irlanda es una isla, alejada además de los principales mercados. 
Por tanto, el precio en Irlanda puede ser muy diferente al del resto de la Unión Europea. 
Así ha ocurrido en este caso. 
Se critica a veces duramente el régimen aplicado a la carne de ovino por el coste del kilo de carne producida. 
Hay 70.000 productores de carne de ovino en la Unión Europea, de los cuales el 80 % vive en zonas desfavorecidas en las que no hay muchos más recursos. 
La única alternativa es la ternera procedente de las vacas de leche. 
Si tenemos en cuenta la tasa de sustitución, veremos que, al sustituir cuatro o cinco ovejas por una vaca- que es el equivalente aproximado -, el cultivar pastos para vacas es más costoso y el resultado es un producto del que se registra un excedente de un millón y medio de toneladas. 
En consecuencia, la política aplicada a la carne de ovino es muy acertada. Supone una ayuda para las zonas desfavorecidas tanto del norte como del sur de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, contribuye a reducir la producción de carne de vaca. 
Me satisface la flexibilidad demostrada por la Comisión al elaborar esta propuesta. No viene a incrementar la producción de ninguna forma y supone una cantidad de dinero relativamente pequeña. 
Pone de manifiesto que, a pesar de lo extenso de la Unión Europea, sus instituciones son capaces de atajar los problemas cotidianos. 
Así se refuerza la confianza de los ciudadanos, especialmente los de las zonas periféricas. 
Señor Presidente, quisiera unirme a mis colegas irlandeses en pedir a la Comisión que ayude a mitigar el grave problema que han padecido los productores irlandeses de corderos tempranos. 
Si pretendemos potenciar al máximo el potencial de los recursos agrarios de Europa, tendremos que revalorizar lo más posible los recursos autóctonos de las áreas rurales. 
Ningún otro sector ha sido tan ignorado como el del algodón. 
Hay casi cien millones de ovejas en Europa y todavía no contamos con un sector sostenible del algodón. 
Irlanda es el quinto país del mundo productor de carne de ovino y de algodón. 
Sin embargo, exportamos todo ese algodón sin transformar. 
¿Por qué desaprovechamos este potencial en Europa y dejamos que saquen partido de él Nueva Zelanda y Australia? 
El informe sobre el sector del algodón, que acaba de ser aprobado por este Parlamento, plantea propuestas razonables y viables para un programa estructurado y rentable, con el objetivo de desarrollar dicho sector en la Unión Europea, y el Parlamento debe presionar a la Comisión para que estas propuestas sean aprobadas a tiempo y podamos establecer ese sector sostenible dentro de la Comunidad Europea. 
Señor Presidente, los verdes campos de Irlanda causaron un gran impacto en este diputado finlandés cuando hace poco tiempo visitó Cork y la región circundante. 
Comprendí la importancia de la agricultura y de la producción de carne ovina para los irlandeses y para la agricultura de Irlanda. 
Comparto la opinión del ponente, Sr. Gillis, y de la Comisión de Agricultura en el sentido de que debe indemnizarse justamente una catástrofe como la que ha afectado a los criadores de ganado ovino a raíz de una brusca modificación de precios. 
De lo contrario, se pondrá en peligro la continuidad de la producción tradicional y, para mí, al menos, sería difícil imaginarme una Irlanda sin una ganadería ovina importante. 
La situación de Irlanda y el informe del Sr. Gillis obligan directamente a establecer comparaciones entre la ganadería ovina en las diferentes regiones periféricas de la Unión Europea y, en particular, en las diferentes regiones desfavorecidas de la Unión. 
Resulta bastante difícil entender las directrices agrícolas del Consejo en lo que respecta a la producción de carne ovina. 
Mientras, por un lado, examina, como debe ser, la ayuda complementaria a la producción ovina de Irlanda, su política parece encaminada a lograr el hundimiento de la cría de ganado ovino y, concretamente, a acabar con la de Finlandia. 
Hasta este momento, Finlandia no había sido autosuficiente en lo que respecta a la carne de ovino, pero ahora, con el hundimiento de la productividad, la lana, por ejemplo, ya va a resultar gratis. 
Resulta evidente que la ganadería ovina en Finlandia necesita urgentemente la adopción de medidas especiales que garanticen su continuidad. 
Lamentablemente, la ganadería ovina constituye sólo un ejemplo de que la política agrícola común no se ha aplicado de manera correcta en la zona más septentrional de la Unión, al norte de Estocolmo y de Helsinki. 
El sur de Finlandia, con los campos más limpios de la Unión y tradicionalmente dedicados a la agricultura, se encuentra amenazado porque los agricultores se ven obligados a abandonar la producción, que se ha vuelto poco rentable. 
La ayuda normal que se concede a la producción resulta injusta en las regiones septentrionales, ya que en ellas el rendimiento de las cosechas es siempre inferior. 
Señor Presidente, por todo lo anterior espero que la Comisión de Agricultura trate a los Estados miembros de manera coherente cuando su agricultura atraviese por dificultades especialmente serias, como ahora ha ocurrido en Irlanda y también en Finlandia. 
¿Cómo es posible que la comisión no haya expresado su malestar ante el hecho de que la renta de los agricultores finlandeses descendiera el año pasado, su primer año de pertenencia a la Unión Europea, una media superior al 25 %, en algunos casos hasta en un 40 %, y todavía más en el caso de los productores de cereales, de huevos y de carne de porcino? 
El Parlamento Europeo ratificó en la primavera de 1994 el Tratado de Adhesión de la República de Finlandia a la Unión Europea. 
El artículo 141 de dicho Tratado establece que la agricultura del sur de Finlandia podrá recibir una ayuda compensatoria acorde con sus circunstancias especiales en caso de que surjan dificultades serias. 
¿No debería el Parlamento Europeo, en su calidad de ratificante del Tratado de Adhesión, velar por que no se pisotee la letra y el espíritu del Tratado? 
Espero que la Comisión de Agricultura defienda al agricultor finlandés tan vehementemente como lo hace ahora con el criador de ovejas irlandés. 
Señor Presidente, señor Gillis, si se trata de que las agricultoras y agricultores obtengan una ayuda en Europa, me tendrá de su lado. 
Aunque se trate ahora de los ganaderos de ovinos irlandeses. 
Sólo que no considero que esta ayuda sea el mecanismo adecuado. 
Dejaremos que el reglamento pase absteniéndonos. 
Pero lo que usted propone no es una señal de futuro. 
Lo acabamos de oír en la intervención del colega finlandés. 
Si por un lado se subvenciona cuando los precios se hunden, esto significa que para estos ganaderos de ovinos existe una posibilidad de seguir existiendo aunque más mal que bien con los reducidos precios del mercado, mientras que otros que no reciben una ayuda de este tipo se ven inmersos en graves dificultades como consecuencia de ello. 
Además no ha propuesto usted introducir una graduación, tal como existe para los territorios menos favorecidos. 
Es decir, si da una prima por oveja, dicha prima muy probablemente no llegará a los agricultores sino al comercio, lo que presionará aún más sobre los precios a la baja y pondrá, a su vez, en dificultades a los agricultores y ganaderos de ovinos finlandeses. 
Otro punto se refiere a la afirmación de que aquí hay que revaluar. 
La carne de ovino no se va a revaluar mediante las primas de la UE, mediante fondos públicos. 
En todo caso se podrá compensar una pérdida. 
La carne de ovino se revaluará si tiene un valor en el mercado y la carne irlandesa se gana un nombre en Europa. 
Las consumidoras y consumidores están dispuestos a pagar algo por ello. 
Marchamos en una dirección equivocada si creemos que podemos estabilizar el mercado bombeando fondos públicos. 
Esta dirección es equivocada y no tiene nada que ver con calidad. 
Con todo, naturalmente, no me opongo a que se entregue a los ganaderos irlandeses de ovinos el dinero que les paga ahora la UE. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Hemos decidido abstenernos en la votación sobre el informe. 
Nos parece injusto que se concedan 9, 5 millones de ecus porque los productores de carne ovina se vieran afectados por una caída de los precios en la primavera de 1995. 
Hay muchas ramas de esta actividad productiva que se ven afectadas por caídas de precios y que tienen unos costes más elevados de producción en determinadas estaciones del año. 
Por principio, la UE no puede financiar todas las ramas que se ven afectadas por el problema mencionado. 
Por consiguiente, nos parece injusto respaldar este informe. 
Protocolo al acuerdo con el Principado de Andorra 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0241/96) del Sr. Galeote Quecedo, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (95) 0745- C4-0383/96-96/0009 (CNS) ) relativa a la conclusión del Protocolo del acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y el Principado de Andorra tras la adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia a la Unión Europea. 
Señor Presidente, el colega Galeote se ha ocupado muy intensamente de este informe y de este acuerdo, por lo que lamenta aún más no poder presentarlos él mismo. 
Es para mi una alegría y un honor poder representarle por dos motivos: el primero es que provengo de un Estado miembro para el que Andorra probablemente está muy lejos. 
Pero deberíamos reconocer que como Unión Europea somos una Comunidad en la que también España limita con la República Checa y Baviera con Andorra. 
Es esencial para el futuro una Comunidad en la que no sólo nos orientemos regionalmente sino que veamos los problemas en su globalidad. 
En segundo lugar, lo que además me parece importante, Andorra es un Estado que tiene unos lazos y relaciones muy especiales con la Unión Europea. 
Sus dos copríncipes son ciudadanos de la Unión Europea, uno de ellos es incluso el Presidente de un Estado miembro de la Unión Europea. 
De los 64.000 habitantes que tiene Andorra, sólo 13.000 son andorranos, los demás son también ciudadanos de la UE, franceses, españoles y portugueses. 
Debido a los lazos históricos y económicos de la Unión Europea con Andorra debemos conceder importancia a este país aunque sea pequeño. 
Este país ha logrado un sorprendente bienestar en un entorno caracterizado por la pobreza, ubicado en un territorio muy yermo y no muy favorecido por la naturaleza. 
El producto interior bruto per cápita es de 15.000 dólares, es decir, con trabajo e inventiva y en una situación en la que se podría pensar que viven como receptores de limosnas, estas personas han hecho algo de su destino y desarrollado este país de un modo impresionante. 
Creo que esto debería movernos a hablar con más respeto del que mostramos sobre los Estados pequeños de Europa. 
Si Europa se construye como queremos, no debe ser centralista sino que debe proteger a las regiones y las minorías nacionales como comunidad jurídica y proporcionar su espacio también a estos Estados. 
Con frecuencia oigo hablar sobre Eslovenia que este país no está listo para el ingreso pues es pequeño. Ignoran que su capital tiene más habitantes que uno de nuestros Estados miembros al que también aprecio muchísimo. 
Si se dice que Malta es demasiado pequeño para estar representado en las instituciones europeas, algo así sería primero aplicable a los Estados realmente pequeños de Europa. 
Creo que son de gran importancia no solamente por su papel histórico y cultural sino porque son símbolos de la libertad, porque son espacios abarcables en una Europa que tiende con demasiada frecuencia a la gigantomanía. 
Precisamente como representante de un Estado miembro realmente grande, creo que deberíamos dar una nueva importancia a los Estados pequeños y abarcables en Europa. 
Precisamente por ello me alegro que esta adaptación, en si técnica, condicionada por la ampliación, ofrezca la ocasión de cantar el himno de alabanza del Estado pequeño en Europa. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me es grato anunciar el voto favorable de mi grupo, el Grupo Liberal, al Protocolo de acuerdo entre la Comunidad Europea y Andorra después de la última ampliación de la Unión Europea. 
Es muy importante tener en cuenta la realidad andorrana en el ámbito europeo así como su relación con la Unión Europea. 
Andorra es una realidad política, social y económica que ha experimentado una muy interesante evolución en los últimos años, tras convertirse en Estado soberano en 1993, año en que se dotó de una Constitución democrática y se incorporó a las Naciones Unidas y al Consejo de Europa, entre otros organismos internacionales. 
El Gobierno actual, presidido por el Sr. Marc Forné, del Partit Liberal Andorrà, está llevando a cabo un importante proceso de proyección internacional y europea, así como la modernización de la economía andorrana dentro de los cánones más estrictos de las economías europeas occidentales, por lo que no se puede aplicar el término de paraíso fiscal como se hace en la exposición de motivos del informe. 
Muy al contrario, uno de los esfuerzos más importantes del Gobierno andorrano es asegurar un adecuado funcionamiento de sus instituciones y de los mecanismos del Estado andorrano, plenamente homologables, como ya he dicho, con los Estados y las economías de la Unión Europea. 
Es ésta una línea de actuación que siguen otros operadores en el ámbito económico y social como, por ejemplo, la Banca Andorrana, que se ha dotado de un código de conducta similar y prácticamente idéntico al que rige en la Asociación de la Banca de la Unión Europea. 
La Unión Europea ha de cooperar muy intensamente con el Estado andorrano, por lo que se ha de llevar a la práctica el compromiso establecido en el Consejo Europeo de Madrid de diciembre del año pasado de establecer un acuerdo de cooperación, lo que lleva a la posibilidad, entre otras, de realizar proyectos conjuntos con la Unión Europea en materia de cooperación transfronteriza en un ámbito de especial interés rural, turístico y económico, como es el área de las zonas de alta montaña de los Pirineos, en los que la Unión Europea tiene un especial interés para desarrollar las comunicaciones y mejorar las áreas rurales y la cooperación interregional, como ha señalado el Sr. Posselt, y, en definitiva, impulsar el progreso en las zonas de alta montaña, progreso que mediante la cooperación con el Estado andorrano en esta zona se vería más consolidado. 
En resumen, señor Presidente, Señorías, de lo que se trata es de apoyar un proceso ciertamente interesante de un Estado que tiene sus orígenes en la Edad Media, que hasta el año 1993 tenía un régimen de coprincipado entre el Presidente de la República Francesa y el Obispo de la Seu d ' Urgell y que, en poco tiempo, se ha convertido en un Estado moderno y democrático en el ámbito geográfico de la Unión Europea- sus fronteras están todas delimitadas por la Unión Europea-. 
Y este proceso nos lleva, evidentemente, a apoyar este Protocolo, pero, también, a instar al Consejo y a la Comisión a que se superen con este acuerdo de cooperación ya acordado en el Consejo Europeo de Madrid del año pasado. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero dar las gracias a los Sres. Posselt y Gasòliba i Böhm por sus palabras, y manifestar mi acuerdo en que nuestro debate de hoy nos brinda la oportunidad de señalar la importancia de la cooperación con Andorra. 
También estoy de acuerdo con las observaciones del Sr. Posselt relativas al respeto de los pequeños Estados miembros como elemento básico de la filosofía política europea. 
Señor Presidente, el objeto del protocolo que ha presentado al Parlamento para su aprobación es sencillo: que en el acuerdo que se firmó en 1990 con el Principado de Andorra se hagan las adaptaciones necesarias para tener en cuenta la adhesión de Austria, Suecia y Finlandia a la Unión Europea. 
En el acta de adhesión de estos tres países a la Unión Europea se estipulaba la revisión de determinados acuerdos firmados por la Unión Europea con terceros países, para adaptarlos en caso necesario, a fin de tener en cuenta la ampliación. 
El firmado con Andorra era uno de estos acuerdos. 
Este acuerdo tiene sobre todo carácter comercial y en virtud del mismo existe con este Estado una Unión Aduanera para determinadas mercancías del Sistema Armonizado. 
La Comisión ha examinado las disposiciones de este acuerdo para determinar cuáles requerían adaptación y llegó a la conclusión de que, en esencia, las disposiciones del acuerdo con Andorra pueden aplicarse en su actual formulación a los tres nuevos Estados miembros. 
Por lo tanto, la unión aduanera con el Principado queda ampliada a los tres nuevos Estados Miembros de forma inmediata tras su adhesión. 
En el acuerdo con Andorra hay que efectuar únicamente algunas adaptaciones de importancia menor, sobre todo de carácter lingüístico, además de una disposición transitoria relativa a Austria, que por otra parte ya no tiene validez. 
Este es precisamente el objeto del Protocolo que se les ha presentado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Tiene la palabra el Sr. Hallam para una cuestión de orden. 
Señor Hallam, supongo que deben estar de vacaciones en Andorra, que es un sitio magnífico para pasar un fin de semana. 
Tiene ahora la palabra la Sra. Lulling para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quisiera hacer referencia a lo que acaba de decir el Sr. Hallam. 
Creo que el Tratado prevé dos períodos de sesión plenaria en Estrasburgo. 
Ya se votó, con una diferencia de poco más o menos un voto, contra la doceava sesión en Estrasburgo, lo que es contrario al Tratado. 
Aquéllos que querían suprimir la sesión del viernes no saben realmente lo que hacen. 
En efecto, ¿por qué todas estas mudanzas, todos estos desplazamientos para tener sesión aquí sólo cuatro días, cuando tenemos trabajo más que suficiente para cinco? 
Tenemos mucho trabajo, cada vez más, de lo contrario las minisesiones en Bruselas no se justificarían. 
Quisiera elevar una protesta. 
No hay que tomarla con aquellos que siempre están allí el viernes, como el Sr. Posselt, otros y yo misma. 
Si los demás no vienen, es su problema, pero no es una razón para amputar las sesiones en Estrasburgo del viernes. 
Más bien sería necesario hacer menos sesiones en Bruselas y trabajar el viernes. 
Toda la demás gente también tiene que trabajar el viernes, y no hacerlo es dar un mal ejemplo a todo el mundo. 
Hay dieciocho millones de desempleados en la Comunidad que estarían encantados de trabajar el viernes. 
Creo que es vergonzoso hacer intervenciones como la del Sr. Hallam, y quisiera protestar por ello. 
Señora Lulling, no la he interrumpido por cortesía parlamentaria y por el gran respeto que le tengo. 
Pero ni esto es una cuestión de orden, ni es el momento para abrir este debate. 
En todo caso, es el Presidente quien tiene que decir al Sr. Hallam si ha intervenido en lo que correspondía o no, pero él tenía un minuto para explicarse y lo ha utilizado a su forma y manera. 
Pero, señora Lulling, no vamos a abrir un debate sobre esta cuestión y menos en la perspectiva de empezar unas vacaciones. 
Yo he votado a favor de los viernes porque, si no, me hubiera quedado sin trabajo. 
Por lo tanto, les agradezco que hayan votado a favor de los viernes. 
Señorías, se ha producido una votación sobre ello en los términos reglamentarios y, por lo tanto, no vamos a abrir un debate sobre esta cuestión. 
Señor McCartin, le doy la palabra para una cuestión de orden, pero si quiere intervenir sobre esta cuestión se la retiraré inmediatamente. 
Señor Presidente, hará usted muy bien. 
No deseo aprovechar el turno para referirme a una cuestión de orden sin importancia. 
Quisiera simplemente dirigirme con todo respeto a nuestro colega que se ha referido a la escasa asistencia. 
¿Está en el orden del día? 
Señor McCartin, hemos debatido este asunto hasta la saciedad y no acepto intervenciones sobre esta cuestión. 
Tiene la palabra el Sr. Posselt para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, había pedido la palabra antes que el Sr. Hallam lo hiciese. 
Quería hablar en el sentido de que no tengan nada que objetar. 
Me alegra que se haya acreditado el viernes, pues lo mejor de la semana de Plenos es su Presidencia del viernes. 
Quería expresarle mis felicitaciones y desearle unas buenas vacaciones. 
Muchas gracias, Señorías, pero, teniendo en cuenta lo que han aprobado esta semana, no acepto regalos de ningún tipo. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Papoutsis. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Señorías, el Parlamento ha agotado el orden del día. 
Permítanme que, en primer lugar, y en justa correspondencia, yo le desee al Sr. Comisario, al Presidente Santer y al Colegio de Comisarios y sus colaboradores unas buenas y merecidas vacaciones. 
Se las deseo también a todos ustedes y permítanme que diga a las intérpretes y a los intérpretes de la cabina que estimamos mucho su colaboración, que les deseamos unas buenas vacaciones y me permito recomendarles que, durante este periodo, hablen poquísimo y, en todo caso, que lo hagan en la intimidad y susurrando. 
También recomiendo a los ujieres que, durante este mes, se olviden de la palabra «presidente» , y a nuestros colaboradores que se «desreglamenten» , que, durante un mes, se olviden del Reglamento y vivan libremente. 
Y ustedes, señoras y señores, que me acompañan el viernes merecen los viernes de cada semana doble descanso. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.05 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 19 de julio de 1996. 
Elogio póstumo 
Señorías, lamento tener que comunicarles que nuestro colega Ken Stewart falleció el pasado domingo 2 de septiembre. 
El Sr. Stewart era diputado al Parlamento Europeo por Merseyside West desde 1984. 
Fue miembro del Grupo Socialista y de la Comisión de Transportes y de la de Peticiones. 
Sirvió en el Ejército británico durante la última guerra y fue condecorado por sus servicios. 
Después de la guerra, fue durante muchos años miembro del Consejo Municipal de Liverpool y se dedicó a abordar el problema de la vivienda en esa ciudad. 
Siempre estuvo de parte de los desfavorecidos. 
Luchó por la justicia social y su experiencia durante la guerra hizo de él un ferviente partidario de la paz. 
En nombre de Sus Señorías, he enviado un mensaje de pésame a su viuda. 
Les ruego que guarden conmigo un minuto de silencio. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Declaración de la Presidencia sobre los asesinatos de niños 
Estimadas y estimados colegas, hoy es un día de luto. 
En este país se han descubierto crímenes indescriptibles contra niños. 
Compartimos el duelo junto con las personas de este país, que está sobrecogido de espanto y vergüenza, y pensamos en los numerosísimos niños que aquí y en otros lugares son raptados y utilizados sexualmente por criminales, violados y obligados a prostituirse. 
El Parlamento Europeo no puede callarse en un día como este, por lo que les voy a proponer una modificación del orden del día. 
Comenzaremos tal como estaba previsto con una comunicación de la Comisión sobre asuntos políticos urgentes, en concreto sobre las reacciones de la Unión Europea a la ley Helms-Burton, relativa a la restricciones al comercio. 
A continuación, les propongo que, tras deliberar con los grupos políticos, la Comisión emita una declaración sobre los atropellos cometidos contra los niños, seguida de un corto debate. 
Finalmente, les propongo que el informe del Sr. von Wogau relativo a los impuestos al consumo, que estaba previsto para esta tarde, se aplace a un período parcial de sesiones posterior. 
El resto del orden del día queda sin modificaciones. 
Como parece que todos están de acuerdo, vamos a proceder de este modo. 
Aprobación del Acta 
Señor Presidente, quisiera someter a deliberación un tema no incluido en el orden del día, en nombre de los diputados al Parlamento Europeo del Partido Socialista Panhelénico y expresando también, si no me equivoco, la postura de los griegos en general y de otros compañeros míos en esta Asamblea. Quiero denunciar los hechos siguientes: los días 11 y 14 de agosto, las tropas de ocupación turcas en Chipre asesinaron a sangre fría a dos jóvenes grecochipriotas e hirieron a decenas de ellos, disparando imprudentemente sobre la zona neutral de Chipre. 
Estos asesinatos son el saldo de una reacción armada del régimen de ocupación a unas manifestaciones pacíficas. 
La conducta de Turquía no sólo es incompatible con cualquier concepto de justicia, sino también con el Acuerdo de Unión Aduanera que hemos firmado. 
Por lo tanto, creo que el Parlamento Europeo debe abordar la cuestión mediante la denuncia de esa acción y la adopción de las medidas oportunas. 
No vamos a comenzar ahora ningún debate al respecto. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
La Conferencia de Presidentes ha propuesto una serie de modificaciones. 
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se ha pronunciado, efectivamente, en contra de la solicitud de urgencia que presentó ayer el Consejo, debido a que la misma nos llegó ayer por la mañana y hubiera sido necesario pronunciarse sobre el conjunto de la reforma de la OCM «carne de vacuno» y su financiación en un plazo de 24 o 48 horas. 
En cambio, y es por ello por lo que nos hemos mostrado contrarios a la urgencia, creo que ahora corresponde al Consejo volver a formular eventualmente una solicitud para el Pleno de Estrasburgo y dividir dicha solicitud en tres partes. 
En ese caso, podríamos volver a estudiarla. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Asuntos políticos urgentes 
De conformidad con el orden del día, se procede a una comunicación de la Comisión sobre asuntos políticos urgentes, relativa a las medidas contra la ley Helms-Burton. 
Tiene la palabra Sir Leon Brittan. 
Señor Presidente, creo que todos coincidimos en la necesidad de hacer una política de doble vía con respecto a la reciente legislación norteamericana. 
En primer lugar, debemos mantener y reafirmar con energía nuestra postura: que la ley que los norteamericanos pretenden aplicar es inaceptable para nosotros. 
En segundo lugar, hay que evitar un agravamiento de la situación. De hecho, nos hace tanta falta una guerra comercial como un dolor de muelas. 
Así que mi primera pregunta es: ¿cómo conciliar adecuadamente ambos objetivos? 
¿Es posible dicha conciliación? y, ¿cómo conseguirla? 
Mi segunda pregunta es: ¿ha consultado la Comisión a los demás países afectados, en especial, a Canadá y a México? 
¿Se puede adoptar en esta materia un planteamiento coordinado cuyas prioridades sean la democracia y el respeto de las normas del derecho mercantil internacional? 
Estoy de acuerdo con el planteamiento propuesto por el Sr. De Clercq. 
Es cierto que debemos adoptar una actitud firme, pero también lo es que no se debe extremar la situación. 
¿Cómo podemos combinar esos dos principios? 
La respuesta es que debemos adoptar las medidas que defiendan directamente los intereses de las empresas europeas afectadas por esa legislación, pero no hacerlas extensivas a sectores que nada tengan que ver en absoluto con ella. 
Ésa es la forma como podemos combinar los dos principios a que se ha referido el Sr. De Clercq. 
Hemos consultado al Canadá y a México. 
En cierto sentido, estamos trabajando en colaboración con esos países. 
Naturalmente, ellos tienen otra vía, la de las disposiciones del TLC, y están presentando sus quejas también mediante los mecanismos del TLC. 
Estamos en estrecho contacto con ellos. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Donnelly en que es necesario hacer frente a esa legislación no sólo para proteger los intereses directamente atacados, sino también para disuadir respecto de acciones futuras. 
Durante la tramitación de esa legislación, hemos protestado repetidas veces ante los dirigentes de los grupos parlamentarios del Congreso de diversas formas: gestiones, cartas y demás. 
Tendré mucho gusto en ocuparme de que dichos dirigentes reciban una copia de la declaración que he hecho hoy. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Comisario por velar por los intereses europeos en esta cuestión. Me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿ha previsto la Comisión la posibilidad de centralizar, inventariar y, en su caso, solucionar adecuadamente los posibles problemas que comuniquen las empresas europeas en relación con este tema? 
Gracias por sus amables palabras. 
Por lo que se refiere a las empresas europeas interesadas, estamos siempre en estrecho contacto con la UNICE, que es la organización tal vez más apropiada para coordinar y analizar el alcance del problema. 
Naturalmente, también hemos estado en contacto directo con varias empresas que se han visto o se verán afectadas. 
Me gustaría considerar si hay alguna otra medida que podamos adoptar con vistas a lograr un panorama completo de la naturaleza del problema. 
Eso es algo que se debe examinar en primer lugar con la UNICE, pero agradezco profundamente al Sr. Pex su constructiva propuesta. 
Señor Presidente, es estupendo que se haya fijado en mi, muchas gracias por ello. 
Señor Comisario, usted ha mencionado que la actual política de los EE.UU. conduce a una inseguridad de las relaciones políticas y económicas trasatlánticas en su totalidad, lo que es aún más lamentable ante la nueva esperanza que teníamos en el marco de la Agenda trasatlántica. 
Lo lamento expresamente y subrayo que también deben condenarse en su totalidad las medidas extraterritoriales. 
De lo contrario, la credibilidad del derecho internacional y de las organizaciones e instituciones internacionales- menciono solamente la ONU y, por supuesto, la OMC- se cuestionarán en su globalidad. 
No podemos admitirlo pues conduce a una inseguridad de la estabilidad política y económica internacional. 
Señor Comisario, ¿cuándo se va a encargar oficialmente al Parlamento que se ocupe de un reglamento comunitario? 
Sé que se lo ha transmitido al Consejo, pues esta cuestión debe plantearse al Consejo. 
Pero, ¿cuándo nos va a encargar el Consejo que nos ocupemos del tema? 
Segunda pregunta: ¿piensa usted recurrir a La Haya? 
Estoy enteramente de acuerdo en que, aparte de los perjuicios causados a los intereses económicos europeos, lo más censurable es el principio de la extraterritorialidad. 
Creo que la historia de la civilización moderna entraña la iniciativa de resolver las controversias de todo tipo, pero en particular las comerciales, recurriendo a órganos internacionales como la OMC y no tomándose la justicia por la propia mano. 
Eso es absolutamente decisivo. 
Estoy enteramente de acuerdo con la Sra. Mann por lo que a eso se refiere. 
Hemos llegado a la conclusión de que la OMC es el foro fundamental al que se deben presentar las quejas. 
También es conveniente decir que en los debates de la OCDE sobre la propuesta de inversión se planteó la cuestión indirectamente y examinaremos la posibilidad de presentarla en otros foros. 
Ya he dicho que el Canadá y México están utilizando el foro del TLC. 
Personalmente, no estoy seguro de que el Tribunal de La Haya sea la forma más rápida y eficaz de abordar la situación, pero estamos dispuestos a examinar todas las propuestas. 
Señor Presidente, como miembro de la delegación de este Parlamento para los problemas de Cuba, a finales del mes de junio pude visitar la isla. 
Ahora, deseo pronunciar unas palabras en favor de este pueblo al efecto de desmentir un viejo prejuicio según el cual todos los que están a favor de Cuba son, a la fuerza, filocastristas; los que la critican están en contra del sistema; y, ahora, los que están en contra de la ley HelmsBurton, están necesariamente en contra de Estados Unidos. 
El verdadero objeto de esta diatriba debe ser el pueblo que está pagando en nombre de todos el precio de una situación como mínimo inaceptable. 
Hoy, señor Presidente, en Cuba hay hambre. 
No se trata ahora de entonar como de costumbre el llanto del pobre cubano, sin embargo, a mi juicio, el Parlamento Europeo debe intervenir precisamente desde este punto de vista y también en lo referente a los aspectos económicos. Está bien que se defiendan las empresas europeas que quieren promocionar actividades en la isla, pero con la finalidad primordial de ayudar a este pueblo para que pueda hacer frente a una situación respecto a la que en parte es causa, pero sobre todo víctima. 
Por consiguiente, señor Comisario, ¿qué piensa hacer para proteger las empresas que sufren el chantaje de Estados Unidos en su propio territorio? 
Estoy enteramente de acuerdo con el Sr. Santini. 
Naturalmente, tenemos que proteger nuestros intereses, pero también tenemos que preguntarnos qué es lo que será de ayuda para el pueblo cubano. 
Somos tan entusiastas como el que más en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar respecto del regreso de la democracia y los derechos humanos a Cuba. 
Gastamos una suma considerable de fondos comunitarios en ayuda humanitaria en Cuba. 
No discrepamos de los Estados Unidos respecto de los fines. 
Discrepamos respecto de los medios. 
Ése es un mensaje que debe llegar al pueblo cubano como a todos los demás. 
Señor Presidente, queridos colegas, el pueblo cubano sufre, como sufrió el pueblo sudafricano, unas medidas de boicot intolerables. 
Pero también sufre el pueblo de Irak, país en el que mueren cientos de miles de recién nacidos y niños en condiciones espantosas. 
¿No cree que va siendo hora de poner fin a nuestro acuerdo con los Estados Unidos, país que ha condenado a muerte a dicho pueblo y que actualmente se está inmiscuyendo en los asuntos de otros países violando así no sólo el Derecho internacional, sino también un reglamento interno que no interesa a la comunidad internacional. 
No es ésa mi opinión ni hay consenso al respecto en la Unión Europea o en la Comisión Europea, pero últimamente no se han adoptado medidas relativas a esa cuestión en el nivel europeo. 
También yo estuve recientemente en Washington y participé en el debate, bastante acalorado, que los miembros de la delegación mantuvieron con miembros del Congreso de los Estados Unidos. 
Resultó patente que la ley Helms-Burton causa una profunda preocupación a algunos diputados al Congreso. 
Mi pregunta a la Comisión es la siguiente: en primer lugar, ¿cuáles serían las posibilidades de impugnar con éxito algunos aspectos de la ley Helms-Burton en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en particular la parte de esa ley que castiga a los cónyuges y a los hijos con medidas del Ejecutivo, como la retirada de visados, permisos de residencia y demás: el principio bíblico de que los pecados de los padres recaerán en los hijos? 
Sobre la base del año- cada vez más lejano- que pasé en la Facultad de Derecho de Yale, no me atrevo a dar una opinión personal sobre el derecho constitucional americano. 
Lo único que diré es que personas mejor preparadas que yo sostienen la opinión que ha expresado el Sr. Cassidy y consideran que las disposiciones a las que se ha referido, además de ser censurables en principio, son de dudosa constitucionalidad. 
Desde luego, hay voces en el Congreso que desean introducir enmiendas a esa legislación para eliminar esos aspectos censurables. 
Me parece que subsistirían muchos otros. 
Señor Presidente, señor Comisario, los EE.UU. ven por lo visto en Cuba un peligro para su seguridad nacional, por lo que no consideran competente a la OMC. 
¿Comparte la Comisión esta relación y opinión del Gobierno de los EE.UU. y va a solicitar la Comisión un procedimiento panel ante la OMC antes de las elecciones en los EE.UU.? 
Es muy importante en este contexto. Curiosamente, la Comisión presentó hace cuatro semanas una propuesta para proteger a las empresas europeas frente a la ley Helms-Burton. 
¿Porqué tan tarde? 
¿Porqué no lo hizo ya hace cuatro años con motivo de la ley Torricelli? 
Hay unos paralelismos interesantes. 
¿Qué piensa la Comisión de un país que ratifica Tratados y que cuándo de repente no le convienen quiere evadirlos con la ayuda de la legislación nacional? 
¿Cómo lo considera la Comisión? 
Muchas gracias de nuevo por su atención. 
Siempre funciona cuando una mujer guapa situada a mi derecha levanta la mano. 
Ciertamente su Señoría ha adivinado totalmente mi pensamiento. 
No me corresponde a mí considerar por qué no introdujimos una legislación sobre otras leyes hace cuatro años, pero no creo que nadie pueda reprochar a la Comisión no haberse apresurado a presentar una propuesta legislativa al Consejo de Ministros inmediatamente antes de las vacaciones estivales. 
Antes se me ha preguntado cuándo llegaría al Parlamento y me disculpo por no haber dado una respuesta concreta al respecto. 
Llegará al Parlamento en cuanto el Consejo de Ministros haya alcanzado la fase apropiada en sus deliberaciones. 
Pero nos apresuramos mucho más de lo que muchos esperaban a la hora de formular esa legislación. 
Señor Comisario, hace dos meses, en Sitges, hubo un seminario convocado por Irela- institución conocida en esta casa- y el Centro de estudios internacionales de Washington, y allí todos los expertos, incluidos los norteamericanos, consideraron esta ley- lo que usted mismo considera- contraria al Derecho internacional, al comercio internacional y, desde luego, a la soberanía de los países. 
Ahora bien, hay países que han tomado medidas más tibias y hay países que han tomado medidas más enérgicas. 
Sería bueno que la Unión Europea tomara medidas suficientemente enérgicas para que los Estados Unidos no se apoyaran en su amistad y en nuestra amistad para vulnerar lo que es un principio sagrado: la soberanía de los Estados y de los pueblos y su libre decisión de comerciar con quien quieran. 
Si no se hace así, si no hay una respuesta enérgica de la Unión Europea, los Estados Unidos se creerán que pueden decidir en el futuro todo lo que quieran con respecto a otros países. 
Señor Comisario, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar la Unión Europea, dentro de los límites de la amistad, para evitar los efectos perniciosos de esa ley? 
Las iniciativas de determinados países a la hora de adoptar medidas para abordar este problema son encomiables, pero la auténtica enseñanza para la Unión Europea, en este asunto y en todos los demás, es la de que nuestra unidad es nuestra fuerza, por lo que la auténtica energía y fuerza de la reacción y del efecto a la hora tanto de afrontar esta medida como de disuadir otras equiparables será directamente proporcional a nuestra unidad y rapidez de respuesta. 
Así, pues, espero que esta Asamblea haga un llamamiento al Consejo de Ministros para que responda urgente y rápidamente a los preparativos hechos por la Comisión para adoptar medidas rápidas y eficaces a fin de defendernos. 
Tenemos que ser fuertes. 
La mejor forma de ser fuertes es estar unidos. 
En su introducción, usted mismo ha indicado que la ley Helms-Burton es solamente la punta de un iceberg y que los Estados Unidos preparan leyes sobre una serie de otros países, situados al menos geográficamente más cerca de Europa. 
Es muy importante limitar las repercusiones de la ley Helms-Burton sobre la economía europea o en general sobre Europa y el mundo, pero también es muy importante, por no decir primordial, que adoptemos medidas para que los norteamericanos no incluyan en su legislación a otros países y otros sectores económicos, a de toda la comprensión que podamos tener por la finalidad que persiguen. 
¿Qué está haciendo la Comisión en este contexto? 
Estoy en gran medida de acuerdo con Su Señoría. 
No podemos abordar una legislación que no ha entrado en vigor. 
De momento la ley Helms-Burton y la ley D ' Amato ya forman parte de los códigos. 
No es poco precisamente y lo estamos abordando rápidamente y espero que enérgicamente, sin lugar a dudas por la parte que le toca a la Comisión. 
Pero, en realidad, creo que la adopción de esas medidas redundará en beneficio no sólo de la Unión Europea, sino también de los Estados Unidos. 
Muchas personas en los Estados Unidos comprenden que se han adoptado esas medidas apresuradamente y lo que se hace apresuradamente muy raras veces es acertado. 
También comprenden que perjudica al papel de dirección que los Estados Unidos desempeñan en el mundo. 
Estoy convencido de que el mundo será mejor, si Europa y los Estados Unidos pueden trabajar en cooperación y que todo lo que perjudique a esa cooperación no sólo redundará en perjuicio de los intereses de Europa, sino también de los de los Estados Unidos. 
Así, pues, hacer frente a los Estados Unidos y disuadir una futura legislación de ese tipo es algo que contribuirá a que a largo plazo trabajemos con una mejor cooperación. 
No espero que hoy lo vean así en Washington, pero creo que es la verdad. 
Quisiera agradecer al Comisario su declaración y felicitarlo por las medidas que ha adoptado. 
Ha de saber- estoy seguro- que el Parlamento ha hecho constar su oposición a la ley Helms-Burton en varias ocasiones, una de ellas en un informe que presenté yo aquí. 
Al mismo tiempo hemos dicho con toda claridad que creemos en la necesidad de hacer avanzar la democracia en Cuba. 
Sin embargo, éste es el peor medio posible para intentar lograrlo. 
¿Conviene el Comisario en que es importante que presionemos todo lo posible en el momento actual, porque, después de las elecciones presidenciales americanas, puede que se considere este asunto de forma muy diferente? 
En esas circunstancias, ¿examinará el Comisario qué otras medidas se pueden adoptar por mediación de la Organización Mundial del Comercio, por mediación del GATT y en otros sentidos a que se han referido algunos de mis colegas esta tarde? 
Las presiones ejercidas ahora son absolutamente decisivas para el resultado final que deseamos lograr. 
Estoy enteramente de acuerdo con el Sr. Newens. 
Estamos celebrando un proceso de consultas, que es el necesario paso previo al de recurrir a un grupo de trabajo, por lo que la Comisión ha ido por delante por lo que a la OMC se refiere. 
Pero, cuando digo que el papel de este Parlamento es importante, no es una muestra de cortesía normal y habitual. 
Esa legislación procede del Congreso, si bien el Gobierno americano ha de asumir la responsabilidad de no vetarla. 
Eso significa que, cuando se elija el próximo Congreso, será de importancia decisiva para todos nosotros, pero, evidentemente, más en particular para los diputados de otras legislaturas, establecer contacto pronto con los diputados a ese Congreso. 
Sea cual fuere el resultado, habrá muchos diputados nuevos y uno de los problemas en el pasado ha sido la falta de conocimientos y a veces de interés por los asuntos europeos en el Congreso reciente, bastante radicalizado. 
Así, pues, espero que, cuando se elija al nuevo Congreso, todos hagamos de verdad un esfuerzo en nuestros diferentes ámbitos para explicar la auténtica senda de cooperación entre Europa y los Estados Unidos y los escollos que se deben eludir. 
Estoy seguro de que ellos nos dirán los escollos que también nosotros debamos eludir y hemos de estar dispuestos a escucharles, además de decirles lo que, a nuestro juicio, se debe hacer y lo que se debe evitar. 
Señor Presidente, secundamos a la Comisión en su oposición a las medidas norteamericanas y me gustaría agradecer a Sir Leon Brittan su declaración. 
No obstante, debemos establecer, a mi juicio, una distinción clara. 
El caso de Cuba es un problema principalmente americano, mientras que Libia e Irán son países que conciernen por igual a la Unión Europea y a Estados Unidos. 
Los indicios de que estos países apoyan el terrorismo internacional son cada vez más manifiestos y, además, obstaculizan el proceso de paz de Oriente Medio. 
Es lamentable, por tanto, que Estados Unidos y la Unión Europea estén enfrentados en su lucha contra el terrorismo internacional, y más teniendo en cuenta la rapidez con la que Irán incrementa su arsenal. 
Mi pregunta es: ¿cómo se justifica que mantengamos inalterado nuestro diálogo con Irán y Libia, y qué nos impide desarrollar un planteamiento coordinado con Estados Unidos frente a esos países? 
Con toda sinceridad no considero práctico hablar de una sola y simple actitud frente al terrorismo. 
En un cargo anterior tuve que ocuparme de cuestiones relativas al terrorismo y puedo asegurar a Sus Señorías que su complejidad internacional es considerable. 
Así, pues, no me parece justo criticar a los Estados Unidos ni a ningún otro país por no idear una política mágica que resuelva el problema. 
Si hemos de ser totalmente sinceros, la verdad es que la política americana de sanciones y confrontación no ha puesto coto al terrorismo. 
Como tampoco se lo ha puesto la política europea de diálogo. 
Debemos ser sinceros a ese respecto. 
Señor Presidente, aún puedo aprender mucho, pero tendrá que decirme cómo 16 ojos, unos miopes y otros hipermétropes, pueden adoptar siempre la decisión correcta mirando en diferentes ángulos. 
Señor Presidente, felicito expresamente a la Comisión por su capacidad de acción y por su opinión concreta en el presente caso. 
El Parlamento ha adoptado muy a tiempo un resolución muy extensa sobre la ley Helms-Burton y sobre Irán/Irak que contempla en lo esencial plenamente los acontecimientos actuales. Creo que el Parlamento ha cumplido muy a tiempo su obligación y que va a seguir cumpliéndola. 
Me interesaría saber qué diferencias jurídicas ve usted entre la ley Helms-Burton y la ley D´Amato, pues tengo la sensación de que también en el interior de la Comisión, al menos así ha sido en la reunión de esta semana de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, existen diferentes valoraciones jurídicas que yo no comparto. 
Ambas leyes son contrarias al derecho internacional y ambas atentan contra la legislación de la OMC. El Sr. Eizenstat ha indicado que hay motivos políticos que no pueden ser reconocidos por la OMC. 
¿Cuál es su opinión? 
No aceptamos ningún tipo de exclusión de la OMC. 
Es inaceptable decir que haya algo que la OMC no pueda siquiera examinar. 
La decisión de recurrir a un grupo de trabajo aún está por adoptar, porque aún estamos en el proceso de consultas. 
Pero eso es totalmente inaceptable y no podemos transigir en absoluto al respecto. 
Por lo que se refiere a las diferencias entre la ley Helms-Burton y la ley D ' Amato, la más importante es la de que al menos el Título 3 de la Ley Helms-Burton, aunque se ha suspendido por seis meses, permite en principio que las personas físicas y las empresas americanas presenten demandas judiciales por su cuenta. 
No así la ley D ' Amato. 
La otra diferencia principal es la de que, mientras que el Presidente tiene la facultad discrecional de suspender total o parcialmente la aplicación del Título 3 de la ley Helms-Burton durante seis meses cada vez, en la ley D ' Amato tiene muchas más facultades discrecionales sobre cómo aplicarla, sobre si aplicarla y sobre el alcance de su aplicación. 
Así, pues, las posibilidades de protesta razonada son mucho mayores y, como se acaba de formular esa legislación, ésa es la vía apropiada que seguir. 
De modo que hay importantes diferencias jurídicas, prácticas y económicas entre las dos leyes. 
Quisiera felicitar a Sir Leon y a la Comisión por su firme postura sobre esta cuestión. 
Me parece que la preocupación de los Estados Unidos por la democracia en Cuba es bastante parecida a su preocupación por la paz en el Irak, donde están asestando la paz mediante misiles de crucero. 
Como he visitado Cuba y los Estados Unidos en varias ocasiones, he de decir que en muchos sentidos Cuba es una sociedad más democrática que los Estados Unidos de América, donde los dos partidos más importantes son propiedad de la América empresarial. 
Tal vez la mejor forma de hacérselo comprender a los Estados Unidos sea la de proponer que piensen en una política de bloqueo para con Arabia Saudita y otros Estados clientes de los Estados Unidos en los que no existe democracia ni derechos humanos y, aun así, los americanos expresan muy poca preocupación sobre ellos. 
Algunas de las observaciones que Su Señoría ha hecho tendrían más fuerza, si no hubiera afirmado algo que es manifiestamente falso sobre la democracia en Cuba. 
No hay ni rastro de ella. 
Así de sencillo. 
Señor Comisario, todos estamos de acuerdo en rechazar la ley Helms-Burton por sus efectos extraterritoriales y, naturalmente, no todos compartimos, ni mucho menos, las increíbles expresiones que acabamos de oír sobre la democracia cubana. 
Pero lo que yo quiero preguntarle al Sr. Comisario es lo siguiente: puesto que la ley Helms-Burton se aplica sólo en los casos en que se trata de propiedades que eran de súbditos norteamericanos que fueron confiscadas por el gobierno castrista sin pagar ninguna indemnización, y que ahora salen de las manos del Estado cubano para ser entregadas a un empresario extranjero que las recibe sin pagar tampoco la indemnización a los propietarios legítimos de esas empresas, ¿puede la Comisión decirme si existen ya, o todavía no, casos concretos de empresas o empresarios de la Unión Europea que hayan sido denunciados ante tribunales norteamericanos por estar incursos en las prohibiciones de esta ley, o si bien estamos todavía ante una hipótesis teórica en la que no se han manifestado casos concretos en este sentido? 
En virtud del Título 3- el que se ha suspendido por lo que se refiere a las demandas judiciales -, no ha habido, evidentemente, demandas por parte de empresas particulares, porque el Presidente ha suspendido esa posibilidad. 
Pero, en virtud del Título 4, que es la disposición que obliga al Gobierno de los Estados Unidos a impedir la entrada en ese país de las personas a las que se aplique esa legislación- y ya han oído Sus Señorías al Sr. Cassidy decir que es aplicable a las familias de dichas personas -, determinadas empresas han recibido cartas del Gobierno de los Estados Unidos en las que se les indica que son sospechosas en unos casos y en otros un poquito más que eso. 
Estoy seguro de que el Parlamento dirá a Sir Leon que valora en mucho la relación entre la Unión Europa y los Estados Unidos de América. 
También sabe que el Parlamento Europeo lleva mucho tiempo preocupado, antes incluso de la ley Helms-Burton, por el aislamiento de Cuba. 
En el sector, por ejemplo, de la cooperación para el desarrollo, no tenemos relaciones oficiales con Cuba, a diferencia de lo que sucede con los demás países del Caribe y de América Central y Sudamérica, por lo que hay problemas muy graves. 
Me gustaría saber hasta qué punto cree el Comisario que es posible utilizar esa cuestión concreta para lograr avances rápidos con vistas a formalizar las relaciones con Cuba. 
Ello redundaría en beneficio mutuo de Cuba y de la Unión Europea. 
Ésa era la orientación que íbamos a seguir y, de hecho, el Consejo era partidario de iniciar negociaciones con Cuba. 
Pero después mi colega el Sr. Marín visitó Cuba, celebró reuniones con los dirigentes de la oposición y muy poco después la inmensa mayoría de dichos dirigentes fueron detenidos. 
Así, pues, el Consejo consideró que no era oportuno proseguir las negociaciones en aquel momento. 
Yo comparto esa opinión. 
El turno de preguntas queda cerrado. 
Agradecemos a Sir Leon Brittan sus explicaciones. 
De conformidad con el orden del día, se procede a una comunicación de la Comisión sobre el abuso de menores. 
Tiene la palabra Sir Leon Brittan. 
Señor Presidente, los recientes y trágicos acontecimientos sucedidos aquí, en Bélgica, que se nos recordaron brutalmente ayer y hoy también, al descubrirse más víctimas de la violencia y la pedofilia, han colocado en primer plano toda la cuestión de la horrorosa explotación sexual de los niños. 
Hablo en nombre de todos mis colegas de la Comisión, al unirme al Parlamento para expresar nuestra profunda sensación de escándalo y pesar por los acontecimientos de este verano, sentimientos compartidos por todas las personas civilizadas en toda la Unión Europea y fuera de ella. 
Así, pues, acojo con beneplácito, en nombre de mi colega la Sra. Gradin, la oportunidad de hacer hoy una declaración ante Sus Señorías. 
Esa tragedia, que refuerza la oportunidad de la primera Conferencia mundial sobre la explotación sexual de los niños, celebrada en Estocolmo al final de agosto, nos acucia a todos nosotros para que asumamos nuestras responsabilidades y reaccionemos lo más rápida y eficazmente que podamos. 
Esa Conferencia Mundial fue organizada por el Gobierno sueco, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización «Fin de la Prostitución Infantil en el Turismo Asiático». 
Representantes de 130 gobiernos participaron en la conferencia, además de organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. 
La Comisión estuvo representada por mi colega la Sra. Gradin. 
Naturalmente, la Comisión estudiará detenidamente las conclusiones y el plan de acción decididos en la conferencia. 
Resulta ya patente que es necesario un planteamiento claro y amplio basado en la cooperación internacional y la colaboración activa entre los gobiernos y las ONG. 
Como parte de esa actuación y con vistas a determinar iniciativas concretas en el nivel de la Unión Europea, la Comisión está trabajando ahora en una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la trata de blancas, incluidas las mujeres jóvenes, para su explotación sexual. 
Viene después de los resultados de una conferencia celebrada en junio y organizada por la Sra. Gradin sobre la trata de blancas. 
Ese planteamiento abarcará cuestiones tales como las migraciones, la cooperación judicial y policial y los aspectos sociales y la mayoría de las recomendaciones serán aplicables más ampliamente a la lucha contra la trata de niños y niñas. 
Además, la Comisión está preparando actualmente una propuesta de medidas especiales contra el llamado turismo sexual infantil. 
En tercer lugar, la Comisión está examinando el problema de la pornografía infantil y la utilización de redes como Internet entre pedófilos y propondrá medidas encaminadas a la utilización delictiva de las redes de información. 
Se trata de un sector difícil, en particular en un marco internacional, ya que afecta a las cuestiones constitucionales nacionales relacionadas con la libre circulación de la información. 
La libertad de expresar las ideas y opiniones propias es un derecho humano fundamental y debe seguir siéndolo. 
Pero no se debe permitir que se haga un uso flagrantemente indebido de esa libertad, por lo que debemos encontrar formas de impedir que los pornógrafos infantiles persigan sus fines sin obstaculizar la expresión normal de las ideas y la opinión. 
Por último, está claro que es necesaria una mejora en la cooperación policial y judicial, por lo que la Comisión acoge con satisfacción la rápida reacción de la Presidencia irlandesa con el anuncio hecho ayer de una propuesta para hacer extensivo el mandato de la Unidad de Drogas de Europol al tráfico de seres humanos. 
La Comisión espera que la reunión oficiosa de Ministros de Justicia y de Interior que se celebrará el 27 de septiembre brinde una oportunidad para celebrar un debate productivo sobre esa propuesta y otras como las anunciadas por Bélgica y también la contribución de la Comisión. 
Señor Presidente, queridos colegas, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, quiero expresar aquí nuestra emoción y nuestra solidaridad, y dar nuestro pésame a las familias de estas pequeñas víctimas de las monstruosidades que hoy evocamos y que se han visto sometidas a tanto sufrimiento. 
Leatitia y Sabine han podido ser salvadas a tiempo, pero Julie, Mélissa, An y Eefje han muerto. 
Y continuamos sin saber nada, quiero recordarlo, de Gevrij, de 6 años, Ilse, de 19 años, Élisabeth, de 12 años- a cuyo padre recibimos aquí, quien expuso sus cuadros que son un extraordinario grito de dolor -, Nathalie, de 9 años, Lubna, de 9 años, Sylvie, de 19 años, Ken, de 8 años ni de Yann, de 12 años. 
Y sabemos que Catherine, Kim y Carola han muerto, pero no sabemos en qué circunstancias. 
Más allá de estas condolencias, quiero alabar la actitud de los padres, que han sabido dominar, contener su emoción y rechazar el abatimiento fácil ante los micrófonos tentadores. 
Ellos nos han dado en Bélgica una lección de responsabilidad, una lección de sentido cívico, una lección de valor moral. 
Hoy son nuestro ejemplo. 
Los acontecimientos son espeluznantes. 
No son únicos y no son exclusivos de Bélgica. 
Básicamente plantean el problema de la protección, y más sencillamente, del respeto a los niños, del respeto a su dignidad y, añado también, del respeto a la mujer. 
Nos obligan a reflexionar sobre la imagen de estos niños en un entorno forjado por los medios de comunicación, por los actos de violencia y de fascinaciones malsanas. 
Con demasiada frecuencia, además, en los juicios por casos de pederastia, y diría incluso de violaciones, se constata una negativa a comprender la gravedad de los hechos. 
A veces se habla de que son inevitables, y se ha llegado incluso a apuntar al consentimiento de las víctimas. 
Creo que, en nuestras reflexiones debemos llegar mucho más lejos. 
No nos encontramos solamente ante la presencia de unos monstruos desequilibrados. 
El comercio de la pederastia y el tráfico de niños es un comercio organizado, con filiales nacionales, europeas e internacionales, con sus ramificaciones y con sus financiaciones. 
Para responder a demandas perversas, existe la producción de material, su comercialización, su distribución y su consumo, ya sea en miles o millones de cintas de vídeo, ya sea en la forma de espectáculos, o bien, lo que es más brutal y terrible, la explotación de los propios niños tanto aquí como en el Tercer Mundo. 
En el fondo de todas estas redes encontramos, en primer lugar, el lucro, la búsqueda de lucro, el ansia de lucro. 
Lucro para los proxenetas, los pornógrafos, las agencias de viajes que organizan y ofrecen un turismo sexual que llega incluso a convertirse en algo banal. 
Lucro para los bancos que gestionan las cuentas y blanquean el dinero. 
Estas redes crecen a la sombra de las legislaciones y de la demanda. 
Hoy Bélgica o Tailandia, mañana Francia, Gran Bretaña o América Central. 
Ustedes han podido verlo, la sociedad belga está consternada. 
¿Están protegidos nuestros hijos? 
¿Qué hay de esas instituciones que no responden a las expectativas? 
Todos juntos, belgas y europeos, debemos hallar respuestas a estos interrogantes. 
El Comisario ya lo ha indicado. 
Es necesario que Europol, como ya hemos dicho en el Parlamento Europeo, asuma, entre sus funciones, aquélla de perseguir el tráfico de niños, de menores y de mujeres. 
Hay que revitalizar nuestras legislaciones para impedir el turismo sexual. 
Es necesario que desaparezcan de una vez no las fronteras de la pornografía, la cual se ríe de todo, sino de que desaparezcan nuestras propias fronteras, las fronteras de nuestras mentalidades y de nuestras leyes. 
Éste será el único acto que verdaderamente puede rendir homenaje a la memoria de todas las víctimas, a las que hoy recordamos. 
Señor Presidente, Señorías, mi país está conmocionado por las noticias difundidas hace unos días sobre el secuestro, los malos tratos y el asesinato de niñas y jovencitas. 
Durante días hemos conocido, con estupor, las macabras situaciones que sufrieron esas niñas. Cada día nos cuesta más entender cómo ha podido suceder todo esto. 
Al iniciar este debate quisiera expresar, en nombre del Grupo del PPE, mi condolencia a los padres y familiares de las muchachas asesinadas. 
Compartimos su pena y su dolor y admiramos la valentía y dignidad con que atraviesan este difícil momento. 
Quisiera insistir, en nombre del Grupo del PPE, en cuatro cuestiones. 
En primer lugar, lo sucedido en Bélgica- la Sra. Dury también lo ha señalado- no es una situación exclusivamente belga. Todos sabemos que el secuestro de niños y su utilización en la prostitución y en circuitos de vídeos pornográficos se ramifican en redes que operan en Europa y en todo el mundo. 
Se trata de tráfico de niños, de prostitución y de grave delincuencia internacional. 
Es preciso responder a algunas preguntas, tales como: ¿Cuánto tiempo seguiremos tolerando que se haga publicidad del turismo sexual hacia Asia? 
¿Cuánto tiempo seguiremos haciendo la vista gorda ante el floreciente tráfico de personas, niñas y mujeres con los países de la Europa Central y Oriental, Tailandia, Filipinas y otros países asiáticos? 
En segundo lugar, ¿qué iniciativas se van a adoptar para intensificar la cooperación en los ámbitos policial y judicial? 
Es preciso que los Parlamentos de los Estados miembros ratifiquen el Convenio Europol. 
¿Cuánto tiempo se va a tardar? 
¿Un año, dos años, o quizá incluso más? 
Es preciso que planteemos la necesidad urgente de concluir las negociaciones sobre el Convenio del Sistema Europeo de Información y que la ratificación de dicho Convenio en los Estados miembros coincida con la del Convenio Europol ya que, de lo contrario, no dispondremos de los instrumentos necesarios. 
El Convenio Europol y el Sistema Europeo de Información son instrumentos necesarios para crear un centro que reúna todos los datos útiles. 
Los políticos nacionales y europeos que ahora se muestran indignados, ¿serán capaces de actuar con rapidez, también en los Estados miembros? 
Es obvio que cada país debe poner orden en su propia situación. 
Es preciso adoptar medidas judiciales contra la delincuencia. 
Lamentablemente, los ciudadanos observan, hoy en día, que las redes de delincuencia tienen libertad de acción y, en ocasiones, incluso reciben el apoyo de personas de los círculos judiciales. 
En tercer lugar, y ésta es nuestra propuesta al Parlamento, además de intensificar la cooperación entre los organismos oficiales, el Grupo del PPE desea prestar su apoyo a grupos de acción como Marc en Corinne y a las familias afectadas. 
En cuarto lugar, y con vistas a la Conferencia Intergubernamental, la modificación del Tratado de Maastricht se encuentra en plena preparación. 
¿Sacarán los gobiernos europeos consecuencias políticas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Declaración de Estocolmo de la semana pasada, es decir, aprobarán enmiendas al Tratado de la Unión Europea para que éste incluya los derechos del niño? 
Por otra parte, el Grupo del PPE espera que la Comisión Europea presente pronto una propuesta para convertir, lo antes posible, la Declaración de Estocolmo en propuestas políticas concretas para la Unión Europea. 
Sólo entonces se recuperará un poco la quebrantada confianza de los ciudadanos de Bélgica y de los demás Estados miembros. 
Están en juego, sin duda, la dignidad de nuestra sociedad, el respeto a los niños y el futuro que ellos representan. 
Señor Presidente, los hechos ocurridos recientemente han sacado a la luz de forma trágica el grave problema de la prostitución infantil. 
Queridos colegas, todos somos culpables de indiferencia y de laxismo, porque ha sido necesario que surja el drama del caso Dutroux para que este debate se incluya en el orden del día de nuestra Asamblea, a pesar de que es notorio el hecho de que numerosos niños son entregados cada año al mercado del sexo en el mundo y en Europa. 
Hoy con las declaraciones y los comités de reflexión nos damos por satisfechos. 
Es necesario actuar mediante la elaboración de un plan a nivel europeo para luchar contra la pederastia. 
En nombre de los niños que han sido asesinados, nuestro Grupo desea proponer un plan de este tipo que actúe en el plano jurídico. 
En este sentido, proponemos que la Conferencia Intergubernamental integre un fundamento jurídico que permita aplicar una política comunitaria en el ámbito del tráfico de seres humanos. 
Que los Estados miembros tomen medidas para armonizar las legislaciones nacionales en lo relativo a la protección del menor. 
Que apliquen su legislación y eliminen sus deficiencias. 
Que todo abuso sexual perpetrado contra un menor sea considerado en el plano jurídico como un crimen contra la humanidad. 
Que se penalice la posesión de material pornográfico destinado a los niños. 
Solicitamos asimismo que se amplíe el campo de acción de Europol en el ámbito de los abusos sexuales y de explotación sexual de los niños. 
Por último, solicitamos la creación de un observatorio europeo de la legislación y de su cumplimiento. 
Solicitamos también que se aplique una política de prevención. 
En este sentido hace falta una campaña de sensibilización destinada a la opinión pública y, en particular, a los niños. 
Queridos colegas, un niño es, por otra parte, tan esencial como un euro o un ecu. 
Movilicémonos de manera concreta para proteger el futuro de Europa que estamos construyendo para nuestros hijos. 
Señor Presidente, llegado mi turno, deseo expresar mi más sincero pésame a los padres de las niñas belgas asesinadas, los cuales han hecho gala de una dignidad ejemplar ante el drama que viven en estos momentos. 
Durante mucho tiempo, la pederastia apenas ha despertado interés entre la opinión pública, y la ley del silencio, por un afán de acallar el escándalo, ha constituido siempre la regla en estos casos. 
Hoy, las deficiencias de la acción policial y judicial de Bélgica se han visto verificadas en el caso Dutroux, y nos vemos obligados a reaccionar con carácter de urgencia en este clima de psicosis y espanto. 
El hecho de que la prostitución infantil haya adquirido una magnitud semejante se debe a que la sociedad ha preferido ignorar su existencia y, cuando ha tenido conocimiento de ella, se ha mantenido incrédula. 
Ha hecho falta que un drama incalificable, que afecta directamente a nuestros hijos, salga a la luz en uno solo de nuestros Estados miembros, para que el niño encuentre por fin el lugar que le corresponde en el seno de nuestras sociedades. 
Vivimos en un mundo en el que la cultura, el comercio y la tecnología cruzan las fronteras con demasiada rapidez como para poder ser controlados con precisión. 
Por ello no es sorprendente que la actividad criminal siga este proceso de internacionalización. 
Para hacerle frente, aún no disponemos de armas realmente eficaces. 
El reforzamiento del tercer pilar del Tratado podría proporcionarnos los medios para luchar contra estas redes internacionales del crimen organizado. 
Solamente la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial encaminada a la prevención y la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional deben ser contempladas por los Estados miembros de la Unión como de interés común. 
Entre las recomendaciones de la CIG, aprobadas el pasado mes de enero, no se contemplaba incluir la lucha contra el tráfico de seres humanos entre las competencias de Europol. 
Europol debe estar en condiciones de garantizar una investigación activa de las redes criminales a través de las experiencias y de las informaciones especializadas relativas al crimen organizado, y específicamente aquél que afecta a los niños. 
En este sentido, la creación de una base de datos internacional específica para pederastas y otros criminales sexuales que ya hayan sido condenados podría ser utilizada en el marco del turismo sexual y para prevenir la reincidencia. 
En el marco del diálogo estructurado, la cooperación y la coordinación en los ámbitos de justicia y asuntos de interior con los países terceros aspirantes a la adhesión deben convertirse en una prioridad, pero también y sobre todo, en una exigencia clara. 
Esperemos, señor Presidente, que el mal que actualmente carcome Bélgica y que nos indigna a todos sea el detonante tan esperado que nos permita decir por fin: eso nunca más. 
Quisiera añadir también, señor Presidente, que me hubiera gustado que nuestra Asamblea guardara un minuto de silencio en memoria de las víctimas. 
Señor Presidente, nos gustaría que esto no fuera cierto. 
Nos gustaría guardar silencio. 
Nos gustaría comprender y, quizá, preferiríamos que no fuera más que la obra de unos locos aislados. 
La pena de muerte, en relación con el fantasma de erradicación de este tipo de criminales, no es la solución. 
El asesinato es una evidencia. 
Lo que conduce a ello es complejo y nos interroga a todos los niveles de la sociedad. 
Dejemos a los jueces, a los psiquiatras aquello que es responsabilidad del criminal para preguntarnos qué mundo produce, nos guste o no, estos crímenes y estos criminales. 
A pesar de que el escritor belga Paul Vandrommes decía en la edición de ayer de Le Monde que el caso Dutroux demuestra que ya no existe una sociedad belga de manera orgánica, que ya nadie cree en la justicia ni en los magistrados, que el Estado ya no existe, debemos guardarnos de estigmatizar a un país y a su pueblo, pero tomemos estos asesinatos como una advertencia dolorosa y seria de lo que puede suceder en cada uno de nuestros países. 
No ignoramos que Internet permite el reforzamiento, la eficacia y la impunidad de las redes pederastas. 
Internet no conoce fronteras. 
Algunos, incluso aquí, se alegran de ello y se hacen apóstoles de una seudolibertad de comunicación que se regularía por sí sola. 
¿Los oiremos hoy? 
Este asunto nos recuerda cifras que suenan como una condena del modelo ultraliberal, en el que todo se compra y en el que el valor supremo es el del consenso: dónde está el dinero deja de haber reglas. 
Más de un millón de niños en el mundo, y sobre todo en el Tercer Mundo, son víctima del mercado del sexo. 
En cuanto a Europa, el 18 % de los clientes del turismo del sexo son alemanes, el 12 % británicos y el 6 % francés. 
Cómo podemos sorprendernos de la escasa eficacia de los convenios internacionales, cuando el Congreso de Estocolmo, a pesar de la importancia de sus debates, se niega a tomar en consideración entre sus conclusiones las causas relacionadas con la pobreza, con las relaciones Norte-Sur y con las políticas de ajuste estructural. 
Por consiguiente, para aplicar al menos y de la mejor forma posible las leyes existentes, pedimos que la UE pueda perseguir a sus nacionales culpables de cometer abusos sexuales en el extranjero, que se proponga realmente salvar el vacío Norte-Sur, que reflexione seriamente sobre medidas de penalización para aquellos países que no aplican las leyes de protección del menor. 
Señor Presidente, nuestros conciudadanos y más especialmente aquéllos de mi país, Bélgica, viven un auténtico trauma desde que se descubrió la suerte abominable que corrieron algunos niños y chicas jóvenes durante largos meses antes de ser asesinados, por no hablar de los casos que aún no conocemos. 
Más allá de la enorme emoción que siente todo ser humano dotado de un mínimo de sensibilidad, hay que decir que a nuestros propios conciudadanos les cuesta reconocer que puedan cometerse prácticas y actos tan terribles. 
Y reconocen aún menos que ello no sea únicamente el acto de un perverso psicópata con una personalidad probablemente excepcional, sino obra de un grupo criminal organizado, cuyas idas y venidas no han sido vigiladas en ningún momento ni, con mayor motivo, obstaculizadas, ni en el interior del territorio nacional belga ni fuera de él. 
Todo el mundo, y los colegas también lo han hecho aquí, hace hincapié, con razón, en el valor y la dignidad de los padres de las jóvenes víctimas, y hago mío lo que se ha dicho. 
Pero ello no sería más que una fórmula cortés de circunstancia si los políticos, a todos los niveles, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, no se deciden a intervenir. 
Y para empezar, la primera acción debe ser reconocer los errores y las faltas cometidos. 
Todos los oradores han reconocido una falta de voluntad en la lucha contra la explotación sexual de los niños. 
Hay que recordarlo y hay que denunciarlo. 
La escasez de los medios que se destinan al ejercicio de la justicia en varios Estados miembros, especialmente en el mío, es manifiestamente insoportable. 
Un sistema judicial que no dispone de medios no puede ser eficaz. 
Y por consiguiente, en segundo lugar, más allá de reconocer los errores, hay que presentar propuestas. 
Creo que es prematuro encontrar fórmulas y respuestas ya estén listas hoy mismo. 
Pero en todo caso se puede asumir un compromiso solemne de recurrir a todos los medios posibles para intentar erradicar este fenómeno malsano y, especialmente, la explotación de las perversiones sexuales y de la miseria sexual por parte de las redes criminales que operan en el mundo entero, y en particular en el Tercer Mundo. 
¿Qué hay que hacer a nivel nacional? 
Creo que está claro que en materia judicial, en materia penal, en materia social y en materia educativa, es necesario que los Estados proporcionen los medios indispensables para poder actuar con eficacia. 
A nivel europeo, que es lo que aquí nos preocupa, es evidente que ante una criminalidad internacional organizada es necesario actuar. 
Y creo que existen varios puntos concretos que podemos destacar ya desde ahora en lo relativo a la desaparición de menores. 
La necesidad de cooperación internacional es evidente. 
Se trata de informarse mutuamente. 
Hay que dar un seguimiento concreto a los trabajos del Congreso de Estocolmo. 
Por último, y termino con esto, creo que también es necesario que cuestionemos la escala de valores que actualmente predomina en Europa. 
La calidad de una sociedad se mide por el valor humano de sus miembros y por el lugar que se concede al ser humano en las decisiones políticas prioritarias. 
Cuando el dinero, el consumo, la conquista de nuevos mercados, el valor de la moneda son los valores dominantes en el plano político, no debemos extrañarnos al ver cómo surgen patologías sociales graves, como el caso que hoy nos ocupa. 
Europa debemos volver a cuestionarnos a fondo y situar en un primer plano el bienestar de los ciudadanos y, en particular, aquél de los más necesitados y de los más débiles. 
Y entre los más débiles se encuentran los niños. 
Me temo que todas las medidas represivas y de organización policial, aún siendo las más justificadas, no sean a fin de cuentas eficaces, si no se produce el mencionado cambio en la escala de valores. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, quisiera expresar mi más profunda condolencia a los padres y a las familias de las muchachas asesinadas en mi país. 
Lo sucedido supera todo lo imaginable. 
Hechos alucinantes que salieron a la luz en el momento en que se celebraba en Estocolmo la Conferencia Mundial sobre los derechos del niño y la explotación sexual a que se ven sometidos. 
Por lo visto, en la antesala del siglo XXI, todo es posible y todo, incluso los niños, está en venta. La aplicación más pérfida de la ley de la oferta y la demanda. 
Sabíamos del abuso de menores en los países asiáticos pero, en la práctica, no hicimos gran cosa. 
Además, los intereses comerciales eran más importantes para nosotros que los derechos del niño. 
También sabíamos de la prostitución infantil en las grandes ciudades de nuestros países. 
En definitiva, no hicimos nada a pesar de las posibilidades que el artículo K del Tratado de Maastricht nos brindaba para dar respuestas concretas. 
Si queremos convertir nuestra condolencia en actos concretos, es preciso que busquemos respuestas sociales dentro de Europa, como la creación de un registro de niños desaparecidos, la intensificación de la cooperación policial transfronteriza, incluido el intercambio de experiencias en materia de política penitenciaria, la inclusión de los derechos del niño en nuestros códigos, la exigencia obligatoria de que los terceros países respeten esos derechos y la introducción de leyes penales extraterritoriales que refuten los delitos sexuales cometidos fuera de nuestras fronteras. 
La Comisión ha anunciado ya algunas iniciativas. No es preciso que las realice hoy mismo pero, por favor, que no espere demasiado. 
Señor Presidente, también el Grupo Europa de las Naciones se estremece y conmociona ante el sufrimiento de esas niñas y jóvenes inocentes. 
Queremos transmitir nuestro más profundo pésame a las familias de las víctimas. 
Las imágenes televisivas nos encaran de un modo tan directo con el mal y con sus consecuencias, que ya nadie puede eludir su responsabilidad. 
¿Cómo es posible que se haya llegado tan lejos? 
Cierta tolerancia e indolencia se habían apoderado de nuestros políticos y dirigentes. 
Ahora bien, como diputados al Parlamento Europeo, es nuestro deber romper con esta actitud y hacer todo lo necesario para alcanzar un entorno de vida seguro para nuestros hijos. 
A tal fin, debemos revalorizar nuestras normas éticas. 
Los hombres deben volver a ser conscientes de las consecuencias que tiene la satisfacción desenfrenada de sus necesidades. 
Como mínimo, es preciso limitar las imágenes pornográficas en los mensajes publicitarios. 
Alrededor de la pornografía, también la pornografía infantil, de la prostitución y del turismo sexual ha ido creciendo una red de delincuencia internacional que no se arredra ante nada. 
Espero que, gracias a la publicación de estas obscenidades por los medios de comunicación, el sentimiento general de horror permanezca en nuestra memoria. Espero que esto lleve a la adopción de acuerdos internacionales adecuados sobre penalización y extradición. 
Por su contenido y difusión, la Conferencia de Estocolmo era una señal de esperanza para todos los que en Europa se esfuerzan por la protección de nuestros hijos y nietos. 
Esta iniciativa llegó demasiado tarde para las víctimas de la violencia y de los asesinatos que ahora recordamos. 
Que su sacrificio no sea en vano, y que nos impulse a entablar la lucha contra el abuso sexual, el asesinato y el homicidio, con todos los recursos legales de los que disponemos los políticos. 
Señor Presidente, toda Europa, aunque con cierto retraso, se ha dado cuenta de la gran difusión del fenómeno criminal de la pederastia. 
Ahora, y no sólo empujados por la conmoción que nos embarga, sino racionalmente, la Unión Europea debe ejercer su acción de estímulo, urgente y apremiante, a fin de que los Estados miembros hallen un único lenguaje jurídico para prevenir y reprimir este infamante fenómeno que afecta al sector más débil de la sociedad: los niños. 
Consideramos que este llamamiento de la Unión Europea debe incluirse en el Informe Anual sobre los derechos humanos. 
Señor Presidente, éste no es momento de debate, sino de luto. 
No es hora de grandes discursos, sino de reflexión. 
En primer lugar, nuestros pensamientos son para las familias afectadas, las familias Russo y Lejeune de Grâce-Hollogne, las familias Marchal y Lambrechts de Hasselt y todas las familias que aún no tienen noticias de sus hijos desaparecidos. 
Quisiéramos expresar nuestra estima y respeto por la dignidad y el espíritu cívico de todas esas familias afectadas. 
La confianza en el estado de Derecho y en el estado político ha sufrido un serio revés. 
Los ciudadanos no comprenden la impotencia de los tribunales y de las autoridades en la lucha contra esa violencia brutal y esos actos execrables. 
Por tanto, conviene que reflexionemos y mostremos la modestia apropiada. 
No obstante, Europa nos mira también a nosotros, ya que no sólo se trata de los autores de estos hechos repulsivos, sino de una sociedad que parece estar enferma hasta la médula. 
Se trata de niños del tercer mundo que se prostituyen aquí para tener algo que comer. 
Se trata de organizaciones que se enriquecen con todo tipo de actividades perversas. 
Se trata de una sociedad que no logra aunar fuerzas suficientes para proteger en eficacia los derechos más elementales de los niños y de otros grupos indefensos en todo el mundo. 
No obstante, no mantengamos un improvisado debate político de partidos. 
Mostremos, en cambio, nuestro respeto por todas las víctimas de Bélgica y de otros lugares, de hoy y del pasado, desde el convencimiento de que mañana tendremos la fuerza y el valor suficiente para atacar con serenidad estos problemas y erradicarlos, en la medida de lo posible, de este mundo. 
Señor Presidente, a pesar de que es justo aprovechar el drama de Marcinelle para afrontar el tema de la violencia, en particular, de tipo sexual que se ejerce sobre los niños en todo el mundo, sin embargo, hay que reconocer que los hechos ocurridos en Bélgica presentan aspectos tan extraordinariamente graves que despiertan un profundo malestar en nuestra sociedad, cuyas raíces tienen que descubrirse. 
Primer aspecto: las increíbles violencias de Marcinelle no fueron el fruto de un repentino raptus de locura o de una horrible pasión, sino de una larga y lúcida premeditación en la que participaron muchas personas de mutuo acuerdo. 
Segundo aspecto: parece que existe una deleznable red de sexualidad pervertida y dinero, relacionada con el tráfico de niños y de pornografía infantil incluso a escala internacional. 
Tercer aspecto: los hechos ocurrieron en una Europa que se considera muy civilizada y que aboga sin cesar por los derechos humanos y del niño. 
Por consiguiente, los hechos requieren un serio examen de conciencia. Éste ya comenzó en Estocolmo con una reflexión sobre el turismo sexual, sin embargo, hay que ir más allá. 
Estoy de acuerdo con todas las sugerencias formuladas y pienso que habrá otras de la Comisión de Asuntos Jurídicos, siempre comprometida junto con el Parlamento en defender los derechos de los niños, tal como sucedió a través de la Carta de los Derechos del Niño y como esperamos que suceda tras la conclusión de los dos informes sobre las condiciones de los niños en Europa y sobre la adopción internacional. 
De cualquier modo, creo que el caso de Marcinelle, que ofrece una siniestra visión de la pornografía infantil, nos impone también una coherencia por lo que respecta a la pornografía en general. 
No creo que para proteger a los niños sea suficiente luchar contra la pornografía infantil, sino que hace falta luchar contra la pornografía en general y, tal como se recalcó, sobre esto recae la responsabilidad de todos los adultos, debido al clima hedonístico dominante en que placer y dinero son los fines últimos de evaluación y de comportamiento. 
Debemos preguntarnos en qué medida dicho clima incide en mentes frágiles o enfermas, por una parte, y en mentes criminales, por otra. 
Por ello, debemos preguntarnos si no cabría la posibilidad de sanear este ambiente que, en consecuencia, además de las necesarias medidas de represión y prevención, exige también un seguimiento y un compromiso moral por parte de cada uno de nosotros. 
Señor Presidente, no cabe duda de que esta tarde el Parlamento Europeo se ha reunido sobre todo para mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas de unos sucesos ocurridos precisamente aquí en Bélgica. 
Otro motivo fundamental por el cual el Parlamento Europeo celebra este debate es que ayer se clausuró la Conferencia de Estocolmo. 
Se han puesto en evidencia muchos puntos en relación con lo decidido a lo largo de los cinco días que duró la conferencia en Estocolmo, sin embargo, deseo hacer hincapié en un aspecto que quizás no ha sido puesto suficientemente en evidencia: la peculiaridad de la Conferencia de Estocolmo se basa sobre todo en el testimonio directo de niños que fueron explotados y que sufrieron abusos sexuales y violencias, así como en haber escuchado en vivo su voz, lo que, sin duda, facilitó muchísimo los trabajos de la propia conferencia. 
Quisiera que esto sirviera de ejemplo para los trabajos que esta Institución comunitaria llevará a cabo y para todas las iniciativas que nuestro Parlamento va a proponer al respecto. 
Volviendo a los asuntos más estrechamente vinculados con las Instituciones comunitarias, deseo subrayar asimismo que la Conferencia Intergubernamental, durante estos meses, deberá absolutamente considerar la posibilidad de incluir en la reforma del Tratado un capítulo que contemple disposiciones referidas a los menores, al igual que lo hace el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia. 
Hay que pensar en crear un fondo comunitario ad hoc para seguir de cerca los casos más relevantes de violencia sobre los menores. 
Es asimismo urgente que la Comisión y los Estados miembros lleven a cabo una iniciativa coordinada para luchar contra los medios que los pederastas tienen a disposición, haciendo especial hincapié en la explotación sexual a través de Internet y de los demás sistemas tecnológicos y telemáticos. 
Por consiguiente, es imprescindible una acción coordinada de los Estados miembros y de todas las organizaciones no gubernamentales y un trabajo conjunto con las organizaciones como la UNICEF, la UNESCO y la UNDP. 
Todos juntos, y solamente todos juntos, podremos modificar estas graves perturbaciones sociales y culturales que azotan a Europa y al mundo entero. 
Señor Presidente, queridos colegas, tras los dramáticos acontecimientos que hemos vivido, es conveniente que en nuestra condición de belgas exijamos clara y firmemente responsabilidades y que aprendamos la lección para el futuro, y nosotros velaremos por que así sea. 
Como diputados al Parlamento Europeo, tenemos naturalmente unos deberes que cumplir. 
En particular, como ya se ha dicho, tenemos el deber de alentar a los Estados a que se doten de los medios legislativos, materiales y humanos necesarios para poder luchar eficazmente contra la lacra de la pederastia, en particular, perseguir en su país de origen a aquellos ciudadanos que se entregan a prácticas pederastas en el extranjero. 
Pero además y sobre todo tenemos el deber de desarrollar, a nivel europeo, los instrumentos necesarios para ello. 
No debería resultar demasiado difícil llegar a un acuerdo sobre el conjunto. 
Debemos, por ejemplo, favorecer la coordinación y acrecentar los medios de acción de los organismos existentes, como Europol, y apoyar las iniciativas, a menudo voluntarias, que en numerosos países se dedican a la búsqueda de niños desaparecidos. 
Me alegra, por otra parte, oír decir al PPE que está de acuerdo con la propuesta de la asociación sin ánimo de lucro Marc y Corine, que hemos presentado y apoyado. 
Debemos además, como ha dicho la Sra. Todini, insertar en el Tratado de la Unión Europea un nuevo artículo relativo a los derechos del menor y a la voluntad de la Unión Europea de ayudar a los Estados a luchar contra la pederastia, poner a punto los mecanismos necesarios para dar caza a los pederastas de las nuevas redes de comunicación e incluir en las negociaciones de adhesión de los nuevos Estados miembros condiciones que garanticen que dichos países no dan muestra de tolerancia culpable en lo relativo a acciones y redes pederastas. 
Hoy, queridos colegas, la desgracia, la solidaridad en los discursos y las promesas están de actualidad. 
Pero mañana será necesario concretizar todo esto. 
Jamás deberá el olvido alejarnos de nuestro deber, que es el de contribuir a que se le reconozca a cada niño su dignidad y se garantice su integridad física y moral. 
Al hacerlo, Europa demostrará que no es una máquina económica y monetaria y que es capaz de responder a los problemas sociales que preocupan a los 350 millones de europeos. 
Señor Presidente, estamos todos conmocionados al contemplar de forma tan dramática cómo la violencia sexual se ejerce sobre los menores. 
La expectación y repulsa que han provocado los recientes sucesos y descubrimientos han sensibilizado de forma excepcional a la opinión pública. 
Porque no son sólo los actos de violencia directa sobre el menor lo que se ha puesto en evidencia, sino la tolerancia y participación en ellos de organismos financiados por los ciudadanos para que velen por la integridad y seguridad de todos. 
Pediría a mis colegas que, por esta puerta que se ha abierto con los últimos sucesos, entremos de lleno en el tema de la violencia sobre el menor y que utilicemos todos los recursos de que disponemos para sacar a la luz, de forma clara y sin cortapisas, todas las manifestaciones y los intereses a los que sirve. 
No podemos olvidar que muchos de los abusos que se cometen se llevan a cabo dentro del hogar, que el número de niñas objeto de violencia es mayor que el de niños, y que, en algunos casos, esta violencia se comete de forma masiva en nombre de la tradición. 
Debemos considerar muy seriamente las formas de prevención de estos delitos. 
Si nos limitáramos a endurecer las penas, seguiríamos dejando de lado, en cierto modo, los derechos naturales de las niñas y niños víctimas de abuso. 
Las redes de secuestro y prostitución dependen de un engranaje al servicio de intereses económicos, sociales y culturales. 
Ponerlos de manifiesto sería un primer paso para su desmantelamiento y es nuestro deber hacerlo así. 
Señor Presidente, más allá del drama que enluta Bélgica y que nos concierne a todos, debemos preguntarnos sobre el desarrollo de esta explotación de niños con fines sexuales y su cortejo de crímenes, asesinatos, secuestros y prostitución. 
Debe llevarnos a la reflexión y a la acción. 
Sería conveniente, en primer lugar, integrar en el Tratado de la Unión Europea una auténtica carta de los derechos del menor que, especialmente por mediación de Europol, la hagamos respetar no sólo en Europa sino también fuera de ella. 
Porque, como sabemos, la mundialización tiene efectos perversos sobre el desarrollo del tráfico de niños. 
Ha hecho posible la creación de auténticas redes de turismo sexual en Asia, América del Sur y a nuestras mismas puertas, especialmente, en la Europa oriental. 
En cuanto a Internet, sabemos que constituye una cobertura perfecta para desarrollar y promover la pederastia. 
Por ello, queridos colegas, hoy debíamos celebrar este debate y debemos continuar movilizándonos para proteger a nuestros hijos y devolverles su infancia. 
Señor Presidente, hago mías las palabras de mis colegas y su emoción, pero añadiré algo más. 
Una reflexión sobre la sociedad de la información: ¿acaso no es absolutamente indispensable que reflexionemos, nosotros, políticos elegidos, con los responsables de los medios de comunicación sobre la forma de tratar los distintos hechos. 
No dispongo de tiempo para profundizar, pero del mismo modo que resulta normal suscitar la indignación y la emoción a propósito de los hechos que nos ocupan, debemos interrogarnos sobre el traumatismo que puede representar, al cabo de 15 días, también entre los niños que miran, ven y escuchan todos los medios de comunicación, el tratamiento que reciben estas acciones. 
Hay que tomar en serio los hechos, hay que tomar las medidas necesarias, pero creo que en lo que respecta a los adultos perturbados que quizá por su tendencia nunca pasarían a la acción, el tipo de información que se facilita sobre acciones como éstas podrían desencadenar posteriormente una serie de comportamientos como los que hemos presenciado. 
Por otra parte, en lo relativo a la pornografía: no deja de ser un hecho constatado, tanto en el caso de Marc Dutroux, como en el de todos aquellos que han cometido acciones semejantes, que siempre encontremos material pornográfico. 
En este caso se trata de más de 300 cintas de vídeo de contenido pornográfico. 
La protección del menor no consiste solamente en impedir que los niños vean cintas pornográficas. 
¿No se trata quizá de que los adultos pueden llegar a sufrir trastornos con el tiempo a raíz de contemplar producciones de este tipo? 
No, la pornografía no es realmente uno de los derechos humanos. 
Señor Presidente, es obvio que en este Parlamento expresemos unánimemente nuestro horror ante los terribles delitos que se han cometido en Bélgica. 
No obstante, este luto y profunda condolencia hacia las familias de las niñas secuestradas y asesinadas no deben convertirse en pretexto para enmascarar la duda de que, dentro y fuera de este Parlamento, exista la misma unanimidad para atajar y extirpar las causas, las verdaderas causas que han permitido y propiciado estos delitos de pedofilia. 
En consecuencia, plantearé algunas preguntas: ¿existe la voluntad de poner fin a la permisividad descabellada de esta sociedad, que hace que parezcan normales todo tipo de perversiones sexuales? 
¿O es que alguno de ustedes pretende ignorar que la propaganda pedófila se exhibe libremente en numerosos Estados miembros? 
¿Existe la voluntad de tomar medidas contra empresas, y me refiero también a grandes empresas como Benetton o Mexx, que a menudo utilizan a niños desnudos con los fines comerciales y lucrativos más vulgares? 
¿Existe la voluntad de poner fin a esa otra forma de permisividad demencial que presenta incluso a los delincuentes más atroces como víctimas de la sociedad, que a toda costa deben tener una segunda o, incluso, una tercera oportunidad? 
¿O es que alguien pretende aún ignorar que ese monstruoso asesino, Dutroux, quedó en libertad en 1992 gracias al indulto del ministro belga Whatelet, sin haber cumplido siquiera la mitad de una condena anterior por secuestro y violación infantiles? 
¿Ignora este Parlamento que, después de aquello, el mismo Sr. Whatelet fue nombrado juez del Tribunal de Justicia y que ahora se lava las manos? 
No confío en absoluto en las lágrimas de cocodrilo que tantos políticos supuestamente responsables demandan ahora, aunque puedo admitir que el espanto y la conmoción que sienten sean sinceros. 
No obstante, si no se atreven a tomar las medidas necesarias para proteger a los más débiles de nuestra sociedad, les consideraría corresponsables de lo sucedido y de lo que, mucho me temo, pueda suceder en adelante. 
Hace algunos meses, este país abolió la pena de muerte. 
La propuesta de mi partido que preveía la posibilidad de imponer penas no reducibles, al menos para los delitos más graves, fue desestimada de un modo ultrajante por los demás partidos. 
Por consiguiente, incluso un criminal como Dutroux podría estar en libertad en un futuro no muy lejano. 
Me gustaría pedir a los denominados políticos responsables que hoy lloran con lágrimas de cocodrilo que reflexionen sobre este tema esta noche antes de dormir. 
Señor Presidente, los acontecimientos que estamos examinando hoy son simplemente la punta del iceberg. 
No están limitados sólo a Bélgica, sino que se dan en toda la Unión Europea y en gran parte del mundo en desarrollo. 
En la Unión Europea debemos prepararnos para afrontar más revelaciones de colusión entre la policía y los políticos. 
Mientras la tragedia de raptos y asesinatos de niños inocentes sigue desplegándose aquí, en Bélgica, y en otros lugares, no puede haber nadie que no se sienta profundamente conmovido, perturbado e irritado ante lo que ha estado sucediendo. 
Existe un gran peligro de que las instituciones de la Unión Europea no reaccionen de forma sistemática ante esas atroces cuestiones de la violencia contra los niños. 
Es necesario que las instituciones europeas actúen coherentemente y den a los 120 millones de niños de la Unión Europea la protección que merecen y tienen derecho a esperar, que es el reconocimiento pleno de los niños como ciudadanos de la Unión Europea y nada menos. 
El pasado mes de julio, antes de que la actual tragedia saliera a la luz, insté al Parlamento en Estrasburgo a celebrar en el otoño un debate completo y abierto sobre la violencia contra los niños. 
Me alegro de que ahora vayamos a tener otra oportunidad de abordar ese asunto en el Pleno de septiembre a partir de una pregunta oral del Grupo UPE. 
Repito la petición concreta que formulé a la Presidencia irlandesa en julio de que conceda prioridad a la inclusión de un capítulo en el Tratado en el que figuren la disposiciones relativas a los derechos humanos de los menores a fin de que, como cualquier otro ciudadano, puedan gozar plenamente de los derechos y libertades fundamentales y la protección reconocidos por la Comunidad, exceptuadas, naturalmente, las limitaciones establecidas por la ley específicamente para los niños. 
Cualquiera o cualquier Gobierno que ponga objeciones a ello ahora tendrá que responder a algunas preguntas muy serias ante los ciudadanos europeos. 
Hay que salvaguardar plenamente los derechos de los niños como ciudadanos europeos. 
En julio pedí una cruzada en pro de los niños; ahora más que nunca resulta imperativa dicha cruzada. 
También me refería al uso indebido de la tecnología, como, por ejemplo, Internet, por los pedófilos. 
Resulta urgentemente necesaria una iniciativa de la Unión Europea a ese respecto. 
El Presidente en ejercicio del Consejo, Gay Mitchell, en respuesta a mi propuesta, dijo que la Presidencia acogería con beneplácito las propuestas en ese sentido procedentes del Parlamento. 
Insto a la Comisión a que adopte una actitud igualmente positiva y nos haga saber hoy si apoyará la inclusión de los niños en los Tratados durante la CIG y una iniciativa de la Unión Europea sobre Internet para impedir la diseminación de la información de carácter pedófilo. 
Señor Presidente, hoy estamos celebrando un debate en torno a los abusos perpetrados contra la infancia, partiendo de un hecho especialmente trágico y deleznable, respecto al que no existen palabras suficientes para expresar el horror y la condena. 
Me sumo a lo manifestado por mis colegas, sin embargo, sería hipócrita, deseo decirlo claramente, que nos limitáramos a condenas morales: hipócrita y tardío. 
La Conferencia de Estocolmo facilitó datos terribles y espantosos. 
Voy a citar sólo uno de ellos: cada año en el mundo se induce a la prostitución un millón de niños menores de doce años. 
Parece increíble, sin embargo, y por desgracia, es verdad. 
Ante estos datos, no podemos limitarnos a hablar de cuestiones morales y de cintas de video pornográficas. 
Estoy de acuerdo con todas las propuestas y también con las del Comisario, respecto a Internet, a la pornografía, etcétera, sin embargo, sabemos, todos nosotros en Europa sabemos, que esto no es suficiente. 
Debemos hablar y actuar también respecto a los grandes intereses económicos que son la base de la explotación infantil, así como de las connivencias de las instituciones e incluso de los Gobiernos de los países que acogen el llamado «turismo sexual». 
Creo que Europa debe prepararse para actuar sin demora en dos frentes: luchar contra quien practica y fomenta el «turismo sexual» , lo que representa una cuestión de policía y de cooperación de policía, y al mismo tiempo- y Europa puede hacerlo- luchar con mucha fuerza contra las economías de los países que obtienen beneficios a través de la explotación de los niños y, vuelvo a repetirlo, de niños menores de doce años. 
¡Es increíble! 
El debate queda cerrado. 
Servicios públicos 
De conformidad con el orden del día, se procede a una declaración de la Comisión sobre los servicios públicos. 
Tiene la palabra el Comisario, Sr. Van Miert. 
Señor Van Miert, esperamos que no haya perdido su energía. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi alegría por las palabras del Comisario. 
Creo que están en la línea correcta. Me gustaría preguntarle cuándo se presentará dicha comunicación; la esperamos con impaciencia para poder celebrar un verdadero debate. 
En segundo lugar, permítame referirme a una cuestión en la que el Comisario ha profundizado poco. Evidentemente, no sólo hay que tener en cuenta el sistema. 
No sólo debemos considerar a las autoridades, sino también a los consumidores. Esta es una cuestión importante que debemos tener presente. 
En tercer lugar, debemos matizar con precisión este tema. 
Algunos monopolios públicos no funcionan bien. 
En los últimos años, hemos podido comprobar que se han llevado a cabo, con éxito, algunas privatizaciones. En cambio, otras han dado como resultado monopolios privados, que tampoco benefician al consumidor. 
Así que hemos de matizar. 
Nuestro Grupo ha aprobado la modificación del Tratado, precisamente con el objeto de formular de un modo más positivo la cuestión de los servicios públicos. Al final de su exposición, el Comisario también se ha referido a ello. 
En la actualidad, el Tratado emplea términos bastante negativos al respecto. Cada uno de los países tiene derecho a decidir sobre esta cuestión, pero nos encontramos en un mercado europeo único y, por consiguiente, las decisiones individuales de los distintos países entrañan determinadas consecuencias. 
Quizá sea éste el motivo por el que conviene dar una expresión más positiva al Tratado o a la comunicación que nos anuncia el Comisario. No pretendemos modificar en esencia el sistema pero, teniendo en cuenta sobre todo las últimas palabras del Comisario, quizá sea conveniente buscar una formulación más positiva. 
Por último, y precisamente porque nuestro mercado se unifica cada vez más, también en el ámbito de los servicios públicos, el diálogo social reviste una enorme importancia. 
En el ámbito de los servicios públicos es difícil establecer ese diálogo con los empresarios, pero sigue siendo la única forma de conciliar unos intereses que, a veces, están muy enfrentados. 
Este aspecto tiene mucha importancia y, en consecuencia, quisiera pedir al Comisario que lo incluya en su comunicación. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, puede que yo les parezca severa, pero el hecho de que se haya mantenido en el orden del día un debate semejante, lo encuentro, personalmente, una aberración e, incluso, una irresponsabilidad. 
En efecto, ¿cómo se puede discutir seriamente con la Comisión de un tema sobre el que ésta sigue sin emitir una comunicación que, en principio, estaba prevista para junio de 1996? 
El retraso de la Comisión, a pesar de ser lamentable, no es una catástrofe en sí. 
Bastaba con aplazar este debate a una fecha posterior. 
Al aceptar este debate en semejantes condiciones y sobre un tema tan crucial para nuestros conciudadanos, nuestra Asamblea se ha puesto en ridículo. 
Por consiguiente, al no poder debatir sobre las ambiciones de la Comisión y no teniendo nada que decir a priori sobre las mismas, me limitaré a recordar algunos principios a los que mi Grupo atribuye gran importancia. 
El primero es el de preservar la solidaridad entre los ciudadanos. 
Dicha solidaridad se articula en torno a cinco grandes ejes: la igualdad de los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos, la ayuda a los más necesitados, la cohesión social y el fomento de los recursos de un país. 
Los valores de igualdad y solidaridad pueden parecer a veces estar amenazados por los avances de la técnica y por la primacía que con demasiada frecuencia se concede a la competencia dentro de una lógica ultraliberal. 
Nuestro deber es regular dicha lógica. 
Ahí reside el segundo principio de una buena gestión de los servicios públicos. 
Aceptemos la idea de competencia para las empresas públicas que están relacionadas con el sector de la competencia. 
Esta idea es indispensable para determinadas actividades del sector público, a fin de evitar la esclerosis de sectores enteros de la economía y de reforzar su competitividad. 
Pero neguémonos a generalizar a ultranza este espíritu y organicemos la competencia de manera transparente. 
El tercer principio consiste en garantizar a los Estados la libertad de elección. 
La clave, iba a decir la válvula de escape, de la voluntad europea en el ámbito de los servicios públicos reside en la aplicación coherente del principio de subsidiaridad. 
Permítame, para argumentar mis palabras, que tome el ejemplo de Francia, país en el que la esencia misma del pacto republicano, símbolo de su propia existencia, se definió en sus estructuras del servicio público. 
Sin excluir, no obstante, las adaptaciones necesarias a la realidad contemporánea, a la República Francesa le será imposible sacrificar sus propios servicios públicos, deseados por sus conciudadanos. 
No se trata de imponer los valores franceses a los demás, sino de permitir, en virtud de la subsidiaridad, que los Estados que así lo deseen, conserven su modelo social en el respeto natural del Derecho comunitario. 
Aunque me parece fundamental proseguir con la adaptación y la modernización del servicio público, es importante confirmar su existencia a nivel del Derecho comunitario. 
La revisión del Tratado debe ofrecernos esa posibilidad. 
Dicha revisión debería ser la ocasión para modificar el artículo 90, con el fin de que la Comisión, en materia de competencia en el sector público, no ejerza más que un poder de supervisión que excluya la posibilidad de tomar decisiones unilaterales. 
Señor Presidente, una declaración de la Comisión sobre los servicios públicos ha creado cierta expectación. 
¿Por qué mantener para ahora la declaración, cuando no hay documento alguno, dado que se ha aplazado su presentación? 
¿Por qué insistir en el debate, tras habérsele amputado un documento, un texto básico? 
Así, queda debatir las líneas generales de una orientación. 
Reafirmamos nuestro desacuerdo y subrayamos la importancia del asunto, pues nunca está de más examinarlo, aunque sea en sus líneas generales, si bien procurando no trivializar su examen y, así, desvalorizarlo. 
A nuestro entender, siempre hay lugar en una declaración de principio para afirmar el concepto de servicio público y su perennidad, etimológica incluso. 
Al mismo tiempo, debemos evitar que ese debate pueda parecer una cortina de humo, que oculte el hecho de que una dinámica que endiosa el mercado destruye los servicios públicos y anula el «servicio público» como concepto operativo. 
Vivimos en un período histórico, pasajero como todos, en el que se está llevando al absurdo la mercantilización, sin dejar espacio para actividades que no se evalúen reductivamente con criterios economicistas y de competitividad, y no se consideran viables muchas actividades, algunas de ellas indispensables y sólo posibles como objeto de servicio público. 
En la llamada «construcción de Europa» creemos que debe estar presente el concepto de servicio público, no sólo en las afirmaciones de principio, evaluando con cuidado las evoluciones, sino también desconfiando de cambios de designación como «servicio universal» y sobre todo en la moderación de prácticas y ambiciones que encuentran en la privatización de todo la panacea para los males económicos, como si, en caso de que la economía llegara a funcionar bien, no hubiera mal social, con lo que se olvida que la economía debería tener como fin la organización racional y el aprovechamiento de los recursos para satisfacer necesidades sociales. 
Y como estamos en este período histórico, sería necesario que la Comisión, en sus declaraciones, con o sin documento, dijera, en efecto, lo que piensa hacer para contribuir a la compatibilización de las innovaciones técnicas- que, por ejemplo, nos conducen a y por autopistas de información- con la operacionalidad y un concepto imprescindible como es el del servicio público que deben prestar los servicios públicos. 
Señor Presidente, quisiera recordar a los diputados a esta Asamblea que en realidad fuimos nosotros quienes pedimos esa declaración. 
No es la Comisión la que insiste en hacerla. 
Nosotros la pedimos, porque creemos que tenemos capacidad para pensar por nosotros mismos sobre lo que deseamos de los servicios públicos en la Unión Europea. 
Con ello esperamos ejercer una influencia en lo que salga de la Comisión. 
De modo que, como algunos diputados parecen confusos a ese respecto, me ha parecido importante subrayar que fuimos nosotros quienes pedimos la declaración. 
Estimados colegas, señor Comisario, entendemos la democracia en el sentido de que esta Asamblea plantee consideraciones y que las transmita a la Comisión, esperando que ésta las escuche muy atentamente y extraiga las consecuencias. 
Se trata de un problema ante el trasfondo del debate sobre los servicios postales y las resoluciones que adoptamos que, por cierto, no encontraron precisamente un claro eco en las posteriores deliberaciones. 
Espero que en esta ocasión los resultados sean mejores. 
Debemos tener claro que en las próximas y muy profundas modificaciones que van a experimentar nuestra economía y nuestras sociedades va a ser muy importante que se establezca como tarea realmente propia la producción de bienes públicos y frenar- si me permiten que exprese este concepto- la furia neoliberal que quiere transformar todo en mercancías que sirven al enriquecimiento privado. 
No puede tratarse solamente una cláusula de excepción o de una categoría parcial, pues se contempla actualmente en el Tratado. 
En este aspecto, existe realmente la necesidad de modificar el Tratado europeo, de tener en cuenta la Carta del servicio público europeo y también de examinar seriamente esta cuestión en el capítulo del empleo. 
Pero el servicio universal no es suficiente. El servicio universal es, por así decirlo, una categoría parcial que es razonable para ciertos sectores que, en cierto sentido, se encuentran entre el campo público y privado, pero no para los sectores centrales del servicio público en los que se trata de la producción de bienes públicos y donde es cierto que necesitamos una renovación. 
Naturalmente, no podemos seguir con los monopolios estatales centralizados que existen en algunos sectores y que pertenecen realmente a una época pasada. 
Pero no queremos sustituirlos por monopolios privados que operan a nivel mundial o transnacional o preparar el mercado para estos monopolios privados. 
Incluso el Comisario Bangemann ha indicado en alguna ocasión que este es el peligro concreto en algunos sectores centrales. 
Como Parlamento debemos indicar que tenemos ideas concretas sobre cuáles son las tareas esenciales de los servicios públicos, a las que me he referido en abstracto pues no puedo tratar ahora sobre ellas en detalle. 
Hay que formular objetivos claros. 
Las tareas deberían ejecutarse teniendo en cuenta la gran variedad de posibles configuraciones entre los operadores y reguladores, respetando la necesaria democratización y pluralidad de configuración. 
Debe estar claro que el servicio público debe solucionar toda una serie de tareas continuadas de carácter superior o prevalente que alcanzan hasta el tercer sector de la economía social y que debe ocuparse seriamente e impulsar también realmente las grandes tareas de nuestro tiempo, como la transformación ecosocial, la feminización y la orientación al ciudadano. 
Entonces podrá el servicio público convertirse en un factor esencial en la construcción de una Europa con sentido y aceptada también por todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, durante mucho tiempo, a pesar de sus palabras optimistas, señor Comisario, no se ha hablado en absoluto de los servicios públicos en la Comunidad. 
Hoy hablamos de ello y convendría que habláramos cada vez más. 
Pero no debemos abordar esta cuestión de una manera puramente técnica y jurídica. 
Es cierto que existen múltiples interrogantes sobre las actividades que deben crearse en materia de servicio público, cuando el mercado no es capaz de proporcionar las prestaciones adecuadas. 
Existen asimismo múltiples interrogantes sobre la forma de organizar los servicios públicos, por ejemplo, en la forma de monopolio o sin monopolio, y sobre las reglas que conviene aplicar a dichos servicios, el régimen aplicable a los usuarios, el estatuto del personal, etc. 
Pero más allá de estas cuestiones técnicas o jurídicas se plantea un opción política sobre la manera en que se concibe la sociedad y el papel de la Unión Europea. 
En la lógica del Tratado de Roma, reforzada por las ideas que predominan desde hace quince años, la competencia, el mercado, el liberalismo económico son las palabras claves de la política comunitaria. 
No estamos en contra del mercado ni en contra de la competencia, los cuales pueden favorecer el dinamismo, la emulación y, en definitiva, una bajada de los precios y una mejor calidad de los productos o servicios. 
Pero estamos en contra de una Europa que tenga un solo objetivo: un gran mercado orientado únicamente hacia la competencia. 
Europa debe tener también otros objetivos. 
La crisis de confianza que mina la construcción europea y debilita el futuro de la Unión obedece en gran medida al sentimiento que tiene la población de encontrarse ante una máquina inhumana que no se preocupa más que de la rentabilidad económica y financiera, y abandona a las personas a su suerte. 
Necesitamos construir una Europa en interés de todos, que se preocupe de reducir las desigualdades entre las distintas partes de un territorio. 
El recurso al servicio público puede ser una forma de reducir dichas desigualdades, porque, precisamente, tiene por objeto ofrecer una prestación a todos con el máximo grado de accesibilidad, mientras que el mercado busca en primer lugar la rentabilidad. 
Algunos dirán que, en numerosos países, los servicios públicos han funcionado mal, han estado mal gestionados. 
En estos casos es necesario aplicar reformas, naturalmente. 
Además, en ciertos casos, la evolución demuestra que no existe ya ningún motivo para hacer un servicio público de una actividad que ha pasado a ser banal y ordinaria. 
En cuyo caso, la privatización es una fórmula mejor. 
Pero continúa siendo cierto que en muchos casos, en particular, aunque no exclusivamente, en el vasto campo de los servicios sociales, la iniciativa y el control por parte del poder público son indispensables. 
La privatización total, la desvinculación del Estado y de los colectivos públicos en ese ámbito no supone un progreso, sino un retroceso. 
Algunos ejemplos recientes así lo demuestran de manera trágica. 
La Unión Europea debe comprenderlo, señor Comisario, y aprovechar la CIG, por ejemplo, para crear una noción europea del servicio público que no se reduzca a este concepto tan minimalista que a menudo oímos evocar en estos tiempos del servicio universal. 
La Unión, y en particular la Comunidad, deben tener una política que esté basada a la vez en la competencia y en el interés general. 
La Unión debe disponer también de servicios públicos que sean propiamente europeos. 
Volveremos a hablar de ello en base a los trabajos que usted dirigirá, señor Comisario. 
Señor Presidente, la declaración de la Comisión sobre los servicios públicos que acabamos de oír no nos tranquiliza en absoluto. 
Es cierto, como hemos tenido ocasión de observar perfectamente, que en estos últimos tiempos, la idea de servicio público ha terminado por ser reconocida tanto por la jurisprudencia, como por una cierta práctica de las instituciones comunitarias. 
Pero estas innovaciones positivas se inscriben en una tendencia más amplia, la cual continúa siendo inquietante. 
Porque si las instituciones comunitarias no tenían, hasta fecha reciente, una doctrina del servicio público, ello era debido a una creencia muy extendida y espontánea de que este ámbito era competencia de los Estados en aras de una sana subsidiaridad. 
Hoy, por el contrario, asistimos a una presión continua de la Comisión, que se basa en las normas sobre la competencia que recoge el Tratado para definir, en lugar de los Estados miembros, por dónde se debe trazar la línea del servicio público, o sea, cuál debe ser su naturaleza y cuáles deben ser los instrumentos susceptibles de ser utilizados por los Estados nacionales al servicio de sus ciudadanos. 
Peor aún, intenta dar definiciones uniformes bajo el pretexto de igualar la competencia, a pesar de que, naturalmente, las situaciones nacionales y las voluntades nacionales divergen mucho al respecto. 
No podemos aceptar semejantes orientaciones, como mínimo, por dos motivos. 
En primer lugar, el hecho ce que el Tratado apenas mencione los servicios públicos, lo hace básicamente en el apartado 2 del artículo 90, en el que se citan indirectamente los servicios de interés económico general, como excepción a las normas sobre la competencia, ello es debido a que en aquel entonces se imaginaba, como es natural, que este tipo de actividades no figuraba entre las competencias de la Comunidad. 
Que yo sepa, ningún tratado que haya sido ratificado por los pueblos europeos ha abolido hasta ahora esta posición. 
Además, y segundo motivo, esta posición está perfectamente justificada, porque los servicios públicos nacionales son los instrumentos de que disponen los Estados para aplicar las políticas decididas democráticamente por los pueblos. 
Suprimir la libertad nacional para definir los servicios públicos equivaldría a contribuir a disminuir los Estados, o incluso a hacerlos desaparecer con el tiempo, la cual es una política tan disparatada que, supongo, no es compartida por ninguno de los presentes. 
En estas condiciones, si no vamos a cuestionarnos la idea de una concertación europea sobre estas materias, queremos que al menos la Conferencia Intergubernamental diga con toda claridad que cada país soberano es libre de definir los límites de su servicio público, tal y como ya prevé el Tratado que cada país es libre de definir el límite de la propiedad pública de las empresas. 
No estamos intentando sustraer estos sectores de toda competencia, porque de todas maneras, actualmente, los propios Estados están sujetos a una competencia global y no pueden hacer lo que les apetezca. 
Muchos de nosotros pensamos además, como en mi caso, que es de interés general que, siempre que sea posible, se opte por los métodos de la gestión privada y que los servicios públicos las integren siempre al máximo. 
Pero, sobre todo, lo que aquí deseamos y sobre los que deseamos insistir en este debate, es que, al final, se mantengan las condiciones de la soberanía de las naciones de Europa. 
Ello significa, naturalmente, que la unanimidad debe ser la regla en el Consejo cada vez que una cuestión de competencia afecta a un servicio público. 
Paralelamente, convendría retirar los poderes de regulación de la competencia a la Comisión y ser confiados a alguna agencia específica, con el fin de separar la técnica y la política, y poner los medios para que dichos poderes no puedan ser utilizados en el futuro de forma indirecta con vistas a construir un Superestado. 
Señor Presidente, señor Comisario, estamos aquí para entablar un diálogo entre el Parlamento y la Comisión, por ello le diré de entrada los puntos en los que estamos de acuerdo con usted, sobre los que existe claramente, no diré una comunión de pensamiento, no exageremos, pero en todo caso, una proximidad de pensamiento. 
Al igual que usted, constatamos, naturalmente, la necesidad de los servicios de interés general para promover lo que llamamos el modelo social europeo. 
Al igual que usted, consideramos también que el debate sobre el modo de organización y sobre la naturaleza jurídica de los servicios de interés general es un debate desfasado. 
De hecho, nuestros países encuentran en su cultura, en su historia, raíces que desarrollan una u otra forma, una u otra naturaleza jurídica del servicio público, y está bien que así sea. 
En tercer lugar, coincidimos con usted al decir que, al igual que todas las empresas europeas, los servicios públicos se enfrentan a los avances tecnológicos y a la necesidad de culminar el mercado interior. 
Como usted, por último, estamos a favor de unos servicios públicos modernos, eficaces, dinámicos, que sean mañana elementos esenciales para el desarrollo económico europeo. 
Pero después de haberle escuchado, creo que, de algún modo, usted es la encarnación del principio según el cual, el propio infierno está lleno de las mejores intenciones. 
En otras palabras, la mano izquierda de la Comisión ignora con demasiada frecuencia lo que hace la mano derecha, como demuestra su manera de abordar el tema de las telecomunicaciones, pero también y sobre todo, las amenazas que se ciernen sobre el servicio postal y sobre los demás servicios públicos. 
¿A qué se debe, si no, ese alejamiento entre las palabras, las intenciones, que yo no pongo en duda, y las acciones de la Comisión? 
Puesto que no se puede acusar razonablemente a nadie, y a usted menos que a nadie, de esquizofrenia política, hay que encontrar razones objetivas que expliquen esta situación. 
¿Qué razones son ésas? 
En primer lugar, si escuchamos bien sus palabras, constatamos que no estamos del todo de acuerdo sobre el campo de aplicación del servicio de interés general. 
Tenemos naturalmente el concepto de servicio universal. 
Algunos, además de mí, ya han dicho hasta qué punto lo consideramos restrictivo. 
Pero tenemos también el hecho de que el servicio de interés general no es solamente un servicio al consumidor, o algún tipo de tentativa de fomentar los recursos de un país, sino que es también un elemento esencial para la defensa del medio ambiente, es también un elemento esencial para la cohesión económica y social, es también un elemento esencial para la política de empleo. 
Elemento que no aparece en sus palabras y supongo que tampoco aparecerá en la comunicación de la Comisión; aunque aún está a tiempo de rectificar. 
En segundo lugar, somos conscientes del hecho de que distinguir hoy, por un lado, la economía de mercado y, por otro, una economía de servicio público, se ha convertido en una distinción ilusoria. 
Entre los sectores que tradicionalmente dependían del servicio público, cada vez es mayor el número de ellos que se enfrentan actualmente, con razón o sin ella, nos pese o no, a los constreñimientos de la economía de mercado. 
Debido a ello se nos plantea hoy, en mayor medida que hace veinte o veinticinco años, una necesidad, a saber, la de distinguir, en estas actividades económicas, entre aquello que puede ser objeto de una regulación por la competencia en interés de los ciudadanos, y aquello otro que, por el contrario, debe ser protegido de las turbulencias y de los excesos de la misma. 
Y la Comisión no hace esa distinción. 
La Comisión considera que, en la medida de lo posible, todo debe ser regulado por la competencia, a la que usted atribuye virtudes que no tiene y que jamás ha tenido, y con ello usted reduce unas actividades que son meramente de interés general, a actividades extremadamente marginales, como demuestra su interpretación del servicio universal en el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo. 
Tenemos aquí, pues, claramente, un desvío en el que usted adopta una forma de pensar que otorga a la competencia unas virtudes reguladoras que no le corresponden. 
Por otra parte, usted también ha defendido una convicción según la cual no era posible la modernización ni la organización sin pasar por la competencia, como si las empresas del sector sujeto a la competencia fueran las únicas capaz de modernizarse y de situarse a la cabeza de la tecnología. 
Eso es cierto en el caso de algunas empresas, pero existen muchas otras pertenecientes al sector público que gozan de monopolio y que alcanzan unos niveles de rendimiento tecnológico y económico sumamente importantes. 
Resumiendo, existe una infravaloración manifiesta del campo de aplicación del interés general, una infravaloración grave del coste social de la regulación por parte de la competencia, y al mismo tiempo, una sobrevaloración manifiesta del papel de dicha competencia como elemento de modernización y progreso. 
Constatamos que, ante eso, el Tratado no constituye una defensa suficiente. 
Por ello será necesario modificarlo, y otros, aparte de mí, hablarán y han hablado de ello. 
La financiación: sus propuestas en la materia son completamente insuficientes. 
Si nos atenemos a aquello que la Comisión autoriza actualmente, llevaremos al servicio público derecho hacia la privatización, contrariamente a aquello que querían los autores del Tratado de Roma en 1957. 
Por último y en lo que a la competencia se refiere, le diré, señor Comisario, que si, en efecto, usted es el guardián de la competencia y del Tratado, no hay que olvidar que más allá del Tratado, usted es guardián de algo más precioso, que es el modelo social europeo que deseaban los que redactaron el Tratado de Roma, y es ese papel de guardián del modelo social el que le da a usted su legitimidad. 
No lo olvide. 
Señor Presidente, los servicios públicos se crearon para el público. 
Siempre que usted esté de acuerdo con eso, nosotros estaremos de acuerdo con usted. 
Pero esos servicios no pueden convertirse, como suele ocurrir, en coto privado de una tecnocracia que se ha elegido a sí misma, de un sindicato de funcionarios o, lo que es peor, de una coalición de partidos. 
Pida a todos los usuarios de la red telefónica belga que comparen su situación con aquélla de los países en los que se ha roto aún en mayor medida con el monopolio del servicio telefónico, y verá qué diferencia de servicios, qué diferencias de precios, y cómo se atienden las reparaciones. 
Luego permita que todo el mundo elija, y veremos quién de los dos tiene razón. 
En lo que a mí respecta, apoyo completamente la tesis del Sr. Van Miert y me complace hacerlo. 
Las convicciones socialistas y sociales del Sr. Van Miert están por encima de toda duda, y es por eso por lo que estoy completamente de acuerdo con él. 
Llamo también la atención de todos nuestros amigos socialistas que han escuchado lo que ha dicho el Sr. Berthu, porque el Sr. Berthu ha dicho exactamente lo mismo que usted sobre algunos puntos. 
Hay que despojar a la Comisión de los poderes que tiene en este ámbito. 
Pero es para hacer algo completamente distinto, es para permitir a los Estados que vuelvan a hacer lo que deseen, en detrimento de los ciudadanos, pero a favor de la tecnocracia nacional. 
Ése es el alegato del Sr. Berthu. 
Por eso yo digo, ojo antes de tocar. 
Y, señor Van Miert, permítame llamar su atención: usted ha dicho que la Comisión está muy abierta a que se negocien las modificaciones del Tratado sobre este asunto. 
Tenga cuidado. 
Todo lo que he oído hasta ahora, ya sea del Gobierno federal alemán, que se dice muy federalista, ya sea de otros gobiernos, apunta a despojar a la Comisión de los poderes que ostenta. 
Y yo desearía que al menos en este Parlamento exista una mayoría que apoye a la Comisión en ese punto. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito la oportunidad de participar en el debate de hoy sobre los servicios públicos. 
Quiero comenzar haciendo hincapié en la cuestión de la política de empleo y, en particular, en los servicios públicos con carácter comercial, que no son lo mismo que el servicio público en general, y en que, desde el punto de vista de la política de empleo, son decisivos para la creación de puestos de trabajo sostenibles en la Unión. 
Muchos diputados a esta Asamblea están preocupados por quienes trabajan en empresas públicas. 
Pero quienes trabajan en general y las posibilidades de quienes no tienen trabajo de lograr un puesto de trabajo sostenible están vinculados en parte con esta cuestión, porque las telecomunicaciones, la energía, el transporte y el correo son, todos ellos, estructuras esenciales en materia de costos dentro del sector privado para el que el servicio público con carácter comercial es de importancia decisiva desde el punto de vista de la eficiencia. 
Si creemos de verdad en la creación de empleo- y sé que en esta Asamblea hay un gran compromiso con ese objetivo programático -, el proteccionismo de los servicios públicos, que no es lo mismo que una ética de los servicios públicos, no debe desempeñar papel alguno en nuestras políticas. 
Respecto de la política en materia de competencia, el Grupo Liberal cree que los prestadores de servicios públicos deben seguir sujetos a la política de la competencia, con arreglo al artículo 90. 
No se debe cambiar ese artículo ni tampoco atenuarlo para que sea un caballo de Troya que detenga o frene el proceso de la competencia en el Mercado Interior. 
Ello seguirá siendo así, ya correspondan los prestadores de los servicios públicos al sector público o al privado. 
Desde el punto de vista de los consumidores, el Grupo Liberal cree, en función de las observaciones que acabo de hacer, que se debe garantizar a los consumidores la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos y respetamos y recomendamos el principio de universalidad. 
Al pasar al crecimiento, la creación de empleo y puestos de trabajo sostenibles, la eficiencia en función de los costes, la calidad y unos servicios públicos con carácter comercial y accesibles constituyen los elementos fundamentales de esa empresa. 
Niveles inferiores a ese respecto serán perjudiciales para el interés público y no menos perjudiciales para la sostenibilidad en última instancia de una capacidad idónea de los servicios públicos en la Unión Europea. 
Señor Presidente, acojo con el mayor beneplácito las observaciones del Sr. van Miert y su planteamiento positivo y enérgico de la cuestión de los servicios públicos en la Unión. 
Sus observaciones nos han dado una idea, en mi opinión, de lo que podemos esperar en el próximo documento de la Comisión. 
Hasta ahora todos hemos reconocido aquí que los servicios públicos, como muchos otros sectores económicos europeos, están- y seguirán- experimentando una transformación estructural, al integrarse la economía europea y seguir avanzando la transformación tecnológica. 
Además, hemos de confesar que todos hemos visto peticiones de cambio en los servicios públicos provocadas por los fallos y las disfunciones habidos en ese sector, por diversas razones. 
Con semejante situación tan variable, con gran pluralidad y diferencias en los servicios de toda la Unión, me resulta muy difícil entender por qué pretende la Comisión conseguir una solución simple para el problema actual de los servicios públicos. 
La solución que propone, a saber, la liberalización y privatización de los servicios y la introducción de los mecanismos del mercado en esos sectores, ya se ha experimentado en alguna medida en algunos países de esta Unión. 
Sobre la base de esa experiencia, he de decir que yo no garantizaría que vaya a producir servicios públicos mejores, más eficientes o más baratos. 
Con mucha frecuencia, el resultado ha sido la inexistencia de servicios o peores servicios o servicios pagados que han dejado de ser servicios públicos, ya no universales o asequibles, y con frecuencia son de propiedad privada y por lo general van encaminados a la consecución de beneficios. 
Hemos de reconocer que en la Unión hay servicios públicos que son de interés general y no pueden estar simplemente sujetos a la liberalización o a la privatización, sino que se deben prestar como servicios públicos en pro del bien público. 
Eso sólo se puede conseguir, si lo aceptamos y reconocemos haciendo un cambio en el Tratado en que se basa el funcionamiento de esta Unión. 
Se puede hacer de diversas formas, ora cambiando artículos, como el artículo 90 o el artículo 3, ora añadiendo otros nuevos. 
Como quiera que se haga, debe ser una expresión concreta de nuestra creencia de que los servicios públicos han de desempeñar un papel importante en una economía europea dinámica, creadora de riqueza y que cree puestos de trabajo y facilite el funcionamiento eficiente de la economía, pero también respalde la justicia social y cree solidaridad. 
Si ésos son los objetivos de la comunicación de la Comisión, cuando la presente a esta Asamblea, será digna de beneplácito; si no, deberemos formular argumentos graves contra la Comisión. 
Señor Presidente, el hecho de que hoy celebremos un debate específico en sesión plenaria sobre la cuestión del servicio público demuestra que las cosas han cambiado. 
En 1958, el problema no se habría planteado en las mismas condiciones. 
Hoy, la aplicación rigurosa y con éxito de los principios de libre competencia del Tratado de Roma nos obliga a plantearnos la cuestión del equilibrio entre las leyes de la competencia y aquellas otras del servicio público. 
Está claro que la apertura y la liberalización no es el único ni siempre el mejor estimulante para fomentar los intereses de los consumidores que, ante todo, son ciudadanos. 
Todo el mundo reconoce que el servicio público forma parte integral del modelo social europeo, que es un elemento constitutivo de la cohesión económica y social de Europa. 
Entonces, si estamos de acuerdo en ese punto, también debemos estarlo para inscribir el servicio público en las tablas de la ley de la Unión Europea. 
Desde nuestra resolución del pasado año sobre la Conferencia Intergubernamental, este Parlamento viene solicitando una modificación del Tratado de Roma para que en él se incluya el servicio público. 
Una comunicación de la Comisión está bien, pero carece de fuerza vinculante. 
Ahora bien, la CIG es la ocasión ideal para establecer un nuevo equilibrio del orden establecido en tres aspectos. 
El servicio público debe inscribirse en el texto mismo del Tratado de Roma. 
Las propuestas pertinentes están sobre la mesa para modificar, en particular, el artículo 90. 
Dicha inscripción debe ir acompañada de una carta de los servicios públicos que defina los modos de organización y de financiación, que permita hacer del servicio público una herramienta de la política industrial, de la competitividad de la Unión Europea y del modo en que ésta fomenta los recursos de un país. 
En mi opinión, estos dos primeros puntos están estrechamente relacionados entre sí, porque la carta de los servicios públicos debe basarse en la fuerza jurídica del Tratado. 
Por último, debe ser posible la creación de un observatorio de los servicios públicos para garantizar la adaptabilidad y para que más allá de los simples comités de usuarios o de consumidores, los ciudadanos puedan participar en la buena marcha de los servicios públicos. 
Se trata aquí de un dossier de prueba. 
Al lado de la comunicación de la Comisión de hoy, la apertura, sector por sector, se traduce con demasiada frecuencia en la destrucción masiva de puestos de trabajo, lo que viene a agravar el escepticismo de los ciudadanos de Europa con respecto a una maravillosa aventura colectiva, que con demasiada frecuencia se percibe ya como la responsable de todos los males. 
Cuidémonos de no convertir Europa en una máquina de suprimir puestos de trabajo, y sepamos aprovechar la ocasión de la Conferencia Intergubernamental para demostrar que Europa se está construyendo en beneficio de los ciudadanos y del interés general. 
Quisiera decirle, señor Comisario, que nos alegra la idea de que usted se muestre a favor de los servicios públicos europeos. 
Nosotros también lo estamos. 
Pero también estamos convencidos de que la Comisión se equivoca cuando vuelve, en particular, sobre las enmiendas del Parlamento Europeo relativas al sector postal. 
Tenemos la convicción de que usted debería proponer una modificación del Tratado de Roma para que en éste se incluya el servicio público. 
Señor Presidente, yo también acojo con beneplácito la oportunidad de celebrar este debate con el Comisario. 
Quiero formular una pregunta, al comienzo: ¿irán incluidos en su comunicación los servicios públicos de radiodifusión y televisión, señor Comisario? 
En esta época de desempleo en aumento y confusión social, los servicios públicos, como han dicho muchos diputados de mi Grupo, constituyen una estructura común básica que contribuye a la cohesión social. 
Ello es tanto más así en el caso de los servicios públicos de radiodifusión y televisión, que tan decisiva importancia revisten para nuestra democracia. 
Resulta básicamente esencial para la preservación de nuestras libertades políticas que los ciudadanos reciban todas las informaciones, debates y expresiones que les permitan la participación democrática en nuestra sociedad. 
Quisiera afirmar que sólo los servicios públicos de radiodifusión y televisión pueden desempeñar ese papel. 
Sin embargo, la radiodifusión y la televisión, como otros servicios públicos, son híbridos; el mercado desempeña un papel, pero el mercado puede también ser- y es- imperfecto. 
Los gobiernos en los niveles nacional y europeo no pueden abdicar de su cometido de velar por que todos los ciudadanos reciban noticias e información independientes e imparciales, así como todos los programas- desde la enseñanza a distancia hasta las representaciones teatrales de gran calidad- que nuestra democracia requiere. 
Y, sin embargo, el Comisario van Miert afronta en este preciso momento toda una serie de quejas jurídicas contra la naturaleza misma de los servicios públicos de radiodifusión y televisión. 
¿De qué elementos dispone para formular un dictamen? 
La competencia manda pura y simplemente. 
No es suficientemente válido que las resoluciones sobre la radiodifusión y la televisión se basen exclusivamente en excepciones a las normas de la competencia y a la política de mercado interior. 
Necesitamos un nuevo fundamento y, como han dicho muchos, eso significa cambios en los Tratados, ya se trate del artículo 2, del artículo 90 o, de hecho, de cualquiera de los artículos relativos a los derechos de los ciudadanos. 
Eso permitiría formular propuestas positivas sobre los servicios públicos. 
Por ejemplo, en la esfera que he mencionado, ¿por qué no una propuesta para la creación- y perdóneseme momentáneamente el patriotismo- de una BBC europea? 
Los ciudadanos deben saber que Europa no es simplemente un mercado libre. 
Los ciudadanos quieren y merecen un compromiso con los servicios públicos, consagrados claramente en la constitución de Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han intervenido en el debate, a pesar de que he creído constatar que sólo cuento con un partidario incondicional, el Sr. Herman, a quien le doy mis más sinceras gracias por ello, porque comenzaba a sentirme un poco solo. 
Dicho esto y habida cuenta de que algunos de ustedes han vuelto a plantear la cuestión, confirmo que se espera que la Comisión adopte su comunicación la semana próxima pero, naturalmente, el debate continuará. 
Supongo que el Parlamento elaborará un informe y que habrá un debate en comisión, etc. Por lo tanto, el proceso continuará. 
Por su parte, la Comisión considera el documento una contribución a la Conferencia Intergubernamental, y reflexionará sobre el momento de determinar la naturaleza de la misma. 
En lo que a mí respecta, he hablado con bastante frecuencia de una carta. 
No sé si la Comisión retomará la idea. 
Se puede discutir también algo nuevo. 
Ya veremos más adelante qué forma toma este tipo de comunicación. 
Para que tampoco haya malentendidos, señor Herman, en lo que respecta a las modificaciones del Tratado, he recordado cuál es la posición de la Comisión en lo relativo al artículo 90, y la buena disposición de los Comisarios que están negociando- por el momento no puedo prever el resultado de estas negociaciones- con vistas a saber en qué medida conviene modificar uno u otro artículo. 
El debate no ha concluido. 
Soy prudente, como usted ha constatado, pero debo señalar sin embargo que tengo una mentalidad abierta en este aspecto. 
Ahora desearía aclarar entre nosotros cuál es la situación. 
Estamos hablando de las competencias de la Unión Europea y de la Comisión, no de la Seguridad Social. 
Aunque hay que decir también que, en una comunicación de este tipo, no actuamos a ese nivel. 
Y, querido amigo Wijsenbeek, usted puede tener sus ideas al respecto, yo tengo las mías, y se las digo porque le hablo desde fuera de la comunicación de la Comisión. 
Estoy en contra de la privatización de la Seguridad Social evidentemente, porque es el corazón mismo de la solidaridad de una sociedad. 
Estoy en mi derecho de tener esa opinión, pero no es eso sobre lo que aquí discutimos hoy. 
Estamos discutiendo de los servicios públicos y de los servicios universales- llamémosles como queramos- en el marco de las competencias comunitarias. 
Y debemos atenernos a eso. 
Tenemos el artículo 222. 
Algunos han hecho referencia al mismo, en particular, el Sr. Wijjsenbeek. 
La Comisión debe mantenerse neutral en ese sentido. 
Ello, querida amiga Carole, explica por qué la Comisión no puede inmiscuirse en los debates internos de los Estados miembros para saber si conviene mantener una cadena pública o privada. 
También en este caso, mi postura personal es que espero que en Gran Bretaña se mantenga la BBC tal como está. 
Soy un defensor acérrimo de la BBC y de su calidad. 
Pero la Comisión no puede intervenir en la política interna de Gran Bretaña en la materia, ni imponer una solución en un sentido u otro. 
Por otra parte, -y lo hemos demostrado, porque con demasiada frecuencia, repito, su Parlamento ignora lo que nosotros hacemos- tomemos el caso de los derechos de retransmisión de los grandes acontecimientos. 
La Comisión, en base al artículo 90- no lo olvidemos- ha podido comprobar que existía una cooperación que, en realidad, es un cartel entre las cadenas públicas, aunque hay también una cadena privada, TF1, que se agrupan para adquirir los derechos. 
Basándonos en la noción de interés general, hemos considerado que podemos aceptarlo. 
Aparte de eso, otras cadenas han presentado quejas y el Tribunal, lamentablemente, no nos ha dado la razón. 
Volveremos a la carga, porque creo que conviene mantener esta línea, si bien hay que corregir algunas cosas, pero continúa habiendo buenas razones para mantener esta política. 
O sea que, como pueden ver, la Comisión, concretamente, integra bien estas nociones en su política. Y sería injusto hacerle un proceso sobre ello, ¿no es cierto? 
Tendremos sobradas ocasiones de volver a discutirlo, porque existen muchos problemas. 
Recibo decenas de quejas en este ámbito de las cadenas privadas contra las cadenas públicas, en el ámbito de las ayudas estatales, etc. Esto no termina nunca. 
Por consiguiente, tendremos sobradas ocasiones de volver a discutir sobre el tema. 
En lo que respecta al servicio universal, también aquí, queridos amigos, hay que tenerlo todo en cuenta. 
Puedo darles al menos una decena de ejemplos de monopolios de servicios públicos que no garantizan el servicio universal. 
Para conseguir el teléfono era necesario esperar durante meses, como ha dicho el Sr. Herman. 
¿Es eso servicio universal? 
No, el concepto que nosotros tenemos del servicio universal es el de ofrecer un servicio rápido al público a unos precios asequibles y garantizando buena calidad, algo que no siempre han garantizado las instituciones públicas. 
Reconozcámoslo. 
Ésa es la realidad. 
Debemos tenerlo todo en cuenta. 
Muchos de ustedes han llamado también la atención sobre otro punto. 
Hoy, el consumidor tiene algo que decir. 
Ya no acepta que una sola casta- porque, a menudo, de eso es de lo que se trata- decida por él sin que él no tenga nada que decir. 
Ésa es la realidad. 
Las cosas han cambiado y la Comisión intenta integrar también esos cambios en su política. 
Se trata de ofrecer al público el mejor servicio posible y si eso se consigue a través de la competencia, querido amigo, estoy a favor. 
Porque hoy, finalmente, podemos optar por tener un teléfono móvil, algo que antes no podíamos. 
¿Y tenía la sociedad acceso a dicha tecnología? 
No, no se la podía pagar. 
Ésa era la situación. 
La competencia garantiza, en efecto, un mejor servicio a un número mucho mayor de personas y a precios más asequibles. 
Pero no defiendo la competencia a ultranza, porque puede ir demasiado lejos. 
Puedo darles algunos ejemplos. 
Pero atribuir todos los males a la competencia, como hacen algunos de ustedes, no es realmente la mejor forma de servir a la sociedad. 
(Aplausos) En numerosos ámbitos, algo de competencia beneficiaría al interés público. 
Permitan que les dé otro ejemplo, ya que alguien se ha referido al transporte. 
En veinte años, el transporte de flete, o sea, de mercancías, ha perdido la mitad de su cuota de mercado por numerosas razones, pero en parte también porque no funciona bien. 
¿O debemos cambiarlo para intentar transportar más mercancías por el ferrocarril que por carretera? 
Por favor, tengan el coraje de abordar este debate no solamente desde una posición a favor de mantener las estructuras en su estado actual, sino también de que las cosas cambien para intentar instaurar una auténtica política de transportes en la materia. 
Éstas son las cuestiones que se nos plantean. 
No hay que olvidarlo. 
Para terminar, diré que estoy de acuerdo con algunas inquietudes. 
Hay algo peor que un monopolio público, a saber, el monopolio privado. 
Pero cuando eso ocurre, deben reconocer también que la Comisión interviene y, mediante la aplicación de la política de fusión de empresas, impide que surja una situación dominante, señor Wijsenbeek, como sucede incluso en su país, porque cuando las cadenas privadas aúnan sus esfuerzos para intentar dominar el mercado, nosotros intervenimos. 
¿Es ésa una mala política de la Comisión? 
Seamos sinceros entre nosotros. 
(Aplausos) 
El debate queda cerrado. 
Informe anual 1994 sobre los Fondos estructurales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0211/96) del Sr. Teverson, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre el sexto informe anual de la Comisión (COM (95) 0583- C4-0009/96) relativo a los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, el informe sobre los Fondos estructurales versa específicamente sobre el año 1994, pero es el primer año de un programa de seis que abarca hasta 1999 y ascenderá a 141.000 millones de ecus a lo largo dicho período, lo que representa el 30 %, más o menos, del presupuesto de la Unión Europea. 
Por esa razón, en lugar de limitarme a 1994, he preparado un informe más estratégico, dado que 1994 es ya historia antigua para muchos de los diputados a esta Asamblea. 
Quiero que quede claro que, aunque este informe critica varias cosas, no critica en concreto a la Comisión Europea. 
De hecho, este informe revela muchos aspectos positivos: que hay relativamente poco fraude en relación con los Fondos estructurales, que el nuevo documento único de programación ha funcionado satisfactoriamente y que hay una gran número de programas que han funcionado satisfactoriamente en las regiones de la Unión. 
Los malos de la película son los propios Estados miembros y las instituciones europeas juntas han causado diversos problemas estratégicos en ese sector. 
Tal vez podría repasarlos y después pasar a algunas de las soluciones que quisiera presentar a la Comisión aquí, en esta Asamblea. 
Remontándonos al período 1992-1993 y a la creación de esos fondos, se caracterizaron por un particular secretismo, el secretismo habitual del Consejo de Ministros, la adulteración del proceso presupuestario y en ello participó este órgano, el Parlamento Europeo. 
Pero en general el Parlamento quedó excluido de todo el proceso de creación de los fondos regionales. 
Cuando se trata de una gran proporción del gasto europeo, eso resulta totalmente inaceptable. 
En segundo lugar, cuando estaba procurando averiguar lo que se intentaba lograr con los Fondos estructurales, no pude descubrir en parte alguna objetivos para ese gasto. 
A consecuencia de ello, resulta casi imposible evaluar sus resultados o su valor. 
Lo considero una importante deficiencia de todo el programa. 
En tercer lugar, la complejidad. 
Como diputado al Parlamento encargado de asesorar a los ciudadanos de mi circunscripción, a veces me resulta muy difícil darles detalles sobre determinados fondos europeos a los que deben recurrir. 
Tenemos muchas direcciones generales participantes, tres fondos diferentes, seis objetivos diferentes y diversos programas que van desde las iniciativas de la Comunidad con arreglo al artículo 7 y al artículo 10 hasta los propios Fondos estructurales principales. 
No es comprensible y, si lo que intentábamos era inventar algo que debiera ser complejo y difícil de entender para nuestros ciudadanos, lo hemos conseguido. 
Eso es inaceptable. 
Una de las otras cosas que me asombraron en particular fue la de que, aunque se trata de un programa europeo y representa una proporción tan grande del presupuesto, hay muy pocos elementos transnacionales en él. 
En realidad, son 15 programas nacionales. 
Aparte tal vez de los sectores a que se refieren los artículos 10 y 7 y, en menor medida, las iniciativas de la Comunidad, echamos en falta los numerosos beneficios sinérgicos que brinda la cooperación transnacional y el fortalecimiento de las regiones de Europa. 
La financiación estructural no lo permite. 
Nunca será un programa plenamente europeo, siempre tendrá una orientación en gran medida nacional, pero lo estamos llevando demasiado lejos. 
Me deprime que, respecto de la labor de seguir la pista a los pagos, se exprese cierta satisfacción en el informe por que durante el año se llegaran a efectuar tal vez el 75 % de los pagos presupuestados. 
Bueno, pues, un 75 % no es un resultado demasiado bueno, pero lo peor para mí es que esa proporción sólo se refiera a los pagos de la Unión Europea a los Estados miembros y no indique cuándo recibieron efectivamente los pagos los usuarios finales allí donde se crea empleo y se produce el desarrollo regional. 
No hay estadística alguna al respecto, por lo que en ningún punto de este informe ni en información alguna de que disponga la Comisión se nos ofrece el criterio fundamental para calibrar cómo se han utilizado esos fondos y con qué rapidez se han aplicado. 
Pasando al medio ambiente una vez más, en el informe del Tribunal de Cuentas tenemos ejemplos de utilización de los Fondos estructurales para reparar daños medioambientales causados por programas estructurales anteriores. 
Eso sigue pareciéndome vergonzoso y es algo que se debe corregir muy rápidamente. 
Sé que se han adoptado medidas, pero deben ser aún más eficaces. 
Ahora pasamos a lo que podríamos llamar actuaciones idóneas. 
Tenemos una profusión de experiencias de financiación estructural y de labor positiva de las regiones desde el punto de vista del desarrollo y, sin embargo, no parece que estemos aprovechando al máximo las actuaciones más idóneas para difundirlas entre las diferentes regiones. 
La Comisión dice que lo hace y yo lo acepto, pero no lo menciona ni una sola vez en este informe y eso revela su auténtica prioridad más que volúmenes enteros. 
Por último, en materia de problemas, quisiera criticar a nuestra propia institución, el Parlamento Europeo. 
Cuando nos referimos a una proporción tan grande de nuestro gasto total, nuestra consideración de ese sector se debe basar en un examen mucho más riguroso que el que hacemos en este momento. 
Debemos salir al exterior y ver lo que funciona y lo que no y debemos convocar a testigos y celebrar audiencias; en realidad, deberíamos tratar este asunto mucho más en serio y ampliamente de como lo hacemos ahora. 
Concluiré diciendo que tenemos soluciones a nuestra disposición: simplificar, erradicar la burocracia en el nivel nacional en particular, seguir la pista a los gastos, pero, por encima de todo, prepararnos para la próxima ocasión. 
Los Fondos estructurales son un programa valioso y esencial; en general, están funcionando bien, pero aún no cuentan con la confianza total del público. 
Son necesarios cambios fundamentales para el futuro y debemos dar esos primeros pasos ahora. 
Señor Presidente, subrayamos, como lo hicimos en la exposición de motivos de la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales, que el año a que corresponde el informe fue el primero del nuevo período de programación después de la revisión de los reglamentos de los Fondos estructurales. 
Lo que justifica el mayor interés y rigor en el análisis del modo como se han aplicado los medios transferidos y, al mismo tiempo, cierta tolerancia respecto de aspectos derivados de la transición, tal vez demasiado brusca. 
Por eso, sería fundamental aprovechar el primer año para obtener de él enseñanzas a fin de mejorar el nuevo sistema que va a funcionar hasta 1999. 
Lógicamente, no se puede aceptar que el modo como funcionó el sistema en su primer año de aplicación sirva de pretexto para juzgar, no el sistema y la ejecución, sino toda la concepción en que se basan los Fondos estructurales y el papel que deben desempeñar en la persecución del objetivo de la cohesión económica y social. 
Nos congratulamos de que el ponente aceptara lo que propusimos y la Comisión de Asuntos Sociales adoptó y nos permitimos reiterar la petición a la Comisión de que en el futuro se evalúen mejor las repercusiones de las intervenciones estructurales en el empleo, en particular en lo relativo a su estabilidad y a la participación de las mujeres en la vida activa. 
Reiteramos también la exigencia de que se den indicaciones sobre las repercusiones de los criterios de la Unión Económica y Monetaria, en particular en lo que se refiere a los requisitos de adicionalidad, al tiempo que alertamos sobre los intentos de establecer vínculos de condicionalidad entre la aplicación de políticas regionales y el respeto de esos criterios, intentos que consideramos tan significativos como inadecuados. 
Queremos reafirmar también, en defensa del objetivo de cohesión económica y social, lo que en la opinión de la Comisión de Presupuestos se puso de relieve y se integró en el informe en cuanto a las dificultades habidas en la absorción de las dotaciones financieras presupuestadas y esperamos que, en coherencia con esa posición, no surjan en la misma comisión líneas de orientación y posiciones que se fundamenten capciosamente en tasas insatisfactorias de ejecución y no tengan en cuenta las dificultades que, aquí y ahora, se reconocieron para 1994 y no se superaron. 
Señor Presidente, cuando intervine en este debate el año pasado, dije que los informes anuales brindan la oportunidad, no de mirar atrás, de atribuir culpas y criticar, sino de mirar hacia adelante y aprender de las dificultades que hemos encontrado en la aplicación de los programas. 
En resumen, que, al celebrar este debate, no debemos repasar los mismos y antiguos problemas. 
Por desgracia, parece ser así con demasiada frecuencia. 
El problema fundamental que quiero poner de relieve hoy en relación con el informe Teverson, a la luz del debate presupuestario de 1997 y de la decisión del Consejo de 25 de julio de reducir los pagos con cargo a los Fondos estructurales en algunos sectores, es el problema, ya advertido, de la infrautilización de los Fondos estructurales. 
Tenemos que abordar urgentemente esa cuestión, pero lo que temo que esté sucediendo es un intento de algunos Estados miembros de desdecirse de acuerdos que aceptaron en Edimburgo y no cumplir con los objetivos que acordaron. 
Eso es algo que debemos abordar, porque podría acabar produciendo un descrédito a largo plazo de la política regional. 
Quisiera felicitar al Comisario por su decisiva actuación al presentar una propuesta al Consejo oficioso de Venecia para mejorar la eficiencia de los Fondos estructurales. 
Quisiera felicitar a la Comisión por su Programa SCM 2000 y, naturalmente, en el marco del informe Teverson, quisiera agradecer al Sr. Teverson que aceptara en comisión las enmiendas de mi Grupo a dicho informe. 
Naturalmente, hay sectores en los que podemos- creo yo- mejorar los resultados: mejor formación de los administradores mediante intercambios; racionalización de los procesos administrativos; fortalecimiento del papel de las regiones y de las autoridades locales; lucha contra las irregularidades fraudulentas mediante la creación de pistas claras para la comprobación de cuentas; mejor acceso a la información. 
Pero algunas de sus propuestas requerirían una burocracia en Bruselas diez veces mayor que la Comisión actual. 
Sencillamente, no es realista pedir a la Comisión que verifique cada uno de los pagos concretos hasta los beneficiarios finales. 
Los Estados miembros tienen que tomarse en serio sus propios compromisos a ese respecto. 
Temo que las propuestas no lleguen a nada sin un cambio de mentalidad en varios Estados miembros, incluido el mío, naturalmente. 
Ahora parecen especializarse en poner nuevos obstáculos en el camino y, desde luego, el último es el del cumplimiento de los criterios de convergencia. 
No nos cansaremos de subrayar que, para reducir el desfase entre los Estados miembros ricos y los pobres y lograr la cohesión, los Estados miembros deben tomarse en serio su responsabilidad. 
Me desagrada profundamente que el desaprovechamiento de los fondos haya sido un asunto dominante en los medios de comunicación y esté desacreditando la labor positiva que hacemos con los Fondos estructurales. 
Creo que ahora los Estados miembros están inclinándose por no utilizar los fondos y aminorar nuestros procesos relativos a ellos, lo que a largo plazo creará problemas. 
Cuando los Estados miembros firmaron el Acuerdo de Edimburgo, conocían los compromisos que subscribían; sabían que tenían que cumplir con los criterios de convergencia y, sencillamente, ahora no basta con hacer una vinculación, que no redundará en beneficio de nuestros programas de política regional. 
Así, pues, he de decir, en nombre de mi Grupo, que rechazamos el intento del Gobierno francés de vincular los gastos con cargo a los Fondos estructurales con los criterios para la UEM. 
No podemos cambiar las normas en plena aplicación de los programas y debemos denunciar la hipocresía del Consejo de Ministros de aparentar convencimiento al lanzar acciones en materia de desempleo y después incumplir sus compromisos de lucha contra el desempleo mediante los Fondos estructurales. 
La amenaza real a la aplicación procede de los propios Estados miembros. 
Necesitamos una rendición de cuentas más estricta, más transparencia, más transferencia de competencias, pero sobre todo necesitamos más compromiso. 
Quisiera pedir a la Comisaria que continúe con sus informes anuales, pero que acuda ante nosotros periódicamente para que podamos ayudarla a mejorar la utilización presionando a los Estados miembros a fin de que podamos adoptar medidas rápidas cuando se produzcan estrangulamientos y obstáculos. 
No debemos llegar a una situación en la que los Estados miembros puedan sacar conclusiones falsas y socavar nuestros programas de gasto en los sectores en que sabemos que revisten importancia decisiva para las oportunidades de los ciudadanos. 
Así, pues, quisiera alentar a la Comisaria en su labor, apoyarla en su defensa de una política regional enérgica y en su insistencia en nuestro objetivo de la cohesión económica y social. 
Señor Presidente, señoras y señores, el período de informes que ahora nos ocupa despierta un mayor interés que el que despertó en 1994, el primer año del nuevo período de planificación de programas tras la revisión del Reglamento de los Fondos Estructurales. 
Esta revisión pretendía hacer más simple y abreviada la planificación de programas. Pero los hechos que se reflejan en los informes de 1994 muestran en parte otra realidad. 
Ahora, en que nos encontramos a la mitad de camino del período de programas, el sexto informe anual debería impulsarnos a adoptar unas posiciones estratégicamente orientadas para el próximo período de planificación. Pues, al fin y al cabo, excluyendo la agricultura, examinamos la partida más importante de gastos de la Unión Europea. 
En consecuencia, las valoraciones anuales de los programas de los Fondos Estructurales representan una importante tarea del Parlamento y, en especial, de la Comisión de Política Regional. 
El informe de la Comisión es muy amplio. Contiene unos buenos enfoques para enlazar los fondos estructurales con otros sectores, actividades y políticas de la UE. 
Mi grupo político coincide en gran medida con el ponente en que en el futuro hay que simplificar los procedimientos a nivel administrativo y político. 
Los diputados somos testigos día a día en las regiones que reciben ayudas del modo cómo se expande la incomprensión y la inseguridad entre los ciudadanos de la Unión y los beneficiarios potenciales a causa de la complejidad de los fondos y de su complicada administración. 
Piénsese que para tres fondos existentes, cuyos objetivos no siempre están claramente delimitados, hay diferentes Direcciones Generales en la Comisión así como numerosos órganos nacionales y regionales con diversas competencias. 
Coincidimos con el ponente en que tras el primer año de la revisión, la elaboración, el control y las solicitudes de financiación siguen siendo complicadas y no suficientemente transparentes. 
Segundo: hay que garantizar una mejora en favor de todos los beneficiarios potenciales del Fondo en los territorios y regiones periféricas desfavorecidas, donde las informaciones llegan con frecuencia a cuentagotas o muy tarde. 
Tercero: hay que intentar lograr una mayor comprensión, una simplificación gramatical de estos programas si no queremos que haya permanentemente personal auxiliar que tenga que explicar su contenido a los que quieren presentar solicitudes. 
Cuarto: otra conclusión a extraer del sexto informe anual es que la Comisión debería modificar los criterios y métodos de ejecución de los fondos estructurales, en especial, en lo tocante a la administración de los créditos, para posibilitar transferencias financieras no complicadas. 
Me refiero aquí muy en especial a una mayor flexibilización de los criterios para determinar el importe de la cofinanciación comunitaria. 
Al igual que el ponente, lamentamos la insuficiente participación del Parlamento en la determinación de las previsiones financieras de los Fondos Estructurales para el período 1994-1999 y subrayamos la necesidad de una participación regular en las decisiones que se deben adoptar para el próximo período 2000-2006. 
Extraigamos pues unas conclusiones generales de las evaluaciones anuales de los programas de los Fondos Estructurales; estos informes no son solamente inventarios sino también unos buenos orientadores para las próximas actividades. 
Señor Presidente, estamos evaluando la aplicación de una tercera parte del presupuesto de la Unión Europea, el resultante de los Fondos estructurales, lo que, en mi opinión, está justificado, porque son los que contribuyen a realizar en la práctica el principio de la cohesión económica y social. 
Principio de la cohesión económica y social que, en mi opinión- y en la de todos nosotros, me parece a mí -, es esencial para la consolidación de la propia Unión Europea. 
Claro, que quisiera subrayar que la cohesión económica y social no se puede calibrar sólo mediante la aproximación, mediante la convergencia entre los Estados miembros, sino también entre todas las regiones de Europa, por lo que entraña también la lucha contra las asimetrías regionales. 
Quisiera felicitar al Sr. Teverson por evaluar tan bien el informe de la Comisión y haber hecho algo más que un puro y simple comentario, al referirse a tres aspectos: 
En primer lugar, la necesidad de que profundicemos en los procesos de acompañamiento, tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, en relación con las repercusiones, con los resultados, de las políticas aplicadas por la Unión Europea, y, en particular, mediante los Fondos estructurales. 
Necesitamos disponer de información: información de calidad, pero también oportuna. 
He de recordar que en los documentos que vamos a examinar dentro de unos minutos sobre los Fondos estructurales, las cifras relativas, por ejemplo, a Portugal, que figuran en el documento corresponden a 1991 y no abarcan todas las regiones portuguesas. 
Por otro lado, ese acompañamiento permite que podamos ir encontrando vías relativas a lo que es preciso rectificar, a lo que ha sido el resultado de nuestra evaluación de la aplicación de los Fondos estructurales, en particular para poder tener ya bases de trabajo seguras con vistas a las nuevas formulaciones, al iniciarse, a partir de 1999, un nuevo período de realización de la cohesión económica y social. 
Concluyo subrayando la necesidad de articular políticas dentro de la Unión Europea, ya sean de medio ambiente, de transportes o de construcción de infraestructuras, y de articular más enérgicamente las políticas que contribuyen a deshacer las asimetrías y que son cometido, por un lado, de la Unión Europea y, por otro, de los Estados miembros, que también tienen cometidos a ese respecto. 
Señor Presidente, en nuestro Grupo consideramos que, tal como dice el Sr. Teverson en su magnífico informe, los Fondos estructurales constituyen el principal instrumento para paliar las desigualdades entre los distintos países de la Unión Europea y para reforzar la cohesión económica y social. 
Por ello es necesaria la simplificación de todos los programas, para que los ciudadanos de la Unión puedan comprender el beneficio de la solidaridad entre las naciones que la componen. 
Sin embargo, creemos que han sido y son insuficientes los proyectos en los cuales participan las mujeres y ello debe ser una obligación en los restantes programas y futuros ejercicios. 
La igualdad entre mujeres y hombres constituye un compromiso que la Unión Europea adquirió en Pekín en la IV Conferencia mundial sobre la mujer, así como en el IV Programa de acción para la igualdad de oportunidades, por lo que su inclusión en los Fondos estructurales debe ser una obligación para los Estados miembros, para la Comisión y para este Parlamento. 
Señor Presidente, señoras y señores, ante el hecho de que el abismo existente entre las regiones ricas y pobres se sigue agrandando y ante el hecho de que la política de ahorro inspirada en la Unión Monetaria sacude y pone en peligro todo el sistema de cohesión económica y social, es urgentemente necesario realizar los máximos esfuerzos para lograr una aplicación efectiva de los Fondos Estructurales. 
El nuevo reglamento ofrece enfoques para lograr un desarrollo sostenible en las regiones más desfavorecidas. 
Pero a pesar de que este es un criterio del reglamento, la Comisión no ha examinado en los programas ni en su ejecución si los Fondos Estructurales aplican realmente un desarrollo sostenible en las regiones teniendo en cuenta la protección de los recursos naturales. 
En el informe tampoco se habla sobre otras normas, como por ejemplo, el respeto al principio de igualdad de oportunidades. 
Por ejemplo, los Estados miembros no han tenido que demostrar que han incluido a tiempo en las fases de planificación y ejecución a los interlocutores medioambientales. 
Hay que exigir a la Comisión que cumpla mejor sus obligaciones; debe controlar y ante todo intervenir. 
El Parlamento no puede aceptar que las PYME sigan teniendo aún tantas dificultades para acceder a los créditos. 
¿De qué sirven maravillosas estrategias para ayudar a las PYME a nivel europeo si los Estados miembros, como es el caso de Alemania, les dificultan el acceso limitando las posibilidades de ayudas europeas? 
¿Porqué permite la Comisión que se ignore de tal modo el nuevo reglamento sobre los Fondos Estructurales? 
¿Qué hace en contra? 
Señor Presidente, el ponente Sr. Teverson y la comisión en su conjunto han llevado a cabo un excelente trabajo y me parece que en el informe se formulan sugerencias y críticas muy útiles. 
Lo que estamos debatiendo es el análisis de 1994, sin embargo, y es justo que sea así, hemos ido más allá. Para hacer unas reflexiones más generales, nos hemos basado en el hecho de que- y esto no solamente en 1994- la utilización de los Fondos estructurales no es satisfactoria. 
Sabemos que existen diferencias entre los Estados, las regiones y los objetivos y que las circunstancias no son todas iguales, pero globalmente no es satisfactoria. 
Siguen existiendo determinadas responsabilidades de los Estados, de las regiones y de las realidades nacionales, que conocemos y respecto a las que se han dicho algunas cosas fundamentales. Por otra parte, son los mismos Estados- y respecto a esto tiene razón el Sr. McCarthy- los que luego nos proponen el recorte del presupuesto asignado a los Fondos estructurales. 
La cuestión es muy seria y muy grave. 
En el debate acerca del informe Teverson hemos abordado dos cuestiones que deseo mencionar. El primer lugar, el procedimiento de los Fondos estructurales se ha convertido en demasiado complejo, difícil y farragoso, por lo que es necesario simplificarlo. 
Debemos proponernos este objetivo: hay que empezar en seguida y hace falta, dentro de lo posible, modificar cuanto antes la programación y la gestión de estos Fondos, sobre la base de las orientaciones del Consejo de los Ministros de los días 3 y 4 de mayo, en particular con vistas a la simplificación y transparencia de los procedimientos. 
En segundo lugar, debemos empezar a reflexionar sobre los reglamentos que deben ser reformados y elaborados de nuevo antes de 1999 a fin de convertirlos en más útiles y más acordes con la nueva fase de la Unión Europea. 
De todos modos, será un paso obligado, sobre todo si se lleva a cabo la ampliación. 
La Comisaria Sra. WulfMathies hizo públicas unas manifestaciones muy interesantes respecto a este punto. 
Quizás ahora haría falta traducirlas en algún documento y hacer una amplia reflexión entre nosotros. 
Así y todo, debemos decir claramente que existen demasiados fondos y demasiadas instituciones que se ocupan de los mismos, así como demasiadas direcciones generales y demasiada complejidad y por ello, existe el riesgo de una superposición de objetivos e instrumentos. 
Es una cuestión que no podemos soslayar. 
Es evidente que no vamos a solucionarla antes de 1999, sin embargo, debemos empezar a afrontarla, junto con el papel del Parlamento Europeo, en el reglamento de los Fondos estructurales, así como en las perspectivas financieras, que son un aspecto fundamental. 
Creo que éstas son las cuestiones que debemos empezar a debatir. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, entre los principios fundamentales del Tratado de Maastricht figura el reforzamiento de la unión económica y social. 
En dicho tratado se especifica que la Comunidad debe intentar compensar los desequilibrios existentes en el desarrollo de las diversas regiones. 
Con este objetivo se persigue que también los habitantes de las regiones más aisladas puedan vivir y desarrollar actividades económicas. 
Gracias a la política regional y estructural de la Unión se puede dar un considerable impulso para reducir las diferencias de desarrollo regional, ya que los fondos correspondientes a la política regional representan ya un tercio del presupuesto de la Unión Europea. 
Es posible reforzar en una medida aún mayor la contribución de los programas de iniciativa comunitaria en la política regional de cada país mediante, por ejemplo, la aplicación combinada del programa INTERREG 2 con la cooperación transfronteriza y la intensificación del aprovechamiento del resto de programas en materia de política urbana y rural. 
Es perfectamente posible establecer una mayor interacción entre los diversos programas, por ejemplo, en el marco de URBAN y LEADER. 
Desde la perspectiva de Finlandia, uno de los nuevos Estados miembros, resulta de gran interés conceder una mayor importancia a la región del mar Báltico. 
En la práctica, esto implica que la política báltica de la Unión Europea deberá apoyar la interacción espontánea en la región. 
Por lo que respecta a los países periféricos del mar Báltico, debemos hacer un uso más eficiente de las posibilidades que nos ofrecen los programas englobados en INTERREG 2C y los puntos de ayuda de los programas PHARE y TACIS en territorio finlandés. 
Si, por ejemplo, se escogieran las zonas fronterizas finlandesas como base del programa TACIS para la Rusia noroccidental y se destinaran fondos de ayuda para la aplicación de los propios programas, en vez de llevar a cabo meras labores de planificación y de consulta, se podría fomentar de una manera más efectiva que en la actualidad el desarrollo de la actividad de las PYME en las regiones fronterizas. 
Desde mi punto de vista, la propuesta lanzada por el Comité de las Regiones para que la Comisión elabore un programa de principios y de acción específico para las regiones nórdicas merece todo nuestro apoyo. 
Espero que se puedan tomar en consideración, y que se tomen de hecho, estas observaciones a la hora de reformar los fundamentos de la política regional, lo cual deberá hacerse, a más tardar, en 1999. 
Sabemos que actualmente hay doce Estados aspirantes a ingresar en la Unión Europea, así como que su incorporación incrementará desmesuradamente los gastos comunitarios. 
A pesar de que la ampliación representa la respuesta de la Unión a los nuevos retos del continente europeo, es perfectamente posible que nos veamos obligados a reformar tanto la política regional como, incluso, la política agrícola de la Unión Europea. 
Por este motivo y, ante todo, con el fin de evitar la aparición de crisis, tanto los países candidatos como los que ya son miembros de la Unión deberán tratar de una manera muy sistemática la ampliación y las soluciones que ésta requiera. 
Señor Presidente, el informe sobre el sexto informe anual de la Comisión sobre los Fondos Estructurales 1994 critica justificadamente los puntos flacos de dichos fondos y confirma nuestra tesis de que su dotación debe reducirse por el momento. 
La ausencia de transparencia de su estructura organizativa, la reducida dimensión transfronteriza de los programas estructurales, la ausencia de datos sobre el flujo de pagos realizados a los Estados miembros o la deficiente cooperación de las autoridades estatales, impiden un trabajo administrativo concentrado y eficiente, la optimización de los sistemas de control y abre por tanto de par en par las puertas a los abusos y al fraude. 
El Tribunal de Cuentas se queja de que los Estados afectados no han escuchado sus propuestas de mejora. 
Pero también el hecho de que los Fondos Estructurales tengan que ser cofinanciados por los diversos Estados, supone un anacronismo entre las normas necesarias para respetar los criterios de convergencia para llegar a la UEM, por un lado, y los créditos necesarios adicionalmente para la cofinanciación de los programas estructurales en los Estados miembros, por otro. 
De esta forma, los Fondos Estructurales no crean nuevos puestos de trabajo o sólo muy pocos. Los ya existentes a lo sumo se redistribuyen. 
Debemos recapacitar al respecto. 
Señor Presidente, señor Comisario, el desempleo constituye el mayor problema en todo el territorio de la Unión Europea. 
En casi todos los países miembros los índices de desempleo, y en especial del creciente desempleo de larga duración, han aumentado hasta alcanzar dimensiones insostenibles. 
El total del presupuesto de la Unión Europea equivale al dos por ciento de la suma de los productos nacionales brutos de todos sus Estados miembros. 
Los recursos disponibles anualmente en los Fondos estructurales corresponden a un tercio del total del presupuesto. 
A partir de estas cifras resulta fácil deducir que los recursos de que disponemos para encontrar soluciones a los problemas de orden estructural, y- por lo tanto- también al problema del desempleo, son muy limitados. 
Así pues, por este motivo, debemos prestar una atención cada vez mayor al uso que se hace de estos recursos y a la elaboración de programas eficaces que permitan reducir el desempleo y, especialmente, crear nuevos puestos de trabajo. 
Tan importante como el análisis de los anteriores programas en materia de política estructural es, como ya se ha dicho aquí, nuestra capacidad para aprender de dichos programas a fin de elaborar mejor los venideros. 
La aplicación de los programas en materia de política regional se llevan a cabo respetando el principio de subsidiariedad. 
Sin embargo, a todos, la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, la Comisión y, también, el Consejo, nos corresponde velar por que determinados asuntos se lleven a cabo en el marco de la política regional europea. 
Además de fomentar la creación de empleo, los proyectos que se apliquen con financiación europea deberán, ante todo, promover el progreso y el desarrollo social. 
Los proyectos habrán de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y de la sociedad del mañana. 
Así pues, todos aquellos temas a los que el Comisario ha hecho anteriormente referencia como, entre otros, la oferta de la cultura, los medios de comunicación, la formación y la sociedad de información al servicio de los nuevos puestos de trabajo, deberán incluirse en una medida aún mayor en los nuevos programas para, de este modo, lograr la creación de verdaderos puestos de trabajo en Europa. 
Señor Presidente, creo que el informe del ponente, con las enmiendas presentadas por la Comisión de Política Regional, está bien encaminado y expresa con claridad la posición del Parlamento Europeo respecto a la aplicación de los Fondos estructurales en 1994. 
No obstante, me parece necesario hacer cuatro o cinco observaciones que, desde mi punto de vista, son de especial importancia. 
En primer lugar, creo que estamos otra vez ante un retraso en la publicación del informe, aunque menor que en el caso de informes anteriores; soy consciente de que se ha realizado un progreso. Tan sólo quería dejar constancia de este hecho para que los informes de los años siguientes se sometan antes a examen, ya que hoy, en 1996, cuando han transcurrido dos años, estamos hablando sobre lo que sucedió en 1994. 
En segundo lugar, creo que hay que poner más el acento en el aspecto transeuropeo de la aplicación de los Fondos estructurales, apoyando la cooperación entre las regiones periféricas y los Estados miembros, a fin de que haya un mayor acercamiento a la Unión tanto de las regiones periféricas como de los ciudadanos. 
En cuanto a la evaluación de la aplicación de los Fondos estructurales, opino también que hay que encontrar una metodología clara, práctica y fiable de hacerlo, durante y después de su desarrollo. 
Sé que esto no es fácil, ni algo que se pueda hacer de un día para otro. Tan sólo quisiera indicar que me gustaría que nuestras deliberaciones se basen en datos más fiables. 
Además, en mi opinión, habría que intensificar y ampliar los controles locales que ejerce la Comisión sobre la correcta realización de las obras, ya que esto ayudaría a que los proyectos subvencionados con cargo al presupuesto comunitario se llevaran a cabo de forma más rápida y fiable. 
Por último, quisiera subrayar que sería oportuno estudiar métodos que faciliten una mayor participación del sector privado en los Fondos estructurales, ya que los resultados de su aplicación serían así mucho más sustanciales, dado que las cantidades disponibles, lógicamente, serían mucho mayores. 
Señor Presidente, comenzaré felicitando no sólo al ponente, sino también a la propia Comisión. 
El informe presentado toma nota detenidamente de las recomendaciones hechas el año pasado por mi estimada colega la Sra. Frutos Gama y la resolución aprobada por el Parlamento Europeo. 
Así, pues, lo que sigue preocupándonos no es, en general, el contenido o los análisis del informe, sino lo que dice y lo que no dice sobre los resultados de los propios programas ejecutados con cargo a los Fondos estructurales. 
Lo que el informe sí que dice es que se dan importantes y perjudiciales retrasos en los pagos a las localidades y regiones y que algunos gobiernos pasan por alto deliberadamente el principio de adicionalidad y utilizan el dinero con cargo a los Fondos estructurales para pagar los sueldos de sus propios funcionarios. 
Se trata de una historia con la que estamos familiarizados en el Reino Unido y que debería intensificar nuestra determinación de velar por que los fondos lleguen rápidamente a aquellos a los que van destinados sobre el terreno. 
Lo que el informe sí que dice es que se asignan fondos para iniciativas comunitarias y medidas innovadoras, algunas de las cuales quedan fuera de los objetivos principales y que no se gastaron o sólo se empezaron a gastar durante el año a que corresponde el informe. 
La Comisaria sabe que tuve mucho gusto en hacer de ponente sobre estos últimos programas conocidos colectivamente como artículo 10. 
Lo que el informe no dice es que el retraso en dichos programas perjudica concretamente a las localidades y regiones que padecen problemas económicos reales- por ejemplo, en sectores industriales o de formas nuevas y diferentes -, pero que no reúnen los requisitos para recibir otros tipos de asistencia europea. 
No se debe utilizar ese retraso en los pagos como excusa para atacar el presupuesto para esas importantes medidas ni se debe permitir que quienes no estén familiarizados con los programas europeos se desanimen y no se beneficien plenamente de ellos. 
En el oportunísimo debate sobre la concentración, no se deben dejar de lado esos aspectos. 
Por último, lo que el informe sí que dice es que en las consultas han participado los interlocutores sociales. 
Lo que no recoge es la profunda preocupación que hemos expresado sobre la mala utilización del dinero con cargo a los Fondos estructurales para beneficiar a servicios privatizados, entre ellos «Anglia Water» en mi circunscripción de Essex, en el Reino Unido. 
Pedimos a la Comisaria que mantenga sus investigaciones a ese respecto y yo le agradecería que abordara este aspecto en particular en su respuesta. 
Señor Presidente, yo también me sumo a las felicitaciones que han expresado mis colegas al ponente porque realmente ha realizado un gran trabajo que compartimos y, por lo tanto, no es necesario repetir muchas de las cuestiones que ya están en este informe, que hacemos también nuestro. 
Yo comprendo que también para la Comisión debe ser un poco aburrido ir oyendo, diputado tras diputado, las mismas cuestiones. 
Pero creo que esto le debería servir de base para comprobar que todo el arco parlamentario, desde un extremo al otro, coincidimos bastante en las críticas, apreciaciones y también en las propuestas. 
También creo que es muy importante tener en cuenta el sentido general de todas nuestras intervenciones. 
No van, en general, contra el trabajo de la Comisión, sino muchas veces contra el propio sistema que tenemos y la insuficiencia de medios, tanto de la Comisión como de este Parlamento. 
Y esto también debe quedar muy claro. 
Parlamento y Comisión trabajan en estos ámbitos desde hace muchos años de una forma muy coordinada y muy positiva. 
Dicho esto, también hay que decir que los informes anuales no son suficientes para nuestro trabajo parlamentario y para nuestra responsabilidad de hacer el seguimiento y control de estos Fondos. 
Y estos Fondos- hay que recordarlo- son muy importantes. 
Después de las inversiones agrícolas es el capítulo más importante del presupuesto comunitario. 
Y nosotros lo único que hacemos cada año es aprobar una línea presupuestaria y después nos encontramos con informes con dos o tres años de retraso. 
Creo que este Parlamento no puede trabajar con este tipo de informes. 
Aunque los informes han mejorado paulatinamente- y esto hay que reconocerlo -, creo que se tiene que superar la fase contable y entrar en las valoraciones, que para nosotros son esenciales y que venimos exigiendo año tras año. 
Tal puede ser el caso de la valoración que debe hacerse de la adicionalidad, uno de los requisitos esenciales de la organización de los Fondos estructurales, que en el propio informe de la Comisión es muy decepcionante. 
Para cualquiera de nosotros es decepcionante estar trabajando sobre un informe de 1994 donde hay un párrafo, en la página 174, que dice que no se puede dar una valoración adecuada de la adicionalidad porque no se dispondrá de todos los datos hasta final del año 1995. 
Pero estamos discutiendo de estos temas ya casi a finales de 1996. 
Esto no es positivo ni para la Comisión ni para nosotros a la hora de hacer una evaluación positiva. 
Yo creo que nosotros necesitamos también tener acceso a los informes de seguimiento. 
Yo he conocido algunos. 
Realmente yo creo que ni para la Comisión ni para este Parlamento pueden ser satisfactorios. 
Son unos meros informes de carácter administrativo, que prácticamente no dicen nada y que son decepcionantes. 
Creo que podemos y debemos exigir que esos informes de seguimiento tengan un contenido. 
Señor Presidente, hay otros temas sobre los que quería haber insistido, sobre todo en el ámbito del Fondo Social Europeo, al que algunos compañeros ya han hecho referencia, pero nos causa una gran preocupación el control del Fondo Social Europeo y tendremos que insistir entre todos y llegar a una evaluación mucho más positiva y detallada. 
Señor Presidente, el informe Teverson se refiere al año 1994. Austria no era aún miembro de la Unión Europea. 
A pesar de ello o precisamente quizás por ello, este informe es importante para nosotros, pues no solamente se aprovechan los errores mostrados para criticar el «perfomance» pasado sino que además se apela para corregir este estado de cosas. 
Tales errores los hemos registrado también en Austria en estos dos primeros años de nuestra pertenencia a la Unión Europea en los que hemos practicado una política regional en cooperación con Europa, por lo que también debemos extraer de este informe algunas cosas relevantes para nosotros. 
Me voy a referir en especial a dos puntos: en el punto 9 se critica con razón que las estructuras de la ayuda regional europea son demasiado complicadas. 
Tanto la administración como las estructuras generales están configuradas de tal modo que nadie puede vanagloriarse de conocer realmente este campo. 
Se puede formular también de otro modo: muchos no entienden cómo funcionan los diversos Fondos con las unidades administrativas y todo esto a su vez con la cofinanciación nacional. 
En el punto 17 se dice que nadie, tampoco la Comisión, sabe dónde y de qué modo concreto se gasta el dinero de la UE pues, por lo visto, hay una grave carencia de información. 
Ambos puntos de crítica afectan también a las primeras experiencias que hemos tenido en Austria con el tema de la ayuda regional, por lo que debemos aprender de estos errores. 
En especial, en un país, que se incluye entre los contribuyentes netos de la Unión, por lo que existe también una obligación de justificar lo que se hace, no debemos cometer errores pues sólo puede ser negativo para la Unión Europea y para nosotros, en especial pocas semanas antes de las elecciones europeas en nuestro país. 
Por ello, en Austria tenemos que intentar aprender de este informe y no cometer los errores mencionados. 
Hay algo de lo que podemos estar orgullosos en la política regional. No tenemos tampoco porqué ocultar nuestros méritos. 
La Sra. Comisaria ha estado dos veces en nuestro país y ha podido cerciorarse. 
Una delegación de la Comisión de Política Regional ha estado también en Austria, en Estiria, y ha comprobado que hacemos cosas razonables con el dinero, con el propio y con el de Europa. 
De lo que se trata aquí es de mostrárselo con transparencia a nuestros ciudadanos. 
Hay un principio que creo debería tenerse en cuenta de modo general y muy en especial en tiempos electorales: actúa bien y habla al respecto. 
Señor Presidente, señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente de la Comisión de Política Regional, Sr. Teverson, así como a los demás ponentes de las otras comisiones, por haber presentado al Parlamento una propuesta de resolución muy amplia sobre el sexto informe anual de la Comisión sobre los Fondos Estructurales 1994 para que emita una resolución. 
Comprendo su crítica al retraso que hemos tenido y también me parece lamentable que en septiembre de 1996 debatamos en el Parlamento sobre 1994. 
Creo que en el futuro podremos coordinar algo mejor nuestras actividades para garantizar la rápida aplicación de las observaciones realizadas. 
El informe Teverson muestra que la política de cohesión despierta un gran interés y apoyo en el Parlamento Europeo. 
Exige con razón que los créditos político-estructurales no sólo se apliquen con eficacia sino que se informe también con rapidez a las ciudadanas y ciudadanos sobre estas ayudas. 
La propuesta de resolución y las opiniones de las comisiones plantean en parte unas importantes cuestiones básicas sobre la política estructural que van más allá del mandato y del período de un único informe anual. 
Son, por ello, unas importantes sugerencias para nuestro trabajo futuro aunque hoy no podamos aclarar de modo definitivo todas las interrelaciones existentes entre la política regional europea y nacional y las repercusiones de la Unión Monetaria sobre la cohesión. 
Veo la propuesta de resolución como parte de un diálogo continuado entre el Parlamento y la Comisión que deberemos profundizar en los próximos meses cuando se haga un balance intermedio de la política estructural en el marco del informe de cohesión. 
La propuesta de resolución recuerda con razón a los Estados miembros su responsabilidad en estos casos. 
Me parece importante que el Parlamento Europeo apoye a la Comisión en el intento de llegar a regulaciones con los Estados miembros que mejoren el control financiero y la ejecución presupuestaria, garanticen una evaluación sistemática y fortalezcan el principio de cooperación en la ejecución de la política estructural. 
Permítanme que me refiera más detalladamente a algunas cuestiones. 
El ponente se queja de que el Parlamento ha participado insuficientemente en la determinación de la política estructural para el período 1994-1999 y exige una mayor participación en el futuro. 
Ustedes saben que desde un principio he apoyado esta exigencia y la Comisión, en su opinión emitida sobre la Conferencia Intergubernamental, ha exigido entretanto que el procedimiento de codecisión se amplíe a los Fondos Estructurales. 
Creo que esta es una regulación clara y directa que ya no haría necesario andar mendigando información adicional. 
Se exige una precisión y cualificación de los objetivos de la política estructural. 
No comparto la crítica fundamental del informe en el sentido de que los objetivos no están claros en absoluto, pues, en primer lugar, están los objetivos 1 a 6, que se entrecruzan en parte pero que muestran muy claramente cuáles son y, en segundo lugar, en los programas se muestran objetivos que son evaluados ex ante por expertos independientes antes de que los programas sean aprobados por la Comisión. 
Naturalmente, también aquí hay algunos a los que les gustaría la máxima precisión, mientras que otros se han pronunciado en favor de una mayor flexibilidad. 
Yo creo que debemos encontrar una vía intermedia razonable entre la claridad de los objetivos básicos y una actitud flexible para reaccionar ante las peculiaridades regionales. No podemos planificar en Bruselas un programa sobre la mesa, ni tampoco en la Comisión o en el Parlamento, sino que las regiones deben tener también la posibilidad de participar en la configuración introduciendo modificaciones durante la aplicación de los programas. 
No obstante, me parece importante que la Comisión, dentro del marco del Reglamento de los Fondos Estructurales en vigor, se siga esforzando en concentrar las medidas estructurales en los objetivos prioritarios, por ejemplo, en la lucha contra el desempleo. 
A propuesta mía, la Comisión, tras una extensa deliberación en la Comisión de Política Regional del Parlamento, ha presentado unas líneas directrices para la elaboración de los nuevos programas del objetivo 2 y creo que las encontrarán en el correspondiente informe. 
Por lo demás, esto ha permitido que al adoptar las decisiones sobre los programas del objetivo 2 se hayan acelerado los procedimientos al posibilitar también que los programas en vigor prosigan tras el correspondiente acuerdo con los Estados miembros. 
También hemos logrado progresos en la cuantificación de las perspectivas de política estructural, pero coincido con ustedes en que no son aún suficientes, lo que es en especial aplicable al número de puestos de trabajo creados, a su duración, a las medidas dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades y a los efectos medioambientales. 
Creo que debemos ser más precisos al respecto en los próximos informes anuales. 
Los métodos de evaluación se han mejorado en cooperación con los expertos. 
Creo que los Estados miembros tienen una mayor comprensión sobre la necesidad de la evaluación y espero que esto conduzca a una mejora de las futuras propuestas de programas. 
En la propuesta de resolución se llama la atención sobre el significado de las medidas transnacionales y comparto la positiva valoración que se hace. 
En el marco de las perspectivas de política estructural acordadas en Edimburgo, hemos utilizado las posibilidades de participación, por ejemplo, en lo tocante a la distribución de la reserva de las iniciativas comunitarias de acuerdo con el Parlamento. 
No solamente hemos elevado INTERREG sino que hemos creado unas nuevas posibilidades de cooperación interregional con INTERREG II C. También se ha fortalecido el artículo 10, medidas piloto, aplicándolo a proyectos transnacionales, redes urbanas, intercambio de experiencias transnacionales y best practices. 
Si queremos hacer algo razonable, reconozco que deberíamos hablar más al respecto, tal como se ha expuesto. 
Pero permítanme que diga también otra cosa: el carácter regional de la política estructural tiene su propia justificación cuando se trata de que las regiones desfavorecidas alcancen la media comunitaria. 
Los retrasos mencionados en el flujo de créditos de 1994 fueron motivo para mí para espolear tanto a los servicios de la Comisión como a los Estados miembros para que decidiesen y ejecutasen con rapidez las medidas de política estructural. 
A este respecto, la clara mejora de la ejecución presupuestaria de 1995 y la aceleración que se espera para 1996 del flujo de créditos no es aún motivo para bajar la guardia. 
También las autoridades nacionales y regionales competentes tienen que ser conscientes del peligro de que los retrasos en la tramitación de los programas acumulen los pagos al final del período de planificación. 
Pero esto no debe repercutir negativamente sobre la calidad de los programas. 
Tenemos que encontrar, por ello, un camino para combinar la necesaria solidaridad con las regiones de estructuras más débiles de la Unión con el derecho del contribuyente europeo a una utilización ahorrativa y eficaz de los fondos. 
Les ruego encarecidamente que tengan en cuenta- expreso mi agradecimiento a la Sra. McCarthy por el apoyo otorgado- que en Bruselas no podemos construir una superburocracia sino que el principio de subsidiariedad en vigor exige que los Estados miembros realicen adecuadamente sus tareas. 
No debemos intentar establecer aquí una doble burocracia sino exigir una mayor responsabilidad a los Estados miembros mediante nuestros esfuerzos en el marco de SEM 2000. 
Respecto a la política de medio ambiente, ruego al Parlamento, que cuando adopte su resolución tenga en cuenta que la Comisión ha reaccionado a la exigencia de una política estructural compatible con el medio ambiente. 
En la letter of understanding, que la Comisión ha transmitido al Parlamento y en la comunicación de la Comisión sobre la política de cohesión y medio ambiente se enumeran una gran cantidad de medidas en cuya aplicación hemos logrado también unos claros progresos, tal como ha mostrado el último debate con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, si bien sólo se podrán reflejar en futuros informes. 
Para finalizar, quiero asegurarles que la Comisión va a utilizar su resolución con el objetivo de que el informe anual de 1995 sea aún más informativo. 
Quiero anunciar ya que se va a incluir un capítulo propio sobre política de medio ambiente y espero que algunas de las mejoras no se apliquen sólo a partir del nuevo período del año 2000 sino que se haga ya hoy en el marco de lo que es posible y que ustedes puedan leerlo también en los futuros informes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Intervenciones estructurales en Grecia, Portugal y España 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0240/96 del Sr. Klironomos, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la decisión de la Comisión relativa al establecimiento del marco comunitario de apoyo para las intervenciones estructurales en las regiones de Grecia afectadas por el objetivo nº 1, es decir, la totalidad del territorio, -A4-0087/96 del Sr. Chichester, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre problemas de desarrollo en el marco de las medidas estructurales del objetivo nº 1 en Portugal; -A4-0163/96 de la Sra. Sierra González, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria EuropeaIzquierda Verde Nórdica, sobre los problemas de desarrollo/intervenciones estructurales a título de los objetivos 1, 2 y 5b en España (1994-1999). 
Señor Presidente, el establecimiento del marco comunitario de apoyo para las intervenciones estructurales en la totalidad del territorio griego, como región del objetivo nº 1, constituye un importante medio de apoyo a los esfuerzos de desarrollo económico y social de Grecia, para darle un impulso en su camino hacia la Unión Económica y Monetaria y para que asuma el papel que debe y puede desempeñar en la región de los Balcanes y en el sudeste de la cuenca mediterránea. 
La estrategia del programa de desarrollo regional, tal como fue presentado a la Comisión por el Gobierno griego y aprobado por la Comisión el 13 de julio de 1994, es coherente con las grandes metas definidas en el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo y gira en torno a cinco ejes básicos de desarrollo: la modernización de la infraestructuras básicas, la mejora de las condiciones de vida con acciones globales en el ámbito del desarrollo urbano, el sistema sanitario y el medio ambiente, el desarrollo de los recursos humanos, el fomento de la competitividad del tejido económico, la reducción de las desigualdades regionales y la supresión del aislamiento de las regiones insulares mediante 13 programas regionales. 
Para la financiación del marco comunitario de apoyo durante el período de 1994-1999, se prevé conceder a Grecia 13.980 millones de ecus con cargo a los Fondos estructurales, sin contar los recursos del Fondo de Cohesión, ni los procedentes de la financiación de las restantes iniciativas comunitarias. 
Tanto las autoridades griegas como la Comisión expresan su optimismo en cuanto a la importancia que el marco comunitario de apoyo tendrá como contribución al conjunto de la economía griega. 
Se calcula que los recursos comunitarios alcanzarán un 4, 2 % del PIB, como promedio anual, y que el índice anual de variación del PNB aumentará en 0, 9, mientras que, en materia de empleo, se calcula que sin el MCA, al finalizar el período se contaría con unos 100.000 puestos de trabajo menos. 
Me parece oportuno mencionar algunas características básicas de la economía griega, a fin de hacer más comprensible la estrategia global del programa de desarrollo regional: 
Las infraestructuras básicas del país se consideran insuficientes: presentan enormes deficiencias en todos los ámbitos. 
El sector más importante de la economía griega es el agrario, que representa más del 20 % al 22 % del PNB. 
La participación del sector industrial en el conjunto de la economía nacional aumenta a un ritmo muy lento, mientras que el sector de servicios ha experimentado un progreso importante durante los últimos años. 
En el epicentro del sector de servicios se encuentra el turismo, que, sin embargo, al igual que el conjunto de la economía griega, encuentra gravísimos problemas relacionados con las infraestructuras, en especial en el ámbito de los transportes y de las telecomunicaciones. 
El volumen de la economía griega es limitado, y el bajo rendimiento de sus sectores básicos, especialmente de la industria y de la agricultura, la insuficiencia de infraestructuras y equipos, así como el bajo nivel de formación profesional de la población activa, son factores que dificultan por igual el desarrollo del país. 
Pese a todo, la economía griega presenta varios elementos dinámicos, tales como importantes recursos naturales por explotar, condiciones climatológicas y medioambientales favorables, un riquísimo patrimonio histórico, una situación geográfica estratégica, y un gran número de empresarios dinámicos y en situación ventajosa para beneficiarse de la situación estratégica del país. 
Por lo demás, el procedimiento de ejecución del MCA puso al descubierto la magnitud de las deficiencias de la administración pública griega al programar, proyectar y, por último, llevar a cabo las grandes obras públicas incluidas en el programa, y obligó al Gobierno griego a establecer un nuevo marco legislativo para la planificación, licitación y ejecución de las grandes obras públicas, y a crear mecanismos que ayuden en la puesta en práctica de estos grandes proyectos: la Unidad de Organización de la Gestión, la Comisión mixta de orientación, el Centro Griego de Inversiones etc. Como consecuencia de estas deficiencias de la administración pública y de las decisiones que, en consecuencia, tuvo que adoptar el Gobierno griego, se retrasó el inicio de la realización de las grandes obras, lo cual dio lugar a una absorción y una utilización insuficiente de los recursos comunitarios. 
En términos generales, la imagen que se va conformando de la evolución de la aplicación del programa es desigual: hay sectores en los que esa imagen es negativa, dado que el coeficiente de utilización de los recursos es de insignificante a nulo, mientras que en otros sectores es positiva. 
Es positiva la evolución de las grandes obras de infraestructuras en los transportes y la energía, el medio ambiente, la investigación y la tecnología. 
Por el contrario, es negativa en la industria, la sanidad, la administración pública, la educación y el empleo. 
Por lo tanto, es absolutamente necesario imprimir un ritmo más veloz a la ejecución de los programas, con el fin de acelerar también el ritmo de aumento del PNB, en la medida que éste se ve influido por el MCA. 
De otro modo, los objetivos de la cohesión económica y social y de la convergencia real se alejarán. 
La demora en la ejecución del MCA resultará muy costosa, no por falta de recursos comunitarios, sino, principalmente, por el retraso en la aparición de los efectos positivos que se espera obtener de la realización de los programas en él previstos. 
No se puede pasar por alto el hecho de que los esfuerzos realizados por el Gobierno griego para alcanzar los objetivos del MCA, y los sacrificios económicos a los que el pueblo griego se ve sometido a fin de poner en práctica el costosísimo programa de convergencia de la economía griega, esfuerzos compatibles e interrelacionados, están realizándose en condiciones que resultarían extremadamente adversas para cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, dado que Grecia es el único país de la Unión cuya soberanía territorial está amenazada, lo cual le obliga a asignar a la defensa nacional un porcentaje de su PNB, ya de por sí muy bajo, que duplica con creces el de cualquier otro país de la Unión. 
Por último, aunque la cuantía total de los recursos comunitarios previstos para la realización del programa se considera grande, y lo es, se estima insuficiente para cubrir las grandes necesidades que Grecia tiene en el ámbito de las obras de infraestructuras básicas. 
Si además se tiene en cuenta que el enorme déficit público absorbe gran parte de los recursos nacionales de Grecia, dejando un porcentaje mínimo para inversiones públicas, no cabe duda de la importancia que tiene utilizar los recursos disponibles de la manera más productiva, efectiva y eficaz posible. 
Señor Presidente, tal vez debería comenzar señalando que soy ponente como diputado de un país diferente de aquel a que se refiere este informe. 
No sé si esto podría o debería ser un precedente. 
La primero que quisiera hacer es señalar los avances reales logrados en Portugal para reducir el desfase entre su producto interior bruto y la media de la UE durante el período de vigencia del anterior marco comunitario de apoyo en el período 1989-1993. 
En segundo lugar, quisiera señalar que el programa actual entraña una transferencia muy substancial de fondos a Portugal con cargo al presupuesto de la UE por un importe de casi 24.000 millones de ecus, incluidos los préstamos del BEI. 
Se trata de una suma respetable, se mire como se mire. 
Sin embargo, los primeros resultados indican que la ejecución del programa fue lenta al principio y en los primeros años se utilizaron pocos fondos. 
Ese fenómeno parece común a todos los programas ejecutados con cargo a los Fondos estructurales, a juzgar, desde luego, por nuestra experiencia de mi circunscripción de Devon con el objetivo 5b. 
Me parece que se debe en parte a que la Comisión lo denomina programa para el período 1994-1999, cuando el primer año suele estar dedicado a las negociaciones sobre los detalles del marco y, por lo general, no se pueden hacer las aplicaciones hasta que se haya acordado el documento. 
Eso puede provocar confusión y decepción entre quienes no estén familiarizados con el sistema. 
Otro problema en el programa portugués ha sido el de la supervisión y la evaluación. 
Es esencial que los Estados miembros ejerzan el control idóneo de los gastos con cargo a los Fondos estructurales para velar por que se dediquen al objetivo correcto y se consiga el rendimiento idóneo con los fondos. 
En el párrafo 3 de este informe se pide a las autoridades de Portugal, así como a la Comisión, que tomen nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas a ese respecto en su informe especial. 
Este informe hace también varias referencias a la educación, en particular en los párrafos 7 y 9, y resulta digno de mención que la prioridad 1 del programa marco sea la formación de los recursos humanos y la promoción del empleo, con insistencia en la educación y la formación profesional. 
Lo que me preocupa a este respecto es que las metas fijadas para la mejora en materia de educación, como, por ejemplo, el aumento de la proporción de jóvenes en la enseñanza superior del 19 % al 34 %, del 35 % al 40 % durante el período de vigencia del programa. 
Resulta difícil de lograr y sería una lástima que se les infundieran esperanzas que después resultaran defraudadas. 
Asimismo, en la prioridad 3, que es la de mejorar la calidad de vida y la cohesión social, hay algunos objetivos muy ambiciosos en materia de suministro y tratamiento de agua. 
Uno de ellos es el aumento de la proporción de conexiones con el sistema público de suministro de agua del 77 % en 1990 al 95 % en 1999. 
Otro es el de que el porcentaje de la población que cuente con sistemas de tratamiento de desechos urbanos pase del 43 % al 98 %, un gran salto; otro es el de que el porcentaje de la población cuente con sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el país pase del 21 % al 90 %, un salto enorme. 
Se trata de ambiciones encomiables, son medidas esenciales en pro de la salud pública y la calidad de la vida, pero parecen casi irrealizables en el período de tiempo fijado. 
He de hacer otra observación. 
Portugal depende mucho de la energía importada. 
Este informe pide un estudio fundamental del abastecimiento energético por el Gobierno portugués. 
El Grupo Socialista en la Comisión de Política Regional rechazó mi propuesta de que se incluyera en ese estudio la energía nuclear como una opción. 
Espero que Portugal, en particular con su nuevo Gobierno, no tenga miras tan estrechas como los socialistas y al menos examine ese proyecto. 
Creo que no hay enmiendas, señor Presidente, y tengo mucho gusto en recomendar este informe a la Asamblea. 
Señor Presidente, sobre los problemas de desarrollo examinados en relación a las intervenciones estructurales en España propuestas para el periodo 1994-1999 y su conveniencia y eficacia debo decir lo siguiente: 
Primero: que los marcos comunitarios de apoyo de los Objetivos 1 y 2 y los documentos únicos de programación del Objetivo 5 b) correspondientes a este periodo en España se caracterizan por la continuidad, en lo esencial, con la etapa precedente de programación en lo que concierne a las estrategias seguidas, habida cuenta de que perduran en gran parte los problemas existentes en el periodo anterior. 
Segundo: habría que señalar que es observable que el problema más acuciante, sin duda, es la elevada tasa de desempleo existente en las regiones Objetivo nº 1, que abarcan gran parte del noroeste, centro y sur de España y Canarias. 
En esta última región, el desempleo alcanza el promedio explosivo de un 25 % de la población activa, significativo, desde mi punto de vista, no sólo de los grandes desequilibrios del sistema productivo sino también de las políticas educativas y de cualificación profesional seguidas hasta hoy. 
Para resolver parcialmente este grave problema, en el nuevo marco comunitario de apoyo del Objetivo 1 se ha prestado una especial atención a la mejora y adaptación del sistema productivo, así como a los recursos humanos, dando mayor relevancia a la formación profesional, si bien sigue siendo bajo el nivel de las intervenciones integradas del FEDER y de Fondo Social Europeo. 
Tercero: en términos generales, hay que decir que España sigue caracterizándose por la existencia de grandes disparidades que no han disminuido sustancialmente tras el primer periodo de programación 1989-1993, por lo que siguen siendo necesarias intervenciones como las programadas en el presente periodo. 
Sobre la persistencia de estas disparidades y la necesidad actual de practicar estas intervenciones, lamento que no pudiera disponerse de un balance completo de los resultados de los primeros marcos comunitarios de apoyo al abordarse la programación del periodo presente, porque ello hubiera permitido formular un juicio más informado sobre la conveniencia y eficacia de las intervenciones. 
A pesar de ello, en el examen de las mismas ha resultado evidente que los Fondos estructurales han sido un instrumento favorecedor de la cohesión económica y social, si bien hubiera sido deseable una mayor coordinación de los Fondos estructurales con otros instrumentos financieros comunitarios y, particularmente, hubiera sido deseable que se formularan previsiones que tuvieran en cuenta las aportaciones al marco comunitario de apoyo del Objetivo 1 por parte del BEI y del Fondo de Cohesión. 
Cuarto: sobre las expectativas de éxito de las presentes intervenciones, hay que decir que no se puede perder de vista que, durante el periodo 1994-1999, los Fondos estructurales se aplicarán en España en un contexto de austeridad presupuestaria, marcado por el plan de convergencia hacia la moneda única, y las políticas de ajuste no dejarán de influir, de uno u otro modo, en los resultados de las intervenciones programadas con los Fondos estructurales. 
Por otro lado, la escasa integración entre los distintos Fondos, expresiva de la compartimentación excesiva de los distintos departamentos de la administración española, y una cooperación, a mi juicio, insuficiente entre ésta y las Direcciones Generales V y XVI inciden negativamente sobre la posibilidad de alcanzar unos resultados óptimos de estas intervenciones. 
En otro orden de cosas, quisiera hacer algunas consideraciones finales sobre la programación y la vigilancia de su ejecución. 
Falta una mayor participación en programación de las autoridades locales, quienes han tropezado con dificultades para acceder a la información y no se ha tenido en cuenta, en la gestión de los recursos, el nivel competencial asumido por las administraciones autonómicas. 
Sería deseable que se potenciara su presencia en los comités de seguimiento, ya que no ha sido así en la programación. 
También sería deseable establecer una mayor vigilancia en materia medioambiental, particularmente en las inversiones realizadas en infraestructuras viarias. 
Finalmente, quiero añadir que, si bien España, en términos absolutos, es el mayor receptor de ayuda, esta circunstancia no le convierte en el principal beneficiario de las políticas estructurales. 
Si atendemos al indicador de los Fondos estructurales recibidos por habitante y si atendemos a las aportaciones de los distintos Estados al presupuesto de la Unión, entre 1989 y 1993, mientras que la aportación de España supuso un 1, 09 % de su producto interior bruto, la de países como Alemania, Francia, Dinamarca, Italia y el Reino Unido está por debajo de esta aportación. 
No cabe duda de que cualquier análisis de la eficacia de los Fondos estructurales en España ha de atender a estos datos. 
Señor Presidente, al comienzo quiero felicitar al ponente Sr. Klironomos por su informe y también rendir homenaje a la Comisaria y a su personal por la asistencia que me prestaron para redactar la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales sobre el MCA para Grecia en el sector del objetivo 1. 
En particular, quisiera centrar la atención en la dimensión social de los beneficios del MCA para las regiones periféricas y ultraperiféricas de la Unión Europea. 
En Grecia, con su proliferación de comunidades insulares dentro del archipiélago griego y dado también el carácter montañoso de gran parte del país, hay una desventaja geográfica que se puede superar mediante la asistencia prestada con cargo al marco comunitario de apoyo. 
Lo que se ha puesto de relieve en todos los países que han recibido apoyo comunitario es que, cuando se emplean los fondos de forma eficiente y en consulta con las asociaciones y las autoridades locales, los beneficios son enormes desde el punto de vista económico, pero también desde el social. 
Resulta particularmente importante que en el Parlamento reconozcamos que, al impulsar el desarrollo de las zonas subdesarrolladas hasta un nivel cercano al de la media europea o incluso superior, se producen no sólo beneficios económicos, sino también sociales, al mostrar a todos y cada uno de los ciudadanos que todo el mundo tiene derecho a recibir los beneficios y la magnificencia de la Unión Europea. 
En particular, quisiera hacer hincapié en el aspecto relativo al Fondo Social y el acceso a la educación, la educación permanente y la formación profesional en particular. 
Hemos visto cifras espantosas sobre el número de jóvenes a los que se ha negado el acceso a la educación simplemente por su situación geográfica o los imperativos económicos de los Estados miembros en los que viven. 
Es esencial que, como Comunidad, trabajemos en cooperación para aportar más fondos a esos grupos que padecen la mayor marginación. 
Quisiera pedir a este Parlamento que preste todo el apoyo necesario a la Comisaria. 
Tiene una idea clara de cuál es la forma mejor de hacer realidad el ideal de la Unión Europea mediante la cohesión y los Fondos estructurales. 
Si consigue llevarlo a cabo, podrá contar con nuestro total apoyo. 
Señor Presidente, señor Chichester, lo felicito por su informe, por el esfuerzo de comprensión que ha hecho de la economía portuguesa, por la capacidad que ha tenido para encontrar las fragilidades estructurales de la economía portuguesa y las debilidades de sus capacidades productivas, pero también quisiera hacerle una observación. 
La estructura económica portuguesa ya no es tan arcaica como se dice en su informe. 
Hoy Portugal no tiene el 20 % de la población en la agricultura, sino un 9-10 %. 
Y, además, la educación en Portugal, pese a ser un gran problema nacional, no está en una situación tan precaria como Su Señoría la presenta en su informe. 
La educación básica en Portugal es de nueve años, la enseñanza superior tiene hoy una afluencia extraordinaria en el país y el gran problema que se nos plantea es el de transformar esa demanda cuantitativa de la enseñanza superior en una enseñanza de calidad. 
Por otro lado, quisiera decir que Portugal ha pasado por tres etapas fundamentales en la utilización de los fondos comunitarios. 
La primera es una etapa de éxito, que corresponde al primer marco comunitario de apoyo. 
Portugal convergió, se reabsorbió el desempleo, fue un período de convergencia. 
Pero el desarrollo económico es traicionero. 
Siguió una segunda etapa, a partir de 1993, en la que Portugal tuvo una interrupción en su crecimiento económico respecto de la media europea, a pesar de que el segundo marco comunitario de apoyo infundió grandes ambiciones y esperanzas. 
Si bien Portugal ganó tres puntos de avance y de convergencia entre 1985 y 1994, en tan sólo tres años- 1993, 1994 y 1995- perdió 2, 7. 
En 1996 se esboza una tercera etapa. 
Una etapa de esperanza, en la que Portugal parece haber encontrado, o reencontrado, los caminos de la convergencia con la Comunidad Europea. 
Aunque este año el crecimiento económico en Portugal sea moderado, será, desde luego, superior a la media comunitaria. 
Al mismo tiempo hemos sido capaces también de equilibrar el presupuesto del Estado portugués y reducir la inflación, sin que el desempleo haya aumentado espectacularmente, si bien constituye un fenómeno dramático. 
Así, pues, eso significa que en esta aplicación del segundo marco comunitario de apoyo hay esperanzas fundadas de que Portugal vuelva a converger y de que la justicia social en el país y en la Comunidad sea mayor. 
Señor Presidente, el ponente y yo tenemos un elemento que nos une y un elemento que nos separa. 
Nos une nuestro origen: los dos somos de Creta. 
Y nos separa nuestra afiliación a distintos partidos políticos. 
No obstante, debo reconocer que el Sr. Klironomos ha realizado un trabajo que, aunque probablemente yo no lo hubiera hecho así, sino desde otro punto de vista, es correcto en líneas generales y carece de anteojeras de partido político, lo cual es algo que quisiera elogiar. Ya lo dije en la comisión y lo repito aquí. 
Respecto al contenido del informe, quisiera decir que, sin duda, el apoyo de la Unión Europea a Grecia mediante el MCA es absolutamente necesario, porque Grecia es un país atrasado en términos de desarrollo- es el último país de los 15 respecto al PNB -, porque el esfuerzo que tiene que realizar para cumplir los criterios de convergencia, y por lo tanto para limitar su déficit, requiere la concesión de determinados créditos, cuya concesión a través del MCA evitaría presiones respecto al déficit y a la inflación y, además, porque padece el problema concreto de los gastos de defensa. 
Somos, con diferencia, el primer país de la Unión Europea en cuanto a gastos de defensa en proporción al PNB. 
Es cierto que, si las cantidades del MCA se absorbieran de aquí al año 2000, la imagen de Grecia podría transformarse radicalmente, ya que se habría duplicado la longitud de sus carreteras, la electrificación de los ferrocarriles habría pasado del 3 % al 21 %, se habría atendido un 12 % de la necesidad de gas natural y, seguramente, se conservarían y se crearían decenas de miles de puestos de trabajo. 
Sin embargo, debo observar- y en este punto quiero expresar mi preocupación- que hay un retraso en la absorción de los créditos del MCA, al cual ya se ha referido el ponente. 
Naturalmente, no quiero pasar por alto ciertos avances positivos, como la creación de la Unidad de la Organización de la Gestión del MCA (MOD) y del Centro Griego de Inversiones (ELKE) para facilitar el acceso de inversores extranjeros, que fueron posibles gracias también a la persistencia de la Comisión. Sin embargo, hay serios problemas que requieren una solución, dado que el coeficiente de utilización es inferior al 50 %, y la situación es especialmente grave en sectores decisivos, como la sanidad y la educación, donde el coeficiente de utilización es nulo, y la industria, donde es también extremadamente bajo. 
¿Qué hay que hacer? 
En mi opinión, tenemos que centrar nuestra atención en tres áreas: 
En primer lugar, hay que realizar un avance considerable en materia de administración pública, ya que a ella son atribuibles muchos de los problemas que retrasan actualmente la ejecución del MCA. 
En segundo lugar, hay que revisar el marco institucional de las obras públicas. 
Se han efectuado algunas modificaciones. 
No las considero suficientes, y tenemos que fijarnos en lo que han hecho otros países donde la situación es más próspera, con el fin de progresar con mayor transparencia y rapidez. 
Y, en tercer lugar, tenemos que estudiar la forma de aprovechar las posibilidades que ofrece el sector privado, para obtener mejores resultados, como se hizo por ejemplo con el aeropuerto de Spata, y debemos hacerlo sin demora y sin obstinación ni prejuicios contra el sector privado. 
Señor Presidente, hablando de Portugal, quisiera felicitar al Sr. Chichester por el trabajo realizado y por la disponibilidad que desde el comienzo ha tenido para trabajar con sus colegas. 
El informe confirma los buenos resultados para la convergencia real conseguidos en Portugal a lo largo de los últimos años, pero también se advierte la necesidad de seguir esa evolución con más detalle, de conocer con más detalle las repercusiones de las acciones financiadas por los Fondos estructurales, de conocer con más detalle los resultados obtenidos, de saber exactamente cuáles son los resultados obtenidos. 
Esto viene a cuento de la dificultad para obtener todos los elementos de que se desea disponer y que nuestro colega habrá intentado obtener. 
Por ejemplo, el cuadro constante de la página 15 de su informe está en blanco respecto de las dos regiones insulares portuguesas y que son exactamente las regiones más periféricas y las que, como consecuencia de ello, tendrán mayores dificultades. 
Y todas las cifras presentadas corresponden a 1991 y datan, por tanto, de hace cinco años. 
Si la Comisión dispone de todos esos elementos, nosotros deberíamos contar con ellos; si la Comisión no dispone de ellos, debe conseguirlos. 
De los datos disponibles se puede concluir que se han acentuado las asimetrías regionales. 
Portugal se ha aproximado a las medias europeas, pero no todas las regiones lo han hecho. 
Hay dos formas de contrarrestar las disparidades advertidas: una mayor concentración de medios, por un lado, en las regiones que afrontan mayores desequilibrios y acciones más encaminadas a la resolución de sus problemas específicos, siempre que ello esté justificado: respuestas diferentes para problemas diferentes, al fin y al cabo. 
Por otro lado, es necesaria una mayor articulación de acciones financiadas por la Unión Europea con las del propio Estado miembro, porque éste también tiene obligaciones con vistas a la superación de esas asimetrías y dificultades. 
Entendamos, por tanto, la cuestión de la cohesión económica y social en una perspectiva más amplia. 
Nuestro trabajo sólo será eficaz si luchamos contra las asimetrías dentro de la Unión Europea y contra las asimetrías dentro de los Estados miembros. 
Señor Presidente, señores diputados, señora Comisaria, el análisis de las acciones estructurales en Portugal confirma que, en lo esencial, se han cumplido los objetivos previamente acordados entre la Comisión y el Gobierno portugués: a lo largo del primer marco comunitario de apoyo o durante los dos primeros años del segundo marco comunitario. 
Ahora bien, no por ello debemos dejar de reafirmar nuestra exigencia de mayor transparencia y control en los gastos comunitarios, pero extensible a todos los sectores y no sólo a los gastos estructurales de forma especial o particular. 
Una nota muy evidente en el examen de este informe- muy actual, por cierto, en Portugal- confirma que la participación de los interlocutores sociales o de las autoridades locales y regionales- en este caso agravada por la comprobación de la ilegitimidad democrática en cinco de las siete regiones con que el entonces Gobierno portugués presentó Portugal a las autoridades comunitarias -, esa participación- decía- fue muy limitada en la definición y el acompañamiento de los planes de desarrollo regional adoptados. 
Lo que por sí solo justifica- si bien no es el único factor al respecto- la admisibilidad de una revisión de las prioridades así fijadas que pueda permitir una mejor adecuación de las acciones estructurales a las necesidades reales de desarrollo sostenido de todo el país y que asegure, por último, la participación plena de dichas entidades. 
Se comprueba también que, a pesar de los efectos globales de los marcos comunitarios de apoyo, las acciones estructurales no han impedido la agravación de las asimetrías regionales entre el litoral y el interior, entre las grandes metrópolis urbanas y las pequeñas poblaciones, entre buena parte del territorio continental y las islas ultraperiféricas. 
Tal como hemos venido insistiendo, ese hecho confirma que, pese a todo, las dotaciones estructurales resultan, cualitativa y cuantitativamente, insuficientes para promover el tan reclamado objetivo de cohesión económica y social, lo que exige, como mínimo, el cumplimiento riguroso del compromiso de Edimburgo, que en 1992 decidió la elaboración del presupuesto comunitario sobre la base del 1, 27 del PIB de la Unión. 
Por último, la deseada recuperación de los retrasos de la ejecución habidos en los dos últimos años del segundo marco comunitario de apoyo, que no se deben a incapacidad, a falta de proyectos y mucho menos a falta de necesidad, y el cumplimiento de los objetivos globales en 1999 sólo serán posibles en caso de que el presupuesto nacional llegue a estar en condiciones de generar dotaciones propias que permitan satisfacer la adicionalidad exigida por las acciones estructurales, cosa que no sucederá, a menos que se aumenten aún más la carga fiscal, si se insiste, como en el caso actual del Gobierno portugués, en el estricto y ciego cumplimiento de los criterios de convergencia nominal de Maastricht. 
Quisiera concluir felicitando al Sr. Chichester y haciendo constar la disponibilidad que ha manifestado para trabajar con los diferentes miembros de la Comisión y para aceptar muchas de las enmiendas que yo presenté en nombre de mi Grupo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, aunque los diputados saludemos la diversificación de la nueva planificación de programas en Grecia, España y Portugal y, en especial, la limitación de las inversiones a las medidas esenciales de infraestructura, el fomento más amplio de los servicios y de la fuerza de trabajo, sin embargo creemos que es urgentemente necesario mejorar la aplicación de los Fondos Estructurales en estos países. 
Me refiero a Grecia. 
Este país sigue impidiendo los proyectos innovadores debido a la ineficacia y falta de transparencia de su administración. En especial las entidades pequeñas encargadas de realizar proyectos lo tienen especialmente difícil. 
También es urgentemente necesario que las autoridades griegas apliquen las normas del reglamento, incluyan a los entes locales y regionales en la planificación y aplicación y que los proyectos, en especial, los de tráfico se integren en una estrategia de desarrollo sostenible para evitar repercusiones negativas sobre la ordenación del territorio y el medio ambiente. 
Para España, la gestión del agua se está convirtiendo cada vez más en una cuestión central para su desarrollo. 
Por ello, la gestión cuidadosa de este recurso debe ser un indicador esencial a la hora de decidir los proyectos. 
Para Portugal son los recursos energéticos. 
En su totalidad, se demuestra la veracidad de la constatación del capítulo décimo del Libro Blanco de Delors en el sentido de que la UE será ineficaz mientras apueste por la explotación de recursos naturales limitados e ignore el potencial de la fuerza de trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, importante informe el que presenta la diputada Sierra González por cuanto se refiere a una política que afecta al mapa de la Europa comunitaria de finales de siglo, donde España aporta regiones bien definidas como las 17 Comunidades Autónomas. 
Con tal motivo, quisiera subrayar algunos aspectos que entiendo oportunos en este debate: 
1.La coincidencia en lo sustancial, con algunas matizaciones, con los conceptos vertidos por la diputada a la hora de evaluar globalmente los objetivos de los Fondos estructurales previstos para la etapa 1994-1999 para algunas regiones españolas.2.El reconocimiento de la importancia económica y social de estas ayudas estructurales para un Estado con alto índice de paro y disparidades territoriales significativas.3.La valoración positiva de la inclusión de infraestructuras de carretera en la red de transportes, con estudio de impacto ambiental incluido, ya que es bueno invertir en infraestructuras en momentos de crisis laboral, además de otros aspectos que hay que mencionar como la coordinación con otros instrumentos financieros y la importancia dada a la formación profesional a través del Fondo Social Europeo.4.La preocupación por la poca atención que recibe la importancia del ciclo del agua para un Estado como España, caracterizado por un déficit de recursos hídricos significativo, así como preocupación por el apoyo insuficiente a la modernización de las estructuras más frágiles, como son las agrarias, a través del FEOGAOrientación.5.La necesidad de incorporar al proceso de los Fondos estructurales a los ayuntamientos españoles y, por último, la ausencia de referencia al mantenimiento reglamentario de Canarias dentro del Objetivo 1 por ser región ultraperiférica de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero, en primer lugar, felicitar a la Sra. Sierra por el buen trabajo realizado y, además, manifestar mi coincidencia con ella por lo que se refiere al conjunto de su informe. 
Es verdad que todavía persisten en España grandes disparidades regionales, pero también lo es que nuestro PIB se aproxima cada vez a la media comunitaria. 
La aportación de los Fondos estructurales ha resultado, en este sentido, de una gran importancia, no sólo para este proceso de convergencia, en términos de renta per cápita, sino también para el fuerte cambio experimentado en las regiones españolas por lo que se refiere a la modernización de la base productiva, la mejora de la articulación territorial, la formación de los recursos humanos y, en general, la mejora de los niveles de bienestar. 
España está realizando un gran esfuerzo para acercarse a los objetivos de convergencia nominal necesarios para acceder a la moneda única. 
Es obvio que esta aproximación a los objetivos de convergencia exige una política monetaria y presupuestaria muy estricta y que cuanto más débil es una región más acusa el impacto negativo de esta política restrictiva. 
Los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión son, en este sentido, una ayuda inestimable al proceso de convergencia real de las regiones españolas menos desarrolladas. 
Quisiera añadir que coincido con la Sra. Sierra en la necesidad de hacer llegar una información puntual y completa a los posibles beneficiarios de los Fondos estructurales, de tal manera que nunca tengamos que escuchar que tal o cual ayuda no ha sido solicitada por desconocimiento de su existencia. 
Considero muy positivo todo esfuerzo que la Comisión realice en este sentido, sobre todo por lo que se refiere a las autoridades locales- las más próximas al ciudadano -, y también a los interlocutores sociales. 
Y coincido totalmente con la ponente en que el éxito en la lucha contra las disparidades territoriales en el seno de la Unión Europea solamente se alcanzará cuando el objetivo de la cohesión económica y social esté presente en la formulación y la aplicación de todas las políticas comunitarias. 
Señor Presidente, mi felicitación a la ponente Sra. Sierra por su trabajo así como por la delicadeza y comprensión en el proceso de integrar consideraciones y opiniones ajenas a ella. 
La importancia de la cohesión económica y social para el proyecto de la Unión Europea está fuera de toda duda. 
Habrá Unión en tanto en cuanto haya cohesión real. 
Por ello, hemos de centrar nuestra atención y esfuerzo en aquellos instrumentos que la hagan posible y en mejorar su eficacia real y no sólo estadística. 
Ello supondría una importante contribución a la construcción de la Unión Europea. 
De ahí que sea de todo punto necesario evaluar el impacto regional de los Fondos estructurales. 
La evaluación es necesaria, pero como medio que ha de servir fundamentalmente para sacar consecuencias y tratar de incorporarlas para mejorar tanto el ámbito de los Fondos como el propio sistema de evaluación. 
Constata el informe de la Sra. Sierra que, así como los Fondos han contribuido en España a la convergencia con el resto de los Estados miembros, ésta ha sido lenta y desigual. 
Lenta en su conjunto y desigual respecto a sus regiones, hasta tal punto que han aumentado los desequilibrios y las diferencias regionales. 
Ello nos debe hacer reflexionar seriamente. 
Los Fondos estructurales, como instrumentos para lograr la cohesión entre las regiones, son intrínsecamente buenos, pero su eficacia depende tanto del monto económico como del factor humano; depende igualmente de la actitud y de la cultura como de la economía. 
Cada Estado miembro, en última instancia, es el responsable de la aplicación del instrumento para la cohesión. 
En España, adquieren una especial relevancia, en cuanto a factor de eficacia, los poderes regionales y locales. 
Los nuevos marcos comunitarios de apoyo reflejan la importancia que tiene para la cohesión económica y social el desarrollo y la capacitación de los recursos humanos, lo que nos debería llevar a establecer un sistema educativo en el que la creatividad y el desarrollo de la capacidad de aprendizaje y el de adaptación fueran sus principales objetivos en una sociedad en cambio permanente, así como una formación profesional alejada de todo academicismo, socialmente valorada y adecuada al contexto de pasado mañana. 
Habrá que mejorar la información y, sobre todo, la transparencia en esa información. 
Que llegue- y de forma veraz- a los entes locales y a los propios beneficiarios potenciales. 
Es necesario el asesoramiento y ayuda técnica a los entes locales que, por su dimensión y envergadura unido a la complejidad de los propios Fondos, tienen enormes dificultades tanto para el diseño de los proyectos como para su gestión. 
Es obligatorio que la bomba impelente del sótano eleve el agua hasta el último piso, pero es condición inexcusable que allí, en el último piso, haya grifo para abrir y un vaso con una mano hábil que lo sostenga. 
Estamos hablando, Señorías, de hacer posible la Unión Europea. 
Estamos hablando de que los ciudadanos se lo crean. 
Quisiera pedir a la Asamblea, y supongo que no habrá ninguna objeción, que prolonguemos un poco el debate en vez de pasar al descanso, como estaba previsto, para que tres diputados que están esperando a intervenir tengan la oportunidad de hacerlo, y la Sra. Wulf-Mathies pueda contestar, dado que no estará aquí después de las 21.00 horas, y no quisiera que este debate quede cerrado sin la respuesta de la Comisaria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, creo que es muy importante el debate que estamos celebrando esta noche en este Parlamento sobre los Fondos estructurales y querría recalcar que, si bien los Fondos estructurales representan prácticamente el 30 % del presupuesto de la Unión Europea, también hemos de recordar que este presupuesto no llega al 2 % del producto interior bruto de todos los países que integran la Comunidad. 
Por lo tanto, esperemos buenos resultados de los Fondos estructurales, pero sepamos también su montante en relación con el producto interior bruto comunitario. 
Yo querría felicitar a la Sra. Sierra González por su magnífico trabajo sobre la influencia de los Fondos estructurales a nivel de España y de la influencia que han tenido en el desarrollo regional durante todos estos años. 
Yo creo que se ha avanzado en este sentido y que la participación de las autoridades locales y regionales, en una aplicación estricta e inteligente del principio de subsidiariedad, puede contribuir a una utilización más eficaz de los Fondos estructurales. 
En este sentido, es bueno reconocer que cada Estado de la Unión Europea tiene una estructura interna distinta y, en algunos de ellos, las competencias que tienen las regiones y los municipios permitirán una mayor eficacia en la utilización del dinero asignado a los Fondos estructurales. 
Yo querría también hablar de un tema que ya ha mencionado aquí el presidente de la Comisión de Política Regional, Sr. Speciale, sobre la influencia que pueda tener en el futuro, a partir del año 1999, la nueva composición de los Fondos estructurales, y especialmente en un marco que puede contemplar la ampliación de la Unión Europea. 
La Comisaria Sra. Wulf-Mathies ha hablado ya algunas veces de la perspectiva de estos Fondos estructurales, y yo creo que es un tema que no puede dejarse en el olvido y que se debe empezar a analizar porque España, que es hoy la receptora, en valor absoluto, más importante de dinero de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, puede, evidentemente, ver alterada su situación en el futuro, y este es un tema que hay que plantear con el tiempo necesario, con el fin de prever las consecuencias que ello pueda tener. 
Señor Presidente, queridos colegas, yo también quiero felicitar al Sr. Chichester por este trabajo equilibrado, concienzudo y consensual. 
Por lo demás, comparto su juicio global y considero que estos informes son en gran medida un juicio sobre el pasado, como un balance, y tal vez incluso su aspecto más importante sea el de volver indiscutible el hecho de que los Fondos estructurales se han aplicado bien, al fin y al cabo. 
Corren inmensos rumores de que se están desvirtuando los Fondos estructurales, hay argumentos interesados que se han aducido en el debate europeo contra los Fondos estructurales, y, en resumidas cuentas, siempre que en esta Asamblea se trata de evaluar los Fondos estructurales, se comprueba que tal vez tuvieran desviaciones ocasionales, tal vez desviaciones aisladas, pero que en ningún caso se puede confundir el árbol podrido con la floresta, ésta positiva. 
En mi país, por ejemplo, al que se refiere la intervención del Sr. Chichester, es evidente, es consensual, que ha habido un crecimiento como no había habido nunca antes y que, al mismo tiempo, se han hecho reformas profundas que nos permiten hoy afrontar como una economía competitiva el siglo XXI. 
Tal vez se pueda decir incluso que, si el país hubiera crecido desde el comienzo del siglo por encima de la media europea- cerca del 1 % al año -, como ha crecido durante estos años, hoy podría ser, como los otros, uno de los países más desarrollados de Europa. 
Eso demuestra suficientemente la utilidad de estos fondos que, por lo demás, no han beneficiado sólo a la economía portuguesa ni a los portugueses. 
Han beneficiado a muchas empresas europeas que han invertido en Portugal, han permitido una ampliación del mercado en términos, por lo demás, moderados- no se ha tratado de un Far West- y muchas grandes empresas europeas como la Ford, Volkswagen o Siemens u otras, pueden dar cuenta de lo mucho que han podido beneficiarse de estos Fondos estructurales, de cuánto han contribuido éstos también a la competitividad de las grandes empresas europeas y a la ampliación de su mercado, por lo que sus inversiones han demostrado que, a fin de cuentas, algunas de la economías periféricas estaban mucho más pertrechadas y eran mucho más capaces y aptas para el desarrollo de lo que parecía. 
Puede ser que hayan favorecido tal vez demasiado las infraestructuras básicas, es verdad que sigue habiendo debilidades sectoriales graves, pero no sólo Roma y Pavía se hicieron en un día, como también se negoció el segundo marco comunitario de apoyo correctamente con vistas a compensar algunas de esas debilidades, introduciendo factores cualitativos, apelando incluso a la inversión en ciencia y tecnología en países como Portugal. 
Porque la verdad es que estaría bien no considerar la ciencia y la tecnología algo reservado a los países más avanzados, mientras que para los países más atrasados se reservan las infraestructuras. Pues eso crearía una nueva desigualdad en Europa. 
Por tanto, es preciso afrontar el nuevo desarrollo de una forma más positiva. 
Además de eso, no debemos adoptar la táctica del avestruz, porque la verdad es que, después de la ampliación, esta política tan positiva de cohesión, que ha dado resultados absolutamente evidentes, precisa claramente de otro presupuesto comunitario. 
No se puede hablar hoy de otro presupuesto. 
La verdad es que, por ejemplo, en los informes del Parlamento sobre la Conferencia Intergubernamental nadie podía intervenir sobre el presupuesto, porque la palabra dinero era una palabra prohibida. 
Ahora bien, o aceptamos en serio que esa palabra es esencial o no resolveremos estos problemas que son esenciales, no para Portugal, no para España, no para Grecia, sino para toda la economía europea. 
Es una política de cohesión sin la cual, por lo demás, no se hará una ampliación. 
Sería, de hecho, un mal comienzo, por ejemplo, si la ampliación de la Unión Europea tuviera que financiarse con las asignaciones para la cohesión, como se ha dicho recientemente. 
Porque la verdad es que la ampliación es, en sí misma, también un instrumento de cohesión y se debe ver en esa perspectiva. 
Por tanto, considero que el resultado fundamental que se nos ha traído aquí es que, aunque el desarrollo cree nuevos problemas, no podemos caer en la nostalgia del subdesarrollo y que la política de cohesión es esencial para la unidad europea. 
Señor Presidente, creo que están siendo muy ilustrativos para nosotros los debates y estudios realizados en comisión, así como este debate de carácter general sobre la situación y la aplicación de los Fondos estructurales en tres «países de la cohesión» , como decimos normalmente. 
Yo creo que compartimos todos, en líneas generales, el informe que ha realizado la Sra. Sierra González. 
Tenemos que felicitarla y nos ha ayudado a todos mucho. 
Tenemos que intentar sacar algunas conclusiones complementarias de las que han señalado otros colegas. 
Yo creo que una primera es que las desigualdades persisten y, por lo tanto, tendremos que sacar consecuencias. 
La Comisión podría hacerle un gran servicio a los tres «países de la cohesión» si pudiera hacer un informe de evaluación profundo que pudiera servir a los gobiernos para corregir políticas. 
En el caso del Gobierno de España, otra conclusión clave es que hay que corregir la tendencia que han tenido gobiernos anteriores de no hacer coherente la política que han desarrollado a nivel nacional y los objetivos fijados por las políticas comunitarias y los marcos de apoyo. 
Por eso, ese documento de evaluación podría ser muy importante. 
Debemos transmitir el mensaje de que la dimensión europea de las políticas nacionales debe estar presente en todos los ámbitos. 
Por otro lado, señor Presidente- y aquí lo hemos repetido en distintas ocasiones y lo recordamos a la Comisión -, la Comisión tiene que evaluar la calidad de las obras realizadas. 
Hemos hecho preguntas en varias ocasiones sobre este asunto, porque se está dando la circunstancia de que obras que se han realizado hace dos o tres años están totalmente degradadas. 
Yo he recordado en más de una ocasión el caso de la llamada «Autovía del 92» en Andalucía, que se terminó en 1992 y en el momento actual es intransitable. 
Yo creo que aquí puede haber un fraude al presupuesto comunitario y sería necesario que la Comisión Europea abriese una investigación. 
Todos hemos insistido en la necesidad de la información a la población, a los entes sociales que tienen que iniciar sus inversiones y, por supuesto, a los entes locales. 
¿Por qué lo decimos? 
Porque, por ejemplo, los marcos comunitarios de apoyo en España ni siquiera fueron consultados con algunos parlamentos regionales, y esta tendencia, desde luego, hay que modificarla. 
Y por último, señor Presidente, señora Comisaria, hay que decir de cara al futuro que estos Fondos estructurales, a pesar de los problemas de gestión y de evaluación, son tremendamente importantes para los países que tienen un bajo nivel de desarrollo y esperamos que se encuentre la fórmula entre Consejo, Comisión y Parlamento para que tengan una continuidad después de 1999. 
Señor Presidente, felicito a los tres ponentes y a las comisiones participantes por los excelentes informes y, sobre todo, por el trabajo realizado en las audiencias, que representa una buena descripción de la situación de los programas in situ. 
En mi informe y en la opinión que he expuesto sobre el informe del Sr. Teverson he respondido en parte a las cuestiones fundamentales que se plantean en los tres informes. 
Permítanme por ello constatar en primer lugar que, a pesar de las diferencias de las posiciones de partida, de los problemas y de las difíciles condiciones marco económicas debidas a la crisis estructural y coyuntural y a la consolidación presupuestaria, se pueden ver claramente unas repercusiones positivas en los tres países, en lo que coincidimos todos. 
Pero también se revela que los éxitos significativos de política estructural solamente se pueden lograr a largo plazo y que su alcance depende esencialmente de la eliminación de los obstáculos administrativos tanto en la Comisión como en los países miembros, de la participación de los niveles locales y regionales, de los interlocutores sociales así como de la calidad de los programas y de su evaluación. 
Hay que seguir trabajando intensamente en la mejora de estos elementos. 
Coincido con ustedes en que en la aplicación de los aspectos centrales debemos colocar aún más en el centro de mira la lucha contra el desempleo, la ampliación de los recursos humanos y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 
En lo tocante a las inversiones de infraestructura, hay que dirigirlas aún más a las regiones de estructuras más débiles e incluirlas en una estrategia de desarrollo sostenible. 
Si se tienen en cuenta los objetivos de política de medio ambiente, hay que superar aún grandes obstáculos, aunque creo que la testarudez de la Comisión no solamente conduce a un respeto más estricto de las normas europeas de medio ambiente sino también a una mayor comprensión para los conceptos de desarrollo regionales integrados, de los que se benefician conjuntamente la calidad de vida, las posibilidades tecnológicas y el potencial que la protección del medio ambiente significa para los puestos de trabajo. 
La Comisión puede adherirse en los puntos esenciales a las valoraciones y preocupaciones de los tres ponentes. 
Tal como ha constatado acertadamente el Sr. Klironomos, en Grecia se trata de crear nuevas estructuras y mecanismos para una ejecución más eficiente del segundo MCA y, ante todo, de aplicarlo. 
Reconozco las valientes decisiones del Gobierno griego para mejorar la situación del servicio público y para modificar de raíz el régimen público de contratas. 
Para la reforma del sistema de trabajos públicos, para la creación de las llamadas MOU ' s-Management Organisation Unions y del one-stop shop y para la utilización de posibilidades privadas de financiación de grandes proyectos eran necesarias unas medidas legislativas muy amplias. 
Con la ayuda de las nuevas estructuras y de equipos cualificados, ahora se trata de acelerar la aplicación de las ayudas estructurales y de atraer al país más inversiones privadas. 
Aunque, en contra de todos los temores expresados, Grecia se mueve casi exactamente en la media de los quince Estados miembros en lo que se refiere a la absorción de los fondos para 1994-1996 y el último año incluso se pudieron afectar 400 millones de ecus más de los planeados, hay programas aislados que precisan urgentemente de una reorientación. 
El Gobierno griego, mi colega Flynn y yo estamos trabajando para poner en marcha programas en los que la absorción de fondos es alarmantemente negativa. 
Del informe del Sr. Chichester se deduce claramente que Portugal se incluye entre los grandes éxitos de la política estructural, lo que han subrayado aquí otras personas. 
Esto es especialmente aplicable a los compromisos y a la absorción de fondos aunque el país haya sido superado precisamente ahora por España, pero quizás esto impulse la competencia para hacer lo mismo y lograr unos resultados mejores para todos. 
Por tanto, es también correcto fortalecer las tendencias de desarrollo iniciadas con el segundo MCA y ampliar los objetivos cualitativos y cuantitativos. 
La creación y conservación de puestos de trabajo es una prioridad que debe fortalecerse de dos maneras en la valoración intermedia de las medidas operativas, a saber, aplicando preferentemente el elemento deflacionista a las medidas destinadas a la creación de puestos de trabajo y creando en cooperación iniciativas de empleo regional. 
Quiero subrayar lo que han dicho casi todas las oradoras y oradores, que la calidad de los programas será mejor cuantas más personas afectadas participen in situ en los procesos de decisión y aplicación. 
Señor Chichester, los objetivos son sin duda ambiciosos, pero no los considero totalmente irreales si nos esforzamos conjuntamente. 
Mediante la evaluación intermedia de las medidas operativas que el Gobierno portugués y la Comisión han iniciado conjuntamente, se pretende que la estrategia, las estructuras administrativas y los créditos disponibles se orienten de un modo aún más eficaz a las necesidades de desarrollo portuguesas. 
En este contexto, hay que comprobar también si es necesario crear polos de desarrollo en el interior del país, para evitar un distanciamiento aún mayor entre los territorios costeros y del interior. 
El último año, la Comisión ha mejorado considerablemente en Portugal la coordinación entre los Fondos regionales y estructurales, de modo que ambos instrumentos contribuyen de un modo aún más eficaz a impulsar el desarrollo regional. 
Pero también con los demás Fondos se fortalecen los efectos sinergéticos para mejorar la eficacia de las medidas, por lo que recogemos gustosamente las recomendaciones hechas. 
Un problema común que se menciona en los informes del Sr. Chichester y de la Sra. Sierra González es la necesidad de utilizar los recursos de agua de la península ibérica de modo que se puedan combatir con éxito los problemas de sequía y se impulse el desarrollo en ambos países. 
La Comisión ha apoyado a España y Portugal mediante los correspondientes estudios y con INTERREG 2 C ofrece un instrumento para realizar actividades conjuntas en este campo. 
Esperamos que esta ayuda contribuya también al éxito de las negociaciones sobre los recursos hidráulicos comunes pues, a la postre, los dos podrán beneficiarse si llegan a unos resultados. 
La Comisión se adhiere en lo esencial a las conclusiones de la Sra. Sierra González sobre la situación de las regiones de España. 
Sin embargo, quiero subrayar que el segundo MCA concede un gran peso a la mejora del sistema de producción con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y de crear puestos de trabajo. Es nuestro objetivo común reducir el elevadísimo desempleo, por lo que se fomentan también de modo considerable las medidas de formación profesional. 
En consecuencia, hemos tenido en cuenta también todos los puntos mencionados críticamente por usted. 
Respecto a la participación de las autoridades regionales y locales, quiero indicar que a instancias de la Comisión se creó en cada región un comité de seguimiento para incluir a las regiones en la adopción de decisiones y mejorar la integración de la ejecución de los programas. 
Ambas cosas son importantes, pues allí se van a adoptar determinaciones y decisiones conjuntamente. 
Por lo demás, en el marco del MCA para el objetivo 1, a proyectos que caen bajo la competencia de las autoridades locales se va a dedicar aproximadamente el 10 % de los créditos y el 16 % para el objetivo 2. Nos esforzaremos mucho en mostrar claramente a los afectados que pueden utilizar en concreto estos créditos. 
En el caso de España y también de todos los demás Estados miembros, la Comisión, al realizar el balance intermedio, examinará junto con ellos si la estrategia elegida para hacer realidad los objetivos marcados para 1999 es adecuada o si es necesario realizar correcciones en las diversas intervenciones. 
Quiero indicar que, gracias a Dios, hemos superado la resistencia de los Estados miembros a que la Comisión participe en la evaluación. 
En el pasado, precisamente España era de la opinión de que la evaluación no era en absoluto de la incumbencia de la Comisión. 
Por ello, estamos satisfechos de haber superado este punto, que podamos evaluar conjuntamente y que las evaluaciones intermedias ofrezcan ante todo la oportunidad de modificar las cosas de modo que se apliquen mejor y con mayor eficacia y que no estemos obligados a proseguir durante el resto del período cosas que no consideramos óptimas. 
Muchas gracias por el debate y a los participantes en el mismo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación sobre los tres informes tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Informe anual para 1995 sobre las actividades de I+D 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0195/96) del Sr. Lange, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el Informe Anual para 1995 relativo a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea (COM (95) 0443- C40437/95). 
Señora Comisaria, el informe anual para 1995 sobre las actividades de investigación sobre las que debatimos aquí es el primero que la Comisión presenta de conformidad con el artículo 130 P. En la comisión coincidimos en que para un primer intento de este tipo el informe es aceptable pero que para el futuro esperamos algo más. 
Esperamos que este informe proporcione en el futuro una visión de conjunto estructurada de las actividades de investigación y, de este modo, sea una ayuda para la evaluación de dichas actividades. 
Hasta ahora este informe ha proporcionado una amplia y positiva visión de conjunto de las actividades de investigación, lo que supone sin duda un efecto positivo. Pero falta una labor analítica en el mismo. 
No ofrece una justificación suficiente para los ámbitos prioritarios de nueva creación, lo que es de lamentar pues estamos continuamente debatiendo sobre la ampliación y posterior desarrollo de las actividades de investigación. 
Tras la refinanciación del cuarto programa ahora debatimos sobre el quinto. No se ha realizado un análisis consistente de lo que hemos hecho hasta ahora. 
Me remito a otro campo. 
Es extraño que, por ejemplo, discutamos sobre la evaluación del programa de tráfico para el tercer programa marco y, al mismo tiempo, desarrollemos el quinto. 
Es decir, en total, la evaluación y el análisis sobre la actividad de investigación de la Comisión debe ser más consistente y rápida para extraer de las experiencias unos resultados útiles. 
Por ello, de las experiencias del informe de investigación de 1995 hay que extraer cinco claros criterios para el informe de investigación de 1996. 
Primero: necesitamos un esquema de evaluación unitario para los diversos programas para poder equipararlos así mejor y ver al cabo de los años qué es lo que hemos logrado con este programa. 
Segundo: debemos profundizar en la evaluación de lo que hemos logrado con los programas. 
No debe tratarse solamente de una exposición como hasta ahora, sino intentar realizar una evaluación con las correspondientes conclusiones. En este contexto, se pueden mostrar perfectamente los problemas. 
Naturalmente, es bonito si se presenta un informe de investigación en el que figura lo bueno pero es conveniente un modo de observación sincero que toque y se enfrente también a los problemas. 
Tercero: hay que conceder más atención a la inclusión del fomento a la investigación en los demás programas de la Unión Europea. 
Hay que poner de relieve las intersecciones y los posibles complementos. 
Cuarto: debe mostrarse con mayor claridad qué problemas prácticos han surgido en el fomento de la investigación, ya sea en la fase de solicitud, de autorización o de ejecución. 
En base a este análisis de los problemas prácticos, necesitamos naturalmente propuestas de solución para mejorar algo. 
Quinto: existen los informes de evaluación sobre los programas específicos. 
Creo, al igual que la comisión, que en el próximo informe anual de investigación deben incluirse los resultados de aquellos comentados por la Comisión y no las 700 páginas. 
Si se tienen en cuenta estos cinco criterios, el informe podrá aportar realmente algo sustancial al desarrollo de la actividad investigadora de la Unión Europea. 
El informe de investigación de 1995 se presentó algo tarde. Se debió a que se trataba de la transición del tercero al cuarto y que era el primero de su clase. 
Desearía que el informe se presentase con algo más de rapidez al comienzo de cada nuevo año para que podamos debatir en un plazo adecuado y obtener resultados. 
Señora Comisaria, por favor, tenga en cuenta estas cinco sugerencias para el próximo informe de investigación. 
Muchas gracias por su atención. 
Señora Comisaria, estimados colegas, se nos ha presentado un informe de evaluación de 1995 que se ocupa de la transición del tercer al cuarto programa marco. 
Exactamente al mismo tiempo nos dirigimos a plena marcha hacia el quinto. 
Al contrario que el orador anterior, debo decir que como grupo político comprendemos que haya un cierto espacio temporal entre la ejecución y la evaluación. 
Sin embargo, me pregunto realmente cómo podemos aprender de las experiencias si programamos el futuro antes de haber podido analizar críticamente el pasado. 
En segundo lugar- sobre lo que ya se ha hablado- desearía ir un paso más allá: se debería exponer mejor la relación existente entre segmentos de investigación de otros programas, los programas de ayuda así como TACIS y PHARE, o todos los programas de cohesión que tenemos- hoy hemos hablado mucho sobre política estructural -, repito, la relación existente entre los segmentos de investigación de estos programas y los programas de investigación en sentido estricto. 
Precisamente este año la Comisión ha hablado muy frecuentemente sobre la coordinación de las diferentes políticas de investigación. 
Sería un comienzo muy conveniente que la Comisión realizase una coordinación adecuada en su propia casa. 
Tercero: para mi grupo político, una evaluación no debe basarse en seguir actuando siempre igual. 
A lo largo de los años, hemos visto que los programas específicos se han elaborado siempre así pues así se había hecho siempre. 
Se deberían desarrollar estrategias para mejorar la eficacia y en los programas siguientes deben cuestionarse las mismas y analizarse mejor y más claramente los éxitos o fracasos. 
Ultimo punto: me pregunto si no sería necesario recapacitar a fondo, precisamente de cara al quinto programa marco, sobre el sentido o sinsentido de la evaluación tal como existe ahora. 
Necesitamos unos criterios objetivos y comprensibles a pesar de todas las dificultades que puedan entrañar. 
Tampoco tienen que ser de validez general para todo el mundo sino representar para nosotros año tras año una continuidad. 
Actualmente somos testigos de que cada informe de evaluación representa una unidad propia en si. Apenas existe una comparabilidad. 
Vuelvo al inicio: solamente podremos aprender de los errores del pasado si los tenemos continuamente en cuenta, lo que, ante el quinto programa marco, es urgentemente necesario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, mis queridos colegas, en primer lugar debo felicitar al Sr. Lange por haber realizado un trabajo de calidad. 
Su informe permitirá mejorar la transparencia del quinto PMID, o cuando menos, por el momento, del cuarto Programa marco de investigación y desarrollo. 
Es la respuesta al compromiso preciso que establece el artículo 130 P del Tratado de la Unión Europea. 
El presente informe incluye una serie de datos específicos relativos a los diferentes programas, sin que por ello incluya un análisis adecuado. 
En efecto, faltan datos precisos relativos a la evaluación de los distintos programas así como los elementos relativos al desglose de los fondos asignados a universidades, empresas e institutos de investigación, respectivamente. 
Quiero subrayar asimismo que el informe no aborda tampoco los problemas más importantes. 
Se ha producido, efectivamente, un claro aumento de las solicitudes de participación no satisfechas, en la medida en que los Estados miembros han reducido una parte de los fondos destinados a la investigación. 
En este contexto, y con el fin de limitar las pérdidas de tiempo y de dinero por parte de los solicitantes, es indispensable realizar un esfuerzo para simplificar las solicitudes de acceso a los programas. 
La medida es fundamental para facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas, cuyos medios financieros no les permiten hacer frente a semejantes gastos complementarios. 
Creo que no se debe reducir el presupuesto comunitario destinado a la investigación. 
Es precisamente la política de investigación y desarrollo de la Unión Europea la que hará posible el desarrollo futuro y la competitividad de las empresas de cara a nuestros competidores, sobre todo de cara a nuestros competidores naturales que son los Estados Unidos y Japón, pero también en relación con los nuevos países emergentes, cuya capacidad de producción y de comercialización debe ser tenida en consideración de aquí en adelante. 
Además, será necesario promover la participación de determinados laboratorios que se dedican a la investigación fundamental. 
Hasta ahora se han beneficiado muy poco de los programas propuestos por la Comisión. 
La investigación fundamental, aparte del hecho de que amplía el campo de conocimientos, permite preparar el futuro e incluso evitar dramas; la enfermedad de las vacas locas es un excelente ejemplo. 
Por último, habría que hacer un esfuerzo de coordinación entre los programas comunitarios y las actividades de investigación de los Estados miembros, y promover una difusión adaptada de los resultados, por ejemplo de esto último. 
Me suscribo, pues, a las conclusiones del informe que insiste en la necesidad de establecer un plan de evaluación uniforme. Su finalidad será la de permitir una comparación entre la creación y los resultados de los diferentes programas. 
Para poder tener en consideración un plan semejante hacen falta informes de seguimiento elaborados por expertos independientes, algo que, por otra parte, no figura en el informe anual. 
Si contamos con una medida de este tipo, la evaluación a posteriori será difícil. 
La Comisión y la elaboración de las opciones políticas, propias de las responsabilidades de nuestro Parlamento, se verán privadas en el futuro de la necesaria evaluación. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, me sorprende que la Comisión logre despistar una y otra vez al Parlamento Europeo haciendo malabarismos con los datos. 
Pongamos por caso el presente informe. 
No se trata del Informe Anual para 1995, tal y como sugiere su título, sino del Informe sobre las actividades de investigación de la Unión Europea llevadas a cabo en 1994 y sobre el Tercer programa marco. 
Al igual que otros diputados, me pregunto por qué el Parlamento recibe siempre tan tarde los informes de evaluación. 
Después de todo, es preciso que conozcamos los resultados de las investigaciones realizadas para establecer una política de investigación adecuada de cara al futuro. 
Por tanto, pido a la Comisión que tome buena nota de la conclusión nº 12 y que presente los futuros informes anuales a principios del año siguiente al año en cuestión y, a más tardar, el 31 de marzo. 
La misión fundamental de la Unión Europea en los ámbitos de la investigación y el desarrollo es fomentar la cooperación, y no tanto fomentar proyectos y programas. 
La coordinación de las políticas de investigación de los Estados miembros sólo es posible si existe cooperación. 
Por tanto, es preciso que, en los futuros informes anuales, la Comisión incluya una sección específica sobre la relación entre las actividades de investigación de la Unión Europea y las de los Estados miembros. 
De esa manera, se evitarán estrategias divergentes y duplicaciones y se extraerá el máximo rendimiento de los fondos de investigación. 
El Quinto programa marco se encuentra en plena fase de preparación. 
Además, la Comisión dispone ya de un documento que contiene proyectos de directiva. 
Excelente. Para adoptar decisiones políticas en esta materia, es necesario analizar periódicamente y de un modo crítico los distintos programas incluidos en el Cuarto programa marco, aplicando un método uniforme. 
Por último, aunque de las evaluaciones de la Comisión no se derivan actos obligatorios, sí son decisivas para establecer las futuras prioridades de investigación. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, ante todo, quisiera agradecer al Sr. Lange la atención con la que ha examinado el informe anual para 1995 sobre las actividades de investigación de la Unión. 
El Sr. Lange se ha entregado a un análisis minucioso que le ha llevado a formular recomendaciones muy útiles. 
Añadiré, no obstante, que algunas de las opiniones contenidas en el presente informe y expresadas en la resolución que hoy discutimos me parecen, quizá, algo severas. 
Por una parte, dicha severidad se debe, a mi entender, a un malentendido. 
En pocas palabras, quisiera recordarles esta noche la naturaleza y la función del informe anual sobre las actividades de investigación de la Unión, situar dicho informe en el conjunto del dispositivo de información, de evaluación y de seguimiento de las actividades de investigación y, por último, indicarles las mejoras que la Comisión se propone aportar a este dispositivo en base a las recomendaciones contenidas en su propuesta de resolución. 
La presentación por la Comisión de un informe anual sobre las actividades de investigación de la Unión responde a la obligación que recoge el artículo 130 P del Tratado. 
El informe anual no es un informe de evaluación. 
Su función no es tampoco la de permitir una reorientación de las actividades de investigación ni la de definir nuevas prioridades. 
Su función es, ante todo, la de informar. 
Ni que decir tiene que es indispensable hacer una evaluación rigurosa de los programas de investigación y de sus resultados. 
Pero dicha evaluación está garantizada mediante otros instrumentos, aparte del informe anual. 
Éste es el segundo punto que quería abordar. 
La comunicación de la Comisión de 22 de mayo de 1996 sobre la evaluación y el seguimiento de los programas hace una clara distinción entre dos funciones. 
La función de seguimiento está garantizada mediante los informes de seguimiento anuales de los programas específicos y del programa marco. 
El carácter de dichos informes es básicamente factual. 
A continuación, la función de evaluación: el objetivo en este caso consiste en apreciar el grado en el que los programas han alcanzado los objetivos que les habían sido fijados y su nivel de adaptación a las necesidades. 
Se trata también de identificar los puntos que deben servir de orientación a la acción de la Unión. 
Con este fin, grupos de expertos independientes elaboran informes de evaluación a cinco años de los programas específicos y del programa marco. 
Los primeros informes de seguimiento han sido presentados al Parlamento Europeo. 
Los primeros informes de evaluación a cinco años están siendo elaborados y estarán disponibles a finales de año, fecha en que se debatirá el Quinto programa marco. 
En cuanto al programa marco, el Sr. Étienne Davignon es quien preside el grupo encargado de elaborar el informe. 
El informe anual que, al igual que los informes de seguimiento, tiene un carácter básicamente factual, viene a ocupar, a su vez, un lugar junto a este doble dispositivo. 
Para terminar y como hemos convenido, diré unas palabras sobre nuestras intenciones de cara al futuro. 
El informe anual para 1995 es ciertamente perfectible. 
Mencionaré tres hechos para ilustrar este período de rodaje. 
En primer lugar, el presente informe ha sido el primero en su género. 
Su elaboración ha coincidido con la puesta en marcha del nuevo plan de evaluación y de seguimiento. 
Ha coincidido igualmente con el lanzamiento del Cuarto programa marco, para el que las primeras informaciones no estuvieron disponible hasta bien avanzado el año. 
Pero quisiera ser muy clara. 
La Comisión se propone garantizar las tareas de evaluación y de seguimiento con todo el rigor necesario. 
La comunicación inventada mañana, que presenta orientaciones para el Quinto programa marco hace referencia expresa a la necesidad de desarrollar un instrumento, del tipo de cuadro de mandos que permita medir los avances y los resultados de los programas. 
Se introducirán mejoras al conjunto del dispositivo de información, de evaluación y de seguimiento que habrá que tener en cuenta de forma global. Dichas mejoras se ajustan precisamente a las recomendaciones de su resolución. 
Se creará un plan armonizado que recoja los datos sobre la ejecución de los programas. 
Los elementos relativos a los aspectos que causan el mayor número de preocupaciones, a saber, los retrasos en la aplicación y la repartición de las financiaciones por perfil del participante o por región serán puestos en evidencia. 
Se facilitarán detalles de evaluación cualitativa sobre la ejecución de los programas y los resultados obtenidos. 
Se realizarán esfuerzos para acelerar la elaboración del informe anual dentro de las limitaciones que establecen los plazos necesarios para disponer de los datos cifrados. 
En conclusión, creo que con el informe anual, los informes de seguimiento y los informes de evaluación, los diputados al Parlamento y también las autoridades de los Estados miembros dispondrán de una panoplia de instrumentos muy compleja. 
Ésta debería permitirles formarse una idea precisa y completa de las actividades de investigación de la Unión y apreciar el grado de logros de los objetivos que se fijaron. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar maãna a las 11.00 horas. 
Sistema común del impuesto sobre el valor añadido 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0225/96) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (95) 0731- C4-0153/96-95/0362 (CNS) ) por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (nivel mínimo del tipo normal). 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre la modificación de la directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido ha sido debatida muy extensamente durante los últimos meses en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, competente para el fondo. 
En un total de cuatro reuniones, esta comisión ha examinado la propuesta de la Comisión y sus miembros han expuesto su opinión. El 26 de junio de 1996 se aprobó la presente resolución legislativa. 
Con la presente propuesta de directiva se quiere impedir una divergencia progresiva de los tipos de impuesto sobre el valor añadido y de las estructuras fiscales en los Estados miembros. 
Como la decisión de transferir a partir de 1997 la recaudación del impuesto sobre el valor añadido al país de origen ya no se puede aplicar a tiempo, la Comisión intenta acertadamente evitar otras distorsiones con ayuda de esta propuesta mínima. 
Para que los tipos de impuesto sobre el valor añadido no diverjan aún más, junto al tipo mínimo del 15 % se quiere determinar un tipo máximo del 25 %. 
Como todos los tipos normales de impuesto sobre el valor añadido- hay muchas excepciones no sólo para productos agrícolas sino también para otros, como los libros- en los países miembros de la Unión Europea se encuentran entre el 15 %, en Alemania y Luxemburgo, y el 25 %, en Dinamarca y en Suecia, esta fijación que debe aplicarse desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1998, es decir para dos años, no representa ningún cambio en cada uno de los tipos del impuesto sobre el valor añadido en los Estados miembros. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión es positiva pues impide una divergencia aún mayor de los tipos de impuesto en unos tiempos en los que hasta ahora no era posible adoptar ninguna decisión. 
Según la propuesta de la Comisión, el Consejo deberá adoptar a más tardar hasta en 1998 una decisión sobre si en el futuro se debe seguir reduciendo el margen de los tipos del impuesto. 
El Sr. Comisario Monti ha presentado en julio un programa para el mercado interior con un calendario preciso y muy ambicioso que nosotros apoyamos plenamente. 
La actual propuesta de la Comisión persigue en lo esencial mantener el estado de la armonización. Sin embargo, el Consejo en funciones- y no la Comisión- ha bloqueado hasta ahora una armonización de los sistemas fiscales amparándose en el principio de unanimidad lo que tampoco se excluye ni mucho menos para el futuro. 
La armonización de los sistemas fiscales en la Unión es de importancia esencial tanto de cara a la tercera fase de la Unión económica y Monetaria como para una política de empleo eficaz. 
En consecuencia, es urgentemente necesaria una aproximación de los tipos fiscales para un funcionamiento sin trabas del mercado interior así como para evitar distorsiones. 
Sólo mediante la pronta creación de un área fiscal europea lo más unitaria posible se podrán reducir los numerosos obstáculos administrativos al comercio así como crear y asegurar puestos de trabajo duraderos. 
En este contexto, deseo decir algo como ponente sobre la presente propuesta del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que rechaza el límite superior del 25 %. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial no ha encontrado una mayoría y pido a las y los colegas que lo hagan también en el Pleno. 
La Comisión ha hecho sus deberes. Les pido que modifiquen la regulación transitoria actual de la imposición en el país de destino por la de en el país de origen, pues no se deben infravalorar los gastos administrativos, las posibilidades de fraude fiscal y los numerosos problemas para las pequeñas y medianas empresas. 
Hay que felicitar personalmente al Sr. Comisario Monti por no haber perdido de vista el objetivo de la armonización fiscal a pesar de que el balance intermedio es más bien desesperanzador y por no haber perdido el valor para presentar propuestas constructivas a pesar de las numerosas resistencias de los Estados miembros. 
El Consejo debe hacer ahora bien las cosas en la armonización del impuesto sobre el valor añadido. 
Señor Presidente, me referiré sobre todo a la enmienda presentada por el Grupo socialista para que no se fije un tipo máximo en las tarifas del IVA. 
A mi juicio, sería conveniente definir la situación económica actual de los Estados miembros y las reducciones de gastos que dicta la Unión Económica y Monetaria. 
Por otra parte, el Libro Blanco de Delors, al que se refirió el Comisario Monti en su comunicación del pasado mes de marzo, establece como objetivo que, en los Estados miembros, la presión fiscal sobre el trabajo se transfiera a otros factores. Si comenzamos con esta última cuestión y estudiamos hacia dónde transferir la presión fiscal, observamos que de ningún modo se puede obtener capital a corto plazo. 
Por otra parte, el capital es el factor más móvil y, de hecho, el incremento de los impuestos sobre consumos específicos, y más sobre el IVA, es probablemente la única posibilidad que tienen los Estados miembros de transferir las cargas fiscales del trabajo a esos otros factores. En su documento de trabajo del pasado mes de marzo, la Comisión reconoce este hecho cuando propone que, en el régimen transitorio hacia el sistema definitivo, se debería optar por un porcentaje que fuera unos puntos superior al de la media, a fin de compensar la presión fiscal sobre el trabajo. 
Sobre este fondo, cabe calificar de poco consistente, cuando menos, el criterio que la Comisión establece aquí porque reduce, sin que sea necesario de inmediato, el margen de maniobra de los Estados miembros en materia de política fiscal. 
El Sr. Langen ha indicado que por lo menos dos Estados miembros han alcanzado ya este tipo máximo del 25 %. 
¿Por qué no hay una urgencia inmediata? 
Porque el único motivo que justifica una mayor convergencia de los tipos es la transición al régimen definitivo. 
Según las conclusiones de un estudio realizado por encargo de la Comisión, en el régimen actual no existen distorsiones de competencia fundamentales entre los Estados miembros. 
En otras palabras, la convergencia de los tipos sólo sería necesaria para el régimen definitivo. 
¿Pero cuándo entrará en vigor ese régimen definitivo? 
La Comisión todavía no ha elaborado una propuesta real; sólo presentó un documento de debate que, dicho sea de paso, todavía no he recibido. Entretanto se ha visto claramente que, de cualquier modo, entrará en vigor después del año 2000. 
A mi juicio, es probable que se pueda convencer a los Estados miembros para que avancen hacia el régimen definitivo, a menos que en el régimen actual se produzca un fraude tan grande que la situación se vuelva insostenible. 
No obstante, las noticias que he recibido hasta la fecha indican que precisamente este fraude no es verificable, lo cual debo admitir que me sorprende. 
Tengo curiosidad por escuchar los argumentos de la Comisión cuando afirme que el régimen actual es tan deficiente que debemos pasar al definitivo. 
Resumiendo, en vista de que todavía no disponemos de datos exactos sobre cuándo se introducirá el régimen definitivo y sobre cuál será su aspecto, opino que sería muy prematuro, dada la enorme presión fiscal que la perspectiva de la Unión Económica y Monetaria impone a todos los Estados miembros, limitar sus posibilidades de política fiscal. 
Por esta razón, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda para eliminar el tipo máximo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al colega Langen por su claro y convincente informe que merece naturalmente nuestro apoyo. 
Hoy damos un importante paso para seguir aproximando los impuestos en la Unión Europea. 
Precisamente porque queremos la competencia entre los lugares de asentamiento empresarial y de los sistemas en la Unión Europea, necesitamos unas reglas de juego comunes a las que se atengan todos. 
El tipo propuesto entre el 15 y el 25 % cumple plenamente con las necesidades actuales. 
Los social-demócratas alemanes se han pronunciado incluso en contra de una elevación del 15 al 16 % y consideran como absolutamente errónea una supresión del límite superior. 
Estimado colega Metten, es por ello para mí muy difícil de comprender que cuestione aquí el tipo del 25 %, lo que significaría la posibilidad de tipos incluso superiores. 
Sin los límites y normas propuestas por la Comisión no existiría una competencia entre los sistemas sino una especie de catch as catch can. 
No podemos permitirnos ni queremos esto sino por el contrario, estoy plenamente convencido de que la Unión Europea debe adoptar medidas adicionales durante los próximos meses y años en el sector fiscal para evitar, por ejemplo, la evasión fiscal. 
No se puede aceptar que las personas que tienen grandes ingresos paguen menos impuestos cambiando simplemente de domicilio a un país vecino de la UE. 
Si queremos frenar la evasión fiscal no necesitamos menos sino más cooperación europea. 
En especial, es una gran lacra que en los impuestos sobre las rentas del capital se trate peor a los nacionales que a los extranjeros. 
En el momento en que tratemos igual en toda la Unión Europea a los nacionales y a los extranjeros en lo tocante a los impuestos sobre las rentas del capital, habremos colocado el fundamento más importante para combatir la evasión fiscal y dado un gran paso para lograr la justicia fiscal. 
Señor Presidente, la armonización del impuesto sobre el valor añadido es, además de incorrecta por principio, imposible de realizar en la práctica. 
El IVA tiene un peso específico muy diverso, y unos propósitos muy divergentes, en los presupuestos nacionales. 
Su armonización creará confusión en las finanzas nacionales. 
La reducción de la tasa más elevada constituye además una amenaza contra la infraestructura de los servicios públicos en aquellos países donde el impuesto representa una fuente considerable de ingresos. 
La armonización de los impuestos contradice además un importante principio de todas las constituciones democráticas, que es el derecho del pueblo a fiscalizarse a sí mismo. 
Por consiguiente, deberíamos admitir que no se puede realizar desde el punto de vista político una política impositiva común. 
Tampoco es necesaria para la cooperación europea, sino que puede, por el contrario, menoscabarla. 
Señor Presidente, pertenezco a aquéllos que critican el informe bajo su forma actual por varios motivos. 
En primer lugar, no creo que la variedad de los IVA constituya un obstáculo significativo para el comercio. 
Los obstáculos económicos al comercio que distorsionan la competencia aparecen cuando se discriminan los productos procedentes de un país o una región, por ejemplo, imponiendo derechos de aduana a los productos que procedan de un país determinado o de todo el mundo. 
En este caso se perjudica a los bienes de consumo de otro país en beneficio de los del propio, y las ventajas comparativas del comercio no benefician a los consumidores. 
Por lo que respecta a los diversos tipos de IVA, no existe esta discriminación. 
Si un país tiene unas tasas elevadas, éstas van dirigidas a toda la producción y no solamente a un ámbito especial. 
Por tanto, unas tasas diferentes no equivalen, señor Presidente, a la distorsión de la competencia. 
En un sistema democrático cada país debería poder decidir sobre sus propios impuestos. 
Existen ideas políticas divergentes en los distintos países de la Unión sobre la amplitud que debería tener el sector público o el sistema de seguridad social. 
Estas ideas divergentes tienen por fuerza que reflejarse en una imposición distinta. 
Además estoy completamente de acuerdo con la enmienda presentada por mi colega Metten. 
Estamos en una situación de grandes déficit presupuestarios en los países miembros. 
Actualmente muchos intentan resolverlos recortando los servicios públicos. 
Pero un presupuesto no se arregla solamente mediante recortes, sino también a través de unos incrementos de los ingresos. 
Los países miembros deben poder, si lo consideran necesario, tener un IVA por encima del límite propuesto del 25 %. 
Establecer este límite máximo equivale a establecer un límite máximo para los servicios públicos. 
Finalmente, señor Presidente, opino que la propuesta de un IVA idéntico es incorrecta por la sola razón de que cada país necesita su propia combinación óptima de impuestos (por ingresos, IVA, etc.) para lograr la eficacia económica. 
Creo que la propuesta de un IVA común es económicamente inoperante, no eficaz. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo deseo felicitar al ponente, Sr. Langen. 
Como ustedes saben, la presente propuesta de directiva está orientada a fijar en el 15 y el 25 %, respectivamente, el nivel mínimo y el nivel máximo del tipo normal del IVA desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de enero de 1998. 
En la actualidad, y hasta el 31 de diciembre de 1996, los Estados miembros están obligados a aplicar un tipo normal no inferior al 15 % en el marco del régimen transitorio, mientras que no se prevé nivel máximo alguno. 
En la práctica, los Estados miembros aplican tipos normales del IVA que van del 15 al 25 %. 
La legislación comunitaria sobre el IVA establece que la Comisión debe presentar una propuesta para regular la situación después del 31 de diciembre de 1996. 
La directiva que proponemos no impone a ninguno de los Estados miembros modificar el tipo normal del IVA actualmente en vigor, ya que se limita a garantizar el mantenimiento del grado de armonización de los tipos del IVA alcanzado hasta hoy, asegurando así que el régimen transitorio pueda seguir funcionando correctamente, es decir, y en otros términos, que su funcionamiento no empeore. 
Sobre la base de un pormenorizado estudio de la situación, llegamos a la conclusión de que ésta es la solución más adecuada. 
En efecto, una divergencia progresiva de tipos de IVA podría provocar, por sí sola, desequilibrios estructurales y distorsiones de la competencia en varios sectores económicos. 
Sería además inoportuno permitir una más amplia divergencia de los tipos normales de IVA en vigor en los Estados miembros, en un momento en el que se proyecta la introducción en el mercado único de un nuevo sistema común del IVA, basado en el principio de imposición en el país de origen. 
Sin embargo, para que este tipo de sistema funcione, será necesario en todo caso armonizar los tipos del IVA. 
La propuesta que les fue presentada establece la horquilla en la que deberá situarse el tipo normal del IVA para un período de tan sólo dos años, o sea 1997 y 1998. 
Consideramos que no era oportuno adoptar una decisión definitiva al respecto, dado que el régimen actual es transitorio y que, de cualquier modo, hará falta abordar la cuestión del nivel mínimo y máximo del tipo normal en cuanto se defina el nuevo régimen del IVA. 
Al respecto, deseo precisar y garantizar a los miembros del Parlamento Europeo que la Comisión presentará propuestas específicas para un régimen del IVA tomando como base el principio de la imposición en el país de origen. 
El programa estratégico, presentado por la Comisión y adoptado antes del verano, contempla este compromiso. 
Sólo un compromiso de este tipo es compatible con un verdadero mercado único- cuestión que abordó también el Sr. Friedrich- y es un enfoque que podrá simplificar la vida de las empresas, reducir los costes y, en definitiva, aportar un beneficio estructural al empleo. 
Y es precisamente en ésta perspectiva que nos movemos. 
Deseo asimismo recalcar que con esta propuesta cumplimos una disposición expresa de la Sexta Directiva relativa al IVA y, al mismo tiempo, damos el primer paso hacia el desarrollo del programa para pasar al nuevo régimen común. 
Si queremos que el mercado único sea verdaderamente tal y produzca todos sus efectos positivos en materia de crecimiento y de empleo, debemos complementarlo desde el punto de vista fiscal, aspecto este último que han subrayado varios miembros de este Pleno. 
La adopción de la directiva que hoy están examinando, constituirá una señal política importante de que la Comunidad ha tomado la determinación de facilitar la vida de sus empresas y de sus ciudadanos. 
Por estas razones y con arreglo a este enfoque, la Comisión no puede aceptar la enmienda presentada por el Sr. Donnelly, quien propone la abolición del nivel máximo del tipo normal del IVA. 
Al respecto, deseo manifestar que he sopesado las argumentaciones de los Sres. 
Metten y Wibe, sin embargo, deseo hacer hincapié que la propuesta de la Comisión que les fue presentada, es perfectamente coherente con el análisis y las sugerencias contenidas en el documento del mes de marzo para el Consejo informal Ecofin celebrado en Verona, a quien se sugirió transferir la carga fiscal a otros factores que no fueran el del trabajo. 
Hemos estudiado con atención la situación respecto a los distintos Estados miembros más potencialmente interesados en establecer el tipo máximo del 25 %. 
Dichos Estados, de hecho, ya llevaron a cabo, con éxito, la transición de las cargas fiscales a la imposición indirecta. 
Por consiguiente, la actual propuesta muy difícilmente podrá representar para los mismos una efectiva inhibición respecto a un margen de fluctuación que en definitiva ya utilizaron. 
Es importante, por el contrario, no obstaculizar mayormente el funcionamiento del mercado interior. 
Por ello, limitamos a dos años el plazo de aplicación de esta propuesta. 
Vamos a utilizar este período de tiempo para dar seguimiento a los debates iniciados en Verona, seguimiento que permitirá formular una perfecta evaluación del futuro papel del IVA en la estructura global de los ingresos fiscales de los Estados miembros. 
Esta propuesta debe ser entendida, ni más ni menos, como una medida de salvaguardia temporal, que no perjudica al nivel de los tipos necesarios del IVA para el régimen común del IVA. 
Deseo añadir, no obstante, que ante la posibilidad de aplicación de fuertes subidas del tipo de IVA, el IVA se considera como un impuesto regresivo y, por consiguiente, dicha aplicación excesiva podría conllevar consecuencias sociales preocupantes. 
Para finalizar, señor Presidente, deseo expresar una vez más la gran satisfacción de la Comisión por el fructífero espíritu de colaboración que ha caracterizado hasta ahora los debates con el Parlamento y que permitió a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial emitir un informe favorable, así como renovar mi agradecimiento a usted, Sr. Langen, en particular. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar maãna a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0206/95) del Sr. Farassino, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (96) 0055- C4-0207/96-96/0040 (SYN) ) por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE relativa al permiso de conducción. 
Señor Presidente, Señorías, a través de este informe se propone: modificar la Directiva 91/439/CEE a fin de adoptar una codificación armonizada de base para las menciones adicionales que deberán figurar en los permisos de conducción y para los principios que rigen su funcionamiento con arreglo a las disposiciones de la Directiva, tal como se deduce del artículo 1; crear un comité encargado de asesorar a la Comisión sobre cualquier problema que pudiera plantearse en relación con los anexos de la Directiva 91/439/CEE y como consecuencia del progreso científico y técnico (artículo 2) ; modificar el tercer guión del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 91/439/CEE con el objeto de lograr una mayor aproximación de esta disposición a la designación comercial, incluida la reducción del criterio de velocidad máxima por construcción de 50 km/h a 45 km/h, por lo que atañe a las motocicletas. 
Como ponente acojo favorablemente la propuesta de la Comisión por la que se armoniza el sistema de codificación de las menciones relativas a las condiciones en las se expide el permiso de conducción y que deberán figurar en el propio permiso. 
En efecto, ello va a contribuir a la libre circulación de personas en la Comunidad- en particular en el caso de conductores minusválidos- y a la seguridad vial, agilizando, en caso de necesidad, el control de los permisos de conducción- independientemente del Estado que haya expedido el permiso, de la nacionalidad del agente que lleve a cabo el control o de la administración que lo gestione- en gran parte de Europa. 
El sistema de codificación armonizado se aplicará, asimismo, a los países del Espacio Económico Europeo. 
Hecha esta salvedad, en mi calidad de ponente, con las enmiendas que presenté a la Comisión de Transportes y Turismo y que ahora presento al Parlamento, he pretendido hacer frente a determinadas necesidades y solicitudes de algunos Estados miembros. 
En primer lugar, sería deseable que la Comisión propusiese, lo antes posible, no sólo los códigos de las menciones, sino también los subcódigos- en particular para los códigos 04 (certificado médico) , 05 (restricciones por razones médicas) , 44 (adaptaciones de la motocicleta) y 55 (combinaciones de adaptaciones de la motocicleta) , ya establecidos en el marco de las reuniones mantenidas entre la Comisión y los expertos de los Estados miembros. 
En segundo lugar, sería asimismo útil prever un nuevo código universal 00 con el objeto de poder cubrir todos los casos excepcionales como, por ejemplo, el citado por la Sra. Muscardini con la enmienda 8. 
Además, las adiciones solicitadas en los códigos 70 y 71 y que hacen referencia a la indicación de la sigla del tercer país con arreglo a la lista armonizada en el marco CE/ONU serían útiles para mejorar la comprensión en caso de que un titular que haya obtenido el documento en un país tercero desee cambiar el permiso de conducción. 
Así pues, el objeto de la adición de un código 79 es hacer frente a las necesidades específicas de algunos Estados miembros. 
De este modo se cubrirían los casos de equivalencia entre categorías de permisos expedidos antes del 1 de julio de 1996 y las categorías definidas en el artículo 3 de la Directiva 91/439/CEE. 
La utilización de este código 79 se limitaría al posible mantenimiento de los derechos adquiridos por los titulares de un permiso de conducción expedido antes del próximo 1 de julio. 
El objeto de las demás modificaciones de la mencionada enmienda 5 a los códigos 02 (prótesis auditivas) y 03 (prótesis/órtosis) es precisar aún más estas menciones. 
La Directiva 91/439/CEE sólo se refiere a la expedición del permiso, por lo que deberá emprenderse a escala europea la necesaria armonización de las normas relativas a la retirada de dicho permiso en caso de infracción cometida en un Estado miembro distinto del de expedición, problema directamente vinculado con la necesidad, tantas veces señalada por el Parlamento Europeo, de establecer un sistema europeo de permiso de conducción por puntos. 
Con tal fin, con la enmienda 3 se establece un límite- el 31 de diciembre de 1996- para que el grupo de trabajo que deberá estudiar la implantación de dicho sistema, concluya sus trabajos. 
Sobre la base de las conclusiones de dicho grupo de trabajo, la Comisión podría presentar una propuesta legislativa antes del 31 de marzo de 1997. 
Finalmente, con las enmiendas 2 y 6 se pretende sustituir el comité de gestión (tipo II a) para la adaptación al progreso técnico y científico de los anexos I y IA (modelos de permiso de conducción) , II (requisitos para los exámenes de conducción) y III (aptitud física) de la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción por un comité técnico de carácter consultivo más eficaz, con arreglo a las sugerencias de la Conferencia de Presidentes para la aplicación del modus vivendi a la comitología. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, como político siempre me satisface que aprobemos proyectos de ley que los funcionarios pueden aplicar con relativa facilidad. 
La armonización de los códigos en los permisos de conducción puede contribuir sin duda a que cualquier funcionario de seguridad de la Unión Europea pueda ver y controlar de un vistazo las normas pertinentes de los permisos de conducción de las conductoras y conductores de todos los países miembros. 
No se puede uno cansar de repetir que el euro-carnet armonizado contribuye a la movilidad de los ciudadanos en la Unión y al mismo tiempo supone una aportación a la seguridad en el tráfico. 
Sin embargo, la aplicación práctica de la Directiva 91/339 me preocupa. 
Desde el 1 de julio de 1996 todos los Estados miembros deberían aplicar las normas del euro-carnet. 
Pero sólo ahora aprobamos en primera lectura una parte no despreciable de dicho carnet, es decir, los códigos armonizados. 
Si los Estados miembros no quieren emitir cada año nuevos permisos de conducción, se ven imposibilitados de aplicar la directiva. 
Por ello, esperaría de la Comisión que nos presentase por fin unas propuestas de directiva consistentes y no nos presente cada seis meses nuevas normas parciales. 
Los políticos somos los que tenemos que explicárselo y defenderlo a la postre ante los ciudadanos de la UE. 
Quiero felicitar al ponente por haber presentado de nuevo la exigencia del permiso de conducción por puntos, lo que viene planteando desde hace muchos años esta Asamblea. 
De innumerables debates en mi país de origen, Austria, sé cuántos argumentos se exponen en contra, también por parte de organizaciones de automovilistas que dicen defender sus intereses pero que ignoran el asunto más importante, la seguridad en la carretera. 
El ejemplo de Francia ha demostrado con total claridad que se ha podido reducir la cifra de accidentes de tráfico en un 10 % en solamente un año. 
Cada tanto por ciento menos de muertos en el tráfico debería ser para nosotros un estímulo. 
Por ello, ruego a la Comisión que apoye las exigencias de este informe. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos lo apoya. Solamente vemos dificultades en el artículo 8. 
Señor Presidente, me permito empezar agradeciendo al Sr. Farassino el trabajo de gran calidad que ha efectuado en la cuestión sobre la armonización de las disposiciones para la obtención del permiso de conducción dentro de la UE. 
Ya en el Tratado de Roma se crearon las condiciones previas para la libre circulación. 
Con ello surgió asimismo la necesidad de ir armonizando paulatinamente las disposiciones de los distintos países miembros en una serie de ámbitos, también en las cuestiones que afectan al tráfico y a los transportes. 
Uno de estos ámbitos consistía en la necesidad de unas disposiciones comunes para la obtención del permiso de conducción. 
También el Tribunal de la Comunidad Europea hizo referencia a este hecho con ocasión de un juicio emitido ya en 1978. 
La motivación del Tribunal era que las distintas disposiciones existentes para la obtención del permiso nacional podían encerrar una limitación directa o indirecta en cuanto a la libre circulación de las personas. 
Más tarde se han adoptado una serie de iniciativas que facilitan la movilidad para aquellas personas que se establezcan en un Estado miembro distinto de aquel donde han obtenido el permiso. 
Toda iniciativa que lo haga posible es naturalmente positiva. 
La Comisión ha presentado más propuestas que van en esta dirección. 
Hay razones de peso para dar la bienvenida a las propuestas que suponen una armonización de la codificación de los informes que deben figurar en el permiso, y que hacen referencia a las condiciones bajo las que se ha expedido. 
Es excelente que queden claras en el permiso las condiciones bajo las cuales se ha expedido por muchos motivos, también porque facilitará la libre circulación, especialmente para los conductores minusválidos. 
La armonización también contribuirá a una mayor seguridad vial, facilitando los controles de permisos independientemente del país que los haya expedido. 
En mi opinión, esto se facilita aun más haciendo que el sistema armonizado de codificación también se aplique en los países de la AELC. 
También quiero subrayar las posibilidades que también ganamos con la armonización de este sistema de codificación. 
Las personas afectadas por una enfermedad especial o que sufren un serio accidente en otro país experimentan a menudo dificultades de comunicación con el personal del hospital donde se les ingresa. 
Esto también le puede suceder a una persona que necesite agudamente un medicamento especial y que no esté en situación de comunicárselo al personal médico. 
En el futuro se podrá disponer de este tipo de información con un sistema de codificación internacional y armonizado, escribiendo en forma codificada la enfermedad que sufre una persona o el medicamento del que depende para sobrevivir. 
Esto podría salvar muchas vidas humanas. 
Pienso que todo lo que estamos debatiendo y sobre lo que adoptamos una posición, es completamente positivo. 
Se trata de las enmiendas 3, 4 y 7. 
El resultado de estas votaciones será por tanto decisivo a la hora de votar sobre la totalidad del informe. 
Señor Presidente, desde el año 1980 se han adoptado diversas medidas para llegar al permiso de conducción comunitario, todas ellas encaminadas a mejorar la seguridad vial y la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. 
Con motivo de la modificación del pasado mes de junio, el Parlamento se pronunció a favor de un modelo alternativo en forma de tarjetas plastificadas, además del permiso de conducción de cartulina. 
La propuesta hoy debatida contiene una descripción más detallada de las condiciones en las que se autoriza al titular para conducir un vehículo. 
No obstante, hacemos una salvedad con las enmiendas núms. 4 y 7, en las que el ponente prevé la posibilidad de transferir los efectos jurídicos de una infracción cometida en determinado Estado miembro al Estado miembro que expidió el permiso de conducción. 
Si bien cabe alegar argumentos a favor, esta problemática jurídica deberá debatirse en las consultas correspondientes al tercer pilar, y no en la presente directiva relativa al permiso de conducción. 
Agradezco al ponente el trabajo que nos ha presentado. 
Señor Presidente, permítaseme ante todo agradecer al ponente Sr. Farassino su informe y, en particular, la forma tan clara como ha analizado los evidentes beneficios que entraña esta propuesta de la Comisión de armonizar el sistema de codificación de la información que se incluirá en los permisos de conducción, teniendo en cuenta las condiciones de expedición de dicho permiso. 
Yo también creo que la propuesta contribuirá a la libre circulación de personas en la Comunidad, en particular personas con discapacidades y contribuirá a la seguridad en la carretera, al hacer más fácil en la mayor parte de Europa la verificación de los permisos de conducción, en los casos necesarios. 
Sin embargo, esta noche quisiera poner de relieve las enmiendas 4 y 7, encaminadas a la consecución del reconocimiento mutuo de la suspensión o la retirada de los permisos de conducción. 
En la actualidad, las prohibiciones impuestas por conducción peligrosa sólo son aplicables en el Estado miembro en que el delito se haya cometido, no en el resto de la Unión Europea. 
Eso significa, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que a un ciudadano de otro país al que se le retire el permiso de conducción por un delito grave durante sus vacaciones en el Reino Unido, se le devolverá el permiso, una vez concluidas las vacaciones, y después podrá conducir libremente en cualquier otro país de la Unión Europea. 
De forma semejante, un conductor británico que, por ejemplo, cometa un delito grave estando de vacaciones en el Continente puede pasar por alto la suspensión o la retirada de su permiso de conducción y después regresar a su país, potencialmente libre, me temo, para cometer el mismo delito. 
Las enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes y Turismo van encaminadas a colmar esa laguna jurídica muy grave. 
Sin pretender en absoluto subestimar los graves obstáculos que hemos de superar, hemos de legislar para que exista el reconocimiento mutuo de los permisos de conducción en toda la Unión. 
También debemos procurar velar por que, en los casos en que se retiren dichos permisos en un Estado miembro, la retirada se aplique a todos. 
También quisiera hablar de una enmienda que mi Grupo no podrá apoyar, a saber, la enmienda nº 8, presentada por la Sra. Muscardini y 28 diputados más. 
Si bien estamos de acuerdo con la necesidad de aclarar la situación relativa a los conductores diabéticos, creemos que hay muchas otras condiciones que se podrían citar. 
Además, nos tememos que la redacción no propiciaría la consecución del objetivo que quienes han presentado las enmiendas pretenden- estoy seguro- lograr. 
Por último, esperamos que la Comisión considere las observaciones que la comisión ha hecho esta noche, la observación tan importante sobre la retirada del permiso de conducción y diga si cree o no que se pueden presentar propuestas en el futuro para colmar esa grave laguna jurídica. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el tema de debate de hoy, el permiso de conducción, no es un asunto de trascendental importancia. 
Definimos los números de código para el permiso de conducción que debe ser válido en el futuro para toda la Comunidad. 
No se trata pues de un asunto de gran importancia, pero como siempre, el problema se esconde en los detalles. Estimados colegas Farthofer y Wats, deberíamos recapacitar a fondo sobre qué es lo que queremos. 
En esta Asamblea había colegas que querían un permiso de conducción bastante limitado en el tiempo. Había colegas que querían un permiso de conducción como documento universal, a ser posible incluso con función de tarjeta de crédito. 
Gracias a Dios, hemos podido impedir todo esto. 
Ahora nos enfrentamos de nuevo con dos deseos especiales. 
Por un lado, se quiere introducir un permiso de conducción europeo por puntos. 
Sólo puedo advertir en contra. No necesitamos una central para toda Europa donde se acumulen todas las infracciones que conllevan una anotación en el registro de puntos. 
¿Porqué no dejamos esto a los Estados miembros, que son la instancia adecuada? 
En segundo lugar, no necesitamos la posibilidad de que se le pueda retirar a uno el permiso de conducción para toda Europa. 
También deberíamos dejar aquí las cosas en su sitio. 
No me refiero ahora al tráfico por la izquierda o la derecha. ¿Qué hace un turista de Gran Bretaña si el primer día se coloca en la vía errónea cometiendo una infracción? 
Si los ingleses de aquí están tan entusiasmados deberíamos introducir también el tráfico por la derecha. 
En tanto no tengamos un catálogo unitario de multas, tampoco podremos retirar el permiso de conducción en toda Europa pues precisamente en época de vacaciones se cometen infracciones que quizás suponen la retirada del permiso en el país donde se pasan las vacaciones pero no en el país de origen. 
A este respecto, los ciudadanos no están precisamente entusiasmados. 
Felicito al ponente por el trabajo realizado y sólo quiero pedir a los colegas que no apoyen las enmiendas nº 3, 4 y 7. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, por fin se completa el modelo comunitario de los permisos de conducción nacionales. 
Si hace pocas semanas aprobamos la primera regulación adicional sobre la directiva de permisos de conducción de 1991 relativa a su ejecución en forma de tarjeta de crédito plastificada, hoy se trata de una segunda regulación adicional. Se refiere a datos adicionales, pero no menos necesarios, que deben figurar en los permisos de conducción, relativos a las condiciones de uso para los conductores y los vehículos. 
Estos datos deben figurar de una forma unitaria y codificada, lo que es positivo, pues si en los permisos de conducción emitidos por los diferentes Estados miembros siguen figurando diferentes codificaciones sobre los datos, seguirán existiendo problemas prácticos para los conductores, empresas, administraciones y policía. 
Saludo, por ello, la creación de códigos internacionales unitarios. La partición en dos es adecuada pues los números hasta 99 son códigos comunitarios armonizados y a partir de 100 son códigos nacionales, en concordancia con el principio de subsidiariedad. 
Esta codificación conduce sin duda a una mayor libertad de circulación y movilidad de las personas en la UE, ante todo de las personas con minusvalías, así como a una mayor seguridad jurídica y en el tráfico. Precisamente esto es lo que notan directamente nuestros ciudadanos, pues se benefician de ello. 
Por ejemplo, ya no dependen de posibles decisiones policiales arbitrarias. Mediante la simplificación del control, revisión y administración, se alcanza al mismo tiempo una mayor transparencia y cercanía al ciudadano. 
No se debería destruir esto de nuevo mediante la unificación de procedimientos para retirar el permiso de conducción o con la introducción de un permiso de conducción por puntos a nivel europeo. 
Creo que para ello debería seguir siendo competente exclusivamente el Estado que emite el permiso. 
Señor Presidente, ésta es la primera ocasión en que he tenido el placer de dirigirme al Parlamento desde el lamentado fallecimiento de Ken Stewart, que era diputado a esta Asamblea y miembro de la Comisión de Transportes y del partido que en tiempos tuve el privilegio de dirigir. 
Quisiera rendir tributo a la memoria de Ken Stewart. 
Sus numerosos amigos y colegas no sólo aquí, en esta Asamblea, sino también en el Reino Unido, en particular, en el movimiento laborista y sobre todo en su amada Liverpool lo echarán de menos con tristeza. 
Señor Presidente, la Asamblea ha de saber que la Directiva de 1991 sobre los permisos de conducción entró en vigor el 1 de julio de este año. 
Sin embargo, cuando la Comisión hizo su propuesta, conocía perfectamente ciertas dificultades prácticas que esa disposición iba a provocar a los Estados miembros. 
Así, pues, propusimos que cualquier adición o restricción con que contara el permiso iría en forma de códigos y no en palabras para que la policía griega, por ejemplo, pudiera revisar un permiso danés, no sólo en el caso de turistas, sino también en el de personas que hayan adoptado la residencia permanente en ese país. 
Tanto en esta Asamblea como en el Consejo se ha examinado detenidamente la lista de códigos y me complace ver que hay un amplio acuerdo, como lo han evidenciado de nuevo las contribuciones hechas en este debate, sobre la formulación básica. 
El nuevo comité establecido por esta directiva actualizará esa lista de códigos en los casos necesarios y dicho comité será útil también para ayudar a resolver posibles problemas como los que podrían plantear, por ejemplo, las modificaciones en las normas médicas impuestas a los conductores. 
Tengo el gusto de informar a la Asamblea de que, como varias de las enmiendas a la propuesta son coherentes con dichos objetivos, la Comisión puede darles su conformidad. 
Así, pues, aceptamos la enmienda nº 1 y la mayoría de los cambios propuestos en la enmienda nº 5. 
Sin embargo, no podemos apoyar un código OO universal, que por su naturaleza misma no se podría entender, como tampoco podemos dar nuestra conformidad a la creación de una subdivisión de los códigos por el comité propuesto. 
Estoy de acuerdo en que el comité haga las subdivisiones lo antes posible, al tiempo que reconozco que al cabo de un tiempo pueden ser necesarias otras subdivisiones. 
En cuanto a las otras enmiendas, la nº 2 es una adición innecesaria, ya que la Comisión respetará, naturalmente, el acuerdo sobre el código de conducta. 
La enmienda nº 6 no es conforme a la Decisión 87/373 del Consejo sobre comitología, por lo que no podemos aceptarla. 
La enmienda nº 3 no es apropiada para su inclusión en el texto. 
Sin embargo, la Comisión volverá a examinar las cuestiones relativas a las sanciones en su labor en el marco del grupo de expertos que se creará para que examine las consecuencias de la incorporación de algún microcircuito integrado en el modelo de permiso de conducción tipo «tarjeta de crédito». 
Sin embargo, repito- tan sólo para subrayarlo- que esta Asamblea tendrá la oportunidad de dar su opinión sobre cualquier modificación de ese tipo, en consonancia con el procedimiento de cooperación. 
Es evidente que mis colegas y yo estamos de acuerdo con los argumentos expuestos a lo largo de este debate a favor de la modificación y de la que sería la enmienda nº 3. Las enmiendas núms. 
4 y 7 quedan fuera del ámbito de aplicación de la propuesta. 
La Directiva 91/439 amplía ya eficazmente las consecuencias de la suspensión o de la retirada de un permiso de conducción a todo el territorio de la UE, si es impuesta por el Estado miembro en que resida el titular del permiso. 
El reconocimiento mutuo de una suspensión o retirada del permiso de conducción impuesta por un Estado miembro distinto de aquel en que resida normalmente el titular es, como han dicho esta noche algunos diputados, un asunto jurídico complejo, que a veces entraña dificultades constitucionales. 
Sin embargo, se está examinando actualmente en el tercer pilar con el fin de redactar un convenio relativo a la cooperación judicial. 
Es evidente que es mejor dejarlo en ese ámbito, donde espero, la verdad, que se obtengan resultados positivos, ya que estoy de acuerdo en gran medida con el tipo de observaciones hechas esta noche por el Sr. Watts, por ejemplo. 
Reconozco que existe un argumento contra la centralización. 
También reconozco que hay un argumento contra quienes de forma habitual no respetan los límites de velocidad o contra quienes de forma habitual empuñan el volante de un vehículo estando bebidos. 
Me da igual, la verdad, dónde hayan cometido su delito originalmente, lo que quisiera es que toda suspensión que se les imponga tenga efecto en toda la Comunidad. 
Así, pues, espero que el resultado de los debates celebrados en el tercer pilar sea el de volver más seguras nuestras carreteras y preservarlas contra quienes hayan cometido delitos graves. 
Si la posición sobre este punto evolucionara, el comité creado de conformidad con el artículo 2 tendrá competencia para introducir los cambios necesarios. 
En conclusión, permítaseme agradecer a la Comisión de Transportes y Turismo y, en particular, al ponente Sr. Farassino el rápido y muy serio examen que ha hecho de esta propuesta concreta. 
Señor Comisario, deseo darle las gracias por las palabras pronunciadas en memoria de nuestro colega Sr. Stewart, que nuestro Presidente recordó esta tarde al declarar reanudado el período de sesiones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Normas de seguridad aplicables a buques de pasaje 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0230/96) del Sr. Stenmarck, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (96) 0061- C4-0208/96-96/0041 (SYN) ) de reglas y normas de seguridad aplicables a buques de pasaje. 
Señor Presidente, durante muchos años el Parlamento Europeo ha adoptado diversas iniciativas en favor de la mejora de la seguridad de los pasajeros que utilizan el transporte marítimo. 
Esto es naturalmente en gran parte consecuencia de una serie de accidentes muy trágicos que han costado la vida a muchas personas. 
Especialmente en relación con la catástrofe del «Estonia» ocurrida hace unos años, el Parlamento Europeo reaccionó de modo vigoroso y exigió unas propuestas y medidas por parte de la Comisión. 
Creo que muchos le estamos agradecidos por ello. 
Naturalmente tenemos distintas ideas sobre el poder y la influencia que debe ejercer el Parlamento Europeo. 
Pero en calidad de grupo de presión, y en lo concerniente a exigir el cumplimiento de requisitos, también para mejorar la seguridad en otros sectores, este Parlamento es seguramente incontestable. 
Pienso que deberíamos hacer un uso mucho mayor de este poder con vistas a reforzar también los requisitos en torno a la seguridad en otros sectores. 
En lo relativo a la seguridad de los buques de pasaje, el objetivo estaba claro. 
Las aguas que rodean a los países miembros de la UE deben ser las más seguras del mundo. 
Con este principio como base debemos trabajar en favor de unas mejoras en etapas futuras. 
Los pasajeros deben atreverse a viajar en los buques que navegan por los países de la UE con plena confianza y sintiéndose seguros. 
Los padres tienen que dejar que sus hijos viajen en estos buques sin la menor preocupación. 
En base a que se trataba de establecer un sistema de normas eficaz con la mayor rapidez, he dado curso a los trabajos sobre el tema lo más ágilmente posible, con la intención de demostrar la importancia de que tengamos unas aguas y unos buques seguros. 
El informe que debatimos se aplica a los buques «no-SOLAS» , es decir, navíos que sobre todo se utilizan para el tráfico nacional. 
Por eso esta modalidad de tráfico no la cubre el Convenio SOLAS, adoptado por la Organización Marítima Internacional. 
En este ámbito existen hoy en día únicamente unas legislaciones nacionales de calidad muy diversa. 
La propuesta de la Comisión consiste en aplicar el Convenio de Seguridad Internacional al tráfico marítimo nacional. 
Creo que esto es excelente y goza del apoyo de la Comisión de Transportes. 
Como resultado de los trabajos, nos adherimos a la mayor parte de la propuesta de la Comisión. 
Voy a mencionar unos aspectos en los que vamos más lejos que la Comisión por lo que respecta a los requisitos en torno a la seguridad, y espero que el Parlamento también les conceda hoy su apoyo. 
1.Cuando se armonice la normativa sobre seguridad, existe el riesgo de que empeore el nivel en algún país. 
Nosotros pensamos que esto no debería suceder. 
Por consiguiente, sostenemos que un país, que en un aspecto dado tenga un nivel más elevado, también tenga la posibilidad de mantenerlo.2.Como eslabón en los trabajos para la mejora de la seguridad, es esencial que sea eficaz la formación de la tripulación. 
Ésta se reglamenta en otro contexto; por tanto, en el informe hemos decidido hacer referencia a dicho contexto.3.Es importante que se proteja el medio ambiente, y es importante el hecho de que una mayor seguridad resulte beneficiosa desde el punto de vista ambiental. 
También este aspecto se trata en otro contexto, el del Convenio MARPOL, que reglamenta las cuestiones que afectan al ecosistema marino. 
Por tanto, en este punto también hemos decidido hacer referencia al Convenio mencionado.4.Vamos más lejos que la Comisión en lo referente a los documentos de tenencia obligatoria que informen sobre el nivel de seguridad del buque. 
Proponemos la obligación de llevar un certificado de seguridad para los navíos de pasaje.5.También queremos una normativa para el equipo de salvamento de los buques que naveguen en aguas donde la temperatura del agua sea menor de un nivel determinado. 
Creo que estoy defendiendo la opinión de muchos de nosotros cuando digo que la Comisión debería presentar unas propuestas sobre este punto.Por último, señor Presidente, se han producido durante una serie de años numerosos accidentes en las aguas de los países miembros de la UE. 
Han perdido la vida muchas personas. Les debemos a ellas, y a sus familiares, todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para que nunca más pueda producirse este tipo de accidentes. 
Le pregunto al Comisario que está presente entre nosotros esta noche: ¿Qué nuevas iniciativas adoptará la Comisión para reforzar más la seguridad en el tráfico marítimo? 
Con ello me permito además, señor Presidente, dar las gracias a todos aquellos que han colaborado en la elaboración de este informe, además de a la Comisión, por un diálogo sumamente constructivo. 
Señor Presidente, felicito a mi colega el Sr. Stenmarck por su informe. 
Abundando en las palabras del Comisario Kinnock, también yo quisiera rendir homenaje a mi compañero Ken Stewart. 
Resulta irónico que esta noche estemos debatiendo la seguridad en el mar, porque, como saben muchos de Sus Señorías, ése era el principal asunto de que se ocupaba Ken en este Parlamento. 
Durante muchos años se ocupó de los aspectos de la seguridad de los buques dedicados a la navegación de altura. 
Si Ken siguiera vivo, habría ocupado mi lugar esta noche en este debate. 
Pero, si así hubiera sido, estoy seguro de que, como a mí, le habría encantado ver a alguien de la derecha de esta Asamblea adoptar, en realidad, una opinión seria sobre las normas y los niveles de seguridad para los buques de pasaje. 
En los últimos años hemos presenciado varias tragedias en el mar. 
Como ha observado el Sr. Stenmarck, hubo la del Estonia. 
También hubo la del Herald of Free Enterprise. 
Son dos que nos vienen a la cabeza inmediatamente. 
Pero todos los días hay decenas de accidentes en el mar, de muchos de los cuales no se da información, ya sea porque no haya habido pérdida de vidas humanas o porque los barcos afectados fueran tan pequeños, que no estuviese justificada su mención en la prensa. 
Sin embargo, la seguridad de la vida en el mar debe ser una prioridad. 
Como señala correctamente este informe, la avanzada edad de muchos de los buques dedicados a la navegación de altura y el rápido deterioro de los niveles de mantenimiento hace que cada vez resulte más difícil respetar las normas de seguridad. 
Si a ello se suma el registro de muchos buques con pabellones de conveniencia, en particular en los países que tienen niveles de seguridad muy deficientes, el riesgo de pérdida de vidas en el mar está aumentando en lugar de disminuir, como habría sido de esperar. 
En el informe queda claro que la seguridad de los buques dedicados a la navegación de altura no es sólo cometido de los Estados. 
Eso es cierto. 
Pero el mantenimiento de las normas de seguridad y su aplicación son un cometido de los Estados, que no deben eludirlo. 
Sin embargo, si bien el Estado puede cumplir las diversos reglamentos relativos a la seguridad, la responsabilidad mayor corresponde a los propietarios, ya sean personas físicas o empresas. 
En ese ámbito es en el que vamos a tener que ejercer una mayor presión por cualesquiera medios posibles. 
Demasiadas empresas están incumpliendo las normas internacionales de seguridad y eludiendo sus responsabilidades judiciales. 
Si bien tenemos el deber de abordar este problema en las aguas de la UE, se trata en última instancia de un problema que requiere la adopción de medidas internacionales. 
Pasando ahora a las enmiendas que ha presentado la Comisión de Transportes y Turismo, el Grupo Socialista va a apoyar todas las enmiendas, exceptuada la enmienda nº 16. 
Acogemos con beneplácito el compromiso con un nivel mínimo de formación para las profesiones marítimas, la introducción de trajes de protección que permitan la supervivencia de los pasajeros y la tripulación en los buques de pasaje que surquen aguas cuya temperatura sea baja, inferior, por ejemplo, a 15º centígrados. 
La única enmienda que nos plantea algunos problemas es la nº 16. 
Al comienzo de esta intervención he mencionado los accidentes que ocurren constantemente en el mar, muchos de los cuales nunca se comunican, porque muchos de los barcos afectados son tan pequeños, que no merecen la atención de la prensa. 
Ésa es la razón por la que nos opusimos a la enmienda nº 16 presentada por la Comisión de Transportes y Turismo. 
Creemos que el texto de la Comisión es mucho más enérgico y comprende todos los buques, por lo que nadie podrá eludirlo. 
Ésa es la razón por la que vamos a oponernos a la enmienda nº 16, si bien apoyaremos todas las demás. 
Señor Presidente, nadie desea que se produzca un accidente como el del «Estonia» , tampoco que se produzcan nuevos accidentes marítimos. 
No obstante, cada año se pierden una media de 230 buques, que se cobran miles de vidas. 
Nosotros, en calidad de diputados elegidos democráticamente, debemos hacer todo lo posible por impedir que se produzcan más catástrofes en el futuro. 
Este informe es un paso en nuestros trabajos. 
Se trata de un informe de calidad, y el Grupo liberal lo apoya, como también apoya la propuesta de directiva. 
Aparte de las mejoras de los niveles de calidad de los buques de que trata el informe, también es necesario minimizar los riesgos de que se produzcan fallos humanos. Como ejemplos de estrategias a seguir, nombraremos la de una mejor formación, mejores equipos de salvamento y condiciones de trabajo, inspecciones periódicas, controles y ejercicios de simulacros de catástrofe. 
Por último, señor Presidente: debe configurarse la Directiva de modo que los requisitos comunes, como ya ha dicho el ponente, no menoscaben los niveles ya existentes, ni impidan que se establezcan unos nuevos requisitos. Esto significa que aplaudimos la enmienda nº 1. 
Señor Presidente, la Comisión ha presentado últimamente diversas propuestas para mejorar la seguridad en el mar. 
La actual propuesta de reglas y normas de seguridad aplicables a buques de pasaje constituye otra contribución a este objetivo. 
En lo relativo a los buques de alta mar, la mayoría de las normas se adoptan en el seno de la OMI, aunque sigue habiendo importantes diferencias entre los Estados miembros. 
Por esta razón, todos los países adheridos han de observar de forma consecuente las normas internacionales de la OMI, aunque las normas del Convenio SOLAS no se aplican a los buques de pasaje que efectúan viajes nacionales fuera del ámbito de aplicación internacional. 
Aplaudimos, pues, que en virtud de la presente directiva la Comisión cubra ese vacío, pero esto no debe implicar que los Estados miembros cuya legislación nacional dicte normas de seguridad más severas que las contenidas en la presente Directiva vayan a estar obligados a rebajar sus niveles de seguridad. 
Por lo tanto, apoyamos las enmiendas del ponente que permiten a los Estados miembros mantener unas normas de seguridad más rigurosas. 
Asimismo, suscribo las demás enmiendas del excelente informe del Sr. Stenmarck. 
Hago extensiva esta calificación de excelente a la importancia que concede a las normas sobre tiempo de trabajo y de descanso, a las condiciones de trabajo, a la formación y la cualificación, a la inspección de seguridad por parte de las sociedades de clasificación, etc. Finalmente, en aras de la seguridad, las medidas han de estar integradas en un conjunto coherente. 
Señor Presidente, todos los años millones de europeos utilizan buques de pasaje. 
En opinión de mi Grupo, todos deben contar con un alto nivel de seguridad. 
Sin embargo, los buques de pasaje en travesías nacionales no gozan del mismo alto nivel de seguridad requerido para los viajes entre Estados miembros. 
A consecuencia de ello, dos buques similares que a veces navegan por la misma zona marítima están sometidos a requisitos de seguridad muy diferentes. 
De hecho, los resultados de las investigaciones de los trágicos sucesos ocurridos recientemente en el mar confirman que los buques que hacen travesías nacionales están expuestos, como era de esperar, a los mismos riesgos que buques similares que siguen rutas internacionales. 
Además, los buques de pasajeros que hacen travesías internacionales pueden quedar exentos en ciertas circunstancias de los requisitos de seguridad y nuevos tipos de embarcaciones de gran velocidad están sometidas a normas inadecuadas y muy diferentes en los diversos Estados miembros. 
Todo eso crea un doble o incluso triple sistema confuso y complicado. 
Así, pues, acojo con el mayor beneplácito la iniciativa de la Comisión de garantizar un alto nivel de seguridad para todos los buques de pasaje, incluidas las embarcaciones de gran velocidad que entren en los puertos de cualquier Estado miembro de la UE o salgan de ellos, independientemente de que hagan travesías nacionales o internacionales. 
También quisiera felicitar al ponente Sr. Stenmarck por la elaboración de un informe completo que no sólo hace suyas positivamente las propuestas de la Comisión, sino que, además, les hace aportaciones constructivas. 
También quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a nuestro colega Ken Stewart, que falleció a principios de esta semana. 
El Sr. Stewart sentía una justificable pasión por la tarea de hacer seguros nuestros mares y reducir la atroz cifra de más de 200 barcos e incontables vidas perdidos innecesariamente todos los años. 
Su informe sobre unos mares seguros ponía de relieve la necesidad de adoptar medidas en sectores como el que estamos debatiendo aquí esta noche. 
Su informe, en mi opinión y en la de muchos diputados a esta Asamblea, seguirá siendo durante muchos años el punto de referencia para juzgar los avances logrados en esa esfera. 
En conclusión, quisiera expresar mi aprobación del informe del Sr. Stenmarck, que contribuirá a la consecución de un alto nivel de seguridad tanto para los navegantes como para los pasajeros. 
Con excepción de la enmienda nº 16, tal como ha expuesto mi colega el Sr. Miller, merece el apoyo total de esta Asamblea. 
Señor Presidente, tengo mucho gusto en tomar nota de que existe un acuerdo común sobre esta propuesta y de que se ha aceptado su objetivo principal- la armonización de las normas de seguridad para los buques de pasaje que hagan travesías nacionales- y todos los oradores que han intervenido en este debate así lo han expresado con toda claridad. 
Estoy seguro de que todos compartimos la opinión expresada por el Sr. Stenmarck y por otros de que, cuando se aplique, esta medida será otro apoyo para nuestras medidas con vistas a intentar garantizar un nivel alto y uniforme de protección de la vida humana en las aguas de la Comunidad y evitar la distorsión de la competencia que se produciría, si escatimáramos en materia de seguridad marítima. 
Quisiera responder a la pregunta formulada por el Sr. Stenmarck sobre otras medidas que está adoptando la Comisión para aumentar la lista de iniciativas que hemos adoptado con vistas a mejorar las normas de seguridad. 
Quisiera decir simplemente que nuestras propuestas sobre el sistema de concesión de permisos para los trasbordadores de carga rodada serán presentadas a la Comisión antes del final de este año y después pasarán por el procedimiento en el que, evidentemente, participará esta Asamblea. 
Dentro de dos semanas presentaremos a la Comisión nuestras propuestas relativas al registro de pasajeros en los buques de pasaje. 
Además, habrá actividades resultantes del importantísimo Acuerdo de Estocolmo de comienzos de este año, en el que la Comisión tuvo una participación muy activa. 
Tengo mucho gusto en decir que varias enmiendas aprobadas por la comisión son coherentes con los principios fundamentales de la propuesta de la Comisión y aportan un valor añadido, al aclarar algunas de las disposiciones de dicha propuesta. 
Así, pues, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 
14, 15, 20 y 16. Como la nº 16 ha creado cierta preocupación, por razones que entiendo perfectamente, en algunos sectores de esta Asamblea, permítaseme decir que la Comisión considera que esa enmienda aporta suficiente aclaración sobre el límite de longitud de 24 metros, pero no aceptamos ninguna propuesta que excluya los buques de las clases C y D del requisito de la estabilidad intacta. 
En consecuencia, espero que, tras reflexionar al respecto, el Grupo Socialista reconsidere su posición y concluya- esperémoslo- que la posición de la Comisión como respuesta a dicha enmienda es satisfactoria. 
Además, la Comisión puede aceptar la enmienda nº 17, que aplaza del 1 de julio de 1997 al año 2000 la aplicación de algunos de los requisitos que figuran en el anexo técnico. 
Sobre la cuestión de los aplazamientos, las exenciones y el largo período para la aplicación plena, planteada, por razones comprensibles, por el Sr. Jarzembowski, con cuya opinión- y no es la primera vez- estamos de acuerdo, quisiera decir simplemente que en este ocasión la razón por la que hay un período tan largo para la aplicación plena es muy práctica. 
Evidentemente, para satisfacer los requisitos de esta ley, en muchos casos tendrá que haber importantes modificaciones estructurales en los buques existentes. 
Ello entrañará probablemente gastos considerables, por lo que no es irrealista ni injustificado que haya un período de transición relativamente largo. 
En segundo lugar, el calendario relativo a esta medida está totalmente en consonancia con el del convenio sobre la seguridad de la vida en el mar. 
En consecuencia, con un período de transición similar, no hay peligro de distorsión entre las consideraciones internacionales y las nacionales. 
Naturalmente, comparto la esperanza del Sr. Jarzembowski de que, independientemente de las disposiciones de esta medida, quienes participen en el funcionamiento de los barcos que navegan por aguas nacionales apliquen lo más rápidamente posible los principios de esta legislación. 
La Comisión puede entender también la preocupación básica a que obedece la enmienda nº 18. 
Reconocemos que se debe considerar adecuadamente desde el punto de vista práctico la idoneidad y la utilidad de la aplicación de los requisitos técnicos de esta propuesta a los barcos más pequeños. 
Así, pues, para atender esa preocupación, la Comisión, como he dicho antes, propone primero que los barcos existentes de menos de 24 metros de largo queden excluidos del ámbito de aplicación de la propuesta. 
En segundo lugar, la Comisión está dispuesta a pedir que el comité establecido con arreglo a esta directiva examine y modifique el anexo técnico respecto de la aplicación a los barcos nuevos de la limitación del tamaño. 
Será necesaria una modificación del artículo 8 para autorizar al comité a emprender la tarea de reexaminar el anexo técnico. 
La Comisión acoge con particular beneplácito la enmienda nº 12 y la segunda parte de la enmienda nº 11, que establece un papel más activo del Estado miembro anfitrión en los casos en que los buques existentes de las clases C y D que enarbolen el pabellón de otro Estado miembro vayan a hacer travesías nacionales en el Estado miembro de acogida. 
La Comisión cree que ese planteamiento es mucho más apropiado que la petición de cambiar esta propuesta por una directiva sobre normas mínimas. 
Hay algunas enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
Espero que la Asamblea entienda nuestros motivos. 
No podemos aceptar la enmienda nº 1 ni la primera parte de la enmienda nº 11 ni la adición de las palabras «al menos» que figura en las enmiendas núms. 6 y 8. 
En nuestra opinión, esas enmiendas debilitarían la propuesta y menoscabarían la armonización prevista de la seguridad en el nivel más alto posible. 
Sólo se pueden imponer otros requisitos de seguridad, si están justificados por las condiciones locales y siempre y cuando se sometan al estudio del comité, de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado 1 del artículo 7. 
Sólo ese planteamiento garantizará una aplicación justa de las medidas suplementarias de seguridad en la Comunidad a todos los buques que se encuentren en las mismas condiciones. 
Si la Asamblea apoya ese planteamiento, la Comisión puede aceptar el principio de la enmienda nº 8, siempre y cuando se traslade del apartado 1 al apartado 2 del artículo 5. 
Espero que la Asamblea entienda claramente lo que estoy proponiendo. 
En este mismo marco, no puedo aceptar la enmienda nº 19, que pide que se lleven a bordo obligatoriamente trajes de protección que permitan la supervivencia de los pasajeros y la tripulación en los buques que naveguen por aguas con temperatura inferior a los 15º centígrados. 
Ése es un claro ejemplo de una medida suplementaria de seguridad que podría estar justificada por las condiciones locales, a las que se debe aplicar el apartado 1 del artículo 7. 
Hay una disposición que abarca la cuestión planteada específicamente por el Sr. Miller desde el punto de vista de esta legislación. 
Nos parece que las enmiendas que piden referencias suplementarias a otros instrumentos legislativos de la Comunidad son superfluas, por lo que no podemos aceptar las enmiendas núms 4, 9 y 13. 
Respecto de la petición que figura en la enmienda nº 5 de que se mencione la protección del medio ambiente como uno de los objetivos de la directiva, he de señalar a la atención de la Asamblea que la prevención de la contaminación provocada por los buques está regulada por el Convenio Internacional Marpol, que también es aplicable a los buques de pasajeros que hagan travesías nacionales. 
Así, pues, no veo la necesidad de duplicación de esas obligaciones medioambientales internacionales en nuestras propuestas, por lo que propongo que se retire esa enmienda. 
El mismo razonamiento es aplicable a la enmienda nº 3, que pide que las embarcaciones de gran velocidad para el transporte de pasajeros cumplan normas especiales, además de las que figuran en esta directiva. 
Conviene señalar que esas normas especiales ya están formuladas claramente y mencionadas en esta directiva y que la enmienda propuesta no haría otra cosa que crear confusión. 
Respecto del establecimiento de las zonas marítimas, la propuesta de referencia al más cercano punto de amerizaje seguro, que figura en la enmienda nº 7, es, en nuestra opinión, demasiado imprecisa, por lo que la Comisión no puede apoyarla. 
Además, no veo la necesidad de la adición propuesta en la enmienda nº 10, ya que, para la aplicación de cada uno de los requisitos que figuran en esta propuesta, se definen claramente las zonas marítimas y se hace referencia explícita a ellas. 
12, 14, 15, 16, 17, 20 y la segunda parte de la nº 11 y puede subscribir los principios de las enmiendas núms. 8 y 18, siempre y cuando se redacten de nuevo y se tengan en cuenta las indicaciones que he hecho. 
Concluyo agradeciendo a la Asamblea que haya facilitado la rápida aprobación de una posición común sobre estas importantes medidas que tendrán considerables repercusiones directas en las disposiciones relativas a la seguridad para nuestros conciudadanos que viajen por las aguas comunitarias. 
Permítaseme expresar mi gratitud particular a la Comisión de Transportes y Turismo y en particular al ponente Sr. Stenmarck por su excelente informe sobre una propuesta muy detallada. 
De hecho, el detallismo de dicha propuesta es lo que me brinda mi única excusa para ocupar tanto tiempo a la Asamblea a ese respecto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Cítricos, frutas y hortalizas 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, a pesar de las pequeñas diferencias que se han plasmado en las enmiendas, felicitar a la Comisión por las propuestas que nos ha hecho. 
Me parece sumamente importante que el régimen de ayudas a la transformación de cítricos se haya separado de la organización común de mercados referido a productos frescos, pues ello posibilitará seguramente la responsabilidad del sector, favorecerá su competitividad y la búsqueda de salidas comerciales verdaderas. 
Ese, además, será el camino para que la industria de la Unión Europea se pueda diversificar hacia productos tales como el zumo en fresco o pasteurizado donde seguramente podremos ser más competitivos. 
Igualmente, la desaparición del precio mínimo y el incremento del protagonismo de las organizaciones de productores deben ser estimadas como propuestas positivas. 
Que las organizaciones de productores sean las que contraten con la industria, bonificando, en su caso, los contratos plurianuales, debe conducir a una concentración de la oferta, experiencia ya, por otra parte, existente en el caso de las satsumas. 
Finalmente, la inclusión de las clementinas en gajos en las ayudas a la transformación es una buena noticia, por ser una vieja reivindicación del sector transformador. 
Sin embargo, en la propuesta de la Comisión hay algunos aspectos que deberían ser mejorados y, en ese sentido, se han aprobado algunas enmiendas en la Comisión de Agricultura y que quiera consignar. 
En primer lugar, aceptamos la disminución progresiva durante cinco años de las ayudas a la transformación para dejarlas establecidas en el valor correspondiente a las ayudas para clementinas en la campaña 2000-2001. 
Sin embargo, nos parece necesario que estas ayudas sigan guardando una relación proporcional con las indemnizaciones de retirada de los productos en fresco, aunque sólo sea para fomentar la transformación frente a la retirada o la destrucción. 
En segundo lugar, en cuanto a los umbrales, y concretamente al establecido para los pequeños cítricos- 265.000 toneladas -, parece que es una cifra demasiado ajustada la que propone la Comisión- teniendo en cuenta que la media de las últimas cinco campañas ha sido cercana a 264.000 toneladas -, y de ahí que la Comisión de Agricultura haya considerado la necesidad de elevar el umbral a 365.000 toneladas. 
La tercera precisión consiste en establecer un cierto límite a la penalización que prevé la propuesta. 
Aceptamos- como es el sistema actual- el 1 % de penalización de la ayuda por cada 1 % de rebasamiento del umbral, pero, sin embargo, la Comisión de Agricultura propone que nunca se pueda llegar en esa penalización más allá del 20 % de lo que supone la ayuda, pues superar esa cifra nos parece que haría inviable el sistema de ayuda y, por otra parte, se trataría de confirmar una norma hoy ya vigente de no penalizar más allá del 20 % en caso de rebasamiento. 
Finalmente, debo decir que la Comisión de Agricultura aceptó todas aquellas enmiendas que le fueron sugeridas por la Comisión de Presupuestos en relación con los sistemas de control y su aplicación y, en ese sentido, son incorporadas al informe de la Comisión de Agricultura en relación con el tema. 
Creemos que la Comisión debería hacer suyas estas enmiendas que mejoran, en nuestra opinión, su texto y que pueden permitir asegurar el futuro del sector de transformados de cítricos, teniendo en cuenta los riesgos a los que se enfrenta en la hora actual este sector. 
De una parte, la apertura de nuestros mercados interiores a las importaciones derivada tanto de los acuerdos del GATT como de los acuerdos bilaterales y, en segundo lugar- y es importante -, como consecuencia de la recientemente aprobada reforma de la organización común de mercado de frutas y hortalizas, que ha limitado de manera sustancial el volumen de las retiradas y el montante de su financiación. 
Por estas razones, me parece que esta aportación que hace la Comisión de Agricultura en el sector de transformados de cítricos debería ser tomada en cuenta por la Comisión. 
Finalmente, debo decir que fomentar el recurso a la transformación siempre será preferible a una política de retiradas o destrucción de producto y, en ese sentido, no podemos estar más de acuerdo con las propuestas que ha hecho la Comisión. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, estamos en un debate en el que, salvo pequeñas pinceladas que ahora expondré, estamos en sintonía con la propuesta de la Comisión. 
En el sector de cítricos hay variedades que, aunque orientadas hacia el consumo en fresco, producen excedentes que o bien se orientan hacia la transformación o se entregarían a la retirada. 
Nuestro criterio es que el régimen de ayudas debe ser lo suficientemente amplio y apetecible para evitar las retiradas que tantos problemas económicos, medioambientales y de imagen social producen con las destrucciones, y que se fomente el régimen de ayudas a la transformación, creando valor añadido e impulsando la introducción en el mercado de productos innovadores y competitivos, tanto en los mercados de la Unión Europea como en países terceros, como pueden ser los zumos frescos, pasteurizados o clementinas en gajos, tradicionalmente reclamados por nuestro sector. 
Pedimos a la Comisión, como ya se propuso en nuestra enmienda nº 10, que se incrementen los umbrales de transformación en 190.000 toneladas para las naranjas; en 64.000 para limones, y 110.000 para las mandarinas, clementinas y satsumas. 
La Comisión no debería ser tan cicatera a la hora de fijar el precio, pues se ha tomado el de las clementinas que es el más bajo de todos ellos. 
También lamentamos que los montantes de las ayudas previstas bajen 10 mecus en cinco años, o sea, hasta el año 2001, cuando en otros sectores no es así. 
Sí estamos de acuerdo con lo propuesto en cuanto a las indemnizaciones comunitarias de retirada, y apoyamos la enmienda presentada por el ponente para que estas indemnizaciones comunitarias de retirada se ajusten a mayores o a menores en función de los precios que el Consejo fije en su momento para productos frescos. 
Señor Presidente, el Comisario Kinnock viene a recibir auténticas ovaciones por este informe que, sin lugar a dudas, debe presentarse de forma positiva. 
Nos es frecuente que todos estemos de acuerdo respecto a una propuesta puntual, objetiva, pero, sobre todo importante, habida cuenta de que permite dar un salto hacia delante y un salto cualitativo a este sector. 
El ponente puso de relieve estos aspectos perfectamente y, en consecuencia, para no repetir lo que manifestó y lo mencionado por el Sr. Redondo, deseo centrarme sólo en algunos aspectos que revisten especial interés. 
En primer lugar, la posibilidad de conceder directamente la ayuda comunitaria al sector de producción a través de las organizaciones de productores. 
Esto permitirá fortalecer la relación entre productores e industria a través de la reducción de los costes de transformación. En segundo lugar, la diferenciación de la ayuda en función del tipo de contrato, anual, plurianual o relativo a productores autónomos. 
Otro aspecto interesante es el protagonismo que se atribuye a las organizaciones de productores, consideradas como partes privilegiadas a la hora de celebrar contratos con las industrias de transformación. 
También reviste interés y parece adecuado el período transitorio de cinco años, entendido como plazo de tiempo tras el cual se pasará a una ayuda idéntica para todos los cítricos. 
Debe subrayarse asimismo el establecimiento de umbrales de transformación específicos para las naranjas, los limones y los pequeños cítricos. 
La ayuda, dividida en tres niveles, también es aceptable por algunas razones de las que voy a mencionar las principales: el nivel de referencia para los contratos celebrados por las organizaciones de productores; el incremento del 15 % para los contratos plurianuales celebrados por las propias organizaciones y la disminución del 10 % en lo referente a los contratos celebrados por los productores autónomos. 
Sin embargo, es oportuno observar, a fin de equilibrar la relación con el coste industrial de los terceros países, que el montante de la ayuda del nivel de referencia deberá incrementarse al menos hasta el 80 % del precio de retirada del mercado del producto fresco. 
Es importante asimismo el objetivo de la Comisión dirigido a fortalecer el papel de las organizaciones de productores, según lo ya manifestado, implicándolas directamente en la negociación, la celebración de los contratos y, sobre todo, en la asignación de la ayuda comunitaria. 
El sistema- es justo recalcar también este punto, ya que si no el elogio sería demasiado global- podría ser todavía más perfecto si se asignara a los Estados miembros la tarea de decidir directamente las modalidades de asignación. 
Por el contrario, no se puede coincidir, y ello demuestra que existe una faceta no del todo positiva, con la propuesta de la Comisión dirigida a reducir la ayuda en las próximas cinco campañas. 
Finalmente, el umbral comunitario deberá repartirse en umbrales nacionales y, en el caso de rebasamiento, se deberán llevar a cabo compensaciones entre los Estados miembros. 
Por ultimo, en el caso de que hayan excedentes será suficiente aplicar el régimen de los estabilizadores financieros, previsto para las retiradas normales del mercado de las frutas y hortalizas frescas. 
Señor Presidente, como ha de saber la Asamblea, el proyecto de reforma del régimen de apoyo de la Comunidad para los cítricos es la fase final de la reforma de la organización común de los mercados del sector de las frutas y hortalizas. 
El Consejo de Agricultura celebrado los días 23 y 24 de julio, como también ha de saber la Asamblea, llegó a un acuerdo político sobre los proyectos relativos a las frutas y hortalizas frescas y a los productos elaborados. 
El pasado mes de mayo, para concluir la reforma completa de ese sector, la Comisión presentó dos proyectos de reglamento que esta Asamblea esta examinado ahora. 
Una de las propuestas establece un nuevo plan de ayudas para los productores de ciertos cítricos y, a partir de ella, la otra modifica la propuesta relativa al sector de las frutas y hortalizas frescas. 
El Consejo examinará esas dos propuestas al mismo tiempo. 
Antes de que la Asamblea decida sobre las enmiendas propuestas, quisiera indicar la posición que la Comisión adopta sobre dichas enmiendas. 
Las dos primeras enmiendas se refieren a los «considerandos». 
Su objetivo es establecer principios generales: uno relativo a los compromisos del Consejo de septiembre de 1993 con vistas a la solidaridad financiera y la preferencia comunitaria, el otro relativo a la necesidad de orientar la industria europea de elaboración de cítricos hacia la fabricación de nuevos productos. 
La Comisión ofrece dos observaciones sobre dichas enmiendas. 
En primer lugar, no se redactará el texto final de los «considerandos» hasta que se haya ultimado el texto de los propios reglamentos, evidentemente. 
Lo más apropiado sería tener en cuenta en ese momento esas propuestas hechas en las enmiendas. 
En segundo lugar, la Asamblea ha de saber, sin embargo, que la redacción de los «considerandos» debe tener en cuenta solamente las necesidades jurídicas. 
Ésa es la razón por la que la Comisión considera que la declaración de principio o de objetivos que no sean jurídicamente necesarios no debe figurar en los textos de los «considerandos». 
Por lo que se refiere a los propios proyectos de enmiendas sobre el reglamento, respondo lo siguiente. 
La enmienda nº 3 propone la aprobación automática de la ayuda expuesta en el anexo del reglamento actual según la indemnización comunitaria de retirada para las frutas y hortalizas frescas. 
Esa modificación de las disposiciones del reglamento parece innecesaria, pero la Comisión procurará, velar por que la decisión final del Consejo sobre las cantidades que figuran en el anexo tenga en cuenta la decisión del Consejo celebrado los días 23 y 24 de julio sobre la indemnización comunitaria de retirada. 
No podemos aceptar la enmienda nº 4, que propone un aumento del umbral correspondiente a las mandarinas, las clementinas y las satsumas en 100.000 toneladas, porque va contra el principio utilizado para fijar el umbral de otros cítricos, basado en las cantidades habitualmente elaboradas. 
La enmienda nº 5 limita la reducción de la ayuda, en caso de superación del umbral. 
La Comisión no puede aceptarla, porque cualquier limitación de la reducción de la ayuda menoscaba la eficiencia del sistema de umbrales y, además, podría provocar, en realidad, extralimitaciones presupuestarias. 
La enmienda nº 6 figura ya en la propuesta actual, dado que, en caso de superación del umbral, se reduce la ayuda, por lo que siempre se respetarán los créditos disponibles. 
En cuanto a la información al Parlamento de los acuerdos relativos a la aplicación, ya se hace, como han de saber Sus Señorías, con arreglo a los procedimientos institucionales existentes. 
Las enmiendas núms. 7 y 8 son superfluas, porque ya están abarcadas por el artículo 6 de la propuesta. 
En conclusión, expreso el deseo de la Comisión de que esta reforma permita al sector de los cítricos de la Comunidad afrontar el desarrollo del mercado intensificando aún más su creatividad, su eficiencia y su competitividad para beneficio mutuo de los productores, los elaboradores, los comerciantes y, naturalmente, los consumidores. 
Al recomendar las dos propuestas a la Asamblea, expreso mi agradecimiento al Sr. Salamanca por su labor y, naturalmente, por las gestiones de la Comisión de Agricultura en conjunto. 
También expreso mi agradecimiento a mi querido colega Frantz Fischler, cuya ineludible ausencia de esta noche, por estar ocupado con otras tareas, me ha brindado el gran honor y la oportunidad de contribuir a un debate sobre asuntos agrarios. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.05 horas) 
Iniciativas locales de desarrollo y de empleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0231/96) del Sr. Schiedermeier, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la comunicación de la Comisión (COM (95) 0273- C4-0289/95) relativa a una estrategia europea de estímulo a las iniciativas locales de desarrollo y empleo. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en la Unión Europea más de 18 millones de personas siguen estando registradas como desempleadas. 
La cifra real de personas que buscan trabajo es sin duda sensiblemente superior. Todos los expertos coinciden en que no existen recetas pero sí una serie de posibilidades para combatir el paro. 
En el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo del año 1993, entre otros, se indica como objetivo crear nuevas posibilidades de empleo, en especial en el sector de los servicios para atender a las necesidades insatisfechas del mercado de trabajo. 
En 1994, es decir, un año después, el Consejo encargó a la Comisión en la cumbre de Essen que preparase las correspondientes medidas. 
Una comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una estrategia europea para el fomento de iniciativas locales de desarrollo y empleo del 13 de junio de 1995, aparte de un buen análisis, contiene también notables propuestas que tienen que aplicarse en todos los países de la UE si los Gobiernos tienen realmente interés en reducir el desempleo. 
La Comisión propone incluir los 17 ámbitos de oferta siguientes en el fomento de las iniciativas locales de desarrollo y empleo: servicios a domicilio, cuidado de niños, comercios minoristas y artesanía local, ayuda a los jóvenes en dificultades así como su reinserción, mejora de la vivienda, seguridad, transportes colectivos locales, revalorización de los espacios públicos urbanos, turismo, sector audiovisual, patrimonio cultural, desarrollo cultural local, gestión de residuos, gestión del agua, protección y mantenimiento de zonas naturales, normativas, control de la contaminación e instalaciones correspondientes, nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Las positivas experiencias tenidas hasta ahora en diversos sectores de diversos países de la UE, nos permiten esperar que el empleo local se pueda ampliar con éxito. 
Mis esfuerzos como ponente se han centrado en especial en los siguientes campos: Primero: no limitar los esfuerzos de la Comisión sino, por el contrario, mantener abiertas todas las posibilidades para utilizar plenamente y, eventualmente, ampliar los 17 ámbitos de oferta. 
Segundo: apoyo a la reducción de los obstáculos introduciendo innovaciones jurídicas, por ejemplo, formas jurídicas para facilitar la pluriactividad, ante todo en el área rural; un estatuto del cónyuge colaborador y en relación con la ampliación de las competencias de las cámaras de comercio e industria competentes; reinserción profesional que autorice la combinación de una actividad remunerada y la percepción de un subsidio de desempleo; creación de un estatuto de empresario-asociado en organizaciones sin fines lucrativos; adaptación de las legislaciones laborales y de protección social a los modos de trabajo vinculados con la tecnología de la información y de la comunicación. 
Debería además aplicarse ampliamente la concesión de tareas de servicio público y de gestión delegada. 
Tercero: las favorables opciones de las iniciativas locales de empleo presuponen unas buenas condiciones marco e instrumentos financieros, por ejemplo, los cheques de servicios, un medio de pago destinado a la adquisición de determinados servicios y que se aplica ya con éxito en Bélgica y en Francia; fondos comunes de inversión locales a escala de barrio o de zona rural que gestionen conjuntamente los ahorradores y los promotores de proyectos; revisión del tratamiento de los gastos administrativos relativos a los gastos de equipamiento en la contabilidad pública para facilitar las inversiones en recursos humanos; mejor articulación de las políticas estructurales de la Unión Europea, entre otras cosas, mediante una simplificación y racionalización de los programas. 
Cuarto: no exigir instrumentos financieros adicionales en forma de impuestos adicionales, pues existiría el peligro de un bloqueo en el Consejo por parte de algunos países miembros. 
Por ello, he presentado la única enmienda ya que veo insegura la financiación a través de un eventual impuesto sobre el CO2, pues, en el caso de que sea eficaz, aportará cada año unos importes menores a la financiación y, por otro lado, mediante un apoyo unilateral de este impuesto se pondría en peligro la financiación de las iniciativas locales de empleo. 
Los Fondos Estructurales y las posibilidades de ayuda existentes me parecen suficientes. 
Coincido en esto con la Comisión, a la que quiero expresar aquí mi agradecimiento por la positiva cooperación. 
En interés de las desempleadas y desempleados en Europa espero un apoyo rápido y decidido a la estrategia europea para el fomento de las iniciativas locales de desarrollo y empleo y que se recojan mis propuestas que han sido elaboradas con la cooperación y de conformidad con todos los grupos políticos de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, por lo que les expreso mi agradecimiento. 
Como he dicho, deseo una rápida y efectiva aplicación de la iniciativa en interés de las desempleadas y desempleados, de la paz social y de las necesidades de las personas que pueden beneficiarse de los servicios ofrecidos. 
Espero además que se apliquen consecuentemente las iniciativas locales de desarrollo y empleo, un paso importante para fortalecer los entes territoriales locales, es decir, la aplicación práctica del principio de subsidiariedad, a cuyo favor me pronuncio decididamente como político que ha trabajado muchos años en el nivel municipal. 
Señora Presidenta, Señorías, la Comisión de Asuntos Económicos opina unánimemente que el presente informe es de un gran interés. 
Subraya que los denominados diecisiete ámbitos ofrecen grandes posibilidades para el crecimiento del empleo, en especial del empleo menos cualificado, y que el mecanismo de mercado no puede aportar ninguna solución por sí solo. 
La Comisión de Asuntos Económicos ha prestado especial atención a los obstáculos que dificultan el desarrollo de nuevos servicios. 
En primer lugar, la política de empleo practicada hasta ahora muestra un carácter excesivamente pasivo. 
En segundo lugar, algo falla en la formación de los trabajadores. 
En tercer lugar, algunos Estados miembros no disponen de un marco jurídico que regule organizaciones resultantes de asociaciones entre el sector público y el sector privado. 
Con todo, los principales obstáculos se encuentran en el ámbito financiero. 
Determinados servicios son demasiado caros debido a los costes sociales. 
La desgravación fiscal por el uso de determinados servicios podría regularizar la situación de muchos puestos de trabajo que actualmente se desarrollan en el mercado negro. 
Una investigación llevada a cabo en una universidad belga mostró que 300.000 familias flamencas recurren a los servicios a domicilio, lo cual equivale a 70.000 puestos de trabajo a tiempo completo que podrían crearse oficialmente. 
La Comisión ha calculado que una política adaptada a las nuevas necesidades podría crear entre 150.000 y 400.000 puestos de trabajo al año en la Unión Europea. 
Por otra parte, tal política sería cinco veces más eficiente que la creación de nuevos puestos de trabajo en los servicios públicos, y diez veces más que la creación de puestos de trabajo mediante inversiones públicas. 
Es lamentable que este debate no se vincule con los otros debates sobre el empleo. 
El Presidente de la Comisión no lo menciona siquiera en su pacto de empleo. No obstante, en el Libro Blanco, el presidente Delors citó la adaptación a las nuevas necesidades como una de las maneras más adecuadas de crear empleo. 
Nos congratulamos de que la Presidencia Irlandesa tenga el propósito de insistir en la contribución de las iniciativas locales de empleo y en la solución del problema del desempleo en la Unión Europea. 
Es necesario seguir estimulando esas iniciativas e instamos a la Comisión a que siga desempeñando su función de catalizador y motor a tal efecto. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, con este documento se reconoce por fin en Europa la importancia de las iniciativas locales de desarrollo y empleo como instrumento esencial para luchar contra el paro. 
Si se suprimiesen los obstáculos que contribuyen a su corta vida y se fomentasen tal como se describe en el documento estratégico y en el informe del Parlamento, la tasa de desempleo se podría reducir a la mitad hasta el año 2000. 
Desde hace unos 15 años, las iniciativas locales de desarrollo y empleo en las decaídas zonas industriales han impedido la muerte de regiones mediante una gestión efectiva y proyectos innovadores. 
Exigimos que los Estados miembros no vacilen en la aplicación de esta estrategia y que recojan en sus programas de empleo plurianuales un capítulo sobre las iniciativas locales de empleo y desarrollo. 
17 ámbitos de servicios en los que hasta ahora han actuado las iniciativas locales de empleo no deben conducir, sin embargo, a que las mujeres sean despedidas de profesiones altamente cualificadas para ser desplazadas a sectores mal pagados. 
Por ello, se deben adoptar las medidas necesarias para que el pago sea adecuado también en estos campos de iniciativas de empleo, que sea posible la cualificación profesional así como una actividad autónoma y responsable. 
Este 10 % que se ha gastado hasta ahora para las iniciativas locales de empleo no es suficiente en absoluto. 
Exigimos un claro aumento. Me podría imaginar una cifra del 25-30 %. 
No obstante, hay que indicar que todo el problema del desempleo en masa no se puede solucionar exclusivamente con estas iniciativas locales de desarrollo y empleo aunque supongan una parte importante. 
Es decepcionante que en el documento de la Sra. Wulf-Mathies, del Sr. Flynn, del Sr. Fischler y de la Sra. Bonino no se diga nada esencial sobre las iniciativas locales de empleo, a pesar de que habría sido importante realizar un cambio de rumbo hacia más empleo ahora, dentro del período en curso de los Fondos estructurales, precisamente mediante estos proyectos innovadores. 
Exigimos a los Estados miembros que eliminen con gran rapidez los obstáculos que han puesto hasta ahora a estas iniciativas locales de empleo. 
Se trata de obstáculos jurídicos y administrativos y, ante todo, del modo de pensar sectorial de la administración. 
Exigimos también a la Comisión que modifique por fin sus políticas que menoscaban los éxitos de las iniciativas locales de empleo y que se reflexione por fin sobre este tipo de política que tiende a concentrar y polarizar las fuerzas económicas en lugares centrales debido a las redes transeuropeas. 
Señora Presidenta, para empezar quiero expresar mis felicitaciones y mi agradecimiento al ponente por el informe que hoy nos ocupa, un informe que ha logrado integrar opiniones de las otras comisiones competentes, y a cuya elaboración y configuración definitiva ha contribuido con extensos debates y numerosas enmiendas la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, en cuyo nombre hablo. 
Quiero destacar también desde el principio que esta comunicación de la Comisión, este trabajo sobre el que hoy nos corresponde deliberar y decidir, una comunicación que todos conocemos muy bien, señor Flynn, es sólo la punta del iceberg, el resultado de un trabajo analítico muy extenso, que no sólo, o no principalmente, es el resultado de ejercicios sobre el papel, sino que está basado fundamentalmente en la recopilación de los esfuerzos realizados en todos los rincones de Europa. 
Es cierto que la gran amenaza para la cohesión social y el desarrollo de Europa es actualmente el desempleo y, por consiguiente, combatirlo es, debe ser, una prioridad absoluta en el plano social y político. 
Al mismo tiempo, la evolución de la sociedad de un extremo a otro de Europa, una evolución que es a veces paulatina y a veces brusca, ha transformado claramente las necesidades de los ciudadanos. 
Muchas de esas necesidades, de las necesidades cotidianas de todos los ciudadanos, no están atendidas por las formas convencionales de empleo; sucede así en el caso de tres tercios de nuestra sociedad, y creo que, en este aspecto, el presente planteamiento, es decir, la promoción de iniciativas locales para la creación de empleo y desarrollo, ofrece la posibilidad de combinar estos dos objetivos primordiales. 
Los 17 ámbitos detallados, que obviamente no son herméticos, sino se influyen mutuamente y están interrelacionados, son orientativos, puesto que pueden surgir otras formas nuevas de trabajo. 
Es evidente que éstas se dirigirían en primer lugar a los trabajadores menos cualificados y que serían aún más valiosas en las regiones desfavorecidas. 
Creo que este planteamiento, expuesto en la comunicación a cuyo debate contribuye hoy el Parlamento Europeo, puede convertirse realmente en la clave para solucionar el problema del desempleo. 
Naturalmente, ahora es necesario que este trabajo fundamentalmente analítico se ponga en práctica, que se reconozca a nivel social, que se convierta, sobre todo, en propiedad y en concepto común de toda la Unión Europea. 
Actualmente, ya existen algunas posibilidades: los programas en curso, como LEADER o URBAN, el artículo 10 del FEDER, o nuevas posibilidades- yendo al otro extremo- como el impuesto sobre el dióxido de carbono. Para terminar, creemos que se trata de un planteamiento literalmente creativo y, por lo tanto, esperamos que la Presidencia irlandesa, que ha manifestado su interés, pase a la próxima etapa, en concreto, a la reunión que se celebrará en noviembre sobre este tema. 
Señora Presidenta, la cultura es creadora de empleo. 
Es un hecho que, aunque hace mucho que lo han afirmado los profesionales del sector, no ha obtenido reconocimiento en documentos oficiales de la Comisión hasta hace poco. 
Citaré lo que la Comisaria Wulf-Mathies presentó al Consejo de Ministros de Ordenación del Territorio celebrado en Venecia y el primer informe de la Comisión sobre las repercusiones culturales de las políticas de la Comunidad. 
También los Gobiernos de algunos Estados miembros, en particular Francia, dan señales claras de reconocer el potencial del empleo de proximidad y del papel de las microempresas, en que la cultura ocupa un lugar preferente. 
Recuerdo nuevos sectores de servicios como el mantenimiento del patrimonio local, la revalorización de los espacios públicos urbanos, las tecnologías de la información, la animación del tiempo libre, el acompañamiento de los jóvenes y los ancianos. 
Ésos son sectores adecuados para la intervención de las mujeres, no sólo como candidatas a puestos de trabajo, sino también como protagonistas de soluciones innovadoras. 
No puedo dejar de recordar que Portugal fue el país que en 1991 más se comprometió para lanzar una estrategia europea de incentivación de las iniciativas locales de desarrollo y empleo, que ahora empieza a dar frutos bien visibles. 
¿Por qué atribuyo tanta importancia a la cultura como potenciadora del empleo? 
Es que la prioridad en materia de empleo sólo tiene sentido si la vinculamos con los dos conceptos fundamentales de la Unión: ciudadanía y cohesión social. 
El empleo cultural mejora la calidad de vida, aumenta la autoestima de la población, crea condiciones para que se alcance lo que, al fin y al cabo, es el objetivo último de la Unión: la felicidad de sus ciudadanos. 
Por otro lado, es preciso tener presente que no se puede crear empleo ni a costa de la competitividad de las empresa ni regresando a los sectores públicos mastodónticos de los que tanto nos ha costado liberarnos. 
Hay que evitar las perversiones que la creación de empleo puede entrañar. 
Para ello es preciso hacer participar a las autoridades locales y fomentar al máximo la asociación entre los sectores público y privado, entre las administraciones locales y las empresas. 
El apoyo en el ámbito del FEDER a las acciones innovadoras e interregionales en la esfera sociocultural, con arreglo al artículo 10, es un ejemplo que urge reforzar y difundir. 
Este programa de la Comisión puede, señora Presidenta, ser oro en nuestras manos para crear empleo y consolidar la participación de los ciudadanos. 
Sepamos reconocerle la importancia que tiene y utilizarlo con inteligencia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, el desempleo sigue suponiendo un problema central en la Unión Europea. 
La tasa de desempleo- el ponente, Sr. Schiedermeier lo indica- es actualmente del 10, 8 %. Existe pues una necesidad perentoria de actuar. 
El presente concepto de la Comisión ve en las iniciativas locales de desarrollo y empleo una ayuda importante y eficaz para crear puestos de trabajo y calcula que a nivel de la UE se podrán crear hasta 400.000 nuevos puestos de trabajo anuales. 
Se trata de puestos de trabajo que tenemos que crear en las regiones, en las áreas rurales, si queremos mantener y fortalecer el área rural como un espacio en el que se pueda vivir y trabajar. 
El Grupo del Partido Popular Europeo está a favor de la propuesta de la Comisión. 
En el documento se mencionan 17 sectores en los que se pueden crear nuevos puestos de trabajo. Me voy a referir solamente a algunos de ellos que me parecen especialmente interesantes. 
Se debe fomentar más intensamente el comercio minorista en las regiones rurales. Especialmente para las personas mayores pero también para la joven familia que vive en el pueblo, en la que el marido utiliza el coche familiar para ir al trabajo, la adquisición de alimentos y de productos de consumo diario es con frecuencia problemático ya que en las cercanías no hay tiendas. 
Las estructuras del área rural deben ampliarse y afianzarse. Sólo así se puede ofrecer a los jóvenes un estímulo para quedarse allí. 
Aquí se incluye la ampliación del transporte público así como una buena red de carreteras. 
Saludo además que se quiera reconocer el trabajo doméstico. El puesto de trabajo en la casa tiene tanto valor como el puesto de trabajo en la industria. 
Por ello, se debe realizar una adaptación en el campo fiscal y de los seguros. 
Estos puestos de trabajo tienen que salir de la zona oscura donde se encuentran. 
Como medio de pago local la Comisión prevé la introducción de un cheque de servicios según el modelo francés. 
Con este cheque, los particulares pueden adquirir determinados servicios por horas o días. 
La economía doméstica raramente puede ofrecer un puesto de trabajo completo. 
Las mujeres trabajan en varias casas y en ninguna de ellas están obligados a asegurarlas por lo que no pueden adquirir una jubilación o seguridad social. 
Mediante un cheque de servicios se pueden unir varios lugares de trabajo para convertirlo en un puesto de trabajo que devengue seguridad social. 
Los permanentes desafíos y cambios de la situación económica de las empresas hacen que, cada vez con mayor frecuencia, los trabajadores tengan que buscar nuevas posibilidades de trabajo. 
Hoy día, apenas hay un trabajador que permanezca toda su vida en la misma profesión y en la misma empresa. 
Sólo con una formación básica diversificada es posible un cambio en la vida profesional. 
Por ello, tenemos que transmitir a nuestros aprendices unos conocimientos básicos diversificados. 
La actividad profesional tiene hoy muchos rostros. 
Deben ser posibles el Job-sharing, la pluriactividad y la combinación de un trabajo autónomo y otro sujeto al seguro obligatorio. Hay que adaptar pues las condiciones jurídicas. 
Debemos emplear todas nuestras fuerzas para combatir el desempleo en Europa. 
Señora Presidenta, señores diputados, señor Comisario, además de la necesidad que los países de la Unión han tenido de desarrollarse económica y socialmente, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los que en ellos viven, ahora hay que encarar con gran urgencia y atención particular medidas y acciones prácticas y eficientes de lucha contra el desempleo, flagelo que despiadadamente va avanzando en las casas europeas y amenaza con aumentar en el futuro. 
Entre esas medidas, conviene destacar las iniciativas locales de desarrollo y empleo que la Comisión pretende incentivar más y de las cuales se ocupa con mucho interés el informe Schiedermeier. 
No cabe la menor duda de que esas iniciativas locales son de gran importancia para la creación de empleo y será bueno que las pequeñas y medianas empresas, incluidas las microempresas, se multipliquen adecuadamente en todos los Estados miembros y sus regiones, con los consiguientes resultados en el aumento de los puestos de trabajo. 
En líneas generales, el Grupo Unión por Europa está plenamente de acuerdo con la comunicación de la Comisión relativa a la estrategia europea de incentivos a las iniciativas locales en materia de desarrollo y empleo y al bien elaborado informe Schiedermeier, que profundiza en ella y la mejora. 
En realidad, la Comisión- cumpliendo su papel de estudio del interés y funcionamiento de esas iniciativas y de la creación de estímulos necesarios para su aparición y desarrollo en los Estados miembros y determinando las esferas más adecuadas, sobre todo en el sector terciario, donde las nuevas posibilidades de empleo se podrán concretar mejor- hace una contribución importante a la debida exploración de las potencialidades locales en materia de creación de puestos de trabajo. 
En el mismo sentido, el informe que estamos examinando pretende una mayor intervención de la Comisión, ya sea en la coordinación de las acciones, en la divulgación o en el intercambio de las experiencias ya habidas y como motor principal para el surgimiento de nuevas iniciativas de empleo o en el apoyo financiero a la instalación de pequeñas y medianas empresas de ámbito local, a su equipo, infraestructuras y desarrollo y a la formación de su personal directivo. 
Precisamente ese apoyo financiero es el que hay que ampliar, del mismo modo que hay que procurar eliminar los obstáculos administrativos y de otra índole, que dificultan el desarrollo de las iniciativas locales o se oponen a él. 
Conociendo los mayores obstáculos que surgen en la creación de una empresa local de pequeñas dimensiones, sobre todo en materia de costos de las financiaciones necesarias, hace falta una estrategia global en la que se tengan en cuenta esos aspectos para que no impidan la consecución del objetivo previsto, que es, al fin y al cabo, la lucha contra el desempleo principalmente. 
Para terminar, conviene subrayar que una lectura más minuciosa del informe nos presenta algunos aspectos menos positivos que, sin adulterar su finalidad ni sus objetivos últimos, lo vuelven menos perfecto y más discutible. 
Así ocurre con el punto 10, en el que se propone la aprobación, con poco o ningún fundamento serio, de la célebre tasa o impuesto CO2- energía, que nunca se debería decidir sólo en el nivel comunitario, so pena de agravar la situación de la economía europea, sobre todo la industrial, ya de por sí poco competitiva. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, hoy nos ocupa una interesante comunicación de la Comisión, sobre la cual la Comisión de Asuntos Sociales ha trabajado de un modo bastante creativo. El resultado es el excelente informe elaborado por el diputado Schiedermeier. 
A mi juicio, el presente informe merece ser aplicado. 
Sin embargo, aquí tropezamos en seguida con el cuello de botella. Para que el informe se aplique necesitamos la cooperación de los Estados miembros y de las regiones. 
Tengo la impresión de que las regiones, las entidades locales y provinciales, adoptarán una actitud positiva, pero el problema surgirá con los Estados miembros, ya que no están muy dispuestos a colaborar con una política europea relativa a cuestiones que, a su juicio, son parcialmente subsidiarias. 
Por tanto, se requerirá un gran poder de persuasión para convencer a los Estados miembros, también en el aspecto financiero. 
Al estudiar el presupuesto, se observa que los Estados miembros están reduciendo precisamente las líneas de financiación pertinentes. 
Quisiera pedir al Comisario que haga un mayor esfuerzo en esta materia. 
Por otra parte, me gustaría señalar algunas cuestiones que para mí son sumamente importantes. 
Al igual que mi Grupo, no me opongo a la introducción de un impuesto energético sobre el CO2 a escala comunitaria. 
En mi opinión, este tipo de medidas fiscales deben adoptarse precisamente a escala europea. 
Por lo demás, quisiera llamar su atención sobre el papel de las compañías aseguradoras. 
En mi país, las compañías de seguros firman contratos con las empresas de prestación de servicios, ya que éstas están incluidas en los seguros. 
En mi opinión, podríamos estimular iniciativas de este tipo, por ejemplo mediante la realización de proyectos piloto. 
En mi país, el ministro de Asuntos Económicos calculó que una tercera parte del empleo procede de empresas de reciente creación y otra tercera parte de iniciativas creativas de las empresas existentes. 
Quisiera instar a la Comisión a que ofrezca oportunidades adicionales al sector privado, tanto al lucrativo como al no lucrativo. 
Por último, señora Presidenta, considero que también debemos estudiar a fondo la política agrícola de la Comisión. 
El informe ofrece ideas excelentes sobre la protección de las zonas naturales. Debemos considerar la asignación de una parte de los presupuestos agrícolas al mantenimiento de las zonas naturales. 
Esta posibilidad existe en principio, siempre y cuando utilicemos con creatividad los recursos propios europeos. 
Señora Presidenta, la eliminación gradual del elevado desempleo que impera en los países de la Unión Europea exige la adopción de numerosas y muy diversas medidas. 
En el informe se hace acertadamente hincapié en el gran significado que revisten en la lucha contra el desempleo las iniciativas locales en favor de la creación de puestos de trabajo basadas en los principios de asociación, participación y planificación de propia iniciativa, así como en la importancia de reforzarlas. 
Es importante fomentar los planteamientos innovadores, como los contratos de empleo entre distintos interlocutores a nivel precisamente local. 
Describiré en pocas palabras los intentos que se han realizado en mi propia ciudad por encontrar soluciones a estos problemas, ya que las dificultades a que se enfrentan son muy similares a las de muchas otras ciudades. 
En Tampere se puso en marcha el pasado año un proyecto de creación de empleo que incluía un acuerdo de intenciones respecto a la gestión del empleo. 
En este acuerdo participan tanto el ayuntamiento como las oficinas locales y la administración estatal de empleo. 
A corto plazo, el objetivo es lograr la adhesión de empresarios, organizaciones empresariales, organizaciones de voluntariado y desempleados. 
Se ha prestado especial atención al desempleo de larga duración y a los jóvenes. 
Como método para evitar la marginación se ofrecen puestos de trabajo fijos y temporales, formación profesional y/o en empresas, prácticas laborales y formación específica en materia de política de empleo. 
A pesar del elevado índice de desempleo que registra la ciudad, un 23, 6 %, Tampere está incluida en la denominada «zona blanca» de la Unión Europea. 
Esta circunstancia ha supuesto considerables limitaciones a los ministerios finlandeses de Trabajo y de Industria y Comercio a la hora de destinar ayudas al proyecto que acabo de describir. 
Igualmente, el desarrollo de las iniciativas locales a favor de la creación de empleo se han visto dificultadas también por la organización vertical de la sociedad y de la compartimentación administrativa. 
El concepto de la asociación exige precisamente una cooperación horizontal que vaya más allá de las instancias administrativas. 
Al igual que el informe, considero importante el desarrollo de las prácticas jurídicas y administrativas de los Estados miembros de manera que apoyen la asociación a nivel local. 
Las nuevas medidas que emprenda la Comisión para apoyar las iniciativas locales a favor de la creación de empleo serán bienvenidas y espero que todas las ciudades reciban rápidamente ayudas a través de estas acciones. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el Sr. Schiedermeier ha proporcionado un excelente ejemplo de lo que es un trabajo objetivo suprapartidista, tal como hemos podido ver aquí en el debate, desde Portugal hasta Finlandia, lo que es aún más notable ante el hecho de que una serie de países miembros- a lo que se ha referido la Sra. Boogerd-Quaak y yo tengo naturalmente ante todo a Alemania en el punto de mira- intentan bloquear la iniciativa de la Comisión en este campo en nombre de la subsidiariedad. 
Comparto la observación realizada por la Sra. Schroedter. Sólo quiero indicar que el tema de la economía social, que está estrechamente emparentado con esto, fue impulsado en el anterior período legislativo por Aline Archambaud. 
Quiero realizar algunas observaciones necesarias relacionadas con la temática de este informe. 
Primera: debemos prestar atención para que las iniciativas locales de empleo no caigan en la trampa de la dualidad, condiciones normales de trabajo, capacidad de acceder al mercado de trabajo. 
Segunda: debemos incorporarlas a unos objetivos de mayor alcance que deben perseguirse paralelamente: reducción del paro a la mitad hasta el año 2000, descentralización y desarrollo local y regional de la economía, cultura y sociedad, tal como han indicado los colegas portugueses, transformación ecosocial, feminización, es decir, una nueva distribución equiparada de trabajo pagado y no pagado y no la creación de una nueva clase de criados, chachas y vigilantes de aparcamientos. 
En total, se trata de proporcionar una importante aportación para la renovación del estado de las trabajadoras asalariadas como ciudadanas trabajadoras, lo que es una aportación significativa cuantitativamente. 
Solamente en la República Federal, con aproximadamente 8 millones de personas afectadas por el paro, se debe crear en este sector un millón de nuevos puestos de trabajo, plenos de sentido y con futuro que multipliquen realmente la riqueza de la sociedad. 
En este sentido, la aplicación de esta iniciativa de la Comisión es una exigencia urgente que tenemos que plantear todos juntos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, permítanme, en primer lugar, felicitar al Sr. Schiedermeier por su informe y agradecerle su cooperación al respecto. 
Comparto su opinión sobre la comunicación de la Comisión relativa a las iniciativas locales de empleo, de que dichas iniciativas no han sido suficientemente desarrolladas, e incluso han sido infravaloradas en la estrategia europea de creación de empleo. 
Sus Señorías ya han indicado, y los estudios así lo demuestran, que el potencial de creación de empleo de las iniciativas locales es muy superior al de la política infraestructural que nosotros intentamos defender, y su coste más reducido. 
Por otra parte, el Grupo socialista comparte la opinión de que las iniciativas locales no deben entenderse como alternativa a las redes transeuropeas, sino como complemento necesario de las mismas, con unas probabilidades de realización que esperamos sean mejores de lo que parece indicar el calvario de las redes transeuropeas. 
Obviamente, si queremos dar a este sector posibilidades de desarrollo, no basta con establecer un marco de apoyo a escala europea, sino que es preciso ofrecer estímulos financieros. Toda una serie de iniciativas y experiencias de diversos Estados miembros lo demuestran. 
En Bélgica, por ejemplo, se inició hace algún tiempo una iniciativa denominada «agencias locales de empleo». Por medio de un sistema de cheques, las personas en paro pueden realizar pequeños trabajos al mismo tiempo que se benefician de la prestación por desempleo, a través de esas agencias. 
Esta fórmula tiene sus méritos, aunque ya se han puesto de manifiesto algunos riesgos. 
En primer lugar, si deseamos ampliar estas iniciativas locales de empleo a la creación de oportunidades de empleo para las mujeres- las cuales, por otra parte, utilizan masivamente esta fórmula -, para los desempleados de larga duración y para los jóvenes parados, es importante que no sigamos mandándoles a hacer cosas de cualquier forma en hamburgueserías, sujetos a un régimen deficiente y cobrando prestaciones asistenciales. 
En segundo lugar, sería sumamente lamentable reducir este prometedor sector a trabajos de importancia menor o a puestos de trabajo marginales. 
Los diecisiete ámbitos señalados por la Comisión ofrecen posibilidades de crecimiento para numerosos proyectos económicos y sociales y para empresas autónomas, que pueden ser rentables total o parcialmente y que ofrecen la posibilidad de recurrir al gran poder adquisitivo que sigue existiendo en nuestra sociedad. 
Espero, señor Comisario, que todo esto no se quede en una comunicación. 
Hay que elaborar un programa de acción coherente, un programa global dotado de instrumentos europeos. 
Usted sabe muy bien que la Unión Europea debe desempeñar un papel importante en esta cuestión. Es más, ya lo ha hecho en los experimentos realizados a través del Fondo Social Europeo y, sobre todo, en el marco de URBAN. 
Comparto la opinión de los diputados de que no debemos permitir reducciones presupuestarias del Fondo Social Europeo u otros Fondos estructurales, sino pensar más bien en su reforzamiento, también para estas iniciativas. 
Por otra parte, quisiera comentar lo siguiente: no debemos poner límites. 
¿Por qué no pensar en combinaciones creativas con grandes obras? A mi juicio, señor Comisario, un tren de alta velocidad no tiene sentido si no enlaza perfectamente con una red de transporte público a gran escala. 
Así que pido a la Comisión que presente una propuesta al Consejo con el fin de ampliar el ámbito del Fondo Europeo de Inversiones a las iniciativas urbanas, además de las redes transeuropeas. 
Es más, comparto la opinión de la Sra. Boogerd-Quaak de que el impuesto energético sobre el CO2 podría constituir una contribución importante al desarrollo de este sector. 
Para terminar, señora Presidenta, quisiera felicitar a la Comisión por su iniciativa y espero que dé muestras de la misma creatividad al elaborar un programa de acción concreto. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, ¿cuántas personas están desempleadas en Europa? ¿18 millones, 20 millones? 
La discusión sobre las estadísticas no aporta ningún puesto de trabajo nuevo. 
Las lamentaciones sobre la debilidad estructural y los errores del pasado no sirven de nada. 
Los reproches- por un lado, gestión errónea y terapia exoneradora y, por otro, carencia de flexibilidad y cualificación insuficiente- estas recriminaciones recíprocas llenan las cabeceras de los periódicos pero no los estómagos de las personas. 
Tenemos que ser concretos y lograr cambios in situ. 
Las iniciativas locales de empleo permiten unas condiciones mejores de vida y de trabajo. 
Local work for local people using local resources se refiere en primera línea a los servicios. Por ejemplo, en el sector del medio ambiente, desde el tratamiento de los residuos hasta la conservación de los espacios naturales; en el sector urbano, desde la seguridad hasta la revitalización de las ciudades; en la vida cotidiana, desde las medidas preventivas sanitarias hasta el cuidado de niños; en el sector del tiempo libre, desde el turismo hasta las iniciativas culturales. 
Hay que agotar plenamente el potencial que se puede alcanzar in situ, pero que muy raramente se utiliza o aplica. 
Esta proximidad en el espacio permite tener unos conocimientos precisos de las características, ofertas y necesidades específicas. 
Los grupos objetivo son fácilmente detectables, desde las mujeres pasando por los jóvenes con problemas hasta los mayores, las personas de difícil colocación y otros trabajadores desfavorecidos. 
Las condiciones marco son también abarcables. 
Los oferentes privados y los titulares públicos deben acabar por fin con el bloqueo recíproco. 
Deben cooperar, coordinarse y desarrollar valor para ser creativos e iniciar nuevas vías. 
No nos engañemos, los obstáculos son aún grandes. 
El ponente Schiedermeier, que ha sido apoyado unánimemente en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, ha expuesto las carencias: capacidad de cooperación de las instancias estatales, créditos públicos para la financiación de contratas, capital inicial así como la cualificación de los posibles participantes. 
Necesitamos un marco de acción coherente, estímulos financieros, la reducción de los obstáculos administrativos y jurídicos y un asesoramiento adecuado. 
Ya es hora de que la conjunción de las medidas concretas de la Comunidad con las de los Estados miembros, la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, la utilización más efectiva de los Fondos estructurales y la aplicación consecuente de los programas de formación desde LEONARDO hasta LIFE LONG LEARNING se amplíen en un importante campo, el de las iniciativas locales de empleo. 
Señora Presidenta, señores diputados, el informe que estamos debatiendo sobre la estrategia europea de incentivación de las iniciativas locales de desarrollo y empleo merece nuestra entera conformidad. 
Resulta estimulante incluso para quien se preocupa por el desarrollo regional y local en cada uno de nuestros países. 
El reconocimiento de la importancia de los niveles regionales y locales como núcleos fundamentales del tejido socioeconómico podría determinar una de las apuestas más humanizadas y alentadoras en el vasto abanico de soluciones que se buscan para el gravísimo problema del desempleo. 
Apostar por el compromiso de los agentes directos en la determinación y el desarrollo del empleo en el nivel local, apostar por el potencial que en materia de creación de empleo existe en algunos grandes sectores, como los servicios relacionados con la vida cotidiana, los servicios relacionados con el tiempo libre y la cultura, los relacionados con el medio ambiente y la vivienda, además de en otros muchos sectores adecuados para satisfacer nuevas necesidades, podría constituir un paso decisivo para afrontar el problema del desempleo en Europa. 
Conviene subrayar la exigencia planteada a la Comisión en el sentido de que ésta haga posible la creación de condiciones-marco favorables a las iniciativas locales de empleo, así como la indispensable introducción de medios financieros destinados al desarrollo local y al apoyo a las empresas locales en las formas más diversificadas. 
La Comisión deberá incentivar y promover el intercambio de experiencias entre Estados miembros que, por haberse interesado por las iniciativas locales de empleo, ya las hayan aplicado, pero sobre todo tendrá que ejercer plenamente el papel de fuerza dinámica en la incentivación de todas las formas creíbles y eficaces que puedan concurrir a la resolución de este flagelo social que es el desempleo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, parece que el informe del Sr. Schiedermeier y las opiniones de las diferentes comisiones, y también los estudios de la Unión Europea, han constatado ya que hay más de 17 ámbitos de nuevos yacimientos de empleo. Se han constatado fundamentalmente en las áreas sociales, culturales y medioambientales. 
A mí me interesan mucho las medioambientales, puesto que estoy en la Comisión de Medio Ambiente. 
Hay posibilidades muy interesantes en la gestión del agua, gestión de los residuos y protección de los ámbitos naturales. 
Sin embargo, los ponentes constatan que existen trabas jurídicas, fiscales y de formación de los trabajadores. 
Trabajadores que, en su mayor parte, proceden de las reestructuraciones industriales en Europa. 
Nosotros creemos que también hay que tener en cuenta una mejor gestión de los recursos y detectar trabajos en antiguos oficios y artesanía. 
Pero me gustaría hacer hincapié en la opinión de la Sra. Marinucci, expresada en representación de la Comisión de la Mujer. 
La Sra. Marinucci pone de manifiesto la contradicción que existe entre la competitividad y la creación de empleo. 
Europa no puede competir con los salarios excesivamente bajos y las situaciones laborales sangrantes del Tercer Mundo. 
Y esa es una contradicción que está sin resolver. 
También quiero denunciar la creación constante de trabajo precario. 
Yo vivo en un país que tiene un 34 % de trabajo precario y lo sufren fundamentalmente las mujeres. 
No vale sólo crear empleo. 
Debe crearse empleo que produzca una cierta seguridad. 
Y nos preocupa la posibilidad de que el sector público deje de financiar la mayoría de las prestaciones sociales. 
Por lo tanto, expresamos nuestra preocupación por que la iniciativa pública se sustituya por iniciativas privadas porque hay poblaciones dispersas y pobres en las que la iniciativa privada no encontraría ningún beneficio. 
Por lo tanto, y para terminar, señor Comisario, me parece que sería necesario superar las trabas y las contradicciones, de manera que las iniciativas de empleo local salgan adelante porque son verdaderamente importantes. 
Señora Presidenta, señorías, la creación de puestos de trabajo va a ser una de las tareas más importantes del futuro inmediato. 
El extenso informe del Sr. Schiedermeier lo expresa claramente. Apoyo muchas de sus consideraciones. 
No obstante, creo que ninguno de los 17 campos del sector servicios mencionados en el informe va a crear puestos de trabajo duraderos si no se ven precedidos por la creación de puestos de trabajo que generen valor añadido. 
Para ello, hay que motivar a personas y a empresas innovadoras y apoyarlas con unas condiciones marco que desencadenen una ofensiva de creación de empresas. 
Esta es una condición previa para la creación de puestos de trabajo en el sector terciario, pues sin empresas no hacen falta ante todo tecnologías de información y comunicación y el turismo no podrá desarrollarse por falta de turistas con capacidad de compra. 
Si sobre las iniciativas de empleo se han realizado ya 14 estudios y se ha encargado el que hace el número 15, es que la burocracia de Bruselas no entiende el funcionamiento de la cadena creadora de valor añadido y está pulverizando sus subvenciones. 
Por ello, creo que hay que fomentar ante todo las iniciativas regionales y locales de empleo. Esto significa que las condiciones marco nacionales deben orientarse para que en el sector local puedan desarrollarse empresas que sean competitivas también a nivel internacional con productos innovadores, empresas que no sean obstaculizadas permanentemente por la sobrerregulación de sus actividades. 
Pero esto solamente se logrará si en los Estados nacionales se impone la opinión de que los rendimientos merecen la pena y la política de ayudas no se entiende en el sentido de distribuir el capital sino de que el éxito y la competitividad podrán mejorar si se fortalecen los puntos fuertes regionales y se fomenta la creatividad local. 
Sólo bajo estas condiciones se podrán crear puestos de trabajo duraderos. 
Señora Presidenta, muchos de nosotros conocemos en nuestra zona local las cooperativas de viviendas, los proyectos de empleo para las mujeres, las nuevas industrias culturales y de medios de comunicación, los proyectos de regeneración medioambiental. 
Son el meollo de la estrategia de desarrollo económico local y con frecuencia surgen cuando el empleo tradicional y en masa de una zona decae para crear servicios nuevos y ofrecer esperanza de trabajo a personas a las que el mercado laboral no está brindando una oportunidad. 
Deben formar parte destacada del intento de Europa de apoyar el nuevo empleo, luchar contra la discriminación y facilitar un cambio en la economía sensible a las necesidades y equitativo para los que trabajan. 
Se ha hablado mucho en este debate sobre los obstáculos administrativos y jurídicos que encuentra el empleo local en los Estados miembros. 
Pero, ¿qué hace Europa por quienes en el nivel local buscan su apoyo? 
Sólo una pequeña fracción de las solicitudes estructurales van encaminadas a la ejecución de proyectos innovadores. 
Hay un boletín periódico y una metodología para que los Estados miembros los utilicen, si lo desean, Eso no está mal en sí, pero la verdad es que en los procesos- excesivamente largos, complicados y burocráticos- utilizados para acordar los programas que se ejecutarán con cargo a los Fondos estructurales, los proyectos locales de empleo son con frecuencia los últimos en la cola. 
El hecho de que sean nuevos y diferentes significa que en la mayoría de los casos carecerán de contactos locales, experiencia, conocimientos y en particular el tiempo necesarios para cumplir las normas que Europa impone a fin de tener acceso a su apoyo. 
Como ponente de este Parlamento para la financiación con arreglo al artículo 10, los proyectos innovadores, sé que existe una gran demanda en las localidades y regiones con vistas a aprovechar el apoyo europeo a su labor. 
No quiero que queden limitados a unos pocos proyectos de demostración. 
Quiero que el desarrollo económico local sea el primero de la cola cuando se planifiquen, gestionen y ejecuten los programas europeos. 
Entonces los 150.000 a 180.000 nuevos puestos de trabajo al año que proyecta la Comisión- los ambiciosos planes expuestos en el Libro Blanco de Delors- estarán mucho más próximos a hacerse realidad. 
Señora Presidenta, el debate sobre el informe que aquí ha tenido lugar ha sido alentador. 
Dado que en mi país estamos en plena lucha contra el elevadísimo desempleo, examinamos con mucho interés todas las ideas que puedan mejorar la situación del empleo. 
Todos sabemos que, si bien es necesario, el crecimiento económico no es suficiente, razón por la cual se precisan todas las medidas especiales. 
En nuestro país no existe una larga tradición en el sector de las pequeñas empresas y de la prestación de servicios privados. 
Muchos de los servicios mencionados en el informe como no rentables y propios del bienestar social son prestados en mi país por las administraciones comunales. 
Estos servicios ejercen una influencia muy positiva en la situación del empleo y su desarrollo concuerda con las ideas expuestas en el informe. 
La privatización no va a lograr nuevos puestos de trabajo, sino todo lo contrario. 
No obstante, es cierto que se necesitan servicios privados prestados por empresas a fin de completar los servicios públicos. 
Naturalmente, las experiencias acumuladas en otras partes nos interesan y esperamos poder registrar avances en el campo de la transferencia de información para obtener buenas ideas y consejos de otras regiones de la Unión Europea sobre cómo mejorar la situación del empleo. 
A la hora de buscar medidas especiales de este tipo, se ha hecho en numerosas ocasiones referencia a la cooperación entre los diversos interlocutores, la cual se debería poner en práctica también a nivel local de acuerdo con el célebre modelo triangular: el poder público podría ser la administración comunal, los empresarios, los patronos y las empresas conformarían el segundo colectivo y el tercer interlocutor pasaría a estar constituido por las organizaciones sindicales. 
Haciendo uso de los recursos locales, estas tres partes podrían emprender la búsqueda de soluciones a este grave problema de la creación de empleo. 
Se debería destinar una parte de los subsidios de desempleo a este fin, ya que con estos fondos se lograrían mayores resultados que en la actualidad. 
El movimiento sindical acogería seguramente esta propuesta con interés y se pondría manos a la obra en favor de los desempleados. 
Dispondríamos de oportunidades para trabajar más cerca de los desempleados. 
Dado que la Unión Europea también apoya de modo activo este tipo de actividades, este proyecto se convertiría en un modelo de aplicación practica apto y eficaz que, partiendo de la Unión Europea, se consumaría a nivel local. 
Señora Presidenta, deseo reiterar lo que ya manifesté en mi opinión. 
Hay dos aspectos que me preocupan en cuanto a esta comunicación de la Comisión que, por otra parte, he valorado, habida cuenta de que se basó en una encuesta y un trabajo de investigación excelentes, así como en un estudio cultural muy interesante. 
En cierto modo, el primero de ellos va ligado con el discurso que hicimos ayer en este Pleno en relación con los servicios públicos. La Comisión está emprendiendo varios caminos que conllevan el debilitamiento de los servicios públicos, que por otra parte son la característica y el modelo europeo y representan, según decimos insistentemente, lo que queremos defender. 
Además, presentando unas propuestas de empleo que no son complementarias, sino sustitutivas de prestaciones actualmente prestadas por los servicios públicos, resulta evidente que los recursos financieros, divididos en distintos instrumentos, no pueden crear nuevos puestos de trabajo adicionales. 
Por una parte, pues, pérdida de puestos de trabajo, de servicios en beneficio de los ciudadanos y del modelo social europeo y, por otra, falta de más puestos de trabajo y, probablemente, falta de puestos de trabajo sustitutivos suficientes. 
El segundo aspecto que me preocupa es que este planteamiento, muy interesante y que debería recogerse en una especie de guía, o sea debería recibir de la Comisión una mayor ordenación, desatiende la «cuestión femenina». 
Ya tuvimos ocasión de lamentar, incluso ayer en este Pleno, que por lo que se refiere el empleo de las mujeres, y no obstante las promesas, se ha hecho muy poco en el ámbito del Fondo regional de desarrollo, en el marco del programa URBAN II, ya que, a pesar de existir los programas, de hecho, no se llevan a la práctica. 
Mejor dicho, por desgracia, se canceló un programa, denominado ILO, que contemplaba el empleo local de las mujeres. 
Por lo tanto, en este caso y en esta materia, mediante este proyecto no se tiene en cuenta a las mujeres, a pesar de que las mujeres son las mayores usuarias de estos servicios y no sólo esto, sino también quienes prestan dichos servicios normalmente, ya que reúnen unas aptitudes que, posteriormente, pueden poner a disposición de la sociedad. 
Por estas razones, considero que se debe llevar a cabo una atenta reflexión y tener en cuenta la posibilidad de seguir avanzando de esta manera o de mejorar la posición de la Comisión. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer en seguida al autor de este informe, el Sr. Schiedermeier, su excelencia y también expresar mi gratitud a los miembros de la comisión que han hecho contribuciones a este proceso. 
Esta mañana se ha celebrado aquí un debate de muy alto nivel y a mí y a la Comisión nos resulta muy alentador recibir un apoyo tan firme de la Asamblea para nuestra propuesta estrategia europea encaminada a fomentar las iniciativas locales en materia de desarrollo y de empleo. 
Me ha encantado el nivel de las contribuciones hechas aquí esta mañana al respecto. 
Como saben Sus Señorías, después de la publicación en 1993 del Libro Blanco de la Comisión sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, la Cumbre de Essen formuló un programa de acción y un planteamiento estructurado para luchar contra el desempleo. 
Dicha estrategia se ha perfeccionado durante las sucesivas cumbres desde la de Cannes hasta la de Florencia, celebrada el pasado mes de junio. 
El fomento de las iniciativas locales en materia de desarrollo y empleo es un componente importante de ese marco integrado y en eso es en lo que ha insistido esta mañana la Sra. van Lancker: en que necesitamos un planteamiento basado en un marco integrado. 
Desde nuestro punto de vista, esas iniciativas locales son, naturalmente, de gran importancia por varias razones. 
Brindan nuevas oportunidades de empleo a los ciudadanos, incluidos los afectados por el desempleo de larga duración, los jóvenes y las mujeres con empleo. 
Quisiera asegurar a la Sra. Marinucci que las mujeres, por lo que se refiere a esas iniciativas locales en materia de empleo, son de primordial importancia para todos nosotros. 
Quisiera recordar a Sus Señorías que el análisis económico que se ha hecho respalda la tesis de que las iniciativas locales, contando con el apoyo adecuado, podrían crear unos 140.000 puestos de trabajo, con el resultado de la creación de unos 400.000 nuevos puestos de trabajo al año en Europa. 
La Sra. Klaß ha hecho la importantísima observación de que, de los 17 sectores con posibilidades que se han determinado, el de la prestación de asistencia de todo tipo, en particular en su referencia al desarrollo rural, es un elemento muy importante. 
Esas iniciativas dan también una respuesta a las nuevas necesidades de nuestras sociedades, al crear nuevos tipos de empleos en servicios para la vida cotidiana: servicios que mejoran la calidad de vida en los sectores de la cultura y del ocio, así como en el sector medioambiental. 
Eso nos lo han hecho entender muy bien en el debate la Sra. Schroedter y la Sra. Kestelijn-Sierens, que han hablado del potencial que existe en esos sectores nuevos y la necesidad de adoptar medidas en todos ellos en este momento. 
Esas iniciativas forman también parte con frecuencia de un proceso local, que comprende las asociaciones públicas y privadas en las que participan varios sectores de la sociedad, tales como las empresas locales, los interlocutores sociales, las organizaciones de voluntarios y los llamados promotores de la economía social. 
Sin embargo, ese importante potencial nuevo de creación de empleo no deja de afrontar algunas dificultades. 
Son obstáculos que hay que abordar y a los que se ha hecho referencia en general en todo el debate de este mañana. 
Quisiera enumerar algunos de ellos. 
En primer lugar, los obstáculos financieros. 
Con mucha frecuencia hay costes laborales, directos e indirectos, excesivos; la dificultad para conseguir el acceso al capital y a los préstamos; la escasa capacidad adquisitiva de los hogares más pobres y el poco atractivo nivel de rendimiento de algunos tipos de servicios. 
En segundo lugar, la cuestión de la formación y de los problemas técnicos que se deben, entre otras cosas, a una formación inicial inapropiada, conocimientos especializados y condiciones laborales obsoletos en ciertos sectores tradicionales y una falta de formación en materia de nuevas tecnologías. 
Quisiera subrayarlo, pues la Asamblea y algunas de las contribuciones al debate han reflejado la necesidad de mejores conocimientos técnicos y una mejor formación relativa a las nuevas tecnologías que van a dominar todas nuestras vidas en el futuro. 
En tercer lugar, los obstáculos jurídicos y reglamentarios. 
Se deben a la ausencia de una situación jurídica propiamente dicha para la asociación entre las organizaciones públicas y privadas y la ausencia de normas de calidad en el sector de los servicios. 
Se deben a la incapacidad para apreciar el proceso de desarrollo local creador de puestos de trabajo, las burocracias sectorial y jerárquica y el apoyo financiero a corto plazo y excesivamente restrictivo, que no permite la supervivencia a largo plazo de muchas iniciativas. 
Apoyo el punto de vista del Sr. Howitt a ese respecto, que esta mañana ha expuesto detalladamente aquí. 
Sus Señorías saben que los deseos no bastan para crear puestos de trabajo. 
Éstos son el resultado de la inversión, de una inversión por parte de muchas personas. 
Creemos que las autoridades y las administraciones públicas pueden desempeñar un papel importante en la creación de un marco favorable para la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Creemos que las instituciones, en todos los niveles, pueden y deben desempeñar un papel en la creación y promoción de ese marco coherente para fomentar el desarrollo de las iniciativas locales en materia de empleo. 
Por una parte, las políticas nacionales y regionales deben centrarse en la eliminación de los obstáculos estructurales, ya sean financieros, técnicos, jurídicos o administrativos. 
Naturalmente, el valor añadido de la Unión es resultado, por otra parte, del fomento de proyectos experimentales y su evaluación, la difusión de las metodologías idóneas y el fomento del intercambio de experiencias, en particular mediante la cooperación y el apoyo a las redes transnacionales. 
No se sabe suficientemente qué cosas dan resultado y qué cosas se están haciendo bien en muchos Estados miembros. 
Tenemos que localizar lo positivo, circunscribirlo, dárselo a conocer a los demás y alentar a los interesados a adaptarlo a sus propias circunstancias. 
Se está dando apoyo a las medidas nacionales que propician las iniciativas locales, en particular mediante los Fondos estructurales. 
Esta mañana se han hecho muchas observaciones sobre la necesidad de que se utilicen mejor los recursos financieros de que disponemos y yo apoyo esa idea firmemente. 
La estrategia para fomentar las iniciativas locales en materia de desarrollo y empleo fue concebida como parte del marco más amplio formulado por el Consejo Europeo de Essen para luchar contra el desempleo. 
Algunos Estados miembros han empezado a plasmar ese apoyo a las iniciativas locales en medidas concretas en el marco de sus programas multianuales de empleo. 
Este año se volverá a hablar más de eso, cuando veamos de primera mano en esos programas lo que los Estados miembros han hecho para aplicar esas iniciativas y lo que proponen que se haga en los dos próximos años. 
Aunque queda mucho por hacer, estoy convencido de que esta estrategia para fomentar las iniciativas locales en materia de desarrollo es una forma prometedora de luchar contra el desempleo. 
Por mucho tiempo permaneció eclipsada, es cierto. 
Con frecuencia hemos examinado las cuestiones más amplias y ahora estamos empezando a reconocer que el gran potencial se da en el desarrollo local, las iniciativas locales y el fomento de los grupos más pequeños y voluntarios en nuestros Estados miembros. 
En el pasado éstos quedaron con frecuencia eclipsados por la estrategia macroeconómica, pero hoy vemos que están surgiendo muchas más políticas activas para desarrollar las iniciativas locales. 
La Comisión sabe que hay que hacer más. 
Sus Señorías han pedido que se adopte y que se haga mejor y más rápidamente que en el pasado. 
Por esa razón, después de nuestra acción en pro del empleo en Europa, nuestro pacto de confianza, la Comisión presentó su comunicación sobre la asistencia estructural de la Comunidad y el empleo. 
El objetivo de dicha comunicación es el de aportar indicadores para las negociaciones que están en marcha actualmente sobre la utilización de los Fondos estructurales de la Comunidad. 
Ocupa un lugar especial en el fomento y el desarrollo de las iniciativas locales. 
En consonancia con la propuesta de la Comisión sobre los pactos territoriales y locales para el empleo, el Consejo Europeo de Florencia subrayó también la importancia de las iniciativas locales en materia de empleo y desarrollo. 
Por último, quisiera agradecer a Su Señoría, señor Schiedermeier, el aliento que nos ha dado a todos en este momento, el apoyo unánime que esta Asamblea da hoy a lo que intentamos hacer para fomentar el desarrollo local. 
Como ejemplo de buena fe, con los limitados fondos de que dispongo he puesto en marcha una mejor utilización de una parte del Fondo Social y anuncio mi decisión de conceder un presupuesto de 25 millones de ecus de conformidad con el artículo 6 del Fondo Social para la promoción de los proyectos innovadores y la creación de empleo y me complace que el Sr. Nussbaumer haya subrayado la necesidad de innovación. 
Esos fondos con arreglo al artículo 6 van encaminados directamente a las nuevas oportunidades de empleo, a las formas innovadoras de hacer las cosas y creo que con ello tenemos la génesis de algo especial, duradero y eficaz por lo que se refiere a la creación de empleo y agradezco a la Asamblea su apoyo de esta mañana. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Extensión del régimen de tránsito comunitario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0682/96-00163/96) del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión temporal de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario, a la Comisión, sobre la nueva extensión del régimen de tránsito comunitario. 
Señor Presidente, ésta es una pregunta oral inhabitual en la medida en que la mayoría de los diputados a la Asamblea están interesados, en realidad, en la respuesta. 
De modo que voy a dar por sentado que se ha formulado la pregunta. 
Voy a escuchar con profundo interés la respuesta, como otros miembros de la Comisión de investigación del fraude en materia de tránsito. 
A la luz de la respuesta del Comisario Monti y con su permiso, señor Presidente, tal vez podamos formular otras preguntas para poder hacer honor a la propia respuesta. 
Señor Presidente, Señorías, la pregunta del Sr. Tomlinson ofrece la ocasión para aclarar algunos puntos importantes y, por consiguiente, es muy bien aceptada. 
Los regímenes de tránsito constituyen una medida para facilitar el comercio. Los operadores comerciales entendieron muy bien la utilidad de este instrumento, habida cuenta de que en 1995, dos años después de la creación del mercado único, se expidieron 18 millones de documentos para cubrir las operaciones de tránsito en la Comunidad. 
La simplificación de los trámites, unida a una notable elasticidad en cuanto a la utilización de los procedimientos, explica el éxito de estos regímenes en los ambientes económicos. 
Los mismos son un factor esencial para fomentar los intercambios comerciales entre la Comunidad y los terceros países. 
Y es en este contexto que, en el ámbito de la estrategia de preadhesión de los países de Europa central y oriental, el 1 de julio de 1996, la República Checa, la República Húngara y la República Eslovaca se convirtieron en partes contratantes del Convenio CE/AELC de 20 de mayo de 1987, relativo al régimen de tránsito comunitario. 
Esta primera extensión del régimen de tránsito comunitario estaba prevista de forma expresa en los acuerdos europeos que recibieron la opinión favorable del Parlamento Europeo en el marco de una cooperación orientada a aproximar los regímenes aduaneros de dichos países al de la Comunidad con la introducción de un sistema de «pasarela» entre los regímenes de tránsito de la Comunidad y los de estos países. 
En consecuencia, la adhesión de los países de Europa central y oriental al Convenio de Tránsito Comunitario se inscribe totalmente en el marco de la estrategia de preadhesión de estos países a la Unión Europea. 
Durante los tres años previos a la adhesión al régimen de tránsito comunitario, la Comunidad contribuyó de forma significativa, junto con las demás partes del Convenio, a la preparación de estos países candidatos, a fin de que las administraciones de aduanas y los operadores estuvieran perfectamente informados respecto a dichos regímenes, así como formados y preparados para su utilización. 
Sólo cuando la Comunidad y las demás partes contratantes se convencieron de la capacidad de los países de Visegrado respecto a asumir plenamente las obligaciones propias del régimen de tránsito comunitario, se adoptó la decisión de ampliar el régimen. 
La asistencia técnica facilitada a las cuatro nuevas partes contratantes representa, por consiguiente, una importante experiencia a los efectos de las futuras extensiones del Convenio de Tránsito Comunitario a Eslovenia, Bulgaria, Rumania y a los Países Bálticos, con los que la Comunidad celebró un acuerdo europeo de asociación. 
Obviamente, dichos países candidatos se beneficiarán de la misma asistencia técnica que permitió a las nuevas partes contratantes adherir al Convenio el pasado 1 de julio en las mejores condiciones de preparación. 
Las primeras acciones de asistencia en beneficio de los nuevos candidatos van a emprenderse en el próximo otoño, sin, no obstante, afectar en absoluto el calendario de las futuras ampliaciones del régimen de tránsito común. 
En todo caso, la decisión de invitarles formalmente a adherir al Convenio se adoptará, por lo que se refiere a la Comunidad, sólo cuando se adopte la decisión de que los países candidatos han alcanzado un nivel de conocimientos que les permita garantizar una perfecta aplicación de los procedimientos en materia de tránsito. 
Habida cuenta de la experiencia anterior, hay que prever un período de preparación de algunos años. 
Asimismo, debe considerarse otro aspecto importante: los proyectos de reforma del régimen de tránsito. 
La Comisión está, en efecto, elaborando junto con los Estados miembros, las partes del Convenio de Tránsito Comunitario y los operadores económicos, proyectos de reforma del régimen de tránsito que tienen en cuenta los trabajos de la Comisión temporal de investigación del Parlamento Europeo, presidida por el Sr. Tomlinson. 
Por ello, es muy probable que los regímenes de tránsito a los que van a adherirse los países candidatos, serán objeto ya desde ahora de algunas reformas ulteriores, dirigidas a reforzar su gestión y capaces de luchar contra el fraude, en particular gracias a la informatización que debería llevarse a cabo en 1998. 
En consecuencia, es evidente que los países candidatos, para convertirse en partes contratantes del Convenio, deberán estar en condición de asumir las obligaciones derivadas del régimen de tránsito ya reformado. 
Por último, en el contexto de la lucha contra el fraude en el tránsito, tal como recordé el pasado 8 de julio a los ministros de Finanzas de la Comunidad y de los países de Europa central y oriental, deseo subrayar que todo acuerdo de asociación europeo va acompañado por un protocolo adicional relativo a la asistencia mutua en materia aduanera. 
Dicho protocolo constituye, junto con las disposiciones de aduana del Convenio de Tránsito Comunitario y el conjunto de los acuerdos administrativos en materia de tránsito, el marco legal y administrativo de la cooperación entre las administraciones de aduanas de las partes contratantes. 
Es en este contexto que las autoridades aduaneras de las partes contratantes llevan a cabo la cooperación administrativa indispensable para la correcta aplicación de los regímenes de referencia, en particular acudiendo a los sistemas de prevención del fraude puestos a su disposición. 
Señor Presidente, el Comisario Monti nos ha dicho que la decisión de ampliar el Convenio sobre el Tránsito Comunitario a los países de Visegrad fue adoptada por la Comisión mixta CE/AELC en 1996 en Interlaken. 
Quisiera formular al Comisario Monti cuatro preguntas concretas a ese respecto. 
¿En qué nivel político estaba representada la Comisión en dicha comisión? 
¿Pidió la Comisión explícitamente la conformidad previa del Parlamento y del Consejo para la ampliación antes de que finalmente se acordara? 
¿Fue esa decisión objeto de un acuerdo unánime en la Comisión mixta? 
¿Estaba la propia Comisión mixta obligada a respetar los términos del Acuerdo Europeo entre la UE y los países de Visegrad? ¿Y especificó un calendario para la ampliación? 
Mi segunda pregunta al Comisario Monti se refiere concretamente a si informó la Comisión a los propios países de Visegrad sobre las dificultades que se estaban presentando para la gestión del régimen comunitario y del régimen de tránsito comunitario antes de la adhesión. 
¿Convendrá la Comisión en que los riesgos económicos y financieros que entraña la adhesión fueron subordinados al propio compromiso político de ampliar el sistema? 
En tercer lugar, ¿ha emprendido la Comisión alguna negociación con cualesquiera otros países asociados con vistas a su adhesión al Convenio sobre el Tránsito Comunitario y se obligará a esos países a esperar más que a los Estados de Visegrad para que puedan adherirse al régimen de tránsito comunitario? 
En caso afirmativo, ¿con qué justificación? 
También quisiera pedir a la Comisión que nos formule una promesa. 
Según supone, la reforma del régimen de tránsito comunitario concluirá antes de la nueva ampliación del régimen de tránsito comunitario. 
Así, pues, ¿se comprometerá la Comisión a subordinar otra futura ampliación del régimen a la conclusión de las reformas a que se ha referido el Comisario Monti? 
Por último, ayer critiqué públicamente a la Comisión en comisión por no habernos enviado una información que había prometido. 
Hoy el Comisario Monti me ha enseñado una carta que demuestra claramente que la Comisión envió la información y tan públicamente como ayer la critiqué quisiera decir hoy que acepto su explicación sin reservas. 
Sin embargo, igual que tenemos problemas en el procedimiento de tránsito comunitario, es evidente que, por desgracia, tenemos problemas de tránsito comunitario entre los edificios Breydel y Berlaymont que deberíamos resolver. 
Señor Presidente, esperaba que la Comisión se refiriese en su respuesta a las preguntas que el colega Tomlinson ha planteado en nombre de la comisión. 
Son preguntas que no se plantean hoy por primera vez sino que lo hemos hecho en repetidas ocasiones desde el principio con precisión y claridad en el curso de los trabajos de la Comisión de Investigación y a las que no se nos ha respondido. 
Si se nos hubiese respondido o hubiésemos recibido respuestas que hubiésemos podido comprender y quizás también aceptar, este debate o esta pregunta sobre la futura ampliación quizás no habría sido necesario. 
Naturalmente, siempre se nos dan respuestas. Señor Comisario Monti, no lo entienda erróneamente. 
Naturalmente, la Comisión nos ha respondido, pero son respuestas que provocan la misma pregunta que se ha planteado con anterioridad y no se sabe bien quien se expresa mal, el que pregunta o el que responde o si cada uno habla de lo suyo de modo que no es posible llegar a una comunicación, pues estas dificultades de comunicación no existen por lo visto solamente a través del correo. 
La pregunta clave para mí y que quiero plantear- como he dicho, el Sr. Tomlinson ha sido muy amplio en sus preguntas -, la pregunta que ha surgido continuamente en la comisión no era la de si era correcto invitar al ingreso a los Estados signatarios del Acuerdo de Visegrado o acoger positivamente sus solicitudes, sino si era correcto hacerlo en ese momento. 
Creo que nadie de nosotros niega que en la estrategia de adhesión se incluye acercar paso a paso e integrar en este sistema a los Estados que quieren ingresar en la Unión Europea. 
Si la misma Comisión se ha dado cuenta de en qué lamentable estado se encuentra el régimen de tránsito comunitario, la pregunta era solamente si era necesario llevar a cabo el ingreso en este momento incluso aunque en los Estados aspirantes al ingreso se hubiese revisado la situación. 
Esta es la cuestión esencial. 
No se trata de la cuestión de principio de si debe hacerse o no. 
Pero lo que no puede ser- a lo que nadie nos ha dado una respuesta hasta ahora- es que una parte de la Comisión escriba en una especie de carta incendiaria que el régimen de tránsito comunitario se hunde y que vosotros tenéis que hacer algo y que la otra parte de la Comisión amplíe este régimen que está hundiéndose. 
A continuación se dice que no hay nada que se oponga a la reforma y la ampliación y que ya lo haremos conjuntamente de algún modo. 
Ahora se ha concluido una parte de la ampliación y, tal como nos ha explicado, viene ahora la siguiente. 
Los problemas no van a ser menores y cuanto más tiempo dura la Comisión de Investigación tanto más nos convencemos de que dar este paso era erróneo en este momento, subrayo lo de en este momento. 
Señor Presidente, no voy a disculparme ante el Sr. Monti de que esta pregunta oral sea, en realidad, una serie continua de preguntas, porque aún quedan muchas por responder. 
En primer lugar, ¿quién se comprometió con los Estados de Visegrad en el sentido de que entrarían en el sistema? 
¿Fue el Consejo actuando como tal o fue una decisión intergubernamental? 
¿Fue en un nivel inferior, en el COREPER? 
¿Fue una decisión de la Comisión o una decisión administrativa? 
De las respuestas que hemos recibido en comisión, parece como si varios funcionarios de aduanas se hubieran reunido, hubiesen organizado todo el asunto y hubieran formulado una política para la Comunidad en ese nivel. 
No quiero adelantar el informe de la Comisión de investigación, pero, antes de que se reuniera dicha comisión, se habían elaborado ya cuatro documentos que exponían claramente la crisis de los sistemas actuales. 
Ahora recordamos el informe del Tribunal de Cuentas de 1988. 
Nos alertó. 
Hubo un informe más enérgico del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 1994. 
Después hubo dos documentos elaborados por la propia Comisión para justificar los gastos de la computadorización encaminada a intentar superar la crisis en el sistema. 
Fue un gran problema y, como digo, antes incluso de que nos reuniéramos teníamos cuatro documentos ante la comisión que habrían alertado a cualquiera en el sentido de que una ampliación del sistema era un error. 
Conque, ¿por qué se amplió? 
Es posible que la primera decisión se adoptara antes de que se diera ninguno de esos avisos de que el régimen estaba sumido en el caos. 
Conque nos gustaría saber en qué fecha se adoptó esa decisión. 
Respecto de la pregunta sobre dónde fue, se nos dice una y otra vez que fue en Interlaken y puede que Interlaken fuera el lugar en el que se adoptaron las decisiones: decisiones de alto nivel adoptadas por funcionarios de nivel inferior. 
Eso es motivo de preocupación. 
¿Cómo se puso en funcionamiento? 
Tenemos entendido que la formación impartida con cargo a PHARE fue buena. 
La inversión fue cuantiosa. 
Pero a 1 de julio no había suficientes funcionarios formados sobre el terreno que pudieran hacerse cargo del régimen. 
Se nos ha dicho- algo cínicamente, me parece a mí- que uno o dos de los Estados miembros tiene un nivel de preparación inferior al de los cuatro países mismos de Visegrad. 
Pero, como digo, se trata de una afirmación cínica. 
Lo que ocurrió es que la Comunidad creó nuevas fronteras comerciales que superan en gran medida las fronteras actuales de la UE. 
Eso permite a esos cuatro países vetar cualesquiera cambios en el sistema. 
Parece extraño, porque no tienen diputados a esta Asamblea. 
No están representados en el Consejo ni en la Comisión, conque, ¿cómo es que pueden participar y posiblemente vetar cualesquiera cambios? 
De momento, ¿qué medidas va a adoptar la Comisión para supervisar la ampliación que se ha concedido desde el 1 de julio? 
Espero que no se confirmen ninguno de nuestros avisos y aprensiones, pero quisiera que se me dieran garantías al respecto y también de que no se ha producido, a consecuencia de ello, un aumento de los fraudes cometidos en el régimen de tránsito. 
La Comisión ha tenido la amabilidad de decir que están en marcha planes para la modificación del régimen de tránsito. 
Le agradecería que nos mantuviera informados a lo largo de ese proceso para que la comisión, que ha estado trabajando muy intensamente, pueda participar y no haya una confrontación sobre las enmiendas que se van a presentar. 
Señor Presidente, no podría yo expresarme mejor que los tres diputados que me han precedido: el Sr. Tomlinson, la Sra. Wemheuer y el Sr. Kellett-Bowman. 
Por haber dirigido la Comisión de investigación de forma extraordinariamente profesional, saben de lo que hablan, por lo que yo voy a limitarme a hacer algunas observaciones de carácter político, porque de lo que aquí se trata es de política y no sólo de técnica. 
La Europa sin fronteras todos la deseamos. 
La Europa sin control todos saben que es peligrosa. 
La Europa sin fronteras facilita el comercio. 
La Europa sin control facilita la delincuencia organizada. 
Y eso es lo que todos los que están en el mundo de los negocios han sentido, en la medida en que no es posible luchar contra productos importados que no pagan impuestos, porque nosotros, los que los pagamos, no podemos vencer a los que no los pagan. 
La Europa sin fronteras, con control, con personal organizado, con legislación fácil de entender, con gente preparada, sería la Europa que a nosotros nos gustaría y no la Europa utópica que la mala gobernación ha hecho y ha conseguido en los sucesivos saltos adelante. 
El salto adelante es siempre característico de quien no sabe gobernar y de quien quiere realizar hechos políticos para aparecer en los periódicos y para aparecer como símbolo del progreso. 
Eso es lo que ha sucedido en Europa. 
No tengo duda de que, si el Comisario Monti no consigue ejecutar un nuevo sistema de tránsito, la delincuencia organizada se lo agradecerá, porque, naturalmente, ella es la que ha sido la gran beneficiaria de toda esta utopía que fue alabada por los llamados «europeístas». 
Habrá que poner remedio a esto, ananke stenai, como decía Aristóteles. 
Es preciso parar alguna vez, es preciso que dejemos la utopía, que no nos abandonemos al sueño. 
Es preciso de hecho que concretemos lo que consideramos mejor para los que nos van a suceder en el futuro. 
Pero, desde luego, como no vamos a resolver el problema es creando hechos políticos, dando saltos adelante sin tomar precauciones, ampliando sin pensar y sin resolver previamente los problemas de casa. 
Hablo aquí en nombre de los desempleados europeos. 
Hablo aquí en nombre de aquellos que quebraron por culpa de la falta de cuidado de la gobernación europea. 
Hablo aquí en nombre de aquellos que, de hecho, aún quieren que Europa siga estando a la altura de las circunstancias y unida. 
Señor Presidente, no me resulta difícil sumarme a las dudas planteadas por los oradores precedentes. 
Si a principios de este año el Parlamento decidió formar una Comisión temporal de investigación porque los servicios de aduanas de los países de la Unión Europea no funcionaban adecuadamente, y porque dichos servicios, aun teniendo una experiencia de muchos años con todo tipo de normas, operan sin eficacia suficiente, no logro comprender la necesidad de ampliar este régimen. 
¿No podía haber esperado la Comisión? 
Se han supeditado los acuerdos a algunas condiciones. 
En caso de que en alguno de los países de Visegrado el sistema fracase, ¿qué posibilidades tiene la Comisión de dar marcha atrás? 
¿Todavía se puede hacer algo al respecto? 
Tal vez sí, pero tengo el vago presentimiento de que ya es tarde. 
En este caso quisiera preguntar: ¿qué se puede hacer para mejorar la situación? 
¿Cómo se utilizan los fondos de PHARE? 
¿Qué influencia tiene el Sr. Monti en el uso de los fondos de PHARE? 
¿Recibe informes periódicos sobre los plazos de espera de los tránsitos? 
¿Puede el Comisario influir en el uso de los fondos para nuevos edificios, cursos de formación y similares? 
Si es demasiado tarde para dar marcha atrás, creo que lo único que podemos hacer es mejorar el régimen, lo cual sólo es posible mediante una aplicación efectiva de los fondos de PHARE. 
Señor Comisario, ¿coincide conmigo en que la Comisión no solamente es la protectora de los Tratados sino que además debe hacer todo lo posible para proteger los intereses financieros que gestionamos en el presupuesto europeo? 
Si es así, quisiera preguntarle cómo debo entender su respuesta a mi pregunta del 5-6 sobre cómo ha acordado la Comisión la ampliación del régimen de tránsito a los Estados signatarios del Acuerdo de Visegrado. 
El 24 de julio me respondió que la Comisión adoptó la resolución de ampliar el régimen de tránsito a los Estados de Visegrado ¡mediante un procedimiento por escrito! 
¿No me equivoco pues si digo que en ese momento la Comisión no mantuvo ningún debate oral en el órgano colegiado sobre las posible repercusiones financieras que tenemos que soportar en lo tocante al fraude en el régimen de tránsito? 
¿Es cierta mi suposición de que la Comisión no ha mantenido tampoco antes ningún debate colectivo sobre la cuestión de la ampliación del régimen de tránsito? 
¿Puedo extraer la conclusión de que la Comisión- y en primera línea usted y los Comisarios que son competentes para la lucha contra el fraude y para el presupuesto europeo -, hasta la creación de la Comisión de Investigación, no se ha puesto de acuerdo nunca políticamente de modo colectivo sobre lo que significa ampliar este régimen? 
Y finalmente, mi última pregunta, señor Monti: ¿porqué le es tan difícil a usted y a la Comisión reconocer que no se ha tenido en cuenta algo en un momento determinado que debería haberse tenido en cuenta? 
Señor Presidente, la Comisión mantiene, con razón, la postura de que la ampliación de la Comunidad hacia la Europa Oriental y Central no es viable sin una profundización previa. 
Al mismo tiempo, la Comisión opina, y éste es el tema debatido, que la ampliación del régimen de tránsito comunitario puede realizarse sin el cumplimiento de ninguna condición previa. 
No deja de ser extraño, teniendo en cuenta que dicho régimen atraviesa una grave crisis, tal y como se ha constatado con claridad. 
Uno de los argumentos que el Comisario alega es que los países de la Europa Central y Oriental están completamente preparados, desde el punto de vista técnico, para cumplir los requisitos de la introducción del régimen de tránsito y que el trasfondo es la decisión de Interlaken. 
Ahora bien, me gustaría saber cuántos funcionarios de aduanas de los países han recibido una formación que les capacite para gestionar esta clase de sistema. 
Además de todas las preguntas que ya se han formulado, me gustaría saber si es cierto que se están celebrando negociaciones con Turquía para firmar un acuerdo con vistas a la inclusión de dicho país en el régimen de tránsito comunitario, conforme al acuerdo aduanero con Turquía de principios de este año, en otras palabras, para trasladar la frontera exterior para el tránsito al norte de Iraq, Irán y Azerbaiyán. 
Señor Presidente, el régimen de tránsito comunitario, según palabras del propio Sr. Monti en anteriores comparecencias, se encuentra en un momento difícil porque ha habido una pérdida de eficacia en las administraciones nacionales de aduanas, que coincide en el tiempo con el establecimiento del mercado único. 
Y ese parece ser el motivo fundamental de los problemas del tránsito: en las aduanas y en el retraso que lleva, entre otras cosas, la armonización fiscal en toda Europa. 
El propio tratamiento del IVA, que se paga en origen en vez de pagarse en destino, puede añadir incentivos para que se cometa fraude en el tránsito. 
La propia estructura de la Política Agraria Común, con sus restituciones a la exportación, ha favorecido también el uso fraudulento y el abuso del sistema del tránsito. 
En definitiva, la libertad de comercio no es un bien que se puede exportar, sino que es algo que debe crecer enraizado en los propios sistemas económicos nacionales. 
Incluso en sistemas económicos nacionales como los europeos, en los que la economía de mercado entronca con la propia historia de estas naciones, vemos que la libertad de comercio encuentra grandes problemas y trabas y que un sistema tan magnífico como podría ser el régimen de tránsito comunitario se encuentra con problemas de mal uso y de fraude. 
Esperar, como hace el Sr. Monti, que la extensión del régimen de tránsito a países que están comenzando ahora realmente la transición a una economía de mercado no produzca perturbaciones mayores en el ya debilitado régimen de tránsito es un ejercicio muy arriesgado, por parte de la Comisión, que sólo podría salir bien de dos maneras: en primer lugar, con un esfuerzo enorme por parte de las administraciones nacionales de los países de Visegrado y, por otra parte, con un enorme esfuerzo económico por parte de la Comisión para reforzar los caóticos sistemas de aduanas de estos países. 
Yo dudo mucho que la Comisión tenga ahora mismo la disponibilidad financiera y la capacidad de compromiso de ponerse a reforzar, como han dicho ya otros oradores anteriores, los sistemas de aduanas de estos países de Visegrado. 
Por eso, la pregunta que yo le querría hacer al Sr. Monti es: ¿tiene realmente la disponibilidad financiera y el compromiso necesario para proceder a mejorar los sistemas de aduanas de los países de Visegrado? 
Señor Presidente, el régimen de tránsito de la UE está en crisis, con un aumento considerable de fraudes y de la delincuencia organizada. 
¿Cómo es posible que la Comisión amplíe dicho régimen al resto de países del este antes de que se reforme íntegramente un sistema al borde del colapso, para así conseguir reducir los fraudes? 
Es evidente que la Comisión, ya desde 1988, era consciente de esto. 
¿Cómo se puede ampliar este régimen antes de que se reforme a fondo? 
Espero con el mayor interés una respuesta sobre el nivel al se adoptó la decisión de la ampliación. 
Si no se tomó a nivel político, sino a nivel administrativo- seguramente por medio de una reunión de las autoridades aduaneras en la que convirtieron la decisión en política de la UE -, no sería mejor reconocer este hecho, asumir la responsabilidad política, y modificar una decisión claramente errónea? 
El crimen organizado ya se ha incrementado. Por ello se necesita transparencia en las acciones de los políticos. 
No deben tener miedo a reconocer sus fallos, y deben empezar por modificar todo el régimen. 
Será necesaria la cooperación entre las autoridades aduaneras y una normativa administrativa muy clara. 
Es evidente que se necesitarán nuevas tecnologías, muy avanzadas, y sobre todo serán necesarios unos controles eficaces. 
¿Qué piensa hacer el Comisario Monti? 
Señor Presidente, Señorías, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de los miembros del Parlamento que han intervenido y, en particular, al Sr. Tomlinson por haber sido, digámoslo así, receptivo y por haber hecho hincapié en un problema de comunicación interna que intentaremos resolver cada vez mejor. 
Existe una cuestión de carácter general en el que se basa todo y que les ruego consideren con la debida atención: no soy optimista- tal como se dijo- no cierro los ojos ante las graves dificultades del régimen de tránsito, no tengo dificultad alguna, cuando estoy seguro de los errores de la Comisión, en admitirlos, sin embargo, pido que se lleven a cabo análisis apropiadas. 
Por ejemplo, me satisface contestar a la pregunta del Sr. Müller referida a su carta, a la que ya contesté. 
En dicha carta usted me pedía el acta relativa a una decisión de la Comisión. 
Contesté manifestando que dicha acta no existe, porque esa decisión fue adoptada a través del procedimiento escrito. 
Sin embargo, esto no supone en absoluto- se lo garantizo, Sr. Müller- una menor conciencia por parte de la Comisión. 
Existen decisiones, incluso de mucha envergadura, que la Comisión adopta por escrito y que requieren el acuerdo de todos sus miembros. 
Es evidente que en ese caso no existe un acta. 
Estoy en disposición de reconocer los errores de la Comisión, cuando realmente se constata la existencia de errores- y no cabe duda de que pueden existir- sin embargo, en un supuesto como éste, no puedo hacerlo. 
Señor Presidente, éste ha sido un turno de preguntas orales muy interesante en su desarrollo, porque la pregunta recibió por mi parte una respuesta, respecto a la que estoy dispuesto a ofrecer ulteriores aclaraciones, sin embargo, se aprovechó la ocasión- comprensible y útilmente, deseo decir- para debatir no sólo el futuro, es decir, la extensión o la no extensión a nuevos países, sino también el pasado, por ejemplo, con las preguntas específicas del Sr. Kellett-Bowman respecto a cuándo, cómo, por quién y dónde fue tomada la decisión en relación con los países de Visegrado. 
Como recordarán los miembros de la Comisión de investigación, estos temas fueron tratados con la máxima atención tanto por mí como por mis servicios con ocasión de la constitución de dicha comisión y las respuestas que ofrecimos se basaron en los datos que teníamos a disposición. 
Puede ser que algunas respuestas no se consideren satisfactorias, por lo que estoy dispuesto a facilitar ulteriores datos, pero me parece que la ocasión que hoy se ofrece afecta más bien al futuro, y es sobre el futuro que quise y quiero confirmar las afirmaciones de la Comisión respecto a las preocupaciones expresadas por el Sr. Tomlinson. 
De todos modos, deseo hacer alguna aclaración en relación con algunos puntos que se refieren al futuro y que, por así decirlo, se derivan del pasado. 
Por ejemplo, se preguntó cómo podría reaccionar la Comisión si las propuestas de reforma del régimen de tránsito comunitario chocaran con el veto de una de las partes contratantes. 
Deseo manifestar que, hasta la fecha, la negociación en el ámbito de los grupos de trabajo ha permitido en todo momento llegar a un consenso. 
Si en el marco de las reformas que vamos a llevar a cabo, existiera un bloqueo por parte de alguien, surgiría entonces, sin lugar a dudas, el problema de los procedimientos de toma de decisiones. 
Por lo que se refiere a la cuestión que afecta al presente y al futuro, deseo retomar lo que se planteó con relación a cómo llevamos a cabo el seguimiento respecto a los países de Visegrado. 
Deseo manifestar que los servicios de la Comisión y los Estados miembros siguen colaborando estrechamente con las autoridades de aduanas de los países de Visegrado, a fin de seguir de cerca la aplicación de este régimen y garantizar una vigilancia eficaz. 
Con ocasión de la última reunión del grupo operativo, celebrada en Bruselas el 10 de octubre de 1995, y que garantizó la organización de la asistencia técnica a los países de Visegrado, se decidieron algunas acciones de asistencia complementarias en favor de las cuatro partes contratantes, a partir del 1 de julio de 1996. 
Se trata de reuniones multilaterales entre la Comisión y los países de Visegrado para solucionar los problemas relacionados con la aplicación; de visitas de expertos en materia de aduana de la Comunidad a los países de Visegrado y viceversa, así como de otras acciones que podría detallar y que fueron detalladas en el seno de la Comisión de investigación. 
Deseo añadir algo más por lo que se refiere al futuro, que es el tema objeto de su pregunta, Sr. Tomlinson. 
Ante todo, ¿cómo pensamos orientarnos respecto a la reforma del régimen de tránsito, independientemente de las futuras extensiones? Tal como indicó el Director General Sr. Currie el pasado 17 de julio con ocasión de su visita a la Comisión de investigación, el grupo operativo dedicado al tránsito va a concluir en los próximos días su informe provisional y lo remitirá al Parlamento Europeo. 
Dicho informe incluirá el estudio del tránsito, la definición de los problemas, las propuestas de reformas y las condiciones para que dichas reformas puedan tener éxito. 
¿De qué forma- y me dirijo en particular a usted, Sr. Tomlinson- la Comisión va a utilizar los resultados de la Comisión de investigación? 
Como manifesté, el informe que la comisión está a punto de presentar es un informe provisional, que será entregado a las Instituciones Europeas, a los Estados miembros y a los operadores en los próximos días; luego se elaborará un informe final- creemos hacia finales del mes enero de 1997- en el que figurarán las opiniones emitidas con ocasión de las consultas y que indicará las opciones que la comisión considere oportunas. 
Todo este trabajo tendrá, tal como viene haciéndose, muy en cuenta las opiniones y el futuro informe final de la Comisión de investigación. 
¿Cuáles son en la actualidad los puntos de la reforma del régimen de tránsito en los que estamos trabajando? 
La informatización, el fortalecimiento y la profundización de la unión aduanera para mejorar la cooperación entre los servicios de aduanas y la calidad de los controles, en particular «Aduana 2000» , la gestión global del régimen, el fortalecimiento de la cooperación entre las aduanas y los operadores, la definición de las responsabilidades de los usuarios del tránsito y de las administraciones de aduanas. 
Finalmente, por lo que se refiere a las disponibilidades financieras, se preguntó cuáles son los fondos de los que dispone la Comisión. 
Existen las disponibilidades financieras que dependen del programa «Aduana 2000» y existen, por lo que se refiere a los países asociados, los fondos del programa PHARE. 
En particular, se prevén para la asistencia técnica a los PECO, en el ámbito de este programa y en materia de aduanas, 800 mil ecus, para el período del 1 de septiembre de 1996 al 1 de septiembre de 1997. 
No quisiera que, habida cuenta de la amplitud del debate, mi respuesta pasara inobservada. En el ínterin no va a haber ninguna extensión del régimen de tránsito a otros países y como manifesté de forma muy detallada, los demás países deberán demostrar que pueden adaptarse no sólo al régimen de tránsito en vigor en la actualidad, sino al que resulte después de la reforma en cuanto finalicen los trabajos actualmente en curso. 
Señor Presidente, quisiera decir simplemente- y estoy seguro de que a este respecto hablo en nombre de todos los miembros de la comisión que han formulado preguntas hoy- que, si bien podríamos estar todos de acuerdo con el Comisario Monti en que ha dado una respuesta amplia, ha sido una respuesta a casi todo excepto a las preguntas concretas formuladas por los diputados. 
Eso contribuye a la frustración de nuestra comisión de investigación. 
Se formulan preguntas concretas sobre los asuntos sobre los que deseamos información. 
No nos interesan los aspectos generales de la información, queremos que se nos den los detalles concretos. 
Espero que ahora el Comisario Monti lea las preguntas concretas, vea la inadecuación de sus respuestas a esas preguntas, aunque hayan podido ser interesantes en otros sentidos, y después responda a las preguntas. 
Nuestra actitud ante este asunto es de total apertura mental. 
La comisión ha decidido no presentar una propuesta de resolución para poner fin al debate sobre la pregunta oral, porque hemos adoptado la inhabitual postura de formular preguntas para obtener respuestas. 
Para el próximo Pleno, podríamos vernos obligados a examinar cómo responder a la inadecuación de las respuestas. 
Señor Presidente, he de decir al Sr. Tomlinson que lo lamento de verdad, pero no puedo estar de acuerdo con él. 
Quisiera leer en voz alta el texto de la pregunta oral a la que se me pidió que diera respuesta. 
» El 1 de julio de 1996 se amplió el régimen de tránsito comunitario a Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia, pese al hecho de que la Comisión ha reconocido que el régimen está en crisis, que existen índices de fraude crecientes y que el régimen requiere una reforma fundamental». 
Y después la pregunta. 
«¿Puede prometer la Comisión que no ampliará el régimen de tránsito comunitario tras la inclusión de los cuatro países de Visegrad hasta que se haya reformado el régimen y se haya comprobado la eficacia de las reformas a la hora de disminuir el fraude en relación con el régimen?» 
He articulado lo mejor que he podido una respuesta y he formulado una promesa. 
Estoy totalmente dispuesto a responder, como es mi deber, a cualesquiera otras preguntas respecto del pasado y los países de Visegrad en el marco de la Comisión de investigación- estoy siempre a disposición de la comisión- o aquí, a responder a preguntas concretas relativas a esos asuntos. 
Señor Presidente, el Comisario Monti ha sido muy amable al leerme en voz alta mi pregunta. 
La he entendido muy bien, porque resulta que fui yo quien la redactó. 
También entiendo perfectamente la primera respuesta. 
Después ha habido una serie de preguntas complementarias y a éstas es a las que me refería cuando he dicho que no habían recibido respuesta. 
No tenemos tiempo para que repase las seis preguntas concretas, pero he de decir que con el Comisario tengo una suerte bastante parecida a la que tengo con la lotería del Reino Unido. 
Todas las semanas elijo seis números y ninguno sale nunca. 
He hecho seis preguntas complementarias al Comisario y he tenido la misma tasa de éxito que con la lotería nacional. 
Señor Presidente, respecto de esta controversia entre el Sr. Tomlinson y el Sr. Monti, es necesario señalar que John Tomlinson no habla sólo en nombre de su Grupo político, sino también en nombre de mi Grupo político y- creo yo- de todos los miembros de la Comisión de investigación. 
Y eso es lo que hace que el asunto sea tan grave, señor Monti. 
Señor Presidente, deseo sólo confirmar que estoy dispuesto a cooperar estrechamente con la Comisión de investigación, tanto contestando de forma pormenorizada a todas las preguntas que se formulen y respecto a las que hemos elaborado algunos datos para contestarlas, como deparando la máxima atención a las que van a ser las condiciones, las críticas y las propuestas de la propia comisión. 
El debate queda cerrado. 
Votaciones 
Nuestra Asamblea se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de un reforzamiento de las normas de seguridad aplicables a buques de pasaje. 
En 1994, a raíz del terrible accidente del transbordador Sea Empress, solicitamos la creación de un marco reglamentario europeo que se ajustara a la normativa internacional. 
Hoy nos encontramos ante una propuesta de directiva que responde a nuestros deseos. 
Ésta viene a llenar las lagunas existentes, como la aplicación de las normas de seguridad nacional de fácil adaptación. 
Tiene asimismo el mérito de ajustarse a los sistemas de navegación y de explotación de buques. 
No podemos cerrar los ojos ante el tema de la seguridad de los pasajeros, y quiero felicitar a mi colega por su trabajo ofreciéndole mi apoyo a su informe. 
En efecto, no olvidemos que desde 1986 han naufragado una media de 230 embarcaciones por año, causando la desaparición de más de mil personas. 
Tenemos, por consiguiente, la responsabilidad de tomar las medidas pertinentes. 
Informe Langen 
Mi posición de principio es que las tasas del IVA deben poder oscilar entre los Estados miembros, y que no tienen por qué armonizarse. 
La Unión Europea no debe intervenir en este asunto, sino que debe tratarse exclusivamente a nivel nacional. 
Precisamente como dice el informe, existen actualmente divergencias entre los niveles de IVA, lo cual naturalmente tiene su explicación en los Estados miembros y su modo de financiar el sector público. 
En mi país se ha establecido un IVA relativamente alto con el fin de financiar sectores del sistema de seguridad social, y pienso que funciona muy bien. 
También se aplica el IVA como un método de canalización política de los productos/servicios a los que hay que dar prioridad con respecto a los que no hay que dársela. 
Esta posibilidad, y al mismo tiempo derecho, de los Estados miembros pienso que debe seguir existiendo en el futuro. 
La idea de que el pago en concepto de IVA sólo debe hacerse efectivo en el país de fabricación nos arriesga a que se distorsione aun más la competencia, puesto que el país de fabricación puede cambiarse rápidamente dependiendo de la cuantía de sus tasas fiscales, mientras los consumidores no tienen tanta libertad para escoger el país donde desean consumir productos. 
Informe Colino Salamanca 
He votado en contra del informe por los siguientes motivos: 
1.Estoy completamente en contra de que se creen unas nuevas ayudas para el sector de la agricultura. 
Aunque comprendo las buenas intenciones, creo que las ayudas nos llevarán a un mayor derroche económico en este ámbito.2.Estoy completamente en contra del principio de que el pago de las ayudas deba efectuarse a las asociaciones de productores, para de allí destinarse a los productores privados. 
Esto los obliga a asociarse para conseguir la ayuda.3.Asimismo estoy en contra de que, para conseguirla, tengan que comprometerse a entregar toda la cosecha a las industrias de elaboración de productos. 
Esto conlleva una distorsión, porque perjudica a aquellos agricultores que producen para el mercado de productos frescos, e impide por ejemplo la venta de una parte de la cosecha a personas que deseen recolectar personalmente.En resumen, pienso que la propuesta constituye un ejemplo típico de cómo de una subvención nace una nueva. 
El problema de la agricultura no se soluciona siguiendo este camino. 
Informe Teverson 
He votado «sí» al informe, porque ilustra y resume muy bien las ventajas y desventajas de los fondos estructurales. 
Debe reformarse a largo plazo toda la política regional de la UE. 
Los países miembros tienen que decidir por sí mismos cómo se han de realizar las acciones en el ámbito de la política regional sin rodeos innecesarios que pasen por Bruselas. 
Rebajando impuestos y contribuciones en las regiones desfavorecidas, los fondos estructurales de la UE pueden reducirse a la mitad, y reducirse asimismo el número de programas y de regiones objetivo. Esto incrementaría la eficacia, simplificaría el sistema de ayudas y reduciría la burocracia en los países miembros y en la propia UE. 
Informe Klironomos 
En primer lugar, quisiera subrayar que las evaluaciones y declaraciones excesivamente optimistas sobre el papel de los Fondos estructurales en general, y en Grecia en particular, no pueden ocultar el hecho de que se trata de intervenciones de importancia menor, incapaces de invertir, o al menos de corregir, los resultados negativos de la política comunitaria en general. 
La conclusión básica que se puede extraer de la experiencia de las financiaciones comunitarias en Grecia es la insuficiencia de los presupuestos asignados en relación con las necesidades del país, crecientes en los últimos años, también como resultado de las políticas dictadas por la UE. 
Estas necesidades sobrepasan el proceso de realización de la UEM o las durísimas exigencias fiscales practicadas en nombre de la convergencia. 
Hay que mencionar, además, las necesidades adicionales que se derivan de la singular situación geográfica de nuestro país y la exigencia de reforzar su protagonismo ante la situación existente en las fronteras con Turquía y, en general, como contribución a la paz en los Balcanes. 
Con respecto a la eficacia de las intervenciones estructurales de la UE, quisiera destacar la experiencia de la ejecución del primer MCA, de la cual se desprende que Grecia es el único país del objetivo nº 1 cuyo PNB ha bajado, con respecto a la media comunitaria, del 50 % en 1989 al 40 % en 1993. 
Lamentablemente, por lo que respecta al segundo MCA tampoco podemos expresar sino reservas en cuanto a si contribuirá esencialmente al esfuerzo de desarrollo de Grecia. 
Podría ser, pero a condición de que el principal criterio de selección sea que las obras contribuyan al desarrollo de la economía local y regional, y no necesariamente a la realización de los objetivos y las políticas de la UE. 
Por ejemplo, un defecto importante del segundo MCA es la escasa cuantía de la financiación que ofrece a las islas griegas. 
Creemos que hay que incrementar los recursos de forma proporcional a los problemas y las necesidades de nuestro país, y hay que adoptar medidas para promover un mayor coeficiente de utilización de los mismos, sin dejar de controlar su aplicación. 
De lo contrario, se intensificarán la desigualdad regional, la fragmentación y el aislamiento. 
La situación de Grecia es una de las consecuencias de la política regional comunitaria, que se está agravando, en vez de mejorar, a causa de la reforma de los Fondos estructurales tan elogiada por el Consejo y la Comisión. 
Sin poner en duda en absoluto la objetividad del ponente, considero por principio dudoso que el ponente del Parlamento proceda del mismo país cuya ayuda evaluamos. 
Por motivos también de principio, el Parlamento debería esforzarse siempre por designar un ponente que no pudiera tener un interés personal en el asunto que se somete a debate. 
Dentro de la Unión Europea se ha discutido mucho el asunto de la necesidad de un presupuesto «más verde» para la UE. 
Pienso que sería deseable que lo asumiéramos más, y que destináramos más recursos a las vías ferroviarias y a la construcción de túneles en Atenas que a la de autopistas, lo cual se menciona superficialmente en la motivación del informe. 
Informe Sierra González 
Sin poner en duda en absoluto la objetividad del ponente, considero por principio dudoso que el ponente designado por el Parlamento proceda del mismo país cuya ayuda se evalúa. 
Por principio el Parlamento siempre debería esforzarse por elegir un ponente que no pudiera tener un interés personal en el asunto que se somete a debate. 
Ciertamente, el informe critica en el apartado 6 que se destine una gran parte de las inversiones para las redes de transporte a la infraestructura de carreteras en lugar de a la ferroviaria, pero considero que estas críticas se podían haber formulado de un modo más duro. 
Se están criticando desde varios frentes de la Unión Europea las ayudas de los fondos estructurales a los países miembros. 
Además parece que las ayudas benefician en mayor grado a las regiones ricas que a las pobres de los países destinatarios. 
Tampoco se han valorado suficientemente los resultados obtenidos a través de los fondos estructurales. 
Estamos tratando estos problemas de un modo muy superficial, y es mi impresión que se acentúan los aspectos positivos en detrimento de una crítica que está muy justificada. 
Informe Schiedermeier 
La comunicación de la Comisión relativa a una estrategia europea de estímulo a las iniciativas locales de desarrollo y empleo es un documento muy positivo que aclara y apoya de manera útil las acciones de todos nosotros, diputados y elegidos, en este fértil campo que es la creación de empleo local. 
El informe de nuestro colega Schiedermeier sobre este documento es también un buen informe en el sentido en que la completa, aclara y enriquece. 
Yo personalmente y el Grupo Socialista, en nombre del cual me expreso aquí, votaremos decididamente a favor del informe. 
Todo ello me evoca algunas reflexiones que presentaré con una sonrisa, para animar un poco nuestras sombrías sesiones, pero que de todas formas tienen una repercusión considerable. 
¡Por fin algo! Todos nuestros países se desploman, en diferentes grados, bajo el desempleo. 
No sabemos hacer nada significativo, principalmente porque no coincidimos en el diagnóstico. 
Las fuerzas políticas europeas que se encomiendan al liberalismo y que cuentan con una fuerte representación en este Parlamento, atribuyen la situación, principalmente, a la disfunción del mercado, al exceso de rigidez de nuestras estructuras, a un nivel de protección reglamentaria y social que consideran excesivo. 
La línea que se desprende de este análisis consiste en limitar por doquier, allí donde sea posible, la intervención del Estado, en desregular, desregularizar, recortar al máximo las subvenciones. 
Creo que el análisis es falso y la línea ineficaz. 
Pero lo cierto es que a menudo consigue mayorías en este Parlamento. 
La otra línea, la mía, la línea socialdemócrata, sostiene que incluso, y sobre todo en economía de mercado, el poder público, nacional o europeo conserva su función reguladora e impulsora. 
La gravedad de la situación que vivimos se debe en gran medida a la infrautilización de esta función, a la inhibición de esta responsabilidad por parte de las fuerzas conservadoras europeas. 
Y he aquí que la Comisión, en la que las fuerzas liberales tienen peso, viene a decirnos tranquilamente que, en el sector limitado, pero importante, de la creación de empleo mediante la iniciativa local, el enmarcamiento reglamentario público, el estímulo público e incluso, en algunos casos la subvención pública, tienen todos ellos su razón de ser. 
Además, no cabe duda de que es cierto. 
Es magnífico. 
Las líneas cambian. 
Comenzaremos a entendernos en esta Asamblea. 
Y ha sido nuestro amigo Schiedermeier quien ha elaborado el informe. 
Además, dicho informe no es un torpedo. 
Soberbio. 
Es posible que al hablar de este modo ocasione una pérdida de votos a favor de nuestra causa común. 
Pero no importa: nada es tan importante como reflexionar sobre lo que se ha hecho. 
Todo este debate sobre un pequeño tema desemboca en enormes retos. 
Contiene además una enseñanza fructífera, y es el descubrimiento por parte de las fuerzas liberales de que, a pesar de todo, habrá que recurrir al Estado en los casos límite para poder hacer cosas inteligentes, en las que dichas fuerzas carecen de experiencia. 
La reflexión sobre el buen uso de la herramienta pública no es su especialidad. 
Y de pronto, al igual que sucede con el documento de la Comisión, el informe presenta cierta confusión. 
Por una parte es fundamental distinguir entre las situaciones del mercado en las que hay que compensar un handicap de salida, por otra, las situaciones intermediarias en las que la ayuda pública debe apoyar temporalmente el esfuerzo encaminado a hacer posible el mantenimiento en el mercado de los servicios nuevos y de los trabajadores que se vieron marginados y, por último, la ayuda permanente necesaria para dar solvencia a los servicios no rentables. 
Todo ello no puede tratarse de la misma manera. 
Para que la acción pública sea eficaz, es indispensable que los conceptos sean claros. 
Creemos que hemos hecho una aportación útil en este sentido. 
Damos las gracias a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo por haberlo comprendido y aceptado. 
Y les recomendamos, queridos colegas, que voten con la mayor unanimidad posible a favor de este excelente informe. 
En primer lugar, me gustaría establecer que el informe se basa en una tesis correcta: es mejor enfocar las iniciativas de empleo a lo que en el informe se denomina escala «local» , y que yo llamo nivel nacional o regional. 
La cooperación europea puede contribuir a la creación de un marco y de una infraestructura pero, de hecho, no puede hacer mucho más. 
De lo contrario, sería inexplicable que, dentro del espacio económico europeo, un país como Bélgica tenga una tasa de desempleo de casi el 15 %, porcentaje que duplica al 7 % de su vecino, los Países Bajos. 
Para mayor claridad, debo añadir que, en Bélgica, la administración socialdemócrata cristiana, que no hace más que inventar nuevos impuestos y gravámenes y que ya ha logrado alcanzar los costes salariales más elevados de la Unión Europea, está destruyendo el empleo. 
Mi segunda observación se refiere a todos los informes relativos al empleo que se presentan en este Parlamento. Lamento de nuevo la ausencia de la opción necesaria a favor de la prioridad nacional o europea. 
Sé que el informe del Sr. Schiedermeier está dedicado a un tema sumamente específico pero, aun así, es a mi juicio una tradición desafortunada en este Parlamento tratar el desempleo y el empleo sin tocar siquiera el tema tabú de la inmigración y de los trabajadores extranjeros: un componente importante de la prioridad nacional y europea. 
La pregunta de si a la Unión Europea, con tantos millones de desempleados, no le sobran otros tantos millones de trabajadores extranjeros no europeos es una pregunta de sentido común y, dicho sea entre paréntesis, no tiene nada que ver con la xenofobia o algo similar. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.25 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 5 de septiembre de 1996. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes en la reunión del 12 de septiembre de 1996. 
Lunes: 
El Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo propone que se incluya en el orden del día, al principio de la sesión de hoy, su pregunta oral a la Comisión sobre el Convenio sobre derechos humanos y biomedicina. 
El Grupo del Partido Popular Europeo propone asimismo que se incluya en el orden del día de hoy su pregunta sobre el mismo tema. 
Les recuerdo que esto estaba previsto inicialmente para el viernes. 
La propuesta pide que se trate la pregunta oral sobre el Convenio sobre derechos humanos y biomedicina al comienzo de la sesión. 
Interviene la Sra. Roth para motivar dicha propuesta. 
Señor Hänsch, Señorías, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa celebrará sus sesiones entre el 23 y el 27 de septiembre. 
Es entonces cuando se considerará, entre otras cuestiones, el proyecto de convenio sobre bioética. 
Nosotros hemos tratado en el Parlamento este importantísimo tema exhaustiva y prolongadamente. 
Por desgracia, no hemos sido capaces de emitir dictamen como Parlamento sobre el particular, porque el informe Pelttari no se aprobó en el período de sesiones de julio. 
Consideramos absolutamente necesario que el Parlamento Europeo emita dictamen sobre este tema, dadas las enormes repercusiones que tiene para el presente y el futuro de la humanidad. 
Por esa razón, proponemos que se incluya en el orden del día de esta semana la pregunta oral de nuestro Grupo. Espero que los demócratacristianos hagan lo mismo con la pregunta oral del Grupo del PPE. 
El Parlamento Europeo tiene que decir algo sobre el asunto. 
De no hacerlo, se corre el peligro de que el Consejo de Europa adopte una decisión en una cuestión en la que el Parlamento Europeo carece por completo de postura, lo que sería, sencillamente, irresponsable. 
De conformidad con el artículo 96 del Reglamento, hemos pedido que se vote hoy esta solicitud nominalmente, de acuerdo con el artículo 119. 
La fecha del debate depende de su discreción. 
Nuestra propuesta no significa que tengamos que comenzar hoy con el debate. 
Lo único que queremos es que se debata y se vote este asunto en el curso de esta semana. 
Señora Roth, usted ha pedido por escrito que en el orden del día de esta semana se incluya el tema para el lunes 16 de septiembre a las 17.00 horas. 
Ahora veo que usted pretendía otra cosa. 
Lo que pretende es que se trate esta semana. 
O sea, que la propuesta pide que se incluya la pregunta oral en el orden del día de esta semana. 
La Sra. Oomen-Ruijten quisiera intervenir a favor de la propuesta. 
Señor Presidente, me parece extraño que, cuando un Grupo ha presentado una pregunta oral, sea otro el que hable primero. 
Pero, de cualquier forma, es sumamente importante que fijemos juntos una posición sobre el convenio de bioética. En junio no lo conseguimos debido a algunos malentendidos. 
Quisiera pedir encarecidamente a sus Señorías que expresaran una opinión como Parlamento Europeo, pues no tener una posición es lo peor que puede pasar. 
Hago de nuevo un llamamiento a sus Señorías para que en algún momento a lo largo de esta semana apoyen esa pregunta oral. 
Se procede a la votación de la propuesta. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
No se han presentado propuestas de modificación al orden del día del martes al viernes. 
Quisiera recordar que se ha suprimido el turno de preguntas al Consejo del miércoles. 
Esto se debe, como ustedes saben, a que el orden del día del miércoles por la tarde está repleto. 
Señor Presidente, el miércoles por la tarde figura en nuestro orden del día una declaración del Consejo sobre la situación política en Turquía y una declaración de la Comisión sobre el establecimiento de la unión aduanera con Turquía. 
La semana pasada la Conferencia de Presidentes acordó que el tema de Chipre, lo que ha sucedido en Chipre durante el verano y la tensión que existe actualmente en el país, se examinaría en el marco del debate de actualidad y urgencia el jueves por la tarde y no en el marco de las declaraciones sobre Turquía. 
Quiero decir en nombre de mi Grupo- y me consta que así lo manifestó nuestro representante en la Conferencia de Presidentesque eso es absolutamente inadmisible. 
Nosotros sostenemos que nuestras relaciones con Turquía deben verse influenciadas, como de hecho lo son, por el modo en que dicho país mantiene una ocupación e invasión del norte de Chipre. 
Acabamos de oír en la Gran Asamblea Nacional turca que la titular de Asuntos Exteriores ha liberado 65 millones de liras turcas para enviar a Chipre al grupo de los Lobos Grises, que es una organización fascista, durante el verano. 
Esas mismas personas, pagadas por el Estado, participaron en los ataques y asesinatos en Chipre. 
Es inadmisible que tratemos a un Estado que aspira a convertirse en miembro de la Unión Europea y que atraviesa por unos momentos de crisis y tensión en el marco de un debate de tres o cuatro minutos como parte del debate de actualidad y urgencia. 
Mi Grupo abordará lo ocurrido en Chipre como parte integrante de nuestra discusión sobre la situación política actual en Turquía. 
Asimismo intentaremos comentar dichos acontecimientos en la resolución. 
No queremos que este tema se retire del debate de actualidad. 
Si el Parlamento desea un segundo debate sobre Chipre y la cuestión de los derechos humanos, estamos de acuerdo. 
Pero esto es un tema político, tiene que ser tratado como tal y nos proponemos hacer lo posible para que así se haga. 
Señor Presidente, también nosotros nos hemos encontrado en el Grupo con el Sr. Matsis, líder del partido de Chipre, y hemos mantenido un buen debate con él. 
Comparto plenamente la opinión de la Sra. Green de que habríamos de intentar incluir a Turquía y a Chipre en el orden del día, y en cualquier caso para el miércoles por la tarde. 
No la he entendido bien en lo referente a la cuestión de si el jueves hemos de tener una resolución urgente. 
Esta es en concreto mi pregunta. 
Si lo hacemos, podríamos decir: el miércoles por la tarde celebraremos un debate un poco más largo y si hace falta haremos dos resoluciones. Eso no importa, pero entonces dispondremos en todo caso del jueves para hacer otra cosa. 
En lugar de seguir discutiendo- todavía estamos en el orden del día -, les propongo, al hilo de las intervenciones de la Sra. Green y de la Sra. Oomen-Ruijten, lo siguiente. 
Evidentemente, los Grupos pueden abordar con completa libertad la cuestión de Chipre en el marco de los puntos del orden del día relativos a la declaración del Consejo sobre la situación política actual en Turquía y a la declaración de la Comisión sobre el establecimiento de la Unión Aduanera con Turquía. 
Eso depende de cómo quieran organizar el debate. 
Es una cuestión que depende de los Grupos, que son los que deciden lo que quieren incluir en la resolución. 
Por lo demás, tienen la posibilidad, si se ponen de acuerdo sobre el particular, de cambiar la lista de urgencias e incluir otro asunto en el lugar del primer punto «Chipre». 
Esto se puede hacer sin dificultad. 
Si el miércoles no hay tiempo suficiente, estoy dispuesto a prorrogar la sesión hasta las 20.00 horas. 
Podemos proceder de esa manera si están de acuerdo. 
Señor Presidente, voy a expresar la opinión de mi Grupo, puesto que su presidente, por motivos ajenos a su voluntad, no puede estar presente en este momento. 
Así que, expresando la opinión de mi Grupo, quiero manifestar que estamos de acuerdo con la propuesta de que el miércoles el conflicto de Chipre se trate tanto en la declaración del Consejo como en la de la Comisión. 
Es inconcebible, señor Presidente, que, dadas las experiencias que hemos tenido, al deliberar sobre la situación de Turquía y tratar la cuestión de si la Unión Aduanera se ha puesto en práctica y en qué medida, no se haga referencia alguna al conflicto de Chipre, que está absolutamente vinculado a esos dos temas, con lo cual podría mantenerse un debate más completo y se votaría una resolución que, naturalmente, se referiría a los tres aspectos: la situación en Turquía, la Unión Aduanera y la cuestión de Chipre. 
Es diferente el caso del debate sobre temas de actualidad y urgencia: en ese se trata del conflicto de Chipre provocado por los asesinatos cometidos a mediados de agosto. 
Esa es otra cuestión. 
Una cuestión no debe sustituir a la otra. 
Entonces estamos de acuerdo sobre cómo vamos a proceder. 
Los Grupos acordarán el miércoles lo que estimen necesario y decidirán el miércoles por la mañana si se mantiene o no el punto del orden del día «Chipre» en el debate de actualidad. 
Señor Presidente, espero que la cancelación del turno de preguntas al Consejo tenga carácter excepcional. 
Quisiera señalarle que cuando se decidió retirar el turno de preguntas de su hora avanzada de la noche para situarlo en una hora más temprana, nos aseguraron que no desaparecería del orden del día. 
Por consiguiente, desearía que nos asegurara que se trata de un hecho excepcional. 
Sir Jack, se trata verdaderamente de una excepción. 
Los portavoces de los Grupos estuvieron de acuerdo en que, dadas las especiales circunstancias que concurren en esta semana, no habrá turno de preguntas por razones de tiempo. 
Señor Presidente, una pequeña modificación del orden del día del martes con respecto al informe Rocard. 
En la Conferencia de Presidentes, el jueves pasado, se acordó que el debate empezaría a las 16.30 para satisfacer la petición del Consejo, pero no que duraría hasta las 17.30, es decir, sólo una hora. 
Se acordó que el informe Rocard comenzaría a las 16.30 y que, en su caso, podría continuar, dada la importancia del tema, también por la noche. 
Es una simple modificación que me parece conforme a lo que decidieron los presidentes de los grupos. 
El debate del informe Rocard se puede proseguir después del turno de preguntas a la Comisión. 
Se trataba de contar con la presencia de la Presidencia irlandesa durante una hora más por la tarde. Tendría lugar entonces de las 16.30 horas a las 17.30, como estaba previsto en el orden del día. 
Con esto se da por concluido el asunto. 
Señor Presidente, mi apelación al reglamento se fundamenta en el artículo 103 de nuestro Reglamento. 
¿Podría usted verificar que efectivamente se transmitió a Jean-Marie Le Pen, diputado de nuestro Parlamento, el compendio de Tratados en el que figura la Declaración Común sobre el racismo y la xenofobia del 11 de junio de 1986? 
Mediante esta declaración, nosotros condenamos enérgicamente, en particular, todas las manifestaciones de intolerancia, hostilidad y utilización de fuerza respecto a una persona o a un grupo de personas debido a su diferencia racial, religiosa, cultural, social o nacional. 
Las recientes declaraciones de este diputado son una vergüenza para nuestro Parlamento y queda de manifiesto que se encuentran en total contradicción con el conjunto de los textos que fundamentan nuestra Comunidad. 
Señora diputada, sus Señorías han recibido todos los documentos que usted ha mencionado. 
No voy a permitir ningún debate sobre el asunto. 
El orden del día ha quedado establecido. 
Era una pregunta basada en el artículo 103 del Reglamento. 
No voy a permitir ningún debate sobre el asunto. 
Modificación del apartado 1 del artículo 80 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0208/96) del Sr. Wijsenbeek, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del apartado 1 del artículo 80 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a la conclusión del procedimiento de dictamen conforme. 
El informe que tengo el honor de presentar hoy aquí en nombre de la Comisión de Reglamento es un paso hacia la revisión de los procedimientos parlamentarios. 
No se trata tan sólo de un proceso natural que todo Parlamento atraviesa alguna vez para adaptarse a nuevas tareas y nuevos criterios, sino que también es necesario no atascarse en procedimientos que no acaban de ser del todo claros para aquellos en cuyo nombre desempeñamos nuestra tarea parlamentaria. 
Como Parlamento Europeo, a veces nos cuesta mucho llegar suficientemente a la opinión pública. 
En parte es consecuencia de la desafortunada situación que implica la doble sede. 
Cuando nos reunimos aquí en Estrasburgo, a veces suceden tantas cosas interesantes en Bruselas que la prensa se queda allí. 
Si hay algo importante en el orden del día, hay que conocer muy bien nuestros procedimientos y estar siempre presente para comprender cómo son dichos procedimientos. 
Tenemos veinte competencias diferentes, cada una con características propias. 
Estos procedimientos varían desde una simple consulta en una única lectura, la codecisión, posiblemente en tres lecturas y una mediación, hasta el procedimiento presupuestario que con la promulgación incluye cinco diferentes trámites en el pleno. 
Esperemos, señor Presidente, que la CIG aporte alguna simplificación. 
Sin embargo, este no es el tema del presente informe, que trata tan sólo de uno de estos procedimientos: el procedimiento de dictamen conforme. Este implica que el Parlamento ha de dar su aprobación final a un acuerdo internacional o una propuesta legislativa. 
Los procedimientos en materia de adhesión de los nuevos Estados miembros y los acuerdos internacionales están regulados en los artículos 89 y 90, respectivamente, del Reglamento. 
Los tres artículos tienen en común con el artículo 80 que cada vez, como es normal en el Parlamento, se vota sobre la base de un informe de la comisión parlamentaria competente. 
Supongamos que la comisión parlamentaria competente llega a la conclusión de que el acuerdo, el tratado de adhesión o la propuesta legislativa que hay que aprobar, no merece el dictamen conforme. 
En tal caso, el pleno, si está de acuerdo con el rechazo, ha de votar afirmativamente, es decir con un «sí» , pues ello tiene precisamente como consecuencia que no se realice el acuerdo de adhesión o la propuesta legislativa. 
Si, por el contrario, el pleno está de acuerdo con las propuestas, a pesar de la opinión de la comisión parlamentaria, ha de votar negativamente, es decir con un «no». 
Señorías, pueden ustedes figurarse que lo último que pretendo es emitir un juicio de valor sobre la inteligencia de los miembros de este Parlamento, o de los periodistas que han de informar de nuestras visicitudes, por no hablar del elector que nos ha elegido y que por tanto debe de ser muy inteligente. 
Pero este procedimiento puede generar confusión, incluso para alguien con un elevado coeficiente de inteligencia. 
Es por ello que nuestra comisión, a instancias suyas, señor Presidente, me ha dado su venia para presentar este informe. 
En él se evita la posible inversión sobre la base de los informes parlamentarios de la aprobación o rechazo del acuerdo, el tratado o la propuesta legislativa. 
A partir de ahora podremos votar simplemente «sí» cuando estemos a favor de la propuesta en cuestión y «no» -para quienes sepan griego, » kata» -cuando rechacemos la propuesta en cuestión. 
Con ello, si se aprueba la modificación del Reglamento con la mayoría necesaria de dos terceras partes, el Parlamento contribuirá a ofrecer una mayor transparencia para la prensa y el público. 
Quiero terminar esta introducción expresando la esperanza de que el Consejo y la Comisión estén dispuestos a seguir este buen ejemplo dando mayor transparencia a sus procedimientos. 
Señor Presidente, seré muy breve. 
En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Wijsenbeek por su informe. 
Se trata de una revisión técnica del Reglamento que tiene por objeto simplificar y aclarar el Reglamento en relación con su estado actual. 
El propio Sr. Wijsenbeek lo ha resumido en su exposición de motivos, donde dice: » ¿Cómo, en efecto, los medios de comunicación y a fortiori los ciudadanos de la Comunidad pueden entender y seguir en condiciones satisfactorias unos procedimientos en los que para decir una cosa es necesario expresar lo contrario?» 
Con la revisión del Reglamento, cuando queramos decir «sí» votaremos «sí» , y cuando queramos decir «no» votaremos «no». 
Sobre esta base, el Grupo Socialista recomienda y dará su apoyo a la modificación del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Derechos humanos en la UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0223/96) de la Sra. De Esteban Martín, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea en 1994. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a todos los Grupos políticos el interés y dedicación demostrados en la elaboración del informe sobre la situación del respeto de los derechos humanos en la Unión Europea en 1994. 
Como todos ustedes saben, un informe de esta naturaleza no está exento de ciertas dificultades que han requerido un mayor esfuerzo de diálogo y cooperación para intentar alcanzar un acuerdo que unifique, en la medida de lo posible, los diferentes criterios y posiciones. 
Todos sabemos que el tratamiento y estudio de los derechos humanos es una tarea amplia y compleja ya que nos encontramos con una multitud de normas nacionales, distintas en su naturaleza, y que corresponden a diferentes tradiciones constitucionales derivadas de la historia y particularidades de cada uno de los Estados miembros. 
Igualmente, a nivel internacional, son numerosos los instrumentos que abordan la problemática de los derechos humanos. 
Como resultado de esta complejidad y atendiendo a lo establecido en el Tratado de la Unión, en el apartado 2 de su artículo F, consideré en su momento que era el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 la base jurídica fundamental para la elaboración de este informe. 
Es importante que sepamos distinguir entre lo establecido, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como derechos humanos clásicos y la incorporación, que hemos recogido en este informe, de la protección de ciertos derechos económicos y sociales que- a sus Señorías no se les escapa -, se diferencian tanto por su naturaleza jurídica como por el grado de protección de los mismos. 
Los derechos humanos clásicos son derechos propios de las personas de acuerdo con lo que establezca el derecho aplicable, que implica la aptitud del sujeto jurídico de demandar a quienes los vulnere, brindando los medios necesarios para ello. 
Por el contrario, los derechos económicos son programáticos, derivados de la evolución del derecho, de la política y de la economía y, por ello, el Estado tiene que garantizarlos como consecuencia de un compromiso por parte de este Estado. 
Pero esto no significa que, con carácter general, el sujeto jurídico tenga la facultad directa e inmediata de exigir al Estado, concreta y específicamente, la prestación que está en la esencia del reconocimiento del derecho. 
La obligación del Estado radica en el imperativo de ver de dedicar, dentro de sus posibilidades económicas y financieras, los recursos necesarios para la satisfacción de estos derechos económicos, sociales y culturales. 
Hecha esta distinción, señor Presidente, en el informe he intentado reflejar cuál es la situación real del respeto de los derechos humanos en Europa durante 1994, privilegiando las fuentes jurídicas directas o formales- tales como la legislación, la costumbre y la jurisprudencia- tanto a nivel nacional como internacional y comunitario, principalmente los informes del Consejo de Europa y las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, que nos han ayudado a recabar una información fidedigna sobre la situación real del respeto de los derechos humanos en Europa, así como las aportaciones de algunas organizaciones no gubernamentales. 
Es evidente que los Estados miembros de la Unión pertenecen a un grupo de países que garantizan plenamente el respeto de los derechos humanos a través de sistemas políticos, democráticos y pluralistas, con efectivas instituciones parlamentarias y sistemas judiciales independientes. 
No obstante, hemos podido constatar a lo largo de 1994 casos en los que se han vulnerado estos derechos fundamentales: acciones perpetradas contra el derecho a la vida por parte de grupos terroristas, algunas situaciones de malos tratos- sobre todo los referidos a la situación de sobrepoblación de las cárceles -, la preocupación por los derechos de los acusados y, sobre todo, la lentitud de los procesos, el establecimiento de ciertas garantías procedimentales en las legislaciones de los Estados miembros, los derechos de la infancia y la garantía del principio de igualdad de trato y no discriminación en el más amplio sentido, atendiendo a la condena específica de cualquier manifestación racista o xenófoba. 
Es fundamental el compromiso de que la evolución del derecho ha de realizarse en el marco del respeto universal de los derechos fundamentales del ser humano y cualquier proyecto de sociedad auténticamente democrática debe tener como principal objetivo la libertad y la dignidad del ser humano. 
Por ello, la Unión Europea, que camina hacia un futuro político común cuya legitimación se debe basar en los principios democráticos fundamentales, ha venido preocupándose por la defensa y protección de estos derechos fundamentales y el Parlamento Europeo, como institución elegida por sufragio universal libre y directo, tiene un especial deber de vigilancia del respeto de estos derechos. 
No podremos tener autoridad moral para dictar resoluciones sobre la situación del respeto de los derechos humanos en terceros países si este Parlamento fuera incapaz de hacer un acto de reflexión y autocrítica constructiva sobre la situación interna del respeto de los derechos humanos en la Unión. 
Es por ello que apelo a la responsabilidad de los miembros de esta Asamblea para que entre todos hagamos un esfuerzo para sacar adelante un informe de estas características, de cuyas dificultades y complejidad he hecho mención anteriormente. 
El Parlamento Europeo debe ser capaz de aprobar resoluciones como la que hoy se presenta para poder seguir manteniendo su prestigio, autoridad e influencia. 
Señor diputado, no puedo dejar pasar la expresión «pandilla» para referirse a diputados. 
Señor Presidente, un debate sobre los derechos humanos debería ser una ocasión para poner de relieve temas de la máxima importancia. 
No obstante, muchos elementos del informe que ahora examinamos, aunque no por culpa de la ponente, resultan inaceptables. 
Volveré en seguida sobre este punto. 
No tengo inconveniente en apoyar la solicitud a la Comisión para que presente una comunicación sobre los instrumentos destinados a combatir el tráfico de seres humanos, tema que tendremos la oportunidad de estudiar esta misma semana en el contexto de una pregunta oral presentada por nuestro Grupo sobre la necesidad de adoptar medidas a nivel de la UE para atajar la violencia contra los niños, tema particular y trágicamente candente a raíz de los sucesos ocurridos recientemente en Bélgica. 
Asimismo tampoco tengo ningún inconveniente en respaldar- y de hecho en subrayar- la necesidad de una cooperación eficaz para luchar contra las redes de narcotráfico, cuyos miembros, si es que les preocupa en lo más mínimo, son responsables de tantas muertes y de haber arruinado la vida de tantas personas. 
Las políticas actuales en materia de droga han fracasado en su intento de frenar el narcotráfico ilegal, que en la actualidad ha cobrado intensidad y es más mortífero de lo que había sido nunca. 
Hay que poner fin a los días en que se daba un trato considerado a los narcotraficantes y a los señores de la droga que se mantienen en el anonimato. 
Es una cuestión de quién representa la ley: los señores de la droga y los escuadrones de la muerte o bien la policía y el Ministerio de Justicia o los políticos. 
En mi país, las luchas entre las bandas de malhechores, los actos de intimidación y los asesinatos se están convirtiendo en actos demasiado frecuentes, especialmente en mi circunscripción. 
En Dublín Occidental, mi circunscripción, y en el centro de la ciudad, el problema de la droga y la adicción a la heroína han alcanzado proporciones epidémicas. 
En algunas zonas, la gente parece haberse tomado la justicia por su mano en un esfuerzo por proteger a sus hijos, y en ocasiones van más allá de la ley. 
El asesinato a sangre fría de una periodista irlandesa, mi amiga Veronica Guerin, a manos de uno de nuestros señores de la droga, cuya identidad se conoce, pero que está consiguiendo evitar ser procesado, no es más que un caso reciente. 
A estos malhechores que juegan con las vidas de adultos y niños por igual y las destrozan, que no respetan los derechos humanos, hay que pedirles cuentas y aplicarles todo el rigor de la ley. 
Los beneficios que han obtenido por medios tan viles deben ser congelados. Hay que impedir que puedan transferir sus bienes a cualquier punto de la Comunidad. 
Tenemos que hacer realidad la cooperación policial y judicial a nivel europeo y tenemos que hacerlo con carácter de urgencia. 
Debemos preguntarnos quién gobierna la sociedad. 
Muchos de nuestros ciudadanos se lo preguntan actualmente. 
¿Son las fuerzas legítimas de la ley y el orden, o bien son los señores de la droga que operan en toda la Unión Europea con sus vastas fortunas y sus sicarios que siembran el terror en nuestras ciudades? 
A raíz de la votación en la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos de Interior y de la adopción de numerosas enmiendas, se ha roto el equilibrio del informe de la Sra. de Esteban Martín. 
Por un lado pedimos cooperación eficaz para luchar contra los señores de la droga y, por otro, estamos convirtiendo el informe en una carta sobre los derechos de los prisioneros, con escasas referencias a las necesidades y los derechos de las víctimas de la delincuencia. 
Muchos de estos prisioneros son los responsables del crimen organizado y de asesinar y aterrorizar a personas de edad avanzada en sus propios hogares. 
Tampoco se hace ninguna referencia a la necesidad de trasladar a los reclusos, algo que podría dar un fuerte impulso a restablecer el alto el fuego por parte del IRA. 
Es muchísimo lo que puede decirse a favor del presente informe. 
Felicito a la Sra. de Esteban Martín por el inmenso trabajo que ha dedicado a su elaboración, pero creo que cuando llegue el momento de la votación, tendremos que abstenernos o votar en contra debido a su complejidad. 
Señor Presidente, quiero empezar haciendo una advertencia en relación con este debate. 
El mundo nunca ha visto listas tan largas de derechos humanos como las de las constituciones de los antiguos países comunistas. 
Contenían página tras página de derechos reconocidos en las democracias populares comunistas. Habiendo tantos, era siempre posible suprimir uno haciendo referencia a otro. 
Los derechos sociales fueron utilizados como excusa para suprimir los derechos de libertad política y sin ésta era imposible controlar que no fuesen suprimidos los derechos sociales, por lo que lo fueron, obviamente, y, por lo tanto, no existía ni uno ni otro tipo de derechos. 
Este es el motivo por el que hemos tenido repetidas disputas al ocuparnos de los informes sobre derechos humanos en esta Asamblea. 
Algunos de nosotros opinamos que el deseo de incluir todo el contenido de los programas de los partidos políticos nacionales perjudica los derechos humanos en Europa. 
El motivo por el que el informe del Sr. Newton sobre derechos humanos nunca fue aprobado fue que incluyó una serie de puntos seguramente muy sensatos del programa de su partido en el Reino Unido, pero el informe sobre derechos humanos no es el lugar adecuado para ellos. 
Este informe, de la Sra. de Esteban, es mucho mejor. 
Es más breve y tiene, por lo tanto, más fuerza. 
Me alegro de que aborde la libertad de asociación. 
Es importante no subrayar únicamente la libertad de asociarse y de luchar por los derechos, sino también la libertad de no afiliarse sin peligro de perder el puesto de trabajo. 
Me parece, asimismo, necesario incluir una referencia a la sanción de los delitos contra los menores, aun cuando se cometan en países en los que no exista una prohibición. 
Como ya se sabe, el derecho a la vida está mencionado en la declaración de independencia norteamericana como el primero de los derechos. 
El Grupo liberal votará en contra de varios puntos de este informe. 
Les ruego comprendan que vamos a votar en contra de algo con lo que estamos de acuerdo, pero lo hacemos porque el informe sobre derechos humanos no nos parece el lugar adecuado para ello. 
Esperamos que el Grupo socialista considere la posibilidad de no incluir tantos puntos de su programa político en el informe, ya que finalmente nos obligan a votar en contra. 
Deseamos votar a favor de él en su forma actual, pero existe una limitación en lo que podemos aceptar. Nos parece que varios puntos del informe deben ser eliminados. 
En calidad de liberales, apoyamos fervientemente los derechos humanos. 
Los valoramos tanto que no queremos que sean mezclados con ninguna otra cosa. 
Señor Presidente, Señorías, justo en el momento en que se ha de hablar entre nosotros, a la puerta de nuestra casa, de los derechos humanos, me da la impresión que algunos hablan como el fariseo del Evangelio de San Lucas 18, versículo 11, que dice: » Oh Dios, te doy las gracias porque no soy- porque no somoscomo el resto de los hombres». 
O sea, bajo el lema: las violaciones de los derechos humanos quedan muy lejos, hay en todas partes menos entre nosotros. 
Esta postura es un doble rasero: los derechos humanos se invocan con fervor, pero se practican muy selectivamente. 
Entre nosotros la política de derechos humanos es, ante todo, una política de intereses. 
En las relaciones con Estados que practican la tortura y que violan los derechos humanos rige una teoría de la relatividad política: cuanto más grande sea el Estado y mayor sea su importancia, más bajará el tono de la indignación europea. 
Ciertamente, para retornar a mi comienzo, es más fácil denunciar los crímenes cometidos en otros lugares que reconocer los propios, pero precisamente eso es lo que hace falta para resultar creíble, analizar a conciencia la solidez del fundamento de los derechos humanos en la Unión Europea. 
La credibilidad propia comienza por no encapricharse, exclusivamente sobre el papel, con la forma noble de los derechos humanos que encontramos en protocolos, convenios, actas de conclusión y declaraciones. 
La credibilidad comporta en mucho mayor grado investigar la realidad de estos derechos. El juicio que se emita sobre esta realidad ha de basarse en un concepto de derechos humanos abarcador y muy amplio, y no estrecho y restrictivo. 
Cuando hablo sobre derechos humanos, me estoy refiriendo también al derecho a un medio ambiente intacto, a los derechos de la mujer, de los niños, de la tercera edad, de los disminuídos, de los homosexuales, de los extranjeros y de los refugiados y hablo también de la pobreza y la exclusión. 
Los conservadores se han mofado sobre una supuesta pérdida de pureza del concepto clásico burgués de los derechos humanos. 
Para ellos el concepto de derechos humanos se diluye al incluir los derechos sociales y ecológicos. 
Desde hace mucho tiempo se critica a los países en desarrollo precisamente porque, ante la contemplación de la miseria y el sufrimiento, exigen derechos humanos sociales para superar su estado de necesidad. 
¿Y qué hace Europa? 
Son los Estados de la Unión Europea los que degradan los convenios clásicos, como el de Ginebra sobre Refugiados, aplicándolos abusivamente. 
El peligro al que se enfrentan los derechos humanos de perder su carácter vinculante no procede tanto de su ampliación como de su no aplicación por parte de la Unión Europea. 
Sólo enfrentandonos verdaderamente en esta Asamblea a los abusos existentes y lanzándonos al debate político interno conseguiremos que el informe anual sobre derechos humanos sea algo más que el cumplimiento de una obligación moral. 
Agradezco expresamente a la ponente su esfuerzo para que se reconozca un concepto más amplio y abarcador de los derechos humanos. Espero que este informe sobre la situación de los derechos humanos en Europa en 1994 pueda contar por fin en septiembre de 1996 con la necesaria mayoría. 
Señor Presidente, nuestro Grupo votará, desde luego, el excelente informe de nuestra compañera la Sra. de Esteban Martín. 
Sin embargo, no puede hablarse de los derechos humanos en el seno de la Unión contentándose con mencionar cómo se comportan los Estados y los Gobiernos europeos hacia sus nacionales. 
Es preciso hablar aquí, en este Parlamento, sobre la manera en que nos comportamos en relación con los ciudadanos de países terceros, comportamientos que deben inscribirse en los textos de ley, en los reglamentos, en la actitud de los poderes públicos y en la vida diaria y concreta. 
Pero, ¿qué significa con exactitud, muy concretamente, luchar en favor de los derechos humanos? 
Es oponerse a que las puertas de una iglesia se hagan astillas a hachazos para prender a las personas que allí hacen huelga de hambre y guardan cama. 
Es aplastar la infame afirmación que pretendería hacernos creer que los hombres no nacen iguales en derecho. 
Claro está, la salva de advertencia que el fascismo militante acaba de tirar en Francia tiene un alcance limitado. 
La manera como se trate hoy a los africanos, a los turcos o a los árabes, la falta de humanidad que hemos demostrado hacia ellos, prefiguran, con toda seguridad, la manera como nosotros, ciudadanos de la Unión, seremos tratados si se deja la vía libre a los nacionalistas, enemigos de la democracia, que con tanta facilidad se convierten en asesinos, como ya lo han demostrado en nuestro propio continente todavía hace pocos meses. 
Señor Presidente, el respeto de los derechos humanos, cuyas raíces han de encontrarse en nuestra adhesión a la dignidad de la persona y, por ende, en nuestras tradiciones espirituales más antiguas, merece que los países europeos le presten una gran atención. 
Por ello, los Estados miembros de la Unión son especialmente vigilantes a este respecto, y sobre todo Francia, que ha respetado perfectamente los derechos humanos en el asunto de los inmigrantes sin documentación, inmigrantes que habían violado nuestras leyes mal que le pese a la Sra. Pailler. 
Para proteger estos derechos, los países miembros se adhieren al Convenio europeo que salvaguarda los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Hoy por hoy, la cuestión que se plantea es la de saber si la Unión Europea debería adherirse, por su parte, a este Convenio. 
El informe De Esteban Martín responde positivamente. 
Nosotros no compartimos su opinión sobre este punto, ya que esta adhesión, de poca utilidad práctica, hará dar a la Unión un salto institucional que no domina. 
En efecto, el artículo F del Tratado proclama ya que la Unión respeta los derechos fundamentales tal como los garantiza el Convenio europeo sobre derechos humanos y el Tribunal de Justicia, por su parte, los ha integrado en su jurisprudencia. 
En realidad, la única cuestión que queda por zanjar es la de la una eventual discordancia en la apreciación sobre aspectos de derecho comunitario entre el Tribunal de Estrasburgo y el de Luxemburgo, hipótesis bastante secundaria y que no implica ninguna dificultad que no pueda resolverse con el tiempo. 
En cambio, la propuesta de adhesión de la Unión al Convenio europeo implicaría un montaje jurídico complejo y mayor lentitud en su utilización, ya que sería preciso añadir a los plazos de nuestro Tribunal de Justicia, los de una posible apelación ante el Tribunal de Estrasburgo. 
En estas condiciones, esta adhesión directa de la Comunidad tendría por todo mérito aproximarla un poco más al objetivo al cual tiende desde hace mucho tiempo: hacerse pasar por un Estado. 
Por lo demás, si la Unión, por su parte, debiera adherirse al Convenio, antes sería preciso darle la personalidad jurídica, lo que nos llevaría una vez más por un camino no trazado. 
Por último, si la Comunidad, o la Unión, pudiera celebrar convenios internacionales en materia de derechos humanos, ello significaría sin duda alguna que posee de ahora en adelante una competencia general en este ámbito que los Tratados siempre le han negado. 
Esto sería todavía más cierto, evidentemente, si se inscribiera en el Tratado una lista de derechos fundamentales, como algunos lo reclaman. 
Al producirse un vuelco semejante de competencias técnicas hacia competencias generales, ya no andaríamos demasiado lejos de un cambio de naturaleza de las instituciones europeas. 
Señor Presidente, Señorías, resulta gracioso oír a este Parlamento hablar de derechos humanos cuando hace un momento el propio Presidente del Parlamento me negó la palabra dos veces cuando quise contestar a la Sra. Berès y luego al Sr. Schulz por haber insultado directamente a nuestro compañero Jean-Marie Le Pen y, por ende, indirectamente, a los otros diez diputados del Frente Nacional miembros de esta Asamblea, entre los que me cuento yo mismo. 
Por lo demás, debo decirles que, en lo que concierne a este debate, el pueblo ha zanjado la cuestión, puesto que ayer por la noche hubo cuatro elecciones parciales que se señalaron por una gran progresión del Frente Nacional, a pesar del debate lanzado desde hace una semana en los medios de comunicación. 
Por ello, no se cumplió el artículo 108 del Reglamento. 
Para que así conste. 
Los derechos humanos son, es verdad, el tema más favorable al culto de un vicio especialmente detestable que se llama hipocresía, y el informe que hoy nos ocupa arrastra lamentablemente una tradición histórica sumamente pesada, puesto que desde 1793, Robespierre hizo aprobar por la Convención Nacional una declaración de los derechos humanos particularmente demagógica a la que asoció un terrorismo de Estado conocido como El Terror. 
Otro ejemplo citado hace un momento por un diputado: la Unión Soviética de Stalin, que firmó sin pesteñear una magnífica Declaración universal de los derechos humanos en la Convención de San Francisco. 
Ello no le incomodó en lo más mínimo para tener un goulag con millones de prisioneros. 
Por lo demás, el gran filósofo Hegel, en sus análisis sobre la Revolución francesa, demostró muy bien cómo el totalitarismo moderno se fundaba precisamente en la aplicación de normas jurídicas y filosóficas generales, denominadas derechos humanos, para aplastar al individuo. 
Aparte de este debate filosófico, constato que el informe no habla de un determinado número de violaciones de los derechos humanos que son, sin embargo, innegables. 
Por ejemplo, la violación de la libertad de expresión- citaré el caso de mi país porque es el que mejor conozco- nuestro movimiento- el Frente Nacional- es el blanco de violaciones a la libertad de expresión sumamente graves, fruto no solamente de comportamientos a veces arbitrarios de los medios de comunicación y del Gobierno, sino también de una ley de inspiración comunista- la ley Gayssot- ley totalitaria que no debería existir en un país democrático. 
Por lo demás, en el momento de su votación, el ministro de Justicia reconoció su carácter totalitario. 
Otro ejemplo: la violación de la libertad de las naciones, en Europa, de decidir o no, por referéndum, si desean realmente convertirse en países de inmigración. 
A este respecto, les remito a los trabajos de Kant que afirmaba, en su proyecto de paz perpetua, que las poblaciones de origen tenían siempre el derecho a pronunciarse sobre la aceptación o no de las poblaciones inmigrantes en su territorio. 
Es preciso decir que Kant quería proteger a los indios de América que padecieron la inmigración a tal grado que hoy día- los desgraciados- casi han desaparecido, en todo caso, como pueblo soberano. 
Un ejemplo más: la violación de la seguridad de las personas de la que, curiosamente, se habla muy poco en este informe. 
Compruebo que, desde 1957, los crímenes y delitos se han quintuplicado en el conjunto de los países de la Comunidad Europea. 
Como siempre ocurre en las violaciones de los derechos humanos, las víctimas son sobre todo los pobres. 
Otra violación, muy grave, la violación del derecho al trabajo- la ponente lo mencionó, por lo demás- pero se cuidó muy bien de decir que el paro masivo es producto de la política europea de deflación monetaria y del librecambismo desenfrenado. 
Veinte millones de desempleados que afectan, como por casualidad, a los más débiles, al igual que la inmigración y la inseguridad. 
Todas estas violaciones ignoradas, u olvidadas, en este informe afectan evidentemente a los más débiles de nuestros conciudadanos y constituyen un paso atrás de nuestra civilización en la vida diaria, a pesar de todos los textos que se encarnizan en publicar, día a día, sobre los derechos humanos. 
Todo ello demuestra en realidad que la Europa mundialista es un proyecto oligárgico, que defiende los intereses de una clase dirigente sumamente arrogante, que se ha adueñado del poder en Europa y dirige su política sin tomar en cuenta los intereses populares. 
Algunos ejemplos concretos me han llamado la atención de manera especial: en primer lugar, me sorprende que el informe no diga una sola palabra sobre el derecho a la vida del niño por nacer que, visiblemente, no se reconoce en lo más mínimo, burlando con ello dos mil años de tradición cristiana y dos mil quinientos años de tradición humanista, puesto que el propio Hipócrates ya reconocía ese derecho cinco siglos antes de Jesucristo. 
Otro ejemplo: la inmigración. 
El informe no menciona la necesidad de una cláusula democrática para que, una vez más, los pueblos puedan pronunciarse sobre lo bien fundado de esta inmigración. 
Asimismo, quisiera denunciar el apartado 60 que condena la actitud del Estado griego. 
Considero que se trata de una violación a la soberanía nacional de Grecia que yo no puedo admitir en el marco de las instituciones europeas. 
Por lo que se refiere al ejemplo de la condena del racismo, en el apartado 86, compruebo que, en ningún lado, se menciona la necesidad de proteger a las poblaciones de origen contra el racismo que ejercen en contra suya algunos inmigrantes. 
Se tiene la impresión de que el racismo se ejerce siempre contra los mismos, pero, de hecho, toda población puede padecer efectivamente violaciones de tipo racista. 
Esto es lo que ocurre con la mayoría de las poblaciones de origen de los países europeos, pero el informe no toca el tema. 
Por último, el apartado 93 afirma que los partidos de extrema derecha favorecen la xenofobia. 
Haré notar que la xenofobia siempre ha estado presente, tanto de derechas como de izquierdas, en todas las épocas. 
Los hebertistas, durante la Revolución Francesa, eran xenófobos; 
Existe hoy día una xenofobia antiiraquí en todas las cadenas de televisión y no hablo de la xenofobia antirrusa, que se ejerce en algunos diarios franceses como el gran diario Le Monde. 
Tratándose del derecho al reagrupamiento familiar, habría debido precisarse que debe hacerse en el país de acogida. 
Última observación: la economía europea actual burla los derechos económicos, pero ya lo mencioné hace un momento. 
Por tanto, creo que hay enormes lagunas en este informe que es un cúmulo de hipocresía sumamente característica del estado en que se encuentra el debate político actual. 
Es sumamente penoso, Señor Presidente, escuchar lo que acabamos de oír cuando aún se tienen... 
(Interrupción de un diputado) ¡Esa es la libertad de expresión! 
Déjenme expresarme, yo no dije nada mientras hablaba el Sr. Blot. 
Decía que era sumamente penoso, Señor Presidente, escuchar lo que acabamos de oír cuando aún se tienen presentes las imágenes vistas en la televisión francesa, ayer por la noche, de una manifestación, de una explotación innoble de un drama humano que ha golpeado a Francia, por parte del partido al que pertenece el Sr. Blot... 
(Interrupción) ¡Libertad de expresión, Sr. Blot, libertad de expresión! 
No, yo no ataco al Sr. Blot personalmente, ataco simplemente la explotación de un drama que ha golpeado a Francia por un partido político con un objetivo únicamente racista y electoralista. 
¿Por qué? 
Porque la decisión de la manifestación, Sr. Blot, fue tomada... 
Esta decisión, usted bien lo sabe, fue tomada únicamente cuando la gente del Frente Nacional tuvo la confirmación del origen, no digo la nacionalidad, sino del origen de la persona autora del crimen. 
Esta era de origen marroquí y el Sr. Le Pen, ayer por la noche, en la televisión, habló de un marroquí. 
Insistió, ante Christine Ockrent, diciendo: » No, no era un francés, era un marroquí». 
Cuando todos sabemos que era un francés, con un documento de identidad francés. 
Lamentablemente, tenía una madre marroquí. 
Pero ello indica claramente las intenciones. 
Quiere decir con toda exactitud- que, por lo demás, ya se ha dicho en bastantes declaraciones anteriores del Frente Nacional- que si ustedes llegan al poder, no harían gran caso de la nacionalidad de las personas y podrían, como se hizo en la época de Vichy, volverse para atrás. 
Perdóneme, señor Presidente, pero ahora retomo lo que deseaba decir, o sea, que nuestro Parlamento dedica una parte nada despreciable de su tiempo a denunciar las violaciones de los derechos humanos en los países terceros y tiene toda la razón en hacerlo. 
Se dice en Francia de antes de hablar hay que enjuagarse la boca. 
Ahora bien, se puede permitir dar lecciones cuando los derechos humanos no se respetan a la perfección en la Unión Europea, cuando todos saben bien que existen efectivamente numerosas violaciones. 
Durante el poco tiempo que me queda, sólo citaré un ejemplo: la suerte cada vez más triste que se reserva en Europa al derecho de asilo, el que se reduce año con año como una piel de zapa. 
Sin embargo, es un deber imprescriptible para la Unión Europea brindar protección a los perseguidos, tal como la obliga la Convención de Ginebra. 
No obstante, a fuerza de hacer interpretaciones restrictivas de la Convención de Ginebra, esta protección ya no está garantizada y, actualmente, disminuye el número de estatutos concedidos, aunque el respeto de los derechos humanos en el mundo no haya hecho progresos considerables. 
Por ejemplo, en París, entre las personas sin documentación se encontraba gente a la que se le había negado el derecho de asilo aun cuando el ACR reconocía que corrían un verdadero riesgo en su país. 
Quisiera terminar diciendo que al menos es indispensable denunciar, tal como lo hacemos para los países terceros, las violaciones de los derechos humanos en el interior de la Unión Europea. 
Ese es el objeto del informe que hoy nos ocupa. 
Ahora bien, el año pasado, fuimos incapaces de adoptar y ponernos de acuerdo sobre el informe relativo a los derechos humanos de 1993. 
Este rechazo confirmaba la oposición de dos concepciones diferentes de los derechos humanos: una concepción estática, afianzada en los derechos fundamentales y una más amplia, evolutiva, que toma en consideración la evolución de la sociedad. 
Esta discrepancia perdura, acabamos de comprobarlo, todavía este año, con el riesgo de llegar a las mismas consecuencias. 
Por ello, yo también quisiera subrayar los notables esfuerzos realizados por la ponente para llegar a conciliar estos puntos de vista divergentes. 
Ha debido demostrar mucho valor, en condiciones sumamente difíciles. 
Espero que esos esfuerzos no sean en balde. 
Quizás dé pauta a un enfoque más sereno en los años siguientes. 
Está en juego nuestra credibilidad en el exterior. 
Señor Presidente, quiero protestar respecto a la manera como aplicó usted el Reglamento, o más bien la manera como no lo aplicó. 
Es absolutamente escandaloso, sea cual fuere el fondo del debate, que un orador inscrito, que beneficia de un tiempo de palabra, pueda, de hecho, verlo casi duplicarse para, por un lado, lanzar invectivas contra uno de los diputados, trátese de quien se trate, y luego hacer su intervención. 
Es totalmente inadmisible y pido que se dé fe en el Acta. 
Señor Bazin, sin lugar a dudas figurará en el Acta, pero mi generosidad tiene que ver con la interpretación que he dado a los hechos. 
Me ha parecido que nuestra colega se había visto intempestivamente interrumpida y le he concedido veinte o treinta segundos más. No me parece que eso haya sido una violación del Reglamento. 
Pero vamos a proseguir nuestro debate con serenidad- espero- con la Sra. Colombo Svevo. 
Señor Presidente, nosotros necesitamos un informe de este tipo y necesitamos también plantearnos el tema, es decir, la naturaleza de este informe. 
Pero también es necesario que cada año analicemos, sintéticamente, la situación de estos derechos en la Unión. 
Es lo que ha tratado de hacer, en mi opinión muy bien, la ponente, pero sobre el fondo de la cuestión todos los años se repite la disputa entre los que consideran que el informe debe ocuparse estrictamente de los derechos humanos fundamentales y los que, en cambio, los amplían a los derechos económicos y sociales. 
Existen razones que abogan por cada una de las dos escuelas, pero si se tuviera que seguir rigurosamente la primera, es decir, la posición de los que incluyen en él exclusivamente los derechos fundamentales, deberíamos, junto con el Consejo de Europa, ser capaces de poner de manifiesto de manera cada vez más escrupulosa todas las violaciones y las carencias de este ámbito. 
Por ejemplo, tendríamos que reflexionar sobre el derecho a la vida y sobre los derechos humanos, sobre lo que ocurre en el ámbito de la bioética, buscar expresiones libres y lenguajes nuevos que siempre abren nuevas vías de reflexión. 
Esto no sería limitativo, pero honradamente deberíamos decir que los demás derechos deberían ser el objeto de un informe análogo sobre los derechos sociales y económicos. 
Si se quiere intentar incluirlos, y a mí me parece posible, en un único informe, entonces está claro que en el informe sobre los derechos humanos los derechos sociales y económicos no pueden reducirse a una lista reiterativa de todos los objetivos que nosotros elevamos a derechos, pero que, jurídicamente, en realidad no lo son. 
Habrá que encontrar el punto justo de convergencia para determinar también este informe, y ese punto es posible encontrarlo porque existen sentencias del Tribunal de Justicia que ponen de relieve que aunque el Convenio Europeo de Derechos Humanos enuncia esencialmente los derechos civiles y políticos, éstos tienen generalmente repercusiones económicas y sociales y no existen paredes estancas que los dividan. 
En efecto, dicho Convenio se propone defender no sólo derechos teóricos sino también derechos concretos, razón por la cual los medios aplicados por el Estado para llevar a efecto estos derechos sancionan una interdependencia entre derechos civiles y políticos. 
Por lo tanto, pido que sobre este tema, sobre esta posibilidad de convergencia, se abra un debate antes del próximo informe para que nuestro Parlamento pueda proceder a una aprobación lo más amplia posible de este informe sobre los derechos humanos. 
Es importante para todos los países conseguir a este respecto el consenso más amplio posible, y éste es el fin que se ha propuesto nuestra ponente, a la que doy las gracias por el trabajo que ha realizado. 
Señor Presidente, aunque no he asistido a todo el debate, he escuchado con atención la última intervención, que me parece que ha centrado el problema de que se trata. 
En efecto, la diputada Colombo Svevo, con su experiencia, lo ha enfocado perfectamente: en este momento el informe está de nuevo en el ojo del huracán porque en este Parlamento no nos ponemos de acuerdo sobre el concepto «derechos humanos» ni logramos establecer si en nuestra Comunidad podemos o no llevar efectivamente a la consideración general las violaciones de los derechos civiles, generales, de los ciudadanos de la Unión. 
El problema es que, efectivamente, este concepto se ha ampliado, en nuestra opinión, a un ámbito extremadamente arriesgado, extremadamente peligroso. 
Cuando se empieza a hablar de derechos sociales, económicos, sindicales, genéricamente del derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, pues bien, entramos, efectivamente, en un terreno extremadamente minado. 
Y creo que es necesario reflexionar sobre esto. 
No creo, por ejemplo, que se pueda hablar de derecho al trabajo, sino de derecho al acceso al trabajo; no creo que se pueda hablar de derecho a la vivienda, sino de derecho a habitar; no creo que se pueda hablar de derecho a la salud, en sentido estricto, sino en el sentido de que el ciudadano tiene que poder elegir entre sistemas sanitarios de distinto tipo. 
Sobre este punto, la diputada Colombo Svevo tiene efectivamente razón cuando dice que tenemos que ponernos de acuerdo. 
Me temo que acabaremos por discutir de nuevo o quizás por no aprobar, de nuevo, este informe 1994 sobre los derechos humanos en la Unión, mostrando por enésima vez la gran debilidad de este Parlamento, mostrando por enésima vez que no somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo sobre las violaciones de los derechos civiles, fundamentales, de los ciudadanos. 
Presento sólo un caso emblemático: la cuestión de la justicia en nuestros países. 
Pues bien, si no nos ponemos de acuerdo sobre la base de partida, es decir, sobre este punto, no llegaremos a ningún resultado. 
Por consiguiente, en esta ocasión sugeriría- mejor dicho, esta petición mía es una petición oficial- encontrar un mínimo común denominador, redactar un código de autorreglamentación interno del Parlamento para podernos poner de acuerdo finalmente sobre lo que son los derechos humanos. 
Sin ese código interno de reglamentación seguiremos discutiendo, señor Presidente, señores diputados, seguiremos sin aprobar ningún informe sobre los derechos humanos, ni de 1993, ni de 1994, ni de 1995. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Esteban es el primer intento logrado de respetar, en cierto sentido, aquello de lo que hablamos: los derechos humanos dentro de las fronteras europeas. 
Gracias, señora Esteban. 
Pero hay una cuestión que quiero criticar, y es la del derecho de asociación de los soldados que realizan el servicio militar y de los militares profesionales. 
Hace ya varios años que yo, y muchos otros en este Parlamento, luchamos por conseguirlo. 
En la resolución se reconoce ciertamente este derecho, pero de tal forma que ofrece demasiadas posibilidades de cerrar la puerta a este derecho a los militares y los soldados que hacen el servicio militar. 
Hay un ejemplo: características específicas en el ámbito de la jerarquía y la disciplina, y las limitaciones consideradas necesarias con vistas a las tareas de defensa. 
Les diré que cualquier cabo en activo sabe que no tiene ningún derecho a pensar siquiera en lo que llamamos derechos humanos. 
El derecho de asociación en un Estado democrático es un derecho fundamental. 
Me opongo a las duras condiciones que propone la ponente en este sentido. 
Por ello convendría que se aceptara la enmienda presentada al respecto. 
Ya va siendo hora de que los Estados miembros hablen de ello en un contexto europeo, porque la creación de tropas multinacionales y la ampliación de la identidad de defensa europea nos obliga a ello. 
Señor Presidente, quisiera empezar mi intervención felicitando a esta Asamblea por el paso adelante que da y la madurez política que demuestra al abordar un informe sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea; porque, efectivamente, en los Estados miembros de la Unión se vulneran los derechos humanos, no sólo los denominados modernos, esto es, los sociales, económicos y ecológicos, sino también- lo que es más grave- los contenidos en la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
Tengo confianza en que, sin más dilaciones, mañana seamos capaces de aprobar la resolución contenida en el informe de la Sra. Esteban y, por consiguiente, tengamos el suficiente coraje político y coherencia como para hacer una autocrítica en voz alta que conduzca a nuestros Estados a tomar las medidas pertinentes para corregir estas violaciones de los derechos humanos. 
Tengo que recordarle a esta Asamblea que, cuando tuvo ocasión, en la sesión de julio, de incluir en la lista de debates de urgencia una resolución sobre la expulsión ilegal de 103 inmigrantes sin documentación en Melilla (España) , la rechazó tajantemente y así dejó escapar una oportunidad de oro para denunciar públicamente la vulneración de los derechos humanos en un caso concreto, el creado por las autoridades españolas con la expulsión de estos inmigrantes con absoluto desprecio de la Convención Europea de los Derechos Humanos y de las propias leyes españolas, como ha señalado recientemente el Defensor del Pueblo español. 
Me felicito ahora, en cambio, de que el tema vaya a ser tratado en esta sesión y de que por fin esta Asamblea haga gala de coherencia, ya que no tendría ningún sentido celebrar este debate y olvidar lo anterior. 
Y es que, señor Presidente, pedimos en nuestra resolución que se garantice que la detención previa a la expulsión en los casos de inmigrantes sin documentación sólo se disponga para un período breve, y que la expulsión de una persona hacia un país en el que corre peligro de sufrir persecución signifique una violación de los derechos de la persona, fenómenos ambos que se produjeron en el caso de Melilla, sobre todo cuando la mayoría de estos expulsados estaban a la espera de recibir la contestación formal a su expediente de petición de asilo y refugio. 
Me parece, en consecuencia, importante que abandonemos la retórica y actuemos ante los casos concretos. 
Como se dice en mi tierra, que pasemos del dicho al hecho, porque estoy convencido de que nuestra sensibilidad para con los derechos humanos no sólo se pone de manifiesto cuando se trata de la vulneración de los mismos más allá de los límites de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el excelente informe de la Sra. de Esteban Martín debería incitarnos a la modestia, a nosotros parlamentarios europeos, tan prontos a denunciar las violaciones de los derechos humanos en el resto del mundo. 
Ya que muestra hasta qué punto los derechos fundamentales de la persona humana también son burlados en nuestros países dichos democráticos. 
Efectivamente, en la Unión Europea, la noción de derechos humanos debe ser comprendida, sin duda alguna, de manera más fina. 
Así es, el paro, la exclusión, la pobreza que padecen un número cada vez mayor de nuestros conciudadanos abren un campo de derechos que convendría respetar mejor, y la Carta Social europea responde a esta nueva exigencia. 
Sin embargo, no puede acomodarse todo en la expresión «derechos humanos». 
Sería hipócrita e inoperante, ya que las carencias que comprobamos en materia de justicia social requieren una política voluntarista que no es totalmente de la misma naturaleza que la solución de esos problemas de violación de las libertades públicas. 
Tanto más cuanto que se trata- y no es, sin duda, una casualidad- precisamente de los campos en donde la Unión Europea demuestra bastante timidez debido, sin duda alguna, a la subsidiariedad. 
Como quiera que sea, una actualidad reciente acaba de demostrarnos cuán precarias son las conquistas en materia de derechos humanos, especialmente en mi país. 
No hablaré de nuevo sobre el escandaloso racismo de algunas declaraciones. 
Tampoco sobre la expulsión de las personas sin documentación que acaba de producirse en Francia. 
La brutalidad con la que fueron tratadas es particularmente inaceptable, con mayor razón, se los recuerdo, que llevar colectivamente a la frontera es totalmente contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
En conclusión, también quisiera mencionar los derechos del niño. 
Las violaciones a estos derechos hacen urgente que se inscriba en el Tratado sobre la Unión Europea una carta de derechos del niño. 
Señor Presidente, existen buenos argumentos para defender la tesis de que los derechos humanos son indivisibles, pero es preciso establecer una diferencia entre los derechos fundamentales clásicos y los objetivos socioeconómicos. 
El informe Esteban Martín no lo consigue. 
En las últimas décadas, los derechos sociales han avanzado mucho, pero al mismo tiempo hemos perdido la noción de que los derechos conquistados crean otras tantas responsabilidades. 
En el informe percibo el espíritu de nuestra cultura: exigimos, pues tenemos derechos. 
Pero mientras tanto no somos capaces de pronunciarnos de forma fundamental sobre la vida humana. 
La nota rechaza la pena de muerte, pero no habla de la vida del feto. Por lo visto, está regulada por la legislación de los Estados miembros. 
En mi país se da la absurda situación de que alguien que comete un aborto ilegal se arriesga a una condena de 12 años de prisión, por poner fin con violencia a una vida humana, y esto se considera asesinato. 
Pero, si el embarazo se interrumpe a petición de la mujer, el sistema social se encarga de pagar todos los gastos, porque entonces se hace uso del derecho de autodeterminación. 
Afortunadamente, en el ámbito social ya se han realizado muchos logros, y es útil formular objetivos claros para los problemas de nuestra sociedad. 
Pero no hemos de olvidar que una sociedad no puede prescindir de los fundamentos y las normas espirituales. 
Da que pensar que nunca antes hayamos tenido esta prosperidad, esta calidad de seguridad social, de nivel de enseñanza y sanidad y que nunca antes el crimen, la violencia y la toxicomanía hayan tenido tal envergadura. 
En una sociedad en la que el Dios de la Biblia y sus mandamientos son los grandes ausentes, y los ideales no van más allá de vivir aquí y ahora, se sugiere que la verdadera felicidad reside en adquirir y en nuestros derechos autónomos. 
Pero entonces no ha de extrañarnos que muchos luchen con el sentido de la vida y que las fuerzas de la codicia, el crimen y el racismo exijan su tributo. 
Señor Presidente, existen diferentes enfoques de los derechos humanos en la Unión Europea. 
A aquellos de nosotros que incluimos los derechos sociales y el derecho a un puesto de trabajo entre los derechos humanos se nos acusa de recurrir a la demagogia estalinista que utiliza las disposiciones sociales o colectivas como excusa para suprimir los derechos humanos. 
Eso fue cierto en el caso del antiguo bloque soviético, pero no lo es en absoluto en mi caso ni en el de aquellos que apoyan el informe enmendado. 
Todos los temas habituales que se recogen como derechos humanos- incluido el derecho a la vida, la libertad de conciencia, de religión, de expresión y los derechos democráticos y el respeto a la vida privada, el pluralismo, el Estado de derecho- están incluidos y reciben el respaldo mío y de aquellos que piensan como yo. 
Nuestro nuevo enfoque tiene por objeto incluir cuestiones como los derechos sociales, los derechos ecológicos y los derechos culturales, y considerarlos derechos humanos fundamentales. 
¿Qué puede decirse de los enfoques de los dos Grupos principales de este Parlamento que se oponen a este concepto más completo de los derechos humanos fundamentales? 
Los Liberales tiene políticas sólidas en lo relativo a determinados derechos individuales que están relacionados con los derechos y las libertades del individuo. 
No obstante, los Liberales parecen dar prioridad a la libertad económica del laissez-faire para que cada uno pueda hacer en los mercados económicos lo que desee sin preocuparse demasiado por los efectos que sus acciones tienen sobre aquellas personas con menos espíritu emprendedor o menos poder económico. 
En este planteamiento ideológico, los Liberales cuentan con el apoyo de otros Liberales económicos, entre los que se incluye la mayoría de los Conservadores británicos. 
Porque el individuo Liberal goza del derecho fundamental de intentar enriquecerse, fundar una gran empresa o vivir en una mansión, pero el individuo a secas no tiene el derecho fundamental de vivir fuera de la pobreza, tener un puesto de trabajo o una vivienda digna. 
Cuando la Sra. Thatcher afirmó que la sociedad no existe, sino sólo individuos, cristalizó esta filosofía. 
El otro Grupo importante que se opone a la definición que abarca todos los derechos humanos es el de los democristianos. 
En el oeste y el sur de Europa, los Conservadores no se incluían entre los que se encontraban en la vanguardia de la lucha por las libertades del individuo. 
No hay duda de que ahora las aceptan, al igual que las normas democráticas que existen en la UE. 
Los Democristianos aprecian quizá en mayor medida que los Liberales la idea de la solidaridad social en los valores colectivos y que existe algo así como una sociedad que tiene el deber de apoyar a los individuos más débiles, aunque cuando llega el momento de asumir compromisos específicos en este ámbito, los Democristianos siempre parecen encontrar motivos para votar en contra o, en el mejor de los casos, limitarse a recurrir al paternalismo. 
La sociedad tiene el deber de organizarse- de organizarnos- para proporcionar trabajo para todos, una vivienda digna y enseñanza gratuita. 
Y sí, ello conlleva planificación e intervención, y no limitarse a dejarlo todo a merced de la anarquía del libre mercado que no conoce trabas. 
¿Apoyarán los Democristianos estos derechos fundamentales si los describimos como deberes fundamentales? -porque se trata de deberes al mismo tiempo que de derechos. 
Para terminar, hago un llamamiento a los diputados demócratas al Parlamento Europeo para que apoyen el presente informe y tengan el coraje de apoyar unos derechos humanos plenos en la Unión Europea cuando nos disponemos a entrar en un nuevo siglo. 
Señor Presidente, señoras y señores, la fuerte protección de los derechos humanos constituye uno de los pilares más importantes de la Unión. 
Para ser admitido como Estado miembro, el respeto de los derechos humanos es un requisito previo. 
Este Parlamento reivindica una mayor influencia. 
Por eso debe mostrarse digno de ella. 
Si el Parlamento no lo hace así, merece quedarse estancado en la situación, en ocasiones anormal, en que ahora se encuentra desde el punto de vista constitucional. 
Un mayor poder legislativo requiere unos niveles más altos de rigor. 
Los políticos no pueden solucionarlo todo, y no puede solucionarse todo a nivel europeo. 
Existe una esfera privada que se sitúa fuera de lo político, una esfera que debe aumentar en muchos países. 
Nuestro ponente, Sr. Hänsch, que verdaderamente se interesa por el bien del Parlamento, lo ha formulado del siguiente modo en la Comisión de Asuntos Institucionales. Ha dicho: » No debemos asignar a la UE unas tareas para cuya realización sabemos que no tiene ni mandato ni medios». 
Precisamente es cierto. 
Pero los partidos de izquierda proponen unos derechos que no pueden asumirse, para los que nadie sabe si existen los recursos necesarios, y que carecen de apoyo legislativo. 
La izquierda amenaza con ello la posibilidad del Parlamento de funcionar como un órgano legislativo eficaz. 
Nos arriesgamos a que resulte menoscabada su influencia, y lo más grave es que puede deteriorarse la protección de los derechos humanos. 
El PPE defiende los derechos fundamentales que deben ser asumidos por el Tribunal de Justicia para las cuestiones de derechos humanos. 
Pero aquel que no se opone a los deseos de la izquierda no se arriesga a nada. 
Estos deseos políticos no son otra cosa que una explotación de la idea de los derechos para lograr unos objetivos políticos en beneficio propio, para de un modo subrepticio obtener los medios económicos para los que no existe un consenso por la vía nacional. 
Ha sido en vano la lucha heroica del ponente por establecer unos derechos fundamentales. 
Los 126 derechos del informe constituyen una lectura pesada, un ejemplo triste que refleja claramente el hecho de que un parlamento no debe ocuparse de todo. 
Si de todas formas, el Parlamento quiere presentar estos informes anuales, los partidos de la izquierda deberían reflexionar sobre el siguiente refrán: » Quien mucho abarca, poco aprieta» o «en la modestia está la sabiduría». 
Dejemos que el tema de hoy cumpla con su función de ejemplo disuasorio para el futuro. 
Señor Presidente, estimados colegas, la protección de los derechos humanos es probablemente la cuestión más importante de las que condicionan la opinión pública, y que sometemos a debate como diputados elegidos democráticamente al Parlamento Europeo, juntamente con el Consejo de Europa y los Parlamentos nacionales. 
Se aplican a todos los ámbitos, desde el derecho a la vida, la condena de la pena de muerte, de la tortura y de la violencia perpetrada contra detenidos y presos, además del derecho al asilo. 
En este sentido me preocupa especialmente, señor Presidente, que la política en torno a los refugiados políticos, la de inmigración, concesión de visados y asilo se esté volviendo cada vez más estricta, y que la UE esté a punto de construir un muro a su alrededor cara a los países que no son miembros de la Unión. 
Esto no debe suceder. 
El Convenio de Schengen es un ejemplo lamentable que apunta en esta dirección. 
Precisamente esto es lo que puede abonar el terreno para que se extiendan el racismo y la xenofobia que deseamos impedir, lo cual constituye la intención manifiesta principal de este informe. 
Lo más importante en este debate, señor Presidente, es que sometamos a examen los años anteriores, y que los países miembros actuales, en relación con los que han solicitado la adhesión y tienen acuerdos con nosotros, como Turquía, respeten los requisitos que hemos establecido, y que les demostremos que nos tomamos en serio el cumplimiento de los derechos humanos. 
Señor Presidente, el presente informe sobre los derechos humanos ha tenido precedentes accidentados y una trayectoria difícil. 
No podemos, pues, dejar de felicitar a la ponente, la Sra. de Esteban Martín, por haber llevado a término una empresa muy ardua, que ya intentó en vano, con gran ánimo y dedicación el Sr. Newman, al que, por lo tanto, expresamos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. 
Hay muchos aspectos válidos y positivos en el informe de Esteban Martín, un informe completo que no deja zonas de sombra en su planteamiento general, en la temática que aborda, aunque hubiéramos preferido que determinara con mayor precisión las violaciones de los derechos humanos, no sólo dentro sino también fuera de la Comunidad. 
Si bien es conveniente que en el preámbulo el informe enumere nada menos que diecisiete tratados existentes sobre derechos humanos, es asimismo obligado destacar, con creciente consternación, cuántas de esas enunciaciones de principios sacrosantos se han quedado en letra muerta durante muchos años. Una consternación que desde luego no atenúa el hecho de que esta Asamblea o sus formaciones de derecha prefieran a menudo pasar por alto aquellas violaciones que conciernen a los respectivos países de origen. 
Unos pocos ejemplos: ese decreto-ley aprobado por el Parlamento italiano que viola los derechos de los inmigrantes; en Francia, la expulsión mediante un acto ejecutivo de los sans papiers, cuestión sobre la cual ha hablado con elocuencia la Sra. Pailler; en Alemania, la política persecutoria y discriminatoria con respecto a miles y miles de antiguos ciudadanos de la RDA. 
¿Cómo es posible ignorar que de repente se admite a Turquía en la unión aduanera mientras sigue encarcelando- los acontecimientos se remontan a la semana pasada- a los opositores políticos del régimen? 
Hubiéramos preferido también que el informe hiciera alguna referencia a las violaciones en los países que aspiran a entrar en la Comunidad o que, por su potencia y por su peso específico, desde hace tiempo influyen positiva o negativamente en sus decisiones. 
Hablamos de las recientes masacres en Chechenia, del drama del pueblo kurdo, de los 560.000 muertos, en su mayoría niños, en Iraq a causa de las prolongadas sanciones económicas de los Estados Unidos, sanciones agravadas por intervenciones militares ya efectuadas o en vías de ejecución en estos momentos. 
El informe de la Sra. de Esteban Martín sigue siendo válido, tomamos nota de ello, por lo tanto, votaremos a favor de su aprobación. 
Aunque la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales constituye una de las tareas principales de la Unión, siempre acabamos consiguiendo que resulte muy difícil. 
Esto se aprecia en el debate de hoy y en la no aceptación del informe del Sr. Newman el año pasado. 
Son precisamente las violaciones de los derechos humanos que se cometen ante la puerta de nuestra propia casa las que deben ser objeto de nuestra mirada más atenta. 
En materia de derechos humanos fuera del territorio de la Unión, aprobamos resoluciones todos los meses y debatimos con frecuencia, pero sobre derechos humanos en la Unión sólo una vez al año. 
Quisiera servirme de tres ejemplos, tomados del informe de la Sra. Esteban Martín, para resaltar lo que me parece importante. 
El primero es el derecho a la educación. 
Todos estamos de acuerdo en que todos los niños deben tener derecho a la educación para poder desarrollarse y tener un sitio en nuestra sociedad. 
Pero no se incluye el derecho a la educación de los niños de la calle y de los hijos de los solicitantes de asilo. Estos niños no tienen, sin más, el derecho a la enseñanza. 
En segundo lugar, me quiero referir al tratamiento de los solicitantes de asilo. 
Algunos de mis predecesores en el uso de la palabra ya lo han hecho. 
Los solicitantes de asilo son personas que buscan refugio entre nosotros. 
Cuando se les expulsa a los llamados terceros países seguros no existe la seguridad de que no se les vaya a expulsar nuevamente y acaben en un país donde se pisotean los derechos humanos. 
En mi opinión, no se puede aceptar que se expulse a estas personas a estos países o que se les retenga junto a otros reclusos en prisiones antes de hacerlo. 
Una solicitud de asilo no es ningún acto criminal y no se la puede tratar así. 
Por último, me quiero referir a una cuestión que ya he tratado varias veces. El derecho a la objeción de conciencia no se reconoce en todos los países de la Unión. 
Creo que ha de aceptarse la objeción de conciencia y que no se la puede considerar un acto punible. 
Señor Presidente, yo sé lo que son los derechos humanos. 
Este informe viene precedido de una polémica que ya acompañó al informe que hicimos el año pasado. 
Si perdemos esta oportunidad vamos a dejar correr la segunda posibilidad de mirar al interior de la Unión Europea y ver qué es lo que está pasando en esta materia de derechos humanos, y creo que aunque sea a nivel intuitivo todos- todos si hacemos un cierto ejercicio de sinceridad- sabemos de qué estamos hablando. 
Estamos hablando de incluir en este informe en qué situaciones el respeto por los derechos humanos- que, insisto, creo que sí sabemos qué es cuando hablamos de terceros países- se deteriora o simplemente no existe. 
Y, a partir de ahí, debemos hacer un trabajo eficaz sobre ello, porque creo que ninguno de los ciudadanos de la Unión va a estar seguro si sobre nuestros grupos de población más débiles y más desprotegidos se ejerce este deterioro de los derechos humanos. 
Soy consciente de que muchos socialistas españoles nos abstuvimos el año pasado en la votación de este informe. 
Yo creo que a veces, contra lo que piensa alguna gente de nuestro Grupo, hay que hacer un esfuerzo de concreción y hay que salvaguardar este informe como un informe sobre lo que intenta ser- que, insisto, creo que todos nosotros sabemos qué es-. 
Por ello, deberíamos hacer un esfuerzo y no perder esta segunda oportunidad. 
Y pediría también a los demás Grupos que hicieran lo mismo, porque me parece que será bastante frustrante salir de esta votación sin aprobar el informe y que además esto pondría en peligro el trabajo en esta línea para los próximos años. 
Señor Presidente, hemos tenido dificultades considerables durante estos últimos años con estos informes sobre los derechos humanos debido a las diferencias de opinión sobre qué es lo que constituye los derechos humanos y otros problemas similares. 
Pero creo que en esta ocasión tenemos un informe que, aunque tal vez no sea lo que todos nosotros hubiéramos deseado en todos los sentidos, goza de un apoyo muy amplio. 
Nos hemos esforzado mucho en la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores para elaborar un informe que supone un gran paso adelante en la lucha contra muchas de las injusticias y abusos en materia de derechos humanos que se producen en nuestra Comunidad. 
La Unión Europea sería un lugar inmensamente mejor si todas las propuestas incluidas en el presente informe fueran adoptadas. 
Sería magnífico si el presente informe fuera adoptado por una amplia mayoría en el Parlamento. 
Me encuentro entre aquellos que creen que las injusticias como la pobreza, la falta de vivienda y el desempleo son negaciones y abusos de los derechos humanos. 
Quisiera decir a aquellos que tienen dudas al respecto que no es posible realmente gozar ni siquiera de las estrechas concepciones de los derechos legalistas como la libertad de expresión o de religión y demás, a menos que se tenga un empleo, una vivienda y cubiertas las necesidades más básicas para vivir. 
Es posible que todos coincidamos en que el derecho a la salud es uno de los más importantes, pero todas las estadísticas demuestran que las personas que no disponen de una vivienda, que están en el paro y que se encuentran en la pobreza viven mucho menos años y su salud es mucho peor que aquellas otras cuyos derechos sociales están salvaguardados. 
Quisiera, en particular, comentar dos de los muchos buenos puntos que contiene el presente informe. 
La letra P. y el apartado 34 tratan de la difícil situación de los empleados domésticos en mi país y en varios otros países. 
Algunas personas adineradas están autorizadas a introducir en el país a empleados domésticos que no gozan de ningún tipo de derechos. 
Es necesario garantizar a estas personas los mismos derechos en materia social y de empleo que al resto de los residentes en dichos países. 
El apartado 51 hace referencia al derecho de las personas que han sido detenidas y encarceladas fuera de su país a que no se les retrase el juicio indefinidamente y a que no tengan que padecer deficiencias de tipo técnico como son la falta de servicios de traducción y el desconocimiento del sistema judicial de otros países. 
Son apenas dos ejemplos de los muchos y valiosísimos puntos contenidos en el informe, que espero reciba un amplio apoyo en el Parlamento. 
Señor Presidente, yo también quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias, en nombre de la Comisión, a la Sra. Esteban Martín por su informe, y deseo volver a recalcar la importancia de que podamos tratar aquí un informe como éste y ofrecerle mi pleno apoyo, para que el informe reciba la atención que se merece. 
La Unión Europea, señor Presidente, es ante todo una comunidad de derechos. 
Los derechos humanos ocupan aquí un lugar prominente, igual que también lo ocupan en nuestras relaciones exteriores. 
Por ello me complace que el próximo viernes se examine en este Parlamento el informe del Sr. Carnero González sobre las cláusulas de derechos humanos y los tratados con terceros países. 
La mayoría de peticiones en relación con el presente proyecto de resolución se dirigen de hecho a los Estados miembros. 
Al fin y al cabo, los Tratados no otorgan a la Unión competencias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en los Estados miembros. 
Aunque la Comunidad sí tiene competencias en materia de aplicación de las disposiciones comunitarias basadas en el respeto de estos derechos. 
Por ello, en mi intervención me limitaré a comentar las observaciones dirigidas de forma específica a la Comisión Europea. 
Antes de pasar a los elementos específicos de este informe, quiero decir algunas palabras sobre la explotación sexual de los niños, con motivo de la conversación mantenida por los ministros de Asuntos Exteriores durante su consulta informal en Tralee. 
La Comisión apoya las diferentes iniciativas propuestas por los Estados miembros para luchar contra este terrible fenómeno. 
Por su parte, la Comisión ha desarrollado tres iniciativas concretas que guardan relación directa o indirecta con esta problemática. 
En primer lugar, a raíz de la Conferencia sobre la trata de mujeres, celebrada en junio del año pasado en Viena, la Comisión tiene previsto presentar una comunicación al Parlamento y al Consejo antes de finales de año, en la que se proponen medidas en este ámbito. 
Además, en otoño la Comisión hará una propuesta para luchar contra el turismo sexual. 
En tercer lugar, la Comisión hará propuestas para luchar contra las redes de pedofilia, como por ejemplo en internet. 
La Comisión espera que estas acciones concretas contribuyan a aportar soluciones rápidas y eficaces, y aplaude que este Parlamento trate estos temas el próximo miércoles. 
Como saben ustedes, en el pasado, la Comisión defendió con fuerza la adhesión de la Comunidad a la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Esta cuestión se retomará en la Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, he de decir, también en vista del reciente dictamen del Tribunal de Justicia, que pienso que será muy difícil hacer progresos en este ámbito. 
En realidad, hace años que se mantiene este debate y no detectamos que en los Estados miembros, o en la mayoría de los Estados miembros, se sienta la necesidad de dar este gran paso. 
Por lo que respecta al principio de igualdad de trato, todavía no se ha aprobado la recomendación del Consejo de una participación igual de hombres y mujeres en la toma de decisiones. 
El 30 de mayo de 1996, la Comisión presentó una propuesta revisada en la que se habían incorporado las enmiendas del Parlamento. 
En este sentido, hay que señalar que las directivas existentes en el ámbito de la igualdad de trato, actualmente siete en total, han contribuido considerablemente a mejorar las circunstancias laborales de mujeres y hombres en Europa. 
Por otra parte, la Comisión quiere tomar algunas medidas específicas para mejorar la situación jurídica de mujeres y hombres. 
Por lo que respecta a la lucha contra el racismo y la xenofobia, como es sabido, el Consejo de Ministros ha declarado oficialmente el año 1997 Año Europeo contra el racismo. Se trata de un hito en la historia de la Comunidad. 
Por primera vez, las instituciones comunitarias están de acuerdo, en base a una propuesta de la Comisión, sobre las medidas concretas a tomar para luchar contra el racismo dentro del marco institucional existente. Se trata de una señal positiva muy importante. 
Por supuesto, el Año Europeo no es más que una parte de la estrategia para luchar contra el racismo, y desde el Consejo Europeo de Cannes se han logrado bastantes progresos. 
Se han aprobado dos resoluciones en el marco de las competencias compartidas y una acción común en el marco del tercer pilar. 
Por ello somos optimistas en torno a la posible creación de un Observatorio sobre el racismo en un futuro próximo. 
En su dictamen sobre la Conferencia Intergubernamental, la Comisión se ha mostrado partidaria de incluir en el Tratado disposiciones que prohíban toda forma de discriminación y condenen el racismo y la xenofobia. 
La Comisión opina que la aprobación de la legislación comunitaria que suponga una protección mínima contra la discriminación en la Comunidad, puede suponer un paso sumamente importante en la realización de los objetivos del Tratado. 
La Comisión volverá a estudiar esta cuestión a la luz de los progresos realizados en la Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, para terminar quiero llamar la atención sobre el hecho de que, en los últimos 20 años, la pobreza ha sido tratada en todas sus facetas a nivel europeo en el marco de los programas iniciados por el Consejo. 
Por lo tanto, creo que en los últimos años se ha debatido mucho sobre este tema y se le ha prestado la atención que se merece. 
Quiero volver a dar las gracias a la ponente por un informe tan completo y tan claro. 
Estoy convencido de que, al igual que en años anteriores, el informe de este Parlamento sobre los derechos humanos dentro de la Unión podrá contribuir de forma importante a la cohesión de nuestra política de derechos humanos así como, y esto sin duda no es menos importante, a la credibilidad de la Unión en este ámbito respecto a terceros países. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Transportes por vía férrea, carretera y vía navegable 
Señor Presidente, quiero empezar anunciando que el Comisario Kinnock me ha informado de que, muy a su pesar, esta noche no podrá estar aquí presente. 
Me ha informado de ello por carta, lo cual agradezco mucho, y naturalmente queda excusado. 
El hecho de que lo sustituya el Comisario Van den Broek lo compensa en buena medida. 
Señor Presidente, en febrero del presente año, el Parlamento dictaminó sobre el paquete de medidas propuestas por la Comisión en relación con la flota de navegación interior. 
Después, el Consejo no tardó en presentar su posición común. 
Se trata de tres propuestas estrechamente relacionadas y que tienen por objeto sanear el mercado de la navegación interior. 
De la posición común se desprende que el Consejo está de acuerdo con las medidas propuestas, pero que se han introducido algunas modificaciones en cada una de las tres partes. 
Quisiera hacer algunas observaciones al respecto. 
En primer lugar, el programa de saneamiento. 
La modificación más drástica es que el Consejo ha limitado la cofinanciación comunitaria hasta el año 1996. 
La Comisión y el Parlamento habían propuesto la participación europea en los costes de desguace para todo el período de tres a cuatro años. 
La Comisión de Transportes considera que la posición del Consejo es muy decepcionante, pero dadas las limitaciones presupuestarias, y la lenta toma de decisiones en el seno del Consejo para facilitar los 20 millones de ecus que habían sido consignados para este fin en el presupuesto de 1996, la Comisión de Transportes ha renunciado a volver a presentar sus enmiendas. 
No obstante, seguimos pensando que la dramática situación de exceso de capacidad en el sector de los barcos cisterna exige medidas suplementarias de desguace. 
De ahí que se haya mantenido la enmienda para crear un mecanismo adicional para ello. 
En lo que respecta a las medidas de liberalización, el Consejo ha aceptado la propuesta inicial de la Comisión. Esta tiene por objeto una supresión gradual del sistema de turnos hasta el año 2000. 
Se trata del período hasta el año 2000, pero también de la situación posterior. Precisamente en el período posterior a esta fecha, cuando se haya realizado el saneamiento y la liberalización de la flota de navegación interior, y se haya logrado un equilibrio razonable del mercado, es muy importante disponer de instrumentos que corrijan las distorsiones del mercado. 
Con vistas a ello, el Parlamento había presentado dos enmiendas complementarias en la primera lectura. 
La primera de ellas con objeto de prorrogar el régimen «viejo por nuevo» hasta después del 1 de enero del año 2000, la segunda para ampliar la composición y las tareas del grupo de expertos que controlan la acción de desguace a fin de lograr una consulta periódica continua con la Comisión, también después de que se hayan ejecutado las medidas actuales. 
Durante el debate, el Comisario se declaró favorable a ambos deseos. 
Aunque se consideraba que las enmiendas en cuestión no encajaban bien en las propuestas actuales. 
Por ello, la Comisión de Transportes ha vuelto a incluir estas enmiendas en la segunda lectura. Sin embargo, sigue estando convencida de que la navegación interior, después del 1 de enero del 2000, merece la misma atención. 
Por ello, la Comisión de Transportes ha presentado ambas cuestiones en dos escritos independientes al Comisario y le ha pedido que tome las medidas necesarias. 
La Comisión habría querido conocer la opinión del Comisario Kinnock, pero quizás el Comisario Van den Broek pueda intervenir en su lugar. 
El motivo es que la navegación interior corre a cargo de un gran número de pequeños empresarios, por lo cual las fluctuaciones del mercado pueden volver a provocar fácilmente un exceso de capacidad. 
Además, el transporte por cursos navegables tendrá que desempeñar un papel cada vez más crucial en la política de transporte sostenible. 
Por ello, la navegación interior habrá de permanecer en el orden del día incluso después del 1 de enero del año 2000. 
Pero también a corto plazo hay algunas cuestiones que tienen que ver con la navegación interior. 
Me refiero al mandato que tiene la Comisión para firmar un acuerdo con países de la Europa Central y Oriental. 
Pero, sin duda, el Parlamento podrá pronunciarse dentro de poco sobre el resultado de estas negociaciones. 
Señor Presidente, permítame expresar mi agradecimiento al Sr. van der Waal por su informe y su intervención de hoy. 
Ciertamente mi Grupo siente preocupación por la crisis del sector de la navegación interior, y apoyamos el informe del Sr. van der Waal y sus esfuerzos encaminados a reducir el actual exceso de capacidad. 
Estamos a favor del programa de desguace y de la contribución financiera que lo haga posible. 
Es lamentable que dentro del sector del transporte, las vías navegables estén infrautilizadas en toda la Unión Europea, del mismo modo que lo están los ferrocarriles, debido principalmente a que en la actualidad se transporta la mayor parte de las mercancías por carretera; y los atascos y la contaminación que este medio de transporte provoca está a la vista de todos. 
Por lo tanto, nuestro Grupo apoya siempre cualquier iniciativa encaminada a ayudar a sectores que alejen de las carreteras el transporte de mercancías, ya sean las vías férreas o las vías navegables. 
No hay ninguna duda de que durante muchos años, las vías navegables han sido la Cenicienta de la industria del transporte, pero eso no significa que debamos olvidarnos de ellas y que no debamos invertir en ellas, porque eso es precisamente lo que necesitan. 
Hace falta inversión para poder reducir el exceso de capacidad, y eso significa contribuir al programa de desguace. 
Significa asimismo ayudar a las pequeñas empresas a entrar en el mercado. 
Pero además necesitamos invertir en la infraestructura portuaria de nuestra red de vías navegables, y hasta que no lo consigamos, mucho me temo que el sector de la navegación interior continuará sufriendo, continuará siendo el servicio discriminado y tendrá que arreglárselas con las migajas que caen de la mesa de la industria del transporte por carretera. 
A nuestro Grupo le gustaría ver prosperar al sector de la navegación interior. 
Apoyamos el informe del Sr. van der Waal porque creemos que sus principios son acertados, sus opiniones correctas y que es el único medio para que el sector de la navegación interior prospere. 
Señor Presidente, señor Comisario, también el Grupo del PPE considera la navegación interior como un medio de transporte seguro y favorable medioambientalmente. 
Quizá no sea muy conocido como medio de transporte, pero merece el apoyo y la estima del Parlamento, de la Comisión y del Consejo. 
Damos la bienvenida al informe van der Waal. Nos satisface el trabajo que ha desarrollado- y también las propuestas de la Comisión- por la sencilla razón de que han introducido iniciativas muy positivas en los temas de flete y saneamiento de estructuras y también para los reglamentos de subvenciones a la navegación interior. 
También nos alegra que se vayan a eliminar las perturbaciones del mercado (por ejemplo, las producidas por el sistema de turnos) y el exceso de capacidad a través del fondo de desguace y del régimen «viejo por nuevo». 
Sin embargo, también deben existir subvenciones para mejorar y modernizar este medio de transporte. 
La posición de la Comisión y la labor del Sr. van der Waal son muy positivas. 
Lo decepcionante para nosotros ha sido la posición del Consejo, que sólo ha aceptado muy pocas de nuestras propuestas. 
Con todo, estamos dispuestos a ser razonables, como recomienda el ponente, y no vamos a presentar otra vez todas las enmiendas. 
El Consejo nos habría dado una alegría, naturalmente, si hubiera prolongado las subvenciones a este sector importante y poco reconocido. 
Por otra parte, se podría haber suprimido antes el sistema de turnos, que perturba el mercado y que en algunas áreas provoca que para el mismo flete y la misma distancia existan diferencias de hasta el 100 %. 
En cualquier caso, estamos convencidos de que el presente trabajo es un paso importante. 
Mantenemos algunas enmiendas y somos de la opinión que en los casos en que el empresario quiera abandonar voluntariamente el sector habría que adoptar medidas sociales de acompañamiento. 
Por otra parte, La Unión Europea podría pagar una mayor parte de las subvenciones que los Estados miembros conceden en la actualidad al sector del transporte, donde reina una gran competencia. 
Siguiendo el principio de más vale pájaro en mano que ciento volando, aceptamos estas propuestas y nos adherimos a las sugerencias del ponente. 
Señor Presidente, hace unos cuantos años mantuvimos aquí un debate sobre la navegación interior, en el que intervino el Sr. Van der Lek, después del Sr. Van der Waal, mientras que el encargado de preparar la respuesta en la Comisión fue el Sr. Van Rijn, del Servicio Jurídico. 
El Sr. Van den Broek también tiene algo que ver con el agua, pero se trata de pantanos y allí no se puede navegar, pero sentimos curiosidad por conocer la respuesta de la Comisión. 
Dicho esto, queremos prometer nuestro apoyo al ponente, que ya nos ha presentado muchos informes sobre navegación interior. 
Pero hay un problema y quiero formular una pregunta a la Comisión al respecto, y espero que recibamos una respuesta adecuada. 
Los regímenes de apoyo y desguace: todo eso está muy bien, con ello estimulamos la navegación interior, todos estamos a favor de ello, es ecológico, hay suficiente espacio, hay nuevas instalaciones para los contenedores y para el almacenamiento, instalaciones en los puertos, puertos interiores, todo en orden. 
El problema es y sigue siendo que la navegación interior se utiliza sobre todo para las mercancías a granel, y concretamente para la mercancía a granel por excelencia: los derivados del petróleo. 
Dado que la OTAN ya no necesita toda esa gasolina, ahora los oleoductos de la OTAN se utilizan para el intercambio de derivados del petróleo sobre una base comercial. 
Estupendo, menos peligro, pero esto significa que hay un exceso de capacidad en la flota de barcos cisterna, y es esto lo que ha de llamar nuestra atención, también en opinión del ponente, en el régimen de desguace. 
El problema es que en el régimen de desguace se llama primero a los barcos pequeños. Y eso tiene el efecto contrario, pues el resultado será que ya no se podrá llegar a los puertos pequeños y que sólo quedarán barcos grandes, y esto significa navegar entre Basilea y Rotterdam. 
Mi pregunta a la Comisión es, por consiguiente: ¿No tendría que diferenciarse el régimen de desguace de modo que no sólo desaparezcan los barcos pequeños, limitando así el radio de acción de la navegación interior? 
Señor Presidente, nosotros los Verdes consideramos muy importante el desarrollo, el saneamiento y el fomento de la navegación interior porque, como ya han recordado los señores diputados, se trata de una forma de transporte ecológicamente compatible, siempre que no suponga proyectos de infraestructura importantes que a veces pueden tener una fuerte repercusión medioambiental. 
En cualquier caso, es indudable que se trata de una forma de transporte que nosotros consideramos válida. 
En efecto, estamos convencidos de la necesidad de reequilibrar el transporte transfiriendo mercancías y pasajeros del transporte por carretera al transporte por vía férrea, marítima y fluvial, y además, por lo que respecta a las mercancías peligrosas, la navegación interior resulta menos arriesgada. 
Por las razones antes mencionadas consideramos muy negativo que el Consejo haya rechazado la mayor parte de las enmiendas aprobadas por el Parlamento en primera lectura. 
De todos modos, comprendemos las razones expuestas por el ponente, el Sr. van der Waal, que compartimos, e invitamos al Parlamento Europeo a que vote a favor de las pocas enmiendas que se han vuelto a presentar. 
Evidentemente esperábamos un comportamiento distinto por parte del Consejo. 
La crisis del sector requiere que la liberalización vaya acompañada de normas de seguridad social, y eso concierne al sector de los barcos cisterna. 
Consideramos adecuado que se haya vuelto a presentar la enmienda que prevé medidas adicionales para el sector. 
Por último, tomamos nota de que, por lo que se refiere al fomento de la navegación interior, de hecho el Consejo ha aceptado la posición del Parlamento Europeo. 
Creo que eso puede constituir también un precedente para la normativa sobre el fomento en el sector del ferrocarril, de la que soy ponente. 
Como conclusión, insisto en el voto a favor de las enmiendas y de la propuesta que ha presentado el ponente, el Sr. van der Waal. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. van der Waal por la paciencia que ha demostrado en su recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común. 
Deseo informar a los colegas que en esta ocasión, parece que el Nuevo Laborismo coincide con el Antiguo Conservadurismo. 
El énfasis debe ponerse en encontrar soluciones al problema del exceso de capacidad y, en este sentido, acojo con satisfacción los comentarios del Sr. van der Waal de que debemos asegurarnos de que la financiación esté garantizada no sólo para 1996, sino también para 1997 y 1998, e insto al Consejo a que prorrogue el programa de desguace hasta finales de 1999. 
Debemos garantizar que se asignarán los fondos hasta que la situación del exceso de capacidad quede resuelta. 
Como ya se ha dicho, el exceso de capacidad es posible que suponga nada menos que el 20 % del sector de los barcos cisterna. 
Por consiguiente, apoyo en particular el programa adicional de desguace del sector con el fin de eliminar al menos un 10 % adicional de capacidad en el primer año. 
Quisiera recordar a los colegas que las disposiciones de esta posición común están encaminadas a la liberalización y apertura del mercado. 
La posición común consta de tres partes: liberalización, reconversión y fomento del sector de navegación interior. 
Espero que las tres tengan el mismo peso. 
En cuanto a la última posición común sobre la concesión de subvenciones a los transportes por vía férrea, carretera y vía navegable, merece ser acogida con especial satisfacción, habida cuenta de que permitirá modernizar el proceso de toma de decisiones y reducir la burocracia. 
Lo único que me preocupa es que, a pesar de que acogemos con satisfacción que se haga hincapié en el transporte combinado, y especialmente en el caso del Reino Unido, donde el Gobierno Conservador intenta fomentar el transporte por ferrocarril y alejarlo de la carretera siempre que sea posible, ello no debe hacerse en total detrimento del buen funcionamiento del transporte convencional por carretera. 
No nos olvidemos del antiguo y buen camión. 
Quizá el Comisario desee hacer algún comentario al respecto. 
Señor Presidente, se trata de dilucidar la cuestión que el Parlamento abordó en febrero, cuando emitimos nuestra opinión sobre un paquete de medidas para el tráfico por vías navegables. 
El aspecto más importante de las enmiendas es en mi opinión que ahora se sugiere que se estimulen y desarrollen las vías navegables internas dentro de todos los países miembros, también en el mío, Suecia, que tiene muchos ríos y lagos. 
Los transportes por vía férrea y navegable constituyen unas alternativas ecológicas mejores que el transporte mediante vehículos pesados, que ha aumentado de forma alarmante en los últimos años. 
Hay que hacer algo, porque los vehículos pesados emiten gases de escape de un modo totalmente distinto. 
Por consiguiente, apoyamos el informe. 
Los diversos programas de saneamiento y los incentivos son importantes para que se realice esta política y para que se reduzca el tráfico mediante vehículos pesados. 
Las modificaciones propuestas van en esta dirección. 
En este sentido, cabe criticar duramente la actitud del Consejo, que no ha comprendido la situación. 
Votamos, por tanto, a favor de las enmiendas presentadas, porque en nuestra opinión nos llevarán a un transporte mejor y más amplio utilizando unas vías más respetuosas con el medio ambiente. 
Señor Presidente, ahora que, muy a nuestro pesar, el Comisario Kinnock no puede estar presente, quisiera expresar mi alegría por el hecho de que el Comisario Van den Broek lo sustituya. 
A fin de cuentas, se trata de una actividad en la que los transportistas holandeses se han distinguido desde hace mucho tiempo. 
Yo también deseo felicitar al ponente. 
El Sr. Van der Waal no sólo ha trabajado deprisa, sino que ha trazado una línea excelente, que por un lado hace justicia a los graves problemas actuales de la navegación interior, pero que además ofrece una perspectiva de futuro a este sector. 
Es evidente que la navegación interior puede y debe desempeñar un papel importante en una política de transportes sostenible. 
Naturalmente, en primer lugar es la navegación interior la que ha de sacar provecho de las nuevas posibilidades, pero el Estado ha de ofrecerle la ayuda necesaria. 
Pido especial atención para los problemas de la navegación de barcos cisterna, donde muchos se ven con el agua al cuello. 
Una parte importante de nuestro enfoque son las dos cartas que nuestra comisión ha dirigido al Comisario Kinnock. 
Haciendo referencia a un anterior debate, para mí dichas cartas son un pacto de caballeros entre la Comisión y el Parlamento. 
¿Puedo suponer que la Comisión también lo considera así? 
¿Puede garantizarme el Comisario Van den Broek que es consciente de la necesidad de evitar la competencia desleal y la distorsión del mercado por parte de los transportistas procedentes de la Europa Central y Oriental? 
¿Para cuándo podemos esperar acuerdos con los países en cuestión? 
¿De qué forma? ¿Se implicará al Parlamento en ello? 
Por último, señor Presidente, quizás el Comisario Van den Broek pueda aprovechar la ocasión para explicarnos su enfoque de los problemas prácticamente insuperables en las fronteras con los países de la Europa del Este, en especial en el transporte por carretera. 
En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por tener el honor esta noche de reemplazar al Comisario Kinnock. 
Asimismo deseo dar las gracias especialmente al Sr. Van der Waal, por las palabras con las que ha aceptado esta sustitución de esta noche. 
Para mí se trata de una ocasión especial porque quiero comunicarle al Sr. Van der Waal que empecé mi carrera de abogado en asuntos relacionados con colisiones en la navegación interior. 
Sin duda, al Sr. Van der Waal le encantará saber que el primer expediente que tuve que tramitar- los expedientes en la abogacía llevan el nombre de los barcos implicados en una colisión- se llamaba: » El Señor reina» contra «Siempre pasa algo». 
Señor Presidente, seguramente seguirá siendo así durante mucho tiempo en la navegación interior. 
Como saben sus Señorías, las propuestas que se examinan hoy en el Parlamento abarcan un paquete integrado de medidas encaminadas a potenciar la competitividad en el sector de la navegación interior, y con ello creo haber contestado a la pregunta del Sr. Cornelissen de que la Comisión es muy consciente de la necesidad de estimular la competitividad de la navegación interior, y con ello de luchar contra la competencia desleal. 
Permítame que deje que sea el Sr. Kinnock quien explique oportunamente el método y la manera con los que la Comisión piensa recalcar más este enfoque y cómo se implicará en ello al Parlamento. 
Las medidas de las que hablamos tienen por objeto permitir que el sector de la navegación interior, que opera en un mercado liberalizado y, por decirlo así, con sus propias fuerzas, mantenga y aumente su participación en el conjunto del mercado de transporte europeo. 
Este objetivo se ajusta por completo al marco de la llamada «movilidad sostenible». 
La primera propuesta sobre los sistemas de fletamento y cálculo de precios en el sector del transporte nacional e internacional de mercancías por aguas interiores tiene por objeto liberalizar la navegación interior por medio de la armonización de las iniciativas legislativas que en estos momentos emprenden los Estados miembros implicados con vistas a una plena liberalización del mercado a partir del 1 de enero del año 2000. 
La segunda propuesta tiene que ver con una ampliación de las mejoras estructurales repartidas en tres años- el período de 1996 a 1998 -, y se trata de medidas paralelas al proceso de liberalización, que además prevé la posibilidad de una contribución financiera de la Comunidad para complementar los fondos de desguace nacionales de los Estados miembros afectados. 
La tercera propuesta relacionada con las medidas de apoyo en el ámbito del transporte por vía férrea, carretera y vía navegable, dará a los Estados miembros la oportunidad de subvencionar las inversiones en las terminales de navegación interior y en material fijo y móvil de carga y descarga. 
Las nuevas disposiciones que se han consignado en la posición común del Consejo concuerdan con los objetivos de las propuestas de la Comisión. 
En el caso de la segunda propuesta, el Consejo consideró necesario limitar la contribución de la Comunidad a las mejoras estructurales hasta 1996. 
La Comisión puede aceptar la posición del Consejo, dado que en ella se mantiene el objetivo de reducir un 15 % la capacidad de la flota en tres años. 
Para lograr este objetivo, los Estados miembros implicados han de facilitar conjuntamente suficientes medios. 
La Comisión ha aceptado las enmiendas del Consejo y por ello quiero pedir al Parlamento, en nombre del Sr. Kinnock y de la Comisión, que apruebe la posición común. 
La Comisión ha estudiado atentamente las dos enmiendas presentadas por la Comisión de Transportes en segunda lectura. 
Muy a pesar mío he de comunicarles que estas enmiendas no son aceptables para el Sr. Kinnock, es decir, para la Comisión. 
Pero quiero explicarlo. 
La enmienda nº 1 tiene por objeto dar a los Estados miembros la oportunidad de tomar medidas sociales a favor de los transportistas que abandonan su actividad profesional. 
Esta nueva consideración fue rechazada por el Consejo, y la Comisión estaba de acuerdo porque el Reglamento nº 1101/89 del Consejo ya prevé tal posibilidad, concretamente en el artículo 9. 
La enmienda nº 2 tiene que ver con el memorándum financiero de la línea presupuestaria para acciones de desguace y transporte por vías interiores, la descripción de la medida y el objetivo general. 
La Comisión de Transportes considera que el exceso de capacidad en el sector de los barcos cisterna es por lo menos del 20 %. 
Por ello se propone emprender medidas suplementarias de desguace en el primer año del programa de desguace en el sector de los barcos cisterna, como complemento del programa de la Comisión, para que se pueda desguazar por lo menos un 10 % adicional de la flota de barcos cisterna. 
Para ello, los Estados miembros implicados tendrían que constituir fondos de desguace separados con un nuevo régimen de financiación. 
La Comisión considera que esta segunda enmienda sobra, porque en base al actual reglamento ya existe la posibilidad de dedicar una parte más amplia de los fondos disponibles al desguace de los barcos cisterna, en caso de resultar necesario. 
Por otra parte, una modificación del memorándum financiero no afectaría al texto de la ley desde el punto de vista del procedimiento. 
En este sentido considero que la posición común se ajusta a los objetivos de las propuestas. 
Por ello creo poder pedir al Parlamento que otorgue su apoyo a la posición común y al mismo tiempo quiero expresar mi aprecio, como ya he hecho, por el trabajo realizado por el Sr. Van der Waal y la Comisión de Transportes. 
Antes de terminar quiero examinar tres preguntas que se han formulado. 
El Sr. Van der Waal ha hablado de las cartas que la Comisión de Transportes ha escrito al Sr. Kinnock, y en una de estas cartas se aconseja la creación de un grupo de expertos para los cursos de agua interiores. 
La respuesta, cuyo borrador obra en mi poder, llegará dentro de poco a la comisión. 
Sólo quisiera comunicar la conclusión y decirle que el Sr. Kinnock considera que en estos momentos no es tan necesario crear un nuevo grupo de expertos. 
Sin duda lo explicará él mismo cuando tenga ocasión de hacerlo. 
Pero añade que la Comisión seguirá manteniendo estrechos contactos con el sector socioeconómico asociado a la navegación interior y que también consultará al sector en el marco de las comisiones existentes y las reuniones específicas a fin de mantenerse al corriente de su criterio, escuchar sus consejos, etc. Es decir, que en estos momentos el Sr. Kinnock no ve suficiente razón para intensificar aún más el contacto con este sector por medio de la creación de un nuevo grupo de expertos. 
La segunda pregunta que le fue formulada por escrito, se refiere a la posibilidad de ampliar el período de cinco años del «régimen de viejo por nuevo». 
Su explicación sería que la Comisión no es necesariamente contraria al sistema de prórroga, pero que considera que es prematuro emitir un juicio al respecto. 
Por lo que a esto se refiere, el Sr. Kinnock preferiría que la decisión sobre una posible prórroga del régimen dependiera del futuro desarrollo del mercado y estaría de acuerdo con la comisión en que la petición a la Comisión de publicar un informe sobre el desarrollo del mercado en la primera mitad de 1998, podría ser un instrumento para juzgar la utilidad de una prórroga de este tipo después del plazo establecido. 
Esto es lo que infiero de los conceptos que están a mi disposición. 
Sin duda lo explico con menos claridad que el Comisario Kinnock, pero pienso que ofrece ciertos indicios del rumbo que toman sus pensamientos. 
El Sr. Wijsenbeek ha preguntado si no sería posible ocuparse de que en la navegación de barcos cisterna no fueran automáticamente los barcos pequeños- y ahora utilizo mis propias palabras- los primeros en ser liquidados, dado que ahora es posible utilizar los oleoductos de la OTAN con fines comerciales. 
Por último, la pregunta de la Sra. McIntosh sobre la cuestión de los fondos para el régimen de desguace. 
Me comunican que, de hecho, los Estados miembros han dado garantías de que se podrá disponer realmente de los fondos necesarios previstos. 
Con ello quisiera dar por terminada mi intervención. Quiero excusarme nuevamente, pues quizás hayan quedado algunas cosas confusas, pero el Comisario Kinnock estará sin duda dispuesto a darles más explicaciones. 
Con el debido respeto por la respuesta del Sr. Van den Broek, naturalmente también nosotros sabemos que quien primero viene, primero tiene, pero el problema es que los barcos grandes son los primeros en presentarse, pues reportan más. 
Por tanto, quisiera preguntar al Comisario Kinnock que aclarara si en los futuros regímenes, que tendrían que prolongarse hasta después del año 2000, podría establecerse una diferenciación para que no sólo desaparecieran los barcos más grandes, con lo que se reduciría el radio de acción y la eficacia de la navegación interior. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Van den Broek por el esfuerzo que ha hecho por contestarnos lo mejor que ha podido. 
Ahora que hay un par de borradores de cartas, quisiera preguntarle si querrá pedirle al Comisario Kinnock que los lea detenidamente. 
Naturalmente conozco el contenido de dichas cartas, porque las he firmado en nombre de la comisión, y nosotros no pedimos una comisión nueva, nosotros decimos precisamente que ésta no es nuestra intención, sino que pedimos si dentro de las comisiones existentes es posible satisfacer nuestros deseos. 
Para evitar una correspondencia innecesaria, quisiera rogarle al Comisario Van den Broek que pida a su colega Kinnock que examine nuestras cartas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Responsabilidad de las compañías aéreas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0228/96) del Sr. Sánchez García, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (95) 0724- C4-0209/96-95/0359 (SYN) ) relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la responsabilidad civil de las compañías aéreas en caso de accidente sobrevenido en viaje internacional ha estado regulada, hasta la fecha, por las disposiciones del Convenio de Varsovia y otros instrumentos complementarios que conforman el llamado «sistema de Varsovia». 
Las disposiciones de este Convenio establecen la presunción de responsabilidad de la compañía y un límite de responsabilidad de 10.000 dólares. 
No obstante, prevé que la compañía puede quedar exenta de responsabilidad si demuestra que tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño o, en su caso, pagar una indemnización inferior si demuestra negligencia por parte de la persona que sufre las lesiones. 
La insuficiencia de este sistema de responsabilidad subjetiva y la ausencia de un mecanismo automático de adaptación de la cuantía de la indemnización han dado lugar a una acción unilateral, por parte de numerosos Estados contratantes, tendente a aumentar los límites establecidos. 
Así, el Acuerdo de Montreal de 1966 aumentaba la cantidad a 75.000 dólares para todas aquellas compañías con destino, origen o escala prevista en los Estados Unidos. 
Del mismo modo, la mayoría de los países europeos han establecido en los últimos años límites de responsabilidad más altos que los previstos por el sistema de Varsovia, tanto para sus vuelos nacionales como para los internacionales. 
El resultado de esta acción unilateral- necesaria, por cierto- ha sido una creciente heterogeneidad entre las normativas nacionales relativas a la responsabilidad de las compañías aéreas, situación que amenaza con fragmentar el actual mercado interior de la aviación civil. 
Por otro lado, la política comunitaria de transportes aéreos intenta que la aviación sea percibida como el medio de transporte más seguro que existe, y esta finalidad se contradice con la actual regulación de la responsabilidad que ve al pasajero como alguien que tiene que correr un riesgo. 
Además, también existe una contradicción entre la normativa sobre responsabilidad y la política de defensa de los consumidores que defiende la Comunidad, puesto que los pasajeros y sus familiares se ven obligados a afrontar situaciones de incertidumbre cuando pretenden recibir indemnizaciones superiores al límite establecido, además de verse confrontados a procedimientos largos y costosos. 
En estas circunstancias, la Comunidad ha considerado necesario tomar medidas para crear unas condiciones aceptables para el sector del transporte aéreo, garantizando normas de responsabilidad comunes así como un trato equitativo a los usuarios. 
La propuesta de reglamento que hoy nos ocupa responde a este compromiso. 
La Comisión ha conservado en su propuesta los elementos básicos del sistema vigente, ya que el sistema de Varsovia constituye, a pesar de sus deficiencias, un fundamento jurídico uniforme, mundialmente reconocido. 
Partiendo de esta base, se ha intentado adaptar el contenido normativo a las necesidades actuales, eliminando todo tipo de límites y garantizando procedimientos sencillos y rápidos, mejorando sustancialmente el nivel de protección de los usuarios y la posición de los transportistas. 
Comparto, sustancialmente, la propuesta. 
Las enmiendas que formulo en mi informe pretenden introducir algunas mejoras y matices, sin cambiar, por supuesto, la filosofía del texto. 
En esta línea, considero conveniente aumentar el límite propuesto por la Comisión para la responsabilidad objetiva, que debería pasar de 100.000 a 120.000 ecus. 
En realidad, esta enmienda no hace sino reflejar legislativamente lo que ya vienen haciendo en la práctica la gran mayoría de las compañías aéreas. 
Este incremento no conlleva, en ningún caso, un perjuicio para las compañías, ni siquiera en términos de prima de seguros tal como quedó demostrado en los estudios previos realizados por la Comisión, y en cambio es una cantidad que resulta más adecuada al momento vigente. 
En cuanto a la anulación de todos los límites de responsabilidad previstos en el Convenio, considero que es una medida coherente con la minimización de los riesgos en el sector del transporte aéreo y coherente con el objetivo de aumentar la protección de los consumidores, teniendo en cuenta, además, que, desde el punto de vista de las compañías, sólo comportará un incremento mínimo de los costes operativos. 
Asimismo, he considerado conveniente eliminar la referencia a la cantidad que se ha de abonar para hacer frente a los primeros gastos, por considerar que las disposiciones previstas a tal efecto por los planes de cada compañía son más beneficiosas que los 50.000 ecus que propone la Comisión. 
Por último, quiero hacer hincapié en un aspecto que considero de la máxima importancia: debido a la estructura del sistema de Varsovia, cualquier modificación de la normativa implica previamente un acuerdo entre las partes contratantes. 
Es obvio que la acción comunitaria verá limitados sus efectos a las compañías aéreas comunitarias, quedando excluidas compañías de países terceros que operan dentro del territorio comunitario. 
Y vista la imposibilidad jurídica de extender esta normativa a compañías de terceros países, propongo a la Comisión que incremente sus esfuerzos en las negociaciones sobre el Acuerdo de Aviación Civil. 
Aprovecho la oportunidad, señor Presidente- y permítamelo -, para despedirme de este Parlamento, pues mañana me voy. 
Por tanto, quiero agradecer a todos, y especialmente a los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo, la deferencia que han tenido conmigo. 
Regreso a las Islas Canarias. 
Muchas gracias. 
Muchas gracias, señor Sánchez García. 
También nosotros le deseamos éxitos en su nueva etapa, profesional o política. 
Señor Presidente, hago mías sus palabras de buenos deseos al ponente y le felicito por su informe. 
Aunque se marche, al menos su nombre quedará grabado en el Parlamento. 
Le deseo que tenga un buen viaje y que no necesite recurrir a ninguna de las disposiciones sobre la responsabilidad de las compañías aéreas. 
Se trata de un informe complicado, como reconocerá todo aquel que haya escuchado al ponente. 
Intenta actualizar el Convenio de Varsovia de 1929 y armonizar los acuerdos voluntarios vigentes entre las compañías aéreas europeas, como ha dicho el ponente. 
Tenemos aquí un gran número de acuerdos. 
El Convenio de Varsovia está muy desfasado ya que fue aprobado en una época en la que el transporte aéreo era un asunto peligroso. 
Es fácil darse cuenta del tiempo que ha pasado ya que fue en 1929, el año que yo nací. 
En aquel tiempo nadie pensaba demasiado en tomar un avión. 
Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión porque mejora la situación para aquellas personas que necesitan reclamar una compensación en caso de accidente, tanto en términos de la suma que percibirán, como de la rapidez con que será atendida su solicitud. 
Para ello, la Comisión propone abolir los límites del Convenio de Varsovia que, como decía, han quedado completamente desfasados, e introducir una definición más objetiva de la responsabilidad en vez de una definición subjetiva- aunque aquí estoy de acuerdo con el ponente, cuando sugiere que la cifra debe ascender a 120.000 ecus, en vez de los 100.000 ecus propuestos, porque eso la acerca más a la línea de los acuerdos vigentes de la IATA y causaría menos confusión. 
Asimismo acojo con satisfacción la provisión de un sistema de pagos de urgencia y, en particular, la ampliación de las posibilidades de presentar recurso jurisdiccional, que permite a las personas iniciar acciones en los tribunales del Estado miembro en que sean residentes. 
Esto supone un gran avance. 
Apoyo los distintos acuerdos que ha mencionado el ponente, incluidas las enmiendas por las que se pide que se ofrezca plena información, y no apenas información adecuada para ser facilitada a los pasajeros y otras personas. 
Un tema que ha ocasionado problemas ha sido el caso de las compañías aéreas de terceros países. 
Lo ideal hubiera sido que todas ellas estuvieran sujetas a la nueva normativa de la UE. 
Tenemos algún precedente de esto en ámbitos como la compensación en caso de que a un pasajero no se le permita embarcar. 
Como ha dicho el ponente, el Convenio de Montreal, aunque es aplicable en los Estados Unidos, incluye también a las compañías aéreas procedentes de otros países. 
No obstante, cuando este aspecto se discutió en profundidad en la comisión, tuvimos que aceptar la rigurosa opinión jurídica de la Comisión en el sentido de que eso no sería posible. 
No obstante y en conjunción con el ponente, presenté enmiendas que fueron aceptadas en las que proponía que la Comisión debía intentar incluir en sus negociaciones sobre acuerdos en materia de aviación civil con terceros países un compromiso de aplicar la normativa que recoge el presente reglamento. 
Si esto se logra, pienso que, habida cuenta de que la mayoría de las compañías aéreas ofrecen una compensación razonable a título voluntario y que son muchas las que están suscribiendo el acuerdo de la IATA, cuyas disposiciones ya están contempladas en sus propios reglamentos, al final no sólo habrá uniformidad en lo que se ofrece a los pasajeros de la Unión Europea, sino además un nivel más realista de compensación, independientemente de la compañía aérea que utilicen. 
Señor Presidente, yo también deseo unirme a las felicitaciones al ponente y desearle mucho éxito en su futura etapa profesional, y decir al Sr. Megahy que, obviamente, 1929 fue un año excelente. 
Existe el consenso general sobre la necesidad de actualizar el Convenio de Varsovia, y son varios intentos en este sentido. 
Por si el Comisario o cualquier otra persona tiene alguna duda sobre la necesidad urgente de dicha renovación, me limitaré a recordar a los colegas el desastre de Lockerbie. 
El avión nº 101 de Pan Am fue bombardeado y derribado cuando sobrevolaba Escocia. 
Los familiares de las víctimas están aún intentando clasificar las reclamaciones de compensación de conformidad con el Acuerdo Intercompañías de Montreal. 
Las compensaciones aún no han sido pagadas en su totalidad. 
Más tarde Pan Am abandonó su actividad. 
Recientemente he leído en la prensa una noticia muy desalentadora según la cual, es posible que Pan Am resucite como una compañía diferente, pero manteniendo el mismo nombre. 
Con toda sinceridad, esta Asamblea debe ocuparse de que se hagan efectivas todas las compensaciones pendientes antes de que otra compañía aérea con ese mismo nombre sea autorizada a transportar pasajeros- desde luego, dentro de la Unión Europea. 
La falta de uniformidad de los acuerdos sobre la responsabilidad de las compañías aéreas a nivel de la Unión Europea es causa de especial preocupación no sólo para la Comisión, sino también para el Parlamento Europeo. 
Deseo referirme, en particular, a la propuesta de la Comisión y a varias de nuestras enmiendas. 
Lamento informar al ponente que en lo relativo a las enmiendas 3, 6 y 16, el texto de la Comisión es mucho más claro. 
Comprendo que pueda existir cierta confusión, especialmente por tratarse, en gran medida, de un texto jurídico, entre los significados de «domicilio» y «residencia permanente». 
El texto de la Comisión para ambas enmiendas, la 6 y la 16, es mucho más claro. 
Es cierto que nosotros hemos introducido lo que se conoce como la quinta jurisdicción para aquellas personas que actualmente tienen su domicilio o residencia permanente en un país de la Unión Europea. 
La enmienda 4 eleva la cuantía de responsabilidad estricta de las compañías aéreas de la Unión Europea a 120.000 ecus, en vez de los 100.000 ecus propuestos por la Comisión. 
Ciertamente apoyo esa cifra por ser mucho más realista. 
Debemos recordar que la responsabilidad total sería ilimitada. 
Pero en el caso de dicha suma, el solicitante deberá demostrar que la compañía aérea tuvo una conducta dolosa. 
Mi pregunta directa a la Comisión es la siguiente: ¿en qué medida cambiará esta nueva situación, es decir, la de la responsabilidad ilimitada? 
En aquellos casos en que podamos demostrar que una compañía aérea tuvo una conducta dolosa, ¿en qué medida cambiará la situación con respecto a aquélla de Pan Am, en la que se han puesto tantas pegas a la cuestión de la compensación? 
Para terminar, acojo con satisfacción la disposición de que el nuevo reglamento será aplicable a los vuelos nacionales y también a los internacionales, a la quinta jurisdicción y al domicilio y la residencia permanente. 
El hecho de que la acción de la Unión Europea refleje algo que ya ha sido emprendido por la IATA y a lo que se sumará la OACI, incrementa la protección del consumidor y la competencia justa en el sector de la aviación civil europeo. 
Felicito al ponente y a la Comisión por la presentación de esta propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, el texto que hoy nos ocupa sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente constituye una base muy interesante. 
Por ello, se lo agradezco al ponente. 
Esta propuesta de reglamento consigue, en efecto, un equilibrio bastante satisfactorio entre las partes presentes: por un lado, la posición de las compañías será reforzada gracias a una redefinición precisa de las responsabilidades de una y otra parte; por otra, los derechos de los usuarios de las compañías aéreas estarán mejor garantizados gracias a la introducción de un principio de responsabilidad objetiva de la compañía. 
Por lo demás, esta propuesta instaura un régimen de pago de urgencia y amplía las posibilidades de un recurso jurisdiccional. 
Claro está, podemos lamentar que sea preciso adoptar así una reglamentación meramente comunitaria y no haya una revisión profunda del Convenio de Varsovia. 
Esta acción sigue siendo siempre deseable, para mejorar la indemnización de los pasajeros. 
Asimismo, puede esperarse que este paso servirá de ejemplo para una mejor protección de los pasajeros a nivel mundial. 
Mientras esperamos esta revisión, el informe que hoy nos ocupa propone un determinado número de mejoras a la propuesta de la Comisión, para garantizar más coherencia entre este texto comunitario, el Convenio de Varsovia y el Acuerdo IATA del 31 de octubre de 1995. 
Es por ello que mi Grupo votará en favor de este informe. 
Señor Presidente, seré breve, puesto que gran parte de lo que quería decir ya lo han dicho el ponente y mi colega Tom Megahy. 
Es cierto que el Convenio de Varsovia está anticuado y necesita ser actualizado. 
Está además la necesidad de armonizar los distintos acuerdos que existen en la actualidad. 
Uno de los problemas relativos a la responsabilidad de las compañías aéreas es que los pasajeros no parecen ser la principal preocupación. 
Parecen ocupar un lugar secundario cuando ocurre un accidente importante. 
Por ejemplo, la Srta. McIntosh ha señalado muy acertadamente que los familiares de las víctimas de Pan Am aún están esperando recibir las compensaciones. 
Y no existe ninguna garantía de que las familias de las víctimas del avión de la TWA que se hundió en el Atlántico no tengan que soportar una espera similar hasta recibir cualquier compensación a la que puedan tener derecho. 
Es una situación intolerable cuando nos acercamos al próximo milenio y se cumplen casi 100 años de aviación civil. 
El Convenio de Varsovia parece favorecer a las compañías aéreas. 
Reconozco que es importante que en toda negociación, los terceros países deban aceptar la legislación y las prácticas de la UE. 
En este aspecto, me hago eco del argumento de mi colega Tom Megahy, porque en la aviación civil estamos asistiendo actualmente a un crecimiento del número de casos de pabellones de conveniencia. 
Lo que se conoce como pabellón de conveniencia en el sector marítimo se está extendiendo ahora al sector de la aviación. 
En particular, las compañías aéreas registradas en los países de la Europa oriental están actualmente desarrollando su comercio de forma regular en la Unión Europea: ¿qué derechos tienen las personas que sufren un accidente en alguna de dichas compañías? 
Es algo que necesitamos aclarar con cualquier país que quiera integrarse en la Unión Europea. 
Agradezco al ponente su informe. 
Sé que recibirá mucho apoyo y el informe lo merece. 
Le deseo mucha suerte en su regreso a las Islas Canarias. 
Señor Presidente, me doy perfecta cuenta de que ésta no es competencia del Comisario Sr. van den Broek, pero hay algo que me preocupa, y es que el Comisario se ha mostrado dispuesto a sustituir una referencia a las cuantías que aparecen en la enmienda 9 y la consiguiente enmienda en lo relativo al importe monetario. 
En segundo lugar, el Comisario se ha mostrado asimismo conforme con que se cambie la referencia de la propuesta relativa al domicilio o la residencia permanente del demandante, por aquella otra de «su domicilio en el momento del accidente». 
Como he dicho en mi intervención, preferiría que conserváramos el texto original de la Comisión, a menos que la Comisión nos dé motivos inexcusables para introducir esas dos enmiendas. 
Lo esencial en cuanto a protección del consumidor debe ser dónde yo, en calidad de persona con derecho a indemnización, tengo mi domicilio o residencia permanente en el momento de presentar una reclamación de indemnización. 
¿Por qué querría la Comisión cambiar eso? 
Señor Presidente, muy brevemente, el Comisario Kinnock se basó en el asesoramiento jurídico que recibió en el sentido de que la definición defendida por el Parlamento seguramente es más clara y mejor. De ahí que optara por ella. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.05 horas) 
Señora Presidenta, intervengo por una cuestión de orden referida al artículo 136 del Reglamento, que trata de las comisiones de investigación: ayer por la tarde, otros dos diputados y yo intentamos acceder a la reunión de la comisión que investiga la EEB. 
El acceso nos fue prohibido amable pero categóricamente. 
Quiero recalcar que lo único que pretendíamos era asistir; no deseábamos participar en las deliberaciones ni votar en la comisión. 
Después de mirar una vez más el Reglamento, no queda totalmente claro si la comisión tenía derecho a excluir de sus deliberaciones a otros diputados, en contraposición al gran público. 
Sólo quiero comentarle, señora Presidenta, que voy a escribirle para solicitarle que pida una interpretación sobre la materia a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Mientras esto no se aclare, hago un llamamiento político a los diputados de la comisión para que, en la medida de lo posible, permitan que otros diputados participemos, observando, en lo que obviamente es una cuestión política y agraria muy interesante y delicada. 
He tomado nota de ello y esperamos a su escrito. 
Señora Presidenta, esta mañana he descubierto alarmada que la cadena de televisión neerlandesa que podemos recibir aquí en Estrasburgo ha sido suprimida de la red. 
Precisamente hoy, día de la inauguración oficial del año parlamentario en los Países Bajos, cuando nuestra Reina lee su discurso anual, ya no podremos enterarnos. 
Quisiera pedirle, señora Presidenta, que pregunte a la alcaldesa de Estrasburgo si puede ocuparse de que podamos volver a tener una emisora neerlandesa en el Parlamento, para que podamos seguir las noticias neerlandesas. 
Tomamos nota de ello. 
Decisión sobre la urgencia 
Señora Presidenta, sobre esta primera solicitud de urgencia que corresponde al Reglamento nº 805/68, la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido una opinión favorable y el informe estará listo para mañana. 
Señora Presidenta, por una cuestión de orden. 
Realmente la solicitud de urgencia no se puede considerar de manera aislada; hay que considerar las tres juntas. 
Estoy hablando desde un punto de vista presupuestario. 
La forma en que se haga es indiferente, pero si votamos «sí» a la primera, habrá que votar «sí» a las dos restantes. 
El Parlamento quedará en ridículo si vota «sí» a la primera y «no» a las otras dos. 
Quiero rogar a sus Señorías que tomen en sus manos el documento. Comprobarán que se trata de tres informes con tres números diferentes que se elaboraron también en momentos diferentes. 
La Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural se ha pronunciado ayer con gran mayoría en favor de la urgencia de la propuesta sobre la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino. 
Del mismo modo, ha rechazado con gran mayoría una modificación del régimen de apoyo para los productores de determinados cultivos herbáceos pues no existe ninguna urgencia para ello. 
El dinero para ello se necesitará solamente en 1998. 
Nos lo ha confirmado el representante de la Comisión que estaba presente. 
Finalmente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha rechazado también con gran mayoría la solicitud de urgencia para mejorar la eficacia de la estructura agrícola. 
Repito: urgencia para la carne, ninguna urgencia para los otros dos informes. 
La comisión lo aprobó así claramente. 
La recomendación de la comisión es la de realizar tres votaciones por separado. 
Vamos a votar ahora sobre esta recomendación de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural consistente en votar por separado sobre las solicitudes. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Vamos a repetir ahora la votación sobre el Reglamento relativo a la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Señora Presidenta, de conformidad con la propuesta del ponente Funk, ha mandado votar sobre el primer punto, que ha sido aprobado. 
Siguiendo la recomendación, debería ordenar votar también sobre los otros dos puntos. Los queremos rechazar para que la Comisión se cerciore de que no vemos esta relación entre carne de vacuno, régimen de apoyo y desarrollo general de la reforma agraria. 
Señora Presidenta, creo que el Reglamento nos obliga a equilibrar las cuentas. 
Permitan a este antiguo ministro de agricultura solicitar a este Parlamento que no se ponga en ridículo. 
El Reglamento de la carne de bovino depende de los gastos, y será en las otras dos resoluciones donde se trate de los ingresos. 
No podemos votar las unas sin los otros so pena de dar de nuevo una impresión de irresponsabilidad, y lamento que la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural lo haya hecho aquí. 
Hay algo de trágico en esta actitud. 
Suplico a este Parlamento, señora Presidenta, que sea lógico y responsable, y que ello se refleje en nuestros reglamentos. 
Sociedad de la información- Derechos de autor y derechos afines 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0244/96 del Sr. Herman, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre «Europa y la sociedad global de la información- Recomendaciones al Consejo Europeo» una comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre «Europa en marcha hacia la sociedad de la información». 
Plan de acción» (COM (94) 0347- C4-0093/94) (Ponentes para opinión (procedimiento «Gomes» ): Sr. Barzanti en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, Sr. van Velzen de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, Sr. Kuhne en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, Sra. Plooij-Van Gorsel en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) ; -A4-0255/96 del Sr. Barzanti, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde de la Comisión (COM (95) 0382- C4-0354/95) relativo a los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información; -A4-0215/96 del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre las propuestas de decisiones del Consejo (COM (96) 0006- C4-0212/96-960017 (CNS) ) relativas a la firma y aprobación en nombre de la Comunidad Europea del Convenio Europeo sobre aspectos de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión transfronteriza vía satélite. 
Señora Presidenta, señoras y señores Diputados, el informe que tengo el honor de presentarles ha sido elaborado conforme a las obligaciones del procedimiento «Gomes». 
Dicho de otro modo, en un solo informe integramos cinco o seis procedentes de las diferentes comisiones implicadas. 
Por desgracia, el resultado final no responde a la medida de nuestras aspiraciones y esperanzas. 
¿Podemos preguntarnos por qué? 
Apreciando las aportaciones, evidentemente positivas, que emanan de cada una de estas comisiones, debemos ser conscientes de que, en razón a la amplitud del tema (la sociedad de la información abarca muchos campos) el informe final había de ser necesariamente extenso. 
Contiene en torno a 120 párrafos, lo que produce necesariamente la sensación de que el documento adolece de combatividad, de radicalismo. 
Hubiéramos esperado y deseado decir a la Comisión lo más esencial en pocas palabras pero no ha sido posible. 
Por ello hemos recogido muchas aspiraciones, hemos aportado gran cantidad de consejos, temores e inquietudes que conllevan como resultado final que el documento no será probablemente considerado una obra maestra de claridad y tampoco tendrá un impacto considerable. 
Lo lamento, y temo que tengamos que modificar nuestros procedimientos en este sentido. 
Si el Parlamento desea tener algo que decir en este campo, debe aceptar el recurso a otros procedimientos diferentes al «Gomes». 
Además, veremos las aportaciones de las enmiendas que tendremos que votar y que probablemente no contribuirán a clarificar el mensaje. 
Dicho esto, conviene aclarar, para aquellos que tengan el coraje de profundizar haciendo una lectura especialmente cuidadosa de cada párrafo, que todo lo esencial está en el informe. 
Pero estas cuestiones fundamentales se encuentran dispersas en un magma de consideraciones, de alcance general para unas y de alcance muy específico para otras, lo que no deja sitio para estas últimas en un mensaje general. 
Así, por ejemplo, hay un párrafo donde se adoptan disposiciones fiscales, como una tasa que es medida, apreciada e incluso cifrada. 
Evidentemente, una medida como ésta no pertenece a este tipo de informes. 
Al hablar de la sociedad de la información, en el estado en el que nos aparece actualmente, se habla de grandes principios y no se entra en detalles tan concretos como una tasa, de la que, por otra parte, no se especifica con exactitud su forma de aplicación. 
Es como decir que, por esta razón, el informe general carecerá de pertinencia. 
Dicho esto, desearía recordar los puntos fundamentales del informe. 
En primer lugar, la información no es una mercancía como las demás. 
Tiene un impacto en todos los aspectos de la vida en sociedad, especialmente en la sociedad moderna. 
Europa se encuentra ante un importante desafío y está mal preparada para afrontarlo. 
Necesitamos trabajar doble si no queremos quedarnos en la cuneta, pues la realidad está en permanente evolución. 
Hoy, más que nunca, es importante tomarle la medida al problema para afrontar las alianzas entre las multinacionales y ante el hecho de que en estos momentos los Estados se ven totalmente superados en la materia. 
El fenómeno que se va a desarrollar con rapidez es algo que no hemos tenido ocasión de apreciar en toda su amplitud. 
Me ha impresionado que se haya hecho hincapié, en principio y ante todo, en los temores e inquietudes. 
Por supuesto, sin olvidar que son reales, debemos ser muy conscientes de su importancia. 
Pero, si hemos de prevenirnos contra todas estas inquietudes, contra los peligros que nos amenazan, no debemos olvidar lo principal, que es participar en la carrera. 
Efectivamente, los peligros y las amenazas de concentración son reales, la libertad de expresión se ve atacada y la desigualdad socava la sociedad aumentando la marginación. 
Todo esto es cierto. 
Pero la evolución seguirá imparable si no actuamos con premura. 
Y no estamos haciendo gran cosa. 
Es necesario decir que la mayoría de los Estados miembros se están entregando a batallas ya superadas del mismo modo que, en 1940, se pensaba que la línea Maginot sería capaz de detener a los tanques. 
Lo mismo sucede hoy con nuestro concepto de servicio público y los monopolios de Estados. 
El mundo se llena de redes, de servidores para alimentarlas, se crean sociedades y se ofrecen nuevos servicios a todo el mundo mientras nosotros discutimos sin parar sobre el contenido del servicio universal y nos vemos excluidos o estamos cada vez menos presentes. 
Éste es el mensaje que yo quisiera transmitir. 
Desearía que el Parlamento tomara las riendas, que no buscara en cada uno de los 120 párrafos todos los peligros posibles e imaginables, todo lo que sería necesario hacer y que no añadiera una lista de medidas imposibles de aplicar si hubiera de hacerse en conjunto, sobre todo en breves plazos. 
Terminaré mi mensaje diciendo que ya es hora de tomar las riendas e ir a lo fundamental. 
Señora Presidenta, la perspectiva de la sociedad de la información global es tan fascinante- estamos sólo al principio de una aventura extraordinaria- como preocupante. 
No repetiré análisis más o menos apocalípticos que se prodigan todos los días. 
Es nuestro deber de políticos- quisiera decírselo también al Sr. Herman -, de parlamentarios, determinar lo que hay que hacer, lo que hay que hacer ahora e inmediatamente. 
Partiendo de un convencimiento en el que creo que coincidimos, llevamos retraso, un serio retraso. 
Las tecnologías avanzan y trastornan cada día un panorama difícil incluso de analizar; la liberalización procede, a veces con frecuencia de manera salvaje sin normas, pero la política corre el riesgo de quedarse con los brazos cruzados. 
Las normas necesarias para un desarrollo sano que combata los desequilibrios y las desigualdades son débiles o tardan en precisarse, en concretarse. 
Por ejemplo, ante redes invasoras como Internet, ante el debilitamiento, la desaparición, con el aumento de los multimedia, de límites netos entre ordenador personal, televisión, emisión más o menos tradicional, telefonía, emisión por satélite, ante la confusión cada vez más acentuada entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo colectivo que todo esto conlleva, el gobierno de la información debe dar un salto con gran valentía, pero no se vislumbran sus signos, al menos de manera apreciable. 
Pues bien, el capítulo sobre los derechos de autor y los derechos afines, sobre los que, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, hoy presento un informe elaborado durante mucho tiempo, puede parecer limitado, pero no lo es en absoluto. 
La dinámica de homologación de la información global puede dar lugar a una máquina trituradora que considera cada mensaje como una mercancía o como un texto que hay que utilizar con fines puramente económicos, que no hay que respetar en sus caracteres de invención, de lengua, de creatividad y de arte. 
Por eso subrayo además, como Comisión de Asuntos Jurídicos, algunos puntos sobre los que quisiera llamar la atención: en primer lugar, si existe protección de una obra de autor o de los derechohabientes, pues bien, esa protección debe poderse tener prescindiendo de las modalidades de difusión de la propia obra. 
Una película es una película, una ejecución musical es una ejecución musical, que da origen a ciertos derechos, exige cierta gestión, etcétera. 
Por lo tanto, no podemos seguir estando ligados a categorías y a instrumentos del pasado. 
En segundo lugar, es necesario- como dice el texto de nuestra resolución- garantizar a los ciudadanos la igualdad de acceso a las obras y a los servicios que se consideren de interés público. 
Tercer punto: ¿cuál es el Derecho aplicable para regular un sector tan complejo? 
Respondiendo al excelente Libro Verde de la Comisión, que planteaba este interrogante, nosotros consideramos- y este punto es decisivo- que el Derecho aplicable para garantizar la protección no puede ser sólo el del país de emisión: la solución que, por ejemplo, dimos para la directiva cable y satélite, porque desde una perspectiva global ese criterio es insuficiente, es incompleto. 
Además, hay que considerar también-el párrafo 14 está formulado de manera equilibrada, y nosotros no queremos adoptar fórmulas forzadas y simplificadoras- el Derecho del país de recepción, que es un Derecho fundamental para que no se debilite la protección de las obras y para que se eviten maniobras desaprensivas de traslado de empresas. 
Cuarto punto: el derecho moral de los autores es, en nuestra opinión, una de las vías principales, uno de los elementos fundamentales de la vía europea, del modelo europeo de protección de las obras y de los mensajes, porque instituye una relación, consagra una relación entre autor y obra que se renueva cada vez que se disfruta de la obra y que da a la obra no la calidad de una cosa o de un objeto, sino, precisamente, de una continua creación. 
Por último, somos conscientes- quinto punto- de que, para resolver las cuestiones antes mencionadas, más que de una normativa jurídica esmerada y precisa, más que de la aplicación coherente de convenios internacionales- estoy pensando en el Convenio de Berna, en su artículo 6 bis, en la necesidad de que todos los países se ajusten a él- es necesario que Europa actúe con una única voz, con una única voluntad a nivel internacional, sobre todo con respecto a los Estados Unidos- pero no únicamente -, para que se apliquen estos convenios. 
Es indispensable además establecer sistemas electrónicos de identificación de las obras, sin los cuales nosotros consideramos que la protección no será posible. 
Estos sistemas electrónicos, estos experimentos- ya puestos en marcha ampliamente- de codificación digital de las obras deben hacer posible- y lo harán posible- un mayor nivel de protección en la lucha contra la piratería electrónica. 
Nosotros queremos un convenio internacional, un acuerdo internacional contra el comercio ilegal de copias piratas, lo cual es hoy más indispensable que nunca. 
Permítaseme que añada brevemente- porque si no lo hiciera, dejaría de pronunciarme sobre la opinión que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha emitido, mejor dicho, sobre las enmiendas que ha presentado- que, por lo que respecta al informe Herman, estamos decepcionados porque la Comisión no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre la propuesta de directiva presentada por el Comisario Monti, encaminada a proteger el pluralismo de los medios de comunicación en el marco del mercado único. 
Dicha propuesta de directiva constituye también un capítulo decisivo para establecer normas claras en la propia formación de la sociedad de la información. 
Sin una intervención europea que evite concentraciones de poder ilícitas y anómalas, no se podrá construir una sociedad de la información en la que los derechos de ciudadanía, el sentido de pertenencia, la amplia demanda de conocimientos y de cultura encuentren respuestas eficaces, incisivas y reales y no sean sacrificados cínicamente en aras de un crecimiento completamente aparente, cuantitativo y efímero, en definitiva vacío y a la larga negativo. 
Señora Presidenta, a diferencia de los informes anteriores, donde estamos en un proceso de formación del Derecho, yo diría que en este informe que me corresponde exponer hoy estamos en un terreno bastante firme puesto que ya hay un Derecho comunitario elaborado. 
Me refiero a la Directiva 92/100 del Consejo sobre los derechos afines, y la Directiva 93/83 sobre los derechos de propiedad intelectual en materia de televisión por cable y satélite. 
Me correspondió en este Parlamento ser ponente del informe relativo a la directiva sobre derechos de televisión por cable y satélite, y en los debates en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos tuvimos ocasión de contrastar nuestros puntos de vista con la Comisión con respecto al procedimiento adecuado para su aprobación. 
Como resulta que en las directivas anteriores no se ejerce una competencia exclusiva de la Unión Europea en materia de estos derechos, parece que nos encontramos con el procedimiento de los acuerdos de carácter mixto. 
Desde el acuerdo europeo sobre transportes por carretera, es decir, la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso AETR, tenemos la noción de que debe haber un procedimiento especial para estos acuerdos de carácter mixto. 
Hay que reconocer que la Comisión actuó de una forma bastante razonable y el procedimiento que nos ha propuesto ha sido considerado aceptable por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, y que creo que también debe considerarlo así el Parlamento. 
En primer lugar hay una propuesta de decisión del Consejo para la firma y aprobación en nombre de la Comunidad Europea y luego, bajo reserva de dicha aprobación, el dictamen previo del Parlamento Europeo antes de la ratificación. 
Creo que es un procedimiento correcto y en este caso, además, no tenemos ninguna dificultad ya que no sólo el Convenio Europeo sobre protección de derechos de autor es acorde con el Derecho comunitario sino que, además, hay una reserva especial en el artículo noveno en virtud del cual las partes que son miembros de la Comunidad Europea aplican entre sí las normas especiales acordadas entre ellas. 
Es decir, no es un convenio que produzca ninguna modificación del Derecho comunitario. Consolida el Derecho comunitario y de hecho el Consejo de Europa, al redactar el convenio, tuvo en cuenta lo que la Comunidad ya había conseguido en el terreno de los hechos. 
Desde el punto de vista jurídico, yo creo que es positiva la consolidación en el Convenio Europeo del Consejo de Europa de lo que la Comunidad había establecido. 
Refiriéndome a ciertos elementos jurídicos- por ejemplo, el Sr. Barzanti mencionó el principio de la competencia de la legislación del Estado de emisión- parece que en materia de la sociedad de la información, teniendo en cuenta los avances de la telecomunicación digital donde hay, por un lado, una especie de relación entre oferta y demanda, una especie de contrato entre el que emite y el que recibe, se puede tomar en consideración el derecho del lugar de recepción. 
En materia de emisión por satélite y cable, el principio debe ser el de la unidad de acto, el de la consideración como único derecho aplicable el derecho del lugar de la emisión, a pesar de los problemas que se puedan plantear desde el punto de vista de la deslocalización. 
Pero yo creo que el tratamiento adecuado de la deslocalización no es a través de la propiedad intelectual sino a través de otro tipo de medidas de unificación fiscal, por ejemplo, que impidan que alguien trate de ampararse en el ordenamiento de un país determinado si desde el punto de vista de la propiedad intelectual logramos seguir armonizando todo el derecho de la propiedad intelectual. 
En definitiva, otro de los elementos de este convenio es el reconocimiento del Convenio de Berna- como ha señalado el Sr. Barzanti, el Convenio de Berna viene a ser la piedra fundamental en todo este sector- y el Convenio de Roma de 1961 sobre la protección de artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. 
Yo creo, señora Presidenta, que el Parlamento Europeo debe dar su aprobación al convenio, al objeto de que se pueda proceder a su rápida ratificación. 
Y quiero subrayar en este caso, como en otros bastante frecuentes en este momento, la buena voluntad y el espíritu de cooperación de la Comisión con el Parlamento Europeo en temas de carácter jurídico muy marcado en los que siempre es bueno que las instituciones comunitarias actúen conjuntamente. 
Quiero contestar al Sr. Herman, quien de hecho centra todo el debate en el lema: » debemos participar». 
En mi opinión, todo el mundo está convencido de ello, no se trata de eso, sino que la cuestión principal, señor Herman, es: cómo participamos y cuál es la responsabilidad de la administración, que también tenemos nosotros en gran medida. 
Y considero que en su discurso no ha recalcado usted suficientemente el hecho de que la sociedad de la información, además de todos los mecanismos de mercado, también es el trabajo humano, y que también se trata de decisiones, entre otros de administraciones que determinan si la sociedad de la información también ha tenido efectos positivos para el ciudadano de a pie y para los trabajadores. 
Quiero recordar uno de los puntos centrales del dictamen del High Level Group, los expertos a los que recurrió la Comisión, de que el problema central de toda la sociedad de la información que ahora nos ocupa, es la distribución justa de los beneficios de la sociedad de la información y el papel activo que ha de desempeñar el Estado en ello junto a este mercado, y a menudo creo que también dentro de él. 
Y en efecto, uno de los problemas es que resulta excepcionalmente difícil tratar las cuestiones conjuntamente. 
Cuando se creó el mercado interior, al principio todo era liberalización, etc., y sólo más tarde se prestó atención a la dimensión social, a las consecuencias sociales, y esto es exactamente lo que sucede ahora también en el Parlamento. 
Parece ser muy difícil tratar aspectos de forma conjunta en el Parlamento. 
Parece ser muy difícil poner fin a la limitación según la cual algunas cuestiones son consideradas puramente económicas o únicamente por sus aspectos sociales o jurídicos. 
Lo que defendemos es que precisamente se realice una integración, y estoy plenamente de acuerdo con el Sr. Herman en que el «procedimiento Gomes» no da en absoluto una buena respuesta. 
Pero quiero comunicarle, señor Herman, que si hubiera dirigido usted un poco más el procedimiento y si éste no se hubiera retrasado tanto, hace meses que habríamos votado en contra de esta cuestión en este Parlamento y no lo habríamos hecho después de la aparición del Libro Verde sobre consecuencias sociales en la Comisión Europea. 
Señora Presidenta, señoras y señores, las diversas etapas y aportaciones de cada una de las comisiones a este informe revelan ya en si mismas las dificultades existentes para entenderse en Europa sobre la configuración de la sociedad de la información. 
No se trata solamente de un problema relacionado con el procedimiento de las comisiones, sino de las diferentes experiencias culturales y nacionales que se reflejan en las aportaciones de los ponentes. 
¿Qué aspectos destaca la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación? 
En primer lugar- lo que sorprenderá a muchos que tienen una imagen determinada sobre esta comisión- se ha realizado una valoración básicamente positiva de la sociedad de la información. 
No se considera como una vía cultural equivocada sino como una gran posibilidad de enriquecimiento cultural y como una oportunidad de participación democrática. 
Así como tras la llegada de la radio y de la televisión no se arrinconó la lectura- pues en ningún lugar se lee tanto como en las sociedades en las que hoy existe radio y televisión- en el futuro, gracias a la sociedad de la información surgirá un nuevo espectro de posibilidades, si bien los instrumentos culturales tradicionales seguirán existiendo y no serán desplazados. 
Naturalmente, deberán cambiar las formas de transmitir estas nuevas posibilidades. 
Por ejemplo, en el campo de la formación, deberá cambiar el papel del profesor o de la profesora. 
Pero ¿en qué sociedad son las clases hoy como en los tiempos en que nosotros mismos- yo incluido- íbamos a la escuela? 
Estos cambios son algo normal. 
Lo que en cualquier caso la comisión no cree- incluido yo -, al contrario que muchas declaraciones públicas, entre otros, del Sr. Bangemann, es que el mejor modo de hacer realidad la sociedad de la información y la amplia participación en ella sea mediante una comercialización ilimitada y la reducción de las normas especiales que existen por ejemplo para la radio y la televisión. 
Por ello, subrayamos que debe seguir existiendo un ámbito jurídico separado para la radio y la televisión con condiciones especiales que pueden estar perfectamente escalonadas. 
Habrá que hablar en detalle al respecto. 
Hace falta una continuidad de resoluciones, tal como las hemos adoptado ya en esta Asamblea sobre las infraestructuras de las telecomunicaciones. 
Señora Presidenta, Señorías, el principal reto para las empresas europeas es el desarrollo efectivo de la sociedad de la información. 
Esta es la clave de la reducción del desempleo y del refuerzo de la competitividad de la industria europea. 
También las pequeñas y medianas empresas han de poder participar competitivamente en los nuevos desarrollos, porque generan empleo. 
Como políticos hemos de preguntarnos: ¿qué significan para nuestra sociedad los cambios en dirección a la sociedad de la información? ¿Qué hemos de hacer a nivel europeo para garantizar un aterrizaje suave? 
En primer lugar, el Parlamento Europeo ha de reaccionar con mayor rapidez a los nuevos desarrollos. 
El informe Bangemann y el plan de acción de la Comisión datan de mayo y junio de 1994, respectivamente. 
Ahora que han transcurrido más de dos años, por fin disponemos de todos los informes del Parlamento. 
Señora Presidenta, la lentitud del Parlamento contrasta violentamente con el desarrollo rápido e irreversible de la sociedad de la información. 
Nosotros, los parlamentarios, hemos de participar, estimular, y no frenar. 
En segundo lugar, se producirán grandes cambios en el mercado laboral. 
A fin de cuentas, en la era digital, una empresa se establecerá allí donde le sea más ventajoso desde el punto de vista de los gastos y de la presión fiscal. 
El Grupo de los Liberales considera que su principal tarea consiste en preparar al ciudadano de forma óptima, a través de la enseñanza y la formación, a través de una educación permanente desde la escuela primaria, pero también por medio de una conducta modélica. 
Las administraciones- local, nacional y europea- han de dejarse de historias y dar ejemplo. 
Hay que estimular a los ciudadanos para que participen. La autopista de la información es en sí un excelente medio para conseguirlo. 
Para el Estado es difícil resistir la tentación de dar prioridad a la seguridad por encima de la intimidad del ciudadano. 
Así, la Unión ha decidido que hay que poder interceptar el tráfico de telecomunicaciones. 
El Grupo de los Liberales no está convencido de que la elevada carga que esto conlleva para la democracia sea necesaria y de que esto ayude a atrapar a más criminales. 
Las administraciones tendrán más problemas para recaudar impuestos, porque es difícil determinar el valor de los transportes en la red. 
¿Se producirá luego un desplazamiento de los impuestos a los productos o los ingresos, una vez pagados los impuestos sobre el uso de las materias primas? 
Por último, las administraciones se enfrentan por primera vez a la tecnología de la comunicación a escala mundial. Aquí es preciso ser reservado con la legislación. 
La censura en internet es funesta. Limita la libertad de expresión y la libre circulación de servicios. 
La legislación nacional ha quedado superada en la era digital transfronteriza. 
Señora Presidenta, la sociedad de la información abre inmensas oportunidades. 
Desde luego, en mi circunscripción electoral, que consta de extensas áreas rurales cerca de la frontera con Gales en Kington, en el Golden Valley y en Newcastle on Clun, he podido observar directamente la forma en que se está aprovechando la nueva tecnología para crear nuevas oportunidades y nuevos puestos de trabajo para la gente normal y corriente. 
Es emocionante; pueden pasar muchas cosas buenas; pero hay ciertos temores. 
Hay temores muy reales de que quizá estemos siendo en realidad testigos de una concentración de poder y privilegios en las zonas urbanas. 
De acuerdo que se diga que la liberalización generalizada de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información permitirá disponer de puestos de trabajo. 
Lo que preocupa a muchas personas es que dichas oportunidades se concentren en esas pocas manos. 
Leí el informe del Sr. Bangemann. 
Me preocupó. 
Tenía un cierto tono de liberalización feroz: tenemos que liberalizar porque, si lo hacemos, será positivo y funcionará. 
Hay mucha gente de las zonas rurales que teme que ocurra exactamente lo contrario de lo que sugiere el informe. 
Hay que asegurarse de que haya un servicio público universal. 
Hay que asegurarse de que haya suficientes incentivos, que haya una buena financiación para planes locales que puedan funcionar, que todos los rincones de la Unión Europea queden estratégicamente conectados; y hay que asegurarse de que haya tarifas fijas de acceso en toda la Unión Europea. 
Lo que más temo es que vayamos a dar a una minoría favorecida y despojar a la mayoría. 
Señora Presidenta, querría, brevemente, llamar la atención sobre el impacto potencial que puede tener la sociedad de la información en la igualdad de oportunidades. 
Hablo, a este respecto, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Aunque, sin lugar a dudas, se abren oportunidades nuevas y positivas que hay que recibir con agrado y aprovechar, algunos corren el peligro de convertirse en ciudadanos de segunda en la sociedad de la información. 
Concretamente, muchas mujeres pueden quedar excluidas de sus ventajas por no tener acceso a la formación ni a la tecnología. 
Por ejemplo, algunos estudios recientes han puesto de manifiesto que sólo uno de cada siete usuarios de Internet es una mujer. 
Por tanto, será necesario que haya una labor de sensibilización y recursos y programas específicamente dirigidos a las mujeres y niñas, teniendo en cuenta sus intereses. 
En segundo lugar, la influencia de la sociedad de la información en la naturaleza del trabajo creará nuevos empleos y nuevos sistemas de trabajo que tendrán una especial repercusión en la mujer: por ejemplo, un aumento del trabajo a distancia y desde el hogar. 
Por ello se hace más necesaria la protección social de las personas que trabajan en casa. 
Supondrá tener en cuenta los aspectos de salud y seguridad y la posibilidad de aislamiento social y de situaciones de precariedad en el empleo. 
La Comisión de Derechos de la Mujer supone que la Comisión y los interlocutores sociales abordarán los temas del trabajo desde el hogar y a distancia y que elaborarán propuestas en las que se reconozcan las consecuencias de estos nuevos sistemas de trabajo. 
En tercer lugar, sabiendo que la tecnología de la información se está utilizando para retratar formas violentas e interactivas de pornografía y racismo, debemos reconocer que es necesario trabajar a escala mundial y europea para combatirlo. 
En este Parlamento y en la Comisión tenemos la oportunidad de introducir planes para garantizar que los ciudadanos de Europa- hombres y mujeres- se beneficien del desarrollo de la sociedad de la información y de la tecnología de la información. 
Espero que garanticemos que la igualdad de oportunidades ocupe un primer plano dentro de nuestra planificación. 
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información. 
Quisiéramos subrayar que una protección vigorosa de los derechos de propiedad intelectual y una consideración equitativa de las necesidades de todas las partes que actúan en el mercado son condiciones previas para el pleno desarrollo de la sociedad de la información. 
En este contexto, considero que el régimen existente de derechos de autor y derechos afines debería constituir la base de la sociedad de la información y que, además, tienen una importancia capital el principio de trato nacional y el de libertad de contratación, así como el de elección de la legislación. 
Sin embargo, quisiera subrayar la necesidad de alcanzar una cierta armonización y/o clarificación en aspectos como: 
el principio del agotamiento de los derechos, con el fin de excluir el agotamiento internacional de los derechos de autor, -el principio del derecho de distribución, de manera que el principio del agotamiento no se aplique a la transferencia de copias intangibles de las obras y, por último, -el principio de reproducción, de manera que se autoricen las reproducciones digitales y excluyan las excepciones de «utilización privada» existentes.Además, la comisión quisiera subrayar la importancia de los sistemas de concesión voluntaria de licencia y de los sistemas de identificación técnica. 
En este contexto, reconocemos que los sistemas de identificación técnica facilitarán la explotación normal de obras digitales y ayudarán a combatir la piratería. 
Asimismo reconocemos que existe la necesidad de establecer normas armonizadas que prohíban la fabricación, importación y utilización de dispositivos destinados a eludir las medidas técnicas destinados para proteger las obras cuyos derechos de autor estén protegidos. 
Para finalizar, señora Presidenta, pedimos a la Comisión que recoja información detallada acerca del valor económico de las actividades relacionadas con los derechos de autor en Europa. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, el informe del Sr. Barzanti es bastante completo; por lo tanto, permítanme que me limite a destacar algunos puntos. 
En primer lugar, me ocuparé de la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de derechos de autor. 
Naturalmente, sería deseable que esta armonización tuviera lugar al nivel más elevado, pero, siendo realistas, si queremos que se realice en unos plazos idóneos, tenemos que empezar a poner la mira en un nivel medio de protección. 
Además, hay que prever medios eficaces de control de la aplicación y el cumplimiento de esta legislación. 
A continuación, en lo que respecta al tema de la adquisición y gestión de los derechos, el aumento de la producción de obras multimedia complica la protección de los derechos de autor. 
De hecho, los creadores de esas obras tienen que pedir el permiso de cada autor, o cada titular del derecho, para todas las obras que vayan a utilizar. 
Por consiguiente, se plantea un problema práctico de recopilación de la información sobre todos los derechos implicados. 
Es en este punto donde aparece la solución de la «ventanilla única» , aunque no parece bastante claro el papel que vaya a desempeñar: si sólo va a funcionar como centro de identificación y de recopilación de información sobre los derechos existentes, lo cual simplificaría los trámites para cualquier usuario posible, o si se trata de un órgano de gestión colectiva de los derechos relacionados con una obra. 
Quisiera referirme, además, a la cuestión del derecho moral. 
Los nuevos métodos de explotación de las obras requieren por su propia naturaleza, tratamientos y transformaciones específicos. 
A este respecto, el derecho moral se considerará un obstáculo y será cada vez más objeto de negociaciones. 
Aunque es cierto que la libertad de contratación debe respetarse para que se aproveche también plenamente la sociedad de la información, existe un riesgo de desviación, sobre todo para los autores jóvenes, que intentarán ceder derechos y luego se arrepentirán. 
Quizás haya que reexaminar la posibilidad de poner límites para que esta cesión de derechos no sea absoluta. 
El último punto sobre el que quisiera llamar su atención es el referente a las copias privadas. 
Parece imprescindible definir también este concepto en el marco de la sociedad de la información, introduciendo sanciones eficaces. 
Este último punto es tan fundamental como el relativo al respeto de los derechos morales si queremos conservar la riqueza creativa y la justa remuneración de los autores. 
Se esperan, por tanto, con gran interés las propuestas de la Comisión relativas a las copias privadas. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a Fernand Herman por su excelente informe y a los demás ponentes por los suyos. 
No quiero hablar de una visión retrospectiva sino mirar hacia el futuro, como ha dicho el Sr. Herman. 
El 24 de julio la Comisión publicó una nueva comunicación sobre la sociedad de la información de Corfú a Dublín y las nuevas prioridades que van surgiendo. 
Y esto es de lo que debería estar preocupándose ahora esta Asamblea, y no de una retrospectiva de los dos o tres últimos años. 
El hecho es que en Corfú, en junio de 1994, definimos el programa de la sociedad de la información. 
Elaboramos la idea, pero el problema que ahora tenemos es que han transcurrido dos años y hay que revisar detenidamente hasta qué punto ha avanzado el proceso y qué tiene que pasar en el futuro para establecer un nuevo programa de trabajo de la Unión Europea. 
Como con tantos otros temas de la Unión Europea, comenzamos muy bien. 
Los Estados miembros, la Comisión, el Consejo y el Parlamento hacen frente común y después, en cualquier tema, después de un año o dos años de camino vemos que los Estados miembros empiezan a echarse atrás. 
Les empiezan a preocupar los aspectos presupuestarios y, como consecuencia, perdemos la ventaja competitiva que hemos adquirido en tantas áreas. 
Ahora nos encontramos en la misma situación con la sociedad de la información. 
A los dos comisarios hoy presentes y a los diputados de la Asamblea les digo que basta con mirar lo que está proponiendo el Consejo sobre el presupuesto para Info 2000 y sobre la sociedad de la información para darse cuenta de que el apoyo del Consejo a la tecnología de la información ni siquiera da de sí para mantener las líneas presupuestarias que se necesitan el año que viene para desarrollar realmente tecnología de la información para la Unión Europea. 
Voy a centrarme específicamente en los cuatro apartados que ha señalado el comisario Bangemann en su nueva comunicación, la cual, sin duda, estaremos debatiendo en esta Cámara dentro de dos años- en vista del tiempo que nos lleva tratar los asuntos. 
En ella habla de mejorar el contexto de las empresas, invertir en el futuro, hacer de las personas el centro de atención y enfrentarse al reto mundial. 
Son cuatro puntos claros del programa de trabajo que debemos acometer en la Unión Europea. 
El Consejo de tecnología de la información se reúne el 8 de octubre. 
Tendríamos que decir a nuestros comisarios que queremos que vuelvan aquí después de esa fecha para hacer una declaración ante la Asamblea, informarnos de lo que dicen ahora los Estados miembros sobre la sociedad de la información y sobre la evolución de la tecnología de la información. 
¿Van a apoyar las cuestiones relativas a las líneas presupuestarias? 
¿Van a implantar el tipo de medidas legislativas y reglamentarias que se precisan para desarrollar la tecnología de la información? 
¿Van a proporcionar las redes que permitan a los ciudadanos sacar provecho de la tecnología de la información en las escuelas y lugares públicos? 
Es algo ya superado. 
Necesitamos el apoyo de los Estados miembros. 
Necesitamos líneas presupuestarias para que la Comisión ejecute sus programas y necesitamos una estrategia coherente apropiada si queremos que este programa sobre tecnología de la información beneficie a nuestros ciudadanos- especialmente a los jóvenes. 
De otro modo, los Estados Unidos y el Lejano Oriente se llevarán esa ventaja competitiva y Europa habrá perdido una vez más. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, creo que esta Asamblea ahora, como tantas otras veces, cumple muy bien su cometido. 
Hoy no estamos aquí reflexionando sobre el papel legislador de la Asamblea, sino sobre su actividad como caja de resonancia de la realidad social que nos circunda. 
Por esto, estos informes diversos, informes de aluvión, probablemente carentes en muchos casos de técnica, reflejan lo que es la preocupación de la sociedad. 
La sociedad en estos momentos se encuentra ante una encrucijada histórica como pocas a las que podamos referirnos, tal vez el descubrimiento de América. 
No lo sé. Probablemente es incluso más importante, más revolucionario pues los hechos sociales con los que la sociedad se tiene que enfrentar ahora van a tener una mayor transcendencia para nuestras vidas, van a afectar íntimamente a lo que somos más que cualquier otra del pasado. 
Señora Presidenta, en este momento, se produce la cristalización de las dos tendencias entre las que siempre se debate la humanidad: el miedo a lo desconocido y el reto ante las tierras por descubrir. 
Y eso es lo que reflejan estos informes: confusión, ruido. 
No hay una idea clara de qué va a pasar ni a dónde vamos. 
No hay una idea clara, además, porque aflora el que constituye sin duda el debate fundamental: ¿reglas de mercado o reglas de Derecho? 
A qué hay que dar primacía, ¿a la liberalización de los mercados, a la potenciación de las industrias- y el resto nos vendrá por añadidura- o, por el contrario, hemos de afirmar que la técnica de ordenación es la técnica jurídica, pues nunca la economía dejada a su libre albedrío producirá un orden social. 
Y en este cruce de caminos tenemos que preguntarnos: ¿es el Derecho capaz de crear ese orden? 
Porque, sin duda, nos encontramos ante unos instrumentos jurídicos que no pueden dar respuesta a esos hechos sociales, que son incapaces de ordenar esa realidad nueva que se está produciendo. 
Y la otra gran pregunta que hoy nos hemos de formular aquí es: ¿tiene sentido un debate, una actuación en sede de la Unión Europea, ante una realidad que se plantea global, mundial, que hay que examinar sin duda en foros internacionales mundiales? 
Pues bien, entiendo que el hilo de Ariadna, como siempre, nos vendrá a través del Derecho y, por otra parte, la reflexión ha de formularse desde una Unión Europea que actúe con una sola voz. 
Y esto porque toda esta realidad pone en tela de juicio los dos principios fundamentales de nuestros ordenamientos jurídicos: la diferenciación entre lo público y lo privado y la idea de territorialidad y su correlato concepto de soberanía, fundamentaciones de los ordenamientos jurídicos nacionales que se resquebrajan hoy. 
Y tenemos que buscar ese hilo de Ariadna para salir al paso de lo que son las demandas sociales: en primer lugar individuales en las relaciones inter privatos, en cómo se ha de arbitrar el equilibrio entre derechos de autor y otros sujetos con legítimos intereses protegibles jurídicamente, así como también la esfera de la protección de la intimidad e, indudablemente, la esfera de las libertades públicas, en especial el derecho a la información. 
Y, además, esta reflexión debe tener en cuenta los intereses generales que no podemos dejar de lado. 
Interés general de primar la creación en Europa, de defender lo que ha sido la seña de identidad del derecho europeo de autor, que culturalmente está indisolublemente ligada ala potencia creadora europea. 
Y por último, qué duda cabe de que hemos de tener en cuenta también otros intereses generales que entran de lleno en el concepto de orden público, en particular los de colectivos como la infancia, que ha de ser protegida ante esa avalancha incontrolable de nuevas técnicas; ha de protegerse la sociedad en su conjunto frente al crimen organizado, que puede utilizar ese panorama asilvestrado en beneficio de sus intereses torcidos. 
Y ha de reflexionarse en clave de orden público internacional respecto del Derecho aplicable. 
Pues bien, ante todas estas cuestiones, creo que la respuesta, como he dicho, es: la Unión Europea constituye el ámbito necesario de acción común. Porque la Unión Europea lleva en sí ese germen creador de una estructura política cuya razón de ser es precisamente enfrentarse a los nuevos retos de la sociedad. 
Y, por último, señora Presidenta, frente a este ruido, tenemos que volver a los principios jurídicos de nuestra tradición, es decir, a aquellos que permitieron a Sabinianos y Proculeyanos dar contestación a las realidades sociales de la Roma clásica y que siguen siendo vigentes y válidos. 
Señora Presidenta, la información no es una mercancía cualquiera, y tal vez no es ni siquiera una mercancía. 
Lo ha dicho bien el Sr. Herman en su introducción; lo ha dado a entender al presentar el informe, que, aunque no es ciertamente sintético ni incisivo, sino largo y laborioso, queremos considerar de manera favorable, en particular porque es un documento importante, yo diría que fundamental, en un momento importante para la información. 
En efecto, en los próximos años será la información la que establecerá la diferencia entre los distintos ámbitos de aplicación: en el económico, piénsese en las oportunidades que ofrece a las pequeñas y medianas empresas, a las que el desarrollo de la tecnología permitirá ganar tiempo y eficacia, permitiendo así a los empresarios que hagan finalmente de empresarios y creando, pues, nuevos puestos de trabajo; en el social, basta recordar cuáles y cuántos son los ámbitos de aplicación a los que afectará- ya afecta- la tecnología, desde la sanidad al fisco, a los otros miles de momentos de encuentro entre tecnología y telecomunicaciones; por último, en la organización de las necesidades del ciudadano, en particular como consumidor: desde la deregulation- es decir, menos burocracia en las ventanillas públicas- a la posibilidad de que lo público esté finalmente al servicio de lo privado. 
En este escenario- lo ha dicho bien el Sr. Barzanti- la política corre el riesgo de quedarse con los brazos cruzados. 
Esto es lo que no podemos permitir, especialmente por nuestra función institucional. 
Es necesario trabajar cada vez más para que se preserve el respeto de la vida privada y exista una separación clara entre lo público y lo privado, entre lo colectivo y lo particular; es necesario, pues, como conclusión, tener la seguridad jurídica: derecho al respeto de la subsidiariedad, derecho de libre circulación- tema que tanto le gusta al Comisario Monti -, derecho del autor, derecho moral y material juntos, el derecho- permítasenos en definitivadel usuario final. 
Señora Presidenta, el informe contiene numerosas observaciones esenciales sobre las repercusiones sociales, pero refleja además contradicciones e inseguridad con respecto a las consecuencias a largo plazo. 
La Comisión de Política Regional, por ejemplo, tiene miedo de la centralización, mientras que la de Asuntos Económicos cree por su parte en la descentralización. 
La Comisión de Derechos de la Mujer nos hace advertencias. 
La Comisión de Asuntos Económicos aplaude el trabajo a distancia, pero sin mencionar el riesgo de caer en una débil posición a la hora de negociar convenios o la carencia de contacto creador con otros colegas. 
La cuestión es cómo evitar que el desbordamiento comercial de la sociedad de la información nos lleve a una situación inabarcable, a la falta de calidad y a una conciencia fragmentada. 
Por último: ¿Quién va a detentar el poder, cuando todos los esfuerzos van dirigidos hacia la reducción del sector público? 
La arrogancia neoliberalista de la Comisión asusta a cualquier demócrata. 
Señora Presidenta, felicito al Sr. Herman por la amplitud de su planteamiento, que va a permitir, en mi opinión, la realización del primer debate realmente extenso sobre la sociedad de la información en este foro. 
Es evidente que este tema no puede por menos que caracterizarse de revolución mundial, ya que las transformaciones que va a producir en nuestra vida cotidiana y en las relaciones a nivel mundial son realmente profundas y, por ello, es positivo que podamos tratar varios aspectos a la vez. 
Me incluyo entre los que desean hacer hincapié en que las posibilidades que ofrece la sociedad de la información deben ser objeto de una orientación política bien definida. 
Tal y como ha señalado el Sr. Svensson, unos creen en la descentralización mientras otros ven peligros en la centralización de los mismos; unos consideran positivo que se descentralice el empleo en beneficio del teletrabajo, mientras otros ven riesgos en ello. 
Nuestra tarea como políticos es crear un marco para esta cuestión. 
Me gustaría hacer hincapié en la formación que, afortunadamente, se trata en el informe. 
Tal y como ha señalado ya anteriormente en este debate la Comisión de Derechos de la Mujer, no tenemos ninguna razón para permitir el desarrollo de una sociedad de la información de dos velocidades. 
Posteriormente, se ha realizado aquí una propuesta interesante en el sentido de que, de acuerdo con el modelo propuesto por la Sra. Cresson, se establezca un impuesto del 0, 5 % sobre las telecomunicaciones. 
Espero sinceramente que los estimados miembros de la Comisión puedan estudiar esta idea. 
No estaría mal que los ingresos así obtenidos se empleasen en la formación, a fin de que las mujeres y otros colectivos que se encuentran en una situación desfavorecida tengan acceso a la sociedad de la información. 
Sin embargo, este impuesto debería recaer fundamentalmente sobre los proveedores de las infraestructuras técnicas de la sociedad de la información y no sobre los usuarios, ya que si debemos alentar a los usuarios a acceder a la sociedad de la información es para que todos tengan la posibilidad de hacerlo. 
En Finlandia contábamos con un impuesto sobre las telecomunicaciones, pero muy pronto desistimos de él, porque, de hecho, frenaba el desarrollo de la sociedad de la información: se recaudaba a los usuarios de las telecomunicaciones, no a los proveedores. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al Sr. Herman por trabajar a tal velocidad e intentar guiarnos a través de la revolución en medio de la cual nos encontramos. 
Me centraré en los aspectos sociales regionales y culturales. 
Hemos de tener la garantía de un servicio público universal que llegue a los lugares más apartados, por ejemplo a las 90 islas habitadas de mi circunscripción electoral. 
No queremos una Europa de dos velocidades con una sociedad de la información que beneficie únicamente a las regiones industrializadas. 
No queremos la marginación de las zonas periféricas ni la supercentralización que podría producirse. 
La sociedad de la información realmente puede mejorar la vida de los habitantes de la periferia. 
La enseñanza a distancia, por ejemplo, se está desarrollando muy rápidamente en el Reino Unido. 
Tenemos esperanzas de que ayudará a crear una universidad para las áreas montañosas y las islas, que, a través de esta moderna tecnología, conecte todos los centros universitarios de mi extenso territorio. 
En la faceta cultural, acojo con satisfacción el especial papel de los servicios públicos de radiodifusión en las lenguas minoritarias, ya que la diversidad cultural de nuestra unión ha de ser una de las cosas que más protejamos como un tesoro. 
Cada lengua es parte esencial del patrimonio europeo y la sociedad de la información contribuirá a alimentar estas preciosas lenguas. 
Mi deseo es que haya libre acceso a las redes de información para las escuelas, organismos culturales, bibliotecas, centros sociales, etc. 
Hemos de asegurarnos de que dicha sociedad de la información posibilite a los ciudadanos tener un control de la información y no a la inversa. 
Sin embargo, a menos que insistamos en los aspectos sociales y regionales, las ventajas positivas de la sociedad de la información podrían escapársenos a todos nosotros. 
Señora Presidenta, Señorías, parece que el objetivo de la Comisión, en este documento, no sea verdaderamente la protección de los seres humanos frente a una sociedad de la información que puede llegar a ser devastadora con relación al concepto de vida privada, vagamente evocado por otra parte en el texto, sino también con relación al individuo en tanto que mercancía de trabajo, en nombre de este concepto que se hace omnipresente en los documentos comunitarios: la competitividad. 
¿No se está rebajando al hombre al estatus de un simple prestatario de servicios? ¿De qué forma se protegerá a los hombres y mujeres que trabajan y trabajarán en el futuro en los medios de comunicación? ¿Trabajarán a destajo, como en siglo XIX? 
Interesante avance social, me pregunto qué sociedad desean ustedes construir. 
Y me estoy dirigiendo a los miembros de la Comisión, sin duda, pero también a mis propios colegas. 
Esta sociedad de la información puede ser, y todos lo sabemos, un desafío considerable, pero está reservada sólo a un pequeño número cuando sería necesario que las ventajas se vieran repartidas de manera equitativa. 
El documento que se nos ha presentado en nombre de una pretendida competitividad no hará sino aumentar las desigualdades, y el hombre se verá progresivamente asimilado a una mercancía. 
De hecho, a través de la sociedad de la información vemos cómo aumenta la distancia entre Europa, con sus valores humanistas, y una Unión irreal, incluso suicida, que desearía imponer un modelo de desarrollo en una realidad económica y social de las más cambiantes. 
Creo que este planteamiento tiene un cierto tufo a colonialismo que ya no resulta admisible. 
Quizá la palabra colonialismo pueda parecer algo fuerte, pero en cualquier caso se corresponde con la realidad de los hechos. 
La idea de competitividad que preconiza la Comisión se conjuga mal con la de progreso social. 
Pretender aplicar el credo ultraliberal a Europa es una forma enmascarada de colonialismo, en este caso. 
¿Por qué? 
Le corresponde contestar a la Comisión, y, por desgracia, ya ha contestado. 
Señora Presidenta, señoras y señores, Fernand Herman ha dicho lo esencial sobre la opinión de nuestro grupo político. 
No obstante, quiero indicar que su informe ha quedado modificado por los demás informes, por lo que no ha quedado clara cuál es nuestra actitud esencial. 
Me parece muy bien que Fernand Herman presente de nuevo un informe tras dos años de pausa. 
La situación ha cambiado desde entonces totalmente. 
Hace dos años solamente muy pocos querían hablar sobre este tema y hoy quieren hacerlo muchos. 
Es decir, en estos dos años, desde que el Sr. Bangemann y el grupo correspondiente presentaron un informe, ha surgido un plan de acción y muchas cosas han cambiado. 
Me parece importante que debatamos al respecto en este Parlamento para mostrar a la opinión pública adónde va este tren y exigirle que también participe en este debate. 
Según la exigencia del Sr. Herman tenemos que tirar todos de la misma cuerda para lograr un objetivo determinado. Las objeciones planteadas no deben ser inconveniente suficiente. 
La evolución de la sociedad de la información representa uno de los mayores desafíos para Europa. 
Los nuevos servicios ofrecen a nuestros ciudadanos no sólo unas posibilidades insospechadas de información, de formación continuada, recreo y utilización de muy variados servicios sino que son también para nuestros Estados miembros y para las regiones un desafío en lo tocante a la formación escolar. 
Tal como ya se ha dicho varias veces, debemos integrar a las escuelas en la red, introducir en éstas la formación en los medios de comunicación y, ante todo, hacer todo lo posible en las Universidades para que los profesores sean formados en esta materia. 
Nada hay más importante que acostumbrar ya en las escuelas elementales a los niños y a los jóvenes en el uso diario de las pantallas de ordenador y eliminar las preocupaciones y posibles temores sobre esta materia. 
Se han puesto ya en marcha en Europa iniciativas para integrar a las escuelas en la red, lo que en los Estados Unidos es algo ya cotidiano. 
Como ponente del informe sobre las redes transeuropeas en el sector de las telecomunicaciones, lamento que, aunque pronunciemos muchas palabras y mantengamos discursos, titubeemos cuando se trata de la aplicación práctica de estas redes de telecomunicación y planteemos entonces numerosas objeciones. 
Tal como se dice claramente en el informe, me parece muy importante integrar en la sociedad a los sectores débiles de Europa, a los más débiles. 
En comparación con nuestros interlocutores comerciales internacionales, los oferentes de nuevos servicios en Europa están sometidos a un gran número de desventajas competitivas, como por ejemplo, elevados costes de las telecomunicaciones, anchuras de banda de las redes en parte insuficientes, carencia de capital de riesgo así como la fragmentación de Europa en mercados nacionales, lo que impide a las empresas europeas desarrollar proyectos de magnitud suficiente. 
La creación y mantenimiento de un mercado interior realmente europeo para los servicios de la sociedad de la información tiene que ser, por ello, uno de nuestros objetivos centrales. 
La Comisión ha presentado hace poco una comunicación junto con una propuesta de directiva para el establecimiento de un procedimiento para el intercambio de informaciones relativas a la cooperación legislativa en materia de los servicios de la sociedad de la información. 
Esto es de saludar, pues la fragmentación en procedimientos legislativos nacionales va a colocar a Europa en una posición aún más desventajosa. 
Me parece muy importante que impulsemos esta iniciativa legislativa para poder desarrollar realmente una legislación unitaria en Europa. 
Al menos deberíamos recibir a tiempo las informaciones sobre la legislación para no crear obstáculos innecesarios. 
Unas últimas palabras: es absolutamente necesario incluir de nuevo en el procedimiento presupuestario las líneas presupuestarias que se dedicaron a Info 2000 o a las redes transeuropeas, pues aunque aquí aprobemos Libros Blancos sobre el empleo y pronunciemos grandes discursos, si no creamos las correspondientes líneas presupuestarias no existirán las condiciones previas para el desarrollo europeo. 
Señora Presidenta, Señorías, la sociedad de la información de este fin de siglo es mucho más que una moda. 
Se trata de una prioridad para Europa que conviene reafirmar, tanto a nivel de la Unión como de los propios Estados miembros. 
Recordemos que la comunicación de la Comisión sobre Europa y la sociedad de la información, que es continuación del informe del Comisario Bangemann, recibió una acogida muy favorable por parte del Consejo en la Cumbre de Corfú de 1994, que pretendió que las diferentes acciones previstas en este plan se iniciaran en los plazos acordados. 
En este caso, conviene saludar la determinación de la Comisión para poner en práctica este plan de acción. 
Recordemos también que el tema de la «sociedad de la información» , en el núcleo del informe Bangemann, fue considerado como prioritario, en especial por las Presidencias francesa y alemana, en 1995, y podemos observar con satisfacción que van tomando cuerpo una serie de iniciativas, tanto en el plano reglamentario como en el de las aplicaciones concretas en diferentes lugares de la Unión. 
Conviene felicitarse igualmente por las nuevas asociaciones que tienen lugar entre las ciudades, las regiones y el sector privado. 
Observamos que en la actualidad se está realizando un progreso considerable en esta emergente sociedad de la información a nivel europeo. 
Citemos, a título informativo, la adopción de un marco reglamentario liberal en el sector de las telecomunicaciones, la adopción y puesta en práctica de programas de investigación y desarrollo en el marco del cuarto PMID; en lo que hace referencia a los campos de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la adopción de programas orientados a favorecer el desarrollo de redes y la puesta en práctica de proyectos piloto en el marco del G7 y, para concluir, el lanzamiento de numerosas iniciativas en los Estados miembros, en especial en Francia, en lo que respecta a las autopistas de la información. 
Por lo que hace referencia al informe del Sr. Herman, nuestro grupo considera que va en la buena dirección. 
Insiste especialmente en la urgencia de un plan de acción con unas prioridades de aplicación: investigación y desarrollo, realización de servicios y promoción de aplicaciones operativas en los sectores de interés público (educación, salud, marginalidad, normalización). 
Igualmente, las orientaciones que traza el informe en términos de política industrial y telecomunicaciones, así como la descripción de los aspectos jurídicos y las consecuencias sociales, son razonables. 
Por todo ello, el Grupo Unión por Europa apoyará el informe del Sr. Herman, aun manifestando una reserva sobre la propuesta de creación de una autoridad europea para reglamentar el sector de las comunicaciones. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo se siente satisfecho de que, en su Libro Verde sobre la sociedad global de la información, la Comisión haya reconocido que, al apoyar el desarrollo de una sociedad de estas características, debe apoyar al mismo tiempo que ese desarrollo sea acompañado por una clara definición de la situación jurídica de las partes en juego. 
¿En qué situación se encuentra la vida privada en la sociedad global de la información? 
¿Tiene el individuo posibilidad de decidir sobre la información que se incluirá en el sistema? 
Y al revés: ¿quién controlará la información que, por ejemplo, nuestros hijos reciban a través del Internet? 
Si la gente normal ha de tener la posibilidad de elegir entre toda la información de Internet, hemos de prepararnos para ello. 
Y no estaremos preparados hasta que se apueste por la enseñanza de niños y adultos. 
Otro aspecto que me preocupa es el siguiente: ¿quiénes se pueden permitir económicamente navegar por Internet? 
¿Son los mismos que pueden permitirse navegar en las Barbados? Si es así, tenemos un problema. 
La gente normal no puede permitirse dejar las líneas de teléfono abiertas para conectar con Internet. 
Por lo tanto, la sociedad de la información no es para todo el mundo, sino para unos pocos. 
Con todo, se trata de un desarrollo que ya está en marcha, y debemos sentirnos satisfechos de lo que está pasando y de que lo podamos seguir. 
Únicamente hemos de ocuparnos de dirigir el desarrollo, en lugar de que éste nos dirija a nosotros. 
Señor Presidente, querría felicitar al Sr. Herman por un informe excelente que creo que, sin lugar a dudas, ha estimulado nuestra imaginación sobre cómo debemos pasar a la era de la información. 
Desde luego, el informe inicial del Sr. Bangemann era de por sí bastante visionario en el sentido de que describía el tipo de futuro que queremos para Europa, porque una cosa es cierta: para que Europa sea competitiva en el próximo siglo en relación con Estados Unidos y los países en desarrollo de Asia, lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestras tecnologías fundamentales, especialmente en las industrias de la información, con el fin de garantizar que Europa y el mercado único sean un éxito. No sólo por el presente, sino también por el futuro cercano. 
Ello supone garantizar que la infraestructura de información esté efectivamente presente y pueda utilizarse sin trabas y de forma asequible, a un precio que beneficie a las empresas, a los grupos de población y a la sociedad en general. 
Cuanto más libre y rápidamente pueda circular la información por la Comunidad, antes podrá mejorar la economía. 
Las arterias de una economía vienen a ser como las arterias del cuerpo humano. 
Quisiera, sobre todo, atraer la atención hacia el énfasis que se ha dado a la radiodifusión, porque, en el pasado, la radiodifusión terrestre se desarrolló de forma limitada en cuanto a anchura de banda y a la cantidad de información que podía difundirse. 
La nueva infraestructura, ya sea con tecnología digital por satélite o con tecnología de fibra óptica, incrementa efectivamente el número de cadenas que pueden ofertarse por toda la unión, y ello se sumará y multiplicará la cantidad de información que circula por la Unión. 
Esto, a su vez, hará aumentar la necesidad de aplicaciones para facilitar que la gente pueda acceder a la información que necesita. 
Si hay cientos de cadenas, será necesario poder acceder rápida y fácilmente a la información deseada y no ir pasando de una cadena a otra como se ha hecho anteriormente con los equipos convencionales de televisión. 
Significa que nuestros centros de investigación y desarrollo y nuestras universidades tendrán que contribuir a desarrollar esas nuevas aplicaciones si queremos seguir en competición. 
Desgraciadamente, a estas alturas las empresas estadounidenses son las que van en cabeza y nosotros estamos tardando mucho en alcanzarlas al desarrollar las aplicaciones mencionadas. 
Con las iniciativas que hay en marcha en la Unión Europea para desarrollarlas, quiero pensar que podemos realmente alcanzarlos y llegar a ponernos en cabeza en un momento dado. 
Señor Presidente, partiendo del principio de que el Derecho debe ser aplicable en beneficio de todos, hoy nos encontramos ante una cuestión de crucial importancia para el mundo de la cultura y de la comunicación. 
Estamos completamente de acuerdo con el Sr. Barzanti cuando subraya la necesidad de encontrar un justo equilibrio entre la defensa de los derechos de autor y los de una utilización razonable por parte de los consumidores, y nos preocupa especialmente que este equilibrio se mantenga. 
Es por ello que queremos que la protección de los derechos de autor, así como de los derechos afines, tenga prioridad sobre cualquier otra exigencia en el caso de la utilización de las nuevas tecnologías. 
Por otro lado, creemos que es inadmisible que se concedan abusivamente derechos exclusivos para la tramitación de acontecimientos que deben ser difundidos por el conjunto de los medios de información para el mayor público. 
Es éste un debate ya conocido en nuestra Asamblea a través de diversos informes y en el que mi Grupo seguirá manteniendo esta postura. 
No hace mucho, en este mismo foro, Izquierda Unitaria Europea advertía ante este Parlamento de la necesidad de estar atentos ante los posibles peligros. 
Nuevos peligros que podría traer la implantación de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. 
Por ello, hemos considerado importante presentar una enmienda para que se elabore un informe sobre el préstamo público en la Comunidad en el que se tengan en cuenta las consecuencias inducidas por irrupción de la nueva sociedad de la información, entendiendo que la protección del artista es uno de los principios para asegurar el libre acceso a los nuevos medios. 
Señor Presidente, señores diputados, ciertamente la enérgica intervención del Comisario Bangemann me permitirá ahorrar tiempo; me uno a él para insistir en la importancia de este debate y la gratitud de la Comisión: sólo lamento que no pueda ser un debate más amplio y con más participación. 
El Parlamento Europeo es muy activo en el debate sobre el marco normativo para la sociedad de la información. 
Los dos informes de los Sres. Herman y Barzanti confirman ese empeño. 
Por lo que respecta a los derechos de autor ha sido determinante la influencia que el Parlamento Europeo ha ejercido, en el pasado, a favor de la adopción de las cinco directivas que existen en esta materia. 
El informe del Sr. Barzanti, cuya excelente calidad quisiera subrayar, se inscribe claramente en esa tradición y atestigua la calidad de la colaboración entre Parlamento Europeo y Comisión. 
En la sociedad de la información, la protección de la propiedad intelectual constituye un elemento clave para el desarrollo, que podrá contribuir al empleo y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en particular, como ha puesto de relieve el Comisario Bangemann. 
El objetivo del Libro Verde de la Comisión era suscitar un amplio debate sobre los problemas que el desarrollo de las nuevas tecnologías plantea al marco normativo de la propiedad intelectual. 
Hay que garantizar a los inversores y a los creadores un nivel de protección adecuado. 
La consulta registró una amplia participación de los sectores afectados y concluyó con la conferencia que se celebró en Florencia el pasado mes de junio. 
La conferencia, o, mejor dicho, toda la consulta puso de manifiesto una exigencia en particular: llevar a cabo una acción a nivel comunitario en cierto número de aspectos considerados prioritarios. 
Ahora la Comisión tiene la intención de adoptar, en breve, una comunicación que presente los resultados de la consulta y anuncie las nuevas iniciativas que piensa realizar en un futuro próximo. 
Para ello, la Comisión tendrá en cuenta al máximo las conclusiones del informe Barzanti. 
En cualquier caso, en esa futura acción suya- y puedo decirlo ya ahora- la Comisión piensa mantener y proteger tanto el equilibrio necesario entre todos los derechos y los intereses que están en juego como el alto nivel de protección que la armonización comunitaria ha permitido alcanzar. 
Así, se podrá establecer una reglamentación que haga posible garantizar, por una parte, la defensa de la creatividad y de la innovación y, por otra, el éxito de una industria europea competitiva. 
El Sr. Barzanti ha lamentado que la Comisión no haya aprobado todavía una directiva en materia de concentración y pluralismo en los medios de comunicación. 
Como el Sr. Barzanti sabe perfectamente, la materia es muy compleja en el plano técnico y muy sensible en el plano político. 
En cualquier caso, puedo confirmar mi compromiso personal para que esa iniciativa se lleve adelante; puedo confirmar también que la Comisión ha decidido proseguir los trabajos para una iniciativa en este ámbito que respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y confío en que la Comisión podrá en breve tomar una posición al respecto. 
Además, el Parlamento tiene que pronunciarse hoy sobre las propuestas de decisiones del Consejo relativas a la firma y aprobación del Convenio Europeo sobre aspectos de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión transfronteriza vía satélite. 
La opinión favorable del Parlamento para la conclusión del Convenio, que garantiza un estrecho paralelismo con las disposiciones correspondientes de la legislación comunitaria en esta materia, como propone el clarísimo informe del Sr. Medina Ortega, contribuirá a crear un marco reglamentario coordinado a nivel paneuropeo. 
Por último, señor Presidente, por lo que se refiere al informe Herman, subrayo una vez más la importancia de este informe, que pone justamente el énfasis, entre otras cosas, en la exigencia de un marco normativo adecuado para el desarrollo de la sociedad de la información. 
En este contexto, la Comisión ha aprobado recientemente una serie de medidas, basadas en los principios del mercado interior, precisamente para responder a los nuevos y múltiples desafíos a los que el informe Herman hace referencia. 
Recuerdo, por ejemplo, además del ámbito de la propiedad intelectual y de la protección de los datos de carácter personal o de las bases de datos, el Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales y el relativo a la protección de los servicios codificados. 
Finalmente, me complace señalar que una ulterior iniciativa reciente de la Comisión parece insertarse idealmente en la vía trazada por el informe Herman: se trata de la propuesta de directiva para un mecanismo de transparencia para los futuros proyectos legislativos nacionales en el ámbito de la sociedad de la información, la propuesta a la que ha hecho referencia el Sr. Hoppenstedt. 
Una protección incisiva de los objetivos de interés público relevantes en esta materia sólo podrá realizarse- estoy convencido de ello- a través de medidas coordinadas y no mediante leyes nacionales aisladas y probablemente contradictorias. 
Doy las gracias de nuevo a los ponentes y a todos los que han contribuido a este importante debate. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Función de la televisión pública 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0243/96) de la Sra. Tongue, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la función de la televisión pública en una sociedad multimedia. 
Señor Presidente, me alegro de que el Comisario Monti y el Comisario Bangemann estén hoy aquí, sobre todo este último. 
Lamentablemente, tenemos muy poco tiempo. 
No voy a poder dar réplica a todos los comentarios que ha hecho usted en su respuesta, pero sí haré algunas observaciones importantes sobre lo que mi grupo y, creo yo, una mayoría aplastante de este Parlamento opinan de la televisión pública. 
Es bien evidente que la televisión es el instrumento moderno de la información, la educación y el entretenimiento. 
Con estas palabras fue bautizada la BBC. 
Son los principios a los que se han mantenido fieles ésta y otras televisiones públicas. 
Empecemos por definir la radiodifusión pública en su forma primera y original: la televisión. 
Ésta es accesible para todo el mundo, sirve de punto de referencia de nuestra propia identidad nacional y europea. 
Garantiza una oferta variada de opiniones, debate e información equilibrada. 
Dilata la selección de programas, atendiendo a todos los gustos de nuestra población. 
Es independiente desde los puntos de vista político, de opinión y financiero. 
En suma, la televisión pública constituye la piedra angular de las sociedades saludables, interactivas y democráticas. 
El poder de la televisión reside en su valor como punto común de referencia de millones de personas. 
La televisión tiene el poder de unirnos, de igual manera que puede dividirnos. 
A nosotros, como ciudadanos, nos puede unir el afán de las televisiones públicas o nos puede dividir, señor Bangemann, la comercialización en nichos de cientos de cadenas privadas. 
Recordemos que el deber de la televisión pública es poner la calidad en primer lugar y fomentar el pluralismo por el bien público. 
La primera obligación de las cadenas privadas es hacia los anunciantes y los accionistas. 
Nuestro deber y el deber de la televisión pública son uno mismo: servir a todos los ciudadanos europeos. 
La radiodifusión pública es la clave. 
En primer lugar ¿por qué es clave de nuestro éxito económico? 
Las empresas internacionales dominantes no siempre utilizan su poder económico para apoyar a la industria audiovisual europea, una industria que podría dar trabajo a dos millones más de personas hacia el año 2000. 
Pero las televisiones públicas, por el contrario, invierten en nuevos talentos europeos, apoyan la producción, fomentan la innovación y asumen riesgos que las cadenas privadas no aceptarían. 
Las televisiones públicas son, sencillamente, el Hollywood de Europa. 
Tan sólo la BBC invierte anualmente 1.200 millones de libras en nuevos programas, más de lo que invierte en total nuestra industria cinematográfica. 
Pero su considerable potencial dentro de la cartera económica europea se perderá a menos que sea debidamente apoyado y alimentado por los servicios de radiodifusión, los gobiernos y la Unión Europea. 
En segundo lugar, la radiodifusión pública es la clave para preservar nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio. 
La radio y la televisión son los modernos contadores de cuentos. 
Sí, usted tenía algún cuento que contarnos, señor Bangemann. 
Es el espejo de nuestra sociedad. 
En este punto ataco a los servicios de radiodifusión por no referirse suficientemente a Europa. 
Si, pongo por caso, nuestra televisión no hace referencia a nuestro continente, ¿cómo aprenderán sobre él las generaciones futuras? 
Tendríamos que ser capaces de contar con nuestros servicios públicos de radiodifusión para cumplir esta función. 
En cambio, la con frecuencia estrecha dependencia de la televisión privada de importaciones americanas baratas de segunda mano irá en detrimento de la producción de programas europeos originales y a la larga le costará caro a nuestra civilización europea. 
En tercer lugar, la radiodifusión pública es la clave de la libre información democrática. 
La era digital debería, como ustedes han dicho, señores Comisarios, ser precursora de una mayor capacidad de elección, de un pleno acceso a los programas por parte de todos los públicos, de todos los ciudadanos. 
En vez de ello, corremos el peligro de contemplar una tendencia hacia una sociedad formada por los que puedan permitirse el privilegio de la información imparcial y los que no, los que puedan permitirse ver en televisión nuestras joyas deportivas nacionales y los que no. 
¿Qué dirá la Comisión al Sr. Kirch cuando llegue la hora de emitir las dos próximas Copas del Mundo? 
Nos interesa mucho saberlo. 
Confiamos en que sean retransmitidas por televisión de emisión abierta. 
Las democracias dependen de que todo el mundo tenga igualdad de acceso a una información equilibrada. 
Es un derecho civil y cultural básico que debe definir la era digital. 
Por consiguiente, como digo en mi informe, esto es lo que debemos hacer. 
En primer lugar, pido a la Comisión que tome nota de la votación de hoy y que, entre otras coas, apoye a los servicios públicos y a los servicios públicos de radiodifusión cuando se haga la revisión futura de los tratados; que garantice la igualdad de acceso para todos utilizando todos los tipos de trasmisión en la era digital; que refuerce los mecanismos de financiación y permita que los servicios públicos de radiodifusión europeos pujen conjuntamente por derechos de retransmisión. 
A modo de resumen, Michael Grade, director de Channel 4 Television, lo dijo concisamente: » Se está produciendo una creciente división entre las cadenas cuyo propósito primordial es el servicio público y aquellas otras que, de manera obvia, son negocios que pretenden obtener el máximo beneficio.» 
Quizá el mejor remedio sea asegurarnos de que los servicios públicos de radiodifusión- aquellos que anteponen el interés público, aquellos que se comprometen a mantener una base de producción creativa y no derivativa- cuenten con el apoyo adecuado, con la asistencia adecuada y con la financiación adecuada. 
Debemos pensar en Europa, en nuestra industria, nuestros pueblos, nuestra democracia. 
Debemos hacer una sitio para los servicios públicos de radiodifusión dentro de las disposiciones formuladas para Europa, esto es, dentro de nuestros Tratados. 
Señor Presidente, señores diputados, deseo simplemente manifestar que estoy completamente de acuerdo con el informe que se nos presenta. 
Sólo quisiera subrayar que, como se ha dicho hace un momento, la televisión pública presenta características específicas, tiene fines particulares que perseguir. 
Esas características, esos fines hoy hay que actualizarlos y situarlos en el ámbito de los sistemas mixtos y ante la perspectiva de la mundialización del mercado. 
No existe un modelo europeo de televisión pública, pero existen problemas comunes. 
Pues bien, como servicio público, las cadenas públicas se instalan en el mercado y tienen que poder competir sin aspirar a privilegios injustificados. 
Deben aceptar ciertamente los desafíos de la competencia, pero cuando se observa, por ejemplo- señalaba hace poco el Comisario Bangemann -, que los recursos son ilimitados y que, por lo tanto, no tiene sentido actuar como en el pasado, se debe precisar que eso es cierto desde un punto de vista potencial, existen enormes recursos desde el punto de vista tecnológico, pero para aprovecharlos es necesario disponer de medios económicos, es necesario tener los medios técnicos y materiales para utilizarlos. 
Por lo tanto, este es el tema: si la televisión pública tiene una cara, si tiene un aspecto dirigido al mercado y como tal no puede aspirar a privilegios monopolísticos o a posiciones en alguna medida particulares, dominantes por lo que respecta, por ejemplo, a los recursos publicitarios, etc., al estar la televisión pública dirigida a la sociedad, tiene derecho a aquellas financiaciones, a aquellos apoyos que pueden reforzar aún más su independencia, su autonomía y su presencia en los nuevos servicios, en las nuevas capacidades productivas que hoy son necesarias para que la televisión pública esté a la altura de los desafíos que también ella debe aceptar. 
Señor Presidente, señoras y señores, el Sr. Bangemann ha iniciado antes el debate. 
Me interesa saber cuáles han sido sus resultados en el juego de adivinanzas, cuándo ha llegado a la solución y ha respondido a esa pregunta. 
También me interesa saber cuál es su relación con la música popular. 
Recuerdo que la melodía popular «och auf dem gelben Wagen» fue un éxito en años pasados aunque hoy no se canta con tanta frecuencia. 
Respecto al tema: sin duda, todos los presentes en esta sala están a favor del sistema dual. 
En todos los Estados de la Unión Europea necesitamos la radiodifusión pública al igual que la privada. 
Sé que la radiodifusión pública- al menos en Alemania, pero también en otros Estados- se ha construido sobre la tradición de los años de fundación y que esa fase de construcción fue importante para la República Federal de Alemania, ante todo, en lo que se refiere al surgimiento del orden democrático. 
Algunos saben que yo fui durante algunos años presidente del Consejo de Radiodifusión del «Nordeutsche Rundfunk» , es decir, conozco los puntos fuertes y débiles de la radio pública. 
¿Quién no tiene puntos débiles? 
Señoras y señores, tengo la sensación de que en este informe se intenta destacar en especial la posición de la radiodifusión pública en desmérito de otras. 
Me parece que la actitud lanzar en este informe a nivel europeo un ataque contra la radiodifusión privada no nos va a ser de ayuda para posteriores debates. 
No tiene que ser así, se puede mejorar también la radiodifusión pública sin lanzar ataques. 
El Grupo del PPE ha intentado eliminar del informe esta valoración negativa, lo que ha logrado en parte. 
Espero que tengamos también éxito en el Pleno, para lo se tendrían que aprobar nuestras enmiendas. 
La radio pública no es objeto de debate solamente en este informe. 
Con motivo de la directiva sobre la televisión, mantuvimos un intenso debate de fondo sobre la radiodifusión pública. 
Vamos a volver a tenerlo. 
No es bueno que el «lobby» de la radiodifusión pública intervenga de un modo tan masivo, por ejemplo, en el artículo 1, por el que todos los nuevos servicios que surjan allí deben ser también radio para poder participar en base a la legislación nacional. 
Lo que no puede ser es que siempre haya que financiarlo, por lo que me permito dar el buen consejo a la radiodifusión pública de que no trabaje siempre tan superficialmente. Esto no es de provecho para nadie. 
También en el debate sobre los derechos del deporte- informe de propia iniciativa de la Sra. Castellina- hemos discutido sobre el tema de la radiodifusión pública. 
Con ese motivo dije que no es de mucha ayuda levantar imágenes de falsos enemigos y destacar solamente a la radiodifusión pública como la esforzada defensora de la cultura de la radio. 
Ya se ha dicho que también hay puntos flacos en la radio pública que hay que erradicar para hacerla conjuntamente fuerte, también en competencia con los oferentes privados, y fuerte a nivel europeo ante el trasfondo del debate que se mantiene a nivel mundial. 
Necesitamos unas normas generales válidas que ofrezcan posibilidades de participación en todos los campos de intereses en Europa. 
Mi consejo es acercarse a los temas de un modo mucho más distendido sin hacer una máxima- me dirijo en especial a la Sra. Tongue- a nivel europeo de las experiencias negativas tenidas en los propios países. 
Tampoco creo que podamos tratar y solucionar aquí los problemas que existen en Italia y posiblemente en Gran Bretaña. 
Nuestro objetivo debería ser desarrollar la dimensión paneuropea, para que en el futuro la radiodifusión pública tenga un espacio fijo y se pueda garantizar su capacidad de supervivencia. 
Creo que actuaremos correctamente si no levantamos imágenes de falsos enemigos y no nos oponemos a otros con una batería de prejuicios. 
Señor Presidente, una iniciativa parlamentaria de la comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, aprobada por la Mesa del Parlamento, nos da hoy ocasión para manifestarnos sobre la función de la televisión pública en una sociedad cada vez más mediática. 
Aprovecho esta ocasión para decir que sí a una televisión pública, a condición de que su misión esté bien definida y responda a criterios de ética y calidad que justifiquen la financiación pública y aseguren a los telespectadores, cualesquiera que sean, el acceso a la información, a la cultura, a la educación, al deporte y a la ficción. 
Lo que no excluye, por otra parte, la asociación de la televisión pública con cadenas privadas, temáticas, si la ocasión se demostrara oportuna. 
La cuestión de los medios audiovisuales no puede tratarse como un producto comercial cualquiera. 
Los nuevos servicios están llamados a desarrollarse, el Sr. Bangemann no me desmentirá, pero no serán gratuitos para los consumidores ni accesibles para todo el mundo. 
La escalada sin fin de los derechos de transmisión televisada para el deporte en general, y para el fútbol en particular, debería hacernos reflexionar. 
Efectivamente, por un lado, el coste de estos derechos contribuye a aumentar el precio de los jugadores, y por otro, obliga a las cadenas a una búsqueda cada vez más encarnizada de una publicidad más rentable para pagar esos derechos. 
Peor aún, paralelamente obliga a las cadenas a difundir las producciones cinematográficas más baratas posibles, ofreciendo con ello un exceso de producciones americanas. 
Señorías, ¿creen, ustedes que preconizan el espíritu liberal, emprendedor y comercial, que todo es comercializable? , ¿se han imaginado un mundo en el que la educación, la práctica del deporte, la salud y el orden público, se inscribieran en un entorno puramente comercial, dejando libertad total a las prácticas del mercado? 
No, Señorías, no todo es comercio y libre empresa. 
Hemos visto que esta libertad es dolorosamente capaz de comercializar el sexo, hasta el punto de que ha creado consumidores de este producto, ha hecho surgir fantasmas y generado un comercio por desgracia demasiado lucrativo. 
Ya estamos viendo cómo se comercializa el racismo y la xenofobia en Internet. 
Debemos desconfiar de los espíritus fuertes que explotan a los débiles. 
El Estado debe ser garante tanto de la moral como de la salud pública. 
Éste es el poder que yo le delego diciendo sí a una televisión pública. 
Señor Presidente, el informe Tongue- ¿y cómo podríamos llamarlo de otro modo teniendo una autora tan fogosa? -es un informe valiente y exhaustivo. 
A mi modo de ver, peca de algún desequilibrio. 
Defender el servicio público en la televisión es una evidencia y un deber. 
Confundir servicio público con televisión pública es una incoherencia y un error. 
El servicio público puede y debe correr a cargo de empresas públicas y privadas. 
Deberá también estar presente en todos los sistemas de transmisión, digital o analógica, por cable o por satélite. 
Los Estados miembros tienen el deber de crear condiciones para que así sea. 
Las empresas tienen el deber de tener un sentido social de su función y aceptar las obligaciones que ello entraña. 
¿Cuáles son las prioridades para un servicio público en la Unión Europea? 
Ofrecer calidad y diversidad y constituirse en punto de referencia cultural. 
Informar y estimular el debate de ideas, consolidando el sentido de la ciudadanía. 
Contribuir al fortalecimiento del espíritu europeo, difundiendo productos de diversos orígenes y fomentando intercambios y coproducciones entre Estados miembros. 
Promover formas de acceso de grupos de ciudadanos a la antena, aparte del esquema tradicional del tiempo concedido a los partidos y los interlocutores sociales, contribuyendo a una renovación del propio ejercicio de la democracia. 
El servicio público en la televisión es un concepto fundamental en una sociedad democrática. 
Merecería una referencia en el Tratado de la Unión, ahora en revisión. 
No es justo ni útil que lo limitemos a empresas públicas. 
Si las empresas privadas colaboran, me atrevo a afirmar que la televisión pública, tal como la conocemos hoy, tiene los días contados. 
Para terminar, señor Presidente, insto a la Comisión a que profundice en el concepto de servicio público en el Libro Verde sobre nuevos servicios que reclamo con urgencia, porque en las telecomunicaciones el tiempo vuela. 
Insto a las empresas públicas y privadas a utilizar el enorme poder que tienen para arrastrar a los espectadores en lugar de dejarse arrastrar por ellos. 
Insto, por último, a los Estados miembros a que asuman sus responsabilidades dando una base económica sólida a la industria europea de programas, avanzando ahora con el fondo de garantía, apoyando a los difusores paneuropeos ya existentes y haciéndose cargo, sin regatear, de los costos del servicio público como medio indicadísimo que es para revitalizar la democracia. 
Señor Comisario Bangemann, usted se extraña porque nosotros nos preocupamos mucho de la televisión pública y nos dice: » ¡Pero si nadie quiere poner en tela de juicio la televisión pública!» 
Pues, mire, si nuestra comisión ha decidido elegir para uno de nuestros poquísimos informes de iniciativa precisamente la cuestión de la televisión pública es porque, en cambio, advertimos, en la nueva situación que se ha creado a causa de las nuevas tecnologías y de los procesos de liberalización y privatización que están en curso, una situación que amenaza seriamente a la televisión pública, no en el sentido de que tenga la intención de suprimirla, sino ciertamente en el sentido de que tiende a marginarla porque no puede resistir la competencia en el mercado mundial. 
De ahí la necesidad de reafirmar su función, su necesidad, pero, al mismo tiempo, también de pedir todas las medidas apropiadas para que pueda realizarse esta función. 
Y por lo tanto, las medidas reglamentarias: nosotros estamos muy preocupados porque el Colegio de Comisarios ha aplazado aún más la directiva que se nos prometió hace muchos años con respecto a la defensa del pluralismo- la existencia de una televisión pública fuerte es una cuestión esencial desde este punto de vista-. 
Y cuando digo medidas reglamentarias hablo también de medidas reglamentarias que permitan que la televisión pública sea autónoma respecto del mercado. 
Este es, efectivamente, el elemento característico: ser autónomos respecto del mercado, más independientes, quiere decir poder cumplir una función que la televisión, que depende del mercado, no puede cumplir. 
Comisario, ¿sabe usted cuál es actualmente la demanda en el mercado? 
Es casi toda de videogame y de pornografía. 
¿Queremos, pues, que la gran sociedad de la información, con todas las nuevas tecnologías, se haya inventado sólo para darnos un poco de videogame, un poco de teleshopping y un poco de pornografía? 
¿Confiaremos la escuela, que tiene una importantísima función educativa, a las reglas de la competencia del mercado? 
Desde luego que no. 
Hoy en día la televisión tiene una repercusión en la educación de los chicos mucho mayor que la de la propia escuela. 
Ahí está lo delicado del problema y la necesidad de que la televisión pública siga teniendo una función que no puede mantenerse sólo gracias a la aplicación de la idea del servicio universal. 
Ampliar el principio del servicio universal precisamente a las telecomunicaciones, confundirlo con el servicio público del broadcasting sería un error gravísimo. 
Y, en fin, es por eso, señor Bangemann, que pedir que se refuerce la televisión pública no es una locura de la Comisión de Cultura de este Parlamento. 
En la misma dirección va el documento del foro de la sociedad de la información, que usted mismo ha creado y que insiste muchísimo en este concepto; en la misma dirección van las resoluciones de la Asamblea del Consejo de Europa, extremadamente preocupado, como nosotros, por la marginación de la televisión pública; el mismo Tribunal de Karlshrue, de su país, señor Comisario, se ha pronunciado en este sentido diciendo que es impensable que la televisión pública no mantenga una función central puesto que es un principio constitucional. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo felicitar a la ponente por el entusiasmo con el que ha expuesto sus razones, que expresan un punto de vista que encuentra también una amplia convergencia en la Comisión. 
El presente informe completa, de alguna manera, el debate que tuvo lugar sobre la directiva «Televisión sin fronteras» y el debate que se celebró también en este Hemiciclo sobre la transmisión de los acontecimientos deportivos de gran importancia. 
Precisamente por esas razones y como consecuencia del debate que ya se ha celebrado en el Parlamento Europeo, hay que decir que es necesario, y seguramente importante, que se den garantías para que la televisión pública tenga un futuro, para que en el futuro pueda sobrevivir. 
No se trata de limitar la función de la televisión privada, ni de hacerlas competir entre sí; tienen funciones distintas, pero precisamente porque son distintas, precisamente porque existen diferencias en los distintos países, hay que tomar medidas para que la televisión pública esté suficientemente garantizada y apoyada y pueda desempeñar una función importante y decisiva en la construcción de la ciudadanía europea; a ella le compete efectivamente- como dice también la ponente- una función de programación europea y no sólo nacional, además de multicultural, en particular garantizar una educación y una información independiente de los respectivos gobiernos para realizar completamente las potencialidades del pluralismo. 
Por esos motivos, la televisión pública no debe confundirse con la comercial, debe tener una función esencial, propia, pero al mismo tiempo no debe ni siquiera convertirse, en sentido negativo, en la televisión del Estado. 
Las nuevas tecnologías nos plantean serios problemas, pero precisamente por esas razones hay que garantizar a la televisión pública un futuro adecuado. 
Señor Presidente, la permanencia de una televisión pública en nuestros Estados miembros es una cuestión extremadamente importante. 
Por ello debemos, en primer lugar, agradecer a Carole Tongue que se haya enganchado a este difícil expediente y, en segundo lugar, felicitarla por ello. 
Al igual que ella, creo que es necesario trabajar para mantener este espacio de difusión privilegiado que constituye la televisión pública. 
Ciertamente, no debemos ser ingenuos, y tenemos que reconocer que el desarrollo de la sociedad de la información ha modificado los términos del debate, pues, por encima de la relación de fuerzas que se está planteando en estos momentos entre televisión pública y televisión privada, se trata de la igualdad de acceso a esas cadenas que las nuevas tecnologías han multiplicado. 
Por tanto, sabemos que algunas disparidades geográficas, sociales o culturales son otros tantos frenos a ese libre acceso. 
Sin embargo, creo que la televisión pública sólo alcanzará sus objetivos si sabe responder a tres exigencias. 
La primera es el respeto por el telespectador, cualquiera que sea su edad, origen o situación. 
La televisión pública debe por tanto crear un espacio de expresión pluralista y democrático, y renunciar a imitar a las televisiones comerciales en su carrera desenfrenada por la audiencia. 
Segunda exigencia, la televisión pública debe responder a su misión educativa, principalmente en materia de pedagogía de la imagen. 
Se olvida con demasiada frecuencia que la imagen es un lenguaje que los telespectadores, principalmente los más pequeños, deben aprender a descifrar. 
Tercer punto, la televisión pública debe contribuir a responsabilizar a aquellos que la ven. 
Por consiguiente, se debe dirigir a un telespectador-ciudadano. 
Para concluir, me gustaría recordar que el desarrollo de un espacio de creación audiovisual verdaderamente europeo pasa por la existencia de un sector televisual público abierto y dinámico. 
Señor Presidente, señoras y señores, estamos manteniendo un debate. 
Tengo por primera vez la oportunidad de referirme a las palabras finales del Sr. Bangemann y de dar algo la vuelta a este privilegio. 
Señor Bangemann, por lo visto tenemos las mismas preferencias en lo que no nos gusta ver. 
La diferencia política esencial consiste en que tanto yo como la Sra. Tongue y la comisión somos de la opinión de que el sistema europeo de radiodifusión pública no debe retroceder al nivel, por ejemplo, del PBS americano, mientras que el resto del mercado acapare las emisiones comerciales en exclusiva. 
Por esta razón, la radiodifusión pública debe estar en situación de ofrecer algo en el espectro de las emisiones lúdicas y deportivas. 
Esto significa que la radiodifusión pública- en lo que coincido con usted- debe someterse a la competencia, pero también bajo las mismas condiciones. 
Esto significa, por ejemplo, que la Comisión no debe impedir que tenga lugar una compra conjunta de derechos deportivos a través, por ejemplo, de la Unión Europea de Radiodifusión. 
Si cada uno de los entes nacionales públicos tuviese que competir solo contra los grandes consorcios- la Sra. Tongue ha mencionado el ejemplo de los dos campeonatos mundiales de fútbolel juego estaría ya decidido, además para siempre en contra de la radiodifusión pública. 
Para poder actuar bajo las mismas condiciones de competencia, lo que significa, bajo las mismas condiciones financieras, la Comisión debe crear claridad en el sentido de que la financiación de la radiodifusión pública mediante las tarifas de los usuarios y usuarias y/o una financiación mixta no choca contra las normas relativas a las ayudas del Tratado. 
También debe garantizarse la plena participación de la radiodifusión pública en las nuevas técnicas. 
Unas últimas palabras dirigidas al Sr. Hoppenstedt: el problema no consistía en que se plantease la exigencia de que cualquier nuevo servicio debería ser automáticamente radio. 
Ha sido él quien ha impedido un posible compromiso en un sentido razonable, pero quizás podamos aún corregirlo para la segunda lectura. 
Señor Presidente, durante el debate y votación de este asunto en comisión se ha puesto de manifiesto de manera general que la televisión pública ha tenido- y creo que ha de seguir teniendouna importancia notable en la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Aun teniendo en cuenta el desarrollo del sector privado, parece cierto que la evolución previsible de las circunstancias no privará a las televisiones públicas de al menos ciertas funciones que pueden considerarse esenciales en el panorama audiovisual. 
Así, la presencia de la televisión pública es necesaria, en primer lugar, en orden a completar la variedad de la programación, evitando que las razones comerciales- legítimas, por otra parte- conduzcan a una emisión excesivamente centrada en los programas más rentables y de mayor audiencia. 
También debe desempeñar la importante tarea de elevar el nivel general de calidad de la programación. 
Es innegable que la necesaria y legítima búsqueda del resultado económico puede ser un inconveniente a la hora de abordar ciertas producciones de calidad que constituyen una operación de excesivo riesgo comercial, riesgo que las televisiones públicas han de estar dispuestas a afrontar. 
Asimismo y desde la perspectiva tanto del Gobierno como de la oposición, tendríamos que coincidir en que la televisión pública ha de cumplir, además, la importantísima función de ofrecer una información independiente. 
Y para ello será necesario establecer en cada Estado una normativa que garantice esa independencia y evite las injerencias del poder público. 
Estas consideraciones no deben conducir a la conclusión de que la función de la televisión pública se ha de limitar a la difusión de programas minoritarios, es decir, a una función residual. 
Por el contrario, la existencia de un nivel mínimo de audiencia, la variedad de la programación y la garantía de que esta programación variada llegue a todos los hogares pueden considerarse como principios básicos de la televisión pública. 
Desde esa perspectiva, quisiera resaltar dos exigencias que figuran en el informe respecto al futuro inmediato de las televisiones públicas: la exigible autorregulación en su programación que elimine cualquier riesgo de influencia perniciosa para los telespectadores y, por otra parte, el impulso que desde los poderes públicos se ha de dar para que las cadenas públicas desempeñen una función motriz, como ha dicho la ponente, en el desarrollo y acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías audiovisuales. 
Señor Presidente, estamos perfectamente de acuerdo con el informe de la Sra. Tongue y sobre el hecho de que la televisión pública debe existir y debe financiarse convenientemente. 
Debe existir porque con su voz contribuye a mantener el pluralismo junto con las demás televisiones, pero debe existir dentro de un sistema en el que esté claramente definida la misión de servicio público que debe desempeñar. 
Debe financiarse porque es un servicio público que debe subvencionarse ya que desempeña una misión social. 
Este es nuestro punto de desacuerdo con el informe: ¿cómo debe realizarse esa financiación? 
Consideramos que un informe sobre la televisión pública no puede ignorar el aspecto de las modalidades de financiación, financiación que garantiza la existencia de las televisiones públicas, con arreglo a modalidades que garantizan la calidad y el equilibrio del más amplio panorama televisivo constituido por las televisiones privadas y públicas conjuntamente, las cuales sólo conjuntamente podrán cumplir una verdadera misión de servicio público. 
Dicha financiación debe ser transparente, dirigida claramente a cada fase de esa misión de servicio público que la televisión debe cumplir, pero ya no para reponer las pérdidas del final del año, modalidad paternalista que impide a la televisión pública crecer y determinar sus áreas de ineficacia. 
Tenemos que salir de esa ambigua forma de financiación mixta- canon, subvenciones, publicidad, reposición de las pérdidas- que reconoce a las televisiones públicas privilegios que, por otra parte, no son capaces de aprovechar. 
Me pregunto cuáles son los países en Europa que están realmente satisfechos con su televisión pública, qué países, con excepción del Reino Unido- e imagino que la Sra. Tongue pensaba en su televisión pública inglesa -, que tiene una excelente televisión pública y que, por ejemplo, ha logrado muy bien definir, de manera transparente, las modalidades de financiación y separar la financiación del mercado, es decir, la publicidad, de la financiación pública, es decir, el canon. 
Hablo en nombre del Grupo de los Liberales. 
El informe Tongue canta las excelencias del ente público. La televisión pública como una especie de iglesia que se cuida del alma del telespectador, como una especie de buen padre de familia. 
Ojalá fuera así. 
La contrapartida en este informe: exención de las estrechas reglas europeas sobre competencia y concentración del poder. 
Un «no» liberal a estas propuestas. 
Brevemente. En primer lugar, también los liberales son partidarios de un sistema dual, es decir, una televisión pública fuerte que se ocupe de la información, los documentales y la identidad cultural, pero también espacio para las cadenas comerciales. 
No a la concentración de poder, y sí a las posibilidades de opción. 
En segundo lugar, las mismas reglas europeas para la televisión pública y las cadenas comerciales que ofrecen suficiente espacio para servicios públicos. 
En tercer lugar, eficacia y profesionalidad confieren a la televisión pública más competitividad que los grandes flujos de subvenciones. 
La comisión neerlandesa Ververs ha dado el primer paso. 
En cuarto lugar, la prestación universal de servicios no es sólo cosa de la televisión pública. Es muy posible que determinadas tareas del ente público se confíen a empresas privadas. 
En quinto lugar, es preciso evitar a toda costa la escandalosa concentración de poder y los privilegios. 
Está muy bien que, el 11 de julio, el Tribunal de Justicia Europeo anulara la concesión a la UE de los derechos colectivos de los grandes acontecimientos deportivos. 
Nuestro criterio ha de ser: acceso general y asequibilidad, y ello puede aplicarse tanto a la televisión pública como a la comercial. 
En sexto lugar, romper con los esquemas de conducta fijos en el mundo de los medios de comunicación, aunque no conlleva el divorcio, produce confusión y distorsiona la competencia. 
La televisión pública se ve obligada más o menos a ser comercial. 
Por otra parte, las nuevas emisoras comerciales que han de obtener sus ingresos del mercado, están vinculadas a reglas que no tienen nada que ver con el mercado libre, como las cuotas y la obligación de invertir. 
Señora Presidenta, el Comisario Bangemann, con su próximo Libro Verde, y el Comisario Monti tienen una tarea importante. 
¿Qué empresas están encargadas de la prestación de servicios públicos? 
¿Qué es realmente la prestación de servicios públicos? 
¿Cuáles son las reglas nacionales y europeas para la subvención de la televisión y cuáles son sus criterios y limitaciones? 
Por último, habrá quedado claro que el Grupo de los Liberales sólo puede apoyar este informe si se aceptan diversas enmiendas y si desaparecen un gran número de apartados de la resolución. 
Señor presidente, en la lectura del informe de Carole Tongue, que agradecemos, vemos cómo se dibuja lo que podría ser una televisión pública en cada uno de nuestros Estados miembros. 
Una televisión independiente del poder político y económico, exigente en su contenido y que no renuncie a su función de transmisor de los valores democráticos, a condición de que, con la misma exigencia, transmita una información veraz- pues en este tema se utiliza desde hace varios años la objetividad como señuelo -, plural, que distraiga, cultive y eduque. 
No debe privarse a esta televisión de los medios necesarios para que acceda a la sociedad de la información pues es la única garantía para los ciudadanos de acceder a nuevos servicios sin discriminación económica, social ni geográfica. 
Este informe merecería ser algo más que un informe de propia iniciativa, habida cuenta del nuevo y reciente rechazo de la Comisión- me dirijo especialmente a usted, señor Bangemann- a proponer una directiva sobre la concentración de medios y el pluralismo. 
¿Hay porvenir para una televisión pública en un entorno dominado y restringido en el futuro a cuatro o cinco grupos, de los que ya se perfila su poder mundial a través de las reestructuraciones diarias con una ofensiva terrible sobre el digital. 
Sin embargo, debería existir una voluntad política de mantener y desarrollar medios de producción, con el fin de reforzar la autonomía y la continuidad del vector público en Europa. 
En su lugar, con respecto a Francia por ejemplo, la Comisión parece alentar y estimular al Gobierno a reestructurar la Sociedad Francesa de Producción por medio de la privatización. 
Allí donde existe capacitación, avances tecnológicos punteros en funcionamiento, un patrimonio material y técnico- vaya a verlo: unidades móviles digitales, estudios... la ceguera ideológica de los Gobiernos y de la Comisión los lleva a negar estas importantes ventajas para privilegiar el interés del financiero Sr. Butler. 
Éste ha ganado el premio gordo de la lotería, pues con una aportación de 50 millones de francos obtendrá un regalo de 1.400 millones de fondos públicos, más el patrimonio que acabamos de describir para, finalmente, suprimir 660 empleos sobre 1.040 asalariados. 
Después de lo que acaba de decirnos, Sr. Bangemann, creo que nos podemos plantear algunas preguntas tanto sobre el potencial como sobre la supresión de empleos. Tomemos el ejemplo de las telecomunicaciones. 
Lo que baja en este campo, y usted lo sabe muy bien, son las telecomunicaciones a larga distancia y para las grandes empresas, pero está claro que no sucede lo mismo para el ciudadano de a pie. 
Así pues, el servicio público no es el enemigo público número uno, sino una idea de futuro si realmente queremos verlo honradamente. 
Señor Presidente, ofrezco mis respetos a Carole Tongue por su gran dedicación y elocuencia en esta causa. 
Declaro mi propio interés como productor ocasional para cadenas tanto públicas como privadas del Reino Unido. 
Volveré a ello dentro de un momento. 
A los que han hablado en el debate- el Sr. Arroni y la Sra. Larive- les diría que debiéramos recordar lo que puede hacer el mercado. 
Esto lo admitimos, admitimos la vitalidad y pujanza del mercado. 
Pero éste no ofrece ni una auténtica diversidad en todas la circunstancias ni una universalidad del servicio donde más se necesita. 
Voy a referirme exclusivamente a cosas que están sucediendo en mi propio país. 
La BBC y Channel 4 son dos formas completamente diferentes de servicio público: una procede de una subvención (el canon televisivo) , la otra se financia por medio de la publicidad; una es la primera, la otra es la más reciente y quizá la última innovación en el ámbito de los servicios públicos. 
¿Qué ocurre ahora con la BBC? 
La BBC está plagada de asesores que le dicen que dé un giro hacia la publicidad; que le dicen que haga tratos con los mismos que intentan destruirla. 
Hoy mismo ha anunciado que no puede competir en el terreno deportivo, porque se están empleando ingentes recursos financieros para quitar esos productos básicos del público de masas que la BBC necesita para conservar su propia diversidad y, por supuesto, su propio público. 
En cuanto a Channel 4, que ha constituido la mejor forma posible de atender a nuevos intereses con cometido de servicio público, en un trust público sin accionariado privado, ahora hay componentes de nuestro Gobierno diciéndole que tiene que privatizarse. 
No hay ni un solo argumento que sustente esto por la calidad de los programas; ni un solo argumento que lo sustente por la diversidad de los servicios. 
Su moralidad es la de un asalto a un banco. 
No es más que un ataque a los recursos que ha aportado esa cadena a la programación de calidad de nuestro país. 
Me disculpo por estar hablando primordialmente de la situación en Gran Bretaña. 
La radiodifusión es un área de la que todavía podemos enorgullecernos, y nos embarga un profundo sentimiento de vergüenza por el tipo de emisiones que Europa puede tener que soportar en un plazo de diez años. 
Señor Presidente, después de escuchar lo que ha dicho el último orador, me pregunto por qué no podemos enorgullecernos de la televisión pública y, a la vez, de la televisión privada. 
No me cabe ninguna duda de que la televisión pública ha desempeñado, desempeña y seguirá desempeñando una importante y valiosa función a la hora de atender a las necesidades del público televidente. 
No dudo de que es así en cada uno de los países de la Unión Europea pero, como diputado británico, me alegra poder elogiar la altísima calidad y liderazgo que ha introducido la BBC en la televisión pública. 
Sin embargo, no debemos sobreestimar la función del sector público. 
Ni debiéramos olvidar el válido y valioso papel que ha tenido y tiene el sector privado en el ámbito televisivo. 
Si esto fuera un debate sobre prensa, todos tendríamos muy serias reservas sobre una prensa pública. 
No termino de entender por qué se han de hacer las exageradas afirmaciones que estamos haciendo sobre la radiodifusión pública. 
Yo me abstuve cuando el presente informe pasó a la comisión porque me parece que no consigue el justo y correcto equilibrio que se precisa. 
Déjenme tratar sólo de un par de cuestiones. 
En los deportes, es injusto olvidar la importante contribución financiera que está haciendo ahora el sector privado a actividades deportivas de todo tipo. 
Esto, diría yo, ayuda al deporte y fomenta el interés del público por verlo de tres maneras distintas. 
Ahora se retransmiten muchos más deportes minoritarios gracias a la presencia del sector privado. 
Las instituciones deportivas cuentan con más fondos, con una parte más justa de los ingresos, y pueden hacer que ese dinero revierta a los propios deportes creando instalaciones y cursos para que la gente los practique. 
Los propios deportistas reciben ahora una retribución justa por sus facultades y éstas, precisamente, son las que hacen que merezca la pena ver en televisión las actividades deportivas. 
En otro orden de cosas, apoyo la asistencia financiera ocasional de la Comunidad a televisiones de ámbito paneuropeo, como Euronews. 
No estoy convencido, sin embargo, de que deba ser un apoyo indefinido para siempre. 
Dichos programas necesitan un público que justifique su raison d ' être, y no hay mejor disciplina para que busquen ese público que la disciplina del mercado. 
Entregar grandes subvenciones a programas de elevada calidad que nadie ve no es una forma sensata de emplear nuestro dinero. 
Nos encontramos a las puertas de un gran crecimiento de la televisión; tenemos encima la era de la televisión digital; pero estoy seguro de que no deberíamos sólo tener controles y normativas que dejen fuera al sector privado y permitan que el sector público se relaje, carezca de innovación y sea incapaz de mantenerse a la altura de los deseos de los televidentes. 
Señor Presidente, empezaré agradeciendo a mi camarada Carole Tongue su trabajo de excelente calidad, no sólo en cuanto al informe, sino también porque ha trabajado con ahínco con el fin de que este tema central fuera debatido hoy en el Parlamento. 
Como subraya Carole, la televisión sigue siendo el medio de masas de mayor influencia. 
Por eso es tan importante que los programas que se transmiten contengan calidad, pluralismo y una información objetiva. 
Debemos proteger a nuestros hijos de la violencia y la pornografía, y al mismo tiempo proveerlos de información y programas recreativos de gran calidad. 
La televisión debe asumir su responsabilidad. 
La televisión crea escuela, también por lo que respecta a la violencia. 
Una empresa pública de televisión con medios considerables a su alcance constituiría toda una garantía en este sentido. 
Deben mejorarse las ayudas de la UE y de los países miembros. 
La televisión constituye además un foro indispensable para el séptimo arte- la industria del cine. 
En una época en que las pequeñas salas independientes de proyección han tenido que retirarse ante los grandes supermercados del cine, que obtienen sumas astronómicas por incluir la producción en masa que viene de América, a menudo la televisión representa nuestra única posibilidad de ver películas alternativas y/o extranjeras. 
Por eso la televisión tiene también en este ámbito un papel muy importante, que es el de facilitarle al público europeo el acceso a la cultura del propio país y del continente. 
Lo que se transmite por televisión refleja el espíritu de la época, pero también contribuye a formar sus valores. 
Luchemos por tanto juntos por que estos valores estén a la altura de nuestra cultura democrática y humanista. 
Señor Presidente, hay un aspecto de este informe que quiero subrayar: la financiación pública de las cadenas de televisión públicas es legítima. 
Pero añadiría algo más: la financiación pública de la televisión pública es, en muchos casos, necesaria. 
La explicación es sencilla: la televisión pública ofrece un servicio a la sociedad en muchas áreas que no pueden ser totalmente financiadas por el mercado. 
Servicio que es necesario para garantizar la multiculturalidad, para favorecer la pluralidad lingüística sobre todo en comunidades reducidas, para fomentar la producción propia y para potenciar los servicios culturales y educativos. 
Y este servicio debe ofrecerse al ciudadano ahora y en la sociedad multimedia que se está creando. 
Y si el mercado no lo ofrece completamente, los entes públicos deben hacerlo. 
En nuestra sociedad hay áreas que no pueden ser medidas desde el concepto de la competencia pura y dura, y una de ellas son las obligaciones de una televisión pública respecto a la sociedad y que son compensadas proporcionalmente a través de la financiación pública. 
Voy a poner un ejemplo muy ilustrativo: la lengua vasca es hablada por 800.000 personas en un área de vecindad de 50 millones de francófonos y 35 millones de hispanohablantes. 
Difícilmente el mercado por sí mismo va a servir para fomentar el uso audiovisual de la lengua vasca en esas condiciones. 
Por ello, la sociedad debe financiar la televisión pública. 
Porque la democracia supone tolerancia y respeto a la pluriculturalidad y, en nuestra sociedad, la televisión pública contribuye a asegurarla. 
Además, al fomentar la información a nivel local y de comunidades naturales, colabora en articular y construir Europa desde el respeto a las identidades, a los autogobiernos y a la subsidiariedad. 
Es importante que el Parlamento Europeo lance este mensaje y diga claramente a la Comisión Europea que las simples reglas de la competencia no valen en este caso para asegurar una Europa unida y plural. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señoras y señores, nos encontramos sin duda en un punto de inflexión para la radiodifusión. 
Por ello, la resolución de este Parlamento es de extraordinaria importancia. 
Cada vez caemos más en la defensiva ante el hecho de que se cuestiona también crecientemente la radiodifusión como un bien cultural. 
Me remito a la audiencia que se celebró ayer a invitación de la Comisión y que se ocupó de un marco reglamentario para la radiodifusión y las telecomunicaciones en base a un estudio cuyo contenido solamente se puede calificar de extraordinariamente decepcionante. 
Dicho estudio no concede apenas a la radiodifusión pública un espacio y la new vision que allí se plantea se refiere exclusivamente al mercado de los multimedios que está orientado a la maximización de los beneficios. 
No podemos aceptarlo y reclamamos de la Comisión que presente el Libro Verde prometido, que debe aportar claridad sobre la posición de los nuevos servicios, pues nosotros tenemos que decidir sobre lo que es o no es radio en la era de la globalización de los multimedios. 
Por desgracia, no está injustificado el temor expresado aquí en numerosas ocasiones de que nos encontramos de espaldas a la pared en lo que se refiere a la evolución cultural. 
Según parece, solamente vamos a ocuparnos de fenómenos marginales al permitírsenos, por ejemplo, que recapacitemos sobre la protección de la juventud pero no sobre el acceso general del público, sobre información, formación o entretenimiento, lo que es precisamente una tarea originaria de la radio y debe seguir siendo en una era de la digitalización que, aunque nos abre nuevas posibilidades técnicas, no debe tentarnos a renunciar a los contenidos antiguos, de gran valor para nosotros. 
Señor Comisario, Señorías, nuestra colega Carole Tongue, de la comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, somete hoy a nuestra consideración un informe de propia iniciativa esencial y de máxima importancia. 
Por mi parte deseo felicitarla por el excelente trabajo que nos ha presentado. 
Por la misma razón, deseo también decirle a Carole hasta qué punto valoro su trabajo en todo el sector de los medios audiovisuales, y al Sr. Bangemann, hasta qué punto sería bueno que nos escuchara más respecto al mismo sector. 
Todos somos conscientes de la explosión de ofertas televisivas que se está produciendo en la actualidad en todo el mundo, y de lo que nadie se puede quejar. 
La multiplicidad de cadenas y programas garantiza la libertad de expresión y preserva una parte de la democracia. 
Es, por tanto, una condición necesaria para esta libertad, pero (todo el mundo lo sabe también) no es una condición suficiente. 
Efectivamente, al igual que el ponente, estoy muy interesado en la existencia de televisiones públicas. 
Representan y garantizan el acceso más amplio posible a una televisión de calidad, que promueva la riqueza cultural de la Unión Europea. 
Permite acceder a la cultura a todos aquellos que no dispongan de medios financieros y técnicos para recibir todas las televisiones privadas. 
La Unión Europea debe también garantizar el mantenimiento de esas televisiones públicas y permitir a los Estados miembros velar por su financiación, y como contrapartida, esas cadenas se comprometerán a respetar un pliego de condiciones preciso y conforme a las razones mismas de su existencia. 
Esta red de cadenas públicas europeas puede y debe convertirse en el lugar privilegiado de difusión de producciones europeas que, en este campo, debe servir de motor para las televisiones privadas. 
Es importante para acceder a una verdadera Europa de los ciudadanos. 
Desearíamos encarecidamente, Sr. Bangemann, que nos entendiera en esta ocasión. 
Señora Presidenta, señor Caudron, naturalmente es una obligación pero para mí es también un placer escucharle así como a los demás diputados. 
Por supuesto, hemos incluido el informe de la Sra. Tongue en nuestras propias deliberaciones y lo vamos a seguir haciendo. 
A mi juicio, la valoración del papel de la radiodifusión pública que se realiza en el informe de la Sra. Tongue es muy optimista y positivo, lo que ha destacado muy acertadamente también la Sra. Larive. 
Les ruego que contemplen a la radiodifusión pública con los mismos ojos críticos que hacen con la privada. 
No puede ser que solamente porque se trata de la radiodifusión pública se dejen de lado, por ejemplo, baremos de calidad. 
Lo que queremos es una actitud crítica respecto a la calidad y creemos que el método más sencillo para lograr este control de la calidad es la competencia con las emisoras privadas. 
Luego, el oyente o espectador hará lo que le parezca. 
Sin embargo, hay un punto que ha planteado acertadamente la Sra. Tongue. Se trata de la siguiente cuestión: ¿qué posición tiene hoy día la radiodifusión pública en esta competencia? 
Por un lado, hay ventajas y por otro desventajas. 
Sin duda, el modo de financiación a través de cuotas u otros fondos públicos supone una ventaja en la competencia, pero la casi completa exclusión de la radiodifusión pública de los ingresos privados es, por otro lado, una desventaja para ella. 
Habrá que decidir qué es lo que se quiere. 
Recojo lo que ha dicho mi amigo Barzanti: naturalmente deberemos ocuparnos de la cuestión del servicio público y de la radio pública. 
Tengo que llamar la atención de sus Señorías y rogar que escuchen a un Comisario, pues la Comisión siempre escucha al Parlamento. 
Naturalmente que hay un debate y tiene que haber un debate sobre el service publique. 
La cuestión es hasta qué punto podemos encontrar normas europeas para ello. 
Por ejemplo, la radio y televisión públicas están reguladas de modo diferente en cada país miembro. El Sr. Barzanti tiene razón al respecto y la Sra. Castellina concede una gran importancia a estas diferencias nacionales. 
Me permito contradecir lo que se ha dicho en el debate sobre el control de la concentración de los medios. 
La Comisión no lo ha rechazado. 
Hemos mantenido un debate orientativo en base a un primer proyecto de mi colega Monti, cuyo enfoque no ha encontrado demasiados partidarios. 
Allí también se decía que la concentración de los medios supone, en cualquier caso por el momento, un problema interno de los países miembros. 
Cuando haya un problema transfronterizo será europeo, por lo que debemos recapacitar sobre lo que se puede regular a nivel europeo. 
El Sr. Monti y yo somos los más decididos partidarios del control de la concentración de medios. 
Así pues, no lo hemos rechazado como ha dicho la Sra. Pailler, sino que nos encontramos en un proceso de debate y queremos regular lo que se puede regular a nivel europeo. 
Permítanme que realice una última observación sobre la preocupación de la Sra. Castellina- expresada también por otros- en el sentido de que la radiodifusión pública se va a ver marginalizada. 
En primer lugar, esto no tiene nada que ver con los nuevos servicios. 
De lo que se trata es de su definición. La Comisión se ha opuesto a que se incluyan bajo el concepto de radiodifusión demasiados nuevos servicios, por cierto, coincidiendo con la mayoría de esta Asamblea, sencillamente porque las condiciones de autorización y de control deben ser diferentes. 
No se puede someter todo nuevo servicio a estas estrictas normas, pero, por supuesto, no tenemos nada en contra- me dirijo ante todo al Sr. Kuhne- de que la radiodifusión pública utilice u ofrezca los nuevos servicios. 
No es este nuestro problema. Nuestra preocupación era solamente- y espero que no se convierta en un problema- que se contemplan como radio demasiados de estos nuevos servicios. 
Unas últimas palabras sobre la marginalización: estimada señora Castellina, siento mucho que se le haya hundido todo cuando mencionó mi nombre. 
Naturalmente no era un efecto deseado por mí. 
Pero debo decir que me alegro de que la radiodifusión pública no tenga ya una posición monopolística de facto en la difusión de informaciones y opiniones sino que tenga que competir con otras fuentes. 
No me parece en absoluto mal que las personas puedan informarse, por ejemplo, a través de emisoras privadas de radio, también emisoras de noticias. 
Estimada Carole, no puede ser el ideal de la democracia que haya alguien que, en posesión de un monopolio de facto, lo ejerza aunque sea con la mejor voluntad. 
La Comisión no descalifica a la radiodifusión pública ni a la privada. 
Al igual que el Sr. Hoppenstedt, somos bastante desapasionados. 
No obstante, deseamos que la gente muestre su valía en la práctica y si la radiodifusión pública es tan buena como opina la Sra. Tongue, no debemos tener miedo alguno por su futuro. 
Muchas gracias, Sr. Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en unos instantes. 
Señora presidenta, mi llamamiento al Reglamento es relativo al respeto por el orden del día. 
Ayer votamos un orden del día que prevé que la franja horaria de los martes, entre las 19.00 y las 21.00 horas está reservada, al igual que cada período parcial de sesiones mensual, a las reuniones de los grupos políticos, y que las comisiones deben reunirse entre las 17.30 y las 19.00 horas. 
Ahora bien, me acaban de informar que, al menos dos comisiones, la de Presupuestos y la de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, tienen previstas reuniones entre las 19.00 y las 21.00 horas. 
Esto no es aceptable, pues las reuniones de grupos son esenciales para permitirnos, por medio del debate, definir nuestra posición sobre las votaciones. 
Quisiera saber quién ha podido autorizar estas reuniones de comisiones fuera de la franja horaria prevista para estos efectos, y desearía que fueran anuladas y restablecidas en la franja entre las 17.30 y las 19.00 horas. 
Señor Pasty, tomo nota de su protesta con mucho gusto. 
Creo saber que se trata de problemas urgentes los que han justificado la reunión de esas comisiones. 
Dicho esto, me permito sugerirle que se dirija a la Conferencia de Presidentes, de la que usted mismo es miembro. 
Señora Presidenta, quisiera presentar una cuestión de orden. 
Creo que este Parlamento debe poder resolver con libertad y sin coacciones. 
Así, me sorprende ver en el piso de abajo una jaula para vacas que se encuentra expuesta en el mismo momento en que vamos a debatir sobre ese tema. 
Si se encuentra ahí en nombre de la libertad de expresión lo acepto de buen grado. 
Pero en ese caso permítame hacer un llamamiento a los ganaderos alsacianos para que, el viernes próximo, vengan con animales vivos al Parlamento. 
Gracias, Sr. Jacob, estoy segura de que esos incidentes no impedirán a esta Asamblea votar con toda independencia. 
Votaciones 
Señora Presidenta, señoras y señores, hay que saludar la propuesta de directiva que se somete a votación para modificar la Directiva relativa al coeficiente de solvencia de las entidades de crédito. 
El punto principal es la prórroga hasta el 1 de enero del año 2001 de la ponderación del riesgo de hasta el 50 % para los préstamos garantizados por hipotecas sobre oficinas y locales comerciales polivalentes que ya expiró el 1 de enero de 1996. 
Hasta ahora solamente se había concedido a cuatro países miembros la posibilidad de esta ponderación del riesgo del 50 por ciento y ahora va a ser facultativo para todos los Estados miembros de la Unión. 
La ponderación del riesgo de los créditos, es decir, la cobertura con capital propio de las financiaciones realizadas por el banco, constituye un principio elemental de la supervisión bancaria. 
El mantenimiento de esta ponderación del riesgo en la Unión Europea y la ampliación a todos los Estados miembros está plenamente indicado desde un punto de vista económico. Está justificado por un gran número de amortiguadores del riesgo y desde un punto de vista jurídico de la competencia es totalmente inobjetable. 
Respecto a los factores de riesgo hay un límite de crédito del 60 % del valor del inmueble. El valor de este inmueble se averigua mediante unos estrictos criterios y los objetos deben estar además asegurados. 
En Europa se puede registrar una tendencia ascendente. 
La no aprobación de esta propuesta de directiva significaría un encarecimiento del 0'25 % de los tipos de interés y de amortización, lo que no se puede justificar sin duda en la fase actual. 
Les pido por ello que den su voto afirmativo a esta propuesta. 
Señora Mosiek-Urbahn, me había dicho que deseaba hacer una breve declaración, y, efectivamente, hubiera deseado que ésta fuese un poco más breve. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Desde hace mucho hace falta una prórroga para la Directiva que incluye los créditos hipotecarios comerciales. 
Las consecuencias económicas y mercantiles son considerables, por lo que apoyamos esta solución de compromiso. 
Es muy cierto que hay que crear unas posibilidades para que se confiera a las vías navegables internas una mayor importancia como modalidad de transporte. 
La evolución de los últimos años ha demostrado lamentablemente que son los transportes por carretera los que han aumentado más, lo cual es muy preocupante en relación con nuestro medio ambiente común. 
Por eso es central que se hagan grandes inversiones en las modalidades de transporte beneficiosas para el medio ambiente, como los ferrocarriles y las vías navegables internas. 
Se necesitan unas grandes inversiones estructurales dentro de estos ámbitos en lugar de, como es el caso actualmente, invertir miles de millones de coronas suecas en la construcción de carreteras y de puentes innecesarios, como el del Sund. 
En este sentido, el Consejo ha adoptado lo que diplomáticamente podríamos definir como una posición preocupante contra la que el Parlamento Europeo debe reaccionar categóricamente. 
Informe De Esteban Martín 
Señora Presidenta, hablando en nombre del grupo socialista, querría agradecer al Comisario van den Broek su respuesta al debate sobre este informe relativo a los derechos humanos en la Unión Europea. 
Prometió medidas de la Comisión para ocuparse del abuso sexual a menores dentro de la Unión Europea, combatir el turismo sexual y organizar una estrecha vigilancia de las redes de pedofilia tanto sobre el terreno como en Internet. 
Algunos acontecimientos ocurridos en Inglaterra en los últimos años y los recientes terribles descubrimientos de Bélgica han mostrado más que trágicamente la necesidad de tales medidas. 
Pero dichas medidas sólo podrán funcionar con éxito si existe unidad de intenciones entre los Estados miembros. 
Me gustaría saber si el Sr. Comisario confía en poder arrastrar con él, al introducir las medidas, a los representantes del Reino Unido, quienes parecen dispuestos a sacrificar cualquier medida europea, pese a la importancia que pueda tener para los habitantes de Europa, en aras del euroescepticismo y la subsidiariedad. 
Es necesario que hagamos uso de Europol, la organización policial y aduanera con sede en La Haya, para intercambiar información sobre estos temas. 
Necesitamos nueva legislación de nivel europeo para controlar no sólo las redes de pedofilia, sino también la pornografía y los nazis y racistas de Internet. 
La cuestión es si conseguiremos el apoyo necesario. 
Igualmente, querría felicitar a la Comisión por el hecho de que 1997 vaya a ser el año contra el racismo y agradecerle su apoyo al observatorio europeo para el seguimiento del racismo, la xenofobia y el antisemitismo, que será instaurado de conformidad con las recomendaciones de la comisión consultiva y que recibió el apoyo de la Cumbre de Florencia. 
Espero que fuera un lapsus cuando dijo que esperaba que la cláusula antirracista se incorporara a los Tratados. 
Permítame señalar que el Comisario Flynn ya dijo que tendría que haber una cláusula antirracista dentro del Tratado de la Comunidad, un lugar mucho mejor que las vagas promesas del tercer pilar. 
Para terminar, los derechos humanos dentro de la Comunidad deberían permitir que los ciudadanos ingresaran y abandonaran libremente organizaciones religiosas, sin otorgar a estas últimas una condición fiscal especial que se niegan a otras organizaciones culturales y sociales. 
Señora Presidenta, los neerlandeses de nuestro Grupo hemos votado por diversas razones en contra del informe Esteban Martín. 
Para empezar, consideramos que existe una clara diferencia entre los derechos fundamentales clásicos y los demás derechos socioeconómicos y culturales. 
Estos últimos comprenden en parte afirmaciones justas, pero son objetivos políticos, y no derechos humanos. 
Además nos parece inconveniente que en muchos de estos apartados se propugne una actuación comunitaria. 
Asimismo creemos necesario luchar contra el racismo, pero esto corresponde sobre todo al nivel nacional. 
Todos los Estados miembros se han adherido al Tratado Europeo de Derechos Humanos y son muy capaces de encargarse de la defensa de los derechos humanos. 
También algunas libertades se definen de forma muy amplia. 
Así, en la libertad de expresión se traza el límite en la esfera personal y el buen nombre de los demás. Echo en falta la blasfemia, la pornografía y las expresiones de carácter contrario a la moral. 
Por último, quiero declarar por qué hemos votado en contra del apartado 93, porque un determinado voto se tacha con demasiada facilidad de extrema derecha. 
La tendencia que se manifiesta en la izquierda de considerar así a otros que tienen ideas menos extremas que ellos, desvía la atención del verdadero problema. 
En declaraciones como las del apartado 93, el Parlamento se muestra no menos extremista y totalitario. 
El hecho de que los partidos de extrema derecha sigan ideas y prácticas que nosotros también consideramos censurables, no implica para nosotros automáticamente que estos partidos hayan de ser excluidos de la política y de la gestión. 
No hay ninguna razón para hacerlo, mientras sigan funcionando dentro de las reglas de nuestro ordenamiento jurídico democrático. No hemos de adoptar sus métodos y su modo de actuar en nuestro comportamiento. 
Señora Presidenta, hemos asistido al gag anual sobre los derechos humanos, pues el más fundamental de esos derechos es el de la libertad de expresión, el de la libertad de opinión, el de la libertad de pensamiento. 
Así, el Gobierno francés (al que usted apoya) , se dispone a votar en nombre de la nueva ideología dominante y totalitaria, el antirracismo, una ley que juzgue no los actos, ni las palabras, ni los escritos, sino las intenciones, las segundas intenciones que supuestamente las motivan. 
Dicho de otra manera, el Gobierno francés se dispone a aplicar una policía de las segundas intenciones, lo que supone una regresión en las libertades y una regresión jurídica sin precedentes. 
Esta ley no afectará sólo a algunos representantes elegidos del Frente Nacional, sino que amenazará en su libertad a millones de franceses. 
Los padres de alumnos (creo, señora, que usted ha dirigido una asociación en este ámbito) que, por inaplicación o excepción con respecto al mapa escolar, decidan escolarizar a sus hijos en una escuela donde haya pocos inmigrantes, podrán ser perseguidos por la nueva ley perversa del Gobierno francés. 
El empresario ya no podrá elegir con libertad a sus empleados sin peligro de resultar también perseguido, y lo mismo ocurrirá con los profesores, que se verán amenazados en su libertad.... 
(El Presidente interrumpe al orador )... se verán amenazados por una ley sobre las segundas intenciones, una ley de guerra civil que es preciso que no salga adelante pues significaría el final de nuestras libertades. 
Muchas gracias, señor Le Gallou; y quiero señalarle, por si fuera necesario, que me encuentro en este escaño en mi calidad de diputado europeo, de vicepresidenta y de Presidente de sesión, y no al título por el que usted me ha interpelado. 
Señora Presidenta, Señorías, la votación de un informe dedicado a los derechos humanos debería llevar a esta Asamblea a reflexionar sobre una terrible paradoja. 
Desde un punto de vista histórico, la declaración más generosa, la de 1793, fue aprobada por el gobierno más terrorista de su época. 
Este fenómeno se repitió más tarde, en 1945, cuando Stalin hizo que la URSS firmara la Declaración Universal. 
A la inversa, el Reino Unido, que no ha aprobado declaración de derechos, no ha cometido ningún crimen de la importancia de los de Robespierre o de Stalin. 
Esto debe enseñar a los redactores de declaraciones una cierta modestia. 
Añadiré que el gran filósofo Hegel explicó por qué la búsqueda de la libertad absoluta a través de la proclamación de unos derechos humanos cada vez más amplios termina necesariamente en el terror: cuando un individuo se toma a sí mismo por la conciencia universal, eso lo lleva a no tolerar la menor oposición por parte de otros. 
De este modo el amor de todos se transforma en el odio de cada uno, explica Hegel. 
Por ello creo que es suficiente con tener declaraciones de derechos humanos a nivel nacional. 
No es necesario proclamar una a nivel europeo. 
El presente informe no es un informe real sobre la situación de los derechos humanos en la UE porque, exceptuando algunos pocos puntos, apenas aparecen hechos. 
En segundo lugar, la acumulación de 126 subapartados y 24 enmiendas que, en el breve tiempo de que se ha dispuesto, no se han podido examinar con la suficiente atención, hace imposible presentar propuestas serias de mejora. 
En tercer lugar, en muchos puntos trata en exceso de cuestiones de aplicación, para las que son competentes los Estados miembros atentando de este modo contra el principio de subsidiariedad y socavando los derechos de los Parlamentos nacionales. 
En cuarto lugar, en gran parte consta de una enumeración de resoluciones ya adoptadas y de una repetición de exigencias, con lo que representa solamente un, en parte, confuso catálogo de exigencias acumuladas y sobrecargadas sin relación con la realidad; en quinto lugar, además apenas es defendible desde un punto de vista jurídico formal en algunos puntos esenciales. 
Estamos a favor del pleno respeto de los derechos humanos, pero no creemos que se les haga un auténtico servicio mediante la aprobación de este confuso paquete de exigencias, que abarca todo, desde el medio ambiente, pasando por las fuerzas armadas hasta el sistema procesal en el Reino Unido, pero que no lo trata seriamente. 
Por ello, lo rechazamos en su totalidad. 
La recomendable aprobación de algunos subapartados de la propuesta nos ha parecido que no es razonable pues están fuera de contexto. 
Señora Presidenta, deseo expresar mis felicitaciones a la colega Esteban Martín quien, lamentablemente, ya no está presente. 
Ha contribuido de modo y forma notable a que también nuestro grupo político pudiese discutir una serie de puntos relacionados con este informe sobre los derechos humanos. 
Lamento que no haya sido apoyada hoy por su grupo político del modo que se merece, pero esto es algo de lo que debemos tomar nota. 
Con la aprobación de este informe hemos logrado hoy un avance esencial pues el Parlamento Europeo dispone ahora de nuevo de una base de trabajo que nos autoriza a hablar también sobre las violaciones de los derechos humanos fuera de la Unión Europea, pues quien no reconozca lo que pasa en su propia casa tampoco tiene derecho a criticar lo que pasa fuera. 
Respecto a las declaraciones realizadas por los colegas Le Gallou y Blot sólo quiero decir que también ellos tienen el derecho a decir tales tonterías pues el decir estupideces es también un derecho humano y hoy estamos debatiendo sobre los derechos humanos. Por ello, aceptamos hoy estas declaraciones que son más bien de carácter psiquiátrico. 
Los extremismos de izquierda y de derecha deben rechazarse del mismo modo. En la práctica, con frecuencia apenas se puede detectar una diferencia. 
Deben condenarse ambas formas. 
El informe de la Sra. De Esteban Martin sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea aborda demasiados temas como para poder ahondar en ellos. 
De este modo se nos invita a que nos pronunciemos mediante votación de conjunto sobre 125 propuestas muy diversas y de valor muy desigual, de las cuales algunas son absolutamente discutibles como la que he denunciado en el debate que ha precedido a esta votación. 
Esto explica nuestra reserva. 
Además, no se aborda un problema esencial que la CIG debería, por cierto, tratar toda vez que algunos Estados miembros lo han planteado recientemente: se trata de la ausencia de cualquier procedimiento de apelación contra las decisiones del Tribunal de Justicia cuando éste se pronuncia con carácter prejudicial, o después de un recurso de anulación, sobre la interpretación o la validez de un acto comunitario. 
Las decisiones del Tribunal pueden efectivamente aportar enfoques totalmente nuevos e imprevistos acerca de ciertas disposiciones del Tratado, como se ha visto recientemente en el asunto Bosmman. 
La imposibilidad de apelar en tales casos nos parece que constituye una grave violación de un derecho humano fundamental, el derecho a un procedimiento jurisdiccional equitativo y completo. 
Y el hecho de que tal laguna muy a menudo no afecte a un individuo en particular sino a todo un pueblo constituye evidentemente una circunstancia agravante. 
Sin duda, en caso de sentencia objeto de litigio cabría imaginar que el Consejo pudiese reformar la norma comunitaria para aclararla. 
Pero para ello haría falta que la Comisión le presentara una propuesta en tal sentido, porque ésta dispone del monopolio de las iniciativas, por lo tanto del poder de bloqueo. 
Vemos perfectamente que esta situación no es sana. 
Los pueblos no pueden dejar que en puntos cruciales dirija sus destinos, sin darles la posibilidad de reaccionar, un Tribunal de Justicia que a veces da una interpretación del Tratado completamente diferente de la que los parlamentos nacionales suponían cuando votaron el texto inicial. 
Así pues, es esencial actualmente imaginar un procedimiento que permita llevar ante los parlamentos nacionales, incluso ante los pueblos, las sentencias con mayor grado de controversia del Tribunal de Justicia. 
Este informe sobre los derechos humanos en la Unión es muy denso y especialmente importante. 
Por supuesto, ha suscitado numerosos debates contradictorios entre nosotros, lo que apenas debe sorprender. 
Y sin embargo es totalmente lamentable que no se haya podido llegar a un cuasi consenso. 
Por supuesto, entre nosotros hay algunos diputados con los que no puede tener lugar el debate sobre los derechos humanos, pues los niegan, los ridiculizan y se vanaglorian de ello. 
No es posible ningún acuerdo con ellos, pero sí hubiera podido llegarse a un acuerdo entre todos los demócratas. 
Sin duda, la Izquierda del Parlamento Europeo defiende con toda razón un concepto amplio de los derechos fundamentales del hombre. 
Y no duda en incluir los derechos sociales, los económicos, los culturales o los ecológicos. 
Tiene razón, pues ¿donde están los derechos de los que no tienen ni empleo, ni medios para vivir, ni alojamiento? 
Sin duda, el segundo grupo político del Parlamento por su importancia numérica, defiende un concepto clásico de los derechos humanos, situados generalmente en torno a las libertades y al derecho de propiedad, fundamentos del liberalismo. 
Por mi parte, lamento sin embargo que no podamos ponernos de acuerdo sobre puntos tan fundamentales como la denuncia de cualquier forma de discriminación, racial, sexual o religiosa, de todo tipo de torturas físicas o morales que todavía practican algunos Estados miembros, de la miseria que provoca el paro y de la carrera desenfrenada por los beneficios a cualquier precio. 
Igualmente, me pregunto si no podemos ponernos de acuerdo sobre el rechazo absoluto a cualquier pensamiento o ideología maligna, racista, xenófoba, incluso antidemocrática que vemos surgir un poco por todas partes, a veces incluso en este mismo hemiciclo. 
En Francia comienza a ser dramático, ya no hay límites. 
«¡La bestia inmunda ha despertado... !» 
Los demócratas del Parlamento Europeo no deberían dividirse ante un tema tan fundamental como la afirmación y la defensa de los derechos humanos. 
¡Es demasiado grave! 
Ojalá nuestra conciencia colectiva pueda abrirse a los graves problemas, a los verdaderos retos y dramas que nos acechan. 
Si la preocupación por los derechos humanos quiere tener un significado más profundo que el puramente formal, habrá que pulirla mucho más. 
El sentido de la mesura y la realidad no pueden convertirse en víctimas de teóricos vacíos e ideologías desarraigadas. 
Además de recortar, hay que completar. 
Y aunque hoy todavía no existan los derechos de pueblos y naciones- lo cual no se lamenta suficientemente -, todos han de tener derecho a permanecer al amparo del pueblo y la nación. 
Todo el mundo ha de tener el derecho, y mantenerlo en el futuro, a verse libre de amenazas a su lengua, su cultura, su tradición, su identidad nacional. 
Todo ello se desatiende y queda desprotegido. 
Quien se interese realmente por los derechos humanos concretos, ha de ocuparse de que el derecho a la seguridad sea algo más que una palabra vana. 
La lucha eficaz contra la criminalidad, grande y pequeña, es absolutamente necesaria, y sobre todo el ciudadano de a pie tiene un derecho innegable a ello. 
Con vistas al futuro, sobre todo la juventud, los niños, tienen derecho a la protección y a la integridad física y espiritual. 
Quiero añadir que también el feto, el ser humano nonato, tiene derecho a la protección y la vida. Quien no reconozca este derecho, pierde el derecho a hablar de derechos humanos. 
Por último, en cuatro palabras: cuándo se verá que no se puede hablar de derechos sin hablar también de deberes. 
¡Cuántas desgracias no ha causado ya idolatrar los derechos y burlarse de los deberes! 
Votamos a favor de este informe porque pensamos que su contenido es de gran calidad. 
Lo que condenamos es que la UE se apropie de las funciones del Consejo de Europa. 
Naturalmente, creemos que hay que castigar el crimen de signo racista, pero no estamos a favor de una prohibición general de las asociaciones racistas. 
Hemos votado a favor del informe y de la mayor parte de sus apartados, porque pensamos que la protección de los derechos humanos constituye por principio una responsabilidad universal común más allá de las fronteras. 
Por el contrario, no opinamos que deba convertirse a la UE en una personalidad jurídica con competencia para suscribir el Convenio del Consejo de Europa sobre derechos humanos, lo cual además es totalmente innecesario, porque la totalidad de los Estados miembros de la UE ya tuvieron que ratificarlo para poder acceder a la condición de miembros. 
Por eso hemos apoyado la enmienda 19 del grupo EDN. 
Además, queremos hacer hincapié en que el conjunto de invitaciones concretas en favor de la protección de los derechos humanos que se incluyen en el informe es y debe seguir siendo un ámbito de responsabilidad incluido dentro de las decisiones soberanas de los Estados miembros y de la cooperación intraestatal. 
Los socialdemócratas daneses del Parlamento Europeo se felicitan ante todo de que el Parlamento Europeo vigile la situación de los derechos humanos en la UE. 
Desgraciadamente, sigue siendo necesario hacerlo. 
La única forma de mejorar la situación es seguir señalando los problemas y demostrar a todo el mundo lo mal que están las cosas. 
Al mismo tiempo, queremos decir que la enmienda de Bertel Haarder dirigida a prohibir la obligatoriedad de asociación nos parece realmente singular. 
No estamos en contra de la libre elección de sindicato, pero la enmienda incluye algo oculto que tiene su origen en el odio a los sindicatos y que constituye un intento de socavar el trabajo realizado por éstos durante muchos años. 
Nos parece, además, raro que miembros de la Comisión de Libertades Públicas hayan utilizado un informe sobre derechos humanos para plantear el tema de la libertad de asociación. 
La diputada en cuestión debe saber que precisamente la libertad de asociación, la libertad de huelga y los temas relacionados con la asociación en general son ámbitos que quedan fuera del Tratado de Maastricht. 
He votado «sí» al informe porque una de nuestras labores más importantes como diputados elegidos democráticamente al Parlamento es la de salvaguardar los derechos y las libertades humanas. 
He votado «no» , o me he abstenido de votar sobre ciertos apartados del informe, por ejemplo el del derecho a la residencia, que no considero que se pueda incluir en la cuestión de los derechos humanos. 
No he votado «no» sobre estos aspectos porque no los considerase merecedores de una atención especial, por el contrario, lo he hecho para que no los mezclemos con la cuestión sobre la que trata este asunto. 
Subrayamos las gestiones que ha habido que hacer para que este informe esté aquí y se vote. 
Como nosotros tenemos una concepción amplia, abarcadora, de los derechos humanos, siempre nos parece corto el tiempo que les dedicamos tanto en intervenciones como en explicaciones de voto. 
Particularmente atentos a los «tejados de vidrio» de la casa propia- como debe ser la actitud de quien no abdique del derecho a criticar a los demás -, lamentamos la exactitud de las referencias a Portugal y sobre todo nos escandaliza que la aplicación de malos tratos a personas detenidas pueda parecer, en nuestro país, un «fenómeno relativamente corriente» , según se dice en la exposición de motivos. 
Y más grave, mucho peor, sería que el informe no se refiriera a 1994, sino a 1995 o 1996, en que ocurrieron casos extremos que, sin ser generalizables, ¡inspiran la mayor indignación y repulsa! 
Preocupados por la seguridad de los ciudadanos, nos negamos a limitarla al respeto de los derechos de algunos seres humanos, mientras que muchos otros ni siquiera tienen la seguridad de sobrevivir. 
Y nos negamos a admitir siquiera que la seguridad de los primeros sea un pretexto o justificación para la violencia de las fuerzas de seguridad contra tantos otros. 
Si no fuera por la voluntad y la determinación de luchar por una sociedad en la que prevalezcan los derechos humanos, sería angustioso pensar en lo mucho que se ha degradado la situación social en la UE, en las muchas más víctimas que se han sumado a las víctimas de los atentados contra los derechos humanos. 
Por eso mismo, este informe es tan necesario y oportuno y de él esperamos una resolución y una acción consiguientes, sin fronteras ambiguas y sin vacilaciones ni compromisos desculpabilizadores. 
Señora Presidenta, usted nos preguntó si aceptaríamos una relación de personas que podrían dar explicaciones de voto por escrito. 
La norma es que los diputados deben estar presentes. 
Hoy, evidentemente, resulta muy difícil, porque usted dio los nombres más tarde, pero creo que sólo podemos aceptar los nombres de las personas que efectivamente han votado en el debate de esta tarde. 
No se puede dar una explicación de voto de una votación en la que no se ha participado. 
Señor Ford, tiene usted toda la razón, pero hemos realizado las verificaciones oportunas. 
Se comprobará que los colegas que se habían inscrito estaban presentes. 
(La sesión, interrumpida a las 13.26 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Igualdad de trato en la seguridad social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0256/96) de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (95) 0186- C4-0422/95-95/0117 (CNS) ) por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social. 
Señor Presidente, la Comisión nos propone una modificación de la Directiva 86/368/CEE relativa al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social. 
En primer lugar, quiero hacer hincapié en que no vamos a tratar aquí del régimen general de la seguridad social, sino a analizar, exclusivamente, los regímenes complementarios que determinadas empresas ofrecen a sus trabajadores y que en muchos casos alcanzan enorme importancia. 
Delimitado el ámbito de actuación, hay que afirmar que este proyecto de directiva es técnicamente complejo y políticamente polémico. 
Por eso, ha sido objeto de debates sucesivos en la Comisión de Derechos de la Mujer para ver si conseguimos encontrar soluciones más viables y equilibradas. 
Las propuestas de modificación de la directiva que la Comisión nos hace ahora son consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con varios casos, el más famoso de los cuales es la sentencia Barber, aunque le han seguido otros que han precisado esa interpretación. 
La situación es la siguiente: como todos sabemos, el artículo 119 del Tratado de la Unión Europea establece la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. 
Pero, mientras que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia considera que este artículo no se aplica a los regímenes obligatorios de seguridad social, dado que éstos están reglamentados directamente por la ley, no ocurre lo mismo con los regímenes profesionales de seguridad social. 
Para el Tribunal de Justicia, esos casos de regímenes profesionales de seguridad social están considerados parte integrante de la remuneración y, por consiguiente, no pueden ser objeto de exenciones o distinciones. 
Por lo demás, es preocupante lo que está ocurriendo en el nivel de la jurisprudencia del Tribunal, a consecuencia del principio de igualdad, puesto que no se lo está utilizando para garantizar a las mujeres un salario igual al de los hombres- como vienen demostrando sucesivos informes, esa diferencia alcanza valores del orden de un 20 % en contra de las mujeres -, sino para privar a las mujeres de algunas ventajas que la sociedad les reconocía como derecho: por ejemplo, la posibilidad de disfrutar una edad de jubilación más baja. 
Constituye una verdad indiscutible que las mujeres cumplen sus deberes profesionales con gran sentido de la responsabilidad y su valor es reconocido. 
Pero toda la sociedad sabe que, sin beneficio concreto alguno, corresponde a las mujeres el papel fundamental en la educación de los hijos, de las nuevas generaciones y en la gestión de la economía doméstica. 
La gran solución para este problema que ahora estamos examinando, señor Presidente y Señorías, es que aprovechemos la Conferencia Intergubernamental para que en la revisión del Tratado de Maastricht se llegue a considerar la igualdad entre los hombres y las mujeres un derecho fundamental del ciudadano europeo y que se incluyan en él medidas positivas, necesarias para que ese objetivo deje de ser una utopía y pase a ser la realidad. 
Pero, entretanto, hemos de trabajar con el Tratado que tenemos. 
Así, pues, presento un conjunto de enmiendas y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer muy sinceramente los apoyos y las contribuciones que de los diferentes sectores políticos he recibido y que mejoran en gran medida- me parece a mí- la propuesta de la Comisión. 
En resumen, son los siguientes: considerar comprendido en este sistema de seguridad social el trabajo atípico y el trabajo en jornada parcial. 
Son formas de trabajo que se están generalizando y que son desempeñadas esencialmente por mujeres. 
Es preciso defenderlas. 
Un segundo grupo de enmiendas versa sobre el cálculo actuarial, que, con el pretexto de que las estadísticas informan de que las mujeres tienen una esperanza de vida más larga, les perjudica en el cálculo de los descuentos y de las pensiones. 
Ahora bien, no está demostrado que las mujeres trabajadoras vivan más tiempo, por lo que no es admisible que se perjudique en el cálculo de la pensión. 
Otra de las enmiendas va encaminada a permitir el derecho de adquisición de los derechos de pensión en la participación en el régimen de seguridad social. 
Una de las propuestas que considero más importantes es la institución, tanto para los hombres como para las mujeres, de una mayor flexibilidad en la elección de la edad de jubilación en condiciones que, evidentemente, se deberán determinar. 
¿No sería más natural y más conforme con la vida actual que, dentro de un período fijado- entre los 60 y los 70 años, por ejemplo- se brindara a las personas la posibilidad de adelantar o aplazar su edad de jubilación? 
¿Por qué obligar a quien quiere continuar trabajando a jubilarse y para qué obligar a prolongar los años de trabajo a quien necesita dejarlo antes? 
Por último, quiero referirme a una última enmienda que acaba de presentar el PPE y que me parece muy interesante y a la que doy mi total conformidad. 
Se aplica a los dos sexos e impide que quien haya trabajado toda una vida resulte perjudicado en sus legítimas esperanzas. 
Espero, señor Presidente y señores diputados, que estas contribuciones, así como las de la Comisión de Asuntos Sociales, lleguen a aceptarse y mejoren el texto propuesto por la Comisión. 
Señor Presidente, para empezar quiero felicitar a la Sra. Torres Marques por su buen informe sobre una materia técnica, y al mismo tiempo recordar que se trata de un tema políticamente muy actual, aunque no lo parezca a primera vista. 
En diversos países europeos, el régimen de pensiones está siendo cuestionado, se reforman los sistemas, y la igualdad de trato entre hombres y mujeres es también un tema muy sensible, sobre todo entre las mujeres. 
Para empezar, quiero decir que este Parlamento y la Comisión Europea no pueden permitir que se abuse de las directivas europeas como pretexto en las medidas de ahorro a costa de las mujeres, pues esto es lo que sucede a menudo con la igualdad de trato. 
Por ello quiero formular dos objeciones a la propuesta de la Comisión. 
En primer lugar: las mujeres no pueden ser víctimas de los intereses económicos de las compañías de seguros. 
Las diferencias en la manera de calcular las cuotas de los trabajadores para hombres y mujeres, sobre la base de los llamados datos actuariales, hacen que las mujeres resulten más caras para los empresarios, y ello supone un obstáculo a su contratación. 
Por cierto, señor Comisario, que muchos juristas afirman, en contra del Tribunal de Justicia Europeo, que esto es incluso contrario al Tratado. 
Queremos que se elimine esta discriminación. 
En segundo lugar: una igualdad de trato formal no garantiza automáticamente una igualdad de derechos real para las mujeres. 
A menudo, la situación de desigualdad de las mujeres en el mercado laboral se refuerza en sus derechos de pensiones. 
Por ello, sólo existirá una igualdad de derechos cuando en el régimen de pensiones, y por consiguiente también en los regímenes complementarios de pensiones, se introduzcan medidas compensatorias, que compensen los salarios bajos, para tener en cuenta las carreras interrumpidas, el trabajo a media jornada o al trabajo atípico, que realizan sobre todo las mujeres. 
La equiparación de los cálculos de pensiones ha de realizarse de forma gradual, y por consiguiente también ha de abarcar las medidas compensatorias. 
Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la instauración del derecho a una pensión mínima digna con un umbral bajo, la adjudicación de estos derechos de pensiones a personas que trabajan a tiempo parcial o bajo formas atípicas, la introducción e incluso la ampliación de períodos equiparados. 
Mis compañeras en el Parlamento belga han presentado este paquete de demandas al gobierno belga, que quizás las tome en consideración. Y por tanto, señor Comisario, espero que apruebe nuestras enmiendas a nivel europeo. 
Señor Presidente, nuestro trabajo se propone hoy tratar de garantizar una mayor protección de las mujeres, en condiciones de trabajo salarial, en igualdad de trato con los hombres. 
En efecto, hoy nadie puede pensar que una mujer que trabaja, integrada en un contexto profesional- ya sea la fábrica o la oficina- pueda ser discriminada en materia de seguridad social. 
Han pasado seis años desde la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que imponía que todas las formas de pensión establecieran la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. 
Hoy la Comisión prevé modificar la normativa vigente para que dicho principio se adopte totalmente y se actualice coherentemente. 
Las enmiendas propuestas, que nuestro Grupo apoyará por unanimidad, tienen por objeto, efectivamente, introducir pensiones flexibles para permitir jubilaciones en edades variables. 
En el cálculo de las pensiones hay que tener en cuenta los períodos de inactividad en la vida de la mujer trabajadora, debidos a embarazos y al cuidado de niños pequeños. 
Asimismo hay que garantizar una protección social a los trabajadores a tiempo parcial, fórmula ésta que garantizará grandes, enormes oportunidades al mercado de trabajo para su revitalización. 
El tiempo parcial es la fórmula que a corto plazo puede ofrecer las mayores posibilidades de empleo. 
Por último, en los cálculos del régimen de seguridad social se debe impedir el recurso al factor actuarial, es decir, la distinta esperanza de vida para hombres y mujeres. 
Por lo tanto, régimen idéntico para ambos sexos, aun reconociendo, gracias a la naturaleza, una mayor longevidad al femenino. 
Como conclusión, esta directiva es un capítulo, quizás uno de los más importantes, para que se llegue a una total igualdad en las condiciones laborales entre hombres y mujeres. 
En efecto, aún son demasiadas las diferencias y las limitaciones punitivas para la otra mitad del universo, la femenina. 
No podemos afirmar hoy si la mujer trabaja más o menos que el hombre; no obstante, afirmamos que su trabajo contribuye de igual manera al funcionamiento de la sociedad y pretendemos que sea tratado consecuentemente. 
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales está satisfecho con el informe Torres Marques. 
Comisario Flynn, usted y la Comisión se han desentendido con demasiada facilidad y han querido incluir en la directiva 86 únicamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y no se han preocupado de las consecuencias perjudiciales que ello puede tener para las trabajadoras, y de ahí que sean muy necesarias nuestras enmiendas. 
Además, me ha decepcionado que la Comisión de Asuntos Sociales no haya propuesto ni una sola enmienda y haya bajado la cabeza. 
Me parece una razón más para confiar las directivas sobre emancipación y el código de buena conducta a la Comisión de Derechos de la Mujer como comisión principal. 
En primer lugar, es preciso modificar la edad de jubilación rígida y única para hombres y mujeres, sustituyéndola por un régimen de pensión flexible, opcional para ambos. 
En segundo lugar, como ha señalado la Sra. Van Lancker, ha de aplicarse el mismo cálculo actuarial para hombres y mujeres al fijar la cuota patronal. 
La existencia de una cuota más alta hace que las mujeres sean más caras para el empresario, y supone por lo tanto una discriminación indirecta. 
Además, me pregunto si la esperanza de vida de las mujeres que trabajan fuera de casa sigue siendo más alta que la del hombre. 
Además, ¿acaso puede uno pagar una cuota menor si no fuma o, como las mujeres, si está con menos frecuencia en las cárceles y por tanto cuesta menos impuestos? 
En tercer lugar, ha de ponerse fin a la exclusión de los trabajadores a tiempo parcial. Eso es también una forma de discriminación indirecta. 
En cuarto lugar, Comisario Flynn, más vale algo que nada, espero que apoye usted nuestras enmiendas, que inste usted a la Presidencia irlandesa a hacerlo, y asimismo quiero hacer un llamamiento a la próxima Presidencia neerlandesa para que no sólo defienda nuestras enmiendas, sino que recupere la polvorienta propuesta de la Comisión, de octubre de 1987, que ha de llenar las lagunas de las dos primeras directivas. 
A las puertas del siglo XXI, el Parlamento Europeo debe hacer todo lo posible por poner fin a la discriminación directa e indirecta en los regímenes de seguridad social, tanto legales como complementarios. 
Las palabras clave han de ser: flexibilidad y elección, elección para hombres y mujeres. 
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, la modificación de esta directiva podría suponer un paso más hacia la igualdad de trato y hacia el costoso cumplimiento del artículo 119 del Tratado. 
Las enmiendas de la señora Torres Márquez- a la que felicito- inciden principalmente en la inclusión, dentro de los regímenes profesionales de la seguridad social, de los trabajadores con contrato atípico y a tiempo parcial. 
Teniendo en cuenta que esta categoría laboral está representada de forma mayoritaria por mujeres y que la directiva que se ha de modificar consiste en la aplicación del principio de igualdad, es un imperativo incluir el trabajo atípico y los contratos a tiempo parcial como régimen profesional de seguridad social, puesto que su exclusión resultaría claramente discriminatoria para la mujer. 
Si la modificación de la directiva se limita a subsanar las contradicciones que existen actualmente entre el Derecho comunitario derivado y el primario seguiremos legislando con retraso y a partir de hechos consumados. 
Esta modificación nos brinda, pues, la oportunidad de aplicar el principio de igualdad con más coherencia y creo que debemos aprovecharla. 
Comisario Flynn, sé que quizás no sea muy amable de mi parte, pero tengo la impresión de que, cuando diseñó usted esta directiva, tenía en mente los intereses de los fondos de pensiones más que los intereses de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
A decir verdad, no alcanzo a comprender que no haya aprovechado usted la oportunidad de la modificación de la cuarta directiva para resolver de inmediato los problemas derivados de los factores actuariales, que ya se han mencionado varias veces. 
El Tribunal ha dicho siempre que esta directiva no establece una cuota más alta de las empresas para la pensión de las mujeres, y que por tanto está permitida. 
Es decir, que usted podría haberlo arreglado en esta modificación. 
Afortunadamente, el Parlamento lo ha hecho y espero de todo corazón que la Comisión lo apruebe, pues es de locos que se pueda obligar a las empresas a pagar una cuota más alta al seguro de pensiones para las mujeres que para los hombres. 
Además- sé que el Comisario es alguien que sigue siempre fielmente las sentencias del Tribunal -, cuando se trata de sentencias sobre el efecto retroactivo, sobre la fecha a partir de la cual las mujeres pueden exigir derechos de pensión, concretamente para las trabajadoras a tiempo parcial, he notado que la Comisión no desea recurrir a lo que el Tribunal sí ha hecho, el efecto del artículo 119 desde 1996, sino que recurre a la sentencia Barber de 1990, con lo cual muchas mujeres pierden un gran número de años, en concreto 14. 
Estoy de acuerdo con la propuesta de igualar las edades de jubilación, pues las mujeres no pueden permitirse el lujo de jubilarse antes, y de este modo estar obligadas, moralmente obligadas, a asumir todas las tareas de atención pues a fin de cuentas si se jubilan antes es porque realizan estas tareas. 
Hemos de acabar pronto con esta situación. Estoy plenamente de acuerdo con una jubilación flexible. 
Lograr la igualdad, señor Presidente, y también, Comisario Flynn, lograr la igualdad significa derechos y deberes tanto para las mujeres y los hombres como para los fondos de pensiones. 
Señor Presidente, empiezo agradeciendo a la Sra. Torres Marques su excelente trabajo sobre una cuestión muy complicada. 
Hay en especial un aspecto que desearía destacar del informe, que es el del trabajo atípico. 
Bajo la denominación «trabajo atípico» se esconde de hecho una modalidad de explotación de la fuerza laboral que existía en el sistema editorial anterior a la industrialización de mediados del siglo XVIII. En esta época los empresarios establecían la sede del trabajo en el hogar, en primer lugar el de las mujeres, y era un trabajo que se realizaba a cambio de una retribución extremadamente baja. 
Existen muchos ejemplos de este tipo de ocupaciones actualmente en Europa, y el desarrollo de la sociedad de la información hace que surjan más aun. 
Son sobre todo las mujeres, los jóvenes y los emigrantes los que se ven atrapados en este sistema. 
Para muchos se trata de un primer paso dentro del mercado de trabajo a cambio de unos salarios mínimos, y de una débil o incluso nula protección social. 
Por eso es esencial que se preste atención a este tipo de trabajo dentro del sistema de seguridad social, y que se haga que el trabajo atípico sea excepcional a partir de una disposición para la creación de un sistema que se base en la rama profesional o en el tipo de empresa en concreto, y que cubra el ámbito de la seguridad social. Estos empleos constituyen una discriminación indirecta de las mujeres y los jóvenes, que en estos casos se arriesgan a convertirse en los trabajadores de la empresa editorial del siglo veinte. 
Señor Presidente, señor Comisario, el hecho de que en el año 1996 haya que ocuparse del tema de la igualdad de trato de hombres y mujeres en la seguridad social es en si un asunto muy lamentable. 
La lucha por la igualdad de oportunidades no significa otra cosa que la lucha por el reconocimiento de la equiparación del hombre y la mujer. 
En todos los países miembros de la Unión Europea se dicen cosas muy bonitas sobre el papel. También la Comisión ha reflejado en este informe unas intenciones excelentes expresadas en bellas palabras. 
Pero en la práctica, éstas no son determinantes para contribuir a solucionar el problema de la igualdad de oportunidades. Por ello, la Comisión y el Consejo debe escuchar las exigencias fundamentales planteadas por la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Se entendería erróneamente la igualdad de oportunidades si en el aseguramiento de los derechos sociales y en las prestaciones particulares empresariales, no se tuviesen en cuenta las especiales aportaciones de las mujeres en la educación de los niños y en el sacrificado cuidado de los familiares. 
Los llamados contratos de trabajo atípicos son cada vez para más mujeres la única posibilidad de realizar un trabajo remunerado, y esto por diversas razones. 
Dependen precisamente de una igualdad de trato en los sistemas de seguridad social, lo que afecta también al trabajo a tiempo parcial como acabamos de oir. 
Espero que mediante la aprobación de este informe podamos acercarnos en la práctica un paso más hacia la igualdad de oportunidades. 
Señor Presidente, la igualdad entre los sexos es, a mi juicio, sobre todo igualdad de oportunidades e igualdad de responsabilidades. 
Por eso, me gusta la palabra paridad. 
Expresa un concepto de coexistencia entre hombres y mujeres basado en derechos- el acceso- y deberes- las tareas- compartidos y manteniendo intactas las diferencias de perspectiva y de actuación que puedan caracterizar a unos y a otras. 
Pero nada justifica discriminaciones en textos jurídicos como las existentes en las Directivas 79/007 y 86/378, que establecen exenciones al principio de igualdad de trato. 
El artículo 119 del Tratado exige que el trato sea igual para hombres y mujeres. 
El Tribunal de Justicia confirma esa posición. 
El excelente informe de Helena Torres Marques se refiere a la revisión de la directiva de 1986. 
Está bien, pero no basta. 
Es preciso que la Conferencia Intergubernamental modifique el Tratado en el sentido de incluir el derecho fundamental de la igualdad entre los sexos, pero es preciso más aún. 
Las directivas no son nada, si no tienen detrás una voluntad política de los Estados y una conciencia social de los ciudadanos. 
En el caso de la igualdad, falta aún, por desgracia, ese «pequeño» detalle. 
Señor Presidente, el cortísimo tiempo de intervención no permite tratar de aspectos técnicos y jurídicos relacionados con esta importante cuestión, pero sí una felicitación y tres brevísimas observaciones. 
Una felicitación a la ponente por la documentada exposición de motivos y por las propuestas y observaciones para subrayar que igualdad social no es lo mismo que igualitarismo, que la confusión entre ambos conceptos puede entrañar en algunos casos posiciones que propicien la incomprensión de exenciones y discriminaciones positivas que la lucha contra la desigualdad exige, pero que el igualitarismo no puede aceptar. 
Y, al tiempo que decimos que la aplicación del principio de la igualdad de trato es uno de los objetivos principales de la política social de la UE, en caso de que tal política existiera, hemos de recordar que el artículo 117 del Tratado de Roma afirma el principio de la igualación en el progreso, lo que impediría, por ejemplo, que se aproximara la edad de jubilación de las mujeres, cuando es más favorable, a la edad de jubilación de los hombres- aproximación en el retroceso capciosamente simulada con argumentos de igualitarismo -, pero sí lo contrario, porque sólo así se igualaría socialmente, en el progreso. 
Señor Presidente, esta semana, el viernes 20 de septiembre de 1996, se cumplen noventa años de la firma por el zar Nicolás II de la declaración que garantizaba a los finlandeses, a hombres y a mujeres, el sufragio universal. 
Las mujeres finlandesas fueron las segundas en el mundo y las primeras en Europa en hacer uso de este derecho. 
Además, en aquel entonces fueron las primeras en el mundo en contar con el derecho de sufragio pasivo. Esto intensificó el desarrollo de la igualdad de trato en los países nórdicos y en Finlandia. 
El artículo 119 garantiza la igualdad de trato de hombres y mujeres en la vida laboral en los países de la UE. 
La Directiva aprobada en 1979, por su parte, establece la aplicación del principio de igualdad de trato en los sistemas de seguridad social regulados por ley. 
¿No ha llegado ya la hora también de poner en práctica estos planteamientos? 
La igualdad de trato entre hombres y mujeres constituye para los finlandeses algo obvio, pero esto no ocurre así en todas partes. 
En muchos países todavía existe una legislación que discrimina a las mujeres, entre otros ámbitos, en el de los regímenes de seguridad social. 
La UE debería ahora mostrar el camino que ha de seguirse y poner fin a tales prácticas. 
Las propuestas de directiva de 1987 tenían como punto de partida la personalización de la seguridad social. 
En Finlandia existe un sistema de estas características desde hace bastante tiempo. 
Un régimen de seguridad social basado en el individuo es la única solución razonable en favor de la igualdad de trato. 
También hay que hacerlo extensivo a las personas que trabajan en casa, sean hombres o mujeres. 
Por ejemplo, en este momento en Finlandia las mujeres de menos de 40 años poseen una formación mucho mejor que los hombres y muchas de ellas reciben un salario superior al de sus maridos. 
El régimen de seguridad social basado en la familia va en detrimento de la situación, la libertad y la dignidad del cónyuge que percibe un salario inferior, independientemente de su sexo. 
Además de la personalización, la seguridad social y el derecho a pensión deben alcanzar incondicionalmente a los trabajadores a tiempo parcial y para ello debe aumentarse su flexibilidad. 
De esta forma, las mujeres tendrán mejores posibilidades para vivir una vida más independiente y polifacética, ya que muchas de ellas, para tener o cuidar a sus hijos, se ven obligadas a permanecer durante períodos más o menos largos en parte o totalmente excluidas del mundo laboral. 
Muchos Estados miembros deben revisar su legislación en materia social a fin de que se aplique una verdadera igualdad de trato, y la UE debe ayudarles en ello. 
Debe aprobarse el informe de la Sra. Torres Marques, por el que la felicito, así como las propuestas presentadas y aprobadas en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Señor Presidente, los regímenes de seguridad social de los distintos Estados miembros siguen distinguiendo entre los sexos. 
Las mujeres siguen discriminadas en comparación con los hombres. 
Es estupendo que, una vez más, hayamos podido servirnos del Tribunal para fomentar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero lo del Tribunal no debe ser llevado demasiado lejos. 
Hemos de garantizar que no sean los jueces, sino los políticos, los que hagan las leyes. 
Por este motivo, me siento algo decepcionado, igual que la ponente, de que en su propuesta la Comisión no haya ido más lejos de lo declarado por el Tribunal y no haya tomado nuevas iniciativas para mejorar lo que éste ha iniciado. 
Con ello, los derechos de las mujeres empeorarán en algunos casos. 
Es lo que ocurre, por ejemplo, con las pensiones y la cobertura del trabajo a tiempo parcial. 
Espero que sea posible corregir esta situación con nuestro apoyo a las enmiendas de la ponente y que la Comisión tenga las enmiendas del Parlamento en cuenta. 
Según las estadísticas, las mujeres no apoyan especialmente a la UE. 
Nos corresponde a nosotros demostrarlas que la UE hace algo por ellas. 
Esta propuesta puede servirnos para ello. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera aprovechar la oportunidad para expresar mi agradecimiento a la Sra. Torres Marques por su excelente informe sobre lo que, acertadamente, ha calificado de tema técnicamente complejo en el área de los regímenes profesionales de pensiones. 
La Comisión comparte en muy alto grado las preocupaciones que usted ha expresado en su informe y en la propuesta de resolución que tenemos ante nosotros esta tarde. 
El principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres es un principio fundamental del Derecho comunitario. 
Es importante garantizar su eficacia y transparencia a fin de evitar cualquier posible confusión por parte de las instancias nacionales de todos los niveles llamadas a aplicar el Derecho comunitario. 
Es también esencial garantizar que los ciudadanos europeos estén plenamente informados de todos su derechos en este área. 
La presente propuesta de directiva va encaminada a garantizar que un acto de Derecho comunitario derivado, concretamente la Directiva 86/378, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social, sea coherente con lo dispuesto por el Derecho comunitario primario, concretamente el artículo 119 del Tratado, según la interpretación del Tribunal de Justicia. 
En la sentencia del asunto Barber, de 17 de mayo de 1990, y en sentencias interpretativas posteriores, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoce que todos los tipos de pensiones profesionales y, a su vez, todos los tipos de prestaciones que se deriven de los regímenes profesionales de seguridad social de los trabajadores constituyen un elemento retributivo a los efectos del artículo 119 del Tratado CE, que estipula la igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos. 
El artículo 119 del Tratado es directamente aplicable y puede ser alegado como fundamento por particulares ante los tribunales nacionales contra empleadores tanto del sector público como del privado. 
Este artículo no permite ninguna excepción al principio de igualdad de trato. 
Por consiguiente, algunas disposiciones de la Directiva 86/378 que contemplan excepciones al principio de igualdad de trato, concretamente en relación con la edad de jubilación y las prestaciones para supervivientes- esto en el artículo 9 de la Directiva 86/378carecían de validez por lo que respecta a los trabajadores asalariados, ya que éstos pueden invocar el artículo 119 del Tratado ante las autoridades nacionales. 
Este artículo, como disposición que es de Derecho primario, tiene primacía sobre la Directiva 86/378, que es un instrumento de legislación derivada, y tiene primacía asimismo sobre toda legislación nacional. 
He de aclarar, sin embargo, que el artículo 119 del Tratado no es aplicable a los trabajadores autónomos, respecto a los cuales la Directiva 86/378 sigue siendo totalmente válida. 
Por el bien de la certidumbre jurídica y de la claridad, y a fin de garantizar la coherencia con el artículo 119 del Tratado, la Comisión presentó su propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva 86/378. 
Las modificaciones propuestas sirven únicamente para transponer la jurisprudencia del Tribunal, de modo que esta propuesta de directiva tiene un carácter puramente declaratorio. 
Quiero hacer hincapié en que, de conformidad con el carácter declaratorio de la propuesta, la Comisión ha pretendido modificar exclusivamente las disposiciones de la Directiva 86/638 que, a la luz de la jurisprudencia, resultaban no ser válidas. 
La propuesta no aspira a ser una codificación completa de toda la jurisprudencia del Tribunal sobre igualdad de trato en el área de la seguridad social, ni aspira a introducir nueva legislación que vaya más allá de la actual jurisprudencia. 
Huelga decir que sería imposible introducir nuevas disposiciones que no estuvieran de acuerdo con la jurisprudencia, algo que sólo podría conseguirse mediante una modificación del Tratado. 
Es importante señalar que la Comisión ha consultado en varias ocasiones a expertos gubernamentales, a representantes de fondos de pensiones y actuarios de seguros de ámbito europeo, al Comité Consultivo de Igualdad de Oportunidades y a los interlocutores sociales sobre las enmiendas propuestas a la Directiva 86/378, teniendo en cuenta la sentencia del asunto Barber y sentencias posteriores. 
Ha habido un amplio consenso para ajustar el texto de la Directiva 86/378 a fin de que sea coherente con la jurisprudencia del Tribunal sobre el artículo 119 del Tratado. 
Soy muy sensible ante sus preocupaciones sobre la posible repercusión de esta jurisprudencia en la mujer, que se refleja en las enmiendas propuestas. 
Con arreglo a dicha jurisprudencia, a fin de aplicar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, las normas de los regímenes profesionales de pensiones podrían y subrayo podrían, elevar la edad de jubilación de las mujeres o disponer en algunos casos que, a fin de equiparar las prestaciones, las cotizaciones pagadas por los empleadores en algunos regímenes- me estoy refiriendo a regímenes financiados- podrían ser diferentes para las mujeres que para los hombres. 
Déjenme recordarles durante un momento que nos hallamos aquí en un área de la protección social en la que entra en juego la autonomía de los interlocutores sociales y en la que cuestiones como la edad de jubilación y la organización y financiación de los regímenes profesionales son objeto de negociación entre las partes interesadas y, en particular, entre los trabajadores y los empresarios. 
De modo que el margen de maniobra de la Comisión es muy pequeño- y todo el mundo lo sabe -, ya que está obligada, como cualquier otra institución o persona, a atenerse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Ir más allá de esta última no conviene en este momento porque sería imposible obtener el consenso necesario y, en cualquier caso, un paso así rebasaría el carácter puramente declaratorio de la propuesta. 
Además, la Comisión no podría proponer ninguna medida que no entrara en el ámbito de aplicación del artículo 119 del Tratado. 
Por consiguiente, no es posible aceptar las enmiendas referidas a la consideración de los factores actuariales- enmiendas núms. 2, 6, 7, 8, 9, y 10- porque van más allá de la actual jurisprudencia, la cual afirma específicamente que los factores actuariales pueden tenerse en cuenta desde el momento en que su uso cae fuera del ámbito de aplicación del artículo 119. 
Ir en contra de la jurisprudencia en este punto sería introducir nueva legislación y, en todo caso, sobrepasaría el ámbito de aplicación de la Directiva 86/378. 
La razón por la que no puedo aceptar las enmiendas referidas a los trabajadores atípicos- muchas de las aportaciones se refieren a éstos, incluidos los trabajadores a tiempo parcial- es que resultan innecesarias- sólo porque la jurisprudencia ya especifica que la discriminación contra esta categoría de trabajadores puede constituir una discriminación indirecta. 
De la misma manera, las enmiendas núms. 11, 12, 13 y 14 son también innecesarias porque se ocupan de aspectos ya incluidos en la jurisprudencia y que, por lo tanto, es innecesario tratar aquí. 
Quisiera darles las gracias por su apoyo y dedicación al área de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
En este área somos aliados; pero querría decir que el acquis communautaire a nivel europeo es muy importante y un ejemplo a seguir para países no pertenecientes a la Unión Europea. 
Nuestra tarea consiste en garantizar la plena aplicación y eficacia de un principio fundamental del Derecho comunitario, y esta propuesta sobre la que se les pide que emitan dictamen pretende cumplir dicho objetivo en todos los sentidos. 
Quisiera hacer un comentario en relación con lo que dijo la Sra. Lulling porque me parece que viene bastante al caso. 
Lo que la Sra. Lulling preguntaba era si la Comisión estaría a favor de extender la plena igualdad a áreas que no contempla la directiva. 
A ello responderé que «sí». 
Si usted recuerda, en 1987 presentamos una propuesta cuyo propósito era completar la introducción del principio de igualdad de trato en materia tanto de regímenes legales como de regímenes profesionales de seguridad social. 
Sigue estando en la mesa del Consejo, señora Lulling, y en este momento sería prudente estudiar la posibilidad de actualizar la propuesta de 1987. 
Como consecuencia de lo que he oído aquí sobre estas cuestiones, es mi intención hacerlo. 
Agradezco a la Asamblea su atención. 
Señor Presidente, pienso que no he entendido bien la cuestión, pues por un lado el Comisario felicita a nuestra ponente, la Sra. Torres Marques, por su excelente informe, y le comunica que la Comisión comparte con gran preocupación nuestras preocupaciones. Y por otra parte, aunque puede ser debido a la traducción, en mis auriculares he oído que a pesar de las felicitaciones y de la preocupación que agobia al Comisario, al igual que a los presentes en este pleno, no podrá apoyar las enmiendas porque no hay consenso sobre si ello está incluido ya en la jurisprudencia. 
Agradecería que el Comisario lo explicara, pues puedo comprender su preocupación, pero no que no haga nada al respecto. 
Señora Larive, creo que el Sr. Comisario ha intentado explicarlo, pero, dado que este punto, efectivamente, se presta mucho a malinterpretaciones, sería oportuno que el Sr. Flynn volviera sobre el particular. 
Señor Presidente, no creo que tenga que haber ningún malentendido sobre lo que estamos diciendo aquí. 
Estamos proponiendo una operación de puesta en orden. 
En la directiva de 1986 hay algunas inexactitudes, respecto a la jurisprudencia, y ésta es una propuesta declaratoria cuyo fin es producir los cambios necesarios para respetar la jurisprudencia tal como se ha enunciado. 
No estamos poniendo por escrito toda la jurisprudencia, pero todo está incluido en la medida en que toda la jurisprudencia está presente en los considerandos. 
He repasado las enmiendas y analizado cuáles son sus objetivos. 
Algunas son innecesarias porque su contenido ya está contemplado, en tanto que otras no son aceptables porque supondrían modificar el Derecho existente. 
No disponemos de la autoridad para hacerlo a causa de las limitaciones del artículo 119. 
Por ejemplo, la enmienda nº 1 habla de la exclusión de los trabajadores a tiempo parcial, pero es innecesario porque ya está contemplado. 
El considerando nº 5 trata igualmente de este tema. 
De modo similar, todas las enmiendas se han analizado teniendo en cuenta lo que es posible en virtud del actual artículo 119 y si la jurisprudencia ya se ocupa de ello. 
De hecho, no haya nada que las enmiendas nos permitieran hacer que no se haya aceptado ya. 
Señor Presidente, comprendo que dispone usted de poco tiempo y tampoco quiero extenderme. 
Pero esto es un parlamento y se supone que en un parlamento se escuchan los argumentos de otros y se responde a los argumentos de otros. 
He constatado que el Comisario Flynn no ha respondido a muchos de nuestros argumentos. 
He constatado que no ve motivo alguno para aceptar ninguna de las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer para las que hemos realizado un trabajo duro y concienzudo. 
Si el Comisario Flynn dice que no pretende modificar la legislación vigente, no comprendo por qué ha de modificarse esta directiva. 
Sí se modifica la legislación vigente, y es a favor de los fondos de pensiones y en detrimento de las mujeres. Es la cuestión que plantea este Parlamento y que este Parlamento no puede aceptar. 
Quisiera que la Comisión tratara al Parlamento como lo que es, y respondiera a los argumentos que se han formulado aquí. 
Creo que es algo que no ha sucedido en este debate, pero mañana- ya se lo puedo anunciar al Comisario -, antes de la votación final, presentaremos el artículo adecuado para pedir la devolución a la comisión. 
La Sra. Van Dijk está haciendo unas aseveraciones y, como ella dice, es en este Parlamento donde tenemos que intercambiar nuestros puntos de vista sobre estos temas. 
He examinado todas estas enmiendas con una actitud bastante positiva para poder aceptar todo lo que pudiera, siempre que me lo permitieran las disposiciones del artículo 119. 
He examinado en particular esta cuestión del trabajo atípico y de la naturaleza del trabajo atípico porque está recogida en varias de las enmiendas. 
El objetivo de la enmienda nº 5, por ejemplo, es incluir el trabajo atípico. 
Lo único que digo es que el carácter atípico del trabajo ya está contemplado en la medida en que los trabajadores atípicos forman parte de la población trabajadora. 
Si usted piensa, y al Parlamento le parece, que la enmienda nº 5 daría fuerza a lo que están intentando conseguir y añadiría algo que no esté ya contemplado, yo no tendría problemas en aceptarla. 
Pero he de advertirle, como comisario, que de acuerdo con el asesoramiento jurídico que he recibido, es una enmienda innecesaria porque ya se ha atendido a su contenido. 
Esa es la única razón. 
Aún daría un paso más. 
Ha hecho usted ciertos comentarios sobre otras cuestiones relacionadas con algunas enmiendas y una posición que a usted le gustaría que se modificara. 
Ésta es la razón de que fueran tan importantes las observaciones del Sr. Blak y de la Sra. Lulling. 
¿De qué estamos hablando aquí? 
Estamos hablando de los regímenes profesionales de pensiones. 
No estamos hablando de los regímenes legales. 
Fui bastante claro en mi presentación al mencionar los casos en que esto podría perjudicar gravemente las expectativas de las mujeres en algunos tipos de regímenes. 
Pero el artículo 119 no me permite modificar esto por ahora. 
Me complacería mucho dirigir las observaciones que ustedes han hecho a la atención del Consejo y defenderlas; pero, aunque sé que ha llevado mucho tiempo reunir las enmiendas en su forma actual y puedo ver las ideas que esconden, las cuestiones a las que se refieren están ya contempladas en lo que respecta al trabajador atípico y no hay necesidad de insistir en ellas. 
Si tiene importancia para ustedes y presionan sobre la enmienda nº 5, entonces la aceptaré. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Desplazamiento de trabajadores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0265/96) de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, relativa a la posición común del Consejo (C4-0327/96-94/0346 (COD) ) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (Ponente: Sr. Peter). 
Señor Presidente, cinco años después de la presentación del primer proyecto de directiva por parte de la Comisión, el Parlamento Europeo puede ocuparse por fin en segunda lectura de la posición común del Consejo. 
Este logro ha sido ante todo mérito la Presidencia italiana del primer semestre de 1996, lo que ya destaqué en otro lugar. 
Objetivo de la directiva es asegurar que los principios del mercado interior, la libertad de prestación de servicios, por un lado, y la cohesión económica y social, por otro, no se excluyan recíprocamente. 
Con la creciente integración del mercado laboral en la UE se ido mostrando paulatinamente con claridad una inevitable necesidad de regulación. 
Es distorsionador de la competencia y perjudicial socialmente que trabajadores provenientes de un país miembro de la Comunidad en que los salarios son menores realicen en otro país miembro, en el que los salarios y sueldos son sensiblemente superiores, el mismo trabajo que los trabajadores locales pero por un salario inferior. 
Ni a los trabajadores afectados se les paga el valor de su trabajo ni las empresas locales pueden competir contra los bajos precios condicionados por el dumping de salarios. 
Lo mismo es aplicable al desplazamiento de trabajadores de Estados que no pertenecen a la Comunidad. 
El proyecto de directiva señala en la dirección correcta al determinar el principio del salario mínimo. 
Las normas jurídicas existentes en el correspondiente país miembro relativas a la seguridad en el trabajo y a la jornada laboral deberán respetarse en el caso de desplazamiento de trabajadores, además sin excepciones y desde el principio. 
El proyecto de directiva concede ahora a los trabajadores desplazados la posibilidad de acudir al juzgado competente para el lugar de trabajo para que revise sus condiciones laborales y salariales, lo que supone una muy positiva mejora. 
El proyecto de directiva se ha perfeccionado sensiblemente durante la fase de deliberaciones. 
El debate sobre una regulación con o sin plazo de aplicación obligatoria es un ejemplo de ello. 
Al principio estaba previsto no aplicar las normas básicas sobre salario mínimo y vacaciones anuales para los tres primeros meses de un desplazamiento, pero ahora ya no existe este plazo. 
En lugar de ello, son posibles unas excepciones limitadas a la regla. 
En primer lugar, se tiene en cuenta el principio de subsidiariedad ya que los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, podrán renunciar a aplicar las normas sobre el salario mínimo para las cuatro primeras semanas de un desplazamiento. 
En segundo lugar, parece oportuno renunciar a las normas sobre salarios y vacaciones en el marco del cumplimiento de contratos de suministro cuando el desplazamiento no supere los ocho días, siempre que se garantice que esta excepción no es aplicable a uno de los trece tipos de obras que figuran en el anexo 1. 
En tercer lugar, el salario mínimo y el derecho a las vacaciones anuales se podrán suspender si los trabajos a realizar en el marco del desplazamiento son de escasa importancia. 
Respecto a lo que es de escasa importancia, los Estados nacionales se han comprometido en la directiva a introducir una modificación. 
Del ámbito de aplicación de la directiva se han exceptuado las dotaciones de los buques de la marina mercante. 
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, cuyo ponente soy yo, quiere lograr en este contexto una clarificación en el sentido de que los trabajadores desplazados que trabajan en los puertos marítimos en operaciones de draga o de asistencia a la navegación marítima caen en el ámbito de aplicación de la directiva. 
Además, se pide expresamente a la Comisión que se ocupe de modo especial, en el marco de la obligación de información prevista, de cómo son informados los trabajadores desplazados en los Estados miembros de la Comunidad sobre el contenido de la directiva. 
Señor Presidente, como ponente he recomendado a la comisión que no acepte enmiendas sobre la posición común, en lo que me ha seguido. 
Ruego también al Pleno que rechace mañana las tres enmiendas presentadas. 
Para ello hay al menos dos buenos motivos. 
Primero: en el curso de los largos debates, el Parlamento ha logrado que se acepten en gran parte sus posiciones. 
Y, en segundo lugar, y este es por el momento el motivo más importante: cualquier enmienda puede poner en peligro la mayoría cualificada en el Consejo. 
Quien realmente tenga buena voluntad no puede querer esto. 
Del proyecto debe salir por fin una directiva que llene el espacio libre y sea una columna portante de la Unión Social Europea. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias sinceramente a Helwin Peter por el pormenorizado trabajo que ha realizado en este dossier a lo largo de los últimos cinco años- nos ha ayudado mucho. 
El Comisario Flynn está recibiendo muchas puyas en este lugar, pero yo querría alabar el papel que ha tenido en la conclusión satisfactoria a la que todos esperamos que llegue muy pronto el dossier. 
Hubo veces en que la llama de esta vela vacilaba peligrosamente, pero él la mantuvo viva hasta que llegó la Presidencia italiana y la Presidencia italiana consiguió sacarla adelante hasta un punto, allá por junio, en que se hizo posible un compromiso. 
Así que, felicitaciones también a ella por el valioso papel que ha desempeñado. 
Esta propuesta sobre el desplazamiento de los trabajadores es, desde luego, una propuesta de gran trascendencia, tan importante a su modo como la anterior directiva sobre los comités de empresa. 
Por ello nos parece que si queremos adoptar una actitud madura ante la propuesta, deberíamos hacer exactamente lo que ha propuesto el ponente, que es aprobar esta semana la posición común sin ninguna enmienda. 
De hecho, la posición común en su forma actual se basa en algunos aspectos en el dictamen del Parlamento en primera lectura. 
En relación con el umbral, por ejemplo, o con la inclusión de nacionales de países terceros, en realidad va más lejos que el dictamen del Parlamento en primera lectura. 
Por ello queremos que se apruebe lo antes posible. 
La mejor manera en que podemos ayudar al proceso es aprobar la posición común sin enmiendas esta semana. 
La propuesta está basada en los artículos 57 y 66 del Tratado. 
Por lo tanto, tiene que ver con la libertad de circulación y la libertad de prestación de servicios en el mercado único, cosas que pueden ser muy importantes y positivas para el funcionamiento de dicho mercado. 
Pero en ausencia de las disposiciones de una directiva como ésta, pueden ser también muy negativas y destructivas. 
En el Reino Unido tenemos en escena desde hace bastante tiempo una comedia titulada «Auf Wiedersehen, Pet». 
Narra la historia de un grupo de trabajadores de la construcción de mi propia región, región con un alto nivel de desempleo, que viven en una chabola en el solar de la obra en la que trabajan en Alemania. 
Es una historia divertida sobre las aventuras y desventuras de este grupo de hombres, quienes viven al margen de la sociedad alemana en las zonas oscuras fuera de la ley alemana. 
El problema es que en la vida real la situación no es nada divertida. 
Miles y miles de personas de regiones como la mía se ven obligadas a vivir de esta manera y no es nada divertido. 
No es que me esté metiendo con Alemania: se podría coger cualquier combinación de Estados miembros para hacer el mismo comentario. 
Allá en mi distrito electoral, una semana sí y otra no, vienen a mi oficina con sus problemas personas que se han enzarzado con esta situación. 
Personas que han sufrido injurias en el trabajo, que de repente se encuentran con que no tienen un contratador legal, con que no pueden aspirar a ninguna reparación ni compensación; personas a las que no sólo no se les paga por el trabajo que han acometido, sino que se encuentran con que su supuesto empleador no ha mantenido al corriente las cotizaciones a la seguridad social; o personas que se han encontrado virtualmente atrapadas, pagando alquileres exorbitantes en lugares de alojamiento condicionados bajo el control de su empleador. 
No todos estos problemas se resolverán con la directiva sobre desplazamiento de los trabajadores, pero con ella se creará un marco para que la gente pueda estar protegida y ejercer estas libertades: la libertad de circulación y la libre prestación de servicios. 
Las libertades sólo tienen sentido si suponen una verdadera posibilidad de elección. 
La presente directiva sentará las normas básicas para que los trabajadores puedan realizar una verdadera elección en aplicación de estas libertades. 
Más de tres años después de la primera lectura, el Consejo llegado a una posición común. También más de un año después de que debatiéramos sobre estas cuestiones. 
Creo que en efecto hemos de felicitar a todos los que han tenido que ver con ello, al ponente, al Sr. Flynn, pero sobre todo a la Presidencia italiana, que ha contribuido de modo excepcional al logro de esta posición común. 
El Grupo del PPE quiere apoyar la decisión del Consejo, porque ahora es el momento de tomar una decisión al respecto. 
Sin embargo, esto no significa que el Grupo del PPE no tenga algunas observaciones que hacer. Habríamos querido incluir dichas observaciones en una explicación que acompañara a la directiva, y en realidad el Sr. Peter las acaba de enumerar. 
Se tata de la tripulación de los buques mercantes. Se trata del ámbito de aplicación de los convenios colectivos declarados vinculantes, y se trata del control por parte de los Estados miembros de las normas mínimas. 
El reglamento de este Parlamento no prevé una declaración de este tipo y con ello creo que este Parlamento se tapa la boca. 
Pero pretendemos volver sobre esta cuestión en una próxima sesión con una pregunta oral. 
El Grupo del PPE se alegra de que los trabajadores europeos ya no estén discriminados frente a los súbditos del país en los que son contratados. 
El Movimiento Sindical Europeo ha tenido que esperar mucho para lograrlo. Sobre todo en la construcción se aprecia mucho esta directiva, porque puede resolver muchos problemas transfronterizos en este sector. 
De este modo se podrá luchar mejor contra el fraude a la seguridad social y el fraude fiscal por parte de los contratistas de mano de obra. 
La directiva de desplazamiento es una parte esencial de la dimensión social del mercado interior. La directiva de desplazamiento es esencial para evitar en Europa una lucha competitiva basada en el dumping salarial. 
En la directiva se aplica el principio de lex loci laboris. 
Se aplica la ley del país en el que el trabajador desempeña sus actividades. Al incluir este principio en la directiva y darle vigencia desde el primer día, se logra que los trabajadores reciban un trato igual a partir del primer día de trabajo. 
Los trabajadores extranjeros tienen derecho al mismo salario que los trabajadores nacionales, siempre que se encuentren en la misma situación, claro está. 
Con ello se evita que los empresarios contraten mano de obra barata en el extranjero, pagando mucho menos que a los trabajadores nacionales. 
Y, especialmente, la directiva se aplica también a los trabajadores y empresarios de fuera de la Unión Europea que trabajan aquí. 
El Grupo del PPE considera que es una directiva tan importante que apoyará la posición común del Consejo, sin enmiendas. Sobre todo porque es bastante mejor que la propuesta original de la Comisión, y está muy cerca de las propuestas del PPE en la primera lectura, que entonces, señor Peter, iban más lejos que las del Grupo Socialista. 
Señor Presidente, se comprende fácilmente por qué el transporte de flete marítimo se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la directiva. 
En efecto, en este caso se trata de un mercado totalmente internacionalizado y la aplicación de tales medidas penalizaría gravemente la competitividad de los buques comunitarios y llevaría a los armadores a transferir sus barcos a pabellones de conveniencia incluso a pesar suyo. 
En compensación, la problemática de los transbordadores de carga rodada, es decir, los ferris, es totalmente diferente y con nuestra enmienda proponemos mantenerlos en el campo de aplicación por las razones que voy a explicar a continuación. 
La primera de ellas concierne al principio de la competencia leal entre los armadores de la Comunidad, competencia que nuestro ponente ha reafirmado. 
Tomemos el ejemplo de las conexiones de la Mancha. 
El coste salarial anual de un buque de pasajeros es ya muy variable según se trate de un buque francés o británico. 
Un buque francés: 37 millones de francos; el mismo buque británico: 29 millones de francos. 
Sin embargo si se sustituye la mitad del personal británico por personal asiático, el coste salarial desciende a 19 millones de francos. 
Si se compara este coste con los 37 millones de francos, ¿dónde está la competencia leal? 
No insistiré en la segunda razón que se desprende evidentemente de la primera pues se trata de la salvaguardia del empleo de los marinos comunitarios. 
Quisiera emplear el poco tiempo que me resta en hablarles de otro problema, de otra de las consecuencias de una medida como ésa para la seguridad. 
La hemos visto en casi todos los accidentes marítimos, de consecuencias a veces catastróficas. 
El factor humano es determinante, ya se trate de la causa inicial de un accidente o de la gestión de la situación de crisis provocada por el accidente. 
A bordo de un buque, por muy moderno que sea, la seguridad es ante todo un asunto de personas. 
Ésta es la razón por la que el Código Internacional para la Gestión de la Seguridad aboga por la constitución de tripulaciones coherentes, bien preparadas para hacer frente a situaciones de emergencia y cuyos miembros sean capaces de comunicarse fácilmente entre sí y con los pasajeros. 
La experiencia demuestra que, en un buque de pasajeros, es ilusorio pensar que haya miembros del personal que no tengan ninguna función que realizar en una situación de emergencia. 
Toda la tripulación debe ser formada en la seguridad. 
En fin, destacaría también que los frecuentes relevos de las tripulaciones, tal como se practican en los buques de rotación rápida con el fin de evitar la excesiva fatiga que se deriva del ritmo tan particular de este trabajo, sólo se conciben con un personal residente en las cercanías del puerto de embarque. 
Precisamente por ello, los colegas que no voten nuestra enmienda asumirían, con respecto a la seguridad a bordo de los buques de pasajeros, una enorme responsabilidad. 
Señor Presidente, tal como han dicho ya varios oradores, esta propuesta es una cuestión de «lo toma o lo deja». 
En 1993, nuestro Grupo apoyó un compromiso, y ahora la mayoría de mi Grupo volverá a apoyar la propuesta, y por esa misma razón no ha presentado enmiendas. 
Ahora bien, quiero llamar la atención sobre un punto al que se han referido varios compañeros, y es la cuestión del personal navegante. 
En estos momentos, todo hay que decirlo, en este sector suele reinar el caos. 
En los puertos próximos a la zona en que vivo, sucede regularmente que la tripulación es puesta de patitas en la calle o incluso abandona los barcos porque las condiciones de trabajo son tan malas. 
Quiero señalar que nos encontramos ante una mundialización de la economía mundial, que el comercio crecerá y que cada vez más cosas irán por barco. 
Por ello, a mi entender, esta cuestión tendrá que tratarse en la consulta sobre el comercio mundial. 
No podemos permitir que el en mar reine el caos, cuando por lo demás establecemos una buena reglamentación para los trabajadores. 
Señor Presidente, el examen de la directiva relativa al desplazamiento de trabajadores ha sido exasperantemente largo. 
En muchos países, esta situación ha tenido consecuencias negativas, ya que los salarios de los trabajadores desplazados temporalmente a otro país son significativamente inferiores al nivel nacional de los salarios. 
El desplazamiento de trabajadores ha posibilitado una creación de empleo tal vez aceptable para los trabajadores del país con nivel de salarios más bajo, pero en mi opinión, también para ellos tiene consecuencias negativas en cuanto a las condiciones salariales. 
No obstante, el procedimiento sólo transfiere el desempleo de un país a otro e incrementa la presión para recortar los salarios y la protección social en los Estados miembros con un nivel de salarios y una protección social superiores. Esto es un mal asunto para todos. 
La posición común del Consejo no responde en todos los aspectos a los objetivos del movimiento sindical europeo. 
En particular, las excepciones desvirtúan la directiva y originan problemas de aplicación. 
El tercer apartado, donde se permiten excepciones en caso de que los trabajos que han de realizarse sean de poca entidad, resulta, por su redacción, impreciso y puede dar lugar a formas de aplicación muy distintas en los diferentes países miembros. 
Dado que, de acuerdo con la primera excepción, se puede decidir a nivel nacional acerca de la práctica que ha de seguirse para los trabajos con una duración igual o inferior a un mes, cabe preguntarse si con esa excepción no se abarcan ya las situaciones en las que la entidad de los trabajos sea menor. 
A pesar de esta crítica, es importante que se apruebe la directiva aunque tenga defectos. 
Gracias a ella se podrán establecer ciertas condiciones laborales aplicables a los trabajadores desplazados y también se impedirá en todo el territorio de la UE el dumping de mano de obra procedente de terceros países. 
La obligatoriedad con carácter general de los convenios colectivos constituye la piedra angular del sistema de contratación finlandés. Finlandia basa la legislación relativa a las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros precisamente en esa obligatoriedad. 
Con esta directiva se van a lograr nuevas posibilidades. Felicito al Sr. Peter por el trabajo que ha realizado y espero que el Consejo apruebe cuanto antes la entrada en vigor de esta directiva. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, nos encontramos entre nosotros. 
En primer lugar, quiero adherirme plenamente a lo que han dicho los Sres. 
Peter y Hughes. Como yo soy yo y además un Verde, tengo que plantear algunos problemas adicionales. 
En primer lugar, se encuentra el problema de las excepciones. 
Va a ser necesaria mucha jurisprudencia para que en este aspecto no haya fisuras. 
En segundo lugar, está el urgente problema de la información a los trabajadores provenientes del extranjero sobre sus derechos. 
Los Estados miembros tendrán que hacer mucho en este aspecto. 
En tercer lugar, está el problema de la aplicación que afecta precisamente a Gran Bretaña. 
Hay que realizar una definición correcta de lo que es trabajo por cuenta ajena, pues hay muchos seudo autónomos, la mayoría de los provenientes de este sector, quienes, en forma de seudo autónomos que llevan su fábrica consigo en forma de un maletín de instrumentos, vendrán a Alemania y en este aspecto hay que hacer realmente aún mucho. 
Sin embargo, es urgente que ocurra por fin algo y que la posición común entre en vigor lo antes posible. 
Digo a los colegas que mediante sus enmiendas lo ponen en peligro así como al Sr. d´Aboville, que en el debate sobre las directrices de la OMI, la Organización Marítima Internacional, si es que no lo sabe, o en el debate sobre las directrices europeas relativas a la seguridad o dotaciones para todos los barcos que recalan en puertos europeos, es mejor que colaboren con nosotros en lugar de querer aclararlo ahora en este lugar. 
No se puede aclarar ahora de prisa y corriendo sin poner en peligro realmente la solución de este problema central. 
A la postre, no se trata de otra cosa que de la reconstrucción del status jurídico y civil del trabajo por cuenta ajena, que actualmente es atacado y socavado desde todas direcciones. 
La navegación marítima, con los segundos registros y los pabellones ha sido el campo de experimentación y quiero felicitar también al Sr. Flynn si logra estabilizar esto. 
Se haría acreedor al mérito histórico de haber dado el primer paso para la nueva definición de status del trabajo por cuenta ajena como una categoría civil activa, una categoría con derechos y la correspondiente protección, por la que tenemos que luchar conjuntamente. 
Señor Presidente, es comprensible que precisamente la Directiva sobre el desplazamiento haya dado lugar a tantos y largos debates. 
Ha sido debatida en el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales. 
El tema ha estado en el orden del día hasta seis veces. 
Ha sido debatido por empresarios y por trabajadores, en la Comisión y en el Parlamento, y probablemente en amplios círculos en todos los Estados miembros. 
En el contexto de la UE, Dinamarca es conocida por varios motivos, entre otros la existencia de límites claros entre lo que puede ser pactado por los interlocutores sociales y lo que corresponde a la legislación. 
Empresarios y trabajadores se muestran preocupados por el contenido de las directivas en general y de ésta en especial. 
Su preocupación se debe a que esta directiva socavará el derecho a la celebración de convenios colectivos en Dinamarca. 
Cada vez que se aplica una directiva de la UE, se reduce algo el derecho de libre negociación, ya que la aplicación no se realiza nunca al 100 % por la vía de las negociaciones. 
El resto se hace a través de la legislación. 
En Dinamarca, la gente que trabaja en el sector de la construcción, sobre todo, es muy escéptica respecto a la directiva. 
No obstante, parece que el Consejo ha tenido este sector en cuenta al adoptar su decisión, si bien ¿qué pasará con los otros sectores? 
No parece que la directiva haya tenido en cuenta los problemas que pueden surgir en ellos. 
El propio informe del Sr. Peter indica que ya no se prevén períodos de no aplicación obligatoria y a continuación se señalan ciertas excepciones. 
En el punto 1 se indica, por ejemplo, lo siguiente: » Cuando el desplazamiento de un trabajador no dure más de un mes, los Estados miembros podrán, previa consulta a los interlocutores sociales y de conformidad con usos y costumbres del país, renunciar a aplicar el salario mínimo.» 
Nos vemos ahora obligados a formular la siguiente pregunta: ¿No es ésta otra forma de decir que se mantiene un período de no aplicación de hasta un mes? 
Queremos también señalar que el papel asignado al Estado en este juego supone una limitación del derecho de libre negociación entre los interlocutores sociales en Dinamarca. 
Además dice el punto 3: » Lo dispuesto en materia de salario mínimo y de duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas es de aplicación facultativa en el caso de los trabajos de «escasa importancia».» 
¿Quién define lo que se entiende por «escasa importancia» , el país de trabajo o el país de residencia? 
Cuando un sindicato como el FTF, el sindicato de los funcionarios de Dinamarca, dice que ve la libertad de huelga seriamente amenazada por la Directiva sobre desplazamiento, tenemos que darles la razón. 
La directiva supone una amenaza real. 
La vemos como un eslabón más en la cadena de armonización en el ámbito de los convenios colectivos y del mercado de trabajo, y en vista de ello nos vemos obligados a rechazar el informe. 
La regulación jurídica, ante todo de las condiciones marco financieras para el desplazamiento de trabajadores que prestan servicios en otro país miembro, es una necesidad urgente para enfrentarse al dumping salarial dentro de la Comunidad. 
Al eludirse masivamente los salarios nacionales, en algunas regiones y, en especial, en el ramo de la construcción, la oferta de empleo es muy baja. 
Además, en la competencia de las diversas empresas entre si se producen fuertes distorsiones. 
La directiva del Consejo intenta reducir el dumping salarial así como la distorsión en el sector de la libre prestación de servicios a un nivel de neutralidad competitiva para todos los trabajadores que prestan servicios. 
Por ello, en la directiva es importante la norma que permite al correspondiente Estado nacional realizar él mismo la regulación en el plazo de un mes. 
Hay que dejar al Estado nacional la decisión de introducir inmediatamente tal norma sin plazo de transición al inicio de una actividad de prestación de servicios o si espera como máximo un mes. 
Es importante para el Estado que tenga esta posibilidad de elegir pues en el caso de desplazamiento de trabajadores de países de salarios elevados a otros de salarios más bajos no es necesario establecer trabas burocráticas, ante todo en caso de trabajos de corta duración. 
Por el contrario, en caso de desplazamientos de trabajadores de países de salarios bajos a países de salarios más elevados, si se aplica inmediatamente la norma se protegen a los trabajadores locales y se evitan distorsiones competitivas a las empresas. 
No obstante, debemos tener claro que esta directiva es solamente un paso en la lucha contra la distorsión de la competencia y por el fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, en consecuencia, para el aseguramiento de los puestos de trabajo. 
Igualmente importante es la mayor flexibilidad de los horarios de trabajo y la necesaria desgravación fiscal de los costes laborales, ante todo en los países de salarios elevados, lo que puede proporcionar a las empresas una mayor competitividad. 
Señor Presidente, hemos tenido que esperar mucho tiempo hasta que el Consejo se ha decidido por fin a presentar una posición común sobre la llamada directiva del desplazamiento de trabajadores. 
El largo tiempo que ha necesitado el Consejo para adoptar una decisión es para mí solamente otro indicio de que en ese gremio de Gobiernos nacionales de la Unión Europea precisamente las normas relativas al campo social se aplazan sine die si es que no se bloquean o estrangulan totalmente. 
El ponente, Sr. Peter, dice en su informe que el Parlamento ha logrado en lo esencial sus objetivos en el marco de los debates sobre el proyecto modificado de la Comisión y la posición común. 
Esto es importante, pues precisamente en las cuestiones sociales el Parlamento Europeo es el motor dentro de la Unión. 
El excelente informe del colega Peter es el mejor ejemplo de ello. 
El informe no proporciona al Consejo ninguna excusa para seguir retrasando la entrada en vigor de la directiva. 
Espero que su entrada en vigor sea una señal social de la que tome nota la población de la Unión. 
Espero que contribuya a que la tan cacareada Unión Social recupere algo de credibilidad. 
Quiero referirme en este lugar de un modo algo más detallado al problema que ha planteado la elaboración y establecimiento de una directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. 
Los trabajadores de los países en los que existe un nivel salarial elevado y unos costosos estándares sociales ven peligrar su existencia debido a trabajadores provenientes de países en los que el nivel salarial y social es bajo. Esto ocurre ante todo en el ramo de la construcción que precisa de mucha mano de obra y que depende en gran medida de la coyuntura. 
Por ello, es necesario garantizar que se pague siempre el mismo salario por el mismo trabajo en el mismo lugar y, si es posible, desde el primer día de trabajo. 
Los críticos de esta regulación aluden que de este modo se relativiza una de las cuatro libertades fundamentales del mercado interior, es decir, la libre circulación de personas. 
Puede que sea así, pero quiero decir con toda claridad que esta directiva es necesaria para corregir las repercusiones extremadamente negativas de la libre competencia. 
Mediante esta regulación se pretende lograr la protección de los trabajadores del país anfitrión y, al mismo tiempo, se garantiza que los trabajadores de países de bajos salarios no tengan que trabajar en el extranjero por cuatro perras. 
Además estoy seguro de que la aplicación de la directiva no va a eliminar la ventaja competitiva que tienen en el mercado libre de trabajo los trabajadores de los países con un nivel salarial bajo. 
La directiva no llega hasta tal extremo en su redacción actual, pues prevé excepciones al respecto. 
Depende de los Estados nacionales impulsar la aplicación de esta directiva. 
Coincido con el ponente en que sus efectos prácticos dependen en lo esencial de la eficacia de los instrumentos de control a nivel nacional. 
Labor de la Comisión es velar por que los Estados la apliquen y espero que el informe que la Comisión va a presentar a este Parlamento dentro de algunos años constate que precisamente en los sectores sensibles del mercado laboral el dumping salarial ya no representa ningún problema. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de la aportación de servicios es urgentemente necesaria. 
Hoy se da una gran importancia al principio del shareholder value y se coloca sobre la dignidad humana con la aparente justificación de no querer limitar la libertad de circulación de las personas o bien se aducen otros motivos. 
Quiero describir la situación de los trabajadores que vienen a nuestro país provenientes de Gran Bretaña y Portugal o de los países de la Europa oriental. 
Por entre 5 y 8 marcos a la hora viven en barracones, en contenedores-vivienda, como sardinas en lata. 
Como no se pueden permitir comer en restaurantes, viven de pan y embutidos para poder enviar algo a sus familias. 
Me pregunto dónde está aquí la dignidad humana. 
Soy de la opinión de que debe realizarse por fin la equiparación de los trabajadores de dentro y fuera de la Unión. 
Por lo demás, nadie habla de que se trata también de una distorsión de la competencia. 
Algunos países de la UE han adoptado ya medidas para impedir tales situaciones. 
Otros sacan beneficios de ello porque no han aprobado hasta ahora tales normas. 
La Comisión debe impedir estas distorsiones de la competencia. 
Para eso está ahí. 
También pondría coto a la delincuencia económica y a los abusos sociales que van unidos a estas prácticas. 
Esta directiva no permite un aplazamiento, por lo que coincido con el colega Peter en que no podemos permitir enmiendas positivas ni negativas. 
Vamos a rechazarlas todas pues no podemos seguir impidiendo la directiva y no debemos proporcionar la Consejo ninguna excusa para frenarla. 
Me permito felicitar expresamente al colega Peter y al Comisario por haberla puesto en marcha. 
Señor Presidente, me voy a referir aún al interés de los medios de comunicación. 
Si hablásemos sobre la Sociedad Anónima Europea, estarían presentes allí arriba un gran número de televisiones, pero cuando se trata de estas cosas, lamentablemente, no están aquí. 
Señor Presidente, la propuesta tiene por objeto coordinar las legislaciones de los Estados miembros con el fin de crear reglas imperativas que deben respetar las empresas que trasladan a sus trabajadores a otro Estado miembro de la Unión. 
Ciertamente, dicha armonización, que por definición supera las competencias territoriales de los Estados miembros, implica una atención especial por parte de la propia Unión. 
Estas normas de protección deben obviar esa inseguridad jurídica que acompaña a los fenómenos de traslado y responder a las exigencias de los trabajadores; además, deben conducir a desarrollar condiciones de competencia leal. 
Resaltamos el hecho de que la directiva no pretende armonizar las reglas materiales de los Estados miembros, relativas al derecho laboral y a las condiciones en las que se realiza, sino que pretende coordinar los reglamentos precisamente para determinar una lista de prioridades. 
Pensamos que la Unión debe establecer un instrumento comunitario que regule toda la cuestión. 
En definitiva, la directiva trata del estatuto de los trabajadores y de la tendencia a la subcontratación, que se basa en el principio de hacer efectuar los trabajos por empresas no nacionales. 
Nosotros confiamos en que la Comisión defienda de manera eficaz a las industrias del sur, de modo que puedan mantener su principio de competencia y ejercerlo garantizando los correspondientes derechos sociales a los trabajadores. 
Por último, concedemos gran importancia al previsto deber de información y de cooperación entre los Estados, obligación que debe ampliarse también a los Estados miembros que en el Consejo no han aprobado esta posición común. 
Señor Presidente, el objetivo de esta directiva, que dota a la Unión Europea de un fundamento jurídico con vistas a luchar contra el dumping salarial en todos los Estados miembros, es el de acabar con la discriminación y la explotación a que están sujetos millares de trabajadores, en particular portugueses, cuando se los traslada a otros países comunitarios, y- lo que es más importante- restablecer el respeto y la dignidad a que tienen derecho los trabajadores, al no permitir que la competencia internacional de las empresas se haga a costa de la desvalorización del trabajo. 
He de afirmar aquí que la aprobación de la posición común da la razón a la lucha de las centrales sindicales, en el nivel europeo, y de las centrales sindicales de los principales países interesados. 
Pero no hay belleza sin mácula. 
Esta directiva, al ser más exigente para el sector de la construcción civil, discrimina en cierto modo a otros sectores de actividad. 
La existencia de exenciones de aplicación voluntaria por los Estados miembros podría crear desigualdad de trato entre los sectores de actividad, entre empresas y entre trabajadores. 
Por último, según su formulación, los convenios colectivos o las decisiones arbitrales podrían no garantizar la igualdad de trato entre empresas nacionales y extranjeras que puedan prestar el mismo servicio. 
Por nuestra parte, aprobamos las medidas encaminadas a luchar contra el dumping social y la explotación de los trabajadores, pero no podríamos aceptar que, mediante esas medidas, se pusieran en práctica discriminaciones desfavorables a las empresas portuguesas que operan en el mercado común y mucho menos aceptar que no se aplicaran medidas idénticas a empresas de terceros países. 
Lamentamos el largo tiempo transcurrido entre la presentación de la primera propuesta de directiva y la presente fecha, con el consiguiente retraso de más de seis años en la adopción de las indispensables medidas de lucha contra el dumping social en el Mercado Único comunitario. 
Subrayo este aspecto para hacer otro llamamiento a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a fin de que se conceda la importancia debida a la dimensión social de la construcción europea. 
Esperemos que la Comisión acepte la petición hecha por el ponente de que presente un informe en el plazo de cinco años después de la entrada en vigor de esta directiva. 
Tal vez el análisis de ese informe nos dé la razón en nuestras preocupaciones. 
Señor Presidente, señoras y señores, la presente propuesta de directiva- rechazada por lo demás en el Consejo por Gran Bretaña y Portugal- cree que existe una necesidad de proteger a la industria de la construcción en los llamados países de salarios elevados y parte de la suposición de que el desplazamiento de trabajadores de los llamados países de salarios bajos supone un dumping salarial y social que trae como consecuencia unas condiciones de competencia desleal. 
Pero la causa principal del dumping salarial y social que se puede observar en los llamados países de salarios elevados es el preocupante aumento de las relaciones de empleo ilegales. 
Lo que este proyecto de directiva pretende es que, mediante unos pagos superiores, no sea rentable económicamente el desplazamiento legal de trabajadores de países de salarios bajos a los países de salarios elevados. 
Una limitación de este tipo del desplazamiento legal no contribuiría, pues, en lo más mínimo a erradicar la causa principal del empleo ilegal. 
La autorización de unos salarios mínimos estatales o tarifarios no solamente tiene el efecto de eliminar la ventaja de costes salariales que supone el desplazamiento de trabajadores de países de salarios reducidos a países de salarios elevados, sino que ante todo impide o al menos dificulta considerablemente que los trabajadores desplazados encuentren un empleo en los países anfitriones con un nivel salarial superior. 
El artículo 48 del Tratado de la CE, en relación con el apartado 2 del artículo 7 A, protege la libertad de los trabajadores a trabajar en todos los Estados miembros en las condiciones que ellos mismos determinen. 
Este derecho a la libre circulación de las personas es uno de los pilares del mercado interior y corresponde también a los trabajadores desplazados que trabajan en otro país bajo las condiciones laborales de su país de origen. 
Pero el ejercicio de este derecho se imposibilitaría en gran medida o, al menos, se limitaría fuertemente en caso de hacerse realidad el proyecto de directiva presente. 
Impedir o dificultar el ejercicio supone un socavamiento inaceptable del derecho a la libre circulación de personas. 
La supresión unilateral del factor competitivo de los costes salariales tiende a expulsar del mercado a los oferentes extranjeros de obras lo que atenta contra uno de los principios fundamentales del mercado interior europeo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Peter por su excelente informe. 
Dar, asimismo, las gracias al Parlamento por su generosa respuesta ante lo que hemos pretendido hacer en lo que respecta a la aprobación final de la propuesta. 
En esta Cámara hay un firme apoyo a la posición común aprobada el 3 de junio por el Consejo sobre la propuesta de directiva relativa al desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. 
Ciertamente, señor Konrad, creo que fue su idea la que nos inspiró a todos al intentar dar finalmente reposo a este tema. 
La dificultad estaba en proteger la libertad de circulación como derecho fundamental y pilar de la Unión Europea y además, como ha dicho el Sr. Peter, impedir el dumping salarial, el dumping social y todos tipos de dumping. 
Quiero, por supuesto, dar las gracias al Sr. Hughes y a sus colegas, quienes expusieron el valor añadido de esta propuesta, y creo también que procede dar las gracias al Presidente en ejercicio del momento, el Sr. Treu, quien trabajó arduamente para convencer al resto de sus colegas de que había que establecer el compromiso final. 
Aprobando esta posición común, desde luego, estarán ustedes abriendo la puerta a una rapidísima aprobación definitiva de la directiva. 
Deseo asimismo felicitarles por las mejoras que han introducido en la propuesta de directiva inicial a través del proceso legislativo. 
Un diputado dijo que se había debatido en seis reuniones del Consejo de Asuntos Sociales; creo que yo había contado casi ocho en los que se había hablado de ello. 
Tal como señaló la Comisión en su reciente comunicación al Parlamento, ahora la posición común contiene una serie de características importantes que reflejan las enmiendas que propuso el Parlamento en febrero de 1993. 
En este campo tan complejo de las normas que regulan los conflictos entre leyes aplicables a los contratos de trabajo, hemos conseguido llegar a un texto que, a la vez que realista, mantiene un equilibrio esencial entre las libertades económicas y los derechos de los trabajadores. 
En vista de todo ello, la Comisión no puede aceptar las enmiendas que hoy se nos presentan cuyo contenido probablemente pondría en peligro lo que nosotros pensamos que es un equilibrio difícilmente conseguido. 
Se ha mencionado la cuestión de los servicios de transporte por medio de buques de transbordo rodado, sobre todo el Sr. d ' Aboville. 
He de decir que dichos servicios no constituyen un desplazamiento a los efectos de la directiva que nos ocupa. No es un instrumento adecuado para tratar los problemas que pueda haber en este área, motivo por el cual no podemos aceptar la enmienda. 
Me gustaría decir al Sr. d ' Aboville que los buques que cubren estos recorridos transportan mercancías y pasajeros de un Estado miembro a otro sin que se transfiera la base de operaciones de los buques a otro Estado miembro, y al finalizar el servicio los buques regresan a su base de operaciones. 
En casos así no se produce un desplazamiento de los trabajadores a los efectos de la directiva y, además, a estos buques generalmente les es aplicable la ley del pabellón. 
El desplazamiento de trabajadores desde un buque que porte el pabellón de un Estado miembro a otro que porte el de otro Estado miembro es muy poco frecuente, de modo que no podemos aceptar esa enmienda concreta. 
El Sr. Wolf hizo una observación muy importante sobre lo difícil que podría resultar transponer la directiva al Derecho nacional y creo que la observación es acertada, pero es nuestra responsabilidad que el Derecho comunitario se aplique efectivamente y con eficacia. 
Querría decir al Sr. Wolf y a la Asamblea que vigilaremos con mucho cuidado la transposición de este acto legislativo, ya que en su aplicación se reflejará el carácter transnacional de las disposiciones. 
Puedo asegurarle que la Comisión va a observar minuciosamente cómo se aplican las disposiciones en los Estados miembros, así como las medidas adoptadas en caso de incumplimiento de la directiva. 
Asimismo, la Comisión se mantendrá alerta al comprobar los pasos dados por los Estados miembros para difundir la información que se menciona en el artículo 4. 
Hemos hecho esto en varias ocasiones en el pasado, con bastante éxito. 
Por otro lado, la Comisión está dispuesta a ayudar a los Estados miembros a buscar los medios adecuados para facilitar la aplicación de la directiva. 
Para terminar, querría dar las gracias a todos los que han alabado muy generosamente al Comisario y al Consejo por dar finalmente reposo a este importantísimo acto legislativo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Reducción del tiempo de trabajo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0207/96) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, sobre la reducción del tiempo de trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, cinco minutos para tratar de las soluciones al problema del desempleo es muy poco tiempo. 
No voy a acometer aquí la tarea de denunciar nuestros procedimientos pues conozco las razones, pero reconozcamos sin embargo que éstas tienen en ocasiones algo de trágica caricatura. 
En fin, vayamos a ello. 
El proyecto de resolución que se ha sometido hoy a debate para votarlo mañana tiene un único objetivo: solicitar a la Comisión que estudie y profundice, con todos los medios econométricos e informáticos modernos, la viabilidad y eficacia de una nueva política de cálculo social encaminada a estimular una fuerte reducción de la duración del trabajo con el fin de disminuir sustancialmente el desempleo. 
Este informe es el resultado de 18 meses de trabajo y debates en el seno de la comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
¿De qué se trata pues? 
El desempleo masivo asola Europa y nada hace suponer que disminuya de forma sustancial en los años venideros; la revolución tecnológica continúa destruyendo empleo de forma masiva y su última versión, la revolución de la información, apenas comienza a producir efectos, que todo el mundo sabe serán desoladores. 
Hace ya mucho tiempo que los servicios dejaron de absorber la mano de obra liberada por la industria y la agricultura. 
Nuestros gobiernos, incluido el que tuve el honor de presidir, lo han intentado todo en una inverosímil acumulación de medidas cada vez más costosas y que no han alterado en gran medida el carácter masivo y temible del fenómeno. 
Hay, sin embargo, una pista que no ha sido suficientemente explotada, y es la de la reducción masiva de la duración del trabajo. 
El informe lo afirma y la propone. 
¿Es eficaz esta pista para la creación de empleo? 
Hay dudas. 
No hay certeza absoluta pero vale la pena que se estudie el desafío con más detenimiento, y eso es lo que proponemos solicitar de la Comisión. 
Un proceso como éste es demasiado complejo para ser impuesto por ley de manera uniforme y repentina. 
Sólo puede resultar de negociaciones de empresas. 
El problema de los poderes públicos es saber estimularlo con firmeza sin que ellos mismos sustituyan a los interlocutores sociales. 
A partir de ahí, la reducción de la duración del trabajo sólo puede generalizarse si es solicitada, y sólo lo será si se preservan, en lo esencial, los salarios. 
¿Es esto posible? 
En todo caso, no a cargo de las empresas, sometidas a una competitividad tan severa que un proceso como éste sólo es aceptable para ellas a unos costes unitarios de producción constantes y sin ningún aumento de las cargas. 
Como, por otra parte, todos los Estados se encuentran en situación de déficit presupuestario, no pueden aceptar un aumento de esos déficits. 
La única reserva financiera surge del hecho de que en la Unión, nuestros Estados gastan aproximadamente un 4, 5 % del producto nacional bruto, o sea alrededor de 350.000 millones de ecus para toda la Unión. 
Pero, a petición del PPE, he aceptado no mencionar esta cifra enorme en el texto escrito de la resolución, pues hay algunas dudas sobre su valoración. 
En todo caso quédense con sus enormes dimensiones. 
Este gasto sirve para mantener a los desempleados, sin que ello ayude a crear un solo empleo. 
Si el desempleo disminuyera de forma masiva, este gasto disminuiría de igual modo. 
La economía así planteada puede ponerse a disposición de las empresas para compensar las pérdidas de salarios en proporciones que pueden ir de un 85 a un 95 % y que deben resultar de negociaciones. 
La nueva idea a estudiar, consistiría en modular las tarifas de las cotizaciones sociales, y quizá en alguna parte- Inglaterra, Dinamarca -, de los impuestos que atenazan a las empresas para bajarlos fuertemente, en torno a la mitad, por debajo de 32 horas semanales y para multiplicarlas por más de dos por encima de las 32 horas. 
El cálculo debe hacerse de tal forma que una empresa que no cambiara ni sus efectivos ni la duración del trabajo pagase las mismas cargas- no estamos aquí para aumentar los déficits- pero una empresa que disminuyera de forma significativa la duración del trabajo consiguiera un ahorro muy importante en sus cargas que destinaría a la compensación de las pérdidas salariales, lo que le permitiría, o bien no llevar a cabo despidos, o sobre todo llevar a cabo contrataciones hasta compensar la reducción, y por tanto, permitir un ahorro al Estado y a las instituciones sociales. 
Los cálculos muestran que se puede esperar la creación de varios millones de empleos rápidamente en la Unión. 
No hay en estudio y en ninguna parte, medidas de un efecto tan potente. 
Nuestra preocupación es que la gran mayoría de este Parlamento se una a lo que no es una ley europea sino una demanda de verificación de una idea. 
También hemos aceptado, a petición de los grupos PPE y liberal, modificar el título del texto que fue «Resolución sobre la reducción del tiempo de trabajo» y que se ha transformado en «Resolución sobre la reducción y la reordenación (Reduction and Adaptation) del tiempo de trabajo». 
Igualmente hemos aceptado muchas enmiendas; podrán verlo ustedes mañana en el texto ya que no he tenido tiempo para describirlas. 
También hemos aceptado, con el fin de evitar controversias, no citar la enorme masa de maniobras financieras, de gastos del desempleo que puede disminuir. 
En compensación, Señorías, he pedido al grupo liberal, y creo haberlo conseguido, que retire su demanda simultánea a la Comisión de un estudio sobre la eficacia de los empleos subvencionados pues en este caso no se trata de empleos subvencionados, sino de una política de tarificación, lo que no tiene nada que ver. 
No debemos provocar confusiones. 
Señorías, nuestro Parlamento se honraría enormemente sometiendo a la Comisión y a toda la opinión pública una idea innovadora, fuerte y quizá por fin eficaz en el combate contra el desempleo. 
Señor Presidente, en primer lugar querría dar las gracias al Sr. Rocard y a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo por lo que resulta ser un informe muy interesante y estimulante. 
Pese a que, después de la Cumbre de Essen, los gobiernos han ido instaurando políticas concertadas en materia de crecimiento, formación laboral, flexibilidad del mercado de trabajo y reforma de la seguridad social, no hemos prestado suficiente atención al tema de las horas de trabajo y cómo puede contribuir a solucionar nuestro problema de desempleo. 
Es un tema que sigue al Libro Blanco presentado por el Presidente Delors. 
En Europa, 18 millones de personas están sin trabajo mientras que otras trabajan demasiadas horas, y a la Comisión y los Estados miembros les incumbe examinar de cerca y a fondo cómo puede contribuir la reducción de las horas de trabajo a resolver la crisis del desempleo. 
Al mismo tiempo, hemos de reconocer que no es la panacea para resolver el desempleo. 
No es sustituto del crecimiento económico. 
No es sustituto de la regeneración de zonas muy castigadas por el desempleo de larga duración y de la reintegración de los desempleados de larga duración en la corriente económica principal. 
Sin embargo, puede hacer una contribución y nosotros debemos estudiarla. 
En Irlanda hemos examinado cuál es la posible contribución que puede derivarse de una reducción de las horas de trabajo. 
Nuestros estudios apuntan a un aumento de la tasa de empleo del 1 % -cifra que no es trivial pero que, desde luego, no constituye una solución global al problema. 
Una de las razones por las que el tiempo de trabajo no ha ocupado un lugar destacado dentro del menú de sugerencias es la complejidad de los problemas que plantea. 
Los que estamos en proceso de transponer la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo que se introdujo por razones de salud y seguridad conocemos las dificultades que han surgido por ambos lados: por el lado de los trabajadores que ganan mucho gracias a las horas extraordinarias y no quieren que se suprima esa fuente de ingresos y por el lado de los empresarios que pagan salarios muy bajos y suponen que sus costes aumentarán si no pueden subvencionar los salarios ofreciendo generosas horas extraordinarias a sus trabajadores. 
De modo que no es fácil reducir las horas de trabajo extra. 
Como he dicho, a los que estamos ocupándonos de ello a fin de respetar la fecha límite del 23 de noviembre establecida en la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo nos están lloviendo las críticas. 
Hay ya varias cosas en marcha que abordan algunos de los problemas. 
En primer lugar, la transposición de la directiva sobre tiempo de trabajo, aunque se concibió primordialmente como medida de salud y seguridad, tendrá como resultado una reducción de las horas de trabajo y del exceso de horas extra. 
En segundo lugar, el inicio de las negociaciones de los interlocutores sociales en virtud del protocolo social sobre el trabajo a tiempo parcial está abriendo nuevas posibilidades en ese área. 
Es importante admitir las dificultades y problemas que existen. 
A menos que hagamos un examen honesto, no estaremos haciendo progresos reales. 
En primer lugar, cuando hablamos de compartir las horas de trabajo, nos referimos fundamentalmente a compartir los ingresos que produce el trabajo, ya sea mediante una decisión voluntaria de las personas de recibir menores salarios, mediante la jubilación anticipada voluntaria, mediante opciones de trabajo compartido, mediante sistemas de trabajo más adaptados a la familia, más trabajo a tiempo parcial, o compartiendo esos ingresos mediante la redistribución de las cotizaciones a la seguridad social, que es un punto básico del informe del Sr. Rocard. 
Hemos de afrontar el hecho de que estamos hablando de una redistribución de los ingresos y afrontar lo que ello significa. 
Al examinar la posibilidad de que los ahorros en seguridad social financien la reducción del tiempo de trabajo sin merma de salario para los que trabajan actualmente hemos de reconocer el problema del lastre. 
En mi propio país, aproximadamente el 3 % de la población trabajadora deja el empleo o coge un puesto de trabajo cada mes, de manera que ya se están produciendo movimientos masivos, con muchas personas que empiezan o dejan de trabajar y personas que están modificando ya sus horas de trabajo. 
Si hay que pagar por lo que ya está ocurriendo, hay unos costes adicionales aparte del coste marginal de pagar por los extras- el movimiento extra de horas de trabajo que podríamos liberar como resultado de poner en práctica algunas de estas propuestas. 
Al realizar un examen honesto de lo que propone el informe, debemos examinar el tipo de argumentos que encontrarán oposición. 
Primero diciendo por qué Europa produce una directiva sobre tiempo de trabajo en un momento en que nuestros competidores están trabajando las 24 horas. 
¿Dañará esto nuestra capacidad competitiva? 
Debemos plantear si dará lugar a una menor flexibilidad del mercado de trabajo en un momento en el que nuestros competidores de fuera de Europa están dando muestras de una absoluta flexibilidad. 
Queremos que la flexibilidad esté casada con la protección social, pero no queremos perder capacidad competitiva. 
Éste es un tema que también tenemos que afrontar. 
Tenemos que examinar asimismo cómo influye la propuesta en las pequeñas y medianas empresas. 
Quitar tres o cuatro horas a la semana de una empresa que emplea a dos, tres o cuatro personas no va a crear necesariamente un puesto de trabajo adicional. 
Puede llevar a una mayor productividad dentro de la empresa o a que la modificación de los costes sea absorbida en forma de una menor producción. 
En las empresas de mayor tamaño, es más fácil entender cómo la reducción del tiempo de trabajo- por ejemplo, cambiando un sistema de trabajo a cuatro turnos por uno de cinco- puede generar puestos de trabajo adicionales. 
Pero hay que analizar el lado práctico de lo que se propone. 
La idea general del informe, que tenemos que considerar con imaginación el problema de las horas de trabajo, es bien recibida. 
En la lucha contra el desempleo, ninguna solución, sean cuáles sean sus problemas- y yo he esbozado algunas de las posibles dificultades- puede echarse a un lado. 
Hay que estudiar a fondo lo que esté en juego y ver qué contribución, grande o pequeña, puede hacerse con cambios en este área. 
Por último, nuestro modelo de semana laboral se ha formado a partir de la tradición victoriana de que el hombre saliera a trabajar y la mujer se quedara en casa cuidando de los niños, lavando los calcetines del marido y poniendo la comida en la mesa. 
Hemos pasado a una era del trabajo muy distinta, en la que una mayoría de las mujeres de la Comunidad trabajan fuera de casa, en la que muchos hombres y mujeres tienen responsabilidades familiares, ya sean hijos pequeños, padres de edad avanzada o algún familiar discapacitado. 
Hay que examinar modelos diferentes de horarios de trabajo que reflejen las necesidades humanas de la persona. 
Si desarrollando unas condiciones de trabajo más adaptadas a la familia y al ser humano podemos generar además tiempo extra de trabajo que podamos repartir entre nuestros desempleados, estaremos haciendo dos trabajos al mismo tiempo y no sólo uno. 
En Irlanda estamos desarrollando en este momento un conjunto de propuestas sobre trabajo compartido que espero presentar al Gobierno en las próximas semanas. 
No consideramos que vayan a resolver nuestro problema de desempleo, pero sí que van a hacer una contribución que ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de pasar por alto. 
En conclusión, acojo favorablemente el informe Rocard. 
Da mucho que pensar. 
No creo que vaya a tratarse tan sólo de poner en práctica las propuestas y nada más. 
Hay mucho trabajo que hacer, muchos estudios que realizar y muchas críticas negativas que echar abajo. 
Pero si tenemos valentía e imaginación, el Consejo, la Comisión y el Parlamento podremos explorar conjuntamente cómo puede contribuir la reducción del tiempo de trabajo a resolver el mayor problema de Europa, problema al que ha dado prioridad la Presidencia irlandesa: el problema del desempleo. 
Señor Presidente, para mi Grupo el reparto justo del trabajo es un objetivo importante. 
Es inaceptable que precisamente en una sociedad donde tan a menudo se alaba el trabajo, por lo menos 18 millones de personas- aunque seguramente más de 30 millones- estén desempleadas en contra de su voluntad. 
Naturalmente, como ya ha dicho el ministro, la solución del desempleo no se limita a la reducción del tiempo de trabajo. La creación de nuevos puestos de trabajo es sin duda igualmente importante. 
Pero la sociedad de la información en la que muchos se centran generará nuevos empleos como mucho a largo plazo, aunque a corto plazo eliminará muchos. 
Es harto conocido que el crecimiento económico no ayuda a todos los desempleados. 
Además, hay que añadir que el Estado y la asistencia social, ambos responsables de muchos puestos de trabajo, se reducen, pues están sometidos a los criterios de la UEM. 
A corto plazo crecerá por tanto la importancia de la reducción de la jornada y del combate contra las horas extras. 
Actualmente se calcula que el número de horas extras en la toda Unión equivale a 3 o 4 millones de puestos de trabajo. 
Por ello la solución propuesta, entre otros, por el presidente del sindicato alemán del Metal, Sr. Klaus Zwickel, es lógica: a partir de ahora, remunerar las horas extras con tiempo libre. 
A menudo se considera problemática la relación entre productividad y costes laborales más altos. 
Los estudios realizados en mi país- como saben ustedes, allí es bastante corriente la reducción del tiempo de trabajo y el trabajo a media jornada- han demostrado que la relación entre trabajar menos y la envergadura de la producción es mucho más positiva de lo que a menudo se sugiere. 
Estos han demostrado que las personas que trabajan menos tiempo, a menudo tienen una productividad y una calidad mayores, son más conscientes de su tiempo, establecen prioridades de forma más consciente, consideran las cosas con un aire nuevo, están más motivadas y finalmente tienen menos bajas por enfermedad. Una serie de efectos positivos que por supuesto influyen favorablemente en la productividad y los costes. 
En la consulta sobre el convenio colectivo, en la que en mi país se decide reducir el tiempo de trabajo, los trabajadores pagan desde hace años la reducción de jornada con unas reivindicaciones salariales muy moderadas y más flexibilidad. 
Es una pena que algunos Grupos del Parlamento Europeo intenten equiparar la reducción de jornada a la flexibilidad y/o la reorganización del tiempo de trabajo. Con ello no hacen justicia al informe Rocard. 
Frente a los dogmáticos que sólo ven soluciones en la flexibilización o la redistribución, Rocard ofrece precisamente una mezcla de estrategias que podría estimular a ambas partes- empresarios y trabajadores- a reducir el tiempo de trabajo. 
Sobre todo quienes alaban los mecanismos de mercado, tendrían que ser partidarios de los mecanismos mixtos, en los que se diferencian las cuotas sociales, así como los incentivos económicos positivos para los trabajadores que contribuyen al empleo. 
Me parece que es bastante conforme con el mercado. 
Quienes quieren impedir que se estudie este modelo o mecanismo, dan la impresión de tener miedo de los resultados que pueda aportar. 
Ello quizás permita proteger los dogmas, pero como político uno se distancia de la responsabilidad de hacer todo lo posible para luchar contra el paro. 
Señor Presidente, la lucha contra el paro tiene absoluta preferencia para la Unión. 
Ante este gran desafío político y social, tenemos que buscar otras vías pero prestando atención a que las ideas sean realizables. 
En su informe por propia iniciativa, el Sr. Rocard se ocupa de la reducción del tiempo de trabajo. 
Con gran sorpresa constata que el tema apenas había sido tratado hasta ahora y sospecha que por miedo. 
Esto es falso. 
Muchos intentos para reducir el tiempo de trabajo y crear nuevos puestos han fracasado en la aplicación. 
El modelo de la VW de la semana de cuatro días no es de validez general, ni para el ramo del automóvil ni para otros sectores. 
La distribución del trabajo es una estrategia defensiva. 
Para superar el desempleo necesitamos nuevos puestos de trabajo competitivos. 
Necesitamos unas condiciones marco políticas que hagan posible el crecimiento y creen un clima de inversiones e innovaciones. 
Solamente si la economía es competitiva existirá un margen para realizar modificaciones flexibles del tiempo de trabajo. 
Todo esto falta en el informe Rocard. 
La propuesta de que las instancias estatales distribuyan los fondos ahorrados del subsidio de desempleo para compensar las pérdidas salariales, solamente se puede realizar en muy pocos países. 
Si esto trae como consecuencia un dirigismo por parte del Estado, es totalmente incompatible con nuestra comprensión del papel que deben desempeñar los interlocutores sociales. 
Estamos a favor de regulaciones del tiempo de trabajo en convenios colectivos, adecuadas a las necesidades y procesos laborales en las empresas y que sean aprobadas por los interlocutores sociales. 
No se han podido eliminar nuestras dudas en la exactitud de la pequeña suma de 350.000 millones de ecus expuesta por el Sr. Rocard. 
Este dinero no es una reserva financiera de la que se pueda disponer libremente. 
Tarea de los Estados miembros debe ser ahorrar el dinero no necesitado para reducir el endeudamiento del Estado y encontrar la estabilidad. 
La idea de que la productividad del servicio público no puede aumentar es provocadora y errónea. 
Los miembros del PPE en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo hemos logrado proporcionar un nuevo semblante al informe Rocard. 
Además, el ponente ha recogido casi todas las enmiendas que hemos presentado como grupo político bajo el título «Adaptación del tiempo de trabajo». 
De este modo, se ha despedido de la idea básica de un estudio de la Comisión exclusivamente sobre la reducción del tiempo de trabajo. 
La forma originaria preveía una recomendación en la que ya estaban definidas las condiciones para la reducción de los tiempos de trabajo. 
Hablando claro: habría que realizar el análisis aunque los resultados estaban ya determinados de antemano para el ponente. 
Así se convierten costosos estudios en farsas baratas. 
La posición del Partido Popular Europeo está clara: estamos a favor de una adaptación inteligente y flexible del tiempo de trabajo. 
Estamos a favor de más puestos de trabajo a tiempo parcial sobre la base de la voluntariedad, adaptadas a las necesidades de las empresas y a la evolución de empleo. 
Estamos también a favor de transiciones variables a la jubilación y de modelos de tiempo parcial. 
Todo esto debe reflejarse en el estudio de la Comisión. 
Señor Presidente, antes de empezar quisiera dar la bienvenida a la Asamblea a la Presidenta en ejercicio del Consejo, ministra Fitzgerald. 
Es una señora con la que he trabajado mucho en el pasado en torno al Foro Económico y Social Nacional, cuya opinión me merece gran respeto y cuyos consejos aceptaría en muchas ocasiones. 
También, en este comienzo, deseo felicitar al Sr. Rocard por su tenacidad y constancia para sacar adelante el informe, pese a la a veces violenta oposición de algunos grupos, siendo yo mismo uno de los más violentos oponentes. 
Fue Tomás Moore quién designó a la tierra de la esperanza con el nombre de Utopía. 
Esto es de lo que hoy estamos tratando. 
Estamos tratando de un ideal que a todos nos encantaría ver realizado: una semana de trabajo más corta, más dinero, menos impuestos, más tiempo de ocio... 
Pero la realidad es otra cosa diferente. 
La realidad es que, a menos que seamos competitivos, a menos que dejemos que nuestros negocios y empresas prosperen, crezcan y compitan en el mercado mundial, a la larga estaremos abocados al fracaso; no sólo en lo que se refiere a proteger los actuales puestos de trabajo, sino también en cuanto a garantizar que se intente encontrar nuevas formas de trabajo para los desempleados de larga duración. 
Incluso en el debate que hoy se ha desarrollado aquí ha habido divergencias de opiniones sobre cuántos desempleados tenemos realmente en Europa. 
El Sr. Rocard ha dicho que más de 20 millones. 
El Sr. W.G. van Velzen- quizá los intérpretes lo entendieron mal, en cuyo caso me disculpo- ha dicho que 30 millones. 
La ministra y Presidenta en ejercicio del Consejo ha dicho que 18 millones. 
Hay grandes divergencias de opinión tan sólo en este punto. 
Si estamos hablando de introducir nuevas formas de trabajo y de tiempo de trabajo, seguramente sabremos qué intentamos conseguir y de qué base partimos. 
En el informe que se ha presentado no se hace ninguna evaluación de las repercusiones, ni siquiera con respecto a lo que la Comisión define como el motor de generación económica y de empleo de la Unión: las PYME. 
Además, en él se asume erróneamente que, según los estudios internacionales, una reducción del tiempo de trabajo ayudará a incrementar el empleo. 
Sin embargo, si miramos el último informe de la OCDE, en él se dice que una reducción del tiempo de trabajo no incrementará el empleo. 
Además de eso, estamos dejando a la gente demasiado pronto para chatarra. 
Hay una nueva tendencia que obliga a jubilarse pronto, con lo cual perderemos una cantera de conocimientos y experiencia. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
El Sr. Rocard ha logrado hacernos trabajar mucho, tanto en la Comisión de Asuntos Sociales como en nuestros propios Grupos, y puedo asegurarle, a él y a mis compañeros, que los debates en mi Grupo aún no se han extinguido. 
Pero también puedo asegurarle que, en lo que a mí respecta, abogaré por dar una oportunidad al informe. 
Por otra parte, considero que de hecho tenemos la tarea política de luchar contra el desempleo en Europa con todos los medios que están a nuestro alcance. 
Hay una idea interesante en el informe Rocard. Esta idea es la que dice: ofrecer incentivos a través de los impuestos y las cuotas sociales, concretamente por el número de horas que se quiere fomentar; y yo quiero dar una oportunidad a esta idea. 
No sé si realmente es una solución. 
El Sr. Rocard me ha conocido como oponente en la Comisión de Asuntos Sociales. Muchas veces he dicho que, para mí, la reducción del tiempo de trabajo tiene algunos aspectos negativos. 
En mi país, el mismo país que el del Sr. Van Velzen, también hay ejemplos relacionados con la reducción del tiempo de trabajo en los que los trabajadores cedieron parte de su tiempo y parte de su sueldo, sin que ello redundara en la creación de un puesto de trabajo. 
Yo mismo fui víctima de ello en el pasado. Así pues, sé de qué hablo. 
Es también una solución que es válida más bien para las empresas grandes, pues allí es más fácil de ejecutar, y quizás contribuya menos en las empresas más pequeñas. 
También he sido yo quien, en la Comisión de Asuntos Sociales, ha abogado por otra organización del trabajo a la luz de la reducción de la jornada. 
Para mí, no se trata tan sólo de la reducción de la jornada semanal, sino quizás también de la reducción del tiempo de trabajo durante toda la vida activa, durante un año, y de ser mucho más flexibles a la hora de utilizar el trabajo en relación con los medios de producción, los edificios, el modo en que repartimos las diversas pautas de trabajo a lo largo de la semana. 
El Sr. Rocard ha sido tan noble, y me parece realmente noble, Señorías, como para tomarse en serio los argumentos que hemos formulado en la Comisión de Asuntos Sociales, y aceptar gran parte de nuestras enmiendas al respecto. 
Sin duda habrá quienes digan: es que quiere sacar adelante su informe; no, no lo creo. 
Creo que el Sr. Rocard es de esas personas que están dispuestas a escuchar a sus compañeros y aceptar las ideas interesantes. 
Y ruego a la Comisión que haga lo mismo. 
Doy las gracias al Presidente del Consejo, que ha reflexionado mucho sobre este problema y que también ha mencionado varios puntos, como la pequeña y mediana empresa, que exigen un estudio más profundo. 
Por tanto, defenderé este informe en mi Grupo. No es seguro que lo consiga del todo, pero pienso que gran parte de mi Grupo votará a favor del informe para darle una oportunidad. 
Señor Presidente, en el sector industrial de Finlandia se han puesto en práctica experiencias de acuerdo con el modelo 6 + 6, con buenos resultados. 
El tiempo de utilización de la maquinaria ha aumentado y los trabajadores conservan mejor su vitalidad, además de lo cual ha facilitado la compaginación de la vida laboral y familiar y del tiempo libre. 
Todo esto se refleja también en una reducción de las bajas por enfermedad y del absentismo laboral. 
Para lograr un incremento de la productividad laboral se ha contado con la posibilidad, en estas experiencias, de pagar a los trabajadores, y así se va a seguir haciendo, el mismo salario sin tener en cuenta la reducción del tiempo de trabajo. 
Esto es perfectamente posible gracias al incremento de la productividad. 
La mayoría de nuestro grupo, formada por diputados procedentes de Estados miembros del sur de Europa, considera, como es lógico, que en ningún caso pueden aceptarse reducciones de los salarios. 
En el sector público es difícil alcanzar todos estos buenos resultados que acabo de mencionar en relación con el sector privado. 
Las negociaciones en muchos lugares de trabajo de Finlandia han sido difíciles y no en todos se ha logrado un acuerdo debido a que los trabajadores se han opuesto a ello. 
Por esta razón, considero indispensable que se asignen recursos económicos para las experiencias relativas a la reducción del tiempo de trabajo y al reparto del empleo en el sector público, en particular, a fin de que se compensen las posibles pérdidas salariales. 
A ser posible, en un 100 %. Al reducirse el desempleo, se pueden conseguir importantes ahorros en el gasto público. 
Igualmente, podría fomentarse el empleo, no sólo con ayudas, sino también mediante una reorientación de los criterios de recaudación de las cotizaciones sociales. 
El modelo que se propone en el informe sobre un escalonamiento de las cotizaciones sociales en función de la duración de la jornada laboral es una buena idea. 
En este momento se necesitan ejemplos prácticos y que se les dé publicidad. 
La contribución más importante del informe reside en que obliga a la Comisión a recopilar los resultados de las experiencias llevadas a cabo en distintos países y a animar a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a negociar sobre la puesta en práctica de nuevas experiencias, lo cual constituye una iniciativa de gran importancia, por lo que felicito al Sr. Rocard por el buen trabajo que ha realizado. 
Señor Presidente, los Verdes damos la bienvenida a esta iniciativa y al informe, los cuales consideran la reducción del tiempo de trabajo como un instrumento central para la disminución del desempleo. 
Quizá esto represente un paso adelante hacia unos nuevos puntos de vista en lo referente a la utilización de nuestros medios comunes, que son los del Estado. 
Quizá éstos puedan aplicarse a modo de compensación por la pérdida de ingresos salariales. 
Habríamos deseado un informe que no se hubiera debilitado tanto a causa de las fuerzas más conservadoras del Parlamento Europeo, y que nos hubieran llegado unos documentos más directos sobre las situaciones y las propuestas sobre las que se ha basado el Sr. Rocard. 
No hay que ocultar que un alto índice de desempleo conlleva unas mayores diferencias sociales, y que esto lleva además a mayores conflictos, abonando el terreno para la violencia, el racismo y la decadencia de la democracia. 
Por consiguiente, habría sido humillante que no hubiésemos llegado a ninguna conclusión. 
Lo que tenemos ante nosotros es, por decirlo de algún modo, lo mejor que se ha podido conseguir en esta situación. 
El punto de partida de los Verdes siempre ha sido que la reducción de la jornada laboral es beneficiosa por varias razones. 
Ciertamente, es aconsejable para que todos tengamos acceso al trabajo y se reduzca el paro, pero también porque nos llevará a una mayor equidad, una mayor igualdad y una mayor calidad de vida. 
También nos da la posibilidad de construir unas redes de seguridad social que funcionen, lo cual creará a su vez una situación de seguridad cívica y de libertad. 
Más adelante serán necesarias naturalmente unas nuevas acciones para crear más empleo y una sociedad basada en el desarrollo sostenido. 
Pienso, por ejemplo, en un sistema fiscal verde y en unas inversiones en nuevos sistemas de transporte y de producción de energía. 
Estas acciones no han sido descritas suficientemente y verdaderamente podrían crear cientos de miles de empleos. 
Se ha presentado una enmienda para que se incluya en el título la palabra «adaptación» del tiempo de trabajo. 
Es una palabra de la que pueden hacerse unas interpretaciones muy diversas, y que quizá pueda entenderse erróneamente. 
Por eso pienso que «adaptación» o «flexibilidad» no debe significar en la práctica que se neutralice la normativa en el ámbito del derecho social y laboral. 
Por el contrario, los interlocutores sociales, es decir, trabajadores, empresarios y Estado, deben negociar haciendo un esfuerzo común para que pueda llevarse a cabo una reducción apreciable del tiempo de trabajo. 
Señor Presidente, el Consejo y la Comisión han aplazado durante mucho tiempo la cuestión de la reducción del tiempo de trabajo. 
Supuestamente había otras prioridades que no permitían celebrar un debate al respecto. 
Estaba la norma del 3 % de Maastricht, y por consiguiente se aparcaban automáticamente las cuestiones sociales. 
Había quejas permanentes de los empresarios sobre las cargas sociales demasiado altas y la caída de nuestra competitividad. 
Mientras tanto surgía el fenómeno de la deslocalización hacia países de la Europa Central y del Sureste asiático. 
Asimismo- admitámoslo- había empates ideológicos entre lo que se denomina progresista y conservador. 
Por ello, este debate llega a tiempo, para dar una nueva oportunidad a la imaginación y la creatividad. 
Hace tres años, nuestro partido organizó en Flandes un congreso sobre la reducción del tiempo de trabajo. 
Por aquel entonces, ello fue tachado de poco realista y a todas luces imposible. 
Hoy, este debate se celebra en el lugar adecuado, es decir, el Parlamento Europeo. 
Hemos de ser claros: la reducción del tiempo de trabajo no es la solución milagrosa para luchar contra el desempleo. 
Es preciso seguir varios caminos. 
La reducción del tiempo de trabajo es uno de ellos, pero se trata sobre todo una nueva dimensión moral que hemos de intentar crear. 
Por consiguiente, la reducción del tiempo de trabajo no puede ser una medida generalizada. Tendría que salir del resultado de las negociaciones por sector, eventualmente por empresa, para que se pudiera responder suficientemente a las circunstancias locales y la competitividad del sector o de la empresa en cuestión. 
Hay varias enmiendas a este informe que hablan de la reducción del tiempo de trabajo sin merma del salario. 
Me parece simpático, pero- seamos sinceros- semejante enfoque no parece nada realista. 
Por ello, mi Grupo no apoyará estas enmiendas. 
Creemos que el ponente está en lo justo al seguir otro camino y al proponer un importe global de 350 millardos de ecus, que ahora se gastan en subsidios de desempleo, y que podrían utilizarse parcialmente para compensar la reducción del salario. 
Asimismo, el Grupo de los cristianodemócratas ha presentado una serie de enmiendas para cambiar en el informe el concepto de reducción del tiempo de trabajo, por el eufemismo: adaptación del tiempo de trabajo. 
A mi entender, es una violación de anteriores acuerdos. 
He de señalar que en el informe de una comisión provisional de empleo, el informe del Sr. Coates, acordamos no explayarnos demasiado sobre la cuestión de la reducción del tiempo de trabajo porque enseguida vendría el informe Rocard. 
Ahora ya está aquí. 
Es un informe que, entre otras cosas, propone muchos estudios, que pide muchos estudios. Estos son necesarios y hemos de empezar ya con ellos. 
A fin de cuentas, creo que nos encontramos en un momento decisivo de la historia. 
Básicamente se trata de un debate sobre lo que pensamos, como Grupo político, en materia de calidad de vida, en materia de nueva adaptación social. 
Este es el gran sentido de este debate. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Rocard dice, entre otras cosas, que el desempleo es el problema principal de la Unión. 
Creo que todos estamos de acuerdo en ello, pero la cuestión es quién debe solucionarlo, la Unión Europea, los Estados miembros o ambas partes en común. 
Las base de este informe es que lo deben hacer ambas partes. 
Quiero dejar claro que, en mi opinión, ha de hacer siempre un intercambio de ideas a escala transfronteriza cuando está en juego el empleo. 
Pero no deseamos una cooperación que implique obligaciones. 
Rechazo la idea de elaborar propuestas comunes para la eliminación del desempleo. 
Me parece que el informe del Sr. Rocard incluye algunas buenas propuestas de solución, como la reducción general del tiempo de trabajo, pero cada Estado miembro debe decidir cómo quiere hacerlo, por vía legislativa o mediante acuerdos entre los interlocutores sociales. 
En plan más general, quiero señalar que me parece increíble que en las instituciones de la Unión se hable tarde y mal de la lucha contra el desempleo y, al mismo tiempo, se trabaje con ahínco en la aplicación de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
Se recomienda a los Estados miembros que sigan una política de convergencia que, como es sabido, aumentará el número de desempleados. 
Varios expertos, incluso partidarios fervientes de la UEM, han manifestado que ésta aumentará el desempleo. 
Si se mantiene el horizonte temporal del Tratado de Maastricht, el Consejo Profesional del Movimiento Obrero en Dinamarca prevé un aumento del desempleo en la Unión Europea de casi un millón de personas. 
Echo de menos una delimitación clara entre las competencias de los Estados miembros y las de la Unión en esta materia. 
Esta omisión supone un punto débil del informe. 
En esta Asamblea se habla a menudo de la importancia de conservar las diferencias culturales. 
Quiero decirles que una de las características de la cultura danesa es que los convenios colectivos son asunto de los interlocutores sociales, y deseamos que siga siendo así. 
Debemos conservar las diferencias culturales de los quince Estados miembros. 
Esto no debe impedir a cada uno solucionar el problema del desempleo. 
Señor Presidente, Señorías, siento que el Sr. Rocard, que fue durante tres años Primer Ministro de Francia, no aprovechara ese tiempo para erradicar la lacra del desempleo con ayuda de los remedios milagrosos que nos propone hoy. 
Sin embargo, el número de desempleados ha pasado de uno a tres millones en Francia durante los dos septenios de François Mitterrand. 
Pero el Sr. Rocard no ha evolucionado ideológicamente y no ha renunciado a su visión maltusiana y pesimista de la economía. 
No, la cantidad de trabajo disponible en la Unión Europea, y sobre todo en Francia, no quedará definitivamente limitada a su nivel actual. 
Sólo se crearán nuevos empleos si se protege a nuestros mercados contra la competitividad salvaje, si se reforma una fiscalidad aberrante que penaliza el trabajo, el esfuerzo y la empresa, si se abandonan las quimeras de Maastricht y sus divisas sobreevaluadas, si se reduce el exceso de gastos de los Estados, si se invierte la corriente de la inmigración y se relanza el consumo. 
No, los encadenamientos económicos no son puramente aritméticos, sino dinámicos, evolutivos y vivos, y no se someterán por tanto a los esquemas intelectuales totalmente obtusos descritos en su exposición de motivos. 
¿Qué ocurre cuando se aplican sus teorías a las PYME, pequeñas y medianas empresas con diez empleados o menos? 
Para que sea útil aumentar la duración de la utilización de los equipos, y por tanto producir más, será necesario también que haya demanda. 
Dice usted que la duración media del trabajo es una variable vinculada al nivel de empleo. 
Entonces, ¿cómo es que el desempleo está disminuyendo en Estados Unidos o es tan bajo en Japón, cuando los trabajadores de estos países trabajan estadísticamente más que los europeos? 
La reducción semanal, mensual o anual del trabajo no provocará, por tanto, de forma automática, una disminución del desempleo. 
En fin, y quizás lo más importante, es que usted no piensa en los hombres. 
La calidad y la cantidad del trabajo de los hombres no se reducen a su visión contable de los horarios. 
Los directivos, para los que no existe concepto de horas extraordinarias, seguirán trabajando lo mismo aun cuando se supone que debieran trabajar 32 horas. 
Los obreros se verán privados de ingresos complementarios si se les prohíben las horas extraordinarias, y no será precisamente la conservación de su salario base inicial lo que les permitirá llegar a fin de mes. 
No, señor Rocard, los hombres no son intercambiables ni idénticos, y no van a dejarse modelar en función de las necesidades de la informática. 
De hecho se niega usted a hacer un diagnóstico lúcido sobre las causas del desempleo. Ha intentado usted todos los remedios de curandero, las cataplasmas aplicadas a piernas de madera, el librecambismo mundial, la inmigración, la fiscalidad aberrante, y hay más de veinticinco millones de desempleados reales en Europa. 
Su informe es sólo un golpe de efecto político que no tiene más importancia que la que le concede una clase política sin rumbo y una clase sindical cómplice, incapaces ambas de responder a los desafíos de la crisis económica, social, política, demográfica y moral que sacude a Europa. 
Estimadas y estimados colegas, no me voy a referir a lo que han dicho los oradores anteriores, pero el escepticismo proveniente de las filas del PPE me ha sorprendido mucho. 
Según el Libro Blanco de Jacques Delors, mediante la reducción del tiempo de trabajo se ha creado un 8 % adicional de puestos de trabajo en los países del Norte de la UE y en los Países Bajos, incluso la mitad del 30 % de aumento de empleo que han experimentado. 
En Alemania, una tercera parte de los nuevos puestos de trabajo surgidos entre 1983 y 1992 se deben también a la reducción del tiempo de trabajo. 
No obstante, tenemos que ver con realismo una cosa: sólo mediante el crecimiento apenas se van a lograr nuevos efectos de empleo. 
El Instituto de Pronósticos de Basilea ha previsto, por ejemplo para Alemania, que en el año 2010 no vamos a tener más empleo que en 1992. 
Esto se debe ante todo a los avances de la productividad. 
Es cierto que experimentaremos crecimientos en el sector de los servicios así como en el de la información, pero también una reducción en el sector de la producción y en la agricultura. 
Como políticos, no podemos adoptar una actitud defensiva. 
La actividad laboral no supone solamente el aseguramiento económico sino que es la posibilidad más importante de autodesarrollo personal. 
Por ello, los conceptos que ha elaborado Michel Rocard- pues se trata de un abanico de conceptos y no solamente de la reducción del tiempo de trabajo- me parecen excelentes. 
Con este informe se van a impulsar también los debates en los Parlamentos nacionales y a nivel europeo. 
Los patronos han estado durante muchos años en contra de la reducción de los tiempos de trabajo y solamente a favor de la flexibilidad, la permanente disponibilidad las 24 horas del día o el trabajo temporal. 
Entretanto, esto ha cambiado. 
La Volkswagen en Alemania es solamente un ejemplo. 
Estimado colega de la CDU, se equivoca si cree que no hay otros ejemplos. 
Incluso las PYME están examinando entretanto otros proyectos innovadores de tiempo de trabajo. 
Las propuestas de Michel Rocard son un importante elemento para una política de empleo europea. 
Señor Presidente, es sabido que mi Grupo tiene algunos problemas con el actual informe Rocard, y de ahí que esté muy sorprendido con lo que acaba de decir el Sr. Vandemeulebroucke, de que no nos atenemos a lo convenido. 
Y eso que nos hemos abstenido en la Comisión de Asuntos Sociales, y por tanto es lógico que no se esté de acuerdo. Pienso que incluso el Sr. Vandemeulebroucke tendría que saberlo. 
El Grupo del PPE exige un estudio serio que ha de realizar la Comisión. 
Sobre la base de este estudio hemos de sacar conclusiones. 
Por ello hemos presentado catorce enmiendas. 
Si estas enmiendas se incluyen en el informe, nuestro Grupo lo considerará bastante más aceptable que antes. Se lo puedo asegurar. 
La redistribución del trabajo no es el único medio para solucionar el paro. Puede ser uno de los medios, y aquí estoy de acuerdo con la Presidencia del Consejo, que ayude a las personas a encontrar trabajo. 
Pero el Sr. Rocard no ha de olvidar que no todos los nuevos puestos de trabajo que se crean son ocupados por desempleados registrados. Del Libro Blanco se desprende que tres de cada cuatro nuevos puestos de trabajo creados son ocupados por otros, como mujeres que se reincorporan a la vida laboral, jóvenes y personas que cambian de empleo. 
Por consiguiente, la tesis del Sr. Rocard de que el Estado se ahorra 350 millardos de ecus por tener que conceder menos subsidios de desempleo no es del todo correcta. En algunas situaciones puede incluso provocar más gastos. 
Como holandés quiero decir algo positivo sobre la redistribución del trabajo. 
A principios de la década de los ochenta, en los Países Bajos, los empresarios y trabajadores, junto con el Estado, decidieron experimentar con la redistribución del trabajo que en muchos casos ha funcionado bien. 
Esta decisión sólo puede entenderse en el marco de la pésima situación económica de aquel momento. 
Desde el gobierno Lubbers, en la década de los ochenta, el desempleo se ha reducido a la mitad. 
Por consiguiente, la reducción del tiempo de trabajo puede contribuir a una solución, siempre y cuando no suponga un aumento de los costes totales de la empresa. 
Toda reducción de jornada que incremente los costes producirá una disminución del empleo. 
Es algo que a veces se niega. 
Sin embargo, si los costes no suben, no se merma la competitividad y ésta incluso puede mejorar marginalmente. 
Por ello vale la pena estudiar la redistribución del trabajo, pero sin tomar de momento decisiones definitivas. 
Señor Presidente, el informe que se nos ha presentado hoy sobre la reducción del tiempo de trabajo es una prueba palpable de la capacidad de este Parlamento para contribuir de forma esencial a resolver los problemas de nuestro tiempo. 
Quisiera por tanto felicitar al ponente por su importante trabajo, tenacidad y entusiasmo para defender, en cualquier ocasión, sus propuestas. 
La constatación que formula es buena y las pistas que propone son igualmente interesantes. 
Sin embargo, desearía aportar algunas mejoras a las soluciones que presenta. 
En primer lugar, Europa en sus diversidades tiene tanta necesidad de una reducción como de una reorganización flexible del tiempo de trabajo con el fin de adaptar este último a las necesidades del sector y a la situación de la empresa, principalmente teniendo en cuenta las necesidades de las PYME. 
En este sentido, las enmiendas presentadas por nuestro grupo y las del PPE darían a las soluciones propuestas un giro mucho más realista y aceptable para el conjunto de países y tendencias políticas de esta Asamblea. 
Hay un segundo punto que me parece fundamental. 
Este informe, que proporciona una base constructiva de reflexión en el plano europeo sobre las posibilidades y consecuencias de una reorganización, incluso de una reducción del tiempo de trabajo, no sería capaz sin embargo, de prever los resultados, positivos o no, de los estudios y concertaciones que demanda. 
En este sentido, las enmiendas del PPE que subordinan la acción europea en la materia al resultado de los estudios encargados, me parecen especialmente oportunas. 
En el mismo espíritu, es poco realista proponer a priori una reducción del tiempo de trabajo sin una reducción de salarios, mediante una compensación automática por el Estado. 
Precisamente para clarificar este punto nosotros sugerimos vincular la compensación a la disminución efectiva del número de desempleados y, por consiguiente, del coste a cargo de la sociedad. 
Señor Presidente, el informe Rocard se caracteriza por dos ideas básicas: La primera es que la cantidad de trabajo es una constante que sólo se ve afectada por la productividad. 
Cuando no hay suficientes empleos para todos, hay que racionarlos y repartirlos. 
Además hay que penalizar fiscalmente a los que deseen trabajar más. 
La otra idea es que el trabajo es algo triste, algo que los trabajadores no desean hacer. 
Estas ideas básicas nos llevan a unas conclusiones que van totalmente en contra de los retos que nos plantea el futuro. 
La distribución de la población por edades será en unas décadas de un carácter que amenaza con producir serios conflictos generacionales. 
Será difícil para la decreciente población activa mantener a la población jubilada en aumento. 
Por eso hay que acabar con el desempleo, al tiempo que se mejora la productividad y se retrasa la edad de jubilación. 
El Sr. Rocard defiende el racionamiento del trabajo cuando lo que se necesita es que aumente la cantidad de trabajo. De otro modo, dentro de unos años nos encontraremos con un trauma social de enormes dimensiones. 
Dentro de diez años, señor Presidente, el debate que celebramos hoy será descrito como ajeno totalmente a la realidad. 
Señor Presidente, nosotros pensamos que el informe Rocard suscita una crítica contraria a la que han impulsado las fuerzas conservadoras. 
En él se observa una contradicción entre el análisis y las indicaciones programáticas, entre las indicaciones y las opciones políticas. 
Indudablemente, es importante no confiar más en las políticas cuantitativas, en el crecimiento, en el aumento del producto interior bruto, que, como se ha visto, no han reducido en absoluto el desempleo, y es justo, como propone el informe, determinar la importancia de la cuestión del reparto y de la reducción de los horarios, pero, en realidad, esta apreciable elaboración analítica queda aprisionada en algunas ilusiones de los años 90 que no han permitido lograr la reducción de los horarios de trabajo. 
Una de esas ilusiones consiste en vincular la reducción del horario de trabajo a las políticas de la flexibilidad, llevada a cabo por las empresas a menudo unilateralmente y con una articulación que diluye la reducción del horario hasta hacerla indistinta. 
Aún es más impracticable la hipótesis de subordinar la reducción del horario de trabajo a una reducción de los salarios. 
Si es así, la reducción del horario no se hará. 
En Europa y en muchos países se ha iniciado una verdadera cuestión salarial en condiciones tales que a menudo inducen a los trabajadores, mediante las horas extraordinarias, a aumentar, en vez de reducir, el horario de trabajo. 
Y, por otra parte, cuando se vincula el horario a la flexibilidad y se producen sólo políticas articuladas, sucede lo que ha ocurrido en muchos países: un aumento del horario medio diario real, en vez de una reducción, y, como si eso no fuera suficiente, con el aumento de la edad de jubilación se ha prolongado el período laboral, de modo que en muchos países de Europa asistimos hoy al aumento de la producción y de la productividad, al aumento del desempleo y al aumento de las horas medias trabajadas. 
Hay que cambiar, sobre todo hoy que se aproxima una recesión que nos inducirá a sacar las consecuencias más racionales y extremas del análisis del Sr. Rocard. 
Hay que presentar la propuesta de una consistente reducción de los horarios concentrada en el tiempo, porque sólo la consistencia de la reducción y la concentración del tiempo determinan una política a favor del empleo. 
Si la Comunidad Europea puede indicar, como indica, objetivos vinculantes para Europa, de reducción del déficit y de la deuda, entonces también debe poder indicar objetivos vinculantes para la reducción de los horarios de trabajo en la cantidad y en el tiempo, para que la acción de los gobiernos, la acción de las fuerzas sociales se centren en ese objetivo. 
Si no, el análisis será también válido, pero no lo serán las conclusiones políticas. 
Señor Presidente, la reducción del tiempo de trabajo se encuentra inscrita en nuestra historia económica. 
El informe de Michel Rocard tiene al menos el mérito de plantear, por fin y en sus dimensiones reales, un verdadero problema social, y yo quisiera agradecérselo a su autor. 
Se trata, evidentemente, de un tema controvertido, y a los adversarios de la reducción del tiempo de trabajo les resulta fácil afirmar que, en los Estados Unidos o en Gran Bretaña, el desempleo retrocede sin cesar y nunca se ha trabajado tanto. 
Pero, ¿de qué trabajo estamos hablando? 
De un trabajo con frecuencia parcial, infrarremunerado, de un reparto del tiempo de trabajo entre ricos y pobres y de una precariedad galopante. 
Tampoco creo que la reducción del tiempo de trabajo sea la única respuesta que podamos aportar a la lucha contra el desempleo. 
Es una respuesta entre muchas, y se inscribe en una estrategia de conjunto en la que intervendrían otros parámetros como el crecimiento, el relanzamiento del consumo, incluso la situación monetaria, pues, con un marco y un franco sobreevaluados, el desempleo tiene todavía un futuro brillante. 
La reducción del tiempo de trabajo, más que una forma de gestionar la penuria, ha de ser el resultado de un cambio de nuestra relación con el trabajo, que está perdiendo el lugar central que ocupaba hace algunos años. 
Ahora más que nunca, en los albores del siglo XXI, los problemas de la educación, de la formación continua, de la cultura, de la actividad profesional y de la jubilación forman un todo que debe culminar en un espacio de libertad mayor para todos los individuos a lo largo de su vida. 
En principio, creo más en una reducción del tiempo de trabajo individualizada que en una reducción globalizada. 
Si se toman medidas demasiado técnicas y globales corren el riesgo de fracasar. 
La reducción individualizada es, para mí, la definición de un proyecto de vida para cada asalariado que pasa por una anualización del trabajo acompañada, naturalmente, de una reducción no despreciable del tiempo de trabajo con, a la postre, contrataciones. 
En mi opinión, el lugar propicio para este tipo de negociaciones es la empresa. 
Cuando la reducción tiene lugar por sectores me alegro, por supuesto, pero me doy cuenta de que, a este nivel, aparecen numerosas dificultades. 
Por el contrario, en las empresas, los resultados comienzan a ser más interesantes; y disponemos ya de algunos ejemplos como Volkswagen, Philips y otras. 
Por tanto hay que actuar de modo que la innovación tecnológica ya no sea un factor de pérdida de empleo, sino de creación de nuevas actividades. 
Y, con respecto a los salarios, no es justo considerar que éstos deban ser recortados en función de la reducción del tiempo de trabajo, pues la consecuencia sería frenar todavía más el consumo y aumentar la precariedad. 
Michel Rocard cita la cifra de 350.000 millones de ecus de gastos vinculados al desempleo. 
En ese caso, digámosle sinceramente que ya es hora de utilizar esos fondos de manera inteligente, por ejemplo, manteniendo los salarios en su nivel inicial en caso de reducción del tiempo de trabajo y suprimiendo todas las cargas que soportan los salarios más bajos. 
Para terminar, una idea en la que tengo gran interés, la trilogía formación, investigación y reducción del tiempo de trabajo. 
Vincular las innovaciones tecnológicas con la ayuda a la investigación, con la reducción del tiempo de trabajo, me parece una pista a seguir. 
En cualquier caso, no podrá emprenderse nada sin los sindicatos que, principalmente con la Confederación Europea de Sindicatos, deberán jugar un papel determinante. 
Señor Presidente, Michel Rocard, que creía haber inventado una máquina para reducir el paro, ha encontrado una para remontarse en el tiempo, pero no hasta Léon Blum y las famosas 40 horas, sino 2.500 años atrás, hasta los debates de Sócrates y los sofistas. 
Tenemos paro y estamos desconcertados. 
Michel Rocard sobre todo. 
El problema es económico, político y filosófico, porque el trabajo es creación, es el hombre mismo. 
Véase a Miguel Ángel. 
Fue la mano la que creó, a través del propio Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. 
Por tanto, frente a un problema de tal magnitud, la actitud científica consiste en determinar las causas; y éstas resultan evidentes. 
Hay paro por muchas razones, sin duda, pero hay una que suena a verdad de Perogrullo, y es que hay paro porque no hay suficientes empleos, y no hay suficientes empleos porque fueron destruidos cuando existían. 
No se crean cuando se desea y están ocupados cuando se necesitan. 
Nosotros pensamos que están ocupados principalmente por la inmigración. 
Usted piensa que están ocupados por unos horarios de trabajo excesivos e incluso dice que no es necesario reducir los horarios, que no hay que introducir nuevas herramientas. 
Y dice también que la gran ley de la historia es la reducción del tiempo de trabajo: 3.200 horas a finales del siglo XIX, 1.700 hoy, después de las leyes de 1900, 1902, 1904, 1906, y sus amigos añaden incluso, con PIB a precios constantes. 
Si se trabajaran hoy 3.200 horas no habría 22 millones de empleos, sino 11 millones. 
Por tanto la reducción del tiempo de trabajo ha creado 11 millones de empleos. 
En el fondo su eslogan es simple: trabajar menos para trabajar todos. 
También es el título de la obra de Guy Asnar. 
Y usted propone algunas herramientas: la jubilación progresiva, la reducción de la duración semanal del trabajo. 
El profesor Godet llama a esto la semana de los cuatro jueves en «La gran mentira» ; la supresión de las horas extraordinarias, la sustitución por descanso (algo que se practica en la policía sin que por otra parte se resuelvan los problemas) , los años sabáticos, los descansos en la jornada y la nueva organización del trabajo en el ciclo de vida. 
Personalmente estoy de acuerdo en que usted recoja los análisis de Modigliani sobre el ciclo de vida. 
Pero en un ciclo de vida, el aspecto fiscal son, ¡17 años de la vida profesional de un hombre para pagar todas las deducciones obligatorias! 
Revisen la fiscalidad y reducirán el tiempo de trabajo. 
Si entramos en su lógica, por supuesto que hay problemas. 
Se ha reducido en 1982, y no ha funcionado. 
¿Qué hacemos? ¿El salario es igual? 
Usted dice sí, hay una reserva de 350.000 millones. 
¿Qué hacemos con el trabajo en negro? , porque cuanto más se reduce la duración oficial, más aumenta la duración oficiosa, ¿qué hacemos con la estructura natural de los costes? 
Usted nivela siempre por abajo. 
La realidad, señor Rocard, es que su método es conocido; es el método de los sofistas, y voy a demostrárselo ahora mismo. 
Puesto que la reducción del tiempo de trabajo crea empleos, a fin de cuentas, para un tiempo de trabajo cero tenemos un número de empleos infinito, a condición de que sea en una economía cerrada. 
Pero en una economía abierta, los empleos liberados son ocupados inmediatamente. 
Y su conclusión, Michel Rocard, es el protestante maltusiano. 
Es usted Michel Foucault, cree en la historia inmóvil, en el estructuralismo con su modelo viviente en la miseria, por los suelos. 
En el fondo, no es usted ni socialista ni liberal, es un internacional pesimista. 
Cree en el racionamiento, en la miseria tranquila, mientras que nosotros somos nacionalistas optimistas. 
Se interrumpe el debate para proceder al turno de preguntas. 
La sesión se reanudará esta noche a las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B40838/96) , dirigidas a la Comisión. 
Pregunta nº 30 formulada por Ben Fayot (H-0577/96): 
Asunto: El derecho de iniciativa del Parlamento Europeo 
En el artículo 138B del Tratado de la UE se señala que, por decisión de la mayoría de sus miembros, el Parlamento Europeo podrá solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio de aquél requiera la elaboración de un acto comunitario para la aplicación de dicho Tratado. 
Antes de la aprobación de la declaración conjunta sobre el programa legislativo para 1996, el Parlamento europeo aprobó, basándose en el artículo 138B, dos informes de propia iniciativa (Informe ROTHLEY (A4-201/95) , aprobado el 26.10.1995. DO C 308/95; y el informe ALBER (A3-232/94) , aprobado el 20.4.1994, DO C 128/94). 
En su Resolución relativa al programa legislativo para 1996, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que presentase propuestas legislativas sobre estas iniciativas. 
En el proyecto del Parlamento Europeo para una declaración conjunta sobre el programa legislativo se recogía esta misma solicitud. 
Si bien en el Código de Conducta de 15 de marzo de 1995 la Comisión se comprometió a tener en cuenta las iniciativas del Parlamento Europeo en virtud del artículo 138B, ésta no ha presentado hasta la fecha ninguna propuesta en este sentido. 
¿Cómo se propone la Comisión respetar el (limitado) derecho de iniciativa de que dispone el Parlamento Europeo desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht? 
¿Cuándo presentará la Comisión propuestas sobre las iniciativas a las que se ha hecho referencia anteriormente? 
Señor Presidente, en primer lugar, en lo que se refiere al informe Rothley A4-0201/95, tenemos totalmente claro que existen grandes dificultades cuando las víctimas de accidentes tienen que pedir a una sociedad aseguradora la indemnización por los daños sufridos en otro país miembro. 
Las compañías de seguros también lo saben y han adoptado una serie de iniciativas. 
Nosotros hemos llevado a cabo una amplia consulta con todos los afectados en la que, por cierto, ha participado también el Sr. Rothley, para decidir qué procedimiento es el mejor. 
Habríamos preferido un acuerdo negociado por los afectados, pero no fue posible. 
Por ello, estamos recapacitando proponer una regulación por la que, en primer lugar, todas las sociedades aseguradoras europeas tengan que nombrar en cada país miembro un apoderado para la regulación de los daños, en segundo lugar, encargar a los Estados miembros la imposición de sanciones a las compañías aseguradoras que no nombren ningún apoderado y, en tercer lugar, crear en los Estados miembros centros de información que los apoderados puedan nombrar a los perjudicados en su país de origen. 
En lo que se refiere al informe Alber, ya hemos informado al Parlamento en nuestro informe semestral. 
Hemos encargado varios estudios con el objetivo de saber cómo está regulada la responsabilidad en los países miembros y qué efectos tienen los diversos sistemas de responsabilidad. 
Estos estudios pueden estar terminados a finales de año y, en base a los mismos, presentaremos una comunicación, de modo que podremos decidir junto con el Parlamento cómo podemos regular razonablemente esta cuestión. 
Señor Presidente, agradezco evidentemente al Comisario su respuesta tan precisa sobre los informes Rothley y Alber. 
Planteé esta pregunta porque no veíamos que ocurriera nada. 
Me gustaría saber cómo va a abordar la Comisión, en principio, este derecho de iniciativa del Parlamento Europeo, instaurado en el Tratado de Maastricht en virtud del artículo 138 B. 
Usted sabe, señor Comisario, que este derecho de iniciativa es muy limitado, que está estrictamente reglamentado también por nuestro Reglamento de régimen interior y que se deben cumplir unas condiciones muy precisas. 
Por mi parte, desearía que la Comisión señalara si mantiene una actitud positiva o restrictiva con respecto a estas iniciativas del Parlamento Europeo. 
La Comisión ha saludado esta norma. 
Hemos apoyado al Parlamento para que se introdujese en el Tratado de Maastricht una norma de este tipo. 
Por supuesto, nos tomamos muy en serio este derecho de iniciativa del Parlamento, ante todo porque se dirige a la Comisión. 
No sería muy colegial y cooperativo por parte de la Comisión si el Parlamento se viese obstaculizado por nosotros en el ejercicio de un derecho de este tipo, por lo que les he proporcionado estas informaciones. 
A veces, este derecho de iniciativa se dirige comprensiblemente a situaciones muy complejas y difíciles, pues de lo contrario, quizás habrían sido ya tratadas. 
Por ello, dura algún tiempo pero el derecho de iniciativa del Parlamento es naturalmente para nosotros un asunto importante que apreciamos adecuadamente. 
He de decir que me complace mucho la respuesta que ha dado el Sr. Comisario en esta ocasión. 
Deseo señalar a la Comisión que el artículo 138B es un derecho sobre el que espero que podamos contar con una cooperación positiva por su parte. 
Nosotros, claro está, somos el órgano electo y ustedes, lamentablemente, no lo son, aunque hayan recibido nuestro respaldo cuando aceptamos el nombramiento de la actual Comisión. 
Espero que tomen muy en serio nuestras ideas, porque son ideas que pueden utilizar, que nosotros podemos utilizar junto con ustedes y que tendrán un resultado constructivo. 
Por ejemplo, la tarjeta médica, de la que hemos hablado en esta Cámara este mismo año. 
He hecho mis propias indagaciones al respecto pero, una vez más, no sé cual es el calendario. 
¿Podrá usted ayudarnos? Porque si es capaz de contribuir al desarrollo de una tarjeta médica europea, sería algo que juntos, nosotros y la Comisión, podríamos proponer a una población europea más amplia por su carácter práctico- eso es lo esencial. 
¿Puede usted darnos un calendario sobre la tarjeta médica? 
Me voy a referir en primer lugar al aspecto general que ha mencionado de nuevo. 
Todos los años mantenemos con el Parlamento un debate sobre el programa legislativo, sobre el programa que queremos plantearnos cada año, tanto en lo que se refiere a las propuestas de la Comisión como a los deseos del Parlamento. 
En el marco de este debate se han adoptado una serie de iniciativas que no se han tratado de modo tan formal como habría sido necesario. 
Tomemos un ejemplo del debate de la última semana: el Parlamento considera con razón la pornografía en Internet como un problema urgente. La Comisión declaró que es de la misma opinión y que quería estudiar los pasos adecuados para limitar las posibilidades ya que no podemos impedirlas totalmente. 
En estos momentos no puedo contestar con precisión- a pesar de que pertenece a mi programa -, a la pregunta de lo adelantados que estamos con esta tarjeta sanitaria. 
Tenemos un proyecto piloto sobre cómo puede aplicarse la sociedad de la información en el campo de la sanidad y estamos trabajando en ello. 
Le pido comprensión, pero no puedo decirle realmente ahora con precisión cuándo existirán las condiciones para esta tarjeta. 
No se trata solamente de un problema técnico sino ante todo de la confidencialidad de los datos personales protegidos. 
Sin duda, usted lo verá también así, pues en una tarjeta de este tipo no figura solamente el historial clínico sino también la biografía, las circunstancias personales de una persona, por lo que hay que adoptar las medidas necesarias para que estos datos no caigan en manos no autorizadas. 
Este es uno de los problemas que se pueden solucionar técnicamente pero para ello hace falta tiempo. 
Le podemos escribir una carta indicándole es estado actual del asunto. 
Pregunta nº 31 formulada por Angela Theodora Billingham (H-0619/96): 
Asunto: Normas para los lugares de camping 
El turismo es una importante industria en Europa y el camping es uno de los medios básicos y con más auge para pasar las vacaciones. 
Parece ser que en muchos países europeos no existe control sobre el espacio asignado para el camping, suministros de equipo contra incendio, suministros sanitarios y muchos más puntos, los cuales están controlados por la «Caravan Site Act» (Ley sobre la ubicación de las caravanas, 1968 en el Reino Unido). 
Muchos consumidores han sido víctimas de información publicitaria engañosa relativa a los lugares de camping. 
¿Existe alguna ley europea sobre las normas de seguridad e higiene en los lugares de camping para todos los Estados europeos miembros? 
O bien, ¿está planteando la Comisión tomar alguna medida para asegurar que estas normas relativas a los lugares de camping sean definidas en todos los Estados europeos miembros? 
Señor Presidente, esta pregunta no tiene nada que ver con la terrible desgracia que ha ocurrido hace poco tiempo en España, pero ha mostrado de nuevo que existe una necesidad de normas que hasta ahora han sido adoptadas casi exclusivamente por las autoridades nacionales competentes o mediante acuerdos de las organizaciones de arrendatarios de los lugares de camping. 
Actualmente no existe a nivel europeo ninguna norma jurídica sobre la seguridad y protección de la salud en los lugares de camping. 
Si hay cuestiones contempladas por normas generales- por ejemplo, hay normas contra la publicidad engañosa en todos los países miembros -, naturalmente son también aplicables a los lugares de camping. 
La seguridad y la protección de la salud en los lugares de camping es similar a la seguridad y la protección de la salud en los centros de vacaciones, hoteles, discotecas, parques de atracciones, etc., un complejo general de cuestiones relativas a la seguridad de las prestaciones de servicios. 
Estas consideraciones cobran cada vez mayor importancia en el marco de nuestra política de protección al consumidor. 
En 1990 presentamos una propuesta sobre la responsabilidad por prestaciones de servicios defectuosas que no encontró el apoyo del Parlamento, por lo que retiramos la propuesta. 
No obstante, estamos considerando presentar una nueva propuesta para regular esta cuestión. 
Muchas gracias por su respuesta, señor Comisario. 
Como probablemente habrá imaginado, mi pregunta no era a raíz del accidente al que se ha referido. 
Pero, desde luego, éste da mayor urgencia al tema que estamos tratando. 
Millones y millones de personas de toda Europa dependen ahora mismo del uso de la caravanas para sus vacaciones. 
Todos los que tenemos familia sabemos que pueden hacerse muchos kilómetros, llegar a un camping ya entrada la noche, puede que con niños de mal humor y, por supuesto, no tener energía para salir a comprobar si el camping es efectivamente seguro. 
Hemos visto las trágicas consecuencias que se han derivado. 
Creo, pues, que es una necesidad creciente. 
Es un área en intenso desarrollo y me parece interesante saber que de hecho el tema pasó ya por el Parlamento y después se retiró. 
Espero sinceramente que, al ser el tema mucho más urgente ahora, se dé la posibilidad de que la Comisión y el Parlamento lo reintroduzcan como asunto de tramitación urgente. 
Tenemos, como usted bien ha dicho, tres áreas. 
Pero esas tres áreas han de ser conectadas, y la única forma de que puede hacerse es dentro de un procedimiento identificable. 
Sí, puede que tenga razón. 
En lo que se refiere a la desgracia ocurrida en España, no tenemos informaciones suficientes sobre si se debe a una carencia de normas o a un seguimiento y control insuficiente de las normas existentes. Pues, lamentablemente, las normas por si solas no garantizan el éxito sino que sólo su control y aplicación correspondientes pueden impedir que ocurran tales catástrofes. 
En lo que se refiere a lo que usted dice sobre la urgencia, solamente puedo subrayarlo. 
Desgraciadamente, en la política ocurre con frecuencia que cuando se quiere regular algo la gente reacciona con desagrado en tanto no haya pasado algo. 
En especial en su país no se encuentra un eco muy favorable cuando se quiere regular algo en unos tiempos en los que no ha pasado aún nada. 
Siempre tiene que ocurrir algo para que venga uno y diga: nos encontramos ante una urgencia especial. 
Pienso por ejemplo en los cinturones de seguridad en los autobuses. 
Si en el tiempo en que fui competente para el mercado interior hubiese realizado propuestas sobre la seguridad en los autobuses, en algunos países miembros, incluido el suyo, se me habría criticado fuertemente. 
En el momento en que pasa algo, toda la gente dice: ¿porqué no ha presentado la Comisión hace ya tiempo estas normas? 
Así pues, se deben tener en cuenta estas circunstancias, pero en el fondo no existe ninguna diferencia de opinión entre nosotros: tratamos el asunto como urgente. 
¿No está de acuerdo, señor Comisario, en que el problema que ha planteado la Sra. Billingham ilustra claramente que el turismo debiera ser un área de competencia de la Unión Europea- como muchos de nosotros hemos defendido- en la revisión de la CIG, para que en el caso de la libre circulación de personas, como ejemplifica este problema, podamos tener normas comunes que garanticen realmente la seguridad de los turistas? 
Creo que con la situación jurídica existente se pueden aprobar tales normas. Tenemos unas claras competencias para el mercado interior. 
Las prestaciones de servicios se realizan en el mercado interior. 
Si las prestaciones de servicios son malas y, en consecuencia, se originan daños, según las normas jurídicas existentes, su solución compete a la Unión. 
Pienso, por ejemplo, en nuestro reglamento sobre la responsabilidad por productos defectuosos. 
Tenemos un reglamento propio relativo a la responsabilidad si un fabricante elabora un producto defectuosamente. Esta responsabilidad está regulada de tal modo que afecta a cualquier fabricante que venda un producto defectuoso. 
Esta norma fue aprobada en el marco de nuestras competencias generales en el mercado interior y se puede aplicar sin más también a las prestaciones de servicios. 
Esto no debe significar que estoy en contra de que el turismo se incluya en el catálogo de las competencias de la Unión, pero no es necesario para regular estos casos. 
Podemos aprobar ya ahora normas jurídicas al respecto. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 32 y 33 no se formulan. 
Asunto: Acuerdo OCDE sobre la industria de la construcción naval 
En relación con el Reglamento (CE) 3094/95 del Consejo sobre la aplicación del Acuerdo de la OCDE sobre ayudas a la industria de la construcción naval, el Consejo adoptó una declaración secreta el 19 de diciembre de 1995. 
Dicha declaración parece contravenir claramente tanto la prohibición de conceder ayudas a la industria de la construcción naval prevista en el Acuerdo OCDE, como la política de la Unión en el ámbito de la construcción naval definida en la «séptima directiva sobre astilleros». 
¿Podría la Comisión ofrecer una interpretación de la declaración secreta del Consejo y confirmar que, una vez ratificado el Acuerdo OCDE, no será ya posible la concesión de ayudas estatales a la industria de la construcción naval en la Unión Europea? 
Estamos muy interesados en la ratificación del Acuerdo de la OCDE pues nos permitiría colocar sobre una base más sólida la propia política de construcción naval. 
Las subvenciones no estarían permitidas según este Acuerdo. 
Ahora bien, la declaración de la Comisión a la que se refiere el Sr. diputado no está en contradicción con el Acuerdo de la OCDE. 
Los casos contemplados en la declaración tienen que ser examinados por la Comisión, quien emitirá entonces su dictamen al respecto y la publicará en el Diario Oficial. 
Tal como se prevé en el Acuerdo de la OCDE, estas decisiones se pueden plantear en el Parties Group si existen dudas sobre la compatibilidad con el Acuerdo de la OCDE. 
En consecuencia, todo lo que hacemos puede ser controlado por nuestros interlocutores y plantearse como problema. 
Esperamos que este Acuerdo sea ratificado. 
Usted sabe que no depende de nosotros, ni del Japón ni de Corea sino de nuestros interlocutores norteamericanos quienes no se han puesto de acuerdo en el Congreso sobre este texto ni tampoco se ocuparán de este asunto antes de las elecciones del nuevo Presidente. 
Esperamos que después de las elecciones podamos saber si los EE.UU. están dispuestos a ratificar este Acuerdo de la OCDE. 
Muchas gracias por su respuesta, señor Comisario. 
Desgraciadamente, no he recibido respuesta a la última parte de mi pregunta, en la que ruego a la Comisión que confirme que, una vez ratificado el Acuerdo de la OCDE, no será posible la concesión de ayudas estatales a la construcción naval de la Unión. 
En primer lugar, me gustaría que me repitiera su respuesta sobre este punto. 
En segundo lugar, me gustaría saber qué ha hecho la Comisión para garantizar que los Estados Unidos lo firmarán. 
Entiendo que no podemos obligar al Presidente Clinton a firmar, pero, ¿qué estrategia se ha seguido en Europa para garantizar que los Estados Unidos firmarán y ratificarán el Acuerdo OCDE? 
En última instancia- tal como entiendo la respuesta del Sr. Comisario -, la declaración de la Comisión no contiene gran cosa. 
¿Por qué no puede el público acceder a ella? 
¿Por qué se ha hecho una declaración secreta al acta del Consejo si- tal como interpreto lo que ha dicho el Sr. Bangemann- no contiene ninguna información importante? 
Las actas tienen que ser especialmente secretas cuando no hay nada dentro, pues de este modo su importancia será mayor. 
No debería extrañarle. 
Pero aquí incluso se dice algo. 
No es que esta declaración no tenga ninguna importancia sino que indica que fuera del Acuerdo de la OCDE siguen siendo posibles otras ayudas, por ejemplo, para investigación y desarrollo o ayudas regionales. 
Por ejemplo, sigue siendo posible la construcción de unos astilleros en el marco de un programa regional si lo consideramos oportuno. 
El Acuerdo de la OCDE no excluye tales ayudas. 
Ahora bien, todas estas ayudas tienen que ser notificadas cuando son concedidas por un Gobierno nacional o regional. 
La Comisión examina entonces y publica en el Diario Oficial el resultado de su examen. 
Una consecuencia de esto puede ser que uno de nuestros interlocutores diga que no está en consonancia con el Acuerdo de la OCDE. 
Entonces deberemos tratar el tema con dicho interlocutor. 
En el fondo es algo evidente pero no vacío de contenido. 
Como usted lo ha hecho público, podemos discutir también públicamente al respecto. 
También puede ser que haya cometido un error al haberlo hecho público. 
Al ver la pregunta de la Sra. Riis-Jørgensen, me asusté. 
Temía realmente que hubiera acuerdos clandestinos, escándalos, etc. En Dinamarca nos hemos visto afectados por un informe de una empresa que la Sra. Riis-Jørgensen conoce muy bien, y resulta que ese informe tampoco tenía fundamento. 
El Sr. Bangemann ha confirmado que no hay secretos en este caso. 
Todo puede ser leído en el Diario Oficial. 
No confunda las cosas. 
Esta declaración que ha emitido la Comisión no figura en el Diario Oficial. 
Ya sé que esto no ha ocurrido en Dinamarca ni va a ocurrir, pero en el caso de que ocurriese tendríamos que examinarlo y publicar el resultado del examen en el Diario Oficial. 
Así funciona. 
Tengo cada vez más dudas sobre el contenido de esta declaración. 
Hace unos días nos informó el ministro danés responsable de este área de que la declaración no tenía importancia, y ahora entiendo, por lo que ha dicho el Sr. Comisario, que sí la tiene, por eso está ahí, y supongo que éste es también el motivo de que se pretenda mantenerla en secreto. 
¿Podrían explicársenos claramente los motivos para actuar así? 
¿Se debe a que la declaración va en contra del texto y por eso el público no la puede conocer? 
¿Significa lo dicho hoy por el Sr. Comisario, la actitud que ha manifestado, que acepta las declaraciones secretas y le parece una buena práctica no permitir a los ciudadanos y a las empresas saber lo que dicen los textos aprobados? 
Quizás deba echarme en cara que he contribuido a la confusión pues aquello que se dice irónicamente se muestra claramente como ironía por el tono de la voz, lo que posiblemente se pierda en la traducción. 
Pero ahora se lo voy a aclarar por orden y sin ironía. 
En el Consejo se produjo un debate sobre si el Acuerdo de la OCDE nos obligaba a suspender todo tipo de subvenciones a la construcción naval. 
En nombre de la Comisión expuse que interpretamos este Acuerdo en el sentido de que ya no están permitidas subvenciones específicas para la construcción de barcos. 
Voy a exponer un ejemplo al respecto: en unos astilleros se encarga un barco y el correspondiente país paga a estos astilleros un 20 % de ayuda para que el barco sea más barato para el comprador. 
Tales subvenciones no están permitidas según el Acuerdo de la OCDE. 
Otra cosa es, naturalmente, una ayuda a la investigación y desarrollo. 
Tenemos un programa para la modernización de la construcción naval que llevamos a cabo junto con nuestros interlocutores del G7, es decir, también con Norteamérica y el Japón. 
Se estudia la utilización de tecnología de la información para racionalizar los procesos de producción y, ante todo, para integrar a tiempo a los proveedores en el curso de producción, etc. Un programa de este tipo es financiado en parte por nosotros en el marco de nuestra política de investigación y desarrollo. 
O tomemos otro ejemplo: unos astilleros quieren evitar ruidos y adoptar para ello las correspondientes medidas. 
Necesitan para ello una inversión y se apoya dicha inversión. 
Esto no tiene nada que ver con la construcción naval sino que posiblemente se trata de una medida para la protección del medio ambiente. 
Estas son formas de ayudas que no se contemplan en el Acuerdo de la OCDE. 
No obstante, tales ayudas son examinadas por nosotros, es decir, cualquiera que desee conceder tales ayudas debe notificarlas a la Comisión. 
La Comisión las examina y constata si atentan contra el artículo 92 o cualquier otra norma del Tratado y entonces son prohibidas o autorizadas si están de acuerdo con las normas del Tratado. 
Esta decisión se publica entonces en el Diario Oficial. 
Esta es toda la secuencia. 
Así pues, todo el procedimiento es de importancia. 
No hay actas secretas sino que todas ellas se registran y se puede acceder en cualquier momento a las mismas. 
Si tienen alguna pregunta para el Consejo, diríjanse a él, quien les proporcionará información sobre las actas. 
La Comisión tiene aún menos motivos para mantener en secreto tales actas, pues lo que hacemos constar en acta es nuestra opinión. 
Me preguntan ahora por nuestra opinión y se la digo aquí en una sesión pública. 
No tenemos nada que ocultar. 
¿Me he expresado ahora con suficiente claridad? 
Pregunta nº 35 formulada por Hugh R. McMahon (H-0641/96): 
Asunto: Registro de los productos farmacéuticos Smoltine y Azamethipos 
¿Puede dar garantías la Comisión de que el registro de Smoltine y Azamethipos, productos extremadamente importantes para la industria escocesa de cría de salmón, se basará en criterios científicos objetivos y no tendrá retrasos indebidos? 
Como siempre, el Sr. McMahon ha llamado la atención sobre un problema. 
Pero en primer lugar debo constatar que en la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos de Londres no se ha presentado ninguna solicitud para la concesión de una autorización para la puesta en circulación de las sustancias que el Sr. diputado ha indicado en su pregunta. 
En lo que se refiere a dichas sustancias, se presentan solicitudes para la determinación de los valores máximos de los residuos en el sentido del Reglamento del Consejo 2377/90. 
Hay que subrayar que la determinación de un valor máximo de residuos- un concepto horrible, pero es así como se dice- no supone en ningún caso una autorización para la puesta en circulación pero es una de las condiciones previas para dicha autorización. 
Así pues, en primer lugar hay que comprobar si no se superan las cantidades máximas que están permitidas como residuos. 
Sólo una vez superada esta primera fase se puede adoptar la decisión de si el medicamento se puede poner en circulación. 
Dicha autorización se concede si el medicamento que contiene la sustancia enjuiciada cumple también los criterios científicos y objetivos de seguridad, calidad y eficacia indicados en las Directivas 81/851 y 81/852 y si no hay otras normas comunitarias que se opongan. 
Las sustancias que menciona el Sr. diputado están destinadas a emplearse en peces. 
Para el Azamethipos se determinó el 25 de junio de este año un valor máximo de residuos. 
En lo tocante al somato salm la situación es diferente ya que el Comité para los medicamentos para animales no ha emitido una opinión favorable, por lo que esta sustancia debe ser objeto de un reglamento del Consejo. 
Una propuesta al respecto se va a presentar en breve a la Comisión. 
El motivo del rechazo por parte del Comité para los medicamentos para animales fue una similitud entre somato salm y la BST. 
Por este motivo, la Comisión ha pedido a la Agencia Europea para Evaluación de Medicamentos informaciones adicionales sobre el riesgo de un empleo contrario a su finalidad de somato salm. 
La Agencia ha excluido entretanto esta posibilidad. 
Este es el estado del asunto. 
En su última respuesta, el Sr. Comisario ha dicho que la posibilidad de un uso nocivo ya ha quedado excluida. 
Al no poder usar Smoltine, que sirve para transferir los peces del agua dulce al agua salada, tienen que usar peróxido de hidrógeno, el cual es muy caro y provoca efectos muy graves en la vida de los peces. 
El segundo producto, Azamethipos, tiene que ver con parásitos marinos, que están causando grandes problemas en la industria del salmón, no sólo en Escocia sino en toda la Unión, atrofiando el crecimiento y causando problemas con las reservas piscícolas. 
Ahora que parecen haberse resuelto los problemas y en vista de la importancia que revisten estos productos para la industria salmonera escocesa, ¿podría asegurar el Sr. Comisario que va a dar una rápida autorización? 
Las industrias del salmón de Escocia, Irlanda y otros lugares de la Unión Europea están deseando que estos productos sean autorizados cuanto antes, sabiendo que las pruebas de ensayo han demostrado que no hay efectos nocivos para los peces ni para los seres humanos. 
En primer lugar, en base a mis conocimientos personales del caso, que he seguido desde el principio, quiero decir lo siguiente: el Parlamento da con razón importancia a que la Comisión se tome en serio su obligación de control cuando se trata de medicamentos, tanto si están destinados a las personas o a los animales. 
Creo que esto es importante. 
Normalmente, el Parlamento criticaría a la Comisión si, por así decirlo, nos lo tomásemos a la ligera. 
Por ello, cuando se planteó la pregunta de si se puede autorizar este producto, dije que primero tenemos que esperar a las opiniones de los Comités Científicos y de la Agencia. 
He rechazado autorizarlo a pesar de que se han presentado una serie de documentos y pruebas que en el caso de somato salm consideran esta sustancia como inocua. 
Espero que estén de acuerdo. 
La industria escocesa es importante. No queremos hacer tampoco nada ilegal. 
Tampoco podemos prohibir sencillamente un producto si no hay un motivo para ello, pero hemos observado muy atentamente el procedimiento que se desarrolló como sigue: primero el Comité científico. 
Este dijo no. 
A continuación, la Agencia, a la que volvimos a preguntar. 
Para la Agencia no había motivo para prohibir este medicamento o como le quiera llamar. 
Pero como el Comité Científico estaba en contra no podíamos autorizarlo sin más. 
Este es el procedimiento, por lo que tenemos que encargar el asunto al Consejo. 
Así lo vamos a hacer y luego tendrá que decidir él. 
Este es el procedimiento. 
Aunque no se nos ha elegido, tal como ha dicho antes un colega, somos muy precisos en lo que hacemos y creo que esto radica también en interés de la industria escocesa del salmón. 
Por lo demás, los salmones siempre han cambiado del agua salada al agua dulce y viceversa. 
Usted sabe muy bien que los salmones desovan en el agua dulce, vuelven al agua salada y vuelven a retornar cuando los jóvenes salmones alcanzan la capacidad reproductora. 
Así pues, el paso del agua dulce al agua salada o al revés es un elemento vital de un salmón normal. 
No tengo nada en contra de un producto que quizás facilite esto si es inocuo, pero esto lo tiene que decidir ahora el Consejo. 
Pregunta nº 36 formulada por Lyndon H.A. Harrison (H-0649/96): 
Asunto: Política en materia de productos medicinales genéricos 
¿Qué medidas está pensando adoptar la Comisión para desarrollar y fomentar la producción y la utilización de genéricos? 
¿Piensa la Comisión presentar propuestas para permitir a los fabricantes de genéricos probar y registrar dichos productos antes de que expiren sus patentes? 
Siempre hemos considerado importantes ambos tipos de medicamentos. 
Esto es aún hoy parte de nuestra política industrial para la industria farmacéutica. 
Necesitamos una industria que investigue, que desarrolle nuevos medicamentos, lo que, por lo demás, es muy caro y va a seguir encareciéndose ya que solamente un reducido porcentaje de dichos medicamentos va a llegar de hecho al mercado. 
Naturalmente, una vez transcurridos los plazos de protección de la patente aplicables a los nuevos medicamentos, necesitamos también los medicamentos genéricos, es decir, la industria que realiza la invención y ofrece productos similares que son de importancia para el consumidor ya que por lo general son más baratos. 
No se puede ignorar, y espero que el Sr. Harrison se percate de ello, que sin la industria investigadora no tendríamos tampoco una industria que elaborase medicamentos genéricos. 
Si no obtenemos nuevos medicamentos, tampoco habrá nadie que pueda producir después más barato en base de esos conocimientos. 
Así pues, tenemos que intentar establecer un equilibrio y creo que hasta ahora lo hemos logrado. 
El Sr. Comisario tiene toda la razón en que hay que conseguir un equilibrio, pero imagino que será consciente del problema de que algunas empresas prefieren trasladarse a Estados Unidos a desarrollar el trabajo preliminar antes de que expiren las patentes y que por ello hacen perder un escalón a Europa, porque carecemos de la habilidad para lograr que las pequeñas empresas, concretamente las del sector farmacéutico, participen en el trabajo anterior a que expiren las patentes. 
Al Sr. Comisario le diría que si no hacemos nada por ayudar al trabajo de producción durante la expiración de la patentes, tendremos entonces una expiración de los pacientes que de otro modo podrían beneficiarse de estos medicamentos más baratos producidos con este sistema. 
Usted sabe que hemos logrado dar un paso esencial, además a nivel internacional, válido también para las empresas norteamericanas y japonesas, consistente en prolongar el plazo de la patente por un tiempo de protección adicional si el largo tiempo necesario para realizar el control acorta el plazo de la patente. 
Un ejemplo práctico: alguien desarrolla un medicamento. 
Naturalmente, tiene que lograr que se le autorice. 
Para ello, hace falta una serie de análisis que requieren mucho tiempo y puede ocurrir que la mitad o más del plazo de protección de la patente haya transcurrido cuando el medicamento salga al mercado. 
Hemos creado una norma y logrado que se acepte a nivel internacional, por la que el tiempo que duran los análisis se añade al plazo de duración de la patente, de modo que la protección total es exactamente el plazo del protección de la patente desde el día en que sale al mercado el medicamento. 
Esta es una medida nueva muy importante que mejora sensiblemente la situación de la industria investigadora. 
En este aspecto hemos solucionado pues el asunto. 
Si las empresas siguen pensando en ir a otros países fuera de la Unión, lo hacen más bien por las posibilidades biotecnológicas que se han abierto hoy a muchas de ellas, en especial, a las pequeñas. 
No tengo que decirles demasiado: espero que la desesperada pugna que mantengo desde hace años con el Parlamento para llegar a unas normas razonables en esta cuestión, va a conducir pronto a un resultado, pues en el presente caso- con lo que me remito al debate sobre el informe del Sr. Rocard- se trata realmente de una industria que crea puestos de trabajo y es competitiva y a la que expulsamos de la Unión. 
Esto es naturalmente un sinsentido. 
No necesitamos entonces acortar el tiempo de trabajo pues si no hay puestos de trabajo ya no sirve de nada acortar el tiempo de trabajo. 
Lo importante es que tengamos puestos de trabajo y para ello necesitamos una normativa jurídica clara. 
Señor Presidente, esta política forestal engloba muchos asuntos distintos. 
Una de sus peculiaridades es la certificación. 
En este momento, las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de la naturaleza han empezado a vender este tipo de certificados a la industria forestal. 
Esta posibilidad resulta alarmante debido a que este sistema carece de todo tipo de control democrático. 
¿Podría la Comisión, en particular el departamento que se ocupa de las cuestiones de industria, pensar en la posibilidad de que se desarrollase, a través de decisiones de la UE, un certificado forestal equitativo y justo y que tuviese en cuenta las distintas condiciones existentes en cada país? 
Sabemos que es un problema, por lo que esta nueva sección de la que he hablado ha participado muy activamente en el debate sobre los problemas de la certificación. 
Naturalmente, nuestros interlocutores son los correspondientes grupos de la industria, pero hemos incluido también en el diálogo a otros grupos de interesados. 
Por lo demás, hemos celebrado la primera y hasta ahora única reunión conjunta de todos estos grupos a nivel de la UE, el discussion forum on the ECO-certification of forest and forest products, es decir, que hemos actuado. 
Actualmente se está debatiendo en la Comisión sobre un documento con diversas opciones para poder solucionar este problema de la certificación. 
Esperamos que podamos participar activamente también en los preparativos del intergovernmental panel on forest, en especial en los problemas relativos al trade and environement, de modo que logremos una solución razonable. 
Asunto: Ordenación de la numeración en las telecomunicaciones 
¿Se propone la Comisión fijar su opinión respecto a la ordenación de la numeración, en tanto en cuanto pueda afectar al encaminamiento de las llamadas, del sector de las telecomunicaciones? 
Señor Presidente, este es un problema que nos ocupa permanentemente pues es muy importante que esta numeración se aplique razonablemente. 
Hasta ahora hemos renunciado a la introducción de unos números a nivel europeo y solamente nos hemos podido poner de acuerdo en dos directivas sobre un número de común para llamadas de emergencia- el 112- y sobre un número común de acceso internacional- el código telefónico 00. 
La Comisión tiene previsto publicar un Libro Verde sobre la numeración antes de que finalice este año. 
Tenemos que comprobar cómo se realiza la numeración en el sector europeo de las telecomunicaciones, ante todo, ante el trasfondo de la liberalización del año 1998. 
Esto conduce a más participantes en el mercado, más servicios y más clientes. 
Los clientes cambiarán de operador y, naturalmente, están interesados en poder conservar sus números. 
El Libro Verde sobre la numeración planteará estas cuestiones, inclusive la armonización de los proyectos nacionales, la asignación de números libres para los servicios telefónicos, la selección carrier y la creación de un plan de numeración a largo plazo para Europa. 
La ordenación de los clientes en un entorno liberalizado de las telecomunicaciones es difícil, como uno se puede imaginar. 
La pregunta del Sr. diputado es de hecho muy relevante. 
Hay que crear las condiciones para que los usuarios puedan conservar sus números en caso de un cambio de operador. 
Esta es nuestra intención. 
En este contexto, se les debe garantizar una libre elección en lo tocante a la calidad, el servicio y los costes. 
Señor Comisario, le agradezco la información que nos acaba de ofrecer y me congratulo porque he oído lo que yo intentaba con esta iniciativa: saber ya efectivamente cuándo va a presentar la Comisión ese Libro Verde, que usted anuncia para final de este mismo año. 
Estamos ante un tema que afecta no sólo a un país sino a todos los países de la Unión, y que es importante puesto que afecta sobre todo a la competencia de todos los países miembros. 
Además, su regulación tiene que ser compatible en todos los Estados miembros. 
Por tanto, es una tarea realmente difícil y nos alegra que se empiece ya a trabajar en este asunto. 
Le puedo exponer el calendario exacto tal como nos lo imaginamos: hasta el 1 de enero de 1998, es decir, el momento de la liberalización, queremos alcanzar seis objetivos. 
Primero, la posibilidad de elegir el carrier, en segundo lugar, este number portability para las conexiones locales, en tercer lugar, el fomento de las armonizaciones nacionales, es decir, intentamos asegurar la convergencia de estos planes numéricos nacionales; en cuarto lugar, la creación de un European telephoy numbering space, la creación de un common acces; en quinto lugar, la creación de un marco conjunto para la regulación y administración de números, lo que garantizará que no surjan normas nacionales divergentes. 
A continuación, el 1 de enero del año 2000, un «carrier preselection». 
Naturalmente, esto será para el usuario mucho más sencillo. 
Tenemos prevista la ampliación de la capacidad numérica para los usuarios de redes de comunicaciones móviles y personales así como para los usuarios de servicios generales y después, a partir del año 2000, la implantación de un plan de numeración a largo plazo que supondrá la creación de un código europeo por países, transfiriéndose la administración y gestión del código al nivel europeo. 
Esperamos lograrlo. 
Sé que el Parlamento nos apoya en esta tarea. 
Los Estados miembros son a veces algo titubeantes, pero este es cualquier caso nuestro plan de trabajo. 
Pregunta nº 39 formulada por David Bowe (H-0682/96): 
Asunto: Solventes de extracción 
El Anexo de la Directiva 88/344/CEE, » Solventes de extracción utilizadas en la producción de alimentos e ingredientes alimentarios» (revisado 92/115/CEE y 94/52 (CEE) , no incluye el solvente alimentario de extracción 1.1.144DOTQUANT772- tetrafluoroetano. 
Aunque la Comisión Científica de Alimentación del Reino Unido ha declarado su utilización aceptable, el proceso de extracción del 1.1.144DOTQUANT772- tetrafluoroetano o de sus productos no se puede comercializar porque no se encuentra incluido en la Directiva antes mencionada. 
El lento y burocrático mecanismo para revisar la Directiva sobre solventes significa que las compañías que desarrollan estos productos innovadores se enfrentan a la ruina económica. 
¿Se asegurará la Comisión de que se realice una revisión urgente de la Directiva sobre solventes, parte de la cual sea un artículo adicional que permita a los Estados miembros la inspección de permitir la comercialización y la utilización de nuevos productos sobre una base temporal sujetos a la aprobación de la Comisión? 
La Comisión es de la opinión de que en la aplicación de la Directiva 88/344, en relación con la autorización de nuevos solventes pueden surgir considerables retrasos. 
Este es también el temor expresado por el Sr. diputado. 
La causa principal es que las modificaciones de esta directiva solamente se pueden realizar mediante un procedimiento completo de codecisión con dos lecturas en el Parlamento y la aprobación de una posición común antes de la segunda lectura. 
En otras palabras, señor Presidente: el comprensible deseo del Parlamento de que tales modificaciones se traten en el procedimiento legislativo normal, es decir, en especial en el procedimiento de codecisión, conduce a retrasos temporales. 
Siempre lo hemos dicho. 
No se puede tener las dos cosas. 
Si desean tener decisiones rápidas habrá que elegir otro procedimiento, lo que no excluye en absoluto la participación del Parlamento; siempre hemos llamado la atención al respecto. 
Si insisten en un procedimiento de codecisión, como en el presente caso, durará más tiempo. 
Pero hemos presentado una propuesta para modificar la directiva sobre solventes y autorizar el tetrafluoretano para su uso en los alimentos. 
Esta propuesta, que lleva el número 96 etc., se ha comunicado ya al Parlamento para que emita su dictamen en primera lectura. 
La Comisión espera que se examine este asunto con rapidez para que las pérdidas económicas que sufren los productores de alimentos debido a la prohibición de este solvente, sean lo menores posibles. 
Coincidimos con el Sr. diputado en que la directiva sobre solventes debe revisarse para evitar tales retrasos, pero para ello sus Señorías tendrán que realizar un gran esfuerzo. 
Nosotros no podemos regularlo en exclusiva. 
Si el Parlamento se aferra al procedimiento de codecisión, no puedo prometerle que lleguemos a unas decisiones rápidas. 
En otras directivas, por ejemplo, la directiva sobre aditivos alimentarios, están previstos procedimientos para autorizaciones provisionales de los que pueden hacer uso los Estados miembros. 
No obstante, nosotros preferiríamos que las adaptaciones a los avances técnicos, de lo que se trata claramente en el presente caso, se confiasen a la Comisión y si el Parlamento lo desea tenga una especie de participación o de derecho de bloqueo si cree que debe bloquear una decisión de la Comisión. 
Probablemente esta sería la mejor solución, pero para ello hace falta la buena voluntad de todos los afectados. 
Quiero dar las gracias al Sr. Bangemann por lo que ha dicho y, en particular, darle las gracias en nombre de las empresas de pequeño y mediano tamaño de mi circunscripción electoral, que mirarán con muy buenos ojos esta propuesta concreta de cambio. 
Podrá contar con mi ayuda para garantizar que se tramite en el Parlamento lo más rápidamente posible. 
En una carta personal que me ha escrito, menciona que éste ha sido un lento proceso de legislación europea que no ha marchado a la velocidad adecuada. 
De hecho, lo que necesitamos no es una desregulación, sino una regulación correcta y eficaz. 
No puedo sino apoyar su punto de vista. 
Espero que se difunda por aquí. 
Ahora estamos en los alimentos para los lactantes que, naturalmente, suponen una parte muy importante de la política alimentaria. 
Conocemos esta cuestión de las endotoxinas así como los informes de prensa sobre el estudio al que se refiere en su pregunta. 
Según las informaciones de que dispone la Comisión este estudio no ha aparecido en publicaciones científicas ni tampoco se ha puesto a disposición de otros científicos para su examen. 
Numerosos alimentos, inclusive los destinados a los lactantes, contienen endotoxinas. 
Estas son partes de células bacterianas que se presentan de modo natural en los alimentos. 
Son moléculas grandes que tras ingerir los alimentos normalmente no van a parar a la circulación sanguínea a través de la pared intestinal, por lo que, desde un punto de vista científico, no es peligroso para los adultos o para los bebés tomar leche o productos lácteos que contienen endotoxinas. 
Estas endotoxinas solamente pueden provocar enfermedades si llegan a la circulación sanguínea lo que no ocurre a través de los alimentos. 
Desde un punto de vista científico, actualmente no es necesario fijar unos valores límite para las endotoxinas en los alimentos para lactantes o valores límite microbiológicos para limitar las endotoxinas. 
No obstante, seguiremos esta cuestión y si, en base a nuevos conocimientos científicos, surgiese otra cosa, actuaremos del modo correspondiente. 
Señor Presidente, Sr. Bangemann gracias por la respuesta. 
Yo misma he investigado este asunto después de haber formulado la pregunta y he obtenido respuestas similares a las que acaba de exponer el Sr. Bangemann. 
En un diario finlandés se afirmaba, no obstante, que no se deben mantener en casa durante mucho tiempo los envases de sustitutos de leche materna una vez abiertos. 
Los preparados en polvo deben mezclarse siempre con agua de buena calidad y utilizarse cuanto antes. 
Por ello, es importante que se haga un seguimiento de estos sustitutos de leche materna y, en general, de la leche que se bebe. 
Se afirmaba asimismo que las endotoxinas pueden aumentar cuando se ha empleado una materia prima de mala calidad, cuando la higiene ha sido deficiente y el período de conservación ha sido largo, todo lo cual se traduce en un producto de mala calidad. 
¿No parece llegado el momento de llevar a cabo, de manera general, un mejor control de la calidad de la leche y de los sustitutos de leche materna? 
¿Ha pensado la Comisión en hacer algo al respecto? 
Si alguien trata descuidadamente tales alimentos, por ejemplo, si los deja abiertos durante mucho tiempo o sin refrigerar, se trata naturalmente de una dejadez que no se puede solucionar mediante normas legales. 
Lo que quizás se podría hacer es llamar la atención en los envases de los alimentos para lactantes- no sé si ya se hace- que tales alimentos deben tratarse muy cuidadosamente, no dejarlos abiertos, etc. Podemos comprobar si en los países miembros o en nuestros propios reglamentos y directivas esto está ya regulado. 
Si no fuese así es quizás lo único que se puede hacer. 
Si alguien, por dejadez, no trata cuidadosamente estos alimentos a pesar de todas las indicaciones, el poder del legislador no llega tan lejos. 
Asunto: UEM 
El movimiento sindical LO, Confederación de Sindicatos suecos, ha planteado en el marco del debate que se lleva a cabo en Suecia la cuestión de si no desaparecerá en el futuro el arraigo democrático de las decisiones en materia de política monetaria. 
Otros destacados participantes en el debate han planteado el tema de si, tras la realización de una política monetaria común, no deberían tomarse medidas encaminadas a una política financiera común. 
¿Qué juicio le merece a la Comisión el planteamiento de que el arraigo democrático de las decisiones en materia de política monetaria se perderá por el hecho de que la competencia en materia de decisiones pase de los representantes directamente elegidos por el pueblo en los Estados miembros a funcionarios del Banco Central Europeo? 
¿Estima la Comisión que como consecuencia de la introducción de una política monetaria común se impone la preparación hacia una política financiera común y una política común? 
Señor Presidente, la Comisión, al igual que su Señoría, mantiene un respeto escrupuloso por los principios democráticos. Ésta desea recordar, en este sentido, que las ratificaciones del Tratado de la Unión Europea se han efectuado conforme a los procedimientos nacionales respectivos de cada Estado miembro, es decir, de manera democrática. 
Con respecto al contenido del Tratado, el artículo 109 A prevé que el presidente, el vicepresidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, previa consulta a esta Asamblea. 
Este procedimiento de nombramiento ofrece por tanto todas las garantías de transparencia y democracia. 
El protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales prevé, por otro lado, unas disposiciones que permiten garantizar un control del banco y de su funcionamiento. 
Así, el Banco Central Europeo remitirá un informe anual al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, así como al Consejo Europeo. 
El presidente del Banco Central Europeo y los restantes miembros del Comité Ejecutivo podrán, a petición de esta Asamblea, ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento. 
El buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria se basará en dos vectores de decisión: el monetario y el económico. 
El monetario estará encarnado por el futuro Banco Central Europeo, cuya misión será la de dirigir la política monetaria con total independencia. 
Ésta es la garantía de credibilidad de la moneda europea, también la garantía de la lucha contra la inflación, un mal devastador para nuestras economías y en especial para las capas menos favorecidas de la población. 
El vector económico estará representado por el Consejo de Ministros, compuesto por miembros de Gobiernos, por tanto, democráticamente constituido. 
Tendrá una función económica de primer orden, pues coordinará las políticas económicas. 
Decidirá la orientación de la política de cambio- es el artículo 109 del Tratado- y será competente en materia de empleo y cooperación económica. 
La Unión Económica y Monetaria es, por consiguiente, un conjunto democrático y equilibrado, donde cada institución tendrá un papel bien definido y útil que desempeñar. 
Es, por otra parte y al mismo tiempo, la condición para este buen funcionamiento y la de su aceptabilidad por los ciudadanos. 
Muchas gracias por su respuesta. 
En Suecia hay una mayoría aplastante de la población en contra de la UEM. 
Esto se debe seguramente a varios factores. 
Dos de los máximos representantes del Gobierno, el Primer Ministro y el de finanzas, piensan que no es posible una UEM y una política monetaria común sin una política financiera común, es decir, una política común de ingresos fiscales y de gastos. 
El experto americano en asuntos de economía nacional, Martin Feldstein, escribe en «Economist» que los argumentos económicos a favor de la UEM son tan dudosos, y los riesgos tan manifiestos, que el proyecto jamás se habría puesto en marcha si no existiesen unos motivos adicionales de fuerte signo político. 
Los dos motivos que menciona son el neoliberalismo y el federalismo. 
En mi opinión, la democracia no aumenta negándoles a los parlamentos y gobiernos nacionales el derecho a adoptar decisiones sobre política financiera y monetaria. 
El control, señor Comisario, no es lo mismo que la democracia y la política que deciden los representantes elegidos democráticamente. 
La unión monetaria y, en relación con ella, la política financiera común, constituyen el sueño de los federalistas, pero son un proyecto que es la pesadilla de la democracia. 
Creo que es necesario distinguir dos cosas. 
Por una parte los efectos de la Unión Económica y Monetaria, que serán buenos para la economía en general y para los ciudadanos. 
Efectivamente, reducir los déficits es algo positivo, en primer lugar para el empleo. 
Poner en práctica la moneda única, es decir, suprimir las fluctuaciones monetarias, es igualmente algo positivo para el crecimiento y para el empleo. 
Por otra parte está la explicación a los ciudadanos para convencerlos de que la Unión Económica y Monetaria es necesaria y positiva. En este sentido, creo que la campaña lanzada conjuntamente por la Comisión y el Parlamento Europeo es un modelo en su género, y todos los miembros, tanto del Parlamento como de la Comisión, deben sentirse implicados. 
El progreso hacia la plena unión económica y monetaria exige la irrevocable conexión de las monedas de los Estados miembros a una moneda única. 
No sé que pasa en el resto de la Unión Europea, pero el principio con el que actúa el Parlamento del Reino Unido es que ninguna legislatura puede vincular a sus sucesoras. 
Seguramente pedir la conexión irrevocable de una moneda, lo cual significa para siempre, sea pedir demasiado. 
¿O hay algún medio de que, en el futuro, algún Estado miembro que piense que el sistema no funciona pueda salirse del mismo? 
Plantea usted un problema teológico. 
En el sistema europeo siempre se puede entrar pero no se puede salir, y no es una novedad del Tratado de Maastricht con relación al Tratado de Roma o a los demás tratados europeos. 
Dicho esto, creo que las ventajas son suficientemente importantes y positivas como para que nuestros pueblos se den cuenta de la utilidad de esta Unión. 
Y me parece muy importante añadir que hoy, en un momento en que los movimientos de capitales están completamente liberalizados, la soberanía en materia monetaria no se verá disminuida por la Unión Económica y Monetaria. 
La Unión Económica y Monetaria será un medio para que nuestros Estados miembros, de manera colectiva, puedan encontrar, en materia monetaria una soberanía que, por desgracia, están perdiendo día a día. 
La pregunta formulada por la Sra. Theorin es muy importante. 
Quisiera preguntar al Sr. De Silguy dónde encuentra teóricos económicos que insinúen que un país con ingresos procedentes del petróleo reaccionará igual que un país con déficit energético si el precio del petróleo se duplica o se reduce a la mitad. 
No es honrado presentar una propuesta para la Unión Monetaria que atiende al aspecto monetario sin incluir también competencias paralelas en los ámbitos de la política financiera, la política de rentas y de las demás formas de la política económica. 
Es posible apoyar una política económica establecida a nivel central, pero en este caso debe disponerse de todos los instrumentos políticos. 
No es posible apoyar una división de los instrumentos políticos como la que figura en el Tratado de Maastricht. 
Al citar el ejemplo del petróleo toma usted, señor Diputado, el de un país- uno de los dos países- que justamente tiene una facilidad de opting out, es decir, de participar o de no participar, y a él le tocará decidir si desea participar en la Unión Económica y Monetaria. 
Yo veo que, incluso para este país, el peso de los ingresos por petróleo ha disminuido fuertemente desde hace unos veinte años, y estamos viendo en Europa una convergencia cada vez mayor entre las economías. 
Creo que para que una unión monetaria funcione es importante tener una buena coordinación entre las políticas presupuestarias y que todo el mundo persiga el mismo objetivo. 
No tiene importancia la creación de una gestión centralizada de las políticas económicas y presupuestarias. 
Incluso creo que sería contrario al espíritu del Tratado y a nuestras tradiciones. 
Sino que se trata, por los medios que ponemos en práctica, y pienso sobre todo en el pacto por la estabilidad (tema sobre el que la Comisión presentará próximamente una propuesta a esta Asamblea) , de trabajar de forma que la dirección de nuestras políticas económicas y de nuestras políticas presupuestarias pueda ir en el mismo sentido, es decir, que juntos decidamos objetivos comunes y nos aseguremos la complementariedad y la coherencia de los objetivos que persigue cada uno de los países. 
Añadiré por otra parte que, si no fuera de este modo, los mercados terminarían por sancionar este tipo de comportamientos, ese tipo de desviaciones. 
En definitiva, ello se traduciría en movimientos monetarios y alzas de los tipos de interés y, a fin de cuentas, en un menor crecimiento y más paro. 
Señor Presidente, señoras y señores Parlamentarios, la Comisión no comparte, en este caso particular, el análisis de su Señoría. 
El desempleo no data de la ratificación del Tratado de la Unión Europea. 
La aparición del desempleo en Europa corresponde a la primera crisis del petróleo de 1973, y debo añadir que las fluctuaciones de los tipos de cambio han penalizado igualmente de forma grave el empleo en Europa. 
Lo hemos visto en 1992-1993 e incluso en 1995. 
Entonces, ¿cuáles son las causas del desempleo? 
Son dobles. 
En primer lugar coyunturales. 
¿Se sabe claramente que sólo las fluctuaciones monetarias de la primavera de 1995 costaron a Europa un 2 % de crecimiento y 1, 5 millones de empleos entre los años 1995 y 1996? 
Sólo un crecimiento duradero a medio plazo y no inflacionista permitirá contribuir a la creación de empleo. 
Pero las causas son ampliamente estructurales, y pienso en especial en la excesiva rigidez del mercado de trabajo que impide a la Unión aprovechar al máximo el crecimiento para crear empleo. 
Para poner remedio de forma sustancial al desempleo, la Comisión propone una estrategia global que ya he tenido ocasión de presentar ante esta Asamblea. 
Si el saneamiento de las economías, que coincide con la realización de la Unión Económica y Monetaria, es hoy la condición previa para la creación de empleo en Europa, se deben tomar necesariamente una serie de medidas adecuadas de manera concomitante y por los Estados miembros. 
Por otra parte es éste el sentido del pacto de confianza que propuso el Presidente Santer. 
La Comisión asume así plenamente sus responsabilidades en el tema del empleo que es, no olvidemos, la finalidad de la política económica, hasta tal punto que la Comisión, en el dictamen que elaboró para la CIG, pidió que en el Tratado se considere al empleo una cuestión de interés común por los Estados miembros de la Unión, al mismo nivel que la política económica y la política de cambio. 
Sí, señor Comisario, las dos cosas están relacionadas. 
El Tratado de Maastricht ha demostrado claramente que no se ha resuelto aquello que se considera como el mayor problema de Europa. 
Si la intención hubiese sido la de dar primacía al empleo, no se habría dado, en su lugar, a la reducción de la inflación y a la estabilidad de precios, dejando el empleo fuera del Tratado de Maastricht. 
No está reglamentado. 
18-20 millones de personas están en paro. 
Por ejemplo, en Suecia, el paro era del 2 % al solicitar la adhesión a la UE. 
Hoy, cinco años más tarde, es del 14 %. 
Naturalmente, no se puede argumentar que se trate de un problema de adaptación en relación con la UEM, porque debería ser al contrario. 
El paro debería disminuir. 
No he recibido respuesta a mi pregunta. 
¿Cuáles son las propuestas del Comisario con objeto de reducir el paro? 
¿Cuándo nos llegarán estas propuestas, y qué otras propuestas constitucionales y de otro signo político aportará usted para que los parados se den perfecta cuenta de que es esto a lo que se da primacía y no a los principios de técnica presupuestaria? 
No tengo las cifras en la cabeza, pero es interesante examinar la evolución del desempleo. 
Así, he podido constatar que, desde 1975, en Europa han crecido a la par los déficits públicos y el número de desempleados. 
Por consiguiente, el problema del empleo no se va a resolver insistiendo en los déficits públicos. 
Si éstos crearan empleo, visto su nivel en Europa, nos encontraríamos en una situación de exceso de empleo. 
Antes al contrario, creo que únicamente con una política de rigor presupuestario y saneamiento de las finanzas públicas crearemos las mejores condiciones para conseguir un mayor crecimiento. 
Sepan que si se redujeran los déficits públicos en Europa en un 1 %, ello liberaría 60.000 millones de ecus por año, que podrían destinarse no a las deudas y a los déficits sino a la inversión productiva. 
Por tanto, la primera condición para crear empleo es recuperar un crecimiento sano, estable y no inflacionista, y ello pasa por el saneamiento de las finanzas públicas. 
Por lo demás, las razones principales del desempleo son de orden estructural. 
La Comisión ha presentado en varias ocasiones ante este Asamblea, ante el Consejo de Ministros y ante el Consejo Europeo, las estrategias globales sobre el empleo. 
Y debo aclarar sobre este punto que en la medida en que el desempleo sea en gran parte de origen estructural, únicamente podremos combatirlo con medidas estructurales. 
No hay milagros y esto no se conseguirá de la noche a la mañana. 
Más aún, en la práctica totalidad de los casos, se trata de medidas de carácter nacional. 
Pienso en especial en las reglamentaciones del mercado de trabajo; en la reglamentación del tiempo de trabajo y en la disminución de las cargas que pesan sobre la mano de obra industrial por medio de la fiscalidad o de las cargas sociales. 
Por tanto se trata ante todo de medidas de orden nacional principalmente. 
Sin embargo, en una serie de temas, mediante el refuerzo del diálogo social y a través de los medios presupuestarios de que disponemos, podemos utilizar el nivel comunitario para dar plena dimensión y acompañamiento suficiente a los esfuerzos que deben realizarse a nivel nacional. 
No invirtamos los papeles en la materia. 
No intentemos tampoco echar abajo el principio de subsidiariedad y esperemos que los Gobiernos y los Estados miembros asuman sus responsabilidades de forma paralela a los interlocutores sociales y complementaria al trabajo de la Comisión. 
Durante la última semana hemos sabido la respuesta del laborismo, de los trabajadores y los sindicatos en Alemania hacia los recortes propuestos en los servicios públicos y los recortes de las prestaciones públicas como consecuencia de la determinación del Gobierno alemán de cumplir los criterios de Maastricht para la UEM. 
Permítame hacer una pregunta, que es una pregunta sincera: ¿qué margen de flexibilidad permiten y autorizan los criterios de Maastricht? 
Por ejemplo, si un determinado Estado miembro estuviera decidido a utilizar sus recursos para crear puestos de trabajo positivos, y ello implicara lo que podría entenderse como un incumplimiento de los criterios de Maastricht, considerarían inaceptable la Comisión y el propio Consejo ese tipo de decisión? 
Para nosotros, crear empleo es necesariamente algo positivo, señor Diputado. 
Creo que es importante no equivocar el debate. 
Con moneda única o sin ella, los Estados miembros no tienen otra solución, en el momento actual, para reducir los déficits públicos. 
Citaba usted con toda justicia la utilización del dinero para crear empleo. 
Pues bien, hoy el 50 % del ahorro de las familias lo absorbe la financiación de los déficits de los Estados miembros y organismos de la seguridad social. 
Este dinero estaría mejor utilizado si se destinara a la creación de empleos, y ésta es la razón por la que es preciso justamente reducir los déficits públicos. 
No hay otra solución, si los Estados miembros no lo hicieran, los mercados los sancionarían y, en definitiva, los tipos de interés de esos países subirían. 
Por consiguiente, el crecimiento disminuiría y sería todavía más difícil la creación de empleo. 
Por tanto, no se trata de flexibilizar el Tratado. 
No añadiremos nada ni suprimiremos nada al Tratado. 
Lo aplicaremos tal como está previsto. 
Y confío en que un número significativo de Estados miembros cumplan las condiciones previstas por el Tratado a finales del año próximo. 
No obliguemos al alumno a que haga su examen de ingreso antes de saber en qué clase debe estar. 
No adelantemos nada sobre este examen; sería contraproducente e inoportuno y tendría un efecto desmovilizador, mientras que, incluso si no es suficiente para crear empleo, la prioridad macroeconómica es hoy, para los Estados miembros, poner en orden sus finanzas y no vivir por encima de sus posibilidades. 
Señor diputado, si, desde un punto de vista jurídico, la Unión Económica y Monetaria puede funcionar únicamente con dos Estados miembros, la Comisión estima (y yo diría que se trata sencillamente de una cuestión de sentido común) que, sin Francia, sin Alemania y sin un número importante de otros Estados miembros, el interés de las ventajas de la Unión Económica y Monetaria sería evidentemente menor. 
Así las cosas, no existe ninguna lista preestablecida. 
A la vista de los progresos de la convergencia, ya lo he dicho hace unos instantes, la Comisión está convencida de que habrá un número significativo de países que estarán en disposición de participar desde el primer momento de la Unión Económica y Monetaria. 
Pero, conforme a lo que los Jefes de Estado y de Gobierno fijaron en Madrid en diciembre pasado, la decisión de paso a la Unión Económica y Monetaria se tomará lo antes posible en 1998 por el Consejo Europeo, sobre la base de los informes del Instituto Monetario Europeo y de la Comisión, y previa consulta a esta Asamblea. 
La evaluación tendrá lugar, por tanto, a finales de 1997 o principios de 1998, a la vista de los resultados de 1997. 
La Comisión sabe hacer muchas cosas pero todavía no sabe leer en una bola de cristal, y yo no puedo adelantar nada sobre los resultados del año próximo. 
En este mismo sentido, tengo interés en recordar que tampoco debemos adelantar nada sobre los plazos. 
Sería un ejercicio inútil. 
En estos momentos, el debate sobre este tema sólo frenaría el proceso de convergencia. 
Así pues, un relajamiento de los esfuerzos de consolidación presupuestaria no tendría sentido, pues la situación actual necesita que se continúe, y en algunos casos se amplíe, la reducción de los déficits, pues ésta (insisto en este punto pues es fundamental) contribuye a aumentar el ahorro disponible para la inversión creadora de empleo y por lo tanto, a reducir los tipos de interés. 
Gracias, señor Presidente y gracias, señor Comisario, por la respuesta. 
El motivo de que formule la pregunta son las grandes dudas que existen en torno a la UEM en toda Europa, y que me causan preocupación. 
Si sólo son unos pocos países los que participen al inicio de la UEM, creo que la duda seguirá existiendo en Europa. 
Si, por el contrario, son muchos los que participan y una minoría los que se quedan fuera, también creo que la opinión pública en los que permanecen fuera y donde la duda es quizá mayor, por ejemplo en mi país, Suecia, a su debido tiempo podrá ver cómo se desvanecerán las dudas, y estos países formarán parte de la UEM, porque las ventajas y la fuerza de la UEM se incrementarán cuantos más sean los países que formen parte de ella. 
Por lo que respecta a la cuestión de la relación entre el empleo y la UEM, es evidente que un tratamiento demasiado duro de las cuestiones presupuestarias puede influir negativamente a corto plazo sobre el empleo. 
A largo plazo, por el contrario, no veo contradicción alguna entre la lucha por controlar la inflación y la lucha contra el paro. 
Creo que, actualmente, hay una diferencia de apreciación entre la percepción que se tiene en algunos países, en ciertas opiniones públicas, de la posibilidad de llegar a la moneda única, por una parte, y la situación exacta por otra. 
Puedo decirles que se está acelerando el ritmo y que, a fin de año, habremos concluido los trabajos preparatorios de la Unión Económica y Monetaria. 
El Consejo Europeo de Dublín deberá pronunciarse (y la Comisión hará una serie de propuestas a esta Asamblea sobre el tema) sobre el estatuto jurídico del euro, el pacto de estabilidad, que permite asegurar la buena gestión presupuestaria, y el nuevo sistema monetario europeo, que permitirá evitar que Europa se divida en dos con los países que estarán en la moneda única por una parte (los «in» ), y por otra los que no estarán desde el primer momento y que tienen vocación de entrar (los «pre-in» ). 
Creo que en el momento actual hay un importante avance, una voluntad considerable, política y técnica de alcanzar la Unión Económica y Monetaria en los plazos previstos. 
Por otra parte, digo y mantengo que las previsiones que hicimos en la última primavera y que presentamos a la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial de esta Cámara siguen siendo a fecha de hoy, 17 de septiembre, válidas, y tengo todas las razones para pensarlo. 
Por consiguiente confirmo lo que dije en el mes de mayo, habrá un número significativo (he hablado incluso de mayoría en lo que respecta al famoso valor de referencia del 3 %) de Estados miembros que estarán preparados para dar el paso a finales de 1997. 
Falta, señor Diputado, que se plantee un problema de explicación y persuasión; tiene usted razón, es especialmente sensible en su país y en otros como en Suecia. 
Creo que, efectivamente, hay un esfuerzo que hacer para demostrar que, con moneda única o sin ella, no queda otra solución que reducir los déficits públicos y que no es la reducción de los déficits públicos la que destruye empleo; al contrario, permite crearlo; igualmente, es necesario demostrar que la estabilidad monetaria es un factor de crecimiento y por tanto un factor de creación de empleo. 
Soy consciente de que hay que hacer un esfuerzo de comunicación. 
Diría que debe movilizar a todo el mundo y a todos los responsables políticos, sociales y económicos de los diferentes países. 
Europa se encuentra en un momento crucial y es necesario demostrar a todos los países que es más interesante estar dentro de la moneda única que fuera. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 48 no se formula. 
Pregunta nº 49 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0624/96): 
Asunto: Normativa sobre medio ambiente en los nuevos Estados miembros 
Suecia, Finlandia y Austria obtuvieron durante las negociaciones de adhesión el derecho a mantener ciertos requisitos más estrictos en materia de medio ambiente por espacio de cuatro años. 
Durante el período transitorio, la UE revisará su normativa al respecto con el objetivo de hacerla más estricta. 
De acuerdo con un documento de la DG 11 de 10 de abril de 1996, la Comisión considera imposible que la UE pueda elevar el nivel de su normativa en materia de medio ambiente al nivel existente en los nuevos Estados miembros. 
De este documento se deduce igualmente que no parece claro si esta normativa se puede acoger a la posibilidad de solicitar continuas disposiciones especiales de conformidad con el apartado 4 del artículo 100A. 
¿Puede el Miembro de la Comisión confirmar que la Comisión considera imposible aumentar el nivel de la normativa de la UE al nivel existente en los nuevos Estados miembros? 
¿Considera el Miembro de la Comisión que el apartado 4 del artículo 100A es aplicable para las disposiciones transitorias en el caso de que el nivel de la UE no aumentara durante este período de cuatro años? 
Como ya he dicho en otras ocasiones, la conclusión de la revisión antes de la expiración del período transitorio de cuatro años con resultados satisfactorios para los nuevos Estados miembros es uno de los primeros puntos del temario político de la Comisión. 
En cuanto al documento de la Comisión de 10 de abril de 1996, al que se hace referencia en la pregunta, éste no corresponde a la actitud oficial de la Comisión. 
Me han informado de que el documento era un texto para un debate interno destinado al uso de los servicios. 
Expone una serie de alternativas para el caso de que el proceso de revisión no termine antes de finales de 1998. 
En cuanto a mi propia actitud ante este tema, hago referencia a mi discurso ante el Parlamento Europeo el 3 de julio de 1996, en el que dejé claro que mi punto de vista siempre ha sido y seguirá siendo que, dentro de mi área de competencias, es decir, el medio ambiente, ninguno de los nuevos Estados miembros será obligado a reducir el nivel de sus normas medioambientales y sanitarias a la expiración del período transitorio. 
El nivel de cobertura en la prensa del debate del 3 de julio me ha sorprendido un poco; no obstante, este es mi punto de vista. 
Puedo confirmar que la parte técnica de la revisión de gran parte de las decisiones incluidas en el proceso avanza a buen ritmo y que probablemente podrá ser terminada durante el período transitorio. 
Le agradezco su respuesta a la Comisaria, y especialmente su aclaración sobre el hecho de que este documento no representa la actitud de la Comisión. 
Pero el documento es muy interesante, de modo que le haré dos preguntas adicionales. 
En el documento se hace referencia a otro escrito del «Legal service» de 13 de diciembre de 1995, donde se dice que es un problema aplicar la llamada «cláusula de salvaguardia» a los países nuevos. 
Me pregunto si el documento es o puede hacerse público, y: ¿Qué tipo de problemas existen en relación con el artículo 100a 4, la llamada cláusula de salvaguardia? 
En el documento se llega además a la conclusión de que resultaría difícil conseguir la mayoría en el Consejo si se estableciesen los niveles máximos de los países miembros. 
Me gustaría escuchar la opinión de la Comisaria sobre el tema. 
Es evidente que el procedimiento implica que haya acuerdo político entre la mayoría de los Estados miembros y, obviamente, no tengo posibilidad de garantizar que lo habrá. 
Es posible que algunos Estados miembros tengan un punto de vista diferente al mío y al de la Comisión, por lo que pueden surgir problemas en el camino. 
Supongo que los Estados miembros conocen perfectamente los procedimientos internos. 
Lo que puedo prometer es que la Comisión se encargará de acabar la revisión, para que sea posible realizar el examen político. Mi propia opinión es que debemos conseguir los límites más altos posibles, para que los nuevos Estados miembros no se vean obligados a reducir sus normas. 
Esto es lo que estamos intentando. 
La Comisión no dispone de información que apoye la afirmación de que los valores de radiación en la península de Kola en la parte nordeste de Rusia son 50 veces mayores que los valores normales en Europa. 
En esa región se recogen grandes cantidades de residuos radiactivos. 
La Comisión ha terminado recientemente un estudio que incluye la recopilación de datos para la elaboración de una lista de residuos radiactivos. 
El correspondiente informe está a punto de ser publicado. 
En la actualidad, la Comisión está realizando asimismo un examen para valorar los efectos radiológicos del vertido de reactores nucleares en aguas árticas. 
Todos los residuos radiactivos en la península están almacenados en instalaciones provisionales en tierra o en barcos. 
La mayor parte de estas instalaciones son inadecuadas para el almacenamiento a largo plazo y no son compatibles con los requisitos de seguridad modernos. 
Como consecuencia de la crisis económica de Rusia, los productores de los residuos no han podido construir nuevas instalaciones. 
En 1995 se acordó que TACIS apoyara una serie de proyectos en esta región relacionados con la eliminación de residuos radiactivos. 
Un importe de 5 millones de ecus ha sido destinado a este trabajo. 
En el presupuesto de 1996 se ha destinado otro millón de ecus para ayudar a eliminar el combustible nuclear usado almacenado en el buque «Lepse» que se encuentra en el puerto de Murmansk. 
En otras varias ocasiones he tenido la oportunidad de contestar diversas preguntas en esta Asamblea y deseo subrayar una vez más que nos tomamos muy en serio los problemas relacionados con la península de Kola. 
Gracias por su respuesta, señora Comisaria. 
La situación en la península de Kola es catastrófica. 
Las instalaciones para el almacenamiento de residuos tienen filtraciones y los niveles de radiación son elevados. 
Según un documento de la Comisión, dichos niveles son 500 veces mayores que los normales en Europa. 
Ningún otro país del mundo tiene tantos reactores nucleares en una superficie tan pequeña, y dos de ellos se cuentan entre los diez más peligrosos del mundo. 
Según la Fundación Bellona, se han hundido 16 reactores nucleares en el Mar de Kara. 
Los buques se oxidan y su carga radiactiva se sumerge. 
Hay que hacer algo. 
Lo que está sucediendo no afecta solamente al futuro de la península de Kola, sino también a toda Europa. 
En 1995 Noruega elaboró un documento dirigido a la población. 
¿Qué hace la UE? 
¿Cuántos recursos se van a invertir en el futuro para solucionar este grave problema, y colabora la UE con las otras partes interesadas? 
Comparto la preocupación de la autora de la pregunta por estos problemas, por lo que la Comisión está trabajando activamente en el tema. 
Me permitiré hacer un par de comentarios más sobre los proyectos TACIS. 
El mayor proyecto se refiere a la eliminación de residuos radiactivos y finalizará con la construcción de instalaciones de almacenamiento y con la valoración de la seguridad que presentan éstas y del emplazamiento elegido. 
El gasto será de 3 millones de ecus. 
Otros proyectos se refieren al almacenamiento provisional de residuos radiactivos y supondrán la valoración de las instalaciones existentes y la mejora en la construcción de nuevas instalaciones, con un gasto de medio millón de ecus. 
Se procederá también a una valoración de la gestión y del almacenamiento de combustible irradiado, incluidos los temas de los medios de transporte, el desarrollo de una política de gestión de los residuos radiactivos en la región y la realización de trabajos de carácter más general, como la formación de personal en la gestión de residuos radiactivos. 
En cuanto al proyecto relacionado con el «Lepse» , que he mencionado antes, la Comisión está trabajando activamente en este tema e intenta, obviamente, cooperar con otros organismos interesados. 
Asunto: El marchamo ecológico 
¿Tiene la Comisión la intención de encomendar a las organizaciones ecologistas tareas en relación con la elaboración de criterios para el marchamo ecológico de forma que los consumidores europeos puedan volver a confiar en estas marcas de identificación que figuran en las etiquetas de los productos? 
La Comisión está elaborando actualmente una modificación del sistema del marchamo ecológico. 
Una de las posibilidades que se están barajando es privatizar en parte el marchamo encomendando su atribución a una organización europea de marchamos ecológicos. 
Esta organización europea de marchamos ecológicos se encargaría de elaborar criterios en colaboración con las autoridades competentes y otros sectores relevantes. 
La Comisión anunció en su programa de trabajo para 1996 una propuesta de modificación del Reglamento nº 880 de 1992 sobre el establecimiento de un régimen comunitario para la asignación del marchamo ecológico. 
El motivo principal de la modificación es- estoy segura de que el Sr. Iversen lo sabe- la necesidad de mejorar el régimen haciéndolo más eficaz. Para ello nos estamos basando en las experiencias obtenidas hasta ahora. 
Según el Reglamento actual, la propia Comisión fija los criterios para el marchamo ecológico mediante un procedimiento- en mi opinión- muy complicado. 
Por ello, la Comisión está planteando la posibilidad de traspasar esta función a una institución independiente, previa modificación del Reglamento. 
Estamos todavía considerando la forma y la composición de este organismo. 
Consideramos que la independencia y la neutralidad son aspectos decisivos para la fiabilidad y el éxito del marchamo ecológico y, por lo tanto, para su eficacia. 
Cualquiera que sea la decisión definitiva que propongamos, la Comisión velará por que la propuesta incluya normas para conseguir la participación de las organizaciones ecologistas en la definición de los criterios sobre el marchamo ecológico, e independientemente de la modificación del Reglamento, está procurando ya ahora que las organizaciones ecologistas sean oídas en relación con el establecimiento de las normas al respecto según el régimen actual. 
Les doy las gracias por su buena respuesta. 
Me parece interesante oír que la Comisión sigue teniendo una visión amplia del marchamo ecológico. 
Manifiesto también mi satisfacción por la forma en que tiene intención de llevar a cabo el proyecto. 
No obstante, tengo una pregunta que quizás vaya algo más lejos. 
Me preocupa la evolución del marchamo ecológico. 
Me he enterado de que el Gobierno danés- y posiblemente otros gobiernos también- se sumará ahora a otro marchamo ecológico. 
No tengo, realmente, nada en contra, pero no me parece que el uso de varios marchamos ecológicos favorezca a los consumidores. 
Por eso, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la idea, según parece, del Gobierno danés de utilizar el cisne como marchamo ecológico y al mismo tiempo mantener el de la UE. 
¿Opina usted que esto es posible? 
¿No terminarán los consumidores siendo los perdedores en este juego plural de marchamos ecológicos? 
Uno de los más conocidos es uno que funciona muy bien, sobre todo en Alemania, y otro es el marchamo ecológico nórdico del cisne, que ya se ha mencionado. 
Tengo la impresión de que el motivo de no haber tenido más éxito a nivel europeo es que nuestros procedimientos han sido hasta ahora demasiado rígidos. 
La aprobación de las propuestas ha llevado demasiado tiempo. 
A esto se debe también el que hayamos seguido utilizando el marchamo ecológico existente y el que hayamos intentado hacer nuestro procedimiento tan eficaz que realmente nos permita lograr una aprobación, a la vez que intentamos mejorar el régimen. 
Tengo la esperanza de que, una vez mejorado este régimen, tendremos indicaciones más unívocas para los consumidores. 
Hasta entonces, cabe decir que es mejor tener alguna forma de orientación para los consumidores que no tener ninguna. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 52 no se formula. 
Pregunta nº 53 formulada por Eva Kjer Hansen (H-0656/96): 
Asunto: Comunicación secreta sobre la directiva relativa a la supresión de las sustancias tóxicas PCB y PCT 
¿Puede confirmar la Comisión que ha sido ella la que ha insistido en no hacer pública la comunicación sobre la interpretación de la directiva de referencia, y que dicha comunicación es contraria al texto de la propia directiva? 
¿Considera la Comisión que mantener en secreto una comunicación es un proceder acorde con el código de conducta de 1995 sobre la transparencia, y cree que desde el punto de vista de los principios democráticos son aceptables las comunicaciones secretas? 
¿Reconoce la Comisión que la comunicación de referencia dará lugar a una discriminación injustificada de los ciudadanos de la UE, ya que el texto legislativo será interpretado de distinta manera según los Estados miembros? 
Ante todo, quiero dar las gracias por la respuesta y después quiero subrayar que me extraña mucho que la Comisaria se muestre ahora personalmente conforme con la publicación. 
¿No es verdad que la Comisaria y la Comisión en su conjunto habían insistido en mantener la comunicación en secreto? 
El único motivo de su publicación ha sido la negativa por parte de Dinamarca a que se ocultara su contenido. 
Me gustaría saber qué opina la Comisión en general. 
¿Puede la Comisaria garantizar que no habrá más comunicaciones secretas dentro del ámbito de competencias de la Comisión? 
¿Cree la Comisaria que la opinión que ha manifestado ahora cuenta con el apoyo de la Comisión en su conjunto? 
¿Puede la Comisaria garantizar al Parlamento que la Comisión no emitirá más comunicaciones secretas? 
Me parece triste no haber obtenido ni siquiera una respuesta a las preguntas formuladas por escrito; no obstante, me alegraría recibir ahora una exposición clara de la Comisión. 
Me parece sinceramente que la autora de la pregunta recibió una respuesta muy clara la primera vez. 
Había una falta de concordancia jurídica entre la declaración secreta y la propuesta en sí, por lo que la Comisión consideró oportuno volverlo a someter a debate. 
Así se ha hecho. 
La directiva será modificada y la declaración será publicada, por lo que no estoy de acuerdo en que se haya actuado debido únicamente a la reacción de un Estado miembro determinado. 
Por lo demás, me reitero en lo que contesté en primer lugar, es decir, que la Comisión desea cumplir el código de conducta aprobado conjuntamente con el Parlamento. 
Pregunta nº 54 formulada por Alex Smith (H-0658/96): 
Asunto: Riesgos del uranio empobrecido 
El 19 de septiembre de 1994, el comisario europeo (Sr. Paleokrassis) me escribió asegurándome que, en opinión de la Comisión, los riesgos del uranio empobrecido para la salud y el medio ambiente eran mínimos. 
Recientemente, el diario británico «The Sunday Times» informó el 21 de julio del presente año de que la Autoridad de la Energía Atómica del Reino Unido, en un informe elaborado en 1993, confirmaba la existencia de los riesgos tóxicos causados por el uranio empobrecido y que «el problema no desaparecerá». 
¿Podría obtener la Comisión una copia de dicho informe- titulado «Kuwait Depleted Uranium Contamination» -y reexaminar su opinión sobre los riesgos del uranio empobrecido? 
La Comisión no dispone de los documentos referentes a las consecuencias del uso de uranio empobrecido durante la Guerra del Golfo citados en el artículo de «The Sunday Times» señalado en la pregunta. 
Estoy al tanto de que ha habido una extensa correspondencia sobre este tema entre la Comisión y su Señoría. 
En este momento, la Comisión no tiene base para modificar la opinión que ha manifestado en la citada correspondencia. 
Señor Comisario, ¿hará usted por obtener una copia de este informe y valorar sus implicaciones? 
Da la sensación de que el Gobierno británico no lo tomara en serio y la subsidiariedad no ha funcionado en este caso. 
¿Estaría dispuesta la Comisión a adoptar un papel más activo? 
Con referencia a la información sobre los riesgos para la salud y medioambientales del uso de munición fabricada a base de uranio empobrecido, me gustaría añadir que, al hablar de los riesgos por toxicidad radiológica del uranio empobrecido, hay que separar esta última de la toxicidad química de la sustancia, que es comparable a la del plomo, aunque algo mayor. 
Otra cosa es el uso de la sustancia como munición. 
En tal caso, el mayor riesgo está ligado a las partículas producidas por el calor y la fricción en el momento del impacto del proyectil. 
El riesgo de una exposición a las mismas está condicionado, por lo tanto, más por la toxicidad radiológica del uranio empobrecido que por su toxicidad química. 
Una de las posibilidades de exposición es la inhalación en los pulmones, si bien hay que tener en cuenta que el proceso de resuspensión de las partículas es muy poco eficaz y, una vez que éstas se han sedimentado después de la precipitación, se cree que el riesgo de inhalación es mínima comparado con el de la fase inicial. 
No entraré en más detalles sobre este tema; tan sólo añadiré que, obviamente, haremos un seguimiento del mismo. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
Las preguntas no examinadas por falta de tiempo serán respondidas por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 19.30 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Reducción del tiempo de trabajo (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A40207/96) del Sr. Rocard, sobre la reducción del tiempo de trabajo. 
Señora Presidenta, empiezo agradeciendo a Michel Rocard su excelente informe, aunque él no se encuentre entre nosotros. 
La magnitud del desempleo es actualmente el problema más grave de Europa. 
Tiene unos costes económicos en forma de ayudas de carácter pasivo al mercado de trabajo, y unos costes sociales en forma de mayor exclusión, abuso de drogas y criminalidad. 
A largo plazo tiene ciertamente unos costes de carácter democrático, porque las personas que se ven excluidas del mercado de trabajo pierden la fe en el sistema democrático. 
Son necesarias unas acciones contra el paro a todos los niveles: local, regional, nacional y europeo. 
No existe ninguna que sea suficiente por sí misma, sino que se necesita todo un conjunto de iniciativas. 
Necesitamos sobre todo una política económica que dé primacía a la lucha contra el paro en un grado al menos igual a la importancia que se confiere a la lucha contra la inflación. 
Necesitamos crecimiento económico y una mayor demanda. 
Además, es central que se adopten unas iniciativas masivas en favor de la educación, con el fin de incrementar la capacidad competitiva de la mayor parte de los trabajadores europeos. 
Pero también es necesaria una reducción del tiempo de trabajo con objeto de crear empleos para aquellos que están en paro actualmente. 
Ninguna medida esporádica va a resolver el problema, sino el conjunto de todas las acciones. 
En Suecia los economistas, empresarios y miembros del movimiento sindical están, con unas pocas excepciones, muy en contra de la reducción del tiempo de trabajo, pero yo ya no lo estoy. 
Me ha impresionado el trabajo de Michel Rocard y su informe, y creo que ésta, junto con otras medidas, serán una valiosa contribución a la lucha contra el paro. 
Necesitamos un mayor intercambio transnacional de experiencias sobre los diversos modelos que hayan obtenido los mejores resultados, y los proyectos que funcionan o se han llevado a cabo. 
También es necesario un estudio de los incentivos que se requieren para poner en pie una reducción del tiempo de trabajo. 
Michel Rocard ha propuesto un incentivo que puede resultar eficaz. 
Se trata de una importante aportación, pero es central que se presenten otras. 
Aparte de que la reducción del tiempo de trabajo puede contribuir a crear más empleos, esto conlleva naturalmente una mayor calidad de vida para los ciudadanos- para el parado que consigue un empleo, pero también para aquellos que tienen una ocupación actualmente y que tendrán más tiempo disponible para sus familias, intereses, asociaciones y actividades políticas. 
De este modo podemos aprovechar la reducción del tiempo de trabajo para conseguir una mayor calidad de vida, y para crear más puestos de trabajo. 
Señora Presidenta, tengo que reconocerle al Sr. Rocard una virtud y es que, ante tanto voluntarismo y declaración de intenciones sobre el drama social del desempleo en el ámbito de la Unión, ha conseguido por lo menos traer al Parlamento una propuesta puntual y concreta que ha provocado un intenso y largo debate. 
Se trata, pues, de un logro personal e inteligente del Sr. Rocard. 
Me consta también que ha hecho importantes esfuerzos por aunar posiciones, ya que ante la tragedia del paro no debemos ni podemos encerrarnos en posturas inflexibles. 
Es una cuestión que de alguna manera nos afecta a todos. 
No obstante, su propuesta de reducir el tiempo de trabajo, tal y como ha venido planteando, adolece de varios defectos que conviene tener en cuenta. 
Primero, no está comprobado que la reducción del tiempo de trabajo cree puestos de trabajo. 
Hay una especie de contradicción en el informe, porque pide estudios por una parte, pide que se analicen las experiencias, pero al mismo tiempo propone que las medidas se apliquen prácticamente de inmediato. 
Nosotros somos partidarios de un mayor proceso de maduración, de estudio y de análisis. 
Le recuerdo también al Sr. Rocard que, por ejemplo, su compañero Felipe González- que después de 13 años de gestión socialista ha puesto a España a la cabeza del paro en Europa- propuso precisamente esta medida en la última campaña electoral y, sin embargo, los interlocutores sociales no cogieron el guante. 
Por otra parte, la reducción del salario que conlleva la reducción del tiempo de trabajo difícilmente puede ser compensada a través del dinero público, como el Sr. Rocard propone, porque lo que se hace es cambiar un mecanismo de redistribución de la renta por otro. 
Y esa medida, al final, seguiría saliendo del bolsillo de los contribuyentes. 
Si desde las administraciones públicas se impulsara el mecanismo descrito en el informe, se generaría una demanda sindical y social para implantarlo en todos los sectores y empresas. 
Si veo que a mi vecino le reducen la jornada laboral y que su salario permanece igual gracias al dinero público, exigiría para mí también el mismo trato inmediatamente. 
Y por último, la flexibilización, la adaptación o la reducción del tiempo de trabajo no puede imponerse, debe discutirse- el ponente también lo ha reconocido- y decidirse en su caso por los interlocutores sociales y en los centros de trabajo. 
Existe un instrumento válido que son los planes plurianuales de empleo, que deben ser el vehículo en cada Estado miembro, una vez debatido entre los sectores afectados- principalmente empresarios y trabajadores -, para trasladar esas medidas de adaptación y reducción del tiempo de trabajo para combatir el desempleo. 
Señora Presidenta, la propuesta de llevar a cabo reducciones generalizadas del tiempo de trabajo para intentar combatir los altos niveles de desempleo de los países de la Unión Europea parece moverse en un contexto de renuncias. 
Se traduce en una clara aceptación de la imposibilidad de ampliar la base de empleo. 
Sin embargo, la única respuesta positiva, y creíble, al desempleo sigue siendo la creación de nuevos puestos de trabajo a través de nuevas iniciativas empresariales. 
Desde este punto de vista, es imprescindible una mayor flexibilidad del mercado de trabajo. 
De ninguna manera puede aceptarse, dado que no está demostrada, la tesis según la cual una reducción generalizada del tiempo de trabajo se correspondería automáticamente con un incremento de los puestos de trabajo. 
Países como los Estados Unidos y Japón, que no han aplicado la reducción y que, por el contrario, han mantenido horarios laborales más amplios que los europeos, han registrado un aumento de los puestos de trabajo. 
Debe favorecerse e incentivarse la competitividad de las empresas, sobre todo de las PYME y de las microempresas. 
La aplicación de la reducción del tiempo de trabajo implicaría graves pérdidas en términos de competitividad; imaginar disposiciones que restringieran las posibilidades organizativas de las empresas, sus exigencias productivas, significaría comprometer su propia existencia, por no hablar de la incitación al doble trabajo. 
Para combatir el desempleo hay que reorganizar el tiempo de trabajo mediante la utilización de diferentes fórmulas como la contratación por tiempo determinado y a tiempo parcial, el trabajo temporal o las formas de trabajo a tiempo parcial en el acceso, con destino a los jóvenes con escasa experiencia, y de tiempo parcial a la salida, reservadas para los trabajadores mayores. 
Reducir el tiempo de trabajo no significa crear oportunidades de empleo, sino hacer más costoso el trabajo ya existente. 
Señora Presidenta, no me es posible analizar en un minuto todos los aspectos del informe. 
Me limitaré, pues, al punto dos, que es la parte esencial, el meollo, del informe Rocard, para apoyar este punto, señora Presidenta, porque se trata de la propuesta más innovadora que hayamos oído desde hace años. 
Su mérito es cortar el nudo gordiano entre competitividad y reducción del tiempo de trabajo y mostrar que dicha reducción puede ser compatible con la competitividad de las empresas. 
Esa es la propuesta esencial, ya que renueva el debate y resulta económicamente posible y socialmente oportuna. 
Dentro de este espíritu querría, en nombre de los Liberales, apoyar esta orientación inteligente e innovadora, y que puede constituir ese «punto de apoyo» que Arquímedes pedía para levantar el más pesado de los lastres, como es hoy la ausencia de pleno empleo. 
Señora Presidenta, ni las declaraciones del Sr. Rocard ni una buena cena han cambiado mi opinión. 
El informe Rocard parte erróneamente de la suposición de que Europa está aislada y de que el trabajo existente debe distribuirse entre todos los trabajadores. 
Una conclusión errónea que la burocracia planificada soviética mantuvo hasta que el imperio soviético se hundió por consunción económica. 
Europa no es una isla económica de bienaventurados sino que está sometida masivamente a las presiones de los tratados comerciales, los acuerdos de asociación o los criterios de la OMC y está quedándose a la zaga en la posición competitiva en el mundo. 
Mi país, Austria, perdió, por ejemplo, en el plazo de un año, de 1994 a 1995, cinco puestos y ya no se encuentra ahora en el puesto once sino en el dieciséis. 
Con sus 1.722 horas de trabajo anuales, los jubilados más jóvenes y aproximadamente 100.000 millones de déficit de comercio exterior, Austria es un ejemplo típico de la rapidez con que se pierde la competitividad, debido no sólo pero también al menor tiempo de trabajo y es también un ejemplo de la rapidez con que pueden aumentar los parados. 
El informe Rocard se basa solamente en la consideración de cómo se pueden crear más puestos de trabajo. 
Pero incluso el sistema propuesto de trabajo a tiempo parcial solamente tendrá posibilidad de hacerse realidad si se ofrecen suficientes estímulos, si es voluntario y si es posible el retorno individual al pleno empleo. 
Sólo la creatividad y el entusiasmo de los pioneros, en conjunción con un sistema de estímulos para un trabajo orientado a los rendimientos, permiten mejorar la competencia y crear nuevos puestos de trabajo. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, creo que el mayor valor de este informe es el debate que provoca a todos los niveles: sindicatos, empresarios, responsables políticos, medios de comunicación, expertos, etc., que están participando de una forma o de otra sobre cómo relacionamos la disminución del tiempo de trabajo con la creación de empleo sin pérdida de competitividad y sin disminución sustancial de rentas y derechos adquiridos; cómo convertimos en políticas activas de empleo lo que en nuestros Estados se dedica a políticas de compensación o a políticas pasivas. 
Y esto no es un tema fácil. 
Si lo fuera sobraría incluso este debate. 
No se trata de apostar por una reducción de la jornada laboral de forma lineal, generalizada y por ley de obligado cumplimiento. 
No estamos ante la defensa de reducciones mínimas que rápidamente son absorbidas por la productividad y sin efectos en el empleo- reducciones mínimas que son habituales en la negociación colectiva-. 
Tampoco estamos ante un texto en el que se quiera camuflar la realidad y la necesidad de este debate en todas nuestras sociedades. 
Y este informe no es una fórmula milagrosa, porque en este tema no caben los milagros. 
El Sr. Rocard avanza ideas, plantea sugerencias, argumenta fórmulas, elabora propuestas siempre con el respeto a la voluntariedad y al acuerdo entre los interlocutores sociales. 
Hay un potencial de nuevos empleos que pudiera beneficiarse de estas fórmulas de reducción del tiempo de trabajo. 
Las fórmulas técnicas de aplicación siempre pueden ser discutibles y discutidas. 
No son, entre otras cosas, el objetivo fundamental de este informe. 
Yo mismo he planteado dudas y objeciones- y las he comentado con el ponente- sobre algunos aspectos de este texto que hoy debatimos, y creo que eso es algo normal. 
El texto del diputado Rocard ha sido redactado con rigor y simultáneamente con flexibilidad, y es una aportación política sustancial, a mi modo de ver, y por eso quiero felicitar al ponente. 
Es un debate que no concluye hoy, sino que empieza en este Parlamento. 
Quedan por analizar experiencias puestas en marcha en otros sitios y examinar sus resultados, así como esperar a las respuestas de los interlocutores sociales y, en definitiva, de una sociedad agobiada muchas veces por este gran problema del desempleo, que no puede ser aceptado con resignación. 
Y como es el problema más grave que tenemos, debemos, entre otras cosas con imaginación, tratar de encontrar una solución con las fórmulas posibles de creación de empleo. 
En estos momentos, agotadas otras fórmulas tradicionales e incluso viendo cómo el crecimiento tampoco absorbe la mano de obra disponible, un debate racional, serio y riguroso sobre la disminución del tiempo de trabajo nos puede permitir ver el horizonte de cómo se puede crear empleo en un futuro inmediato. 
Señora Presidenta, la pregunta que plantea el informe del Sr. Rocard es de una simplicidad bíblica: ¿por qué el dinero público habría de servir para financiar el paro, cuando puede servir para financiar el empleo? 
Se trata de algo tan simple que uno se pregunta por qué durante los veinticinco últimos años todos los gobiernos de la Unión Europea, comenzando por el del Sr. Rocard- quien ha tenido la elegancia de reconocerlo hace un momento -, no han sido capaces, al parecer, de dar una respuesta seria al respecto. 
De hecho, esta timidez es comprensible, ya que detrás de la simplicidad de la pregunta se oculta un conjunto muy complejo de interrogantes. 
Yo distinguiré tres, pero hay muchos más. 
Primeramente, un interrogante de principio: ¿debe actuarse más bien sobre la reducción del tiempo de trabajo, o sobre la disminución del coste del trabajo, y sobre todo del trabajo poco cualificado? 
El Sr. Rocard hace hincapié en la primera hipótesis. 
Nosotros esperamos de la Comisión que nos ayude a efectuar un arbitraje claro, dilucidando las ventajas de la reducción del tiempo de trabajo, así como los posibles efectos nefastos que traería aparejada la inactividad de una parte de la fuerza de trabajo mejor formada, más motivada y más activa. 
El segundo interrogante se refiere al método. 
¿Se debe practicar el «doy para que des» ?: » Yo reduzco tus cotizaciones sociales, pero tú, empresa, debes contratar» , o hay que contentarse con el método basado en la incitación a través de las cotizaciones sociales? 
El Sr. Rocard, más liberal que muchos liberales, opta por esto último. 
Es valiente de su parte. 
Nosotros aprobamos la iniciativa y, también en este caso, esperamos que la Comisión nos ayude a ver sus efectos. 
Tercer interrogante: la financiación. 
Consiste apostarlo todo a una contratación masiva que se supone compensará la disminución de las cotizaciones sociales. 
¿Y si la contratación fallara, si las empresas prefirieran mejorar la competitividad antes que crear puestos de trabajo? 
Esta es la pregunta que debemos hacernos. 
Quizás no estemos todos de acuerdo con Michel Rocard en las respuestas que daremos a estas preguntas, pero todos estamos de acuerdo con él para formularlas juntos a la Comisión. 
Señor Comisario, Señorías, aunque el problema del desempleo sea una cuestión decisiva, no podemos aceptar que la reducción generalizada de la jornada laboral sea la mejor, la única y la más adecuada respuesta para aliviar dicho problema y mucho menos para resolverlo. 
En muchos países, las experiencias que se han hecho en ese sentido no han dado resultados satisfactorios, se han quedado bastante cortas respecto de lo que se había pensado. 
Por otro lado, hay países, como Portugal, en los que la duración media del trabajo está aún muy alejada de los límites que se mencionan en este informe. 
Lo que consideramos indispensable es que se flexibilice la duración de la jornada laboral a fin de que las empresas puedan negociarla libremente con sus trabajadores con vistas a la consecución del objetivo que les es común. 
En el futuro, ya que no a corto plazo, habrá de haber una jornada laboral inferior, así lo indica la Historia. 
Pero hoy hay que ser muy prudente, pues los costos que resultarán no podrán ser superados ni por las empresas ni por los trabajadores ni siquiera por los propios Estados. 
En cualquier caso, felicito al Sr. Rocard por su incansable trabajo y por la apertura que siempre ha demostrado respecto de este tema, que le es particularmente grato. 
Señora Presidenta, es obligado considerar que hay algunos aspecto positivos en el informe. 
Yo creo que poner encima de la mesa el debate sobre el reparto del empleo, en un momento en que el desempleo es el problema más grave que tenemos, ya es una cuestión positiva. 
Hay algunos aspectos del informe- en lo que se refiere a la reducción de horas extraordinarias, al avance de la edad de jubilación, a pedir a la Comisión un estudio sobre las experiencias que hay- en los que nosotros estamos de acuerdo. 
Sin embargo, hay cuestiones fundamentales con las que, sintiéndolo mucho, no podemos estar de acuerdo. 
Una de ellas es la reducción de los salarios que acompaña a la reducción del tiempo de trabajo. 
En un país como el mío, por ejemplo, o en los países del Sur en general, en que hay salarios mínimos interprofesionales de 60.000 pesetas, esto es, salarios miserables, no se puede pensar en la reducción del salario. 
Pero, además, es que no se tienen en cuenta otras variables como, por ejemplo, el aumento importantísimo de la productividad. 
La productividad ha aumentado en mi país en 10 años el 25 %, pero los salarios el 7 %. 
¿Por qué no utilizar ese margen que da el aumento de la productividad para reducir el tiempo de trabajo, y por qué no pensar en otras recetas económicas? 
Nos parece que hay aspectos del informe del Sr. Rocard que los países del Sur, y en concreto nosotros, no podríamos aceptar. 
Señora Presidenta, el ponente ha presentado un informe que parte de muy optimistas suposiciones. 
Señor Rocard, el problema es que ni el sector público ni los entes territoriales sino sólo las empresas pueden crear a la larga puestos de trabajo en esta Unión Europea. 
Y en lo que se refiere a la afirmación de que mediante la reducción del tiempo de trabajo se pueden crear más puestos de trabajo, las pequeñas y medianas empresas han demostrado que no pueden hacerlo si racionalizan; y las grandes empresas trasladan en parte la producción a otros mercados en terceros países. 
Con ello no se ayuda a solucionar el problema. 
Lo que echo en falta en el informe y en el debate es que nadie se ha ocupado de la cuestión de los costes laborales no salariales en Europa que representan una parte importante de los costes totales. 
Mientras en Europa existan diferencias, desde Islandia con un 31, 2 % sobre el salario neto frente al 102, 4 % de Austria y al término medio de Europa del 78 %, la cuestión de la creación de puestos de trabajo en determinadas regiones de Europa va a seguir siendo muy problemática. 
También creo que debemos tener en cuenta otro aspecto. 
Se trata de la ayuda masiva a las pequeñas y medianas empresas. 
Hoy tenemos más de 18 millones de parados. 
Si impulsamos la creación de algunos cientos de miles o millones de pequeñas y medianas empresas, realizaremos una gran aportación para enfrentarnos al azote del paro. 
Señora Presidenta, el informe de Michel Rocard sobre el reparto del empleo constituye un documento importante. 
Me sumo fervientemente al deseo de que de él se deriven medidas complementarias tanto a nivel comunitario como nacional. 
Nuestra tarea más importante es vencer el desempleo. 
Sólo un éxito en este ámbito creará las condiciones necesarias para la construcción de una Europa común. 
El desempleo supone serios problemas para el propio individuo. 
La persistencia de un núcleo duro de desempleo y su constante crecimiento constituyen además, una amenaza para lograr un desarrollo social equilibrado. 
Espero, no obstante, que cuando pensemos en la importancia del reparto del empleo no olvidemos la necesidad de fortalecer los cimientos de la industria europea. 
Europa debe salir adelante en la lucha de ámbito mundial por atraer las inversiones. 
Para lograrlo necesitamos de manera permanente, por ejemplo, unos tipos de interés bajos, unos transportes y unas telecomunicaciones funcionales, una mano de obra preparada, inversiones en el ámbito de la investigación y el desarrollo de productos y una política energética sostenible. 
Dado que Europa no puede competir con el resto del mundo por lo que se refiere al precio de la mano de obra, debe centrarse en el saber hacer. 
Por ello, resalto la importancia del tiempo libre destinado a la formación a la hora de repartir el tiempo de trabajo. 
Además me he dado cuenta de que las familias jóvenes desean soluciones flexibles por lo que se refiere al tiempo de trabajo cuando sus hijos son de corta edad. 
También está justificada la oferta de la opción de trabajo a tiempo parcial para los trabajadores de edad avanzada. 
Además de todo esto existen sectores para los que se adapta muy bien la división del tiempo de trabajo en períodos de 6 + 6 horas. 
Deben estudiarse seriamente modelos de reparto del trabajo, a fin de que nuestras sociedades no se dividan en dos grupos, el de los que se encuentran permanentemente excluidos del mundo laboral y el de los que se sienten extenuados por la carga de trabajo. 
Es asimismo importante que las organizaciones del mercado laboral participen en este proceso. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, con razón ha dicho el Sr. Rocard que el desempleo en masa es el problema que amenaza la cohesión social de cualquier Estado miembro y de toda la Unión. 
Coincido con su opinión de que no existe ninguna receta. 
Pero en total, sus sugerencias se centran demasiado en las reducciones masivas de los tiempos de trabajo. 
La reducción del tiempo de trabajo no es en si ninguna estrategia para lograr crecimiento, si bien hay ejemplos prácticos de que con ella se han evitado despidos y los puestos de trabajo existentes se han distribuido entre más trabajadores. 
Al igual que otros, hago mención al modelo de tiempo de trabajo hecho especialmente a medida de la Volkswagen. 
Ha impedido que muchos miles de trabajadores fuesen a la calle. 
Menciono el pacto de confianza de la Comisión con su concepto clave «flexibilidad». 
Se refiere a una flexibilidad positiva. 
Así lo entiende el Grupo del PPE en sus enmiendas que con la fórmula «Adaptación del tiempo de trabajo» quiere sustituir sólo en algunos pasajes del informe el concepto «reducción del tiempo de trabajo» pues se trata también de trabajo a tiempo parcial y de otros modelos de trabajo a medida. 
En los últimos años han surgido fórmulas para una fábrica «activa» , por ejemplo, en la Opel de Rüsselsheim, en la que se ha establecido un sistema de tiempo de trabajo por el que se trabaja durante más o menos tiempo en función de la demanda de trabajo. 
No debemos despertar demasiadas esperanzas entre los trabajadores, por ejemplo, con unas fórmulas estrictamente matemáticas pero erróneas, como: una reducción del 10 % del tiempo de trabajo da como resultado un 10 % de nuevos puestos de trabajo. 
Unas reducciones unitarias globales del tiempo de trabajo desde Dresde hasta Oporto no sería tampoco soportable para muchas empresas. 
Mi grupo político aclara lo que acabo de exponer en algunas enmiendas que no están en contradicción con las ideas político-sociales del Sr. Rocard tal como las conozco de los dos últimos años. 
Es más, le expreso mis felicitaciones por sus inteligentes iniciativas, si bien solamente podremos solucionar conjuntamente el problema del desempleo en Europa. 
En este sentido, ruego que apoyen las enmiendas del Grupo del PPE. 
Señora Presidenta, Señorías, el trabajo representa en la actualidad, y seguirá representando en lo sucesivo, uno de los principales problemas de muchos de países de la Unión Europea. 
Por lo tanto, es absolutamente necesario que nuestro Parlamento aborde este tema y contribuya a resolver la cuestión del desempleo. 
Ahora bien, para lograr tal objetivo hay que actuar creando un entorno más favorable al desarrollo de la competitividad de las empresas europeas y, por consiguiente, de todo el sistema europeo respecto de las demás economías mundiales. 
Actuar en esta dirección significa incrementar la riqueza producida por las empresas y, por consiguiente, proteger de manera concreta el empleo, garantizar el sistema de previsión y permitir el mantenimiento de una política social en los países de la Unión: objetivos que pueden fracasar si no ayudamos a las empresas a crecer en términos de competitividad y de eficacia. 
En cambio, la propuesta del Sr. Rocard, aunque redactada con rigor e indiscutible capacidad, tiende a reducir estas posibilidades para las empresas, en la medida en que convierte una importante oportunidad de flexibilización de las relaciones laborales en una propuesta vinculante, obligatoria, planificada: en otras palabras, en una mayor carga directa e indirecta para las empresas europeas. 
Por lo tanto, no tendrá el voto de nuestro Grupo. 
Señora Presidenta, según la edición de esta semana de la revista European Voice, el Canciller Helmut Kohl «insta a los alemanes a que trabajen más, terminen antes su formación y se jubilen más tarde». 
O sea que, el Canciller Kohl quiere que la gente trabaje con mayor dedicación y durante más tiempo, mientras que el Sr. Rocard quiere que trabajen durante períodos más cortos y menos. 
Mucho me temo que ninguna de estas exhortaciones causará tanto impacto como las decisiones que tomen los propios trabajadores. 
Aunque reconozco que el informe del Sr. Rocard contiene una estructura incentivadora, me temo que no es deseable. 
Digo esto debido al daño que su sistema de incentivos ocasionaría a los sistemas nacionales de seguros de los Estados miembros. 
Creo que estamos avanzando hacia unos sistemas de ayudas sociales que se basan cada vez más en una clara relación entre las cantidades cotizadas y el principio de seguro y el pago que al final reciben los ciudadanos. 
Un sistema que reduce arbitrariamente las cotizaciones sobre las primeras 32 horas de trabajo para luego incrementarlas sobre las horas que sobrepasen las citadas 32 no me parece que esté en consonancia con el nuevo principio de transparencia que intentamos implantar. 
Mi otra preocupación sobre el informe Rocard, el cual está bien argumentado y lleno de sugerencias interesantes, es la propuesta que se hace en la letra M relativa a la productividad laboral de los servicios públicos. 
Para dichos casos propone un sistema de compensación, al que ya se hace referencia anteriormente, » ya que en este sector... » -el de los servicios públicos- «... no resulta tan fácil elevar la productividad laboral como en el sector privado». 
Debo decir que no estoy seguro de que esa propuesta sea acertada. 
Creo que muchos de nosotros somos de la opinión de que en los servicios públicos existe a menudo un margen mayor para incrementar la productividad y la evidencia sugiere que mediante una mayor competencia y liberalización, dichas mejoras podrán alcanzarse muy rápidamente. 
Me temo, por consiguiente, que los Conservadores británicos no estaremos en condiciones de apoyar este informe. 
Señora Presidenta, lamentablemente no es un asunto tan sencillo el de desterrar el desempleo disminuyendo simplemente el tiempo de trabajo, y haciendo que todos los trabajadores perciban los mismos ingresos que tenían con anterioridad a la medida. 
Una reducción de este tipo incrementaría los costes de producción y disminuiría la capacidad competitiva y la creación de empleo. 
Surgirían sobre todo grandes dificultades para las pequeñas empresas. 
Modificando las ayudas actuales al desempleo y transformándolas en subvenciones a las empresas, para que de este modo pudieran costear los ingresos perdidos en concepto de salarios de los trabajadores afectados por una jornada laboral menor, y para que pudieran además costear los salarios de los parados a los que habría que emplear, si todo fuera bien, daría lugar a un masa de ayudas incontroladas y crearía puestos de trabajo para burócratas e inspectores. 
La propuesta de descubrir cómo y si la reducción del tiempo de trabajo puede disminuir el desempleo puede parecernos encomiable, o en cualquier caso inocua. 
Pero adolece del punto débil que consiste en que los políticos de todos los países tendrían una nuevo pretexto para retrasar la puesta en marcha de verdaderas acciones contra el paro. 
Además, se menoscaban las acciones correctas cuando se induce a muchos votantes a creer que existen soluciones fáciles, que no es necesario trabajar más, sino menos. 
Muchos diputados del Parlamento Europeo hablan con razón del azote del desempleo. 
Pero las acciones reales no se hallan en la misma proporción en todas las alocuciones. 
Incluir un capítulo sobre la creación de empleo en el Tratado constitutivo de la Unión Europea y solicitar un estudio sobre los efectos de la reducción del tiempo de trabajo no me parece que tenga mucha substancia. 
¿Qué medidas se necesitan? 
En una Unión que fue creada para obtener unos beneficios de la desreglamentación de los mercados internacionales, debería ser natural que también se desreglamentaran los mercados nacionales; el más importante es el mercado de trabajo. 
Para promover una mayor creación de empleo hay que fomentar una mejor educación a nivel general, una mejor formación a nivel de élite para que surja la tecnología punta en la producción, unas mejores condiciones de trabajo para las pequeñas empresas, y una menor presión fiscal que incite al esfuerzo personal, todo lo cual significará un tiempo de trabajo mayor para muchos. 
Señora Presidenta, deseo comenzar diciendo que estoy muy agradecido de que el Parlamento y, en particular usted, señor Rocard, hayan dedicado un informe por iniciativa propia a la cuestión del tiempo de trabajo. 
De hecho, ha conseguido dar un perfil muy alto a este importante tema. 
Usted me ha hablado sobre ello en muchas ocasiones y, en términos generales, he oído la amplia respuesta que ha tenido su iniciativa. 
Es importante enfocar el tema desde la perspectiva que usted ha elegido y usted ha puesto el acento en las personas. 
Con mucha frecuencia se produce la tendencia de hablar de flexibilidad, reducción de plantilla, eficacia y cosas por el estilo, pasando por alto el elemento humano. 
Por ello estoy firmemente convencido de que el objetivo de la política económica debe ser el de elevar la calidad de vida de toda nuestra población. 
Creo que comparto este objetivo con la mayoría de los diputados a esta Asamblea y, en particular, con usted, señor Rocard. 
Otra característica importante de su enfoque es el acento que pone en la cooperación y el diálogo. 
Es uno de los principios que necesitamos desarrollar a medida que nos acercamos al siglo XXI. 
Debemos alejarnos de las relaciones industriales basadas en el conflicto y el altercado, y avanzar hacia soluciones de las que todos puedan beneficiarse. 
En otras palabras, debemos alejarnos de situaciones en las que existan ganadores y perdedores, o incluso no ganadores, y avanzar hacia situaciones de ganadores y ganadores, en las que todo el mundo pueda y sea un ganador. 
Señor Rocard, la Comisión está elaborando actualmente un Libro Verde sobre la organización del trabajo, en la que se incluye el tiempo de trabajo, y es justo afirmar que el Libro Verde está siendo elaborado como respuesta a su iniciativa. 
Así es, en la elaboración del Libro Verde y también en el programa de trabajo de la Comisión para 1997 haremos un gran esfuerzo por tener en cuenta las peticiones de acción que se hacen a la Comisión en su propuesta de resolución. 
Muchos de los oradores que han intervenido hoy y también las enmiendas presentadas han intentado contrastar la flexibilidad del tiempo de trabajo, por una lado, y la reducción de la jornada laboral, por otro. 
No tomaré partido en el debate de hoy. 
Lo que me gustaría hacer es situarlo en un contexto más amplio, que es precisamente lo que nos proponemos hacer de la manera más eficaz posible en el Libro Verde que les he anunciado. 
Cada vez estoy más convencido de que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es el de adaptar nuestro pensamiento en lo relativo al mundo laboral al mundo nuevo en que vivimos. 
De hecho, en Europa apenas hemos tenido problemas a la hora de hacer las inversiones de capital que necesitan las nuevas tecnologías. 
Eso no ha supuesto un gran problema. 
Donde hemos fracasado a menudo hasta ahora ha sido en nuestros intentos de adaptar la forma de organizar el trabajo para salir adelante con esas nuevas tecnologías. 
Ése es el tema que hemos desarrollado, en particular, en el Libro Verde sobre la vida y el trabajo en la sociedad de la información- las personas primero. 
Creo que debemos empezar por ahí, si queremos llegar a la situación de ganadores y ganadores de la que hablaba antes. 
A mi entender, la clave de los problemas a los que hoy nos enfrentamos es la productividad. 
Porque los cambios que se están produciendo en la organización del trabajo aportarán necesariamente una mejora de la productividad que, a su vez, hará posible mejorar la calidad de vida de toda nuestra población. 
Este argumento quedó muy patente en la intervención de la Sra. González Álvarez; y le doy las gracias por ello. 
Paso, a continuación, a los temas directamente relacionados con el tiempo de trabajo. 
Desde que se aprobó el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo hemos dedicado muchos esfuerzos a estudiar la cuestión del tiempo de trabajo y a tomar las medidas necesarias para elaborar un número considerable de estudios- algo que usted, en particular, solicitó, señor Rocard. 
Algunos de los estudios ya han sido completados, mientras que otros se encuentran aún en una fase inicial. 
La investigación nos demuestra que una política de redistribución del trabajo no tiene el éxito garantizado. 
Aunque parece demostrar que las reducciones del tiempo de trabajo pueden tener un efecto beneficioso sobre el empleo en determinadas circunstancias, pero únicamente si se cumple una serie de condiciones. 
La condición más importante es que las reducciones de las horas de trabajo deben tener lugar en el contexto de una mayor flexibilidad. 
De nada sirve limitarse a recortar las horas de trabajo si se mantiene el mismo modelo de organización del trabajo. 
O sea que no se trata de elegir una cosa u otra, porque no se puede tener una cosa sin la otra. 
Otra condición es que la redistribución del tiempo de trabajo debe ir acompañada de una política activa de formación, de lo contrario se producirá sin duda una falta de personal cualificado. 
En lo relativo a los salarios, las reducciones del tiempo de trabajo de mayor éxito durante los últimos años han sido aquellas que fueron incorporadas en convenios colectivos a largo plazo. 
Dichos convenios a largo plazo tienen la ventaja de que hacen posible utilizar los aumentos de productividad para reducir el tiempo de trabajo durante un período de varios años mientras que, al mismo tiempo, reduce los incrementos salariales necesarios para compensar la reducción del tiempo de trabajo. 
Por último, es necesario contemplar los cambios del tiempo de trabajo en el contexto de las políticas de igualdad de oportunidades si queremos evitar que aumente la segregación en el mercado laboral. 
En su informe, señor Rocard, presenta una serie de instrumentos. 
No puedo analizarlos todos por falta de tiempo, pero quisiera hacer referencia a dos de ellos. 
La principal solución que propone su informe es la cuestión de destinar los ahorros en el pago de indemnizaciones por desempleo a compensar las reducciones salariales derivadas de la reducción del tiempo de trabajo. 
La relación que existe entre las reducciones del tiempo de trabajo, la productividad y los salarios es, sin embargo, compleja y varía de sector en sector y de país en país, como ya se ha dicho, al igual que ocurre, naturalmente, con los propios sistemas de Seguridad Social. 
Será necesario que estudiemos esto con más detenimiento. 
Usted quiere que lo hagamos y desde los distintos sectores de la Asamblea se ha pedido que lo hagamos. 
Deseo asimismo referirme brevemente al trabajo a tiempo parcial, porque es una cuestión que han mencionado numerosos oradores. 
Es un asunto sobre el que se ha discutido mucho durante muchos años y, como sostiene su informe, han sido pocos los planes que han tenido éxito y muchos los problemas que han surgido. 
Pero ahora creo realmente que nos encontramos en el buen camino de convertir una situación adversa en una situación de éxito; porque como la mayoría de ustedes saben, a raíz de la iniciativa de la Comisión, los interlocutores sociales están intentando actualmente negociar un acuerdo a nivel europeo con vistas a alcanzar el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad. 
No debemos subestimar la importancia de este avance en particular. 
Por ello, quisiera concluir diciendo que la Comisión está recibiendo peticiones para que tome medidas, y mencionaré cinco cosas que estamos haciendo o que nos disponemos a hacer. 
Primero, vamos a elaborar el Libro Verde al que me he referido sobre la organización del trabajo, que incluirá el tema del tiempo de trabajo. 
Acabamos de poner a punto el Libro Verde sobre la sociedad de la información, como he dicho. 
Segundo, el tiempo de trabajo es uno de los elementos que se han discutido en el marco del pacto europeo. 
Tercero, hemos tomado una iniciativa que ha conducido a negociaciones entre los interlocutores sociales a nivel europeo sobre toda la cuestión de la flexibilidad y la seguridad del empleo. 
Cuarto, estamos elaborando un Libro Blanco sobre los sectores y actividades actualmente excluidos de la directiva sobre el tiempo de trabajo. Dicho Libro Blanco está en consonancia con el punto 6 de su propuesta de resolución. 
Por último, continuaremos con la elaboración de estudios adicionales en estos ámbitos que se nos han solicitado y tendremos muy en cuenta los argumentos que contiene la resolución. 
Señor Rocard, usted ha puesto en marcha algo. 
Sé hasta qué punto se siente involucrado en esto; usted ha hablado conmigo en muchas ocasiones. 
Me alegra que haya presentado el informe a la Asamblea y volveremos sobre este asunto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0267/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (C4-0330/96-94/0194 (SYN) ) con vistas a la adopción de una decisión del Consejo por la que se establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y estaciones aisladas de medición de la contaminación en los Estados miembros. (Ponente: Sra. Pollack). 
Señora Presidenta, la presente directiva trata del establecimiento de un intercambio recíproco de información y datos de las estaciones de medición de la contaminación. 
Es una herramienta que permitirá evaluar el avance hacia una mejora de la calidad del aire en toda Europa. 
Todos somos conscientes de la necesidad de tomar medidas para reducir la contaminación del aire. 
Las mediciones de la calidad del aire que se realizan en la actualidad continúan siendo insuficientes, habida cuenta de que algunos agentes contaminantes no se miden en todas partes y otros no se miden en absoluto. 
Además, los datos que deben proporcionar los Estados miembros en virtud de la legislación de 1982 no siempre son comparables a nivel de la Unión Europea. 
Un mayor intercambio de información sobre la contaminación del aire no limpiará el aire que respiramos, naturalmente. 
Sólo cuando dicha información sea del dominio público podrá ser utilizada como herramienta para controlar la contaminación y, por consiguiente, mejorar la vida de los ciudadanos europeos. 
La propuesta consiste en crear un sistema de intercambio recíproco de datos que abarque los 34 agentes contaminantes que se miden actualmente en los Estados miembros. 
Esto significa que no se requieren nuevas estaciones de medición ni se prevén gastos adicionales. 
El problema de este enfoque tan minimalista es que uno de los objetivos de la directiva consiste en ampliar el alcance y mejorar la calidad de los datos que se transmiten a la Comisión. 
Por ello, lo que solicitamos en la enmienda 5 es, simplemente, que una vez se haya evaluado la primera ronda de datos, si se estima que los Estados miembros proporcionan datos inadecuados, el Parlamento desea que la Comisión estudie la posibilidad de hacer obligatoria la medición de los agentes contaminantes que figuran en el Anexo 1.2. 
Si no damos este diminuto paso hacia el planteamiento de cómo mejorar el sistema, ¿cómo podemos esperar de los Estados miembros que apliquen la Directiva marco sobre la calidad del aire? 
Como decía, esta directiva es en realidad una herramienta para avanzar en el logro de los objetivos establecidos en esa importante Directiva marco sobre la que hace muy poco tiempo hemos celebrado la segunda lectura en esta Asamblea. 
No tengo intención de extenderme demasiado esta noche ante la Asamblea; ni siquiera agotaré mi tiempo de intervención, porque hemos tenido nuestra primera lectura y ya entonces presentamos nuestros argumentos. 
Simplemente quiero decir que las cinco enmiendas a la posición común presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor son claras, razonables, muy modestas y que se explican por sí mismas. 
Intentan, en primer lugar, simplificar el título porque no estamos a favor de que la Unión Europea extienda su galimatías por toda la Unión. 
Queremos, y esto es muy importante, que el público tenga acceso a los datos. 
Para que el acceso del público a los datos sea realmente de utilidad pública, queremos también que los datos sean publicados de una manera clara y comprensible. 
Como decíamos en la enmienda 5, queremos estrechar el proceso de revisión de manera que cuando ésta tiene lugar, si encontramos que la situación no es todo lo buena que desearíamos, podamos plantearnos la posibilidad de pasar a una base más estricta en el futuro. 
Recomiendo el informe a la Comisión y al Consejo. 
Espero que sea posible incluir nuestras enmiendas en la segunda lectura. 
Señora Presidenta, las alergias que aumentan sin cesar y otras enfermedades causadas por las impurezas del aire hablan por sí solas del problema creciente de la contaminación atmosférica. 
Para lograr auténticas mejoras en la calidad del aire es necesario contar con información común para saber hacia dónde nos dirigimos. 
Deben compararse los resultados de las mediciones realizadas en los distintos países, lo cual requiere el desarrollo de procedimientos de medición comunes y que al seleccionar los lugares de medición se respeten unos principios también comunes. 
La ponente, Sra. Anita Pollack, resalta acertadamente en su informe que deben hacerse públicas las informaciones relativas a la contaminación atmosférica. 
Esto es indispensable porque los ciudadanos europeos deben poder saber qué es lo que amenaza su salud. 
Cuando los datos permitan establecer comparaciones entre los distintos países, los ciudadanos podrán también presionar a los políticos y a las autoridades nacionales responsables para lograr una mejora del nivel de protección del aire. 
El tráfico es el mayor contaminante atmosférico. 
Genera el 62 % de las emisiones de monóxido de carbono y el 50 % de las de dióxido de nitrógeno. 
El problema se plantea, en particular, en las ciudades y en otras zonas que padecen congestiones de tráfico. 
La Unión Europea debe lograr avanzar en la consecución de unos mejores requisitos de calidad que regulen los combustibles. 
En la economía de mercado resulta de gran eficacia la utilización de los recursos característicos de una economía de mercado, es decir, persuadir con el precio. 
Debe fijarse un precio más barato para los combustibles de mejor calidad. 
En Finlandia, por ejemplo, se han obtenido muy buenos resultados de esta forma. 
Sin embargo, en este momento el peligro reside en que las disposiciones en materia fiscal de la Unión Europea amenazan este método. 
En ningún caso puede aceptarse que no se pueda sacar partido de experiencias que se hayan revelado acertadas desde el punto de vista de los ciudadanos- y en este caso métodos para la mejora de la calidad del aire- debido al hecho de que no se adaptan a algún marco. 
Considero que como europeos tenemos derecho a exigir por todos los medios una calidad del aire mejor. 
Señora Presidenta, de las cinco enmiendas que la Sra. Pollack mantiene, y que no fueron aceptadas por la Comisión y por el Consejo, nosotros vamos a apoyar las cuatro primeras. 
Señora Comisaria, yo creo que la Sra. Pollack tiene razón al decir que es mucho más claro el título que ella sugiere que el que ustedes mantienen. 
Ustedes dicen que ese título expresa mejor el contenido de la decisión, pero es tan largo y tan complicado que yo creo que todo lo que hagamos por simplificar la legislación de la Unión será interesante. 
Por otra parte, ustedes dicen que no apoyan la petición que hace la Sra. Pollack de que se ponga a disposición del público la información de que dispongan porque eso ya lo hacen los Estados miembros. 
Pues claro que sí, lo hacen los Estados miembros y hay una directiva que obliga a todo el mundo a poner esa información a disposición del público. 
No vamos a apoyar la enmienda 5, señora Pollack, como ya le hemos dicho en comisión, porque no nos parece realista. 
Esta decisión está vinculada estrechamente con la directiva sobre calidad del aire. 
Y ahí el Anexo I incluye seis contaminantes que se miden ya en todos los países o en casi todos, pero en el Anexo I, punto 2, se incluyen otros siete que, exceptuando el monóxido de carbono- que también lo medimos todos -, los otros no se miden, y no se miden porque, a lo mejor, no es necesario. 
Yo no sé si en todas las ciudades británicas se mide el níquel, el arsénico, el cadmio o el mercurio de forma separada, y también creo, señora Pollack, que usted no ha trabajado en esa área, porque si hubiera trabajado en esa área sabría lo difícil que es efectuar mediciones, y en algunos caso lo inútil- porque no existen esos contaminantes en cantidades medibles, escasamente en trazas-. 
Usted, en la enmienda 5, propone dos cosas: primero, que el plazo de cinco años que sugieren la Comisión y el Consejo- y que a nosotros nos parece correcto- para revisar esta decisión se quede en tres, pero en tres años apenas tendremos información que permita saber si la decisión es acertada o no. 
Por consiguiente, nos parecen mejor los cinco años. 
Y en segundo lugar, dice el texto aprobado en la posición común que en ese momento se verá si se modifica o no la decisión, y usted dice que se obligue a todos países a medir los 13 contaminantes y otros muchos que serán necesarios en determinados lugares. 
No se puede generalizar, porque en zonas industrializadas habrá unos problemas, y en zonas urbanas- con problemas de transporte- habrá que medir otros contaminantes. 
Y yo vuelvo a decir a la señora Comisaria que haga usted un esfuerzo para que se legisle mejor y no más. 
En medio ambiente todos nos sentimos profundamente frustrados porque se ha legislado mucho pero se cumple poco. 
Quizás ha sido así porque en algunos casos se ha sido ambicioso y, más que ambicioso, poco concreto, se ha sido difuso. 
Nosotros esperamos que usted pueda reconducir parte de la normativa al revisarla y que se legisle mejor y no más. 
Señora Presidenta, en primer lugar doy las gracias a la Sra. Pollack por un informe constructivo y de gran calidad, que tiene el objetivo de dar a las personas una mayor influencia sobre el medio ambiente. 
La contaminación atmosférica constituye un problema en aumento en las ciudades y a lo largo de las autopistas, pero también afecta a las personas, animales y plantas de toda la Unión. 
A Suecia también le llega mucha contaminación a través de la lluvia ácida que proviene de Gran Bretaña y de la Europa central. 
Es un paso esencial el que la UE ha dado estableciendo un intercambio recíproco de datos sobre la contaminación atmosférica entre los Estados miembros. 
Una visión de conjunto del alcance de la contaminación facilitará la adopción de medidas comunes en favor de un aire más puro. 
Para muchos ciudadanos suecos la necesidad de que se coopere en el ámbito del medio ambiente ha sido y es un importante argumento para fortalecer la capacidad de acción de la UE. 
Un documento común sobre la calidad del aire que tenemos dentro de la Unión funcionará como un argumento contundente para que se adopten unas acciones vigorosas en contra de la acidificación y del abono excesivo por vía de la contaminación atmosférica. 
Pero esto no sucederá hasta que los ciudadanos no tengan acceso a una información clara que puedan utilizar en los trabajos en favor del ambiente, e influyan sobre los políticos para que adopten unas decisiones democráticas que disminuyan la contaminación. 
Por eso es incomprensible que los gobiernos que se reúnen en el seno del Consejo de Ministros, y la propia Comisión, no quieran hacer el conjunto de la información sobre la contaminación del aire accesible para los ciudadanos. 
La población debe saber lo mala que es la situación del medio ambiente para poder influir sobre sus políticos. 
Por consiguiente, debe publicarse la información de que se dispone sobre la contaminación del aire. 
Nuevamente se demuestra que es el Parlamento Europeo el que defiende los derechos de los ciudadanos a ser oídos dentro de los trabajos en el marco de la cooperación europea. 
Espero que el Consejo cambie de opinión y acceda a la propuesta del Parlamento en este sentido. 
Señora Presidenta, la averiguación de los valores propuestos es necesaria para tener una base objetiva con la que aplicar medidas eficaces contra la contaminación del aire y lograr un futuro sostenible. 
Apoyo sin duda las enmiendas dirigidas a simplificar el título y a lograr una amplia difusión de las informaciones obtenidas. 
Por ejemplo, en las áreas de aglomeración urbana de la Alta Austria se miden de modo continuado los valores de contaminación que se publican en lugares oficiales así como en los periódicos. 
También es cierto que el intercambio recíproco de datos para la totalidad del territorio de la Comunidad Europea debe impulsarse a la mayor brevedad. 
No obstante, debemos tener en cuenta las objeciones de los Estados miembros sobre el plazo de aplicación, ya que la propuesta prevé unas estructuras totalmente nuevas que en casos extremos no se pueden crear en tres sino en cinco años. 
Pero, naturalmente, nuestro deseo es que los Estados compitan entre si y que se pongan a disposición los datos lo antes posible. 
Prestaremos atención a que la aplicación se lleve a cabo en todos los sectores con la mayor rapidez y eficacia posibles. 
Felicito encarecidamente a la Sra. Pollack por los puntos esenciales. 
Señora Presidenta, ante todo quiero dar las gracias una vez más a la Comisión de Medio Ambiente y en especial a la ponente, Sra. Pollack, por el trabajo realizado en relación con este tema importante, aunque bastante técnico. 
Me gustaría subrayar una vez más que esta propuesta y la Directiva sobre la calidad del aire debatida aquí en mayo se complementan. 
Ambas propuestas forman juntas un paquete importante para la mejora de la calidad del aire en Europa. 
La Comisión aceptó totalmente o en principio 10 de las 11 enmiendas del Parlamento en la primera lectura. 
Cinco de esas 10 enmiendas fueron incluidas total o parcialmente en la posición común. 
En la segunda lectura, el Parlamento ha propuesto cinco modificaciones, de las cuales la Comisión puede aceptar cuatro totalmente o en principio y una solamente en parte. 
Las enmiendas núms. 1, 2, 3 y 4 complementan muy bien las exigencias propuestas, por lo que la Comisión las acepta, con ciertas modificaciones en la redacción. 
La enmienda nº 5 se refiere a tres temas: la presentación al Parlamento de un informe sobre la aplicación de la decisión, el plazo para esa presentación y la revisión de la decisión. 
La parte de la enmienda que se refiere a la presentación al Parlamento de informes está en plena concordancia con la práctica actual y puede ser aceptada por la Comisión. 
La propuesta de reducir el período para la presentación del mencionado informe por la Comisión no es aceptable y varios oradores también han mencionado el tema. 
El plazo propuesto de tres años significa que el período útil para el intercambio de información sería únicamente de dos años. 
Nos parece insuficiente para contar con una base adecuada para la evaluación. 
La última parte de la enmienda se refiere a la posibilidad de declarar obligatoria la medición de los contaminantes si los Estados miembros facilitan información inadecuada. 
La Comisión no la puede aceptar, ya que no está en concordancia con las exigencias de la decisión, que únicamente se refiere al intercambio recíproco de la información existente en los Estados miembros. 
La exigencia de medición de nuevos contaminantes será incluida en las directivas sobre la calidad del aire. 
Finalmente, quiero subrayar los resultados obtenidos hasta ahora en relación con esta propuesta. 
La posición común aprobada en el Consejo incluye varias enmiendas importantes procedentes de la primera lectura. 
Junto con las propuestas aprobadas por la Comisión hoy, constituyen un complemento importante y práctico de la política de calidad del aire iniciada con la directiva marco. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Traslado de residuos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0266/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (C4-0331/96-95/0107 (SYN) ) con vistas a la adopción de un reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (Ponente: Sr. Virgin). 
Señora Presidenta, voy a referirme someramente al fondo de este tema. 
Ya en 1993 se prohibió la exportación de residuos peligrosos para su tratamiento definitivo a países que no pertenecen a la OCDE, de conformidad con un reglamento de la UE. 
Esta prohibición no se aplicaba a la exportación de residuos destinados a su reciclaje. 
Con ocasión de la tercera Conferencia celebrada entre las partes interesadas, mediante el Convenio de Basilea se decidió prohibir, a partir del 1 de enero de 1998, la exportación de residuos peligrosos destinados a su reciclaje con origen en países de la OCDE y destino a otros no pertenecientes a la OCDE. 
La Comisión presentó por tanto una propuesta de prohibición en el mismo sentido hace más de un año. 
La propuesta seguía las recomendaciones del Convenio de Basilea. 
La definición de residuos peligrosos según la propuesta de la Comisión se deduce del Anexo 3 del Reglamento, la llamada lista amarilla, y del Anexo 4, la lista roja. 
La Comisión de Medio Ambiente lo consideró insuficiente y recibió un fuerte apoyo por parte del Parlamento. 
Por lo tanto, presentamos unas propuestas que completaban las de la Comisión y que contenían la lista de la UE sobre residuos peligrosos según una decisión del Consejo de 1994, que lleva el número 904. 
El motivo era sencillamente que el reciclaje de los materiales de esta lista de ningún modo podía producirse sin riesgos para el medio ambiente. 
Tras una larga serie de gestiones antes del otoño, incluyendo la devolución del asunto a comisión, llegamos a un compromiso con la Comisión por el que se creaba un nuevo Anexo, 2 a, a la lista de la UE según la decisión del Consejo 94/904. 
En conexión con ella, deseo agradecer a la Comisión los trabajos constructivos que se realizaron para llegar a este compromiso. 
No nos cabe duda de que nuestra propuesta original no era del todo precisa, pero eso se debe en parte a que el Parlamento no dispone de los recursos de investigación necesarios para presentar una propuesta precisa. 
El compromiso significa, por tanto, que nuestra propuesta puede incluirse ahora en una propuesta más operativa. 
El Parlamento aceptó el compromiso el 16 de enero de este año. 
La reacción del Consejo de Ministros fue únicamente manifestarse a favor de la propuesta original de la Comisión. 
En un anexo destinado a añadir los residuos que cubría la decisión del Consejo 94/904, el Consejo confirma no obstante la conveniencia de abordar el tema en los procedimientos futuros. 
Debo decir que interpreto este comunicado como si el Consejo aceptase nuestra posición, a condición de que se consiga una fuerte mayoría en el Parlamento a su favor. 
Visto imparcialmente, la posición conlleva una mayor protección del medio ambiente en relación con la propuesta original de la Comisión. 
Si se consigue llevar a buen puerto la cuestión, esto constituiría de hecho un buen ejemplo del papel que el Parlamento puede adoptar en temas importantes, que demuestra claramente la distribución de los roles, y que debería funcionar como un patrón ilustrativo para los ciudadanos de la Unión. 
De lo que no trata la propuesta en esencia es de la responsabilidad por el tratamiento de los residuos peligrosos. 
En una sociedad de desarrollo sostenido será una lucha continua la disminución de residuos. 
El desarrollo tecnológico debe enfocarse hacia este objetivo. 
Y la posición del Parlamento en la cuestión que debatimos corrobora estas ideas. 
Finalizo con una pregunta a la Comisión que está relacionada con el tema: ¿Cuándo se presentará una propuesta para ratificar el Convenio de Basilea? 
La pregunta está directamente relacionada con el asunto que nos ocupa y tiene el fin de darle, por decirlo de algún modo, una «base legal» al conjunto de la operación. 
Señora Presidenta, los desechos problemáticos y su transporte representan un problema creciente en el planeta. 
Es una cuestión de dinero. 
Unos desean deshacerse a bajo precio de sus residuos y otros quieren conseguirlos baratos para utilizarlos como materia prima. 
No se puede culpar a los países en desarrollo de querer conseguir materias primas a bajo precio. 
En cambio, la tarea de los países desarrollados es garantizar que nuestros desechos no ocasionen problemas en los países donde el tratamiento de residuos no está suficientemente desarrollado o donde no existe ningún tipo de preocupación al respecto. 
En el Convenio de Basilea se decidió prohibir la exportación de desechos para su reciclado fuera del territorio de los países de la OCDE. 
Como se señala en las propias propuestas de enmienda del informe elaborado por el Sr. Virgin y en el anterior dictamen del Parlamento, las definiciones de «residuos peligrosos» de la UE hoy por hoy no se corresponden con las recogidas en el Convenio de Basilea. 
Esto puede dar lugar a que los residuos clasificados como peligrosos se sigan exportando a países donde no se sabe o no se desea clasificarlos. 
Es responsabilidad de la UE y de sus Estados miembros que la laguna existente no suponga una amenaza para la salud de los habitantes de los países pobres. 
Debemos asumir esta responsabilidad. 
El Consejo, en su posición, ha intentando esconderse detrás de problemas técnicos. 
Ha sido positivo escuchar el parecer del ponente en el sentido de que el Consejo parece que se está preparando para esconderse también detrás de los asuntos planteados en este informe. 
Debe quedar claro que no se deben exportar a países no pertenecientes a la OCDE desechos que se definen como problemáticos en el ámbito comunitario. 
Esta exigencia debe aplicarse lo antes posible. 
Por otro lado, debe adoptarse una postura cautelosa con respecto al transporte de desechos y ponerse en práctica el principio según el cual deben tratarse y aprovecharse los residuos lo más cerca posible de su lugar de origen. 
Si no se respeta este principio también en lo relativo al transporte entre los países miembros, se podrá llegar a una situación en que determinados países eviten su responsabilidad en materia de reciclado vendiendo sus desechos en otra parte. 
Esto dará lugar a un tráfico innecesario y causará daños también innecesarios a la naturaleza, lo cual, por su parte, mermará la utilidad que el reciclado conlleva para el medio ambiente. 
En ella figuran residuos que aunque se mencionan en la lista de residuos peligrosos, sin embargo, de modo paradójico, no se declaran como peligrosos en los Anexos III y IV. 
Ya por motivos sistemáticos en el sentido de una regulación global y unitaria, no se puede aceptar esta diferencia. 
Además, las categorías de residuos mencionadas no carecen siempre de peligro si pensamos por ejemplo en la chatarra contaminada o en el arsénico de los endurecedores del metal o en los lubricantes o refrigerantes provenientes del mecanizado. 
Difiero de la opinión común expresada por el Consejo y me parece importante que se recoja la totalidad de los productos peligrosos y que se prohíba su exportación para su reciclado mientras no existan garantías de que en los países de destino existan las condiciones adecuadas para un reciclado compatible con el medio ambiente. 
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, la Comisión ha presentado la propuesta de modificación del Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior de la Unión, en la que se prevé la prohibición de la importación y exportación de residuos peligrosos, tanto si están destinados a la eliminación como al reciclado. 
Por una parte, esta propuesta ha de hacer frente a la necesidad de proteger el medio ambiente y, por otra, a la necesidad de tener en cuenta el peso de los intereses comerciales existentes: de hecho, algunos países no miembros de la OCDE desearían que el comercio de residuos peligrosos no fuera objeto de demasiadas restricciones, para poder utilizar algunas sustancias como materias primas, y además determinados Estados miembros quisieran seguir exportando sus residuos. 
Se ha logrado un importante resultado con las enmiendas de transacción acordadas entre el Parlamento y la Comisión, que proponen la prohibición de la exportación de residuos peligrosos a partir del 1 de enero de 1998 y solicitan el ajuste de la definición de «residuo peligroso» y de lo previsto por el Convenio de Basilea. 
Por lo tanto, esta posición, expresada en las enmiendas núms 1 y 2, será apoyada por mi Grupo. 
Señora Presidenta, hace más de diez años que se arrastra este asunto. 
Recuerdo que ya en 1986, ya entonces, la Comisión Europea pretendía acabar con las exportaciones de residuos tóxicos peligrosos hacia el exterior de la zona de la OCDE. 
Ese escandaloso turismo de los residuos sigue gestionado por una mafia propia, muchas veces por la propia Mafia. 
En Portugal lo conocemos por la importación de chatarra contaminada, tóxica y peligrosa: se exportó a Portugal- desde Suiza, en un caso, y desde Alemania, en otro- material clasificado como «chatarra no peligrosa». 
Por eso vengo aquí a apoyar el excelente informe del Sr. Virgin, porque, además del punto de vista técnico, persigue acabar con ese escandaloso turismo de residuos abordando el asunto desde el punto de vista ético y moral. 
En primer lugar, porque fija una fecha definitiva, de acuerdo con nuestras obligaciones asumidas en el Convenio de Basilea. 
En segundo lugar, porque acaba con ese «agujero» que existía en nuestra ley acerca de la clasificación en el Anexo II de substancias que son tóxicas, que son peligrosas, pero que no estaban clasificadas como tales. 
Es de la más elemental justicia conseguir mañana una votación excelente para que el Consejo de Ministros no pueda introducir en la ley «sutilezas» que puedan provocar complicaciones futuras y la continuación de ese escandaloso turismo de residuos. 
Señora Presidenta, ésta es una vieja cuestión en que los Verdes hemos sido pioneros. 
Recuerdo un libro de mi antecesor en el Parlamento Europeo, François Roelants du Vivier, que hace ya diez años describía el comercio de residuos peligrosos, y también el modo en que se inducía a los países pobres a aceptar, a cambio de sumas modestas, unos residuos que se describían como libres de peligro pero que de hecho eran altamente peligrosos para el medio ambiente. 
Se avanza lentamente, pero se avanza. 
Como ya he dicho con anterioridad, el Sr. Virgin actúa en esta cuestión como un «verde» , un buen defensor del medio ambiente. Esto es muy positivo. 
No presentaremos ninguna moción de enmienda, sino que apoyaremos la propuesta, que representa un paso hacia adelante. 
Pero con esto no solucionamos el problema. 
Hace poco he estado en Hungría, la República Checa y Eslovaquia. 
En estos lugares existe preocupación dentro del movimiento a favor del medio ambiente, y también en otros círculos, por el hecho de que las normas que vamos a adoptar puedan no tener validez cuando estos países se adhieran a la OCDE y posiblemente a la UE, porque en esas fechas tendrán validez unas normas distintas. 
Estos países temen convertirse en depósito de descarga para los residuos de los países más ricos de la UE. 
Esto significa que el principio de proximidad naturalmente debería aplicarse generalmente también dentro de la Unión. 
Es una cuestión que debe abordarse cuanto antes, y espero que el Sr. Virgin y su grupo también en este caso den primacía al respeto por el medio ambiente por encima del principio de la libertad de comercio. 
Señora Presidenta, éste es un informe muy relevante. 
Se trata de un asunto importante en esencia, pero también a modo de ejemplo formativo para el comercio internacional. 
Debería congratular al ponente con una frase hecha, pero no pienso hacerlo. 
Diré solamente que ha realizado un excelente trabajo, contra viento y marea, bien podemos decirlo, puesto que el Consejo no ha aprobado ninguna de las enmiendas anteriores del Parlamento. 
La propuesta del Parlamento es mejor que la del Consejo, porque cumple con los requisitos internacionales del Convenio de Basilea. 
El 1 de enero de 1998 entró en vigor una prohibición contra la exportación de residuos. 
Existen unas definiciones y unas listas claras sobre el tipo de residuos en cuestión. 
La propuesta es por tanto concreta y clara, y es esencial que el Parlamento la apoye y que obligue al Consejo a aceptarla. 
Espero verdaderamente que así sea. 
Señora Presidenta, la Comisión quiere dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y en especial al ponente, Sr. Virgen, por el trabajo realizado en relación con esta propuesta. 
Comparto la opinión expresada por el ponente de que el Parlamento ha desempeñado un papel activo y de que ha existido una buena cooperación. 
Expondré brevemente los objetivos de la propuesta. 
Modifica el Reglamento de 1993 relativo al traslado de residuos, que es un instrumento muy importante para la protección de terceros países contra la importación de residuos indeseados procedentes de los países industrializados. 
El objetivo de la Comisión con esta propuesta es- tal como ya han dicho todos los oradoresaumentar y mejorar la protección ampliando la prohibición existente de exportación desde la Unión Europea de residuos destinados a la eliminación definitiva. 
A partir del 1 de enero de 1998, la prohibición de exportar residuos peligrosos incluirá también los envíos de residuos para su reciclado a cualesquiera países no miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. 
Como ya saben, la propuesta permitirá incluir en la legislación comunitaria una decisión respecto a este punto que fue adoptada en el marco del Convenio de Basilea y que fue seguida por la aprobación de una modificación del mencionado Convenio según las mismas pautas. 
En relación con la primera lectura, el Parlamento Europeo y la Comisión se pusieron de acuerdo sobre cuatro modificaciones de la propuesta inicial. 
La modificación más importante era la ampliación del ámbito de aplicación de la propuesta para incluir no sólo los residuos incluidos en los Anexos III y IV del Reglamento sobre traslado de residuos, sino también los residuos que no están incluidos en ninguno de estos Anexos, pero que figuran en la lista de la Comunidad de residuos peligrosos. 
Los residuos de este tipo serán incluidos en un nuevo Anexo IIa que la Comisión elaborará lo antes posible. 
Estoy en condiciones de informarles de que los servicios de la Comisión han comenzado el trabajo preparatorio necesario para enviar una propuesta a la comisión de adaptación técnica una vez aprobada la modificación del Reglamento sobre traslado de residuos, incluyendo la decisión de elaborar un nuevo Anexo IIa. 
La Comisión cuidará, obviamente, de que el Parlamento Europeo sea informado al mismo tiempo que se presente la propuesta oficial. 
Me gustaría comentar brevemente las modificaciones propuestas por el Parlamento Europeo para la segunda lectura. 
Aun cuando el Consejo no ha aceptado ninguna de las enmiendas de la propuesta modificada de la Comisión, ésta ha observado durante los debates que el Consejo se ha mostrado positivo ante la posibilidad de tener en cuenta estas enmiendas después de la segunda lectura en el Parlamento, tal como han dicho el ponente y varios otros oradores. 
Por ello, la Comisión se alegra de que se hayan presentado de nuevo las mismas enmiendas y cuenta con su aprobación. 
Finalmente quiero agradecer una vez más a la Comisión de Medio Ambiente su actitud positiva y activa en este asunto. 
Este tiene, tal como dijo el Sr. Pimenta, una larga historia. 
Estoy segura de que el Parlamento en su conjunto puede aceptar la recomendación de la Comisión y me parece que con esto hemos dado un paso importante hacia un desarrollo medioambiental correcto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección de la fauna y flora silvestres 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0262/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (C4-285-00/0370 (SYN) ) con vistas a la adopción del reglamento del Consejo relativo a la protección de especímenes de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (Ponente: Sra. van Putten). 
Señora Presidenta, todos los presentes conocen la importancia del tema. 
Hablamos de la reglamentación de un comercio que mueve millardos, y hemos de hacerlo racionalmente, para así poder controlar el comercio ilegal, cuya envergadura se estima en unos 17 millardos de dólares al año. 
Por consiguiente, tendremos que tratar esta cuestión de forma racional. 
El comercio ilegal de plantas y animales se aproxima al tráfico de drogas y de armas. 
En sí es triste que el entorno natural se haya convertido en una mercancía económica. 
Es mi nota personal y hablo con el corazón. 
Es triste ver que las plantas y los animales, e incluso ahora también los niños, se han convertido en una mercancía. 
Pero también las plantas y los animales tienen derecho a un trato equitativo, o por lo menos a una buena protección. 
Esto me recuerda a un indio que en las negociaciones con el presidente Washington dijo, cuando se negociaba sobre su tierra: ¿Cómo quieren que vendamos el aire? 
Pues bien, no vamos muy desencaminados con las plantas y los animales. 
Aquí quiero poner esta nota personal que me sale del corazón. Es decir, que esta es una cuestión que suscita muchas emociones. 
Pero vuelvo a la razón, la razón es la realidad, y la realidad es que se comercia. El Consejo, gracias a la Presidencia francesa, ha tardado cinco años en llegar a un acuerdo. 
La falta de una legislación europea en el marco del mercado interior fue el motivo para que las partes del Convenio CITES denunciaran a la Comunidad Europea el año pasado, cuando las partes del denominado Convenio de Washington estaban reunidas, porque Europa había tardado tanto. 
Es precisamente el movimiento ecológico europeo, y luego hablaré de las excepciones dentro del movimiento ecológico, quien dice que es absolutamente necesario que se establezca cuando antes una legislación clara. 
El nuevo reglamento que estamos examinando ahora ha supuesto sin duda un paso adelante en relación con la antigua legislación. Aunque no todo el mundo esté satisfecho, algo que por otro lado es imposible en política. 
Las grandes diferencias entre las legislaciones nacionales, y por consiguiente la imposibilidad de controlarlo todo en el mercado europeo, exigen una estructura común, y ahora ya la tenemos. 
Quiero mencionar unos cuantos ejemplos en los que se han realizado progresos. 
Hemos visto el cambio de fundamento jurídico al artículo 130 S, que ya hemos aceptado como Parlamento, y esto indica claramente que la legislación está ante todo y sobre todo al servicio de la protección de la flora y la fauna. 
Esta protección de la flora y la fauna es primordial y se antepone a todo. 
Otro ejemplo: el artículo 16 abre nuevas posibilidades de sanción, incluida la lucha contra el transporte irresponsable. 
Lo dice claramente. 
Siguiente ejemplo: ahora está mucho más claro que en la legislación vigente que los Estados miembros han de tomar medidas para confiscar, en caso de violación de la ley y de incumplimiento, por ejemplo, de los requisitos de transporte, o cuando no se disponga de los documentos oportunos para el transporte. 
Asimismo digo claramente a quienes tienen críticas: en lo que respecta a las especies del Anexo B, es posible confiscar. 
Europa ha ido más lejos que el Convenio y ha introducido un Anexo D. Todavía nos queda mucho por hacer en el futuro, y como Parlamento hemos presentado enmiendas, pero se están realizando progresos. 
Y por último, es posible una actuación más rápida y una mayor flexibilidad para colocar las especies que de repente se encuentran amenazadas, por ejemplo por el comercio, en una lista prioritaria, a fin de prohibir o controlar estrictamente el comercio: Anexo B. 
Se han mejorado las definiciones y se han incluido los problemas de transporte, pero, como se podrá comprobar, esto no es suficiente. 
Estas son las críticas del Parlamento. Hay críticas, concretamente por parte de nuestros compañeros alemanes, que quieren ser aún más estrictos. 
Respeto y comprendo sus emociones, pero, ya que se refieren sobre todo a las aves, hay involucradas 30.000 especies. 
Se trata de que otros países participen. 
De qué nos sirve que un único Estado miembro tenga directivas muy modernas en un mercado interior y que tengamos ese mercado interior con fronteras abiertas. 
A veces hay que ceder, por muy doloroso que sea. 
Estamos progresando. 
Así que comprendo las críticas, pero lamentaría que por ellas se retire toda la legislación. 
Un aspecto extraño de las críticas de este Parlamento, y no apoyo estas críticas, es cuando se trata de algo secundario: cuando hablamos de 30.000 especies, y de pronto llegan los cetreros y el grupo de presión. 
Pero volviendo a las críticas, el Parlamento ha presentado con razón enmiendas al transporte cuando esto lleva al empobrecimiento; se trata de la lista D. 
Por último, no voy a examinar todo lo que ha propuesto el Parlamento, pues son muchas enmiendas, pero lo que sí es importante es la enmienda transaccional. 
Espero que la Comisaria comprenda realmente que hay que aceptarla, pues rechazarla sería negar la realidad, y no debemos hacerlo. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, el Convenio de protección de las especies de Washington se aprobó en 1973 y pronto va a cumplir 25 años. 
Muchas de las especies que se quería proteger con este Convenio no han sobrevivido durante mucho tiempo. 
Se las ha cazado, agrupado de modo no permitido, muriendo luego por asfixia, sed o sequedad en los transportes, constituyendo objetos de prestigio que nunca llegaron. 
Al aniquilar y desaparecer especies que no podremos volver a ver y aún menos las generaciones que nos sigan, se nos roba a todos la herencia común del hombre. 
Sólo una infinitésima parte de las plantas existentes son empleadas hoy por nosotros como plantas útiles. 
No nos hemos dado cuenta en absoluto de qué oportunidades se destruyen al desaparecer plantas de la lista de las especies. 
El equilibrio de la Naturaleza se destruye también al desaparecer animales. 
Por ello, es urgentemente necesario un reglamento. 
Quiero expresar mis felicitaciones a la ponente por el compromiso mostrado para lograr su aprobación. 
Espero también que la declaración sobre la protección de la fauna que se menciona en el Acta final del Tratado de la Unión se incluya en la Conferencia Intergubernamental actual tal como desea el Parlamento, de modo que la protección de la fauna se refleje adecuadamente en el Tratado. 
Sin embargo, en un punto no comparto la opinión de la ponente a pesar de todo lo que valoro su trabajo. 
Creo que no solamente las plantas y animales de la lista A del Anexo necesitan documentos acompañantes sino también las que figuran en la lista B. 
Queremos que esta lista A sea lo más reducida posible y que no vengan a sumarse otras especies pues no se les ha prestado suficiente atención. 
Creo que en el marco de la simplificación de la burocracia se debería examinar la posibilidad de introducir un simple documento de acompañamiento en la Unión. 
Señora Presidenta, con respecto al informe de la Sra. van Putten, relativo a la aplicación en la Comunidad del Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, es decir, el CITES, es necesario recordar ante todo que con este texto se pretende sustituir un reglamento que data de 1982. 
Se trata, de hecho, de una actualización, de una mejora, que debe tener en cuenta las modificaciones del CITES aprobado en Washington en 1973. 
También hay que recordar que el objeto principal de esta propuesta de reglamento es proteger la fauna y la flora silvestres de los efectos negativos relacionados con su comercio y garantizar la aplicación uniforme de los instrumentos de la política comercial establecidos por el CITES. 
En efecto, urge reforzar y mejorar el texto de aplicación del Convenio adoptado por el Consejo en 1982, a la vista del desarrollo actual del comercio internacional ilícito de especímenes vivos. 
Desde este punto de vista, no se puede menos que deplorar el retraso acumulado desde 1991, retraso debido sobre todo a los problemas atinentes a la elección del fundamento jurídico de este Reglamento. 
Deseo subrayar que las principales mejoras introducidas en este texto están encaminadas a reforzar los controles en las aduanas, lo que permitirá luchar con mayor eficacia contra la proliferación de este comercio ilícito; a endurecer las sanciones aplicadas por los Estados miembros en caso de que no se respete el reglamento; y, finalmente, a garantizar buenas condiciones de transporte para los especímenes vivos que son objeto de transacciones comerciales. 
Felicito al ponente por su trabajo en este sentido y apoyo totalmente la orientación del texto de la posición común al respecto. 
Sin embargo, deseo subrayar que el apartado 1 del artículo 9 de la posición común plantea un verdadero problema para la práctica de la cetrería. 
Se trata de una actividad tradicional, muy antigua. 
Ésta forma parte de nuestro patrimonio y debemos esforzarnos por mantenerla. 
La práctica de la cetrería no debe estar sometida a excesivas formalidades administrativas. 
Quienes la ejercen deben, ciertamente, respetar la normativa general sobre el comercio de los especímenes que utilizan. 
Por lo tanto, deben estar en condiciones de demostrar la legalidad de la adquisición de su animal, como establece el texto; pero no se justifica la exigencia de la autorización previa para cada traslado de su animal dentro de la Comunidad, incluso tratándose de un halcón silvestre. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la Unión Europea existen muy pocos halconeros, que son aún menos los que utilizan animales que no han nacido en cautividad y que están obligados a trasladarse con frecuencia. 
Estos traslados no se efectúan, por otra parte, por razones comerciales y, por lo tanto, nada tienen que ver, en cualquier caso, con el objeto específico del reglamento. 
Por eso me parece absolutamente razonable y sin riesgo para la conservación de las aves rapaces de origen silvestre que se utilizan en la cetrería el hecho de permitir, sin previa autorización, su traslado dentro de la Comunidad, con la condición de que estas aves sean devueltas directamente a sus lugares autorizados. 
La posición común que discutimos actualmente demuestra la voluntad de Europa de crear un mejor sistema de protección de las especies amenazadas, mediante el control de su comercio. 
No obstante, un exceso en las prohibiciones del comercio o del traslado de animales podría ir en contra de la conservación de la biodiversidad. 
Por eso les pedimos que apoyen esencialmente dos enmiendas: la enmienda 32, que, como ha dicho la Sra. Grossetête, permite a los halconeros el traslado de halcones de su domicilio a su zona de caza, puesto que esta antigua modalidad de caza, como es la cetrería, ya fue reconocida por la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres. 
Votar a favor de esta enmienda significa aprobar el esfuerzo de los halconeros que colaboran con los medios científicos tanto en el ámbito de la investigación como en el de la protección, conservación e incluso de la reintroducción de ciertas aves rapaces, como el halcón peregrino. 
En segundo término, la enmienda 30, por la que se pide que se autorice la realización de investigaciones con animales en caso de enfermedades para las que actualmente no existe ningún tratamiento, investigaciones que sólo estos animales podrían permitir. 
La investigación en este ámbito ha conducido, como se sabe, a un progreso considerable en la protección y el bienestar no sólo de los seres humanos, sino también de los propios animales. 
No habría que olvidarlo. 
Señora Presidenta, quizás pueda usted conseguir que no siempre tratemos las cuestiones ambientales los martes por la noche. 
Los martes por la noche siempre se nos arrincona. Quizás sea posible tratar temas importantes como el medio ambiente durante el día. 
Hace apenas una semana, leí en un periódico neerlandés que la policía de Londres había confiscado una gran partida de cuernos de rinocerontes. 
Se trata del mayor hallazgo de todos los tiempos, según el diario. 
Todos sabemos que el cuerno del rinoceronte es muy escaso. 
Lo que sin embargo no sabía es que en Gran Bretaña este delito es castigado con tan sólo dos años de prisión. 
El valor de la partida de cuernos se cifra en unos 10 millones. 
Ello indica que el comercio ilegal de especies amenazadas es una actividad muy lucrativa, que se mantiene gracias al tráfico incontrolado y a la levedad de las sanciones. 
Por desgracia, el anterior ejemplo no es tan sólo un incidente aislado. Demuestra que la aplicación europea del CITES deja bastante que desear. 
Cada día se negocia con especies animales y vegetales amenazadas, tanto vivas como muertas. 
Sólo que no siempre se descubre, debido a la falta de personal o de mecanismos de control. 
Así pues, en Europa hemos de cumplir nuestras obligaciones derivadas del CITES y hemos de introducir legislaciones más estrictas. 
Todo ello ha de ser realista y controlable, y por ello apoyamos plenamente el informe de la Sra. Van Putten. 
Como todos sabemos, en las últimas décadas muchas especies animales y vegetales se han extinguido o empiezan a escasear. 
De ahí la importancia de este informe. Se trata de la conservación de la biodiversidad, que a nuestro entender es una cuestión vital. 
Con este telón de fondo, y para acabar, es muy lamentable que en una cuestión tan importante se preste tanta atención inoportuna a la cetrería. 
Precisamente ahora que el Parlamento Europeo tiene oportunidad de hacer más estricto el reglamento, es una vergüenza que el debate se vea dominado por semejantes banalidades y hechos impropios, sobre todo porque se trata de un malentendido. 
Por ello, nuestro Grupo votará en contra, entre otras, de la enmienda nº 29. 
Sentimos mucha curiosidad por saber cuál será la respuesta de la Comisaria a la enmienda nº 5. 
Señora Presidenta, la próxima semana la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, tratará en Bruselas de la revisión del Quinto programa de acción medioambiental hacia un desarrollo sostenible. 
Algunas de las enmiendas presentadas denuncian la desaparición de muchas especies- en algunos casos hasta de un 30 %-. 
La recomendación de la Sra. van Putten intenta evitar que esa desaparición continúe, y nos parece una propuesta equilibrada y necesaria. 
No nos parecería bien, como dice el Sr. Eisma, que esta recomendación peligrara por una cuestión que, en el ámbito total de la conservación de las especies, es una cuestión menor. 
A nosotros nos parece que la Sra. van Putten expresa claramente en la conclusión que la biodiversidad, la conservación de las especies, es un legado y nosotros tenemos la obligación de legarlo a nuestros descendientes de la mejor manera posible. 
Por lo tanto, nosotros aprobamos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor su recomendación y vamos a hacerlo también aquí, en el Pleno. 
Señora Presidenta, al contrario que la ponente, Sra. van Putten, creo que la propuesta de reglamento, tal como se nos ha presentado, no aporta ninguna mejora. 
Por el contrario, creo que habría sido una de las últimas oportunidades para acabar con el comercio mundial de especies silvestres, plantas y animales y terminar con este saqueo de nuestro planeta. Esta situación me parece aún peor ante el hecho de que la UE es uno de los mayores importadores y un auténtico mercado de consumo. 
Tras unas negociaciones que han durado más de cuatro años, el Consejo ha aceptado un documento que está muy alejado del principio de la previsión o de la sostenibilidad. 
Pero claro, solamente se trata del saqueo y del aniquilamiento de la biodiversidad. 
El colmo es que la actitud oficial es entretanto como sigue, cito textualmente: » cada especie tiene que obtener ella misma los medios financieros necesarios para su conservación». 
Pregunto: ¿qué filosofía se esconde tras estas palabras? ¿la vida solamente merece vivir si ella misma gana dinero? 
¿Significa esto que la lechuza, el ara o el halcón solamente pueden volar libremente si tienen un talonario de cheques debajo de las alas? 
¡Esto es un escándalo! 
Es realmente una vergüenza para un pueblo civilizado y para los países civilizados. 
Ahora se puede comerciar libremente en Europa con 500 mamíferos y aves y más de 110 tipos de orquídeas. 
Esto es aún peor, pues les recuerdo que con nuestras resoluciones actuales caemos mucho más atrás de lo que el Parlamento aprobó en 1993. 
Estamos retrocediendo. 
Por estos motivos, en nombre de mi grupo político tengo que proponerles que rechacemos la posición común. 
Supone un empeoramiento. 
No sirve de nada que el transporte esté mejor regulado. 
Una jaula no es un espacio vital. 
Antes de que los animales lleguen al transporte, 10 de cada 9 han muerto y, del resto, la mayor parte fenece en el transporte. 
Me temo que el Parlamento no va a dar de nuevo el paso adecuado. 
Entretanto lo más importante es el comercio y no la sostenibilidad, la responsabilidad frente a las futuras generaciones. 
De lo que se trata en primera línea es de ganar dinero. 
Sólo por estos motivos, he presentado con mis colegas Graenitz y Pimenta cuatro enmiendas, pues suponen una pequeña mejora y hacen justicia a nuestra responsabilidad y espero que al menos las apoyen. 
No nos haremos ningún favor si aprobamos la posición común tal como está y aceptamos este informe, pues supone realmente un empeoramiento. 
Todos sabemos que cada día alguna planta y especie animal se pierden sin remisión. 
El mundo es un sistema entrelazado en el que cada elemento tiene una importante función y cuanto más destruyamos de este sistema más destruiremos de nosotros mismos. 
Señora Presidenta, mi Grupo considera de suma importancia que el reglamento CITES modificado, que estamos examinando ahora, entre en vigor cuanto antes. 
La Unión Europea está contribuyendo a reducir a gran velocidad la diversidad de la Creación, si no regulamos debidamente el comercio de animales y plantas amenazadas. 
Sabemos que el comercio a escala mundial asciende a 3, 5 o 5 millardos de ecus, de los que se estima que un tercio es ilegal. 
Una parte importante de este comercio es europeo. Razón de más para eliminar cuanto antes los problemas de control y definición en la Unión. 
Cinco años de consulta me parecen suficientes. 
Quiero expresar mi respeto por el modo en que la Sra. Van Putten ha coordinado este expediente en el último período. 
Con razón ha indicado que es urgente. Cada día que ganemos, significa por decirlo así la conservación de una especie amenazada. 
La problemática del transporte desempeña un papel importante en el comercio de animales y plantas. 
Todos conocemos las tristes fotos de montones de pájaros muertos, que son sacados de los aviones en los aeropuertos. 
Entre un 10 y un 70 % de los animales transportados no llegan con vida a su destino. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la Sra. Van Putten en que el presente reglamento no sea el instrumento más adecuado para establecer prescripciones en materia de transporte. 
La disposición del apartado f del artículo 16, según la cual se encarga a los Estados miembros fijar sanciones al transporte rudo de los animales, me parece suficiente. No excluye los preceptos nacionales complementarios. 
Naturalmente, este reglamento depende del control del cumplimiento y la formación del personal de aduanas. Habrá que invertir en ello. 
En el caso de determinadas especies de la fauna y la flora resulta prácticamente imposible determinar si el documento cubre realmente la carga. 
Sin embargo, esta es la única manera de hacer funcionar un reglamento. 
Asimismo apoyamos la propuesta de la ponente de crear un grupo de trabajo especial que se ocupe de todos los problemas relacionados con la ejecución. 
Por consiguiente, apoyaremos la mayoría de las enmiendas del informe. 
Señora Presidenta, habría que adaptar el texto en algunos puntos para hacerlo más comprensible y plausible para el que aplica el derecho. 
El título debería modificarse tal como se indica en la enmienda nº 16 para que el contenido sea más claro. 
Mediante el control del comercio hay que proteger la fauna y la flora. 
Por lo demás, el Parlamento Europeo está obligado a hacer posible también en el futuro la antiquísima tradición de la cetrería, transmitida de generación en generación y mantenida a nivel local, en el sentido de las enmiendas nº 42 a 47. 
Precisamente los halcones han asegurado la supervivencia de muchas aves rapaces. 
Es inaceptable e incomprensible hacer depender de una autorización cualquier traslado de un ave rapaz de un lugar a otro. 
Los cetreros no tienen aves rapaces por motivos comerciales o como animales domésticos. 
En la cría adecuada a la especie de tales aves se incluye el vuelo diario. 
Sería una declaración de guerra a la cetrería incluir en la estricta protección del reglamento a las aves rapaces que fundamentalmente se emplean allí. 
Cuestionaríamos la competencia de la propuesta y de la Directiva de las aves 79/409. 
Por ello, el texto debe modificarse de acuerdo con las enmiendas nº 60 y 61. 
Señora Presidenta, las medidas previstas en el CITES y en el Convenio de Washington destinadas al establecimiento de un control mundial del comercio de las especies amenazadas de la fauna y la flora silvestres y de sus productos derivados se aplican en la Comunidad en virtud del Reglamento 3626/82. 
Con objeto de actualizar la normativa existente, la Comisión presentó, en febrero de 1994, una versión modificada de la de 1991, que, recuerdo, también cambió el fundamento jurídico, pasando el artículo 100A del Tratado al artículo 130S, es decir, de un procedimiento de codecisión entre las instituciones europeas a un procedimiento que prevé únicamente la consulta al Parlamento Europeo. 
De cualquier modo, el Reglamento citado es fundamental no sólo para la protección de las especies, sino, sobre todo, para la correcta organización del comercio y de los productos derivados, que representa miles de millones, ya que, junto al mercado legal, existe un conjunto de operaciones ilegales de gran relevancia que pueden compararse con el tráfico ilegal de droga y armas. 
Es preciso, pues, reforzar los controles aduaneros, pero, sobre todo, mejorar la coordinación de las actuaciones de los Estados miembros, estableciendo la aplicación de posibles sanciones; asimismo, hay que considerar la importancia de mantener las tradiciones que permiten la conservación de la fauna silvestre y, al mismo tiempo, prever posibles excepciones que permitan el transporte, naturalmente sin riesgos, de algunas especies ornitológicas dentro de zonas ya definidas en otras disposiciones comunitarias, como hemos especificado junto con el Partido Popular Europeo en la enmienda nº 32, presentada por el Sr. Grossetête. 
Numerosos Grupos políticos apoyan, evidentemente, las enmiendas presentadas por nosotros, pero no adoptadas por la Comisión de Medio Ambiente, que han sido nuevamente presentadas en esta Asamblea: en especial, las enmiendas núms. 33 y 35 que, por supuesto, apoyamos en cuanto promotores. 
Señora Presidenta, evidentemente todos sabemos que el Convenio CITES trata de los animales y las plantas amenazados de extinción. 
Sin embargo, permítanme, como biólogo, expresar ciertas dudas acerca de este concepto de protección de especies amenazadas. 
El problema ya no es salvar ciertas especies amenazadas de extinción, sino preservar los ecosistemas que existen en la naturaleza y que están amenazados no sólo por la desaparición de algunas especies, cuyo número de ejemplares es sumamente escaso, sino también por la reducción de las que existen en muchas zonas, en cuanto que tal reducción puede alterar gravemente cualquier ecosistema. 
Se requiere un enfoque más global y más articulado de esta situación, del cual, desgraciadamente, carece el propio Convenio. 
La posición común adoptada reduce cualquier posibilidad de progreso, ya que insiste en una visión- que el Grupo de los Verdes no puede aceptar- de los animales y plantas como objetos, cosas para comerciar, y no como seres vivos que hay que proteger. 
La propia modalidad de traslado en jaulas, a través de los sistemas de transporte, da lugar a una verdadera carnicería, a una verdadera destrucción de organismos vivos. 
Por ello, como Verdes, hemos de insistir en la necesidad de que se introduzcan grandes modificaciones en la posición común, aprobando para ello las importantes enmiendas presentadas por la ponente y, sobre todo, por el Grupo de los Verdes. 
Señora Presidenta, acabo de darme cuenta de que antes he olvidado algo. Supongo que habrá sido la falta de tiempo. 
Querría formular una pregunta a la Comisaria y espero que todavía pueda incluirla. 
Se trata, según las noticias que ha tenido la Comisión de Medio Ambiente, concretamente con respecto a los cetreros- sobre los que con razón algunos han dicho que se trata de una gota de agua en el océano y que se está exagerando -, de que se ha diseñado un régimen especial para ellos. 
Quisiera saber si es cierto que se ha establecido un reglamento especial para que puedan practicar su deporte. 
Señora Presidenta, para empezar quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y en especial a la ponente, Sra. van Putten, por su excelente trabajo en relación con esta propuesta. 
Como ya han dicho varios oradores durante el debate, hoy estamos examinando una propuesta que data de 1991. 
Ha estado mucho tiempo en camino, y entre tanto se ha aplicado el régimen anterior. 
Las cosas no han ido bien, y necesitamos un reglamento nuevo. 
Tengo la impresión de que todos los oradores están de acuerdo en ello. 
Hasta aquí, todo bien. 
Sin embargo, parece que con ello termina la concordia, por lo que iré directamente al grano, es decir, a la enmienda nº 5 del Parlamento. 
Entiendo que se trata de una solución de compromiso entre diferentes criterios que existen en el Parlamento, y de la intervención de la Sra. Bloch von Blottnitz deduzco que no incluye el suyo. Casi me parecía que estaba hablando de una propuesta diferente a la que estamos tramitando. 
La enmienda nº 5 en sí es una propuesta excelente, que introduce el aspecto del bienestar de los animales en la propuesta que estamos debatiendo. 
Por este motivo siento personalmente mucha simpatía por ella. 
No obstante, a juzgar por la información que he recibido de los funcionarios de la DG XI que llevan trabajando en este tema muchos años, su aprobación significaría que la propuesta no contaría con el apoyo del Consejo, y en este caso estaríamos como ahora. 
Terminaríamos otra vez sin un nuevo Reglamento. 
Si hemos conseguido al fin examinar una propuesta y situarnos tan cerca de una solución de compromiso es precisamente porque, con grandes esfuerzos, el Consejo ha llegado a una posición común que supone un gran paso hacia delante. 
Gran parte del mérito hay que atribuirlo a las aportaciones del Parlamento en la primera lectura en 1993. 
Esas aportaciones desempeñaron un importante papel en la configuración del texto de la posición común. 
Sin entrar demasiado en detalles, mencionaré algunos puntos que demuestran la importancia de la nueva propuesta de reglamento. 
En primer lugar, el Reglamento actual se limita a las especies incluidas en el Convenio CITES. 
La propuesta ofrece la posibilidad de incluir en los Anexos especies no contempladas en CITES. 
En segundo lugar, los Anexos al Reglamento actual únicamente pueden ser modificados por el Consejo. 
La nueva propuesta permite a la Comisión modificar los Anexos B y D. En tercer lugar, el ámbito de aplicación del Reglamento ha sido ampliado considerablemente, lo que permite a la Comunidad reaccionar más de prisa y con más eficacia ante nuevas necesidades de conservación. 
Estos ejemplos han sido mencionados por otros oradores que han participado en el debate. 
La lista se podría, por supuesto, hacer mucho más larga. 
Finalmente, me encuentro con la enmienda nº 7, que la Comisión puede aceptar, y que es un buen sustitutivo de la enmienda nº 5. 
La enmienda nº 7 relaciona de forma apropiada el problema del índice de mortalidad de las aves durante el transporte con los aspectos comerciales y de conservación. 
Entenderán, por lo tanto, que en este caso haya pensado en las diferentes posibilidades políticas y mis reflexiones me hayan llevado a preferir que se apruebe una propuesta por consideración al bienestar de los animales, aun cuando quizá no sea la ideal. 
Si acepta como políticamente justificable prescindir de este punto aquí es porque el problema del transporte de aves exóticas vivas cuyo conservación no corra peligro está previsto ya en una directiva en vigor, la Directiva del Consejo 91/628. 
El tema del índice de mortalidad durante el transporte puede, por lo tanto, ser debatido en relación con la aplicación de la misma. 
Comprenderán por mi intervención de hoy mi preocupación por que la propuesta no fuese aprobada. 
Mi actitud ante las enmiendas es, por lo tanto, la siguiente: como ya he dicho, no puedo aceptar la enmienda nº 5, pero sí la enmienda nº 7. Según mi punto de vista, es una buena solución al problema señalado por el Parlamento. 
Acepto también las enmiendas núms. 1, 14, 15, 17 y 24 y, con cambios en la redacción, las enmiendas núms. 
10, 13, 18, 19, 20, 21, 22 y 30. En consecuencia, no puedo aceptar las enmiendas núms. 
2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 23, 25, 26 a 29, 31, 32, 33 y 34. 
En esta tardía hora no entraré en detalles de los motivos, pero estoy a disposición del Parlamento, si desea información más amplia. 
En cuanto a la última pregunta formulada por la Sra. van Putten sobre los halcones, tengo entendido que no se está planteando la preparación de normas especiales en este sentido. 
Antes de terminar, quiero expresar una vez más mi respeto por el importante y dedicado trabajo de la ponente, Sra. van Putten, sobre este tema y espero que logremos que se apruebe la propuesta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Plaguicidas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0251/96) de la Sra. Breyer, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (95) 0272- C4-0284/95-95/0154 (CNS) ) por la que se modifica: 
la Directiva 76/895/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1976, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas; -la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de los contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales; -la Directiva 86/363/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de los contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de origen animal; y-la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas. 
Estimadas y estimados colegas, se quiere modificar la legislación europea para la fijación de las cantidades máximas de plaguicidas. 
El objetivo principal de la propuesta de directiva es ampliar el ámbito de aplicación de las directivas que se desea modificar a los productos desecados o transformados y la inclusión de los productos transformados compuestos así como la simplificación de las normas sobre los productos excluidos de la exportación y sobre los programas de control. 
La Comisión prevé que las normas relevantes se basen en el artículo 43, el llamado artículo agrícola. 
Según este, los residuos de plaguicidas se consideran como necesarios e inevitables en la producción de alimentos. 
El objetivo principal de la Comisión es el aumento de la producción agrícola dejando en un segundo plano la protección del medio ambiente y de la salud. 
En base al mencionado artículo 43, en el procedimiento legislativo se concede al Parlamento Europeo solamente un derecho de audiencia. 
Independientemente de ello, un comité nombrado por la Comisión debe determinar los valores límite exclusivamente en base a consideraciones toxicológicas. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha presentado por ello un informe que concede a la protección del medio ambiente y de la salud una mayor prioridad. 
Sabemos que hay más de 800 diferentes plaguicidas y que muchas sustancias son cancerígenas, que modifican el material genético y que debilitan el sistema inmunológico. 
Por ello, al determinar los valores límite de los plaguicidas hay que tener en cuenta la protección del consumidor y del medio ambiente. 
Esto será posible si la directiva se basa en el artículo 100 A, tal como propone la Comisión de Medio Ambiente. 
La determinación actual de los valores límite de los plaguicidas se basa en experimentos con animales y el valor ADI se basa exclusivamente en adultos de 70 kg de peso. 
No tiene en cuenta la composición real de la población ni el peligro especial para los enfermos, niños y personas debilitadas. 
No se tienen en absoluto en cuenta las interacciones entre los diversos plaguicidas. 
Por ello, la Comisión de Medio Ambiente propone una concentración máxima unitaria de 0, 01 mg de sustancia activa por kg de alimento. 
El valor límite para el agua potable es cien veces más estricto pero para los alimentos sólidos, como verduras y similares, tenemos que permitir un valor cien veces superior a causa del límite de determinación. 
Sin embargo, supone una gran mejora para el medio ambiente y la salud, pues actualmente se permite en los alimentos sólidos una concentración de plaguicidas hasta 10.000 veces superior que en el agua potable. 
Creemos que si concedemos al agua potable un elevado nivel de protección, debemos hacerlo también con los alimentos sólidos, tanto más si se tiene en cuenta que el 80 % del agua que tomamos lo hacemos a través de alimentos sólidos, es decir, no en forma líquida. 
La Comisión de Medio Ambiente propone además un valor máximo de contenido global de plaguicidas de 0, 05 mg para limitar los peligros para la salud que se derivan de las interacciones desconocidas de diversas sustancias activas. 
Hace poco, un estudio realizado en Nueva Orleans ha demostrado que la acción conjunta de diversos plaguicidas clorados provocan unos daños muy superiores a la salud que los que provoca cada sustancia aislada.